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Timestamp: 2019-09-23 10:10:09+00:00

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Acuerdo y Sentencia 19/2007 Tribunales de Apelaci�n
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 19/07
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días veintinueve del mes de marzo del año dos mil siete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Apelaciones en lo Criminal, tercera sala, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba caratulado: “AMPARO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO POR EL ABOG. G. F., J. C. EN REPRESENTACIÓN DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN JOSÉ C/ COLEGIO SAN JOSÉ”.
¿Se halla ajustado o no a derecho el Apartado Primero de la Sentencia recurrida?
¿Se halla ajustado o no a derecho el Apartado Tercero de la Sentencia recurrida?
A la primera cuestión: La Dra. Meza dijo: La Sentencia Definitiva recurrida, dictada por el a quo, resolvió en su Apartado Primero: Hacer lugar a la acción de Amparo Constitucional promovida por el Abog. J. C. G. F. en representación de F. J. F. F., D. E. F. F., C. I. C., J. M. C. G. N., J. D. P. V., R. J. P. D. J., M. A. F. S., I. D. P., A. M. L. A., J. A. G. H., S. M. F., y A. D. A. G., en contra del Colegio San José, en consecuencia confirmar la calidad de alumnos de dicha institución a los citados.
Que, contra dicha decisión, se alzó el representante de la parte demandada Abog. P. O. M. S., manifestando entre otras cosas: "La resolución apelada en su ap. 1 (uno) que el a quo no consideró en su análisis para el dictamiento de la resolución recurrida, los requisitos legales y procesales elementales para la procedencia de la acción de amparo y que en el caso de autos debió haber rechazado in límine por su notoria improcedencia. En efecto mi parte solicita a esta Excma. Cámara de Apelación se sirva revocar el ap. 1 (uno) de la sentencia recurrida y consecuentemente la medida de urgencia dictada en su oportunidad y mantenida arbitrariamente por la sentencia recurrida, dada su notoria improcedencia, en base a las siguientes razones legales y jurídicas... Que, el a quo, en el fundamento de su resolución ignoró claros preceptos procesales que hacen viable la acción de amparo e igualmente ni siquiera consideró en su justa dimensión las pruebas de mi parte consistente en instrumentales y el reglamento interno de la institución, como así también las testificales. En efecto, la medida adoptada por mi representante en contra de los amparistas ha sido una medida disciplinaria regalada en el Reglamento Interno, cuya vigencia ha sido aceptada voluntariamente por los padres de los afectados al inscribir a sus hijos en la institución. Es más los padres de los amparistas firmaron su total acuerdo en cumplir la Ley interna. Llama la atención que el a quo en el considerando de su resolución admite claramente que las autoridades del Colegio obraron legalmente dentro de las previsiones y facultades que les otorga el Reglamento Interno, admitiendo que no ha habido acto ilegal, sin embargo en forma contradictoria hace lugar a la acción. Este hecho agravia sobremanera a mi parte en cuanto que su derecho no ha sido tenido en cuenta por la juzgadora. Es necesario recordar, como bien dijera la inferior, que en el caso de autos los directivos del colegio aplicaron las disposiciones del Reglamento Interno, de modo que no ha habido "acto u omisión manifiestamente ilegítimo", pero llamativamente, el a quo ignoró por completo claros principios legales y procesales que son requisitos inexcusables para la procedencia de la acción de amparo, en primer lugar, al no haber acto manifiestamente legítimo, cuya existencia debe ser notoria conforme al art. 134 de la CN y a falta de éste debió haberse rechazado el amparo y en segundo lugar es necesario para mi parte recordar que los amparistas no han agotado la instancia administrativa al interior del Colegio, por lo que igualmente el amparo debió ser rechazado.
En cuanto a esta afirmación los fallos de los Tribunales de la República han sido constantes y pacíficos como lo ilustra la siguiente jurisprudencia: Es improcedente el amparo si previamente no se han agotado las medidas administrativas, ante la misma instancia en que tuvo el origen la resolución... que la parte interesada considera que sus derechos han sido conculcados (Ac. y Sent. N° 3 de fecha 20 de febrero del año 1990, Sala Laboral). En el caso de autos VV.EE., podrán observar, conforme constancias de autos y de acuerdo al considerando de la resolución apelada en su parte pertinente que las autoridades del Colegio obraron legalmente y por otra parte los actores no han agotado la vía administrativa ni ante el Colegio, ni ante el Ministerio de Educación y Cultura, por lo que el a quo debió haber rechazado in limine la acción.
Al contestar el traslado corrídole, el representante de la parte actora Abog. J. C. G. F., manifestó entre otras cosas, que: "El demandado se agravia, porque se ha hecho lugar a la Acción de Amparo Constitucional planteado en nombre y representación de los chicos más arriba mencionados, solicitando a esa Magistratura el rechazo in limine de una acción a la que ya se ha hecho lugar en primera instancia, con una medida de urgencia decretada, con anterioridad al dictamen de la sentencia recurrida.
Que, en estricta interpretación del art. 570, el Juez sólo puede rechazar in limine aquellas demandas promovidas que sean notoriamente improcedentes, es decir inequívocadamente carentes de viabilidad, circunstancia que no se da en el caso de autos.
Que, el recurrente solicita un rechazo liminar -inoportunamente por cierto- de una acción de amparo más que fundada, a través de un recurso de apelación, que es un medio de impugnación de una resolución judicial, sin denunciar vicios "in judicando" ni "in procedendo" de la sentencia judicial... Que, los chicos como los padres, no fueron notificados de una decisión formal, una resolución, con número, fecha, y expresión de causa, por la cual se les ha negado la matrícula, y también se encontraron con que en las libretas se los ha calificado con Insuficiente en los rasgos de Respeto y Responsabilidad.
La Dra. Meza dijo: Este Órgano Jurisdiccional antes de cualquier otra consideración debe dejar en claro que el amparo es una medida o remedio de carácter excepcional, de trámite breve, sumario y especial, el Amparo es una garantía de rango constitucional y se halla consagrada en nuestra CN que en su art. 134, establece: "Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente o en peligro de serlo en derechos o garantías consagrados en esta Constitución o en la Ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá promover amparo ante el Magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario, gratuito y de acción popular para los casos previstos en la Ley. El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para establecer inmediatamente la situación jurídica infringida...".
Para la procedencia del Amparo, se deben dar por lo menos las siguientes condiciones: 1) Que la arbitrariedad y/o la ilegitimidad del acto sea claramente manifiesta; 2) Que el derecho o garantía cuya protección se reclame esté contemplado en la CN; 3) La inexistencia de otra vía idónea capaz de remediar la situación por la urgencia de caso; 4) Que el caso en cuestión sea injusto; 5) Que la petición sea formulada dentro de los 60 días hábiles a partir de la fecha en que el afectado tomó conocimiento del acto, omisión o amenaza ilegítima, conforme al art. 567 del CPC.
Surge de la disposición constitucional transcripta que el amparo se halla supeditado a la concurrencia de los siguientes requisitos: a) acto u omisión manifiestamente ilegítimo; b) lesión grave o peligro inminente de serlo en derechos o ganitas consagrados en la CN o en la Ley; c) Y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria. La falta de alguno de ellos torna improcedente el amparo.
La inexistencia de una -cualquiera- de dichas situaciones impone el rechazo de la acción constitucional intentada por lo que atento al principio de economía procesal, es dable iniciar el estudio por aquella que prima facie aparezca como inexistencia de manera tal a omitir el estéril estudio de las demás que, aunque exista, no pueda evitar la sanción del rechazo.
En efecto, la presente acción se basa en la supuesta b) lesión grave o peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagrados en la CN o en la Ley; c) y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria.
Sin embargo, posterior a la decisión tomada por este Tribunal como medida de carácter urgente, se han agregado al proceso las pruebas que hacen al fundamento de esta resolución, en atención a los agravios expresados por los recurrentes; así pues tenemos: a fs. 151, el Acta N° 176, Resolución dictada por el Consejo Directivo del Colegio San José de fecha 31 de octubre de 2005, en virtud del cual se ha dispuesto: "...1. Todo alumno/a que tenga participación como organizador, jefe, comando o simple participante del Campamento no autorizado por el Colegio San José, se le retirará la matriculación que le asiste como alumno/a de la institución. Esta resolución obedece al deseo de evitar comportamientos o hechos que lamentablemente deshonran la grandeza y la gloria del centenario Colegio San José, y, por ende, de toda familia sanjoniana..." (sic).
A su vez consta a fs. 156, dicha resolución se ha notificado por Nota del 7 de noviembre en el año 2005, a los padres de familias circunstancias que han sido ratificadas por los testigos producidos en el presente proceso, lo que significa que de hecho al no oponerse a la decisión del Consejo Directivo significa que han acatado, es más si a pesar de ello, volvieron a inscribirse en el año siguiente significa que voluntariamente se han sometido a los Reglamentos Internos de la Institución. Por lo tanto, estas pruebas hacen que no se de uno de los requisitos establecidos para la procedencia del amparo 5) que la petición sea formulada dentro de los 60 días hábiles a partir de la fecha en que el afectado tomó conocimiento del acto, omisión o amenaza ilegítima, conforme al art. 567 del CPC.
Por otro lado, se evidencia que los alumnos y padres de familias que acompañaron al campamento, a sabiendas de las disposiciones del Consejo Directivo de la Institución, con conocimiento de causa, han actuado de profeso, lo que acredita que son ellos los que han transgredido la disposición de la institución, a la cual han sometido voluntariamente, como se ha referido más arriba y mal podría por medida judicial pretender legitimar sus propias torpezas. De ello resulta que las autoridades del Colegio San José han actuado legítimamente en protección a los objetivos de la educación integral de sus alumnos salvaguardando los valores morales y sociales, el respeto a los límites del derecho del otro, principios básicos de convivencia que constituyen los fines del derecho, que deben regir la educación de los jóvenes, como establece la CN. Por ende, tampoco reúne el requisito previsto el art. 134, establece: "Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente o en peligro de serlo en derechos o garantías consagrados en esta constitución o en la Ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, para la procedencia de la acción.
Reitero, si ya en el año 2005, se dictó una resolución que estuviera amenazando sus eventuales derechos, los recurrentes debieron de recurrir en la de su oportunidad y en la instancia pertinente -Ministerio de Educación- al no haberlo hecho, repito es extemporáneo por tratarse de hechos ya consentidos y acatados, al cual se han sometido voluntariamente.
A la segunda cuestión: La Dra. Meza dijo: Que con relación al recurso de apelación interpuesto por el Abog. J. C. G. F., contra el Apartado Tercero de la SD N° 9 de fecha 14 de marzo de 2007, dictada por la Jueza Penal de Garantías N° 9 María Griselda Caballero que considerando que no hubo mala fe o temeridad en la promoción de la acción, creo razonable se imponga por el orden causado en ambas instancias.
De acuerdo a lo precedentemente expresado, corresponde en derecho la revocación, de la SD N° 9 de fecha 14 de marzo de 2007, dictada por la Jueza Penal de Garantías N° 9 María Griselda Caballero por los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución y porque así dispone la norma constitucional mencionada. Es mi voto.
El Dr. Lovera Cañete manifestó: En disidencia. Atento a lo expuesto por las partes lo cual ha sido consignado en el voto de la colega preopinante, se debe agregar que, por otra parte, el Abog. J. C. G. F. interpuso recurso de apelación contra el ap. 3) de la SD N° 9 de fecha 14 de marzo de 2007, es decir, por la imposición de las costas por su orden, en observancia del art. 192 del CPC que establece la imposición de las costas a la parte vencida, en razón de que su parte ha obtenido un resultado favorable a la tutela jurídica que había solicitado ante Tribunales.
De dicho recurso se corrió traslado al Abog. P. O. M., por cédula de notificación de fecha 16 de marzo de 2007 (fs. 206), contestando dicho profesional el traslado respectivo recién en fecha 19 de marzo de 2007, es decir, en forma extemporánea.
Que, la a quo fundó su resolución entre otras cosas en lo siguiente: "...la acción de amparo promovida tiene como fundamento la existencia de un acto manifiestamente ilegítimo por parte del Colegio San José al negar la matrícula a los alumnos amparistas para cursar el año lectivo 2007, sin que exista en el reglamento de la institución recurso alguno para peticionar reconsideración. A ello se opone el colegio diciendo que previamente fueron debidamente informados que en caso de participar de un acto no autorizado por el colegio, sería tomada tal decisión... Los argumentos utilizados por el colegio para excluirlos de la institución para el año lectivo del 2007, es la de haber participado de un campamento no autorizado por ellos. Sin embargo, al contestar el amparo, los mismos no atribuyen hechos concretos a los alumnos, que motivan la decisión, como ser mala conducta individual, se limita a tribuir a los mismos un hecho genérico. La determinación, adolece a criterio de esta Juzgadora de una motivación seria y circunstanciada, teniendo en cuenta que la actividad realizada por los mismos, fue realizada fuera de la institución sin utilizar el nombre del colegio, y con total autorización de los padres de familia. Ante esta circunstancia, el colegio debió haber realizado una exposición de motivos seria y circunstanciada en relación a cada uno de los alumnos, como sustento a la decisión adoptada... si bien el Colegio San José tiene la facultad de permitir o negar el ingreso para cada año lectivo a los alumnos que así lo soliciten, en la forma establecida en sus estatutos, los argumentos esgrimidos para negar la inscripción a los alumnos... es insuficiente por no estar debidamente fundado y no haberse utilizado un procedimiento adecuado...".
Este Órgano Jurisdiccional antes de cualquier otra consideración debe dejar en claro que el amparo es una medida o remedio de carácter excepcional, de trámite breve, sumario y especial. El Amparo es una garantía de rango constitucional y se halla consagrada en nuestra CN que en su art. 134, establece: "Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente o en peligro de serlo en derechos o garantías consagrados en esta Constitución o en la Ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá promover amparo ante el Magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario, gratuito y de acción popular para los casos previstos en la Ley. El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para establecer inmediatamente la situación jurídica infringida...".
En primer término corresponde precisar los requisitos previstos en la CN art. 134 y su reglamentación por el CPC art. 565, que establecen las condiciones para la procedencia de dicha acción: 1) Que la arbitrariedad y/o ilegitimidad del acto sea claramente manifiesta; 2) Que el derecho o garantía cuya protección se reclame esté contemplado en la CN; 3) La inexistencia de otra vía idónea capaz de remediar la situación por la urgencia de caso; 4) Que el caso en cuestión seas injusto; 5) Que la petición sea formulada dentro de los 60 días hábiles a partir de la fecha en que el afectado tomó conocimiento del acto, omisión o amenaza ilegítima, conforme al art. 567 del CPC.
En la presente acción traída a conocimiento de éste Tribunal se tiene como origen del conflicto entre los alumnos accionantes debidamente especificados más arriba y los Directivos del Colegio San José de la ciudad de Asunción. Por parte de los amparistas manifiestan a través de su representante legal que en fecha 6 de diciembre de 2006 se presentaron ante la Secretaría del Colegio San José con el objeto de inscribir a sus hijos en la institución para el año lectivo 2007, siendo atendidos por la Sra. María Lidia Mendieta, quien manifestó en la ocasión que para inscribirse se necesita un ticket de matrícula, y que fue justamente lo que los padres fueron a buscar, aclarándoles dicha persona que los tickets son proveídos por el profesor guía y el no los entregó a los alumnos porque no se les iba a inscribir por una decisión del Consejo Directivo compuesto por la Prof. Justa Almada de Mancuello, el Padre Emiliano Jara y la Directora Margarita Torres de Garcete, seguidamente pudieron hablar con la Sra. Justa Almada de Mancuello, quien manifestó a los padres de los hoy amparistas lo mismo, es decir, que el Consejo Directivo resolvió que los chicos no van a ser inscriptos para el año lectivo 2007, siendo consultada sobre la existencia de alguna resolución escrita y si la podía exhibir respondiendo dicha persona, que sí existe pero que solo la puede entregar por orden judicial y que además dichos padres ya fueron advertidos de esa situación por una nota, según consta en la acta notarial agregada como prueba. Sigue manifestando la parte actora que la supuesta causa de la cancelación de las matrículas de los peticionantes se debe a que dichos alumnos tuvieron presuntamente participación en un campamento denominado "Jornada San Miguel de Garicoits", actividad que no fuera autorizada por el Colegio San José.
Por la parte demandada sostiene su representante legal, el Abog. P. O. M. S., que solicita el rechazo del Amparo, basado principalmente en primer término en la concurrencia conjunta de los requisitos para la procedencia de la acción de Amparo conforme a las disposiciones legales y que además de ello el Consejo Directivo actuó conforme a las facultades que le otorga el reglamento interno del Colegio que en su Capítulo V establece que el Consejo Directivo puede tomar decisiones en todos los asuntos que correspondan al Colegio, siendo el responsable final como máxima autoridad de los aspectos pedagógicos y disciplinarios y que los recurrentes no han agotado la vía administrativa previa, ya que en el Capítulo III, núm. 1.1.8, se establece como derecho de los padres o encargados la de: "...Presentar ante las autoridades del Colegio por escrito los reclamos, quejas, inquietudes y sugerencias...", y que tampoco han articulado defensa alguna ante el MEC. Asimismo funda su argumentación que con las pruebas instrumentales agregadas por su parte no tiene dudas de que los padres fueron notificados del Acta N° 176 de fecha 31 de octubre de 2005, y las cartas a los padres y los alumnos de referencia, de fechas 7 de noviembre de 2005 y las subsiguientes del 2006, 4 de abril, 5 de abril, 6 de julio y 10 de noviembre, respectivamente. Siguió mencionando en varias oportunidades que se aplicó el reglamento interno taxativamente y que la parte actora no recurrió por vía de la reconsideración y que tampoco se produjo lesiones a principios constitucionales. Solicitando el rechazo del Amparo por improcedente y con expresa imposición de costas.
Establecidas las pretensiones de las partes corresponde seguidamente a éste Tribunal expedirse sobre el caso en estudio y en tal sentido tenemos en primer lugar que a criterio de éste órgano de alzada por imperio de la CN en su art. 137 establece la Supremacía de la Constitución, disponiendo "...Que la Ley Suprema de la República es la Constitución..." y en ese orden de ideas y analizados los hechos supuestamente acaecidos y las argumentaciones de las partes y las pruebas producidas por cada una de ellas, tenemos sin lugar a dudas que se hallan reunidos conjuntamente los requisitos establecidos en el art. 134 de la Carta Magna y el art. 565 del CPC, basado en las siguientes cuestiones de hecho y de derecho.
En primer término el acto impugnado consiste sustancialmente en la cancelación de la matriculación de los alumnos especificados precedentemente conforme supuestamente a una resolución tomada por el Consejo Directivo del Colegio San José y que dicho sea de paso nunca fue agregado a estos autos por la parte demandada, quienes se limitaron a fundamentar su defensa única y exclusivamente en el Reglamento Interno del Colegio y las disposiciones que ya han sido mencionadas más arriba. En cuanto al segundo requisito, en que el acto sea manifiestamente ilegítimo, no cabe menor duda de ello, ya que como se sostuviera precedentemente el acto concreto de disposición de la cancelación de la matrícula de los recurrentes es absolutamente ilegítimo ya que no obra en el presente juicio ningún tipo de investigación llámese sumario alguno, que haya sido abierto para la comprobación de la presunta indisciplina que haya consistido en la participación de los accionantes en el Campamento no autorizado por el Colegio San José, y en estas condiciones la ilegitimidad del acto se basa categóricamente en la vulneración por parte del Consejo Directivo de las disposiciones de los arts. 16 y 17, inc. 1), 5), 6), 7), 8), 9) y 10) de la CN, es decir, que los mismos nunca fueron oídos para aplicársele la sanción más grave que establece el Reglamento Interno de dicha institución educativa cual es la expulsión según lo dispuesto en el capítulo VII punto 3) Sanciones. 3.1. En cuanto al tercer elemento o requisito no cabe la menor duda de que el acto proviene de una persona jurídica denominada Colegio San José a través de sus autoridades, es decir, el Consejo Directivo, como lo es en este caso en particular. En cuanto al cuarto requisito tampoco existe duda en cuanto a la gravedad de los derechos y garantías consagrados en nuestra Carta Magna y que fueron violentados por el Consejo Directivo del Colegio San José, específicamente en lo establecido en los arts. 73, 74 y 76 de la Carta Magna respectivamente. Y por último el quinto requisito consistente en la urgencia del caso, y que no pudiera remediarse por la vía ordinaria, este elemento se halla patentizado, ya que en fecha 6 de diciembre de 2006, los padres tuvieron conocimiento del acto ilegítimo y arbitrario de la cancelación de la matriculación de sus hijos para el siguiente año lectivo, debiendo mencionarse sobre el punto también que en lo referente al no agotamiento de las vías administrativas previas, en este caso resulta irrelevante, esto es así por que la acción de Amparo se puede promover contra actos de una autoridad o de un particular y que precisamente dicha distinción se realiza efectivamente a los efectos de determinar que las denominadas vías previas deben ser agotadas siempre y cuando se trate que el acto y omisión se haya realizado o dejado de hacerlo, por parte de una autoridad cual es la denominación genérica que es dada a los órganos y agentes del poder público, es decir, en un amplio espectro que engloba a los otros dos poderes del estado es decir, el ejecutivo y el legislativo, no así el judicial, sin embargo cuando se trata la acción u omisión de un particular, el agotamiento de la instancia administrativa no constituye una condición sine qua non para la procedencia de la acción de Amparo, sobre este punto tenemos, como ya se señalara más arriba, se trata de una acción promovida contra una persona jurídica y en consecuencia la mentada finiquitación de los recursos administrativos previos no resulta necesaria y sumado a ello tenemos que el Reglamento Interno mencionado reiteradamente por la parte demandada, no solamente no se limita al no establecimiento de algún procedimiento para la toma de decisiones entiéndase sumario o alguna otra denominación jurídica, sino que además de ello tampoco prevé recurso alguno y de ningún tipo ni plazo para promoverlos, limitándose a establecer sencilla y llanamente que los padres pueden efectuar reclamos ante las autoridades del Colegio por escrito, situación que robustece y refuerza la arbitrariedad de la decisión efectuada por el Consejo Directivo de la parte demandada.
Que, en estas condiciones y tenor de lo dispuesto en el art. 247 de la CN que establece y otorga al Poder Judicial el custodio de la Constitución, como asimismo la interpretación y su cumplimiento por parte de todos los ciudadanos de la República, corresponde confirmar el apartado primero de la sentencia apelada, por hallarse la misma conforme a estricto derecho y según las argumentaciones efectuadas por éste Tribunal, en el exordio de la presente resolución.
Que, en lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por el Abog. J. C. G., contra el apartado tercero de la SD N° 9 de fecha 14 de marzo de 2007, solicitando la imposición de costas procesales a la parte perdidosa de conformidad al art. 192 del CPC, y que fuera contestada extemporáneamente por la parte demandada, según escrito glosado a fs. 195/196 con cargo de fecha 19 de marzo del cte. año debidamente firmado por la Sra. Actuaria, habiendo sido notificado en fecha 16 de marzo del cte. año, según cédula de fs. 206, corresponde seguidamente y de conformidad al art. 192 del CPC, que establece que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiese solicitado, a criterio de éste Tribunal corresponde la imposición de las costas a la parte perdidosa en ambas instancias.
De acuerdo a lo precedentemente expresado, corresponde en derecho confirmar la SD N° 9 de fecha 14 de marzo de 2007, dictada por la Jueza Penal de Garantías N° 9 María Griselda Caballero, a excepción del apartado tercero, en el sentido de imponer las costas en ambas instancias a la parte perdidosa, por los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución. Es mi voto.
El Dr. Servín manifestó: Estar de acuerdo con el voto del Dr. Agustín Lovera Cañete, por los mismos fundamentos, constituyendo mayoría.
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 19
Asunción, marzo 29 de 2007.
VISTO: Por los méritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos;
EL TRIBUNAL DE APELACIÓN EN LO PENAL
CONFIRMAR la SD N° 9 de fecha 14 de marzo de 2007, dictada por la Jueza Penal de Garantías N° 9 María Griselda Caballero, a excepción del apartado tercero, en el sentido de imponer las costas en ambas instancias a la parte perdidosa, por los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución.
ANOTAR, registrar, notificar, y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.-
Robert Y. Acuña S.- Secretario

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