Source: https://es.scribd.com/document/168822767/La-Jurisdiccion-Contencioso-Administrativa-en-Venezuela
Timestamp: 2017-05-23 05:22:18+00:00

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IV. La incidencia del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 1. Ámbito Orgánico 2. Régimen de Competencias Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Juzgados Nacionales Juzgados Superiores Estadales Juzgados de Municipio Tribunales Contencioso Administrativos Especiales:
Juzgados Superiores Contencioso Tributarios Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia Juzgados de Primera Instancia en lo Civil
V. Medios de Impugnación en el Contencioso Administrativo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Demandas de nulidad contra actos de efectos particulares y generales Demanda por interpretación de leyes Demanda por controversias administrativas Reclamos por la omisión, demora o deficiente prestación de los servicios públicos Demanda contra vías de hecho Recurso por Abstención Demandas de contenido patrimonial
VI. Bibliografía I. Evolución Constitucional y Legal El estudio de la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela debe partir del análisis de su origen y evolución histórico-constitucional, pues si bien ya desde la Constitución de 1830 existían disposiciones que asomaban la existencia en nuestro país de un sistema contencioso administrativo, es lo cierto que no fue hasta la Constitución de 1961 que ese sistema, ratificado ahora en la Constitución de 1999, se hizo efectivo, al ser consagrado a nivel constitucional y desarrollado a nivel legal por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2004, el Código de Procedimiento Civil y ahora con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ambas publicadas en el año 2010. Y es que antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1961 sólo existían disposiciones aisladas que establecían ciertas competencias contencioso-administrativas en favor del Máximo Tribunal. Puede afirmarse que en teoría se propugnaba tímidamente la existencia de una jurisdicción especial contencioso administrativa, pero en la práctica, ésta no se hizo efectiva hasta su definitiva consagración constitucional en 1961. El origen del contencioso administrativo venezolano tiene su antecedente más remoto en la Constitución de 1830 que atribuía a la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano encargado de la administración de justicia, la competencia para conocer de las controversias derivadas de los contratos en los cuales interviniese el Ejecutivo Nacional, creándose así contencioso de los contratos administrativos (art. 147, ordinal 5° de la Constitución de 1830)[1] La Constitución de 1864 también realizó un aporte importante en el fortalecimiento del contencioso administrativo venezolano, al establecer la creación de dos jurisdicciones, a
saber: la de los Estados y la Federal, cuya máxima expresión era la Alta Corte Federal que tenía atribución para declarar la vigencia de una Ley Nacional cuando se hallare en colisión con otras leyes, fueren éstas nacionales o de los Estados.
Es sin embargo en la Constitución de 1925 en la cual se consagró por primera vez el contencioso de nulidad de los actos administrativos, al establecerse la competencia de la Corte Federal y de Casación para «declarar la nulidad de los Decretos o Reglamentos que dictase el Poder Ejecutivo para la ejecución de las leyes cuando alteren el espíritu, razón o propósito de ellas, y en general declarar, cuando sea procedente, la nulidad de todos los actos a que se refieren los artículos 42 (actos ejecutados en extralimitación de funciones) y 43 (actos dictados por requisición directa o indirecta de la fuerza o de reunión del pueblo en actitud subversiva), siempre que emanen de autoridad Nacional o del Distrito Federal, o de los altos funcionarios de los Estados » (artículo 120, ordinal 12). La Constitución de 1925 conservó igualmente la regulación atinente al conocimiento por la Corte Federal y de Casación de las controversias derivadas de los contratos suscritos por el Ejecutivo Federal (artículo 120, ordinal 13)[2]y reguló también, por vez primera, la competencia del máximo Tribunal para conocer de las reclamaciones de daños y perjuicios que se propusiesen contra la Nación (artículo 120, ordinal 15), estableciéndose así el contencioso de la responsabilidad del Estado. En las Constituciones dictadas con posterioridad, se mantuvieron inalterables las disposiciones que en mayor o menor grado denotaban la existencia en Venezuela de una jurisdicción contencioso administrativa, sin embargo, no fue sino hasta la Constitución de 1961 que se consolida en Venezuela un verdadero sistema contencioso administrativo, expresamente regulado en su artículo 206. Se consagró así con rango constitucional la existencia de una jurisdicción especial: la Contencioso Administrativa, integrada por Tribunales con competencia suficiente para controlar la actividad de la Administración Pública. La referida norma constitucional delimitó, por una parte, el objeto del control de la jurisdicción contencioso administrativa, al incluir dentro del mismo a los actos administrativos, las situaciones administrativas, la actividad ilícita o ilegal de la administración; y, por otra, las consecuencias de dicho control, al prever que los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa podrán declarar la nulidad del acto contrario a derecho, condenar al pago de sumas de dinero o a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración, y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. Paralelamente, la Constitución de 1961 consagró también en forma novedosa, en su artículo 68, el derecho de acceso a los órganos de justicia, mejor conocido como el derecho a la tutela judicial efectiva, al establecer que «todos pueden utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses, en los términos y condiciones establecidos por la ley, la cual fijará normas que aseguren el ejercicio de este
Los órganos de la jurisdicción
. específicamente. dada la remisión expresa que la Ley hacía a la aplicación supletoria de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. pudiera decirse que el gran auge del proceso contencioso administrativo se desencadenó a partir de 1982. el régimen de impugnación y revisión de las decisiones de la Administración. Sala PolíticoAdministrativa). la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia desconcentró las competencias atribuidas a la Sala creando dos nuevas clases de tribunales contencioso administrativos generales.derecho a quienes no dispongan de medios suficientes. el gran vacío existente hasta ese momento en la materia. Así. sus efectos y consecuencias. organización y funcionamiento de la jurisdicción contencioso administrativa. en términos casi idénticos a los previstos en el régimen constitucional del 61. que reguló la materia relativa al acto administrativo. De esta forma. el artículo 259 de la Constitución establece: «La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. cercana a los particulares. Bajo el objetivo de garantizar ese derecho a la tutela judicial efectiva. se extendieron las facultades cautelares del juez contencioso administrativo a las medidas cautelares nominadas e innominadas previstas en los artículos 585 y 588 ejusdem. La Constitución de 1999. No obstante. en obsequio del derecho a la tutela judicial efectiva. caracterizada por la concentración y centralización del ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa en un solo órgano (i. Pero no sólo se caracterizó la Ley Orgánica de la Corte por establecer la estructura. se le confirieron al juez poderes cautelares suficientes para restablecer las situaciones jurídicas infringidas. En efecto. llenándose así con ella. La defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso». También se consagraron en la misma los procedimientos a seguir para el control judicial de los actos administrativos generales o individuales dictados por la Administración. siguiendo la tendencia marcada por la Constitución de 1961. en 1977 se dictó la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia que constituye uno de los avances más importantes en el logro de una justicia accesible. poderes éstos que no se limitaron a la sola suspensión de los efectos del acto sino que. el procedimiento dirigido a lograr el resarcimiento de los daños causados por su actuación material. frente a la estructura organizativa imperante antes de la entrada en vigencia de la ley. la Constitución de 1961 dejó en manos del legislador ordinario la determinación de los órganos jurisdiccionales que habrían de integrar la jurisdicción contencioso-administrativa junto con la Sala correspondiente del Máximo Tribunal.e. ratificó la existencia en Venezuela de una jurisdicción contencioso administrativa dirigida a garantizar el apego a derecho de la conducta administrativa. la teoría del procedimiento administrativo. la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. a saber: la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo. y.
sin formalismos o reposiciones inútiles». entre otros aspectos. el artículo 257 consagra al proceso como un instrumento fundamental para la realización de justicia. transparente. a diferencia de la redacción contenida en la Constitución del 61. incluso los colectivos y difusos. publicada en Gaceta Oficial Nº 37. independiente. la Constitución complementó dicha norma con otras que tienen por fin. 269)[3]. sí varió en cuanto a la técnica legislativa. en obsequio de su derecho a la tutela judicial. como veremos más adelante.942 de fecha 20 de mayo de 2004. El estado garantizará una justicia gratuita. 49) o fomentar la descentralización del poder judicial para hacerlo más accesible al colectivo (art. comprimiéndolos en uno solo. autónoma. se dictó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso de las partes en juicio (art. accesible. Con orientación similar. idónea. Pero a la par que ratificó el rango constitucional de la jurisdicción contencioso administrativa. Esta ley no presenta mayor variación en relación con las normas contempladas en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del año 1977. responsable. han dotado al proceso contencioso administrativo de un carácter eminentemente subjetivo.
Estas disposiciones constitucionales. en el año 2004. Capítulos y Secciones completas en la derogada Ley Orgánica de la Corte. imparcial. Posteriormente. equitativa y expedita. Bajo la idea de asegurar la prestación de una justicia efectiva a los ciudadanos. han servido de base al establecimiento por la jurisprudencia de novedosos criterios.contenciosoadministrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho. Sin embargo. a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. algunos de los cuales resultaron excesivamente largos. lo relativo a los reclamos por la prestación de los servicios públicos. claros y precisos el derecho a la tutela judicial efectiva al disponer en su artículo 26 que «Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. la Constitución de 1999 consagró en términos expresos. la cual desarrolló los principios establecidos por la Constitución de 1999. incluso por desviación de poder. condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración. que regidos por la necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva a los particulares.
. la cual no podrá ser sacrificada por la omisión de formalismos no esenciales o inútiles. sin dilaciones indebidas. generando incomprensión debido a su desorganización. Se agruparon diversos artículos que se encontraban divididos en Títulos. conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa » Se añade en esta norma.
se publicó la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. constituyendo el primer instrumento que regula exclusivamente la jurisdicción contenciosa administrativa. omisiones y reclamos por la prestación de servicios públicos). el cambio más importante se evidencia respecto a las Disposiciones Transitorias de carácter procesal.
. se establece una nueva estructura que permite aumentar el número de tribunales. Entre los aspectos más importantes de esta ley. Desde el punto de vista sustantivo. las demandas de protección de derechos e intereses colectivos y difusos y el proceso de habeas data. Estadales y Juzgados de Municipio) Desde el punto de vista material. demandas patrimoniales. recurso de interpretación de ley y conflicto de autoridades.El 22 de junio de 2010. y un nuevo procedimiento para conocer demandas contra vías de hecho. se reconoce el carácter universal del derecho contencioso administrativo (Artículos 7 y 8) Se incorporan expresamente al ámbito de control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a los Consejos Comunales. Se incorpora un capítulo especial para la ejecución de las sentencias. Se fortalece la oralidad del proceso contencioso administrativo. facilitando así una mayor comprensión y entendimiento del texto normativo. Desde el punto de vista formal. se aprecia un importante cambio en materia de técnica legislativa. toda vez que presenta una división sistemática y organizada de su articulado. En esta ley se eliminaron las disposiciones transitorias que regulaban los procesos contenciosos administrativos.522. presentando variaciones en cuanto al aspecto sustantivo y el aspecto formal. y desconcentrar su alcance a las regiones y Estados (Juzgados Nacionales. Se regula un único proceso de segunda instancia. destacan los siguientes: Desde el punto de vista orgánico.451. Se crean tres procesos diferentes para tramitar las distintas acciones del contencioso (nulidad de actos administrativos. mediante Gaceta Oficial Nº 39. Se crea un nuevo recurso extraordinario: “recurso especial de juridicidad”
Finalmente. hoy regulados por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. organización y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia. las cuales quedaron reducidas a regular los procesos y procedimientos constitucionales en los cuales se incluye a la acción popular de insconstitucionalidad. el 1º de octubre de 2010 se promulgó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En esta ley se estableció el régimen. publicada en Gaceta Oficial Nº 39.
una tutela de posiciones subjetivas. cuya finalidad es declarar la nulidad del acto impugnado . limitar o excluir las lesiones producidas por actuaciones materiales o vías de hecho». Noción y Características de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Venezuela La estrecha vinculación existente entre la jurisdicción contencioso administrativa y el derecho a la tutela judicial efectiva permiten afirmar. debe ser restablecida en protección de los derechos individuales en juego. que como tal. pues toda alteración a los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce al particular constituye en si misma una vulneración a la ley. 259). la percepción de la jurisdicción contencioso administrativa como integrante del derecho a la tutela judicial efectiva. que la consagración constitucional de la jurisdicción contencioso administrativa no debe ser vista únicamente como una norma atributiva de competencias judiciales a un conjunto de órganos jurisdiccionales.sino un sistema de tutela de situaciones jurídicas subjetivas. éste siempre será revisado por el juez. «una tutela de derechos e intereses legítimos. por lo tanto.II.
Y es que puede en efecto considerarse que el objetivo principal del contencioso administrativo no es garantizar el apego a derecho de la actividad administrativa. como un sistema de tutela subjetiva de derechos e intereses legítimos. un proceso al acto o protección de la legalidad objetiva. en modo alguno. como lo hace Brewer-Carías. a partir de la Constitución de 1999. no está limitada a asegurar el respecto de la legalidad en la actuación administrativa. En este orden de ideas. como lo señala Ana Elvira Araujo. sino proteger los derechos e intereses de los particulares afectados por tal actividad. Ministerio de Infraestructrura y Conatel) al establecer: «Resulta claro que la jurisdicción contencioso-administrativa. que no permite reducir. No es. regula procedimientos objetivos. antes por el contrario. ya que el artículo 26 de la Constitución concibe a toda la justicia. Jaime Gallardo y otros vs Presidente de la República. incluyendo a la contencioso-administrativa. sino que la misma debe ser apreciada como un derecho a la tutela judicial frente a la Administración.[4] Es. la jurisdicción contencioso-administrativa no puede concebirse como un sistema exclusivo de protección de la legalidad objetiva a que está sometida la administración -a pesar de que la ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. a la luz del análisis de la disposición que la consagra con rango constitucional (art. nos permite afirmar que ésta goza de las siguientes características: 1.[5]
En sentido similar se pronunció la emblemática sentencia de la Sala Constitucional del 23 de octubre de 2002 (Caso: Gisela Anderson. es un proceso de tutela de derechos del recurrente y de la Administración (ésta más potestades que derechos) confrontados entre si como partes». Ello no significa que en modo alguno se abandone el control de legalidad del actuar administrativo. Es de rango constitucional
Explica Brewer-Carías[6] que se siguen tres consecuencias básicas de la constitucionalización de la jurisdicción contencioso administrativa: (i) la universalidad del control que la Constitución prevé para todos los actos subordinados a ella (que a su vez es otra característica del sistema)... esto es.
. esa controversia. (. está estructurada tanto por grados como por materias que tiene atribuida. en sus diferentes manifestaciones.Tal y como ha sido observado. la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela.” (caso: Eduardo de Jesús Rondón Graterol de fecha 27/4/2000). con neutralidad. Sin embargo. Y (iii) el otorgamiento al juez de amplísimos poderes de tutela. desde su nacimiento la jurisdicción contencioso administrativa venezolana ha estado consagrada expresamente en la Constitución (salvo el texto de 1953). asociaciones y otras formas orgánicas o asociativas de derecho público o privado donde el Estado tenga participación decisiva. fundaciones. empresas. 3. 2. Es universal De conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa será objeto de control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. el juez está ante un proceso de defensa de intereses subjetivos y no de resguardo de la legalidad objetiva lesionada por el acto impugnado. de lo cual “cualquier exclusión del control respecto de actos administrativos específicos. 3.. y no un mecanismo de protección de la Administración frente a los particulares [8]. “no hay contencioso administrativo si no hay quien resuelva con poderes suficientes. la Sala PolíticoAdministrativa ha comentado a este respecto que “desde el punto de vista organizativo. En jurisprudencia reciente. en cualquier ámbito territorial o institucional. Es judicial y especial Sostiene Calcaño De Temeltas [9]. lo que a su vez es uno de los axiomas de esta materia.. Los órganos que componen la Administración Pública." [7]. corporaciones. sea que dicha exclusión se haga por vía de ley o por las propias decisiones de los Tribunales. (ii) la consagración de un verdadero derecho fundamental del ciudadano a la tutela judicial efectiva frente a la Administración.. Los institutos autónomos. la actividad administrativa desplegada por los siguientes entes u órganos: 1. sería inconstitucional... pudiendo también clasificarse los tribunales (. sociedades..
2. las formulaciones más acabadas se encuentran en la derogada Constitución de 1961 y en la actual Constitución de 1999. Los órganos que ejercen el Poder Público. Especiales y Eventuales.) en Tribunales Contencioso Administrativo Generales.) lo que caracteriza al contencioso administrativo es la existencia de un Tribunal que dilucide las controversias que han surgido entre la Administración y el administrado”.
el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que el Juez es rector del proceso y debe impulsarlo de oficio o a petición de parte hasta su conclusión. los poderes del juez contencioso convergen en un fin muy preciso: “el restablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas por la actividad administrativa”. y determina que el proceso no sea un juicio al acto sino un instrumento de realización de justicia (Artículo 257 del Texto Fundamental vigente) y medio para hacer valer la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses. 5. puede incluso sustentarse en la revisión de la proporcionalidadponderada por la Administración en el ejercicio de potestades discrecionales Esta nota cobra especial matiz en el ámbito de las
4. omisión de cumplimiento de obligaciones y. actuaciones bilaterales. la actividad contenciosa administrativa controla el ejercicio del poder por parte de la Administración. cuando actúen en función administrativa. incluso los colectivos o difusos (Artículo 26 de la actual Constitución). Es subjetivo Tal y como en su oportunidad lo dispuso el artículo 206 de la derogada Constitución de 1961. al adecuarla a los parámetros de la legalidad. a los particulares. El juez está investido de amplias potestades cautelares que puede ejercer incluso de oficio (órdenes de hacer. omisiones y actuaciones (vías de hecho) de la Administración Pública. Ello aparta al sistema contencioso venezolano de la línea de los vigilantes de la legalidad. y 6. este carácter contralor. y hoy lo hace el artículo 259 de la Constitución de 1999. Se trata de un verdadero sistema de tutela subjetiva de derechos e intereses legítimos. Los consejos comunales y otras entidades o manifestaciones populares de planificación. según el caso concreto). Realiza una doble función: contralora y justicial Según pone de manifiesto el maestro Moles Caubet (citado por Araujo Juárez)[10]. Las entidades prestadoras de servicios públicos en su actividad prestacional. 5. que dicte actos de autoridad o actúe en función administrativa. control. En ese sentido. la jurisdicción contencioso administrativa conoce de todos los actos. Cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente. silencio administrativo. en general.
Lo anterior incluye actos de efectos generales y particulares. no hacer. ejecución de políticas y servicios públicos. cualquier situación que pueda afectar los intereses públicos o privados. órganos y entes de la Administracion Pública. vías de hecho. en protección y continuidad sobre la prestación de los servicios públicos y en su correcta actividad administrativa. prestación de servicios públicos. Así pues.
.. podrán emitir su opinión en los juicios cuya materia debatida esté vinculada a su ámbito de actuación. Así ha quedado establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa... (iv) proceso contencioso de interpretación y (v) proceso contencioso de plena jurisdicción. salvo que la ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por razones de seguridad. 7. ejecución de políticas y servicios públicos. Los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa promoverán la utilización de medios alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso. de fecha 4/8/1994). Reconoce la participación popular De conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa los entes. 8. en relación a la actividad sancionatoria. La función justicial del contencioso es un derivado directo de las potestades de tutela del juez y del principio de reconocimiento de las situaciones jurídicas subjetivas.potestades sancionadoras y disciplinarias de la Administración. (ii) proceso contencioso de demanda contra los entes públicos. consejos comunales. esto no significa que la sanción a imponer quede al arbitrio de la administración y que en su actividad sancionatoria el funcionario pueda evadir la legalidad del acto e incurrir en abuso de poder. Es público Respecto al principio de la publicidad.la administración. como lo afirmó en su oportunidad la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia: “. Sobre esta base se ha construido legislativa y jurisprudencialmente el elenco de acciones contenciosas. discriminadas recientemente por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia así (caso: Eduardo de Jesús Rondón Graterol de fecha 27/4/2000). Principios que rigen la Jurisdicción Contencioso Administrativa. aunque no sean partes. colectivos y otras manifestaciones populares de planificación. a saber: (i) proceso contencioso de los actos administrativos. 6.) Ahora bien. atendiendo a la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento. toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e
. (iii) proceso contencioso contra la conducta omisiva de la Administración Pública..” (caso: Rafael Alcántara Van Nathan. dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que los actos del proceso serán públicos. De conformidad con el artículo 26 de la Constitución de 1999. III.. control. orden público o protección de la intimidad de las partes. garantizando la estabilidad de dichas situaciones frente a la alteración provocada por la conducta antijurídica de la Administración (Moles). tiene como nota característica la discrecionalidad (. Permite la aplicación de Medios Alternativos de Solución de Conflictos en cualquier estado y grado del proceso.
Autonomía e Independencia: Los funcionarios pueden actuar libremente en cuanto a la apreciación del derecho y de la equidad. y que indicamos a continuación: Justicia Gratuita: Principio fundamentado en los derechos a la igualdad y tutela judicial y efectiva. imparcial. Brevedad: El Tribunal está obligado a dictar la decisión jurisdiccional sobre los asuntos que le han sido sometidos. En tal sentido. incluso los colectivos o difusos. a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Idoneidad: Constituye un límite mínimo de la facultad de actuación de los órganos del Estado. se formulan los principios[11] que orientarán la actuación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Celeridad: Derecho a obtener. Inmediación: Principio en virtud del cual el Tribunal actúa en contacto directo con las partes en el juicio. justifica una obligación del funcionario de hacer lo posible para brindar protección eficaz a los bienes jurídicos en juego. Responsabilidad: El juez tiene el deber inexcusable de resolver en todo asunto y no podrá dejar de hacerlo so pretexto de silencio. idónea. cuya omisión o retardo generará la denegación de justicia. y no a base de la relación ajena[12]. entre otros. El Estado garantizará una justicia gratuita. Publicidad: Asegura el desenvolvimiento del proceso en tal forma que cualquier persona. pueda imponerse de las actuaciones que se realicen o existan en los tribunales. Imparcialidad y Transparencia: Al juez le está vedado conocer y resolver asuntos en los que sus intereses personales estén involucrados.
. responsable. cuyo incumplimiento se genera por la inactividad del órgano jurisdiccional en no satisfacer la pretensión dentro del lapso previsto. sin más obstáculos que las reglas que la ley les fije en cuanto a la forma de adelantar el proceso y de proferir su decisión. En ese mismo sentido. Oralidad: Principio según el cual las deducciones de las partes normalmente deben ser hechas de viva voz en audiencia. equitativa y expedita. El Tribunal no debe actuar cuando el titular o alguno de sus miembros tenga alguna vinculación con alguna de las partes. independiente. transparente. a base de la inmediata impresión recibida de ellos. sin formalismos o reposiciones inútiles. los cuales se encuentran expresamente establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administraiva. la resolución definitiva de su conflicto. bien sea parte o extraño a la causa. oscuridad o insuficiencia de la Ley. de modo que pueda apreciar las declaraciones de tales personas. sin dilaciones indebidas. lugares. autónoma. dentro de un plazo razonable de los tribunales. accesible.intereses.
en los que la labor de la jurisprudencia. 2. haremos referencia a las innovaciones aportadas por la jurisprudencia en cada uno de estos aspectos. en sus diferentes manifestaciones. adecuando el contencioso administrativo a las nuevas orientaciones constitucionales que imponen la tutela plena y efectiva de los derechos e intereses de los particulares. bien asegurando el respeto al derecho a la defensa y el debido proceso (art. 26) y lo complementó con otra series de disposiciones orientadas a garantizar la efectividad de esa protección judicial. la legitimación exigida para recurrir. entendido como el derecho de los particulares a una protección plena de sus intereses por parte de los órganos de justicia. Esa revisión se ha verificado en ámbitos variados.e. 1. La incidencia del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Como lo señaláramos anteriormente. acceso a la justicia. tales como. sino que a su vez consagró en términos expresos. a fin de que se convierta en un medio efectivo de protección de los derechos particulares. Analizando este bloque normativo constitucional podemos afirmar que el derecho a la tutela judicial efectiva. el agotamiento de la vía administrativa. sino la garantía de una defensa contradictoria y una sentencia efectiva que satisfaga. en cualquier ámbito territorial o institucional. 49). comporta no sólo el acceso al órgano judicial y al proceso. de ser procedente. derecho a la defensa y efectividad de la sentencia) ha impuesto la revisión de muchos aspectos del contencioso administrativo. 269) o bien consagrando el establecimiento de procedimientos breves y expeditos no sujetos a formalismos extremos (art. En ese sentido. promoviendo el acercamiento de la justicia a los ciudadanos (art. claros y precisos el derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental de los particulares (art. las pretensiones del actor. ha jugado un papel sumamente relevante.IV. la Constitución de 1999 no sólo ratificó la existencia en nuestro ordenamiento jurídico de una jurisdicción contencioso administrativa de rango constitucional dirigida a controlar en vía judicial la actuación administrativa. el régimen de competencias. 257). las medidas cautelares y la ejecución del fallo. Los órganos que componen la Administración Pública. Los órganos que ejercen el Poder Público. La necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva en cada uno de éstos ámbitos (i. Ámbito Orgánico
El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que estarán sujetos al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: 1.
2. 5. Cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente. atribuidas por el artículo 5.
. y 6. Finalmente. Los consejos comunales y otras entidades o manifestaciones populares de planificación.3. regulada en el artículo 297. estos son. prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. control. asociaciones y otras formas orgánicas o asociativas de derecho público o privado donde el Estado tenga participación decisiva. 4.
El estudio de las demandas de nulidad desde su ámbito orgánico comporta el análisis de las competencias atribuidas por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dictada con el fin de regular la organización y función de la jurisdicción contencioso administrativa prevista a nivel constitucional. órgano encargado de ejercer la jurisdicción contencioso electoral y. corporaciones. haremos también alusión a las competencias conferidas en materia de demandas de nulidad contra actos administrativos de contenido electoral. Por otra parte. dado que la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2004 determinaron la creación de una nueva jurisdicción contenciosa: la electoral. a cada uno de los tribunales que integran dicha jurisdicción para controlar la nulidad de los actos administrativos contrarios a derecho. 4) los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y. la ambiental y agraria. párrafo 44 de la LOTSJ a la Sala de Casación Social de ese Tribunal. el resultado del ejercicio de función administrativa por entes de derecho privado. que dicte actos de autoridad o actúe en función administrativa. 2) los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativo 3) los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. cuyo régimen especial es el previsto en el Código Orgánico Tributario. a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. ejecución de políticas y servicios públicos. y por ende sujetos al control de la actividad administrativa por parte de los órganos de esta especial jurisdicción. lo que fue una creación netamente jurisprudencial. Se consagra por vez primera de forma expresa. sociedades. 5) Tribunales contencioso administrativos especiales. como es la teoría de los llamados “actos de autoridad”. empresas. Siguiendo el esquema de la Ley analizaremos las competencias que en materia de demandas de nulidad contra actos administrativos se reconocen a los tribunales que ejercen la jurisdicción contencioso administrativa. Los institutos autónomos. Las entidades prestadoras de servicios públicos en su actividad prestacional. si cabe esta distinción. fundaciones. cuando actúen en función administrativa. o actos electorales. 1) la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. haremos referencia a los Juzgados Superiores Contencioso Tributarios quienes forman parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. por otra parte.
T. en la cual la República. LOJCA). 23. sino en ejecución directa de la ley y en función administrativa»el conocimiento de las causas que persigan la anulación de los mismos será de su competencia. así como de las máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional. empresa o cualquier otra forma de asociación. 1.000 U. Abstención o la negativa del Presidente de la República. 23. Estados. LOJCA). La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Como principio general puede sostenerse que la competencia de la Sala PolíticoAdministrativa.. los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva.A. 2.T. Venezolana de Ascensores –CAVENAS-). 23. la Sala estableció que«cuando el acto administrativo cuya nulidad se demanda sea de rango sub-legal. los Estados. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad (Art. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad (Art. empresa o cualquier otra forma de asociación. Caso: C. el cual prevé que dicha Sala será competente para conocer de: 1. 23. en la cual la República.000 U. ente público. Demandas que ejerzan la República. LOJCA) 2. los Ministros o Ministras. los Estados. num. del Vicepresidente Ejecutivo de la República. si su cuantía excede de 70. LOJCA). en decisión de fecha 13 de julio de 2000 (Caso: Pedro Ochoa Jiménez).1. num. Este criterio se aplica con independencia de que se aleguen vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad (Sentencia del 7 de febrero de 2002. Municipios. ente público. los Municipios o cualquiera de los entes mencionados tengan participación decisiva. si se trata de actos (normativos o no) que no han sido dictados en ejecución directa e inmediata del Texto Fundamental. o algún instituto autónomo. los Municipios. o algún instituto autónomo. 4. 4. Demandas que se ejerzan contra la República. num. Las competencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de las demandas de nulidad ejercidas contra los actos administrativos dictados por los órganos del Poder Público se encuentran contempladas en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.). a cumplir los actos a que estén obligados por las leyes (Art. así como por las máximas autoridades de los demás organismos de
. el Vicepresidente Ejecutivo de la República. num. 3. En ese sentido. tal como ella misma lo ha afirmado en forma pacífica y reiterada debe ser interpretada siguiendo el criterio conforme al cual su conocimiento en esta materia viene determinado por el rango de las actuaciones objeto de control. Reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las altas autoridades antes enumeradas (Art. si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70. esto es. 5. los Estados. Demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente de la República. 3. de los Ministros.
Avocamiento. Demandas que se interpongan con motivo de la adquisición. num. num. siempre que el conocimiento de este último corresponda a la Sala Político-Administrativa. (Art. goce. 9. num. 23. 15. 23. 23. LOJCA). 13. 23. LOJCA). 8. 14. Recurso Especial de Juridicidad. 12. 7. LOJCA). 23. 13. num. 23. Las demás demandas derivadas de la actividad administrativa desplegada por las altas autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público. o que le correspondan conforme a éstas. 23. num. num. los estados. LOJCA). (Art. 15. (Art. que se susciten por el ejercicio de una competencia atribuida por la ley. (Art. 6. 17. num. Juicios en que se tramiten acciones conexas. si su competencia no está atribuida a otro tribunal (Art. num. num. 23. LOJCA). (Art. 14. 17. Apelaciones de las decisiones de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de las consultas que le correspondan conforme al ordenamiento jurídico. Demandas de nulidad que se ejerzan contra un acto administrativo de efectos particulares y al mismo tiempo el acto normativo sub-legal que le sirve de fundamento.rango constitucional. 16. Demandas que se ejerzan con ocasión del uso del espectro radioeléctrico. de oficio o a petición de parte. (Art. LOJCA). a menos que se trate de controversias entre municipios de un mismo estado. Controversias administrativas entre autoridades de un mismo órgano o ente. Controversias administrativas entre la República. sobre algún asunto que curse en otro tribunal cuando sea afín con la materia administrativa. 12. 16. cuando la otra parte sea una de esas mismas entidades. LOJCA). (Art. num. 9. LOJCA). de conformidad con lo establecido en esta Ley. 23. (Art. los municipios u otro ente público. (Art. en su condición de máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. num. num. LOJCA). Causas que se sigan contra los representantes diplomáticos acreditados en la República. en los casos permitidos por el derecho internacional (Art. 10. (Art. o entre distintos órganos y entes que ejerzan el Poder Público. (Art. 10. 7. LOJCA). 23. LOJCA). LOJCA). cuando a la Sala Político Administrativa le esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas. 8. LOJCA). 18. num. ejercicio o pérdida de la nacionalidad o de los derechos que de ella derivan. 23. Demandas que le atribuyan la Constitución de la República o las leyes especiales. LOJCA). 11. no atribuidas a otro tribunal. 6. 23.
. 18. 23. 11. 5. Apelación de los juicios de expropiación (Art. 23. num.
Sentencias de la Sala PolíticoAdministrativa del 16 de julio de 2002. el Ministerio Público. (Art. LOJCA). y el cual otorgaba carácter electoral únicamente a los recursos interpuestos contra los llamados actos electorales. siguiendo la tendencia trazada por la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia. 42. Debe indicarse. al respecto. a saber. 23. 19. LOJCA). 29 de noviembre de 2001. LOJCA). num. 20. num. 2. Pretensiones. 23. la electoral. No obstante. la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. la materia funcionarial). 23. num. en el caso de retiro. 20. 21. 23. 24.Recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo. caso: Gregorio Salazar Torres). permanencia. 23. comprenden el conocimiento de los recursos de nulidad por razones de inconstitucionalidad y/o ilegalidad que sean interpuestos contra los actos dictados por los órganos que gozan de autonomía funcional. Las demás causas previstas en la ley. (Art. acciones o recursos interpuestos. regulada en el artículo 297 de la Constitución. 23. Caso: Francisca Antonia Alcalá y otros vs Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República). LOJCA). (v. aún aquellos que no guarden directa relación con algún proceso comicial (sentencia de la Sala Electoral de 20 de diciembre de 2000. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
. num. 21. 23. que el antiguo criterio trazado en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. 22. Conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Art. (Art. ha perdido virtualidad en la actualidad. el Banco Central de Venezuela y los órganos del Poder Ciudadano. Consultas y recursos de regulación de jurisdicción. sustrajo del conocimiento de la Sala Político-Administrativa el control de la constitucionalidad e ilegalidad de los actos administrativos de contenido electoral. siempre que el conocimiento de los recursos contra sus actos no se encuentre atribuido a otra autoridad conforme a la materia sustantiva de que se trate (Vgr. Caso: Tomás Rodríguez Salazar y otros vs Contralor General de la República. estabilidad o conceptos derivados de empleo público del personal con grado de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.19. dado que la Sala Electoral conocerá de todos los recursos interpuestos contra actos del Poder Electoral. tales como la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. num. la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mantiene el criterio conforme al cual el término “los órganos del Estado de igual jerarquía a nivel nacional” a que hacía referencia el numeral 12 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. (Art. en este caso. 12): La creación constitucional de una nueva jurisdicción contenciosa. el Consejo Federal del Gobierno. Control de la constitucionalidad e ilegalidad de los actos administrativos generales o individuales del Consejo Supremo Electoral o de otros órganos del Estado de igual jerarquía (LOCSJ. num. art. LOJCA). Caso: Jimmy Imbrondone Fermín vs Contralor General de la República y 27 de abril de 2000.
LOJCA) 6. 24.000 U. (Art.6. 24.LOJCA) 4. La abstención o la negativa de las autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3 del artículo 23 de la Ley y en el numeral 4 del artículo 25. (Art. (Art.000 U. 24.). (Art. los Estados. los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva.T. los Estados. los Estados. ente público. 24. (Art.LOJCA) 7. son competentes para conocer de: 1. Las demandas que ejerzan la República.num.). cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia. Las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico desplegada por las autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público. o algún instituto autónomo. si su cuantía excede de las treinta mil unidades tributarias (30.7.LOJCA) 5. (Art. (Art.000 U.000 U.T. cuando su conocimiento no esté atribuido expresamente a otro tribunal. Las demandas que se ejerzan contra la República.num. los Municipios. 24.num. empresa o cualquier otra forma de asociación. 24.2.4.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70. los Municipios. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70.num. o algún instituto autónomo.Las competencias de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en materia de demandas de nulidad contra actos administrativos está regulada en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. en razón de su especialidad. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de las consultas que les correspondan conforme al ordenamiento jurídico. De las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley y en el numeral 3 del artículo 25. 24.T.3.LOJCA) 3. los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.LOJCA) 2.T. En ese sentido.num.LOJCA)
.1. en la cual la República. empresa o cualquier otra forma de asociación. ente público. De las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las autoridades a las que se refiere el numeral anterior. en primera instancia.8. De los juicios de expropiación intentados por la República.num. (Art. en la cual la República.LOJCA) 8.num.num. los Estados. 24. cuyo control no haya sido atribuido a la Sala Político-Administrativa o a los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva.5.
Vargas. En ese sentido son competentes para conocer de: 1. Cultura Y Deportes). Demandas que se ejerzan contra la República. los Estados. 24. Trujillo. Bolívar. Yaracuy. Un Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región de la Región Centro-Occidental. Falcón. Carabobo y Guárico. los Estados. los Municipios. los Municipios u otros de los entes mencionados tengan
. Anzoátegui. Barinas. Monagas. con competencia en los Estados Cojedes. modificando su criterio reiterado. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (art. Lara. ente público. empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República. Portuguesa.LOJCA) Cabe destacar que en el caso concreto de los actos administrativos dictados por las Universidades en materia funcionarial. la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Táchira. serán competentes en primera instancia los Juzgados Superiores Estadales de lo Contencioso Administrativo de cada una de las Regiones. la Corte dispuso que cuando la demanda incoada esté dirigida a lograr la nulidad de actos administrativos dictados por las autoridades de las Universidades Nacionales. estableció que la competencia para conocer de los mismos corresponderá a los Juzgados Superiores Estadales Contencioso Administrativos. a quienes corresponde como Juez natural el conocimiento de los reclamos de índole funcionarial. Un Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Nor – Oriental con competencia en los Estados Nueva Esparta. Ministerio De Educación. En tal sentido. 3. o surja con ocasión de la relación funcionarial que vincula a los docentes con estas Instituciones. Amazonas y Delta Amacuro. Mérida y Zulia. al considerar que aun cuando los docentes universitarios que prestan sus funciones a las Universidades tienen estatuto propio que regula su relación de empleo. de las Universidades Experimentales o de los Institutos o Colegios Universitarios.num. Apure. contempla en su artículo 25 las competencias atribuidas a los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Asimismo. Sucre.9. la competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa estará delimitada de la siguiente manera: Dos Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital con competencia en el Distrito Capital y los Estados Miranda. (Art. su exclusión del ámbito de aplicación de la Ley del Estatuto de la Función Pública no es óbice para sustraer del conocimiento de las acciones que se intenten contra dichos Entes a los Juzgados Superiores Estadales Contencioso Administrativos.9. 25 LOJCA) La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Aragua. o algún instituto autónomo. Las demás causas previstas en la ley. Así lo dispuso la Corte en la decisión de fecha 12 de julio de 2002 (Caso: Rosa Consuelo Tarazona de Rivero Vs.
De las apelaciones de las decisiones de los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. los cuales serán unipersonales (Artículo 18 de la LOJCA). cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad 3. los Estados.000 U. ente público. 10.). 2. Reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a autoridades estadales o municipales de su jurisdicción 6. de conformidad con el artículo 26 de la LOJCA.000 U. funcionará al menos un Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. los Estados. los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva. si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30. o algún instituto autónomo.T. 5. 5. los Municipios. si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30. a cumplir determinados actos a que estén obligados por las leyes. Demandas que ejerzan la República. De las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico de los órganos del Poder Público estadal. municipal o local. De las controversias administrativas entre municipios de un mismo estado por el ejercicio de una competencia directa e inmediata en ejecución de la ley. con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo (Sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de 2010) 4. Tribunales Contencioso Administrativo Especiales
. 8. En cada estado. Abstención o negativa de las autoridades estadales o municipales.participación decisiva. dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción. empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Finalmente se crean los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.T. Demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública. 9. Demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares. con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad. conforme a lo dispuesto en la ley 7. los cuales son competentes para conocer de las demandas que interpongan los usuarios o las organizaciones públicas o privadas que los representen. 4.). Las demás causas previstas en la ley. por la prestación de servicios públicos o cualquier otra demanda o recurso que le atribuyan las leyes.
contra los actos de naturaleza electoral emanados de sindicatos. Los recursos que se interpongan. por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. Asimismo.En contraposición al los órganos jurisdiccionales que conocen del contenciosoadministrativo general. En ese sentido. en decisión de fecha 10 de febrero de 2000 (Caso Cira Urdaneta vs Consejo Supremo Electoral) determinó su competencia para conocer del recurso de nulidad en los casos siguientes: a. tanto los directamente vinculados con los procesos comiciales.2. como aquellos relacionados con su organización. organizaciones con fines políticos. organizaciones gremiales o colegios profesionales. y de otras organizaciones de la sociedad civil. 5. contra actos. Juzgados Superiores Contencioso Tributarios Corresponde a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario ejercer la jurisdicción especial contencioso tributaria y. en ese sentido. dicha Sala. de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores Contencioso Tributarios podrá apelarse dentro de los términos previstos en el Código Orgánico Tributario. por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. Conforme al artículo 329 del Código Orgánico Tributario. por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. administración y funcionamiento. Estos procedimientos serán sustanciados y decididos conforme a las normas establecidas en el Código Orgánico Tributario. La jurisdicción contencioso tributaria cuenta con nueve tribunales ubicados en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral.
. conocerán en primera instancia de los recursos contencioso tributarios de nulidad ejercidos por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad se intenten contra los actos administrativos de contenido fiscal o tributario. estos Tribunales son competentes en materia tributaria nacional respecto de los actos dictados por la Administración comprendidas dentro de su ámbito territorial de competencia. se encuentran los que ejercen el contencioso-administrativo especial. universidades nacionales. contra los actos. cuyo ejercicio corresponde a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. los cuales conocen de especiales materias como lo son: 5. b. Los recursos que se interpongan. la cual será competente para conocer de las causas en segunda instancia. La Sala Electoral y de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia La Constitución de 1999 determinó en su artículo 297 la creación de una nueva jurisdicción contenciosa: la electoral.1. actuaciones u omisiones relacionados con los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político. Los recursos que se interpongan. c.
6. 6. 5. de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 8 establece el objeto de control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Demandas de contenido patrimonial. 7. el cual está constituido por la actividad administrativa desplegada por los órganos que componen la Administración Pública. lo cual incluye actos de efectos generales y actos de efectos particulares.
1. así como el procedimiento que será aplicado para cada uno de ellos. 2. 3. En ese sentido. el Tribunal Supremo de Justicia. y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones conocerá. Recurso por Abstención. Demandas de Nulidad contra Actos de Efectos Particulares y Generales Las demandas de nulidad constituyen la vía para obtener la nulidad total o parcial de los actos generales o individuales de los órganos formales de la administración y los actos de autoridad. en Sala Político Administrativa. demora o deficiente prestación de los servicios
Demanda contra vías de hecho. Demanda por interpretación de leyes Demanda por Controversias Administrativas. en segunda instancia la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Medios de Impugnación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece expresamente los medios de impugnación en el contencioso administrativo. el juicio se intentará directamente ante los Juzgados Nacionales de lo Contencioso Administrativo. así como el restablecimiento de las situaciones jurídico-subjetivas infringidas y el pago de los daños y perjuicios producidos por la actuación ilegal de la Administración Pública.
Demandas de nulidad contra actos de efectos particulares y generales. en segunda instancia. En ese
. públicos. Juzgados de Primera Instancia en lo Civil (Competencia Eventual) En materia de expropiación el Juez de Primera Instancia en lo Civil de la jurisdicción de la ubicación del bien conocerá de estos juicios. Reclamos por la omisión. 4. y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones conocerá. la Ley establece los siguientes medios de impugnación:
1. V. Cuando la República sea quien solicite la expropiación.
Acto administrativo tácito: Se entienden como manifestaciones de voluntad de la Administración que se deducen de actuaciones positivas y colaterales vinculadas al caso concreto y que son desarrolladas por ella misma. o dicho de otra manera. ejercen potestades públicas. confiere a los particulares poderes exorbitantes propios de la Administración Pública para que éstos puedan garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y.sentido. de efectos generales. que por su contenido material son verdaderos actos administrativos. sin embargo. que puede entender desestimada su petición o recurso. es uno de los grandes aportes de la jurisprudencia al Derecho Administrativo moderno venezolano. vinculados a una relación contractual y de autoridad). se da cuando el Estado. a las actuaciones de sujetos privados que en virtud de una ley pueden dictar actos en función de la prestación del servicio público y. ya que constituye una solución racional a la situación de ciertos entes que si bien.2 [15] La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo definió los actos de autoridad como “Aquellos emanados de personas de derecho privado conforme a delegaciones que les hace la Ley. Universidad Católica Andrés Bello. En este sentido. C. forman parte del ámbito material de las demandas contencioso administrativas de nulidad los siguientes actos: A. la descentralización por colaboración. así cumplir con los fines del Estado . de trámite que sean recurribles. “La figura de los actos de autoridad. se crean bajo forma de derecho privado. de fechas 24 de noviembre de 1986 y 19 de enero de 1988). impugnables en consecuencia ante la jurisdicción contencioso administrativa en virtud de haberse producido en el ejercicio de competencias fundamentadas en el imperium del Estado” (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. no pudiendo garantizar por completo el funcionamiento de los servicios públicos que está llamado a atender. Acto administrativo expreso y sus distintas manifestaciones (actos administrativos definitivos. Acto administrativo presunto (silencio administrativo): Se refiere a una ficción que la ley establece a favor del administrado. el Estado por medio de su poder imperium.[13] Al respecto. a los solos efectos de poder deducir frente a la denegación presunta la pretensión admisible. casos: María Josefina Bustamante y Ramón Escovar León vs. Acto administrativo de Autoridad: Los actos de autoridad. busca la colaboración de los particulares para coadyuvar al logro de los fines del Estado.
. en procura de satisfacer fines de interés público propios de la actividad administrativa. por disposición de una norma. B. D.[14] Ello así. José Araujo Juárez señala que la tendencia mundial es catalogar como actos administrativos de autoridad.
el conocimiento de dichos actos corresponde al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. ello en virtud del interés general que están llamados a tutelar. caso: José Gregorio Rossi García). · Estas actuaciones son controladas por la Administración Pública y la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al principio de universalidad de los actos administrativos y el artículo 259 de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. reglamentos que invadan la reserva legal y que sirvan de fundamento al asunto debatido en el juicio principal (sentencia Sala Constitucional del 25 de abril de 2000. toda vez que tratan de la organización y desarrollo del servicio público o de una actividad que le ha sido encargada a un particular y que ha sido denominada como de utilidad pública. la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Federación Venezolana de Deportes Ecuestres) ratificó la sentencia dictada por Sala Político Administrativa el 14 de mayo de 1998 (Caso: Fundación IDEA) en la cual se recogieron las características más importantes de los actos de autoridad. de tal forma que atendiendo a la naturaleza del acto recurrido en materia contencioso administrativa. el cual estableció como competencia de la Sala Político Administrativa. Revisión directa mediante la interposición de demandas de nulidad Constituyen materia de las demandas de anulación contencioso administrativa. En ese orden de ideas. la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reconocido la posibilidad de controlar por vía accesoria. Suspensión en el caso concreto de disposiciones Reglamentarias que violen la reserva legal De manera excepcional. el control judicial de dicho acto está atribuido a esta jurisdicción.Mediante sentencia Nº 886 de fecha 9 de mayo de 2002. según se desprende del artículo 6. · Estos entes privados deben ejercer actividades propias de la administración generadas por la prestación de un servicio público u otra de interés general. siempre que el conocimiento de este último corresponda a la Sala Político Administrativa” b. “… Las demandas de nulidad que se ejerzan contra un acto administrativo de efectos particulares y al mismo tiempo el acto normativo sub-legal que le sirve de fundamento.
. se concluye que: · Los Actos Administrativos de Autoridad son aquellos que dictan entes privados ejerciendo una función administrativa. Así las cosas. E. de acuerdo al principio de universalidad y asimismo al artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Reglamento: a.
Demanda por Interpretación de Leyes De acuerdo con el artículo 266. aún cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de interpretarse” (Sentencia SPA del 22. La interpretación solicitada debe versar sobre un texto legal. así como la necesidad de que el recurso sea planteado frente a un caso concreto o específico. Caso: Interpretación artículo 86 Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento) Requisitos de Admisibilidad de la Demanda de Interpretación Mediante Sentencia Nº 229 publicada el 18 de diciembre de 2008. esto resulta posible en virtud de la conexidad que pueda existir con otra ley que establezca tal posibilidad o por la importancia del asunto del que se trate”. Los artículos 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. aun cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de interpretación de sus normas. ü Requisito para admisión del recurso: “que la interpretación solicitada sea de un texto legal. Sección Tercera. y 26. interpretación de leyes y controversias administrativas”. denominado “Procedimiento Común a las demandas de nulidad. ü “a pesar de que una ley no prevea la posibilidad de interpretación de sus normas. atribuyen a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia la competencia para “conocer de los recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo”. Título IV.02). numeral 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.Procedimiento que rige las Demandas de Nulidad contra Actos de Efectos Particulares y Generales Respecto al procedimiento que rige las Demandas de Nulidad en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra contemplado en el Capítulo II.02. Posibilidad de Interpretación de leyes ü “el recurso de interpretación no debe limitarse a los casos expresamente autorizados por el legislador” (Sentencia Sala Constitucional del 22 de septiembre de 2000).
.6 Constitucional. corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la atribución para “conocer los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales.05. la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ratificó los requisitos de admisibilidad de los recursos de interpretación. 2.07. numeral 21. en los términos contemplados en la ley”. los cuales son los siguientes: Legitimación para recurrir. (Sentencia SPA del 06.
Sección Tercera. Controversias entre autoridades. de haberlo hecho. Art. bien sea entre particulares o entre éstos y los órganos públicos. ni obtener una declaratoria con carácter de condena o constitutiva.
Procedimiento que rige las Demandas de Interpretación de Leyes: Respecto al procedimiento que rige las Demandas de Interpretación de Leyes en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra contemplado en el Capítulo II. Ámbito material La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2010. 26. denominado “Procedimiento Común a las demandas de nulidad. 26. incompatibles. La interpretación que se solicita no puede perseguir la sustitución de los recursos procesales existentes. y El objeto de la interpretación no debe pretender la obtención de una opinión previa del órgano jurisdiccional para la solución de un caso concreto que esté siendo conocido por otro tribunal.Debe precisarse el motivo de la interpretación. Controversias entre entes públicos territoriales.8 LOTSJ. interpretación de leyes y controversias administrativas”.
• Controversias entre entes públicos territoriales: actos preparatorios o definitivos realizados simultáneamente por las autoridades para ejercer funciones iguales respecto a una misma materia. • Controversias entre autoridades: Sentencia 1468 de fecha 27 de junio de 2000 (Caso: Carlos Manuel Ortiz):
. siguiendo el esquema de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. que no sea necesario modificar el criterio sostenido con la nueva interpretación. Que no se acumule a la pretensión otro recurso o acciones de naturaleza diferente. Art. regula dos supuestos de controversias: 1. que la parte solicitante señale cuál es -a su juicio.la oscuridad o ambigüedad de las disposiciones legales objeto de interpretación. Demanda por Controversias Administrativas
Las controversias administrativas se refieren a enfrentamientos entre autoridades públicas que corresponde dirimir a la jurisdicción contencioso-administrativa. 3. 2. La Sala no debe haber emitido con anterioridad un pronunciamiento sobre el punto a interpretar y. o funciones diferentes pero que se opongan entre sí. excluyentes o contradictorias.7 LOTSJ. Título IV. es decir.
o bien indirectamente. una actividad de prestación. Se manifiestan entre organismos o autoridades legítimas. Título IV. 3. Por ejemplo: la electricidad. en decisión de fecha 15 de diciembre de 2005 (Caso: CADAFE). sino más bien de titularidad competencial. en esencia. servicio de saneamiento y agua potable y telefonía básica. lo que implica la verificación previa de una decisión exteriorizada y concreta.1. en cuanto a sus atribuciones. uniformidad.
Procedimiento que rige las Demandas por Controversias Administrativas Respecto al procedimiento que rige las Demandas por Controversias Administrativas en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra contemplado en el Capítulo II. Que la prestación del servicio. Que el Estado puede cumplirla directamente. interpretación de leyes y controversias administrativas”. autoridades o entes públicos distintos y no en el seno de un mismo organismo. 2.
. demora o deficiente prestación de los servicios públicos. sea regido por un estatuto o régimen especial que le permita distinguirlo de otras actividades públicas. Se manifiestan entre organismos. esto es que apareje una ventaja. beneficio o un bien destinado a la satisfacción de una necesidad de carácter general. obligatoriedad y. Que dicha actividad sea asumida por el Estado. es decir. igualdad. exigiéndose la capacidad o competencia para poder actuar como concesionarios.
Ámbito Material Cualquier reclamo por la omisión. Deben afectar el Orden Público. La Sala Constitucional. Sección Tercera.
Reclamos por la omisión. suministro de gas. subordinación a normas preponderantemente de Derecho Público. 65 LOJCA). denominado “Procedimiento Común a las demandas de nulidad. servicio de aseo urbano.
4. y cuyos caracteres sean la generalidad. continuidad. la controversia no constituye un problema de legitimidad de las autoridades. por medio de concesiones otorgadas a favor de cualquier persona. estableció los elementos que califican una actividad como servicio público: Que la actividad sea. considerado como público. demora o deficiente prestación de los servicios públicos (art.
o con prescindencia total y absoluta del procedimiento”. que los supuestos generadores de la misma se pueden dividir en dos grupos: 1. Al respecto. que estableció lo siguiente: “Consagrado el artículo 19 (ordinal 4º) de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.[15] Estas características generales de las vías de hecho se siguen manteniendo en la actualidad. La sentencia líder respecto a la vía de hecho en Venezuela es la Nº 190 dictada por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 8 de mayo de 1991 (Caso: Ganadería El Cantón. como por ejemplo. Demandas contra vías de hecho. C.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).
Las vías de hecho se refieren a aquella actuación material en la que incurre la Administración Pública y que ha debido legitimarse mediante la producción de un acto administrativo previo. respectivamente. es asimilado en este texto legal a dos supuestos de infracción grosera de la legalidad. la grosera ilegalidad en que incurriere la autora del acto para la ejecución de uno. la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló mediante sentencia Nº 912 del 5 de mayo de 2006.
. ha entendido sin embargo la doctrina. Ha asimilado asimismo la doctrina a la vía de hecho en la elaboración del acto administrativo. 2. los mismos se tramitarán por el procedimiento breve regulado en la Sección Segunda del Capítulo II de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Taxativos ambos en su formulación. 5. otros más específicos y equivalentes. el vicio reconocido como “vía de hecho” de la Administración. demora o deficiente prestación de los servicios públicos. siempre y cuando no tengan contenido patrimonial o indemnizatorio. La segunda manifestación de la vía de hecho la configura toda actuación material de la Administración que se realiza sin cobertura o título jurídico.). plasmados en la emisión del acto por “autoridades manifiestamente incompetentes. demora o deficiente prestación de los servicios públicos Respecto al procedimiento que rige los reclamos por la omisión. que bien pueden ser incluidos dentro del respectivo “género” –representado por esos supuestos-. La primera referida a asimilarla a todo acto administrativo en el cual estén presentes los vicios de incompetencia manifiesta o prescindencia absoluta del procedimiento legalmente establecido (artículo 19. Inexistencia o irregularidad sustancial del acto de cobertura (de la actuación material).A. la supresión de la audiencia obligatoria del afectado por un acto represivo o el caso de los funcionarios de hecho. aun legalmente formado” (Negritas del original) De la noción de vía de hecho transcrita se evidencia que la misma presenta dos vertientes: 1.Procedimiento que rige los Reclamos por la omisión.
y que las actuaciones materiales que la Administración realice no sean diferentes a su contenido.3 LOJCA) La abstención o la negativa de las autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3 de artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en el numeral 4 del artículo 25 de la misma ley.
Exceso en la propia actividad de ejecución en sí misma considerada.en garantía del derecho de petición…” Procedimiento que rige las Demandas por Abstención El procedimiento que rige las demandas por abstención se encuentra regulado en la Sección Segunda del Capítulo II de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Artículos 65 al 75). pero que en si misma sea irregular porque se lleven a acabo fuera del procedimiento legalmente establecido.2.
6. 7. la ejecución material se aparta sustancialmente de los supuestos de hecho de dicho acto. En consecuencia. sin que se distinga si ésta es específica o genérica. 24. la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa optó por establecer un procedimiento breve regulado en la Sección Segunda del Capítulo II de la misma Ley (Artículos 65 al 75). puede incluso tener como objeto la pretensión de condena a que la Administración decida expresamente una petición administrativa –con independencia de que otorgue o rechace el derecho solicitado. d) Exista un acto administrativo absolutamente legal.
Sentencia de Sala Constitucional nº 547 de fecha 6 de abril de 2004 (Caso: Ana Beatriz Madrid Agelvis) “…El recurso por abstención o carencia es un medio contencioso administrativo que puede –y debe.dar cabida a la pretensión de condena al cumplimiento de toda obligación administrativa incumplida. Procedimiento que rige las Demandas contra vías de hecho Respecto al procedimiento que rige las demandas relacionadas con vías de hecho. c) Que el acto que sirve de fundamento a la actuación material existe pero es ilegal y por tanto carece de fuerza legitimadora de la actuación material de la Administración. b) Cuando aún existiendo el acto que sirve de fundamento y es válido. Demandas de Contenido Patrimonial.
Ámbito Material (Art.
. a) Cuando no existe acto administrativo que legitime la actuación material de la Administración Pública.
Formas a través de las cuales la Administración puede incurrir en vías de hecho.
Demanda por Abstención.
el Supremo Tribunal. numeral 14. 30. siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento dela Administración Pública. como sí lo hacía la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del año 1976. Las pretensiones ligadas al cumplimiento o la resolución de un contrato administrativo. 140. dictó la celebre decisión Acción Comercial C. 21. B. en sus artículos 3. En dicha sentencia. lo que dio origen a una abundante creación jurisprudencial. Establece el artículo 140 de la Constitución de 1999 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos. En ese sentido. validez o resolución de los contratos administrativos. trata el medio de impugnación mediante el cual se da trámite a pretensiones relacionadas con la responsabilidad contractual o extracontractual de la Administración Pública. a la par que reconoció la existencia de contratos administrativos –como categoría distinta a las de los contratos “de derecho común” celebrados por la Administración-
. a saber: extracontractual y contractual. Establece el artículo 140 de la Constitución de 1999 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos. la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en varias decisiones que conforme a la Constitución de 1999. en forma definitiva. Responsabilidad Extra-contractual: Respecto al régimen de la responsabilidad de la Administración. siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de 2. queda establecida de manera expresa la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 1. mediante sentencia de fecha 14 de junio de 1983. En ese sentido hace referencia a uno de los principales objetos del contencioso administrativo. la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia. retomando. esto es: A. 133. Las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados por la responsabilidad contractual y extracontractual de la Administración. Responsabilidad Contractual:
La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. no establece de forma expresa la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer sobre las cuestiones que se susciten con motivo de la interpretación. en su artículo 42. por los daños que sufran los particulares como consecuencia de su actividad. De esa forma. por los daños que sufran los particulares como consecuencia de su actividad. 259 y 316. en el contencioso administrativo se distinguen dos tipos de responsabilidad de la Administración Pública. Pública. cumplimiento. la teoría general de los contratos administrativos. caducidad. nulidad.A.Cuando la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se refiere a las demandas de contenido patrimonial.
)”. suscitadas en razón de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República. Las demandas que se ejerzan contra la República. depositaria del interés general o colectivo. empresas o cualquier otra forma de asociación en las cuales la República. 8 y 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. marca a éste inevitablemente de características distintas a las de la contratación ordinaria. 5. Sin embargo.” “8. En este sentido. Capítulo II. (. por importantes –individualmente considerados. ratificó la noción de servicio público como identificadora de esta modalidad contractual.en el negocio jurídico. 9. los municipios o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva. La presencia de la Administración –dadas determinadas condiciones. los estados. pueda comprometerse sin sacrificarlo en aras de intereses privados de los administrados. empresas o cualquier otra forma de asociación.que éstos parezcan. Las demandas que ejerzan la República. la jurisdicción contencioso administrativa. Como ha quedado expuesto. los municipios. Los reclamos por la prestación de los servicios públicos y el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por los prestadores de los mismos. de rango constitucional. los estados. los Estados o los Municipios viene a ser definida por los numerales 4. los estados. en razón de que una de las características fundamentales de todo contrato administrativo es que una de las partes intervinientes sea necesariamente la administración pública.”
Procedimiento que rige las Demandas de Contenido Patrimonial La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece un procedimiento especial para las demandas de contenido patrimonial en la Sección Primera. es el instrumento más importante para hacer efectivo el derecho constitucional de la tutela
. 5... se indicó: “Cuando requerimientos de interés colectivo así lo postulan. podemos inferir que la posibilidad para los particulares de interponer acciones por ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. para asegurar de esta manera que aquella. los municipios. los institutos autónomos. acude la Administración a la figura del contrato administrativo para asegurarse la colaboración del particular en la satisfacción de determinadas necesidades de interés general. de desarrollo jurisprudencial. en la cual la República. y con una nueva regulación legal específica. el cual establece que los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: “4. Las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual de los órganos que ejercen el Poder Público. si es de contenido administrativo. los institutos autónomos. entes públicos.. los municipios o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva. entes públicos. los estados. Título IV.
Araujo. Vadell Hermanos Editores. El Principio de la Tutela Judicial Efectiva y los Intereses Colectivos y Difusos en Revista de Derecho N° 4. La Vía de Hecho en Venezuela. 1992. Ana Elvira. Vadell Hermanos Editores. Colegio de Abogados del Estado Carabobo. Venezuela. Caracas. 1991. “Principios Generales del Derecho Procesal Administrativo”. 2002. La Tutela Cautelar de Urgencia en la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Derecho y Sociedad... sin duda. cumplimiento y cualesquiera otras que susciten entre la Nación y los contratistas o concesionarios a consecuencia de los contratos celebrados [2]«Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (. Miguel Ángel. Caracas. República Bolivariana Tribunal Supremo de Justicia.
. José. Allan R. Editorial Jurídica Venezolana. Universalidad del Control Contencioso-Administrativo enRevista de Derecho Público N° 46. Caracas. _________________________________________________________________________ _ [1]«Son atribuciones de la Corte Federal y de Casación: (. Venezuela. 1° reimpresión.. alcance. Torrealba Sánchez. Enero marzo 1992.) 5° Conocer de las controversias que resultaren de los contratos y negociaciones que celebre el Poder Ejecutivo por sí o por medio de agentes». Abril 2001. resolución.. Brewer-Carías. Revista de Estudiantes de Derecho de la Universidad Monteávila N° 2.) 13° Conocer en juicio contencioso de todas las cuestiones sobre nulidad. Duque Corredor. al que corresponde imponer el principio de responsabilidad del Estado. Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).. 1995. Caracas 2011. caducidad. “Origen y Evolución del Sistema ContenciosoAdministrativo Venezolano”. Calcaño De Temeltas. Venezuela. 1998. Caracas. Josefina.judicial efectiva. VI. Editorial Jurídica Venezolana. Brewer-Carías. Roman J. que junto a la separación de los poderes y la legalidad.. interpretación. Consideraciones sobre el Contencioso Administrativo como un derecho constitucional a la tutela judicial frente a la Administración en Revista de derecho Público N° 49. Publicado en Jornadas sobre el Derecho Procesal Administrativo. Bibliografía Araujo Juárez. Allan R. Todas estas normas adjetivas que se han comentado recogen. constituyen la base fundamental del Esto de Derecho y de Justicia que se proclama en el Texto Constitucional. el amplísimo espectro de actuación de este sistema de justicia.
Anteriormente. [9] CALCAÑO DE TEMELTAS.. se vería absolutamente cercenada o. menoscabada”. así como la creación y competencias de tribunales y cortes regionales a fin de promover la descentralización administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial » [4] Brewer Carías. Vadell Hermanos Editores. Venezuela. Arístides.
. [12] RENGEL ROMBERG. Ana Elvira. Vadell Hermanos Editores. p. 18 [6]Brewer-Carías. Venezuela. Allan R. [8]Sin lugar a dudas. las sentencias Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo (SPA 10/1/1980). Publicado en Jornadas sobre el Derecho Procesal Administrativo. el tema de la tutela judicial efectiva en Venezuela (por lo menos antes de su constitucionalización en 1999) ha estado íntimamente ligado al problema de la protección cautelar de los recurrentes en sede judicial (Luis ORTIZ ÁLVAREZ). la alusión expresa a la tutela judicial efectiva fue utilizada por la SPA de la entonces Corte Suprema de Justicia para desaplicar por inconstitucional el principio de solve et repete (Sentencia Scholl Venezolana. 15/11/1995): “una protección integral del indicado derecho constitucional a la defensa y a la tutela judicial efectiva requiere siempre de mecanismos cautelares idóneos y suficientes que permitan dar a la sentencia definitiva eficacia que. 1992. 1° reimpresión. p. República Bolivariana Tribunal Supremo de Justicia. Devis Hernando. C. “Origen y Evolución del Sistema ContenciosoAdministrativo Venezolano”. Enero marzo 1992. Josefina..A. en caso de transcurrir el tiempo en su totalidad el proceso sin correctivos. Allan. Caracas 1995. Venezuela. Universalidad del Control Contencioso-Administrativo enRevista de Derecho Público N° 46. Echegaray. Editorial Jurídica Venezolana. 5. 1995.. Bogotá 1985. El Principio de la Tutela Judicial Efectiva y los Intereses Colectivos y Difusos en Revista de Derecho N° 4. Pan American World Airways (SPA 11/5/1981). Décima Edición. la célebre sentencia de la SPA (Lucía Hernández y A. Consideraciones sobre el Contencioso Administrativo como un derecho constitucional a la tutela judicial frente a la Administración en Revista de derecho Público N° 49. [10] Araujo Juarez.«La Ley regulará la organización de los circuitos judiciales. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. y Francisco Ruiz Becerra (SPA 28/2/1985). Editorial Jurídica Venezolana. 1998. 14/10/1990).[3]Artículo 269. Caracas. 2002. Caracas. [5]Araujo. En este sentido. Colegio de Abogados del Estado Carabobo. [11] ECHANDÍA. al menos. Compendio de Derecho Procesal. Caracas. Tomo I. José. [7]A este respecto. “Principios Generales del Derecho Procesal Administrativo”. 1991.
Las Bolsas de Valores como prestación de un Servicio Público. José Antonio.FiF7yrzW. [16] TORREALBA SÁNCHEZ. Jaime Requena contra Fundación Instituto de Estudios Avanzados (Fundación IDEA). “La Vía de Hecho en Venezuela”.Administrativa de fecha 14 de mayo de 1998. [15] Resumen de la sentencia de la Sala Político . Expediente N° 13911).com/?pag=27&ct=1169#sthash. competencia de la Bolsa de Valores para expedir actos administrativos.[13]Muci. . 2010. José. Caracas. Miguel Ángel. Derecho Administrativo Parte General. Caracas 10 de septiembre de 1991. Caracas 2011.badellgrau.See more at: http://www. edición paredes. FUNEDA. Magistrada Ponente: Hildegard Rondón de Sansó.dpuf
. [14] Araujo Juárez.
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 artículo 6
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