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Timestamp: 2017-04-25 06:41:38+00:00

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derecho penal al dia: 1/09/14
abandono de persona agravado art 106 CP fuero contravencional
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Sala I, agosto 15-2014. – T., M. S. s/inf. art. 106 CP., abandono de persona-apelación -causa n° 15962-01-00/11.En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días de agosto de 2014, se reúnen losJueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas,integrada por los Dres. Marcelo P. Vázquez, Silvina Manes y Pablo Bacigalupo, a efectos deresolver los recursos de apelación interpuestos por la defensa de las imputadas a fs. 393/433 ypor la parte querellante a fs. 434/437, contra la sentencia de primera instancia, obrante a fs.358/391.Resulta:1. Que la Sra. Juez de primera instancia a cargo del Juzgado PCyF N° 24, Dra. MaríaAlejandra Doti, con fecha 31 de marzo del corriente, resolvió: no hacer lugar al planteo denulidad formulado por la defensa y condenar a E. C. R. y M. S. T. a la pena de tres (3) años deprisión en suspenso, por considerar a ambas autoras material y penalmente responsables deldelito de abandono de persona agravado por haber producido un grave daño en el cuerpo o enla salud de quien en vida fuera H. R., hechos cometidos el día 5 de abril del año 2011,alrededor de las 7:00 hs. (R.) y las 9:00 hs. (T.) en el interior de la villa 31 del barrio de Retiro(arts. 106, segundo párrafo, 26 y 45 del CP, arts. 248 y 343 del CPPCABA). También impuso aambas encartadas la pena de inhabilitación especial para ejercer la medicina por el término dedos (2) años, conforme arts. 20 y 20 bis del CP y las reglas de conducta previstas en el art. 27bis incs. 1 y 8 del CP por el plazo de dos (2) años, con costas (fs. 358/391).II. Que contra la sentencia condenatoria interponen recursos de apelación la defensaparticular de las imputadas E. R. y M. T. (fs. 393/433) y la parte querellante, A. R. R., junto consu letrado patrocinante (fs. 434/437).III. Que los agravios presentados en el recurso de apelación interpuesto de los Dres. VadimMischanchuk y Ezequiel Klainer, abogados defensores de R. y T., pueden resumirse de lasiguiente manera.Expresan que la sentencia es nula pues existieron diferencias entre el hecho intimado en laaudiencia del art. 161 CPPCABA, el requerimiento de juicio y el hecho imputado en laaudiencia de juicio, que impidieron una defensa útil. Sin recurrir a la ampliación o modificaciónde la imputación que autoriza el art. 230 del código de forma, en el juicio se atribuyó a ambasacusadas no solo el abandono de H. R., sino también su posterior deceso. Asimismo, seagravian porque se reprochó a E. R. haber ido a un lugar donde no debía ir, siendo que no lehabían imputado hasta el momento de la sentencia el hecho de haber ido a las calles 4 y 5, enlugar de ir a Correo Viejo. En cuanto a T., en la sentencia se le imputó el haberse negado aprestar la camilla a los familiares, lo que no surgía del requerimiento de juicio. Todo esto enviolación del principio de congruencia y del derecho de defensa, lo que conlleva una nulidadabsoluta.Por otro lado, señalan que la sentencia es arbitraria pues omite el tratamiento de cuestionesesenciales oportunamente propuestas por la defensa. Expresan que no se tuvieron en cuentagran parte de los argumentos de su parte, a saber: inexistencia de abandono, inexistencia deposición de garante de las médicas en relación a R., ausencia de dominio del hecho,responsabilidad clara de terceros, atipicidad objetiva y subjetiva, error sobre la antijuridicidaddel hecho, inevitabilidad que excluye la reprochabilidad del suceso.Asimismo, consideran que la sentencia adolece de graves errores de razonamiento en laapreciación de la prueba, que la toman arbitraria y la descalifican como acto jurisdiccional, porresultar el fruto de una discrecional voluntad condenatoria de la Juez a quo. Manifiestan que laomisión de toda ponderación de inequívoca prueba exculpatoria, la utilización derazonamientos que escapan a elementales reglas de la lógica y la experiencia, la utilización deafirmaciones apodícticas en materia de sucesos, dan a la sentencia una fundamentaciónmeramente aparente. Entienden que se ha reconstruido el hecho de manera errónea y se hanvalorado en forma parcializada las pruebas colectadas a lo largo del debate.Por último, expresan que la sentencia, en varios pasos del análisis dirigido a reconstruir loshechos del caso, resolvió las situaciones de duda siempre en contra de la situación de lasimputadas, ello en violación a los principios de in dubio pro reo y de inocencia, que poseenjerarquía constitucional y exigen expresamente que para que se pueda dictar una sentencia decondena se pruebe la culpabilidad más allá de cualquier duda razonable.Solicitan que se interprete correctamente la normativa vigente y que se dicte una nuevaresolución acorde a derecho, absolviendo a R. y T. Efectúan reserva del caso federal.IV. Que en el recurso de apelación presentado por el Sr. A. R. R., querellante en la presentecausa, junto con su letrado patrocinante, Dr. Sergio Larrosa Gerez, los agravios son lossiguientes.En la sentencia no se realiza un análisis lógico y objetivo de los hechos y pruebas por lo quese arriba a una decisión arbitraria, al sostener que se encuentra acreditado que E. C. R. y M. S.T. cometieron el delito de abandono de persona agravado por haber producido un grave dañoen el cuerpo o en salud de la víctima (art. 106, segundo párrafo, CP), cuando de una correctavaloración de las pruebas colectadas y producidas en el debate de ningún modo puedeconcluirse en la atribución de la conducta señalada sin endilgarles el agravante del resultadomuerte de la víctima (art. 106, tercer párrafo, CP).Considera que las pruebas que acreditan el delito de abandono de persona seguido demuerte son contundentes. Al respecto, señala que resultan de suficiente claridad los dichos delDr. Cohen, médico que realizó la autopsia de H. R., quien entendió que el paciente necesitabaasistencia inmediata no pudiendo decir si el resultado podía haber cambiado pero sí que, en elcaso de recibir asistencia, se hubiera reducido la posibilidad de muerte.Manifiesta que efectivamente existió una conducta de abandono que puso fin a la vida delseñor R., que lo concreto y real es que no se lo atendió y no se lo trasladó y comoconsecuencia de ello R. falleció en la vía pública. Señala que, si bien es cierta la existencia deafecciones de salud anteriores, éstas no hacen más que poner en evidencia la necesidad deatención médica con imperiosa urgencia, dado que se trataba de un paciente de riesgo, lo quecoloca a las imputadas en una situación más gravosa.Concluye en que el resultado muerte del señor R. es una consecuencia directa del abandonoperpetrado por las médicas R. y T., por lo que corresponde tipificar la conducta a ellas atribuidaen el art. 106, párrafo tercero, CP y aplicar la pena de máximo rigor prevista para el delito. Porúltimo, efectúa reserva de caso federal.V. Arribadas las actuaciones a esta Alzada, luego de corridos los traslados pertinentes, serealiza la audiencia prevista en el art. 284 del CPPCABA (el acta obra a fs. 489/500). En eseacto, la defensa de las imputadas reitera el planteo de falta de legitimación del hermano deldifunto H. R. para ser querellante en las presentes actuaciones, que efectuara al tiempo demantener su recurso (ver fs. 451/458).VI. Concluida la audiencia, las actuaciones pasan a estudio del Tribunal.Primera Cuestión:I. Sobre la admisibilidad del recurso de la defensaEl recurso de apelación ha sido interpuesto contra una sentencia definitiva, declaradaexpresamente apelable conforme lo dispone el art. 251, último párrafo del CPPCABA, y reúnelas condiciones formales legalmente exigidas por el art. 279 de dicha norma, en cuanto al modoy el plazo para su presentación, por lo que resulta procedente.II. Sobre la admisibilidad del recurso de la querellaAl analizar la admisibilidad de este recurso, se impone el tratamiento de la pretensióndefensista de que se proceda al apartamiento de la parte querellante, por carecer delegitimación para seguir actuando como tal en autos.En efecto, los letrados de confianza de las encartadas E. C. R. y M. S. T., Dres. VadimMischanchuk y Ezequiel Klainer, en oportunidad de mantener ante esta Alzada el recurso deapelación oportunamente deducido contra la sentencia de grado, adujeron que el querellante A.R. R., hermano del fallecido H. R., no se encontraba procesalmente habilitado para ejercer elrol en cuestión por lo que se imponía su separación como acusador privado (fs. 451/458).Fundaron su pretensión en la circunstancia de que el Código Procesal Penal de la Ciudad,no contempla la posibilidad de que “una persona física que no sea la propia víctima seconstituya como particular damnificada”, así como también que la normativa regulatoria “noprevé la posibilidad de que un tercero ejercite la acción cuando el delito investigado tengacomo resultado la muerte del ofendido” (ver fs. 452).Agregaron que incluso a nivel nacional el Código de rito (art. 82 CPPN), tampoco enumeraen su repertorio al hermano del ofendido como una de las personas autorizadas para elejercicio de este derecho.Al momento de celebrarse la audiencia prevista por el art. 284 del CPPCABA, la defensa,como cuestión previa, reiteró su pedido al Tribunal insistiendo en que el hermano del fallecidoR. debía ser separado del carácter de parte querellante que venía ejerciendo hasta el presente.En función de ello se dispuso escuchar tanto a la acusación privada como a la pública entomo a dicho tópico, cuyas argumentaciones para fundar sus sendos pedidos de rechazo seencuentran plasmadas en el acta labrada por Secretaría (ver fs. 489/500) disponiéndose quesu tratamiento y decisión quedaba diferida para el tiempo de dictar sentencia.Llegada esa instancia, adelantamos que el requerimiento de los abogados defensores habráde prosperar en función de las circunstancias que se pasarán a exponer.En el ordenamiento local, el ejercicio de la acción por el particular damnificado se encuentraregulado por el art. 10 del CPPCABA en cuanto prescribe: “Las personas físicas o jurídicas dederecho público o privado directamente afectadas por un delito, podrán ejercer la acción penalcomo querellantes hasta su total finalización y una vez constituidas serán tenidas como partepara todos los actos esenciales del proceso...” –el destacado no pertenece al original–.De ello se sigue que efectivamente como proponen los impugnantes el Sr. A. R. R., en sucarácter de hermano del occiso H. R., fue incorrectamente tenido como parte querellante en lasactuaciones, toda vez que no revestía ni reviste la condición exigida legalmente para acceder aesa posibilidad; vale decir ser “...la persona física ... directamente afectada por el delito...”.Querellante debe ser el particular que haya sufrido directamente las consecuencias del delitoen cuanto a él le pertenezca el bien jurídicamente tutelado al sancionarse la conducta queconstituye el contenido de la imputación.Y para peor, el régimen procesal que regula la materia –en el Capítulo 3, del Libro I,destinado a reglamentar el instituto– tampoco contempla la situación para aquellos supuestos –como el de este asunto– en que la víctima o el ofendido hubieren muerto como consecuenciadel ilícito pesquisado, de manera tal que determinadas personas puedan ocupar su lugar paraasí quedar habilitadas para ejercitar la acción penal en su nombre y representación.Esta omisión del legislador local –sea por las razones que fuere– echa por tierra cualquierposibilidad de que los parientes colaterales de segundo grado, como dijimos en casos de undelito cuyo resultado sea el deceso del damnificado, puedan ocurrir en su reemplazo paraquerellar penalmente.No pasamos por alto que la situación descripta sí fue prevista en el orden nacional, pero aúnen la hipótesis de que se pretenda una aplicación analógica para este caso –que se descartade plano– la legitimación de A. R. R. en ese carácter tampoco podría prosperar.Sucede que el art. 82 del CPPN enuncia taxativamente que, frente a una situación como laque es motivo de encuesta, sólo podrán ejercer ese derecho el cónyuge supérstite, sus padres,sus hijos –consanguíneos en primer grado en ambos casos– o su último representante legal(conf. norma cit.).De ello se sigue que un hermano, pariente colateral en segundo grado del difunto, estáexcluido de esta limitadísima enumeración que habilita a querellar ocupando su lugar.Frente a tal panorama las alegaciones de los acusadores privado y público para repeler elrequerimiento de la defensa y que, por ende, se mantenga a A. R. R. en el rol que veníaejerciendo aparecen carentes por completo de sustento jurídico.Así, el actual querellante, por intermedio de su letrado patrocinante –Dr. Sergio LarrosaGerez– adujo que a la luz de lo estatuido por el art. 10 del CPPCABA –del que procedió a darlectura–, si se realizaba una interpretación restrictiva de la norma, efectivamente un hermanoquedaría excluido de la posibilidad de ejercer aquél derecho, por lo que, a su entender, elanálisis debía ser dinámico sin apegarse a formalismos.Destacó entonces que el nombrado R. era el único familiar que poseía el fallecido H. R. yaque el otro hermano en común también había muerto. Que era precisamente su cliente quiense ocupaba del cuidado, atención y manutención del occiso. No tenía padres, ni hijos, niesposa; vivía con su hermano, que es precisamente el acusador privado en autos. Esascircunstancias, a su criterio, determinan que tenga legitimidad para colaborar en lainvestigación, como lo ha hecho hasta ahora.A su tumo, la Sra. Fiscal ante la Alzada –Dra. Sandra Verónica Guagnino– comenzó suexposición, alertando acerca de que la Ciudad de Buenos Aires es autónoma y con regulaciónlegal propia, razón por la cual tanto la jurisprudencia como la normativa nacional son ajenas aeste ámbito. Que en la especie nuestro régimen legal habla de “afectación” y que más allá deque el pedido de apartamiento debió ser efectuado por la defensa con anterioridad, lo cierto esque el fallecido vivía con el actual querellante y la mujer de este, con lo que sufrió un perjuicio atodo nivel, que ameritaba la posibilidad de ejercer dicho papel. Incluso, él era el que reclamabajunto a la Sra. L. el auxilio para su hermano.Como se advierte, ninguno de los argumentos esbozados por los acusadores lograconmover cuanto hemos señalado con anterioridad.Sucede que la primera fuente de interpretación de la leyes su propio texto y, en estasituación, es por demás claro al disponer que sólo la persona “directamente afectada por eldelito” podrá erigirse en querellante, con lo que si bien aquellas situaciones fácticas puedenllegar a resultar humanamente atendibles, no por ello habilitan la posibilidad de ejercer underecho de esta naturaleza.Es que, de aceptarse tal tesitura, ello implicaría que, en ilícitos con resultado muerte, seabriría un abanico de posibilidades acerca de los familiares del difunto –vbg. hermanos, tíos,primos, sobrinos, etc.– e incluso de terceros sin relación de parentesco –vbg. amigos ovecinos– que, por el solo hecho de haber cuidado o atendido al afectado por el ilícito hasta elmomento de su deceso, quedarían por esa circunstancia capacitados para querellar en sunombre lo cual se da de bruces, como se apuntó, contra la nítida letra de la ley que regula elinstituto.Sentado ello, resta decidir el impacto que tendrá la separación del querellante con relación alos actos que hubiere llevado a cabo a partir del momento en que A. R. R. fuera tenido comoparte en el proceso, en tal carácter.En tal dirección, atendiendo a que la cuestión recién fue introducida ante esta Alzada enoportunidad de darse cumplimiento a las previsiones del art. 282 del CPPCABA, consideramosque un alcance de carácter retroactivo conspiraría contra los principios de preclusión yprogresividad, que aconsejan que los efectos que tal decisión habrá de generar lo sean a partirde este pronunciamiento.Entonces, corresponde hacer lugar a la petición formulada por los defensores, Dres. VadimMischanchuk y Ezequiel Klaimer, y separar por carecer de la legitimación necesaria a A. R. R.del rol de parte querellante en estas actuaciones. Ello, sin perjuicio de la validez de los actospor ella cumplidos con anterioridad.Por lo expuesto, el recurso de apelación interpuesto por A. R. R. resulta inadmisible.Segunda Cuestión:I. Consideraciones previas acerca del proceso traído a conocimientoConforme surge del requerimiento de juicio, el Ministerio Público Fiscal atribuyó a E. C. R. elsiguiente hecho: “Que el día 5 de abril del corriente año, alrededor de las 07.00 hs.aproximadamente, en oportunidad de encontrarse a cargo de la ambulancia del SAME, se negóa desplazarse hasta la casa nº 22 de la manzana 24, ubicada en el interior de la denominadaVilla 31 del barrio de Retiro, donde era requerida su presencia en virtud de que en el interior dedicha finca se encontraba H. R. padeciendo convulsiones producto de un cuadro de epilepsia.Ello, pese a encontrarse obligada a asistir al nombrado por hallarse en posición de garante aldesarrollar su actividad en un servicio de emergencias médicas, en violación a lo dispuesto a laLey 1883 y sus modificatorias e incumpliendo el juramento hipocrático. Cabe destacar que,tiempo después, siendo alrededor de las 10 hs., se produjo el deceso del Sr. H. R.” (fs. 1/2).En el mismo requerimiento de juicio, el Ministerio Público Fiscal imputó a M. S. T., elsiguiente hecho: “Que el día 5 de abril del corriente año, alrededor de las nueve horas,oportunidad en que arribó en una ambulancia del SAME que se encontraba a su cargo a lasinmediaciones del asentamiento denominado villa 31 del barrio de Retiro, más precisamente aledificio denominado “Correo Viejo”, negándose a trasladarse y asistir a H. R., quien se hallabaa unos 200 metros del lugar, en el interior de la casa n° 22 de la manzana 24 de la Villa 31,padeciendo convulsiones producto de un cuadro de epilepsia. Ello, pese a encontrarseobligada a asistir al nombrado por hallarse en posición de garante al desarrollar su actividad enun servicio de emergencias médicas, en violación a lo dispuesto a la Ley 1883 y susmodificatorias e incumpliendo el juramento hipocrático. Cabe destacar que, tiempo después,siendo alrededor de las 10 hs., se produjo el deceso del Sr. H. R.” (fs. 1/2).La representante del Ministerio Público Fiscal circunscribió los hechos imputados,encuadrándolos en el delito de abandono de persona agravado por haber ocurrido la muerte dela víctima de conformidad con el artículo 106, tercer párrafo, CP, calificación que también fuecompartida por la querella.Tras la celebración de la audiencia de debate oral y pública, en la sentencia ahora recurrida,se consideró acreditado que E. C. R. y M. S. T. colocaron a H. R. en una situación dedesamparo material, abandonándolo a su suerte, como consecuencia del cuadro convulsivo deorigen epiléptico que éste sufría, el que se tomó repetitivo por la demora en su atención.A su vez, la Juez sentenciante encontró probada la imposibilidad que éste tenía de recibirasistencia inmediata por otros medios, ya que el cuadro descripto requería de cuidadosmédicos especializados y de alta complejidad y fue unánimemente encuadrado por la totalidadde los peritos médicos que depusieron durante el debate como de riesgo de vida, cuadro que laciencia médica señala como causal probable de muerte. En consonancia la totalidad delpersonal del SAME, como servicio de asistencia médica de emergencias del Estado de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, lo habían encuadrado como “código rojo” o sea con peligropara la vida.En la sentencia se tuvo por probado que la víctima sufrió un grave daño en su salud –másconcretamente hipoxia o falta de oxígeno– que unido a su cuadro cardiopático preexistente lollevó a la muerte.La Juez sostuvo que, dado que ningún galeno pudo afirmar que, de haber recibido laatención debida mediante una internación hospitalaria y/o en el lugar, su estado se habríainexorablemente compensado, correspondía descartar la agravante del tercer párrafo delartículo 106 CP, en tanto la muerte se presentó coadyuvada por otras causas quecontribuyeron a ese resultado.Consideró que las omisiones de las médicas ciertamente provocaron un grave riesgo para lavida de R., aunque no inexorablemente su muerte, toda vez que de haber actuadodebidamente, realizando los cuidados necesarios y las prácticas que su saber les dictaba, nopodía afirmarse que necesariamente el resultado muerte hubiere sido evitado, aunque sí lospeligros para su salud habrían disminuido.De este modo, la Magistrada tuvo por acreditado que las imputadas incumplieron con elmandato de auxilio exigido legalmente, mandato especial que surge de la posición de garanteque presentan como médicas de un servicio de auxilio, que había sido burocráticamenteasignado a la atención de emergencias médicas como el aquí traído a estudio.Entendió la Judicante que las encartadas en su calidad de profesionales médicas, teníanclaros y precisos conocimientos que las ponían en una posición de conocimiento cierto sobre lasituación de H. R.Por lo tanto, la Dra. Doti condenó a R. y T. por el delito de abandono de persona agravadopor haber producido un grave daño en la salud de H. R., artículo 106, segundo párrafo, CP.Sentado ello, se analizarán los agravios introducidos por la defensa de R. y T. en su recurso,que resultan conducentes para dar una solución justa al caso.II. Del agravio basado en la afectación del derecho de defensa por violación del principio decongruenciaLa defensa afirma que existieron diferencias entre el hecho intimado en la audiencia del art.161 CPPCABA, el requerimiento de juicio y el hecho imputado en la audiencia de juicio, queimpidieron una defensa útil e implicaron la violación del principio de congruencia y del derechode defensa de sus asistidas, lo que –a su entender– conlleva una nulidad absoluta.En primer lugar, es preciso señalar que, conforme resolvimos en reiteradas oportunidades, elpostulado rector en lo que se refiere al sistema de nulidades es el de conservación de los actosy por otra parte, su interpretación será siempre restrictiva.Así, encontrará su fundamento último en las garantías constitucionales del debido procesolegal y de la defensa en juicio (conf. art. 18 CN), las que se expresan bajo la forma dediferentes principios, tales como el de inocencia, ne bis in idem, derecho de defensa,prohibición de la reformatio in pejus, entre otros. El sistema descripto busca tutelar el normaldesarrollo de un proceso que, por imperio constitucional, es el necesario para llegar a laaplicación de una pena, quitando del medio todo aquello que se encuentre viciado o que puedaafectar su normal progreso, pero no por el solo hecho de no respetar las formas, sino poratacar los derechos y garantías de que goza todo justiciable. Ello así, por cuanto el régimen denulidades no está meramente establecido para preservar el cumplimiento de las formas delproceso, sino que tiene una finalidad trascendente, cual es tender a la protección de losderechos de las partes. Caso contrario, se caería en el absurdo rigorismo de decretar la nulidadpor la nulidad misma.En doctrina, se ha dicho: “La nulidad se vincula íntimamente con la idea de defensa (art. 18CN). Sólo cuando surge algún vicio, defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca delejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión, se produce una indefensiónconfigurativa de nulidad (CJ San Juan, J.A., 1988-III, pág. 362). Si no media tal perjuicio, lainvalidez del acto por nulidad queda descartada ...” (D’ Albora, Francisco, Código ProcesalPenal de la Nación, Abeledo Perrot, Sexta edición corregida, Buenos Aires, 2003, pág. 293).El principio de congruencia requiere de armonía entre el hecho descripto en la acusación y elrecogido en la sentencia. En este contexto y teniendo en cuenta que se impone que los actosfundamentales del proceso se lleven a cabo sobre la misma base fáctica imputada, lajurisprudencia ha señalado que “Esencial resulta que el imputado conozca cual es el hecho quese le atribuye, ya que a partir de dicho dato recién podrá comenzar a elaborar su defensa.Esencial también resulta que ello sea adecuadamente circunscripto desde los orígenes hasta elfin del proceso, si es que se pretende respetar el principio de congruencia que debe mediar entodo proceso penal” (CNCC, Sala 1, c. 18652 “Vargas, Jorge D”, del 9/10/02).Asimismo, se ha afirmado que “se viola el principio de congruencia cuando existe falta deidentidad fáctica entre el hecho intimado en la indagatoria, con el atribuido al causante en elprocesamiento y en el requerimiento de elevación a juicio, es decir que siempre se tiene comopunto de partida el “hecho”, ya que su certero conocimiento permite al encartado ejercercorrectamente su defensa material, de modo de evitar sorpresa para quien se defiende”(CNCC, Sala IV, c. 28438, “Etchepare, Julio”, del 11105/06).De este modo, para que el principio de congruencia resulte lesionado, alguna de las piezasprocesales debe contener un dato ajeno que signifique una sorpresa para quien se defiende,circunstancia que no se advierte en la presente.Tras revisar las actuaciones nos encontramos en condiciones de afirmar que, al contrario delo señalado por la defensa, en esta causa no se ha violado el principio de congruencia, pues entodo momento del proceso se precisó el suceso que se imputaba a las médicas, sin quehubiera variación alguna en su descripción.Las imputadas no se vieron impedidas de ejercer su derecho de defensa, sino que durante laaudiencia de debate sus letrados defensores pudieron ofrecer y controvertir prueba, introducircuanta cuestión consideraron oportuna y efectuar su alegato final, siempre respecto de lamisma descripción fáctica efectuada tanto por el Ministerio Público, como por la querella.Por lo tanto, no puede alegarse violación del principio de congruencia y su consecuentevulneración del derecho de defensa, cuando los hechos imputados no sufrieron variaciónalguna a lo largo del proceso.En virtud de los argumentos desarrollados, concluimos que no se ha afectado garantíaconstitucional alguna que amerite declarar la nulidad, principalmente teniendo en cuenta elcarácter excepcional del remedio procesal propiciado por la defensa.III. De los agravios basados en el modo en que se tuvo por acreditada la configuraciónjurídica del delito de abandono de persona seguido de graves daños a la salud:i) Corresponde a este Tribunal analizar la valoración efectuada en la sentencia de primerainstancia, siempre dentro de los límites propios que impone la ausencia de inmediatez, aunquesin abandonar el amplio marco que permite revisar todo aquello que no esté exclusivamentereservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral (CSJN, C. 1757. XL.Causa N° 1681 “Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa”, rta.20/9/2005).En el referido marco de revisión no resulta posible soslayar la extensa y enriquecedoraaudiencia pública celebrada en la sede de este Tribunal de Alzada, el día 7 de julio de 2014,donde todas las partes pudieron formular la totalidad de las consideraciones que entendieronoportunas y se brindó espacio para la reproducción de la prueba que consideraron conducente,así como para la alegación respecto de su significación jurídico penal.También se tuvo oportunidad de tomar conocimiento directo de las condenadas, quienesademás ejercieron la facultad de formular personalmente su descargo respecto de lasconductas que se les reprocha. Del mismo modo, se tuvo posibilidad de tomar conocimiento deA. R. R., hermano de la víctima quién, más allá de su posibilidad de ejercer el rol de querellantey en la búsqueda de su sentido de justicia, expuso su vivencia acerca del lamentable sucesoocurrido el 5 de abril de 2011 en la Villa 31.ii) Ahora bien, la Juez tuvo por probados los hechos referidos en el apartado 1 de lasentencia, a partir de las pruebas producidas en la audiencia de juicio, a saber –entre otroselementos de prueba–: declaraciones testimoniales de 1) P. L., cuñada de H. R.; 2) A. R. R.,hermano de H. R.; 3) L. C., subinspector de la PFA; 4) A. C., Sargento de la PFA; 5) L. E. T.,Comisario de la Comisaría nº 46 de la PFA; 6) C. R. L., radioperadora del SAME, 7) J. N. C.,radioperador del SAME, 8) L. M., operadora del SAME, 9) B. C., operadora del SAME, 10) D.M., operador del SAME, 11) A. J. O., operador del SAME, 12) R. P., operador de la cabinatelefónica que recepcionó llamados internos y externos del Hospital Fernández; 13) F. D. M.,chofer del SAME identificado con el Nro. 82; 14) A. F. C., Director General del SAME; 15) M. A.M., Subdirectora del Hospital Fernández; 16) G. F., médico Jefe del Departamento deUrgencias del Hospital Fernández y ex Director General del SAME; 17) N. B., chofer del SAMEidentificado con el Nro. 177; 18) G. M. B., personal del Cuerpo de Investigadores Judiciales delMinisterio Público Fiscal; 19) H. E. S., personal del Cuerpo de Investigadores Judiciales delMinisterio Público Fiscal; 20) H. L., también personal del Cuerpo de Investigadores Judicialesdel Ministerio Público Fiscal; 21) R. V. C., médico forense de la Margue Judicial de la CSJN.;22) O. A. L., perito químico del Cuerpo Médico Forense de la CSJN; 23) L. A. G., peritopatólogo “Ad Hoc” de la Morgue Judicial de la CSJN; 24) J. L. L., perito químico del CuerpoMédico Forense del PJN; 25) E. M., médico forense del Poder Judicial de la CABA; 26) S. B.M., del Laboratorio de análisis clínicos, biológicos y bacteriológicos del PJN; 27) A. M. B., peritomédico legista. Asimismo, tuvo en cuenta las declaraciones de las imputadas.Así, la Juez de grado ha aplicado su sana crítica al analizar la prueba de cargo y determinarque las imputadas realizaron la conducta típica y es dicho análisis aquello que, como segundainstancia, estamos llamados a revisar.iii) Es necesario exponer que el art. 106 CP se halla redactado de la siguiente forma: “El quepusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, seaabandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidaro a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. La penaserá de reclusión o prisión de 3 a 10 años, si a consecuencia del abandono resultare gravedaño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15años de reclusión o prisión.”Sobre la base de esa descripción legal se abordará a continuación el análisis de losrequisitos típicos de la figura por la que se ha condenado a las imputadas.Al respecto, cabe señalar que el abandono de persona constituye un delito de omisiónimpropia cuya configuración requiere, desde lo objetivo, la puesta en peligro de la vida o lasalud de una persona incapaz de valerse derivada de la colocación en situación de desamparoo de abandono por parte de quien tiene la obligación de mantenerla o cuidarla y la posibilidadobjetiva de evitar el riesgo por medio de la conducta debida y, desde lo subjetivo, elconocimiento de aquellos extremos, especialmente, de la situación objetiva de peligro, deldeber y capacidad de actuar y de la posibilidad de evitación del resultado lesivo (Donna,Edgardo Alberto, Revista de Derecho Penal, Delitos contra las personas - 11, 2003-2, Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2004, p. 435).Abandonar, conforme la letra de la ley, consiste en que el autor –que tiene una especialposición jurídica con respecto a la víctima–, la deje privada de los auxilios o cuidados que leson imprescindibles para mantener la integridad de su salud, cuando ella no puedesuministrárselos y en situación en que normalmente no es posible que se lo presten terceros(Creus, Carlos, Derecho Penal, parte especial, 6 ed., actualizada y ampliada, Astrea, BuenosAires, 1999, t. 1, p. 114); no basta la mera separación espacial entre el autor y la víctima, sinoque es necesario, que se ponga en peligro efectivo a la salud o vida de ésta.El delito previsto en el art. 106 del CP es de peligro concreto, razón por la que se discierneque, de un lado, al autor habrá de serle factible objetivamente evitar el riesgo, mientras que,por otra parte, el sujeto pasivo debe hallarse imposibilitado de recibir la asistencia inmediata deotra persona.Autor de este delito no puede ser cualquier persona; sólo pueden serlo aquellos que tienenun especial deber de cuidado. En otras palabras, autor es quien ocupa una “posición degarante”.La fórmula genérica de deberes de mantener y cuidar se concreta en mandatos de actuarespecíficos de acuerdo a lo jurídicamente exigible, teniendo en cuenta las capacidades delautor y las circunstancias del caso concreto.iv) La conducta atribuida a las imputadas importó la comisión del tipo descripto en el art. 106del CP pues es dable vincular su comportamiento –de no acercarse al domicilio de R. paraatenderlo– con el peligro para la vida o la salud de H. R., que el tipo objetivo de la figurareclama.Las imputadas R. y T. con su actuar crearon una situación de peligro, pues sucomportamiento no se ciñó al cumplimiento del rol que les era debido.El examen del caso nos permite apreciar el análisis realizado por la Juez Doti, en cuantotuvo por verificados los elementos típicos que caracterizan al art. 106 del CP, destacando elenjundioso estudio que realizó en la sentencia.La Sra. Juez consideró probada la materialidad del hecho y su adecuación típica en funciónde la falta de cuidados debidos, que produjo la puesta en peligro que requiere el tipo básico,además de las consecuencias más graves que justifican la aplicación del segundo párrafo delart. 106 del CP.Es que, desde el punto de vista del análisis típico, no se albergan dudas acerca de queexistió el deber jurídico para las médicas de hacerse presentes, la mañana del 5 de abril de2011, en la casa n° 22 de la manzana n° 24 de la Villa 31, cuando se requería el auxilio para lavida de H. R.El valor vida, tal como es también la convicción de la sentencia en crisis, debe serpreservado en cualquier contexto fáctico, si se quiere con mayor esfuerzo en contextos dondela persona en crisis se encuentra en una situación de vulnerabilidad mayor.No puede negarse que el deber frente a la vida humana es, tanto axiológica comojurídicamente, exigible a quien, como R. y T. –tal como correctamente se afirmó en la sentenciaen crisis–, se encuentra en una posición de garante de las más intensas que se puede imaginar.Asimismo es posible tener por acreditado, con la certeza que reclama el juicio de tipicidad enuna sentencia de condena, que el tipo subjetivo del delito abandono de persona se encuentracompleto.Tengamos presente que el aspecto subjetivo requiere conocer y querer la realización de loselementos del tipo objetivo, lo que a nuestro criterio se encuentra acreditado.Del mismo modo entendemos que la omisión de preservar la vida en riesgo es por reglainjustificable.Es cierto que el ordenamiento jurídico establece excepcional situación respecto al imperativoreferido, en casos de que corra peligro cierto la vida de quien deba preservar la de otro, perono es posible afirmar que dicha circunstancia se encontraba presente el día de los hechos.Compartimos entonces la convicción de que la conducta de las imputadas no puedeconsiderarse justificada.v) Ahora bien, tal como venimos exponiendo, de conformidad con la mayoritaria y difundidadoctrina jurídico penal, la configuración objetiva y subjetiva de un injusto penal no resultasuficiente para la formulación válida del reproche previsto en la norma prohibitiva.Consecuentemente, las circunstancias fácticas comprobadas del caso bajo análisis nosllevan inevitablemente a preguntamos acerca de la posible existencia de un error exculpante delas condenadas y a analizar las características de ese error, ello pues nos puede conducir auna conclusión diferente a la que arribó la sentenciante de grado.Acerca de la posibilidad de reprochar el injusto a las imputadasLa defensa particular de las condenadas se agravia, como señalamos, de que no se hubieseconsiderado que sus prohijadas actuaron incursas en error al no hacerse presentes en eldomicilio de H. R. situado en la casa n° 22 de la manzana n° 24 de la Villa 31.Toda conducta humana para poder ser caracterizada como delito, debe cumplir con lacaracterística de ser culpable, esto significa que debe existir la posibilidad de que ella seareprochada al autor.Para ese juicio de reproche es mínimamente indispensable que el autor haya conocido ycomprendido que su conducta era contraria al ordenamiento jurídico y que haya tenido laposibilidad de comportarse de una manera diferente. No es posible exigir la motivación delautor en la ley previa si antes no hay un conocimiento exacto del mandato de acción.En este punto es relevante destacar que la dogmática penal denomina error de prohibición alfactor que impide la comprensión del carácter y entidad del injusto del acto yconsecuentemente es capaz de excluir la referida posibilidad de reproche (Zaffaroni-Alagia-Slokar, Derecho Penal. Parte General, Ediar, 2000, pág. 702).Dicho de otro modo, los errores en los que puede incurrir un imputado que afecten elconocimiento del carácter antijurídico de su conducta derivan en su imposibilidad de habercomprendido, en el caso, que su conducta era contraria al ordenamiento jurídico.Se ha dicho que habrá error de prohibición cuando el imputado, conociendo su posición degarante, padezca un error sobre las obligaciones jurídicas que ello implica (Baigún-Zaffaroni,Código Penal y normas complementarias, Hammurabi, 2008).El error de prohibición puede presentarse con diferentes modalidades: será directo cuandorecaiga sobre la existencia o inexistencia de una prohibición penal, mientras será indirectocuando consista en la falsa creencia de que existe una norma que justifica la realización de laconducta prohibida por el tipo penal.Es decir que este error puede aparecer, entonces, como una deficiente o incorrectarepresentación del permiso o, en cuanto resulta más atinente a este caso, como undesconocimiento del modo en que se debe cumplir con el deber.Estos errores, en tanto categorías de la ciencia penal –en definitiva una de las cienciassociales, cuyo sensible objeto de estudio es el ser humano–, pueden no verificarse de manerapura o absoluta pues no dejan de ser categorías ideales que la teoría del delito, en su esfuerzopor proponer un modo racional y homogéneo de resolver causas penales, construyeintelectualmente.En tomo a esta problemática enfaticemos, entonces, que en caso de presentarse un error deprohibición, se excluiría la capacidad de culpabilidad, si es invencible.Uno de los supuestos de error de prohibición directo sobre el alcance de la norma es el dequien cree estar generando un riesgo no prohibido cuando en realidad crea uno prohibido(Zaffaroni-Alagia-Slokar, Derecho Penal. Parte General, Ediar, 2000, pág. 7021703).En el caso, entonces, aparece el siguiente interrogante a dilucidar:¿Pudieron las médicas haber creído que, de conformidad con las contradictorias directivasde los operadores del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) –quepormenorizadamente analizaremos– estaban en condiciones de realizar una conducta diferentea la debida?En síntesis, procederemos a analizar entonces si las condenadas R. y T. consideraron queestaban habilitadas legalmente a negarse a ir al domicilio del paciente a prestarle auxiliosmédicos.Solo se puede reprochar el incumplimiento de una determinada orden a quien es capaz decomprenderla y, además, puede conocer qué es lo que hay que hacer para poder cumplir conella.Ahora bien, trasladando los conceptos vertidos a los hechos comprobados de la causaentendemos, tal como señalamos ut supra, que la conducta debida era atender al pacientedonde este se encontrara, acercándose hasta su domicilio si ello fuera necesario.En este sentido, compartimos lo que señaló la Sra. Juez a quo en cuanto a que no resultaposible avalar, desde los estrados de justicia, que el Estado renuncie a cumplir sus funcionesbásicas relacionadas con la salud, la educación, la seguridad y la justicia en determinadoslugares de su territorio.Sin embargo, resta ver si las médicas pudieron haber equivocado su deber de actuar.En este punto, se sostuvo en la sentencia impugnada que las pruebas colectadas permiteninferir que las imputadas contaban con plena capacidad de reprochabilidad en el momento deocurrido el hecho.En sentido contrario, se afirma en el recurso bajo examen que “las médicas fueron al lugarcon un solo y único propósito, asistir a quien requirió una ambulancia. Las órdenes del SAME yel pacto existente entre dicha institución y los delegados de la Villa 31 era claro. Los pacienteseran atendidos solo en tres puntos de encuentro preestablecidos. Hasta allí fueron lasprofesionales, más de allí los choferes no llevarían la ambulancia a su cargo”.Ahora bien, ¿pueden esgrimir las imputadas la creencia de que las directivas del SAME yese “protocolo” –eventualmente de existencia informal o de una “juridicidad paralela”–(consistente en que solo se atendían a los pacientes en determinados puntos de encuentropreviamente acordados) les permitía incumplir con la conducta debida?Para responder a este interrogante resulta necesario recurrir a la prueba producida en elcaso así como a restantes resoluciones judiciales que nos pueden conducir a una respuesta.En tal orden, procederemos a reseñar fragmentos relevantes de las comunicaciones que seprodujeron el día de los hechos, en las que participaron los operadores del SAME, los choferesde las ambulancias del SAME y las médicas del Hospital Fernández. En relación a estos audiostuvimos la oportunidad de presenciar, en la audiencia realizada ante este Tribunal, lasalegaciones de las partes acerca de su significado e implicancias.Transcripción de las comunicaciones que tuvieron lugar el día de los hechos
6:55:58 Operador SAME a operador SAME: “La ambulancia ya está en el lugar con el patrullero, está esperando que los familiares vayan al destacamento”.7:15:26 Chofer ambulancia F1 a Op. SAME: “Si te podes comunicar, que vayan adestacamento”.7:17:59 Médica ambulancia F1 a Op. SAME: “¿Se dirigen al destacamento?”.7:24:39 Chofer F1 a Op. SAME: “Ya estoy en destacamento, ¿te pudiste comunicar?”.Op. SAME a Op. SAME: “Decile que llame [a los familiares], que vayan al destacamento”.7:27:11 Op. SAME a Op. SAME: “Decile que vaya al destacamento” [al solicitante delauxilio].7:27:17 Op. SAME a L. (cuñada de H. R., quien solicitó el auxilio al SAME): “Señora vaya aldestacamento que la ambulancia está ahí”.Luna: “Ah, ¿en el destacamento está?”7:29:19 Médica F1 a Op. SAME: “¿Se comunicó con el domicilio? ¿Le dijeron que vayan aldestacamento?”.7:41:55 Op. SAME a Chofer F1: “Recién comando lo vuelve a solicitar el auxilio y le dijimosque estaban esperando a los familiares en el destacamento”.Chofer F1 a Op. SAME: “No hay patrullero, por favor comuníquense y que vengan aldestacamento porque nosotros no podemos entrar”.8:00:28 Médica F1 a Op. SAME: “Mirá yo estoy acá con 4 oficiales de policía pero la genteno vino al destacamento, la ambulancia no va a entrar a Barrio YPF, es una zona muypeligrosa”.Op. SAME a Médica FI: “Está bien, ya se les informó tanto a comando como a lossolicitantes”.8:12:30 Chofer F1 a Op. SAME: “¿Sabés si van a venir al destacamento, no van a venir, quéva a hacer?”.Editorial El Derecho - Tucumán 1436 - (C1050AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ArgentinaTel./Fax +5411 4371 2004 - Email: info@elderecho.com.ar - Web: www.elderecho.com.arOp. SAME a Chofer F 1: “Ahí me comunico nuevamente, si no va te retirás”.8:55:41 Chofer F3 a Op. SAME: “¿El paciente está en el correo viejo o me está esperando elfamiliar? Porque yo no entro a la villa, eh”.Op. SAME: “No no, está el paciente en el correo viejo”.8:59:58 Chofer F1: “Con este auxilio hay problemas... El paciente no está en la vía pública,está en no sé qué manzana. Pedime patrullero para correo viejo, igual yo no me vaya acercar acorreo viejo hasta que no haya un patrullero”.9:04:14 Interlocutor no identificado: “Si no te llevan al paciente ahí, no entrés. Si no te lollevan, no hagas el auxilio. Cuidate vos y a tus compañeros”.9:36:56 Chofer F1 a Op. SAME: “Me estoy retirando porque... al paciente no lo van a traer.No vaya entrar adentro de la villa, si no sacan al paciente. Ellos dicen que no hay forma desacarlo, les dije sáquenlo con un carro que es mucho más fácil que con una camilla, no loquieren hacer. Tiene que llevar la ambulancia a la puerta de la casa. Yo no vaya entrar a la villabajo ningún punto de vista”.9:40:51 T. a Coordinador SAME: “Viste que ahora la disposición es que nosotros noentramos a la villa, que tienen que acercar al paciente hasta puntos definidos. En estaoportunidad es el segundo o tercer auxilio que sale para este destino porque la gente no loacerca al paciente por la condición que dicen que tienen... la policía está lo que pasa es quenosotros no entramos, ¿entendés? Entonces no acercan al paciente y nosotros, hace un rato,casi media hora que estamos y nos retiramos.Regulador SAME a T.: “¿Tenés idea, el lugar es inaccesible donde está el paciente?”. T. aRegulador SAME: “No, en realidad desconozco dónde es la casa, estamos parados en lo quees el correo viejo, estamos con móvil policial pero el chofer de la ambulancia obviamente diceque por todo lo que pasó no vamos a entrar y por disposición de ustedes también “.Regulador SAME a T.: “¿Hasta hoy cómo hacíamos para ir a ese lugar?”.T. a Regulador SAME: “El paciente se acercaba... nosotros llegamos hasta el correo viejo, lacustodia estaba, en un momento ya no dio para más porque nos estaban diciendo de todo y ledigo, la verdad que no es práctico estar acá, o nos vamos o entramos y como no entramos, nosvamos. Entonces ahí el móvil policial se fue, no es que nos abandonó... si queda todo asentadocomo que por disposición del SAME nos retiramos, me vuelvo tranquila al hospital, queríacharlarlo esto bien porque esto de abandono del paciente no me gusta hacerlo y no me gustaque quede asentado así”.Regulador SAME a T.: “Está bien, ahora lo vamos a tratar de definir bien con el Dr. Crescenticomo para que quede claro”.9:42:31 Op. SAME a Chofer F1: “Por no tener custodia policial y por orden del Dr. Crescentiretírate del lugar... por orden del Dr. Crescenti que te retires porque tampoco tenés custodiapolicial... que te retires del lugar porque nos comunicamos con el Dr. Crescenti que si no tenéscustodia policial que te retirés”.9:54:36 Op. SAME a Representante barrial: “La ambulancia estuvo más de 40 minutos y elmóvil policial no quiso ingresar a buscar al paciente, y la ambulancia no puede ingresar porquelos pasillos son muy angostitos. Nosotros le pedimos a los familiares que llevaran al paciente alcorreo viejo y los familiares dijeron que no, que no lo podían llevar. Yo le mando la ambulancianuevamente al correo viejo pero que me lleven al paciente al correo viejo... usted sabe que laambulancia no puede ingresar, lamentablemente”.Editorial El Derecho - Tucumán 1436 - (C1050AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ArgentinaTel./Fax +5411 4371 2004 - Email: info@elderecho.com.ar - Web: www.elderecho.com.arRepresentante barrial a Op. SAME: “Yo creo que es posible que pueda ingresar laambulancia”.Op. SAME a Representante barrial: “No, si usted se hace presente en el correo viejo... yo nome niego a mandarle la asistencia... pero tampoco puede obligar a que ingresen cuando nopueden ingresar... yo tuve más de 40 minutos la ambulancia en el lugar. Yo le vuelvo a enviarla ambulancia al correo viejo pero mándenme al paciente al correo viejo... comprométase a queel paciente... al correo viejo... yo tuve la ambulancia 45 minutos esperando en el correo viejo yno acercaron al paciente”.Alegato de la defensa de las médicas acerca de los audios escuchados:En relación a esta prueba señala la defensa que R. y T. se trasladaron hasta los puntos deencuentro de la Villa 31 para atender al paciente que debía, conforme lo pactado, acercarsehasta ese lugar.Sostienen que E. R. en todo momento cumplió con las directivas que le transmitían pormotorola a la ambulancia. Si bien el chofer de la ambulancia se dirigió a 4 y 5 y luego alDestacamento (puntos de encuentro), en vez de ir a Correo Viejo (otro punto de encuentro), enrelación a Rodríguez la orden fue esperar al paciente en el Destacamento. Jamás le indicaronque fuera al domicilio donde se encontraba R. Expresa que, en ese sentido, es revelador elaudio de 8: 12 hs., con el que ha quedado demostrado con certeza que la orden que impartió elSAME a Rodríguez no fue otra que esperar al paciente en el Destacamento y, en el caso deque el paciente no fuera acercado allí por la familia, la ambulancia debía retirarse del lugar.En cuanto a M. T., afirman que ella aguardó a H. R. en el punto de encuentro denominadoCorreo Viejo y que, ante la ausencia del paciente, entabló una conversación con lacoordinación del SAME y desde allí nunca le dijeron que tenía que ir al domicilio del paciente.Siendo que se retiró del lugar cuando así se lo indicaron. Tan diligente fue que, ante la duda,se comunicó con el coordinador del servicio.Valoración de los audios escuchados a la luz de lo alegado por las partes.La transcripción de los audios realizada supra es por demás elocuente. A poco deestudiarlas advertimos, sin dificultad, que ninguno de los intervinientes en las conversacionessabía cómo había que actuar, es decir, si la ambulancia debía ingresar hasta el domicilio de R.o si el paciente debía acercarse al punto de encuentro.En numerosas ocasiones se refieren a que, si el paciente no se acercaba a determinadolugar, la ambulancia no ingresaría. No existió una indicación clara, cuando los choferes de lasambulancias consultaban a los operadores del SAME acerca de qué debían realizar, nunca lesdieron la orden concreta de atender al paciente donde este se encontrara.Lo mismo ocurrió cuando la Dra. T. se comunicó con su coordinador, ella indicóexpresamente que la policía estaba, pero que la “disposición” era que la ambulancia no entrabay que los familiares debían acercar al paciente, y el coordinador nunca la contradijo.Concluimos que las imputadas no tuvieron claro cómo debía procederse en esos casos. Porel contrario, de las indicaciones de los operadores del SAME se desprende que se dejaba unamplio margen de decisión a los choferes de las ambulancias –quienes no quisieron ingresar–y a las médicas, quienes incurrieron en el error de creer que no debían ingresar al barrio encuestión.Resolución dictada en el marco del Expte. 39381/0 “Asesoría Tutelar N°1 fuero CAyT y otrosel GCBA s/amparo” (en trámite ante el fuero CAyT de esta Ciudad)Editorial El Derecho - Tucumán 1436 - (C1050AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ArgentinaTel./Fax +5411 4371 2004 - Email: info@elderecho.com.ar - Web: www.elderecho.com.arContinuando con el análisis referido a la existencia de un “protocolo paralelo” que, en sucreencia, les habría permitido a las imputadas incumplir con la conducta debida, es relevantemencionar la resolución dictada en el juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 deesta ciudad, en el marco del expte. 39381/0, caratulado “Asesoría Tutelar N°1 fuero CAyT yotros c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)” iniciado a raíz de los hechos investigados en lapresente.Allí se resolvió, con fecha 12 de abril de 2011, que se confeccione un plan estructural deSalud, que incluya un protocolo de atención del SAME, de implementación inmediata, quegarantice el servicio de emergencia médica a los habitantes de las villas, asentamientos ycomplejos habitacionales de la ciudad de Buenos Aires, en tiempo oportuno y seguro, con lasmedidas de contingencia necesarias para que dicho servicio no se vea interrumpido por la faltaeventual de recursos humanos de la policía.En los considerandos de su resolución el Juez expresó que: “la lectura de los diálogossostenidos entre los operadores del SAME y los encargados de las ambulancias permite conelocuencia considerar que no existen a la fecha protocolos de actuación adecuados y efectivos,que no se han diseñado estrategias de contingencia, que los operadores actúandiscrecionalmente como si su función fuera privada y no pública y que las autoridades del enteresponsable (al menos por lo que se deduce de la lectura) dan órdenes en formaindiscriminada y sin conocimiento real de lo que acontece en el terreno. Lo cierto es que estasumatoria de dislates no resulta inocua: puede, como en el caso en análisis, producir lamuerte”.La referida resolución judicial resulta un elemento más que nos permite concluir que lasmédicas incurrieron en el error al que venimos aludiendo.Del análisis acerca del modo en que la resolución en crisis tuvo la certeza de que lasmédicas conocían y comprendían, cabalmente, el modo en que debían cumplir con su deberLa sentencia en crisis señala que “R. y T. pudieron representarse la realización de laconducta debida”, que “estaban en condiciones físicas y jurídicas de realizar la prestación encuestión” y “tenían la posibilidad de comprender que la conducta realizada es contraria aderecho”; no compartimos tal perspectiva, al menos con la certeza que requiere una condenade 3 años de prisión.Expresó la Magistrada de grado “coincido con la Defensa que un cúmulo de situacionesencadenadas, entre decisiones médicas y operativas, coadyuvó a los resultados lamentablesde este caso, pero sí se ha relevado con extrema transparencia que deben tomarse comopreponderantes las decisiones médicas” (fs. 387). No obstante, los fundamentos que venimosexponiendo nos llevan a no coincidir con la sentenciante.Tal como venimos apreciando, en el marco del desgobierno de la asistencia médica local apersonas residentes en barrios carenciados, no podemos encontrar dos “chivos expiatorios” enlos que hacer caer el peso de políticas públicas insuficientemente delineadas.Caracterización del error en que incurrieronAsí las cosas, en el contexto fáctico que venimos describiendo, resta referirse a lascaracterísticas del error que advertimos presente en las conductas de R. y T. respecto del cual,como se habrá advertido, predicamos la convicción de que fue, para ellas y en su contexto,muy difícil de evitar, lo que configura la caracterización de invencible.En efecto, para la doctrina dominante en el caso del error evitable la conducta es igualmentereprochable porque el autor no ha utilizado la capacidad de reconocer la antijuridicidad de suconducta, y con ello ha perdido la posibilidad de reconocer el deber a que su conducta estabasujeta. Si se comprueba entonces esta capacidad de omitir el injusto, la reprochabilidad estáEditorial El Derecho - Tucumán 1436 - (C1050AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ArgentinaTel./Fax +5411 4371 2004 - Email: info@elderecho.com.ar - Web: www.elderecho.com.arasegurada. La distinción entre el error evitable y el inevitable será entonces una cuestión dehecho que, como se desprende con elocuencia del análisis expuesto, resolveremos en favor dela segunda.Las contradictorias indicaciones de los operadores del SAME y la ausencia de conocimientode un protocolo de actuación formal y claro impidieron a R. y T. comprender el deber de acción,inverso al que asumieron en contra de la norma. Existieron motivos que las indujeron alequívoco –aunque mayúsculo– sobre la calidad de su conducta.Las directivas de los operadores del SAME y la ausencia de normas claras de protocolo sonfuentes muy serias de error –al margen del juicio valorativo que puedan recibir– el que impidela formulación de un reproche penal y la consecuente imposición de una pena de prisión.Insistimos, tal como se desprende de la prueba analizada, la información y las directivas, porcierto erróneas y –también– moralmente cuestionables, que rodearon el marco fáctico en elque se desarrolló la conducta de las médicas provinieron de fuentes autorizadas.Las circunstancias expuestas determinaron que E. R. se dirigiera a las calles 4 y 5 y luego alDestacamento, lugar donde se quedó esperando que le acercaran al paciente. Ella estabaconvencida de que actuaba conforme a la ley.En cuanto a M. T., –más allá de las efectivas posibilidades de salvataje en razón del horarioen que arribó al Correo Viejo y la hora del deceso de R., lo que incidiría directamente en laacreditación del nexo de evitabilidad– tuvo idéntica convicción. Su error fue invencible pues –justamente– cuando ella dudó acerca de si estaba obligada a ir hasta el domicilio de R. aatenderlo, llamó al coordinador del SAME y éste no la sacó de su error.Las médicas tuvieron la creencia, errada por cierto, de que estaban autorizadas a optar poresperar a H. R. en los puntos de encuentro preestablecidos de la Villa 31, a los cuales losagentes del SAME le indicaban a sus choferes que se dirigieran; allí esperaron por largotiempo, lo que demuestra su voluntad de cumplir con su deber de asistencia.El imperativo de defender la vida fue soslayado sobre la base de un error insuperablefundado en desaciertos provenientes del Sistema de Atención Médica de Emergencia y, enúltima instancia, deficientes políticas públicas de salud, tendientes a brindar cobertura a losgrupos más vulnerables de la sociedad.En definitiva, corresponde revocar la sentencia de primera instancia y absolver a lasimputadas por no encontrarse configurada la culpabilidad, ante la existencia de un errorexculpante invencible.Por las razones expuestas, el TribunalResuelve:I. Separar a A. R. R. del rol de querellante que le fuera concedido en las presentesactuaciones por carecer de la legitimación necesaria (art. 10 del CPPCABA a contrario sensu).II. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la defensa (arts. 71 y ss. del CPPCABA acontrario sensu).III. Revocar la sentencia de primera instancia, obrante a fs. 344/345 y 358/391, en cuantocondena a E. C. R. y M. S. T. por considerarlas autoras material y penal mente responsablesdel hecho acaecido el día 5 de abril del año 2011, alrededor de las 7:00 y 9:00 horas en elinterior de la Villa 31 del barrio Retiro (arts. 106, segundo párrafo, 26 y 45 del CP, arts. 248 y343 del CPPCABA).IV. Absolver a E. C. R. (DNI nro...) y a M. S. T. (DNI nro...) de las demás condicionesobrantes en autos, del delito de abandono de persona agravado por haber producido un gravedaño en el cuerpo o en la salud de quien en vida fuera H. R.Regístrese, notifíquese mediante cédula con carácter de urgente y devuélvase al Juzgado deorigen a sus efectos. – Silvina Manes. – Marcelo P. Vazquez. – Pablo A. Bacigalupo (Sec.:Paula I. Vaca).
art 106,
contravencional CABA,
FPCyF,
legitimacion activa para querellar,
abandono de persona agravado art 106 CP fuero cont...

References: in dubio
 artículo 106
 artículo 106
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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