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Timestamp: 2020-05-26 20:53:58+00:00

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Sentencia de Tutela nº 368/98 de Corte Constitucional, 16 de Julio de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 43561879
Sentencia de Tutela nº 368/98 de Corte Constitucional, 16 de Julio de 1998
Der. A informar. Der. A la libre expresion. Der. Al trabajo. Prohibicion de acceso de periodistas a estadio. Tutela transitoria. Atletico huila. Concedida.
Actores: G.H.B. y N.P.L..
S. de Bogotá D.C., julio dieciseis (16) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
En ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, los ciudadanos G.H.B., conocido en el medio deportivo como "G.A." y N.P.L., solicitaron protección para sus derechos fundamentales al trabajo, a la libertad de expresión y al libre ejercicio de su profesión, los cuales, en su opinión, fueron vulnerados por actuaciones que atribuyen al Club Deportivo Atlético H. y a su presidente señor ORLANDO ROJAS BUSTOS, al C. de la Policía de ese Departamento, C.R.A.G. y al entonces Alcalde de esa ciudad, doctor G.P.P..
Señalan los demandantes, que durante varios años han ejercido su profesión de periodistas deportivos en la ciudad de Neiva, lo que les ha permitido estrechar vínculos profesionales y afectivos con el club de fútbol Atlético H., el cual en su criterio constituye patrimonio de todos los oriundos de ese departamento. Así mismo, que en ejercicio de su profesión han venido narrando y comentando todos los partidos que juega ese equipo, no sólo en su ciudad sede, Neiva, sino en las demás ciudades del país, y que durante la transmisión de esos eventos deportivos, como es usual y propio en el ejercicio de su profesión, han criticado, siempre con responsabilidad y objetividad, el desempeño deportivo y el manejo administrativo, técnico y financiero que los directivos le han dado al mismo, el cual, en su concepto, ha llevado al club a una situación delicada que concluyó con el paso del equipo de primera a segunda división.
La segunda se detiene en el análisis de la procedencia de la acción interpuesta por los actores, no obstante estar dirigida contra particulares, un club deportivo y su presidente; previo análisis de la situación específica y concreta, concluye el a-quo que la acción en ese caso también era procedente, pues de conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, se configura en los demandantes un estado de "indefensión material manifiesta" respecto del demandado.
La decisión unilateral del presidente del club deportivo Atlético H., de prohibir el acceso de los actores al estadio y en consecuencia impedir que éstos transmitieran los partidos de fútbol allí realizados, viola derechos fundamentales de los demandantes.
Manifiesta el a-quo, que los motivos que invocan los demandados en la carta que dirigieron a Radio Super Ltda., empresa a la cual están vinculados los actores De conformidad con las pruebas recopiladas por el Magistrado Sustanciador, el vínculo entre la Radio "Super" de Neiva y los peticionarios, no era un vínculo laboral, ellos, según lo expresó el gerente de la mencionada cadena radial, en oficio dirigido a esta Corporación fechado el 3 de julio de 1998, son arrendatarios del espacio del que la emisora es concesionaria, motivo por el cual no asumen ninguna responsabilidad sobre sus actuaciones., en la que se consigna la prohibición que el club y su Presidente impusieron a los actores, de ingresar al estadio "G.P.A." de la ciudad de Neiva y realizar las transmisiones de los partidos que en esa ciudad juegue el Deportivo Atlético H., arguyendo que el club es el dueño exclusivo de los derechos de transmisión de esos eventos deportivos y el responsable directo de mantener el orden y garantizar la seguridad durante la realización de los espectáculos, desbordan las facultades y derechos que les asisten como institución deportiva de carácter privado y presidente de la misma, y violan derechos fundamentales de los actores, en la medida en que su decisión acarrea para los demandantes la imposibilidad de ejercer libremente su profesión por la imposición de una censura, la cual está expresa y categóricamente prohibida en el artículo 20 de nuestra Constitución.
Añade, que cuando el ejercicio de la actividad periodística se traduce en abusos y arbitrariedad por parte de los comunicadores, "...aparecen las responsabilidades que en principio son posteriores como ocurre con el derecho de rectificación, sin perjuicio de que los propios medios establezcan códigos de ética y otras autorregulaciones que permitan su ejercicio con responsabilidad frente a los asociados."
Agrega el juez de tutela de primera instancia, que el hecho de que los comentarios y observaciones de los actores generen controversia y polémica entre el público asistente, el cual tiene también la obligación "...de mantener un comportamiento civilizado y debe aprender a escuchar las opiniones contrarias a su propio criterio...", no legitima la medida de exclusión que unilateralmente adoptaron los demandados, según ellos para prevenir disturbios y desordenes, los cuales si se presentan deben ser controlados y neutralizados por la fuerza pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º de la Constitución.
En consecuencia, señala el a-quo, los demandados sí incurrieron en acciones que vulneraron los derechos fundamentales a informar, al trabajo y a la libre expresión de los actores, motivo por el cual los tutela y le ordena al presidente del club deportivo que "cese la prohibición" para los actores, de ingresar al estadio y de transmitir los partidos.
- El artículo 45 del Decreto Ley 2591 de 1991, establece que "...no se concederán tutelas contra conductas legítimas de un particular". Si se tiene en cuenta que la acción de tutela está dirigida contra particulares, un club deportivo de carácter privado y su representante legal, y que éstos como tales son dueños exclusivos de los derechos de transmisión de los espectáculos que ofrecen en un escenario público que han tomado en arrendamiento para el efecto, siendo los responsables directos de la seguridad y el orden que se debe mantener durante la realización de los mismos, lo que les permite reservarse el derecho de admisión, las decisiones que éstos adopten en relación con a quién o a quienes les permiten realizar tales transmisiones previo el pago de los derechos correspondientes, es una conducta legítima, contra la cual es improcedente la acción de tutela.
Aclara, que para que un medio de comunicación o un periodista adquiera ese derecho, se requiere que el dueño del espectáculo, en el caso específico el club deportivo atlético H., lo autorice y que el beneficiario de dicha decisión pague los derechos a que haya lugar, condiciones que no cumplen los accionantes, pues ellos nunca fueron autorizados por el club para realizar las transmisiones y en consecuencia nunca pagaron los derechos.
Lo primero que anota la Sala de Familia del Tribunal Superior de Neiva, es que aunque no comparte la redacción del texto en el que el a-quo consignó "la decisión absolutoria" que profirió a favor de las autoridades públicas contra las cuales los actores dirigieron la acción, el alcalde y el comandante de la policía de la ciudad de Neiva, está de acuerdo con la misma, por lo que centrará su análisis en "la procedibilidad de la acción" contra los particulares demandados.
Anota, que analizados los casos en los cuales es procedente la acción de tutela contra particulares, consagrados en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991, se constata que los supuestos de hecho del caso de la referencia, no configuran ninguno de ellos, mucho menos el descrito en el numeral 4, por lo que concluye que "...la acción de tutela escapa a toda procedibilidad".
Manifiesta, que los elementos constitutivos de la situación descrita en el numeral 4 del mencionado artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en el caso específico que se analiza no se presentan, pues el representante legal de la institución demandada "...no controla efectivamente la organización ni se beneficia realmente de la situación que originó la acción". La institución privada que se cuestiona, agrega, está controlada, de conformidad con sus estatutos, por una pluralidad de órganos de gobierno y administración y no por el representante legal a quien se le imputan las actuaciones que en criterio de los actores vulneraron sus derechos fundamentales, lo que implica que el fundamento de la decisión del a-quo fue equivocado y que la acción de tutela en el caso específico no procedía.
En lo que se refiere al estado de indefensión, presupuesto esencial para que procediera la acción de tutela dado que se dirige contra particulares, para el ad-quem éste tampoco se presenta, pues, señala, "...la subordinación implica desde el punto de vista de las relaciones humanas, dependencia o sujeción de una persona a otra. ...Este régimen relacional (sic) -añade- no aparece entre el representante legal del club atlético H. y los periodistas demandantes;...ningún vínculo laboral, social, familiar o de otra índole proveniente de relación o negocio jurídico surge de las pruebas, que se pueda aseverar exista entre los interesados en este procedimiento."
¿Procedía, en el caso concreto, la acción de tutela contra particulares ?
¿ Puede un particular, respaldado en su condición de dueño exclusivo de los derechos de transmisión de un espectáculo deportivo y responsable de la seguridad del mismo, prohibir a personas naturales, que acreditan la condición de periodistas, el ingreso a un escenario e impedir que éstos narren y comenten por radio los partidos de fútbol de su club, alegando que ellos con sus comentarios irresponsables y desafiantes convocan a la violencia y a la confrontación entre los aficionados, poniendo en peligro su propia seguridad y en general la del publico asistente ? Constituye esa actitud una forma de censura y por lo tanto vulnera derechos fundamentales de los actores?
La acción de tutela contra particulares, en el caso concreto que se revisa, era procedente como mecanismo transitorio de protección, dado que en los actores se configuraba el estado de indefensión al que aluden el artículo 86 de la C.P. y el numeral 4 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
"La institución de la acción de tutela, tal como quedó plasmada en nuestro ordenamiento constitucional, implica un notable avance en relación con similares instituciones en otros ordenamientos. En efecto, el Constituyente de 1991 contempló la posibilidad de que la tutela procediera también contra particulares, lo cual no está previsto en otras legislaciones. Posiblemente se debe ello a que, en principio, se ha considerado, erróneamente, que es el Estado, a través de las autoridades públicas, quien viola por acción u omisión, los derechos fundamentales de las personas, cuando la realidad demuestra que éstos también son vulnerados, en forma quizás más reiterativa y a menudo más grave, por los mismos particulares". (Corte Constitucional, Sentencia C-134 de 1994, M.P.D.V.N.M.)
"Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:
" 4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización."
En el caso específico que se revisa, la acción efectivamente se dirigió contra una organización de carácter privado, el club deportivo Atlético H., y contra su presidente, quien junto con el consejo directivo de la institución, en tanto responsables del manejo y control de la misma, prohibieron el acceso de los demandantes al estadio y le exigieron expresamente a la cadena radial "Super" de la ciudad de Neiva, que designará otros periodistas para transmitir los partidos que jugara en esa ciudad su equipo, supuestos de hecho que configuran los presupuestos que consagra el numeral 4 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, como indispensables para que la tutela contra particulares sea procedente.
" Entiende esta Corte que la subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate," (Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 1993, M.P.D.J.G.H.G.)
En el presente caso, el Club Deportivo Atlético H., copia de cuyos estatutos aparece en el expediente (folios 17 a 33), "...es una corporación deportiva de derecho privado, que cumple funciones de interés público y social, que no persigue ánimo de lucro...", cuyo objeto principal, según se consigna en el artículo 4, es " ...el sostenimiento y desarrollo de centros sociales y de cultura física para fomentar toda clase de deportes, reuniones culturales, sociales y de diversiones; mantener equipos profesionales y aficionados de cualquier deporte, en especial de fútbol, contratar entrenadores e instructores en las diversas ramas del deporte ; ...organizar espectáculos públicos de cualquier género; fundar y sostener sedes sociales, restaurantes, bibliotecas, salones de juego y demás dependencias acostumbradas en los clubes; estimular competencias deportivas y construir coliseos y demás edificaciones necesarias para cumplir el objeto social y en general ejecutar todos los actos y contratos adecuados y conducentes al desarrollo del objeto señalado..."
Con dicha institución, los peticionarios no tienen ni acreditan ningún vínculo jurídico que genere o implique para ellos dependencia, lo que descarta una relación de subordinación; en cuanto a un posible estado de indefensión, que como se dijo se predica de quien carece de medios de defensa contra los ataques a sus derechos fundamentales, causados por la acción u omisión del particular accionado, éste debe determinarlo el juez constitucional "...teniendo en consideración las circunstancias del caso específico y el tipo de vínculo existente entre el agresor y la víctima." Corte Constitucional, Sentencia T-537 de 1992, M.P.D.C.A.B.
En el caso concreto, a los peticionarios, periodistas deportivos en ejercicio, el presidente del club demandado y su consejo directivo, les prohibieron ingresar al estadio de fútbol de la ciudad de Neiva durante la realización de los partidos de fútbol del Atlético H., y en consecuencia efectuar las transmisiones radiales de los partidos, tal como lo venían realizando a través de "radio super" de esa ciudad, que como se dijo les había entregado en arrendamiento el espacio del que es concesionaria. En efecto, a través de comunicación dirigida al representante legal de la mencionada cadena radial ellos manifestaron los siguiente :
"REF. Medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo del "Club Deportivo Atlético H." en procura de evitar riesgos de afectación a la seguridad pública dentro del Estadio "G.P.A." durante los partidos de fútbol Copa Concasa.
Comedidamente nos permitimos informarles que el Comité Ejecutivo del "Club Deportivo Atlético H." ha decidido solicitarles acreditar para la transmisión de los partidos de fútbol en el estadio "G.P.A." durante el resto del campeonato Adecuación Copa Concasa 1997, periodistas distintos a los señores N.P.L. y G.A..
1) El Club Deportivo Atlético H. es titular exclusivo, autónomo y excluyente de los derechos de transmisión de radio dentro del Estadio "G.P.A." durante los partidos que su equipo profesional juega de local y del espectáculo público que cada partido genere.
3) Infortunadamente durante el desarrollo de varios partidos de fútbol, un gran número de aficionados viene expresando un enorme malestar y exteriorizando evidentes y progresivos grados de agresividad frente a los citados narrador y comentarista de esa prestigiosa cadena radial, en razón del estilo de desafío y provocación que afecta la sensibilidad de los aficionados. Existen además hechos antecedentes de violencia física y verbal como aquellos en los cuales el señor PUENTES LOZANO golpeó y ultrajó a un colega suyo de otra prestigiosa cadena radial nacional por discrepar de sus opiniones en el campo de comentarios deportivos y otro en el cual el Comité Ejecutivo del Atlético H. debió solicitar al director técnico, señor N. abadía, retirarse del Atlético y abandonar la ciudad de Neiva, pues una asonada de aficionados colocó en peligro su integridad personal por haberse terminado un partido empatado, igualmente en varias oportunidades los mismos directivos del club, hemos sentido temor por la seguridad personal, pues, consideramos que se ha exacerbado el estado de ánimo de los espectadores."
Para evitar la aplicación de esta medida de carácter unilateral, los actores recurrieron a la alcaldía y al comandante de la policía de la ciudad, autoridades a las cuales les exigieron garantizar su derecho fundamental al trabajo y su derecho a informar, obligando a los particulares demandados a permitir su ingreso al estadio durante la realización de los partidos del club cuestionado. A dicha solicitud, las mencionadas autoridades respondieron de la siguiente manera: el alcalde manifestó, que en razón del contrato de arrendamiento que la administración celebró con el club atlético H., es a éste al que le corresponde determinar quién o quiénes están autorizados a ingresar al espectáculo. El comandante de la policía señaló que le corresponde al club deportivo, a través de un Comité Ejecutivo, definir "...que medio de comunicación ingresa al estadio... [pues] el ingreso es controlado por delegados del Atlético H. y del INDER, ... la función de la policía no es determinar quién ingresa sino la de mantener el orden público en desarrollo del espectáculo futbolístico..." Ver certificación jurada rendida por el C. de la Policía del Departamento del H., a solicitud del a-quo, contenida en oficio 003402 de 17 de diciembre de 1997, folio 73 del expediente.
"Para determinar si se dispone de "otro medio de defensa judicial", no se debe verificar únicamente...si el ordenamiento contempla expresamente una posibilidad legal de acción. No se trata de garantizar el "derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia" (C.N. art. 229), sino el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. En consecuencia, debe determinarse, adicionalmente, si la acción legal alternativa, de existir, es capaz de garantizar la protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados." (Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 1992). M.P.D.E.C.M..
Si bien el juez civil tiene competencia y cuenta con los medios necesarios para evitar que a los demandantes se les vulneren sus derechos a la libre expresión, a informar y al trabajo, no puede, antes de dictar sentencia, impedir que los particulares demandados con sus decisiones restrinjan su ingreso al estadio e impidan que desarrollen normalmente su trabajo, determinaciones en las que se origina la vulneración, ni ordenar que cese tal prohibición, lo que si es materia de la sentencia de tutela. Al respecto ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencia T-333 de 1995, M.P.D.A.B.C.
Los derechos a informar, a la libre expresión y al trabajo en el caso que se revisa, no hay duda de que fueron restringidos por la decisión de los particulares demandados, lo que desvirtúa que se trate de una "conducta legítima" contra la cual no procede la acción de tutela de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Decreto 2591 de 1991, tal como lo afirma el apoderado de los demandados en su escrito de impugnación, y en cambio si amerita la reacción inmediata de las autoridades judiciales estatuidas para el efecto, para definir si tal restricción implica o no vulneración o amenaza de los mismos, por lo que se hace procedente, no obstante la existencia de otro medio de defensa judicial, la tutela como mecanismo transitorio de protección.
Los particulares, no obstante ser los dueños de los derechos de transmisión de un espectáculo deportivo, no están habilitados ni legitimados para establecer e imponer unilateralmente restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, esa competencia es exclusiva del legislador y de las autoridades que al efecto éste determine.
"...ha celebrado algún tipo de contrato con el Club Deportivo Atlético H., para la transmisión por radio de los partidos de fútbol que dicha institución juega en el estadio "G.P.A...."
formulada por el Magistrado Sustanciador a través de auto de fecha 16 de junio de 1998, el gerente de Radio "Super" de Neiva respondió:
...la respuesta al punto (a) es : No hay contrato alguno por parte de los medios radiales con el Club Atlético H. para dichas transmisiones
Si bien la controversia que pueda surgir sobre la propiedad y el uso de los derechos de transmisión, no es un asunto que le corresponda dirimir al juez de tutela, en el caso que ocupa a la Sala se desprende de las pruebas recopiladas Oficio de fecha 3 de julio de 1998, suscrito por el gerente de Radio Super de Neiva, en el cual respondió el cuestionario propuesto por el Magistrado Sustanciador, a través de auto de 16 de junio de 1998, y remitió los documentos correspondientes.
, que el argumento que esgrimen los demandados como base de la decisión que adoptaron contra los actores se desvirtúa, dada la inexistencia de una relación contractual entre ellos, de la cual se pueda concluir que los peticionarios incurrieron en el incumplimiento de sus obligaciones. Tampoco se les puede atribuir el incumplimiento de unas obligaciones que ellos adquirieron con un tercero, la emisora, dado que es ella la concesionaria de los espacios a través de los cuales transmitían los partidos, motivo por el cual con ella celebraron el correspondiente contrato de arrendamiento La emisora radio super de la ciudad de Neiva, celebró un contrato de arrendamiento de espacio radial con el señor N.P.L., durante el cual éste transmitía los partidos de fútbol del Club Atlético H.. Copia de la renovación de dicho contrato suscrito el 1º. de febrero de 1998, fue remitida a esta Corporación por la emisora, acompañada de oficio de 3 de julio de 1998. y a ella es a la que le deben cancelar los correspondientes derechos.
"La libertad de información - ha dicho la Corte- se constituye en un derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y a la vez implica obligaciones y responsabilidades. Es pues un derecho-deber, esto es un derecho no absoluto sino que tiene una carga que condiciona su realización. (Corte Constitucional, Sentencia C-033 de 1993, M.P.D.A.M.C.)
La Corte Constitucional, al referirse a este derecho, "...ha señalado con claridad que es universal, inviolable y reconocido -no creado- por la normatividad positiva. Desarrollando el concepto de inviolabilidad, la Corte ha dicho que, sin pretender su carácter absoluto, debe entenderse que no es constitucional lo que tienda a vulnerar el derecho a la información en su núcleo esencial, bajo ningún título ni justificación." Corte Constitucional, Sentencia T-512 de 1992, M.P.D.J.G.H.G.
En el caso específico que ocupa a la Sala, el argumento que sirvió de base a la decisión de los demandados, de prohibir el acceso de los actores al estadio de fútbol y en consecuencia impedirles que transmitieran los partidos que jugara su equipo en la ciudad de Neiva, fue el "...enorme malestar y los evidentes y progresivos grados de agresividad frente a los citados narrador y comentarista de esa prestigiosa cadena radial, en razón del estilo de desafío y provocación que afecta la sensibilidad de los aficionados..." (folio 23 del expediente).
"La información que se suministre a través de medios masivos de comunicación, ...debe reunir unas especiales características para que contribuya efectivamente a la realización paralela de los derechos fundamentales de cada individuo receptor, específicamente de aquellos a los que se refiere el artículo 20 de la Constitución y no contraríe ninguna disposición del ordenamiento superior.
"La realización efectiva del derecho de las personas a recibir información veraz e imparcial, está necesariamente ligada al ejercicio, también efectivo, de los derechos a la libre expresión, a informar y ser informado y a fundar medios masivos de comunicación. Los medios, ..., en un mundo que presenta como característica cada vez más arraigada la despersonalización de las relaciones, se convierten en ese ineludible "intermediario" que requiere el receptor para la toma de las decisiones que le competen, en las cuales, como se dijo, está comprometido incluso el futuro de la democracia. De ahí la importancia vital para el sistema, de preservarlos de cualquier interferencia que impida el cumplimiento de sus cometidos, y la necesidad, también vital para el sistema, de que esos medios actúen y ejerzan su derecho con responsabilidad." (Corte Constitucional, Sentencia C-350 de 1997, M.P.D.F.M.D.)
No obstante, tales acusaciones dentro del proceso nunca fueron probadas, pues a pesar de que el ad-quem solicitó la grabación de las respectivas transmisiones, la cadena radial que las poseía le informó que las mismas no se encontraban disponibles, dado que el plazo durante el cual están legalmente obligados a preservarlas, 30 días, ya se había vencido. Al respecto ver comunicación fechada el 6 de febrero de 1998, del gerente de la cadena radial "Super" al Tribunal Superior del Neiva, Sala de Familia, la cual reposa al folio 34 del expediente. Esa circunstancia originó que los jueces de tutela de primera y segunda instancia desplazaran de su lugar central dentro de la controversia este tema y que el análisis se concentrara en otros aspectos, lo cual impidió que se dilucidara si existió o no una conducta irresponsable por parte de los actores en el ejercicio de su profesión y si el mismo podía ser objeto de sanciones, las cuales desde luego, sólo podían ser impuestas por las autoridades legitimadas para el efecto, nunca por particulares, que en el caso que se revisa asumieron el doble papel de jueces y parte, careciendo obviamente de competencia.
"...las leyes estatutarias sobre derechos fundamentales tienen por objeto desarrollarlos y complementarlos. Esto no supone que toda regulación en la cual se toquen aspectos relativos a un derecho fundamental deba hacerse por vía de ley estatutaria. De sostenerse la tesis contraria se vaciaría la competencia del legislador ordinario." (Corte Constitucional, Sentencia C-013 de 1993, M.P.D.E.C.M.)
"Sobre el particular, ha sido reiterada la jurisprudencia en el sentido de que estas leyes estatutarias están encargadas de desarrollar los textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales, pero que no fueron creadas dentro del ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística cualquier evento ligado a ellos, pues, de algún modo, toda la legislación de manera más o menos lejana, se ve precisada a tocar aspectos que con ese tema se relacionan (...).
"Ha preferido la Corte, entonces, inclinarse por una interpretación estricta, en cuya virtud, "cuando de la regulación de un derecho fundamental se trata, la exigencia de que se realice mediante una ley estatutaria debe entenderse limitada a los contenidos más cercanos al núcleo esencial de ese derecho"
"Pero, desde luego, la indicada apreciación sobre el alcance de la norma superior en ese punto, que ahora se reafirma, no podría conducir al extremo contrario de que, por exagerado, se ha venido desechando -el de que pueda el legislador afectar el sustrato mismo de los derechos fundamentales mediante ley ordinaria-, en cuanto ello representaría la nugatoriedad de los artículos 152 y 153 de la Constitución y, lo que es más grave la pérdida del especialísimo sentido de protección y garantía que caracteriza a nuestro sistema constitucional cuando de tales derechos se trata.
"La regulación de aspectos inherentes al ejercicio mismo de los derechos y primordialmente lo que signifique consagración de límites, restricciones, excepciones, y prohibiciones, en cuya virtud se afecte el núcleo esencial de los mismos, únicamente procede, en términos constitucionales, mediante el trámite de la ley estatutaria ..." (Corte Constitucional, Sentencia C-425 de 1994, M.P., Dr. J.G.H.G.)
Ante la colisión de un derecho fundamental como la libertad de expresión o el derecho a informar, con un derecho pecuniario como el que se deriva de la propiedad de los derechos de transmisión de un determinado espectáculo El derecho a la propiedad privada, ha dicho esta Corporación, es un derecho fundamental de aplicación indirecta, esto es, que se erige como tal siempre que se encuentre "...en estrecha relación de conexidad con los derechos fundamentales de aplicación directa". Al respecto ver sentencia T-259 de 1996, M.P.D.F.M.D., prevalecen, desde luego los primeros en tanto derechos fundamentales:
"Enfrentados los derechos o libertades en conflicto cabe establecer la función que cumplen dentro del ordenamiento jurídico democrático, participativo y pluralista. Bajo esta óptica, la libertad de expresión ocupa una posición preferente como medio de formación de la opinión pública, sobre otros derechos fundamentales cuya finalidad es resguardar la esfera privada del individuo (Corte Constitucional, sentencia T-403 de 1992, M.P.D.E.C.M.)
"Entre el eventual daño social que pudiera seguirse de una información inadecuada, consecuencia de la libertad de informar, y la restricción general de ésta para precaverlo, la sociedad democrática prefiere afrontar el riesgo del primero. Y es que no hay duda de que impedirle a alguien que opine o informe habitualmente ("en forma permanente" dice la ley), oponiéndole su incompetencia intelectual para hacerlo, es una modalidad de censura, así se le maquille con razones de conveniencia, incompatible con un sistema democrático y específicamente con una Constitución como la colombiana, que la rechaza incondicionalmente, en términos categóricos : "...no habrá censura". (Corte Constitucional, Sentencia C-087 de 1998, M.P.D.C.G.D.)
El ejercicio irresponsable de la actividad periodística propicia el debilitamiento de la democracia y el resquebrajamiento de los principios rectores del Estado social de derecho.
Esta Corporación ha señalado, que los medios de comunicación no por el hecho de hallarse rodeados de las garantías que para el desarrollo de su papel ha consagrado el Constituyente, pueden erigirse en entes omnímodos del todo sustraídos al ordenamiento positivo y a la deducción de consecuencias jurídicas por los perjuicios que puedan ocasionar a la sociedad, al orden público o a las personas individual o colectivamente consideradas, por causa o con ocasión de sus actividades. Corte Constitucional, Sentencia T-512 de 1992 M.P.D.J.G.H.G.
"La responsabilidad crece en la medida en que aumenta la, ya de por sí muy grande, influencia que ejercen los medios; no solamente en la opinión pública, sino en las actitudes y aún en las conductas de la comunidad. Un informe periodístico difundido irresponsablemente o manipulado con torcidos fines, falso en cuanto a los hechos que lo configuran, calumnioso o difamatorio, o erróneo en la presentación de situaciones y circunstancias; inexacto en el análisis de conceptos especializados o perniciosamente orientado a beneficios políticos o a ambiciones puramente personales, resulta mucho más dañino cuanto mayor es la cobertura (nivel de circulación o audiencia) del medio en el cual se difunde, pero en todo caso, con independencia de ese factor constituye en sí mismo abuso de la libertad, lesión muy grave a la dignidad de la persona humana y ofensa mayúscula a la profesión del periodismo, sin contar con los perjuicios a veces irreparables que causa, los cuales no pueden pasar desapercibidos desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas." (Corte Constitucional, Sentencia T-611 de 1992) M.P.D.J.G.H.G..
Segundo. En su lugar CONCEDER, como mecanismo transitorio de protección de los derechos a informar, a la libre expresión y al trabajo de los actores, la tutela incoada por los señores G.H.B. y N.P.L., contra el Club Deportivo Atlético H. y su presidente señor ORLANDO ROJAS BUSTOS, ordenándoles a éstos suspender la prohibición de acceso al estadio "G.P.A." y de transmisión de los partidos de fútbol que en esa ciudad juegue el equipo profesional de fútbol del mencionado club.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 37052 de 17 de Agosto de 2011
Sentencia nº 11001-03-15-000-2013-01921-01(AC) de Consejo de Estado - Sección Cuarta, de 6 de Marzo de 2014
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40998 de 24 de Abril de 2013

References: artículo 86
 artículo 42
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 45
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 artículo 4
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