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﻿ Sentencia 2004-90729 de julio 31 de 2009
SENTENCIA 2004-90729 DE 31 DE JULIO DE 2009
CONTENIDO:SOLIDARIDAD DE LOS SOCIOS POR IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD. EL MANDAMIENTO DE PAGO ES EL ÚNICO DOCUMENTO IDÓNEO PARA VINCULAR AL SOCIO AL COBRO COACTIVO.
TEMAS GENÉRICOS:SOLIDARIDADRESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOSIMPUESTOMANDAMIENTO EJECUTIVOCOBRO COACTIVO DE DEUDA FISCAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:455 DE NOVIEMBRE DE 2009, PG.1847
Sentencia 2004-90729 de julio 31 de 2009
EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 22 de noviembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, providencia que acogió parcialmente las súplicas de la demanda en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos proferidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, “DIAN”.
El 21 de octubre de 2003 la Administración de impuestos de los grandes contribuyentes de Bogotá profirió el mandamiento de pago 304-003 a María Mercedes Quintero Peña, socia de la empresa Industria Automotriz - Inauto Ltda.
La parte actora presentó excepciones contra el citado mandamiento de pago, las cuales fueron falladas mediante la Resolución 312-027 de diciembre 23 de 2003, que declaró no probadas las excepciones propuestas.
El 27 de enero de 2004 se interpuso recurso de reposición contra la resolución anterior, el cual fue desatado por la Administración especial de grandes contribuyentes de Bogotá con Resolución 311-004 de 30 de enero de 2004, que confirmó en todas sus partes la resolución recurrida.
La parte actora demandó la nulidad de los actos administrativos, por medio de las cuales se rechazaron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago. A título de restablecimiento del derecho, declaró que la señora María Mercedes Quintero Peña no está obligada a pagar suma alguna.
Invocó como normas violadas el artículo 1573 del Código Civil y los artículos 824, 828 y 831 del estatuto tributario.
Indicó que contra el mandamiento de pago propuso las excepciones de: “Renuncia tácita a la solidaridad por parte de la administración”, “falta de título ejecutivo” e “incompetencia del funcionario que profirió el mandamiento de pago”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de inexistencia de título ejecutivo, ordenó la cesación de toda ejecución adelantada con base en el mandamiento de pago y anuló parcialmente los actos administrativos demandados, proferidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. A título de restablecimiento del derecho declaró que la señora María Mercedes Quintero Peña no está obligada a pagar suma alguna, previas las siguientes consideraciones:
Indicó que la primera excepción propuesta “Renuncia tácita a la solidaridad por parte de la administración”, no puede proponerse contra el mandamiento de pago, en tanto que esta no se encuentra dentro de las prescritas en el artículo 831 del estatuto tributario, las cuales solo proceden si son taxativas. Que no es dable al apoderado judicial de la accionante afirmar de acuerdo con el artículo 1537 del Código Civil, que la administración renunció tácitamente a la solidaridad legal existente entre la sociedad y cada uno de los socios por el hecho de haber proferido el mandamiento de pago en contra de la sociedad y no contra ellos, porque a la solidaridad no se puede renunciar, toda vez que existen normas de imperativo cumplimiento que prescriben obligaciones tributarias como las señaladas por el estatuto tributario, por lo que no son aplicables las del Código Civil que son de tipo general y subsidiario.
En relación con el cargo de falta de título ejecutivo concluyó que las declaraciones privadas descritas en el mandamiento de pago y aportadas al expediente sí constituyen título ejecutivo, excepto la declaración privada del 6º bimestre del año 2002 del impuesto sobre las ventas y la del 1º período del año 2003 de retención en la fuente, en cuanto no se probó su existencia por lo que la Sala dio prosperidad parcial a la excepción de inexistencia de título ejecutivo, en lo que hace a los citados períodos.
Concluyó el tribunal manifestando que no hubo incompetencia de la funcionaria que expidió el mandamiento de pago, por cuanto se hallaba debidamente facultada para tal fin en virtud de los artículos 823 a 843-2 del estatuto tributario y la Resolución 157 del 30 de abril de 2003.
Renuncia tácita a la solidaridad por parte de la administración.
Argumenta la actora apoyada en el artículo 1573 del Código Civil(2), que al librar la administración de impuestos mandamiento de pago contra la sociedad Inauto Ltda., renuncia tácitamente a la solidaridad contra los demás obligados, por cuanto sí pretendía hacerla efectiva, debió notificar un único mandamiento a la socia.
El artículo 831 del estatuto tributario(3) determina taxativamente las excepciones que proceden contra el mandamiento de pago, sin incluir en su texto como tal la pretendida “Renuncia a la solidaridad”. A partir de la expedición de la Ley 6ª de 1992 se adicionaron como nuevas excepciones concretamente para ser invocadas por los deudores solidarios las de “Calidad de deudor solidario” y “La indebida tasación del monto de la deuda”; fuera de ellas no es dable solicitar excepción alguna.
La solidaridad sería renunciable por parte del acreedor en el evento de contar con la anuencia del deudor en el momento de su constitución, vale decir si la deuda se avala directa y voluntariamente por un fiador, no para el caso en que dicha figura es consagrada como obligatoria por la ley, como sucede para efectos fiscales en aplicación del artículo 793 del estatuto tributario(4).
a) Tanto la solidaridad como la subsidiariedad solo se pueden aplicar si se encuentran consagradas como tales en la ley fiscal. Para el evento tratado están taxativamente contempladas en el artículo 793 del estatuto tributario y afectan a todos los socios (excepto de sociedades anónimas), a prorrata de los aportes poseídos en las mismas. Dicho artículo utiliza el término responderán solidariamente por los impuestos y demás obligaciones fiscales de la persona jurídica a la cual pertenezcan, o sea que para considerarse deudores solidarios, no se requiere manifestación adicional de autoridad alguna, sino que tienen tal calidad desde el inicio de la deuda, vale decir desde que exista a favor del Estado un título ejecutivo jurídicamente exigible.
Falta de título ejecutivo e incompetencia del funcionario que lo profirió.
La legislación tributaria, que para el caso es la aplicable por tratarse de norma especial que prevalece sobre cualquiera de índole diferente(5), en el artículo 828 del estatuto tributario(6) determina qué documentos prestan mérito ejecutivo como título cobrable dentro del proceso fiscal de cobro coactivo.
Ahora, el título por medio del cual procede la ejecución tanto en contra del deudor principal como del solidario, es el mismo, como lo ordena el inciso 2º del artículo 828-1 ib. cuando expresa:
Respecto a que las copias de las declaraciones privadas no pueden ser tenidas como título ejecutivo, el tribunal de primera instancia transcribe los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil en los cuales se lee concretamente que la aportación de documentos al proceso se hará “En original y en copias” otorgándole, en consecuencia, la misma validez a unos y otras siempre que cumplan con lo preceptuado por el segundo de los artículos citados, vale decir que estén “autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial…”; y “Lo anterior significa que el título ejecutivo principalmente se conforma con el acompañamiento al proceso de cobro de las copias auténticas, u oficiales, sean o no por medio electrónico, o con la simple certificación del administrador de impuestos o su delegado acerca de la existencia de aquella o de esta”; para concluir que “Las declaraciones privadas descritas en el mandamiento de pago y aportadas al expediente sí constituyen título ejecutivo”, excepción hecha de las correspondientes a ventas 6º bimestre de 2002 y retención en la fuente 1º período de 2003, que no obran en el acervo probatorio.
De acuerdo con lo hasta aquí analizado y revisada la jurisprudencia citada por el actor, la Sala encuentra que aparte de que las excepciones, que deben ser taxativas, no incluyen en su enumeración legal ninguna por falta de conocimiento del título, sino que al ser la solidaridad de la socia de consagración legal respecto de las deudas a cargo de de la sociedad, y una vez probada la existencia efectiva del título que las respalda y su aportación al proceso en debida forma, lo único que se requiere es la vinculación al proceso que no se efectúa mediante el título ejecutivo, sino con la notificación del mandamiento de pago, como lo ordena el artículo 828-1 del estatuto tributario(7).
La orden impartida por dicha norma hace nugatoria la posición del demandante según la cual
“En este sentido el acto procesal de notificación del mandamiento de pago es un acto distinto al acto administrativo mediante el cual se vincula al deudor el cual debe contener una obligación clara, expresa y exigible para obtener la calidad de título ejecutivo. La conformación del título ejecutivo adquiere vital importancia en la medida en que a partir del mismo relacionan las obligaciones a cargo del socio y por esta razón se vincula al mismo en calidad de deudor solidario”.
La ley indica que el acto por medio del cual se vincula al proceso de cobro al deudor solidario, es elmandamiento de pago librado a su nombre, y no otro previo ni posterior, agregando que en su texto se debe determinar el monto de la obligación, vale decir la proporción que, de acuerdo con el porcentaje de participación en la sociedad, le corresponda pagar al socio solidario.
Entonces la administración, una vez determinada la existencia de un título ejecutivo a cargo del deudor principal, constituidos para este evento por las liquidaciones privadas de la sociedad, por los periodos fiscales renta 1999 y 2000, seguridad democrática 2002, IVA bimestres 1, 2, 3, 4 y 6 de 2000; 3, 4, 5 y 6 de 2001; 2, 3, 4, 5 y 6 de 2002; 1, 2, 3 y 4 de 2003; retención en la fuente por los meses 3, 5 y del 6 al 12 de 2000; 3, 5 y del 6 al 12 de 2001; 2 al 12 de 2002 y 1º al 9º de 2003 debe proceder a vincular a los deudores solidarios mediante la notificación a cada uno de ellos de un mandamiento de pago, el cual debe contener el valor que le corresponde cancelar al destinatario de dicho mandamiento, y es este el único documento idóneo de acuerdo con la ley, para que la vinculación quede perfeccionada, de donde es erróneo pretender la exigencia de otro documento diferente y anterior que repita la función asignada por ley al mandamiento mismo.
Obrando de conformidad con la norma que lo ordena, la administración de impuestos de los grandes contribuyentes de Bogotá, una vez establecida la existencia del título ejecutivo válido para el cobro, consistente en las liquidaciones privadas relacionadas en los actos administrativos demandados por un total de $947.647.473, debidamente incorporadas al proceso adelantado contra la sociedad Inautos Ltda., profirió el 21 de octubre de 2003 el mandamiento de pago 304-003 con el objeto de vincular a dicho proceso a la socia María Mercedes Quintero Peña, en los siguientes términos:
“Que la administración especial de impuestos de los grandes contribuyentes de Bogotá adelanta proceso administrativo de cobro coactivo contra la sociedad Industria Automotriz Inauto Ltda. NIT 860.028.318-9 en cuantía de novecientos cuarenta y siete millones seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y tres mil pesos m/cte ($947.647.473), por las obligaciones relacionadas a continuación, más los intereses de mora y actualización de conformidad con lo establecido en los artículos 634 y 867-1 del estatuto tributario”.
“(….) 4. Que de acuerdo a los aportes y el tiempo en que los ha poseído la socia María Mercedes Quintero Peña le cabe responsabilidad solidaria por el 19.92% de todos los períodos y vigencias gravables objeto de cobro a la sociedad Industria Automotriz Inauto Ltda., por ostentar la calidad de socia desde la constitución de la sociedad.
“5. Que a la fecha la sociedad deudora no ha cancelado las obligaciones que originaron el proceso administrativo de cobro coactivo, por lo que es procedente librar orden de pago en contra de la socia señora María Mercedes Quintero Peña C.C. Nº 39.780.573, como responsable solidaria, con el fin de obtener el pago de las obligaciones a cargo de la sociedad ejecutada, al tenor de lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 867–1 del estatuto tributario...
“6. Que los títulos ejecutivos los constituyen las declaraciones privadas presentadas por la sociedad Industria Automotriz Inauto Ltda., y los actos administrativos proferidos por la administración especial de impuestos de los grandes contribuyentes de Bogotá, en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 9º de la Ley 788 de 2002, que adicionó el artículo 828-1 del estatuto tributario (…)”.
ART. 1º—Librar orden de pago a favor de la Unidad Administrativa Especial DIAN Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá y en contra del señor María Mercedes Quintero Peña con cédula de ciudadanía Nº 39.780.573, por el 19.92% de los impuestos que le corresponde como socio de la sociedad Industria Automotriz Inauto Ltda. NIT 860.028.318-9 equivalente a la suma de ciento ochenta y ocho millones setecientos sesenta y nueve mil pesos ($ 188.769.000), más los intereses y actualización a que hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 634, 794, parágrafo 2º del 867-1 del estatuto tributario, por los períodos que se relacionan a continuación...”.
“El legislador en virtud de su libertad de configuración puede señalar los elementos de la obligación tributaria, estableciendo una pluralidad de sujetos que se encuentran comprometidos en la satisfacción de una misma prestación, uno al lado del otro, es decir, los socios al lado de la sociedad y no en lugar de esta”.
La segunda de las sentencias citadas aclara que
“No puede confundirse el acto procesal de notificación del mandamiento de pago, con el título ejecutivo, ya que el primero es el medio a través del cual es posible la vinculación del deudor solidario al proceso de cobro, y el segundo la causa material que justifica tal vinculación, es decir el acto contentivo de la obligación clara, expresa y exigible cuyo cobro se pretende”.
“Sobre este supuesto, es decir previa comunicación de la actuación administrativa al deudor solidario, no se hace necesario que se profiera un título ejecutivo independiente y adicional contra él, sino que el título ejecutivo contra el deudor principal lo será igualmente contra el deudor solidario como lo propone el inciso segundo del artículo 828-1”.
“No resulta contrario a la Constitución que el legislador disponga como lo hace en el inciso primero, que la vinculación del deudor solidario al proceso de ejecución coactiva se haga mediante la notificación del mandamiento de pago” y “No resulta inconstitucional que el título ejecutivo contenido en el acto administrativo con el que concluye dicha actuación le sea oponible, sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales respecto de él”.
Incompetencia del funcionario que lo profirió.
La competencia funcional para cobrar las deudas a favor del fisco nacional se encuentra puntualmente definida en el artículo 824 del estatuto tributario(8) extendiéndola a todos los funcionarios del área de cobranzas a quienes se les deleguen las funciones para exigir el cobro.
La resolución de delegación 157 del 30 de abril de 2003, expedida por el Administrador de impuestos de los grandes contribuyentes de Bogotá, dispone:
“(…) ART. 1º—Delegar en los funcionarios (….) Claudia Elizabeth Zamudio Puerto C.C. 40.022.738... las siguientes funciones: a) Desarrollar y llevar hasta su culminación los procesos administrativos de cobro coactivo de los impuestos, gravámenes, anticipos, retenciones, sanciones, multas, intereses y actualización de las obligaciones tributarias pendientes de pago de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, según lo establecido en el libro V del título VIII del estatuto tributario y demás normas concordantes. B) Adelantar el cobro coactivo de otras obligaciones que por ley le hayan sido o le sean atribuídas a la entidad, mediante el proceso administrativo de cobro coactivo y/o de jurisdicción coactiva y dictar los actos administrativos a que haya lugar”.
El actor aduce que la funcionaria “solo tiene facultades para desarrollar y llevar hasta la culminación procesos administrativos de cobro coactivo y no para proferir mandamientos de pago…”.
Al respecto es pertinente recordar que el proceso de cobro coactivo de las deudas correspondientes a impuestos nacionales, se encuentra contenido en el título VIII del libro V (arts. 823 a 843-2) del estatuto tributario, y que dictar el mandamiento de pago es parte integrante del citado proceso. Por tanto si a un funcionario se le faculta para adelantar el proceso de cobro coactivo, dicha delegación incluye la de proferir todos los actos administrativos a que haya lugar para culminarlo con éxito, como expresamente lo contempla el artículo 826 ibídem(9) respecto precisamente del mandamiento de pago.
Finalmente, sobre la condena en costas solicitada, considera la Sala que no procede, por cuanto no se encuentra arbitrariedad de fundamentos en los actos anulados, como quiera que estos resultan de la ejecución adelantada por la entidad con fundamento en las normas legales que fueron invocadas.
Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada, que declaró probada la excepción de falta de título ejecutivo únicamente respecto del impuesto sobre las ventas del sexto (6) bimestre del 2002 y retención en la fuente por el primer (1º) período de 2003, cuyas liquidaciones privadas no obran en el expediente, y declaró no probadas las restantes excepciones solicitadas.
(Sentencia de 31 de julio de 2009. Radicación 25000-23-27-000-2004-90729-01. Consejero Ponente: Dra. María Teresa Briceño de Valencia).
(2) Artículo 1573 Código Civil” … El acreedor puede renunciar expresa o tácitamente a la solidaridad respecto de uno de los deudores solidarios o respecto de todos. La renuncia tácitamente a favor de uno de ellos, cuando la ha exigido o reconocido pago de su parte o cuota de la deuda, expresándolo así en la demanda o en la carta de pago, sin la reserva especial de la solidaridad, o sin reserva general a sus derechos…”.
(3) Artículo 831 estatuto tributario. “Excepciones: Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones: 1) El pago efectivo. 2) La existencia de acuerdo de pago. 3) La falta de ejecutoria del título. 4) La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente. 5) La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 6) La prescripción de la acción de cobro, y 7) La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió”.
(4) Artículo 793 estatuto tributario (Modificado. L. 633/2000, art. 51) “Responden con el contribuyente por el pago del tributo: b) En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados responderán solidariamente por los impuestos, actualizaciones e intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros, socios, copartícipes asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo período gravable. La solidaridad de que trata éste artículo no se aplicará a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas”.
(5) Artículo 10 Código Civil. “(….) Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 1) La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general”
(6) Artículo 828 estatuto tributario. “Prestan mérito ejecutivo: 1) Las liquidaciones privadas y sus correcciones contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. 2) Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 3) Los demás actos de la administración de impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional. (….)”.
(7) Artículo 828-1 estatuto tributario. (L. 6ª/92, art. 83) “Vinculación de deudores solidarios: La vinculación del deudor solidario SE HARÁ mediante la notificación del mandamiento de pago. Este deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará en la forma indicada en el artículo 826 del estatuto tributario”.
(8) Artículo 824 estatuto tributario. “Competencia funcional: Para exigir el cobro coactivo de las deudas por los conceptos referidos en el artículo anterior, son competentes los siguientes funcionarios: El subdirector de recaudo de la Dirección General de Impuestos Nacionales, los administradores de impuestos y los jefes de las dependencias de cobranzas. También serán competentes los funcionarios de las dependencias de cobranzas y de las recaudaciones de impuestos nacionales, a quienes se les deleguen estas funciones”.
(9) Artículo 826 estatuto tributario. Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos (…)”.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 1573
 artículo 831
 artículo 1537
 Resolución 
 artículo 1573
 artículo 831
 artículo 793
 artículo 793
 artículo 828
 artículo 828
 artículo 828
 artículo 867
 artículo 9
 artículo 828
 artículo 828
 artículo 824
 resolución 
 artículo 826
 Artículo 1573
 Artículo 831
 Artículo 793
 Artículo 10
 Artículo 828
 Artículo 828
 artículo 826
 Artículo 824
 Artículo 826