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Timestamp: 2018-09-19 17:31:30+00:00

Document:
﻿ AUTO 2013-00458/49756 DE FEBRERO 21 DE 2018
AUTO 2013-00458 DE 21 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:CONCEPTO Y ALCANCES DE LA ACLARACIÓN Y ADICIÓN DE LAS SENTENCIAS. CUANDO SE BUSCA LA MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA CON LA ACLARACIÓN O LA ADICIÓN NO PROCEDE YA QUE ESAS FIGURAS NO PUEDEN MODIFICAR EL SENTIDO DE LO RESUELTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA, ADICIÓN DE LA SENTENCIA
Auto 2013-00458/49756 de febrero 21 de 2018
Rad.: 250002336000201300458 01 (49756)
Asunto: aclaración y adición de sentencias - concepto y alcances - procedencia - no puede modificar el sentido de lo resuelto
Procede la Sala a resolver la solicitud de aclaración de la sentencia de 22 de noviembre de 2017(1), formulada por el apoderado judicial de la parte demandante, por medio del cual se dispuso:
“1. CONFÍRMESE la sentencia del 30 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, pero por las razones expuestas en esta providencia.
2. CONDENAR en costas al recurrente y por consiguiente al pago de la suma equivalente de cuarenta y tres millones setecientos cuatro mil quinientos veintiséis pesos ($43.704.526), por concepto de agencias en derecho, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Los demás rubros integrantes de las costas en esta instancia liquídense por secretaría, si se encontraren acreditados.
1. El 12 de abril de 2013, el señor Edison Alberto Pedreros Buitrago, en ejercicio del medio de control de reparación directa, demandó a la Nación - rama judicial, para que se realizaran las siguientes declaraciones y condenas:
“1. Que se declare que la Nación - rama judicial, incurrió en un error judicial causado por las actuaciones de funcionarios de la rama jurisdiccional, particularmente por las cometidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Civil—, en sala integrada por los magistrados Julia María Botero Larrarte, María Patricia Cruz Miranda y Jorge Eduardo Ferreira Vargas, con ocasión del fallo de segunda instancia judicial proferido dentro del proceso ejecutivo 11001310301020090041301, radicación que se originó en el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, lo que produjo un daño antijurídico al ciudadano Edison Alberto Pedreros Buitrago.
2. Que el daño antijurídico causado por la acción del Tribunal Superior del Distrito Judicial De Bogotá —Sala Civil— en sala integrada por los magistrados Julia María Botero Larrarte, María Patricia Cruz Miranda y Jorge Eduardo Ferreira Vargas, equivale a la suma de ochocientos setenta y cuatro millones noventa mil quinientos treinta y un pesos moneda corriente ($874.090.531 m/cte.), por concepto de honorarios e IVA más los intereses moratorios, lo anterior por el cobro de la factura 0003 emitida por el ciudadano Edison Alberto Pedreros Buitrago.
3. Que el daño antijurídico causado por la acción del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Civil— en sala integrada por los magistrados Julia María Botero Larrarte, María Patricia Cruz Miranda y Jorge Eduardo Ferreira Vargas, genera la obligación de pagar los intereses moratorios a que tiene derecho el ciudadano Edison Alberto Pedreros Buitrago, por el injustificado pago de la factura 003 emitida por este, los cuales se causan a partir del 24 de febrero de 2009 y hasta la fecha en que se pague la obligación consignada en la factura, a la taza de una y media veces el interés bancario corriente.
4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, la Nación - rama judicial, deberá responder patrimonialmente por ese daño y pagar los intereses moratorios causados desde la fecha de exigibilidad de la obligación contenida en la factura 003, emitida por el ciudadano Edison Alberto Pedreros Buitrago, es decir a partir del 24 de febrero de 2009 y hasta la fecha en que se pague la obligación consignada en la factura, a la taza de una y media veces el interés bancario corriente”.
2. Una vez surtido el trámite procesal pertinente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, dictó sentencia el 30 de octubre de 2013(2), mediante la que se negaron las pretensiones de la demanda y se fijó como agencias en derecho a favor de la entidad demandada la suma de $8.740.904.
3. Dentro de la oportunidad legal, la apoderada judicial del señor Pedreros Buitrago, el día 12 de noviembre de 2013, interpuso recurso de apelación(3) contra la decisión de primera instancia, el cual fue concedido por el tribunal correspondiente mediante providencia de 27 de noviembre de 2013(4), y admitido por esta corporación en de (sic) auto de 10 de febrero de 2014(5).
4. A continuación, la Sala mediante proveído del 21 de abril de 2014(6), corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su respectivo concepto, oportunidad que fue aprovechada por las dos partes; el Ministerio Público guardó silencio.
5. Surtido el trámite de segunda instancia, la Sala mediante sentencia del 22 de noviembre de 2017 resolvió el recurso de alzada y decidió confirmar la providencia proferida el 30 de octubre del 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de negar las pretensiones esgrimidas en la demanda.
7. (sic) Por medio de escritos presentados el 27 de noviembre de 2017(7) el nuevo apoderado de la parte actora, de una parte, informó que la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social le canceló a su cliente el capital de la factura, más los intereses de tipo civil; y de otra parte, en memorial separado solicitó la aclaración y la complementación de la de la providencia antedicha. Este último escrito contiene tres peticiones de aclaración y una petición de adición del fallo, que la Sala sintetiza así:
1. Solicitudes de aclaración:
• Qu[e] se aclar[e] por qué la Sala considera que no hay perjuicio, visto que su poderdante no recibió de manos del deudor de la factura el pago de intereses comerciales sino civiles.
• Que se aclare a partir de qué momento se considera que se presenta el perjuicio y para qué parte.
• Qu[e] se aclare la calificación de temeridad de la acción, que según el apoderado del actor se tuvo en cuenta para imponer la condena en costas en la segunda instancia.
2. Solicitud de complementación o adición.
Finalmente, el apoderado de la parte demandante solicita que se profiera sentencia complementaria, en la que se declare que su representado tiene derecho al valor incorporado en la factura utilizada como título en el proceso ejecutivo que dio lugar a esta reparación directa por error judicial, como quiera que ese título valor fue presentado a la sociedad deudora y esta no lo devolvió, razón por la cual debe entenderse aceptada.
1. La aclaración de providencias judiciales.
De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la sentencia es inmodificable por el mismo juez que la dictó, quien una vez profiere la decisión judicial pierde la competencia respecto del asunto por él resuelto, careciendo de la facultad de revocarla, reformarla, quedando revestido solo, de manera excepcional, de la facultad de aclararla, corregirla y adicionarla en los precisos términos de lo consagrado en los artículos 285, 286 y 287 del Código General del Proceso. A su vez, el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 290 establece que podrá solicitarse la aclaración de la sentencia dentro de los dos días siguientes a su notificación.
La figura de la aclaración de sentencias se erige en un instrumento dado por el ordenamiento jurídico a las partes del proceso, e inclusive al propio juez, para lograr una mayor comprensión intersubjetiva de la decisión judicial en los eventos en que [en] la misma se plasmen “conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda” al decir del artículo 285 del Código General del Proceso, ello, amparado bajo el condicionamiento dispuesto en la misma norma y que consiste en que tales pasajes que se acusen de oscuros, por los intervinientes en el proceso, deben constituirse en relevantes o esenciales para la determinación y alcance de los mandatos dispuestos en la parte resolutiva de la providencia; pues la regla jurídica en cita permite el uso de la aclaración de las providencias judiciales cuando tales frases o conceptos “estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella”.
El mismo artículo establece que la aclaración deberá hacerse de oficio o a solicitud de parte dentro de la ejecutoria de la providencia de la cual se solicita la aclaración. Teniéndose en este caso, que la solicitud fue presentada el día 15 de febrero de 2016 y que el término de ejecutoria transcurrió entre el 16 y 18 de febrero de este año, se estima que la misma fue presentada en término, por lo que esta corporación procederá a estudiar de fondo la solicitud formulada.
2. La adición de la sentencia.
Conforme con lo dispuesto en el artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable en el presente asunto por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cabe la adición de providencias judiciales dentro del término de su ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, frente autos y sentencias en las cuales se omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, omisión que debe ser suplida por el respectivo juez mediante sentencia o auto complementario; y resulta aplicable esta disposición, puesto que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con la adición de sentencias, solamente dispone que en el artículo 289, que contra el auto que niegue la adición de un fallo no procede recurso alguno.
Así las cosas, la adición de una providencia judicial es procedente cuando el juez omite, se abstiene o deja de pronunciarse sobre aspectos relevantes de la litis que debía resolver, lo cual no da lugar a que mediante la misma el juez pueda variar, reformar o revocar el fondo de su propia decisión. En efecto, la institución procesal de la adición de providencias judiciales, consagrada en el artículo 287 del Código General del Proceso no puede implicar cambios de fondo en la providencia y, su utilización no puede implicar que se introduzca modificación alguna a lo ya definido.
Revisado el asunto, se observa que la parte actora solicita se aclaren tres puntos que son ajenos por completo al fallo del 22 de noviembre de 2017. En efecto, a propósito de la aclaración en torno al perjuicio derivado de la diferencia entre los interés civiles y comerciales, en la demanda nada se pidió; lo que allí se requirió fue el reconocimiento de un perjuicio derivado del no pago del importe de una factura, y sobre ello la sentencia cuya aclaración se solicita fue clara en precisar porque dicho perjuicio no existía. Si nada se dijo en la demanda sobre un supuesto perjuicio originado en la diferencia entre la tasa de interés civil, que al parecer le fueron pagados al actor, y la tasa comercial de intereses; nada tiene que aclarar o adicionar el fallo sobre este tópico.
De la misma forma ocurre con la solicitud de aclaración acerca del momento en que se inicia el perjuicio, pues en la sentencia se analizó de manera específica y clara si el medio de control había sido ejercido dentro del término de caducidad previsto por la ley, y se concluyó que la demanda había sido interpuesta en tiempo.
Y en cuanto a la aclaración sobre la temeridad tampoco tiene la Sala nada que aclarar, comoquiera que al imponer la condena en costas no se hizo referencia a conducta temeraria alguna, y ello porque el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no condiciona la imposición de la condena en costas a la temeridad de las partes; como sí lo hacía el Decreto 1 de 1984 en su artículo 171.
Así las cosas, en el caso de autos la Sala considera que no es procedente acceder a la aclaración de la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2017, por cuanto los conceptos antes mencionados no ofrecen ninguna duda, en razón a que son ajenos al fallo, como ya quedó establecido.
Ahora bien, en cuanto que concierne a la solicitud de adición o complementación del fallo, la Sala encuentra que la misma es manifiestamente improcedente, pues ninguna de las peticiones presentadas en el acápite de pretensiones dejó de resolverse en la sentencia; lo que pretende el apoderado de la actora con dicha petición es la revocatoria de la decisión, propósito absolutamente ajeno al mecanismo de la complementación o adición de sentencias.
En suma, la Sala encuentra que la parte demandante a través de las solicitudes de aclaración y complementación, lo que busca es la modificación de la sentencia del 22 de noviembre del presente año, y que se ordene el pago de los perjuicios reclamados y negados por la Subsección en dicha providencia; a lo cual es improcedente acceder por cuanto, como ya se dejó señalado al inicio de estas consideraciones, una vez proferida la decisión judicial el juez pierde competencia para revocarla o reformarla.
En conclusión, por los motivos anteriormente expuestos, la Sala encuentra que en el presente caso no es procedente la aclaración ni la complementación de la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2017.
1. RECHAZAR la solicitud de aclaración de la sentencia del 22 de noviembre de 2017, por ser improcedente de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Se RECONOCE PERSONERÍA como apoderado de la parte actora al abogado Ricardo Tapias López, identificado con la cédula de ciudadanía 19.150.884 y portador de la tarjeta profesional 28.146; conforme al poder que le fue conferido.
Magistrados: Guillermo Sánchez Luque, con aclaración de voto—Jaime Enrique Navas Rodríguez—Jaime Orlando Santofimio Gamboa, presidente.
1 Folios 90-103 del cuaderno pruebas.
2 Folios 53-59 del cuaderno de pruebas.
3 Folios 60-67 del cuaderno de pruebas.
4 Folios 69 del cuaderno de pruebas.
5 Folios 73 del cuaderno de pruebas.
6 Folios 75 del cuaderno de pruebas.
7 Folios 571 del cuaderno de pruebas.

References: artículo 290
 artículo 285
 artículo 287
 artículo 306
 resolución 
 artículo 289
 artículo 287
 artículo 188
 artículo 171