Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-III/2013/as201311284L.html
Timestamp: 2019-03-25 14:34:22+00:00

Document:
as201311284L
Auto Supremo Nº: 284/2013
Expediente: 91/11
Partes: Héctor Justiniano Paz y Wilma Aguilera de Justiniano contra Carlos Alberto Terrazas Cortes y Carmen Inés Domínguez Saavedra
Delitos: Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado (arts. 198, 199 y 203 del Código Penal)
VISTOS: El Recurso de Casación cursante de fs. 768 a 770 vta., interpuesto por Roberto Eduardo Barrientos Ruíz en representación convencional de Héctor Justiniano Paz y Wilma Aguilera de Justiniano, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 272 de 28 de julio de 2011 de fs. 745 a 754, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Carlos Alberto Terrazas Cortes y Carmen Inés Domínguez Saavedra por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal; los antecedentes de la causa; y,
CONSIDERANDO I: Que, el Juzgado de Sentencia Nº 3 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante la resolución de grado contenida en Sentencia 22 de marzo de 2011 cursante de fs. 703 a 713, falló declarando a los procesados absueltos de la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal, al considerarse que no se habría concretado el perjuicio que se habría causado a los querellantes, ni determinado la concurrencia del dolo, concluyéndose así que en definitiva no se habría probado objetivamente la falsificación del documento acusado de falso.
Que, la Sentencia absolutoria pronunciada por el Juez de la causa, fue objeto de impugnación por parte de los querellantes a través de su representante mediante el Recurso de Apelación Restringida cursante de fs. 724 a 728, alegando como motivos de su Recurso de Apelación: (1) la incorrecta interpretación y aplicación de la ley penal sustantiva y (2) una valoración defectuosa de la prueba, expresando en cada uno de los motivos los agravios sufridos con el pronunciamiento de la Sentencia y con la actividad del juzgador, solicitando así al Tribual de alzada revoquen o anulen la Sentencia impugnada, invocando en calidad de precedentes contradictorios al fallo el Auto de Vista Nº 529/08 de 8 de agosto de 2008 inserto en el Auto Supremo Nº 554 de 15 de noviembre de 2010, así como los Autos Supremos Nº 438 de 24 de agosto de 2007, 112 de 31 de enero de 2007 y 110 de 31 de marzo de 2005.
Que, previos los trámites recursivos seguidos por las autoridades jurisdiccionales, el Tribunal de Apelación conformado en el caso de autos por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, a través de la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 272 de 28 de julio de 2011 de fs. 745 a 754, declaró la improcedencia del Recurso de Apelación Restringida interpuesto por el representante de los querellantes argumentándose para dicho fin que:
En los asuntos como el que se trata de en el caso de autos es preferible y conveniente que sean sustanciados y resueltos en el ámbito del derecho privado a objeto de que se otorgue una mejor administración de justicia y recurrirse a la vía penal cuando en ese ámbito privado se evidencie la afectación de bienes jurídicos protegidos por el derecho penal, siempre y cuando existiera la prueba que acredite la adecuación de las conductas a los ilícitos penales.
La insuficiencia de la prueba deriva de la valoración de la prueba y no podría fundarse una Sentencia condenatoria en esos casos ni cuando concurra duda razonable en el juzgador, casos en los que el conflicto debe ser resuelto en el campo del derecho privado.
El Recurso de Apelación Restringida no es el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho, sino para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas.
En caso de denunciarse la defectuosa valoración de la prueba es obligación del impugnante precisar el medio probatorio que se considera indebidamente valorado e identificar en la Sentencia la incorrecta apreciación en la que habría incurrido el juzgador.
En el caso presente el Juez de la causa habría obrado de forma correcta al emitir el fallo observando debidamente la ley penal sustantiva y a través de una correcta valoración de la prueba ofrecida por ambas partes, asignándose el valor correspondiente.
De la revisión de los datos del proceso se tendría que no concurrió el elemento subjetivo del dolo en las conductas de los procesados, no habiéndose probad el uso del instrumento falsificado, refiriendo que los procesados introdujeron prueba extraordinaria al juicio que confirmarían el fallo del juez de la causa.
Los querellantes no presentaron la prueba suficiente para generar en el Juez de la causa la convicción sobre la responsabilidad penal de los acusados, además de que no fueron concretos en cuanto al supuesto perjuicio y no individualizaron la conducta de cada uno de los acusados, sumado a ello que en el Recurso de Casación no se habría efectuado una expresión de agravios, ni citado separadamente las normas violadas o erróneamente aplicadas con sus respectivos fundamentos.
Las pruebas literales, periciales y testificales no concordaría con los hechos ocurridos y relatados por los acusadores, puesto que si bien existían inicialmente supuestas conductas delictivas de la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, no se demostró que los acusados hayan sido los autores de dichos delitos ya que no existe el nexo causal de quién, cómo, cuándo y dónde del hecho que se juzga, por lo que existirían serias dudas de que los procesados hubieran cometido los delitos acusados.
CONSIDERANDO II: Que, a través del Recurso de Casación cursante de fs. 768 a 770 vta., interpuesto por Roberto Eduardo Barrientos Ruíz en representación convencional de Héctor Justiniano Paz y Wilma Aguilera de Justiniano, los querellantes impugnan la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 272 de 28 de julio de 2011 de fs. 745 a 754, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, alegando como motivos de su Recurso de Casación que:
El Auto de Vista, así como la Sentencia, incurriría en falta de una fundamentación clara, lógica y adecuada, además de que el Auto de Vista impugnado sería contradictorio al Auto Supremo Nº 438 de 24 de agosto de 2007 que señalaría que no cabe en la lógica intelectiva que una persona ajena al interés del imputado emita, otorgue y faccione un instrumento que beneficia solo al imputado, expresando que en el caso presente por la propia declaración de la Notaria de Fe Pública se determinó que el Instrumento Nº 2768/2007 fue falsificado para favorecer los intereses únicamente y a nadie más que al procesado Carlos Alberto Terrazas, habiéndose comprobado también la intervención de un falso abogado en la suscripción de la Minuta falsa, estando asimismo comprobado el uso del Instrumento Falsificado cuando el procesado ingresó una demanda coactiva civil utilizando los documentos falsos, siendo esos actos eminentemente dolosos produciéndose la pérdida del inmueble que fue rematado y adjudicado apareciendo el procesado como primer privilegiado en Derechos Reales.
La resolución impugnada sería contradictorio al Auto Supremo Nº 557 de 1 de octubre de 2001 postulando que el delito de Uso de Instrumento Falsificado sería totalmente independiente a los delitos de Falsedad Material e Ideológica, pudiendo ser una persona distinta quien obre la falsificación y otra quien use el instrumento falsificado sabiendo que lo es.
El Auto de Vista impugnado sería contradictorio al Auto Supremo Nº 442 de 15 de octubre de 2005 por cuanto no se habría analizado los daños y perjuicio ocasionados con la conducta de los procesados quienes luego de inventar una crédito inexistente se promovió una acción judicial para su cobro, llegándose hasta el trance de la subasta y remate del inmueble de los querellantes en su perjuicio.
Motivos por los que la parte recurrente solicitó a este Tribunal de Casación se anule el Auto de Vista impugnado a objeto de que el Tribunal de apelación emita una nueva resolución.
Que, previa la verificación del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad del recurso de casación interpuesto, este Tribunal pronunció el Auto Supremo Nº 254 de 8 de julio de 2013 declarando admisible el recurso de casación interpuesto por la parte querellante, correspondiendo, en consecuencia, verificar la existencia o no de las contradicciones postuladas por la parte recurrente conforme establecen los arts. 416 y 419 del Código de Procedimiento Penal.
CONSIDERANDO III: Que, ingresando a la verificación de las contradicciones postuladas por el recurrente, corresponde expresar que la parte recurrente postuló que tanto la sentencia como el auto de vista impugnado carecerían de una fundamentación clara, así como de una explicación lógica y adecuada, siendo así contrarios al precedente contenido en el Auto Supremo Nº 438 de 24 de agosto de 2007; sin embargo, de la compulsa del precedente invocado se establece que la doctrina legal aplicable de dicho fallo expresa:
“Sí el Tribunal de Apelación advierte que falta o existe contradicción en la fundamentación de la sentencia apelada, es su deber corregir o complementar el fundamento jurídico aludido, en caso de no hacerlo, dicho acto jurisdiccional se constituye en defecto absoluto y atenta contra los principios y a la vez derechos a: la defensa, debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Tómese como razonamiento central, que conforme al nuevo sistema procesal vigente, en aquellos supuestos en el que el Tribunal de Alzada comprueba la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación, no es pertinente anular totalmente la sentencia; sino dar cumplimiento a la última parte del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, esto es dictar directamente una nueva sentencia, definiendo la situación jurídica del imputado.
Finalizando el esquema jurídico delineado, cuando el Máximo Tribunal constata que en el proceso se han pronunciado fallos que atentan contra el debido proceso, como en el caso de autos que atentan las reglas de la sana critica, la igualdad legal de las partes y al principio de imparcialidad, corresponde regularizar el procedimiento, disponiendo que el Tribunal de Alzada dicte nuevo Auto de Vista aplicando la doctrina legal adoptada en el presente Auto Supremo, garantizando a la vez los principios de universalidad, legalidad y probidad jurisdiccional que debe caracterizar a todo Tribunal de Justicia”
De donde se establece que no concurre la contradicción en los términos postulados por el recurrente, pues, la doctrina legal del precedente invocado prescribe que si el tribunal de alzada “advierte que falta o existe contradicción en la fundamentación de la sentencia apelada, es su deber corregir o complementar el fundamento jurídico aludido, en caso de no hacerlo, dicho acto jurisdiccional se constituye en defecto absoluto y atenta contra los principios y a la vez derechos a: la defensa, debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva”, teniéndose de la revisión del contenido del auto de vista impugnado que el tribunal de alzada efectuó un control de la fundamentación de la sentencia y de la valoración de la prueba por parte del juez de grado, afirmando expresamente que en el caso presente el Juez de la causa obró de forma correcta al emitir el fallo observando debidamente la ley penal sustantiva y a través de una correcta valoración de la prueba ofrecida por ambas partes, asignándose el valor correspondiente, siendo así de considerar que si el tribunal de alzada en el marco de sus atribuciones concluyó que el juez de la causa no incurrió en error en la emisión del fallo, no podría naturalmente corregir o completar los fundamentos de la sentencia, máxime si dado el principio de intangibilidad de los hechos el tribunal de alzada no puede descender al examen de los hechos, modificarlos, complementarlos o desconocerlos, ni por otro lado revalorizar la prueba ex novo como pretendió el recurrente efectuando alegaciones de orden fáctico, habiendo desconocido que el recurso de apelación está restringido –de ahí su denominación- a aspectos eminentemente jurídicos y no fácticos; concluyéndose así que el tribunal de alzada no incurrió en las contradicciones postuladas por el recurrente.
Que, por otro lado, con relación al precedente contradictorio invocado que se encontraría contenido en el Auto Supremo Nº 442 de 15 de octubre de 2005, de la revisión del contenido de dicha resolución se advierte que en ese caso el Supremo Tribunal de Justicia no emitió ninguna doctrina legal aplicable al caso concreto ni a casos análogos, pues, declaró infundado el recurso de casación que interpuso el procesado condenado, siendo esta una circunstancia que imposibilita la verificación de la contradicción postulada. Asimismo, en cuanto al Auto Supremo Nº 557 de 1 de octubre de 2001 se tiene que el citado fallo no fue presentado por el recurrente en apoyo de su recurso para su debida compulsa, no obstante lo cual se procedió a la revisión del sistema informático institucional para su ubicación, verificándose la inexistencia de dicho fallo.
POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de las norma procesal contenida en el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara: INFUNDADO el Recurso de Casación cursante de fs. 768 a 770 vta., interpuesto por Roberto Eduardo Barrientos Ruíz en representación convencional de Héctor Justiniano Paz y Wilma Aguilera de Justiniano, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 272 de 28 de julio de 2011 de fs. 745 a 754, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Carlos Alberto Terrazas Cortes y Carmen Inés Domínguez Saavedra por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal

References: resolución 
 resolución 
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 artículo 413
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