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Timestamp: 2019-08-23 00:52:50+00:00

Document:
﻿ LEY 1261 DE 2008
LEY 1261 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2008
CONTENIDO:"CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y AL PATRIMONIO" Y EL "PROTOCOLO DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y AL PATRIMONIO", HECHOS Y FIRMADOS EN BOGOTÁ EL 19 DE ABRIL DE 2007.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRATADO BILATERAL, EVASIÓN TRIBUTARIA, DOBLE TRIBUTACIÓN
“Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio’, y el ‘Protocolo del Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio’, hechos y firmados en Bogotá, D.C., el 19 de abril de 2007”.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 198 DE 2007 SENADO
3. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1º una persona, que no sea persona natural, sea residente de ambos Estados contratantes, será considerada residente solo del Estado de la que sea nacional. Si fuere nacional de ambos Estados contratantes, o no lo fuere de ninguno de ellos, los Estados contratantes harán lo posible, mediante un procedimiento de acuerdo mutuo, por resolver el caso. En ausencia de acuerdo mutuo entre las autoridades competentes de los Estados contratantes, dicha persona no tendrá derecho a ninguno de los beneficios o exenciones impositivas contempladas por este convenio.
a) Una obra o proyecto de construcción, instalación o montaje y las actividades de supervisión relacionadas con ellos, pero solo cuando dicha obra, proyecto de construcción o actividad tenga una duración superior a seis meses, y
b) La prestación de servicios por parte de una empresa, incluidos los servicios de consultorías, por intermedio de empleados u otras personas naturales encomendados por la empresa para ese fin en el caso de que tales actividades prosigan en el país durante un periodo o periodos que en total excedan de 183 días, dentro de un periodo cualquiera de doce meses.
A los efectos del cálculo de los límites temporales a que se refiere este párrafo, las actividades realizadas por una empresa asociada a otra empresa en el sentido del artículo 9º, serán agregadas al periodo durante el cual son realizadas las actividades por la empresa de la que es asociada, si las actividades de ambas empresas son idénticas o sustancialmente similares.
5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1º y 2º, cuando una persona, distinta de un agente independiente al que le sea aplicable el párrafo 7º, actúe por cuenta de una empresa y ostente y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para concluir contratos por cuenta de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de cualquiera de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el párrafo 4º y que, de ser realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, dicho lugar fijo de negocios no fuere considerado como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese párrafo.
3. Las disposiciones del párrafo 1º son aplicables a las rentas derivadas de la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los párrafos 1º y 3º se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para la prestación de servicios personales independientes.
2. Sujeto a lo previsto en el párrafo 3º, cuando una empresa de un Estado contratante realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se atribuirán a dicho establecimiento los beneficios que este hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente y con todas las demás personas.
4. Mientras sea usual en un Estado contratante determinar los beneficios atribuibles a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el párrafo 2º no impedirá que ese Estado contratante determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este artículo.
1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante procedentes de la explotación de naves o aeronaves en tráfico internacional solo pueden someterse a imposición en ese Estado.
a) 0% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea directamente al menos el 25% del capital de la sociedad que paga los dividendos;
b) 7% del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos.
4. Las disposiciones de los párrafos 1º y 2º no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento permanente situado allí, o presta en ese otro Estado unos servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7º o del artículo 14, según proceda.
a) 5% del importe bruto de los intereses si el beneficiario efectivo de estos es un banco o una compañía de seguro;
b) 15% del importe bruto de los intereses en todos los demás casos.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta unos servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7º o del artículo 14, según proceda.
2. Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no puede exceder del 10% del importe bruto de las regalías.
4. Las disposiciones de los párrafos 1º y 2º no son aplicables si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado contratante, realiza en el Estado contratante del que proceden las regalías una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y el bien o el derecho por el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del artículo 7º o del artículo 14, según proceda.
3. Las ganancias derivadas de la enajenación de naves o aeronaves explotadas en tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichas naves o aeronaves, solo pueden someterse a imposición en el Estado contratante donde resida el enajenante.
a) Provienen de la enajenación de acciones cuyo valor se derive directa o indirectamente en más de un 50% de bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante, o
b) El perceptor de la ganancia ha poseído, en cualquier momento dentro del periodo de doce meses precedentes a la enajenación, directa o indirectamente, acciones u otros derechos consistentes en un 20% o más del capital de esa sociedad.
Cualquier otra ganancia obtenida por un residente de un Estado contratante por la enajenación de acciones u otros derechos representativos del capital de una sociedad residente en el otro Estado contratante también pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante, pero el impuesto así exigido no podrá exceder del 17% del monto de la ganancia.
1. Las rentas que una persona natural residente de un Estado contratante obtenga por la prestación de servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente solo pueden someterse a imposición en este Estado contratante. Sin embargo, esas rentas pueden también ser sometidas a imposición en el otro Estado contratante:
a) Cuando dicha persona tenga en el otro Estado contratante una base fija de la que disponga regularmente para el desempeño de sus actividades; en tal caso, solo puede someterse a imposición en este otro Estado la parte de las rentas que sean atribuibles a dicha base fija;
b) Cuando dicha persona permanezca en el otro Estado contratante por un periodo o periodos que en total suman o excedan 183 días, dentro de un periodo cualquiera de doce meses que comience o termine durante el año tributario considerado; en tal caso, solo pueden someterse a imposición en este otro Estado la parte de la renta obtenida de las actividades desempeñadas por él en este otro Estado.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo solo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado contratante. Si el empleo se ejerce de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7º, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades personales de los artistas o los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no al propio artista o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que se realicen las actividades del artista o el deportista.
2. Alimentos y otros pagos de manutención efectuados a un residente de un Estado contratante solo serán sometidos a imposición en ese Estado. Sin embargo, los alimentos y otros pagos de manutención efectuados por un residente de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante, serán, en la medida que no sean deducibles para el pagador, sometidos a imposición solamente en el Estado mencionado en primer lugar.
1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones, excluidas las pensiones, pagados por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales a una persona natural por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, solo pueden someterse a imposición en ese Estado;
b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y otras remuneraciones solo pueden someterse a imposición en el otro Estado contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona natural es un residente de ese Estado que:
3. El patrimonio constituido por naves o aeronaves explotadas en el tráfico internacional y por bienes muebles afectos a la explotación de tales naves o aeronaves, solo puede someterse a imposición en el Estado contratante del cual la empresa que explota esas naves o aeronaves es residente.
4. A menos que se apliquen las disposiciones del artículo 9º, del párrafo 6º del artículo 11 o del párrafo 6º del artículo 12, los intereses, las regalías o demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante son deducibles, para determinar los beneficios sujetos a imposición de esta empresa, en las mismas condiciones que sí hubieran sido pagados a un residente del Estado mencionado en primer lugar. Igualmente, las deudas de una empresa de un Estado contratante contraídas con un residente del otro Estado contratante serán deducibles para la determinación del patrimonio sometido a imposición de dicha empresa en las mismas condiciones que si se hubieran contraído con un residente del Estado mencionado en primer lugar.
1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones de este convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1º del artículo 24, a la del Estado contratante del que sea nacional.
1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto en el presente convenio, o para la administración o la aplicación del derecho interno relativo a los impuestos de toda naturaleza o denominación exigibles por los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o entidades locales, en la medida en que la imposición así exigida no sea contraria al convenio. El intercambio de información no está limitado por el artículo 1º.
2. La información recibida por un Estado contratante en virtud del párrafo 1º será mantenida secreta de la misma forma que la información obtenida en virtud del derecho interno de este Estado y solo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) que tienen interés en la gestión o recaudación de los impuestos establecidos por ese Estado, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a estos impuestos o de la resolución de los recursos en relación con los mismos. Estas personas o autoridades solo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
3. En ningún caso las disposiciones del párrafo 1º y 2º podrán interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a:
4. Cuando la información sea solicitada por un Estado contratante de conformidad con este artículo, el otro Estado contratante obtendrá la información a que se refiere la solicitud en la misma forma como si se tratara de su propia imposición, sin importar el hecho de que este otro Estado, en ese momento, no requiera de tal información. La obligación precedente está limitada por lo dispuesto en el párrafo 3º excepto cuando tales limitaciones impidieran a un Estado contratante proporcionar información exclusivamente por la ausencia de interés nacional en la misma.
1. Con respecto a cuentas de inversión conjuntas o fondos (como por ejemplo los fondos de inversión de capital extranjero, Ley 18.657), que están sujetos a impuesto sobre la remesa y cuya administración debe efectuarse por un residente en Chile, las disposiciones de este convenio no serán interpretadas en el sentido de restringir la imposición de Chile del impuesto sobre la remesa de esas cuentas o fondos con respecto a las inversiones en bienes situados en Chile.
2. Para los fines del párrafo 3º del artículo XXII (Consulta) del Acuerdo general sobre comercio de servicios, los Estados contratantes acuerdan que, sin perjuicio de ese párrafo, cualquier disputa entre ellos respecto de si una medida cae dentro del ámbito de este convenio, puede ser llevada ante el consejo de comercio de servicios conforme a lo estipulado en dicho párrafo, pero solo con el consentimiento de ambos Estados contratantes. Cualquier duda sobre la interpretación de este párrafo será resuelta conforme el párrafo 3 del artículo 25 o, en caso de no llegar a acuerdo con arreglo a este procedimiento, conforme a cualquier otro procedimiento acordado por ambos Estados contratantes.
3. Nada en este convenio afectará la aplicación de las actuales disposiciones del D.L. 600 (estatuto de la inversión extranjera) de la legislación chilena, conforme estén en vigor a la fecha de la firma de este convenio y aun cuando fueren eventualmente modificadas sin alterar su principio general.
Protocolo del Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio
Ad. Artículo 5º.
Se entiende que los términos entregar o entregarlas en las letras a) y b) del párrafo 4º del artículo 5º no se aplican a los casos en que los bienes se encuentren ubicados en el territorio del país donde se efectúa la entrega, con anterioridad a su enajenación.
Ad. Artículo 7º.
Se entiende que una remesa efectuada por un establecimiento permanente en Colombia tiene un tratamiento tributario equivalente al que el párrafo 2º, letra a) del artículo 10 contempla para los dividendos, respecto del impuesto complementario de remesas. Ad. Artículo 7º.
Se entiende que las disposiciones del párrafo 3º del artículo 7º se aplican solo si los gastos pueden ser atribuidos o aceptados al establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de la legislación fiscal del Estado contratante en el cual el establecimiento permanente esté situado.
En el caso de Colombia, la mención al “impuesto así exigido” del párrafo 2º de artículo 10, se refiere a la tarifa especial para los dividendos o participaciones a que hace referencia el inciso 1º del artículo 245 del estatuto tributario, o sus modificaciones posteriores, a la que se aplicarán los párrafos 2.a) o 2.b) del artículo 10 en función del porcentaje de participación.
No obstante lo anterior, cuando a los dividendos obtenidos por una empresa residente en Chile procedentes de Colombia se les aplique el párrafo 1º del artículo 245 del estatuto tributario, o sus modificaciones posteriores, el artículo 10 se aplicará de la siguiente forma:
a) La parte correspondiente al 35% mencionado en el citado artículo se verá reducida según el párrafo 2.b) del artículo 10 cuando los dividendos y utilidades repartidos a no residentes en Colombia procedan de utilidades exentas del impuesto sobre la renta en cabeza de la sociedad y siempre que dicha parte se invierta en la misma actividad productora en Colombia durante un término no inferior a tres años.
Cuando las utilidades máximas susceptibles de ser distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional sean superiores al 65% de las utilidades comerciales antes de impuestos, se aplicará la misma regla prevista en el párrafo anterior de esta letra a) sobre la diferencia entre dicha cantidad y las utilidades después de impuestos;
b) La tarifa especial prevista para los dividendos o participaciones a que hace referencia el inciso 1º del artículo 245 del estatuto tributario, o sus modificaciones posteriores, se verá reducida según los párrafos 2.a) o 2.b) del artículo 10 en función del porcentaje de participación.
En el caso de Colombia, la expresión “el impuesto así exigido” del párrafo 2º del artículo 11 y del párrafo 2º del artículo 12, se refiere a la suma de los impuestos sobre la renta (35%) y sobre las remesas, en aquellos casos en los que la legislación interna de Colombia prevea la aplicación de estos dos conceptos para los intereses o regalías cobrados por un no residente en Colombia.
En el caso de Colombia, la tributación de las ganancias de capital mencionadas en este artículo se refiere a la suma de los impuestos sobre la renta (35%) y sobre las remesas (7%), en aquellos casos en los que la legislación interna de Colombia prevea la aplicación de estos dos conceptos para este tipo de rentas cobradas por un no residente en Colombia.
Ad. Artículos 4º, 10, 11, 12 y 23.
ART. 1º—Apruébanse el Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio, y el Protocolo del Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio, hechos y firmados en Bogotá, D.C., el 19 de abril de 2007.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio, y el Protocolo del Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio, hechos y firmados en Bogotá, D.C., el 19 de abril de 2007, que por el artículo 1º de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.

References: artículo 9
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 24
 artículo 1
 resolución 
 artículo 25
 Artículo 5
 artículo 5
 Artículo 7
 artículo 10
 Artículo 7
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 245
 artículo 10
 artículo 245
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 245
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 1