Source: https://tc.vlex.es/vid/565255118
Timestamp: 2019-09-15 12:19:15+00:00

Document:
STC 55/2015, 16 de Marzo de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 565255118
Número de Recurso: 3222-2013
DOCUMENTACIÓN DEL ACTO. La pérdida de las grabaciones en absoluto produce lesión para el derecho de defensa, en los términos expresados, cuando la propia sentencia reconoce y acepta, en cierta forma, estas conclusiones y viene a fundar la declaración de hechos probados en medios distintos de prueba la inexistencia de los registros del juicio o la pérdida de estos contenidos no producen efectiva indefensión, en la forma que pretende el recurrente, cuando el contenido y los resultados de estas pruebas, de dichos dictámenes, no contradicen los fundamentos de la sentencia que motivan la condena. Se desestima el amparo interpuesto.
Sentencia citada en: 397 sentencias, 2 artículos doctrinales, un tema práctico
Mediante escrito registrado el 29 de mayo de 2013, el Procurador de los Tribunales don Jorge Deleito García, actuando en nombre de don Javier Ruiz Benítez de Lugo Parejo, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones indicadas en el encabezamiento.
El Juzgado de lo Penal núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife, dictó Sentencia el 13 de abril de 2011 en el procedimiento abreviado núm. 346-2010, condenando al acusado aquí demandante de amparo, como autor: (i) de un delito de conducción temeraria, en concurso legal con tres delitos de homicidio por imprudencia grave cometidos utilizando vehículo a motor, a la pena de tres años y tres meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, así como también a la pena de cinco años y nueve meses de privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores; (ii) de un delito de omisión del deber de socorro, a la pena de nueve meses de prisión y pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. Quedando obligado además a indemnizar solidariamente con el otro coacusado don Pedro Galván Hernández-Rubio, a los perjudicados don Carlos Córdoba de la Rosa y don Miguel Ángel Córdoba de la Rosa, familiares de las personas fallecidas en el accidente de circulación origen de las actuaciones, en la cantidad de 194.033,38 euros; además de la aseguradora Mapfre como responsable directa. También al abono de la mitad de las costas procesales, incluidas las causadas a la acusación particular.
[P]or la autopista TF-5 y las calles Álvaro Rodríguez López y Fuentes de Santa Cruz, haciéndolo con maniobras bruscas, velocidad elevada y sin respetar las distancias de seguridad, cambiándose constantemente de carril para adelantar a los vehículos que le precedían todo ello con riesgo para los demás usuarios de la vía…
... En tal situación, el acusado Javier … que circulaba por el carril izquierdo de los dos de sentido San Andrés y que acababa de rebasar a los vehículos anteriormente mencionados, dejó de mirar hacia delante para hacerlo al menos un instante por uno de los retrovisores a fin de comprobar la posición del otro acusado, siendo que al volver a mirar al frente se vio sorprendido por la presencia de los tres peatones sobre dicho paso de cebra en el mismo carril por el que circulaba, por lo que sólo tuvo tiempo de efectuar una brusca maniobra para esquivarlos, invadiendo total o cuando menos parcialmente uno de los carriles del sentido contrario, sin señalizar de alguna manera la maniobra para alertar al vehículo que le seguía, continuando su marcha sin detenerse para auxiliar a los atropellados pese a observar el violentísimo atropello por su espejo retrovisor, mientras que Pedro … que por circular por detrás y muy próximo no observando mínimamente la distancia de seguridad necesaria respecto del vehículo que le precedía, atendiendo a la velocidad en todo caso superior a 80 kilómetros/hora a que en ese momento circulaban ambos vehículos, no tuvo tiempo de reaccionar arrollándolos en el mismo lugar anteriormente dicho…
El conjunto de la prueba testifical practicada presenta interesantes corroboraciones periféricas y objetivaciones a través de las periciales practicadas en el acto del plenario, especialmente en lo concerniente a la velocidad del vehículo Míni en el momento del atropello. Así, resulta objetivado que el vehículo Míni circulaba entonces a una velocidad superior en todo caso a 80 km/h, lo cual fue confirmado por la totalidad de los peritos que emitieron informes sobre tal extremo de la velocidad. Así, en el interrogatorio de los agentes del Equipo de Reconstrucción de Accidentes —ERAT— de la Guardia Civil con TIP núm. 72.134, 38.564 y 23.514, tras manifestar éstos que hicieron el cálculo más conservador, esto es, que tomaron todos los datos más favorables al conductor, concluyeron que el acusado Pedro circulaba a una velocidad entre 85 y 100 km/h. Y así partieron del examen del Mini, donde apreciaron el impacto de 2 personas, y de los graves menoscabos físicos sufridos por las víctimas, así como de la posición final de las mismas, todos ellos datos indubitados a partir de los cuales concluyen la elevada velocidad a la que se produjo el atropello, y que explica la elevación del peatón por encima. No obstante reconocieron que no fue posible conocer el punto exacto del atropello, fijando una franja de entre unos metros antes y después del paso de cebra; y concluyeron que el Mini no se detuvo así como que el vehículo no pasó sobre las víctimas…
En cuando a la velocidad a que circulaba el acusado Javier Benítez, si bien es cierto como sostiene el perito Félix M. Ríos Abreu que no era posible fijarla, sin embargo este juzgador a partir del conjunto de la prueba practicada en los términos ya analizado[s] alcanza la convicción de que se situó por encima de los 80 km/h, al igual que el acusado Pedro Galván, puesto que no otra cosa resulta de las pruebas testificales, que redundan en situar a la misma velocidad a ambos acusados, y que en todo caso iban muy juntos, circunstancia ésta que sería incompatible con el hecho de que llevaran ambos vehículos distintas velocidades. En cuanto a las supuestas reparaciones que se habrían efectuado en el Volkswagen en la parte delantera, el perito D. Víctor Manuel Fajardo advirtió que había signos de reparaciones del frontal delantero, y si bien inicialmente expresó que ‘serían de días’ después sostuvo que no podría determinar la fecha en que se efectuaron. En cualquier caso, ningún vestigio fue encontrado del que se pudiere desprender que sufrió algún golpe la noche de autos…
El juicio oral se celebró en cinco sesiones consecutivas, entre los días 4 a 8 de abril de 2011. Por lo que hace a la sesión del día 6 de abril, relevante a los efectos de este amparo, figura en las actuaciones el acta sucinta de la Secretaria del Juzgado dando cuenta de la prueba testifical y pericial practicada. En cuanto a los cinco primeros testigos, el acta se limita a identificar su nombre, qué parte procesal les ha formulado preguntas y cuál o cuáles no, y si han respondido a las mismas (“No hay preguntas”, “Contesta a sus preguntas”). Durante el interrogatorio a la quinta testigo, el acta refleja lo siguiente: “Se ha producido un problema técnico con la grabación, interrumpiendo la sesión 2 minutos para solucionar el problema”. Luego de un punto y aparte, se lee la frase: “Se ha solucionado el problema de grabación”. Pese a tal indicación, el acta empieza a recoger con cierto detalle las respuestas que ofrece la misma testigo a las nuevas preguntas que se le formulan y lo mismo se hace con el siguiente testigo. Al finalizar esta última declaración, el acta indica, en letras mayúsculas: “CONTINÚA EL ACTA SUCINTA”, volviendo al formato anterior con la siguiente testigo y, tras ella, con el interrogatorio de quienes fueron citados como expertos (prueba pericial), cerrándose luego la sesión.
Notificada la Sentencia, todas las partes personadas en la causa (Ministerio Fiscal, acusación particular y los dos acusados) formalizaron recurso de apelación contra ella. Por lo que respecta al aquí demandante de amparo, obra en las actuaciones un escrito de su Procurador, de 5 de mayo de 2011, donde se hace saber al Juzgado que tras haber solicitado copia de la grabación de las sesiones de la vista y recibir varios DVD, se constató que “faltaba parte de la prueba practicada los días 4 de Abril de 2011 y 6 de Abril de 2011”. Reitera por ello la petición de que se le expida copia de las grabaciones y actas realizadas, con suspensión del plazo de diez días para formalizar el recurso de apelación “hasta la entrega de la información requerida”.
El Juzgado dictó providencia el 18 de mayo de 2011, acordando hacer entrega a la representación procesal del aquí recurrente del soporte DVD con las declaraciones realizadas en el acto del juicio oral del día 4 de abril de 2011, añadiendo lo siguiente:
Asimismo, y observado un error en el sistema informático de la sala número 4 de este Palacio de Justicia, que impide la adecuada recuperación de todos y cada uno de los fragmentos de la sesión del juicio oral del día 6 de abril del 2011, ofíciese a la mayor brevedad a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, a fin de que pongan los medios para la recuperación de la integridad de la citada sesión en soporte apto para la reproducción del sonido y de la imagen (DVD).
La Secretaria del Juzgado dictó diligencia de constancia el 1 de junio de 2011, indicando que al hacer el cotejo entre el DVD del juicio oral del día 6 de abril de 2011 y el acta del juicio de ese día, se comprueba lo siguiente:
[N]o aparece en la grabación las declaraciones de: - Pericial técnica GCJ72134D; P385646 y Q23514K, por videoconferencia junto con la declaración presencial de Victor Manuel Fajardo Estévez (mecánico) - Médico Forense María Luisa Suárez Solá - Roberto Morera Bello, junto con Policía Local 99, 152 y 158 - Pericial técnica Sixto Troya Santana …; se requirió a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para que informara sobre lo ocurrido, emitiendo informe por parte del equipo informático donde nos hacen saber que no consta nada grabado en el disco duro del día 6/04/11, a pesar de que nosotros tenemos declaraciones grabadas de ese día, de lo que doy fe.
En virtud de escrito de 6 de junio de 2011, el Ministerio Fiscal solicitó al Juzgado la apertura de un incidente de reconstrucción de actuaciones al amparo del art. 232 y siguientes de la supletoria Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil (LEC), “a fin de subsanar en la medida de lo posible la falta parcial de documentación del acto del juicio oral del presente procedimiento”, concretamente en relación con la prueba no grabada de la sesión del 6 de abril de 2011. Como “medios de reconstitución del defecto de documentación”, se propuso el nombramiento de un técnico informático para que examinara el disco duro del aparato de grabación, por si era posible rescatar el archivo; recabar “de las cadenas de televisión que siguieron el acto del juicio copia de las grabaciones que hicieron del mismo”; que se tuvieran en cuenta las notas que hubiera tomado el Magistrado Juez durante la sesión referida y así como la documental aportada por los “peritos y testigos afectados por la falta de grabación”.
El 10 de junio de 2011 tuvo entrada en el Registro del Juzgado a quo, escrito del representante procesal del demandante de amparo por el que interpuso recurso de apelación contra la Sentencia. El “motivo I” del recurso (se plantean un total de 19 motivos), sin hacer referencia a la solicitud de reconstrucción de autos del Fiscal, alega la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), “en relación con el 743 y 788.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 238 de la LOPJ”. Se sostiene que se produce indefensión dada la imposibilidad de preparar el recurso en relación con las pruebas de descargo de carácter personal (peritos) que se practicaron en la sesión del 6 de abril de 2011, al no quedar registradas tales declaraciones en soporte audiovisual y no contener el acta sucinta levantada por la Secretaria un resumen de las distintas pruebas. Aduce vulneración también del derecho a una segunda instancia (art. 24.1 CE), porque el órgano judicial de apelación no pudo valorar el material probatorio de descargo, lo que debe llevar a la absolución del recurrente o, “subsidiariamente, [a la] nulidad del juicio ordenando la repetición del mismo”.
La Secretaria del Juzgado proveyó a la solicitud del Ministerio Fiscal acerca de la incoación del expediente de reconstrucción de autos, dictando diligencia de ordenación el 28 de junio de 2011, acordando dar traslado a las demás partes por término de tres días, a fin de que se manifestaran respecto a su procedencia. Mediante escrito recibido en el Registro del Juzgado a quo el 7 de julio de 2011, la representación procesal del recurrente se opuso a dicha incoación, entendiendo que era inadecuado el procedimiento y que la “inexistencia, la pérdida o el deterioro de la grabación original” debe suponer la nulidad “automática” de dichos actos, teniendo en cuenta además la posibilidad de que “el Disco Duro haya sido manipulado por distintos peritos en un intento, sin duda lícito y loable, de recuperar lo grabado”. Y rechaza la alternativa de las grabaciones de las cadenas de televisión que cubrieron el juicio, al no corresponder a un soporte custodiado por la Secretaría del Juzgado ex art. 453.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Obra en los autos un informe de la empresa Egson encargada del funcionamiento de los equipos de grabación situados en la Sala de vistas, en el que, tras sus propias comprobaciones y analizar la versión de los funcionarios del Juzgado sobre lo sucedido, se concluye que el aparato funcionaba correctamente y que el problema pudo venir dado al momento de intentar hacer las copias, puesto que de manera incorrecta se movieron los archivos de su ubicación original y se les cambió el nombre, lo que ocasionó su borrado “haciendo imposible su posterior localización por el programa”. De ese informe discrepó por su lado la Secretaria del Juzgado a quo, quien remitió oficio el 10 de junio de 2011 dirigido a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, haciendo constar que la actuación de los Auxiliares y de ella misma había sido la correcta, sin perjuicio de haberse observado una anomalía que llevó a levantar “acta extensa”, hasta que “en un receso se comprobó con posterioridad que se había grabado correctamente donde se produjo la anomalía, y se siguió levantando Acta Sucinta”, aunque después del acto se comprobó que no aparecía grabación de esa sesión.
Mediante providencia de 19 de julio de 2011, el Juzgado acordó la apertura del expediente de reconstrucción de las actuaciones, “para lo cual líbrense los despachos oportunos a la cadena de Televisión Autonómica, programa ‘Código Abierto’ a fin de que remitan a este Juzgado copia de las grabaciones del día 6/04/11”.
Al día siguiente —9 de septiembre—, sin haberse resuelto todavía el recurso de reforma, la Secretaria del Juzgado dictó diligencia de ordenación de este tenor:
Habiendo recibido de la cadena de televisión ‘Código Abierto’ DVD de la grabación correspondiente al día 06/04/2011, únase a las presentes actuaciones dándose copia del mismo a las partes. Para llevar a efecto la reconstrucción de las actuaciones, de conformidad con el artículo 234 de la LEC, se señala comparecencia ante el Secretario Judicial el próximo 19/09/2011 a las 9:30 horas, en la sala de vistas nº 14, citando a todas las partes mediante su representación procesal y a sus abogados…
Conforme se hace constar en el acta de la comparecencia de 19 de septiembre de 2011, se acordó la suspensión de ésta a petición de las partes, a la espera de que se resolviera el recurso de reforma.
A través de Auto de 20 de octubre de 2011, el Juzgado desestimó el recurso de reforma. En su consecuencia, la Secretaria del Juzgado dictó diligencia de ordenación el 24 de octubre de 2011, señalando la celebración de la comparecencia que había sido suspendida, para el día 2 de noviembre de 2011.
Al existir desacuerdo entre las partes se dictó providencia el mismo día 2 de noviembre de 2011, convocando a las partes a una comparecencia ante el Magistrado-Juez, para el día 14 de noviembre de 2011. De ésta se levantó a su vez pertinente acta, la cual recogió lo solicitado por el Ministerio Fiscal y las defensas, ratificándose todas en lo que ya habían manifestado en la comparecencia anterior.
[E]l dispositivo de captación de imágenes y de sonido del que está dotado la Sala de Vistas, fue activado por el personal de auxilio de este Juzgado, pese a lo cual ni las imágenes ni el sonido fueron registrados en el soporte DVD unido a las actuaciones, habiéndose comprobado con posterioridad que tampoco en la computadora de Sala (desde la cual debieron copiarse al referido DVD) quedaron registrados. Toda vez que este Órgano Judicial tuvo la convicción de contar con los recursos y medios tecnológicos aptos e idóneos para fijar en soporte autenticado la grabación del sonido y de la imagen, que permitiera su ulterior reproducción, por la Sra. Secretaria Judicial se extendió acta sucinta con referencia al número y clase de procedimiento, lugar y fecha de celebración, tiempo de duración, asistentes al acto, peticiones y propuestas de las partes, proposición de pruebas, con declaración de pertinencia y orden en la práctica de las mismas, resoluciones que adoptó el Juez así como las circunstancias e incidencias que no podían constar en aquel soporte electrónico, todo ello en estricto cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 743.3 LECrim…
Siendo así, conviene poner de relieve la importancia del citado soporte electrónico, en la medida que sustituye el acta levantad[a] bajo la fe pública del Secretario judicial, que por consiguiente lo que en definitiva interesa la representación del Ministerio Público es la reconstrucción de parte de un componente esencial del proceso penal, el acta que documenta lo sucedido durante el acto del juicio oral, esto es, que ha de reflejar todo aquello que sucedía en el acto del juicio, fase esencial del proceso penal durante el cual se desarrolla la totalidad de la prueba bajo los principios de oralidad, publicidad, inmediación, igualdad y contradicción … En el presente supuesto es lo cierto que la destrucción o desaparición del sonido e imágenes captados no es total, sino que afecta exclusivamente a las cuatro periciales ya citadas; sin embargo ello no obsta a que dichos fragmentos resulten igualmente imprescindibles, habiéndose de proceder a su reconstrucción con todas las garantías, en especial respetando escrupulosamente el derecho a que no se produzca indefensión consagrado por el artículo 24 de la Constitución, lo cual es plenamente posible en el presente caso…
El demandante de amparo interpuso recurso de apelación contra esta resolución judicial. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, competente también —como de inmediato se verá— para la resolución del recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado a quo, dictó Auto el 27 de septiembre de 2012, rollo núm. 116-2012, estimando parcialmente el recurso contra el citado Auto de 14 de noviembre de 2011, en el sentido de acordar:
[C]on relación al contenido de las pruebas practicadas en la sesión del juicio oral del día 6 de abril de 2011, se tiene por reconstruida parcialmente en los fragmentos que corresponden a estas diligencias y que constan en el soporte DVD incorporado al incidente de reconstrucción. En todo lo restante, no ha lugar a tener por reconstruidas estas actuaciones…
[P]uede aceptarse [el soporte editado por la Televisión Canaria] como elemento apto para permitir reproducir los contenidos perdidos … Sin embargo, no puede completarse esta actividad con apreciaciones subjetivas a las que se les ha atribuido condición de fuente de información directa, con la meritoria pretensión de completar la falta del material probatorio para reproducir los contenidos inexistentes. El parecer de los sujetos procesales es relevante, a través de sus alegaciones, para fijar su posición con respecto a los materiales probatorios sobre los que se edifica la reconstrucción de autos, pero inadecuado e insuficiente como medio de reproducción de los contenidos perdidos. Afirmación ésta que vierte este Tribunal exclusivamente a los fines de este procedimiento, puesto que las manifestaciones vertidas por los sujetos procesales, en los autos principales, sobre el desarrollo y contenido del juicio pueden ser examinadas y valoradas por este tribunal de apelación al resolver el recurso principal.
[N]o puede considerarse que se haya reconstruido en su integridad el acta del juicio oral, en la forma que recoge la parte dispositiva del auto recurrido. Estrictamente se entienden reconstruidos parcialmente los soportes documentales con respecto a los fragmentos del DVD incorporado a estas actuaciones, facilitado por un medio de comunicación, que resultan coincidentes con determinados momentos (no con su integridad) de estas intervenciones en el juicio oral …
El 11 de abril de 2013, la propia Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó Sentencia en el rollo de apelación núm. 72-2012, estimando parcialmente el recurso interpuesto contra la Sentencia de primera instancia, únicamente en el sentido de absolver al recurrente del delito de omisión del deber de socorro por el que también había sido condenado, pero confirmando a la apelada en todo lo demás; con desestimación de los demás recursos.
Según el recurrente, las ratificaciones y explicaciones de los peritos pondrían de manifiesto conclusiones que les llevarían a afirmar que todo lo relativo a la intervención del Polo Rojo Adventur[e] (vehículo conducido por el recurrente) se basa en suposiciones teóricas, dada la inexistencia de datos objetivos para permitir determinar su intervención en el accidente. En los mismos términos, se cita en el recurso, como argumento exponente de la supuesta indefensión causada, que el técnico Roberto Morera y tres de los policías locales, en cuanto a velocidad y fase semafórica, sólo podían aplicarse al Mini rojo (vehículo conducido por el otro acusado) por falta también de pruebas objetivas para ubicar el automóvil del acusado (Polo), ni para concretar el momento de paso por el punto del accidente, ni pruebas objetivas de su velocidad. A partir de esta exposición, de las propias alegaciones del recurrente, debe afirmarse que la pérdida de las grabaciones en absoluto produce lesión para el derecho de defensa, en los términos expresados, cuando la propia sentencia reconoce y acepta, en cierta forma, estas conclusiones y viene a fundar la declaración de hechos probados en medios distintos de prueba … la inexistencia de los registros del juicio o la pérdida de estos contenidos no producen efectiva indefensión, en la forma que pretende el recurrente, cuando el contenido y los resultados de estas pruebas, de dichos dictámenes, no contradicen los fundamentos de la sentencia que motivan la condena…
La demanda de amparo alega diversas vulneraciones de derechos fundamentales, contra las dos Sentencias de instancia impugnadas. Como primer motivo del recurso se alega la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), derivada de la falta de grabación de la vista del 6 de abril de 2011, en la cual se practicaron diversas pruebas periciales. En concreto y por lo que se refiere a las que interesan a dicha defensa, se mencionan las siguientes: (i) interrogatorio realizado a los miembros del equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico de la Guardia Civil con tarjeta de identidad profesional núm. 72134, 38564 y 23514, quienes además de ratificar en juicio sus informes a través de videoconferencia, respondieron a distintas preguntas de la defensa; (ii) ratificación del informe pericial del mecánico don Víctor Manuel Fajardo Estévez; (iii) declaración de don Roberto Morera, representante local de la empresa “Lumican”, encargada del funcionamiento de la sala de control de tráfico de Santa Cruz de Tenerife; y (iv) declaraciones de los policías locales con placas de identificación núm. 99 y 152, quienes acudieron al lugar de los hechos una vez producido el accidente, así como la del policía local núm. 158, quien se hizo cargo del atestado y de la toma de declaración a varios testigos en comisaría. Los agentes, que ya habían declarado como testigos el día anterior, fueron propuestos como peritos para esa sesión a fin de que aportaran sus máximas de la experiencia aprehendidas en razón de su trabajo, lo que fue admitido por el Juzgado.
Mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección Primera de este Tribunal, de 13 de junio de 2013, se acordó requerir a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y al Juzgado de lo Penal núm. 3 de dicha ciudad, para que en el plazo de diez días remitieran, respectivamente, testimonio del rollo de apelación núm. 72-2012 y del procedimiento abreviado núm. 346-2010.
Con fecha 10 de febrero de 2014, la Sala Primera de este Tribunal dictó providencia admitiendo a trámite la demanda de amparo y, “constando ya remitidas las actuaciones por los Tribunales intervinientes en la vía judicial previa”, ordenó dirigir comunicación al Juzgado de lo Penal núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife, ex art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), para que en plazo que no excediera de diez días, emplazara a quienes hubiesen sido parte en el procedimiento abreviado núm. 346-10, excepto a la parte recurrente en amparo, con el fin de poder comparecer en el presente recurso, si lo desean, en un plazo de diez días.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección Primera de este Tribunal, de 25 de marzo de 2014, se concedió audiencia por veinte días a todas las partes para formular alegaciones (art. 52 LOTC).
El representante procesal del recurrente formalizó escrito el 25 de abril de 2014, reiterando las alegaciones de su demanda, y pidiendo el otorgamiento de lo solicitado en ella.
El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 26 de mayo de 2014, interesando “con carácter principal” la estimación parcial de la demanda en cuanto a su primer y tercer motivo. Subsidiariamente, para el caso de no apreciarse la misma, “desestimar la totalidad de los restantes motivos de amparo aducidos por el recurrente” y, con ello, el recurso.
Por otrosí digo, la parte recurrente había solicitado en su demanda de amparo la suspensión de la ejecución de la Sentencia de apelación impugnada, tanto en relación con la pena privativa de libertad de tres años y tres meses impuesta al recurrente, como en cuanto a la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección Primera de este Tribunal, de 27 de noviembre de 2014, se acordó requerir nuevamente al Juzgado de lo Penal núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife, “para que a la mayor brevedad posible remita copia del soporte en DVD de la grabación correspondiente al día 6 de abril de 2011 realizado por la cadena de televisión ‘Código Abierto’ obrante en el expediente de reconstrucción de actuaciones Procedimiento abreviado 346/2010”.
Mediante oficio de la Secretaría del Juzgado de lo Penal, de 1 de diciembre de 2014, se procedió a remitir testimonio del acta del juicio oral del día 6 de abril de 2011, así como el DVD con la grabación de dicha sesión, aportado por “Televisión Canaria”, obrantes ambos en la pieza de reconstrucción de actuaciones.
En la misma fecha, 1 de diciembre de 2014, la Secretaría de Justicia de la Sección Primera de este Tribunal, hizo constar la recepción de la anterior documentación escrita y audiovisual procedente del Juzgado de lo Penal a quo, habilitando un plazo de tres días a las partes para que “puedan conocer dichos documentos -estando en esta Secretaría a su disposición- y alegar al respecto lo que a su derecho convenga”.
En su respuesta, el Fiscal actuante en este proceso presentó escrito de alegaciones de 4 de diciembre de 2014, con entrada en el Registro de este Tribunal en la misma fecha, por el que afirma: “Examinado el soporte DVD …; su contenido, además de algunas deficiencias de sonido y grabación que afectarían a su valoración autónoma, como ya se puso de manifiesto en el incidente de reconstrucción, no altera, a juicio de este Ministerio Fiscal, las consideraciones expuestas en nuestro informe de alegaciones de fecha 23 de mayo pasado, por lo que nos remitimos al mismo”.
Por su parte, la representación procesal del demandante de amparo presentó escrito de 9 de diciembre de 2014, con entrada en el Registro del Tribunal el día 10 de diciembre, por el que formula alegaciones en el sentido de afirmar la insuficiencia del acta escrita de la sesión ya indicada; y advertir de los defectos que presenta la grabación aportada en el incidente de reconstrucción y que ahora se remite, al tratarse de fragmentos de varias sesiones que presenta saltos de imagen, defectos de sonido, donde la cámara capta a los testigos “desde atrás”. En definitiva, se aduce que es una grabación que no ofrece “la misma calidad ni cantidad de información que el sistema de grabación del Juzgado ni cuenta con garantía alguna de integridad de su contenido”.
Mediante diligencia de constancia del 11 de diciembre de 2014, la Secretaría de Justicia de la Sección Primera del Tribunal reflejó “haberse recibido los precedentes escritos de alegaciones del Ministerio Fiscal y del Procurador don Jorge Deleito García”.
Por providencia de fecha 12 de marzo de 2015, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 del mismo mes y año.
Se interpone el presente recurso de amparo contra la Sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, estimatoria en parte del recurso de apelación promovido contra la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de la misma circunscripción judicial, con el resultado, en lo que aquí interesa, de mantener la condena impuesta por esta última al recurrente por un delito de conducción temeraria, en concurso legal con tres delitos de homicidio por imprudencia grave. Aunque el suplico de la demanda solicita la nulidad de la Sentencia dictada en apelación y sólo “eventualmente” la de primera instancia, los distintos motivos del recurso formulan reproches contra ambas resoluciones judiciales, por lo que lógicamente deben considerarse impugnadas las dos.
Antes de considerar las circunstancias acaecidas en el asunto de autos debemos determinar, con carácter previo, si la falta de documentación de las actuaciones de un proceso reviste relevancia desde la perspectiva de la lesión de los derechos fundamentales. En caso afirmativo, cuál sería el derecho concernido en este caso y el modo en que debería ser reparada su lesión:
La actividad de documentación de las actuaciones de un proceso, como se sabe, queda encomendada en nuestro ordenamiento jurídico al Secretario judicial (arts. 454.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ); 148 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC); y 6 del Reglamento orgánico del cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre quien recibe la ayuda del personal perteneciente al cuerpo de Auxilio Judicial en la custodia de las actuaciones escritas y en la comprobación del correcto funcionamiento de los medios técnicos que han de registrar actos orales [art. 478, letras d) y f) LOPJ], sin perjuicio de la supervisión última que, como cualquier otra actividad desarrollada dentro del órgano judicial, le corresponde a su titular (art. 165 LOPJ). El producto de esa actividad de documentación se configura como fuente auténtica de la realidad de lo actuado, gracias a la fe pública emanada del Secretario Judicial, quien a tal efecto deja “constancia fehaciente” de lo que presencia (arts. 453.1 LOPJ; 145.2 LEC y 5 del Reglamento orgánico del cuerpo de Secretarios Judiciales).
Respecto a la relevancia que la documentación de las actuaciones reviste en el proceso penal, debe señalarse que el art. 230 LOPJ, en su redacción original de 1 de julio de 1985, ya contemplaba el posible uso de “cualesquiera medios de documentación y reproducción” de las actuaciones judiciales, siempre que ofrezcan garantías de autenticidad; precisando la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, cuyo art. 8.2 modificó dicho precepto, que los Juzgados y Tribunales pueden valerse para aquel fin, de “medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos”. En desarrollo de esta previsión general, la Ley de enjuiciamiento civil 1/2000 fue la primera en implantar para los procesos civiles el registro de las vistas y comparecencias, “en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen”, bajo custodia del Secretario judicial (art. 147). La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, “de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial”, ha extendido la obligatoriedad del registro audiovisual de los actos orales a los demás órdenes de jurisdicción, modificando las respectivas leyes procesales.
La doctrina de este Tribunal ha resaltado la importancia de la documentación de la vista en orden a la verificación de la existencia de prueba de cargo, en relación con el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE): “El control del cumplimiento de las garantías requeridas para la integración del resultado de las diligencias de investigación en la actividad probatoria, en los términos señalados, sólo puede hacerse a través del correspondiente acta, levantada por el Secretario judicial que … ha de documentar fehacientemente el acto y el contenido del juicio oral. Y en orden a la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral, ha de estarse a lo que el acta dice, y a lo que no dice. En consecuencia, no cabe afirmar que se haya practicado un determinado medio de prueba por el hecho de que se haya pedido e incluso que se haya admitido, si la actuación no queda reflejada en el único instrumento previsto para su constancia externa y fehaciente” (SSTC 161/1990, de 19 de octubre, FJ 3; 118/1991, de 23 de mayo, FJ 3; 140/1991, de 20 de junio, FJ 3; 82/1992, de 28 de mayo, FJ 3, y 92/2006, de 27 de marzo, FJ 3. En el mismo sentido, STC 22/2013, de 31 de enero, FJ 4). Esta doctrina, dictada a propósito del acta escrita, resulta predicable sin dificultad dialéctica alguna a la grabación audiovisual como soporte de documentación.
Corresponde por tanto atender a las circunstancias del caso planteado por el recurrente, con el fin de constatar si se produce la indefensión que éste alega. Tanto en su escrito de apelación como en la demanda de amparo, según indicamos antes, se afirma como primer motivo, que hay indefensión porque en la sesión de la vista oral correspondiente al 6 de abril de 2011, fueron interrogados expertos y en su caso personas dotadas de un saber especializado producto de su actividad cotidiana (agentes de policía local), quienes, siempre según la defensa, habrían arrojado datos favorables a su exculpación, pues permitiría acreditar, en primer lugar, que el vehículo del recurrente no transitaba a excesiva velocidad, y en segundo lugar, que no había constancia de la fase semafórica del semáforo al momento en que las víctimas cruzaron la calzada y sufrieron el impacto mortal del vehículo conducido por el coacusado Pedro.
Idéntico desenlace han de tener las otras dos lesiones constitucionales, que el motivo primero de la demanda de amparo anuda a aquella indefensión:
Así, de un lado, se alega que la respuesta denegatoria dada por la Audiencia Provincial a la denuncia de indefensión comporta, en su consecuencia, la conculcación también del derecho a la presunción de inocencia del recurrente (art. 24.2 CE), al limitarse las dos Sentencias impugnadas a valorar la prueba de cargo, quitando indebidamente toda importancia a la de descargo contenida en la pericial practicada el 6 de marzo de 2011
Tampoco, de otro lado, se ha vulnerado el derecho al recurso que invoca la demanda de amparo, dentro de su primer motivo. El derecho a la doble instancia penal contra Sentencias de condena, en los términos recogidos por el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966 (“Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”), garantiza según reiteradamente venimos diciendo, el “derecho a que un tribunal superior controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto. Reglas entre las que se encuentran, desde luego, todas las que rigen el proceso penal y lo configuran como un proceso justo, con todas las garantías; las que inspiran el principio de presunción de inocencia, y las reglas de la lógica y la experiencia conforme a las cuales han de realizarse las inferencias que permiten considerar un hecho como probado” (en el mismo sentido, SSTC 105/2003, de 2 de junio, FJ 2; 116/2006, de 24 de abril, FJ 5; y 60/2008, de 26 de mayo, FJ 4)…” (SSTC 16/2011, de 28 de febrero, FJ 3; 13/2014 a 16/2014 inclusive, todas de 30 de enero y en el FJ 2).
Los que aparecen así como motivos segundo a quinto del recurso, formulan un cuestionamiento al juicio probatorio contenido en la Sentencia del Juzgado de lo Penal, así como al de la Audiencia, en la medida en que ésta razona la conformidad a derecho de la apelada. Dicho cuestionamiento se articula, de un lado, como una vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) tanto por inexistencia de prueba de cargo e inobservancia de la doctrina constitucional sobre prueba indiciaria (motivo segundo), como por no valorarse cierta prueba de descargo (motivo tercero). De otro lado, como una lesión, también, del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por defectuosa motivación de la prueba de cargo (motivos tercero, cuarto y quinto). Dada la evidente conexión de tratamiento de tales motivos entre sí, procede darles una respuesta conjunta.
SAP Málaga 373/1998, 6 de Junio de 1998

References: artículo 234
 artículo 743
 artículo 24
 resolución 
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 Real Decreto