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Timestamp: 2018-09-22 02:09:25+00:00

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SENTENCIA 2009 00083 DE 23 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:RECURSO DE APELACIÓN- NORMAS PROCESALES- SUSTENTACIÓN. AL HACER UN RECUENTO DE LAS DIFERENTES LEGISLACIONES QUE EN NUESTRO PAÍS HAN REGULADO EL TEMA, SE TIENE QUE POR LO GENERAL NO HA EXISTIDO MOMENTO DE ARGUMENTOS FINALES ANTE EL AD QUEM EN APELACIÓN DE SENTENCIAS, SINO SIMPLEMENTE UNA DE SUSTANCIACIÓN PARA LAS PARTES, Y SOLAMENTE CON LA EXPEDICIÓN DEL NUEVO CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, AL ENTRAR EN VIGENCIA, SE AUTORIZARÁ ESA FASE PARA CUANDO SE PRACTIQUEN PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, RECURSO DE APELACIÓN, RECURSO DE CASACIÓN, SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Ref.: Expediente 68679 31 03 002 2009 00083
Bogotá, D. C., veintitrés de abril de dos mil catorce.
Es entendida como “la sanción que produce la ineficacia de lo actuado en un proceso, cuando este no se ha ceñido a las prescripciones de la ley que regula el procedimiento” (sentencia de 30 de junio de 2006, Exp. Nº 2003 00026 01).
El instituto que se comenta tiene su soporte en el concepto de debido proceso y derecho de defensa, su razón de ser radica en asegurar la protección constitucional al interior de la actuación judicial. El proceso justo fue consagrado en la Carta Política como un derecho fundamental, al advertir en su artículo 29 que, “(…) el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…)” y tendrá derecho “a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (…)”.
El profesor uruguayo, Eduardo J. Couture expresa que “(…) siendo el derecho procesal, un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesariamente establecidas por la ley (…)”(3).
Para que el yerro citado como causal de invalidación a través del recurso extraordinario tenga efectos, se requiere que el mismo no haya sido saneado por los medios que autorizan los artículos 143 y 144 del CPC; así lo ha dicho la jurisprudencia de esta corporación en múltiples fallos, como cuando sostuvo que la invalidez se producirá, “siempre que no se hubiere saneado por cuanto en esa eventualidad, es decir si los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados (…), surge sin ambages la ineptitud del cargo contenido en la demanda” (Auto de 26 de febrero de 2010, expediente 2005-00017. Reiterado en auto de 12 de julio de 2013, Exp. 2003 00768).
2. En el litigio que transita por la Corte, expone el recurrente que se incurrió en la causal contemplada en el numeral 6º del artículo 140 del CPC, de acuerdo con el cual, el proceso es nulo en todo o en parte, “cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión”, pues consideró que el Tribunal prescindió en forma absoluta brindar la oportunidad para presentar alegatos, al no constar en el expediente el auto que señale el mencionado “traslado para alegar de conclusión, dentro del trámite de segunda instancia” (resaltos de la Sala).
Deberá por tanto, hacerse en primer lugar un recuento de la actuación surtida en el segundo grado a fin de determinar si se cumplió a cabalidad con la ritualidad exigida, así: (i) llegado el proceso, mediante informe de la secretaría de 21 de julio de 2011, se pasó el expediente al despacho del magistrado ponente (fl. 16); (ii) por auto de 27 de julio fue admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fl. 17); (iii) proveído de 8 de agosto de 2011 en el que el tribunal dispuso: “córrase traslado a las partes para alegar por el término de cinco (05) días a cada una de ellas, comenzando por el apelante” (fl. 18); (iv) sentencia de segunda instancia de 1º de noviembre de 2011 (fls. 37-59).
En efecto, al revisarse con detenimiento el proceso y señalarse como se hizo en párrafo anterior el recorrido de lo actuado en segunda instancia, fácilmente se advierte que, por una parte, el tribunal mediante auto de 8 de agosto de 2011 cumplió con la exigencia prevista en el canon ejusdem (fl. 18), y por otra, en folios 19 a 25, se encuentra escrito del abogado que representa los intereses de la demandada XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, donde planteó sus argumentos pretendiendo la revocatoria del fallo, así como el memorial de igual naturaleza presentado por la anterior apoderada de la misma convocada cuyo mandato fue revocado (fl. 5), constando incluso certificación de paz y salvo por razón de los honorarios causados en el proceso de la referencia (fl. 6).
Se avista igualmente en las páginas 32 y siguientes del cuaderno del tribunal, el memorial radicado por el procurador judicial de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en donde se enunció: “me permito descorrer el traslado del recurso de apelación presentado y sustentado en contra de la sentencia dentro del proceso de la referencia”.
“Inconforme con la decisión, la demandada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la apela, pretendiendo sea revocado íntegramente el fallo de primera instancia. Las razones de su inconformidad sustancialmente las dirige a que la demandante realmente solo lleva en posesión del inmueble desde el día 6 de abril de 2008, después del fallecimiento de su señor padre; (…) El apoderado de la parte demandante en alegaciones de instancia presentó escrito contentivo de réplica a la alzada en el cual pretende se confirme el fallo recurrido. Los argumentos del anterior pedimento entre otros sustancialmente se apoyan en que, considera que el togado de la pasiva perdió de vista el fundamento de la demanda de pertenencia (…)” (resaltado fuera de texto).
El artículo 360 del CPC reglamenta los pasos a seguir en virtud del recurso de apelación que se interponga y conceda contra una sentencia, señalando que: “(…) Ejecutoriado el auto que admite el recurso, o transcurrido el término para practicar pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por el término de cinco días a cada una, en la forma indicada para la apelación de autos (…)” (negrilla de la Sala), y agrega la norma, que surtido ese traslado, si las partes o una de ellas solicitó dentro del referido término realización de audiencia, se señalará fecha para la misma, una vez repartido el proyecto de fallo, la que, luego de llevarse a cabo y presentarse por escrito los correspondientes alegatos, se procederá a dictar sentencia.
Las invocaciones que la norma permite por cinco (5) días a cada parte en apelación de sentencias, tienen su razón de ser en el artículo 352 del CPC al exigir que el recurso debe ser sustentado ante el juez o tribunal que deba resolverlo, por lo que una vez surtido el traslado a la parte apelante a fin de que esta presente sus argumentos de defensa, deberá otorgarse el correspondiente a la contraparte para que ejerza la contradicción.
En efecto, en vigencia del Código Judicial contenido en la Ley 105 de 17 de octubre de 1931, se interponía el recurso de apelación debidamente sustentado pues, de conformidad con el artículo 504, la apelación de sentencias que era en el efecto devolutivo y solo en casos especiales en el suspensivo, se tramitaba conforme al articulo 502 (apelación de autos), mismo que decía: “(…) repartido el expediente, el juez o el magistrado ordena que el negocio se fije en lista por el término de cuatro días, y que previamente se corra traslado del proceso al Ministerio Público por un lapso de cinco días en los casos en que él debe intervenir. Vencido el término de la fijación en lista, dentro del cual puedan las partes presentar sus alegatos, el superior decide” (resaltado fuera de texto).
Las normas originales del Código de Procedimiento Civil (D. 1400 y 2019 de 1970), no impusieron al apelante, para la concesión y admisibilidad de la alzada, la carga de fundamentarla, puesto que de acuerdo con los artículos 350, 351 y 352, “solo se le exigía que se encontrase legitimado procesalmente para recurrir, que la resolución le ocasionase agravio, que la providencia fuese susceptible de ser atacada por ese medio de impugnación, y que el recurso se formulase en la oportunidad procesal establecida por la ley”(4), por lo que en la alzada el traslado estaba dirigido para presentar la respectiva sustentación, más que para alegación; situación que se reformó con la entrada en vigor de la Ley 2ª de 1984, acorde con la cual, entre otras “se fijan competencias en materia civil, penal y laboral, y se dictan otras disposiciones”.
Fue entonces con la última ley anotada, que se estableció nuevamente, con cargo al recurrente, el deber de basar la impugnación ante el juez de primera instancia, dentro del término previsto, so pena de que el fallador la declarase desierta (L. 2ª/84, art. 57). Por consiguiente, lo que hizo la aludida normativa “fue agregarle a las exigencias legales para la concesión del recurso de apelación por el a quo y su admisión por el ad quem el deber de motivar o sustentar tal medio de impugnación, y en esa forma quedó complementado el artículo original (CPC, art. 352)”(5), siendo el traslado en segunda instancia un verdadero momento de alegación.
Finalmente, es bueno reiterar que el nuevo CGP (L. 1564/2012) en su artículo 327, en cuanto al desarrollo de la apelación de sentencias concierne, advirtió que, en firme el proveído que la admite en segunda instancia, se “convocará a la audiencia de sustentación y fallo”, y continúa rezando la norma, que de decretarse pruebas, “estas se practicarán en la misma audiencia”, y luego se oirán las alegaciones finales de las partes antes de dictar la decisión que culmine el debate en segundo nivel.
Hacíase necesario el recuento normativo realizado por cuanto que, para el año 2011, época en que se tramitó el recurso de apelación formulado por la convocante XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, hoy recurrente en casación, no existía fase especifica de alegatos de conclusión, como tampoco existe hoy, que sí para sustentar el recurso, cuyo último instante para hacerlo por tratarse de una sentencia está dado por el plurimencionado precepto 360.
Primero. NO CASA la sentencia proferida el 1º de noviembre de 2011, por la Sala Civil-Familia-Laboral de San Gil, dentro del proceso ordinario de pertenencia identificado en el encabezamiento de esta providencia.
Segundo. Condenar en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6.000.000.oo) mct., en razón de haber sido replicada.
(3) (Fundamentos del derecho procesal civil, 3ª Edición (póstuma), Buenos Aires, De Palma, 1978, pág., 374).

References: artículo 29
 artículo 140
 artículo 360
 artículo 352
 artículo 504
 resolución 
 artículo 327