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Timestamp: 2019-02-16 19:47:33+00:00

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ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo: 06/15/14
Algunas cuestiones a tener en cuenta para un proyecto de tratado de cumplimiento obligatorio para las sociedades transnacionales
Desde que comenzaron a estudiarse con detenimiento a las sociedades transnacionales hace más de cuarenta años hasta la actualidad, se han perfilado básicamente dos enfoques sobre el papel que dichas sociedades desempeñan en el mundo contemporáneo: uno apologético y otro crítico.
Robert Reich, Secretario del Trabajo en la administración Clinton, hacía una descripción objetiva en el Capítulo XIV de su libro El trabajo de las naciones. Hacia el capitalismo del siglo XXI, (1991):
“En la nueva economía internacional, pocas compañías e industrias nacionales compiten con sus pares extranjeras, si con el término "nacionales" nos referimos al lugar donde se hace el trabajo y se agrega el valor. La red mundial se está convirtiendo en algo corriente. Por lo general, tienen sus sedes centrales en un determinado país (muchas en los Estados Unidos), y reciben gran parte de su capital financiero del mismo, pero sus laboratorios de investigación y diseño, sus plantas de producción están diseminadas en Japón, Europa y América del Norte, con fábricas suplementarias en el Sudeste Asiático y en Latinoamérica; centro de marketing y distribución en cada continente; e inversores y prestamistas en Taiwán, Japón y Alemania Occidental, así como en los Estados Unidos. Estas organizaciones universales compiten con otras compañías análogas con sedes centrales en otras naciones. Los frentes de batalla ya no coinciden con las fronteras nacionales”.
Las personas jurídicas de derecho público están fuera y por encima del derecho privado, porque, como ya decían los antiguos romanos, son el “pacto común de la república”. Las personas jurídicas públicas son el resultado, por lo menos en teoría, del “contrato social” russoniano, fundado en la soberanía popular, expresión de la voluntad general.
Y, como las personas físicas, las personas jurídicas están sujetas a las leyes nacionales y a las normas del derecho internacional, tal como lo establece el artículo 29 de la declaración universal de derechos humanos cuando dice: “Toda persona…”.
Es así como por encima de los Estados nacionales se ha erigido e impuesto un poder mundial transnacional que nadie ha elegido y que se basa fundamentalmente en que detenta la propiedad concentrada en gran escala del capital en sus diversas formas y tiene a las élites políticas y a buena parte de la llamada “sociedad civil” a su servicio.
De modo que -como lo indica la experiencia negativa de los últimos 40 años- el camino para llegar a aprobar un Tratado vinculante para las sociedades transnacionales está sembrado de obstáculos como son el enorme peso político-social del poder económico, la subordinación a dicho poder de las elites dirigentes nacionales e internacionales y la complicidad, abierta o encubierta, deliberada o involuntaria, por razones ideológicas y/o económicas, de una parte de la llamada “sociedad civil” (medios de comunicación, académicos, “expertos”, partidos políticos, organizaciones, etc.) .
Desde el punto de vista del derecho positivo puede decirse que los derechos humanos son aquéllos que han sido admitidos como tales en las normas internacionales y en la gran mayoría de los Estados nacionales, muchos de los cuales han incorporado aquéllas a su derecho interno, particularmente en la llamada “parte dogmática” de sus Constituciones. Son los derechos inherentes a la dignidad intrínseca de la persona humana, cuyo titular es el ser humano y cuya naturaleza no cambia quienquiera sea el que los vulnere, sea el Estado o los particulares. Su violación debe ser sancionada en todos los casos y genera a favor de la víctima el derecho a la reparación. (12)
-La Convención sobre la discriminación contra la mujer, cuyo artículo 2, inc. e) dice: “... tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas”;
-El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, cuyo artículo 3 inciso 4 dice: “Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad de personas jurídicas por los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo. Con sujeción a los principios jurídicos aplicables en el Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser penal, civil o administrativa” y
En algunos otros instrumentos internacionales se perfila la responsabilidad por omisión del Estado en las violaciones de derechos humanos cometidas por particulares, por ejemplo, la aquiescencia del funcionario en la comisión de torturas (art. 2 de la respectiva Convención), la tolerancia del Estado en las desapariciones forzadas” (arts. 2 y 5 de la Declaración de la Asamblea General de la ONU sobre desapariciones forzadas y art. 2 de la Convención Internacional sobre desapariciones forzadas aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2006) y está reconocida en la Observación general Nº 31 del Comité de Derechos Humanos, de 29 de marzo de 2004. (16)
c) En base a la noción de interdependencia, indivisibilidad y “permeabilidad” de las normas aplicables en materia de derechos humanos, son también aplicables, además de las normas específicas relativas a los derechos económicos, sociales y culturales, las diferentes normas internacionales y nacionales relativas a los derechos fundamentales de la persona humana.
La responsabilidad internacional del Estado y de actores privados por los efectos dañosos transfronterizos de actividades realizadas por particulares dentro de su jurisdicción o bajo su control está establecida en la jurisprudencia, en diversas convenciones internacionales, entre ellas la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (21), ha sido objeto de trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en los temas “Responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos internacionales”, y “Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional”. (22)
Hay instrumentos internacionales obligatorios, que se refieren en su mayor parte a la protección del medio ambiente, que establecen la responsabilidad de quien provocó el daño y, en general, la responsabilidad subsidiaria del Estado si no adoptó las medidas preventivas a fin de evitar los efectos perjudiciales de tales actividades. Entre ellos el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, reafirmado por las resoluciones de la Asamblea General 2995 (XXVII), 3129 (XXVIII), 3281 (XXIX) (Carta de los deberes y derechos económicos de los Estados), la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, a la que se atribuye valor de jus cogens (24), la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (Montego Bay, 1982), el Convenio sobre la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales (Helsinki, marzo de 1992), los Convenios de Basilea de 1989 en vigor desde mayo 1992 (162 Estados partes en diciembre de 2006) de Bamako de 1991, sobre desperdicios peligrosos y su transporte transfronterizo y eliminación, de Helsinki de 1992 sobre el efecto transfronterizo de los accidentes industriales, de Lugano de 1993 sobre la responsabilidad civil resultante de actividades peligrosas para el medio ambiente, la Convención de Rotterdam de 1998 sobre pesticidas y otros productos químicos peligrosos, en vigor desde febrero 2004 (110 ratificaciones en octubre 2006) etc. , En diciembre de 1999 los Estados partes en el Convenio de Basilea de 1989 aprobaron un protocolo sobre la responsabilidad y la indemnización de los daños resultantes del transporte y eliminación de desperdicios peligrosos (www. basel. int). El art. 16 del Protocolo dice: “El Protocolo no afectará los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes en virtud de las normas del derecho internacional general en lo que respecta a la responsabilidad de los Estados” (25). Cabe agregar el Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes (COP) que entró en vigor en mayo 2004.
Como se puede apreciar, existe un vasto repertorio de normas e instrumentos internacionales vigentes que son aplicables también a las sociedades transnacionales. Buena parte de ellas son lo que se denomina “jus cogens”, es decir normas que se refieren a la dignidad inherente a la persona humana y por lo tanto obligatorias e inderogables. (28)
g) Los debates y las Observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales constituyen una referencia de primera importancia en cuanto a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en el respectivo Pacto Internacional. Se pueden citar la número 9 (aplicación interna del Pacto, 1998); 10 (función de las instituciones nacionales, 1998); 11 (derecho a una vivienda adecuada); 12 (derecho a una alimentación suficiente, 1999); 13 (derecho a la educación, 1999), 14 (el disfrute del más alto nivel posible de salud, 2000), 15 (el derecho al agua, 26 de noviembre de 2002, en la que el Comité dice que “el derecho al agua es indispensable para una vida digna. Es una condición necesaria para lograr la efectividad de todos los demás derechos”); la Nº 16 de 2005 sobre la igualdad del hombre y de la mujer en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales la Nº 17, también de 2005 sobre los derechos de autor; la Nº 18 (2006) sobre el derecho al trabajo; la Nº 19 (2007) sobre el derecho a la seguridad social; la Nº 20 (2009) sobre la no discriminación en los derechos económicos, sociales y culturales. Esta última Observación general comienza diciendo:
En 1989 el Comité comenzó a debatir acerca de los derechos contenidos en el art. 11 del Pacto, ocupándose en esa oportunidad del derecho a una alimentación adecuada (29). Entre otras cosas, algunos miembros dijeron que los individuos, como sujetos de derecho internacional, estaban facultados para exigir la observancia de las obligaciones del Pacto (párr. 319 del Informe del Comité), que la denegación de la necesidad humana de alimentos constituía una violación de un derecho humano y que tenía que haber un derecho consuetudinario a interponer una acción contra el Estado cuando hubiese una privación sistemática del acceso a los alimentos (párr. 321), que el excedente de recursos mundiales de alimentos era patrimonio común de los hambrientos y los pobres y que sería una denegación de justicia rehusarles el acceso a esos recursos (párr. 322). El representante de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) dijo que el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre era un derecho fundamental establecido en el párrafo 2 del art. 11 del Pacto, el que estaba claramente relacionado con el derecho a la vida (30). En la observación general Nº 12 sobre el derecho a una alimentación adecuada, se dice: “el derecho a una alimentación adecuada es de importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos. Este derecho se aplica a todas las personas”. (31)
En la Observación General Nº 9 (1998), el Comité se pronunció acerca de la aplicación del Pacto en el ámbito nacional (33) precisando los alcances de la Observación Nº 3 y dijo, entre otras cosas, que a los derechos económicos sociales y culturales es aplicable el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (recurso efectivo) y que si bien el Pacto no contiene ninguna disposición similar al párrafo 3 b) del artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (recurso jurisdiccional) los “medios apropiados” de que habla el artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos, pueden resultar inoperantes si no están completados por recursos jurisdiccionales (énfasis añadido, párrafo 3 de la Observación General Nº 9).
Se debe, entonces, por un lado, establecer un nexo indisociable entre el desconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y la violación de los derechos fundamentales civiles y políticos (la tantas veces invocada “indivisibilidad”) y, por el otro, ampliar la esfera de la criminalidad económica, según la conciben, con diferentes enfoques, los especialistas en derecho penal económico. (43)
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dijo, entre otras cosas, ante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena 1993): “La triste realidad, en la que es preciso situar ese reto, es que los gobiernos y la comunidad internacional entera siguen tolerando con excesiva frecuencia grados de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales que, si se aplicaran a los derechos civiles y políticos, provocarían expresiones de horror y ultraje y harían que se hicieran llamamientos concertados para que se tomaran inmediatamente medidas correctivas. En efecto, pese a toda la retórica, las violaciones de los derechos civiles y políticos se siguen tratando como si fueran mucho más graves y evidentemente más intolerables que las denegaciones masivas y directas de los derechos económicos y sociales”. (44)
La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de las personas físicas integrantes del órgano competente que, con su voto afirmativo o por omisión, contribuyeron a la adopción de la decisión o de las decisiones incriminadas. En el documento de trabajo del Sexto Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Caracas, 1980) dedicado al tema Delito y abuso de poder se decía que las reuniones preparatorias habían recomendado el establecimiento del principio de la responsabilidad penal de la empresa, sin que ello excluyera la responsabilidad particular de sus funcionarios. Y en el 7º Congreso (Milán, 1985), en los Principios rectores en materia de prevención del delito y justicia penal en el contexto del desarrollo de un nuevo orden económico internacional, se exhortaba a los Estados a tener debidamente en cuenta la necesidad de que respondan penalmente no sólo quienes actúan en nombre de una institución, sociedad anónima o empresa o quienes desempeñan funciones directivas o ejecutivas, sino también la institución, sociedad anónima o empresa. La ley brasileña 9605 del 12 de febrero de 1998 sobre medio ambiente dice: “La responsabilidad de las personas jurídicas no excluye la de las personas físicas, autoras, coautoras o partícipes del mismo hecho”. Merecen un comentario particular las legislaciones nacionales que reprimen los trusts o monopolios, por su estrecha vinculación con el tema que nos ocupa.
Es particularmente interesante en materia de acciones penales donde se abarcan como una unidad las violaciones de los derechos civiles y políticos y las violaciones de los derechos económicos sociales y culturales, la querella penal iniciada en Argentina en 1999 contra varios ex dictadores del Cono Sur de América Latina implicados en la coordinación represiva llamada “Plan Cóndor”. El 11 de abril del 2001, el Juez de la causa decidió tomar declaración indagatoria al ex dictador argentino Videla, al ex dictador paraguayo Stroessner y a Contreras, ex jefe de la DINA chilena, a cuyo fin pidió la detención preventiva y la extradición de los dos últimos. En su resolución el juez dijo:
“En tal sentido, fue expresado por la querella que ese delito habría constituido y lo seguiría haciendo, el eje y el símbolo del complejo de ilícitos que fueran descriptos en la presentación mentada que encabeza estos obrados; como ser: la asociación ilícita entre los imputados de rango político o militar superior, para cometer los delitos de secuestro agravado, aplicación de tormentos, homicidio y desaparición forzada de personas en el territorio de los países involucrados y mediante el uso criminal del aparato del Estado respectivo; la presunta asociación ilícita sería la denominada Operación Cóndor…Y por último, se hizo mención en el escrito de querella inicial, en este orden de ideas, a la existencia de una conspiración contra el derecho de autodeterminación de cada uno de los pueblos de los Estados parte, privando a éstos de sus riquezas naturales, desmantelando sus estructuras productivas y obligándolos a un endeudamiento que se paga con la exclusión social, nueva forma de desaparición del mundo del trabajo, la salud y la cultura” (énfasis añadido). (49)
Sin embargo, siguiendo el criterio de la indisociabilidad de ambas categorías de derechos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, no hay que excluir la posibilidad de invocar el artículo 7 (crímenes contra la humanidad) de dicho Estatuto, como sugiere Andrew Clapham, para intentar llevar ante la Corte Penal Internacional a las sociedades internacionales y a sus dirigentes (52). El profesor David Baigún analiza la cuestión y propone, a fin de poder incriminar a las personas jurídicas ante la Corte Penal Internacional, soluciones consistentes en incorporar reformas al Estatuto. “No se nos oculta -escribe Baigún- que nuestra propuesta deberá recorrer un camino pleno de obstáculos; en primer lugar, la renuencia de muchos Estados a ratificar la aprobación del Estatuto; en segundo término, los plazos excesivamente amplios para promover las enmiendas (53). Y agregamos: que dichas enmiendas sean aprobadas por un número significativo de Estados.
La Alien Tort Claims Act (ATCA) es una ley aprobada en Estados Unidos en 1789 cuya finalidad primera fue perseguir la piratería en alta mar. Ella permite a los extranjeros demandar a personas o compañías estadounidenses y no estadounidenses que estén en territorio de Estados Unidos, por abusos “cometidos en violación de la ley de las naciones o de un tratado” firmado por Washington, aunque dichos abusos hayan ocurrido fuera del país.
Durante muchos años no se la utilizó y el primer caso notorio fue Filártiga v. Peña Irala, en 1980, a raíz de una demanda presentada por el padre de un joven paraguayo secuestrado y asesinado en su país por un policía que después de los hechos fue a residir a los Estados Unidos. En ese juicio, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito decidió, con la opinión favorable del Procurador, que la ATCA era aplicable en los casos de violaciones graves de la ley internacional humanitaria, con el argumento de que «a los efectos de la responsabilidad civil, el torturador se ha convertido, como antes el pirata y el traficante de esclavos, en enemigo de toda la humanidad”.
Ashcroft arguyó que la ATCA no podía ser aplicada para demandas civiles, y que la ”ley de las naciones” a la que se refiere no incluye el derecho internacional humanitario ni ningún tratado firmado por Estados Unidos después de 1789. También destacó que el uso contemporáneo de la ATCA puede tener “graves consecuencias para nuestra actual guerra contra el terrorismo”, mediante demandas ”contra nuestros aliados en esa guerra”, interfiriendo así con importantes intereses de la política exterior estadounidense.
A pesar de ello, los representantes de algunas ONGs celebraron el fallo diciendo, uno de ellos, que la Corte Suprema de Estados Unidos había reafirmado que «las cortes de Estados Unidos permanecerán abiertas para quienes sufran tortura y otros terribles abusos que violan la ley internacional” y otro destacó que « la Corte había reconocido el derecho a presentar, al amparo de la ATCA, demandas por violaciones de normas internacionales que sean “específicas, universales y obligatorias” ».
Que se ocupó de cerrar la Corte Suprema con su fallo “Kiobel contra Royal Dutch Petroleum”, del 17 de abril de 2013.
El Presidente de la Corte John Roberts, precisó en su voto: …"E incluso cuando las reclamaciones se refieren y afectan al territorio de los Estados Unidos, deben hacerlo con la fuerza suficiente para neutralizar la presunción contra la aplicación extraterritorial. Las empresas a menudo están presentes en muchos países, y sería una intepretación demasiado amplia decir que la mera presencia de las empresas [en los EE. UU. ] es suficiente. "
No es exacto que este arreglo establezca un precedente para ulteriores demandas. Olga Martín-Ortega, comentando este arreglo dice que: “... especialmente importante es la decisión del [tribunal del] Noveno Circuito, a la luz del acuerdo, de dictar una orden por la que las anteriores sentencias de este tribunal sobre el caso no pueden ser utilizadas como precedente en el futuro. Es como si el caso hubiera desaparecido”. (59)
La imagen de empresa “socialmente responsable” de Total está facilitada por el hecho de que forma parte del Global Compact (Pacto Mundial) anexo a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Shell, aseguraron los actores, compró municiones, helicópteros y botes para llevar a cabo la operación militar “Restaurar el Orden en la Tierra Ogoni” ("Operation Restore Order in Ogoniland")
El Center for Constitutional Rights y EarthRights International (ERI) calificaron este arreglo de “histórico”.
Por su parte, Shell publicó una declaración en Nueva York donde dice que llegó a un arreglo en el caso Wiwa con un “gesto humanitario” consistente en contribuir a un fondo fiducirio en beneficio del pueblo Ogoni. Sigue diciendo que los querellantes renunciaron a todas los reclamos y que el pago total de 15, 5 millones de dólares incluye, además de la contribución al fondo fiduciario para obras sociales, un pago “compasivo” a los demandantes. Aclara que Shell no tuvo nada que ver con los hechos de violencia ocurridos en territorio Ogoni.
Como se puede apreciar, existen recursos judiciales -con resultados diversos- contra las actividades violatorias de los derechos humanos realizadas por las sociedades transnacionales pero cabe interrogarse acerca de la utilidad de dichos juicios cuando terminan en “arreglos amigables” cuyo costo para las empresas es irrisorio, a cambio de eximirlas totalmente de responsabilidad y de evitar sentencias condenatorias que por lo menos tendrían una finalidad pedagógica para la opinión pública. Esos “arreglos amigables” están acompañados por evaluaciones triunfalistas de los han promovido la acción que no se corresponden con la realidad e inducen a confusión.
d) Las jurisdicciones internacionales no judiciales o “cuasijurisdiccionales”.
Las víctimas o sus representantes y/o las organizaciones no gubernamentales pueden formular denuncias ante los Comités de los Pactos y Convenciones internacionales de derechos humanos, a fin de que dichos Comités hagan recomendaciones a los Estados denunciados. Existen además procedimientos establecidos en protocolos facultativos o en disposiciones facultativas incluidas en los tratados internacionales de derechos humanos, que permiten denunciar a los Estados y pedir a los respectivos Comités resoluciones condenatorias. Pero este procedimiento sólo rige para los Estados que han aceptado someterse al mismo. A estos procedimientos se los llama “cuasijurisdiccionales” o “cuasicontenciosos”, pues carecen de la fuerza imperativa de una resolución judicial.
El principio de responsabilidad solidaria de las sociedades transnacionales es una cuestión esencial, teniendo en cuenta la práctica habitual -cada vez más extendida- de las STN de “externalizar los costos” y los riesgos y las consiguientes responsabilidades - responsabilidades que asumen exclusivamente o casi exclusivamente los proveedores (no sólo los proveedores de productos sino también los proveedores de mano de obra o “proveedores o prestadores de servicios”), los subcontratistas, los licenciatarios y las filiales - al mismo tiempo que las primeras obtienen ganancias exorbitantes.
Lo que se llama púdicamente “externalización de los costos” consiste en que las sociedades transnacionales se benefician desproporcionadamente pagando precios ínfimos a sus proveedores y subcontratistas por sus productos o servicios pero no asumen responsabilidad alguna por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo del personal de esos proveedores y subcontratistas.
12) Por cierto que este es un tema abierto, inclusive en lo que se refiere a su denominación, pues hay estudiosos que los llaman “derechos fundamentales” y se discute también si son o no principios que están por encima del derecho escrito, qué derechos abarca, por ejemplo si abarca el derecho de propiedad en general o algunos aspectos de éste, como en el caso del derecho de propiedad intelectual, donde algunos sostienen que comprende el derecho de autor pero no la propiedad de los brevets. El Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una declaración en la que se decía: « Mientras que los derechos de propiedad intelectual se pueden atribuir y son de alcance y duración limitados y susceptibles de transacción, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son eternos y constituyen la expresión de una reivindicación fundamental de la persona humana. Mientras que los derechos humanos tiene por objeto garantizar un grado satisfactorio de bienestar humano y social, los regímenes de propiedad intelectual -aunque tradicionalmente brindan protección a los autores y creadores individuales - se centran cada vez más en proteger los intereses e inversiones comerciales y empresariales». (Los derechos humanos y las cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Declaración del Comité. Naciones Unidas (E/C. 12/2001/15) 14/12/2001, párr. 6). Por cierto que las diferentes respuestas en el campo doctrinario y también en el derecho positivo tienen una impregnación ideológica en función de la jerarquía que se le atribuye a los derechos sociales.
17) Cuando comenzaron los trabajos del Grupo de la Subcomisión que elaboró las Normas de 2003, el miembro estadounidense se apresuró a agregar a Sociedades trasnacionales …”Y OTRAS EMPRESAS”, diluyendo así el objetivo del proyecto que debió dedicarse específicamente a las sociedades transnacionales y no incluir a cualquier tipo de empresas, sin mayor trascendencia económico-social. Así ha quedado en las Principios Directores aprobados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos.
20) Sudre, Fréderic, La « permeabilité » de la Convention européene des droits de l’homme aux droits sociaux en Pouvoir et liberté. Etudes offertes à Jacques Mourgeon, Bruselas, edic. Bruylant, 1998. Véase también de F. Sudre: Misére et Convention Européene des droits de l’homme, en Cahiers de l’Institut de Droit Européen des Droits de l’Homme (IDEDH), Nº 3, 1994, págs. 113-124, Facultad de Derecho de la Universidad de Montpellier y La notion de "peines et traitements inhumains ou dégradants" dans la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des droits de l'homme, en Revue Générale de Droit Internationale Public, Octobre- Décembre 1984, Nº 4, Ed. Pedone, Paris. Existe en separata.
30) En noviembre de 2004 el Consejo de la FAO aprobó las “directrices voluntarias” para poner en práctica el derecho a una alimentación adecuada. Giuliano Pucci, un asesor jurídico de la FAO, ha comentado demagógicamente estas directrices diciendo que es un instrumento práctico que “permitirá a los pobres y los hambrientos reclamar sus derechos”, lo cual es inexacto. En efecto, si se reconoce que la alimentación es un derecho, las normas que lo consagran tienen que ser de cumplimiento obligatorio y no voluntarias. Con directrices voluntarias se queda en el terreno de los buenos deseos, de principios morales, no de obligaciones, que son el elemento distintivo de las normas jurídicas. www. fao. org/newsroom/en/news/2004/51653. Véanse las directrices voluntarias en E/CN. 4/2005/131 de 28 de febrero de 2005.
40) Holanda, Portugal, Francia, ReinoUnido, Dinamarca, entre otros. En el proyecto redactado por el Prof. M. Cherif Bassiouni en 1993, en representación de la Asociación Internacional de Derecho Penal se preveía la responsabilidad penal de “individuos, organizaciones y Estados”.
52) Andrew Clapham, en un documentado trabajo (The Question of Jurisdiction Under International Criminal Law Over Legal Persons: Lessons from the Rome Conference on an International Criminal Court, en Liability of Multinational Corporations Under International Law, M. Kamminga y S. Zia-Zarifi, editores, Kluwer Law International, La Haya 2001), sostiene que se podría acusar a las sociedades transnacionales ante la Corte Penal Internacional, pese a que no prosperó en Roma la propuesta francesa apoyada por otros países y por una sola ONG, la Fundación Lelio Basso, de conferir jurisdicción a la Corte sobre las personas jurídicas. Clapham se basa en los antecedentes de la ley Nº10 de diciembre de 1945 del Consejo Aliado de Control de Alemania, (que autorizaba a enjuiciar a las asociaciones que el mismo Tribunal declarase criminales) y en lo establecido en el artículo 25 (Responsabilidad penal individual, inciso 3, apartado d del Estatuto de la Corte Penal Internacional), que se refiere a quien “contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común”. Dicho de manera muy sucinta, Clapham sostiene que las sociedades transnacionales podrían ser enjuiciadas ante la Corte Penal Internacional como asociaciones criminales. Pero cabe señalar que en Nuremberg jamás fueron declaradas asociaciones criminales las grandes empresas alemanas que cometieron crímenes de guerra, aunque sí fueron enjuiciados algunos de sus dirigentes. Ese fue el caso de I. G. Farben (US Military Tribunal; Nuremberg, 14 agosto 1947-29 de julio de 1949) como lo señala el mismo Clapham.
58 Véase Ludovic Hennebel - CRIDHO Working Paper 2006/09, L’affaire Total-UNOCAL en Birmanie jugé en Europe et aux Etats-Unis- Université Catholique de Louvain. Faculté de droit. Centre de philosophie du droit. Cellule de recherche interdisciplinaire en droits de l’homme. http: //cridho. cpdr. ucl. ac. be/Working%20papers/CRIDHO. WP. 2006. 09. pdf Es un estudio de 32 páginas muy permenorizado de este caso y sus antecedentes, en el que también se hace mención a otros juicios contra empresas trasnacionales y a la aplicación de la ATCA en otros casos. Fuentes: Interpress Service 5/01/05 y Center for Constitutional Rights - julio 2003.
65) La red Oilwatch ha publicado en su Boletín Resistencia nº 57 una lista y un resumen de los juicios en curso con en diversas partes del mundo contra empresas petroleras. (Véasehttp: //www. oilwatch. org/index. php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=43&lang=).
72) Artículo 30 de la ley argentina de contrato de trabajo (texto reformado conforme ley 25013): “Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera que sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social…
…El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la Seguridad Social”…
2. El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la Seguridad Social, y durante el año siguiente a la terminación de su encargo, responderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social durante el período de vigencia de la contrata con el límite de lo que correspondería si se hubiese tratado de su personal fijo en la misma categoría o puestos de trabajo”….
73) Véase Roberto Manuel López Cabana, La responsabilidad colectiva en el derecho civil argentino y en el derecho latinoamericano, en “Dalmacio Vélez Sársfield y el derecho latinoamericano”. Actas del Congreso Internacional celebrado en Roma, 17/19 de marzo de 1986. Publicación del Dipartamento di Storia e Teoria del Diritto della II Universitá di Roma. CEDAM, Padua, 1991. Del mismo autor y de N. L. Lloveras, La responsabilidad colectiva, en la Revista jurídica argentina El Derecho, t. 48, pág. 799.
Algunas cuestiones a tener en cuenta para un proye...

References: artículo 29
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 2
 resolución 
 artículo 7
 resolución 
 artículo 25
 Artículo 30