Source: https://tc.vlex.es/vid/2002-225396
Timestamp: 2019-10-19 10:33:23+00:00

Document:
STC 130/2004, 19 de Julio de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 225396
Número de Recurso: 4232-2002
Recurso de amparo 4232-2002. Promovido por Club Cultural y Deportivo Aluche respecto de resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid que declararon su desistimiento en el recurso de apelación sobre anotación preventiva de una demanda civil. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia): aceptación de desistimiento, con costas procesales, cuando se había solicitado la terminación del recurso por carencia sobrevenida de objeto, sin ellas.
Sentencia citada en: 837 sentencias, 9 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 4232-2002, promovido por la entidad Club Cultural y Deportivo Aluche, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Huerta Camarero y asistido por el Letrado don Pablo Olmos Núñez, contra el Auto de la Sección Décima Bis de la Audiencia Provincial de Madrid, de 6 de mayo de 2002, recaído en el rollo de apelación núm. 12-2001 dimanante de los autos del juicio ordinario de mayor cuantía núm. 490/98 del Juzgado de Primera Instancia núm. 52 de Madrid, sobre nulidad de contrato de compraventa. Han comparecido y formulado alegaciones la entidad Ferrovial Inmobiliaria, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén y asistida por el Letrado don Armando Mucientes Rufo, y el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 8 de julio de 2002, doña Pilar Huerta Camarero, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad Club Cultural y Deportivo Aluche, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
La demanda de amparo se basa en la relación de antecedentes fácticos que a continuación sucintamente se extracta:
Ferrovial Inmobiliaria, S.A., interpuso demanda de juicio ordinario de mayor cuantía en ejercicio de acción declarativa del derecho de adquisición preferente, y subsidiariamente de acción de simulación de contrato de compraventa, contra la entidad ahora demandante de amparo 'Club Cultural y Deportivo Aluche', la orden religiosa Escuelas Pías de España, Tercera Demarcación, y la entidad Barada, S.L.
La demandada Escuelas Pías de España, Tercera Demarcación, interpuso recurso de reposición contra la providencia de 7 de julio de 1998 en relación con la medida cautelar adoptada, que fue desestimado por Auto de 2 de septiembre de 1998, al considerar el órgano judicial que la "medida de aseguramiento acordada se halla plenamente respaldada por el ordinal 1 del art. 42 de la LH", sin que por la recurrente se hubiera razonado la insuficiencia del importe fijado como fianza o aval a la parte actora para su efectividad.
La entidad también demandada en el proceso a quo y ahora demandante de amparo 'Club Cultural y Deportivo Aluche' interpuso recurso de reposición contra la providencia de 7 de julio de 1998 en relación con la medida cautelar adoptada, que fue desestimado por Auto de 29 de septiembre de 1998, "por las razones ofrecidas en el Auto de fecha 2 septiembre 98, que resolvió recurso frente a la misma resolución".
La entidad también demandada Barada, S.L., interpuso recurso de reposición contra la providencia de 7 de julio de 1998 en relación con la medida cautelar adoptada, que fue desestimado por Auto de 30 de octubre de 1998, "por las razones ofrecidas en Auto de fecha 2 septiembre 98, reproducidas en Auto de 29 septiembre 98, que resolvieron recurso frente a esa misma resolución".
Pendientes de resolución los recursos de apelación mencionados en los apartados precedentes, el Juzgado de Primera Instancia núm. 52 de Madrid dictó Sentencia en fecha 30 de noviembre de 2000, desestimando íntegramente la demanda interpuesta por Ferrovial Inmobiliaria, S.A.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 52 de Madrid, por Auto de 8 de marzo de 2001, acordó el alzamiento de la medida cautelar en su día acordada y la devolución a la parte demandante del aval prestado.
Por Auto de 25 de febrero de 1999 de la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por Escuelas Pías de España, Tercera Demarcación, contra el Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 52 de Madrid, de 2 de septiembre de 1998, y por providencia de la Sección Décima Bis de la Audiencia Provincial de Madrid, de 29 de enero de 2002, se señaló el día 29 de abril siguiente para la celebración de la vista de los recursos de apelación, interpuestos por el Club Cultural y Deportivo Aluche y por la mercantil Barada, S.L., contra los Autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 52 de Madrid, de 29 de septiembre y 30 de octubre de 1998, respectivamente.
Mediante escrito registrado en fecha 25 de abril de 2002 la representación procesal de Barada, S.L., solicitó la terminación del recurso de apelación por carencia sobrevenida del objeto ya que, una vez dictada Sentencia en primera instancia, se había procedido al alzamiento de la medida cautelar en su día acordada. En consecuencia, interesó, a tenor de lo establecido en el art. 22 LEC, que se diera por terminado el proceso por carencia sobrevenida de objeto, con suspensión de la vista de la apelación, sin expresa condena en costas.
A la vista del recurso de apelación únicamente comparecieron las representaciones procesales de la demandante de amparo y de Ferrovial Inmobiliaria, S.L. La primera suscribió las manifestaciones realizadas por la entidad Barada, S.L., en su escrito de 25 de abril de 2002 y solicitó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 LEC, que se declarase terminado el recurso por falta de causa.
La Sección Décima Bis de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Auto en fecha 6 de mayo de 2002, en el que declaró terminado el recurso por carencia de objeto y por desistido del mismo a las apelantes, a quienes impuso las costas de la apelación.
La representación procesal de la demandante de amparo promovió contra el mencionado Auto incidente de nulidad de actuaciones, a tenor de lo dispuesto en el art. 240.3 LOPJ, por incongruencia del fallo.
En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo se invoca en ésta, frente al Auto de la Sección Décima Bis de la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de mayo de 2002, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin indefensión (art. 24.1 CE), por incurrir en incongruencia, arbitrariedad e irrazonabilidad.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de noviembre de 2003, acordó admitir a trámite la demanda y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, obrando ya en la Sala testimonio de las actuaciones del rollo de apelación núm. 12-2001 de la Sección Décima Bis de la Audiencia Provincial de Madrid, dirigió atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 52 de Madrid para que en plazo que no excediera de diez días remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos de mayor cuantía núm. 490/98, debiendo previamente emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción de la demandante de amparo, para que si lo desearan pudiesen comparecer en el presente proceso.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 20 de mayo de 2004, se tuvo por personado y parte al Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de Ferrovial Inmobiliaria, S.A., y se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que tuvieran por conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
La representación procesal de la recurrente en amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 7 de junio de 2004, en el que dio por reiteradas las efectuadas en la demanda.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 21 de junio de 2004, en el que, con base en la argumentación que a continuación se extracta, interesó la estimación de la demanda de amparo.
La representación procesal de Ferrovial Inmobiliaria, S.A., evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 21 de junio de 2004, que en lo sustancial a continuación se extracta:
Por providencia de 15 de julio de 2004, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 de julio siguiente.
La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación del Auto de la Sección Décima Bis de la Audiencia Provincial de Madrid, de 6 de mayo de 2002, por el que se tuvo por desistidas, con la imposición de las costas causadas en la apelación, a la entidad ahora demandante de amparo 'Club Cultural y Deportivo Aluche' y a la mercantil Barada, S.L., de los recursos de apelación que habían interpuesto contra la providencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 52 de Madrid de 7 de julio de 1998, confirmada en reposición por Autos de 29 de septiembre y 30 de octubre de 1998, por la que se había acordado la anotación preventiva de la demanda promovida por Ferrovial Inmobiliaria, S.A., sobre nulidad de contrato de compraventa en el Registro de la Propiedad.
A los efectos de delimitar adecuadamente el objeto del presente recurso de amparo, es preciso señalar que la entidad demandante ningún reproche dirige contra la providencia de la Sección Décima Bis de la Audiencia Provincial de Madrid, de 10 de junio de 2002, que declaró no haber lugar a la admisión del incidente de nulidad de actuaciones del art. 240 LOPJ que interpuso contra el Auto de 6 de mayo de 2002, al considerar la Sala que no se daban las condiciones recogidas en aquel precepto. Abstracción hecha de la insuficiente motivación desde la perspectiva del art. 24.1 CE de dicha decisión judicial, dado que impide conocer las razones en las que se basó la inadmisión acordada, aquélla no puede sino considerarse en este caso, en cuanto ha venido a confirmar el Auto que tuvo por desistida a la demandante de amparo del recurso de apelación, como la resolución jurisdiccional que ha venido a agotar la vía judicial previa ex art. 44.1 a) LOTC para poder impetrar el amparo constitucional.
Este Tribunal ha venido definiendo desde la STC 20/1982, de 5 de mayo (FFJJ 1 a 3), en una constante y consolidada jurisprudencia el vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso en los escritos esenciales del mismo. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, según hemos dicho de modo reiterado, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium. Son muy numerosas las decisiones en las que este Tribunal ha abordado la relevancia constitucional del vicio de incongruencia de las resoluciones judiciales, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental recogido en el art. 24.1 CE. Se ha elaborado así un cuerpo de doctrina consolidado, que puede sistematizarse, a los efectos que a este amparo interesan, en los siguientes puntos:
El vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos 'partes' y objetivos 'causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi.
Dentro de la incongruencia hemos venido distinguiendo, de una parte, la incongruencia omisiva o ex silentio, que se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales.
A la luz de la doctrina constitucional expuesta ha de ser examinada la queja de la recurrente en amparo, que, a tenor de la argumentación en la que la sustenta, ha de encuadrarse en la falta de congruencia de la resolución judicial impugnada.
Pese a los términos en los que había quedado delimitado el debate procesal y en los que las partes formularon sus pretensiones 'la declaración de terminación del recurso de apelación por carencia sobrevenida de objeto, con o sin imposición de las costas a las apelantes', la Audiencia Provincial, alterando unos y otros, acordó la terminación del recurso de apelación por desistimiento de las apelantes, con imposición a éstas de las costas causadas. Tal alteración del debate procesal y desajuste entre las pretensiones formuladas por las partes y la decisión judicial adoptada, que ni encuentra cobertura entre las facultades de oficio del órgano judicial para declarar la terminación del proceso por la causa invocada en el Auto recurrido, dado el carácter personalísimo del desistimiento sometido al régimen de poder especial (art. 846 LEC 1881; art. 25.2.1 LEC 2000), ni en modo alguno cabe apoyar en los escritos o alegaciones presentados por las partes, constituye un vicio de incongruencia lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva al sustraer a las partes la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales sobre la causa en la que el órgano judicial fundó la terminación del recurso de apelación. Causa que ha sido generadora, además, de consecuencias negativas en la esfera jurídica de la demandante de amparo, al determinar su apreciación la imposición de las costas de la apelación, que se liga en el Auto impugnado por expresa previsión legal a la aceptación del desistimiento, no pudiendo vincularse en modo alguno la imposición de las costas a la petición de la parte apelada en la vista del recurso de apelación, ya que, habiéndose mostrado ésta conforme con la pretensión de las apelantes de que se declarara terminado el recurso por carencia sobrevenida de objeto, el art. 22.1 LEC 2000, en el que fundaban su pretensión, expresamente prevé que en tal caso no procede la condena en costas.
Declarar vulnerado el derecho de la recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto y de la providencia de la Sección Décima Bis de la Audiencia Provincial de Madrid, de 6 de mayo y de 10 de junio de 2002, respectivamente, recaídos en el rollo de apelación núm. 12-2001 dimanante de los autos del juicio ordinario de mayor cuantía núm. 490/98, retrotrayendo las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior al de dictarse aquel Auto para que se dicte una nueva resolución judicial respetuosa con el mencionado derecho fundamental.
STSJ Murcia 386/2007, 30 de Abril de 2007
ATC 76/1991, 7 de Marzo de 1991
STSJ Murcia 496, 2 de Mayo de 2006

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