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Timestamp: 2018-01-23 04:18:02+00:00

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La «relación jurídica preexistente» y la prenda de créditos futuros: una crítica - Lexology
1. El problema y la propuesta
El Tribunal Supremo acabó aceptando la interpretación literal del artículo 90.1.6.º de la Ley Concursal (LCon), de forma que la norma, en su versión del 2011, no se referiría a la prenda sobre créditos futuros, sino a la pactada en garantía de créditos futuros. Como la primera habría quedado huérfana de regulación, se adopta sin reflexión desde el 2008 la doctrina, de procedencia alemana, de que la cesión será resistente al concurso cuando el contrato o la relación jurídica fuentes del crédito se hayan celebrado antes del concurso; doctrina que, como es sabido, es incorporada en la reforma concursal por la Ley 40/2015. En las páginas que siguen se intenta probar que el concepto de relación jurídica preexistente es improductivo, que sólo servirá para crear interpretaciones incontrolables y que el problema de la futuridad no es más que el problema de créditos ya nacidos de contratos preconcursales, que están sujetos a las particularidades 1) de estar sujetos a condición, 2) de desenvolverse como créditos sinalagmáticos en relaciones de tracto sucesivo, 3) de necesitar una liquidación final o 4) de requerir un acto de aprobación (obra bien hecha) de parte del acreedor. Mención especial, por no tener origen contractual, merecen los créditos de devolución del impuesto sobre el valor añadido (IVA) deducible y, finalmente, los créditos «resolutorios».
2. Prenda de crédito futuro a la devolución del impuesto sobre el valor añadido En la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio del 2017, la recurrente alega que la mera autoliquidación en la que se opta por la devolución del impuesto sobre el valor añadido no genera por sí misma un crédito frente a la Agencia Tributaria (AEAT) cuya pignoración sea resistente al concurso. Se requiere que, antes de la declaración de concurso, la Agencia Tributaria haya efectuado un reconocimiento expreso o implícito de dicho crédito. En este caso, la autoliquidación del impuesto sobre el valor añadido del ejercicio 2009 —de la que resultaba una pretensión de devolución— formulada por UCASA dio lugar a actuaciones de inspección y comprobación en las que inicialmente la Agencia Tributaria negó la devolución pretendida por UCASA. Sólo con posterioridad a la declaración de concurso, la resolución del Tribunal Económico‑Administrativo Regional (TEAR) que resolvió la impugnación formulada por UCASA reconoció y cuantificó el derecho a la devolución del impuesto sobre el valor añadido. Hasta ese momento no nacería el derecho a la devolución de este impuesto del 2009 y su pignoración no tiene efectos en el concurso que se declaró con anterioridad a la resolución del Tribunal Económico‑Administrativo Regional. Sin embargo, remitiéndose a su jurisprudencia sobre la prenda de créditos futuros, el Tribunal Supremo estima que la prenda de los créditos a la devolución del impuesto sobre el valor añadido del ejercicio 2009, al derivar de una relación jurídica preexistente a la declaración de concurso, es resistente al concurso de UCASA, que fue declarado por un Auto de 30 de abril del 2013, por más que la resolución del Tribunal Económico‑Administrativo Regional que estimó la impugnación del acuerdo administrativo que denegaba en parte dicha devolución hubiera sido dictada con posterioridad a la declaración de concurso. ● Comentario: ¿Pero cuál es la relación jurídica preexistente de la que nacería el crédito de devolución del exceso de impuesto sobre el valor añadido soportado? La Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido no aclara este extremo, y cabría considerar que la relación jurídica preexistente es el periodo de devengo y liquidación anual (todo el periodo anual en el que se ha soportado y repercutido tal impuesto) (art. 99.uno LIVA) o que la relación nace con la liquidación anual (o al fin de cada periodo de liquidación en el caso del artículo 116 LIVA) en la que se solicita la devolución (art. 115 LIVA) o, acaso, en el momento en que se devenga el impuesto sobre el valor añadido deducible (cfr. art. 98.uno.99.cuatro LIVA) o en el momento de realización del hecho imponible del impuesto sobre el valor añadido soportable («los créditos consistentes en las devoluciones de ingresos que pudiera acordar la Agencia Tributaria sólo pueden considerarse derivados de una relación jurídica preexistente a la declaración de concurso en los casos en que el hecho imponible del impuesto respecto del cual se haya acordado la devolución de ingresos se ha producido antes de la declaración de concurso» —STS de 13 de marzo del 2017—: ¡pero existen pluralidad de hechos imponibles en una declaración anual del impuesto sobre el valor añadido, que Análisis | Septiembre 2017 3 es a la que se vincula la devolución!) o, quizá más propiamente, que la relación jurídica preexistente con la Agencia Tributaria nace en el momento en que el sujeto pasivo se da de alta como empresario sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido repercutido en su actividad empresarial (art. 164.1.º LIVA). Esta última es la interpretación más sólida, pero conduce a un sinsentido en el régimen concursal, porque prácticamente consigue que no exista ningún crédito puramente futuro —no resistente al concurso— nacido de una actividad empresarial siempre que el sujeto pasivo y cedente esté al corriente de sus obligaciones fiscales en cuanto al impuesto sobre el valor añadido: en cualquier momento en que se ceda, existe la relación jurídica subyacente de la que nacerá el crédito. 3. Prenda de saldos en cuenta El mejor ejemplo de este supuesto es el de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, de 3 de abril del 2014. El sindicato de bancos liderados por La Caixa disponía de una prenda sobre una cuenta operativa de Spanair (una prenda de «saldos», que la Audiencia, pero no el Juzgado de lo Mercantil, califica de prenda de créditos presentes y futuros) de la que ésta podía disponer libremente hasta que ocurriera un «supuesto de incumplimiento», en cuyo caso la cuenta quedaba bloqueada. En el momento de la declaración de concurso quedaban 75 000 euros, pero posteriormente se incrementa con nuevas remesas hasta alcanzar los dos millones. El Juzgado de lo Mercantil de Barcelona sostiene que el privilegio especial se limita a 75 000 euros y no se extiende a los saldos futuros. La Audiencia revoca este parecer y sostiene dos postulados a tal fin. Primero, el artículo 90.1.6.º de la Ley Concursal no es obstáculo. Se está refiriendo la norma a la prenda en garantía de créditos futuros, pero no a la garantía sobre créditos futuros, que está sujeta al Derecho común, y que se extiende a todo crédito (saldo) que nazca de un «contrato o relación jurídica perfeccionada» antes del concurso. Segundo, se trata de una garantía financiera y el artículo 15 del Real Decreto Ley 5/2005 inmuniza a estas garantías de cualquier efecto derivado de la situación de concurso del deudor pignorante. ● Comentario: Las dos afirmaciones son contestables. Por mucho que el Tribunal Supremo haya asumido alegremente que el artículo 90.1.6.º de la Ley Concursal se refiere a la prenda en garantía de créditos futuros, es obvio ya que tal no podía ser el propósito de la norma. Al dejarse en vacío, en consecuencia, la prenda que recae sobre cré- ditos futuros, la Audiencia de Barcelona —luego lo haría el Tribunal Supremo— se remite a la doctrina (de factura alemana) de la «relación jurídica preexistente» al concurso. La segunda afirmación es incorrecta (pero también sostenida por la Sentencia de la Audiencia Provincial de León de 23 de septiembre del 2014), toda vez que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de noviembre del 2016, asunto 156/15, negó que una garantía financiera sobre «dinero» pudiera extenderse a los saldos acrecidos después de la declaración de concurso. Análisis | Septiembre 2017 4 Pero lo más llamativo es que la doctrina de la relación jurídica preexistente está incorrectamente aplicada al caso. La «relación» de la que haya de nacer el crédito pignorado es, obviamente, la relación jurídica entre el pignorante (el titular de la cuenta) y el futuro deudor cedido. Carece de importancia que acreedor y pignorante sí estén unidos por una relación jurídica preexistente (los contratos financieros, el propio contrato de prenda), que es lo que propiamente ocurre en este caso. Lo preexistente es la cuenta, los saldos, pero ni una ni otros son la relación de la que ha de nacer el crédito. Cierto es que estos créditos podían haber surgido o no de una relación jurídica entre pignorante y tercero que fuese anterior al concurso del primero. Pero no lo sabemos, ni se nos dice, porque con toda seguridad la Audiencia Provincial interpreta que basta la preexistencia de la cuenta. Imaginemos ahora que llegamos a saber qué saldos futuros provienen del pago de un crédito nacido de una relación jurídica preexistente al concurso del pignorante y cuáles no. ¿Discriminaríamos de esta forma el contenido del saldo? No tendría ningún sentido, y la distinción mencionada entre unos y otros créditos estaría basada en un criterio carente de significación. En estos casos sólo vale una solución «salomónica» y no especulativa: o se pone un límite de tiempo dentro del cual los créditos nacidos son oponibles al concurso, o se niega sin más que la prenda de saldos pueda extenderse al dinero futuro, o se acepta que sólo las prendas registradas en el Registro de Bienes Muebles puedan conseguir este efecto. 4. Venta de la producción energética fotovoltaica El caso enjuiciado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo del 2016 es el siguiente. Se otorga un crédito concedido para financiar la instalación y puesta en funcionamiento de una instalación fotovoltaica de producción de energía. En garantía de su pago, se pignoran los derechos de crédito correspondientes a la venta y entrega a Iberdrola de la energía producida en la instalación. Dos años más tarde, la prestataria es declarada en concurso y la entidad financiadora pide que su crédito se califique de privilegiado especialmente con arreglo al artículo 90.1.6 de la Ley Concursal. La Audiencia entiende que la prenda de créditos futuros sólo es oponible a terceros dentro del concurso cuando no sólo el contrato, sino también el crédito dado en garantía, nazca antes de la declaración judicial de insolvencia. Según la sentencia del Tribunal Supremo, no hay razón para separarse de la interpretación literal del precepto y, por tanto, la apostilla introducida con la reforma de la Ley 38/2011 se refiere a la prenda en garantía de créditos futuros. En consecuencia, en el artículo 90.1.6 de la Ley Concursal no existe mención específica de la «prenda de créditos futuros», sino solamente una genérica de la «prenda de créditos». El tribunal recuerda que en su Sentencia de 22 de febrero del 2008 ya había decidido sobre la validez de la cesión de créditos futuros y ahora añade que la admisión de la cesión de créditos va pareja a la admisión de la prenda de créditos futuros. Si se admite la validez de la cesión de créditos futuros y su relevancia dentro del concurso de acreedores, siempre que al tiempo de la declaración de concurso ya se hubiera celebrado el Análisis | Septiembre 2017 5 contrato o estuviese ya constituida la relación jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión, bajo las mismas condiciones debe reconocerse el privilegio especial del artículo 90.1.6 de la Ley Concursal a la prenda de créditos futuros, siempre que al tiempo de la declaración de concurso ya se hubiere celebrado el contrato. Por tanto, el precepto sólo condiciona el reconocimiento del privilegio especial a que la prenda conste en documento con fecha fehaciente. ● Comentario: El contrato de venta de energía futura es una venta de cosa futura. Pero el crédito por el precio es un crédito que nace con el contrato de venta, si bien su eficacia está sometida a un término o (dudoso) a una condición suspensiva. Mas el crédito «nacido» y sujeto —incluso en el peor de los casos— a condición suspensiva es un crédito existente, sólo que todavía no eficaz. No hace falta ninguna norma concursal expresa para considerar que, con el cumplimiento de la condición, el crédito queda retrotraído a la fecha de la celebración del contrato. Con todo, imaginemos que el contrato entre el operador e Iberdrola no es una venta de cosa futura, sino un contrato marco de suministro, y que en su ejecución se celebran sucesivas ventas. Si éste fuera el caso, el cumplimiento de la «condición» dependería de una conducta contractual potestativa conjunta de acreedor y deudor. La relación jurídica preexistente de la que nacería el crédito sería el contrato de compraventa, no el contrato marco de suministro; si aquél se celebra después del concurso, el crédito no puede estar sujeto a la prenda preconcursal. Porque de otra forma estaría al albur de las partes crear artificialmente «relaciones jurídicas preexistentes» con sólo celebrar contratos marco que prevean la posibilidad de celebrar contratos futuros de una especie determinada. 5. Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo del 2017 En el supuesto de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo del 2017, la Agencia Tributaria concedió al Real Club Deportivo de La Coruña el aplazamiento del pago de diversas deudas tributarias, que garantizó mediante la constitución de garantías sobre créditos futuros del Deportivo de La Coruña (ingresos por cesión de derechos audiovisuales, devoluciones de impuestos, ingresos por explotación de locales del estadio, ingresos por participación en la recaudación de las quinielas, el 50 % de los ingresos por futuras ventas, traspasos, cesiones o cualquier acto de disposición de derechos federativos sobre jugadores). Posteriormente se declara el concurso. En su demanda incidental, el Deportivo solicitó que los créditos de la Agencia Tributaria, que el informe de la administración concursal reconocía como créditos con privilegio especial, fueran reconocidos como créditos con privilegio general, ordinarios o subordinados, según su naturaleza. La demandante consideraba que las garantías prestadas en favor de la Agencia Análisis | Septiembre 2017 6 Tributaria no estaban suficientemente determinadas, lo que impedía su eficacia y, por tanto, que los créditos garantizados fueran calificados de créditos con privilegio especial. En la demanda se sostenía asimismo la «tesis estricta», conforme a la cual la prenda sobre créditos futuros, para ser oponible frente a terceros dentro del concurso del pignorante, requiere no sólo que la relación jurídica o contrato fuente del crédito sea anterior al concurso, sino que, además, es necesario que el crédito dado en garantía haya nacido a la vida jurídica antes de la declaración de concurso. Según la sentencia del Tribunal Supremo, los créditos de que era titular la Agencia Tributaria frente al Deportivo que estaban garantizados con una prenda de créditos futuros no existentes en el momento de declararse el concurso, pero que derivaban de contratos concertados o de relaciones jurídicas existentes antes de la declaración del concurso, han de considerarse resistentes a éste y les otorga la calificación de créditos con privilegio especial, aunque el crédito pignorado haya nacido tras la declaración de concurso. Por el contrario, no puede aceptarse la pretensión formulada por la Agencia Tributaria de que también son resistentes al concurso las prendas sobre créditos que deriven de contratos o relaciones jurídicas cuyos caracteres definitorios estén recogidos en la escritura de constitución de la prenda, pero que se encuentren pendientes de concertar o que no hubieran nacido aún cuando se declaró el concurso. 6. Créditos futuros de participación en el rendimiento de las quinielas Respecto de los créditos futuros por la participación del Deportivo de La Coruña en la recaudación de las quinielas, el propio Deportivo reconocía que se trataba de créditos que nacían de relaciones jurídicas preexistentes al tiempo del concurso (las derivadas de la inscripción del club de fútbol en la competición de la Liga de Fútbol Profesional), puesto que la impugnación que sobre este particular formulaba en su demanda se basaba en que no sólo la relación jurídica debía ser preexistente a la declaración de concurso, sino que también debía serlo el crédito sobre el que recayera la pignoración. ● Comentario: El crédito en cuestión es de cuantía incierta, pero su generación no depende de ningún otro hecho constitutivo ni de la conducta de un tercero, sino, en su caso, de una operación liquidatoria. Por tanto, no es que se tratara de una relación preexistente, sino de un crédito preexistente al concurso y, por ende, inmune a él. 7. Retribuciones por la cesión del uso Respecto de las cuantías percibidas por la explotación de los locales situados en los bajos del estadio municipal de Riazor, sobre los que el Deportivo tenía un derecho de uso y disfrute, habrá de considerarse resistente al concurso la pignoración sobre las rentas futuras derivadas de los contratos en los que se concrete tal explotación que se hayan celebrado antes de la declaración de concurso. Análisis | Septiembre 2017 7 ● Comentario: Una vez más, no es la misteriosa relación jurídica, sino el contrato, el que precede al concurso. El supuesto presente plantea la interesante hipótesis de un contrato preconcursal de tracto sucesivo cuyas rentas son debidas por periodos de devengo. Con independencia de cómo caracterizamos una prestación postconcursal que nace de un contrato de tracto sucesivo, lo cierto es que estos créditos sucesivos no requieren ningún nuevo hecho generador distinto del contrato y de su duración sucesiva. Repárese además en que son estos créditos futuros de arrendamiento los más problemáticos para el concurso, porque pueden detraer de la masa por largo tiempo el, acaso, único activo productivo. En estas condiciones, la administración concursal hará bien en resolver el contrato de arrendamiento en beneficio del concurso (art. 61.2 LCon) y no estará como regla sujeto a ninguna indemnización frente al acreedor pignoraticio, porque sólo en la hipótesis del artículo 61.2 es posible que el concurso se obligue frente a un acreedor en concepto de deuda de la masa como consecuencia de romper un contrato existente: el titular de la prenda no goza en tal condición de un contrato bilateral. Más allá de eso, una cesión de esta clase sería seguramente rescindible por perjuicio a la masa (cfr. STS de 24 de junio del 2015). 8. Créditos federativos y audiovisuales En lo que se refiere al 50 % de los derechos de contenido económico por razón de venta, traspaso, cesión o cualquier acto de disposición de los derechos federativos de una serie de jugadores, serán preexistentes al concurso los créditos que deriven de negocios jurídicos de venta, traspaso, cesión o cualquier acto de disposición de derechos federativos celebrados antes de la declaración de concurso, pero no los que deriven de negocios o actos celebrados con posterioridad. Y por último, en lo que se refiere al crédito por cesión de los derechos audiovisuales, serán preexistentes al concurso los créditos derivados de contratos celebrados antes de la declaración de concurso. En la escritura de constitución de la prenda y en las de modificación se hace referencia a la existencia, con anterioridad a la declaración de concurso, de contratos de explotación de tales derechos con dos entidades —Audiovisual Sport S. L. y Mediaproducción S. L.— a las que se notificó la constitución de la prenda. ● Comentario: Nada hay de una supuesta relación jurídica existente, sino un contrato fuente de crédito que es anterior al concurso. Análisis | Septiembre 2017 8 9. El crédito sinalagmático contra la Administración Pública comitente La sentencia fundacional de la doctrina de la relación jurídica preexistente es la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero del 2008. Lástima que sea confusa y abigarrada, hasta el punto que en ocasiones no se adivina el derrotero que va a seguir la argumentación. Cesión de un crédito del contratista público en favor de un banco con posterior suspensión de pagos del cedente/pignorante. La pretensión del banco (gozar del derecho de abstención) es desestimada en todas las instancias. Según el Tribunal Supremo (obiter) no sólo es posible la cesión de créditos futuros, sino también la de los créditos integrantes de una relación obligatoria sinalagmática, como es el contrato de obra, cesión que afectaría al lado activo de la posición jurídica del cedente. Aunque, según la sentencia, el tema ha sido discutido, al menos en los casos en que se hubiera celebrado ya el contrato o estuviese ya constituida la relación jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, el crédito en cuestión —según la opinión doctrinal que parece más fundada— «nacerá inmediatamente en cabeza del cesionario, con base en la expectativa de adquisición ya transmitida mientras el cedente tenía aún la libre disposición del patrimonio». En el caso de autos, a juzgar por la documentación, ha surgido ya a la vida jurídica la relación jurídica entre el acreedor cedente (contratista) y el deudor (la Administración). De modo que, desde el punto de vista del Derecho civil, habría que dar validez y eficacia a la cesión del crédito en cuanto acto de disposición que, entre otros efectos, verificará la transferencia del crédito, en cuanto nazca, a favor de la entidad cesionaria, pero, claro está, ello depende de que la obra haya sido realizada, pues se trata de un crédito inserto en una relación sinalagmática, con prestaciones a cargo del acreedor cedente, que es a su vez deudor, y de un pago a cuenta que es exigible en la medida en que se haya ejecutado la obra. En la contratación pública, la construcción de la cesión anticipada con un efecto directo a favor del cesionario parece obstaculizada por la lectura jurisprudencial de las reglas aplicables ya desde los preceptos de la Ley de Contratos del Estado o del Reglamento General de Contratación del Estado hasta las normas vigentes, pues el pago del precio se ha de producir dentro del plazo de los dos meses siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. Esto es, la Administración ha de pagar cuando se haya comprobado que la obra está total o parcialmente ejecutada, y es entonces cuando el acreedor puede ceder, según la previsión de los preceptos indicados, el «derecho de cobro». Ello, según la interpretación usual, supone que, antes de la comprobación de haberse ejecutado la obra, la Administración no está obligada a pagar, y no lo estará nunca si la obra no se ejecuta y no se libran los comprobantes necesarios, por lo que la cesión anticipada sería irrelevante para transferir el crédito al cesionario, si bien el cedente queda obligado frente a la Administración a realizar la obra, y frente al cesionario a endosar las certificaciones, pues, con arreglo a doctrina consolidada del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso‑Administrativo, la cesión del crédito no se produce con consecuencias reales sin la transmisión de la certificación expedida, que ha de ser previamente puesta en Análisis | Septiembre 2017 9 circulación, teniendo el crédito un prevalente carácter documentario. Razones por las cuales el motivo ha de ser desestimado. ● Comentario: La sentencia está plagada de obiter dicta que no son relevantes para el fallo. Finalmente, rechaza que se pueda producir la cesión con efectos reales cuando la Administración no ha emitido la certificación aprobatoria de la obra. Y al mismo tiempo que afirma esto, se aprovecha, como de pasada, para fundar la teoría «civil» de la relación jurídica preexistente. Mas todo es cuestionable. El crédito contra la Administración, como contra un comitente privado, nace por el contrato, no por la obra, y puede ser excepcionado con carácter dilatorio por la negativa a recibir la obra que no está bien hecha. La «aprobación» no es un elemento causal del nacimiento del crédito, sino declarativo de la conformidad del comitente, así como el reconocimiento de que no se tienen excepciones que oponer. No afecta al hecho constitutivo del crédito que la contraparte pudiera eventualmente oponer una excepción de incumplimiento contractual si la obra no está bien hecha. El vigente artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) es consonante con esta idea. 10. Crédito derivado de un convenio de colaboración con la Administración Se discute en la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre del 2013 el siguiente supuesto. El Principado de Asturias firmó un convenio de colaboración con el Real Oviedo por el que este último se obligaba a desarrollar actividades publicitarias y deportivas en favor del Principado y, como contraprestación, la Administración del Principado debía pagarle 1 202 024 euros por los cuatro años de duración del convenio, a razón de 300 506 euros por temporada. La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona y el Real Oviedo firmaron una póliza de crédito a interés variable. En el contrato se pactó que «como garantía específica de las obligaciones asumidas [...], la acreditada —Real Oviedo— cede irrevocablemente a favor de La Caixa el derecho de crédito consistente en los pagos que en virtud del contrato/convenio de colaboración firmado el 16 de marzo de 2002, entre la acreditada y el Principado de Asturias, tiene concertados a su favor en concepto de fomento del deporte y divulgación de la imagen de Asturias y, a tal fin, cursa orden irrevocable al Principado de Asturias para que realice su pago directamente mediante ingreso en el depósito que se especifica». Según la sentencia del Tribunal Supremo se actuó una cesión pro solvendo del citado crédito. La cuestión controvertida gira en torno a los efectos que sobre la cesión de aquel crédito produjo la suspensión de pagos del acreedor cedente (Real Oviedo), a la vista de que el crédito de La Caixa (cesionario), en garantía de cuyo pago se había producido la cesión pro solvendo Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com. Análisis | Septiembre 2017 10 del crédito, fue reconocido en la lista de acreedores de la suspensión de pagos como crédito ordinario, sin derecho de abstención. Bajo la normativa general, según el Tribunal Supremo, se llega a la conclusión de que la cesión tuvo lugar en el momento en que se pactó, pues para entonces estaban adecuadamente determinados los caracteres definitorios del crédito que se cedía. La sentencia se remite y transcribe la doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero del 2008. En consecuencia, debe entenderse que en nuestro caso el crédito se cedió antes de que fuera admitida a trámite la suspensión de pagos de la cedente (Real Oviedo). ● Comentario: Una vez más, tanto el contrato como el crédito habían nacido antes de la suspensión de pagos, si bien los pagos estuvieran doblemente limitados por la existencia de un término y por la procedencia eventual de una excepción de incumplimiento. 11. El crédito resolutorio del pignorante Entre las resoluciones de primera instancia relativas a las «quiebras de las autopistas» destaca la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 4 y 16 de marzo del 2017. Se declara válida y resistente al concurso la prenda del crédito del concesionario a la responsabilidad administrativa derivada del rescate o resolución de la concesión. La base contractual de la que procede ya estaría constituida antes de la declaración de concurso. No así ocurre con la prenda de peajes futuros y cuentas bancarias, por cantidades generadas después de la declaración de concurso. También puede memorarse en el mismo sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, de 22 de julio del 2014 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª, de 16 de junio del 2017. ● Comentario: Puede considerarse que el crédito resolutorio nace de la contingencia (rescate) o incumplimiento y que ambos se fundan en una relación jurídica preexistente, que es el propio contrato de concesión pública. Pero es menos artificial sostener que el contrato de concesión genera un haz de créditos diversos, algunos de ellos sujetos a condición suspensiva, o, como se los conoce en la doctrina, «deberes secundarios con prestación autónoma». Prueba de ello es que no sería resistente al concurso el crédito nacido de contrato administrativo perfeccionado después del concurso (art. 27 TRLCSP), aunque la adjudicación («relación jurídica preexistente») hubiera sido anterior al concurso.

References: artículo 90
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 116
 artículo 90
 artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 61
 artículo 218
 resolución