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Timestamp: 2019-05-26 22:48:05+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 41
Sergio Paez Verdugo
OBLIGACIÓN PARA AUTORIDADES PÚBLICAS DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ESPECIAL PARA ADOLESCENTES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
MODIFICACIONES PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DE REFORMA PROCESAL PENAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
PETICIÓN DE OFICIO : Juan Antonio Coloma Correa
PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
FALTA DE RESPUESTA A SECTORES AFECTADOS POR TERREMOTO EN PRIMERA REGIÓN. OFICIOS
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Orpis Bouchon
MEJORAMIENTO DE SITUACIÓN ECONÓMICA DE PERSONAL PARADOCENTE. OFICIO
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
LEGISLATURA 353ª
Sesión 41ª, en miércoles 12 de octubre de 2005
(De 16:20 a 17:32)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SERGIO ROMERO PIZARRO, PRESIDENTE,
Y JAIME GAZMURI MUJICA, VICEPRESIDENTE
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Acuerdos de Comités........................................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que establece como obligatoria la declaración jurada patrimonial de bienes de autoridades que ejercen una función pública (2394-07) (se aprueba su informe)........................................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que establece sistema de responsabilidad penal de adolescentes por infracciones a ley penal (3021-07) (se aprueba su informe).....................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica los Códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas a funcionamiento de Reforma Procesal Penal (3465-07) (se aprueba su informe)...............................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre competencia desleal (3356-03) (se aprueba en general).......................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)...................................................
Falta de respuesta a sectores afectados por terremoto en Primera Región. Oficios (observaciones del señor Orpis)...........................................
Mejoramiento de situación económica de personal paradocente. Oficio (observaciones del señor Cantero) ...................................................
Concurrieron, además, los señores Secretario General de la Presidencia y de Justicia subrogante y el señor Subsecretario de Justicia subrogante.
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ROMERO (Presidente).-
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 37ª, especial, y 38ª, ordinaria, ambas en 4 de octubre, y 39ª, ordinaria, en 5 de octubre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dos primeros retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "discusión inmediata", respecto de los siguientes proyectos, en trámite de Comisión Mixta:
1) El que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (boletín Nº 3.021-07).
2) El que modifica los Códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas al funcionamiento de la Reforma Procesal Penal (boletín Nº 3.465-07).
Con el tercero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo (boletín Nº 3.367-13).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el cuarto retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que autoriza al Estado de Chile para aprobar el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional (boletín Nº 2.912-07).
Con el quinto hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de acuicultura (boletín N° 3.892-21).
Con el primero informa que ha prestado su aprobación al proyecto que complementa la ley N° 19.927, sobre pornografía infantil (boletín N° 3.855-18).
Con el segundo comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica normas sobre patria potestad (boletín N° 3.592-18).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Con el tercero informa que ha prestado su aprobación al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación (boletín N° 3.815-07).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Con el cuarto comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que autoriza erigir un monumento, en la localidad de Chañaral Alto, comuna de Monte Patria, en memoria de don Alejandro Chelén Rojas (boletín N° 3.911-04).
Con el quinto refiere que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín Nº 3.021-07).
Del señor Ministro de Hacienda , mediante el cual responde un oficio remitido en nombre de la Corporación, sobre la posibilidad de presentar a trámite legislativo una iniciativa que recoja las ideas contenidas en una moción, formulada por el Senador señor Chadwick, que propone beneficios tributarios a la inversión de utilidades de empresas establecidas o que se instalen en Regiones distintas de la Metropolitana, que fuera declarada inadmisible por corresponder a materias propias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República .
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a la declaración del parque Pumalín como Santuario de la Naturaleza .
Del señor Ministro de Educación , mediante el cual contesta un oficio dirigido en nombre de la Senadora señora Frei, sobre la disminución de las raciones de alimentos en los establecimientos educacionales municipales de la Segunda Región.
Del señor Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, acerca de los efectos negativos que sufrirán las comunidades indígenas aledañas al lugar donde se construirá el Centro de Manejo de Residuos Sólidos de La Araucanía.
Del señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de La Araucanía, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, sobre reparación de las viviendas de la Población Ramón Francois, en la comuna de Collipulli.
Del señor Director del Instituto de Desarrollo Agropecuario de la Región de La Araucanía , por medio del cual da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, relativo a proyectos del Instituto que serían afectados por la instalación del Centro de Manejo de Residuos Sólidos de La Araucanía.
Del señor Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, respecto de importación de durmientes de madera provenientes de la amazonía brasileña.
De la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que modifica los Códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas al funcionamiento de la Reforma Procesal Penal (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín Nº 3.465-07).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el sistema de nombramiento y calificaciones de los ministros, jueces, auxiliares de la administración de justicia y empleados del Poder Judicial (boletín Nº 3.788-07).
Moción del Senador señor Páez, con la que presenta un proyecto de ley que faculta al Presidente de la República para comprometer la garantía del Estado en uno o más créditos requeridos para la construcción de la obra pública, por concesión, de puente sobre el Canal de Chacao.
--Se declara inadmisible, por referirse a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , conforme a lo dispuesto en el número 3° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
El señor PÁEZ.-
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Páez.
Solicito que se oficie a los señores Ministros de Hacienda , de Obras Públicas y Secretario General de la Presidencia , encareciéndoles el respaldo del Gobierno a esta última iniciativa.
¿En nombre de la Sala o sólo de Su Señoría?
A mi juicio, debería enviarse en nombre del Senado, por la importancia que tiene.
Si no hubiere opiniones en contrario, así se procedería.
El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos adoptados por los Comités.
1) Tratar en cuarto lugar de la tabla el proyecto que figura en la de Fácil Despacho, es decir, el referido a la competencia desleal.
2) Colocar en segundo lugar de la tabla el proyecto que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal y, en tercero, el que introduce ajustes a la Reforma Procesal Penal, ambos con urgencia calificada de "discusión inmediata".
3) Retirar de la tabla, hasta que pueda concurrir el señor Ministro de Relaciones Exteriores, el proyecto de acuerdo relativo a la Corte Penal Internacional, y
4) Reiterar el oficio ¿lo que ya se ha hecho- mediante el cual se solicitó al Ejecutivo "suma urgencia" para el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Solicito autorización para que la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos pueda sesionar simultáneamente con la Sala. Somos sólo dos los Senadores que pertenecemos a ella.
Les rogaríamos, sí, que cuando enfrentemos una votación de quórum especial acudan a la Sala.
Si no hubiere objeciones, se accedería a la solicitud.
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que establece como obligatoria la declaración jurada patrimonial de bienes de las autoridades que ejercen una función pública, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2394-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 11ª, en 9 de noviembre de 2004.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 22ª, en 9 de agosto de 2005.
Constitución (verbal), sesión 8ª, en 21 de junio de 2005.
Constitución (segundo), sesión 20ª ,en 2 de agosto de 2005.
Mixta, sesión 41ª, en 12 de octubre de 2005.
Sesiones 6ª, en 15 de junio de 2005 (se posterga su discusión); 8ª, en 21 de junio de 2005 (se aprueba en general); 20ª, en 2 de agosto de 2005 (se aprueba en particular).
La controversia entre ambas ramas legislativas se originó en el rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de cuatro de las modificaciones efectuadas por el Senado en el segundo trámite.
El informe de la Comisión Mixta formula la proposición destinada a resolver las divergencias entre ambas Corporaciones, que fue acordada de la siguiente forma:
El artículo 60 C que se incorpora a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y que establece los bienes que deberán individualizarse en la declaración de patrimonio fue aprobado, en los mismos términos acordados por el Senado, por 4 votos a favor (Senadores señores Espina, Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés, y Diputado señor Uriarte) y 3 en contra (Diputados señora Soto y señores Burgos y Bustos).
El artículo 241 bis, que se agrega al Código Penal y que sanciona al empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial relevante e injustificado, fue aprobado por 6 votos a favor y 2 abstenciones, de los Honorables Diputados señora Soto y señor Bustos.
El artículo 13 permanente del proyecto de ley, que prohíbe a los órganos de la Administración del Estado y a las empresas y corporaciones del Estado celebrar contratos administrativos de suministro y de prestación de servicios con funcionarios directivos de los mismos y con determinados parientes de ellos, fue ratificado con el mismo texto aprobado por esta Sala, por 6 votos a favor y 2 en contra, de los Honorables Diputados señora Soto y señor Bustos.
El artículo 1º transitorio de la iniciativa, referido al reglamento sobre los requisitos para las declaraciones de patrimonio, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta.
Cabe tener presente que el artículo 60 C, comprendido en el artículo 1º del proyecto, y el 1º transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe las disposiciones legales pertinentes, los textos del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado, las enmiendas rechazadas por la otra rama del Parlamento, la proposición de la Comisión Mixta y el texto final que resultaría de aprobarse esta última.
Finalmente, cabe tener presente que la Honorable Cámara de Diputados aprobó la propuesta de la Comisión Mixta en sesión celebrada ayer.
En discusión el informe.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina, Presidente de la Comisión de Constitución.
Señor Presidente , la verdad es que la Comisión Mixta aprobó prácticamente en su integridad el proyecto despachado por el Senado tanto respecto de lo que debe contener la declaración patrimonial, cuanto de la norma que establece la prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios a los directivos de los órganos públicos con el ente al cual pertenecen, como asimismo que sus propios parientes puedan celebrar tales contratos con el órgano en el cual trabajan.
Además, esta norma se hace extensiva a los restantes Poderes del Estado, pero siempre dejando abierta la posibilidad para que, tratándose de situaciones de excepción, cuando no existe alguien que pueda efectuar esa prestación de servicios o los suministros de bienes, pueda realizarlo previa resolución del directivo pertinente, la cual deberá ser comunicada a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados.
El cambio se produce en cuanto a la descripción de lo que vendría a ser el delito que se incorpora junto con la declaración patrimonial, que es el de enriquecimiento ilícito, una figura bastante controvertida que la Comisión Mixta intentó incorporar en nuestra legislación en los términos que se señala en el informe.
¿En qué consiste el cambio? La modificación tiene por objeto incorporar la expresión "relevante e injustificado" para los efectos de constituir una figura de esta naturaleza. El artículo 241 bis quedaría como sigue: "El empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial relevante e injustificado, será sancionado con una multa equivalente al monto del incremento patrimonial indebido y con la pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos en sus grados mínimo a medio.".
También se deja expresamente establecido en el inciso tercero del artículo 241 bis propuesto en el informe que "la prueba del enriquecimiento injustificado a que se refiere este artículo será siempre de cargo del Ministerio Público", respetándose el principio de inocencia y reafirmándose que dicho organismo debe probar los hechos.
Por lo demás, ésta es una figura penal de carácter residual, porque opera cuando ninguno de los demás delitos ha podido probarse. Me refiero al cohecho, la coima, el tráfico de influencia, etcétera. Si ninguna de esas figuras logra ser tipificada, es posible que el fiscal instruya una investigación por enriquecimiento ilícito.
Finalmente, se contempla una medida de protección para los funcionarios públicos. En tal sentido, se establece expresamente que en los casos de denuncia o de querellas infundadas que puedan causar grave perjuicio a dichos servidores y que sean desechadas, ya sea porque fueron absueltos, o simplemente porque los antecedentes ni siquiera dieron mérito para continuar adelante con la investigación, tendrán derecho a obtener del querellante o denunciante la indemnización de perjuicios por los daños materiales y morales sufridos, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que corresponda sobre esta materia.
Diría que este nuevo tipo penal se resolvió unánimemente. Por supuesto, habrá que ver cómo funciona en la práctica. Y se acogió la tesis en el sentido de que si existe la necesidad de efectuar declaración patrimonial, también debe establecerse la figura del enriquecimiento ilícito, con la tipificación que garantice el principio de inocencia y que en forma simultánea permita la investigación de los hechos cuando así lo ameriten las circunstancias.
Por los motivos expuestos, solicitamos a la Sala aprobar el informe de la Comisión Mixta, que fue ratificado unánimemente por ésta.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emitieron pronunciamiento favorable 31 señores Senadores.
El señor DOCKENDORFF ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , quiero tan sólo hacer una observación sobre este proyecto, que el Ejecutivo ha seguido con gran interés, en el convencimiento de que el país requiere una legislación en materia de probidad y transparencia que le permita enfrentar los desafíos a las futuras Administraciones.
Se trata de una materia que afecta recurrentemente a la marcha general del Gobierno, pero también al prestigio de la clase política.
Dentro de ese mismo espíritu general, queremos saludar el término de formas de opacidad que a veces priman en muchos actos administrativos.
Este proyecto es complementario de otros presentados por el Ejecutivo que se encuentran en trámite en el Congreso, como el referente a la regulación del lobby, así como el iniciado en moción de los Senadores señores Gazmuri y Larraín , relativo al acceso a la información pública, y el de diversos señores Diputados, concerniente a la ampliación de las facultades de la Unidad de Análisis Financiero.
El hecho de que la voluntad del Gobierno sea la de apoyar esta iniciativa, que también tuvo origen parlamentario, no obsta a que formule tres observaciones que deseo despejar de una vez aquí.
En primer lugar, no éramos partidarios de la figura del enriquecimiento ilícito, por no corresponder al propósito ni al sentido original del proyecto. Sin embargo, en consideración a que existe una voluntad mayoritaria de los Parlamentarios, hemos allanado la disposición del Ejecutivo sobre esta materia para facilitar esta situación, si bien no quisiéramos que la figura del enriquecimiento ilícito pudiera eventualmente minimizar o disminuir la pena que le corresponde al funcionario público cuando comete otras faltas como el cohecho, la malversación de fondos u otras figuras delictivas respecto de las cuales sí se hace acreedor a una sanción mucho más grave. De manera que no es nuestro ánimo que en relación con el enriquecimiento ilícito el funcionario o el representante del pueblo eludan el castigo que realmente les corresponde.
Asimismo, nos hubiera gustado que los ingresos percibidos por las personas se hubiesen considerado como parte del patrimonio. Estimamos un formalismo pretender separar el patrimonio de los ingresos. En las economías del mundo de hoy el ingreso más bien es identificado como parte del patrimonio. No obstante, creemos que ésta es una transición que nos permite avanzar sobre la materia, lo cual es saludable.
Por último, hay una norma relativa a las inhibiciones sobre los contratos de familiares con los servicios públicos y el aparato del Estado, que, en nuestra opinión, está mejor conformada, porque además se atiene a las recomendaciones del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), así como también a otro proyecto que se encuentra en tramitación en el Senado, relativo a la transparencia fiscal. Sin embargo, mientras no se apruebe, tampoco vemos inconveniente en que se ratifique dicha materia en esta iniciativa en particular.
De manera que aprovecho la ocasión para agradecer a los señores Senadores que han permitido alcanzar la aprobación de esta importante iniciativa.
Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes por infracciones a la ley penal, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3021-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 13ª, en 20 de julio de 2004.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 40ª, en 11 de octubre de 2005.
Constitución, sesión 26ª, en 7 de septiembre de 2004.
Constitución (segundo), sesión 32ª, en 6 de septiembre de 2005.
Hacienda, sesión 32ª, en 6 de septiembre de 2005.
Sesiones 5ª, en 13 de octubre de 2005 (se aprueba en general); 35ª, en 13 de septiembre de 2005 (se aprueba en particular).
La controversia entre ambas ramas legislativas se originó en el rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de seis de las enmiendas que introdujo el Senado en el segundo trámite.
El informe, que fue aprobado por unanimidad con excepción de uno de los acuerdos, deja constancia de que la Comisión Mixta concordó en las siguientes materias:
1.- Se establece, en el artículo 2º del proyecto de ley, que en la aplicación de esta legislación las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías reconocidos a los adolescentes en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por el país.
2.- Las penas de internación en régimen cerrado y semicerrado, ambos con programas de inserción social, que se impongan a aquellos a quienes se aplique esta ley, no podrán exceder de 5 años si el infractor es menor de 16 años, o de 10, si fuera mayor de esa edad.
A este respecto, se abstuvo el Honorable señor Ruiz-Esquide.
3.- Cuando la sanción se extienda entre 541 días y 3 años, el tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida y prestación de servicios en beneficio de la comunidad, y
4.- En caso de flagrancia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones deberán poner a los menores de 18 años y mayores de 14 a disposición del juez de garantía, de preferencia de manera inmediata, no pudiendo en caso alguno exceder el máximo de 12 horas.
La Cámara Baja, en sesión celebrada el día de ayer, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto que aprobó la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional; el proyecto que acogió el Senado en segundo trámite; las resoluciones que adoptó la Cámara Baja en tercer trámite, y la proposición de la Comisión Mixta.
Señor Presidente , creo que la información proporcionada por el señor Secretario es bastante clara respecto de las modificaciones introducidas al articulado, las que finalmente la Comisión Mixta respaldó por unanimidad. Pero dos tienen relevancia.
Respecto de los delitos más graves -son cuatro: robo con homicidio, homicidio con secuestro, homicidio con violación y robo con violación-, se impone una penalidad máxima de internación en recinto cerrado para adolescentes mayores de 16 y menores de 18. Esta sanción puede llegar a 10 años, pero el juez siempre tiene abierta la posibilidad de resolver una internación en régimen semicerrado. Si se trata de menores de 16 años pero mayores de 14, la pena máxima, sólo respecto de esos cuatro delitos, es de 5 años, y también el juez puede optar por una sanción de internación en régimen semicerrado.
Si la pena se extiende de 541 días a 3 años, podrán imponerse la de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida -me parece la norma más novedosa del proyecto- y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
Esta nueva legislación, lejos de pretender encarcelar a los jóvenes, como se ha señalado en numerosos programas de los medios de comunicación, procura incorporar a los mayores de 14 años y menores de 18 en toda la red de protección del Estado, que comprende desde la internación en régimen cerrado en un lugar especial, siempre con reinserción social y, la inmensa mayoría de las veces, con libertad asistida. Esto implica, en primer lugar, el desempeño de monitores especialmente encargados de hacer seguimientos que permitan a los jóvenes salir de la línea delictual y transformarse en personas honestas y útiles para la sociedad y para sí mismos. Estas actividades incluyen, por primera vez, programas con financiamiento público de prevención y rehabilitación en cuanto a consumo de drogas y de alcohol, a los que estarán sometidos hasta liberarse de la adicción.
Además, el monitor tendrá la obligación de que el joven se reinserte en su vida escolar, para lo cual realizará seguimientos a través de la red del Estado, lo que permitirá terminar con su exclusión o deserción del sistema educacional.
Asimismo, el monitor deberá capacitarlo para el trabajo.
Pienso que se trata de un cambio muy positivo y de fondo en la legislación actual. Son medidas que abordan adecuadamente el problema de la responsabilidad penal de los menores.
Se incorporaron gran parte de las propuestas de numerosas ONG con experiencia bastante larga en estos temas.
La iniciativa se aprobó en forma unánime.
Como el financiamiento ha sido garantizado por el Gobierno, creemos que esta normativa constituirá un vuelco respecto de la situación que enfrentan los jóvenes que se ven involucrados en distintos delitos.
Por consiguiente, en nombre de la Comisión Mixta, pido a la Sala que apruebe el informe.
Solicito la autorización del Senado para que ingrese a la Sala el señor Francisco Maldonado, Subsecretario de Justicia subrogante.
Si le parece a la Sala, se aprobará el informe en debate.
--Por unanimidad, se aprueba el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia subrogante.
El señor ARELLANO ( Ministro de Justicia subrogante ).-
Señor Presidente , deseo agradecer al Senado y a la Cámara de Diputados su gran diligencia en el despacho de una legislación que a todo el país interesa. Creo que ayer, además, se logró un acuerdo muy importante en la Comisión Mixta, donde se aprobaron por unanimidad todos los puntos que ahora se trajeron a conocimiento de esta Sala.
Por otra parte, secundando al Senador señor Espina , pienso que la presentación de esta iniciativa en agosto de 2002 y que ahora concluye su tramitación obedeció al propósito del Gobierno de crear un sistema destinado a hacer responsables a los jóvenes por los actos que cometen, que les adjudique las consecuencias de sus actos, que permita diferenciarlos del tratamiento dado a los adultos y les brinde la posibilidad de la reinserción social, en los casos que corresponda.
Eso significa, por un lado, tener mano firme para sancionar, pero por otro, utilizar con inteligencia las políticas públicas destinadas a interrumpir tempranamente las carreras delictuales.
Por consiguiente, en nombre del Ejecutivo, agradecemos este apoyo, sobre todo por la velocidad en la última parte de la tramitación del proyecto.
Además, por intermedio del señor Presidente , agradezco a los Comités y por supuesto al Senado por haber dado prioridad al despacho del informe de la Comisión Mixta.
Muchas gracias a usted, señor Ministro .
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre modificación de los Códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas al funcionamiento de la Reforma Procesal Penal, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3465-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 35ª, en 2 de marzo de 2004.
En tercer trámite, sesión 49ª, en 4 de mayo de 2005.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 16ª, en 13 de julio de 2005.
Constitución, sesión 44ª, en 6 de abril de 2004.
Constitución (segundo), sesión 26ª, en 7 de septiembre de 2004.
Constitución (complementario de segundo), sesión 30ª, en 15 de septiembre de 2004.
Constitución (tercer trámite), sesión 9ª, en 22 de junio de 2005.
Sesiones 50ª, en 14 de abril de 2004 (se aprueba en general); 1ª, en 5 de octubre de 2004 (se aprueba en particular); 11ª, en 5 de julio de 2005 (se aprueba parcialmente y pasa a Comisión Mixta).
La controversia entre ambas ramas del Congreso tuvo su origen en el rechazo por parte del Senado, en el tercer trámite constitucional, de varias modificaciones efectuadas por la Honorable Cámara de Diputados.
La Comisión Mixta formula en su informe la proposición destinada a resolver las divergencias suscitadas entre ambas Corporaciones, lo que fue acordado por unanimidad, con algunas excepciones.
En forma muy resumida, las principales resoluciones que adoptó son las siguientes:
1) Rechazar todas las enmiendas referidas a la inclusión del tercero civilmente responsable como interviniente en el proceso penal.
2) En los casos de detención, el funcionario policial que la practique deberá entregar una constancia de la orden judicial relativa a la medida, con indicación del tribunal que la expidió, del delito que le sirve de fundamento y de la hora en que se emitió.
3) Si la detención se practica fuera del territorio jurisdiccional del juez que dictó la orden, será competente para conocer de la audiencia judicial del detenido el juez de garantía del lugar donde se efectúe la primera, tratándose de una medida emanada de un juez con competencia en un asiento de Corte de Apelaciones diverso. Esta disposición, en lo atinente a la pertenencia de los jueces de garantía a distintas Cortes de Apelaciones, fue aprobada por 5 votos contra 3.
4) Los órganos y servicios públicos sólo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes.
5) Se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia aquel que testigos presenciales señalen como autor o cómplice de un delito que se ha cometido en un tiempo inmediato.
6) Cuando el fiscal ordene poner al detenido a disposición del juez, deberá dar conocimiento de la situación, en el mismo acto, al abogado de confianza de esa persona o a la Defensoría Penal Pública.
7) A la primera audiencia judicial del detenido podrá concurrir, en lugar del fiscal, su abogado asistente. Esta disposición fue acordada por 5 votos contra 4.
Si no he señalado el resultado en las otras proposiciones es porque fueron unánimes.
8) La prisión preventiva procederá cuando las demás medidas cautelares personales sean estimadas por el juez como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o la de la sociedad. Norma aprobada por 5 votos contra 2.
9) El juez entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación cuando concurran los requisitos contemplados en el inciso segundo del artículo 140 del Código Procesal Penal, enmienda acordada por 5 votos contra 3. Asimismo, se elimina el calificativo de "graves" para aquellos atentados que el imputado en libertad pueda realizar en contra de la seguridad del ofendido.
10) Se reemplaza el artículo 141 del Código Procesal Penal, referido a la improcedencia de la prisión preventiva, conforme al texto aprobado por el Senado, que, en esencia, suprime la causal genérica contemplada en la disposición vigente, esto es, que la medida no podrá ordenarse cuando aparezca como desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. La modificación fue acordada con 5 votos contra 4.
Cabe tener presente que la sustitución del inciso primero del artículo 132 del Código Procesal Penal, contenida en el número 13 del artículo 1º del proyecto, reviste el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que su aprobación requiere el voto conforme de 27 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe los cuerpos legales que se modifican; el proyecto aprobado por esta Corporación; las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados, explicitándose las rechazadas por el Senado, y la proposición de la Comisión Mixta, para concluir en el texto que resultaría si se acogiera esta última.
Seré muy breve, señor Presidente . Creo que el señor Secretario ha explicado en forma bastante detallada los cambios. Es importante dar a conocer que la Comisión de Constitución ha elaborado un documento -espero que pueda ser repartido posteriormente entre los señores Senadores- para consignar en forma directa y concreta en qué han consistido.
Diría que, en esencia, se apunta a otorgar facultades a las policías en la persecución del delincuente que incurra en un delito flagrante, para poder detenerlo. Hoy media una serie de obstáculos en la aplicación de la reforma procesal penal que realmente a veces han impedido actuar a la policía, siempre dentro, obviamente, de la plena vigencia de un Estado de Derecho y de los derechos y garantías de las personas.
Se procura que los fiscales obtengan las órdenes en forma más rápida y expedita cuando se trate de delincuentes que deben ser detenidos en poco tiempo, quienes, si no, se fugan de la justicia.
Respecto de los controles aduaneros, se otorgan más facultades a la policía para poder detectar el ingreso de droga al país, lo que hoy enfrenta varias limitaciones, particularmente cuando ello dice relación a personas que la traen en el interior del cuerpo. Siempre se contempla la debida autorización judicial, pero la gestión será mucho más expedita que hasta ahora.
Se modifican las normas de la prisión preventiva, en términos de no permitir que sea reemplazada por el pago de una multa cuando el juez estime que la conducta del sujeto constituye un peligro para la sociedad; pero se mantienen las facultades a los tribunales en orden a poder decretarla cuando la estimen procedente, sin más límites que lo establecido por la propia Constitución, y se elimina una serie de exigencias dispuestas en el Código y que iban mucho más allá de lo que la propia Carta determina.
Y haría presentes dos figuras finales. En primer lugar, se crea el delito de obstrucción a la investigación, con el objeto de sancionar a las personas que mienten en sus declaraciones ante el fiscal y que pueden llevar a toda una indagación absolutamente infundada, lo que no es objeto de ningún tipo de sanción en la legislación vigente. Por lo tanto, se podrá iniciar un proceso por ese hecho.
En seguida, una cuestión no menor es que a quienes cometen delitos con una pena que no supere 540 días y se les sigue proceso a través del procedimiento simplificado les ha bastado reconocer su responsabilidad para que sólo se les pueda aplicar una sanción de multa. La realidad es que ése nunca fue el espíritu del legislador ni el del propio Senado cuando se inició la tramitación de la reforma procesal penal.
Cabe señalar, también, que se le otorgan facultades al Ministerio del Interior para poder deducir querellas criminales, como se señaló, en casos específicos.
A nuestro juicio, la iniciativa que nos ocupa constituye un avance importantísimo en el perfeccionamiento de las normas del nuevo proceso penal.
Y pido recabar la autorización de la Sala, señor Presidente , para que la Secretaría pueda realizar ciertas correcciones al texto, que estuvimos revisando. No se trata de alterar para nada las normas. Ante la rapidez con que ha debido avanzar el proyecto en su último trámite, formulo la petición para que se lleve a cabo esa labor, respecto de la cual existe pleno acuerdo entre el Ministerio de Justicia y los Parlamentarios, a fin de que el articulado que se despache no contenga ninguna omisión ni errores de redacción.
En consecuencia, solicitamos la aprobación del informe de la Comisión Mixta.
Si no hay objeciones, éste se acogerá, juntamente con concederse la autorización para que la Secretaría pueda efectuar correcciones menores, semánticas, en el articulado.
--Se aprueba por unanimidad el informe de la Comisión Mixta, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emiten pronunciamiento favorable 29 señores Senadores, y se concede la autorización solicitada.
A continuación corresponde ocuparse, por acuerdo de Comités, en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados sobre competencia desleal, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3356-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 14ª, en 12 de julio de 2005.
Economía, sesión 39ª, en 5 de octubre de 2005.
El objetivo principal de la iniciativa es crear un nuevo texto legal con la finalidad de regular la competencia desleal relativa a bienes y servicios que se transen en el mercado, disposiciones que se aplicarán a todos aquellos casos que estén fuera del ámbito de actuación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o de la aplicación de la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.
La Comisión discutió y aprobó solamente en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Cariola, García, Orpis y Vásquez, en los mismos términos en que lo hizo en su oportunidad la Cámara de Diputados. El texto se puede consultar en el primer informe.
Se debe tener presente que el artículo 13 de la iniciativa reviste el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere, para ser acogido, el voto conforme de 27 señores Senadores.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Como indicó el señor Secretario , su aprobación necesita un alto quórum.
¿Por qué no abre la votación, señor Presidente?
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Si le pareciera a la Sala, se abriría de inmediato la votación.
Señor Presidente , celebro que este proyecto, que inicialmente figuraba en la tabla de Fácil Despacho, haya pasado a la del Orden del Día.
No se trata de una iniciativa simple, ni -mucho menos- intrascendente. Se originó en una moción de varios señores Diputados y tiene por objeto completar la legislación destinada a proteger el buen funcionamiento de los mercados, el interés de los consumidores y, en definitiva, el desarrollo de nuestra economía.
En efecto, en el país existen ya diversas normas jurídicas que defienden la libre competencia; que impiden las prácticas restrictivas y desleales en materia de comercio internacional, y que resguardan los intereses de los consumidores y la propiedad industrial e intelectual.
Todas esas disposiciones, sin duda, influyen en el logro de los objetivos que he mencionado. Pero, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países, en la actualidad Chile no cuenta con una ley específica sobre la llamada "competencia desleal".
La jurisprudencia de nuestros tribunales -y, en particular, la de la Comisión Resolutiva en su minuto; hoy Tribunal de Defensa de la Libre Competencia- se ha hecho cargo de esa ausencia normativa. Es así como ha dado al decreto ley Nº 211, de 1973, una interpretación bastante amplia para cubrir prácticas desleales en la transacción comercial de bienes y servicios. Sin embargo, ese criterio jurisprudencial tropieza con las características de la propia Ley de Defensa de la Libre Competencia, que, como Sus Señorías recordarán, configura, en un artículo -por la vía de ejemplos-, el concepto de lo que se entiende por `libre competencia´.
La competencia desleal y la libre competencia son cosas conceptualmente distintas. Así lo reconoce la doctrina y lo establece la legislación de distintos países. De modo que la iniciativa en debate viene a completar la legislación chilena y a subsanar una clara omisión en ella.
La jurisprudencia a que me he referido, en lo que dice relación, por ejemplo, a la llamada "publicidad comparativa", demuestra en forma cabal lo que significa esa ausencia normativa. Tal publicidad, que se usa de modo intensivo en la vida comercial, debe cumplir ciertos requisitos. Pero no entraba necesariamente la libre competencia: siendo ilícita, faltando muchas veces a la ética, la mayoría de las veces constituye una simple forma de competencia desleal.
En el diario El Mercurio de los últimos días, se publicó un extenso reportaje acerca de las prácticas comerciales en materia de oferta de medicamentos en Chile. Quienes hayan leído dicho artículo habrán podido constatar que, en ese ámbito, la competencia desleal se presenta con recurrencia preocupante. Cuando alguien va a un supermercado y se interesa en ciertos productos, como los lácteos, frecuentemente el vendedor encargado de la sección ofrece, con especial insistencia, uno de los que se encuentran en los anaqueles o en las vitrinas, porque por ello recibe un incentivo o premio. Y se genera, entonces, en la práctica, una competencia desleal.
Estos ejemplos evidencian -reitero- que el texto propuesto es absolutamente necesario y que, a través de su aprobación, lograremos dar a la legislación chilena todo el desarrollo posible en este campo.
Hago presente que el informe de la Comisión de Economía me parece muy interesante, y destaco, de modo especial, la exposición que en ella hizo el abogado señor Enrique Barros , por la profundidad, claridad y sistematización de las materias a que se refirió.
Sin lugar a dudas, tanto la intervención aludida como las demás que constan en el informe contribuirán a iluminar el trabajo de Sus Señorías a la hora de formular indicaciones a esta preceptiva.
Hay dos grandes problemas que quedaron planteados en el debate de ese órgano técnico.
El primero dice relación a la identificación del bien jurídico que se intenta proteger. Éste, desde mi perspectiva, es el buen funcionamiento del mercado, su transparencia y la no intervención de factores extraños a la naturaleza de él para determinar los actos de consumo y privilegiar a unos oferentes sobre otros.
El segundo problema tiene que ver con el tribunal al que correspondería conocer de las acciones de competencia desleal. En opinión de algunos, debería ser el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; en la de otros -que comparto y es la línea que sigue el proyecto-, la justicia civil.
Me inclino por esta última opción, señor Presidente , por múltiples razones. Los actos de competencia desleal son, sin duda, más numerosos que los de transgresión a la libre competencia. Además, tienen lugar en todos los niveles de la actividad económica y, por lo mismo, con frecuencia afectan a pequeños comerciantes y, desde luego, a consumidores muchas veces residentes en zonas apartadas del país.
En la actualidad, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es uno solo y se halla radicado en Santiago. En consecuencia, si se le concede atribución para conocer de este tipo de transgresiones en cualquier parte del territorio nacional, se limitaría severamente -comprometiendo, de paso, la eficacia de la ley- el acceso a la justicia de quienes se vean afectados por esas prácticas desleales.
Los tribunales civiles, en cambio, han sido dotados de creciente jurisdicción para abocarse a temas de carácter económico. La misma Ley de Defensa del Consumidor es una clara expresión de ello. La mayor parte de los asuntos que antes recaían en los juzgados de policía local, con la última reforma pasaron a la competencia de la justicia civil ordinaria.
En síntesis, señor Presidente , el proyecto tiene mucha importancia y hacemos bien en prestarle la máxima atención.
Finalmente, atendida su complejidad, a pesar de que el articulado no es muy extenso, sugiero desde ya, una vez aprobada la idea de legislar, un plazo para presentar indicaciones no anterior al reinicio de las actividades legislativas en diciembre.
Antes de seguir dando la palabra a los inscritos, el señor Secretario dará lectura a un documento que en este momento ha llegado a la Mesa.
Muchas gracias, señor Presidente .
Se ha recibido un oficio de Su Excelencia el Vicepresidente de la República con el que somete a la consideración del Senado, solicitando su acuerdo, la proposición para designar a los señores Ernesto Fontaine Ferreira-Nobriga y Ernesto Livacic Rojas como representantes del Presidente de la República en el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego. (boletín Nº S 828-05) (Véase en los Anexos documento 9).
Esta iniciativa está calificada con la urgencia que se establece en el inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política.
Pasa a dicho órgano técnico, porque fue éste el que despachó la normativa actual sobre la materia.
Si la Comisión realizara pronto la audiencia con los dos candidatos, la iniciativa podría quedar para la tabla de la próxima semana.
¿Qué urgencia tiene este proyecto?
Según lo señalado en el oficio, tenemos un plazo de treinta días, señor Senador.
Pero la idea es despacharlo el próximo miércoles. Dimos cuenta hoy justamente para que el órgano técnico pueda citar a ambos candidatos el martes que viene.
Si le parece a la Sala, procederemos de esa manera.
Señor Presidente , respecto a ese planteamiento, deseo manifestar que la Comisión de Gobierno no sesiona los martes, sino los miércoles. Por tanto, solicito modificar el acuerdo para que la audiencia se realice este último día.
Señor Senador, el acuerdo es votar la proposición del Ejecutivo en la sesión del próximo miércoles. Previo a ello, los postulantes deben ser recibidos por la Comisión. Si ésta los cita o no para ese mismo día en la mañana, es algo que ella debe resolver.
Ruego a los señores Senadores que están abandonando el Hemiciclo que, por favor, voten antes de irse. Lo digo, porque algunos se han retirado sin hacerlo.
Hay Comisiones funcionando, señor Presidente .
¿Ya está abierta la votación?
Sí, Su Señoría.
Lo que sucede es que algunos señores Senadores no se han pronunciado todavía y la normativa requiere, para su aprobación, un quórum de 27 votos afirmativos.
Señor Presidente , tal como señaló el Senador señor Parra , tengo la convicción de que estamos frente a un proyecto de enorme trascendencia.
A mi juicio, existen cuatro piedras angulares para el buen funcionamiento de los mercados: la normativa referida a la libre competencia; la que tiene que ver con el derecho de protección a los consumidores; la relativa a la propiedad intelectual, y, evidentemente, la concerniente a la competencia desleal.
Tres de esas cuatro materias hoy se hallan consagradas y reguladas en nuestra legislación. Esto no sucede con la atinente a la competencia desleal.
Por lo tanto, la idea de legislar y los fundamentos del proyecto se encuentran plenamente justificados. La iniciativa busca normar un área no regulada en el mercado, cual es la competencia desleal, lo que a la larga terminará protegiendo al propio consumidor.
El objetivo es regular los diversos aspectos de una competencia lícita. Ése es el tema de fondo.
Una de las tesis planteadas en el debate habido en la Cámara de Diputados es que estamos en presencia de un tema que debería ser abordado mediante la autorregulación entre los competidores, porque -reitero- se trata de una competencia lícita. Sin embargo, tal aproximación, al menos en términos personales, resulta insuficiente por la complejidad de las materias y por la diversidad de los agentes económicos. Incluso más, dejar a los competidores solos para que se autorregulen es desconocer la naturaleza del bien jurídico protegido, que en este ámbito no se refiere exclusivamente a éstos, sino, además, a los consumidores y a la comunidad en general, que es la que tiene mayor interés en que los mercados funcionen bien.
Señor Presidente , una de las complejidades que presenta el proyecto es que muchas veces se confunde competencia desleal con libre competencia. En el Derecho Comparado, esta última ha evolucionado desde la prohibición de competir deslealmente hasta la prohibición de actuar engañosamente en el mercado. Dicho de otra manera, se ha buscado materializar una obligación mínima de transparencia en el tráfico económico.
Como señalé, muchas veces tiende a confundirse la competencia desleal con la libre competencia. Sin embargo, se trata de materias claramente diferenciadas: la libre competencia impone la obligación de competir, en tanto que una competencia leal obliga a los competidores a disputar el mercado mediante un juego limpio. La primera busca no inhibir la competencia; la segunda pretende evitar la competencia con medios inductivos a error. Las normas sobre competencia desleal presuponen la existencia de una libre competencia.
Sin embargo, es necesario señalar que el objeto de ambas es similar: el mantenimiento competitivo de la economía de mercado. Ello significa que los empresarios y comerciantes no sólo tienen el derecho a competir, sino también la obligación de hacerlo limpiamente para que el mercado funcione en forma correcta.
Los atentados en contra de la libre competencia implican la utilización de medios ilícitos para ganar poder en el mercado, constituyendo abusos de poder. En tanto, en la competencia desleal se reprimen conductas como el engaño, en sus diversas expresiones, para desviar la clientela ajena hacia la propia empresa.
Ambas tienen fines idénticos, pero se desenvuelven en campos distintos.
Cuando un mercado no funciona de manera leal y transparente, termina perjudicando a los propios consumidores.
Por esas razones, vamos a aprobar la idea de legislar.
Por último, quiero señalar que en el seno de la Comisión se produjo un debate de enorme peso y profundidad. Se citó a los académicos más destacados en el ámbito comercial y, en forma unánime, señalaron que la competencia desleal es una materia que no se halla regulada en Chile y que necesita reglamentarse para el buen funcionamiento de los mercados en beneficio de los propios consumidores.
Señor Presidente , concuerdo absolutamente con las expresiones de los Senadores señores Parra y Orpis .
Al parecer, habría confusión respecto del tema central en el sentido de que la libre competencia quedaría amparada por distintas leyes. No es así.
La historia del Derecho Comercial demuestra que sólo la buena fe permite el comercio libre. De hecho, por mucho que se diga lo contrario, a nivel comercial casi no se suscriben o no existen las escrituras públicas, porque todo se basa en la buena fe. En el fondo, lo que la legislación en proyecto persigue es que las "buenas costumbres mercantiles" -como las denominan los tratadistas- estén por completo garantizadas y certificadas.
La iniciativa ataca y regula, en lo fundamental, las prácticas de competencia desleal entre pares, esto es, entre quienes actúan en análogo rubro y tienden a capturar la misma clientela.
Sin embargo, a mi criterio -presentaré las indicaciones correspondientes-, también existen mecanismos de competencia desleal indirecta, sobre todo en lo que dice relación al incumplimiento de obligaciones comerciales -retraso en los pagos de facturas, improcedencia de acciones de cobro, etcétera- que ciertos monopsonios, por ejemplo, han contraído con comerciantes proveedores o productores. En la actualidad, tal situación -sea en las grandes tiendas, sea en las grandes cadenas de farmacias, sea en las grandes líneas de supermercados-, tiene ahogados económicamente a los proveedores.
Se trata de mecanismos de competencia desleal indirecta, pues representan una forma de financiamiento gratuito de las grandes empresas para competir entre ellas. Y tal tipo de competencia la paga el pequeño o mediano proveedor, ya que su práctica no atenta contra los principios de la libre competencia. Podría no entregar mercadería si quisiera, pero, en ese caso, quedaría marginado del mercado.
La importancia del proyecto consiste en que transparenta situaciones relativas al cumplimiento de obligaciones dentro del mercado. La autorregulación en tal sentido no es posible.
Cabe tener presente que la Confederación de la Producción y del Comercio hace mucho tiempo que viene buscando un código de ética, una norma de regulación interna o un mecanismo que rija las actuaciones de sus confederados; pero el esfuerzo ha sido inútil incluso entre los propios sistemas corporativistas de los mayores empresarios del país.
La trascendencia de la iniciativa radica en la búsqueda de transparencia, libertad y normalidad del mercado, lo que, en definitiva, revelará lo que ocurre con los proveedores y comerciantes, así como con el público consumidor.
Como no hay más inscritos, se procederá a tomar votación nominal a los señores Senadores que todavía no se han pronunciado.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor) y se deja constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
Votaron los señores Arancibia, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Vásquez, Vega y Zaldívar (don Andrés).
Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para presentar indicaciones el miércoles 2 de noviembre, a las 12.
Al señor Ministro del Interior , requiriéndole información sobre RECHAZO DE SOLICITUD DE DOÑA IRMA OLIVARES CORTÉS A BENEFICIOS PARA EXONERADOS POLÍTICOS y acerca de REINTEGRO A TRES DOCENTES DE ANTOFAGASTA DE IMPOSICIONES CORRESPONDIENTES A HORAS COMPATIBLES PARALELAS A SUS CARGOS.
Al señor Ministro de Justicia , pidiéndole antecedentes relativos a DEMANDA JUDICIAL POR DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR DON LUIS VILLAGRA SÁEZ.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , demandando su preocupación en cuanto a SOLICITUD DE PENSIÓN ADMINISTRATIVA POR GRACIA EN FAVOR DE DON RAMÓN YÁÑEZ DÍAZ.
A los señores Director Nacional del INP y Alcalde de Antofagasta , solicitándoles que adopten medidas para REGULACIÓN DE SITUACIÓN PREVISIONAL EN INP DE SEÑORA MARÍA REINOSO CORTÉS (todos de la Segunda Región).
A la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pidiéndole DESIGNACIÓN DE MINISTRO EN VISITA PARA INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS CONTRA HOLDING METALPAR (Quinta Región).
Del señor COLOMA:
Al señor Ministro de Obras Públicas , requiriéndole información relativa a ASFALTADO DE RUTA J-59, QUE UNE TRES ESQUINAS CON PEUMAL, COMUNA DE ROMERAL (Séptima Región).
A los señores Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Secretario Regional Ministerial de Transportes de Aisén e Intendente de la Undécima Región , solicitándoles SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE EMPRESAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO CON SUBSIDIO ESTATAL DE AISÉN ANTE ALZA DE COMBUSTIBLES (Undécima Región).
Al señor Ministro de Salud , recabándole que ordene una INVESTIGACIÓN ACERCA DE INOCULACIÓN ERRÓNEA DE VACUNA A ALUMNOS DE ESCUELA "LAURA ROBLES" DE COPIAPÓ Y SUS EVENTUALES REACCIONES ADVERSAS (Tercera Región).
En Incidentes, en el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
Señor Presidente, a pesar de haber transcurrido varios meses desde el 13 de junio pasado, fecha del terremoto ocurrido en la Primera Región, y particularmente en la provincia de Iquique, hay diversos sectores afectados que no han tenido una respuesta adecuada a sus requerimientos y que no han logrado dar a conocer a la autoridad.
Por tales razones, solicito que se oficie al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para que dé respuesta a las personas que conforman la lista que se adjuntará a esta presentación, cuyas viviendas fueron seriamente dañadas en el sector Huantajaya I , y se les informe acerca de los beneficios a los que pueden acceder.
En distintas reuniones que sostuve en Iquique, se me dio a conocer que en el sector Alto Los Puquios 4, calle Algarrobo y Tamarugal, entre las calles 4 y 5, existe incertidumbre respecto a una eventual expropiación y a cuál va a ser el destino de quienes allí viven.
Por lo anterior, pido oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a objeto de que informe si está prevista o no una expropiación en tal sector y, de ser efectiva, que indique qué propuestas se consultan en materia de reparación económica para las personas que habitan en el lugar o de eventuales traslados, a fin de que puedan seguir viviendo en condiciones mínimas o equivalentes a las actuales.
Y en tercer término, señor Presidente , también vinculado con el terremoto, pido adjuntar al oficio correspondiente la nómina de casas del pasaje El Carmelo con daños estructurales, pues quienes las ocupan tampoco han tenido información adecuada acerca de eventuales beneficios para quienes sufrieron ese embate de la naturaleza.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Cantero.
Señor Presidente , desde hace larga data, se viene esperando que el Ejecutivo se pronuncie respecto de la situación que afecta al personal paradocente de los diversos establecimientos de educación pública.
Esos profesionales quedaron marginados de los mejoramientos económicos que progresivamente ha adquirido el sector de la docencia -en particular los profesores-, sin lograr la dictación de un reglamento que implemente medidas para que obtengan mejores sueldos, ascensos y un entorno laboral que les permita cumplir una labor de apoyo a la educación tan importante como la que ellos realizan. Son innumerables las acciones, oficios y gestiones en torno de tal aspiración.
Por ello, al celebrarse en los próximos días un nuevo aniversario del Día del Paradocente, quiero expresar mi inquietud por la situación que aqueja a estos profesionales y pedir que se oficie al señor Ministro Secretario General de la Presidencia , para que informe cuándo el Gobierno tomará medidas efectivas al respecto, a fin de dar respuesta a las justas demandas de los dirigentes nacionales del personal paradocente, postergadas por largo tiempo.
Se enviará el oficio solicitado por el señor Senador.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado en nombre del Senador señor Cantero, de conformidad con el Reglamento, con la adhesión de los Honorables señores Prokurica y Horvath .
Como el resto de los Comités no harán uso de sus respectivos tiempos, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 17:32.
Patricio Fernández Ruiz-Tagle,

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