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Timestamp: 2019-09-22 22:32:44+00:00

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C. Valoración de la prueba - Corte interamericana de derechos humanos caso lópez lone y otros vs. Honduras sentencia...
A.1) El golpe de Estado en Honduras
A.2) Reacción internacional ante el golpe de Estado y acciones de la OEA
A.3) La postura de la Corte Suprema de Justicia
A.4) La Asociación de Jueces por la Democracia
De acuerdo a lo establecido en los artículos 46, 47, 48, 50, 51, 57 y 58 del Reglamento, así como en su jurisprudencia constante respecto de la prueba y su apreciación38, la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por las partes y la Comisión, las declaraciones, testimonios y dictámenes periciales, así como las pruebas para mejor resolver solicitadas e incorporadas por este Tribunal al establecer los hechos del caso y pronunciarse sobre el fondo. Para ello se sujeta a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente, teniendo en cuanto el conjunto del acervo probatorio y lo alegado en la causa39.
Asimismo, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas no puede ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las presuntas violaciones y sus consecuencias40.
El presente caso se refiere a los procesos disciplinarios realizados en contra de cuatro presuntas víctimas, tres jueces y una magistrada, como consecuencia de los cuales fueron destituidos y, tres de ellos, finalmente separados del Poder Judicial. Dichos hechos se dieron en el marco de una grave crisis democrática, calificada como un golpe de Estado por la Asamblea General y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “OEA”) y por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (en adelante “ONU”) (infra párr. 52) y como una sucesión constitucional por la Corte Suprema de Justicia de Honduras (en adelante “la Corte Suprema”) (infra párr. 63 ). Por tanto, la Corte expondrá (A) los hechos relativos al contexto en el cual se produjeron los hechos del presente caso, (B) el marco normativo en el cual se desarrollaron los procesos disciplinarios contra las presuntas víctimas y (C) los hechos relativos a los procesos disciplinarios contra las presuntas víctimas.
En el ejercicio de su jurisdicción contenciosa, la Corte ha conocido de diversos contextos históricos, sociales y políticos que permitieron situar los hechos alegados como violatorios de la Convención Americana en el marco de las circunstancias específicas en que ocurrieron. En algunos casos el contexto posibilitó la caracterización de los hechos como parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos41, como una práctica aplicada o tolerada por el Estado42 o como parte de ataques masivos y sistemáticos o generalizados hacia algún sector de la población43. Asimismo, el contexto se ha tenido en cuenta para la determinación de la responsabilidad internacional del Estado44, la comprensión y valoración de la prueba45, la procedencia de ciertas medidas de reparación y los estándares establecidos respecto de la obligación de investigar dichos casos46. En seguimiento de lo anterior, por ser relevantes para entender los hechos y las alegadas violaciones a la Convención en el presente caso, a continuación se exponen los hechos relativos a: 1) el golpe de Estado en Honduras; 2) la reacción internacional ante el golpe de Estado y las acciones de la OEA; 3) la postura de la Corte Suprema de Justicia, y 4) la Asociación de Jueces por la Democracia.
El 23 de marzo de 2009 el Presidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales (en adelante “el Presidente Zelaya” o “el expresidente Zelaya”), aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-05-2009, mediante el cual convocó a que se realizara a más tardar el 28 de junio de ese año, una consulta popular. En dicha consulta se plantearía la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo que en las elecciones [presidenciales, legislativas y municipales] de noviembre de 2009, se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe una nueva constitución política?”47. Dicho decreto fue aprobado, a pesar de la falta de consenso entre los partidos políticos en cuanto a las condiciones y mecanismos para una reforma constitucional, pues si bien había habido una reacción inicial favorable a la propuesta constituyente, algunos partidos consideraban que debía convocarse después de las elecciones y no mediante una cuarta urna48. En efecto, la emisión del decreto proponiendo la cuarta urna fue percibido por la oposición como “una forma de mantener el proyecto político de [del Presidente] Zelaya, no necesariamente a través de una reelección (aunque [el Presidente] Zelaya afirmó en declaraciones públicas que la reelección sería tema de debate para la próxima asamblea nacional constituyente), pero sí a través de la convocatoria a una constituyente temprana que posiblemente, iba a recortar el siguiente período presidencial y a facilitar, sino la reelección [del Presidente] Zelaya, por lo menos la permanencia liberal en el poder”49. Dicha consulta fue considerada ilegítima por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (infra párr. 57), por cuanto la Constitución hondureña solamente admitía “reformas parciales” e incluía “un sistema de ‘normas pétreas’ que no son susceptibles de modificación a través [de dichas reformas parciales]”50. En este sentido, el artículo 374 de la Constitución Política de Honduras establecía la prohibición de reformar el artículo constitucional relativo al período presidencial y el que contiene la prohibición de reelección del Presidente de la República51.
El Fiscal General solicitó la suspensión de la consulta alegando que esta sería inconstitucional52. El 26 de mayo de 2009, “ante la inminente [decisión] contra el proceso de consulta popular”, el Presidente Zelaya, aprobó los decretos ejecutivos PCM-19-2009 y PCM-20-2009, para dejar sin valor y efecto el decreto ejecutivo PCM-05-2009 y ordenar que se realizara una encuesta de opinión nacional el 28 de junio de 2009, en la cual se planteara una pregunta similar a la que previamente se había propuesto realizar mediante una consulta popular (supra párr. 44)53. El 27 de mayo el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo ordenó suspender la consulta popular y el 29 de mayo resolvió que la decisión de 27 de mayo incluía “cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular que se hubiere emitido o se emitiere y que conllevare el mismo fin que el acto administrativo que había sido suspendido”54.
El 24 de junio de 2009 el Congreso Nacional aprobó la “Ley Especial que Regula el Referéndum y el Plebiscito” prohibiendo el uso de dichos mecanismos 180 días antes o después de elecciones generales55.
El Presidente Zelaya decidió continuar impulsando la encuesta y dio la orden al Jefe del Estado Mayor Conjunto de custodiar las urnas que serían empleadas en la misma. El Jefe del Estado Mayor Conjunto se negó a cumplir dicha orden y el 24 de junio el Presidente Zelaya ordenó su separación del cargo56. Sin embargo, dicha separación del cargo fue anulada por la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, el 24 de junio el Presidente aceptó la renuncia del Ministro de Defensa57.
El 25 de junio de 2009 el Tribunal Supremo Electoral declaró ilegal la encuesta de opinión nacional y procedió a decomisar el material para depositarlo en las instalaciones de la Fuerza Aérea de Honduras. Sin embargo, el Presidente, acompañado de sus seguidores, retiró el material decomisado y ordenó a la Policía Nacional custodiarlo58. El 26 de junio el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo también ordenó el decomiso del material en vista que la mencionada encuesta sería un incumplimiento de su decisión de 29 de mayo (supra párr. 45)59.
El 28 de junio, aproximadamente a las 5:00 de la mañana, “efectivos del Ejército […] actuando bajo instrucción del Jefe del Estado Mayor Conjunto y del entonces Vice Ministro de Defensa, ingresaron a la residencia presidencial y privaron de libertad al Presidente”60. Ese mismo día, el Presidente Zelaya fue conducido a una base aérea y trasladado a Costa Rica en un avión militar61. Posteriormente, se supo que su captura habría sido requerida por el Fiscal General a la Corte Suprema de Justicia, quien había designado a un magistrado como juez natural para que tramitara el caso62.
El mismo 28 de junio el Congreso Nacional sesionó y se dio lectura a una “supuesta carta de renuncia [del Presidente] Zelaya”63. Subsiguientemente, ordenó, mediante Decreto Legislativo 141-09, “[n]ombrar constitucionalmente al [entonces Presidente del Congreso el] ciudadano Roberto Micheletti Bain […] en el cargo de Presidente Constitucional de la República por el tiempo que falte para terminar el período actual”64. Tras asumir el poder, el señor Micheletti anunció un estado de excepción y toque de queda65.
Los días siguientes se realizaron diversas manifestaciones públicas, las cuales fueron “violentamente reprimidas”66. Asimismo, se detuvieron “a miles de personas, incluid[os …] niños, en su mayor parte durante las protestas contra el golpe”67. La Comisión Interamericana señaló en su informe que durante su visita a Honduras, “pudo constatar que las autoridades políticas, líderes sociales y funcionarios públicos que manifestaron su repudio al golpe de Estado, como también la familia del Presidente Zelaya, vivieron situaciones que pusieron en riesgo sus vidas e integridad personal, siendo amenazados, perseguidos, golpeados, hostigados y/o investigados por los tribunales de justicia”68.
Diversos organismos internacionales, incluyendo la Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA y la Asamblea General de la ONU, condenaron lo sucedido y lo calificaron como un golpe de Estado69.
En el ámbito particular de la OEA, el 25 de junio de 2009 el gobierno de Honduras, a través de su representante ante la OEA, solicitó la convocatoria urgente del Consejo Permanente para tratar “el riesgo del proceso político institucional democrático y/o el legítimo ejercicio del poder en la República de Honduras”70. El 26 de junio el Consejo Permanente emitió una resolución para respaldar la democracia y el Estado de Derecho en Honduras y resolvió hacer un llamado a “todos los actores políticos y sociales para que sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de Derecho a fin de evitar la ruptura del orden constitucional”; e instruir al Secretario General a constituir una “Comisión Especial que visite Honduras con la finalidad de hacer una análisis de los hechos y contribuir a un diálogo nacional amplio, a fin de encontrar soluciones democráticas a la situación existente e informar de sus gestiones al Consejo Permanente”71.
El 28 de junio de 2009 el Consejo Permanente celebró una sesión extraordinaria en la cual “conden[ó] enérgicamente el golpe de [E]stado llevado a cabo [en] Honduras y la detención arbitraria y expulsión del país del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo una alteración inconstitucional del orden democrático”; exigió su restitución a la Presidencia y declaró que no se reconocería ningún gobierno que surgiera de la ruptura institucional72.
El 1 de julio de 2009 la Asamblea General de la OEA emitió una resolución igualmente condenando enérgicamente el golpe de Estado, instruyendo al Secretario General a “reali[zar] las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de [D]erecho”, y advirtiendo que “[d]e no prosperar estas iniciativas en un plazo de 72 horas, la Asamblea General Extraordinaria aplicará inmediatamente el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Honduras” 73.
En vista de que las gestiones diplomáticas del Secretario General de la OEA no lograron la restitución del Presidente Zelaya, haciendo uso por primera vez del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana y conforme al artículo 9 de la Carta de la OEA74, el 4 de julio de 2009, la Asamblea General de la OEA decidió “[s]uspender al Estado de Honduras del ejercicio de su derecho de participación en la Organización de los Estados Americanos”75.
Tras diversas negociaciones iniciadas por el Secretario General de la OEA y posteriormente por el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, el 30 de octubre de 2009 se firmó el acuerdo denominado Diálogo Guaymuras, Acuerdo Tegucigalpa/San José para lograr la reconciliación nacional76. Entre los puntos acordados se incluyó la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, la cual se hizo efectiva el 13 de abril de 2010 mediante un Decreto Ejecutivo. Dicha Comisión tuvo como objetivo “esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009 en Honduras, a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcionar al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repit[ieran] en el futuro”. Dentro de sus atribuciones se incluía el formular recomendaciones constructivas para fortalecer la institucionalidad y desarrollo democrático en Honduras, la defensa y garantía de los derechos humanos, así como recomendar y proponer métodos de seguimiento de los elementos que propicien y favorezcan a la reconciliación de la familia hondureña. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación trabajó por un año (desde el 4 de mayo de 2010) y presentó su informe a la ciudadanía hondureña y a los representantes de los tres Poderes del Estado el jueves 7 de julio de 201177.
Asimismo, en el referido Acuerdo Tegucigalpa/San José se pactó la conformación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional, la renuncia a convocar una Asamblea Constituyente o reformar la Constitución, la normalización de la relaciones de Honduras con la comunidad internacional y la conformación de una Comisión de Verificación de los compromisos asumidos en el acuerdo, coordinada por la OEA e integrada por dos miembros internacionales y dos hondureños, Adicionalmente, se acordó que el Congreso Nacional decidiera sobre la restitución del gobernante derrocado y se manifestó apoyo a las elecciones presidenciales78. El 3 de noviembre de 2009 el señor Micheletti intentó conformar un gabinete de manera unilateral, contradiciendo el Acuerdo. Por su parte, “el Presidente Zelaya declaró que la violación del Acuerdo invalidaba el mismo”79. El 10 de noviembre de 2009, el Consejo Permanente de la OEA convocó a una sesión extraordinaria en la que el Secretario General relató los incumplimientos por parte del gobierno de facto del Acuerdo Tegucigalpa/San José. En esas circunstancias, la mayoría de las delegaciones presentes reiteraron que la restitución del Presidente Zelaya era condición necesaria para el reconocimiento de las elecciones que se celebrarían el 29 de noviembre80. Finalmente, el 29 de noviembre de 2009 se celebraron las elecciones en Honduras resultando electo el señor Porfirio Lobo, quien asumió el poder el 27 de enero de 201081.
El 22 de mayo de 2011, con la mediación de los Presidentes de Colombia y de Venezuela, el expresidente Zelaya y el entonces Presidente, Porfirio Lobo, firmaron el “Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras” el cual contenía una serie de medidas para garantizar la seguridad del expresidente Zelaya y funcionarios de su gobierno, así como “enmarcar todas las acciones y decisiones del gobierno de Honduras en el estricto cumplimiento de la Constitución y la ley”82.
El 1 de junio de 2011 la Asamblea General de la OEA acogió este Acuerdo y decidió levantar, con efecto inmediato, la suspensión del derecho de participación del Estado de Honduras en la OEA83.
La Corte Suprema de Justicia adoptó una posición que contrastaba abiertamente con las conclusiones de la OEA respecto a los hechos relativos al golpe de Estado. El 28 de junio de 2009, cuando el Presidente Zelaya fue privado de libertad (supra párr. 49), la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado de prensa en el cual manifestó que:
[L]as Fuerzas Armadas como defensores del imperio de la Constitución, ha actuado en defensa del Estado de Derecho obligando a cumplir las disposiciones legales, a quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna.
[E]l Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día de hoy está basado en una orden judicial emitida por [un] Juez competente, su ejecución est[á] enmarcada dentro de los preceptos legales, y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras el Imperio de la Ley84.
El 30 de junio emitió otro comunicado donde señaló que ese día se había suspendido la “secretividad” de un:
[R]equerimiento fiscal de fecha 25 de junio de 2009, presentado por el Ministerio Público, contra el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales a quien se le acusa como responsable, a título de autor de los delitos contra la [Forma de Gobierno, Traición a la Patria, Abuso de Autoridad y Usurpación de Funciones], en perjuicio de la [Administración Púbica y el Estado de Honduras]85.
El 20 de julio de 2009 emitió un tercer comunicado donde además señaló que “sus actuaciones han sido ejecutadas y continuarán ejecutándose dentro del marco de la Constitución y las leyes”86. El 31 de julio y 21 de agosto de ese mismo año emitió dos comunicados de prensa adicionales ratificando la información anterior87. En ese último comunicado se definió lo sucedido como una “sucesión constitucional”88.
Ninguno de los comunicados de prensa mencionó el traslado a la fuerza del Presidente Zelaya fuera del país. De acuerdo con distintos artículos de prensa, paralelamente Roberto Micheletti se reunió con el pleno de la Corte Suprema89.
En referencia a todas estas actuaciones de la Corte Suprema, la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que la Corte Suprema “no pudo trascender a la crisis, abandonó su papel de árbitro y se convirtió en un actor protagónico en el proceso de separación de José Manuel Zelaya como presidente constitucional de la república”90. De forma similar, el entonces Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Leandro Despouy, señaló que “la Corte Suprema participó en la disolución del orden constitucional al apartarse de las reglas de independencia e imparcialidad que deben caracterizarla”91. Asimismo, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que dichas actuaciones de la Corte Suprema “arroja[ron] dudas sobre su imparcialidad y su compromiso con el Estado de Derecho” 92.
En relación con otras autoridades judiciales, la Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló que con el “fiscal general […] se da una situación similar a la de la Corte Suprema de Justicia, al verse implicado desde el inicio de la crisis institucional de 2009 y desarrollar una línea de actuación favorable al [g]obierno de facto”. Al respecto, manifestó que “el fiscal general y la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución se abstuvieron de cuestionar los decretos de restricción de derechos”93. De forma similar, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos apoyó la tesis de la Corte Suprema y se negó a investigar las denuncias presentadas a su oficina94.
Por otra parte, consta en el expediente que por medio de una circular interna, la Jefa de Personal del Poder Judicial, “[a]tendiendo instrucciones [s]uperiores […] invitó a los Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a participar en la “Marcha por la Paz en Honduras”, a realizarse el 30 de junio de 2009, en apoyo al nuevo gobierno95.
Todas las presuntas víctimas de este caso eran miembros de la AJD. Dicha asociación fue fundada el 12 de agosto de 200696. De acuerdo con sus estatutos, su objetivo fundamental es “la defensa, promoción y fortalecimiento del Estado de Derecho, específicamente del área de justicia; así como de la independencia y el respeto al estamento judicial hondureño”. Solo pueden ser miembros de la asociación jueces, juezas y magistrados que se encuentren en servicio activo97.
Frente a los sucesos de junio de 2009, la AJD emitió un comunicado el 28 de julio de 2009 señalando su “profunda preocupación [por] la situación de ilegalidad y de resquebrajamiento de todas las instituciones”. Asimismo, indicó que “espera[ba] del Poder Judicial, y en particular de la Corte Suprema de Justicia, que cumpl[iera] con la función de garantía de los derechos fundamentales y de límite de otros poderes del Estado, realizando un ejercicio jurisdiccional que permita junto a otros actores el retorno del orden constitucional”98. En comunicados posteriores, condenaron “la detención ilegal y vejámenes sufridos” por Luis Alonso Chévez de la Rocha99, presunta víctima del caso, así como los procesos disciplinarios en contra de las presuntas víctimas y otros funcionarios judiciales (infra párrs. 86 a 147)100.

References: artículo 374
 resolución 
 resolución 
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 9