Source: https://es.scribd.com/doc/59757397/Decreto-8190-Ley-contra-el-desalojo-y-la-desocupacion-arbitraria-de-viviendas
Timestamp: 2017-08-17 12:07:16+00:00

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Cargado por Rafael Ramos
Decreto 8190 Ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas Gaceta Oficial 39.
668 del 6 mayo 2011 Decreto N° 8.190 5 de mayo de 2011 EXPOSICION DE MOTIVOS DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA DE VIVIENDAS El Estado es el garante del disfrute pleno de todos los derechos fundamentales Inherentes a la existencia humana. Entre ellos, junto al derecho a la vida, la alimentación, la educación y la salud, coexiste el derecho a una vivienda digna, el cual implica un enorme esfuerzo de todos los órganos y entes del Estado, en función de la complejidad social y económica de la solución de los problemas habitacionales. Ese esfuerzo ha sido empeñado por el Ejecutivo Nacional durante el último decenio, más, sin embargo, persiste un déficit en el número de soluciones habitacionales necesarias para satisfacer la enorme demanda nacional, producto principalmente de distorsiones en el mercado inmobiliario y en el sector construcción.
Aunado a lo anterior, las fuertes lluvias acaecidas durante el último trimestre del año 2010 ocasionaron severos daños a la infraestructura habitacional existente, dejando a un sinnúmero de familias damnificadas, las cuales han sido inmediatamente atendidas por la acción del Gobierno Nacional, pero que requieren en la actualidad una solución definitiva a su problema de vivienda. Así, en el actual escenario, por uno u otro motivo, existe una enorme cantidad de familias que dependen de la disponibilidad de viviendas en el sector inmobiliario, bien por la vía del arrendamiento y las diversas formas de ocupación o, mediante la compra a crédito.
Estas familias ocupan las viviendas disponibles en función de su
los más afectados por la variación en las condiciones de arrendamiento son los dos últimos. o el derecho a ocuparlas. De éstos. De tal manera. que en la mayoría de los casos responden a los valores que fija el mercado por vía de la especulación inmobiliaria y los intereses capitalistas de los propietarios y arrendadores y no al costo real o un valor razonable de los alquileres. Un individuo. las cuales requieren de . ó de otra vivienda. desarrolla sentido de pertenencia y apego hacia la vivienda que considera su hogar. hacia la comunidad y hacia el hábitat en donde desarrolla parte de su vida. familias monoparentales matricentradas y personas con discapacidad. y permanecen en ellas en la medida que pueden satisfacer las demandas de los arrendadores en los precios de alquiler. Sobre el anterior particular. Al ser arrancado abruptamente de su morada esta acción genera en los individuos tensiones psicológicas. produciéndose un incremento en el valor de arrendamiento o una modificación de los planes particulares del propietario respecto de su inmueble. Es pertinente advertir que. además de las consecuencias económicas y sociales que afectan directamente a todos los miembros del grupo familiar. las familias que habitan durante largos periodos una vivienda arrendada o en otra forma de ocupación. lo hacen frente a la imposibilidad de acceso a políticas adecuadas para la obtención de la titularidad de las mismas. generalmente. debe observarse que el estrato correspondiente a pobreza crítica está compuesto en un mayor porcentaje por personas de la tercera edad. cuando las expectativas del arrendador varían. al establecer su residencia durante un largo periodo en un mismo lugar. son susceptibles de perder sus viviendas.capacidad económica. tensiones fisiológicas y tensiones derivadas de la pérdida. Los estratos con una mayor tendencia al arrendamiento de viviendas son la clase media-media y los estratos más vulnerables. en situación de pobreza relativa y pobreza crítica.
ha reportado recurrentemente ante los movimientos sociales de inquilinos y el Movimiento de Pobladores estar siendo afectados por los propietarios. Cabe destacar que una parte importante del mercado de la vivienda secundaria se encuentra monopolizado por consorcios o grupos inmobiliarios. Llegan incluso a permitir el deterioro del edificio a fin de que los arrendatarios desocupen voluntariamente o se declare inhabitable inmueble y lograr de cualquier modo la desocupación. sino al empleo de argumentos personales que esconden el objetivo de especular y de evadir los controles.protección especial por parte del estado. dueños o no (pero actúan como tales) de gran cantidad de edificios destinados al alquiler. poseen una ocupación condicionada al capricho de los propietarios o arrendadores dada la falta de regulaciones y controles efectivos. un numeroso grupo de familias venezolanas no encuentran satisfecha una necesidad básica como lo es vivienda propia. Se ha corroborado que para burlar dicho congelamiento los propietarios solicitan ante un tribunal medidas de secuestro para obtener los inmuebles arrendados y así proceder a realquilarlos . siendo que la causa de perdida de sus hogares no se debe a la falta de pago como lo estipula la actual Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en su artículo 34 parágrafo A. a través de medidas ilegales de desalojo. En el escenario actual. elevando así su margen de ganancias económicas. En la práctica. los propietarios o arrendadores pueden tener otros fines. pero siempre alegan las causas establecidas en la ley de arrendamiento para rescindir el contrato. como vender el edificio o mantenerlo ocioso incluso. debido a su vulnerabilidad. debido a que los propietarios o arrendadores manifiestan querer realquilar estas unidades habitacionales con la intención de acrecentar el monto correspondiente a cánones de alquiler utilizando la figura del traspaso. Este grupo. pues existe una congelación de los alquileres para inmuebles construidos antes de 1987.
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. el cual seguramente se reducirá en los próximos años por la decidida actuación del Gobierno Nacional. de carácter positivo. la adopción de medidas legislativas dirigidas a garantizar a todas las personas el derecho humano de una vivienda adecuada. En un alto porcentaje. las familias afectadas por desalojo se encuentran solventes en sus pagos e ignorantes ante el hecho de que existe un proceso judicial en su contra y carecen de orientación oportuna por parte de organismos del estado. . Por otra parte. impone a los Estados Partes la obligación general de adoptar medidas adecuadas. vista la coyuntura que afronta actualmente el sector vivienda y el déficit existente. Es por ello que se hace necesaria la pronta intervención por parte del Estado venezolano. el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Económicos. Valor y Fuerza de Ley objeto de esta motivación. dadas las características materiales de la actuación (acompañada por la fuerza pública y la coacción al abandono del hogar) llega incluso a generarse terror en la familia inquilina a desalojar. en una fase de transición. y haciendo referencia a los antecedentes jurídicos que motivan el Decreto con Rango. pero que requiere. debidamente suscrito y Ratificado por la República. de medidas adicionales de protección de derecho humano a una vivienda digna. en particular. En los procedimientos de entrega material del inmueble o desalojo forzoso a inquilinos.utilizando la práctica del traspaso a precios muy por encima del valor real del inmueble.
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional. como miembro de la Sociedad. realizada en el 16° período de sesiones (1997) del Pacto Internacional de Derechos Económicos. habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado.  Aceptar graves situaciones de explotación para acceder a una . sociales y culturales. la Declaración de los Derechos Humanos dispone que toda persona.  Ocupar edificios y terrenos vacíos como única alternativa para habitar o construir sus planes de vivienda. la satisfacción de los derechos económicos.Igualmente. en los cánones de arrendamiento. llegando a conclusión que los desalojos forzosos son. La evidente crisis en materia de vivienda que ha generado el capitalismo y las políticas neoliberales de la cuarta república han impedido a amplios sectores de la sociedad acceder a una vivienda digna. incompatibles con dicho Pacto. prima facie. indispensables a su dignidad y al derecho de tener una vivienda adecuada. contenida en el párrafo 1° del Artículo 11. La Observación General N° 7. referida a los desalojos forzosos. Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. obligándolos a recurrir a:  Aceptar contratos de arrendamiento a altos costos fijados por el mercado especulativo de vivienda y soportar aumentos desproporcionados. tiene derecho a obtener. dictaminó en su primer punto que dada la Observación General N° 4 referida al derecho a una vivienda adecuada (sexto periodo de sesiones. el hostigamiento u otras amenazas. en vista de las dificultades para comprar o arrendar una vivienda conforme a los precios especulativos y alternativas ofrecidas por el mercado inmobiliario. e ilegales en muchos casos. 1991) que todas las personas deberían gozar de un cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo forzoso.
las personas. que en muchos casos establecen plazos breves y no prevén una garantía adecuada en el acceso a la defensa por un abogado. La situación y razones expresadas fundamentan el presente decreto que busca garantizar a todos los y las habitantes. en las que no logran terminar de cubrir los pagos fijados arbitrariamente. y leyes nacionales. violatorios de derechos humanos y que se encuentran expresamente prohibidos conforme a tratados. hostigamientos. En fin.  Acceder a políticas crediticias o de financiamiento especulativas y muchas veces fraudulentas. la seguridad personal. el respeto y la protección del hogar. anteriores a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y surgidos en escenarios de políticas neoliberales y contextos sociales distintos a la situación de emergencia generada por las lluvias. amenazas y ejecuciones de desalojos arbitrarios.vivienda como es el caso de muchos trabajadores de conserjería y otros oficios similares. sin alternativas de vivienda digna ni refugio alguno. la salud física y mental. convenios internacionales suscritos por nuestro país. tiene el Estado venezolano el deber de garantizarle el derecho . a fin de evitar que la lógica perversa del capitalismo siga enviando a la calle. y establecer procedimientos especiales para garantizar que los desalojos forzosos se hagan previa garantía del derecho a la defensa y acompañado de una política de protección de las familias y las personas en el acceso a la vivienda. que implican el derecho a no ser desalojados arbitrariamente. la familia. a personas. Todas estas situaciones implican muchas veces. familias y comunidades víctimas de desalojos forzosos se ven afectados por procedimientos administrativos y judiciales establecidos en leyes nacionales. de los débiles jurídicos en virtud de sus capacidades económicas. Por otro lado. familias y comunidades enteras.
la refundación de la nación venezolana. garantizando los medios para que éstas. sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo. literales a y c. Decreto N° 8.a toda persona de tener una vivienda adecuada y a la protección del hogar y la familia. propósito y razón de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Valor y Fuerza de Ley para la Regulación de los Desalojos Forzosos de Vivienda.190 5 de mayo de 2011 HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo bolivariano. por mandato del pueblo y en ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1. puedan acceder a las políticas sociales. basado en principios humanistas. del artículo 1 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango. En las anteriores líneas se inscriben las razones que fundamentan el Decreto con Rango. VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS . Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan en Consejo de Ministros. de conformidad con el espíritu. DECRETO CON RANGO. el cual fortalecerá el ejercicio del derecho a la vivienda por el pueblo venezolano. dándole prioridad a las familias. DICTA El siguiente. especialmente las de escasos recursos.
A partir de la publicación del presente Decreto con Rango. o cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda. El presente Decreto con Rango. las personas naturales y sus grupos familiares. no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos .Objeto Artículo 1°. así como aquellas personas que ocupen de manera legítima dichos inmuebles como vivienda principal. destinados a vivienda principal. alguno de los sujetos protegidos por este Decreto-Ley. Ámbito de aplicación Artículo 3°. que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarias o arrendatarios. siendo susceptible de ejecución judicial que comporte la pérdida de la posesión o tenencia. sea susceptible de una medida cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal. Valor y Fuerza de Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Valor y Fuerza de Ley. comodatarias o comodatarios. mediante la aplicación del presente Decreto con Rango. Restricción de los desalojos y desocupación forzosa de viviendas Artículo 4°. Valor y Fuerza de Ley deberá aplicarse además en protección de las adquirientes y los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario. Sujetos objeto de protección Artículo 2°. por cualquier medio. El presente Decreto con Rango. comodatarios y ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal. así como las y los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario. contra medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretenda interrumpir o cesar la posesión legítima que ejercieren. Serán objeto de protección especial. El presente Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley será de aplicación en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela de manera preferente a todas aquellas situaciones en las cuales. actuación administrativa o decisión judicial. se hubiere constituido garantía real. cuando sobre dichos inmuebles. Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto la protección de las arrendatarias y arrendatarios.
El funcionario competente procederá a citar a la otra parte. El interesado deberá consignar solicitud escrita. Valor y Fuerza de Ley. en el presente Decreto-Ley. Previo al ejercicio de cualquier otra acción judicial o administrativa que pudiera derivar en una decisión cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal. o no compareciere dentro del plazo antes indicado. por ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. para tales efectos. contado a partir del día siguiente al de su citación. Si dicha parte manifestare no tener abogado. en perjuicio de alguno de los sujetos protegidos por este Decreto-Ley. para que comparezca acompañada de abogado de su confianza a exponer sus alegatos y defensas en audiencia conciliatoria que se llevará a cabo en un plazo que no podrá ser menor a diez (10) días hábiles ni mayor de quince (15) días hábiles. deberán ser suspendidos por la respectiva autoridad que conozca de los mismos. luego de lo cual. y según las resultas obtenidas. independientemente de su estado o grado. sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos.o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objeto de protección indicados en este Decreto Ley. debidamente motivada y documentada. en la cual expondrá los motivos que le asisten para solicitar la restitución de la posesión del inmueble y. hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este Decreto-Ley. el desalojo de alguno de los sujetos objeto de protección de conformidad con el presente Decreto con Rango. el funcionario actuante deberá extender la correspondiente citación a la Defensoría especializada en materia de protección del derecho a la . por tanto. Inicio Artículo 6°. Audiencia conciliatoria Artículo 7°. el procedimiento descrito en los artículos subsiguientes. tales procesos continuarán su curso. deberá tramitarse por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda. Los procesos judiciales o administrativos en curso para la entrada en vigencia de este Decreto-Ley. Procedimiento previo a las demandas Artículo 5°.
una vez fijada la nueva oportunidad para la celebración de la audiencia. ambas partes manifestaran la forma y tiempo de ejecución de lo acordado. Culminación del procedimiento Artículo 8°. Si la parte interesada. En todo caso. La inasistencia de la solicitante o el solicitante a la última audiencia fijada.vivienda y suspenderá el curso del procedimiento hasta la comparecencia del Defensor designado. dando fin al procedimiento. . Resultado de la audiencia conciliatoria Artículo 9°. De ser necesario. actuaciones y circunstancias en el curso del procedimiento. que al efecto formarán parte integrante del expediente. mediante actas levantadas a tal efecto. de ser el caso. exceda de veinte (20) días hábiles. podrá prolongarse. notificando debidamente a todos los interesados. el funcionario actuante dejará constancia de todas las situaciones. suspenderse o fraccionarse la audiencia cuantas veces sea requerida para lograr la solución del conflicto. el operador de justicia procederá a dictar su decisión. o de la infructuosidad de las gestiones conciliatorias realizadas. Celebrada la audiencia y llegado a un consenso de solución. los presentes suscribirán un acta en la cual se hagan constar los acuerdos o soluciones que las partes hubieren adoptado. oportunidad en la cual fijará la fecha de la audiencia conciliatoria. se declarará desierto el acto. Si. sin que el plazo total. Todas las actuaciones serán recogidas en un acta. La audiencia conciliatoria se celebrará en presencia de todos los interesados y será presidida por las funcionarias o los funcionarios designados a tal efecto. Culminada la audiencia conciliatoria. debiéndose fijar una nueva oportunidad dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a éste. o el sujeto objeto de protección y demás notificados. no comparecieren a la audiencia conciliatoria. o a cualquiera de sus sesiones. se verificare la incomparecencia de alguna de las partes. contado a partir de la primera audiencia. se considerará como desistimiento de su pedimento.
Acceso a la vía judicial Artículo 10. No podrá acudirse a la vía judicial sin el cumplimiento previo del procedimiento previsto en los artículos precedentes. el funcionario actuante dictará una resolución mediante la cual dicha parte quedará protegida contra el desalojo. la decisión fuere favorable al solicitante. el funcionario actuante deberá motivar la decisión que correspondiere. Si la decisión fuere favorable a la parte contra la cual obra la solicitud. con base en los argumentos y alegatos presentados por éstas. las partes podrán acceder a los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer sus pretensiones. el juez competente se asegurará de que el sujeto objeto de protección cuente con asistencia o representación jurídica durante todo el proceso. la designación y comparecencia de un defensor designado. por el contrario. Cumplido el procedimiento antes descrito. por un plazo no menor de noventa días (90) días hábiles ni mayor a ciento ochenta (180) días hábiles. conforme a lo establecido en el artículo anterior. optare por acudir a los órganos jurisdiccionales. Si dicho sujeto manifestare la imposibilidad de proveérsela por medios propios. habilitando la vía judicial para el solicitante. Garantía del derecho a la defensa Artículo 11. Cuando alguna de las partes. y aún en la fase de ejecución. conforme a lo dispuesto en el presente Decreto con Rango. De igual forma procederá cuando el Defensor designado deba ser sustituido. cualquier actuación o . independientemente de la decisión. Valor y Fuerza de Ley y el resto del ordenamiento jurídico vigente. el juez suspenderá el proceso a los fines de la notificación a la Defensa Pública. el cual sólo podrá ejecutarse por orden judicial. Los funcionarios judiciales estarán obligados a suspender. el funcionario actuante indicará en su resolución el plazo tras el cual podrá efectuarse el desalojo. Si.Cuando no hubiere acuerdo entre las partes. Procedimiento previo a la ejecución de desalojos Artículo 12.
provisión judicial en fase de ejecución que implique la terminación o cese sobre la posesión legítima del bien destinado a uso de vivienda. Valor y Fuerza de Ley. Dentro del plazo indicado en el artículo anterior. Ejecución material del desalojo Artículo 14. en su defecto. por ser este un derecho de interés social e inherente a toda persona. el cual deberá presenciar el desalojo y garantizar la protección de la dignidad del afectado y su familia. debiendo notificar al sujeto afectado por el desalojo y cualquier otra persona que considere necesaria en resguardo y estabilidad de sus derechos. el funcionario judicial: 1. Valor y Fuerza de Ley. Si esto no hubiere ocurrido. si éste manifestare no tener lugar donde habitar. 2. la ejecución por ningún motivo podrá llevarse a cabo en horario nocturno. bien sea que se encuentre tanto en ejecución voluntaria como forzosa. ni los días viernes. de madrugada. sábados o domingos. de un defensor público en materia de protección del derecho a la vivienda. 7 y 8 del presente Decreto con Rango. se deberá efectuar el procedimiento previo establecido en los artículos 5. 6. no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada. . Cuando hubiere de ejecutarse un desalojo. circunstancia que deberá certificar un Defensor Público con competencia en materia de defensa y protección del derecho a la vivienda. Así mismo. Verificará que el sujeto afectado por la medida de desalojo hubiere contado durante el proceso con la debida asistencia u acompañamiento de un abogado de su confianza o. Remitirá al Ministerio competente en materia de hábitat y vivienda una solicitud mediante la cual dicho órgano del Ejecutivo Nacional disponga la provisión de refugio temporal o solución habitacional definitiva para el sujeto afectado por el desalojo y su grupo familiar. el uso de la fuerza pública se requerirá sólo cuando sea estrictamente necesario. Condiciones para la ejecución del desalojo Artículo 13. sin cuyo cumplimiento no podrá procederse a la ejecución del desalojo. En todo caso. cumplidas las previsiones del presente Decreto con Rango.
en las demandas por incumplimiento o resolución de contrato y en aquellas por cobro de bolívares o ejecución de hipoteca. debiendo el juez competente además. Cuando el desalojo forzoso deba efectuarse de manera urgente por haber sido declarada la inhabitabilidad del inmueble a solicitud de algún organismo público. queda prohibido dictar medidas cautelares de secuestro sobre viviendas que constituyan el hogar de una familia. Rango y Fuerza de Ley. Valor y Fuerza de Ley. o cuando el inmueble vaya a ser . así como de las Organizaciones Sociales que se creen legalmente para la Defensa de los derechos de los arrendatarios y ocupantes. informar de la ejecución a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) y al Banco Nacional de Vivienda y Habitad (BANAVIH).El uso de la fuerza pública se hará en condiciones tales que garanticen el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos por parte del afectado y su grupo familiar. la información relativa a los desalojos previstos. Inhabitabilidad del inmueble Artículo 18. Prohibición de decretar secuestros cautelares Artículo 16. Garantía del derecho a la vivienda Artículo 15. en cuanto sea posible. Toda autoridad administrativa y judicial que tuviere a su cargo la ejecución de desalojos forzosos está en la obligación de poner a disposición del público en general y. dentro del plazo de noventa (90) días continuos previo a la ejecución. como consecuencia del atraso o cesación de pagos. a los fines de que dichos organismos evalúen la situación del crédito fallido y gestionen lo conducente a efectos de coadyuvar a la solución de la situación del afectado. se seguirán los procedimientos establecidos en el presente Decreto con Rango. La fecha para la ejecución material del desalojo deberá ser notificada al afectado con un plazo previo de. especialmente de los interesados directamente. A partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del presente Decreto con Valor. al menos. Adquirientes de vivienda Artículo 17. noventa (90) días continuos. Cuando el desalojo deba efectuarse sobre un inmueble destinado a vivienda o habitación por el beneficiario de un crédito inmobiliario.
deberá solicitarse a la Defensoría Pública la designación de defensor. el juez ordenará la suspensión de la causa hasta tanto sea designado un defensor público que asista o represente al demandado. tendrán el derecho de regresar a dicho inmueble. en lo referente a las condiciones. En todos los procesos en los cuales existan o puedan dictarse sentencias o medidas cautelares que pudieren generar el desalojo o la pérdida de posesión por parte de alguno de los sujetos protegidos por el presente Decreto-Ley. La Defensoría Pública dispondrá lo conducente para la designación de Defensores Públicos o Defensoras Públicas con competencias en materia de defensa y protección del derecho a la vivienda. la autoridad a la cual corresponda la ejecución del desalojo forzoso podrá obviar el cumplimiento del procedimiento descrito en el presente Decreto con Rango. y su grupo familiar. en todo caso.objeto de demolición o de reparaciones que ameriten su desocupación. la solicitud de ubicación del afectado y su familia en un refugio temporal o en una solución habitacional definitiva. Preeminencia del presente Decreto-Ley Artículo 19. Valor y Fuerza de Ley. el sujeto afectado por el desalojo. deberá remitir de manera urgente. requisitos y procedimiento de ejecución de desalojos de los sujetos objeto de protección. Creación de Defensoría Pública especializada Artículo 20. Cuando el proceso ya hubiere dado inicio. una vez restituidas las condiciones de habitabilidad del mismo. dentro de los noventa (90) días siguientes al de la publicación del presente Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. El presente Decreto con Rango. Pero. al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. Valor y Fuerza de Ley tendrá aplicación preferente respecto de la legislación en materia de arrendamientos inmobiliarios y la legislación procesal vigente. . Cuando el desalojo se efectuare para realizar reparaciones al inmueble. si el demandado no dispusiere de defensor privado.
Hasta tanto sea creada la defensoría especializada. Vigencia Artículo 21. Valor y Fuerza de Ley. a los cinco días del mes de mayo de dos mil once. El presente Decreto con Rango. de conformidad con las disposiciones en él contenidas. Valor y Fuerza de Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.S.) HUGO Refrendado CHÁVEZ FRÍAS . 152° de la Federación y 12° de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Años 201° de la Independencia. los Defensores Integrales deberán asumir la defensa en juicio de los sujetos objeto de protección por el presente Decreto con Rango. (L. Dado en Caracas.
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 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 2
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 5
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 resolución 
 Artículo 11
 resolución 
 Artículo 12
 Artículo 14
 Artículo 13
 resolución 
 Artículo 18
 Artículo 16
 Artículo 15
 Artículo 17
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 21