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Timestamp: 2020-02-22 07:52:21+00:00

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Javier Meléndez López Velarde | El Juego de la Suprema Corte
Identidad de género en la Suprema Corte, la lucha sigue
Rebeca Lorea Hernández y Javier Meléndez López Velarde
Hace unos días, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un asunto histórico1 sobre el acceso al reconocimiento legal de la identidad de género para personas trans. Se trata del amparo en revisión 1317/2017, en el que estableció que el procedimiento idóneo para hacer la adecuación de un acta de nacimiento en la mención sexo genérica, es el formal y materialmente administrativo.
La concesión de este amparo marca un parteaguas para el acceso de las personas trans al derecho a la identidad, pues, ajustándose a lo desarrollado en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH),2 se determinó que para acceder al reconocimiento de la identidad de género no se deben instaurar procedimientos desproporcionados e invasivos de la vida privada. La resolución tiene tanta relevancia como la que en su momento tuvo el amparo directo 06/2008, resuelto por el Pleno, en el que se reconoció el derecho a hacer las adecuaciones necesarias en las actas de nacimiento para ejercer el libre desarrollo de la personalidad.
Así, la sentencia representa un enorme avance para una población históricamente discriminada, violentada y excluida como la población trans y, sin duda alguna, marca el rumbo a seguir en las interpretaciones que adopten los órganos el Poder Judicial de la Federación. No obstante, para generar un efecto obligatorio y reafirmar los criterios adoptados en el amparo en revisión 1317/2017 mediante jurisprudencia, la Corte tiene una gran oportunidad. Nos referimos a la resolución de la contradicción de tesis 130/2018, cuyos orígenes e implicaciones a continuación analizamos.
¿Cuáles son los criterios en contradicción?
La contradicción de tesis 130/2018 versa prácticamente sobre el mismo tema resuelto en el amparo en revisión 1317/2017: ¿es constitucional obligar a una persona trans a agotar un procedimiento judicial para adecuar su acta de nacimiento en el nombre y mención sexo genérica y, con ello, ejercer su derecho a la identidad?
Por una parte, se encuentran cuatro resoluciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito,3 las cuales afirman que es constitucionalmente válido que, para acceder a un acta de nacimiento que refleje su identidad, las personas trans tengan que agotar el trámite riguroso de un juicio, aunque el mismo implique a) el ofrecimiento y desahogo de pruebas; b) la intervención del ministerio público y de quienes “pudieran tener interés”; c) la publicación de la demanda de rectificación en el juzgado durante cinco días para efectos de que cualquier interesado pueda oponerse; y que d) un juzgador decida la procedencia o no de la adecuación.
Los casos que dieron origen a las tesis emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, tuvieron su origen en el estado de Guanajuato.4 Las demandas de amparo planteaban la inconstitucionalidad de la legislación guanajuatense, pues ésta prevé la vía administrativa para el cambio de nombre, no así para el caso de la identidad de género, que se deja por exclusión a la vía jurisdiccional.
El argumento central era que la protección diferenciada a dos elementos de la identidad —el nombre y la identidad de género— es un trato diferenciado, basado en una categoría sospechosa —el género— que impacta desproporcionadamente en la vida de las personas trans; dicho trato diferenciado no se encuentra justificado ni supera el test de escrutinio estricto y, por lo tanto, la norma que sólo prevé el cambio de nombre y no de identidad de género por la vía administrativa, es discriminatoria e inconstitucional.
El Tribunal Colegiado sostuvo, por su parte, que el trato diferenciado acredita el test de escrutinio estricto, puesto que debe prevalecer la seguridad jurídica de quien solicita un cambio de acta de dichas características y para ello se necesita un análisis de pruebas que solo puede llevar a cabo un juez. Además, sustentó su determinación en la protección de terceros.
En el mismo sentido, se encuentra otro de los criterios contendientes, también sobre la legislación guanajuatense, emitido por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en apoyo del mismo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.5 En este caso, el órgano judicial refiere que la norma es constitucional, pues establecer las vías para el acceso a un derecho forma parte de la libertad configurativa del legislador, potestad que la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte IDH confirma para los Estados. No obstante, la resolución omite contrastar los requisitos establecidos en la legislación combatida, con los criterios desarrollados en la propia Opinión Consultiva (integralidad, gratuidad, confidencialidad, no patologización ni condicionarlas a intervenciones corporales y basarse en la autoadscripción). Finalmente, el fallo se limita a sostener que el acceso a la identidad de género es accesorio, un aspecto o presupuesto procesal que no forma parte del derecho fundamental como tal, y que la petición puede atenderse en la vía judicial.
Por otra parte, contiende el criterio desarrollado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.6 Este asunto trata de la legislación del estado de Baja California que prevé la vía administrativa cuando se solicita variar el nombre o “circunstancia esencial” para adecuarlo a su realidad social.
El criterio desarrollado por este Tribunal refiere que la adecuación en el acta de nacimiento debe regirse por las reglas de la rectificación del nombre registrado en las actas de nacimiento, sin la necesidad de acudir a un juicio. Esto, tras realizar una interpretación conforme en sentido amplio y advertir que el precepto legal sí prevé el supuesto, dado que no sólo establecía la posibilidad de variar el nombre, sino cualquier otra circunstancia esencial como la mención sexo genérica.
De tal manera, encontramos una contraposición en los criterios asumidos por los Tribunales Colegiados: por un lado, en Baja California se decidió que las personas trans pueden acceder a la vía administrativa para la adecuación de sus documentos; por otro, en Guanajuato se les negó esa posibilidad y se les conminó a la vía judicial. Si bien la interpretación de todos los tribunales precisa que la mención sexo genérica es un elemento esencial, en Baja California esto fue razón suficiente para hacer procedente el trámite en la vía administrativa, mientras que en Guanajuato fue el motivo por el que se consideró improcedente.
De esta forma, el nombre y la identidad de género, elementos equivalentes que forman parte del espectro del libre desarrollo de la personalidad y de la identidad, adquirieron distinto valor dependiendo de dónde haya sido registrada la persona, y de la interpretación que en un juicio de amparo se hizo de tal situación.
Las posibilidades y consecuencias de lo que decida la Suprema Corte
En el amparo en revisión 1317/2017, se determinó que las normas que obligan a llevar a cabo un procedimiento judicial son inconstitucionales, y que éstas no deben aplicarse para los casos de personas trans, sino que se debe posibilitar y dar trámite a un procedimiento formal y materialmente administrativo. Tras este precedente la Corte tiene, desde nuestra la óptica, al menos tres posibilidades de resolución en esta contradicción de tesis:
1. Considerar que las normas para el acceso a la adecuación del acta de nacimiento deben interpretarse de forma amplia para garantizar el acceso a personas trans al cambio de la mención sexo genérica, esto tanto por parte de autoridades judiciales como por autoridades administrativas, entre las que se incluye al registro civil.7
2. Determinar que los requisitos establecidos en la legislación del estado de Baja California se ajustan a su reciente decisión y a los de la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte IDH, no así los del estado de Guanajuato. En consecuencia, declarar inconstitucional la legislación guanajuatense que excluye la posibilidad de adecuar la mención sexo genérica en las actas de nacimiento en la vía administrativa, y hacer prevalecer el criterio sustentado en el amparo en revisión 1317/2017.
3. Aunque de forma menos probable, la Corte podría considerar que los requisitos de ambas legislaciones son constitucionales y convencionales, derivado de la libertad de configuración legislativa.
El amparo en revisión 1317/2017 representa una luz en el camino recorrido por las personas trans en la justa búsqueda del reconocimiento de su identidad. Asimismo, la resolución derivada de la contradicción de tesis 130/2018 será de suma relevancia para proteger el derecho a la identidad de las personas trans sin obstáculos injustificados, máxime cuando para el caso del estado de Guanajuato existen distintas tesis en el sentido de obligarlas a agotar los requisitos anteriormente mencionados.8 De forma que, mientras no se resuelva la contradicción de tesis, las personas trans registradas en dicho estado seguirán en incertidumbre.
Nos encontramos en un contexto en el que los prejuicios que pesan sobre las identidades trans no han hecho más que perpetuar la discriminación que viven diariamente. Prueba de ello es la distinción en la legislación para el cambio de documentos, así como las interpretaciones restrictivas que asumen que las identidades trans son distintas a cualquier otra y deben ser verificadas. La Corte debe continuar en la misma línea de reconocer más derechos para más personas. En la contradicción de tesis 130/2018, el derecho en cuestión es el acceso a la identidad de género, aquí, la forma de garantizarlo siempre ha sido el fondo.
Rebeca Lorea Hernández y Javier Meléndez López Velarde. Abogados por la Universidad Iberoamericana León y cofundadores de Amicus DH A.C. Twitter: @Rebeca_lorea y @Javier_mlv
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 17 de octubre 2018, Comunicado 130/2018 “Otorga Primera Sala Amparo para que Registro Civil de Veracruz dé trámite administrativo a una solicitud de adecuación de identidad de género”.
2 Corte Idh, Opinión Consultiva 24/2017 “Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo”, 24 de noviembre de 2017, serie A
3 Amparos en revisión 313/2016; 35/2017; 42/2017 y 80/2017
4 Al respecto, en este texto describimos la ruta de los litigios.
5 Amparo en revisión 284/2017
6 Amparo en revisión 182/2016
7 Sobre este criterio, el Juzgado Noveno de Distrito del Décimo Sexto Circuito, con sede en Irapuato, Gto., resolvió en dicho sentido el Amparo Indirecto 968/2016-I, sobre la legislación guanajuatense.
8 Para mayor información, consultar los criterios con número de registro 2017457, 2017458, 2017459, 2016944, 2015894, 2015895 y 2015896.
La opinión consultiva 24 y el poder judicial de la federación. Caso Guanajuato
Sobre la opinión consultiva 24
La Opinión Consultiva 24 (OC-24) sobre orientación sexual e identidad de género de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), recién publicada en enero pasado, representa un hito en el avance del reconocimiento de derechos humanos de personas LGBTQI+, así como de los mecanismos jurídicos aplicables en el continente americano. El presente texto pretende abonar a las opiniones ya vertidas en este espacio, tanto aquellas relacionadas con su importancia y alcance, como las relativas al contenido y los pendientes en México. En específico, el artículo abordará lo concerniente al papel que el Poder Judicial de la Federación desempeña en la resolución de diversos juicios de amparo promovidos en el estado de Guanajuato, cuya finalidad es lograr el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans.
No debe omitirse que a partir de la resolución del amparo directo 06/2008, la Suprema Corte de Justicia desarrolló criterios relevantes en materia del derecho al libre desarrollo de la personalidad.1 Además, a partir de la mencionada sentencia surgieron diversas tesis aisladas relacionadas con el derecho al reconocimiento legal de la identidad de género.2 Los criterios refieren a la falta de razonabilidad de una negativa a la adecuación de un acta de nacimiento, con base en la protección de derechos de terceros; versan también sobre la despatologización de los procedimientos legales de adecuación de actas de nacimiento, en virtud de ser un aspecto que forma parte de la manera en que una persona desea proyectarse y vivir su vida, por lo que sólo a ésta le corresponde decidir autónomamente;3 aluden, asimismo, a la confidencialidad de los procedimientos,4 a la preeminencia de la identidad de género autopercibida5 y a la relación entre el derecho a la salud y al reconocimiento legal de la identidad de género.6 La mencionada resolución es de tal importancia que incluso es citada en diversas ocasiones en la propia OC-24. Pero, casi diez años después de la publicación de las tesis identificadas, ¿qué tan efectivas son en el contexto actual para garantizar el derecho a la identidad de personas trans en México?
La experiencia en Guanajuato
Desde 2016, en el estado de Guanajuato han sido promovidos siete juicios de amparo, con el fin de lograr que las personas trans puedan adecuar su nombre y su mención sexo-genérica en sus actas de nacimiento mediante un procedimiento administrativo que cumpla con ciertos criterios mínimos que respeten sus derechos humanos; los cuales ahora han quedado establecidos en la OC-24.7 Hasta ahora, la respuesta del Poder Judicial de la Federación, con sede en esta entidad federativa, ha sido la inobservancia de tales criterios.
A mayor abundamiento, la legislación civil del estado de Guanajuato contempla dos vías para la rectificación de actas de nacimiento: la administrativa y la judicial. La segunda contemplada actúa por exclusión, es decir, para todo supuesto jurídico de cambio de actas de nacimiento que no esté ya contemplado en los procedimientos administrativos.8
La rectificación administrativa,9 por su parte, procede para la adecuación de fecha de nacimiento, de nombre propio para ajustarlo a la realidad social, de errores en la transcripción de los datos, y de adecuación de actas del estado civil de descendientes cuando sus ascendientes hayan modificado sus actas respectivas. La rectificación consiste en la presentación de una solicitud por escrito ante la Dirección General del Registro Civil con el nombre de quien lo solicita, su firma y la precisión del cambio que se pretende realizar donde debe expresarse los argumentos en los que se sustenta la petición. Junto con la solicitud se debe acompañar el acta que se quiere corregir con una identificación oficial y con “los documentos que acrediten la petición del interesado.” El procedimiento establece que la Dirección General del Registro Civil podrá allegarse de las pruebas que estime convenientes y deberá dictar resolución en un plazo de doce días hábiles.
En cambio, para el desahogo del procedimiento judicial es necesario dar vista al Ministerio Público, al Oficial del Registro Civil10 y a quienes pudieran tener interés;11 a su vez, implica la publicación de la demanda de rectificación en el juzgado durante cinco días para efecto de que cualquier interesado esté en oportunidad de oponerse;12 de igual manera, conlleva la valoración de documentos, de testigos, de dictámenes y en general, de ofrecimiento y desahogo de pruebas.13 Lo antes mencionado, con el objeto de que un tercero –el juez local del estado de Guanajuato– emita una determinación en la que decida14 si una persona trans es quien afirma ser.
Así, en los casos a los que hacemos referencia, se solicitó ante la Dirección del Registro Civil la modificación del nombre de pila y de mención sexo-genérica en las actas de nacimiento; con base en el supuesto de adecuación de nombre propio para ajustarlo a la realidad social. La petición fue acompañada por una historia de vida donde detallaba las situaciones diarias de discriminación de personas trans, al verse obligadas a mostrar identificaciones oficiales que no reflejan su identidad. Todo lo anterior, con base en el derecho humano a la igualdad y no discriminación, a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad y proyecto de vida. Sin embargo, todas las respuestas fueron negativas, bajo la justificación de que se debía desahogar un procedimiento jurisdiccional para el supuesto de “reasignación sexo-genérica”.
Frente a las negativas se promovieron demandas de amparo indirecto, en las que se señaló que la legislación civil guanajuatense es inconstitucional por violar el derecho a la igualdad y no discriminación. De las siete demandas presentadas, en primera instancia, cuatro fueron resueltas a favor y sólo tres en contra; no obstante, las resueltas en favor de los derechos de las personas trans fueron impugnadas por el Congreso del estado de Guanajuato. En los recursos de revisión se insistió y robusteció bajo el mismo argumento: la protección diferenciada a dos elementos de la personalidad (por contemplar distintos procedimientos para la rectificación del nombre vs. la identidad de género) ejerce un impacto desproporcionado en la vida de las personas trans y, por tanto, es discriminatorio e inconstitucional.
El impacto diferenciado se manifiesta en la diferencia de trato que emana del propio ordenamiento. En efecto, las personas cisgénero -persona cuya identidad de género corresponde con el sexo asignado al nacer- tienen reconocido su derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad por el sólo hecho de desarrollar una identidad de género “acorde” a la relacionada con el sexo con el que nacieron y, si así lo quisieren, pueden cambiar su nombre de pila bajo la rectificación administrativa. Sin embargo, para acceder al mismo derecho, las personas trans se ven orilladas a agotar un procedimiento jurisdiccional que, además, es público, invasivo y toma mucho más tiempo. Además, también se argumentó que la existencia y la aplicación del procedimiento judicial perpetúa la situación de discriminación y de exclusión15 de las personas trans. El mensaje que envían –a particulares y a otros entes estatales– es que la identidad de las personas trans debe comprobarse; esto, no sólo las sigue colocando en una situación de desventaja, sino que el procedimiento mismo reproduce el fenómeno que se pretende evitar: la necesidad de tener que probar quién se es.
El papel del poder judicial de la federación
Las primeras cuatro resoluciones de amparo en revisión fueron resueltas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato. El resultado fue que dos sentencias confirmaron la negativa de amparo, mientras que en las otras dos resoluciones restantes se revocó la protección federal.
Lejos de adoptar un criterio mediante el cual quedaran salvaguardados los derechos de las personas trans, el Tribunal no sólo se opuso a los argumentos vertidos, sino que incluso emitió tres tesis aisladas16 que socavan los derechos de este grupo poblacional en el estado de Guanajuato y que, claramente, contradicen lo establecido en la OC-24. La interpretación del Tribunal Colegiado se sintetiza en los siguientes puntos:
a) El agotamiento de un procedimiento jurisdiccional para el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans no es discriminatorio, a pesar de que la legislación civil guanajuatense haga un trato diferenciado, puesto que una autoridad judicial debe “estudiar que su identidad no se alterará”; y supera el test de proporcionalidad pues su objetivo es salvaguardar la seguridad jurídica de los gobernados;
b) El procedimiento administrativo para rectificación de actas de nacimiento no es idóneo para el reconocimiento de la identidad de género, puesto que la verificación de la procedencia de adecuación sexo-genérica requiere de un análisis de hechos y pruebas que sólo puede ser realizado por un juzgador;
c) Es necesario el desarrollo de un procedimiento jurisdiccional para reconocer legalmente la identidad de género a personas trans en el estado de Guanajuato.
Las tesis aisladas contradicen, además de la Opinión Consultiva 24, lo ya establecido por la Suprema Corte en el amparo directo 06/2008. En efecto, al afirmar que el trato diferenciado es proporcional desconocen que, según el documento de la CorteIDH, “no resulta razonable establecer un trato diferenciado entre las personas cisgénero y transgénero que pretenden llevar a cabo correcciones en los registros y documentos de identidad”.17 De igual forma, al aseverar que hay hechos y pruebas que deben ser valoradas por un juez, contradicen que “la regulación y la implementación de los procesos deben estar basadas únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante”,18 que “el procedimiento que mejor se ajusta a los requisitos establecidos en esta opinión es el que es de naturaleza materialmente administrativa o notarial”,19 y que “un trámite de carácter jurisdiccional encaminado a obtener una autorización para que se pueda materializar efectivamente la expresión de un derecho de esas características representaría una limitación excesiva para el solicitante y no sería adecuado.”20
Actualmente restan por resolverse tres amparos en revisión que versan sobre los mismos artículos de la legislación civil. Ante la emisión de las tesis aisladas, el sentido de la resolución de los Tribunales Colegiados con sede en Guanajuato es predecible; no obstante, aún existe la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia decidiera reasumir la competencia de los mismos y resolver que las personas trans no deben ser obligadas a exponer su vida privada y a depender de la voluntad de un juzgador o una juzgadora para ver reconocida su identidad. En tanto, históricamente ha existido un diálogo jurisprudencial entre la Suprema Corte de Justicia y el mencionado CorteIDH que es relevante difundir y hacer evidente la discordancia aquí desarrollada.
La resolución de los amparos en revisión pendientes no sólo es importante para las personas trans de que se trata o para la población trans en el estado de Guanajuato, sino que reviste un gran interés jurídico pues, si bien pareciera que en México el Poder Judicial de la Federación ha tutelado los derechos de este grupo desde el amparo directo 06/2008, en dicho momento la discusión no versaba sobre la vía para el reconocimiento legal de la identidad de género. Hoy más que nunca, sigue siendo necesario continuar con la promoción de un cambio social a través del respeto y de la garantía de los derechos humanos. Tal vez sea un buen momento para que la Corte continúe construyendo criterios jurisprudenciales que abran cada vez más las puertas a una sociedad en la que todas las personas puedan ser ellas mismas.
Rebeca Lorea Hernández y Javier Meléndez López Velarde. Abogados por la Universidad Iberoamericana León y cofundadores de Amicus DH A.C.
1 REASIGNACIÓN SEXUAL. ES UNA DECISIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.(Época: Novena Época; Registro: 165698; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Materia(s): Civil; Tesis: P. LXIX/2009; Página: 17)
2 REASIGNACIÓN SEXUAL. LA SENTENCIA QUE NIEGA LA EXPEDICIÓN DE UNA NUEVA ACTA DE NACIMIENTO EN LA QUE SE RECTIFIQUEN LOS DATOS RELATIVOS AL NOMBRE Y SEXO DE UNA PERSONA TRANSEXUAL, ES INCONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 DE OCTUBRE DE 2008). (Época: Novena Época; Registro: 165695; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Materia(s): Civil, Constitucional; Tesis: P. LXIV/2009; Página: 18)
3 REASIGNACIÓN SEXUAL. NO EXISTE RAZONABILIDAD PARA LIMITAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA PERSONA TRANSEXUAL, IMPIDIÉNDOLE LA ADECUACIÓN DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, BAJO EL PRETEXTO DE PRESERVAR DERECHOS DE TERCEROS O EL ORDEN PÚBLICO. (Época: Novena Época; Registro: 165694; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Materia(s): Civil; Tesis: P. LXXIV/2009; Página: 19)
4 REASIGNACIÓN SEXUAL. LA NOTA MARGINAL EN EL ACTA DE NACIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE OTORGÓ LA DEMANDA DE RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE Y SEXO, CON LA CONSIGUIENTE PUBLICIDAD DE DATOS, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERESADO. (Época: Novena Época; Registro: 165696; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Materia(s): Civil; Tesis: P. LXXII/2009; Página: 18)
5 REASIGNACIÓN SEXUAL. PREMINENCIA DEL SEXO PSICOSOCIAL FRENTE AL MORFOLÓGICO PARA RESPETAR A PLENITUD LOS DERECHOS DE IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DE UNA PERSONA TRANSEXUAL. (Registro No. 165 693; Tesis Aislada; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Pág. 20. P. LXXI/2009.)
6 DERECHO A LA SALUD. TRATÁNDOSE DE LA REASIGNACIÓN DEL SEXO DE UNA PERSONA TRANSEXUAL, ES NECESARIA LA EXPEDICIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, A FIN DE LOGRAR EL ESTADO DE BIENESTAR GENERAL PLENO QUE AQUEL DERECHO IMPLICA. (Época: Novena Época; Registro: 165825; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Materia(s): Civil; Tesis: P. LXX/2009; Página: 6)
7 La OC-24 refiere que los procedimientos legales de reconocimiento de identidad de género deben a) Contemplar la integralidad de la identidad de género, es decir, la posibilidad de adecuar no sólo el nombre de pila, sino también la mención sexo-genérica y las fotografías o imágenes, así como la adecuación de todos los documentos de identificación necesarios; b) No deben ser patologizantes, sino únicamente basarse en el libre consentimiento de quien lo solicita; c) Deben ser confidenciales; d) Deben ser expeditos y tender a la gratuidad; e) No deben exigir la acreditación de tratamientos hormonales ni cirugías; f) Deben incluir a niñas, niños y adolescentes; g) Deben ser de naturaleza materialmente administrativa o notarial. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Corte IDH, Opinión Consultiva 24 OC-24/17, 24 de noviembre 2017, Serie 24, párr. 121 a 161.
8 Código Civil para el Estado de Guanajuato, Art. 140-A
9 Código Civil para el Estado de Guanajuato, Arts. 138-140
10 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, Art. 747.
11 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, Art. 749.
14 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, Art. 748.
15 Véase: ESTIGMATIZACIÓN LEGAL. REQUISITOS PARA TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO INDIRECTO PARA COMBATIR LA PARTE VALORATIVA DE UNA LEY Y EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN. (Registro No. 2 006 960; [TA] ; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 8, Julio de 2014; Tomo I; Pág. 144. 1a. CCLXXXIV/2014 10a.); DISCRIMINACIÓN POR OBJETO Y POR RESULTADO. SU DIFERENCIA. (Época: Décima Época; Registro: 2012597; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. VII/2016 (10a.) Página: 255), y: DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN. (Época: Décima Época ; Registro: 2007798; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CCCLXXIV/2014 (10a.) Página: 603)
16 REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV; Materia(s): Constitucional; Página: 2239; Tesis: XVI.1o.A.147 A 10a.); REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO CON LA FINALIDAD DE CORREGIR INCONSISTENCIAS DE MENOR IMPORTANCIA EN LAS ACTAS QUE EXPIDE EL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, NO ES EL IDÓNEO PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR. (Época: Décima Época; Registro: 2015895; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV; Materia(s): Administrativa, Civil; Página: 2240; Tesis: XVI.1o.A.148 A 10a.); REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL ES LA VÍA NECESARIA PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIENTO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO A EFECTO DE HACERLA CONSTAR, AL SER LOS JUECES LOS FACULTADOS PARA REALIZAR EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O DE CONVENCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. (Época: Décima Época; Registro: 2015896; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV; Materia(s): Común; Página: 2241; Tesis: XVI.1o.A.149 A (10a.)
17 Corte IDH, Opinión Consultiva 24 OC-24/17, párr. 131
18 Ibídem, párr. 127
19 Ibídem, párr. 159
20 Ibídem, párr. 160

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