Source: http://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=10
Timestamp: 2019-05-22 03:39:03+00:00

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El proceso de solución amistosa
En el informe No.168/11 del 3 de noviembre de 2011, la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito el 4 de noviembre de 2009 por las partes en el caso No 11.670, Amílcar Menéndez y Juan Manuel Caride y otros. En resumen los peticionarios alegan que durante la tramitación del reajuste de sus haberes previsionales ante el ANSES y luego ante los tribunales nacionales, estuvieron sometidos a un circuito administrativo y judicial interminable que, en la mayoría de los casos, no logró hacer efectivos los derechos de los que eran titulares. Además, la ley 24.463, llamada de "Solidaridad Previsional", en sus artículos 16 y 22 permitía al Estado oponer como excepción al pago, la limitación de recursos y perpetuar indefinidamente el cobro del reajuste del haber previsional. De tal manera, los procesos judiciales en los que se estaban reclamando reajustes o fijación de los haberes previsionales, estaban durando un plazo excesivo desde el inicio del reclamo administrativo hasta la liquidación y el correspondiente pago de la sentencia judicial firme. Por otro lado, indicaron que aún con sentencias firmes revestidas con autoridad de cosa juzgada, el órgano del Estado encargado de hacerlas efectivas, el ANSES había interpuesto innumerables trabas y obstáculos para el pago. Asimismo, indicaron que la aplicación de la ley 24.463 agravó aún más la situación de las personas jubiladas. Ello debido a que el ANSES presentaba como defensa en los procesos de reajuste o fijación de haberes, la limitación de los recursos presupuestarios para hacer frente a la decisiones judiciales que declaraban procedente un reclamo y su eventual extensión a casos análogos (art. 16). En tales casos el ANSES podía ofrecer como prueba pericial un informe de la Auditoría General de la Nación (art. 17), así como la defensa de limitación de recursos para el cumplimiento de las sentencias condenatorias contra la Administración de la Seguridad Social (art. 22). Esta situación estaba conduciendo a que los jubilados fallecieran sin ver efectivizado su derecho a gozar de una vejez digna.
Las partes en la petición No. 11.670 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también "CIDH" o "Comisión Interamericana") -Caso MENÉNDEZ y CARIDE- Sergio BOBROVSKY y Horacio GONZÁLEZ, abogados representantes de las víctimas y sus sucesores, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representado en este acto por Andrea POCHAK, y el Centro por la Justicia y el Derecho internacional (CEJIL), representado en este acto por Liliana TOJO, en carácter de peticionarios, y el Gobierno de la República Argentina, en su carácter de Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también "Convención Americana" ,"Convención" o "CADH"), representado por el señor Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Luis Hipolito ALEN, la señora Directora Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos de la Subsecretaria de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Dra. Andrea GUALDE, el señor Director de derechos Humanos (Contencioso Internacional) de la Cancillería Argentina, Dr. Javier SALGADO, y por el señor Asesor de Gabinete de la Cancillería Argentina, Dr. Jorge CARDOZO, y por la señora Gerenta de Coordinación y Control de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Dra. María TABOADA, tienen el honor de informar a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han llegado a un acuerdo de solución amistosa de la petición, cuyo contenido se desarrolla a continuación solicitando que, en orden al consenso alcanzado, éste sea aceptado, se adopte el consecuente Informe previsto por el artículo 49 de la Convención Americana y se disponga un mecanismo de seguimiento.
El 27 de diciembre de 1995, Juan Manuel CARIDE y Amílcar MENÉNDEZ, con el patrocinio de los abogados Sergio Carlos BOBROVSKY Y Horacio Ricardo GONZÁLEZ, presentaron una petición contra el Estado argentino por la violación de distintos derechos y garantías tuteladas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En fecha 16 de enero de 1997 el CELS y CEJIL se presentaron como copeticionarios.
La denuncia presentada a favor de jubilados o pensionados de Argentina tuvo como antecedente los juicios por reajuste de haberes que tramitaron ante los tribunales argentinos. En virtud de la demora en la sustanciación de esos juicios y/o en el cumplimiento de las sentencias dictadas en ellos, los presentantes [sic] Juan Manuel CARIDE y Amílcar MENÉNDEZ -a los que posteriormente se sumaron otros casos en los mismos términos- denunciaron la violación de los derechos a un recurso judicial efectivo y a la garantía del plazo razonable, previstos en los artículos 25 y 8 de la Convención Americana respectivamente. Asimismo, se denunció la violación de los derechos a la propiedad privada (artículo 21 de la CADH), a la igualdad ante la ley (artículo 24 de la CADH), todos ellos con relación a los artículos 1(1) y 2 de la CADH y los derechos a la salud y al bienestar (artículo XI) y a la seguridad social con relación al deber de trabajar y aportar a la seguridad social (artículos XVI, XXXV y XXXVII) previstos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
La petición particularmente cuestionó el procedimiento judicial establecido en la ley 24.463 -conocida como Ley de Solidaridad Previsional- en tanto la normativa permitía al gobierno argentino dilatar el trámite de los juicios de reajuste y postergar el cumplimiento de las sentencias con fundamento en la falta de recursos presupuestarios.
El 19 de enero de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – mediante el Informe No. 3/01 – declaró admisibles las peticiones de varios de los denunciantes, en cuanto se refieren a las presuntas violaciones de los derechos previstos en los artículos 1(1), 2, 8(1), 21, 24 y 25(2)(c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los derechos consagrados en el artículo XI y considerados conjuntamente los artículos XVI, XXXV y XXXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En el marco del 118° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 2003, el Estado argentino y los peticionarios convinieron en abrir un espacio de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de una solución amistosa de la petición, todo ello sin perjuicio de los argumentos de hecho y de derecho sostenidos por las partes en el curso de la sustanciación del procedimiento.
En dicha oportunidad, acordaron elaborar una agenda tentativa de trabajo que debía incluir la evaluación de diversas medidas normativas y administrativas relacionadas tanto con el marco legal en vigor en materia de seguridad previsional como así también respecto de la situación individual de los peticionarios.
El proceso iniciado contribuyó de manera decisiva a la reforma de la ley 24.463 sobre Seguridad Previsional. En este sentido, con fecha 6 de abril de 2005, el Congreso de la Nación, mediante la ley 26.025 derogó el artículo 19 de dicha norma. Meses después, el 26 de octubre de 2006, sancionó la ley 26.153 mediante la cual derogó los artículos 16, 17, 20 y 23; y reformuló el artículo 22 en los términos acordados entre las partes. Con estas reformas legales fue cumplida una parte sustancial del reclamo original de los peticionarios: la derogación de una normativa que se había transformado en un obstáculo para la tramitación de las causas judiciales.
El proceso internacional también colaboró para que la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, en su nueva integración, reestableciera la doctrina constitucional en materia de seguridad social y su interpretación compatible con los tratados internacionales de derechos humanos. Así, en el fallo "ltzcovich" (CS, 221312005, 1.349.XXXIX) el Máximo Tribunal declaró la invalidez constitucional del art. 19 de la ley 24.463 -que luego sería derogado por el Congreso-. Con posterioridad, mediante el fallo "Sánchez"(CS, 171512005, S.2758.XXXVIII), dejó sin efecto la doctrina del caso “Chocobar" (CS, 2711211996, C.278.XXVIII) reestableciendo la vigencia del derecho constitucional a la movilidad jubilatoria y en los denominados casos "Badaro" (CS, 8/8/2006 y 2611 112007, B.675.XLI) declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 apartado 2 de la ley 24.463 que supeditaba la aplicación de pautas de movilidad a la asignación de recursos presupuestarios.
Asimismo, mediante la Resolución 23 del año 2004 de la Secretaría de Seguridad Social (SESS) se instruyó a la ANSES -organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social encargado de administrar los fondos correspondientes a los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, entre otros- a dar estricto cumplimiento a las sentencias judiciales firmes; evitando de este modo una litigiosidad artificial que extendía los procesos judiciales previsionales, en claro perjuicio de los jubilados.
A mayor abundamiento, durante la tramitación del proceso de solución amistosa, la ANSES dispuso las medidas necesarias para solucionar los casos individuales concretos de los peticionarios de este caso.
Por tal motivo, las partes valoran positivamente el diálogo constructivo alcanzado y las reformas logradas hasta el momento. Sin embargo existen aún cuestiones pendientes para resolver que tornan necesario la redacción de este acuerdo de solución amistosa con compromisos concretos que debe asumir el Estado argentino y con un proceso de seguimiento que contempla reuniones periódicas, y que será monitoreado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Teniendo en cuenta los avances logrados hasta la fecha, las partes expresan su satisfacción y reconocimiento mutuo por los esfuerzos desplegados por ambos, en aras de llegar a una solución amistosa en la presente petición, que ratifica una vez más el alto valor y potencialidad del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y particularmente de la institución de la solución amistosa, como legítimo mecanismo de alerta temprana y para la instrumentación efectiva de medidas tendientes al mejoramiento institucional del Estado.
Ahora bien, sin perjuicio de valorar positivamente el diálogo constructivo alcanzado y las reformas logradas hasta el momento, persisten aún cuestiones pendientes para resolver. Particularmente, algunas prácticas administrativas que no se adecuan a la normativa vigente, y que requieren una especial atención para una vigencia efectiva de los derechos humanos afectados en el presente caso, a fin de restituir a todos los jubilados argentinos actuales y futuros sus derechos a la seguridad social y a contar con una protección judicial eficaz y oportuna.
1. En tal sentido, el Estado argentino -a través de la Administración Nacional de Seguridad Social- se compromete a adoptar todas aquellas medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones y normativas dictadas con motivo de este proceso de solución amistosa, mencionadas en el apartado anterior. En particular, estas medidas deben incluir:
a) Dar estricto cumplimiento a la totalidad de las previsiones contempladas en la Resolución de la Secretaría de la Seguridad Social N° 23 de 2004, complementada por la Resolución de la Secretaría de la Seguridad Social N° 955 de 2008 (con vigencia desde el 131812008), que se adjunta al presente acuerdo. Especialmente aquélla que establece que todas las sentencias judiciales aún pendientes de ejecución, salvo disposición en contrario contenida en la propia sentencia judicial firme, deben ser cumplidas sin otras limitaciones más que aquellas dispuestas en la norma, en concordancia con las disposiciones de la Circular 1. Toda otra limitación introducida por vía de interpretaciones infra-normativas no será aplicable.
b) Instrumentar un sistema de liquidación de sentencias judiciales que garantice el cumplimiento de las decisiones en los términos y plazos especificados en el propio fallo judicial firme.
c) No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia que hubieran sido favorables a los beneficiarios, en supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido.
d) Desistir, dentro de los sesenta (60) días corridos de la firma del presente acuerdo, de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra sentencias favorables a los beneficiarios, en los supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido en casos similares.
2. El Estado argentino se obliga a establecer un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos en este acuerdo, en el que participen las distintas agencias públicas involucradas, y que sea coordinado por la Cancillería argentina. Salvo petición especial de cualquiera de las partes, las reuniones de trabajo se llevarán a cabo bimestralmente, en la sede de la Cancillería argentina.
3. Este mecanismo incluirá la producción y sistematización periódica -cada seis meses- de información fundamental para tal fin, con respecto de los puntos comprometidos en el presente acuerdo: a) las liquidaciones de sentencias judiciales; b) los casos apelados por ANSES; c) los casos desistidos por ANSES ante la Corte Suprema; y d) el cumplimiento de las sentencias judiciales aún pendientes de ejecución.
1. El Gobierno de la República Argentina y los peticionarios celebran la firma del presente acuerdo, manifiestan su plena conformidad con su contenido y alcance y valoran mutuamente la buena voluntad puesta de manifiesto en el proceso de negociación.
2. Las partes agradecen la permanente colaboración y seguimiento que del caso ha hecho la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y solicitan la aprobación del acuerdo de solución amistosa alcanzado mediante la adopción del informe previsto en el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Por último, las partes solicitan a la Ilustre Comisión Interamericana que continúe monitoreando el proceso de ejecución del acuerdo hasta se hayan cumplido todos los aspectos que lo integran.
Mediante comunicación de fecha 31 de diciembre de 2012, los peticionarios señalaron que para poder considerar concluido el cumplimiento del acuerdo y el consecuente seguimiento de los términos del punto 1° del acuerdo, se requiere cumplir con los puntos 2 y 3 del mismo. Al respecto, indicaron que a pesar de que durante el año 2011 se mantuvieron algunos encuentros con el Estado Nacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, durante el año 2012 no habría tenido ningún encuentro que permita seguir trabajando para el cumplimiento del acuerdo.
Precisaron que frente a dicha circunstancia, el 11 de julio de 2012 solicitaron una reunión, con una agenda posible, en la cual también requirieron que se convoque a los actores implicados en los puntos pendientes para avanzar en la resolución definitiva del asunto; con el objetivo de facilitar el intercambio y el trabajo conjunto. Indican que nunca recibieron una respuesta al respecto. En suma, los peticionarios sostienen que hace ya más de un año que se han paralizado las conversaciones en torno a los puntos del acuerdo aún pendientes de cumplimiento.
Por su parte, el Estado informó mediante nota de 30 de enero de 2013, que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) representa un conjunto de valores y de decisiones de política económica que han permitido colocar a la Seguridad Social en la Argentina en una posición opuesta a la señalada por los peticionarios al inicio de este reclamo. Precisa que ello se fundamenta en la aplicación estratégica de una serie de medidas normativas y operativas que generaron un cambio de paradigma en el Sistema Previsional Argentino, respecto de lo cual adjuntó información detallada. En resumen, el Estado hace mención a una serie de cambios paradigmáticos en su política previsional referidos,, entre otros, a que los valores que sostiene el sistema ahora se basan en una concepción solidaria; que la administración pasó de ser mixta a ser estatal; que la redistribución del ingreso es redistributivo; que la tasa de cobertura pasiva se ubica en el 95,1%; que la tasa de sustitución del salario es del 60,8% para beneficios sin moratoria y del 52,1%para el total del sistema; que se ha avanzado en la cobertura de los sectores con mayor vulnerabilidad (se indica que 3.5 millones de niños en Grupos familiares en Argentina perciben asignación Universal por hijo y que 60.000 embarazadas sin otra cobertura se encuentran incluidas en la asignación por Embarazo para Protección Social); que ha operado la disminución de la brecha digital con el otorgamiento de netbooks gratuitas en los establecimientos secundarios públicos del país y se han equipado con Internet a las escuelas; que se dio acceso al Crédito para adultos mayores; que se dio acceso a la vivienda con el “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar”; que existe sostenibilidad financiera porque el sistema previsional presenta una situación de equilibrio financiero; que hay acceso a la justicia porque la normativa cuestionada en el presente caso ha quedado sin efecto y que se procede en la liquidación de sentencias judiciales de conformidad a las normas actuales, muchas de las cuáles también han sido modificadas.
Con respecto a cumplimiento de los puntos del acuerdo de solución amistosa pendientes (apartado II, puntos 1, 2 y 3) informa que los trámites administrativos de liquidación de sentencias judiciales se adecuan a la normativa vigente, a las pautas de liquidación establecidas en la sentencia judicial y a los precedentes que en materia previsional ha dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Añade que una vez agotadas las instancias procesales dentro del juicio, en las que se hubieran dirimido todas las cuestiones controvertidas entre las partes por el magistrado interviniente, las sentencias judiciales se liquidan también en el marco señalado; y que dado el tiempo transcurrido entre la presentación de los peticionarios, el acuerdo suscripto entre las partes y la actualidad, la normativa fue actualizándose y adecuándose cuando correspondió, a los nuevos criterios jurisprudenciales.
Asimismo, indicó que se había instrumentado, un sistema de liquidación de sentencias judiciales que ha reducido los tiempos de resolución de los trámites en un marco de transparencia institucional a través del efectivo cumplimiento del orden operativo de trabajo sistémico y el avance sostenido en un sistema automático de liquidación, control de los procesos y liquidaciones por muestreo y resguardo del erario público. Precisó que también se había adoptado la instrucción, regulada internamente, dirigida a los letrados apoderados del organismo de desistir de los recursos o consentir expresamente los fallos que se correspondan estricta y taxativamente con los supuestos de hecho en los que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación se hubiera expedido hasta la firma del Acuerdo de Solución Amistosa; y la construcción y disponibilidad de un sitio en la página Web del organismo al que pueden acceder los beneficiarios o sus letrados y completar los datos de aquellas causas judiciales en las que consideren que la ANSES no desistió o apeló incumpliendo los términos del Acuerdo de Solución Amistosa.
Por otra parte, con respecto a los puntos 2 y 3, indicó que el mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos ha contado con dos frentes paralelos: a)un ámbito institucional, complementario de aquel previsto en el apartado 2 del acuerdo, promovido y abierto por la ANSES en el que participan la Asociación de Abogados Previsionalistas de Buenos Aires (organismo que concentra a la mayor Parte de los abogados especialistas en la materia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), el Dr. Bobrovsky y, ocasionalmente, otros letrados de la matricula, en la sede del ANSES, para analizar, discutir y acordar oportunidades para mejorar los procesos, con una periodicidad mensual, salvo postergaciones excepcionales por obligaciones o coyunturas particulares de los participantes. El otro ámbito mediante el que se efectivizó el mecanismo convenido, lo constituyen las reuniones en Cancillería, con todas las partes del acuerdo. Indica que en la última reunión realizada el 15 de septiembre de 2011, la Anses aportó una copia del Informe entregado a la Corte Suprema que detalla el estado del Sistema de Seguridad Social en Argentina, entre otros.
En suma, el Estado sostiene que el Sistema Previsional que fuera objeto de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido objeto de una profunda y estructural reforma orientada a "restituir a todos los jubilados argentinos actuales y futuros sus derechos a la seguridad social y a contar con una protección judicial eficaz y oportuna" tal como establece la letra del acuerdo. Indica que dado que la Seguridad Social constituye, esencialmente, un pacto inter-generacional, dichas reformas, a su vez, dieron respuestas a la sociedad que se ha beneficiado en su conjunto conforme la evolución de los principales indicadores sociales. Concluye indicando que el Estado Argentino ha dado cabal cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo de Solución Amistosa.
Mediante comunicación de fecha 11 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones.
En julio de 2013, el Estado reiteró que había emprendido reformas estructurales en materia de Seguridad Social, lo que había permitido la implementación de un modelo inclusivo, orientado hacia la redistribución del ingreso, y que había dado cabal cumplimiento de los comprometidos del Acuerdo de Solución Amistosa en el presente caso. Al respecto, indicó que desde hace mas de un año y medio, la ANSES no habría apelado o habría desistido instancias recursivas en un total de 14.565 procesos judiciales y que desde octubre de 2012 no se habían recibido reclamos por parte de los litigantes en la aplicación diseñada para reclamar casos presuntamente apelados incorrectamente por los servicios jurídicos del organismo.
Con respecto a las mejoras de procedimiento, indicó que se habían fortalecido los desarrollos informáticos relacionados con la gestión judicial y de pago de sentencias judiciales por parte del Organismo y que el orden operativo de trabajo vigente permite evitar la discrecionalidad en el proceso de evaluación, computo y pago de la sentencias; priorizando los casos de mayor edad, menor haber y mayor antigüedad, siendo que además existen procedimientos para resolver preferentemente los casos de mayores de 80 años y a las personas o grupos familiares con enfermedades terminales acreditadas.
En cuanto al mecanismo de seguimiento, el Estado informó que durante el año 2013 se habían mantenido cuatro reuniones en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en las que se habían expuesto los indicadores que hacen al cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo. Asimismo, indicó el Estado, que a solicitud del co-peticionario CELS se había presentado a dicha Organización el soporte sistémico del “Orden Operativo de Trabajo” y se había explicado detalladamente su funcionamiento, habilitándose un canal de comunicación formal y permanente a través de la Dirección General de Análisis y Liquidación de Sentencias Judiciales.
Con relación a la situación de los juicios previsionales por reajustes de haberes, indicó que las estadísticas del Poder Judicial de la Nación (Cámara Federal de la Seguridad Social) darían cuenta de una pronunciada disminución en la cantidad de juicios iniciados en contra de esta Administración Nacional de la Seguridad Social y de la cantidad de personas que iniciaron juicio por reajuste. Indicó además que las estadísticas del año 2013 dan cuenta que la cantidad de casos resueltos no tiene comparación histórica: se habrían resuelto 17.808 casos en seis meses y que la cantidad de personas de más de 80 años a la espera de liquidación también se encontraría en reducción. Indicó que todo lo anterior se daba en un esquema de firme sostenimiento de las variables principales que sirven para medición de un sistema previsional, como es el sostenimiento de la cobertura pasiva, o la mejora de la tasa de sustitución del salario, entre otros. En tal virtud, el Estado solicitó a la CIDH que evalúe el cierre del presente seguimiento.
En una comunicación de noviembre de 2013, el Estado precisó que en el acta de la última reunión celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el CELS manifestó su voluntad de desistir del seguimiento del presente reclamo por entender que se encontraban cumplidos los puntos pendientes. Indicó además que durante el 2013 se habían realizado reuniones el 4 de febrero, 30 de mayo, 28 de junio y 9 de octubre de 2013 convocadas por la Cancillería argentina y que los abogados de los peticionarios originales Menéndez y Caride, no habrían concurrido a las tres últimas reuniones de seguimiento, lo que estima es una prueba de su falta de interés en el seguimiento serio e los términos del acuerdo. Al respecto, adicionó a lo anterior que actualmente se encuentra establecido un mecanismo bimestral para la recepción de consultas mediante la Dirección General de Análisis y liquidación de Sentencias judiciales.
Mediante comunicación de fecha 5 de noviembre de 2013, el CELS informó de su decisión de desistir del proceso de seguimiento del Acuerdo de Solución Amistosa. Al respecto indicó que el acuerdo de solución amistosa alcanzado en el caso con el Estado demostró un dialogo constructivo entre las partes, a partir de distintos pedidos concretos efectuados por el CELS, para la identificación de indicadores acerca de la evolución de los compromisos alcanzados. Indicaron que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a partir del requerimiento del CELS, produjo información y elaboró indicadores de seguimiento con relación a aquellos puntos en el marco de reuniones de trabajo en el transcurso del año 2013.
Precisaron que se definieron tres indicadores: el primero refiere a la cantidad de casos “desistidos o consentidos” en cumplimiento de las Resoluciones Administrativas de la Secretaria de la Seguridad Social, Nros. 23 del año 2004 y 955 del año 2008; el segundo, refiere a la evolución de demandas relacionadas con reajustes previsionales, partidas presupuestarias comprometidas y el pago de sentencias con relación a los mencionados reajustes de haberes previsionales; y el tercero de los indicadores, refiere a una desagregación de los datos del segundo indicador, para supuestos de edad y salud. Indicaron que de dicha información es posible observar un mayor número de recursos judiciales desistidos o sentencias que han sido consentidas por el Estado; una reducción de las demandas presentadas con relación a reclamos de reajustes previsionales; mayores partidas presupuestarias para el pago de sentencias; una mejora en el pago de sentencias; y una ponderación de cuestiones de edad y salud para el pago de aquellas. Sin embargo, indicaron que aún no se ha mejorado de manera significativa la reducción del número de días que insume el pago efectivo de las sentencias; y que el Estado se ha comprometido a la conformación de un mecanismo institucional a nivel interno de consulta, dialogo, producción y presentación de información para el análisis de la evolución de los indicadores de cumplimiento de las obligaciones del Estado que este proceso ha concretado. Señalaron que el CELS participará activamente de este espacio institucional interno.
Mediante comunicación de fecha 5 de diciembre de 2013, los representantes de los peticionarios originarios del presente caso, indicaron que el ANSES no habría modificado sus "prácticas administrativas" contrarias a las normas vigentes, en particular sostienen que se vulnera el derecho de toda persona a ser oído con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable y mediante un recurso sencillo y rápido. Lo anterior porque no se respetarían las pautas fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosas sentencias judiciales, obligando a los jubilados y pensionados a iniciar un reclamo administrativo y luego abrir una instancia judicial para que se cumplan las mencionadas sentencias, denegando en el ámbito administrativo, el reclamo de reajuste de los haberes previsionales. Señalan que lo anterior se da en a relación a personas cuya edad y estado de salud no admite mayores dilaciones.
Alegan además el incumplimiento del compromiso de instrumentar un sistema de liquidación de sentencias judiciales que garantice el cumplimiento de las decisiones en los términos y plazos fijados legalmente. Sostienen que no se estaría cumpliendo el plazo de 120 días para liquidar las sentencias judiciales firmes y que en la mayoría de los casos se obligaría a los jubilados a iniciar una ejecución de la sentencia dado que no fue liquidada dentro del plazo, o fue liquidada parcialmente. Sostienen que no se ha podido confeccionar un listado de sentencias con plazo vencido aun no liquidadas, y que la mayor dificultad estriba en cómo contabilizar aquellas en las cuales ANSES ha realizado algún pago parcial.
Asimismo, indicaron que el Gobierno Argentino no está cumpliendo con la obligación de "establecer una mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos en el acuerdo de solución amistosa. Indicaron que las reuniones bimestrales que la Cancillería argentina debía coordinar con los peticionarios, no guardaron ninguna periodicidad, fueron citadas sin consensuar su fecha y con poca antelación. Así consideran que no es posible todo dialogo productivo entre el Estado y los representantes de los peticionarios.
Finalmente, indicaron que en la práctica se ha creado una nueva instancia judicial ordinaria, previa a la apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llamada Cámara Federal de Casación de Seguridad Social, con lo cual consideran se deja de garantizar una protección judicial eficaz y oportuna a los jubilados argentinos. En conclusión, señalan que el Estado argentino no cumple con los compromisos que asumió al firmar el acuerdo.
La Comisión observa, que según lo consignado por las partes en el propio acuerdo, la situación individual de las personas a nombre de las cuales fue presentada la petición habría sido resuelta durante el procedimiento de solución amistosa. Asimismo, la presente solución amistosa contribuyó de manera decisiva a la reforma de la Ley 24.463 sobre Seguridad Provisional. En este sentido, con fecha 6 de abril de 2005, el Congreso de la Nación, mediante la Ley 26.025 derogó el artículo 19 de dicha norma. Meses después, el 26 de octubre de 2006, sancionó la Ley 26.153 mediante la cual derogó los artículos 16, 17, 20 y 23; y reformuló el artículo 22 en los términos acordados entre las partes. Reformas legales mediante las cuales se cumplió con una parte sustancial del reclamo original de los peticionarios, consistente en la derogación de una normativa que se había transformado en un obstáculo para la tramitación de las causas judiciales. Razón por la cual los puntos del acuerdo de solución amistosa tenían como finalidad promover que las prácticas administrativas para que se adecuen a la normativa vigente.
En ese sentido, la Comisión valora la abundante y detallada información suministrada por el Estado que da cuenta del emprendimiento de reformas estructurales en materia de Seguridad Social. Información mediante la cual se puede observar que desde hace mas de un año y medio, la ANSES no habría apelado o habría desistido instancias recursivas en un total de 14.565 procesos judiciales; que desde octubre de 2012 no se habían recibido reclamos por parte de los litigantes en la aplicación diseñada para reclamar casos presuntamente apelados incorrectamente por los servicios jurídicos del organismo; y que se habían fortalecido los desarrollos informáticos relacionados con la gestión judicial y de pago de sentencias judiciales por parte del ANSES. Información, consistente con la presentada por el CELS en su escrito de desistimiento, según la cual del análisis de los indicadores acordados con el Estado se puede observar un mayor número de recursos judiciales desistidos o sentencias que han sido consentidas por el Estado; una reducción de las demandas presentadas con relación a reclamos de reajustes previsionales; mayores partidas presupuestarias para el pago de sentencias; una mejora en el pago de sentencias; y una ponderación de cuestiones de edad y salud para el pago de aquellas.
En virtud de los anterior y no sin tomar nota de las apreciaciones presentadas por los denunciantes originales, la Comisión concluye que el Estado cumplió con el compromiso de adoptar todas aquellas medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones y normativas dictadas con motivo de este proceso de solución amistosa, contenido en el punto primero del acuerdo. La Comisión insta al Estado a consolidar las medidas adoptadas.
En cuanto al mecanismo de seguimiento al que se refieren los puntos 2 y 3 del acuerdo de solución amistosa, de la información presentada por las partes la Comisión observa con satisfacción que se puso en marcha un mecanismo a nivel interno de consulta, diálogo, producción y presentación de información para el análisis de la evolución de los indicadores de cumplimiento de las obligaciones del Estado. La Comisión valora la constitución de dicho mecanismo, e insta al Estado a ofrecer las condiciones para que los peticionarios originales formen parte del mismo, e invita a éstos, a que participen en ese espacio de diálogo y seguimiento.
La Comisión aspira a que el mecanismo de seguimiento funcione con el concurso de todas las partes, y a que se continúe avanzando hacia la consolidación de las medidas adoptadas por el Estado, con el fin de asegurar los derechos a la seguridad social de los jubilados argentinos y a contar con una protección judicial eficaz y oportuna.
En el entendido de que el perfeccionamiento del sistema de Seguridad Social de la Argentina es un proceso en curso, la Comisión valorar los avances logrados mediante el proceso de solución amistosa, y da por concluido el proceso de seguimiento en el presente caso.

References: artículo 49
 artículo 19
 artículo 22
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 49
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 artículo 22