Source: http://www.uria.com/documentos/circulares/280/documento/2538/09Feb10.htm?id=2538
Timestamp: 2015-10-06 14:41:53+00:00

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1.CUALQUIER VICIO DE TRAMITACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO PODRÍA IMPLICAR SU NULIDAD DE PLENO DERECHO (Francisco Javier García Sanz, Abogado).
A raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2009, dictada en el recurso de casación número 3793/2005, se ha vuelto a reabrir el debate acerca de las consecuencias jurídicas que para un instrumento de planeamiento urbanístico, o su correspondiente modificación, tiene el hecho de que durante su tramitación tenga lugar un vicio formal. 1.1. Introducción (Más Información)
1.2. Las posibles consecuencias jurídicas de los vicios en la tramitación de instrumentos de planeamiento 1.2.1. Nulidad de pleno derecho con base en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992.
1.2.2. Nulidad de pleno derecho con base en el artículo 62.1. e) de la Ley 30/1992. (Más Información)
1.2.3. Anulabilidad con base en el artículo 63 de la Ley 30/1992. (Más Información)
1.3. Resumen del estado de la cuestión (Más Información)
2. NOVEDADES LEGISLATIVAS.
2.1. ASTURIAS. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo en materia de constitución de garantías reales en la ejecución de áreas con destino a viviendas protegidas. (Más Información)
2.2. CANARIAS. Ordenación y planificación de las infraestructuras de telecomunicaciones. (Más Información)
2.3. CANTABRIA. Modificación de la legislación urbanística en materia de infraestructuras y proyectos de singular interés. (Más Información)
2.4. CATALUÑA. Modificación de la legislación urbanística. (Más Información)
2.5. COMUNIDAD VALENCIANA. Modificación de la legislación de ordenación del territorio y paisaje con el objeto de regular la denominada “Infraestructura Verde” de la Comunidad Valenciana. (Más Información)
2.6. MADRID. Modificación de la legislación urbanística. (Más Información)
2.7. NAVARRA. Ordenación del territorio y urbanismo. (Más Información)
3. JURISPRUDENCIA.
3.1. El otorgamiento de la licencia de obras puede determinar la ausencia de culpabilidad del promotor en la ejecución de obras ilegales. (Más Información)
3.2. El plazo de prescripción de la orden firme de demolición: ¿cinco o quince años?. (Más Información)
3.3. Sobre los convenios de planeamiento y sus efectos frente a terceros. (Más Información)
3.4. El derecho de realojo en la ampliación del Aeropuerto de Madrid-Barajas. (Más Información)
3.5. Nulidad del planeamiento que difiere a la fase de gestión urbanística el cumplimiento del principio de equidistribución. (Más Información)
3.6. No es nulo de pleno derecho un proyecto de compensación de propietario único por no haber incluido otras fincas realmente afectadas. (Más Información)
3.7. Posibilidad de aprobación de un instrumento de planeamiento contra legem por silencio administrativo positivo, sin perjuicio de su posterior impugnación o revisión. (Más Información)
3.8. No puede entenderse aprobado por silencio administrativo positivo un instrumento de planeamiento si en su tramitación se ha omitido la solicitud de informes preceptivos. (Más Información)
3.9. Posibilidad de interponer recurso indirecto contra una disposición general a través de la impugnación directa de la disposición general de menor rango que la desarrolla. Nulidad de Plan Parcial por prever construcciones que suponen una pantalla arquitectónica conforme a la Ley de Costas. (Más Información)
4. RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO.
4.1. No cabe anotación de embargo sobre una finca por el impago de los gastos de urbanización si no se ha inscrito previamente el proyecto de equidistribución que los determine. (Más Información)
4.2. No es necesaria la autorización del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario para que el Ayuntamiento enajene una finca que le adjudicó aquél. (Más Información)
A raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2009, dictada en el recurso de casación número 3793/2005, se ha vuelto a reabrir el debate acerca de las consecuencias jurídicas que para un instrumento de planeamiento urbanístico, o su correspondiente modificación, tiene el hecho de que durante su tramitación tenga lugar un vicio formal. Cabe resaltar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no resulta del todo pacífica respecto a los defectos de tramitación, ya que ha previsto soluciones diferentes que van desde la nulidad de pleno derecho hasta la anulabilidad. No obstante, ahora parece que la conclusión vendría a ser definitiva, obligando a declarar la nulidad de pleno derecho de cualquier instrumento de planeamiento en el que, durante su tramitación, se hubiera incurrido en un vicio de formal.
1.2. LAS POSIBLES CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LOS VICIOS EN LA TRAMITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.
1.2.1. Nulidad de pleno derecho con base en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992.
La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2009 que analizamos, forma parte de un conjunto de sentencias en las que el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de la nulidad de pleno derecho de los instrumentos de planeamiento en los concurra un vicio formal en su tramitación aplicando el artículo 62.2 de la Ley 30/1992.
En el supuesto analizado por el Tribunal Supremo, el recurrente solicita la declaración de nulidad de una modificación puntual de un plan parcial por la omisión del informe de la correspondiente Consejería de Obras Públicas exigido por la normativa sectorial, todo ello con base, no en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, sino con base en su artículo 62.1.e), afirmando el Tribunal Supremo:
“Hemos visto que la concreción del precepto que se cita como infringido no es afortunada, pues habría bastado con reprochar a la sentencia la infracción, por inaplicación, del artículo 62.2 de la Ley 30/1992 relativo a la nulidad de pleno derecho de las disposiciones de carácter general”. Con anterioridad, y de una forma más pedagógica, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 18 de mayo de 2009 dictada en el recurso de casación número 3013/2006, afirma que los actos administrativos pueden ser ilegales por nulidad (artículo 62.1 de la Ley 30/92) o por simple anulabilidad (artículo 63), pero las disposiciones generales no son nunca anulables sino nulas de pleno

References: artículo 62
 artículo 62
 artículo 63
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 62
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