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Timestamp: 2019-10-14 18:43:30+00:00

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﻿ Sentencia 2014-00462 de abril 22 de 2014
SENTENCIA 2014-00462 DE 22 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA ANTE CARENCIA ACTUAL DE OBJETO. SE ADVIERTE QUE LA ACCIÓN DE TUTELA HA SIDO ESTABLECIDA COMO UNA HERRAMIENTA PREFERENTE Y SUMARIA, DIRIGIDA A LA DEFENSA DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SEAN VIOLENTADOS O AMENAZADOS DE UNA MANERA ACTUAL E INMINENTE, PERO ESTE INSTRUMENTO PUEDE PERDER EFECTIVIDAD CUANDO NO PROCEDE ORDENAR QUE SE REALICE O SE DEJE DE HACER LO QUE YA ESTÁ EFECTUADO. ASÍ, EL FENÓMENO DE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO TIENE COMO CARACTERÍSTICA ESENCIAL QUE LA ORDEN DEL/DE LA JUEZ/A DE TUTELA RELATIVA A LO SOLICITADO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SURTIRÍA NINGÚN EFECTO, ESTO ES, CAERÍA EN EL VACÍO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DESTITUCIÓN DEL ALCALDE MAYOR, CARENCIA ACTUAL DEL OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, JORNADA DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
Sentencia 2014-00462 de abril 22 de 2014
Rad.: 25000-23-42-000-2014-00462-01(AC)
Actor: Jorge Octavio Rozo Valenzuela y otros
Resuelve la Sala la impugnación interpuesta por el señor Jorge Octavio Rozo Valenzuela contra la sentencia de 25 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D que declaró en el numeral primero de la parte resolutiva la carencia de objeto de las acciones de tutelas acumuladas por haberse superado el hecho que motivó la acción, en relación con el no giro de los recursos necesarios por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Registraduría Nacional del Estado Civil para realizar el referéndum revocatorio del alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego programado para el pasado 2 de marzo de 2014. En la misma sentencia en el numeral segundo se negó la pretensión subsidiaria de suspensión de la ejecución de la sanción disciplinaria proferida por la Procuraduría General de la Nación.
Los señores Jorge Octavio Rozo Valenzuela, Francy Elena Espinelo y María Patricia Sarmiento, presentaron acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y los consagrados en los artículos 40 y 85 de la Constitución Política, especialmente el derecho al ejercicio del control político que estiman vulnerados por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Presidente de la República por no haber tomado las medidas necesarias para trasladar los recursos solicitados con el fin de realizar la contienda democrática de la revocatoria del mandato programada para el 2 de marzo de 2014.
Los hechos que presentan los actores son los siguientes:
Participaron en el proceso de elección popular para elegir el alcalde mayor de Bogotá D.C, donde resultó electo el señor Gustavo Francisco Petro Urrego, y por ello solicitan sean protegidos sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 40, numeral 4 y 85 de la Constitución Política, y en el artículo 23 de la Convención Interamericana.
Terminado el trámite legal para solicitar la revocatoria del mandato, los Registradores Distritales de Bogotá D.C., mediante la Resolución 8 de 3 de enero de 2014 citaron el 2 de marzo de 2014 a elecciones para la derogatoria del mandato del alcalde Petro.
Dicen que el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Registrador del Estado Civi no tomaron las medidas necesarias para trasladar los recursos a la Registraduría Nacional del Estado Civil para realizar la revocatoria del mandato del alcalde Petro el 2 de marzo del 2014.
Por lo anterior, manifiestan, se vulneraron sus derechos políticos, pues próximo a la jornada electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil aplazó para el 6 de abril del mismo año la fecha inicialmente acordada, fundándose en argumentos de tipo administrativo y financiero, específicamente porque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no hizo el giro oportuno de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo el proceso electoral.
Como pretensiones solicitaron ordenar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público girar inmediatamente a la Registraduría Nacional los recursos necesarios para poder adelantar la contienda electoral programada para el 2 de marzo de 2014.
Como medidas cautelares solicitaron el giro inmediato de los dineros a la Registraduría Nacional, o en su defecto, “la suspensión de la ejecución de los actos administrativos sancionatorios contra el alcalde Mayor de Bogotá, hasta tanto se resolviera la contienda democrática…” con el propósito de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
Los señores Jorge Octavio Rozo, Francy Elena Espinelo y María Patricia Sarmiento, presentaron, individualmente, por los mismos hechos y con las mismas pretensiones acción de tutela, pero por auto de trece de febrero de 2014 se decretó la acumulación oficiosa de los tres procesos y se admitieron, resolviendo en el mismo auto de forma negativa las medidas cautelares solicitadas por los tres demandantes.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D mediante sentencia de 25 de febrero de 2014, declaró la carencia de objeto de las acciones de tutelas acumuladas, en relación con el giro de los recursos por parte de Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Registraduría Nacional del Estado Civil para la realización de la consulta popular con fines de revocatoria del mandato del alcalde mayor de Bogotá, por haberse superado el hecho que motivó la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.
A su vez negó la tutela de los derechos fundamentales relacionados con (i) la pretensión principal de celebración de la jornada electoral de control del mandato del alcalde mayor de Bogotá el día 2 de marzo de 2014 y (ii) la pretensión subsidiaria de suspensión de la ejecución de los actos administrativos sancionatorios contra del alcalde mayor de Bogotá proferidos por la Procuraduría General de la Nación.
Afirmó que con oficio Nº GAF-046 de 16 de enero de 2014 el gerente administrativo y financiero de la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó al Director General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la adición de recursos al presupuesto de gastos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la suma de $ 38.252.692.440 para efectos de la contratación e implementación de la logística de bienes y servicios pertinentes para la jornada electoral de consulta sobre la revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro.
Señaló que la Registraduría Nacional del Estado Civil inició en forma oportuna, como era su deber, las actividades y gestiones administrativas correspondientes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para obtener los recursos económicos tendientes a cumplir la jornada electoral referida el día 2 de marzo de 2014.
Indicó que el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director General de Presupuesto de dicho Ministerio, expidieron la Resolución 465 de 14 de febrero de 2014, que dispuso efectuar la distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al presupuesto de funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la vigencia fiscal de 2014 por valor de $35.000.000.000, recursos que se encuentran con el respectivo certificado de Disponibilidad Presupuestal 914 de 14 de febrero de 2014, que obra en el folio 67 del cuaderno principal del expediente.
Resaltó que el Registrador Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 1856 de 14 de febrero de 2014, a través de la cual efectúo un traslado en el presupuesto de funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la vigencia fiscal de 2014 por la suma de $35.000.000.000, a efectos de iniciar el proceso de contratación de bienes y servicios para la implementación y desarrollo de la jornada electoral de revocatoria del mandato.
Expuso que la Registraduría Distrital del Estado Civil de Bogotá expidió la Resolución 183 de 14 de febrero de 2014 a través de la cual modificó el artículo 1º de la Resolución 8 de 3 de enero del mismo año fijando como nueva fecha para el referéndum revocatorio el 6 de abril de 2014.
En suma consideró que la pretensión principal relacionada con ordenar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público proceder a enviar los recursos a la Registraduría Nacional en el término de la distancia, ha sido cumplida durante el trascurso de este proceso por lo cual declaró la carencia de objeto que es lo que ha denominado la jurisprudencia como hecho superado.
Expresó que el cambio de fecha del calendario electoral para la revocatoria del mandato del alcalde Mayor de Bogotá D.C prevista para el 2 de marzo de 2014 y fijada luego para el 6 de abril del mismo año, no vulnera el derecho fundamental al ejercicio y control del poder político de los actores, consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política, puesto que los ciudadanos que se aprestan a participar en la consulta podrán ejercer el derecho a votar en una fecha diferente por circunstancias justificadas de tipo financiero y administrativo.
Dijo que estaba probado en el proceso, que la Registraduría Nacional del Estado Civil actualmente dispone de los recursos necesarios para desarrollar la contratación e implementar la logística que implica un certamen electoral de esa magnitud, por lo que negó el amparo de los demás derechos fundamentales invocados, entre ellos el derecho al ejercicio y control del poder político.
Finalmente negó las pretensiones subsidiarias relacionadas con la suspensión de la sanción, en consideración a que en sentencia de 23 de enero de 2014 el mismo tribunal dispuso su negativa.
El señor Jorge Octavio Rozo Valenzuela impugna la decisión de primera instancia para que en su lugar se amparen los derechos fundamentales invocados, con fundamento en los siguientes argumentos:
El juez constitucional desconoció el artículo 76 de la Ley 134 de 1994 al no tener en cuenta que el único que puede modificar la fecha de elecciones de revocatoria del mandato del alcalde mayor de Bogotá D.C., es el Presidente de la República por motivos de orden público y no por faltas de presupuesto como se pretende en esta providencia.
La Resolución 8 de 3 de enero de 2014 que fijó el 2 de marzo del mismo año las elecciones de revocatoria del mandato del alcalde mayor de Bogotá desconoció los artículos 60 de la Constitución Política y 71 del Decreto 111 de 1996 por no contar con la disponibilidad presupuestal para ese efecto.
La Resolución 183 del 14 de febrero de 2014 que modificó la fecha de elecciones de revocatoria del mandato, viola los artículos 83 y 209 de la Constitución Política, y 64, 67 y 76 de la Ley 134 de 1994, como quiera que supera los dos meses que fija la ley para llevar a cabo las elecciones, siendo inaplicable el acto conforme al artículo 4º de la Constitución Política.
No comparte el argumento del tribunal que negó la pretensión subsidiaria de suspensión del acto de sanción del alcalde de Bogotá, ya que se desconoce el voto programático consagrado en el artículo 3º de la Constitución Política, donde el elector vota por un programa y no por una persona.
Corresponde a la Sala en el presente asunto determinar si el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Presidencia de la República vulneraron los derechos fundamentales de los actores consagrados en los artículos 19 y 40 de la Constitución Política por no haber tomado las medidas necesarias para trasladar los recursos necesarios a fin de realizar la contienda democrática de la revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro programada para el 2 de marzo de 2014.
En atención a lo expuesto en los antecedentes de esta providencia, antes se debe establecer si ya carecen de objeto las tutelas interpuestas, toda vez que el tribunal encontró probado posterior a la interposición de las mismas que la Registraduría Nacional del Estado Civil recibió la partida presupuestal para realizar el referéndum revocatorio y por cuanto el alcalde Gustavo Petro fue finalmente destituido y posteriormente reintegrado en cumplimiento de una orden judicial, como se pasará a explicar más adelante.
A fin de resolver el asunto, se debe precisar que las pretensiones de las tutelas acumuladas, tenían un único objeto común, conforme se lee en los escritos de tutela: la de conseguir que el Ministerio de Hacienda transfiriera los recursos necesarios a la Registraduría Nacional del Estado Civil para poder realizar los comicios programados para el 2 de marzo de 2014.
Bajo ese contexto, considera la Sala que el tribunal de instancia al enmarcar el litigio en esta sede constitucional, interpretó equivocadamente que las acciones de tutela estaban también dirigidas a dejar sin efectos provisionalmente los actos sancionatorios proferidos por el Procurador General de la Nación contra el alcalde Petro, pues la suspensión de los efectos de los fallos disciplinarios no fue solicitada como una pretensión adicional o complementaria de las acciones de tutela, sino como una medida cautelar del proceso, que fue bien rechazada por el magistrado ponente al inicio del proceso en el auto que acumuló y admitió las acciones de tutela de la referencia, pues considera la Sala que las medidas cautelares solicitadas en ese sentido resultaban desproporcionadas frente al objeto perseguido con las acciones constitucionales.
Siendo así, desde ya se anuncia la revocatoria del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada que denegó las “supuestas pretensiones” relacionadas con la suspensión de los efectos de los fallos disciplinarios proferidos por el Procurador General de la Nación en contra del alcalde Gustavo Petro.
Ahora bien, en efecto está probado que el giro de los recursos necesarios para la jornada electoral de revocatoria del mandato se realizó en el decurso de la primera instancia de este proceso, tal como lo reconoce el impugnante, pues el Registrador Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 1856 de 14 de febrero de 2014 a través de la cual se hizo el traslado en el presupuesto de funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la vigencia fiscal de 2014 por la suma de $ 35.000.000.000, gracias a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la Resolución 465 de la misma fecha colocó la partida presupuestal correspondiente a efectos de iniciar el proceso de contratación de bienes y servicios para su implementación y desarrollo.
Si bien el impugnante se encuentra inconforme con la variación de la fecha de los comicios programados inicialmente para el 2 de marzo de 2014 y reprogramados para el 6 de abril del mismo año, en este estado del proceso cualquier decisión a ese respecto no surtiría ningún efecto, pues como se sabe la Registraduría Nacional del Estado Civil dio por terminado de forma justificada el proceso electoral aquí analizado con fines de revocatoria del mandato mediante Resolución 340 de 20 de marzo de 2014, debido a que el Gobierno Nacional mediante Decreto 570 de 20 de marzo de 2014, ejecutó las decisiones del Procurador General de la Nación, destituyendo al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro.
Advierte la Sala que la acción de tutela ha sido establecida como una herramienta preferente y sumaria, dirigida a la defensa de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente, pero este instrumento puede perder efectividad cuando no procede ordenar que se realice o se deje de hacer lo que ya está efectuado. Así lo explica la Corte Constitucional(1) (se mantienen las citas del texto original):
El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden del/de la juez/a de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío. Por un lado, la carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo —verbi gratia se ordena la práctica de la cirugía cuya realización se negaba o se reintegra a la persona despedida sin justa causa—, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Por otro lado, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental.
Establecido lo anterior, queda demostrado en el caso bajo estudio que el objeto expuesto en cada una de las demandas de tutela desapareció en el transcurso del proceso, sin importar que a la fecha esté pendiente la fijación de un nuevo calendario electoral para que el electorado decida finalmente la revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro, debido a la orden de reintegro del 21 de abril de 2014, impartida por una Sala Civil de Restitución de Tierras.
En consecuencia se mantendrá el numeral primero que declaró la carencia de objeto de las acciones de tutela acumuladas.
CONFÍRMASE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de 25 de febrero de 2014, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D, que declaró la carencia de objeto de las acciones de tutelas acumuladas de la referencia.
REVÓCASE el numeral segundo de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cópiese, notifíquese y cúmplase.
(1) Sentencia T-585 de 2010.

References: artículo 23
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 40
 artículo 76
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución