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Timestamp: 2017-11-22 20:12:01+00:00

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Derecho Procesal Penal Venezolano: 7/08/16 - 14/08/16
De la Privación Judicial Preventiva de Libertad. Tercera Parte
Sobre el contenido del Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad
El artículo 240 del COPP establece, que la privación judicial preventiva de libertad sólo podrá decretarse por decisión debidamente fundada por el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control o Juicio que corresponda y deberá contener 5 requisitos:
1. Los datos personales del imputado, o los que sirvan para identificarlo.
3. La indicación de las razones por las cuales el Tribunal estima que concurren en el caso los presupuestos a que se refieren los artículos 237 o 238 de este Código.
A lo cual le añado otro requisito imprescindible:
6. La firma del Juez y del Secretario del Tribunal.
Dice igualmente esta norma que la apelación no suspende la ejecución de la Medida.
Analicemos brevemente en que consiste cada numeral o requisito:
Sobre el Primer Requisito del Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad.
Si el imputado es una persona natural, ¿cuáles serían esos datos personales o los que sirvan para identificarlo? Serían el o los nombres, apellidos, edad, estado, profesión u oficio, domicilio o residencia y, el alias, si se le conociere. Si es venezolano, la letra y número de la cédula de identidad o igualmente si es extranjero. También, el pasaporte o Registro de Información Fiscal. Pudieran ser muy útiles colocar las características físicas, tales como la altura, peso, color de ojos, piel, cabello y tatuajes (si los tuviere). Sin embargo, esto último, de las características fisonómicas no se hace actualmente en nuestro país.
Del mismo modo, si el imputado tiene un sitio en Internet, tal como un blog, una página o sitio web, un nombre de dominio que pueda ser asociado e identificarlo con la base de datos whois de acceso público y gratuito que ofrece esta información (1), la cual permite determinar el propietario de un nombre de dominio o una dirección IP en Internet. Recuérdese que el sistema de nombres de dominio (DNS), Domain Name System o DNS (en español significa «Sistema de Nombres de Dominio») es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a redes IP (protocolos de Internet) como Internet o una red privada. Si es o termina por ejemplo: .es | .do | .ve. Son terminaciones que se refieren al país de origen, ya sea España, República Dominicana o Venezuela. En nuestro país, corresponde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) la administración y asignación de nombres de dominios bajo la estructura de primer nivel “.ve” en la red mundial de Internet, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2). Así que en la base de datos bajo el CcTLD: Siglas utilizadas para designar a los Nombres de Dominio de primer nivel, conocidos como códigos territoriales (Country Code Top Level Domain, por sus siglas en inglés). Dichas siglas se refieren a la clasificación en el Sistema de Nombres de Dominio, representado en nuestro país, por un sufijo de dos letras "ve", asignado conforme a los códigos estándar de ISO3166-1 para la representación de nombres de países o territorios, en este caso, el ccTLD.VE. Según las CONDICIONES DE REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO .COM, .WEB,.NET, .ORG, .CO, .INFO, DE TERCER NIVEL .VE de CONATEL.
Si la parte imputada es una persona jurídica, se debe colocar su nombre o denominación y la concreta identificación, si fuere una sociedad de comercio, como es el uso y la costumbre generalmente aceptados en nuestro ordenamiento jurídico, tales como los datos de constitución del registro mercantil, o si es una sociedad civil, una fundación, por ejemplo, los datos de ubicación en la oficina de registro subalterno, el número del Registro de Información Fiscal (RIF), las direcciones físicas donde funcione la persona jurídica, el código postal, o si es una gran empresa, la casa matriz o de las sucursales que estuvieren involucradas y si las tuviere, las direcciones virtuales o electrónicas como el nombre de dominio. Todo va a depender de la extensión que se coloque en el navegador, si es una .com se refiere a compañía o empresa. En general, se refiere a cualquier sitio web con actividad comercial. Si es .net se refiere a "Internet", se refiere a cualquier sitio web relacionado al mundo de Internet, tecnología, telecomunicaciones, aunque hoy en día se utiliza también para otros términos: .org se refiere a organizaciones, se refiere a cualquier sitio web relacionado a instituciones, organizaciones sin fines de lucro. Si es .biz se refiere a "Business" como una terminación que se refiere a cualquier negocio. Si es .info se refiere a cualquier sitio web con actividad informativa, como por ejemplo, instituciones.
Veamos cuál es el criterio fundamental de atribución de Jurisdicción. Domicilio de las personas físicas y jurídicas. Ver la Sentencia número 02872 de la SPA del TSJ del 29 de noviembre de 2001:
Sobre el Segundo Requisito del Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, simplemente es un resumen de lo ocurrido. En estos hechos, no hay que extenderse.
Sobre el Tercer Requisito del Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en concordancia con el artículo 157 del COPP, hay que cumplir con la indicación de las razones por las cuales el Tribunal estima que CONCURREN en el caso, los presupuestos a que se refieren los artículos 237 o 238 eiusdem. Esto significa, aparte de llenar primariamente el análisis concurrente del artículo 236 ibídem, en sus numerales 1 y 2, hay que obligatoriamente entender el numeral siguiente, el 3, que se divide en dos partes. O es el peligro de fuga del imputado o es el peligro en la obstaculización por parte del imputado. No pueden ser las dos, ya que según el Diccionario de la Real Academia Española, Edición del Tricentenario, en su tercera acepción, la letra "o" es una conjunción disyuntiva que: "Denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas."
Se los vuelvo a copiar este numeral 3 para su detenida y atenta lectura:
"3. La indicación de las razones por las cuales el Tribunal estima que concurren en el caso los presupuestos a que se refieren los artículos 237 o 238 de este Código." Negrilas mías.
Es decir, cuando se motive la medida por el peligro de fuga, por ejemplo, ver si se cumplen las 5 condiciones, numerales o circunstancias y ver si se dan además, los supuestos de los dos parágrafos del artículo 237 adjetivo. De ser otra la tesis judicial para dictar la medida privativa, igual pasaría si considera que hay peligro de obstaculización, entonces hay que analizar la sospecha de los dos numerales del artículo siguiente, el 238.
Es oportuno traer a colación la Sentencia Nº 240 de la Sala de Casación Penal, en el Expediente Nº C13-383 de fecha 22 de julio de 2014, que nos enseña:
"...la Sala de Casación Penal de manera reiterada ha sostenido que toda sentencia, debe estar suficientemente motivada, requisito esencial que atiende a la garantía constitucional relativa a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho que tienen todas las personas, a obtener por parte de los Tribunales de la República, una decisión lógica, coherente, ..."
Continuando con este tercer requisito, tenemos obligatoriamente que leer un interesante artículo doctrinal denominado "Importantes consideraciones acerca de la Prisión Provisional" (3) publicado en Internet en www.actualidadpenal.net por el reconocido abogado Róger López y las críticas al fallo dictado por una Corte de Apelaciones que decretó la Libertad Plena de la imputada:
"En fecha 10/03/2016, la Corte de Apelaciones del Estado Sucre, con sede en la ciudad de Cumaná, en el asunto signado con la nomenclatura ASUNTO: RP01-R-2015-000647, dictó el siguiente pronunciamiento:
“…De la sentencia antes citada, ha quedado claro que para la procedencia de una medida de coerción personal, bien sea de Privación Judicial Preventiva de Libertad, así como Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, deben estar acreditados de manera concurrente los tres numerales del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal; es por esto que resalta este Tribunal de Alzada, que los mismos requisitos que se exigen para legitimar la privación de libertad y que están contenidos en el precitado artículo 236 ejusdem, son los mismos requisitos que deben concurrir para proceder a dictar una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, porque el fin que se persigue es el mismo; es decir, garantizar y proteger el proceso y lo único que las distingue es que unas son menos gravosas que las otras.
De esta manera, ante la ausencia del supuesto relacionado con peligro de fuga o peligro de obstaculización, la imposición de una medida de coerción personal en los términos establecidos en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, resulta a todas luces improcedente, por lo que en el caso que nos ocupa, al encontrarse cubiertos sólo los extremos de los numerales 1 y 2 del artículo 236 ejusdem, no así el del numeral 3, como expresamente reconoce el A Quo en el acta que recaba los pormenores de la audiencia de presentación de detenidos, y que confirma en el texto íntegro de su decisión lo ajustado a derecho era decretar la libertad sin restricciones a favor de la imputada de autos…”
Mis críticas al fallo.
No es cierto que para decretar una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad tengan que concurrir los mismos requisitos para legitimar la privación de libertad, y ello, por los siguientes motivos:
1. El Artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
“Artículo 236. Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible;
Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”.
2. De la exégesis de la anterior disposición resulta claro que el Juez de Control sólo podrá dictar, previa solicitud del Ministerio Público, una Medida de Privación Preventiva de Libertad, siempre y cuando concurran los tres (3) requisitos previstos en los numerales 1., 2. y 3. del citado Artículo 236 COPP; y, en caso de no ser así, son dos las hipótesis que pueden plantearse:
3. Si no se encuentran llenos, al mismo tiempo, los requisitos de los numerales 1. y 2., esto es, “Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita” y “Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible”, no procederá, en ningún caso, la privación de libertad del imputado, ni tampoco una Medida Cautelar Sustitutiva, deberá decretarse, en esta hipótesis la IMPROCEDENCIA de la solicitud; y, caso de haber sido aprehendido el imputado, éste deberá ser puesto inmediatamente en LIBERTAD PLENA, esto es, sin restricción alguna a ella.
4. De concurrir ambos requisitos el juez podrá optar por:
5. i) Declarar la PROCEDENCIA de la Medida de Privación de Libertad del imputado si constata que, además, concurre el tercer requisito, bien por la existencia del peligro de fuga o el de obstaculización, o ambos a la vez.
6. ii) Declarar la IMPROCEDENCIA de la Medida de Privación de Libertad del imputado, de constatar que no concurre el tercer requisito, esto es, ni el peligro de fuga ni el de obstaculización, y dictar en su lugar, una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA de las previstas en el Artículo 242 COPP. De verificarse uno cualquiera de estos dos “peligros”, habrá de considerarse cumplido el tercer requisito y procederá, en consecuencia, la Medida Privativa de Libertad del imputado y no una Medida Cautelar Sustitutiva, salvo, que a juicio del juez, los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa (Art. 242 COPP).
Lo anteriormente dicho es elemental en materia procesal penal.
Como se indicó precedentemente, la Alzada señaló que,“ante la ausencia del supuesto relacionado con peligro de fuga o peligro de obstaculización, la imposición de una medida de coerción personal en los términos establecidos en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, resulta a todas luces improcedente, por lo que en el caso que nos ocupa, al encontrarse cubiertos sólo los extremos de los numerales 1 y 2 del artículo 236 ejusdem, no así el del numeral 3, lo ajustado a derecho era decretar la libertad sin restricciones a favor de la imputada de autos…”
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, resulta evidente que no procedía, en ningún caso, la Libertad Plena de la encausada, ya que sólo concurría los numerales 1 y 2 (Fomus Bonis iuris o presunción del buen derecho) más no el requisito a que se contrae el numeral 3. del Artículo 236 COPP (periculum in mora), esto es, “Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”, motivo por el cual, se debió decretar una medida de coerción personal menos gravosa de las previstas en el artículo 242 del COPP."
Para mayor abundamiento de este tema, tenemos la Sentencia número 2.381 de la Sala Constitucional del 19 de diciembre de 2007, Exp. n° 07-1441, refiriéndose al artículo 250 (hoy 236 del COPP):
"... de la lectura detenida de la decisión emitida por el Juzgado de Control y confirmada por la alzada penal, se desprende que las mismas materializaron el juicio de ponderación necesario para arribar al resultado decisorio limitativo de la libertad personal, ya que en sus textos se evidencia que el órgano jurisdiccional examinó todas las circunstancias fácticas que rodean del caso, así como también las condiciones particulares del imputado, y que han contrastado todos estos elementos, de forma detallada, con el contenido de los numerales 1, 2, y 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Por tanto, en criterio de esta Sala Constitucional, el Juez de Control sí dictó una decisión motivada, en la cual se llevó a cabo un razonamiento que conjugó los principios de excepcionalidad, subsidiariedad, provisionalidad y proporcionalidad, para justificar la adopción de la medida de privación judicial preventiva de libertad, todo lo cual fue debidamente constatado y confirmado por la Corte de Apelaciones, y con base en ello, ésta declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa.
Siendo así, esta Sala reitera el criterio asentado en la sentencia n° 1.278/2001, de 19 de julio, según el cual, en virtud de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, éstos, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole notoriamente derechos o principios constitucionales, lo cual no se ha verificado en el presente caso."
Continuando con las consideraciones jurisprudenciales, la Sentencia de la Sala Constitucional del 01 de abril de 2008, Magistrado Ponente Dr. Francisco Antonio Carrasquero López, en el Exp. 08-0036 ha dicho:
"...al Juez Constitucional única y excepcionalmente le corresponde el ejercicio del denominado control externo de la medida de coerción personal, así como también de la decisión del Tribunal superior que confirme o revoque la misma (sentencia n° 2.046/2007, de 5 de noviembre), ello a los fines de velar por la salvaguarda del derecho fundamental a la libertad personal. Dicho control externo se traduce en supervisar que la decisión judicial contentiva de la medida se sustente en una motivación fundada y razonada, en otras palabras, que haya sido dictada de forma fundada, razonada, completa y acorde con los fines de la prisión preventiva, concretamente, constatando si los fundamentos de la decisión son suficientes (es decir, si se han plasmado los presupuestos que autorizan y justifican la medida), razonada (esto es, la expresión del proceso lógico que individualiza la aplicación de las exigencias constitucionales al caso concreto) y proporcionada (a saber, si se han ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad), neutralizando así cualquier posibilidad de que tal provisión cautelar sea dictada bajo el manto de la arbitrariedad (sentencia n° 1.998/2006, de 22 de noviembre)."
Ver igualmente la sentencia de la Sala Constitucional del 5 de abril de 2003, Expediente Número 02-1900 con ponencia del Magistrado Doctor José Manuel Delgado Ocando, que estableció en relación con la orden de aprehensión emanada del Juez de Control (referido al artículo 250 del COPP, hoy 236):
“Al analizar la orden de aprehensión emanada de un Juez de Control, con fundamento en lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala puede afirmar que es una medida estrictamente necesaria, de aplicación subsidiaria, provisional y proporcional a los fines que constitucionalmente la justifican y limitan. Se trata de una medida tendente a asegurar el proceso, ante la posibilidad del actor de sustraerse de la administración de justicia, esto es, que la “aprehensión” tiene una génesis cautelar preordenada básicamente a garantizar la presencia y sujeción del presunto imputado al “ius puniendi” del Estado, por lo que, en ningún caso, dicha aprehensión puede considerarse como arbitraria o ilegal sino desarrollada en el marco de la fase investigativa del proceso conforme a las formas y requisitos legalmente establecidos”.
Sobre el Cuarto Requisito del Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, es la cita de las disposiciones legales aplicables. Simplemente señalar la normativa, ni siquiera es necesario transcribir el contenido de las normas.
Finalmente, el Quinto y último Requisito Formal del Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, colocar el nombre y la dirección del sitio de reclusión donde será trasladado el imputado.
Sobre el Sexto y último Requisito del Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, es la obligatoriedad de la Firma, todo según el artículo 158 del COPP, el cual dispone que las sentencias y los autos deberán ser firmados por los Jueces que los hayan dictado y por el Secretario del Tribunal. La falta de firma del Juez y del Secretario producirá la nulidad del acto. Se han visto casos, donde falta la firma.
El último aparte de esta norma indica que "la apelación no suspende la ejecución de la Medida". Sobre esto les puedo copiar parte de la sentencia número 1.511 de 15 de octubre de 2008 de la Sala Constitucional, Ponente Magistrado Dr. Marcos Tulio Dugarte Padrón, Exp. 08-0881:
"...el debido proceso impone la necesidad de que el imputado sea notificado de los cargos, de asegurarle la asistencia de abogado, de ser oído, de obtener un pronunciamiento motivado y de recurrir contra éste, pero también el proceso exige su presencia en determinados actos, a los fines de ejercer tal derecho a ser oído.
Finalmente, esta Sala estima necesario reiterar su doctrina establecida mediante sentencia Nº 03/938 del 28 de abril de 2004, caso: Andrés Eloy Dielingen Lozada, en la cual se hizo un análisis de la legitimidad de los defensores para apelar en ausencia de sus defendidos del auto de aprehensión.
Dicho fallo establece:
“(…) Sin embargo, esta Sala considera necesario referirse a la supuesta legitimidad de los defensores del ciudadano Andrés Eloy Dielinger Lozada, para apelar en ausencia de su defendido del auto de aprehensión consagrado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual debe ponderarse el derecho a ser oído, de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, frente al derecho de ser enjuiciado en libertad del demandado (…), en el proceso penal existen una serie de actos que necesariamente requieren la presencia del imputado, no siendo delegable en mandatarios tal facultad, cuyo origen es precisamente garantizar el derecho a ser oído y a la defensa del imputado. Uno de esos casos, es la apelación del auto de aprehensión, pues tal condición se desprende del párrafo segundo del artículo 250 y del párrafo único del artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales requieren la presencia del imputado para resolver sobre modificarla o revocarla, pudiendo recurrir de ella el defensor, pero ‘en ningún momento en contra de su voluntad expresa’, refiriéndose al imputado.
En efecto, el debido proceso impone la necesidad de que la víctima sea notificada de los cargos, de asegurarle la asistencia de abogado, de ser oído, de obtener un pronunciamiento motivado y de recurrir contra él, pero también el proceso exige su presencia en determinados actos, a los fines de ejercer tal derecho a ser oído.
Un caso similar es el acto conciliatorio en materia de divorcio, previsto en el Código Civil, que exige la presencia de los cónyuges y prohíbe delegar tal facultad en abogado alguno, pues se entiende que es un acto personalísimo, sin que ello constituye una limitación al derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales o a la defensa de las partes.
En tal sentido, sostiene José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, en la obra Derecho Fundamental al Debido Proceso y el Tribunal Constitucional, Editorial Aranzadi, 1992, Pamplona, pág 468, que dentro de las garantías que el Tribunal Constitucional español, interpretando el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se encuentran: “D) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente, o a ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviere defensor del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor (...)”.
En tal sentido, la Sala considera que se encuentra ajustada a derecho la decisión que tomó la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en la cual declaró la nulidad de oficio del acto de juramentación del abogado en el recurso de apelación que intentó contra la decisión que dictó el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, dada la condición en que se encuentra el ciudadano Adnan José Méndez Martínez –evadido-, ya que la designación de defensor, es un acto personalísimo, sin que ello constituye una limitación al derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales o a la defensa de las partes, ni mucho menos violación constitucional alguna. Razón por la cual, la Sala, exhorta al ciudadano Adnan José Méndez Martínez, para que se ponga a derecho ante la autoridad judicial que le es requerido, y una vez cumplida con tal exigencia designe a sus defensores y ejerza su defensa. Y así se declara.
Por ello, a criterio de la Sala, en el presente caso no se encuentran satisfechos los extremos legales exigidos por el señalado artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para la procedencia de la acción de amparo. En consecuencia, la presente acción de amparo resulta improcedente in limine litis, y así se decide."
(1) https://whois.icann.org/es
(2) http://www.conatel.gob.ve/dominios-ve/
(3) http://actualidadpenal.net/importantes-consideraciones-acerca-de-la-prision-provisional/
Importantes consideraciones acerca de la Prisión Provisional. http://sumo.ly/mQMm via @portalpenal
Publicadas por Zdenko Seligo el sábado, agosto 13, 2016
Etiquetas: medida privativa, Róger López
Publicadas por Zdenko Seligo el viernes, agosto 12, 2016
Etiquetas: Eventos, Grisanti, Leonardo Pereira
De la Privación Judicial Preventiva de Libertad. Segunda Parte
El artículo 237 del COPP señala que para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente las siguientes 5 circunstancias:
Una estrategia utilizada comúnmente por la defensa de la persona involucrada en hechos punibles en cuanto al arraigo en el país, es consignar documentales, tales como, la constancia de residencia, si es trabajador, la constancia de trabajo; el asiento de la familia se prueba con la constancia de matrimonio o concubinato, las partidas de nacimiento de los hijos; para el tema de los negocios o actividad lucrativa, clásicos son los documentos mercantiles, tales como, estatutos constitutivos estatutarios o actas de asambleas generales ordinarias o extraordinarias de sociedades mercantiles o de sociedades civiles donde aparezca el nombre como accionista o el cargo de la persona para verificar esta circunstancia, porque esto implicaría que tiene negocios en la República Bolivariana de Venezuela y es comerciante o ejerce ciertas actuaciones legales que puede demostrar con la consignación del pago de sus impuestos sobre la renta, entre otros documentos que acrediten su arraigo del país por su actividad lucrativa de su preferencia u otras actividades académicas o educativas como constancia de estudios y notas de la persona imputada y de sus hijos, si los tuviere, además de la entrega voluntaria de su pasaporte u otro pasaporte si ostenta otra nacionalidad para desvirtuar cualquier intención de posible peligro de fuga o viaje al exterior.
Este es otro aspecto esencial que debe ser tomado en consideración para verificar el peligro de fuga en la gravedad de los delitos por la pena que llegue a imponerse en caso de ser culpable y condenado. No es lo mismo la pena en una injuria o un hurto simple que un homicidio intencional por motivos fútiles e innobles. Por ello, los Jueces deben necesariamente medir el daño causado y las acciones que pueda efectuar el individuo para fugarse, porque va a estar en juego su libertad o quedarse tras las rejas durante muchos años, todo lo cual por el artículo 230 del COPP, el interesante tema del Principio de Proporcionalidad, debe desarrollarse, como se dijo en la anterior entrega.
La Sentencia de la SCP del TSJ número 356 del 20 de Septiembre de 2012, Expediente: C11-403, en relación a las medidas de coerción personal y la pretensión:
Del mismo modo es conveniente mencionar lo que significa la magnitud del daño causado. Esto implica una gran cantidad de víctimas a primeras de cambio, lo cual no es óbice para el Juez, visto por ejemplo, un caso muy delicado donde haya mucho dinero involucrado, también debe tener en consideración este aspecto para un posible intento de fuga que pueda darse por la dimensión del problema legal que está en manos del juzgador resolver.
4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.
Si el comportamiento del imputado ha sido correcto, no ha ocasionado problemas de ninguna naturaleza o sin otro proceso anterior es constatado una buena conducta el informe favorable que deberá ser el Tribunal de la causa para señalar un peligro de fuga quedaría desvirtuado por este elemento, ya que va depender de que declare su voluntad someterse a la persecución penal y para mayor ejemplo, sea puntual en las asistencias a sus audiencias y demás actos del proceso penal. Hay que demostrar que es intachable el comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso judicial anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal, o lo contrario, la Fiscalía o la parte acusadora deben señalar que irregularidades se han materializado. Por ejemplo, cuando una persona se da por citado o notificado personalmente en el Tribunal, eso influye en el Juzgador porque evidencia que quiere enfrentar esta situación judicial de la mejor manera posible. Su voluntad debe ser expresa y su conducta intachable.
5. La conducta pre-delictual del imputado:
Referente a la conducta pre-delictual del imputado. Son los llamados antecedentes penales con el llamado Certificado Internacional de Antecedentes Penales, y que actualmente se obtiene por medio de la Oficina de Antecedentes Penales, a cuya información tenemos el correo electrónico: antecedentespenales@mijp.gob.ve y el teléfono: 0212-575.38.43, para aclarar cualquier duda o recibir sugerencias sobre el nuevo sistema de solicitud de este documento. A tales fines se debe ingresar a través del portal web: http://www.mpprijp.gob.ve/ donde se podrá efectuar el procedimiento de manera rápida y segura.
Sobre este tópico lean igualmente, la sentencia número 0097 del 21 de febrero de 2001 de la SCP.
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a 10 años.
En este supuesto, el Fiscal del Ministerio Público, y siempre que CONCURRAN las circunstancias del artículo 236 del COPP, deberá solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. A todo evento, el Juez podrá, de acuerdo a las circunstancias, que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado una medida cautelar sustitutiva. La decisión que se dicte podrá ser apelada por el Fiscal o la víctima, se haya o no querellado, dentro de los 5 días siguientes a su publicación.
Debo destacar sobre este Parágrafo Primero, la sentencia del 14 de agosto de 2015 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia de la Magistrada Dra. Luisa Estella Morales Lamuño, Exp. N° 15-0774:
“… la Sala estima necesario precisar que la presunción de peligro de fuga contenida en el parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un presupuesto procesal conforme al cual los “hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años”, genera una presunción de peligro de fuga del imputado. No obstante ello, debe aclararse que, tal circunstancia por sí sola no resulta suficiente para que el juez acuerde la medida de privación judicial preventiva de libertad solicitada por el Ministerio Público, pues para ello es necesario “que concurran las circunstancias del artículo 236” del Código Orgánico Procesal Penal, de modo tal que el solo hecho que el delito imputado merezca pena privativa de libertad igual o mayor a 10 años, no implica per se que el juez deba acordar la medida privativa judicial preventiva de libertad. Por ello, la Sala hace un llamado a los jueces para que previo a acordar una medida de privación judicial preventiva de libertad u otorgar una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad ajusten su actuación a lo establecido en los artículos 236 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal y al jurisprudencia de esta Sala (vid. Sentencia N° 492/08), los cuales deben aplicarse de forma armónica para el fiel cumplimiento de su finalidad que no es otra que la debida administración de justicia.”
El Peligro de Obstaculización
El artículo 238 del COPP establece que para decidir acerca del peligro de obstaculización y averiguar la verdad, se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado:
Lo que debe demostrarse son las fundadas dudas que ha tenido el Tribunal de que el imputado o acusado haya destruido, modificado, ocultado o falsificado elementos de convicción. En autos debe encontrarse acreditada tal situación, y que por lo demás, el imputado pueda tener acceso a las actividades de investigación desplegadas por los cuerpos policiales designados por el Ministerio Público, y en ese sentido, es necesario señalar que debe configurarse este requisito para la procedencia de la medida privativa de libertad.
Veamos lo que ha dicho la Sala de Casación Penal, mediante sentencia del 18 de junio del 2013, Ponente Dr. Paúl José Aponte Rueda, Exp. No. 2012-260:
“…el primer elemento sobre el que debió pronunciarse el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, era si el hecho punible merecía pena privativa de libertad y la acción penal no se encontraba evidentemente prescrita.
Por esta razón el juzgador de instancia no estaba autorizado a dictar orden de aprehensión sin comprobar la concurrencia de los tres requisitos de ley, como en efecto lo hizo, actuación que es consecuencia de la errónea interpretación del artículo 255 del Código Orgánico Procesal Penal aplicable para entonces.”
Siendo así, que no hay ni siquiera una sospecha de vulneración en documentos, o de amenazas de testigos o de un real peligro de fuga. Esto lo señalo por la Sentencia Nº 3.389 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 19 de agosto de 2010, Expediente Nº A09-065, de que nos menciona de acuerdo a los parámetros del artículo 237, o por qué existe el peligro de obstaculización en el proceso penal. “…estas circunstancias no pueden evaluarse de manera aislada, sino por el contrario deben analizarse con los diversos elementos presentes en el proceso, que permitan juzgar si existe objetivamente una presunción de real de fuga o de obstaculización de la investigación y así evitar vulnerar los principios de la afirmación y el estado de libertad, para el mantenimiento de la medida de coerción personal”, éste requisito concurrente exigido por el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, quedaría evidentemente desvirtuado."
Por otra parte, se hace necesario, la demostración del peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación, y si en autos no se encuentra acreditada tal situación, no puede procederse a dictar tal medida privativa.
2. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas, expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirán a otros u otras a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.
La sentencia número 701 del 15 de diciembre de 2008 de la SCP, exp. A08-219, nos habla de un ciudadano que es investigado por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO SIMPLE. El ciudadano por su mala conducta ha tenido que "... ser trasladado a diversos internados judiciales y por los mismos motivos: hechos irregulares, actitud de líder negativo, incitación a huelgas, alteración del orden en la población penal. Conductas que resultan obvias por sí mismas y que unidas a las ocurrencias relacionadas con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, ameritan la toma de medidas de prevención por parte de las autoridades, para proteger la culminación del proceso penal que se desarrolla y contrarrestar cualquier amenaza en el logro de tal fin."
Otra sentencia la número 295 del 29 de junio de 2006 de la SCP, Exp. 2006-0252, que un Juez para dictar una privativa, nos enseña:
"...estas circunstancias no pueden evaluarse de manera aislada, sino analizando pormenorizadamente, los diversos elementos presentes en el proceso, que indiquen un peligro real de fuga, y así evitar vulnerar los principios de la afirmación y el estado de libertad, establecidos en los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal.
En el presente caso, sin prejuzgar sobre si los hechos constituyen o no el delito de apropiación indebida calificada, se observa que la pena que pudiera llegar a imponérsele al ciudadano Rafael Basilio Aníbal Valentino Maestri, por tal hecho punible no es grave; no sería igual o mayor a diez años, ni la magnitud del daño causado ha sido determinado y probado; y no consta en el expediente que el señalado ciudadano tenga antecedentes. Es por ello, que no concurren en la presente causa ninguna de las circunstancias exigidas en el artículo 251 del Código adjetivo con excepción del numeral 1, para así determinar una presunción razonable de peligro de fuga.
Además de lo anteriormente señalado, el imputado desde un principio demostró su incuestionable intención de someterse a cualquier persecución que existiere en su contra. Por lo que, la falta de arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual y asiento de la familia, por si sólo no es suficiente para establecer el peligro de fuga del ciudadano Rafael Basilio Aníbal Valentino Maestri.
Por todo esto, la Sala advierte, que el Juzgado Quincuagésimo Segundo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al no tomar en cuenta estos elementos argumentados por la defensa, para desvirtuar las condiciones de procedencia alegadas por el Ministerio Público, para solicitar la medida privativa judicial preventiva de libertad establecida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, incurrió en una flagrante violación del debido proceso, del derecho a la defensa y del derecho a ser juzgado en libertad en detrimento del imputado, además de inobservar el principio de la presunción de inocencia y el de proporcionalidad que reza: “… No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable…”. Lo que perjudica ostensiblemente la imagen del Poder Judicial.
En virtud de lo antes expuesto, es forzoso para la Sala, en aras de una correcta administración y aplicación de justicia, declarar la nulidad del auto dictado el 30 de marzo de 2006, por el Juzgado Quincuagésimo Segundo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que acordó la medida de privación judicial preventiva de libertad, en contra del ciudadano imputado Rafael Basilio Aníbal Valentino Maestri, de conformidad con los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal y por ello ordena que se dicte la correspondiente boleta de excarcelación y se someta al referido ciudadano a la medidas contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 256 eiusdem: la presentación cada treinta (30) días al Tribunal que este conociendo de la causa; y la prohibición de salir del país sin la autorización correspondiente. Así se decide"
Se debe asegurarse y estar atentos si existe o no posibilidad alguna de que el imputado pueda tener acceso a testigos, o porque están identificados o éste se sabe de algún dato preciso de ubicación de los expertos, expertas y testigos. Por ello, esta el llamado expediente administrativo que celosamente guardan los Fiscales del Ministerio Público con los datos de ubicación de estas personas imprescindibles para el proceso penal. Si esto ocurriese estaría incumpliéndose además, con la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales.
Hay que tener en cuenta si hubo, hay o se tiene la sospecha de que habrá interferencia a las actividades de investigación desplegadas por los cuerpos policiales designados por el Ministerio Público para un acto concreto de investigación.
En fase preparatoria, lo normal es que se investigue el hecho punible. Se busca saber qué exactamente pasó, cómo, porqué, cuándo y dónde. Por esto, es clave lo que el imputado manifieste y cuando declara o informa parcialmente o miente, o dice algo absolutamente falso, esto es un punto a tener en cuenta para que el Juez le dicte en su contra la medida privativa cuya necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, debe ser explicada, como hemos comentado, ya que si lo hace con mala fe, a mi criterio, tanto el imputado como los testigos, víctimas, expertos, cuando informan maliciosa y falsamente, teniendo la obligación de concurrir al llamado judicial y declarar la verdad de cuánto supiere y le fuere preguntado, y mienten descaradamente, incurren en el falso testimonio contenido en el CAPÍTULO IV del TÍTULO IV, De los Delitos Contra la Administración de Justicia del Código Penal.
"Artículo 242. El que deponiendo como testigo ante la autoridad judicial, afirme lo falso o niegue lo cierto o calle, total o parcialmente, lo que sepa con relación a los hechos sobre los cuales es interrogado será castigado con prisión de quince días a quince meses.
2. El individuo que, habiendo manifestado ante la autoridad su nombre y circunstancias, no debió habérsele considerado como testigo o no se le advirtió la facultad que tenia de abstenerse de declarar.
Si el falso testimonio ha expuesto a alguna persona otra persona a procedimiento criminal o a una condena, la pena se reducirá solamente de la mitad a las dos terceras partes.
Artículo 244. Estará exento de toda pena con relación al delito previsto en el artículo 242 el que habiendo declarado en el curso de un procedimiento penal, se retracte de su falso testimonio y deponga conforme a la verdad, antes de concluirse la averiguación sumaria por auto de no haber lugar a proseguirla o el proceso por auto de sobreseimiento fundado en no haber meritos para cargos o antes de que se descubra la falsedad del testimonio.
Artículo 245. Las disposiciones de los artículos precedentes serán también aplicables a los expertos e intérpretes, que llamados en calidad de tales ante la autoridad judicial, den informes, noticias o interpretaciones mentirosas, quienes serán además, castigados con la inhabilitación para el ejercicio de su profesión o arte, por un tiempo igual al de la prisión, terminada esta.
Artículo 246. El que haya sobornado a un testigo, perito o intérprete, con el objeto de hacerle cometer el delito previsto en el artículo 242, será castigado, cuando el falso testimonio, peritaje o interpretación se hayan efectuado, con las penas siguientes:
3. En el caso del segundo aparte del mismo articulo, con prisión de cuatro a cinco años.
Artículo 247. Si el culpable del delito previsto en el artículo precedente es el enjuiciado mismo o sus parientes cercanos o siempre que no hubiere expuesto a otra persona a procedimientos penales o a una condena, las penas establecidas se rebajarán de la mitad a dos tercios.
Artículo 248. Cuando el falso testimonio, peritaje o interpretación, hubieren sido retractados, de la manera y en la oportunidad indicadas en el artículo 244, la pena en que incurre el culpado del delito previsto en el artículo 246, será disminuida en la proporción de una sexta a una tercera parte."
Por eso, hay que tener cuidado en las falsas afirmaciones y la sorpresa en su buena fe al funcionario.
Sobre el deber de concurrir y prestar declaración en nuestro COPP:
"Artículo 208. Todo habitante del país o persona que se halle en el tendrá el deber de concurrir a la citación practicada por un tribunal con el fin de que preste declaración testimonial, de declarar la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado sobre el objeto de la investigación, y de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de su declaración.
Se observarán los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, que establezcan excepciones a esta regla."
Sobre este artículo 208 del COPP ver las sentencias número 714 del 13 de diciembre de 2007 y la número 550 del 29 de octubre de 2009 de la SCP.
Algunos ejemplos que pudieran considerase dignos para decretar el peligro de obstaculización como parte de uno de los requisitos de una medida privativa:
Que el imputado no se presente cuando sea llamado a una entrevista a declarar y que conste en el expediente que fue debidamente y con suficiente antelación, notificado de su acto y no asistió varias veces y no se justificó de su inasistencia.
Otro podría ser la falsedad en la descripción que se haga de un retrato hablado, lo cual despista a los policías, detectives y demás funcionarios.
La negativa a colaborar en un levantamiento planimétrico para saber su versión o información del hecho en la escena del crimen.
O se preste el imputado a una táctica dilatoria o de evasión y de componenda con otras personas que perjudique el caso y obviamente esto se encuentre demostrado en autos tal planificación.
El Juez debe valorar la realización de estas conductas prohibidas por el legislador, lo cual debe ser grave y bien motivado en el texto de la medida, siendo lo recomendable es que el Juez o el Fiscal interrogue separadamente a cada imputado, para cualquier circunstancia que sirva para apreciar su veracidad.
Etiquetas: medida privativa, peligro de fuga

References: artículo 240
in fine
 artículo 157
 artículo 236
 artículo 237
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 artículo 236
 artículo 242
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 Artículo 242
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 Artículo 236
 artículo 242
 artículo 250
 artículo 250
 resolución 
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 158
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 433
 artículo 4
 artículo 237
 artículo 230
 artículo 236
 artículo 237
 artículo 236
 artículo 238
 artículo 255
 artículo 237
 artículo 236
 artículo 251
 artículo 250
 artículo 256

Artículo 244
 artículo 242

Artículo 245

Artículo 246
 artículo 242

Artículo 247

Artículo 248
 artículo 244
 artículo 246
 artículo 208