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Timestamp: 2020-02-21 00:03:50+00:00

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Doc. visitadosJerarquía normativaIncendios forestalesSociedades mutuas de segurosSucesión testamentariaPluralismo políticoPrincipios generales del DerechoVestigios o pruebas materiales del delitoLex posterior derogat prioriProceso civilNulidad de contrato
I. CONCEPTO Y NORMATIVA QUE REGULA SU ACTIVIDAD
III. INGRESO EN EL CUERPO
IV. DEBERES E INCOMPATIBILIDADES PROFESIONALES
V. REGLAMENTO DE LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL
VI. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO REFERIDA A LOS MÉDICOS FORENSES
Los Médicos Forenses constituyen un Cuerpo Nacional de titulados superiores al servicio de la Administración de Justicia, adscrito orgánicamente al Ministerio de Justicia. Dependerá de este Ministerio o de las Comunidades Autónomas transferidas en materia de Justicia.
Los médicos forenses son funcionarios de carrera con funciones de asistencia técnica a los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y Oficinas del Registro Civil, independientemente de su dependencia orgánica de los Institutos de Medicina Legal. Ejercerán sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos.
- Arts. 470 a480 Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Reglamento Orgánico del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, aprobado por Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, derogado en cuanto se oponga a lo establecido en el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia.
- Reglamento de los Institutos de Medicina Legal, aprobado por el Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo.
- Reglamento general de régimen disciplinario al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 796/05 de 1 de julio.
Aparecen recogidas en el artículo 3 del Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, que establece:
En cuanto al ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, será mediante una convocatoria pública respetando los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
El sistema de ingreso será la oposición como sistema ordinario, o el concurso-oposición cuando la naturaleza de las funciones a desempeñar lo aconsejen. Se podrá prever además la realización de un curso selectivo de carácter teórico-práctico.
Los programas de las pruebas de ingreso serán elaborados por el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y aprobados por el Ministerio de Justicia, previo informe de las Comunidades Autónomas que hayan recibido traspasos de justicia.
Los deberes de los médicos forenses vienen regulados en el capítulo VI del Reglamento:
1) Desempeñar las funciones inherentes a su cargo bajo la dependencia del Director del Instituto correspondiente.
2) Obligación de guardar secreto de las actuaciones procesales donde intervengan.
3) Poner en conocimiento de los Tribunales, Jueces o Fiscales circunstancias que pueden justificar su abstención o recusación en un procedimiento, según las leyes procesales.
4) Cumplimiento de la jornada y horarios que establece una parte de obligada presencia y otra de cumplimiento flexible, que en cualquier caso no podrá ser inferior al establecido para la Administración Pública.
5) La dedicación de los médicos forenses será general y exclusiva.
6) La función del médico forense será incompatible con:
- Médico de empresa o de entidades aseguradoras.
- El desempeño de cargos públicos electivos.
- Intervención como particulares en los casos que pudieran tener relación con sus funciones.
- Prácticas periciales privadas.
- Emisión de certificados médicos de defunción relacionados con la normativa sobre policía sanitaria mortuoria.
- Toda actividad que menoscabe el ejercicio de sus funciones.
Su creación tiene por finalidad racionalizar y optimizar la actividad de los Médicos Forenses.
Sus funciones tienen carácter independiente y emiten sus informes de acuerdo con las reglas de investigación científica que estimen adecuadas.
La creación de los Institutos de Medicina Legal se realizará en las capitales de provincia en las que tenga su sede un Tribunal Superior de Justicia, así como en aquellas en las que tengan su sede Salas de Tribunal Superior de Justicia con jurisdicción en una o más provincias, mediante Orden del Ministro de Justicia, o por la Comunidad Autónoma afectada que haya recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial. Las normas de creación establecerán la sede y la relación de puestos de trabajo inicial, reflejando el ámbito territorial correspondiente de cada Instituto.
En las restantes ciudades, podrán existir Institutos de Medicina Legal con el ámbito que establezca el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, o, en su caso, de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios. Asimismo, es posible la creación de un Instituto de Medicina Legal en cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Las Comunidades Autónomas que han constituido Institutos de Medicina Legal son: Andalucía (Decreto 69/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organizacion y Funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense y de la Comisión de Coordinación de los Institutos de Medicina Legal); Canarias (Decreto 198/2002, de 20 de diciembre, por el que se crea el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife y Decreto 83/2007, de 23 de abril, por el que se crea el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas); Cataluña (Decreto 411/2006, de 31 de octubre); Galicia (Decreto 119/2005, de 6 de mayo); Madrid (Decreto 37/2006, de 4 de mayo); Navarra (Decreto Foral 355/2000, de 13 de noviembre); La Rioja (Orden JUS/2949/2002, de 31 de octubre, por la que se dispone la creación del Instituto de Medicina Legal de La Rioja); Cantabria (Orden JUS/1897/2003, de 26 de junio, por la que se dispone la creación del Instituto de Medicina Legal de Cantabria); País Vasco (Decreto 236/2012, de 21 de noviembre), y Comunidad Valenciana (Decreto 62/2007, de 20 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto de Medicina Legal de Valencia; Decreto 61/2007, de 20 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto de Medicina Legal de Castellón, y Decreto 60/2007, de 20 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto de Medicina Legal de Alicante).
Existe un problema interesante. En algunas ocasiones se cuestiona la capacitación de los Médicos Forenses para realizar pericias propias de determinadas especialidades médicas (por ejemplo la psiquiatría, o la oftalmología). Este problema se ha reducido de forma notable con la creación de los Institutos de Medicina Legal, en los que se tiende a un reparto del trabajo teniendo en cuenta esta circunstancia, y procurando la especialización de los diferentes Médicos Forenses.
Ello no obstante, esta alegación ha sido planteada ante el Tribunal Supremo en alguna ocasión, recibiendo una depuesta desfavorable cuando, a la vista de las actuaciones, el Médico Forense ha desarrollado un dictamen técnico sobre las cuestiones planteadas.
Así, cabe citar el Auto del Tribunal Supremo de 7 abril 2005:
"Conviene, además, señalar que según resulta de los artículos 343 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y así lo refleja también el artículo 3 del Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses, éstos son, por esencia, los facultativos colaboradores de la Administración de Justicia, agrupados en el Cuerpo arriba citado, en condiciones de evacuar con plena validez los informes periciales psiquiátricos que judicialmente se les recaben, sin perjuicio de que, si así lo considera oportuno el juez, de oficio o a instancia de parte, acuerde la participación de otro facultativo (artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En definitiva, en el caso presente, lo que se impugna no es la ausencia de informe, que lo hay, sobre las capacidades cognitivas, volitivas e intelectivas del acusado, sino la falta de este carácter de especialista de los peritos, requisito, por cierto, que según la Ley (artículo 457 de la LECrim.) no es preceptivo. El informe solicitado resultaría, por tanto, reiterativo".

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
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 artículo 3
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