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Timestamp: 2019-10-17 06:02:21+00:00

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﻿ Sentencia T-366 de junio 27 de 2013
SENTENCIA T-366 DE 27 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:DEBER DE ICETEX DE EVITAR TRATOS DISCRIMINATORIOS EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO AL INTERIOR DE SUS SEDES ADMINISTRATIVAS. SE RECORDÓ QUE EL ICETEX ES UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE CARÁCTER ESPECIAL, ADSCRITA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, QUE SE ENCUENTRA SOMETIDA A LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, EN RAZÓN A LA ACTIVIDAD FINANCIERA QUE DESARROLLA. POR ELLO, EN LA MEDIA EN QUE CUMPLE UNA FUNCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO, AL IGUAL QUE OTRAS ENTIDADES DE ORDEN FINANCIERO, TAMBIÉN ASUME, EN LOS TÉRMINOS DE LA JURISPRUDENCIA, LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO. EN ESTE ENTENDIDO, EL ACCESO A LA ENTIDAD FINANCIERA QUE DEBE PERMITIR A TODAS LAS PERSONAS QUE REQUIERAN DE SUS SERVICIOS, NO PODRÁ ESTAR SUJETO A LA IMPOSICIÓN DE NINGÚN TIPO DE RESTRICCIÓN QUE OBEDEZCA A RAZONES INHERENTES A LA CONDICIÓN PERSONAL DEL USUARIO DEL SERVICIO, Y QUE PARA TODOS LOS EFECTOS PUEDA SER ENTENDIDA COMO UNA CONDUCTA DISCRIMINATORIA POR RAZONES DE RAZA, SEXO, EDAD, ENTRE OTRAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL USUARIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, DERECHO DE REUNIÓN, ICETEX, DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, HUELGA, DISCRIMINACIÓN RACIAL
REVISTA TUTELA N°:178 DE OCTUBRE DE 2014, PÁG.1644
Sentencia T-366 de junio 27 de 2013
Ref.: Expediente T-3779365
Acción de tutela instaurada por Leidys Emilsen Mena Valderrama contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—.
Bogotá, D. C., veintisiete de junio de dos mil trece.
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
El 8 de octubre de 2012, el Juzgado Sexto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, admitió la acción de tutela que presentara la ciudadana Leidys Emilsen Mena Valderrama contra el Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, en adelante —Icetex— sede Medellín, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al principio de no discriminación, a la honra y al libre desarrollo de la personalidad, los cuales, afirma le fueron vulnerados por la entidad, que le negó el ingreso a sus instalaciones el pasado 4 de octubre de 2012, motivado según afirma la actora, en un criterio de discriminación racial.
1.1. Afirma que el día 4 de octubre de 2012, se acercó a la oficina del Icetex en Medellín “a entregar la documentación de unos líderes de Urabá para los créditos condonables de comunidades negras”, quienes la habían autorizado para realizar dicho trámite(1).
1.2. Al presentarse en la portería del edificio Coltejer, e informar que se dirigía a las oficinas del Icetex, el vigilante le negó el ingreso al igual que a otra mujer, a pesar de que aún corría el horario de atención al público. Luego de ello, un funcionario del Icetex se presentó en la portería, tomó los datos personales de la actora, de la otra mujer y de otros ciudadanos interesados en ingresar, con el fin de consultar si podía autorizar su ingreso. Minutos después, el vigilante recibe la orden telefónica de permitir el acceso de la mujer y otras personas, pero niega el ingreso de la actora.
1.3. Inconforme por lo ocurrido, y luego de solicitar explicaciones al respecto, un nuevo funcionario del Icetex, le confirma la negativa de su ingreso, pero se ofrece a recibirle los documentados por fuera de las oficinas y realizar los trámites que ella requiriera(2).
1.4. Ante lo sucedido, la accionante afirma que “el impedimento para ingresar a esa oficina estuvo estrictamente motivado por razones raciales. // Fui humillada en frente de otros ciudadanos colombianos a quienes sí se les permitió el ingreso, y otros que estaban cerca del lugar, ya que fui tratada como criminal por parte de estos funcionarios”(3).
1.5. Explicó que el 27 de septiembre del 2012, una semana antes de que se impidiera su ingreso a las oficinas del Icetex, ella y otros jóvenes líderes de la ciudad, participaron en una protesta pacífica en la que le exigían al Icetex “el respeto que merecemos frente al trato indebido e inadecuado que nos están dando, ya que ellos son los operadores de los recursos de los créditos condonables de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenkeras”(4).
1.6. Manifiesta que además de sentirse perseguida por reclamar sus derechos como afrodescendiente, ha sido maltratada, discriminada y excluida. Al efecto señala que “eso también da a entender que así cumpla con los requisitos para ser beneficiaria de los créditos condonables de comunidades negras estos me rechazarán mi documentación, hecho que se presentó en la versión anterior de esta convocatoria, porque aunque cumplí con lo solicitado, no fui seleccionada y nunca se me dio respuesta clara sobre razones por las que no me seleccionaron”(5). Sostiene además que “esta persecución y discriminación por parte del Icetex no solo es dañina para mi persona, sino, que afecta también directamente a los estudiantes y líderes que son avalados por mí para que se presenten a los créditos, debido a que su documentación no fue recibida por esta oficina; también ellos pueden ser objeto de descalificación del crédito en represalia contra mí”(6).
1.7. Argumenta finalmente la accionante, que todo lo anterior constituye un acto discriminatorio abiertamente inconstitucional, que vulnera sus derechos a la igualdad, a la honra, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, pues los actos de los cuales fue víctima, continúan produciendo consecuencias nocivas, pues se trata de conductas que generan en las personas afectadas un sentimiento de frustración, indefensión y vergüenza, así como un efecto disuasivo y desalentador(7).
3.1. Afirmó que la decisión de impedir el ingreso de la accionante y otras personas a la oficina del Icetex en Medellín fue una medida preventiva dado que ese día, 4 de octubre de 2012, “se realizaron diversas protestas como la marcha de estudiantes de la Universidad de Antioquia, la marcha de los trabajadores, desempleados y la marcha de maestros y comunidad educativa con ocasión de la convocatoria de la Jornada nacional por el trabajo decente. Con ocasión de esa manifestación, se presentaron algunos disturbios frente a la sede del Icetex en el centro de Medellín, conforme quedó consignado en diversos medios de comunicación”(8). Así las cosas, adujo que “resultó pertinente adelantar medidas extraordinarias de seguridad para proteger a los usuarios, los empleados y la planta física de la entidad”(9).
3.2. La intervención sostuvo que debido a su condición de entidad estatal, el Icetex desarrolló sus actividades en esa fecha, permitiendo el ingreso de algunos usuarios, pero en particular, se impidió el ingreso de la accionante en cuanto “ella hizo parte de un grupo de personas que realizaron una ‘toma pacífica’ de la sede del Icetex en Medellín el pasado 27 de septiembre, durante la cual los manifestantes se negaron rotundamente a retirarse de las instalaciones y generaron malestar para el desarrollo normal de las actividades de la entidad”(10) (énfasis agregado). Aclara que aun cuando la manifestación afectó el desarrollo normal de sus actividades, “la entidad no agredió en ningún momento a los manifestantes”(11).
Afirmó igualmente, que de esa “toma pacífica” del 27 de septiembre, quedaron registrados en el sistema de ingreso al edificio Coltejer, los nombres, números de identificación y fotos de los participantes, bajo la siguiente observación: “Ojo es uno de los manifestantes en el Icetex llamar a Saturno. No permitir ingreso”(12). De esta manera, en tanto la accionante participó en el acto del 27 de septiembre de 2012 y fue reportada en el sistema de registro y seguridad del edificio Coltejer, la entidad activó la prohibición de su ingreso el 4 de octubre del mismo año, una semana después de la ‘toma pacífica’.
3.3. Explica de otra parte, que a pesar de que un funcionario del Icetex ofreció recibir a la accionante los documentos que pretendía radicar, esta se negó a entregarlos.
3.4. Aduce que no es cierto que el Icetex hubiera negado el ingreso de la accionante con fundamento en motivos raciales, ya que la restricción obedeció “a las condiciones en materia de seguridad que se tomaron en esa jornada”(13). Niega también que el personal del Icetex que atendió a la accionante haya incurrido en un trato humillante pues, reitera, la única razón para restringir su ingreso fue la seguridad del edificio. Niega igualmente que el Icetex hubiese cometido actos de persecución, maltrato o exclusión. Prueba de ello es que la entidad garantizó a la accionante en todo momento, su derecho al libre desarrollo de la personalidad y el de sus compañeros, al no intervenir violentamente ni reprimir en forma alguna la toma pacífica del pasado 27 de septiembre(14).
En cuanto a la afirmación de la accionante según la cual, en una ocasión anterior el Icetex le había rechazado una solicitud de crédito condonable para comunidades negras por motivos de raza, el ente accionado señala que conforme lo certifica el vicepresidente de fondos en administración del Icetex, el motivo por el cual la accionante no pudo acceder a dicho crédito a pesar de cumplir con los requisitos, obedeció a razones de disponibilidad presupuestaria “en una convocatoria donde se presentaron 8859 aspirantes para un proyecto que tenía previsto aprobar a 2000 beneficiarios”(15).
En efecto, afirmó que “la no autorización del ingreso a las instalaciones del Icetex el 4 de octubre del año en curso, no obedeció a discriminación racial, sino a órdenes dadas por la administración del edificio Coltejer donde funciona la entidad demandada, debido a las marchas y disturbios que se presentaron en esa fecha en el centro de Medellín e igualmente porque la accionante, para el 27 de septiembre se había tomado, aunque pacíficamente, las instalaciones de ese instituto, pues no solo ella sino otras personas por estos mismos hechos tenían prohibido el ingreso, por la participación que tuvieron en acciones anteriores”(16).
Con todo, advirtió al Icetex “como entidad de carácter público, que en adelante, de no existir alteración en el orden público, como ocurrió el día 4 de octubre de 2012, deberá tomar las medidas necesarias con el servicio de seguridad del edificio, para garantizar que aquellos jóvenes que hicieron parte de la toma pacífica que realizaron el día 27 de septiembre de 2012, como representantes de las comunidades afrocolombianas, puedan acceder a las instalaciones para realizar aquellas acciones encaminadas a obtener los servicios que ofrece la institución, si así lo requieren”(17).
5.1. Copia del panfleto de convocatoria para las marchas de la Jornada nacional por el trabajo decente del 4 de octubre de 2012 (fl. 15).
5.2. Copia de las cartas que el administrador de la copropiedad del edificio Coltejer envió al Icetex (fls. 16 y 17) En la misiva fechada el 3 de octubre, luego de exponer cual podría ser el recorrido de las diferentes marchas, se expusieron las siguientes recomendaciones:
“— Pedimos a los miembros del comité de emergencias de cada una de las empresas del edificio, estar preparados para ser convocados al PMu (sic), en caso de que se presente alguna novedad.
— Comentar a todos los empleados de la situación para estar preparados.
— En lo posible evitar visitantes en sus empresas y posponer citas.
— Tratar de no salir a la calle en el horario laboral.
— Estar atentos a la información que se les estará transmitiendo por los altavoces del edificio.
— Tratar de establecer jornadas continuas.
— La administración esta (sic) tomando las medidas necesarias con la colaboración de la empresa de seguridad y la Policía Nacional, además de los cerramientos preventivos”.
“La administración del edificio Coltejer y su comité de emergencia, en virtud de los comunicados mediante los cuales se convoca a una movilización masiva para el día 4 de octubre, se estableció extremar las medidas de seguridad de ingreso al edificio con el objetivo de proteger el bien común y la propiedad horizontal edificio Coltejer, por ello se restringe el ingreso a visitantes externos durante este día en especial con el fin de evitar posibles daños o perjuicios dentro de la copropiedad (…)”.
5.3. Registro fotográfico y datos personales de identificación, recolectados por la seguridad del edificio Coltejer el día 27 de septiembre de 2012, a los individuos que posteriormente participaron en la “toma pacífica” del 27 de septiembre de 2012, entre los que se encuentran los datos de la accionante. Y a los que se les agregó una recomendación de informar a “Saturno”, e impedir su ingreso (fls. 18 a 23).
5.4. Certificación expedida por el vicepresidente de fondos en administración del Icetex en la que explica los motivos presupuestarios que llevaron a esa entidad a negar en una oportunidad anterior, un crédito solicitado por la accionante (fl. 24).
1. (sic) Esta Corte es competente para revisar el presente fallo de tutela de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
2.1. De acuerdo con la situación fáctica planteada y vista la decisión adoptada en sede de tutela, corresponde a la Corte establecer si el Icetex —sede Medellín—, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al principio de no discriminación, a la honra y al libre desarrollo de la personalidad de la señora Leydis Emilsen Mena Valderrama, al impedirle el pasado 4 de octubre de 2012 el ingreso a sus instalaciones, ubicadas en el edificio Coltejer.
2.3. Observa la Sala de Revisión, que se está ante una situación jurídica compleja de relevancia constitucional, pues deberá determinar (i) si la actuación del Icetex de negar a la accionante el ingreso a sus instalaciones el día 4 de octubre fue consecuencia de un trato discriminatorio de origen racial, o si lo sucedido supuso una medida correcta, dadas las circunstancias de orden público del momento, y (ii) si es constitucionalmente admisible la utilización de un dato negativo que fuera adicionado a los datos personales de la accionante registrados en la recepción del edifico Coltejer.
2.4. Para resolver el problema jurídico, la Sala abordará los siguientes temas: (i) los fundamentos concernientes a la delimitación del derecho a la manifestación social pública y pacífica y de su ejercicio válido; (ii) el derecho de acceso sin discriminación alguna a lugares o entidades que prestan un servicio público y a recibir de estos la debida atención; (iii) el manejo, gestión y administración de registros y bases de datos en las que reposen datos personales cuyo uso conlleve la restricción en el ejercicio de los derechos fundamentales del titular del dato; (iv) se reiterará igualmente la posición jurisprudencial de esta corporación en torno a la protección especial del derecho a la igualdad por parte del Estado y las medidas normativas y jurisprudenciales establecidas para evitar cualquier tipo de discriminación de orden racial, en particular respecto de la población afrocolombiana. Finalmente, (v) se resolverá el caso concreto.
En Colombia el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente está expresamente reconocido en la Constitución Política y en los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. El artículo 37 de la Constitución consagra este derecho, en los siguientes términos: “Toda parte del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.
Esta norma incorpora el derecho de manifestación, garantizando en ambos casos su ejercicio público y pacífico, y estatuye que solo la ley podrá señalar expresamente los eventos en los cuales puede limitarse el ejercicio de este derecho(18). El derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, ha sido reconocido por esta corporación como una de las varias manifestaciones que tiene la libertad de expresión(19) (C.P., art. 20). Dentro de un régimen jurídico pluralista que privilegia la participación democrática y que además garantiza el ejercicio de otros derechos de rango constitucional como la libertad de locomoción (C.P., art. 24) y los derechos de asociación (C.P., art. 38) y participación en los asuntos públicos (C.P., arts. 2º y 40), la protesta social tiene como función democrática llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre una problemática específica y sobre las necesidades de ciertos sectores, en general minoritarios, para que sean tenidos en cuenta por las autoridades(20).
La Constitución Política garantiza el derecho a reunirse y manifestarse públicamente tanto en una dimensión estática (reunión) como dinámica (movilización), de forma individual como colectiva, y sin discriminación alguna, pues así se deriva de la expresión “toda parte del pueblo”. Todo ello, sin otra condición distinta, a que sea pacífico, o sea, sin violencia, armas ni alteraciones graves del orden público. Esto significa que solo la protesta pacífica goza de protección constitucional. Así, aun reconociendo la tensión que surge entre el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica y el mantenimiento del orden público, no puede el legislador desbordar los principios de razonabilidad y proporcionalidad al hacer uso del margen de configuración o establecer restricciones cuya vaguedad conduzca a impedir tal derecho.
4.2 El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior —Icetex— fue transformado por la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 en una entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, que por el tipo de operaciones financieras que le fueron autorizadas, está bajo la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera, sin perjuicio de lo previsto por el estatuto orgánico del sistema financiero(21).
Sobre el particular, la Sentencia C-1062 de 2003(22), indicó que “la posibilidad de manejar, invertir o aprovechar el ahorro público está sujeta a la previa autorización estatal, según lo prescribe categóricamente el artículo 335 superior. Ello por cuanto dichas actividades, como se dijo, comprometen el orden público económico y los intereses particulares de los usuarios, lo que exige garantizar la confianza en el sistema financiero. Además, por la importancia que reviste la actividad financiara dentro de un sistema de mercado, y por la necesidad de que sea prestada en forma permanente, continua, regular, general y en condiciones de igualdad para todos los usuarios, tal actividad ha sido calificada por la jurisprudencia de esta corporación(23), de la Corte Suprema de Justicia(24) y del Consejo de Estado(25) como un servicio público” (énfasis agregado).
5.1. El artículo 15 superior dispone que toda persona tiene derecho a la intimidad personal y familiar, a su buen nombre y a que el Estado respete este derecho y lo haga respetar. Del referido contenido constitucional se desprende el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre sí mismo se encuentren en registros y bases de datos de naturaleza pública o privada. Esta dimensión del derecho al buen nombre es más conocida como el derecho de hábeas data y contempla dos aspectos esenciales, a los que de manera clara hizo referencia la Sentencia T-987 de 2012(26): “El primero, refiere a que el tratamiento de los datos personales es una expresión de la libertad del sujeto de autorizar que la información sobre sí mismo sea sometida a recopilación, circulación y uso por terceros. Esto quiere decir, de acuerdo con ese precedente, que la autorización para el tratamiento de la información personal constituye una decisión propia del ejercicio de la cláusula general de libertad, por lo que está sometida a condiciones particulares, que serán explicadas más adelante, las cuales garanticen que esa decisión es reflejo de la autonomía y la conciencia del sujeto. El segundo contenido surge luego que se expresa esa autorización. Una vez incorporada la información personal en el registro y base de datos, la Constitución y la ley confiere al titular del dato un grupo de derechos, facultades y garantías, que metodológicamente han sido comprendidos por la jurisprudencia como principios, que tienen como principal objetivo garantizar la eficacia de las facultades de conocimiento, actualización y rectificación del dato personal por parte del sujeto concernido, de manera tal que el tratamiento no se torne abusivo, desproporcionado o contrario a derecho”.
5.2. Como se advierte, la persona concernida encuentra en el derecho de hábeas data una doble dimensión en la aplicación del principio de libertad: por un parte, que su consentimiento para autorizar la recopilación, almacenamiento y manejo de datos sea libre, espontáneo e informado. Por otra parte, tiene derecho a conocer la información que sobre ella se recopila, para solicitar su actualización y rectificación cada vez que ello sea necesario.
5.3. De lo anterior, se pueden inferir otros elementos esenciales, y estos se refieren más a las características propias del dato, como quiera que el mismo (i) debe ser veraz, es decir, no podrá corresponder a información que no revele la realidad en el momento en el que mismo fue generado; (ii) dinámico, en tanto al ser cambiante con el tiempo, deba actualizarse cada vez que así se requiera; y (iii) que sea rectificable, es decir, que en la medida en que la información reportada cambie en su contenido, dicho cambio se informe oportunamente y se vea reflejado en el correspondiente registro o base de datos.
5.4. Adicional al principio de libertad que tiene el titular de un dato para autorizar o no la inclusión del mismo en una registro o base de datos, se encuentra el principio de finalidad que sugiere que “el acopio, procesamiento y divulgación de la información personal deben obedecer a un fin constitucionalmente legítimo y que a su vez, debe ser definido de forma clara, suficiente y previa. Esto implica que queda prohibida (i) la recopilación de información personal sin que se establezca el objetivo de su incorporación a la base de datos; y (ii) la recolección, procesamiento y divulgación de información personal para un propósito diferente al inicialmente previsto y autorizado por el titular del dato”(27).
5.5. Igualmente, el principio de incorporación que concierne al compromiso que tienen los responsables del tratamiento de los datos contenidos en los registros, de incorporar toda aquella información relevante para la finalidad del registro que se lleva, obligándolos a incluir toda la información positiva o negativa que el titular genere. Por ello, es prohibida la inclusión exclusiva de los datos que revelen una realidad desfavorable para su titular. Sobre el particular, la Sentencia C-1011 de 2008, al referirse al hábeas data aditivo manifestó que “(…) en los casos en que la recolección de la información personal en bases de datos signifique situaciones ventajosas para su titular, el operador de la base estará obligado a incorporarlos si el titular reúne los requisitos que el orden jurídico exija para tales efectos”.
5.6. Por lo anterior, los registros o bases de datos se constituirán en verdaderas “listas negras” si solo incorporan aquella información que sea desfavorable al titular del dato. Por tal motivo, el Legislador al expedir la Ley 1581 de 2012, y esta corporación al pronunciarse sobre la exequibilidad de su artículo 4º, dejaron claro que se proscribe la creación y administración de registros de este tipo. Explicó esta corporación su oposición a la creación de listas negras, señalando que desvirtúan la finalidad constitucionalmente legítima de los procesos de administración de datos personales de contenido crediticio, al convertirlos en instrumentos dirigidos a la imposición de barreras injustificadas para el acceso al mercado comercial y financiero(28).
5.7. Sobre el particular, valga la cita de la Sentencia T-987 de 2012, donde esta corporación resolvió un caso en el que la empresa Aerovías del Continente Americano S.A. —Avianca S.A.— había incluido a un pasajero en lo que esta empresa denominó “viajeros no conformes”, luego de que esta persona presentara un comportamiento inadecuado con el personal de tierra, que en el sentir de la empresa comprometió la seguridad y desconoció las prohibiciones previstas en los reglamentos aeronáuticos de Colombia (RAC). La inclusión del accionante en la referida lista de pasajeros “no conformes”, supuso adicionalmente la imposición de una sanción por un año, durante el cual la empresa aérea se negaría a transportarlo. Ante lo sucedido, esta corporación advirtió que se había presentado una clara violación de los derechos al debido proceso y hábeas data del referido pasajero, a quien de manera unilateral se le había impuesto una sanción sin posibilidad de oponerse a la misma.
5.8. De igual manera, la Corte consideró que la empresa accionada desconoció las normas contenidas en el referido RAC, pues procedió de manera ilegítima a sumar un dato negativo a los datos personales recopilados del mismo viajero, e incluirlo en su “lista negra” por el comportamiento irregular que tuvo en uno de sus vuelos; una sanción por un año implicaba la implementación de una medida sancionatoria in genere que suponía la negación de la prestación del servicio aéreo. La Corte resolvió amparar los derechos fundamentales del accionante, ordenando a la empresa accionada, en una decisión cuyo efecto sería inter comunis, que procediera a eliminar la base de datos de los denominados “pasajeros no conformes” y a comprometerse en un futuro a evitar este tipo de listados.
5.9. En suma, la preceptiva de la Ley 1581 de 2012, si bien se refiere a la protección del derecho del hábeas data en relación con la administración de datos en las bases de datos de contenido financiero, es una regla normativa aplicable a los diferentes procesos de gestión de información que involucren el acceso del sujeto concernido a cualquier clase de bienes y servicios(29).
6. La prohibición de discriminación con fundamento en la raza.
6.1. Son variados los casos en que la jurisprudencia constitucional se ha referido al problema de la discriminación. La referida cláusula abierta del artículo 13 de la Constitución permite actualizar la protección de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos en que se pueden presentar sucesos discriminatorios dentro de los cuales no se pueden dejar de un lado que la raza, la edad, los ingresos, la clase social o la apariencia exterior, entre otros, tienen la alta potencialidad de convertirse en factores sospechosos de discriminación.
6.2. La Sala reitera que, como regla general, la discriminación comporta la vulneración directa del preámbulo y de varios de los principios constitucionales (arts. 1º, 2º, 5º, 7º, 8º y 13). Adicionalmente, la distinción de orden racial supone el desconocimiento específico de otros valores superiores e instrumentos internacionales y legales que vale la pena tener en cuenta.
6.3 En este sentido, el artículo 2º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos protege la igualdad en el ejercicio de los derechos. Por igual, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2º numeral 2 y en el artículo 3º, establece la garantía que deben prestar los Estados para que los derechos se hagan efectivos sin distinción alguna(30), indicando expresamente en el artículo 15, la capacidad que tiene toda persona a participar en la vida cultural de la Nación. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también consagra el principio de no discriminación(31), específicamente como garantía del cumplimiento de algunas de las obligaciones Estatales consignadas en el Tratado (art. 4º, num. 1)(32).
6.4 En armonía con los instrumentos anteriores, el 20 de noviembre de 1963 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Resolución 1904 [XVIII]), que establece en el preámbulo: “Considerando que toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y que nada permite justificar la discriminación racial, ni en la teoría ni en la práctica”. Resulta especialmente relevante esta resolución, pues prevé que el acceso sin discriminación a lugares destinados al servicio público(33) constituye manifestación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
6.5 Como un nuevo aspecto de la protección que cada Estado debe brindar a minorías étnicas y raciales, fue incorporada la “Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial”(34), que en su artículo 2º presenta como uno de los objetivos la adopción de acciones afirmativas “para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.
6.6 Finalmente, y en el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos(35) exige a todos los Estados el respeto y garantía, sin discriminación, de los derechos y de las libertades contenidos en ella, a la vez que rechaza todo discurso o apología en favor de la guerra o del odio racial(36).
6.7. Algunos casos de esta corporación son paradigmáticos en relación con alegadas discriminaciones bajo criterios sospechosos en torno a la raza: en las sentencias T-1090 de 2005 y T-131 de 2006, fue prohibida la entrada a una discoteca en la ciudad de Cartagena a dos mujeres de raza negra. Las accionantes alegaron trato discriminatorio y la Corte estimó que las circunstancias de las tutelantes reflejaron claramente un desconocimiento del derecho a la igualdad como consecuencia de un trato injustificadamente desigual; tal estimación llevó a este tribunal a impartir una condena en abstracto en razón de los perjuicios causados.
6.8. Igualmente, la Corte ha hecho análisis puntuales en torno a la especial protección que se ha prodigado en los casos de actos discriminatorios basados en la raza y estereotipos racistas, a la luz del contexto y del impacto de las posibles discriminaciones. La Sentencia T-691 de 2012(37), consideró que era relevante que el juez de tutela pudiese analizar los siguientes aspectos:
(i) La relación de poder que existe entre la persona discriminada y el sujeto discriminador. Este aspecto consiste en determinar el tipo de relación que hay entre el agente discriminador y su víctima. Así, ante cualquier situación en la que exista algún grado de subordinación, o en el que quien comete el acto de discriminación tenga una cierta relevancia social por la autoridad que representa o por su superioridad jerárquica, resulta irrelevante que se argumente la no intención de vulnerar de los derechos de esa persona, pues el poder o autoridad que detenta el sujeto discriminador termina por potenciar la vulneración del derecho a la igualdad.
7.1. Resuelve la Sala si la decisión del Icetex de impedir el ingreso a sus instalaciones a la señora Mena Valderrama el día 4 de octubre de 2012, tuvo como fundamento las medidas de seguridad y de manejo de datos de la entidad, adoptadas en esa fecha con ocasión de la convocatoria a la Jornada nacional por el trabajo decente, o si por el contrario, la decisión tuvo origen en una conducta discriminatoria de tipo racial que vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la honra y al libre desarrollo de la personalidad de la accionante.
7.2. Tras el estudio de los hechos y las pruebas arrimadas al plenario y a la luz de los asuntos de relevancia constitucional que integran el caso en cuestión, la Sala advierte que en efecto, el Icetex desconoció los derechos fundamentales a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad y buen nombre de la ciudadana Leydis (sic) Emilsen Mena Valderrama, al haberle negado de manera injustificada el ingreso a sus oficinas el día 4 de octubre de 2012. Precisará la Corte los alcances de tal vulneración en dos facetas: (i) la relativa a la infracción del artículo 13 constitucional y (ii) la referida a la afectación del derecho del hábeas data de la accionante.
7.3. La Sala encuentra pertinente recordar que, tal y como se explicó en el acápite 4 de estas consideraciones, el Icetex es una institución financiera de carácter especial, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, que se encuentra sometida a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, en razón a la actividad financiera que desarrolla. Por ello, en la medida en que cumple una función de interés público, al igual que otras entidades de orden financiero, también asume, en los términos de la jurisprudencia esbozada, la prestación de un servicio público. En este entendido, el acceso que debe permitir a todas las personas que requieran de sus servicios, no podrá estar sujeto a la imposición de ningún tipo de restricción que obedezca a razones inherentes a la condición personal del usuario del servicio, y que para todos los efectos pueda ser entendida como una conducta discriminatoria.
7.4. Amparo por la comprobación de una discriminación.
Según lo ha dispuesto esta corporación, en ejercicio de la iniciativa privada o en el ejercicio de potestades públicas, se puede negar el ingreso a establecimientos o eventos públicos bajo el uso razonable y fundamentado del derecho de admisión y permanencia. Ello siempre y cuando la limitación no se efectúe bajo el uso de criterios sospechosos o en personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados(38).
Como lo ha hecho en supuestos anteriores, la Corte prende las alarmas(39) frente a lo sucedido en este caso y resalta que la persona objeto de exclusión en el sub examine pertenece a un grupo racial tradicionalmente discriminado al que se le ha impedido históricamente el ejercicio pleno de muchos derechos; es evidente que cuando la negativa a prestar un servicio obedece a motivos raciales la exclusión constituye una afrenta vejatoria y un agravio para todos los integrantes del colectivo discriminado, que hiere en lo más profundo su dignidad. Frente a casos análogos, en los que se discute una posible discriminación bajo supuestos sospechosos, la Corte ha puesto de presente la dificultad probatoria y la complejidad de su demostración(40). No es fácil ciertamente probar la existencia de estas prácticas porque claramente la motivación discriminatoria no suele explicitarse. En este caso, la Corte pone de presente que pese a que no cuenta con un material probatorio pormenorizado, la actuación de la entidad sí encaja dentro de los parámetros que la jurisprudencia ha diseñado para concretar la existencia de conductas discriminatorias, que en este caso ocurrió bajo el manto de una medida de seguridad de un edificio y mediando un manejo errado de los datos acopiados de la accionante.
No puede ignorarse el trato humillante contra una mujer de raza negra que fue efectivamente excluida entre varias personas y no tuvo acceso al edificio del Icetex a entregar los documentos que su diligencia demandaba, ambos son hechos ciertos avalados en el expediente; la situación pudo volverse más grave cuando luego de ignorarla frente al grupo, le indicaron que sus documentos serían recibidos por fuera de la entidad, constituyéndose esta conducta también en un trato de ciudadanos de segunda categoría, en una clara arista de discriminación racial y en una fórmula humillante de segregación, que igual socava la dignidad de colectivos segregados tradicionalmente de bienes y servicios públicos.
7.4.1. Relación de poder existente entre la persona discriminada y el sujeto discriminador.
7.4.2. Escenario o entorno humano en que se desarrolló la conducta discriminatoria.
7.4.3. El espacio físico o escenario de la discriminación.
7.4.4. La duración de la puesta en escena.
7.5. Como se observa, a la luz de los criterios atrás analizados, se encuentra verificada la condición de discriminación por parte de la accionante, lo que se prueba por la cronología de los hechos anotados y la ausencia de razones que soporten el trato discriminatorio.
7.6. Amparo por violación al hábeas data.
7.6.1. La segunda razón que de manera implícita presenta la tutela, es la de la supuesta violación del hábeas data por la introducción de un dato negativo en los registros concernientes a la accionante, lo que según el Icetex fue la razón para restringir el acceso a la entidad.
En consideración a lo anterior, la Sala de Revisión estima que a pesar de que el Icetex afirma de manera general, que fue la administración de la copropiedad del edificio Coltejer quien asumió la decisión de no permitir el ingreso de la accionante el 4 de octubre de 2012, lo que sí es claro en los datos del expediente, es que la razón para haber impedido el ingreso de la accionante en esa fecha, corresponde al comportamiento asumido por la misma actora el 27 de septiembre de 2012, cuando participó en una toma pacífica de dichas oficinas y la entidad agregó en su base de datos, “no permitir ingreso”.
7.6.2. Así, es evidente la violación del derecho al hábeas data de la señora Mena Valderrama, al haberse agregado a los datos de la reclamante una nota en esos términos, pues ello desconoció además del derecho al hábeas data, los presupuestos legales y jurisprudenciales sobre el acopio, almacenamiento y manipulación de registros o bases de datos. En efecto, tal y como se explicó en las consideraciones de esta sentencia, la información que sea recopilada, almacenada y manipulada en cualquier clase de registro o base de datos, debe hacerse con la anuencia del titular de la información, con el claro conocimiento por parte de este de la finalidad para la cual se recopila, la identidad de quien será responsable del manejo de la misma y la consecuente posibilidad de exigir la actualización y rectificación de los datos.
7.6.3. De esta manera, es claro, que el derecho al hábeas data de la señora Mena Valderrama se desconoció por completo en el presente caso, pues si bien toda persona que ingresa a un edificio de oficinas de entidades públicas como el Icetex, debe registrar sus datos personales por razones de seguridad y de control de los visitantes, ello no justifica que so pretexto de la seguridad se manipulen al arbitrio de la entidad los datos personales registrados por la misma, haciendo agregaciones y anotaciones al margen que perjudican al usuario porque se hacen a sus espaldas y sin su consentimiento. Ello se agrava cuando toda esa información además de no comunicársele al afectado, es usada para coartar posteriormente sus derechos fundamentales cuando quiera cumplir algún trámite en sus dependencias, como sucedió en este caso.
7.6.4. Precedente vinculante de este caso lo constituye la Sentencia T-987 de 2012, ya citada en este fallo, relativa al caso de Avianca y la lista de “pasajeros no conformes” que devino en una lista negra para personas a quienes se les negaba el servicio de transporte aéreo; en esa ocasión consideró la Corte que al pasajero se le había impuesto una sanción in genere, que no se encontraba prevista de manera alguna y que desbordaba por completo los elementos propios de un debido proceso y del derecho de hábeas data. Este caso arroja una situación similar, pues si bien el 27 de septiembre de 2012 el Icetex vio alterada la atención al público por actuaciones de las cuales hizo parte la accionante, esta entidad tomó represalias en contra de la accionante el 4 de octubre siguiente, justificando para su actuar a partir de un dato negativo que se agregó a los datos personales registrados por la accionante en la recepción del edificio y que nunca le fue informado, en claro desconocimiento de los derechos al buen nombre y hábeas data de la señora Mena Valderrama.
7.6.5. A lo anterior se agrega que el Icetex contaba claramente con alternativas menos gravosas a la impuesta y que hubieran conjurado por igual la situación. Si consideraba que para el día 4 de octubre de 2012 podía presentarse nuevamente una alteración de la normalidad en la atención pública que prestaba, habría podido, en conjunto con la administración del edificio y/o del cuerpo de seguridad del mismo, implementar un sistema de ingreso controlado del público, a fin de mitigar el posible riesgo de seguridad al interior de sus oficinas. Igualmente, de presentarse un mayor deterioro del orden público, la suspensión del ingreso de cualquier persona habría sido la medida apropiada en aras de garantizar los derechos fundamentales e integridad de visitantes y trabajadores del edificio. Por ello, la asunción de las medidas particulares en contra de la accionante, además de desproporcionadas e innecesarias, resultaron en una violación de sus garantías constitucionales.
7.7. Por todo lo expuesto, esta Sala de Revisión revocará el fallo proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín el 18 de octubre de 2012, que negó el amparo constitucional solicitado por la señora Leydis (sic) Emilsen Mena Valderrama. En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos a la igualdad, buen nombre y hábeas data.
En su lugar, ordenar al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex— que en el término de cuarenta ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, presente por escrito una carta a la accionante en la que ofrezca disculpas por la indebida actuación adelantada el día 4 de octubre de 2012, aclarando que la misma se produce en cumplimiento de un fallo proferido por esta corporación, donde se asume la conducta de esa entidad como inconstitucional. Copia de la misma deberá publicarse por espacio de un (1) mes, en un sitio de fácil acceso al público que visite las oficinas de la ciudad de Medellín, como medio para resarcir el buen nombre de la accionante.
Se ordenará igualmente al Icetex, que en el mismo término arriba señalado, proceda a eliminar la anotación negativa que fuera agregada a la información personal de la señora Leydis (sic) Emilsen Mena Valderrama, la cual reposa en el registro de visitantes del edificio Coltejer.
Finalmente, habrá de advertirse al Icetex, que en el futuro (i) se abstenga de incurrir en prácticas discriminatorias de cualquier orden y (ii) que asuma medidas que permitan el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de aquellas personas que quieran hacer explícita su inconformidad con la gestión por ella adelantada, siempre que las conductas de estas no se constituyan en actos que atenten de manera grave contra del orden público.
Primero. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín el 18 de octubre de 2012, que negó el amparo constitucional solicitado por la señora Leydis (sic) Emilsen Mena Valderrama. En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos a la igualdad, buen nombre y hábeas data de la accionante.
Segundo. ORDENAR al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—, que en el término de cuarenta ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, presente por escrito una carta a la accionante en la que ofrezca disculpas por la indebida actuación adelantada el día 4 de octubre de 2012, aclarando que la misma se produce en cumplimiento de un fallo proferido por esta corporación, donde se asume la conducta de esta entidad como inconstitucional. Copia de la misma deberá publicarse por espacio de un (1) mes, en un sitio de fácil acceso al público que visite las oficinas de la ciudad de Medellín, como medio para resarcir el buen nombre de la accionante.
Tercero. De igual manera, ORDENAR al Icetex que en el mismo término arriba señalado, proceda a eliminar la anotación negativa que fuera agregada a la información personal de la señora Leydis (sic) Emilsen Mena Valderrama, la cual reposa en el registro de visitantes del edificio Coltejer.
Cuarto. ADVERTIR al Icetex, que en el futuro (i) se abstenga de incurrir en prácticas discriminatorias de cualquier orden y (ii) que asuma medidas que permitan el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de aquellas personas que quieran hacer explícita su inconformidad con la gestión por ella adelantada, siempre que las conductas de estas no se constituyan en actos que atenten de manera grave contra del orden público.
Quinto. Por secretaría general LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
(1) Ver folio 3 del expediente de tutela.
(7) Ver folio 4 del expediente de tutela.
(8) Ver folio 9 del expediente de tutela.
(10) Ver folio 10 del expediente de tutela.
(14) Ver folio 11 del expediente de tutela.
(16) Ver reverso del folio 14 del expediente de tutela.
(17) Ver folio 35 del expediente de tutela.
(18) Sentencia T-456 de 1992 (M. P. Jaime Sanín Greiffenstein y Eduardo Cifuentes Muñoz).
(19) Sobre el particular, ha dicho la Corte: “[e]l derecho fundamental a la libertad de expresión en su acepción genérica abarca diferentes derechos fundamentales específicos, a saber: la libertad de manifestarse, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de informar, la libertad de recibir información, la liberad de fundar medios de comunicación, la libertad de prensa. Si bien las anteriores libertades fundamentales se entienden comprendidas y son manifestaciones de la libertad genérica de expresión, así con frecuencia aparezcan entrelazadas, de todas formas es posible distinguir conceptual y analíticamente cada uno de los diferentes derechos fundamentales específicos garantizados en la Constitución”. Ver Sentencia C-650 de 2003 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(20) C-742 de 2012.
(21) Ver artículo 6º de la Ley 1002 de 2005.
(22) M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(23) Cf. entre otras, sentencias SU-167 de 1999, SU-157 y T-755 de 1999, T-465 y T-510 de 2000, y T-980 y T-1230 ambas de 2001.
(24) Consultar, entre otras, sentencia de 12 de junio de 1969, M. P. Hernán Toro Agudelo.
(25) Ver, entre otras, sentencia de 15 de junio de 1990, Sección Cuarta, C. P. Consuelo Sarria y sentencia del 7 de julio de 1989, de la misma consejera.
(27) Sentencia C-1011 de 2008 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
(28) La Corte estableció una clara distinción entre “listas negras” y “listas de riesgo”. “En las primeras, en forma contraria a derecho quien las elabora incluye en ellas nombres de personas jurídicas o naturales cuya consecuencia es la existencia, en la práctica, de un cierre de la oportunidad de crédito en cualquier establecimiento de carácter comercial y financiero. En las segundas, lo que se hace es incluir el comportamiento histórico del deudor para que la entidad crediticia a quien se le envía evalué si frente a ese comportamiento otorga, y en qué condiciones el crédito respectivo o si, se abstiene de ello. Pero es claro que, en este caso no podrá la entidad financiera incurrir en un abuso del derecho dada la función social que en la economía se cumple por quienes tienen a su cargo la actividad crediticia”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1322 de 2001, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
(29) Ver Sentencia T-987 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(31) El artículo 20 numeral 2 del acuerdo establece: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”. Un poco más adelante, en el artículo 26 se define: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
(32) Establece esta norma: “ART. 4º—1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”.
(33) En este sentido, artículo 3º, numeral 2.
(34) Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19. Aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981 y ratificada el 2 de Septiembre de 1981.
(35) Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Entrada en vigor: 18 de julio de 1978, conforme al artículo 74.2 de la convención. Colombia realizó el depósito de ratificación el 31 de julio de 1973.
(36) Artículo trece, numeral 5.
(37) M. P. María Victoria Calle Correa.
(38) Sentencia T-314 de 2011.

References: artículo 37
 artículo 335
 artículo 15
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 36
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 26
 artículo 3
 resolución 
 artículo 19
 artículo 74