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Timestamp: 2019-03-18 22:21:46+00:00

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REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS
El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y por los artículos 17 fracción XIV, y 21 fracción IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, emite el presente Reglamento, en los siguientes términos:
Artículo primero. El presente Reglamento es de orden público y de observancia general en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas; tiene por objetivo regular y establecer su integración, organización, funcionamiento y atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y demás leyes aplicables.
Art. 2° La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto la protección, respeto, defensa, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, previstos en el orden jurídico mexicano y, en los instrumentos jurídicos internacionales que, en la materia, México ha ratificado.
Art. 3° Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I. Comisión: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas;
II. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas;
III. Constitución: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas;
IV. Derechos humanos: Son el conjunto de derechos y libertades intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano, indispensables para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad;
V. Gaceta: Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas;
VI. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social;
VII. INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores;
VIII. Ley: Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas;
IX. Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; y
X. SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro.
Art. 4° La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, contará con los órganos y estructura administrativa que establece su Ley y este Reglamento para el desarrollo y el cumplimiento de las funciones y atribuciones que le corresponden.
Art. 5° En el desempeño de sus funciones y, en el ejercicio de su autonomía, la Comisión no recibirá instrucciones de ninguna autoridad o servidor público; sus recomendaciones, acuerdos de no responsabilidad y demás resoluciones sólo estarán basados en las evidencias que de manera fehaciente conste en los respectivos expedientes.
Art. 6° El personal de la Comisión regirá sus actuaciones y prestará sus servicios conforme a los principios de buena fe, gratuidad, concentración, rapidez, lealtad, honestidad, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia y transparencia. Asimismo, desempeñará sus funciones optimizando al máximo los recursos materiales, financieros y humanos que le sean asignados; promoviendo una cultura de respeto y protección de un entorno laboral saludable.
Art. 7° El personal de la Comisión procurará en toda circunstancia proteger los derechos humanos de la parte quejosa, participar en las acciones de promoción de los derechos humanos, y hacer del conocimiento de sus superiores jerárquicos, toda iniciativa que contribuya a la mejor realización del objeto de la institución.
Art. 8° Todas las actuaciones y procedimientos de la Comisión, serán gratuitos. Esta disposición deberá ser informada explícitamente a quien recurra a ella; cuando para el trámite de una queja, los interesados decidan contar con la asistencia de un abogado o representante profesional, se le deberá hacer la indicación de que ello no es necesario.
Art. 9° Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser breves y sencillos. Para ello, se evitarán formalismos; excepto los ordenados en la Ley y en el presente Reglamento. Se procurará, en lo posible la comunicación inmediata con los quejosos y con las autoridades, sea ésta personal, telefónica o por cualquier otro medio, a efecto de allegarse los elementos suficientes para determinar su competencia y proceder en consecuencia. Asimismo, durante la tramitación de los expedientes de queja, se buscará que, a la brevedad posible, se realice la investigación a que haya lugar, evitando actuaciones innecesarias.
Art. 10. Los términos y plazos que se indican en el presente Reglamento se entenderán como días hábiles, salvo que expresamente se señale que deben ser naturales.
Son hábiles todos los días del año, exceptuando sábados, domingos, periodos de vacaciones y aquellos que se señalen como inhábiles en el calendario oficial de esta Comisión.
Art. 11. La Comisión contará con un órgano de difusión que se denominará “Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas”, misma que será publicada de manera semestral, y en la cual se publicarán las disposiciones normativas internas; las versiones públicas de las recomendaciones, acuerdos de no responsabilidad, y demás tipos de resoluciones; así como asuntos relevantes, informes generales y especiales que, por su importancia merezca darse a conocer en dicha publicación.
La Comisión podrá publicar en cualquier órgano de difusión, la información que considere conveniente para el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 12. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley, se reputan como servidores públicos, los señalados en la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Art. 13. Todo el personal adscrito a la Comisión, en el ámbito de sus atribuciones, deberá salvaguardar la confidencialidad de los datos personales, de la información que le sea proporcionada o recabada con motivo de la presentación de quejas, asesorías, gestiones, procedimientos, seguimiento de expedientes de la Comisión y, demás información que se encuentra en poder de esta Comisión. Asimismo, deberá observar las disposiciones de las normas constitucionales en la materia.
Art. 14. La Comisión mantendrá la observancia de las disposiciones legales en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como las relativas a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.
Competencia y funciones de la Comisión
De la competencia de la Comisión
Art. 15. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 4º y 8º de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el Estado de Zacatecas, y conocerá de quejas y denuncias relacionadas con presuntas violaciones de los derechos humanos, cuando éstas fueran imputables a autoridades y servidores públicos de carácter estatal o municipal.
Art. 16. En los términos de la Ley, solo podrán conocerse quejas contra autoridades judiciales, cuando dichos actos u omisiones tengan un carácter administrativo y, por ningún motivo, podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo, ni podrá pronunciarse sobre la culpabilidad o no del imputado o sentenciado.
Art. 17. En materia laboral, la competencia de la Comisión no comprende la facultad para conocer de conflictos suscitados entre patrones y trabajadores, o entre patrones y sindicatos, ni sindicatos y trabajadores, incluso cuando el patrón sea una autoridad o dependencia estatal o municipal.
Art. 18. En materia electoral sólo se admitirá o conocerá de actos u omisiones administrativos de carácter procesal que no diriman controversia alguna.
Art. 19. Cuando en los mismos hechos de una misma queja, estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la federación como del Estado o de sus municipios, la competencia corresponderá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 5 de la Ley.
Art. 20. Si en la queja se involucra a autoridades o servidores públicos del Estado o sus municipios, además de funcionarios de otras entidades federativas, la Comisión dará trámite a la inconformidad exclusivamente en lo que concierne al Estado y sus municipios, y de inmediato, enviará copia de ésta a las homólogas estatales, para su conocimiento y fines legales que correspondan.
Art. 21. Cuando la Comisión reciba un escrito de queja, cuyos hechos sean de la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, enviará al quejoso el correspondiente acuse de recibo y, sin admitir la instancia, la turnará a la Comisión Nacional, notificando de ello, al quejoso.
Art. 22. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 8º fracción VII, incisos a) y b) de la Ley, se entiende por actos u omisiones de autoridades de carácter estatal o municipal los que provengan de autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los municipios, así como de los organismos autónomos, siempre que en tales actos u omisiones puedan considerarse como autoridad.
Art. 23. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 8º fracción VII, inciso c), de la ley se entiende por ilícitos las conductas que puedan tipificarse como las faltas o infracciones administrativas.
Art. 24. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 9º, fracción II de la Ley, se entiende por resoluciones de carácter jurisdiccional:
I. Las sentencias o los laudos definitivos que concluyan la instancia;
II. Las sentencias interlocutorias que se emitan durante el proceso;
III. Los autos y proveídos dictados por el juez o por el personal del juzgado o tribunal para cuya expedición se haya realizado una valoración y determinación jurídica o legal; y
IV. En materia administrativa, los análogos a los señalados en las fracciones anteriores.
Art. 25. La Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a:
III. Consultas formuladas por autoridades, particulares y otras entidades sobre interpretación de las disposiciones constitucionales y legales; y
IV. Resoluciones de carácter legislativo emitidas por la Legislatura del Estado, excepto lo previsto en el artículo 17 fracción XVII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
Art. 26. En los casos previstos en este capítulo, se procurará dictar las medidas necesarias para evitar que se consume o continúe la posible violación de los derechos humanos de los agraviados; asimismo, se conservará copia certificada de la inconformidad.
Art. 27. De conformidad con el artículo 8° de la Ley, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
II. Proponer a los Poderes del Estado, ayuntamientos y organismos públicos descentralizados y autónomos del Estado y de los municipios, lineamientos de política sobre derechos humanos; así como llamarlos a que promuevan modificaciones legales, reglamentarias y de práctica administrativa que, a juicio de la Comisión redunden en mejorar la protección de los derechos humanos; elaborando, además, programas específicos de protección a los derechos humanos de las mujeres, a fin de asumir el papel de garante de que los gobiernos cumplan con la observancia y la construcción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
IV. Presentar iniciativas de leyes y de reformas que tiendan a prevenir, mejorar y garantizar la protección de los derechos humanos;
V. Representar, en el ámbito de su competencia material, al Estado, ante autoridades y organismos sobre aspectos relacionados con los derechos humanos;
VIII. Formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, solicitar a la Legislatura del Estado o en sus recesos a la Comisión Permanente, citen a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables para explicar el motivo de la negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas;
XVI. La Comisión pondrá especial interés en la asistencia y protección de los Sectores Sociales más desprotegidos. En particular de los menores, mujeres, ancianos y discapacitados. La defensa del Sistema Ecológico, así como los derechos de los campesinos, etnias y grupos de identidad serán igualmente prioritarios;
XVII. Procurar las instancias necesarias de vinculación y convenir mecanismos jurídicos y de apoyo recíproco con la Comisión legislativa de Atención a Migrantes de la Legislatura del Estado, las Comisiones Locales Fronterizas, la Secretaría de Migración, las direcciones u oficinas de atención a migrantes en los ayuntamientos del Estado, las comisiones de Asuntos Migratorios y la Comisión de Población y Desarrollo de las Cámaras, de Diputados y Senadores, respectivamente, la delegación federal del Instituto Nacional de Migración y otras dependencias y entidades públicas y privadas con tareas relacionadas, para la adecuada defensa de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros;
XVIII. Supervisar que a las personas que se encuentren privadas de su libertad en los diversos establecimientos de detención o reclusión como separos preventivos de las Policías Ministerial, Municipal o de tránsito y vialidad, Centros de Reinserción Social, Centros de Internamiento y Atención Integral Juvenil, les sean respetados sus derechos humanos. De igual forma podrá solicitar el reconocimiento médico, físico y psicológico de los detenidos, a petición de parte agraviada, cuando se presuma que han sufrido malos tratos o tortura, comunicando a las autoridades competentes los resultados de las revisiones practicadas, para que se tomen las medidas conducentes;
XIX. Vigilar que el sistema penitenciario se organice sobre las bases del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley;
XXI. Las demás que le otorgue la Ley, otros ordenamientos legales y el presente Reglamento.
Art. 28. La Comisión se integra por:
II. La Secretaria Ejecutiva;
III. La Coordinación General de Asuntos Jurídicos;
IV. La Coordinación de Visitadurías;
V. Los Visitadores Generales, Itinerantes, Regionales, Adjuntos y Auxiliares;
VI. La Secretaría Operativa;
VII. La Dirección Administrativa;
VIII. La Dirección de Comunicación Social;
IX. El Centro de estudios, investigación y divulgación de los derechos humanos;
X. El Órgano de Control Interno;
XI. La Unidad de Transparencia;
XII. Las demás unidades técnicas y administrativas; y
XIII. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.
Art. 29. El Consejo es un Órgano Colegiado de consulta integrado por siete personas mexicanas, cuatro de un género y tres de otro, buscando la integración más cercana a la paridad, además del Presidente o Presidenta de la Comisión, quien lo presidirá. Adicionalmente, contará con una Secretaría Técnica, como auxiliar del mismo, sin derecho a voto.
Art. 30. El Consejo Consultivo es un órgano permanente de consulta de la Comisión que tendrá las siguientes facultades:
I. El estudio y opinión de los problemas que se presenten, relativos al respeto y defensa de los derechos humanos, incluyendo de manera específica los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
II. Proponer a la Legislatura del Estado, a través de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, por conducto de su Presidente o Presidenta, la política estatal sobre la difusión, reconocimiento y defensa de los derechos humanos;
III. Establecer los lineamientos generales para la actuación de la Comisión, en relación a las políticas sobre Derechos Humanos;
IV. Aprobar el Reglamento de la Comisión, o en su caso las reformas a éste, que sometan a su consideración, por parte de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva;
V. Opinar sobre el proyecto de informe anual que quien presida la Comisión presente a la Legislatura, al Ejecutivo del Estado y al Poder Judicial;
VI. Solicitar, al titular de la Presidencia, información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión;
VIII. Conocer el informe del Presidente o Presidenta de la Comisión respecto al ejercicio presupuestal; y
IX. Las demás que señale esta Ley y otros ordenamientos.
Art. 31. El Consejo Consultivo en el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 21 de la Ley, funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias; tomando sus decisiones por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el titular de la Presidencia tendrá voto de calidad.
Art. 32. Las sesiones ordinarias se verificarán cada quince días y, se convocarán con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha de realización de la sesión.
Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por quien presida la Comisión con veinticuatro horas de anticipación a la fecha de realización de la sesión o bien, a petición de por lo menos cuatro miembros del Consejo, cuando la importancia del asunto a tratar así lo amerite. Para la validez de las sesiones del Consejo será necesaria la asistencia del Presidente o Presidenta y de por lo menos cuatro de sus integrantes.
Art. 33. Para el caso que se requiera de la interpretación de cualquier disposición del presente Reglamento o de aspectos que éste no prevea, la Presidencia de la Comisión deberá resolverlo.
Art. 34. Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión, en relación a las políticas sobre derechos humanos que apruebe el Consejo, y que no estén previstos en este Reglamento se establecerán mediante acuerdos que se asentarán en el acta de la Sesión del Consejo en que se hubieren tomado y deberán ser publicados además en la Gaceta de la Comisión.
Art. 35. De cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, se redactará y autorizará un acta general, en la que se asiente una síntesis de las intervenciones de los Consejeros y de los funcionarios de la Comisión que a ella asistan. Igualmente, se transcribirá en el documento los acuerdos o las declaraciones que se hayan aprobado. Las actas serán aprobadas en su caso, por el Consejo en la sesión ordinaria siguiente que se lleve a efecto.
Art. 36. Para la realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias, quien funja como titular de la Secretaría Técnica del Consejo, enviará a los Consejeros con anticipación el citatorio y el orden del día previstos para la sesión.
Art. 37. La Secretaría Técnica del Consejo podrá remitir las convocatorias a sesión, utilizando medios electrónicos, observando los plazos señalados en el presente Reglamento.
Art. 38. El Presidente o Presidenta es el representante legal de esta Comisión y, en consecuencia, corresponde a éste el desempeño de las funciones directivas, jurídicas, administrativas y ejecutivas de este Organismo, en los términos establecidos por el artículo 17 de la Ley.
Art. 39. Durante las ausencias temporales del Presidente o de la Presidenta de la Comisión, sus funciones y su representación legal serán asumidas por el titular de la Secretaría Ejecutiva.
En caso de falta absoluta del Presidente o de la Presidenta de la Comisión, será sustituido interinamente por el o la titular de la Secretaría Ejecutiva, hasta que se designe nuevo titular de la Presidencia, en los términos que establece el artículo 12 de la Ley.
Art. 40. Corresponde al Presidente o Presidenta:
II. Convocar, presidir y coordinar los trabajos y sesiones del Consejo Consultivo;
III. Vigilar el cumplimiento de la política estatal de derechos humanos;
IV. Solicitar a los servidores públicos del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados, desconcentrados o empresas de participación del Gobierno del Estado, en general a autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, así como de los organismos autónomos la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;
V. Aprobar en su caso, y emitir las recomendaciones pertinentes a los servidores públicos de las dependencias y entidades señaladas en la fracción anterior, cuando se acrediten violaciones a los derechos humanos;
VII. Administrar y representar legalmente a la Comisión, con las facultades de apoderado general, en actos de dominio, administración, pleitos, cobranzas y de cualquier tipo, así como delegar la representación a terceras personas que para tales efectos designe;
VIII. Designar y remover al titular de la Secretaría Ejecutiva y, demás titulares y personal de la estructura orgánica;
IX. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones de la Comisión;
X. Rendir anualmente un informe escrito a los tres Poderes del Estado; sin perjuicio de informar cada cuatro meses a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, sobre el desarrollo y funcionamiento de la Comisión; estos informes serán públicos;
XI. Designar encargados de visitadurías y a los visitadores adjuntos y auxiliares;
XII. Celebrar convenios, contratos y realizar todos los actos jurídicos e institucionales para el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión;
XIII. Distribuir y delegar funciones a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, Coordinación de Visitadurías y a las y los Visitadores en los términos de este Reglamento;
XIV. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos de defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines;
XV. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los derechos humanos, incluyendo de manera específica las propuestas para garantizar los derechos humanos de las mujeres;
XVI. Elaborar el presupuesto anual de egresos de la Comisión y el respectivo informe sobre su ejercicio para su aprobación por el Consejo Consultivo; y
XVII. Elaborar con conocimiento del Consejo Consultivo y proponer conjuntamente con la o el Secretario Ejecutivo, las iniciativas de Ley y reformas a la Legislatura del Estado. Asimismo, elaborar y proponer al Consejo Consultivo el Reglamento Interior de la Comisión para su aprobación;
XVIII. Solicitar a la Legislatura del Estado o, en sus recesos, a la Comisión Permanente, citen a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables para explicar el motivo de la negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas;
XIX. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
XX. Emitir recomendaciones generales a las diversas autoridades del Estado, a fin de que se promuevan las modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos;
XXI. Otorgar el “Distintivo Zacatecano de Derechos Humanos”; y
XXII. Las demás que le señalen la Ley, el presente Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables.
Art. 41. La Presidencia contará con las siguientes áreas administrativas:}
I. La Secretaria Ejecutiva:
a. Unidad de Vinculación Estratégica;
b. Unidad de Monitoreo de Políticas Públicas de Derechos Humanos;
c. Unidad de Normatividad y Asuntos Contenciosos;
d. Unidad de Control Documental;
e. Unidad de Atención a Víctimas;
II. La Coordinación General de Asuntos Jurídicos:
a. La Coordinación de Visitadurías;
b. Las Visitadurías Generales, Regionales e Itinerantes;
c. Los Visitadores Generales, Itinerantes, Regionales, Adjuntos y Auxiliares;
d. Departamento de Orientación y Quejas;
e. Departamento de Seguimiento de Resoluciones:
f. Departamento de Sistema Penitenciario;
III. La Secretaría Operativa:
a. Unidad de planeación y evaluación;
b. Unidad de informática;
IV. La Dirección Administrativa:
a.Departamento de Recursos Humanos;
b. Departamento de Recursos Financieros;
c. Departamento de Recursos Materiales;
d. Oficialía de Partes;
V. La Dirección de Comunicación Social;
a. Departamento de Editorial y Publicaciones;
b. Departamento de Imagen Institucional;
VI. El Centro de estudios, investigación y divulgación de los derechos humanos:
a. Departamento de Investigación en Derechos Humanos;
b. Departamento de Capacitación;
c. Biblioteca “Tenamaxtle”;
VII. El Órgano Interno de Control;
VIII. Unidad de Trasparencia;
IX. Las demás unidades técnicas y administrativas; y
X. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.
Art. 42. La Secretaría Ejecutiva tendrá las facultades que le asigna el artículo 24 de la Ley.
Art. 43. El Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva podrá ser nombrado titular de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo y, en este caso, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Participar con voz, pero sin voto en las Sesiones del Consejo;
II. Remitir a los consejeros y consejeras citatorios, órdenes del día y material para las sesiones ordinarias y extraordinarias que el Consejo celebre;
III. Pasar lista de asistencia durante las sesiones y llevar el registro correspondiente;
IV. Declarar la existencia del quórum legal de las sesiones del Consejo;
VI. Proponer para su aprobación o, en su caso modificación, el proyecto de acta de las sesiones ordinarias y extraordinarias que el Consejo celebre;
VII. Informar y en su caso, enviar la correspondencia que se dirija al Consejo;
VIII. Tomar las votaciones y dar a conocer el resultado de éstas;
IX. Llevar el registro de las actas y acuerdos aprobados por el Consejo y su archivo;
X. Firmar las actas que apruebe el Consejo; y
XI. Las demás atribuciones que le confiera este Reglamento, el Consejo o el Presidente o Presidenta.
Art. 44. La Secretaría Ejecutiva contará con las siguientes áreas administrativas:
I. Unidad de Vinculación Estratégica;
II. Unidad de Monitoreo De Políticas Públicas de Derechos Humanos;
III. Unidad de Normatividad y Asuntos Contenciosos;
IV. Unidad de Control Documental; y
V. Unidad de Atención a Víctimas.
De la Unidad de Vinculación Estratégica
Art. 45. Corresponde a la Unidad de Vinculación Estratégica:
I. Vincular a la Comisión con instituciones públicas, privadas y sociales;
II. Generar condiciones para que la Comisión celebre acuerdos y convenios, con organismos públicos de derechos humanos, instituciones públicas de educación pública y privada, así como organizaciones de la sociedad civil;
III. Promover con instancias públicas, privadas y sociales el análisis, estudio, promoción y difusión de los derechos humanos;
IV. Coadyuvar con otros actores en la promoción de los derechos humanos, con especial énfasis en aquellos grupos de población altamente discriminados, como son personas con discapacidad, indígenas, portadores de VIH/SIDA, personas adultas mayores, entre otros;
V. Diseñar y participar en la realización de actividades y campañas de promoción de derechos humanos;
VI. Diseñar estrategias para la construcción de ciudadanía activa con enfoque territorial para el ejercicio de los derechos humanos;
VII. Diseñar lineamientos generales sobre políticas públicas en materia de derechos humanos conjuntamente con la Unidad de Monitoreo de Políticas Públicas de Derechos Humanos;
VIII. Diseñar mecanismos para la promoción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos conjuntamente con la Unidad de Monitoreo de Políticas Públicas de Derechos Humanos; y
IX. Las demás que establezca este Reglamento, otros ordenamientos aplicables o le encomiende el Presidente o Presidenta.
De la Unidad de Monitoreo de Políticas Públicas
Art. 46. Corresponde a la Unidad de Monitoreo de Políticas Públicas de derechos humanos:
I. Diseñar lineamientos generales sobre políticas públicas en materia de derechos humanos conjuntamente con la Unidad de Vinculación Estratégica;
II. Diseñar mecanismos para la promoción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos conjuntamente con la Unidad de Vinculación Estratégica;
III. Analizar y dar seguimiento durante la ejecución de planes, programas, políticas, estrategias y acciones en materia de derechos humanos y diseñar recomendaciones para su mejoramiento;
IV. Dar seguimiento al Programa de Derechos Humanos del Estado;
V. Elaborar documentos analíticos y generar la información necesaria para proponer objetivos, estrategias, líneas de acción y en general recomendaciones que permitan mejorar y fortalecer el Programa de Derechos Humanos del Estado;
VI. Monitoreo y vigilancia del seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la observancia y construcción de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la Entidad; y
VII. Las demás que establezca este Reglamento, otros ordenamientos aplicables o le encomiende el Presidente o Presidenta.
De la Unidad de Normatividad y Asuntos Contenciosos
Art. 47. Corresponde a la Unidad de Normatividad y Asuntos Contenciosos:
I. Elaborar y presentar al titular de la Secretaría Ejecutiva y de la Presidencia, los proyectos de estatutos, reglamentos, acuerdos, manuales, lineamientos, criterios y demás documentos que, por razón de la materia, deban ser elaborados por esta unidad administrativa;
II. Analizar y presentar, al titular de la Secretaría Ejecutiva y al de la Presidencia, los proyectos respecto de los asuntos contenciosos en los cuales sea parte la Comisión, tales como controversias, incumplimientos, revisiones, juicios y elaborar los anteproyectos sobre la atención de los mismos;
III. Elaborar y proponer a la Secretaría Ejecutiva los proyectos de convenios, acuerdos, contratos y demás documentos que deba suscribir el Presidente o Presidenta, así como analizar los provenientes de otras instancias;
IV. Asesorar al titular de la Secretaria Ejecutiva en el trámite ante las instancias competentes, respecto de la expedición de las resoluciones necesarias para la incorporación de bienes inmuebles del dominio público del Estado, cuando éstos se destinen al servicio de la Comisión, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable;
V. Elaborar y presentar a la Secretaría Ejecutiva y a la Presidencia los proyectos de iniciativas de reformas constitucionales, iniciativas de ley, iniciativas de reforma de ley; y demás proyectos de reformas legales y reglamentarias;
VI. Elaborar y presentar a la Secretaría Ejecutiva y al Presidente los proyectos de acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y
VII. Las demás que establezca este Reglamento, otros ordenamientos aplicables o le encomiende el Presidente o la Presidenta.
De la Unidad de Control Documental
Art. 48. Corresponde a la Unidad de Control Documental:
I. Coordinar, uniformar y modernizar los servicios documentales y archivísticos de la Comisión;
II. Resguardar, mantener y administrar el archivo de concentración e histórico de la Comisión;
III. Establecer los mecanismos para la consulta y vigilancia de los documentos existentes en los archivos;
IV. Aplicar los lineamientos para la conservación, manejo, organización y catalogación de los documentos;
V. Determinar las técnicas para llevar a cabo la depuración de los archivos;
VI. Aplicar los lineamientos para integrar, mantener y difundir registros, inventarios, catálogos de documentos y fuentes relevantes de la Comisión;
VII. Adecuar la fuente de información documental administrativa de la Comisión, mediante la recepción, control, clasificación, conservación, depuración y transferencia de la documentación;
VIII. Capacitar al personal de la Comisión, respecto al manejo, cuidado, preservación y consulta de los documentos;
IX. Concentrar, preservar y difundir la memoria colectiva en el acervo documental de la Comisión;
X. Ejecutar, cumplir y hacer cumplir las políticas, lineamientos y resoluciones que dicte el Presidente o Presidenta sobre políticas generales de operación y funcionamientos de los documentos y archivos de la Comisión;
XI. Promover el uso, métodos y técnicas que garanticen la localización y disposición expedita de documentos a través de sistemas modernos de organización y conservación de los archivos;
XII. Llevar a cabo una adecuada administración y custodia de los archivos que contienen información en la Comisión;
XIII. Garantizar la correcta conservación, organización y consulta de los archivos de trámite, de concentración e históricos;
XIV. Contribuir a la promoción de una cultura de valoración de los archivos y su reconocimiento como eje de la actividad gubernamental; y
XV. Las demás que establezca este Reglamento, otros ordenamientos aplicables o le encomiende el Presidente o Presidenta.
De la Unidad de Atención a Víctimas
Art. 49. Corresponde a la Unidad de atención a víctimas:
I. Brindar médica y psicológica a las víctimas de violación de derechos humanos y usuarios que lo soliciten;
II. Operar, coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones de atención psicosocial y servicios médicos y psicológicos requeridos por las visitadurías y las áreas de apoyo de la Comisión;
III. Brindar apoyo a las visitadurías en la atención del quejoso o agraviado;
IV. Realizar la valoración técnica o profesional de documentos en los que sea necesario interpretar la información rendida por alguna autoridad o servidor público;
V. Expedir dictámenes médicos o psicológicos, en los que se exprese su opinión sobre lesiones o afectaciones, así como gravedad, evolución, pronostico y posibles causas de éstas, a fin de dar claridad a los hechos denunciados en la queja;
VI. Emitir opiniones técnicas que resulten del análisis de expedientes sobre asuntos médicos o psicológicos y, en su caso, recomendar la consulta de especialistas; y
De la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Art. 50. La Coordinación General de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones:
I. Brindar asesoría jurídica a los departamentos de orientación y quejas, seguimiento de resoluciones y sistema penitenciario, asimismo a la Coordinación de Visitadurías, a las Visitadurías Generales, Itinerante y Regionales, así como a las unidades administrativas encargadas de admitir, substanciar o dar seguimiento a los procedimientos de queja que sean competencia de la Comisión;
II. Validar la procedencia jurídica de los acuerdos de admisión, incompetencia o cualquier otro tipo de resolución emitido por la Coordinación de Visitadurías, Visitadurías Generales, Itinerantes y Regionales, así como por los Departamentos de Orientación y Quejas, Seguimiento de Resoluciones y Sistema Penitenciario;
III. Supervisar la substanciación de los procedimientos que sean competencia de esta Comisión;
IV. Homologar criterios para la substanciación de procedimientos y la emisión de resoluciones de la Comisión;
V. Revisar y someter a la autorización del Presidente o Presidenta los proyectos de recomendación, acuerdo de no responsabilidad, conciliación, allanamiento, sobreseimiento o cualquier otro proyecto de resolución de los expedientes; así como las determinaciones de seguimiento de las recomendaciones que se ubiquen en los supuestos del párrafo 4º del artículo 53; el artículo 61 y el artículo 62 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas;
VI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la substanciación de los procedimientos competencia de esta Comisión;
VII. Dirigir, planificar y coordinar el trabajo operativo realizado por la Coordinación de Visitarías, las Visitadurías Generales, Itinerantes y Regionales, así como de los titulares de las áreas de orientación y quejas, seguimiento de resoluciones y sistema penitenciario;
VIII. Realizar el estudio, planeación y despacho de los asuntos jurídicos a cargo de la Presidencia que le sean turnados;
IX. Coordinar las funcione de las áreas a su cargo;
X. Participar en las interlocuciones gubernamentales y legislativas necesarias para la substanciación de los procedimientos de queja competencia de la Comisión;
XI. Asistir y participar en las sesiones de los Consejos, Sistemas o Comités que les sean encomendados por la Presidencia;
XII. Recibir, registrar y turnar los recursos de reconsideración e inconformidades, así como las solicitudes de informes, a la Visitaduría que haya conocido del asunto;
XIII. Elaborar las versiones públicas de las recomendaciones emitidas por este Organismo;
XIV. Validar la expedición de copias certificadas de los documentos relacionados con los asuntos de su competencia y en cumplimiento de sus atribuciones; y
Art. 51. La Coordinación General de Asuntos Jurídicos contará con las siguientes áreas administrativas:
I. Coordinación de Visitadurías;
II. Visitadurías generales, regionales e itinerantes;
III. Departamento de orientación y quejas;
IV. Departamento de seguimiento de resoluciones; y
V. Departamento de sistema penitenciario.
De la coordinación de Visitadurías
Art. 52. La coordinación de Visitadurías, además de las atribuciones previstas en el artículo 24 Ter de la Ley de la Comisión, tendrá las siguientes:
I. Coordinar, para su debida autorización, el programa de trabajo de las Visitadurías de esta Comisión;
II. Informar mensualmente a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos acerca del desempeño de las Visitadurías;
III. Revisar e informar acerca de la integración de los expedientes de quejas de las distintas Visitadurías;
IV. Revisar los proyectos de resolución de los expedientes en trámite presentados por las diferentes Visitadurías, previamente autorizados por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos;
V. Actuar como Visitador General y conocer de los procedimientos de investigación que le sean encomendados por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos o por la Presidencia; y
VI. Las demás que les sean conferidas por la ley, el presente Reglamento, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y la Presidencia.
Art. 53. Corresponderá a la Coordinación de Visitadurías, organizar y coordinar el trabajo que se desarrolle en las Visitadurías Generales, Regionales e Itinerantes, previo acuerdo con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
De las Visitadurías generales, regionales e itinerantes
Art. 54. De conformidad con la fracción IV del artículo 7 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo contará con un mínimo de seis Visitadurías Generales, integradas de manera paritaria, de las cuales una será para la atención a migrantes, otra para quejas de actos administrativos de carácter laboral, otra para la atención de niñas, niños y adolescentes y otra para la atención de asuntos de las mujeres y de políticas de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Se procurará que las Visitadurías se organicen e incrementen en su caso, por materia o por atención a grupos sociales, en términos del párrafo anterior, conforme a la disponibilidad presupuestal y a las determinaciones del Presidente o Presidenta.
Art. 55. Las Visitadurías Generales además de las facultades y obligaciones previstas en el artículo 26 y 26 Bis de la Ley, respectivamente, tendrán a su cargo la tramitación de los procedimientos de investigación que se inicien de oficio o a petición de parte mediante queja, de conformidad con la asignación que se lleve a cabo por el Departamento de Orientación y Quejas.
La Presidencia podrá asignar asuntos especiales a las Visitadurías, distintos a su especialización, en virtud a la trascendencia o urgencia del asunto. Asimismo, si en alguna Visitaduría General, Regional o Itinerante existe carga excesiva de trabajo, se podrá acordar que otra Visitaduría o área apoye en el trámite y desahogo de expedientes de queja.
Art. 56. Los titulares de las Visitadurías Generales serán designados conforme a lo establecido por el artículo 25 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Los requisitos para ser titular de las Visitadurías Generales son los señalados en el artículo 23 de dicha Ley.
Art. 57. La Comisión contará con Visitadurías Regionales en la Entidad, las cuales se establecerán por acuerdo del Consejo y, atenderán los municipios que en éste se establezcan. Asimismo, éstas coadyuvarán en las acciones de capacitación que les sean requeridas, conforme al programa de trabajo de dicha área, previa autorización de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Art. 58. La Comisión contará con el número de Visitadurías Itinerantes necesarias, cuando por su naturaleza geográfica o por circunstancias especiales o temporales, algunos municipios de la Entidad requieran de una atención especial por parte de la Comisión, la cual recibirá, tramitará y en su momento resolverá quejas y asuntos que se le presenten. Asimismo, éstas coadyuvarán en las acciones de capacitación que les sean requeridas, conforme al programa de trabajo de dicha área, previa autorización de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
De los visitadores generales, regionales, itinerantes, adjuntos y auxiliares
Art. 59. Las y los Visitadores Generales, Regionales e Itinerantes tienen, además de las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 26 de la Ley, las siguientes atribuciones para el desempeño de sus funciones:
I. Calificar las quejas que le sean turnadas;
II. Asesoras y orientar a las personas quejosas, canalizándolas a las autoridades competentes, cuando los hechos materia de su queja no sean competencia de esta Comisión;
III. Dictar las medidas cautelares, practicar los procedimientos de exhibición o implementar cualquier otra acción que sea necesaria para evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos;
IV. Solicitar informes a las autoridades involucradas en los procedimientos de investigación de quejas;
V. Solicitar informes, en vía de colaboración, a las autoridades que, aunque no estén señaladas como responsables, puedan ofrecer datos o pruebas que coadyuven en el esclarecimiento de los hechos que se investigan;
VI. Realizar visitas de inspección en los lugares que estén relacionados con los hechos motivo de investigación;
VII. Solicitar la comparecencia de las y los servidores públicos que sean señalados como presuntos responsables de violaciones a derechos humanos o bien, de aquellos que tengan alguna relación con los hechos motivo de la queja;
VIII. Comparecer a las personas que hayan emitido dictámenes u opiniones técnicas;
IX. Entrevistar a testigos presenciales de los hechos motivo de queja;
X. Informar a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos acerca del desarrollo de los procedimientos de investigación iniciados en su Visitaduría;
XI. Formular proyectos de resolución sobre los asuntos que se llevan en trámite en sus Visitadurías, previo acuerdo y estudio de los mismos con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos;
XII. Dirigir, planificar y determinar las acciones a desarrollar para la investigación de las quejas que le sean turnadas;
XIII. Allegarse de los elementos de prueba necesario para el esclarecimiento de los hechos;
XIV. Solicitar la ampliación del término del procedimiento de queja, debiendo fundar y motivar dicha petición;
XV. Turnar los proyectos de resolución de sus expedientes a la Coordinación de Visitadurías para su revisión; y
XVI. Las demás que les confieran la Coordinación de Visitarías, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos o la Presidencia, de conformidad con el presente Reglamento.
Art. 60. Para el mejor desempeño de sus funciones, las Visitadurías contarán con los visitadores adjuntos, visitadores auxiliares y el personal técnico y administrativo que sea necesario para la realización de sus funciones, atendiendo para ello a la capacidad presupuestal de la Comisión.
Los visitadores adjuntos y visitadores auxiliares serán nombrados directamente por el Presidente o Presidenta de la Comisión.
Art. 61. Para ser visitador adjunto y auxiliar se requiere:
I. Tener título y cédula de licenciado en derecho;
II. Ser ciudadano mexicano;
III. Ser mayor de 25 años; y
IV. Contar por lo menos con un año de experiencia en el ejercicio de la profesión.
Art. 62. Los visitadores adjuntos y auxiliares de visitadurías tendrán, además de las atribuciones establecidas en el artículo 26 de la Ley, las siguientes funciones:
I. Proporcionar información a las y los quejosos y agraviados que tengan dudas o peticiones relacionadas con el trámite de su queja;
II. Presentar al titular de la Visitaduría General, Regional o Itinerante, los informes sobre el desarrollo de los expedientes de queja a su cargo;
III. Ejecutar las determinaciones que la o el Visitador General, Regional o Itinerante, le indique respecto a la práctica de diligencias relacionadas con los expedientes de queja;
IV. Recibir quejas o iniciar de oficio investigaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, por instrucciones de las Visitaduría General, Regional o Itinerante, la Coordinación de Visitadurías, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos o la Presidencia;
V. Proporcionar atención inmediata a las y los quejosos, las y los agraviados, así como a las personas que acudan a la Comisión en busca de orientación;
VI. Suscribir, por instrucciones de la o el Visitador General o Regional al que estén adscritos, las solicitudes de información, citatorios, escritos dirigidos a la parte quejosa o cualquier otra solicitud relacionada con la substanciación de quejas;
VII. Entrevistar a la parte quejosa, autoridades responsables, testigos o personas relacionadas con los hechos motivo del procedimiento de investigación;
VIII. Ejecutar las determinaciones de las y los Visitadores Generales o Regionales respeto de las actividades de conciliación u otras diligencias relacionadas con la substanciación de las quejas;
IX. Realizar, por instrucciones de los Visitadores Generales o Regionales, las visitas e inspecciones que sean necesarias para la investigación de los hechos materia del procedimiento de queja;
X. Recibir y desahogar las pruebas ofrecidas por las partes;
XI. Integrar los expedientes de queja, y una vez agotadas las diligencias y acciones programadas en cada uno de ellos, remitir al Visitador General o Regional que corresponda, para que éstos elaboren los proyectos de resolución correspondientes;
XII. Proponer al Presidente o Presidenta por conducto de los Visitadores Generales los mecanismos o procedimientos que en cada caso permitan resolver en forma pronta las violaciones a los derechos humanos; y
XIII. Las demás que les confieran la Coordinación de Visitarías, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos o la Presidencia, de conformidad con el presente Reglamento.
Del Departamento de Orientación y Quejas
Art. 63. Corresponde al Departamento de Orientación y Quejas:
I. Brindar atención a las personas que soliciten los servicios de la Comisión para la presentación de una queja o denuncia relacionada con violaciones a derechos humanos;
II. Analizar si de los hechos denunciados se desprende o no una presunta violación a los derechos humanos. Cuando de estos se advierta que, no se trata de asuntos competencia de esta Comisión, se orientará al interesado respecto de la naturaleza de su problema, informándole de las posibles vías e instancias existentes para ello; debiendo realizar la canalización y gestiones correspondientes;
III. Valorar que las quejas presentadas, relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos, reúnan los requisitos para determinar la admisibilidad para su registro;
IV. Recibir y registrar los escritos y comparecencias sobre presuntas violaciones a derechos humanos que se presenten ante la Comisión, así como las orientaciones que se brinden y las remisiones que se hagan a otros Organismos Protectores de Derechos Humanos;
V. Registrar y turnar las investigaciones que se inicien de oficio;
VI. Asignar el número de expediente de queja y turnarla a la Visitaduría que corresponda para su calificación;
VII. Administrar el banco de datos en el que se registrarán las quejas, asesorías y gestiones;
VIII. Solicitar y gestionar, por instrucción de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos o la Presidencia, las medidas cautelares, los procedimientos de exhibición o cualquier otra acción que sea necesaria para evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos, en casos urgentes, aún y cuando no se haya iniciado el procedimiento de investigación ante la Comisión;
IX. Informar a las personas acerca del trámite de sus quejas ante esta Comisión, proporcionándoles su número de expediente, la Visitaduría ante quien se substanciará el proceso o bien, los datos relativos a su remisión a otro Organismo;
X. Elaborar un informe acerca de las quejas turnadas a las diferentes Visitadurías de esta Comisión, así como de aquéllas que sean remitidas a otras Comisiones, por cuestiones de competencia; y
XI. Las demás que establezca este Reglamento, otros ordenamientos aplicables o le encomiende el Presidente o Presidenta.
Del Departamento de Seguimiento de Resoluciones
Art. 64. Corresponde al Departamento de Seguimiento y Resoluciones:
I. Registrar en una base de datos automatizada la información relacionada con las conclusiones de los expedientes de quejas de la Comisión;
II. Registrar y dar seguimiento a la aceptación o no aceptación de las Recomendaciones, Allanamientos, Conciliaciones y demás resoluciones emitidas por esta Comisión;
III. Impulsar el cumplimiento de las Recomendaciones, Allanamientos y Conciliaciones y demás resoluciones emitidas por esta Comisión;
IV. Dar seguimiento a los procedimientos administrativos, civiles y penales, que deriven de los expedientes de queja concluidos;
V. Someter a consideración de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos el seguimiento de las recomendaciones que se ubiquen en los supuestos del párrafo 4º del artículo 53; el artículo 61 y el artículo 62 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas;
VI. Dar seguimiento a los informes especiales emitidos por la Comisión, en coordinación con los titulares de las áreas administrativas responsables;
VII. Solicitar a las autoridades los informes sobre el avance del cumplimiento de las resoluciones emitidas por este Organismo;
VIII. Recibir, valorar y verificar las pruebas que se envíen, por parte de las autoridades, del cumplimiento de las Recomendaciones, Allanamientos o Conciliaciones emitidas por esta Comisión;
IX. Realizar visitas de verificación en el ámbito de su competencia;
X. Informar a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos acerca del avance en el cumplimiento o incumplimiento de las Recomendaciones, Allanamientos o Conciliaciones emitidos por esta Comisión;
XI. Registrar y dar de baja los expedientes resueltos por esta Comisión;
XII. Registrar y sistematizar, en una base de datos automatizada, a las y los servidores públicos sancionados, en razón a haber vulnerado derechos humanos;
XIII. Elaborar y remitir a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y a la Presidencia un informe semanal, mensual, semestral y anual del status que guardan las Recomendaciones, Allanamientos, Conciliaciones y demás resoluciones emitidos por esta Comisión; y
XIV. Las demás que establezca este Reglamento, otros ordenamientos aplicables o le encomiende el Presidente o Presidenta.
Del Departamento de Sistema Penitenciario
Art. 65. Corresponde al Departamento de Sistema Penitenciario:
I. Supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en los centros de detención o reclusión en el Estado como son centros de reinserción social, centros de internamiento y atención integral juvenil, separos preventivos de las Policías Ministerial y Municipales, así como establecimientos de tránsito y vialidad;
II. Realizar visitas a los diversos centros de reinserción social del Estado, centros de internamiento y atención integral juvenil, separos preventivos de las Policías Ministerial y Municipales, así como establecimientos de tránsito y vialidad;
III. Recabar quejas, ratificaciones o comparecencias relacionadas con probables violaciones a derechos humanos en los establecimientos penitenciarios, centros de internamiento y atención integral juvenil, separos preventivos de las Policías Ministerial y Municipales, así como establecimientos de tránsito y vialidad;
IV. Dar seguimiento a los problemas que se tramiten y que atenten contra los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en los centros e instituciones de detención o reclusión, buscando obtener la solución inmediata de éstos cuando esté en riesgo su vida, integridad física, psicológica o moral, su salud, o su familia;
V. Brindar asesoría a las personas internas en los centros de reclusión y detención del Estado, como lo son centros de reinserción social, centros de internamiento y atención integral juvenil, separos preventivos de las Policías Ministerial y Municipales, así como establecimientos de tránsito y vialidad;
VI. Realizar las gestiones necesarias, ante las autoridades estatales y federales, para que se lleven a cabo, de forma eficiente, los procesos de defensa de las personas privadas de la libertad, en los casos en los que se denuncien o detecten deficiencias por parte de los defensores públicos, o se observe insuficiencias de éstos en la tramitación de beneficios preliberacionales y reducción de penas a que tengan derecho los sentenciados;
VII. Auxiliar a los Visitadores en los trámites que fuere necesario llevar acabo, con el objeto de sustanciar los expedientes que tengan a su cargo, relativos a asuntos penitenciarios, de centros de internamiento y atención integral juvenil, de separos preventivos municipales, así como de establecimientos de tránsito y vialidad;
VIII. Conocer, de presuntas violaciones a derechos humanos de las personas privadas de libertad, en el territorio estatal;
IX. Iniciar, de oficio, las investigaciones relacionadas con asuntos penitenciarios, de centros de internamiento y atención integral juvenil, de separos preventivos municipales que se presenten en la entidad, así como de establecimientos de tránsito y vialidad;
X. Solicitar el examen médico, físico y psicológico de personas recluidas, en casos de posibles torturas, lesiones y demás acciones que pongan en peligro la vida e integridad física y psicológica de éstas;
XI. Elaborar anualmente un diagnóstico estatal de supervisión penitenciaria;
XII. Coadyuvar, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las inspecciones que realicen a los centros de reclusión establecidos en la Entidad;
XIII. Elaborar propuestas para el mejoramiento de las condiciones del Sistema Penitenciario de la Entidad; y
XIV. Las demás que establezca este Reglamento, otros ordenamientos aplicables o le encomiende el Presidente o la Presidenta.
De la Secretaría Operativa
Art. 66. La Secretaría Operativa tendrá las siguientes atribuciones:
I. Dar puntual seguimiento a las determinaciones del Presidente o Presidenta;
II. Planear, programar, coordinar y dar seguimiento a la agenda y calendario de actividades del Presidente o Presidenta;
III. Planear, programar, coordinar y dar seguimiento a las audiencias que brinde el Presidente o Presidenta;
IV. Recibir, registrar, analizar y dar seguimiento a las invitaciones que reciba el Presidente o Presidenta;
V. Coordinar, normar y dirigir la logística, organización y celebración de actos públicos, protocolarios o privados del Presidente o Presidenta;
VI. Elaborar y dar seguimiento al programa interno de trabajo de la Presidencia;
VII. Convocar a las reuniones con personal de la Comisión, tomar nota de las instrucciones que se giren y de los acuerdos que se deriven, dando puntual seguimiento a los mismos;
VIII. Ordenar se turne la correspondencia y documentación dirigida al Presidente o Presidenta para su adecuada atención;
IX. Supervisar y asegurarse de la debida atención y canalización a las áreas que corresponda de las peticiones dirigidas al Presidente o Presidenta;
X. Coordinar la supervisión y revisión de documentos que deba suscribir el Presidente o Presidenta;
XI. Recibir, clasificar y custodiar los documentos que le sean turnados, manteniendo una relación actualizada de los mismo, para su debido trámite y resolución;
XII. Preparar la documentación correspondiente para la celebración de reuniones o actos en los que participe el Presidente o Presidenta;
XIII. Mantener las relaciones interinstitucionales con los Poderes del Estado, organismos autónomos, municipios y sus dependencias y entidades públicas;
XIV. Mantener las relaciones con otros organismos públicos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales;
XV. Coordinar a las unidades de planeación y evaluación, y a la unidad de informática; y
XVI. Las demás que establezca este Reglamento, otros ordenamientos aplicables o le encomiende el Presidente o Presidenta.
Art. 67. Corresponde a la Unidad de Planeación y Evaluación:
I. Proponer objetivos, estrategias y políticas de desarrollo de la Comisión;
II. Coordinar la elaboración de los proyectos del plan de desarrollo institucional y el programa operativo anual de la Comisión, así como los programas internos de trabajo de cada área, mismos que se someterán a la consideración del Presidente o Presidenta;
III. Asesorar, a través de los mecanismos establecidos a cada una de las áreas de la Comisión para la elaboración de sus programas internos de trabajo;
IV. Coordinar el proceso de planeación de la Comisión;
V. Proponer la realización de estudios para mejorar el cumplimiento de las funciones de la Comisión;
VI. Proponer políticas, prioridades y criterios para la protección, respeto, defensa, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos;
VII. Elaborar el informe anual de la Comisión y someterlo a la consideración del Presidente o Presidenta;
VIII. Coordinar el proceso de evaluación de los resultados obtenidos por la Comisión;
IX. Llevar a cabo la logística de la reunión para el análisis de la planeación y evaluación;
X. Coordinar con las unidades administrativas la obtención y sistematización de la información y estadísticas; y
De la Unidad de Informática
Art. 68. Corresponde a la Unidad de Informática:
I. Proporcionar el soporte a la estructura informática de la Comisión, en los ámbitos de planeación, implementación, seguridad de la información, mantenimiento y desarrollo;
II. Desarrollar, administrar y actualizar programas y aplicaciones informáticas, a través de los sistemas de redes de cómputo, así como la página web y demás aplicaciones digitales;
III. Determinar y atender los requerimientos de adquisición, utilización, conservación y mantenimiento de los equipos de cómputo;
IV. Otorgar soporte técnico a los usuarios del equipo de cómputo, reparando fallas o dando asesoría en los programas de cómputo normados y utilizados;
V. Salvaguardar la integridad de la información;
VI. Programar los sistemas de información que se vayan requiriendo de acuerdo a las necesidades de la Comisión;
VII. Capacitar en el uso de las herramientas informáticas al personal de la Comisión;
VIII. Supervisar conjuntamente con los titulares de las áreas, el desarrollo de los sistemas establecidos, con el fin de que estén funcionando correctamente;
IX. Vigilar oportunamente el funcionamiento de los equipos de cómputo, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo;
X. Elaborar los estudios de factibilidad para la adquisición de infraestructura en materia informática; y
XI. Las demás que establezca este Reglamento, otros ordenamientos aplicables o le encomiende el Presidente.
Art. 69. La Dirección administrativa tendrá las siguientes atribuciones:
I. Coadyuvar con la Presidencia en la atención de los asuntos de su competencia;
II. Formular los planes y programas de la Dirección;
III. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la administración del personal, de los recursos financieros, materiales y servicios generales de la Comisión;
IV. Integrar y revisar el anteproyecto de presupuesto de egresos, de acuerdo a los lineamientos establecidos, así como gestionar los recursos que sean necesarios para el eficaz desarrollo de las funciones de la Comisión;
V. Controlar el ejercicio del presupuesto autorizado con base en la normatividad aplicable, observando los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal establecidos;
VI. Proponer los sistemas y procedimientos para el ejercicio y control presupuestal;
VII. Difundir a las áreas administrativas, las normas, lineamientos y criterios técnicos para los procesos internos del ejercicio y control presupuestal, observando las disposiciones legales y administrativas sobre la materia a nivel federal y estatal;
VIII. Ejercer y controlar el flujo de ingresos y egresos para optimizar la aplicación de los recursos financieros, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y calendario de pagos;
IX. Registrar y asignar los recursos financieros a las áreas administrativas de acuerdo con los criterios y lineamientos presupuestales que se hayan autorizado;
X. Coordinar, elaborar y revisar la integración de los estados financieros de la Comisión y someterlos a la autorización de las instancias correspondientes;
XI. Coordinar, elaborar y revisar la información contable, presupuestal y programática de la Comisión;
XII. Coordinar, elaborar y revisar mensual, trimestral, semestral y anualmente los informes contables, presupuestales y programáticos de la Comisión;
XIII. Coordinar, elaborar y revisar los informes de avance de gestión financiera y cuenta pública de la Comisión;
XIV. Supervisar la conciliación de los saldos de las cuentas bancarias;
XV. Integrar y proponer las normas, procedimientos, instructivos y catálogos de cuentas para el registro contable de las operaciones financieras;
XVI. Verificar que la documentación expedida para comprobar el gasto, se ajuste a la normatividad aplicable, autorizar su pago y en su caso promover el fincamiento de responsabilidades que se deriven del ejercicio presupuestario cuando así lo amerite;
XVII. Proponer e instrumentar estrategias financieras que permitan la racionalidad y el mejor aprovechamiento de los recursos autorizados;
XVIII. Coordinar y aplicar el proceso de reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y desarrollo del personal administrativo, de acuerdo con la estructura orgánica y normatividad aplicable;
XIX. Coordinar y aplicar el proceso de remuneraciones, promociones y licencias, comisiones, transferencias, permisos con o sin goce de sueldo, incidencias, altas y bajas y demás movimientos del personal administrativo, así como supervisar la aplicación del mismo, de acuerdo a la normatividad y estructuras vigentes;
XX. Aplicar las sanciones laborales a que se haga acreedor el personal, asimismo aplicar estímulos autorizados por la Presidencia;
XXI. Coordinar el programa de capacitación y desarrollo del personal administrativo, tendientes a incrementar la productividad de las áreas de la Comisión;
XXII. Difundir y aplicar la normatividad establecida en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, conservación, uso, destino, formulación de inventarios, aseguramiento de activos, de siniestros, afectación, enajenación, baja y destino final de los bienes inmuebles de la Comisión;
XXIII. Llevar el registro, control y salvaguarda del patrimonio de la Comisión;
XXIV. Tramitar, conjuntamente con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que celebre de la Comisión;
XXV. Promover reuniones y acciones conjuntas con las demás áreas, que permitan una administración financiera eficiente y orientada a apoyar los proyectos de la institución;
XXVI. Ejercer el presupuesto autorizado para las unidades administrativas a su cargo, de conformidad con las normas y políticas que determinen las normas vigentes;
XXVII. Aplicar las altas, bajas y cambios, así como en su caso, las sanciones que procedan respecto del personal de la Comisión, por las causas establecidas en las disposiciones aplicables a la materia;
XXVIII. Asesorar y apoyar técnicamente, en asuntos de su competencia, a los funcionarios de la Comisión;
XXIX. Coordinarse, con los titulares de las otras áreas de la Comisión, para el mejor funcionamiento de la misma;
XXX. Acordar y resolver con sus subalternos el trámite, la solución y despacho de los asuntos competencia de éstos;
XXXI. Proporcionar la información, datos o la cooperación que le sean requeridos por otras áreas de la Comisión, de acuerdo a las políticas establecidas al respecto, previo acuerdo de la Presidencia;
XXXII. Rendir por escrito los informes de las actividades realizadas por la Dirección y presentarlos a la Presidencia;
XXXIII. Presentar propuestas de reformas y adiciones a los reglamentos internos, así como a toda la legislación que se relacione con las actividades de la Dirección;
XXXIV. Formular los anteproyectos de los manuales administrativos de organización y funcionamiento de la Dirección y proponerlos a la Presidencia para su revisión y trámite correspondiente;
XXXV. Elaborar y suministrar la información presupuestal y financiera que la Presidencia requiera;
XXXVI. Hacer del conocimiento, de todas las unidades administrativas de la Comisión, su presupuesto anual aprobado;
XXXVII. Formar parte de los comités que se establezcan en las leyes y normatividad aplicable;
XXXVIII. La administración, actualización, inventario y conservación de los bienes muebles e inmuebles de la Comisión;
XXXIX. Dictar y ejecutar todas las actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones; y
XL. Las demás que establezca este Reglamento, otros ordenamientos aplicables o le encomiende el Presidente o Presidenta.
Art. 70. La Dirección Administrativa contará con las siguientes áreas administrativas:
IV. Oficialía de Partes.
Art. 71. Corresponde al Departamento Recursos Humanos:
I. Planear, programar y organizar, la administración del personal;
II. Llevar a cabo el proceso de reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y desarrollo del personal administrativo, de acuerdo con la estructura orgánica y normatividad aplicable;
III. Llevar a cabo el proceso de remuneraciones, promociones y licencias, comisiones, transferencias, permisos con o sin goce de sueldo, incidencias, altas y bajas y demás movimientos del personal administrativo;
IV. Elaborar las nóminas y efectuar su pago;
V. Aplicar los estímulos al Personal, previamente autorizados por la Presidencia;
VI. Elaborar, administrar y ejecutar el programa de capacitación y desarrollo del personal administrativo, tendientes a incrementar la productividad de las áreas de la Comisión;
VII. Aplicar las altas, bajas y, en su caso, las sanciones que procedan respecto del personal de la Comisión, por las causas establecidas en las disposiciones aplicables a la materia;
VIII. Proponer a la Dirección las medidas técnico - administrativas que estime convenientes, para la mejor organización y funcionamiento de la Comisión en materia de administración de personal;
IX. Calcular los impuestos sobre nómina, sobre la renta y demás que correspondan y efectuar su pago respectivo;
X. Calcular las cuotas del IMSS, SAR, INFONAVIT, y efectuar su pago respectivo;
XI. Atender los requerimientos por las necesidades administrativas de la Comisión y demás áreas que de ella dependen, de acuerdo con los lineamientos generales fijados por la Presidencia y coordinarse con las áreas para la atención de los requerimientos administrativos;
XII. Dirigir y resolver los asuntos del personal al servicio de la Comisión y los registros y movimientos del mismo;
XIII. Formular y proponer para la aprobación de la Dirección, la plantilla del personal, nóminas y prestaciones que requiera la administración de los recursos humanos de la Comisión, conforme a los criterios que deban aplicarse, fijados por las leyes de la materia;
XIV. Diseñar y proponer, por acuerdo de la Presidencia, los controles de puntualidad, índices de eficiencia y eficacia del personal, manejo de reportes, flujos de control y demás listados que se integren con los datos indispensables de la Comisión;
XV. Coordinar directamente la capacitación del personal para el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales, de trabajo y para el mejor desempeño del personal de la Comisión;
XVI. Elaborar el proyecto de seguridad e higiene para el personal, así como para las instalaciones de la Comisión;
XVII. Coordinar, supervisar y evaluar las asistencias, faltas y licencias de los recursos humanos de la Comisión, así como sus relaciones laborales; y
XVIII. Las demás que establezca este Reglamento, otros ordenamientos aplicables o le encomiende el Presidente o Presidenta.
Art. 72. Corresponde al Departamento Recursos Financieros:
I. Elaborar y someter a la consideración de la Dirección, el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de acuerdo a los lineamientos establecidos;
II. Elaborar el comparativo mensual y acumulado de lo presupuestado contra lo ejercido;
III. Establecer y efectuar un estricto control de las operaciones relacionadas con el ejercicio presupuestal;
IV. Efectuar el registro contable de todas las operaciones administrativas y financieras que realice la Comisión;
V. Recopilar, analizar y consolidar la información contable generada por las áreas administrativas de la Comisión;
VI. Instrumentar la tramitación del ejercicio del presupuesto de las áreas de la Comisión y vigilar que se cumpla con los requisitos especificados y con las normas y calendarios de pago establecidos;
VII. Elaborar la información contable, presupuestal y programática de la Comisión;
VIII. Elaborar mensual, trimestral, semestral y anualmente los informes contables, presupuestales y programáticos de la Comisión;
IX. Realizar los informes de avance de gestión financiera y cuenta pública de la Comisión;
X. Realizar conforme al presupuesto los pagos de materiales y suministros, servicios generales y demás que sean necesarios para el buen funcionamiento de la Comisión;
XI. Integrar, codificar, revisar y archivar las pólizas de cheque, egresos, diario e ingresos, de las operaciones realizadas por la Comisión, para efecto de su registro contable;
XII. Recabar y revisar el soporte documentar de las pólizas y demás documentación correspondiente a las erogaciones con cargo al presupuesto;
XIII. Realizar la conciliación de los saldos de las cuentas bancarias;
XIV. Realizar la adquisición de material y bienes muebles e inmuebles;
XV. Integrar y mantener actualizado un catálogo contable y unificar los criterios de interpretación del mismo;
XVI. Realizar la validación de los comprobantes fiscales;
XVII. Colaborar con el Órgano Interno de Control y las entidades de auditoría externa, para la supervisión del ejercicio presupuestal de la Comisión; y
Art. 73. Corresponde al Departamento Recursos Materiales:
I. Realizar las actividades necesarias para la compra, almacenamiento y suministro de materiales, insumos y bienes muebles e inmuebles, así como la contratación de servicios generales;
II. Realizar las actividades relacionadas con la recepción, registro, guarda, distribución y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles;
III. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles y proponer su baja, en los casos que corresponda;
IV. Elaborar el programa de protección de bienes muebles e inmuebles y proponer la contratación de seguros;
V. Mantener actualizado el sistema de control de existencias de materiales y suministros del almacén general, realizar el inventario de los mismos por lo menos una vez cada seis meses e identificar los caducos u obsoletos para su destrucción;
VI. Proveer conforme a los recursos disponibles, los servicios de intendencia, jardinería, mensajería, mantenimiento, transporte y otros que determine la Presidencia;
VII. Procurar que los servicios de energía eléctrica, agua potable, teléfono, vigilancia, y otros de naturaleza similar, se proporcionen adecuadamente;
VIII. Realizar por sí o por terceros el mantenimiento, la adecuación, y construcción de espacios físicos que ocupe la Comisión;
IX. Supervisar cuando proceda, los proyectos y procedimientos necesarios para el desarrollo de los trabajos de la Comisión;
X. Controlar el uso, resguardo, registro y mantenimiento del parque vehicular conforme a los lineamientos emitidos por la Presidencia;
XI. Coordinar la implementación del Programa Interno de Protección Civil y coadyuvar en la realización de las acciones preventivas de riesgos laborales;
XII. Vigilar que los proveedores de bienes y prestadores de servicios cumplan las obligaciones establecidas y en caso de incumplimiento informar al titular de la Comisión y de la Dirección Administrativa;
XIII. Proponer mecanismos de modernización administrativa, en las oficinas a su cargo, a fin de mejorar la calidad de los servicios;
XIV. Coadyuvar con el área de Recursos Financieros en la elaboración del presupuesto de egresos, en lo relativo a su competencia; y
Art. 74. Corresponde a la Oficialía de Partes:
I. Recibir y registrar los escritos, promociones, informes, quejas y demás documentación que se recibe en la Comisión y canalizarla a las áreas administrativas que correspondan;
II. Enviar documentación a las personas físicas y morales, dependencias de la administración públicas federal, estatal y municipal, órganos autónomos, así como a las instancias privadas y sociales;
III. Rendir los informes mensuales, cuatrimestrales y anuales solicitados por la Presidencia;
IV. Tener bajo su responsabilidad los sellos oficiales que le sean encomendados;
V. Atender de manera diligente y adecuada a los usuarios;
VI. Publicar en los estrados la información que corresponda; y
Art. 75. La Oficialía de Partes funcionará de conformidad al calendario de actividades de la Comisión, de lunes a viernes con horario de 8:30 a 16:00 horas.
Art. 76. El Oficial de Partes no podrá emitir juicios respecto de la competencia de la Comisión o área a la que se dirijan los escritos que recibe, así como respecto a la vía propuesta o a la falta de anexos, salvo en casos de omisión de copias para acuse de recibo.
Art. 77. El Manual de Procedimientos, determinará el tipo de documentos que se podrán recibir en la Oficialía de Partes, su clasificación, registro, distribución al área correspondiente y el control de correspondencia y archivo;
Art. 78. La Dirección de Comunicación Social tendrá las siguientes atribuciones:
I. Auxiliar al Presidente o Presidenta en la conducción de las políticas de comunicación social, imagen institucional, editorial y publicaciones de la Comisión y en sus relaciones con los medios de comunicación;
II. Analizar, monitorear y proporcionar al Presidente o Presidenta la información cotidiana estatal, nacional o internacional que emiten los medios de comunicación en materia de derechos humanos;
III. Coordinar, elaborar y auxiliar en la producción de materiales impresos, digitales, de audio y video sobre el quehacer de la Comisión;
IV. Coordinar y auxiliar en la difusión de las actividades institucionales en los medios de comunicación tales como: prensa escrita, radio, televisión, redes sociales digitales, así como en la página web institucional;
V. Coordinar las conferencias de prensa del Presidente o Presidenta;
VI. Informar al Presidente o Presidenta sobre las denuncias que aparezcan en los medios de comunicación social, a efecto de que, en su caso, se proceda conforme a la Ley;
VII. Coadyuvar en la elaboración de los instrumentos informativos que requieran los órganos y áreas de apoyo de la Comisión;
VIII. Coordinar, elaborar y auxiliar en la edición, formato, contenido, distribución y publicación de la Gaceta de la Comisión;
IX. Editar, coeditar y distribuir publicaciones y materiales en materia de derechos humanos que realice la Comisión;
X. Publicar en la Gaceta las versiones públicas de las recomendaciones, acuerdos de no responsabilidad, asuntos relevantes, informes generales y especiales que, por su importancia merezca darse a conocer en dicha publicación;
XI. Colaborar con la Presidencia en la elaboración y revisión de los informes mensuales, cuatrimestrales y anuales, así como de los especiales; y
XII. Las demás que establezca este Reglamento, otros ordenamientos aplicables o le encomiende el Presidente o Presidenta.
Art. 79. La Dirección de Comunicación Social contará con las siguientes áreas de apoyo:
I. Departamento de Editorial y Publicaciones; y
II. Departamento de Imagen Institucional.
Departamento Editorial y Publicaciones
Art. 80. Corresponde al Departamento de Editorial y Publicaciones:
I. Elaborar y auxiliar en la producción de materiales impresos, digitales, de audio y video sobre el quehacer de la Comisión;
II. Elaborar y auxiliar en la edición, formato, contenido, distribución y publicación de la Gaceta de la Comisión;
III. Informar al Presidente o Presidenta sobre las denuncias que aparezcan en los medios de comunicación social, a efecto de que, en su caso, se proceda conforme a la Ley;
IV. Coadyuvar en la elaboración de los instrumentos informativos impresos que requieran los órganos y áreas de apoyo de la Comisión;
V. Editar, coeditar y distribuir publicaciones y materiales en materia de derechos humanos que realice la Comisión;
VI. Publicar en la Gaceta las versiones públicas de las recomendaciones, acuerdos de no responsabilidad, asuntos relevantes, informes generales y especiales que, por su importancia merezca darse a conocer en dicha publicación;
VII. Colaborar con la Presidencia en la elaboración y revisión de los informes anuales, así como de los especiales; y
VIII. Las demás que establezca este Reglamento, otros ordenamientos aplicables o le encomiende el Presidente o Presidenta.
Art. 81. Corresponde al Departamento de Imagen Institucional:
I. Diseñar la imagen institucional de la Comisión;
II. Diseñar y difundir un concepto de comunicación, que propicie a la ciudadanía una imagen institucional de una administración pública moderna, de calidad y transparente, acorde a los propósitos contenidos en las Constituciones Nacional y local;
III. Coadyuvar a la difusión de la actividad e imagen institucional, mediante la producción de medios masivos impresos, digitales y audiovisuales;
IV. Producir materiales impresos, digitales y audiovisuales para ser difundidos coadyuvando a la política pública de informar permanentemente a la ciudadanía de manera veraz, oportuna, amplia, clara y precisa de las actividades que desarrolla la Comisión;
V. Supervisar los materiales de difusión que generen las áreas de la Comisión;
VI. Brindar asesoría permanente a las oficinas respectivas de la Comisión, para lograr coherencia en materia de difusión de la imagen institucional; y
Centro de estudios, investigación y divulgación
Art. 82. El Centro de estudios, investigación y divulgación de los derechos humanos tendrá las siguientes atribuciones:
I. Planear, desarrollar y promover estudios e investigaciones académicas en materia de derechos humanos que permita generar conocimiento especializado en la materia, así como propuestas de políticas públicas;
II. Impulsar investigaciones diagnósticas para auxiliar al Presidente o Presidenta en la formulación de propuestas generales, conducentes al cumplimiento de los objetivos de la Comisión;
III. Elaborar documentos analíticos y generar la información necesaria para proponer objetivos, estrategias y líneas de acción que permitan mejorar y fortalecer el Programa de Derechos Humanos del Estado, en coordinación con la Unidad de Monitoreo de Políticas Públicas en Derechos Humanos;
IV. Promover vínculos con instituciones académicas a fin de fortalecer el desarrollo de estudios e investigaciones en Derechos Humanos, así como con diversas instancias nacionales e internacionales para la obtención de financiamiento alterno y colaboración en proyectos de investigación;
V. Organizar e impartir programas de formación académica en el campo de los derechos humanos, ya sea por sí mismo o en colaboración con instituciones nacionales o extranjeras;
VI. Asegurar para fines de investigación, la sistematización y análisis de la información generada en la Comisión conforme a los protocolos establecidos para tal efecto;
VII. Analizar e interpretar la información que se genere en la Comisión, a través de investigaciones aplicadas que redunden en una mejor defensa y promoción de los derechos humanos;
VIII. Elaborar los informes estadísticos, de seguimiento y de gestión, así como los informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en el Estado;
IX. Formular e impartir programas mediante los cuales se difunda la enseñanza y promoción de los derechos humanos;
X. Formular e impartir programas de capacitación y formación en derechos humanos para los servidores públicos estatales y municipales;
XI. Formular e impartir programas de enseñanza de la cultura de derechos humanos, cultura de la legalidad y cultura de la paz;
XII. Impartir conferencias, talleres, cursos y demás actividades que permitan construir y fortalecer la cultura de derechos humanos en el Estado;
XIII. Fortalecer la divulgación de los derechos humanos mediante diversos medios escritos y digitales;
XIV. Conducir y fortalecer el servicio Biblioteca;
XV. Salvaguardar, en el ámbito de sus atribuciones, la confidencialidad de datos personales, así como aquella información que se encuentre clasificada como reservada por esta Comisión, en términos de la Ley de Transparencia y demás normatividad en la materia; y
Art. 83. El Centro de estudios, investigación y divulgación de los derechos humanos contará con las siguientes áreas administrativas:
I. Departamento de Investigación de derechos humanos;
II. Departamento de capacitación; y
III. Biblioteca Tenamaxtle.
Departamento de Investigación en Derechos Humanos
Art. 84. Corresponde al Departamento de Investigaciones en Derechos Humanos:
I. Realizar investigaciones diagnósticas para auxiliar al Presidente o Presidenta en la formulación de propuestas generales, conducentes al cumplimiento de los objetivos de la Comisión;
II. Elaborar documentos analíticos y generar la información necesaria para proponer objetivos, estrategias y líneas de acción que permitan mejorar y fortalecer el Programa de Derechos Humanos del Estado, en coordinación con la Unidad de Monitoreo de Políticas Públicas en Derechos Humanos;
III. Impartir programas de formación académica en el campo de los derechos humanos, ya sea por sí mismo o en colaboración con instituciones estatales, nacionales o extranjeras;
IV. Asegurar para fines de investigación, la sistematización y análisis de la información generada en la Comisión conforme a los protocolos establecidos para tal efecto;
V. Analizar e interpretar la información que se genere en la Comisión, a través de investigaciones aplicadas que redunden en una mejor defensa y promoción de los Derechos Humanos en la Ciudad;
VI. Fortalecer la divulgación de los derechos humanos mediante diversos medios escritos y digitales; y
Art. 85. Corresponde al Departamento de Capacitación:
I. Diseñar y ejecutar la estrategia de capacitación, que contribuya a la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos;
II. Diseñar el programa institucional de capacitación y profesionalización en materia de derechos humanos;
III. Promover el estudio y enseñanza de los derechos humanos;
IV. Formular e impartir programas mediante los cuales se difunda la enseñanza y promoción de los derechos humanos;
V. Formular e impartir programas de capacitación y formación en derechos humanos para los servidores públicos estatales y municipales;
VI. Formular e impartir programas de enseñanza de la cultura de derechos humanos, cultura de la legalidad y cultura de la paz;
VII. Impartir conferencias, talleres, cursos y demás actividades que permitan construir y fortalecer la cultura de derechos humanos en el Estado; y
De la Biblioteca Tenamaxtle
Art. 86. Corresponde a la Biblioteca Tenamextle:
I. Administrar los servicios públicos de biblioteca de la Comisión;
II. Generar un inventario del acervo bibliográfico documental de la Comisión, clasificarlo y disponerlo para su consulta pública o resguardo;
III. Cuidar y tratar de enriquecer el acervo bibliográfico del Centro de Documentación;
IV. Administrar los servicios de biblioteca digital en materia de derechos humanos y coordinarse para ello con las instituciones públicas y privadas del Estado, del país y del extranjero;
V. Apoyar las tareas de las diversas áreas de la Comisión en materia de búsqueda y consulta bibliográfica y documental; y
VI. Las demás que establezca este Reglamento, otros ordenamientos aplicables o le encomiende el Presidente o Presidenta.
Art. 87. El Órgano Interno de Control de la Comisión es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, y mantiene dependencia jerárquica jurídica y administrativa de la Presidencia. Contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objetivo, de acuerdo con la suficiencia presupuestal existente. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Comisión y de particulares vinculados con éstas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía del Estado.
Su titular será nombrado en términos de lo previsto por los artículos 26 quintus y sexies de la Ley y, en el desempeño de su cargo, se sujetará a los principios previstos en la legislación en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Art. 88. El Órgano Interno de Control, tendrá de las siguientes atribuciones:
II. Verificar que el ejercicio del gasto de la Comisión se realice conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados;
III. Presentar a la Presidencia de la Comisión los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes de la misma;
IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice la Comisión se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen;
V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorias;
VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de Comisión;
IX. Recibir quejas y denuncias de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas sin importar cuál sea su función al interior del Organismo;
X. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas de la Comisión para verificar el cumplimiento de sus funciones;
XIV. Proponer a la Presidencia de la Comisión para su aprobación los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, personal o recursos;
XV. Formular a la Presidencia de la Comisión el anteproyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control para su aprobación;
XVI. Presentar a la Presidencia de la Comisión los informes previo y anual de resultados de su gestión, y comparecer en los términos que le sean requeridos por la misma;
XVII. Presentar a la Presidencia para su conocimiento, los informes respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas;
XVIII. Recibir y mantener en resguardo las declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés de los servidores públicos de la Comisión, en términos de la legislación aplicable; y
XIX. Las demás que le establezca este Reglamento y demás legislación aplicable.
Art. 89. Corresponde a la Unidad de Transparencia:
I. Recabar y difundir la información que, en materia de transparencia, corresponde a la Comisión y, propiciar que las áreas de la institución la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva que determine el Presidente o Presidenta procurando su accesibilidad;
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad en la Comisión;
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y en las demás disposiciones aplicables; y
De la incompatibilidad de empleos
Art. 90. Las funciones de los titulares de presidencia, secretaría ejecutiva, visitadurías generales, itinerantes, regionales, adjuntos y auxiliares, Directores, Contralor interno y demás personal de esta Comisión, serán incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión de la Federación, del Estado o los municipios, excepto expresamente sea por mandato de ley, se cuente con la licencia correspondiente o se trate de actividades académicas o sociales.
De las licencias y permisos del personal
Art. 91. Corresponde al Presidente o la Presidenta conceder licencias voluntarias, previo estudio del caso, hasta por un año, sin goce de sueldo, a empleados y funcionarios que hayan prestado sus servicios en la Comisión por lo menos durante ese mismo tiempo, pudiendo ampliarlas por otro periodo igual.
La solicitud de licencias deberá presentarse con cinco días de anticipación a la fecha en que deba comenzar a surtir efectos.
Art. 92. Los permisos podrán ser concedidos, previo estudio del caso.
Art. 93. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser breves y sencillos, evitando para ello formalismos innecesarios, salvo aquellos establecidos en la Ley y el presente Reglamento.
Los procedimientos se sujetarán a los principios rectores de inmediatez, concentración y celeridad, inmediación, gratuidad, confidencialidad, oportunidad y libre valoración de la prueba. Asimismo, se procurará, en la medida de lo posible, la comunicación inmediata con la parte quejosa y con las autoridades, sea ésta personal, telefónica, escrita o por cualquier otro medio, a efecto de allegarse de los elementos necesarios para determinar la competencia de la Comisión y proceder, en su caso, con su tramitación.
Durante el trámite del expediente de queja se buscará realizar, a la brevedad, la investigación a que haya lugar, evitando actuaciones innecesarias.
Todas las actuaciones de la Comisión serán gratuitas, y no requieren de la asistencia profesional de un abogado.
Art. 94. Las investigaciones, elementos de prueba y demás documentación recibida en esta Comisión, tanto por la parte quejosa o agraviada como por las autoridades, se manejarán dentro de la más absoluta reserva, sujetándose a las disposiciones existentes en materia de transparencia y protección de datos personales. Lo anterior, sin perjuicio de las consideraciones que en casos concretos se formulen a través de las resoluciones de los expedientes de queja o los informes anuales o especiales.
Art. 95. El Presidente o Presidenta de la Comisión decidirá, de manera excepcional y justificada, si proporciona copias de documentos y pruebas que obren dentro de los expedientes tramitados ante esta Comisión. Para ello, se deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I. Ser solicitados por parte legítima;
II. No sea información susceptible de clasificarse como información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por la normatividad en materia de transparencia y protección de datos personales; y
III. No se trate de documentos que afecten derechos de terceros.
Art. 96. El personal de la Comisión no está obligado a rendir testimonio ante ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional, cuando dicha prueba se encuentre relacionada con su intervención en el tratamiento de los procedimientos de investigación de violaciones a derechos humanos substanciados en esta Comisión.
Art. 97. Las notificaciones, requerimientos y citaciones se realizarán a partir del momento en que se dicten las resoluciones que las prevengan. Las notificaciones se harán personalmente, por comparecencia, por estrados, por vía telefónica, por correo electrónico o, por correo certificado con acuse de recibo. Cuando éstas deban efectuarse en una región diferente a la capital del Estado y su zona conurbada, el Coordinador General de Asuntos Jurídicos remitirá de inmediato los documentos necesarios al notificador que corresponda, para que se proceda a su inmediata diligencia. Las notificaciones surtirán efectos para los términos de respuesta, desde el mismo día en que se hayan practicado.
Las personas quejosas y, en su caso las agraviadas, deberán señalar, en el primer escrito o diligencia, domicilio para oír y recibir notificaciones, debiendo hacer del conocimiento el cambio del mismo al personal de este Organismo. A falta de señalamiento o aviso de cambio, las notificaciones se realizarán por estrados.
Art. 98. Se notificarán en forma personal las siguientes actuaciones, a menos que se haya solicitado expresamente otro medio de notificación:
I. El auto que admita o deseche la queja; y
II. La resolución definitiva que se emita por este Organismo.
En caso de que la persona que deba ser notificada no se encuentre en el domicilio señalado para recibir notificaciones, se dejará aviso en el que se indicará nueva fecha y hora para realizar la notificación. El aviso se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio. De no encontrarse a ninguna persona en el domicilio, el notificador lo hará constar y fijará el aviso en la puerta.
De no encontrarse a las partes en la fecha y hora señalada en el aviso de notificación, ésta se realizará con cualquier persona que se encuentre en el domicilio señalado para recibir notificaciones. De no encontrarse persona alguna para realizar la notificación, ésta se realizará por estrados.
Cuando no conste domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto, las notificaciones personales se efectuarán por estrados.
Las notificaciones a las autoridades se harán por oficio, pudiendo realizarse por correo certificado, con su respectivo acuse de recibo.
Art. 99. En la notificación deberá contener lo siguiente:
I. Lugar, fecha y hora de la diligencia;
II. El órgano de la Comisión que manda practicar la diligencia;
III. La resolución que se notifica;
IV. El número del expediente del cual emana;
V. El nombre y firma de quien recibe la notificación, y en su caso, el sello.
Art. 100. Salvo la notificación que admita o deseche la queja y la de resolución definitiva, las notificaciones se podrán practicar a través de estrados, de comparecencia, por vía telefónica, por correo electrónico o, por correo certificado con acuse de recibo de medios electrónicos o por medio de la página web de la Comisión.
De las notificaciones realizadas por medios electrónicos, se generará un registro que contendrá el folio, número de expediente, el destinatario, la resolución de que se trate, fecha y hora del envío, misma que se agregará a los autos para que se tenga por hecha la notificación.
Art. 101. La notificación por comparecencia se tendrá por practicada cuando los quejosos, autoridades, los terceros o las personas autorizadas por ellos acudan personalmente a las instalaciones de la Comisión y se impongan del contenido de la misma. Se levantará acta en que conste la diligencia.
Tratándose de personas privadas de su libertad, se entenderá por notificación por comparecencia cuando el personal de esta Comisión acuda a donde éstos se encuentren, debiendo levantar acta en que conste la diligencia.
Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquéllas con quienes se practican; si éstas no supieren o no quisieren firmar, el notificador o quien haga sus veces, así lo hará constar en el acta que al efecto levantará.
Art. 102. El cómputo de los términos se sujetará a las reglas siguientes:
I. El término comenzará a correr desde el día en que se realice la notificación, son improrrogables y se incluirán en ellos el día de vencimiento; y
II. Los términos se contarán por días hábiles, con excepción de aquellos que la Ley señale expresamente como naturales.
Art. 103. Las notificaciones se entenderán hechas formalmente a partir del momento en que el interesado se haga sabedor de las mismas.
De la presentación, recepción y registro de la queja
Art. 104. El procedimiento de investigación de violaciones a derechos humanos podrá iniciar a petición de parte o de oficio.
En los términos del artículo 33 de la Ley, la Comisión designará personal de guardia, que estará facultado sólo para recibir y atender quejas con carácter de urgentes, a cualquier hora del día y de la noche.
Se entenderá por urgente, aquellas quejas relacionadas con la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación o desaparición forzada.
Art. 105. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental, legalmente reconocida, podrá presentar a la Comisión peticiones en su propio derecho o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de derechos humanos, por parte de autoridades estatales o municipales en el Estado.
En el caso de las organizaciones no gubernamentales, será necesario que acrediten su constitución legal, la personalidad jurídica y facultades de quienes se ostenten como sus representantes; así como la autorización expresa de los quejosos y agraviados que representan. En caso de que la organización no acredite todos los requisitos señalados, se le otorgará un plazo de tres días a fin de que solvente los faltantes y, en caso de que no los acredite, la queja sólo podrá ser admitida a título personal por los quejosos y agraviados que así la ratifiquen.
Art. 106. Las quejas presentadas ante la Comisión podrán formularse por escrito, de manera oral o bien, por teléfono o cualquier medio de comunicación electrónica o internet.
En el supuesto de que la queja sea presentada vía electrónica, internet o telefónica, se prevendrá a la parte quejosa o agraviada para que, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de dicha prevención, comparezca a ratificarla; señalándole que, de no hacerlo, se tendrá el asunto como concluido por falta de interés, enviándose el expediente al archivo.
La notificación prevista en el párrafo anterior se realizará por la misma vía en la que fue interpuesta la queja. En caso de realizarse la queja o denuncia vía telefónica, el quejoso deberá otorgar un domicilio o una dirección electrónica donde se le notificará de todos los actos inherentes a la queja.
En los casos de quejas presentadas de manera electrónica, los quejosos deberán proporcionar una dirección de correo electrónico donde se le notificará de los actos concernientes a su queja.
Art. 107. Cuando la queja sea presentada por comparecencia, se elaborará el acta circunstanciada con el contenido de la misma.
Las denuncias podrán presentarse por comparecencia y tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, o se trate de personas con discapacidad auditiva o del habla podrán formularse por lenguaje de señas y a través de mecanismos accesibles para personas con discapacidad, para lo cual la Comisión les proporcionará gratuitamente un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura.
Art. 108. La admisibilidad de las quejas presentadas ante esta Comisión estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:
I. Especificar el nombre y apellido de la persona o personas denunciantes o, en el caso de que se trate de una entidad no gubernamental, el de su representante o representantes legales; así como el domicilio y, en su caso, número telefónico o correo electrónico para recibir notificaciones de la Comisión;
II. Contener el nombre y apellido de la persona o personas cuyos derechos humanos han sido o están siendo violentados, así como su domicilio y, en su caso, número telefónico o correo electrónico donde puede ser localizado directamente;
III. Describir el hecho o situación denunciada, con especificación del lugar, fecha y circunstancias en que ocurrieron u ocurren las violaciones alegadas;
IV. Señalar a la autoridad o servidor público a quienes se imputen las presuntas violaciones de derechos humanos;
V. La indicación de si se cuenta con evidencias o pruebas en las que se sustente la queja; y
VI. Nombre, firma o huella digital de la parte quejosa y en su caso, de la parte agraviada.
En el caso de las organizaciones no gubernamentales, se deberán exhibir la documentación a que se hace referencia en el párrafo segundo del artículo 105 de este Reglamento.
Art. 109. Si de la presentación de la queja no se deducen elementos que permitan presumir la violación de derechos humanos, o recibido el informe de autoridad es necesaria la colaboración de la parte quejosa, la Comisión requerirá al interesado para que en un plazo de tres días, contados a partir de la notificación comparezca o aporte los elementos de prueba pertinentes. Dicho requerimiento podrá realizarse hasta por dos ocasiones.
En caso de que la parte quejosa no conteste o no acuda a esta Comisión a realizar las aclaraciones pertinentes, dentro de los tres días siguientes al de la notificación del segundo requerimiento, la queja se enviará al archivo por falta de interés.
Art. 110. De conformidad con lo establecido por el artículo 32 de la Ley, la Comisión no podrá admitir a trámite quejas anónimas.
Se considerará como anónima a la queja que no contenga:
I. Nombre completo y datos de identificación de la parte quejosa y en su caso, de la parte agraviada; y
II. No esté firmada o no cuente con huella digital de la parte quejosa y en su caso, de la parte agraviada.
Art. 111. Si el quejoso no se identifica ni suscribe la queja en un primer momento, pero la queja cuenta con datos de identificación de la parte quejosa y en su caso, de la agraviada, ésta será susceptible de ser ratificada dentro de los tres días siguientes, contados a partir de la notificación mediante la cual esta Comisión requiera se subsane dicha omisión.
Dicho requerimiento podrá hacerse, preferentemente, vía telefónica; en cuyo caso se levantará el acta circunstanciada correspondiente por parte del personal de este Organismo. En caso de no poder realizarse contacto telefónico, el requerimiento para ratificar la queja se hará por cualquier otro medio de comunicación.
Art. 112. Las quejas que no sean ratificadas, se tendrán por no presentadas y se enviarán al archivo, sin que esta situación sea impedimento para que la parte quejosa o agraviada vuelva a presenta la queja con los requisitos debidamente cumplimentados.
Si de dichas quejas se desprenden hechos considerados como violaciones graves a los derechos humanos, el Presidente o Presidenta de la Comisión podrá determinar que se inicie investigación de oficio, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento.
Art. 113. Cuando se trate de quejas presentadas por, o a favor de personas privadas de su libertad o materialmente impedidas por otra causa para acudir a la Comisión, el visitador a quien se le asigne el caso o bien, personal del área de Orientación y Quejas o del Sistema Penitenciario, deberán acudir, a la mayor brevedad posible, al centro de reclusión o detención o al lugar donde se encuentre la quejosa o agraviada, para que ésta manifieste si ratifica o no la queja. En el caso de que ésta no sea ratificada, el asunto se tendrá por concluido por falta de interés y el expediente se enviará al archivo.
La correspondencia que cualquier persona privada de su libertad envíe a la Comisión no podrá ser objeto de censura de ningún tipo y deberá ser remitida sin demora a ésta, por parte de los encargados del centro respectivo.
Asimismo, las conversaciones que se establezcan entre éstos y el personal de este Organismo no podrán ser escuchadas o interferidas.
Art. 114. Cuando la parte quejosa y en su caso, la agraviada, solicite que su nombre se mantenga en estricta reserva, la Comisión evaluará los hechos y, determinará sobre la procedencia de iniciar la investigación y mantener de manera confidencial los datos de identificación de ésta.
Si con motivo de mantener la reserva de dichos datos durante la investigación, la Comisión se ve imposibilitada para actuar, se dará por concluido el procedimiento, debiéndose señalar en el Acuerdo correspondiente las razones por las que no fue posible continuar con el procedimiento de investigación.
Art. 115. La Comisión podrá iniciar, de oficio, la tramitación de una queja por presuntas violaciones a derechos humanos en los siguientes casos:
I. Cuando se trate de denuncias presentadas en los medios de comunicación;
II. Cuando se advierta violaciones a los derechos humanos de las mujeres y con relación a la construcción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres publicadas en notas periodísticas;
III. Cuando se adviertan violaciones reiteradas a ciertos derechos humanos por las mismas autoridades o servidores públicos; y
IV. Cuando se refieran a presuntas violaciones graves a los derechos humanos, tales como atentados a la vida, tortura, desaparición forzada y todas las demás violaciones calificadas como de lesa humanidad o bien, que atenten en contra de una comunidad o grupo social en su conjunto.
Para que los Visitadores Generales, la Coordinación de Visitadores o el titular del Departamento de Orientación y Quejas, inicie una investigación de oficio, deberá contar con el acuerdo previo de la Presidencia, mismo que será notificado por conducto de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Art. 116. La investigación iniciada de oficio seguirá, en lo conducente, el mismo trámite que los expedientes de queja radicados a petición de parte.
En estos casos, si la Comisión lo estima pertinente, podrá solicitar la presencia de la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Sin embargo, la falta de comparecencia de ésta no obstaculizará la investigación; por lo que, no podrá ser concluida por falta de interés de la parte agraviada.
Art. 117. La acumulación de los expedientes de queja procede en los siguientes casos:
I. Cuando dos o más quejas se refieran a los mismos hechos y sean atribuidos a la misma autoridad o servidor público;
II. Cuando dos o más quejas se refieran a presuntas violaciones a los derechos humanos de un grupo en situación de vulnerabilidad, imputables a la misma autoridad o servidor público; o
III. Cuando se estime estrictamente necesario para no dividir la investigación correspondiente.
Art. 118. La acumulación de quejas deberá ser notificada a las partes, a través del acuerdo correspondiente en el que se funde y motive la procedencia de dicha situación.
Art. 119. La Comisión declarará inadmisible las quejas cuando:
I. Sean manifiestamente infundadas o improcedentes, según resulte de la exposición de la parte quejosa o agraviada;
II. Se trate de escritos que no estén dirigidos a la Comisión, ni se pida la intervención expresa de ésta;
III. Los hechos no correspondan a la competencia de esta Comisión; o
IV. No se expongan hechos que caractericen una violación a los derechos humanos.
En estos supuestos, no habrá lugar a la apertura de expedientes.
Art. 120. Una vez que sea presentada la queja, y se haya cumplido con los requisitos de admisibilidad, o bien se haya iniciado de oficio, ésta deberá ser debidamente registrada por el Departamento de Orientación y Quejas, asignándole un número de expediente, a fin de turnarla, a más tardar el día hábil siguiente al de su registro, a la Visitaduría o área que corresponda, para los efectos de su calificación.
La admisión de la instancia deberá ser debidamente notificada a la parte quejosa, a fin de que conozca el número de expediente que le ha sido asignado a su caso y la Visitaduría o área ante la cual se substanciará el procedimiento.
Art. 121. Las y los Visitadores Generales, los Visitadores Regionales, Itinerantes y Adjuntos, y en su caso, el titular de la Coordinación de Visitadurías, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:
I. Si son cónyuges o tienen parentesco con la parte quejosa o agraviada o con el servidor o autoridad señalada como presunta responsable, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo grado;
II. Tener interés personal en el asunto que haya motivado la queja, o lo tenga su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;
III. Tener amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes;
IV. Haber sido abogado, testigo, perito, apoderado, defensor de alguna de las partes en el asunto que haya motivado la queja; y
V. Cualquier otra situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.
Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquier de tales impedimentos. Debiendo para ello presentar dicha petición ante la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Art. 122. Cuando las y los Visitadores Generales, las y los Visitadores Regionales y en su caso, la o el titular de la Coordinación de Visitadurías, se manifieste impedido para conocer de un asunto que le haya sido turnado, deberá excusarse de inmediato del conocimiento de éste y solicitar a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos la calificación y determinación final sobre la excusa.
El procedimiento quedará suspendido en tanto se resuelve en definitiva sobre la causa de impedimento, salvo que se trate de casos urgentes; en cuyos casos se nombrará un sustituto que le dará trámite al asunto, en tanto se califica la causa de impedimento.
De la calificación de la queja
Art. 123. Una vez turnado el expediente de queja a la Visitaduría o área que corresponda, el Visitador tendrá un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que le fue remitido éste, para emitir el acuerdo de calificación correspondiente.
Art. 124. El acuerdo de calificación de queja podrá ser emitido en los siguientes sentidos:
I. Presunta violación a los derechos humanos;
II. Incompetencia de la Comisión, por tratarse de hechos imputados a autoridades federales o de otras entidades federativas;
III. Pendiente, cuando la queja sea imprecisa, confusa o no reúna los requisitos legales o reglamentarios que permitan la intervención de esta Comisión, siempre y cuando dicha omisión pueda ser subsanada; o
IV. Improcedente, por:
a) Haber transcurrido el plazo de un año a que se refiere el artículo 31 de la Ley;
b) No existir violación a los derechos humanos;
c) Tratarse de cuestiones jurisdiccionales de fondo;
d) Tratarse de resoluciones de organismos y autoridades electorales;
e) Referirse a consultas sobre interpretación de las disposiciones constitucionales y legales;
f) Relacionarse con resoluciones de carácter legislativo emitidas por la Legislatura del Estado; o
g) Haberse actualizado cualquier otro supuesto de improcedencia previsto en la Ley, el presente Reglamento o demás ordenamientos legales aplicables.
Art. 125. Cuando una queja sea calificada como presunta violación a los derechos humanos, los titulares de las Visitadurías Generales, Regionales o Itinerante, o en su caso de la Coordinación de Visitadurías, por sí mismos o por conducto del personal bajo su adscripción, notificarán a la parte quejosa acerca de la admisión de ésta.
En el acuerdo correspondiente, se deberá informar a los interesados acerca del número de expediente de queja, la visitaduría ante la cual se substanciará el procedimiento, así como los números telefónicos, dirección o correos electrónicos a través de los cuales podrá mantener contacto con este Organismo. Asimismo, se le informará acerca de la gratuidad de los servicios, y de que no es necesario contar con la asesoría de abogados o representantes profesionales.
De igual forma, dicho acuerdo deberá contener las prevenciones a que se refiere el artículo 37 de la Ley de la Comisión y de las disposiciones aplicables en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de datos personales.
Art. 126. Cuando la queja sea calificada como incompetencia de esta Comisión, se notificará a la parte quejosa las causas y el fundamento de dicha determinación; debiendo, además, remitir la queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o bien, al organismo estatal de otra Entidad que corresponda.
Art. 127. Cuando una queja sea calificada como pendiente, se requerirá a la parte quejosa y en su caso, a la agraviada, para que, en un término de tres días hábiles, realice las precisiones o aclaraciones pertinentes.
Cuando de las aclaraciones o precisiones se desprendan elementos que permitan la recalificación de la queja, se elaborará un acuerdo de recalificación, atendiendo a los supuestos referidos en este Reglamento.
En caso de que la parte quejosa no conteste o no acuda a esta Comisión a realizar las aclaraciones pertinentes, se le requerirá por segunda ocasión para que, dentro de un término de tres días, contados a partir de que reciba la notificación, acuda a este Organismo a realizarlas. En caso de que no se aclare la queja después del segundo requerimiento, se concluirá el procedimiento por falta de interés, enviándose el expediente al archivo.
Art. 128. Cuando una queja sea calificada como improcedente, se deberá notificar a la parte quejosa la causa y fundamento de dicha determinación.
Asimismo, cuando exista posibilidad de orientar jurídicamente al quejoso, el acuerdo deberá contener dicha orientación, en donde se le explicará de manera breve y sencilla, la instancia competente para conocer de su asunto y sus posibles formas de solución.
Art. 129. La integración e investigación de los expedientes de queja se efectuará bajo la coordinación y supervisión de los titulares de las Visitadurías Generales, Regionales o Itinerantes, de la Coordinación de Visitadurías o de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, según corresponda.
Art. 130. Las y los visitadores adjuntos tendrán la responsabilidad de integrar y custodiar debidamente los expedientes de queja; solicitar a las autoridades la información que sea necesaria; requerir las aclaraciones o precisiones que correspondan; allegarse de los elementos de prueba que se consideren pertinentes, así como a practicar las diligencias indispensables para resolver adecuadamente los expedientes.
Una vez concluida la integración del expediente, los titulares de las Visitadurías Generales, Regionales e Itinerantes y en su caso, de la Coordinación de Visitadurías, deberán formular el proyecto de resolución que corresponda.
Art. 131. La Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que una autoridad adopte las medidas precautorias, de conservación o restitutorias que considere pertinentes para evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos o bien, para evitar que se produzcan daños de difícil reparación relacionadas con las mismas. Lo anterior, ya sea que guarde o no conexidad con una petición o caso.
Art. 132. La solicitud de medidas precautorias, de conservación o restitutorias procederá cuando se acrediten los siguientes elementos:
I. La gravedad de la situación significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre el derecho protegido;
II. La urgencia de la situación, la cual se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y
III. Que el daño que pueda causarse sea irreparable; es decir, que la afectación sobre los derechos, por su propia naturaleza, no sean susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.
Art. 133. Las medidas precautorias son aquéllas acciones o abstenciones que se soliciten a la autoridad señalada como responsable, para evitar la consumación irreparable de las violaciones a los derechos humanos reclamadas o a la producción de daños de difícil reparación.
Las medidas precautorias pueden ser de conservación, cuando se soliciten para que las cosas permanezcan en el estado en el que se encuentran o bien, restitutorias, cuando tiendan a resarcir a la parte quejosa o agraviada al estado en que se encontraba hasta antes de la consumación de las presuntas violaciones de derechos humanos materia de la queja o de la producción de daños de difícil reparación.
Art. 134. Las medidas precautorias se notificarán a las y los titulares de las instancias, entidades u órganos a quienes se imputen los hechos, a través del acuerdo correspondiente.
Las autoridades disponen de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la recepción de la solicitud, para informar acerca de las medidas solicitadas. Dicho plazo, en casos urgentes, podrá reducirse, discrecionalmente por la Comisión, hasta en veinticuatro horas.
En caso de que se acredite la violación a derechos humanos, y se emita la Recomendación correspondiente, el personal de la Comisión hará constar en ésta que la autoridad se negó o no adoptó las medidas precautorias que le fueron solicitadas.
Art. 135. Atendiendo a la naturaleza del caso, las medidas precautorias podrán tener una duración de hasta treinta días. No obstante, dicho plazo podrá prorrogarse por el tiempo que resulte necesario, debiendo notificarse dicha determinación a la autoridad correspondiente, tres días antes de que culmine el plazo anterior.
La autoridad a la que se solicite la prórroga de las medidas precautorias deberá formular su respuesta dentro de los tres días siguientes; en caso contrario, operará la negativa ficta.
Art. 136. La Comisión podrá requerir a las autoridades competentes información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas precautorias.
De igual manera, la Comisión evaluará con periodicidad, de oficio o a solicitud de parte, las medidas cautelares vigentes, con el fin de mantenerlas, modificarlas o levantarlas.
Art. 137. El otorgamiento de las medidas precautorias y su adopción por parte de las autoridades competentes no constituirán prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos humanos.
De la Investigación de la queja
Art. 138. Una vez calificada la queja, se dará inicio al procedimiento de investigación requiriendo por escrito a la autoridad o servidor público al que se impute la presunta violación de los derechos humanos, el informe que corresponda y las pruebas que acrediten su dicho. Asimismo, de conformidad con el artículo 39 de la Ley, se dará aviso del inicio de procedimiento de queja al superior jerárquico o al titular del organismo de quien dependa la o el servidor público señalado como responsable.
Art. 139. La autoridad señalada como responsable tiene un plazo máximo de ocho días naturales para rendir el informe que le sea requerido.
En casos de urgencia, la Comisión podrá determinar que el plazo para rendir el informe se reduzca a cuatro días naturales; debiéndose justificar en la solicitud de éste los motivos de la urgencia.
Tratándose de quejas relativas a la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, el informe deberá presentarse inmediatamente o en un plazo que no podrá exceder de doce horas. En este caso, la autoridad podrá rendir el informe en forma oral, quedando obligada a formularlo por escrito en un plazo no mayor de veinticuatro horas.
Si los actos de autoridad afectan el ejercicio de la actividad de personas de escasos recursos económicos, lesionando su fuente de subsistencia, la autoridad deberá rendir verbalmente el informe en un plazo de veinticuatro horas, y por escrito de cuarenta y ocho horas.
Art. 140. La solicitud de informe podrá realizarse por cualquier medio, ya sea vía telefónica, fax o por correo electrónico. De lo cual, se deberá levantar el acta circunstanciada correspondiente.
Art. 141. De no rendirse el informe de autoridad, por parte del servidor público señalado como presuntamente responsable de violaciones a derechos humanos, el personal de la Comisión podrá remitir a la o el superior jerárquico de éste, un escrito en el que se haga constar dicha situación. Asimismo, la Comisión podrá formular denuncia ante las autoridades competentes u órganos internos de control, a fin de que, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se le finquen las responsabilidades administrativas a que haya lugar.
La falta de rendición de informe o de la documentación que lo apoye, así como el retraso injustificado del mismo, tendrán como efecto que se tengan por cierto los hechos materia de la queja, salvo prueba en contrario.
Si como resultado de la investigación se acredita la violación a los derechos humanos, la Comisión, de ser procedente, emitirá una Recomendación en la que se precisará la falta de rendición del informe a cargo de la autoridad.
Art. 142. En todos los casos que personal de la Comisión establezca comunicación oral con la parte quejosa, agraviada o con cualquier autoridad, relacionada con la tramitación de un expediente de queja, se deberá elaborar el acta circunstanciada que corresponda, a fin de que forme parte de las constancias que integren el procedimiento de investigación.
Art. 143. La documentación que remita la autoridad en vía de informe, deberá estar, preferentemente, certificada o autentificada, a fin de que sea valorada como evidencia o prueba y surta efectos en el procedimiento de investigación. Asimismo, deberá estar debidamente foliada.
Art. 144. El personal de la Comisión podrá, durante cualquier momento del procedimiento de investigación, verificar el contenido de los informes rendidos por la autoridad. Para ello, podrá constituirse ante la autoridad o servidor público al que se les imputen las presuntas violaciones a los derechos humanos y realizar las diligencias que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos, en términos de la competencia que la Ley, este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables les confieran.
Art. 145. El informe de la autoridad podrá hacerse del conocimiento del quejoso en aquellos casos que, a juicio del Visitador, sea necesaria la colaboración de la parte quejosa para la aportación de pruebas, precisión de datos, o así lo requiera la investigación.
En este caso, la parte quejosa contará con un plazo de hasta quince días naturales para que, a partir de que tuvo conocimiento de la información, manifieste lo que a su derecho convenga.
Para ello, la Comisión podrá requerir al quejoso hasta por dos ocasiones, debiendo mediar entre ambos requerimientos cinco días hábiles.
De no manifestar nada la parte quejosa, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del segundo requerimiento, se ordenará el envío del expediente al archivo por falta de interés.
Art. 146. La vista del informe podrá hacerse por escrito, mediante comparecencia, vía telefónica o por cualquier otro medio electrónico, haciéndose constar este hecho en el acta circunstanciada correspondiente.
En los casos en que no se cuente con el domicilio del quejoso, o éste sea inexistente, inexacto o inaccesible para la notificación por escrito, o no haya sido posible su localización por otros medios, la notificación podrá surtir efectos en los estrados de este Organismo.
Art. 147. La Comisión no dará vista de aquella información y documentación que, obrando dentro de sus expedientes, sea de acceso restringido o reservado, conforme a las disposiciones en materia de transparencia; o bien, pueda afectar derechos de terceros.
Art. 148. La Comisión podrá proporcionar copias de la documentación que obre en sus expedientes, conforme a lo establecido en el presente Reglamento, previo acuerdo con la Presidencia.
Art. 149. Las y los titulares de la Presidencia, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, la Coordinación de Visitadurías, las Visitadurías Generales, las Visitadurías Regionales, el Departamento de Orientación y Quejas, el Departamento de Sistema Penitenciario, el Departamento de Seguimiento, así como los visitadores adjuntos, tendrán fe pública en el desempeño de sus funciones.
Art. 150. El personal de la Comisión que sea designado para investigar los hechos motivo de la queja podrá:
I. Presentarse en cualquier oficina administrativa o centro de reclusión para comprobar datos, hechos o circunstancias relacionados con la queja;
II. Realizar entrevistas personales, sea con autoridades o testigos;
III. Analizar expedientes o documentos relacionados con los hechos; y
IV. Realizar las dinámicas o actuaciones que se consideren convenientes para el esclarecimiento de los hechos.
Las autoridades deberán brindar las facilidades que se requieran para el buen desempeño de las labores de investigación de este Organismo, así como permitir el acceso a los lugares, documentos archivos o personas que se señalen.
La falta de colaboración de las autoridades con las labores del personal de esta Comisión se hará constar en un acta circunstanciada para, en su caso, formular la denuncia correspondiente ante las autoridades correspondientes.
Si la información o documentación reviste carácter confidencial o reservado, se estará a lo dispuesto en materia de transparencia.
Art. 151. La Comisión podrá allegarse de cualquier medio probatorio que considere pertinente, siempre que éste no sea contrario a derecho.
Asimismo, este Organismo podrá auxiliarse de peritos o especialistas en diversas materias para la debida integración de los expedientes.
Art. 152. Cuando en el desahogo de una prueba se requiera reserva, no se admitirá la presencia de persona alguna, salvo del personal a cargo de la investigación o del seguimiento de algún expediente.
Art. 153. La admisión, desahogo y valoración de las pruebas, así como la recopilación de éstas, se sujetará a los principios de pro persona y de legalidad, salvaguardando siempre el principio de buena fe.
Asimismo, las pruebas deberán estar relacionadas directamente con los hechos motivo de la queja.
Art. 154. Cuando del resultado de las investigaciones se advierta la posible comisión de hechos delictivos, el personal, previo acuerdo con la Presidencia, podrá presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.
Art. 155. Cuando una queja calificada como presuntamente violatoria de derechos humanos no se refiera a violaciones graves de éstos, podrá ser sujeta a un procedimiento de conciliación con las autoridades señaladas como presuntas responsables.
Art. 156. Para efectos del artículo anterior, se entenderá como violaciones graves a los derechos humanos a los actos u omisiones que impliquen ataques al derecho a la vida; que comprometan la integridad física o psíquica de las personas, o su seguridad, así como aquellas que puedan afectar a una colectividad o grupo de individuos.
Art. 157. La o el Visitador que conozca de un procedimiento de investigación susceptible de ser solucionado por la vía de conciliación, hará del conocimiento de dicha situación a la parte quejosa, explicándole en qué consiste el procedimiento y cuáles son las razones por las que se considera viable ésta.
Asimismo, deberá presentar a la autoridad o servidor público que corresponda la Propuesta de Conciliación, previamente consensuada con la parte quejosa, a fin de lograr una solución inmediata de la queja, siempre dentro del respeto a los derechos humanos que se consideren afectados.
Art. 158. La autoridad o servidor público a quien se envíe la propuesta de conciliación dispondrá de un plazo de quince días para responder a la propuesta.
Art. 159. De ser aceptada la propuesta de conciliación, se levantará el acuerdo correspondiente, asentando claramente las medidas conciliatorias, así como la aceptación expresa de la parte quejosa.
El acta o documento donde conste la conciliación deberá ser firmada por la o el titular de la Visitaduría o área correspondiente, previo acuerdo con la o el Presidente.
Para que la conciliación surta efectos y se pueda dar por concluido el procedimiento de investigación, deberá existir constancia fehaciente del término y condiciones en que la autoridad o servidor público cumplirá con lo acordado; debiendo emitirse el acuerdo de terminación de queja por conciliación correspondiente que será suscrito por el o la titular de la Presidencia de la Comisión.
La autoridad contará con un término de quince días para dar cumplimiento a las medidas conciliatorias; pudiendo ampliarse éste, si la naturaleza del asunto así lo requiere.
Vencido el plazo para acreditar el cumplimiento de la conciliación, sin que se haya hecho, la Comisión continuará con el trámite de investigación de la queja.
Art. 160. En caso de no ser aceptada la propuesta de conciliación, la autoridad deberá hacer del conocimiento de la Comisión las razones de su negativa.
En este caso, la Comisión continuará con el trámite de investigación en los términos establecidos en la Ley.
De la conclusión del procedimiento de queja
Art. 161. Los procedimientos de investigación podrán ser concluidos por las siguientes causas:
I. Por incompetencia de la Comisión, debiéndose orientar a la parte quejosa;
II. Por actualizarse alguna de las causales de improcedencia previstos en la Ley y en el presente reglamento;
III. Por haberse solucionado durante su trámite;
IV. Por haberse acreditado el cumplimiento de las medidas conciliatorias;
V. Por tratarse de hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos;
VI. Por Desistimiento de la parte quejosa;
VII. Por Falta de interés de la parte quejosa;
VIII. Por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos;
IX. Por no haberse identificado a la autoridad que cometió la violación de los derechos humanos;
X. Por emitirse Recomendación;
XI. Por Acuerdo de No Responsabilidad; y
XII. Por no existir materia para seguir conociendo del expediente.
Art. 162. Los expedientes de investigación concluirán mediante acuerdo fundado y motivado, en el que se establezca claramente la causa de conclusión del expediente. Los acuerdos de resoluciones serán firmados por la o el Presidente.
Art. 163. Los Acuerdos de Conclusión de los expedientes serán notificados a la parte quejosa, a la o el servidor público a quien se hubieran imputados los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, así como a su superior jerárquico.
En el supuesto de que el domicilio de la parte quejosa sea inexistente o no haya sido posible su localización, la notificación podrá realizarse en los estrados de la Comisión, por un término de diez días naturales, debiendo quedar certificado ese hecho en el expediente.
De los Acuerdos de No Responsabilidad
Art. 164. Si del procedimiento de investigación no se desprenden elementos de convicción para tener por acreditadas las presuntas violaciones a los derechos humanos, la Comisión emitirá el Acuerdo de No Responsabilidad que corresponda, mismo que deberá ser revisado por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, quien lo someterá a la aprobación final de la Presidencia.
Art. 165. Los Acuerdos de No Responsabilidad contendrán mínimamente los siguientes elementos:
I. Identificación de la parte quejosa y agraviada, autoridad o servidor público señalado como responsable, número de expediente, Visitaduría que emite y lugar y fecha de la resolución;
II. Descripción de los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos;
III. Enumeración de las evidencias que integran el expediente y demuestran que no existe violación a derechos humanos;
IV. Análisis jurídico de la situación generada por la presunta violación a los derechos humanos;
V. Motivación y fundamentación; y
VI. Los medios de impugnación que, en su caso, la parte quejosa o agraviada pueden ejercer.
Art. 166. Una vez concluida la investigación, y si existen elementos que generen convicción en el sentido que existe la violación a derechos humanos, el Visitador General o en su caso, Regional, deberá elaborar el Proyecto de Recomendación que corresponda.
Art. 167. El proyecto de Recomendación será revisado por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, quien formulará las modificaciones, observaciones y consideraciones que se estimen convenientes, a fin de presentar la versión final a la Presidencia, quien una vez aprobado, suscribirá la Recomendación.
Art. 168. Las recomendaciones contendrán por lo menos los siguientes elementos:
I. Nombre de la parte quejosa y agraviada, de conformidad con la ley en materia de transparencia y protección de datos personales;
II. La autoridad señalada como responsable;
III. Número de expediente;
IV. Lugar y fecha de emisión de la resolución;
V. Descripción de los hechos violatorios de derechos humanos;
VI. Competencia de la Comisión para conocer del asunto;
VII. Procedimiento de investigación;
VIII. Evidencias recabadas;
IX. Fundamentación de la Recomendación; y
X. Las recomendaciones específicas, que deberán incluir la reparación integral por la violación en que se incurrió.
Art. 169. Una vez aprobada y suscrita la Recomendación, ésta será notificada, a la parte quejosa y agraviada, al servidor público responsable de la violación, así como a la autoridad jerárquica a la que va dirigida, a fin de que adopte las medidas necesarias para su cumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio de poder presentar la denuncia penal ante la autoridad correspondiente, en aquellos casos que exista un delito.
Art. 170. La Recomendación se hará del conocimiento de la opinión pública después de su notificación, mediante su publicación en la Gaceta de la Comisión y en su página de internet, un boletín o conferencia de prensa o bien, a través las acciones que, considere conveniente el Presidente o la Presidenta. Todas ellas, deberán salvaguardar la identidad y datos que, conforme a las disposiciones en la materia, no sean de carácter público.
Art. 171. La autoridad jerárquica a quien se haya dirigido una Recomendación, dispondrá de un plazo de quince días hábiles siguientes al de su notificación, para responder si la acepta o no.
En caso de que, transcurrido dicho término, sin que la autoridad realice manifestación alguna acerca de si la acepta o no, ésta se tendrá por no aceptada. En este caso, así como en la no aceptación expresa de la autoridad, la respuesta podrá hacerse del conocimiento de la opinión pública.
La autoridad que acepte la Recomendación dispondrá de un plazo de quince días adicionales, contados a partir del vencimiento del término que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de remitir a este Organismo las pruebas de su cumplimiento. Dicho plazo, atendiendo a la naturalezadel caso, podrá ser ampliado por la Presidencia, haciendo una propuesta de fecha límite para probar el cumplimiento total de la Recomendación.
Art. 172. La Comisión dará seguimiento a las Recomendaciones Aceptadas por la autoridad, a fin de tener certeza de su total y eficaz cumplimiento.
El área de seguimiento deberá reportar periódicamente:
I. Las recomendaciones no aceptadas;
II. Recomendaciones aceptadas con pruebas de cumplimiento total, parcial o sin pruebas de ello;
III. Recomendaciones aceptadas con cumplimiento insatisfactorio;
IV. Recomendaciones aceptadas, en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento; y
V. Recomendaciones en tiempo de ser aceptadas.
Art. 173. En el caso que la autoridad a quien va dirigida la Recomendación no la acepte o no le dé cumplimiento, se hará del conocimiento de la Legislatura, a fin de que comparezca y funde y motive su negativa o incumplimiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de la Comisión.
Art. 174. La Comisión podrá emitir recomendaciones generales o informes especiales, cuando la naturaleza del caso lo requiera, a fin de que se promuevan modificaciones normativas o el cambio de prácticas administrativas que se traduzcan en vulneraciones a los derechos humanos.
Dichas recomendaciones generales o informes especiales se derivarán de estudios realizados por la propia Comisión, y reflejarán los hechos que justifican su emisión, así como la situación de gravedad que éstos presentan.
Art. 175. Las Recomendaciones Generales e Informes Especiales deberán contener al menos los siguientes elementos:
I. Hechos que justifican su emisión;
II. Competencia de la Comisión para realizar la investigación;
III. Elementos de prueba recabados relacionados con la investigación;
IV. Análisis técnico jurídico de las situaciones o hechos materia de investigación; y
V. Conclusiones, propuestas y puntos recomendatorios.
Las recomendaciones generales y los informes especiales no requieren aceptación por parte de las autoridades a quienes se dirijan, y serán publicados en la Gaceta y página electrónica de la Comisión, y la verificación del cumplimiento de estos se hará mediante la realización de estudios generales.
Art. 176. La Comisión remitirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los recursos de inconformidad que se señalan en el artículo 61 de la Ley.
Si el servidor público a cargo de la remisión omite la misma, se hará acreedor a las sanciones administrativas que determine el Órgano Interno de Control.
De los Informes Anuales y Especiales
Art. 177. En términos de los artículos 17 y 59 de la Ley, el Presidente o Presidenta de la Comisión presentará un informe anual sobre las actividades realizadas en el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto, comparecerá en el mes de enero ante el Pleno de la Comisión Permanente de la Legislatura; posteriormente, presentará el informe ante el Ejecutivo del Estado y ante el Pleno del Poder Judicial del Estado. Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad.
Además del informe anual, la Presidencia deberá rendir un informe escrito cada cuatro meses a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, sobre el desarrollo y funcionamiento de la Comisión, estos informes serán públicos y abiertos.
Art. 178. Los informes anuales del Presidente o Presidenta de la Comisión, deberán comprender una descripción del número y características de las quejas y denuncias que se hayan presentado; los efectos de la labor de conciliación; las investigaciones realizadas; las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad que se hubiesen formulado; los resultados obtenidos, así como las estadísticas, los programas desarrollados y demás datos que se considere convenientes. El informe podrá contener proposiciones dirigidas a las autoridades y servidores públicos, para promover la expedición o modificación de disposiciones legislativas y reglamentarias, o de prácticas administrativas, con el fin de perfeccionar la política de los derechos humanos.
Art. 179. En observancia de lo preceptuado por el artículo 67 de la Ley, el Presidente o Presidenta de la Comisión, podrá rendir un informe especial cuando persistan actitudes u omisiones de las autoridades y servidores públicos que entorpezcan las investigaciones en que aquéllos deberán participar.
Artículo primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.
Art. 2° El presente Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, abroga el anterior, publicado en fecha 25 de septiembre de 1993 en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas.
Art. 3° Los procedimientos de investigación de los expedientes de queja que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con el Reglamento aplicable en el momento del inicio de los mismos.
En consecuencia, el presente Reglamento será aplicable para los procedimientos de investigación de expedientes de queja que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
Art. 4° El Manual de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, será expedido dentro de los 180 días siguientes a la fecha de aprobación del presente Reglamento.
El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en su sesión ordinaria número 22, celebrada el trece de diciembre del año dos mil diecisiete, aprobó el presente Reglamento.
Expedido en la ciudad de Zacatecas, Zac., a los seis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y de su Consejo Consultivo. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Ma. de la Luz Domínguez Campos. Rúbrica.
46 09-junio-2018 10-junio-2018
48 16-junio-2018 16-junio-2018
Fe de Erratas en la carátula del suplemento se modifica el nombre del Reglamento, al artículo 62 y al 175.

References: artículo 23
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 8
 artículo 102
 artículo 21
 artículo 17
 artículo 12
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 53
 artículo 61
 artículo 62
 artículo 24
 resolución 
 artículo 7
 artículo 26
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 26
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 resolución 
 artículo 53
 artículo 61
 artículo 62
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 33
 artículo 105
 artículo 32
 artículo 31
 artículo 37
 resolución 
 artículo 39
 artículo 53
 artículo 61
 artículo 67
 artículo 62