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Pere Brachfield (Morosólogo) | Gestores de Riesgo y Morosidad - Part 4
17 julio, 2013 gestoresderiesgo	Deja un comentario
Puede observarse pues que para admitir la interrupción de la prescripción el Código Civil admite la reclamación extrajudicial como forma de conseguirla, mientras que el Código de Comercio no la contempla. Además el Código de Comercio considera a la renovación del documento en el que se funde el derecho de cobro del acreedor como causa de la interrupción y el Código Civil no la menciona.
Asimismo el artículo 944 del Ccom establece que: ”Empezará a contarse nuevamente el término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de su renovación, desde la fecha del nuevo título; si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido”.
Las prescripciones extintivas en el Código Civil de Cataluña
5 julio, 2013 gestoresderiesgo	Deja un comentario
Cataluña tiene su propia regulación por lo que respecta a la prescripción (mucho más moderna, innovadora y precisa que la estatal) en el Libro I del Código Civil de Cataluña en su Titulo II, Capítulo I y en particular en el Artículo 121. De modo que la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera Ley del Código Civil de Cataluña en su Sección 4ª, y en particular en su artículo 121-20 y siguientes. En esta serie de apartados el Código Civil de Cataluña determina los plazos de prescripción y su cómputo. Para la prescripción extintiva regirán los plazos especiales establecidos en el Código Catalán, y en lo no previsto en dicha Ley, los especiales que determina el Código Civil. Por lo cual el derecho supletorio, esto es, el del Estado, sólo rige en la medida en que no se opone a las disposiciones del Derecho Civil de Cataluña o de los principios que lo informan.
La primera peculiaridad del Código Civil catalán es que el plazo de la prescripción general es de 10 años en lugar de los 15 que marca según el Código Civil estatal. La segunda particularidad es que Código Civil de Cataluña reduce el plazo de prescripción a solo tres años si se trata de deudas derivadas de un contrato de ejecución de obras o de prestaciones de servicios mientras que el Código Civil fija un plazo de cinco años. Asimismo prescriben a los tres años las pretensiones relativas a pagos periódicos que deban efectuarse por años o plazos más breves en lugar del lustro que establece el Código Civil de 1889. La tercera peculiaridad es que el Código catalán fija un plazo especial de tres años para el ejercicio de las acciones extracontractuales o aquilianas mientras el Código Civil lo limita a un año.
Código Civil de Cataluñaprescripciones extintivas
12 junio, 2013 gestoresderiesgo	Deja un comentario
Por Pere Brachfield, director de estudios de la PMcM y profesor de EAE Business School
El Gobierno presentó recientemente su anteproyecto de “Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización” con la intención de “favorecer la cultura emprendedora y facilitar la creación de empresas”. Entre las medidas aprobadas se encuentra un nueva norma que permitirá a las pymes y autónomos con menos de dos millones de euros de facturación, no liquidar provisionalmente a Hacienda el IVA de sus facturas si no las han cobrado. En pocas palabras, la nueva norma fiscal permitirá que los negocios de reducida dimensión, puedan pasar del criterio de caja al de devengo, en lo que concierne a las liquidaciones del IVA repercutido en las facturas emitidas a los clientes.
Este trámite supone que las empresas podrán optar por no aplicar el principio de devengo y acogerse al principio de caja; o sea que podrán esperar a realizar la declaración e ingreso del IVA repercutido en las facturas una vez que las hayan cobrado a los clientes y tengan realmente el dinero en caja. De esta forma en caso de impago de la factura, el proveedor no deberá pagar de su propio bolsillo el 21% del IVA repercutido que tendría que haber abonado el cliente moroso. Es decir encima que no cobra la factura debe pagar “una penalización” a Hacienda del 21% del importe, lo que drena todavía más la liquidez de las pymes y autónomos que ven como no solo no ingresan lo que venden, sino que además tienen que sacar dinero de su tesorería para liquidar el IVA de las facturas impagadas.
Lo que mucha gente desconoce es que todo el IVA que no se haya cobrado deberá de liquidarse a la Agencia Estatal de Administración Tributaria como muy tarde el 31 de diciembre de cada año. Por consiguiente y a pesar de que dicho criterio de caja va a mejorar provisionalmente la liquidez de las pequeñas empresas y autónomos durante el año natural, y les darán más tiempo para recobrar las facturas impagadas, cuando éste acabe, los sujetos pasivos deberán liquidar todo el IVA devengado, aunque no esté cobrado todavía.
Vale la pena recordar que al igual que se va a aplicar el criterio de cobro para las facturas emitidas, hay que aplicarlo también para las facturas recibidas. En consecuencia retardar el pago del IVA supondrá igualmente atrasar la deducción del impuesto soportado en sus adquisiciones a los proveedores. Es decir, las empresas que se acojan a este criterio de caja, no se van a poder deducir el IVA de las facturas hasta que éstas estén pagadas. Además al igual que ocurría con las facturas emitidas, se deberá controlar, mediante la implantación de algún sistema informático, el control de lo que se han deducido por estar pagado y lo que aún no se ha deducido por estar pendiente.
Las grandes empresas no podrán acogerse al nuevo sistema y ello generará ciertas distorsiones en el mercado de difícil solución. La situación actual es muy clara: cuando una compañía vende a otra empresa, debe ingresar el IVA al emitir la factura y cuando compran, se deducen el impuesto con independencia de cuándo se formalice el pago.
Y desde la PMcM nos preguntamos ¿qué sucederá a partir de 2014 cuando una gran empresa tenga relaciones comerciales con una pyme que haya optado por el criterio de caja? Todo serán problemas en la práctica comercial. Además, si una pyme opta por el criterio de caja, deberá aplicarlo en todas las operaciones. No tendrá la posibilidad de acogerse a uno u otro sistema en función de las preferencias de su cliente. Por tanto la gran empresa en primer lugar, no podrá reclamar la devolución del IVA soportado hasta que pague la factura. Esto significa menos liquidez en un momento de restricción del crédito. Además, las grandes empresas gestionan el IVA de forma totalmente informatizada y operar con pymes que apliquen el criterio de caja generará cierta complejidad contable.
No resulta descabellado pensar que las grandes compañías –que son las que utilizan mayores plazos de pago– preferirán operar con grandes empresas o con pymes en régimen de devengo. Y muchos pequeños empresarios probablemente preferirán renunciar a pagar el IVA en el momento de cobrar la factura para no perder clientes. En consecuencia la PMcM quiere manifestar su temor ante la posibilidad de que las grandes empresas presionaran a las pequeñas y a los autónomos para que no apliquen el nuevo régimen fiscal.
Asimismo las pymes que se acojan al criterio de caja deberán asumir un mayor control fiscal por parte de la Agencia Tributaria. A falta de concretar los requisitos, Hacienda planea obligar a autónomos y pequeñas empresas a llevar un “libro registro” de los cobros del IVA. Ello supone un significativo aumento del papeleo y de los costes de gestión para estas compañías.
Y la pregunta clave es: ¿Cuántas empresas optarán por el ansiado modelo? El Ministerio de Hacienda calculó que unos 1,3 millones de autónomos y pymes se van a poder beneficiar del nuevo criterio de caja. Sin embargo, los expertos fiscales apuntan que la mayoría de las empresas optará por el modelo tradicional ante todos los inconvenientes, especialmente aquellos ligados a las mayores obligaciones formales. Cada sociedad deberá valorar los pros y contras. En principio, serán las pymes que tengan como principales clientes al sector público quienes se cambiarán al criterio de caja.
Todo apunta a que la mayoría optará por quedarse como está o esperará un tiempo para comprobar cómo funciona el nuevo sistema. Las previsiones más optimistas indican que solo unas 500.000 pymes y autónomos se van a acoger al criterio de caja. Otros expertos más pesimistas (o realistas) apuntan que la cifra difícilmente sobrepasará los 100.000 pequeños negocios. O sea muy lejos de las cifras que ha facilitado el Gobierno.
Por todo lo expuesta anteriormente la PMcM Plataforma Multisectorial contra la Morosidad propone que además de la reforma que propone el Gobierno, que se pueda introducir un cambio en el artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el sentido de legislar la inversión del sujeto pasivo para la liquidación del IVA de las facturas impagadas, de modo que sea el deudor destinatario de la operación, el que tenga que pagar el IVA a Hacienda y que no sea obligación del acreedor liquidar el IVA de las facturas impagadas. En este caso se aplicará el principio de inversión del sujeto pasivo, de modo que el destinatario de la operación moroso pasará a ser el obligado tributario para la liquidación del IVA de las facturas que ha impagado en lugar del emisor de las mismas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá reclamar directamente el pago de dicho IVA al destinatario de la operación.
Basándose en el principio de inversión el sujeto pasivo que la normativa tributaria ha generalizado a más supuestos, operará la inversión del sujeto pasivo y el obligado tributario pasará a ser el cliente receptor del bien o servicio y destinatario de la operación cuando:
El deudor destinatario de la operación no haya efectuado el pago de la factura al vencimiento de la misma y exista un derecho de crédito a favor del acreedor al existir una deuda pecuniaria, legítima, cierta, líquida, vencida, determinada, exigible e impagada.
El acreedor haya reclamado el pago de la factura mediante correo certificado notarial, comunicación fehaciente por medio de Burofax, por vía electrónica a través de un operador de telecomunicaciones que certifique la existencia de la comunicación enviada o mediante un servicio de comunicaciones postales que pueda acreditar el envío del comunicado. En caso de que el deudor se niegue a recibir la comunicación del acreedor o haya marchado del domicilio social y no pueda ser hallado, no impedirá la modificación de la base imponible por parte del acreedor.
El acreedor deberá emitir una factura rectificativa en la que consigne la modificación de la base imponible correspondiente a la factura cuyo IVA se pretende recuperar y en la que se anule el IVA repercutido, e indicando en la misma que no se renuncia al cobro del derecho de crédito derivado de la obligación original y que el documento se emite a los únicos efectos de rectificar los cuotas de IVA repercutidas en su momento.
El acreedor deberá remitir dicha factura rectificativa al deudor moroso por medio de correo certificado u otro servicio de comunicación fehaciente. En caso de que el deudor se niegue a recibir la factura rectificativa o haya marchado del domicilio social y no pueda ser hallado, no impedirá la modificación de la base imponible por parte del acreedor.
La declaración-liquidación del IVA no incluirá como base imponible y cuota de IVA las facturas impagadas en el período correspondiente. Además el acreedor deberá adjuntar al escrito la copia de las facturas rectificativas, en las que se consignarán las fechas de expedición de las correspondientes facturas rectificadas. El acreedor ya podrá recuperar el impuesto, simplemente computando las facturas rectificativas en la declaración trimestral correspondiente, o sea considerando un menor IVA repercutido. Por consiguiente la cuantía rectificada se incluirá en la declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (modelo 303) correspondiente al período de liquidación en el que se emita la factura rectificativa como menor importe de base imponible y cuota de IVA repercutido con signo negativo para recuperar su importe. Por consiguiente en la declaración-liquidación del IVA el acreedor ya podrá compensar el IVA repercutido de las facturas impagadas sin necesidad de ingresarlo a la AEAT.
Con los recursos que tiene a su disposición la AEAT estoy seguro que le será muchísimo más fácil recaudar el tributo. Además el efecto psicológico de decir al deudor recalcitrante que si no me paga la factura se lo diré a mi “Primo de Zumosol” seguramente será un buen disparador de decisión para que muchos morosos contumaces por fin se decidan a liquidar las facturas para no tener a los de la AEAT fisgando en sus cuentas bancarias.
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29 abril, 2013 gestoresderiesgo	Deja un comentario
El art. 951 del vetusto Código de Comercio de 1885 fijaba que las acciones relativas al cobro de portes, fletes y gastos derivados de los mismos prescribirán a los seis meses de entregar los efectos que los adeudaron, asimismo determinaba que el derecho de cobro del pasaje prescribirá a los seis meses a contar desde el día que el viajero llegó a su destino o del que debía pagarlo art 951 Código Comercio. Por consecuencia estos eran los plazos más cortos que existen en España y, probablemente en el mundo civilizado.
Durante décadas los transportistas se veían imposibilitados de cobrar muchas de sus facturas, cuando el moroso redomado conocía la ley y se negaba a pagar alegando que las facturas habían prescrito.
No obstante, en la actualidad esta regla no es aplicable en cuanto los créditos impagados afecten al transporte terrestre de mercancías, porque afortunadamente la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre ha modificado el plazo de prescripción ampliándolo a un año. En efecto el art. 79 señala que: “Las acciones a las que pueda dar lugar el transporte regulado en esta Ley prescribirán en el plazo de un año”. En cuanto a la forma de computación de dicho plazo el citado artículo dice: “El plazo de prescripción comenzará a contarse en todos los demás casos, incluida la reclamación del precio del transporte, de la indemnización por paralizaciones o derivada de la entrega contra reembolso y de otros gastos del transporte, transcurridos tres meses a partir de la celebración del contrato de transporte o desde el día en que la acción pudiera ejercitarse, si fuera posterior”.
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Los plazos de prescripción derivadas de la responsabilidad extracontractual
22 marzo, 2013 gestoresderiesgo	Deja un comentario
Prescriben al cabo de un año las obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual
Según el artículo 1968 del CC prescriben por el transcurso de un año la acción para recobrar o retener la posesión. Asimismo prescriben al cabo de un año las acciones para obtener las indemnizaciones por daños y perjuicios de responsabilidad civil extracontractual por injurias, calumnias y las derivadas de por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia. El plazo se cuenta desde que lo supo el agraviado.
Este tipo de acciones extracontractuales son las que se derivan por ejemplo de un accidente de tráfico, una caída en un establecimiento debido al mal estado del suelo, daños por agua del propietario de otra vivienda, o de una negligencia médica en un hospital.
A mi modo de ver, para el perjudicado, este es un período demasiado corto el que fija el Código Civil puesto que el Código Civil de Cataluña fija dicho plazo en tres años.
Obligaciones que prescriben (o mejor dicho caducan) a los cuatro años
Se puede incluir en este apartado de prescripción de cuatro años (o tal vez deberíamos decir de caducidad) las acciones para exigir responsabilidad civil en los casos de divulgación de hechos relativos a la vida de una persona que afecten a su reputación o buen nombre en base a lo establecido en el artículo séptimo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. El artículo noveno de esta Ley Orgánica dicta que las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas.
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La prescripción de dos años para las acciones derivadas de los contratos de seguros
13 marzo, 2013 gestoresderiesgo	Deja un comentario
La duración de los contratos de seguros y la prescripción de las acciones que se derivan de los mismos vienen determinados por la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS). Esta ley en su artículo 22 LCS dice que la duración del contrato será determinada en la póliza, la cual no podrá fijar un plazo superior a diez años, salvo en los seguros de vida. Sin embargo, podrá establecer que se prorrogue una o más veces por un período no superior a un año cada vez.
En cuanto a la prescripción, el artículo 23 LCS establece que las acciones que se deriven del contrato de seguro prescribirán en el término de dos años, si se trata de seguro de daños y de cinco, si el seguro es de personas. Además el artículo 24 LCS manda que solo será competente para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de seguro el Juez del domicilio del asegurado, siendo nulo cualquier pacto en contrario.
En relación con el plazo de prescripción de las acciones que derivan del contrato de seguro marítimo, éste es de tres años frente a los dos años del art. 23 de la LCS (art. 954 del Código de Comercio.- Prescribirán por tres años, contados desde el término de los respectivos contratos o desde la fecha del siniestro que diere lugar a ellas, las acciones nacidas de los préstamos a la gruesa o de los seguros marítimos).
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References: artículo 944
 Artículo 121
 artículo 121
 artículo 80
 artículo 1968
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 24