Source: http://palabrasdelderecho.com.ar/articulo.php?id=373
Timestamp: 2019-01-19 00:35:27+00:00

Document:
Juan Francisco Díaz 12-01-2019 publicaciones
El año que recientemente concluyó mostró una serie de novedades por parte del máximo tribunal de nuestro país. En ese sentido, un breve pero ilustrativo recorrido por las resoluciones más relevantes que tomó la Corte Suprema en el 2018 sirve para refrescar la memoria.
Comenzamos el camino con las resoluciones de índole laboral que ha tomado el máximo tribunal, varias de ellos de carácter sindical. Así, con una nutrida mayoría, revocó dos fallos del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba que habían rechazado reclamos de indemnización especial por despido discriminatorio de dos trabajadores de la cadena de supermercados "Libertad" que fueron despedidos luego de presentar una nota a su empleadora para que evaluara la posibilidad de otorgar un aumento salarial y estableció que es discriminatorio el despido por pedir un aumento salarial (Fallo Farrell).
También, con el voto de cuatro ministros, reafirmó que los representantes sindicales solo pueden ser privados de estabilidad laboral si el empleador demuestra en forma previa y judicialmente causas válidas de suspensión o despido (Fallo Calarota). La decisión de los magistrados revocó una sentencia que había privado a un docente universitario de la garantía legal de estabilidad en el puesto de trabajo que ampara a los representantes sindicales.
En igual sentido pero en el ámbito privado la Corte Suprema remarcó que quien alega la existencia de un motivo de discriminación, en este caso sindical, debe mostrar que estaba llevando adelante una actividad en forma regular y protegida bajo las normas que invoca, a lo que agregó que la empresa que despide a un trabajador en ese contexto debe demostrar que la decisión no es a modo de represalia. La Corte no solo revocó el fallo de la justicia provincial de Catamarca si no que amplío la fundamentación para este tipo de reclamos. El voto de la mayoría resalta, con referencia a los criterios "Pellicori" y "Sisnero", el estándar de prueba que aplica a la discusión de medidas discriminatorias en el empleo (Fallo Varela).
Por su parte, la Corte dejó firme el fallo que anuló la personería gremial a los metrodelegados al rechazar un un recurso extraordinario y, de esa forma, dejó firme el fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que anuló la resolución del Ministerio de Trabajo que le había otorgado la personería gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), que nuclea a los denominados "metrodelegados" y ordenó volver a evaluar la solicitud (Fallo).
Saliendo de lo sindical pero continuando en la materia laboral, el tribunal ha tenido relevantes fallos. Así podemos mencionar que decidió que no toda prestación de servicios de un particular para una empresa reviste carácter laboral, destacó que la mera prestación de servicios para una empresa no implica que la relación sea dependiente y remarcó la vigencia indiscutible de la figura de la locación de servicios en el derecho argentino.
Lo hizo en el caso de un médico neurocirujano que había demandado al hospital en que trabajaba aduciendo que el vínculo que lo unía a la institución era de carácter laboral, la Cámara del Trabajo había aceptado el planteo con fundamento en que “el contrato de locación de servicios no existe más en ningún ámbito del derecho” (Fallo Rica)
En una sintonía semejante, en el cual en este año ha delimitado el contrato de trabajo, remarcó las diferencias entre una relación laboral y un “voluntariado”. El máximo tribunal revocó el fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dónde se había concluido que existía relación laboral entre una persona y la ONG REMAR, dedicada a recuperar adictos, indicó que la Cámara ignoró pruebas que indicaban que, si hubo prestación de servicios, las características de la relación eran propias de un voluntariado y no de una relación de dependencia (Fallo Correcher Gil)
Terminamos la temática resaltando la confirmación del Máximo Tribunal sobre que el personal de servicio doméstico de todo el país está amparado por un régimen de salarios mínimos. Así lo dispuso al revocar un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Corrientes que había desconocido el derecho de una trabajadora de casa particular a que su indemnización por despido se calcule teniendo en cuenta el salario mínimo establecido para su tarea por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Fallo Ortíz).
En materia de derechos políticos cabe destacar dos resoluciones relevantes, la primera el rechazo a tratar una demanda directa contra las inmunidades de los legisladores nacionales.
El máximo tribunal, remitiendo al dictamen de la procuradora Monti, rechazó tratar una demanda de la ex precandidata a diputada de Cambiemos, Patricia Vazquez, en la que requería la inconstitucionalidad del artículo 1° de la ley 25.530 que prohíbe allanar domicilios u oficinas de legisladores e interceptar comunicaciones. La Corte, coincidiendo con el dictamen fiscal, consideró que la causa era ajena a la instancia originaria cuyos supuestos son taxativamente limitados por la Constitución y tampoco se verificaban circunstancias que legalmente la habilitan a intervenir (Fallo Vásquez).
Además la Corte Suprema reconoció el derecho al voto de las personas con discapacidad mental. Revocó una sentencia de la Cámara Nacional Civil y reconoció el derecho al sufragio de una persona de 74 años que padecía un retraso mental moderado. La Corte señaló que para restringir el voto se debió determinar que carecía de capacidad para realizar este acto político específico, lo cual debe tener base en estudios que brinden razones concretas por la cual no puede sufragar en forma autónoma (Fallo F., H. O).
Tuvo también oportunidad de pronunciarse en un caso sobre derechos intelectuales. Allí la Corte Suprema afirmó que los derechos de autor sobre El Eternauta son de los herederos de Oesterheld. En el caso, la esposa del escritor había firmado en 1982 una cesión de derechos sobre la obra a una editorial pero fue declarado nulo en 1994 porque se configuró un caso de lesión dado que, cuando se suscribió tal contrato, se encontraba apremiada por su situación económica y afectada por la desaparición de su esposo y sus cuatro hijas durante el terrorismo de Estado. El máximo tribunal, en su fallo, admitió su demanda, declaró la nulidad del registro de la marca por parte de la editorial en disputa y afirmó que a ellos le corresponde el derecho sobre la marca (Fallo Sánchez de Oesterhed)
En materia de federalismo a mediados de año se fallo que las Provincias pueden renunciar a la competencia originaria de la Corte Suprema y litigar ante los jueces federales con asiento en las mismas. En consonancia con lo dictaminado por el Procurador Fiscal Víctor Abramovich, en el marco de una inhibitoria que planteara el ex Procurador del Tesoro Carlos Balbín en el marco de los litigios por la suba tarifaria del gas del 2016 en una causa que la Provincia de Chubut inició ante el Juzgado Federal de Rawson. La Corte sostuvo que si no hay razones institucionales que hagan impostergable la intervención de la Corte, las Provincias pueden prorrogar la competencia originaria ante los jueces federales del interior (Fallo Procuración del Tesoro de la Nación s/ inhibitoria).
Además la Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo de inconstitucionalidad contra la ley de lemas de Santa Cruz. El pronunciamiento surgió a raíz de una presentación judicial realizada por el senador nacional por la UCR, Eduardo Costa. El máximo tribunal sostuvo que el sistema electoral aplicado en esa Provincia no contradice la Constitución Nacional (Fallo UCR de la Provincia de Santa Cruz).
También se reafirmó el principio de autonomía municipal ante un caso de discriminación en el reparto de coparticipación, tema que no pierde actualidad a pesar de lo establecido en nuestra Constitución Nacional. Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia al resolver que el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero debe tratar el planteo por el cual la Ciudad de la Banda denuncia que el gobierno de la provincia de Santiago del Estero no actualiza los índices en base a los cuales distribuye los fondos de la coparticipación entre los municipios de la provincia. El Tribunal consideró que la Constitución Nacional otorgó jerarquía constitucional a la autonomía de los municipios en el artículo 123 y, consecuentemente, la obligación de las provincias de materializar ese mandato (Fallo Municipalidad de la Ciudad de La Banda).
En materia de litigio colectivo y continuando con la problemática del aumento tarifario en los servicios públicos esenciales la Corte Suprema resolvió que es la Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Capital la que debe definir ante que juez tramitará la causa colectiva contra la suba de gas del 2017. Lo resolvió en el marco de la causa colectiva "Alem" en la que se trabó un conflicto de competencia entre la Justicia Federal de Junín (Jurisdicción La Plata) y la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Corte Suprema, siguiendo el dictamen de la procuradora Monti, consideró aplicable el artículo 20 de la Ley 26.854 de Medidas Cautelares Frente al Estado que establece que todo conflicto de competencia en la que interviene un juez Contencioso Administrativo Federal y cualquier otro juez del país, debe ser resuelto por Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Capital. Lo que no está cerrado, cabe precisar, es qué jurisdicción deberá entender en este tipo de causas, de hecho, existen causas pendientes en el máximo tribunal para que, si las abre, emita la última palabra al respecto.
En tanto en lo que respecta a Derechos Humanos, la Corte Suprema ordenó que se cumpla con la resolución de la CIDH y que Milagro Sala cumpla prisión domiciliaria "para salvaguardar la vida y el estado de salud" de la dirigente de la Tupac Amaru.
Sobre delitos de lesa humanidad tuvo dos importantes fallos. Por un lado, revocó la prisión domiciliaria de Etchecolatz, por medio de los votos de los jueces Highton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti, que había sido concedida a Miguel Etchecolatz en dos causas por delitos de lesa humanidad. El Tribunal se basó el precedente “Bergés” para fundar la decisión que beneficiaba al genocida con la prisión domiciliaria. Sólo el ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia en ambas causas por considerar que los recursos de queja presentados son inadmisibles (Fallos Etchecolatz)
Y, por el otro lado, se dio el pronto cambio de jurisprudencia que se había establecido en la causa “Muiña”. La Corte estableció que el cómputo 2x1 no es aplicable en delitos de lesa humanidad, con una mayoría conformada por los mismos cuatro jueces, determinó que no se aplicará el beneficio del 2x1 para los condenados por delitos de lesa humanidad, con base en la ley 27.362 que el Congreso sancionó el año pasado. En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz consideró que la nueva norma es inconstitucional (Fallo Batalla)
Ya cerca del final del año, en materia de judicial, la Corte Suprema de Justicia confirmó que los jueces que ingresaron a partir del 2017 pagarán ganancias.
Por unanimidad, el máximo tribunal revocó la medida cautelar que les permitía no ser alcanzados por el tributo. La definición fue a raíz de una presentación judicial contra la ley N° 27.346, sancionada a fines del 2016, que estableció que los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial cuyo "nombramiento" sea a partir del año 2017 deberán pagar el Impuesto a las Ganancias (Fallo Asociación de Magistrados).
Por último, en lo previsional, mencionaremos el importante fallo que definió qué índice corresponde aplicar para actualizar los haberes de los jubilados que ganaron juicios contra el Estado. El máximo tribunal de Justicia ratificó, por cuatro votos contra uno, el índice ISBIC para la actualización de las jubilaciones y declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones de ANSES N° 56/2018 y de la Secretaría de Seguridad Social N° 1/2018 que cambiaban el índice ISBIC por la variación del RIPTE.
Además, la Corte dispuso que la sentencia se comunique al Congreso a los efectos de establecer en un plazo razonable, un nuevo índice para la actualización de haberes provisionales y hasta que ello ocurra se seguirá aplicando el ISBIC en las causas pendientes de resolución.
Rozenkrantz votó en disidencia y consideró que la atribución de fijar el índice de actualización no es privativa del Poder Legislativo debido a que el Poder Ejecutivo tiene potestad para hacerlo a través de la ANSES y de la Secretaría de Seguridad Social. En este caso, el máximo tribunal de Justicia se expedió en el caso de Lucio Orlando Blanco, quien se jubiló en el año 2003 e inició un juicio por la actualización de sus haberes. En ese contexto, obtuvo un fallo a su favor por parte de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, que ordenó que se utilice el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Fallo Blanco).
La Corte Suprema, sin duda, produjo importantes novedades a nivel institucional durante el 2018.
En ese sentido, el tribunal eligió a Carlos Rosenkrantz como su nuevo presidente hasta el 30 de septiembre de 2021 y a Elena Highton de Nolasco como vice del cuerpo.
Sin embargo, el nuevo presidente contará con menores competencias que su antecesor dado que la Corte, a través de la Acordada 44/2018, limitó las funciones de la presidencia del máximo tribunal y, ahora, muchas decisiones se adoptarán por mayoría.
Por otro lado, la Corte Suprema dejó sin efecto la "transformación" de jueces ordinarios en federales. Lo hizo por una acordada que rechazó habilitar el Tribunal Oral Federal N° 9 integrado por jueces ordinarios convertidos, un mecanismo delineado por el oficialismo para cubrir las vacantes en los tribunales federales de Comodoro Py.
Posteriormente, a pedido del Ministro Garavano, a través de otra acordada ratificó su criterio en torno a la invalidez de "transformar" jueces ordinarios en federales y dio pautas del traslado de jueces. Así la Corte diferenció tres situaciones en cuanto al pase de jueces: 1) Nacional a Nacional; 2) Federal a Federal y 3) Nacional a Federal. Las dos primeras no las objetó en cuanto sean de la misma competencia, grado y exista consentimiento del juez trasladado. En cuanto a la tercera, consideró que la forma de cubrir una vacante federal es con el procedimiento constitucional del artículo 99.4, no obstante, mantiene a los jueces "transformados" hasta que se cubran regularmente esos cargos.
El año que pasó, como se ve, nos dejó bastantes novedades jurisprudenciales e institucionales. Ahora a transitar el 2019 que promete no quedarse atrás.

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 123
 artículo 20
 resolución 
 artículo 99