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Timestamp: 2020-08-06 22:30:02+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 621/01 de Corte Constitucional, 13 de Junio de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614847
Decreto 100 de 1980. Art.13. Codigo penal. Soberania. Territorialidad de la ley penal y derecho humanitario. Accion de inconstitucionalidad sobre un sentido normativo. Cosa juzgada constitucional salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional. Accion de inconstitucionalidad ejercida contra una norma o varias interpretaciones de caracter legal. Delitos cometidos en el exterior. Exequible inhibida estese c-1189 de 2000.
Sentencia citada en: 289 sentencias, 6 artículos doctrinales, 9 disposiciones normativas
Como el actor solicita que se excluya del ordenamiento jurídico un sentido normativo, no el texto mismo del artículo demandado, la Corte acudirá a la doctrina que hasta el momento ha definido para estudiar las demandas de inconstitucionalidad que contienen este tipo de petición. En esa materia ha sostenido la Corte que es necesario: 1 Que la demanda no sea "manifiestamente irrazonable", es decir: 1.1 Que se trate de una "oposición objetiva, verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que establece la Constitución", 1.2 Que recaiga sobre un texto real y no simplemente sobre uno deducido por el actor, es decir que "se refiera a proposiciones existentes, suministradas por el legislador y no a hipótesis arbitrariamente inferidas de la norma", 1.3 Que el sentido demandado sea uno de los posibles que razonablemente pueden surgir del precepto legal cuestionado, 2 Que los cargos "no se refieran exclusivamente a aspectos meramente interpretativos de la ley, sino que tengan como punto de referencia la Constitución". 3 Que el demandante no pretenda que a través de la acción de inconstitucionalidad se dé una interpretación de autoridad ni se efectúe un cambio jurisprudencial, sino que busque excluir del ordenamiento la norma cuestionada. En caso contrario se estaría ante una "inepta demanda, pues no se ha planteado una verdadera confrontación entre el precepto acusado de orden legal y la Constitución Política".
A.J.F.F.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano A.J.F.F. demandó el artículo 13 del Decreto 100 de 1980 "por el cual se expide el nuevo Código Penal".
En el lugar donde debió realizarse la acción omitida, y
El demandante solicita que se excluya del ordenamiento jurídico el sentido normativo del artículo 13 del Código Penal que permite la extradición por delitos cometidos parcialmente en Colombia y, por lo tanto, la no aplicación de la ley colombiana. A su juicio, tal sentido viola los artículos 9, 35 y 250 de la Constitución Nacional. Para el actor, "lo pedido es que se descarte de la norma el sentido normativo o interpretativo en que atenta contra la Carta, (...) el cual se proviene de su tenor literal completo y no de partes aisladas de éste". Cfr. Folio 2.
En consecuencia, señala que la norma sólo es constitucional en la medida en que se interprete de una manera que no implique el desconocimiento del principio de territorialidad de la ley penal, el cual es una manifestación de la soberanía del Estado. A este respecto, afirma que "cuando a la luz de los criterios sentados por el artículo 13 citado, el hecho punible es o `se considera' cometido en Colombia, ningún otro criterio puede ya evitar - como no sea una disposición del derecho internacional que exceptúe el principio de la territorialidad (como en el caso de los diplomáticos) - que se apliquen al mismo las leyes penales colombianas." Precisa que "si la acción típica constitutiva de un hecho punible se inició o cualquier parte de la acción ejecutiva se desarrolló en Colombia, las autoridades nacionales son competentes para conocer de la totalidad de ese hecho punible y tendrán la obligación de iniciar las respectivas acciones penales."
Respecto a la vulneración del artículo 35 de la Carta, indica que éste consagra la extradición de nacionales colombianos de nacimiento sólo "por delitos cometidos en el exterior" y, por lo tanto, se entiende que dicha figura no es permitida cuando se trate de delitos que se consideren cometidos en el país, de acuerdo con alguno de los criterios establecidos por la norma demandada. En este sentido, estima que la cuestionada interpretación del artículo 13 del Código Penal, desconoce el artículo 35 de la Constitución Política ya que "abre la puerta para que se conceda la extradición no sólo por delitos cometidos efectivamente en el exterior, sino también por delitos que, cometidos en el territorio colombiano, `se consideran realizados' en el exterior del país." Agrega que "(d)e la ubicación y redacción del artículo 35 superior también se puede inferir que existe un derecho fundamental de los colombianos a no ser extraditados por delitos cometidos en el territorio colombiano y por tanto a ser juzgados en estos casos por las autoridades judiciales de Colombia. Por la concordancia de los artículos 29 (juez natural) y 228 (acceso a la administración de justicia) de la Carta, la no extradición por delitos cometidos en Colombia se configura en un derecho constitucional fundamental."
Así mismo, asegura que, en aplicación del artículo 250 de la Constitución Política, el cual consagra la obligación de la F.ía General de la Nación de investigar los delitos que se cometan en el país, a todo hecho punible cometido en Colombia "bien sea con el criterio de la acción o el del resultado es obligatorio aplicarle las leyes colombianas y las autoridades nacionales han de poner en marcha la respectiva acción penal sin ninguna clase de artilugios." En consecuencia, sostiene que "no es discrecional para ninguna autoridad de la República, del orden que sea, asumir que como el delito se puede considerar cometido también en el exterior, entonces no se aplica la ley nacional sino de modo prevalente la extranjera", pues tal determinación desconocería la soberanía nacional en materia jurisdiccional.
Precisa también que "el ámbito espacial frente al delito se refiere al lugar donde se realiza, para lo cual se aplica el principio general de territorialidad, conforme al inciso primero del artículo 13 del Código Penal, el cual señala que la ley se aplica a los hechos punibles cometidos en el territorio de un Estado, lo cual no excluye de manera absoluta que opere la extradición de colombianos conforme al artículo 35 superior, en los casos de conductas delictivas binacionales o multilaterales, ya que si bien, el artículo 250 ibídem, consagra el postulado de investigación penal a cargo de la F.ía General de la Nación, existe una garantía superior como es la consagrada en el artículo 29 CP respecto a no juzgar dos veces por los mismos hechos y como quiera que la autoridad judicial extranjera ya inició el proceso rige un imperativo de cooperación dispuesto por el artículo 9 de la Carta Política frente a las relaciones internacionales y la protección a la comunidad mundial".
El F. General de la Nación, mediante comunicación del 6 de diciembre de 2000, solicitó a la Corte desestimar los cargos formulados por el demandante.
En cuanto a la presunta violación del artículo 35, señala que "una interpretación acorde con el ordenamiento jurídico y con las obligaciones internacionales del Estado colombiano conduce a afirmar que la referencia al exterior implica la posibilidad de que el Estado afectado con la conducta, esto es aquél en donde se produjo el resultado, ejerza su jurisdicción sobre el delito y solicite la extradición de la persona responsable. Esto implica que el Estado en donde se inició el acto delictivo debe ceder su principio de territorialidad y dar lugar a la aplicación de la ley extranjera, que está aplicando a su vez el principio de territorialidad, pues fue en su territorio en donde se ha producido el daño al bien jurídico. Esto no implica ceder soberanía, como lo pretende el demandante, sino es precisamente la constatación de que el Estado que ejerce jurisdicción es aquel en donde se produjo la lesión al bien jurídico". Como consecuencia de ello, "carece de sustento exigir que la F.ía General de la Nación inicie la investigación por hechos que están siendo objeto de juzgamiento por las autoridades del Estado requirente, pues de hacerlo se estaría violando no sólo la Constitución sino se estaría dando pie a la violación de las obligaciones internacionales de Colombia".
Intervención de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia
Intervención del Director del Departamento de Estudios Constitucionales de la Universidad Externado de Colombia
Igualmente, asegura que la norma cuestionada, en armonía con el ordenamiento constitucional, en ningún momento se opone a que los delitos cometidos total o parcialmente en Colombia sean investigados y juzgados en el país si no lo han sido en otro Estado. Indica que en el caso de que la conducta punible se considere cometida tanto en Colombia como en el extranjero, puede ser legítimamente juzgada por el otro Estado en aplicación de los mecanismos de colaboración internacional. Agrega que la interpretación que pretende dar el demandante a la norma, estaría restringiendo el alcance del inciso 2 del art. 35 de la Carta, al exigir que el delito por el cual se solicita la extradición haya sido totalmente realizado en el extranjero, cuando así no lo exige el precepto constitucional. A este respecto, precisa que "(...) dicha interpretación haría improcedente el otorgamiento o concesión de la extradición de nacionales colombianos en la mayoría de los eventos relacionados, vr. gracia, con tráfico de estupefacientes, donde usualmente una parte de la acción tiene lugar en territorio nacional y otra se produce en el extranjero. Lo propio se presenta, frecuentemente, en delitos de extrema gravedad como el secuestro o el tráfico de armas. Así, todos los comportamientos ilícitos consumados parcialmente en Colombia, ya fuese por acción u omisión, tentados o finalizados en territorio nacional, serían calificados como cometidos en Colombia y, por tanto, respecto de nacionales no permitirían la extradición, aunque hubiesen sido realizados para atentar principalmente contra intereses del país extranjero, como sucede por ejemplo con algunos actos terroristas."
Cosa juzgada constitucional de la expresión "salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional"
En sentencia C-1189/00 Corte Constitucional, Sentencia C-1189/00, MP: C.G.D., la Corte declaró exequible la expresión "salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional", contenida en el inciso primero del artículo 13 del Código Penal, respecto de la cual ha operado la cosa juzgada constitucional. Así lo declarará la Corte en la parte resolutiva.
Acción de inconstitucionalidad ejercida contra una o varias interpretaciones de una norma de carácter legal
Ha reiterado la Corte que toda demanda de inconstitucionalidad debe cumplir tanto formal como materialmente con los siguientes requisitos establecidos por el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 Corte Constitucional, Sentencia C-131-93, MP: A.M.C.. En este fallo, la Corte hace un estudio minucioso del sentido de los requisitos señalados por el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991.:
El señalamiento de las normas constitucionales que se consideran infringidas;
Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados;
Cuando fuere del caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado;
La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda
Aún cuando por tratarse de una acción pública que le permite al ciudadano actuar sin mayores exigencias de técnica jurídica ordinaria, dada la presunción de constitucionalidad de que gozan las normas legales al ciudadano se le exige como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la violación Corte Constitucional, Sentencia C-447-97, MP: A.M.C.. En esta sentencia, la Corte reitera la necesidad de que el demandante formule cargos concretos, pues "el ataque indeterminado y sin motivos no es razonable"., con el fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional. El concepto de la violación comprende no sólo citar las normas constitucionales violadas ni afirmar que determinada ley es contraria a la Constitución, sino ante todo manifestar las razones específicas, inteligibles, pertinentes y suficientes para iniciar, al menos, un análisis que conduzca a desvirtuar la presunción de constitucionalidad. Por eso, el demandante debe formular y sustentar un cargo concreto contra la norma que demanda:
"Antes de pronunciarse de fondo sobre una demanda, la Corte debe verificar si el actor ha materialmente formulado un cargo, pues de no ser así, la decisión debe ser inhibitoria, ya que la demanda sería sustantivamente inepta, por no contener cargos concretos de inconstitucionalidad susceptibles de ser analizados y evaluados por ella mediante el ejercicio del control constitucional. Corte Constitucional, Sentencia C-236/97, MP: A.B.C.. En este fallo, la Corte se inhibió de pronunciarse de fondo debido a que el demandante había inferido indirectamente presuntas violaciones de inconstitucionalidad al interpretar el contexto normativo bajo el cual había sido expedida la norma demandada."
"es claro que la formulación que corresponde hacer al titular de la acción pública ciudadana debe contener una directa e inequívoca pretensión de inconstitucionalidad de una norma de rango legal, por contradecir precisamente ella las disposiciones superiores contenidas en la Constitución". Corte Constitucional, Sentencia C-362/01, MP: A.T.G.. En esta ocasión la Corte se inhibió de fallar debido a que los cargos del actor no se dirigían a excluir del ordenamiento colombiano la norma demandada, sino a solicitar un reexamen de la jurisprudencia de esta Corporación en materia de habeas corpus.
1 Que la demanda no sea "manifiestamente irrazonable" Corte Constitucional, Sentencia C-011/94, MP: A.M.C.. En esta ocasión la Corte señaló que no era admisible constitucionalmente una interpretación de un texto legal que fuera manifiestamente irrazonable, como cuando por efecto de la interpretación literal de una norma se conducía "al absurdo o a efectos contrarios a la finalidad buscada por la propia disposición". Corte Constitucional, Sentencia C-496/94, MP: A.M.C., señaló la Corte "Por todo lo anterior, debe entonces la Corte excluir las interpretaciones de disposiciones legales que sean manifiestamente irrazonables o que no respeten el principio de favorabilidad, por cuanto la atribución de un sentido irrazonable a un texto legal o la opción hermenéutica por el sentido desfavorable al capturado o al trabajador violan claros mandatos constitucionales.", es decir:
1.1 Que se trate de una "oposición objetiva, verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que establece la Constitución" Corte Constitucional, Sentencia C-504/95, MP: J.G.H.G.. La Corte profirió un fallo inhibitorio por inexistencia de proposición jurídica, pues "para que la Corte Constitucional pueda establecer, con fuerza de verdad jurídica, la inexequibilidad que ante ella se solicita, es indispensable que la demanda recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito".,
1.2 Que recaiga sobre un texto real y no simplemente sobre uno deducido por el actor, es decir que "se refiera a proposiciones existentes Corte Constitucional, Sentencia C-504/95, MP: J.G.H.G.; Corte Constitucional, Sentencia C-060/96, MP: A.B.C.. La Corte señaló en esas circunstancias que la demanda se dirigía contra lo que el texto legal no decía o preveía, con lo cual no había objeto sobre el cual decidir., suministradas por el legislador y no a hipótesis arbitrariamente inferidas de la norma" Corte Constitucional, Sentencia C-509/96, MP: V.N.M.; Corte Constitucional, Sentencia C-371/94, MP: J.G.H.G.. En estas dos sentencias, la Corte exigió la existencia real de una "oposición objetiva y verificable entre el contenido de la norma acusada y el texto de la Constitución Política, ya que no resulta admisible que el juez constitucional deba resolver sobre su inexequibilidad, partiendo de proposiciones inexistentes no establecidas por el precepto legal ni coincidentes con la intención legislativa". ,
1.3 Que el sentido demandado sea uno de los posibles que razonablemente pueden surgir del precepto legal cuestionado Corte Constitucional, Sentencia C-504/95, MP: J.G.H.G.. Señaló la Corte que al analizar una norma debe diferenciar entre varios sentidos posibles del precepto, admitiendo aquellos que se avienen a la Constitución y desechando los que la contradicen, pero no podía pronunciarse cuando la demanda recaía sobre una disposición no consagrada por el legislador.,
2 Que los cargos "no se refieran exclusivamente a aspectos meramente interpretativos de la ley, sino que tengan como punto de referencia la Constitución" Corte Constitucional, Sentencia C-236/97, MP: A.B.C.. En este caso la Corte señaló que no era posible que a través de control constitucional se enjuiciara una norma legal sin tener como punto de referencia la Constitución..
3 Que el demandante no pretenda que a través de la acción de inconstitucionalidad se dé una interpretación de autoridad ni se efectúe un cambio jurisprudencial Corte Constitucional, Sentencia C-362/01, MP: A.T.G., sino que busque excluir del ordenamiento la norma cuestionada. En caso contrario se estaría ante una "inepta demanda, pues no se ha planteado una verdadera confrontación entre el precepto acusado de orden legal y la Constitución Política" Corte Constitucional, Sentencia C-403/98, MP: F.M.D.. La Corte se declaró inhibida para fallar por cuanto el demandante no planteó una verdadera controversia entre la norma cuestionada y la Constitución, sino que buscaba una interpretación con autoridad del sentido del artículo 38 de la Ley 81 de 1993. .
En tercer lugar, al interpretar los cargos contra el artículo 13 del Código Penal basados en el artículo 250 de la Carta, la Corte encuentra que la demanda cumple formalmente con los requisitos definidos en el artículo 2 del decreto 2067 de 1991. No obstante, en este caso el actor pide que se incluya como parte de la interpretación del artículo 13 demandado, una referencia a las obligaciones constitucionales de la F.ía. El actor no establece una oposición objetiva y verificable de la violación que pueda ser cotejada mediante la acción de inconstitucionalidad, confrontando el texto cuestionado con el precepto constitucional, sino que de manera indirecta - como quiera que el artículo 13 del Código Penal no hace alusión alguna a la F.ía - establece que la violación del artículo 250 constitucional surgiría del incumplimiento eventual de lo que el actor considera los deberes constitucionales de investigación oficiosa de la F.ía. Además, este tipo de violación sólo sería apreciable en casos concretos, cuyo examen requeriría una evaluación de los hechos probados en uno o varios procesos, lo cual está por fuera del ámbito de la acción de inconstitucionalidad.
Para la Corte, con este tercer cargo fundado en el artículo 250 de la Carta, el demandante "pretende una interpretación con autoridad por parte del juez de la Carta y no la exclusión misma de la disposición del ordenamiento jurídico, que es el objeto de la acción de constitucionalidad. Por lo tanto la jurisprudencia de esta Corporación denomina una petición de esta clase como "inepta demanda", pues no se ha planteado una verdadera confrontación entre el precepto acusado de orden legal y la Constitución Política." Corte Constitucional, Sentencia C-403/98, MP: F.M.D., la Corte se declaró inhibida para fallar en relación con la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 de la Ley 81 de 1993, por considerar que la demandante no había elevado ningún cargo de inexequibilidad. El artículo 13 sobre territorialidad no dice nada sobre la F.ía General, ni sobre si el ejercicio de la acción penal se rige por el principio de legalidad o de oportunidad u otro ubicado entre estos dos extremos, ni sobre la existencia o inexistencia de deberes de investigación, juzgamiento o sanción. Lo que pretende el actor es que se incluya un significado que está por fuera del texto demandado, lo cual es incompatible con la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad.
Como quiera que el control de constitucionalidad implica siempre un juicio que busca determinar si una norma legal contradice la Constitución, es necesario que la Corte defina la debida y cabal interpretación tanto de la norma constitucional concernida como de la disposición legal demandada Corte Constitucional, Sentencia C-496/94, MP: C.G.D., en esta sentencia la Corte define hasta qué punto es relevante el debate hermenéutico sobre normas legales en materia de control constitucional. "De un lado, es obvio que un proceso de control de constitucionalidad implica siempre un juicio relacional que busca determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales. Este juicio no es entonces posible si no se establece previamente el significado de la norma legal. Ningún tribunal constitucional puede entonces eludir la interpretación de las normas legales. De otro lado, la Constitución es norma de normas y constituye la base de todo el ordenamiento positivo (CP art. 4º), por lo cual los jueces ordinarios están también sometidos al imperio de la Constitución. Esto significa que los jueces ordinarios tampoco pueden dejar de lado la interpretación de las normas constitucionales al ejercer sus funciones.". "Este juicio no es posible si no se establece previamente el significado de la norma legal, por lo cual ningún tribunal constitucional puede eludir la interpretación de las normas legales, lo cual provoca una constante interrelación de los asuntos legales y constitucionales". Corte Constitucional, Sentencia C-065/97, MP: J.A.M., A.M.C.. En esta sentencia la Corte aclara cuál es el papel de interpretación de las normas legales dentro de un proceso de control de constitucionalidad.
Con el fin de definir el sentido de la norma cuestionada y determinar si hay o no violación de la Constitución, la Corte procederá a abordar los siguientes temas generales, cuyo alcance ha sido tenido en cuenta por el actor para solicitar que se excluya una interpretación posible Cfr. Folios 1 a 16. del artículo 13 del Código Penal:
El alcance de los principios de soberanía nacional y de territorialidad, dado que el demandante considera que una de las posibles interpretaciones del principio de territorialidad de la ley penal, viola el principio de soberanía nacional;
La interpretación de la expresión "delitos cometidos en el exterior", como quiera que la demanda basa la violación de la Carta en la coincidencia del uso de tal expresión tanto en el artículo 35 de la Constitución Nacional como en el artículo 13 demandado.
"la idea de soberanía nacional no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y precisos límites concebidos por la teoría constitucional clásica. La interconexión económica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya solución sólo es posible en el ámbito planetario y la consolidación de una axiología internacional, han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer practicable la idea decimonónica de soberanía nacional. En su lugar, ha sido necesario adoptar una concepción más flexible y más adecuada a los tiempos que corren, que proteja el núcleo de libertad estatal propio de la autodeterminación, sin que ello implique un desconocimiento de reglas y de principios de aceptación universal. Sólo de esta manera puede lograrse el respeto de una moral internacional mínima que mejore la convivencia y el entendimiento y que garantice el futuro inexorablemente común e interdependiente de la humanidad". Corte Constitucional, Sentencia C-574/92, MP: C.A.B.. Revisión oficiosa del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.
Es posible distinguir varias etapas o momentos en la evolución de este concepto. Basta para efectos de esta sentencia señalar tres especialmente relevantes. En un primer momento, durante el siglo XVIII, tal como lo recogen autores como B.B.. De republica, I, capítulos I y VII, en los cuales habla de la soberanía como summa potestas. y V.V.. El derecho de gentes, I, cap I, sección 4, en el cual señala que la soberanía es el autogobierno sin dependencia de ningún extranjero., los monarcas ven en la teoría de la soberanía la justificación de su absolutismo. En esta etapa el concepto de soberanía tiende a ser absoluto, pero aún los teóricos del tema sostienen que debe ejercerse dentro del respeto al derecho de gentes y del derecho natural. Posteriormente, como resultado de las relaciones de interacción e interdependencia entre Estados, surgen límites al absolutismo justificados por la necesidad de preservar la coexistencia pacífica entre sujetos iguales de derecho internacional. Una manifestación concreta de esto se encuentra en el Artículo 2, párrafo 1, de la Carta de Naciones Unidas. Un tercer momento de la evolución de este concepto se caracteriza por el reconocimiento de límites adicionales a la soberanía, justificados por la necesidad de respetar valores protegidos por el derecho internacional, asociados a la dignidad del ser humano, la paz mundial, la democracia y la conservación de la especie humana. No obstante esta evolución, el principio de la soberanía continúa siendo un pilar del derecho internacional. Por eso, se mantienen constantes tres elementos de la soberanía: (i) el entendimiento de la soberanía como independencia Corte Permanente de Arbitraje, Caso de la Isla Palmas, 1928, Estados Unidos y Países Bajos, publicado en Reports of International Arbitral Awards, Vol. 2, p. 829. En este caso se dijo que la soberanía en las relaciones internacionales debía entenderse como independencia para ejercer sobre un determinado territorio y habitantes las funciones de un Estado., en especial frente a Estados con pretensiones hegemónicas; (ii) la aceptación de que adquirir obligaciones internacionales no compromete la soberanía Corte Permanente Internacional de Justicia, 1923, Caso Wimbledon, World Court Reports, Serie A, No. I., así como el reconocimiento de que no se puede invocar la soberanía para retractarse de obligaciones válidamente adquiridas Sentencia Arbitral, Cámara de Comercio Internacional, 30 de abril de 1982, Caso Framatome contra Atomic Energy Organisation , J.D.I., 1984, p. 58 y ss. ; y (iii) la reafirmación del principio de inmediación según el cual el ejercicio de la soberanía del Estado está sometido, sin intermediación del poder de otro Estado, al derecho internacional Ver entre otros N.Q.D., Droit International Public, L.G. de Droit et de Jurisprudence, París 1994, p.410. B., I.. Principles of Public International Law. Fourth Edition. C.P.. 1990, p. 107 y ss. V., A.. Derecho Internacional Público. B.J.A.. 1982, p. 174 y ss. H., L.. International Law. Cases and Materials. Third Edition. West Publishing Co. St. P., Minneapolis, 1993, p. 13 y ss..
Así entendida, la soberanía en sentido jurídico confiere derechos y obligaciones para los Estados, quienes gozan de autonomía e independencia para la regulación de sus asuntos internos Reportes de la Corte Internacional de Justicia, 1986, Caso relativo a las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, Nicaragua vs Estados Unidos de América, Fallo del 27 de junio de 1986, párrafos 202 a 209. La Corte definió como asuntos internos aquellos frente a los cuales el Estado goza de autonomía para decidir sin injerencia externa, tales como su organización política, económica, social, cultural y jurídica, así como la definición de su política internacional., y pueden aceptar libremente, sin imposiciones foráneas, en su condición de sujetos iguales de la comunidad internacional, obligaciones recíprocas orientadas a la convivencia pacífica y al fortalecimiento de relaciones de cooperación y ayuda mutua Reportes de la Corte Internacional de Justicia, 1.949. Caso Estrecho de Corfú, Reino Unido vs. Albania.. Por lo tanto, la soberanía no es un poder para desconocer el derecho internacional, por grande que sea la capacidad económica o bélica de un Estado, sino el ejercicio de unas competencias plenas y exclusivas, sin interferencia de otros Estados. Esto tiene consecuencias en diferentes ámbitos, como el de la relación entre el principio de la supremacía de la Constitución, expresión de la soberanía, y el respeto al derecho internacional. Al respecto la Corte ha venido depurando su jurisprudencia Ver las sentencias C-027/93, MP: S.R.R., en la cual la Corte se declaró competente para estudiar la constitucionalidad de un tratado ya ratificado por Colombia, en este caso la Ley 20 de 1974, "Por la cual se aprueba El Concordato y Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973; C-276/93, MP: V.N.M., en la que la Corte se declaró inhibida para revisar la constitucionalidad de la Ley 33 de 1992 "Por medio de la cual se aprueba el 'Tratado De Derecho Civil Internacional y el Tratado de Derecho Comercial Internacional', firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1889"; y la Sentencia C-400/98, MP: A.M.C., en la cual la Corte revisó la constitucionalidad de la "Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales", hecha en Viena el 21 de marzo de 1986" y de la Ley No 406 del 24 de octubre de 1997 por medio de la cual se aprueba dicha Convención y aclaró tanto la competencia de la Corte en materia de revisión de tratados, como los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de una ley aprobatoria de un tratado. pero no es necesario abordar este punto ya que la norma demandada es de derecho interno.
Por ejemplo, en el ámbito nacional al interamericano, tanto competencias legislativas como jurisdiccionales han encontrado límites aceptados por los Estados que, como Colombia, reconocen la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo que respecta al ejercicio de competencias legislativas dirigidas a excluir la responsabilidad penal por tortura y ejecuciones sumarias, la Corte Interamericana ha sostenido que dicha exclusión viola la Convención Interamericana de Derechos Civiles y Políticos Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de B.A.. Sentencia del 14 de marzo de 2001. La Corte encontró que las leyes de amnistía peruanas negaban a las víctimas de violaciones de derechos humanos toda posibilidad de buscar reparación y por lo tanto eran contrarias a la Convención Interamericana. Otro ejemplo se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se analizaron las leyes de obediencia debida argentinas (Ley Nº 23.492, promulgada el 24 de diciembre de 1986 y Ley Nº 23.521, 8 de junio de 1987). Para la Comisión tales leyes violaban la Convención Interamericana, pues el efecto de la sanción de tales leyes había sido el de extinguir las garantías judiciales de las víctimas, "(...). Con dichas medidas, se cerró toda posibilidad jurídica de continuar los juicios criminales destinados a comprobar los delitos denunciados; identificar a sus autores, cómplices y encubridores; e imponer las sanciones penales correspondientes. Los peticionarios, familiares o damnificados por las violaciones de derechos humanos han visto frustrado su derecho a un recurso, a una investigación judicial imparcial y exhaustiva que esclarezca los hechos." (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 83º periodo de sesiones informe anual 1992 - 1993, Washington, DC. 12 marzo 1993, Informe nº 28/92, Casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 10.311 (Argentina)).. Y en lo que respecta a competencias jurisdiccionales, la Corte Interamericana ha dicho que el principio de non bis in idem no es un obstáculo para que después que un Estado ha ejercido su competencia jurisdiccional para exonerar de responsabilidad penal a sus agentes, la misma Corte se pronuncie sobre los mismo hechos para apreciar si ha habido una violación de la Convención. Entre otros pronunciamientos ver, por ejemplo, los casos V.R. (junio 26 de 1987 - excepciones preliminares y julio 29 de 1988 - decisión de fondo), F.G. y S.C. (26 de junio de 1987 - excepciones preliminares), G.C. (junio 26 de 1987 - excepciones preliminares), I.C. (Enero 21 de 1994 - excepciones preliminares) y L.T. (Enero 31 de 1996 - excepciones preliminares). Obviamente la consideración anterior respecto de este principio es meramente ejemplificativa de los límites a la soberanía. En efecto, el régimen de este principio depende del contenido de los tratados correspondientes en cada caso y del ius cogens.
Finalmente, en lo relativo a la petición subsidiaria de declarar la constitucionalidad condicionada de las normas, la Corte considera suficiente reiterar: a) que el derecho internacional no se resume en los tratados; b) que las excepciones a la territorialidad de la ley, ni se identifican con las inmunidades diplomáticas, ni se agotan en ellas, y además encuentran su fuente tanto en normas consuetudinarias como en principios generales; y c) que en consecuencia, no es válido ni razonable, a la luz de la Constitución, de la ley o del Derecho Internacional, afirmar que todo delito que se cometa en Colombia tiene que ser juzgado por los jueces nacionales. Corte Constitucional, Sentencia C-1189/00, MP: C.G.D., al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 (parcial), 15 (parcial) y 17 (parcial) del Código Penal, los cuales fueron declarados exequibles por la Corte. En este fallo esta Corporación analizó la aplicación extraterritorial de la ley penal colombiana y las excepciones consagradas por el derecho internacional al principio de territorialidad.(subrayado fuera de texto)
En efecto, cuando un Estado decide, claro está de manera autónoma, si entrega o no a un sindicado solicitado en extradición para dar cumplimiento a compromisos asumidos soberanamente, no está cediendo o perdiendo soberanía sino ejerciéndola, como quiera que, como ya se dijo, "la facultad de adquirir obligaciones internacionales es un atributo de la soberanía del Estado" Corte Permanente Internacional de Justicia, Asunto del Vapor Wimbledon, (Francia/Alemania), 1923, Serie A, No. I, página 25. .
(...)"fundamento esencial de la soberanía, de acuerdo con el cual cada Estado puede prescribir y aplicar normas dentro de su respectivo territorio, por ser éste su "natural" ámbito espacial de validez ". Corte Constitucional, Sentencia T-1736/00, MP: C.G.D., relativa a una presunta violación del derecho al debido proceso en el trámite de extradición.
En efecto, a la luz de la noción jurídica de soberanía y con el fin de fortalecer las relaciones de cooperación en la lucha contra el crimen, especialmente frente a conductas como el genocidio, la tortura, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, así como los delitos transnacionales, el tráfico ilícito de armas, de menores y mujeres o de estupefacientes, los estados optan por la entrega de sindicados que se encuentren en su territorio, aún de sus propios nacionales, con el fin de coadyuvar a la protección de bienes jurídicos valorados por la comunidad internacional, a la cual ellos pertenecen, como son el mantenimiento de la paz, la lucha contra la impunidad o la garantía de los derechos humanos Sobre este tema ver entre otros Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 3074 (XXVIII) de 3 de diciembre de 1973. T.M., International Criminalization of Internal Atrocities, en American Journal of International Law, 89, 1995, p. 569; K.C.R., Universal Jurisdiction under International Law, en Texas Law Review 66, 1988, pp. 785, 835-837; B., M.C.. The Normative Framework of International Humanitarian Law: Overlaps, Gaps and Ambiguities. En Transnational Law & Contemporary Problems, Fall, 1998..
Cabe anotar que la adquisición de compromisos internacionales para proteger los bienes jurídicos valorados por la comunidad internacional anteriormente mencionados no es un fenómeno reciente. Inclusive a principios del siglo XIX en el Acta Final del Congreso de Viena de 1815, relativo a la trata de esclavos, cuando se proscribió la esclavitud, se afirmó con toda claridad que el propósito buscado era el de "ponerle fin a un flagelo que desde hace tanto tiempo desoló al África, degradó a Europa y afligió a la humanidad". Es esta una elocuente forma de expresar respeto por unos valores universales de la humanidad. Otro ejemplo, anterior inclusive y derivado de la costumbre, es el del reconocimiento de jurisdicción universal para la sanción de la piratería en alta mar. Estados Unidos vs. Smith, 18 US (5 Wheat.) 153, 161-162, 5 L.Ed. 57 (1820), citado por H., L.. International Law. Cases and Materials. Third Edition. West Publishing Co. St. P., Minneapolis, 1993, p. 1083.
Al respecto, ha habido una evolución gradual que se ha acelerado después de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, cuando se trata de conductas consideradas como crímenes internacionales, como es el caso del genocidio La existencia de obligaciones internacionales que rebasan el principio de territorialidad en materia de genocidio se deriva expresamente de los artículos 5, 6 y 7 de la Convención sobre Prohibición y Castigo del Crimen de Genocidio, de la cual Colombia es parte (Ley 28 de 1959), de su reconocimiento como crimen internacional y como norma de ius cogens por la Corte Internacional de Justicia (Corte Internacional De Justicia, Opinión consultiva del 28 de mayo de 1951. Asunto de las reservas a la Convención sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio; corte internacional de justicia Sentencia del 11 de julio de 1996 Asunto de la aplicación de la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio (Bosnia-Herzegovina c/ Yugoslavia)); de su reconocimiento como grave violación a los Convenios de Ginebra de 1949 y a los Convenios de la Haya de 1905; del hecho de haber sido la base del juzgamiento de criminales de guerra en el Tribunal de Nuremberg y actualmente en el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, (Caso Tadic). Ver también la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 1968. Al respecto ver las tesis que extienden la jurisdicción universal al genocidio en Schabas, W.H.G. in International Law: The crimes of crimes. Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 345 y ss., la tortura La existencia de jurisdicción universal en relación con la tortura se deriva expresamente del artículo 5 #2 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley 76 de 1986), reconocida hoy como norma de ius cogens por la Corte Internacional de Justicia y como crimen internacional en virtud de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949. Además, esta conducta fue incluida en la lista de crímenes contra la humanidad de competencia de los Tribunales de Nuremberg, Yugoslavia y Ruanda y en el -Proyecto de Código de Crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad, Comisión de Derecho Internacional, 1996. También merecen mención las convenciones europeas (1987) y americanas (1985) proscribieron la tortura. Ver R., G.. Crimes against humanity. The Struggle for Global Justice. The New Press, New York, 1999., la esclavitud En materia de jurisdicción para sancionar la esclavitud, no existe aún un mecanismo similar al establecido en el artículo 5#2 de la Convención contra la Tortura. Fue prohibida expresamente por la Convención sobre la Esclavitud, Convenio IV de Ginebra de 1949 y por el Artículo 3 común, de los Convenios de Ginebra de 1949 y por Protocolo II, artículo 4. Esta prohibición ha sido reconocida como norma de ius cogens por la Corte Internacional de Justicia y como crimen contra la humanidad, fue incluida en todas las listas de crímenes contra la humanidad (Proyectos de Códigos de Crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad, de 1954 y 1996, y en los Estatutos de Nuremberg, Ruanda y Yugoslavia). Ver también la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 1968, cuyo articulo III establece la obligación de las Partes de "adoptar todas las medidas internas que sean necesarias, legislativas o de cualquier otro orden, con el fin de hacer posible la extradición, de conformidad con el derecho internacional, de las personas a que se refiere el artículo II de la presente convención"., el apartheid La existencia de jurisdicción universal frente a esta conducta se deriva de la prohibición expresa que consagra la Convención sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1976, que establece en su artículo IV b) el compromiso de las partes a "adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para perseguir, enjuiciar y castigar conforme a su jurisdicción a las personas responsables o acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la presente convención, independientemente de que tales personas residan en el territorio del Estado en que se han cometido los actos o sean nacionales de ese Estado o de algún otro Estado o sean personas apátridas". El apartheid también ha sido considerado como un crimen de lesa humanidad en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. También ha sido reconocido como norma de ius cogens, fue incluida en el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, Comisión de Derecho Internacional, 1996 y estaría cobijada por las disposiciones de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 1968. Ver R., S.R. y A., J.S.. Accountability for Human Rights Atrocities in International Law. B. theN.L.. C.P., Oxford, 1997., la desaparición forzada Aún cuando la Desaparición Forzada ha sido incluida en el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, Comisión de Derecho Internacional, 1996, aún no existe un mecanismo para hacer efectiva la jurisdicción universal. Sin embargo hay numerosos pronunciamientos tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el Interamericano. Entre otros casos ver Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el caso de J.V. y otros (CCPR/C60/D/612/1995), Fallo del 19 de agosto de 1997). Por otra parte, la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado de manera reiterada la responsabilidad estatal por desapariciones forzadas en casos contra Argentina, Uruguay, Honduras y Colombia. Entre otros ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos, C.I.C. y M. delC.S.. Sentencia del 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22. Ver también la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 1968. , las ejecuciones sumarias Aún cuando no existe todavía un mecanismo similar al de la tortura para el ejercicio pleno de jurisdicción universal la prohibición del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Interamericana de Derechos Civiles y Políticos, del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y del Protocolo II, artículo 4. Igualmente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado la responsabilidad del Estado por violación de la Convención. A manera de ejemplo se cita la Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No.4., párrafo 24. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, así como en el C.V.R., Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 29 de julio de 1988 y C.L.T., 17 de septiembre de 1997. o el terrorismo Convenio para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional, suscrito en Washington el 2 de febrero de 1971. La aviación civil es protegida por las convenciones de La Haya del 16 de diciembre de 1970 sobre la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves y de Montreal del 23 de septiembre de 1971 para la Represión de Actos Ilícitos dirigidos contra la Seguridad de la Aviación Civil., ya sea que hayan sido cometidas total o parcialmente dentro del territorio de un Estado, de conformidad con el derecho internacional se consideraría que toda la comunidad internacional tiene un interés fundamental en la protección de tales bienes y ello podría, por lo tanto, dar lugar a varias alternativas de juzgamiento por fuera de la jurisdicción de dicho Estado Corte Permanente de Justicia Internacional, Asunto Lotus (Francia/Turquía), fallo del 7 de septiembre de 1927, opinión individual del juez M.. En este caso, se afirmó con respecto al crimen de piratería; "el derecho o el deber de velar por el orden público no pertenece a ningún país en especial [...] cualquier país, en el interés de todos, puede ejercer jurisdicción y castigar". . Algunas de las soluciones no sólo admitidas sino aplicadas ejemplifican este principio y muestran una tendencia histórica no exenta de polémica y críticas. La Corte considera pertinente mencionar, sin ánimo exhaustivo y sin avalar ninguna de las hipótesis que se describen a continuación, la aplicación que ha tenido este principio en el derecho internacional:
Juzgamiento por un Tribunal Internacional, como ocurrió, con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, en los procesos ante el Tribunal de Nuremberg de conductas tales como crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Este ejemplo resulta particularmente polémico por cuanto se ha cuestionado que en la definición de los crímenes que juzgaría el Tribunal no se tuvo en cuenta el principio nullum crimen nullum pena sine lege El genocidio y los graves crímenes de guerra juzgados por el Tribunal de Nuremberg fueron recogidos posteriormente en la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio y en el Proyecto de Código de Crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad, elaborado por la Comisión de Derecho Internacional en 1950, 1983 y 1996 y tenidos en cuenta en la redacción del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Otro ejemplo lo ofrece Francia, donde el Tribunal de Apelación se refirió a al principio de jurisdicción universal en el proceso contra Klaus Barbie por crímenes de lesa humanidad, señalando que "dada su naturaleza, los crímenes de lesa humanidad por los que se procesa a Barbie no se reducen a ser asunto de la legislación municipal francesa sino que están sujetos a un orden penal internacional al que le son ajenas la noción de frontera y las normas sobre extradición derivadas de la existencia de fronteras". Ver Asunto Fédération National des Déportés et Internés Résistants et Patriotes y Otros v. Barbie, fallo de la Sala de lo Penal del Tribunal de Casación, del 6 de octubre de 1983 (que resume la decisión del Tribunal de Apelación), en 78 Intl L. Rep. 128, caso en el cual Francia juzga crímenes contra la humanidad cometidos contra judíos, durante la Segunda Guerra Mundial.. Otro antecedente, pero referido a la Primera Guerra Mundial, se encuentra en el artículo 227 del Tratado de Versalles, donde se propuso formalmente la creación de un tribunal internacional especial para juzgar al K.G.I. por "ofensas supremas contra la moralidad internacional y la santidad de los tratados". R., G.. Crimes Against Humanity. The Struggle for Global Justice, The New Press, New York, 2000, pp. 210 y211.
Juzgamiento por tribunales internacionales ad hoc como ha sucedido con el Tribunal para Ruanda con sede en Arusha (Tanzania) y el Tribunal para la ex - Yugoslavia con sede en la Haya (Países Bajos) El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante Resolución 808 del 22 de febrero de 1993, decidió la creación de un tribunal internacional encargado de juzgar las personas responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario en el territorio de la antigua Yugoslavia ocurridas desde el 1 de enero de 1991. El Estatuto del Tribunal fue adoptado por medio de la Resolución 827 del 25 de mayo de 1993; el Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda por medio de la resolución 955 del 8 de noviembre de 1994., creados mediante resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Su jurisdicción comprende conflictos armados entre grupos pertenecientes a un mismo Estado - nación apoyados por diversas fuentes exteriores. Por eso la competencia de estos tribunales incluye una enumeración de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en algunos aspectos más amplia que la del Tribunal de Nuremberg, ya que toma elementos de las Convenciones de Ginebra de 1949 sobre derecho internacional humanitario. Además, el Tribunal para Ruanda no sólo extiende expresamente la noción de infracciones graves prevista en los Convenios de Ginebra a conflictos armados internos, sino que permite que algunas incriminaciones se funden en violaciones al artículo 4 del Protocolo II de 1977 Ver artículo 4 del correspondiente Estatuto del Tribunal para Ruanda.. Adicionalmente, para agilizar la cooperación de los Estados con los Tribunales ad hoc se reguló la figura de la "remisión" de personas, en lugar de la extradición.
Juzgamiento por jueces de un Estado distinto al del lugar donde ocurrieron los hechos, sin importar que los autores y las víctimas no tengan ningún vínculo con el Estado que los juzga, tal como ocurrió en los juicios por genocidio y tortura recientemente adelantados por cortes alemanas, danesas, austriacas, suizas y belgas V.M., Fiona.Universal Jurisdiction in Europe. 2000, R.O.. En www.redress.org. Desde 1993, con base en el ejercicio del principio de jurisdicción universal Suiza, Alemania, Austria y Dinamarca han investigado y juzgado hechos criminales ocurridos principalmente durante los conflictos de Ruanda y Yugoslavia. Por ejemplo, en 1997 en Alemania dos bosnio-serbios fueron condenados por genocidio y asesinato de musulmanes durante el conflicto en la Antigua Yugoslavia. En 1994, una corte danesa condenó a cadena perpetua a dos bosnios musulmanes por torturar brutalmente prisioneros de guerra en el campo de prisioneros de Croacia. En 1999, una corte militar suiza condenó a un nacional ruandés por cometer graves crímenes de guerra en Ruanda. El junio 7 de 2001, el tribunal belga condenó a cuatro ciudadanos ruandeses tanto por haber participado en actos de genocidio contra tutsies en Ruanda, como por haber prestado apoyo a las organizaciones que cometieron este tipo de crímenes. (V.N.. Quatre accusés symboles d'un génocide, Le Monde, Abril, 18, 2001 y Junio 7 de 2001). En el caso del genocidio, los tribunales belgas fueron autorizados por una ley interna de 1993 para investigar, juzgar y sancionar graves crímenes de guerra definidos como tales por los Convenios de Ginebra. En un caso muy anterior a los citados, Filartiga v. Peña-Irala, United States Court of Appeals, Second Circuit, 1980, se produjo un efecto similar pero por aplicación del principio de extraterritorialidad respecto de un paraguayo autor de torturas y asesinato en la persona de otro paraguayo en el territorio de Paraguay. . En el caso de la tortura, por ejemplo, el reconocimiento de una jurisdicción universal se derivó de la existencia de la obligación convencional expresa de investigar, perseguir, juzgar, sancionar o, en caso contrario, extraditar y asistir a través de mecanismos de cooperación internacional para la investigación, contenida tanto en la Convención contra la Tortura como en los Convenios de Ginebra de 1949 Ver Convenios de Ginebra de 1949, I, art. 49; II, art. 50; III, art. 130 y IV art. 147, y artículos 2, 4, 5, 6, y 7 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes..
Envío en extradición para su juzgamiento por otro Estado distinto al del lugar donde ocurrieron los hechos, como se planteó ante los jueces británicos en el caso de A.P.H. of Lords- R. vs Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and other (Ex Parte P.) y R. vs Evans and another and the Commissioner of Police for the Metropolis and others On appeal from a D.C. of the Q.B.D..(Ex P.A.P.U..), Judgements de 25 de Noviembre de 1998, Diciembre 17 de 1998 (Oral Judgement), Enero 15 de 1999 (Reasons) y Marzo 24 de 1999. La primera decisión en el caso P. estaba basada en el reconocimiento de la prohibición de la tortura como norma de ius cogens, por lo cual era irrelevante la fecha de ratificación de la Convención y así se cobijaba el mayor número de casos de tortura. En la decisión definitiva la base fue la Convención contra la Tortura y por ello los cargos se redujeron a los ocurridos con posterioridad a la fecha de ratificación de la Convención por el Reino Unido. quien, entre otros cargos, fue acusado por hechos de tortura ocurridos en Chile durante su dictadura. De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura todos los Estados Partes tienen la obligación solemne, en virtud del Artículo 7 (1) de la Convención, de proceder a la extradición de toda persona que se halle en el territorio de su jurisdicción de la cual se suponga que ha cometido actos de tortura o "[someter] el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento".
El envío para juzgamiento por una corte penal internacional. Un ejemplo de ello se encuentra en la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen del Genocidio de 1948, que estableció una corte internacional especial para el juzgamiento de este delito internacional, aun cuando ésta nunca se constituyó. Artículo 6 de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio. Otro ejemplo se encuentra en la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto todavía no ha entrado en vigor y Colombia aún no lo ha ratificado. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Roma, Italia, 15 de junio-17 de julio de 1998, Preámbulo, pár. 1. Los Estados participantes en la Conferencia Internacional de Roma en 1998, coincidieron en que serían de competencia de este Tribunal cuatro extensas categorías de crímenes internacionales: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la agresión. Según el preámbulo del Estatuto, estos crímenes internacionales ponen en peligro la paz, la seguridad, y el bienestar de la humanidad. La mención de este ejemplo se hace sólo a título ilustrativo de esta modalidad de juzgamiento y en nada compromete la posición de esta Corporación al respecto.
"Además, en virtud de una interpretación sistemática con las garantías consagradas en el artículo 29 y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, esta Corte estima necesario advertir - lo que resulta aplicable a la interpretación y ejecución de la norma objeto de demanda - que tampoco cabe la extradición cuando la persona solicitada por las autoridades de otro Estado es procesada o cumple pena por los mismos hechos delictivos a los que se refiere la solicitud." Corte Constitucional, Sentencia C-622/99, MP. J.G.H.G., Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 560 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal), declarado exequible. En igual sentido, en la sentencia C-740/00, MP. E.C.M., en el que se declaró la constitucionalidad del artículo 17 (parcial) del Decreto 100 de 1980.
Dichas limitaciones también encuentran amparo en el derecho internacional de los derechos humanos ya que éste, como es bien sabido, protege los derechos mencionados y consagra también una prohibición contra la tortura y otros tratos crueles. La Convención contra la tortura de 1984 dice claramente que "ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura". (Artículo 3 (1)). En el contexto europeo, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos sostuvo que un Estado no podía extraditar a una persona, por un delito sancionado con pena de muerte a los Estados Unidos debido a que someter a un individuo, en caso de que fuere condenado, a una larga espera en la llamada fila de la muerte constituía una forma de tortura. Caso Söering vs Reino Unido. Corte Europea de Derechos Humanos, 7 de julio de 1989, Serie A, Nº 161: 333.
"La extradición se solicitará, concederá u ofrecerá por delitos cometidos total o parcialmente en el extranjero de acuerdo con los tratados públicos o en su defecto por la ley colombiana." Gacetas del Congreso No. 137, 262, 237 y 254 de 1997. (subrayado fuera de texto)
Posteriormente, como resultado de la conciliación que hicieran los ponentes al inicio del segundo período legislativo Gaceta del Congreso No. 324 de 1997., el texto del inciso transcrito se cambió por uno que resultaba más simple, el cual aún cuando modificaba el texto inicialmente aprobado en el primer período, guardaba el sentido de lo en él aprobado Gaceta del Congreso No. 324 de 1997, Ponencia para Primer Debate, Segunda Vuelta, al Proyecto de Acto Legislativo No. 26 de 1997 senado, 320 de 1997 Cámara. y delegaba en el legislador la definición del lugar de comisión del delito. El texto pertinente aprobado en el segundo período legislativo establece
Ello no constituye ninguna novedad. La expresión suprimida - "total o parcialmente" -, solo era aclaratoria de un sentido ya comprendido en la locución más general -cometidos en el exterior". Además, es importante subrayar que simultáneamente con la supresión de esta expresión, fue adicionado el texto con la frase "considerados como tales en la legislación penal colombiana". De tal manera que la expresión "total o parcialmente" - suprimida - fue sustituida por "considerados como tales en la legislación penal colombiana" - agregada. Con ello, como se verá más adelante, se delegó en el legislador la posibilidad de definir, según el derecho penal, los factores que permitan establecer el lugar de comisión de un hecho punible.
Por esta razón, es decir, porque no se introdujo ninguna novedad en el segundo período legislativo del trámite de esta reforma constitucional, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo No. 1 de 1997, cuestionado por vicios de trámite, la Corte revisó la evolución de distintos apartes del texto y determinó que todo él, salvo la expresión "La ley reglamentará la materia", contenida en el inciso segundo del artículo 35 de la Constitución, había cumplido con el trámite señalado en la Constitución. La Corte encontró en esa ocasión que tal expresión no había surtido los 8 debates reglamentarios y al declarar su inconstitucionalidad, señaló que tal declaratoria resultaba inane en relación con lo ya reiterado en las demás reglas contenidas en la norma, como quiera del texto del artículo 35 aparecía "claramente consignada la voluntad del legislador de dejar a la ley la regulación de ciertos aspectos fundamentales de la extradición" Corte Constitucional, Sentencia C-543/98, MP: C.G.D...
Además, tal como surge de los debates en el Congreso, el constituyente tuvo la clara voluntad de levantar la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento y permitir el uso de esta figura como instrumento de cooperación internacional Corte Constitucional, Sentencia C-543/98, MP: C.G.D...
Dada esta voluntad públicamente expresada por el constituyente, no es posible darle a la expresión "delitos cometidos en el exterior" un sentido restrictivo que modifique esta voluntad. Tal expresión debe ser entendida en el sentido que quiso darle el constituyente, esto es, para cobijar bajo ella las conductas delictivas cometidas en el exterior Gacetas del Congreso No.324 y 356 de 1997., ocurra esto en su etapa inicial, intermedia o final, según lo considere la legislación penal.
Adicionalmente, la Corte en numerosas sentencias ya ha sostenido que la extradición es un instrumento de cooperación internacional que procede tanto por delitos cometidos totalmente en el exterior como por delitos realizados parcialmente fuera del país. Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-052/93, MP: J.S.G.; C-171/93, MP: V.N.M.C.-208/93, MP: H.H.V.; C-264/95, MP: F.M.D.; C-087-97, MP: F.M.D.; C-351/98, MP: F.M.D.; Sentencia C-397/98, MP: F.M.D., C-187/99, MP: M.V.S. de M.; C-226/99, MP: F.M.D.; C-622/99, MP: J.G.H.G.; C-740/00, MP: E.C.M.; -1106/00,MP: A.B.S.; C-1189/00, MP: C.G.D.; T-1736/00, MP: C.G. Díaz.Por ejemplo, ha dicho:
"El fundamento de esta figura ha sido la cooperación internacional con el fin de impedir que una persona que ha cometido un delito en el exterior burle la acción de la justicia, refugiándose en un país distinto de aquel en el que se cometió el delito. En efecto, una de las causas que ha dado origen al nacimiento de esta figura de cooperación internacional, ha sido el interés de los Estados en lograr que los delitos cometidos en su territorio ya sea total o parcialmente, no queden en la impunidad. De ahí, que esta figura haya sido objeto de tratados o convenciones internacionales de naturaleza bilateral o multilateral" Sentencia C-1106/00 MP. A.B.S.. Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 546, 548, 549, 550, 551, 552, 556, 557, 558, 559, 562, 565, 566 y 567 del Código de Procedimiento Penal, todos demandados parcialmente y en la cual la Corte declaró la constitucionalidad de las normas demandadas, salvo los incisos 1 y 3 del artículo 546 del CPP, que fueron declarados inconstitucionales por oponerse a los preceptos del artículo 35 de la Carta.
Corte Constitucional, Sentencia T-1736/00, MP: C.G.D., en la que la Corte estudió una presunta violación del derecho al debido proceso en el trámite de extradición y concedió la tutela.. (subrayado fuera de texto)
Por estas razones, la Corte procederá a declarar la constitucionalidad del artículo 13 del Código Penal, sin ningún condicionamiento basado en los artículos 9 y 35 de la Carta, tal como lo han solicitado no sólo el F. General, sino la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo.
Actor: A.J.F.F.
Aunque comparto plenamente el sentido del fallo en cuanto declara exequible el artículo 13 del Decreto 100 de 1980, por el cual se expide el nuevo Código Penal, discrepo en lo referente a la competencia de la Corte para entrar a decidir demandas que pretenden que ella declare la constitucionalidad de una disposición, pero que al mismo tiempo excluya por inconstitucional su aplicación a situaciones particulares no definidas expresamente por el legislador.
En efecto, ello equivale a demandar un contenido regulatorio implícito en la norma o deducido por el actor, respecto del cual se pretende demostrar su inconformidad con la Constitución. En relación con este tipo de demandas, la jurisprudencia ha estimado que resultan substancialmente ineptas, y que deben conducir a un fallo inhibitorio. En la Sentencia C- 504 de 1995 (M.P.J.G.H.G., la Corte Constitucional sostuvo que para que ella pudiera declarar la inexequibilidad que ante ella se solicitaba, era indispensable que la demanda recayera "sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito". Afirmó, además, que no era posible "resolver sobre cada uno de los casos particulares hipotéticamente cobijados por un precepto legal". En esa oportunidad la Corte examinaba una norma que establecía, por vía general, que las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional y las sociedades de economía mixta eran contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, exceptuando de dicha regla a las entidades que siendo tales, tuvieran a su cargo la prestación de los servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado, postales, telecomunicaciones y salud pública. La demanda pretendía la declaración de inexequibilidad de la disposición, únicamente en cuanto exceptuaba de la calidad de contribuyentes del impuesto sobre la renta a las sociedades de economía mixta que prestaban el servicio de telecomunicaciones haciendo uso del espectro electromagnético.
En este mismo sentido se pronunció la Corte en la Sentencia C-509 de 1996 (M.P.V.N.M., en donde se reiteraron los criterios expuestos en la sentencia anteriormente reseñada.
Adicionalmente, en la presente oportunidad el demandante no formuló de manera expresa los cargos que sustentaban su demanda, sino que de forma genérica afirmó que debía descartarse de la norma "el sentido normativo o interpretativo en que atenta contra la Carta", sin señalarlo expresamente. En sustento de esta petición afirmó que "en el contexto de los procesos de extradición" se hacía decir a la norma lo contrario de lo que ella expresaba.
La competencia de esta Corporación es reglada, y a pesar de que la demanda debe ser examinada con criterios flexibles por ser incoada a través del ejercicio de una acción pública abierta a todos los ciudadanos, ella debe ejercerse circunscrita a los términos en que fue establecida por el constituyente y desarrollada por el legislador. A este respecto, el artículo 241 de la Carta indica que a la Corte se le encomienda la guarda de la Constitución "en los precisos términos" de ese artículo, y el Decreto 2067 de 1991, que desarrolla dicha disposición superior, prescribe que en las acciones públicas de inconstitucionalidad las demandas deberán contener "el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales" y el de "las normas constitucionales que se consideren infringidas, así como "las razones por las cuales dichos textos se estiman violados". Esta triple exigencia, permite concluir que entre el texto de la disposición, que debe ser expreso y es necesario transcribir o aportar, y los cargos de violación de las normas superiores señaladas, debe haber una correspondencia lógica. En el presente caso, se echa de menos por el suscrito la formulación expresa de un cargo esgrimido contra un texto real y no deducido, y la mencionada correspondencia lógica, que también ha sido establecida como requisito de admisibilidad de las demandas de inconstitucionalidad por parte de esta Corporación. Sobre la necesidad de que el cargo de violación esté formulado expresamente y referido a normas constitucionales precisas, la Corte ha sostenido que "cuando el ciudadano pone en movimiento el control constitucional por la vía de la acción, se le impone la carga procesal de señalar las normas constitucionales violadas y también el concepto de su violación. Esto último comporta la obligación de determinar con toda claridad de qué modo las normas acusadas contradicen o vulneran los preceptos de la Constitución, con el fin de destruir la presunción de constitucionalidad, sin perjuicio de que la Corte pueda extender el análisis de constitucionalidad frente a normas no invocadas expresamente en la demanda. Pero lo que no puede ser admitido es que bajo una interpretación que haga el demandante del contexto de un cuerpo normativo se puedan deducir, por vía indirecta, presuntas violaciones de la Constitución, por la manera en que el legislador reguló una determinada materia." Sentencia C- 236 de 1997, M.P A.B.C.. (N. fuera del original)
Si bien esta Corporación ha señalado que es posible examinar la disposición acusada y declarar la exequibilidad condicionada de la misma, acogiendo la interpretación de la norma que mejor se ajusta a la Constitución y desechando las que la desconocen, ello no puede llegar hasta el extremo de que la Corte diga cuándo es inconstitucional una interpretación, si la misma demanda no la señala con completa claridad. En este sentido la jurisprudencia ha vertido los siguientes conceptos:
"La formulación de un cargo constitucional concreto contra la norma demandada es uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante ya que, como lo dijo la Corte al declarar la exequibilidad de esa exigencia, "el ataque indeterminado y sin motivos no es razonable" Sentencia C-131/93. MP A.M.. Fundamento Jurídico No. 1.3. Al ciudadano se le impone entonces como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional. En tales circunstancias, antes de pronunciarse de fondo sobre una demanda, la Corte debe verificar si el actor ha materialmente formulado un cargo, pues de no ser así, la decisión debe ser inhibitoria, ya que la demanda sería "sustantivamente inepta, por no contener cargos concretos de inconstitucionalidad susceptibles de ser analizados y evaluados por ella mediante el ejercicio del control constitucional" Sentencia C-236/97. M.A.B.C.. Consideración de la Corte No 3.. Nótese que la jurisprudencia de esta Corporación exige la existencia de acusaciones susceptibles de ser analizadas y discutidas mediante el trámite propio del control constitucional abstracto, lo cual implica que el demandante debe formular un cargo concreto, de naturaleza constitucional, contra una norma legal. Por consiguiente, el actor no cumple ese requisito si se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad. Tampoco existe una demanda idónea cuando la acusación no es relevante constitucionalmente sino que se fundamenta en razones puramente legales. Finalmente esta Corporación ha entendido que no existe materialmente cargo, si el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico." Sentencia C-447 de 1997, M.P. A.M. Caballero
Por todo lo anterior en la presente oportunidad la Corte ha debido inhibirse para hacer un pronunciamiento de fondo. No obstante, habiéndose resuelto por la mayoría de la Sala que la demanda no era inepta y que se debía entrar a decidir respecto de ella, por lo cual el suscrito participó en la adopción de la decisión final consistente en la exequibilidad de la disposición acusada, es menester dejar a salvo la posición según la cual la Corte carecía de facultades para examinar la norma acusada con base en una demanda planteada en los términos arriba descritos.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política corresponde a esta Corporación "decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes...", para lo cual estos han de cumplir en la demanda respectiva con los requisitos señalados por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en el cual se establece que, además de señalar las normas "acusadas como inconstitucionales", el actor ha de indicar cuáles de las disposiciones constitucionales considera infringidas y las razones por las que estima que ellas fueron violadas por las norma que se acusa.
Tal como lo expusimos en la Sala, en este caso el ciudadano demandante no impetró de la Corte la declaración de inconstitucionalidad del artículo 13 del Decreto 100 de 1980, sino que se limitó a realizar una exposición sobre las distintas interpretaciones de que podría ser objeto esa norma legal, para expresar los inconvenientes que algunas de ellas pueden ofrecer con respecto a la posibilidad de la extradición de colombianos por la presunta comisión de delitos acaecidos en el exterior, y, a continuación, propone a la Corte que declare que la norma en cuestión sólo es constitucional en la medida en que se interprete de manera que no implique el desconocimiento del principio de la territorialidad de la ley penal, como él propone que se entienda.
Leída que fue la demanda aludida en el curso de la sesión de Sala Plena en la cual se adoptó la Sentencia C-621 de la que respetuosamente discrepamos respecto del numeral 2º de su parte resolutiva, por lo expuesto quedó en evidencia que el actor no señaló las "razones" por las que estima violadas las normas constitucionales que dice infringidas, pues en su discurrir de ello no se ocupó.
Así las cosas, la Corte, como guardiana de la Constitución, no podía avanzar ningún concepto sobre las varias interpretaciones propuestas por el demandante, ni avanzar en la exposición doctrinaria sobre la relación entre la territorialidad de la ley penal y la soberanía nacional, sencillamente porque la demanda adolece de ineptitud sustancial. No lo hizo así la Corporación y, en tal virtud, no queda otro camino que salvar nuestro voto, como en efecto lo hacemos.
Auto nº 042 de Corte Constitucional, 1 de Marzo de 2005

References: artículo 13
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 artículo 35
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 artículo 250
 artículo 13
 artículo 35
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 artículo 29
 artículo 9
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 artículo 13
 artículo 2
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 artículo 38
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 artículo 250
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