Source: http://www.argentina-rree.com/15/15-084.htm
Timestamp: 2017-11-21 06:09:19+00:00

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2.4. Alemania
Los tratados firmados con Italia y España durante el gobierno de Alfonsín llevaron a que representantes de la industria alemana en la Argentina señalaran la necesidad de que el gobierno alemán reajustara sus relaciones con el gobierno argentino, de manera de posicionarlos mejor en la eventual competencia con los nuevos inversores italianos y españoles. La Cancillería argentina también comenzó a considerar la posibilidad de un acuerdo con Alemania semejante al firmado con los mencionados países. No obstante, el gobierno alemán expresó su oposición a firmar un convenio preferencial que se opusiera a la lógica del mercado. La cooperación debía ser incentivada correctamente, es decir, a través de la empresa privada en un contexto de estabilidad política y económica. Esto fue transmitido en diversas oportunidades al gobierno del presidente Alfonsín.(1)
Cuando realizara su gira europea en febrero de 1990, el canciller Cavallo se entrevistó en Bonn con el secretario de Estado y vicecanciller Jurgen Sudoff. Los temas abordados fueron los cambios en Europa Oriental y su posible incidencia en América Latina, el proceso de integración latinoamericana, la consolidación de los regímenes democráticos en la región y las transfomaciones que el presidente Menem estaba impulsando en la economía argentina. Cavallo mencionó luego a la prensa los planes para la estabilización de la economía argentina, las transformaciones del estado y el avance de la apertura económica a las inversiones extranjeras y el comercio mundial. El canciller argentino reveló también que el presidente Menem había asumido el compromiso de evitar la exportación de los denominados misiles Cóndor II. A su vez, el ministro de Economía de Alemania, Lorenz Schomerus, ratificó al ministro Cavallo el apoyo de su gobierno para que la Argentina pudiera solucionar el problema de la deuda externa, y señaló la conveniencia del acuerdo en trámite entre la Argentina y la CEE.(2)
Cuando el 3 de octubre de 1990 se produjo la reunificación de Alemania Occidental y Oriental, el presidente Menem envió mensajes de congratulación al presidente Richard von Weizsacker y a su canciller Helmut Kohl. En carta al último, Menem expresó que la reunificación traducía no sólo las aspiraciones del pueblo alemán sino también la recuperación en plenitud para la comunidad internacional de una nación de raíces históricas profundas, sólidamente asociadas a los valores de la civilización occidental.(3)
Poco después -el 15 de octubre- el gobierno argentino firmó en Bonn un tratado de refinanciación de su deuda externa con el gobierno de Alemania por 870 millones de marcos, unos 561 millones de dólares. El acuerdo preveía que los compromisos que caducaban en diciembre, así como los que vencían a en marzo de 1991, podrían ser repagados entre 1996 y el 2000. La tasa media de interés del acuerdo era del 7,3% anual. El acuerdo fue suscripto por el ministro de Economía, Antonio Erman González; el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Extranjeros, Hans Werner Lautenschlaeger; el ministro de Finanzas de Alemania Federal, Horst Koehler, y el presidente del Bundesbank, Karl Otto Poehl. La refinanciación se inscribía dentro del marco de las negociaciones con el Club del París formalizadas a fines del año anterior. El ministro González sostuvo que el convenio era un paso importantísimo para arreglar las relaciones con Alemania, y que el mismo posibilitaría el aumento para la Argentina del seguro de crédito Hermes de cobertura para las exportaciones alemanas, que podía pasar de 200 a 400 millones de dólares. Con eso sería posible activar las negociaciones para incorporar a la economía argentina tecnología avanzada y renovar equipos para la producción de bienes competitivos en los mercados internacionales.(4)
El presidente Menem realizó su primera visita a Alemania en abril de 1991. El mandatario argentino mantuvo entrevistas con su colega germano Richard von Weizsacker, y con el canciller federal Helmut Kohl, además de dar un discurso en la Cámara de Comercio e Industria Alemana. Kohl prometió a Menem que su país abogaría en el seno de la CEE por que las negociaciones del GATT llegaran a un resultado exitoso mediante un compromiso global y equilibrado, porque el gobierno alemán consideraba que “más que nunca el mundo necesita hoy una clara señal en favor del libre comercio mundial”. El resultado concreto más importante de la visita fue la firma del Tratado sobre promoción y protección recíproca de Inversiones, realizada en Bonn el 9 de abril de 1991.(5)
La negociación para la firma del mencionado tratado quedó destrabada a último momento por la renuncia de la Argentina a impedir que los eventuales inversores pudieran repatriar libremente sus ganancias. Hasta entonces, la Argentina se reservaba el derecho de embargar esos envíos si atravesaba dificultades en la balanza de pagos. Los funcionarios que gestaron el acuerdo señalaron que el cambio en la actitud argentina fue consecuencia del nuevo plan económico, pues el esquema anterior se contradecía con la flamante convertibilidad del peso. A su vez, Alemania también había flexibilizado su posición, comprometiéndose a garantizar oficialmente sus inversiones en la Argentina. En realidad, ese seguro ya existía pero con un techo muy bajo; el respaldo estatal alemán a sus empresas sería ahora sin límites.(6)
Un tema subyacente tras la visita era el de la deuda de 650 millones de dólares que la disuelta ENTEL mantenía con la firma alemana Siemens. Si bien ni las autoridades de Siemens, ni los funcionarios alemanes consultados admitieron que la deuda con Siemens representara un leading case para los inversionistas alemanes, pocos dudaban de que esa situación debía encarrilarse si se pretendía que las promesas de inversión se concretaran. En una entrevista de Cavallo con el viceministro de Economía alemán, éste señaló que los argentinos prometían garantías a futuros inversores, pero la pregunta era por qué motivo no resolvían antes los problemas con las viejas empresas. Cavallo repitió la explicación oficial de que la deuda con Siemens no era un incumplimiento con un inversor extranjero sino un producto de la insolvencia del Estado con todos sus proveedores. El viceministro dijo que comprendía, pero que sería difícil hacerlo entender a los dirigentes políticos.(7)
Otra cuestión importante que se analizó fue la continuación de la cooperación bilateral en el sector nuclear. En primer lugar, se trató de conseguir la exclusión de la Argentina de la lista negra alemana por su oposición a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Los países en esa situación no eran considerados confiables para recibir material y tecnología nucleares. Alemania accedió a entregar fondos para continuar la construcción de la central atómica Atucha II, pero para continuar y profundizar la cooperación esperaba el acuerdo de la Argentina con la Comisión Internacional de Energía Atómica que permitiera realizar controles a sus plantas nucleares.(8)
La conclusión de Clarín era que el presidente Menem no se llevaba ningún resultado concreto del viaje. Las empresas alemanas esperarían a ver los resultados del plan del ministro Cavallo, y los inversionistas alemanes estarían dispuestos a comprar empresas argentinas privatizadas si estaban a buen precio y pagando con la propia deuda argentina. De todos modos, el acuerdo de protección de inversiones convertía al mercado argentino en algo más atractivo que lo que era unos años atrás, según los empresarios alemanes.
Mientras tanto, el gobierno argentino avanzaba en la renegociación de su deuda. En abril de 1992 en Santo Domingo llegó a un acuerdo con el Banking Advisory Committee, que representaba a los bancos privados acreedores, entre los cuales figuraban bancos alemanes. En cuanto a los bancos oficiales, en julio de 1992 se llevó a cabo la Quinta Ronda de negociaciones con el Club de París, que permitió la reprogramación de vencimientos, acordándose refinanciar 2.800 millones de dólares de un total de 8.700 del stock de deuda pública. En julio de 1993 se firmó el tratado bilateral entre la Argentina y Alemania sobre deuda pública, ratificando los términos acordados con el Club de París.(9)
A principios de octubre de 1992 el presidente Menem volvió a Alemania. Ante empresarios de la Cámara de Industria y Comercio de Alemania, Menem trató de presentar las ventajas comerciales de la Argentina, en cierta forma potenciadas por el ambiente de inestabilidad que en ese entonces imperaba en Brasil, ofreciendo a su país como “puerta de entrada” al Mercosur. También habló del proceso de privatizaciones y confirmó las versiones sobre la intención del gobierno argentino de integrarse a la OTAN.(10)
Según un memorándum de la Cancillería argentina, en 1993 la cooperación y la confianza mutua con Alemania se habían incrementado. Prueba de ello eran las acciones de cooperación entre ambos Ministerios de Defensa, convenidas en febrero de 1993, en los ámbitos de estrategia nacional y militar, reestructuración de las fuerzas armadas, educación militar y adiestramiento, conducción de personal, e inserción de las fuerzas armadas en una sociedad libre y democrática. A comienzos de 1993 también había entrado en vigor el Convenio de Transporte Aéreo con Alemania, que se había concluido en 1985. Asimismo el ministerio alemán de Economía había eliminado en abril de 1993 a la Argentina de la llamada lista “H” de la ley de comercio exterior, que incluía los países respecto de los cuales existían limitaciones para las exportaciones alemanas de tecnología sensitiva. Posteriormente había entrado en vigor el Tratado sobre promoción y protección recíproca de Inversiones, que fuera suscripto en 1991. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Klaus Kinkel había estado en la Argentina en octubre de 1993, firmándose un Memorándum de entendimiento sobre consultas periódicas en materia de Política Exterior, y un Convenio intergubernamental para el régimen de las escuelas alemanas en la Argentina.(11)
Por otra parte, si bien el acuerdo de 1995 entre el Mercosur y la Unión Europea había incidido en el aumento del intercambio bilateral (ya un 40% mayor desde 1991) y de las inversiones en la región, la atracción de capitales por los países de América Latina no era fácil debido a la competencia de los países del Este europeo y de Asia. En 1995, por ejemplo, el flujo de inversiones directas alemanas al exterior había sido de 15.000 millones de dólares: la mitad hacia países ex comunistas, y del resto, 2/3 casi iguales, a Asia y a América Latina.(12)
A la vez, la inversión directa alemana en América Latina y el Caribe era menor que la de otros países de la UE. No obstante, de 280 millones de dólares anuales promedio en la década de los 80 había pasado a 540 millones en la de 1990. La misma se había concentrado en los países más grandes, recibiendo la Argentina alrededor de un 9% del total en 1995.(13)
En vísperas de la llegada a la Argentina del canciller Kohl a mediados de septiembre de 1996, Clarín señalaba que las inversiones alemanas en la Argentina en el período 1991-1996 habían totalizado 450 millones en forma directa (el doble de lo alcanzado en el mismo lapso de cada una de las tres décadas anteriores) y 550 millones en radicaciones financieras de mercado. Alrededor de 500 a 600 Pymes argentinas estaban ligadas al comercio con Alemania, mientras que más de 2.500 germanas tenían vínculos con firmas nacionales. En toda América Latina, las inversiones directas germanas habían sumado en 1994 algo más de 1.000 millones de dólares, apenas el 2,1% de sus colocaciones externas en todo el mundo. De esa cantidad, la Argentina había recibido aquel año 199 millones y 597 Brasil, el país de mayor recepción de capitales alemanes y en el cual el 15% del PBI industrial del mayor estado, San Pablo, lo generaban firmas alemanas.(14)
El canciller Kohl llegó acompañado por representantes de 17 grandes consorcios alemanes para iniciar un desembarco que había perdido las privatizaciones por llegar con retraso. Tres años atrás, poco después de la unificación de las dos Alemanias, el gobierno argentino se había lamentado en la embajada alemana de que la Argentina no recibiera inversiones. La respuesta fue que primero Alemania tenía que consolidarse en el este europeo, y luego llegaría el momento de América Latina y de la Argentina. Las empresas que vinieron con Kohl estaban interesadas sobre todo en las privatizaciones de aeropuertos y los sistemas de radares. La visita oficial comenzó el 16 de septiembre, con una reunión de Kohl con el presidente Menem. El canciller alemán elogió a la Argentina y señaló que desde su primera visita al país en 1984 muchas cosas habían cambiado, tanto aquí como en Europa. América Latina había vivido un proceso de estabilización y aperturas económica y política sin precedentes, y los logros alcanzados por la Argentina eran un “éxito”. Si la economía argentina se desarrollaba en esas líneas, los argentinos tendrían más éxito aún en el futuro, señalando que se refería sobre todo a la flexibilización laboral que redujera el costo del trabajo.(15) Kohl aconsejó mantener el control del gasto público, y remarcó la importancia de observar las reglas acordadas en el GATT y puestas bajo la vigilancia de la OMC. Kohl y Menem suscribieron un Protocolo relativo al convenio de 1978 para evitar la doble imposición tributaria. Además, Menem fue invitado a visitar Alemania el año siguiente.(16)
En efecto, el presidente Menem viajó a fines de mayo de 1997 a Alemania, para realizar una visita oficial destinada a incrementar el comercio entre ambas naciones y atender las relaciones con la Unión Europea. Se trataba de una visita de fuerte contenido económico, dada la presencia de una delegación de 54 empresarIos argentinos interesados en atraer la atención de la fuerte capacidad de inversión alemana. Menem y su ministro de Economía Roque Fernández compartieron un itinerario de dos días con intensa actividad en territorio alemán, para posteriormente separarse y desarrollar agendas propias.(17)
Al arribar el 26 de mayo al aeropuerto de Berlín, Menem declaró que la Argentina estaba en condiciones de “ingresar a Maastricht”, aunque inmediatamente agregó: “claro que no nos corresponde”. Menem fue recibido por el presidente Roman Herzog, quien le ofreció una comida de gala. Además de los ministros Fernández, Di Tella, Domínguez, el embajador argentino Guillermo Keller Sarmiento y otros funcionarios, participaron de la misma el secretario Ramón Hernández, los empresarios Carlos Spadone y Mario Falak, el petrolero Antonio Cassia y Armando Gostanian. “Bajo su dirección -dijo Herzog a Menem esa noche- su país ha seguido ejemplarmente el modelo de la economía social de mercado y cumpliría con facilidad los criterios de Maastricht, que tantos dolores de cabeza nos causan a los europeos”.
En la misma ciudad, el ministro Fernández mantuvo un encuentro con su par alemán, Gunther Rexrodt, y participó de un almuerzo organizado por la Federación de Cámaras de Comercio (DITH). Posteriormente, disertó en un seminario organizado por esa misma Federación y la Unión Industrial Alemana, donde resaltó las oportunidades de inversión que ofrecía la economía argentina. En ese encuentro también hablaron el titular de la DITH, Hans Stihl; el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Julio Macchi, y el presidente del Banco Roberts, Enrique Ruete Aguirre. Asimismo, representantes de Siemens y Volkswagen expusieron los casos de las compañías en la Argentina.
Menem se reunió al día siguiente en Bonn con el canciller Kohl, y le pidió inversiones en el próximo proceso de privatizaciones que se desarrollaría en la Argentina. La prioridad del encuentro Menem-Kohl radicó en el análisis conjunto de las conclusiones del grupo mixto de trabajo argentino-alemán, que los mandatarios habían inaugurado en septiembre de 1996, tras la visita de Kohl a la Argentina, y que sus miembros ajustaron en marzo de 1997 en Bonn. El informe revisaba las áreas que serían licitadas próximamente en la Argentina, como aeropuertos, trenes y subterráneos, además de las posibilidades para la cooperación alemana en proyectos especiales, como la construcción del puente Buenos Aires-Colonia y Rosario-Victoria, la construcción de un tren de alta velocidad que uniera Buenos Aires y Mar del Plata y otros proyectos energéticos.(18)
Los pedidos argentinos de mayores inversiones alemanas se explicaban en parte por el déficit de la balanza comercial con Alemania, que en 1996 había sido de 859 millones de dólares, con importaciones por 1.424 millones y exportaciones por 565 millones de dólares, en tanto que en el primer bimestre de 1997 se observaba un rojo de 205,1 millones de pesos. Entre 1995 y 1996, las exportaciones argentinas a Alemania habían caído cerca del 18%, mientras que los alemanes habían aumentado, en ese período, sus ventas a la Argentina casi el 50%. No obstante, Alemania tenía en 1997 un déficit fiscal del orden de los 18.000 millones de marcos (unos 11.000 millones de dólares), una cifra que superaba el 3% de su PBI, establecido como meta en Maastricht.
Según Clarín, algunos diarios alemanes habían criticado la figura de Menem. Entre otros, Der Tagesspiegel había publidcado títulos como los siguientes: “Alemania puede aprender de la experiencia económica argentina, si no fuera porque en el Río de la Plata hay una desocupación del 17%, según datos oficiales, y algo más según otras mediciones”; “El Partido Justicialista perderá en octubre la mayoría confortable que tiene en el Congreso”, y “Menem y sus consejeros están bajo sospecha de corrupción. En el caso del Presidente, por su amistad con Alfredo Yabrán, un empresario con métodos no muy claros”.(19)
Pocos días después de la visita de Menem, el 10 de junio de 1997 el ex embajador alemán en la Argentina, Jorge Kastl, hizo en Berlín unas declaraciones muy críticas de los militares argentinos que habían actuado durante el Proceso militar. El jefe del Ejército argentino, teniente general Martín Balza, le respondió lo siguiente:
“Es inaceptable y agraviante para mí lo que dijo ese señor, porque al generalizar parecería que todos los militares éramos torturadores, asesinos y ladrones. Pero además, al decir que los que combatieron en las Malvinas demostraron ser malos soldados, el ex embajador ofende la memoria de nuestros muertos, mutilados y de todos los que combatieron”.(20)
Por último, el presidente alemán Roman Herzog realizó una visita a la Argentina entre el 2 y el 5 de marzo de 1999, acompañado por altos funcionarios y un grupo de 40 empresarios. Herzog se comprometió a abrir los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán y de la embajada de ese país en Buenos Aires para dar a conocer la información que allí pudiera existir acerca de personas de origen germano desaparecidas durante el Proceso Militar argentino. Herzog anunció su decisión minutos después de una reunión que mantuvo con Madres de Plaza de Mayo de origen alemán, acompañadas por el pastor Juan Pablo Schaad, quienes le pidieron al presidente alemán que conversara con el presidente Menem sobre la impunidad respecto de los crímenes cometidos, y reclamaron que Bonn ayudara a acceder a los documentos y registros del consulado alemán.(21)
Herzog admitió que Alemania había quedado rezagada entre los países que habían realizado inversión extranjera directa en la Argentina. Los capitales alemanes representaban sólo un 2% del total invertido en 1998, lejos del resto de los principales países europeos. En su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ante empresarios alemanes y argentinos, y estando presentes el ministro de Economía Fernández y el canciller Di Tella, Herzog dijo que había sido una decepción que Alemania no hubiera participado de las privatizaciones, pero la caída del muro de Berlín la había obligado a reacomodar primero los mercados locales. Sostuvo también que había existido cierta falta de conocimiento del empresariado alemán, situación que iba a cambiar porque los empresarios habían vuelto a detectar el potencial de la Argentina.(22)
Al igual que en el caso de los otros países de Europa Occidental, la balanza comercial levemente favorable a la Argentina a comienzo de la década se tornó ampliamente favorable a Alemania al final de la misma. En 1990 la Argentina exportaba a Alemania por valor de 651 millones de dólares e importaba por 408 millones. El saldo de la balanza cambió de signo a partir de 1993, con fuertes valores negativos para la Argentina en 1997 y 1998. En 1999 las exportación argentinas fueron de 632 millones de dólares y las importaciones argentinas alcanzaron 1.409 millones.(23) Como se vio, Alemania quedó rezagada respecto de otros países en materia de inversiones en la Argentina. No obstante, las empresas alemanas tradicionales instaladas en la Argentina –las automotoras Volkswagen y Mercedes Benz, la química Bayer y Siemens- se mantuvieron.
Cabe señalar que el comercio bilateral con todos los países se caracterizaba en general por la exportación de productos primarios, como carnes, alimento para animales, lanas, pieles, cueros y tabaco, y la importación de bienes manufacturados entre los cuales figuraban calderas y artefactos mecánicos, autos y tractores, aparatos eléctricos, productos químicos y farmacéuticos. Con las dificultades derivadas de la política agraria común aplicada por los países europeos y la mencionada estructura del comercio exterior argentino con esos países fue muy difícil para la Argentina revertir los déficits de su balanza comercial.
3. Los vínculos con el Vaticano. La posición argentina a favor de la vida y de condena al aborto
Las relaciones de la Argentina con el Vaticano se caracterizaron por las varias entrevistas que el presidende Menem mantuvo con el Papa Juan Pablo II, hecho que el presidente argentino se encargó de resaltar al final de su gobierno. No obstante, debido a que un sector de la Iglesia argentina fue muy crítico de la política económica y social menemista, debido a la pobreza y marginación que generaba, las relaciones con el Vaticano no estuvieron exentas de problemas. Probablemente la posición antiabortista asumida por el gobierno argentino haya sido una estrategia para evitar las críticas del Vaticano respecto de las consecuencias de la política económica aplicada en el Argentina.
El presidente Menem viajó a Roma y se entrevistó con el Papa Juan Pablo II el 29 de octubre de 1990. Menem recibió respaldo y advertencias. El Papa expresó un mensaje de esperanza para la Argentina. Consciente de que todavía no habían desaparecido las heridas y antagonismos del pasado, señaló que era necesario un renovado esfuerzo para superar cualquier forma de enfrentamiento y fomentar una creciente solidaridad entre todos los argentinos. Pero, a la vez, recordó que en su último viaje a América Latina, había observado la existencia de una creciente inquietud moral, que se manifestaba bajo la forma de crisis sociales y otros fenómenos, como la violencia, el desempleo y la marginación, y que amenazaba la coexistencia pacífica. La Argentina no escapaba a esos problemas, que golpeaban a vastos sectores de la población y requerían mayor responsabilidad a todos los niveles y un compromiso más determinado con el bien común.
Luego de otro encuentro con el secretario de Estado cardenal Agostino Casaroli, Menem mantuvo una conferencia de prensa en la embajada argentina. Se le preguntó si firmaría pronto el indulto a los militares y civiles presos. El presidente sostuvo que lo haría antes de fin de año, porque “si no hay perdón no habrá reconstrucción moral y tal vez material de la República”. Cabe señalar que nueve años después, al terminar su última reunión con el Papa, Menem dijo a un periodista italiano que los indultos habían sido recomendados por el Sumo Pontífice. Respecto de la entrevista de octubre de 1990, el presidente explicó que había hecho una breve referencia al Papa sobre el programa de apertura económica y otras medidas necesarias para introducir a la Argentina en el mundo moderno. Menem había sostenido la necesidad de aggiornamiento de una Argentina, que alguna vez había sido uno de los diez países más prósperos del mundo y que había descendido al 84° lugar, “una involucion increíble e intolerable”. Un indisimulado triunfalismo llevó a Menem a hacer referencia a todo lo realizado por la Argentina en “tan sólo un año”, cuando a Italia le había llevado diez o quince años ponerse en marcha por el camino de la modernización.(24)
El 23 de marzo de 1992 el Papa Juan Pablo II exhortó ante el embajador argentino en el Vaticano a que el Estado velara por los sectores más desprotegidos para que no fueran “víctimas de los planes de ajuste, ni queden marginados por el dinamismo del crecimiento”.(25) Poco después, el presidente Menem defendió su política económica frente a las advertencias sobre el costo social del ajuste formuladas por el Papa. Menem señaló que el Papa no estaba bien informado respecto de la evolución del plan económico, y afirmó que las estadísticas indicaban que en ese momento había menos del 5% de desocupación, en contraposición al 12% existente en 1989.(26)
En septiembre de 1996 llegó a Buenos Aires el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, y muy cercano al Papa Juan Pablo II. Oficialmente el objetivo de su visita era al Congreso Latinoamericano del Movimiento Pro Vida a realizarse en Luján. No obstante, en las reuniones que mantuvo con el presidente Menem, el vicepresidente Ruckauf, el gobernador Duhalde, las principales autoridades de la Iglesia argentina y numerosos legisladores dejó en claro la posición de rechazo de la Iglesia a cualquier ley que pudiera abrir paso al aborto. Su visita era el punto culminante de las presiones realizadas desde el Vaticano para que el gobierno argentino tomara en cuenta su postura sobre legislación reproductiva y familiar. Existían tres proyectos que preocupaban a la Iglesia en esta materia: fecundación artificial, paternidad responsable y derecho a una muerte digna. En su audiencia con Menem, el cardenal agradeció la posición oficial en foros internacionales y destacó las coincidencias del Vaticano con el gobierno argentino “en la batalla por la defensa de la dignidad de la vida humana”. El cardenal se llevó una promesa de Menem: a través del ex ministro de Justicia Rodolfo Barra, el gobierno controlaría que las leyes que pudieran aprobarse en el Congreso estuvieran en sintonía con la postura de la Iglesia. Esa misma tarea de control sobre la aplicación de principios promovidos por la Iglesia había tenido Barra en 1994 durante la Convención de Santa Fe que reformara la Constitución Nacional.(27)
Al mes siguiente, viajó a la Argentina el cardenal Agostino Casaroli, ex secretario de Estado del Vaticano, para participar en los actos con los que se recordaría la firma del Concordato del 10 de octubre de 1966, mediante el cual se había puesto fin al ejercicio del derecho de Patronato por el gobierno argentino, reconociendo a la Iglesia el libre ejercicio del poder espiritual, culto y jurisdicción en materia de su competencia. Podía en consecuencia instalar nuevas diócesis, nombrar prelados y tener libre comunicación con autoridades eclesiásticas y fieles. En aquella oportunidad el papa Paulo VI había calificado el acuerdo como “el primer fruto en el campo de la relaciones entre la Iglesia y los Estados, tras el Concilio Vaticano II”. La negociación había comenzado en 1958 durante la presidencia de Arturo Frondizi y culminado en la de Arturo Illia, aunque se firmó luego de su derrocamiento. Casaroli se reunió en entrevistas privadas con Menem y con Di Tella.(28)
El 10 de febrero de 1997 Menem decidió nombrar a Esteban Caselli embajador argentino en el Vaticano, en remplazo de Francisco Trusso, que se encontraba al frente de la representación diplomática desde 1991. Caselli había acompañado a Eduardo Bauzá en todos los cargos políticos desde la asunción de Menem, y había oficiado de contacto entre la Iglesia y el gobierno durante el período de Bauzá al frente de la Secretaría General. En noviembre de 1995 se habían atribuido a Caselli las gestiones realizadas en el Vaticano para diluir un crítico discurso del papa Juan Pablo II sobre la desocupación en el país, pronunciado frente a un grupo de obispos argentinos. Con el remplazo del cardenal Antonio Quarracino por monseñor Estanislao Karlic al frente del Episcopado, Caselli había perdido influencia en la cúpula de la Iglesia, que en su momento había sido muy valorada por el Presidente.(29)
El 11 de octubre de 1997 el presidente Menem mantuvo su cuarta audiencia con el Papa Juan Pablo II desde 1989, dos semanas antes de que tuvieran lugar las elecciones legislativas en la Argentina. Según Clarín,(30) la reunión había dividido a la Iglesia argentina en dos posiciones: mientras un grupo de obispos le atribuía fines electoralistas, otros obispos consideraban que el primer mandatario tenía el derecho de reunirse con el pontífice cuando mejor le pareciera. No obstante, los obispos no hicieron declaraciones sobre el tema. El encuentro se había logrado por la buena relación del embajador Caselli con el secretario de Estado del Vaticano, el influyente cardenal Angelo Sodano. El gobierno argentino lograba ese reconocimiento por su alineamiento en los foros internacionales con la posición contraria al aborto.
Durante la audiencia entre Menem y el Papa se tocaron los siguientes temas:
a) Hielos continentales. Según afirmó Menem luego del encuentro, la Santa Sede iba a “exhortar” a los gobiernos de la Argentina y Chile -y no a sus Congresos, como era el deseo de la Cancillería- a una pronta ratificación del acuerdo por Hielos Continentales. El Vaticano enviaría el mes siguiente una carta a los presidentes o cancilleres argentino y chileno firmada por su secretario de Estado, Angelo Sodano, y no por el Papa -como procuraba el gobierno-. El texto manifestaría el agrado de la Santa Sede por la voluntad negociadora de los dos países y, según Menem, los “exhortaría" a ratificar el acuerdo. En los hechos, la solicitud del Vaticano no agregaba nada: eran los Congresos y no los gobiernos los que tenían demorada la aprobación del acuerdo que pondría fin al último conflicto limítrofe entre la Argentina y Chile. El vocero del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, señaló que no era de práctica que el Papa se dirigiera a los Parlamentos. De esa manera, las expectativas del embajador Caselli no parecieron del todo cumplidas.
b) La cuestión social. Según Menem, durante la entrevista no se habló de la cuestión social en la Argentina. Sin embargo, el presidente reconoció que había revisado con el Papa la situación social en Cuba y Haití, “los dos países a los que hizo referencia Su Santidad” cuando conversaron sobre Latinoamérica. Menem sostuvo que no se había hablado de otros países, pero el comunicado del Vaticano indicó que en la audiencia con el Santo Padre, como en el sucesivo encuentro de Menem con el cardenal Sodano, se había evaluado también la situación en América Latina, con particular atención a algunos problemas de desarrollo y justicia social en algunos de los países.
c) Libertad religiosa en Cuba. Menem dijo en conferencia de prensa haber asegurado al Papa que hablaría con Fidel Castro el mes siguiente próximo para reclamarle mayores espacios de libertad religiosa para la Iglesia en Cuba. Menem urgiría a Castro a que concediera mayores libertades a la Iglesia católica cubana en la cumbre de 1997 de presidentes y primeros ministros de la comunidad iberoamericana a celebrarse en la isla venezolana de Margarita. Sin embargo, el comunicado del Vaticano sobre la audiencia no mencionó en absoluto ese tema y la Santa Sede no se manifestó explícitamente a favor del pronunciamiento argentino por la libertad religiosa en Cuba.
Por otra parte, Menem explicó a la prensa que había decidido no boicotear la cumbre iberoamericana que tendría lugar en Cuba en 1999, en virtud de que el Papa iba a viajar a Cuba en enero de 1998, único país de América Latina que aún no había visitado. En las últimas semanas habían crecido los rumores de que la Argentina se aprestaba a anunciar que si en el futuro no se registraban aperturas democráticas en el régimen comunista cubano, Menem no asistiría a la cumbre de La Habana.
d) Iniciativa internacional a favor de la libertad religiosa. Según Clarín, Menem habló también con el Papa, pero mucho más con el cardenal Sodano, de la perspectiva de que la Argentina tomara una iniciativa a nivel diplomático internacional en favor de la libertad religiosa. Esa iniciativa incluiría a Cuba, pero sobre todo a China, Sudán y otros países islámicos integristas que no concedían ningún espacio a las otras religiones. Un caso típico, se sostenía, era Arabia Saudita. Del tema hablaría Menem con el presidente norteamericano Bill Clinton, que llegaría esa semana a Buenos Aires. La iniciativa podía ser lanzada en la cumbre de los países iberoamericanos de noviembre en Venezuela.
No se hizo mención alguna a la posibilidad de que la Iglesia estudiara la beatificación de personalidades argentinas que eran objeto de culto. Tampoco se aludió a la posibilidad de que el Papa visitara la Argentina. Menem dijo que el Papa le había agradecido a él y a la Argentina “por su defensa permanente de la vida, de la familia y la condena al aborto”. La audiencia ocupó sólo 13 minutos de los 50 que habían sido anunciados previamente.
Saludaron al Papa luego de la entrevista Guido Di Tella, el embajador Caselli; el embajador en Roma, Erman González; los gobernadores Ramón Puerta y Jorge Escobar; Carlos Corach; Alberto Kohan; el senador Carlos Reutemann; el médico del Presidente, Alejandro Tfeli, y el secretario privado, Ramón Hernández.
Una semana después de la visita de Menem al Vaticano, en el marco de una reorganización general de la Curia, el Papa reemplazó al otrora poderoso gobernador vaticano, cardenal venezolano José Rosolio Castillo Lara. Este era una persona conocida en la Argentina, y había sido condecorado por el presidente Menem durante su visita al Papa, junto con otros dos purpurados. El Papa nombró en lugar del cardenal Castillo Lara a su par estadounidense, de origen polaco, Edmund Szoka, que hasta ese momento era titular de la Prefectura de Asuntos Económicos y estaba considerado un especialista en temas financieros. En la lista de consultores del gobernador vaticano aparecía como "honorario" Francisco Javier Trusso, hijo del ex embajador argentino ante la Santa Sede y que estaba seriamente implicado en el escándalo del Banco de Crédito Provincial (BCP), del cual era accionista mayoritario.(31) Inmediatamente, el banquero Trusso presentó la renuncia a su cargo de “consultor honorario” de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad de Vaticano. Trusso había sido el primer argentino y el segundo extranjero en ocupar ese cargo consultivo.(32)
A fin de avanzar en su estrategia de acercamiento a la nueva conducción de la Conferencia Episcopal argentina, durante su viaje a Italia a comienzos de diciembre de 1997, Menem mantuvo en Roma un encuentro con el cardenal Raúl Primatesta y el arzobispo Estanislao Karlic. Los prelados eran parte de una delegación del Episcopado argentino que estaba participando del Sínodo de América en el Vaticano. Ambos representaban una nueva línea pastoral que contaba con el consenso de la gran mayoría de los obispos argentinos, y que reclamaba autonomía absoluta del poder político, observaba con mucha sensibilidad los problemas sociales y se inscribía a pleno en la movilización evangélica y de autocrítica que el Papa reclamaba a la Iglesia. La invitación a una recepción en la embajada a la delegación por parte del embajador Caselli demostraba su comprensión de que el fin de la conducción amiga y de talante conservador de la Conferencia Episcopal, que había guiado el cardenal Quarracino, podía dar paso a una etapa fructífera si el gobierno se sabía manejar con flexibilidad, respetando los roles bien diferenciados de cada parte.(33)
A fines de diciembre de 1997 el Papa confirmó que recibiría a la conducción de la CGT argentina en la audiencia pública del 18 de febrero de 1998 en el Vaticano. El embajador Caselli había gestionado el pedido por vía del cardenal Sodano, luego de haber desactivado un encuentro de la central sindical con el Papa en junio anterior, por temor a que su presentación de cartas credenciales en la Santa Sede coincidiera con una visión crítica del sindicalismo por la situación social en la Argentina.(34)
El 22 de diciembre de 1997 La Argentina y Chile pidieron conjuntamente al titular de la academia diplomática del Vaticano, monseñor Jaime Montalvo, que presidiera la comisión de Conciliación argentino-chilena que el año siguiente buscaría una solución para los Hielos Continentales, paso que se daría luego de que terminara de naufragar el acuerdo de la Poligonal de 1991. Montalvo era un arzobispo colombiano y jurista que había sucedido al cardenal Antonio Samoré, cuando éste falleció a principios de los ochenta. El pedido conjunto era importante por varios motivos. Primero porque si Montalvo aceptaba se completaría esa comisión estratégica, contemplada en el tratado de Paz y Amistad de 1984, y que estaba acéfala desde la muerte del uruguayo Giménez de Arrechaga. Los otros miembros de la comisión eran el argentino Héctor Masnatta y el chileno Helmut Bruner. Segundo, el pedido a Montalvo significaba de hecho el ingreso de la disputa por los Hielos al área de influencia del Vaticano, aunque Chile se negara por el momento a que la comisión de Conciliación intentara una solución para el último litigio pendiente con la Argentina. De esta forma, una eventual arbitraje -el paso siguiente a una conciliación- ya estaría dentro de la jurisdicción de la Santa Sede. La decisión de hacer este pedido había sido tomada la semana anterior por los cancilleres Di Tella y José Miguel Insulza en una reunión realizada en Montevideo. Allí Di Tella había comunicado a su par chileno que el acuerdo de la Poligonal no sería ratificado por el Congreso argentino, en virtud del resultado de las elecciones de octubre anterior. Formalmente, los cancilleres acordaron un compás de espera hasta marzo de 1998 ante la posibilidad de que los sectores opositores de ambos países realizaran alguna propuesta alternativa al acuerdo de la Poligonal. En realidad, el gobierno argentino esperaba que en esa fecha Chile flexibilizara su negativa a poner en marcha la conciliación por los Hielos. Chile se negaba a dar ese paso desde que había perdido la totalidad de Laguna del Desierto en un arbitraje en 1994.(35)
El 10 de agosto de 1998 Menem hizo efectivo el traspaso de la Secretaría de Culto de la Cancillería a la órbita de la Presidencia y puso en funciones al nuevo secretario de Culto, Juan José Laprovitta. A pesar de asistir al acto representantes de todas las confesiones presentes en la Argentina y varios miembros de la jerarquía católica, la sola presencia de tres de los veinte obispos que formaban la comisión permanente del Episcopado (no estaban su presidente, Estanislao Karlic, ni los vicepresidentes) reveló la reticencia que inspiraba la medida, efectuada sin ninguna consulta a las autoridades religiosas. Extraoficialmente el episcopado había señalado que con el traspaso y el desplazamiento del titular de la Secretaría de Culto, Angel Centeno, un adversario del embajador ante la Santa Sede Caselli, el gobierno pretendía manipular la relación con la Iglesia.(36)
En el marco de su visita a Italia, el 11 de noviembre de 1998 Menem tuvo un nuevo encuentro con el Papa Juan Pablo II. Menem reiteró una vez más su firme posición, prolijamente alineada detrás de la Iglesia Católica, en defensa de la vida y la familia y en contra del aborto. Propuso incluso impulsar en forma conjunta la designación de un día internacional en defensa del nonato. Además, habló del caso Pinochet y, como en su encuentro con D’Alema del mismo día, defendió la posición de las autoridades de Santiago.(37) Luego del encuentro con el Papa, Menem dijo a la prensa que no había pedido que el Vaticano fuera sede de la eventual firma del acuerdo por los Hielos Continentales con Chile, pero Clarín sostuvo que fuentes de la delegación argentina habían afirmado que sí lo había hecho. No obstante, el acuerdo se firmaría en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1998.(38)
El modo en que el embajador Caselli había organizado una visita del Papa Juan Pablo II a la Iglesia Nacional Argentina de Roma no fue bien visto por el obispo de Zárate-Campana, monseñor Rafael Rey, quien acusó a Caselli de estar entrando en cuestiones internas de la Iglesia y disponiendo de algunas cosas que no le correspondían. Rey, un habitual crítico de la gestión menemista, aclaró que se refería -entre otras situaciones- al hecho de que las máximas autoridades del Episcopado se habían enterado por los diarios de la visita del Pontífice al templo argentino, a través de los dichos de Caselli. El obispo opinó, por otra parte, que tal vez no todos en el Vaticano estuvieran enterados de la realidad argentina, porque había un embajador que sólo informaba lo que le convenía. Las duras críticas de monseñor Rey provocaron la respuesta del presidente Menem desde Roma, quien dijo que algunos obispos “tenían posición política tomada”. A su vez, el presidente del Episcopado monseñor Karlic prefirió en Roma no hablar del malestar que había provocado en el Episcopado que Caselli se opusiera a un encuentro que la UIA y la CGT tendrían el día 13 con el Papa. El contacto, respaldado por la Pastoral Social, tenía por objeto entregarle al Papa un documento en el que expresaban su disposición a buscar en conjunto soluciones al problema del desempleo.(39)
El 21 de marzo de 1999 Menem recibió una carta del Papa Juan Pablo II, en la que el último respaldaba la iniciativa presidencial de establecer la celebración del Día del Niño por Nacer (que se dispuso por decreto 1406 /99 para ser celebrada el día 25 de marzo, fecha en que el catolicismo festeja la Anunciación de la Virgen María). En la primera celebración oficial, el presidente invitó a los jefes de los gobiernos latinoamericanos y de España, Portugal y Filipinas a adherir a la iniciativa. Señaló como una prioridad de la política exterior argentina “una firme defensa de la vida desde la concepción” y afirmó que ese principio debía ser considerado como “política de Estado”. La posición oficial mereció elogios de altos dignatarios del Vaticano, como de su representante ante las Naciones Unidas, el arzobispo Renato Martino, quien sostuvo que la Argentina era uno de los países que en los foros internacionales defendía “la dignidad de la persona humana”. Según La Nación, la iniciativa a favor de la jornada del Niño por Nacer y el seminario realizado por el gobierno para honrar la figura del Papa fueron gestos dentro de la estrategia oficial por atemperar los cuestionamientos del Episcopado argentino respecto de las políticas sociales, de los escándalos por corrupción y de controversias institucionales, como las amenazas reeleccionistas.(40)
En efecto, el obispo emérito de Viedma, Miguel Hesayne, envió el 10 de junio de 1999 una carta pública al presidente Menem de fuerte contenido crítico, reclamándole un público arrepentimiento por los injuriosos insultos que había lanzado contra el titular de Caritas, monseñor Rafael Rey, y enfatizando que el jefe del Estado podría engañar hasta al mismo Papa, pero no a Jesucristo. Hesayne salió en defensa de Rey, acusado por el presidente de “mentirle al pueblo” cuando aseguró que en la Argentina existían 13 millones de pobres, cifras elaboradas por el Banco Mundial. No obstante, el obispo emérito señaló a Menem que todavía estaba a tiempo de reparar, en parte al menos, la injusticia social que su gobierno había extendido por el país, instándolo a dejar un camino menos difícil a los gobernantes que lo sucedieran.(41)
La política adoptada por el gobierno argentino hacia la Santa Sede tuvo su rédito para el presidente argentino cuando, pocos días después, monseñor Renato Martino le entregó a Menem el premio Sendero de la Paz 1999, en reconocimiento a su defensa de la vida y de la familia, así como sus esfuerzos en nombre de la paz mundial.(42)
El 22 de noviembre de 1999 en el contexto de su última gira internacional como jefe de Estado, Menem tuvo su sexto y último encuentro con el papa Juan Pablo II, obteniendo la promesa vaticana de que sería convertido en embajador itinerante de la Santa Sede, para proclamar la defensa de la vida y condenar el aborto. Menem también fue invitado a integrar una comisión de notables que se dedicaría a divulgar la doctrina de la Iglesia cristiana. Como contrapartida, el cardenal Sodano reclamó públicamente que el próximo gobierno argentino continuara con la línea trazada por Menem.(43) Menem declaró luego que se había conversado sobre la necesidad de trabajar intensamente sobre la propuesta de la Iglesia de defender la vida, la familia, la libertad y la moral cristiana, expresando también a funcionarios de su comitiva que el Papa lo había felicitado por todo lo que había hecho por la Iglesia y por el “excelente gobierno”. Si la propuesta de la Iglesia se concretaba, Menem señaló que podría cumplir su estrategia de posgobierno: viajar por el mundo para reforzar internacionalmente la figura de estadista. Su intención era tener un lugar en el mundo, una voz autorizada por el Vaticano para fortalecerse ante la comunidad mundial, y volver a la presidencia en el 2003, con una imagen realzada y con peso. Paradójicamente, la prensa italiana prestó poca atención a la visita de Menem, señalando en cambio el descalabro financiero de las embajadas argentinas. En su suplemento económico, el Corriere della Sera mencionó ese tema y dedicó a la Argentina una extensa nota sobre la situación económica por la que este país atravesaba. “La fiesta terminó, hombre. Y también el dinero”, comenzaba el artículo, que destacaba el índice de desocupación, la desigualdad y el enorme déficit público que heredaba el presidente electo Fernando de la Rúa.(44)
4. La cuestión de los derechos humanos
En fallo sin precedentes, el 16 de marzo de 1990 el Tribunal de lo Criminal de París condenó a cadena perpetua al capitán de corbeta argentino Alfredo Astiz por el secuestro y tortura en Buenos Aires de dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet, en diciembre de 1977. Astiz había sido absuelto por la Corte Suprema de Justicia argentina en marzo de 1988. El gobierno argentino rechazó el primer pedido de extradición francés el 20 de septiembre de 1990, argumentando el principio de territorialidad, y la improcedencia del pedido de detención en virtud de que los hechos juzgados habían ocurrido con anterioridad a la Convención contra la Tortura y Otras Penas o Tratamiento Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada en diciembre de 1984 en Nueva York, y por ende anterior a la entrada en vigor del Código Procesal francés.(45)
A fines de 1993, el presidente Menem aprobó una lista de ascensos para oficiales de la Armada argentina elaborada por el Ministerio de Defensa. Pero cuando esa nómina llegó al Senado se conoció que dos militares allí incluidos –Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón- habían sido acusados de violar derechos humanos durante el gobierno militar. Interrogado al respecto, Pernías reconoció públicamente que la tortura era una “herramienta” que se había usado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para obtener información de los detenidos, e implicó a la Armada en el secuestro y asesinato de las monjas francesas Domon y Duquet.
El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Alain Juppé, durante su visita efectuada a la Argentina en 1994, calificó de “muy graves” las revelaciones de Pernías y Rolón, y sostuvo que correspondía a las autoridades judiciales francesas adoptar las iniciativas necesarias sobre el tema. Antes de dejar el país, Juppé se reunió con miembros de Madres de Plaza de Mayo y de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.(46)
El bloque de senadores peronistas anunció de inmediato que rechazaría el pedido de ascenso de Pernías y Rolón. El presidente Menem expresó que no compartía la decisión de los senadores -para el Poder Ejecutivo, el tema referido a la subversión era “cosa juzgada”- pero la respetaba.(47)
Cuando a fines de febrero de 1996 el presidente Menem viajó a Francia, la visita se vio empañada por la “cuestión Astiz”. Ante los reclamos de información de diez organizaciones de derechos humanos sobre los ciudadanos franceses desaparecidos en la Argentina, y el pedido de una declaración de responsabilidad del estado similar a la que el presidente Chirac había hecho a poco de asumir sobre la entrega de 75 mil judíos a los campos de exterminio nazi, el canciller Di Tella se declaró partidario de una indemnización pecuniaria y una moral a los familiares de los desaparecidos, pero no política. Sostuvo que si se pedía una declaración de culpabilidad del estado argentino, habría que esperar otros 50 años como había ocurrido en Francia.(48)
El embajador francés en la Argentina, Renaud Vignal, insistió en julio de 1996 en que aún pesaba el pedido de captura sobre Astiz. En septiembre de ese año, a raíz de las fuertes presiones ejercidas por el gobierno de Francia, Astiz pasó a retiro, y el gobierno argentino tuvo alguna esperanza de que con esa medida el tema se aplacara.(49)
El 17 de marzo de 1997 el presidente francés Jacques Chirac inició su visita a a la Argentina. En el primer día de su estadía, Chirac envió a su ministro delegado de Asuntos Europeos, Michel BarnIer, a rendir homenaje a “las víctimas francesas de la represión ilegal” en la Argentina y a los muertos en el atentado contra la Embajada de Israel en 1992. Barnier depositó una corona de flores al pie del monumento inaugurado en la embajada de Francia en homenaje a las monjas Duquet y Domon y los otros desaparecidos de origen francés. Aparentemente, el caso Astiz no fue tocado en la reunión que Chirac mantuvo con Menem.(50)
Sin embargo, al final de la visita, y aprovechando un ámbito en el que hablaba más para la prensa francesa que cubría su gira que para los argentinos, Chirac calificó a Astiz de “asesino”, aclarando que, si bien hubiera preferido que estuviera en prisión en Francia, era respetuoso de la ley y de la Justicia argentinas y de lo decidido por ellas. De esa manera, no quedaron dudas sobre la opinión del presidente francés sobre el caso Astiz. El embajador de Francia, Renaud Vignal, que durante años mantuvo una posición extremadamente firme sobre el castigo que reclamaba Francia para Astiz, lo escuchó con satisfacción. La toma de posición de Chirac sobre Astiz fue para el diplomático un respaldo a su actuación, algo doblemente importante para Vignal dada la filiación socialista del embajador.(51)
El asunto se complicó en junio de 1997 cuando el diario Página/12 reveló que Astiz, pese a haber pasado a retiro, cumplía funciones en el Servicio de Inteligencia Naval (SIN). El gobierno francés mostró su irritación a través del embajador Vignal, y el gobierno argentino se vio en la obligación de exigir al jefe de la Armada, almirante Carlos Marrón, que relevara a Astiz de sus tareas. El ministro de Defensa Jorge Domínguez expresó a Vignal que ni él ni el presidente habían sido notificados del tema y que no existía un contrato laboral que ligara a Astiz a la Armada, ya que se lo llamaba esporádicamente. El diplomático manifestó su satisfacción por la decisión tomada.(52)
Durante la visita del presidente argentino a Francia en octubre de 1998, mientras Menem daba una charla ante intelectuales franceses, el canciller Di Tella debió neutralizar los reclamos de organismos de derechos humanos que le solicitaron tres medidas: a) la designación de un mediador entre ambos países, para que informara sobre el destino de los quince desaparecidos franceses durante la última dictadura militar en la Argentina; b) la reconstrucción de las listas de desaparecidos y el esclarecimiento de las circunstancias en que se habían producido las desapariciones, c) la exclusión de la función pública de todos aquellos ex integrantes de la dictadura, y d) que se dieran a conocer los nombres de los responsables de la represión ilegal. Di Tella tomó en cuenta las demandas del nombramiento de un mediador para esclarecer los casos de los franceses desaparecidos y se comprometió a hacer todo lo posible para agilizar las investigaciones.(53)
El 7 de mayo de 1996 comenzó en Roma una audiencia preliminar para determinar si se procesaba a 40 militares argentinos como responsables de la desaparición de al menos 120 ciudadanos italianos durante la dictadura militar. El fiscal Antonio Marini había pedido archivar el proceso judicial iniciado en 1983 tras la denuncia por la desaparición de más de 600 ciudadanos italianos, con el argumento de la falta de colaboración de la Justicia argentina. Según dirigentes de derechos humanos, a través de un supuesto pacto secreto realizado en 1995 entre los gobiernos de la Argentina e Italia se había acordado la caducidad de la causa a cambio de la extradición desde la Argentina del ex capitán nazi Erich Priebke. Si ese pacto secreto existió, en mayo de 1996 su continuidad fue sepultada por la asunción de un nuevo gobierno italiano dominado por la centroizquierda. El juez de investigaciones preliminares Claudio D’Angelo, del Tribunal de Roma, rechazó el pedido de archivar el proceso formulado por el fiscal Marini.(54)
El 14 de enero de 1997 tuvo lugar una audiencia preliminar para definir la suerte de la causa. Si se decidía la continuación del proceso, casi 90 militares y policías argentinos -entre ellos cuatro ex presidentes- podían ser condenados y corrían el riesgo de ser detenidos si salieran del país.(55) La audiencia, presidida por el juez D’Angelo, sirvió para que los abogados de los familiares de las víctimas, el fiscal Marini y el abogado defensor del almirante Armando Lambruschini (el único involucrado que se presentó ante la Justicia italiana) se manifestaran en favor o en contra del comienzo de un proceso penal. El 12 de febrero D’Angelo decidió continuar las investigaciones de seis homicidios y dos secuestros de recién nacidos y promover un proceso penal contra varios ex militares argentinos.(56)
El 6 de abril de 1998, en su primer día de visita oficial a la Argentina, el primer ministro de Italia, Romano Prodi, afirmó que el gobierno italiano estudiaba la posibilidad de constituirse en parte querellante en el juicio. Prodi recibió a un grupo de madres de desaparecidos italianos que promovían el juicio en Roma contra siete militares argentinos, entre los que se encontraban el ex general Guillermo Suárez Mason y el general (RE) Santiago Omar Riveros. Suárez Mason y otros ex represores estaban libres pese a haber sido condenados por la Justicia argentina porque habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y por los indultos del presidente Menem. En junio de 1998 Prodi confirmó que el estado italiano se había constituido en parte civil en el juicio, pero dijo que ello no afectaría las relaciones bilaterales.(57)
A fines de julio se inició ante los tribunales romanos otra causa contra varios marinos argentinos que operaban en el campo de detención clandestina que funcionó en la ESMA. La causa se abrió después que el ministro de Justicia italiano, Oliviero Diliberto, autorizó a proceder con la hipótesis de homicidio múltiple agravado, del cual habían sido víctimas tres ciudadanos italianos asesinados en 1977. Los imputados eran Jorge E. Acosta, quien se hallaba preso por su participación en el robo de hijos de desaparecidos; Alfredo Astiz; el capitán de fragata Jorge Vildoza; el vicealmirante (RE) José Antonio Vañiek y el prefecto Héctor Febres.(58) Según el Código Penal italiano, los mencionados podían ser procesados y condenados en ausencia.
Familiares de italianos desaparecidos denunciaron también otros casos de desapariciones y robo de bebés. De esta manera, al proceso penal iniciado el 20 de mayo por la desaparición de ocho ciudadanos italo-argentinos (por el cual siete militares argentinos ya estaban inculpados), y a la nueva causa contra Astiz y otros ex represores de la ESMA, iba a sumarse un proceso que comenzaría en octubre contra los ex militares argentinos Guillermo Suárez Mason, Santiago Omar Riveros, Omar Héctor Maldonado, Alejandro Puertas, Juan C. Girardi, Roberto Rossin y José Luis Porchetto, acusados de la desaparición de nueve argentinos de origen italiano, entre ellos dos niños.(59)
La otra gran cuestión en las relaciones ítalo-argentinas en materia de derechos humanos fue el llamado “caso Priebke”. A principios de mayo de 1994, el ex nazi Erich Priebke fue ubicado en la ciudad argentina de Bariloche por periodistas de la cadena de televisión norteamericana ABC, a los que confesó haber participado en la masacre de las Fosas Ardeatinas en Italia, durante la Segunda Guerra Mundial. El 9 de mayo el gobierno italiano pidió su detención preventiva acusándolo de complicidad en violencia con homicidio premeditado. El juez federal Lenónidas Moldes le dictó la prisión domiciliaria. El 8 de junio Italia pidió la extradición, que fue concedida el 4 de mayo de 1995 por el juez Moldes. Sin embargo, la defensa apeló y el caso pasó a la Cámara Federal de General Roca, la cual el 23 de agosto rechazó la extradición argumentando que los crímenes habían prescripto. Eso provocó un fuerte repudio internacional. Alemania pidió la detención preventiva de Priebke por los mismos crímenes, con lo cual, el 25 de agosto, después de 28 horas de libertad, Priebke fue detenido en su casa nuevamente.(60) El rechazo al pedido de extradición fue apelado ante la Corte Suprema por el fiscal Helvecio Barba.(61)
Después de un proceso que duró más de 18 meses, el 2 de noviembre de 1995 la Corte Suprema de Justicia decidió extraditar a Priebke. Según determinaron la mayoría de los ministros de la Corte, se concedió la extradición porque el delito que se le imputaba a Priebke era el de genocidio –atentado contra la humanidad- que no prescribía a pesar de su antigüedad, como lo indicaba el derecho internacional.(62) Priebke fue extraditado a Italia. Allí, aunque el Tribunal Militar italiano que lo juzgó lo encontró “culpable” de homicidio múltiple, el 1° de agosto de 1996 los jueces lo liberaron por considerar que el delito había prescripto y porque para ellos lo había cometido “sin crueldad ni premeditación”.(63)
El gobierno argentino declaró que no permitiría el regreso de Priebke al país. El ministro del Interior, Carlos Corach, basó la decisión en el artículo 21 del Reglamento de Migraciones, que inhabilitaba para ser admitidos o permanecer en el país a los extranjeros que registraran antecedentes que pudieran comprometer la seguridad, el orden público o la paz social. Dos días más tarde, Menem reiteró su promesa de no permitirle el reingreso a la Argentina. Priebke no alcanzó a ser liberado. El gobierno italiano volvió a detenerlo inmediatamente para considerar un pedido de extradición que presentó Alemania.
4.3. España
En abril de 1996 la Justicia española decidió iniciar una investigación sobre los 38 ciudadanos españoles y unos 200 familiares desaparecidos en la Argentina durante la última dictadura militar. La denuncia, admitida en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón, había sido presentada por la Unión Progresista de Fiscales y apoyada luego por la tercera fuerza política española Izquierda Unida. Estaba dirigida contra los militares argentinos considerados responsables de torturas y desapariciones, entre los cuales se encontraban los miembros de las sucesivas juntas militares y otros altos oficiales.(64)
El recrudecimiento de denuncias y planteos judiciales por casos de desaparecidos en países como España, Francia e Italia obligó al gobierno argentino a realizar una reunión de urgencia. Participaron de la misma el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, los ministros de Interior Carlos Corach, de Defensa Oscar Camilión, de Justicia Rodolfo Barra y de Relaciones Exteriores Guido Di Tella, y el jefe de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy, entre otros. La preocupación del gobierno era que prosperaran los pedidos de extradición que se habían presentado en España, habiendo declarado el canciller español, Abel Matutes, que su gobierno pediría la extradición de militares argentinos si así lo decidía la Justicia española. Consecuentemente, se asignó al ministro Barra para que analizara las atribuciones jurídicas de otros estados para solicitar ese tipo de medidas, y que estudiara las posibilidades de defensa que tendrían los militares involucrados.(65)
Por otra parte, la Cámara Federal argentina dispuso garantizar la reserva de identidad de todas las personas que quisieran aportar datos sobre el destino final de los desaparecidos, y resolvió trasladarse a cualquier lugar del país o del exterior donde pudieran encontrarse pruebas o residieran personas en condiciones de declarar. Según los camaristas, la decisión fue tomada al margen de los reclamos internacionales que pesaban sobre la Argentina.(66)
Los organismos que habían iniciado la denuncia en España anunciaron que reclamarían también por los menores secuestrados o nacidos en cautiverio, descendientes de esos ciudadanos españoles. La Unión Progresista de Fiscales, la Izquierda Unida, la Asociación Argentina por los Derechos Humanos con sede en España y la Organización Solidaridad para Asia y América Latina (OSPAAL) pedirían entre otras medidas que el juez requiriera al estado argentino las instrucciones que tenían las fuerzas armadas para aplicar en los procedimientos en los que había menores involucrados.(67)
El juez Garzón resolvió llamar a declarar a 101 militares, policías y civiles argentinos como “querellados-imputados” en la causa por la desaparición de españoles en la Argentina. En la lista de imputados figuraban oficiales y suboficiales de las tres fuerzas armadas argentinas, policías y varios médicos que habían participado en sesiones de tortura. El oficial naval Adolfo Scilingo, quien manifestó haber participado en los “vuelos de la muerte”, envió una carta a Garzón ofreciéndose a realizar amplias declaraciones.(68)
La situación planteada habría sido uno de los motivos de la suspensión de la proyectada visita del jefe del gobierno español, José María Aznar a Buenos Aires en noviembre de 1996, como escala previa en su viaje a Chile, donde tendría lugar la Cumbre Iberoamericana. Se acordó que Aznar mantuviera una reunión privada con Menem en un intervalo de la Cumbre y que la visita oficial de varios días se realizara en marzo o abril del año siguiente. La decisión se interpretó como una estrategia del gobierno argentino para evitar tener que tratar el tema de los desaparecidos.(69)
En enero de 1997 el gobierno argentino rechazó un pedido de asistencia judicial internacional de la Justicia española, argumentando deficiencias formales que impedían su tramitación. Pero la oposición iba más allá de lo administrativo. El presidente Menem ya había anticipado que la Argentina no accedería a esa petición. La negativa se basaba en que “acceder al pedido implicaría violentar los intereses esenciales de la Nación, que en forma solidaria y en ejercicio de su poder soberano estructuró una solución legislativa y judicial que permitió la pacificación interna”. La respuesta del gobierno argentino defendía el principio de territorialidad, señalando que, aun cuando las deficiencias fueran subsanadas, el gobierno argentino había resuelto rechazar el pedido “toda vez que refiriéndose el mismo a hechos ocurridos en territorio de nuestro país son de competencia exclusiva de sus tribunales”.(70)
El 25 de enero Garzón ratificó que seguiría adelante y convocaría a los acusados por otros medios alternativos. La lista de Garzón fue ampliada al incluirse a un ex ministro del Interior argentino y a tres militares y un policía uruguayos que según el juez podrían esclarecer algunos de los crímenes ocurridos en Argentina.(71) Al mismo tiempo, Garzón citó como testigos a la ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón, al escritor Ernesto Sabato (quien fue presidente de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP), a Graciela Fernández Meijide (ex secretaria de dicha entidad) y a Julio César Strassera (quien había sido fiscal en el juicio contra los responsables de las desapariciones). En una entrevista con el diario Clarín, el canciller Di Tella comparó la actitud de Garzón con la de los gobiernos imperialistas europeos del siglo XIX, que aplicaban derechos especiales a sus ciudadanos, sin importar el lugar del mundo donde se encontraran.(72)
En su declaración ante el juez Garzón, la señora de Perón señaló que su gobierno había sufrido una confabulación que la había convertido en víctima y alejado de todas las decisiones importantes. Por lo tanto, según la testigo, no existía ninguna responsabilidad de su parte en todo lo que pasó entonces y lo que vino después. La señora de Perón aclaró a Garzón que no había tenido conocimiento mientras fue presidenta sobre la existencia de bandas paramilitares ni sobre la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), responsable de varias desapariciones. Explicó también que cuando firmó el decreto que postulaba el “aniquilamiento” de los subversivos se refería a su eliminación política y no física. El término “aniquilamiento” se repitió en otro decreto posterior, que firmó el entonces presidente provisional del Senado a cargo de la Presidencia, Italo Luder.(73)
El 25 de marzo de 1997 el juez Garzón dictó la prisión preventiva al ex presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, a quien halló responsable de terrorismo, genocidio, asesinato y detención ilegal. Poco después, la causa por los desaparecidos españoles fue tratada en el encuentro que el jefe de gobierno español José María Aznar y el presidente Menem mantuvieron el primer día (20 de abril) de la visita del presidente español a Buenos Aires. Aunque no se refirió públicamente al tema, Aznar le adelantó a Menem que reivindicaría durante su visita la necesidad de que se esclareciera el destino de los 600 españoles desaparecidos aquí. El gobierno de derecha español, en proceso de acercamiento y más afín al menemismo que la gestión socialista, respetaba sin embargo las leyes e indultos que habían beneficiado a los militares acusados de estas desapariciones.(74)
La cuestión volvió a ser considerada en la reunión de trabajo que Menem y Aznar mantuvieron el 21 de abril. Finalizada la misma, el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, dijo que Aznar no había expresado preocupación por el tema de los desaparecidos durante el encuentro, y que había ratificado que aquél no era un tema del gobierno español sino que era la decisión de un juez. De acuerdo con su legislación local, España podía juzgar los delitos cometidos contra españoles en cualquier parte del mundo.(75)
La supuesta despreocupación de Aznar por el tema de los desaparecidos se contradijo horas después con los resultados de la reunión que aquél mantuvo con familiares de las víctimas españolas. Ante seis integrantes de la Comisión de Desaparecidos Españoles, Aznar prometió que su gobierno colaboraría con la Justicia para esclarecer la suerte corrida por los hijos de los desaparecidos de esa nacionalidad. El compromiso fue revelado tanto por fuentes españolas como por familiares de los desaparecidos españoles. La vocera del grupo explicó que Aznar había pedido mayor información sobre los menores desaparecidos y ofreció todos los servicios jurídicos que necesitaran los familiares, que se harían efectivos a través de la embajada en Buenos Aires.(76)
El 2 de junio, en una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo español precisó que los expedientes y documentos sobre los desaparecidos en la Argentina durante la dictadura fueron destruidos en 1983 por orden de las autoridades militares, antes de la toma de posesión de Raúl Alfonsín como presidente, según la información de que disponía. Dicha información había sido facilitada por el Ministerio de Justicia y otras autoridades argentinas al embajador español en Buenos Aires. El gobierno español agregaba que las informaciones publicadas el pasado abril por el diario español El Mundo, en las que se decía que los documentos sobre la represión argentina habían sido microfilmados por los servicios secretos españoles (CESID) antes de ser depositados en Suiza, ya habían sido negadas por el ministro de Defensa, Eduardo Serra. El CESID, aseguraba el gobierno, no había microfilmado la documentación ni tenía constancia de su existencia. Asimismo, la embajada de España en Buenos Aires comunicó oficialmente a las autoridades argentinas que las microfichas no estaban, ni tampoco habían estado en el pasado, en poder de ningún organismo oficial español.(77)
En octubre de 1997 el juez Garzón ordenó la detención del ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo. En marzo de 1995, el ex militar había revelado que en 1976 y 1977 había actuado en el centro clandestino de la ESMA y que había tomado parte en dos vuelos durante los cuales se lanzó al mar narcotizados a treinta detenidos. El ex marino argentino se presentó voluntariamente ante Garzón, y declaró que la Armada argentina había montado un “plan maquiavélico y siniestro para la represión de los subversivos”. Scilingo terminó admitiendo su participación en los “vuelos de la muerte”. En su opinión, la apropiación de menores nacidos en cautiverio buscaba hacer desaparecer el cuerpo del delito, ya que un chico vivo era una prueba de que su madre había desaparecido. También reveló que en la ESMA se incineraban cadáveres de desaparecidos y dijo que por allí habían pasado el escritor y periodista Rodolfo Walsh y la ciudadana sueca Dagmar Hagelin.(78) Por último, el 8 de octubre Scilingo entregó al juez Garzón una lista con 158 nombres de militares que habían protagonizado actos represivos en la ESMA entre 1976 y 1977.(79) El 10 de octubre Garzón dictó la prisión de Scilingo –al poco tiempo le dictaría la libertad bajo fianza- y libró una orden internacional de captura contra el ex almirante Emilio Massera y otros nueve represores.(80)
El 26 de enero de 1998 el gobierno argentino denegó un nuevo pedido de asistencia judicial librado por la Justicia española, sobre la base de los mismos argumentos explicitados en la anterior denegatoria: el principio de territorialidad, la cosa juzgada y el interés nacional en una solución legislativa y judicial que había permitido la pacificación interna. Al efecto, el presidente Menem firmó el decreto 111/98, que también llevaba la firma del canciller Di Tella y del ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo.
A comienzos de marzo de 1998 el gobierno argentino anunció que intentaría impulsar la creación de una Corte Penal Internacional para juzgar los delitos de lesa humanidad, proyecto que formaba parte de la estrategia oficial para frenar las investigaciones de Garzón, por las cuales ya habían sido citados a declarar más de doscientos oficiales de las fuerzas armadas argentinas, de los cuales diez tenían orden de captura.(81)
El canciller Di Tella defendió la necesidad de crear una Corte Penal Internacional destinada a juzgar y sancionar a los autores de crímenes de guerra, genocidios, crímenes de lesa humanidad y atrocidades contra la sociedad civil, a través de una nota publicada el 13 de marzo en Clarín. Dicha corte no significaría menoscabar la independencia y jurisdicción de los sistemas de justicia nacionales, sino que, por el contrario, el diseño de esa instancia internacional partía de que eran los sistemas judiciales de cada Estado los que tenían la responsabilidad primaria y los medios más adecuados para investigar y sancionar a los responsables de esos crímenes. Según Di Tella, el comportamiento del juez Garzón tenía que ver más con la política que con la Justicia. El juez español se apartaba de principios cardinales del derecho como la “cosa juzgada”, e invadía el concepto de territorialidad. Además, sus actitudes guardaban un aire familiar con las tradicionales prácticas “imperialistas”.(82)
Los once magistrados de la Audiencia Nacional de España dieron a conocer el 4 de noviembre de 1998 los fundamentos jurídicos del fallo unánime que reconocía la competencia del juez Garzón. La argumentación señalaba que pese a las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y amnistías dictadas por las autoridades argentinas, los responsables podían ser juzgados en España por genocidio, terrorismo y torturas.(83)
El 13 de septiembre de 1999 por primera vez un fiscal federal argentino declaró como testigo ante el juez Garzón. Hugo Carlos Cañón, fiscal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, entregó al magistrado una amplia documentación y listas con nombres de represores. Cañón rompió la falta de colaboración con la Justicia española establecida por el gobierno de Menem, y explicó que su presencia en la Audiencia se enmarcaba en las instrucciones entregadas a los fiscales por el procurador general Nicolás Becerra, a fin de que colaboraran en determinar la verdad histórica sobre los desaparecidos.(84)
El 2 de noviembre el juez Garzón procesó a 98 represores y pidió a Interpol sus capturas. Menem anticipó que el pedido de extradición sería rechazado apenas llegara a la Cancillería. Si el pedido de extradición se producía antes del término de su gobierno el 10 de diciembre, aplicaría el decreto 111 firmado el año anterior para bloquear la asistencia a Garzón sin dar intervención a los tribunales locales.
Estando de visita en Brasil, el presidente electo De la Rúa también cuestionó el pedido de captura de los represores argentinos, pero aclaró que era un tema que tenía que resolver la Justicia. De la Rúa reivindicó el principio de territorialidad invocado por el menemismo, pero marcó diferencias con Menem. El presidente electo se inclinaba por derivar la solicitud a la Justicia local para que decidiera en virtud del Tratado de Asistencia Judicial y Extradición firmado con España en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.(85)
4.4. Alemania y Suiza
En abril de 1998 se anunció que la fiscalía general de Bonn recibiría denuncias sobre la desaparición de ciudadanos alemanes durante el último régimen militar argentino. De esa forma, Alemania era el cuarto país de la Unión Europea, junto con Francia, España e Italia, en que la justicia local investigaba el destino de connacionales víctimas de la represión en la Argentina entre 1976 y 1983. Dichas denuncias se sumarían a las acciones iniciadas por la denominada Coalición contra la Impunidad, organismo con sede en Nüremberg, en relación con una lista de 75 personas de origen alemán desaparecidas.(86)
Pero, además de que las buenas relaciones argentino-germanas podían entorpecer el desarrollo de las investigaciones, existía el obstáculo de que la legislación alemana no podía juzgar y condenar a una persona en ausencia, y obtener la extradición de los acusados era muy improbable. No obstante, los fiscales podían considerar el caso como de interés público y realizar la investigación. Los jueces podrían luego pedir la captura internacional de los acusados y dar a conocer los hechos. Mientras tanto, en la Argentina, el embajador alemán, Adolf Ritter von Wagner, recibía a una delegación de familiares de alemanes desaparecidos. Luego de la misma, el cónsul señaló que no podía opinar sobre el tema porque el asunto estaría en manos de la Justicia alemana, pero sostuvo que siempre se había ayudado a los descendientes de alemanes desaparecidos.(87)
El Tribunal Supremo alemán autorizó el 19 de julio de 1998 a la fiscalía de Nüremberg a comenzar las investigaciones, en un proceso que no tenía precedente en Alemania. Los ex presidentes argentinos Jorge Rafael Videla y Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Emilio Eduardo Massera y el general Carlos Guillermo Suárez Mason figuraban entre los 41 altos oficiales de la fuerzas armadas argentinas que serían investigados. La denuncia era justificada jurídicamente en el artículo 7º del Código Penal alemán, aplicable a todos aquellos delitos cometidos contra ciudadanos alemanes en el extranjero, cuando esos delitos también estuvieran tipificados en la legislación del país donde se cometieron. Los abogados alemanes explicaron que la ley de Punto Final de 1986, y la de Obediencia Debida de 1987, no afectaban el artículo 7º del Código Penal alemán, ya que tenían el carácter de una amnistía.
En caso de que se produjeran condenas en Alemania, era poco probable que la Argentina extraditara a los acusados. Sin embargo, la investigación alemana poseía un valor especial porque desde los juicios contra los criminales de guerra nazis, hacía más de 50 años, Nüremberg tenía un significado simbólico en cuanto a la aclaración y sanción de crímenes políticos.(88)
Por último, cabe mencionar que, en diciembre de 1998, la jueza helvética Christine Junod solició la extradición de Jorge Rafael Videla y de Emilio Eduardo Massera. En el caso del último, la jueza procuraba procesarlo por la desaparición en la Argentina del ciudadano suizo-chileno Alexei Jaccard, ocurrida en 1977. El juez Gabriel Cavallo recibió el requerimiento y citó a Massera para que tomara conocimiento y realizara su descargo. Massera respondió que entendía que ya había sido juzgado por ese hecho. Además, el ex marino estaba bajo investigación y arresto en dos juzgados federales por su presunta participación en la sustracción de menores nacidos de mujeres mantenidas en cautiverio.(89)
5. Participación argentina en las operaciones de paz internacionales
5.1. Creación de los Cascos Blancos
La Argentina propuso en 1993 la creación de los Cascos Blancos, una organización constituida por equipos de personal voluntario especializado en diversas áreas con el objetivo de prestar asistencia humanitaria a los pueblos que sufran emergencias extremas. En julio de 1994 fue creada localmente. En diciembre la iniciativa de los Cascos Blancos fue avalada por la Cumbre de las Américas reunida en Miami. Los presidentes comprometieron el apoyo y la participación de sus países e instruyeron a las organizaciones regionales (OEA, BID, OPS), para que respaldaran técnica, política y financieramente la iniciativa. En diciembre de 1994 la Asamblea General de la ONU dictó, por unanimidad, la Resolución 49/139 B, alentando las medidas voluntarias nacionales y regionales dirigidas a poner a disposición de la ONU las capacidades de reserva de recursos técnicos y humanos especializados para el socorro de emergencias y rehabilitación. Finalmente, la Asamblea General de la ONU, en su quincuagésimo período de sesiones, brindó el espaldarazo definitivo a la iniciativa argentina.(90)
En algunas oportunidades, la Organización Cascos Blancos se encuentra capacitada para apoyar operaciones previas, como misiones de paz llevadas a cabo por los Cascos Azules, y en otras oportunidades, constituir misiones propias. Las Operaciones Militares de Paz, o Cascos Azules, están constituidos por personal militar perteneciente a las fuerzas armadas de los estados que intervienen en ellas, ya sea con el objeto de mantener, o incluso, imponer la paz en lugares en los que se esté desarrollando un conflicto. A su vez, los Cascos Blancos están constituidos por personal civil voluntariamente incorporado a la organización, que conforma grupos asistenciales de emergencia, los cuales no se integran a una dependencia permanente, sino que se ponen a disposición para el eventual llamado que determine una emergencia. Unos y otros quedan entonces nítidamente diferenciados, no sólo por sus distintos objetivos, sino también por su conformación y financiamiento. Su punto de contacto fundamental, fuera de la similitud de sus nombres, está en su coordinación por la ONU, bajo cuya bandera operan. Los Cascos Blancos argentinos financian su preparación local con aportes privados. Las misiones internacionales son financiadas con un fondo especial administrado por la ONU.
En septiembre de 1996, tras un encuentro entre el responsable italiano para la cooperación internacional, Paolo Bruni, y el embajador Octavio Frigerio, titular de la Secretaría de Asistencia Internacional Humanitaria Cascos Blancos, Italia se incorporó activamente a la organización con el compromiso de proveer fondos y voluntarios a las misiones humanitarias donde fueran requeridos. El primer paso de la participación italiana sería dado en Angola, donde los voluntarios junto a sus pares argentinos cumplirían una misión de detección y neutralización de las minas terrestres antipersonas. Italia iniciaría su participación con un primer envío de un millón de dólares, siendo los recursos adicionales provistos por el fondo Cascos Blancos que administraba la ONU. Frigerio señaló que la iniciativa Cascos Blancos del presidente Menem estaba atravesando una etapa de rápida internacionalización, a partir de la participación -con recursos humanos y económicos- de un número creciente de naciones altamente industrializadas, entre las que se encontraban Francia, Italia, Alemania y España.(91)
La Fundación Europea de los Cascos Blancos se constituyó el 23 de noviembre de 1998 en Roma, permaneciendo todavía a la espera del reconocimiento de las autoridades de los distintos países. La Fundación desea extender su acción más allá del continente europeo a los estados vecinos. La tarea que se ha fijado es iniciar proyectos para mejorar la situación social en Italia y en el exterior dondequiera que exista la necesidad. El objetivo es actuar inmediatamente en los casos de rehabilitación social y económica y mejoramiento de la vida de las personas en situación médica o económica deplorable.(92)
Hacia fines de abril de 1999 el embajador Frigerio expuso los fundamentos, la evolución y los alcances de la iniciativa Cascos Blancos en Bruselas, ante el Parlamento Europeo, convocado por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Exteriores y Desarrollo de ese cuerpo. La invitación constituyó un gesto de reconocimiento hacia la Argentina como país promotor de la iniciativa y se originó en la propuesta de los eurodiputados del Grupo de los Verdes para crear un grupo civil de paz, a semejanza de los Cascos Blancos. Frigerio abogó por la creación de un mecanismo de coordinación entre los Cascos Blancos de la Argentina y los de otros países en vías de desarrollo con los actores humanitarios de la Comunidad Europea.(93)
Un equipo de Cascos Blancos argentino desarrolló en 1997 un operativo en la región de Goris en Armenia, donde la producción de alimentos se encontraba seriamente afectada por la carencia de insumos agrícolas y el proceso de cambio en la propiedad de la tierra. En colaboración con el programa pro huerta del INTA, se implantaron en seis meses más de 500 huertas familiares. El proyecto recibió la adhesión y el aporte del Programa Mundial de Alimentos.(94)
Otro contingente fue reclutado y organizado en respuesta a un pedido formulado al gobierno argentino por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y en atención también a la solicitud de ayuda presentada ante la Cancillería argentina por el gobierno de Albania, para paliar las privaciones de miles de refugiados de origen albanés.(95)
5.2. Operaciones de paz
El fin de la guerra fría produjo un incremento de conflictos regionales, cuyas características demostraron la incapacidad de las fuerzas de paz de la ONU para contenerlos en muchos casos. Hasta entonces, dichas fuerzas habían sido utilizadas para interponerse entre facciones beligerantes, monitorear un cese del fuego o informar sobre la implementación de un acuerdo de paz. En pocos años su mandato se vería ampliado, pasando a organizar elecciones, desmovilizar fuerzas rebeldes, repatriar refugiados e incluso involucrarse en la reconstrucción de las estructuras de servicios públicos y la capacitación de funcionarios para el restablecimiento de los servicios de justicia y administración de regiones devastadas por la guerra. La regla serían las operaciones de mantenimiento de paz multidimensionales.(96)
Para poder enfrentar las nuevas situaciones de conflicto, la ONU debía poseer una fuerza de despliegue rápido, a fin de evitar muertes y daños de todo tipo. De esta manera, el 20 de noviembre de 1992 el secretario general adjunto para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) de la ONU, Marrack Goulding, convocó a los representantes permanentes de la Argentina, Canadá, Dinamarca, Francia, Ghana, Pakistán y Polonia, para comunicarles la necesidad de un despliegue más rápido de las OMP. Era necesario que los países contribuyentes ofrecieran tropas en plazos breves.(97)
Consecuentemente, el secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, decidió establecer un Grupo de Planificación Militar en el seno del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, a fin de desarrollar un sistema denominado de Stand by o Apresto Rápido, que permitiera desplegar a sus integrantes y elementos en un tiempo acordado. Ello se haría a partir de 1994 para cumplir las tareas de la ONU en cualquier parte del mundo, ante el requerimiento del secretario general. Para formar parte del Grupo de Planificación Militar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina designó al teniente coronel Alberto Guillermo Nieto, quien contaba con experiencia previa en misiones de paz.
A mediados de marzo de 1993 se comenzó a elaborar el proyecto de Stand by Forces, el cual se negoció con los países miembros más importantes de la ONU, resultando de ello los llamados Stand by Agreements (Acuerdos de Fuerzas en Apresto). En 1994 se desarrollaron seminarios sobre entrenamiento en Argentina, Ghana, Australia y Austria, países que fueron tomados como centros regionales. Después del primer año (1993), se retiraron los representantes de Francia, Dinamarca, Pakistán y Ghana, permaneciendo la Argentina, Polonia y Canadá.
El sistema de elementos en Stand by se basa en acuerdos con los países miembros de la ONU a los efectos de proveer equipos, recursos financieros o servicios, con un tiempo de alistamiento aceptable (lo ideal es entre 7 y 14 días). Los recursos acordados deben ser usados exclusivamente para OMP según el mandato del Consejo de Seguridad. Los equipos son mantenidos en apresto en los respectivos países, donde sus integrantes reciben el entrenamiento necesario para poder cumplir con las misiones. Cuando se presenta la necesidad, ellos son requeridos al país en cuestión por el secretario general y, una vez aprobado el pedido por el país miembro, son rápidamente desplegados. Mientras permanecen en sus países, los elementos en Stand by, están bajo la responsabilidad de sus respectivos gobiernos.
El mayor compromiso asumido por la Argentina a partir de 1993 llevó a pensar en la necesidad de crear un ente que asegurara la preparación para el adecuado cumplimiento de las misiones que se emprendieran. Con ese objeto, por resolución del Ministerio de Defensa del 27 de junio de 1995, se creó el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), el que se ha convertido en un instrumento para la preparación de contingentes argentinos o de cualquier país que lo solicite. Sus planes curriculares siguen la orientación de entrenamiento para el desarrollo de operaciones de paz que fija la ONU, y sus instructores son elegidos entre aquéllos de las tres fuerzas armadas que posean la mayor experiencia en el desarrollo de OMP, incluyendo también personal de otros países. En febrero de 1998 la Argentina se integró a la Rapid Deployment Brigade de 5.000 efectivos (una versión de las llamadas Stand by Forces), integrada por tropas de Dinamarca, Austria, Canadá, Noruega, los Países Bajos y Suecia.
Al comenzar la presidencia de Menem, la Argentina tenía destinado desde agosto de 1988 un contingente en la fuerza militar de observación que el Consejo de Seguridad había establecido en la frontera entre Irán e Irak. Durante su gobierno, Menem incentivaría la participación argentina en las operaciones de paz, de manera que más de 10.000 oficiales y suboficiales del Ejército tomaron parte voluntariamente en tales misiones. También lo hicieron en menor medida efectivos de la Armada, la Fuerza Aérea y la Gendarmería. En 1998 la Argentina participaba en 12 operaciones de paz, ubicándose en el octavo lugar entre los mayores contribuyentes de tropas, con un 4,55% del total. La participación argentina ascendía al 45% del total de la contribución latinoamericana.(98)
A continuación mencionaremos las operaciones de paz que tuvieron lugar en la ex Yugoslavia y en la isla de Chipre, en las cuales participaron fuerzas argentinas.
En Croacia comenzaron severos enfrentamientos militares en junio de 1991, cuando esa república y su vecino del norte, Eslovenia, se declararon independientes de Yugoslavia. Los serbios que vivían en Croacia, apoyados por el Ejército Nacional Yugoslavo se opusieron a esa medida. Los esfuerzos de la Comunidad Europea para detener las hostilidades resultaton infructuosos. El 25 de septiembre de 1991 el Consejo de Seguridad adoptó en forma unánime la Resolución 713, que convocaba a todos los estados a implementar un inmediato embargo de armas sobre Yugoslavia. El 8 de octubre el secretario general, Javier Pérez de Cuéllar, nombró al ex secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vance, como su enviado personal en Yugoslavia. En diciembre, mediante la Resolución 724, el Consejo de Seguridad aprobó el informe del secretario general sobre un plan para una posible operación de mantenimiento de la paz. UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas) fue establecida el 21 de febrero de 1992 por el lapso de un año, mediante la Resolución 743.(99)
El mandato original de UNPROFOR comprendía únicamente a Croacia. Luego fue extendido a Bosnia-Herzegovina con propósitos humanitarios. Finalmente, en noviembre de 1992, el mandato incluyó a Macedonia, debido a las luchas que se desarrollaban en otras partes de la ex Yugoslavia. Hasta 1995, la organización general de UNPROFOR comprendía tres Areas Protegidas de las Naciones Unidas (UNPA) en Croacia, el Comando de Bosnia-Herzegovina y el Comando de la ex república yugoslava de Macedonia. A principios de 1994, las tres UNPA se reunieron bajo un único Comando Croata. En marzo de 1995, el último cambió su nombre por el de Operación de las Naciones Unidas para la Restauración de la Confianza (UNCRO). Al comenzar la misión, el cuartel general de UNPROFOR estaba ubicado en Sarajevo. Cuando la situación empeoró en esa ciudad, fue trasladado a Belgrado. Por último, en agosto de 1992, se estableció en Zagreb (Croacia).
Las tres áreas protegidas en Croacia estaban divididas en cuatro sectores: Eslavonia Este y Oeste, y Krajina Norte y Sur, que eran zonas de conflicto pobladas por serbios. UNPROFOR incluía personal militar, policial y civil, y su objetivo era crear las condiciones de paz y seguridad necesarias para poder realizar negociaciones sobre los temas políticos de la crisis. Tenía autoridad para fiscalizar el ingreso a las UNPA, asegurar que se realizara la desmovilización, controlar a la policía local y evitar discriminaciones, y proteger los derechos humanos.
Luego de que la situación sufriera varias crisis, el 29 de marzo de 1994 se firmó un acuerdo general de cese del fuego entre el gobierno croata y las autoridades serbias de las UNPA, bajo los auspicios de la ONU, la Unión Europea, Rusia y los Estados Unidos. El mismo era parte de un enfoque “paso a paso”, que consistía en lograr primero un cese del fuego, luego encarar la reconstrucción y el desarrollo económico, y finalmente una solución política. Sin embargo, este procedimiento pacífico no pudo implementarse. El 1° de mayo de 1995, el ejército croata atacó las UNPA.
Previamente, el 12 de enero de 1995, el secretario general de la ONU, Boutros Boutros- Ghali, recibió el anuncio por parte del presidente de Croacia, Franjo Tudjman, de que el gobierno croata no aceptaría una nueva extensión del mandato de UNPROFOR, más allá del 31 de marzo de 1995. Tudjman expresó que aunque UNPROFOR había ayudado a detener la violencia y los conflictos en Croacia, era innegable que la naturaleza de la operación no ofrecía las condiciones necesarias para establecer la paz y un orden permanente. Boutros Boutros-Ghali reconoció las constantes restricciones al movimiento de UNPROFOR impuestas por ambas partes y su reducido espíritu de cooperación. La Resolución 981 del 31 de marzo de 1995, puso fin a UNPROFOR.
El mandato de la disuelta fuerza fue sustituido por otro: Fuerza de Paz de las Naciones Unidas (UNPF), que incluía: UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas) restringida a Bosnia-Herzegovina; UNCRO (Operación de las Naciones Unidas para la Restauración de la Confianza) restringida a Croacia, y UNPREDEP (Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas) en Macedonia.
El 31 de julio de 1995, el representante especial del secretario general para la ex Yugoslavia, Yasushi Akashi, solicitó al presidente Tudjman que no comenzara una guerra a gran escala contra los serbios de Krajina. Los croatas suspendieron su avance, y el 3 de agosto los delegados del gobierno croata y de los serbios se encontraron en Ginebra para negociar el fin de la confrontación. El representante de la ONU, Thorvald Stoltenberg, presidió el encuentro pero éste finalizó sin llegar a una solución. El 4 de agosto Croacia envió aviones de combate, artillería y unidades de infantería mecanizadas contra el enclave de Krajina. El ataque hizo temer que la guerra se extendiera a Bosnia. Sin embargo, el 7 de agosto, Croacia anunció que había terminado su ofensiva contra los serbios. En ese momento, comenzó un éxodo de 120.000 serbios hacia los enclaves serbios en Bosnia.
La misión UNCRO fue levantada. La ONU, a través de su representante en la ex Yugoslavia, Yasushi Akashi, anunció el 10 de agosto el retiro de casi todas las fuerzas de mantenimiento de la paz de Croacia. Durante la segunda mitad de septiembre, 468 cascos azules argentinos dejaron Croacia. Una fuerza de tareas permaneció en el sector Este, formando parte de una nueva misión de las Naciones Unidas denominada UNTAES (Administración Transitoria de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental).
La Argentina participó en la UNPROFOR desde marzo de 1992 hasta julio de 1995 por medio de un batallón del Ejército integrado por 915 efectivos (luego reducido), además de 30 efectivos de la Gendarmería. Los miembros del Ejército desempeñaron funciones de comando y de estado mayor, realizaron observaciones militares e integraron tropas de mantenimiento de la paz. Los gendarmes fueron destinados a la policía civil.
En este contexto se produjo una venta ilegal de armas por parte del gobierno argentino. Entre 1991 y 1995 partieron siete buques para Croacia con armamento del Ejército argentino, el último en febrero de 1995. Tres decretos presidenciales secretos (Nº 1697 del 27 de agosto de 1991, Nº 2283 del 31 de octubre de 1991, y Nº 103 del 24 de enero de 1995) autorizaban ventas a Panamá y Venezuela, países que no habían pedido ni recibido las armas.(100) El tema tomó estado público cuando la exportación dispuesta por el decreto secreto firmado en enero de 1995 fue desviada parcialmente hacia Ecuador, país que en ese momento estaba en conflicto con Perú. El hecho no era menor porque, siendo en la Argentina las fábricas de armamentos estatales y no privadas, la exportación ilegal comprometía directamente al estado.(101) La cuestión revelaba además una falta grave del gobierno argentino por varias razones. En el caso de la ex Yugoslavia, las ventas ilegales de la Argentina violaban el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad en septiembre de 1991. Más aún, el estado argentino no debía vender armas a una de las partes (Croacia), cuando contingentes de sus fuerzas armadas estaban cumpliendo funciones como fuerzas de paz en el conflicto. Al arribar a Croacia en 1992 el primer batallón argentino, su jefe el coronel Luis Hilario Lagos informó de inmediato a sus superiores en Buenos Aires que se habían encontrado fusiles argentinos en poder de los croatas. Asimismo, en el caso de Ecuador la Argentina era uno de los países garantes del Tratado de Paz y Amistad entre Perú y Ecuador, por lo cual estaba obligada a guardar neutralidad.(102)
Por último cabe señalar que el gobierno argentino estableció relaciones diplomáticas con Croacia el 13 de abril de 1992, mediante un protocolo firmado en Viena. El mismo señalaba que ambas partes acordaban desarrollar sus relaciones sobre la base de los principios de igualdad de los estados, respeto mutuo, autodeterminación, independencia y soberanía, no injerencia en los asuntos internos y solución pacífica de las controversias internacionales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Posteriormente, en Buenos Aires se firmaron varios tratados. El 27 de abril de 1994 se firmó un Convenio de Cooperación Cultural y Educativa (vigor: 15 de diciembre de 1997). Y el 2 de diciembre de 1994 se firmaron un Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial (vigor: 30 de octubre de 1995); un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (vigor: 1 de junio de 1996); un Convenio de Cooperación en materia de Ciencia y Tecnología (vigor: 22 mayo de 1997), y un Convenio de Supresión de Visas (vigor: 1 de marzo de 1995).
Eslavonia Oriental
En mayo de 1995, Croacia llevó a cabo una ofensiva que le permitió recuperar el control de un gran sector habitado por serbios. El 12 de noviembre, bajo el control de la operación UNCRO, se firmó en Erdut, pueblo serbio de Croacia, el llamado Acuerdo Básico entre el gobierno de Croacia y los líderes serbios locales por el cual se decidió requerir a la ONU la administración transitoria de la Eslavonia Oriental. Se estableció también que esta región era parte de la República de Croacia. La ONU administraría el proceso de reintegración pacífica de Eslavonia a la soberanía croata. Paralelamente, por los Acuerdos de Paz París-Dayton se puso fin a los conflictos existentes en esos países.
El 15 de enero de 1996, el Consejo de Seguridad decidió por Resolución 1037 establecer la operación de mantenimiento de la paz denominada UNTAES (Administración Transitoria de las Naciones Unidas para Eslavonia Oriental, Baranja y Sirmiun Occidental) por un período inicial de 12 meses, renovables según los informes que se produjeran sobre los logros de la misión y cumplimiento de los objetivos fijados. Esta misión de la ONU combinaba un sistema tradicional de mantenimiento de la paz con la aplicación de un proceso de desmilitarización y de imposición de la paz. De allí que el componente militar de UNTAES dispusiera de tanques, misiles, armamento pesado, helicópteros de ataque y el apoyo aéreo cercano de la Fuerza Aérea Táctica de la OTAN, y de la OTAN misma a través de su operación SFOR (Fuerzas de Estabilización) en Bosnia.
Cuando se cumplía el primer año de la firma del Acuerdo Básico, el Consejo de Seguridad extendió el mandato de UNTAES por seis meses, hasta el 15 de julio de 1997. Este período fue nuevamente prorrogado hasta el 1º de enero de 1998. UNTAES logró cumplir, en los plazos establecidos, con todos los objetivos impuestos.
Por una parte, UNTAES debió confrontar las exigencias de los croatas quienes querían retomar rápidamente el control de su territorio, expulsando a los invasores serbios. Por la otra, los serbios refugiados en la región exigían la garantía de no ser masacrados, y de poder retornar a sus hogares en Croacia o bien quedarse donde se encontraban. En consecuencia UNTAES debió tomar en consideración tanto las demandas de la población como las de los refugiados.
Como consecuencia de la creación de UNTAES, la ONU solicitó la participación de un contingente de la Argentina, lo que fue aceptado por el gobierno argentino el 15 de febrero de 1996. En dieciséis meses participaron de la misión tres sucesivos equipos de combate argentinos. El primero arribó al aeropuerto internacional de Zagreb el 29 de mayo, siendo ubicado en la base de Brod Pustara, en proximidades de la frontera entre Croacia y Hungría.
Finalizada la desmilitarización y dentro de la fase de estabilización, el objetivo fundamental fue llevar a cabo elecciones libres, como paso previo a la entrega del control del territorio a las autoridades croatas electas. Cuando UNTAES dejó de funcionar, continuaron en el territorio 180 observadores internacionales de los cuales 8 eran argentinos.
Las Resoluciones 981, 982 y 983 del Consejo de Seguridad del 31 de marzo de 1995, establecieron la reorganización de UNPROFOR y la creación de UNPREDEP (Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas) en Macedonia. Asimismo, las responsabilidades administrativas y logísticas fueron coordinadas por el cuartel principal de las Fuerzas de Paz en Zagreb, conjuntamente con UNCRO (Operación de Restauración de la Confianza, restringida a Croacia) y UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, restringida a Bosnia-Herzegovina).
El 1º de febrero de 1996 UNPREDEP comenzó a funcionar como misión independiente, en virtud de que los mandatos de UNCRO y UNPROFOR habían finalizado, pasando a depender directamente del cuartel principal de las Fuerzas de Paz de Nueva York (UNNY). UNPREDEP fue la primera misión en la historia del mantenimiento de la paz de la ONU que utilizó un mandato preventivo. Para desarrollar las tareas, la misión empleó una variedad de recursos, incluyendo despliegue de tropas, mediación, negociación, conciliación y otros recursos pacíficos.
En cooperación con las autoridades de Macedonia, UNPREDEP realizó actividades tendientes a controlar e informar toda actividad en las zonas limítrofes con la República de Albania y la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), que pudieran poner en peligro la seguridad y la estabilidad en el territorio de Macedonia. Asimismo debían fortalecer el entendimiento mutuo entre los grupos políticos, sociales y étnicos. El principal problema era la integración política de la minoría albanesa, establecida históricamente en la región y que reclamaba una participación proporcional en el gobierno y en las instituciones oficiales. A ello se sumaba el flujo de refugiados albaneses provenientes de la República Federal de Yugoslavia y de la misma Albania.
Participaron de UNPREDEP como observadores militares varios oficiales argentinos.
La península de Ostra (Prevlaka) domina la entrada de la bahía de Kotor, donde la República Federal de Yugoslavia tenía su principal base naval. Era un área estratégica, ubicada 45 km. al sur de la ciudad croata de Dubrovnik. Su proximidad a Yugoslavia y a Bosnia-Herzegovina y el hecho de tener salida al mar Adriático generaron en los últimos años, graves tensiones. Las hostilidades comenzaron cuando el ejército yugoslavo ocupó territorio croata al sur de Dubrovnik, en el año 1991. Las negociaciones para lograr un acuerdo comenzaron en mayo de 1992, dentro del marco del Plan Vance, que preveía el despliegue de Cascos Azules. La propuesta para enviar fuerzas de la ONU fue aceptada, y los Presidentes Tudjman de Croacia y Cocic de Yugoslavia firmaron un acuerdo el 30 de septiembre de 1992, en la ciudad de Génova. En cumplimiento de lo estipulado, el ejército yugoslavo abandonó Croacia y esa área fue desmilitarizada.
Por la Resolución 779 del 6 de octubre de 1992, el Consejo de Seguridad autorizó a UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas) a asumir la responsabilidad del control de la zona. Esta misión y su sucesora, la UNPF (Fuerza de Paz de las Naciones Unidas), continuaron con el control hasta el establecimiento de la UNMOP, creada por la Resolución 1043 el 31 de enero de 1996 y por un período de seis meses. El mandato fue prorrogado, por sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad hasta el 15 de julio de 1998.
La misión dependía directamente de Nueva York, pero administrativa y logísticamente lo hacía de UNMIBH (Misión de las Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina). Contaba con el cuartel general en Dubrovnik y tres equipos de observadores militares en Gruda (Croacia), en Prevlaka (península de Ostra) y en HerzegNovi (Montenegro).
En UNMOP participaron dos observadores militares del Ejército argentino.
El Tratado de Paz para Bosnia-Herzegovina fue firmado por los líderes de esta última, Croacia y la República Federal de Yugoslavia en París el 14 de diciembre de 1995. El 16 de diciembre el Consejo de la Alianza del Atlántico Norte (CAAN) lanzó la operación Esfuerzo Conjunto basada en la Resolución 1031 del Consejo de Seguridad que había conferido a la OTAN el mandato para solucionar los aspectos militares del Tratado de Paz. Así, una fuerza internacional liderada por la OTAN llamada IFOR (Fuerza de Implementación) comenzó su misión el 20 de diciembre de 1995 con un mandato por un año.
En noviembre de 1996 los ministros de Defensa de la OTAN concluyeron que una presencia militar reducida era necesaria para mantener la estabilidad lograda. Consecuentemente se organizó la SFOR (Fuerza de Estabilización) que comenzó a funcionar el 20 de diciembre de 1996, al expirar el mandato de la anterior. La Resolución 1088 de la ONU, del 12 de diciembre de 1996, establecía que la misión de la SFOR era contribuir a crear y mantener un ambiente seguro, necesario para la consolidación de la paz. La SFOR estaba integrada por fuerzas aportadas por los países miembros de la OTAN y por otros países no pertenecientes a la misma.
La situación social en Bosnia continuaba siendo tensa y la paz era interrumpida por violentas manifestaciones populares que atentaban contra personas y bienes. Se produjo así una brecha en la seguridad pública que ni la policía local ni la de la ONU pudieron resolver. De esta manera, en diciembre de 1997 la OTAN consideró la necesidad de crear la MSU (Unidad Especializada Multinacional) que formaría parte de la SFOR. Dicha fuerza debía tener estado militar, experiencia en el manejo de alteraciones del orden público y aptitud de pasar de una operación policial a otra enmarcada en operaciones militares de combate básicas, si la situación así lo requería.
La Gendarmería argentina, que tenía una experiencia de ocho años en operaciones de paz, aceptó formar parte del proyecto. A mediados de julio de 1998, los oficiales argentinos llegaron a Sarajevo para integrarse al Estado Mayor de la SFOR-MSU, mientras la compañía Delta se embarcaba con destino a Gorizia, Italia, sede de un batallón de carabineros, a fin de comenzar la instrucción. El entrenamiento terminó a mediados de septiembre en el teatro de operaciones, después de haber recorrido, en el marco de un gran ejercicio militar, más de 6.000 km de un territorio hostil y desconocido. Por este hecho se le concedió al contingente argentino la completa capacidad operacional. Los procedimientos usados tuvieron un encuadre de disciplina militar, aunque la actividad a desarrollar fuera estrictamente policial.
Los contingentes argentinos estuvieron integrados por 76 hombres y cumplieron períodos de seis meses. Sus tareas consistieron en restablecer el orden público cuando fuera alterado, apoyar el retorno de refugiados y desplazados, cooperar con los policías locales, los gobiernos municipales y la IPTF (Fuerza de Tareas de Policía Internacional) de la ONU. El objetivo final era contribuir al proceso de paz y democratización del país. La misión fue cerrada definitivamente el 23 de junio de 2001.
Russell, “Las relaciones de Argentina con Europa Occidental”, op. cit., pp. 20-23.
“Gestión de Cavallo en Bonn”, La Nación, 8 de febrero de 1990, p. 5, y “Anuncio de Cavallo”, La Nación, 9 de febrero de 1990, p. 3.
“Mensaje de Menem”, La Nación, 3 de octubre de 1990, p. 3; “Hoy es un día de alegría, expresó el embajador Herbert Limmer”, y “Una nutrida concurrencia a la recepción”, La Nación, 4 de octubre de 1990, p. 10.
“La Argentina refinanció su deuda con el gobierno alemán”, Clarín, 16 de octubre de 1990, p. 15.
Véase: Antonio E. De Turris, “La visita del presidente Carlos Menem a Bonn. Un paso fundamental para la captación de capitales alemanes”, La Nación, 9 de abril de 1991, p. 4; “Convenio sobre inversiones con Alemania”, La Nación, 10 de abril de 1991, p. 1; Antonio E. De Turris, “Una música maravillosa para Menem”, La Nación, 10 de abril de 1991, p. 3, y “Los puntos principales del acuerdo firmado ayer”, La Nación, 10 de abril de 1991, p. 3.
Ricardo Roa, “Menem firma acuerdos para alentar inversiones alemanas”, Clarín, 9 de abril de 1991, p. 5, y “Epílogo con fiesta grande”, Clarín, 11 de abril de 1991, p. 12.
Mónica Aparicio, “Las relaciones entre Argentina y Alemania durante los primeros años de la administración Menem”, en CERIR, La política exterior del gobierno de Menem, op. cit., p. 202.
Graciela Iglesias, “Menem en Bonn, mirando a la NATO”, La Nación, 2 de octubre de 1992, p. 6, y “Inversión automotriz en la Argentina”, La Nación, 6 de octubre de 1992, p. 7.
Memorándum, sin fecha, Archivo Cisneros.
Néstor Restivo, “Alemania mira al Mercosur”, Clarín, 12 de mayo de 1996.
“Inversión directa europea en América Latina: tendencias y aporte al desarrollo”, Informe de IRELA, op. cit., pp. 192.
“Visita alemana por negocios”, Clarín, 8 de septiembre de 1996.
“Inversión de Mercedes Benz: Especializarse para no morir”, Clarín, 16 de septiembre de 1996, y “Ajuste: Consejos de Kohl a Menem”, Clarín, 17 de septiembre de 1996.
“Amplio respaldo de Kohl al programa económico”, La Nación, 17 de septiembre de 1996, p. 1; “Elogios de Kohl para el gobierno de Menem”; “Menem fue invitado a Alemania el año próximo”, y “Helmut Kohl en la Argentina”, La Nación, 17 de septiembre de 1996, p. 8.
“Misión a Alemania en busca de negocios”, La Nación, 25 de mayo de 1997; Walter Curia, “Elogio alemán para Menem”, Clarín, 27 de mayo de 1997. Menem viajó a la frontera greco-turca para pasar el Día del Ejército junto a las tropas argentinas que formaban parte de las Fuerzas de Paz de la ONU, y Fernández se trasladó a los Estados Unidos.
Walter Curia, “Menem pidió ayuda alemana para las privatizaciones”, Clarín, 28 de mayo de 1997; Mariano Obarrio, “Menem auguró futuras inversiones alemanas”, La Nación, 27 de mayo de 1997, p. 8; “Los presidentes coincidieron en profundizar las relaciones”, La Nación, 27 de mayo de 1997, p. 8, y Mariano Obarrio, “Menem le pidió a Kohl más inversiones alemanas. Interés en la venta aeroportuaria y en el área de transporte”, La Nación, 28 de mayo de 1997, p. 9.
Walter Curia, “Elogio alemán para Menem”, Clarín, 27 de mayo de 1997.
“Dura réplica de Balza a un ex embajador alemán”, La Nación, 11 de junio de 1997, p. 9.
“Desaparecidos: Herzog prometió colaboración”, La Nación, 4 de marzo de 1999, p. 7; Ana Gerschenson, “Herzog se comprometió a abrir los archivos de la Embajada”, Clarín, 4 de marzo de 1999.
“Herzog elogió la gestión económica argentina”, La Nación, 3 de marzo de 1998.
Oscar Raúl Cardozo, “Gestos y palabras”, Clarín, 20 de octubre de 1990, p. 3, y Julio Algañaraz, “Menem ratificó el indulto en la reunión con el Papa”, Clarín, 30 de octubre de 1990, pp. 2 y 3.
“Exhortación del Papa al Gobierno”, La Nación, 24 de marzo de 1992, p. 1.
“Por las referencias al ajuste económico. El Papa no está bien informado, estimó el presidente Menem”, La Nación, 4 de abril de 1992, p. 3.
“El cardenal Alfonso López Trujillo, muy cercano al Papa, pasó por Buenos Aires”, Clarín, 22 de septiembre de 1996.
“Llegó el Cardenal Casaroli”, Clarín, 10 de octubre de 1996.
“Caselli, al Vaticano”, Clarín, 10 de febrero de 1997, y “Piden el acuerdo de Erman y Caselli como embajadores”, Clarín, 11 de febrero de 1997.
Sergio Rubín, “Dos posiciones en la Iglesia”, Clarín, 11 de octubre de 1997; Walter Curia, “El Papa pedirá que se ratifique el acuerdo por los Hielos Continentales”, Clarín, 12 de octubre de 1997; Julio Algañaraz, “Sin roces por la cuestión social”, Clarín, 12 de octubre de 1997; idem, “Menem quiere hablar con Fidel de libertad religiosa”, Clarín, 12 de octubre de 1997, y “El gobierno intenta mejorar la imagen de la visita al Vaticano”, Clarín, 13 de octubre de 1997.
“En Roma se habló de Trusso”, Clarín, 17 de octubre de 1997.
“Renuncia al Vaticano”, Clarín, 18 de octubre de 1997.
Julio Algañaraz, “El Gobierno busca más acercamiento con los obispos”, Clarín, 8 de diciembre de 1997.
Ricardo Ríos, “La CGT ya tiene cita con el Papa”, Clarín, 24 de diciembre de 1997.
“Piden a un obispo para la comisión de Conciliación”, Clarín, 23 de diciembre de 1997.
Jorge Rouillón, “Asumió ayer el secretario de Culto”, La Nación, 11 de agosto de 1998.
Andrea Centeno, “Italia es otro desafío para Menem”, La Nación, 12 de noviembre de 1998, p. 6; “Una difícil convivencia en Roma”, La Nación, 12 de noviembre de 1998, p. 6; Andrea Centeno, “El Presidente defendió a Caselli de las críticas. Hoy desayunará con D’ Alema y se reunirá con el Papa”, La Nación, 13 de noviembre de 1998, p. 10, y “La visita a Roma: el encuentro con el Sumo Pontífice. Menem refirmó su defensa de la vida”, La Nación, 14 de noviembre de 1998, p. 10.
Walter Curia, “Menem pidió al Papa su aval para un acuerdo por los Hielos Continentales”, Clarín, 14 de noviembre de 1998.
“Críticas de un obispo para Caselli”, Clarín, 13 de noviembre de 1998.
“Apoyo papal para una iniciativa del Presidente”, La Nación, 22 de marzo de 1999, p. 6.
“Hesayne se sumó a la polémica con el Gobierno”, La Nación, 12 de junio de 1999.
“Premio del Vaticano a Menem”, La Nación, 12 de junio de 1999, p. 7, y “El Vaticano premia al Presidente”, La Nación, 16 de junio de 1999, p. 8.
Pese a que el tema en cuestión fue la posición antiabortista, no hubo comentario alguno sobre las revelaciones de la ex esposa de Menem, Zulema Yoma, en el sentido de que había interrumpido un embarazo con el consentimiento de su cónyuge.
Andrea Centeno, “Menem, mensajero de la Santa Sede”, La Nación, 23 de noviembre de 1999.
“Perpetua para Astiz por el secuestro y torturas a dos monjas francesas”, La Nación, 17 de marzo de 1990, p. 11 y “El caso Astiz, otra vez centro de la escena”, La Nación, 17 de julio de 2003, p. 5.
“Francia considera «muy graves» las revelaciones por torturas en la ESMA”, entrevista realizada por Osvaldo Tcherkasky, Clarín, miércoles 26 de octubre de 1994, p. 12.
“No ascenderán a Pernías y Rolón”, Clarín, 27 de octubre de 1994, p. 6; “La Armada considera que Pernías y Rolón son dos hombres de bien”, Clarín, 28 de octubre, p. 8, y “No comparto la decisión”, Clarín, 28 de octubre, p 8.
Graciela Iglesias, “La sombra de Astiz llegó con Menem a Francia”, La Nación, 27 de febrero de 1996, p. 4; idem, “París fue ayer centro de la política argentina. Admitió Di Tella que lo avergüenza el caso Astiz”, La Nación, 28 de febrero de 1996, p. 1; “Di Tella no quiere compensación política”, La Nación, 28 de febrero de 1996, p. 5, y Graciela Iglesias, “Tras reunirse con Juppé, el Presidente finalizó su visita a Francia. Menem: indemnizaremos por el caso Astiz”, La Nación, 29 de febrero de 1996, p. 5. A mediados del año anterior (1995), según la misma nota del diario Clarín, el entonces jefe de la Armada, almirante Enrique Molina Pico, protagonizó un forcejeo diplomático con los hombres de la Embajada francesa. Las declaraciones de Molina Pico sobre las “condiciones morales” del marino para aspirar a un ascenso –condenado en Francia a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de las monjas- retrasaron significativamente la invitación que el embajador Renaud Vignal debía enviarle para festejar el 206 aniversario de la Revolución Francesa. Recién un día antes de la celebración, y luego que el entonces vicecanciller Fernando Petrella expresara su “máximo respeto por la Justicia francesa”, Vignal envió la invitación a Molina Pico. Véase “Un homenaje postergado”, Clarín, 9 de diciembre de 1996.
“Preocupan al gobierno los reclamos por desaparecidos”, Clarín, 6 de julio de 1996.
“Homenaje de Chirac a las monjas francesas”, Clarín, 18 de marzo de 1997.
“Se refirió a Astiz como «ese asesino» ”, La Nación, 19 de marzo de 1997, y “Chirac trató a Astiz de asesino y pidió que cumpla su condena”, Clarín, 19 de marzo de 1997.
María O’Donnell, “Astiz no cumplirá más tareas en la Armada”, La Nación, 19 de junio de 1997, y María Elena Polak, “Domínguez dijo que Astiz no volverá a la actividad”, La Nación, 20 de junio de 1997.
“Reclaman por 15 desaparecidos”, La Nación, 15 de octubre de 1998.
“Italia: se oponen a archivar una causa por desaparecidos en Argentina”, Clarín, 14 de mayo de 1996.
Entre los 89 acusados figuraban los ex presidentes Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone; los también ex integrantes de las juntas militares Emilio Massera, Orlando Agosti, Armando Lambruschini y Omar Graffigna; y los ex jefes militares Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suárez Mason. En la lista también aparecían Alfredo Astiz, el gobernador tucumano Antonio Bussi y el intendente de Escobar Luis Patti, los últimos elegidos por voto popular.
“Desaparecidos: La Justicia italiana también investiga”, Clarín, 12 de febrero de 1997. Las investigaciones se referían a la muerte de Laura Estela Carlotto, Roberto Julio Morresi, Pedro Lucio Mazzocchi, Daniel Jesús Ciuffo, Martino Mastini y Mario Marras y a los secuestros de Guido Carlotto y Alberto Fabbri, ambos nacidos en cautiverio y nunca encontrados.
Ana Gerschenson, “Desaparecidos: Apoyo de Italia”, Clarín, 7 de abril de 1998.
Julio Algañaraz, “Abren un juicio a Astiz y al Tigre Acosta en Roma”, Clarín, 30 de julio de 1999. Las denuncias se referían al caso de Giovanni Pegoraro y su hija Susanna, secuestrados por un comando de la ESMA el 18 de junio de 1977. Susanna estaba embarazada y las Abuelas de Plaza de Mayo habían logrado identificar años después a Evelyn Karina Vázquez, que en ese momento tenía 21 años, como la beba de Susanna Pegoraro, de la cual se habría apropiado el suboficial de la marina Policarpo Vázquez, arrestado en marzo de 1999 en Mar del Plata. La tercera desaparecida era la señora Angela Aietta de Gullo, madre del conocido dirigente peronista Dante Gullo. La señora fue secuestrada para castigar a su hijo, que se encontraba detenido en una cárcel en la época de la dictadura militar.
Se trataba de Laura Estela Carlotto, el recién nacido Guido Carlotto, Mario Marras, Roberto Julio Morrese, Pedro Lucio Mazzocchi, Luis Alberto Fabbri, Daniel Jesús Ciuffo y Mastino Martino. En este proceso, el principal imputado era el ex general Guillermo Suárez Mason, a quien se consideraba responsable de haber organizado, inmediatamente después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los centros de detención clandestina que funcionaron en la jurisdicción del primer cuerpo de Ejército.
“Más control sobre Erich Priebke”, Clarín, 28 de agosto de 1995.
“La Corte ya tiene la causa de Erich Priebke”, Clarín, 29 de agosto de 1995, p 25.
“Extraditarán a Erich Priebke a Italia”, Clarín, viernes 3 de noviembre de 1995, p. 30, y “En una semana llevarían a Italia al ex capitán nazi”, Clarín, sábado 4 de noviembre de 1995, p. 54.
“Italia no condenó a Erich Priebke y la Argentina le prohibió el regreso al país”, Clarín, 2 de agosto de 1996, y “Priebke puede ser extraditado”, Clarín, 7 de agosto de 1996.
Juan Carlos Algañaraz, “Desaparecidos: La Justicia española decidió investigar”, Clarín, 21 de abril de 1996, e idem, “España pide que se investigue la desaparición de 266 personas”, Clarín, 7 de mayo de 1996.
“Preocupan el gobierno los reclamos por desaparecidos”, Clarín, 6 de julio de 1996
Silvana Boschi, “Derecho de anonimato a testigos”, Clarín, 14 de julio de 1996.
Silvana Boschi, “Desaparecidos: Reclaman por los hijos de españoles”, Clarín, 21 de julio de 1996. Este tema ya tenía antecedente en la Justicia argentina. En un juicio iniciado por los abogados Alberto Pedroncini y Boris Pasik, se había presentado entre otras pruebas un inventario originado en el Ministerio del Interior y enviado a la subárea militar de Córdoba que contenía referencias a “normas de procedimiento para aplicar con los menores de edad”. En esa causa, en la que ya habían sido presentados los alegatos finales, el juez Osvaldo Guglielmino debía decidir si condenaba al Estado a presentar toda la documentación que tuviera en su poder desde que se dictaron esas instrucciones, en abril de 1977.
Ibid. Entre los nombres citados reiteradamente en los autos judiciales se encontraban los de los ex presidentes Jorge Rafael Videla, Leopoldo Galtieri, Reinaldo Bignone y el del, en ese momento, gobernador de Tucumán, general Domingo Bussi. También el del ex comandante en jefe de la Marina, Emilio Massera, el capitán Alfredo Astiz, y el jefe de la inteligencia naval, Jorge Acosta. Todos los integrantes de las sucesivas juntas militares estaban requeridos por el juez Garzón.
“Postergan la visita de Aznar”, Clarín, 22 de octubre de 1996. El otro motivo habría sido el disgusto por la designación del empresario menemista Carlos Amar como embajador en España.
“Represión: rechazo al pedido del juez Baltasar”, La Nación, 18 de enero de 1997; “Rechazo a un pedido español”, Clarín, 18 de enero de 1997.
Juan Carlos Algañaraz, “España ratificó que investigará a ex jefes militares argentinos”, Clarín, 26 de enero de 1997. Los acusados eran el mayor José Horacio Gavazo, y los capitanes Manuel Cordero y José Silveira. También el comisario de la policía uruguaya Hugo Campos Hermida. Los cuatro oficiales uruguayos habrían actuado en los centros clandestinos de represión Automotores Orletti, ubicado en el barrio de Floresta de la capital argentina, y en el destacamento de la Policía de Buenos Aires, llamado “El Pozo”. En ambos centros actuaban elementos parapoliciales de la “Triple A”, a los que también se había identificado.
Juan Carlos Algañaraz, “Un juez español citó a Sabato, Strassera y Fernández Meijide”, Clarín, 29 de enero de 1997, y “Una práctica imperialista”, Clarín, 29 de enero de 1997.
Juan Carlos Algañaraz, “España: Isabel recibió insultos y huevazos”, Clarín, 4 de febrero de 1997.
Araceli, Viceconte, “Aznar paseó, escuchó algunos reclamos y lo vio a Menem”, Clarín, 21 de abril de 1997.
Javier Calvo, “Cautela con los desaparecidos”, Clarín, 22 de abril de 1997.
“El gobierno español, sin datos sobre la represión”, La Nación, 3 de junio de 1997.
Juan Carlos Algañaraz, “Un juez español detuvo a Scilingo por los crímenes que cometió en la ESMA”, Clarín, 8 de octubre de 1997, e idem, “Piden al Gobierno que proteja a los familiares de Scilingo”, Clarín, 9 de octubre de 1997.
“El ex marino entregó una lista con 158 nombres de militares”, Clarín, 9 de octubre de 1997. El ex oficial declaró que formaba parte de un grupo especial en la ESMA en el cual actuaban Guillermo Ramón Arquedes, Ramón Antonio Arosa, Roberto José Barbusso, Aldo Fernández, Joaquín Gómez, Enrique Pedro Montemayor, José Luis Seguele, Carlos Alfredo Boinger y otra persona de apellido Zarrategui. También añadió los nombres del médico Aldo Chiappe, que habría actuado atendiendo los partos de las secuestradas, y de un abogado, Gonzalo Torres de Tolosa, que se hacía pasar por oficial de la Armada con el alias de “teniente Varas”. La lista de Scilingo estaba encabezada por el ex almirante Eduardo Massera. Otros oficiales incluidos eran: capitán de navío Jorge Raúl Vildoza; capitán de fragata Adolfo Mario Arduino; capitanes de corbeta Olegario Menendez Salvio, Jorge Eduardo Acosta, Jorge Perren, Francis William Whamond, Ricardo Corbeta; tenientes de navío Antonio Pernías, Enrique Scheller, Alejandro Spinelli, Miguel Angel Benazzi, Hugo Damario, Jorge García Velazco, Pablo Eduardo García Velazco, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Rolón, Fernando Peyón, Carlos Carella, Francisco Lucio Rioja, y tenientes de fragata Alfredo Aztiz, Jorge Carlos Rádice, Néstor Omar Savio y Wiss Navarro.
Juan Carlos Algañaraz, “Piden la captura de Massera y de otros ex jefes militares”, Clarín, 11 de octubre de 1997, e idem, “Los 10 nombres acusados de genocidio por el juez Garzón”, Clarín, 11 de octubre de 1997. Los diez imputados contra los que el juez Garzón pidió orden internacional de captura estaban acusados de genocidio. Sus identidades y las actividades delictivas de las que se los acusaba eran las siguientes:
1. Ex almirante Emilio Eduardo Massera. Comandante en jefe de la Armada entre marzo de 1976 y setiembre de 1977. Se lo acusa de ser el principal responsable de las actividades represivas del centro clandestino de la ESMA.
2. Vicealmirante Luis María Mendía. Está apuntado como el “ideólogo” del plan represivo de la Armada.
3. Contraalmirante Jorge Raúl González. Subdirector de la ESMA entre 1977 y 1978.
4. Capitán de navío Jorge Raúl Vildoza. Jefe del Grupo de Tareas y, según la acusación, “principal responsable de la organización de partos clandestinos y reparto de niños”.
5. Capitán de fragata Adolfo Mario Arduino. Jefe de personal de la ESMA y encargado del enlace con la Policía Federal. Acusado de infligir tormentos.
6. Capitán de corbeta Jorge Eduardo Acosta. Jefe de Operaciones y de Inteligencia del Grupo de Tareas.
7. Capitán de Corbeta Jorge Perren. Jefe de Operaciones del Grupo de Tareas. Responsable del Centro Piloto de París.
8. Carlos Eduardo Daviou. Oficial de la Prefectura Naval. Participó en vuelos de la muerte.
9. Carlos José Pazo. Oficial de la Armada. Actúo en secuestros.
10. Gonzalo Torres de Tolosa. Abogado. Introducido por Jorge Eduardo Acosta, se hacía pasar por oficial naval con el alias de "teniente Varas".
“Confirmó el Gobierno su estrategia contra Garzón”, Clarín, 4 de marzo de 1998.
Guido Di Tella, “Por qué necesitamos una corte penal internacional”, Clarín, 13 de marzo de 1998.
Juan Carlos Algañaraz, “La Justicia española dice que hubo genocidio en Argentina”, Clarín, 5 de noviembre de 1998.
Juan Carlos Algañaraz, “Por primera vez, declaró un fiscal argentino ante Garzón”, Clarín, 14 de septiembre de 1999.
“De la Rúa: la Justicia debe resolver el pedido de Garzón”, Clarín, 4 de noviembre de 1999.
Leonardo Freidenberg, “Abrirán en Alemania una causa por desaparecidos”, La Nación, 12 de abril de 1998.
“Videla y Massera, en el juicio alemán”, La Nación, 20 de julio de 1998.
“Analizan la extradición de Massera a Suiza”, La Nación, 17 de diciembre de 1998.
Ejército Argentino, Soldados argentinos por la paz . La contribución del Ejército Argentino en la solución pacífica de los conflictos internacionales, Ejército Argentino, edición electrónica, 1998, cap. 1.
“Aporte a los Cascos Blancos”, Clarín, 23 de septiembre de 1996.
Información obtenida del sitio en Internet “www.whitehelmets.org”.
Revista Cascos Blancos, Nº 4, agosto de 1999.
Revista Cascos Blancos Nº 1, septiembre-noviembre de 1997, p. 20.
Discurso pronunciado por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en la Universidad de Thammasat, 11 de febrero de 2000.
Ejército Argentino, Soldados argentinos por la paz, op. cit., cap. 1.
Andrés Fontana, “La seguridad internacional y la Argentina en los años 90”, en Andrés Cisneros, (comp.), Política exterior argentina 1989-1999: Historia de un éxito, Buenos Aires, GEL, 1998.
Este apartado está basado en Ejército Argentino, Soldados argentinos por la paz, op. cit., cap. 7.
Jorge Urien Berri, “A Ecuador llegaron armas obsoletas”, La Nación, 11 de diciembre de 2002.
Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, “Análisis de la exportación de armas a Ecuador y Croacia”, Cuaderno 180, Buenos Aires, mayo de 1996.
La causa por el caso de las armas fue enviada al juzgado federal del doctor Jorge Urso, quien consideró que en el mismo había actuado una asociación ilícita, figura que fue aceptada por la Sala II de la Cámara Federal. En el fuero penal económico se determinó la existencia de contrabando calificado por tratarse de armamento. Como jefe de la asociación ilícita, Urso procesó al ex presidente Menem, y como organizadores a Emir Fuad Yoma, al ex ministro de Defensa, Antonio Erman González, y al ex jefe del Ejército, teniente general Martín Balza. Como integrantes de la asociación procesó, entre otros, al ex canciller Di Tella, y a los coroneles de Fabricaciones Militares Carlos Franke (ex director de Producción), Edberto González de la Vega (ex director de Comercialización) y Jorge Cornejo Torino (ex jefe de la Fábrica Militar de Río Tercero). El ex presidente Menem estuvo detenido con prisión preventiva desde el 7 de junio hasta el 20 de noviembre de 2001 en que un fallo de la Corte Suprema lo liberó al igual que a los demás procesados.

References: artículo 21
 artículo 7
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 Resolución 
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