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Timestamp: 2020-01-17 15:58:47+00:00

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RTVE no levanta cabeza. De acuerdo a los datos publicados en el Boletín Oficial de Estado (BOE), la corporación ha reportado unas pérdidas durante el ejercicio de 2014 de 96,1 millones de euros. Cifra que supera de forma notoria los datos de 2013 donde las pérdidas se situaron en los 78,1 millones de euros, lo que supone que continúa en números rojos.
El balance ha sido negativo desde que en el año 2010 entrase en vigor la Ley de Financiación de RTVE, con 47 millones de euros en el citado año, 29 millones de euros en 2011 y 113 millones de euros en 2012 y 2013 tal y cómo señalan desde el diario El Mundo.
Fue en el año 2006 cuando asistimos a la desaparición del Ente con la llegada de la Ley de RTVE que dio lugar al nacimiento de la Corporación existente a día de hoy. Un proceso que desde ese momento, se encuentra gestionado por una sociedad que desembocó en un ERE por el que se estableció la extinción paulatina de hasta 4.150 contratos de trabajo entre el 31 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2008.
Esta decisión deriva precisamente de que una de las partidas que supone un mayor gasto es la de personal que se ha situado en los 126,6 millones de euros. Cifra bastante elevada aunque cabe señalar que se encuentra por debajo de los 140,8 millones de euros del año anterior. Cantidad de la que, 124,3 millones de euros, se han destinado al pago de salarios y sueldos.
En 2014, el Gobierno estableció dentro de los Presupuestos Generales del Estado una subvención para RTVE valorada en 30,9 millones de euros. El resto del dinero se ha obtenido mediante la venta de acciones que el ente público posee en la Corporación RTVE en liquidación a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por un valor de 83,9 millones de euros, tal y como informan desde el citado diario.
Pero las cuentas del ente público han dejado claro que el mismo se enfrenta a algunas demandas (dentro del ámbito civil y laboral) que podrían ir en contra de sus intereses. Hablamos de un importe por reclamaciones que, provisionalmente, se sitúa en 538.772 euros (de índole civil) y 1,4 millones de euros en el caso de las demandas de corte laboral.
RTVE recalca además que existen saldos que se encuentran pendientes de pago señalando que se encuentra investigando porque los mismos no han sido abonados dentro de los plazos legales establecidos.
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Las 7 categorías por edades para los contenidos televisivos
7.- Contenidos X
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene, entre sus competencias, la obligación de controlar el cumplimiento de las obligaciones, las prohibiciones y los límites al ejercicio del derecho a realizar comunicaciones comerciales audiovisuales impuestos por los artículos 13 a 18 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (en adelante LGCA). Asimismo, la Comisión debe resolver sobre el carácter no publicitario de los anuncios de servicio público o de carácter benéfico, previa solicitud de los interesados, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
~~. Uno de los términos que más se repiten en las conversaciones del sector. ¿Hacia dónde se dirige la industria? Una pregunta que cobra aún mayor relevancia en el terreno de los medios de comunicación.
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Tribunales, La privacidad no puede oponerse a la orden de registro de Facebook
El bufete Díez y Romeo realiza un seguimiento de las últimas sentencias relativas al conflicto entre privacidad y defensa del interés general de las administraciones. Esta noticia revela la última tendencia judicial en EEUU.
Un padre no puede publicar las fotos de su hijo en las Redes Sociales sin la autorización de la madre
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Las Autoridades europeas de protección de datos (Grupo de Trabajo del Artículo 29, del que forma parte la Agencia española AEPD) han aprobado el primer Dictamen conjunto sobre drones, que analiza la incidencia y los riesgos que la utilización de estos vehículos no tripulados plantean para la privacidad y la protección de datos.
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Andrea Roselló Vila realiza un interesante comentario sobre el procedimiento sancionador en el anteproyecto de la LPACAP en Legal Today. Debido a su importancia didáctica hemos decidio reproducirlo.
De conformidad con la Disposición derogatoria única. Derogación normativa de la LPACAP queda derogado expresamente el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, así como también el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Dichos procedimientos han quedado insertados en el título IV, Capítulo II. Iniciación del procedimiento, Sección 1ª.Disposiciones Generales, art. 81 y siguientes, lo cual no ayuda a ver el procedimiento en su conjunto tal como lo teníamos en los Reglamentos.
En resumen dicho procedimiento sancionador queda regulado específicamente en los artículos siguientes:
Art. 82.Actuaciones Previas.
Art. 83. Medidas Provisionales
Art. 85,86,87 y 88. Inicio del procedimiento sancionador.
Art. 90.Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora.
Art. 91.Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Art. 98.3. Las personas designadas como órgano instructor.
Art. 102.4. Actos de Instrucción.
Art. 104 2 y 3. Medios y periodo de prueba.
Art.111.3.Terminación.
Art.112. Terminación en los procedimientos sancionadores.
Art.114, párrafo segundo. Actuaciones Complementarias.
Art.115. Contenido.
Art. 116. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador.
Art. 117. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores.
Art. 132.4. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Dichos preceptos contemplan que en el procedimiento sancionador antes de su inicio podrán llevarse a cabo actuaciones previas, enumerándose en el art. 83 desde la letra d) hasta la i) las nuevas medidas provisionales como el embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.
El procedimiento sancionador se iniciará de oficio a través de medios electrónicos cuando sea posible, bien por propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia. La peticiones deberán especificar persona, hechos, lugar y fecha de los hechos y la presentación de una denuncia no confiere la condición de interesado en el procedimiento.
Se establecerá la debida separación entre la fase instructora y sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Cabe destacar que en el acuerdo de iniciación antes se decía los hechos sucintamente expuestos ahora en el anteproyecto simplemente los hechos que motivan la incoación del procedimiento, dicho acuerdo se notificará al instructor con traslado de las actuaciones y se notificará al denunciante e interesados entendiendo por éste al inculpado.
En las infracciones continuadas no se podrán iniciar nuevos procedimientos hasta que recaiga una primera resolución con carácter ejecutivo. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de unidades con tal función serán responsables de la tramitación y del cumplimiento de los plazos y adoptarán las medidas necesarias para lograr el respecto de los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.
Cuando los hechos no se tengan por ciertos el instructor abrirá un periodo de prueba no superior a 30 días ni inferior a 10 días y decidir un periodo extraordinario no superior a 10 días, así como también el instructor podrá rechazar las pruebas que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias. Los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vincularán a la Administración Pública.
El pago voluntario implicará la terminación del procedimiento y también cabe la resolución del procedimiento aplicando reducción sobre el importe de la sanción, siempre que se haya determinado en la incoación del procedimiento sancionador, el porcentaje vendrá determinado por un Reglamento y el infractor haya desistido o renunciado de cualquier acción o recurso contra la sanción.
Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el órgano instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. La Propuesta del Sr. Instructor debe ser notificada a los interesados, otorgando un plazo de alegaciones(sin indicar el plazo), dicha propuesta fijará los hechos que se consideren probados y su calificación jurídica, las personas responsables y la sanción propuesta, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales o bien la declaración de la no existencia de infracción o responsabilidad.
En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica y si en la resolución se considera que la infracción reviste mayor gravedad se le otorgará al infractor un plazo de quince días de alegaciones, la resolución será ejecutiva cuando no quepa ningún recurso incluido el potestativo de reposición. Si se hubieran causado daños a la Administración y no se hubieran determinado en el procedimiento se fijaran en un procedimiento complementario. El pago de la multa se efectuará preferentemente en tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria y cualesquiera otros que se autoricen por órgano competente. Se podrá adoptar la tramitación simplificada cuando el órgano competente para la incoación considere que existen suficientes elementos de juicio para calificar la infracción como leve.
Como podemos ver no hay ningún precepto que expresamente nos hable de la caducidad del procedimiento sancionador como lo hace el art.20.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, que nos dice que el procedimiento sancionador caduca a los seis meses desde su iniciación.
El art. 39 1.b) de la LPACAP nos dice que en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad y la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art.122 refiriéndose a los mismos efectos previstos para la declaración de la caducidad de los procedimientos iniciados a instancia de interesado.
Por lo tanto ¿Cuál es el plazo de caducidad del procedimiento sancionador? El legislador se ha olvidado de regularlo y lógicamente el lugar para hacerlo es en el art. 122 de la LPACAP. Este es el artículo que me falta poner en el resumen.
Autora: Andrea Roselló Vila, Legal Today

References: Artículo 29
 Real Decreto 
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 resolución 
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