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Timestamp: 2017-05-28 22:03:45+00:00

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Que el mismo artículo 460 del ET, dispone que “el impuesto se causa sobre todo pago que reciba el club de sus asociados o de terceros, por cualquier concepto que constituya ingreso en razón de su actividad”. Que en este caso los afiliados no pagan al club ningún servicio ni le generan a este ningún ingreso. Que la cifra que se adiciona como ingresos en el acto administrativo demandado no generó
IVA por cuanto no se definió como un pago, que implique un ingreso para el club, pues simplemente es un aporte que se hace por efectos de su afiliación a la entidad. Sostuvo que las cuotas de afiliación no se tratan como ingreso. Que así lo sostuvo la DIAN en los conceptos No. 100445 del 30 de diciembre de 1998 y 075643 del 11 de agosto de 2000, en consonancia con el artículo 7 del Decreto 1372 de 1992.
Que el presupuesto, que a juicio de la DIAN genera la imposición de la sanción, es la presunta omisión de ingresos y la inclusión de deducciones no procedentes por conceptos de timbre nacional y de industria y comercio. Que, no obstante, los supuestos ingresos omitidos no se generaron, y en el requerimiento especial no se cuestionaron ni rechazaron las deducciones, mucho menos por impuestos de timbre e industria y comercio. Que, en consecuencia, el requerimiento especial está falsamente motivado en lo que tiene que ver con la sanción por inexactitud. Que la justificación de la sanción luego fue cambiada en la liquidación oficial de revisión cuestionada, fundada en la
disminución de la pérdida declarada por la sociedad.
Indicó que conforme con el artículo 3 del Decreto 2649 de 1993, es necesario que la información contable permita conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga que transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren
experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo, de la misma manera que debe permitir predecir flujos de efectivo, de suerte que resulta igualmente necesario, que la información permita establecer obligaciones por gravitar sobre otros entes económicos, ellos deben transferir recursos a favor de la entidad que produce la información financiera, cifras que serán la base para fundamentar las determinaciones de cargas de trabajo.
Que si se tiene en cuenta que los aportes son sumas de dinero que se transfieren por los asociados a las corporaciones o asociaciones para obtener la calidad de corporados o asociados, su origen o causa no está en la prestación de un servicio gravado con el impuesto sobre la renta por parte del club al asociado, o en virtud de la ejecución de una actividad industrial o comercial por parte del club, tal como el mismo artículo 460 del ET lo exige, al disponer que el pago del socio o tercero debe constituir un ingreso en razón de su actividad, el origen de dicho ingreso está en la celebración de un negocio jurídico de asociación, por lo que no son pagos recibidos en virtud de la prestación de
un servicio o actividad.
El beneficio neto o excedente generado en la no procedencia de los egresos, no será objeto del
beneficio de que trata este artículo.
De acuerdo con el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, que aparece en los folios 2 a 4 del expediente, la demandante está constituida como una corporación sin ánimo de lucro, cuyo objeto social es “fomentar la práctica de golf, ecuestre, tenis, natación, squash, tiro, billar, fútbol, patinaje, arco y cualquier otro deporte o modalidad deportiva; la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre e impulsar programas de interés público y social. Igualmente podrá celebrar todos los actos o negocios jurídicos, civiles o comerciales, que sean necesarios para la ejecución de su objeto, y que tengan relación de medio a
fin con este”.
En los términos del artículo 38 del Decreto 2649 de 1993, “Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incremento del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de
bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades, realizadas durante un periodo, que no provienen de los aportes de capital.” (Subraya la Sala).
“ARTICULO 647. SANCIÓN POR INEXACTITUD. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las Oficinas de Impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor
para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior.
Esta Sala ha sostenido reiteradamente que, cuando el artículo 647 citado se refiere a la interpretación del derecho aplicable, claramente se refiere a “la interpretación del derecho propiamente dicha”. No se refiere a la interpretación de los hechos y, por eso, no es factible
exonerar de la sanción por inexactitud cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias se derive de errores de hecho.
También se ha dicho que la interpretación errónea “consiste en aplicar la disposición pertinente a la controversia, pero dándole un sentido y alcance que no tiene; se sitúa siempre en un error de hermenéutica jurídica”[6] y que identificar cuándo se está en presencia de un error de
interpretación no es tarea fácil. Sin embargo, se ha tenido como pauta identificar la metodología y las pautas legales[7] y de doctrina judicial utilizadas por el contribuyente para arribar a la interpretación que lo indujo a declarar de determinada manera las cargas tributarias[8] .
En efecto, la controversia se centró en que, para la DIAN, los aportes de los socios al club por concepto de cuotas ordinarias y extraordinarias eran un ingreso. Por el contrario, para la demandante, dichos aportes formaban parte del activo y no eran susceptibles de incrementar el
patrimonio, pues dada la actividad sin ánimo de lucro desarrollada, no tenían la vocación de enriquecer al club, sino que eran destinados al desarrollo del objeto social.
MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA Presidente
Etiquetas: constitutivos de renta, cuotas de afiliacion, ingresos, Ingresos por conceptos, Renta, Sentencia 19895	Categorizado en: Sentencias

References: artículo 460
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 460
 artículo 38
 artículo 647