Source: http://cij-uaz.net/lez/htm/514.htm
Timestamp: 2019-04-20 02:36:06+00:00

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Resultando primero. En fecha 30 de junio del presente año, el Licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción II y 72 de la Constitución Política del Estado; 2º y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 46 fracción II y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas.
Resultando segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, turnó la Iniciativa de mérito a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia para su estudio y dictamen.
Resultando tercero. El proponente sustenta su iniciativa en la siguiente:
El Estado Mexicano ha reconocido como uno de los derechos humanos de los mexicanos el «acceso a la justicia», para garantizarlo ha establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determinadas disposiciones jurídicas, asimismo ha suscrito y ratificado diversos Tratados Internacionales, en los cuales, se contempla el derecho a gozar de una defensa, como uno de los elementos indispensable de la garantía de justicia. Por lo cual, todas las entidades federativas de la República Mexicana tienen la obligación de adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para hacer efectivo el goce pleno de dicho derecho.
El acceso a la justicia, se constituye por un cúmulo de derechos procesales, a los que cualquier persona sujeta a un procedimiento debe gozar; ya que, su protección y garantía, posibilitan la existencia de un proceso justo, en donde se tenga acceso a acciones judiciales, administrativas o de otra índole, mediante las cuales los implicados pueden plantear sus pretensiones ante una jurisdicción independiente, imparcial y competente para resolverlas.
Sobre este tema, el jurista Sergio García Ramírez refiere la necesidad de distinguir entre acceso a la jurisdicción y el verdadero acceso a la justicia. El primero de ellos se refiere a tener acceso a un tribunal, intervenir en diligencias, ofrecer pruebas y alegatos e interponer impugnaciones, etc.; sin embargo, todas esas acciones no garantizan por sí mismas el acceso a la justicia, que implica recibir una sentencia justa.[1] Pues para ello, es necesario contar con ciertas condiciones y derechos que garanticen su emisión, entre los principales, el derecho a una defensa pública, se presenta como una medida indispensable para lograrlo.
Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, consagra en su numeral 11.1 que todas las personas acusadas de un delito, tienen el derecho a que se les aseguren las garantías necesarias para su defensa.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya adhesión del Estado Mexicano se realizó el 24 de mayo de 1981, reconoce en su contenido que, uno de los elementos que garantizan el acceso a la justicia de cualquier persona, es la salvaguarda de su derecho de defensa. Así, en el artículo 14.3. incisos b) y d) se establece que, toda persona acusada de un delito, tiene derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, así como a ser asistida por un defensor de su elección, o a que se le nombre un defensor de oficio gratuitamente, si carece de medios suficientes para pagarlo.
Para el caso específico del Sistema Interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que el derecho irrenunciable a contar con una defensa, proporcionada por el Estado, es una de las garantías mínimas de las que toda persona inculpada de un delito debe gozar. Asimismo fija la obligación de proveer en ciertas circunstancias servicios jurídicos gratuitos a las personas sin recursos, a fin de evitar la vulneración de su derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva.
Así entonces, desde la perspectiva del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a recibir asesoría jurídica, es una obligación que la autoridad debe garantizar a todas aquellas personas inmersas en un procedimiento judicial. Obligación que se cumple parcialmente en la existencia de la figura de los defensores o defensorías de oficio, para que, en el caso de que las personas no cuenten con posibilidades de tener una representación legal debidamente acreditada, el Estado les designe un defensor de oficio que las represente durante la tramitación de su caso.
Garantizándose así, que éstas tengan un debido acceso a la justicia.
La labor de las defensorías de oficio resulta trascendente, al ser las instancias encargadas de garantizar que, toda persona implicada en imputaciones legales, tenga un abogado que haga valer sus intereses ante los órganos de procuración y administración de justicia. Evitándose así, que por razones económicas, las personas no cuenten con una representación legal, que les permita salvaguardar sus derechos.
En nuestro país, el derecho a una defensa pública fue incorporado a partir de la reforma al artículo 20 constitucional, fracciones IX y X, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de septiembre de 1993, al establecerse como garantías del inculpado, el derecho a tener una defensa adecuada, ya sea nombrada por sí mismo o designada a través de un defensor de oficio, y la garantía de recibir asesoría jurídica gratuita en los procesos penales.
En razón de lo anterior, se creó la Unidad de Defensoría del Fuero Federal, con el carácter de órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, en el año de 1994. Posteriormente, el 28 de mayo de 1998 se expidió la Ley Federal de Defensoría Pública, que dio origen al Instituto Federal de Defensoría Pública, como órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación, dotado de independencia técnica, operativa y encargado de otorgar a toda la población, el servicio de defensoría en asuntos del fuero federal, como medida para garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en la materias administrativa, fiscal y civil, especialmente de aquella población en situación de vulnerabilidad.
Posteriormente, el 18 junio de 2008, se reformó el artículo 20 Constitucional, a fin de establecer que el proceso penal será acusatorio y oral. Asimismo, a través de dicha reforma se reconoce de manera expresa el derecho de los imputados a contar con una defensa técnica y de calidad, que le será proporcionada por el Estado cuando éste no designe uno particular, independientemente de si el imputado tiene o no medios para solventarlo. Asimismo, la reforma de 2008, estableció en el artículo 17 constitucional, el deber de la Federación, los Estados y el Distrito Federal de garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y de asegurar las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Asimismo mandata que las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.
Al precisar que la defensa debe ser técnica y de calidad, se busca lograr un equilibrio en el proceso. Es decir, hacer efectiva la igualdad entre ambas partes, pues el representante del inculpado deberá ser un profesionista conocedor del derecho, que además cumpla con ciertos estándares mínimos que garanticen su calidad, así como su capacidad para defender los derechos que a éste le asisten.
Por su parte, nuestra Entidad ha reconocido la obligación de garantizar la defensa pública de las personas, a través del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que consagra el deber del Estado de proveer la defensa y representación gratuita de todo individuo cuya condición social le impida hacer valer plenamente sus derechos. Al tiempo que ha ido armonizando nuestro marco jurídico local con las reformas y disposiciones de derechos humanos aplicables en la materia.
Para dar cumplimiento a lo anterior, el 22 de noviembre de 2008, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, el Decreto de Creación del Instituto de la Defensoría Pública, como un órgano desconcentrado de la Coordinación General Jurídica, con facultad de decisión y competencia específica, cuya función principal es defensa jurídica, orientación, asesoría y representación jurídica gratuitas, fundamentalmente a quienes carecen de recursos económicos para proveérsela.
Sin embargo, atendiendo a la trascendencia que juega la defensoría pública en la protección de los derechos humanos de las personas inculpadas en la comisión de algún delito, garantizados tanto en el Derecho Internacional, como en la Constitución General de la República y la propia del Estado, la presente Iniciativa de Ley propone que tal tarea sea realizada por un organismo público descentralizado, denominado Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. Con lo cual, el Instituto adquirirá personalidad jurídica y patrimonio propio, a fin de que éste cuente con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.
Así entonces la propuesta de creación de un organismo público descentralizado, tiene su sustento en las disposiciones del Derecho Internacional, Nacional y local, particularmente en lo mandatado en las últimas reformas constitucionales federales y en lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y la Ley de Entidades Públicas Paraestatales, en cuyos preceptos facultan al Gobernador proponer ante la Legislatura la creación de órganos que por los fines que persiga, requieran de autonomía para su funcionamiento, siendo el caso que nos ocupa, la prestación del servicio de defensoría pública gratuita.
En esa tesitura, el Instituto, tendrá por objeto dirigir, operar, coordinar y controlar el servicio de defensoría pública en el Estado de Zacatecas. Y como la prestación de este servicio se constituye en una de las tareas fundamentales del Estado, la misma tiene como finalidad garantizar el derecho a la defensa en materia penal y en la protección del interés de los adolescentes en conflicto con la ley penal; así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría, y representación jurídica en asuntos del orden familiar, civil, mercantil y laboral.
En la presente Iniciativa, de capital importancia reviste los principios que regirán al Instituto en la prestación del servicio de la defensoría pública, como son, legalidad, obligatoriedad, profesionalismo, gratuidad, confidencialidad, transparencia y eficacia. Así como la obligatoriedad en la actuación de los servidores públicos encargados de la prestación de tal servicio, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad, igualdad, equidad de género y progresividad; lo que significa el establecimiento de garantías y mecanismos para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia en nuestra Entidad.
En tal sentido, la Iniciativa establece que el Instituto estará integrado por la junta de gobierno, dirección general, subdirecciones en materias penal y justicia para adolescentes; laboral; civil, familiar y mercantil; así como administrativa y de gestión; coordinaciones y subcoordinaciones regionales; además de una visitaduría de la defensoría pública, una unidad de enlace de acceso a la información pública y demás órganos que se requieran para el ejercicio de sus funciones.
Con relación a la junta de gobierno, éste será la máxima autoridad del Instituto, que controle y vigile el adecuado funcionamiento del mismo, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, Ley de Entidades Públicas Paraestatales y de su propia Ley.
Dicha Junta tendrá como facultades principales, entre otras, determinar la política programas y acciones relacionadas con la defensoría pública en el estado; promover que otras instituciones públicas y privadas contribuyan al fortalecimiento del Instituto; proponer ante el Gobernador del Estado la terna para designar al director general; nombrar a los subdirectores y al visitador del Instituto, a propuesta del director general; aprobar el estatuto orgánico del Instituto; aprobar anualmente y en su caso, modificar el presupuesto de egresos del Instituto; analizar y aprobar, en su caso, los estados financieros y el informe anual de sus actividades que presente el director general.
Por su parte, la dirección general será dirigida por un titular, a quien se le denominará director general, quien será designado por el Gobernador a propuesta de la junta de gobierno, siempre y cuando reúna los requisitos que señale la Ley de Entidades Públicas Paraestatales. Éste tendrá como atribuciones y obligaciones, entre otras, administrar y representar jurídicamente al Instituto; diseñar y realizar acciones y políticas necesarias e indispensables en materia de defensoría pública, a fin de hacer efectivo el derecho a una defensa de calidad a favor de quienes lo requieran; diseñar e implementar sistemas de formación, capacitación y actualización de defensoría pública en materia penal y laboral, y en asistencia jurídica en materias civil, familiar y mercantil; dictar las medidas administrativas necesarias para que el Instituto cumpla eficientemente con sus atribuciones; planear, dirigir, coordinar, controlar, supervisar y vigilar las actividades que desempeñen los subdirectores, defensores públicos, asesores jurídicos, procuradores del trabajo y demás personal del Instituto.
La presente Iniciativa contempla los requisitos para ocupar la titularidad de las subdirecciones, de las coordinaciones y subcoordinaciones, así como sus funciones; también los deberes y obligaciones que los defensores públicos, procuradores y asesores jurídicos deben observar en la prestación del servicio de defensoría pública.
Particularidad reviste el establecimiento de las subcoordinaciones regionales en materia penal, como unidades territoriales distribuidas en el Estado, y cuyos titulares les corresponderá coadyuvar con los coordinadores en el desempeño de las funciones, mismas que se establecerán según lo determine el director general del Instituto en función de las necesidades del servició y la suficiencia presupuestal.
Por su parte la unidad de enlace de acceso a la información pública funcionará como órgano adscrito a la dirección general y tendrá las facultades y obligaciones que establece la Ley de la materia.
Asimismo, la presente Iniciativa contempla la creación de una visitaduría de la defensoría pública, como órgano encargado de supervisar el desempeño profesional de los defensores públicos, procuradores, asesores y demás funcionarios del Instituto, para hacer más eficiente la labor del Instituto y mejorar la calidad del servicio, al corresponderle, entre otras, las siguientes funciones: supervisar y evaluar el trabajo técnico jurídico realizado, mediante visitas de control; verificar en las distintas áreas de servicio el debido cumplimiento de las normas procedimentales relativas a la función desempeñada por el personal adscrito; practicar visitas de inspección y supervisión a las áreas adscritas al Instituto, con la finalidad de verificar el debido cumplimiento de la normatividad y de los principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones en materia de defensoría pública; levantar acta circunstanciada de visita en la que se haga constar el lugar, la hora y la fecha de la revisión realizada, así como la firma de los que intervinieron en la visita; formular las recomendaciones técnico jurídicas que considere necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos del Instituto.
Es menester señalar que la creación del órgano de visitador, responde también a la recomendación de la Secretaría Técnica Federal encargada de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal oral a nivel Federal. Se trata de un órgano de vital importancia porque permite mantener un adecuado control de calidad sobre el servicio público de defensoría pública, en beneficio de los ciudadanos.
La presente Iniciativa regula el régimen laboral, el Servicio Profesional de Carrera del personal, los impedimentos y excusas de los servidores públicos que preste sus servicios en el Instituto, así como las responsabilidades y las sanciones a las que serán sujetos.
En razón de lo esgrimido, es que se presenta esta Iniciativa, a efecto de regular la prestación del servicio de defensoría pública en el Estado y normar la integración, organización y funcionamiento del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas."
Resultando cuarto. Con fecha 1º de septiembre de 2014, la Comisión de Seguridad Pública y Justicia aprobó el Instrumento Legislativo correspondiente.
Resultando quinto. La Iniciativa propone expedir la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, acorde con las necesidades del citado organismo y a las reformas legales y constitucionales que en materia de seguridad y justicia se han promulgado en nuestro País. Es así que derogaría el Decreto que Crea el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, publicado el 22 de noviembre del año 2008, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado; su reglamento y manual de organización. Lo anterior constituye el cumplimiento del compromiso de nuestra Entidad para con los ciudadanos, a fin de garantizar el acceso a la justicia en los términos que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio establece.
El ponente cita diversos ordenamientos que fundan esta necesidad, en especial el artículo 20 Constitucional, que establece el derecho a contar con una defensa profesional y gratuita, proporcionada por el Estado. Tal disposición en su Apartado B, fracción VIII en su texto se lee:
«Art. 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera».
La Iniciativa preserva el espíritu y garantía de justicia consagrado en la Constitución y en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales señalados en su «Exposición de motivos», clarificando este interés público en su artículo 4° que en su texto se lee:
«Art. 4º El servicio de defensoría pública tiene como finalidad garantizar el derecho a la defensa en materia penal y en la protección del interés de los adolescentes en conflicto con la ley penal; así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría, y representación jurídica en asuntos del orden familiar, civil, mercantil y laboral, en los términos que establece la presente Ley».
La Iniciativa contempla la garantía del derecho a contar con un defensor público en los términos legales citados, más aún el ponente establece los principios que regirán la acción del Instituto de Defensoría Pública en términos del párrafo segundo del mismo artículo 4° que señala:
«El servicio de la defensoría pública se brindará a través del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, bajo los principios de legalidad, obligatoriedad, profesionalismo, gratuidad, confidencialidad, transparencia y eficacia».
Dispone la Iniciativa una nueva estructura orgánica, para el Instituto de Defensoría Pública agregando dos subdirecciones, una visitaduría y una unidad para el acceso a la información; además propone la creación de una junta de gobierno integrada por el director del Instituto y cuatro funcionarios públicos provenientes de la Administración Pública del Estado.
Jerarquiza y específica las diversas funciones y atribuciones, relativas a los funcionarios pertenecientes al Instituto, lo anterior con la finalidad de que su operación observe, además de los principios citados en el artículo 4°, el principio de progresividad.
Considerando único. El acceso de todo ciudadano a recibir una defensa adecuada por abogado como un derecho humano consagrado en la Constitución, expresado en el mandato del artículo 20, Apartado B, fracción VIII, que se ha citado con anterioridad.
El artículo 17 de la Carta Magna en su párrafo séptimo, establece como una obligación del Gobierno procurar un servicio de defensoría pública de calidad para la población, citando el texto se lee:
La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los Agentes del Ministerio Público».
El Gobierno Mexicano ha incorporado los Tratados Internacionales, al derecho nacional, otorgándole rango constitucional; en el «Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos», de la ONU, se observa un ordenamiento similar, contenido en el artículo 14, numeral 3 y su Inciso d), en cuyo texto se lee:
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo».
Se señala que el Estado Mexicano firmó el mencionado Pacto el día 24 de marzo de 1981, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo del mismo año.
Esta Asamblea Popular reconoce los ordenamientos constitucionales que obligan al Estado de Zacatecas a proporcionar un servicio profesional y gratuito de defensoría pública para la población. Así mismo la necesidad de dotar de autonomía técnica, personalidad jurídica y patrimonio propios, al Instituto.
Estos ordenamientos motivan con plenitud la necesidad de reformar las disposiciones legales existentes en la materia.
Derivado de lo dispuesto en la fracción II del artículo 60 de la Constitución Política del Estado, el Gobernador funda su derecho para presentar la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, texto que se refiere a continuación:
III. a VIII».
Así mismo se funda plenamente el derecho del Gobernador del Estado, a presentar esta Iniciativa, con sustento en el artículo 5º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, que a la letra establece lo siguiente:
«Art. 5º
El titular del Poder Ejecutivo del Estado expedirá los reglamentos interiores, decretos, acuerdos administrativos, circulares y las demás disposiciones que regulen el funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de conformidad con esta Ley.
Sólo mediante reforma al reglamento interior respectivo, se podrá modificar la estructura orgánica de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal».
En el Decreto aprobado el 22 de noviembre de 2008, por el cual se crea el «Instituto de la Defensoría Pública de Zacatecas» establece en su artículo primero la adscripción y ámbito de la dependencia, en cuyo texto se lee:
«Artículo primero. Se crea el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, como órgano desconcentrado de la Coordinación General Jurídica, con facultad de decisión y competencia específica».
El iniciante propone una modificación a la naturaleza jurídica del Instituto y resalta en el texto del artículo 5º una autonomía plena, al establecer que:
«Art. 5º El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, será un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios; tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y de la Ley de Entidades Públicas Paraestatales».
La autonomía del Instituto es un elemento fundamental para garantizar el derecho al debido proceso, de aquellas personas que, por su condición económica, carecen de los medios para sufragar una defensa adecuada.
El Estado Mexicano, ha reformado su sistema de procuración e impartición de justicia derivado, principalmente, del reclamo social por las condiciones de acceso a la justicia.
El Legislador, en este proceso, ha observado que la autonomía de las instituciones designadas para intervenir en los procesos judiciales, es un elemento necesario para equiparar su competencia frente a los Ministerios Públicos, pues ambas deben mantener un nivel similar para evitar una tendencia negativa en agravio de los imputados.
Así mismo la Iniciativa es acorde, con las reformas iniciadas en el año 2008 sobre el Nuevo Sistema Penal en nuestro Estado, al equiparar los ingresos de un defensor público, con los de un Agente del Ministerio Público, siendo este ingreso progresivo de acuerdo con los aumentos que se otorguen a este último.
Se establecen los principios rectores de la actividad de los defensores públicos en el Estado, de conformidad con el Ordenamiento del artículo 9º, donde se señala lo siguiente:
«Art. 9º Los servidores públicos encargados de la prestación del servicio de defensoría promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad, igualdad, equidad de género y progresividad, asimismo observarán lo establecido en el párrafo segundo del artículo 4º de la presente Ley».
La Comisión encargada de elaborar el Dictamen, consideró pertinente incluir el principio de no discriminación, como un eje rector que atienda las necesidades y el derecho a una defensa adecuada por abogado, de los grupos vulnerables, principalmente los indígenas, las personas con discapacidad y los adultos mayores, quienes de manera constante registran un acceso limitado a la procuración de justicia, por ende es necesario que los defensores públicos, preserven la integridad de los derechos de quienes frecuentemente sufren esta discriminación.
Derivado de la situación mencionada, se modificó el texto del artículo 9º, para quedar como sigue:
«Art. 9º Los servidores públicos encargados de la prestación del servicio de defensoría promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad, igualdad, equidad de género, no discriminación y progresividad, asimismo observarán lo establecido en el párrafo segundo del artículo 4º de la presente ley».
Se propone una reestructuración orgánica del Instituto, por ello se agregan los órganos listados en las fracciones V, VI, VII y VIII, del artículo 13 que a continuación se citan para fines de identificación:
«Art. 13. Para el despacho de los asuntos de su competencia el Instituto contará con los siguientes órganos:
III. Subdirección en materia penal y justicia para adolescentes;
IV. Subdirección en materia Laboral;
V. Subdirección en materias civil, familiar y mercantil;
VI. Subdirección administrativa y de gestión;
VII. Visitaduría de la defensoría pública;
VIII. Unidad de enlace de acceso a la información pública; y
IX. Los demás órganos que se requieran para el ejercicio de sus funciones».
Destaca en la fracción III, la incorporación y precisión de la defensa penal, en materia de justicia para adolescentes, describiendo detalladamente las necesidades de esta población en conflicto con la justicia. Este avance permitirá al Instituto ofrecer a este grupo social en conflicto con la justicia, un adecuado tratamiento de las situaciones especiales que enfrentan.
Comprende esta reestructuración, la representación de los defensores públicos, en materias civil, familiar y mercantil, extendiendo la prestación de este derecho, en áreas donde la población requiere asesoría, orientación y representación ante los tribunales, en especial en los sectores que debido al escaso conocimiento de los ciudadanos de los procesos, trámites y autoridades en materia, constituyen una desventaja ante terceros en conflicto, cuya capacidad económica les permite sufragar servicios de representación y abogacía privados. Medidas como éstas, ofrecerán ventajas a los sectores más pobres de la sociedad, en cuanto al acceso a la justicia.
Esta Asamblea Popular coincide con el hecho de que el Instituto de la Defensoría Pública extienda su participación en otras ramas del derecho, lo que sin duda fortalece los principios constitucionales que garantizan el derecho a una defensa adecuada por abogado.
La transparencia y la evaluación continua, son factores determinantes para una institución de carácter público, es por ello que atendiendo a este principio, el Iniciante propone la creación de dos órganos secundarios, una visitaduría y una unidad de enlace de acceso a la evaluación pública las cuales según la Iniciativa, tienen las atribuciones mencionadas.
Citando los textos, concurrentes se lee:
«Art. 22. Como órgano adscrito a la dirección general, funcionará, la unidad de enlace de acceso a la información pública, que tendrá las facultades y obligaciones que establece la Ley de la materia».
«Art. 45. La visitaduría es el órgano de control interno, encargado de supervisar el desempeño profesional de los defensores públicos, procuradores, asesores y demás funcionarios del Instituto. Al frente de la visitaduría habrá un titular que será designado por la junta de gobierno y deberá reunir los mismos requisitos que la ley requiere para ser subdirector».
Esta Legislatura concuerda con la reestructuración propuesta, así como con las atribuciones y ámbitos de cada uno de los órganos secundarios.
En el artículo 52 propuesto en la Iniciativa, que refiere a las causas por las que los servidores públicos deberán excusarse de conocer un procedimiento legal, se consideró prudente realizar las siguientes modificaciones en las fracciones II, III y IV, agregando diversas figuras legales presentes y que pudieran significar un conflicto de intereses.
Art. 52. Los defensores públicos, procuradores del trabajo y asesores jurídicos deberán excusarse de conocer procedimientos a cargo del Instituto cuando:
II. Tengan pendiente un juicio contra el representado o su contraparte. Hayan sido acusadores o acusados por parte del solicitante;
III. Sean deudores, socios, arrendatarios o arrendadores del solicitante o su contraparte;
IV. Sean herederos, legatarios, donatarios, tutores, curadores o fiadores de cualquiera de las partes».
Artículo primero. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en el Estado, y normar la integración, organización y funcionamiento del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas.
I. Asesor jurídico: al servidor público del Instituto encargado de brindar asesoría y representación jurídica de ciudadanos en materia civil, familiar y mercantil, en los términos señalados en esta Ley;
II. Director general: al director general del Instituto;
III. Defensor público: al servidor público del Instituto que tiene a su cargo la defensa técnica y adecuada de imputados en materia penal y adolescentes en conflicto con la ley penal;
IV. Instituto: al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas;
V. Junta: a la junta de gobierno del Instituto;
VI. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas;
VII. Ley del Servicio Civil: Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas;
VIII. Ley del Servicio Profesional de Carrera: Ley del Servicio Profesional de Carrera del Estado y Municipios de Zacatecas;
IX. Procurador: al servidor público que tiene a su cargo brindar asesoría jurídica y representación legal a los trabajadores;
X. Estatuto orgánico: el estatuto orgánico del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas; y
XI. Usuario: persona que recibe el servicio de defensoría pública, que presta el Instituto.
Art. 3º En todo aquello no previsto en esta Ley, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de las Entidades Públicas Paraestatales, Ley del Servicio Civil del Estado, Ley del Servicio Profesional de Carrera del Estado y Municipios de Zacatecas y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.
Art. 4º El servicio de defensoría pública tiene como finalidad garantizar el derecho a la defensa en materia penal y la protección del interés de los adolescentes en conflicto con la ley penal; así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría, y representación jurídica en asuntos del orden familiar, civil, mercantil y laboral, en los términos que establece la presente Ley.
Art. 5º El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, será un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios; tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y de la Ley de las Entidades Públicas Paraestatales.
Art. 6º El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, tendrá su domicilio legal en la ciudad de Zacatecas, capital del Estado y tendrá por objeto dirigir, operar, coordinar y controlar el servicio de defensoría pública en el Estado de Zacatecas.
Art. 7º. El Instituto, tendrá como objetivos específicos los siguientes:
III. Ejercer sus atribuciones con legalidad, obligatoriedad, profesionalismo, gratuidad, transparencia y eficacia, que garanticen una defensa integral, ininterrumpida, oportuna, técnica, eficiente y competente;
VI. Promover y organizar programas de difusión de los servicios que presta el Instituto, para el cumplimiento de su objeto; y
VII. Las demás que establezcan la presente Ley, el estatuto orgánico y otras disposiciones legales aplicables.
Art. 8º Los principios rectores, eje de acción del Instituto, serán:
I. Legalidad: sujetarse, en el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de su objeto, a la normatividad aplicable;
II. Independencia técnica: el Instituto vigilará que no existan intereses contrarios o ajenos a la debida defensa o asesoría;
III. Gratuidad: el Instituto prestará su servicio de manera gratuita;
IV. Igualdad y equilibrio procesal: el Instituto, al contar con los instrumentos necesarios para intervenir en los procesos judiciales en condiciones de igualdad, favorecerá al equilibrio procesal frente a los demás sujetos procesales;
V. Responsabilidad profesional: el Instituto se sujetará a estándares que garanticen la responsabilidad profesional, que se manifestará en la calidad y eficiencia en la prestación del servicio;
VI. Solución de conflictos: el Instituto permitirá la asesoría e intervención en forma adicional al proceso legal en el campo de la solución alterna de los conflictos participando en la conciliación, mediación y el arbitraje;
VII. Confidencialidad: el Instituto brindará la seguridad de que la información entre defensor público y defendido se clasifique como confidencial; y
VIII. Continuidad: el Instituto procurará la continuidad de la defensa evitando sustituciones innecesarias.
Art. 9º Los servidores públicos encargados de la prestación del servicio de defensoría promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad, igualdad, equidad de género, no discriminación y progresividad, asimismo observarán lo establecido en el párrafo segundo del artículo 4º de la presente Ley.
Art. 10. Las autoridades y órganos del Estado y municipios, en el ámbito de su competencia deberán prestar la colaboración requerida por el Instituto para el cumplimiento oportuno y eficaz de sus funciones, proporcionando gratuitamente la información que requieran, así como dictámenes, informes, certificaciones, constancias, copias y peritajes indispensables que les sean solicitados.
Art. 11. Cuando en materia familiar las partes en conflicto soliciten el patrocinio del Instituto, este asumirá el de una de ellas y las dependencias o instituciones que presten servicios de esta naturaleza, deberán asumir el patrocinio de la otra parte.
Art. 12. El Instituto tendrá su sede en la capital del Estado y para el conocimiento y atención de los asuntos de su competencia, establecerá oficinas regionales en las circunscripciones territoriales que se requiera, conforme lo permita el presupuesto; y contará con el personal necesario para el cumplimiento de su objeto.
Art. 13. Para el despacho de los asuntos de su competencia el Instituto contará con los siguientes órganos:
IX. Los demás órganos que se requieran para el ejercicio de sus funciones.
Art. 14. El Instituto tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
I. Defender jurídicamente en las materias penal y laboral, en cualquier etapa del procedimiento, a las personas que lo soliciten, principalmente a aquellas de escasos recursos y de mayor marginación social y cuando a falta de un defensor, el Ministerio Público, el Juez o la autoridad laboral lo soliciten, a fin de garantizarles una adecuada defensa y protección de sus derechos;
II. Brindar asesoría jurídica gratuita en las materias civil, familiar y mercantil a toda persona que lo solicite y representar ante los juzgados competentes, a quienes carezcan de recursos para contratar a un abogado particular, en cualquier etapa procesal y agotando todos los recursos establecidos;
III. Defender y representar legalmente a los adolescentes en conflicto con la ley penal y a los tutores de éstos en su caso, de conformidad con lo señalado en la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado;
IV. Asesorar y representar jurídicamente a los trabajadores en materia laboral ante los órganos competentes;
V. Proporcionar obligatoria y gratuitamente patrocinio de defensa de los derechos de los indígenas, así como asesorarlos en todos los casos en que lo soliciten sin importar la materia de que se trate, a través de defensores públicos que posean conocimientos de su lengua y cultura.
Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá actuar en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que pertenezcan los indígenas, mediante la celebración de convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines, y promoverá la formación de defensores públicos bilingües; y
VI. Las demás que establezcan la presente Ley, el estatuto orgánico y otras disposiciones legales aplicables.
Art. 15. El patrimonio del Instituto está constituido por:
I. Las partidas establecidas en el presupuesto de egresos del Estado para cada ejercicio fiscal;
II. Las aportaciones provenientes de otros organismos federales, estatales y municipales;
III. Las donaciones, legados, herencias y demás aportaciones a favor del Instituto; y
IV. Los bienes muebles e inmuebles, derechos y demás ingresos obtenidos por cualquier otro título legal.
Art. 16. La junta de gobierno será la autoridad máxima del Instituto y se integrará por los siguientes miembros con derecho de voz y voto:
Por cada miembro propietario, el titular nombrará un suplente, debiendo enviar previamente a las sesiones de la junta de gobierno, el documento en el que informe sobre su designación.
El director general del Instituto tendrá el carácter de secretario técnico de la junta, con derecho a voz.
Art. 17. La junta de gobierno celebrará, cuando menos, una sesión bimestral ordinaria y las extraordinarias que sean necesarias a juicio del presidente de la junta de gobierno o de tres de sus miembros, con una anticipación de tres días tratándose de sesiones ordinarias y de un día para las extraordinarias.
La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán con el voto mayoritario de los miembros presentes, teniendo el presidente voto de calidad para el caso de empate.
Art. 18. La junta de gobierno tendrá las siguientes atribuciones:
I. Determinar la política, programas y acciones relacionadas con la defensoría pública en el Estado;
II. Proponer ante el Gobernador del Estado la terna para designar al director general del Instituto;
III. Promover que otras instituciones públicas y privadas contribuyan al fortalecimiento del Instituto;
IV. Nombrar a los subdirectores y al visitador del instituto, a propuesta del director general;
V. Vigilar que el Instituto cumpla con su función;
VI. Aprobar anualmente y en su caso, modificar el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto para su presentación ante las autoridades competentes;
VII. Analizar y aprobar, en su caso, los estados financieros y el informe anual de sus actividades que presente el director general;
VIII. Aprobar el estatuto orgánico del Instituto; y
IX. Las demás que establezcan la presente Ley, el estatuto orgánico y otras disposiciones legales aplicables.
Art. 19. Corresponde al presidente ejecutivo de la junta de gobierno las siguientes funciones:
II. Iniciar, concluir y, en su caso, suspender las sesiones de la junta de gobierno, cuando sea necesario;
En ausencia del presidente ejecutivo o su representante, asumirá la presidencia el que designe la junta únicamente para esa sesión.
Art. 20. El director general será designado por el Gobernador del Estado a propuesta de la junta de gobierno y deberá reunir los requisitos exigidos por la Ley de las Entidades Públicas Paraestatales, y será nombrado en los términos señalados por ésta.
Art. 21. El director general tendrá además de las facultades establecidas en la Ley de las Entidades Públicas Paraestatales, las siguientes atribuciones y obligaciones:
I. Administrar y representar jurídicamente al Instituto, así como otorgar poder de representación;
II. Otorgar y revocar poderes general y especiales en términos de ley;
IV. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas en términos de ley;
VI. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive el juicio de amparo, en los términos que la ley de la materia determine;
VII. Diseñar y realizar acciones y políticas necesarias e indispensables en materia de defensoría pública, a fin de hacer efectivo el derecho a una defensa de calidad a favor de quienes lo requieran;
VIII. Diseñar e implementar sistemas de formación, capacitación y actualización de defensoría pública en materia penal y laboral, y en asistencia jurídica en materia civil, familiar y mercantil;
IX. Elaborar manuales de organización y procedimiento y cualquier otro instrumento que se requiera para el eficaz funcionamiento del Instituto;
X. Celebrar convenios, acuerdos, contratos y demás instrumentos jurídicos necesarios para la consecución de los fines del Instituto;
XI. Dictar las medidas administrativas necesarias para que el Instituto cumpla eficientemente con sus atribuciones;
XII. Solicitar a las entidades estatales y federales la asignación de los recursos financieros necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto;
XIII. Proponer ante la junta el nombramiento de los subdirectores;
XIV. Designar a los defensores públicos, asesores jurídicos, procuradores del trabajo y demás personal del Instituto;
XV. Asumir la función de defensor público, asesor o procurador del trabajo en su caso, cuando la trascendencia del asunto lo amerite;
XVI. Planear, dirigir, coordinar, controlar, supervisar y vigilar las actividades que desempeñen los subdirectores, defensores públicos, asesores jurídicos, procuradores del trabajo y demás personal del Instituto;
XVII. Realizar periódicamente evaluaciones sobre el desempeño de las actividades de los servidores públicos del Instituto, imponiendo las correcciones disciplinarias cuando así lo ameriten;
XVIII. Elaborar programas y estrategias de difusión sobre los servicios que presta el Instituto, así como de sus logros y avances;
XIX. Implementar sistemas de control y registro de los servicios brindados por el Instituto;
XX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Instituto para someterlo a la consideración de la junta de gobierno;
XXI. Presentar a la junta un informe anual de actividades; y
Art. 22. Como órgano adscrito a la dirección general, funcionará la unidad de enlace de acceso a la información pública, que tendrá las facultades y obligaciones que establece la Ley de la materia.
Art. 23. El director general será suplido en sus ausencias temporales por el subdirector que la junta designe o, en su defecto, por el subdirector de mayor antigüedad en el Instituto.
Art. 24. Los subdirectores serán designados por la junta de gobierno, a propuesta del director general y deberán reunir los requisitos siguientes:
II. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de tres años, título profesional y cédula profesional de Licenciado en Derecho, expedido por la autoridad o la institución legalmente facultada para ello;
III. No haber sido sentenciado por delito doloso; y
IV. No encontrarse en alguno de los impedimentos previsto en el artículo 17 de la Ley de las Entidades Públicas Paraestatales.
Art. 25. Son funciones de los subdirectores:
II. Elaborar, proponer y dictar las medidas administrativas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de los objetivos del Instituto en el área en la cual se desempeña;
III. Supervisar periódicamente el desempeño de los empleados y funcionarios asignados a la subdirección, e informar sobre el resultado de la evaluación al director general;
IV. Desempeñar funciones de defensor público, asesor o procurador del trabajo, según sea el caso, cuando las condiciones así lo requieran;
VI. Las demás que le confieran esta Ley y el estatuto orgánico.
Art. 26. Para el desempeño de sus funciones, la subdirección de la defensoría pública en materia penal, contará con una coordinación del sistema penal acusatorio oral, una coordinación del sistema de justicia para adolescentes y una coordinación en materia de ejecución de sanciones. Las coordinaciones se organizarán en subcoordinaciones regionales según se requiera por necesidades del servicio, y lo determine el director general.
Art. 27. Los coordinadores serán designados por el director general y deberán reunir los requisitos siguientes:
IV. No encontrarse en alguno de los impedimentos previsto en el artículo 17 de Ley de las Entidades Públicas Paraestatales.
Art. 28. Son funciones de los coordinadores de la subdirección en materia penal:
II. Supervisar periódicamente el desempeño de los funcionarios y empleados asignados a la coordinación;
III. Informar de manera mensual al subdirector de las actividades de la coordinación; y
IV. Las demás que le confieran esta Ley y el estatuto orgánico.
Los subcoordinadores coadyuvarán con el coordinador en el desempeño de las funciones descritas con anterioridad.
Art. 29. Para el ejercicio de sus atribuciones, la subdirección de la defensoría pública en materia laboral, estará integrada por las siguientes coordinaciones:
II. Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores con competencia en el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje.
Art. 30. La subdirección de defensoría pública en materia laboral, tendrá a su cargo la organización y dirección de las actividades de las Procuradurías de la Defensa del Trabajo y las demás que expresamente le señale el estatuto orgánico del Instituto.
Art. 31. La subdirección en materias civil, familiar y mercantil brindará asesoría jurídica gratuita en esas materias a toda persona que lo solicite y las representará ante los juzgados competentes cuando carezcan de recursos para contratar a un abogado particular.
Art. 32. La subdirección administrativa contará con las áreas responsables en el manejo de recursos humanos, financieros y materiales, así como el área de informática y tendrá las facultades siguientes:
I. Elaborar el programa operativo anual, así como auxiliar a la dirección general para elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos para cada ejercicio;
II. Gestionar y administrar los recursos humanos, financieros y materiales e informáticos para el desarrollo de las actividades del Instituto, de conformidad con la normatividad vigente;
III. Ser el conducto para el pago de salarios a los servidores públicos del Instituto y mantener actualizada la plantilla de personal;
IV. Tramitar ante la dirección general lo referente a promociones, licencias y bajas de los servidores públicos de confianza, base y temporales;
V. Integrar y mantener actualizado el inventario de bienes del Instituto; y
Art. 33. Al interior de la subdirección administrativa funcionará una unidad de apoyo técnico y de gestión, que tendrá las siguientes funciones:
I. Solicitar a las autoridades competentes y a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la defensa, asistencia o asesoría;
II. Gestionar y tramitar apoyos económicos para cubrir la medida cautelar correspondiente o la garantía consistente en depósito en efectivo;
III. Coadyuvar con los defensores públicos, procuradores y asesores jurídicos para la comparecencia de personas en el proceso;
IV. Apoyar a los defensores, procuradores y asesores jurídicos en la realización de trámites administrativos relacionados con asuntos que tengan asignados; y
V. Las demás que le confieran esta Ley y el estatuto orgánico.
Art. 34. Los subdirectores serán suplidos en sus ausencias temporales por quien designe el director general.
De los defensores públicos,
procuradores y asesores
Art. 35. Los defensores públicos, procuradores y asesores jurídicos serán designados por el director general y deberán reunir los requisitos siguientes:
IV. No encontrarse en alguno de los impedimentos previsto en el artículo 17 de la Ley de las Entidades Paraestatales.
Art. 36. Para el desempeño de sus funciones los defensores públicos, procuradores y asesores jurídicos, tendrán las siguientes obligaciones:
I. Cumplir con los principios que rigen la función del Instituto;
II. Atender y dar respuesta a las consultas realizadas por los ciudadanos relacionadas con sus funciones de asesoría y representación jurídica;
III. Dar seguimiento a los asuntos asignados, observando el estado procesal que guarda, así como substanciar los recursos y medios de defensa que el caso amerite;
IV. Mantenerse actualizado en la materia en que se desempeña y documentarse de manera permanente;
V. Llevar el control y estadística de los asuntos asignados e informar mensualmente del estado en que se encuentran;
VI. Coordinarse con los demás servidores públicos afines a su área de responsabilidad con objeto de mejorar el servicio;
VII. Excusarse de conocer de asuntos y procedimientos cuando notoriamente su actuación perjudique los intereses del usuario del servicio;
VIII. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones;
IX. Mantener informado al usuario sobre el desarrollo y seguimiento de las diligencias, proceso o juicio;
X. Denunciar, en su caso, las violaciones a los derechos humanos que detecten en ejercicio de sus atribuciones independientemente de la autoridad de que se trate;
XI. Cumplir con los programas de capacitación y certificación, que se implementen y los demás que se establezcan de conformidad con el servicio profesional de carrera;
XII. Cumplir las guardias y turnos extraordinarios que les asignen sus superiores; y
XIII. Las demás que le confieran esta Ley, el estatuto orgánico y otros ordenamientos legales aplicables.
Art. 37. Los defensores públicos de la materia penal tendrán las obligaciones siguientes:
I. Asumir y ejercer la defensa adecuada del imputado desde que sea asignado por el Instituto;
II. Procurar en todo momento el derecho de defensa, velando porque el imputado conozca los derechos que establecen las Constituciones Federal y local, así como las leyes que de ellas emanen;
III. Procurar la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos en la solución de controversias;
IV. Informar a sus superiores jerárquicos de las quejas que los usuarios les hagan saber sobre el trato que reciben en los centros o establecimientos penitenciarios, para los efectos legales conducentes;
V. Interponer los recursos e incidentes que procedan y, en su caso, el juicio de amparo; y
VI. Las demás que le confieran esta Ley, el estatuto orgánico y otros ordenamientos legales aplicables.
Art. 38. Los defensores públicos en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal tendrán las siguientes obligaciones:
II. Asumir y ejercer la defensa adecuada del adolescente desde que sea asignado por el Instituto;
III. Asesorar a los padres y tutores del adolescente;
IV. Procurar en todo momento el derecho de defensa, velando porque el adolescente conozca los derechos que establecen las Constituciones Federal y local, así como las leyes que de ellas emanen;
V. Procurar la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos en la solución de controversias;
VI. Informar a sus superiores jerárquicos de las quejas que los adolescentes, padres y sus tutores les hagan saber sobre el trato que reciban en los Centros de Internamiento y Atención Integral Juvenil del Estado, para los efectos legales conducentes;
VII. Interponer los recursos e incidentes que procedan y, en su caso, el juicio de amparo; y
VIII. Las demás que le confieran esta Ley, el estatuto orgánico y otros ordenamientos legales aplicables.
Art. 39. Los defensores públicos en materia de ejecución de sanciones tendrán las siguientes obligaciones:
I. Asumir la defensa del sentenciado a partir del momento en que sea designado por el Instituto, durante la ejecución de la sanción, ante el Juez o la administración penitenciaria, para lo cual realizará todas las gestiones necesarias con el fin de que se respeten los derechos fundamentales del sentenciado;
II. Orientar jurídicamente a los familiares directos del sentenciado;
III. Gestionar y vigilar que se aplique la atención técnica interdisciplinaria adecuada para lograr la reinserción social del sentenciado;
IV. Solicitar la concesión de beneficios de libertad anticipada, tales como remisión parcial de la pena, libertad condicional, prelibertad e indulto;
V. Solicitar la sustitución del pago de la multa por jornadas de trabajo voluntario;
VI. Solicitar se decrete el cumplimiento de las sanciones tanto privativas de libertad como pecuniarias;
VII. Asistir a las audiencias de informe de avances o retrocesos en el tratamiento de reinserción social aplicado al interno;
VIII. Solicitar el traslado del sentenciado a otro centro de reclusión que facilite su reinserción social;
IX. Visitar periódicamente a los sentenciados en su centro de reclusión a fin de dar asesoramiento jurídico y plantear estrategias sobre la ejecución de las sanciones impuestas; y
IX. Las demás que le confieran esta Ley, el estatuto orgánico y otros ordenamientos legales aplicables.
Art. 40. Los procuradores de la defensa del trabajo con competencia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tendrán las funciones y obligaciones señaladas en las leyes federales, estatales y en el estatuto orgánico.
Los procuradores de la defensa de los trabajadores con competencia en el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje tendrán las siguientes funciones y obligaciones:
I. Asesorar y representar a los trabajadores de Gobierno del Estado y gobiernos municipales, siempre que lo soliciten, ante cualquier autoridad, en cuestiones que se relacionen con la aplicación de la Ley del Servicio Civil del Estado y demás normas de trabajo;
II. Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, para la defensa de los trabajadores;
III. Proponer soluciones amistosas a las partes involucradas en un conflicto laboral entre dependencias estatales o municipales y sus trabajadores;
IV. Asesorar a los trabajadores que lo soliciten en procedimientos administrativos internos que sean derivados de alguna problemática en las condiciones de trabajo que se aplican en cada dependencia de los Gobiernos Estatal o municipal; y
V. Las demás que le confieran esta Ley, el estatuto orgánico y otros ordenamientos legales aplicables.
Art. 41. Los asesores jurídicos tendrán las siguientes obligaciones:
I. Brindar asesoría jurídica en las materias civil, familiar y mercantil a toda persona que lo solicite;
II. Representar ante los Juzgados competentes a las personas que soliciten el servicio en las materias señaladas y carezcan de recursos económicos para contratar a un abogado particular, procurando la conciliación entre las partes, considerando en todo momento la defensa como un derecho fundamental;
III. Rendir informe mensual al subdirector de área sobre los asuntos que se encuentren bajo su responsabilidad; y
IV. Las demás que le confieran esta Ley, el estatuto orgánico y otros ordenamientos legales aplicables.
Art. 42. Los defensores públicos, procuradores del trabajo, asesores jurídicos y demás servidores públicos, serán suplidos en sus ausencias temporales por quien designe el director general.
Art. 43. Los defensores públicos deberán reportar a su superior jerárquico cualquier presión o amenaza que violente su independencia o autonomía por parte de particulares u otros funcionarios públicos, para que a su vez lo reporte al director general y éste actúe en consecuencia.
Art. 44. Las quejas de los usuarios del Instituto deberán ser presentadas al director general.
De la visitaduría de la defensoría pública
Art. 45. La visitaduría de la defensoría pública es el órgano de control interno, encargado de supervisar el desempeño profesional de los defensores públicos, procuradores, asesores y demás funcionarios del Instituto. Al frente de la visitaduría habrá un titular que será designado por la junta de gobierno y deberá reunir los mismos requisitos que la ley requiere para ser subdirector.
Art. 46. El visitador de la defensoría pública tendrá las siguientes funciones:
I. Supervisar mediante visitas de control y evaluación técnico jurídica y de seguimiento, la labor de los defensores públicos, procuradores y asesores jurídicos, comunicando de manera oportuna el resultado a la subdirección correspondiente y al director general;
II. Verificar en las distintas áreas de servicio, el debido cumplimiento de las normas procedimentales relativas a la función desempeñada por el personal adscrito;
III. Practicar visitas de inspección y supervisión a las áreas adscritas al Instituto, con la finalidad de verificar el debido cumplimiento de la normatividad y de los principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones en materia de defensoría pública;
IV. Levantar acta circunstanciada de visita en la que se haga constar el lugar, la hora y la fecha de la revisión realizada, así como la firma de los que intervinieron en la visita;
V. Formular las recomendaciones técnico jurídicas que considere necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos del Instituto; y
VI. Las demás que le encomiende la Ley y el estatuto orgánico.
Art. 47. Lo relacionado con el ingreso, selección y nombramiento, así como el régimen laboral del personal que preste sus servicios en el Instituto, se regirá por la Ley del Servicio Civil del Estado, la Ley del Servicio Profesional de Carrera del Estado, las condiciones generales del servicio y demás normatividad aplicable.
Art. 48. Derivado de la evaluación del desempeño laboral, la dirección general promoverá el reconocimiento, el estímulo económico o la promoción del trabajador, conforme a las circunstancias presupuestales y al Servicio Profesional de Carrera.
Art. 49. El servicio profesional de carrera comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones en términos de lo establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, la presente Ley, el estatuto orgánico, y se regirá bajo los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad.
Art. 50. El personal del Instituto podrá ser parte del servicio profesional de carrera en términos de los ordenamientos jurídicos previstos en el artículo anterior.
De los impedimentos y excusas de los
servidores públicos del Instituto
Art. 51. El director general, los subdirectores, defensores públicos, procuradores del trabajo, asesores jurídicos y demás personal adscrito al instituto, durante el desempeño de sus funciones estarán impedidos para:
I. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o de los municipios incluyendo el ministerio de algún culto religioso, salvo los cargos honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia, así como los cargos docentes, en este último caso previa autorización del director general, siempre que su desempeño no perjudique las funciones y labores propias de la defensoría;
II. Aceptar, recibir o solicitar dinero, dádivas, regalos o cualquier tipo de servicios, beneficios o promesas para sí o para cualquier persona, por parte de los patrocinados, sus familiares o de la contraparte como consecuencia de sus servicios profesionales;
III. Ejercer la abogacía, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o de sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad y hasta el segundo por afinidad;
IV. Emitir dictámenes en asuntos en que no estén nombrados como representantes del Instituto, exceptuando aquellos que sean solicitados por otra institución pública, previa autorización del director general;
V. Desempeñar cargos de albacea, endosatario en procuración, comisionista o árbitro en procesos administrativos o judiciales;
VI. Incurrir o sugerir a los patrocinados que realicen actos ilegales; y
VII. Las demás que les señalen las leyes y las demás que le encomiende la Ley y el estatuto orgánico.
I. Tengan parentesco sin limitación de grado o relación de afecto o amistad con el solicitante o su contraparte, así como con los representantes legales de la contraparte;
IV. Sean herederos, legatarios, donatarios, tutores, curadores o fiadores de cualquiera de las partes;
V. Cuando siendo varios los usuarios de sus servicios en un mismo asunto, exista interés contrapuesto entre ellos. En este caso continuará asistiendo a uno o varios de ellos siempre que no tengan intereses contrapuestos entre sí; y
Art. 53. El defensor público, procurador o asesor jurídico, en cualquiera de los casos señalados en el artículo anterior, expondrá su excusa por escrito ante el subdirector de su área, misma que se sustanciará mediante el procedimiento establecido en el estatuto orgánico.
Art. 54. Los servidores públicos adscritos al Instituto serán sujetos de responsabilidad en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, sin perjuicio de responsabilidad penal o civil, en los supuestos siguientes:
I. Incumplir con los principios establecidos en esta Ley;
II. Actuar en causas para las que se encuentren impedidos legalmente;
III. Demoren sin causa justificada la tramitación de los asuntos que se les encomienden;
IV. Omitan o demoren sin justificación, la interposición de recursos legales en los procedimientos en los que intervengan;
V. Se nieguen sin que exista impedimento a proporcionar la asesoría, defensa, patrocinio o servicio a que estén facultados;
VI. Acepten o soliciten dinero, regalos, dádivas, servicios o cualquier remuneración, a los patrocinados, sus familiares, contrapartes o a cualquiera que tenga interés en el procedimiento;
VII. Incurran en negligencia en la presentación de pruebas que pudieran favorecer a sus representados, así como en el extravío de expedientes o dificulten la práctica de diligencias;
VIII. Proporcionen información a abogados particulares que se hagan cargo de la defensa de la contraparte y que ésta sea parte fundamental en el procedimiento;
IX. No presentarse sin justificación a las audiencias y diligencias señaladas, así como aquellas que con el carácter de urgente, determine el director general, lo solicite el Ministerio Público, autoridad judicial o laboral;
X. Omitan, retarden, o dejen de observar sin justificación el cumplimiento debido de sus obligaciones que como servidores del Instituto les impone esta Ley; y
XI. Incumplimiento de cualquier disposición prevista en esta Ley, el estatuto orgánico y otras leyes aplicables.
Art. 55. Las sanciones por violaciones a esta Ley, a su estatuto orgánico, se aplicarán, en los términos señalados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.
Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor 60 días naturales después de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.
Art. 2º Se abroga el Decreto que Crea el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, publicado mediante Suplemento al número 94 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, correspondiente al día 22 de noviembre de 2008; el Reglamento Interno del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, publicado en el Suplemento número 3 al número 94 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado correspondiente al día 25 de noviembre de 2009.
Se derogan además las disposiciones que contravengan lo señalado en esta Ley.
Art. 3º Dentro de un término que no excederá de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta ley el Instituto deberá emitir su estatuto orgánico.
Dentro del mismo término, deberá adecuarse el Reglamento Interior de la Coordinación General Jurídica.
Art. 4º La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración del Estado realizarán la transferencia al Instituto de los recursos humanos, materiales y financieros que se requieran para el cumplimiento de esta Ley.
Art. 5º Los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en el Instituto conservarán los derechos laborales que hayan adquirido.
Art. 6º Para el desempeño de sus funciones y mientras se encuentre en vigencia el Código de Procedimientos Penales de 1967 y sus reformas, la subdirección de la defensoría pública en materia penal, contará con una coordinación de defensores públicos en el sistema tradicional. Los defensores adscritos a ella tendrán la obligación de asumir la defensa de los imputados a partir de su designación, en los asuntos que se tramitan de conformidad con el Código de Procedimientos Penales de 1967 y sus reformas. A dicha coordinación y a sus defensores les será aplicable, en lo que corresponda, lo dispuesto en esta Ley.
Art. 7º En el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y subsecuentes, deberán incluirse las partidas correspondientes para el funcionamiento adecuado del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas.
Dado en la sala de sesiones de la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 18 días del mes de septiembre del año 2014. Diputada presidente: Claudia Edith Anaya Mota; Diputados secretarios: Dip. Mario Cervantes González y Dip. Alfredo Femat Bañuelos. Rúbricas.
Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los 21 días del mes de octubre del año 2014.
180 101 17-diciembre-2014 15-febrero-2015 LXI
NOTA: En el artículo 21, después de la fracción XXI, finaliza con una fracción VII.
Último cotejo de vigencia: enero de 2015.

References: artículo 14
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 17
 artículo 31
 artículo 20
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 60
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 52
 artículo 4
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 21