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BOE.es - Documento BOE-A-2010-19814
Documento BOE-A-2010-19814
Pleno. Sentencia 116/2010, de 24 de noviembre de 2010. Cuestiones de inconstitucionalidad 7259-2005 y 7542-2005 (acumuladas). Planteadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Arenys de Mar, en relación con el artículo 57.2 del Código penal, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Principios de personalidad y proporcionalidad de las penas, interdicción de las penas inhumanas o degradantes, prohibición de indefensión, derecho a la intimidad familiar y libertades de circulación y residencia: STC 60/2010 (imposición obligatoria, para determinados delitos, de la pena accesoria de alejamiento); pena que no puede considerarse ni inhumana ni degradante.
«BOE» núm. 312, de 24 de diciembre de 2010, páginas 31 a 38 (8 págs.)
BOE-A-2010-19814
a) En los dos procesos judiciales reseñados, en los que la pretensión acusatoria se fundaba en la existencia de un delito de amenazas de los previstos en el artículo 171.5 CP, (en el primero de ellos la acusación solicitó también la condena por un delito de violencia física en el ámbito doméstico –artículo 153 CP–), tras la celebración de la vista oral en la que los acusados prestaron su conformidad con la pretensión acusatoria, el juzgador acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal para que pudieran alegar sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto al artículo 57.2 CP, por su posible contradicción con la Constitución.
b) En ambos supuestos la representación de los acusados estimó pertinente el planteamiento de la cuestión. El Ministerio Fiscal no formuló alegaciones en el primer proceso judicial. En el segundo –diligencias urgentes núm. 107-2005– apoyó el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
Finalmente, el Juez considera que en los casos analizados, la aplicación del artículo 57.2 CP, a la vista de las circunstancias personales que concurren en los acusados, supone también para ellos la imposición de una pena inhumana o degradante (artículo 15 CE), pues les apartaría de las únicas personas –su familia o compañeros afectivos–, que ante la falta de respuesta institucional, controlan y sufren permanentemente la evolución de su patología, que en muchos casos es psiquiátrica. Tampoco en estos casos la dicción del artículo 57.2 CP permitiría tomar en consideración tales circunstancias personales, relativas a la salud mental de las personas acusadas y a la necesidad de que se encuentren sometidas a supervisión, imponiendo que se les aleje de quienes han sido los verdaderos valedores de su integridad física y de su salud mental, excluyéndoles así del núcleo familiar, sin contemplar los riesgos que el descontrol de su trastorno conductual puede suponer, no sólo para sí mismos, sino para su entorno. Tal situación puede atentar contra la dignidad de las personas acusadas, pues las expulsa del cuerpo social, las condena a la degradación como seres humanos, a la inexistencia de tratamiento médico y consiguientemente, dada la naturaleza de la patología que padecen, al correlativo sufrimiento físico y psíquico derivado de la pérdida de sus capacidades personales.
Empieza el escrito indicando que, el examen por el Juez promotor de la cuestión de la supuesta contradicción entre la pena de alejamiento y la Constitución, viene precedido de unas consideraciones genéricas que lamentan la imposición automática de esa pena, su aplicación «en todo caso», sin dejar un margen de arbitrio judicial en su aplicación, y ello, frente a la redacción anterior del texto que la preveía en términos puramente optativos. Sin embargo, de estas consideraciones críticas —bastante generalizadas en las objeciones doctrinales al precepto—, no parece deducirse en el Auto de planteamiento ninguna consecuencia específica de inconstitucionalidad. Y es que en realidad, las penas de imposición potestativa son excepcionales en el marco de la legislación penal, y sobre todo, las objeciones de fondo aducidas contra el precepto son independientes del grado de vinculación del juzgador a la hora de su imposición.
Los dos preceptos constitucionales invocados en primer lugar (artículo 1.1 y 10.1 CE) se reputan infringidos por entenderse en el Auto que la aplicación de la pena de alejamiento restringe la libertad de aquellas víctimas que no lo deseen. Sin embargo, considera el Abogado del Estado que la presentación que hace el Auto de la persona agredida como víctima no sólo de la agresión punible, sino también de la pena de alejamiento, descansa en la premisa de que dicha pena tiene como objetivo la tutela de un interés puramente personal de la víctima y esto es lo que lleva -incorrectamente- a situar la pena en el ámbito del poder dispositivo de la víctima. Y así, con el objetivo de evitar que la persona agredida se vea afectada por la pena impuesta al agresor, se propone eliminar la obligatoriedad de la pena misma cuando así lo solicite la víctima. De esta forma, la voluntad de la víctima como mecanismo excluyente de la pena colocaría a este tipo de infracciones penales en un lugar próximo a los delitos llamados privados, perseguibles sólo a instancia de parte; seguirían siendo perseguibles de oficio, pero la víctima tendría una especie de derecho de veto para la imposición de las penas. Tal posibilidad habría de basarse en una apreciación específica que no ha sido considerada en el Auto: que el delito agota sus efectos en la persona directamente ofendida, sin trascendencia razonable alguna a la sociedad. Éste es el fundamento propio de los delitos perseguibles a instancia de parte, que pueden ser objeto de punición sólo si se revela el perjuicio por la reacción de determinadas personas a quienes la ley reserva de manera exclusiva la condición de perjudicados; el resto de los miembros de la comunidad no se consideran perjudicados por el delito y carecen de legitimación alguna. Sin embargo la víctima del delito enjuiciado por el Juzgado proponente de la cuestión, sin dejar de serlo de manera directa y principal, no es la víctima exclusiva de su comisión; lo es –intensamente– toda la comunidad, aspecto que al no ser considerado por el Auto, le lleva a sugerir como solución legislativa la asimilación del delito a los perseguibles a instancia de parte. En realidad, la libertad de los agredidos por el delito no se ve afectada por sanción alguna, sin que sea relevante a los efectos de la presente cuestión examinar si la medida de alejamiento comporta implícitamente deberes a su cargo, puesto que la conducta de las víctimas no es objeto de enjuiciamiento de presente. Tampoco es una cuestión de inconstitucionalidad el lugar adecuado, como ha recordado este Tribunal en numerosas ocasiones para declaraciones preventivas sobre cuestiones que podrían suscitarse en el futuro, pero que son ajenas a las que constituyen el objeto de la duda planteada. Considera que la cita del artículo 10.1 CE constituye en el Auto una mera variante argumental de la invocación del derecho de libertad personal.
Lo que prohíbe el artículo 15.1 CE es la pena o trato degradante o inhumano en sí mismos, de forma que «por su propia naturaleza la pena no acarree sufrimientos de una especial intensidad (penas inhumanas) o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena» (STC 65/1986, de 22 de mayo, FJ 4). Esta referencia obligada a la propia naturaleza de la pena como núcleo básico del análisis constitucional impide, en el control abstracto de la norma, tomar en consideración las excepcionales y variadas circunstancias personales de una determinada persona acusada por un delito o cómo sobre su situación personal anterior al delito pueda presumirse que va a incidir la normal aplicación de la pena. Por tanto, en este aspecto, nuestra conclusión ha de ser también desestimatoria de la duda planteada, al no apreciar que la pena cuestionada, por su propia naturaleza o las modalidades posibles de su ejecución, ocasionen o tengan intención de ocasionar al penado, ante los demás o ante sí mismo, «una humillación o un envilecimiento que alcance un mínimo de gravedad» (STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 9), lo que hemos declarado que constituye el contenido mínimo protegido en este ámbito por el artículo 15.1 CE (Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de enero y 25 de abril de 1978 –Caso Irlanda contra el Reino Unido– y –Caso Tyrer–, respectivamente).
Dada en Madrid, a veinticuatro de noviembre de dos mil diez.–María Emilia Casas Baamonde.–Guillermo Jiménez Sánchez.–Vicente Conde Martín de Hijas.–Javier Delgado Barrio.–Elisa Pérez Vera.–Eugeni Gay Montalvo.–Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.–Ramón Rodríguez Arribas.–Pascual Sala Sánchez.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.Firmado y rubricado.
en las Cuestiones, acumuladas, 7259/2005 y 7542/2005 (Ref. BOE-A-2006-4492) y (Ref. BOE-A-2006-4493).

References: artículo 57
 artículo 171
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 10
 artículo 15
 artículo 15