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Timestamp: 2020-02-16 22:31:27+00:00

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Para la administración tributaria la ley 1819 de 2016 no generó el decaimiento del artículo 1.2.1.18.5. del Decreto 1625 de 2016, el cual establece que los activos fijos depreciables, cuyo valor de adquisición sea igual o inferior a 50 UVT ($1.657.800 para 2018), podrán depreciarse en el mismo año en que se adquieran.
En criterio de la DIAN, no despareció el fundamento de derecho ni de hecho que dio lugar a la expedición del artículo 1.2.1.18.5. del Decreto 1625, y al no estar regulada la materia en el artículo 137 del Estatuto Tributario (ET), se mantiene la vigencia del mismo, por lo cual ratifica la procedencia de la depreciación de activos fijos en su totalidad en el mismo año de adquisición cuyo costo de adquisición sea inferior a 50 UVT, criterio que ya había sostenido en oficio 21942 de agosto de 2017.
De otro lado, consideró la entidad que la vida útil de los activos fijos depreciables adquiridos, establecida en el artículo 1.2.1.18.4. del mismo Decreto 1625 sí decayó con ocasión a la ley 1819, aduciendo que la materia fue expresamente regulada por el legislador, el cual señaló que para efectos fiscales, la tasa será la establecida por la técnica contable sin que exceda las tasas previstas en el parágrafo primero del artículo 137 del Estatuto Tributario.
Como medida para desincentivar el uso del efectivo y fomentar la bancarización, el artículo 771-5 del Estatuto Tributario dispone que para efectos del reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: Depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el Gobierno nacional.
A partir del año gravable 2018, los pagos en efectivo solo tendrán reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, por el menor valor entre:
El 85% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar de cien mil (100.000) UVT, y
El 50% de los costos y deducciones totales.
Estas limitaciones se irán incrementando anualmente, disponiendo que a partir del año 2021, los pagos en efectivo que tendrán reconocimiento fiscal corresponderán al menor valor entre el 40% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar de 40.000 UVT, y el 35% de los costos y deducciones totales.
En virtud a esta norma, en reciente concepto la DIAN reiteró que en todo caso las deducciones deberán cumplir además con cada uno de los requisitos que establece la legislación fiscal para su procedencia.
Al resolver un litigio entre un contribuyente del ICA y el municipio de Palmira, el Consejo de Estado tuvo en cuenta que los artículos 50 y 254 del Acuerdo 17 de 2008, los cuales regularon la base gravable y periodicidad del ICA y determinaron que era un tributo de período, solo se aplican a partir del período gravable siguiente al de la expedición de dicha norma, esto es, a partir del año gravable 2009, vigencia fiscal 2010, disposición que se sustenta en el artículo 338 de la Constitución Política, en cuya virtud las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo, lo cual se encuentra en línea con el artículo 363 constitucional el cual señala que las leyes tributarias no pueden aplicarse de manera retroactiva.
En tal sentido, señaló la Corporación que el municipio confundió las nociones de período gravable y vigencia fiscal, lo cual trajo como consecuencia que se aplicara retroactivamente el Acuerdo 17 de 2008 y generara, además, una doble tributación por el año gravable 2008.
Para el Consejo de Estado, por el año gravable 2008, vigencia fiscal 2009, la norma que regía era el Acuerdo 83 de 1999, sobre causación bimestral del ICA, y no el Acuerdo 17 de 2008, que fijó la causación anual del tributo, por lo cual la fiscalización y determinación del tributo por dicho período gravable debía adelantarse con fundamento en el primero de los Acuerdos citados. Como consecuencia, declaró la nulidad de los actos expedidos por el municipio y en firme las declaraciones presentadas por el contribuyente.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 137
 artículo 1
 artículo 137
 artículo 771
 artículo 338
 artículo 363