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Timestamp: 2013-12-09 01:58:19+00:00

Document:
Decreto Nº 896/2001
Fecha de Emisión: 11 de Julio de 2001
Boletín Oficial: 13 de Julio de 2001
Agosto de 2001, página 1234 ASUNTO
DECRETO N° 896 - Establécese que cuando los recursos presupuestarios estimados no fueren suficientes para atender la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del Sector Público Nacional, de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos. Sustitución del artículo 34 de la Ley Nº 24.156. Derogación del Decreto Nº 430/2000, del artículo 9º de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672 y del primer párrafo del artículo 18 de la Ley Nº 25.401.
Fecha de Entrada en Vigencia: 13/07/2001
Ley Nº 25453 Articulo Nº 18
Decreto Nº 1819/2002 Articulo Nº 1 (A partir del día 1° de enero de 2003 las retribuciones del personal del Sector Público Nacional y beneficios previsionales serán íntegramente abonados sin la reducción ordenada.)
PRESUPUESTO NACIONAL-RECAUDACION DE IMPUESTOS-CONTENCION DEL GASTO PUBLICO-EMPLEO PUBLICO-REMUNERACION-JUBILACIONES-PENSIONES
Ley Nº 23928Ley Nº 24144Ley Nº 24156Ley Nº 24241Ley Nº 24463Ley Nº 25152Ley Nº 25164Ley Nº 25344Ley Nº 25414Decreto Nº 430/2000
Que, sin embargo, debe destacarse que en tanto los gastos son ciertos, el cálculo de los recursos presupuestarios para atenderlos puede no ajustarse exactamente a la realidad, sufriendo desplazamientos temporales como consecuencia de los ciclos económicos. Que por su parte, el artículo 56 de la Ley Nº 24.156 prohibe recurrir al crédito público para financiar gastos operativos.
Que en tal sentido, el precedente en el que se ilustrara la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION para considerar compatible con la Constitución Nacional el criterio de movilidad elegido por el legislador en la Ley Nº 24.463, el Alto Tribunal había sentado que "cuando las finanzas de la institución llegan a fallar por el transcurso de los años hasta hacerse imposible el cumplimiento regular de las obligaciones contraídas, ya porque los cálculos actuariales que le sirvieron de base resultaron errados, ya porque intervinieron otros factores de perturbación no previstos, una reforma general y reconstructiva impuesta por la necesidad de volver a poner las cosas en su quicio, equilibrando los egresos con los ingresos, que eche mano del recurso extremo de reducir los beneficios, actuales y futuros, dentro de una proporcionalidad justa y razonable, haciendo así efectivo el principio de solidaridad en que descansan estas instituciones, no puede ser objetada como arbitraria e inconstitucional. Lo justifica el interés público y la impone la conservación misma del patrimonio común de los afiliados".
"Una reforma general y reconstructiva de las finanzas de la Caja -continuó la Corte- no puede reducirse a rebajar los emolumentos a acordar, dejando incólumes los acordados ya, sin romper la equidad y armonía que deben existir entre los afiliados a una misma Caja, además de que se restaría eficacia a la reforma. Tan acreedores al beneficio son los primeros afiliados como los que les suceden, y si para salvar la solvencia de la Caja se rebajan los emolumentos de unos, deben imponer igual o proporcional sacrificio a los otros" (in re "Lopez Tiburcio y otros c/Provincia de Tucumán", CSJN, 1937).
Que similares principios se aplican a los funcionarios y empleados públicos, respecto de los cuales la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha establecido que "No existe un derecho adquirido a mantener el nivel de la remuneración futura sin variantes y en todas las circunstancias. Aun la estabilidad administrativa reconocida en el artículo 14 bis de la Constitución, es susceptible de razonable limitación "en ocasión de grave penuria nacional", por lo que ante la misma situación, no puede juzgarse inicua la decisión de disminuir -razonablemente- las remuneraciones que deben ser atendidas con el presupuesto de la Nación", y en el mismo pronunciamiento sentó doctrina judicial estableciendo que "No media lesión a la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional, cuando como en el caso, por razones de interés público, los montos de las remuneraciones de los agentes estatales son disminuidos para el futuro sin ocasionar alteración sustancial del contrato de empleo público en la medida en que la quita no resultó confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada." (in re "Guida, Liliana c/Poder Ejecutivo Nacional s/empleo público", 2 de Junio de 2000). Que en el mismo pronunciamiento la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION señaló que "con relación a la garantía establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional se ha puntualizado, que el derecho a la estabilidad en el empleo público no es absoluto, de modo que coloque a sus beneficiarios por encima del interés general, al obligar a mantenerlos en actividad aunque sus servicios dejen de ser necesarios, ya sea por motivos de economía o por otras causas igualmente razonables".
Que la crítica situación de emergencia económico financiera por la que atraviesa el Estado Nacional configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes resultando imperioso el dictado del presente.
Ley Nº 23928Ley Nº 24156Ley Nº 24241Ley Nº 24463Ley Nº 24144Ley Nº 25164 Articulo Nº 16Ley Nº 25344Constitución de 1994 Articulo Nº 99 (Incisos 1 y 3)
ARTICULO 1º- Sustitúyese el artículo 34 de la Ley Nº 24.156 el cual quedará redactado de la siguiente forma: "ARTICULO 34. - A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos, siguiendo las normas que fijará la reglamentación y las disposiciones complementarias y procedimientos que dicten los órganos rectores de los sistemas presupuestario y de tesorería, excepción hecha de las jurisdicciones del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público que continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en el artículo 16 de la Ley Nº 16.432, en el artículo 5º, primer párrafo de la Ley Nº 23.853 y en el artículo 22 de la Ley Nº 24.946, respectivamente. Dicha programación será ajustada y las respectivas cuentas aprobadas por los órganos rectores en la forma y para los períodos que se establezca. El monto total de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio no podrá ser superior al monto de los recursos recaudados durante éste. Cuando los recursos presupuestarios estimados no fueren suficientes para atender la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del Sector Público Nacional de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios. La reducción afectará los créditos respectivos en la proporción que resulte necesaria a tal fin, y se aplicará incluso a los créditos destinados a atender el pago de retribuciones periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones, así como a aquellas transferencias que los organismos o entidades receptoras utilicen para el pago de dichos conceptos. La reducción de los créditos presupuestarios que se disponga de acuerdo con lo previsto en el presente artículo, importará de pleno derecho la reducción de las retribuciones alcanzadas, cualquiera que fuere su concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones. Las reducciones de retribuciones se aplicarán proporcionalmente a toda la escala salarial o de haberes, según corresponda, sin discriminaciones de ningún tipo. Esta ley modifica en lo pertinente toda norma legal, reglamentaria o convencional que se le oponga y no se podrá alegar la existencia de derechos irrevocablemente adquiridos en su contra. La presente norma es de orden público. No se podrán ordenar en las causas que con motivo de ellas se interpongan, medidas cautelares que afecten su cumplimiento, resultando inaplicables en los respectivos procesos las normas de los artículos 195 a 233 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Articulo Nº 195Ley Nº 16432 Articulo Nº 16Ley Nº 23853 Articulo Nº 5Ley Nº 24946 Articulo Nº 22
Ley Nº 24156 Articulo Nº 34 (Artículo sustituido)
ARTICULO 2º - Los contratos en ejecución afectados por las reducciones dispuestas en el artículo 34 de la Ley Nº 24.156 podrán revocarse por razones de oportunidad, mérito o conveniencia en el caso de que los contratistas o proveedores no acepten la reducción de la contraprestación a cargo del Sector Público Nacional, siendo de aplicación el artículo 26 de la Ley Nº 25.344.
Ley Nº 24156 Articulo Nº 34Ley Nº 25344 Articulo Nº 26
ARTICULO 3º - Derógase el Decreto Nº 430 de fecha 29 de mayo de 2000.
ARTICULO 4º - Deróganse el artículo 9º de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672 (t.o. 1999) y el primer párrafo del artículo 18 de la Ley Nº 25.401.
Ley Nº 25401 Articulo Nº 18 (Primer párrafo, derogado)
Ley Nº 11672 (T.O. 1999) Articulo Nº 9
ARTICULO 5º - El presente decreto tendrá vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 6º - Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
DE LA RUA. - Chrystian G. Colombo. - Adalberto Rodríguez Giavarini. - Domingo F. Cavallo. - Carlos M. Bastos. - José H. Jaunarena. - Jorge E. De la Rúa. - Andrés G. Delich. - Héctor J. Lombardo. - Patricia Bullrich. - Juan P. Cafiero.

References: artículo 34
 artículo 9
 artículo 18
 artículo 56
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 34
 artículo 16
 artículo 5
 artículo 22
 artículo 34
 artículo 26
 artículo 9
 artículo 18
 artículo 99