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Timestamp: 2019-11-12 03:11:06+00:00

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Reforma Laboral Constitucional y los Derechos Humanos. – Rúbrica Legista
enero 16, 2019 marzo 24, 2019 BlaSaNDeja un comentario en Reforma Laboral Constitucional y los Derechos Humanos.
Reforma Laboral Constitucional y los Derechos Humanos.
Autor: Raúl Díaz Rodríguez
El reconocimiento de los Derechos Humanos es hoy un imperativo para todos los Estados en el mundo, puesto que el devenir de hombres y mujeres no se explica con la ausencia de libertades y prerrogativas indispensables que conlleven una vida digna. Los paradigmas del Estado de Derecho han cambiado con fortuna para el bienestar de las personas, derivado en ciertos casos por movimientos sociales trascendentales y en otros, por la exigencia de los gobernados en aras de contar con mejores condiciones para su desarrollo pleno en sus aspectos individual, grupal y profesional, sólo por mencionar algunos.
México no es la excepción en este sentido, por lo que mediante reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y 24 de febrero de 2017, las más importantes en los últimos diez años, dieron origen a una nueva concepción de los derechos humanos, de los organismos y mecanismos para su defensa, así como a un nuevo modelo de justicia laboral. A continuación someto a la amable consideración de los lectores algunas líneas sobre ambas reformas, en la inteligencia de que la más reciente no se entiende sin la existencia de la primera.
REFERENCIA HISTÓRICA DE LOS DERECHOS LABORALES EN MÉXICO.
La Revolución Mexicana de 1910 no se explica si deja de mencionarse a una de las luchas más importantes que la detonaron: el reconocimiento de los derechos de la clase trabajadora. Esto es así, porque en el último tercio de la dictadura de Porfirio Díaz los problemas obreros se acrecentaron derivado de las largas e infrahumanas jornadas laborales en las que no existía garantía de descanso, de las deplorables condiciones de seguridad e higiene que prevalecían en fábricas, talleres y centros de trabajo, así como de la percepción de salarios míseros que mantenían muy lejana la posibilidad del trabajador y de su familia a vivir con decoro.
Precisamente en el tema salarial, una evidente agravante fue sin duda la propagación de las “tiendas de raya” con el consentimiento del gobierno Porfirista, pues era un mecanismo atroz respecto del trabajo desempeñado en el que los trabajadores estaban obligados a comprar productos básicos en dichas tiendas para su subsistencia, cuyas adquisiciones se encontraban a precios más altos e incluso con intereses que no se podían saldar, sin dejar de mencionar que eran los propios patrones los dueños de las mismas.
Ante el abuso del sector patronal, surgieron dos movimientos que la historia considera como verdaderos antecedentes del sindicalismo en México, se trata de las huelgas de mineros de Cananea en el Estado de Sonora y la de los trabajadores textiles de Río Blanco en Veracruz, eventos que en los años de 1906 y 1907 despertaron al proletariado para cimentar las bases de las organizaciones de los trabajadores. Estas luchas cristalizaron en la esencia del artículo 123 de nuestra Ley Fundamental, y con su promulgación el 5 de febrero de 1917 se plasmaron derechos que en la clasificación de las generaciones de los derechos humanos propuesta por Karel Vasak se conocen como derechos sociales, es decir de segunda generación.
Los derechos sociales se establecen por vez primera en la Constitución Mexicana del año de 1917, que fue el paradigma mundial del constitucionalismo que consagró derechos sociales de los campesinos y trabajadores, que posteriormente se generó un proceso de expansión de los derechos sociales en dicha Ley Fundamental, hasta los tiempos presentes. (Campos, 2011, p. 252).
Especial honor para nuestro país ser el primero en contemplar en su carta fundante a dichos derechos, superando incluso a la Constitución Rusa de 1918 y a la Alemana de Weimar de 1919, siendo apenas este hecho el primer paso para que México se transformara en un verdadero Estado Social de Derecho.
EL TRABAJO COMO DERECHO HUMANO: REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.
Bajo la idea de que los derechos humanos son aquellas facultades que hombres y mujeres tienen por el sólo hecho de ser personas, y que estas son necesarias para el desarrollo pleno de sus potencialidades en el ámbito personal, colectivo, familiar, profesional, y otros análogos, sin duda alguna los derechos laborales se encuentran dentro de esta concepción.
En un sentido más estricto y acorde a la doctrina iuspositivista, los derechos laborales en México se plasman tanto en la parte dogmática como en la orgánica de nuestra Constitución vigente, sin dejar de mencionar la gran extensión de derechos que el Estado Mexicano ha acrecentado en ejercicio de su soberanía, por vincularse a instrumentos internacionales conforme a las directrices establecidas en el artículo 133.
El Artículo 5° Constitucional está compuesto de ocho párrafos, que en su conjunto regulan y protegen toda actividad industrial, comercial o de trabajo que los gobernados desempeñan, para que puedan actuar libre y adecuadamente en el ejercicio de las actividades laborales que se realicen en nuestro país. (Herrera, 2003, p.108).
El precepto quinto de nuestra carta fundante ha tenido desde su vigencia tres reformas, las cuales se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974, 6 de abril de 1990 y 28 de enero de 1992, por lo que puede considerarse a este artículo como el punto de partida en el surgimiento de otros derechos laborales conforme al principio de interdependencia de los derechos humanos, lo que significa que los derechos están conectados entre sí y para que pueda ejercerse alguno es indispensable la realización de otro u otros.
Como se ha mencionado, el engrosamiento del orden jurídico nacional deviene de la incursión del Estado Mexicano a un derecho uniforme, un derecho más allá de las fronteras que se concreta con la firma y ratificación de tratados internacionales. Así también, la aceptación de recomendaciones y adopción de convenios de organismos internacionales como son los provenientes de la Organización Internacional del Trabajo, constituyen un compromiso para las instituciones legislativas en el sentido de armonizar nuestro derecho interno a los estándares internacionales.
La OIT es el organismo más antiguo, se creó en 1919 según el título XII del Tratado de Versalles, es el gran promotor de los derechos humanos en el campo laboral. Su propósito es fomentar la justicia social, mejorando las condiciones de trabajo y los niveles de vida, promoviendo la estabilidad social y económica. (Chávez, 2005, p. 83).
La libertad ocupacional que señala el numeral quinto constitucional, tiene estrecha relación con el artículo 123 en el que de manera más amplia se van diseminando cada uno de los derechos que en materia laboral deben respetar todas las autoridades.
Es oportuno señalar que en el binomio trabajo-derecho humano, surgen dos reformas constitucionales muy importantes en la presente década; en primer lugar la del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, misma que marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de mexicanos y mexicanas, y la segunda, del 24 de febrero de 2017 que impacta en la adopción de un nuevo modelo de justicia laboral con características muy interesantes.
Por lo que hace a la primera, destaca la eliminación de una de las incompetencias que durante casi 20 años mantuvo limitada la actuación de los organismos públicos de protección a los derechos humanos en el país respecto de los asuntos laborales. “La reforma de junio de 2011 debe suponer un poderoso incentivo para que los derechos fundamentales desplieguen todo su potencial, pues permite proyectar tales derechos hacia el quehacer legislativo, administrativo y judicial” (Carbonell, 2013, p.135).
Y es precisamente a partir de esta reforma que los organismos de derechos humanos contaron con competencia para investigar quejas atribuibles a cualquier autoridad o servidor público sobre asuntos laborales, cuando dichas inconformidades advierten actos u omisiones de naturaleza administrativa.
Debe entenderse, sin embargo, que los actos jurisdiccionales laborales siguen sustraídos a la intervención del ombudsman, puesto que éste se mantiene ausente de los asuntos jurisdiccionales en general. Sin embargo, las comisiones se han abierto camino en el ámbito de los quehaceres vinculados al desempeño judicial, atrayendo a su conocimiento los problemas administrativos que surgen en este campo. Para esto han echado mano de una versión quizás discutible sobre lo que es específicamente jurisdiccional y lo que es materialmente administrativo. (García y Morales, 2013, p. 177).
Sobre la segunda y más reciente reforma, habrá de mencionarse que en lo general se superó el sistema de justicia laboral que históricamente dejó de responder a la protección de los derechos de los trabajadores, pues ese arquetipo ha dejado atrás la función jurisdiccional tripartita que ahora transita hacia la responsabilidad de tribunales en la materia, cuya dependencia de los Poderes Judiciales y no de los del Ejecutivo, es la apropiada conforme a la naturaleza de los Poderes Públicos en México.
Los nuevos órganos jurisdiccionales que impostergablemente operarán conforme a los artículos transitorios, deberán hacer realidad el irrestricto respeto a los derechos, haciéndolos asequibles y accesibles a los trabajadores.
En mi opinión, debemos estar atentos al seguimiento de dos temas de la reforma: por una parte, la obligación de acudir al procedimiento conciliatorio en la que interviene un organismo descentralizado a nivel federal y centros de conciliación en las entidades federativas, previo a la etapa propiamente de juicio. Por otro lado, la oportunidad que tendrán los trabajadores de ser consultados antes de firmarse el contrato colectivo del trabajo y la emisión en este mismo sentido del voto secreto en la elección de sus dirigentes y de la resolución de conflictos entre sindicatos.
CONSIDERACIONES: ASPECTOS A PONDERAR.
Es propio compartir tres aspectos que me parecen interesantes para la reflexión, discusión y análisis de la reciente reforma, con el ánimo de aportar ideas que puedan enriquecer y mejorar la legislación secundaria que deberá operar al nuevo paradigma:
PRIMERA.- La intervención en los asuntos laborales por parte de los organismos públicos que integran el Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos.
Si bien es cierto que a las Comisiones de Derechos Humanos se les dotó de competencia para conocer los asuntos en mención, también lo que es que se corre el riesgo de generar confusiones o acciones innecesarias por la actividad que llevarán a cabo los nuevos tribunales laborales. Debe precisarse qué substanciarán los órganos judiciales laborales y delimitar hasta dónde llegará la responsabilidad que tendrán los organismos no jurisdiccionales conforme a sus propios procedimientos (jurisdiccional los tribunales, procedimental-administrativo los organismos de derechos humanos).
En mi opinión, el Congreso Permanente pasó por alto el contenido del párrafo tercero del artículo 102 apartado “B” de la Constitución Federal referente a la incompetencia, lo que causa confusión sobre si en los “asuntos jurisdiccionales” de los que están impedidos conocer los organismos de derechos humanos, también se encuentran contemplados los “asuntos laborales” que en la reforma de junio de 2011 les permitió tener competencia, paradójicamente. Algo falta reformar en la Constitución.
SEGUNDA.- La obligación de desahogar el procedimiento conciliatorio previo a la etapa propiamente de juicio laboral.
La legislación reglamentaria tendrá que ser muy precisa en los alcances de este medio alterno de solución de conflictos, pues el organismo descentralizado a nivel federal y los centros en las entidades federativas no pueden quedar inertes ante la postura radical y muchas veces intransigente de los patrones. La conciliación habrá de estar investida con todas las herramientas posibles que la hagan eficaz en la solución del problema jurídico, de lo contrario, dichas instancias se convertirán en el poco tiempo en entes de paso para dar inicio al juicio laboral.
Con ello, lejos de despresurizar a los tribunales laborales acrecentarán su trabajo dejando de cumplir con una de las finalidades de la reforma: abatir el retraso y rezago de los asuntos, que per se contravienen al principio de justicia pronta y expedita.
TERCERA.- La consulta a los trabajadores para firmar el contrato colectivo del trabajo, así como el voto personal, libre y secreto para elección de dirigentes y solución de conflictos entre sindicatos.
Es correcto que bajo el principio de la manifestación de la voluntad se tome en consideración el sentir de los trabajadores en el tema de la firma del contrato colectivo, con toda independencia de que existan personas o dirigentes que representan a la clase; es una especie de legitimación que tiende a fortalecer a la clase trabajadora en sus diferentes responsabilidades.
Ahora bien, en la ley reglamentaria no sólo se deberá blindar el ejercicio del voto sino que existe la necesidad de crear los mecanismos específicos para hacer valer la secrecía, los cuales deberán estar al alcance de los trabajadores.
Lic. Raúl Díaz Rodríguez
Servidor Público de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, (mayo 1999 – diciembre 2006). *Defensor Municipal de Derechos Humanos de Toluca (diciembre 2006-diciembre 2009). *Consejero Suplente del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación en el Estado de México; Cargo honorífico (diciembre 2010-diciembre 2013). *Jefe del Departamento de Quejas, Denuncias y Situación Patrimonial de la Contraloría del H. Ayuntamiento de Toluca (abril 2011-enero 2013).
Líder de Proyecto “A” adscrito a la Dirección General de Administración el Poder Judicial del Estado de México (Cargo actual)
Docente en licenciatura de diferentes Escuelas e Institutos de Derecho en el Valle de Toluca (Desde 2001 a la fecha).
-Carbonell Sánchez, M. (2013). Teoría de los Derechos Humanos y el Control de Convencionalidad (1ª ed.). México: Centro de Estudios Carbonell.
-Chávez López, A. (2005). Los derechos humanos, el ombudsman y la Comisión Nacional de Derechos Humanos: una visión global. México: Universidad Autónoma del Estado de México.
-García Ramírez, S. y Morales Sánchez, J. (2013). La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos (2009-2011) (3ª ed.). México: Porrúa.
-Herrera Ortiz, M. (2003). Manual de Derechos Humanos (4ª ed.). México: Porrúa.
Olivos Campos, J. R. (2011). Los Derechos Humanos y sus Garantías (2ª ed.). México: Porrúa.
Categorías Constitucionalidad, Derecho Laboral, Derechos Humanos
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References: artículo 123
 artículo 133
 Artículo 5
 artículo 123
 resolución 
 artículo 102