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182-14-SEP-CC sentencia | Debido al proceso | Derecho Constitucional
fisico cosntitucional
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El principio de imparcialidad en el trámite de recusaciones formuladas al Procurador General de la Nación en los procesos disciplinarios
Quito, D. M, 22 de octubre de 2014
SF.NTKNCIAN.0 182-14-SEP-CC
TASO N.° 1581-10-EP
El doctor Alfredo Albuja Chávez por sus propios derechos presentó acción
extraordinaria de protección amparado en lo dispuesto en los artículos 94 y 437
de la Constitución de la República en contra de la sentencia dictada el 01 de
octubre de 2010, por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección N.° 328-2010.
El 28 de octubre de 2010, la Secretaría General de la Corte Constitucional, para
el período de transición, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, publicado en el suplemento del Registro Oficial N.° 127 del 10 de
febrero de 2010, certificó que en referencia a la acción N.° 1581-10-EP, no se ha
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, pata el período de transición,
conformadapor los entoncesjueces constitucionalesAlfonsoLuzYunes,.Patricio
Herrera Betancourt y Patricio Pazmiflo Freiré, el 01 de diciembre de 2010,
admitió a trámite la acción extraordinaria de protección N.° 1581-10-EP.
Constitucional, para el período de transición, en sesión ordinaria del 11 de enero
en virtud del sorteo realizado por el
de 2011, se remitió la causa N.° 1581-10-EP al juez constitucional Patricio
Pazmifio Freiré, para la sustanciación de la mism* de conformidad a lo
establecido en la Ley Orgánica de Garantías Junsdiccionaks y Control
Constitucional yel Reglamento de Sustanciación de Procesos de Convencía de
te Corte Constitucional. Mediante auto del 24 de enero de 2011, el juez
constitucional avocó conocimiento de la causa.
El 06 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional los jueces de la Primera Corte Constitucional integrada conforme -
dispuesto en los artículos 432 y434 de la Constitución de la República.
CasoN.° 1581-10-EP
En virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el
artículo 81 y disposición transitoria cuarta del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, el secretario general de la
Corte Constitucional remitió al juez constitucional Patricio Pazmiño Freiré el
expediente signado con el N.° 1581-10-EP, para la sustanciación del mismo, de
conformidad con el sorteo de las causas realizado por el Pleno de Organismo, en
sesión extraordinaria celebrada el 03 de enero de 2013.
Mediante auto del 13 de enero de 2014, el juez constitucional Patricio Pazmiño
Freiré avocó conocimiento de la causa, signada con el N.° 1581-10-EP.
Sentencia dictada el 01 de octubre de 2010 a las 09h09 por la Primera Sala
Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la que en su parte pertinente, establece:
ESPECIALZIADA
JUSTICIA DE PICHINCHA.- Quito, 01 de octubre de 2010, las 09h09.- VISTOS.-
Por tanto, el hecho de que, a más de las normas constitucionales sustantivas, se
citen en las sentencias aquellas que son adjetivas, ya sea para conceder o negar los
recurso de apelación que se proponen en segunda instancia contra las decisiones de
primer nivel y que corresponden a las acciones jurisdiccionales de los derechos constitucionales, no implica, de modo alguno, que el juzgado esté actuando en detrimento del espectro protector que implica el bloque de constitucionalidad. A ello
solo resta añadir que le hecho de que la norma constitucional actual haya eliminado la inminencia del daño, como requisito de procedencia de la acción de protección, no
significa que ahora si está permitiendo que la acción deba ser utilizada en forma
abusiva, indiscriminadao en forma paralela a las pertinentes acciones administrativas o
judiciales con el fin de obtener un doble beneficio.- En esta virtud, de conformidad con
el Art. 42, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control
Constitucional en actual vigencia, la Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte
"ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE
LA REPÚBLICA", confirma en todas sus partes la sentencia venida en grado y
rechaza el recurso de apelación propuesto (
Caso N.° 1581-10-EP
El 11 de marzo de 2010, el doctor Alfredo Albuja Chávez presentó acción de
protección en contra de la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura
diciada el 24 de febrero del 2010.
Mediante sentencia del 25 de marzo de 2010 a las 16hl 1, dictada por el Juzgado
Décimo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, se resolvió desechar la acción
de protección. Decisión contra la cual el accionante interpone recurso de
De esta forma, la Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial
de Justicia de Pichincha, en sentencia del 01 de octubre de 2010, resuelve:
"confirma en todas sus partes la sentencia venida en grado, y rechaza el recurso
de apelación propuesto porel Dr. Alfredo Albuja Chávez".
Comparece el doctor Alfredo Albuja Chávez y mediante acción extraordinaria de protección impugna la sentencia dictada el 01 de octubre de 2010, por la Primera
Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la
acción de protección N.° 328-2010, señalando que esta sentencia como la de
primera instancia dictada por el juez décimo de la niñez y adolescencia de
Pichincha han vulnerado sus derechos constitucionales.
Como antecedente del caso, el accionante plantea que mediante resolución del 24 de febrero de 2010, el Pleno del Consejo de la Judicatura le impuso una sanción
de suspensión de su cargo de juez integrante de la Segunda Sala de lo Penal de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha, invocando el articulo 108 numeral 7
del Código Orgánico de la Función Judicial que tipifica como infracción grave
dejar caducar la prisión preventiva a la que se le puede imponer la sanción de suspensión del cargo, sin goce de remuneración, hasta treinta días, conforme el
numeral 3 del artículo 105 del mismo Código Orgánico.
Señala que en la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, se le imputó
haber coadyuvado a que caduque la prisión preventiva dictada en contra del
sdioF-Cfístian David Cortez Obando, caducidad que fue declarada por el Primer
^_j[^^iíibunal Penal de Pichincha en providencia del 10 de juHo de 2008, a petición
presentada por el acusado el 23 de mayo de 2008.
CasoN.0 1581-10-EP
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Ahora bien, el accionante manifiesta que esta resolución vulneró sus derechos
constitucionales, en vista que el Consejo de la Judicatura procedió a sancionarlo
aplicando las disposiciones constantes en el Código Orgánico de la Función
Judicial que fue publicado en el Registro Oficial N.° 544 del 09 de marzo de
2009; cuando el acto por el cual se lo sancionó, fue cometido con anterioridad a
la entrada en vigencia de dicho Código, por lo que debió aplicarse las normas
vigentes a la fecha del cometimiento de la infracción.
Frente a los hechos relatados, el accionante presentó acción de protección en contra de la resolución del Consejo de la Judicatura por la aparente violación de sus derechos constitucionales, misma que fue conocida en primera instancia por
el juez décimo de la niñez y adolescencia de Pichincha, quien dictó sentencia el
25 de marzo de 2010 y desechó la acción presentada, concluyendo que el asunto
sometido a conocimiento se refiere a cuestiones de legalidad, existiendo la vía
El accionante señala que frente a esta sentencia, presentó el correspondiente
recurso de apelación que por sorteo de ley fue conocido por la Primera Sala de lo
Pichincha, en
donde, mediante
sentencia del 01 de octubre de 2010, se rechazó el recurso de apelación
interpuesto y se confirmó en todas sus partes la sentenciasubida en grado.
El accionante aduce que la sentencia de segundo nivel no hace ninguna referencia
a que se aplicó una norma dictada con posterioridad al hecho por el cual se lo
sancionó, remitiéndose nuevamente a la vía administrativa y la contenciosa
administrativa para impugnar el acto materia de la acción de protección, para lo
cual se invocan los artículos 40 numeral 3 y 42 numeral 4 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Frente a este argumento, el accionante manifiesta que si la mera existencia de la
vía contencioso administrativa fuese una razón válida para negar una acción de protección, ocurre que esta garantía de derechos constitucionales no procedería
nunca, puesto que el artículo 173 de la Constitución de la República señala que:
"Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial" y que si no hay actos excluidos de impugnación
ante la jurisdicción contencioso administrativa ese simple argumento dejaría sin
ningún efecto el artículo 88 de la Constitución.
Por lo expuesto, el accionante concluye que la sentencia impugnada vulnera
derechos constitucionales, como la tutela judicial efectiva, expedita e imparcial
oí^
(artículo 75), el derecho a la seguridad jurídica (artículo 82), el principio de
legalidad en materia de tipificación de infracciones: su no retroactividad y
prohibición de interpretación extensiva (artículo 76 numeral 7 literal k), la
motivación de las resoluciones (artículo 76 numeral 7 literal 1) y la garantía
prevista en el artículo 76 numeral 3 de la Constitución de la República,
vulneraciones que fueron oportunamente formuladas en los diversos escritos
presentados durante la tramitación de la acción de protección.
El accionante establece como principales derechos constitucionales vulnerados
aquellos contenidos en los artículos 76 numerales 3 y 7 literales k y 1; 75 y 82 de
Con estos antecedentes el accionante solicita que:
1. Se deje sin efecto la sentencia del 01 de octubre de 2010, dictada por la Primera Sala Especializada de lo Penal dela Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
2. Se disponga la reparación integral de los derechos constitucionales vulnerados,
solventándose la grave violación de los derechos enumerados en el apartado IV de esta
acción, conforme el número 8 del artículo 61 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, para lo cual se dispondrá que se deje sin
efecto la sanción que se me impuso por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura
mediante su resolución de 24 de febrero de 2010, por la que acudí a las garantías
jurisdiccionales en procura de la tutela judicial efectiva, expedita e imparcial de mis
Mediante hoja de registro N.° 1291 del 18 de febrero de 2011, ingresó a la Corte
Constitucional el escrito presentado porel doctor Jorge Villarroel Merino, quien
comparece en calidad de juez de la Primera Sala Especializada
de lo Penal de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha y respecto a la acción extraordinaria de
protección N.° 1581-10-EP, propuesta por el doctor Alfredo Albuja Chávez, en
contra de la sentencia del
01 de octubre de 2010, emitida en la acción de
/Qf^-protección N.° 328-2010-SC, de conformidad con las disposiciones contenidas en
los artículos 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presenta informe de descargo en los siguientes términos:
Señala que el accionante en la demanda manifiesta que la sentencia ha vulnerado
sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, el
derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de legalidad en materia de
tipificación de infracciones, su no retroactividad y prohibición de interpretación
extensiva, la seguridad jurídica, el derecho a ser juzgado por un juez competente
y la motivación de las resoluciones.
Frente a estas alegaciones, el compareciente señala que en el fallo impugnado, la
Sala ha
constitucionales y legales, a efecto de establecer si la autoridad que emitió el acto
administrativo ha violado o no los derechos contemplados en la Constitución de
la República o en las normas internacionales que garantizan los derechos
humanos, objeto primordial de la acción de protección prescrita en el artículo 88
de la Carta Magna; de manera que en base a un análisis integral del expediente de
la Sala, ha emitido su resolución conforme a derecho.
Asimismo expresa que sin lugar a dudas, tanto en el proceso administrativo
disciplinario como dentro de la acción de protección, conocida y resuelta por el
juez a quo9 así como el trámite y resolución de la Sala, obedecen a normas
constitucionales y legales propias del derecho procesal constitucional y en
cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales; el accionante a lo
largo de este proceso, ha hecho uso del derecho a la defensa interviniendo en las
diferentes instancias del mismo, con sus alegatos que han sido debidamente
Respecto a que la sentencia no fue debidamente motivada, el compareciente
señala que si se analiza el contenido de la sentencia de la Sala, esta cumple con la exigencia contemplada en el artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de
la República y la abundante doctrina sobre la motivación existente, señala que en
la sentencia existe racionalidad y vinculación jurídica con la norma positiva
aplicable al caso, lo cual ha permitido asumir un juicio de valor y una resolución
sobre la acción propuesta.
Por lo expuesto, el compareciente solicita que en sentencia se niegue la presente
acción por ser improcedente, de conformidad con las disposiciones contenidas en
los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República y los artículos 58, 61 y
62 dela Ley Orgánica de GarantíasJurisdiccionales y Control Constitucional.
De los terceros interesados en la causa
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Mediante hoja de registro N.° 824 del 6 de febrero de 2014, ingresó a la Corte
Constitucional el escrito presentado por el doctor Esteban Zavala Palacios, en
calidad de director nacional de asesoría jurídica y delegado de la abogada Doris
Gallardo Cevallos, directora general del Consejo de la Judicatura y como tal
representante legal, jurídica y extrajudicial de la Función Judicial, respecto al
caso N.° 1581-10-EP, manifiesta lo siguiente:
Que la sentencia recurrida cumple con todos los parámetros determinados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y que
además cuenta con la suficiente motivación conforme manda la Constitución. Ya
que se exponen los fundamentos de hecho y de derecho, se enuncian las normas o
principios jurídicos en que se funda y se explica la pertinencia de su aplicación a
los antecedentes de hecho. Es decir, se ha observado la garantía constitucional de
que todas las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas.
Manifiesta que si en primera y segunda instancia se desechó y rechazó por
improcedente la acción de protección, es porque los jueces han constatado que el
Consejo de la Judicatura, ejerciendo sus atribuciones, suspendió por el plazo de
treinta días, sin goce de remuneración al hoy accionante en su calidad de juez de
la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, lo
hizo cumpliendo con los procedimientos establecidos en la normativa legal, en
consecuencia, noexiste violación a derechos constitucionales.
Asimismo, señala que el Consejo de la Judicatura ejerció las competencias y
facultades que le fueron atribuidas en la Constitución y en la ley, coordinó sus
acciones para el cumplimiento de sus fines, respetando y acatando las
disposiciones constitucionales, legales yreglamentarias.
Añade que el accionante hizo uso indebido de la acción de protección así como
de la acción extraordinaria de protección, pues no existe violación de derechos
constitucionales y conforme se desprende de la demanda, el accionante impugna
la legalidad del acto administrativo, por lo tanto, debe ser sustanciado por las vías
ordinarias correspondientes, esto es la jurisdicción contencioso administrativa.
que la pretensión del accionante se constituye en una mera expectativa de
derechos al aspirar que se deje sin efecto la sanción de suspensión impuesta por
el Pleno del Consejo de la Judicatura, cuando en el proceso se han
todas las garantías del debido proceso conforme manda la Constitución de la
el doctor Esteban Zavala Palacios
Constitucional ratificar la sentencia emitida por los jueces de la Primera Sala de
consecuencia, declarar improcedente la acción extraordinaria de protección
Finalmente autoriza a los doctores Angélica Orellana Rubio, Fernanda Alarcón
Guillen y otros, para que suscriban de manera individual o conjunta los escritos que fueren necesarios, y acudan a las diligencias que sea menester en defensa de
los derechos de la institución, así también señala casillero constitucional para
Mediante hoja de registro N.° 1283 del 18 de febrero de 2011, ingresó a la Corte
Constitucional el escrito presentado por el abogado Marcos Arteaga Valenzuela,
quien compareció en calidad de director nacional de patrocinio, delegado del procurador general del Estado, y respecto a la acción extraordinaria de protección presentada porel doctor Alfredo Albuja Chávez en contra de la sentencia dictada
el 01 de octubre de 2010, por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial
de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección N.° 328-2010,
Que la sentencia objeto de impugnación no ha hecho otra cosa que resguardar
derechos constitucionales, entre los cuales se encuentra precisamente el derecho
al debido proceso, porque la decisión se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras públicas y aplicadas por la autoridad competente, según exige el artículo 82 de la
Constitución de la República, por lo que se trata de una decisión legítima.
Señala el representante de la Procuraduría que la sentencia impugnada es un acto
judicial conforme a derecho y obedece a la observancia de las normas
constitucionalesy legales, y que de la simple lectura de la sentencia expedida por la Sala, se puede comprender en forma inteligente y clara que el Consejo de la
Judicaturarespetó plenamente las garantías dadas por el derecho constitucional a
efectos de la protección de derechos fundamentales.
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Así también expresa que la Sala para emitir la sentencia ha observado el
principio de legalidad ya que la norma es clara en establecer cuáles son las vías adecuadas para impugnar este tipo de actos, como se menciona en los artículos
40 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, artículo 31 del Código Orgánico de la Función Judicial y el
artículo 173 de la Constitución de la República.
Respecto a la falta administrativa que motivó el sumario en contra del doctor
Albuja, que se produjo el 28 de febrero de 2008, y el sumario se inició de oficio en el plazo que establecía el artículo 28 del entonces vigente Reglamento de
Control Disciplinario, Quejas y Sanciones de la Función Judicial, posteriormente
entró en vigencia el Código Orgánico de la Función Judicial el 09 de marzo de 2009; sin embargo, contrario a lo que ha dicho el accionante, que no existía la
figura de prisión preventiva y que no tienen ninguna responsabilidad en lo
sucedido, se puede apreciar que para la fecha de la falta administrativa incurrida,
la figura de la caducidad de la prisión preventiva ya existía, es así que en la
Constitución y la ley vigente a la época del cometimiento de la falta, establecían
lincamientos claros y un plazo concreto para que opere la caducidad, así como la
responsabilidad de juez que conoce la causa.
Ahora bien, respecto a la alegación de que la sentencia no se encuentra motivada,
el representante de la Procuraduría señala que la sentencia impugnada constituye
un acto correctamente estructurado, que contiene tres partes esenciales que son
una parte expositiva, una parte motiva o considerativa y por último una parte
Por otro lado, señala que la demanda no cumple los presupuestos que exige el
artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para su admisibilidad, porque, en lugar de ser realmente una
acción debidamente estructurada, se trata más bien de un escrito en el que se
comenta la sentencia y su inconformidad sobre la misma, se repiten una y otra
vulnerados,
desorganizada lista de repetición de derechos supuestamente vulnerados e
inclusive, se han invocado varios artículos de instrumentos internacionales que
en nada tienen relación con el asunto sometido a análisis, por lo que la
argumentación así concebida no es sólida.
Por lo expuesto, el representante de la Procuraduría solicita que en sentencia se
"niegue la acción extraordinaria de protección presentada por ser improcedente, de
conformidad con las disposiciones contenidas en los artículo 94 y 437 de la
Constitución de la República, artículos 58, 61 y 62 de la Ley Orgánica de
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Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y 34 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, normativa
jurídica vigente a la época de la presentación de la acción, con los efectos
jurídicos que tales normas prevén para este tipo de casos, tanto más si el
accionante no ha cumplido con su obligación de presentar los argumentos para la
procedencia de este tipo de acciones.
II CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de
la República, el Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y
resolver sobre las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos
definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. En el presente caso, la acción
extraordinaria de protección es presentada en contra de la sentencia dictada el 01
de octubre de 2010, por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de
Naturaleza jurídica, alcances y efectos de la acción extraordinaria de
La acción extraordinaria de protección, prevista en el artículo 94 de la
Constitución de la República, constituye una garantía jurisdiccional creada por el
constituyente para proteger los derechos constitucionales de las personas en
contra de cualquier vulneración que se produzca mediante actos jurisdiccionales.
Así esta acción nace y existe para garantizar y defender el respeto de los
derechos constitucionales y el debido proceso. Por consiguiente, tiene como fin
proteger, precautelar, tutelar y amparar los derechos de las personas que por
acción u omisión, sean vulnerados en las decisiones judiciales.
de acuerdo con el artículo 437 de la Constitución de la
República, la acción extraordinaria de protección procede únicamente cuando se
trate de sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, que
se encuentren firmes o ejecutoriados, en los que el accionante demuestre que en
el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso u otros
derechos reconocidos en la Constitución. Así, la Corte Constitucional, por medio
de esta acción excepcional, solo se pronunciará respecto a dos cuestiones
principales: la vulneración de derechos constitucionales o la violación de normas
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Cabe señalar que la acción extraordinaria de protección es un mecanismo
excepcional que busca garantizar la supremacía de la Constitución frente a acciones y omisiones, en este caso, de los jueces. Así, la incorporación del
de constitucionalidad también de las decisiones judiciales permite
garantizar que al igual que cualquier decisión de autoridad pública, estas se
encuentren conformes al texto de la Constitución y ante todo respeten los
derechos de las partes procesales.
Determinación del problema jurídico
Corresponde a la Corte Constitucional determinar si en la sentencia impugnada
se han vulnerado derechos constitucionales; para el efecto, se plantea el siguiente
problemajurídico:
La sentencia dictada el 01 de octubre de 2010, por la Primera Sala de lo Penal de
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección
N.° 328-2010, ¿vulneró los derechos constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso, en la garantía de tipicidad y el juzgamiento de una persona con
observancia del trámite propio de cada procedimiento, previstos en los artículos
82 y 76 numeral 3 de la Constitución de la República?
La sentencia dictada el 01 de octubre de 2010, por la Primera Sala de lo
Penal de la Corte Provincialde Justicia de Pichincha, dentro de la acción de
protección N.° 328-2010, ¿vulneró los derechos constitucionales a la
seguridad jurídica y al debido proceso, en la garantía de tipicidad y el
juzgamiento de una persona con observancia del trámite propio de cada procedimiento, previstos en los artículos 82 y 76 numeral 3 de la
Constitución de la República?
La Constitución de la República con la finalidad de garantizar el derecho al
debido proceso ha previsto entre otras, la garantía constante en el artículo 76
numeral 3, que prescribe lo siguiente:
Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de
cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra
naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se
podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del
trámite propio de cada procedimiento.
**&** 12 de 17
Este artículo contiene algunos principios constitucionales y el primero que se
identifica es el denominado "principio de legalidad"1 que conlleva a establecer
que las infracciones como las sanciones deben estar previamente determinadas
en la Constitución de la República o en la ley, caso contrario, no se puede
procesar a una persona o imponer determinada sanción.
En concordancia con esta norma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 9, establece lo siguiente:
Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad.- Nadie puede ser condenado por
derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el
momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley
dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
Conforme se puede apreciar, tanto la Constitución de la República como la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen la prohibición de
juzgar a las personas por actos u omisiones que al momento de cometerse, no se
encuentren tipificadas según el derecho aplicable y de igual forma, no se
aplicarán sanciones no previstas en el ordenamiento jurídico. Asimismo, es
preciso señalar que esta disposición guarda estrecha relación con la garantía
prevista en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece: "El
derecho a la seguridad jurídica se fundamenta enel respeto a la Constitución y en
la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes".
Ahora bien, en el caso sub judice, el accionante manifiesta que la sentencia
dictada el 01 de octubre de 2010, por la Primera Sala de lo Penal de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección N.° 328-
2010, vulneró sus derechos constitucionales en vista de que los jueces de la Sala
no subsanaron la vulneración de la que señala haber sido víctima, ya que mediante resolución del 24 de febrero de 2010, el Pleno del Consejo de la
Judicatura le impuso una sanción de suspensión por el plazo de treinta días sin
remuneración de su cargo de juez integrante de la Segunda Sala de lo Penal de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha, aplicando disposiciones legales que
fueron dictadas con posterioridad a la infracción que se le imputó y que por tal razón se vulneró la garantía del debido proceso prevista en el artículo 76 numeral
3 de la Constitución de la República.
'Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia de jurisprudencia vinculante N.° 001-10-PJO-CC, dentro
del Caso N.° 0999-09-JP. "El Principio de legalidad se sustenta en el respeto a las nonnas jurídicas y la administración efectiva de
las mismas por parte dequienes ejercen autoridad".
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Esta aparente vulneración fue expuesta ¡por el accionante en su demanda de
acción de protección tal como la Sala hizo constar en el numeral 4.1.h) de la
sentencia impugiada, al haber expresado:
La resolución del Consejo de la Judicatura viola flagrantemente la principal garantía del
debido proceso consagrada en el numeral 3 del Art. 76 de la Constitución, que es un
derecho fundamental vulnerado, pues se le sanciona por una falta que recién se tipifica el 09 de marzo del 2009, cuando se expide en Código Orgánico de la Función Judicial, a
sabiendas que la presunta infracción se habría cometido el 28 de febrero del 2008, por lo
que se viola el precepto constitucional de que ninguna persona puede recibir sanción sino
haytipificación previa.
Respecto a lo alegado por el accionante,
los jueces de la Primera Sala
Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en el
numeral 7.6 de la sentencia impugnada manifiestan lo siguiente:
] el Pleno del Consejo de la Judicatura no ha coartado el principio de legalidad o el
principio de reserva, puesto que la conducta y su respectiva sanción se ha dado conforme 10 que determinan las normas ccmstitucionales y legales empleadas para ajustar el acto disciplinario en el que ha incurrido el demandante. Pues, en materia penal en general y
específicamente respecto ala prisión preventiva, la Constitución yla Ley, han establecido
plazos para que opere la caducidad, que en el caso del recurrente Dr. Alfredo Albuja, en
su condición de Juez integrante de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provmcial de
Justicia de Pichincha, ocurrió la caducidad de la prisión preventiva [
] situación que
aparece del informe suscrito por el Dr. Marco Rodas Buchelli, Director Provincial^del
Consejo de la Judicatura, quien ha informado que el Dr. Alfredo Albuja, desde el 24 de
septiembre de 2007 ha estado encargado de elaborar el proyecto de 27 de febrero de
2008 cinco meses después pone a la visa de los magistrados de la Sala, dicho proyecto,
expidiéndose el 28 de febrero de 2008 la resolución definitiva, por tal razón en dicha
causa penal se ha producido la caducidad de la prisión en la forma que prescribe elArt.
24 numeral 8 de la Constitución de 1998, Art. 77 numeral 9 de la actual Constitación de
la República y Art 699 del Código de Procedimiento Penal, hechos que han sido
reconocidos por el accionante y como consecuencia de los míanos, ha sido sumariado por
esa falta disciplinaria, y de la cual fue sancionado por el órgano competente, como es el
Pleno del Consejo de laJudicatura.
Conforme se puede apreciar, los jueces de la Sala determinan dentro de su
análisis que la sanción impuesta al doctor Alfredo Albuja se ha dado conforme lo previsto en las normas constitucionales y legales, en vista de que el accionante
dejó caducar la prisión preventiva yque por ello la sanción impuesta es conforme
rV _^a-derecho; pero respecto a si se impuso una sanción en base a nonnas que no se
^-^—encontraban vigentes al momento de cometerse la infracción^ los jueces de la
Sala no hacen ninguna referencia ni pronunciamiento
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En este sentido, es claro que los jueces de la Sala no atendieron uno de los
problemas jurídicos principales expuestos por el accionante, al no haber
determinado si efectivamente se aplicó una norma con efecto retroactivo y si esta
aplicación vulneró la garantía prevista en el artículo 76 numeral 3, que establece
que "nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal,
administrativa o de otra naturaleza (
.)"•
Ahora bien, analizado el expediente, a foja 1, se encuentra la resolución del 24 de
febrero de 2010, dictada por el Consejo de la Judicatura, mediante la cual se le
impuso la suspensión por 30 días sin goce de remuneración, al doctor Alfredo
Albuja Chávez de su cargo de juez de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, que en la parte medular señala lo siguiente:
) SEXTO - De conformidad con lo que establece el Art. 110 del Código Orgánico de
laFunción Judicial, se observa, que el retraso en realizar el proyecto por parte del Dr.
Alfredo Albuja Chávez, por cinco meses, un día, ha coadyuvado a la caducidad de la
prisión preventiva, violentando adicionalmente el principio de celeridad preceptuado en el
Art 192 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a la época de la
actuación del sumariado, hoy prevista en los Arts. 75 y 169 de la Constitución de la
República del Ecuador, y el Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial,
atentando con su accionar la imagen de la Función Judicial e incurriendo en la infracción
disciplinaria tipificada en el numeral
7 del Art. 108 Ibídem; en consecuencia, en virtud de
lo que dispone el numeral 3 del Art. 105 del antes mencionado cuerpo legal, EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, RESUELVE: 1.- SUSPENDER POR EL PAZO DE TREINTA DÍAS, SIN GOCE DE REMUNERACIÓN, al Dr. Alfredo Albuja Chávez
Conforme se puede apreciar en el texto citado, claramente, al doctor Alfredo
Albuja, se lo sanciona por haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada
en el numeral 7 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial y se
le impone la sanción prevista en el numeral 3 del artículo 105 del mencionado cuerpo legal, que establece la suspensión del cargo, sin goce de remuneración,
por un plazo de treinta días.
Ahora bien, si tomamos en consideración que la infracción imputada al doctor
Alfredo Albuja se cometió el 28 de febrero del 2008, el Consejo de la Judicatura
debió sustanciar el sumario administrativo e imponer la sanción al accionante, en
base a las normas que se encontraban vigentes a la fecha del cometimiento de la
infracción, ya que atendiendo al principio de "irretroactividad"2, las normas solo
>Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición. SentenciaNo. 026-10-SCN-CC. dentro del CasoNo. 0025-10-CN.
"Uno de los principios mas elementales que guian la aplicación de la ley es su inetroactmdad, que significa que ésta sólo ng«para
lo venidero y sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación [
y en nuestro ordenamiento constitucional el
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pueden ser aplicadas hacia el futura y de manera retroactiva, únicamente cuando
sean más favorables a los ciudadanos y en el caso subjudice, el Consejo de la
Judicatura sancionó al doctor Alfredo Albuja en base al Código Orgánico de la
Función Judicial, que entró en vigencia con posterioridad al cometimiento de la
En este sentido, los jueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial
de Justicia de Pichincha, dentro de la sentencia impugnada, no reparan la
vulneración de la que fue víctima el accionante; estos se limitan a señalar que
dejar caducar la prisión preventiva es un acto sancionable conforme manda la
Constitución y la ley y que el Consejo de la Judicatura era competente para
sancionar al accionante por la infracción cometida, pero no consideran que al
haberse sancionado al accionante en base a normas que no se encontraban
vigentes al momento de comentarse la infracción, se vulneró la garantía del
derecho al debido proceso prevista en el artículo 76 numeral 3 de la Constitución
Por lo expuesto, la Corte Constitucional concluye que la sentencia dictada el 01
Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección N.° 328-2010, vulneró
los derechos constitucionales previstos en los artículos 76 numeral 3y 82 de la
Constituciónde la República.
Finalmente cabe enfatizar que si bien es cierto, conforme lo manifestaron los
jueces de la Sala en la sentencia impugnada, que ante la vulneración de derechos
de naturaleza infraconstitucional existen las vías para recurrir conforme lo
determina el artículo 173 de la Constitución de la República, hay que entender
que el espíritu de la norma no es que todas las vulneraciones que provengan de
actos administrativos deberán ser conocidas en vía administrativa o en la
contencioso administrativa, pues esta norma es aplicable cuando se evidencia que
la vulneración a derechos alegada, proviene de un vicio de legalidad. En tal
sentido frente a vulneraciones a derechos constitucionales, por actos u omisiones
de cualquier autoridad pública no judicial, el artículo 88 de la Constitución ha
previsto que la vía para demandar la reparación de estos derechos es la acción de
lo contrario"
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ffl. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de
Fainstitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
1 Declarar la vulneración a los derechos a la seguridad jurídica y al debido
* proceso en la garantía de tipicidad y el juzgamiento de una persona con
observancia del trámite propio de cada procedimiento previstos en los
artículos 76 numeral 3y 82 de la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.
3 De conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías
' Jurisdiccional y Control Constitucional, se dispone como medidas de
31 Dejar sin efecto la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Penal
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción
de protección N.° 328-2010, y todos los actos procesales y demás
providencias dictadas como consecuencia de la misma.
32 Retrotraer el proceso hasta el momento en que se produjo la
vulneración de los derechos constitucionales; esto es, al momento de
dictarla sentencia de apelación.
33 Disponer el sorteo de la causa con la finalidad de que otra Sala de la
de Justicia de Pichincha resuelva la causa
observando las garantías del debido proceso.
4. Notifíquese, publíquese y cúm
RAZÓN.- Siento portal» que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con siete votos a favor,
de las juezas y jueces:
Antcmio Gagliardo Loor, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra,
Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Patricio
Pazmiño Freiré, sin contar con la presencia de los jueces Marcelo Jaramillo Villa
y María del Carmen Maldonado Sánchez, en sesión ordinaria del 22 de octubre
del 2014. Lo certifico.
JPCH/mbm/mbv
CASO Nro. 1581-10-EP
RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el juez Patricio Pazmiño Freiré, presidente de la Corte Constitucional, el día martes 18 de noviembre del dos
mil catorce.- Lo certifico.
JPCH/LFJ
RAZÓN.- Siento pof tal que, en la ciudad de Quito, a los dieciocho días
certificada de la sentencia 182-14-SEP-CC de 22 de octubre de 2014 a
los señores: Alfredo Albuja Chávez en la casilla constitucional 1142 y en
ovartefa:¡uridico.gpiasociados.com;
Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia
de Pichincha en la casilla conlstitucional 1025; Presidente del Consejo
de la Judicatura en la casilla constitucional 055 y en los correos
patrocinioci@funcioniudiciaLgob.ee;
consejo.iudicatural7(5)foroaboeados.ec; Procurador General del Estado
en la casilla constitucional 018; Presidente de la Sala Especializada de
lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante oficio
5586-CC-SG-2014; y, jueces dje la Sala Especializada de lo Penal de la
Corte Provincial de Justicia del Pichincha, mediante oficio 5587-CC-SG-
2014; conforme consta de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-
JPCH/mmtn
CpftTE
CONSTTTÜOONAL
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 resolución 
 artículo 105
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 173
 artículo 88
 artículo 76
 artículo 61
 resolución 
 artículo 88
 resolución 
 resolución 
 artículo 76
 resolución

 artículo 82
 artículo 31

artículo 173
 artículo 28

artículo 62
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 437
 artículo 76
 artículo 9

Artículo 9
 artículo 82
 resolución 
 artículo 76
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 artículo 76
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 artículo 105
 artículo 76
 artículo 173
 artículo 88
 artículo 18