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D. LUIS MUÑOZ SABATE Abogado Profesor Titular de la Universidad de Barcelona LA PRUEBA EN EL SEGURO - PDF
D. LUIS MUÑOZ SABATE Abogado Profesor Titular de la Universidad de Barcelona LA PRUEBA EN EL SEGURO
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Emilio Ayala Acosta
1 D. LUIS MUÑOZ SABATE Abogado Profesor Titular de la Universidad de Barcelona LA PRUEBA EN EL SEGURO Me considero obligado a puntualizar antes que nada mis concepciones sobre lo que denominamos PRUEBA ya que las mismas tienen que influir sobre la exposición que les haga acerca de la prueba en el seguro. La palabra prueba es un término vulgar que traspolado al derecho procesal adquiere una serie de matizaciones que obligan en primer lugar a empezar por la propia terminología. Se habla de fuentes y de medios de prueba. La fuente es el elemento en el cual ha quedado estampada o grabada la huella del hecho histórico que vamos a intentar reproducir o representar o reconstruir en el proceso. El medio es el elemento o la actividad que desplegamos en el proceso para realizar aquella representación. Para ser más claro y poniendo un ejemplo: la fuente es la persona que presenció el hecho histórico. Cuando a esa persona la llevamos al proceso y la llamamos testigo y nos da pié para interrogarlo acerca de tal hecho, ese traslado y ese interrogatorio son el medio de prueba de que nos habla la ley. Adoptando un aire más severo y científico, la fuente es un elemento físico ( en este caso neurofisiológico) ubicado en el cerebro de aquella persona que permite que el hecho histórico se grave o estampe en un conjunto de neuronas capaces de retener y almacenar la percepción de tal hecho. El medio seria la facultad que nos otorga la ley procesal para hacer comparecer al testigo en el acto del juicio y estimular en forma de preguntas la decodificación de los compuestos químicos en que se transformó aquel almacenamiento. Las fuentes son elementos extraprocesales cuya explicación no la hallaremos en la LEC sino en las leyes de la naturaleza y en la epistemología. Los medios vienen todos regulados por la LEC, y su naturaleza es fundamentalmente jurídica. Hay por lo tanto una actividad científico o técnica que representa la búsqueda de esas fuentes, a la que no es ajena la intuición y la imaginación, 1
2 que no podemos llamar derecho porque no es derecho, y que yo llamo PROBATICA y viene después una actividad jurídica, reguladora de la reproducción o decodificación de aquellos elementos a la que yo llamo DERECHO PROBATORIO, y que carente por lo general de una autonomía académica acostumbramos a incluir dentro del DERECHO PROCESAL. Eso no quiere decir que el derecho probatorio (o si lo prefieren, el derecho procesal) no contenga algunas normas facilitadoras de la probática. Las más vistosas de todas son las que se contienen en los artículos 256 a 263 LEC como Diligencias Preparatorias de juicio, de entre las que debemos citar, para ceñirnos a nuestro tema la diligencia del número 5 del artículo 256 que permite hasta donde se pueda la averiguación de la existencia y contenido de un contrato de seguro. También el nº 6 del artículo 217 sobre carga de la prueba que introduce los principios de disponibilidad y facilidad probatoria, o el nº 5 del artículo 265 consagrando la prueba de detectives, y sobre todo aquellos artículos potenciadores de indicios endoprocesales derivados de la conducta de la parte como el silencio o las respuestas evasivas en la contestación a la demanda ( art. 405), o las negativas y evasivas a declarar en el interrogatorio de la parte ( art 307), o los efectos de la negativa a la exhibición de documentos ( art. 329). Pero en general, y para que se vea el grado de desasistencia de la probática en el proceso hay que convenir con cierto desenfado en estos dos apotegmas: 1- El derecho probatorio es el peor enemigo de la probática. 2- Los hechos no son lo que son sino lo que los jueces quieren que sean. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de regular la proposición y práctica de las pruebas para evitar convertir al proceso en un inacabable e ingobernable debate historiológico pero allí donde nace el desacuerdo es cuando se rigoriza con un fundamentalismo hiperconstitucionalista la inevitable discrecionalidad que comportan los actos judiciales de admisibilidad y valoración, convirtiendo las declaraciones de impertinencia o ilicitud en un mal necesario para el triunfo de la justicia. El segundo apotegma es más perverso porque no alambica una opinión, como en el primero, sino que alambica una falsedad y se defiende como una actitud tuitiva que el juez justiciero impone sobre cualquier otra evidencia porque su finalidad es que en el proceso triunfe o salga lo menos resquemada posible la parte más débil, que en el derecho de seguros, es por antonomasia y salvo muy pocas excepciones, el asegurado. 2
3 Hechas estas precisiones ya estoy en condiciones de anunciar que el contenido de esta conferencia sobre la prueba en el seguro no se va a referir al derecho probatorio sino a la probática, es decir, al arte (en griego tecné, técnica) de probar. Pero probar qué? Por supuesto probar los hechos. Pero qué hechos? Los hechos constitutivos, impeditivos y extintivos que se encuentran contenidos como supuesto de hecho normativo en las múltiples normas que básicamente contiene la Ley del Contrato de Seguro. Se trata de una abigarrada categoría multiforme de hechos dotados de gran polivalencia ya que la prueba de los mismos igual sirve para probar otros supuestos normativos contenidos en otras instituciones jurídicas. Probar por ejemplo el robo del objeto asegurado con el fin de darle cobertura en el seguro es una actividad que igual sirve para probar el robo de otros bienes con fines penales o para destituir a un empleado infiel en el contrato laboral. Cada objeto de prueba en el derecho de seguros se convierte en un thema probandi que goza en el proceso de la condición de hecho principal y tanto puede situarse en la zona que ocupa el actor, en cuyo caso será un hecho constitutivo, o en la zona que ocupa el demandado, llamándole entonces hecho impeditivo, extintivo o excluyente. Estos posicionamientos tienen mucha importancia ya que mediante ellos se determina a cual de las dos partes le corresponde la carga de la prueba. Si es la aseguradora quien reclama la prima a ella le corresponde la carga de probar la existencia del contrato de seguro. Pero si es el asegurado el que reclama con base a dicho contrato una indemnización por daños propios, a él le corresponderá soportar dicha carga. Lo cual merece una seria matización, porque siendo el concepto de carga equivalente al de peso, no nos creamos que pesan igual la carga de la prueba atribuible a una parte que a la otra, ya que la duda (germen de la carga) que pueda tener un juez acerca de la existencia del contrato de seguro puede tener menos peso si la aseguradora reclama una prima que no si el asegurado reclama unos daños. En el primer caso la existencia del seguro podrá más fácilmente que en el segundo evidenciarse por indicios. 3
4 Muchos son los themas probandi que podríamos ir extrayendo de la Ley y de nuestra experiencia judicial. Desde la existencia del contrato a la ocurrencia de cada uno de los siniestros que pueda denunciar el asegurado, pasando en este caso por la frecuente contingencia simulatoria. Desde una maliciosa contratación ex post del siniestro hasta la ocultación de determinados riesgos. Desde el pago o impago de la prima hasta la preexistencia de los objetos asegurados. Desde si se han cumplido las circunstancias de orden fáctico que condicionan la cobertura hasta la culpa grave del asegurado en el siniestro de incendio o la culpa exclusiva de la victima en el seguro de responsabilidad civil. La lista seria inagotable y a ella habría que añadir en algunos casos el tema de la interpretación de determinada cláusula del contrato, pues aun cuando se acepte que la interpretación no es prueba hay muchas interpretaciones que se basan en inferencias factuales. Convencido de que esta conferencia no toleraría una exposición probática exhaustiva me he permitido seleccionar cuatro themas probandi que considero de interés porque recogen circunstancias muy diferentes. Voy por tanto a referirme a la prueba de la existencia del contrato, la prueba de la preexistencia de los bienes en el seguro de daños, la prueba del conocimiento del estado de salud en el seguro de vida y la prueba del incendio provocado por el asegurado. PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO A) Puesto que sería ocioso citar las varias sentencias del Tribunal Supremo que a menudo se invocan para demostrar la admisibilidad de la forma no escrita para el contrato de seguro, nos detendremos en el argumento que hacen valer todos los hiperformalistas. 1 Arguyen que la doctrina favorable a la forma no escrita solo es de aplicación cuando merced a ella se favorezca al asegurado, lo cual significa, aunque no lo digan que no puede ser de aplicación cuando se favorezca a la aseguradora. Esta disemetria en el tratamiento de la cuestión la pretenden extraer del artículo 2 de la Ley del Contrato de Seguro el cual establece que se entenderán válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado. Fácilmente puede desmantelarse este sofisma atendiendo a que la norma se está refiriendo concretamente a la valoración de las cláusulas de un 1 T.S. 27 noviembre 1991, 9 diciembre 1994 y 22 diciembre
5 contrato cuando las mismas discrepen de lo regulado en la propia Ley, estableciendo que si la cláusula resulta más beneficiosa para el asegurado se entenderá válida pese a su apariencia contra legem. Pero este excepcional privilegio pro asegurado no puede aplicarse por analogía (como ningún privilegio) para establecer la siguiente doctrina: el contrato de seguro deberá constar por escrito si con el intenta valerse el asegurador, pero podrá constar verbalmente si quién quiere valerse del mismo es el asegurado. Tan perversa discriminación, que pugna abiertamente no ya con la coherencia jurídica sino con el propio derecho constitucional situaría a las aseguradoras en un limbo probatorio en el caso de que para su defensa en juicio no dispusieran, por algún motivo, del contrato de seguro y les fuera imposible presentar otras pruebas igual de vigorosas. Ciertamente lo normal es que el contrato se extienda por escrito; no tan profundamente habitual, pero igualmente normal es que también se extiendan por escrito las distintas contingencias que vaya experimentando a lo largo de su vida. Pero el principio de normalidad no es un principio axiomático hasta el punto que pretenden los recurrentes, quienes por lo visto han prestado poca atención a unas sibilinas palabras que contiene la jurisprudencia más progresista cuando dice que nada esta reñido a que en algún supuesto excepcional no ciertamente frecuente- pueda probarse la existencia de algún contrato de seguro o de alguna modificación del mismo, aunque no aparezca rigurosamente cumplimentado tal requisito formal. B) Debemos reconocer que el panorama actual y la realidad social de nuestros días son intensamente proclives a que el contrato de seguro o cualquiera de sus novaciones pueda ser diligenciado a través de la llamada plataforma telefónica de la compañía que como no cabe duda se trata ya de un hecho notorio, a tono como acabo de decir con la realidad social de nuestros días y que el derecho, siempre algo más retrasado que dicha realidad ha recogido perfectamente en la Ley de 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico que entró en vigor el 13 de octubre de 2002 y la Directiva 2.002/65 (CE de 23 de septiembre de 2002) relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Los contratos celebrados por vía electrónica son aquellos en que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones. Según el artículo 23 de la LCE, Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por 5
6 el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez El motivo de estas referencias es el de reforzar esta alusión al comercio electrónico dentro del cual cabe, como no podía ser menos, el contrato de seguro según la opinión de UNESPA (Circular 1/2003) de 7 marzo 3003 que aunque anterior a los textos normativos que acabamos de señalar tiene el valor paradigmático de todas aquellas conductas pre-reguladas por la ley, avaladas por la costumbre y además, en nuestro caso, susceptible de desplegar un campo de prueba que demuestre la existencia del contrato o de su modificación o extinción sin pasar por el rígido esquema del artículo 5 de la LCS, veinte años anterior a nuestra era de la información. A continuación voy a plantearles algunas cuestiones más concretas, referentes a este primer punto, sobre la prueba de la existencia del contrato: 1.- Debe siempre constar mediante póliza? R. El artículo 5 de la Ley del Contrato de Seguro establece que el contrato y sus modificaciones y adiciones deberán ser formalizados por escrito. La cuestión, pues, estriba en si estamos ante un requisito constitutivo, formal y solemne, de todo punto necesario para que el contrato se perfeccione, o por el contrato es consensual y se perfecciona por el mero acuerdo de voluntades, de modo que la forma escrita únicamente tiende a facilitar la prueba sobre su existencia y contenido.. En la doctrina existen pareceres discrepantes, pero el Tribunal Supremo ha sostenido, no solo antes de la Ley de 1880 (s.s. 6 octubre 1964, 9 diciembre 1965 y 19 enero 1967) sino también con posterioridad a la promulgación de ésta, como en la sentencia de 22 de diciembre de 1990 que la exigencia formal que establece el artículo 5 de la Ley del Seguro al no integrar uno de los pocos supuestos admitidos en nuestro ordenamiento jurídico de la forma ad solemnitatem o ad substantiam, no impide que, en algún supuesto excepcional,- no ciertamente frecuente- pueda probarse la existencia de algún contrato de seguro o de alguna modificación en el mismo, aunque no aparezca rigurosamente cumplimentado el requisito formal, que en pura teoría lo es ad probationem. Otras sentencias que se pronuncian en este sentido son las de 27 noviembre 1991, 9 diciembre 1994 y 22 diciembre 1995, en las que no se exige la forma escrita ad solemnitatem deduciéndose que puede probarse la existencia del contrato por otros medios de prueba. 2.- El indicio FIVA 6
7 R. El FIVA es un fichero informativo creado mediante soporte magnético que gestiona la Dirección General de Seguros y fue creado por su Resolución de 8 de marzo 1996, permitiendo registrar y conocer al día la matrícula de un vehículo, el número de su póliza de seguros y la consiguiente entidad aseguradora así como otras incidencias. Existe un proceso nocturno automatizado por el cual se generan diariamente las fichas relativas a cartera y nueva producción de las aseguradoras para su inmediato envío al Consorcio de Compensación de Seguros a través de la red de comunicación IBERPAC mediante la utilización de la plataforma de comunicación EDItran. El FIVA se nutre de los datos que diariamente le proporcionan las compañías aseguradoras a través de un sistema igualmente automatizado que se deriva de sus plataformas electrónicas, merced al cual puede llegar va presumirse que lo comunicado es verdad. No se trata ciertamente de establecer una presunción iuris et de iure, pero obviamente si el FIVA certifica sobre el aseguramiento del vehículo éste debe en principio tenerse por acreditado cuando quien lo invoca es el asegurado o tercera persona, correspondiendo a la compañía aseguradora demostrar su inexistencia o anulación. 2 Otra cosa podría resultar si quien pretendiera aprovecharse de la información del FIVA fuese la propia aseguradora, ya que es ella quien le proporciona los datos, pero a parte de las conexiones electrónicas que podrían llegar a desordenar una parte del sistema de la aseguradora si ésta proporcionara al FIVA datos falsos, es pertinente invocar el principio de la uberrima fides de modo que sin llegar a constituir en este último supuesto un vigoroso indicio no deja de tener una determinada potencia semiótica si se combina con otras pruebas. 3.- Si el seguro se concierta por teléfono Cómo se prueba? R. Ya la sentencia de la Audiencia de Sevilla de 18 mayo 1979 (RGD enero 1980, pág. 70), mencionaba una sentencia del Tribunal Supremo de de 3 enero 1948 en la que éste admitió la validez de un seguro aceptado verbalmente por teléfono. Obviamente, y a parte de la prueba testifical del recepcionista de la llamada, lo difícil, aunque no imposible, será aquí demostrar el hecho por otros medios, a no ser que la llamada se haya grabado en cinta magnetofónica u otro medio parecido, o existan actos coetáneos o posteriores que demuestren tal concertación como el hecho de haber admitido la compañía el importe de las primas, o la de haber realizado ciertos pagos a cuenta de la indemnización, o la de haber 2 Audiencia de Pontevedra 15 enero 2001, RGD nº 680, pág
8 rechazado el siniestro por falta de cobertura, o el telegrama del asegurador a la empresa responsable del accidente invitándole a verificar los daños ocasionados, o la pericial contable mediante el examen de los libros de la compañía. También se ha admitido como aquiescencia tácita el silencio de la aseguradora cuando el asegurado la requirió de pago telegráficamente. 3 Como podemos ver todos estos indicios se orientan a favor del asegurado, es decir, a favor de la existencia del contrato. Pero no hemos de marginar la prueba de la tesis contraria, es decir, la demostración de que el asegurado denunció verbalmente el contrato, cosa que no es raro que ocurra y que complica enormemente el panorama si a los pocos días acaece un siniestro. El haber gestionado en el interín una solicitud con una nueva aseguradora o el haber dado expresa orden al banco de no satisfacer las primas pueden resultar buenos indicios. Con menor valencia probática aunque en modo alguno desdeñable se situaría el hecho de haber procedido el asegurado a la venta del objeto asegurado, o el dato de unas conversaciones telefónicas entre ambos o entre el asegurado y su agente, cercanas en todo caso a la época de extinción convencional del contrato. 4.- A quién corresponde la carga de la prueba del contenido de la póliza?.r. Demostrada, como presupuesto previo, la existencia de un seguro, cuya prueba no corresponde precisamente a la aseguradora, si en cambio que a partir de este punto es esta última la que debe demostrar cuales son las características y límites cuantitativos de la póliza existente. 4 Quiere esto decir que de no hacerlo prevalecerá la tesis adversa sobre dichas características o límites, aunque este privilegio, que pudiera hoy día tener su fundamento en el artículo 329 LEC, resulta a mi parecer más lógico cuando quien reclama es un tercero ajeno al contrato (seguro de responsabilidad civil por ejemplo) que no el propio asegurado (seguro de daños propios), ya que en este último caso debe suponerse que el asegurado conserva un ejemplar de la póliza. Solo cuando a su vez acredite que la ha extraviado o nunca la recibió podrá equipararse su posición a la de un tercero. 5.- Valor de la conducta procesal de las partes R. El apoderado de la compañía no se pronuncia tampoco en términos negativos cuando se le pregunta sobre la existencia de la póliza del seguro voluntario, sino con una mera evasiva al decir que no puede asegurarlo por no tener la póliza a la vista, afirmación que está corroborando la existencia de la misma, todo ello con independencia de que en esta materia debe 3 Audiencia de Barcelona 24 marzo 1983, RJC II, pág Audiencia de Barcelona 24 febrero 2000, RGD nº 672, pág
9 exigirse a las compañías de seguros una plena lealtad procesal en el sentido de ser totalmente veraces en cuanto a la negación o reconocimiento de las pólizas invocadas de contrario, actitud esta de veracidad que pugna con las posturas de evasivas como la presente y que deben ser consideradas como admisión tácita. 5 De haber existido póliza concertada con A, el conductor del vehículo la hubiera exhibido a la policía o para evitar la sanción por inexistencia de seguro y se hubiera igualmente aportado al procedimiento Probar si era una mera solicitud de seguro o ya una propuesta. R. Vale la pena recordar lo que a este fin determina el artículo 6 de la Ley del Contrato de Seguro: La solicitud de seguro no vinculará al solicitante. La proposición de seguro por el asegurador vinculará al proponente durante un plazo de quince días. Existen, pues, dos documentos, uno a cargo del asegurado, que por sí solo no determina el nacimiento del contrato y otro a cargo de la aseguradora que constituye ya un anticipo vinculante del contrato. En el caso de autos, aunque en el impreso se utilizaba la palabra solicitud, en realidad no lo era, ya que junto a la firma del solicitante figuraba la del inspector de la aseguradora, se determinaban todas las condiciones del seguro y además, no es lógico que sea el asegurado el que calcule con toda exactitud el importe de la prima, el de los impuestos repercutibles y el llamado Rec. Externo. Estos cálculos son propios de profesionales del ramo asegurador. CUESTIONARIO DE SALUD. OCULTACIÓN DE DATOS 1.- Cómo probar que el asegurado no lo firmó en blanco? R. Nos apresuramos a reconocer que la pregunta está mal formulada porque si en la demanda se dice que el asegurado había firmado distintos documentos ante el corredor de seguros que había formalizado la póliza y que perfectamente podía haber suscrito en blanco el cuestionario, la verdad es que no puede aceptarse que un documento que se firma, lo haya sido en blanco sin que exista prueba de ello, pues lo contrario conduciría como es obvio, a la más absoluta inseguridad jurídica. 7 Suele ser frecuente en tales casos que quién alega haber firmado en blanco un documento aduzca como prueba algunas ciertas inveracidades en su contenido, que por referirse a 5 Audiencia Territorial de Oviedo, 3º noviembre 1979, RGD enero 198º, pág. 131) 6 Audiencia de Valencia, 21 febrero 2000, RGD nº 670-1, pág Audiencia de Barcelona, 23 enero 2001, RJC nº 2, pág
10 datos más o menos íntimamente personales demuestran la imposibilidad de que hayan podido tener como autor de las mismas al propio firmante. Por ejemplo, en el caso que se analiza el asegurado denunciaba el error de haber hecho constar en el documento que su padre falleció de accidente de tráfico, cuando había muerto de cáncer, así como que había sido declarado apto para el servicio militar, cuando había ocurrido cabalmente lo contrario. Pero tales indicios son agudamente infirmados por el Tribunal razonando que precisamente la enfermedad de su padre y la exención del servicio militar por causas de salud podían haber alertado a la compañía aseguradora a la hora de contratar el seguro, de modo que no es absurdo pensar que tales datos fueran precisamente un invento del asegurado. 2.-El principio de normalidad y el conocimiento del mal estado del asegurado por la compañía. R. Parece que ambas proposiciones son incompatibles. Dicho conocimiento puede ser el último refugio al que acuden los asegurados cuando se les descubre la mendacidad de su buen estado de salud, y aunque es a ellos a quienes corresponde la carga de la prueba, vale en su contra oponer un sencillo argumentum. Según la misma sentencia no hay ninguna constancia de que la aseguradora conociese la inexactitud de las declaraciones del asegurado; conocimiento que no puede deducirse de la forma en que se desarrollaron los hechos, pues lo normal no es que las aseguradoras contraten seguros de vida y de invalidez conociendo que el asegurado tiene importantes patologías que hagan verosímil o altamente probable la producción del siniestro en un plazo de tiempo relativamente corto En el supuesto de autos el asegurado venía padeciendo insuficiencia renal crónica, secundaria a nefropatía intersticial por reflujo, conocida desde 1973, lo que le había conducido a sometimiento a diálisis desde mayo de 1981, hasta que se le practicó un trasplante renal el 4 de febrero de 1986 (es decir, algo más de 7 meses antes de suscribir la póliza). Había sido sometido a seis intervenciones quirúrgicas. Por consecuencia de la osteodistrofía renal que padecía sufrió fractura subcapital de fémures en 1981, que obligó a colocación de material de osteosíntesis en ambos fémures, que no dio buen resultado en cadera izquierda, lo que motivó posterior intervención, en 1982, para artroplastia biarticular de sustitución de la cabeza femoral. 3.- Conocimiento de la enfermedad y deber de conocimiento por parte de la aseguradora. 10
11 R. Scire, vel scire debere, paria sunt (saber y deber saber es en derecho lo mismo). 8 Si la compañía aseguradora sabía, porque así lo había declarado el asegurado al rellenar unos papeles, que el mismo disfrutaba de la condición de pensionista siendo así que había nacido en 1952 y solo contaba 44 años de edad al suscribir la póliza, es censurable que tal cosa no le llamara la atención ya que se trata de una circunstancia muy especial reveladora en nuestro caso de una invalidez Cuál es el indicio más frecuente para probar un siniestro falsamente postdatado a la póliza? R. Cualquier siniestro cuya ocurrencia sucede muy poco tiempo después de la proposición de seguro o de la póliza es un siniestro que se produce in tempore suspecto (indicio tempus-contiguetas) y empieza a convertirse en una indicio de indagación para poder alcanzar tiempo después, junto a otros indicios una vigorosa presunción probática de dolo como sucede por ejemplo en el caso de quién tres meses después de haberse asegurado declara una atrofia muscular del miembro izquierdo y una espondiloartrosis severa con lumbociática crónica que determinaron su incapacidad permanente absoluta. 10 Pero adviértase que las enfermedades, dicho sea de un modo simplificado, pueden tener una etiología larvada o por el contrario irrumpir de un modo inesperado o de repente. Por eso, así como quien requiere un tratamiento de quimioterapia en menos de un mes después poca necesidad exige de prueba de intenciones contractuales 11 para dar por probado el dolo, en el segundo caso, el indicio tempus puede llegar a ser enervado por otros indicios, entre ellos, y ciertamente como un caso raro, a través del indicio incuria, que curiosamente recoge una resolución judicial al decir que la torpeza del asegurado en reclamar y tardanza en la que incurre al comunicar el siniestro desvirtúan el hecho de un plan preordenado al cobro de una injustificada indemnización pese a la cercanía de tiempo entre el contrato y el siniestro sobrevenido Influye en el conocimiento de la enfermedad la personalidad del asegurado? R. Conviene ser cauto en la respuesta porque uno de los mecanismos de defensa frente a la frustración, según FREUD es la negación, de modo que no es infrecuente que el sujeto, sin malicia alguna, quite importancia a 8 Sobre las equivalencias probáticas entre conocimiento y deber de conocimiento vid. MUÑOZ SABATE, Tratado de Probática Judicial, tomo I, pág.26 y s.s. 9 Audiencia de Valencia 21 junio 2000, RGD nº 676 pág Audiencia Madrid, 24 noviembre 1997, RGD nº 645, pág T.S. 6 febrero 2001, Aranz Audiencia de Sevilla, 17 enero 2001, RGD nº 680, pág
12 unos síntomas que tal vez hicieran palidecer a cualquier médico. Pero sin marginar la salvedad dicha, parece en principio vigorosa la fuerza del indicio profesionalitas. Su condición de médico le permitía llevar a conocimiento de la aseguradora la sintomatología que presentaba, aunque forzadamente se admita que entonces no conocía la gravedad del mal a que respondía cuando venía afectándole desde largo tiempo. 13 No hace falta, sin embargo, que se trate de un médico, pues aplicando el principio de normalidad no entra dentro del orden natural de las cosas, que una persona con 55 años de inteligencia normal y estudios primarios, pudiera ignorar la gravedad de su enfermedad y los tratamientos agresivos utilizados para su curación Suele ser normal que una persona tenga conciencia de su dolencia? R. Resulta lógico que la sintomatología que cursa sin dolor ni muestras físicas al alcance de su percepción inmediata no alerte a las personas. Pero en el actual estado sociocultural que discurrimos, donde a través de los medios de comunicación, se realiza una masiva y no siempre exacta divulgación médica y sobre todo patológica, deviene muy difícil aceptar que un individuo no tome conciencia de cualquier fenómeno que rompa con cierta agresividad la normalidad de su cuerpo o salud aunque no sepa darle un encaje nosológico. La experiencia enseña se ha dicho en una sentencia- que la pérdida de conocimiento durante los accesos de tos es cosa poco frecuente, y que una persona de cierta cultura, como era el asegurado debió generarle la conciencia de padecer una enfermedad grave. 15 Que sienta la necesidad de revelarlo luego en un cuestionario que le presente la compañía aseguradora ya es otra cosa; pero conocimiento lo habrá. Tal conocimiento se desprende de los síntomas padecidos y que motivaron diversas consultas médicas... Que el diagnóstico de esos síntomas, o su tratamiento, no hubieran sido definitivamente establecidos, o el asegurado desconociera estos concretos aspectos, no supone que el mismo ignorara la realidad de un estado mórbido que, sin lugar a dudas, influía en la valoración del riesgo. 16 Un tratamiento inhabitual en enfermedades leves 17 suele ser algo que se contradice a sí mismo. De ahí que si el asegurado en el momento de pasar el cuestionario tenía pendiente de someterse por prescripción médica a unas pruebas diagnósticas de indudable calibre, como un TAC cervical, una resonancia magnética y una electromiografía, se hace menos lógica la ocultación por parte de éste de su 13 T.S. 6 febrero 2001, Aranz Id. Audiencia Pamplona 4 noviembre 1992, RGD 1993, pág Audiencia de Málaga, 10 febrero 1999, RGD nº 658 pág Audiencia de Zaragoza, 29 octubre 1997, RGD nº 649, pág Audiencia de Santander, 29 junio 2000, RGD nº 676 pág El haber antes acudido a diversas consultas médicas para sus problemas visuales( indicio médium) es un indicio de conocimiento que también recoge la sentencia de 23 de febrero 1998 de la Audiencia de Girona, La Llei nº T.S. 24 junio 1999, Aranz
13 estado de salud. 18 Cabe admitir sin embargo que el hecho de no haber seguido durante muchos años tratamiento alguno para determinada enfermedad (porfiría cutánea) tiende a inferir que el asegurado pudo minimizarla o no pensar en ella en el momento de rellenar el cuestionario de salud. 19 Lo que si resulta altamente censurable es que en aras de adoptar una actitud tuitiva ciertos jueces o tribunales terminen argumentando su propia ignorancia. Como es el caso, por ejemplo, del tribunal que considera normal que el asegurado no declarase haber padecido nueve años antes una diabetes tipo 2, que después de firmada la póliza degeneró a tipo 1 y requirió tratamiento insulínico (la diabetes es una enfermedad que se controla pero raras veces se cura) habiendo estado tomando antidiabéticos orales durante ese tiempo (control extremo). 20 Aunque en descargo del tribunal podemos decir que la sentencia empieza quejándose de no haberse practicado prueba pericial ( de quién era la carga?) pienso que forma parte del acervo cultural de un juez saber que la diabetes es una enfermedad que conlleva muchas complicaciones, y la preocupación por el azúcar una vivencia que no se olvida por un paciente al redactar un cuestionario. No es extraño que años después de firmada la póliza sobreviniera la rotura fibrilar de una pierna y una enfermedad coronaria en un vaso. Distinto resulta el caso de aquellos estados que sin ser morbosos conllevan una determinada situación de riesgo, como por ejemplo una hipertensión arterial no declarada por el asegurado y que el Tribunal disculpa como una afección no percibida como tal por la población profana, amen de que la compañía no ha probado, ni intentado probar siquiera que la hipertensión arterial diagnosticada después de concertada la póliza...la hubiera llevado a no celebrar el contrato o a celebrarlo en otras condiciones diferentes. 21 Esta última consideración, empero, resulta a mi parecer un tanto desafortunada porque no se puede exigir probar aquello que no existe. Tal vez valga como mero argumento. 7.- Un indicio de desconocimiento de la enfermedad R. El cáncer es todavía en muchas áreas sociales una enfermedad tabú, que se disfraza, incluso entre los médicos, con otras denominaciones o incluso siglas, y que uno de los primeros problemas éticos y psicológicos que a veces plantea es si decírselo o no al paciente. La máxima de experiencia judicial no puede dar la espalda a esta evidencia, de manera que una tal 18 Audiencia de Barcelona, 29 noviembre 2004, RJC 2005, II, pág Audiencia de Cáceres, 23 septiembre 1996, RGD nº 630, pág Audiencia de Oviedo 9 febrero 2000, RGD nº 672 pág Audiencia de Barcelona, 21 febrero 2003, RJC nº 3 pág
14 ocultación de los más allegados no resulta por lo demás extraña, toda vez que es notorio que ése es un comportamiento habitual por parte de los parientes de quienes sufren ese tipo de dolencias. 22 Curiosamente, por tanto, quien en el cuestionario médico que rinde a la aseguradora no declara ser canceroso presenta una dosis de veracidad muy superior a la que puede dar a suponer la gravedad de su dolencia, siempre y cuando, naturalmente, los efectos de la enfermedad no se hayan hecho todavía patentes a través de la aplicación de una terapia específica por todos conocida. Esta misma máxima de experiencia podría extenderse, con la natural prudencia, a aquellos otros casos de enfermedades soportadas por una persona sujeta al tutelaje afectivo de otra (indicio affectio). 8.- Otro indicio. R. No hay porque sospechar que a mediados de 1989 cuando concertó el seguro conocía ya el padecer el sida que le fue diagnosticado en abril de Un indicio de ello es que, de haber albergado el fallecido o su mujer la menor sospecha de que padecía el sida, dada la gravedad de la enfermedad y el riesgo de contagio en el propio seno familiar, la reacción inmediata hubiera sido la práctica de pruebas y análisis a la mujer, a fin de comprobar si había tenido lugar el contagio, tal y como se hizo en abril de 1990, a raíz de serle detectado al asegurado, (indicio alertas) Indicio minus ad maius al rellenar el cuestionario R. El tribunal infiere que el asegurado tuvo forzosamente que tomar conciencia del objeto del cuestionario y de la enfermedad que le aquejaba 24 puesto que si se compara la nimiedad de lo que declaró ( sarampión y extirpación de un quiste sebáceo) con la magnitud de lo que en cambio omitió (enfermedad ganglionar) ello se convierte en indicio de dos hechos operativos para resolver el problema de prueba; por un lado se está significando un nivel de atención y experiencia suficientes para concienciar lo omitido, y por otro lado se está significando una intención de ocultar, ya que no es normal relacionar tantas pequeñeces y olvidarse de lo que, por resultar más grave, más presente debía de tener en su mente Seguro vinculado a un préstamo bancario R. Con una reveladora intención tuitiva se ha ido adoptando por los tribunales la máxima de experiencia siguiente: La Sala no tiene la menor 22 Audiencia de Mallorca, 19 mayo 1998, RGD nº 652, pág Audiencia Barcelona, 29 mayo 1998, RGD nº 652, pág T.S. 24 junio 1999, Aranz- 4486) 14
15 duda de que dicha declaración fue completada por la entidad bancaria, deseosa de que se regularizara la morosidad de la demandante. 25.Se parte aquí de la máxima de experiencia que al banco, auténtico director de la operación, solo le interesa cobrar, dando una valoración muy superflua al cuestionario de salud. Este caso era más cruento cuanto que el banco, del mismo grupo mercantil de la aseguradora, al otorgar el crédito hizo suscribir otro cuestionario donde se acreditaba que el prestatario era perceptor de una pensión de invalidez circunstancia muy especial en una persona nacida en 1952.Otro supuesto: sucedió que en el caso de un préstamo que ya estaba suficientemente garantizado con una hipoteca, el prestatatario, cuya preocupación máxima era obtenerlo, dejó de rellenar eficientemente el cuestionario de salud inherente al contrato de seguro que paralelamente le fue exigido. La sentencia se da cuenta de esta concurrencia de cometidos y por eso no duda en afirmar que tales circunstancias incitan a cribar con un cedazo ancho la conciencia del asegurado a la hora de contratar. 26 Es decir, para los jueces el caso no puede resolverse aplicando la fría historiografía contractual, sino que dan un salto cualitativo muy significativo apelando a un particular estado de conciencia del sujeto que acepta y suscribe ambos contratos. Conciencia vigil para el préstamo, conciencia menos vigil para la póliza, pues lo primero es lo que en realidad le interesa y no valora el cuestionario como una secuela obligatoria del préstamo sino como un mero trámite cosa que explica una falta absoluta de atención a la pregunta respecto a su salud. Entendemos nosotros que solo la omisión de aquellas circunstancias cuya magnitud forzosamente tiene que activar la atención del suscribiente del cuestionario pueden valorarse como dolosas, pero no, como dice la sentencia las declaraciones inexactas y las reservas mentales que no participen de aquella naturaleza, las cuales deben quedar amparadas por su levedad. 11.-El secreto médico en los pleitos sobre seguro de vida. R. Si ha sido dicho que no es de extrañar que el asegurado se encontraba repuesto de un infarto sufrido en 1976 cuando en 1985 se adhirió al seguro, porque por aquel entonces hacía más de dos años que ya no acudía al médico 27, de alguna manera se habrá rendido en juicio una prueba sobre esta última afirmación, que a parte de una confesión pro se del asegurado, de baja valencia en estos casos, no cabe imaginar otra más idónea que el testimonio del propio médico que le atendió. Se plantea con ello el 25 Audiencia de Valencia 21 junio 2000, RGD nº , pág Audiencia de Toledo, 4 marzo 1998, RGD nº 656, pág Audiencia de Barcelona 12 enero 1994, re4v. Tribunal 1994 nº 2 pág
16 problema del deber de secreto cuando el testigo médico es interrogado no por el asegurado sino por la aseguradora. Para WIGMORE, citando una resolución de un tribunal de Minnesota, no queda protegido el declarar sobre la fecha ni el número de unas consultas. Y añade eso tiene un gran interés en las causas de seguro de vida, por cuanto la alegación por el asegurado de una buena salud durante un tiempo pudiera ser desmentida por el hecho de frecuentes visitas médicas. 28 SEGURO: PREEXISTENCIA DE LOS OBJETOS 1.- Cómo demostrarla? R. La prueba de la preexistencia de los bienes asegurados es vital particularmente cuando ocurre un siniestro (incendio, robo o inundación, por ejemplo) y se pretende ser indemnizado con cargo al correspondiente seguro. El artículo 38 de la Ley del Contrato de Seguro, tras establecer que incumbe al asegurado la prueba de la preexistencia de los objetos, atempera dicha carga con una presunción legal: el contenido de la póliza, esto es, los objetos relacionados específicamente en la misma, constituirá una presunción a favor del asegurado cuando razonablemente no puedan aportarse pruebas más eficaces. Esta razonabilidad alcanza, por ejemplo, los casos de destrucción de las facturas de compra por mor del propio siniestro. Pero incluso en los casos en que la designa en la póliza haya sido genérica, los tribunales se suelen guiar por el favor probationes cuando se denuncie la desaparición de objetos de escaso valor o resulten ser los más habituales según las circunstancias., o sean necesarios o frecuentes accesorios de otro objeto principal cuya preexistencia se haya demostrado. Tal sería el caso del robo de una maleta sustraída del interior de un coche en un aparcamiento, pues una persona que viaja de Oviedo a Barcelona para pasar un cierto tiempo en esa ciudad es lógico que lleve una maleta con los efectos personales. El detalle de esos efectos debe realizarse argumentalmente, atendiendo a pautas de normalidad. 29 Tampoco procede rechazar el abono de los objetos extraviados en la colisión, ya que la moderación de la suma reclamada por dicho concepto pesetasentra dentro de los parámetros de la normalidad según las reglas de experiencia, y de pretenderse una prueba exhaustiva en otro sentido, se abocaría frecuentemente a las víctimas de los hechos similares a una prueba imposible, probatio diabólica. 30 En el caso presente, se trata de objetos y enseres que no han sido declarados con anterioridad y por tanto no constan 28 WIGMORE, Evidence in Trials at Common Law, VIII, nº 2384, pág Audiencia de Barcelona 12 septiembre 2002, RJC, I 2003, pág Otra cosa sería, añade la sentencia, si se hubiera declarado que se llevaban objetos de gran valor. 30 Audiencia de Barcelona 18 noviembre 1988, RJC II de 1989, pág
17 en algún registro o archivo, y que comúnmente suelen tenerse en el domicilio familiar, no en cajas de seguridad siendo por tanto conocida su existencia fundamentalmente por los componentes del grupo familiar. 31 Iban a asistir a una feria y a montar un stand: La secuencia de los hechos tal y como constan documentados y el principio de normalidad que debe presidir la valoración de la prueba...llevan a concluir que la caja de madera que resultó inicialmente extraviada y posteriormente entregada con retraso a los actores en el hotel en que se alojaban una vez iniciada la Feria Internacional, contenía el material gráfico que se precisaba para ultimar el stand que la empresa de seguridad tenía asignado en el citado evento. Así, y desde un inicio, la reclamación efectuada por los actores especifica y detalla el bulto extraviado (indicio responsio)...resultando en consecuencia acreditado también que se procedió por los actores a realizar diversas llamadas telefónicas tendentes a conseguir una solución rápida e improvisada del problema que la pérdida de la caja generó, contactando finalmente con una empresa de artes gráficas I a la que encargaron la confección de unos posters con el logotipo de la empresa (indicio mutatio). 32 El siniestro se produce en unas fechas en que, por ser vuelta masiva de ciudadanos de su periodo vacacional, es perfectamente lógico un contenido elevado de existencias. 33 El módulo musical es elemento del coche que tiene con él una relación de pertenencia y máxime cuando su instalación viene de fábrica. 34 Sin que pueda aceptarse que la radio no formaba parte del vehículo, porque la sustracción tuvo lugar rompiendo la zona en la que iba situada Siempre hay que demostrar esa preexistencia? R. A parte de la presunción del artículo 38 LCS hemos de tener en cuenta de que si el seguro es a primer riesgo, es decir, si hay una pluralidad de intereses asegurados en un solo seguro en el que se establece una suma asegurada que trata de cubrir el valor más elevado no es necesario exigir la prueba de la preexistencia de los objetos robados de que se realice una valoración previa del riesgo y se actualice el valor mediante valoraciones periódicas. 3.-La incorrecta documentación de la preexistencia 31 Audiencia de Castellón, 29 septiembre 1993, RGD 1994, pág Audiencia de Barcelona, 13 mayo 2003, IV pág Audiencia de Madrid, 11 noviembre 1992, RGD 1993, pág Audiencia de Alicante, 16 octubre 1991, RGD pág Audiencia de Madrid 24 julio 1991, RGD nº 565, Pág
18 R. No sirve la peculiar justificación de la preexistencia del material informático que se dice dañado, que pretende llevarse a cabo a través de un documento elaborado por la propia demandante y acompañado de albaran datados con posterioridad al siniestro, sin que se hubiese llegado a aportar factura y albaranes originales elaborados por la vendedora. 36 En un caso de robo de herramientas se ha dicho que aunque la prueba documental no es la única hábil a tal efecto, lo cierto es que son 69 los objetos ( máquinas, herramientas etc.) incluidos en la relación presentada por el actor con la demanda, a los que se suman cien litros de barniz, 30 de catalizador y 25 de disolvente, siendo así que ni presentó al perito de la demandada, ni presenta ahora en el procedimiento ni una sola factura o justificante de compra de alguno o algunos de dichos objetos o materiales, cuando es práctica de todo comerciante medianamente diligente la conservación, a efectos contables y de cualquier otra naturaleza, de las facturas y justificantes de compra de la maquinaria, herramientas, materiales y materia prima que utiliza en su trabajo, máxiume si se trata de objetos o materiales cuyo valor supera las pesetas... tratando de suplir la prueba documental, acerca de cuya inexistencia no facilita una explicación razonable ( indicio inexplanatio ) con una prueba testifical a todas luces insuficiente... Y aún cuando pudiera racionalmente presumirse que necesitaba para su trabajo al menos parte de dichos artículos, debería haber acreditado, aunque fuese de forma aproximada, su fecha de adquisición al objeto de poder hacer un cálculo, también aproximado, de su valor real en la fecha en que se produjeron los hechos. 37 Los libros de los comerciantes es otro elemento del que también habría podido valerse la demandante y al que tampoco aludió en su escrito de proposición, medio cuya eficacia podría suponerse fundadamente porque no es de pensar caraciera la demandante, comerciante de profesión, continuadora del establecimiento de peletería que fuera de su esposo, de libros o cuadernos donde existiera constancia de las ventas realizadas, máxime cuanto, aparte de que no se trataba aquí de pequeños bienes de consumo de escaso valor, sino de prendas de vestir exteriores caracterizadas todas por su elevado precio, pesaban sobre esta demandante unas obligaciones legales derivadas de la Ley y sobre todo el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido que en sus artículos 153 y 164 y siguientes prescriben una serie de registros de facturas de bienes de inversión, con las cuales, juntamente con los albaranes de adquisición, habría podido disponer la interesada de una justificación no simplemente aproximada sino exacta y completa de las existencias que obraban en su local comercial cuando el robo denunciado se perpetró T.S. 9 octubre 2001, Aranz Audiencia de Burgos, 1 junio 1999, RGD nº 666, pág Audiencia de Valencia 4 noviembre 1993, RGD 1994 pág
19 4.- El indicio responsio R. Se trata de un indicio que despliega un papel muy importante en la prueba de la preexistencia de objetos o mercancías sustraídas o incendiadas y se traduce generalmente en forma de denuncia a la autoridad. Su ausencia o tardanza restan credibilidad al hecho afirmado. Debe racionalmente presumirse que el automóvil sustraído del parking es el referenciado por el actor, cuya titularidad registral en tráfico ha quedado constatada, y fue objeto de la correspondiente denuncia por sustracción ilegítima. 39 La preexistencia y valoración de la cosa depositada aparecen acreditadas...por la propia denuncia que el demandado, titular del restaurante donde se efectuó la sustracción, formuló personalmente ante la Comisaría de Policía, inmediatamente de producirse el hecho. 40 Preexistencia de los objetos en el automóvil... lo que por otra parte se corrobora por las denuncias realizadas inmediatamente después de que ocurrieran los hechos. 41 Fue inmediatamente denunciado e instruido el correspondiente atestado policial, acompañándose la relación de efectos. 42 INCENDIO INTENCIONADO PROVOCADO POR EL ASEGURADO 1.- Ante una materia tan difícil de probar cuál es la mejor estrategia a seguir? R. La mayoría de casos judiciales donde se plantea la atribución intencionada de un incendio sobre sus propios bienes al asegurado son casos que terminan con un solemne fracaso para la aseguradora. La razón de este fracaso no es otra que la de no haberse podido demostrar su autoría. Para empezar importa señalar que no es solo la calidad ontológica del hecho a probar la que alimenta el que la prueba del dolo sea una probatio diabolica. Ciertamente el incendiario, según ha cuidado de ejemplarizar GAYET tiene libre acceso al lugar, conoce perfectamente el recinto y sabe donde encontrar el aparato y el material que necesita. Tiene además, todo el tiempo que quiere para actuar, y no se expone a verse sorprendido durante su trabajo. Puede hacer, pues, todos los preparativos que desee y operar con todo el cuidado apetecible para simular un incendio accidental. 43 Pero si se observa estas facilidades no son mayores que otras conductas dolosas, y por eso he subrayado en cursiva el término simulación, porque es una invitación a reflexionar comparando la prueba que nos ocupa con la prueba 39 Audiencia de Barcelona, 8 octubre 1992, Tribunal nº 11 de 1992, pág Audiencia de Madrid, 30 septiembre 1985, RGD 1986, pág Audiencia de Alicante, 16 octubre 1991, RGD pág Audiencia de Madrid, 11 noviembre 1992, RGD 1993, pág GAYET, Manual de Policía Científica, trad. esp. 1962, pág
20 de la simulación negocial, la cual pese a tratarse igualmente de una prueba difficilioris probationes, ha dado lugar a centenares de sentencias estimativas de la misma con una total base indiciaria. Qué es lo que contribuye a que en comparación sean tan escasas las resoluciones estimando el incendio intencionado del asegurado? No voy a radicalizar mi pensamiento desechando otras dificultades inherentes al thema probandi, pero pienso que influye notablemente el hecho de que en el caso de incendio se canalice el enjuiciamiento preferente e inicialmente a través del proceso penal, donde el imputado tiene en su cabeza, según decía BRADNER un ángel de la guardia en forma de presunción de inocencia. 44 que termina imponiendo un insalvable rigor probationes en el enjuiciamiento criminal de una conducta incendiaria cuando su última víctima resulte ser, en definitiva, una compañía aseguradora. Partiendo de esta premisa, no resultaría descabellado suponer que si el enjuiciamiento de la conducta dolosa del asegurado pudiera resolverse exclusivamente en sede civil, los parámetros de valoración de la prueba bien pudieran ser otros, cambiando el rigor probationes por el favor probationes. La polémica sobre si aplicar la regla preponderance of evidence en vez de la regla reasonable doubt cuando acciona el asegurador por incendio intencionado del asegurado, no es ciertamente una polémica novedosa en otras latitudes. 45 Y bien pudiera ser aprovechada en la praxis forense rehuyendo por todos los medios posibles centralizar en el proceso penal el problema que estamos tratando Las diversas representaciones del indicio móvil según SODERMAN y O CONELL R. El indicio axial de la intencionalidad es el móvil el cual puede presentarse de las siguientes maneras según dichos autores 47 : 1. Liquidar una empresa de negocios; 2. Deshacerse de mercancía invendible; 3. Evitar la bancarrota o el fracaso financiero en un negocio; 4. Destruir artículos fabricados que sean invendibles debido a la cancelación de pedidos o a defectos de fabricación; 5.Destruir mercancía invendible que esté pasada de moda; 6. Eludir el cumplimiento de leyes concernientes a edificaciones y salubridad que requieran cambios estructurales etc., que impliquen considerables gastos: 7. Destruir máquinas o accesorios gastados o anticuados, porque sería demasiado costoso repararlos o mejorarlos, y 44 Cit. por THAYER, A preliminar treatise on evidence, New York, 1969, pág Forma parte de la literatura probática americana. Vid. WIGMORE, Evidence, tomo V, nº 1671, Pág. 687 y tomo IX, nº 2498, pág Para más información, en torno a una operativa civil, MUÑOZ SABATE, La probatio diabólica del incendio doloso del asegurado, La Ley 12 noviembre SODERMAN y O CONELL, Métodos modernos de investigación policíaca, Noriega editores 9º reimp. México 1990, pág

References: artículo 256
 artículo 217
 artículo 265
 artículo 2
 artículo 23
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 329
e contrario
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 artículo 38