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Timestamp: 2020-05-31 00:28:10+00:00

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Doc. visitadosLiquidación tributariaVía de apremioMotivación (proceso penal)Establecimientos penitenciariosAnálisis del entornoPoder de representaciónÓrganos administrativosPrincipio de inmediaciónSindicatos en las relaciones laboralesDistribución en planta por proceso
I. PROCESO ESPECIAL
II. PRINCIPIOS GENERALES QUE INFORMAN EL PROCESO MATRIMONIAL
III. PROCESOS MATRIMONIALES
2. Procedimiento contencioso general
3. Procedimiento en caso de acuerdo entre los cónyuges
4. Procedimiento para el reconocimiento de eficacia civil a resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial
5. Medidas provisionales de naturaleza cautelar
6. Medidas definitivas
7. Ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas
La Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 sitúa el proceso matrimonial dentro del Libro IV dedicado a los procesos especiales, que son aquellos que tienen una regulación diferente a la de los procesos declarativos generales contemplados en el Libro II (juicio ordinario y juicio verbal). La existencia de procesos especiales, entre los que se encontrarían los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, entre otros, se justifica claramente por la naturaleza y el interés público de la pretensión que se enjuicia en los mismos, lo cual determina que vengan informados por unos principios diferentes en relación con los poderes de las partes y del juez sobre el objeto litigioso, así como por la existencia de trámites procesales propios y diferenciados de los comunes.
También la Ley 15/2015, de 2 de julio de jurisdicción voluntaria, regula la dispensa del impedimento matrimonial en los arts. 81 y ss a cuyo tenor el Juez de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia de cualquiera de los contrayentes será competente para conocer de la solicitud de dispensa de los impedimentos de muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal y de parentesco para contraer matrimonio del grado tercero entre colaterales, previstos en el artículo 48 del Código Civil. Deberá promover este expediente el contrayente en quien concurra el impedimento para el matrimonio.
También en los arts. 51 y ss de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado modificada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, se regulan las actas y escrituras públicas en materia matrimonial respecto a los que vayan a contraer matrimonio para el que se precise acta en la que se constate el cumplimiento de los requisitos de capacidad de ambos contrayentes, la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier género de obstáculos para contraer matrimonio, deberán instar previamente su tramitación ante el Notario que tenga su residencia en el lugar del domicilio de cualquiera de ellos.
El proceso matrimonial versa sobre cuestiones relacionadas con el mantenimiento o no del vínculo matrimonial de los litigantes, así como sobre el establecimiento de pensiones o medidas personales y patrimoniales entre los cónyuges y los hijos tenidos entre los mismos. Afecta, pues, necesariamente al estado civil de las personas que litigan y ha de tomar en consideración, en ocasiones, los intereses de menores de edad, de ahí que los principios que informen el conjunto de actuaciones de esta clase de procesos no puedan ser idénticos a los que subyacen bajo las reclamaciones patrimoniales de las partes.
Las principales particularidades del proceso matrimonial son:
a) La intervención del Ministerio Fiscal, el cual es siempre parte en los de nulidad matrimonial y en los demás matrimoniales, siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación legal de ausencia (artículo 749).
b) La indisponibilidad del objeto del proceso, al no surtir efecto la renuncia, el allanamiento ni la transacción (751.1), salvo las pretensiones que tengan por objeto materias sobre las que las partes puedan disponer libremente, según la legislación civil aplicable (751.3), y precisar el desistimiento la conformidad del Ministerio Fiscal como regla general, excepto en determinados supuestos (751.2).
c) Los procesos se decidirán con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento (752.1.I)
d) La atribución al Juez de amplios poderes en materia probatoria. El tribunal, sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y de las demás partes, podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes (752.1.II).
e) La exclusión de la publicidad. En los procesos matrimoniales podrán decidir los tribunales, mediante providencia, de oficio o a instancia de parte, que los actos y vistas se celebren a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen y aunque no se esté en ninguno de los casos del apartado 2 del artículo 138 de la presente Ley, relativo a la celebración de actuaciones a puerta cerrada (754).
La regulación del proceso matrimonial se contiene en los artículos 769a 778 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 y en las disposiciones generales para los procesos especiales (artículos 748 a 755). Este conjunto normativo viene a sustituir la regulación anteriormente existente, contenida en las Disposiciones Adicionales 1ªa 9ª de la Ley 30/1981, de 7 de julio por la que se modificó la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determinó el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.
No obstante, no puede hablarse de un único proceso matrimonial ya que existen varias y diferentes pretensiones que pueden ventilarse en relación con el matrimonio:
a) Las de nulidad del matrimonio, separación y divorcio y las de modificación de medidas adoptadas, con las pretensiones acumuladas, en su caso, referidas a las relaciones con los hijos y las relaciones de contenido patrimonial (748.3º).
b) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores (748.4º).
c) Las de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial (748.5º).
d) Cualesquiera otras pretensiones jurídicamente amparadas en las disposiciones del Título IV del Libro I del Código Civil, relativo al matrimonio (770), tales como la condena a indemnización por incumplimiento injustificado de la promesa de matrimonio (artículo 43 del Código Civil), la de fijación del domicilio conyugal (70), las medidas sustitutivas de las adoptadas con anterioridad previstas en el artículo 91 y la pretensión indemnizatoria a favor del cónyuge de buena fe cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo (98).
La competencia objetiva para el conocimiento de los procesos matrimoniales se atribuye a los Juzgados de Primera Instancia (artículo 45 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000) o a los especializados en asuntos de familia en las sedes judiciales en que se hubieran creado (Disposición Final Ley 30/1981, artículo 1 Real Decreto de 3 de julio de 1981, artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 46 de la ley procesal).
En materia de atribución de competencia para conocer de procesos de familia la L.O. 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial señala en el apartado 2º del art. 98 LOPJ que: 2. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que se constituyan.
Hay que recordar que el art. 769.1 LEC ha sido modificado por la Ley 42/2015 de reforma de la LEC a cuyo tenor: 1. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, será tribunal competente para conocer de los procedimientos a que se refiere este capítulo el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal. En el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado. Los que no tuvieren domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el lugar en que se hallen o en el de su última residencia, a elección del demandante y, si tampoco pudiere determinarse así la competencia, corresponderá ésta al tribunal del domicilio del actor.
La competencia territorial es indisponible, de ahí que el tribunal examinará de oficio su competencia, siendo nulos los acuerdos de las partes que se opongan a lo dispuesto en el artículo 769. Como regla general, y salvo que expresamente se disponga otra cosa, será tribunal competente para conocer de los procesos matrimoniales el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal.
En el procedimiento de separación o divorcio de mutuo acuerdo a que se refiere el artículo 777, será competente el Juzgado del último domicilio común o el del domicilio de cualquiera de los solicitantes (769.2 modificado por la Ley 42/2015). Por último, en los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores. En el caso de residir los progenitores en distintos partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el de la residencia del menor (769.3).
Es el aplicable a las demandas de separación y divorcio, salvo las previstas en el artículo 777 (separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro), las de nulidad del matrimonio y las demás que se formulen al amparo del título IV del libro I del Código Civil. El artículo 770 dispone que dichas pretensiones se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, conforme a lo establecido en el capítulo I de este título (Disposiciones generales, artículos 748 a 755), y con sujeción, además, a las reglas contenidas en el mismo.
Se trata de un juicio verbal diferente al previsto en los artículos 437 a 447 precedentes pues de la demanda se dará traslado al Ministerio Fiscal, cuando proceda, y a las demás personas que, conforme a la Ley, deban ser parte en el procedimiento, hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten en el plazo de veinte días, conforme a lo establecido en el artículo 405 (artículo 753).
Las reglas que contiene el artículo 770 son las siguientes:
a) En primer lugar, a la demanda deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como los documentos en que el cónyuge funde su derecho.
b)La reconvención se propondrá con la contestación a la demanda. El actor dispondrá de 10 días para contestarla. Sólo se admitirá la reconvención:
• Cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del matrimonio.
• Cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretenda el divorcio.
• Cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación.
• Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio.
c) A la vista deberán concurrir las partes por si mismas, con apercibimiento de que su incomparecencia sin causa justificada podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para fundamentar sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimonial. También será obligatoria la presencia de los abogados respectivos.
d) Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán dentro del plazo que el tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días. Durante este plazo, el tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las que se refieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medidas que afecten a los hijos menores o incapacitados, de acuerdo con la legislación civil aplicable. Si el procedimiento fuera contencioso y se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen suficientes juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años. En las exploraciones de menores en los procedimientos civiles se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario.
e) En cualquier momento del proceso, concurriendo los requisitos señalados en el artículo 777, las partes podrán solicitar que continúe el procedimiento por los trámites que se establecen en dicho artículo.
f) En los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados en nombre de los hijos menores, para la adopción de las medidas cautelares que sean adecuadas a dichos procesos se seguirán los trámites establecidos en esta Ley para la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en los procesos de nulidad, separación o divorcio.
g) Las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de esta Ley, para someterse a mediación.
El artículo 777 resulta aplicable a las peticiones de separación o divorcio presentadas de común acuerdo por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro.
Admitida la solicitud de separación o divorcio, el Secretario judicial (Letrado de la Administración de Justicia, tras el cambio de denominación introducido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio) citará a los cónyuges, dentro de los tres días siguientes, para que se ratifiquen por separado en su petición. Si ésta no fuera ratificada por alguno de los cónyuges, el Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) acordará de inmediato el archivo de las actuaciones, quedando a salvo el derecho de los cónyuges a promover la separación o el divorcio conforme a lo dispuesto en el artículo 770 (procedimiento contencioso). Contra esta resolución del Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) podrá interponerse recurso directo de revisión ante el Tribunal.
El apartado 4º del art. 777 LEC tiene ahora nueva redacción por la ley 42/2015, a cuyo tenor: Ratificada por ambos cónyuges la solicitud, si la documentación aportada fuera insuficiente, el Juez o el Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) que fuere competente concederá a los solicitantes un plazo de diez días para que la completen. Durante este plazo se practicará, en su caso, la prueba que los cónyuges hubieren propuesto y la demás que el tribunal considere necesaria para acreditar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil y para apreciar la procedencia de aprobar la propuesta de convenio regulador.
Concedida la separación o el divorcio, si la sentencia no aprobase en todo o en parte el convenio regulador propuesto, se concederá a las partes un plazo de diez días para proponen nuevo convenio, limitado, en su caso, a los puntos que no hayan sido aprobados por el tribunal. Presentada la propuesta o transcurrido el plazo concedido sin hacerlo, el tribunal dictará auto dentro del tercer día, resolviendo lo procedente.
La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto que acuerde alguna medida que se aparte de los términos del convenio propuesto por los cónyuges podrán ser recurridos en apelación. El recurso contra el auto que decida sobre las medidas no suspenderá la eficacia de éstas, ni afectará a la firmeza de la sentencia relativa a la separación o al divorcio. La sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta de convenio sólo podrán ser recurridos, en interés de los hijos menores o incapacitados, por el Ministerio Fiscal.
Con la Ley 42/2015 se ha introducido un nuevo apartado 10 que señala que si la competencia fuera del Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) por no existir hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges ante el Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia), este dictará decreto pronunciándose, sobre el convenio regulador.El decreto que formalice la propuesta del convenio regulador declarará la separación o divorcio de los cónyuges.
Si considerase que, a su juicio, alguno de los acuerdos del convenio pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertirá a los otorgantes y dará por terminado el procedimiento. En este caso, los cónyuges sólo podrán acudir ante el Juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador.El decreto no será recurrible.
La modificación del convenio regulador formalizada por el Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) se sustanciará conforme a lo dispuesto en este artículo cuando concurran los requisitos necesarios para ello.
Dicho procedimiento se contiene en el artículo 778, el cual dispone que en las demandas en solicitud de la eficacia civil de las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, si no se pidiera la adopción o modificación de medidas, el tribunal dará audiencia por plazo de diez días al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal y resolverá por medio de auto lo que resulte procedente sobre la eficacia en el orden civil de la resolución o decisión eclesiástica (778.1).
Cuando en la demanda se hubiere solicitado la adopción o modificación de medidas, se sustanciará la petición de eficacia civil de la resolución o decisión canónica conjuntamente con la relativa a las medidas, siguiendo el procedimiento que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 770 (procedimiento contencioso general).
Comprenden el conjunto de efectos y medidas a que se refieren los artículos 102 (posibilidad de vivir separados, cese de presunción de convivencia conyugal, revocación de consentimientos y poderes de un cónyuge a favor del otro, cese de la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica) y 103 del Código Civil (atribución de hijos sujetos a patria potestad y régimen de visitas a favor del cónyuge no custodio, uso de vivienda familiar y bienes y objetos del ajuar, fijación de contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, acuerdos provisionales sobre bienes), cuya adopción se contempla en la ley antes de la iniciación del proceso o durante la tramitación del mismo, con el fin de regular provisionalmente las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges entre sí y de éstos con sus hijos.
a) Medidas provisionales anteriores a la presentación de la demanda (artículo 771)
El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los artículos 102y 103 del Código Civil ante el tribunal de su domicilio. Para formular esta solicitud no será precisa la intervención de procurador y abogado, pero sí será necesaria dicha intervención para todo escrito y actuación posterior.
A la vista de la solicitud, el Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) citará a los cónyuges y, si hubiere hijos menores o incapacitados, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia, en la que se intentará un acuerdo de las partes, que señalará el Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) y que se celebrará en los diez días siguientes. A dicha comparecencia deberá acudir el cónyuge demandado asistido por su abogado y representado por su Procurador. De esta resolución dará cuenta en el mismo día al Tribunal para que pueda acordar de inmediato, si la urgencia del caso lo aconsejare, los efectos a que se refiere el artículo 102 del Código Civil y lo que considere procedente en relación con la custodia de los hijos y uso de la vivienda y ajuar familiares. Contra esta resolución no se dará recurso alguno.
En el acto de la comparecencia a que se refiere el apartado anterior, si no hubiere acuerdo de los cónyuges sobre las medidas a adoptar o si dicho acuerdo, oído, en su caso, el Ministerio Fiscal, no fuera aprobado en todo o en parte por el tribunal, se oirán las alegaciones de los concurrentes y se practicará la prueba que éstos propongan y que no sea inútil o impertinente, así como la que el tribunal acuerde de oficio. Si alguna prueba no pudiera practicarse en la comparecencia, el Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) señalará fecha para su práctica, en unidad de acto, dentro de los diez días siguientes.
Finalizada la comparecencia o, en su caso, terminado el acto que se hubiere señalado para la práctica de la prueba que no hubiera podido producirse en aquella, el tribunal resolverá, en el plazo de tres días, mediante auto, contra el que no se dará recurso alguno. Los efectos y medidas acordados de conformidad con lo dispuesto en este artículo sólo subsistirán si, dentro de los treinta días siguientes a su adopción se presenta la demanda de nulidad, separación o divorcio.
b) Medidas provisionales durante la tramitación del proceso matrimonial (artículo 773)
El artículo 772 prevé que cuando se hubieren adoptado medidas con anterioridad a la demanda, admitida ésta, el Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) unirá las actuaciones sobre adopción de dichas medidas a los autos del proceso de nulidad, separación o divorcio, solicitándose, a tal efecto, el correspondiente testimonio, si las actuaciones sobre las medidas se hubieran producido en tribunal distinto del que conozca de la demanda (772.1). Sólo cuando el tribunal considere que procede completar o modificar las medidas previamente acordadas convocará a las partes a una comparecencia, que señalará el Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) y se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior. Contra el auto que se dicte no se dará recurso alguno.
En el caso de que no existan medidas provisionales previas habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 773 (medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda de nulidad, separación o divorcio):
1º El cónyuge que solicite la nulidad de su matrimonio, la separación o el divorcio podrá pedir en la demanda lo que considere oportuno sobre las medidas provisionales a adoptar, siempre que no se hubieren adoptado con anterioridad. También podrán ambos cónyuges someter a la aprobación del tribunal el acuerdo a que hubieren llegado sobre tales cuestiones. Dicho acuerdo no será vinculante para las pretensiones respectivas de las partes ni para la decisión que pueda adoptar el tribunal en lo que respecta a las medidas definitivas.
2º Admitida la demanda, el tribunal resolverá sobre las peticiones a que se refiere el apartado anterior y, en su defecto, acordará lo que proceda, dando cumplimiento, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 103 del Código Civil.
3º Antes de dictar el Tribunal la resolución a que se refiere el apartado anterior, el Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) convocará a los cónyuges y, en su caso, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia, que se sustanciará conforme a lo previsto en el artículo 771. Contra el auto que se dicte no se dará recurso alguno.
4º También podrá solicitar medidas provisionales el cónyuge demandado, cuando no se hubieran adoptado con anterioridad o no hubieran sido solicitadas por el actor, con arreglo a lo dispuesto en los apartados precedentes. La solicitud deberá hacerse en la contestación a la demanda y se sustanciará en la vista principal, cuando ésta se señale dentro de los diez días siguientes a la contestación, resolviendo el tribunal por medio de auto no recurrible cuando la sentencia no pudiera dictarse inmediatamente después de la vista. Si la vista no pudiera señalarse en el plazo indicado, el Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) convocará la comparecencia a que se refiere el apartado 3 de este artículo.
5º Las medidas provisionales quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que establezca definitivamente la sentencia o cuando se ponga fin al procedimiento de otro modo.
Se regulan en el artículo 774 con arreglo a las siguientes pautas:
a) En la vista del juicio, si no lo hubieren hecho antes, los cónyuges podrán someter al tribunal los acuerdos a que hubieren llegado para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio y proponer la prueba que consideren conveniente para justificar su procedencia.
b) A falta de acuerdo, se practicará la prueba útil y pertinente que los cónyuges o el Ministerio Fiscal propongan y la que el tribunal acuerde de oficio sobre los hechos que sean relevantes para la decisión sobre las medidas a adoptar.
c) El tribunal resolverá en la sentencia sobre las medidas solicitadas de común acuerdo por los cónyuges, tanto si ya hubieran sido adoptadas, en concepto de provisionales, como si se hubieran propuesto con posterioridad.
d) En defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, el tribunal determinará, en la propia sentencia, las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, disolución del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna.
e) Los recursos que, conforme a la ley, se interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieren acordado en ésta. Si la impugnación afectara únicamente a los pronunciamientos sobre medidas, se declarará por el Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) la firmeza del pronunciamiento sobre la nulidad, separación o divorcio.
La modificación de las medidas definitivas se prevé en el artículo 775 siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas (artículo 775.1). Estas peticiones se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 770. No obstante, si la petición se hiciera por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y acompañando propuesta de convenio regulador, regirá el procedimiento establecido en el artículo 777.
En el caso de la modificación de las medidas definitivas el art. 775 LEC ha sido modificado por la ley 42/2015, a cuyo tenor:
3. Las partes podrán solicitar, en la demanda o en la contestación, la modificación provisional de las medidas definitivas concedidas en un pleito anterior. Esta petición se sustanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 773
Los pronunciamientos sobre medidas, dice el artículo 776, se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el libro III de esta Ley, con las especialidades siguientes:
a) Al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de cantidad que le correspondan podrán imponérsele por el Secretario judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 711 y sin perjuicio de hacen efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no satisfechas.
b) En caso de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias de carácter personalísimo, no procederá la sustitución automática por el equivalente pecuniario previsto en el apartado tercero del artículo 709 y podrán, si así lo juzga conveniente el Tribunal, mantenerse las multas coercitivas mensuales todo el tiempo que sea necesario más allá del plazo de un año establecido en dicho precepto.
c) El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador podrá dan lugar a la modificación por el Tribunal del régimen de guarda y visitas.
d) Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el Tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto".

References: artículo 48
 artículo 138
 artículo 91
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 98
 artículo 769
 artículo 777
 artículo 777
 artículo 770
 artículo 405
 artículo 770
 artículo 777
 artículo 19
 artículo 777
 artículo 770
 resolución 
 artículo 778
 resolución 
 resolución 
 artículo 770
 resolución 
 artículo 102
 resolución 
 artículo 772
 artículo 773
 artículo 103
 resolución 
 artículo 771
 artículo 774
 artículo 775
 artículo 770
 artículo 777
 artículo 773
 artículo 776
 artículo 711
 artículo 709