Source: http://www.actualidadjuridicaambiental.com/legislacion-al-dia-castilla-y-leon-prevencion-ambiental/
Timestamp: 2017-08-20 00:22:31+00:00

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El primer bloque de las modificaciones afecta al Título I de la Ley 11/2003, de 8 de abril. Se modifican los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 y se añade un nuevo artículo 6 bis. A través de las mismas se puntualiza el objeto inicial de la ley. Se establecen nuevos supuestos de actividades o instalaciones excluidas del ámbito de aplicación de esta norma. Se añaden nuevas definiciones con una finalidad aclaratoria y se reforma la referida a las modificaciones de las instalaciones, ya que en el art. 6 bis se concretan los procedimientos de modificación sustancial y no sustancial.
Respecto a las modificaciones que se integran en el Título II de la Ley 11/2003, referido al régimen de autorización ambiental, se basan en la consecución de un triple objetivo. Por un lado, hacer posible la adaptación a la normativa básica estatal vinculada a la trasposición de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales; por otro, mejorar técnicamente la redacción de la ley; y, finalmente, agilizar y reducir al máximo los trámites administrativos necesarios.
Sobre esta base, se modifican los artículos 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. El contenido de estos artículos se acomoda a la nueva redacción dada a la Ley 16/2002, de 11 de julio, por la Ley 5/2013, de 11 de junio, así como al Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. En tal sentido, destacamos la mayor precisión que se ha dado a la documentación que debe presentar el titular de una actividad o instalación a los efectos de obtener la autorización ambiental; a la simultaneidad de trámites en lo referido a los informes que deben emitir los órganos competentes que deben intervenir en el procedimiento y al desarrollo del trámite de información pública. Resaltamos la modificación del apartado 2 del art. 11, en lo que se refiere al orden de concesión de la autorización ambiental. Se introduce como novedad que la licencia urbanística solo deba ser posterior al otorgamiento de la autorización ambiental en el caso de que la actividad vaya a llevarse a cabo en suelo rústico.
El siguiente grupo de modificaciones se concreta sobre el Título III, en el que se establece el régimen de licencia ambiental. En este título se modifican los artículos 24, 26, 27, 30, 31 y 32 y se suprimen los artículos 28 y 29. Una de las novedades más destacable, radica en la definición de las actividades o instalaciones que quedan sujetas al régimen de la licencia ambiental. Otro de los cambios es la exención general de la tramitación de las licencias ambientales a través de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo, con el objeto de evitar la duplicidad de trámites administrativos y reducir los tiempos de tramitación. Se aclara que las prescripciones que incorporen las licencias ambientales, necesarias para la protección del medio ambiente, deben establecer los valores límite de emisión y las medidas preventivas, de control o de garantía que sean precisas en el ámbito de las competencias municipales.
Por lo que afecta al Título IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, se modifican los artículos 34 y 35 fundamentalmente para ajustar la comunicación de inicio a la nueva normativa básica.
En este Título, se suprime el deber de renovación de la autorización ambiental a solicitud del titular una vez transcurridos ocho años desde su otorgamiento y se introduce el nuevo procedimiento de revisión de la autorización ambiental previsto en la normativa básica estatal en materia de prevención y control integrados de la contaminación. Además, se regula la revisión de oficio de las autorizaciones ambientales y de las licencias ambientales. Finalmente, se prevé la intervención administrativa en los casos de cese de la actividad sometida a autorización ambiental, con el fin de evitar la posibilidad de que permanezcan en su emplazamiento sustancias o elementos que supongan un riesgo para el medio ambiente o para las personas.
En relación con el Título VI de la Ley, referido a la evaluación de impacto ambiental, la modificación pretende integrar el trámite a aplicar en la Comunidad Autónoma con el establecido en la normativa básica estatal en dicha materia, en la que se establece un cauce procedimental común en todo el territorio nacional sobre el diseño de dos procedimientos: el ordinario y el simplificado. Con este objetivo se modifican los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55 y 56 y se suprimen los artículos 51 y 57.
Entre las novedades más relevantes en esta materia debe destacarse que se suprime el Anexo IV que recogía los proyectos de obras, instalaciones o actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental a los que se refiere el antiguo artículo 46.3, por entender que el catálogo de proyectos establecido en la normativa básica estatal en materia de evaluación de impacto ambiental, es suficientemente completo como para ser ampliado. El resto de modificaciones sobre evaluación de impacto ambiental pretenden acomodar a las particularidades organizativas y normativas de la Comunidad Autónoma determinados aspectos referidos a dicho procedimiento.
En esta línea, se aclara el ámbito competencial para dictar la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental en la Comunidad de Castilla y León; se regula la posibilidad de que la Junta de Castilla y León pueda excluir determinados proyectos del trámite de evaluación de impacto ambiental, se concreta cómo se debe iniciar, tramitar y finalizar la evaluación de impacto ambiental, la forma de establecer el régimen de la notificación y publicación de la declaración de impacto ambiental y del informe de impacto ambiental; así como la regulación de un procedimiento más concreto para la resolución de discrepancias.
El Título VII de la Ley 11/2003, de 8 de abril, referido al régimen de comunicación ambiental, también es objeto de modificación. El cambio esencial que se ha introducido y que se concreta en el Anexo V. Actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental, es que se someten a este régimen, además del listado de actividades e instalaciones que se relacionan en el Anexo V, las actividades o instalaciones que deben someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, que cuenten con una declaración de impacto ambiental favorable.
En lo tocante al Título IX de la Ley 11/2003, de 8 de abril, en el que se regulan los órganos colegiados en materia de prevención ambiental, se modifican los artículos 69 y 70 y se suprime el artículo 71 que queda sin contenido. El objeto de la modificación es acomodar las funciones de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio a la distribución competencial que se efectúa en materia de evaluación de impacto ambiental, a la tramitación de la autorización ambiental y, además, en el caso de las Comisiones Territoriales, a la nueva regulación del régimen de intervención de la licencia ambiental.
En relación al Título X de la Ley 11/2003, de 8 de abril, sobre el régimen sancionador, se modifican el artículo 74 en el que se añaden nuevos supuestos de infracción en línea con la normativa básica estatal y el artículo 84 en el que se determina el plazo de resolución de los procedimientos sancionadores tramitados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Concluye la modificación que lleva a cabo la presente ley, tal y como se ha determinado anteriormente, con la supresión del Anexo II. Actividades e instalaciones exentas de calificación e informe de las Comisiones de Prevención Ambiental y del Anexo IV. Proyectos de obras, instalaciones o actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 46.2, que quedan sin contenido, y con la modificación del Anexo I. Categorías de actividades o instalaciones contempladas en el artículo 10, del Anexo III. Proyectos de obras, instalaciones o actividades a los que se refiere el artículo 45.2 y del Anexo V. Actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental.
Respecto a las cinco disposiciones finales que componen esta norma, destacamos el contenido de la disposición final segunda, que contiene una remisión a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, a los efectos de su aplicación, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, a la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, y determina el órgano ambiental en esta materia en la Comunidad de Castilla y León. La disposición final tercera, con el objeto de determinar las explotaciones ganaderas que no estando sometidas al régimen de autorización ambiental pueden quedar sometidas al régimen de comunicación ambiental, prevé que la Junta de Castilla y León, mediante decreto, a iniciativa de la Consejería competente en materia de ganadería y de la Consejería competente en materia de medio ambiente, regule las condiciones ambientales mínimas que deberán cumplir las actividades o instalaciones ganaderas, en función de su situación, capacidad y demás características. La disposición final cuarta habilita a la Junta de Castilla y León para elaborar y aprobar un texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que venga a incluir en un único texto normativo todas las modificaciones de las que ha sido objeto la Ley 11/2003, de 8 de abril, a lo largo de su período de vigencia.
Entrada en vigor: 16 de noviembre de 2014
Al margen de las modificaciones relacionadas en el resumen de este comentario, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.
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References: artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 46
 resolución 
 artículo 71
 artículo 74
 artículo 84
 resolución 
 artículo 46
 artículo 10
 artículo 45