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Timestamp: 2019-06-24 14:12:51+00:00

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Sentencia de Tutela nº 041/18 de Corte Constitucional, 16 de Febrero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 705650893
ACCION DE REPARACION DIRECTA. PRUEBA DE CONCURRENCIA DE CULPAS. Se ataca una decisión judicial proferida al interior de un proceso de reparación directa iniciado en contra de la Policía Nacional, por el fallecimiento de la esposa del actor en un accidente de tránsito. En dicho fallo se concluyó la configuración de una concausa, esto es, una responsabilidad compartida entre la entidad y la víctima, toda vez que al ser atropellada por el vehículo oficial, aquella circulaba por la vía pública y no por la acera, en evidente trasgresión de las normas de tránsito. Según el peticionario, la autoridad judicial se equivocó al reconocer una indemnización del 50%, cuando procedía el 100%, en tanto su cónyuge no incidió en el hecho que ocasionó su muerte. Se alega la ocurrencia de los defectos fáctico y sustantivo, en su orden, por valoración de pruebas de manera arbitraria, caprichosa e irracional y, por indebida motivación. Se reiteran las reglas jurisprudenciales sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias judiciales y se analiza jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la concurrencia de culpas. La Corte concluye que las autoridades demandadas incurrieron en defecto fáctico por valoración contraria a las reglas de la sana crítica al encontrar probada la concausa, a pesar de concurrir elementos probatorios en el proceso de reparación directa que demostraban que la vía pública donde ocurrió el accidente, se encontraba dispuesta para el tránsito peatonal y por ende, la víctima no infringió las normas de tránsito, ni contribuyó de manera cierta en la causación del daño. Se CONCEDE. Recibo Relatoria:
Sentencia T-041/18
Referencia: Expediente T-6.312.452
Acción de tutela presentada por G.A.R.R. y otros, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
En el proceso de revisión de la sentencia proferida el 6 de julio de 2017 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que confirmó la dictada el 18 de mayo de 2017 por la Sección Cuarta de esa misma Corporación, dentro de la acción de tutela promovida por G.A.R.R. y otros contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
El asunto llegó a esta Corporación por remisión que hizo el Consejo de Estado, en virtud de lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. El 13 de octubre de 2017, la Sala número 10 de Selección de Tutelas de esta Corporación lo escogió para revisión.[1]
El 29 de marzo de 2017, G.A.R.R., A. de J.V.A., E.M., D.M. y N.C.R.B., así como Alba Lucia, G.A., N.A., Á.P., A.M., M.M. y R.E.B.V., a través de apoderado judicial, promovieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, al considerar vulnerado su derecho al debido proceso. Lo anterior, a raíz de la sentencia del 16 de noviembre de 2016, proferida por ese despacho judicial dentro del proceso de reparación directa que iniciaron contra la Policía Nacional por el fallecimiento de la señora L.E.B.V..
El señor G.A.R.R. explicó que dentro del proceso de reparación directa por el fallecimiento de su esposa, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó la configuración de una “concausa”, esto es, una responsabilidad compartida entre la Policía Nacional y la víctima, y por ello solamente concedió una indemnización del 50%, cuando debió reconocer el 100%, puesto que su esposa no incidió en el hecho que ocasionó su muerte.
Relató el accionante que el 31 de diciembre de 2010, se desplazaba junto con su esposa L.E.B. por las calles del municipio de Jardín (Antioquia), las cuales se encontraban cerradas por orden del Alcalde Municipal con ocasión de las festividades de fin de año[2].
Ese mismo día, la Policía Nacional recibió un llamado debido a una riña con heridos que se presentó en el sector por el cual transitaban la señora B. y su esposo. En esa medida, dicha institución desplazó personal al lugar de los hechos en una camioneta conducida por un patrullero de la institución. Una vez en el sector, dos agentes se dirigieron al punto exacto de la riña para atender la situación y quien se encontraba conduciendo la camioneta reversó para no ingresar en contravía y llegar al punto de ubicación del lesionado, maniobra en desarrollo de la cual atropelló a los señores G.A.R.R. y L.E.B.V., quien falleció en el incidente.
Por tal motivo, el 20 de enero de 2011, el accionante y sus familiares presentaron demanda de reparación directa contra la Policía Nacional[3], en la cual pretendían que se declarara administrativamente responsable a la Nación –Policía Nacional por los perjuicios materiales y morales causados, como consecuencia del fallecimiento de la señora L.E.B.V. en el accidente de tránsito del 31 de diciembre de 2010.
Con la demanda los accionantes presentaron algunas pruebas[4] y solicitaron, entre otras, i) la totalidad de los medios probatorios que conforman el proceso penal militar adelantado al patrullero de la Policía E.C. por homicidio culposo, ii) copia íntegra del proceso disciplinario que se adelantó contra el referido patrullero, iii) copia del registro que se adelantó en la Estación de Policía del accidente ocurrido el 31 de diciembre de 2010, y iv) testimonios de algunas personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos.
Admitida la demanda de reparación directa, se solicitaron y recibieron como pruebas i) copia de la investigación disciplinaria adelantada al patrullero[5], ii) copia del proceso penal llevado a cabo por el Juzgado 162 de Instrucción Penal Militar[6], iii) copia del archivo central del Comando de la Policía Distrito Andes[7], y iv) los testimonios de las personas mencionadas por los demandantes[8].
Trascurrido el proceso, el 14 de marzo de 2016 el Juzgado 32 Administrativo del Circuito de Medellín profirió sentencia de primera instancia[9] en la cual se declaró responsable a la Policía Nacional por el fallecimiento de la señora L.E.B.V., en los hechos acaecidos el 31 de diciembre de 2010. Para tal efecto, el a quo señaló que los perjuicios fueron ocasionados en el ejercicio de una actividad catalogada como peligrosa, esto es, la conducción de vehículos.
“ARTÍCULO 69. RETROCESO EN LAS VÍAS PÚBLICAS. No se deben realizar maniobras de retroceso en las vías públicas, salvo en casos de estacionamiento o emergencia.
Los vehículos automotores no deben transitar sobre las aceras y zonas de seguridad, salvo en el caso de entrada a garajes o sitios de estacionamiento, evento en el cual respetarán la prelación de los peatones que circulan por las aceras o andenes.”
“ARTÍCULO 62. RESPETO A LOS CONGLOMERADOS. Todo conductor de un vehículo deberá respetar las formaciones de tropas, desfiles, columnas motorizadas de fuerza pública, procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones públicas y actividades deportivas.”
Adicionalmente, señaló que en el asunto se presentó una concurrencia de culpas, lo cual lo habilitaba para reducir el quantum indemnizatorio (art. 2.357 Código Civil[10]), puesto que la víctima contribuyó de manera cierta y eficaz en la producción del hecho dañino. En esa medida, advirtió que en el asunto objeto de debate, la conducta desplegada por la víctima no era la única y exclusiva causa del daño, pero su comportamiento si incidió en la producción del hecho dañoso. En efecto, “la víctima en el momento de ser atropellada por el vehículo oficial, se encontraba circulando por la vía pública y no por la acera, es decir, desatendió las normas de tránsito y en concreto los artículos 57 y 58 del Código Nacional de Tránsito”[11].
La Policía Nacional presentó recurso de apelación y solicitó negar las pretensiones de la demanda, pues se encontraba acreditada la excepción de culpa exclusiva de la víctima.
La parte demandante también apeló. Para fundamentar el recurso, señaló que la indemnización de los daños y perjuicios debía concederse totalmente, en tanto no existió trasgresión de la norma de tránsito por parte de la víctima, pues existían “circunstancias especiales ese 31 de diciembre en el municipio de El Jardín”.[12]
El 16 de noviembre de 2016 el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de segunda instancia, en la cual confirmó el fallo del Juzgado 32 Administrativo del Circuito de Medellín.
Señaló que en el caso concreto existió una concurrencia de culpas, puesto que de acuerdo con los testimonios obrantes en el proceso, la víctima en el momento de ser atropellada por el vehículo oficial circulaba por la calle, lo que implica que “desatendió las normas de tránsito al desplazarse por la vía pública y no por los andenes, lo que si bien se explica por las festividades de fin de año y la gran concurrencia de personas en la calle Guayaquil, la cual ofrece una variada oferta comercial debió estar alerta y cautelosa al transitar por allí, pues ello mismo era una razón para procurar salvaguardar su vida, y no la exoneraba de sus deberes como ciudadana y peatón.” [13]
En contra de la decisión judicial del Tribunal Administrativo de Antioquia, los tutelantes, a través de apoderado judicial, presentaron esta acción constitucional por considerar que se incurrió en un defecto fáctico e indebida motivación, con base en los siguientes fundamentos:
Para sustentar su posición, el apoderado señaló que en el proceso se practicaron y recaudaron testimonios que señalaban que la vía pública donde ocurrió el accidente se encontraba cerrada por orden de la administración municipal. En particular refirió los testimonios de C.P.V. Colorado[14], G.E.H.F.[15], F.C.U.[16] y G.J.S.C.[17], quienes coincidieron en manifestar que la calle Guayaquil donde ocurrió el suceso se encontraba cerrada el 31 de diciembre de 2010.
Por otra parte, el apoderado señaló que la providencia recurrida incurrió en el defecto de indebida motivación. Para sustentar su posición, refirió que “los argumentos resultaron finalmente contradictorios, toda vez que en algunos apartes se determina la responsabilidad absoluta de la Administración, por reversar imprudentemente en una vía pública atestada de ciudadanos; pero a renglón seguido, también da por configurada la concausa por el comportamiento de la víctima”[18].
El Juzgado 32 Administrativo de Medellín[19] indicó que la acción de tutela no es procedente y que ese despacho no vulneró ningún derecho fundamental. Advirtió que se analizaron la totalidad de las pruebas obrantes en el proceso y razonablemente se concluyó la configuración de la concurrencia de culpas.
El Tribunal Administrativo de Antioquia[20] señaló que el fallo emitido en segunda instancia en el proceso de reparación directa no incurrió en ninguno de los supuestos que hacen procedente la acción de tutela contra sentencias judiciales. En efecto, precisó que es una providencia motivada tanto fáctica como jurídicamente. De igual forma, aseguró que la sentencia obedeció al análisis conjunto del material probatorio arrimado al expediente, lo cual permitió concluir que la víctima en el momento de ser atropellada por el vehículo oficial, circulaba por la vía pública y no por la acera, lo que sin duda comportaba una desatención de las normas de tránsito y en concreto de los artículos 57 y 58 del Código Nacional de Tránsito.
La Policía Nacional[21] manifestó que las providencias atacadas no incurrieron en defecto alguno, puesto que sí se configuró la concurrencia de culpas, dado el actuar imprudente e irresponsable de la víctima al infringir las normas de tránsito.
La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de julio de 2017, confirmó el fallo recurrido. En particular, concluyó que “la autoridad judicial demandada valoró todas las pruebas aportadas al proceso y que su análisis no fue irracional o arbitrario, porque los ciudadanos y peatones no se eximen de cumplir con sus deberes de cuidado para la salvaguarda de sus vidas por las decisiones adoptadas por la administración, como los cierres de la vía pública, más aun cuando se encuentran en lugares muy concurridos y ante la presencia de una situación de orden público que ameritaba la atención inmediata de la Policía Nacional, por cuanto se presentó una riña en el sector que demandaba la intervención de la fuerza pública.”
Los accionantes presentaron demanda de reparación directa contra la Policía Nacional para buscar el resarcimiento de los daños materiales y morales causados por el fallecimiento de la señora L.E.B.V. en un accidente de tránsito ocurrido, el 31 de diciembre de 2010.
El Juzgado 32 Administrativo de Medellín manifestó que la acción de tutela no es procedente y que ese despacho no vulneró ningún derecho fundamental. Advirtió que se analizaron la totalidad de las pruebas obrantes en el proceso y razonablemente se concluyó la configuración de la concurrencia de culpas. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia aseguró que su providencia obedeció al análisis conjunto de los materiales probatorios incorporados al expediente, los cuales permitieron concluir que la víctima en el momento de ser atropellada por el vehículo oficial, circulaba por la vía pública y no por la acera, lo que sin duda comportaba una desatención de las normas de tránsito y una contribución cierta y eficaz en la producción del hecho dañino.
De acuerdo a los antecedentes reseñados, la Sala de Revisión debe dar solución a los siguientes problemas jurídicos:
De resultar habilitada para el estudio de fondo en este caso concreto, en segundo lugar, se debe establecer si ¿el derecho al debido proceso de los accionantes fue vulnerado por el Juzgado 32 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, al disminuir en un cincuenta por ciento (50%) el monto de la indemnización reconocida a su favor, bajo el supuesto de haberse acreditado una concurrencia de culpas en el incidente que ocasionó la muerte de la señora L.E.B.V.?
En desarrollo de este precepto, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 previeron la posibilidad de que cuando los jueces emitieran decisiones que vulneraran garantías fundamentales, las mismas fueran susceptibles de control por vía de tutela. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-543 de 1992[25] declaró la inexequibilidad de los referidos artículos. En ese fallo la Corte precisó que permitir el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales, transgredía la autonomía y la independencia judicial y contrariaba los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
No obstante en tal declaración de inexequibilidad, esta Corporación también estableció la doctrina de las vías de hecho, mediante la cual se plantea que la acción de tutela sí puede ser invocada contra una providencia judicial, cuando ésta es producto de una manifiesta situación de hecho, creada por actos u omisiones de los jueces, que implica la trasgresión o amenaza de un derecho fundamental. En esa medida, a partir de 1992 se permitió la procedencia de la acción de tutela para atacar, por ejemplo, sentencias que se hubieran basado en normas inaplicables, proferidas con carencia absoluta de competencia o bajo un procedimiento ajeno al fijado por la legislación vigente. Tales vías de hecho fueron identificándose caso a caso[26].
Más adelante, esta Corte emitió la sentencia C-590 de 2005[27], en la que la doctrina de las vías de hecho fue replanteada en los términos de los avances jurisprudenciales que se dieron en ese interregno. En dicho fallo, la Corte diferenció dos tipos de requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, así: i) requisitos generales de procedencia, con naturaleza procesal y ii) causales específicas de procedibilidad, de naturaleza sustantiva.
La Corte en la sentencia C-590 de 2005 buscó hacer compatible el control por vía de tutela de las decisiones judiciales, con los principios de cosa juzgada, independencia y autonomía judicial y seguridad jurídica. Por ello estableció diversas condiciones procesales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, que deben superarse en su totalidad, a fin de avalar el estudio posterior de las denominadas causales especiales.
7.2. El deber de agotar todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance del afectado, guarda relación con la excepcionalidad y subsidiariedad de la acción de tutela, pues de lo contrario ella se convertiría en una alternativa adicional para las partes en el proceso. Esta exigencia trae consigo la excepción consagrada en el artículo 86 Superior, que permite que esa exigencia pueda flexibilizarse cuando se trata de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
Enunciados los anteriores requisitos es necesario que esta S. identifique si en el caso concreto se cumplen o no.
Frente a las causales especiales de procedibilidad, esta Corporación ha emitido innumerables fallos[28] en los cuales ha desarrollado jurisprudencialmente los parámetros a partir de los cuales el operador jurídico pueda identificar aquellos escenarios en los que la acción de tutela resulta procedente para controvertir los posibles defectos de las decisiones judiciales, para con ello determinar si hay o no lugar a la protección, excepcional y restrictiva, de los derechos fundamentales por vía de la acción de tutela[29].
· Desconocimiento del precedente que se configura cuando por vía judicial se ha fijado un alcance sobre determinado tema, y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos casos eventos, la acción de tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental a la igualdad.
En el caso sub examine se alegan la causales referentes al defecto fáctico y la indebida motivación, por tanto, esta S. efectuará una breve caracterización de tales asuntos, a fin de viabilizar el estudio del caso concreto.
Desde sus inicios esta Corte estableció que los jueces de conocimiento tienen amplias facultades para efectuar el análisis del material probatorio en cada caso concreto[30]. Por ello, esta Corporación determinó que cuando se alega un error de carácter probatorio, la evaluación de la providencia judicial por parte de un juez de tutela, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial[31].
No obstante, tal poder debe estar inspirado en los principios de la sana crítica, atender necesariamente criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario, el margen de apreciación del juez sería entendido como arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría dejar sin efectos la providencia atacada[32].
Esta Corporación estableció, en su múltiple jurisprudencia, que el defecto fáctico se configura cuando: i) existe una omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; ii) se verifica una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) no se valora en su integridad el material probatorio. Así mismo, esta Corte puntualizó que el defecto estudiado tiene dos dimensiones, una positiva[33] y otra negativa[34].
11.1. La primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración por “completo equivocada”, o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello. Esta dimensión implica la evaluación de errores en la apreciación del hecho o de la prueba que se presentan cuando el juzgador se equivoca: i) al fijar el contenido de la misma, porque la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica y hace que produzca efectos que objetivamente no se establecen de ella; o ii) porque al momento de otorgarle mérito persuasivo a una prueba, el juez se aparta de los criterios técnico-científicos o los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir, no aplica los principios de la sana crítica, como método de valoración probatoria[35].
Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado y/o juez puedan analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas[36].
En la doctrina, se denomina sana crítica al conjunto de reglas que el juez observa para determinar el valor probatorio de la prueba. Estas reglas no son otra cosa que el análisis racional y lógico de la misma. Es racional, por cuanto se ajusta a la razón o el discernimiento humano. Es lógico, por enmarcarse dentro de las leyes del conocimiento. Dicho análisis se efectúa por regla general mediante un silogismo, cuya premisa mayor la constituyen las normas de la experiencia y la menor, la situación en particular, para así obtener una conclusión[37].
En esa medida, el sistema de la libre apreciación o de sana crítica, faculta al juez para valorar de una manera libre y razonada el acervo probatorio, en donde el juez llega a la conclusión de una manera personal sin que deba sujetarse a reglas abstractas preestablecidas[38]. La expresión sana crítica, conlleva la obligación para el juez de analizar en conjunto el material probatorio para obtener, con la aplicación de las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que corresponda[39].
Por su parte, las máximas de la experiencia son aquellas reglas de la vida y de la cultura general formadas por inducción, que constituyen una vocación espontánea o provocada de conocimientos anteriores y que se producen en el pensamiento como nutrientes de consecutivas inferencias lógicas[40]. Una máxima de experiencia por definición es una conclusión empírica fundada sobre la observación de lo que ocurre comúnmente, es decir, un juicio hipotético de contenido general, sacado de la experiencia y tomado de las distintas ramas de la ciencia.
11.2. En cuanto a la segunda dimensión del defecto fáctico, la negativa, se produce cuando el juez omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no decreta su práctica sin justificación alguna. Esta dimensión comprende las omisiones en la apreciación de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[41]. Sobre el particular esta Corte expuso:
“El juez, en el ejercicio de su facultad de valoración, deja de apreciar una prueba fundamental para la solución del proceso, ignora sin razones suficientes elementos probatorios cruciales o, simplemente, efectúa un análisis ostensiblemente deficiente e inexacto respecto del contenido fáctico del elemento probatorio.”[42]
Bajo este marco, el defecto fáctico ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como aquel que surge o se presenta por omisión en el decreto y la práctica de las pruebas; la no valoración del acervo probatorio y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica[43]. Por último, la Corte también lo ha llegado a derivar de problemas intrínsecos relacionados con los soportes probatorios[44].
Decisión sin motivación
La necesidad de que las decisiones de los jueces estén plenamente sustentadas en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de estudio, condujo a que la ausencia de motivación de la decisión judicial se convirtiera en una causal independiente de procedibilidad de la tutela contra sentencias, tras ser valorada, en varias ocasiones, como una hipótesis de defecto sustantivo o material.
La sentencia C-590 de 2005[45] dio un paso en esa dirección al reiterar que la decisión sin motivación es uno de los vicios que hacen procedente la tutela contra sentencias y relacionarlo con el “incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”.
Posteriormente, la sentencia T-233 de 2007[46] precisó las pautas a las que se supedita el examen de la configuración del referido defecto. El fallo advirtió que la ausencia de motivación no se estructura ante cualquier divergencia con el razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto, porque el respeto del principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se inmiscuya en meras controversias interpretativas. Su competencia, ha dicho la Corte, “se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad”.[47]
Por otra parte, la jurisprudencia ha determinado que no corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad judicial accionada, sino señalar que la providencia atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitima como tal.[48]
Ahora bien, por ser pertinente para la solución del presente asunto, es importante referirse a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la concurrencia de culpas.
Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la concurrencia de culpas
Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 2357 del Código Civil[49], la jurisprudencia del Consejo de Estado ha entendido que cuando la víctima ha propiciado de manera parcial con su conducta, activa u omisiva, el resultado dañino, lo procedente es la reducción de la indemnización del daño en el porcentaje en el que su actuar haya sido determinante para su producción.
“Es necesario que el comportamiento de quien sufre el daño contribuya cierta y eficazmente en su producción, esto es, que su conducta se constituya en una de las causas adecuadas o determinantes del resultado dañoso. Es plausible afirmar que para establecer un nexo causal entre el daño y la conducta de la víctima, esta debe ser determinante, en términos reales, en el resultado dañoso, sin que para ello puedan alegarse infracciones al deber ser que, si bien pueden resultar reprochables, nada tienen que ver con la producción del daño, luego, al juez de la responsabilidad le corresponde analizar detalladamente las circunstancias en las que este se produjo para así determinar cuál o cuáles de ellas contribuyeron de manera adecuada y eficaz en el resultado lesivo y, en consecuencia, conforme al nexo causal, la responsabilidad total o parcial de lo acontecido.”[50]
En sentencia del 24 de mayo de 2012[51], la Sección Tercera declaró la concurrencia de culpas entre el Municipio de Popayán y la víctima de un accidente de tránsito, pues si bien la causa del mismo fue por ausencia de iluminación, falta de mantenimiento de la vía y de avisos de peligro, la víctima infringió el deber objetivo de cuidado inherente a la conducción de vehículos, dado que su conducta imprudente e irresponsable, al manejar en estado de embriaguez, contribuyó con la causación del daño. En esa oportunidad, el fallador disminuyó el monto de la indemnización en un 50%.
Del mismo modo, en sentencia del 11 de julio de 2012[52], la Sección Tercera destacó la participación de la víctima en la generación del daño ocasionado en un accidente en la ciudad de Cali. En efecto, el accidente en el que perdió la vida la víctima se debió a la falta de funcionamiento de los semáforos ubicados en el lugar de la colisión y a la ausencia de personal de tránsito que controlara la situación en el lugar de los hechos. No obstante, anotó que el comportamiento del motociclista también incidió en el resultado dañoso, puesto que no tomó las precauciones correspondientes para cruzar la vía, cuando esa era su obligación, porque la vía por la que transitaba no gozaba de prelación y, por lo mismo, estaba obligado a realizar el pare.
En sentencia del 3 de diciembre de 2014[53], el Consejo de Estado declaró la concurrencia de culpas entre la Policía Nacional y la víctima, quien fue arrollada por una motocicleta que excedió el límite de velocidad y en la que se transportaban dos agentes de la Policía. Al respecto, esa Corporación estimó que las lesiones sufridas también eran atribuibles a la lesionada, pues en el momento del accidente trató de atravesar la vía por un sitio diferente al establecido para el cruce de la misma. De la indemnización concedida se rebajó el 50% por la culpa concurrente de la víctima.
En sentencia del 20 de febrero de 2014[54], la Sección Tercera reconoció la existencia de una concausa en el asunto debatido, pues si bien existió responsabilidad del departamento del Valle del Cauca por omisión del mantenimiento de las vías, la víctima infringió las normas del Código Nacional de Tránsito, pues las bicicletas tienen prohibido transitar por aceras o andenes. Además, no se acreditó que la víctima cumpliera con la obligación que le imponía el artículo 53 del referido código para transitar en horas de la noche, consistente en llevar dispositivos en la parte delantera que proyectaran luz blanca y en la parte trasera que reflejaran luz roja. En esta ocasión, el porcentaje de concurrencia atribuible a la víctima fue del 50%.
Al respecto, la Sección concluyó que “(…) estos comportamientos imprudentes no tuvieron en cuenta los riesgos que de los mismos se desprendían, los cuales, sin lugar a dudas, contribuyeron de manera determinante a la producción del hecho dañoso que se debate en el presente asunto. En este estado de cosas, el acervo probatorio da cuenta de que, si bien se acreditó que la vía no tenía señalización ni iluminación y que el hueco al que cayó la víctima no tenía tapa (circunstancias que no permiten liberar de responsabilidad a la entidad demandada por los hechos que se le imputan), éstas no fueron las únicas causas determinantes del accidente, puesto que –se insiste- fueron los comportamientos de la propia víctima los que condujeron en mayor medida a la producción del daño, ya que este último, quien ya conocía la vía, puesto que la recorría con cierta frecuencia, se encontraba por fuera de la calzada por la que debía transitar, incumpliendo las normas de tránsito vigentes al momento de los hechos. Entonces, lo que aquí se configuró fue una concurrencia de culpas, entendida ésta como la omisión de una obligación de la Administración, consistente en mantener en buen estado de funcionamiento, señalización e iluminación sus vías, sumada a la conducta imprudente y negligente de la víctima que, en mayor medida, contribuyó para causar o producir el hecho dañoso.”
En el mismo sentido, mediante sentencia del 23 de septiembre de 2015[55], se declaró la concurrencia de culpas entre el Municipio de Armenia y la víctima de un accidente de tránsito. Al respecto, la Sección destacó que el municipio incumplió su obligación de mantener en estado de uso adecuado las vías públicas dentro del perímetro urbano de su jurisdicción y la víctima desatendió una orden de la administración, que consistía en una restricción de circulación de motocicletas para la hora y el día en que ocurrió el accidente. En esa oportunidad, el fallador disminuyó el monto de la indemnización en un 50%.
Por último, en sentencia del 27 de enero de 2016[56], la Sección Tercera encontró probada la concurrencia de culpas entre el Municipio de Chiriguaná y la víctima del accidente. En ese sentido, señaló que ese municipio tenía la obligación de instalar la señal reglamentaria de “PARE” en el lugar en donde ocurrió el accidente, dado que se trataba de la intersección de dos vías, donde la prelación no estaba definida o en donde la combinación de altas velocidades hacía necesario detener el vehículo completamente para evitar accidentes. No obstante lo anterior, la Sala encontró que se configuró la concausa, en razón a que la víctima asumió el riesgo de conducir la motocicleta sin portar el casco de protección exigido por el ordenamiento jurídico con el fin de proteger su vida y salud[57]. De la indemnización concedida se rebajó el 50% por la culpa concurrente de la víctima.
En síntesis, sobre la teoría de la concurrencia de culpas, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que el comportamiento de la víctima, que habilita al juzgador para reducir la indemnización, es aquel que contribuye de manera cierta y eficaz en la producción del hecho dañino, es decir, es el que se da cuando la conducta de la persona agraviada participa en el desenlace del resultado. En esa medida, la reducción del daño resarcible ha sido aplicada por el Consejo de Estado, en casos de responsabilidad del Estado por accidentes de tránsito, cuando la víctima: i) se encontraba en estado de embriaguez, ii) no portaba el casco, iii) no atravesaba la vía por el sitio demarcado para tal fin y/o, iv) en general no cumplió el deber de cuidado al desconocer las normas de tránsito reguladas por la Ley.
Precisamente sobre la acreditación de la concurrencia de culpas es que se presenta el debate en este caso, por ello, establecidas estas breves consideraciones pasa esta Sala a dar solución al caso concreto.
Dado que se verificó que la tutela de la referencia cumple los requisitos generales exigidos a este tipo de acciones, a continuación la Sala abordará el fondo de las decisiones judiciales acusadas, para indagar si en ellas se configuraron las causales específicas de procedencia material de la acción constitucional invocada por los accionantes. Para el efecto, la Sala comenzará con el estudio del “defecto fáctico” que se propuso en el escrito de tutela.
La acción de tutela de la referencia cuestiona el análisis probatorio efectuado en el proceso contencioso administrativo de reparación directa. En las decisiones proferidas por los juzgadores de instancia, se declaró la configuración de la concurrencia de culpas, esto es, una responsabilidad compartida entre la Policía Nacional y la víctima, puesto que ella contribuyó de manera cierta y eficaz en la producción del hecho dañino. En efecto, al momento de ser atropellada por el vehículo oficial, la señora B.V. circulaba por la vía pública y no por la acera, en evidente contradicción de las normas de tránsito. En particular, del artículo 58 del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), que prevé lo siguiente:
“Art. 58. Prohibiciones a los peatones. Los peatones no podrán:
Testimonio de C.P.V. Colorado[58]
“PREGUNTA: Conoce usted cuál es el sentido de la calle 9 o sector Guayaquil. CONTESTÓ: es contravía dirigiéndose hacia el parque // PREGUNTA: M. si lo sabe, si para momentos previos a la ocurrencia del accidente había tránsito vehicular o no por la vía en la que ocurrió el accidente. CONTESTÓ: No había. Al momento del accidente el único carro que vi fue el de la Policía”.
Testimonio de A.R.G.[59]
Testimonio de G.E.H.F.[60]
Testimonio de H.F.C.U.[61]
Testimonio del Policía G.J.S.C.[62]
“…por necesidad del servicio el señor patrullero C.S.A. tomó el vehículo y nos dirigimos de manera inmediata a bajar por la Cra. 6, ya que las vías del parque principal se encontraban cerradas…”.
Con base en lo visto en precedencia, es preciso que esta S. analice las actuaciones de los funcionarios judiciales acusados de incurrir en defecto fáctico, a fin de establecer o no la configuración de la causal específica de procedencia de esta acción constitucional.
En efecto, el Juzgado 32 Administrativo de Medellín en la providencia del 14 de marzo de 2016 refirió como medios probatorios de la concurrencia de culpas los testimonios de Gloria Estela Henao Franco, C.P.V.C., H.F.C.U. y G.J.S.C., entre otros.
Asimismo, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia del 16 de noviembre de 2016 identificó como medios probatorios de la concausa los testimonios de las señoras Gloria Estela Henao Franco y C.P.V.C.. Además, el Tribunal se refirió en esa providencia al oficio suscrito por el Inspector Municipal de Policía de Jardín, mediante el cual certificó que “todos los accesos al parque principal estaban cerrados para esa noche.”
Ahora bien, es preciso señalar que esos mismos medios probatorios (testimonios) revelaban que para el día del accidente la calle Guayaquil, donde ocurrió el mismo, se constituía en una vía principal de acceso al parque y estaba cerrada para circulación vehicular por orden de la administración. Además, el croquis del accidente (prueba documental), que reposaba en el expediente contentivo del proceso penal militar que se siguió contra el patrullero E.C.S., también revelaba de manera evidente que la calle Guayaquil conduce al parque principal y, en consecuencia, el 31 de diciembre de 2010 se encontraba habilitada sólo para uso peatonal. Esto conforme a la certificación del Inspector Municipal de Policía de Jardín, que daba fe de ese hecho.
Bajo ese contexto, y en atención a los medios de prueba puestos de presente, la Sala se aparta de lo considerado por el Juzgado 32 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto declararon la concausa en el asunto. La decisión de reducir el monto indemnizatorio por considerar que existió concurrencia de culpas, indudablemente, comporta un defecto fáctico por incorrecta valoración probatoria.
Estima la Sala que ni el J. ni los Magistrados evaluaron el material probatorio en atención a las reglas de la sana crítica, pues resulta abiertamente arbitrario y caprichoso que los jueces analicen los testimonios y el oficio del Inspector de Policía para determinar que la víctima se encontraba caminando por la vía vehicular cuando ocurrió el accidente, pero descartan lo que los mismos establecen sobre el cerramiento de dicha vía para uso vehicular. En otras palabras, el acervo probatorio daba cuenta sin dubitación del cerramiento de las vías de acceso al parque principal de Jardín, en razón de las festividades de fin de año allí adelantadas. Este aspecto debió ser analizado por los jueces contenciosos, en particular respecto de su incidencia con el grado de responsabilidad imputable a la víctima de la conducta antijurídica adelantada por los agentes estatales, pues constituía la explicación de la conducta de la víctima.
Al respecto, es importante precisar que el juez bajo las reglas de la sana crítica, debe valorar el contexto en el que ocurrieron los hechos objeto de investigación. Sobre este punto, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:
“La prueba judicial es, por esencia, un medio procesal, cuya función principal es ofrecer al juzgador información fiable acerca de la verdad de los hechos en litigio. Es decir, la prueba le permite al juez adoptar una decisión fundada en la realidad fáctica del proceso. Una vez conformado el conjunto de elementos de juicio que se aportaron al proceso para demostrar los hechos en que se fundan la demanda y la contestación, el juzgador tiene el deber de establecer la conexión final entre los medios de prueba presentados y la verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos en litigio, esto es, al juez le corresponde darles el valor que en derecho corresponda. Empero, el razonamiento o valoración que hace el juez sobre los medios de prueba no están atados a reglas abstractas o de tarifa legal, pues el sistema procesal colombiano prevé el principio de la libre valoración de la prueba, salvo las solemnidades que se requieran para demostrar ciertos hechos. Lo anterior quiere decir que es el juez, mediante una valoración libre, discrecional y bajo las reglas de la sana crítica, es el encargado de determinar el valor de cada medio de prueba.”[63]
Con base en lo expuesto, es razonable sostener que el hecho de ordenar mantener cerradas las vías vehiculares por las festividades[64], generó una confianza en los asociados en cuanto a que se cumplía con mínimas condiciones de seguridad que las hacían transitables. En esa medida, el análisis sobre la responsabilidad del Estado y la presunta existencia de concausa debió adelantarse bajo el supuesto, según el cual, resultaría desproporcionado afirmar que la víctima desatendió las normas de tránsito que la obligaban a circular por los andenes.
En efecto, en el proceso se practicaron y recaudaron testimonios que señalaban que la vía pública donde ocurrió el accidente se encontraba cerrada por orden de la administración municipal, entre los cuales se destacan, los testimonios de C.P.V. Colorado[65], G.E.H.F.[66], F.C.U.[67] y G.J.S.C.[68], quienes coincidieron en manifestar que la calle Guayaquil donde ocurrió el suceso se encontraba cerrada el 31 de diciembre de 2010.
De acuerdo con jurisprudencia de esta Corporación, las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado y/o juez pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.
En esa medida, la experiencia y la lógica enseñan que, en circunstancias como estas, donde se cierra una vía para restringir la circulación de vehículos y permitir que la comunidad lleve a cabo una celebración decembrina, las personas que acuden a la fiesta no faltan al deber de cuidado frente al tránsito vehicular. La violación al deber de cuidado objetivo debe evaluarse siempre dentro de un ámbito circunstancial, razón por la cual, una consecuencia necesaria y lógica de la valoración probatoria en este caso, era concluir que la señora B.V. no infringió la norma de tránsito. Caso que no es análogo a los referidos en los fundamentos jurídicos 14 a 21 de esta providencia, porque el 31 de diciembre de 2010 en la calle Guayaquil del municipio de Jardín, el Código de Tránsito debía interpretarse en concordancia con la orden de la autoridad municipal.
En consecuencia, la Sala encuentra que la evaluación probatoria realizada por los despachos judiciales accionados fue contraevidente, puesto que desatendió los principios de la lógica que está obligado a seguir el juez en su valoración probatoria fundada en la “sana crítica”. El Juzgado y el Tribunal no observaron que concurrían elementos probatorios para concluir que la infracción de tránsito no se presentó porque, tal como consta en los testimonios y en el informe del Inspector de Policía, las vías se encontraban cerradas para tránsito vehicular y si estaban habilitadas para uso peatonal.
En conclusión, las autoridades judiciales incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues no tuvieron en cuenta que la vía pública donde ocurrió el accidente se encontraba cerrada y peatonalizada. La valoración lógica de los hechos muestra que el actuar de la víctima no contribuyó de manera cierta y eficaz en la producción del hecho dañino.
En el asunto objeto de estudio, existen razones de peso para inferir que la víctima no desatendió la norma de tránsito que la obligaba a circular por los andenes. Como se dijo anteriormente, la experiencia demuestra que en las condiciones narradas, el comportamiento de la víctima consistente en caminar por la zona vehicular era el esperado, pues en su fuero interno existía la plena confianza de poder hacerlo, situación que fue creada por el Estado, al permitir el cierre de la vía para el tránsito de los peatones. En esa medida, la señora B.V. se encontraba en uso lícito de la vía, no podía tener el control de lo ocurrido a sus espaldas, y además el vehículo oficial realizó la maniobra de retroceso de forma rápida y no tenía encendidas las luces de emergencia ni la sirena.
Por último, en la medida en que el defecto fáctico encontrado genera el resultado esperado por los accionantes, esto es, que se deje sin efectos el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia para que se efectué la valoración probatoria dentro de la sana critica, estima la Sala que no es pertinente realizar el análisis sobre la existencia del defecto por indebida motivación.
(i) G.A.R.R. y otros presentaron demanda de reparación directa contra la Policía Nacional para buscar el resarcimiento de los daños materiales y morales causados por el fallecimiento de la señora L.E.B.V. en un accidente de tránsito ocurrido el 31 de diciembre de 2010. En dicho proceso se accedió a las pretensiones en primera y segunda instancia. Sin embargo, el Juzgado 32 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia solamente concedieron una indemnización de perjuicios del 50%. Lo anterior, debido a la configuración de una concausa, esto es, una responsabilidad compartida entre la Policía Nacional y la víctima, puesto que ella contribuyó de manera cierta y eficaz en la producción del hecho dañino. En efecto, al momento de ser atropellada por el vehículo oficial circulaba por la vía pública y no por la acera, en evidente transgresión de las normas de tránsito.
Por ello, la Sala declara que el Juzgado 32 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrieron en defecto fáctico por valoración contraria a las reglas de la sana crítica, al encontrar probada la concausa, a pesar de concurrir elementos probatorios en el proceso de reparación directa, lo cuales demuestran que la vía pública donde ocurrió el accidente se encontraba dispuesta para el tránsito peatonal, y por ende, la señora L.E.B.V. no infringió las normas de tránsito ni contribuyó de manera cierta en la causación del daño.
A su vez la Sala de Revisión, ordenará al Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera un nuevo fallo en el que se tenga en cuenta todas las consideraciones de esta providencia. Con tal fin, ordenará remitir a dicho Tribunal el expediente Nº 05001-33-31-008-2011-00460-00, contentivo del proceso contencioso administrativo, iniciado por G.A.R.R. y otros contra la Policía Nacional.
PRIMERO.- REVOCAR los fallos proferidos por las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, los días 18 de mayo y 6 de julio de 2017, respectivamente, mediante los cuales se negó el amparo solicitado.
SEGUNDO.- En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de G.A.R.R. y otros. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia dictada en segunda instancia, el 16 de noviembre de 2016, por el Tribunal Administrativo Antioquia dentro del proceso de reparación directa, promovido por el accionante y otros contra la Policía Nacional.
TERCERO.- ORDENAR Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera un nuevo fallo en el que se tenga en cuenta todas las consideraciones de esta providencia.
CUARTO.- REMITIR al Tribunal Administrativo de Antioquia el expediente Nº 05001-33-31-008-2011-00460, contentivo del proceso contencioso administrativo, iniciado por G.A.R.R. y otros contra la Policía Nacional.
QUINTO.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que remita copia de la nueva sentencia a esta Sala de Revisión de Tutelas, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.
[1] Integrada por los Magistrados D.F.R. y A.J.L.O..
[2] Folio 12 cd. Inicial.
[3] Folios 37 a 89 ib.
[4] Registros civiles de los demandantes, fotografías del vehículo oficial, copia auténtica de una parte del proceso penal tramitado ante la Justicia Penal Militar, certificación expedida por la Procuraduría Judicial Administrativa de Medellín.
[5] Folios 400 a 613 del cuaderno Nº 3 del expediente contentivo del proceso de reparación directa.
[6] Folios 1 a 174 del cuaderno Nº 2 del expediente contentivo del proceso de reparación directa.
[7] F. 225 del cuaderno principal del expediente contentivo del proceso de reparación directa.
[8] Folios 232 a 257 ib.
[9] Folios 90 a 114 cd. Inicial.
[10] “Artículo 2357. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.
[11] “ARTÍCULO 57. CIRCULACIÓN PEATONAL. El tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo.
de vehículos en movimiento.
o bajarse de los vehículos, estando éstos en movimiento, cualquiera que sea la operación o maniobra que estén realizando.
Transitar por los túneles, puentes y viaductos de las vías férreas.”
[12] F. 15 del cuaderno principal del expediente contentivo del proceso de reparación directa.
[13] Folios 139 cd. Inicial.
[14] F. 138 del cuaderno principal del expediente contentivo del proceso de reparación directa.
[15] Folio 241 ib.
[16] Folio 255 ib.
[17] Folio 4 del cuaderno correspondiente al proceso disciplinario adelantado contra el patrullero E.A.C., el cual obró como prueba documental del proceso de reparación directa.
[18] Folio 20 ib.
[19] Folios 156 a 158 ib. Respuesta presentada el 20 de abril de 2017, por la Juez 32 Administrativa del Circuito de Medellín.
[20] Folios 161 a 163 ib. Respuesta presentada el 19 de abril de 2017, por una Magistrada del Tribunal.
[21] Folios 167 a 170 ib. Respuesta presentada el 21 de abril de 2017, por el S. General (Coronel) de la Policía Nacional.
[22] Folios 175 a 181. C.P.J.O.R.R..
[23] Folios 188 a 196 ib.
[24] Folios 208 a 213 ib. C.P.C.E.M.R..
[25] Corte Constitucional, M.P.J.G.H.G.
[26] Al respecto ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-159 de 2002 y T-522 de 2001, en ambas M.P.M.J.C.E.; T-462 de 2003 y T-1031 de 2001, en ambas M.P.E.M.L. y T-1625 de 2000, M.P.M.V.S.M..
[27] M.P.J.C.T.. En este fallo se declaró inexequible una expresión del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía el ejercicio de cualquier acción, incluida la tutela, contra las sentencias proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[28] Corte Constitucional, ver entre muchas otras las sentencias T-620 de 2013, M.P.J.I.P.P.; T-612 de 2012, M.P.H.A.S.P.; T-584 de 2012, M.P.L.E.V.S.; T-661 de 2011, M.P.J.I.P.P.; T-671 de 2010; , M.P.J.I.P.C.; T-217 de 2010, M.P.G.E.M.M.; T-949 de 2009, M.P.M.G.C.; T-555 de 2009, M.P.L.E.V.S.; T-584 de 2008, M.P.H.A.S.P.; T-796 de 2008, M.P.C.I.V.H.; T-233 de 2007, M.P.M.G.M.C.; T-1027 de 2006, M.P.M.G.M.C.; T-812 de 2005, M.P.R.E.G.;
[29] Corte Constitucional, T-419 de 2011, M.P.G.E.M.M.; T-1257 de 2008, M.P.N.P.P..
[30] La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, M.P.E.C.M., determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
[31] Corte Constitucional, ver entre otras, las sentencias T-231 de 1994, M.P.E.C.M.; T-442 de 1994, M.P.A.B.C.; T-008 de 1998, M.P.E.C.M.; T-025 de 2001, M.P.E.M.L.; SU-159 de 2002, M.P.M.J.C.E.; T-109 de 2005, M.P.M.G.M.C.; T-264 de 2009, M.P.L.E.V.S.; T-114 de 2010, M.P.M.G.C., SU-198 de 2013, M.P.L.E.V.S.. En ésta última se indicó expresamente: “la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez de conocimiento es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por los principios de autonomía judicial y del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio”.
[32] Ver sentencia T-442 de 1994, M.P.A.M.C.. Allí se indicó: “si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…, dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.”
[33] Cfr., entre otras, Corte Constitucional SU-159 de 2002, precitada.
[34] Cfr., entre otras, Corte Constitucional T-442 de 1994 y SU-159 de 2002, precitadas.
[35] Estos errores han sido nombrados por la Corte Suprema de Justicia como falso juicio de identidad y falso raciocinio.
[36] Sentencia C-622 de 1998, M.P.F.M.D..
[37] A.C., J.. Manual de Derecho Procesal civil, Teoría General del Proceso, Tomo VI. Editorial Temis, Bogotá, 2015. Página 66.
[38] G.F., A.. Introducción a la teoría general de la prueba. Señal Editora: Universidad del Rosario, Ediciones Rosaristas, Bogotá, 2009. Página 232.
[39] L.B., H.F.. Procedimiento Civil, T.I.. Segunda Edición. D.E.. Bogotá, 2008. Página 79.
[40] M.S., L.. Fundamentos de Pruebas Judicial Civil. J.M.B.E.. Barcelona, 2001. Página 437.
[41] Corte Constitucional, T-464 de 2001 M.P.J.I.P.P..
[42] Corte Constitucional, T-233 de 2007, M.P.M.G.M.C..
[43] Corte Constitucional T-458 de 2007 M.P.Á.T.G..
[44] Corte Constitucional T-436 de 2009 M.P.H.A.S.P..
[45] M.P.J.C.T..
[46] M.P.M.G.M.C..
[47] Sentencia T-709 de 2010, M.P.J.I.P..
[48] Sentencia T-247 de 2006, M.P.R.E.G..
[49] “ARTICULO 2357. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.”
[50] Sentencia del 31 de agosto de 2015. C.P.S.C.D. delC..
[51] Consejo de Estado. Sección Tercera de Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 24 de mayo de 2012. Nº Radicado: 21516. C.P.H.A.R..
[52] Consejo de Estado. Sección Tercera de Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de julio de 2012. Nº Radicado: 24445. C.P.C.A.Z.B..
[53] Consejo de Estado. Sección Tercera de Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de diciembre de 2014. Nº Radicado: 28370. C.P.O.M.V. De La Hoz.
[54] Consejo de Estado. Sección Tercera de Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de febrero de 2014. Nº Radicado: 27542. C.P.S.C.D..
[55] Consejo de Estado. Sección Tercera de Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 23 de septiembre de 2015. Nº Radicado: 34994. C.P.H.A.R..
[56] Consejo de Estado. Sección Tercera de Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de enero de 2016. Nº Radicado: 36567. C.P.H.A.R..
[57] En el mismo sentido, ver Consejo de Estado. Sección Tercera de Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de junio de 2017. Nº Radicado: 33945. C.P.H.A.R..
[58] F. 138 del cuaderno principal del expediente contentivo del proceso de reparación directa.
[59] F. 240 ib.
[60] Folio 241 ib.
[61] F. 255 ib.
[62] Folio 4 del cuaderno correspondiente al proceso disciplinario adelantado contra el patrullero E.A.C., el cual obró como prueba documental del proceso de reparación directa.
[63] Consejo de Estado. Sección Cuarta de Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de junio de 2016. Nº Radicado: 11001-03-15-000-2015-03406-00(AC). C.P.H.F.B.B..
[64] Al respecto, la ley 769 de 2002 aplicable para el momento en que ocurrieron los hechos, señala en el inciso 2º del parágrafo 3º del artículo 6, que los alcaldes se encuentran facultados para establecer las medidas necesarias en procura de mejorar el ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas. Asimismo, el artículo 119 de la referida Ley señala que, "las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos".
[65] F. 138 del cuaderno principal del expediente contentivo del proceso de reparación directa.
[66] F. 241 ib.
[67] F. 255 ib.
[68] Folio 4 del cuaderno correspondiente al proceso disciplinario adelantado contra el patrullero E.A.C., el cual obró como prueba documental del proceso de reparación directa.

References: artículo 32
 artículo 86
 artículo 2357
 artículo 53
 artículo 58
 artículo 185
 artículo 6
 artículo 119