Source: https://www.erreius.com/Jurisprudencia/documento/20180410094413199
Timestamp: 2018-07-17 13:18:22+00:00

Document:
En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 10/17 vta. de la presente causa FSM 749/2006/TO1/4/3/CFC8 del registro de esta Sala, caratulada: “J., O. O. s/ recurso de casación"; de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de San Martín resolvió, con fecha 9 de octubre de 2017 en la causa mencionada en el epígrafe rechazar el recurso de reposición interpuesto por el Defensor Público Oficial contra el decreto que dispuso: “[C]onforme lo establecido en la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, hágase saber a las víctimas del hecho por el cual fuera condenado O. O. J., su derecho a ser informadas y a expresar su opinión y todo cuando estime conveniente en relación al presente trámite de solicitud de incorporación al régimen de salidas transitorias, como así para los eventuales planteos de régimen de semilibertad; libertad condicional; prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención; libertad asistida...”. (cfr. fs. 7/7 vta. y 4, respectivamente).
II. Que contra dicha resolución, el Defensor Público Oficial, doctor Sergio Raúl Moreno asistiendo a O. O. J. interpuso recurso de casación (fs. 10/17 vta.), el que fue concedido (fs. 21/21 vta.).
III. En primer lugar el recurrente formuló una reseña de los antecedentes del caso y se refirió a los aspectos de admisibilidad del recurso de casación.
Seguidamente expuso sus agravios. Se refirió a la errónea aplicación de la ley sustantiva. Dijo que sustantiva, “en tanto compromete la exigencia constitucional ejecutiva que deriva del principio de legalidad (art. 18 CN) encontrándose afectado, en consecuencia, el principio de irretroactividad de la ley penal (art. 2 C.P.).”.
Afirmó que en el caso por encontrarse en juego materia sustantiva, debe aplicarse el requisito de exigencia de ley previa a fin de evitar cualquier inestabilidad a la seguridad jurídica, y excluir la opinión de la víctima en esta materia en tato la ley 27.372 no se encontraba vigente al momento de la comisión de los hechos por los cuales J. fue condenado.
Como segundo motivo de agravio postuló la arbitrariedad de la resolución recurrida por falta de fundamentación. En este sentido, señaló que el “a quo” omitió fundar las razones por las que correspondía aplicar retroactivamente la ley 27.372.
En definitiva, solicitó que se case la decisión recurrida y revoque por contrario imperio lo resuelto en cuanto se otorgó opinión a las víctimas en la ejecución de la pena. Hizo reserva del caso federal.
IV. Que en la oportunidad prevista en el art. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N., la defensora pública coadyuvante, doctora María Ivana Carafa presentó memorial sustitutivo manteniendo lo expuesto en la presentación casatoria (fs. 28/34 vta.).
Así, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky.
I. Previo a ingresar al tratamiento del recurso de casación interpuesto corresponde realizar
Comienzo por recodar que el 6 de septiembre de 2017, la Defensa de O. O. J. solicitó su incorporación al régimen de salidas transitorias.
El 11 de septiembre el juez a cargo de la ejecución de la pena dispuso: “[C]on arreglo a las normas vigentes, conforme lo establecido en la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, hágase saber a las víctimas del hecho por el cual fuera condenado O. O. J., su derecho a ser informadas y a expresar su opinión y todo cuando estime conveniente en relación al presente trámite de solicitud de incorporación al régimen de salidas transitorias, como así para los eventuales planteos de régimen de semilibertad; libertad condicional; prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención; libertad asistida y régimen preparatorio para su liberación que pudieran hacerse respecto del nombrado.
En su caso, deberán fijar un domicilio, podrán designar un representante legal, proponer peritos y establecer el modo en que recibirán las notificaciones...” (fs. 4).
Contra esa decisión, el Defensor de J. interpuso recurso de reposición y se opuso a lo decidido por el juez a cargo de la ejecución de la pena de su asistido. Ello con el objeto de que se revoque por contrario imperio el punto del decreto en cuestión.
En oportunidad de resolver, el juez rechazó el recurso de reposición interpuesto por la Defensa (fs. 7/7 vta.).
Para así decidir, afirmó que: “Los efectos que produce la nueva ley no se retrotraen, pues su vigencia no afectará los actos ya cumplidos conforme a la ley anterior, pero sí se proyectará para los actos futuros, es decir posteriores a su entrada en vigencia.
Con relación al art. 491 del C.P.P.N. que limitación de la parte querellante en el trámite de los incidentes de ejecución, fue de hecho modificado o cuanto menos limitado, por la ley 23.372.”.
A fs. 8 se presentó el doctor Manuel Ignacio Izura en representación de la víctima y con el patrocinio letrado del doctor Santiago de Jesús a fin de anoticiar al Juzgado que la “querella desea ser informada de todo lo concerniente al trámite de pedido de incorporación al régimen de salidas transitorias del condenado O. O. J. y en los eventuales planteos que puedan hacerse respecto del nombrado.”.
El 18 de octubre de 2017 se tuvo presente lo informado por los representantes de la víctima en autos “tanto en el presente trámite de incorporación al régimen de salidas transitorias como así también respecto de todos aquellos que pudieran suscitarse respecto de O. O. J....” (fs. 9).
Contra el rechazo de reposición, la Defensa del nombrado interpuso el recurso de casación bajo estudio (fs. 10/17 vta.).
Cabe destacar que, en el caso, la intervención de la víctima estuvo motivada en el pedido de incorporación J. al régimen de salidas transitorias. Que en el acta cuya copia se encuentra agregada a fs. 18 el nombrado manifestó desistir del pedido. Por ello, el Consejo Correccional informó que, por el momento, “no puede expedirse en cuanto a su incorporación al régimen de Salidas Transitorias.” (fs. 18 vta.). Circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes y de la víctima a través de su representante legal.
II. Sobre el rol de la víctima en el proceso penal, cabe destacar que siempre me he pronunciado en el sentido de ponderar sus intereses ampliamente. Así, en el plenario Nro. 11 de esta Cámara “ZICHY THYSSEN”, rta. el 23/6/06, resalté que el Estado debe a todos justicia, protección y leyes que aseguren su persona, sus bienes y su libertad. Él se obliga a ponerlos a raya sus pasiones, a proporcionarles medios que les permitan trabajar sin estorbo alguno para su propio bienestar, sin perjuicio de otros; a poner a cada uno bajo la salvaguarda de todos para que pueda gozar pacíficamente de lo que posee o ha adquirido con su trabajo, su industria o sus talentos (HORNOS, Gustavo M., “El nuevo nombre de la paz”, en Violencia y Sociedad Política, editado por el Programa para el Estudio y la Difusión de la Reforma Constitucional Argentina, 1998, pág. 33).
Allí, expresé que el Derecho Penal, para el cumplimiento de sus fines de contribuir al orden jurídico y la preservación de la paz pública, debe actuar de una manera que resulte siempre compatible con el ordenamiento fundamental de la Nación, la Constitución Nacional, de la que es apéndice.
Además, dentro de este límite, la resolución de conflictos de creciente complejidad, como las relaciones humanas -sociales, económicas y políticas-cada vez más entrelazadas y complicadas, requiere que el orden legal tome en cuenta los valores y las nuevas necesidades del individuo y de la sociedad integrándose a esta evolución armónica y creativa.
Esa perspectiva constitucional es la que mejor se adecúa a la defensa de los derechos individuales.
Indiqué que en definitiva de lo que se trataba era de la garantía del debido proceso del artículo 18 de nuestra Carta Fundamental.
Es por ello, que sostuve que la parte querellante puede impulsar el proceso por un delito de acción pública, de manera autónoma, aún en la etapa inicial del proceso (cfr. mi voto en causa “YAEL, Germán y otros s/ recurso de casación” causa nº 13.548, reg. nº 1924/12, rta. el 16/10/2012); que la intervención de la víctima en el proceso, junto con el representante del Ministerio Público Fiscal, no lesiona, en principio, la llamada igualdad de armas en 12.260, caratulada “DEUTSCH, Gustavo Andrés y otros s/recurso de casación”, Reg. Nro. 14.842.4, rta. el 3/05/11, entre otras); que el pretenso querellante posee la facultad de recurrir ante esta instancia (cfr. C.F.C.P, Sala IV: causa Nro. 553, caratulada “CELLES, Francisco y CELLES, Mabel Beatriz s/recurso de casación”, Reg. Nro. 869.4, rta. el 23/06/97; Sala I: causa Nro. 37, caratulada “BORENHOLTZ, Bernardo s/recurso de casación”, Reg. Nro. 44, rta. el 28/9/93; y Fallo Plenario nº 11, “ZICHY THYSSEN”, del 23/06/2007) y que el querellante se encuentra amparado por derechos constitucionales, en concreto, por la garantía del debido proceso (art. 18 de la C.N., cfr. mi voto en la causa nº 13397, Registro n° 381.13.4, “POSIK, Héctor Daniel s/rec. de casación”, rta. 22/03/13, causa n° : 13397), entre otros.
Respecto a la protección de la víctima durante el proceso penal, me expedí en contra de su revictimización y la inconveniencia de someter al damnificado a la reiteración de interrogatorios forenses (cfr. mi voto en causa Nro. CCC 22452/2011/TO1/CFC1 "GONZALEZ RÍOS, Pablo s/ abandono de persona" registro 1315/16.4, rta. 19/10/2016 de la Sala I de la CFCP) y a favor de la reparación pecuniaria del daño en los términos del artículo 29 del Código Penal (ver causa CFP 2471/2012/TO1/CFC1, caratulada: "CRUZ NINA, Julio César; HUARINA CHAMBI, Silva s/ Trata de Personas", del registro de la Sala I, Registro nº 2662/16.1, rta. 30/12/2016).
En esta línea, actualmente, las tendencias legislativas, normativas y jurisprudenciales se inclinan hacia un nuevo rol de la víctima y del querellante, como protagonista del proceso penal y a la plena atención de sus demandas e intereses, todo lo cual se debe conjugar con los fines del derecho penal.
III. La ley 27.372 sancionada el 21/06/2017 y promulgada el 11/07/2017, entre otros derechos y garantías que se confiere a las personas víctimas de ejecución el derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente ante el juez de ejecución o juez competente cuando se sustancia cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a los distintos institutos del régimen de la progresividad penitenciaria. En el caso de autos, las salidas transitorias (cfr. art. 12, inciso a) ley 27.372).
A tales fines, la norma dispone que el tribunal competente deba consultar a la víctima del delito si es su intención hacer uso o no de ese derecho. En caso afirmativo, deberá fijar un domicilio, pudiendo designar un representante legal, proponer peritos y establecer el modo en que recibirá las futuras comunicaciones (cfr. art. 12 último párrafo).
Se advierte entonces que a partir de la sanción de esta ley se le ha dado un grado mayor de protagonismo de la víctima ahora dentro de los proceso de ejecución, donde hasta entonces tenía vedada su participación aún como parte querellante. Ahora, tiene la opción de opinar respecto de los trámites que realice el imputado o condenado para obtener no sólo las salidas transitorias, sino cualquiera de las otras situaciones contempladas en relación a la libertad del condenado.
Ahora bien, en el presente caso, tal como se afirma en la resolución recurrida, la vigencia de la ley 27.372 -de carácter procesal- no afecta ni afectará a aquellos actos que fueron cumplidos de conformidad con lo previsto en la ley anterior en el presente incidente de ejecución.
De este modo, los alcances de la nueva ley no se retrotraen; pero sí se proyectan a los actos que se produzcan luego de su entrada en vigencia. Tal como sucedió en el presente caso.
Por lo demás, el recurrente no explica en su presentación ni tampoco se advierte que, en el caso, una ley cuyos efectos fueran más perjudiciales para su asistido. O mejor dicho, que se hubiera omitido la aplicación retroactiva una ley más benigna.
IV. Por lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la Defensa de O. O. J., sin costas en esta instancia. (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
Doy por reproducidos los sucesos del caso y por coincidir en lo sustancial con las conclusiones a las que arribó el doctor Hornos en su voto, es que habré de compartir el rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa oficial, doctor Sergio Raúl Moreno, asistiendo técnicamente a O. O. J., sin costas (arts. 530 y 532 -en función del art. 22 inc. d) de la ley 27.149- del C.P.P.N.).
De conformidad con lo señalado en el voto que lidera el acuerdo, el impugnante no explicó fundadamente de qué forma la aplicación de la normativa efectuada por el a quo al caso de autos podría generar un perjuicio concreto a su asistido.
En tales condiciones, el recurso de casación interpuesto en autos no puede prosperar, por lo que corresponde su rechazo, sin costas en la instancia (C.P.P.N., arts. 530 y 531 in fine). Tener presente la reserva del caso federal.
Por ello, el Tribunal,
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 10/17 vta. por el Defensor Público Oficial, doctor Sergio Raúl Moreno asistiendo a O. O. J., sin costas en la instancia (arts. 530 y siguientes del C.P.P.N.).
(Acordada 15/13 -Lex 100-, CSJN). Remítase al Tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Ley 27372 - BO: 13/07/2017

References: resolución 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 29
 resolución 
in fine
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