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Timestamp: 2018-01-22 06:24:15+00:00

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Acuerdo y Sentencia 96/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 96/17
JUICIO: “AMBIENTE GLOBAL S.R.L. CONTRA RESOLUCIÓN FICTA, DICTADA POR LA MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ”.
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil diecisiete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, María Celeste Jara Talavera, Gregorio Ramón Rolando Ojeda y Arsenio Coronel Benítez, en su sala de audiencias y público despacho, bajo la Presidencia de la primera de los nombrados, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “AMBIENTE GLOBAL S.R.L. contra Resolución Ficta, dictada por la MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ".
Está ajustado a derecho la declaración de caducidad de la instancia?
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, dijo: Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el abogado HECTOR HERRERA, en nombre y representación de la empresa AMBIENTE GLOBAL S.R.L., a fin de promover acción Contencioso Administrativa contra la Resolución Ficta, dictada por la MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ. Funda la demanda en los siguientes términos: "ANTECEDENTES. 1. La Municipalidad de Capiatá, a través de su Unidad Operativa de Contrataciones, hizo el llamado a Licitación Pública Nacional N° 04/2015, consignando como objeto del mismo "CONCESIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, COMERCIAL INDUSTRIALES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA CIUDAD DE CAPIATÁ DPTO. CENTRAL".- 2. En fecha 19 de Junio de 2015, el diario LA NACIÓN, publicó dicho llamado público, en el mismo se consigna una limitación legal impuesta por la Ley 2051/03 "CONTRATACIONES PUBLICAS".- EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 3. La Resolución Ficta dictada por la Municipalidad de Capiatá, consecuencia del recurso planteado conforme, al sello de mesa de entrada N° 6475, recibido por la funcionaría municipal Sra. Mereles.- 4. Asimismo, la Resolución de la Municipalidad de Capiatá, por la cual ilegal y arbitrariamente adjudica el llamado de Licitación Pública Nacional N° 04/2015 "CONCESIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, COMERCIAL INDUSTRIALES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA CIUDAD DE CAPIATÁ DPTO. CENTRAL".- FUNDAMENTOS. 5. Mi poderdante ejerce como actividad comercial, la recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, para lo cual cuenta con oficinas administrativas y operativas, parque automotor, personal administrativo y operativo. Además, reúne con el requisito fundamental para poder dedicarse a esta actividad comercial, posee el vertedero correspondiente donde finalmente los residuos son tratados y reciclados, habilitado por la Secretaria Nacional del Ambiente (SEAM).- 6. AMBIENTE GLOBAL S.R.L., interesado en prestar un servicio público fundamental y delicado para la sociedad, intentó participar, de la licitación pública en cuestión, a fin de coadyuvar con el Estado, en la misión prevista en el último párrafo del Art. 6 de la Constitución Nacional, "El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes"; conjuntamente ejercer su actividad comercial, siendo una empresa de reconocida trayectoria en el rubro ya detallado en el párrafo anterior.- 7. Tal como lo había mencionado, el llamado a pública que el diario LA NACIÓN anunció consignaba el llamado "CONCESIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, COMERCIAL INDUSTRIALES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA CIUDAD DE CAPIATA - DPTO. CENTRAL", cuyo proceso licitatorio es regido por la Ley N° 1618/00 "De Concesión de Obras y Servicios Públicos". 8. Extrañamente dicho llamado, determinaba un requisito establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", cuyo proceso de selección se rige por la misma ley y decreto reglamentario, totalmente diferente al que establece la Ley N° 1618/00.- 9. Esta situación creo confusión en cuanto al régimen legal para la participación igualitaria, sino además la autoridad administrativa habilitada para realizar las consultas y en su caso protestas ante algún vicio o irregularidad en el proceso licitatorio, tornándose el llamado totalmente nulo, violando además los preceptos constitucionales previstos en el Art. 46 y 47 de la Carta Magna.- 10. En este orden de cosas, mi poderdante realizó la consulta ante la Municipalidad de Capiatá, en relación al régimen legal, consecuentemente al proceso licitatorio que regía en el llamado N° 04/2015, a fin de presentarse, participar en forma adecuada y legal en dicho proceso de selección publica, la cual no fue contestada por dicho ente.-11. En virtud a las argumentaciones vertidas, podemos afirmar que el llamado a licitación tuvo como fin confundir a losposibles oferentes, así como el direccionamiento hacia uno de ellos.- 12. Según información obtenida a través de concejales de la Municipalidad de Capiata, mi poderdante ha tomado conocimiento que el proceso licitatorio aplicado finalmente, fue en virtud de la Ley N° 1618/00 de Cohesión de Servicios y que presumiblemente la licitación ha sido adjudicada a la firma Logística Urbana, concluyendo ese proceso, que desde sus inicios se encontraba favoreciendo a dicha empresa que ni siquiera reúne las exigencias ambientales que dispone la Ley N° 3956/09 "Gestión Integral de Residuos Sólidos en la República del Paraguay", que paso a mencionar a continuación.- Art. 29.- Rellenos Sanitarios. "Los residuos que no puedan ser reciclados y procesados por intermedios de las tecnologías disponibles, deberán destinarse a un sistema de disposición final permanente, mediante Rellenos Sanitarios".- Art. 31.- Responsabilidad. "Cuando el servicio de disposición final sea ejecutado por una persona natural o jurídica, pública o privada, de conformidad con lo previsto en esta Ley, la responsabilidad recaerá en el prestador del servicio; sin perjuicio de las sanciones previstas para las infracciones en el artículo 39 de la presente Ley"'.- 15. Art. 34.- Habilitación. "Los proyectos de construcción, operación y funcionamiento, clausura y post-clausura de los sistemas de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, deberán contar con la correspondiente habilitación de la Autoridad de Aplicación, previo al inicio de los trabajos, sin perjuicio de las demás autorizaciones municipales correspondientes".- 16. La Municipalidad de Capiatá, al omitir expedirse sobre nuestra consulta demostró su parcialidad en este proceso licitatorio, generando el acto administrativo hoy impugnado, además adjudicando a una empresa de la licitación pública en cuestión, que, a todas luces es nulo desde su inicio por direccionar una selección pública y violar disposiciones constitucionales ya mencionadas.- 17. Por lo expuesto, resulta patente la irregularidad y arbitrariedad del acto administrativo impugnado, correspondiendo en consecuencia, su revocación o en su caso su anulación; además la declaración de nulidad del llamado a licitación pública N° 04/15 de las Municipalidad de Capiatá.- MEDIDA CAUTELAR VEROSIMILITUD DEL DERECHO Que, el Excmo. Tribunal podrá apreciar luego de la lectura de las argumentaciones vertidas por mi parte, la irregularidad, arbitrariedad del acto administrativo dictado por la Municipalidad de Capiatá, ya que dicho en virtud a cualquiera de las leyes que pudo haber sido aplicada (Ley 1618/00 o 2051/03), carece de facultad de direccionar llamados públicos, es más es completamente ilegal.- Además, mi poderdante posee contratos comerciales que demuestran su amplia experiencia en el rubro de recolección, transporte y disposición final de residuos; siendo una persona jurídica habilitada para el efecto, que desde el inicio de este intento de proceso licitatorio, pretendió participar de forma igualitaria y legal.-Por tanto, la verosimilitud del derecho se haya demostrado por los fundamentos expuestos. PELIGRO DE PERDIDA O URGENCIA El peligro de pérdida o urgencia esta dado, porque de mantenerse la resolución impugnada se producirá un daño irreparable a mi mandante; considerando la infraestructura desarrollada por la empresa, compuesta por empleados, camiones recolectores, para esta actividad comercial.- La medida cautelar, en el caso de que el Tribunal considere procedente, permitirá suspender los efectos del proceso de selección u ejecución del contrato en el caso de que lo hubiere, así mi mandante tendrá la posibilidad de participar legalmente y en situación de igualdad con las demás empresas oferentes.- Como jurisprudencia similar al presente caso, citamos el A.I. N° 143 de fecha 15 de Marzo de 2013, dictado en los autos caratulados: "EL FAROL S.A. c/ Res. N" 1836 de fecha 2/11/12 dictada por la Municipalidad de Luque", por el cual el Tribunal de Cuentas Segunda Sala resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada".
Termina solicitando que el Tribunal, previo los trámites de rigor, dicte sentencia haciendo lugar a la demanda, con costas.
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, prosiguió diciendo: Que, el modo natural de extinguirse el juicio es mediante resolución por fallo definitivo, pero el Código Procesal Civil instituye otras formas de extinción y la causa determinante depende de la voluntad de las partes. Estos modos son: "EL DESISTIMIENTO, EL ALLANAMIENTO, LA CONCILIACION, LA TRANSACCION Y LA CADUCIDAD DE INSTANCIA".
Que, conforme a los A.I. N° 234, 235 Y 236/91, dictados por la Corte Suprema de Justicia, se sienta definitivamente el plazo para resolver sobre la perención o caducidad de instancia en las causas contencioso administrativas, el cual es el fijado en el artículo 8° de la Ley N° 1.462/35 y es de TRES MESES.
Que a fs. 194 de autos obra el informe del Actuario de fecha 8 de febrero de 2017; en el cual se informa que el último acto procesal que impulsa el juicio es el proveído de fecha 26 de mayo de 2016 a fs. 185, mediante el cual se tiene por iniciada la demanda contencioso administrativa, sin que hasta la fecha se haya realizado ningún otro trámite que impulse el presente juicio; debemos obrar de conformidad a lo establecido en el art. 8 de la ley 1462/35 que expresa cuanto sigue: "Se tendrá por abandonada la instancia contencioso administrativa, si no se hubiesen efectuado ningún acto de procedimiento durante el término de tres meses, cargándose las costas al actor".
Que, de la verificación de estos autos, y en concordancia con lo establecido en el Art. 173 del C.P.C. que dispone lo siguiente: "Cómputo: El plazo se computará desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez o tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento. Correrá durante los días inhábiles, pero se descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición judicial, y asimismo, si el expediente hubiere sido remitido a la vista por petición de un juez o tribunal", de las actuaciones en autos surge que el último acto procesal que impulsa el presente juicio es la providencia 26 de mayo de 2016, obrante a fs. 185; en consecuencia no habiendo escrito alguno que impulse el proceso de conformidad a lo establecido en el artículo precedentemente citado, estando cumplido con creces el plazo de tres meses establecido en el artículo 8° de la Ley 1462/35, corresponde a este Tribunal declarar la Caducidad en forma oficiosa.
Que, la caducidad puede ser declarada a petición de las partes o de oficio y se opera de pleno Derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes, no podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes (Art. 174 C.P.C.). La inactividad procesal, es decir, que el juicio quede paralizado, debe ser imputable exclusivamente a la inactividad de las partes y no al Tribunal, porque si estos pudieran producir la perención se habría puesto en sus manos la terminación arbitraria de los procesos.
Que, en cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la parte actora, en atención a lo que prescribe el artículo 200 del C.P.C.
VISTO: El mérito que ofrece el Acuerdo y Sentencia y sus fundamentos;
1) DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, de oficio en los autos caratulados: "AMBIENTE GLOBAL S.R.L. contra Resolución Ficta, dictada por la MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ”, de conformidad a lo expresado en el exordio de la presente Resolución.
2) IMPONER LAS COSTAS a la parte actora.
3) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 39
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 8
 artículo 200
 Resolución