Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/Arbitraje/1/PUB
Timestamp: 2019-05-23 03:05:10+00:00

Document:
ROJ: STS 4499/2007 - ECLI:ES:TS:2007:4499
Nº Recurso: 2613/2000
Resumen: Exceso en el ejercicio jurisdicción, por no estar la sentencia a la cláusula arbitral que, según el recurrente, permitía acudir al arbitraje, no sólo ante discrepancias surgidas entre miembros de la comunidad, como señala la Audiencia, sino también para resolver las que surgieran entre éstos y la propia comunidad. Interpretación de las cláusulas del convenio arbitral, como ocurre con los contratos, debe aceptarse el criterio de la sala de instancia, apoyándose en los datos fácticos obtenidos mediante la valoración de la prueba. En el caso enjuiciado, la interpretación es ajustada a derecho: no se prevé la sumisión a decisión arbitral de las controversias que puedan surgir entre los propietarios y la Junta de Gobierno de la Comunidad, tan sólo las que surjan entre propietarios. No se advierte la relación entre cláusulas, que sostiene la recurrente. Nada hace pensar que la sumisión a la decisión arbitral de la Junta de Gobierno, pensada para facilitar la resolución de las controversias entre los propietarios de la comunidad, haya querido extenderse a las controversias entre los propietarios y la comunidad, que presentan perfiles muy distintos. Además, la interpretación propuesta por la recurrente supondria un obstáculo al acceso a la jurisdicción desproporcionado en relación con las circustancias concurrentes. Cosa juzgada: coeficientes de las parcelas, ya fijados en sentencias firmes anteriores. Supuesto de la cuestión.
ROJ: STSJ M 13319/2016 - ECLI:ES:TSJM:2016:13319
Nº Recurso: 94/2015
Resumen: En el Pacto de Socios de la mercantil High Tech Hotels Resorts SA se convino la resolución de toda controversia o conflicto mediante arbitraje administrado por la Corte Española de Arbitraje de acuerdo con su Reglamento y Estatuto, encomendando a la administradora el nombramiento del árbitro. Aunque a solicitud de ciertos socios la Corte llegó a designar árbitro, posteriormente decidió aquella abstenerse al estimar que podía quedar comprometida la imparcialidad e independencia de la Corte, rehusando ante una nueva solicitud la administración del arbitraje instado. Las sociedades actoras promovieron entonces demanda de juicio verbal en solicitud de nombramiento judicial de árbitro, que el TSJ desestima. Partiendo de que la cláusula de sumisión a arbitraje lo era a un arbitraje institucional que encomendaba a la CEA su administración y la designación de árbitro, la Sala declara que no tiene competencia para el nombramiento de Cortes Arbitrales, ni para ordenar a las mismas que administren un arbitraje que han rehusado. Señala que el consentimiento de las partes para someterse a la CEA no fue válido, porque los demandados no lo habrían prestado de haber conocido que la CEA podía no ser imparcial por su relación con una de las partes. Agrega que la sumisión a arbitraje institucional lo es a la institución designada y, si ésta lo rehúsa, la cláusula, integrada con las decisiones de la institución, carece de eficacia; desestimando en consecuencia la designación de árbitro pedida.
Resumen: Tras descartar la incongruencia omisiva alegada por la recurrente, se señala que los terrenos controvertidos -ocupados por la recurrente- no tienen, contra lo pretendido, naturaleza de bienes patrimoniales, sino que se trata de bienes demaniales, cuestión ésta, la de determinación de la naturaleza de los bienes, que no puede someterse a arbitraje privado, con arreglo a lo dispuesto en el art. 31 de la Ley de Patrimonio de las AAPP. La previsión del arbitraje en el ámbito contractual portuario debe situarse en sus justos términos, pues de esa regla general no resulta en modo alguno una universalización de la técnica arbitral para cualesquiera controversias, sino sólo para aquellas sobre las que cabe transigir por no estar costreñidas por la necesaria observancia del principio de legalidad. Eso ocurre en las relaciones patrimoniales sobre bienes públicos, sean estos de carácter patrimonial o demanial pues siempre existe un fondo de Derecho Público indisponible sobre el que no es posible ni la transacción, ni el compromiso o el arbitraje privado -especialmente cuando se afecta al demanio (art. 132 CE) y en relación al patrimonio de las Autoridades portuarias del Estado que se integra en el dominio público portuario estatal (independientemente de que sometan su actuación al régimen privado). Determinación del carácter demanial de los bienes de la Administración portuaria: por modo de adquisición (expropiación) y afectos al servicio público.
Resumen: La sentencia estima los recursos examinados y confirma la nulidad del arbitraje, dejando sin efecto la retroacción de las actuaciones que la sentencia recurrida acuerda. Basa su decisión en que Iberia Express no estaba representada por Iberia Operadora, ni por representación expresa ni por la tácita derivada de la existencia de un grupo de empresas patológico, y que por ello el árbitro si pretendía afectar los derechos o intereses de Iberia Express debió oírla antes de dictar el laudo, y al no hacerlo violó los principios de igualdad de partes y de audiencia que deben respetarse. Añade que Iberia Express tiene la condición de tercero perjudicado por el laudo dada su personalidad jurídica independiente de la de la empresa matriz, así como que la misma no era parte del conflicto. Por otra parte, deja sin efecto la retroacción de las actuaciones al momento en que se dio audiencia a las partes para que Iberia Express fuera oída por el árbitro que indicaba la sentencia recurrida, al no ser de aplicación al procedimiento arbitral las normas que regulan los procesos judiciales.
ROJ: STSJ AND 9386/2012 - ECLI:ES:TSJAND:2012:9386
Resumen: Promovida ante la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía solicitud de arbitraje frente a France Telecom España SA por discrepancias relativas al cumplimiento de un contrato de telefonía, el reclamante presentó escrito de alegaciones complementarias a la pretensión inicial con la petición de una indemnización de 5.000 euros. A la vista de esta pretensión se dictó laudo poniendo fin al procedimiento arbitral sin entrar en el fondo del asunto y dejando expedita la vía judicial, en razón a que la adhesión al arbitraje de consumo de la reclamada se limitaba a asuntos inferiores a los 3.000 euros. El reclamante interpuso demanda de anulación del laudo, que el TSJ estima, ordenando retrotraer las actuaciones al momento en que formuló la reclamación de 5.000 euros, para que comunicando la Junta Arbitral al reclamante los términos de la adhesión de la empresa reclamada manifieste si mantiene su reclamación y proceda en su caso conforme a lo previsto en el artículo 37.3,b del RD 231/2008. El Tribunal razona que la Junta Arbitral debió haber comunicado al reclamante la limitación cuantitativa de la adhesión para que en su vista optara por modificar o mantener su pretensión, dando en este segundo caso traslado a la reclamada para la eventual aceptación del arbitraje no obstante su limitada adhesión, siendo improcedente el archivo de plano acordado, que ha impedido al consumidor ejercer su derecho a que la controversia fuera dilucidada en sede de arbitraje y no judicial.
ROJ: STSJ CL 5755/2011 - ECLI:ES:TSJCL:2011:5755
Nº Recurso: 3/2011
Resumen: Unión Comercial de Ganaderos y Agricultores de León SC promovió demanda de juicio verbal contra Consultorio Nutricional Animal S.A. para el nombramiento de árbitro; pretensión a la que la demandada opuso la invalidez de convenio arbitral por no existir en la Cámara de Comercio e Industria de León la Corte de Arbitraje a que la cláusula sometía el arbitraje. El TSJ, estimando la demanda, declara haber lugar al nombramiento del árbitro, que se llevará a cabo por el Secretario mediante el oportuno sorteo entre una lista de tres designados al efecto por la Cámara de Comercio de León, con citación de las partes. El Tribunal recuerda que, conforme a la LA 60/2003, si no resulta posible designar árbitro a través del procedimiento acordado, cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal competente su nombramiento, y que, entre los elementos esenciales de la voluntad del convenio arbitral, no se encuentran ni la forma de designar a los árbitros ni el carácter institucional o no del arbitraje. Agrega que, siendo inequívoca la voluntad de someterse a arbitraje de equidad, el que no exista en la Cámara de Comercio de León Corte de Arbitraje, ni un reglamento que regule esta institución, no es motivo suficiente para entender inválido el convenio. Y concluye que la mención a la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio ha de interpretarse en el sentido de considerar la Cámara como la Institución a la que las partes encomendaron la designación del árbitro de equidad.
ROJ: STS 1669/2010 - ECLI:ES:TS:2010:1669
Nº Recurso: 2524/2005
Resumen: Arbitraje. Excepción, estimada en segunda instancia, con relación a la demanda en que se interesaba la resolución por incumplimiento de un contrato de ejecución de obra. Recurso por razón de la cuantía, siendo superior. Admisibilidad para la que no es óbice la alegación de un supuesto interés casacional. Adecuado planteamiento de la excepción: durante la LEC 1881, concebida como "dilatoria", se podía formular como perentoria y resolverse en sentencia, admitiéndose a la demandada formularla en su contestación y, luego, contestar en cuanto al fondo. Alcance de la cláusula arbitral. La doctrina científica y la jurisprudencia han ido evolucionando hacia teorías mixtas que destacan la naturaleza contractual del arbitraje en sus orígenes y subrayan el carácter jurisdiccional de sus efectos. El arbitraje supone una renuncia a la intervención de los tribunales cuando no es absolutamente indispensable, como acontece cuando la parte interesada invoca oportunamente la cláusula arbitral. Esta renuncia ampara la exclusión de la intervención judicial, cuyos inconvenientes se compensan con los beneficios de la rapidez y flexibilidad en el orden procedimental y sustantivo que constituyen la razón de ser del arbitraje. Aquí, consta que la sociedad demandante no aceptó el arbitraje frente al administrador de la demandada, a quien sin embargo la sentencia extendió los efectos. Interpretación del convenio: extensión a la pretensión de condena formulada por incumplimiento.
ROJ: STSJ M 8245/2013 - ECLI:ES:TSJM:2013:8245
Nº Recurso: 103/2012
Resumen: La entidad condenada por el laudo arbitral interpuso demanda de anulación contra la promotora del arbitraje por falta de imparcialidad del Presidente del Tribunal de la Corte Internacional de Arbitraje, resolución sobre cuestión indisponible no susceptible de arbitraje y vulneración del orden público por litispendencia e incongruencia. El TSJ desestima la demanda. Tras recordar que no compete al tribunal jurisdiccional reexaminar las cuestiones debatidas en el arbitraje sino revisar si en el procedimiento y el laudo se cumplieron las debidas garantías procesales, la Sala declara: a) que las causas de recusación están previstas para el juez/árbitro con las partes, no con quienes las representan y defienden asesorándolas técnicamente, no siendo la falta de previsión legal de esta causa de abstención/recusación contraria al derecho constitucional al juez imparcial; b) que el árbitro es plenamente competente para el conocimiento de la controversia conforme a la cláusula inserta en el contrato de cuenta bloqueada suscrito por las partes y que la declaración de concurso, que en este caso no se refiere a ninguna de las dos litigantes, no destruye tampoco el convenio arbitral previo a ella; c) que el laudo negó correctamente la existencia de litispendencia con un auto del Juzgado de lo Mercantil pendiente de recurso, por no concurrir las identidades necesarias para su apreciación, resolviendo sobre el fondo sin vulneración de los derechos fundamentales que integran el orden público.
ROJ: STSJ M 11928/2016 - ECLI:ES:TSJM:2016:11928
Resumen: Se ejercita en la demanda rectora del proceso acción de anulación del laudo dictado por la corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y servicios de Madrid fundada en la vulneración del orden público, la resolución de cuestiones no sometidas a resolución arbitral y la designación de árbitro sin ajuste al convenio arbitral. El TSJ, tras advertir que el allanamiento de una de las codemandadas -que coadyuva de iure y de facto con la actora- no puede perjudicar a su litisconsorte ni predetermina el contenido de la sentencia, desestima la demanda promovida. La Sala rechaza la incongruencia por extra petitum denunciada, apelando a una interpretación flexible del convenio arbitral y el objeto del arbitraje, para concluir que ni el árbitro funda su decisión en hechos nuevos, ni altera en ella la causa de pedir de la demanda arbitral. No aprecia tampoco la irracionalidad y falta de lógica imputadas a la motivación del laudo ni la indefensión que se denuncia en la demanda de anulación. Sobre la designación del árbitro, la Corte resolvió las discrepancias entre las partes sobre el número de árbitros con el nombramiento de uno ante la falta de claridad de la cláusula arbitral sobre el particular, sin que la Sala aprecie arbitrariedad ni contravención de lo pactado o del Reglamento de la Corte en la designación de un sólo, destacando la función integradora del convenio arbitral que asiste a la entidad administradora del arbitraje.
ROJ: STSJ M 3279/2015 - ECLI:ES:TSJM:2015:3279
Nº Recurso: 76/2014
Resumen: Ejercitada en la demanda acción de anulación del laudo que condenó a los hoy demandantes al pago de 81.064,31 euros, el TSJ desestima la demanda. En respuesta a las distintas causas de anulación esgrimidas, la Sala a) Mantiene la imparcialidad del árbitro pese a su conocimiento previo del asunto por haber actuado en él como mediador, señalando que en absoluto puede ponerse en entredicho por el hecho de negarse el árbitro a testificar en la causa que ha de resolver. b) Declara que la controversia suscitada se acomoda al tenor de la cláusula de sumisión a arbitraje, sobre la que no consta exista transacción, laudo o decisión judicial previas, siendo el análisis del cumplimiento y consiguiente extinción de la obligación la cuestión de fondo sometida al arbitraje. c) Razona que no se ha producido extralimitación en el laudo con la resolución de cuestiones ajenas al arbitraje, poniendo de relieve la flexibilidad con que ha de interpretarse la delimitación de los puntos sometidos a la decisión arbitral, especialmente en un arbitraje de equidad. d) Agrega que el laudo razona cumplidamente el entendimiento del contrato y el porqué del incumplimiento apreciado de su cláusula 13ª, haciéndolo sin exceso alguno a partir del espíritu y la finalidad que lo han presidido. Y e) concluye negando la alegada vulneración del orden público por razón de las infracciones ya analizadas y rechazadas en los anteriores motivos de anulación.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 37
 resolución 
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