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Timestamp: 2018-05-26 23:22:10+00:00

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EJECUCION DE PENAS Y ALGO MAS: PROCESO No. 23802 NO HAY LUGAR A PRISION DOMICILIARIA EN PROCESOS QUE CONOCEN JUECES ESPECIALIZADOS
PROCESO No. 23802 NO HAY LUGAR A PRISION DOMICILIARIA EN PROCESOS QUE CONOCEN JUECES ESPECIALIZADOS
“Es bien sabido que en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar actuaban desde el año de 1996 grupos armados ilegales, que se unieron bajo la denominación de “Autodefensas Unidas de Colombia”, los cuales cometieron en la región homicidios, secuestros, extorsiones, desplazamientos y otras ilicitudes, todo ello bajo el pretexto de combatir a los guerrilleros que de tiempo atrás delinquían en la región.
“Una vez posicionada la mencionada agrupación por la fuerza, intervinieron en la actividad política regional, apoyando candidatos a todas las corporaciones públicas y amedrentando a la población para obtener sus votos en los distintos comicios electorales. También infiltraron las administraciones departamentales y municipales para conseguir la adjudicación de contratos ilícitos y hacerse a los dineros correspondientes.
Uno de esos candidatos elegido como Senador en las elecciones de 2002 fue el doctor Vicente Blel Saad, quien ya se desempeñaba como tal desde los comicios de 1994 y repitió en los de 1998, pero en 2002 obtuvo una votación atípica en una zona del departamento de Bolívar dominada por las autodefensas ilegales y, posteriormente, en el año 2003, participó en compañía de otros dirigentes de Bolívar en una reunión con cabecillas de esa agrupación, para hablar sobre los próximos comicios en que se elegirían gobernadores, particularmente en el mencionado departamento”
-Considerando que la prueba necesaria para calificar se había recaudado, se decretó el cierre parcial de la investigación y se profirió resolución de acusación el 11 de agosto siguiente, como probable autor del injusto de concierto para delinquir agravado, descrito en el Libro 2º, Título XII, artículo 340 numeral 2º del Código Penal, al haberse concertado para promover un grupo armado al margen de la ley, decisión que fue apelada por la defensa y confirmada por la oficina del señor Vicefiscal General de la Nación con providencia del 16 de octubre de 2008.
-Dijo que de acuerdo con las pruebas allegadas en la etapa de investigación así como las recepcionadas en el juicio, es pertinente concluir sin dudar, que para resolver los problemas presentados en el proceso electoral para la gobernación de Bolívar, período 2004 a 2007, entre Libardo Simancas, apoyado por el doctor Vicente Blel, y el candidato López Cossio, el acusado organizó una reunión con los jefes máximos de las AUC, Mancuso y alias “Diego Vecino”, hecho este ratificado por ellos mismos en sus declaraciones y también por Eleonora Pineda, así como por el propio sindicado en indagatoria. Tal reunión, según encontró demostrado la Fiscalía, tenía como fin obtener para su candidato el apoyo necesario que le permitiera lograr esa primera magistratura del departamento.
Aún así, y no conformes con haberle dado aviso a dicho Comisionado, Vicente Blel y los otros dirigentes contactaron a Mancuso y a “Diego Vecino” a través de la congresista Eleonora Pineda, para llevar a cabo dicha reunión en el Caramelo.
Dijo que se gestó un problema entre las zonas norte y sur de ese departamento respecto al candidato para la Gobernación, al surgir para los primeros el temor de que el candidato del sur, Alfonso López Cossio -apoyado por la congresista Piedad Zucardy-, estaba tomando mucho auge, pues, según ciertas declaraciones, dicho dirigente también tenía el apoyo de “Ernesto Báez” y de “Diego Vecino” en el sur del Departamento, en donde contaban además con los denominados “acumulados solidarios” , razón por la cual deseban que él fuera el candidato para la Gobernación en representación de esa región.
Destacó la primera declaración de “Diego Vecino”, por cuanto allí este testigo dijo ante la Corte que los presentes en El Caramelo, incluyendo Simancas, le solicitaron que apoyara a este candidato en su aspiración a la Gobernación del departamento.
Adujo la Agente del Ministerio Público que pese a ello, en ocasiones posteriores a esa intervención ante la Corte, el desmovilizado “Diego Vecino” varió dicha aseveración inicial, diciendo que esa solicitud de apoyar a Libardo Simancas para el cargo en mención, sólo se la hizo Eleonora Pineda, pero como allí se encontraban reunidas varias personas, él lo interpretó a manera de propuesta efectuada por todos los presentes, razón por la cual en su primera intervención así lo manifestó.
En ese sentido, a la Procuradora Judicial le surgió el interrogante de la razón por la cual el doctor Blel Saad en su condición de parlamentario accedió a consensos o reuniones con comandantes paramilitares, máxime si ya existía la comunicación al doctor Espinosa Facio Lince, quien además había avisado tal circunstancia al Comisionado de Paz. En dirección similar, señala que incluso el entonces Gobernador de Bolívar, doctor Luis Daniel Vargas, se había pronunciado en ese mismo sentido con el fin de que no hubieran presiones a los electores, por cuya razón no resulta admisible que se diera dicha reunión con los personajes mencionados, de la cual se obtuvo un resultado como fue la expedición por parte de “Ernesto Báez” de un comunicado, en donde se anunciaba la decisión de las AUC de dejar en libertad a los electores para apoyar al candidato de su predilección.
Finalizó señalando que si bien en la comunicación de marzo de 2003 de la Comisión Exploratoria para el proceso de paz, hay una parte en donde se señala: “se invita a las fuerzas políticas, sociales y gremiales aportar ideas y compromisos para lograr una salida concertada para la reconciliación y la paz”, ello per se no implicaba un permiso abierto para que cualquiera pudiera reunirse con personas o grupos al margen de la ley.
- Afirmó que después de esa reunión asistió a la de El Caramelo, con el exclusivo fin de solicitarle al comandante Mancuso le permitiera ejercer política a su candidato Libardo Simancas, quien aspiraba a la Gobernación de Bolívar para ese año de 2003, ante lo cual accedió y por ello llamó inmediatamente a “Báez” para aclarar el asunto, como consecuencia de los cual éste expidió un comunicado dejando en plena libertad a los electores.
Acto seguido, se ocupa de forma individual de cada una de las reuniones “con el fin de demostrar que su presencia allí no es constitutiva de un delito de concierto para delinquir”.
Así, empieza con la reunión celebrada en Barranco de Loba, la cual, señala, fue tratada en forma mínima por parte de los calificadores, basándose fundamentalmente en el testimonio de Henry Vargas, pero que con las pruebas obtenidas en el juicio, y otras que ya obraban en el expediente con anterioridad, se concluye que su asistencia no fue para “promover” a las autodefensas o concertarse con ellas para algún fin ilegal.
Dicha asociación, precisa el defensor, no es una persona jurídica “de papel”, como quiera que fue constituida el 17 de diciembre de 2001 y fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 11 de octubre de ese mismo año, como puede constatarse con el certificado de existencia y representación legal aportado al proceso.
A lo anterior se suma, prosigue, que aún si se miran los desarrollos de la reunión no puede imputarse a sus asistentes la modalidad delictiva en cuestión, pues así hubieran coincidido en ella con algunos miembros de las autodefensas, como “Ernesto Báez”, cuya presencia corrobora el testigo Henry Vargas, ello no implica que entre los asistentes haya habido acuerdo alguno para cometer delitos.
De ese modo la Fiscalía se aparta de las reglas de la lógica en su juicio cuando colige que Blel Saad estuvo en la reunión por espacio de dos horas durante todo el discurso que allí dio “Ernesto Báez”, concluye la defensa.
En cuanto a la reunión celebrada en el corregimiento El Carmelo, acota que en ningún momento tuvo por objeto buscar apoyo en las autodefensas para el aspirante a la gobernación del departamento de Bolívar Libardo Simancas, a quien Blel Saad respaldaba políticamente, sino para que permitieran en los territorios bajo su control el libre ejercicio de la democracia, cuando era claro que la organización delictiva secundaba la campaña de su contrincante Alfonso López Cossio, según lo ratificaron “Ernesto Báez”, Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino” y Salvatore Mancuso.
Dentro ese contexto, agrega, fue que los dirigentes políticos que apoyaban la candidatura de Simancas buscaron reunirse con los cabecillas de las autodefensas en la región, por intermedio de la congresista Eleonora Pineda, como así lo acepta ella en su atestación e, igualmente, el propio Simancas, Salvatore Mancuso y Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”.
Por lo tanto, considera el defensor, es copiosa la prueba según la cual la reunión a la que acudió Blel Saad en la casa de Eleonora Pineda “se desarrolló en el marco de un proceso de paz ... más concretamente, para que dejaran ejercer libremente el proselitismo político, no en los comicios para cuerpos colegiados, no para VICENTE BLEL, sino en la elecciones para alcaldías y gobernaciones, particularmente para la Gobernación del Bolívar”.
El ordinal 3 del artículo 235 de la Constitución Política dispone que es atribución de la Corte Suprema de Justicia “investigar y juzgar a los miembros del Congreso”, enunciado que se reafirma en el numeral 7 del artículo 75 de la ley 600 de 2000, en los siguientes términos:
“La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:
“7. De la investigación y juzgamiento de los Senadores y Representantes a la Cámara.”
“Cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales 6º y 7º anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”.
Como está demostrado en el expediente, el doctor Vicente Blel Saad para el momento de los hechos se desempeñaba como Senador de la República , pues venía ocupando la curul desde el año 1994, y para el período constitucional 2006-2010 se encontraba inscrito en lista abierta en donde igualmente figuraba Dieb Nicolás Maloof Cuse, quien obtuvo mayor votación que Blel y por ello ocupó la curul en el Senado de la República, pero posteriormente renunció a la misma, motivo por el cual pasó el procesado a reemplazarlo, tomando posesión el día 2 de mayo de 2007 . Por esa razón, en esta Corporación se inició la investigación correspondiente en su contra en fase preliminar .
Al renunciar Blel Saad a la curul y con base en la jurisprudencia en ese momento vigente , se dispuso la remisión por competencia a la Fiscalía General de la Nación, para la investigación correspondiente.
Mediante auto del pasado primero de septiembre dictado dentro del proceso de única instancia No. 31653, la Corte varió la tesis anterior sostenida desde el 18 de abril de 2007 en el radicado 26942 y volvió nuevamente a acoger el precedente que mantuvo desde mucho antes de esta decisión . Es así como, por mayoría, sostuvo que pese a la renuncia del congresista allí investigado Édgar Eulises Torres Murillo, aún así éste proseguía cobijado por el fuero y en consecuencia mantenía la Corte la competencia para juzgarlo, pues el delito a él imputado, a pesar de no ser de los denominados propios, tenía relación con las funciones desempeñadas.
Esta posición jurisprudencial fue confirmada también por mayoría de la Sala, en providencia del pasado 15 de septiembre , en la cual se plasmaron una serie de eventos en los que debía proseguirse bien la indagación, ora la investigación o el juzgamiento según el caso, siempre que la conducta endilgada al congresista estuviese relacionada con su función.
Efectivamente, sólo desde el 18 de abril de 2007 dentro del radicado 26942 y hasta el 1º de septiembre de esta anualidad fue criterio mayoritario reiterado de la Sala apartarse del conocimiento y enviar los procesos de única instancia contra aforados, a la Fiscalía General de La Nación para que allí se prosiguiera la actuación, cuando éstos cesaban en el ejercicio de sus cargos, bajo la novedosa óptica allí plasmada conforme a la cual tan sólo los delitos denominados “propios” correspondían a lo señalado en el parágrafo del artículo 235 de la Carta, es decir, bajo el entendido que éstos eran los únicos que tenían relación con la función.
Precisamente, es la misma norma constitucional (parágrafo del art. 235) la que permite arribar a tal conclusión, pues si bien se venían considerando como relacionados con la función tan sólo los delitos propios, no son éstos los únicos con esa característica. Se trata entonces y, así lo hace la norma en cuestión, es de determinar si la conducta, propia o no, tiene relación con la función, lo cual no puede resultar de una interpretación meramente exegética, sino por el contrario, de una teleológica y sistemática, pues se insiste, lo que constitucionalmente permite prorrogar la competencia, pese a la cesación en el cargo, es que la conducta punible “tenga relación” -conexión, enlace o correspondencia- con las funciones desempeñadas y no exclusivamente el delito cometido en cumplimiento de las mismas, pues ello no fue lo que el constituyente primario plasmó; máxime cuando las funciones de los congresistas no se limitan solamente a lo descrito en el artículo 6º de la ley 5ª de 1992, en tanto éstas deben visualizarse a través de lo dispuesto por el artículo 133 de la Carta, en el entendido de que son quienes “representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común”.
“…Es que no solamente propicia un ambiente de inseguridad pública quien atenta materialmente contra la comunidad, o quien destruye su patrimonio físico, sino que hace tanto o mayor daño quien promueve acciones que de suyo, aunque sin violencia inmediata, tienen la capacidad para generar alarma social y desestabilizar las principales instituciones, ante la pérdida de credibilidad y la quiebra de esenciales principios que informan al Estado social, democrático y de derecho.
Como el ser humano dirige su comportamiento hacia la conquista de las metas o fines que se propone, en casi todos los casos habrá un propósito final identificable; sin embargo, porque el fin último sea individualizable no se desvirtúa la existencia del concierto para delinquir, siempre que, como ocurrió en la Cámara de Representantes, para llegar a ese cometido se acepte la comisión de cuantos ilícitos indeterminados fuesen necesarios. En este evento, el concierto para delinquir no se predica a juzgar por la finalidad, pues, se insiste, es un delito de mero peligro, sino en consideración a los medios para conseguirla” .
Y es que esa asociación criminal (inciso 2º artículo 340 C.P.) no es vacía de contenido, sino que siempre persigue unos fines que en este específico caso estuvieron orientados a “PROMOVER” esas agrupaciones armadas ilegales, por ello la Sala, acogiendo en ese preciso aspecto lo que dijo la defensa , siempre ha señalado que no basta una simple reunión con agrupaciones o personas como éstas para que automáticamente aparezca comprometido el bien jurídico de la seguridad pública, sino que resulta importante también analizar el contexto en el cual tal situación ocurre, que como en el actual caso, se desarrolló con el único propósito de llevar a la Gobernación de Bolívar para el período 2004-2007 al candidato de la predilección de Blel Saad y no para hacer una simple solicitud -de permitir el proselitismo en la zona- al comandante Mancuso, como lo ha pretendido hacer creer la defensa.
Vale la pena detenerse un instante para analizar algunas de las funciones del acusado en su calidad de congresista; así, perfectamente y sin dudar, colige la Sala que sí están íntimamente relacionadas con la conducta por la cual fue llamado a juicio, pues acudir a las mencionadas reuniones con comandantes paramilitares, para obtener aval o apoyo para su candidato a la Gobernación del departamento de Bolívar, a más de promocionar con ese comportamiento la agrupación armada ilegal, por el estatus que para estos delincuentes implicaba ver rendido y sometido ante ellos a un legislador y por esa vía fácilmente al Congreso de la República, también se comprometía desde allí la función congresional que, se recuerda, primordialmente consiste en “representar al pueblo, y actuar consultando la justicia y el bien común”, lo que evidentemente se entorpece con la promoción paramilitar.
Además, si se tienen en cuenta en general las funciones del Congreso, que se ejercen mediante la expedición de leyes y también mediante actividades administrativas y otras, se puede con mayor facilidad explicar por qué razón Blel Saad estando investido con esa alta dignidad, tenía un gran interés en que, a como diera lugar, resultara elegida para el cargo de Gobernador una persona de sus afectos (Simancas) y no un oponente suyo (López Cossio).
Aunado a lo anterior, debe decirse que no solamente su condición de Senador sino también las funciones del cargo influyeron de manera determinante para que los resultados de la mentada reunión -la cual, conforme se verá más adelante, se celebró en el corregimiento El Caramelo del municipio de Tierralta (Córdoba)- fueran los inicialmente pretendidos y cuya demostración arrojó finalmente la investigación, pues no de otra forma podría entenderse el ahínco mostrado por el propio comandante “Mancuso” cuando él mismo en plena reunión, directa e inmediatamente procedió a llamar a “Báez” -quien se encontraba en el sur de Bolívar y apoyaba a López Cossio a la Gobernación de Bolívar- para que la situación respecto del candidato del sur tomara otro rumbo y derivara en favor de Simancas, tal como efectivamente ocurrió y por ello resultó ganador en esa contienda electoral del año 2003.
Quiso el legislador primario de 1991 otorgar a la Corte Suprema de Justicia la potestad de investigar y juzgar a los congresistas, en un viraje profundo respecto de la Carta de 1886 , que implica la adopción de un determinado procedimiento que haga compatibles esas funciones y el carácter de órgano de cierre que posee esta Corporación, ajeno, ello, a la posibilidad de que se adelante el proceso dentro de los postulados de la Ley 906 de 2004.
Así lo señaló la Sala en decisión de única instancia :
“…Está claro, entonces, que el proceso al cual remite el artículo 533 de la Ley 906 de 2004, es no sólo necesario en la práctica, sino legítimo en su aplicación constitucional.
“Y, cabe precisar, el examen del bloque de constitucionalidad, en particular, los tratados suscritos por Colombia que regulan la investigación y juzgamiento penales, contribuye a afianzar lo anotado en precedencia, en tanto, ninguna de esas regulaciones impone obligatorio o fundamental que se adopte un determinado tipo de sistema procesal, sino que establece unos derechos mínimos para el procesado, los cuales, mientras no se demuestre lo contrario, operan en la Ley 600 de 2000, consagratoria del que se ha llamado sistema mixto con tendencia acusatoria, como fácilmente lo deja ver la declaratoria de exequibilidad que del grueso de su articulado ha hecho la Corte Constitucional.
“No puede alegarse que la imposibilidad de recurrir en segunda instancia el fallo, consagrado en el literal h) del numeral 2º, del artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica, atente contra el bloque de constitucionalidad, como quiera que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tópico, en tratándose de los procesos seguidos en única instancia por la Corte Suprema de Justicia…”
In extenso plasmó la Sala en dicha sentencia lo expuesto por la Corte Constitucional , que para el caso resulta pertinente traer a colación, así:
“La Corte se refirió ampliamente a la constitucionalidad de procesos de única instancia en la sentencia C-040 de 2002, MP: Eduardo Montealegre Lynett , cuyas consideraciones se citan in extenso dada su pertinencia para el asunto bajo revisión, así dicho fallo se haya producido en un contexto diferente:
“Pues bien: si la Corte Suprema de Justicia, es el ´más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria´, la mayor aspiración de todo sindicado es ser juzgado por ella. En general, esto se logra por el recurso de apelación, por el extraordinario de casación, o por la acción de revisión.
No es pues, acertado afirmar que el fuero consagrado en la Constitución perjudica a sus beneficiarios ”.
De otro lado, la Constitución y los tratados de derechos humanos garantizan a toda persona el derecho al debido proceso, que tiene como componente esencial el derecho de defensa. Ahora bien, como ya se vio, la posibilidad de apelar tiene vínculos estrechos con el derecho de defensa. Por consiguiente, aunque el Legislador puede establecer excepciones a la doble instancia y tiene una amplia libertad de configuración para establecer los distintos procesos y recursos, sin embargo es claro que debe garantizar en todos los casos el derecho de defensa y la plenitud de las formas de cada juicio. Por ende, al consagrar un proceso de única instancia, el Legislador debe establecer suficientes oportunidades de controversia, que aseguren un adecuado derecho de defensa, según la naturaleza del caso. Esto significa que un proceso de única instancia no viola el debido proceso, siempre y cuando, a pesar de la eliminación de la posibilidad de impugnar la sentencia adversa, las partes cuenten con una regulación que les asegure un adecuado y oportuno derecho de defensa . Así, en reciente oportunidad, esta Corte reiteró que “no es forzosa y obligatoria la garantía de la doble instancia en todos los asuntos que son materia de decisión judicial, puesto que la ley está habilitada para introducir excepciones, siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso, el derecho de defensa, la justicia, la equidad, y no se niegue el acceso a la administración de justicia ”.
Por ende, aunque el legislativo cuenta con una amplia facultad discrecional para instituir las formas con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias jurídicas que surjan entre las personas , de acuerdo con el artículo 150, numeral 1º y 2º, de la Constitución, es obvio que las excepciones a la doble instancia no pueden ser discriminatorias.
7- Por todo lo anterior, aunque la ley puede consagrar excepciones a la doble instancia (CP art.31), sin embargo ello no significa que cualquier exclusión sea constitucional, y por ello, esta Corte ha declarado la inconstitucionalidad de algunas limitaciones a la posibilidad de apelar sentencias adversas, incluso en campos distintos al penal y a las acciones de tutela. Así, por no citar sino algunos ejemplos, la sentencia C-345 de 1994 declaró inexequible el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, que excluía la apelación en ciertos procesos laborales administrativos en razón de la asignación mensual correspondiente al cargo, pues consideró que se trataba de un criterio irrazonable e injusto, que por ende violaba el principio de igualdad. Igualmente, la sentencia C-005 de 1996 declaró inexequible el inciso 2º del artículo 6º de la Ley 14 de 1988, que excluía del recurso de súplica las sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mientras que en los procesos ante las otras secciones sí se prevé tal recurso. La Corte no encontró ninguna razón objetiva que justificara ese trato diferente pues, a pesar de su especialidad, los asuntos tratados por las distintas secciones del Consejo de Estado son en esencia idénticos, pues “mediante ellos se procura la preservación de la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones del Estado”.
Lo anterior no implica que se trate de un órgano colegiado infalible. Por ello la Constitución le otorgó al legislador una potestad de configuración para determinar los mecanismos a través de los cuales pueden ser corregidos eventuales errores judiciales, siempre que se respete la arquitectura constitucional en la materia . Si bien en el pasado la Corte describió algunos de los mecanismos disponibles para los altos funcionarios aforados que fueran afectados por una sentencia condenatoria , en el asunto bajo revisión, no se referirá a ellos ni examinará si son suficientes, como quiera que este asunto no fue objeto de demanda.
El principio de la doble instancia en el derecho internacional de los derechos humanos y el sentido y alcance de los derechos a recurrir el fallo condenatorio ante “tribunal superior”.
“Garantías judiciales. (…) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) h) Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”.
“(…)5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley (…)”.
3. A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de otra decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
Sobre el alcance y sentido del principio de la doble instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado en varias oportunidades , pero en ninguna de ellas ha versado sobre el juzgamiento de altos funcionarios con fuero constitucional.
En el mismo sentido, el Comité del Pacto concluyó, en un caso que no versó sobre un alto funcionario aforado , que la ausencia del derecho de revisión por un tribunal superior de la condena impuesta por un tribunal de apelación, después de que la persona hubiera sido declarada inocente por un tribunal inferior, constituía una violación del artículo 14, párrafo 5 del Pacto.
De lo anterior encuentra la Corte que la interpretación del art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 8.2 del Pacto de San José que han efectuado los órganos internacionales competentes, resulta armónica con la interpretación que se ha hecho de los artículos 29 y 31 de la Carta Política en materia de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, en la medida en que de dichos pronunciamientos no se deriva una regla según la cual en los juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal ante el órgano de cierre de la jurisdicción penal, deba establecerse una segunda instancia semejante a la que existe para otros juicios penales. Es decir, cada Estado goza de un amplio margen para configurar los procedimientos y para diseñar los mecanismos eficaces de protección de los derechos, sin que esté ordenado, según la jurisprudencia vigente, que en los casos de altos funcionarios aforados se prevea siempre la segunda instancia…”
Como complemento de lo anterior, basta con observar lo que señaló la Corte Constitucional cuando estudió la constitucionalidad del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, numerales 5º, 6º, 7º y 9º, que habilitan el juzgamiento en única instancia de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el debido proceso:
“…Las demandantes consideran que los numerales 5, 6, 7 y 9 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004 contravienen los artículos 29 y 93 de la Constitución Política y el literal h del numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el numeral 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al consagrar procesos penales de única instancia que niegan la posibilidad de apelar una sentencia condenatoria. Sin embargo, la Corte Constitucional concluye que a la luz de la jurisprudencia constitucional en la materia y en armonía con la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el juzgamiento de altos funcionarios por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, resulta ajustado a la Carta…”
“Artículo 340. Concierto para delinquir. Modificado L.733 de 2002. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penadas, por esas sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
“ART.340.- (…)
INC.2º.- Modificado L.1121/2006, art.19. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes…” (subrayas de la Sala).
De acuerdo con las reformas aludidas, a primera vista pareciera -como algunos equivocadamente lo plantean-, que el legislador despenalizó la agravante punitiva para quienes fuesen sindicados de: “organizar, promover, armar o financiar grupos al margen de la ley”, lo cual evidentemente carece de toda razón jurídica, pues lo que ocurre es que ahora aparecen descritas de manera más técnica y concordante con el tipo penal del artículo 345 del C.P.
El legislador englobó en el artículo 345 como unas de sus modalidades, las conductas previstas en el inciso 2º del artículo 340, por cuanto en el primero se le dio el nomen juris de: “Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”, en cuyo precepto, por tanto, se encuentran precisamente los verbos rectores que ahora se echan de menos en el tipo penal del artículo 340, pero que fueron contemplados, como ya se dijo, de manera más técnica en el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006, modificatorio del artículo 345 del Código Penal.
Obviamente, tal comportamiento ahora sancionado con pena mayor sólo puede aplicarse para conductas a partir de su vigencia, pues de otra forma se afectaría el principio de favorabilidad, motivo por el cual para los delitos cometidos antes de entrar a regir la Ley 1121 de 2006, sólo es posible la norma tal como aparecía en vigencia de la Ley 733 de 2002 que especificaba uno a uno los verbos rectores aquí mencionados, esto es: “...Cuando el concierto sea para cometer delitos de…o para organizar, promover, armar o financiar grupos al margen de la ley…” y no como se registra a partir de la Ley 1121 de 2006, sin que por ello, se pueda llegar a la errada conclusión de que se está frente a la violación o desconocimiento del principio de tipicidad.
“…Cinco. Es evidente, entonces, que el concierto para organizar, promover o financiar grupos al margen de la ley, no fue suprimido del catálogo de delitos que contempla la nueva ley. Todo lo contrario: esa conducta fue readecuada como comportamiento punible autónomo en el artículo 345, y su concierto, calificado como circunstancia de agravación del concierto para delinquir, con una pena mucho mayor que la prevista en el artículo 340.2 de la Ley 599 de 2000, modificada por la Ley 733 de 2002…”
También en decisión más reciente de esta Sala , sobre este preciso asunto se anotó:
“…Dicha argumentación indica con efectos diferentes a los que pretendió darle el Tribunal que la conducta imputada no se descriminalizó sino que fue readecuada como comportamiento autónomo de manera que dejó de ser una más de las modalidades que de concierto se preveía en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, luego por sí misma esa tesis no podía conducir a sentar un argumento más que condujera a la absolución cuando es claro que frente a la sucesión legislativa -tal como lo reseña el Ministerio Público- el juzgador de primera instancia acudió al principio de favorabilidad para aplicar contra los procesados la norma que resultaba menos restrictiva, cual era precisamente el citado artículo 340.
“Es que al modificarse por la Ley 1121 de 2006 el precepto 345 del Código Penal se dio autonomía típica a los comportamientos individuales de “promover, organizar apoyar, mantener, financiar o sostener económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes” a la vez que del inciso 2º del artículo 340 del Código Penal se suprimieron las conductas alternativas de organizar, promover o financiar grupos armados al margen de la ley quedando éstas englobadas en el nomen juris del tipo penal que les dio autonomía, es decir, el de “financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”, sin que además pueda entenderse que esta denominación determina la atipicidad de los comportamientos imputados cuando ciertamente su descripción la contiene.
“Por ende lo que antes se hallaba en el inciso segundo del artículo 340 –organizar, promover, armar, o financiar grupos armados al margen de la ley- ahora se encuentra en el artículo 345 modificado pero comportando una mayor punibilidad.
“Así entonces el concierto para organizar, promover o financiar grupos armados al margen de la ley, no fue suprimido del catálogo de delitos que contempla la nueva ley; por el contrario, esa conducta fue readecuada como comportamiento punible autónomo en el artículo 345 y se sanciona con una pena mucho mayor que la prevista en el artículo 340.2 de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 733 de 2002, de ahí que acertada hubiera sido la aplicación del principio de favorabilidad por el a quo”
Sea lo primero advertir que dentro de la investigación se lograron allegar diversos medios de prueba tanto testimoniales como documentales, teniendo en cuenta que se investigaban paralelamente varios delitos, entre otros, narcotráfico, lavado de activos, cohecho (por lo relacionado con la modificación de la norma constitucional de la extradición), espionaje, enriquecimiento ilícito, en los que también pudo haber incurrido el congresista Vicente Blel Saad, junto con el de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos paramilitares, pero en su mayoría, tales medios estaban encaminados a la demostración de aquellos delitos , por lo cual respecto del último reato mencionado, tan sólo obran algunos testimonios y documentos que son la base de este asunto, y que han sido tema de diversas apreciaciones.
Si bien en un comienzo la Fiscalía, pretendiendo demostrar anomalías en las elecciones para el Senado en el año 2002 respecto del sindicado, recepcionó varios testimonios y allegó documentos con tal finalidad , al momento de proferir el calificatorio decidió excluir esta imputación fáctica de la acusación. Por tanto, para no vulnerar el principio de congruencia que debe existir entre ese acto procesal y la sentencia, la Sala se abstiene de considerar todos aquellos aspectos relacionados con ese hecho.
En tal virtud, la Corte con exclusividad hará referencia y centrará su análisis en lo que fueron las circunstancias fácticas expuestas en el calificatorio, pues –se insiste- la primera instancia (Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia), pese a averiguar durante toda la investigación con lujo de detalles lo relacionado con los resultados electorales del acusado postulado al Senado para el año 2002, evidenciando un indicio grave en su contra por los resultados atípicos en algunos municipios dominados por las AUC, aún así decidió excluirlo del calificatorio, bajo el argumento de que ahora resultaba siendo un indicio contingente.
Igualmente, la Fiscalía instructora después de haber tenido durante toda la investigación como medio de prueba en contra del sindicado las conversaciones telefónicas encontradas en el computador de alias “Antonio”, expresamente señaló al momento de calificar el mérito del sumario que éstas no constituían prueba de cargo contra el encartado, y por ello solamente servían para valorar la existencia de un plan de penetración política de las autodefensas a través de la compra o adhesión de candidatos a su proyecto político.
En similar forma hizo referencia a la reunión en el municipio de Barranco de Loba, pues dijo: “al respecto se considera que la prueba referida tampoco ha sido objeto de cargo en la presente acusación, sino exclusivamente como prueba de la situación general del contexto de participación política frente a la convocatoria paramilitar…”.
Al interpretar esa disposición, la Sala ha sido cuidadosa en señalar que si entre las finalidades principales del proceso penal se cuentan la aproximación racional a la verdad y la aplicación del derecho sustancial, en la sentencia como culminación del rito se debe establecer más allá de toda duda si mediante una acción que desencadena un proceso de interferencia intersubjetivo se vulneró o se puso en riesgo un bien jurídico concreto .
“El artículo 340 del Código Penal define diversas formas de ataque al bien jurídico que denotan la manera progresiva como se atenta contra la seguridad pública. Así, en el inciso segundo, es el acuerdo de voluntades para promocionar, organizar, financiar o armar grupos armados al margen de la ley lo que le da sentido al injusto, en el contexto de una modalidad muy propia de los tipos de peligro; y en el tercero, desde la óptica de la efectiva lesión, se sanciona la conducta de armar, financiar o promocionar a tales grupos. Eso implica que se describen conductas secuenciales en escala de menor a mayor gravedad cuya lesividad se refleja precisamente en el tratamiento punitivo, como corresponde al principio de proporcionalidad.
“En la escala progresiva de protección de bienes jurídicos, el acuerdo que da origen al concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos al margen de la ley, se diferencia de la efectiva organización, fomento, promoción, dirección y financiación del concierto, moldeando diferentes penas según la ponderación del aporte que se traduce en un mayor desvalor de la conducta y en un juicio de exigibilidad personal y social mucho más drástico para quien efectivamente organiza, fomenta, promueve, arma o financia el concierto para delinquir, que para quien sólo lo acuerda”
Ahora bien, la descripción de la conducta que hace el legislador en el segundo aparte del artículo 340 del código penal, permite asumir que la prohibición se dirige a evitar los riesgos contra la seguridad pública que pueden surgir al “promover” grupos armados al margen de la ley, entre otras posibilidades, con motivo de la alianza entre políticos y organizaciones criminales o aparatos organizados de poder, pero sin que ello signifique que esa intervención le confiera status político a una conducta entrelazada con la seguridad pública y no con el orden constitucional, pues:
“Como corresponde a la realidad de las cosas, nótese que el acuerdo de voluntades para promover grupos armados al margen de la ley no requiere de cualificaciones especiales en el sujeto agente, aun cuando sí resulta muy significativo, para lo que ahora importa, el que a él concurran representantes de grupos de autodefensa o paramilitares y políticos del orden local o regional. Tal vez por eso, desde la perspectiva que mira más a los gestores del acuerdo que a la conducta misma, se piensa que por concurrir actores políticos el acuerdo se convierte en político, en lugar del común que se define por el contenido de la conducta y por su finalidad y no por los actores del mismo”.
4.2. Respecto de la presencia y dominio paramilitar en la región de Bolívar, tal como lo afirmó la Fiscalía con base en el caudal probatorio allegado al plenario y pese a que no se discutió en el proceso ni fue tema de debate en los alegatos finales, aún así es de público conocimiento que desde el año 1996 en los departamentos del norte colombiano, entre otros, Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar y para el caso que ocupa ahora la atención de la Sala, Bolívar, actuaron grupos armados al margen de la ley que se unieron inicialmente bajo la denominación de “Autodefensas” con independencia federal o regional y con dirigentes relativamente autónomos, que posteriormente se convirtieron en “Autodefensas Unidas de Colombia”, AUC, lideradas por la llamada “Casa Castaño”, que bajo el pretexto de la lucha antisubversiva, se involucraron en la región y en connivencia con no pocas autoridades de todo orden, perpetraron toda clase de delitos, algunos de estos de lesa humanidad.
En estas regiones de la geografía nacional llegaron, permanecieron, se mantuvieron y se impusieron por la fuerza de la violencia estos grupos ilegales, que posteriormente se conformaron como una sola agrupación bajo la denominación de AUC, y poco a poco fueron interfiriendo no sólo en el aspecto social, sino también cultural y especialmente político de las regiones, pretendiendo con ello llevar a feliz término lo que denominaron “proyecto paramilitar”, motivo por el cual dieron su aval y apoyo irrestricto a diversos líderes, introduciéndose de esta manera en la actividad proselitista de la comunidad.
“…Le había dicho que habíamos hecho unos pactos con congresistas para la elección de alcaldes, gobernadores, especialmente para alcalde de Montería, Gobernación de Córdoba en el 2003, en las cuales se hizo una alianza con Juancho López…y cuando me refiero a nuestros congresistas hay unos elegidos por nosotros directamente…se hicieron alianzas en Córdoba…en Sucre…”
También la declaración del hoy desmovilizado Edward Cobos Téllez, mejor conocido como “Diego Vecino” a la sazón comandante del bloque “Montes de María” ubicado en la zona centro norte del departamento de Bolívar, testimonio rendido dentro del expediente 26926 y cuyos apartes se le pusieron de presente al investigado al momento de rendir diligencia de indagatoria, permite concluir sobre tal penetración paramilitar en la vida política de dicha región Caribe, pues relató, entre otros hechos, lo siguiente:
“…tengo que declararle y reconocerle a la Honorable Corte que efectivamente nosotros teníamos un trabajo que llamamos los acumulados solidarios de esas comunidades que habían venido realizando desde el año 2000, cuando el comandante “Juancho Dique” jefe militar y comandante del estamento militar de esa zona de Bolívar uno de los frentes que comprende al Bloque Montes de María…pues paralelo a ello era hacer una presencia social, hacerle entender a las comunidades que el paso de las autodefensas, era una labor social, que tenía que tener representación directa, para que de esas forma hacer política…” (fl.33 c.o.4).
Al punto que el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia que condujo la investigación desde un comienzo, en el calificatorio, hizo mención a las llamadas telefónicas que se encontraron grabadas en el computador incautado a alias “Antonio” , hombre de confianza del comandante paramilitar alias “Jorge 40”, no para determinar con éstas “prueba de cargo contra el sindicado” , sino tan sólo para “verificar la existencia de los mecanismos de penetración y captura del estado, en principio de las ramas legislativa y ejecutiva, del poder a través de la puesta de presente de las conversaciones telefónicas encontradas en la memoria del referido computador de alias “don Antonio”, en donde se detallan e ilustran los intentos de compra de candidatos de varios partidos, así como la presunta tentativa de alianza a su proyecto político…” .
Puede entonces colegirse que buena parte de la política regional estaba comprometida con estos grupos al margen de la ley. Véase la transcripción que se realizó de algunas de estas conversaciones entre alias “Antonio” y alias “Piter”, que permiten corroborar tal afirmación:
“…No, ahí ahí lo que hay es que participá (sic), pero uno también siendo conciente que, que…hasta un punto, o sea todas maneras pa no quedarse por fuera, vienen por delante cuatro años más y no vale la pena quedarse uno por fuera, cualquier cosa que uno pueda hacer, como te digo, por LUIS DANIEL, por VICENTE votar por lo menos pa que el día de mañana le toque las puertas y ellos…de verdad este man alguna vaina hizo, entonces, hay es que ponerse pilas rápidamente a ver que se puede hacer, que también sea significativo, pues los manes también lo tengan en cuenta y lo valoren en su momento…” .
Sigue hablando alias “Piter”, con “Antonio”:
“…Pero deje claro ese día me dijo Peter tú sabes que conmigo no tienes problema, hay que, si esto es verdad que me tas diciendo que no estás moviendo la parte política pa donde don Antonio, pa la gente Cuarenta, entonces termíname lo que tú me vendiste, las ideas que tú me vendiste políticamente que es que JUAN MEJÍA a la Cámara y LUIS DANIEL VARGAS al Senado, o mejor dicho, ponte al frente con JUAN MEJÍA…y estoy en ese proceso, que xxxx me manda decí don Diego Vecino con JUAN MEJÍA?, Pitere, necesito que hable con VICENTE BLEL, con WILLIAM MONTES y con LUIS DANIEL, el compromiso fue de quince mil votos para MURIEL BENITO REBOLLO, REBOLLO de Sucre y quince mil votos para negociá con cualquiera de estos tres Senadores, le hice la vuelta esa, ayer hablé con…” .
Como viene de verse, sin que haya sido siquiera motivo de controversia o discusión, se probó y se ha aceptado incluso pacíficamente por los sujetos procesales, que en muchas regiones del país, incluyendo por supuesto el departamento de Bolívar, se mantuvo la presencia paramilitar desde mediados de los años noventa, con sus consecuencias lógicas ya conocidas, como fue el atropello permanente a la población civil, la comisión de delitos de lesa humanidad, la dirección de la vida social, cultural y principalmente política, influenciando y dirigiendo las diversas y consecutivas actividades proselitistas, con el exclusivo fin de llevar a los cargos de elección popular a personajes de su predilección, entre otros, la reconocida Eleonora Pineda -quien es protagonista principal de los hechos objeto de juzgamiento-, Rocío Arias, y muchos otros, que les permitieron a los comandantes paramilitares como Mancuso vociferar públicamente en todos los medios de comunicación y ante la comunidad en general que “las Autodefensas tenían el 35% del Congreso”, expresión que seguramente ningún colombiano desconoce.
En efecto, fue el mismo encartado quien en diligencia de indagatoria relató las grandes dificultades que conlleva hacer un viaje hacia dicho municipio, pues dijo:“…ese día viajamos hasta el Banco Magdalena, en un chance aéreo, hasta el Banco llegamos…alrededor de las diez de la mañana, posteriormente…y viajamos en una chalupa hasta el municipio de Barranco queda a una distancia de 45 minutos en chalupa cruzando el Magdalena y el brazo de loba, cuando llegamos a Barranco de Loba era alrededor de medio día, había presencia de fuerza pública…la reunión se celebró en una finca que quedaba a las afueras de la cabecera municipal a una distancia más o menos de 5 kilómetros, como no había vehículo en ese momento…yo viajé en un chance en una motocicleta…llegué a la finca alrededor de las doce y cuarto, me lavé la cabeza y la cara porque llegué empolvado, saludé…quiero resaltar que yo en esa finca duré aproximadamente unos treinta minutos…no participé, ni hice ningún acuerdo, ni supe de qué se trató la reunión porque me vine antes de comenzar la reunión y no sé que otros dirigentes de la región del sur de Bolívar asistieron…” .
Posteriormente, en audiencia pública contó las vicisitudes y pormenores que implican un viaje por los diferentes municipios del departamento de Bolívar, al punto que él mismo dijo no conocer toda la geografía de éste y al referirse al municipio de marras en donde se llevó a cabo la primera reunión, dijo: “…a la reunión me fui y me devolví en avión, para llegar a Barranco de Loba hay que ir primero al municipio del Banco (Magdalena), de ahí coger una lancha que dura media hora hasta Barranco de Loba y de ahí al sitio de la reunión hay como dos kilómetros y medio, unos se fueron a pie otros en moto, porque carros no hay…” (min.01:19:30…)
Si se analiza el motivo de la reunión y el inicial y extenso discurso de “Ernesto Báez”, así como las personas citantes y sus intervinientes, se puede concluir que era allí en donde se pretendía elegir al candidato único que por el sur de Bolívar iría a la contienda electoral para las elecciones del departamento en el año 2003, por cuya razón resulta obvio entender que Vicente Blel Saad durante todo el desarrollo de la reunión y, no sólo en media hora, logró darse cuenta de que su candidato, Libardo Simancas, quien aspiraba al mismo cargo de elección popular, tenía grandes dificultades, pues López Cossio candidato del sur, era apoyado directamente por los comandantes paramilitares alias “Ernesto Báez” y “Diego Vecino” y llevaba una peligrosa delantera frente al otro candidato.
De todo ello dieron cuenta, entre otros, el mismo comandante “Báez” quien afirmó:
“…En el sur de Bolívar ocurrió una cosa simpática. Yo llego al sur de Bolívar a finales del año 2000…recién creado el Bloque para la creación de una parte política. Estamos allí en el año 2001, fue muy dramático de todo por el no despeje…ese movimiento…llegó a tener cuarenta municipios…cuando pasaron las elecciones parlamentarias y vinieron las otras para gobernador y del 2003…hubo muchos problemas…la gente del sur de Bolívar se inclinaba por apoyar un candidato que fuera de esa región, era el doctor López Cossio, y la gente del norte de Bolívar se inclinaba por apoyar un candidato que surgiera de la capital Cartagena. Más o menos ese ha sido el modelo que ha operado en las elecciones de un departamento con tantos contrastes políticos, económicos y sociales como es Bolívar. Entonces yo siempre fui un opositor terrible…del centralismo no sólo de Bogotá sino el que ejercen las capitales con respecto a las provincias del departamento…en Cartagena se deciden las elecciones de Bolívar…” .
Por tanto, no resultan atendibles en este punto los alegatos de la defensa ni del acusado, pues las pruebas obrantes en el proceso indican con meridiana claridad que en el municipio Barranco de Loba efectivamente se llevó a cabo la reunión en mención, para el mes de agosto del año 2003, con presencia de las fuerzas vivas de la región y de los paramilitares dominantes en la zona sur, entre otros “Ernesto Báez”, quien la presidió.
No se duda en ningún momento de la existencia y de la legalidad de dicha asociación de municipios, pero pretender, como lo hacen la defensa y el acusado, eliminar del contexto de la mencionada reunión la presencia e injerencia paramilitar, así como el móvil de tal acontecimiento multitudinario, resulta ajeno a la realidad procesal, pues fueron los testigos presenciales quienes al unísono expresaron que la razón de tal reunión era la escogencia del candidato a la gobernación de Bolívar y no fue citada por esa persona jurídica sino por los mismos paramilitares en cabeza de su líder “Ernesto Báez”.
Así lo confirman, entre otros, el líder político regional y deponente Henry Vargas , quien al ser interrogado sobre las personas que convocaron el encuentro de Barranco de Loba, atinó a decir:
“…hombre esa reunión fue organizada por las autodefensas, prácticamente. Una reunión en donde participaron todas las dirigencias, eso es una vaina…eso en el sur de Bolívar era normal…en el 2003…ahora me extraña que las autoridades hayan sido permisibles a esa reunión…policía ahí acantonada…una reunión grande…eso era sospechoso…era como Pedro por su casa…una reunión donde asistieron aproximadamente trescientas personas…pero bueno tocaba asistir…era una convocatoria…” (Subrayado por la Sala, min.00:06:19…).
Al respecto, obsérvese cómo este testigo no hace referencia a la presencia del comandante “Báez”, quien no sólo inauguró el evento sino además pronunció un extenso discurso según lo manifestado por otros deponentes, además que el hecho de no haber visto cuándo salió del evento al doctor Vicente Blel, ello no implica que éste no hubiese estado allí presente, pues pudo retirarse momentáneamente del lugar, por lo que no puede tenerse su manifestación como prueba contundente de la no presencia de Blel allí. Fue el mismo acusado quien aceptó haber estado presente y, aun cuando dijo que por unos breves minutos, tal excusa no resulta creíble por lo dicho en precedencia.
En efecto, conforme con las pruebas allegadas al plenario, se logró demostrar que la finalidad de la misma no fue otra sino la de obtener apoyo y respaldo del líder principal de las autodefensas de esa región Salvatore Mancuso Gómez, para su candidato a la gobernación de Bolívar en esas elecciones de 2003, Libardo Simancas, en contra de las aspiraciones de Alfonso López Cossio, quien pese a ser apoyado por alias “Ernesto Báez”, “Diego Vecino” y otros comandantes paramilitares, finalmente resultó perdedor en esa contienda electoral.
En ese sentido, es preciso señalar que en el transcurso de la audiencia el Juez ordenó las pruebas testimoniales solicitadas por el defensor al hallarlas conducentes y pertinentes ; así mismo incorporó al expediente tres documentos, dos de ellos relacionados con reuniones, el primero fechado en Cartagena de Indias el 15 de septiembre de 2003 suscrito por los entonces congresistas del departamento de Bolívar, que participaron en la reunión del corregimiento El Caramelo con líderes de las autodefensas; el segundo, también suscrito en la misma ciudad el 17 de septiembre de 2003 por Eduardo Espinosa Facio Lince, para la época miembro de la Comisión Exploratoria para los Diálogos de Paz con las AUC, quien puso en conocimiento del Alto Comisionado de Paz las denuncias de los congresistas del departamento de Bolívar sobre las interferencias de los grupos paramilitares en el proceso electoral para la Gobernación de Bolívar; el tercero, corresponde a un certificado de existencia y representación legal de la entidad sin ánimo de lucro denominada “Asociación de Municipios del Magdalena Medio Bolivarense y su zona de influencia”.
En el departamento de Bolívar se encontraban asentados dos bloques de las AUC, al norte el Bloque Héroes de los Montes de María, cuyo comandante era Edward Cobos Téllez, conocido con el alias de ‘Diego Vecino’ y como jefes militares Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’ y Uber Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’. Este grupo controlaba del centro del departamento, desde el puerto fluvial de Magangué a orillas del Río Magdalena, y las capitales de Sucre y Bolívar, Sincelejo y Cartagena, incluidos los municipios de los Montes de María.
El otro grupo paramilitar con presencia en el departamento era el Bloque Central Bolívar, cuyo jefe principal era alias ‘Macaco’, y como jefes visibles en lo político y lo militar fungían Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez” y “Julián Bolívar”. Este grupo, que llegó a ser el más grande en hombres armados y presencia en la costa, los llanos y el sur del país, controlaba todo el sur del departamento de Bolívar.
De acuerdo con la versión de alias ‘Ernesto Báez’, el comité decidió apoyar, después de analizar todos los nombres, a Alfonso López Cossio, ex representante liberal a la Cámara por el grupo de Juan José García Romero y Piedad Zuccardi. Se dijo que inicialmente habían escogido, presuntamente al exgobernador Libardo Simancas, pero cambiaron y se inclinaron por López Cossio, porque el designado tenía que pagar un aporte económico al grupo paramilitar.
Para la Sala, escuchadas las declaraciones de quienes depusieron en la audiencia pública, la reunión celebrada en el corregimiento El Caramelo tuvo una finalidad totalmente distinta, ésta no como reclamo amable para la búsqueda de una solución que ya se había intentado por las vías legítimas, sino que se requería buscar de manera urgente el contacto con el comandante Mancuso, ya que sólo él y Eleonora Pineda podían obtener de “Diego Vecino” la seguridad de que contaban con su apoyo en la otra parte del departamento y de esa forma ejercer contrapeso a la embestida del Bloque Central Bolívar al mando de Ernesto Báez, pues la reunión de Barranco de Loba había concluido con el total apoyo al candidato Alfonso López Cossio.
No puede aceptarse, como se ha pretendido al restarle importancia al comentario hecho por Mancuso en su declaración, pensar que se trató de “una broma” de Eleonora Pineda solicitar del Bloque Montes de María el apoyo al candidato Libardo Simancas, y que este hecho suscitó en Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino” una airada reacción.
Este último se refiere a una gran reunión en la que además de los parlamentarios estaba Enilce López en compañía de un sacerdote y varias personas; por el contrario Eleonora se refiere a una “sencilla reunión” entre los parlamentarios y comandantes, además del candidato.
Tal como en acápites anteriores se advirtió, las conversaciones telefónicas grabadas en el computador de alias “Antonio”, legal y oportunamente allegadas a este proceso, permiten demostrar la penetración de los grupos paramilitares en la vida política y económica en muchos departamentos del norte colombiano, entre otros, el de Bolívar, así como su vinculación con varios líderes de la región.
Si además de ello se tiene en cuenta lo que allí dialogaban respecto de las futuras elecciones a Congreso en donde hacían mención a diversos dirigentes políticos, incluyendo a personas como la reconocida Enilce López de quien dicen dominaba suficientemente la política regional, puede entonces sin ambages concluirse que la verdadera razón de la presencia en la casa de Eleonora Pineda en el 2003, con Vicente Blel incluido y a la cual asistió el comandante Mancuso, no fue otra sino lograr su apoyo para Libardo Simancas a la Gobernación de Bolívar en las elecciones de ese mismo año, en contra de los intereses del candidato rival López Cossio, quien a su turno era apoyado por los comandantes paramilitares del sur de Bolívar, entre otros, alias “Ernesto Báez” y “Diego Vecino”.
“…de los siete departamentos de la costa, el departamento sui géneris que llamo yo es el …de Bolívar, allá tenemos dos personajes que son La Gata y el turco Isac (sic), ellos han penetrado todas las esferas, tanto de la economía, de la construcción, de la política de toos laos (sic), menos la social, y …definitivamente tiene…la Gata tiene gobernación, tiene Gobernador y tiene alcalde, en este momento está apoyando tres senados, que tiene opción de salir…por lo tanto todo lo que yo pretenda hacer en el departamento de Bolívar está…se afecta la participación de ellos en política, porque ya tiene comprao todas las JAL, tiene comprados todas las gentes, todos los líderes políticos se los trae para acá)…obviamente usted sabe que para participar en política hay que…eso no es gratuito,,,cuando uno quiere participar en política o tiene plata o tiene votos, o tiene algo que ofrecer a cambio, como nosotros no tenemos nada de esos, nosotros lo único que tenemos es una fuerza militar, de la que nos podemos valer para un momento dado hacer campaña….” .
Efectivamente, la reunión en el corregimiento El Caramelo, no fue publicitada, ni oficialmente permitida, por el contrario, se mantuvo en la más estricta confidencialidad, hasta cuando el ex comandante Salvatore Mancuso Gómez, en desarrollo de la Ley de Justicia y Paz y comprometido a declarar exclusivamente la verdad en diligencia de versión libre y ante los cuestionamientos del funcionario allí presente, accedió a decir de la manera más descomplicada y espontánea que sí se había realizado dicha reunión con el propósito de determinar a cuál de los candidatos apoyaban para la Gobernación de Bolívar en las elecciones del año 93 (sic) -se refería en ese momento al año 2003, pues de esas elecciones venía declarando y además esto fue corregido y corroborado posteriormente-, así lo expresó en aquella ocasión :
“…Le había dicho que habíamos hecho unos pactos con congresistas para la elección de alcaldes, gobernadores, especialmente para alcalde de Montería, Gobernación de Córdoba en el año 2003, en las cuales se hizo una alianza con Juancho López, no fue elegido por nosotros pero hicimos alianzas con ellos y cuando me refiero a nuestros congresistas hay unos elegidos por nosotros directamente, por nosotros directamente quiénes fueron?: en el caso de Córdoba Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella, es el caso específico de Córdoba…con quiénes se hicieron alianzas en Córdoba?: se hicieron alianzas con Julio Manssur, Zulema Jattin, Reginaldo Montes, Musa Besaibe, Salomón Nader, Juancho López, Libardo López, José María López y alcaldes, ya le cuento alcaldes o lo tocamos en el tema de…cuando termine el tema parapolítico…en Sucre también le digo…le doy datos…un momentito…. Ya le doy datos (busca en el computador)…vinculación con nosotros o acuerdos con nosotros…Eric Morris…esos detalles se los dará Diego Vecino…” (subrayas de la Sala).
“…PREGUNTADO: señor Mancuso…para facilitar…el desarrollo de la información…que sea de los más ordenada posible…hagámoslo por departamentos, por ejemplo agotemos el departamento de Córdoba…MANCUSO: Mire…el problema…es que lo tengo totalmente diseminado…eeen la versión de parapolítica…que era la que estábamos ahí avanzando…no está toda junta…está toda diseminada…o avanzamos…pero vea…por ejemplo…en…Bolívar…una reunión en la casa de ELEONORA PINEDA a mediados del 93, para acordar si apoyábamos a LIBARDO SIMANCAS o a ALFONSO LÓPEZ COSSIO, quiénes estuvieron? William Montes, Vicente Blel, José María Imbett, Javier Cáceres…bueno Javier Cáceres no estuvo pero dijeron los otros que lo representaban…que recuerde…eeee…Juan José García hizo también acuerdos para la elección de ALFONSO LÓPEZ COSSIO a la gobernación que perdió con LIBARDO SIMANCAS …y esos acuerdos…los hizo con…Diego Vecino y ….con…Iván Roberto Duque…en los cuales se comprometió con el sur de Bolívar y toda la dirigencia del cono sur de Bolívar, concejales, diputados, alcalde de cantagallo…eee….Juan José García esposo de la señora Piedad Zuccardi en representación de ella….” (Subrayado de la Sala).
Este mismo testigo en posteriores intervenciones, sin negar el desarrollo de la reunión ni los allí asistentes, señaló que en la exposición rendida en el marco del proceso de Justicia y Paz había sido suficientemente explícito sobre el móvil de la misma, aún así expresó que se habían congregado en El Caramelo en casa de su amiga Eleonora Pineda, con el fin de solucionar unas quejas que estos líderes políticos le habían transmitido con dicha congresista y por ello incluso se comunicó en forma inmediata con “Báez”, quien se comprometió a expedir un comunicado a la opinión pública en la que se permitía a la ciudadanía en general participar en forma libre en dichas elecciones, lo cual expresó así:
“…En el Caramelo en la casa de la señora Eleonora Pineda, corregimiento del municipio de Tierra Alta, Córdoba, en el año 2003, dos o tres meses antes de las elecciones a la Gobernación , aproximadamente no recuerdo con exactitud, el motivo de la reunión fui bastante amplio en la Corte y en mis Versiones, pero haré un breve resumen, estos señores le pusieron quejas a Eleonora Pineda y ella me las transmitió sobre la imposibilidad de hacer política libremente en el departamento de Bolívar por presiones de las autodefensas…yo convoqué a la reunión…y se quejaban que las autodefensas en Bolívar no estaban dejando hacer proselitismo político a Libardo Simancas…me acompañó el comandante Diego Vecino…llamamos a Ernesto Báez por teléfono, si era cierto que ellos habían prohibido la participación de Libardo Simancas en la campaña electoral a lo que respondió que no…y se comprometió a hacer un comunicado aclarando la situación…” .
No resulta creíble que la reunión haya tenido como fundamento las quejas de dichos líderes políticos, pues para ello se debe recordar que las autodefensas dirigidas por Mancuso tenían candidatos de su predilección; él mismo lo aceptó en la misma versión expuesta en Justicia y Paz, especialmente cuando afirmó: “…Le había dicho que habíamos hecho unos pactos con congresistas para la elección de alcaldes, gobernadores, especialmente para alcalde de Montería, Gobernación de Córdoba en el año 2003, en las cuales se hizo una alianza…y cuando me refiero a nuestros congresistas hay unos elegidos por nosotros directamente…” (fl.158 c.o1).
Si se observa lo expresado por alias “Diego Vecino”, quien igualmente acudió a la cita llevada a cabo en el corregimiento El Caramelo por invitación de Mancuso, se puede colegir que el motivo de la misma no fue otro sino el de lograr por Vicente Blel el apoyo de uno de los comandantes supremos de la organización paramilitar (Mancuso) para su candidato a la gobernación de Bolívar, Libardo Simancas, pues sin la ayuda primordial de esta agrupación jamás hubiera sido posible obtener el triunfo, tal como efectivamente se logró pero gracias a la intervención real y efectiva de Salvatore, quien inmediatamente se comunicó con “Báez”, pero no con el fin de hablar con él un tema tan intrascendente como el que expuso, sino para quitar del medio de una vez por todas a López Cossio.
Prueba de ello es la declaración del propio “Báez”, quien dirigió la reunión de Barranco de Loba -días antes de que Vicente Blel organizara la celebrada en El Caramelo- y quien además apoyaba junto con otros comandantes como “Diego Vecino”, a López Cossio, quien en esas condiciones era ya un muy fuerte y casi seguro ganador de dicha contienda electoral, pero que de forma “inexplicable” después de la intervención de Mancuso y de su conversación con Báez sobre dicho asunto, resultó perdiendo las elecciones frente a Libardo Simancas.
Así lo expresó alias “Ernesto Báez”:
“…del 2003. Hubo muchos problemas. La gente del sur de Bolívar se inclinaba por apoyar un candidato que fuera de dicha región. Era el doctor López Cossio. Y la gente del norte de Bolívar se inclinaba por apoyar un candidato que surgiera de la capital Cartagena (…) en mi trabajo político siempre dije a las comunidades: no habrá forma de liberar de la miseria al sur de Bolívar si Cartagena sigue manejando las cosas como las maneja y si los presupuestos todos se invierten es en Cartagena (…) conversamos con las autodefensas del norte del departamento, hombre porque no se tratan de unirse, todo estos pueblos, porque unidos el norte unido el sur, y con una pequeña ayuda de Cartagena igual la balanza daba, se inclinaba fue una idea que puse en circulación, ciertamente que yo creía que la situación era muy difícil, porque era más fácil aliarse con los candidatos de Cartagena que aliarse con las autodefensas del norte del departamento (…) entonces algún día supe que como mi propuesta circuló y la miraban con buenos ojos, algún día supe que llegó a oídos de la dirigencia de Cartagena y esa dirigencia se reunió con….se fue a buscar a Mancuso y se reunieron con Mancuso (…).
Las consecuencias de la reunión celebrada en el Caramelo las puso de presente el mismo “Ernesto Báez”, quien señaló que durante la reunión “Diego Vecino” y “Salvatore Mancuso” lo contactaron telefónicamente y le indagaron por los reclamos de los asistentes, aquél fue enfático en expresar que no existían tales restricciones para la labor proselitista de Libardo Simancas y se comprometió a elaborar y difundir un comunicado a la comunidad en el que les informaba que quedaban en libertad de votar por el candidato de su preferencia.
“Minuto 25:42:….’adquirí un compromiso ese día que fue el de velar de ahí hasta el día de las elecciones porque no se obstruyera la campaña del doctor Libardo Simancas, personalmente les dije voy a trasladarme a las zonas y voy a hablar con los líderes orgánicos de ésta organización, yo tenía para ese entonces un trabajo muy organizado y muy adelantado y ellos a su vez lo trasmitían a las comunidades, esa labor se hizo así y hablo de un señor que le decíamos el Profe, otro que le decíamos Piter, otro señor que le decíamos Carlos, en justicia y paz está el reconocimiento de fotos los nombres y en la estructura que entregué como el organigrama de la dirección política está eso claro, a través de ellos les dije: Me comprometo a que la campaña del doctor Libardo Simancas no vaya a tener ninguna obstrucción, ningún impedimento por parte de esta organización porque no son mis políticas, pero sí me llama la atención algo, que también quiero dejar en claro aquí, sí se estaba exponiendo en esa reunión, ojo con esto honorable magistrado, sí se estaba exponiendo en esa reunión que la campaña del señor gobernador actual, el doctor Libardo Simancas, se sentía obstruida, se sentía atropellada por el accionar violento de esa organización, yo también quiero dejar en claro que aquí ese día se me planteó que por qué no acompañábamos la campaña del doctor Simancas, yo no entiendo eso, yo eso quiero dejarlo en claro, yo no entiendo entonces qué se pretendía, si fuese cierto esa hipótesis de que el accionar violento de esa organización coartaba el derecho al libre ejercicio del doctor Simancas y sus líderes políticos en estas regiones, porque en esta reunión misma reunión se me expuso que porque no acompañaba a la campaña del doctor Simancas (…) esa propuesta la hicieron los asistentes a la reunión, incluyendo entre ellos al señor candidato (subrayado nuestro)”.
Los bloques se fueron creando, surgiendo de las bases de la llamada “Casa Castaño”, hasta permear toda la geografía colombiana desde Nariño a los Llanos Orientales e incluso las fronteras, como ocurrió con el bloque “Bloque Catatumbo” y el “Bloque Fronteras”.
La primera reunión con las AUC se llevó a cabo el 23 de enero de 2003, pero concluida ésta el Bloque Elmer Cárdenas se retiró de la mesa, lo que motivó posteriormente la firma de un “Acta de Compromiso” el 13 de febrero de 2003.
El 25 de junio de 2003, la Comisión Exploratoria hizo público un documento de recomendaciones y hasta el 23 de enero de 2004 se suscribió el Convenio con la Organización de Estados Americanos que permitió poner en marcha la misión de apoyo al proceso de Paz .
El inicio formal de los diálogos de paz con la integración de la Comisión Exploratoria significaba el comienzo de los actos preparatorios entre ellos el compromiso de “cese de hostilidades”, entendidos como los actos de los que pudiera resultar afectada la población civil.
No puede negarse que los hostigamientos existieron, más en un departamento con marcadas diferencias entre las regiones, como fue expuesto por “Ernesto Báez”, quien por ser el comandante del Bloque Central Bolívar, asentado en el sur del departamento tenía preferencias por el candidato más representativo de esa región, como era López Cossio.
Entonces la búsqueda posterior del encuentro con el comandante “Mancuso” y con “Diego Vecino” en El Caramelo, como atrás se dijo, resultaba a todas luces innecesaria, porque ya los conductos regulares se habían agotado, lográndose así la reiteración del compromiso, razón por la cual la reunión llevada a cabo en la casa de Eleonora Pineda tenía, como se ha sostenido en la resolución de acusación y en la providencia de segunda instancia confirmatoria de la misma, un interés distinto a la solicitud de cese de hostigamientos.
Aclaración de voto Permiso
Aclaración de voto Aclaración de voto
Publicado por MANUEL MOSQUERA GARCES en 6/02/2010 08:33:00 p. m.

References: resolución 
 artículo 340
 artículo 235
 artículo 75
 artículo 235
 artículo 6
 artículo 133
 artículo 340
 artículo 533
 artículo 8
 artículo 150
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 345
 artículo 345
 artículo 340
 artículo 340
 artículo 16
 artículo 345
 artículo 345
 artículo 340
 artículo 340
 artículo 340
 artículo 340
 artículo 340
 artículo 345
 artículo 345
 artículo 340
 artículo 340
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