Source: https://psicolog.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-v11.html?page=17
Timestamp: 2019-08-21 20:34:29+00:00

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IX.3. DESPOSESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DEL CACARICA (Artículo 21 de la Convención)
B.2. La explotación ilegal de los territorios del Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica
DESPOSESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DEL CACARICA
(Artículo 21 de la Convención)
La Comisión indicó que las comunidades desplazadas de la Cuenca del Cacarica que habrían sido víctimas de los saqueos y destrucción de sus caseríos y que estuvieron desplazadas, no tuvieron la posibilidad de “disfrutar sus bienes, tierras y los recursos de uso tradicional que en ellas se encuentran”. La Comisión también alegó que las comunidades afrodescendientes del Cacarica mantienen “una estrecha relación con la tierra, como parte de su tradición ancestral, por lo que tanto sus tierras tradicionales como sus recursos naturales deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana, en su dimensión colectiva”. Así, la Comisión consideró que las comunidades de la cuenca del Cacarica fueron afectadas en su derecho a la propiedad “por el desuso y deterioro de sus tierras y de sus bienes muebles e inmuebles, tanto comunitarios como individuales”, y que el desplazamiento afectó a las posibilidades de trabajo, lo que ocasionó un lucro cesante. Indicó a su vez que las comunidades afrodescendientes “durante el período de desplazamiento no tuvieron acceso al derecho al uso y goce de los recursos naturales de sus tierras tradicionales –como la madera-, entre otros recursos que han sido usados tradicionalmente por los miembros de las comunidades”.
Los representantes agregaron que las comunidades afrodescendientes del Cacarica tienen “una relación con el territorio casi umbilical, una relación vital perceptible en las palabras según las cuales el territorio es su madre y es su padre porque de él reciben todos los beneficios”, y que por la Operación Génesis “las víctimas del presente caso fueron arbitrariamente despojadas del uso y goce de sus bienes, en su dimensión individual y comunitaria”, afirmando a su vez que el “desplazamiento estuvo acompañado del saqueo y destrucción de bienes individuales y colectivos”587. Indicaron también que la injerencia violenta, la ocupación y destrucción de sus espacios de vida íntima y comunitaria, de sus lugares de habitación y de siembra, afectó profundamente su forma de vida y sobre vivencia, su cultural e identidad ancestral y con ello se “afectó […] el ámbito material de protección del artículo 21” de la Convención.
Por otro lado, anotaron que “el territorio del que fueron desplazados fue ilegalmente aprovechado por empresas de extracción [de] madera, mientas el territorio estaba controlado por grupos paramilitares que impedían el regreso de sus habitantes ancestrales”. Indicaron en particular que “estas empresas realizaron un uso irracional en forma mecanizada de los recursos maderables del Cacarica, que ha generado un profundo daño en el territorio, los recursos forestales y en las condiciones de vida de las minorías étnicas que habitan las zonas de extracción […]”, y sindican a la Compañía MADARIEN como la “beneficiaria directa en diversos renglones de la economía colombiana”. Agregaron asimismo que “las operaciones ilegales empresariales han provocado graves daños ambientales al territorio colectivo del que son propietarios ancestrales las víctimas de este caso”.
Por todo ello, consideraron los representantes que el Estado “ha comprometido su responsabilidad, porque permitió deliberadamente la explotación ilegal de recursos por agentes privados que contaron con el apoyo de grupos paramilitares y no ha tomado medidas eficaces para reparar los daños ambientales que esta situación ha generado y para garantizar que dichas actividades se sigan realizando”, como “tampoco ha tomado medidas efectivas para controlar que agentes económicos adelantan proyectos en el territorio de la cuenca del río Cacarica que afectan el uso y disfrute de las tierras y recursos naturales a las víctimas del presente caso”588.
El Estado expresó que no es internacionalmente responsable por la violación al derecho a la propiedad de los pobladores de la cuenca del río Cacarica, porque no “existe un nexo de causalidad entre la vulneración del derecho […] a la propiedad y la acción desplegada por agentes estatales”, como tampoco a una “omisión imputable a los agentes estatales”. Respecto de los “proyectos empresariales y daños ambientales en la transición del regreso al territorio” invocados por los representantes, el Estado señaló que “se trata de situaciones que por un lado son posteriores a los hechos de la Operación Génesis y que, por otro, no tienen ninguna conectividad con éstos”.
Con respecto a las presuntas violaciones al derecho de propiedad, la Corte constata que los alegatos de las partes y la Comisión han presentado alegatos que se refieren a dos aspectos: 1) las afectaciones a los bienes individuales y colectivos de las comunidades de la cuenca del río Cacarica, y 2) la presunta explotación ilegal de los territorios del Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica.
Las presuntas víctimas son miembros de comunidades afrodescendientes que se asentaron en la cuenca del Cacarica en un proceso de búsqueda de tierras luego de la abolición de la esclavitud a mediados del siglo XIX, momento a partir del cual se inició un proceso migratorio desde el sur del pacífico de Colombia hacia el sur del Chocó, luego al medio y bajo Atrato. Así, el Consejo Comunitario de las Comunidades de la cuenca del río Cacarica está compuesta por comunidades que han estado ubicadas en la jurisdicción del Municipio de Riosucio, departamento del Chocó, entre las márgenes izquierda del río Atrato y derecha del río Cacarica (supra párr. 86).
El Tribunal recuerda que en el contexto del derecho de propiedad de miembros de los pueblos indígenas, el artículo 21 de la Convención protege la vinculación estrecha que los pueblos indígenas y otras comunidades o pueblos tribales, como pueden ser las afrodescendientes, guardan con sus tierras, así como con los recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprendan de ellos589. Debido precisamente a esa conexión intrínseca que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio, la protección del derecho a la propiedad, uso y goce sobre éste es necesaria para garantizar su supervivencia590.
Como fuera indicado (supra párr. 131), desde el año 1967, el Estado de Colombia ya había adoptado normatividad interna en la cual se reconocía a las “comunidades negras” el derecho a la propiedad colectiva de los territorios que ocupan ancestralmente591. Del mismo modo, otras normas posteriores fueron reconociendo el derecho a la propiedad colectiva sobre esos territorios, como por ejemplo la Ley 70 de 31 de agosto de 1993, mediante la cual se ha reconocido “a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva”592. Así, tanto por la protección otorgada por la normativa internacional como interna, las comunidades de la cuenca del río Cacarica gozaban, para el período abarcado en el marco fáctico, de la protección especial a su derecho a la propiedad colectiva. El Estado no controvirtió la titularidad de esos derechos por parte del Consejo Comunitario de la Cuenca del río Cacarica.
Asimismo, dichas comunidades se asientan en una región de gran importancia geoestratégica en el conflicto armado, en particular para los grupos armados al margen de la ley, dada su ubicación geográfica y su riqueza biológica, que favorece el tráfico de armas, insumos químicos y drogas ilícitas a nivel internacional y es un territorio estratégico a nivel militar. Los grupos armados ilegales han buscado esta región como corredor de movilidad, para tráfico de armas y estupefacientes, por lo que presionan la tala de especies nativas, procediendo a la siembra de coca, palma aceitera y banano.
Según la Norma 7 de Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, “las partes en [un] conflicto deberán hacer en todo momento la distinción entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Los ataques sólo podrán dirigirse contra objetivos militares. Los bienes de carácter civil no deben ser atacados”593. Asimismo, la Norma 133 estipula que “deberán respetarse los derechos de propiedad de las personas desplazadas”594. El principio 21.3 de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Desplazamiento Forzado indica que la “propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales”595.
La Corte también ha estimado en otros casos que, por las circunstancias en que tuvieron lugar los hechos y en especial por la condición socio-económica y de vulnerabilidad de las presuntas víctimas, los daños ocasionados a su propiedad pueden tener un efecto y magnitud mayores que los que hubiesen tenido para otras personas o grupos en otras condiciones596.
En el capítulo IX-1 de esta Sentencia, fue establecida la responsabilidad del Estado por las incursiones paramilitares a la cuenca del río Cacarica. Además, este Tribunal nota que los representantes y la Comisión indicaron que se habían producido afectaciones a los bienes “individuales”597 y “comunitarios”598 de las comunidades del Cacarica por dos motivos principales: a) por las destrucciones599 y saqueos600 que se produjeron en el transcurso de la operación “Cacarica”, y b) por los daños que se habrían producido por el desuso de los mismos y, en particular, a sus territorios comunitarios.
La Corte constata que la destrucción de los hogares de los pobladores de las comunidades de la cuenca del río Cacarica, además de constituir una gran pérdida de carácter económico, causó en los pobladores una pérdida de sus condiciones básicas de existencia, lo cual hace que la violación al derecho a la propiedad en este caso sea de especial gravedad. En este sentido, la Corte Constitucional colombiana ha establecido que “la propiedad debe ser considerada como un derecho fundamental, siempre que ella se encuentre vinculada de tal manera al mantenimiento de unas condiciones materiales de existencia, que su desconocimiento afecte el derecho a la igualdad y a llevar una vida digna”601.
Por último, el Tribunal nota que si bien la Comisión y los representantes alegaron la violación del derecho a la propiedad privada por las destrucciones ocasionadas durante las incursiones paramilitares, así como por los daños que se habrían producido por el desuso de esos bienes y por la pérdida del usufructo de los mismo, “en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes del Cacarica asociadas en CAVIDA y las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo”, también es cierto que no individualizaron a las víctimas ni identificaron los bienes que les habrían sido arrebatados a cada una de las personas o comunidades desplazadas. Sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, el contexto en el cual ocurrieron los hechos y el hecho que el Estado no controvierte las consideraciones de derecho relacionadas con la presenta violación a este derecho, el Tribunal considera que el Estado es responsable por los actos relacionados con incursiones paramilitares que causaron o propiciaron la violación del derecho a la propiedad colectiva, contenido en el artículo 21 de la Convención, en perjuicio de los miembros de las comunidades desplazadas del Cacarica602.
La conexión entre el territorio y los recursos naturales que han usado tradicionalmente los pueblos indígenas y tribales y que son necesarios para su supervivencia física y cultural, así como el desarrollo y continuidad de su cosmovisión, está protegida por el artículo 21 de la Convención. Ello, para garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados603. La falta de acceso a los territorios puede impedir a las comunidades indígenas usar y disfrutar de los recursos naturales necesarios para procurar su subsistencia, mediante sus actividades tradicionales604, acceder a los sistemas tradicionales de salud y otras funciones socioculturales. Eso puede exponerlos a condiciones de vida precarias o infrahumanas, a mayor vulnerabilidad ante enfermedades y epidemias, así como someterlos a situaciones de desprotección extrema605.
En el presente caso, la Corte nota que las actividades de aprovechamiento forestal han desconocido la ley de negritudes y su decreto reglamentario que regulan la participación de las comunidades en el diseño, coordinación y ejecución de los planes programas y proyectos de desarrollo económico en sus territorios, así como los roles de las autoridades negras en la administración y manejo de sus territorios. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha indicado que ni “CODECHOCÓ ni las compañías madereras han impulsado los mecanismos para garantizar el derecho a la participación del Consejo Comunitario, a través de sus órganos de dirección y administración”606. A su vez, CODECHOCÓ concedió PAF a Consejos Comunitarios menores que forman parte del Consejo Mayor del Cacarica, fomentando por tanto divisiones internas entre las mismas y debilitando y fraccionando la gestión comunitaria para el desarrollo607. Al respecto, las actuaciones de CODECHOCO han sido insuficientes para evitar la vulneración de los distintos derechos mencionados, siendo que el ejercicio de las funciones de policía de CODECHOCO como autoridad ambiental frente a los aprovechamientos ilícitos no ha sido efectiva608.
Por todo lo anterior, el Tribunal estima que las explotaciones de la propiedad colectiva de las Comunidades de la cuenca del río Cacarica fueron llevadas a cabo de forma ilegítima y consta que las autoridades desprotegieron el derecho a la propiedad colectiva a pesar de conocer, a través de varias visitas in situ, la situación de explotación ilegal que se estaba desarrollando. En este sentido, los recursos administrativos o judiciales internos tampoco fueron efectivos para remediar esas situaciones.
La Corte nota que ni los representantes ni la Comisión se refirieron en sus argumentaciones a cuales medidas de salvaguarda que protegen el derecho a la propiedad colectiva, en los términos de la jurisprudencia de este Tribunal, habían sido violadas por el Estado. Por ende, la Corte no se puede pronunciar al respecto, sin perjuicio de considerar que la afectación al derecho a la propiedad colectiva, contenido en el artículo 21 de la Convención, se encuentra suficientemente acreditada, toda vez que las actividades de explotación fueron, como lo reconocen los mismos órganos de jurisdicción interna, ilegales (supra párr. 143).
En consecuencia, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación al derecho a la propiedad colectiva de los miembros del Consejo de las Comunidades de la Cuenca del Cacarica contenido en el artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

References: artículo 21
 artículo 21
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 artículo 1