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Timestamp: 2020-07-11 17:15:47+00:00

Document:
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Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadRoberto Augusto Serrato ValdésNACION — GOBIERNO NACIONAL, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MINISTERIO DEL JUSTICIA Y DEL DERECHOCARLOS GERMAN NAVAS TALEROfalse30/01/2020DECRETO 1844 DE 1° DE OCTUBRE DE 2018Identificadores10030210807true1322363original30184442Identificadores
Norma demandada: DECRETO 1844 DE 1° DE OCTUBRE DE 2018
Demandante: CARLOS GERMAN NAVAS TALERO
Demandado: NACION — GOBIERNO NACIONAL, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MINISTERIO DEL JUSTICIA Y DEL DERECHO
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020)
Radicación: 11001032400020180042800
Tema: DECIDE LA LEGALIDAD DEL DECRETO 1844 DE 1° DE OCTUBRE DE 2018, REGLAMENTARIO DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA, RELACIONADO CON LA PROHIBICION DE POSEER; TENER; ENTREGAR; DISTRIBUIR 0 COMERCIALIZAR DROGAS 0 SUSTANCIAS PROHIBIDAS
La Sala decide Ia procedencia de dar prelación de Milo a Ia demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo —en adelante CPACA—, fuera presentada en contra del Decreto 1844 de 1° de octubre de 2018, expedido por el Gobierno Nacional, por medio del cual se reglamentó el Código Nacional de Policía —en adelante CNP—, en lo atinente a la prohibición de poseer; tener; entregar; distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas.
El ciudadano Carlos German Navas Talero, en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad previsto en el artículo 135 del CPACA, presento demanda ante esta jurisdicción con el fin de obtener, de manera principal, la "(...) nulidad (. ..)" del artículo 1° del Decreto 1844 de 2018, expedido por el Gobierno Nacional[1].
En use de la facultad conferida por el artículo 171 del CPACA, la demanda fue admitida bajo el medio de control de nulidad —articulo 137 ibídem— mediante auto de 18 de diciembre de 2018 —fol. 42 a 44, cuaderno principal—.
Los apoderados judiciales del Presidente de la Republica y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, del Ministerio del Interior, del. Ministerio de Justicia y del Derecho y del Ministerio de Defensa Nacional, dieron contestación conjunta a la demanda —fol. 59 a 73, cuaderno principal—.
El día 5 de julio de 2019 se realice la audiencia de que trata el artículo 180 del CPACA, en Ia cual se procedi6 a la fijación del litigio, se ordenó tener como pruebas del proceso todos los documentos allegados por los sujetos procesales; fij6 el termino para que las partes presentaran alegaciones de conclusión y al agente del Ministerio Público para que procediera a emitir su concepto de fondo.
Tanto los apoderados judiciales del Presidente de Ia Republica y del Departamento Administrativo de Ia Presidencia de la Republica, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y del Derecho y del Ministerio de Defensa Nación, de manera conjunta —fol. 29 a 278, cuaderno principal—, como Ia parte actora -fol. 286 a 287, cuaderno principal-, presentaron sus respectivas alegaciones de conclusión.
El agente del Ministerio público, guardo silencio.
II.- Consideraciones de Ia Sala
Sea lo primero señalar que el artículo 18 de Ia Ley 446 de 7 de julio de 1998[2] establece el deber de las autoridades judiciales de proferir las decisiones teniendo en cuenta el orden en que los expedientes hayan ingresado a los despachos judiciales para dictar sentencia; orden que, excepcionalmente, podrá alterarse en los eventos previstos para el efecto en el ordenamiento jurídico. La norma en comento, es del siguiente tenor literal:
"(...) Articulo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio pare los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho pare tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podría modificarse en atención a Ia naturaleza de los asuntos o a solicitud del apunte del Ministerio público, en atención a su importancia jurídica v trascendencia social.
La alternación del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitaran al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de Ia Judicatura o los Consejos Seccionales obraran de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados par la alteración del orden (...)". (Negrilla y subrayado fuera del texto)
Por su parte, el artículo 16 de Ia Ley 1285 de 22 de enero de 2009[3], modificatorio de la Ley 270 de 7 de marzo 1996, Estatutaria de Ia Administración de Justicia, dispone:
"(...) Articulo 16. Apruébese como articulo nuevo de Ia Ley 270 de 1996 el siguiente:
Artículo 63A. Del orden y prelación de turnos. Cuando existan rezones de seguridad nacional o para prevenir Ia afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de Ia Corte Suprema de Justicia, las Sales, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o Ia Corte Constitucional, señalarán Ia clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente.
Dicha actuación también puede ser solicitada por el Procurador General de Ia Nación.
PARAGRAFO 1°.- Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de Ia Ley 446 de 1998 (...)". (Negrilla y subrayado fuera de texto)
Así mismo, el inciso segundo del artículo 7° de Ia Ley 1105 de 13 de diciembre de 2006[4], prevé que "sin perjuicio del trámite preferente quo debe dar a las acciones instituidas por la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo data prelación al trámite y decisión de los procesos en los cuales sea parte una entidad pública en liquidación". (Negrilla fuera de texto)
De las normas anteriormente transcritas, se tiene que la alteración del orden de los procesos que se encuentran para fallo, solo es procedente en dos situaciones concretas; 0 de manera oficiosa cuando se observe la importancia jurídica, la trascendencia social del asunto litigioso o cuando una entidad de carácter público que se encuentra en liquidación, tenga Ia calidad de parte procesal; y ii) a petición del Ministerio público.
Por lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de manera oficiosa, Ia viabilidad de dar prelación de sentencia al proceso de la referencia.
Cabe indicar que la norma acusada es el Decreto 1844 de 1 de octubre de 2018, mediante el cual se expidieron normas para reglamentar el Código Nacional de Policía y Convivencia en lo relacionado con la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas, cuyo contenido es del siguiente tenor:
"(...) DECRETA: (...) Artículo 1°. Adiciónese el capítulo 9 del título 8 de Ia parte 2 del libro 2 del Decreto 1070 de 2015, "Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa", el cual quedara así:
Comportamientos contrarios a Ia convivencia relacionados con el porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicas
Artículo 2.2.8.9.1. Verificación de /a infracción. En el marco del Proceso Único de Policía, cuando Ia autoridad advierta la posible infracción de la prohibición de tenencia o pone de sustancias psicoactivas ilícitas, tales (i) como marihuana, cocaína o sustancias derivadas de Ia cocaína, heroína o derivados de la amapola, drogas sintéticas; (ii) cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas que figuran en Ia listas I y II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y su Protocolo de Modificación, celebrada en Ginebra el 25 de marzo de 1972, aprobada por medio de la Ley 13 del 29 de noviembre de 1974; (iii) que se encuentren incorporadas en las listas I, II, Ill y IV del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas, aprobado por media de Ia Ley 43 del 29 de diciembre de 1980; o (iv) así como cualquier otra sustancia que se encuentre legalmente prohibida, se aplicara el procedimiento establecido en el proceso verbal inmediato de que trate el articulo 222 de Ley 1801 de 2016, "por Ia cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia".
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente capitulo se aplicara Únicamente a las presuntas infracciones derivadas del porte y tenencia de las cantidades de dichas sustancias que las normas vigentes determinan como dosis personal.
El porte y tenencia de cantidades que excedan la dosis personal sera judicializado de conformidad con Ia normatividad vigente.
Artículo 2.2.8.9.2. Descargos. En los casos previstos en el artículo anterior, Ia autoridad competente procederá a oír en descargos al presunto infractor.
Artículo 2.2.8.9.3. Consecuencia de la infracción. En el evento en que el presunto infractor, una vez surtido el trámite del proceso verbal inmediato de que trata el 222 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sea encontrado como responsable de un comportamiento contrario a la convivencia relacionado con el porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, procederá a imponer, en todo caso, Ia medida correctiva de destrucción del bien, sin perjuicio de las demás a las que hubiere lugar.
Artículo 2.2.8.9.4. Protocolo del medio de policía de incautación y de la medida correctiva de destrucción del bien. Para Ia aplicación del medio de policía de incautación y de la medida correctiva de destrucción de las sustancias de que trata el artículo 2.2.8.9.1 del presente Decreto, el personal uniformado se sujetara al protocolo establecido en los apartes 3.9 y 4.7 de Ia Guía de Actuaciones de competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, frente al Código Nacional de Policía y Convivencia, identificada con el numero 1CS-GU-0005, expedida el 27 de junio de 2018 por la Dirección General de la Policía Nacional, o el acto administrativo que lo modifique (...)".
La controversia relacionada con este decreto toca con el ejercicio de derechos de las personas contenidos en la Constitución Política —el derecho a la dignidad humana (artículo 1°), el derecho a la igualdad (artículo 13), el derecho a la intimidad (artículo 15), el libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), el debido proceso y la presunción de inocencia (artículo 29), el derecho a la salud (artículo 49) y el principio de presunción de la buena fe (artículo 83)— y la Ley y su eventual vulneración.
Lo anterior en tanto que se ha aceptado, desde la expedición, por parte de la Corte Constitucional, de Ia Sentencia C-221 de 1994, Ia posibilidad de portar y consumir estupefacientes en las dosis que el ordenamiento jurídico considera de use personal sin ser penalizados — literal j, articulo 2, L.30 de 1986—, por ser el consumo de drogas un asunto de la intimidad del sujeto que se relaciona con su autonomía —articulo 16 C.P.— y dignidad humana — articulo 1 C.P.—, que no pueden tener más limitaciones que las afectaciones concretes a los demás sujetos.
Por contraste, se ha esgrimido como justificación de la norma cuestionada la preservación del interés general, el orden público y la protección de la integridad de los niños, niñas y adolescentes, lo cual hace imperativo que esta Sala de Decisión fije el alcance del decreto reglamentario en minino con los derechos constitucionales y de orden legal que se encuentran en tensión conforme los argumentos expuestos por los sujetos procesales y, de esta manera, establecer si se encuentra ajustado o no a las disposiciones constitucionales y legales que han sido invocadas como violadas.
Lo anterior garantizara que las autoridades y las personas tengan total claridad sobre la forma en que es posible tanto el ejercicio de sus derechos previstos en la Carta Política y en Ia ley, como la protección del interés general y el orden público por parte de la administración, y de allí la trascendencia social de la controversia.
Asimismo, el asunto reviste importancia jurídica en tanto se debe determinar si: i) el Ejecutivo, al adoptar la reglamentación acusada excedió su potestad reglamentaria y viola el principio de reserva legal, en tanto que modifici5 el Código Nacional de Policía y desconoció que Ia regulación integral de los derechos fundamentales —atrás mencionados— es propio del legislador a través de !leyes estatutarias; y ii) si se extralimito en el ejercicio de su competencia al tipificar una conducta que, como se indicó anteriormente, se encuentra permitida y no puede ser objeto de sanción.
CONCEDER Ia prelación de fallo al proceso de Ia referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
Se deja constancia que Ia anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por Ia Sala en Ia sesión de Ia fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES
[1] "(...) Por medio del cual se adiciona el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1070 de 2015, "Decreto Única Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa", pare reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas (...)".
[2] "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de Ia Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia".
[3] "Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia".
[4] "Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones".

References: artículo 137
 artículo 135
 artículo 1
 artículo 171
 artículo 180
 artículo 18
 artículo 16

Artículo 63
 artículo 18
 artículo 7
 Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2
 artículo 2