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Timestamp: 2019-10-13 21:12:32+00:00

Document:
STC 222/2012, 27 de Noviembre de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 414515010
Número de Recurso: Conflicto positivouestión de inconstitucionalidad 5090-2002
Cuestión de inconstitucionalidad 5090-2002. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Barcelona en relación con el artículo 261.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. Derecho a la inviolabilidad del domicilio: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por falta de las condiciones procesales al no haberse realizado adecuadamente el trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal.
STC 222/2012
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REY
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5090-2002, planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Barcelona, sobre el artículo 261.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil por posible infracción del artículo 18.2 de la Constitución. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal.I. ANTECEDENTES
El 10 de septiembre de 2002 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional escrito elevado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Barcelona en el que, acompañado de los autos principales de las diligencias preliminares 341-2002-2B y de las alegaciones a los efectos del art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se contiene Auto del referido órgano judicial por el que “se acuerda elevar al Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad del artículo 261.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000”.
Los hechos que anteceden al planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, sustancialmente, los siguientes:
Con fecha de 6 de mayo de 2002 tuvo entrada en el Registro del Juzgado Decano de los de Barcelona, escrito de la representación procesal de la Sociedad General de Autores y Editores en el que se ponían de manifiesto los siguientes extremos: que, en un determinado establecimiento hostelero de la ciudad de Barcelona, se venían realizando actos de comunicación pública de obras musicales en las modalidades de receptor de televisión, amenización musical con aparato reproductor de música, así como la celebración de distintas fiestas igualmente con amenización musical, todas estas actividades sin autorización de la entidad representada; que tales extremos habían sido comprobados por distintos inspectores de la entidad representada y por un investigador privado; que para la celebración de una fiesta en el año 2000 sí se había pedido autorización, sin abonar posteriormente los derechos de autor; y que se había intentado la vía de un arreglo amistoso con los titulares del establecimiento remitiendo un escrito del que se hizo caso omiso.
Turnado el referido escrito correspondió su tramitación al Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Barcelona, que procedió a incoar el correspondiente procedimiento de diligencias preliminares 341-2002 sección 2B y a dictar Auto, de 13 de mayo de 2002, por el que se disponía, en lo relevante para el presente proceso constitucional, lo siguiente: por un lado, que únicamente procedía la práctica de diligencias preliminares con respecto de dos de los extremos solicitados en el antes citado escrito, por ser las únicas que encontraban acomodo en el art. 256.2.1 LEC y en las que concurrían causa justa e interés legítimo en la parte solicitante. En particular, dichas diligencias eran: primera, que la parte requerida declarara bajo juramento de decir verdad en qué calidad explota el establecimiento en el que se habían producido la comunicación pública de obras musicales y la amenización musical anteriormente citadas; segunda, la exhibición, dejando testimonio en autos, de la escritura de constitución de la sociedad o comunidad de bienes. Por otro lado, del resto de las diligencias se acordó que no procedía su práctica en el momento procesal, “sin perjuicio de lo que pueda resultar del procedimiento declarativo que ulteriormente interponga la instante”.
Prestada en tiempo y forma la caución acordada, por parte del Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Barcelona se dictó providencia en la que se acordaba unir a los autos el escrito de la representación legal de la solicitante en el que se comunicaba tal extremo y el correspondiente justificante, de lo que fueron oportunamente notificadas ambas partes.
Con fecha de 28 de mayo de 2002 se celebró audiencia pública con el objeto de practicar la diligencia acordada. Por parte del Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Barcelona se extendió acta de confesión judicial, con la misma fecha, en la que se indicaba que no había comparecido “el legal Representante de la demandada LUISTER, SL, a pesar de estar citado en legal forma para el día y hora señalados para la práctica de la declaración y exhibición de documentos”. Igualmente se señalaba que la parte actora se ratificaba en lo solicitado en su escrito inicial.
En vista de lo acontecido, el 29 de mayo de 2002 el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Barcelona acordó, mediante providencia, que “[c]omo quiera que en el escrito de solicitud y en el segundo otrosí digo, en relación a la documentación cuya exhibición se solicitud [sic], se interesa se acuerde la entrada y registro en el domicilio social de la requerida, pásense los autos al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 261.2 de la LEC”.
El Ministerio Fiscal evacuó el referido trámite mediante escrito dirigido al Juzgado requirente, con fecha de 20 de junio de 2002, en el que se limitaba a postular la constitucionalidad del precepto aludido, “ya que la medida de entrada y registro que prevé el citado precepto ante la negativa de llevar a cabo el comportamiento preparatorio necesario tiene por finalidad impedir que con la actitud del demandado se obstaculice la acción de la justicia”.
Posteriormente, con fecha de 27 de junio de 2002, el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Barcelona dictó nueva providencia por la que se disponía, al amparo del art. 35 LOTC, que se diese traslado a la parte actora para que en el término de diez días informara sobre la posible inconstitucionalidad del art. 261.2 LEC.
Finalmente, con fecha de 17 de julio de 2002, el referido Juzgado dictó providencia en la que, a la vista del estado de las actuaciones y de que la parte actora no había atendido el requerimiento sobre la eventual inconstitucionalidad del art. 261.2 LEC, “se tiene por evacuado el trámite conferido por resolución de 27 de junio de 2002”.
En el Auto en el que se plantea la cuestión, el órgano promotor de la impugnación parte de que, tal y como está configurada por el legislador la medida de entrada y registro controvertida, una vez practicada podría dar lugar a que las partes en el proceso aleguen, de acuerdo con el art. 287.1 LEC, la vulneración de sus derechos fundamentales, planteándose así la cuestión de la prueba ilícita.
El Tribunal Constitucional, mediante providencia de su Sección Primera, de 25 de marzo de 2003, acordó: primero, la admisión de la presente cuestión de inconstitucionalidad; segundo, dar traslado de las actuaciones recibidas, a los efectos del art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado al objeto de que, en el improrrogable de quince días, pudieran personarse y formular alegaciones; y, tercero, publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado”.
El 3 de abril de 2003 tuvo entrada, en el Registro General de este Tribunal, oficio del Congreso de los Diputados en el que se comunicaba que la Mesa de la Cámara había acordado, con fecha de 1 de abril de 2003, que, aunque el Congreso de los Diputados no se personaría ni formularía alegaciones, se pusieran a disposición del Tribunal Constitucional las actuaciones de la Cámara que pudiera precisar.
El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el 14 de abril de 2003, evacuó el trámite de alegaciones conferido realizando las siguientes consideraciones:
El 15 de abril de 2003 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito firmado por el Fiscal General del Estado en el que daba cumplimiento al trámite de alegaciones conferido.
Por providencia de 27 de noviembre de 2012 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 27 del mismo mes y año.
Constituye el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, el art. 261.2 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), impugnado mediante Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Barcelona, dictado en las diligencias preliminares 341-2002 sección 2B. El órgano promotor de la impugnación entiende que dicha disposición contraviene el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, consagrado en el art. 18.2 CE, pues la norma configura una medida de entrada y registro domiciliario que se adopta sin las necesarias garantías que se deducen del citado precepto constitucional. A juicio del órgano cuestionante y, al margen de los reproches que se realizan a la norma en cuanto a la falta de determinación de los trámites procedimentales relativos a la práctica de la citada medida, dos son las principales tachas de inconstitucionalidad que se aducen: una primera, que la resolución judicial por la que se acuerda la práctica de la entrada y registro domiciliario ha de revestir la forma de providencia, con lo que difícilmente pueden cumplirse las exigencias de suficiente y adecuada motivación que han de revestir las intervenciones que supongan una inmisión en algún derecho fundamental. Una segunda tacha se dirige contra el carácter imperativo con que la norma ha revestido la adopción de la medida cuando acontezcan los supuestos de hecho previstos, impidiendo así que el Juez realice la adecuada ponderación entre el derecho fundamental en cuestión y otros intereses constitucionalmente protegidos.
El precepto impugnado, el art. 261 LEC, bajo la rúbrica “Negativa a llevar a cabo las diligencias”, en su redacción inicial dada por la Ley 1/2000, de 7 de enero, disponía:
Si la persona citada y requerida no atendiese al requerimiento ni formulase oposición, el tribunal, mediante providencia, acordará las siguientes medidas:
Con anterioridad al examen del fondo han de abordarse los óbices a la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad opuestos por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, u otros que eventualmente pueda plantearse de oficio el propio Tribunal y que afecten a la propia admisibilidad de la cuestión planteada, sin que tal examen quede impedido por el momento en el que ha de acometerse, el de dictar Sentencia, pues como tiene declarado este Tribunal “no existe ningún óbice para realizar un pronunciamiento de inadmisión de una cuestión de inconstitucionalidad en la fase de resolución de la misma, esto es, mediante Sentencia, dado que la tramitación específica del art. 37.1 LOTC no tiene carácter preclusivo y cabe apreciar en Sentencia la ausencia de los requisitos, tanto procesales como de fundamentación, requeridos para el válido planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad (por todas, SSTC 224/2006, de 6 de julio, FJ 4; 166/2007, de 4 de julio, FJ 5; 59/2008, de 14 de mayo, FJ 2; y 6/2010, de 14 de abril, FJ 1).” (STC 146/2012, de 5 de julio, FJ 2).
Procede examinar a continuación los aspectos relativos al modo mediante el que se confirió el trámite de alegaciones.
Finalmente, procede examinar las observaciones realizadas por el Abogado del Estado y el Fiscal General acerca del juicio de relevancia contenido en el Auto por el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad.
STSJ Extremadura 455/2010, 14 de Septiembre de 2010

References: artículo 261
 artículo 261
 artículo 18
 artículo 261
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