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Timestamp: 2018-10-16 12:46:01+00:00

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﻿ Sentencia T-564 de septiembre 3 de 2015
SENTENCIA T-564 DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES PARA APLICACIÓN RETROSPECTIVA DE LA LEY. SE PRECISA QUE RESULTA NO SOLO ADMISIBLE, SINO NECESARIO, DICHA APLICACIÓN DE LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN, LA CUAL, EN SU CONDICIÓN DE INSTITUTO OMNICOMPRENSIVO Y OMNIPRESENTE DEBE SER APLICABLE A TODAS LAS SITUACIONES QUE SE CONFIGUREN EN SU VIGENCIA O QUE TENGAN EFECTOS DURANTE ELLADE FORMA QUE LA GARANTÍA DEL EFECTIVO EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, ASÍ COMO LA MATERIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y FINALIDADES QUE DAN SUSTENTO TANTO AL PACTO SOCIAL COMO A LA EXISTENCIA MISMA DEL ESTADO, TOME PREVALENCIA CON RESPECTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD JURÍDICA QUE SI BIEN OSTENTAN UNA ELEVADA RELEVANCIA JURÍDICA, NO PUEDEN CONSTITUIRSE EN FACTORES QUE LEGITIMEN SITUACIONES EVIDENTEMENTE INJUSTAS. EN ESTE SENTIDO, EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES Y A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL, DEBEN SER ENTENDIDOS COMO UNOS DE LOS MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE MATERIALIZA EL DERECHO FUNDAMENTAL E IRRENUNCIABLE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN CASO DETERMINADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SEGURIDAD SOCIAL, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY, SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS SUJETOS PROCESALES
Sentencia T-564 de septiembre 3 de 2015
Ref.: Expediente T-4.919.041.
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Cuarto de Familia de Ibagué —Tolima—, el seis (06) de febrero de dos mil quince (2015), y, en segunda instancia, por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el trece (13) de marzo del mismo año, dentro de la acción de tutela presentada por la ciudadana Edilma Martínez Ruiz, en contra de la Dirección Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación del Tolima.
El veintisiete (27) de enero de dos mil quince (2015), la ciudadana Edilma Martínez Ruiz interpuso acción de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas que considera le fueron desconocidos por la Gobernación del Tolima al negarse a reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes de su excónyuge y a la que estima tener derecho por satisfacer a cabalidad a totalidad de requisitos para el efecto.
1.3. En julio del año 2000, la actora acudió ante la Gobernación del Tolima a efectos de obtener el reconocimiento del derecho a la pensión “post mortem” a la que estima tener derecho, pero ésta le fue denegada mediante Resolución 788 de octubre de ese mismo año, en razón a que se consideró que a la luz de la legislación vigente al momento del fallecimiento de señor Omar Osorio García, era necesario que éste ostentara más de 20 años de servicios prestados a la entidad, requisito que se observó insatisfecho.
1.7. La accionada, mediante Resolución 3008 del 11 de noviembre de 2014, respondió a su requerimiento y decidió negar el reconocimiento del derecho pensional reclamado; para ello, reiteró los argumentos esgrimidos en la Resolución 788 de 2000.
2.6. Certificación de la Secretaría Administrativa de la Dirección de Gestión Documental y Apoyo Logístico de la Gobernación del Tolima, en la que se da fe de que el señor Omar de Jesús Osorio García, laboró para dicha entidad territorial entre el 1º de octubre de 1970, hasta el 2 de marzo de 1988, esto es, un periodo de tiempo equivalente a 17,37 años o 894,6 semanas.
2.9. Derecho de petición radicado ante el Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación del Tolima, el 4 de julio de 2012, en el que la accionante solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la que estima tener derecho como producto de la muerte de su entonces cónyuge, el señor Omar de Jesús Osorio García.
2.10. Derecho de petición radicado ante el Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación del Tolima, el 8 de julio de 2014, en el que la actora reitera su solicitud pensional, pero, esta vez, añade como pretensión subsidiaria que, en el evento en el que decidan denegarle el reconocimiento de la pensión que reclama, le otorguen la indemnización sustitutiva a la pensión reclamada.
2.12. Resolución 3008 del 11 de noviembre de 2014 mediante la cual Colpensiones resolvió el derecho de petición referenciado con anterioridad y determinó denegar la solicitud pensional reclamada en cuanto consideró que en el momento de la muerte del señor Omar de Jesús Osorio García (1988) no existía norma legal que contemplara la posibilidad de reconocer el derecho que ella reclama, pues éste fue introducido al ordenamiento jurídico colombiano en 1993 con la Ley 100 de ese año. Al respecto, recordó que, al momento de la configuración de los hechos, las normas vigentes contemplaban la posibilidad de realizar la sustitución de un derecho pensional ya consolidado, pero no permitían que alguien que no hubiera cumplido a cabalidad con los requisitos legalmente establecidos pudiera sustituir un derecho que aún no había consolidado.
2.14. Resolución 5 del 23 de enero de 2015, mediante la cual la Gobernación del Tolima resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 3008 del 11 de noviembre de 2014 y determinó confirmar lo allí resuelto en cuanto consideró que en efecto, a la fecha de configuración de los hechos, no existía la figura jurídica que la peticionaria solicita le sea aplicada. Por otro lado, estimó que en virtud de la normatividad aplicable y, como consecuencia de que el causante no cumplió a cabalidad los requisitos legalmente establecidos para hacerse acreedor a una pensión de vejez, es imposible que éste sustituya a la solicitante un derecho que no ostentaba.
La accionante estima desconocidos sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, petición y vida en condiciones dignas en razón a que no se ha resuelto el recurso de apelación que interpuso en contra de la Resolución 3008 de 2014, así como por la posición tomada por el Departamento del Tolima en dicha decisión. Considera que, al negarse a aplicar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que consagran la figura de la pensión de sobrevivientes (figura que le permitiría gozar del derecho que reclama), desconoce los principios de favorabilidad y de igualdad material contemplados en la Constitución Política de 1991.
El Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del seis (06) de febrero de dos mil quince (2015), decidió conceder el amparo al derecho fundamental de petición, por considerar que si bien durante el trámite de la acción de tutela se expidió el acto administrativo que resolvió la impugnación propuesta, éste no fue efectivamente notificado a la accionante y, por tanto, ordenó a la accionada que “enteré a la actora de lo resuelto mediante Resolución 5 del 23 de enero de 2015”.
La Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué —Tolima—, en providencia del trece (13) de marzo de dos mil quince (2015) decidió confirmar lo dispuesto por el a-quo en razón a que consideró que: (i) el derecho fundamental de petición se vio efectivamente desconocido; y (ii) no puede el juez de tutela usurpar las funciones del juez natural de la causa y resolver una controversia que escapa el marco ordinario de sus funciones.
La acción de tutela, concebida como un mecanismo jurisdiccional que tiende por la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales de los individuos, se caracteriza por ostentar un carácter residual o subsidiario y, por tanto, excepcional, esto es, parte del supuesto de que en un estado social de derecho como el que nos circunscribe, existen mecanismos ordinarios para asegurar la protección de estos intereses de naturaleza fundamental. En este sentido, resulta pertinente destacar que el carácter residual de este especial mecanismo obedece a la necesidad de preservar el reparto de competencias establecido por la constitución a las diferentes autoridades del Estado y que se fundamenta en los principios de autonomía e independencia judicial(2).
En este sentido, la Corte ha señalado que hay ciertos eventos en los que a pesar de existir mecanismos ordinarios de protección, resulta admisible acudir directamente a la acción de tutela a objeto de obtener la protección pretendida, los cuales han sido sintetizados de la siguiente manera: (i) cuando se acredita que a través de estos le es imposible al actor obtener un amparo integral a sus derechos fundamentales y, por tanto, resulta indispensable un pronunciamiento por parte del juez constitucional que resuelva en forma definitiva la litis planteada; eventos dentro de los que es necesario entender que se encuentran inmersos los casos en los cuales la persona que solicita el amparo ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional y, por ello, su situación requiere de una especial consideración por parte del juez constitucional(3); y (ii) cuando se evidencia que la protección a través de los procedimientos ordinarios no resulta lo suficientemente expedita como para impedir la configuración de un perjuicio de carácter irremediable, caso en el cual el juez de la acción de amparo se encuentra compelido a efectuar una orden que permita la protección provisional de los derechos del actor, mientras sus pretensiones se resuelven ante el juez natural.
En este sentido, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido ciertos criterios con base en los cuales es posible determinar la ocurrencia o no de un perjuicio que pueda tildarse de irremediable. Entre ellos se encuentran: que (i) se esté ante un perjuicio inminente o próximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) de ocurrir, no existiría forma de repararlo, esto es, que resulta irreparable; (iii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica que se estima como altamente significativo para la persona; (iv) se requieran medidas urgentes para superar la condición de amenaza en la que se encuentra, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (v) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable(4).
En este orden de ideas, la seguridad social, concebida como un instituto jurídico de naturaleza dual que tiene la condición tanto de derecho fundamental, como de servicio público esencial bajo la dirección, coordinación y control del Estado(6), surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos subjetivos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo.
“necesaria correspondencia con los fines esenciales del Estado social de derecho como el servir a la comunidad; promover la prosperidad general; garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales; promover las condiciones para una igualdad real y efectiva; adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados; proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta; y reconocer sin discriminación alguna de la primacía de los derechos inalienables de la persona como sujeto, razón de ser y fin último del poder político(7), donde el gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación(8)[sic]”.
“El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo”(9).
En reiteradas ocasiones, esta Corporación ha señalado que la fundamentalidad de este especial derecho encuentra sustento en el principio de dignidad humana y en la satisfacción real de los derechos humanos, pues a través de éste resulta posible que las personas afronten con decoro las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos(10).
En la misma línea, esta Corporación, en Sentencia T-200 de 2010, destacó que la importancia de este derecho radica en que “su máxima realización posible es una condición ineludible de la posibilidad real de goce del resto de libertades inscritas en el texto constitucional” y, por tanto, se constituye en un elemento esencial para la materialización del modelo de Estado que hemos acogido y que nos define como una sociedad fundada en los principios de dignidad humana, solidaridad, trabajo y prevalencia del interés general(11).
5. Efectos que puede tener el ordenamiento jurídico en el tiempo.
— Retro-actividad: en principio, se configura cuando una norma expresamente contempla la posibilidad de ser aplicada a situaciones de hecho que se consolidaron con anterioridad a su entrada en vigencia(12), un ejemplo claro de este instituto jurídico es el establecido en el artículo 29 constitucional, conforme al cual “en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva y desfavorable”.
— Ultra-actividad: consiste en la aplicación de una norma que ha sido expresa o tácitamente derogada, a situaciones de hecho que si bien tuvieron lugar durante su vigencia, en la actualidad se encuentran regidas por una nueva disposición jurídica; de forma que, si bien la nueva ley es de aplicación inmediata y, por tanto, debería regular las situaciones que se consoliden en su vigencia, resulta admisible el uso de la normatividad anterior con el objetivo de preservar los derechos adquiridos y las legítimas expectativas de quienes se rigieron por la normativa derogada(13).
Adicionalmente, se ha aceptado la posibilidad de una tercera modalidad de aplicación temporal de las normas, la cual, si bien no encuentra desarrollo ni consagración normativa expresa, ha sido empleada especialmente por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, esta es, la retrospectividad(14). En relación con esta figura, se ha indicado que ella consiste en la posibilidad de aplicar una determinada norma a situaciones de hecho que, si bien tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia, nunca vieron definitivamente consolidada la situación jurídica que de ellas se deriva, pues sus efectos siguieron vigentes o no encontraron mecanismo alguno que permita su resolución en forma definitiva.
6. El derecho a la pensión de sobrevivientes y su aplicación a situaciones surtidas antes de su entrada en vigencia.
En este sentido, el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y a la sustitución pensional, deben ser entendidos como unos de los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental e irrenunciable a la seguridad social en un caso determinado. Derechos que propenden por garantizar que el núcleo familiar del afiliado pueda disfrutar de los beneficios de una prestación económica que, fundada en principios de justicia retributiva, equidad, reciprocidad y solidaridad(15), le garantice a estos el efectivo ejercicio de sus derechos subjetivos ante el fallecimiento de aquel miembro que se constituía en su sostén económico; de forma que no vean disminuidas sus condiciones de vida(16).
En relación con la pensión de sobrevivientes, la Corte ha indicado esta no se constituye en una prestación que se consolida en cabeza del cotizante que no ha cumplido aún los requisitos para hacerse acreedor a alguna otra modalidad pensional, sino que, al igual que la sustitución pensional, tiene por finalidad la protección de la familia como núcleo esencial de la sociedad y mantener, para sus miembros, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con el que contaban en vida de quien fungía como su sustento económico. Ello, en cuanto el desconocimiento de dicha garantía puede implicar dejarlos en un evidente estado de absoluta desprotección e, incluso, reducirlos a una trágica situación de miseria(17).
Por su lado, la pensión de sobrevivientes surge como una normativa de aplicación general con la expedición del Decreto 758 de 1990 (que requería del afiliado el cumplimiento de los requisitos para adquirir la pensión de invalidez al momento de su muerte) y luego, dentro de la vigencia de la Constitución Política de 1991, con la Ley 100 de 1993(18) que en la actualidad exige que al momento de la muerte del afiliado se verifique la cotización de, al menos, 50 semanas en los 3 años anteriores(19).
— El Consejo de Estado, en un inicio, desarrolló una postura conforme a la cual, si bien se ha aceptado que la aplicación retroactiva de la Ley resulta por regla general improcedente, su acogimiento retrospectivo(20) no se encuentra cobijado por dicha proscripción.
Como producto de dicho razonamiento, estimó que la normatividad actual que consagra la figura de la pensión de sobrevivientes es aplicable, en forma retrospectiva, a situaciones en las que una persona falleció, sin que al momento de su muerte existiera norma alguna que previera dicha prerrogativa. Ello, pues ante la ausencia de normatividad que regule el derecho en mención, debe entenderse como no consolidada situación jurídica del núcleo familiar afectado. Por otro lado, destacó que con esta postura “no se trata de dar efecto retroactivo a la ley, lo cual ocurriría si se reconociera consolidado el derecho desde la fecha en que el demandante padeció la lesión, se trata de dar una aplicación retrospectiva de la ley pensional en virtud del principio de favorabilidad, de tal manera que la ley aplica sólo desde la fecha de su vigencia a un hecho acaecido con anterioridad”(21).
Lo expuesto, lo sustentó bajo el argumento de que la Corte Constitucional, en Sentencia C-444 de 1997, indicó que “…la ley posterior sí puede mejorar las condiciones económicas del pensionado, lo que no puede hacer, por contrariar preceptos constitucionales es desmejorar los derechos ya reconocidos. Mientras no exista un derecho adquirido, la ley puede modificar las condiciones para la adquisición de la pensión, los montos, requisitos, etc…”.
Con posterioridad a la posición anteriormente referenciada, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 25 de abril de 2013(22), decidió “rectificar” su jurisprudencia y acoger los lineamientos propuestos inicialmente por la Corte Suprema de Justicia y, conforme a los cuales, el acaecimiento de la muerte del afiliado tiene la virtualidad de constituir la situación jurídica de sus familiares. En este sentido, consideró que, en los eventos en los que el trabajador fallece sin que estuviera vigente la normatividad que prevé la pensión de sobrevivientes, es necesario que la situación de su núcleo familiar se resuelva de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable en ese momento.
En ese sentido, tras considerar que la situación jurídica en discusión se encontraba consolidada, concluyó inadmisible aplicar retrospectivamente la ley, pues: “la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior”. Por lo que aduce que, en la práctica, lo que se está haciendo es una aplicación retroactiva del ordenamiento jurídico.
— Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia, mediante su Sala de Casación Laboral, ha considerado que la muerte del afiliado consolida la situación jurídica de su núcleo familiar y, por ello, únicamente resulta aplicable el régimen legal vigente al momento del fallecimiento. Por lo anterior, dicha Corporación se ha mantenido firme en el argumento de que pretender aplicar una normativa que no se encontraba vigente al momento de la muerte del causante (condición que consolida su situación jurídica e impide la aplicación retrospectiva de la Ley), implica necesariamente darle efecto retroactivo a la misma, irrumpiendo con el principio de irretroactividad de la Ley(23).
— Para finalizar, la Corte Constitucional, estimando que se encontraba ante la existencia de dos interpretaciones opuestas, pero razonables de una misma norma, consideró necesario que, en virtud del principio de favorabilidad, en concreto, del in dubio pro-operario, se aplicara aquella hermenéutica que terminaba siendo más acorde con los principios constitucionales y que propendía por la protección efectiva de los Derechos Fundamentales, esto es, aquella que permitía conceder el amparo y reconocer, en cabeza de la accionante, el derecho a la pensión de sobrevivientes que reclamaba.
i) A la luz de la jurisprudencia de las diversas cortes, la ley, por regla general, solo puede regular las situaciones acaecidas con posterioridad a su entrada en vigencia. Motivo por el cual, al menos en principio, su aplicación retroactiva se estima improcedente, pues para que ello ocurra, el contenido mismo de la ley debe permitirlo. Cuestión que, en el presente caso, no se encuentra contemplada, de conformidad con el artículo 151 de la Ley 100 de 1993(24).
En este orden de ideas, se tiene que, contrario a lo concluido por esta Corporación en Sentencia T-587A de 2012, la interpretación inicialmente propuesta por el Consejo de Estado, conforme a la cual las normas que consagran la figura de la pensión de sobrevivientes son aplicables de manera “retrospectiva” a situaciones consolidadas con anterioridad a su vigencia, no cumple con los criterios de corrección jurídica en su fundamentación, ni de suficiencia en su argumentación, que resultan de indispensable verificación a efectos de que sea posible zanjar una divergencia interpretativa con base en el principio de favorabilidad(25).
6.6. Esta Corte recuerda que, como encargada de la guarda de la integridad y primacía de los principios constitucionales, en ocasiones anteriores(26) se ha ampliado el alcance de la teoría de la aplicación de las leyes en el tiempo al campo constitucional y se ha llegado a hablar de la aplicación retrospectiva y directa de la Carta Política a situaciones que (i) se surtieron con arreglo al régimen constitucional anterior, pero que, en la actualidad, no han consolidado la situación jurídica que determinan, (ii) siguen teniendo efectos jurídicos y (iii) establecen situaciones evidentemente inconstitucionales(27).
Se trata así de una ampliación del instituto denominado por la doctrina como el fenómeno de la “omnipresencia de la Constitución”(28) en virtud del cual, como producto de la consagración constitucional de una amplia variedad y cantidad de valores, principios y derechos fundamentales, etc., en la actualidad resulta casi imposible concebir un problema jurídico que no encuentre orientación o solución alguna en ellos.
6.7. En este orden de ideas, se evidencia que si bien en este caso la interpretación adoptada tanto por la Corte Suprema de Justicia, como por el Consejo de Estado termina siendo en principio ajustada al ordenamiento legal y constitucional que circunscribe su aplicación, dicha postura desconoce la totalidad del proceso histórico y evolutivo que ha permitido la creación de lo que ahora conocemos como el “Estado Social y Democrático de Derecho”(29); el cual ya no solo implica que el Estado se encuentra en la obligación de permitir el autónomo ejercicio de las libertades individuales, sino que, en la actualidad, dispone que es él el encargado de garantizar las condiciones de posibilidad de su ejercicio, a través de conductas activas que contrarresten las desigualdades sociales existentes y le ofrezcan a la población las condiciones necesarias para ejercer materialmente dichas libertades.
En Sentencia T-406 de 1992, esta Corte expresó que la configuración del modelo denominado Estado Social de Derecho presupone la “pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular (pérdida de protagonismo del principio de legalidad) y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos” (contenido entre paréntesis, fuera del texto original). En este sentido, se indicó que es precisamente a partir del surgimiento de esta preocupación primordial por la realización del principio de justicia material y en el paso a un segundo plano de relevancia de los postulados que consagran el principio de seguridad jurídica, que se encuentra sintetizada la transición que se hizo del Estado Liberal Clásico al Estado Social de Derecho que nos circunscribe.
La Constitución Política, entendida como el mecanismo jurídico/político a través del cual se consolida en la práctica el pacto social entre los habitantes del territorio nacional, adquiere o sustenta su legitimación en la garantía de los llamados “fines esenciales del Estado” (compilados en el art. 2º superior) y entre los que, concretamente, se encuentran: (i) el garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Carta y (ii) mantener la vigencia de un orden social justo. De ahí que esta Corporación ha entendido que es a partir de la efectiva materialización y garantía de dichos elementos fundamentales que permiten la cohesión social, que se justifica la existencia misma del Estado en su modalidad “social de derecho”.
En este sentido, dentro del especial modelo de Estado que nos circunscribe, con respecto al cual se ha aceptado que la función judicial ha adquirido una especial relevancia como “portadora de la visión institucional del interés general”(30) y, en específico, de la responsabilidad de garantizar la eficacia de los Derechos Fundamentales (entendidos como presupuestos de la existencia y vigencia del pacto social), estima la Sala inadmisible que, ante pervivencia de situaciones diáfanamente desproporcionadas, irrazonables e injustas, sea posible que el juez constitucional se encuentre en la obligación de dar primacía a la formalidad en las leyes y a principios de seguridad jurídica, sobre el efectivo reconocimiento y garantía de los derechos.
6.8. En conclusión, estima la Sala que, como una tercera interpretación plausible para la resolución de la problemática jurídica planteada(31) (y, en la práctica la única hermenéutica que permite resolver dicha situación sin incurrir en un menoscabo evidente a los principios que rigen nuestro ordenamiento superior actual), resulta indispensable admitir que, en aras de impedir la configuración de espacios vacíos exentos del alcance y cobertura de la Constitución, se estime como no consolidada la situación jurídica de estas personas.
De acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales expuestos en la parte considerativa de la presente providencia, así como con los supuestos fácticos que circunscriben la presente litis, procederá la Sala a estudiar el caso particular de la actora, con el objetivo de determinar si existe o no, la presunta vulneración ius fundamental por ella alegada.
Como primera medida, resulta necesario destacar que, tal y como se indicó en forma precedente, por regla general la acción de tutela solo es procedente cuando ésta se constituye en el único mecanismo de defensa que permite la protección de las garantías ius fundamentales de un individuo, pero esto encuentra una excepción cuando se evidencia que, tras un estudio de las condiciones fácticas del actor, se materializa al menos uno de los supuestos que permiten la flexibilización del estudio de este requisito, estos son: (i) que se prevea la inminente materialización de un perjuicio de carácter irremediable que haga necesaria la intervención provisional o transitoria del juez constitucional, o (ii) que se estime que el medio ordinario de defensa existente no resulta lo suficientemente eficaz o idóneo como para permitir la eventual definición de la controversia planteada y la consecuente protección de los derechos fundamentales objeto de discusión.
Conforme a lo expuesto, la Sala REVOCARÁ la sentencia de segunda instancia del trece (13) de marzo de dos mil quince (2015), proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué —Tolima—, que confirmó aquella expedida por el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué, el seis (6) de febrero de dos mil quince (2015), y, en su lugar, concederá el amparo a los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y vida en condiciones dignas de la ciudadana Edilma Martínez Ruiz. Por esta razón, se ordenará al representante legal de la Dirección del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación del Tolima que, como producto de una aplicación retrospectiva del ordenamiento superior vigente y del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 a la situación de la accionante, reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a la que ésta tiene derecho desde el momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el primero de abril de 1994. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de la prescripción trienal que tiene lugar para este tipo de derechos.
1. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida el trece (13) de marzo de dos mil quince (2015) por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué —Tolima—, que confirmó aquella realizada por el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué, el seis (06) de febrero de dos mil quince (2015), en el trámite de la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Edilma Martínez Ruiz en contra de la Dirección del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación del Tolima, y en consecuencia CONCEDER el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y a la vida en condiciones dignas.
2. ORDENAR a la Dirección del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación del Tolima que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, expedir un acto administrativo mediante el cual reconozca y empiece a pagar la pensión de sobrevivientes de la ciudadana Edilma Martínez Ruiz que se configuró como producto del fallecimiento de su entonces esposo el señor Omar de Jesús Osorio García, desde el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, esto es, el primero de abril de 1994, sin exigir requisitos adicionales que no estén previstos en la Constitución o en la Ley y sin perjuicio de la prescripción trienal de la que habla el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, para efectos de reconocer y pagar las sumas adeudas a la accionante por concepto del retroactivo.
2 Corte Constitucional. Sentencia T-063 de 2013.
3 Ello, en cuanto como producto de las particularidades que circunscriben su caso particular resulta desproporcionado someterlo a los trámites y dilaciones que un proceso ordinario implica.
4 Consultar entre otras sentencias: T-132 de 2006, T-463 de 2012, T-706 de 2012, T-063-13 y T-090 de 2013,
5 Reiterado en Sentencias T-690 de 2014, T-915de 2014, T-009 de 2015 y T-330 de 2015.
6 Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.
7 “Artículos 2º, 13, 5º de la Constitución. Véase la Sentencia C-575 de 1992”.
8 “Artículo 366 de la Constitución”.
9 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 19. Introducción, Numeral 2º.
10 Ver, entre otras, las sentencias T-032 de 2012; T-072 de 2013 y T-146 de 2013.
11 Constitución Política de Colombia, artículo 1º.
12 Ver Sentencias C-181 de 2002, T-060 de 2003, T-389 de 2009, T-110 de 2011 y C-258 de 2013, entre otras.
13 Ver Sentencias C-763 de 2002, C-377 de 2004 y T-110 de 2011, entre otras.
14 Ver Sentencias T-110 de 2011, C-258 de 2013, entre otras.
15 En razón a que, de conformidad con lo reseñado en la Sentencia T-110 de 2011, dicha prestación se establece en cabeza de quienes sostuvieron una relación afectiva, personal y de apoyo con el asegurado.
16 Ver sentencias C-1094 de 2003, T-110 de 2011, T-228 de 2014, T-004 de 2015, entre otras.
18 ART. 46.—“Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez” (resaltados ajenos al texto original).
19 Con la modificación introducida por la Ley 797 de 2003.
20 Doctrina en virtud de la cual una norma de derecho puede ser aplicada a hechos acontecidos con anterioridad a su entrada en vigencia, siempre y cuando la situación que entrará a regular no se encuentra completamente consolidada y, por tanto, sigue surtiendo efectos durante el marco temporal de aplicabilidad de esta.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia del veintitrés (23) de Julio de dos mil nueve (2009). Radicación 13001-23-31-000-2003-00080-01(1925-07).
22 C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Radicación 76001233100020070161101 (1605-09).
23 Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del diecinueve (19) de noviembre de 2007. Radicado 31.203.
24 En el cual se indica que dicha ley solo tendrá vigencia a partir del 1º de abril de 1994.
25 Ver Sentencia T-1268 de 2005.
26 Tal y como fue expuesto en el numeral 5º de esta providencia.
27 Ver Sentencia T-110 de 2011.
28 Luis Prieto Sanchís, Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial. Editorial Trotta, pág. 131 y siguientes.
29 Concepto que a la luz de lo expuesto en la Sentencia T-406 de 1992, no debe ser entendido como una muletilla retorica sin aplicabilidad práctica directa.
30 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-406 de 1992.
31 En contraste con las posiciones reseñadas con anterioridad, correspondientes tanto: (i) a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, y (ii) la Corte Constitucional.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 resolución 
in dubio
 artículo 151
 resolución 
 artículo 46
 artículo 488
 Artículo 48
 artículo 1
 artículo 12