Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-074-18.htm
Timestamp: 2020-02-28 20:52:21+00:00

Document:
Sentencia T-074/18
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el defecto fáctico se origina por un error excepcional y protuberante en la valoración de las pruebas recaudadas en el proceso ordinario, que además de menguar la confiabilidad de las partes en el razonamiento utilizado por el juzgador, desconoce las garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso. De esta manera, las deficiencias probatorias que se alegan ante el juez de tutela deben tener la capacidad para incidir en el sentido de la decisión o, en su defecto, demostrar la distorsión que, con la omisión o la indebida valoración probatoria, se produjo frente a la verdad de los hechos.
Una positiva, que se presenta cuando el Despacho resuelve el caso con fundamento en pruebas ilícitas, inconducentes o impertinentes y, por lo mismo, su actuación se tacha de ilegal. En otras palabras, en su versión positiva, el debate gira en torno a la actuación judicial (la valoración realizada por el juzgador) que termina siendo inadecuada, en tanto utiliza medios de prueba no aptos para tomar una correcta decisión. Sobre la dimensión negativa del defecto fáctico, por el contrario, la controversia tiene como eje de discusión las omisiones del funcionario judicial en la etapa probatoria (lo que dejó de realizar teniendo el deber de hacerlo), en cuyo caso se cuestiona la falta de una prueba determinante o esencial para resolver adecuadamente el litigio.
JUEZ EN EL PROCESO CIVIL-Goza de amplias potestades para la recaudación de pruebas
La legislación nacional, así como la jurisprudencia constitucional y ordinaria, ha reconocido un rol al juez que lo faculta no solo para la adopción de una rápida solución al asunto jurídico puesto a su jurisdicción, sino que, además, en razón de la necesidad de esclarecer la verdad de los hechos y garantizar una efectiva tutela de las garantías fundamentales, las autoridades judiciales gozan de amplias potestades para la recaudación de pruebas.
CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA-Deberes de las partes y atribuciones del juez como director del proceso
CARGAS PROCESALES-Principio onus probando/CARGA DE LA PRUEBA-Elemento característico de los sistemas procesales de tendencia dispositiva/PRINCIPIO ONUS PROBANDO-Alcance
REDISTRIBUCION DE LA CARGA PROBATORIA-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
REDISTRIBUCION DE LA CARGA PROBATORIA-Jurisprudencia constitucional
CARGA DE LA PRUEBA-Distribución a favor de persona en situación de debilidad o subordinación frente a otra persona o autoridad/CARGA DE LA PRUEBA-Distribución cuando existan tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de superiores jerárquicos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto fáctico en proceso de responsabilidad médica a causa de una presunta negligencia
Referencia: Expediente: T-6.346.931
Asunto: Acción de tutela instaurada por Brayan Andrés Perafan Aguilar, contra el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga (Santander) y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad.
Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Dentro del trámite de revisión de la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el cinco (5) de julio de dos mil diecisiete (2017), en la que se resolvió confirmar el fallo emitido, en primera instancia, por la Sala de Casación Civil de la misma Corporación, el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que denegó la acción de tutela presentada por Brayan Andrés Perafan Aguilar.
Brayan Andrés Perafan Aguilar interpuso acción de tutela contra el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, al considerar que las sentencias emitidas dentro del proceso de responsabilidad civil iniciado por sus progenitores contra la Clínica Chicamocha S.A., COOSALUD EPSS y el Doctor Luis Fernando Guerra Vásquez, incurrieron en un defecto fáctico por la omisión en el decreto de pruebas relevantes, la valoración defectuosa del material probatorio obrante en el expediente y el desconocimiento de las reglas jurisprudenciales de asunción de la carga de la prueba, lo que ocasionó la vulneración de sus derechos a la vida digna, a la igualdad y al debido proceso, así como las garantías de acceso a la administración de justicia.
1.1. Hechos que dieron origen al proceso de responsabilidad civil
1.1.1. De acuerdo con lo relatado en la demanda de tutela, el 17 de abril de 2003 Brayan Andrés Perafan Aguilar sufrió una caída mientras jugaba con sus hermanos que le ocasionó una fractura en el antebrazo derecho. Dicha lesión fue tratada en la Clínica Chicamocha S.A., en la ciudad de Bucaramanga (Santander), por parte del Doctor Luis Fernando Guerra Vásquez, quien después de diagnosticar que el actor presentó “una fractura cerrada de cúbito y radio derecho del tercio medio y proximal”[2], procedió a inmovilizar la extremidad afectada y colocarle un “yeso braquimetarcarpiano”[3]. Para la época del suceso, Brayan Andrés tenía 4 años de edad[4].
1.1.2. Según el accionante, después del procedimiento de inmovilización del brazo, el galeno se limitó a señalar en la fórmula médica que el control sería dentro de los 10 a 15 días siguientes a la colocación del yeso, sin informarle a sus progenitores, los señores Carlos Ovidio Perafan y Ana Azucena Aguilar Barrera, los cuidados especiales que se requerían o las restricciones del tratamiento médico. Informa el actor que al no presentarse tales limitaciones, junto con sus progenitores, viajó al municipio de Morales (Bolívar), lugar de trabajo de su padre. Sin embargo, dado el mal aspecto que presentaron los dedos de la extremidad afectada, sus familiares lo llevaron al Hospital San Sebastián de Morales (Bolívar), lugar en el que se decidió, por la complejidad del caso, remitirlo a la Clínica Chicamocha S.A., por ser dicha institución la encargada de su tratamiento médico[5].
1.1.3. El 24 de abril de 2003, es decir, 7 días después de la colocación del yeso, Brayan Andrés ingresó nuevamente a la Clínica Chicamocha S.A. Revisado el caso por su médico tratante, le fue diagnosticado un síndrome compartimental agudo en su extremidad superior y, con ello, una contractura isquémica de Wolkann. Es decir, el menor sufrió un daño en los nervios y músculos de la extremidad enyesada que le ocasionó una pérdida funcional y deformidad de su brazo, con amputación a nivel del codo[6].
1.1.4. Por este motivo, al menor le practicaron cinco intervenciones quirúrgicas para conseguir la cobertura del antebrazo por pérdida cutánea, exposición muscular y del nervio mediano, así como para disminuir el desequilibrio muscular y mejorar la presentación del brazo. No obstante lo anterior, Brayan Andrés fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander con una pérdida de la capacidad laboral del 46.93%, con fecha de estructuración del 17 de abril de 2003, al hallarse “deformidad completa”, “atrofia de la mano”, “antebrazo y mano no funcionales con amputación a nivel del codo” [7].
1.1.5. En dicho momento, los padres de Brayan Andrés acudieron a la Defensoría del Pueblo de Santander, entidad que procedió a oficiar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que conceptuara acerca del caso del actor. Como resultado de lo anterior, a través del Dictamen No. C-02733 del 9 de marzo de 2004, dicha entidad manifestó que “se [trataba] de un caso de responsabilidad profesional, por lo cual [debía] ser evaluado por la Junta de Médicos Forenses”.
1.1.6. Adicionalmente, los señores Carlos Ovidio Perafan y Ana Azucena Aguilar Barrera presentaron queja disciplinaria ante el Tribunal de Ética Médica de la Seccional de Santander, entidad que, a través del fallo del 14 de junio de 2006, declaró que las instituciones médicas y el galeno actuaron de acuerdo con la Lex Artis, según la información que reposaba en la historia clínica, ya que fueron los padres los responsables de la estructuración del síndrome compartimental, al llevarlo 7 días después de la colocación del yeso[8].
1.2. Hechos en el marco del proceso de responsabilidad civil en primera instancia y su impugnación
1.2.1. El 2 de abril de 2008, los padres de Brayan Andrés radicaron la demanda de responsabilidad civil contra la Clínica Chicamocha S.A., COOSALUD EPSS y el médico Luis Fernando Guerra Vásquez, por los daños fisiológicos, morales y de vida en relación de su hijo y el núcleo familiar, a raíz de los errores en el tratamiento de la fractura del antebrazo. De un lado, alegaron que la postura inadecuada del yeso ocasionó “una excesiva presión de una celda facial en la extremidad derecha”[9], lo que originó el síndrome compartimental. Dicho de otro modo, el yeso ejerció una presión desproporcionada sobre la extremidad superior que impidió que las células y tejidos se oxigenaran, lo que causó su necrosis y, por consiguiente, la pérdida anatómica y funcional del brazo. Y, de otro lado, afirmaron que el médico incumplió con los deberes de información, seguimiento y control adecuado del caso.
1.2.2. En primera instancia, el caso correspondió al Juez Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, quien por medio del Auto del 12 de marzo de 2010, abrió a pruebas el asunto y procedió a decretar “las solicitadas (…) por cada uno de los extremos de la Litis”[10]. Específicamente, la parte demandante requirió el siguiente dictamen pericial: “al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga, para que certifiquen si el pronunciamiento expresado en dictamen médico legal No. C-02733 del 9 de marzo de2004, (…) es de su autoría, y a su vez se sirvan explicar y dictaminar a la fecha los resultados y pérdida funcional de la extremidad superior derecha del menor”[11].
1.2.3. Después de efectuado los alegatos de conclusión, el 20 de marzo de 2015, el expediente fue trasladado al Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga para que, por descongestión, fallara el fondo del asunto. De esta manera, a través de la Sentencia del 29 de febrero de 2016, el Despacho denegó las pretensiones del extremo demandante, al considerar probadas las excepciones interpuestas por las instituciones demandadas (ausencia de culpa, inexistencia de nexo causal, cumplimiento de los deberes legales y profesionales, aplicación de la Lex Artis y consentimiento informado del paciente)[12].
1.2.4. Para el A quo, dos circunstancias explicaron la inexistencia de la falla médica. En primer lugar, el hecho de que los demandantes no acreditaron, “a través de ningún medio de prueba, que la colocación del vendaje o yeso en la extremidad del menor se hubiera efectuado de manera errónea por parte del galeno, como para que de allí se originara el síndrome compartimental” [13]. Es decir, no se demostró la existencia del daño y su nexo causal con el comportamiento desplegado por las instituciones médicas. Por el contrario, para el juez de la causa, “[brilló] por su ausencia prueba científica o dictamen pericial especializado, el cual [pudiera] servir de apoyo (…) para determinar con precisión la existencia o no de la falla o culpa médica” [14]. En el mismo sentido, consideró que el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, solicitado por la parte demandante, “no era pertinente para demostrar la falla médica. Únicamente se recomendaba llevar el caso a la Junta de Médicos Forenses para su evaluación. Situación que en el curso del proceso o extraprocesalmente, según lo evidenciado en el plenario, no se dio”[15].
En segundo lugar, planteó que las secuelas del menor se produjeron por la tardanza de los progenitores en presentarlo en la institución médica encargada de su tratamiento[16]. A juicio del juzgado, el síndrome compartimental no se generó por mala praxis médica, sino por la actuación negligente de sus padres, quienes “no atendieron activamente la solicitud o recomendación del traslado que le hiciera el médico adscrito al Hospital de San Sebastián de Morales (Bolívar) y se retardaron en presentar la solicitud para el tratamiento, en una institución que pudiera actuar frente a la patología, alegando la escasez de recursos económicos”[17].
En consecuencia, para resolver el caso, el Despacho se sujetó a los documentos aportados por los extremos de la Litis y al cúmulo de testimonios que se recogieron a lo largo del curso procesal. De forma especial, analizó la declaración del médico tratante y de los galenos que representaban a la parte demandada, concluyendo que, de tales declaraciones, “no se [podía] (…) inferir la presencia de culpa o falla médica atribuible a quienes integran la parte pasiva”[18].
1.3.3. Sin embargo, una de las magistradas que integró la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, al momento de proferirse la sentencia objeto de cuestionamiento, presentó aclaración de voto, argumentando que por la desventaja en que se encontraba el menor, al pertenecer a un núcleo familiar de escasos recursos y baja escolaridad, así como las mejores condiciones en que estaban los médicos para demostrar su actuación diligente, la Sala debió entrar a examinar la posibilidad de trasladar la carga de la prueba a la parte demandada, situación que no se analizó en la sentencia de segunda instancia[19].
2. Fundamentos de la tutela
2.6. Finalmente, como elementos excepcionales del caso, el actor destacó que el inadecuado tratamiento médico afectó de forma grave y directa su proyecto de vida, pues desde el momento en que ocurrió la perdida funcional de su brazo,
se ha visto limitado significativamente, al punto de que sus necesidades más básicas siguen siendo soportadas por sus padres, quienes son personas que trabajan como vendedores ambulantes en la Plaza de Mercado de Bucaramanga[20].
3. Actuaciones adelantadas dentro del trámite de la tutela
3.1. La acción de tutela fue asignada a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien mediante Auto del 3 de mayo de 2017, procedió a correr traslado de la demanda a las autoridades judiciales accionadas y comunicar el inicio del trámite a las partes e intervinientes del proceso ordinario de responsabilidad civil objeto de cuestionamiento por el accionante[21].
3.2. Como resultado, cumplido el término para el efecto, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga aclaró que, si bien en un inicio le correspondió tramitarlo, fue el Juzgado Once Civil del Circuito quien profirió la sentencia acusada. No obstante, revisadas las actuaciones adelantadas por el A quo, consideró que tal decisión se encontraba ajustada a las normas legales, sin que fuera posible predicar algún desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso[22].
3.3. En un sentido similar, el 5 de mayo de 2017, el Juez Once Civil del Circuito de Bucaramanga afirmó que, aunque se posesionó con posterioridad a la emisión del fallo cuestionado, lo cierto era que la demanda de tutela pretendía crear nuevos espacios de discusión judicial y reabrir el debate probatorio finalizado por el Tribunal, aspectos que, si fueran admitidos por los jueces constitucionales, desbordarían la naturaleza de la acción de tutela[23].
3.4. Por su parte, el 8 de mayo de 2017, el Magistrado Ponente de la Sentencia proferida el 20 de septiembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, explicó que una vez examinado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mayoritariamente, la Sala decidió confirmar el fallo tras advertir, con respaldo en la revisión detallada de las circunstancias fácticas que rodearon el caso y del material probatorio allegado, que el extremo demandante de la Litis no demostró una falla médica o responsabilidad culposa del galeno y las instituciones prestadoras del servicio médico. Con esto, sostuvo que no incurrió en ninguna afectación de las garantías iusfundamentales y menos que su decisión fuera caprichosa o arbitraria. Por el contrario, afirmó que el interés de Brayan Andrés no era otro que lograr una nueva valoración de los medios probatorios arribados al proceso ordinario, situación que está por fuera del alcance de la acción de tutela[24].
4.2.1. Al respecto, sostuvo que las decisiones judiciales carecieron de motivación racional y, por el contrario, estuvieron soportadas en una deficiente valoración probatoria. Lo anterior, teniendo en cuenta que los jueces ordinarios defendieron acríticamente la hipótesis menos factible, según la cual, la responsabilidad se asoció con la tardanza de los padres en llevarlo al centro médico. De hecho, expuso el magistrado que, según las reglas de la sana crítica, la experiencia y la ciencia médica, “el hecho de que un menor ingrese por una fractura simple y sin complicaciones y termine perdiendo el brazo, es un factor indicativo de que el procedimiento no se efectuó dentro de los parámetros de normalidad”[25]. De manera que, “si se comprometió el órgano enyesado, al punto que se produjo su necrosis y pérdida anatómica o perturbación funcional, ello no ocurre al azar, ni por culpa de la víctima, sino por una mala praxis médica, como se encuentra descrito en la literatura especializada”[26]. En consecuencia, el despacho no encontró justificación a la credibilidad que le dieron los jueces de instancia a los conceptos rendidos por los médicos de las instituciones demandadas, dadas “las contradicciones en que incurrieron y la contrariedad de su explicación con los parámetros de la ciencia médica en materia de ortopedia”[27].
4.2.2. En relación con la prueba del nexo de causalidad, además, el Magistrado expresó que no resultaba adecuado exigir la certeza de tal hecho, como lo hicieron los jueces de instancia, sino la demostración de la causa más probable. De esta manera, encontró que los jueces dejaron de considerar que “la causa más probable fueron los errores que cometió el médico al vendar el brazo con una presión excesiva, y al no tomar las medidas de precaución y seguimiento que prescribe la Lex Artis para evitar el resultado que se produjo”. Los magistrados desestimaron la hipótesis indiciaria más factible por medio de meras suposiciones que ni siquiera alcanzaron el estatus de contradicciones”[28].
4.2.3. En un sentido similar, planteó que, contrario a lo previsto en la Resolución No. 199 de 1995, por medio de la cual se fijan las normas para el manejo de las historias clínicas, el médico tratante no consignó ningún dato relacionado con la forma como se hizo el diagnóstico, la medición de la presión del yeso o los cuidados para el menor. Razón por la cual, su conducta evidenció la despreocupación por la situación del menor de edad, que se agrava en este caso por las condiciones de vulnerabilidad e indefensión de Brayan Andrés, quien para la época de los hechos era apenas un niño desplazado por la violencia que pertenecía a un núcleo familiar de escasa formación y sumido en la pobreza.
4.2.4. En consecuencia, afirmó que los jueces demandados no tuvieron en cuenta los elementos de conocimiento que obraban en el expediente y demostraban que los galenos violaron el deber objetivo de cuidado, al aplicar negligentemente la Lex Artis. Al respecto, expuso que “el médico tratante no cumplió con el protocolo de colocación del yeso, pues no midió la presión intracompartimental que ejerció sobre el brazo fracturado; no mantuvo la extremidad elevada a la altura del corazón para evitar un edema; no cumplió con la vigilancia dentro de las 48 horas siguientes a la colocación del yeso; ni explicó a los familiares del menor los cuidados que debían tener, no les ordenó estar pendientes de los signos de alarma como dolor, inflamación o cambio en el color de la piel; ni dio ninguna recomendación al respecto”[29].
6.1. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 5 de julio de 2017, confirmó en su integridad el fallo de primera instancia, al considerar que las decisiones judiciales cuestionadas, es decir, la proferida el 20 de septiembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga y el pronunciamiento del Juzgado Once Civil del mismo Circuito Judicial, de fecha 29 de febrero de 2016, se emitieron con soporte “en la situación fáctica planteada, el acervo probatorio recaudado y de conformidad con la normatividad aplicable al tema debatido”[30]. Dicho de otro modo, la Sala consideró que los fallos eran el “resultado de una labor hermenéutica propia de las autoridades judiciales que las profirieron, [apoyándose] en argumentaciones que se soportan en las reglas mínimas de razonabilidad jurídica”[31].
6.2. De ahí que, la Sala no advirtiera que las providencias fueron caprichosas o arbitrarias, sino, por el contrario, encontró que los juzgados accionados llegaron a la conclusión de que no existía culpa o falla médica atribuible a las entidades demandadas, a partir del examen de las pruebas recaudadas y las normas que consideraron aplicables. Para la Sala, los demandantes no lograron acreditar que la colocación del yeso se hubiera efectuado de manera errónea, produciendo el síndrome compartimental del que sufrió el actor. En cambio, los testimonios rendidos por los médicos especialistas en ortopedia y traumatología eran coincidentes en señalar que tal síndrome “no se da por la colocación de un yeso, sino por la compresión que va de adentro hacia afuera de la zona afectada”[32].
- Copia de la cédula de ciudadanía de Brayan Andrés Perafan Aguilar[33].
- Reporte fotográfico de la extremidad superior derecha del actor[34].
- Copia del Dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 3 de marzo de 2004[35].
- Copia de la demanda de responsabilidad civil presentada por Carlos Ovidio Perafan y Ana Azucena Aguilar Barrera el 2 de abril de 2008[36].
- Copia del informe pericial de ampliación médico-legal, por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del 1 de octubre de 2010[37].
- Copia del informe pericial de ampliación médico-legal, por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del 13 de enero de 2011[38].
- Copia de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga el 29 de febrero de 2016[39].
- Copia del recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de los demandantes en el proceso de responsabilidad civil[40].
- Copia de la solicitud de práctica de la prueba de peritaje por parte de la Junta de Médicos Forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses[41].
- Copia de la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil Familia, del 31 de mayo de 2016, por medio de la cual se negó el decreto del dictamen pericial[42].
- CD de la audiencia del 20 de septiembre de 2016, llevada a cabo por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga en la que se decidió el recurso de apelación[43].
- Copia del acta de audiencia de sustentación y fallo, del 20 de septiembre de 2016, dentro del proceso de responsabilidad civil[44].
- Copia de la aclaración de voto de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga[45].
- Copia del recurso de casación presentado por los demandantes contra la sentencia de segunda instancia[46].
- Copia del auto del 25 de octubre de 2016, proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, por medio del cual se niega el recurso extraordinario de casación[47].
8. Actuaciones realizadas en sede de revisión
8.1. Escogido el presente caso por la Sala de Selección Número Nueve de la Corte Constitucional[48] y después de estudiado los elementos de prueba obrantes en el proceso de tutela por parte del Magistrado sustanciador, esta Sala consideró que se hacía indispensable contar con el expediente del proceso ordinario de responsabilidad civil que era objeto reproche por parte de Brayan Andrés. Lo anterior, en razón a que, si bien las pruebas daban cuenta de las actuaciones que fueron adelantadas por la parte actora y las providencias judiciales proferidas por las autoridades judiciales demandadas, en su conjunto, tales elementos resultaban insuficientes para adoptar una decisión de fondo, acorde con la situación fáctica planteada por el actor, en la que se alegaba la omisión en el decreto de pruebas a lo largo del procedimiento judicial, así como su defectuosa valoración.
8.2. En consecuencia, por medio del Auto del 29 de noviembre de 2016, la Sala ofició al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga (Santander) para que remitiera, con destino a la Corte Constitucional, la totalidad de cuadernos que contenían las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil iniciado por Carlos Ovidio Perafan y Ana Azucena Aguilar Barrera, en representación de Brayan Andrés Perafan Aguilar, contra la Clínica Chicamocha S.A., COOSALUD EPSS y el Doctor Luis Fernando Guerra Vásquez. Adicionalmente, en la misma providencia, se ordenó suspender los términos para fallar el asunto de la referencia, de conformidad con el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015[49]. Vencido el término otorgado para tal efecto, el 25 de enero de 2018, fue finalmente remitido el expediente al despacho del Magistrado Sustanciador.
La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del Auto del catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), proferido por la Sala de Selección Número Nueve, en el que se escogió el expediente para revisión[50].
2. Cuestión previa: análisis de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
A través de la Sentencia C-590 de 2005, esta Corte unificó los estándares constitucionales para la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, subreglas que se han reiterado a lo largo del desarrollo jurisprudencial de esta Corporación y las cuales, en su conjunto, conforman la doctrina constitucional imperante y en vigor en la materia[51]. De ahí que, en esta oportunidad, la Sala solo proceda a reseñar los requisitos generales y especiales fijados por la jurisprudencia, para con posterioridad y, frente a cada uno, analizar su cumplimiento en el caso concreto.
La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de tutela no procede contra decisiones proferidas por autoridades jurisdiccionales, dada la necesidad de preservar la eficacia de los principios de autonomía e independencia judicial, así como las reglas de seguridad jurídica y cosa juzgada que caracterizan a la Administración de Justicia. De esta manera, la jurisdicción ordinaria sigue siendo el escenario natural para resolver las controversias judiciales, de conformidad con los mandatos de competencia previstos en la Constitución y la ley[52].
No obstante lo anterior, bajo supuestos sumamente excepcionales, se ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas por autoridades judiciales, en los eventos que la sentencia se torne manifiestamente incompatible con la Carta Política y la materialización de los derechos fundamentales[53], sin que tal proceder pueda entenderse como un juicio de corrección de los asuntos que ya fueron definidos por el juez natural[54].
De ahí que, para no invadir de forma inmensurable la órbita de competencia de la autoridad natural, la Corte ha asumido la procedencia de la acción de tutela, a partir del cumplimiento de ciertos requisitos generales, los cuales están asociados a las condiciones fácticas y de procedimiento del caso. El cumplimiento de tales pautas, en consecuencia, habilita al juez de tutela para examinar el fondo de la controversia y adoptar una decisión que, en efecto, logre satisfacer los derechos fundamentales[55]. Bajo este panorama, dichos criterios se reseñan a continuación:
2.1.1. Relevancia constitucional
2.1.1.1. De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia de esta Corporación, la relevancia constitucional, como condición de procedencia de la acción de tutela, debe ser examinada a partir de la clara y ostensible violación de las garantías constitucionales. Al respecto, se ha reiterado que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”[56].
Aunque en la práctica no resulta sencillo definir qué asunto tiene una marcada importancia constitucional y cuál no, la Corte ha establecido algunos criterios de diferenciación que resultan útiles para el caso, entre los que se encuentran los siguientes: i) en principio, le está vedado al juez inmiscuirse en asuntos de carácter netamente legal o decidir cuál es la interpretación más acertada de una norma jurídica, cuando de dichos asuntos no se desprenda una manifiesta violación de los derechos y deberes constitucionales[57]; ii) tampoco el juez de tutela pueda interferir cuando de las pruebas obrantes en el expediente no se advierta así sea someramente, los hechos de los cuales se predica la supuesta vulneración de los derechos fundamentales[58] y, finalmente, iii) la relevancia constitucional de un caso judicial puesto a consideración del juez de tutela, se relaciona con la necesidad de interpretación del estatuto superior, su aplicación material y la determinación del alcance de los derechos fundamentales[59].
2.1.2. Subsidiariedad
2.1.2.2. Cuando se controvierten providencias judiciales, el requisito de subsidiariedad resulta particularmente exigente para la persona que alega su ilegalidad, por lo que el juez de tutela tiene la obligación de verificar, de forma exhaustiva, que la parte accionante agotó “todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance (…), salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable”[60].
Así las cosas, de forma excepcional, procede la acción de tutela para proteger derechos fundamentales por la actuación ilegítima de un despacho judicial: i) cuando la persona desplegó todos los medios judiciales ordinarios que tenía a su alcance dentro del proceso en el cual fue proferida la decisión controvertida y ii) en los casos que la tutela se utiliza como un mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable, en cuyo caso el juez de tutela podrá intervenir de manera provisional, sin que hayan sido surtidas todas las instancias correspondientes[61]. Esta exigencia, en consecuencia, busca asegurar que la acción de tutela no sea considerada por los particulares como un medio de defensa adicional al proceso ordinario con el que se pueda sustituir a la autoridad competente, ni como una vía judicial paralela para enmendar deficiencias que se suscitaron en el trámite ordinario, errores procesales o recuperar oportunidades vencidas en el proceso[62].
2.1.3.1. La inmediatez exige que la acción de tutela sea promovida en un plazo razonable, contado a partir del momento en que se produce la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales. De lo contrario, ha enfatizado esta Corporación, “esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos”[63]. El límite temporal se explica porque, de conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, el recurso de amparo tiene como propósito esencial proteger efectiva e inmediatamente las prerrogativas consagradas en la Constitución de 1991.
Aunque la inmediatez no se asocia con un término explícito de caducidad para presentar la demanda de tutela, la Corte ha sostenido que debe ejercerse de forma oportuna y coherente con las finalidades del propio mecanismo y la urgencia de protección de los derechos presuntamente quebrantados. De aquí que, este recurso no pueda ser empleado por las partes como una herramienta para provocar inseguridad jurídica o recompensar la negligencia o desidia de las personas vinculadas en su trámite[64].
2.1.3.2. En esta ocasión, la inmediatez no genera dificultad alguna, pues la acción de tutela se interpuso dentro de un término razonable, esto es, dentro de los seis meses posteriores a la ejecutoria de las sentencias que el actor considera violatorias de sus derechos fundamentales. Así, conforme con los elementos probatorios allegados al proceso, esta Sala encontró que la demanda de tutela fue radicada el 21 de abril de 2017[65], luego de que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, a través del Auto del 25 de octubre de 2016[66], decidiera rechazar el recurso extraordinario de casación, última actuación en el trámite de proceso de responsabilidad civil instaurado por los representantes legales del aquí accionante.
2.1.4. Pronunciamiento sobre irregularidades procesales
2.1.4.1. De conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, en los casos que la demanda de tutela alegue la configuración de una irregularidad procesal, “debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora”.[67] También se ha sostenido que, “si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello [habría] lugar a la anulación del juicio”. [68] En otras palabras, a la hora de examinar la procedibilidad del recurso de amparo, el juez de tutela debe advertir que, de alegarse una irregularidad procesal, dicha situación sea de tal magnitud que involucre gravemente garantías iusfundamentales[69].
2.1.5. Identificación de los hechos que afectan un derecho fundamental
2.1.5.1. La doctrina constitucional ha sostenido que para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales la parte accionante debe identificar “tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiera alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que hubiere sido posible”[70]. Lo anterior quiere decir que el actor, al momento de presentar la demanda de tutela, debe consignar de forma clara y suficiente la información que pretende hacer valer ante el juez de tutela, explicando los supuestos fácticos que acontecieron en el curso de la actuación judicial, como sucede con i) las circunstancias que llevaron a la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, ii) las garantías que fueron desconocidas por la actuación ilegítima de los jueces ordinarios y iii) los cuestionamientos planteados al interior del proceso frente a la presunta afectación de sus derechos fundamentales.
2.1.6. Que no verse sobre sentencias de tutela ni de constitucionalidad
2.2. Requisitos especiales
- Defecto orgánico: “se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello”.
- Defecto procedimental: “se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido”.
- Defecto fáctico: “surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”.
- Defecto sustantivo: “como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”.
- Error inducido: “se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales”.
- Decisión sin motivación: “implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”.
- Desconocimiento del precedente: “se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”.
- Violación directa de la Constitución: “se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución”[71].
4. Defecto fáctico. Noción y pautas generales
4.1. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el defecto fáctico se origina por un error excepcional y protuberante en la valoración de las pruebas recaudadas en el proceso ordinario, que además de menguar la confiabilidad de las partes en el razonamiento utilizado por el juzgador, desconoce las garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso. De esta manera, las deficiencias probatorias que se alegan ante el juez de tutela deben tener la capacidad para incidir en el sentido de la decisión o, en su defecto, demostrar la distorsión que, con la omisión o la indebida valoración probatoria, se produjo frente a la verdad de los hechos[72].
4.2. Tales deficiencias, entonces, se comportan en una doble dimensión, que le corresponde analizar al juez constitucional. Una positiva, que se presenta cuando el Despacho resuelve el caso con fundamento en pruebas ilícitas, inconducentes o impertinentes y, por lo mismo, su actuación se tacha de ilegal. En otras palabras, en su versión positiva, el debate gira en torno a la actuación judicial (la valoración realizada por el juzgador) que termina siendo inadecuada, en tanto utiliza medios de prueba no aptos para tomar una correcta decisión. Sobre la dimensión negativa del defecto fáctico, por el contrario, la controversia tiene como eje de discusión las omisiones del funcionario judicial en la etapa probatoria (lo que dejó de realizar teniendo el deber de hacerlo), en cuyo caso se cuestiona la falta de una prueba determinante o esencial para resolver adecuadamente el litigio[73].
4.3. No obstante que se advierta la presencia de un error fáctico, esta Corporación ha sido enfática en el hecho de que la intervención del juez de tutela, cuando se cuestiona el manejo probatorio dado por la autoridad competente, deber ser excepcional, en razón de la autonomía e independencia de la que goza dicho funcionario en el examen del material probatorio. En particular, porque es la persona investida por el legislador para adelantar la discusión jurídica y, por ende, quien tiene la capacidad para apreciar con mayor grado de certeza los medios de prueba obrantes en el proceso. De ahí que, la acción de tutela no pueda convertirse en una instancia revisora, paralela o adicional, del estudio probatorio realizado por la autoridad competente[74].
4.4. En consecuencia, para que resulte procedente un caso y el juez de tutela admita la configuración de un defecto fáctico, la jurisprudencia de esta Corporación ha decantado algunas pautas útiles para determinar en cuáles circunstancias, aun cuando el juez goza de un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el que fundamenta su decisión, utilizó sus facultades de forma irrazonable, desconociendo así las garantías fijadas en el Estatuto Superior[75]. Entre aquellas pautas se encuentran las siguientes:
i) El error en la valoración probatoria deber ser ostensible, flagrante, manifiesta e irrazonable. Es decir, el actor debe demostrar que la decisión adoptada por el juez natural es claramente caprichosa y arbitraria, en cuyo caso no resulta comprensible, ni siquiera aplicando criterios flexibles, los motivos que orientaron su hipótesis respecto de la evidencia probatoria[76].
ii) La argumentación judicial de los hechos, es decir, la construcción de las premisas fácticas que fundamentan la decisión, a partir de la valoración del material probatorio, desconoce los cánones de la sana crítica (la lógica, la ciencia y la experiencia), la objetividad, la legalidad o los parámetros mínimos de la argumentación judicial, lo que ocasiona que el funcionario adopte la decisión basado en elementos fácticos o normativos que resultan incomprensibles para los sujetos procesales involucrados[77].
iii) El defecto fáctico tiene que superar la simple discrepancia interpretativa respecto del material probatorio que usualmente surge entre las partes y el juez al interior del proceso. Dicho de otro modo, si el criterio adoptado por la autoridad natural a la hora de valorar y resolver el caso resulta razonable, en tanto respeta la Constitución y la ley, no puede sustentar la intromisión en la órbita de competencia del funcionario judicial, a partir de una interpretación alternativa o una hipótesis que para la parte vencida debió haber primado. De hecho, se ha indicado que, como regla general, “el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable”[78].
iv) Por último, en la valoración de los medios de prueba directos, como sucede con las declaraciones de parte y terceros procesales, el campo de intervención del juez de tutela es menor, en virtud del principio de inmediación, el cual sostiene que la persona que está en mejor posición para determinar el alcance de tales pruebas es el funcionario designado por la ley. Al respecto, ha reiterado la Corte que: “en estas situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en que responde al cuestionario judicial, etc”[79].
4.5. Además de las anteriores pautas, que deberán ser analizadas de forma cuidadosa por el juez de tutela, para la Corte Constitucional, se deben tener en cuenta tres supuestos fácticos que constituyen una manifiesta deficiencia en el manejo probatorio dado por la autoridad competencia, los cuales exigen de algún grado de intervención para corregirlas. En estos casos, el juez de tutela tiene la obligación de subsanar los errores probatorios, con el fin de propiciar una visión procesal que se ajuste a la realidad de los hechos, garantizar los derechos fundamentales comprometidos y los propósitos de eficiencia e imparcialidad que caracterizan a la administración de justicia. Los escenarios fijados por la doctrina constitucional son los siguientes[80]:
Esta Corporación ha sostenido que la omisión en el decreto de pruebas por parte de la autoridad judicial competente, impide la recepción y análisis de hechos que resultan indispensables para la correcta solución del caso debatido[81]. Así, en los eventos que se rechaza la práctica de una prueba que conduciría a aclarar las premisas fácticas debatidas, esta Corte ha sostenido que, ante tal circunstancia, se estarían vulnerando los derechos al debido proceso y a la defensa[82].
Esta omisión ocurre, por ejemplo, i) cuando la autoridad judicial no ejerce la facultad para decretar pruebas de oficio en los casos que faltan elementos para dirimir adecuadamente el conflicto, o ii) cuando se niega el decreto y práctica de pruebas pertinentes, conducentes o esenciales para resolver el fondo del asunto. Si bien, en este último caso, el juez de la causa cuenta con la autonomía e independencia para denegar una prueba solicitada por los sujetos procesales, lo cierto es que tal decisión, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, debe estar ligada a la impertinencia, inutilidad y la ilegalidad del medio requerido. De hecho, se ha sostenido que “la autoridad judicial que se niegue sin justificación razonable y objetiva, a apreciar y valorar una prueba en la que obtiene apoyo esencial en forma específica y necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre en una vía de hecho y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez que desconoce varios principios y derechos de rango superior para quien la ha solicitado, como son la igualdad procesal y de acceso a la administración de justicia, el debido proceso y defensa y el deber de imparcialidad del juez para el trámite del mismo”[83].
Bajo este escenario, para ilustrar, se ha señalado que ocurre un defecto fáctico cuando i) sin razón aparente, el juez natural excluye pruebas aportadas al proceso que tienen la capacidad para definir el asunto jurídico debatido, ii) deja de valorar una realidad probatoria que resulta determinante para el correcto desenlace del proceso, iii) declara probado un hecho que no emerge con claridad y suficiencia de los medios de prueba que reposan en el expediente y, por último, iv) omite la valoración de las pruebas argumentando el incumplimiento de carga procesales que, al final, resultan arbitrarias y excesivas[84].
Cuando se alega la valoración defectuosa de los medios de prueba que sustentan determinada hipótesis fáctica, debe demostrarse que el funcionario judicial adoptó la decisión, desconociendo de forma evidente y manifiesta la evidencia probatoria. Es decir, se debe acreditar que la decisión se apartó radicalmente de los hechos probados, resolviendo de manera arbitraria el asunto jurídico debatido[85].
Así las cosas, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, se ha sostenido que la valoración defectuosa se presenta cuando i) la autoridad judicial adopta una decisión desconociendo las reglas de la sana crítica, es decir, que las pruebas no fueron apreciadas bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional, ii) realiza una valoración por completo equivocada o contraevidente, iii) fundamenta la decisión en pruebas que por disposición de la ley no son demostrativas del hecho objeto de discusión, iv) valora las pruebas desconociendo las reglas previstas en la Constitución y la ley, v) la decisión presenta notorias incongruencias entre los hechos probados y lo resuelto, vi) decide el caso con fundamento en pruebas ilícitas y, finalmente vii) le resta o le da un alcance a las pruebas no previsto en la ley[86].
5. El rol del juez en la recaudación de las pruebas dentro del proceso civil
5.1. El papel activo del juez en el proceso civil colombiano
5.1.1. La tendencia extendida en los sistemas procesales del civil law, hasta finales del siglo XIX, era que el juez debía mantener un rol pasivo en la conducción del proceso, en particular, en lo que correspondía con la recaudación de los medios de prueba[87]. Eran las partes las que debían iniciar, impulsar y tramitar las diligencias judiciales que resultaran necesarias para resolver correctamente el caso, lo que incluía, naturalmente, la carga de aportar las pruebas relevantes y pertinentes para la concesión de sus pretensiones[88]. Al juez, en consecuencia, le concernía solamente decidir el asunto con base en los elementos de prueba ofrecidos por los sujetos procesales[89]. De hecho, no tenía la facultad para iniciar actuaciones de oficio, admitir pruebas que no fueran presentadas por las partes, ni siquiera plantear premisas fácticas que no se alegaran previamente en el proceso[90].
5.1.2. Este sistema denominado comúnmente como dispositivo, sufrió cambios significativos que se reflejan en la actual legislación colombiana y tienen su causa, según explicación de la doctrina especializada, en complejas razones históricas y teóricas, varias de las cuales han sido aceptadas previamente por esta Corporación[91]. Cabe señalar, como muestra, i) el hecho de que el proceso civil, según la legislación nacional, dejó de ser considerado como un asunto de mera individualidad entre las partes involucradas, para constituirse en un instrumento de carácter público, encaminado a la protección de los derechos constitucionales y legales; ii) en esa vía, adicionalmente, la jurisprudencia ha sostenido que el juez simbólicamente representa el “longa manus” del Estado, es decir, la persona autorizada por la institucionalidad para procurar la resolución del asunto jurídico debatido, a través de la materialización de las garantías fundamentales y, finalmente, iii) el reconocimiento en la mayoría de sistemas procesales modernos de la necesidad de buscar la verdad de los hechos, direccionar el proceso y solucionar las deficiencias probatorias presentadas[92].
5.1.3. De forma coincidente con esta tendencia el legislador, de manera progresiva, ha reconocido al juez ordinario un mayor rol dentro del proceso judicial, sin que tales facultades representen, por sí mismas, una visión autoritaria del sistema procesal colombiano[93]. En esta dirección, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han sostenido el carácter mixto del actual procedimiento civil, en tanto las partes continúan manteniendo la obligación de iniciar el trámite judicial, allegar los medios de prueba relevantes para la concesión de las pretensiones y alegar los supuestos fácticos que demuestren su hipótesis jurídica; y el funcionario judicial, por su parte, tiene el deber de emplear todos los poderes que legalmente le fueron otorgados para lograr la tutela jurisdiccional efectiva[94].
5.1.4. Aun cuando esta perspectiva se estableció desde el Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), en el actual Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) se consolidó la visión de que, si bien el sistema procesal está centrado en las partes, el funcionario judicial que resuelve la controversia goza de amplias facultades para direccionar y decidir adecuadamente el asunto controvertido. Así, por ejemplo, cabe resaltar como el legislador radicó en cabeza del juez el deber de garantizar, a través del ejercicio de sus facultades legales, la igualdad real entre las partes (art. 4) y el impulso efectivo del proceso judicial (art. 8). Así como la obligación de fallar teniendo en cuenta la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial y la aplicación de estándares constitucionales ante dudas en la aplicación de la ley (art. 11).
5.2. El decreto oficioso de pruebas constituye un deber funcional, de conformidad con la legislación civil y la jurisprudencia constitucional
5.2.1. El decreto de pruebas de oficio por parte del juez ha sido definido por la Corte Constitucional como un instrumento práctico y útil para alcanzar la verdad de los hechos objeto de disputa, en aquellos casos que los medios que obran en el expediente resultan insuficientes para adoptar una decisión correcta, o cuando la reconstrucción fáctica realizada por las partes, con la cual, en principio, se supone se resolvería el asunto debatido, no garantiza la igualdad procesal ni la protección efectiva de los derechos fundamentales[95].
5.2.2. De igual forma, esta Corporación ha hecho hincapié en el alcance del decreto oficioso de pruebas para satisfacer los propósitos del proceso judicial. Tales fines han estado relacionados con el esclarecimiento de la verdad frente a los intereses en punga, así como con la materialización de postulados constitucionales, en particular, la administración de justicia y la vigencia de un orden social justo[96].
5.2.3. Bajo este panorama, esta Corporación ha manifestado que la decisión de recaudar oficiosamente información útil para el proceso judicial no constituye un acto de mera liberalidad del juez, sino un deber funcional, cuando los medios de prueba llevarían a adoptar una decisión sustancialmente distinta. Esta interpretación, además, se ajusta al carácter fijado en el Código General del Proceso, pues el decreto oficioso de pruebas fue constituido por el legislador como un deber judicial (art. 42)[97].
Aunque no en todos los casos la renuencia del juez a decretar pruebas de oficio constituye una decisión arbitraría o ilegal, según la jurisprudencia de esta Corporación, lo es en los eventos en que la participación judicial incida directamente en la materialización de las garantías fundamentales. Por ejemplo, i) cuando de los elementos probatorios recaudados dentro del proceso surgen aspectos inciertos de la controversia; ii) la inactividad judicial conllevaría a adoptar una decisión injusta, desde el punto de vista material y iii) la autoridad judicial desconoce las reglas que el legislador definió previamente[98].
Para ilustrar lo anterior, en la Sentencia T-264 de 2009, al analizar la negativa de un juez civil a reconocer las pretensiones de la demanda por falta de legitimidad por activa, argumentando que el extremo demandante omitió demostrar la relación de parentesco con la víctima, esta Corte consideró que se configuró un defecto fáctico, pues ante la necesidad de esclarecer los hechos en litigio, los jueces de la causa omitieron el deber de decretar las pruebas relevantes para fallar correctamente el caso. De esta manera, después de desarrollar las características del proceso civil, la Corte concluyó que la práctica de pruebas de oficio “en materia civil, no es una atribución o facultad potestativa del Juez: es un verdadero deber legal. En efecto, el funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente siempre que, a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia (…)”.
5.3. El traslado de la carga de la prueba es una facultad de la autoridad judicial, siempre que la carga procesal no resulte irracional o desproporcionada
5.3.1. Por regla general, la carga de la prueba le corresponde a las partes, quienes deben acreditar los hechos que invocan a su favor y que sirven de base para sus pretensiones. Este deber, conocido bajo el aforismo “onus probandi”, exige la realización de ciertas actuaciones procesales en interés propio, como la demostración de la ocurrencia de un hecho o el suministro de los medios de pruebas que respalden suficientemente la hipótesis jurídica defendida. De ahí que, de no realizarse tales actuaciones, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, el resultado evidente sea la denegación de las pretensiones, la preclusión de las oportunidades y la pérdida de los derechos[99].
5.3.2. Esta regla ha estado prevista en el ordenamiento civil, al establecerse que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” (art. 177 del Código de Procedimiento Civil y art. 167 del Código General del Proceso). Por lo que, así visto, se puede concluir que, el incumplimiento de la carga de la prueba no resulta admisible por la normatividad civil[100].
5.3.3. No obstante lo anterior, al constatar cómo la aplicación rígida de este postulado conducía a una real asimetría de las partes y el desconocimiento de las finalidades del proceso civil, desde el año 2001, la Corte Suprema de Justicia introdujo criterios de flexibilización de la carga de la prueba, como la teoría del traslado de la carga de la prueba[101].
De manera más reciente, la Corte Suprema de Justicia reforzó dicha postura, sosteniendo que, si bien, por regla general, la parte demandante deberá probar la culpa y su nexo causal con el daño, ante supuestos excepcionales y atendiendo las características particulares del caso, como sucede con la complejidad de una intervención quirúrgica o la falta de medios probatorios disponibles, el juez tiene la plena facultad para trasladar o distribuir la carga de la prueba entre los sujetos involucrados en el curso del proceso civil. Así, ha expresado que “en los casos que resulte evidente la dificultad probatoria para el paciente, en orden a obtener los medios de prueba que sirvan para acreditar la culpa médica, y por el contrario, por cercanía o disponibilidad, la demostración de la diligencia resulte de mayor facilidad para el facultativo o la institución hospitalaria demandada, ha considerado que obviamente a circunstancias objetivas que develen la real posibilidad de que una u otra parte sea la llamada a ejercer ese rol”[102].
5.3.4. De hecho, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que la anterior subregla se adecúa de mejor manera al cambio normativo que se introdujo con el Código General del Proceso que, por primera vez, introdujo legislativamente la teoría de la carga dinámica de la prueba como una potestad del juez ordinario, que debe ser adoptada garantizando el derecho a la defensa y contradicción de las partes[103].
5.3.6. Distintos casos se han resuelto utilizando este criterio jurisprudencial. Basta con señalar cómo en la Sentencia T-909 de 2011, esta Corte, frente a la demostración de un acto discriminatorio de difícil prueba, sostuvo que “la carga de probar la inexistencia de discriminación recae en cabeza de la autoridad que expide o aplica una disposición jurídica, no así en quien alega la violación de su derecho a la igualdad, especialmente cuando la clasificación que se hace de una persona es sospechosa por tener relación con los elementos expresamente señalados como discriminatorios a la luz del derecho constitucional.” Lo mismo ha ocurrido en el ámbito laboral, pues esta Corporación ha expresado que, en los casos que una persona se encuentra en posición de debilidad o de subordinación frente a otra o ante una autoridad de quien se cuestiona la vulneración de un derecho, es preciso distribuir la carga de la prueba a favor de la parte menos fuerte de la relación (Sentencia T-447 de 2008).
5.3.7. Por último, vale la pena precisar que, en relación con el traslado de la carga de la prueba, esta Corte revisó la constitucionalidad del artículo 167 del Código General del Proceso, que fijó en el sistema procesal actual la posibilidad para distribuir entre las partes dicha carga, concluyendo que esa actividad constituye una prerrogativa judicial, en tanto resulta útil para el juez, conforme con los propósitos del proceso civil previstos en la legislación y las garantías constitucionales. En particular, se expresó que “desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (artículos 2º, 29, 228 y 229 de la Constitución) la Corte no advierte reparo constitucional alguno al hecho de que el Legislador haya autorizado al juez a distribuir la carga de la prueba entre las partes, según las particularidades del caso, para exigir probar determinado hecho a quien se encuentre en una situación más favorable para hacerlo, sin que le haya impuesto el inexorable “deber” hacerlo en cada caso”.
Las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto fáctico por la omisión en el decreto y práctica de pruebas relevantes y conducentes, dentro del proceso de responsabilidad civil instaurado por el actor a causa de una presunta negligencia médica
3. En efecto, para el extremo demandante del proceso de responsabilidad civil y actual accionante, la causa principal del daño colateral sufrido con posterioridad a la colocación del yeso fue la actuación negligente del ortopedista y las entidades médicas encargadas del tratamiento de la fractura del antebrazo. Así, sostuvo que el incumplimiento del protocolo para la colocación del yeso y de los deberes de seguimiento y control fue, en esencia, lo que ocasionó la pérdida anatómica y funcional de su brazo, en una intervención que, según la literatura especializada, no ofrece mayores riesgos para el paciente. De hecho, en la demanda de tutela el actor explicó que éste era el suceso principal que se trató de demostrar en el transcurso del proceso de responsabilidad civil, pero que, desde su punto de vista, los jueces ordinarios incurrieron en un defecto fáctico que injustamente negó sus pretensiones[104].
4. El extremo demandado aseguró, en cambio, que la causa principal de la lesión no tuvo relación con la conducta desplegada por el médico tratante y las instituciones médicas que atendieron la fractura del menor de edad, sino con un riesgo inherente al golpe, el cual no pudo ser tratado a tiempo debido a la demora en presentarlo a una institución médica especializada[105].
Así, por ejemplo, el Tribunal de Ética Médica, seccional Santander, en el fallo del 14 de junio de 2006 explicó (aunque sin extenderse en sus consideraciones) que los signos tardíos que presentaba el menor de edad, referidos en la historia clínica, debieron ser observados por sus padres a los siete días del síndrome compartimental, aspecto que resultaba indicativo de un descuido de sus progenitores[106].
De otro lado, de las declaraciones rendidas por el médico tratante y de los tres galenos que solicitó la parte demandada, se sugería que el síndrome compartimental se produce por una presión interna de la extremidad del paciente, en la que no influye ningún factor exógeno. Dicho de otro modo, la lesión del actor habría tenido causa en la compresión de los vasos y partes blandas de la extremidad a raíz de la fractura sufrida en el antebrazo, descartándose de esta manera algún impacto con la colocación del yeso braquimetacarpiano[107].
En la declaración de parte también se mencionó que, frente el daño colateral sufrido por el actor, el hecho de que en el Hospital de San Sebastián de Morales (Bolívar), lugar a donde acudieron los padres del menor de urgencias, no se hubiera cortado la totalidad del yeso o dejado de tal manera que la perfusión de la extremidad hubiera aumentado considerablemente, cuando es el procedimiento que suele realizarse en casos de posible diagnóstico compartimental, también es un evento que puedo influir en la estructuración de la lesión[108].
En esta relación de causas tampoco se puede omitir el Dictamen Médico-Legal proferido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del 9 de marzo de 2004, en el que se expuso que, por las lesiones presentadas por el menor de edad, el hecho se trataba de un asunto de responsabilidad profesional, el cual debía ser llevado a valoración por parte de la Junta de Médicos Forenses de dicha institución. Dictamen que se mantuvo en su integridad, por medio de las ampliaciones surtidas los días 1 de octubre de 2010 y el 13 de enero de 2011[109].
Como expuso el propio Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga en la Sentencia del 29 de febrero de 2016 y esta Sala pudo corroborar con la lectura del expediente ordinario, para una adecuada resolución del caso “[brilló] por su ausencia prueba científica o dictamen pericial especializado, el cual [pudiera] servir de apoyo (…) para determinar con precisión la existencia o no de la falla o culpa médica”[110]. Igualmente, en segunda instancia, el conjunto de premisas jurídicas y fácticas expuestas en la Audiencia de Sustentación y Fallo, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior, también se dirigieron a señalar que no se podía declarar la responsabilidad ante la falta de medios de prueba que acreditaran el nexo de causalidad entre la conducta del médico tratante y la pérdida del brazo.
Primero.- REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en el que se resolvió confirmar en todas sus partes la sentencia emitida en primera instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que denegó la acción de tutela de la referencia. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho al debido proceso de Brayan Andrés Perafan Aguilar.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas el veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga y el (20) veinte de septiembre de dos mil dieciséis (2016), por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda de responsabilidad civil interpuesta por Carlos Ovidio Perafan y Ana Azucena Aguilar Barrera, en representación de Brayan Andrés Perafan Aguilar, contra la Clínica Chicamocha S.A., la A.R.S. COOSALUD y el médico Luis Fernando Guevara Vásquez.
Tercero.- ORDENAR al Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga que, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, reabra el proceso de responsabilidad civil de la referencia, para que proceda a recepcionar los medios de prueba relevantes y conducentes para despejar las incertidumbres respecto del grado de responsabilidad médica del galeno y las instituciones que trataron la fractura del antebrazo de Brayan Andrés, lo que incluye el dictamen por parte de la Junta de Médicos Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para con posterioridad, adoptar la decisión judicial que corresponda.
[1] En esta sección se relata los hechos descritos por el accionante en la demanda de tutela, así como los elementos fácticos y jurídicos que obran en los expedientes de tutela y de responsabilidad civil.
[2] Folios 16 y 17, cuaderno principal del proceso de responsabilidad civil.
[4] Según copia de la cédula de ciudadanía, Brayan Andrés nació el 13 de junio de 1998. Folio 28, Cuaderno 1 del expediente de tutela.
[5] Folio 1, cuaderno principal del proceso ordinario de responsabilidad civil.
[6] Folios 55-61, cuaderno principal del proceso de responsabilidad civil.
[7] Folios 35 al 39, tercer cuaderno del proceso de responsabilidad civil.
[8] Folios 103 al 110, cuaderno principal del proceso de responsabilidad civil.
[9] Folios 55-61, cuaderno principal del proceso de responsabilidad civil.
[10] Folios 180-185, cuaderno principal del proceso de responsabilidad civil.
[12] Folios 489-523, cuaderno principal del proceso de responsabilidad civil.
[13] Folio 519, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[14] Folio 507, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[15] Folio 519, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[16] Folio 519, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[17] Folio 519, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[18] Folios 517, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[19] Folios 19-25, cuaderno de apelación del proceso de responsabilidad civil.
[20] Folio 208, cuaderno principal del proceso de responsabilidad civil.
[21] Folio 121, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[22] Folios 135-136, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[23] Folio 139, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[24] Folios 144-146, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[25] Folios 178-180, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[28] Folios 178-180, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[29] Ibídem,
[30] Folios 3-9, cuaderno 2 del expediente de tutela.
[33] Folio 28, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[34] Folios 29-33, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[35] Folio 108, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[36] Folios 35-41, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[37] Folio 109, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[38] Folios 110-111, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[39] Folios 42-76, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[40] Folios 77-87, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[41] Folios 88-90, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[42] Folios 91-93, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[43] Folio 34, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[44] Folios 94-95, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[45] Folios 96-101, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[46] Folio 102, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[47] Folios 103-107, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[48] Mediante Auto del 14 de septiembre de 2017.
[50] Bajo un criterio subjetivo (necesidad de proteger un derecho fundamental).
[51] Sentencias T-388 de 2006, T-590 de 2009, SU-817 de 2010, T-363 de 2011, SU-400 de 2012, SU-198 de 2013, SU-946 de 2014, SU-556 de 2015, SU-416 de 2015, C-086 de 2016, SU-490 de 2016, SU-210 de 2017, SU-355 de 2017 y SU-396 de 2017, entre otras.
[52] Sentencias C-547 de 1992, T-590 de 2009, SU-946 de 2014, SU-817 de 2010 y SU-210 de 2017.
[53] Sentencias T-949 de 2003, SU-490 de 2016, SU-396 de 2017 y SU-355 de 2017.
[54] Sentencia SU-556 de 2015.
[55] Sentencias SU-556 de 2015, SU-210 de 2017 y SU-537 de 2017.
[56] Sentencia C-590 de 2005, reiterado en los fallos SU-817 de 2010, SU-400 de 2012 y SU-335 de 2017, entre otros.
[57] Sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2005.
[58] Sentencia T-380 de 2012.
[59] Sentencia T-586 de 2012.
[60] Sentencia C-590 de 2005, reiterada en las providencias T-388 de 2006, SU-946 de 2014, SU-537 de 2017.
[61] Sentencia T-388 de 2006.
[63] Sentencias C-590 de 2005 y SU-537 de 2017.
[64] Sentencia T-122 de 2017.
[65] Cuaderno 1, folio 113 del expediente de tutela.
[66] Cuaderno 1, folios 103 al 107 del expediente de tutela.
[67] Sentencia C-590 de 2005.
[68] Sentencias C-590 de 2005 y T-586 de 2012.
[69] Sentencia SU-537 de 2017.
[70] Sentencia C-590 de 2005, reiterado en las Sentencias SU-335 de 2017,
[71] Sentencia T-704 de 2012.
[72] Sentencias SU-198 de 2013, SU-946 de 2014, SU-556 de 2015, SU-490 de 2016 y SU-210 de 2017.
[73] Sentencias SU-490 de 2016, SU-210 de 2017, SU-355 de 2017 y SU-490 de 2016.
[74] Sentencia SU-817 de 2010, SU-946 de 2014, SU-490 de 2016, SU-210 de 2017 y SU-537 de 2017.
[75] Sentencia SU-400 de 2012, SU-490 de 2016 y SU-537 de 2017.
[76] Sentencia SU-537 de 2017 y SU-210 de 2017.
[77] Sentencia SU-210 de 2017.
[78] Sentencia SU-210 de 2017.
[80] Sentencia SU-537 de 2017.
[81] Sentencias SU-556 de 2015 y SU-537 de 2017.
[82] Sentencias SU-132 de 2002 y T-302 de 2003.
[83] Sentencia T-488 de 1999, reiterada en el fallo T-160 de 2013.
[84] Sentencias SU-490 de 2016 y SU-537 de 2017.
[85] Sentencia T-302 de 2003, reiterada en las Sentencias SU-195 de 2012, SU-566 de 2015 y SU-537 de 2017.
[86] Sentencias T-388 de 2006, SU-946 de 2014 y SU-537 de 2017.
[87] Taruffo, M., (2008), La prueba. Madrid, España: Marcial Pons. Pág. 109.
[88] Taruffo, M., (2008), La prueba. Madrid, España: Marcial Pons. Pág. 110.
[89] Taruffo, M., (2008), La prueba. Madrid, España: Marcial Pons. Pág. 112.
[90] Sentencia C-874 de 2003.
[91] Taruffo, M., (2008), La prueba. Madrid, España: Marcial Pons. Pág. 112. // Al respecto, en varias oportunidades, esta Corporación ha sostenido que el juez civil, en el marco del Estado Social de Derecho, le corresponde tareas de trascendencia constitucional como ocurre con la obtención de la justicia material, la búsqueda de la verdad y la primacía del derecho sustancial. Para ilustrar, en la Sentencia C-037 de 1996, que analizó el proyecto que contenía la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Corte sostuvo que “en últimas, una tarea que requiere, como consecuencia de haber sido nuestro país consagrado en la Carta Política como un Estado social de derecho, un mayor dinamismo judicial, pues sin lugar a dudas es el juez el primer llamado a hacer valer el imperio de la Constitución y de la ley en beneficio de quienes, con razones justificadas, reclaman su protección”. // En un sentido similar, en la Sentencia C-713 de 2008, al estudiar el proyecto de reforma a la Ley 270 de 1996, consideró que “los jueces de la República son los primeros llamados a ejercer una función directiva en la conducción de los procesos a su cargo, para lo cual el Legislador les ha otorgado la potestad de asegurar, por todos los medios legítimos a su alcance, que las diferentes actuaciones se lleven a cabo”. // Con posterioridad, la Corte ha mantenido dicho criterio, pues en la Sentencia SU-768 de 2014, se señaló que “el Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el frío funcionario que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario -sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales”·// Recientemente, en la Sentencia C-086 de 2016, al analizar la constitucional del artículo 167 del Código General del Proceso, por ejemplo, resaltó que “la nueva Carta Política robusteció la misión del juez como garante del acceso efectivo a la administración de justicia y de la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos. Es así como se demandan de él altas dosis de sensibilidad y una actitud diligente para corregir las asimetrías entre las partes, asegurar los derechos fundamentales, entre otros el derecho a la tutela judicial efectiva, y, en últimas, la vigencia de un orden justo”.
[92] Sentencia C-874 de 2003.
[93] Taruffo, M., (2008), La prueba. Madrid, España: Marcial Pons. Pág. 115.
[94] Sentencia C-874 de 2003.
[95] Sentencias C-874 de 2003 y T-565 de 2016.
[96] Sentencia T-591 de 2011 y C-086 de 2016.
[97] Sentencia T-599 de 2009.
[98] Sentencia T-565 de 2016.
[99] Sentencia C-086 de 2016.
[101] Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 15 de septiembre de 2016 // Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 24 de mayo de 2017.
[102] Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 15 de septiembre de 2014.
[103] Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 15 de septiembre de 2016.
[104] Al respecto, para soportar su hipótesis fáctica, allegó: i) algunas fotografías que mostraban el estado del antebrazo, ii) la copia informal de la historia clínica del menor de edad y iii) del dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, proferido el 9 de marzo de 2004. Adicionalmente, solicitó el decreto de varios dictámenes periciales en relación con la responsabilidad profesional de los demandados, los daños psicológicos, el estado de invalidez y los perjuicios económicos (Folios 59 y 60 del cuaderno principal del proceso de responsabilidad civil).
[105] Así, para sustentar las excepciones de ausencia de culpa, inexistencia de nexo causal, cumplimiento de los deberes legales y profesionales, aplicación de la Lex Artis y consentimiento informado del paciente, en su conjunto, el extremo demandado presentó como medios de prueba relevantes: i) copia completa de la historia clínica del menor de edad, ii) declaración del médico tratante y los familiares de Brayan Andrés, iii) declaraciones de galenos adscritos a la Clínica Chicamocha S.A., iv) el fallo del Tribunal de Ética Médica que resolvió la queja, v) la hoja de vida del médico tratante y v) copias informales de dos libros de ortopedia (Folios 151-152 y 156-157 del cuaderno principal del proceso de responsabilidad civil).
[106] Folios 1 al 8 del tercer cuaderno del proceso de responsabilidad civil.
[107] El doctor Luis Fernando Guerra Vásquez, médico tratante, señaló al respecto que “es falso que los yesos sean causa del síndrome compartimental. La causa (...) es la presión dentro del compartimiento [a raíz] del sangrado que produce la fractura”. “Los síndromes compartimentales están asociados a fracturas de tejidos blandos, a picaduras de serpientes, no a yesos” (Folios 129-130 del tercer cuaderno del proceso de responsabilidad civil). // Por su parte, el doctor Julio Cesar Jaramillo Varela, profesional que atendió quirúrgicamente el diagnóstico de la isquemia de Wolkmann en la Clínica Chicamocha S.A., indicó que “una de las principales causas del síndrome compartimental, así como las lesiones inquémicas, es la fractura, siendo su principal causa etiológica”. (Folio 138 del tercer cuaderno del proceso de responsabilidad civil) // En un sentido similar, el doctor Jesús Enrique Aguilar Quinche, quien laboró en la Clínica Chicamocha alrededor de 25 años, explicó que “el síndrome compartimental es una lesión donde hay compresión que va de adentro hacia afuera. Es decir, existe un edema de las partes blandas de la extremidad que, al aumentar la presión, hace que los vasos y nervios (…) presenten una lesión vasculonerviosa. (…) la parte externa no tiene que ver absolutamente nada para hacer compresión” (Folio 142 del tercer cuaderno del proceso de responsabilidad civil). // Finalmente, el doctor Cesar Augusto Álzate Moncada manifestó que “el síndrome compartimental es el aumento de la presión interna dentro del compartimiento de la extremidad. No implica ningún agente externo que cause este aumento interno de la presión” (Folio 149 del tercer cuaderno del proceso de responsabilidad civil).
[108] Al respecto, el doctor Luis Fernando Guerra Vásquez mencionó que “también es cierto que, lo que se hizo en este caso, no es lo que se hacer normalmente, que es cortar el yeso, cortar el algodón, que se llama [vivalvear] el yeso y dejarse completamente abierto” (Folio 132 del tercer cuaderno del proceso de responsabilidad civil).
[109] Folios 111 al 113 del tercer cuaderno del proceso de responsabilidad civil.
[110] Folio 507, cuaderno 1 del expediente de tutela.

References: Resolución 
 artículo 64
 resolución 
 artículo 86
 resolución 
 artículo 167
 resolución 
 artículo 167