Source: http://bazica.org/original-espaol-informe-anual-de-la-comisin-v2.html?page=2
Timestamp: 2018-06-18 21:08:02+00:00

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INTRODUCCIÓN - Original: Español Informe Anual de la Comisión
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (en adelante la “Relatoría Especial”) fue creada por la CIDH en octubre de 1997, durante su 97º Período de Sesiones. Desde su establecimiento, la Relatoría Especial contó con el respaldo de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (en adelante la “OEA”), Estados observadores, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los periodistas y, principalmente, las víctimas de violaciones al derecho a la libertad de expresión. En efecto, quienes han acudido al sistema interamericano de derechos humanos como mecanismo de protección y garantía de la libertad de expresión, han visto en la Relatoría Especial un apoyo decisivo para restablecer las garantías necesarias al ejercicio de sus derechos y para asegurar que se reparen las consecuencias derivadas de su vulneración.
Desde su creación, la Relatoría Especial ha trabajado en la promoción del derecho a la libertad de expresión a través de la asistencia técnica en el trámite de casos, medidas cautelares y realización de audiencias, entre otros. Con el mismo propósito, y en el marco de la CIDH, la Relatoría Especial ha preparado informes temáticos y regionales, ha realizado visitas oficiales y viajes de promoción, y ha participado en decenas de conferencias y seminarios que han logrado sensibilizar y capacitar a cientos de funcionarios públicos, periodistas y defensores del derecho a la libertad de expresión.
El Informe Anual 2014 obedece a la estructura básica de informes anuales anteriores y cumple con el mandato establecido por la CIDH a la Relatoría Especial. El informe se inicia con un capítulo introductorio general que explica en detalle el mandato de la oficina, los logros más relevantes de la Relatoría Especial y las actividades realizadas durante 2014.
El Capítulo II presenta la tradicional evaluación de la situación de la libertad de expresión en el hemisferio. Durante 2014 la Relatoría Especial recibió información de múltiples fuentes sobre las situaciones que podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión y los avances en las garantías de este derecho. Siguiendo la metodología de los informes anuales anteriores, estos datos fueron evaluados a la luz de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (en adelante la “Declaración de Principios”), aprobada por la CIDH en 2000. La Declaración de Principios constituye una interpretación autorizada del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana”), así como un importante instrumento para ayudar a los Estados a abordar problemas y promover, garantizar y respetar el derecho a la libertad de expresión.
A partir del análisis de las situaciones que se reportan en el hemisferio, la Relatoría Especial subraya algunos avances y desafíos que enfrentan los Estados de la región. En particular, el Capítulo II de este informe da cuenta de la adopción de decisiones judiciales nacionales que representan avances a nivel interno en el reconocimiento y protección del derecho a la libertad de expresión, así como de la aprobación de marcos regulatorios en materia de comunicación audiovisual e Internet, que incorporan avances respecto de la situación preexistente en países como Brasil, Uruguay, Argentina y México, aunque subsisten limitaciones que podrían afectar innecesariamente la libertad de expresión así como desafíos para su implementación. El informe también da cuenta de la existencia de marcos regulatorios de los medios de comunicación que presentan incompatibilidades con la Convención Americana como el caso de Ecuador. Dado el contexto de la región, las medidas legislativas en estas materias merecieron especial atención de la Relatoría Especial durante el 2014. Asimismo, la Relatoría destaca algunos avances en la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de algunos de los crímenes cometidos contra periodistas en años previos. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la mayoría de estos delitos permanece en situación de preocupante impunidad.
En efecto, el capítulo pone énfasis en los asesinatos, detenciones, agresiones y amenazas contra los periodistas en el ejercicio de su profesión. Asimismo, el informe da cuenta de numerosas agresiones y amenazas contra periodistas en el marco de manifestaciones sociales. Como se describe en el informe, durante 2014 al menos 25 personas, la mayor parte de ellas periodistas, habrían sido asesinadas en la región, y varias más habrían sido desaparecidas o desplazadas de sus lugares de trabajo, por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión Los Estados tienen la obligación de proteger a los periodistas que se encuentran en un riesgo especial por ejercer su profesión, así como de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos, no sólo para reparar a las víctimas y sus familiares, sino también para prevenir la ocurrencia de hechos futuros de violencia e intimidación. Asimismo, en este capítulo la Relatoría Especial considera importante llamar la atención sobre otros obstáculos al pleno ejercicio de la libertad de expresión en las Américas, como la aplicación de la legislación penal para enjuiciar a quienes han hecho declaraciones que ofenden a los funcionarios públicos, el uso de declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación por parte de altas autoridades estatales, y el empleo de mecanismos de censura directa e indirecta para condicionar el libre flujo de la información. Igualmente, el informe identifica algunos de los obstáculos que persisten en la región para lograr una diversidad y pluralismo de voces en la radiodifusión.
El Capítulo III de este informe pone a disposición de los Estados y de la sociedad civil de la región, principios generales de protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el marco del proceso de la transición hacia la radiodifusión digital. Estos principios buscan servir de guía a gobiernos, órganos legislativos y administrativos, tribunales y sociedad civil, para allanar el camino en este escenario conceptual y técnicamente novedoso y promover la revisión y adopción de legislación y prácticas, en aras de lograr el pleno respecto al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y una mayor inclusión de actores en este proceso. El informe ofrece a los Estados una serie de recomendaciones con el propósito de que puedan aprovechar el cambio tecnológico para dotar de mejor diversidad y pluralismo a los medios audiovisuales.
En su Capítulo IV el informe pone de presente los aspectos más importantes del diseño institucional disponible para la supervisión, cumplimiento y resolución de controversias para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública en algunos de los Estados miembros de la OEA que cuentan con órganos garantes en materia de acceso a la información pública. Finalmente, el informe culmina con un capítulo de conclusiones y recomendaciones. El objetivo de esta práctica es entablar un diálogo fluido con los Estados miembros que permita convertir a las Américas en un ejemplo en materia de respeto, garantía y promoción del derecho a la libertad de expresión.
La intensa labor desarrollada por la Relatoría Especial le ha permitido consolidarse como una oficina experta a cargo de la promoción y el monitoreo del respeto a la libertad de expresión en el hemisferio. Este posicionamiento ha generado, a su vez, un incremento sustancial en las expectativas de la sociedad regional sobre la labor y desempeño de la Relatoría Especial. Para hacer frente a esta demanda, es necesario dar atención no sólo al apoyo institucional y político de la Relatoría Especial, sino también a su respaldo financiero, pues sin éste no sería posible su funcionamiento ni el despliegue de las actividades que exige su mandato. Es importante exhortar, una vez más, a los Estados miembros de la OEA a seguir los pasos de aquellos países que han respondido al llamado de las cumbres hemisféricas de apoyar a la Relatoría Especial. El Plan de Acción aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Québec en abril de 2001, establece que, “para fortalecer la democracia, crear prosperidad y desarrollar el potencial humano, los Estados apoyarán la labor del sistema interamericano de derechos humanos en el área de libertad de expresión, a través del Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión”.
En julio de 2014, a través de concurso público y abierto, la CIDH eligió al periodista y abogado uruguayo Edison Lanza como nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión. Lanza asumió el cargo el 6 de octubre, en relevo de la abogada colombiana Catalina Botero quien estuvo al frente de la Relatoría Especial desde el 2008 por dos periodos consecutivos de tres años, de conformidad con el Reglamento de la CIDH.
El Relator Especial, Edison Lanza, agradece la confianza de la CIDH y al equipo de trabajo de la Relatoría Especial por la labor comprometida y ejemplar que ha llevado a cabo. Este informe anual es fruto de su esfuerzo y dedicación.
Asimismo, el Relator destaca la labor de sus antecesores en la consolidación de la Relatoría Especial. En particular, el Relator Especial se suma al reconocimiento expresado por la CIDH y el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, al “sobresaliente trabajo realizado por Catalina Botero como Relatora Especial”. La Comisión reconoció que bajo el liderazgo de Catalina Botero, la Relatoría Especial “avanzó de manera sustancial para afianzar el derecho a la libertad de expresión en el orden jurídico interamericano. Su mandato estuvo caracterizado por logros significativos en el desarrollo de los estándares interamericanos en la materia, la promoción de su implementación en los ordenamientos internos y el fortalecimiento de la capacidad tanto de los Estados como de las organizaciones de la sociedad civil encargadas de promover el ejercicio y alcance del derecho a la libertad de expresión”.
En iguales términos, el Secretario General de la OEA reconoció “el trabajo valiente e incansable que desarrolló a lo largo de los seis años de su labor en pro de la defensa y promoción de la libertad de expresión”. En sus palabras “[e]l respeto a la libertad de expresión en sus múltiples dimensiones es un elemento indispensable en la vida democrática de nuestra naciones. Catalina ha sido su gran defensora y merece toda nuestra gratitud”.
La Relatoría Especial agradece a los diferentes Estados miembros que han colaborado con esta oficina durante 2014, así como a la CIDH y su Secretaría Ejecutiva por su constante apoyo. La Relatoría Especial reconoce especialmente a aquellos periodistas independientes y trabajadores de los medios de comunicación social que diariamente cumplen con la valiosa tarea de informar a la sociedad. En este sentido, la Relatoría Especial lamenta profundamente los asesinatos de comunicadores sociales que perdieron la vida por defender el derecho de todos a la libertad de expresión e información.
La Relatoría Especial agradece, asimismo, las contribuciones financieras efectuadas por parte de la República de Costa Rica, Chile, Estados Unidos de América, la Agencia de Cooperación Sueca para el Desarrollo Internacional, la Confederación Suiza, Finlandia y Francia las cuales le permitieron ejecutar el plan de actividades durante 2014. La Relatoría Especial invita a otros Estados a que se sumen a este necesario apoyo.
El presente informe anual pretende contribuir al establecimiento de un mejor ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en toda la región y, por ese mecanismo, asegurar el fortalecimiento de la democracia, el bienestar y el progreso de los habitantes del hemisferio. Su objetivo es colaborar con los Estados miembros de la OEA en visibilizar los problemas existentes, así como en la formulación de propuestas y recomendaciones viables asentadas en la doctrina y la jurisprudencia regional. Para lograr ese propósito, es necesario que el trabajo de la Relatoría Especial sea entendido como un insumo útil para la respuesta a los desafíos advertidos, que dé lugar a un diálogo amplio y fluido, no sólo con los Estados miembros de la OEA, sino también con los integrantes de la sociedad civil y los y las comunicadoras sociales de la región.
A. Creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y respaldo institucional
Durante la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Québec, Canadá, los Jefes de Estado y de Gobierno ratificaron el mandato de la Relatoría Especial, agregando el siguiente punto a su agenda:
En el 2011, la Asamblea General aprobó la resolución 2679 (XLI-O/11) en la cual reiteró la importancia de la libertad de expresión para el ejercicio de la democracia y reafirmó que los medios de comunicación libres e independientes son fundamentales para la democracia, para la promoción del pluralismo, la tolerancia y la libertad de pensamiento y expresión, y para la facilitación de un diálogo y un debate libre y abierto entre todos los sectores de la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. La Asamblea invitó a los Estados Miembros a considerar las recomendaciones de la Relatoría Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión y solicitó a la CIDH realizar un seguimiento y la profundización del estudio de los temas contenidos en los volúmenes pertinentes de sus informes anuales correspondientes a los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 sobre la libertad de expresión.
En materia de acceso a la información, la Asamblea General ha realizado varios pronunciamientos respaldando la labor de la Relatoría Especial, y ha instado a la adopción de sus recomendaciones. En 2003, en su resolución 1932 (XXXIII-O/03), reiterada en 2004 en la resolución 2057 (XXXIV-O/04) y en 2005 en la resolución 2121 (XXXV-O/05), la Asamblea General exhortó a la Relatoría Especial a continuar elaborando un capítulo en sus informes anuales sobre la situación del acceso a la información pública en la región. En 2006, a través de la resolución 2252 (XXVI-O/06), entre otros puntos, se encomendó a la Relatoría Especial asesorar a los Estados miembros de la OEA que soliciten apoyo para la elaboración de legislación y mecanismos sobre acceso a la información. Asimismo, se pidió a la CIDH hacer un estudio sobre las distintas formas de garantizar a todas las personas el derecho a buscar, recibir y difundir información pública sobre la base del principio de libertad de expresión. En seguimiento a esta resolución, en agosto de 2007 la Relatoría Especial publicó el “Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información”6. En el 2007 la Asamblea General aprobó la resolución 2288 (XXXVII-O/07), que resaltó la importancia del derecho al acceso a la información pública, tomó nota de los informes de la Relatoría Especial sobre la situación del derecho de acceso a la información en la región, instó a los Estados a adaptar su legislación para garantizar este derecho, y encomendó a la Relatoría Especial asesorar a los Estados miembros en dicha materia. En 2008, la Asamblea General de la OEA también aprobó la resolución 2418 (XXXVIII-O/08), que resaltó la importancia del derecho de acceso a la información pública, instó a los Estados a adaptar su legislación a los estándares en la materia y encomendó a la Relatoría Especial asesorar, así como continuar incluyendo un capítulo sobre la situación del acceso a la información pública en la región como parte de su informe anual.
En esa misma resolución, la Asamblea General encomendó al Departamento de Derecho Internacional que redactase, con la colaboración de la Relatoría Especial, el Comité Jurídico Interamericano, el Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad, así como con la cooperación de los Estados Miembros y de la sociedad civil, una Ley Modelo sobre Acceso a la Información Pública y una Guía para su implementación, de conformidad con los estándares internacionales alcanzados en la materia. Para el cumplimiento de este mandato se conformó un grupo de expertos del cual formó parte la Relatoría Especial, que se reunió tres veces durante un año para discutir, editar y finalizar los documentos. Las versiones finales de los dos instrumentos fueron aprobadas por el grupo de expertos en marzo de 2010 y presentadas al Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente en abril de 2010. El Consejo Permanente, en mayo de 2010, elevó una resolución y el texto de la Ley Modelo a la Asamblea General, la cual, en junio de 2010 emitió la resolución AG/RES 2607 (XL-O/10). A través de dicha resolución se aprobó el texto de la Ley Modelo7 y se reafirmó la importancia de los informes anuales de la Relatoría Especial.
En el 2011 en la resolución 2661 (XLI-O/11), en el 2012 en la resolución AG/RES. 2727 (XLII-O/12), en el 2013 en resolución AG/RES 2811 (XLIII-0/13), la Asamblea General entre otros asuntos, ha encomendado a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH para que continúe incluyendo en el informe anual de la CIDH un informe sobre la situación o estado del acceso a la información pública en la región y su efecto en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
En el 2014, la Asamblea general de la OEA aprobó la resolución AG/RES. 2842 (XLIV-O/14) sobre Acceso a la Información y protección de datos personales, que entre otras cosas, encomienda a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión continuar incluyendo en el informe anual de la CIDH un informe sobre la situación/estado del acceso a la información pública en la región y su efecto en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

References: artículo 13
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