Source: http://www.argenpress.info/2014_03_24_archive.html
Timestamp: 2017-03-26 11:05:04+00:00

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ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo: 03/24/14
Memoria, Verdad y Justicia: 38 años después, la lucha continúa
"Este 24 de marzo nos encuentra ante un escenario político, económico y social sumamente difícil. Inflación y devaluación que pulverizan salarios. Acuerdos del Gobierno con Repsol para resarcirla del desastre que dejó, con el Club de París reconociéndole la deuda que contrajera la última dictadura, con el FMI al que se le abren las puertas para que actúe", dice el documento de la CTA que ACTA reproduce en su integridad.
"Simultáneamente el intento oficial de condicionar las negociaciones salariales tratando de imponer criterios a la baja. En tal sentido vaya como ejemplo la paritaria docente tanto la nacional como las de las provincias.
"A todo este panorama de por sí grave hay que sumarle la creciente represión explícita que se abate sobre quienes intentan manifestarse en protesta. Trabajadores sindicalizados, trabajadores desocupados, pueblos originarios, ambientalistas sufren en carne propia el accionar estatal. El telón de fondo es la Ley Antiterrorista, el trabajo de inteligencia sobre organizaciones populares y militantes y como novedad las palabras de la Presidenta proponiendo poner fin ’consensuadamente’ a las manifestaciones callejeras.
"Hace 38 años la Dictadura apeló al terrorismo de Estado para destruir la organización de los trabajadores y el Pueblo y así poder imponer un modelo económico y social neoliberal cuyas consecuencias conocemos. Las políticas del Gobierno marcan los límites que el verdadero Poder acepta. La concentración y extranjerización creciente de la economía no es neutra. Los márgenes de ganancia pretendidos por el Capital no son compatibles con una verdadera democracia que tenga como norte irrenunciable el bienestar del Pueblo.
"No aceptamos que a treinta años de restaurado el sistema constitucional todavía tengamos una ley de entidades financieras de la Dictadura, que sigamos pagando cual pagadores ’seriales’ la ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa, que hayamos entregado nuestra soberanía jurisdiccional, que se proponga que el agua no es un derecho humano y que la propiedad no tiene carácter social, que empresas públicas sigan siendo privadas.
"Pero lo más grave es que aumente día a día la pobreza y que nos quieran convencer que ese es el camino.
"Nuestros compañeros detenidos desaparecidos no lucharon por este presente. Ofrendaron sus vidas, en su mayoría muy jóvenes, por otro País, justo, democrático.
"En este 24 de marzo reiteramos nuestro homenaje a los 30.000 detenidos-desaparecidos y a todas y todos los trabajadores que lucharon en aquel entonces y lo hacen ahora por la liberación de nuestra Patria.
"No olvidamos "no perdonamos "no nos reconciliamos".
La vigencia de las ideas católicas que "atentan" contra la democracia y la República. Un recuerdo del 24 de marzo.
La Iglesia Católica es célebre por su histórico apoyo y alianzas con gobiernos totalitarios y dictatoriales. Recuérdese el que el papa Pío XII brindó a Hitler en 1933; el particular beneficio que obtuvo la institución del régimen fascista del dictador Mussolini - otorgamiento del enclave territorial llamado “Estado de la Ciudad del Vaticano” -; mientras que del dictador español Francisco Franco, logró la implantación del nefasto régimen nacionalcatólico, cuyas notas aún se encuentran en no pocos actos políticos, leyes y sentencias judiciales del país ibérico.
El nefasto prontuario antidemocrático de la Iglesia se engrosó en 2009 y 2012 con el apoyo a sendos golpes institucionales producidos en Honduras y Paraguay, respectivamente. En el primero, el cardenal Rodríguez Madariaga - actual integrante del G8, la comisión de ocho cardenales que tienen el encargo de proponer al papa Francisco las reformas a la Curia vaticana - se convirtió en uno de los principales defensores del quiebre constitucional, a punto tal que el presidente Porfirio Lobo manifestó que la Doctrina Social Cristiana sería el “fundamento en la acción del gobierno” (1). Mientras, el cardenal golpista prometía una “regeneración moral” en ese país conforme los postulados católicos (2). Aún hoy, el pueblo hondureño debe soportar una crisis política sin precedentes que en muchos aspectos roza, también, la humanitaria.
1) www.religionenlibertad.com/index.asp?fecha=30/01/2010 -
3) www.redescristianas.net/.../apoyo-del-vaticano-al-golpe-de-estado-en-par...
10) N° 36, en www.vatican.va/.../vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
12) Discurso de BXVI en el Palacio Quirinal al Presidente italiano 24/06/2005, en www.vatican.va/.../hf_ben-xvi_spe_20050624_president-ciampi_sp.html
14) “Benedicto XVI: proclamar en abstracto la libertad religiosa no basta”, en www.zenit.org/.../benedicto-xvi-proclamar-en-abstracto-la-libertad-religi...
15) Verbitsky, Horacio, Doble juego, la Argentina católica y militar, 1° edición, Buenos Aires, Sudamericana, 2006, p. 19.Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.
¡Basta de impunidad, ni ajuste ni represión, 30 mil presentes!: A 38 años del Golpe Genocida
Este 24 de marzo, en distintos puntos del país se marchará para repudiar el golpe cívico-militar de 1976. Año tras año, se profundizan las diferencias entre las convocatorias de organizaciones alineadas a los gobiernos, donde se pretende imponer una interpretación de los derechos humanos direccionada al pasado distante y digerible a las políticas oficialistas; y quienes sostienen la lucha contra la impunidad de ayer y la de hoy, ante un Estado que sigue torturando y desapareciendo personas.
Por eso, estarán presentes en esta fecha los reclamos de absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, el rechazo a la designación de César Milani como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y el repudio a la impunidad de los ocho policías desaparecedores de Luciano Arruga, decretada por el ministro de seguridad bonaerense, Alejandro Granados. También, el reclamo por la aparición con vida de Jorge Julio López y la inmediata derogación de la “Ley Antiterrorista” y de toda ley que habilite la criminalización de la protesta social, entre otras demandas.
Desde el retorno de la democracia formal, se han sucedido gobiernos de distintos partidos en la conducción del Estado, pero la desaparición de personas a manos de sus instituciones no ha cesado.
En tanto que en los gobiernos de la UCR (83 - 89) hubo 10 desaparecidos/as, en el gobierno del PJ (89 - 99) la cifra asciende a 81; en el breve gobierno de la Alianza (99 - 2001) la cifra es de 19, en el periodo que va del 2002 al 2003 el número se eleva a 22 y en la década de gobierno del Kichnerismo (2003 - 2013) la cifra es de 81 desaparecidos a la fecha.
¿Dónde están Matías Golemba (Misiones); Jorge Julio López (La Plata), Luciano Arruga (Buenos Aires), Facundo Rivera Alegre (Córdoba), Daniel Solano (Choele Choel, Río Negro)? ¿Y los nombres y rostros que completan los/as 81 personas que faltan? Han pasado casi cuatro décadas y ni las políticas del “gobierno de los derechos humanos”, ni el poder legal ni mucho menos las fuerzas de seguridad, han respondido estas preguntas.
En este nuevo aniversario el silencio frente a estos hechos ineludibles no lo puede tapar ninguna retórica.
Genocidas: Justicia en cuentagotas
Respecto de lo actuado por parte del Estado en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, las cifras arrojan que fueron condenados 470 represores pertenecientes a 600 CCDTyE (Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio).
Tomando en cuenta el Ejército, policías provinciales y el Servicio Penitenciario Federal, se realizaron 30 juicios correspondientes al Comando del Primer Cuerpo (Capital Federal, Buenos Aires y La Pampa) con 146 condenas; 25 juicios correspondientes al Comando del Segundo Cuerpo (Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos) con 100 condenas; 31 juicios correspondientes al Comando del Tercer Cuerpo del Ejército (Córdoba, Mendoza, Catamarca, San Luis, San Juan, Salta, La Rioja, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero) con 183 condenas; 7 juicios correspondientes al Comando del Cuarto Cuerpo del Ejército (Campo de mayo y algunos partidos de prov de Bs As) con 39 condenas; y 7 juicios correspondientes al Comando del Quinto Cuerpo (Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires) con 57 condenas. De la Armada, 36 represores recibieron condenas, mientras que hubo 8 condenas para represores de la Fuerza Aérea, y 7 para Gendarmería.
Estos números indican que la totalidad de la estructura terrorista del Estado a 10 años de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final apenas ha sido horadada.
La rémora de la dictadura cívico-militar en las instituciones de hoy sigue floreciendo. Amparándose en el principio de inocencia, los honorables Senadores y Senadoras de la Nación designaron como nuevo jefe del Ejército al Teniente General César Milani. Sobre Milani pesa la denuncia de su participación en la desaparición en 1976 del conscripto Alberto Agapito Ledo, el secuestro y torturas de Ramón Alfredo Olivera en un centro clandestino de La Rioja y el secuestro del periodista riojano Oscar Plutarco Schaller.
Por otra parte la actuación bestial de las fuerzas de seguridad en la represión a distintos sectores organizados y el recrudecimiento del gatillo fácil y la muerte por torturas en cárceles y comisarías, junto a la connivencia escandalosa de funcionarios judiciales, no dan a lugar a los eufemismos con que el Estado busca deslindar responsabilidades por lo que hacen sus fuerzas de seguridad.
A 38 años del 24 de marzo de 1976, por Memoria, Verdad y Justicia, es necesario seguir levantando las banderas de juicio y castigo a todos los responsables de ayer y de hoy, el desmantelamiento del aparato represivo, el repudio a la criminalización de la protesta sindical y social y la garantía de la vida por sobre todas las cosas.
- Informe anual de la situación represiva 2013 de Correpi http://correpi.lahaine.org/?p=1247
- Más justicia a cuentagotas por HIJOS La Plata http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2014/01/mas-justicia-cuentagotas.htmlHaga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.
La lucha docente, fundamental en el escenario de la lucha de clases de nuestro país
El país vive momentos de tensión debido a la indisimulable crisis que envuelve al “modelo” kirchnerista, sumido en sus propias contradicciones y miserias. Cumpliendo su rol, de hacerle los deberes al sistema de explotación capitalista, ha intentado -y logrado por una década- engañar a gran parte de las mayorías populares haciéndoles ver bondad, equidad y justicia allí donde no las hay.
Son las mismas políticas del gobierno las que han llevado a este momento de agudización de la disputa por ver quiénes pagan las consecuencias de tantos años de dislate, donde el gobierno opta por derechizarse aún más y aplicar un ajuste que se asemeja mucho a los de la ortodoxia neoliberal: devaluó el peso, subió las tasas de interés, pone techo a las paritarias por debajo de la inflación, acuerda con las empresas precios a los que aumenta antes de “cuidarlos”, aumenta los combustibles, el transporte y planea hacer lo mismo con las tarifas de servicios; pide (ruega, más bien) por inversiones extranjeras para lo cual entrega nuestro patrimonio a las corporaciones oligopólicas multinacionales de manera cada vez más explícita y vergonzosa; le paga a Repsol a pesar del saqueo y el vaciamiento que ha llevado a cabo; se arrodilla ante los organismos de “crédito” del sistema Financiero Internacional, flor y nata del Imperialismo. Es que el “modelo” no funciona sin financiamiento externo, haciendo añicos la mentira de la “soberanía conquistada” “gracias” al matrimonio pingüino. No puede haber soberanía cuando se depende de las divisas del Imperio.
En este cuadro, en que las condiciones del mercado del mundo globalizado han dejado de ser lo favorables que eran a principios del milenio para los productos de nuestro país, donde el gobierno se inclina claramente en favor de los intereses de los explotadores una vez más, emergen con una trascendencia por encima del resto de los conflictos por su representatividad, la lucha por la absolución de los compañeros trabajadores petroleros de Las Heras, acusados falsamente y condenados a cadena perpetua por un crimen que no cometieron, y la que están llevando adelante con una tenacidad que enorgullece, los docentes de varias provincias del país, especialmente los de la provincia de Buenos Aires.
En el primero de los casos, se ha conformado una poderosa campaña para lograr la absolución de los compañeros trabajadores petroleros, con comités en muchísimos puntos del territorio nacional. En un terreno en que el gobierno y la patronal hubiesen preferido el silencio y la oscuridad para amparar sus artimañas antiobreras, la solidaridad del resto de los trabajadores y organizaciones obreras ha sacado a la luz un proceso aberrante, a tal punto que hasta la presidenta CFK ha tenido que tomar partido públicamente, obviamente, en contra de los inocentes trabajadores. Las consignas por la absolución de los compañeros, como corresponde, encabezan todo acto y movilización que se lleve a cabo desde los espacios donde se defienden los derechos de la clase.
Quienes integramos el Partido Comunista de los Trabajadores creemos que esa misma importancia hay que darle a la lucha de los docentes, pues es el principal caso testigo en la puja por la distribución de la riqueza que producimos los asalariados en este país, en el escenario de la lucha de clases para determinar sobre quiénes recae el peso de la crisis producida por el “modelo”. Mientras el gobierno le paga a Repsol miles de millones de dólares, dice no tener fondos para pagarles dignamente a quienes les enseñan a nuestros chicos. La lucha de los trabajadores de la educación desnuda la mentira kirchnerista: pone énfasis en su condición de clase y los intereses que defiende, y señala los límites de la precarización del trabajo generado. La justicia del reclamo es incuestionable, y muy alentador el proceso de conformación de asambleas de base antiburocráticas, que incorporan a la lucha a miles de maestros que no se sienten representados por las direcciones tradicionales y cuestionadas: son los verdaderos condicionantes que empujan a las conducciones pro-oficialistas a endurecer sus posiciones. Deben constituirse entonces espacios unitarios de apoyo que elaboren documentos y actividades, las banderas y pancartas de solidaridad con los docentes deben encabezar cada acto, codo a codo con las de la absolución de los compañeros de Las Heras. Incluso en el próximo acto por un nuevo aniversario del Golpe Genocida, el 24 de Marzo, donde entre los oradores deberían figurar referentes de las direcciones combativas y las asambleas de base surgidas al calor del conflicto.
¡¡Viva la lucha docente, aumento efectivo ya!!
¡¡Absolución a los trabajadores petroleros de Las Heras, condenados injustamente a cadena perpetua por luchar contra el impuesto al salario del gobierno kirchnerista!!
¡¡Salario mínimo igual a la canasta familiar!!
¡¡No al pago de la deuda!!
¡¡Fuera las multinacionales de nuestro país!!.
Del Caño y Castillo denuncian ataque contra derecho a huelga docente por parte de ex miembro de Policía de Camps
La huelga en los servicios esenciales ya está reglamentada
El vértigo de las noticias y la improvisación de los dirigentes para alimentar la insaciabilidad de los medios, hace olvidar algunos conceptos que están en la constitución y que resultan ser derechos humanos fundamentales.
Livianamente los gobernadores amenazan con leyes provinciales que califiquen a la educación como servicio esencial y por ende, anuncian medidas "ejemplificadoras" para limitar el derecho de huelga de los docentes.
La huelga es parte del derecho del trabajo y por ende su tratamiento, es materia federal. La capacidad de reglamentación es facultad del Congreso de la Nación, los gobernadores y las legislaturas provinciales carecen de legitimación, salvo los procedimientos que son materia del derecho provincial.
Los servicios esenciales ya están reglamentados por la ley 25.877 del 2004 y el decreto 272/06 y están taxativamente enunciados: los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. La educación no es servicio esencial y así lo han declarado expresamente los organismos de control de la OIT a los que expresamente la norma reenvía.
Pero esta regla tiene excepciones que expresamente se enuncian: una comisión independiente puede extender este concepto cuando por la duración y extensión de la interrupción de la actividad la ejecución ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población o se tratare de un servicio público de importancia trascendental conforme los criterios de la OIT.
La Comisión de Garantías (órgano independiente) fue creada, los cargos fueron cubiertos. Si el Estado entiende que los servicios de educación se ven afectados en este caso concreto y es una excepción a la regla taxativa, debería poner en marcha los mecanismos previstos en la norma vigente.
Pero estas guerras verbales dominadas por "la noticia" hacen olvidar los mecanismos institucionales. La prioridad resulta vencer al otro en "la guerra" por obtener el apoyo de la opinión pública. La valuación la ejecutan los asesores de imagen y la ley es suplida por declamaciones vacuas reñidas con el Estado de Derecho.
Lo peligroso es que este constante repiquetear y la medición día a día de opinión, sustituye la subordinación a la ley de las propias instituciones que deberían ser su sustento. Ello nos hace pensar en un Estado anómico, donde la autoridad se impone de acuerdo a la relación de fuerzas. Si las opiniones son adversas a los huelguistas los gobiernos sancionan, si en cambio apoyan, esperan el momento adecuado para que se desgaste.
La huelga es un derecho humano fundamental previsto por la Constitución. Existen mecanismos legales que lo reglamentan. Al momento de declararse la conciliación obligatoria la propia ley establece que deben acordarse las guardias mínimas. La ley argentina no prohíbe la huelga en los servicios esenciales, solo establece la obligación de servicios mínimos (ejemplo: reglamentar el funcionamiento de los comedores escolares).
Pero resulta que la conciliación obligatoria también resulta inadecuada ya que por tratarse de huelga de trabajadores del Estado quien debe intervenir es un órgano independiente. En múltiples ocasiones los organismos de control de la OIT se han expedido respecto a la intervención del mismo Estado en los mecanismos de conciliación y arbitraje voluntario calificándolo como contradictorios de la libertad sindical (Convenio 87).
La amenaza de sanciones a los sindicatos, los anuncios apresurados de leyes provinciales, y los decretos urgentes son todos mecanismos mediáticos que eluden la aplicación del procedimiento establecido. Así la ley se convierte en una referencia verbal de decisiones políticas ya adoptadas; esto de por sí es grave y mucho más cuando se repite sin avizorarse ningún tipo de cambio en la conducta del Estado, cualquiera sea el signo político de los gobiernos.
Argentina. “Las Heras escucha, tu lucha es nuestra lucha”: ¡Seamos miles!
Impunidad: El gobierno de Scioli levantó la sanción a los policías desaparecedores de Luciano Arruga
NEXOFIN - AGENCIA WALSH
El Ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, levantó la sanción que pesaba sobre los ocho policías acusados de participar en la desaparición del joven Luciano Arruga, por lo que volverán a sus cargos con total impunidad. Un fallo judicial en favor de uno acusados fue la excusa perfecta para que el ministro emitiera la resolución Nº 359 que dejó sin efecto la sanción aplicada a todos los policías. Lo más patético de caso es que la decisión judicial no obligaba al Ministerio de Seguridad a reintegrar en el cargo al único policía favorecido por el fallo.
El fallo, que data del mes de diciembre y al que tuvo acceso la agencia de noticias DyN, aceptó el planteo de Herrera y condenó al Ministerio de Seguridad a que “dentro del plazo de 20 días de notificada la presente, se expida con relación al reclamo”.
Roberto Fontanarrosa, inmortalizó una descripción social de los sectores medios acomodados, en la que dejó entrever su rechazo, en un cuento al que tituló, DOS EN UNA MOTO. Ha querido la realidad, venir a destruir esa construcción literaria, abordando la escena (dos en moto) pero depositándola peyorativamente en otro grupo social, insuflando la estigmatización.
Hoy dice el periódico, que los fiscales miembros del flamante Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, advierten sobre la necesidad de tomar medidas que contemplen restricciones; incluso la de prohibir la circulación de motocicletas con dos ocupantes.
Los miembros de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios alegan que medidas de ese tipo obtuvieron resultados rápidos en otras ciudades donde se aplicaron y presumen que, si bien no terminarían con la creciente problemática de la violencia y los crímenes que trae aparejada, al menos permitiría poner corte a una modalidad creciente.
También dicen los medios que desde un salón del congreso nacional se hizo público un documento que gestó el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD) que se titula “Para más seguridad, más democracia” en el que se denuncia una campaña basada en mentiras y distorsiones informativas que intenta generar miedo para consolidar proyectos políticos de corte antidemocrático, añadiendo que “Estamos en un contexto enrarecido donde “la sociedad civil reclama que generemos un espacio para un debate adecuado y serio”
Es en ese contexto en el que me permito recordar que los operadores públicos de la política criminal no son individuos que emiten opiniones como cualquier ciudadano, sino órganos del Estado, puestos en el desarrollo de una funcionalidad constitutiva de consenso para esas políticas, que en el caso, por las derivaciones que tienen los dichos de los Sres. Fiscales, solo apunta a la construcción de un nuevo y más perfeccionado estereotipo, en tanto significa una percepción exagerada, que se tiene sobre personas que comparten el factor común de utilizar una motocicleta buscando naturalizar una actitud social represiva y estigmatizante sobre los mismos
En los enunciados apresurados de los integrantes del órgano acusador, toma cuerpo una forma errónea o inferior de pensamiento, en tanto esas conjeturas surgen de una visión ideológica que no coincide con la realidad.
Toda vez que representa un silogismo construido de manera deficiente con afectación de la lógica, en tanto que si la premisa mayor es que toda persona que aborde una motocicleta con un acompañante es peligrosa, luego cada una de esas motocicletas implica el comienzo de ejecución de un delito. Piénsese, por el absurdo, que gran parte de los delitos culposos o negligentes se producen por personas conduciendo vehículos. Luego, según los fiscales, para evitar las lesiones y homicidios culposos habría que suprimir los automóviles.
El discurso fiscal obedece a una motivación defensista que tiene como carácter distintivo la sobregeneralización desde una estructura de pensamiento rígido con matrices etnocentristas que oculta la sobrevaloración del propio grupo y rechazo u hostilidad hacia el otro ya que no escapa a nadie que los usuarios de motocicletas responden a un determinado sector social y en gran mayoría a una determinada franca etaria, de forma tal que siguiendo esta idea, nuevamente, si sos joven y de bajos recursos, probablemente seas peligroso. Pienso solo a título ejemplificativo, en dos obreros jóvenes que salen de su fábrica, con casco y en moto, luego imagino una mujer con su hijo en una esquina esperando un colectivo… Si fuera un fiscal, diría que hay alta probabilidad de que la mujer sea atacada por los seguramente delincuentes que tripulan la motocicleta
Este ejemplo, no hace otra cosa que poner en blanco sobre negro, lo intencional de la difusión de estos pensamientos, y la posible captación legislativa de estas iniciativas. Se dice por ahí que la existencia determina la conciencia. Puede que de tanto enfrentar la realidad, los fiscales hayan tenido que apelar a la lógica del enemigo y concluir necesariamente que toda moto es la caballería del delito, dentro de esta estructura de guerra contra todo lo diferente que se advierte en el discurso de la criminología mediática dominante.
Lo otro, -me refiere al llamado desde el parlamento- se presenta en las antípodas, algo así como una negación de lo narrado, aunque , si se tiene presente que se pronuncia en el marco de la defensa de un proyecto de código penal, habrá que advertir que se refiere a otra modalidad de control social, bien que nutrida al menos de rasgos de racionalidad, superadores del canibalismo político emergente de la pretensión de construcción de un estereotipo que subyace en la pretensión de los nóveles fiscales.
Una cosa sin embargo, parece clara, no es posible diseñar una política criminal razonable y enmarcada en un contexto democrático como el que todos los argentinos sostienen periódicamente con su voto y del que estamos próximos a cumplir un nuevo aniversario, si tenemos al otro por enemigo. No debemos olvidar que la producción de motos creció exponencialmente en nuestro país sobre la base de nuevas prácticas y nuevas necesidades sociales de transporte, que no pueden ser abortadas por una simple legislación prohibitiva. Habrá que recordar simplemente a modo de ejemplo, las vicisitudes del transporte público, y los requerimientos de desplazamientos de un punto a otro de la ciudad para advertir que suprimir y reprimir son expresiones que solo en última instancia social, deberían adquirir posible y limitada legitimación.
Sin embargo y siempre en busca de un mensaje esperanzador, parece posible tomar el discurso constructor de estereotipo, por la positiva, para ubicarlo como punto de inicio de un debate serio sobre la cuestión criminal, con participación de todos, en el marco de una sociedad democrática, con base en la idea central de que el otro, a pie o en moto, no es otro que yo, y no alguien de quien debo defenderme.
El miércoles 12 de febrero el policía perteneciente al Grupo Halcón de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Daniel Duarte, baleó en La Plata a dos jóvenes que habrían intentado arrebatarlo. Uno de ellos, a quien sus amigos apodaban “Beiby”, recibió un disparo por la espalda y murió en el momento; mientras que Mauricio, de 17 años, estuvo internado hasta el lunes pasado, día en que falleció. Ambos habían sido abandonados por los dispositivos del Estado que debían atenderlos, cuyos directores se negaron a trabajar con ellos y sus familias. Otra historia de la juventud que el Gobierno abandona y la policía fusila.
De la misma forma pasa con todos los institutos y hogares distribuidos en toda la Provincia, como así también con los programas destinados a niñez y juventud, como el Envión, cuyos trabajadores y trabajadoras viven reclamando sueldos adeudados y materiales de trabajo. La ecuación sigue igual: más fuerzas represivas e instrumentos de vigilancia al estilo “Gran Hermano” y menos educación, menos dinero para los niños, niñas y adolescentes de los barrios pobres.
Uno más… y van
Familiares, amigos y vecinos de “Mauri” quieren justicia. Aseguran que los disparos lanzados por el policía del Grupo Halcón estaban dirigidos a asesinar a los jóvenes. “Beiby” perdió la vida debido a la bala que impactó sobre su espalda; mientras que “Mauri” recibió un tiro en sus costillas, rozándole los pulmones y golpeando la médula.
El “final feliz” de Kicillof: Explotó de un pozo de fracking en Allen, Río Negro
Todavía resuenan los ecos de aquel acto en el que Cristina Fernández de Kirchner anunciara la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en abril de 2012. En esa ocasión la presidenta señaló que los objetivos a seguir eran la “recuperación de la soberanía energética y control de los hidrocarburos”. El siguiente paso en esta estrategia se dio en julio de 2013, con la concreción del acuerdo entre YPF y Chevrón, para la explotación de recursos no convencionales en la región de Vaca Muerta, provincia de Neuquén.
Estas decisiones del gobierno en materia energética, anunciadas pomposamente por la presidenta, y festejadas siempre por un ejército de aplaudidores, omiten una serie de peligros ambientales y de irregularidades en sus procedimientos, que resultan indispensables de aclarar. El acuerdo firmado con Repsol desdice en los hechos las palabras con las que el Ministro de Economía Axel Kicillof había anunciado la expropiación, quien señalaba que eran tarados los que pretendían pagarle a Repsol lo que la empresa reclamaba.
Independientemente de la insólita situación de que entre los anunciantes que festejaban la expropiación del 51% de YPF, se encontraban algunos personajes que participaron de la privatización de la empresa en 1992 y su posterior vaciamiento -como el actual secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini- lo trascendental del proyecto de ley que autoriza el pago a Repsol es, como señala el Senador Solanas, su ilegitimidad, su inconstitucionalidad y su ilegalidad. Por más de que Kicillof se esfuerce en argumentar a favor del pago, señalando que estamos llegando a un “final feliz” en esta negociación, la realidad muestra que el acuerdo no contiene un informe serio y consistente sobre los pasivos ambientales que deja la empresa y tampoco incorpora una auditoría de las reservas.
Desde Cristina Fernández de Kirchner, pasando por el Ministro de Planificación Julio De Vido hasta llegar al CEO de YPF, Miguel Galuccio, los funcionarios del gobierno han insistido incansablemente sobre las supuestas virtudes y ventajas e inversiones millonarias que iba a traer a nuestro país dicho acuerdo. Pero en realidad, detrás de un supuesto acto patriótico hay una profunda entrega de la soberanía y de los recursos. El agravante de esta situación es la profundización de la depredación y los altos riesgos de una catástrofe ambiental
En agosto de 2013, ya habíamos asistido a un accidente de un pozo de fracking en la localidad de Plottier, Provincia de Neuquén. Hace unos días, explotó otro pozo de extracción de gas no convencional, que también utiliza la técnica de fracking de la empresa Apache en la localidad de Allen, Provincia de Río Negro. Esta vez, la explosión sucedió a partir de una maniobra que derivó en una filtración de gas y terminó provocando un gran estallido cuya onda expansiva se extendió a 50 metros alrededor. Estos episodios preanuncian un desastre ambiental mucho más grave, como ya ha sucedido en Estados Unidos o Ecuador.
Resulta del mayor interés, la reflexiva lectura -entre otros- del artículo 26 de la ley 25.188 cuando respecto de recuperos y testaferros, modifica el artículo 23 del Código Penal, sin perjuicio para sus infractores de las condenas de prisión personal e inhabilitación funcional perpetua establecida por el artículo 39 de esta ethicus norma normarum.
Veamos: Artículo 26: Sustitúyese el artículo 23 del Código Penal por el siguiente:
Artículo 39: Incorpórase como artículo 268 (3) del Código Penal el siguiente:
Roberto Fermín Bertossi es investigador del CIJS/UNC.
Labriegos paraguayos cortan tránsito en apoyo a huelga
Miles de campesinos paraguayos cortan hoy el tránsito en carreteras de siete departamentos paraguayos como apoyo a la huelga general convocada mientras sus dirigentes denunciaron un plan oficial para amedrentarlos y provocar incidentes.
Los principales problemas derivan de la insistencia policial en revisar documentos de los manifestantes durante su traslado en camiones hacia Asunción y prohibir que enarbolen sus tradicionales garrotes considerados emblemas de su disposición a la lucha por sus reivindicaciones.
Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC), en un breve acto efectuado frente al Panteón de los Héroes explicó que la intención policial es retener los camiones y se refirió ya a los primeros incidentes registrados.
En algunos camiones interceptados se resistieron los campesinos, quienes se negaron a permitir la inspección y mucho menos a entregar sus garrotes, de acuerdo con lo manifestado por la FNC.
Otro elemento resaltante es la posición adoptada ahora por los empresarios del transporte urbano quienes insisten en colocar parte de sus ómnibus en las calles normalmente a pesar del anuncio de las centrales sindicales asegurando la adhesión de los choferes a la huelga.
César Ruiz, a nombre de los propietarios de las líneas de ómnibus, solicito al gobierno la colocación de dos policías en cada uno de los buses mientras el dirigente sindical Bernardo Rojas aseguró que no permitirán la contratación de choferes ajenos a las empresas y detendrán esas unidades.
Por otra parte, las movilizaciones en la capital se inician también hoy, según Rojas, con el corte parcial e intermitente de varias arterias principales y la paralización del trabajo por algunos sindicatos docentes comenzará mañana, víspera del paro nacional.
El 34 aniversario del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero (1917-1980) confirmó hoy una vez más su creciente vigencia en las luchas sociales de los salvadoreños y sus esperanzas de una sociedad más justa.
Su retrato, junto a muchas de sus ideas dispersas en centenares de homilías, se encuentran por muchas partes del país, desde una humilde vivienda de una comunidad cristiana de base hasta grandes murales de universidades, el aeropuerto y la Casa Presidencial.
Es considerado el guía espiritual de la nación por el presidente Mauricio Funes, durante cuyo mandato monseñor Romero ha recibido los primeros homenajes oficiales.
El religioso fue asesinado de un disparo al corazón el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba misa en la capilla del hospital para cancerosos Divina Providencia, de la colonia Miramontes de la capital.
Una Comisión de la Verdad creada por Naciones Unidas después de los Acuerdos de Paz de 1992, determinó en 1993 que monseñor Romero fue víctima de los escuadrones de la muerte dirigidos por el mayor Roberto D´Aubuisson, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Aunque es difícil encontrar textos que concentren sus ideas, e incluso fue considerado conservador por algunos antes de ser nombrado arzobispo de San Salvador el 3 de febrero de 1977, en escritos de varios de sus biógrafos, se encuentran razones de los represores para el crimen.
Un día antes de su asesinato dirigió una vigorosa apelación a la dictadura militar de la época para que pusiera fin a la represión.
"La Iglesia -expresó-, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación.
"En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión". El 17 de febrero de 1980, 35 días antes de ser asesinado, escribió al entonces presidente de Estados Unidos, James Carter, quien se proclamaba como defensor de los derechos humanos, una exhortación a cesar los entrenamientos y ayuda a las fuerzas militares y policiales salvadoreñas.
"La contribución de su Gobierno en lugar de favorecer una mayor justicia y paz en El Salvador agudizará sin duda la injusticia y la represión en contra del pueblo organizado que muchas veces ha estado luchando porque se respeten sus derechos humanos más fundamentales.
"Por tanto, dado que como salvadoreño y Arzobispo de la Archidiócesis de San Salvador, tengo la obligación de velar porque reine la fe y la justicia en mi país, le pido que si en verdad quiere defender los derechos humanos,
"- Prohíba se dé esta ayuda militar al Gobierno salvadoreño.
"- Garantice que su gobierno no intervenga directa o indirectamente con presiones militares, económicas, diplomáticas, etc., en determinar el destino del pueblo salvadoreño.
"Sería injusto y deplorable que por la intromisión de potencias extranjeras se frustrara al pueblo salvadoreño, se le reprimiera e impidiera decidir con autonomía sobre la trayectoria económica y política que debe seguir nuestra Patria".
Sus palabras también están grabadas de múltiples formas en muchas partes del país.
"Es necesario acompañar al pueblo que lucha por su liberación", se lee en uno de los murales de una pared de la Universidad de El Salvador.

References: resolución 
 artículo 26
 artículo 23
 artículo 39
 Artículo 26
 artículo 23

Artículo 39
 artículo 268