Source: http://mundilex.org/espanyol/documentos/Informe-impugnacion-tasacion-costas.html
Timestamp: 2019-04-26 14:27:39+00:00

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Por Óscar-Daniel Ludeña Benítez, Secretario judicial.
El presente artículo, en línea con los realizados en años anteriores, pretende mostrar una panorámica de las resoluciones de nuestras Audiencias Provinciales y Tribunal Supremo más significativas en relación a estas materias. Sin olvidar la cuestión legislativa, pues el mencionado trámite ha sufrido una importante reforma en estos días, al aprobarse y publicarse en el BOE de 04/11/2009 la Ley 13/2009 de reforma de las leyes procesales para la implantación de la Oficina Judicial.
En esta nueva ley, que entra en vigor a los 6 meses de la publicación de la misma —es decir, el 4 de mayo de 2010— el legislador, como veremos, ha pretendido descargar a las Audiencias Provinciales de recursos de apelación en relación a estas materias, por lo que es de prever que la Jurisprudencia menor sobre el particular decaiga de forma considerable y comience una alarmante variedad y disparidad de criterios en cada uno de los Juzgados de España.
Téngase en cuenta que la ley veda la posibilidad de recurrir en apelación la resolución del juzgado por impugnación de tasación de costas indebidas, además de la ya sabida veda para el trámite de excesivas que ya existía. Se potencia al Secretario Judicial, pudiendo dictar decretos en diversos momentos procesales y dejándole la resolución de la impugnación. Analizaremos esta controvertida cuestión al final de nuestro trabajo.
En conclusión y a nuestro modo de ver, el secretario puede reducir los honorarios de letrados u otros profesionales hasta el tercio de la cuantía del pleito tanto en los procesos declarativos como en los procesos de ejecución pero, una vez dentro de ese límite, sólo podría excluir partidas no detalladas o que no se han realizado en el pleito, sin entrar a valorar si importa mucho o poco. Eso sí, sigo considerando imprescindible que en el caso de los Letrados se incluya alguna norma orientadora.
Todo ello, a pesar de la Modificación del acuerdo de 05/07/2001 de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid de 28/10/2008, en la que los “Criterios Orientadores de Honorarios profesionales” pasan a llamarse “Criterios del ICAM en la emisión de sus dictámenes sobre honorarios profesionales a requerimiento judicial”, para adecuarlo a la desregulación de las profesiones que prevé la Unión Europea, y aclarando que no constituyen en modo alguno recomendación para los abogados colegiados respecto a los honorarios de sus servicios profesionales, sino una mera orientación.
Sin embargo, pienso que la parte condenada en costas tiene derecho a formarse cierto criterio al objeto de una eventual impugnación por excesivas, de ahí la necesidad de la referencia a esos criterios o normas orientadoras.
El ejecutante interpone recurso de apelación porque alega que los honorarios de letrado son debidos porque ha sido quien redactó y suscribió, junto al Procurador, la petición inicial de procedimiento monitorio del que la ejecución trae causa y quien redactó y suscribió con el procurador la demanda de ejecución. Resultaba preceptiva la intervención de tales profesionales y alega el 539 LEC.
No han de excluirse los honorarios del letrado que ha intervenido en la ejecución dimanante del proceso monitorio desde que solicitó el despacho de la ejecución, como era preceptivo y por ello, minutable la actuación procesal. Se ha de distinguir entre la presentación de la petición inicial de procedimiento monitorio, en la que no era precisa la intervención, sin que por tal concepto haya minutado honorarios el letrado y el inicio y desarrollo de la ejecución, siendo indiferente de donde provenga. Procede la inclusión de esos honorarios.
El artículo 822 es claro en relación a la condena en costas del que paga, pero... ¿dice algo del que no se opone ni satisface el requerimiento? Cuando se presenta una tasación de costas al final del proceso de ejecución muchos Letrados y Procuradores incluyen ahí sus honorarios, suplidos y derechos devengados en el juicio cambiario. ¿No se está minutando dos veces por lo mismo? En el Juzgado en el que presto servicios se planteó este supuesto, y este humilde servidor público entendió injusto que el condenado en costas debiera satisfacer honorarios y derechos del tramo de juicio cambiario que, a mi modo de ver, y en el caso de que haya finalizado en ejecución, no se diferencia mucho de una ejecución de títulos extrajudiciales, con su requerimiento de pago en diez días, y su transformación inmediata en ejecución definitiva para iniciar la vía de apremio.
Sobre esto iba a pronunciarse la Audiencia Provincial de Alicante, pero pasó algo: el tribunal ad quem entendió que el trámite que se había seguido de juicio verbal para la impugnación del particular no era el correcto y confirmó la resolución que la Juez a quo había dictado después (¿) del juicio verbal que ventiló el incidente de impugnación de tasación de costas “por no haberse incluido en aquella gastos debidamente justificados y reclamados” (art. 246.4 LEC). El auto de la Audiencia Provincial de Alicante de 02/04/2009, sección 4ª es del tenor siguiente:
Como la cuestión que se trata no es subsumible en ninguna de estas dos menciones, debe estarse a lo dispuesto en el art. 246.3 LEC, conforme al cual la resolución del Juzgado no es susceptible de recurso. En consecuencia, por más que el Juzgado haya acordado indebidamente que la impugnación fuera tramitada como juicio verbal, tal resolución no puede ser vinculante en orden a la competencia funcional de esta Sala, y de ello se sigue que el recurso de apelación fue indebidamente admitido y la causa de inadmisión se convierte en este trámite en causa de desestimación. Aplicando esta doctrina al caso de autos, procede desestimar el recurso, sin que haya lugar a pronunciamiento sobre costas. Se desestima el recurso de apelación, y debemos confirmar y confirmamos dicha resolución.
Por tanto en ese momento, al leer este auto, nos quedamos con las ganas de ver cómo veía el fondo del asunto la Audiencia Provincial.
El artículo 246.3 regula la finalización del trámite de impugnación por excesivas. No llego a ver la relación que tiene con la exclusión de partidas de Letrado y Procurador de una tasación de costas por no corresponder a actuaciones que deban ser minutadas por no existir condena expresa en costas (como puede ser en este caso, pues el artículo 539 prevé la condena en costas en los procesos de ejecución, pero ningún precepto legal prevé la condena en costas en los procesos cambiarios sin pago ni oposición). Y en cuanto a los honorarios del letrado, se podría llegar a pedir un informe al Colegio de Abogados... Pero en cuanto a los del Procurador, ¿qué haríamos? ¿Informe al Colegio de Procuradores? Lo cierto es que no le veía mucha salida.
Ya hemos comprobado al principio de este articulo que el trámite del juicio verbal para este supuesto con su correspondiente recurso de apelación puede ser plenamente válido. Así, el auto de la misma sección 4ª de la Audiencia Provincial de Alicante de 11/06/2009 da una salida a la mencionada cuestión y cambia el criterio, afortunadamente. La desesperanza que nos produjo la sentencia de abril nos la cambia la muy bien fundamentada sentencia de junio. Aborda la cuestión de forma meridiana. Si no se aplica esta teoría... ¿de dónde se hubiese creado una buena parte del cuerpo de Jurisprudencia menor relativa a la inclusión o exclusión de determinadas partidas del arancel de los procuradores, por poner un ejemplo? Pues claro resulta el hecho de que parte de la misma se ha creado por los propios condenados en costas que han apelado vía 246.4 la inclusión de partidas de derechos u honorarios indebidos... Pero... ¿Y los beneficiados por la condena a los que se les han excluido partidas de derechos u honorarios que entienden debidos? Menciona el referido auto que:
Cuando la impugnación es formulada por la parte favorecida en costas, la regulación legal ya no es tan clara, puesto que después de prever el art. 245.3 de la LEC que se puede verificar por tres motivos diferentes (por no haberse incluido gastos debidamente justificados y reclamados, por no haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios de abogados o peritos y por no haber sido incluidos correctamente los derechos de procurador), el art. 246.4 LEC sólo dispone que se siga el cauce de juicio verbal para el primero de dichos supuestos y guarda silencio respecto de los otros dos.
Hasta esta resolución, la Sala había venido considerando, entre otras sentencias de 31/01/2008 y 26/03/2009, que por ser el art. 246.4 LEC una norma especial, debía interpretarse en sentido excluyente y que las impugnaciones por los dos supuestos no expresamente previstos en ella (no haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios de abogados o peritos o no haber sido incluidos correctamente los derechos de procurador) deban acomodarse a la tramitación prevista en los tres primeros apartados del art. 246, con la consecuencia de que si el Juzgado indebidamente la tramitaba como juicio verbal, dicha resolución no resultaba vinculante en orden a la competencia funcional de la Audiencia y el recurso de apelación era inadmisible.
Las peculiaridades del caso aquí contemplado, donde la impugnación abarca los tres supuestos previstos en el art. 245.3 LEC con la consiguiente conexión material entre ellos, y sobre todo, la atención debida a las exigencias del principio de igualdad de partes obliga a reconsiderar dicho criterio, puesto que no parece justificado que una misma cuestión (por ejemplo, si los honorarios o derechos correspondientes a una determinada fase del procedimiento de la primera instancia deben o no incluirse en la tasación de costas) pueda o no tener acceso a la apelación en función de los términos con que hay sido decidida por el Secretario Judicial al practicar la tasación, pues es visto que si en todas las cuestiones que son objeto de este recurso la tasación de costas hubiera acogido la petición de la ejecutante y los impugnantes fueran los obligados al pago de las costas, su impugnación tendría acceso a la apelación por la vía del 246.4.
En premio a su tardanza”, únicamente debía satisfacer del 20 al 40% de dicha escala. No dejan de tener fundamento las alegaciones efectuadas por el letrado. El problema es que en la tasación practicada se reconoce el art. 822 y el art. 825.
Así, si el juicio cambiario concluye por pago la Ley prevé expresa condena en costas para el deudor (sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 30/10/2001), pero si termina con el despacho de ejecución (el deudor no paga ni se opone) no la prevé, como se ha dicho. La tasación se practicará sobre el proceso de ejecución, es decir, con base al art. 539 de la LEC.
Es la misma argumentación que reiterada Jurisprudencia menor realiza sobre la posible condena en costas en el procedimiento monitorio. Al procederse a la práctica de una tasación de costas debe verificarse que el pago de las costas procesales ha sido impuesto a una de las partes que ha intervenido, pues de no existir condena no habría lugar a la misma (art. 394, exigencia de un pronunciamiento sobre las costas). La pretendida condena no tiene en este caso su origen ni en resolución judicial ni en disposición de carácter legal, como en los procedimientos de ejecución (que es lo que empieza a ser el procedimiento una vez que se despacha la misma). Por lo tanto, si no existe condena en costas, en principio, no procede practicar la misma y, en consecuencia, incluir partida alguna (SAP Lleida 10/03/1994; STS 11/11/1997).
La juez de instancia, al resolver la impugnación de la tasación después de la vista del incidente por el trámite del juicio verbal, expone el fundamento del artículo 822, en el caso de pago el procedimiento no va a continuar y hay que tasar costas, pero cuando deriva en un proceso de ejecución continúa y las costas se devengarán teniendo en cuenta la totalidad de actuaciones procesales realizadas. Dice la juez “a quo”:
Procedamos a la lectura de la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 15/06/2009, lleguemos a algunas conclusiones y veremos qué podemos hacer en estos casos.
Trata de la reducción por parte de la Sra. Secretaria de una minuta de honorarios de letrado en un supuesto de incidente de oposición a la ejecución, en el seno de un procedimiento de ejecución de titulo judicial. Dice la apelante:
Carece de sentido que corresponda una cantidad superior a una simple demanda ejecutiva que es un puro trámite que a una oposición a la misma; ya que implica un complejo estudio del fondo de la cuestión y conlleva una cantidad de trabajo netamente superior, la oposición a la ejecución se encuentra limitada por Ley y por ello para que prospere reviste mayor complejidad.
Dice la apelada:
Una vez dicho esto, la Secretaria dice que solo se puede aplicar el 50% a la cuantía base de la que debe partir el minutante en el concreto proceso de ejecución en tanto en cuanto la parte que minuta es el ejecutado y sólo ha presentado demanda de oposición a la ejecución.
No se comparte tal idea. Se impone costas al ejecutante en tanto se estima la oposición. No puede desligarse la referida demanda del incidente de oposición de la ejecución, por tanto este incidente se produce dentro de un proceso de ejecución y el 561 LEC remite al 394 LEC.
La aplicación únicamente al 50% de la cuantía base resulta ser errónea, ello porque el proceso de ejecución incluye tanto las presentaciones de demanda como su oposición. Los honorarios dicen que se minutará, cuando hay oposición conforme al baremo 265 y se incrementarán el un 50%. Ese incremento solo puede ser interpretado como un aumento de la cantidad aplicada anteriormente. No se diferencia si es parte demandada o demandante, solo si ha vencido o no en el proceso.
En este caso, según las normas orientadoras, el proceso de ejecución minutaba un 35% del baremo y de ello se debía incrementar el 50% (incrementado de ese 35% inicial). La Audiencia ordena tasar según estas reglas.
El problema por tanto, lo creo ya planteado. ¿Ha de minutarse el Letrado y Procurador del ejecutado que ha vencido en la oposición a la ejecución por todo el proceso de ejecución más el incidente de oposición a la ejecución a pesar de que en el proceso de ejecución como tal no haya intervenido activamente, sino solo en el incidente? Es una cuestión de respuesta difícil.
La Secretaria de la sentencia comentada había dejado al ejecutado vencedor de la oposición únicamente con el incremento del 50%. No me parece una solución adecuada, pues creo que tal cuestión está más prevista para el ejecutante vencedor que ve desestimada la oposición a la ejecución del contrario.
En cuanto a la solución que da la Audiencia, parece más lógica, si bien quizás favorece excesivamente al ejecutado. Por tanto, lo que podría ser una solución justa para estos casos sería tratar el incidente de oposición a la ejecución (siempre que haya habido vista) como un juicio verbal y tasar el mismo como tal.
En el caso de los Procuradores, aplicar el art. 1 del Arancel en lugar del art. 26.3, que sólo prevé un incremento del 25% respecto del art. 1. Dejar al Procurador con únicamente ese 25% no me parece una solución justa. Añadir a ese 25% el Art.1 en su integridad (que es lo que viene a decir la Audiencia) me parece excesivo. Por lo que creo que la solución más adecuada sería convertir ese incidente en un mero juicio verbal y aplicar el art. 1 del Arancel.
Traemos ahora un supuesto que se da en numerosas ocasiones en la práctica: las condenas en costas que posteriormente no tienen virtualidad al no poderse llevar a cabo la tasación o, si se procede a la misma, que ésta tenga valor “cero”.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 25/11/2008 nos expone esta cuestión. La LPH , en su artículo 13.2 (que remite a 17.3), dispone que en el auto resolviendo la contienda se hará pronunciamiento sobre el pago de las costas. Sin embargo, como dice la sentencia,
Así, a pesar de la condena en costas, no se incluyen honorarios y derechos de Letrado y Procurador, respectivamente.
Por tanto, no se niega la posibilidad de pronunciamiento sobre costas, solo que no cabe tasación de las mismas. Supuesto éste parecido al del juicio verbal con cuantía inferior a 900 euros en los que cabe perfectamente una condena en costas, pero en el que si no es de aplicación el art. 32.5, la tasación no puede más que ser negativa.
Una cuestión ya adelantada y ampliamente tratada a la hora de hablar de las costas en el proceso cambiario ha sido el trámite adecuado para impugnar la nota de derechos del Procurador por el trámite de “excesivas” o cómo actuar ante la exclusión por parte del Secretario de los honorarios del Letrado y la nota de suplidos y derechos del Procurador, y cuál debe ser el trámite que se ha de llevar. Por lo que, principalmente, nos remitidos a la mencionada sección.
Como se vió, La jurisprudencia tiene bastante claro que el trámite de “excesivas” del artículo 246 (apartados 1,2 y 3) no es el adecuado para la impugnación de los derechos de Procurador. Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca, de 22/09/2009 dispone:
Como señalara, por ejemplo, la STS de 02/10/2002, queda excluida la posibilidad de que los derechos del Procurador sea impugnados por excesivos, según reiteradísima jurisprudencia, al venir determinados por arancel. Dice la STS de 25/03/2000 que la queja por considerar excesivos los derechos del Procurador no pueden enjuiciarse en este procedimiento por no preverse en el art. 429 de la LEC su aplicación para el profesional o funcionario sujeto a arancel. Es competencia de la Sra. Secretaria la aplicación correcta del mismo.
Prosigue la sentencia citada de la Audiencia de Cuenca reseñando que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22/06/2007 sigue la tesis que no puede ser atacada por excesiva pero es lícita la denuncia por el trámite de indebidos ante la desacertada o equivocada elección del presupuesto material esencial para fijar, en definitiva, los derechos de dichos profesionales, salvo dejar a su arbitrio la determinación de tan esencial elemento, sin posibilidad de otra enmienda que la que compete al Secretario Judicial.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 05/12/2006, que comparte el tribunal conquense, observa que es reiterada la jurisprudencia que expone que el tema de la cuantía no es cuestión que corresponde al incidente de impugnación por indebidos sino al de impugnación por excesivos.
Y si se trata de derechos de procurador no cabe impugnarlos por excesivos al venir regulados por arancel, de modo que únicamente cabe otorgar a la parte impugnante la oportunidad de pedir la revisión de la tasación sobre este punto al Secretario, al objeto de que compruebe la correcta aplicación de los aranceles que fijan esos derechos. Del mismo tenor es la sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 20/07/2009
El TS viene declarando que los derechos del procurador, al venir fijados por arancel, podrán impugnarse por considerar indebida la inclusión de alguna partida, pero no por considerar su cuantía excesiva; ello no impide que el Secretario pueda equivocarse en tal operación, aplicando unos preceptos o inaplicando otros de los Aranceles, cometer errores materiales al hacer las operaciones para determinar los derechos, excluyendo conceptos e incluir incorrectamente otros, etc., circunstancias éstas que hacen que la tasación de costas practicada sea incorrecta y , por ende, como cualquier resolución judicial susceptible de corrección y subsanación.
Bien, pues una vez expuesto que no se puede impugnar por excesivas la nota de derechos del Procurador, queda ver, si ante la exclusión por parte del Secretario de partidas de honorarios, suplidos y derechos, cuál es el trámite adecuado.Tema ya ampliamente resuelto en el presente artículo al tratar la sección del juicio cambiario.
Para la sentencia comentada anteriormente de la Audiencia Provincial de Alicante de 02/04/2009, no hay salida posible, tal como vimos. Sin embargo, la sentencia de la misma Audiencia Provincial de 11/06/2009 cambia el criterio (siendo la misma sección 4ª) y establece la aplicación analógica del art. 246.4 de la LEC que, a mi modo de ver, es la única escapatoria justa que nos deja la ley, pues la solución de remitirse a los tres primeros apartados del art. 246 nos conduce a un callejón sin salida.
Seguimos leyendo sentencias de un tema ya muy repetido pero que sigue dando lugar a impugnaciones, a pesar de ser ya seis los años de aplicación del arancel de los procuradores de 2003.
En relación a una impugnación por la inclusión del art. 5.1 del arancel de los Procuradores (RD 1373/03), sobre solicitud de tasación de costas, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 12-1-09 dice:
Un problema bastante frecuente y no resuelto por la Ley de forma clara es la tramitación de las ejecuciones que únicamente se incoan con el objetivo de practicar la división de una cosa común con la venta en pública subasta. A la hora de entender si hay condena o no en costas, si existe parte ejecutante y ejecutada y quién debe satisfacerlas, se plantean grandes dudas.
La cuestión nos la expone la sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de 30/06/2009. En este supuesto se impugna la aplicación del art. 26 del arancel vigente porque en el procedimiento de ejecución no hubo pronunciamiento de costas y tenía por objeto la división de un bien común mediante su venta en pública subasta. Según el art. 539.2 de la LEC, las costas son a cargo del ejecutado. Pero, tal como menciona la sentencia:
Es cierto que en ciertos casos de división de cosa común, la jurisprudencia admite la posibilidad de que las costas sean abonadas por todas las partes del proceso en proporción a sus respectivas cuotas de propiedad sobre el bien a dividir, pero ello no significa que no deban incluirse los gastos de letrado y procurador necesarios para instar la ejecución.. El impugnante tendría razón si la única forma de cesar el condominio mediante la venta de la cosa en pública subasta fuere la subasta celebrada en el procedimiento judicial.
Si cualquiera de los comuneros puede forzar la venta en pública subasta y si esta solo puede conseguirse mediante el correspondiente proceso judicial, no debe existir imposición de costas al que no hace otra cosa que ejercitar su derecho.
Según esta teoría, no debería ser condenado en costas el supuesto ejecutado. Por otra parte, hay quien opina que sí debe imponerse las costas al supuesto ejecutado (sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria 24/03/2004), pues la división de cosa común puede realizarse por otros medios extrajudiciales (402 CC) si las partes llegan a acuerdos entre ellas, pues el proceso civil es dispositivo y quien ha ganado el pleito deviene obligado a instar la ejecución de lo fallado, “por lo que lo razonable es que quien con su inacción perpetúa el status quo, cargue con las costas de la obligada e inevitable ejecución”. Así, esta sentencia entiende que los gastos de ejecución han de ser incluidos.
Es, en definitiva, un tema altamente discutible, pero que si no se plasma el acuerdo entre las partes en algún momento del procedimiento, me inclina hacia la posición de la última sentencia comentada, por lo que en justicia ha de ser incluido el art. 26 del arancel y condenado en costas el que no ha instado la división y ningún acuerdo ha alcanzado con el que la instó, habiendo sentencia firme.
El tema de la tasa judicial para el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden jurisdiccional civil y contencioso-administrativo es una materia que poco a poco se va clarificando, e inclinándose la balanza hacia la teoría de la no inclusión de la misma.
Después de varios años de dudas, aunque siempre he sido partidario de su exclusión, como he tenido ocasión de manifestar en anteriores artículos, sentencias como la de la Audiencia Provincial de Valencia de 24/04/2009 o de Alicante de 11/06/2009, son contundentes. En cuanto a la primera de ellas, ésta manifiesta:
Quedó excluida la correspondiente tasa judicial por considerar no ser un gasto a incluir como costas del art. 241 LEC. La representación procesal de la parte formuló impugnación por la exclusión de tal partida. En contra del criterio mantenido por la juzgadora de instancia, conviene señalar que la presente resolución adopta la forma de sentencia y no de auto, a tenor del contenido del art. 206.2.3º en relación con el 246.4 de la LEC que se remite a los trámites del juicio verbal en relación con la impugnación de la tasación de costas por indebidas, proceso que, tras la vista, concluye por sentencia y no por medio de auto, por lo que la resolución de la alzada debe revestir la primera de las formas indicadas.
No todos los gastos generados y de obligado pago por las partes en el ámbito del procedimiento pueden ser repercutidos y así se viene excluyendo de la tasación de costas, según constante y reiterada doctrina jurisprudencial, el importe correspondiente al bastanteo del poder del Procurador.
La inclusión de las certificaciones registrales (certificación de cargas, anotación preventiva de embargo, prórroga de embargo...) en una tasación de costas ha de estar fuera de toda duda.
Por mucho que sean mandamientos del Juzgado al Registrador y que pueda ser entendido como el resto de oficios y exhortos que éstos envían, al no poderse cumplimentar de oficio (puesto que los Registradores cobran honorarios), es absolutamente imprescindible que el Procurador realice la gestión que el Juzgado de oficio, por sí solo, no puede realizar. De ahí, la inclusión en el apartado suplidos y como Art. 83 en el apartado de derechos de este tipo de certificaciones. Sin embargo, cuando se aporta una certificación con carácter previo al proceso puede surgir la duda de su inclusión, pues no ha derivado de ningún mandamiento judicial.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 06/05/2009 trata una cuestión de este tenor. En un Juicio Verbal se acompaña con la demanda un informe de parte con certificación del registro, diciendo que son gastos del proceso y no costas procesales, voluntarios y previos al proceso. Para el tribunal jienense:
El legislador exige que los gastos tengan relación directa e inmediata con el proceso. La necesidad de informe pericial y certificación registral incluidas en la tasación a fin de fundamentar la oposición de la demandada y desvirtuar la acción de constitución forzosa de servidumbre ejercitada han sido necesarias. La nueva LEC considera verdaderas pruebas periciales los dictámenes solicitados por las partes, previamente al proceso y elaborados fuera del mismo, por técnicos por aquéllas elegidos (336 y ss). Por tanto, el perito ya no es necesariamente la persona designada por el Juez a los efectos de prestarle auxilio en su función jurisdiccional, previa petición de parte y nombrado interprocesalmente, sino que también tienen tal consideración legal los que hubieran sido designados personalmente por los propios litigantes. Su inclusión en la tasación de costas deviene incuestionable por aplicación del art. 241.1.4º. En este caso se aprecia no sólo la relación directa e inmediata sino la relevancia que tuvieron los suplidos, hasta el punto que la misma se basa en la certificación de la historia registral de las fincas, aportada como doc. Nº 1, así como la pericial ratificada por el testigo-perito.
En ocasiones se ha planteado cierta polémica con la inclusión o no en la tasación de costas de los edictos para anunciar las subastas. Tal cuestión la regula el art. 645 de la LEC. La ley adjetiva civil no obliga a publicar edictos más allá del tablón de anuncios del Juzgado, pero la parte lo puede solicitar y, si el Juzgado lo ve conveniente, puede acordarlo.
Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de 30/06/2009:
Volvemos en este apartado sobre la necesidad de detalle de las minutas y su alcance, intentando encontrar un criterio para saber cuándo la misma se puede entender como detallada y cuándo no. Para la sentencia del Tribunal Supremo de 30/05/2008.
Los honorarios de los letrados se regularán por los mismos interesados en minuta detallada y firmada; de ahí que la reiterada Jurisprudencia de esta Sala exija que deberá fijarse por separado y detalladamente cada uno de los conceptos objeto de minutación, lejos de la estimación global de los trabajos minutados que imposibilita, en su caso, a los Tribunales detraer las cantidades correspondientes a las partidas de improcedente abono (...). Dejando aparte la falta de justificación documental de los gastos de desplazamiento que se reclaman, hace constar una cantidad global que, sin precisión alguna sobre su cálculo, no sólo se refiere a la formulación del escrito de impugnación del recurso y asistencia a la vista, sino que comprende también otros conceptos como la personación y estudio, ignorándose si alguna cantidad corresponde precisamente a ellos, cuando el primero- personación- no puede ser minutado por el Letrado, al tratarse de una actuación innecesaria en cuanto bastaba para la personación la firma de procurador y el segundo - estudio del recurso- carece de significación autónoma en cuando resulta necesario para formular la impugnación.
He aquí una interpretación amplia de lo que se entiende por detalle, en base no a la propia minuta sino a la documentación acompañada.
En definitiva, creo que un mínimo detalle hay que exigir, al menos en referencia a las normas orientadoras de los Colegios de Abogados, a pesar de encontrarse en estos momentos en tela de juicio, como ya analizamos “supra”.
Ha de incluirse el IVA de las Tasaciones de Costas. A pesar de lo dicho en diversas ocasiones por la Dirección General de Tributos, a los Juzgados y Tribunales le afecta lo que la jurisprudencia interpreta, la jurisprudencia de su orden jurisdiccional respectivo, y no las decisiones de un órgano administrativo.
En esta ocasión volvemos a traer sentencias que niegan que se pueda excluir el mencionado impuesto indirecto de las tasaciones de costas. Así lo recoge, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 06/07/2009:
Por fin ha visto la luz la esperada reforma de las leyes procesales que, desde la L.O. 19/03, estábamos esperando para adecuarlas a la Oficina Judicial que creó dicha norma, pero que no ha tenido hasta el día de la fecha desarrollo alguno.
La creación de Unidades Procesales de Apoyo Directo, Servicios Comunes y Unidades Administrativas, no ha tenido aplicación, salvo algún experimento en algún lugar de nuestro territorio nacional (a pesar de que algunos Servicios Comunes ya funcionan desde hace tiempo, al igual que las Unidades Administrativas). Se trata de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre (BOE del 4-11), de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial. Una de las cuestiones más destacadas es el relanzamiento de la figura del Secretario Judicial, al que le queda la responsabilidad sobre gran parte de la tramitación del proceso (con extraordinaria importancia en el orden jurisdiccional civil) y la resolución de aquellos asuntos en los que el legislador ha entendido no necesaria la intervención judicial, mediante el instrumento que el art. 456.4 de la LEC creó pero que no ha podido ser aplicado, el decreto. Éste es, por decirlo de manera sencilla, el “auto del Secretario”, lo firma en exclusiva y resuelve innumerables asuntos sobre los que no hay especial contienda.
El proyecto ha sido aprobado por una aplastante mayoría parlamentaria, el consenso político es prácticamente total, está por ver si el académico es tan claro, pudiéndose aventurar de que no lo es. Entra en vigor a los seis meses de su publicación, que ha sido el 4 de noviembre de 2009. En materia de impugnación de tasación de costas la reforma que prevé esta Ley es de gran calado.
- Art.242.3 “
Una vez firme la resolución en que se hubiese impuesto la condena, los procuradores, abogados, peritos y demás personas que hayan intervenido en el juicio y que tenga algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la tasación de costas, podrá presentar ante la Oficina Judicial minuta detallada de sus derechos u honorarios y cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieren suplido”
. En este artículo se modifica la palabra “Secretaría del Tribunal”, por “Oficina Judicial”.
2. No se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente, o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito. Tampoco serán incluidas en la tasación de costas los derechos de los procuradores devengados por actuaciones meramente facultativas, que hubieran podido ser practicadas en otro caso por las Oficinas Judiciales. El Secretario Judicial reducirá el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los reclamados excedan del límite a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 y no se hubiere declarado la temeridad del litigante condenado en costas”
- Se añade al art. 244 un apartado tercero que dice: “
Transcurrido el plazo establecido en el apartado primero sin haber sido impugnada la tasación de costas practicada, el Secretario Judicial la aprobará mediante decreto. Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión y contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno”.
- Otra de las novedades es la modificación del apartado 4 del art. 245 de la LEC, el cual dice que: en el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiera la discrepancia y las razones de ésta. De no efectuarse dicha mención, el Secretario Judicial, mediante decreto, inadmitirá la impugnación a trámite. Frente a dicho decreto cabrá interponer únicamente recurso de reposición.”.
En la redacción actual no se menciona cómo ha de inadmitirse a trámite, simplemente se menciona que no se admitirá a trámite. De esta manera, se le da una formulación concreta a dicha situación, clarificadora.
- Muy importante y significativa es la reforma de los apartados 3 y 4 del art. 246 LEC. El apartado 3 dice, en relación a la impugnación por el trámite de excesivas: “
El Secretario Judicial, a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, dictará decreto manteniendo la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que estime oportunas. Si la impugnación fuere totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al impugnante. Si fuere total o parcialmente estimada, se impondrán al abogado o al perito cuyos honorarios se hubieran considerado excesivos. Contra dicho decreto cabe recurso de revisión. Contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno”
En este caso, se introduce un decreto, sustituyendo a la llamada “diligencia de mantenimiento/modificación” que se dicta en este momento procesal. El Juez, con la redacción actual, justo después de la mencionada diligencia dictaba auto no recurrible. Con la nueva ley, el decreto será recurrible en revisión ante el Juez y devendrá firme. Con esta reforma se le da verdadero valor al decreto de mantenimiento/modificación, pudiéndose terminar el incidente con el mismo, cosa que hoy no es posible con la diligencia. De todos modos, continúa la imposibilidad de recurrir en apelación. Y vamos con una de las reformas más contundentes.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 822
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 246
 artículo 539
 resolución 
 resolución 
 artículo 822
 artículo 13
 artículo 246
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 394
 resolución