Source: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=174&p_consec=49574
Timestamp: 2018-04-24 20:38:04+00:00

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PROYECTO DE LEY 174 DE 2017 CÁMARA.
por la cual se promueve la convergencia entre la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y los servicios de televisión y de radiodifusión sonora, se ordena la supresión y liquidación de la autoridad nacional de televisión, se distribuyen competencias en materia de televisión y radiodifusión sonora entre las entidades del Estado, y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley promueve la convergencia entre la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y los servicios de televisión y radiodifusión sonora, ordena la supresión y liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, distribuye sus competencias entre las entidades del Estado que tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y el control de los servicios de televisión, asigna competencias en materia de radiodifusión sonora, y adopta las medidas pertinentes para su cabal cumplimiento, en concordancia con las funciones previstas en las Leyes 182 de 1995, 1341 de 2009 y el Decreto-ley 4169 de 2011, y dicta otras disposiciones.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley aplica a la prestación del servicio de televisión con independencia de la te cnología que se utilice para el efecto, actualmente sujetas al régimen jurídico especial de televisión contenido en las Leyes 182 de 1995, 335 de 1996, 506 de 1999, 680 de 2001 y 1507 de 2012.
Igualmente aplica en lo pertinente a la prestación del servicio de radiodifusión sonora, así como a la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones en cuanto al plazo de los permisos para el uso del espectro se refiere.
Artículo 3°. Fines y principios orientadores. Los fines que deben orientar toda emisión y difusión de contenidos en los servicios de televisión y de radiodifusión sonora, son formar, educar, informar veraz, objetivamente y con imparcialidad y recrear de manera sana.
Los principios orientadores de la política pública así como su desarrollo regulatorio y reglamentario en materia de televisión y de radiodifusión sonora, son:
a) La promoción de la producción, generación y transmisión de contenidos de televisión y de radiodifusión sonora, así como la promoción de la educación, la cultura y la recreación.
b) El fortalecimiento de los medios de comunicación, institucionales a nivel nacional y regional, en la contribución a la participación ciudadana, y en especial en la promoción de los valores cívicos, el reconocimiento de las diversas identidades étnicas y culturales, la equidad de género, la inclusión política y social, la integración nacional, el fortalecimiento de la democracia y el acceso al conocimiento.
c) La protección a la libertad de expresión y difusión del pensamiento y opinión.
d) El respeto al derecho a informar y ser informado.
e) El enfoque de derechos y el reconocimiento a las minorías.
f) La imparcialidad en las informaciones.
g) La separación entre opiniones e informaciones, en concordancia con los artículos 15 y 20 de la Constitución Política.
h) El respeto al pluralismo informativo, político, religioso, social y cultural.
i) El respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y los derechos y libertades que reconoce la Constitución Política.
j) La protección de la infancia, la juventud y la familia.
k) El respeto a los valores de igualdad, consagrados en el artículo 13 de la Constitución Política; particularmente, la garantía de igualdad de oportunidades en el acceso al espectro electromagnético utilizado en la prestación del servicio público de televisión.
j) La preeminencia del interés público sobre el privado, observando el principio de proporcionalidad en el ejercicio de las potestades del Estado.
k) La responsabilidad social de los medios de comunicación;
l) La promoción de la competencia que incentive la inversión en el sector.
m) El despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la prestación del servicio de televisión y de radiodifusión sonora, y el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de promover competencia en beneficio de los usuarios, así como la neutralidad tecnológica.
n) La garantía a la participación de todas las personas sin distinción, reconociendo los derechos de las minorías, como principio necesario para encausar a Colombia por el camino de la paz.
ñ) La adecuada protección de los derechos de los usuarios, así como el cumplimiento de los derechos y deberes derivados del Hábeas Data.
o) La libre adopción de estándares tecnológicos, teniendo en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales competentes.
En particular, y teniendo en cuenta la alta responsabilidad social que conllevan las actividades de información desarrolladas a través de noticieros, informativos y programas de opinión, los concesionarios u operadores de los servicios, deberán procurar especial atención de los mencionados fines y principios.
De la supresión y liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV
Artículo 4°. Supresión. Suprímase la Autoridad Nacional de Televisión, creada por la Ley 1507 de 2012. En consecuencia, a partir de la vigencia de la presente ley, esta entidad entrará en proceso de liquidación y utilizará para todos los efectos la denominación ¿Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación¿.
Artículo 5°. Duración del proceso de liquidación. El proceso de liquidación deberá concluir en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, el cual podrá ser prorrogado por el Gobierno nacional, mediante acto administrativo debidamente motivado, cuando las circunstancias así lo requieran, en todo caso la prórroga no podrá exceder de un término mayor a seis (6) meses.
Artículo 6°. Prohibición para iniciar nuevas actividades. La Autoridad Nacional de Televisión en liquidación a partir de la vigencia de la presente ley, no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para expedir actos, realizar operaciones y celebrar contratos necesarios para su liquidación, incluyendo aquellas requeridas para el proceso de empalme con las demás entidades.
En consecuencia, la Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación, no podrá realizar ninguna clase de contrato directo o por licitación pública o de concurso, que tenga como propósito adelantar asesorías, consultorías o auditorías, que no estén relacionadas con el proceso liquidatorio.
Artículo 7°. Liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión. Una vez la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) entre en proceso de liquidación, las entidades del Estado a las cuales se han atribuido competencias a través de la presente ley, asumirán e iniciarán el ejercicio de las mismas.
Vencido el término de liquidación señalado o declarada la terminación del proceso liquidatorio con anterioridad a la finalización de dicho plazo, terminará para todos los efectos la existencia jurídica de la Autoridad Nacional de Televisión.
Los servidores públicos de la Autoridad Nacional de Televisión ¿ en Liquidación, deberán ser amparados bajo las normas legales laborales vigentes.
Los funcionarios de carrera administrativa y provisionales, recibirán el tratamiento que se establece en el parágrafo 3° del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 y decretos reglamentarios, esto es, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la planta de personal de la Comisión de Comunicaciones que se cree.
Durante el proceso liquidatorio se prohíbe vincular nuevos servidores públicos. La Nación ¿ Ministerio de Hacienda y Crédito Público, transferirá a la entidad en liquidación, los recursos suficientes para que pueda cumplir con el pago de las indemnizaciones y demás acreencias laborales a que tengan derecho los servidores que sean retirados, si fuere el caso.
Para el cumplimiento de esta disposición y para el ejercicio de las competencias que por la presente ley se distribuyen y asignan, se autoriza al Gobierno nacional para realizar las operaciones y adecuaciones presupuestales que fueren necesarias.
Artículo 8°. Liquidación de contratos para atención de gastos de funcionamiento. Todos los contratos celebrados por la Autoridad Nacional de Televisión para la atención de gastos de funcionamiento deberán ser terminados y liquidados por la Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación.
Artículo 9°. Transformación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y naturaleza jurídica de la nueva Agencia. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de que trata la Ley 1341 de 2009, será una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, la cual formará parte del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pero no dependerá de la rama ejecutiva del poder público y tendrá como máxima autoridad de dirección una Junta de Comisionados, que ejercerá, además de las funciones previstas en las normas legales vigentes, las competencias que le correspondan de conformidad con lo establecido en la presente ley.
La nueva agencia se denominará Comisión de Comunicaciones, mantendrá el domicilio en la ciudad de Bogotá, D. C., no estará sujeta a control jerárquico o de tutela alguno y sus actos sólo serán susceptibles de control ante la jurisdicción competente.
Artículo 10. Objeto. La Comisión de Comunicaciones será el órgano encargado de promover la competencia, el acceso a los servicios, garantizar la imparcialidad y el pluralismo informativo, regular para evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de radiodifusión sonora y de televisión, de aplicaciones y de contenidos sobre redes que soportan estos servicios, así como de las tecnologías de la información y la protección de los derechos de los usuarios, con el fin de que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, refleje altos niveles de calidad, propenda por la consolidación de la economía digital, y evite las prácticas monopolísticas en la operación y explotación de los servicios, en los términos de la Constitución Política y de la ley, particularmente de lo previsto en el Título IV de la Ley 182 de 1995.
Para estos efectos la Comisión de Comunicaciones podrá adoptar una regulación que incentive la consolidación de mercados competitivos que desarrolle los principios orientadores de la presente ley, de la Ley 1341 de 2009 y de las normas que las modifiquen o sustituyan.
El alcance de la autonomía tiene como fin permitirle a la Comisión desarrollar libremente sus funciones y ejecutar la política estatal en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, televisión y radiodifusión sonora.
En desarrollo de dicha autonomía administrativa, y como consecuencia de las nuevas competencias, la Comisión de Comunicaciones podrá adecuar su estructura, su reglamento interno, su planta de personal y el manual de funciones a lo previsto en la presente ley y a los requerimientos que exige el cumplimiento de sus competencias.
Artículo 11. Régimen jurídico. La Comisión de Comunicaciones, para efectos del régimen jurídico aplicable a los actos, contratos, personal, régimen presupuestal y tributario y sistemas de control, se asimilará a un establecimiento público, salvo por las disposiciones especiales previstas en la presente ley.
Por ministerio de la presente ley, los contratos de concesión y los demás contratos distintos a los previstos en el artículo 8°, así como las licencias que al momento de la supresión de la Autoridad Nacional de Televisión estén bajo su titularidad, pasarán a la Comisión de Comunicaciones. Igualmente, esta sustituirá a la Autoridad Nacional de Televisión en la posición que ocupe en los procesos judiciales en curso, incluyendo arbitramentos en que participe en cualquier calidad y continuará sin solución de continuidad, con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la entrada en vigencia de la presente norma. La Autoridad Nacional de Televisión, en liquidación, y la Comisión de Comunicaciones coordinarán el cumplimiento de lo aquí dispuesto.
También pasarán a la Comisión de Comunicaciones, los contratos de concesión y las licencias de radiodifusión sonora que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley estén bajo la titularidad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como las actuaciones administrativas que se encuentren en curso, las cuales continuará en el estado en que se encuentren.
Artículo 12. Patrimonio. El patrimonio de la Comisión de Comunicaciones estará constituido por los ingresos y bienes previstos en el artículo 16 de la Ley 182 de 1995, los cuales, a partir de la vigencia de la presente ley y durante el plazo de liquidación de la ANTV, serán trasladados a la Comisión de Comunicaciones.
Artículo 13. Funciones de la Comisión de Comunicaciones. Además de las funciones previstas en el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y en los artículos 47 y 194 literal c) de la Ley 1753 de 2015, las cuales ejercerá además con relación a los servicios de televisión y radiodifusión sonora, la Comisión de Comunicaciones ejercerá las siguientes:
a) Regular integralmente los servicios de televisión y radiodifusión sonora;
b) Velar por el fortalecimiento y desarrollo de la TV Pública y de la radio de interés público;
c) Adjudicar de conformidad con lo previsto en la ley, las concesiones y licencias para la operación y explotación del servicio de televisión, las concesiones de espacios de televisión y las concesiones para la prestación del servicio de radiodifusión sonora mediante licencias o contratos;
d) Fijar los derechos, tasas y tarifas por concepto del otorgamiento y explotación de las concesiones para la operación del servicio de televisión y radiodifusión sonora, de las concesiones de espacios de televisión, y por la adjudicación, asignación y uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, en los términos definidos en la ley;
e) Diseñar e implementar estrategias pedagógicas para que la audiencia familiar e infantil puedan desarrollar el espíritu crítico respecto de la información recibida a través de la televisión y de la radiodifusión sonora;
f) Definir reglas de promoc ión de la competencia en el sector y los mercados relevantes de contenidos audiovisuales a nivel mayorista y minorista;
g) Adoptar medidas para promover y garantizar el pluralismo informativo;
h) Regular las condiciones en que se debe efectuar el despliegue de la televisión Digital Terrestre, lo cual incluye lo que se ha denominado el apagón analógico;
i) Coordinar con la ANE los asuntos relativos a la gestión, administración y control del espectro radioeléctrico;
j) Asignar frecuencias para la prestación del servicio de televisión y de radiodifusión sonora en coordinación con la ANE;
k) En general, fomentar el servicio universal en los servicios de Televisión y de radiodifusión sonora; en materia de televisión, el servicio universal de los canales de televisión abierta colombiana, de naturaleza pública y privada, de ámbito nacional y regional, mediante la adopción de medidas que promuevan la competencia y/o que reduzcan las brechas de acceso, de tipo técnico o económico, a los servicios. Podrá hacerlo indirectamente, expidiendo la regulación necesaria, o directamente, desarrollando proyectos específicos para tal fin. En todo caso podrá suministrar apoyo tecnológico a las familias menos favorecidas ubicadas en zonas no servidas por la televisión abierta;
l) Promover y desarrollar las industrias de televisión y radiodifusión sonora;
m) Asistir, colaborar y acompañar al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la preparación y atención de las reuniones con los organismos internacionales de telecomunicaciones de los que hace parte Colombia;
n) Asistir al Gobierno nacional en el estudio y preparación de las materias relativas a los servicios de televisión y radiodifusión sonora;
ñ) Reglamentar la clasificación del servicio de radiodifusión sonora, atendiendo los fines del servicio y las condiciones de cubrimiento del mismo;
q) Atender los requerimientos y citaciones que el Congreso de la República le solicite a través de las plenarias y comisiones;
r) Ejecutar para el cumplimiento de su objeto los actos y contratos propios de su naturaleza;
s) Dictar su propio reglamento y demás funciones que establezca la ley.
Organización y estructura de la Comisión de Comunicaciones
Artículo 14. Composición de la Junta de Comisionados. El máximo órgano de dirección de la Comisión de Comunicaciones será la Junta de Comisionados que estará integrada por cinco (5) miembros denominados Comisionados, designados para períodos fijos de seis (6) años, no reelegibles, así:
Dos (2) miembros, representantes del Presidente de la República, y tres (3) representantes de la sociedad civil.
La designación de los dos primeros se efectuará por designación del Presidente de la República y la escogencia de los comisionados representantes de la sociedad civil se hará a través de procesos de selección que adelantará el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante convocatoria pública, en la que los interesados postulan su nombre, y de entre estos se efectuará la selección.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones escogerá para cada proceso de selección una universidad pública o privada que tenga acreditación institucional de alta calidad vigente, y acreditación en alta calidad en por lo menos 10 programas, asignándole a cada una el respectivo proceso de selección. No podrán postularse como candidatos, quienes formen parte del profesorado de planta u hora cátedra, o del personal administrativo de la universidad designada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para realizar el respectivo proceso.
Para la convocatoria pública y la postulación se tendrá un término máximo de un mes y para la realización del proceso de selección en su totalidad, incluyendo la postulación y la convocatoria, las universidades designadas tendrán un término de hasta tres meses, al cabo de los cuales, si la universidad no ha seleccionado, lo hará el Presidente de la República, utilizando las pru ebas del proceso, y continuándolo en el estado en que este se encuentre.
Las universidades designadas serán las encargadas de establecer los parámetros a tener en cuenta en los procesos de selección y deberán iniciar los procesos de selección con la antelación necesaria para que la vacancia definitiva por vencimiento del período, no supere el término de 30 días calendario.
Parágrafo 1°. En los casos de renuncia aceptada, muerte o destitución por la autoridad competente de un comisionado, la vacante será suplida por designación del Presidente de la República o, tratándose de los miembros de la sociedad civil, por el mismo sistema de selección establecido en la presente ley, según sea el caso.
Parágrafo 2°. El acto administrativo de posesión de los miembros de la Comisión de Comunicaciones será ante el Presidente de la República.
Parágrafo transitorio. Los miembros de la Junta Nacional de Televisión distintos al Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que estén en ejercicio al momento de operar la supresión de la Autoridad Nacional de Televisión, pasarán a integrar la Junta de Comisionados de la Comisión de Comunicaciones, junto con los actuales miembros de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, por el tiempo que reste para el cumplimiento del período de cuatro años de cada uno de ellos y el ejercicio de sus funciones iniciará, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Se entiende que para el inicio de funciones de los miembros de la Junta de Comisionados transitoria no se requiere acto de posesión.
La Junta Transitoria tendrá como Director el que en el momento de la conformación de la Comisión de Comunicaciones esté ejerciendo la Dirección en la Comisión de Regulación de Comunicaciones por el tiempo que reste su período como Director.
Durante la transición, entendiendo por esta el período en el que la Junta de Comisionados no esté integrada en la forma definitiva prevista en el presente artículo, cuando haya empate, cada caso se desempatará con el voto de uno de los representantes cuyo origen no sea por designación del Presidente de la República, de manera rotativa, según el siguiente orden: Representante de los Gobernadores, de las Universidades y de la Sociedad Civil.
Parágrafo. Se entiende que en la Junta transitoria no hacen parte el Ministro de Tecnologías de la Información y el Director del Departamento Nacional de Planeación.
Los miembros de conformación transitoria serán reemplazados para conformar la nueva Junta de Comisionados de la Comisión de Comunicaciones, atendiendo las sig uientes reglas:
a) Al vencimiento de los dos primeros períodos, los miembros de conformación transitoria de quienes se predique dicho vencimiento no serán reemplazados;
b) Al vencimiento del tercer período, el miembro de conformación transitoria respecto de quien haya operado dicho vencimiento, será reemplazado por un representante de la sociedad civil.
c) Al vencimiento de los siguientes cuatro períodos, los miembros de conformación transitoria serán reemplazados atendiendo su origen, salvo en el caso del representante de las universidades, quien será reemplazado por un representante de la sociedad civil.
En adelante, la Junta de la Comisión de Comunicaciones así conformada, será reemplazada atendiendo el origen de su designación o selección.
Artículo 15. Requisitos y calidades para ser comisionado. Los cinco (5) comisionados serán de dedicación completa y exclusiva, no sujetos a las disposiciones que regulan la carrera administrativa.
Los comisionados deben:
1. Ser ciudadanos colombianos mayores de 30 años.
2. Tener título profesional en derecho, ing eniería, economía, administración de empresas, comunicación social, o periodismo.
3. Tener ocho (8) años o más de experiencia profesional en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
4. Tener título de maestría o doctorado en áreas afines con las funciones del cargo. En caso de no contar con título de maestría o doctorado, deberán acreditar dos (2) especializaciones y al menos diez (10) años de experiencia en las áreas del conocimiento a que hace referencia el numeral segundo del presente artículo. En este caso, la experiencia exigida será adicional a la requerida en el numeral 3 del presente artículo.
La Comisión deberá contar al menos con un miembro abogado, un economista y un ingeniero, circunstancia que ha de tenerse en cuenta en la designación o en la selección de los comisionados.
Artículo 16. Dirección, Secretaría General y Secretaría Técnica. La Junta de Comisionados de la Comisión de Comunicaciones (CC), tendrá un Director elegido de su seno por mayoría absoluta, para un período de un (1) año, reelegible por una sola vez por otro período igual, mientras sea miembro de la misma. Sin perjuicio de las funciones que ejerce como miembro de la Junta de Comisionados, le corresponde la representación legal de la entidad y tendrá las demás atribuciones previstas en la presente ley y en los estatutos internos.
La Junta de Comisionados, contará con una Secretaría Técnica encargada de levantar las actas, refrendarlas con su firma, coordinar sus sesiones, hacer seguimiento a las decisiones de la misma y ejercer las demás que le asignen los estatutos, y con una Secretaría General encargada de la ejecución y coordinación de las políticas administrativas de la entidad, de la expedición de las certificaciones que se soliciten a la entidad, de la dirección en la elaboración del proyecto de presupuesto y de las demás que le asignen los estatutos.
La Dirección y la Secretaría General de la Comisión de Comunicaciones cumplirán sus funciones con el apoyo de los grupos, áreas o dependencias internas de trabajo definidas en su reglamento interno.
Artículo 17. Inhabilidades para ser comisionado. Además de las inhabilidades previstas en forma general en las leyes para el ejercicio de funciones públicas, no podrán ser comisionados:
1. Quienes durante el año anterior a la fecha de designación o selección, sean o hayan sido miembros de juntas o consejos directivos, representantes legales, funcionarios o empleados en cargos de dirección y confianza de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, o de los concesionarios u operadores de radiodifusión sonora o televisión.
2. Quienes dentro del año inmediatamente anterior a la elección hayan sido en forma directa o indirecta, socios, accionistas o propietarios de cualquier sociedad, o persona jurídica proveedora de redes y servicios de comunicaciones, o concesionaria u operadora de radiodifusión sonora o de televisión, o en sociedades que tengan vinculación económica con estas.
4. Los comisionados y funcionarios o empleados en cargos de dirección y confianza de la Comisión de Comunicaciones no podrán, dentro de los dos (2) años siguientes a la dejación del cargo, ser accionistas, socios, miembros de juntas o consejos directivos, representantes legales, funcionarios o empleados en cargos de dirección y confianza o contratistas de empresas proveedoras de redes y servicios de comunicaciones, concesionarias u operadoras de radiodifusión sonora o televisión, o de empresas en que estas sean socias o accionistas, así como de sus socios o accionistas.
Artículo 18. Incompatibilidades de los comisionados. El ejercicio de las funciones de comisionado será incompatible con todo cargo de elección popular y con el ejercicio de cualquier actividad profesional o laboral diferente a la de ejercer la cátedra universitaria.
Artículo 19. Funciones de la Junta de Comisionados.
b) Adoptar las decisiones que requiera el cumplimiento de las competencias que le son asignadas a la entidad por virtud de la presente ley;
c) Otorgar las concesiones y licencias para la operación y explotación del servicio de televisión y del servicio de radiodifusión sonora, incluyendo la asignación de espectro radioeléctrico y las concesiones de espacios de televisión;
d) Aprobar la prórroga de las concesiones para la prestación del servicio de televisión y del servicio de radiodifusión sonora, incluyendo la asignación de espectro radioeléctrico, así como las de las concesiones de espacios de televisión;
e) Fijar los derechos, tasas, tarifas y precios públicos ocasionados por la prestación de los servicios de televisión y de radiodifusión sonora, de conformidad con el artículo 5º, literal g) de la Ley 182 de 1995 y 62 de la Ley 1341 de 2009, respectivamente;
f) Nombrar y remover a los servidores públicos de la entidad; en forma previa al nombramiento de los servidores de libre nombramiento y remoción, deberá publicar las hojas de vida de los aspirantes por el término de tres (3) días calendario en el sitio web oficial de la entidad, para conocimiento de la ciudadanía y la formulación de observaciones;
h) Determinar la estructura y la planta de personal de la entidad, creando, suprimiendo o fusionando los cargos necesarios para su buena marcha, de conformidad con la ley y adoptando el manual de funciones sin más requisitos que los previstos en las leyes aplicables a la administración central;
j) Reglamentar lo relativo al servicio de televisión étnica y afrocolombiana a la que se refiere el parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 335 de 1996 como acción afirmativa para que a través de los entes que por mandato legal del artículo 35 de la Ley 70 de 1993 se desarrollen procesos de etnoeducación;
k) Promover y reglamentar lo atinente a la participación ciudadana, especialmente lo referido al control de contenidos audiovisuales;
l) Reglamentar las veedurías ciudadanas en materia de la prestación de los servicios públicos de televisión abierta y radiodifusión sonora, así como la promoción y fomentos de las mismas;
m) Autorizar en forma previa y de conformidad con la regulación que se expida sobre la materia, la cesión de acciones o cuotas sociales de las empresas operadoras o concesionarias de los servicios de televisión abierta y radiodifusión sonora, así como el arrendamiento y todo acto de disposición de las frecuencias del espectro electromagnético, que los operadores o concesionarios de dichos servicios realicen con terceros, aunque tales actos no impliquen la cesión o la modificación del contrato de concesión.
Artículo 20. Funciones del Director.
a) Representar Legalmente la Comisión de Comunicaciones;
b) Ejecutar e implementar las decisiones adoptadas por la Junta de Comisionados, a través de los actos administrativos que se expidan para tal efecto;
c) Aprobar las situaciones administrativas de los funcionarios adscritos a la planta de personal de la entidad de conformidad con la normatividad legal vigente;
d) Administrar en forma eficaz y eficiente los recursos financieros, administrativos y de personal, para el adecuado funcionamiento de la Comisión de Comunicaciones;
e) Presentar para aprobación de la Junta de Comisionados, los manuales, estatutos y reglamentos a que haya lugar de conformidad con la presente ley;
f) Actualizar, mantener y garantizar la confiabilidad de la información que reposa en la entidad;
g) Presentar para aprobación de la Junta de Comisionados, el proyecto de presupuesto anual de la entidad;
h) Celebrar los contratos y en general desarrollar las actividades administrativas de la Comisión de Comunicaciones necesarias para cumplir su misión;
i) Las demás que le asigne la Junta de Comisionados en los estatutos.
De la distribución de competencias frente al servicio público de televisión
Artículo 21. Autoridades competentes en materia de televisión. Las entidades competentes para ejercer las funciones en relación con el servicio de televisión, son:
2. La Comisión de Comunicaciones
3. La Agencia Nacional del Espectro
4. La Superintendencia de Industria y Comercio.
Artículo 22. Funciones en materia de política pública. Sin perjuicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le corresponderá dirigir y desarrollar la política general de televisión determinada en la ley, en la forma prevista en el literal a) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995. Las demás entidades del sector colaborarán armónicamente dentro del ámbito de sus competencias.
Artículo 23. Funciones en materia de regulación del servicio de televisión. La Comisión de Comunicaciones, ejercerá integralmente la regulación del servicio de televisión.
En consecuencia, la Comisión de Comunicaciones, ejercerá en relación con los servicios de televisión, además de las funciones que le atribuye la Ley 1341 de 2009, las siguientes funciones:
Las previstas en el literal c) del artículo 5°, en el parágrafo del artículo 18, en el literal a) del artículo 20, y en el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, último caso, en lo que atañe a establecer prohibiciones para aquellos que incurran en conductas que atenten contra el pluralismo informativo, la competencia, el régimen de inhabilidades y los derechos de los televidentes.
Dentro del trámite de los proyectos regulatorios, la Comisión de Comunicaciones solicitará al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones su pronunciamiento respecto del impacto de estos en el ejercicio de sus competencias.
Artículo 24. Funciones en materia de otorgamiento de concesiones. La Comisión de Comunicaciones ejercerá las funciones previstas en el literal e) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, y en el literal g) del mismo artículo, con excepción de la función relativa al régimen de uso del espectro radioeléctrico que quedará a cargo de la Agencia Nacional de Espectro (ANE).
En todo caso la asignación de frecuencias de televisión estará a cargo de la Comisión de Comunicaciones, previamente atribuidas por la Agencia Nacional del Espectro (ANE).
Así mismo, la Comisión de Comunicaciones ejercerá la función prevista en el artículo 25 de la Ley 182 de 1995 sobre la autorización para la distribución de señales incidentales.
Artículo 25. Funciones en materia de control y vigilancia. Además de las funciones que le atribuye el artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ejercerá las funciones previstas en el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, lo cual incluye el control y vigilancia del cumplimiento de las normas relacionadas con la prestación del servicio de televisión, y los contenidos de televisión, y en el artículo 53 de la misma ley, último caso en el cual, la función a cargo del Ministerio versa sobre la imposición de las sanciones por violación al régimen de inhabilidades para la prestación del servicio público de televisión previsto en la ley.
Artículo 26. Funciones en materia del espectro. La intervención estatal en el espectro electromagnético destinado a los servicios de televisión, estará a cargo de la Agencia Nacional del Espectro de conf ormidad con lo previsto en la Ley 1341 de 2009 y el Decreto-ley 4169 de 2011. En particular, la ANE ejercerá las funciones previstas en los artículos 24, 26 y 27 de la Ley 182 de 1995.
Para el ejercicio de la función de vigilancia por el uso ilegal del espectro electromagnético, la ANE contará con funciones de policía judicial.
A la Agencia Nacional del Espectro, le corresponderá también definir las frecuencias que en tecnología digital podrán compartir los operadores públicos de televisión, a fin de optimizar la asignación del espectro radioeléctrico atribuido a televisión, y liberar frecuencias de éste para maximizar los recursos del Estado y permitir desarrollos futuros soportados en espectro, previa coordinación con la Comisión de Comunicaciones. Los ingresos derivados de la asignación de permisos otorgados a nuevos proveedores de redes y servicios de comunicaciones para el uso de las frecuencias liberadas con ocasión de lo aquí dispuesto, serán destinados al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Artículo 27. Funciones en materia de prácticas restrictivas de la competencia e integraciones empresariales, y de protección de los derechos de los usuarios. La Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con lo previsto en la Ley 1340 de 2009, continuará ejerciendo las funciones establecidas en el literal d) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, y en el artículo 2° de la Ley 680 de 2001.
Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio, en atención a lo establecido en la Ley 1480 de 2011, ejercerá la función de control y vig ilancia del cumplimiento a las normas de protección de los derechos de los usuarios del servicio de televisión cerrada, para lo cual, el Fondo para el Desarrollo de la TV proveerá los recursos financieros requeridos por la Superintendencia para el ejercicio de esta función.
Competencia de la Comisión de Comunicaciones frente al servicio de Radiodifusión Sonora
Artículo 28. Funciones en materia de regulación y de otorgamiento de concesiones. La Comisión de Comunicaciones, ejercerá en relación con los servicios de radiodifusión sonora las funciones que le atribuye el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y las que asignaban al Ministerio de Tecnologías de la Información, los artículos 57, 58, 59 y 62 de dicha ley.
En todo caso la asignación de frecuencias para la prestación del servicio de radiodifusión sonora estará a cargo de la Comisión de Comunicaciones, previamente atribuidas por la Agencia Nacional del Espectro (ANE).
Artículo 29. Fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos. El Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de que trata el artículo 16 de la Ley 1507 de 2012 se trasladará a la Comisión de Comunicaciones, el cual, además de cumplir el objeto previsto en dicha norma, estará destinado a apoyar la capacidad administrativa, técnica y operativa de la Comisión, por lo cual, en virtud de lo previsto en el literal g) del artículo 16 de la Ley 182 de 1995, dicho Fondo recibirá además como ingreso, los recursos previstos anualmente por el Presupuesto General de la Nación para la Comisión de Regulación de Comunicaciones y para la Autoridad Nacional de Televisión.
Salvo lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1507 de 2012, al Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, le serán aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo II del Título III del citado ordenamiento.
La Comisión de Comunicaciones reglamentará lo pertinente a la administración del Fondo que a partir de la vigencia de la presente ley se le traslada, atendiendo las reglas previstas en el artículo 18 de la Ley 1507 de 2012.
Adicionalmente, los recursos provenientes de las contraprestaciones de que trata el artículo 62 de la Ley 1341 de 2009, ingresarán a este Fondo y se destinarán al fortalecimiento de la radio nacional a cargo del operador público nacional (RTVC), o de la entidad que haga sus veces.
Artículo 30. Gestión de excedentes y recursos extraordinarios. Una vez queden en firme las declaraciones de contribución de que tratan los artículos 24 de la Ley 1341 de 2009, 11 de la Ley 1369 de 2009, y 12 de la Ley 1507 de 2012, en el evento de existir excedentes, estos se incorporarán en el anteproyecto del presupuesto de la siguiente vigencia fiscal con el fin de que sean abonados a las contribuciones del siguiente periodo.
Los excedentes de contribución que se hayan causado desde la expedición de las normas a las que hace referencia el presente artículo, y que se encuentren en firme al momento de la promulgación de la presente ley, serán utilizados en su totalidad para financiar parte del presupuesto del siguiente período fiscal de la Comisión de Comunicaciones.
La totalidad de los recursos extraordinarios que ingresen tanto al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como al Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, se destinarán a los objetivos previstos en el artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 y en el artículo 18 de la Ley 1507 de 2012, respectivamente.
Artículo 31. Estrategias de contenido multiplataforma y aplicaciones de Internet para diversos dispositivos. Los operadores públicos de televisión deberán adelantar estrategias de contenido multiplat aforma y aplicaciones de Internet para diversos dispositivos, a efectos de potenciar la mayor cantidad de pantallas y de promover el desarrollo y oferta competitiva de contenidos multiplataforma, en concordancia con los nuevos entornos convergentes y multipantalla, haciendo uso de los diferentes mecanismos que permitan promover la competencia en el sector.
Artículo 32. Normativa aplicable a la operación y explotación del servicio de televisión y de radiodifusión sonora. Además de las normas legales que rigen los servicios de televisión y radiodifusión sonora, los acuerdos expedidos por la CNTV, las resoluciones expedidas por la ANTV y la CRC de conformidad con las competencias atribuidas por la Ley 1507 de 2012 vigentes al momento de expedición de la presente ley que fijen las condiciones de operación y explotación de las distintas modalidades del servicio previstas en las disposiciones legales sobre televisión, y los decretos y demás disposiciones aplicables al servicio de radiodifusión sonora, continuarán vigentes hasta que la Comisión de Comunicaciones, de conformidad con las competencias aquí previstas expida las normas a que haya lugar.
Artículo 33. Licencia única. Los actuales operadores de televisión por suscripción tanto cableada como satelital, podrán obtener licencia única para la prestación de este servicio a través de ambas tecnologías, previa solicitud del interesado y el adelantamiento del trámite que para el efecto prevea la regulación sobre la materia.
Artículo 34. Transferencia supletiva. Las funciones de la Autoridad Nacional de Televisión que no sean objeto de mención expresa en la presente norma, se entenderán transferidas a la Comisión de Comunicaciones.
Artículo 35. Plazo y renovación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico otorgados a Proveedores de Redes y servicios de telecomunicaciones. Modifíquese el primer inciso del artículo 12 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así: Los permisos para el uso del espectro radioeléctrico de que trata el artículo 12 de la Ley 1341 de 2009, otorgados a partir de la vigencia de la presente ley, tendrán un plazo definido inicial hasta de veinte (20) años, el cual podrá renovarse a solicitud de parte por períodos de hasta veinte (20) años. A partir de la presente ley, en todos los casos, incluyendo los permisos otorgados antes de su vigencia, al determinar el período de renovación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá en cuenta el plazo de hasta veinte (20) años y entre otros criterios considerará razones de interés público, el reordenamiento nacional del espectro radioeléctrico, o el cumplimiento a las atribuciones y disposiciones internacionales de frecuencias, la determinación deberá efectuarse mediante acto administrativo motivado.
Artículo 36. Plan de Formalización. La Comisión de Comunicaciones, establecerá un plan de formalización que permita a los actuales prestatarios de televisión comunitaria migrar hacia la prestación del servicio de televisión por suscripción y al sometimiento en su integridad a las disposiciones que a estos les aplica, para lo cual deberán transformar la naturaleza jurídica de la persona jurídica sin ánimo de lucro a la respectiva en sociedad comercial.
El Plan de que trata este artículo deberá ser adoptado dentro de los seis (6) meses siguientes al inicio de las funciones por parte de la Comisión de Comunicaciones en los términos de la presente Ley y ejecutado en un término no superior a un año contado a partir de su adopción. Durante este período continuará vigente el régimen aplicable a la actual televisión comunitaria.
A partir del vencimiento del plazo de un año aquí previsto, los actuales licenciatarios de televisión comunitaria que no efectúen la migración que aquí se prevé, deberán continuar prestando el servicio a través de la licencia obtenida para tal fin, los cuales deberán transmitir contenidos propios con énfasis en lo comunitario, a través de un medio físico de distribución a los usuarios autorizados para su recepción cualquiera que sea la tecnología, en áreas de cubrimiento menores al ámbito del municipio, so pena de la cancelación de la licencia.
El régimen de operación será fijado por la Comisión de Comunicaciones dentro del plazo de un año previsto en esta norma, sin perjuicio de la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, en cuyo caso se les aplicará el régimen previsto en la Ley 1341 de 2009 y sus normas reglamentarias.
Artículo 37. Tarifa única en materia de contraprestación por la explotación del servicio. En forma coordinada, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Comisión de Comunicaciones, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, previa realización del estudio(s) pertinente(s), si fueren necesarios, adoptarán un plan que de manera gradual iguale la contraprestación periódica derivada de la explotación del servicio, a cargo de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y de los operadores de televisión por suscripción, la cual en todo caso tenderá a unificarse hacia la establecida para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, a la entrada en vigencia de la presente ley. De resultar necesario, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá establecer transferencias periódicas de recursos del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al Fondo para el Desarrollo de Televisión y Contenidos, en la proporción que estime necesaria para contribuir a la financiación de la televisión pública.
Artículo 38. Migración a la tecnología digital. Los operadores de televisión cerrada deberán sustituir de manera completa sus redes en tecnología analógica por redes digitales, en el plazo que para el efecto establezca la Comisión de Comunicaciones.
Artículo 39. Operaciones presupuestales. Autorízase al Gobierno nacional para que realice las operaciones presupuestales necesarias para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 40. Facultades extraordinarias. Revístase hasta por seis (6) meses, al Presidente de la República de facultades extraordinarias para prever fuentes de ingresos para los operadores de televisión pública distintas a las previstas en la presente ley.
Artículo 41. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial, los artículos 2 de la Ley 182 de 1995, 19, 20, 21 y 59 inciso tercero, de la Ley 1341 de 2009, 1 a 15, 17, 20, y 22 de la Ley 1507 de 2012 y el artículo 42 de la Ley 1753 de 2015 y modifica el primer inciso del artículo 12 de la Ley 1341 de 2009.
1. Contexto y Estado del Arte.
El presente proyecto de ley que se presenta al honorable Congreso de la República, tiene como principal objetivo adecuar la institucionalidad del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el marco normativo existente a la nueva realidad convergente.
La Constitución Política de Colombia, establece en el artículo 334 que le corresponde al Estado intervenir, por mandato de la ley, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.
También prevé la Constitución Política en su artículo 365 que, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, al cual corresponde asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional y ejercer las actividades de regulación, control y vigilancia.
En ese contexto, resulta relevante señalar que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son un servicio público, como los son la Televisión y la Radiodifusión Sonora; significa que tales servicios son de res erva estatal correspondiendo al Estado asegurar su prestación eficiente a través del ejercicio de las potestades estatales propias.
Por su parte, la Constitución Política, al ocuparse del espectro electromagnético, en su artículo 75, establece que este es un bien público, inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado y que se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley, y en su artículo 77, modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo número 002 de 2011, prevé que el Congreso de la República expedirá la ley que fijará la política en materia de televisión, disposición que en su texto original, al establecer que la dirección de la política en materia de televisión estaría a cargo del organismo autónomo e independiente de que trataba el artículo 76 de la C. P. derogado por el citado Acto Legislativo número 002 de 2011, también determinaba que la fijación de política sobre dicho servicio sería de competencia privativa de la ley.
Fue así como el legislador en cumplimiento del citado mandato constitucional[1][1] expidió el régimen jurídico propio del servicio de televisión a través de las Leyes 182 de 1995, 335 de 1996 y 680 de 2001, el cual, en gran parte de su articulado se encuentra vigente, y es la política en dicho régimen fijada la que actualmente rige la operación y explotación del servicio de televisión en Colombia.
Vale señalar que el artículo 4º de la Ley 182 de 1995, reitera que el Estado ejerce la titularidad y reserva del servicio público de televisión, y en tal virtud dirige la política de televisión, desarrolla y ejecuta los planes y programas en relación con este servicio conforme a lo previsto en la ley, regula el servicio, e interviene, gestiona y controla el uso del espectro electromagnético, con el fin de garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia en la prestación del servicio, y evitar las prácticas monopolísticas en su operación y explotación, todo lo cual guarda estricta relación con la naturaleza del servicio de televisión que involucra derechos y libertades de los ciudadanos, en especial el derecho a la libertad de expresión, el interés general, el principio de legalidad y el cumplimiento de los fines y deberes estatales, encaminados a la prestación eficiente y democrática del servicio.
Adicionalmente, el Acto Legislativo número 002 de 2011, estableció un artículo transitorio según el cual, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigencia, el Congreso debía expedir las normas que consagraran la distribución de competencias entre las entidades del Estado relativas a la regulación, la dirección, la gestión y el control de los servicios de televisión.
En tal virtud el legislador expidió la Ley 1507 de 2012, por medio de la cual se definió la distribución de competencias entre las entidades del Estado encargadas de la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y el control de los servicios de televisión, además de ordenar la liquidación de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y crear la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) como una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial, presupuestal y técnica, y parte del sector de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
Respecto de las funciones de la ANTV, la ley le encomendó brindar herramientas para la ejecución de los planes y programas de la prestación del servicio público de televisión, garantizar el acceso a la televisión, proteger el pluralismo y la imparcialidad informativa, garantizar la competencia y la eficiencia en la prestación del servicio y evitar prácticas monopolísticas en la operación y explotación de la televisión.
Así las cosas, este ordenamiento distribuyó las competencias del Estado respecto del servicio de televisión de la siguiente forma:[2][2]
Artículo 10 Ley 1507 de 2012
Literal a) artículo 5° Ley 182 de 1995:
Dirigir, ejecutar y desarrollar la Política general del servicio de televisión determinada en la ley y velar por su cumplimiento, para lo cual podrá realizar los actos que considere necesarios para preservar el espíritu de la ley.
Artículo 11 Ley 1507 de 2012.
Artículo 22 Ley 1507 de 2012.
Literal b) artículo 5° Ley 182 de 1995:
Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; e imponer las sanciones a que haya lugar.3
Artículo 53 Ley 182 de 1995:
Quienes participen en la violación del régimen de inhabilidades serán sancionadas, con multas de seiscientos (600) a un seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la sanción.4.
Artículo 15 Ley 1507 de 2012.
Ley 182 de 1995:
Cualquier servicio de televisión no autorizado por la Comisión Nacional de Televisión, o que opere frecuencias electromagnéticas sin la previa asignación por parte de dicho organismo, es considerado clandestino. La Junta Directiva de la Comisión procederá a suspenderlo y a decomisar los equipos sin perjuicio de las sanciones de orden civil, administrativo o penal a que hubiere lugar, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes.
Los operadores, contratistas y concesionarios del servicio podrán recibir directamente y decodificar señales de televisión vía satélite, siempre que cumplan con las disposiciones relacionadas con los derechos de uso y redistribución de las mismas, y con las normas sobre el recurso satelital.
Llevar un registro público actualizado de todas las frecuencias electromagnéticas que de conformidad con las normas internacionales estén atribuidas al servicio de televisión, en cada uno de los niveles territoriales en los que se pueda prestar el servicio.
REGULACIÓN EX- ANTE
Artículo 12 Ley 1507 de 2012.
Literal c) artículo 5° Ley 182 de 1995:
Regular cubrimiento, encadenamientos, expansión progresiva del área asignada, franjas y contenido de la programación, publicidad y comercialización en los términos de la Ley.
Establecer prohibiciones para aquellas conductas en que incurran las personas que atenten contra el pluralismo informativo.
La violación de las normas acarreará sanciones a los infractores o a quienes hayan resultado beneficiarios reales de tales infracciones.
Promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y servicios con el fin de que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad.
3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaci ones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la información; y en materia de solución de controversias entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.
4. Regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones, con excepción de las redes destinadas principalmente para servicios de televisión radiodifundida y radiodifusión sonora, hacia una regulación por mercados.5
5. Definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servidos de telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes.
7. Proponer al Gobierno nacional la aprobación de planes y normas técnicas aplicables al sector de Tic, atendiendo el interés del país, según las normas y recomendaciones de organismos internacionales competentes y administrar dichos planes.
9. Resolver las controversias, en el marco de sus competencias, que se susciten entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Ningún acuerdo entre proveedores podrá menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención regulatoria. y de solución de controversias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, así como el principio de la libre competencia.6
11. Señalar las condiciones de oferta mayorista y la provisión de elementos de red des agregados, teniendo en cuenta los lineamientos de Política del Ministerio de Tic, garantizando la remuneración de los costos eficientes de la infraestructura y los incentivos adecuados a la inversión, así como el desarrollo de un régimen eficiente de comercialización de redes y servicios de telecomunicación.
18. Resolver recursos de apelación contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones.7
21. Este Numeral fue adicionado por el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo t exto es el siguiente: Definir las condiciones en las cuales los operadores de comunicaciones, comercializadores y distribuidores deberán garantizar que las bandas de los terminales móviles estén desbloqueadas para que el usuario pueda activarlos en cualquier red, así como definir las condiciones y características de bases de datos, tanto positivas como negativas, que contengan la información de identificación de equipos terminales móviles, así como establecer las obligaciones de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, comercializadores, distribuidores o cualquier comerciante de equipos terminales móviles, y las relativas al reporte de la información de identificación de dichos equipos ante la CRC y al suministro de esta información a los usuarios. Las bases de datos de que trata el presente numeral, deberán ser implementadas y administrativas <sic> de manera centralizada, a través de un tercero, por parte de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones y la información consignada en dichas bases de datos tendrá carácter público, sin perjuicio de la información que contenga datos personales, la cual será protegida de conformidad con lo establecido por la ley.
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones podrán fijar libremente los precios al usuario. La Comisión de Regulación de Comunicaciones sólo podrá regular estos precios cuando no haya suficiente competencia, se presente una falla de mercado o cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos, lo anterior mediante el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley.
Parágrafo artículo 18:
Clasificar cada servicio de televisión según los criterios enunciados en artículo 188. Podrá establecer otros criterios de clasificación o clases diferentes, para mantener el sector actualizado con el desarrollo de los servicios y los avances tecnológicos.
Literal a) artículo 20:
Tratándose de Televisión abierta regular la destinación de determinados programas únicamente a determinados usuarios.
Literal c) artículo 5°:
Clasificar, de conformidad con la ley, las distintas modalidades del servicio público de televisión, regular las condiciones de operación y explotación del mismo, en materia de configuración técnica, utilización de las redes y servicios satelitales, regular las obligaciones con los usuarios; y las modificaciones en razón de la transmisión de eventos especiales.
Establecer prohibiciones para aquellas conductas en que incurran las personas que atenten contra la competencia, el régimen de inhabilidades y los derechos de los televidentes. La violación de las normas acarreará sanciones a los infractores o a quienes hayan resultado beneficiarios reales de tales infracciones.
PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA E INTEGRACIONES EMPRESARIALES
Artículo 13 Ley 1507 de 2012.
Literal d) artículo 5° Ley 182 de 1995:
Investigar y sancionar a los operadores, concesionarios de espacios y contratistas de televisión por violación del régimen de protección de la competencia, el pluralismo informativo y del régimen para evitar las prácticas monopolísticas previsto en la Constitución y en la presente y en otras leyes y a la Igualdad de oportunidades entre aquellos, o que tiendan a la concentración de la propiedad o del poder informativo en los servicios de televisión, o por incurrir en prácticas, actividades o arreglos que sean contrarios a la libre y leal competencia o a la formación indebida de una posición dominante en el mercado, o que constituyan una especie de práctica monopolística en el uso del espectro electromagnético y en la prestación del servicio.
Artículo 14 Ley 1507 de 2012.
Ley 182 de 1995 Literal e) artículo 5°:
Reglamentar el otorgamiento y prórroga de las concesiones para la operación del servicio, los contratos de concesión de espacios de televisión y los contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de los programas de televisión, así como los requisitos de las licitaciones, contratos y licencias para acceder al servicio, y el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores v contratistas de televisión, de conformidad con las normas previstas en la lev y en los reqlamentos.9
Literal g) artículo 5°:
Fijar los derechos, tasas y tarifas que deba percibir por concepto del otorgamiento y explotación de las concesiones para la operación del servicio de televisión, y las que correspondan a los contratos de concesión de espacios de televisión, así como por la adjudicación y asignación de las frecuencias.
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESPECTRO
Intervención y atribución de las frecuencias del Espectro Radioeléctrico.
Literal g) artículo 5° Ley 182 de 1995.
Establecer el régimen de uso del espectro.
Asignación de las frecuencias del Espectro Radioeléctrico
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la Ley, la ANTV debía otorgar las concesio nes de TV por suscripción a las empresas públicas proveedoras de redes y servicios de telecomunicaciones que así lo soliciten, previo cumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad para el efecto.
Al definir los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la Ley 1341 de 2009 estableció como objetivos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el diseño, formulación, la adopción y la promoción de las políticas y proyectos del sector en concordancia con la Constitución Política y la ley, para contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación y a impulsar el fortalecimiento del sector a través de la investigación e innovación buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional, y asigna funciones a través de las cuales se concreta el objetivo relativo a la política del sector, y le atribuye funciones de vigilancia y control de la provisión de redes y servicios de comunicaciones10.[3][3]
Igualmente, la citada Ley 1341 asigna la función de regulación de la provisión de redes y servicios de comunicaciones a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual, de sde la expedición de la citada ley, adopta la naturaleza jurídica y la conformación previstas en los artículos 19 y 20, y ejerce la función de regulación que se materializa a través de las atribuciones previstas en el artículo 22 ibídem.
Por otra parte, la misma Ley 1341 de 2009 en su título VIII, establece un régimen jurídico especial para el servicio de radiodifusión sonora, atribuyendo al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, las funciones de regulación11[4][4]y de vigilancia y control12.[5][5]
Es pertinente precisar que en Colombia la prestación de los servicios de televisión y de radio difusión sonora, está basada en sendos regímenes concesionales que implican que el Estado aunque tiene la reserva en la prestación de los servicios, autoriza a los particulares para hacerlo a través de contratos de concesión o licencias.
Es así como, la Ley 182 de 1995 define la política general en materia de concesiones13,[6][6]y la Ley 1507 de 201214[7][7]asigna a la Autoridad Nacional de Televisión la función concesional que antes ejercía la Comisión Nacional de TV, y por su parte la Ley 1341 de 2009, radica en cabeza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones la función concesional tratándose del servicio de radiodifusión sonora.15[8][8]La función concesional para ambos casos incluye el otorgamiento de la concesión o licencia y la fijación de las contraprestaciones que se derivan de la autorización.1616[9][9]
Por último, La Agencia Nacional del Espectro por virtud de la Ley 1341 de 2009, ejerce también la función de administración y gestión del Espectro respecto de las TIC y del servicio de radiodifusión sonora.17[10][10]17
En resumen, entre las entidades estatales que ejercen competencias respecto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de los servicios de televisión y radiodifusión sonora, la ley ha distribuido funciones ajustándose a los mandatos constitucionales vigentes al momento de la expedición de cada uno de los ordenamientos, pero en la práctica, en un escenario de convergencia tecnológica como el actual y como el que cada vez más se evidencia, se hace necesario modelar el aparato institucional en términos también de convergencia, procurando una mejor y más eficiente operación estatal en beneficio no sólo de los agentes del sector sino de los usuarios de las distintas formas de prestación de las telecomunicaciones.
Sobre el punto, la siguiente reflexión: ``La Ley 1507 de 2012, expedida en desarrollo del artículo transitorio contenido en el Acto Legislativo 002 de 2011, representó sin lugar a dudas un avance en el camino hacia un regulador convergente puesto que trasladó algunas funciones que ejercía la Comisión Nacional de Televisión18[11][11]a la Comisión de Regulación de Comunicaciones19,[12][12]referidas a los aspectos de mercado, técnicos y de calidad, eliminando las anteriores discusiones alrededor de la competencia sobre algunas formas de transmitir contenidos audiovisuales respecto de las cuales se predicaba por un lado, que eran manifestaciones del servicio de televisión y que en consecuencia eran reguladas por la Comisión Nacional de Televisión, y por otro, que eran servicios de telecomunicaciones por lo que debían ser reguladas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Y decimos que representó solo un avance puesto que al continuar atomizadas las funciones regulatorias, y de paso las funciones de dirección de la política y de vigilancia y control, existe aún camino por recorrer en términos de orden y optimización de la institucionalidad.¿20.[13][13]
2. Regulación en un entorno de convergencia:
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) define la CONVERGENCIA como la ¿evolución coordinada de redes que antes eran independientes, hacia una uniformidad que permita el soporte común de servicios y aplicaciones¿21,[14][14]esto es, la tendencia a que una amplia gama de contenidos como audio, video, texto e imágenes y de servicios se distribuyan a través de las mismas redes a varios dispositivos o terminales.
Ha dicho la UIT:
¿CUANDO SE ACORDÓ EL REGLAMENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES INTERNA-CIONALES (RTI), en 1988, todavía existía una clara distinción entre los diferentes servicios (teléfono, vídeo, etc.), así como entre los medios para prestarlos. Sólo se recibían llamadas de voz o telefax por la línea telefónica. Las computadoras disponían en su mayoría de sus propias redes, y la radiodifusión era otro mundo separad o. Desde entonces, la convergencia de las tecnologías existentes y la aparición de otras nuevas han cambiado radicalmente el panorama ¿ y es posible que haya que modificar el RTI para reflejarlo. No existe una definición única de la convergencia. Sin embargo, una innovación clave es el paso de las redes de telecomunicaciones basadas en circuitos a las redes basadas en paquetes que utilizan el protocolo Internet (IP): las llamadas redes de la próxima generación o NGN. La estructura ¿vertical¿ de las redes independientes está evolucionando hacia una estructura ¿horizontal¿ basada en el IP, que puede entregar muchos tipos de contenido a través de una misma plataforma. Esto tiene profundas implicaciones para el mercado, para los organismos reguladores y, en último término, para lograr que las comunicaciones estén al alcance de la gente en todo el mundo. El enorme incremento del número de abonos a la telefonía y la banda ancha móviles está impulsando el desarrollo y las reformas. Los consumidores de todo el mundo han dejado de considerar sus aparatos móviles como simples teléfonos que utilizan para hablar con otras personas. Cada vez más, se espera de cualquier proveedor de servicios que sea capaz de ofrecer cualquier servicio de comunicación a cualquiera, en cualquier lugar, utilizando cualquier tipo de tecnología disponible. Esto ha planteado retos fundamentales para los organismos reguladores ¿ y, en muchas jurisdicciones, ya se considera que la convergencia significa que han dejado de ser útiles las antiguas distinciones entre servicios. Se están presentando propuestas relativas a la convergencia para la revisión del RTI22[15][15]durante la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales de 2012. Algunas se refieren simplemente a la actualización del lenguaje utilizado en el Reglamento. Otras propuestas tratan de introducir cambios de fondo a fin de dar cabida a la convergencia, y se refieren a la necesidad de incorporar la ¿neutralidad tecnológica¿ en el RTI, esto es, de tratar por igual a las diferentes tecnologías que ofrecen servicios similares. Para responder a los desafíos de la convergencia y la economía digital, se requiere una cooperación entre todos los sectores. Los organismos reguladores ya no pueden limitarse a los servicios de telecomunicaciones definidos de manera tradicional, sino que han de entender el amplio ecosistema de las TIC. Se justificaría una perspectiva más amplia, apartándose de un enfoque centrado en las redes y asumiendo un enfoque que abarque los servicios, los contenidos y los derechos y responsabilidades de los consumidores¿23.[16][16].
En efecto, en Colombia se ha ido introduciendo el concepto de convergencia en las telecomunicaciones, desde la expedición del Decreto número 2870 de 2007, por medio del cual se adoptaron medidas para facilitar la convergencia de los servicios y redes en materia de Telecomunicaciones, estableciendo el título habilitante convergente, anticipando algunos aspectos de regulación por mercados, pero en todo caso, excluyendo de su aplicación el servicio de televisión y de radiodifusión sonora, en el primer caso por las limitaciones que en materia constitucional regían al momento de su expedición24.[17][17].
Fue este decreto, el preámbulo y antecedente de la Ley 1341 de 2009, la cual, materializó el concepto de convergencia en la provisión de redes y servicios de comunicaciones, migrando de una regulación por servicios hasta ahora concebida a una regulación por mercados.
En todo caso, este ordenamiento excluyó también los servicios de televisión y radiodifusión sonora, por idénticas limitaciones constitucionales, por lo menos en el caso del servicio de televisión.
Se observa pues, que los avances tecnológicos que han conducido a la convergencia, llevan consigo que en la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión, entre otros, se disuelvan las cadenas productivas sectoriales y se generen nuevos negocios, integrándose las comunicaciones con las industrias productoras de contenidos y servicios. Es por ello que la mayoría de compañías de telecomunicaciones venden, a través de las mismas redes, varios tipos de servicios como la conexión a la red, servicios de voz, datos, televisión, etc., siendo posible las ofertas triple play y cuádruple play, teléfonos móviles que se conectan a Internet y contenidos que se pueden consultar en muy diversas terminales.
En síntesis, la convergencia es una variable determinante al momento de formular la política par a el sector, pues todos los cambios tecnológicos y de mercado, implican la reformulación de las materias objeto de regulación, hasta hace unos años marcada por los servicios mirados independientemente unos de otros.
En el caso particular de la televisión, ¿por el advenimiento de la convergencia de redes, servicios y mercados, así como de la televisión digital terrestre en el servicio de televisión abierta radiodifundida, se hace necesario revisar el marco normativo vigente y definir los ajustes que este amerita para ponerlo a tono con la realidad actual del servicio y de la industria, pues la prestación del servicio de televisión ha migrado de redes exclusivas para transportar señales de TV a redes convergentes, de la provisión del servicio de manera independiente a la provisión de servicios empaquetados, de una única plataforma y terminal a multiplicidad de plataformas, terminales multipantallas, todo lo cual hace que (i) se desvanezca el límite antes existente entre redes y contenidos de televisión y demás contenidos audiovisuales, y que (ii) el mercado de la TV tanto abierta como cerrada se comparta con el de otros servicios prestados a través de distintas plataformas¿25.[18][18].
La convergencia crea desafíos regulatorios, algunos de los cuales son tema de discusión mundial que aplican a Colombia, aunque el desarrollo de las TIC no sea homogéneo en los distintos países, pero en general, es una línea común o tendencia generalizada el propender por la convergencia regulatoria, que reconozca el principio de neutralidad tecnológica y que integre la regulación de la infraestructura y la regulación de los contenidos, lo cual se facilita si existe un único organismo regulador.
En Colombia, como lo hemos descrito, en la actualidad existen tres entidades regulatorias: (i) de un lado, de acuerdo con las Leyes 1341 de 2009 y 1507 de 2012, tenemos a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, encargada de regular las condiciones de operación y explotación de la provisión de redes y servicios de comunicaciones y de los aspectos técnicos, de mercado y de calidad en materia de televisión; (ii) de otro lado, la Auto ridad Nacional de Televisión, que de acuerdo con la Ley 182 de 1995 y la Ley 1507 de 2012 está encargada fundamentalmente de la actividad concesional del servicio y de la regulación de contenidos en la televisión abierta y, por último, (iii) el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, responsable de la regulación del servicio de radiodifusión sonora.
Consciente de lo anterior y de la necesidad de adecuar el marco normativo a la nueva realidad tecnológica y de mercados en el sector de las Telecomunicaciones, incluyendo los servicios de televisión y de radiodifusión sonora, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrolló durante el año 2016, un ejercicio colectivo de construcción de política pública, a través de la realización de mesas técnicas de discusión realizadas en las ciudades de Cartagena, Cali, Medellín, Pereira y Bogotá, contando con la participación de los distintos actores de la industria, los gremios, la academia, la sociedad civil, las autoridades sectoriales y el Congreso de la Republica, y con el apoyo metodológico de la Universidad Externado de Colombia, a partir de las cuales se construyeron las memorias de las cinco mesas de trabajo y los documentos denominados ¿Compilación de las Relatorías de las cinco Mesas Técnicas de Televisión y Contenidos Audiovisuales Digitales¿, publicado en el mes de diciembre de 2016 en la sitio web de Mintic, mesasticytv@mintic.gov.co, en las que se puede identificar como inquietud y deseo común a todos los sectores en ellas representado, la conformación de un órgano regulador convergente, que sepa interpretar las necesidades de la industria y abordar los distintos aspectos de la regulación (Infraestructura y contenidos), de manera holística, aunque sabiendo identificar las particularidades de cada servicio.
En efecto, el Capítulo II del documento ¿Estudio: La regulación de los servicios audiovisuales en la convergencia digital. Una visión comparada con la Unión Europea, Estados Unidos de América y América Latina (México, Brasil, Argentina y Chile)¿26[19][19]que hace parte de las Conclusiones de las mesas técnicas, advierte también sobre la tendencia a nivel global hacia la conformaci ón de organismos reguladores convergentes para los sectores del audiovisual y las telecomunicaciones.
Tal es el caso de países como España, a través de la expedición de la Ley 3ª de 2015, Argentina con la expedición del Decreto número 267 de 2015 que modificó la estructura institucional de regulación basada en dos organismos (Afsca y la Aftic), creando un solo ente altamente especializado, denominado Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), India (CCI), Inglaterra, donde existían cinco órganos regulatorios de las comunicaciones y se unieron en uno solo (Ofcom), encargado de infraestructura y contenidos, además de México, Estados Unidos, Italia, Brasil y Francia, países que cuentan con organismo regulador autónomo e independiente.
La existencia de un solo organismo, convergente, autónomo e independiente, fue también recomendada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (2014)27[20][20]reconociendo a Colombia como un país que ha avanzado hacia el fortalecimiento de la normativa que rige las telecomunicaciones e identificando la necesidad que el organismo regulador sea un ente de mayor independencia en el que se encuentre separada la formulación de políticas y función de la regulación.
También el Departamento Nacional de Planeación (2017) en documento denominado ¿Diseño de un esquema de financiación para el sector TIC y audiovisual en el marco de la convergencia tecnológica y de mercados¿, respecto de la convergencia señaló: ¿Hoy día los servicios audiovisuales, telefonía y la provisión de datos no sólo se desarrollan a través de un mismo terminal (teléfonos y televisores inteligentes) sino a través de plataformas multipropósito (Skype, Facebook Live etc.), generando con ello nuevas necesidades respecto de la prestación de los servicios ¿anchos de banda- compartición de infraestructuras y posibilidad de interacción con todo tipo de elementos ¿Internet de las cosas- propiciando un proceso de convergencia de servicios, terminales y principalmente usuarios, que como se ha mencionado debe concluir en procesos de tipo normativo- regulatorios que incentiven al desarrollo mismo de los entornos, convergencia institucional¿.
De otro lado, resaltó la importancia del papel que cumple el Estado en el sector TIC respecto de su incidencia y representatividad, por cuanto en los servicios TIC se debe representar los pilares de la democracia cual es el poder expresarse y comunicarse libremente lo cual se puede garantizar a través del mejor entorno institucional que es aquel donde el Estado debe intervenir para hacer respetar derechos y garantías o promover la competencia.
Ese mismo documento reconoce también el avance de Colombia hacia la integración institucional y la convergencia de servicios, desde la Ley 1341 de 2009 en virtud de la cual se estableció el sector TIC como la reunión de servicios, prestadores, usuarios y del sector público y privado en general en torno a los desarrollos comunicativos y tecnológicos integrados.
Es así que del consenso de quienes participaron en las mesas de política pública y de las opiniones nacionales e internacionales respecto de la necesidad de un regulador convergente, surge que el tema se haya ubicado en el plano de una problemática pública que amerita la intervención de este gobierno, y en tal sentido, reconociendo además que la tecnificación general de la vida cotidiana en la que se involucra la informática, la electrónica y el consumo multimedia, necesariamente debe conllevar a cambiar los paradigmas regulatorios con el fin de adaptarse a las nuevas realidades del mercado, y a adecuar las políticas públicas del gobierno hacia una institucionalidad que se adapte y sea capaz de asumir también un reto de convergencia flexible, bajo un contexto de seguridad jurídica, el proyecto de ley que se presenta ante el honorable Congreso de la República, establece que a partir de la entrada en vigencia de la ley, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de que trata la Ley 1341 de 2009 se denominará Comisión de Comunicaciones, la cual adoptará la naturaleza jurídica de Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial, y técnica, que no estará sujeta a control jerárquico o de tutela alguno, que sus actos sólo son susceptibles de control ante la jurisdicción competente y que ejercerá además de las funciones previstas en la Ley 1341 de 2009, la competencia regulatoria integral de la provisión de redes y servicios de comunicaciones, y de los servicios de televisión y radiodifusión sonora, a la vez que la función concesional de estos últimos, dado que su régimen de prestación se basa en un modelo concesional, a diferencia del modelo de habilitación general y regis tro que rige la PRST28.[21][21].
La Comisión de Comunicaciones se concibe como el órgano encargado de promover la competencia, el pluralismo informativo, regular e intervenir para evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de radiodifusión sonora y de televisión, de aplicaciones y de contenidos sobre redes que soportan estos servicios, así como de las tecnologías de la información, con el fin de que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad, y se propenda por la consolidación de la economía digital.
La conformación de este ente convergente, implica la supresión y liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión y salvo la función de vigilancia y control, la asunción de todas sus funciones, entre las cuales además está la administración y gestión del Fondo para el Desarrollo de la TV y Contenidos, es cual de igual forma se traslada, manteniendo su estructura de ingresos y la destinación prioritaria de sus recursos hacia el fortalecimiento de la televisión pública, de tal manera que se garantice la sostenibilidad de esta.
Adicionalmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se desprende de la función regulatoria del servicio de Radiodifusión Sonora, y en cambio asume la de vigilancia y control del servicio de televisión que quedará, de manera integral y convergente, unida a la vigilancia y control que actualmente ejerce respecto de la provisión de redes y servicios de Comunicaciones y del servicio de radiodifusión sonora.
Por su parte la vigilancia y control de prácticas comerciales restrictivas se mantiene en la SIC, como agencia única de competencia y se confirma que la función de protección de los derechos de los usuarios es de su competencia.
La Agencia Nacional del Espectro continúa ejerciendo la competencia relativa a la adminis-tración y gestión del espectro electromagnético, manteniendo la función de vigilancia y control del uso ilegal del espectro electromagnético de manera integral.
En síntesis, las competencias respecto de todas las formas de telecomunicaciones incluyendo los servicios de televisión y radiodifusión sonora, se distribuyen así:
Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones
HABILITACIÓN GENERAL Y REGISTRO (PRST)
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y LICENCIAS (TV Y RADIODIFUSIÓN SONORA)
REGULACIÓN (Infraestructura y contenidos)
GESTIÓN DE ESPECTRO: Incluye Vigilancia y Control del uso ilegal del espectro
PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA, INTEGRACIONES EMPRESARIALES, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS
3. Competencia del Congreso de la República para modificar la estructura de la organización estatal del sector de las TIC
Respecto de la competencia del Congreso de la República para modificar la estructura del sector de las TIC, suprimiendo la ANTV, y conformando la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública al emitir concepto previo favorable sobre el Proyecto de Ley que se presenta ante el honorable Congreso de la República, manifestó en oficio con radicado 20176000243911 del 4 de octubre del año que transcurre:
¿1. Competencia para modificar la estructura
- Con relación a la determinación de la estructura de la administración pública en el orden nacional, esto es, la creación, fusión, escisión y supresión de entidades y organismos públicos, la Constitución Política consagra en el artículo 150, numeral 7, que le corresponde al Congreso de la República determinar directamente la estructura de la administración nacional y al Presidente de la República le corresponde, según el artículo 189 de la Carta Política, suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley (numeral 15) y modificar la estructura a los Ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley (numeral 16).
- En materia de televisión la Constitución Política, en el artículo 77, modificado por el artículo 2° del Acto Legislativo 02 de 2011, señala:
¿El Congreso de la República expedirá la ley que fijará la política en materia de televisión¿.
- El artículo 3° del Acto Legislativo 02 de 2011 establece que la Constitución Política de Colombia tendrá un artículo transitorio del siguiente tenor:
¿Artículo transitorio. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada de vigencia del presente acto legislativo, el Congreso expedirá las normas mediante las cuales se defina la distribución de competencias entre las entidades del Estado que tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y el control de los servicios de televisión. Mientras se dicten las leyes correspondientes, la Comisión Nacional de Televisión continuará ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la legislación vigente¿.
- En cumplimiento del anterior mandato constitucional, el Congreso expidió la Ley 1502 de 2012, ¿por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones¿, cuyo artículo 2° dispuso la creación de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), como una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial, presupuestal y técnica, la cual formará parte del sector de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
A pesar de que el Presidente de la República tiene competencia de carácter permanente para suprimir, modificar o reestructurar entidades del orden nacional, en este caso le corresponde la competencia al Legislador dada la naturaleza especial de la Autoridad Nacional de Televisión, principal organismo objeto de reestructuración. En consecuencia, en este punto encontramos ajustado el proyecto de ley¿.
Acto seguido, el concepto señala que el DAFP habiendo abordado la revisión de las modificaciones contenidas en el articulado del Proyecto de Ley, concluye que ¿Frente a la reorganización propuesta, la Función Pública comparte las razones técnicas que la sustentan señaladas en la exposición de motivos¿.
4. Ente regulador convergente autónomo e independiente
Se establece la Comisión de Comunicaciones como organismo regulatorio convergente, bajo la naturaleza jurídica de Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial, presupuestal y técnica, que hace parte del sector de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, pero sin adscripción ni vinculación al poder ejecutivo.
El Proyecto de Ley prevé que la Comisión de Comunicaciones tendrá una Junta de Comisionados de conformación plural, cinco (5) miembros, de los cuales dos (2) representan al Presidente de la República y tres (3) a la sociedad civil, designados y seleccionados, respectivamente, para períodos de seis (6) años, no reelegibles, y en el segundo caso, mediante procesos realizados por las Universidades escogidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para tal efecto.
Se plantea que de entre los miembros de la Junta de Comisionados se escogerá el Director de la Comisión de Comunicaciones, para períodos de un año reelegibles, la existencia de la secretaría técnica encargada del funcionamiento de la Junta y de la secretaría ejecutiva, encargada del funcionamiento administrativo de la entidad.
El primer elemento por destacar consiste en el hecho que de la Junta de Comisionados del organismo regulador, no hacen parte el Ministro de TIC y el Director del Departamento Administrativo de Planeación (DNP), quienes actualmente participan ambos en la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministro de TIC en la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión; es decir, quienes desempeñan estos altos cargos de la rama ejecutiva del poder público dejan de ingerir en las decisiones regulatorias del sector de las TIC, lo cual introduce un importante elemento de independencia del órgano regulador.
El proyecto de ley introduce un artículo relativo a los fines y principios de los servicios de televisión y radiodifusión sonora, no obstante la Ley 182 de 1995 en su artículo segundo establecerlos respecto del servicio de televisión y lo propio respecto del servicio de radiodifusión sonora, la Ley 1341 de 2009; sin embargo se pretende precisar que los principios son los fundamentos que han de tener en cuenta y observar las autoridades estatales que ejercen competencias sobre dichos servicios, a la hora de dirigir la política, de regular, de vigilar y controlar o de gestionar y administrar el espectro electromagnético. A su turno, los fines son los propósitos que deben orientar toda emisión y difusión de contenidos en los servicios de televisión y de radiodifusión sonora.
Dentro de los principios de estos servicios ocupa un puesto preponderante el derecho a la libre expresión, que se predica fundamentalmente de la radiodifusión de televisión y de radio, en la medida que éstas involucran contenidos informativos y de opinión, que son difundidos en forma abierta y gratuita a toda la población colombiana a través del uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, en desarrollo de la obligación estatal de procurar el acceso universal, y que entraña la observancia del postulado constitucional contenido en el artículo 75 CP29.[22][22]
Y es precisamente para salvaguardar el cumplimiento de ese mandato constitucional que se requiere la intervención estatal a través de un órgano independiente que ejerza la función de regulación y de otorgamiento de concesiones y licencias, reconociendo la convergencia y procurando los objetivos de igualdad de oportunidades en el acceso al uso del espectro electromagnético, el pluralismo informativo y la competencia, y evitando prácticas monopolísticas en el acceso al mismo.
De conformidad con el artículo 19(2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la libre expresión que le asiste a t oda persona ¿comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección¿, y son los medios de comunicación los que por excelencia lo ejercen, obviamente con las restricciones que dicho ejercicio implica, las cuales se asocian al respeto por las garantías constitucionales y derechos fundamentales de los demás, tales como el buen nombre, la privacidad, la igualdad, entre otros.
En la difusión de contenidos audiovisuales, estas restricciones se predican en beneficio de las audiencias objeto de tutela legal, consagrando como obligación de los medios el derecho a la libertad de expresión pero a la vez deberes de responsabilidad social que propugnan por la protección de los derechos de los administrados en general, generándose un equilibrio entonces entre quienes ejercen por definición la libertad de expresión y los destinatarios de la información o la comunicación pública.
En protección a ese equilibrio que debe caracterizar el ejercicio de las libertades y derechos propios versus el respeto por las garantías y derechos de los demás, es en lo que precisamente se justifica la existencia de un regulador independiente e imparcial, al que además le ha de corresponder el otorgamiento de concesiones y licencias lo cual constituye el mecanismo clave para la regulación del acceso a la prestación de los servicios de radio y televisión, a través del adelantamiento de procesos de selección objetivos y justos que garanticen la transparencia, inclusión y no discriminación.
Concebir un órgano regulador cuya conformación pluralista y su naturaleza independiente no sólo está conforme a las normas del Derecho Internacional, sino que contribuye, en un estado social de derecho como Colombia a la consolidación de la democracia y a la construcción de una paz estable y duradera.
A continuación, las características que marcarán la independencia del órgano regulador convergente:
1. La ley definirá con claridad las funciones a cargo de las distintas autoridades, sin dejar a la interpretación la atribución de las mismas; circunstancia que actualmente se presenta fundada en la ausencia de claridad que en algunos casos ofrece la Ley 1507 de 2012.
2. El órgano regulador convergente se constituirá como una agencia de naturaleza especial, sin relación jerárquica o de tutela frente al poder ejecutivo, concretamente frente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
3. De la Junta de Comisionados, no harán parte ni el Ministerio de TIC ni el Director del DNP.
4. La participación de la representación presidencial es minoritaria.
5. La Dirección de la entidad podrá recaer en cualquiera de sus miembros.
6. El período de los comisionados será de seis (6) años, en plena garantía que sus períodos no coincidirán con los del Presidente de la República.
7. El que los comisionados sean nombrados para ejercer durante un período fijo, los excluye de la espera de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, de manera tal que no pueden ser removidos a libertad y discreción del nominador.
8. Los procesos de selección de los comisionados deben desarrollarse con transparenc ia, publicidad y en un término limitado.
9. Todas las decisiones son susceptibles de desempate por la conformación impar de la Junta de Comisionados.
10. Los requisitos para ser experto comisionado son especialmente exigentes y garantizan que quien sea designado o elegido, cuenta con la formación académica y la experiencia específica que aseguran personas conocedoras del sector y de la industria.
11. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades es especialmente recio, lo cual evita que el órgano regulador sea susceptible de ser permeado por intereses políticos o económicos.
12. La administración y gestión del Fondo depositario de los recursos necesarios para la promoción y financiación del servicio, del que deriva los gastos de funcionamiento e inversión de la entidad, hacen que el presupuesto no sea un instrumento de manejo por parte del ejecutivo.
Ahora bien, debe coadyuvar la independencia y la clara división de poderes, la adopción de medidas que, aunque son comunes a las demás entidades el Estado, en un órgano regulador exigen toda atención y rigurosidad, tales como: (i) la publicidad de todos los proyectos regulatorios y de los procesos de selección para el otorgamiento de concesiones y licencias, en garantía que los administrados y especialmente los interesados o afectados por la regulación tengan los suficientes espacios de participación, y (ii) la rendición de cuentas a la ciudadanía.
En todo caso es importante resaltar que la independencia del órgano regulador que se predica en esta exposición de motivos responde a una verdadera convicción y certeza respecto de las bondades de la separación de dicha entidad del Gobierno o del poder ejecutivo.
5. Junta de comisionados de carácter transitorio
Prevé el Proyecto de Ley que a partir de la supresión de la Autoridad Nacional de Televisión, los actuales miembros de la Junta Nacional de Televisión de la ANTV, y los comisionados de la CRC, conformarán la primera Junta de Comisionados que estará conformada por 7 miembros en forma transitoria hasta cuando por vencimiento de los períodos de cada uno de ellos, se hayan de reemplazar, hasta conformar la junta en un número de 5 miembros en la forma como lo establece la norma pertinente.
Valga la precisión que la transitoriedad no se deriva del tiempo que a cada uno de los miembros de esta primera Junta de Comisionados le reste para completar su período, ni supone precariedad en el ejercicio de sus funciones; la denominación de transitoria, dice relación con el hecho que la primera Junta de Comisionados tendrá un número de siete (7) miembros y no de cinco (5) como está concebida en forma definitiva.
Importante advertir que para desempeñar el cargo de experto comisionado basta el mandato legal que contendrá la presente ley, y la adecuación que de carácter administrativo hará la entidad con relación a la denominación del cargo.
Como bien es sabido, Unesco ha sido especialmente vigilante de las experiencias de los distintos países respecto de los niveles de independencia de los entes reguladores, especialmente cara al respeto por el derecho a la libre expresión, al ejercicio libre del periodismo y en general a la observancia de buenas prácticas que garanticen la no injerencia de los gobiernos de turno en sus decisiones.
En orden a guardar consistencia con los estándares internacionales, el Ministerio de Tecnologías de la Información trabajó esta iniciativa de la mano con la Unesco, recibió sus recomendaciones y, teniendo en cuenta, las circunstancias propias de la organización y estructura del sector de las tecnologías de información en Colombia, incorporó algunas de ellas.
Además de las otras disposiciones que están contenidas en el proyecto de ley, que básicamente apuntan a ordenar el mercado, a incentivar la inversión privada a través de permisos de mayor tiempo tanto en el otorgamiento original como en su prórroga, a acceder a la prestación del servicio en condiciones de auténtica neutralidad, a promover en los operadores públicos la transmisión de contenidos multiplataforma, está prevista una norma transitoria que tiene como propósito establecer un mandato al Ministerio de TIC y al órgano regulador convergente para que durante los dos años siguientes a la expedición de la Ley realicen los estudios que resulten necesarios y pertinentes orientados hacia la definición de una tarifa única de contraprestación periódica derivada de la explotación del servicio, a cargo de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (TIC) y de los operadores de televisión por suscripción.
Se pretende con esta disposición que al fijar una tarifa única, se elimine la asimetría regulatoria que da origen al arbitraje entre los distintos servicios, en la medida que al operador o proveedor le sea indiferente su aplicación a los ingresos provenientes de uno u otro, y desincentive el subreporte que por la práctica del arbitraje se registra, todo lo cual debe procurar la garantía de los ingresos necesarios para la promoción de manera prioritaria de la televisión pública, sin perjuicio de las facultades extraordinarias de que se revestirá el Presidente de la República para identificar y definir otras fuentes de financiamiento de la citada televisión pública.
Acompaña a la anterior norma en el propósito de desincentivar el subreporte una disposición que ordena la migración de las redes de televisión por suscripción de la tecnología análoga a la digital, en el tiempo que establezca la Comisión de Comunicaciones, circunstancia que además ordena el mercado para múltiples propósitos.
Adicionalmente se establece con claridad que el ente regulador convergente en consideración a la naturaleza jurídica que lo acompaña, podrá adoptar su propia estructura orgánica, su planta de personal, y darse su propio reglamento, y que el Gobierno adelantará las adecuaciones de orden presupuestal necesarias para adecuar presupuestalmente la entidad a las disposiciones previstas en la ley.
Por último y, no obstante, el ejercicio minucioso de distribución de las competencias estatales frente al sector de las TIC, entre los servicios de televisión y radiodifusión sonora, se prevé como una fórmula a prevención, la cláusula general de competencia en cabeza de la Comisión de Comunicaciones.
Se prevé que la ley entre en vigencia a partir de su promulgación y con ella se derogan todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial, los artículos 2° de la Ley 182 de 1995, 19, 20 y 21 de la Ley 1341 de 2009, 1° a 15, 17, 19, 20, y 22 de la Ley 1507 de 2012 y el artículo 42 de la Ley 1753 de 2015 y modifica el primer inciso del artículo 12 y el inciso 3° del artículo 59 de la Ley 1341 de 2009.
Lo anterior indica que las disposiciones legales que actualmente rigen la provisión de redes y servicios de comunicaciones y la operación y explotación de los servicios de televisión y de radiodifusión sonora, se mantienen vigentes, salvo aquellas disposiciones que se mencionan expresamente como derogadas o que al confrontar su contenido con disposiciones de la presente ley, las primeras establezcan una regla contraria.
Por último señalar, que esta iniciativa ha sido producto del ejercicio de consulta con los distintos estamentos interesados en las tecnologías de la información y las comunicaciones y en la industria de contenidos audiovisuales, sin perjuicio del espacio de participación que dichos estamentos pudieran tener en el seno del Congreso de la República dentro del trámite del presente proyecto.
CÁMARA DE REPRERSENTANTES
El día 17 de octubre de 2017 ha sido presentado en este despacho el Proyecto de ley número 174 con su correspondiente exposición de motivos, por el doctor David Luna Sánchez y honorables Representantes y honorables Senadores.
[1][1] Artículo 76 C.P., texto original: ¿La dirección de la política que en materia de televisión determine la Ley sin menoscabo de las libertades consagradas en esta Constitución, estará a cargo del organismo mencionado.
La televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio. La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una Junta Directiva integrada por cinco (5) miembros, la cual nombrará al director. Los miembros de la Junta tendrán período fijo. El Gobierno nacional designará dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión. La Ley dispondrá lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la organización y funcionamiento de la Entidad. (¿)¿.
[2][2] María del Pilar Bahamón Falla, AUTORIDADES NACIONALES DE REGULACIÓN. LA FUNCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL. RETOS EN EL ENTORNO DIGITAL, Artículo ¿Política regulatoria en materia audiovisual para Colombia, la visión de futuro para este sector¿, Universidad Externado de Colombia, Publicación en proceso de Edición.
[3][3]10 Ley 1341 de 2009, artículos 17 y 18.
[4][4]11 Ley 1341 de 2009, artículo 57.
[5][5]12 Ley 1341 de 2009, Artículo 60.
[6][6]13 Ley 182 de 1995, CAPÍTULO V, DE LAS CONCESIONES, artículo 46 y ss.
[7][7]14 Ley 1507 de 2012, artículo 3°.
[8][8]15 Ley 1341 de 2009, artículos 57 y 58.
[9][9]16 Ley 182 de 1995, artículo 5 literal g) (TV) y Ley 1341 de 2009, artículo 62 (radiodifusión sonora).
[10][10]17 Ley 1341 de 2009. artículo 26.
[11][11]18 Ley 182 de 1995, artículo 5°.
[12][12]19 Ley 1507 de 2012. artículo 12.
[13][13]20 ¿María del Pilar Bahamón Falla, AUTORIDADES NACIONALES DE REGULACIÓN. LA FUNCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL. RETOS EN EL ENTORNO DIGITAL, Artículo ¿Política requisitoria en materia audiovisual para Colombia, la visión de futuro pa ra este sector¿, Universidad Externado de Colombia, Publicación en proceso de Edición.
[14][14]21 UIT, 2004.
[15][15]22 Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales.
[16][16]23 Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (UIT), 2012.
[17][17]24 Constitución Política, artículos 76 y 77, texto o riginal:
¿ARTÍCULO 76. La intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y programas del Estado en el servicio a que hace referencia el inciso anterior¿. (Derogado por el artículo 1°, Acto Legislativo 002 de 2011).
ARTÍCULO 77. La dirección de la política que en materia de televisión determine la Ley sin menoscabo de las libertades consagradas en esta Constitución, estará a cargo del organismo mencionado. La televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio. La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una Junta Directiva integr ada por cinco (5) miembros, la cual nombrará al director. Los miembros de la Junta tendrán período fijo. El Gobierno nacional designará dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión. La Ley dispondrá lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la organización y funcionamiento de la Entidad.
PARÁGRAFO. Se garantizarán y respetarán la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravisión. (Modificado por el artículo 1°, Acto Legislativo 002 de 2011).
[18][18]25 María del Pilar Bahamón Falla, AUTORIDADES NACIONALES DE REGULACIÓN. LA FUNCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL. RETOS EN EL ENTORNO DIGITAL, Artículo ¿Política regulatoria en materia audiovisual para Colombia, la visión de futuro para este sector¿, Universidad Externado de Colombia, Publicación en proceso de Edición.
[19][19]26 Ángel García Cartillejo, (2016).
[20][20]27 OECD (2014) Estudio de la OECD sobre políticas y regulación de Telecomunicaciones en Colombia.
[21][21]28 Provisión de redes y servicios de telecomunicaciones.
[22][22]29 Constitución Política de Colombi a, ¿ARTÍCULO 75. El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético¿.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 13

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 18

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 8

Artículo 12
 artículo 16

Artículo 13
 artículo 22

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 5
 artículo 20
 artículo 35

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22
 artículo 5

Artículo 23
 artículo 5
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 53

Artículo 24
 artículo 5
 artículo 25

Artículo 25
 artículo 18
 artículo 5
 artículo 53

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 5
 artículo 2

Artículo 28
 artículo 22

Artículo 29
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 62

Artículo 30
 artículo 35
 artículo 18

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35
 artículo 12
 artículo 12

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41
 artículo 42
 artículo 12
 artículo 334
 artículo 365
 artículo 75
 artículo 77
 artículo 1
 artículo 76
 artículo 4

Artículo 10
 artículo 5

Artículo 11

Artículo 22
 artículo 5

Artículo 53

Artículo 15

Artículo 12
 artículo 5
 artículo 106
 artículo 18
 artículo 188
 artículo 20
 artículo 5

Artículo 13
 artículo 5

Artículo 14
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 22
 artículo 150
 artículo 189
 artículo 77
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 75
 artículo 19
 artículo 42
 artículo 12
 artículo 59
 Artículo 76
 artículo 57
 Artículo 60
 artículo 46
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 62
 artículo 26
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 1

ARTÍCULO 77
 artículo 1