Source: http://www.argentina-rree.com/14/14-066.htm
Timestamp: 2017-12-14 08:06:20+00:00

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Las principales coincidencias entre los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Ronald Reagan se dieron en torno de los principios de defensa de la democracia y de los derechos humanos y la común pertenencia a Occidente. Pero este acuerdo en los principios no pudo ocultar la presencia de notorias divergencias de intereses en temas de peso de la agenda bilateral: la deuda externa, la crisis centroamericana, la política nuclear, el desarrollo del proyecto misilístico Cóndor II, y los vínculos militares entre la Argentina y Estados Unidos.
Ya durante el primer viaje del presidente argentino a Estados Unidos en septiembre de 1984, Alfonsín y Reagan coincidieron en que los objetivos básicos que animaban a los pueblos de la Argentina y Estados Unidos eran "la democracia, el pluralismo, la dignidad del hombre, los derechos humanos, la libertad y la justicia social (1)".
Por cierto, tras las traumáticas experiencias de efecto potencialmente desestabilizador para la región emprendidas por la dictadura militar, como la "casi guerra" con Chile y el conflicto angloargentino por Malvinas, la administración Reagan desistió del respaldo otorgado a los regímenes autoritarios de derecha por su vocación anticomunista y optó por preferir los regímenes democráticos, mucho más previsibles en términos del statu quo regional. Este factor de previsibilidad llevó a que algunos sectores de la administración Reagan coincidieran con la perspectiva del gobierno radical respecto de la existencia de un nexo entre seguridad, desarrollo económico y consolidación del proceso democratizador en la Argentina y en el resto de América Latina (2).
Sin embargo, como veremos, existieron temas en que la concertación se hizo muy difícil. Uno de ellos fue el problema de la deuda externa. Mientras que para el gobierno de Alfonsín esta cuestión se resolvería sólo a través de la concertación política multilateral entre los países acreedores y deudores, para el gobierno norteamericano éste era un problema exclusivamente financiero, que debía solucionarse resolverse a través de la negociación bilateral entre cada gobierno deudor y los bancos acreedores. En todo caso, el rol jugado por Washington debía limitarse al de un mediador que favoreciera una mejor comunicación entre el gobierno argentino y los bancos privados (3).
Por cierto, durante la campaña electoral del año 1983 que lo llevó finalmente a la presidencia, Alfonsín defendió la necesidad de politizar la deuda, en tanto las políticas de ajuste "ortodoxo" recomendadas por los organismos internacionales de crédito debilitarían las nacientes democracias de la región, demasiado vulnerables para soportar los efectos sociales de las medidas de austeridad. Asimismo, el candidato radical prometió que pagaría sólo los compromisos considerados legítimos de la cuantiosa deuda legada por el Proceso militar (4). En la primera conferencia de prensa que ofreció al asumir el gobierno, el 12 de enero de 1984, Alfonsín volvió a repetir estos conceptos, y también lo hizo a mediados de mayo de 1984, cuando expresó su indignación ante el alza de las tasas de interés, que aumentaba considerablemente lo que la Argentina debía pagar en ese año. En esta ocasión ratificó la decisión del gobierno argentino de cumplir con los compromisos exteriores, pero aclaró que dicho cumplimiento sólo sería posible "en un marco ético y equitativo que atienda nuestras propias necesidades de paz democracia y desarrollo (5)". Asimismo, el ministro de Economía, Bernardo Grinspun, sostuvo con una mezcla de arrogancia e ingenuidad que "ellos (los acreedores) son más débiles que nosotros, porque si nosotros nos negamos a pagar ellos no tendrán forma de cobrarnos nada (6)".
De acuerdo con esta percepción simplista del problema de la deuda, Grinspun decidió como primera medida suspender el pago de la misma hasta el 30 de junio de 1984 con el objetivo de evaluar su monto y legitimidad. Con posterioridad a esa fecha, las autoridades económicas argentinas renegociarían los pagos con la banca acreedora, pero considerándose como terminado el acuerdo stand-by firmado por el régimen militar. Asimismo, el gobierno argentino declaró su intención de no utilizar sus reservas para cancelar intereses atrasados (7).
En este contexto de progresivo endurecimiento, el paquete de "salvataje financiero" de 500 millones de dólares otorgado a la Argentina el 31 de marzo de 1984 no debe ser interpretado como un gesto de "flexibilización" unilateral de parte de la banca. En realidad, el grueso de este préstamo no provino de los bancos norteamericanos o de otros países acreedores, sino de los propios deudores de la región: los gobiernos de México, Venezuela, Brasil y Colombia aportaron 300 de los 500 millones. Por su parte, para acceder a este paquete de rescate financiero, el ministro Grinspun debió ceder y utilizar una parte de las reservas para cancelar intereses atrasados -contribuyó con 100 millones-. Finalmente, el Departamento del Tesoro y los bancos privados norteamericanos, en un gesto de buena voluntad aportaron los 100 millones restantes. A decir verdad, este doble préstamo puente, que partió de la iniciativa del secretario de Hacienda mexicano, Jesús Silva Herzog, constituyó una verdadera fórmula de transacción en donde todas las partes cedieron para evitar un callejón sin salida al problema de la deuda. Para las autoridades radicales, la concesión de una parte de sus reservas le permitió acceder al préstamo y cumplir con el pago de intereses vencidos antes del 31 de diciembre de 1983. Para el gobierno y la banca norteamericanos, su pequeña participación en el paquete de rescate financiero evitó que la Argentina se convirtiera en un peligroso modelo a imitar por parte de los demás países deudores. A su vez, los cuatro países latinoamericanos, que tuvieron la participación mayoritaria en el rescate financiero de la Argentina, buscaron sumar puntos ante la banca acreedora y evitar que estallara un precedente negativo para futuras negociaciones (8).
De todos modos, en marzo de 1984 tanto el presidente del Eximbank, William Draper, como el secretario del Tesoro norteamericano, Donald Regan, coincidieron en rechazar la posición argentina de concertación política en materia de endeudamiento externo. Por su parte, el subsecretario del Tesoro norteamericano, Robert Mc Namara, sostuvo en mayo del mismo año que no habría nuevos créditos hasta que las autoridades argentinas no llegaran a un acuerdo con el FMI antes del 31 de ese mismo mes (9).
No obstante, Grinspun mantuvo su posición ante los bancos. El 11 de junio, decidió enviar al director gerente del FMI, Jacques de Laroisiere, en forma unilateral -es decir, sin contar previamente con la anuencia de la misión de técnicos del Fondo que estaba en ese momento en Buenos Aires- una carta de intención donde se reflejaban los puntos de vista "heterodoxos" del titular de Economía respecto de la balanza comercial, salarios y déficit fiscal (10). La actitud del ministro Grinspun provocó la reacción del Departamento del Tesoro norteamericano, que el 15 de junio retiró el ofrecimiento de un préstamo de 300 millones de dólares, condicionando el estudio de una nueva solicitud de crédito a un acuerdo previo entre la Argentina y el FMI. El mismo día, el Citibank envió un télex a 320 acreedores bancarios informándoles de la incapacidad del gobierno argentino para cumplir con sus obligaciones financieras y que, por ende, la cuota de 750 millones de dólares correspondiente al préstamo puente de fines de 1982 "se renovará día a día hasta nuevo aviso". El 18 del mismo mes, el comité asesor de bancos acreedores decidió postergar toda decisión sobre nuevos créditos a la Argentina, subordinando su decisión a la evolución de las negociaciones entre la Argentina y el FMI (11).
A pesar de este endurecimiento, la banca acreedora terminó por otorgar, a fines de junio, un nuevo paquete de rescate al gobierno radical, aunque con mayores condiciones que el de fines de marzo. Así, en este nuevo acuerdo, la Argentina debió pagar de sus reservas un monto mayor que en el anterior -225 millones de dólares de los 350 millones de intereses adeudados que vencían el 30 de junio-. Por su parte, y no obstante las prevenciones adoptadas por el Fondo en este nuevo paquete, varios bancos norteamericanos registraron importantes pérdidas por préstamos morosos otorgados a la Argentina (12).
Si bien los especialistas del período coinciden en calificar la política adoptada por las autoridades económicas argentinas como confrontacionista respecto de los bancos acreedores, no existe el mismo grado de acuerdo respecto de los efectos de la actitud argentina en el gobierno y los bancos norteamericanos. Según el académico norteamericano Joseph Tulchin, la retórica vehemente de Grinspun no encontró mayor eco en el gobierno de Reagan y en las autoridades financieras norteamericanas, que adoptaron una actitud tolerante, privilegiando la estabilidad de la aún frágil democracia argentina (13). En cambio, Alicia Frohmann considera que el tono de confrontación utilizado por el titular de Economía, sumado a la falta de un programa económico confiable que tranquilizara a los banqueros e inversores externos, fueron factores que contribuyeron decisivamente a disipar la inicial tolerancia del gobierno norteamericano para con la naciente democracia argentina. Dicha actitud fue reemplazada por un endurecimiento del gobierno y la banca norteamericanos, con el objetivo de encarrilar a la Argentina en el camino del ajuste y prevenir una eventual moratoria que tuviera repercusión regional (14).
Por cierto, los paquetes de "rescate financiero" constituyeron tan sólo alivios coyunturales que no resolvieron el dilema económico en el que estuvo inmerso el gobierno radical en su primera etapa. Si éste continuaba en el sendero iniciado por Grinspun perdía la credibilidad externa; si, por el contrario, optaba por el camino de acordar con el FMI y aplicaba recetas "ortodoxas" para sanear la situación económica interna, allanaba el camino para obtener el apoyo de banqueros e inversores, pero se alejaba de lo prometido en la plataforma electoral y agitaba la oposición de los dirigentes sindicales.
Dado este dilema, el gobierno radical optó por una solución intermedia, que permitiera una "relación madura" con Estados Unidos y los organismos de crédito sin enajenar los apoyos internos. Para ello, tanto el presidente Alfonsín como su canciller Dante Caputo no dudaron en disminuir sus críticas a la administración Reagan en los dos temas más ríspidos de la agenda bilateral -deuda externa y crisis centroamericana-, con el fin de obtener el respaldo político de la Casa Blanca en las delicadas negociaciones con la banca. Ya en su primera visita a Estados Unidos en septiembre de 1984, Alfonsín efectuó el inicio de lo que Roberto Russell denomina "giro realista" en la relación con Estados Unidos, al sostener que la intención de su gobierno era la de "trabajar, producir, exportar y pagar lo que debemos", desterrando la vieja promesa electoral de repudiar la "deuda ilegítima" heredada del Proceso militar. Incluso, el presidente argentino procuró aventar cualquier temor de Washington respecto de la emergencia de un pool de países deudores liderados por la Argentina, al afirmar el propósito del gobierno radical de buscar alguna instancia de diálogo entre los países industrializados y los de América latina para resolver los problemas financieros de la región (15).
De esta manera, varios factores llevaron al agotamiento de la estrategia confrontacionista del ministro Grinspun: la falta de un programa económico que generara confiabilidad interna y externa; las presiones de los bancos y el gobierno norteamericano en favor de la "disciplina económica"; el fracaso de la estrategia regional multilateral esbozada en las reuniones de Quito, Cartagena y Mar del Plata, y finalmente la falta de apoyo de las socialdemocracias europeas a la estrategia argentina de dar un tratamiento político al problema del endeudamiento (16).
El "giro realista" adoptado por el gobierno radical logró un resultado concreto a fines de diciembre de 1984, cuando las autoridades argentinas cerraron un acuerdo stand-by con el FMI en el que la propia administración Reagan jugó un destacado papel de arbitraje entre las autoridades de Buenos Aires y los bancos. No obstante su colaboración, el gobierno republicano exhortó al argentino a que adoptara medidas de ajuste como las recetadas por los bancos (17).
Sin embargo, la rápida aceleración de la inflación a principios de 1985 obligó a que las autoridades del Fondo sólo hicieran un desembolso del préstamo stand-by en enero, para posteriormente suspender el convenio. Este factor debilitó notoriamente la ya precaria posición del equipo económico del ministro Grinspun, quien en febrero de 1985 fue reemplazado por el ministro Juan Vital Sourrouille (18).
En el segundo viaje del presidente argentino a Estados Unidos, en marzo de 1985, si bien Alfonsín reiteró su posición crítica frente al problema del endeudamiento externo, puso también énfasis en la necesidad de adoptar las medidas de reforma estructural del estado y de privatizaciones, en forma acorde con la filosofía "ortodoxa" de los financistas y empresarios norteamericanos. Particularmente, Alfonsín anunció en la ciudad de Houston la intención de su gobierno de licitar áreas petrolíferas para la inversión privada -el denominado Plan Houston (19)-.
Precisamente en esta segunda visita presidencial, el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, señaló a los miembros de la comitiva argentina que era necesario "hacer algo contra la inflación" mas allá del cumplimiento de las metas nominales estipuladas por el FMI (20). En junio de ese mismo año, el ministro de Economía Sourrouille se reunió con Volcker y el director gerente del FMI, Jacques de Laroisiere, presentándoles un plan de estabilización económica basado en un shock pero de características "heterodoxas", ya que incluía un congelamiento de precios. A pesar de la resistencia que acusó entre los técnicos del Fondo un plan de características no convencionales, el 11 de junio se anunció un convenio con el FMI, como resultado de la presión de Laroisiere sobre el staff técnico del Fondo. Este principio de acuerdo cerró el problema que el equipo económico de Sourrouille heredara de la gestión de Grinspun: la suspensión, a principios de 1985, del desembolso del stand-by convenido en diciembre de 1984. Con el respaldo del director gerente del FMI al memorándum de entendimiento presentado por las autoridades argentinas, el gobierno radical pudo lanzar tres días después, el 14 de junio de 1985, el primer plan de estabilización, denominado Plan Austral (21).
Por cierto, el lanzamiento del Plan Austral contribuyó a despejar las dudas que los banqueros y potenciales inversores norteamericanos tuvieron respecto de la economía argentina durante el primer tramo de la administración radical. Asimismo, profundizó el "giro realista" iniciado en la segunda mitad de 1984 y abonó el camino para lo que Russell -siguiendo una conocida expresión de la Cancillería argentina en aquel momento- definió como la "recomposición madura" de las relaciones entre la Argentina y Estados Unidos. No obstante, esta "recomposición" implicó puntos de coincidencia y puntos de disidencia con Washington. Las "convergencias esenciales" se verificaron en el enunciado de una serie de valores comunes a los regímenes democráticos de ambos países: apoyo a la ampliación y fortalecimiento de la democracia; pertenencia a Occidente; pleno respeto a los derechos políticos, sociales, económicos y humanos; defensa de la libertad y la justicia. Los desencuentros -o "diferencias metodológicas"- surgieron cuando esos valores e ideales pasaron del nivel de la retórica al de su realización efectiva (22).
La implementación del Plan Austral, sumada a los anuncios de medidas de privatizaciones efectuados por el presidente Alfonsín durante su gira por Estados Unidos, generó una reacción positiva tanto en el gobierno norteamericano como en los organismos financieros internacionales, evidenciada en una serie de "gestos" destinados a respaldar al equipo económico de Juan Vital Sourrouille. Así, a principios de julio, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, Richard Lugar, sostuvo durante su visita a Buenos Aires que "la Tesorería de los Estados Unidos se siente comprometida con el éxito del nuevo Plan del gobierno argentino (23)". Otro "gesto" positivo hacia las autoridades argentinas fueron las declaraciones del subsecretario para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Richard Holwill, quien, de visita en Buenos Aires a fines de julio para observar la aplicación del programa antiinflacionario argentino, admitió que las relaciones entre ambos países habían adoptado un sesgo diferente a las predominantes durante la etapa Grinspun (24).
Asimismo, se registraron una serie de préstamos al gobierno argentino por parte de organismos financieros internacionales que demostraban la confianza de los bancos en el Plan Austral y las medidas de privatización anunciadas por la administración radical. Así, tras el visto bueno otorgado el 11 de junio de 1985 por el director gerente del FMI Laroisiere a lo que sería el Plan Austral, quedó abierto el camino para que a fines de agosto de ese mismo año se firmaran los convenios entre las autoridades argentinas y los representantes de los bancos comerciales (25).
A mediados de junio de 1986 y a pesar del incumplimiento de las metas pactadas con el FMI, la Argentina obtuvo un waiver del Fondo gracias a la presión de los representantes norteamericanos del organismo. En septiembre de ese mismo año, -luego del acuerdo logrado entre el gobierno mexicano y el Comité de Bancos en julio- otra vez fue el gobierno norteamericano el que, en otro "gesto" de buena voluntad hacia el gobierno argentino, presionó a la banca acreedora para que ésta diera prioridad a la Argentina antes que a Brasil (26).
El respaldo de la banca -y, sobre todo, de los representantes norteamericanos en la misma- continuó en 1987, a pesar de que en ese año el radicalismo perdió las elecciones legislativas y con ellas se esfumaron buena parte de las posibilidades de concretar las reformas previstas en la fase II del Plan Austral. Así, en el contexto de la crisis financiera provocada por la decisión brasileña de suspender los pagos de intereses a la banca extranjera, el gobierno norteamericano nuevamente presionó para que doce países industrializados concedieran a través de sus bancos centrales un préstamo puente por 500 millones de dólares a la Argentina en febrero de 1987 (27). En abril de ese mismo año, nuevamente la presión del gobierno norteamericano obligó al Comité de Bancos a acordar con las autoridades argentinas un acuerdo de reprogramación de la deuda con condiciones ventajosas para éstas (28). Finalmente, a mediados de noviembre, el Departamento del Tesoro norteamericano, en forma conjunta con el Banco de Acuerdos Internacionales de Basilea, el Banco de la República de Colombia, el Banco de México y el Banco Central de Uruguay, concedió a las autoridades radicales un crédito puente por 500 millones de dólares (29).
Durante el año 1988, el apoyo norteamericano a la economía argentina se renovó. Así, en febrero de dicho año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió a la Argentina un crédito puente por 550 millones de dólares, destinado a aliviar la precaria situación de divisas que en ese momento atravesaba la economía argentina. Este crédito fue de carácter bilateral, es decir, se realizó sin la participación de bancos centrales de otros países, como había sido habitual hasta ese momento en operaciones financieras para la Argentina (30). En agosto, el gobierno de Estados Unidos -decidido a evitar cualquier crisis en las relaciones financieras internacionales que pudiera entorpecer el camino hacia las elecciones presidenciales de noviembre, y preocupado por la posibilidad de que el gobierno de Alfonsín cayera nuevamente en una situación de hiperinflación- aprobó un nuevo stand-by por 500 millones de dólares, en apoyo explícito al nuevo plan de estabilización lanzado por el equipo económico de Sourrouille, el llamado Plan Primavera (31). Y a fines de septiembre, el presidente del Banco Mundial, Barber Conable, anunció, junto al ministro de Economía argentino Sourrouille en conferencia de prensa, la concesión de préstamos por 1250 millones de dólares sin que existiera un acuerdo previo con el FMI (32).
No obstante el mencionado respaldo político de Estados Unidos a las negociaciones del gobierno argentino con la banca acreedora, en muchos círculos financieros y en algunos del propio gobierno norteamericano no se disiparon totalmente las dudas sobre el horizonte económico argentino. Estas dudas se debieron a la fuerte resistencia interna que debió enfrentar el gobierno radical tanto respecto de su actitud negociadora con la banca, como de sus anuncios de medidas privatizadoras en marzo de 1985 y del discurso presidencial de Parque Norte presentando el programa de modernización económica, efectuado en diciembre de ese mismo año.
En cuanto al tema de la deuda, hubo resistencias a la actitud del gobierno tanto en la oposición como en el propio partido gobernante. Así, durante la llegada de Rockefeller a la Argentina en enero de 1986, el banquero norteamericano fue repudiado no sólo a través de manifestaciones callejeras por los sectores de izquierda -Partido Obrero (PO), Movimiento al Socialismo (MAS), Partido Comunista (PC) y activistas montoneros-, sino también por sectores juveniles tanto de la izquierda como del propio radicalismo, quienes confluyeron en el Movimiento de Juventudes Políticas (MOJUPO) (33). Incluso el veterano asesor radical Aldo Tessio, un alfonsinista, atacó a Rockefeller como un "chupasangre" responsable de "haber acelerado la caída del gobierno de Illia". Tessio se enfrentó abiertamente con la estrategia negociadora del ministro de Economía Sourrouille y tanteó a dirigentes radicales con el objetivo de programar un encuentro latinoamericano en Buenos Aires, una especie de "club de deudores". La movida de Tessio irritó profundamente al presidente Alfonsín, quien respaldó las gestiones de Sourrouille ante el banquero norteamericano (34).
Por cierto, Alfonsín captó el descontento de su propio partido y de amplios sectores de la sociedad con la estrategia hasta entonces adoptada por Sourrouille de diálogo con los bancos y el FMI, y de pago de intereses anuales en virtud de la cantidad de divisas disponibles a partir del superávit del comercio exterior. Entre 1984 y 1988 se transfirieron 10.000 millones de dólares en concepto de intereses, prácticamente el superávit comercial de ese período que fue de 10.500 millones; mientras que la deuda ascendió de 43.000 a 55.000 millones-. Estas cifras, sumadas al deterioro de las condiciones de vida, la reducción de la acumulación de capital durante el lapso 1984-1988, y el fracaso del oficialismo en las elecciones legislativas de 1987 fueron factores que movieron a Alfonsín a actuar personalmente. Aprovechando su viaje como orador en la Tercera Sesión Especial de la Asamblea de la ONU por el Desarme, el presidente argentino expuso ante los bancos, el 31 de mayo de 1988, una propuesta alternativa sobre la deuda, basada en la reducción de la tasa de interés que gravaba el capital adeudado a los bancos internacionales del 8,5% al 4% anual, un aumento en el cupo vigente de capitalización de la deuda y un mayor protagonismo del Banco Mundial como garante de cobro para los bancos acreedores, salteando al FMI. Sin embargo, la propuesta de Alfonsín, que no implicaba una disminución en la cantidad de divisas que la Argentina abandonaba efectivamente a los bancos, pero buscaba evitar que la deuda siguiera creciendo con la baja de la tasa de interés, chocó con el escepticismo del secretario adjunto del Tesoro norteamericano, Peter Mc Pherson, quien señaló que la propuesta argentina generaba "intranquilidad" porque "no sabemos cuáles son las garantías de que la Argentina esté en condiciones de cumplir con medidas de ajuste". Por su parte, los medios financieros de Wall Street señalaron que el problema del entonces llamado "Plan o Programa Alfonsín" era que el gobierno argentino demostraba en realidad tener más interés en negociar que en cumplir el ajuste (35). Por otra parte, la propuesta de Alfonsín no tuvo eco en Estados Unidos porque la administración republicana de Reagan ya había ingresado en su tiempo de descuento y no podía dar una respuesta antes de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales.
Asimismo, el "Programa Alfonsín" sufrió severas críticas internas de las fuerzas de oposición. Por el lado del peronismo, el precandidato presidencial Carlos Menem se manifestó en contra de la propuesta señalando que "es insuficiente porque significa pagar dos mil millones de dólares al año, mientras que con el esquema actual en 1987 sólo se transfirieron mil millones". La Izquierda Democrática Popular (IDEPO) señaló que la propuesta planteada por Alfonsín era un cambio en el sentido negativo, ya que implicaba una mayor transferencia de divisas que la efectuada hasta ese momento. Por su parte, el Partido Intransigente (PI) se manifestó en contra y a favor de una moratoria, y la democracia cristiana (DC) sostuvo que la propuesta "es irrelevante e incapaz de revertir el estancamiento productivo y la degradación del nivel de vida de los argentinos", sugiriendo a cambio un esquema "que condicione el pago de los intereses al nivel y los precios de las exportaciones". Con una posición igualmente crítica hacia el plan sobre la deuda, pero con argumentos esencialmente diferentes a los anteriormente señalados, la Unión del Centro Democrático (UCD) sostuvo que la estrategia del gobierno "reincide en tratar de buscar soluciones alrededor de la deuda externa, cuando ése no es el problema que nos aqueja (36)".
Por cierto, durante una asamblea conjunta del FMI y del Banco Mundial que tuvo lugar en Berlín en septiembre de 1988, quedó establecido el compromiso del Fondo de otorgar a la Argentina un préstamo de 1252 millones de dólares destinado al comercio exterior, reformas del sistema financiero, vivienda y energía (37). No obstante este apoyo de las autoridades del Fondo -que contó a su vez con el respaldo político del gobierno norteamericano-, vale advertir que el mismo se limitó a otorgar un alivio sólo coyuntural a los problemas financieros de la economía argentina. Los esfuerzos realizados por las autoridades de Buenos Aires en materia de reformas estructurales en la última etapa, aunque apreciados en Washington, no implicaron un cambio drástico en las divergencias entre países acreedores y deudores. Contra las expectativas del gobierno argentino, que se quejaba del desequilibrio existente entre el "ritmo de comprensión" del problema y el "ritmo de la crisis", las autoridades norteamericanas no adoptaron recetas que excedieran el marco estrictamente coyuntural en sus relaciones financieras con la Argentina. Por cierto, ello se debió a una serie de incertidumbres derivadas de la situación política y económica en el último tramo de la gestión de Alfonsín. Entre las dudas de orden político, figuraban las asociadas a la sucesión del gobierno radical, quien además debió sufrir en esa época una nueva rebelión militar -la de Villa Martelli- en diciembre de 1988. Entre las incertidumbres de índole económica, se hallaban las vinculadas a la reforma del Estado que no lograban concretarse (38).
Pero, además, el préstamo de 1252 millones de dólares obligaba a una serie de metas -aprobación del presupuesto de 1989 antes del fin de 1988; reducción del déficit fiscal al 2,4% en 1989; aumento de la recaudación; y rebaja de aranceles- que las autoridades económicas no cumplieron. Ante la poco feliz performance del equipo del ministro Sourrouille y el agotamiento del Plan Primavera, las autoridades del Banco Mundial adoptaron un paso drástico, que dejó a dicho equipo sin su principal aliado externo: el 2 de mayo de 1989, el titular del organismo, Barber Conbale, anunció que suspendía los desembolsos a la Argentina "por incumplimiento de condiciones". Del préstamo de 1252 millones de dólares de septiembre de 1988 sólo se recibieron 150 para la política comercial y 104 para energía eléctrica (39).
Por cierto, el gobierno de Alfonsín ni siquiera pudo contar a su favor con la ayuda que planteaba el "Plan Brady" de reducción de la deuda externa, una alternativa que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Nicholas Brady, lanzó para evitar estallidos regionales como el "Caracazo" de principios de marzo de 1989. Pero como el equipo económico argentino no había cumplido las metas exigidas por los organismos de créditos internacionales, la Argentina no pudo entrar al Brady hasta el gobierno de Carlos Menem (40).
Otro tema de disenso con el gobierno norteamericano fue la actitud ante la crisis centroamericana. Mientras la administración Reagan privilegió una visión simplista, en la que la responsabilidad de todos los conflictos globales y regionales recaía sobre la amenaza soviético-cubana, el gobierno de Alfonsín se negó a reconocer el eje Este-Oeste como único modelo de referencia para entender la realidad mundial y regional (41).
Por cierto, el gobierno radical se opuso a la política intervencionista de la administración Reagan en el conflicto centroamericano, por dos razones principales. Una estuvo vinculada a la necesidad de diferenciarse de la complicidad del régimen militar con los "contras", por lo cual la gestión de Alfonsín decidió respaldar las gestiones de paz en la región centroamericana. La segunda se relacionaba con el temor de que el conflicto ideológico entre los "contras" y el sandinismo -como subproducto del conflicto Este-Oeste- tuviera proyección regional, y se repitieran los enfrentamientos que tuvieron lugar en la década del 70, con efectos devastadores para las aún frágiles democracias de la región. En palabras del canciller Caputo, la Argentina debía interesarse por respaldar cualquier gestión pacificadora en la región centroamericana no sólo por razones de solidaridad latinoamericana, sino también de interés nacional (42).
El canciller Caputo atacó toda forma de intervención en la región en la Conferencia Económica Latinoamericana de Quito en enero de 1984 (43); y durante su visita a México en marzo del mismo año (44). Por otra parte, el gobierno de Alfonsín otorgó un crédito de 45 millones de dólares a las autoridades nicaragüenses para la compra de maquinarias industriales y agropecuarias. Esta medida provocó el disgusto del embajador norteamericano en Buenos Aires, Frank Ortiz, con el canciller argentino (45). Cabe aclarar que la posición del gobierno argentino frente a la crisis centroamericana contó con el respaldo de las fuerzas de la oposición, como lo prueban los proyectos de declaración y de resolución presentados ante ambas Cámaras del Congreso en mayo y diciembre de 1984, que llamaban a apoyar al Grupo de Contadora, a repudiar las agresiones en América Central, y a respaldar a Nicaragua frente al "imperialismo" norteamericano (46).
Como ya se dijo, a partir del comienzo de la gestión económica de Sourrouille, la gestión radical, en una evaluación crítica de la etapa anterior, decidió encarar una "asociación madura" con Washington, suavizando su posición crítica respecto del intervencionismo norteamericano en América Central y adoptando medidas económicas internas acordes con las exigencias del gobierno y los bancos norteamericanos. Pero, aunque suavizadas, las diferencias de enfoque respecto de la crisis centroamericana volvieron a manifestarse durante el segundo viaje del presidente Alfonsín a Estados Unidos, en marzo de 1985. En el momento de los discursos de bienvenida, el primer mandatario norteamericano, Ronald Reagan, expresó enfáticamente su posición ante la cuestión: "el pueblo libre de este hemisferio no puede permanecer pasivo y mirar cómo una tiranía comunista impuesta en Nicaragua se expande en las tierras libres de América (47)".
Frente a la posición intervencionista del presidente Reagan, Alfonsín no dudó en respaldar, en su discurso ante el Congreso norteamericano, la acción mediadora del Grupo de Contadora y la necesidad de garantizar la estabilidad de la región centroamericana a través del respeto a los principios de autodeterminación de los pueblos, la vigencia de las democracias pluralistas, la integridad territorial de cada país y la no intervención. En la enfática referencia al último principio, Alfonsín criticó solapadamente el intervencionismo norteamericano en el área centroamericana, pero, de acuerdo con Russell, este ataque quedó "equilibrado" con el explícito rechazo del presidente argentino a la intervención de potencias extracontinentales en el área, en obvia alusión a la Unión Soviética (48).
No obstante, la Cancillería argentina moderó su posición respecto de la crisis centroamericana, lo cual fue perceptible en el inmediato y apresurado apoyo a la "propuesta de paz" sobre América Central presentada por la administración Reagan en el mes de abril de 1985, donde se llamaba a los integrantes de la Junta sandinista a iniciar negociaciones con los contras, y en la respuesta aunque muy débil- del gobierno argentino al bloqueo económico dispuesto por las autoridades norteamericanas contra Nicaragua en el mes de mayo del mismo año (49).
Por cierto, esta moderada posición del gobierno argentino respecto de las medidas adoptadas por Washington contra el régimen sandinista contrastó con la adoptada por los legisladores de la bancada oficialista y de algunos de los partidos de la oposición, como lo demuestran la emergencia de un proyecto de resolución ingresado ante la Cámara Baja en las sesiones de los días 8 y 9 de mayo de 1985, donde los diputados Federico Storani (radicalismo), Augusto Conte (Partido Demócrata Cristiano), Domingo Purita y José Luis Manzano (justicialistas), Reynaldo Pastor Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino), y Raúl O. Rabanaque (Partido Intransigente) repudiaron las medidas adoptadas por Estados Unidos con respecto a Nicaragua; y dos proyectos de declaración presentados esos mismos días condenando la presencia militar y el embargo económico aplicado por la Casa Blanca contra el régimen de Managua por los diputados justicialistas Néstor Perl y Oscar Fappiano y por el demócrata cristiano Augusto Conte. A estos proyectos se sumó la presentación, en la sesión de la Cámara Alta del día 8 de mayo, de un proyecto de declaración de un grupo de senadores radicales (Antonio Nápoli, Héctor Velázquez, Ricardo Laferriere, Luis Brasesco y José Falcone) que repudiaron el bloqueo económico a Nicaragua como una actitud contraria a los principios de no intervención, soberanía de los estados y respeto a la autodeterminación de los pueblos (50).
Por otra parte, el gobierno radical criticó la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de aprobar el envío de ayuda económica y militar a los "contras" en América Central. En palabras del canciller Caputo,
tan grave como el peligro que significaría para la estabilidad en el continente que una nación pase a ser aliada de una potencia extra-regional es el peligro de que como consecuencia de la acción de otra potencia, se destruyan el orden jurídico internacional y los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos (51).
En febrero de 1986, y aprovechando la entrevista de los cancilleres del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo con el secretario de Estado George Shultz, el canciller Caputo planteó, en nombre del Grupo de Apoyo, la solución del conflicto centroamericano sobre la base del respeto a lo estipulado por el "Mensaje de Caraballeda" -documento conjunto de enero de 1986 (52)-: cese del apoyo externo a los movimientos insurreccionales y las fuerzas irregulares que actuaban en la región; suspensión de maniobras militares internacionales; retiro de asesores militares y bases extranjeras, no agresión entre países centroamericanos y medidas efectivas de reconciliación interna. Pero los esfuerzos de Caputo cayeron en saco roto, por cuanto para Shultz los "contras" no eran fuerzas irregulares ni agredían al gobierno sandinista nicaragüense (53).
A pesar de la existencia de divergencias aparentemente insalvables entre la óptica argentina y la norteamericana, un conjunto de factores llevó al gobierno de Alfonsín a adoptar un perfil de menor compromiso respecto de la crisis centroamericana, en procura de un mayor respaldo de Washington en las cuestiones que la gestión radical consideraba prioritarias, como la deuda externa y el diferendo con Gran Bretaña por Malvinas. Los factores que incidieron en este cambio de perfil por parte de la diplomacia radical fueron los siguientes: el fracaso de la reunión de los cinco países centroamericanos en Panamá en junio de 1986, gestada por los cancilleres de Centroamérica, Contadora y el Grupo de Apoyo en la reunión anterior de Panamá, en abril de ese mismo año (54); el estancamiento de las negociaciones para la firma de un Acta de Paz en Centroamérica; la rigidez de las posiciones norteamericana y nicaragüense; el fracaso de las gestiones realizadas por el Grupo de los Ocho y por los secretarios de la ONU y la OEA para reactivar las negociaciones entre los países centroamericanos; el giro de los integrantes de los Grupos de Contadora y de Apoyo a posiciones de menor perfil; y, por último, las críticas de México y Venezuela, miembros de Contadora, al alto perfil de compromiso que hasta ese momento había adoptado la diplomacia argentina en la crisis centroamericana (55).
Por cierto, durante la misión del enviado personal de Reagan para sondear la posición argentina en la cuestión centroamericana, Philip Habib, quien llegó a Buenos Aires en enero de 1987, se registró un mayor nivel de coincidencias respecto de la crisis que obsesionaba a la administración republicana (56). Otro sondeo diplomático norteamericano se realizó a través de la visita del subsecretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, Robert Gelbard, quien se entrevistó con el canciller Caputo y el presidente Alfonsín a principios de febrero de 1988, precisamente poco tiempo después del voto adverso del Congreso norteamericano para que continuara la ayuda militar a los "contras" nicaragüenses (57).
En cuanto a la política nuclear, el gobierno de Alfonsín no representó una ruptura respecto de los gobiernos anteriores, pero la cuestión fue uno de los temas más conflictivos de la agenda con el gobierno norteamericano. En una conferencia de prensa que contó con la participación de periodistas nacionales e internacionales en enero de 1984, el primer mandatario manifestó claramente la actitud de continuidad en esta cuestión, sosteniendo que
La Argentina ha trabajando con éxito en la investigación nuclear con fines pacíficos. En este sentido, nuestro gobierno va a seguir, como no podría ser de otra manera, esta orientación fundamental. En cuanto al tratado de no proliferación, nuestro gobierno no ha considerado su ratificación por considerarlo discriminatorio (58).
Asimismo, en una carta dirigida al senador norteamericano Charles Percy, el canciller Dante Caputo reiteró las tradicionales reservas respecto del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) (59) -su carácter discriminatorio-, e hizo algunas observaciones respecto del Tratado de Tlatelolco (60). Sostuvo que los acuerdos de salvaguardia con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) debían "reflejar las particularidades de Tlatelolco en relación al TNP", no debiendo Tlatelolco ser considerado una versión regional del TNP; y que el gobierno argentino deseaba verificar si habían existido violaciones al Protocolo II de Tlatelolco durante la guerra de las Malvinas. Finalmente, Caputo señaló en su carta la posibilidad de ratificar Tlatelolco, previa satisfacción de las condiciones apuntadas (61).
Por cierto, la ambigua actitud adoptada por el gobierno radical frente a las presiones norteamericanas en el tema del TNP y Tlatelolco era producto del peso de los argumentos nacionalistas contrarios a contraer compromisos en estos temas. Como ocurriera en el caso de la crisis centroamericana, tanto las filas del oficialismo como de la oposición compartían un enfoque divergente respecto del postulado por las autoridades de la Casa Blanca (62).
No obstante la existencia de estas diferencias, a principios de octubre de 1984 se registró un intento del ex presidente demócrata norteamericano James Earl Carter por obtener de las autoridades argentinas la firma del TNP. Carter se entrevistó en el Congreso con el presidente de la Cámara de Diputados, el radical Juan Carlos Pugliese; el senador radical Adolfo Gass, y los legisladores peronistas Diego Guelar y Carlos Ferré, el ucedeísta Juan José Manny, el demócrata cristiano Augusto Conte y el intransigente Miguel Monserrat, comprobando la vigencia del tradicional enfoque basado en argumentos de índole nacionalista, que rechazaba la firma del TNP por su carácter "discriminatorio" y atentatorio de la aspiración argentina a un status de "independencia nuclear (63)".
A pesar de su negativa a acceder a las presiones norteamericanas en cuanto a firmar el TNP y ratificar Tlatelolco, el gobierno de Alfonsín realizó una serie de gestos políticos, cuyo doble fin fue marcar diferencias con las autoridades del "Proceso" militar y aventar posibles temores de Washington y de la comunidad internacional. Uno de estos gestos, efectuado en la citada conferencia de prensa de enero de 1984, fue la promesa de hacer concesiones recíprocas con los países vecinos para inspeccionar sus instalaciones nucleares -paso que la Argentina concretó con Brasil (64)-. Asimismo, la administración radical aclaró que la planta de procesamiento de uranio enriquecido de Pilcaniyeu sería utilizada exclusivamente con fines pacíficos. Finalmente fue significativa la elección de un civil, Alberto Constantini, en la titularidad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Por cierto, entre las pesadas herencias que el gobierno de Alfonsín recibió del Proceso militar, se encontraron los programas misilísticos Cóndor I y Cóndor II. El Cóndor II era un misil balístico de alrededor de 1000 kilómetros de alcance, capaz de alcanzar las islas Malvinas desde la costa patagónica, o Santiago de Chile, las dos hipótesis de conflicto que tenía la Fuerza Aérea cuando puso en marcha el proyecto en forma secreta en 1982, tras la derrota de la guerra de las Malvinas. Tras el advenimiento de la democracia, este proyecto secreto no fue interrumpido, por razones tanto de carácter político como económico. Entre las primeras, el gobierno de Alfonsín consideró que la posesión del Cóndor II podía representar un instrumento de disuasión en caso de un eventual ataque externo -incluso el gobierno radical llegó a especular con que el Cóndor II pudiera ser una carta de negociación más en la disputa con Gran Bretaña por las islas Malvinas (65)-.
Asimismo, algunos observadores coinciden en que hubo de parte del gobierno radical una actitud de no reparar ante el emprendimiento gestado por la Fuerza Aérea. Esta actitud era una especie de "compensación política" o "premio" a la fuerza más democrática y menos conflictiva respecto del poder civil, en un contexto de creciente tensión en las relaciones entre gobierno y Fuerzas Armadas, debido a la histórica decisión del gobierno radical de enjuiciar a los miembros de la Junta Militar del "Proceso". También vale recordar que, de las tres fuerzas, la Fuerza Aérea fue la que menos se involucró la "guerra sucia" contra la subversión durante la etapa 1976-1983, la que contaba con mejor imagen dentro y fuera del ámbito castrense desde la guerra de Malvinas, y la que, además, había cumplido el papel más digno en dicho conflicto.
Finalmente, el gobierno de Alfonsín tuvo también motivaciones económicas para conservar el proyecto: la venta de armas o misiles como el Cóndor II representaba -más allá de su negativo impacto de largo plazo en las relaciones políticas y económicas con Estados Unidos y las potencias occidentales- jugosos negocios a corto plazo, balanceando con ingresos alternativos la decisión gubernamental de reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Los propios documentos de la Cancillería revelaron la impotencia del poder civil para controlar el Programa Cóndor. Como sostiene Granovsky, parafraseando una conocida frase del presidente Alfonsín, el gobierno radical no quiso, no supo o no pudo supervisar el Cóndor (66).
De acuerdo con información aportada por Leonard Spector y Carlos Escudé, el proyecto Cóndor II emergió como consecuencia de un acuerdo secreto entre la Argentina, Irak y Egipto en enero de 1984, firmado por el propio presidente Alfonsín. El proyecto fue rápidamente detectado por los servicios de inteligencia norteamericanos, pero, a pesar de las presiones de Washington, el Cóndor II no fue desactivado (67).
Así, el 9 de abril de 1985, el Poder Ejecutivo dictó el decreto secreto Nº 604, que aprobó los Programas Cóndor I y Cóndor II como parte del Plan de Satelización de la Fuerza Aérea Argentina. Además, por este decreto se convalidaron una serie de contratos celebrados entre el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y la Empresa Tecnología Aerospacial S.A. (TEA) por un lado, y las firmas IFAT Corp. Ltd. (empresa egipcia), DESINTEG AG y CONSEN S.A. por la otra, relativos a interrelación, exportación, tecnología y materias primas para el Cóndor II. Este decreto 604 permitió a la Fuerza Aérea "un sistema de intercambio compensado" para importar y exportar a Egipto partes del misil argentino sin utilizar divisas, y sin control de la Aduana ni de ningún otro organismo civil (68).
La decisión oficial de continuar con los proyectos misilísticos Cóndor se enfrentó con fuertes presiones de Estados Unidos y de las demás grandes potencias, las cuales decidieron la creación, en abril de 1987, de un régimen llamado MTCR (Missile Technology Control Regime), un acuerdo firmado fuera de las Naciones Unidas, para impedir la exportación de tecnología misilística a los países en vías de desarrollo (69).
No obstante la existencia de esfuerzos conjuntos por parte de los países desarrollados para limitar la difusión de tecnología nuclear misilística en países no pertenecientes al MTCR, el gobierno de Alfonsín continuó con el proyecto Cóndor a través de un segundo decreto, el Nº 1315 del 13 de agosto de 1987, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional aprobó un acuerdo en forma de Acta, celebrada entre la Fuerza Aérea y las empresas CONSELTEC S.A. y DESINTEC S.A., para la constitución de una nueva sociedad anónima con el nombre de Integradora Aeroespacial S.A. (INTESA) -creada en 1987 para desarrollar el misil Cóndor y exportar parte de su tecnología- y declaró de interés nacional todas las actividades que realizara esa nueva empresa en cumplimiento de los Programas Cóndor I y II (70).
Ante la continuidad del proyecto Cóndor por parte de la Argentina, y en un contexto signado por la Iniciativa de Defensa Estratégica de la administración Reagan, y la firma, por parte de la Casa Blanca y del Kremlin, de un tratado de eliminación de misiles de alcance intermedio, el embajador norteamericano en Buenos Aires Gildred decidió, en diciembre de 1987, escribir una columna para ser publicada en los diarios argentinos, explicando en qué consistía el tratado de eliminación de misiles de alcance intermedio. Según Granovsky, la sola publicación en un diario argentino suponía un mensaje de las autoridades de Washington para el gobierno de Alfonsín: si los Estados Unidos y la Unión Soviética, por ese entonces las dos superpotencias globales, decidían destruir arsenales propios; países mucho menos poderosos que ellos como la Argentina debían, con más razón, seguir el camino trazado por las administraciones de Reagan y Gorbachov. Incluso Granovsky sostiene que, a través de la publicación de esta columna especial en un diario argentino, la embajada ya había fijado el objetivo y el plazo: el Cóndor debía ser destruido a más tardar el 8 de diciembre de 1990 (71).
No obstante, el gobierno de Alfonsín intentó tranquilizar a Washington acerca de los objetivos del programa nuclear argentino. En este marco se inscribió la visita entre el 8 y el 10 de marzo de 1988 del asesor especial del Departamento de Estado sobre política de no proliferación, Richard Kennedy, quien se entrevistó con funcionarios de la Cancillería y de la CNEA. A decir verdad, Kennedy era un viejo conocido de las autoridades radicales, con las que había tenido sendos encuentros en Buenos Aires en 1985, y en Washington en septiembre de 1986 (72).
De la misma manera, la reanudación de los vínculos militares entre la Argentina y Estados Unidos durante el gobierno de Alfonsín constituyó otro ámbito no exento de dificultades, derivadas esencialmente de la guerra de Malvinas. Cabe recordar al respecto que, durante y después del conflicto, los militares argentinos, en un total desconocimiento de las más elementales reglas de la geopolítica, no le perdonaron a Washington su "traición" al respaldar militarmente a Londres. Pecaron en este sentido de una triple ignorancia: no tomar en cuenta los profundos lazos que unían a Gran Bretaña y Estados Unidos como socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde 1949; no advertir que entre la importancia estratégica de Londres y la de Buenos Aires no había demasiada posibilidad de opción para la Casa Blanca; y no considerar la fuerte identidad ideológica entre las administraciones de Reagan y Thatcher. Para los militares argentinos, Washington había "traicionado" una "reivindicación justa" de la Argentina por la soberanía del archipiélago -percepción que era compartida en mayor o menor grado por amplios sectores de la sociedad civil y de la dirigencia política argentina-, demostrando que esos sentimientos respondían en realidad a dogmas nacionalistas fuertemente arraigados en la cultura política argentina (73). A su vez, para los militares norteamericanos, sus colegas argentinos eran una fuente de incertidumbre, y era conveniente avanzar despacio en la normalización de las relaciones a fin de no irritar a un aliado clave, el Reino Unido, que percibía cualquier paso del gobierno argentino con natural desconfianza.
El primer paso en dirección a dicha normalización fue adoptado por la Casa Blanca. En diciembre de 1983, poco antes de la toma de mando de Alfonsín, el gobierno de Reagan anunció que levantaría el embargo que pesaba sobre la asistencia militar a la Argentina desde la enmienda Humphrey-Kennedy de 1977. La medida comenzaría a regir a partir del momento en que Alfonsín asumiera la presidencia. El hecho provocó una gran repercusión en Gran Bretaña, siendo objeto de comentario en los más importantes diarios británicos entre los días 10 y 12 de diciembre de 1984 (74). Mark Falcoff señala la existencia de divergencias del lado norteamericano respecto del momento más conveniente para levantar el embargo: así, a pesar de las presiones por parte de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires para adoptar la medida antes de la asunción del poder por parte de Alfonsín, el Departamento de Estado y la Casa Blanca impusieron su criterio, inclinado a postergar la decisión hasta después de la toma de posesión del candidato radical (75). De acuerdo con Russell, la decisión constituyó un gesto conciliador o de buena voluntad de la Casa Blanca hacia el nuevo gobierno democrático (76). A su vez, Riordan Roett señala que muchos sectores en Buenos Aires no percibieron el levantamiento del embargo por parte de Estados Unidos como una medida conciliatoria. Desde una lectura paranoicamente nacionalista y antiimperialista, estos sectores -que desconfiaban del "giro democrático" de una administración que hasta la crisis de Malvinas no había dudado en respaldar las autocracias militares- interpretaron que, dado que el levantamiento del embargo de armas fue adoptado por la administración Reagan sin que Alfonsín lo solicitara, en realidad este gesto constituía un indicio de que la Casa Blanca todavía prefería a los grupos autoritarios antes que al nuevo gobierno democrático (77).
De todos modos, cabe señalar que el levantamiento del embargo de armas no se concretó en forma amplia hasta el siguiente gobierno de Carlos Menem. La oposición británica a que el gobierno norteamericano permitiera el reequipamiento del Ejército argentino sin que el gobierno argentino hubiera declarado el cese de hostilidades en el conflicto de las Malvinas, y la falta de una buena relación entre las autoridades militares de la Argentina y Estados Unidos fueron factores decisivos que evitaron que la medida se implementara.
Durante 1984 tuvo lugar una serie de contactos entre militares argentinos y norteamericanos, a iniciativa del Pentágono, que, si bien no excedieron el nivel protocolar, procuraron mejorar el clima bilateral. Así, en abril una delegación del Colegio Nacional de Guerra de Estados Unidos, encabezada por el teniente coronel Jack Jacobs, e integrada por profesores civiles y militares y diez alumnos, visitó Buenos Aires y tomó contacto con organismos militares argentinos (78). En mayo, llegó a Buenos Aires el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, general Charles Gabriel, quien se entrevistó con su par argentino, brigadier Teodoro Waldner; con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Julio Fernández Torres; y con el ministro de Defensa, Raúl Borrás (79).
Meses después, se concretó la contrapartida argentina de estas iniciativas norteamericanas. En octubre de 1984, el general Julio Fernández Torres visitó Estados Unidos ante una invitación oficial del Estado Mayor Conjunto norteamericano. Este fue el primer contacto militar de alto rango entre ambos países durante el período democrático, pero se limitó a un nivel exclusivamente técnico y profesional (80).
No obstante, estos contactos militares no lograron quebrar la resistencia de los militares argentinos a participar del operativo UNITAS. Incluso, en septiembre de 1984 se produjo un incidente con un grupo de naves de guerra norteamericanas que participaban de dicho operativo y cuyas tripulaciones intentaron desembarcar en la ciudad patagónica de Puerto Madryn. Si bien el presidente Alfonsín había autorizado el desembarco y reabastecimiento de cinco naves estadounidenses, un grupo de ciudadanos hostilizó las embarcaciones e impidió su amarre y reabastecimiento en el puerto. Durante estos actos, el grupo hizo referencia al "alineamiento" norteamericano junto a Gran Bretaña durante la guerra de 1982 (81).
También los miembros del Concejo Deliberante de dicha ciudad y de la Legislatura de Chubut manifestaron su desacuerdo con la decisión oficial, introduciendo sendos proyectos de condena a la presencia de las naves. Finalmente, en el ámbito de la Capital Federal, la posición del gobierno radical tuvo una importante repercusión en el Congreso. Así, en las sesiones correspondientes a los días 12 y 13 de septiembre en la Cámara Baja, el diputado oficialista Federico Storani y sus colegas de la oposición justicialista -Adam Pedrini, Miguel Unamuno, Luis Casale y Néstor Perl- e intransigente -Miguel Monserrat y Marcelo Arabolaza- elevaron una serie de pedidos de informes al Ejecutivo respecto de las razones que lo motivaron a autorizar el desembarco de las naves de guerra norteamericanas en Puerto Madryn. Por su parte, los diputados peronistas Casale y Onofre Briz de Sánchez elevaron sendos proyectos de declaración respecto de esta cuestión, que se solidarizaban con el repudio de la opinión pública de Puerto Madryn por la presencia de dichas naves de guerra y criticaban que el Ejecutivo hubiera decidido concederles permiso para reabastecerse (82). A su vez, los senadores justicialistas Olijuela del Valle Rivas y Ramón A. Araujo presentaron el 19 del mismo mes un proyecto de declaración, expresando "su más enérgico repudio" por la presencia de la "flota imperialista yanqui" en aguas territoriales argentinas como "acto lesivo para la soberanía y el honor de la República", y su homenaje "al valeroso pueblo de Puerto Madryn" por la "dignísima" actitud de enfrentar la "innoble" presencia de las unidades de guerra norteamericanas (83). Una semana después, los mencionados senadores presentaron un proyecto de pedido de informes al Ejecutivo respecto de la presencia de un oficial de la Armada de los Estados Unidos en la Base Naval Almirante Zar, en Trelew. Demostrando el profundo sello que había dejado la guerra de Malvinas y la posición norteamericana en dicho conflicto, los senadores Araujo y Rivas señalaban que la presencia de dicho oficial no se justificaba pues representaba "a un país aliado del enemigo (84)".
Como ocurriera el año anterior, en 1985 se mantuvo la negativa de los militares argentinos a participar del operativo UNITAS. En mayo, el general Burt Moon, del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, de visita por la Argentina, se quejó del "distanciamiento" entre las fuerzas militares de ambos países, situación de la cual responsabilizó a los argentinos. Por cierto, esta actitud se manifestó no sólo en la negativa a participar del UNITAS, sino también en el cese del intercambio de misiones militares a través de la Escuela Interamericana de Defensa, y en la renuencia de los militares argentinos a estrechar contactos con los agregados militares norteamericanos que visitaban la Argentina con el objetivo de reanudar los vínculos bilaterales. Por cierto, los contactos que se dieron durante esta etapa del gobierno de Alfonsín -tales como la visita del subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Néstor Sánchez, en marzo de 1985, o la del mencionado general Moon en mayo del mismo año- jamás excedieron el nivel protocolar (85).
En octubre de 1985, durante su visita a la Argentina, el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, general John Galvin, se reunió con los jefes de las tres armas y señaló que el retorno de la Argentina al UNITAS sería "un buen vehículo para el intercambio profesional". Consciente de la susceptibilidad militar argentina ante un operativo que era percibido como una subordinación a los dictados de la estrategia militar norteamericana sin contrapartida material o profesional convincente, Galvin aclaró que por el momento no existía "ningún plan para realizar un ejercicio conjunto" y que el objetivo de su visita era mejorar las relaciones entre las Fuerzas Armadas de los dos países. No obstante, el oficial militar norteamericano dejó abierta la posibilidad de realizar "un intercambio pequeño de oficiales, mediante cualquier vehículo, sea una visita o un pequeño ejercicio militar (86)".
A pesar de la intensificación de los contactos entre autoridades militares y civiles de ambos países, esto no redundó en una modificación de la posición argentina en relación con el operativo UNITAS. Así, en mayo de 1986, el gobierno argentino informó a Washington que tampoco ese año la Armada argentina participaría en el UNITAS, pero que algunas naves aprovecharían la presencia en el Atlántico Sur de unidades de otras fuerzas navales del continente para realizar tareas de entrenamiento, tales como trabajos de aprovisionamiento y comunicaciones en alta mar (87).
En abril de 1988 el almirante Frank B. Kelso, jefe de la sede de la flota atlántica norteamericana en Norfolk, viajó a la Argentina para invitar oficialmente a los marinos argentinos a reintegrarse a las maniobras navales conjuntas UNITAS (88). Al mes siguiente, el titular de la Armada argentina, almirante Ramón Arosa, se dirigió a Estados Unidos para participar de la Reunión de jefes de Estado Mayor del continente y mantener conversaciones con el almirante Kelso y diplomáticos norteamericanos de alto nivel (89). Estos contactos tuvieron su primer resultado el 16 de octubre de 1988, cuando un escueto comunicado dado a conocer por el Ministerio de Defensa argentino señaló que
La presencia de buques de la Marina de los Estados Unidos coincidentemente con la realización de actividades de unidades de la Armada argentina será aprovechada para realizar ejercitación conjunta entre el 17 y el 22 del corriente.
Estos ejercicios conjuntos fueron los primeros que se realizaron desde la suspensión del Operativo Unitas en 1982 (90).
Por otro lado, se registraron una serie de conversaciones entre militares y funcionarios de Defensa de ambos países para tratar la cuestión del levantamiento del embargo de armas. Dicho embargo no pesaba tanto sobre la Armada y la Fuerza Aérea -que satisfacían sus demandas de modernización de armamento en el mercado europeo-, como sobre el Ejército, el arma más dependiente de la oferta norteamericana. En diciembre de 1985, el ministro de Defensa argentino, José Horacio Jaunarena, viajó a Estados Unidos invitado por su colega norteamericano, William Taft. Jaunarena mantuvo entrevistas con los máximos funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado, así como con miembros de los comités de las Fuerzas Armadas. En estos contactos, cuyo objetivo prioritario fue destrabar los mecanismos de asistencia militar norteamericana desactivados desde la guerra de Malvinas -incluso a cambio de "señales amistosas" hacia Gran Bretaña- el funcionario argentino trató la reforma militar y del sistema de defensa puestas en marcha por el gobierno de Alfonsín (91).
En octubre de 1987, Jaunarena viajó nuevamente a Washington para sondear la posibilidad de que Estados Unidos otorgara un préstamo "blando" de entre 5 y 10 años para el reequipamiento militar argentino, con el doble objetivo de aliviar el presupuesto nacional y privar a los militares de una fuente de descontento hacia el gobierno constitucional -por cierto, la crisis de Semana Santa había tenido lugar en abril de ese año-. Si bien los funcionarios con los que dialogó Jaunarena escucharon con interés la propuesta, el secretario de Defensa norteamericano, Caspar Weinberger, planteó algunos reparos a la misma, señalando que el recuerdo de la guerra de Malvinas estaba muy fresco, y, por esta razón, una eventual asistencia militar y financiera de Estados Unidos para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas iba a despertar protestas en las autoridades de Londres (92).
Por cierto, la cuestión de la soberanía de las islas Malvinas fue un tema conflitivo en la agenda entre Buenos Aires y Washington, debido a la intención de la Casa Blanca de adoptar una política de equilibrio o de mediación entre las partes en conflicto. Respecto de la Argentina, las autoridades norteamericanas no podían adoptar ninguna decisión a nivel diplomático-estratégico que resintiera las relaciones con Londres, el principal aliado de Washington en el marco de la OTAN. Pero, dado el particular peso que en la política interna argentina tenía la cuestión de las islas Malvinas, la administración Reagan intentó algunos gestos de mediación entre ambas partes, tendientes a limar asperezas entre Buenos Aires y Londres sin afectar los intereses vitales del Reino Unido.
Así, cuando el gobierno de Gran Bretaña decidió el establecimiento de una zona de exclusión pesquera alrededor de las islas Malvinas, el 29 de octubre de 1986 (93), a los pocos días el diario británico The Times informaba que Alfonsín buscaría el apoyo de Estados Unidos respecto del asunto, señalando que lo haría durante una reunión con Reagan en la Casa Blanca, ocasión que aprovecharía para pedirle una declaración pública de apoyo a la Argentina en su disputa con Gran Bretaña sobre los derechos pesqueros en las islas Malvinas. Pero, según fuentes oficiales británicas, el gobierno norteamericano estaría decidido a no ofender a ninguno de los dos países, y a mantenerse fuera de la disputa dentro de lo posible. En forma privada, decía el diario, la administración de Reagan habría confiado que se encontraba molesta con el hecho de que la acción británica había forzado a Estados Unidos hacia una difícil situación diplomática. El artículo señalaba que los diplomáticos argentinos mostraban su complacencia ante el progresivo alejamiento de Estados Unidos de su fuerte apoyo inicial a Gran Bretaña luego de la invasión argentina a las Malvinas en 1982. La política estadounidense de neutralidad, continuaba diciendo la nota, "es generalmente interpretada en Latinoamérica como un acercamiento hacia la posición argentina, y como un intento de restablecer su reputación dentro del hemisferio sur (94)".
Asimismo, el gobierno norteamericano se encontró en una posición sumamente incómoda a principios de 1988, cuando Gran Bretaña anunció los operativos militares "Fire Focus" en el Atlántico Sur, los cuales fueron calificados por la diplomacia argentina como un gesto de provocación por parte de Londres. Como era lógico de prever, la Casa Blanca optó por recurrir al bajo perfil propio de un país que se autodefinía como "amigo" del Reino Unido y de la Argentina al mismo tiempo. Así, el embajador norteamericano Gildred señaló su sorpresa ante la decisión británica de efectuar maniobras militares en el Atlántico Sur, admitiendo que "no podemos tomar una postura" por ser la Argentina y Gran Bretaña "dos países amigos de Estados Unidos", y concluyendo con el deseo de que "nuestros amigos ingleses y argentinos encuentren cuanto antes la manera de resolver este problema que no ayuda a nadie (95)". Poco después en su visita a Buenos Aires en el mes de abril, el representante norteamericano ante la ONU, Vernon Walters, defendió la posición adoptada por su gobierno ante los operativos británicos "Fire Focus", señalando que, gracias a la gestión mediadora de las autoridades de Washington, dichos operativos fueron "de menor importancia y empleando menos efectivos de lo que originalmente se había planeado (96)".
Tras la segunda revuelta "carapintada" en Monte Caseros en enero de 1988, el temor norteamericano a la pérdida de la estabilidad democrática argentina motivó una reactivación de los contactos a nivel de Fuerzas Armadas y funcionarios de Defensa de ambos países tendientes a lograr el reequipamiento militar argentino. Por cierto, tanto en Washington como en Buenos Aires existía cierto grado de conciencia respecto de que la permanencia del embargo de las ventas de armamento a la Argentina era un elemento irritativo en las filas del Ejército argentino y potencialmente desestabilizador en las ya de por sí conflictivas relaciones entre el último y el gobierno (97). Guiado por este razonamiento, el jefe del Ejército, general Caridi, viajó a Estados Unidos a mediados de abril, y encontró buen eco en los jefes militares norteamericanos, de quienes destacó "la buena predisposición" para apoyar el sistema defensivo del Ejército argentino (98).
Mientras Caridi intentaba obtener de las autoridades norteamericanas la concesión de un crédito para la compra de repuestos como un primer paso hacia el levantamiento del embargo, una importante delegación de funcionarios norteamericanos arribaba a Buenos Aires el 18 de abril de 1988. La misma estaba compuesta por el secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Elliot Abrams; el subsecretario de Defensa, Robert Pastorino; y el representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Vernon Walters, a los que se sumó días más tarde el jefe de la flota estadounidense del Atlántico, Frank B. Kelso. Los funcionarios norteamericanos demostraron el interés de su gobierno en examinar con autoridades de Defensa y militares argentinos las políticas regionales adoptadas por Estados Unidos en el hemisferio Sur -con especial énfasis en la cuestión del narcotráfico (99)-.
Pastorino acordó de palabra con el ministro de Defensa argentino Jaunarena la concesión del crédito tan ansiado por los oficiales del Ejército local, pero condicionó este paso a una decisión difícil de adoptar para el gobierno de Alfonsín: la de declarar el cese de hostilidades con Gran Bretaña por la cuestión Malvinas. En la misma línea argumental que Pastorino, el secretario de Estado adjunto Abrams sugirió a las autoridades argentinas que, de adoptarse el cese de hostilidades, Washington podría presionar a Londres para que levantara la zona de exclusión en torno al archipiélago de Malvinas. Aunque Washington no incluyó en este acuerdo de palabra la venta de armas ofensivas a los militares argentinos para no irritar la sensibilidad de las autoridades británicas, sí se acordó la venta de repuestos y la eventual compra de los aviones argentinos Pampa (100). Pocos días después, a principios de mayo de 1988, llegaba a la Argentina el subsecretario de Seguridad, Edward Derwinski, para continuar las conversaciones con el ministro Jaunarena (101).
A su vez, el representante de Estados Unidos ante la ONU Walters sondeó el eventual apoyo de la Argentina y de otros países de la región a alguna fórmula de intervención que permitiera desalojar al general Manuel Noriega del poder en Panamá, debido a sus peligrosas conexiones con Cuba, Colombia y el narcotráfico. Walters señaló que le "gustaría ver a los países del Grupo de los Ocho emplear su influencia" para lograr una solución a la crisis panameña. En la reunión que Walters y otros funcionarios norteamericanos mantuvieron con Alfonsín, quedó claro que la delegación norteamericana deseaba que el presidente argentino liderara una suerte de "cártel" de países latinoamericanos cuyo objetivo sería negociar la salida de Noriega del poder. Pero la posición del mandatario argentino -de respaldar pero no liderar una salida negociada- no respondió exactamente a las expectativas norteamericanas. Si bien en su fuero interno Alfonsín estaba bastante cerca de la posición planteada por Walters, optó por el bajo perfil. Como señala Morales Solá, la moderada posición del gobierno radical se debió a dos factores esenciales: primero, que existían países de la región claramente no intervencionistas -como el caso de México- y otros que respaldaban al régimen de Noriega -como los de Cuba y Nicaragua-; y segundo, que un acercamiento a la posición norteamericana le hubiera costado al gobierno de Alfonsín el repudio de una oposición altamente "sensible" a cuestiones que violaban el sagrado principio de no intervención -caso del peronismo y de la izquierda-, y quizás también el oprobio de algunos sectores del oficialismo que comulgaban con el credo nacionalista y antiimperialista de las mencionadas fuerzas de oposición (102).
Por otra parte, el gobierno norteamericano, además de demostrar sus recelos respecto de la continuación de proyectos potencialmente peligrosos como el Cóndor II, se mostró preocupado por la existencia de operaciones de venta de armamento argentino a regiones conflictivas del planeta. Así, a mediados de junio de 1988 el subsecretario del Departamento de Estado norteamericano, Richard Salomon, realizó un viaje a la Argentina, para informar al gobierno argentino sobre los resultados de la cumbre entre Reagan y Gorbachov celebrada en Moscú. Salomon manifestó personalmente al presidente Alfonsín la preocupación de su gobierno por la "corriente de armas que sigue llegando al conflicto Irán-Irak", en alusión a supuestos envíos argentinos a Teherán (103).
Tras los viajes del general Caridi a Estados Unidos y del subsecretario de Defensa norteamericano Pastorino a la Argentina, un nuevo capítulo de los contactos en procura del reequipamiento militar argentino -el cuarto durante 1988- tuvo lugar entre fines de septiembre y principios de octubre, cuando el ministro de Defensa Jaunarena realizó otra visita a Estados Unidos (104). A su vez, el 23 de octubre, tuvo lugar el quinto contacto bilateral cuando llegó a Buenos Aires el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, general Fred F. Woerner, quien se entrevistó con el ministro de Defensa Jaunarena, y con los jefes del Estado Mayor del Ejército, general Caridi; de la Armada, almirante Ramón Arosa; y de la Fuerza Aérea, brigadier Ernesto Crespo. En dicha ocasión, se trató el tema del reequipamiento militar y de la cooperación entre los ejércitos de ambos países (105).
Un sexto capítulo de esta historia de contactos tuvo lugar tras el nuevo levantamiento militar de diciembre en Villa Martelli, factor que motivó el envío de una carta del secretario de Defensa norteamericano, Frank Carlucci, a su colega argentino Jaunarena, en la que explicitaba que
los EE.UU han comprendido que la Argentina necesita FF.AA fuertes, pero respetuosas de la Constitución. Por eso envían un mensaje antigolpista y aprueban los pedidos de repuestos para facilitar la recomposición armada (106).
El capítulo final de estos contactos tuvo lugar el 21 de febrero de 1989, cuando el titular del Ejército argentino, general Francisco Gassino -reemplazante de Caridi tras la crisis de Villa Martelli-, y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Woerner, firmaron en Buenos Aires un préstamo norteamericano para la compra de repuestos para vehículos blindados y helicópteros por valor de más de 13 millones de dólares (107).
Otro tema conflictivo en la agenda con el gobierno de Estados Unidos durante la gestión de Alfonsín fue la posición ante la cuestión de los derechos humanos en Cuba. En marzo de 1987, la delegación argentina en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra votó en contra de un proyecto de resolución norteamericano que procuraba investigar la situación de los derechos humanos en Cuba, condenando, al mismo tiempo, las violaciones del régimen de Castro a esos derechos como si la investigación se hubiera realizado. En vez de respaldar la moción norteamericana, la diplomacia argentina apoyó un proyecto presentado por la India, que propiciaba no adoptar ninguna decisión de fondo en el asunto. La propuesta india se impuso por 19 votos incluidos los de Argentina, Colombia, México Perú y Venezuela- contra 18 -entre los cuales figuraron los de Estados Unidos y Costa Rica- y 6 abstenciones -entre éstas la de Brasil (108).
Por cierto, la decisión argentina causó en Estados Unidos efectos que aún en la actualidad son objeto de debate entre los académicos. Según Carlos Escudé, no cabe ninguna duda acerca del impacto negativo de la posición adoptada por la diplomacia radical (109). Por cierto, los diarios locales han citado numerosas expresiones de disgusto de diversos funcionarios norteamericanos que parecen confirmar este argumento. Así, el embajador norteamericano en la Argentina, Theodore Gildred, sostuvo que el voto argentino en Ginebra que ayudó a bloquear la investigación de los derechos humanos en Cuba "nos dolió (110)". Por su parte, el secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Elliot Abrams, advirtió que la negativa de la Argentina, Colombia, Perú, Venezuela y México a seguir a Estados Unidos en la condena a la situación de los derechos humanos en Cuba "no podrá dejar de tener efectos en las relaciones bilaterales (111)". Finalmente, un tercer testimonio del disgusto norteamericano provino de una figura íntimamente asociada al primer tramo de la adminstración Reagan, la ex embajadora norteamericana en la ONU Jeanne Kirkpatrick, quien denunció que Fidel Castro "telefoneó personalmente a los dirigentes de Colombia, Venezuela y la Argentina" para que votaran en contra de la moción norteamericana presentada en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que condenaba a Cuba (112).
A su vez, Russell sostiene que, si bien el secretario de Estado adjunto Abrams comunicó al embajador argentino en Washington el "enfado" de la Casa Blanca por el voto de la Argentina, los negociadores de la deuda informaron a Alfonsín que el efecto de dicho voto había sido "imperceptible" en la relación con los bancos acreedores. De modo coincidente con los últimos, el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, Robert Gelbard, subrayó al embajador argentino en Washington -al igual que al resto de los representantes diplomáticos de los países latinoamericanos-, que era un "idiota" quien sostuviera que las relaciones bilaterales pudieron haberse deteriorado después del voto argentino en Ginebra. Para no dejar ninguna clase de dudas, el funcionario norteamericano destacó, como prueba del excelente nivel alcanzado por las relaciones bilaterales, el apoyo de Washington al gobierno de Alfonsín durante los sucesos de Semana Santa (113).
La situación de confrontación volvió a repetirse en ocasión de la nueva reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que tuvo lugar en Ginebra, en marzo de 1988. Otra vez, la diplomacia argentina se vio sometida a la presión, por un lado de los norteamericanos -a través del subsecretario Gelbard, y de Armando Valladares, jefe de la delegación norteamericana en Ginebra-, y por otro de los cubanos -por medio de las gestiones del canciller Isidoro Malmierca (114)-. Incluso en un determinado momento -dado el papel protagónico ejercido en ese entonces por la Casa Blanca tanto en las delicadas gestiones del equipo económico con los organismos internacionales de crédito como en las conversaciones informales con Londres por Malvinas- los medios de prensa argentinos especularon que la diplomacia radical iba a modificar la posición sostenida en 1987 y apoyaría la moción norteamericana, si ésta no condenaba a priori al régimen castrista. Según esta interpretación, la modificación de la posición argentina sería un gesto de reciprocidad por el eventual apoyo de Washington a las gestiones argentinas en favor de una solución pacífica en la disputa de soberanía por las islas Malvinas (115)-.
No obstante, el gobierno argentino adoptó en Ginebra una posición contraria al proyecto norteamericano. Si bien éste procuró captar la adhesión latinoamericana a través de un tono menos agresivo hacia Cuba que el de 1987 (116), nuevamente la posición argentina se basó en la idea de que la moción norteamericana condenaba al régimen cubano sin una investigación previa (117). El 10 de marzo de 1988, la Comisión de Derechos Humanos aprobó un proyecto presentado por Argentina, Colombia, México y Perú, que aceptaba la invitación efectuada por Cuba para que el presidente y cinco miembros de la Comisión visitaran la isla y elevaran un informe sobre la situación de los derechos humanos (118).
El disgusto norteamericano por la votación argentina se hizo oír a través de las críticas que efectuó públicamente al gobierno radical el representante de Estados Unidos ante la Comisión, el poeta cubano nacionalizado norteamericano, Armando Valladares. Este denunció que
(...) la posición argentina (respecto de los derechos humanos en Cuba) fue destructiva durante todo el tiempo, y nos estuvieron engañando durante tres semanas, haciéndonos creer que iban a apoyar una investigación en Cuba, por eso transformamos nuestra resolución.
Nosotros cumplimos con la Argentina y la Argentina durante todo este tiempo nos estuvo engañando con esa cuestión; las famosas declaraciones de la Cancillería que maneja el canciller Caputo, en cuanto a que no iban a oponerse a una investigación, fueron de consuno para la opinión pública, porque descubrimos que tres semanas atrás ya sabían lo que iban a hacer (...)
(...) todo fue un intento cubano para evadir la acción de las Naciones Unidas, y para esto se contó con el apoyo de la Argentina, Colombia, Perú y México, y es totalmente falso que estos países trataron de canalizar una investigación en Cuba. (...)
La Argentina, Colombia, Perú y México trataron de proteger a Cuba, trataron de salvar a Cuba una vez más, pero se seguirá avanzando en el tema porque el tiro les salió por la culata (119).
Temiendo una repercusión interna desfavorable de las polémicas declaraciones de Valladares, la Cancillería argentina optó por enviar al embajador norteamericano Gildred una enérgica nota de protesta el 21 de marzo, calificando de "absurda y disparatada" la actitud de Valladares y exigiendo "rectificación" de Washington respecto de los graves cargos señalados por el diplomático contra las autoridades argentinas. Pocos días después, llegó la respuesta norteamericana de respaldo a las declaraciones de Valladares, lo que puso en una situación incómoda a la Cancillería, particularmente en el frente interno (120). Dado el alboroto en torno de la figura de Valladares y el polémico intercambio de notas entre Washington y Buenos Aires, en la segunda quincena de mayo de 1988 la Cancillería argentina decidió, para salir de la primera línea de fuego, no integrar el grupo especial proyectado por la ONU para observar la situación de los derechos humanos en Cuba (121).
No obstante todas las cuestiones conflictivas mencionadas, cabe destacar el respaldo del gobierno norteamericano a la continuidad del gobierno de Alfonsín. Durante los sucesos de Semana Santa de abril de 1987, la administración Reagan declaró públicamente su apoyo a la democracia argentina a través de la siguiente declaración del Departamento de Estado:
Los Estados Unidos han admirado y brindado su apoyo al progreso político y económico logrado por la Argentina desde su retorno a la democracia en 1983 (...) se oponen categóricamente a la posición desafiante adoptada por este pequeño grupo de oficiales militares (...) Nuestro apoyo al gobierno democráticamente elegido en la Argentina es firme e inequívoco (122).
Asimismo, tras el cierre de la crisis militar el 19 de abril, el gobierno norteamericano renovó sus expresiones de respaldo al gobierno argentino, felicitándolo por el desenlace del levantamiento. Incluso el propio presidente Reagan envió una carta a su colega Alfonsín en señal de inequívoco apoyo de Washington a la continuidad democrática (123).
Este respaldo político de las autoridades de la Casa Blanca fue renovado durante el transcurso de la sublevación militar de Monte Caseros en enero de 1988, ocasión en la que el gobierno de Estados Unidos reafirmó su "más decidido respaldo a los esfuerzos de consolidación de la democracia y del respeto a la ley (124)".
Lo propio ocurrió cuando tuvo lugar la crisis militar de Villa Martelli en diciembre de 1988, ocasión en que el Departamento de Estado dio a conocer mediante un comunicado su más firme apoyo al sistema democrático argentino. De igual manera y para no dejar ninguna duda del respaldo político de Washington a la administración radical, la vocera del Departamento de Estado, Phyllips Oakley, aclaró que "al igual que en otras ocasiones, los Estados Unidos apoyan la democracia en la Argentina como importante para la estabilidad y el bienestar de ese país (y se oponen a) cualquier intento de revertir el proceso de transición (125)".
Por último, respecto del tema narcotráfico, el gobierno de Alfonsín adoptó una serie de medidas que evidenciaron la intención oficial de subordinar la política antinarcóticos argentina a la norteamericana. Así, el gobierno norteamericano consiguió que Alfonsín accediera a formar una Comisión Nacional Coordinadora para el Control del Narcotráfico y Abuso de Drogas, un organismo al estilo de la Drug Enforcement Agency (DEA) norteamericana. Esta Comisión, creada en julio de 1985, funcionó en un primer momento en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social, y luego pasó a jurisdicción de la Presidencia (126).
La creciente convergencia en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico se manifestó en la firma, el 15 de septiembre de 1987, de un acuerdo entre el canciller argentino Dante Caputo y el embajador Theodore Gildred. En esta Carta-Convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina y la Embajada de los Estados Unidos de América, se formalizaba un sistema ya existente de operaciones encubiertas y de monitoreo para la performance de fuerzas de seguridad argentinas (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Aduana y Prefectura Naval argentinas): la parte argentina debía presentar un informe semestral a la Embajada de Estados Unidos conteniendo las medidas policiales y judiciales adoptadas en casos de violación a la legislación de estupefacientes, así como las incautaciones y destrucciones de contrabandos. Por el lado norteamericano, se aportaba un monto de 340.000 dólares durante el año 1987 destinado a mejorar la capacidad general de las fuerzas de seguridad argentinas en el control de estupefacientes -provisión equipos, aprovisionamiento y servicios (127)-.
No obstante este acuerdo, existieron divergencias en relación a la percepción del problema de las drogas, su origen y alcance. Un acabado ejemplo al respecto fue el choque de posiciones que tuvo lugar durante la Segunda Conferencia de Jefes de Servicios Nacionales de la Droga para América, organizada por la INTERPOL en Buenos Aires, a fines de junio de 1988. Así, mientras el representante de la Oficina Internacional de la Policía Criminal (OIPC), el norteamericano Raimond Kendal, no dudó en responsabilizar del problema a los productores latinoamericanos al afirmar que "Sudamérica y drogas ilícitas se han vuelto sinónimos", el propio presidente argentino Raúl Alfonsín criticó el enfoque "ofertista" del representante estadounidense, al sentenciar que "no se puede ser duro en una parte y permisivo en otra", ya que "al mismo tiempo que se ataca la producción hay que ver de qué manera se ataca el consumo (128)".
Durante el último tramo, la administración de Alfonsín mantuvo una política antidroga totalmente identificada con los objetivos de la Casa Blanca en la materia. Así, la carta-convenio sobre cooperación bilateral en la lucha antinarcóticos de septiembre de 1987 fue prorrogada por un año más a través de la firma en Buenos Aires, el 26 de agosto de 1988, de una modificación a la misma por parte del canciller Caputo y del embajador Gildred. En este nuevo acuerdo, el gobierno de Estados Unidos se comprometía a enviar 360.000 dólares durante el año 1988, y la Argentina debía utilizar dichos fondos para la lucha contra el narcotráfico en Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, Formosa y Corrientes (129).
Por otra parte, en el contexto de la creciente preocupación de Washington por el "lavado" de dinero en países del Cono Sur, el canciller Caputo y el embajador Gildred firmaron, el 24 de mayo de 1989, un Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (130). Con un esquema similar a los anteriormente mencionados, este nuevo acuerdo establecía: a) la cooperación bilateral mediante la facilitación de equipo, recursos humanos y financieros para programas concretos anti-droga; b) la prestación de asistencia mutua de carácter técnico, y c) el intercambio de información.
Comunicado argentino tras el encuentro entre los presidentes Raúl Alfonsín y Ronald Reagan en septiembre de 1984, citado en los trabajos de Roberto Russell, "Un año de política exterior: Las relaciones con los socios privilegiados", América Latina / Internacional, Vol. 2, número 3, enero-marzo 1985, p. 50; Alicia Frohmann, "Democracia, deuda externa y disciplinamiento económico. Las relaciones entre Argentina y Estados Unidos 1983-1985", FLACSO, Documento de Trabajo, Nº 298, Santiago de Chile, junio 1986, p. 37, y Roberto Russell, "Las relaciones Argentina-Estados Unidos: del alineamiento heterodoxo a la recomposición madura ", en Mónica Hirst (compiladora), Continuidad y cambio en las relaciones América Latina / Estados Unidos, Buenos Aires, GEL, 1987, p. 47.
Ver respecto del vínculo entre seguridad, desarrollo económico y consolidación de la democracia las declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano, Timothy McNamar, quien sostuvo que de no haberse aprobado uno de los varios paquetes de rescate financiero acordados durante 1984, la democracia argentina pudo haber peligrado por la presión de elementos nacionalistas internos que podían "volcarse a la Unión Soviética y repudiar la deuda". Declaraciones de McNamar, New York Times, 1º de abril 1984, cit. en el artículo de A. Frohmann, "Democracia, deuda externa y disciplinamiento económico...", op. cit., pp. 42-43.
La diferencia entre los enfoques del gobierno argentino y del norteamericano respecto de cómo encarar el problema del endeudamiento queda claramente evidenciada en las declaraciones del presidente Alfonsín durante su segundo viaje a Estados Unidos en marzo de 1985. En esta ocasión, el mandatario argentino sostuvo "la necesidad de emprender una consideración conjunta del problema de la deuda con los gobiernos de los países acreedores, porque los problemas no competen únicamente a los organismos financieros internacionales y a las entidades bancarias". Por su parte, el académico Riordan Roett aclara la percepción norteamericana del problema del endeudamiento:
(...) la posición del gobierno de Estados Unidos y la de los bancos privados es que el tema de la deuda debe ser resuelto entre los países deudores y que la deuda es más una cuestión doméstica de manejo financiero sensato que una cuestión política. Además, se sostiene que los gobiernos deben aceptar las responsabilidades heredadas de administraciones anteriores. (...) Existe en Estados Unidos un sentimiento creciente de que el propio Alfonsín no entiende el vínculo existente entre orden económico interno y sobrevivencia de las políticas democráticas en la Argentina. Este es un caso, a mi juicio, en el que mala economía es mala política.
Entrevista a Riordan Roett, director del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Johns Hopkins University, Washington D.C., Estados Unidos, por Roberto Russell, en América Latina / Internacional, Vol. 2, número 5, julio-septiembre 1985, p. 105; A. Frohmann, "Democracia, deuda externa y disciplinamiento económico...", op. cit., pp. 75-76; R. Russell, "Las relaciones Argentina-Estados Unidos...", op. cit., p. 52; y Howard J. Wiarda, "La política interna y exterior de Sudamérica", en G. Pope Atkins, Sudamérica en la década de 1990. El desarrollo de las relaciones internacionales en una nueva era, Buenos Aires, GEL, 1990, pp. 50-51.
En 1983, la Argentina debía cerca de 43.000 millones de dólares, que representaban la mitad de su producto bruto interno y casi seis años de exportaciones. Los atrasos acumulados durante 1983 eran estimados en 2700 millones de dólares, los vencimientos para 1984 totalizaban más de 20.000 millones de dólares y la disponibilidad de reservas internacionales era prácticamente nula. Para completar este delicado panorama, la Argentina no había cumplido el convenio stand-by concertado con el FMI en septiembre de 1983. Ver al respecto M. Muro de Nadal, op. cit., pp. 301-302; y Roberto Bouzas, "Impasses y alternativas en la negociación financiera externa", América Latina / Internacional, Vol. 1, Nº 2, octubre-diciembre 1984, p. 33. Respecto de la decisión del presidente Alfonsín de pagar sólo la deuda "legítima" ver el artículo de Roberto Russell, "Un año de política exterior: Las relaciones con Estados Unidos, América Latina y Europa Occidental", en Rubén M. Perina y Roberto Russell (editores), Argentina en el mundo (1973-1987), Buenos Aires, GEL, 1988, p. 135.
Declaraciones del presidente Alfonsín sobre deuda externa durante la conferencia de prensa del 12 de enero de 1984, citadas en Clarín, 13 de enero de 1984, p. 28, y La Nación, 13 de enero de 1984, p. 1; declaraciones del presidente Alfonsín, mayo de 1984, citadas en I. Massun, op. cit., p. 47.
J. Morales Solá, op. cit., p. 251.
Roberto Bouzas y Saúl Keifman, "Las negociaciones financieras externas de la Argentina en el período 1982-1987", en Roberto Bouzas (editor), Entre la heterodoxia y el ajuste. Negociaciones financieras externas de América Latina (1982-1987), Buenos Aires, GEL, 1988, pp. 38-39.
"Fue logrado un acuerdo sobre la deuda externa", La Nación, 31 de marzo de 1984, pp. 1 y 14, y "Argentina paga hoy la deuda atrasada. Concreta la operación con ayuda de varios países", La Prensa, 31 de marzo de 1984, p. 1; texto del comunicado oficial anunciando el otorgamiento del paquete de rescate de 500 millones de dólares, en La Nación, 31 de marzo de 1984, p. 1; "Acuerdo con la banca acreedora con apoyo de Estados Unidos" y "Las claves de una operación múltiple", Clarín, 31 de marzo de 1984, pp. 2-3; "Argentina y la banca. Negociación a toda marcha", Clarín, 1º de abril de 1984, p. 4; "Panorama político. La necesidad de un giro realista", por Joaquín Morales Solá, Clarín, 1º de abril de 1984, pp. 16-17; Cronología relaciones internacionales de Argentina, FLACSO, Serie de Documentos e Informes de Investigación del Area de Relaciones Internacionales, Nº 16, Buenos Aires, marzo / diciembre de 1984, p. 61; Manfred Wilhelmy, "Argentina: la política exterior del gobierno democrático", en Heraldo Muñoz (compilador), Las políticas exteriores latinoamericanas frente a la crisis, Primer Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas del PROSPEL correspondiente al año 1984, Buenos Aires, GEL, 1985, pp. 323-324; Roberto Russell, "La política exterior argentina: un perfil del primer semestre", América Latina / Internacional, Vol. 1, Nº 1, julio-septiembre 1984, pp. 4 y 11; R. Bouzas, "Impasses y alternativas...", op. cit., pp. 34-35; A. Frohmann, "Democracia, deuda externa y disciplinamiento económico...", op. cit., pp. 58 y 60: R. Bouzas y S. Keifman, "Las negociaciones financieras externas de la Argentina en el período 1982-1987", op. cit., pp. 39-40, y Hugo R. Perosa, Las relaciones argentino-soviéticas contemporáneas / 1, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1989, p. 108.
"Eximbank suspendió créditos a la Argentina", Clarín, 29 de marzo de 1984, p. 3; Cronología relaciones internacionales de Argentina, marzo / diciembre de 1984, op. cit., pp. 24-25 y 27-28; J. Morales Solá, op. cit., p. 251; R. Bouzas, "Impasses y alternativas...", op. cit., p. 35; R. Bouzas y S. Keifman, "El Plan Baker y la deuda externa de América Latina", op. cit., p. 39; Roberto Bouzas y Saúl Keifman, "Argentina: El Plan Austral y las negociaciones financieras externas", América Latina / Internacional, Vol. 2, número 6, octubre-diciembre 1985, p. 114; A. Frohmann, "Democracia, deuda externa y disciplinamiento económico...", op. cit., pp. 61-64; y Francisco Corigliano, "El impacto de Estados Unidos y de España en el proceso de democratización en Argentina", en Síntesis, número 21, Madrid, julio-diciembre de 1993, p. 243.
Texto completo de la carta de intención que el ministro Grinspun envió al FMI el 11 de junio de 1984, en "La carta de intención para el Fondo", Clarín, 12 de junio de 1984, pp. 4-6 y 44-45; las reacciones internas que generó el envío de esta carta al director gerente del FMI se pueden ver en "Envían hoy la carta de intención al FMI sin acuerdo de la misión", Clarín, 11 de junio de 1984, pp. 12-13; "Diversos sectores políticos dieron su apoyo al Gobierno", Clarín, 12 de junio de 1984, p. 6, y "La Carta de la discordia", Somos, Nº 404, 15 de junio de 1984, pp. 56-58, y "Nueva York: la óptica de los bancos", Somos, Nº 406, 29 de junio de 1984, p. 57. Ver también los trabajos de Manfred Wilhelmy, "Argentina: la política exterior del gobierno democrático", op. cit., p. 325, y A. Frohmann, "Democracia, deuda externa y disciplinamiento económico...", op. cit., p. 63.
Cronología relaciones internacionales de Argentina, marzo / diciembre de 1984, op. cit., p. 65. Ver también "Economía & Negocios. La deuda en campo minado", Somos, Nº 405, 22 de junio de 1984, pp. 56-59. Asimismo, otros dos claros indicadores del impacto negativo que en la banca acreedora tuvo el envío de una carta de intención en forma unilateral por parte del gobierno argentino fueron las opiniones de Richard Fleischmann, asesor del Chemical Bank, y de Anthony Mc Fadden, consultor económico financiero de la banca Morgan. Ambos descalificaron duramente la política económica del gobierno radical. Fleischmann sostuvo que los intentos del gobierno de Alfonsín por "regionalizar" la deuda en Cartagena y por "politizarla" demostraban la intención de
arrinconar al Fondo, o sea que se está malvinizando la deuda, y lo que no percibe el gobierno argentino es que esas actitudes no resuelven el problema. Es cierto que los bancos también deben flexibilizar su posición, pero en la medida en que la Argentina no baje la inflación, elimine los subsidios a empresas ineficientes, instaure sistemas impositivos justos y premie la producción en vez de la especulación, no habrá manera de convencer al Fondo o a alguna otra institución crediticia del mundo de que se está realizando un esfuerzo serio de recuperación.
Por su parte, McFadden, de la banca Morgan coincidió con la posición crítica de Fleischmann al señalar que
La Carta de Alfonsín al Fondo y la gestión actual del ministro Grinspun en Nueva York y Washington son más eficientes a nivel político que a nivel económico. Globalmente, le sirven a Argentina más para mostrar ante el mundo la iniciativa de romper un esquema perimido de préstamos internacionales, que para justificar su erróneo esquema económico. El mundo recordará que Argentina dio el primer paso para poner al Fondo frente a una realidad ineludible como es la de movilizar a una economía sólo para pagar intereses, pero Argentina también pasará a la historia por haber fracasado en controlar la inflación subsidiando industrias ineficientes e imprimiendo moneda para financiar la máquina burocrática estatal.
"Nueva York: la óptica de los bancos", Somos, Nº 406, 29 de junio de 1984, p. 57.
Los bancos norteamericanos perjudicados por préstamos morosos otorgados a la Argentina fueron los siguientes: Manufacturers Hannover, con 21,4 millones de dólares de pérdidas; Chase Manhattan, con 13 millones; Citicorp, con 11 millones; Crocker National, con 10, 9 millones; J.P. Morgan, con 6,9 millones; Chemical Bank de Nueva York, con 5,5 millones; Marine Midland, con 1,9 millones; Irving Trust, con 1,9 millones; y Bankers Trust, con 1,7 millones. El Cronista Comercial, 16 de julio de 1984, cit. en A. Frohmann, "Democracia, deuda externa y disciplinamiento económico...", op. cit., p. 65.
Según Tulchin, tanto el gobierno como las autoridades financieras norteamericanos se abstuvieron de comentar la retórica confrontativa de Grinspun, declarando su respaldo a la naciente democracia argentina. Como única excepción en la prensa, cita un editorial del New York Times del 30 de marzo de 1984, que acusaba al gobierno argentino y a los bancos internacionales de "jugar al desafío". Incluso, el académico norteamericano sostiene que la aparente "dureza" del ministro Grinspun sirvió a tres propósitos: a) evitar las acusaciones de los sectores nacionalistas argentinos, en un momento en que el gobierno radical estaba empeñado en cerrar el conflicto limítrofe con Chile; b) mejorar las relaciones con América latina al fomentar la idea de un "club de deudores"; y c) aumentar la capacidad de negociación argentina, en un momento en que los bancos acreedores estaban muy expuestos y no tenían una postura unificada sobre cómo resolver el problema de la deuda. Ver al respecto Joseph A. Tulchin, "La política exterior del gobierno democrático y sus relaciones con los Estados Unidos", en E. Garzón Valdés, M. Mols y A. Spitta (comp.), op. cit., pp. 293-296, y Joseph .A. Tulchin, La Argentina y los Estados Unidos, Buenos Aires, Planeta, 1990, pp. 292-293 y 303, notas 13 y 14.
Alicia Frohmann, en su trabajo "Democracia, deuda externa y disciplinamiento económico...", op. cit., pp. 53-54 y 57-58, subraya que tanto del lado norteamericano como del argentino se registraron percepciones equivocadas respecto de cuál sería el comportamiento del otro en materia de deuda externa. El discurso del gobierno radical motivó prevenciones en los financistas norteamericanos acerca de una posible moratoria argentina en el pago de la deuda. A su vez, las autoridades de Buenos Aires creyeron ingenuamente que el interés expresado por las autoridades norteamericanas respecto de la consolidación de la democracia argentina, sumado al temor de los bancos norteamericanos a un descalabro financiero en caso de que la Argentina cesara sus pagos, eran factores que llevarían al gobierno de Reagan a realizar un esfuerzo especial para resolver los problemas del endeudamiento externo argentino. Frohmann sostiene, en sus artículos "Interacción de actores privados, estatales y paraestatales en la relación Argentina-Estados Unidos", FLACSO, Documento de Trabajo, Nº 348, Santiago de Chile, agosto 1987, p. 28; y "Actores privados y estatales en la relación Argentina-Estados Unidos", CERIR, Cuadernos de Política Exterior Argentina, Estudios Nº 5, Rosario, septiembre 1989, p. 33, que el discurso confrontacionista del gobierno radical no buscaba seriamente ni repudiar la deuda ni formar un cártel de deudores, sino ganar espacio de negociación frente a los bancos. Pero Frohmann señala que, más allá de las intenciones reales de Grinspun y del gobierno radical, el efecto fue contrario al esperado, pues la Argentina brindó al exterior una imagen confrontacionista y poco confiable en materia de deuda, debido fundamentalmente a la falta de un programa económico sólido y coherente. Ante la delicada situación económica argentina, los bancos acreedores se sintieron gravemente amenazados, y a través del gobierno norteamericano iniciaron todo tipo de presiones para que la Argentina aceptara las condiciones "ortodoxas" del FMI, sin recibir ningún tratamiento especial.
Ver declaraciones de Alfonsín, citadas en R. Russell, "Las relaciones Argentina-Estados Unidos...", op. cit., p. 49, y en R. Russell, "Un año de política exterior: Las relaciones con Estados Unidos, América Latina y Europa Occidental", op. cit., pp. 135-136. Por cierto, durante el viaje de Alfonsín a Estados Unidos fue el mismo presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, quien aconsejó al primer mandatario argentino que terminara con la política económica de Grinspun. Por otra parte, en noviembre de 1984, en un documento titulado "The Latin American Debt Problem", los funcionarios del Tesoro hicieron un severo diagnóstico de la crisis económica y financiera de la Argentina, sosteniendo que se debía a la conjunción de políticas económicas equivocadas y de problemas internos, y no -como señalaba la gestión radical- a desajustes de origen externo. U.S. Department of the Treasury, "The Latin American Debt Problem", en Joint Economic Committee, U.S. Congress, Dealing with the Debt Problem of Latin America, Proceedings of a Conference, 13 de noviembre de 1984, S. PRT 98-284, Washington DC, 1985, cit. en Alicia Frohmann, "Occidentalismo o interés nacional? Argentina y los países desarrollados", en FLACSO, Documento de Trabajo, Nº 347, Santiago de Chile, agosto de 1987, pp. 13 y 48, nota 11.
Sobre estos factores que llevaron al agotamiento de la estrategia confrontacionista de Grinspun y a la adopción de una postura más realista en el tema deuda ver los artículos de Alicia Fohmann, "Democracia, deuda externa y disciplinamiento económico...", op. cit., pp. 71-72; "Interacción de actores privados, estatales y paraestatales...", op. cit., p. 30; "Actores privados y estatales en la relación Argentina-Estados Unidos", op. cit., pp. 34-35, y "Occidentalismo o interés nacional? Argentina y los países desarrollados", op. cit., p. 14.
Ver al respecto A. Frohmann, "Democracia, deuda externa y disciplinamiento económico...", op. cit., pp. 71-72; y F. Corigliano, op. cit., p. 243.
R. Bouzas y S. Keifman, "Las negociaciones financieras externas de la Argentina en el período 1982-1987", op .cit., pp. 42-43. De acuerdo con Primera Plana, semana del 6 al 12 de abril de 1984, fuente citada por M. Wilhelmy, "Argentina: la política exterior del gobierno democrático", op. cit., p. 319, nota 17, el ministro de Economía Grinspun había salido debilitado de la operación de "rescate" financiero de fines de marzo de 1984, pues para acceder a ese crédito el ministro de Economía debió ir en contra de sus principios y conceder una parte de las reservas argentinas. A partir de ese momento, Grinspun participó en las gestiones con organismos internacionales pero a través de una comisión ad hoc.
Texto completo del discurso del presidente Alfonsín en Houston, La Nación, 24 de marzo de 1985, p. 3. Ver también "Las posibilidades parecen limitadas", por Mario Pérez Colman, La Nación, 19 de marzo de 1985, pp. 1 y 2; "Compromiso de Alfonsín ante empresarios de EE.UU", La Prensa, 22 de marzo de 1985, p. 1; "La semana política. De la gira de Frondizi a la gira de Alfonsín", La Nación, 24 de marzo de 1985, p. 9; "Nota de tapa. El viraje de Alfonsín. Un realista golpe de timón en la capital petrolera de los Estados Unidos", Somos, Nº 445, 29 de marzo de 1985, pp. 8-14, y " Viraje: ¿una mera expresión de deseos?", por Manfred Schônfeld, La Prensa, 31 de marzo de 1985, p. 7, que plantea reservas respecto de la profundidad del "giro realista" esbozado por Alfonsín en Houston. Asimismo consultar los trabajos de Roberto Russell, "Entre Estados Unidos y América Latina: Redefinición de espacios y tiempos", en América Latina / Internacional, Vol. 3, Nº 7, enero-marzo 1986, p. 2, y "Las relaciones Argentina-Estados Unidos...", op. cit., p. 53.
Ver al respecto el trabajo de A. Frohmann, "Democracia, deuda externa y disciplinamiento económico", op. cit., p. 77, y los artículos de R. Bouzas y S. Keifman, "Las negociaciones financieras externas de la Argentina en el período 1982-1987", op. cit., p. 44, y "Argentina: El Plan Austral y las negociaciones financieras externas", op. cit., p. 145.
Ver los artículos de R. Bouzas y S. Keifman, "Las negociaciones financieras externas de la Argentina en el período 1982-1987", op. cit., pp. 44-45, y "Argentina: El Plan Austral y las negociaciones financieras externas", op. cit., p. 117.
Ver los artículos de R. Russell, "Las relaciones Argentina-Estados Unidos...", especialmente pp. 51 y 54-55 y Roberto Russell, "Type of regime, changes of governments and foreign policy: The case of Argentina (1976-1991)", FLACSO, Serie de Documentos e Informes de Investigación del Area de Relaciones Intenacionales, Nº 127, Buenos Aires, mayo de 1992, pp. 12-13.
Declaraciones del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, Richard Lugar, citadas en R. Russell, "Entre Estados Unidos y América Latina...", op. cit., pp. 2-3.
Declaraciones del subsecretario adjunto para Asuntos Interamericanos, Richard Holwill, citadas en ibid., p. 3.
Como fruto de estos convenios, a fines de septiembre de 1985 se produjo el primer desembolso del préstamo financiero por un monto de 4200 millones de dólares, y a fines de noviembre, se concretó el segundo desembolso, por 800 millones de dólares. Con estos aportes financieros, sumados a los dos tramos condicionados del convenio stand-by que el Fondo giró en agosto y septiembre, las autoridades argentinas lograron cancelar el saldo pendiente de 750 millones del crédito puente obtenido en 1982, la totalidad del puente concedido en junio de 1985, y todos los intereses de la deuda externa del sector público. Ver respecto del convenio con el FMI de junio de 1985 y sus resultados los artículos de R. Bouzas y S. Keifman, "Las negociaciones financieras externas de la Argentina en el período 1982-1987", op. cit., pp. 44-45, y "Argentina: El Plan Austral y las negociaciones financieras externas", op. cit., p. 118. Ver asimismo Roberto Bouzas y otros, "Informe sobre la coyuntura económica internacional", FLACSO, Serie Documentos e Informes de Investigación del Area de Relaciones Internacionales, Nº 37, Buenos Aires, abril de 1986, pp. 71-73.
El waiver o "perdón" del FMI consistió en la firma por parte de la Argentina de un documento en el que se comprometía a discutir un nuevo acuerdo con el FMI que no contuviera metas. Dicho convenio era novedoso, por cuanto estaba exento de las condiciones típicas de los programas de ajuste convenidos con este organismo multilateral de crédito. En otras palabras, este "perdón" o waiver se concedió fuera de un programa de ajuste convenido con el Fondo. Pero esta curiosidad estuvo muy vinculada al contexto regional de ese momento, caracterizado por la crisis de la deuda mexicana, en un momento en que parecía muy remoto un acuerdo entre las autoridades de México y los representantes del FMI. La aprobación de este waiwer del FMI a las autoridades argentinas generó una intensa discusión en el seno mismo del Fondo, donde los representantes de Japón, Alemania Federal y Suiza expresaron sus críticas al gobierno argentino por el incumplimiento de las metas. Por el contrario, los representantes de Estados Unidos, Italia, India y el grupo de países del Cono Sur sustentaron la necesidad de un tratamiento más flexible para la Argentina. Ver al respecto los artículos de R. Bouzas y S, Keifman, "Las negociaciones financieras externas de la Argentina: resultados y perspectivas", en América Latina / Internacional, Vol. 4, Nº 13, Buenos Aires, julio-septiembre de 1987, p. 126; y "Las negociaciones financieras externas de la Argentina en el período 1982-1987", op. cit., p. 46. Ver también Roberto Bouzas y otros, "Informe sobre la coyuntura económica internacional", Número III, FLACSO, Serie de Documentos e Informes de Investigación del Area de Relaciones Internacionales, Nº 54, Buenos Aires, mayo de 1987, pp. 61-62; Roberto Russell, "Argentina-Estados Unidos: la vinculación de cuestiones", América Latina / Internacional, Vol. 4, Nº 14, octubre-diciembre 1987, p. 146, y F. Corigliano, op. cit., p. 246.
"Apoyo del Tesoro de EE.UU al plan económico. Crédito puente por u$s 500 millones", Clarín, 27 de febrero de 1987, p. 16; y los artículos de R. Bouzas y S. Keifman, "Las negociaciones financieras externas de la Argentina: resultados y perspectivas", op. cit., pp. 129-130; A. Frohmann, "Actores privados y estatales en la relación Argentina-Estados Unidos", op. cit., pp. 37-38; Roberto Russell y Gloria Fernández, "La política exterior argentina en 1987: aspectos sobresalientes", en Heraldo Muñoz (compilador), Las políticas exteriores de América Latina y el Caribe: un balance de esperanzas, Cuarto Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas del PROSPEL correspondiente al año 1987, Buenos Aires, GEL, 1988, pp. 17-18; R. Bouzas y S. Keifman, "Las negociaciones financieras externas de la Argentina en el período 1982-1987", op. cit., pp. 51-52; Saúl Keifman, "Argentina bajo el Plan Baker", América Latina / Internacional, Vol. 5, Nº 16, abril-junio 1988, pp. 177-178, y F. Corigliano, op. cit., p. 243.
En su momento, se afirmó que el paquete financiero obtenido por la Argentina fue considerado más favorable que el acordado por otros países y sólo comparable al logrado por México. El acuerdo de la Argentina con el Comité de Bancos se firmó en abril de 1987, justo antes de la rebelión militar de Semana Santa, como un gesto de respaldo hacia el gobierno de Alfonsín, pues los banqueros fueron advertidos respecto de la existencia de tensiones entre la administración radical y el Ejército. Entre las condiciones ventajosas del acuerdo de la Argentina con el FMI de abril de 1987 se puede mencionar la reprogramación de toda la deuda a plazos más largos, el margen sobre LIBOR similar al obtenido por México, la obtención de dinero fresco por un monto de 1950 millones de dólares y la capitalización de la deuda con el aporte de recursos adicionales. Este acuerdo logró cerrrarse a pesar de las objeciones de los técnicos del FMI a ciertos aspectos del mismo (los spreads, el sistema de capitalización y el mecanismo de on-lending), debido a la presión del gobierno norteamericano sobre el Comité de Bancos. El protagónico papel del gobierno norteamericano en las negociaciones entre las autoridades económicas argentinas y los bancos quedó resumido en la opinión de un banquero que participó de estas gestiones:
(...) los argentinos fueron muy inteligentes. Negociaron muy bien. Hicieron presión en el momento justo y en el lugar exacto: Washington. El problema es que si todo sigue así las deudas se van a terminar negociando en Washington y los banqueros les vamos a decir a la Administración que pongan ellos la plata.
"Anunció el Gobierno un acuerdo con los bancos acreedores", Clarín, 15 de abril de 1987, pp. 2-3, y los artículos de R. Bouzas y S. Keifman, "Las negociaciones financieras externas de la Argentina: resultados y perspectivas", op. cit., pp. 129-130; A. Frohmann, "Actores privados y estatales en la relación Argentina-Estados Unidos", op. cit., pp. 37-38; R. Russell y G. Fernández, op.cit., pp. 17-18; R. Bouzas y S. Keifman, "Las negociaciones financieras externas de la Argentina en el período 1982-1987", op. cit., pp. 51-52; Saúl Keifman, "Argentina bajo el Plan Baker", op. cit., pp. 177-178, y F. Corigliano, op. cit., p. 243.
R. Russell y G. Fernández, op. cit., p. 18.
"Viajó el ministro Sourrouille. Rol clave del enviado de Reagan. Hay acuerdo con el FMI", Ambito Financiero, 11 de febrero de 1988, pp. 1 y 2; "Acuerdo con el FMI. Los dólares politizados", Página /12, 14 de febrero de 1988, p. 3; "Claro apoyo de un país a un gobierno", Ambito Financiero, 16 de febrero de 1988, pp. 1 y 2 y "Diálogo Alfonsín-Gelbard que incluyó la deuda externa. Otro gesto de EE.UU.: levantan el bloqueo a la ayuda militar", Ambito Financiero, 19 de febrero de 1988, pp. 1 y 2, que destacan la intervención del gobierno de Estados Unidos -y en particular del subsecretario para Asuntos Latinoamericanoss, Robert Gelbard- en el acuerdo con el FMI. Ver también respecto de este tema los editoriales "Un Juan Sourrouille muy optimista hizo el anuncio al llegar de Washington. Confirmado: la Argentina acordó con el FMI y recibirá 550 millones de dólares", Ambito Financiero, 15 de febrero de 1988, p. 4; "Concedió préstamo puente EE.UU a la Argentina: u$s 400 millones de adelanto", Ambito Financiero, 16 de febrero de 1988, p. 1; "Volvió Machinea con un préstamo puente de Estados Unidos por u$s 400 millones", Ambito Financiero, 16 de febrero de 1988, p. 44; y "Un mes más de oxígeno", por Julio Nudler, Somos, Nº 595, 17 de febrero de 1988, pp. 40-41. Consultar asimismo el trabajo de Roberto Russell, "Política exterior de Argentina en 1988: la prioridad de la agenda económica", en Heraldo Muñoz (compilador), A la espera de una nueva etapa, Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas 1988-1989 del PROSPEL, Buenos Aires, Nueva Sociedad - PROSPEL, 1989, p. 30; y A. Frohmann, "Actores privados y estatales en la relación Argentina-Estados Unidos", op. cit., p. 38.
Roberto Bouzas y otros, "Informe sobre la coyuntura económica internacional", Número VI, FLACSO, Serie Documentos e Informes de Investigación del Area de Relaciones Internacionales, Nº 69, Buenos Aires, octubre de 1988, pp. 72-73, fuente también citada en R. Russell, "Política exterior de Argentina en 1988...", op. cit., p. 30, y en F. Corigliano, op. cit., p. 247.
R. Bouzas y otros, "Informe sobre la coyuntura económica internacional", Número VI, op. cit., p. 74; "Virtual carta de intención de Argentina ante Banco Mundail", por Luis Beldi, Ambito Financiero, 26 de septiembre de 1988, pp. 1 y 5.
"Acusan al Gobierno por los disturbios de anteanoche", La Nación, 15 de enero de 1986, p. 4; "Panorama político. La izquierda en la mira", por Joaquín Morales Solá, Clarín, 19 de enero de 1986, pp. 12 y 13; "Ordenan detener a participantes en la marcha contra Rockefeller", Clarín, 21 de enero de 1986, p. 3.
"Coincidencias entre Sourrouille y el financista Rockefeller", Clarín, 14 de enero de 1986, p. 18; y "Off the record", Somos, Nº 489, 5 de febrero de 1986, p. 50.
"Hoy expondrá una propuesta sobre la deuda. El Presidente quiere hacer ruido", Página /12, 31 de mayo de 1988, p. 3; "El Gobierno elige las palabras duras", por Marcelo Zlotogwiazda, Página /12, 31 de mayo de 1988, p. 3; "Propuso Alfonsín prórroga de plazos y reducción de intereses por la deuda", Clarín, 1º de junio de 1988, pp. 2-3; "Alfonsín lanzó ante banqueros una llamativa propuesta para la deuda", Ambito Financiero, 1º de junio de 1988, pp. 1 y 2; "Alfonsín propuso una solución global para la deuda externa", La Prensa, 1º de junio de 1988, p. 1; "El Presidente repartió copias de su plan entre los acreedores", Página /12, 1º de junio de 1988, p. 2; "El proyecto de Alfonsín sobre la deuda. El mismo pago, pero sin FMI", Página /12, 1º de junio de 1988, p. 3; "¿La Argentina cumplirá el ajuste? Washington no ve garantías", Página /12, 2 de junio de 1988, p. 5 y "Los acreedores después del proyecto sobre la deuda. "El plan es serio pero poco viable", Página /12, 3 de junio de 1988, p. 4. Ver también R. Bouzas y otros, "Informe sobre la coyuntura económica internacional", Número VI, op. cit., pp. 70-71.
"A favor o en contra, pero todos se pronunciaron ante el Plan Alfonsín", Página /12, 2 de junio de 1988, p. 4; "Críticas opositoras. Distintas reacciones por el plan sobre la deuda", Clarín, 2 de junio de 1988, p. 3; "La propuesta de Alfonsín es ineficiente, dice la oposición", La Prensa, 2 de junio de 1988, p. 4, y "Cafiero calificó de tardía la propuesta por la deuda", Clarín, 5 de junio de 1988, p. 11. Ver asimismo diversas opiniones a favor y en contra de la propuesta en "Un destino incierto", por Mario Krasnob, Clarín, 1º de junio de 1988, p. 3; "SOS por un salvavidas", por Daniel Sosa, Página /12, 1º de junio de 1988, p. 3; "Ovillo de muchas puntas", por Mario Krasnob, Clarín, 2 de junio de 1988, p. 4; "Una música para los acreedores", por Marcelo Zlotogwiazda, Página /12, 2 de junio de 1988, p. 4; "Comenzó el partido", por Rodolfo Rossi (economista de la UCD), Página /12, 3 de junio de 1988, p. 4; "La lección", por Eduardo Aliberti, Página /12, 3 de junio de 1988, p. 4, y "La deuda y el desarme según la óptica del gobierno argentino. La conciliación difícil", por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 14 de junio de 1988, p. 13.
Este préstamo fue finalmente aprobado el 27 de octubre de 1988 con un fuerte apoyo norteamericano frente a la oposición de Gran Bretaña, Alemania Federal y Nueva Zelandia, cuyos representantes objetaban que el Banco Mundial otorgara un préstamo sin pasar por la supervisión tradicional del Fondo Monetario. Ver "Financiamiento de la deuda. Un puente para tapar baches", Página /12, 19 de octubre de 1988, p. 7; "u$s 1252 millones del Banco Mundial. Firman préstamo para la Argentina", Clarín, 28 de octubre de 1988, p. 19; "Se fortalece el plan: el Banco Mundial aprobó créditos por u$s 1200 millones", Ambito Financiero, 28 de octubre de 1988, p. 1, y "Concretó el Banco Mundial su apoyo a la Argentina: 1252 millones de dólares", Ambito Financiero, 28 de octubre de 1988, p. 3.
R. Russell, "Política exterior de Argentina en 1988...", op. cit., p. 30.
"En Economía esperan algún tipo de acuerdo con el FMI. No se cree en Washington que haya stand by para Argentina", por Alan Wheatley, Ambito Financiero, 27 de enero de 1989, p. 2; "El Banco Mundial, gran aliado del equipo económico, suspendió el préstamo record de us$ 1250 millones. Argentina no tiene más crédito externo", por Luis Beldi, Ambito Financiero, 3 de marzo de 1989, p. 48; "Argentina volverá a hablar con bancos, FMI y Banco Mundial después de las elecciones. Deuda externa: suspenden negociaciones", Ambito Financiero, 16 de marzo de 1989, p. 3; y "El Banco Mundial no respaldará a la Argentina. Ajuste ahora, viaje después", por Marcelo Zlotogwiazda, Página /12, 20 de mayo de 1989, pp. 2-3.
"Nueva propuesta de Estados Unidos. Más vale plan en mano que deuda volando", Página /12, 11 de marzo de 1989, p. 3; "Reacción argentina. El Gobierno esbozó una sonrisa", Página /12, 11 de marzo de 1989, p. 3; "Argentina ausente con aviso. Ya tiene clientes el Plan Brady", Página /12, 14 de marzo de 1989, p. 3; y "La puerta carcomida", por Marcelo Zlotogwiazda, Página /12, 14 de marzo de 1989, p. 3
Clarín, 11 de diciembre de 1983, cit. en A. Frohmann, "Democracia, deuda externa y disciplinamiento económico...", op. cit., p. 33, y en A. Frohmann, "Actores privados y estatales en la relación Argentina-Estados Unidos", op. cit., pp. 28-29.
Dante Caputo, "Treinta meses de política exterior en democracia", disertación presentada en el Centro Cultural San Martín, Universidad de Buenos Aires, 4 de junio de 1986, p. 9, cit. en A. Frohmann, "Actores privados y estatales en la relación Argentina-Estados Unidos", op.cit., pp. 46-47, y en José Paradiso, Debates y trayectoria de la política exterior argentina, Buenos Aires, GEL, 1993, p. 187.
Durante la sesión inaugural de la Conferencia Económica de Quito, el 12 de enero de 1984, el canciller Caputo señaló que
(...) La injerencia extranjera en América Latina va desde las formas más claras y directas de colonialismo, como las que sufrimos los argentinos en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, hasta las nuevas formas de penetración, que terminan convirtiéndonos en peones jugados en un tablero que desconocemos y con objetivos que no son los nuestros (...).
Caputo también atacó implícitamente la intervención norteamericana en América Central, al destacar la necesidad para América Latina de preservarse de toda forma de intervención "venga de donde venga, del Este o del Oeste y auspiciando toda forma de cooperación para impedirla." Declaraciones del canciller Caputo citadas en "La Conferencia de la CELA en Quito. Caputo pidió la unidad latinoamericana para rechazar injerencias y superar la crisis", La Nación, 14 de enero de 1984, p. 2.
Durante su visita a México en marzo de 1984, el canciller Caputo sostuvo que
(...) Estados Unidos no debe sentirse tutor de lo que suceda en América Latina, y especialmente, en América Central (...) si las naciones de América Central no encuentran en la democracia una vía de solución para sus problemas, de todas formas, no se justifica una acción que signifique intervencionismo por parte de Estados Unidos.
"Caputo: EE.UU. no debe sentirse tutor de Centroamérica ", Clarín, 6 de marzo de 1984, p. 9, también citado en R. Russell, "La política exterior argentina: un perfil...", op. cit., pp. 10-11.
Por cierto, el embajador Ortiz se embarcó en una cruzada destinada a enfrentar abiertamente la política centroamericana del presidente Alfonsín y del canciller Caputo, que incluyó declaraciones públicas y un torpe intento por descolocar al dirigente demócrata Tip O Neill durante su visita a Buenos Aires. A pesar de su oposición a la política centroamericana de la administración Reagan, O Neill era un intocable de la política norteamericana. Por esta razón, el intento de Ortiz no fue premiado en la Casa Blanca, cuyas autoridades, decidieron reemplazarlo por un conservador moderado, Theodor Gildred. Ver respecto del crédito argentino a Nicaragua y sus consecuencias en las relaciones Argentina-Estados Unidos los trabajos de Martín Granovsky, Misión cumplida. La presión norteamericana sobre la Argentina, de Braden a Todman, Buenos Aires, Planeta, 1992, p. 154; J. Morales Solá, op. cit., pp. 197 y 208; Roberto Russell, "La política exterior de Argentina en 1985", en Heraldo Muñoz (compilador), América Latina y el Caribe: políticas exteriores para sobrevivir, Segundo Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas del PROSPEL correspondiente al año 1985, Buenos Aires, GEL, 1986, p. 28, y el artículo de Roberto Russell y Juan Gabriel Tokatlian, "Argentina y la crisis centroamericana (1976-1985)", FLACSO, Serie de Documentos e Informes de Investigación del Area de Relaciones Internacionales, Nº 36, Buenos Aires, abril de 1986, p. 13. Ver también el editorial "¿A sola firma?", Somos, Nº 390, 9 de marzo de 1984, p. 16.
Uno de los proyectos de declaración fue suscripto por diputados radicales y justicialistas, entre ellos Federico Storani, Carlos Becerra, Jorge Connolly y otros, y ratificaba el respaldo a las gestiones de paz del Grupo de Contadora, repudiaba las agresiones en América Central, y aconsejaba la suspensión de las maniobras militares por parte de fuerzas norteamericanas. Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 2ª, Mayo 9 de 1984, Tomo I: Sesiones ordinarias (del 26 de abril de 1984 al 11 de mayo de 1984), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1985, p. 483. El otro proyecto de declaración fue auspiciado por los diputados justicialistas Florencio Carranza, Julio C. Corzo y otros, y denunciaba la acción del "imperialismo norteamericano" en América Central. Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 2ª, Mayo 9 de 1984, Tomo I, op. cit., p. 488. Véase también el informe del diputado Storani, y los fundamentos presentados por los diputados del PI Raúl Rabanaque, Marcelo Arabolaza y Miguel Monserrat, ibid., pp. 483-485. Asimismo, el 23 de mayo los senadores justicialistas Ramón A. Araujo y Olijuela del Valle Rivas presentaron en la Cámara Alta un proyecto que declaraba "su más enérgico repudio" por la "invasión armada" que sufría la "hermana nación latinoamericana" de Nicaragua. Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1984, Reunión 5ª, Mayo 23 de 1984, Tomo I: Sesión preparatoria y sesiones ordinarias (1º de mayo de 1984 al 5 de julio de 1984), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1985, p. 366. A su vez, el proyecto presentado el 13 de diciembre de 1984 por un grupo de diputados de la bancada justicialista llamaba a "sumarse en forma activa a los esfuerzos del Grupo Contadora" y a respaldar a Nicaragua frente al "imperialismo norteamericano". Proyecto de declaración de los diputados justicialistas Héctor Dalamu, Ignacio Cardozo y otros, Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 33ª, Diciembre 13 de 1984, Tomo X: Sesiones extraordinarias (del 13 de diciembre de 1984 al 28 de diciembre de 1984), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1986, pp. 6280-6281. Por último, el proyecto del diputado intransigente Raúl Rabanaque, de resolución, instaba al gobierno radical a la incorporación de la Argentina como miembro asociado del Grupo de Contadora. Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 34ª, Diciembre 20 de 1984, Tomo X, op. cit., pp. 6317-6319.
Declaraciones del presidente norteamericano Ronald Reagan, citadas en los artículos de R. Russell y J. Tokatlian, "Argentina y la crisis centroamericana", op. cit., pp. 21-22; R. Russell, "La política exterior de Argentina en 1985", op. cit., p. 16, y R. Russell, "Las relaciones Argentina-Estados Unidos...", op. cit., p. 51.
Existen importantes divergencias de opinión respecto de los efectos de este discurso de Alfonsín en las relaciones entre la Argentina y Estados Unidos. Según Martín Granovsky, la intervención del presidente argentino sonó a desafío para las autoridades de Washington, provocando en George Bush, un hombre clave de la administración Reagan, una profunda antipatía personal por Alfonsín. Ver al respecto M. Granovsky, op. cit., pp. 154-155. En cambio, Roberto Russell sostiene que este discurso marcó el inicio del "giro realista" y de las relaciones "maduras" y "estables" con Washington. Ver párrafo del discurso del presidente Alfonsín ante el Congreso de los Estados Unidos y análisis del mismo en R. Russell y J. Tokatlian, "Argentina y la crisis centroamericana", op. cit., p. 22; R. Russell, "La política exterior de Argentina en 1985", op. cit., p. 16, y R. Russell, "Las relaciones Argentina-Estados Unidos...", op. cit., pp. 51-52. Textos completos de los discursos de Alfonsín en los jardines de la Casa Blanca y en el Congreso de Estados Unidos, en La Prensa, 20 de marzo de 1985, p. 1; La Nación, 20 de marzo de 1985, p. 2; La Prensa, 21 de marzo de 1985, pp. 1 y 2, y La Nación, 21 de marzo de 1985, pp. 2 y 3. Respecto del tratamiento del tema centroamericano durante el viaje de Alfonsín consultar también los siguientes editoriales: "Un capítulo promisorio", por Mario Pérez Colman, La Nación, 20 de marzo de 1985, pp. 1 y 2; "Nota de tapa. Alfonsín con Reagan. Con el Fondo. Con los banqueros. Qué ganó y qué perdió. Entretelones políticos y económicos del más importante viaje presidencial", Somos, Nº 444, 22 de marzo de 1985, especialmente pp. 10-13. Ver también el artículo de Boris Yopo H., "Nicaragua 1985: La política exterior como estrategia de supervivencia", en H. Muñoz (comp.), América Latina y el Caribe: Políticas exteriores para sobrevivir, op. cit., pp. 383-384.
R. Russell y J. Tokatlian, "Argentina y la crisis centroamericana", op. cit., pp. 22-23.
Proyecto de resolución presentado por los diputados Storani, Conte y otros; y los proyectos de declaración de los diputados Perl y Fappiano y Conte, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1985, Reunión 2ª, Mayo 8 y 9 de 1985, Tomo I: Sesiones ordinarias (del 26 de abril de 1985 al 16 de mayo de 1985), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1987, pp. 253; 269-270 y 271-273, respectivamente. Ver también proyecto de declaración de los senadores Nápoli, Velázquez, Laferriere y otros, Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores 1985, Reunión 2ª, Mayo 8 de 1985, Tomo I: Sesión preparatoria y sesiones ordinarias (8 de mayo al 31 de julio de 1985), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1987, pp. 160; 191-192 y 513-514.
Declaraciones del canciller Dante Caputo, citadas en R. Russell, "Argentina-Estados Unidos: la vinculación de cuestiones", op. cit., p. 147.
Mensaje de Caraballeda para la paz, la seguridad y la democracia de América Central, emitido por los cancilleres de Contadora y Grupo de Apoyo el 12 de enero de 1986, cit. en Alicia Frohmann (compiladora), "De Contadora al Grupo de los Ocho: Anexo documental", FLACSO, Documento de Trabajo, Nº 411, Santiago de Chile, julio 1989, pp. 32-39. Consultar asimismo editoriales "Los países centroamericanos apoyan la nueva propuesta de Contadora", Clarín, 15 de enero de 1986, p. 10 y "La resurrección de Contadora", La Nación, 19 de enero de 1986, p. 14.
"Dialoga Shultz en Washington con los ministros de Contadora" y "Un gran abismo", por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 10 de febrero de 1986, pp. 2 y 3; "Escasos resultados en Washington. Minué diplomático", por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 11 de febrero de 1986, p. 10; "Contadora: Estados Unidos ratificó su apoyo a las fuerzas antisandinistas", Clarín, 11 de febrero de 1986, pp. 10 y 11; "Panorama político. Reflejos de América Central", por Eduardo van der Kooy, Clarín, 27 de febrero de 1986, pp. 14 y 15; y "En el terreno de lo concreto", por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 28 de febrero de 1986, p. 4. Ver también los artículos de Roberto Russell, "Argentina y la crisis centroamericana: dos dimensiones de un conflicto", América Latina /Internacional, Vol. 3, número 9, julio-septiembre 1986, pp. 42-43, y Manfred Wilhelmy, "La política exterior argentina en 1986: prestigio, reformas y conflictos", en Heraldo Muñoz (compilador), Las políticas exteriores de América Latina y el Caribe: continuidad en la crisis, Tercer Anuario del PROSPEL correspondiente al año 1986, Buenos Aires, GEL, 1987, p. 20.
Comunicado emitido por los cancilleres de Centroamérica, Contadora y el Grupo de Apoyo, en Panamá, el 7 de abril de 1986, citado en A. Frohmann, "De Contadora al Grupo de los Ocho...", op. cit., pp. 49-52. En dicho comunicado, los cancilleres del Grupo Contadora y del Grupo de Apoyo a Contadora resolvieron, entre otras cuestiones: 1) reafirmar que el proceso de negociación diplomática auspiciado por Contadora "es el único medio viable para obtener un entendimiento político que permita, con la suscripción y entrada en vigor del Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, el cumplimiento de los compromisos allí previstos, los cuales constituyen las bases esenciales para la paz en el área"; 2) invitar a los cinco gobiernos centroamericanos a una reunión el 6 de junio de 1986 en la ciudad de Panamá, con el objeto de "dar oficialmente por concluida la negociación del texto del Acta de Contadora y proceder a su formalización"; y 3) invitar a los cinco gobiernos centroamericanos a reiniciar de inmediato las negociaciones "sobre los dos únicos aspectos pendientes del Acta de Contadora, esto es, control y reducción de armamentos y maniobras militares internacionales, con base en las propuestas presentadas por el Grupo de Contadora".
Sobre las razones que llevaron a la diplomacia argentina a adoptar un perfil de menor compromiso en la crisis centroamericana, ver los trabajos de R. Russell, "Argentina-Estados Unidos: la vinculación de cuestiones", op. cit., p. 148, y R. Russell y G. Fernández, op. cit., p. 20.
"Qué dijo el enviado de Reagan", Somos, Nº 539, 21 de enero de 1987, p. 19.
"Un enviado de Estados Unidos con Alfonsín y Caputo", Página /12, 9 de febrero de 1988, p. 5.
Conferencia de prensa realizada por el presidente Alfonsín, Clarín, 13 de enero de 1984, p. 5. Cabe señalar que, en uno de los tantos artículos publicados por la prensa británica con motivo de la asunción de Alfonsín, el Daily Telegraph especulaba que Alfonsín se reuniría inmediatamente con el vice-presidente norteamericano, George Bush, para tratar de asegurarse el apoyo estadounidense para movidas destinadas a lograr que Gran Bretaña abriera las negociaciones sobre el futuro de las islas Malvinas. A cambio, el presidente argentino probablemente le ofrecería a Estados Unidos poner a disposición para que fueran inspeccionadas internacionalmente todas las instalaciones nucleares de la Argentina. El diario aclaraba que, según Estados Unidos, la Argentina estaría en condiciones de producir una bomba nuclear en tres años, y recordaba también que la Argentina en el pasado no habia permitido tales inspecciones internacionales, y que además no había firmado el Tratado de No-proliferación Nuclear (TNP), ni había adherido al Tratado de Tlatelolco. Por último, el Telegraph prácticamente enviaba un mensaje al gobierno argentino de que intentar lograr el apoyo estadounidense para eso no serviría de mucho, ya que "luego de la invasión a Grenada y del levantamiento del embargo de armas sobre Argentina, la influencia de Reagan sobre Thatcher es probablemente mínima". The Daily Telegraph, 10 de diciembre de 1983, p. 5, cit. en informe de la investigadora Lara Manóvil.
El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), fue aprobado en junio de 1968 a través de la resolución 2573 del XXII Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Argentina se abstuvo en la votación de la Asamblea General que aprobó este tratado, por considerarlo discriminatorio al consagrar el "desarme de los desarmados", mientras que las potencias nucleares pueden o no someterse al sistema de salvaguardias establecido por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Ver al respecto los trabajos de Julio César Carasales, Desarme de los desarmados. Argentina y el tratado de no proliferación de armas nucleares, Buenos Aires, Editorial Pleamar, 1987; José Miguel Insulza, "Efectos regionales de las iniciativas de desarme global", en Augusto Varas (compilador), Paz, desarme y desarrollo en América Latina, Buenos Aires, GEL, 1987, pp. 281-282; y Roberto Russell, "La posición argentina frente al desarme, la no proliferación y el uso pacífico de la energía nuclear", en Wolf von Baudissin, Mario Cámpora y otros, Desarme y desarrollo. Condiciones internacionales y perspectivas, Buenos Aires, Fundación Arturo Illia / GEL, 1989, pp. 58-62.
El Tratado de Tlatelolco, firmado el 14 de febrero de 1967, prohíbe pruebas, uso, manufactura, producción, adquisición, recepción, almacenamiento, instalación o empleo de armas nucleares en la región. Este acuerdo establece un sistema de control internacional sobre dos ejes complementarios: los acuerdos de salvaguardia con el OIEA y los informes que los Estados parte brindan a un órgano permanente de supervisión, el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina (OPANAL). Argentina firmó Tlatelolco ese mismo año de 1967, pues consideró que, a diferencia del TNP, no reconoce ninguna categoría de países privilegiados y no limita el desarrollo pacífico de la energía nuclear. Sin embargo, y hasta la gestión del justicialista Carlos Menem, los sucesivos gobiernos argentinos no ratificaron Tlatelolco, porque han considerado que el doble sistema de control establecido por el tratado no asegura una adecuada protección al secreto industrial de los Estados miembro y que, en la práctica, existen defectos en la implementación de Tlatelolco, entre ellos, el no cumplimiento del Tratado por parte de las potencias nucleares extracontinentales (caso de la introducción de armamento nuclear en Malvinas por Gran Bretaña durante la guerra de 1982); y la contradicción existente en el tratado entre su artículo 18, que permite expresamente las explosiones nucleares con fines pacíficos, y las declaraciones de Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS, que figuran en el anexo del tratado, prohibiendo este tipo de explosiones nucleares . Ver al respecto Clóvis Brigagao, "América Latina: la expansión del Mercado de Seguridad", en A. Varas (comp.), op. cit., pp. 65-66; Pilar Armanet Armanet, "La zona desnuclearizada latinoamericana en la perspectiva de la cooperación regional", en ibid., pp. 151-167; Francisco Barahona Riera, "Situación actual de los acuerdos de limitación de armamentos y desarme en América Latina y el Caribe", en ibid., pp. 301-302; Edgardo Mercado Jarrín, "Perspectivas de los acuerdos de limitación y desarme en América Latina y el Caribe", en ibid., p. 317; Mónica Hirst, "Las iniciativas latinoamericanas en materia de desarme", en W. Von Baudissin, M. Cámpora y otros, op. cit., pp. 41-42; y R. Russell, "La posición argentina frente al desarme...", op. cit., pp. 62-63.
La carta de Caputo a Percy ha sido publicada en el semanario especializado Nucleonics Week del 1º de marzo de 1984. Sobre este tema ver el artículo de Luis Fernando Calviño, "La Argentina y el régimen internacional de la no proliferación", en R.M. Perina y R. Russell, op. cit., p. 233.
Respecto de Tlatelolco y el TNP, un interesante ejemplo de la persistencia de lo que Carlos Escudé llama el legado cultural del nacionalismo confrontativo en las fuerzas de la oposición fue el proyecto de declaración presentado por los diputados del PI Raúl O. Rabanaque y Miguel P. Monserrat ante la Cámara Baja el 9 de mayo de 1984, que solicitaba al Ejecutivo que no firmara el TNP, no ratificara Tlatelolco, y exigiera a los Estados poseedores de armamento nuclear el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la no proliferación de armas nucleares y sobre la cuestión del desarme general y completo. Proyecto de declaración de los diputados Rabanaque y Monserrat, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 2º, Mayo 9 de 1984, Tomo I, op. cit., pp. 392-395.
"Llegó James Carter y pidió la firma del T.N.P.", Clarín, 9 de octubre de 1984, p. 13; "James Carter explicó su relación con el gobierno militar", Clarín, 10 de octubre de 1984, p. 13; " La Argentina no firmará el TNP, afirmó James Carter", Clarín, 11 de octubre de 1984, p. 14, y "Panorama político. Un test para el gobierno", por Ricardo Kischbaum, Clarín, 11 de octubre de 1984, especialmente p. 16. Ver asimismo la posición de Carlos Aráoz, miembro del Consejo Asesor de Política Nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina (CNEA), quien en su editorial "Desarrollo y política nuclear", Clarín, 30 de octubre de 1984, pp. 16-17, criticaba la posición de Carter favorable a la firma del TNP durante su visita a la Argentina y subrayaba la necesidad de que el gobierno argentino continuara con una política favorable al uso pacífico de la energía nuclear.
Conferencia de prensa realizada por el presidente Alfonsín, Clarín, 13 de enero de 1984, p. 5.
El 14 de enero de 1985, un artículo del diario británico The Times advertía que la Argentina tenía "la capacidad de bombardear aéreamente las Malvinas", información que se basaba en un estudio llevado a cabo por el doctor Paul Rogers, de la Escuela de Estudios para la Paz, de la Universidad de Bradford. Según este estudio, la Argentina estaría mucho más equipada en ese momento que a fines de la guerra del 82, y continuaba proveyéndose de barcos, submarinos y modernos armamentos, que "podrían ser utilizados para atacar la nueva base de Mount Pleasant" en las Malvinas, y además "podría estar desarrollando un misil terrestre que podría amenazar a las Malvinas desde el continente". Por supuesto, señalaba la nota, el Dr Roger "no sugiere que el gobierno argentino pretenda comenzar una confrontación armada, pero dice que está adquiriendo los medios para hacerlo". A su vez, la defensa de las Malvinas también se había fortalecido, y pronto ya no se necesitaría mantener tantos soldados en la base de Mount Pleasant, ya que las características de la misma permitirían una rápida reacción ante cualquier ataque. Aunque, según advertía Rogers, no podría mantener alejadas todas las incursiones de tipo menor. The Times, 14 de enero de 1985, p. 4, cit. en el informe de la investigadora Lara Manóvil
Ver al respecto los trabajos de M. Granovsky, op. cit., pp. 204-206, y Daniel Santoro, Venta de armas. Hombres del gobierno. El escándalo de la venta ilegal de armas argentinas a Ecuador, Croacia y Bosnia, Buenos Aires, Planeta, 1998, pp. 52 y 92-93.
Leonard S. Spector, Nuclear Ambitions, Boulder Co, Westview Press, 1990, pp. 229-231, citado en Carlos Escudé, "La historia, la cultura política, los errores y las lecciones en las relaciones argentino-norteamericanas", en Felipe A. M. de la Balze y Eduardo Roca (compiladores), Argentina y Estados Unidos. Fundamentos de una nueva alianza, CARI / ABRA, Buenos Aires, 1997, p. 210.
Sobre el decreto 604 de 1985, ver los trabajos de D. Santoro, op. cit., p. 94; M. Granovsky, op. cit., p. 194; y Mirka Seitz, ¿Realismo penitencial o margen de maniobra? Un estudio de las relaciones de Argentina con América Latina y Estados Unidos, Buenos Aires, GEL, 1993, p. 79. Ver también editorial "Los días del Cóndor", por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 18 de abril de 1991, p. 14.
D. Santoro, op. cit., pp. 95-96, y M. Granovsky, op. cit., Anexo documental: Documento de inteligencia sobre el Cóndor presentado por los Estados Unidos al gobierno argentino, preparado por el funcionario Vann Van Diepen, pp. 341-342.
Sobre el decreto 1315 de 1987, ver D. Santoro, op. cit., p. 94; M. Granovsky, op. cit., pp. 194-195, M. Seitz, op. cit., p. 79, y editorial "Los días del Cóndor...", op. cit. Cabe consignar que el 25 de enero de 1991 el canciller Domingo F. Cavallo envió una carta al ex ministro de Defensa José Horacio Jaunarena en la que denunciaba que los decretos del gobierno radical habían permitido la transferencia de tecnología misilística a Irak, y que en este país habían tenido origen los fondos que financiaron el proyecto Cóndor II. Esta operación había sido posible porque esos decretos autorizaron que el desarrollo tecnológico se financiara a través de un procedimiento de intercambio compensado con la exportación de productos de la industria espacial. Cavallo señalaba que el grave error político del gobierno radical no había residido tanto en el país destinatario de la tecnología y generador de fondos que por entonces compraba armamento en casi todos los países occidentales-, sino en haber permitido utilizar el territorio nacional para realizar actividades de proliferación de misiles, para cuya producción y comercio existían restricciones acordadas a nivel internacional. Por su parte, el ex ministro Jaunarena respondió a Cavallo el 29 de enero de 1991, señalando que ni esos decretos habían autorizado a transferir tecnología a Irak, ni en los hechos se la había transferido. Carta de Cavallo a Jaunarena, 25 de enero de 1991, en La Nación, 26 de enero de 1991, p. 4; carta de Jaunarena a Cavallo, 29 de enero de 1991, en La Nación, 30 de enero de 1991, p. 4.
M. Granovsky, op. cit., pp. 191-193.
"Experto nuclear", Clarín, 8 de marzo de 1988, p. 4; y "Política nuclear. Un contacto bilateral", Clarín, 9 de marzo de 1988, p. 9.
Por cierto, la raíz cultural de este resentimiento y esta desilusión por la actitud norteamericana durante la guerra de Malvinas debe buscarse en el mismo dogmatismo nacionalista que llevó a la mayor parte de la sociedad argentina a respaldar la aventura militar de desembarcar por la fuerza en las islas Malvinas en abril de 1982 Este dogmatismo cultural ha sido un fenómeno analizado por Carlos Escudé, quien lo define como "nacionalismo patológico" pues parte de una percepción exagerada de la importancia de la Argentina en el mundo. Esta percepción, alimentada por los manuales de historia y geografía argentinos, ha condicionado la formación intelectual de actores tanto civiles como militares y, por añadidura, las decisiones de política exterior adoptadas por gobiernos de muy diversa índole (conservadores, radicales, peronistas, militares). Entre otras consecuencias, la persistencia de este "nacionalismo patológico" en la política exterior argentina ha llevado al predominio de una actitud de confrontación hacia Estados Unidos. Ver al respecto los siguientes trabajos de Carlos Escudé: Gran Bretaña, Estados Unidos y la declinación argentina, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1983; La Argentina vs las Grandes Potencias: El Precio del Desafío, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1986; Patología del nacionalismo: el caso argentino, Buenos Aires, Editorial Tesis / Instituto Di Tella, 1987; El Fracaso del Proyecto Argentino: Educación e Ideología, Buenos Aires, Editorial Tesis / Instituto Di Tella, 1990, y su versión en italiano, La "Riconquista" Argentina: Scuola e Nazionalismo, Fiesole, Edizione Cultura della Pace, 1992. Para un tratamiento de la tendencia argentina a la confrontación durante el gobierno de Alfonsín, véase Carlos Escudé, "Política exterior argentina: una sobredosis crónica de confrontaciones", en E. Garzón Valdés, M. Mols y A. Spitta (comp.), op. cit., especialmente pp. 261-280.
The Times, 10 de diciembre de 1983, p. 19, consideraba que la medida era irrelevante a largo plazo para las relaciones anglo-argentinas, aunque reconocía que Washington pudo haber tomado la decisión de forma apresurada. De todas manera, decía la nota, los ministros británicos "saben que Alfonsín ni quiere ni necesita armas de los Estados Unidos para alterar el balance de poder local del Atlántico Sur", y además también saben que Estados Unidos "no querría venderle armas que tuvieran tal efecto". Por su parte, el Daily Telegraph, del 10 de diciembre de 1983, p. 5, dedicaba casi una página entera a las noticias políticas de la Argentina, centrando su nota principal en la decisión estadounidense de levantar el embargo de armas sobre la Argentina. Señalaba que esta decisión no tomó por sorpresa al gobierno británico, ya que Washington lo había mantenido al tanto de sus intenciones, habiéndole asegurado que no iba a vender armas a la Argentina que pudieran ser usadas para una nueva invasión. No obstante, un miembro del Parlamento había expresado que habría sido mejor que Estados Unidos hubiera esperado a que la Argentina declarara el cese de hostilidades. El diario The Sun, del 10 de diciembre de 1983, p. 2, también publicaba una nota sobre el tema del embargo de armas. Finalmente, The Guardian, del 12 de diciembre de 1983, p. 7, comentaba la decisión de Estados Unidos de levantar el embargo de armas, señalando que, si bien el momento de la decisión (cuando los militares todavía estaban en el poder) no fue el más adecuado, el gobierno de Alfonsín "no planea comprar armas al extranjero en el futuro cercano". Las citas pertenecen al informe de la investigadora Lara Manóvil.
Mark Falcoff, "Relaciones entre Estados Unidos y Argentina: mejor de lo esperado", en Roberto Bouzas y Roberto Russell (compiladores), Estados Unidos y la transición argentina, Buenos Aires, Legasa, 1989, p. 312.
Roberto Russell, "Las relaciones Argentina-Estados Unidos...", pp. 43-44; y F. Corigliano, op. cit., p. 242.
Martin Andersen, "Dateline Argentina: Hello Democracy", Foreign Policy, (55), Summer 1984, p. 170, cit. por Riordan Roett, "Estados Unidos y América Latina: los años de la administración Reagan", en R. Bouzas y R. Russell (comp.), Estados Unidos y la transición argentina, op. cit., p. 172. Mark Falcoff señala que el viraje norteamericano estuvo sustentado en razones más prácticas que ideológicas. Ver al respecto M. Falcoff, op. cit., p. 305.
Alicia Frohmann, "Relaciones militares mediatizadas por el poder civil. Las Fuerzas Armadas argentinas y Estados Unidos, 1983-1987", FLACSO, Documento de Trabajo, Nº 350, Santiago de Chile, septiembre 1987, p. 7.
El ministro de Defensa del gobierno de Alfonsín, José Horacio Jaunarena, quien integró la comitiva que acompañó al general Gabriel durante su visita a la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, aseguró que la visita del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos "se inscribe en el marco de las intenciones de mejorar las relaciones interfuerzas e intergobiernos, que se habían quedado un poco resentidas con motivo del conflicto por las islas Malvinas". Asimismo, Jaunarena admitió que hubo conversaciones acerca de eventuales operaciones en el tema de armamentos: Argentina podría adquirir armamento y repuestos militares de alta tecnología de origen norteamericano, mientras que la comitiva liderada por Gabriel señaló su interés por vender a la Argentina turbinas propulsoras Garret, tecnología para armamentos y repuestos para aviones Douglas A 4 B y A 4 C. Ver declaraciones de Jaunarena en "Compraríase armamento en EE.UU.", La Nación, 11 de mayo de 1984, p. 1, y "Jaunarena habló de la visita del general Gabriel", La Nación, 11 de mayo de 1984, p. 4.
"Fernández Torres viajó a EE.UU. El planeamiento militar", por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 3 de octubre de 1984, p. 8; "Contactos en EE.UU de Fernández Torres", y "UNITAS: lamentan ausencia argentina", Clarín, 4 de octubre de 1984, p. 14; "Fernández Torres visita la Unión. Las relaciones militares entre la Argentina y EE.UU", por Adolfo G. Aleman, La Nación, 4 de octubre de 1984, p. 1; y A. Frohmann, "Relaciones militares mediatizadas por el poder civil...", op. cit., pp. 6-7.
El presidente Alfonsín justificó el permiso para que las naves norteamericanas participantes del Operativo UNITAS se abastecieran en Puerto Madryn señalando que si bien "(...) No hemos querido participar en este operativo (UNITAS) (...) a un país que no ha roto relaciones con la Argentina, debemos permitirle el abastecimiento." Véase "Alfonsín justificó el permiso para las naves de EE.UU", Clarín, 13 de septiembre de 1984, p. 10; "Abandonan Puerto Madryn naves de la armada de EE.UU", Clarín, 12 de septiembre de 1984, p. 10; Alicia Frohmann, "Relaciones militares mediatizadas por el poder civil...", op. cit., p. 7; "Puerto Madryn. Incidente con buques de Estados Unidos", Clarín, 11 de septiembre de 1984, p. 8; y "Resultó herido un oficial naval norteamericano", Clarín, 13 de septiembre de 1984, p. 10.
Ver proyectos de resolución pidiendo informes al Ejecutivo sobre la autorización al ingreso de naves de guerra norteamericanas en Puerto Madryn de los diputados Adam Pedrini y Miguel Unamuno; del diputado Néstor Perl y de los diputados Monserrat y Arabolaza; de los diputados Storani, Perl, Unamuno y Monserrat; y proyecto de declaración del diputado Luis S. Casale, Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 23ª, Septiembre 12 y 13 de 1984, Tomo VI: Sesiones ordinarias (del 23 de agosto de 1984 al 13 de septiembre de 1984), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1985, pp. 3892; 3931-3932 y 3969-3971, respectivamente. Proyecto de declaración del diputado Onofre Briz de Sánchez, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 29ª, Septiembre 28 y 29 de 1984, Tomo VIII: Sesión ordinaria (setiembre 28 / 29 de 1984), Buenos Aires, Imprenta del Congreso Nacional, 1986, pp. 4963-4964.Ver también editorial "Abandonan Puerto Madryn naves de la armada de EE.UU.", op. cit.
Proyecto de declaración de los senadores del Valle Rivas y Araujo de repudio a la presencia de la flota norteamericana en aguas argentinas, Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1984, Reunión 23ª, Septiembre 19 de 1984, Tomo III: Sesiones ordinarias (del 19 de septiembre de 1984 al 30 de septiembre de 1984), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1986, p. 1958.
Proyecto de comunicación de los senadores Araujo y Rivas, Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1984, Reunión 25ª, 26 y 27 de septiembre de 1984, Tomo III, op. cit., pp. 2181-2182.
A. Frohmann, "Relaciones militares mediatizadas por el poder civil...", op. cit., pp. 8-9.
Este intercambio pequeño de oficiales militares se concretó un mes después de la visita de Galvin, cuando 8 pilotos argentinos que combatieron en la guerra de las Malvinas viajaron a Estados Unidos, invitados por la Fuerza Aérea norteamericana. Los aviadores argentinos visitaron distintas unidades de operaciones, discutieron sus experiencias de combate con pilotos estadounidenses y volaron diversos modelos nuevos de aviones de combate. La concreción de este contacto bilateral se debió a dos factores: a) el prestigio de la Fuerza Aérea argentina entre los militares norteamericanos, debido a que había sido el arma que más se destacó en la guerra de Malvinas por la destreza y valentía de sus pilotos; y b) la posición tradicionalmente pro-norteamericana de la Fuerza Aérea argentina, que contrastó con la actitud más reticente de la Armada y del Ejército. Ver los editoriales "Inició su actividad oficial el jefe del Comando Sur de EEUU", La Prensa, 8 de octubre de 1985, p. 7; "Galvin: hay presiones de la URSS sobre América Latina", La Prensa, 10 de octubre de 1985, p. 4 y "Las FF.AA y la visita de Galvin. El general norteamericano analizó las posibilidades de mejorar las relaciones", La Nación, 14 de octubre de 1985, p. 5. Ver también A. Frohmann, "Relaciones militares mediatizadas por el poder civil...", op. cit., pp. 12-13.
"La Armada no participará en el Operativo Unitas", La Nación, 16 de mayo de 1986, p. 5, y el artículo de A. Frohmann, "Relaciones militares mediatizadas por el poder civil...", op. cit., pp. 13-14.
"Gestos de acercamiento", por Luis Garasino, Clarín, 20 de abril de 1988, p. 16.
Durante el encuentro entre comandantes navales de Estados Unidos y América Latina en Norfolk, que tuvo lugar en mayo de 1988, Arosa planteó la alternativa de reemplazar el Operativo Unitas -que generaba resistencia en militares y políticos argentinos por su carácter bilateral y básicamente norteamericano- por la Operación Américas -concebida como un operativo conjunto que, a diferencia del Unitas, debía ser multilateral y poner en marcha las flotas durante varios meses. Ver al respecto editoriales "El operativo naval América marcha con viento en popa", Página /12, 11 de mayo de 1988, p. 3; "La Armada espera la aprobación de la operación naval Américas", Ambito Financiero, 19 de mayo de 1988, p. 13.
"Anuncio del Ministerio de Defensa. Maniobras navales con los Estados Unidos", Clarín, 17 de octubre de 1988, p. 2; "Iniciaron las maniobras", Clarín, 18 de octubre de 1988, p. 13; "Maniobras navales conjuntas con EE.UU", Página /12, 18 de octubre de 1988, p. 2.
A. Frohmann, "Relaciones militares mediatizadas por el poder civil...", op. cit., p. 13; "Visita al Pentágono", Clarín, 11 de diciembre de 1985, p. 15. En una entrevista que le efectuara La Nación, Jaunarena sostuvo que el objetivo de su visita había sido el de "observar cómo funcionan las instituciones en Estados Unidos, especialmente en cuanto a las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el Congreso", con el propósito de "organizar (en la Argentina) las relaciones entre las instituciones militar y el Gobierno dentro del sistema democrático". Ver "Diálogo con Jaunarena en Washington. El Estado Mayor Conjunto y la eficacia de las FF.AA. Búsqueda de una mayor inserción en el marco de la democracia", por Julio Crespo, La Nación, 14 de diciembre de 1985, p. 3.
"Hay que descomprimir. Plan de recomposición salarial. Razones del viaje de Jaunarena a Washington", por Héctor Simeoni, Somos, Nº 576, 7 de octubre de 1987, p. 13, y "Ambicioso plan con los EE.UU. Jaunarena planteó en EE.UU. una novedosa idea para el reequipamiento de las FF.AA.", Somos, Nº 578, 21 de octubre de 1987, pp. 16-17.
El establecimiento de una zona de exclusión pesquera alrededor de las islas Malvinas fue insistentemente solicitado por los malvinenses al gobierno británico luego de la guerra. Ver Falkland Islands Newsletter, agosto de 1984, p. 1, y agosto de 1985, p. 1, cit. en informe de la investigadora Lara Manóvil.
The Times, 13 de noviembre de 1986, p. 10, cit. en informe de la investigadora Lara Manóvil.
"Sorprendentemente, Gildred manifestó su sorpresa", Página /12, 5 de marzo de 1988, p. 3; "Posición de EE.UU", Clarín, 18 de marzo de 1988, p. 3.
"No descartó Walters una intervención en Panamá", Clarín, 20 de abril de 1988, p. 16.
Varios ejemplos confirman este aserto. El 9 de mayo de 1988, en Washington, el secretario adjunto para Asuntos Interamericanos, Elliot Abrams, anunció en la capital norteamericana que sería reforzada la venta de elementos militares a la Argentina para demostrar el apoyo a la estabilidad política del presidente Raúl Alfonsín. Asimismo, tras la crisis militar de Villa Martelli de diciembre del mismo año, el secretario de Defensa norteamericano, Frank Carlucci, envió a su colega Jaunarena una carta en la que enfatizaba que la aprobación de créditos para el reequipamiento militar argentino constituía un mensaje antigolpista de Washington. Ver declaraciones de Carlucci y de Abrams en Página/12, 5 de enero de 1989, p. 8 y 22 de febrero de 1989, p. 2, respectivamente.
En esta primera fase de contactos, Caridi conversó con los militares norteamericanos acerca de un crédito norteamericano destinado a reparaciones de vehículos blindados M-113 y helicópteros. Ver al respecto "Caridi a EE.UU. Un viaje para romper el bloqueo", Página /12, 13 de abril de 1988, p. 5; "Visita de Caridi", Clarín, 23 de abril de 1988, p. 10; "Informó al ministro Jaunarena el jefe del Ejército. Créditos de Estados Unidos para equipamiento militar", Ambito Financiero, 27 de abril de 1988, p. 11; "Caridi: Existe muy buena predisposición de EE.UU ", Clarín, 27 de abril de 1988, p. 14; "Caridi, optimista por suministros", Página /12, 29 de abril de 1988, p. 5, y "Reanudará Washington el suministro de armas a la Argentina", La Prensa, 10 de mayo de 1988, p. 1.
"Objetivos", por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 19 de abril de 1988, p. 15.
"El cese de hostilidades con Gran Bretaña. Decisión en veremos", por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 26 de abril de 1988, p. 5; "Negociación en Defensa. Armas y repuestos made in USA", por Eduardo Barcelona, Página /12, 19 de abril de 1988, p. 7; "Jaunarena y norteamericanos. Cena con menú militar", Página /12, 22 de abril de 1988, p. 5; "Robert Pastorino recorrió unidades militares. El reequipamiento de las FF.AA", por Luis Garasino, Clarín, 22 de abril de 1988, p. 5; "Sólo repuestos en el acuerdo con EE.UU. De armamentos ni hablamos ", Página /12, 23 de abril de 1988, p. 3; "Equipamiento militar y relaciones con los EE.UU", Clarín, 23 de abril de 1988, p. 10; "Reacción en Londres. EE.UU aprobaría la venta de armas", Clarín, 24 de abril de 1988, p. 5; y "Compras militares. Repuestos made in USA", Página /12, 24 de abril de 1988, p. 5.
"Mister Derwinski, otro experto del Pentágono en la Argentina", Página /12, 6 de mayo de 1988, p. 4.
"No descartó Walters una intervención en Panamá", Clarín, 20 de abril de 1988, p. 16; "Frente al problema panameño", Clarín, 20 de abril de 1988, p. 17; "América Latina, Central y Panamá. Alfonsín dialogó con Walters y Abrams", Clarín, 21 de abril de 1988, p. 13; "Panorama político. Una misión, una promesa", por Joaquín Morales Solá, Clarín, 24 de abril de 1988, pp. 16-17.
"Salomon se refirió a la reunión de Reagan y Gorbachov en Moscú", La Prensa, 15 de junio de 1988, p. 6; "Recibió a enviado norteamericano. Informe a Alfonsín sobre la cumbre", Clarín, 15 de junio de 1988, p. 10; "Otro diplomático estadounidense para un ping pong con colegas", Página /12, 15 de junio de 1988, p. 4.
"Jaunarena no contempla operativos con los EE.UU", Clarín, 2 de octubre de 1988, p. 2.
"Llegó un jefe militar de EE.UU", Clarín, 24 de octubre de 1988, p. 6, y "Visita de un jefe militar de los EE.UU", Clarín, 25 de octubre de 1988, p. 13.
"Una carta de Carlucci con saludos y repuestos para los militares", Página /12, 5 de enero de 1989, p. 8.
"Un crédito militar norteamericano termina con once años de veda", Página /12, 22 de febrero de 1989, p. 2, y "Vuelven a vender armas a la Argentina", Ambito Financiero, 23 de febrero de 1989, p. 9.
Ver al respecto Roberto Russell, "Las relaciones argentino-norteamericanas: reflexiones sobre la experiencia reciente", en R. Bouzas y R. Russell (comp.), Estados Unidos y la transición argentina, op. cit., pp. 350-351.
En su artículo "De la irrelevancia de Reagan y Alfonsín: hacia el desarrollo de un realismo periférico ", en R. Bouzas y R. Russell (comp.), Estados Unidos y la transición argentina, op. cit., p. 258, Carlos Escudé coloca la oposición argentina a la iniciativa norteamericana de condena a la situación de los derechos humanos de Cuba en la lista de acciones de confrontación política que no otorgaran ningún beneficio material concreto a los intereses vitales de la nación argentina.
Declaraciones del embajador Gildred, Clarín, 13 de marzo de 1987, p. 11.
Declaraciones del secretario adjunto Abrams, Clarín, 15 de marzo de 1987, p. 17. Por su parte, la revista Somos, en sus editoriales "El país. Sin espacio para maniobras" y "Una estrategia muy polémica", del Nº 547, 18 de marzo de 1987, pp. 12-13 y "Tras el voto contra EE.UU", Nº 548, del 25 de marzo de 1987, pp. 8-10, menciona la desilusión de la adminstración Reagan y las presiones que ejercieron tanto Abrams como el subsecretario Robert Gelbard, para que la Argentina y los demás países latinoamericanos de la Comisión de Derechos Humanos respaldaran la posición norteamericana de condena a Cuba. Por su parte, estos editoriales también apuntaban que el ministro de Economía argentino, Juan Vital Sourrouille, señalaba el efecto desproporcionado que en el frente financiero externo causaba la posición adoptada por el canciller Caputo respecto de la cuestión de los derechos humanos en Cuba.
"El voto sobre Cuba. Kirkpatrick dijo que hubo gestiones directas de Castro", Clarín, 24 de marzo de 1987, p. 14.
R. Russell, "Argentina-Estados Unidos: la vinculación de cuestiones", op. cit., pp. 148-149; R. Russell y G. Fernández, "La política exterior argentina en 1987: aspectos sobresalientes", op. cit., pp. 21-22, y R. Russell, "Las relaciones argentino-norteamericanas: reflexiones sobre la experiencia reciente", op. cit., pp. 351-352.
Ver respecto de las presiones diplomáticas norteamericana y cubana los siguientes editoriales "La visita de Malmierca", Página /12, 28 de enero de 1988, p. 5; "No hay paz para Caputo. EE.UU y Cuba gestionan el voto argentino 88 para derechos humanos", por Daniel Santoro, Somos, Nº 593, 3 de febrero de 1988, pp. 16-17; "Reportaje sobre la posición ante Cuba. Gelbard no quiere pachanga", por Martín Granovsky, Página /12, 9 de febrero de 1988, p. 5; "Derechos humanos en Cuba. Gelbard tras el voto argentino", Página /12, 10 de febrero de 1988, p. 5 y "Los derechos humanos en Cuba. Pide Estados Unidos apoyo a su postura", Clarín, 1º de marzo de 1988, p. 14.
"Un voto que cambia. La Argentina votará la moción de los EE.UU. para investigar derechos humanos en Cuba", por N.G., Somos, Nº 595, 17 de febrero de 1988, p. 10; "Relaciones argentino-norteamericanas. Dos islas para el acuerdo", Página /12, 18 de febrero de 1988, p. 3; "Un voto para investigar a Cuba", Página /12, 18 de febrero de 1988, p. 3; "La posición argentina sobre Cuba será presentada por Strassera", Página /12, 19 de febrero de 1988, p. 2; "Propuesta de EE.UU sobre Cuba. Investigación y condena", Página /12, 20 de febrero de 1988, p. 3; "La Argentina retrocede si vota con Reagan, dicen los cubanos", por Juan Gasparini, Página /12, 23 de febrero de 1988, p. 4; "El americano impasible", por José M. Pasquini Durán, Página /12, 27 de febrero de 1988, p. 4; "Derechos humanos en Ginebra. Las travesuras de Valladares", Página /12, 27 de febrero de 1988, p. 7, y "Un documento que sugiere sin mostrar", Página /12, 3 de marzo de 1988, p. 3.
El proyecto norteamericano exhortaba a las autoridades cubanas "a permitir el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja", pero no dejaba de enfatizar la referencia a informes sobre violaciones a los derechos humanos, lo que fue percibido por la diplomacia argentina como una forma de condena anticipada. Ver texto del proyecto de resolución norteamericano presentado por el cubano nacionalizado norteamericano Armando Valladares, Página /12, 26 de febrero de 1988, p. 2.
"Aclaración de la Cancillería sobre la investigación a Cuba", Ambito Financiero, 3 de marzo de 1988, p. 11; "Objeciones del canciller al proyecto de los EE.UU", Clarín, 5 de marzo de 1988, p. 9; y "Cuba. Caputo pide que se modifique el proyecto de EE.UU", Página /12, 6 de marzo de 1988, p. 4.
"La tercera vía para el caso de Cuba en la ONU fue latinoamericana. Argentina figura entre los auspiciantes de la moción para que Cuba admita veedores de la ONU", por Jorge Cicutín, Página /12, 10 de marzo de 1988, p. 2; "Rol activo de la diplomacia argentina", Página /12, 10 de marzo de 1988, p. 2; "Historia de un acuerdo", por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 11 de marzo de 1988, p. 2; "Aprobó la ONU la investigación de los derechos humanos en Cuba", Clarín, 11 de marzo de 1988, p. 3; y "El caso Cuba en Ginebra. La derrota más elegante de los EE.UU", por Martín Granovsky, Página /12, 11 de marzo de 1988, p. 3.
"Protesta argentina contra Valladares. Disparatado y absurdo ", Página /12, 22 de marzo de 1988, p. 5; "Presentó la Argentina una protesta a Estados Unidos", Clarín, 23 de marzo de 1988, p. 14; y "De poetas y cancilleres. Las críticas del cubano Valladares pusieron a prueba las relaciones con EE.UU", por H.S., Somos, Nº 601, 30 de marzo de 1988, p. 8.
"Protesta argentina contra Valladares...", op. cit.; "Cancillería confirmó el reclamo ante EE.UU. Enérgica nota de protesta ", Página /12, 23 de marzo de 1988, p. 5; y "Respuesta del gobierno de EE.UU que complica la relación con la Argentina", Ambito Financiero, 14 de abril de 1988, p. 9.
"La Argentina no participará de la visita a Cuba. Ausente con aviso", Página /12, 20 de mayo de 1988, p. 7.
Declaraciones del Departamento de Estado norteamericano y del embajador Theodore Gildred citadas en " Firme e inequívoco respaldo de EE.UU al gobierno democrático", Clarín, 18 de abril de 1987, p. 17; A. Frohmann, "Relaciones militares mediatizadas por el poder civil...", op. cit., p. 19; A. Frohmnn, "Actores privados y estatales en la relación Argentina-Estados Unidos", op. cit., p. 42; M. Granovsky, op. cit., pp. 159-160, y F. Corigliano, op. cit., p. 239.
"Satisfacción de la Casa Blanca por la solución, nuevo apoyo a la democracia", Clarín, 20 de abril de 1987, p. 14; "Nuevo respaldo de EEUU", Clarín, 21 de abril de 1987, p. 13; "Carta de Reagan a Alfonsín. Gildred opinó que está superada la crisis militar", Clarín, 23 de abril de 1987, p. 9, y "Carta al presidente Alfonsín. Respaldo de EE.UU a la democracia", Clarín, 24 de abril de 1987, p. 13.
Declaraciones del portavoz del presidente Reagan, Clarín, 18 de enero de 1988, cit. en F. Corigliano, op. cit., p. 239.
Clarín, 3 de diciembre de 1988, cit. en ibid., p. 240.
Sobre esta Comisión ver Secretaría de Cultura de la Nación, Tres años ganados. Balance de gestión del gobierno democrático desde el 10 de diciembre de 1983 hasta diciembre de 1986, Buenos Aires, Chamorro, junio de 1987, p. 177.
Texto de la Carta Convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y la Embajada de los Estados Unidos de América, Buenos Aires, 15 de septiembre de 1987, en Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, Dirección Tratados. Ver asimismo sobre este tema los trabajos de M. Granovsky, op. cit., p. 183, y Oscar Cardoso y Rubén Heguilein, "Argentina y la cuestión de las drogas", América Latina / Internacional, Vol. 9, Nº 31, enero-marzo de 1992, pp. 477 y 478.
"Alfonsín sobre el narcotráfico. Buscan la paja en el ojo ajeno" y "Visiones desde el Norte y el Sur. El color del cristal con que se mira", por Rubén Furman, Página /12, 28 de junio de 1988, p. 3.
Texto de la Modificación de la Carta Convenio del 15 de septiembre de 1987 entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y la Embajada de los Estados Unidos de América, Buenos Aires, 26 de agosto de 1988, en Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, Dirección Tratados.
Texto del Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, Buenos Aires, 24 de mayo de 1989, en Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, Dirección Tratados. Ver también editorial "Narcotráfico. Plata limpia, negocios sucios", Página /12, 13 de abril de 1989, p. 11.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
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 artículo 18
 resolución 
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