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Timestamp: 2018-10-16 00:04:26+00:00

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Apuntes para un análisis del papel de los servicios sociales, del “estado del bienestar” y las contradicciones actuales,entre políticas sociales, marco legislativo, administrativoy profesion…Full description
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servicios sociales en la crisis del “estado del bienestar”
SERVICIOS SOCIALES EN LA CRISIS DEL “ESTADO DEL BIENESTAR”.
Apuntes para un análisis del papel de los servicios sociales , del “estado del bienestar” y las contradicciones actuales, entre políticas sociales, marco legislativo, administrativo y profesional de la intervención social.
La intervención social desde la perspectiva de la exclusión e integración social. Partiendo de la concepción del estado social y derecho, el bienestar social se concibe como un valor, que establece como finalidad que todos los miembros de la sociedad tienen que disponer de los medios necesarios para satisfacer aquellas demandas que son aceptadas como necesidades. Se considera que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos a lograr determinadas cotas de bienestar. Para ello se determinan medios (económicos, políticos y sociales) que tratan de solucionar los problemas, de aquellos colectivos que no pueden acceder a esas cotas. Se parte de aceptar que los problemas son sociales (no solo de los individuos), y que por tanto afectan a grupos, comunidades, y a la sociedad en su conjunto. Las diferencias sociales que genera el sistema económico conllevan situaciones en las que sectores importantes de la población necesitan de la solidaridad del resto. Se considera que es fundamental la participación de los ciudadanos en la resolución de los problemas, y no meros sujetos pasivos receptores de la intervención social, haciendo especial hincapié en la desarrollo comunitario, con el fin de lograr satisfacer aquellas demandas que son aceptadas como necesidades sociales. El Estado formaliza la política social mediante planes o programas de intervención social y educativa, bien desde políticas sectoriales de acuerdo con un ámbito de necesidades sociales definido (educación, servicios sociales, empleo, vivienda...), bien desde planes sectoriales para la igualdad de oportunidades (discapacidad, juventud, tercera edad, desarrollo de la autonomía personal, migraciones ...) o también mediante la integración de políticas de desarrollo económico, tecnológico y social como: planes nacionales de exclusión social, y su correspondientes planes autonómicos. Las necesidades sociales se han abordado desde la planificación social ejercida en los ámbitos administrativos que conforman el Estado de Bienestar Social. El desarrollo de este, ha constituido un gran avance en materia de política social, pues la consolidación y la extensión de los instrumentos administrativos de bienestar han supuesto un giro, con respecto a épocas anteriores, en la concepción del tratamiento y cobertura de las necesidades sociales, consiguiendo una “mínima” redistribución de las rentas a través de servicios públicos universales como educación, sanidad, pensiones, vivienda... Los servicios sociales se dirigen, por ley, a todos los ciudadanos, según el principio de universalidad, aunque en la práctica no todas las personas y grupos sociales con necesidades cuenten con identica cobertura y atención de la diversidad de sus demandas.
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Las desigualdades y distorsiones que el sistema capitalista avanzado introduce, la falta de recursos económicos, el desempleo estructural, el incremento cualitativo y cuantitativo de demandas debido a la crisis económica, la reciente implantación políticas de recortes y vulneración de derechos etc..., origina que junto a sectores sociales todavía desatendidos y otros insuficientemente atendidos, se sumen nuevos sectores de población anteriormente “normalizados”. Aunque la tendencia en la década de los 90 se dirigió a reforzar los servicios sociales comunitarios, como primer nivel de atención, y a la desinstitucionalización, con el fin de lograr mantener a las personas en su medio habitual, propiciando así su integración. Tanto a nivel central como autonómico, se producen situaciones muy diferenciadas de acceso a los Servicios Sociales especializados. Por ejemplo, en el momento actual, existen colectivos bastante mejor atendidos — tercera edad o drogodependientes—, que otros —inmigrantes y jóvenes— con menores dotaciones, servicios disponibles, y grandes desigualdades territoriales. Tradicionalmente la iniciativa social desempeñó un papel relevante en la atención a las necesidades sociales, mucho antes de la fuerte dependencia de la administración estatal y la fuerte financiarización del sistema, que se encuentra en una grave situación de “insostenibilidad económica”, a merced de las políticas europeas. Las clases dominantes en el marco de la UE y España, están modificando el marco legislativo y administrativo, para otorgar mayor peso a las instituciones del voluntariado, la iglesia, entidades “sin ánimo de lucro” y otras con “sólo ánimo de lucro”, adquiriendo un creciente protagonismo de la iniciativa privada de ciertos grupos, en la prestación "comercial" de servicios sociales. Transfiriendose de esta manera recursos públicos a manos privadas, donde su gestión está supeditada a criterios de evaluación estrictamente en terminos de beneficio económico y nada democráticos. Origenes de la intervención social.[1] Analizar los orígenes de la intervención social nos permite comprender como evolucionan las diferentes formas de afrontar los problemas sociales, y que papel juega la iniciativa social en los distintos momentos históricos, cuáles han sido sus formas de intervención y como hemos llegado a la situación actual. Distintas formas de intervención aparecen en diferentes momentos históricos como evolución de las anteriores, conviviendo las distintas formas de intervención en un mismo momento histórico sin llegar nunca a desaparecer del todo. Edad Media. En un principio la ayuda a los demás se desarrollaba a través de 3 instancias básicas: • La familia y las relaciones de vecindad cuando una persona tiene problemas: en las tareas agrícolas, la vivienda y el hogar, a viudas y huerfanos sin medios de subsistencia. Es una ayuda basada en la solidaridad. • Los gremios: corporaciones formadas por una misma profesión u oficio, regidos
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por unos estatutos u ordenanzas especiales que establecían mecanismos de protección a los afiliados ante situaciones de necesidad por medio de cuotas aportadas por los miembros. Sólo tenían derecho a beneficiarse de estas prestaciones sus miembros. Es la forma que se conoce como previsión. • Los señores feudales: que daban cierta protección y refugio a los vasallos que formabanparte de su feudo, a través de su explotación sistemática. Quizás por eso, como forma de aliviar esa explotación proporcionaban una leve protección social a sus vasallos, graciable, sin ningún criterio preestablecido, al total capricho del señor y basadas en unas relaciones de sumisión. En este período lo más destacable son las acciones caritativas, cuyos beneficiarios no eran los miembros de una familia, un feudo o un gremio, sino los excluidos que no estaban sujetos a la protección de los sistemas anteriores. La caridad era ejercida por los ciudadanos dando limosna, los ayuntamientos mediante albergues y casas de misericordia, o las organizaciones religiosas con sus hospitales eclesiásticos. Estas formas caritativas, hoy superadas, estaban ligadas a sentimientos religiosos y piadosos, siendo fundamentalmente la Iglesia quien se ocupaba de la atención de pobres y marginados, ayudando en su labor a los nobles movidos por sentimientos piadosos y religiosos, a mantener el estatus quo feudal. Tienen origen también en esta época, las primeras leyes respecto a la pobreza. La pobreza comienza a ser molesta a la colectividad, por tanto, intentan impedir la mendicidad al pobre que consideran válido para trabajar y que, por diversas razones no lo hace, su reincidencia en la mendicidad llevaba incluso al sufrimiento de penas. Los pobres eran tratados igual que si fueran ladrones u otro tipo de delincuentes y condenados a castigos similares. Edad Moderna. Progresivamente se va reduciendo la protección feudal y eclesiástica, comenzando a tomar cuerpo la beneficencia pública. La beneficencia pública, a diferencia de la caridad, no es ejercida por la Iglesia o por ciudadanos con medios económicos, el protagonismo principal pasa a ser ocupado por los ayuntamientos. Esta acción pública tiene dos caras, por un lado trata de reprimir la pobreza y la mendicidad ampliándose la legislación represora de épocas anteriores; por otro, se comienza a pensar que el hombre desvalido no puede quedar a merced de las ayudas de sus semejantes, ni de las instituciones y, por tanto, se necesita establecer una ayuda social pública que pueda cubrir las situaciones de necesidad. Este interés cristaliza en las leyes de beneficencia, siendo el ayuntamiento de Brujas en 1526 el primer organismo público que convierte la asistencia caritativa a los pobres en el primer plan municipal de beneficencia pública. La beneficencia supone una forma de superación de la caridad, pero sin olvidar que la beneficencia está basada en el simple altruismo o generosidad del benefactor, este carácter altruista implica discrecionalidad de la ayuda solicitada, continuando la asistencia sin ser un derecho propio del ciudadano y manteniéndose como una acción graciable. España asume tardíamente la beneficencia y no es hasta 1849 cuando se decreta la Ley General de Beneficencia. Edad Contemporánea.
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A partir de la Revolución Francesa, con la nueva sociedad que surge desde los principios de igualdad, fraternidad y libertad comienza a considerarse al marginado como un ciudadano más con derechos y deberes. Aparece la Asistencia Social como segundo sistema de protección social. El Estado empieza a ocuparse de los problemas de los pobres y marginados como una obligación inherente a su propia concepción y no como una tarea residual. Esto provoca que progresivamente se vaya desplazando la acción de la Iglesia - omnipresente hasta ese momento - en beneficio de la acción pública (España no se incorpora a esta forma pública de acción social hasta 1934). La asistencia social aparece como un conjunto, más o menos sistematizado, de principios, normas y procedimientos para ayudar a individuos, grupos y comunidades, para que satisfagan sus necesidades y resuelvan sus problemas. La consolidación del concepto de asistencia social es parejo al nacimiento del Estado liberal y a la introducción del capitalismo industrial, y plasma el inicio de la preocupación de los poderes públicos por la acción social. Se trata mayoritariamente una acción benéfico-asistencial que da respuesta a necesidades de tipo material de primera necesidad. No intenta mejorar la situación de amplios sectores marginados, ni cambiar estructuras para que abandonen su marginación. Es una ayuda puntual, que se presta en un momento concreto y, que no tiene efectos duraderos en el tiempo. Estas ayudas eran graciables, dependían de la voluntad de quien las ofrecía - bien sea particular o institución - y, por tanto, podían ser retiradas. Como consideran que la marginación y la pobreza son una situación inevitable y que siempre existirá, ya que depende de cuestiones personales, no ataca a los factores que la provocan, sino sólo sus síntomas visibles, dando soluciones individuales y personales a problemas estructurales. Se pretende en definitiva mantener a las masas de pobres en un nivel mínimo de subsistencia que permita su utilización como mano de obra y que preserve a la Sociedad y al Estado de los elementos no deseables. El desarrollo industrial de la segunda mitad del XIX provoca un agravamiento de la marginación, sobre todo en los cinturones de las grandes ciudades, producto de una industrialización vertiginosa y de una inmigración masiva sin la más mínima planificación. Se produce un crecimiento incontrolado de las urbes, que se rodean de grandes cinturones de miseria. Podemos considerar la intervención en este periodo como filantrópico-asistencial. El protagonista de la acción pasa a ser esa potente burguesía que cada vez crece más en las grandes ciudades a consecuencia del desarrollo industrial. Sus acciones mezclan por una parte unos objetivos religiosos y por otra una defensa, no siempre consciente, del propio estilo de vida burgués. Hay un interés creciente, por la persona como tal y, se intenta mejorar su situación, no sólo mediante limosnas y donativos, canalizados a través de instituciones religiosas, sino creando asociaciones filantrópicas, más duraderas en el tiempo y sin dependencia religiosa. Estas crean colegios, orfanatos, comedores, etc. Gran parte de estas estructuras, creadas al final del XIX fueron recogidas por la Administración y han sentado las bases de la política de asistencia social en España. Este interés social no se basaba en un altruismo desinteresado, sino como que requería que la persona beneficiada debía llevar una vida buena, estar dispuesta a aceptar el modo de vida burgués, aunque solo como ideal al que nunca podrá acceder. Así la filantropía es una especie de control moral y el apoyo material es un medio de combatir el desorden moral. Busca controlar y asegurar la dependencia de aquellos a los que se da asistencia, se espera, por tanto, que la persona que recibe la asistencia desarrolle un comportamiento adaptado a las normas y valores de la clase
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burguesa benefactora, sin tener acceso a la situación de privilegio del grupo social que le es puesto como referencia, como modelo a alcanzar pero... inalcanzable. Por el contrario, si el sujeto que recibe asistencia desarrolla un comportamiento que no sigue aquel que le es puesto como modelo a imitar, dejará de recibir asistencia y se tomarán medias represivas para reconducir su comportamiento. A pesar de sus limitaciones, este tipo de acciones palió en alguna medida el abandono y miseria que sufrían grandes sectores de población. Sin olvidar que ese afán de intervención de los grupos sociales dominantes sobre el pauperismo constituye el fundamento que explica que la caridad, la beneficencia y la asistencia se configurasen históricamente como instrumentos de control social, esto es, como un medio más para reforzar los intereses de los grupos dominantes a fin de evitar los riesgos que podían representar los menos favorecidos. Hacia el estado del bienestar. Progresivamente se va produciendo un cambio cualitativo importante, en las diferentes formas de acción social. Es el cambio de la caridad a la solidaridad, de la beneficencia a los servicios sociales , fundamental en la evolución histórica de la atención a los ciudadanos. Además de los sistemas públicos, la iniciativa social del movimiento obrero, genera una forma propia de protección para los trabajadores, basada en el principio de previsión social frente a los riesgos de enfermedad, paro, invalidez, etc. Surgen así los seguros sociales, y que daran lugar más adelante al Sistema de Seguridad Social. La primera manifestación reconocida de la Seguridad Social se produce en la Alemania de Bismarck con el inicio de los seguros sociales en 1881. La Seguridad Social de tipo contributivo se sitúa en paralelo a la beneficencia. Por un lado, nos encontramos a los pobres y marginados atendidos por la beneficencia; por otro los trabajadores protegidos por la seguridad social. El tránsito de una seguridad social para los trabajadores, a una seguridad social para todos los ciudadanos se configura con la consolidación del Estado de Bienestar. Los derechos de seguridad social, es decir, las pensiones, la sanidad, la protección frente al desempleo, junto a los servicios sociales, el derecho a la educación, la cultura y otros servicios públicos aplicados horizontalmente al conjunto de los ciudadanos y no sólo a los trabajadores, definirán la política de bienestar social como sello de identidad de las democracias “avanzadas” europeas. Se considera que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos a lograr unas determinadas cotas de bienestar, por ello, cuando existen colectivos que no pueden acceder a esas cotas, se ponen en marcha mecanismos correctores que tratan de solucionar esta situación. Se interviene para modificar el medio social y mejorar las condiciones de vida que resultan negativas o perjudiciales para determinados grupos humanos. No sólo se actúa sobre las necesidades, sino sobre todos aquellos aspectos que las generan. Son acciones que pretenden hacer realidad el bienestar social poniendo en marcha una acción transformadora, de un modo sistemático y técnico. Se asume que son problemas sociales y por tanto afectan a grupos y comunidades, su forma de actuación es macrosocial. También considera que es fundamental la participación activa de los ciudadanos. Las preocupaciones de los Estados en torno al bienestar social se centran en:
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• Actuaciones generales, tendentes a conseguir un impacto global, que mejore la situación colectiva en el empleo, recursos disponibles, distribución de los recursos, etc. • Actuaciones específicas dirigidas: ◦ Resolver determinados problemas concretos (pobreza, paro...). ◦ Organizar la satisfacción de determinadas necesidades (educación, vivienda, sanidad, información...). ◦ Atender a los colectivos de población en razón de su edad, sexo, etnia, situación laboral, minusvalía. ◦ Incidir en determinados ámbitos territoriales (barrios, pueblos comunidades). Los problemas sociales de cada colectivo discriminado socialmente serán desarrollados como programas de bienestar social con medidas normalizadoras. Se inicia un proceso de superación de políticas sociales marginales, la sobreprotección paternalista y la marginación institucionalizada. Con la política de bienestar social se desarrollan los principios de prevención, promoción de la autonomía personal e integración social, con medidas de acción positiva para la igualdad de oportunidades. Organización de la intervención social en españa. Durante los años 70 hasta nuestros días en España, las intervenciones van evolucionando hacia formas mucho más complejas, planificadas y estructuradas. Se pasa del estudio de casos a una intervención más centrada en colectivos, programas y ámbitos concretos. Esto supone un aumento de la cantidad, así como de la calidad, de las intervenciones sociales. Pero, en realidad, no se puede hablar de un verdadero desarrollo del Estado de Bienestar y, en consecuencia, de un sistema público organizado de intervención social hasta la transición política y la Constitución de 1978. Sobre este marco político y jurídico se han desarrollado los mecanismos y los recursos propios de un Estado Social y de derecho, que organiza en España la protección social dirigida a todos los ciudadanos, superadora de las acciones benéficas y asistenciales del pasado. Es un proceso iniciado más tardíamente que en otros países europeos. La aprobación de la Constitución española de 1978, es un elemento esencial en este proceso, por las medidas jurídicas y políticas que introduce, pero es todavía más importante y decisiva por las dinámicas sociopolíticas, prácticas y materiales que desencadena, impulsa o favorece. Desde los últimos 30 años España ha ido completando un proceso histórico de universalización de servicios públicos para dar satisfacción a las necesidades sociales cruciales reconocidas por la Constitución Española (educación, sanidad, pensiones, vivienda...). El marco legal donde se produce este contexto de intervención en España está regulado por varias administraciones: la central y las autonómicas, por lo que existe una regulación descentralizada de los servicios sociales. Es necesario mencionar el Plan concertado de prestaciones básicas de los Servicios Sociales cuyo objetivo es: “ continuar el proceso de implantación, desarrollo y homogeneización de las prestaciones básicas de servicios sociales, mediante la cooperación financiera y técnica entre la administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales”. En la actualidad, los
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Servicios Sociales se encuentran organizados en Comunitarios y Especializados. Los Servicios Comunitarios constituyen la estructura básica del sistema público de servicios sociales (primer nivel de atención más próximo a la persona), siendo su finalidad el logro de unas mejores condiciones de vida mediante una atención integrada y polivalente. Se ubican en los Centros de Servicios Sociales, donde se prestan: • Información, valoración, orientación y asesoramiento. • Cooperación social, impulso al asociacionismo, promoción de la vida comunitaria. • Ayuda a domicilio. • Convivencia y reinserción social (buscar alternativas al internamiento o remitir a los Servicios Sociales especializados). Los Servicios Sociales especializados son aquellos que se dirigen hacia determinados sectores de población que por sus condiciones o circunstancias necesitan una atención específica (nivel secundario, más especializado técnicamente). Se dirigen a los siguientes sectores: • Infancia, familia, juventud. • Tercera edad. • Mujer. • Personas con discapacidad físicas, psíquicas o sensoriales. • Drogodependencias y conductas adictivas. • Minorías étnicas, especialmente personas gitanas. • Grupos con conductas disociales (delincuencia, presos y exreclusos). • Colectivos marginados, pobreza y transeúntes. • Otros colectivos (emigrantes, refugiados, asilados, inmigrantes), etc. Para el desarrollo de estos servicios existen centros especializados como: • Centros de Día. • Centros de Acogida. • Residencias. • Guarderías. • Centros de atención residencial. • Ocupacionales. • Comunidades Terapéuticas. • Albergues y Comedores, etc. Además cada una de las Comunidades Autónomas recoge en sus Leyes de Servicios Sociales la elaboración de un Plan Estratégico de Servicios Sociales. Su finalidad es ordenar las medidas, los servicios, los recursos y las acciones necesarias para cumplir los objetivos de cada uno de los Sistemas de Servicios Sociales establecidos en las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales. Como complemento y desarrollo de los Planes Estratégicos de Servicios Sociales, las Comunidades Autónomas elaboran Planes Sectoriales en función de las necesidades y problemas sociales detectados. Se contemplan planes sectoriales dirigidos a la atención social de:
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• La infancia y la adolescencia. • Las personas con discapacidad. • Las personas mayores. • Las personas en situación de dependencia. • Los extranjeros e inmigrantes. • Las personas en situación de exclusión social. Marco legislativo. Se ha señalado que España, en la actualidad, se constituye en un Estado social y democrático de Derecho (art. 1 de la Constitución de 1978). La expresión “Estado Social” tiene un doble significado. Por una parte, hace referencia al reconocimiento de la pluralidad de entidades, asociaciones y organizaciones existentes en nuestra sociedad; por otra, supone una acción positiva del propio Estado para la consecución del bienestar que la propia Constitución va a concretar mediante una serie de medios e instrumentos, entre ellos los Servicios Sociales. La Constitución y su desarrollo, otorga un relevante protagonismo a las Comunidades Autónomas a los Municipios y a las Provincias en materias de Servicios Sociales. El artículo 9.2. por su parte dice: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Partiendo de una interpretación integradora de artículos como el 1, 9, 10 y 14, en relación con el Capítulo III, del Título I, de los principios rectores de la política social y económica, se presta especial atención a determinados colectivos, como juventud (art. 48); disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales (art. 49); tercera edad (art. 50) y a la familia e hijos (art. 39). Si bien la Constitución constituyó el primer paso, ha sido necesario su desarrollo posterior para poder afirmar que existe en España un sistema público de bienestar social. Desde la Constitución hasta la situación actual, se han producido avances en tres direcciones que han favorecido este proceso. Estas son: 1. En el plano del desarrollo normativo. 2. En el plano de la reordenación administrativa. 3. En el ámbito de los planes de actuación y coordinación administrativa. En el plano del desarrollo normativo. Se ha establecido el marco normativo que regula la protección social; entre las innovaciones legales pueden mencionarse: • La aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 que refuerza la aproximación de los Servicios Sociales al ciudadano. Su artículo 25.2.k) establece que el municipio ejercerá competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias: «Prestación de los Servicios Sociales y de promoción y reinserción social». El artículo 26.1.c) dice: «Los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar en
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todo caso Servicios Sociales». Y por otra parte, el artículo 36 establece que «son competencias propias de la Diputación la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, y en su caso supracomarcal». • La aprobación de las 17 leyes autonómicas de Servicios Sociales y de las Leyes de Salario Social. Es el artículo 148.20 donde se menciona, entre las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas, la de «Asistencia Social». Las dudas que inicialmente pudieron surgir al emplear la Constitución este concepto, fueron aclaradas al aprobarse con posterioridad los 17 Estatutos de Autonomía, ya que éstos asumen, aunque con diferentes denominaciones — asistencia social, bienestar social, servicios sociales— los Servicios Sociales. • La aprobación de leyes sectoriales que regulan colectivos concretos, como la ◦ Ley General de Penitenciaría; ◦ Ley de Protección Jurídica del Menor; ◦ la Ley de Asilados y Refugiados; ◦ la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; ◦ la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, ◦ a Ley de Igualdad; etc... En el plano de la reordenación administrativa. La reordenación administrativa se inció con el proceso de transferencias, de instalaciones, personal y créditos económicos, desde la Administración central a las administraciones autonómicas. El hecho de la configuración como sistema público de los Servicios Sociales, se manifiesta por tanto en el marco normativo, con las prestaciones específicas que establece y los equipamientos propios. Pero también, correlativamente, por la existencia de un marco administrativo, que gestiona y organiza el funcionamiento del sistema. En julio de 1988 se crea el Ministerio de Asuntos Sociales, que pasa a ser, en sustitución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el núcleo fundamental de los Servicios Sociales prestados por el Estado. Este Ministerio tiene funciones como dirección y planificación de los Servicios Sociales, atendiendo a las áreas de bienestar social; cooperación con ONG, ejerciendo la tutela sobre entidades asistenciales ajenas a la administración , y el protectorado sobre fundaciones de beneficencia. Por último, la gestión de la asignación tributaria del IRPF para otros fines de interés social. De este Ministerio dependen organismos fundamentales en lo que a Servicios Sociales se refiere: • Dirección General de Acción Social. • Dirección General de Protección Jurídica del Menor. • Secretaría General del Real Patronato de Prevención y atención a personas con discapacidad. También están adscritos al Ministerio los organismos autónomos como: • Inserso. • Instituto de la Mujer. • Instituto de la Juventud.
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Además el Ministro/a preside los órganos colectivos siguientes: • Comisión Interministerial de la Juventud. • Consejo del Protectorado del Estado sobre la ONCE. • Presidencia efectiva del Real Patronato de Prevención y atención a las personas con minusvalía. • Así como las relaciones con el Consejo de la Juventud de España. Pese a la existencia del Ministerio de Asuntos Sociales, otras actividades relativas a los Servicios Sociales se encuentran en otros Ministerios, como: • M. Trabajo (emigración). • M. Justicia (Institución penitenciarias y CAS). • M. Sanidad (Delegado Gobierno Plan Nacional de Drogas). En el ámbito de los planes de actuación y coordinación administrativa. La financiación de los Servicios Sociales se hace con cargo a los Presupuestos públicos(Presupuestos Generales del Estado, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales). No obstante, está prevista la colaboración de la iniciativa privada así como la participación de los usuarios. Las Leyes de Servicios Sociales regulan la distribución de competencias, reservándose las Administraciones Autonómicas las funciones de planificación, coordinación, supervisión y control, y a las Corporaciones Locales la gestión, ejecución y desarrollo de los servicios, siendo por tanto muy importantes las funciones de los Ayuntamientos y Diputaciones como lugares más próximos al ciudadano. Pero no en las Corporaciones Locales aisladamente sino incardinadas o coordinadas en la Comunidad Autónoma y el Estado, formando así una estructura, un conjunto o un sistema general y público de bienestar social, como la educación o la sanidad, tal como lo pone de manifiesto la aprobación del Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de Servicios Sociales y los Planes Regionales en la materia. Estas actuaciones implican la creación y puesta en marcha de Servicios Sociales Comunitarios. Además se han elaborado planes de actuación administrativa que se dirigen a hacer frente a problemas específicos. Podemos mencionar los Planes Nacionales contra la Droga, de desarrollo gitano, para la Igualdad de Oportunidades de la Mujer, para la juventud, de accesibilidad, de inclusión social, para la integración social de inmigrantes, de acción para la discapacidad, para el empleo, contra la violencia doméstica.... Todos estos planes nacionales tienen, además sus correlativos planes autonómicos específicos. Para alcanzar una sociedad más igualitaria y equitativa, en la redistribución de los recursos existentes son necesarios unos Servicios Sociales universalizados, democráticos y de calidad dirigidos a todos los ciudadanos, y a la vez, dedicar especial atención a todas aquellas personas y/o colectivos en situación de marginación y exclusión. Actualmente nos encontramos en una grave crisis del Estado de Bienestar lo que hace que la intervención social, controlado por la administración estatal se encuentre en una nueva fase de reforma social. Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desde 1998 se viene levantando un nuevo edificio de reforma social, cuya configuración empieza a estar relativamente clara:
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“un estado de bienestar más contenido (adelgazado), con una mayor presencia del mercado y del sector voluntario, y un reforzamiento del papel de la familia en la protección social”. Las líneas maestras de la intervención social en la actualidad se concentran en torno a: • La lucha contra la exclusión. • La promoción de la inclusión social. • La evaluación de los servicios y su desarrollo organizado a través de la comercialización de los servicios sociales. Al igual que en nuestro país se ha modificado el contexto de la intervención social, ha ocurrido idéntico proceso en los países de la UE. En éstos se dan una serie de causas como (la globalización económica, los cambios en la estructura social, el fin del pleno empleo, migraciones...) que han contribuido a que hayan producido un nuevo espacio social, al que la intervención ha ido o tiene que ir adaptándose. De este nuevo espacio social surge un nuevo debate que gira entorno a cómo hacer para seguir produciendo bienes públicos, servicios sociales y extender las prestaciones públicas, sin incrementar el déficit estructural del Estado. Para superar esta coyuntura, la intervención social parece estár abocada a: • Establecer nuevas combinaciones entre protección social pública y mecanismos privados complementarios. • Una mayor descentralización de la gestión. • Derivación de la producción de servicios hacia los entes municipales, empresas privadas, comerciales y ongs. En la busqueda de una mayor eficiencia en la gestión de las políticas sociales, hay una prioridad liberalizadora que se extiende de forma general trasladando por diferentes mecanismos, la gestión de lo social a entidades privadas mediante procesos de privatización, como sucede en determinadas comunidades autónomas con hospitales, concertación de colegios privados elitistas, gestión de residencias y centros de mayores por empresas privadas, combinado con la creación de mecanismos de financiación a través de la individualización de las prestaciones. Esta tendencia es desigual y no mantiene una coherencia en los diferentes territorios y gobiernos que la ejecutan, pero que manifiesta una clara liberalización y mercantilización de los recursos sociales, trasladando su gestión hacia el sector privado. Se trata de una colonización del sector de los servicios sociales dentro del sistema de gestión del mercado. Esta colonización es creada, dirigida, apoyada y subvencionada por determinados sectores políticos de nuestra sociedad con vínculos de confianza e intereses con áreas de gestión nuevas de determinadas empresas. Se están poniendo las condiciones para resquebrajar y asistencializar los niveles universales de la intervención social. Para liberalizar, individualizar, privatizar y comercilizar las potenciales demandas sociales y necesidades. Desde la perspectiva profesional las incertidumbres de la lucha contra la exclusión social están en como hacerlas posibles, como instrumentalizarlas a través de ayudas, prestaciones, programas, recursos sociales, sin perder su carácter democrático, activo, y
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su aceptación de la diversidad, el desarrollo comunitario sostenible, la autonomía personal. No se trata solo de reivindicar unos derechos sociales, se trata también de reflexionar, opinar, influir, actuar, exigir, denunciar y organizar alrededor de los derechos sociales unos servicios sociales públicos universales, democráticos y de calidad. BIBLIOGRAFÍA. • [1] Iniciativa social y Estado de bienestar en: http://www.iniciativasocial.net/historia.htm • Colectivo no a O´belen "La realidad de los servicios sociales" en: http://colectivonoaobelen.blogspot.com.es/2012/03/la-realidad-de-los-serviciossociales.html • Ley 5/87 de 23 de abril, de servicios sociales de extremadura. • Políticas sociales. Ambito de los derechos sociales en: http://www.extremadura.ccoo.es/comunes/temp/recursos/10/185725.pdf • TIANA FERRER, A.; SANZ FERNANDEZ, F. (2006): “Génesis y situación de laeducación social en europa. UNED. Madrid. • ALEMAN BRACHO, M.C, FERNÁNDEZ GARCÍA, T (2008).: Introducción a los Servicios Sociales. UNED. Madrid. • ALEMAN BRACHO, M.C, GARCÍA SERRANO, M. (2008).: Los Servicios Sociales especializados en España. Ramón Areces. Madrid. • DOCUMENTACIÓN SOCIAL. MONOGRÁFICO DE LA REVISTA. (2007) Intervenciones ante la exclusión social. Nº 143. Ed. Cáritas Española. Madrid.
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References: resolución 
 artículo 9
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 36
 artículo 148