Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651983
Timestamp: 2019-08-24 00:43:40+00:00

Document:
OBLIGACIÓN PARA AUTORIDADES PÚBLICAS DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL
EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL EN TIERRA AMARILLA
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR RÍOS, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA ESTABLECER OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA SALA SOBRE TRÁMITE SEGUIDO Y RESULTADOS DE UN PROYECTO DE ACUERDO APROBADO POR LA CORPORACIÓN (S 814-09)
Sesión 20ª, en martes 2 de agosto de 2005
III.	TRAMITACIÓN DE ACTAS.........................................................................
Acuerdo de Comités.................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece como obligatoria para autoridades que ejercen una función pública la declaración jurada patrimonial de bienes (2394-07) (se aprueba en particular).....................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente, en materia de liberación al medio ambiente de organismos transgénicos (2703-12) (queda pendiente su discusión general)...........................
Emergencia medioambiental en Tierra Amarrilla (observaciones del señor Prokurica)...............
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y de Educación , y el señor Asesor de la División Jurídico Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El señor ROMERO ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 17ª, especial, y 18ª, ordinaria, en 19 de julio; y 19ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 20 de julio, todas del año en curso, se encuentran en secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con los dos primeros retira la urgencia y la hace presente de nuevo, en el carácter de "discusión inmediata", respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos (boletín Nº 3.885-07).
2) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece como obligatoria para las autoridades que ejercen una función pública la declaración jurada patrimonial de bienes (boletín Nº 2.394-07).
Con los dos siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", en cuanto a los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (boletín Nº 669-01).
Con el quinto retira la urgencia y la hace presente de nuevo, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de reforma de la Carta, en primer trámite constitucional, que autoriza al Estado de Chile para aprobar el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional (boletín Nº 2.912-07).
Con el sexto hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de las Naciones Unidas" suscrito en Santiago el 19 de junio de 2003 (boletín Nº 3.624-10).
Con el séptimo da inicio a un proyecto de ley que crea el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno; modifica el Estatuto Administrativo en lo relativo a procedimientos sumariales, juntas calificadoras, incompatibilidades e inhabilidades; regula contratos a honorarios y contratación de bienes y servicios; otorga flexibilidad financiera a la Contraloría General de la República, y confiere facultades delegadas al Presidente de la República (boletín Nº 3.937-06).
Con los cuatro primeros comunica que dio su aprobación a los proyectos de acuerdo aprobatorios de los siguientes instrumentos internacionales:
1) "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Australia sobre Servicios Aéreos" y su anexo, suscritos en Santiago, Chile, el 7 de septiembre de 2001 (boletín N° 3.858-10).
2) "Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay", suscrito en Santiago, Chile, el 27 de abril de 2004 (boletín N° 3.870-10).
3) "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo" y su anexo, suscritos en Santiago, Chile, el 4 de diciembre de 2003 (boletín N° 3.871-10).
4) "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Consejo Federal Suizo sobre Transporte Aéreo" y su anexo, suscritos en Berna, Suiza, el 22 de julio de 2004 (Boletín N° 3.872-10).
Con el quinto informa que ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece un sistema de regulación sobre abogados integrantes de Cortes de Apelaciones y otros (boletín N° 2.950-07).
Con el sexto comunica que acordó archivar, previo acuerdo del Senado, el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Ruiz, que autoriza la construcción en la ciudad de Punta Arenas de un monumento en homenaje al trabajador petrolero (boletín Nº 1.549-04).
De la señora Jueza de Garantía de Temuco, mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia definitiva ejecutoriada dictada en la causa RIT N° 4150-2004, seguida en contra del Senador señor Jorge Exequiel Lavandero Illanes.
De los Honorables señores Adolfo Zaldívar y Mariano Ruiz-Esquide, en sus calidades de Presidente del Partido Demócrata Cristiano y Jefe de Bancada de Senadores de esa colectividad, respectivamente, por medio del cual solicitan que se oficie a la Excelentísima Corte Suprema a fin de que remita copias autorizadas del recurso de queja interpuesto ante ella por don Jorge Lavandero Illanes y de sus antecedentes, así como de los fallos pronunciados por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones pertinente; y que se pida a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que informe sobre la oportunidad en que el Senado podría encontrarse en condiciones legales de solicitar la inhabilidad del referido Parlamentario.
Del señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema , por medio del cual remite copias de la certificación extendida en la causa Rol N° 3478-2005, en el sentido de haber ingresado a la Secretaría de aquélla un recurso de queja interpuesto en nombre de don Jorge Lavandero Illanes; del escrito mediante el cual se interpone el recurso, y de la resolución recaída en este último.
--Se toma conocimiento y se manda oficiar a la Excelentísima Corte Suprema a fin de que informe si el citado fallo del Juzgado de Garantía de Temuco se encuentra ejecutoriado.
Dos de la Contraloría General de la República:
Con el primero, el señor Contralor subrogante responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor García, sobre existencia de antecedentes que permitan concluir la comisión de delitos en la obra "Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco".
Con el segundo, la señora Contralora subrogante contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Horvath, respecto del sumario administrativo instruido para determinar las causas y posibles responsabilidades administrativas por el desplome del puente Loncomilla.
Con el primero contesta dos oficios remitidos en nombre del Honorable señor Fernández, relativos al régimen impositivo del gas cuando es usado como combustible de vehículos.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, referido a la posibilidad de disminuir o eliminar los impuestos que gravan la importación de libros destinados a complementar la educación escolar.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Moreno, en cuanto a la factibilidad de destinar los recursos necesarios para la creación de un museo ferroviario en la comuna de San Fernando.
De la señora Ministra de Planificación , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor García, atinente al estado de avance del proyecto de pavimentación de la Ruta 119-CH, camino al Paso Fronterizo Mamuil Malal, en la comuna de Curarrehue.
Del señor Ministro de Educación , por medio del cual da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Martínez, concerniente a reconocimiento oficial de la Academia Diplomática Andrés Bello como institución de educación superior.
Con el primero responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, sobre problemas de iluminación en la intersección de la Ruta 5 Norte con los accesos a las localidades de Los Vilos, Illapel y Salamanca.
Con los dos siguientes contesta igual número de oficios remitidos en nombre del Honorable señor Chadwick, referidos, uno, a la procedencia del cobro por concepto de tratamiento de aguas servidas por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios del Libertador en la comuna de Rengo, y el otro, a la factibilidad de construir un edificio que reúna a todos los juzgados de la comuna en el terreno que ocupaba la cárcel en el sector de la Plaza de Armas de la ciudad de San Fernando.
Con el cuarto y el quinto responde dos oficios enviados en nombre del Senador señor García, relativos a la posibilidad de reparar o reconstruir el puente de Quelhue , ubicado a diez kilómetros de la ciudad de Pucón, y a la fecha de entrega de la construcción del Centro de Orientación y Diagnóstico y del Centro de Rehabilitación Conductual Masculino destinado al Servicio Nacional de Menores, en la comuna de Cholchol.
Con el sexto contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre pago por expropiaciones realizadas para construir la obra denominada "Camino Puelo-Paso El Bolsón, sector Lago Tagua Tagua-Llanada Grande", en la comuna de Cochamó.
Del señor Ministro de Salud , mediante el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Honorable señor Horvath, referido a la posibilidad de dotar de un tomógrafo axial computarizado (escáner) al sistema público de salud de Aisén.
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, respecto a la factibilidad de destinar los recursos necesarios para cerrar el parque Abel Bouchon, en la comuna de San Fernando.
Con el segundo responde un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Horvath, tocante a normas urbanísticas de altura de edificación en el sector de calle Ernesto Pinto Lagarrigue, comuna de Recoleta.
Del señor Ministro de Agricultura , mediante el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, vinculado a los problemas de transporte de los productores de carne bovina de la Región de Aisén.
Del señor Ministro de Minería , con el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Núñez, relativo al Proyecto Exploración Vicuña .
Del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, por medio del cual contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Cantero, acerca de problemas que afectan la labor de la Institución.
Del señor Subsecretario de Carabineros , a través del cual responde un oficio remitido en nombre de la Honorable señora Frei, sobre la factibilidad de destinar un cuartel móvil, con calabozo, a la comuna de Tocopilla.
Del señor Subsecretario de Obras Públicas , por medio del cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Moreno, atinente a la consideración, en el presupuesto del Gobierno Regional de la Sexta Región, de los recursos necesarios para asfaltar el camino Los Romeros, en la comuna de Graneros.
Del señor Intendente de la Región de Antofagasta , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, concerniente a "Modificaciones al Proyecto Construcción de Pozas de Evaporación Solar", de la Sociedad Chilena del Litio Limitada.
Del señor Intendente de la Región de La Araucanía , por medio del cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, referido a la situación económica de los habitantes de la localidad de El Naranjo, comuna de Lonquimay, como consecuencia de las adversas condiciones climáticas.
Del señor Director Nacional de Pesca , a través del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a las medidas adoptadas en cumplimiento del "Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles y sus anexos 1 y 2, adoptados en Canberra, Australia".
Del señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Espina, relacionado con los proyectos y estrategias adoptadas para fomentar el agroturismo en el país, y en particular en la comuna de Lonquimay.
De la señora Directora de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al proyecto denominado "Modificación al Proyecto de Construcción de Pozas de Evaporación Solar", de la Sociedad Chilena del Litio Limitada.
Del señor Director del Instituto de Desarrollo Agropecuario de la Región de La Araucanía , con el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, concerniente a la situación económica de los habitantes de la localidad de El Naranjo, comuna de Lonquimay, como consecuencia de las adversas condiciones climáticas.
Del señor Jefe de la División Zoológico del Parque Metropolitano de Santiago , mediante el cual contesta un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Espina, tocante a la situación presupuestaria y a los programas de modernización de ese recinto.
Del señor Director Científico del Consejo de Desarrollo Sustentable , por medio del cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, atinente a las medidas que debieran adoptarse para evitar el daño de ecosistemas y formas de vida en los parques y áreas silvestres protegidas.
Del señor Superintendente de Quiebras, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ávila, acerca de la quiebra del Club Social y Deportivo Colo Colo e Inmobiliaria Estadio Colo Colo S.A.
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece como obligatoria para las autoridades que ejercen una función pública la declaración jurada patrimonial de bienes (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín Nº 2.394-07).
Del Honorable señor Ríos, mediante la cual inicia un proyecto de acuerdo que modifica el artículo 23 del Reglamento del Senado para establecer obligación de informar a la Sala sobre el trámite seguido y los resultados de un proyecto de acuerdo aprobado por la Corporación (boletín N° S 814-09).
De los señores José Ángel Méndez Méndez y Raúl Antonio Villar Orellana, por medio de las cuales piden la rehabilitación de su ciudadanía (boletines Ns. S 815-04 y S 816-04, respectivamente).
Diario de Sesiones)
Los Comités, en reunión celebrada hoy, acordaron por unanimidad colocar en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria de mañana el proyecto sobre modificación del Libro V del Código del Trabajo.
Señor Presidente , lamentablemente debí ausentarme de Valparaíso el miércoles de la semana antepasada, por lo que no pude plantear mis objeciones durante la sesión en que se declaró inadmisible una moción que presenté para interpretar una norma legal relativa a los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil.
En esta ocasión sólo quiero pedir que se oficie al señor Presidente de la República para que dé su patrocinio a dicha iniciativa, destinada a corregir una irregularidad que se produce con respecto a los referidos funcionarios.
Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que establece como obligatoria para las autoridades que ejercen una función pública la declaración jurada patrimonial de bienes, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
Sesiones 6ª, en 15 de junio de 2005 (se posterga su discusión); 8ª, en 21 de junio de 2005 (se aprueba en general).
La iniciativa fue aprobada en general por la Sala en sesión de 21 de junio último.
La Comisión de Constitución deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de las indicaciones aprobadas, de las rechazadas, de las retiradas y de las declaradas inadmisibles.
Las modificaciones al texto aprobado en general fueron acordadas por unanimidad en dicho órgano técnico, excepto la incorporación del artículo 13, nuevo, referido a los contratos administrativos de provisión de bienes y prestación de servicios, que contó con los votos favorables de los Honorables señores Chadwick, Espina y Viera-Gallo y la abstención del Senador señor Ruiz-Esquide.
Según lo preceptúa el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, las enmiendas acordadas por unanimidad deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador, antes de iniciarse la discusión particular, manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que haya indicaciones renovadas, lo que no ha ocurrido.
Cabe señalar que los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º y las disposiciones transitorias son de carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas que transcriben las disposiciones que se modifican; el texto aprobado por la Cámara de Diputados; las enmiendas introducidas por la Comisión de Constitución, y la normativa que resultaría si éstas fueran aprobadas.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las modificaciones que la Comisión de Constitución recomienda por unanimidad.
--Se aprueban, dejándose constancia de que emitieron pronunciamiento favorable 34 señores Senadores.
A continuación, corresponde pronunciarse respecto del artículo 13, que la Comisión aprobó por tres votos a favor, de los Honorables señores Chadwick, Espina y Viera-Gallo, y la abstención del Senador señor Ruiz-Esquide.
Señor Presidente , este artículo establece la prohibición de celebrar actos y contratos respecto de dos categorías de personas: las que ejercen cargos directivos en órganos de la Administración y empresas del Estado, o en sociedades en que participen, quedando inhabilitadas para suscribirlos con ellas mismas o con parientes.
Quisiera dar una pequeña explicación al respecto.
Este mismo impedimento a contratar provisión de bienes o prestación de servicios se aplica al Congreso Nacional y al Poder Judicial.
La infracción a dicha norma genera nulidad absoluta del acto e implica una contravención del funcionario al principio de probidad administrativa.
Con todo -y éste es un punto relevante-, en circunstancias excepcionales -por ejemplo, en el caso de un único proveedor de un producto-, se autoriza la contratación si se ajusta a condiciones de equidad similares a las habituales del mercado, mediante una resolución fundada, que se comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados.
En el caso del Congreso Nacional y del Poder Judicial, se informará a la Comisión de Ética del Senado, o a la de Conductas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, o a la Comisión de Ética, según corresponda.
Esta disposición, que recoge un aspecto que últimamente ha estado en el debate público y que tiende a avanzar en el fortalecimiento de la transparencia en la gestión de los servicios públicos, tiene que ver con probidad. Y es muy importante que el Senado la apruebe, porque apunta precisamente a evitar que personas que ejercen cargos en la Administración Pública se favorezcan a sí mismas o a sus parientes mediante contratos emanados del mismo órgano en el cual ocupan cargos directivos.
Por eso, la Comisión la acogió y, por mayoría, solicita al Senado aprobarla en los mismos términos.
--Se autoriza el ingreso a la Sala de don Matías Larraín, abogado de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia.
Señor Presidente , los Honorables señores Núñez y Viera-Gallo y el Senador que habla fuimos los autores de la indicación correspondiente, a la que se le dio nueva redacción para precisarla aún más. Su objeto, como señaló el Presidente de la Comisión , consistía en limitar la posibilidad de suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con funcionarios directivos del mismo órgano o con empresas relacionadas con ellos por determinado vínculo o parentesco. Por lo demás -ya se mencionó-, se trata de un tema regulado en la Ley de Probidad.
Sin embargo, el Ejecutivo se comprometió en la Comisión a presentar un proyecto sobre transparencia en materia administrativa, en actual trámite en el Congreso. Por considerar que es una norma cuya incorporación es necesaria, fui partidario, si se propusiera una similar o que se acercara a la que planteábamos, de trasladarla a la iniciativa del Ejecutivo , por tener una relación más directa con ella que con la que ahora debatimos, relativa a la declaración de patrimonio.
Incluso, se discutió si la indicación correspondía a la idea matriz del proyecto, y el Presidente de la Comisión la declaró procedente y vinculada con el tema de la probidad.
Como el señor Ministro , presente en la Sala, ha cumplido su compromiso -y espero que ahora lo aclare- al menos con uno de los autores de la indicación, yo sería partidario de sacar esta norma del proyecto en análisis e incorporarla en el relativo a la transparencia en materia administrativa.
Por esa razón, mi voto va a estar sujeto a lo que nos informe el señor Ministro al respecto.
Tiene la palabra el señor Ministro , y después el Senador señor Viera-Gallo.
Efectivamente, la semana pasada el Ejecutivo presentó al Congreso Nacional un proyecto que contiene una serie de normas sobre transparencia fiscal, y del cual se dio cuenta en esta sesión. Una de ellas regula las inhabilidades y condiciones relativas a las entidades públicas que contratan servicios o participan en licitaciones. Y en el caso que ahora discutimos, se trata de un precepto que tiene que ver con la naturaleza de esa materia. Entonces, nos pareció razonable tramitarlo en ese proyecto, el que, según entiendo, se remitió a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y a la de Hacienda, en su caso.
Hoy nos reunimos con el Senador señor Viera-Gallo , para precisar los alcances de los criterios contenidos en la indicación que presentó junto con los Honorables señores Núñez y Andrés Zaldívar , a fin de que quedaran debidamente consignados en el proyecto sobre transparencia fiscal.
Por lo expuesto, solicito a los señores Senadores que tengan a bien desestimar el artículo 13, nuevo, puesto que se aleja de la idea matriz del proyecto.
Señor Presidente, deseo reiterar lo dicho por el señor Ministro.
Efectivamente, el propósito de la indicación de los Honorables señores Núñez y Andrés Zaldívar y del Senador que habla consistía en impedir que en materia administrativa y civil ocurriera lo que ya está sancionado en el Código Penal como negociación incompatible o como tráfico de influencias. Pero, para considerarse norma penal, debe haber dolo. En cambio, por descuido, por ignorancia, por negligencia o simplemente porque no se sabe, es factible incurrir en la conducta objetiva, sin que la ley penal pueda aplicarse.
Entonces, la finalidad de la indicación básicamente tendía a que no pudiera burlarse la norma de probidad sin incurrir en un delito, suscribiendo contratos con las personas a que alude un artículo -no recuerdo su número- de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, tanto del Gobierno central cuanto de los gobiernos regionales, así como también de las empresas públicas, norma que hoy día existe respecto de los municipios.
El Ejecutivo recogió esta inquietud y ha presentado un proyecto más amplio, completo y preciso.
El señor Ministro también ha comprendido que algunas de nuestras ideas respecto de estas materias tenían valor, sobre todo la referida a la sanción civil de nulidad del contrato. Porque no basta la sanción administrativa si después el contrato, que puede ser muy voluminoso, tiene sus efectos, produciéndose de hecho defraudación a la fe pública, sin sanción.
Acojo lo señalado por el señor Ministro . Y es de esperar que en el otro proyecto se analice esta materia en su globalidad, no sólo respecto de las licitaciones, sino también de la contratación directa o de cualquier tipo de contratos que suscriban organismos fiscales o empresas del Estado con personas que tienen vínculos de parentesco.
Señor Presidente , me alegro mucho de que estemos analizando un proyecto como éste, porque, cuando diversas empresas públicas y funcionarios del Estado se ven sometidos a los tribunales por irregularidades de distinta especie, la discusión debe ser, a mi juicio, una discusión amplia y no restringida a determinados actos.
Y cuando aludo a una discusión amplia me refiero a que, además de aprobar proyectos como el que nos ocupa -y haré una petición al señor Ministro , aquí presente-, es importante que el Gobierno dé pasos para trasparentar todas las cosas.
Me parece francamente increíble que estemos por una parte, legislando para prohibir a las máximas autoridades la celebración de contratos con parientes y que por otra se guarde reserva sobre ciertas informaciones; que empresas estatales -Televisión Nacional, CODELCO , BancoEstado- no entreguen antecedentes a la Cámara de Diputados, institución especialmente establecida por la Constitución como órgano fiscalizador; y que se mantengan -¡mantengan!- juicios de mera certeza en los tribunales con el fin de no dar respuesta.
En un acto de mínima coherencia de parte del Gobierno, debiera terminarse con esa actitud. Porque estamos aprobando leyes y, después, los periodistas dicen: "¡Pero si ellas no sirven para nada! ¡Miren los vacíos que tienen!
¡No hay ningún vacío! ¡En esta materia no caben dobles discursos!
Hoy voy a entregar un nuevo antecedente.
Señor Presidente, estamos haciendo esfuerzos por la transparencia. Pues bien, de los 362 oficios que los señores Senadores han solicitado enviar al Ejecutivo este año, 54,6 por ciento no ha sido contestado.
Entonces -pongan atención, Honorables colegas-, francamente no estamos frente a un debate real, porque por una parte se pone una cuña a la corrupción mediante mayor transparencia y por otra se registra falta de respeto e incumplimiento básico para con un órgano del Estado, como es el Senado. No es posible que el Gobierno nos diga aquí una cosa y luego haga otra.
Solicito al señor Ministro que ordene a las citadas empresas del Estado el retiro de las demandas de mera certeza que se hallan en los tribunales y, además, la manifestación de un mínimo de respeto para con esta Corporación. Ya no soy Diputado , pero cuando lo fui también viví la experiencia de no recibir respuestas a los oficios enviados. ¡Más de la mitad no ha sido contestado!
Sin embargo, como si esto fuera poco -ya termino, señor Presidente-, algunas respuestas son francamente para Champollion, porque no se entienden o porque se entregan antecedentes distintos de los requeridos.
Pido al Gobierno que sea coherente en esa materia, porque estamos legislando en la línea de hacer un país más transparente. Pero, por favor, esa situación no puede quedar pendiente, pues cientos de oficios de los señores Senadores no han sido contestados.
Señor Presidente , celebro el debate que se ha suscitado y el haber escuchado la opinión del señor Ministro y de los Honorables colegas que tomaron la iniciativa de someter a la aprobación del Senado este artículo. ¿Por qué? Porque cuando tuve ocasión de leer el informe de la Comisión -como saben Sus Señorías, hoy se repartió-, me llamó profundamente la atención por estar fuera del contenido fundamental del proyecto. De manera que pensaba intervenir, justamente, para pedir que de alguna manera eso fuera observado.
En el fondo, creo que no es un mal artículo, a pesar de que se trata de una materia ya inserta en disposiciones generales vigentes en la legislación de la República, en normas estatutarias, en leyes que rigen los contratos, las compras del Estado, etcétera.
En consecuencia, no me cabe la menor duda de que, de presentarse un caso como el planteado aquí por los autores de la iniciativa y respecto del cual piden sanción, la Contraloría General de la República, en su oportunidad, tendría que repararlo. Porque, en verdad, esta materia se encuentra reconocida de manera general en leyes vigentes.
Con todo, me hago cargo de lo sostenido por el señor Ministro en cuanto a la conveniencia de que esta norma, de manera más diáfana, se incorpore al proyecto sobre transparencia. Podríamos discutir su contenido. Y nos preparamos para hacerlo.
Pero, obviamente, el artículo propuesto exorbita en sí por mucho el objetivo fundamental de la iniciativa en debate.
Tomo nota de ello y, partiendo de la base de que el artículo en cuestión se excluiría de la iniciativa que discutimos, concluyo que no será votado en este momento.
Muy brevemente, señor Presidente , deseo hacerme cargo de las observaciones planteadas por el Honorable señor Prokurica relativas a la transparencia.
La verdad es que se ha estado legislando en materia de probidad y transparencia por lo menos desde 1994 -es decir, en el Gobierno del Presidente Frei-, incluso sobre la base de lo desarrollado a este respecto por la Administración del Presidente Aylwin.
En enero de 2003 se logró un acuerdo sustantivo entre el Gobierno y la Oposición que dio lugar, a partir de la matriz de la ley de probidad que promulgó el Presidente Frei , a la elaboración de un paquete de iniciativas legislativas de gran importancia para el país, que honran el buen lugar ganado internacionalmente por Chile en esta materia. Y ahora la Administración del Presidente Lagos ha mostrado su interés por modernizar el Estado y avanzar en una gestión a la par con las necesidades del país en un mundo globalizado.
Al respecto, cabe recordar iniciativas como la que regula las campañas electorales y su financiamiento (el Ejecutivo enviará en el transcurso de esta semana un proyecto que complementa dichas materias); la relativa a la declaración patrimonial (que hoy día nos ocupa); la que norma el lobby (que ha estado avanzando en la Cámara de Diputados); la que amplía las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (que evita el lavado de dinero, aspecto muy importante para la transparencia y el combate contra la corrupción); la moción, que hemos apoyado, presentada por los Senadores señores Larraín y Gazmuri sobre acceso a la información pública; y, además, estamos introduciendo un proyecto sobre gobiernos corporativos, que permitirá mayor transparencia en la gestión de las empresas estatales.
No sé qué tiene que ver la observación del Senador señor Prokurica respecto de la correspondencia que no se contesta. En el Gobierno se aplican instrucciones bien precisas en esta materia. Personalmente me voy a preocupar de chequear la situación e informar a Su Señoría sobre las demoras que se hayan producido.
Sin embargo, en modo alguno eso contradice el propósito de transparencia que anima al Ejecutivo , como lo hemos demostrado hasta la saciedad, no solamente a través de la agenda legislativa, sino también por la gestión realizada. Nunca nos ha gustado la práctica del secretismo ni la modalidad de esconder información ni manejar la legislación al amaño de determinados grupos o intereses económicos, gremiales o de cualquier tipo. De manera que la transparencia ha sido parte del ideario y de la forma en que hemos llevado adelante la agenda gubernativa global.
En consecuencia, con el mayor gusto informaré al señor Senador sobre la naturaleza y las razones que puedan explicar esa dilación.
Me gustaría chequear las cifras.
Esperaremos su informe, señor Ministro .
Un tema quedó inconcluso.
Señor Presidente, por su intermedio solicito al Gobierno que los Ministros que integran los directorios de las empresas estatales que he mencionado -Televisión Nacional, CODELCO y BancoEstado- pidan el retiro de las demandas de mera certeza que hacen imposible que se informe a la Cámara de Diputados sobre ciertos temas que los Parlamentarios les consultan.
Tiene la palabra el Senador señor Espina y, luego, el Honorable señor Viera-Gallo.
Señor Presidente, he escuchado atentamente los argumentos del Gobierno.
Esta materia fue discutida y votada en la Comisión. Y ahora voy a pedir que la Sala se pronuncie sobre ella, porque eso fue lo que nosotros conversamos.
No hay ningún problema en que si el Gobierno ha iniciado el proyecto y lo tramita, en circunstancias de que se ha llegado a la fase final de la discusión de la iniciativa que nos ocupa, se determine si en realidad corresponde contemplar el punto en un nuevo texto legal o en el que se analiza hoy día.
En el hecho, en nuestra Comisión no hay en trámite ningún articulado sobre la materia, a pesar de que el Gobierno nos señaló que lo iba presentar para que partiera por ella. Probablemente lo ha ingresado por la Cámara de Diputados. Está en su derecho el hacerlo.
Mas quiero pedir que votemos, porque éste es un tema que generó un largo debate y fue aprobado en el órgano técnico, donde se perfeccionó la norma. Por lo tanto, me parece que lo procedente es pronunciarse. Aquí no pueden los señores Senadores -lo digo, por supuesto, con el mayor respeto que me merecen mis Honorables colegas- retirar una indicación respecto de un asunto que ya se votó en la Comisión, porque es algo que ya forma parte del informe y se debe someter a la Sala.
Ahora bien, nuestro espíritu -y siempre lo ha sido- es que si viene un nuevo proyecto, lo estudiamos y creemos que se traduce en un perfeccionamiento, no existe ninguna dificultad para que se resuelva si el punto se incorpora en una iniciativa o en otra. Pero me parece que ésta no es la instancia para retirar un artículo tan relevante, que regula un tema muy controvertido hoy día: cuál es la relación que deben tener los directores de los órganos de la Administración Pública con los contratos que celebran ejerciendo una especie de duplicidad de funciones. En efecto, por un lado son directores, y por el otro, ellos, sociedades o parientes, celebran contratos con el mismo órgano. Eso genera una polémica que, a nuestro juicio, es necesario zanjar.
Incluso, en esta materia está incluido el Senado. En la actualidad no hay ninguna prohibición legal para que en esta Corporación, como tal, se pueda contratar con un pariente. Aquí se establece una, en cambio, respecto del pariente de un Parlamentario, salvo que haya una resolución fundada que se comunique a la Comisión de Ética y se sepa cuál es la razón.
Porque podría ocurrir, excepcionalmente, en un órgano del Estado, que el pariente de una persona que ejerza un cargo de director -nos referimos a un vínculo cercano- tuviera tal idoneidad, tanta capacidad, tantos méritos, que su labor es irremplazable. Pero eso se debe comunicar a las autoridades, para que todo se haga con total transparencia.
Por tanto, pido que se vote la norma.
Obviamente, estamos siempre abiertos a que, si el otro proyecto ingresa y se tramita -el Ejecutivo puede hacerlo perfectamente-, tomemos la decisión para que el punto se saque de la iniciativa que ahora discutimos y vaya a la otra.
Fue la misma razón que en un momento consideramos respecto del artículo que creaba el delito de enriquecimiento ilícito. Muchos éramos partidarios de verlo en un proyecto aparte, porque se trata de un tema supercomplejo. Los informes del derecho comparado así lo demuestran. Pero finalmente resolvimos presentarlo acá. Y viene una norma que fue consultada con dos distinguidos abogados penalistas.
Si en el futuro -se la concederé en un instante, Su Señoría- o durante la tramitación que queda se envía un proyecto nuevo y se estima que ahí queda mejor ubicada, lo resolveremos. Pero no somos partidarios de retirar lo que ya aprobamos, porque, además, el que avancemos en una dirección y luego retrocedamos sería ininteligible.
Con todo gusto doy la interrupción que se me ha solicitado, señor Presidente.
Señor Presidente , en efecto, reglamentariamente no podemos retirar la norma, porque ya fue votada. O sea, el Senado debe pronunciarse sobre ella.
Lo que planteamos en la Comisión de Constitución era que si el Gobierno presentaba un proyecto en el mismo sentido la analizáramos con ocasión del estudio pertinente. Porque era discutible si formaba parte o no de la idea matriz de la iniciativa sobre declaración patrimonial, con la cual la contratación no tiene que ver, en realidad.
El enriquecimiento ilícito sí tiene que ver, porque se establece una sanción de delito para el caso de que en virtud de la declaración mencionada se compruebe que el hecho carece de justificación.
Pero el compromiso que tomamos decía relación, repito, a si el Gobierno presentaba un proyecto como el expresado. Y así sucedió. Lo que pasa es que se mandó a la Comisión de Gobierno. Y eso lo resuelve la Mesa, no el Ejecutivo . Si ahora se cambia la providencia y se envía a la Comisión de Constitución, no hay problema.
Creo que el Gobierno cumplió con lo que le pedimos. Por eso, nos vemos en la delicada situación, para los efectos de cumplir con el compromiso que asumimos con él, de votar en contra, para que la indicación se traslade al debate respecto de la iniciativa a que he hecho referencia. Ésa es la razón por la cual pedimos dar por rechazada la disposición.
Si la Sala resuelve cambiar el procedimiento y que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución, me parece bien, ya que allí hemos estado analizando el tema.
Señor Presidente , no sé si la iniciativa mencionada se encuentra en la Comisión de Gobierno. No la he visto allí, salvo que haya llegado en estos días. No tengo conocimiento al respecto desde la última sesión que realizamos.
Pero la verdad es que resulta irrelevante si está o no. Porque si un artículo modifica aquí una ley específica, como la de Bases sobre Contratos Administrativos -es decir, no forma parte del cuerpo de otro texto o de uno nuevo que se está constituyendo-, no importa dónde se halle. Si concordamos en su contenido y se agregan disposiciones en una ley determinada, da igual que se halle en éste o en el otro proyecto. Lo importante es si ha habido acuerdo. Si lo hay, soy partidario de despachar el precepto.
Esta misma discusión la tuvimos cuando se debatió la primera vez lo relativo a la transparencia en la información pública. Fue una disposición que se incluyó primero en el proyecto regulatorio del ejercicio del periodismo. Y como la tramitación iba lenta, cuando el Ejecutivo envió la iniciativa que modificó lo relativo a la probidad se incorporó en el articulado respectivo. Es decir, la norma estaba en dos textos. Finalmente, se despachó uno primero, en el cual quedó.
Entonces, lo importante es que la disposición salga. Si está aprobada, no haría más "olitas" acerca de un asunto sobre el cual se trabajó en la Comisión y acerca de lo cual se llegó a un buen entendimiento. La he estudiado -me tocó participar en alguna parte de la discusión- y estimo que quedó bien redactada, que está bien pensada. No veo el sentido de postergarla. Creo que si hay acuerdo en cuanto al fondo, da lo mismo que vaya en ésta o en la otra iniciativa.
Por lo tanto, sugiero que se vote derechamente, porque me parece que ése es el espíritu en la Sala, en el propio Gobierno. Y ya veremos qué hacemos respecto del otro proyecto. Pero, en todo caso, lo único importante es no hacer algo contradictorio, sino coherente con el precepto.
Señor Presidente , coincidimos con lo dicho por los Senadores señores Espina y Larraín . O sea, si no hay una voluntad o un consenso para que la materia sea tratada en la otra iniciativa, no tenemos ningún problema en que se apruebe en la que nos ocupa, porque estamos de acuerdo con la idea básica.
El Gobierno verá, durante la tramitación, si la cuestión se regula mejor en el otro proyecto y vetará el que ahora debatimos, para lograr la armonía del caso. Pero no puede quedar ni la sombra de una duda en la opinión pública de que los autores de esta iniciativa fuimos nosotros y que el impulso provino de estas bancas. Gracias a Dios -o a nuestra argumentación-, también coincidieron los que ocupan las del frente.
¡Eso corresponde a los grandes acuerdos, Su Señoría...!
¿Me permite antes una interrupción, señor Senador ?
Señor Presidente , quiero reafirmar la misma tesis planteada por el Senador señor Viera-Gallo . Si efectivamente no hay un acuerdo unánime, demos por aprobada la disposición, y después, durante la tramitación del proyecto, veamos qué se hace para lograr el mismo objetivo.
Señor Presidente, no estoy en desacuerdo con el contenido de este artículo. Lo que pasa es que ese contenido no se debe estudiar con la premura que significa la urgencia con que viene calificada esta iniciativa.
Sucede que a veces, también, esos acuerdos a que Su Señoría se refiere suelen conducir a que se olviden las normas de la Carta. Y eso es peligroso. Creo que aquí -lo digo con el mayor respeto por el Presidente de la Comisión de Constitución, mi Honorable colega Espina- estamos en presencia de un artículo que transgrede lo constitucional, porque no forma parte de las ideas matrices o fundamentales del proyecto en estudio.
Es efectivo que se pretende modificar la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos, pero ese cuerpo legal comprende una multitud de normas de contenido diferente. La circunstancia de que aquí se enmiende ese cuerpo legal -y en los otros artículos también- no es como para decir que se trata de una misma materia matriz fundamental. Resulta que no es así.
Como manifestó el señor Ministro , estamos en presencia de una norma que confluye con la transparencia. Lo esencial en el proyecto es la declaración del patrimonio. ¿Que de alguna manera ello conducirá a que la vida pública tienda a ese otro objetivo? Es posible. Pero son cuestiones distintas. Y una multiplicidad de aspectos de la más diversa naturaleza en el campo de la Administración son diferentes aun cuando puedan confluir, en último término, en el interés fundamental del Estado.
Con todo respeto, señor Presidente , creo que está dentro de su competencia el poder declarar si el artículo transgrede disposiciones de la Constitución Política. Porque, de ser así, cabe estudiarlo donde realmente corresponde, que es en el proyecto de ley sobre transparencia, el cual nadie ha controvertido que se discute en alguna parte del Congreso Nacional.
Señor Presidente, sólo deseo plantear dos cosas.
Primero, celebro la disposición de los señores Senadores para votar la norma en este momento. Cuando surge una buena idea, cuando se ha trabajado y todos se han puesto de acuerdo respecto de ella, en especial tratándose de un asunto tan importante como el de mejorar la garantía de la probidad pública, no hay que demorarse ni esperar. La oportunidad es ahora y, si se nos da, debemos aprovecharla.
En cuanto a los planteamientos de mi Honorable colega Silva , quiero aclarar que discutimos en la Comisión si la norma estaba dentro de las ideas matrices del proyecto. Y llegamos a la conclusión de que éstas, cuando establecen la exigencia de la declaración patrimonial, apuntan precisamente a mejorar las garantías de la probidad y la transparencia públicas.
Por ello, agregamos dos disposiciones que no venían en el texto original, pero que sí involucraban ese objetivo. La primera de ellas se refiere al delito de enriquecimiento ilícito, ya aprobada por el Senado. Y nadie discutió su procedencia en términos de que estuviese fuera de las ideas matrices, porque se entendió que se trataba de una figura destinada a garantizar la probidad pública.
Y la segunda -que nos ocupa en estos momentos- dice relación a la transparencia en la celebración de contratos dentro de la Administración. El precepto resulta necesario, porque no existe una norma genérica que abarque a todas las autoridades, cualesquiera que sean. Y trae consigo, además, un efecto que no se halla contemplado: la nulidad del contrato.
Es algo que también consideramos como incluido en las ideas matrices, porque se plantea en función de garantizar el objetivo del proyecto: la probidad y la transparencia.
En consecuencia, el tema fue discutido en la Comisión y la indicación respectiva fue admitida a tramitación por las argumentaciones que he dado en términos de relacionarse con las ideas matrices de la iniciativa.
Tiene la palabra por tercera vez el Honorable señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , quiero tocar otro tema.
Tal como acaba de expresar el Senador señor Chadwick , la Comisión introdujo un artículo muy importante sobre el enriquecimiento ilícito. Al respecto, formularon indicaciones los Honorables señores Bombal , Andrés Zaldívar , varios Senadores de nuestra bancada y el que habla, y finalmente se logró una redacción que figura en el informe y que a mi juicio representa un avance muy significativo.
Como la norma fue acogida por unanimidad en dicho órgano técnico, se dio por aprobada automáticamente en la Sala. Sin embargo, por lo menos quiero llamar la atención de mis Honorables colegas en el sentido de que aquí se consagra una figura penal residual en caso de que no se pueda comprobar un delito grave de los empleados públicos en lo referente a alguna suerte de defraudación del interés del Estado. El delito se configura cuando existe una disparidad patrimonial que no es posible justificar, cuya prueba -como lo dispone el inciso tercero del artículo que se agrega al Código Penal- "será siempre de cargo del Ministerio Público".
Me parece que lo anterior reviste gran trascendencia. Como se aprobó automáticamente, repito, no llamó la atención de la Sala. Sólo quería dejar constancia del punto para que los señores Senadores lo tuvieran presente.
En consecuencia, se pondrá en votación el artículo 13 del proyecto.
¿Lo aprobamos por unanimidad o con votación electrónica?
Por unanimidad, señor Presidente .
Con votación electrónica.
Con votación electrónica, señor Presidente .
Para la historia de la ley.
--Se aprueba el artículo 13 (31 votos contra uno), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Naranjo, Núñez, Ominami, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Valdés, Vega, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Silva.
¿El señor Ministro desea agradecer al Senado?
Señor Presidente , deseo subrayar el hecho de que el texto recién despachado constituye para el Gobierno una piedra angular en su estrategia de hacer de la gestión pública un todo más transparente y moderno.
En particular, agradezco a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por intermedio de su Presidente , el Honorable señor Espina . Y en especial destaco a los Senadores señores Andrés Zaldívar y José Antonio Viera-Gallo .
Pienso que se ha honrado el espíritu democrático y de construcción de acuerdos en esta Corporación. Me gustaría que ese espíritu y ese carácter animaran siempre el avance de la agenda legislativa que el Gobierno propone al país, sobre la base de la gestión, la dedicación y la voluntad del Parlamento.
Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente, para hacer obligatoria la evaluación de impacto ambiental de actividades o proyectos en que se liberen organismos genéticamente modificados o transgénicos al medio ambiente, y que protege las áreas de producción limpia, orgánica y natural, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
La iniciativa tuvo su origen en una moción de los Honorables señores Horvath, Larraín, Martínez, Ríos y Stange.
La Sala del Senado, en sesión de 3 de marzo del año pasado, autorizó a la Comisión para discutirla en general y en particular a la vez.
El objetivo principal de la normativa, en el contexto de las obligaciones que emanan del Convenio Internacional sobre Biodiversidad, es someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el desarrollo de la investigación biotecnológica, con el fin de garantizar la protección del medio ambiente natural, las tradiciones productivas y el respeto a los principios éticos que deben inspirar el ejercicio de la ciencia.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Horvath, Pizarro, Stange y Vega. En cuanto a la discusión particular, acogió los numerales que conforman el artículo único del proyecto también por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Ávila, Horvath, Pizarro y Stange.
El texto que se propone aprobar en general se consigna en el informe.
Señor Presidente , en primer lugar, subrayo que la votación será en general. Espero que después del informe que entregaré y del debate respectivo se pueda abrir un espacio suficiente para el análisis de la iniciativa y la formulación de las indicaciones del caso.
El tema de los organismos genéticamente modificados (o a veces entendidos como transgénicos) es una realidad nueva producto del desarrollo científico de la biotecnología y que estamos enfrentando en forma creciente.
En esta materia hay opiniones adversas, argumentos claramente a favor y voces más prudentes que señalan los riesgos asociados.
De acuerdo con un informe del Ministerio de Salud, el procedimiento científico y técnico a los organismos modificados genéticamente -deseo compartirlo con ustedes, independiente del establecido por la iniciativa durante el análisis de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que es más jurídico- es una aplicación de la ingeniería genética, con el objeto de reforzar una debilidad o de incorporar alguna característica deseada mediante la agregación de un gen.
De esa forma, el tomate, el maíz y la soja, por ejemplo, adquieren una nueva propiedad, la cual es incorporada de manera directa a su genoma, pudiendo éste ser donante de un virus, un insecto, una bacteria e incluso de animales mayores.
Con ello pretendo señalar que los organismos genéticamente modificados son la consecuencia de una relación que no se da en la naturaleza.
El caso más didáctico que se presenta es la combinación de maíz con genes de alacrán. Se pone un gen de este último en el del maíz para impedir que la producción del mismo sea atacada por plagas. Éstas detectarán tal presencia y, por lo tanto, no van a actuar. Ello, de alguna manera, hace inmune a esa gramínea, con los beneficios asociados.
En lo referente al estudio del Ministerio de Salud, es conveniente tener en cuenta las ventajas y las amenazas en este tipo de organismos y las actividades relacionadas con ello.
Haré una rápida reseña de estos aspectos -que se encuentran consignados en el informe y en los antecedentes que tuvo a la vista la Comisión-, para que los señores Senadores los examinen después con más detenimiento.
En cuanto a los beneficios, los organismos transgénicos mejoran y simplifican la producción agrícola; permiten el aprovechamiento de tierras de cultivo, haciendo innecesario su aumento; resuelven teóricamente el problema de la nutrición mundial, y pueden reducir la cantidad global de artículos fitosanitarios en la actividad agrícola.
En lo atinente a las amenazas, cabe mencionar lo siguiente:
-La expansión de los cultivos transgénicos atenta contra la diversidad genética, por la simplificación de los sistemas de cultivo y la promoción de la erosión genética.
-La potencial transferencia a variedades silvestres o parientes semidomesticados de genes de cultivos resistentes a los herbicidas, lo que podría crear las conocidas supermalezas.
-Los cultivos transgénicos resistentes a herbicidas se transformarían subsecuentemente en malezas.
-El traslado horizontal de genes y la recombinación para crear nuevas razas patógenas de bacterias.
-La recombinación de vectores que generan variedades de virus más nocivos, especialmente en plantas transgénicas diseñadas para resistir sobre la base de genes virales.
-Las plagas de insectos desarrollarán rápidamente resistencia a los cultivos que contienen la toxina de la bacteria Basillus Thurigiensis , la que justamente se utiliza como trazador para verificar si "pegó" el nuevo gen agregado.
-El uso masivo de esa toxina en cultivos puede desencadenar interacciones potenciales negativas que afecten a procesos ecológicos y a organismos benéficos.
-Las consecuencias para el hombre de los genes introducidos en los cultivos son poco o nada conocidas en el largo plazo. Pueden generar resistencias en el ser humano a determinados antibióticos y transmitir agentes alérgenos a personas susceptibles.
Es decir, por un lado hay beneficios, y por el otro, amenazas.
No he aumentado ni quitado datos del informe técnico oficial elaborado por el Ministerio de Salud, precisamente por saber que se trata de un tema controvertido.
En materia de oportunidades para Chile vinculadas a los organismos transgénicos, destaco lo siguiente.
En primer término, el nuestro es un país que difícilmente puede competir con sus vecinos en cantidad. Me refiero a Argentina, Brasil, Bolivia , Paraguay y Perú. Sin embargo, sí lo puede hacer en calidad y conforme a un sello de origen.
Frente a la circunstancia de que algunas naciones del continente han entrado de lleno a la actividad relacionada con la creación de organismos genéticamente modificados, el hecho de que Chile tome ciertas precauciones o realice determinadas evaluaciones de riesgo, hace que nuestros productos tengan la posibilidad de contar con un sello de origen, de carácter natural, más bien orgánico, limpio y sin transgénicos.
Ésa, a mi juicio, es una oportunidad que no podemos dejar pasar.
En segundo lugar, hay una tendencia de todos los productos, en especial de los alimenticios, a buscar la trasabilidad. Es decir, saber evaluar los procesos a que ellos son sometidos desde el momento en que se generan, siembran o de alguna manera reproducen, hasta que llegan al consumidor. La idea es que el país o la empresa que compre pueda conocer la trayectoria total del artículo alimentario, elemento que, desde el punto de vista de si son o no modificados genéticamente los organismos, pasa a tener también un rol importante.
Por otra parte, deseo agregar que para estos efectos se realizaron un seminario internacional y un taller, donde participaron países como Argentina, Alemania, Hungría , España y, desde luego, Chile. Allí, junto con representantes del Ministerio de Agricultura y de la Comisión de Medio Ambiente, se reunieron miembros de la comunidad científica del país, dentro de la cual hay fervientes partidarios de la biotecnología y de la introducción de transgénicos en nuestro medio. Sin embargo, en las conclusiones del taller, se reconoce que, a la luz de todos los antecedentes, existen áreas importantes que resguardar para que no se mezclen con organismos transgénicos y afecten nuestro sello de origen.
El acuerdo con la Unión Europea nos lleva también a enfrentar un mercado mundial importantísimo, en el cual se exige saber si nuestros productos fueron genéticamente modificados o no en algunas de las etapas de su cadena de generación.
Por tales razones, la moción que nos ocupa ha sido debatida sobre la base de diversos antecedentes.
En el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente del Senado participaron el Subsecretario de Economía de la época, don Álvaro Díaz , y la Jefa de Gabinete y asesores de esa Cartera de Estado; el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile , quien además ha realizado importantes investigaciones respecto de la soja transgénica y los beneficios de ésta y la soja natural.
En representación de la Fundación Sociedades Sustentables y Coordinadora de la Red de un Chile Libre de Transgénicos, colaboró la doctora María Isabel Manssur , que ha desarrollado una labor pionera en cuanto a abrir conciencia respecto de esta materia, como también lo ha hecho don Manuel Riesco , Presidente del Consorcio de Sociedades Agrícolas del Sur , entidad que agrupa a los productores de esa zona de nuestro país. Él ha puesto sus esfuerzos en la línea de garantizar que no sean afectados -por así decir- nuestros productos naturales.
La Comisión recibió importantes aportes de organizaciones académicas y científicas, como los provenientes de expertos de la Universidad de Santiago de Chile, como la doctora señora Marcela Aranda ; el doctor señor Gustavo Zúñiga ; el doctor señor Ignacio Caro , Director de PROGOA ; el doctor señor Luis Martínez , Director del Departamento de Salud Pública y Epidemiología.
Asimismo, participaron personeros del Servicio Agrícola y Ganadero; expertos de CONICYT, como el doctor señor Hugo Peña ; el experto del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, señor Romilio Espejo ; el doctor señor Rafael Vicuña , de la Pontificia Universidad Católica de Chile; el profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Católica de Valparaíso, señor Rafael Valenzuela .
Todos esos antecedentes figuran en los textos que los señores Senadores pueden revisar.
La labor se ha centrado más bien en un trabajo pormenorizado de los distintos aspectos de la moción, cuyo objetivo es introducir una modificación a la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente .
Su artículo 10 se refiere a los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, los que deberán someterse al sistema de evaluación pertinente. Y, dentro de la larga lista de actividades y proyectos, se agrega una letra r), consignando la "liberación al medio ambiente de los organismos genéticamente modificados".
Dicha norma establece las condiciones para que se pueda efectuar tal evaluación. No se obliga, por lo tanto, a todas las actividades, sino sólo a las que cumplan ciertos requisitos.
Por su parte, el artículo 11 de la ley vigente dispone lo siguiente: "Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental , si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:".
En ese precepto se agrega la letra g), que dice: "Riesgo para áreas de producción limpia, orgánica y sin transgénicos y que afecten la biodiversidad.".
La moción también plantea un artículo 39 bis nuevo con la finalidad de que, además de proteger los suelos en forma racional y de evitar su pérdida y degradación -como se establece en la ley actual-, se faculte a los productores locales de determinadas áreas para que, junto con las organizaciones correspondientes, puedan autodeclararse como "zonas de producción limpia o zonas sin transgénicos según procedimientos de certificación válidos internacionalmente". Ello con el objeto de evitar toda subjetividad.
Finalmente, a efectos de hacer consistente la iniciativa, la Comisión dispuso diversas nuevas definiciones que ayudarán a dar rigor a una materia legal de esta naturaleza.
Es necesario recordar que en distintas oportunidades el Gobierno ha manifestado su propósito de elaborar una ley marco para la biotecnología y la biodiversidad. Ello no se ha concretado, por varias razones. Sabemos que hay encuentros y desencuentros entre algunos Ministerios, como los de Salud, de Agricultura y de Economía. Sin embargo, por las presentaciones que nos han hecho las autoridades pertinentes, sabemos que esa legislación modelo incluye los aspectos que contiene esta moción. Por lo tanto, esto es un avance en una línea más bien de carácter general, en la cual nosotros no tenemos iniciativa, principalmente por comprometer a organismos públicos.
Por su parte el Senado ha avanzado en el sentido de regular o prohibir, en su caso, la introducción de especies hidrobiológicas genéticamente modificadas, como el salmón y la trucha -a las cuales se les han incorporado genes ajenos a ellas para un crecimiento más rápido-, las que son fuertemente rechazadas en los mercados internacionales.
Por las razones dadas, más los antecedentes consignados en el informe, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales solicita la aprobación en general del proyecto, el cual, como digo, tiene una posición centrada, que no es pro ni contra, pues su propósito es la evaluación oportuna del riesgo, a fin de que nuestro país pueda manejarse en mejor forma en esta materia.
Señor Presidente , el proyecto en análisis, originado en una moción, incide en un asunto de enorme trascendencia internacional: el debate actual respecto de los transgénicos entre Estados Unidos, por una parte, y la Unión Europea, por otra.
Nosotros somos productores y exportadores de semilla transgénica, pero en nuestro territorio no se pueden cultivar productos de esa naturaleza. Y respecto de los animales -hasta ahora por lo menos- hay una prohibición para internar especies con esa característica.
Desconocemos cuánto va a poder durar esta política definida por Chile frente al impacto de las nuevas tecnologías. Lo que podemos decir hasta el momento es que los grandes adelantos de la biotecnología se han dado en los Estados Unidos, y que los alimentos transgénicos, especialmente en lo que se refiere al maíz o a la soya, pasan por el control de varias agencias norteamericanas -como la FDA y la EPA y otras-, las cuales verifican que no sean dañinos para el organismo humano. Lo único que queda en duda es el problema de las alergias.
Sin embargo, hay un hecho nuevo: las empresas transnacionales están produciendo alimento transgénico en otros países donde no existen los mismos grados de control que en los Estados Unidos. El caso más importante es el llamado "arroz dorado", que va a lanzar China al mercado mundial dentro de poco.
Ante esa situación, se va a crear un hecho del todo nuevo, porque nadie sabe si los mecanismos de control para la salud humana de la República Popular China son igualmente exigentes que los del País del Norte. La polémica se centrará, básicamente en que, mientras la Unión Europea y Japón exigen que en el etiquetado se haga una distinción entre los productos generados transgénicamente o que deriven de ellos -en ese conglomerado de naciones del Viejo Continente no se caratula el vino ni el queso con algún tipo de transgenia-, en los Estados Unidos hay una posición contraria.
De lo anterior nos impusimos con el Honorable señor Coloma , porque con él fuimos durante cinco días a Estados Unidos a estudiar el tema. O sea, no es porque hayamos tenido, digamos, "ciencia infusa". Seguramente después el señor Senador va a dar a conocer con mucha propiedad su punto de vista sobre la materia.
Como muy bien ha dicho el Honorable señor Horvath , nuestra nación tiene una posición completamente distinta de la de Argentina o Brasil. En estos países, por ejemplo, el 70 o el 80 por ciento de la llamada "soya RR", es transgénico. El aceite de este tipo de soya argentina nosotros lo importamos. Pero la proteína transgénica no pasa al aceite, según se dice. O sea, Chile exporta semilla transgénica y no tiene cultivos de tal clase -oficialmente-, pero sí importa productos manipulados en sus genes, especialmente para alimento animal. Por lo tanto, nuestra situación resulta bastante anómala al respecto.
Lo que pretende la moción es etiquetar. Eso significa que adoptamos la posición de la Unión Europea y que, junto con Japón, vamos a controlar y a exigir que cada importación venga con el rótulo respectivo, a fin de que, por ejemplo, un barco con cierto producto agrícola transgénico a granel esté calificado como tal y de que lo mismo ocurra con los artículos expendidos en los supermercados, lo cual es muy bueno para el consumidor, porque éste tiene derecho a saber que un alimento con más de determinado porcentaje, posee tal condición.
Termino en un minuto, y se la doy.
Después de asistir a exposiciones sobre la materia durante cinco días, yo por lo menos -sin ser agricultor, obviamente-, tengo al respecto cierto convencimiento.
Antes de darlo a conocer, quiero referir una anécdota: junto al Senador señor Coloma tuvimos oportunidad de visitar una granja en Maryland donde se cultivaba maíz transgénico. Resulta que el señor que nos mostraba el lugar nos confesó que esa gramínea era la peor en ese minuto, porque la había atacado una plaga de la cual la transgenia no la había inmunizado.
Lo único que deseo sacar como conclusión es que ésta es una pelea que sobrepasa con mucho a Chile. Constituye un pleito de Estados Unidos con la Unión Europea y Japón a nivel de la OMC.
Ahora, nuestro país debiera tomar una de dos opciones, que son muy de fondo. La primera es que puede seguir como hasta ahora -nada lo impediría- en una posición ambigua: producimos y exportamos semilla transgénica, no las desarrollamos e importamos productos transgénicos. Eso ha dado cierto equilibrio. La otra opción es la que propone la iniciativa en debate, que voté favorablemente en la Comisión. No obstante, al adoptar esta última, debemos saber que estamos definiendo en gran parte una política agrícola para el futuro, porque estamos privilegiando que Chile sea un país de producción no transgénica y, al mismo tiempo, alineándonos con la Unión Europea en la disputa que mantiene con los Estados Unidos.
Confieso que cuando voté la moción lo hice sin muchos elementos de juicio. Sé que el Gobierno está preparando un proyecto, que se encuentra en la Secretaría General de la Presidencia; pero probablemente no va a ser presentado durante el mandato del Excelentísimo señor Lagos, sino que quedará para la próxima Administración.
Tengo la impresión de que ésta es una discusión de enorme envergadura. No se trata, simplemente, de decir: "Se etiqueta" o "No se etiqueta". Por eso, quizá sería conveniente aprobar el proyecto en general, pero sin que ello signifique que nosotros estamos tomando una posición, como quien dijera, de ser primera trinchera en el mundo a favor del rotulado transgénico. Porque, ¿qué pasaría si tuviéramos que etiquetar el vino chileno de exportación? ¿Tiene el vino chileno, al igual que el francés, algún componente transgénico? ¿Se venderá nuestro vino en el exterior si lo rotulamos como "transgénico"?
Lo que aquí estamos discutiendo son decisiones mayores.
A mi juicio, podemos aprobar esto sin problemas, pero en el buen entendido de que las Comisiones de Agricultura y de Salud, pasado el periodo electoral, con toda la tranquilidad del mundo y escuchando a los expertos en la materia, deberán adoptar una política, que va a influir en el desarrollo agrícola y en el de nuestras exportaciones.
En lo que respecta a mi posición personal, yo adhiero a lo que planteó el Senador señor Horvath. Me inclino en esa dirección. Pero creo que no es tan fácil tomar una decisión sin una discusión muy a fondo.
Señor Presidente , el Honorable señor Horvath me había solicitado una interrupción, que concedo con la venia de la Mesa.
La iniciativa acerca del etiquetado de productos genéticamente modificados ya fue aprobada en general por el Senado; pasó por la Comisión de Salud, y en este momento se encuentra en la de Agricultura.
Ese proyecto está sintonizado con el que ahora nos ocupa, pero no es su razón de ser, pues éste busca evaluar oportunamente el riesgo ambiental de estos productos y no mezclar la producción natural con la transgénica sin establecer algún tipo de frontera. Ése sí que sería el peor de los escenarios.
Señor Presidente , tal como lo planteó adecuadamente el Honorable señor Viera-Gallo -en cuanto al tema de fondo, más que a lo relativo al etiquetado-, tras esta iniciativa, que técnicamente modifica la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental en determinadas actividades, hay una suerte de toma primaria de posición respecto de uno de los temas más discutidos y complejos del mundo moderno.
Y parto por el nombre: cuando a uno le hablan de "transgénico", se prenden luces rojas; pero si a lo mismo se le dice "biotecnología", se prenden luces verdes.
En Chile estamos esperando una resolución fundamental, básica, que tiene que ver con el futuro de la agricultura, con el futuro de la ciencia y, posiblemente, con el ámbito de la economía. Por algo esta discusión, como ha dicho el Senador señor Viera-Gallo , hoy día está dividiendo al mundo.
Por un lado, tenemos a Estados Unidos, junto a China e India, que han desarrollado una línea de productos genéticamente modificados -están convencidos de que son inocuos para la salud-, generando así avances muy importantes en materia productiva, de oportunidades, farmacéutica y en el menor uso de pesticidas.
Por otra parte, los países de la Unión Europea, a fin de prevenir efectos en la salud, buscaron la línea inversa: coartar toda opción de uso de este tipo de técnica en esas naciones.
¿Por qué hago este planteamiento fundamental? Porque me parece que aquí el país tiene que asumir una definición, y debe hacerlo con un marco regulatorio adecuado. A estas alturas no es posible legislar, más allá de la buena intención de los autores de la moción, en forma parcializada acerca de un punto que es esencial para el futuro de nuestra nación en las materias a que brevemente me he referido.
Cuando uno ve el informe -el cual, dicho sea de paso, es muy bueno-, percibe un criterio relativamente compartido con las autoridades de Gobierno. En la Comisión, el representante del Ejecutivo señaló que es indispensable desarrollar estas iniciativas en el contexto de un marco regulatorio, el cual debería formar parte de una política general. Hizo presente, además, que para elaborar el proyecto de ley marco de biotecnología, se ha constituido una Comisión donde participan miembros del Ministerio de Salud, de la CONAMA, del Ministerio de Agricultura, de la Subsecretaría de Pesca, del Ministerio de Economía y de la CONICYT.
En mi opinión, señor Presidente , la forma correcta de enfrentar este problema es a través de ese marco regulatorio, que defina, en todos los temas, cuál es la opción que tomará Chile. ¿Se va a adoptar la alternativa de permitir el uso de la biotecnología sobre la base de que eso conlleva mayor producción, mejores oportunidades, menor uso de pesticidas, el empleo farmacéutico de este tipo de productos en el futuro? ¿O se va a optar por una vía más conservadora -como la de la Unión Europea- que, esperando que pase el tiempo para ver si se generan efectos en la salud, prefiere abstenerse de aquello?
Lo cierto es que hoy día nuestro país está en una posición extraña. Por ejemplo, en muchas zonas de nuestro territorio -varias de las cuales se hallan en la Región que represento y también en la Sexta- se produce semilla transgénica, que se siembra profusamente en el exterior, pero que no se puede cultivar aquí, debido a las distintas interpretaciones parciales que se han hecho al respecto. Lo mismo sucede en cuanto a la producción de vinos a través del uso de determinada enzimas transgénicas, tema debatido a nivel mundial.
Por lo tanto, el asunto no está resuelto y funciona caso a caso, según el leal saber y entender de la autoridad de turno acerca del ámbito agrícola.
Señor Presidente , cuando se observan todos los informes que apuntan a la necesidad de generar un marco regulatorio -pese a que sé que por esta vía siempre se postergan las cosas, y así me lo planteó privadamente uno de los autores de la moción-, creo que, más que nunca, es fundamental abordar este proyecto, que asume una posición sobre el particular, a la luz de una ley marco, donde podamos debatir acerca del futuro de nuestro país en esta materia.
Ahí veremos quienes están a favor y quienes, en contra. Y ahí veremos cómo se armoniza este tema con los distintos tratados internacionales que Chile ha suscrito.
Nosotros hemos firmado el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, donde hay un principio de entendimiento en cuanto a que éste es un tipo de acción lícita que, sujeta a determinadas condiciones, puede ser debidamente explorada.
¿Por qué digo que el proyecto adopta una posición? Porque una de sus normas, el último numeral -lo destaco, porque estoy en contra de él-, establece la facultad de que un conjunto de vecinos, mediante los procedimientos adecuados, pueda impedir el desarrollo de una actividad económica, declarando que una zona está libre de transgénicos. O sea, dicho precepto dispone que, más allá de la calificación ambiental que realice el organismo técnico (el SAG) o lo que estatuyan los convenios internacionales, es factible autodeclarar a una zona libre de transgénicos, con lo cual se imposibilita llevar a cabo una empresa de esta naturaleza.
Esto supone colocar una barrera de entrada, porque nadie establece una zona libre de determinada sustancia o semilla, si no se tiene algo en contra. En efecto, nadie declararía un área libre de maíz o de agua, si piensa que estos elementos son sanos. Sólo cabe prestarse para una declaración de esa índole cuando existe una posición contraria frente a la materia.
En consecuencia, el proyecto asume un compromiso inicial con una postura que no me parece la más adecuada para enfrentar el asunto.
Por eso, señor Presidente, haré tres planteamientos concretos respecto de esta iniciativa.
En primer lugar, pido formalmente que se suspenda su tramitación -de la forma que corresponda; no se trata de ser drástico- hasta que el Gobierno señale una fecha estimativa para abordar el proyecto de marco regulatorio, que se ha estado estudiando desde hace mucho tiempo y que alguna vez tiene que salir. Luego de eso, podremos obviamente incluir el conjunto de disposiciones contenidas en el texto que nos ocupa.
Mientras tanto, es fundamental que la iniciativa en debate pase a la Comisión de Agricultura, pues ésta se halla preocupada de toda la legislación relativa a la producción orgánica. De hecho, tuvimos un seminario muy interesante al respecto en días pasados. El producto orgánico y el biotecnológico son dos temas que actualmente se discuten a nivel mundial.
Entonces, no me parece adecuado que si se está elaborando un proyecto de ley marco, que se encuentra en la Comisión de Agricultura, paralelamente, y sin que la de Medio Ambiente lo conozca, se establezcan disposiciones sobre procesos biotecnológicos o de naturaleza completamente diferente. Si se desea tener un orden para legislar adecuadamente sobre una materia tan sensible, por lo menos debe existir un criterio común para abordar uno y otro caso.
Finalmente, quiero llamar la atención sobre el último de los numerales que componen la moción que nos ocupa. Porque aquí se entra en un tema del todo distinto cuando se marca posición respecto de los productos transgénicos y, a la vez, se otorga una facultad que termina vulnerando importantes normas de la Constitución, al prohibir el desarrollo de ciertas actividades económicas.
A mi juicio, ya no se trata ni siquiera de regular o de limitar, sino que, conforme a dicho precepto, se está prohibiendo el desarrollo de determinadas actividades lícitas. Porque si alguien me dijera que los productos transgénicos son ilícitos -en caso de que la ley marco llegara a esa conclusión-, entonces, uno podría cambiar la disposición. Pero si se carece de un marco regulatorio y entendemos que aquella es una actividad lícita, no por el hecho de que un grupo de vecinos, por muy respetables que sean, decida que una zona no puede generar productos bajo ciertos procesos, vamos a entrar en una lógica perversa en materia de lo que es legítimo y no es legítimo hacer en un país. Porque, de ese modo, el día de mañana alguien podría decir que no quiere que se produzca vino en un área cualquiera y declararla libre de vitivinicultura. Creo que esa forma de enfrentar los derechos de propiedad y el libre emprendimiento es contraria a nuestra legislación.
Por lo tanto, y concordando en que éste es un tema apasionante y de futuro, considero prudente -para hacer mejor las cosas- tratar de forzar al Gobierno a acelerar el estudio de una ley marco sobre esta materia, respecto de la cual las futuras generaciones deberán tomar decisiones muy trascendentes para nuestro país.
Muy interesante su exposición, señor Senador.
Señor Presidente , la iniciativa en estudio, como se ha señalado, incide en uno de los temas más relevantes hoy en día a nivel mundial. Porque, en definitiva, se trata de ver la forma como incorporar el progreso de la ciencia y la tecnología en los procesos productivos, a fin de hacer más competitiva la economía de los países.
Por cierto, que la inclusión del adelanto científico-tecnológico con tal propósito genera debates en cuanto al límite, el alcance y las consecuencias que ello involucra, pero no cabe la menor duda de que es un proceso que no se puede detener. Y es lo que ocurre con la biotecnología, cuya aplicación está avanzando en forma creciente en todos los ámbitos y produciendo enormes beneficios para el ser humano.
Por lo tanto, en lugar de rehuir el debate o rechazarlo a priori, creo que debemos estudiar cómo incorporar dichas tecnologías, asumiendo todos los controles y protecciones necesarios para evitar cualquier riesgo o daño a la salud humana o, en general, al medio ambiente. Tengo la impresión de que la incorporación del avance científico-tecnológico en nuestro ámbito productivo y económico no ha sido asumida debidamente en Chile.
Cuando uno observa los antecedentes emanados de diferentes estudios acerca del grado de competitividad del país a nivel mundial, nos damos cuenta de que contamos con muchos resultados positivos en diversas áreas, pero ciertamente en el campo que hoy nos ocupa exhibimos falencias. Carecemos de un rango acorde con lo que Chile requiere para poder incorporarse en estos instantes a los procesos productivos, a la ciencia y a la tecnología.
Si Sus Señorías estudian cualquiera de los antecedentes que se han entregado -y el propio Gobierno lo ha reconocido una y otra vez, e incluso hemos visto reiteradas inquietudes del Presidente de la República sobre el particular-, observarán que no se han traducido en políticas que de hecho nos den satisfacción o tranquilidad.
El tema específico de la transgenia -es decir, la aplicación de la biotecnología a ciertos procesos productivos en el ámbito agrícola, por ejemplo- está pendiente de la aprobación del Ejecutivo desde hace muchos años.
El debate que recién se ha suscitado acerca del marco regulatorio que ha planteado el Ejecutivo está en un proceso cerrado en el Gobierno desde el punto de vista de su estudio. Hace tres o cuatro años se creó una Comisión, que presidió el señor Álvaro Díaz , Subsecretario de Economía, quien, antes de dejar de ejercer dicho cargo, entregó un informe y propuso normas para resolver al respecto. Dicho estudio se encuentra en manos del Ejecutivo, no sé en qué instancia, pero lo cierto es que no se toman decisiones en esta materia. Y recién un señor Senador de las filas de la Concertación decía que tampoco se van a adoptar determinaciones durante la gestión del actual Gobierno.
Por lo tanto, enfrentamos una situación extremadamente delicada, porque no estamos asumiendo todos los factores que nos permitirían potenciar nuestro desarrollo en forma oportuna.
Sé que éste es un tema difícil, pero se debe tomar una opción, porque la que evidenciamos hoy es la peor del mundo.
Nuestro país produce semillas de productos transgénicos, pero no es capaz de sembrarlas y, por ende, de desarrollarlas; sólo las exporta. Sin embargo, importa ese tipo de productos destinados a la alimentación del ser humano, como ocurre con los pollos que comimos probablemente hoy al almuerzo o los que consume la población, al igual que con la soya y muchos más en los que están incorporados organismos transgénicos.
Es decir, al no desarrollar esa clase de productos, estamos renunciando a las ventajas competitivas que nos podría dar el hecho de incorporarlos a nuestra agricultura. No obstante, los compramos en el extranjero, lo cual es realmente insólito. Porque si no se permite su producción en Chile, dado que pueden traer consecuencias para el medio ambiente o para la salud, entonces, no los importemos. Por lo menos, tengamos una línea coherente. O si los importamos, dejemos que se puedan producir en nuestro territorio con los resguardos del caso.
Repito: estamos en el peor de los mundos. Por lo tanto, si queremos realmente mejorar nuestro índice de competitividad, debemos asumir esta situación. Ésa es la primera conclusión a la que hemos de llegar.
La verdad es que en el presente año hemos tenido largos debates con varios señores Senadores, particularmente con los de la Sexta Región, Honorables señores Moreno y Chadwick , respecto del problema que afecta a los productores nacionales de maíz. En efecto, los argentinos están compitiendo en forma desleal, dado que ocupan productos transgénicos en el cultivo de dicha planta, con lo cual logran mejores rendimientos y abaratan los costos. Pero aquí no ocurre lo mismo. Existen grandes maiceros, principalmente en la Sexta y Séptima Regiones y en otras zonas, que compiten con las manos amarradas, toda vez que agricultores extranjeros, con la ayuda de la biotecnología, obtienen una productividad superior tanto en calidad como en cantidad. Por lo tanto, la competencia es muy difícil. Con ello, no sólo estamos perjudicando a los maiceros, a los productores de pollos, sino también a muchas otras actividades que podrían desarrollarse con éxito en Chile si incorporáramos la biotecnología en los procesos productivos en la forma como se lleva a cabo en muchas partes del mundo.
Ése es el tema de fondo que, a mi juicio, no está zanjado. Considero bueno que nuestro país adopte una decisión al respecto. Insisto en que éste es el primer acuerdo que debiéramos asumir como Congreso: tomar una posición. El Gobierno ya tiene en sus manos los antecedentes para elegir una opción, y sería deseable que así lo hiciera.
En cuanto al debate mismo, no escapa a mi conocimiento que -como consta en el informe que hemos conocido- hay diversas posiciones, expresadas básicamente en términos de países. Estados Unidos es bastante proclive a aceptar los cultivos transgénicos. De hecho tiene 30 millones de hectáreas dedicadas a ello. Por ejemplo, la soya, el maíz y el algodón, son masivamente incorporados a otros productos y, por lo tanto, están en la cadena alimenticia, en el medio ambiente y en la realidad de dicho país, en forma debidamente controlada y estructurada.
En Europa, en cambio, ha habido una reacción, como se ha señalado, más restrictiva, cuidadosa y protectora del medio ambiente, por los riesgos o las amenazas que se insinúan. Sin embargo, se sigue avanzando al respecto. Y la Unión Europea está por tomar decisiones que van a permitir la incorporación de dichos productos de manera muy regulada, con etiquetado y con muchas de las condiciones mencionadas aquí. Es decir, camina en esa dirección.
Lo que pretende el proyecto en debate es avanzar en un asunto muy específico. Creo que es bastante modesto y tiene puntos discutibles. Yo mismo firmé la proposición, elaborada principalmente por el Senador señor Horvath , con la colaboración de otros colegas que también la suscribieron. Y es cierto que, si uno la analiza, hallará elementos discutibles. Pero, en lo central, procura asegurar que se incorpore el desarrollo de la investigación biotecnológica al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental previsto en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Y eso, como tal, no me parece en sí mismo negativo.
Ahora, comparto la inquietud planteada por el Senador señor Coloma en el sentido de que tanto este proyecto como el relativo al etiquetado y otros sobre la materia deberían estar insertos en un marco regulatorio. Eso es lo coherente. ¿Pero qué hacemos si el Gobierno no da los pasos necesarios?
Por tanto, lo que nos interesa es provocar la discusión y avanzar. De lo contrario, no resolveremos de manera satisfactoria este dilema, no saldremos de este cuello de botella en que se encuentra nuestra producción nacional, donde -como dije- estamos saliendo perjudicados por no permitir la incorporación en forma adecuada de la tecnología en comento.
He conversado con científicos que me merecen el mayor respeto -premios nacionales de ciencias, como el doctor Pablo Valenzuela y otros-, quienes aseguran que Chile está perdiendo oportunidades por no asumir debidamente los avances de la biotecnología, no sólo en el ámbito de la agricultura, sino también en el de la salud y, en general, en el de la producción de alimentos, en los cuales podríamos progresar.
¿Por qué nos encontramos en esa posición?
Creo, señor Presidente , que debemos ir dando los pasos que se requieren. Y avanzar en esta iniciativa no entorpece el proceso. Hay, como expresé, contenidos de la norma propuesta que son bien discutibles. El Senador señor Coloma , por ejemplo, cuestionó la posibilidad de que los productores decidan la generación de transgénicos en cierta zona; y Su Señoría tiene razón, pues se trata de una determinación esencialmente técnica, que no debe quedar entregada a la voluntad de los interesados, porque puede dar lugar a una discusión política o quizás de qué naturaleza. Pero si puliéramos el proyecto tal vez nos sería factible resolver cuestiones como ésa y dar los pasos que el Ejecutivo no está dando.
Yo quisiera que fuese al revés. Y entiendo el espíritu que existe al pedir la suspensión del debate de esta iniciativa. Sin embargo, estimo que, mientras el Gobierno no manifieste su voluntad de enviar la proposición de ley pertinente, deberíamos continuar. Si el Ejecutivo nos informara que está disponible para someter a tramitación un proyecto sobre marco regulatorio, entonces tendría sentido subsumir en él tanto la iniciativa en discusión como la concerniente al etiquetado, pues se resolvería en conjunto y de manera más armónica e inteligente un proceso muy importante.
Lo que no podemos hacer es seguir con la política del avestruz, sustrayéndonos a un debate que existe, que está avanzando y que progresa. Debemos tomar las medidas para incorporar la biotecnología en nuestros procesos productivos nacionales, pues de lo contrario provocaremos un grave daño a nuestra agricultura, a nuestros campesinos.
Señor Presidente , durante el año recién pasado me correspondió participar en la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología -creada por el Presidente de la República - junto a representantes de la industria, de la agricultura, de medioambientalistas y de la comunidad científica, tanto de quienes trabajan en ciencias puras como de aquellos científicos chilenos inmersos más bien en el terreno de la innovación tecnológica aplicada en el área de la biotecnolgía. Y allí se discutieron estos temas y otros orientados a ver cómo se dota al país de una política biotecnológica, entendiendo -al menos es mi opinión- que ésta es un eje central del desarrollo de una economía, no sólo agrícola, sino también acuícola y minera, que se puede incorporar en la frontera de lo que implican respecto de ella la información y el conocimiento.
Si queremos, como país, salir de una economía basada en la explotación extensiva de recursos naturales, no cabe duda de que la combinación de recursos naturales de alta calidad con innovación y tecnología de última generación puede darnos un tipo de desenvolvimiento de mucho mayor valor agregado y, por tanto, con mejores condiciones de integración social, de desarrollo territorial, etcétera.
Ahora bien, existe acuerdo en que la biotecnología es central y, además, en que ella no sólo es transgénica. Se debe desarrollar un conjunto de otras áreas de la biotecnología -la genómica, la de la biología molecular, por ejemplo, que pueden tener muchas aplicaciones-, particularmente en cuatro sectores productivos muy fuertes para el país: el agropecuario, el forestal, el minero y el acuícola y pesquero.
Los fundamentos científicos de todo ese desenvolvimiento biotecnológico, las ciencias básicas que necesitamos desarrollar, son relativamente similares. Las aplicaciones son diversas; incluso, a veces surgen algunas en un área de la innovación práctica y luego se trasladan a otra.
El tema duro, difícil, es el de la transgenia.
Creo que hay acuerdo -yo por lo menos lo tengo claro- para que en Chile se realice investigación transgénica, cualquiera sea la legislación posterior sobre su aplicación. Si no lo hacemos, nos quedaremos atrás en el progreso científico de la biotecnología. Por tanto, en ese campo tendríamos un desarrollo científico autoamputado.
Para resolver la cuestión de la transgénesis, hay que tener en cuenta los tres problemas que sobre el particular se plantean en el debate a nivel mundial. Uno, el de si los alimentos transgénicos producen alteraciones en la salud. Y ello nos sitúa frente al tema de la inocuidad alimentaria.
Lo que dice la comunidad científica, de acuerdo a las actuales investigaciones, es que en general la mayoría de los alimentos transgénicos sujetos a análisis específicos sobre el punto son más bien inocuos.
Ahora, puede señalarse que algo no ha sido investigado; es el argumento de quienes se oponen violentamente a la transgénesis. Y es efectivo: siempre existe algo que no se ha investigado. Por ejemplo, desconocemos cuánto daño causa el azúcar en el organismo humano; se sabe que es perjudicial, pero igual la consumimos, y a veces en grandes cantidades.
Sin embargo, la inocuidad de los alimentos transgénicos es un punto insoslayable. Por ende, el tratamiento de ella debe ser el que se otorga con respecto al resto de los alimentos. Y en Chile los controles sobre la materia a veces son insuficientes.
El segundo problema dice relación a la biodiversidad. Es decir, hasta dónde es posible mantener especies puras -ello tiene que ver asimismo con elementos comerciales-, como las de la agricultura orgánica no intervenida ni por transgénesis ni por otras vías. Porque, efectivamente, el cultivo de productos transgénicos sin ciertos cuidados, sin medidas de seguridad, afecta a la biodiversidad.
Sobre eso al menos, en la comunidad científica no hay dos opiniones. Porque si tengo un campo de maíz transgénico al lado de uno con maíz no transgénico, es evidente que, de no tomar medidas de seguridad, perjudico la biodiversidad. Y la biodiversidad es un valor que a todos los países del mundo les interesa preservar.
En consecuencia, decidida ya la existencia de cultivos transgénicos, debemos determinar qué medidas de seguridad permitirán resguardar la biodiversidad.
Temo mucho que, como este aspecto no ha sido muy debatido en el país, las medidas de seguridad de los actuales cultivos transgénicos sean demasiado débiles. Por tanto, alerto sobre la posibilidad de que se esté provocando un daño a la biodiversidad con la legislación en vigor, que permite el cultivo transgénico de semillas para exportación. No sé si el SAG u otro organismo está garantizando que tales cultivos tengan grados suficientes de aislamiento y de medidas de seguridad para prevenir una contaminación transgénica a cultivos análogos no transgénicos.
A mi juicio, se trata de un tema de la mayor importancia.
Hay medidas de seguridad. Sin embargo, el punto debe ser estudiado.
Cuba -lo comprobé en algún viaje- tiene mucho desarrollo biotecnológico, con grandes avances en materia de seguridad. Lo mismo ocurre en países europeos.
Y por último se encuentra un problema que tiene que ver con otra dimensión: la libertad de los consumidores.
Los consumidores europeos, sobre todo después de la experiencia de "las vacas locas", son particularmente sensibles en cuanto a saber con exactitud qué comen, al margen de que haya un certificado del Ministerio de Salud que diga que el alimento es inocuo. Quieren saber si es producto de la transgenia. ¿Por qué? ¿Por una razón científica? No: porque desean saber qué están comiendo. ¡Y se hallan en su derecho!
De ahí proviene toda la discusión sobre la trazabilidad. O sea, no sólo se desea saber si la oveja que se está comiendo es transgénica, sino también qué alimento ingirió ese animal.
Ahora, los norteamericanos señalan: "¡Qué le importa a usted qué alimento comió la oveja si ésta es inocua y su carne es igual a la de la oveja que comió maíz natural!". Pero el europeo dice: "Quiero saberlo. De lo contrario, no compro".
Entonces, la discusión sobre la trazabilidad y el etiquetado tiene que ver con la libertad y las exigencias de los consumidores; éstos son más exigentes en unos países que en otros.
Los norteamericanos tienden a confiar en sus autoridades sanitarias. Los europeos, ya no, después de "las vacas locas". Y por eso, aunque hay entremedio intereses comerciales, se trata de una cuestión de actitud del público consumidor.
Si Chile va a ser -y puede serlo- una gran potencia alimentaria (y básicamente para el mundo; porque somos quince millones de habitantes y, por tanto, para autoabastecernos nos bastaría un tercio o menos de nuestro potencial), debemos alcanzar un equilibrio entre los factores científicos -por decirlo de algún modo-, mejorando nuestras condiciones de control de inocuidad, garantizando la biodiversidad en un país como éste, que, esencialmente, será cada vez más un exportador de alimentos, no en cantidad, sino en calidad.
En tal sentido, estoy de acuerdo con el Senador señor Horvath . Vamos a ser en todo, incluso en cultivos tradicionales, una nación exportadora en calidad -no en cantidad- en materia agrícola. Además, eso agrega valor; lo otro son commodities. Yo no quiero que seamos un país productor de commodities agrícolas. Porque hasta en mercados sofisticados, como el del trigo, la calidad va de la A a la Z. Mi deseo es que produzcamos trigo de calidad A. Y ello es posible.
Por tanto, debemos realizar un debate muy a fondo y rápido. Pero lo que no podemos hacer es resolver este problema con una agregación sucesiva de legislaciones que toquen aspectos parciales de un programa global. O sea, antes de definir si vamos a permitir o no la producción de transgénicos para consumo humano, tenemos que solucionar el problema de la trazabilidad y el etiquetado.
En otras palabras, si Europa sigue siendo nuestro gran mercado de productos alimenticios, no podemos decidir a ese respecto sin tener al mismo tiempo trazabilidad y etiquetado. O sea, si vamos a producir transgénicos y queremos exportar a otros países, debemos otorgar seguridad en la biodiversidad y, además, resolver lo concerniente a la trazabilidad.
Si no vendiéramos nada a Europa, la discusión sería distinta. Empero, ella es hoy nuestro gran mercado.
Está por abrirse el mercado de China. Los chinos son un poco más flexibles en esta materia, como en otras. Habrá que ver si lo serán con lo que reciban de afuera. Aún no sabemos cómo se va a comportar dicho país al respecto. Pero mientras Europa siga manteniendo su importancia actual como centro consumidor de nuestra industria alimentaria, debemos ser muy cuidadosos en materia de trazabilidad, de etiquetado, de seguridad en la biodiversidad. Y, al mismo tiempo, eso permite liberar el cultivo de transgénicos con medidas de seguridad razonables.
Creo que ese debate debe ser rápido. Hasta donde sé, el Gobierno tiene un preproyecto bastante adelantado y sabe que se trata de discusiones complicadas.
Por consiguiente, me atrevo a sugerir -porque también hay que valorar la iniciativa de diversos Parlamentarios de colocar en el debate proyectos sobre la materia- que algunas Comisiones, en forma independiente o unidas -pueden ser la de Agricultura y la de...
...Medio Ambiente-, discutan junto con el Ejecutivo estos grandes temas en el Senado. Porque tengo la impresión...
Termino en seguida, señor Presidente .
Porque tengo la impresión -digo- de que, si el Gobierno ve que logramos acuerdos sustantivos en este tema complejo, podremos avanzar más en la legislación.
Señor Senador, quería acotarle que su proposición de que la materia sea conocida también por la Comisión de Agricultura ya me fue formulada por varios de sus miembros.
Entonces, como en algún momento podemos tener problemas de quórum, y habiendo varios señores Senadores inscritos, deseo sugerir...
Yo quiero hablar, señor Presidente .
Su Señoría podrá hacerlo.
Decía que, ante eventuales problemas de quórum, podríamos acordar que el proyecto fuera a las Comisiones de Medio Ambiente y de Agricultura, por separado.
Una vez que terminemos el debate.
Lo que ocurre, Su Señoría, es que me lo han pedido formalmente porque, al concluir la discusión, podemos quedar sin quórum para tomar acuerdos.
¿Vamos a continuar mañana?
No. La idea es votar en general el proyecto hoy,...
No vamos a alcanzar.
¿a las 18:30. Y debemos fijar plazo para presentar indicaciones.
Señor Presidente, pido que el proyecto vaya a Comisiones unidas ahora.
No hay acuerdo para ello, señor Senador. Se desea que funcionen Comisiones separadas.
¿Por qué no votamos ahora la proposición de que vaya a Comisiones unidas?
Señor Presidente -lo digo con todo respeto; y conversé el punto con Su Señoría-, eso es válido en la medida en que aprobemos el proyecto en general.
Si no, para qué vamos a avanzar.
Entonces, harán uso de la palabra los Senadores señores Moreno , Boeninger y Sabag, quienes se hallan inscritos, y después tomaremos el acuerdo.
Señor Presidente , valoro plenamente la iniciativa que tuvieron los autores de la moción, porque, como quedó en evidencia esta tarde, se ha abierto un debate de gran profundidad, el cual está colocando interrogantes que van más allá del alcance mismo del proyecto. Y deseo referirme precisamente a esos ámbitos antes de pronunciarme sobre la resolución que deberemos tomar en seguida.
Pienso que la gran pregunta que flota aquí es si a nuestro país le conviene o no que se autorice legalmente la producción de recursos naturales donde se use la alteración genética.
Desde el punto de vista científico, tal vez muchos de nosotros estaríamos inclinados a consultar qué razón hay para impedirlo. El avance de la investigación, la inteligencia del ser humano, en fin -muchas cosas-, podrían llevarnos a decir: "No tengo problema". Y si eso se enmarcara dentro de un mecanismo que resguarde la biodiversidad y dé seguridades de que no se afectará la salud humana, uno podría expresar: "Estoy de acuerdo".
Sin embargo, el problema tiene otro ámbito, que ha sido señalado por algunos señores Senadores.
La producción transgénica apunta a algo muy específico: a aumentar la productividad de determinados rubros con el objeto de maximizar el volumen y generar una utilidad mayor que la obtenida por quienes usan un factor limitado que se llama "tierra y capital".
Eso subyace detrás del esfuerzo de mucha gente por utilizar semillas transgénicas. Porque teniendo un número limitado de hectáreas, cualesquiera que ellas sean...
Señor Presidente , con respecto a la votación...
Se pidió adelantar la hora de la votación, señor Senador. Sin embargo, como no hubo acuerdo, el debate prosigue.
Solicite el acuerdo de nuevo, señor Presidente.
Pídalo de nuevo.
Puede continuar, Honorable señor Moreno.
En consecuencia, señor Presidente, deseo reflexionar sobre ese punto de vista.
En Chile hay a lo menos -¡a lo menos!- tres áreas donde existe un grado de ambigüedad que genera problemas desde la perspectiva del desarrollo económico y, aun, territorial.
La ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , presenta hoy problemas que obligan a una revisión y a un debate a fondo en cuanto a la forma y modo en que actividades productivas o inversiones que se realizarán en el territorio nacional y que alteran el medio natural pueden o no ser permitidas por nuestra comunidad.
No me refiero sólo al problema de la planta CELCO, de Valdivia, sino también a la instalación de fuentes energéticas: plantas termoeléctricas, centrales hidroeléctricas y otro tipo de situaciones. Entre éstas cabe mencionar el problema de explotaciones mineras como el proyecto Pascua Lama y algunos más, respecto de los cuales se están presentando proposiciones con el objeto de extraer minerales sobre la base de alterar sustantivamente medios naturales como glaciares o suelos con determinadas concentraciones de hielo o de agua.
¿Dónde radica el problema? Hay un segundo elemento, acerca del cual la Cámara de Diputados y el Senado son testigos de lo que significa la ambigüedad: el proyecto de ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Lleva catorce años -¡catorce!- dando vueltas en el Parlamento, sin que podamos llegar a una conclusión. ¿Y cuál es la realidad? Dejar que las cosas sigan su camino y no establecer límites u orientaciones que tiendan, precisamente, a preservar lo que hoy día constituye un patrimonio, no sólo nuestro, sino también del resto de la sociedad.
Y aquí estamos frente a un tercer elemento: el manejo de ciertas producciones en el país, que presenta una contradicción tan evidente que cuesta explicárselo a personas que vienen del extranjero y que se interesan por conocerlo.
Los cultivos transgénicos -como se ha explicado muy bien en el curso del debate y en el informe- se encuentran prohibidos en Chile, con excepción de las semillas transgénicas para exportación. Por lo tanto, se ha renunciado a aumentar la productividad en algunos rubros diciendo: "No estamos preparados". Y de ahí surgen las interrogantes formuladas por distintos señores Senadores en cuanto a si los organismos transgénicos son inocuos, qué efectos colaterales involucran y cuáles son sus implicancias desde la perspectiva del mercado.
Digamos las cosas con franqueza. La disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea no es de índole científica, sino comercial. Y en esta última los argumentos que se esgrimen tienen por objeto colocar barreras a fin de impedir la entrada de trigo, soya, maíz y otros productos provenientes de países con enorme capacidad de producción, como Estados Unidos, Canadá y, eventualmente, México , que pueden desplazar de manera drástica la producción tradicional de Europa en esos mismos rubros. Y los casos de la remolacha y del azúcar los hemos discutido en forma vasta en el Senado. Se usa cualquier argumento, y éste constituye uno adicional, nuevo.
En consecuencia, Chile debe entender -para responder la pregunta sobre qué nos sirve y qué nos interesa- cuál es el rol que ha de cumplir como productor de recursos naturales destinados a esos mercados, a los que se ha ido incorporando por medio de los tratados de libre comercio y de diversos mecanismos.
A raíz de la rebaja de los aranceles, nuestro país puede importar trigo, maíz, etcétera, de países vecinos y de otros sin ninguna condicionante respecto a la forma en que han sido cultivados. Sobre el particular, reitero lo expresado por algunos señores Senadores en orden a que la importación de maíz transgénico argentino ha originado un drama, porque afectó los precios de la cosecha 2004/2005, llevando a miles de familias campesinas y de medianos productores a una situación prácticamente de falencia.
En la cosecha previa a la indicada, el precio del quintal de maíz alcanzó a 10 mil pesos. Con motivo de la importación de maíz transgénico, cayó a 7 mil pesos, no obstante que el valor de todos los insumos, incluido el de la semilla, había aumentado. Por consiguiente, muchos se han visto en la necesidad de vender a precios inferiores al costo de producción, quedando endeudados y en situación crítica.
La Comisión de Agricultura celebró ayer una sesión a la cual invitó a representantes de distintos bancos, a quienes solicitamos explicar por qué no se aplica una política distinta, desde los puntos de vista crediticio y de inversiones, a esos sectores. Y el tema del maíz, a que me he referido, se debatió largamente.
Si yo tuviera que opinar como técnico, no como Senador, ¿qué diría? Para emitir un pronunciamiento consideraría, en primer lugar, el hecho de que Chile tiene bien ganado el reconocimiento, a nivel mundial, de ser un país limpio de enfermedades y de pestes. Porque durante generaciones hemos invertido cientos de millones de dólares para erradicar la fiebre aftosa y recién ahora comenzamos a ver los frutos de tales esfuerzos, cuando nuestras exportaciones de carne empiezan a llegar a Estados Unidos, a Europa y a otras partes del mundo, sobre la base de que, a diferencia, incluso, de naciones vecinas, hemos sido capaces de limpiar nuestro territorio.
En segundo término, el caso de la mosca de la fruta. Cada vez que aparece un pequeño foco se movilizan el Estado y la sociedad nacional con el objeto de erradicarlo. ¿Por qué? Porque la fruta implica, no sólo exportaciones, sino fuentes de trabajo.
¿Y qué es lo que la gente aprecia del vino chileno? ¿Qué es lo que aprecia de la fruta chilena y de diferentes productos, incluso nuevos, que se están exportando? El que provienen de suelos no contaminados. Y ello -repito-, debido a que nuestra geografía, con el inmenso océano que nos rodea; con la cordillera de los Andes, que actúa como una especie de parapeto contra infecciones y enfermedades, y con un desierto en el norte, que nos aísla de pestes o plagas de tipo tropical, nos proporciona ventajas comparativas evidentes.
En cuanto a los organismos transgénicos hoy día en el mundo, ¿qué ayudan a producir más? ¿Soya? Chile no tiene capacidad geográfica alguna para producir soya. ¡Cero! ¿Trigo? Sí, podría usarse para este efecto. ¿Pero alguien pretende que compitamos en el mercado mundial o en el latinoamericano con Argentina, que cuenta con extensas praderas y que puede producir grandes volúmenes y sin riesgos, en razón del clima que tiene? ¿O con Estados Unidos, cuyos excedentes de trigo llegan a todo el orbe? ¡Ridículo! Yo diría: "Mire, ésa no es la fórmula para nuestro país".
Por consiguiente, ¿qué sentido tendría autorizar aquí el cultivo de trigo transgénico, por lo cual incluso se nos podría acusar de poner en peligro otro tipo de productos? Y eso ha quedado en evidencia en el caso del maíz.
Al respecto, habría que agregar una nueva dimensión: la relativa a quiénes resultarían afectados, desde el punto de vista productivo, si se otorgaran autorizaciones de esa clase.
El agro en Chile se encuentra claramente dividido. Existe una gran agricultura, con importantes inversiones, donde hoy los rubros de mayor potencialidad de exportación están siendo adquiridos por empresas transnacionales -tenemos los casos de las viñas, de algunos huertos frutales y de ciertas producciones sofisticadas-, muchas de ellas de origen europeo, que compran tierras, traen la tecnología, reducen la mano de obra y manejan el negocio en tanto cuanto les sea rentable.
El segundo tipo de agricultura lo constituye la mediana o tradicional, que produce trigo para el consumo interno. Y nadie plantea exportar este cereal; al contrario, debemos importar para disponer de las cantidades necesarias para elaborar el pan, la harina y otros derivados.	El tercer tipo es la pequeña agricultura, que comprende un amplio sector y que no obtendría ningún beneficio con la producción transgénica. Porque ésta, de por sí, requiere insumos de alto costo. Y es indudable que las semillas transgénicas son más caras.
Por eso, si la intención es producir maíz para mantener la producción interna, para abastecer nuestra fuente de exportación, todo me lleva a concluir, estratégicamente y como técnico: "Aquí tengo que privilegiar el cómo estimulo la producción y el saber para qué la quiero".
Me puedo dar el gusto de decir: "Claro, como somos un país moderno, autoricémoslo". Al final, se llegará a plantear: "Somos un país moderno, autoricemos el corte de toda la madera seca, sin limitación". Ello permitirá secar el árbol artificialmente para convertirlo en leña, y así mañana justificaremos las montañas de astillas, tal cual ocurrió durante el tiempo en que Chile vio, con vergüenza, cómo el bosque nativo era trozado para destinarlo a la producción de papel para computadoras en naciones asiáticas.
Por lo tanto, señor Presidente , miro con simpatía el proyecto. Es incompleto. Basta leerlo. Pero constituye una señal.
Hace tres o cuatro días, en un seminario sobre producción de agricultura orgánica, oímos la opinión de varios sectores. Junto con los Honorables señores Coloma , Cariola y Naranjo , estuvimos ahí y escuchamos a profesores, a científicos. En esa reunión, se mostró que Chile también podría dar potencia a esa clase de cultivo.
No va a ser ése el destino de toda la agricultura nacional. No obstante, es obvio que permitir hoy, sin limitaciones, la producción de transgénicos en nuestro país o dejar que ésta opere libremente en cualquier zona terminará atentando contra nuestros esfuerzos estratégicos que apuntan a cómo colocar los recursos naturales y a cómo explotarlos, con inteligencia, hacia el futuro.
La agricultura chilena en la actualidad exporta miles de millones de dólares. Puede seguir creciendo, y lo va a hacer.
No enfrentamos el cuadro de hace 20 ó 30 años, cuando teníamos que salir a comprar alimentos o, incluso, a extender la mano cuando faltaban, a fin de que la caridad pública internacional nos sirviera para comer.
Algunos Senadores me miran...
Pero ahora el cuadro es favorablemente distinto. No lo comprometamos.
Por lo tanto, señor Presidente, voy a votar a favor de la iniciativa.
Y creo que sería útil que fuera a Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente. Personalmente, considero que no hay razón, dado este debate, que ha sido bastante enriquecedor, para no buscar, junto con el Ejecutivo u otras instancias, la fórmula mediante la cual podamos darle más carácter, pero sin apresuramientos que dejen algo abierto y que, en el fondo -desde el punto de vista de nuestra estrategia de desarrollo-, atenten contra los intereses nacionales.
Informo a la Sala que quedan dos Senadores inscritos y sólo restan dos minutos para el término del Orden del Día.
Me parece que sería un exceso dar un minuto a cada uno. Por consiguiente, propongo dejar pendiente la discusión hasta la sesión de mañana.
Están inscritos los Honorables señores Boeninger y Sabag.
A mí también inscríbame, señor Presidente .
Y a mí, en mi segundo discurso.
Y, además, los Senadores señores Viera-Gallo y Coloma.
Al señor Ministro de Salud , solicitándole investigación acerca de CAUSAS DE SUICIDIOS EN LOCALIDAD DE ZUÑIGA y requiriéndole ASISTENCIA PSICOLÓGICA PARA SUS HABITANTES.
A los señores Seremi de Vivienda y Urbanismo y Director del SERVIU de la Sexta Región , pidiéndoles antecedentes sobre ELEVADO COSTO DE COMPRA DE TERRENO PARA POBLACIÓN SALVADOR ALLENDE (NANCAGUA) y realización de GESTIONES PARA REDUCCIÓN DE INTERÉS DE DIVIDENDOS (ambos de la Sexta Región).
A los señores Director General de Aguas y Director del Servicio Nacional de Geología y Minería, requiriéndoles información sobre INTERVENCIONES EN GLACIARES NACIONALES POR ACTIVIDADES MINERAS U OBRAS VIALES.
Al señor Director del Servicio Nacional de Pesca , pidiéndole antecedentes acerca de SITUACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO CISNES POR SOBRECARGA AUTORIZADA Y RESGUARDOS PARA PRECIOS DE PRODUCTOS (Undécima Región).
En Incidentes, los Comités Institucionales 1, Mixto (Partido Por la Democracia y Partido Radical Social Demócrata), Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Independiente, Socialista e Institucionales 2 no harán uso de la palabra.
Señor Presidente, la comuna de Tierra Amarilla se caracteriza por estar rodeada de importantes proyectos mineros.
Hace algunos años sufrió una grave contaminación provocada por la Fundición Hernán Videla Lira de la Empresa Nacional de Minería.
Luego de muchos esfuerzos -se invirtió una importante cantidad de millones de dólares- se logró un cambio bastante notorio en lo que respecta a la contaminación.
Sin embargo, todos esos esfuerzos no fueron suficientes para evitar el daño producido el 28 de julio pasado, cuando una nube tóxica, proveniente de la Fundición Hernán Videla Lira , cubrió los cielos de la comuna.
La gerencia de la Fundición comunicó "que lo ocurrido se debió a una falla de la planta de ácido, `al parecer´ por la rotura de una tubería, emanando SO3, pero que los monitores sólo alcanzaron mediciones de 1.300 microgramos por metro cúbico promedio en una hora, lo que no representaba riesgo para la población, pues el nivel máximo permisible es de 1.900.".
Señor Presidente, este impacto medioambiental produjo un shock en muchos habitantes de Tierra Amarilla, porque los efectos -al menos los del momento- fueron bastante complicados.
Por lo anterior, deseo que se oficie al señor Ministro de Salud , a fin de que ordene realizar una investigación con el objeto de determinar las causas que provocaron dicho accidente y los efectos que tendrá en la comunidad de Tierra Amarilla y para que dé a conocer las medidas que se están tomando para evitar que un hecho similar vuelva a producirse.
El Proyecto de acuerdo, es un acto trascendente del Senado.
En efecto, su aprobación constituye una opinión, resolución o petición que compromete a toda la Corporación, sin embargo, éste, el Proyecto de Acuerdo, no tiene reglamentación alguna y lo que es mas delicado, tampoco responsabilidad de nadie en el cumplimiento de lo dispuesto en él o la entrega de información que genere el mismo posterior a su acuerdo.
Por lo anterior, es que vengo en presentar un proyecto que establece en el Reglamento del Senado, su existencia y las responsabilidades que lo demanda.
En Reglamento del Senado Art. 23 agregar un nuevo número
En Art. 23 agregar:
“9) Proyecto de acuerdo:
El Senado, en virtud de sus responsabilidades institucionales, está facultado para emitir pronunciamientos sobre materias que sean de su interés. Lo acordado obliga al Presidente del Senado, informar a la sala el trámite seguido y el resultado, si correspondiere.”
(Fdo.): Mario Ríos Santander, Senador.

References: ARTÍCULO 23
 resolución 
 artículo 23
 artículo 13
 artículo 133
 artículo 13
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 39
 resolución 
 resolución 
 resolución