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Timestamp: 2018-01-17 23:33:08+00:00

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DEFENSORES - Profesionales de la Justicia! - CORTE DE APELACIONES DE COYHAIQUE. REVOCA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA ACUERDO REPARATORIO:
CONSIDERANDOS RELEVANTES. “Que aun cuando la doctrina que inspira el nuevo Código Procesal Penal es una notable preocupación por el resguardo de los derechos de los imputados o victimarios, a veces incluso dando la sensación aparente que hace regir tales derechos como preeminentes por sobre los de los ofendidos o víctima, privilegiando el logro de la obtención de una solución a "un conflicto social", en contraposición a la visión clásica de los objetivos de un juicio penal, que consistían en la investigación y obtención de la verdad jurídica del análisis de los hechos investigados, para luego y aplicando las normas sustantivas a tal verdad jurídica, obtener el adecuado sancionamiento o castigo de una conducta comprobadamente antisocial, sensación, la ya descrita, que puede aparecer como notoria del estudio en su conjunto de la nueva normativa procedimental penal ya mencionada, sobre todo al comprobar la existencia de las denominadas salidas alternativas, lo anterior no obsta a la obligación preeminente y permanente de todo Juez, que debe percibir y encaminar también su actuación al resguardo y protección de la estabilidad social y del orden y de la seguridad de los ciudadanos, los que están expresamente confiados a su cuidado por lo dispuesto en el capitulo sexto de la Constitución Política de la República de Chile y por el Código Orgánico de Tribunales, sin perjuicio de lo que al respecto determinan el Código Penal y el conjunto de otras normas punitivas existentes y vigentes en el territorio de la República, todo lo anterior siempre, sin lugar a dudas, conforme a derecho y en la especie, se encuentra acreditado que los hechos punibles investigados y de los cuales fue autor el imputado Aguilar Valenzuela, en su conjunto siempre han afectado los bienes jurídicos protegidos en el titulo noveno del libro segundo del Código Penal, esto es, se encuentran entre aquellos ilícitos denominados crímenes y simple delitos contra la propiedad, y para ello, basta con considerar la existencia del principio doctrinal del derecho penal universal que consiste en estimar delitos de una misma especie, aquellos, precisamente, que estén penados en un mismo titulo del Código Penal o de la ley punitiva que los sancione”
“Que de la manera antes descrita, estos sentenciadores solo pueden llegar a concluir que en el caso actual sometido a su conocimiento, es efectiva y se encuentra acreditada la pretensión del ente investigador expresada en su escrito de apelación que obra de fojas 24 a 27 y que en derecho corresponde acceder a su pretensión, por lo que y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 241 inciso tercero, 352 y siguientes y 365 y siguientes del Código Procesal Penal SE REVOCA la resolución de fecha 27 de abril de 2007 escrita a fojas 22, por la cual se aprobó el acuerdo reparatorio celebrado entre el imputado Julio Enrique Aguilar Valenzuela y la víctima de estos autos, don Roberto Rodríguez Aguilera y, consecuencialmente, se revoca igualmente el sobreseimiento total y definitivo dictado con la misma ocasión en estos antecedentes, con expresa declaración que existe un interés publico prevalerte en la persecución de los ilícitos penales investigados en la presente causa, por haber incurrido el imputado re iteradamente en situaciones delictuales de similar naturaleza, debiendo tenerse presente que el dinero recibido por la víctima solo podrá ser estimado, en su oportunidad procesal y si los Jueces así lo apreciaren, como una manifestación de reparación celosa del mal causado, debiendo procederse a llevar adelante el procedimiento en contra del imputado conforme a la normativa general aplicable y por todos sus tramites legales” (considerando 9°).
Coyhaique, veinticinco de Mayo de dos mil siete.
VISTOS, OIDO Y TENIENDO PRESENTE
PRIMERO: Que se elevan estos antecedentes RUC Nº 0700016790-2, RIT 38-2007, Rol ingreso Corte 48-2007, proveniente del Juzgado de Garantía de Coyhaique, en procedimiento ordinario de acción pública, seguido en contra de J.E.A.V., R.U.N. 16.975.209-5, por el delito de robo en bienes nacionales de uso público, en recurso de apelación interpuesto por el Señor Fiscal del Ministerio Público, don Luis Contreras Alfaro, de fojas 24 a 27 del siguiente proceso, en contra de la resolución dict ada con fecha veintisiete de abril del año dos mil siete por la Señora Juez de Garantía Titular de Coyhaique, doña Cecilia Eliana Urbina Pinto, a fojas 22, en virtud de la cual aprobó el acuerdo reparatorio al que llegaron el imputado J.E.A.V. y la victima, don Roberto Carlos Rodríguez Aguilera, por el cual y previo pago de la suma de $300.000 hecho por el primeramente nombrado al segundo de ellos, se tuvo por aprobado y cumplido el referido acuerdo, poniéndose fin al juicio mediante tal medida alternativa y se decretó sobreseimiento definitivo en estos antecedentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 250 letra d) del Código Procesal Penal, con respecto a la acusación que formulara el Ministerio Público, de fojas 11 a 15 de los mismos y tenida por deducida a fojas 16 por el Tribunal de Garantía en contra del mencionado J.E.A.V., en su calidad de autor del delito de robo en bienes nacionales de uso público de especies, pertenecientes a don Roberto Carlo s Rodríguez Aguilera, perpetrado el seis de enero del año dos mil siete, en la ciudad de Coyhaique.
SEGUNDO: Que el ente investigador, en el recurso de apelación que interpuso, solicita que esta Corte de Apelaciones revoque la resolución recurrida con arreglo a derecho y declare que existe interés público prevalente en la persecución de los hechos por haber incurrido el imputado reiteradamente en ilícitos penales de similar naturaleza a los que son materia de la causa en estudio y que se tenga el dinero recibido por la víctima, sólo como una manifestación de reparación celosa del mal causado por el imputa do, resolviendo en definitiva que procede continuar adelante con el procedimiento con las reglas generales.
TERCERO: Que fundamenta su pretensión, el señor Fiscal del Ministerio Público, en los artículos 241, 242, 250 letra e), 352 y siguientes, y 364 y siguientes, del Código Procesal Penal, puesto que según sostiene, lo investigado en la situación subjudice consiste en que con fecha seis de enero del año dos mil siete, alrededor de las 02:45 horas, el imputado, J.E.A.V., sustrajo el automóvil marca Toyota, Modelo Corolla, del año 1977, patente BD 2946, perteneciente a don Roberto Carlos R odríguez Aguilera, que se encontraba estacionado en la vía pública frente al N° 6 de la calle José Pomar, Población las Lengas de la ciudad de Coyhaique, procediendo para ello a fracturar una ventana del vehículo y utilizando luego un instrumento material que hizo las veces de ganzúa para encender el motor, dándose a la fuga en dirección desconocida y siendo detenido por Carabineros en situación de flagrancia en la intersección de los pasajes Estero Seguel con Campo Alegre, de la población Esteros de Aysén.
CUARTO: Que continuando con su fundamentación el señor representante del ente investigador relata que en audiencia del veintisiete de abril del año dos mil siete, la señora Juez de Garantía de Coyhaique, doña Cecilia Urbina Pinto aprobó, con la oposición del Ministerio Publico, un acuerdo reparatorio ofrecido por la defensa del imputado y aceptado por la victima que consistió en el pago del primero al segundo de la cantidad de $300.000 en moneda nacional y dinero efectivo, a cancelarse en la misma audiencia y, llevado a cabo lo anterior, la magistrado decretó el sobreseimiento definitivo de la causa, a pesar de que, al ser consultado el ente persecutor respecto a la existencia de interés público prevalerte en la persecución del hecho punible en cuestión, el fiscal se opuso a la aprobación del referido acuerdo reparatorio, estimando que el imputado de marras ha incurrido grave y reiteradamente en ilícitos de la misma naturaleza a los investigados en estos antecedentes. Situación que se comprueba de las causas RIT 609-2005 del Juzgado de Garantía de Coyhaique, RUC 0500.114.624-8, condenado con fecha 17 de febrero de 2006 a dos penas de 300 días de presidio menor en grado mínimo c/u como autor de robo en bienes nacionales de uso público, y hurto de especies (pena remitida); RIT 49-2006 del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, RUC 0600.154.323-5, condenado con fecha 11 de octubre de 2006 a 150 días de presidio menor en grado mínimo y 100 días de presidio menor en grado mínimo más dos multas de 5 UTM c/u, como au tor de dos delitos de hurto de automóvil (en este último caso la pena privativa de libertad se encuentra cumplida, no así la pena pecuniaria), hechos punibles todos que tienen por objeto vehículos motorizados o sus accesorios.
QUINTO: Que precisa el apelante que las dos condenas a las que dice relación la causa RUC N° 0500.114.624-8 estuvieron afectas al beneficio de la remisión condicional de la pena y tanto los ilícitos a que se refiera la causa RUC N° 0600.154.323-5, como asimismo los que condujeron a la iniciación de la presente investigación fueron cometidos por el imputado luego de haber obtenido el beneficio de la remisión condicional de la pena, el que no le fue revocado por el Tribunal Oral en lo Penal en su sentencia de fecha once de octubre del año dos mil seis, solo por las circunstancias de que aún no iniciaba el cumplimiento de la sanción corporal impuesta en forma alternativa, de lo que concluye que si el imputado resultare condenado por los delitos a que se refiere la presente investigación, sí procedería de derecho, a su juicio, la revocación del beneficio de la remisión condicional de la pena, contemplado en la Ley 18.216. Es por ello y en virtud de las alegaciones vertidas, que el Ministerio Público estima que en la especie claramente existiría interés público en la persecución de los hechos investigados en esta causa y es así como concluye en las peticiones expresas que enunció en el fundamento segundo de este fallo.
SEXTO: Que el Señor abogado de la Defensoria Penal Pública, don Rafael Alvara do Borgel, solicita que el recurso de apelación deducido por el Ministerio Público sea rechazado, toda vez que el Tribunal de Garantía estimó adecuado y suficiente el acuerdo reparatorio al que se llegó entre el imputado y el ofendido, ya que los hechos investigados en el actual procedimiento afectaban bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, caso en el cual la magistrado recurrida concluyó que se debía privilegiar el acuerdo de las partes para poner termino al juicio mediante una salida alternativa y en la situación de la cual se conoce, según ella, regiría la procedencia de los acuerdos reparatorios, ya que con arreglo a lo estatuido en artículo 241 del Código Procesal Penal, el imputado y la victima podrán convenir acuerdos reparatorios, los que el Juez de Garantía aprobará, en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos, si verificare que los concurrentes al acuerdo hubieren prest ado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. Los acuerdos reparatorios solo podrán referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos.
SEPTIMO: Que en la situación subjudice el Ministerio Público ha sostenido que existe efectivamente interés público prevalente que exigiría continuar la persecución penal y ello lo basa en la circunstancia que dispone el inciso tercero del artículo 241 del texto procedimental ya citado, pues considera que se da el caso expresamente referido en la norma citada en cuanto a que el imputado ha incurrido reiteradamente en hechos como los que se investigan en este caso en particular, cual lo es el conjunto de ante cedentes señalados en los motivos cuarto y quinto del presente fallo.
OCTAVO: Que aun cuando la doctrina que inspira el nuevo Código Procesal Penal es una notable preocupación por el resguardo de los derechos de los imputados o victimarios, a veces incluso dando la sensación aparente que hace regir tales derechos como preeminentes por sobre los de los ofendidos o víctima, privilegiando el logro de la obtención de una solución a "un conflicto social", en contraposición a la visión clásica de los objetivos de un juicio penal, que consistían en la investigación y obtención de la verdad jurídica del análisis de los hechos investigados, para luego y aplicando las normas sustantivas a tal verdad jurídica, obtener el adecuado sancionamiento o castigo de una conducta comprobadamente antisocial, sensación, la ya descrita, que puede aparecer como notoria del estudio en su conjunto de la nueva normativa procedimental penal ya mencionada, sobre todo al comprobar la existencia de las denominadas salidas alternativas, lo anterior no obsta a la obligación preeminente y permanente de todo Juez , que debe percibir y encaminar también su actuación al resguardo y protección de la estabilidad social y del orden y de la seguridad de los ciudadanos, los que están expresamente confiados a su cuidado por lo dispuesto en el capitulo sexto de la Constitución Política de la República de Chile y por el Código Orgánico de Tribunales, sin perjuicio de lo que al respecto determinan el Código Penal y el conjunto de otras normas punitivas existentes y vigentes en el territorio de la República, todo lo anterior si empre, sin lugar a dudas, conforme a derecho y en la especie, se encuentra acreditado que los hechos punibles investigados y de los cuales fue autor el imputado Aguilar Valenzuela, en su conjunto siempre han afectado los bienes jurídicos protegidos en el titulo noveno del libro segundo del Código Penal, esto es, se encuentran entre aquellos ilícitos denominados crímenes y simple delitos contra la propiedad, y para ello, basta con considerar la existencia del principio doctrinal del derecho penal universal q ue consiste en estimar delitos de una misma especie, aquellos, precisamente, que estén penados en un mismo titulo del Código Penal o de la ley punitiva que los sancione.
NOVENO: Que de la manera antes descrita, estos sentenciadores solo pueden llegar a concluir que en el caso actual sometido a su conocimiento, es efectiva y se encuentra acreditada la pretensión del ente investigador expresada en su escrito de apelación que obra de fojas 24 a 27 y que en derecho corresponde acceder a su pretensión, por lo que y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 241 inciso tercero, 352 y siguientes y 365 y siguientes del Código Procesal Penal SE REVOCA la resolución de fecha 27 de abril de 2007 escrita a fojas 22, por la cual se aprobó el acuerdo reparatorio celebrado entre el imputado J.E.A.V. y la víctima de estos autos, don Roberto Rodríguez Aguilera y, consecuencialmente, se revoca igualmente el sobreseimiento total y definitivo dictado con la misma ocasión en estos antecedentes, con expresa declaración que existe un interés publico prevalerte en la persecución de los ilícitos penales investigados en la presente causa, por haber incurrido el imputado re iteradamente en situaciones delictuales de similar naturaleza, debiendo tenerse presente que el dinero recibido por la víctima solo podrá ser estimado, en su oportunidad procesal y si los Jueces así lo apreciaren, como una manifestación de reparación celosa del mal causado, debiendo procederse a llevar adelante el procedimiento en contra del imputado conforme a la normativa general aplicable y por todos sus tramites legales.
Redacción del Ministro Titular don Hugo Andrés Bustos Pérez.
Rol 48-2007.

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 artículo 250
 resolución 
 artículo 241
 artículo 241
 resolución