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Timestamp: 2020-04-03 06:43:15+00:00

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Sentencia 60814 de 10-10-2018
La Sala Laboral concluyó que, tratándose de los factores salariales a considerar para efectos de liquidar prestaciones sociales o para establecer el ingreso base de liquidación de pensiones de orden extralegal, el término devengado ha sido entendido como sinónimo de causado.
Sentencia 23401 de 20-09-2018
Mediante la presente sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo concluye que el residente fiscal que declaró el impuesto a la riqueza por su patrimonio al 1 de enero de 2015 debe declarar para los años posteriores el patrimonio poseído a nivel mundial.
Sentencia C-088 de 19-09-2018
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-088 de 2018 concluyó que, la asignación a cargo de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, de la facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público resulta acorde con los principios de eficiencia tributaria y solidaridad.
Le correspondió a la corte determinar si la norma que permite imponer a las empresas de energía eléctrica domiciliaria la actividad de recaudo del impuesto de alumbrado público, sin contraprestación, era contraria a la libertad de empresa y a la justicia y equidad bajo las cuales se debe contribuir al financiamiento de los gastos del estado. Finalmente se infirió que por razones de eficiencia tributaria y en virtud del principio de solidaridad, el legislador puede imponer cargas administrativas a ciertos particulares, relativas a la retención y recaudo de impuestos, a partir de su posición clave en la generación o recolección del tributo.
Sentencia C-083 de 29-08-2018
La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo primero del artículo 235-2 del ET, señalando que: “Las rentas exentas de que trata el numeral 6, se aplicarán en los términos y condiciones allí previstos a partir del 1 de enero de 2017, incluso respecto de los proyectos en los que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se hayan aportado los predios al patrimonio autónomo constituido con objeto exclusivo para el desarrollo de proyectos de VIS y/o VIP.”
Tras la lectura de los fundamentos de la sentencia puede entenderse que los contribuyentes que antes de entrar en vigor la Ley 1819 de 2016 hubiesen consolidado las condiciones para acceder al beneficio tributario de que trata el numeral 9 del artículo 207-2 del ET, podrán aplicar la exención al momento de la enajenación de los predios, en los términos allí establecidos, pese a la derogatoria establecida en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016.
Sentencia 77339 de 09-08-2018
Mediante la sentencia 77339 de 2018, la Sala Laboral de la Corte Suprema preciso que el tiempo de servicios sin cotizar por falta de cobertura del Instituto de Seguros Sociales –ISS– no puede ser desconocido, puesto que el empleador conserva una responsabilidad financiera respecto del trabajador, que hace referencia a un título pensional. Por lo anterior se concluye que el empleador debe responder ante el ISS por el pago de los tiempos en que la prestación estuvo a su cargo.
Las partes involucradas en este proceso son IBM de Colombia & Cia SCA, Carlos Enrique Carrasco y la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES–, de lo anterior la Corte Suprema concluye que no prosperan las pretenciones interpuestas por IBM de Colombia & Cia SCA contra el proceso adelantando entre Carlos Enrique Carrasco y Colpensiones
Sentencia SU-079 de 09-08-2018
Cabe resaltar que varios tribunales amparados en el Auto 186 del 2017 han reconocido, en sede de tutela, derechos prestacionales a madres comunitarias, así como el pago de aportes al sistema pensional en un 100 %. Con la presente sentencia se reafirma que “ante la carencia de una relación subordinada entre las partes se impone como consecuencia el decaimiento de la reclamación de salarios y las prestaciones sociales derivadas del mismo y a cargo del empleador”.
La Corte concluyó que el ICBF no vulneró los derechos fundamentales de las madres comunitarias, toda vez que ni entre la entidad y las madres comunitarias y sustitutas, ni en el ordenamiento jurídico o la jurisprudencia constitucional se prevé la posibilidad de que se estructure una relación laboral.
Sentencia 9757 de 06-08-2018
En la presente sentencia se plantea el caso en el que un celular sufrió daño por humedad en sus componentes; el consumidor enfatizó que no se debía a una inadecuada manipulación, sino a que los materiales de fabricación no eran aptos para la humedad, a pesar de que la empresa promocionaba el producto indicando que el celular era a prueba de agua. Por lo anterior, la SIC decidió una acción de protección al consumidor aclarando que la inadecuada manipulación de un producto por parte del consumidor no exime al anunciante de la responsabilidad por publicidad engañosa.
También indicó que los proveedores quedan atados a las ofertas realizadas a los consumidores, y ordenó que le fuera reembolsado al consumidor el valor pagado por el dispositivo, dado que se le habían vulnerado sus derechos.
Sentencia 21881 de 01-08-2018
Para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario señala que se solicitan las facturas expedidas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 617 y 618 ibídem.
No se requiere expedir factura en las operaciones realizadas por bancos, corporaciones financieras, de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial, ni en las ventas efectuadas por los responsables del régimen simplificado, según lo establecido en el artículo 616-2 del ET.
En la presente norma también se trae a colación la Sentencia 18752 de 2013, en la cual se expresó que la presentación de la factura como prueba para la procedencia de los costos y deducciones constituye una exigencia legal.
Sentencia 11001032400020100015300 de 31-07-2018
Para que se configure la causal de irregistrabilidad marcaria de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es necesario que entre el signo solicitado y la marca registrada se genere un riesgo de confusión o asociación, derivado del cumplimiento de dos supuestos:
En primer lugar, el signo solicitado debe ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada a favor de un tercero y, en segundo lugar, debe existir identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas.
Por lo anterior, el Consejo de Estado concluye que el riesgo puede ser directo o indirecto.
La Corte Constitucional afirmó que el tipo de vinculación laboral no ha sido un obstáculo para conceder la protección de estabilidad laboral reforzada, y aceptó que la misma procede en contratos de prestación de servicios independientes.
Sentencia 22031 de 26-07-2018
La Sección Cuarta del Consejo de Estado recordó que el trámite de cobro coactivo implica la preexistencia de un acto administrativo ejecutoriado que imponga la obligación de pagar una suma de dinero, en los casos previstos en la ley, a favor de la nación, de una entidad territorial o de un establecimiento público.
Por su parte, el artículo 831 del Estatuto Tributario señala que, contra el mandamiento de pago proceden 7 excepciones, dentro de las cuales la última corresponde a “la falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió”, por lo cual esta impide adelantar el cobro coactivo cuando la deuda que se pretende ejecutar no se ha determinado en alguno de los documentos a los que el ordenamiento tributario reconoce como títulos ejecutivos.
Sentencia 20607 de 18-07-2018
Mediante la Sentencia 20607 de 2018, el Consejo de Estado reitera que el hecho de que mediante ley se ordene efectuar la retención en la fuente al momento de pago o abono en cuenta, no faculta a los contribuyentes para que elijan el período en que pueden deducirlas del impuesto sobre la renta, ya que estas solo se pueden detraer en el período en el que se incluya el ingreso del cual se derive.
Puesto que, aunque en los artículos 365 a 367 del ET se establece que dicha retención se efectúa sobre pagos o abonos en cuenta, ello no afecta el criterio de la anualidad respecto al impuesto de renta y la determinación del pago del impuesto por cada año gravable.
El Consejo de Estado, mediante la presente sentencia resaltó que en el régimen de precios de transferencia supone la aplicación de precios del mercado en las operaciones de financiamiento, cuya consecuencia lógica deviene en la no aplicación de la presunción de intereses presuntos. Por lo anterior, se declara la nulidad de los oficios 066668 de 2008 y 058444 de 2013, puesto que la presunción de que trata el artículo 35 del ET se aplica en las operaciones realizadas por contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que no están sometidos al régimen en mención.
También se concluye que no es acertado afirmar que con la entrada en vigor del régimen de precios de transferencia se haya derogado tácitamente el artículo 35 del ET.
Mediante la presente sentencia, la Corte Constitucional recordó las consecuencias derivadas de la falta de afiliación de los trabajadores al sistema pensional, lo cual pondría en riesgo los derechos fundamentales de estos tales como el mínimo vital, la dignidad humana, entre otros.
Mediante la presente sentencia, el Consejo de Estado concluye que para que los certificados expedidos por el contador público o el revisor fiscal sean válidos, deben llevar al convencimiento del hecho a demostrar y estar sujetos a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
Mediante la presente sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo, concluye que el emplazamiento pierde sustento cuando se profiere luego de que se ha practicado la inspección tributaria, pues en ese momento la administración ya tiene elementos probatorios.
La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, declaro inexequible la expresión: “El Gobierno podrá establecer una disminución gradual del porcentaje del costo presunto definido en el presente artículo, en consideración al monto de los ingresos gravados de los productores durante el correspondiente año gravable”, contenida en el artículo 46 de la Ley 1819, ya que dicho aparte implicaba que el Gobierno presentara facultades para alterar por decreto la base gravable del impuesto.
De igual manera, se declaró inexequible el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, puesto que establecía tratamientos tributarios favorables, que consistían en la disminución de sanciones e intereses originados a partir de obligaciones tributarias consolidadas.
La Corte Constitucional admitió la demanda contra el numeral 1 del artículo 126 del ET, modificado por el artículo 15 de la Ley 1819 de 2016, en lo referente a las deducciones por concepto de contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios.
Por lo anterior, el demandante considera que en dicha norma se excluyen los aportes realizados al sistema de beneficios económicos periódicos –BEPS–, los cuales son un servicio social complementario del sistema general de pensiones, por lo cual la misma incurrió en omisión legislativa.
Sentencia SL-1419-2018 de 16-05-2018
Mediante la presente sentencia, la Corte Suprema de Justicia recordó que los servidores públicos que cumplan con la edad para retiro forzoso y manifiesten la imposibilidad de seguir cotizando al régimen de pensiones, serán beneficiarios de la indemnización sustitutiva de la pensión vejez.
Concepto 741 de 15-05-2018
Mediante la presente doctrina, la Dian reitera que la reducción del valor nominal de las acciones no da origen al cumplimiento de la obligación contemplada en el artículo 36 del ET, la cual se genera cuando el resultado sea una “readquisición de acciones”.
El Consejo de Estado, mediante la Sentencia 20734 de 2018 declaró que el pago a título de canon o regalías a empresas vinculadas extranjeras sobre intangibles licenciados no siempre constituye una condición de venta de mercancías importadas y, por lo tanto, no hace parte del valor en aduanas ni deben ajustarse las sumas a pagar por concepto de tributos aduaneros.
En la presente sentencia se trae a colación la Resolución 000846 de 2003, donde se encuentran establecidos los parámetros, requisitos y reglas para adicionar al valor de transacción el precio pagado por cánones o regalías.
También se advierte que el pago es una condición de venta, cuando las ventas de las mercancías determinan que el importador deba pagar dicho canon o cuando se presente la imposibilidad de separar el pago del canon de aquel correspondiente a la venta de las mercancías importadas.
Sentencia SL-1418-2018 de 02-05-2018
Mediante la presente sentencia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que en materia de riesgos laborales, a los trabajadores de Ecopetrol que ingresaron antes de la Ley 100 de 1993 no les aplica de manera directa el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 1562 de 2012.
Mediante la presente sentencia se reiteró que para acceder a la exención del impuesto predial deben cumplirse los requisitos previstos en el Acuerdo 106 de 2003, a saber, que la actividad que desarrolle el interesado no sea con fines lucrativos y que este sea el propietario del inmueble objeto de exoneración.
Sentencia SL-1360 de 11-04-2018
En la SL-1360 de abril 11 de 2018, se presenta el caso de un trabajador que sufrió un accidente laboral en 2007, que, con el tiempo, ha disminuido su capacidad laboral hasta en un 39%. En consecuencia, fue despedido de su lugar de trabajo, ante lo cual el afectado decidió presentar una demanda solicitando el reintegro a su trabajo, junto con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir entre la fecha de su despido y la de su reinstalación.
Por lo anterior, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia falla a favor del demandante y, mediante la Sentencia SL-1360 de abril 11 de 2018, reitera que el empleador solo podrá despedir a un trabajador en condición de discapacidad sin previa autorización del Ministerio de Trabajo cuando se trate de una justa causa de terminación del contrato, establecida en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
Sentencia 22914 de 05-04-2018
El Consejo de Estado precisa que es procedente la gradualidad de la sanción por extemporaneidad en la entrega de la información. Así mismo, y a comparación de la omisión en la entrega de la información, lo cual afecta el proceso de investigación y fiscalización de la Dian, la entrega tardía de la información le genera un menor perjuicio a la misma, siempre y cuando la demora sea mínima.
De igual manera, basándose en el artículo 651 del ET, la frase “hasta el 5%” le está dando un margen a la Dian para graduar la sanción.
En la presente sentencia, el Consejo de Estado gradúa la sanción al 1%, ya que la información fue entregada en el término de la respuesta al pliego de cargos.
Mediante la presente sentencia se reiteró que el impuesto de alumbrado no grava la actividad de explotación de petróleo, puesto que el hecho imponible es el servicio de alumbrado público que se presta a toda la comunidad y el hecho generador es ser usuario potencial o directo de tal servicio.
Mediante la presente sentencia, el Consejo de Estado reitera que, la administración está obligada a notificar la liquidación de revisión dentro del término señalado en el ordenamiento tributario, sin que se puede extender el término por el hecho de que el último día del plazo fue inhábil.
El término de firmeza de una declaración de IVA, que presenta saldos a favor solicitados en devolución, empezará a contar a partir de la presentación de dicha solicitud, según lo planteado en el artículo 714 del Estatuto Tributario.
Sentencia 21550 de 05-04-2018
Mediante la presente sentencia, se estipula que el término para que la Dian resuelva los recursos de reconsideración o reposición es de un año; dentro de dicho término, se involucra su debida notificación. Cuando esta última se hace por fuera del tiempo previsto, el proceso puede ser considerado nulo.
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References: artículo 235
 artículo 207
 artículo 376
 artículo 771
 artículo 616
 artículo 136
 artículo 831
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 46
 artículo 356
 artículo 126
 artículo 15
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 62
 artículo 651
 artículo 714