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Timestamp: 2014-04-24 23:49:30+00:00

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Penal. Desestimación y corrección de querella - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0246/2010-R
Sucre, 31 de mayo de 2010
Expediente: 2006-14821-30-RAC
En revisión la Resolución 103 de 13 de octubre de 2006, cursante de fs. 147 vta. a 150, pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional, interpuesto por Yury Guillén Henry contra Teresa Vera de Gil, y Teresa Lourdes Ardaya, Vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior y Omar Rodolfo Dorado Severiche, Juez Tercero de Sentencia en lo Penal, todos del mismo Distrito Judicial, alegando la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, a la petición y la garantía del debido proceso, reconocidos en los arts. 7 incs. a), h) y 16. IV de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg).
I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURIDICA
En recurrente en los escritos presentados el 16 y 25 de agosto de 2006, cursante de fs. 117 a 119 vta, y 121 y vta, respectivamente, manifiesta que le fue otorgado en calidad de venta un inmueble que se encontraba gravado por un contrato de anticresis, lo que a la fecha le impide registrarlo en Derechos Reales (DD.RR.), y tener acceso a la posesión del mismo, circunstancias que fueron denunciadas al Ministerio Público donde una vez cumplida la investigación, solicitó al Fiscal de Distrito la conversión de acción al tratarse de un delito patrimonial como es el estelionato, la que en efecto fue concedida mediante la respectiva resolución fiscal, formalizando su persona la acusación particular y querella contra María del Carmen Cevallos e Italo Angulo D' León Fontana, que fue observada por el Juez Primero de Sentencia, la que subsanó señalando específicamente los domicilios de los acusados y el suyo, además de describir las circunstancias en que ocurrió el hecho; empero nuevamente se procedió a otro sorteo correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Tercero de Sentencia.
Refiere que radicada la acusación y querella en dicho Juzgado, su titular Omar Rodolfo Dorado Severiche, la desestimó por Auto de 23 de marzo de 2006, arguyendo: 1) No haberse dado a conocer el día en que sucedieron los hechos; 2) No se dio a conocer la intervención de testigos; y, 3) No se presentó prueba documental en originales o fotocopias legalizadas, sino en simples y sin valor legal. Dicha resolución fue confirmada en apelación por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, con los mismos fundamentos del inferior, vulnerando de esta manera sus derechos a la seguridad jurídica, a la petición y la garantía del debido proceso, pues las citadas autoridades judiciales pretenden que su persona habiendo sido víctima del delito de estelionato, este hecho delictivo quede en la impunidad, sin darle lugar a que mediante un juicio público y contradictorio pruebe su acusación.
Indica como vulnerados, sus derechos a la seguridad jurídica, a la petición y la garantía del debido proceso, previstos por los arts. 7 incs. a) y h) y 16.IV de la CPEabrg.
El recurrente, interpone amparo constitucional, contra Teresa Vera de Gil, Teresa Lourdes Ardaya, Vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior, y Omar Dorado Severiche, Juez Tercero de Sentencia en lo Penal todos del Distrito Judicial de Santa Cruz, solicitando se otorgue el amparo, ordenando se deje sin efecto la desestimación de la acusación y querella particular que tiene formalizada, permitiendo que el juicio oral público y contradictorio continúe.
Efectuada la audiencia pública el 13 de octubre de 2006, con la presencia del recurrente asistido de su abogado, y en ausencia de las Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior, del Juez Tercero de Sentencia Penal, todos del Distrito Judicial de Santa Cruz, como del representante del Ministerio Público y de los terceros interesados, según consta en el acta de fs. 142 a 147 vta, se producen los siguientes actuados:
Los abogados del recurrente, ratifican los términos del recurso planteado, y los amplían señalando: 1) Su defendido garantizó un crédito a una persona quien no cumplió con su obligación, por lo cual el garante tuvo que pagar el referido crédito, y para saldar cuentas el prestatario le cedió su derecho propietario en calidad de venta del inmueble, que había sido objeto de hipoteca, hecho desconocido por su patrocinado quien se enteró de esta situación al pretender registrar el inmueble en DD.RR., lo que configura el delito de estelionato; 2) Lastimosamente el Juez recurrido, desestimó la acusación y querella formalizada, observando aspectos que deben ser considerados en el curso y desarrollo del proceso, pues en realidad el Juzgador le tiene animadversión como consecuencia de otro proceso que patrocinó por el delito de apropiación indebida; empero esa animadversión hacia su persona no la debió reflejar en un rechazo de justicia y una denegación del derecho a la seguridad jurídica contra otra persona que no tiene nada que ver con el otro proceso, pues en definitiva debió excusarse y no actuar como lo hizo con falta de ética al señalar en su contra su falta de profesionalismo; y, 3) Cita jurisprudencia constitucional que hace referencia a que la omisión de requisitos formales de ninguna manera significa denegar la tutela de justicia al ciudadano que reclama y acude a los tribunales de justicia.
El recurrido, Juez Tercero de Sentencia en lo Penal, Omar Rodolfo Dorado Severiche, en su informe escrito, cursante de fs. 140 a 141 de obrados y que se dio lectura en audiencia, manifiesta: 1) Dentro del proceso penal instaurado por el recurrente y que fue desestimado por primera vez por el Juez Primero de Sentencia, también fue desestimada la acusación y querella por segunda vez, mediante el Auto 41/06 de 23 de marzo, de 2006, dictado por su autoridad, ante la inobservancia de los requisitos exigidos por el art. 290 incs. 4), 5) y 6) con relación al art. 329 del Código de Procedimiento Penal (CPP); pues presentó una relación circunstanciada de los hechos deficiente e incompleta sin determinar la presencia o identificación de los testigos en oportunidad de los hechos sindicados, ofreciendo y aportando fotocopias simples y sin valor legal; 2) El recurrente, interpuso recurso de apelación incidental contra el referido auto, que fue declarado improcedente mediante el Auto de Vista de 11 de mayo de 2006; y, 3) No existe ninguna restricción al debido proceso, siendo evidente el incumplimiento o ignorancia de las normas exigidas por el Código de Procedimiento Penal, para la presentación de una acusación particular o querella como lo establece el art. 290 con relación a otras disposiciones previstas en el art. 341 del CPP, solicitando por lo expuesto sea denegada la tutela solicitada.
Las codemandadas, Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, Teresa Vera de Gil y Teresa Lourdes Ardaya, no concurrieron a la audiencia ni presentaron su informe de ley, pese a su legal citación.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
Los terceros interesados María del Carmen Zevallos Mendoza e Ítalo Angulo D`León Fontana, no concurrieron a la audiencia pública señalada, no obstante su legal citación.
Concluida la audiencia el Tribunal de Amparo, conformado por los Vocales de la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronuncia la Resolución 103 de 13 de octubre de 2006, cursante de fs. 147 vta. a 150, que concede el recurso, sin responsabilidad ni multa, disponiendo que las Vocales recurridas pronuncien un nuevo Auto de Vista en base a esta resolución, con los siguientes fundamentos: 1) Los requisitos que fueron observados por el Juez Primero de Sentencia en la presentación de la querella, fueron cumplidos con el memorial que presentó ante el Juez Tercero de Sentencia recurrido, en la reiteración de la formalización de su acusación en la que hace constar que corrige los defectos ante lo que debió dar lugar a la aplicación del penúltimo acápite del art. 291 del CPP, sobre la objeción y la admisibilidad de la querella, para que el juez ordene la corrección en el plazo de tres días, caso contrario se la tendrá por no presentada; 2) El inc. 6) del art. 290 del CPP, indica: “La prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra” (referente a la prueba presentada), lógicamente que tiene que estar en DD.RR. o en poder del Notario, lo que constituye en concepto del Tribunal de garantías, simples requisitos formales que no hacen al fondo del asunto ni que impidan la realización de la acción particular, porque en la misma se va a cumplir con todos los requisitos de pruebas y demás ya que en caso contrario en la sentencia a dictarse, se podrá establecer el incumplimiento o no de la prueba correspondiente, siendo la desestimación de la acusación particular una denegación de justicia anticipada.
Debido a la ausencia de Magistrados, quedaron en espera las causas pendientes de resolución por parte del Tribunal Constitucional, hasta la designación de nuevas autoridades.
En virtud de dicho nombramiento, por Acuerdo Jurisdiccional 001/2010 de 8 de marzo, se dispuso el reinicio de los cómputos. En consecuencia, se sorteó el expediente el 12 de abril del año en curso, por tanto la Resolución se encuentra dictada dentro del plazo establecido.
II.1.Ante la Policía Técnica Judicial (PTJ), el recurrente, Yury Guillén Henry, en fecha 20 de mayo de 2005, presentó denuncia contra María del Carmen Zevallos Mendoza e Ítalo Angulo D´León Fontana, por la presunta comisión del delito de estelionato, (fs.1) por cuanto al haber sido su garante personal, tuvo que cancelar la suma de $us1900, (Mil novecientos dólares estadounidenses) ante el incumplimiento de los deudores quienes en pago de esa obligación le transfirieron un inmueble, sobre el que pesaba hipoteca en instituciones financieras y bancarias, lo que le impidió lo registre en DD.RR. (fs. 3 y vta.).
II.2.El querellante, por memorial de 4 de octubre de 2005, solicitó al representante del Ministerio Público, autorice la conversión de acciones, la que dio lugar a que el Fiscal de Distrito de Santa Cruz, pronuncie Auto de 7 de noviembre del mismo año, autorizando la conversión de acción de los delitos de estafa y estelionato (fs. 70 a 72).
II.3. Mediante memorial de 13 de enero de 2006, Yury Guillén Henry, formalizó acusación particular contra María del Carmen Zevallos Mendoza e Ítalo Angulo D´León Fontana, por la comisión del delito de estelionato, que mereció el Auto de 14 del mismo mes y año, dictado por el Juez Primero de Sentencia por el cual la desestima, sin perjuicio de que presente una nueva querella por una sola vez, fundando el rechazo en el incumplimiento de los requisitos formales exigidos por los arts. 341 y 290 del CPP (fs. 76 a 78).
II.4. El ahora recurrente, el 3 de marzo de 2006, reiteró y formalizó acusación particular y querella contra María del Carmen Zevallos Mendoza e Ítalo Angulo D' León Fontana, que por nuevo sorteo, correspondió su conocimiento al Juez Segundo de Sentencia, autoridad que la desestimó por haberse incurrido en las mismas omisiones de la primera desestimación, es decir el querellante presentó una relación de los hechos de forma limitada e insuficiente, a la vez que incumplió con la presentación de la prueba documental u omitió señalar el lugar en que se encuentra (fs. 86 a 92).
II.5. Contra la resolución de desestimación de la acusación y querella, el querellante el 4 de abril de 2006, interpuso recurso de apelación incidental que fue declarado improcedente por las vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, hoy recurridas, con los fundamentos de la Resolución impugnada (fs. 95 a 111 vta.).
El recurrente, ahora accionante, alega que se han vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica, a la petición y a la garantía del debido proceso, toda vez que el Juez Tercero de Sentencia en lo Penal, desestimó la acusación y querella que formalizó por el delito de estelionato argumentando la omisión de requisitos exigibles por el art. 290 con relación al 341 del CPP, no obstante de haber cumplido con lo extrañado en la primera desestimación de su acusación por el Juez Primero de Sentencia en lo Penal, y sin tener presente que sólo existe una oportunidad para presentar nuevamente una acusación y que la querella y acusación particular que interpuso se ajustan a los requisitos exigidos por el art. 290 del CPP, resolución que fue confirmada por las Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, al haber declarado improcedente la apelación incidental planteada por su parte. Por consiguiente, las autoridades judiciales ahora demandadas, pretenden que su persona habiendo sido víctima del delito de estelionato, este hecho delictivo quede en la impunidad, sin darle lugar a que mediante un juicio público y contradictorio pruebe su acusación. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos demandados son evidentes y si corresponde otorgar la tutela solicitada.
III.1. Operatividad y aplicación en el tiempo del bloque de constitucionalidad
Si bien el recurso de amparo constitucional ahora conocido en revisión por el Tribunal Constitucional, fue interpuesto durante la vigencia de la Constitución de 1967, modificada parcialmente los años 1994 y 2004; y abrogada el 2009 por la Constitución vigente, es imperante establecer las cualidades de operatividad y aplicación inmediata en el tiempo de la norma suprema vigente.
Al respecto, a partir de la vigencia de la Constitución de 2009, es decir a partir del 7 de febrero de ese año y hasta que las autoridades electas ejerzan funciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional, el País se encuentra en un “estado de transición constitucional”, en el cual debe aplicarse un régimen transitorio de liquidación de causas para dar paso a la vigencia del nuevo órgano contralor de constitucionalidad, en ese contexto, debe determinarse la normativa constitucional aplicable en este período.
La Constitución por ser norma suprema del Estado y por devenir de la función constituyente, a diferencia de las demás normas del ordenamiento jurídico, tiene dos cualidades esenciales a saber: Su operatividad en el tiempo, principio a partir del cual se articula su segunda cualidad referente a su aplicación inmediata a todas las situaciones existentes y pendientes de resolución. A partir de estas dos cualidades esenciales de la Constitución se establece otro principio fundamental cual es el “efecto de irradiación de la Constitución en el ordenamiento jurídico”, postulado a partir del cual esta norma suprema informa, integra y sistematiza armoniosamente a todo el cuerpo normativo existente. En ese contexto, al estar en vigencia la Constitución de 2009 y al haber dejado sin efecto en su Disposición Abrogatoria a la Constitución de 1967 y sus posteriores reformas, las cualidades de esta norma antes descritas, hacen que la misma sea plenamente aplicable al “estado de transición constitucional” en el cual se deben liquidar las causas pendientes de resolución.
Por tanto, el “estado de transición constitucional” en el marco del cual se liquidarán las causas pendientes de resolución, evidentemente necesita un orden normativo rector, el cual indiscutiblemente debe estar formado por la Constitución vigente y la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, cuyos arts. 4 y 6 mandan al órgano contralor de constitucionalidad aplicar la Constitución vigente y las demás normas infraconstitucionales hasta que entren en vigencia las leyes que la Disposición Transitoria Segunda que la Constitución encomienda para su elaboración y aprobación a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ahora bien, considerando que existen causas pendientes de resolución, las mismas que fueron iniciadas con la Constitución abrogada y que deberán ser resueltas al abrigo del nuevo orden constitucional vigente y en el marco de los lineamientos normativos establecidos en los arts. 4 y 6 de la Ley 003, utilizando un criterio de interpretación “integrador” de todo el sistema jurídico, es necesario aplicar en este proceso de transición constitucional, la doctrina del “Bloque de Constitucionalidad”, conformado como unidad sistémica por tres compartimentos conexos entre sí: La Constitución vigente, los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos y finalmente principios y valores de rango constitucional.
Al respecto, el art. 410 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), establece los alcances del bloque de constitucionalidad, incorporando al rango constitucional a todos los Tratados Internacionales ratificados por Bolivia que versen sobre Derechos Humanos.
La aplicación del bloque de constitucionalidad a este régimen de transición constitucional, hace que el sistema jurídico se armonice y que las causas iniciadas con el régimen anterior sean resueltas bajo el régimen actual sin vulnerar el principio de irretroactividad, ya que el efecto de irradiación de la Constitución hace que esta se aplique a situaciones pendientes de resolución, además, los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos, estuvieron en plena vigencia en el momento de iniciarse las causas pendientes de resolución y siguen vigentes en la etapa de transición constitucional, tópico que refuerza la legitimidad de esta doctrina; asimismo, en caso de existir aspectos más beneficiosos reconocidos por la Constitución abrogada, utilizando el criterio de interpretación de “favorabilidad para los derechos humanos”, sin que estos signifiquen contradicción con el nuevo orden, podrán ser introducidos al bloque de constitucionalidad como valores y reglas constitucionales, aplicables a casos concretos.
III.2. Armonización de términos procesales-constitucionales
Siendo aplicable al caso concreto la Constitución vigente y los demás compartimentos del bloque de constitucionalidad, es imperante previamente aclarar la terminología procesal-constitucional a ser utilizada; al respecto, la Constitución abrogada en el art. 19, norma el “recurso de amparo constitucional”. De manera más amplia y garantista los arts. 128 y 129 de la Constitución vigente reglamentan la llamada “acción de amparo constitucional”, sin que en esencia esta nueva norma altere el “núcleo esencial” de este mecanismo procesal.
En mérito a lo expuesto, se puede establecer que una diferencia entre ambas normas no se refiere al núcleo esencial de protección de esta garantía de defensa, sino mas bien la diferencia radica en la dimensión procesal de ambos, es decir que con la Constitución abrogada este era considerado un recurso, en cambio, con la Constitución vigente, este mecanismo es una acción.
Lo precedentemente expuesto, denota la necesidad de uniformar la terminología aplicable a las causas pendientes de resolución en el marco del mandato inserto en los arts. 4 y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, por tal razón es pertinente señalar que en virtud a la nueva dimensión procesal de esta garantía, deben adecuarse los términos a la Constitución vigente, por tal razón, la parte que hubo activado la tutela en vigencia de la anterior Constitución y cuya causa será resuelta por el Tribunal Constitucional en el marco del art. 4 de la Ley 003, deberá ser denominada “accionante”, aclarando su carácter inicial de recurrente. Por su parte, la autoridad contra la cual se activó este mecanismo procesal-constitucional, deberá ser denominada “autoridad demandada”, términos que se enmarcan a la nueva dimensión procesal de la acción de amparo constitucional.
Asimismo, en caso de otorgarse la tutela constitucional a través del recurso de amparo constitucional, se concederá la misma, caso contrario la acción será denegada.
III.3. El amparo constitucional ha sido instituido por el art. 19 de la CPEabrg, y consagrado en el art. 128 de la CPE, como un recurso extraordinario antes, ahora acción de amparo constitucional que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de funcionarios o particulares que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona reconocidos por la Constitución y las leyes, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de esos derechos y garantías.
Ahora bien, para la consideración de la problemática planteada, es imprescindible referirse al marco normativo del Procedimiento Penal por delitos de Acción Privada previstos por el Título II del Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal, en cuanto se refiere a la presentación de la querella o acusación particular, la desestimación de la misma y la procedencia de recursos en contra de ésta resolución. Al respecto, el art. 375 del procedimiento citado, establece: “Quien pretenda acusar por un delito de acción privada, deberá presentar su acusación ante el Juez de Sentencia por sí o mediante apoderado especial, conforme a lo previsto en este Código”. Por su parte, el art. 376 del mismo procedimiento, establece que la querella será desestimada por auto fundamentado cuando el hecho no esté tipificado como delito, exista necesidad de un antejuicio previo; o, falte alguno de los requisitos previstos para la querella, en cuyo caso, el querellante podrá repetir la querella por una sola vez corrigiendo sus defectos con mención de la desestimación anterior.
Por otra parte, el art. 403 del CPP establece que el recurso de apelación incidental procederá -entre otras resoluciones- contra la que desestime la querella en delitos de acción privada, el que deberá ser interpuesto por escrito debidamente fundamentado ante el mismo Juez o Tribunal que dictó la resolución apelada, dentro de los tres días de notificada la resolución al recurrente; consiguientemente, si bien el control de la admisibilidad de la querella está bajo la responsabilidad del Juez de Sentencia, empero, la ley ha previsto la apelación contra la resolución que desestime la querella, en resguardo de los derechos de la parte perjudicada.
Por previsión expresa del art. 26 del CPP, a pedido de la víctima, la acción penal pública podrá ser convertida en acción privada en los casos expresamente señalados en esta norma.
III.4. En el caso que se examina, de los antecedentes procesales se establece que el recurrente, ahora accionante, al amparo de lo previsto por la referida disposición legal (art. 26 inc. 2) del CPP, solicitó la conversión de acción dentro de la denuncia interpuesta en contra de María del Carmen Ceballos Mendoza y otro, por los delitos de estafa y estelionato, señalando que se trata de delitos de contenido netamente económico o patrimonial; pedido que fue aceptado y autorizado por el Fiscal de Distrito mediante resolución de 7 de noviembre de 2005; en cuyo mérito, presentó la acusación particular (querella), en función a las previsores contenidas en el art. 375 y siguientes del CPP, que regulan el procedimiento a seguir en los delitos de acción penal privada, causa que previo sorteo, fue remitido a conocimiento del Juez Primero de Sentencia, quien en uso de la facultad que le confiere el art. 376 inc. 3) del CPP, desestimo la querella, con el fundamento de que la misma no cumplía con los requisitos previstos por el art. 290 del CPP, resolución con la que fue notificado el querellante, quien corrigiendo lo observado por la autoridad jurisdiccional, formalizó nuevamente la acusación particular (querella), que al ser objeto de sorteo correspondió su conocimiento al Juez Tercero de Sentencia - ahora codemandado - y quien mediante Auto 41/06 de 23 de marzo, desestimó la acusación particular, por la inobservancia de los requisitos exigidos por el art. 290 del CPP, en aplicación del art. 376 inc.3) del mismo procedimiento, fallo contra el cual el querellante interpuso recurso de apelación incidental previsto por el art. 403 inc.4) de la Ley 1970, siendo resuelto por las codemandadas, Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, por Auto de Vista de 11 de mayo de 2006, declarando admisible e improcedente la apelación interpuesta.
Las autoridades judiciales demandadas, al emitir a su turno sus resoluciones, incurrieron en acto ilegal restrictivo de los derechos fundamentales invocados en el recurso, ahora acción de amparo constitucional, por cuanto como se evidencia en obrados, el querellante corrigió los defectos o requisitos previstos por el art. 290 del CPP, observados por el Juez Primero de Sentencia al desestimar su primera acusación particular; pues en la presentada y radicada en el Juzgado del ahora demandado Juez Tercero de Sentencia, cumplió con remitirse a los antecedentes y relación circunstanciada de los hechos, al señalar cuándo a su criterio, se habría consumado el delito de estelionato, identificó a los presuntos autores del hecho delictivo señalando su domicilio real, ofreció prueba tanto testifical como documental, aspectos que tampoco fueron considerados por las Vocales codemandadas quienes declararon improcedente la apelación incidental planteada, con los mismos fundamentos del inferior, sin advertir el cumplimiento de los requisitos exigidos por el citado art. 290 del CPP; por lo que al haberse demostrado la existencia de actos ilegales lesivos de los derechos invocados, corresponde otorgar la tutela demandada.
En consecuencia y por lo señalado precedentemente, se constata que el caso planteado se encuentra dentro de las previsiones y alcances del art. 19 de la CPEabrg, ahora 128 de la CPE, por lo que el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela, ha efectuado una adecuada compulsa y dio correcta aplicación al citado precepto constitucional.
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 4 y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, 7 inc. 8) y 102.V de la Ley del Tribunal Constitucional, con los fundamentos expuestos, en revisión, resuelve APROBAR la Resolución 103 de 13 de octubre de 2006 cursante de fs. 147 vta. a 150, pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDE la tutela solicitada.
Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce PRESIDENTE
Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez DECANO
Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur MAGISTRADO
Fdo. Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés MAGISTRADO

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