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Timestamp: 2019-09-16 14:57:15+00:00

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ATC 65/1985, 30 de Enero de 1985 - Jurisprudencia - VLEX 58136337
ATC 65/1985, 30 de Enero de 1985
Número de Recurso: 721/1984
La Sección ha examinado el recurso de amparo promovido por don Vintila Horia Iucal.
El pasado 19 de octubre quedó registrado en el Tribunal Constitucional un escrito mediante el que doña María Gracia Garrido Entrena, Procuradora de los Tribunales de Madrid, interpuso recurso de amparo en nombre y representación de don Vintila Horia lucal contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 16 de mayo de 1984, por la que se resolvió el recurso núm. 22.433.
Se basa la demanda en las siguientes consideraciones de hecho:
Con fecha 2 de diciembre de 1980, el Rector de la Universidad de Alcalá de Henares comunicó al Subsecretario de Universidades la decisión de aquella Universidad en orden a proveer tres plazas de Catedráticos contratados.
El 16 de octubre de 1981 se dictó Resolución por el Ministerio de Educación y Ciencia en la que autorizaba a la citada Universidad para la contratación de dos Profesores, a nivel de Catedráticos. Aunque nada se dice expresamente en la demanda, de los resultandos y considerandos de la Sentencia recurrida en amparo se desprende claramente que, en esta Resolución, el Ministerio de Educación y Ciencia no se limitó a la autorización señalada, sino que procedió directamente a nombrar como Catedráticos contratados a dos de los propuestos en su día por la Universidad de Alcalá de Henares, siendo uno de los así nombrados el hoy solicitante de amparo, don Vintila Horia Iucal.
El 13 de diciembre de 1981 se interpuso contra la anterior Resolución recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de la Audiencia Nacional por don Francisco Bonnin Aguiló, pidiéndose en la demanda la anulación de la Resolución recurrida y la retroacción del expediente administrativo hasta el momento en que se dirigió por el Rector de la Universidad la comunicación correspondiente al Ministerio de Educación y Ciencia, comunicación en la que se anunciaba la decisión de la Universidad en orden a proveer tres plazas de Catedráticos.
Según se dice en la demanda, en el proceso contencioso-administrativo así iniciado actuó como parte demandada, de modo exclusivo, la Administración Pública, no habiendo podido intervenir como demandado el señor Vintila Horia, pues -se afirma- jamás fue emplazado para personarse ni tuvo, tampoco, conocimiento alguno, directo o indirecto, de la tramitación de dicho proceso.
El 23 de marzo de 1984 (no el día 13 del mismo mes y año, según se dice erróneamente en la demanda) se dictó Sentencia en el recurso contencioso-administrativo en la que se estimó la pretensión del actor, anulándose la Resolución recurrida y disponiéndose la reposición del expediente administrativo al momento en que por el Rector de la Universidad debiera haberse dado cumplimiento a lo requerido por el art. 3.5 del Decreto 2259/1974, de 20 de julio. Cabe señalar que en el citado precepto se reconoce meramente al Ministerio de Educación y Ciencia la competencia para fijar la dotación económica de los contratos suscritos por las Universidades con quienes fueran incorporados como Profesores Extraordinarios, pero no para nombrar a estos últimos, que es lo que en el presente caso se verificó y lo que fundamentó el recurso -promovido por uno de los no nombrados- y la posterior Sentencia estimatoria de la Sala.
La anterior Sentencia no habría sido notificada por el Tribunal al hoy recurrente en amparo, aunque sí comunicada, con fecha 1 de octubre de 1984, por el Vicerrector de la Universidad de Alcalá de Henares. No obstante, en opinión del Letrado, es relevante indicar cómo, en el fallo de la misma Sentencia de 23 de marzo, se dispone su notificación -« a tenor de lo dispuesto en el art. 260 de la Ley de Enjuiciamiento Civil»- a don Vintila Horia y a otro de los Profesores en su momento nombrados por la Resolución anulada del Ministerio de Educación y Ciencia.
La fundamentación en Derecho del presente recurso de amparo puede sintetizarse como sigue:
La representación actora imputa a la Sentencia recurrida una violación directa e inmediata del derecho fundamental reconocido en el artículo 24.1 de la Norma fundamental, puesto que la no notificación personal de un proceso en el que se planteaban pretensiones que podrían afectar a sus derechos subjetivos o intereses legítimos supuso un quebrantamiento de su derecho a la tutela efectiva de los Tribunales, recogido en aquel precepto constitucional.
Invocando la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional acerca de la interpretación a dar al art. 64.1 de la Ley Jurisdiccional -y citando expresamente la Sentencia de 31 de marzo de 1981, junto con otras posteriores-, la representación actora afirma ser evidente que el señor Vintila Horia debió ser personalmente emplazado «por cuanto su existencia era perfectamente conocida por la Sala ante la que se siguió el pleito, puesto que en ella se le menciona».
En cuanto a la fundamentación jurídico-procesal del recurso de amparo, se afirma el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la Ley Orgánica del Tribunal, habiéndose planteado la queja constitucional en tiempo, pues los veinte días hábiles para ello, según el art. 44.2 de la misma Ley, comenzaron a discurrir a partir de la comunicación de la Sentencia al recurrente por el Vicerrectorado de la Universidad, el 1 de octubre pasado.
Por providencia del pasado 21 de noviembre, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó la admisión a trámite.
La representación del recurrente comienza por sostener que no se da la pretendida causa de inadmisión del art. 50.1 b) en relación con el 43.1 («según las citas legales y, a nuestro juicio, erróneas de la notificación recibida» -dice el recurrente-) porque la Sentencia recurrida en amparo no era recurrible en apelación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 94.1 a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Dicha Sentencia, se afirma, «agota la vía judicial, por lo que cumple el requisito establecido en el art. 43.1 in fine en relación con el 44.1 a) de la LOTC» («por cierto citados en la providencia que se me ha notificado en forma errónea»). Añade la representación del recurrente, en segundo lugar, «por lo que se refiere a la posible causa de inadmisión referida en el art. 50.1 b)» , que, como ya decía en el fundamento 4 de su demanda, se acompañaban a ésta todos los documentos exigidos en el art. 49.2 de la LOTC, agregando que «como por circunstancias que no alcanza esta parte a recordar, pudiera ser que hubiera habido extravío u omisión en la presentación de dichos documentos», acompaña de nuevo dos de ellos.
El Ministerio Fiscal comienza por precisar que el recurso de amparo debe entenderse formulado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 44 de la LOTC. Siendo ello así, agrega, si la Sentencia impugnada en amparo era susceptible de recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, antes de acudir a la jurisdicción constitucional, el actor debió acudir al recurso de apelación o postular, al menos, del Tribunal Supremo que se le admitiera en la calidad procesal que fuera correspondiente en esa segunda instancia. No habiéndose hecho ni lo uno ni lo otro, y con independencia de que su solicitud de personación en segunda instancia resultara o no admisible, se incide en la causa de inadmisión a la que se contrae el art. 44.1 a) en relación con el 50.1 b).
La única cuestión a discutir en este trámite es la de si la pendencia de un recurso de apelación seguido ante el Tribunal Supremo contra la Sentencia que en amparo se impugna también ante nosotros, debe ser considerada como causa de inadmisión del recurso de amparo, en cuanto tal pendencia implica necesariamente, que en el presente caso no concurre, el requisito exigido por el art. 44.1 a) de la LOTC, es decir, uno de los requisitos legales cuya ausencia es considerada por la misma Ley [art. 50.1 b)] causa de inadmisión.
La representación del recurrente atribuye a nuestra providencia del pasado 9 de enero el haber puesto de relieve la posible existencia de dos distintas causas de inadmisión: la que efectivamente señalamos y analizamos en el anterior fundamento y otra, a la que nuestra providencia para nada se refiere, no bien definida y que, aparentemente, se intenta remediar mediante el innecesario envío de nueva copia de alguno de los documentos que ya acompañaron a la demanda. Como es obvio que tal atribución sólo puede ser resultado de una apresurada lectura de nuestra providencia, a la que tal vez por eso se imputan también errores que no se concretan, huelga toda consideración sobre las alegaciones dirigidas a demostrar la inexistencia de la inexistente causa.
En razón de todo lo expuesto, la Sección ha acordado la inadmisión del presente recurso de amparo.Madrid, a treinta de enero de mil novecientos ochenta y cinco.
STSJ Aragón 408/2012, 6 de Julio de 2012
STS 277/2019, 22 de Mayo de 2019
STSJ Comunidad de Madrid , 13 de Junio de 2003

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 24
in fine