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Timestamp: 2017-07-24 11:02:24+00:00

Document:
Publicacion de Reforma de Estatutos by Roberto Netto - issuu
La reforma de estatutos de las cooperativas
en función de los cambios e innovaciones
derivados de la ley general Nº 18.407
ACTUALIZACIÓN INCORPORANDO LAS DISPOSICIONES DEL
DECRETO REGLAMENTARIO (de junio/2012)Edición de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP),
con apoyo del Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP)Equipo a cargo
Dirección: José Piñeiro
Compilación: Pedro R. Barreiro
Coordinación: Silvana AvondetCUDECOOP
Autoridades a la fecha de elaboración de la Guía
Comité Ejecutivo (integración a mayo/2011)
Presidente - Dra. Rosana Perdomo
1er. Vicepresidente – Sr. Ariel García Borche
Secretario - Dr. Alberto Esteves
Tesorero – Sr. Pablo Perdomo
Vocal – Sr. Joaquin PosAutoridades a la fecha de actualización de la Guía
Comité Ejecutivo (integración desde diciembre/2012)
Presidente - Dr. Alberto Esteves
1er. Vicepresidente - Sra. María de los Angeles Dati
2do. Vicepresidente – Tec.Agr. Juan Carlos Canessa
Secretario – Sr. Joaquin Pos
Tesorero – Sr. Gerardo GilardoniRealizado por la Unidad Técnica de Formación (UTF) de CUDECOOP
Equipo colaborador de esta publicación: Marcelo Amorín, Fernando Burjel, Julio Cabrera,
Laura Gaiero, Danilo Gutiérrez, Héctor Medero, Javier Pena, Francisco Quintans y Silvia
En la actualización según el Decreto Reglamentario, colaboraron: Marcelo Amorin, Alvaro
Faedo, Sergio Reyes.Dirección postal:
18 de Julio 948 – Of. 602 – Montevideo, Uruguay
Tels.: 29 02 53 39 – 29 02 93 55
cudecoop@cudecoop.coopSitio web:
www.cudecoop.coop////////////////////////////////////////////////////////////////////2CONTENIDOSPRÓLOGO DE INACOOP
PRÓLOGO DE CUDECOOP
I - CAMBIOS E INNOVACIONES DERIVADOS DE LA LEY GENERAL DE
COOPERATIVAS No. 18.407.
1.- ANTECEDENTES DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS
2.- ALGUNOS ANTECEDENTES INTERNACIONALES
3.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA LEY GENERAL DE
3.1.- ESTRUCTURA BÁSICA
3.2.- IDENTIDAD Y ESPECIFICIDAD
3.3.- CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES DE LAS
3.4.- EL NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO
3.4.1.- Presentación
3.4.2.- Patrimonio
3.4.3.- Recursos no patrimoniales
3.4.4.- Capitalización de retornos e intereses, Reembolsos
3.4.5.- Instrumentos de capitalización
3.4.6.- Posibilidades de financiamiento de las cooperativas, más allá
de la Ley General de Cooperativas.
3.4.7.- Criterios para la distribución de excedentes
3.5.- EL RÉGIMEN TRIBUTARIO
3.6.- ASPECTOS RELATIVOS A LA PROMOCIÓN Y EL CONTROL DE LAS
3.7.- ALGUNOS TEMAS POR CONCRETAR
II - REFORMA DE ESTATUTOS DE ACUERDO A LA LEY No. 18.407.
Una experiencia participativa y Guía práctica para la revisión.
2) El programa CARPE-DINAPYME/MIEM
3) La experiencia de UTF/CUDECOOP en el apoyo a redes de
cooperativas para la reforma de estatutos
4) Lo aprendido en materia de adecuación de estatutos
5) Guía rápida para la revisión de estatutos
5.2 - Aspectos generales
5.3 - Las “secciones” en las Cooperativas
6) Aspectos específicos por modalidad
6.1 – Cooperativas de trabajo
6.2 - Cooperativas agrarias
6.3 - Cooperativas de vivienda
6.4 - Cooperativas de ahorro y crédito
6.5 - Cooperativas sociales
6.6 - Cooperativas de consumo
6.7 - Cooperativas de profesionales de la salud
6.8 - Cooperativas mixtas////////////////////////////////////////////////////////////////////4
553PRÓLOGO DE INACOOP
La promoción del desarrollo del cooperativismo, cometido central del INACOOP,
solamente puede realizarse en forma efectiva teniendo presente la esencia de las
cooperativas, como organizaciones empresariales centradas en las personas, gestoras
y destinatarias de su existencia, personas que comparten saberes y aspiraciones,
personas capaces de enriquecerse mutuamente en un proceso virtuoso de
Asumiendo esta perspectiva, es pertinente aprovechar la oportunidad del ajuste de
los estatutos para facilitar la profundización de los conocimientos y la reflexión
colectiva. Si los estatutos se deben adaptar a una ley, debemos conocer esa ley, su
orientación, las posibilidades que se abren, las opciones que la cooperativa puede
tomar. No es un mero asunto de técnicos externos, un servicio estandarizado que se
puede adquirir por un precio. Necesita del involucramiento lúcido de los
cooperativistas. Conocer para decidir y decidir para operar, para cooperar; de eso se
Si bien es cierto, entonces, que el papel fundamental e intransferible es el de los
socios, sería ingenuo desdeñar la función de los especialistas, en este caso de los
juristas y los técnicos en gestión cooperativa. Flaco favor haríamos al movimiento
cooperativo si propiciáramos una guía para no pensar, un catálogo de fórmulas
sacramentales para cada clase de cooperativas. Es la hora de contar con
profesionales conocedores de la materia cooperativa, a los cuales podamos auxiliar
con herramientas como la que CUDECOOP, a partir del análisis y la experiencia
acumulada, ha desarrollado y comparte en esta ocasión, ofreciendo este sencillo
documento práctico. La extensión del conocimiento del derecho cooperativo
permitirá elevar el potencial acceso de las cooperativas a un adecuado servicio
jurídico. En este sentido, el material que hacemos público por este medio es un
aporte introductorio para quienes, desde el ejercicio del notariado o la abogacía,
asisten profesionalmente a los cooperativistas. Toda cooperativa, con independencia
de su localización, debe acceder al asesoramiento jurídico necesario. Promover el
cooperativismo es también propiciar la existencia de servicios técnicos apropiados en
todas las disciplinas y en todo el país.
Promover es también facilitar. No ignoramos que la adaptación estatutaria al nuevo
marco legal conlleva costos que para muchas cooperativas son significativos. Por esa
razón, tratamos de apoyar los procesos de análisis con el auxilio de equipos técnicos
dedicados al efecto y de brindar financiamiento para la cobertura de gastos y
honorarios que las reformas estatutarias generan.
Por último, al recurrir a este aporte de CUDECOOP, estamos reconociendo que el movimiento
cooperativo tiene acumulados saberes, capacidades y organización, indispensables para su
desarrollo y que la promoción del movimiento desde el INACOOP debe comenzar por potenciar
esas riquezas insuficientemente aprovechadas.PRÓLOGO DE CUDECOOP
La alegría que implica disponer de esta Guía es producto de una suma de esfuerzos colectivos
que tienen su base en el camino recorrido. Es con orgullo que se pone al servicio de la////////////////////////////////////////////////////////////////////4sociedad en su conjunto, un material producto de las propias experiencias y aprendizajes de
diferentes actores del sistema cooperativo nacional, a partir de la aprobación de la Ley
La Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas no solo representa y defiende
gremialmente al movimiento cooperativo uruguayo a nivel nacional e internacional, sino que
además desarrolla otro tipo de acciones dirigidas a promover el fenómeno cooperativo en el
país, favorecer las condiciones para su avance y generar nuevas iniciativas articuladoras y de
colaboración e intercambio entre las entidades del sector.
Se hace mucho y se publica poco. Parece ser un buen momento para romper con esta
situación. Ahora se juntan dos buenas causas: promover la ley e impulsar la adecuación
estatutaria a dicha norma.
La Ley general de cooperativas rige desde hace más dos años y es muy relevante para todo el
movimiento, desde el cual se la pensó, propuso y luchó por ella. Hay que difundirla, hacer
que todos la conozcan y entiendan para poder aplicarla.
Ese “todos” se refiere especialmente a dirigentes, técnicos, funcionarios, asesores y socios de
las cooperativas pero también a sus interlocutores:
-en los ámbitos del Estado (nacional y departamental), las universidades, los
parlamentarios y el poder judicial;-la sociedad en general, las organizaciones sociales y las empresas públicas y privadas.Todas las instituciones que integraban en ese entonces la Confederación (y ella misma), junto
a sus respectivos dirigentes y asesores así como las cooperativas de base, apoyaron el
esfuerzo de formular el proyecto de Ley y después de años, lograr su aprobación.
Compartieron dicho proceso y su contenido. Más aún, los respectivos capítulos sectoriales de
la ley fueron formulados y/o negociados por las organizaciones de cada modalidad, a través
de sus dirigentes y asesores. A nivel de la Confederación sólo se intervino para compatibilizar
dichos capítulos con la parte general. Es un deber difundir los logros esenciales de la norma y
al mismo tiempo quitarle cierta “mala fama” que se va instalando en algunos sectores, más
allá del derecho a revisión y análisis que surja de su aplicación.
Es así que del trabajo realizado en la reformulación de estatutos llegan algunas opiniones
críticas a la ley 18.407. Tal como figura en esta Guía, varias de las observaciones ameritan
revisar dicha norma y eventualmente modificarla y ampliarla. Hay otros planteos que sin duda
merecen ser escuchados pero no pueden dejar de sorprender cuando ya ha culminado un largo
y arduo proceso de discusión al interior del movimiento y en el Parlamento, todo lo cual dio
lugar finalmente a la Ley General.
En ciertos y contados casos se la ve como limitadora y rígida, cuando en realidad fue pensada
y aprobada para abrir más posibilidades y dejar más libertad de definición en los estatutos.
En ese marco, el contralor es visto como un problema, una carga y no como una contribución
a garantizar la autenticidad cooperativa.
Quienes viven la nueva ley como compleja y engorrosa y no como una solución buscada y
requerida, olvidan que antes había muchas normas contradictorias o dispersas y ahora están
integradas. Sin duda, falta comprensión sobre el contenido y con este material se busca
atender, en parte, esa necesidad.////////////////////////////////////////////////////////////////////5Más allá de haberse editado recientemente importantes libros sobre la Ley 18.407, parece un
deber ineludible de la Confederación hacer su propio aporte a la divulgación de la misma y
también asumir sus consecuencias prácticas, encarando la tarea sin pretensiones académicas
pero con la seriedad que el movimiento merece.
Por otra parte, tal como se ha dicho, los estatutos de todas las cooperativas deben adaptarse
a la normativa vigente. Esto no está claramente asumido. No es fácil y requiere
especialización y tiempo. También implica disponer de recursos económicos y técnicos. Para
eso se contó con apoyo del Estado (primero a través de DINAPYME y ahora del INACOOP) y
también del respaldo especializado de varias Federaciones de Cooperativas y de la
Confederación. Sin embargo, sólo un porcentaje mínimo de cooperativas ha encarado la
reforma. Estos documentos pretenden aportar el aprendizaje de la prueba práctica que
significó adecuación estatutaria en decenas de cooperativas mediante el intercambio entre
dirigentes, funcionarios, asesores de las mismas y los equipos interdisciplinarios aplicados
desde la Confederación a esta tarea.
Finalmente, debe señalarse que al proceder a la lectura de estos materiales, pueden
encontrarse algunas superposiciones o reiteraciones temáticas y ello es lógico al ser producto
de las dos necesidades nombradas y obedecer a procesos acumulativos de conocimientos así
como a la idea de que las dos partes del trabajo puedan ser usadas de manera independiente.
En todo caso pedimos las disculpas correspondientes.////////////////////////////////////////////////////////////////////6I - CAMBIOS E INNOVACIONES DERIVADOS DE LA LEY GENERAL DE
COOPERATIVAS (No. 18.407)
1) ANTECEDENTES DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS1
“Como ha ocurrido en la generalidad de países, el fenómeno cooperativo en Uruguay
precedió a la legislación, datando de principios del siglo XX.
Se pueden mencionar algunas leyes precursoras de la regulación del cooperativismo,
creadoras de figuras jurídicas regidas por principios de mutualidad e inspiradas en fines
de promoción del desarrollo solidario, como las leyes 3.948 y 3.949 del 19 de enero de
1912, por las que nacieron las ‘Cajas de Crédito Rural’, y la ley 6.192 del 16 de julio de
1918 de ‘Sociedades de Fomento Rural’…”
Habría que esperar hasta 1946 para que se aprobara una nueva ley de relevancia para el
movimiento cooperativo uruguayo (la No. 10.761, del 15 de agosto de dicho año,
reglamentada por decreto del Poder Ejecutivo en 1948). Esta ley enmarcaría a la mayoría de
las modalidades cooperativas del país por más de seis décadas y medias.
Encuadradas en el restringido marco normativo vigente se fueron generando experiencias
cooperativas de diferentes modalidades, como fue el caso de iniciativas en el campo de la
vivienda y el ahorro y crédito, que debieron funcionar ajustadas a la ley que regía el
cooperativismo de consumo.
La ley No. 13.481 del 23 de junio de 1966 atendió a la modalidad de producción, aunque su
formulación restrictiva, poco actualizada, no permitía desplegar toda su potencialidad al
cooperativismo en el campo del “trabajo asociado”. Las exoneraciones que esta ley concedía
a las cooperativas de producción, en 1971 se extendieron a las de consumo (ley No. 14.019).
El 17 de diciembre de 1968 se aprobó la denominada Ley Nacional de Viviendas, la que
reservaba todo un Capítulo (el “X”) a regular las cooperativas de vivienda, previendo diversos
tipos de naturaleza y organización para las mismas, así como identificaba el papel de los
Institutos de Asistencia Técnica como organismos auxiliares dirigidos a facilitar el logro del
objeto social de las mismas.
Esta ley, a diferencia de las anteriores referidas al sector cooperativo (hasta entonces,
influenciadas principalmente por el espíritu de las sociedades comerciales), expresamente
reconoce que las cooperativas se rigen por los principios de la cooperación.
En ese entonces estaban vigentes los principios cooperativos adoptados por la Alianza
Cooperativa Internacional en su congreso de Viena, de 1966:
6)Adhesión libre
Distribución a prorrata de los excedentes
Cooperación entre cooperativas1Para este capítulo, se ha seguido fundamentalmente la publicación Proyecto de Ley General de
Cooperativas, editada por CUDECOOP en Montevideo, en julio de 2004.////////////////////////////////////////////////////////////////////7En la década de los años ’70 se aprobaron leyes referidas a las cooperativas de ahorro y
crédito (No. 13.988 del 19 de junio de 1971, cuyos términos fueron radicalmente
reformulados en el decreto-ley No. 15.322 del 17 de setiembre de 1982).
En 1981, en el marco del decreto-ley No. 15.181 (18 de julio de 1981) que se ocupaba de
aspectos generales de prestación de servicios de salud, se incluía la modalidad de
cooperativas de profesionales del área como una variante de las cooperativas de
En octubre de 1984, en la ciudad de Paysandú y en un clima tendiente a la apertura
democrática, se celebró el 1er. Encuentro Nacional de Cooperativas, en cuyo marco se
constituyó la Mesa Nacional Intecooperativa (MNI), antecedente de la actual Confederación
Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP).
El decreto-ley No. 15.645 (del 9 de octubre de 1984) referido a las cooperativas agrarias,
representó una propuesta modernizadora respecto al cuerpo normativo preexistente,
destacándose en ese sentido el reconocimiento –por primera vez en nuestro medio- del
concepto de “acto cooperativo”2, al que definía de la siguiente manera:
Actos cooperativos son los realizados entre la Cooperativa y sus miembros en
cumplimiento del objeto de aquella. Los mismos constituyen negocios jurídicos
específicos cuya función económica es la ayuda mutua, no considerándose actos de
comercio. Cuando el acto cooperativo contenga una obligación de dar, la entrega
transfiere el dominio, salvo que expresamente se establezca lo contrario.”
La restauración de la plenitud democrática en el país, a partir de marzo de 1985, propició un
nuevo escenario para el relacionamiento entre autoridades públicas y sociedad civil.
En ese año se creó la Secretaría de Fomento Cooperativo en la órbita del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, a la cual la ley de Presupuesto No. 15.809 del mismo año
transformó en Dirección Nacional de Fomento Cooperativo3.
En ese marco, se realizó en Montevideo, con el decisivo apoyo de CEPAL4, una Reunión
Técnica Regional donde se presentaron trabajos sobre origen y situación de los movimientos2El decreto-ley No. 14.827 de fecha 12 de setiembre de 1978, reglamentado en 1981, creó la figura de
“cooperativas agroindustriales” pero la misma no alcanzó un desarrollo de significación.
3Esta Unidad Ejecutora del MTSS fue transformada en 1990 en Dirección Nacional de Fomento Laboral y
ésta, en 1992, en la actual Dirección Nacional de Empleo (DINAE).
4La CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fue creada el 25 de febrero de 1948. Esuna de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se
fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a
su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del
mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de
promover el desarrollo social. La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América
Central, ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto España (capital de
Trinidad y Tobago), que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente.////////////////////////////////////////////////////////////////////8cooperativos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El documento relativo a nuestro
país, de singular transcendencia en su momento, estuvo a cargo del Dr. Juan Pablo Terra5.
El movimiento cooperativo estuvo en condiciones de renovar y potenciar su capacidad de
propuesta, en reclamo de mejores condiciones para desarrollarse y cumplir con sus objetivos
superiores de servir a sus socios y a la comunidad en general.
Una iniciativa del movimiento cooperativo, de gran importancia, se concretó al aprobarse la
ley No. 15.156 de fecha 29 de octubre de 1990. La misma estableció que todas las
cooperativas se inscribirían en un registro único, donde se las calificaría exclusivamente por
razones de legalidad, de modo que quedaban sin efecto las restricciones burocráticas y se
facilitaban los procesos para la reforma de estatutos.
Un poco antes, un paso importante en el trabajoso camino hacia la integración de un
“derecho cooperativo” devino de la aprobación de la ley No. 16.060 de Sociedades
Comerciales (promulgada el 4 de setiembre de 1989) que al tiempo que extendía sus
disposiciones a las cooperativas en forma subsidiaria a la normativa específica y en cuanto le
fuera aplicable, reconocía tácitamente desde el punto de vista legal, las diferencias entre
ambos tipos de personas jurídicas.
A través del decreto No. 128/991, el Poder Ejecutivo creó en el ámbito de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto la Comisión Honoraria de Cooperativismo (CHC), integrada por
delegados del Poder Ejecutivo y del movimiento cooperativo representado por CUDECOOP.
La acumulación de normas jurídicas y administrativas, ya específicas, ya subsumidas en
disposiciones más generales, que referían y regulaban a las cooperativas y sus operativas, no
podía más que generar un escenario de confusión donde coexistían junto a algunos rasgos de
modernidad, muchas incoherencias, lagunas y redundancias que limitaban el desarrollo del
sector y generaban una notoria inequidad entre modalidades.
La necesidad de unificar y actualizar la legislación cooperativa era una preocupación
constante en el sector cooperativo, y había sido reconocida por las autoridades en repetidas
ocasiones. Así, se habían iniciado procesos de discusión de un anteproyecto de Ley General,
sucesivamente frustrados, en los años 1974, 19856 y 1992.
El año 2002, CUDECOOP incluyó entre sus objetivos principales, relanzar un proceso que
condujera a la adecuación y modernización del marco legal cooperativo. Tras una serie de
seminarios con participación de directivos y expertos nacionales y extranjeros y
representantes del sistema político uruguayo, se creó una Comisión Asesora Jurídica que
formuló en primera instancia el documento “Principales Bases para una Ley General de
Cooperativas” y luego un “Proyecto de Ley General de Cooperativas”.Además tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace
5Ver TERRA, Juan Pablo; Proceso y significado del cooperativismo uruguayo. CEPAL, Arca/Banda
Oriental, Mont., 1986, y CEPAL; Cooperativismo latinoamericano, Santiago de Chile, 1989.
6La primera iniciativa se promovió desde el Ministerio de Vivienda y Promoción Social creado por el
gobierno de facto. Esta Secretaría de Estado fue disuelta en 1977. El siguiente impulso a una Ley General
se enmarcó en la Dirección Nacional de Fomento Cooperativo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente recogió a su vez una
iniciativa de la Organización de Cooperativas de América, que envió una delegación a Uruguay para
promover la Ley Marco.////////////////////////////////////////////////////////////////////9Este proyecto fue considerado y aprobado por el Consejo Directivo de CUDECOOP en los años
2003 y 2004 y finalmente, puesto a consideración del Parlamento Nacional, en julio de este
último año. El texto definitivo de la ley fue aprobado por la Asamblea General, con el voto
conforme de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, el 23 de octubre
de 2008 y promulgado por el Poder Ejecutivo el día siguiente.
En la redacción de los distintos anteproyectos y proyectos que finalmente dieron lugar a la ley
No. 18.407 también se tuvieron en cuenta, como no podía ser de otra manera, los distintos
institutos, prácticas y corrientes doctrinarias que en razón en buena medida del vigor, arraigo
y dinámica del movimiento cooperativo uruguayo habían ido constituyendo, de un modo
aluvial, un corpus normativo que podía llegar a considerarse un cierto “derecho de las
cooperativas”.2) ALGUNOS ANTECEDENTES INTERNACIONALES
Desde los primeros años del siglo XX, se fue haciendo notorio que las cooperativas eran un
instrumento poderoso para facilitar el despliegue de los potenciales creativos, organizativos y
de liderazgo de todos los sectores de la sociedad, incluso de los menos favorecidos,
contribuyendo positivamente a cohesionar el entramado social y a la democratización
Esta evidencia se reafirmó a mediados de dicha centuria, en el contexto de los procesos de
descolonización y aparición de nuevos Estados, que siguieron al término de la II Guerra
En 1966 la Organización Internacional del Trabajo7, aprobó en Ginebra, en ocasión de su 50ª.
Conferencia, su Recomendación8 No. 127, sobre el papel de las cooperativas en el progreso
económico y social de los países en vías de desarrollo. Es de toda evidencia que la ausencia
de un marco jurídico específico para el sector cooperativo o bien, un marco jurídico
compuesto heterogéneo, fragmentado y disperso, restan a las cooperativas posibilidades de
cumplir cabalmente sus fines y de contribuir al desarrollo de las comunidades, las naciones y
Por esta razón, muchos países aprobaron leyes generales para promover y regular sus sectores
cooperativos, algunos en las décadas de los años 1920 y 30. De hecho, Uruguay experimentó
un significativo retraso en ese aspecto, respecto a la mayoría de los países iberoamericanos.
A modo de ejemplo, República Dominicana tuvo una Ley General de cooperativas en 1964,
Ecuador en 1966, Brasil en 1971, Argentina en 1973, Guatemala en 1978, Costa Rica en 1982,
Perú en 1990, el Código de Cooperativas portugués es de 1997, las leyes de cooperativas de7La OIT es un organismo especializado, creado en 1919, en el marco de los términos del Tratado de
Versalles que cerraba el capítulo de la 1° Guerra Mundial dando origen a la Sociedad de Naciones. Desde
1945.es parte integrante del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La OIT tiene carácter
tripartito (la integran representantes de los gobiernos, de empleadores y trabajadores). Es la institución
mundial responsable de la elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo y es la
agencia del sistema de las Naciones Unidas, que se encarga del mayor y más diversificado proyecto de
promoción de cooperativas.
8Las Recomendaciones de la OIT van dirigidas a los Estados miembros, con la finalidad de orientar las
actividades y políticas nacionales en áreas determinadas. Las Recomendaciones no se ratifican, no
teniendo por ello la misma jerarquía jurídica que los Convenios.////////////////////////////////////////////////////////////////////10Canadá y Colombia son de 1998, la de España de 1999 (existen también leyes particulares a
nivel de sus comunidades autonómicas), Venezuela aprobó su ley de cooperativas en 2001.
Ese mismo año 2001, tras un proceso que incluyó la realización de “Jornadas Nacionales” y
seminarios de expertos, la Organización de las Cooperativas de América (OCA) con la
colaboración del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), presentó un “Proyecto de Ley
Marco para las Cooperativas de América Latina”: un texto que fijaba pautas generales que la
doctrina y la experiencia jurídica sugerían como adecuados y convenientes para los países de
Desaparecida la Organización de las Cooperativas de América, el estudio e impulso de una
“ley marco” que sirviera de modelo y armonizara la legislación cooperativa en los diferentes
Estados latinoamericanos fueron tomados por la sección americana de la Alianza Cooperativa
En el año 2002, durante su Conferencia No. 90ª en la ciudad de Ginebra, la OIT aprobó la
Recomendación No.193 sobre promoción de las cooperativas, un documento de gran
consistencia conceptual que entre otros aspectos, reclama a los Estados miembros la
adopción de políticas y un marco jurídico favorable “compatible con la naturaleza y función”
de las cooperativas e inspirado en sus valores y principios universalmente reconocidos.
También en el año 2002, se aprobó el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, con el
propósito de “impulsar la constitución de empresas sociales bajo la fórmula cooperativa,
configuradas por ciudadanos, personas jurídicas y/o cooperativas pertenecientes a dos o más
Estados miembros de la Unión” (Europea).3) PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
COOPERATIVAS, EN URUGUAY.DELALEYGENERALDEPara esta reseña de las principales innovaciones introducidas por la ley No. 18.407, hemos
seguido las presentaciones del Dr. Sergio Reyes, el Cdor. Rodolfo Boragno, el Esc. Danilo
Gutiérrez, el Dr. Álvaro Faedo, en los seminarios organizados por CUDECOOP que se
desarrollaron los días 16 (“Un Movimiento, una Ley”) y 26 de noviembre (“Una Ley en
Movimiento”) del año 2008. En dichos encuentros, además de los citados, participaron entre
otros: Carmen Pereira, Alberto Raffo, Héctor Medero, Gerardo Montes, Laura Remersaro,
Juan José Sarachu y José Piñeiro, en calidad de expositores o panelistas en las mesas
redondas. También se ha considerado los aportes que surgen de dos valiosas publicaciones a
cargo de profesionales del derecho especializado en el tema9.
La Ley General de Cooperativas No. 18.407 fue aprobada el 24 de octubre de 2008, y
constituye una norma que, por primera vez en el Uruguay, unifica y da coherencia al
tratamiento, promoción y regulación del fenómeno cooperativo en el país.
Su entrada en vigencia resulta la culminación de un largo proceso, cuyas primeras
manifestaciones pueden rastrearse hasta la década de los años ’70 del pasado siglo, a lo largo
de los cuales las cooperativas, sus federaciones y luego la Mesa Nacional Intercooperativa
primero y CUDECOOP después, no cejaron en trabajar para su definitiva concreción.9"Derecho Cooperativo Uruguayo” Sergio Reyes Lavega, Alfredo S. Lamenza, Danilo Gutiérrez y Jorge Machado.
Fundación de Cultura Universitaria, 2011
“Sociedades Cooperativas. Sistema y Derecho Cooperativo” Marcelo Amorin y Paula Algorta. Editorial La Ley, 2010.////////////////////////////////////////////////////////////////////11La iniciativa fue presentada al Parlamento a finales de 2004 y auspiciada por legisladores de
todos los partidos del espectro político uruguayo, plasma el compromiso y dedicación de
numerosos dirigentes y profesionales del movimiento cooperativo y de los miembros de la
siguiente LXVI Legislatura (2005-2010) y en particular de la Comisión Especial de Marco
Cooperativo de la Cámara de Representantes.
La culminación exitosa de este proceso de formulación y aprobación de una Ley General vino
a salvar múltiples restricciones que afectaban al mismo e impedían su mejor desarrollo. Entre
los principales avances aportados por la ley, se pueden destacar:
• Las declara de interés general y reafirma su autonomía. La ley considera a las
cooperativas, en todas sus modalidades, “de interés general e instrumentos eficaces
para contribuir al desarrollo…(al) fortalecimiento de la democracia y a una más
justa distribución de la riqueza”, al tiempo que asigna al Estado el papel de garante
y promotor de la constitución, desarrollo, fortalecimiento y autonomía de las
• Corrige la situación de fragmentación, desconexión e incoherencia, que representaba
hasta entonces la existencia de una constelación de normas legales aplicadas al
• Actualiza la tipificación de las cooperativas, ya superada en el tiempo y en la práctica
y deja un marco abierto para la aparición de nuevas modalidades.
• Unifica la definición de cooperativa, universaliza a la totalidad de las formas
cooperativas uruguayas la aplicación de los principios cooperativos10. Establece
además, que dichos principios “han de incorporarse a las fuentes del derecho
cooperativo como principios generales y aportan un criterio de interpretación del
derecho cooperativo.”
• Permite mejorar la gestión, habilitando nuevas formas de organización y
funcionamiento así como la aplicación de nuevos instrumentos de capitalización y
• Racionaliza y da uniformidad a los controles aplicables a las cooperativas.
10La ley No. 18.407 recoge básicamente la definición de cooperativa y formulación de los principios
cooperativos realizada por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 1995:
“Artículo 4º. (Concepto).- Las cooperativas son asociaciones autónomas de personas que se
unen voluntariamente sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, para satisfacer sus
necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de
propiedad conjunta y democráticamente gestionada.
Cualquier actividad económica lícita podrá ser organizada y desarrollada mediante una entidad
constituida al amparo de la presente ley.
Las cooperativas podrán revestir la forma de cooperativa de primer, segundo y ulterior grados,
de acuerdo con las especificidades previstas en la presente ley.”
Los principios enunciados tendrán los alcances y sentidos reconocidos por el cooperativismo
Dichos principios han de aplicarse al funcionamiento y la organización de las cooperativas, han
de incorporarse a las fuentes del derecho cooperativo como principios generales y aportan un
criterio de interpretación del derecho cooperativo.”////////////////////////////////////////////////////////////////////12•••Genera un auténtico ámbito técnico, administrativo y financiero para la promoción
del desarrollo de la cooperación y para el relacionamiento entre las cooperativas y el
conjunto del Estado, especialmente a través de la creación del INACOOP.
Armoniza el régimen jurídico cooperativo uruguayo a la legislación de los demás
países de la región y en especial con los de los Estados miembros del Mercado Común
del Sur (MERCOSUR), lo cual ofrece mejores oportunidades de complementación y
cooperación entre entidades cooperativas a nivel supranacional.
Jerarquiza el principio de educación y formación cooperativa, creando el Comité de
Educación obligatorio en las cooperativas de base, el fondo de reserva para educación
y promueve la utilización del Fondo de Desarrollo Cooperativo (FOMCOOP), creado en
el ámbito del INACOOP.3.1.- ESTRUCTURA BÁSICA.
La ley No. 18.407 ha quedado estructurada en cuatro grandes bloques temáticos:
TÍTULO I: con los artículos 1 a 97 en siete capítulos, se refiere a la totalidad de las
modalidades en lo referente a constitución, a los socios, los órganos y la administración, el
régimen económico y las posibilidades de asociación, fusión e incorporación, así como las de
Se establece: Artículo 10. (Modalidades).- Las cooperativas, de acuerdo al objeto del acto
cooperativo, serán de trabajadores, de consumidores (o usuarios) o de trabajadores y
consumidores a la vez.
TÍTULO II: con los artículos 98 a 184 en diez capítulos, refiere a las cooperativas en
particular, definiendo las distintas “clases” admitidas por la ley.
TÍTULO III: con los artículos 185 a 214 en dos capítulos, trata de la promoción y el control de
TÍTULO IV: con los artículos 215 a 224, trae las disposiciones especiales y transitorias.
No debe olvidarse, al momento de editar este trabajo, que está pendiente todavía la
reglamentación de la ley No. 18.407 por parte del Poder Ejecutivo, lo cual definirá con mayor
precisión algunos aspectos de la citada norma y podría obligar también a nuevas adecuaciones
de los estatutos sociales en las cooperativas.
Esta Ley General, sin perjuicio de constituir un innegable avance respecto al caótico y
disperso régimen que vino a sustituir, contiene algunos vacíos y contradicciones que en parte
podrán ser corregidos por la reglamentación, en tanto un Decreto pueda complementar una
norma jurídica de jerarquía superior sin alterar su espíritu y la voluntad del legislador.
Ciertos casos, necesariamente, requerirán de ulteriores intervenciones de rango legal.
3.2. - IDENTIDAD Y ESPECIFICIDAD
La aprobación de la ley No. 18.407 significó un aporte sustancial a la consolidación del
cooperativismo en el Uruguay, como un fenómeno social y económico con identidad propia, al
que ahora se dota de un marco jurídico y de institutos con carácter particular y específico.////////////////////////////////////////////////////////////////////13Al reproducir la definición de cooperativa y los principios rectores que aprobara la Alianza
Cooperativa Internacional en 1995, la ley destaca la naturaleza y la operatoria de las
cooperativas del régimen jurídico que regula las otras formas de organizaciones sociales y
económicas posibles, y les da un marco de creación, funcionamiento, desarrollo, promoción y
control propios.
La ley misma (art. 3º.) establece el derecho cooperativo como aquel
“…conjunto de nomas especiales, jurisprudencia, doctrina y prácticas basadas en los
principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y
los sujetos que en ellas participan”
quedando las disposiciones de la ley de Sociedades Comerciales restringidas a un carácter
“…en lo no previsto y en cuanto sean compatibles.”
Una diferencia sustancial entre el derecho cooperativo consagrado por la Ley General,
respecto al de la Ley de Sociedades Comerciales, está dada por la declaración de las
cooperativas (art. 2º.) como
“…de interés general e instrumentos eficaces para contribuir al desarrollo económico
y social, al fortalecimiento de la democracia y a una más justa distribución de la
La ley No. 18.407 enmarca a las cooperativas uruguayas en la corriente doctrinaria conocida
como “cooperativista” o “social” en tanto está claramente basada en los valores y principios
cooperativos, extendiendo la finalidad de las cooperativas a la satisfacción de intereses que
van más allá de lo estrictamente económico, en contraposición al modelo “economicista” o
“funcionalista”.
Otro aspecto destacable de la Ley General, es que consagra a texto expreso la autonomía de
las cooperativas, lo que define un modelo particular de relacionamiento del Estado y del
sistema político respecto al funcionamiento de las mismas, y su independencia en relación a
otro tipo de organizaciones. Modelo de autonomía e independencia por otra parte, que ha
sido tradicional e histórico en nuestro país.
El art. 5 de la Ley General obliga a que la naturaleza cooperativa esté expresamente
establecida en la denominación de las entidades de este tipo, pero reserva su uso (así como la
abreviatura “coop”) exclusivamente para las mismas, quedando vedado su uso en
denominaciones, marcas o nombres comerciales para las demás personas jurídicas que no se
encuentre reguladas por dicha ley.
La ley 18.407 (en su art. 8) fija en cinco el número mínimo de personas para constituir una
cooperativa de primer grado, de manera genérica.
En el caso específico de las cooperativas de ahorro y crédito, el numeral 1) del art. 165
determina que el número mínimo de personas necesario para constituirlas será de cincuenta
(50), así como que al término de un plazo de dos años deberán contar con al menos
doscientos (200) socios activos.
Y en las cooperativas de vivienda –de acuerdo al art. 127- el número mínimo de socios
requerido es de diez en caso de construcción de un conjunto habitacional nuevo y de seis
cuando se trate de un reciclaje de construcción existente.////////////////////////////////////////////////////////////////////14El numeral 2) del art. 93 de la Ley General establece como una causal de liquidación de una
cooperativa, la reducción del número de socios por debajo del mínimo exigido, por más de un
Y mantiene las tradicionales características de las cooperativas, en cuanto el número de
socios es ilimitado (con las restricciones que puedan derivar de su modalidad específica; esta
condición no alcanza a las cooperativas de segundo y ulterior grado), así como el capital
(variable e ilimitado) y la duración (ilimitada).
Como ya ha sido mencionado, el acto cooperativo (los negocios entre la cooperativa y sus
socios o entre cooperativas) no se considera acto de comercio, no estando reglados por la ley
No. 16.060.
La Ley General extiende a la mayoría de las cooperativas, otro instituto que hasta entonces
existía únicamente en las cooperativas agrarias: la posibilidad de optar (debiendo constar en
el estatuto) entre la “responsabilidad limitada” y “responsabilidad suplementada” de los
socios con la cooperativa y frente a terceros (art. 20). Cuando las cooperativas sean de
“responsabilidad suplementada”, deben hacerlo constar en su denominación (las cooperativas
de consumo únicamente podrán ser de responsabilidad limitada, art. 107 de la ley).
En lo que refiere a las cooperativas de trabajo, reconoce la remuneración de los trabajadores
socios, como adelantos a cuenta de excedentes, aunque determina que no podrán ser
“inferiores al laudo y demás beneficios sociales que correspondan según la ley o el convenio
colectivo aplicable…” (ver arts. 101 y 102 de la ley). En tanto el art. 105 admite que el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autorice la suspensión temporal de los laudos
La ley No. 18.407 reconoce básicamente los criterios de tributación de las cooperativas
consagrados en la legislación anterior, reafirmando que las mismas se tratan –por su
naturaleza, sus propósitos y sus características de propiedad y de gestión- de fenómenos
socio-económicos particulares, distintos a las organizaciones comerciales.
3.3. - CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS Y ASOCIACIÓN DE LAS MISMAS
La Ley General, en su Título II, clasifica a las cooperativas en:
Cooperativasde trabajo (capítulo II, artículos 99 a 105)
de consumo (capítulo III, artículos 106 a 107)
agrarias (capítulo IV, artículos 108 a 116)
de vivienda (capítulo V, artículos 117 a 181)
de ahorro y crédito (capítulo VI, artículos 162 a 169)
de seguros (capítulo VII, artículo 170)
de garantía recíproca (capítulo VIII, artículo 171)
sociales (capítulo IX, artículos 172 a 179)
de artistas y oficios conexos (capítulo X, artículos 180 a 184).De estas categorías definidas por la Ley General, la gran mayoría eran preexistentes a la
sanción de la ley, excepto las de “artistas y oficios conexos”, que constituyen una auténtica
novedad como clase cooperativa diferenciada. Debe tenerse en cuenta que en sentido
estricto, tanto las “cooperativas sociales” como las “cooperativas de artistas y oficios
conexos” son subtipos de la modalidad cooperativa de trabajo.////////////////////////////////////////////////////////////////////15En cuanto a las cooperativas de profesionales de la salud, que habían sido creadas en el
marco de un decreto-ley (el No. 15.181 del 21 de agosto de 1981), el cual regulaba de modo
general la atención de salud, la Ley General no las incluyó en el detalle de clases de
cooperativas que figura en su Título II.
Sin embargo, el 24 de diciembre de 2008, se promulgó la Ley 18.440 que obliga a las mismas a
adecuar su integración y funcionamiento al régimen jurídico de las cooperativas de trabajo.
Aquellas que descartaran esa opción, deberán transformarse en instituciones de asistencia
médica privada de profesionales sin fines de lucro.
Por otra parte, la ley No. 18.407 deja abierta la posibilidad para la constitución y existencia
de otros tipos de cooperativas, en tanto se ajusten al marco legal general. En tales casos, se
les aplicará aquel capítulo de la ley que corresponda a la clase con la que guarden mayor
analogía. Es importante destacar que tales situaciones, es aconsejable que en el artículo
primero del estatuto se especifique por cuál capítulo de la parte especial de la Ley General se
habrá de regular.
Entre las importantes innovaciones que trae la ley No. 18.407, puede destacarse:
Cooperativas de consumidores y trabajadores. Tradicionalmente la primera gran distinción
entre cooperativas se daba entre las de “trabajo asociado” -en las cuales el objeto social es
producir bienes o prestar servicios a terceros mediante el trabajo independiente y
mancomunado de los socios- y las de “consumidores” o “usuarios”, en las que la cooperativa
se constituía con el objeto principal de ofrecer a los socios determinados bienes o servicios.
El art. 10 de la ley trasciende esa diferenciación primaria y admite una tercera opción: la de
cooperativas integradas por “trabajadores y consumidores a la vez”.
Excepción a la prohibición de transformarse en otra forma jurídica. La ley pone salvaguardas
para impedir que la forma cooperativa sea desvirtuada, declarando nula cualquier resolución
al respecto, tal como es habitual en la mayoría de las legislaciones cooperativas. Pero
introduce una excepción, admitiéndola cuando la transformación a una forma jurídica de otra
naturaleza sea considerada la única alternativa viable para mantener la unidad productiva y
los puestos de trabajo. Esta transformación debe ser solicitada por mayoría especial por la
Asamblea de socios de la cooperativa y autorizada, tras los estudios correspondientes, por la
Auditoría Interna de la Nación y el Instituto Nacional de Cooperativismo.
Cooperativas mixtas. Esta opción es una herramienta interesante para el desarrollo y la
competitividad de las cooperativas, consistiendo en la posibilidad de constituir cooperativas
en las que un porcentaje minoritario del capital (hasta un 49%) sea aportado por socios con
derecho a voto en la Asamblea en relación con el capital aportado, nominado en acciones que
pueden negociarse en el mercado de valores. Entre las restricciones para operar en este
encuadre, el art. 90 señala que “No podrán adoptar la forma de cooperativa mixta regulada
en este artículo las cooperativas de vivienda ni las de ahorro y crédito, ni las cooperativas
que posean secciones de ahorro y crédito”
Asociación con entidades que detenten otras formas jurídicas. Esta posibilidad, que había sido
introducida en el ordenamiento jurídico uruguayo en el decreto-ley de Cooperativas Agrarias,
se extiende ahora por el art. 81 de la Ley General, a todas las modalidades cooperativas. La
ley prohíbe expresamente que los beneficios propios de las cooperativas en materia tributaria
y legal, puedan transferirse a los asociados no cooperativos. En las cooperativas de segundo y
ulterior grado, también se permite la asociación de otras personas físicas o jurídicas, por
hasta el 20% del capital.////////////////////////////////////////////////////////////////////16Respecto al número de socios necesario para constituir una cooperativa de primer grado, en
términos generales, fue fijado por la ley No18.407 en cinco, con excepciones para los casos
de vivienda y de ahorro y crédito.
En resumen, se puede afirmar que la ley establece una serie de posibilidades que intentan
equiparar la capacidad de desempeño de las cooperativas en el mercado, a las empresas de
Además de lo ya mencionado sobre la posibilidad de asociación con personas jurídicas no
cooperativas; de participar en el capital de empresas no cooperativas (Capítulo VI, art. 81); la
alternativa de las formas mixtas (art. 90), en las que una cooperativa puede asociarse a uno o
más socios que aportan capital; la ley establece la regulación del régimen de fusión (art. 83),
absorción de una cooperativa por otra mayor (art. 84) y la posibilidad de constituir
corporaciones dotadas de personería jurídica entre cooperativas (art. 89),
Asimismo la cooperativa puede organizar “secciones”, independientemente de la modalidad o
clase a que pertenezca. Tendrá como límite el 20% de la actividad total. Deben expresar sus
cuentas de forma separada a la actividad “madre” y no pueden aprovechar beneficios propios
de la modalidad principal. Estas “secciones” se crean para realizar acciones complementarias
del objeto social principal. Tampoco se aplicará a las “secciones” de las cooperativas los
beneficios de retención de sueldos y pasividades autorizada por la ley 17.691 del 23 de
noviembre de 2003 (arts. 91 y 92).
Por otra parte, el numeral 3) del art 165 enumera una serie de organismos, con los cuales las
cooperativas de ahorro y crédito de capitalización están autorizadas a contraer pasivos:
•Instituciones supervisadas por el Banco Central del Uruguay.
Instituciones cooperativas de carácter nacional o internacional.
Organizaciones de naturaleza no lucrativa.
Organismos internacionales y multilaterales de crédito y cooperación para el
Fideicomisos financieros o de garantía cuya solvencia esté reconocida por la Auditoría
Interna de la Nación.
Otras fuentes de financiamiento consideradas por la Auditoría Interna de la Nación.3.4.- EL NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO3.4.1.- PRESENTACIÓN
Las regulaciones de tipo económico-financiero son cruciales para la supervivencia y el
desarrollo de cualquier organización, y eso es válido también para las cooperativas.
Para esta presentación de elementos referidos al régimen económico-financiero de las
cooperativas, derivados de la aprobación de la Ley General, nos hemos basado en aportes de
los técnicos de la Unidad Técnica de Formación de CUDECOOP, Laura Gaiero, Javier Pena
Venturiello y Francisco Quintans, Marcelo Amorín y Héctor Medero. También se han tenido en
cuenta las intervenciones de Rodolfo Boragno, Sergio Reyes, Danilo Gutiérrez, Laura////////////////////////////////////////////////////////////////////17Remersaro, así como técnicos y dirigentes de diferentes instituciones del movimiento,
durante los Seminarios organizados por la UTF de CUDECOOP, en noviembre 2008.
Existe amplio consenso, al menos al interior del movimiento cooperativo uruguayo, de que la
cooperativa es mucho más que la expresión de un fenómeno económico, en tanto tiene
también una dimensión asociativa, profundamente personalista y humanista así como una
vocación de servicio, al socio y a la comunidad, carente de afán de lucro.
Pero esos propósitos superiores de servicio, tal como queda claro en la definición misma de
cooperativa establecida por la Alianza Cooperativa Internacional y recogida por la ley No.
18.407, se alcanzan mediante la organización y gestión de una empresa, cuyas
particularidades (en materia de propiedad, gestión y destino de los resultados) son las que la
diferencian de las organizaciones mercantiles tradicionales.
Y en tanto empresas, las cooperativas -muchas veces en concurrencia en los mercados, con
organizaciones de naturaleza netamente comercial y ánimo de lucro- tienen necesidades de
financiar su giro y sus proyectos de desarrollo.
Durante mucho tiempo, las cooperativas debieron buscar el cumplimiento de sus propósitos
sociales, en inferioridad de condiciones respecto a las empresas de otros tipos, ya que les
estaban vedados muchos mecanismos de financiamiento que estaban fácilmente a disposición
Entre los grandes aportes de la ley No. 18.407, está el haber ampliado la posibilidad de
acceso de las cooperativas, a muchas de esas herramientas financieras a las que antes no
podían apelar, lo cual tiene que ver con la libertad y la igualdad económicas y les permite
ampliar el espectro de sus capacidades para cumplir sus objetivos en beneficio de los socios y
Por eso el capítulo V de la ley No. 18.407 referido al régimen económico de las cooperativas,
es de significativa importancia. Dicho capítulo contiene:
•Sección I, artículo 52, sobre el Patrimonio Social.
Sección II, artículos 53 a 60, sobre el Capital Social.
Sección III, artículo 61, trata sobre Fondos Patrimoniales Especiales.
Sección IV, artículo 62, acerca de las Reservas Legales, Estatutarias y Voluntarias.
Sección V, artículo 63, referida a Legados, Donaciones (y recursos análogos).
Sección VI, artículo 64 a 67, respecto a Otros Instrumentos de Capitalización.
Sección VII, artículo 68, sobre las Reexpresiones Contables.
Sección VIII, artículos 69 a 74, refiere a los Resultados Acumulados.
Sección IX, artículos 75 y 76, sobre los Recursos no Patrimoniales.
Sección X, artículo 77 a 79, trata del Régimen Documental y Contable.
Sección XI, artículo 80, sobre las Operaciones con No Socios.De todos modos, además de la concentración en el capítulo V, la Ley General trata temas de
naturaleza económica prácticamente a lo largo de todo el texto.
En la parte general, se afirma la libertad económica de las cooperativas -al final de art. 4º- al
reconocer a texto expreso que “cualquier actividad económica lícita podrá ser organizada y
desarrollada mediante una entidad constituida al amparo de la presente ley” (algo que en la
práctica ya se había ido dando progresivamente y aunque muchas veces no se contara con un
entorno de promoción y regulación favorable). También se reafirma la libertad de las
cooperativas para constituir asociaciones de segundo y ulterior grado.////////////////////////////////////////////////////////////////////18El artículo 8 de esta ley establece otra de las señas de identidad propia de las cooperativas,
respecto a otras personas jurídicas, al diferenciar la parte del capital que pertenece a los
socios, de aquel patrimonio que es propio de la organización, que no pertenece a los socios y
por lo tanto, no puede ser repartido entre sus miembros en ninguna circunstancia.
En cuanto se diferencia el acto comercial del “acto cooperativo” (art. 9) -que ya ha sido
mencionado líneas arriba-, es evidente que su alcance e instrumentación deberá ser objeto
de mayor precisión de la que figura en el texto de la ley; en especial en lo que respecta a sus
eventuales límites en las relaciones con terceros.
Otro punto importante tiene que ver con la “responsabilidad suplementada” (art. 20, ya
mencionado) la que, una vez resuelta por la Asamblea de una cooperativa, tiene carácter
irreversible (es decir, es imposible volver a adoptar un carácter de “responsabilidad
limitada”),
Podemos considerar de modo genérico y sencillo los recursos patrimoniales de una persona
jurídica (tal como son las cooperativas), como aquel conjunto de bienes que le pertenecen y
son susceptibles de valoración económica.
De acuerdo a la ley No. 18.407 (Capítulo V, Parte I, art. 52) aquellos recursos patrimoniales
de las cooperativas pueden disponer para el cumplimiento de su objetivo, son:
7.Capital social.
Reservas legales: estatutarias y voluntarias.
Donaciones y legados con destino a incrementar el patrimonio.
Recursos derivados de otros instrumentos de capitalización.
Los resultados acumulados.1.- Capital social.
Es integrado por los socios de acuerdo a lo dispuesto por la ley y los estatutos, y que es
propiedadde cada socio de forma individual, con las condicionantes señaladasen estecapítulo.
Está compuesto por las “partes sociales”. Aquellas que conforman el capital inicial o generan
la calidad de socios, son obligatorias. Otras pueden tener carácter obligatorio o voluntario si
el estatuto lo prevé (art. 56). Existe una obligación de aportación inicial de partes sociales
(de carácter estatutario), a la que se pueden agregar nuevos aportes obligatorios a partir de
resoluciones de la Asamblea de socios, específicas sobre este punto. Cuando los socios tengan
aportes voluntarios, podrán aplicarlos al cumplimiento de aportes obligatorios (art. 55).
Las “partes sociales” pueden ser integradas en el momento de suscribirlas o en cuotas, según
haya sido establecido por la propia cooperativa. Las partes sociales deben ser (art. 54):
Nominativas, identificación de la persona física o jurídica titular.
Indivisibles, cada parte social es un todo integral, y no puede ser dividida en montos
menores (aunque pueden integrarse montos a cuenta).
De igual valor, todas las partes sociales son de igual valor nominal, establecido en el
estatuto.////////////////////////////////////////////////////////////////////19Transferibles: a otras personas que reúnan condiciones estatutarias para ser socio y
previa aprobación del Consejo Directivo.
Las partes sociales (de acuerdo al art. 60) deben estar documentadas. El estatuto
determinará la forma en que se documentarán las partes sociales (mediante certificados,
constancias de aportes y otros documentos nominativos). Tales documentos deberían
a) Denominación del instrumento.
b) Datos que identifiquen a la cooperativa (denominación, domicilio, No. de RUT, No. de
afiliación a BPS).
c) Valor nominal del título, con descripción de moneda y monto.
d) Fecha de su emisión.
e) Nombre del socio aportante.
f) Firma del o de los representantes de la cooperativa.
La ley No. 18.407 permite que las partes sociales sean integradas en dinero, en especie
(bienes tangibles e intangibles) o en trabajo. En estos dos últimos casos, los aportes deberán
ser traducidos en valores monetarios convencionalmente valuados. El estatuto fijará los
plazos y las formas en que se deberán integrar las partes sociales.
La ley permite que la cooperativa, si su estatuto lo prevé y en la forma en que lo determine,
pueda adquirir aportes integrados por sus socios (art. 57) con cargo a alguna reserva especial
creada al efecto, siempre que la operación no implique un riesgo para la continuidad de la
organización, ya sea por afectar el patrimonio o su liquidez.
Si bien el estatuto obligatoriamente debe establecer el capital social mínimo (art. 58), el
monto total del capital social deberá tener carácter variable e ilimitado, lo que garantiza la
aplicación del principio cooperativo de voluntariedad (en tanto permite el ingreso y el egreso
de socios) y reconoce los resultados económicos de la actividad.
Cuando el estatuto lo admita, podrá formarse o incrementarse el capital social en proporción
con el uso -real o potencial- de los servicios sociales, trabajo u otra condición que presenten
los socios en relación con la cooperativa (art.59).
El art. 71 de la ley No. 18.407 determina que la Asamblea General de la cooperativa, por
mayoría absoluta de presentes, tiene la posibilidad de decidir la capitalización de los montos
destinados a retornos e intereses sobre las partes sociales.
En cuanto a los reembolsos de partes sociales a los socios (o sus sucesores), el art. 72 dispone
que éstos tienen derecho solamente “…al reintegro de su capital integrado por su valor
nominal o, si el estatuto o la ley lo prevé, en valores ajustados.” Son condiciones para el
reintegro que el socio haya perdido la condición de tal, que se encuentra al día en sus
obligaciones con la cooperativa y después que se hayan aumentado o disminuido si
corresponden, los resultados no distribuidos y los correspondientes al ejercicio durante el
cual se produjo la baja del socio. Los criterios sobre la forma de efectuar los reintegros,
estarán determinados en el estatuto.
En cuanto al reintegro de los aportes integrados por los socios de las cooperativas a través de
otros instrumentos de capitalización, se efectuarán en los términos pactados en los
respectivos contratos de emisión.
El art. 73 de la ley fija algunos límites al reembolso de partes sociales y participaciones con
interés, a las personas que egresen en el mismo ejercicio económico en base a criterios que
deberán estar fijados en el estatuto.////////////////////////////////////////////////////////////////////20Estos límites alcanzan a la posibilidad de suspensión de los reembolsos por el plazo de hasta
dos años, por resolución de la Asamblea General de la cooperativa, cuando el ejercicio
económico haya registrado pérdidas. Este punto necesita mayor precisión por vía
reglamentaria legal, que aporte mayor precisión a la redacción dada por la ley No. 18.407
dando un razonable equilibrio entre el principio de la continuidad de la empresa con los
legítimos intereses de los socios.
2.- Fondos patrimoniales Especiales
La Sección III del Capítulo V, art. 61 de la ley No. 18.407, define los “fondos especiales” como
aquellos recursos aportados por los socios de las cooperativas de modo específico, cuya
integración ha sido dispuesta por la Asamblea General con la finalidad de fortalecer el
3.- Reservas legales: estatutarias y voluntarias.
El artículo 62 define a éstas como los recursos provenientes de los excedentes netos de
gestión aprobados por la Asamblea General cuya finalidad es acrecentar el patrimonio social y
pueden ser constituidas por disposiciones legales, estatuarias o por la voluntad de la
Estos fondos tienen carácter de “irrepartibles”. Pueden destinarse a absorber pérdidas, caso
en el cual, hasta que no se recompongan, no se podrá aprobar distribuciones de excedentes.
4.- Donaciones y legados con destino a incrementar el patrimonio.
El artículo 63 permite a la Cooperativa recibir donaciones o legados, tanto de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas e integrarlos a su patrimonio, de conformidad con la voluntad
5.- Recursos derivados de otros instrumentos de capitalización.
La ley No. 18.407 enumera en su art. 52 las fuentes de recursos patrimoniales para las
cooperativas, en cuyo numeral 5) menciona de forma genérica los “recursos que se deriven de
los otros instrumentos de capitalización” respecto a los citados en el mismo artículo de modo
En el art. 64 aclara cuáles pueden ser “otros instrumentos de capitalización” refiriéndose
concretamente a las “participaciones subordinadas” y a las “participaciones con interés”,
dejando además abierta la posibilidad del uso de “otros instrumentos de capitalización que
puedan crearse”.
En todos los casos, la facultad para la emisión de instrumentos de esa naturaleza debe estar
prevista en el estatuto. Por lo tanto y en la medida que representan elementos de
importancia para subvenir las necesidades de financiamiento de las cooperativas, es oportuno
que sean tenidos en cuenta cuando se encaren procesos de reforma de estatutos a los que se
ven obligadas las cooperativas para adaptarlos a los términos de la ley No. 18.407, de modo
que las versiones nuevas dejen establecida la opción de utilizarlos.
En el artículo siguiente, la Ley General define a las participaciones subordinadas como:
“…recursos financieros aportados por socios y no socios que se incorporan al
patrimonio de la cooperativa, sujetos al riesgo de la gestión, y cuya remuneración
queda subordinada a la existencia de excedentes netos de gestión de la cooperativa,
con arreglo a lo previsto por el artículo 70 de la presente ley.”////////////////////////////////////////////////////////////////////21En cuanto a las participaciones con interés, la ley en su art. 66 dice que son:
patrimonio de la cooperativa sujetos al riesgo de la gestión, y reciben una
remuneración con independencia de la existencia o no de excedentes netos de
El art. 67 enumera una serie de formalidades que deben contener las participaciones que
emitan las cooperativas, comunes tanto por las “subordinadas” como aquellas remuneradas
“con interés”.
Este mismo artículo establece que la tenencia de participaciones y otro tipo de instrumento
de capitalización, no concede a sus titulares derechos de socios, a integrar la Asamblea de la
cooperativa u otros de sus órganos sociales. Se prevé que por vía de los estatutos, los
tenedores de instrumentos de capitalización que no son socios, tengan derecho a ocupar un
lugar en la Comisión Fiscal de la cooperativa emisora.
Este artículo determina otro punto de interés respecto a las participaciones y es que pueden
tener carácter de transferibles, caso en el cual podrían negociarse en mercados secundarios,
lo que constituye un atractivo adicional para los inversores. Tratándose de participaciones
transferibles, el estatuto puede exigir que todo cambio de tenedor del instrumento cuente
con autorización previa del Consejo Directivo de la cooperativa emisora.
6.- Los ajustes provenientes de las reexpresiones monetarias o de valuación.
Resultado de valuaciones o reexpresiones contables verificadas de acuerdo a la manera en
que la cooperativa lo haya dispuesto en sus estatutos, sin perjuicio de las disposiciones
7.- Los resultados acumulados.
El artículo 69 los define como el acrecentamiento o disminuciones patrimoniales resultado de
la gestión de la cooperativa, que están pendientes de distribución o absorción.
La distribución de excedentes como la absorción de pérdidas deberán ser sometidos a la
aprobación de la Asamblea General Ordinaria conjuntamente con los estados contables
El art. 75 de la ley, introduce otro aspecto novedoso e importante, al establecer como
“pasivo” (no patrimoniales) a los recursos que las cooperativas destinen a prestar servicios y
beneficios a sus socios o al sostenimiento de la gestión.
3.4.4. - CAPITALIZACIÓN DE RETORNOS E INTERESES, REEMBOLSOS
corresponden, los resultados no distribuidos y los correspondientes al ejercicio durante el////////////////////////////////////////////////////////////////////22cual se produjo la baja del socio. Los criterios sobre la forma de efectuar los reintegros,
deberán estar fijados en el estatuto.
Estos límites alcanzan a la posibilidad de suspensión de los reembolsos por el plazo de hasta
con arreglo a lo previsto por el artículo 70 de la presente ley.”
En cuanto a las participaciones con interés, la ley en su art. 66 dice que son:
“con interés”.////////////////////////////////////////////////////////////////////23Este mismo artículo establece que la tenencia de participaciones y otro tipo de instrumento
3.4.6.- POSIBILIDADES DE FINANCIAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS, MÁS ALLÁ DE LA LEY
Durante mucho tiempo las cooperativas tenían casi como únicas fuentes de financiamiento los
fondos aportados por sus socios, los excedentes no distribuidos, lo obtenido por la realización
de activos (de bienes de uso, mercadería en stock e inmuebles) y los fondos obtenidos de
terceros (créditos bancarios o de organismos de promoción, donaciones, créditos de
proveedores, adelantos de clientes).
En la década de los años ’90, la legislación reconoció a nivel general algunos instrumentos de
financiamiento, novedosos para nuestro medio y que no resultaban alcanzados por ciertos
impuestos (como el IMABA aplicado a los activos de instituciones financieras).
Como ya se ha dicho, en la Ley General de Cooperativas -entre sus muchos aspectos
modernizadores que vinieron a potenciar la capacidad de las mismas para incursionar en la
economía en condiciones de igualdad respecto a las otras formas societarias- debe destacarse
la posibilidad de utilizar diversos mecanismos que favorecen la capitalización y que hasta su
entrada en vigencia, le estaban prácticamente vedados, de iure o de facto.
A continuación, expondremos las principales herramientas posibles, y sus características
Son documentos que implican una obligación de pago por parte del emisor, mediante los
cuales toma fondos de parte de uno o más inversores, que se tornan acreedores de la empresa
emisora, la que se compromete a devolver la inversión más una tasa de interés pactada, en
Se trata de instrumentos de renta fija, menos volátiles que las acciones, pero igualmente
representan un cierto nivel de riesgo para el inversor, ya que el cumplimiento de la obligación
por parte de la empresa emisora está vinculado a sus resultados.
Las obligaciones negociables se regularon en Uruguay, a partir de la ley No. 17.749 de
Mercado de Valores (de 1996) en su Título II. El art. 27 de dicha ley, autorizaba a las
cooperativas a emitir este tipo de instrumentos. A partir de entonces (y en mayor medida,
después de la crisis que experimentó el sistema financiero del país en el año 2002) las
cooperativas de cierto porte y posicionamiento reconocido en los mercados, han hecho uso
creciente de las obligaciones negociables como instrumento de financiamiento no bancario.
La ley aludida fue sustituida por la No. 18.627 del 16 de diciembre de 2009, más extensa y
completa, en la que las “obligaciones negociables” y los “títulos de deuda” son considerados
en el Título V de dicha norma. Se entiende como “título de deuda” a todo otro valor,////////////////////////////////////////////////////////////////////24cualquiera sea su denominación, cuya naturaleza resulte asimilable a una obligación
Factoring (factoraje).
Es en cierta medida una cobranza adelantada, un mecanismo para resolverle a las empresas
fundamentalmente, los problemas derivados del alargamiento de los ciclos de cobro (ventas a
crédito) que tiende a provocar falta de liquidez o “cuellos de botella” en el flujo de caja.
Este instrumento financiero permite a la empresa obtener financiación de modo inmediato a
partir de sus ventas a crédito comercial a otras empresas e incluso, transferir al “factor” los
riesgos de una eventual insolvencia de los clientes.
El “factoraje” es definido como un contrato a título oneroso, mediante el cual el denominado
“factor” adquiere instrumentos de carácter crediticio. El “factor” asume el riesgo derivado
de los deudores de los documentos adquiridos.
Se trata de una garantía respaldada por mercadería almacenada en depósitos, que se endosa
a favor de una entidad financiera a efectos de obtener de inmediato un préstamo en dinero.
Es particularmente útil para evitar que los productores necesitados de liquidez se vean
obligados a volcar de golpe y todos juntos sus cosechas a mercados sobreofrecidos, que
impulsan a precios bajos, o bien para que una industria obtenga fondos para su giro a partir
de las materias primas que tiene en stock.
Los warrants (junto con los “certificados de depósito”) están regulados por la ley No. 17.781
del 9 de abril de 2004. El art. 3 de esta norma define a los warrants como un documento que
representa: “un derecho de crédito sobre una suma de dinero, garantizado mediante la
prenda de los referidos bienes consignada en el título”.
Ha sido definido como un contrato de uso “por el cual un sujeto se obliga frente al usuario a
permitirle la utilización de un bien, por un plazo determinado y el usuario se obliga a pagar
por esa utilización un precio en dinero abonable periódicamente.”
El leasing fue regulado por la ley No. 16.072 del 9 de octubre de 1989 modificada
posteriormente por otras leyes (16.205, 16.320 y 16.906). El art. 536 de la ley No. 17.296 (del
año 2001) introdujo el concepto de “contrato de uso operativo”. El contrato puede tener por
objeto bienes muebles no fungibles o puede ser inmuebles. En este último caso, debe incluir
opción de compra a favor del usuario y el precio final pactado no supere el 25% del valor real.
En el denominado “leasing financiero” el sujeto (el “acreditante”) que da el bien en
préstamo (al “usuario”) será siempre una institución de intermediación financiera y tiene
características equiparables a un préstamo con garantía real (aunque no está gravado por el
IVA bajo determinadas condiciones).
En el caso del “contrato de uso operativo”, el acreditante podrá ser cualquier persona física o
Negocio jurídico basado en la confianza, en el que se transmiten bienes o derechos (los
“bienes fideicomitidos”) de una persona física o jurídica (el “fideicomitente” o “fiduciante”)
a efectos de conformar un patrimonio autónomo (que pasa a constituir una “propiedad////////////////////////////////////////////////////////////////////25fiduciaria”), el cual es confiado a un administrador (el “fiduciario”) que se encarga de su
administración de acuerdo a determinadas instrucciones –establecidas en el acto constitutivo
o una escritura de fideicomiso- y en beneficio de uno o más beneficiarios (o
“fideicomisarios”).
La propiedad fiduciaria sale del patrimonio de quien transmite dichos bienes, pasando a ser
un patrimonio independiente del patrimonio del fiduciario, no alcanzado por la garantía de
los acreedores de este último. Una vez concluido el plazo o las condiciones, la propiedad
fiduciaria se reintegra al fiduciante o se entrega al beneficiario.
El fideicomiso como herramienta para obtener crédito, es un mecanismo de garantía más
eficaz que los derechos de prenda o hipoteca, ya que la propiedad ha sido transmitida al
fiduciario, que la administrará de acuerdo a ciertas instrucciones.
En Uruguay el fideicomiso está regulado por la ley No. 17.703 del 4 de noviembre de 2003 y su
Como muchos otros aspectos de la ley No. 18.407, los atinentes al uso de los instrumentos de
financiación por parte de las cooperativas, se verán determinados por los términos de su
decreto reglamentario (el cual todavía no ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo al cierre de
esta publicación).
El proyecto conocido de decreto, estaría limitando el papel de las cooperativas de ahorro y
crédito en las posibilidades de operar instrumentos como factoring, leasing y descuento de
valores en relación con las micro, pequeñas y medianas empresas según decreto No. 504/007.
Otro aspecto económico de importancia, son los criterios que establece la ley No. 18.407 para
la distribución de los excedentes netos que constituyan los resultados de gestión de cada
ejercicio (sección VIII del capítulo V, capítulos 69 y siguientes). Si bien estos temas ya han
sido considerados parcialmente en puntos anteriores, vale la pena señalar que dicha
distribución será resuelta por Asamblea General Ordinaria considerando el orden de prelación
establecido por la ley. En primer lugar se tendrá en cuenta:
a) El pago de los intereses de los instrumentos de capitalización
b) La recomposición del patrimonio, cuando se haya visto disminuido por pérdidas en
Del remanente, un 15% como mínimo para integrar un Fondo de Reserva Legal hasta que
iguale al capital. A partir de entonces se destinará a este fin: un 10% del remante mencionado
y cesará cuando alcance a triplicar el capital. El 5% como mínimo será para la constitución de
un Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa (que se combina con la obligatoriedad de
contar con una Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa como órgano
permanente -art. 43- en todas las cooperativas de primer grado). Un 10% para la constitución
de una reserva, “por concepto de operaciones con no socios”.
Del saldo resultante, no menos del 50% se repartirá entre los socios como retorno a las partes
sociales. En las cooperativas de primer grado se sigue el tradicional principio de retribuir las
partes sociales en proporción a las operaciones del socio con la cooperativa. En las
cooperativas de grados ulteriores, cada estatuto determinará si el retorno de excedentes
toma en cuenta el aporte de capital o en proporción a los servicios utilizados. Y el resto -de
corresponder- se destinará al pago de intereses sobre las partes sociales.////////////////////////////////////////////////////////////////////263.5.- EL RÉGIMEN TRIBUTARIO
Los aspectos tributarios en las cooperativas se vinculan por una parte al régimen económico
de las mismas y por otros a su identidad. En este sentido, la ley reafirma el criterio de que
por su naturaleza no les corresponde pagar determinados tipos de impuestos mientras que
otros sí y remite un conjunto de obligaciones a las particularidades de cada clase de
cooperativas. Por lo tanto, en muchos casos el tratamiento no corresponde a la aplicación de
exoneraciones sino a la caracterización singular de estas organizaciones socio-económicas.
“Artículo 218. (Régimen tributario).- Sin perjuicio de las disposiciones específicas
establecidas en los capítulos de la presente ley que regulan cada tipo de cooperativa, se
mantendrá el régimen tributario vigente aplicable a las cooperativas, incluyendo las
correspondientes exoneraciones.
Aquellas clases o tipos de cooperativas contenidos en la presente ley, que no tuvieren una
regulación tributaria legal expresa con anterioridad a la vigencia de la misma, gozarán de los
beneficios establecidos para las cooperativas de consumo en el artículo 8º de la Ley
Nº 17.794, de 22 de julio de 2004, con las excepciones establecidas en las disposiciones
legales vigentes”.
Por lo tanto, la ley no fija un régimen uniforme para todas las clases de cooperativas. En art.
224 deroga una serie de normas sancionadas con anterioridad a la aprobación de la Ley
General, con excepción de lo que en las mismas se refiera a la materia tributaria de las
Se plantean las siguientes disposiciones expresas:
Respecto a las cooperativas de trabajo (según el art. 102) la ley No. 18.407 establece que son
de aplicación en las mismas, las normas de protección laboral y de seguridad social, tanto
para los trabajadores socios como para los no socios, excepto la indemnización por despido a
los socios excluidos. Este artículo faculta al Poder Ejecutivo a establecer un régimen ficto de
aportación como aporte único a la seguridad social, para las cooperativas de trabajo cuyo
volumen de actividad se mantenga dentro de condiciones que fijará la reglamentación.
Según el art. 103 quedan excluidas de todo tributo nacional, excepto el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y el Impuesto Específico Interno (IMESI). En cuanto a los aportes a la seguridad
social, deben contribuir al Fondo Nacional de Salud (FONASA) por el personal socio y no socio,
así como el aporte patronal por el personal dependiente. Ello se fundamenta en el carácter
de socio-trabajador de los asociados y la no existencia de relación de dependencia entre ellos
y la cooperativa. La Ley, como mecanismos de promoción, faculta al Poder Ejecutivo a
exonerar de tributos (creados o que se creen en el futuro) a efectos de favorecer el desarrollo
de este tipo de cooperativas.
Por el art. 178 de la Ley General, las cooperativas sociales quedan exoneradas de todo tributo
nacional, incluso los aportes al Fondo Nacional de Salud y los aportes patronales a la
seguridad social, lo cual ya había sido establecido en la Ley 18.400.////////////////////////////////////////////////////////////////////27Cooperativas de artista y oficios conexos
En cuanto a las cooperativas de artistas y servicios conexos –art. 183, sin perjuicio de lo
dispuesto por el art. 102- establece que aportarán a la seguridad social por los períodos
efectivos de actividad y en función a las remuneraciones realmente percibidas.
Las cooperativas agrarias (art. 114) quedan exoneradas del 100% del Impuesto a la Renta de
las Actividades Empresariales (IRAE) y del 50% de todo otro gravamen, contribución o
impuesto nacional, excepto el IVA e IMESI.
Deben aportar al FONASA por sus trabajadores socios y no socios y aporte jubilatorio patronal
por el personal dependiente. El Poder Ejecutivo queda facultado a reducir para estas
cooperativas, hasta un 50% la tasa jubilatoria patronal (dicha opción está vigente al momento
de editar esta publicación). Por el art. 116, se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar a las
cooperativas agrarias, de tributos a la exportación, creados o por crearse.
Cabe señalar especialmente que las cooperativas de consumo mantienen la exoneración de
aporte jubilatorio patronal, con relación a sus trabajadores.
En las cooperativas de vivienda, el trabajo aportado por los socios en las variantes de
“autoconstrucción” o de “ayuda mutua”, no dará lugar a obligación de aporte a la seguridad
“Las viviendas de interés social que se otorgan en uso y goce a los socios de cooperativas
gremiales o locales no pagarán ningún impuesto que recaiga sobre la propiedad del
inmueble” 11
Cooperativas de asistencia médica de profesionales
El tratamiento tributario de este tipo de cooperativas no está contenido en la Ley 18.407 pero
hay que tener presente el art. 8º. de la ley No. 18.440, en lo que refiere a las cooperativas de
asistencia médica de profesionales constituidas con anterioridad de la aprobación de la Ley
General de Cooperativas y que decidan transformarse en instituciones de asistencia médica
privada de profesionales. Las mismas mantendrán las exoneraciones fiscales que fijan los art.
6º y 7º de la referida ley No. 18840, hasta que venza el plazo de dos años concedido para la
transformación a su nueva forma jurídica. Trasciende a este trabajo analizar si dicho plazo
también está prorrogado al igual que las trasformaciones estatutarias de las cooperativas.
Otras cooperativas y tributos
“Respecto a los otros tipos de cooperativas u otros aspectos tributarios no mencionados
expresamente en la Ley 18.407, acorde a lo establecido con carácter general por el artículo11Los textos entre comillas y cursiva referidos a cooperativas de vivienda y a otro tipo de cooperativas y
tributos, son recopilados del informe de la Cra. Susana Quintillán, publicado en el Diario “Últimas
Noticias” el día 22/01/2009, con el título “Cambios normativos introducidos por la Ley 18.407, Análisis
al régimen tributario del sistema cooperativo”////////////////////////////////////////////////////////////////////28224 de la misma, el régimen tributario se mantendrá en los mismos términos anteriores a la
aprobación de dicha norma.”
La Ley 18.407 crea por otro lado –art. 204 y siguientes- la obligación de las cooperativas a
contribuir, junto con fondos estatales, al sostenimiento del funcionamiento del INACOOP.
Quedan exoneradas de dicha obligación (numeral 9 del art. 205) las cooperativas sociales, las
cooperativas cuya actividad no alcance las 500.000 Unidades Indexadas, las cooperativas de
•••“…en las que el monto imponible para la liquidación de las contribuciones especiales
de seguridad social correspondientes a los socios superen en el ejercicio el 70%
(setenta por ciento) de los ingresos a que refiere el numeral 5) y cumplan con la
condición de que los salarios y demás prestaciones que la cooperativa pague no sean
superiores a los establecidos por los laudos de la rama respectiva”
Cuando hayan surgido del proceso de liquidación de una empresa preexistente a la
unidad productiva. En este caso, la exoneración regirá por cinco años a partir de que
la cooperativa empiece a producir,
Las cooperativas de segundo y ulterior grado que tengan actividad gremial y de
representación y las cooperativas de vivienda antes de ser habitadas por sus socios3.6.- ASPECTOS RELATIVOS A LA PROMOCIÓN Y EL CONTROL DE LAS COOPERATIVAS
En este aspecto, lo más trascendente es la creación del Instituto Nacional del Cooperativismo
(INACOOP), al que la ley No. 18.407 dedica todo el Capítulo I del Título III, artículos 185 a
210. El Instituto es la materialización del cambio filosófico que se da en la relación entre el
Estado y las cooperativas, constituyendo el ámbito donde ambos actores colaboran para
contribuir, cada uno en los términos de su condición particular, al desarrollo social y
económico y al bien común.
Merece destacarse el compromiso del Estado en el marco de esta ley, en la promoción de las
cooperativas, para lo cual se crea el INACOOP como persona jurídica de derecho público no
estatal y se regula exhaustivamente su integración, atribuciones, cometidos, organización,
funcionamiento, régimen de fiscalización y financiamiento.
La ley (arts. 200 y 201) crea en el marco del INACOOP un Consejo Consultivo del
Cooperativismo y fija sus cometidos. Lo integran “…representantes, de carácter honorario, de
cada una de las clases de cooperativas previstas” (en la propia ley) “asimismo lo integrarán
dos representantes de la Universidad de la República y dos de la Administración Nacional de
Educación Pública”. La forma concreta de este Consejo es materia pendiente de la
reglamentación definitiva de la ley.
A los efectos del financiamiento del INACOOP, la ley No. 18.407 crea un gravamen (al que
denomina “prestación coactiva”) aplicable a las cooperativas -literal A) del art. 202, arts.
204, 205, 207 y 208-. El art. 206 refiere al “certificado de cumplimiento de la prestación
coactiva”, el cual es emitido por el INACOOP y debe ser presentado ante la Auditoría Interna
Dentro del capítulo referido al Instituto, la ley crea como herramientas de fomento un Fondo
Rotatorio Especial (FRECOOP, art. 209):
“…cuyo destino es el cofinanciamiento de proyectos de inversión para la viabilidad y
desarrollo de las empresas cooperativas cualquiera sea su clase o grado”////////////////////////////////////////////////////////////////////29y un Fondo de Fomento del Cooperativismo (FOMCOOP, art. 210):
“…cuya finalidad es el financiamiento de proyectos de actividades de formación,
capacitación, promoción y difusión de los principios y valores del cooperativismo y de gestión
de entidades cooperativas.”
Se entiende que el FRECOOP concederá préstamos para financiamiento parcial de proyectos
de inversión, los que tendrán carácter reintegrable. En tanto el FOMCOOP apoyará a través de
colaboraciones financieras no reintegrables, aquellas actividades dirigidas a la difusión,
promoción y educación cooperativas y a fortalecer la capacidad de gestión social y económica
de las organizaciones que componen el movimiento cooperativo.
La fiscalización de las cooperativas es puesta por la Ley General en la órbita de la Auditoría
Interna de la Nación (Título III, capítulo II, arts. 211 al 214) con excepción de las
“cooperativas sociales”, las que permanecen bajo el control del Ministerio de Desarrollo
Social (art. 211).
Las cooperativas de ahorro y crédito de intermediación financiera, están además bajo
supervisión del Banco Central del Uruguay (art. 163 de la Ley General). Las cooperativas de
seguros –habilitadas para dedicarse a actividades de seguros y de reaseguros- estarán
reguladas, además de lo que dispone esta Ley General, “…por la normativa pertinente en
materia de seguros” (art. 170).
El mencionado artículo 214 refiere al “certificado de cumplimiento regular de obligaciones
para con la Auditoría Interna de la Nación”, documento de vigencia anual que se expedirá a
pedido de la cooperativa interesada, en tanto se encuentre “…al día en el cumplimiento de
las referidas obligaciones.”
Es de resaltar también la creación de una sección denominada “Registro Nacional de
Cooperativas” en el marco del Registro de Personas Jurídicas creado por ley No. 17.296 del 21
de febrero de 2001 (art. 215 de la ley No. 18.407).
El art. 216 de la Ley General establece que la misma regirá sin perjuicio de lo dispuesto por la
ley No. 12.179 del 4 de enero de 1955 (y su reglamentación) referente a que “…la Corte
Electoral controle las asambleas y elecciones de las instituciones que disfruten de
concesiones del Estado.”
Ya sea por interpretación de la propia ley No. 18.407, por vía de su reglamentación o por
modificación a partir de otra ley, hay algunos temas que quedaron por fuera de esta Ley
General pero cuya concreción ampliaría ventajosamente el campo cooperativo y su capacidad
de contribuir al bienestar general.
Uno es el de la profundización, embrionaria ya en los cometidos asignados por esta ley al
INACOOP, del concepto y la integración del sector de la economía social en un sentido
Otro punto es el de clarificar, aunque no esté impedido por los actuales términos de la ley
No. 18.407, de las cooperativas de “incidencia social” (aquellas en que se asocian variados
actores, públicos y privados, que pueden tener objeto económico o de recuperación e
inclusión de colectivos que se encuentran en situaciones particularmente vulnerable; caso de
ex-convictos, personas con problemas de adicción o portadoras de capacidades físicas o
intelectuales disminuidas).////////////////////////////////////////////////////////////////////30También resultaría oportuno ampliar el alcance de la Ley General para incluir a título expreso
la posibilidad de constituir cooperativas de técnicos que prestan servicios sociales así como
cooperativas integradas por empresarios y profesionales. Si bien la actual formulación de la
ley no impide que esos colectivos formen cooperativas para la promoción de sus intereses
(como consumidores, por ejemplo), una mención expresa como modalidad específica
aumentaría la expansión social y económica del sector cooperativo, cuya inserción en el
tejido empresarial viene a completarlo y darle equilibrio.
Otro aspecto de importancia relevante es la necesidad de que los instrumentos de
capitalización que esta ley viene a poner a disposición de las cooperativas, para poder tener
verdadero efecto en la continuidad y crecimiento de las empresas cooperativas, estén
expresamente eximidos de los tributos a la renta,
También, la existencia por primera vez en el país, de una norma jurídica que alcanza a todo
el sector cooperativo de forma unitaria y coherente, vuelve conveniente generar un soporte
técnico especializado que pueda manejar las diferencias y conflictos posibles de modo más
ágil que dirimirlos a nivel de estrados judiciales.////////////////////////////////////////////////////////////////////31II - REFORMA DE ESTATUTOS DE ACUERDO A LA LEY
No. 18.704
Una experiencia participativa y Guía rápida para la revisión
La sanción de la ley No. 18.407 –cuya promulgación tuvo lugar el día 24 de octubre de
2008- constituyó un hito trascendental en la historia del movimiento cooperativo
uruguayo; la culminación de un proceso largo, trabajoso, no exento de momentáneas
La aprobación definitiva de la Ley General de Cooperativas, con el unánime apoyo de
todos los legisladores de los partidos políticos con representación parlamentaria, abrió
para las cooperativas del país –las existentes y las que se crearan de ahí en más- un
horizonte nuevo de posibilidades de desarrollo. Pero también y como no podía ser de otra
manera, les planteaba a las cooperativas la responsabilidad de adecuarse al nuevo orden
jurídico creado con dicha norma.
Entre estas exigencias, se incluye la obligación (Art. 221) de adaptar sus estatutos
sociales a las disposiciones de la Ley en su redacción vigente (Ley 18.921) que establece:
“ARTÍCULO 221. (Adaptaciones de las cooperativas a las previsiones de la ley).Las cooperativas constituidas con anterioridad a la promulgación de la presente ley,
deberán adaptar sus estatutos sociales a dicho marco jurídico no más allá del 31 de
Vencido el referido plazo, el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro
Nacional de Cooperativas, no inscribirá documento alguno de cooperativas sometidas
a esta ley hasta tanto no se haya inscripto, de ser necesario, la adaptación de sus
estatutos; y serán pasibles de las sanciones previstas en la presente ley.
A los solos efectos de dar cumplimiento a esta exigencia, la reforma del estatuto
social deberá ser aprobada en Asamblea General Extraordinaria, siendo suficiente el
voto a favor de más de la mitad de los socios presentes, con independencia de los
requisitos que al respecto establezcan los estatutos vigentes de cada cooperativa.”
Obsérvese que para la adaptación de los estatutos de las cooperativas a las disposiciones de la
nueva ley, la misma requiere resolución favorable de una Asamblea General Extraordinaria,
en la que será suficiente el voto en tal sentido, de más de la mitad de socios presentes.
En la práctica, exceptuando aquellas organizaciones que por su grado de desarrollo o la
naturaleza de su giro, contaban con asesoramiento jurídico especializado directo, para la
gran mayoría de las cooperativas el proceso de redacción, discusión y aprobación de nuevos
textos estatutarios para cumplir con los plazos fijados por la Ley para su adaptación, era una
tarea más allá de sus posibilidades.
Esta dificultad era particularmente evidente en las zonas del país más alejadas de los centros
administrativos metropolitanos, y se veía agravada por el muy corto número de profesionales
que en ese momento, realmente llegaban a tener un total dominio de la temática.////////////////////////////////////////////////////////////////////32Por esa razón, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP) y las
Federaciones, se preocuparon por buscar instrumentos para ayudar a las cooperativas a
cumplir con estas disposiciones de la Ley General. Particularmente en el año 2009 un
convenio con el Programa Microfinanzas de DIPRODE (OPP) permitió avanzar en la
conceptualización de las innovaciones planteadas por la ley y su repercusión en el
reordenamiento de las cooperativas, incluidos sus sistemas de información y evaluación.
Posteriormente, fue posible establecer un mecanismo -parcial pero importante- en uno de los
componentes del programa del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para el apoyo
a pequeñas empresas, conocido como CARPE.2.- EL PROGRAMA CARPE-DINAPYME/MIEM
CARPE (Creación, Asistencia Técnica y Redes para la Profesionalización Empresarial) es un
programa del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) que se ejecuta desde el año
2009 desde la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME)
de dicha Secretaria de Estado, con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e
Innovación (ANII).
Como su nombre indica, CARPE enmarca diversas modalidades de apoyo a las pequeñas
empresas, entre ellas un componente dirigido a redes, a las que se financia el
acompañamiento de un facilitador que las oriente en la obtención de objetivos comunes.
Ante la demanda de apoyo de las cooperativas para cumplir con la exigencia de adaptar sus
estatutos a los requerimientos de la ley No. 18.407, el MIEM ofreció la posibilidad de que este
componente “Redes” de CARPE pudiera utilizarse para financiar la asistencia técnica
especializada necesaria para los procesos de reforma de estatutos.
Por razones de áreas de su competencia, el Ministerio de Industria debió restringir su apoyo a
las modalidades de producción, agrarias con actividad agroindustrial y sociales. A vía de
excepción, podía admitirse un número restringido de cooperativas de otras modalidades.
El primer paso fue convocar a entidades especializadas en la asistencia técnica a
cooperativas, presentándose la Confederación de Entidades Cooperativas del Uruguay
(CUDECOOP), la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) y Cooperativas
Agrarias Federadas (CAF), las que también organizaron e inscribieron los grupos de
cooperativas interesadas en participar.
CUDECOOP asistió en el marco de esta colaboración con el Ministerio de Industria, nueve
redes de cooperativas, FCPU apoyó veinte redes y CAF seis. En conjunto, estas tres
organizaciones intervinieron en ciento cincuenta y cuatro cooperativas a través de treinta y
nueve redes, en todo el territorio nacional.3.- LA EXPERIENCIA DE UTF/CUDECOOP EN EL APOYO A REDES
DE COOPERATIVAS PARA LA REFORMA DE ESTATUTOS
A partir de las bases del programa CARPE/MIEM, la Unidad Técnica de Formación (UTF) de
CUDECOOP agrupó de acuerdo a términos principalmente geográficos, a un conjunto de
cooperativas interesadas en cumplir con la adaptación de los estatutos en los términos
establecidos por la ley. No. 18.407, generando un esquema de trabajo que incluía:
•Integración de un equipo técnico específico para la tarea, compuesto por asesores en
materia legal y notarial; económico – financiero así como en materia educativa y de
gestión socio – empresarial.////////////////////////////////////////////////////////////////////33•Análisis –caso a caso- de los estatutos preexistentes e identificación de aquellas
disposiciones que preceptivamente debían modificarse o agregarse para cumplir las
disposiciones de la nueva ley.•La identificación de las posibles mejoras, en materia de organización, instrumentos y
procedimientos establecidos estatutariamente, habilitados a partir de la vigencia de
la Ley General, a proponer a las autoridades y órganos de cada cooperativa para su
eventual adopción.Metodológicamente, el asesoramiento de los grupos interdisciplinarios de UTF a las redes de
cooperativas, consistía en:
•Revisión por parte del equipo técnico asignado, del texto del estatuto de la
cooperativa.•Reunión inicial del equipo técnico con las personas de referencia designadas por las
cooperativas del grupo, para establecer las condiciones y el alcance del
asesoramiento a brindar.•Intercambio de información acerca del estado de situación de la reforma de estatutos
a nivel de cada cooperativa, y generación de acuerdos acerca de los términos del
asesoramiento.•Elaboración por parte del equipo técnico, de una propuesta preliminar para un nuevo
estatuto social, a cada cooperativa, distinguiendo en la misma las modificaciones
preceptivas y aquellas sugeridas pero no obligatorias.•Reuniones de intercambio de información y propuestas, hasta consensuar por
sucesivas aproximaciones, un anteproyecto de estatuto a ser sometidos a
consideración de las autoridades de las cooperativas.•Redacción de una propuesta final y presentación de la misma a las autoridades de la
cooperativa, acompañándolas de ser necesario en el proceso de discusión y
aprobación por el Consejo Directivo y la Asamblea de socios.La asistencia técnica en estas redes para la reforma de estatutos se desarrolló entre los años
2009 y 2010 y los grupos interdisciplinarios de trabajo que atendieron a las redes de
cooperativas apoyadas por UTF/CUDECOOP participaron los siguientes técnicos: Laura Gaiero,
Silvia Rivero, Fernando Burjel, Julio Cabrera, Danilo Gutiérrez, Francisco Quintans, Javier
Pena, Héctor Medero, Marcelo Amorín y José Piñeiro. La coordinación de la asistencia técnica
a redes estuvo a cargo de Silvana Avondet.
Los buenos resultados obtenidos de esta metodología de trabajo han hecho que, finalizado ya
el apoyo del Ministerio de Industria, el servicio continúe disponible y pueda ser solicitado por
las cooperativas que todavía no han reformado sus estatutos como exige la Ley General, así
como para las cooperativas en formación que deben redactar y registrar sus estatutos por
primera vez.4.- LO APRENDIDO EN MATERIA DE ADECUACIÓN DE ESTATUTOS
A LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS
En la casi totalidad de los estatutos de cooperativas, pudo identificarse los siguientes puntos
de destaque para la reforma:////////////////////////////////////////////////////////////////////34••
•Principios cooperativos. Muchos estatutos mantenían definiciones anticuadas de los
principios rectores de la cooperación, debiendo adaptarse ahora a la formulación
prevista en el art. 7 de la Ley General, que recoge la formulación de la ACI de 1995 y
promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Recomendación
Educación cooperativa. La Ley General de Cooperativas establece la obligación de
establecer Comisiones de Educación en todas las cooperativas de primer grado.
El art. 15 de la Ley General establece los contenidos mínimos que debe
obligatoriamente, contener cada estatuto cooperativo:
1) Denominación y domicilio12.
5) Organización y funciones de la Asamblea General y procedimientos y formas de
elección de todos los órganos sociales electivos de creación estatutaria.
6) Condiciones de ingreso, retiro, suspensión y exclusión de los socios, y sus
7) Formas de distribución de excedentes y asunción de pérdidas, formación de
reservas y fondos permanentes.
8) Fecha de cierre del ejercicio económico.13
11) Destino de los bienes en caso de disolución.14
12) Forma de representación de la cooperativa.Más allá de las modificaciones estatutarias preceptivas a que obliga la ley, la misma también
abre un cúmulo de posibilidades (no obligatorias) nuevas. Entre esos aspectos opcionales que
las cooperativas tienen a su disposición a partir de la vigencia de la ley No. 18.407, merece
•La constitución de “Asambleas de delegados” como órgano intermedio entre el
conjunto de los afiliados y los órganos ejecutivos, particularmente importante en las12El domicilio de las cooperativas debe estar dentro del territorio de la República, donde se centralice la
gestión administrativa y la función de dirección de la misma. Se aplica a las cooperativas, en lo referido
al domicilio, similares disposiciones que las establecidas por el art. 13 de la ley No. 16.060 para las
“El domicilio de la sociedad será en el departamento, ciudad y localidad donde se establezca su
administración. La sede de la sociedad será la ubicación precisa de su administración dentro del
domicilio. En caso de sucursales, podrán tener su domicilio y sede propios.”
13Es criterio de la Auditoría Interna de la Nación que las fechas de cierre de ejercicio económico sean
uniformes en cada modalidad cooperativa.
14De acuerdo al art. 97 y al literal G) del art. 202, el destino de eventuales remantes resultantes de la
liquidación de las cooperativas, solamente podrá ser el Instituto Nacional del Cooperativismo. El art.210,
literal c) establece que ese destino será el Fondo de Fomento Cooperativo (FOMCOOP).////////////////////////////////////////////////////////////////////35cooperativas de afiliación masiva, en las que es materialmente imposible reunir una
mayoría especial de socios en un mismo lugar físico.
••La creación de “Comités de Recursos”, que en las cooperativas con gran número de
afiliados, permitiría diligenciar con mayor rapidez los eventuales recursos que puedan
interponer los socios, sin necesidad de convocar a asambleas masivas.
Posibilidad de crear “Secciones” dentro de las cooperativas, para “desarrollar
actividades económico-sociales específicas, complementarias del objeto principal”
(art. 91).•La opción de “cooperativas mixtas”, auténtica innovación para el marco normativo
cooperativo uruguayo, donde se admite la existencia de socios minoritarios, cuyo
derecho a voto en las Asambleas se regula de acuerdo a condiciones precisas previstas
por la propia ley.•Se permite a las cooperativas el uso de una serie de instrumentos de financiamiento,
que antes le estaban vedados o no se les reconocía a texto expreso. La nueva
situación es una alternativa favorable para competir en mayores condiciones de
igualdad con las otras formas empresariales con las que concurren en los mercados.•El régimen de distribución de excedentes, apunta a asegurar el sostenimiento y el
equilibrio económico-financiero de las cooperativas.•Posibilidades de integración o de fusión de cooperativas, que pueden significar
alternativas de desarrollo a través de la mayor escala, el acceso a nuevos mercados,
la modernización tecnológica.•Se regula las operaciones con no socios (art. 80), ampliando el abanico de actores
que pueden operar con las cooperativas, lo cual favorece especialmente a las
modalidades de consumo y de ahorro y crédito.Aprovechar las instancias de reforma de estatutos necesarias para adoptar los cambios
obligatorios exigidos, constituye una excepcional oportunidad para la revisión general,
incorporando a los mismos -con una inversión relativamente menor en términos de recursos,
esfuerzo y tiempo- ciertos instrumentos innovadores ahora reconocidos legalmente, que
contribuyan a mejorar la capacidad de las cooperativas para cumplir sus fines y beneficiar a
sus socios.5.- GUÍA RÁPIDA PARA REVISIÓN DE ESTATUTOS
5.1)PRESENTACIÓNLa entrada en vigencia de la Ley General de Cooperativas, No. 18.407 de fecha de octubre de
2008, significa en la práctica un cambio fundamental en la regulación de las cooperativas,
junto con la necesidad de que las mismas modifiquen dentro de plazos legales perentorios sus
estatutos sociales, adaptándolos a las disposiciones de la norma.
Como los procesos de revisión, redacción de modificaciones, estudio y aprobación de
estatutos cooperativos -por naturaleza y bajo cualquier circunstancia- conllevan una inversión////////////////////////////////////////////////////////////////////36significativa de tiempo y trabajo, esta necesidad de encararlos a los que obligan las
disposiciones de la ley, puede ser aprovechada por las cooperativas como una oportunidad
para realizar una revisión completa de sus marcos estatutarios y definir otros cambios que sin
estar expresamente exigidos por la Ley General, contribuyan a su perfeccionamiento y
Esta guía rápida no sustituye ese trabajo sistemático de análisis, despliegue de alternativas y
elección de las mismas a cumplir por los distintos órganos de dirección de las cooperativas, a
la información y participación de los socios ni a la asistencia especializada por parte de sus
Su propósito es ayudar a identificar los elementos más relevantes de ese obligatorio proceso
de revisión y reforma de estatutos por parte de las cooperativas, buscando que el mismo sirva
para -además de dar cumplimiento a las exigencias legales- crear valor en términos de una
más adecuada organización, estructura y dotación de herramientas y recursos respecto a las
condiciones del entorno, los objetivos institucionales y las expectativas de sus miembros,
presentes y futuros.5.2)ASPECTOS GENERALESDe acuerdo a la ley No. 18.407, cuando se constituye una cooperativa se requiere resolución
al respecto por parte de una asamblea citada a ese fin, en el curso de la cual se aprobará el
estatuto. Esta y otras formalidades del proceso de constitución de una cooperativa, se
detallan en el art. 12 de la norma citada.
Una primera definición que aparece en los estatutos cooperativos (generalmente en el primer
artículo del mismo) tiene que ver con la denominación (que incluye su condición de
cooperativa) y el marco legal a cuyo amparo se crea. Deberá tenerse en cuenta:
- El Art. 3 de la ley: dice que las cooperativas se regirán por la ley No. 18.407 y “en general,
por el derecho cooperativo”. Supletoriamente, será de aplicación la ley de Sociedades
Comerciales, toda vez que sea aplicable y no contradiga a la Ley General.
- La denominación que se adopte, necesariamente deberá contener el vocablo “cooperativa”
o su abreviatura “coop.” (art. 5 de la ley). La denominación no puede ser igual o semejante a
la de otra cooperativa preexistente.
- Se deberá expresar obligatoriamente en la denominación su carácter de “suplementada”,
cuando la cooperativa haya adoptado una responsabilidad de este tipo, También consignará
en la misma, la naturaleza de su actividad principal (art. 5 citado).
- En caso de cooperativas que se encuentran en proceso de constitución, deberá usarse la
expresión “en formación” en su denominación (art. 14 de la ley), hasta tanto sus estatutos no
hayan completado los trámites registrales.
- La ley se refiere a la responsabilidad patrimonial en las cooperativas, en su art. 20.
- La Ley General, en su art. 7, indica que las cooperativas deben observar los “principios
cooperativos”. Esto hace a la identidad y a la autenticidad de las cooperativas, y debería
estar expresamente recogido en el estatuto.
- El art. 8 de la ley refiere a las características de las cooperativas, entre las cuales destacan
algunas que deben estar expresadas en el estatuto, como ser:////////////////////////////////////////////////////////////////////37•
••Que el número de socios es variable e ilimitado.
Plazo de duración ilimitado.
Carácter variable e ilimitado del capital.
Igualdad de derechos de los socios. Reconocimiento (obligatorio en las cooperativas
de primer grado) de un solo voto a cada socio cualquiera sea el monto de capital
aportado. En las cooperativas de segundo o ulterior grado, se podrá establecer en el
estatuto la posibilidad del voto ponderado.
El carácter irrepartible de las reservas sociales, así como el destino al Instituto
Nacional del Cooperativismo del sobrante patrimonial, en caso de disolución de la
cooperativa- Del art. 15 de la ley del sistema cooperativo y 5 de su decreto reglamentario, surgen con
detalle los elementos de debe contener el estatuto de cualquier cooperativa:
•Denominación y domicilio.
Designación precisa del objeto social.
Capital inicial y valor de las partes sociales.
Capital mínimo con que deberá contar la cooperativa para funcionar.
Organización y funciones de la Asamblea General: procedimientos y forma de elección
de todos los órganos electivos de creación estatutaria, así como las causales, formas y
procedimientos de remoción de los miembros de dichos órganos.
condiciones de ingreso, retiro, suspensión y exclusión de los socios, así como sus
Forma de distribución de excedentes y absorción de pérdidas, formación de reservas y
fondos permanentes.
Fecha de cierre del ejercicio económico.
Normas sobre educación e integración cooperativa
Procedimientos de reforma de estatutos, disolución y liquidación.
Destino de los bienes en caso de disolución (los remanentes patrimoniales a los
procesos de liquidación, preceptivamente serán destinados a Instituto Nacional de
Forma de representación de la cooperativa.Las condiciones para ser socios, que los estatutos deben reflejar, están establecidas en el art.
18 de la ley. Conforme lo establecido en el artículo 4 del Decreto Reglamentario 198/2012, el
estatuto social de la cooperativa deberá establecer el procedimiento y los requisitos que
deberán reunir las personas físicas o jurídicas, para ser socias.
Asimismo, según dispone dicho artículo, si se entiende del caso el Estatuto puede facultar al
Consejo Directivo a delegar la decisión de aceptar la solicitud de ingreso de nuevos socios en
una unidad administrativa de la cooperativa.
Los estatutos deben establecer la responsabilidad de sus socios frente a la cooperativa y a
terceros, dentro de estas posibilidades:
•Responsabilidad limitada a los aportes suscritos.
Responsabilidad suplementada: además los socios son subsidiariamente responsables
por un monto suplementario, determinado en el estatuto y que no podrá superar en
veinte veces el aporte suscrito.La responsabilidad económica de los socios podrá aumentarse pasando de limitada a
suplementada, por el procedimiento de modificación del estatuto social. Para ello deberá:////////////////////////////////////////////////////////////////////38•
•Brindarse información clara y suficiente a los socios, acerca de los efectos del
aumento de responsabilidad económica.
Acreditarse que se dio esa información, todo lo que debe figurar en el acta de la
Publicarse en dos diarios de notoria circulación nacional por el término de tres días
hábiles, un extracto de la resolución de la Asamblea General, especificando (si se
quiere con fines hasta didácticos) lo que supone la asunción de la responsabilidad
suplementada. La publicación en la prensa puede omitirse, en caso de haberse optado
por notificar personalmente el Acta de Asamblea a todos los socios que no hayan
asistido a la misma, en un plazo no mayor a los diez días hábiles contados desde el día
siguiente a la fecha en que sesionó. El cumplimiento de esto debe acreditarse
fehacientemente ante la Auditoría Interna de la Nación y la Sección Registro Nacional
de Cooperativas del Registro de Personas Jurídicas, en oportunidad de la inscripción
de la modificación estatutaria que dispuso el cambio de responsabilidad.Los socios que no asistieron a la Asamblea y todos los que habiendo asistido, no votaron a
favor de la modificación para el aumento de la responsabilidad, pueden presentar renuncia
ante el Consejo Directivo dentro de los sesenta días corridos desde el día hábil siguiente al de
la última publicación que se hubiera efectuado. Si no se hizo publicación por haberse
notificado personalmente, los sesenta días de plazo cuentan a partir del siguiente al que le
llegó la notificación.
El decreto prevé una vuelta atrás si hay un volumen importante de socios que como
consecuencia de que se agrava su responsabilidad, deciden retirarse de la cooperativa. Si los
socios que renuncian superan el veinte por ciento del total de socios, se deberá convocar a
una nueva Asamblea General Extraordinaria a los efectos de ratificar lo ya resuelto o dejar sin
efecto la reforma.
Si se modifica el estatuto en el sentido de transformar una cooperativa de responsabilidad
limitada, en una cooperativa de responsabilidad suplementada, posteriormente no se podrá
realizar una transformación inversa. Si una cooperativa es de responsabilidad suplementada,
ello debe estar consignado en su denominación.
La ley No. 18.407 establece en sus arts. 21 y 22, las obligaciones y derechos mínimos de los
socios, a los cuales por vía estatutaria se pueden incorporar otros que la asamblea resuelva.
En cuanto a los órganos estatutarios, la Asamblea General de Socios podrá ser sustituida, por
causa objetivamente fundada (ejemplo: número de socios, dispersión territorial) por una
Asamblea de Delegados (art. 31 de la ley). En este caso el Estatuto deberá determinar la
forma en que serán elegidos los delegados, respetando el principio de control y gestión
democrática por los socios y un criterio de proporcionalidad del número de delegados
respecto al de socios que representan.
El estatuto debe establecer la forma de convocatoria de las asambleas. La ley establece que
debe hacerse publicidad adecuada, y el decreto reglamentario indica que habrá publicidad
adecuada cuando se utilicen simultáneamente al menos dos de los siguientes medios (de lo
que deberá dejarse constancia):
•Notificación personal.
Publicación en dos diarios de circulación nacional o, en el caso de cooperativas cuyos
socios se radiquen en una localidad o región, en los medios locales con cobertura en
dicha región, por un plazo mínimo de tres días hábiles.////////////////////////////////////////////////////////////////////39•Avisos radiales o televisivos en medios de alcance nacional o, en el caso de
cooperativas cuyos socios se radiquen en una localidad o región, en los medios locales
con cobertura en dicha región, por un plazo mínimo de tres días hábiles.En estos tres casos, la publicidad debe hacerse con una antelación mínima de diez días y un
máximo de treinta días de la fecha de la Asamblea.
•Publicación de avisos en el local de la Sede y sucursales de la cooperativa, en lugares
de concurrencia de la masa social, por un plazo mínimo de diez días.
Publicación en página web de la cooperativa por un plazo mínimo de diez días hábiles.El estatuto deberá fijar el plazo de antelación con que los socios renunciantes deben hacer
llegar el preaviso de su renuncia (que no podrá ser mayor a seis meses en caso de personas
físicas y de un año para las personas jurídicas). Literal G) del art.22: “Los estatutos podrán
contener la obligación de no renunciar antes de la expiración de un plazo, que no podrá
exceder de cinco años contados desde el ingreso del socio a la cooperativa”.
- En caso de socios que también sean empleados de la cooperativa, además de las
restricciones que fija la ley en el inciso H) del mismo art. 22, el estatuto podrá estipular otras
limitaciones. “En todo caso gozarán de un tratamiento no inferior al que la legislación otorga
a los trabajadores de la misma actividad.”
- EL estatuto deberá prever las causales y los procedimientos por los cuales un socio puede
ser suspendido en sus derechos o excluido de la cooperativa (art. 24 de la ley).
- Los órganos sociales obligatorios de toda cooperativa, responsables de su dirección,
administración y vigilancia, son la Asamblea General, el Consejo Directivo, la Comisión Fiscal
(art. 25). Sin perjuicio de los mismos, el estatuto podrá establecer la existencia y
- La Asamblea General es el órgano soberano por excelencia, aunque dentro de sus
competencias, constituido por la reunión de la totalidad de los socios de la cooperativa (art.
En las cooperativas de primer grado, los miembros integrantes del Consejo Directivo y la
Comisión Fiscal no podrán actuar en las Asambleas Generales como apoderados en
representación de otros socios (art. 15 del Decreto Reglamentario).
De acuerdo a la Ley General, la Asamblea General deberá tratar:
•La memoria anual del Consejo Directivo
La distribución de excedentes o financiación de pérdidas de acuerdo a lo que
establezca el estatuto al efecto
El informe de la Comisión Fiscal
La elección de miembros del Consejo Directivo y Comisión Electoral. También elegirá
los miembros de los “demás órganos que establezca el estatuto, cuando éste así lo
disponga.”
Organización y funciones de la propia Asamblea General.
Procedimientos y formas de elección de todos los órganos sociales electivos de
creación estatutaria, así como las causales, formas y procedimientos de remoción de
los miembros de dichos órganos.////////////////////////////////////////////////////////////////////40- Como se ha dicho, la elección del Consejo Directivo podrá hacerse por la propia Asamblea
General o por otra forma prevista en el estatuto. En este último caso, el estatuto deberá
determinar también la forma y procedimiento para la remoción de los miembros de Consejo
(art. 34, numeral 3).
- La ley (art. 29) establece genéricamente en más del 10%, el número de socios necesario
para convocar a Asambleas Extraordinarias pero es facultad de las cooperativas, si así lo
establecen en su estatuto, fijar un porcentaje menor al citado.
-´Para el caso de segunda convocatoria a asambleas, la ley indica que la misma deberá
realizarse dentro de los treinta días siguientes a la primera convocatoria, pero por vía
estatutaria se puede fijar reunión de la asamblea en segunda convocatoria una hora después
de la primera (art. 32).
- Según el art. 33, además de las resoluciones para cuya aprobación la propia ley exige
mayorías especiales por parte de las asambleas, el estatuto podrá también establecer
mayorías especiales para la resolución de otros asuntos. Los restantes se resolverán mediante
mayorías simples de votos presentes.
La reforma de estatutos en todos los casos, exigirá mayoría especial de dos tercios de
votos del total de los socios con excepción de la que se realice con la finalidad de adaptar
el estatuto a las disposiciones de la ley No. 18.407, en cuyo caso alcanzará con más de la
mitad de presentes en una Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto (art. 221).
Esto alerta sobre la importancia de establecer la Asamblea de Delegados en cooperativas con
gran número de socios, aunque más no fuera puntualmente para la resolución de ciertos
aspectos que requieren esas mayorías tan severas. Sobre estas mayorías se han efectuado
nuevos análisis a nivel legislativo, tendentes a variar a la baja esa exigencia de mayorías tan
Adicionalmente, para las Asambleas Ordinarias, debe tenerse en cuenta que a partir del
decreto reglamentario (art. 11), la Memoria Anual del Consejo Directivo debe seguir un
formato que impone brindar información detallada sobre diversos aspectos. Ese formato
solamente puede no seguirse, si se obtiene a esos efectos autorización de la Auditoría Interna
De acuerdo al referido art. 11 del decreto reglamentario, la Memoria Anual debe contener la
A) En una primera parte, sobre la aplicación de los principios cooperativos.
a) Padrón social
Cantidad de socios. Total de socios activos según tipo de personas (físicas –
porcentaje por sexo- o jurídicas) y según edad e incapaces, entre 18 y 29
años, entre 30 y 59 años y mayores de 60).
ii) Altas y bajas del ejercicio (indicando causas de la baja: fallecimiento,
voluntaria, disciplinaria, etc.). Cantidad de solicitudes de ingreso y egreso en
iii) Solicitudes de afiliación aprobadas y rechazadas.
b) Control democrático de los socios
i) Cantidad de asistentes a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria,////////////////////////////////////////////////////////////////////41ii) Clasificación por sexo de quienes ocupan cargos jerárquicos (cargos electivos
y gerenciales).
iii) Planificación estratégica y plan anual de actividades.
iv) Fondos para servicios específicos.
c) Participación económica
i) Cantidad de trabajadores (discriminados por sexo).
ii) Trabajadores accidentados.
iii) Remuneración mínima mensual y remuneración media mensual.
i) Aportes de la cooperativa al capital de otras organizaciones.
ii) Cargos en otras organizaciones.
iii) Participación de otras organizaciones asociadas, en cargos de la cooperativa.
iv) Apoyos económicos y/o técnicos recibidos de otras organizaciones.
e) Educación, capacitación e información
i) Asistencia de socios a actividades organizadas por la cooperativa.
1) Actividades de educación cooperativa.
2) Actividades de capacitación técnica.
3) Actividades culturales y/o deportivas.
4) Inversión efectuada en información a los socios.
5) Inversión destinada a información al público en general.
ii) Transparencia de la gestión.
a) Tasa de interés (tasa efectiva anual) por línea de negocio.
b) Detalle de préstamos otorgados en moneda extranjera. Se expondrá en un
cuadro: montos, cantidad de socios beneficiarios, plazos y moneda).
c) Declaraciones de los miembros del Consejo Directivo acerca de
actividades personales o comerciales, si existieran, que puedan competir
con las actividades de la cooperativa, desarrolladas a título personal o por
el cónyuge, concubino o parientes vinculados por consanguineidad o
afinidad hasta el segundo grado.
Por razones fundadas, la Auditoría Interna de la Nación podrá autorizar a las cooperativas, de
acuerdo a la clase de que se trate, a prescindir de brindar información sobre uno o más
aspectos previstos en el referido artículo.
El art. 34 de la ley marca ciertas competencias exclusivas de las Asambleas Generales, a las
que el estatuto podrá agregar otras.
El estatuto deberá determinar (art. 36) el período para el que serán elegidos los miembros
(titulares y suplentes) del Consejo Directivo, debiendo tener un número impar de integrantes.
El estatuto deberá determinar asimismo, si pueden o no ser reelectos. En las cooperativas
cuyo número de socios sea inferior a diez, el Consejo Directivo podrá ser sustituido por la
figura de un Administrador, si así lo establece el estatuto, el que deberá ser persona física y
revestir calidad de socio.
Este mismo artículo indica que:
“Los miembros del Consejo Directivo deberán declarar al inicio de su mandato, o
durante su ejercicio y según lo que establezca el estatuto, las actividades personales////////////////////////////////////////////////////////////////////42o comerciales que desarrollan y que puedan ser competencia de las actividades de la
El estatuto deberá fijar las reglas de funcionamiento del Consejo Directivo (art. 38). Sus actas
deberán ser firmadas al menos por Presidente y Secretario, pudiendo el estatuto también
exigir la firma de otros asistentes a la sesión correspondiente.
El quorum ha sido fijado por la ley, en más de la mitad de los miembros. El art. 39 establece
que la representación de la cooperativa recae en el Consejo Directivo, actuando
conjuntamente Presidente y Secretario, salvo que el estatuto disponga otra cosa.
Los estatutos pueden disponer la existencia de un Comité Ejecutivo, con miembros del
Consejo Directivo, para atender asuntos relativos a la gestión ordinaria de la cooperativa (art.
41 de la ley).
El estatuto puede prever (art. 42) la existencia de un Comité de Recursos -delegado de la
Asamblea General- y en ese caso fijará su composición y funcionamiento, con el objeto de
tramitar y resolver los recursos que lleguen a su conocimiento o de la asamblea, por vía legal
o estatutaria. Sobre el tema “Recursos” ver también el art. 44.
Respecto a la Comisión Fiscal, además de las funciones específicas que la asigna la ley, el
estatuto puede atribuirle otras (art. 47) en la esfera de sus competencias. Entre ellas,
sustituir transitoriamente al Consejo Directivo en los casos previstos en el literal H) del
La Comisión Fiscal tendrá un número impar de integrantes y el estatuto establecerá la forma
y por el período para el que son elegidos. En caso de cooperativas con menos de quince
miembros, la Comisión Fiscal podrá integrarse con una sola persona (art. 48). Los candidatos
e integrantes de la Comisión Fiscal deberán acreditar, ante la Comisión Electoral, las
condiciones oportunamente determinadas por la Asamblea General para el desempeño del
cargo. En caso de no acreditarse, la Comisión Fiscal electa deberá contar, a efecto de cumplir
con la función de fiscalización (artículo 47 de la Ley 18.407) con asesoramiento contable
externo. Esta disposición no alcanza a las cooperativas sociales (artículo 16 del decreto).
Las reglas para el funcionamiento, remoción, suplencias, incompatibilidad y responsabilidad
que se establezcan en el estatuto para la Comisión Fiscal, serán iguales a las dispuestas para
el Consejo Directivo (art. 49 de la Ley General).
La Comisión Electoral es un órgano obligatorio para las cooperativas de primer grado, cuyo
cometido es organizar, fiscalización y contralor de los actos eleccionarios de la cooperativa y
la proclamación de las autoridades electas (art. 50). También le compete entender en los
recursos que se presenten durante el proceso electoral. Tendrá número impar de miembros
electos por la Asamblea General, debiendo el estatuto establecer el procedimiento al efecto.
En las cooperativas con menos de quince socios, se podrá componer de un solo miembro.
También es obligatorio por mandato de la Ley General, para las cooperativas de primer
grado, la existencia de una Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa con
carácter permanente (art. 43).
Podrán pagarse compensaciones por el trabajo personal realizado en el desempeño de sus
cargos por los miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo, Comisión Fiscal u otras
comisiones de la cooperativa, por resolución de la Asamblea General y siempre que dicha////////////////////////////////////////////////////////////////////43posibilidad esté previamente contemplada en los estatutos. Estas compensaciones podrán
realizarse sin perjuicio del reintegro, además, de los gastos que se incurran por el mismo
motivo y siempre mediando rendición de cuentas (art. 51).
Dentro de los recursos patrimoniales de que pueden disponer las cooperativas para el
cumplimiento de su objeto social, una parte significativa corresponde generalmente a las
partes sociales integradas por los socios (art. 52, numeral 1). Debe establecerse en el
estatuto, el aporte mínimo de capital social que se exige para ser socio. Recuérdese que el
monto del capital social es variable e ilimitado, por lo que el estatuto fija solamente el
mínimo (art. 58 de la ley).
Por su parte, en el art. 5 del decreto reglamentario 198/012, se estableció que también
deberá establecerse un mínimo en el estatuto a los efectos de lo previsto en el numeral 4 del
art. 93 de la Ley, esto es, a fin de determinar cuando lal cooperativa se incurre en causal de
disolución por “reducción del capital por debajo del mínimo establecido por el estatuto”. En
tal sentido, nada impide que el capital mínimo exigido por el art. 58 de la ley coincida (sea la
misma cifra) con el requerido por el artículo del decreto precitado.
El estatuto debe indicar también la forma en que las partes sociales pueden ser integradas
por los socios: en dinero, en especie o en trabajo y el plazo fijado para hacerlo (art. 54 de la
ley). También será objeto de disposición estatutaria, la forma en que los aportes de partes
sociales serán documentados (art. 60). Las partes sociales deberán ser nominativas,
indivisibles, de igual valor y transferibles solamente a personas que reúnan las condiciones
requeridas por el estatuto para ser socios, previa aprobación del Consejo Directivo, y deberán
ser integradas en dinero, en especie o en trabajo, convencionalmente valuados, en la forma y
plazo que establezca el estatuto.
Las partes sociales pueden ser transferidas, y si bien no es necesaria ninguna mención
estatutaria para el ejercicio de tal derecho, dado que la personas que pretendan adquirirlas
deben cumplir con las condiciones requeridas por el estatuto, puede resultar conveniente una
mención básica de este tópico en el cuerpo del estatuto; máxime al ser regulado por el
decreto reglamentario (en su art. 19) el procedimiento para que pueda operar tal cesión,
como así también que la resolución del Consejo Directivo “será pasible de los recursos que
establezca el estatuto social”
Además de los recursos de naturaleza patrimonial representados por las partes sociales
integradas por los socios, se deben constituir reservas legales (exigidas por la ley).
También existe la posibilidad de que el estatuto establezca fondos de reserva (numeral 3 del
art. 52), además de los obligatorios, que se constituirán en cada ejercicio económico; aspecto
que es reafirmado en el primer inciso del art. 62 donde se define a las reservas en general.
La Asamblea General de la cooperativa puede admitir aportes voluntarios de los socios, pero
si ha sido previsto en el estatuto, esa facultad puede ser delegada en el Consejo Directivo
Otras disposiciones que pueden establecerse en el estatuto respecto a las partes sociales,
•La opción de que puedan ser adquiridas por la cooperativa, con cargo a una reserva
especial que se constituya al efecto (art. 57). El decreto establece las condiciones
que deben darse en los casos en que se prevea tal adquisición de aportes (no superar////////////////////////////////////////////////////////////////////44el 10% del capital y un plazo máximo de dos años para su enajenación), pero no son
de previsión estatutaria obligatoria.
•Un procedimiento para “la formación e incremento del capital en proporción con el
uso real o potencial de los servicios sociales, el trabajo u otra condición que
presenten los socios en relación a la cooperativa” (art. 59). Con respecto a este
punto, el decreto (art. 20) reitera, o más bien agrega, que “los requisitos deberán
estar establecidos en el estatuto y ajustarse a los principios recogidos en el art. 7 de
la ley”También puede preverse la existencia de Fondos Patrimoniales Especiales. El artículo 23 del
Decreto prevé que las reservas y los fondos patrimoniales especiales previstos en las
disposiciones legales y estatutarias, así como las fijadas por resoluciones de Asamblea, no
podrán ser repartidos entre los socios y la utilización de los mismos deberá ajustarse
estrictamente a la finalidad para la que fueron creados, aunque se indica que no obstante, los
fondos específicos creados por Asamblea, podrán desafectarse de la finalidad original
mediante resolución expresa de otra Asamblea posterior, la que deberá disponer el nuevo
destino del saldo de dicho fondo.
Otro punto importante que conviene tener en cuenta al redactar o modificar el estatuto de
una cooperativa, es decidir si va a incorporarse en el mismo la posibilidad de que la
organización pueda emitir instrumentos de capitalización tales como participaciones
negociables (“subordinadas” o “sin interés”) y otros que puedan crearse (art. 64) Dichos
instrumentos están dirigidos tanto a socios como también a no socios de la cooperativa. Las
características comunes de las participaciones negociables se detallan en el art. 67 de la ley,
mientras que las particulares para cada variante aparecen en los arts. 65 y 66,
La tenencia de instrumentos de capitalización emitidos por una cooperativa no confieren a su
tenedor (si no es socio), por ese solo motivo, derechos de socio ni para participar en la
Asamblea General o el Consejo Directivo. Pero como excepción se le podrá otorgar en el
estatuto, la posibilidad de integrar la Comisión Fiscal (art. 67), debiendo, en tal caso, estar
previsto ese derecho en el Estatuto, y, a su vez, es necesario agregar la forma y
procedimiento de la elección del o los representantes de los tenedores de dichos títulos, en
dicha Comisión, en el entendido de que es muy probable de que sean más de uno.
Siendo de carácter nominativo y transferible, la titularidad de esos instrumentos de
capitalización puede ser trasladada a otra persona física o jurídica pero en el estatuto, se
puede exigir que la transferencia sea autorizada previamente por el Consejo Directivo (art. 67
de la ley, ya citado).
Otro recurso de carácter patrimonial establecido por la Ley General para las cooperativas,
son las “reexpresiones contables” citadas en el numeral 6) del art. 52. Se entiende por tales,
los ajustes que se realizan en las cantidades que aparecen expresadas en moneda corriente
en los estados contables, con la finalidad de que reflejen el efecto de la inflación. Los
estatutos pueden establecer que dichos ajustes se reconozcan “con el rubro de ajustes al
patrimonio o, de corresponder, en los otros rubros patrimoniales” (art. 68).
Es del caso destacar que a los efectos de las cooperativas de vivienda, los montos principales
(partes sociales, aporte en ayuda mutua, préstamo e intereses hipotecarios, cuotas de
amortización) se expresan en Unidades Reajustables, creada por el art 38 de la ley No. 13.728
del 17 de diciembre de 1968 que aprobó el Plan Nacional de Vivienda y cuyo valor lo fija el
Poder Ejecutivo en función de la variación del Índice Medio de Salarios.////////////////////////////////////////////////////////////////////45El destino de los excedentes netos de cada ejercicio será resuelto por la Asamblea General de
la cooperativa, de acuerdo a ciertos criterios que establece la ley No. 18.407 en su art. 70. En
el caso del retorno o pago de intereses a las partes sociales en cooperativas de segundo o
ulterior grado, el estatuto deberá determinar si se calcula en base al capital aportado o a los
En el caso de las cooperativas de vivienda la ley establece (art. 119 num. 2) que “consagrarán
que los excedentes no serán capitalizables en las partes sociales de los socios, ni podrán ser
objeto de reparto entre los socios”; si bien la ley ni el decreto explicitan donde se debe
consagrar tal principio, no parece inadecuado dejarlo plasmado en los estatutos.
Los estatutos deberán fijar los criterios para el reintegro del capital integrado (en valor
nominal o bien en valor ajustado si la ley o el propio estatuto prevén esta posibilidad), a los
socios que pierden su condición de tales o a sus sucesores, según lo establecido en el art. 72
El art. 73 permite que los estatutos establezcan límites anuales a las devoluciones de partes
sociales o al pago de intereses a las participaciones con interés, hasta un monto que no
supere el 5% de las partes sociales y participaciones con interés, según el último balance
aprobado. También el estatuto puede poner un límite al reintegro de partes sociales, en
función de mínimos de capital requeridos por la actividad económica de la cooperativa.
Debe recordarse que cuando una cooperativa emite participaciones con interés, y en sus
estatutos ha establecido límites al pago de intereses, esta circunstancia debe quedar
explícitamente reflejada en los referidos documentos.
En cuanto a los recursos de naturaleza no patrimonial, las cooperativas podrán crear o
incrementar cuotas sociales y fondos especiales con el propósito de la prestación de servicios
y beneficios a los socios o cubrir gastos de gestión. Esos recursos serán provistos mediante
aportes –voluntarios u obligatorios- de los socios o con parte de excedentes netos anuales,
según lo establezca el estatuto (art. 75 de la ley).
La Ley General permite a las cooperativas si lo prevén en sus estatutos (art. 81) asociarse
con, o participar en, otras cooperativas o personas de otra naturaleza jurídica, a condición
que “sea conveniente para su objeto social y no transfieran beneficios fiscales ni legales que
les sean propios”.
De acuerdo al art. 55 de la ley No. 18.407, el estatuto deberá establecer el capital social
mínimo obligatorio para ser socio de la cooperativa. El inciso 2) de este artículo otorga a la
Asamblea General de las cooperativas la facultad de exigir nuevos aportes obligatorios.
Por el art. 58 de la Ley General, el estatuto deberá establecer el capital social mínimo de la
cooperativa. El art. 59 permite establecer por vía estatutaria, procedimientos para la
formación y el incremento del capital en proporción al uso de los servicios sociales, el trabajo
aportado u otra condición que presenten los socios en relación a la cooperativa.
El estatuto determinará la forma en que se representarán las partes sociales (art. 60),
pudiendo ser mediante certificados, certificados de aportes u otro documento nominativo.
Por su parte, el art. 22 del decreto agrega cuáles son los datos que deberán contener dichos
documentos, pero no son de previsión estatuaria obligatoria.////////////////////////////////////////////////////////////////////46El art. 68 de la ley hace referencia al reajuste de los recursos patrimoniales mencionado en el
numeral 6) del art. 52, estableciendo que el estatuto de la cooperativa podrá establecer que
dichos ajustes “…se reconozcan con el rubro de ajustes al patrimonio o, de corresponder, en
los otros rubros patrimoniales.”
En el Estatuto deberá preverse la fecha de cierre del ejercicio económico. El Decreto (art.
29) prevé que el ejercicio económico será anual, salvo en caso de constitución, extinción o
fusión de la cooperativa. La Auditoría Interna de la Nación podrá autorizar, cuando medie
justificación razonable, otra fecha de cierre diferente.
El Fondo de Educación Cooperativa a que se refiere el art. 76 de la ley No. 18.407, se
integrará con recursos provenientes de la distribución de excedentes netos de la cooperativa
de acuerdo a los criterios de distribución a los que se refiere el art. 70 de dicha ley así como
legados y donaciones que se reciban con dicho destino específico, siendo su finalidad:
“…la difusión y promoción del cooperativismo, la formación de los socios y
trabajadores en técnicas cooperativas, económicas y profesionales, el sostenimiento
de los organismos de integración de segundo y tercer grado que cumplan funciones
educativas, de asistencia técnica e investigación y, complementariamente, la
atención de objetivos e incidencia social, cultural o medioambiental.”
Las cooperativas de segundo y ulterior grado -para las que la ley requiere un mínimo de dos
integrantes (art. 86)- establecerán en sus estatutos las actividades para las que son creadas
(las que pueden tener naturaleza técnica, económica, social, cultural y de representación,
art. 87). El estatuto de estas cooperativas de segundo o ulterior grado podrá establecer un
régimen de representación y voto proporcional al número de socios, al capital aportado, uso
de servicios u otros criterios (art. 88 de la ley).
En todos los casos, vale la pena recordar que la cooperativa tiene opciones para establecer
criterios y acuerdos que, enmarcados en la ley, el decreto reglamentario y el estatuto, le
permiten tomar definiciones más trascendentes a través de reglamentos internos, ya sea de
tipo general, por organismos o por áreas. Con ello adquiere flexibilidad y control interno
sobre sus propias decisiones sin necesidad de proceder al complejo proceso de reforma
estatutaria.5.3)LAS “SECCIONES” EN LAS COOPERATIVASLas “secciones” en las cooperativas, que se creen para desarrollar actividades económicosociales distintas al objeto social principal pero complementarias del mismo, están reguladas
en los arts. 91 y 92; el primero de los mismos exige que la existencia y funcionamiento de
“secciones” esté previsto en el estatuto de la cooperativa.6.- ASPECTOS ESPECÍFICOS POR MODALIDAD
6.1) COOPERATIVAS DE TRABAJO
El único artículo (art. 1°) del decreto reglamentario que si bien no refiere a las cooperativas
de trabajo típicas, sin duda que las concierne, es el que establece que “El estatuto social de
aquellas cooperativas que sean simultáneamente de trabajadores y y consumidores o usuarios////////////////////////////////////////////////////////////////////47deberá regular el régimen de coparticipación en los órganos de dirección y de distribución
y/o absorción de resultados”.6.2) COOPERATIVAS AGRARIAS
La primera referencia que aparece en la ley, con relación a estas cooperativas, que deben ser
tenidas en cuenta en el estatuto, es la del art. 110, que establece que se deberá establecer
en él la actividad agraria que se requiera para ser socio.
Asimismo, los estatutos deberán determinar el modo en que se conformarán (el
procedimiento) los saldos deudores entre los socios y la cooperativa y entre ésta y sus socios.
Cumplido el procedimiento, adquirirán carácter de título ejecutivo (art. 112 de la Ley
General). También por vía estatutaria, la Asamblea General podrá tener la facultad de
disponer la obligatoriedad para los socios, de enviar total o parcialmente su producción a la
cooperativa; el estatuto establecerá la sanción que corresponda al incumplimiento de esta
obligación (art. 113).
En todos los casos el estatuto de las cooperativas agrarias de responsabilidad suplementada,
deberá establecer el fondo suplementario por el que responderán sus socios (art. 115) pero no
están alcanzadas por la limitación establecida en el literal B) del art. 20 de la ley.6.3) COOPERATIVAS DE VIVIENDA
Además de las exigencias que la ley No. 18.407 determina para todas las clases de
cooperativas, de acuerdo a su art. 120 los estatutos de las cooperativas de vivienda en
particular deberán establecer:
•Los criterios de adjudicación de las viviendas•El requerimiento de una mayoría especial no menor a dos tercios de socios presentes,
en las Asambleas que aprueben reglamentos internos o modificaciones al estatuto.•Que los miembros de Consejo Directivo y Comisión Fiscal deberán ser elegidos por
voto secreto y que cuando se hagan mediante listas, se aplicará el principio de la
representación proporcional.•El carácter honorario de los cargos de representación social.•Que la representación de un socio titular en cargos de la cooperativa, podrá asumirse
por otra persona, mayor de edad, que cohabite de forma permanente con el mismo
en su unidad habitacional cooperativa, siempre que sea electo por la masa social.Los estatutos de las cooperativas de vivienda podrán optar por la inclusión o no de los
intereses del préstamo hipotecario, en la parte social del cooperativista, no pudiendo excluir
en ningún caso lo correspondiente a la amortización del capital del préstamo, como aporte
del socio (art. 123 de la ley).
Las cooperativas de usuarios podrán constituirse a efectos de adquirir un conjunto
habitacional construido por un organismo de derecho público integrante del sistema público
de producción de vivienda de acuerdo al art. 112 de la Ley Nacional de Vivienda No. 13.728
de 1968, a condición de que su proyecto de estatuto haya sido presentado a consideración de
dicho organismo y aprobado por él (literal A del art. 131 de la Ley General de Cooperativas).////////////////////////////////////////////////////////////////////48En caso de cooperativas de vivienda cuyos socios no alcanzan al número de veinte, en sus
estatutos se podrá reducir sus órganos al Consejo Directivo y a la Asamblea General,
asumiendo esta última las funciones de la Comisión Fiscal y del Comité de Educación (art.
132 de la ley).
El art. 140 de la ley No. 18.407 determina los procedimientos para la exclusión de un socio,
“…cuando incurra en incumplimiento que constituya falta grave o la incursión en reiteradas
faltas medianas”, reservando a lo que disponga el estatuto y los reglamentos para las demás
Cuando se trate de “cooperativas de vivienda de propietarios” y una vez que se haya
concretado la novación del crédito hipotecario, los estatutos determinarán la posibilidad de
que los socios puedan o no continuar integrando la cooperativa pero en todos los casos,
igualmente seguirán siendo deudores directos por los créditos hipotecarios que se les
hubiesen otorgado (art. 146). De acuerdo a este mismo artículo, las cooperativas de vivienda
de propietarios, los estatutos podrán determinar que la cooperativa retenga la propiedad de
las viviendas mientras dure la amortización del crédito.El artículo 51 del Decreto establece que las cooperativas de vivienda, además de ajustarse a
las disposiciones de los Artículos 15 y 120 de la Ley, deberán establecer en su estatuto social:
a) El sistema y régimen adoptado de acuerdo con lo establecido en la presente
b) La opción de capitalización al socio, por concepto de capital amortizado y/o por
concepto de intereses del préstamo obtenido, en caso de acudir a préstamos de financiación;
c) La localidad de constitución y ámbito geográfico de actuación, el que no podrá
exceder los 50 kilómetros de radio de la mencionada localidad;
d) El porcentaje de deducción de las partes sociales establecido para los retiros no
justificados y las exclusiones;
e) El modo de distribución entre los socios de las partes sociales, que se ajustará a
i. igual cantidad de partes sociales para cada uno de sus socios, de acuerdo con
el valor del conjunto de viviendas de propiedad de la cooperativa y con
independencia del valor de la vivienda otorgada en régimen de uso y goce al
ii. las partes sociales de cada socio se corresponderán al valor de la vivienda
otorgada en uso y goce al socio.
En el caso de las cooperativas de usuarios se indica a su vez que deberá tomarse en
consideración lo dispuesto por el Artículo 71 y este establece bajo el título “avaluación de
partes sociales para nuevos socios”, que en la suscripción de partes sociales de nuevos socios,
cuando se realice sin sustitución de un socio anterior, la valoración de las partes sociales se
realizará de igual forma que la de los restantes socios de la cooperativa. En cambio, cuando
se realice en sustitución de un socio anterior, la cantidad de partes sociales a suscribir, será
valorizada en un monto igual al reintegrado por la cooperativa al socio saliente, sin
consideración de las deducciones establecidas por las distintas causales de retiro de socios.////////////////////////////////////////////////////////////////////49f) Procedimiento para el ingreso de los nuevos socios: el Consejo Directivo deberá expedirse
ante la solicitud de los aspirantes. En caso de denegatoria será de aplicación lo dispuesto en
el Artículo 76 del presente Decreto. Aceptada la solicitud del aspirante y efectuada por éste
la suscripción de las partes sociales que correspondan, quedará investido de la calidad de
asociado con los derechos y obligaciones inherentes a la misma.
g) Porcentaje de deducción de las partes sociales por retiro no justificado o exclusión del
socio, entre los máximos y mínimos establecidos en los Artículos 138 y 140 de la ley que se
Asimismo, debe adjuntarse al estatuto un padrón social con información sobre la composición
y tipo del núcleo familiar del asociado, ingresos nominales de todos los integrantes del mismo
y situación habitacional. A dichos efectos, la Dirección Nacional de Vivienda proporcionará un
A nivel de los socios, cabe destacar que el artículo 52 del Decreto bajo el título
“condiciones para ser socios” indica que además de los requerimientos previstos en las
disposiciones generales del presente decreto, son condiciones para ser socio de una
cooperativa de vivienda: ser persona física capaz, mayor de 18 años o menor habilitado por
matrimonio, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 83 del presente Decreto; aunque
luego prevé que en el caso de tratarse de incapaces o menores de edad no habilitados
actuarán por medio de su representante legal.
Adicionalmente requiere “No ser propietario único” (sic) en el momento de solicitar el
ingreso, ni el aspirante, ni ninguno de los integrantes del núcleo familiar, de una casa
habitación para residencia permanente que satisfaga las necesidades del mismo, en un radio
menor a 100 kilómetros de la localidad de constitución de la cooperativa;
También requiere “No tener intereses contrarios a la cooperativa ni pertenecer a otra que
persiga los mismos fines;” y estar en condiciones de cumplir regularmente sus obligaciones
para con la cooperativa.
Indicando además que el número de socios de una cooperativa deberá ser igual a la cantidad
de viviendas a construir o de propiedad de la cooperativa.
Asimismo el Decreto establece que los socios de esta modalidad, además de los deberes
establecidos en el Artículo 21 de la Ley deberán:
a) Asistir a todas las asambleas y demás reuniones para las cuales sean convocados,
salvo impedimentos debidamente justificados a juicio del Consejo Directivo.
b) Cumplir con el plan relativo al aporte en trabajo o ahorro previo.
c) Votar en la elección de los distintos órganos de la cooperativa.
d) Permitir las inspecciones de las viviendas que el Consejo Directivo determine.
Y en cuanto a los deberes que asumen además de los previstos para todos los socios
(artículo 22 de la Ley), indica que tendrán la posibilidad de hacerse representar en las
asambleas por su cónyuge, concubino u otro integrante del núcleo habitacional siempre que
sea mayor de edad, mediante mandato expreso otorgado por escrito, bastando al efecto una
carta simple. Agregando que no podrán asumir la calidad de representantes quienes revistan
la calidad de funcionarios de la cooperativa o dependan en cualquier forma de ella, ni los
integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal;////////////////////////////////////////////////////////////////////50El artículo 58 indica que la memoria anual de las cooperativas de vivienda no incluirá la
información prevista en el numeral II del Artículo 11 del presente decreto que antes
detallábamos.
El artículo 60 prevé que el Consejo Directivo de las cooperativas de vivienda deberá
presentar la información de la situación a la fecha del préstamo obtenido para la financiación
de la construcción de las viviendas (capital inicial, tasa, vencimientos, amortizaciones, etc.)
El artículo 63º del Decreto, según la modalidad de construcción, clasifica a las cooperativas
de vivienda en de autoconstrucción individual, por ayuda mutua o de ahorro previo.e indica
que en los dos primeros casos el aporte en trabajo de sus socios deberá representar un costo
no menor al 10% (diez por ciento) del valor de tasación de las viviendas realizadas de
conformidad con los Artículos 23 y 24 de la Ley No. 13.728 de 17 de diciembre de 1968..
Agrega que se consideran cooperativas de autoconstrucción aquellas en las que el trabajo
aportado por el socio y sus familiares se destina a la construcción de la vivienda del núcleo
familiar. Los socios suscribirán en forma individual un convenio de trabajo personal o de sus
núcleos familiares, estableciéndose la forma de aplicación del trabajo, tiempos y valor
adjudicado al mismo.. C A D E 5168.
Cooperativas de ayuda mutua, según la caracterización del Decreto, son aquellas en las que
el trabajo aportado por los socios y sus familiares se realiza en forma comunitaria para la
construcción del conjunto de las viviendas de los socios.
Agrega que dichas cooperativas podrán operar en régimen de usuarios o de propietarios. Los
socios deberán suscribir un convenio comprometiéndose colectivamente frente a la
cooperativa a trabajar personalmente en las construcciones, estableciéndose en el mismo la
forma en que se organizará el trabajo de los socios y eventualmente de sus familias, tiempo y
valor adjudicado al mismo..
Prevé que cuando el socio no trabaje el número de horas a que se comprometió, deberá
compensar el tiempo no trabajado de acuerdo a lo que se establezca en el referido convenio,
el estatuto o la reglamentación interna..
Enuncia el Decreto reglamentario que las cooperativas de vivienda que se constituyan
asumiendo la modalidad de autoconstrucción o ayuda mutua no podrán contratar los servicios
de empresas constructoras, para la construcción total del conjunto de viviendas, salvo para
casos especiales y con autorización expresa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento,
Agrega que se consideran cooperativas de ahorro previo aquellas en que, para la construcción
de las viviendas, el aporte de sus socios se realice en dinero por un valor mínimo de un 10%
(diez por ciento) del valor de tasación de las viviendas realizadas de conformidad con los
Artículos 23 y 24 de la Ley No. 13.728 de 17 de diciembre de 1968 (Ley nacional de Vivienda)
Respecto de éstas cooperativas indica que podrán operar en régimen de usuarios o de
El Decreto define las cooperativas de viviendas de usuarios como aquellas que atribuyen a los
socios el derecho de uso y goce sobre las viviendas sin limitación de tiempo, siempre que se
cumpla con las obligaciones legales, reglamentarias y estatutarias, reteniendo para la
cooperativa la propiedad de las viviendas. Regulando
La integración en trabajo para la construcción o mantenimiento de las viviendas será la
correspondiente al laudo de la categoría de peón establecida para la industria de la////////////////////////////////////////////////////////////////////51construcción. La avaluación referida comprenderá el valor económico de la mano de obra
sustituida y las cargas sociales que fueran de cargo del patrón. Los organismos financiadores
considerarán en los planes de financiación de las obras, las prestaciones en trabajo como
aporte de la cooperativa.
El artículo 70 del Decreto prevé los criterios para el ingreso de socios con distintas
regulaciones, según exista proyecto o construcción de viviendas o no lo haya.
El artículo 71 del Decreto establece criterios para la avaluación de las partes sociales para
nuevos socios y el 72 prevé deducciones en caso de retiro de un socio y el destino de
La renuncia de un socio deberá ser presentada por el asociado o por su representante legal en
caso de incapacidad, “previa venia judicial” indica el Decreto, y aceptada por el Consejo
Directivo, el que dispondrá de un plazo de 45 días para pronunciarse, transcurrido el cual sin
haber adoptado decisión se tendrá por aceptada. Prevé el Decreto la posibilidad que “el
Consejo Directivo no hiciere lugar a la renuncia,” situación en la que según establece “podrá
recurrirse la decisión ante la Asamblea General”.
Agrega que el Consejo Directivo no podrá aceptar la renuncia del socio, cuando considere que
éste incurrió en algunas de las causales que dan mérito a la exclusión. En este caso sólo podrá
ser considerada la renuncia siempre que en el procedimiento pertinente no se disponga la
El artículo 75 del Decreto prevé las situaciones en las que el retiro se debe considerar
justificado y el 76 que en ese caso el socio tendrá derecho a un reintegro equivalente al valor
de sus partes sociales por parte de la cooperativa, calculado de acuerdo a lo establecido en la
presente reglamentación, menos un 10% (diez por ciento) del valor resultante. En cambio
para el caso de retiro no justificado el artículo 77 indica que el Consejo Directivo al
considerarlo como tal, graduará la deducción entre un 25% (veinticinco por ciento) y un 50%
(cincuenta por ciento). Esta decisión es susceptible del recurso de apelación para ante la
Asamblea General, en la forma y condiciones que establezcan los estatutos.
También se prevén en el Decreto reglamentario, aquellas infracciones que podrían ser
cometidas por los socios, en perjuicio de la cooperativa o en violación a la normativa legal,
reglamentaria y estatutaria y se imponen criterios de graduación que consideran desde la
entidad del hecho, hasta “el nivel cultural de los socios”, estableciendo que sólo se
considerarán faltas graves las allí tipificadas (artículo 79).
En el artículo 80 se prevén las respectivas sanciones, así se indica que “las infracciones leves
se sancionarán con el apercibimiento;” las medianas con la suspensión de los derechos
sociales hasta el término máximo de noventa días, salvo los inherentes a la calidad de usuario
de una vivienda y las graves con la exclusión del socio, la que opera conforme lo establecido
en el artículo 140 de la ley aunque los estatutos -conforme lo dispuesto en el artículo 81 del
Decreto- establecerán los porcentajes de deducción para el reintegro de las partes sociales,
de entre un 50% (cincuenta por ciento) y 75% (setenta y cinco por ciento) de acuerdo a lo
En los artículos 82 a 84 del decreto se regula la exclusión y los procedimientos de
En el artículo 85 se indica preceptivamente qué debe entenderse por atraso reiterado y en el
86 se prevén situaciones que excluyen de reproche posible el no uso de la vivienda.////////////////////////////////////////////////////////////////////52En el artículo 87 se regula por Decreto del Poder Ejecutivo, la situación de fallecimiento del
Los aportes para fondos especiales, en esta modalidad de cooperativa están previstos en el
artículo 88 del Decreto:
••El Fondo de Fomento Cooperativo destinado al cumplimiento de los fines de
educación, difusión y práctica cooperativa.
El Fondo de Socorro destinado a cubrir dificultades transitorias de los socios que les
impidan hacer frente regularmente al pago de las obligaciones periódicas a favor de
la cooperativa. Que -según indica el Poder Ejecutivo- podrá constituirse a partir de la
suscripción de los documentos de uso y goce de las viviendas.
El Fondo de Mantenimiento y Administración destinado a asegurar el correcto estado
de conservación, mantenimiento, mejoras y reparación de las viviendas, los servicios,
espacios y locales comunes y la administración del conjunto de viviendas de la
cooperativa. Dicho fondo podrá constituirse a partir de la suscripción de los
documentos de uso y goce de las viviendas.La forma y condiciones de las integraciones las debe determinar la Asamblea General de la
cooperativa a propuesta del Consejo Directivo. Según se establece en dicho artículo, aunque
indicándose que en lo que respecta a las aportaciones al Fondo de Mantenimiento y
Administración, podrán ser elevadas directamente por decisión de dicho Consejo dentro de
las cantidades necesarias para cubrir los aumentos de las erogaciones y deberán someterse a
la consideración de la Asamblea General más próxima, estándose a lo que ésta resuelva.
Los parámetros para la devolución de las partes sociales por retiro del socio surgen del
artículo 89 del Decreto.
Los artículos 91 y 92 del Decreto regulan a las cooperativas denominadas Unidades
Cooperativas de propietarios que atribuyen la propiedad exclusiva e individual sobre la
vivienda adjudicada a sus socios, así como el derecho sobre los bienes comunes indicando
que deberán ajustarse, para la construcción o adquisición de sus viviendas, a lo previsto en la
Ley No. 10.751 de 25 de junio de 1946, modificativas y reglamentarias correspondientes a
fraccionamientos de tierras, ya sea en régimen común o de urbanizaciones en Propiedad
Estas cooperativas tienen clásicamente dos modalidades: de entrega inmediata, donde se
adjudica la propiedad de la vivienda a cada socio, en forma inmediata a la habilitación
municipal y constitución de la propiedad horizontal si correspondiera, en la Dirección
Nacional de Catastro, con prescindencia del plazo de amortización del préstamo que se
hubiere solicitado para la construcción o adquisición de las viviendas. (novación del préstamo,
a nombre de cada uno de los socios) y las cooperativas de propietarios de entrega diferida
durante un plazo no mayor al que correspondiere a la amortización del préstamo que se
hubiere solicitado para la construcción o adquisición de las viviendas, lapso en las que la
cooperativa operará con las mismas condiciones generales establecidas para las cooperativas
de usuarios. Luego podrán liquidarse a lo que hace referencia el artículo 95 del Decreto Debe
tenerse presente que conforme a la ley los propietarios tienen limitaciones al poder de
disposición respecto a la vivienda en esta modalidad (Decreto artículos 97 y 98).
Las cooperativas matrices de vivienda, verdaderas fábricas de cooperativas de vivienda, y las
unidades cooperativas de vivienda que se generen en lo referido a su relación con la
cooperativa matriz, se encuentran reguladas entre los artículos 99 y 103 del Decreto
Reglamentario.////////////////////////////////////////////////////////////////////536.4) COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Estas cooperativas podrán ser “de capitalización” (las que operan con los aportes de capital
de sus socios) o de “intermediación financiera” (comprendidas en las disposiciones del
decreto-ley No. 15.322 del 17 de setiembre de 1982 y que además de los organismos de
control previstos en la Ley General de Cooperativas, están bajo control del Banco Central del
Uruguay). El estatuto debe definir entre ambos tipos de operatoria.
El decreto 198/012 contiene varios artículos relativos a este tipo de cooperativas (arts. 104 a
111), pero ninguno de ellos prevé la necesidad de que algunos de sus conceptos deban ser
incorporados al estatuto. Es conocida sí la posición de varios actores de ese subsector, en el
sentido de que algunas de las disposiciones reglamentarias restringen el accionar de las
cooperativas en contraposición a lo que establece la ley.6.5) COOPERATIVAS SOCIALES
Estas cooperativas tienen como objeto desarrollar acciones económicas, agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicios con el fin de insertar social o laboralmente a
Habían sido creadas por la ley No. 17.978 del 26 de julio de 2006 (modificada por la ley No.
18.400 del 22 de octubre de 2008) y reglamentada por el decreto del Poder Ejecutivo No.
369/007 del 1º. de octubre de 2007 e incorporadas, casi sin modificaciones, en la Ley
Obligatoriamente, los estatutos de este tipo de cooperativas deberá establecer que los
excedentes netos de los ejercicios económicos se destinarán únicamente para crear reservas,
mejora de los servicios prestados o (hasta un 20%) para el progreso social, educativo y
cultural de los socios. En ningún caso, los excedentes podrán ser repartidos entre los socios
(art. 174, literal A).
También, los estatutos de las cooperativas sociales deberán establecer el carácter de
honorarios de los cargos de dirección, estando permitida la restitución de los gastos en que se
incurra en el cumplimiento de los mismos (literal B del mismo artículo).
Antes de la inscripción de los estatutos de cooperativas sociales en la Sección Registro
Nacional de Cooperativas del Registro de Personas Jurídicas –de acuerdo al art. 176 de la leylos mismos deberán ser presentados al Ministerio de Desarrollo Social, el que controlará que
la integración se ajuste a lo determinado al art. 172 y que se cumplan las exigencias de los
arts. 174 y 175 de la Ley General.
El decreto 198/012 agregó, en su art. 117, que en caso de reforma del estatuto de esta clases
de cooperativas, se deberá presentar al MIDES, el que debe, en forma previa a la inscripción
en el Registro de Personas Jurídicas -Sección Cooperativas- deberá “visar la solicitud”.
Asimismo, consignó cuales son las formalidades que deben cumplirse en la presentación de
dichas reformas, a saber: testimonio notarial de la asamblea con la correspondiente
certificación notarial, conteniendo el control de la personería jurídica, la representación y la
debida convocatoria a la asamblea y quórum.
Por su parte, el Mides cuenta con un plazo de 30 días para expedirse sobre la solicitud, a
cuyos efectos deberá examinar la documentación y revisar que se encuentre dentro de lo////////////////////////////////////////////////////////////////////54dispuesto por los artículos 172 a 176 de la ley. Al igual que en en la ley, en relación con los
estatutos originarios (art. 176 inc. segundo), nada dice el decreto acerca de cuál es la
consecuencia para el caso en que el Mides no se expida dentro del plazo antedicho. Luego,
obtenida la visación, la cooperativa debe proceder a la inscripción de la reforma en el
Registro de Personas Jurídicas.6.6) COOPERATIVAS DE CONSUMO
A las cooperativas de consumo se aplican los cambios estatutarios derivados de los capítulos
generales de la ley, correspondientes al Título I y lo que comprenda a su situación, en cuanto
son cooperativas de usuarios.6.7) COOPERATIVAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD
Estas cooperativas fueron creadas en el marco de un decreto-ley (el No. 15.181 del 21 de
agosto de 1981) que regulaba de modo general la atención de salud. La Ley General no las
incluyó en el detalle de clases de cooperativas que figura en su Título II.
Sin embargo, el 24 de diciembre de 2008 se promulgó la ley No. 18.440, cuyo art. 1 dispone
que las cooperativas de profesionales de la salud:
“…deberán adecuar su integración y funcionamiento al régimen jurídico vigente para
Aquellas que no se adecuen a la modalidad referida se transformarán en instituciones
de asistencia privada de profesionales sin fines de lucro y sus estatutos deberán ser
compatibles con el estatuto tipo de las instituciones de asistencia médica colectiva."
El art. de la misma ley 18.440 agrega como literal D) del art. 6 del decreto-ley referido, la
“Otras instituciones de asistencia médica privada de
profesionales, las que
proporcionen, sin fines de lucro, asistencia médica a sus afiliados y socios, y en las que el
capital social haya sido aportado por los profesionales que obligatoriamente trabajen en
El decreto del Poder Ejecutivo No. 004/011 del 5 de enero de 2011 regula la forma y controles
exigibles para aquellas cooperativas de profesionales de la salud que se transformen en
instituciones de asistencia médica privada de profesionales sin fines de lucro.
Finalmente, vale la pena reiterar a todos los dirigentes de base, organismos de
representación así como los profesionales involucrados, la importancia de estimular la puesta
a punto de todas las organizaciones cooperativas de acuerdo al nuevo marco legal. Más allá
de las dudas e incertidumbres que puede haber sobre aspectos a reformar de la ley o sobre el
contenido del decreto reglamentario, realizar el proceso de análisis y de definiciones internas
de cada cooperativa de cara al nuevo marco jurídico, parece imprescindible.
En función de la reciente prórroga, tendremos un plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 y
este es poco tiempo si lo comparamos con los centenares de cooperativas que quedan por
decidirse y luego atender y acompañar en el proceso.6.8) COOPERATIVAS MIXTAS
La ley No. 18.407 en su art. 90, ha introducido la figura de la cooperativa mixta, siendo
aquellas en las que existen socios minoritarios, no cooperativistas, que participan en el////////////////////////////////////////////////////////////////////55capital aportado y pueden tener derecho a voto en la Asamblea General. En este tipo de
cooperativas, no menos del 51% de los votos deberá corresponder a socios cooperativistas.
El estatuto de una cooperativa mixta fijará la proporción en la que se distribuirá la cuota
perteneciente a los socios cooperativistas y la proporción con la que se distribuirá la cuota
máxima atribuida a acciones con voto. El estatuto determinará también, si estas “acciones
con voto” podrán o no ser negociables libremente en el mercado.
El estatuto de las cooperativas mixtas establecerá los derechos y obligaciones de los
tenedores de “acciones con voto” y el régimen de los aportes.
En el caso de “cooperativas mixtas”, sus estatutos necesariamente deberán determinar, en lo
que tiene que ver con el derecho a voto en la Asamblea General:
a) Proporción de los votos atribuidos a los socios cooperativistas (cuyo mínimo será
del 51% del total).
b) Cuota máxima de votos a distribuir en acciones con votos, que no podrá exceder
el 49%. El estatuto podrá establecer asimismo, si estas acciones con voto tendrán
carácter de negociables en el mercado.
El estatuto podrá también (art. 90) establecer la repartibilidad (en caso de liquidación de la
cooperativa) de la cuota parte del Fondo de de Reserva Obligatorio correspondiente a los
titulares de acciones con voto, siempre que se haya obtenido la correspondiente autorización
de la Auditoría Interna de la Nación antes de su inscripción en la Sección Registro Nacional de
Cooperativas del Registro de Personas Jurídicas.
Es importante recordar que la ley No. 18.407 no permite la forma de “cooperativa mixta” a
las cooperativas de Vivienda, a las de Ahorro y Crédito o a las de otras modalidades que
tengan secciones de Ahorro y Crédito.
Las cooperativas mixtas, en el momento de constitución, previo a inscribirse en el Registro de
Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, deberán presentarse ante la
Auditoría Interna de la Nación, la que podrá autorizar la previsión de repartibilidad en caso
de liquidación, de la cuota parte del Fondo de Reserva Obligatorio correspondiente a los
titulares de las acciones con voto (Artículo 39 del Decreto Reglamentario).////////////////////////////////////////////////////////////////////56INACOOP
Esta publicación cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Cooperativismo
Autoridades a la fecha de elaboración de la Guía (2001)
Integración del Directorio:
Presidente: Cr. Juan José Sarachu
Vicepresidente: Cra. Mabel Pena
Vocal: Dr. Diego Moreno
Delegado: Mtro. Juan Claudio Lagaxio
Delegado: Sr. José Jorge Alvariño
Sr. Miguel Cardozo
Dra. Rosana Perdomo
Dr. Gerardo Amoroso
Prof. Ricardo Pisciottano
Ing. Agr. Enrique MalcuoriAutoridades a la fecha de actualización de la Guía (2013)
Presidente: Sr. Fernando Berasain
Vicepresidente: Sr. José Jorge Alvariño
Vocal: Dr. Mario Arizti
Delegado: Prof. Ricardo Pisciottano
Delegada: Dra. Rosana Perdomo
Cr. Rodolfo Boragno
Sr. Pablo Perdomo
Ing. Agr. Enrique Malcuori
Prof. Gabriel Clavell
Avda. 18 de Julio 1296 – Of. 403 – Montevideo, Uruguay
Tel.: 29 08 04 97
secretaria@inacoop.org.uySitio web:
www.inacoop.org.uy////////////////////////////////////////////////////////////////////57All pages:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657InfoSaveLikeShareDownloadMorePublicacion de Reforma de Estatutos Published on Aug 28, 2013 ronettoFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: Artículo 10
 artículo 170
 artículo 171
in fine
 resolución

 artículo 52
 artículo 61
 artículo 62
 artículo 63
 artículo 64
 artículo 68
 artículo 77
 artículo 80
 artículo 8
 resolución 
 artículo 62
 artículo 63
 artículo 70
 artículo 69
 artículo 70
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 artículo11
 artículo 214
 resolución 
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 artículo 4
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 resolución 
 resolución 
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 artículo 23
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 artículo 51
 Artículo 71
 Artículo 76
 artículo 52
 Artículo 83
 Artículo 21
 artículo 58
 Artículo 11
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 artículo 70
 artículo 71
 artículo 75
 artículo 77
 artículo 80
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 artículo 81
 artículo 85
 artículo 87

artículo 88

artículo 89
 artículo 95
in fine
in fine
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