Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2012/12/03/restitucion-de-la-cobertura-medica-ante-la-internacion-por-el-nacimiento-de-su-hijo-y-la-eventual-practica-de-una-cesarea/
Timestamp: 2019-10-14 17:45:38+00:00

Document:
Restitución de la cobertura médica ante la internación por el nacimiento de su hijo y la eventual práctica de una cesárea. – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: L. B. V. D. c/ Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT) s/ amparo
Cita: MJ-JU-M-75714-AR | MJJ75714 | MJJ75714
Se confirma la resolución del a quo y se ordena a la Obra Social del Personal de la Actividad del Turf la inmediata restitución de la cobertura médica a la actora ante la inminencia de su internación por el nacimiento de su hijo y la eventual práctica de una cesárea.
1.-Corresponde confirmar la resolución del a quo y ordenar a la Obra Social la inmediata restitución de la cobertura médica a la actora ante la inminencia de su internación por el nacimiento de su hijo y la eventual práctica de una cesárea, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, y sin perjuicio de su presunta afiliación a la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles.
Rosario, 30 de octubre de 2012.
Visto, en Acuerdo de la Sala “B”, el expediente n° 8509-C Pieza Separada “L. B., V. D. c/ Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT) s/ Amparo” (n° 12167/A del Juzgado Federal n° 2 de Rosario), del que resulta que:
Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud de la apelación deducida por el Dr. Marcelo Pablo Manassi en representación de la demandada (fs. 41) contra la Resolución n° 33/2012 (fs. 29/31 y vta.), mediante la cual se ordenó a la demandada la inmediata restitución de la cobertura médica a la actora en las mismas condiciones y formas que se le venía prestando hasta el 16 de abril de 2012 y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Elevados los autos a la Alzada, se dispuso la intervención de esta Sala “B”, y el pase de la causa al Acuerdo (fs. 62).
Mediante Acuerdo nº 571/12 se suspendió el pase a estudio y se dispuso oficiar al Juzgado de origen requiriendo la remisión de la causa principal o fotocopias certificadas de la misma y eventualmente la documental reservada (fs. 63), a lo que se dio cumplimiento (fs. 145), quedando la causa en condiciones de resolver.
1º) Se agravió el recurrente de los argumentos en los que la juez a quo basó su decisión, y sostuvo que la actora voluntariamente se dio de alta en una relación laboral de pasantía, durante el mes de diciembre de 2011, lo que motivó que su empleador le comenzara a canalizar sus aportes y contribuciones a favor de OSECAC por ser la obra social de origen de su empresa, es decir aquella que corresponde con la actividad principal del empleador tal como lo dispone el art.15 de la Ley 26.427 y la Resolución nº 1225/09 de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Sostuvo que a partir de diciembre de 2011, en virtud de lo indicado, la actora comenzó a tener múltiple cobertura de obra social; una afiliación a OSPAT como integrante del grupo familiar de su marido, Leonel Andrés Luna, y otra como afiliada titular a OSECAC a raíz de su flamante relación laboral de pasantía, correspondiendo la baja de la afiliación anterior a OSPAT.
Entendió que tales circunstancias, además de haber sido reconocidas en autos por la actora, fueron corroboradas con las impresiones agregadas consistentes en las consultas efectuadas al Padrón de Beneficiarios de los Agentes Nacionales del Seguro de Salud, y de consulta al CODEM (Comprobante de Empadronamiento de Obra Social) de las que surge que L. B. se encuentra en relación de dependencia y que su obra social es OSECAC.
Adujo que la afiliación de L. B. a OSECAC pone de resalto el error en el que incurre la resolución apelada al considerar, injustificadamente, que existe peligro en la demora, toda vez que la actora -aseveró- jamás estuvo sin cobertura por cuanto pasó de tenerla a través de OSPAT a ser afiliada a OSECAC, situación que obedece pura y exclusivamente a una decisión de la actora al darse de alta en una relación laboral de pasantía en diciembre de 2011.
Consideró que la resolución recurrida es injusta, desajustada a derecho y ajena a las constancias de la causa, ya que no es cierto que los extremos invocados en la demanda y adjuntados a la causa otorguen suficiente sustento al pedido de cautelar impetrado.
Formuló reserva del recurso extraordinario federal y solicitó que se revoque el decisorio apelado.
2º) Uno de los requisitos de las medidas cautelares está configurado por la verosimilitud del derecho (Art.230 inciso 1° C.Pr.Civ.C.N.). Este se refiere a la posibilidad de que ese derecho exista, no a una incontestable realidad, que sólo se logrará determinar al agotarse el trámite, lo cual propugna una amplitud de criterio a su respecto.
En este sentido, ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación “.que como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, desde que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad”. (conf. Fallos 306:2060).
Otro de los presupuestos indispensables es la existencia de peligro en la demora (Art. 230, inciso 2° C.Pr.). Esto significa
que debe existir un temor grave y fundado en el sentido de que el derecho que se va a reclamar se pierda, se deteriore o sufra un menoscabo durante la sustanciación del proceso (conf. Falcón, Enrique M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T. II, p. 235, edit. Abeledo Perrot, 1983).
3°) En orden a la verosimilitud del derecho pretendido cabe señalar que de las constancias de la causa surge prima facie que, por un lado, V. D. L. B. se habría encontrado afiliada a la Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT) conforme constancia agregada a fs. 68, extremo que conviene destacar no ha sido refutado por parte de la demandada que incluso reconoció su condición de afiliada a dicha obra social como cónyuge del afiliado titular Leonel Andrés Luna (v. copia de certificado de matrimonio fs. 67 y copia del carnet de afiliación de Luna, a fs. 90); y por otra parte, el estado de embarazo por parte de la nombrada y su atención por parte del médico tocoginecólogo, Dr.Reno Di Mónaco, en el Hospital Italiano Garibaldi de esta ciudad de Rosario, encontrándose la amparista afectada por una “dolencia preexistente en una de sus piernas” (fs. 69 y vta.) que motivaría la necesidad de practicar el parto por cesárea, extremos éstos que tampoco han sido puestos en duda por la demandada.
En tal sentido, resultan acertadas las consideraciones vertidas por la magistrada de primera instancia toda vez que está en juego el derecho a la salud de la amparista y no se encuentra controvertido el cuadro que padece.
En efecto, en el caso, debe tenerse presente que se encuentra en juego la salud e integridad física de la actora (conf. CSJN, Fallos: 302:1284), reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. D , del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 , de la Constitución Nacional) y la particular situación por la que atraviesa en su salud, que demuestra que se trata de un caso que requiere una particular atención.
4°) Por otra parte, en orden al recaudo del peligro en la demora su existencia se acredita con la propia naturaleza y entidad del derecho amparado, teniendo en cuenta que el transcurso del tiempo necesario para tramitar las instancias procesales, aún cuando se trate de la vía sumarísima del amparo, podría traducirse en la producción de daños que no sean susceptibles de repararse mediante el dictado de sentencia, tornando ilusorio su cumplimiento.
En relación con este punto, tengo específicamente en consideración que encontrándose L. B. cursando su octavo mes de embarazo al interponer la presente acción, y siendo atendida por el profesional ya nombrado, en el Hospital Italiano Garibaldi, la falta de cobertura de los mismos por parte de OSECAC le acarrearía el perjuicio de tener que substituir el médico tratante durante su embarazo y el lugar de internación, parto y postparto.Ello sin perjuicio de lo que se dirá en torno a su presunta afiliación a OSECAC.
En efecto, más allá del contenido de la normativa invocada por la apelante (Ley 26.427 y Resolución 1225/09 de la Superintendencia de Servicios de Salud), y de las constancias agregadas a fs. 84 y 85 según las cuales V. D. L. B. se encontraría laboralmente en “relación de dependencia” y figuraría como afiliada a OSECAC, no puede soslayarse el dato consistente en la respuesta brindada por esta última obra social cuando al responder un oficio librado por el Juzgado de primera instancia informó, el 30 de mayo de 2012, que “conforme nuestros registros, la Sra. V. D. L. B. . NO se encuentra afiliada a esta Obra Social ni ha iniciado trámite alguno para obtener su afiliación” (destacado en el original v. fs. 89).
De lo señalado se colige que, toda vez que OSPAT había procedido a dar de baja a L. B. como afiliada a esa obra social en abril de 2012, y siendo que la nombrada no se encuentra afiliada según los registros de OSECAC a esa obra social, carecía de cobertura al tiempo de la decisión que se cuestiona, por lo cual ante la inminencia de la internación por el nacimiento de su hijo y bajo las circunstancias ya descriptas relativas a una posible dolencia preexistente que motivara la eventual práctica de una cesárea.
A ello no obsta lo alegado en esta instancia por la apelante en orden a que lo informado por OSECAC obedecería a que L. B. no habría iniciado el trámite administrativo de afiliación.
5°) Sin perjuicio de lo que pudiera decidirse al dictar la sentencia de fondo, luego de producida la prueba ofrecida por la actora (fs. 74 vta.) y la demandada (fs.109 y vta.) y las consecuencias que ello pudiere traer aparejado al derecho de las partes, toda vez que lo ordenado en la medida cautelar no exige de los magistrados el examen de certeza en el derecho pretendido, sino sólo verosimilitud atendiendo a la exigencias del caso (ver considerando 2º del presente Acuerdo); y acreditado también el peligro en la demora, por estar en juego el derecho a la salud física de la actora y del niño por nacer, corresponde rechazar los agravios de la impugnante y confirmar la resolución apelada, difiriendo la imposición de costas al dictado de la sentencia de fondo.
Confirmar la resolución nº 33/12 (fs. 29/31) en lo que ha sido materia del recurso, difiriendo la imposición de costas al dictado de la sentencia de fondo. Insértese, h ágase saber y oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (expte. Nº 8509-C).- Fdo.:
Elida Vidal – Edgardo Bello- José, G. Toledo (Jueces)- Nora Montesinos (Secretaria).
Tag: AFILIACIÓN A OBRAS SOCIALES, AMPARO, CESÁREA, COBERTURA MEDICA, INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, MEDIDAS CAUTELARES
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