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Timestamp: 2017-10-20 14:24:43+00:00

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Lavado: quienes liquidan impuestos ya no informarán operaciones sospechosas
por Administrador del foro el Vie Mayo 27, 2011 8:57 am
La Unidad de Información Financiera (UIF) confirmó su decisión de que los profesionales en ciencias económicas que confeccionan declaraciones juradas de impuestos ya no estén obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Así se dará a conocer en estos días, con la publicación en el Boletín Oficial de la flamante resolución 65 que, según informaron fuentes del organismo, limitará la definición de sujeto obligado a reportar dichas transacciones, solamente a aquellos profesionales que se desempeñen como síndicos societarios y auditores externos de estados contables.
Consultada sobre esta reforma, Teresa Gómez, socia del estudio Harteneck, Quian, Teresa Gómez & Asociados, remarcó que "lo novedoso de la normativa es que se elimina a los preparadores de declaraciones juradas de impuestos, que antes estaban obligados junto con los síndicos societarios y los auditores externos, a informar las operaciones sospechosas".
Asimismo, todo lo reglado por la resolución 25/2011, que se encuentra vigente a la fecha y que reglamenta la operatoria de los profesionales alcanzados por dicha obligación, será anulado mediante la futura resolución 64 y reemplazado por la nueva norma.
La medida, que fue tomada en respuesta a las gestiones realizadas por la Federación Argentina de Consejos de Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce) y por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cpcecaba) ante el Congreso Nacional y ante la UIF, será implementada para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2011.
De esta forma, permitirá a aquellos que tengan que cumplir con la obligación de informar llevar a cabo el análisis e implementación de los cambios a sus políticas y procedimientos en materia de lavado de activos dentro de plazos más razonables que los actuales.
Adicionalmente, y tal como lo había adelantado iProfesional.com, la resolución elevará el monto del activo mínimo a partir del cual corresponde aplicar procedimientos de prevención de $3M a $6 millones.
Desde la Federación explicaron, a través de un comunicado de prensa, que la exclusión queda explicitada en los considerandos de la mencionada resolución 65.
En ella, se puede leer que "con fecha 28/04/2011, se presentó la FACPCE vertiendo distintas consideraciones respecto de la aplicabilidad de la norma" y que la UIF se reunió con la mencionada entidad "a fin de analizar los alcances de la Resolución 25/2011".
También se aclara que "habiéndose aprobado el proyecto de ley de reforma de la Ley 25.246 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, se realizó el análisis del mismo en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación, dejándose asentado en la versión taquigráfica del día 10/05/2011 que el artículo 20 del inciso 17 de la mentada Ley se refiere únicamente a la actuación de los profesionales en Ciencias Económicas como síndicos de sociedades y auditores de estados contables".
Consultado al respecto, Guillermo Fernández, secretario de la Facpce, remarcó que "esta noticia trae tranquilidad a la profesión, ya que todos los consejos han trabajado para lograr el objetivo".
Al respecto, recordó que casi todos los consejos provinciales presentaron medidas judiciales y, de hecho, en siete de las mismas se habían declarado medidas preventivas al respecto.
A modo de conclusión, Fernández indicó: "Nos alegramos que desde el Poder Legislativo entendieran nuestro pedido. Y resaltamos que la UIF nos haya escuchado".
A pesar de los logros obtenidos, desde la Federación indicaron que continuarán realizando gestiones para eliminar como sujetos obligados a informar también a los síndicos societarios.
En este sentido, Fernández, sostuvo: "Creemos que los síndicos tampoco deberían estar obligados, fundamentalmente porque la tarea de ellos se superpone con el auditor, ya que, en relación con los estados financieros, el síndico se apoya en las tareas realizadas por este último".
Además, agregó que "la obligación de informar no es uniforme e igualitaria con otros profesionales que ejercen las mismas responsabilidades. Los únicos obligados son los síndicos y consideramos que no es justo".
Los antecedentes de la modificación
Desde el Consejo Profesional porteño explicaron la importancia de su participación en los logros obtenidos ante la UIF.
A través de un comunicado de prensa, indicaron que "la acción proactiva del Consejo en esta materia se había iniciado tiempo atrás, incluso, antes de la redacción de la Resolución 25/2011".
Según remarcaron, "a principios de año, había podido accederse, gracias a la instancia de diálogo y colaboración que se abrió junto con la UIF, a un borrador de la misma", lo que les permitió que "en la redacción definitiva de la Resolución las disposiciones concedan a los Consejos Profesionales la potestad de normar los distintos aspectos en los cuales quedan vinculados los profesionales matriculados".
Además, sostuvieron que lograron "atenuar los alcances a los profesionales que prestan el servicio de asesoramiento en la preparación de declaraciones juradas de impuestos (que en la Resolución 65 ahora se excluyen), estableciendo el límite de activos e ingresos de $3 millones (ahora elevado a $6 millones)".
Por último, explicaron que en la versión preliminar de la citada norma, se extendía la responsabilidad de informar a los matriculados de las restantes profesiones, motivo por el cual el Consejo Profesional intervino "para demostrar a la autoridad de aplicación de que tal inclusión, además de no tener mayor sentido económico, generaba complicaciones adicionales innecesarias a dichos matriculados".
Fecha y hora actual: Vie Oct 20, 2017 11:24 am

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 artículo 20
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