Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/11/registro-oficial-1-de-noviembre-del-2000
Timestamp: 2019-12-10 13:29:48+00:00

Document:
Registro Oficial. 1 de NOVIEMBRE del 2000
Miércoles 1 de Noviembre del 2000
\n Expídese la Codificación de la Ley\n de Partidos Políticos
\n Expídese la Codificación de la Ley\n de Inquilinato
\n 2000516 Refórmase el\n Acuerdo Ministerial No. 2000502 del 29 de septiembre del 2000\n
\n 145 Déjase sin efecto\n el Acuerdo Ministerial No. 099, expedido el 12 de julio del 2000\n y desígnase al Econ. César Gutiérrez Villamar,\n Coordinador General como delegado ante el Directorio del Banco\n Nacional de Fomento (BNF)
\n 146 Déjase sin efecto\n el Acuerdo Ministerial No. 101, expedido el 12 de julio del 2000\n y desígnase al Econ. Jaime Santillán Pesantes,\n Subsecretario Regional como delegado ante el Consejo del Instituto\n Nacional Galápagos (INGALA)
\n 147 Desígnase al señor Econ.\n Marcelo Sáenz, funcionario de la Dirección General\n Financiera como delegado ante la Comisión Nacional de\n Escalafón y Sueldos de los Economistas y Doctores en Ciencias\n Económicas del Ecuador
\n 29\n Modifícase\n a partir del 1 de julio del 2000, la homologación aprobado\n con Acuerdo No. 004 de 22 de noviembre de 1999
\n Expídese el Instructivo para\n el control y juzgamiento del gasto electoral y propaganda electoral\n
\n SB-INSEF-2000-0804\n Califícase\n como institución financiera privada a la Cooperativa de\n Ahorro y Crédito "Previsión Ahorro y Desarrollo",\n "COOPAD", domiciliada en el cantón Quito, provincia\n de Pichincha
Dispónese\n que las disposiciones de la Ley 2000-23 de reducción de penas por el ano\n jubilar 2000, se aplicarán a todas las personas\n que estén cumpliendo una pena por sentencia condenatoria,\n ejecutoriada o no, expedida hasta el 18 de agosto del 2000
\n SEGUNDA\n SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
\n 279-2000 María Miranda\n en contra de Juan Francisco Ortiz Carrera
\n 280-2000 Ing. Serafín\n Abad ValleJo en contra de Angel Alejo Avila Córdova
\n 281-2000 Agustina Pine Ronquillo\n en contra de Bertha Ramos Herrera y otro
\n 282-2000 Gladys Cecilia Dumes Muñoz en\n contra de Norma Lily Contreras Quintana
\n 283-2000 José María\n Godoy Cabrera en contra de Bolívar Calixto Prieto Briceño\n y otra
\n 284-2000 Ernesto Enríquez\n Quinteros en contra de la Cooperativa de Taxis Oro Negro
\n 297-2000 José Nativel\n Pantoja en contra de José Antonio Llore y otra
\n 299-2000 Piedad Elena Chuquitarco\n Guagchinga en contra de Angel Patricio Chicaiza Chuquitarco
\n 300-2000 Carlos Andrés Chusig Barahona\n en contra de Segundo Pedro Muquinche Romero
\n 304-2000 Germán Aragón Rivadeneira\n y otra en contra del Municipio de Antonio Ante
\n 305-2000 Pablo Sabino García\n Vera y otros en contra de los herederos de Pedro Vera Cáceres\n y otra
CODIFICACION\n DE LA LEY DE PARTIDOS POLITICOS
En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del\n artículo 139 de la Constitución Política\n de la República,
EXPEDIR LA CODIFICACION DE LA LEY DE PARTIDOS POLITICOS.
ARTICULO 1. - Esta Ley rige la constitución, actividad\n y extinción de los partidos políticos y garantiza\n su libre y autónomo funcionamiento, de acuerdo con sus\n estatutos y reglamentos legalmente aprobados.
ARTICULO 2. - Los partidos están sometidos a la Constitución\n y a las leyes vigentes. Es su obligación acatar las manifestaciones\n de la soberanía popular, respetar el carácter no\n deliberante de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía\n Nacional en servicio activo y no constituir organizaciones paramilitares.
ARTICULO 3. - Los partidos son organizaciones político\n - doctrinarias, integradas por personas que libremente se asocian\n para participar en la vida del Estado.
Constituyen un elemento fundamental del sistema democrático:\n expresarán y orientarán la voluntad política\n del pueblo, promoverán la activa participación\n cívica de los ciudadanos, capacitarán a sus afiliados\n para que intervengan en la vida pública, y seleccionarán\n a los mejores hombres para el ejercicio del Gobierno.
Para que un partido político sea reconocido legalmente\n e intervenir en la vida pública del Estado, deberá\n sustentar principios doctrinarios que lo individualicen, presentar\n un programa de acción política en consonancia con\n el sistema democrático, estar organizado en el ámbito\n nacional y contar con el número de afiliados que exija\n esta Ley.
ARTICULO 4. - Los partidos políticos reconocidos son\n personas jurídicas de derecho privado, en cuyo carácter\n pueden realizar actos y contratos de acuerdo con el derecho común.\n Tienen, además, personería política para\n el ejercicio de los derechos que esta Ley les reconoce.
ARTICULO 5. - El nombre del partido deberá individualizarlo\n sin lugar a equívocos y, por tanto, debe distinguirse\n de los que tienen otros partidos. No podrá expresar antagonismos,\n ni contener el nombre del país como único calificativo.
Los símbolos, emblemas o distintivos de los partidos\n políticos no serán el escudo, la bandera del Ecuador,\n ni sus colores.
No se reconocerá a un partido que no cumpla con lo\n dispuesto en este artículo.
ARTICULO 6. - Los partidos políticos no subordinarán\n su acción a las disposiciones de organizaciones o estados\n extranjeros. Esta prohibición no impide que los partidos\n integren organizaciones internacionales, participen en sus reuniones\n y suscriban declaraciones, siempre que no atenten contra la soberanía\n e independencia del Estado ecuatoriano o promuevan el derrocamiento\n de gobiernos legítimamente constituidos.
ARTICULO 7. - Se garantiza el derecho de los ciudadanos para\n afiliarse o desafiliarse libremente de un partido político.
Pueden afiliarse a los partidos políticos todos los\n ecuatorianos mayores de dieciocho años. No podrán\n afiliarse los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía\n Nacional en servicio activo, los religiosos o ministros de cualquier\n culto, y los que han sido condenados por defraudación\n al Estado, por un tiempo equivalente al doble del correspondiente\n a la condena.
Se prohíbe más de una afiliación. La\n nueva afiliación implica la renuncia a la anterior.
Quien conste afiliado a más de un partido político\n será reprimido con la pérdida de los derechos de\n ciudadanía por un año.
ARTICULO 8. - Para la aceptación de sus miembros, los\n partidos no podrán hacer ningún discrimen por motivos\n de raza, sexo, credo religioso, cultura y condición social\n o económica.
ARTICULO 9. - Se garantiza el derecho a fundar partidos políticos\n y participar en ellos en las condiciones establecidas en esta\n Ley. Los partidos políticos gozarán de la protección\n del Estado para su organización y funcionamiento.
La vida jurídica de los partidos se inicia con su inscripción\n en el Registro correspondiente, previo reconocimiento por el\n Tribunal Supremo Electoral. Solo los partidos legalmente reconocidos\n gozarán de la protección establecida en esta Ley.
ARTICULO 10. - El movimiento político o los ciudadanos\n que se hayan agrupado con el propósito de constituir un\n partido presentarán al Tribunal Supremo Electoral, a través\n de su representante, una solicitud a la que se acompañará\n lo siguiente:
c) Programa de gobierno que contenga las acciones básicas\n que se propone ejecutar;
g) Registro de afiliados cuyo número no sea inferior\n al uno punto cinco por ciento de los inscritos en el último\n padrón electoral; y,
h) Prueba de que cuenta con una organización de carácter\n nacional de conformidad a lo previsto en el artículo 12\n de esta Ley.
ARTICULO 11. - Quien sea responsable de falsificación\n o alteración de los documentos indicados en el literal\n g) del artículo anterior, será reprimido con la\n pena de dos a cinco años de prisión. Para el efecto,\n el Tribunal Supremo Electoral oficiará a uno de los jueces\n de lo penal de la respectiva circunscripción territorial,\n a fin de que se inicie el juicio correspondiente.
Si al menos el cinco por ciento de las fichas de afiliación\n correspondiere a personas fallecidas, inexistentes o desafiliadas\n o se hallaren afectadas por vicios de falsificación o\n alteración, se negará el reconocimiento del partido,\n sin perjuicio de las sanciones establecidas en el inciso anterior.
ARTICULO 12. - El partido que solicita su reconocimiento debe\n contar con una organización nacional, la que deberá\n extenderse al menos a diez provincias del país, entre\n las cuales dos deberán corresponder a las tres de mayor\n población.
ARTICULO 13. - El registro de afiliados que debe presentarse\n en el Tribunal Supremo contendrá copias de las fichas\n de afiliación, certificadas por el Secretario del partido,\n en las que constará la siguiente información: nombres\n y apellidos, número de la cédula de ciudadanía,\n fecha de afiliación, domicilio y firma del afiliado. El\n registro podrá ser comprobado por la Dirección\n General de Registro Civil, Identificación y Cedulación,\n a pedido del Tribunal Supremo Electoral.
El Tribunal Supremo Electoral tomará las providencias\n necesarias para que los documentos presentados para el reconocimiento\n de un partido y especialmente las fichas de afiliación,\n no sean usadas o fotocopiadas por las autoridades de policía\n o por cualquier otra persona. Las fichas de afiliación\n o las copias deberán ser devueltas a los partidos, una\n vez que el Tribunal decida sobre la solicitud de reconocimiento\n presentada.
ARTICULO 14. - Recibida la solicitud, el Tribunal procederá\n a examinar la documentación presentada, con el fin de\n comprobar que reúne los requisitos establecidos en el\n artículo 10 y que las informaciones consignadas son veraces,\n para lo cual dispondrá del plazo de treinta días.\n De aceptarla, hará publicar un extracto de la misma en\n los diarios de mayor circulación de Quito, Guayaquil y\n Cuenca.
ARTICULO 15. - Si algún partido político considera\n que la inscripción solicitada atenta contra las normas\n de la Ley, la impugnará dentro del plazo de quince días,\n contados desde la fecha de la publicación.
ARTICULO 16. - Vencido el plazo fijado en el artículo\n anterior, el Tribunal Supremo Electoral se pronunciará\n sobre la solicitud de inscripción en un plazo de quince\n días, dentro del cual escuchará a las partes y\n podrá solicitar la documentación que estime pertinente.\n La decisión fundamentada será comunicada a los\n representantes de la agrupación política solicitante\n y a los impugnadores, silos hubiere. De aceptarse el reconocimiento,\n causará ejecutoria. De negarse, el afectado podrá\n solicitar la reconsideración ante el mismo organismo y\n su decisión causará ejecutoria. La resolución\n ejecutoriada se publicará en el Registro Oficial.
ARTICULO 17. - Para que un partido pueda intervenir en elecciones\n será necesario que obtenga su reconocimiento seis meses\n antes de la fecha en que ellas deban realizarse.
Esta disposición no rige para los partidos que se originan\n por fusión de otros ya existentes.
ARTICULO 18. - Un partido puede incorporarse a otro y dos\n o más partidos fusionarse. En el primer caso, desaparece\n el partido que se incorpora y subsiste el que lo recibe. En el\n segundo, se produce el nacimiento de un nuevo partido y la desaparición\n de los anteriormente existentes.
Los partidos fusionados podrán escoger un nuevo nombre\n o usar el de alguno de ellos. Son libres para decidir sobre todas\n las materias relativas a la constitución de la nueva organización\n política dentro de los términos previstos en la\n presente Ley.
Los partidos que decidan incorporarse o fusionarse deberán\n resolverlo a través de la decisión de sus respectivas\n asambleas nacionales convocadas expresamente para el efecto,
En el caso de fusión, para el reconocimiento de la\n nueva organización política, el Tribunal aplicará,\n en cuanto sea pertinente, lo dispuesto en el artículo\n 10 de esta Ley.
ARTICULO 19. - Los afiliados a los partidos que se incorporen\n o fusionen, se considerarán miembros de la nueva organización\n política, a no ser que expresamente, mediante una comunicación\n escrita, indiquen su deseo de no formar parte de ella.
ARTICULO 20. - De acuerdo con la Ley, los partidos tienen\n libertad para adoptar y modificar los estatutos, reglamentos\n y en general las normas que rijan su organización y funcionamiento.\n Pero una vez aprobados, se hallan obligados a sujetarse estrictamente\n a sus disposiciones.
En estos instrumentos deberán constar la integración\n y atribuciones de las asambleas, organismos directivos y tribunales\n de disciplina y fiscalización.
Además, se establecerán los períodos\n de sesiones y de renovación de los diversos organismos\n partidarios.
ARTICULO 21. - Los integrantes del Tribunal de Fiscalización\n deberán emitir anualmente un informe analítico\n sobre la forma en que han sido llevadas las cuentas por el Tesorero,\n informe que deberá ser conocido y aprobado por el organismo\n que contemple los estatutos del partido.
ARTICULO 22. - Las reformas que se hagan a los estatutos de\n los partidos y los cambios que se produzcan en su organismo directivo\n superior permanente, deberán notificarse al Tribunal Supremo\n Electoral dentro del plazo de ocho días, contados desde\n la fecha en que quedó firme la decisión.
ARTICULO 23. - El dirigente máximo de un partido y\n los integrantes de su organismo directivo superior permanente\n durarán dos años en sus funciones. El dirigente\n máximo podrá ser reelegido por una sola vez y en\n lo sucesivo, transcurrido un periodo, por otro período\n de dos años más.
ARTICULO 24. - El dirigente máximo de un partido, cualquiera\n sea su denominación, tendrá su representación\n legal, judicial o extrajudicial.
ARTICULO 25. - En el caso de que se produzca escisión\n en un partido y se formen dos directivas, corresponde al Tribunal\n Supremo Electoral determinar cuál fracción es la\n legítima. Para el efecto, en el plazo de treinta días,\n las fracciones partidarias presentarán sus pruebas y alegatos\n y el Tribunal podrá solicitar otras. El Tribunal dictará\n su resolución en el plazo de quince días.
La decisión del Tribunal es inapelable y causa ejecutoría.\n La fracción que no haya sido reconocida no podrá\n usar el nombre originario del partido, total o parcialmente,\n ni agregarle aditamentos. Los dirigentes que persistieren en\n el uso indebido del nombre del partido o pretendan representarlo,\n serán sancionados con prisión de diez a treinta\n días y una multa de cinco mil a diez mil sucres.
ARTICULO 26. - Todos los otros asuntos relativos a la vida\n partidaria competen a los propios partidos que los resolverán\n internamente, de acuerdo con sus estatutos y reglamentos. Sin\n embargo, podrán someterlos a conocimiento y resolución\n del Tribunal Supremo Electoral, si así lo acuerdan la\n asamblea nacional o las partes en conflicto, de común\n acuerdo.
ARTICULO 27. - Los partidos tienen propiedad exclusiva sobre\n su nombre, símbolos y otros distintivos registrados en\n el Tribunal Supremo Electoral, los que no podrán ser usados\n por ninguna otra organización política, reconocida\n o no.
Los dirigentes de la organización que violen esta disposición\n serán sancionados con prisión de diez a treinta\n días y una multa de cinco a diez mil sucres.
ARTICULO 28. - La denominación "partido"\n solo puede ser usada por las organizaciones que han sido reconocidas\n por el Tribunal Supremo Electoral de acuerdo con esta Ley.
ARTICULO 29. - Los partidos gozarán de libertad para\n difundir su doctrina y programas y desarrollar las acciones tendientes\n a su organización y fortalecimiento. Las autoridades les\n prestarán toda la colaboración que requieran y,\n de solicitarlo, la protección de la Policía Nacional.
ARTICULO 30. - Los partidos tendrán libre acceso a\n los medios de comunicación social y las tarifas que deban\n pagar por los comunicados y propaganda que publiquen o difundan,\n no podrán exceder de las fijadas para la publicidad comercial\n ordinaria.
Los medios de comunicación que violen esta disposición\n serán sancionados con una multa equivalente al triple\n de los valores pagados y con la devolución de la cantidad\n cobrada en exceso.
ARTICULO 31. - Los partidos políticos legalmente reconocidos\n podrán presentar o auspiciar candidatos para las dignidades\n de elección popular.
Podrán también presentarse como candidatos los\n ciudadanos no afiliados ni auspiciados por partidos políticos,\n con sujeción a los requisitos señalados en la Constitución\n Política y la ley,
No podrán ser candidatos a dignidad alguna de elección\n popular los miembros de la fuerza pública en servicio\n activo.
ARTICULO 32. - Los partidos no pagarán impuestos fiscales,\n municipales o especiales por bienes raíces de su propiedad\n y por su adquisición y transferencia. Tampoco causarán\n impuestos las rentas originadas en las inversiones que realicen,
ARTICULO 33. - Se prohíbe todo acto que limite la participación\n de los ciudadanos en los partidos políticos.
Los funcionarios y trabajadores, tanto públicos como\n privados, no podrán sufrir retaliaciones o segregaciones\n por el hecho de militar en un partido, ocupar en él funciones\n directivas o difundir sus ideas. Pero se les prohíbe valerse\n de sus cargos o utilizar las horas laborales para ejercer actividades\n proselitistas.
De conformidad con la Constitución Política,\n el Estado reconoce y garantiza a las personas que no habrá\n discriminación en razón de la filiación\n política y el derecho a guardar reserva sobre sus convicciones\n políticas.
Todos los ciudadanos tendrán el deber y responsabilidad\n de participar en la vida política del país, de\n manera honesta y transparente.
ARTICULO 34. - La cancelación de la inscripción\n de un partido origina su extinción y produce la pérdida\n de sus bienes y de la protección especial prevista en\n esta Ley, no pudiendo volver a solicitar su reconocimiento.
ARTICULO 35. - Puede declararse la extinción de un\n partido político y cancelarse su inscripción, por\n las siguientes causales:
a) Por decisión libre y voluntaria tomada de conformidad\n con sus estatutos;
b) Por incorporación a otro partido político\n o por fusión;
c) Por no obtener el porcentaje mínimo del cinco por\n ciento de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales\n nacionales sucesivas;
d) Por no participar en un evento electoral pluripersonal,\n al menos en diez provincias; y,
e) Por constituir organizaciones paramilitares o no respetar\n el carácter no deliberante de los miembros de las Fuerzas\n Armadas y Policía Nacional en servicio activo.
ARTICULO 36. - Corresponde al Tribunal Supremo Electoral declarar\n la extinción de un partido político.
ARTICULO 37. - Cada partido político deberá\n concurrir a las elecciones pluripersonales en la forma indicada\n en el articulo 31 de esta Ley, o aliados con otros partidos políticos\n sin restricción alguna y participar al menos en 10 provincias,\n de las cuales dos deberán corresponder a las tres de mayor\n población.
Para calcular el cuociente electoral al que se refiere el\n literal c) del artículo 35, solo se tomarán en\n cuenta las elecciones pluripersonales. Se sumarán todos\n los votos obtenidos por el partido a nivel nacional en las elecciones\n antes señaladas para establecer el cuociente electoral.\n El resultado se dividirá para la suma total de votos válidos\n receptados para dichas dignidades a nivel nacional, produciéndose\n la causal cuando el partido político no alcance el 0.05\n como cuociente.
Para efectos de la aplicación del cuociente establecido\n en el artículo 35, literal c) de esta Ley, en el caso\n de alianzas pluripersonales, la votación que obtengan\n los partidos políticos aliados, se dividen en porcentajes\n proporcionales a los resultados de la anterior elección,\n de conformidad con la alianza nacional que se hubiere efectuado,\n tomando en cuenta que los partidos políticos aliados deberán\n inscribir las candidaturas, en conjunto con los números\n que representen a cada partido, y en un solo casillero.
En las elecciones unipersonales para Presidente y Vicepresidente\n de la República y para alcaldes y prefectos no existe\n ninguna restricción para que los partidos formen las alianzas\n que estimen convenientes.
ARTICULO 38. - En los casos contemplados en los literales\n a) y b) del articulo 35, el Tribunal Supremo Electoral cancelará\n la inscripción del partido y declarará su extinción,\n previa solicitud en la que se compruebe que la decisión\n ha sido tomada de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y\n de sus estatutos.
En los casos previstos en los literales c) y d), el Tribunal\n actuará de oficio o a petición de cualquier ciudadano\n y cancelará la inscripción del partido.
En el caso señalado en el literal e), será necesario\n un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional declarando\n que se ha producido tal violación. De ser el pronunciamiento\n afirmativo, el Tribunal Supremo Electoral resolverá la\n cancelación de la inscripción del partido y su\n extinción.
ARTICULO 39. - Salvo el caso en que la cancelación\n de la inscripción de un partido y su extinción\n se produzca por las causas indicadas en los literales a) y b)\n del artículo 35, el Tribunal Supremo Electoral está\n obligado a notificar al partido afectado, con el trámite\n que se haya iniciado. El partido dispondrá de sesenta\n días para presentar las pruebas y alegatos que estime\n pertinentes.
ARTICULO 40. - La cancelación de la inscripción\n y la declaratoria de extinción de un partido se publicará\n en el Registro Oficial y difundirá a través de\n los medios de comunicación social.
ARTICULO 41. - Cuando la extinción de un partido se\n produzca por las causas indicadas en el literal b) del articulo\n 35, sus bienes integrarán el patrimonio de la nueva organización\n política.
Si se debe a la causa contemplada en el literal a) del mismo\n artículo, los bienes del partido extinguido pasarán\n a engrosar el Fondo Partidario Permanente a cargo del Tribunal\n Supremo Electoral, a no ser que sus estatutos establezcan lo\n contrario. Si se produce por la causa señalada en el literal\n e), los bienes necesariamente ingresarán al Fondo Partidario\n Permanente.
ARTICULO 42. - Sin más limitaciones que las establecidas\n en esta Ley, se garantiza el derecho de los partidos políticos,\n para organizar reuniones, desfiles y manifestaciones públicas.
ARTICULO 43. - Es libre la propaganda doctrinaria, política\n y electoral de los partidos a través de los medios de\n comunicación social o de cualquier otro, siempre que se\n respete el honor de las personas y la moral pública y\n se sujete a la Ley.
ARTICULO 44. - Toda propaganda política impresa realizada\n mediante la edición de libros, folletos y carteles y de\n otros medios similares, deberá llevar el pie de imprenta\n correspondiente. La que no cumpla con esta disposición\n será decomisada.
ARTICULO 45. - El representante de la empresa que haya hecho\n o difundido una publicación que atente contra lo dispuesto\n en los dos artículos anteriores, será sancionado\n de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de\n Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral.
ARTICULO 46. - Si por razones políticas, en un medio\n de comunicación social, se hiciere una propaganda o una\n declaración que contenga alusiones contra el honor o buen\n nombre de las personas, el afectado podrá exigir que se\n publique una rectificación gratuitamente. De considerar\n necesario, acudirá al Tribunal Provincial Electoral respectivo\n para hacer valer su derecho.
ARTICULO 47. - Prohíbense los contratos de exclusividad\n de propaganda política. Solo los medios de comunicación\n social que fueren de propiedad de un partido, pueden negarse\n a aceptar la propaganda de una organización política.
ARTICULO 48. - No podrán dos o más partidos\n realizar desfiles o manifestaciones públicos en un mismo\n lugar, fecha y hora, a no ser que lo hayan acordado conjuntamente.
ARTICULO 49. - Las manifestaciones o desfiles públicos\n requieren de la autorización del Intendente de Policía,\n en las capitales de provincia, del Comisario Nacional, en los\n cantones y del Teniente Político, en las parroquias. Las\n reuniones de los partidos y alianzas electorales en locales cerrados,\n no requieren de ninguna autorización, pero sí de\n una información previa a las mismas autoridades.
ARTICULO 50. - Para los fines del artículo anterior,\n los dirigentes nacionales o seccionales de partidos o alianzas\n electorales, según sea el caso, por escrito y con una\n anticipación no menor a cuarenta y ocho horas (48), comunicarán\n a la autoridad respectiva el día, la hora y lugar en que\n han programado un desfile o manifestación pública,\n el recorrido que ha de tener y su objetivo.
ARTICULO 51. - La autoridad solo podrá negar la solicitud\n en el caso de que previamente haya concedido autorización\n para que se realice otra manifestación los mismos días,\n lugar y hora, pero de acuerdo con el solicitante, inmediatamente\n señalará otra fecha y hora.
Tendrá preferencia para la realización de un\n desfile o manifestación pública, el partido o alianza\n electoral que haya presentado antes su solicitud.
La decisión de la autoridad deberá tomarse en\n el plazo de veinticuatro horas, contadas desde el momento en\n que fue presentada la solicitud.
ARTICULO 52. - Si el solicitante considera que ha sido ilegal\n la decisión de la autoridad, podrá recurrir ante\n el respectivo Tribunal Provincial Electoral. Este, de encontrar\n fundamentado el reclamo, pedirá a la autoridad que rectifique\n su decisión y si no lo hace, solicitará al Tribunal\n Supremo Electoral su destitución.
Los tribunales provinciales, para resolver sobre el recurso\n señalado en el inciso anterior, dispondrán de un\n plazo máximo de tres días y el Tribunal Supremo,\n de ocho días, para resolver sobre la destitución\n de la autoridad.
ARTICULO 53. - Las autoridades y la Policía Nacional\n cuidarán de que se mantenga el orden en las reuniones\n y manifestaciones legalmente autorizadas.
ARTICULO 54. - Se prohíben las contramanifestaciones.\n Quienes las organicen serán reprimidos con prisión\n de uno a seis meses y multa de un mil a cinco mil sucres. Los\n que participen en ellas serán sancionados con prisión\n de dos a siete días y multa de cien a mil sucres sin perjuicio\n de la acción penal correspondiente.
ARTICULO 55. - Quienes se aprovechen de sus funciones para\n coaccionar a otros a fin de que: se afilien a determinada agrupación\n política, participen en manifestaciones o desfiles, voten\n por un candidato o contribuyan pecuniariamente a financiarlos,\n serán castigados con una multa de un mil sucres a diez\n mil sucres. Si el infractor fuere un funcionario público\n será inmediatamente destituido de su cargo.
ARTICULO 56. - Se prohibe el proselitismo político\n en escuelas y colegios; quienes lo hagan serán sancionados\n con una multa de doscientos a diez mil sucres y la destitución\n del cargo.
ARTICULO 57. - El Patrimonio de los partidos políticos\n se integra con las contribuciones de los afiliados, los subsidios\n del Estado, las rentas de sus inversiones y las donaciones y\n legados de sus simpatizantes.
Los afiliados a un partido están obligados a pagar\n una contribución periódica.
Solo los partidos que hayan recibido al menos el cuociente\n del 0.04 de los votos válidos en las elecciones pluripersonales\n nacionales tendrán derecho a recibir financiamiento del\n Estado.
ARTICULO 58. - Se prohíbe a los partidos recibir, directa\n o indirectamente, aportes económicos de personas naturales\n o jurídicas que contraten con el Estado o de empresas,\n instituciones o estados extranjeros. Las personas que no estén\n sujetas a estas restricciones pueden realizar donaciones a los\n partidos, pero ellas deben ser registradas en una cuenta especial\n que obligatoriamente se llevará. Este registro podrá\n ser revisado por el Tribunal Supremo Electoral que ordenará\n su publicación cuando lo estime conveniente.
Los donantes y los donatarios que violen lo dispuesto en este\n artículo serán sancionados con una multa equivalente\n al doble del monto de la contribución ilegal.
ARTICULO 59. - El Estado contribuye al financiamiento de los\n partidos y para el efecto crea el Fondo Partidario Permanente.\n En el Presupuesto General del Estado constará anualmente\n una partida por un monto equivalente al cero punto cinco por\n mil de los egresos fiscales constantes en él.
El Tribunal Supremo Electoral la distribuirá entre\n los partidos que tengan derecho, de la siguiente manera: el sesenta\n por ciento en partes iguales a cada uno de ellos y el otro cuarenta\n por ciento en proporción a los votos obtenidos en las\n últimas elecciones pluripersonales, a nivel nacional.
ARTICULO 60. - En los años en que se realicen elecciones,\n en el Presupuesto General del Estado constará otra partida\n equivalente al cero punto cinco por mil de los egresos fiscales\n constantes en él, que permita afrontar el gasto electoral\n realizado por los partidos. El Tribunal Supremo Electoral la\n distribuirá entre los partidos que tengan derecho, en\n proporción a los votos que hayan obtenido en las elecciones\n pluripersonales realizadas a nivel nacional.
ARTICULO 61. - El Tribunal Supremo Electoral tomará\n en cuenta lo establecido en el artículo 37, inciso segundo,\n para distribuir los fondos indicados en los dos artículos\n anteriores.
ARTICULO 62. - Es obligación del Tesorero del partido\n llevar contabilidad que deberá ir firmada por un contador\n federado y un libro de inventario pormenorizado de todos los\n bienes. Los documentos y comprobantes deberán estar debidamente\n organizados, fechados y foliados y se conservarán por\n lo menos durante cinco años contados a partir del último\n asiento.
Deberá llevar una cuenta separada de las subvenciones\n otorgadas por el Estado para el financiamiento de los partidos.\n Anualmente rendirá informe de su empleo al Tribunal Supremo\n Electoral.
ARTICULO 63. - La aplicación de esta Ley corresponde\n al Tribunal Supremo Electoral, siendo su obligación facilitar\n los medios necesarios para la organización y funcionamiento\n de los partidos políticos.
ARTICULO 64. - Las sanciones por las infracciones establecidas\n en esta Ley serán impuestas por el Tribunal Supremo Electoral.\n Las infracciones determinadas en el Título Sexto de esta\n Ley, serán reconocidas y sancionadas por los tribunales\n provinciales.
Para este efecto, se estará a lo dispuesto en el artículo\n 147 de la Ley de Elecciones, y en los artículos 35 y 37\n de la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de\n la Propaganda Electoral.
ARTICULO 65. - Para su juzgamiento, el Presidente del Tribunal\n mandará a notificar al infractor por medio del Secretario,\n señalando lugar, día y hora para la respectiva\n audiencia. La notificación se hará con una sola\n boleta que se entregará a la persona a la cual se notifica\n o se dejará en su domicilio en el caso de no encontrarla.\n En el día y hora señalados se oirá al infractor,\n se actuarán las pruebas y se expedirá en el acto\n la resolución correspondiente. De no comparecer el infractor,\n se lo juzgará en rebeldía.
ARTICULO 66. - La acción para perseguir las infracciones\n a las que se refiere esta Ley prescribirá en un año,\n contada desde la fecha en que se perpetró la infracción.\n La pena prescribirá en el término de un año.
ARTICULO 67. - El producto de las multas provenientes de las\n penas establecidas en esta Ley, ingresará a la cuenta\n del Fondo Partidario Permanente en el Banco Central del Ecuador,\n a cargo del Tribunal Supremo.
ARTICULO 68. - Toda decisión del Tribunal Supremo Electoral\n o de los tribunales provinciales será fundamentada; tiene\n el carácter de resolución administrativa de última\n instancia y causará ejecutoría.
Esta codificación fue elaborada por la Comisión\n de Legislación y Codificación, de acuerdo con lo\n dispuesto en el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución\n Política de la República.
f.) Dr. Carlos Serrano Aguilar, Presidente de la Comisión\n de Legislación y Codificación.
f.) Dr. Marco Landázuri Romo, Vicepresidente de la\n Comisión de Legislación y Codificación.
f.) Dr. Ramón Rodríguez Noboa, Vocal.
f) Dr. Jacinto Loaiza Mateus, Vocal.
f.) Abg. Xavier Flores Marín, Secretario de la Comisión\n de Legislación y Codificación.
Han servido de fuentes para esta codificación:
2. Decreto Supremo 2262 (Registro Oficial 535, 28 - II - 78).
3. Decreto Supremo 2427 (Registro Oficial 572, 24 - IV - 78).
4. Ley No. 48 (Registro Oficial 490, 31 - VII - 86).
5. Ley No. 167 (Registro Oficial 984, 22 - VII - 92).
6. Ley No. 109 (Segundo Suplemento del Registro Oficial 852,\n 29 - XII - 95).
7. Ley No. 114 (Registro Oficial 866, 19 - 1 - 96).
8. Ley No. 1 (Suplemento del Registro Oficial 5, 16 - VIII\n - 96).
9. Ley No. 7 (Registro Oficial 60, 8 - V - 97).
10. Ley s/n (Registro Oficial 99, 2 - V11 - 97).
11. Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de\n la Propaganda Electoral (Suplemento Registro Oficial 41, 22 -\n III - 2000).
12. Codificación de la Ley de Elecciones (Registro\n Oficial 117, 11 - VII - 2000).
En ejercicio de la facultad que le confiere\n el numeral 2 del articulo 139 de la Constitución Política\n de la República,
Expedir la siguiente codificación\n de la Ley de Inquilinato
ARTICULO 1. - AMBITO. - Esta Ley regla las relaciones derivadas\n de los contratos de arrendamiento y de subarrendamiento de locales\n comprendidos en los perímetros urbanos.
\n Las ordenanzas municipales determinarán el perímetro\n urbano.
ARTICULO 2. - LEYES SUPLETORIAS. - En lo no previsto en esta\n Ley, se aplicarán las disposiciones de los Códigos\n Civil y de Procedimiento Civil, en lo que fueren pertinentes.
ARTICULO 3. - CONDICIONES DE LOS LOCALES DE ARRENDAMIENTO.\n - Los locales destinados al arrendamiento deberán reunir,\n a más de las condiciones que fijen las ordenanzas municipales,\n las siguientes:
a) Disponer de servicios higiénicos completos y permanentes,\n siquiera uno para cada piso de la casa, de acuerdo con las modalidades\n del lugar.
Cuando en un mismo piso hubiere dos o más departamentos\n independientes, cada uno de ellos deberá tener, por lo\n menos, un servicio higiénico completo y exclusivo;
c) Disponer, permanentemente, de los servicios de agua potable\n y de luz eléctrica, en los sectores urbanos donde existen\n estos servicios;
e) Estar desinfectados, lo que se acreditará con el\n correspondiente Certificado de Sanidad.
ARTICULO 4. - REPARACIONES A QUE ESTA OBLIGADO EL ARRENDADOR.\n - El arrendador está obligado a efectuar las reparaciones\n y obras necesarias a fin de que los locales reúnan las\n condiciones exigidas en el artículo precedente.
Cuando las ordenare el Juez de Inquilinato, concederá\n un plazo para su ejecución.
ARTICULO 5. - DERECHO DE SUBROGACION DEL INQUILINO. - Si,\n vencido el plazo, el local no hubiere sido puesto en las condiciones\n ordenadas, el arrendatario, con autorización del Juez\n podrá efectuar las reparaciones y obras estrictamente\n indispensables, a costa del arrendador. En tal caso, descontará\n de las pensiones locativas el valor invertido, más el\n diez por ciento de recargo.
ARTICULO 6. - SANCIONES AL ARRENDADOR. - El arrendador que\n no efectuare las reparaciones y obras ordenadas por el Juez de\n Inquilinato, o que privare a los locales de los servicios existentes,\n u ocasionare daños en ellos, o dificultare, de cualquier\n manera, el uso del local arrendado, será sancionado por\n el Juez de Inquilinato con multa equivalente a una pensión\n locativa mensual y, si reincidiere, con la de tres pensiones\n locativas mensuales.
Cuando por las causas puntualizadas en el inciso anterior\n el inquilino se hubiere visto obligado a desocupar el local,\n el arrendador le indemnizará con una suma equivalente\n a la pensión locativa de tres meses, sin perjuicio de\n la sanción establecida en el inciso anterior.
ARTICULO 7. - RESPONSABILIDADES DEL INQUILINO. - Si el inquilino\n fuere responsable de los daños ocasionados en el local\n arrendado, o en las instalaciones de agua potable, luz eléctrica\n y servicios higiénicos, estará obligado a la inmediata\n reparación, a su costa. Caso de no hacerlo en el plazo\n fijado por el Juez, el arrendador estará facultado para\n efectuar dichas reparaciones y exigir al arrendatario el pago\n de lo invertido, con un aumento del diez por ciento. Podrá,\n además, exigir la terminación del contrato.
ARTICULO 8. - DEL REGISTRO DE ARRENDA-MIENTOS. - Los concejos\n cantonales tendrán a su cargo el Registro de Arrendamientos,\n que lo llevará el Jefe de Catastros Municipales, quien\n ejercerá todas las funciones que se asignan en esta Ley\n a la Oficina de Registro de Arrendamientos.
En los cantones de Quito y Guayaquil habrá, a cargo\n de las Municipalidades respectivas, una Oficina de Registro de\n Arrendamientos, independiente de la Jefatura de Catastros.
\n Podrá también haberla en los demás cantones,\n cuando los concejos municipales así lo resuelvan.
ARTICULO 9. - CONTENIDO DE LA INSCRIPCION. -Los arrendadores\n inscribirán sus predios en el Registro de Arrendamientos\n de Predios Urbanos. Cada inscripción contendrá:
b) Ubicación y superficie del predio y del local o\n locales destinados al arrendamiento,
e) Inventario de los muebles, cuando se tratare de locales\n amoblados; y,
ARTICULO 10. - FIJACION DE LAS PENSIONES MAXIMÁS DE\n ARRENDAMIENTO. - Las oficinas de Registro de Arrendamientos o\n las jefaturas de Catastro Municipales, según el caso,\n fijarán la pensión máxima de arrendamiento\n de cada local, y entregarán al arrendador, en el plazo\n máximo de cuatro meses, un certificado en el que conste\n la identidad del predio o local inscrito y la pensión\n mensual para su arrendamiento.
ARTICULO 11. - FIJACION DE TASAS DE INSCRIPCION Y CERTIFICADOS.\n - El Concejo Municipal fijará las tasas de inscripción\n y de otorgamiento de certificados, las mismas que no excederán\n de cinco sucres por cada predio.
ARTICULO 12. - OBLIGACION DEL CERTIFICADO DE FIJACION DE PENSIONES.\n - No se podrá arrendar, total o parcialmente un predio,\n sin el correspondiente certificado de fijación de precios.
Si la Oficina de Registro de Arrendamientos encontrare que\n el arrendador no se ha sometido a las disposiciones de este artículo,\n lo sancionará con multa de cincuenta a quinientos sucres,\n que será recaudada por el Juez de Inquilinato, salvo que\n el incumplimiento fuere causado por la Municipalidad. En este\n caso se dispondrá la inscripción.
ARTICULO 13. - INSPECCION DE LOS PREDIOS INSCRITOS. - La Oficina\n de Registro de Arrendamientos podrá inspeccionar; en cualquier\n tiempo, los predios inscritos, con el fin de comprobar la exactitud\n de los datos suministrados para la inscripción.
ARTICULO 14. - SANCION POR FALTA DE INSCRIPCION - Sin perjuicio\n de lo establecido por el articulo 12, el arrendador que no hubiere\n inscrito el predio destinado a vivienda, o vivienda y comercio,\n o vivienda .y taller, el Juez de Inquilinato le impondrá\n una multa equivalente a seis meses de pensiones de arrendamiento,\n correspondiendo el cincuenta por ciento al inquilino y el otro\n cincuenta por ciento al Estado, porcentaje éste que será\n depositado por el Juez de Inquilinato en el Banco del Estado,\n en la cuenta única del Tesoro Nacional.
El inquilino podrá hacer valer este derecho como acción\n o como excepción, aun reconviniendo al arrendador; en\n todo caso, el Juez aún de oficio, impondrá la multa\n mencionada, en el cincuenta por ciento de beneficio al Estado.
ARTICULO 15. - EXONERACION DE INSCRIPCION. -Exonérase\n a las instituciones de derecho público y de derecho privado\n con finalidad pública de la obligación de inscribir\n sus bienes inmuebles destinados al arrendamiento para la vivienda,\n vivienda y taller, y vivienda y comercio, en las oficinas de\n Registro de Arrendamientos de las municipalidades.
ARTICULO 16. - PROHIBICION PARA LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR\n PUBLICO. - En ningún caso, las instituciones a las que\n se refiere el artículo precedente podrán cobrar\n en concepto de cánones de arrendamiento por sus inmuebles,\n valores superiores a los limites legales.
ARTICULO 17. - LIMITE MÁXIMO PARA LAS PENSIONES DE\n ARRENDAMIENTO. - La pensión mensual de arrendamiento de\n un inmueble no podrá exceder de la doceava parte del diez\n por ciento del avalúo comercial con que dicho inmueble\n conste en el Catastro Municipal, y de los impuestos municipales\n que gravaren a la propiedad urbana.
Para determinar el precio total se tomarán en cuenta\n todos los departamentos, piezas o locales del inmueble, inclusive\n los ocupados por el arrendador.
Cuando se arrienda sólo una parte del predio, la pensión\n se fijará proporcionalmente a dicha parte.
Para fijar la pensión mensual de arrendamiento, se\n tendrá en cuenta el estado, condición y ubicación\n del inmueble y los requisitos exigidos en el Art. 3.
ARTICULO 18. - Prohíbese pactar el incremento automático\n de pensiones locativas de inmuebles destinados a vivienda durante\n la vigencia mínima del contrato de arrendamiento a que\n se refiere el inciso primero del artículo 28, siempre\n y cuando el canon de arrendamiento mensual no exceda de dos salarios\n mínimos vitales. Toda estipulación que contravenga\n esta prohibición se tendrá por no escrita.
ARTICULO 19. - SANCIONES POR COBRO DE PENSIONES EXCESIVAS.\n - La Oficina de Registro de Arrendamientos, fijará el\n precio máximo de arrendamiento de cada local, que se hará\n constar en el certificado a que se refiere el Art. 10.
Quien cobrare una pensión mayor de la fijada por la\n Oficina Municipal de Arrendamientos o la Jefatura de Catastros,\n según el caso, será sancionado por el Juez de Inquilinato\n con una multa equivalente al valor del canon de arrendamiento\n mensual cobrado, sin perjuicio de la devolución al inquilino\n de lo cobrado en exceso, que deberá liquidarse con el\n interés legal vigente a la fecha en que se ordene la devolución.
Esta acción se tramitará en juicio verbal sumario,\n por separado. Si el monto de lo reclamado no excediere de un\n mil sucres, el demandado podrá reconvenir al actor en\n el momento de proponer excepciones.
La acción para demandar la devolución de lo\n cobrado en exceso y el derecho a recabar dicha devolución,\n prescribirá en dos años.
ARTICULO 20. - FIJACION PROVISIONAL DE PENSIONES. - Si el\n inmueble no tuviere avalúo catastral comercial, la Oficina\n de Registro de Arrendamientos, previa inspección, podrá\n autorizar el arrendamiento y fijar pensiones provisionales.
Si un edificio no se hallare terminado, se podrá autorizar\n el arrendamiento de los locales que reúnan los requisitos\n del Art. 3.
ARTICULO 21. - SOLICITUD DE AUMENTO DE PENSIONES. - El arrendador\n podrá solicitar a la Oficina de Registro de Arrendamientos\n el aumento de la pensión mensual, cuando hubiere realizado\n obras que mejoren el local arrendado, siempre y cuando éstas\n no sean obras de simple mantenimiento o de servicios necesarios\n exigidos en el Art. 3 de esta Ley; o hayan transcurrido, por\n lo menos dos años de haberse efectuado la última\n fijación.
ARTICULO 23. - SOLICITUD DE REBAJA DE PENSIONES. - El arrendatario\n puede solicitar la rebaja de las pensiones de arrendamiento cuando\n el local se halle en mal estado, por el uso natural o por causa\n de las cuales el arrendatario no sea responsable.
ARTICULO 24. - FORMA Y CONTENIDO DE LOS CONTRATOS. - En el\n contrato de arrendamiento de locales amoblados, constará\n por escrito el inventario y avalúo de los muebles y la\n determinación de su valor de uso. De no constar, se estimará\n que el valor de uso de los muebles corresponde al 25% de la pensión\n de arrendamiento estipulada.
ARTICULO 25. - CASO DE LOCALES DESTINADOS A VIVIENDA. - En\n tratándose de locales destinados a vivienda, la parte\n de renta relativa al mobiliario no podrá exceder del importe\n máximo de la pensión de arrendamiento que legalmente\n corresponda a la vivienda. Si excediere de este límite,\n el inquilino, mientras continúe vigente el arriendo, podrá\n pedir revisión de la pensión pactada y el reintegro\n de las cantidades que indebidamente hubiere abonado al arrendador\n por el uso de mobiliario.
ARTICULO 26. - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si el arrendador\n no entregare los muebles arrendados, o una parte de ellos, según\n inventario, el arrendatario podrá exigir, mientras subsista\n el contrato, la entrega de los muebles o la rebaja proporcion

References: artículo 139
 artículo 12
 artículo 10
 resolución 
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 37
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 artículo 28