Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S-1-95-peru.htm
Timestamp: 2018-10-23 17:17:02+00:00

Document:
García v. Peru, Caso 11.006, Informe No. 1/95, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.88 rev.1 Doc. 9 at 72 (1995).
INFORME N 1/95
Instaurado en el poder el nuevo Presidente constitucional, Ingeniero Alberto Fujimori, se inició una investigación parlamentaria en contra de Alan García y como consecuencia de ella sobrevino un proceso de Acusación Constitucional por el presunto delito de enriquecimiento ilícito que concluyó el 19 de octubre de 1991 con la resolución senatorial N 1189-91, en la cual se declaró "ha lugar" la formación de la causa y se suspendió al imputado en el ejercicio de sus funciones de Senador Vitalicio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución, quedando de este modo "sujeto a juicio según ley".
En tal sentido, los peticionarios sostienen que en la legislación peruana no se obtiene "cosa juzgada" sólo por medio de una sentencia. El artículo 2 inc. 20-LL de la Constitución Política de Perú de 1979 establece que "la amnistía, los indultos, los sobreseimientos definitivos y las prescripciones producen los efectos de cosa juzgada". Asimismo, señalan los reclamantes que el artículo 233 inciso 2 de la mencionada Constitución establecía que, siendo una garantía de la administración de justicia "... no se pueden dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada".
La causa seguida contra el Dr. Alan García por el delito de enriquecimiento ilícito finalizó con una resolución o auto del Vocal Supremo Instructor que decretó la no apertura de la instrucción por no encontrar mérito en los hechos denunciados ni tipicidad en la legislación penal. Dicho auto fue confirmado por el Tribunal Correccional Especial de la Corte Suprema. Interpuesto contra dicha resolución un recurso de nulidad, el mismo fue considerado improcedente; asimismo, presentado un recurso de queja, éste fue declarado infundado por la Primera Sala Penal de la Corte Suprema. Por los motivos expuestos, los reclamantes consideran que dicho auto declarando la no apertura de la instrucción, ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que "la regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho [doméstico] antes de verse enfrentado a un procedimiento internacional...". Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C. No. 4., párr. 61.
Sin embargo, este derecho del Estado de remediar por sus propios medios una presunta violación de derechos humanos en el ámbito de su jurisdicción, conlleva la obligación de proporcionar tales recursos de conformidad con los principios de derecho internacional generalmente reconocidos. Mónica Pinto, "La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", Buenos Aires, Editores del Puerto, 1993, p. 59.
En tal sentido, la Corte Interamericana ha señalado que "la regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes en la Convención. En efecto, según ella, los Estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación a los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general ... de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1)". Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 1, párr. 62.
La Convención asegura que en caso que exista una violación a uno de los derechos por ella protegidos, el Estado, en cuya jurisdicción la presunta transgresión haya tenido lugar, tiene la obligación de garantizar a la víctima un recurso sencillo y rápido que asegure la obtención de un remedio a su reclamo. Véanse los artículos 1.1 y 25 de este instrumento.
El habeas corpus, al igual que el amparo, son recursos judiciales sencillos y rápidos para proteger a las víctimas de violaciones a derechos humanos. En los términos de la Corte Interamericana, ambos recursos constituyen garantías judiciales indispensables destinadas a garantizar el respeto de los derechos y libertades protegidos por la Convención. Corte I.D.H., Garantías Judiciales en estados de emergencia, supra nota 3, párr. 33.
La Corte Interamericana ha interpretado que las garantías previstas en el mencionado artículo "... sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho...". De este modo, constituyen "... los medios idóneos para que los derechos y libertades [protegidos por la Convención] sean efectivos en toda circunstancia...", es decir aún en casos en los cuales, por una necesidad real, un Estado parte en la misma declare un estado de emergencia. Corte I.D.H., El habeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A. N 8, párr. 25.
Es doctrina de la Corte Interamericana que, aún cuando el derecho a la libertad personal --o la amenaza a la libertad personal cuando los Estados prevén al habeas corpus como un medio idóneo para remediarla-- es un derecho susceptible de suspensión en un estado de emergencia, el recurso de habeas corpus no puede ser derogado pues a través de éste un tribunal puede evaluar la legalidad de la decisión del Poder Ejecutivo de detener a una persona y de este modo, la autoridad judicial puede impedir que se adopten medidas que resulten contrarias a la protección de los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción. Idem, párr. 40.
En efecto, el 11 de mayo de 1992 la Sra. Pilar Nores de García interpuso un recurso ante la 42 Fiscalía de Lima en el que solicitaba la no promoción de la denuncia penal por estar fundada en prueba obtenida ilegalmente y reclamaba la aplicación del artículo 176 de la Constitución de 1979 según el cual, al ser el Dr. García Senador vitalicio, no podía ser procesado sin autorización de la Cámara a la que pertenecía.
"... este despacho resuelva la interpretación y alcances y aplicación de los artículos 183 y 184 de la Constitución política ... en virtud de que en las investigaciones policiales se encuentran indicios de responsabilidad por tales hechos en la persona de ... Alan García Pérez, que estando a lo dispuesto en el artículo primero, cuarto, quinto y octavo del Decreto Ley N 25418 [Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional del 5 de abril de 1992], los artículos constitucionales en mención se encuentran en suspenso por oponerse a los fines y objetivos del citado Decreto Ley...". Promovida la denuncia y abierta la causa, el Dr. Alan García dedujo cuestión previa por no haberse cumplido con el requisito del desafuero, según lo establecido en el artículo 176 de la Constitución Nacional de 1979. La cuestión aludida fue declarada infundada por el Juzgado de Instrucción y la Segunda Sala Penal de Lima. Contra dicha sentencia, los peticionarios interpusieron recurso de nulidad ante la Corte Suprema, el cual fue igualmente desestimado. En términos generales, las decisiones se fundaron en el hecho que el delito imputado --tenencia de armas-- no se encuadraba dentro de lo dispuesto por el artículo 183 de la Constitución, por no tratarse de un delito cometido en el ejercicio de sus funciones como Presidente o Senador vitalicio.
Las razones expuestas por la Sra. Fiscal de la Nación, señalando que las normas constitucionales cuya aplicación reclamó el Dr. Alan García estaban suspendidas por oponerse a los fines y objetivos del Decreto Ley N 25418 [Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional del 5 de abril de 1992], demuestran ampliamente que en el período de transición que siguió al 5 de abril de 1992 resultaba imposible que el peticionario lograse la protección de sus derechos por vía de recurrir a las distintas instancias que ofrecía la jurisdicción interna.
Si bien la tenencia de armas no es uno de los llamados delitos de función de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 183 de la Constitución no es lo dispuesto en esta norma lo reclamado por el peticionario. Según surge del texto de la Constitución, existe una diferencia apreciable entre lo dispuesto en ambas normas, es decir en los artículos 176 y 183. Los artículos 176, 183 y 184 de la Constitución peruana de 1979 disponen:
Artículo 183: Corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al Presidente de la República, a los miembros de ambas Cámaras ..., por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, aunque hayan cesado en éstas. Mientras que el artículo 176 contempla la figura del desafuero, es decir la necesidad de solicitar la autorización de la Cámara del Congreso que corresponda antes de iniciar un proceso judicial contra un Diputado o un Senador, el artículo 183 y su correspondiente, el 184, hacen referencia a la figura del antejuicio o juicio político, es decir el procedimiento a través del cual debe conducirse la acusación de ciertos altos funcionarios del Estado, como el Presidente y los miembros de ambas Cámaras del Congreso, por infracciones a la Constitución y por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
La Corte Interamericana ha señalado que el mencionado artículo 8 reconoce el "debido proceso legal" y lo ha definido como las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de los derechos u obligaciones que están bajo consideración judicial. Asimismo, ha afirmado que "el concepto del debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la Convención debe entenderse como aplicable ... a todas las garantías judiciales ...[protegidas] ... en la Convención ..." Corte I.D.H. Garantías Judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A. N 9., párr. 29.
Es doctrina reiterada de la Comisión que "la efectiva vigencia de las garantías [judiciales] se asienta sobre la independencia del Poder Judicial, derivada de la clásica separación de los poderes públicos. Esta es una consecuencia lógica que se deriva de la concepción misma acerca de los derechos humanos. En efecto, si se busca proteger los derechos de los individuos frente a las posibles acciones del Estado, es imprescindible que uno de los órganos de ese Estado tenga la independencia que le permita juzgar tanto las acciones del poder Ejecutivo, como la procedencia de las leyes dictadas, y aún los juicios emitidos por sus propios integrantes. Por lo tanto ... la efectiva independencia del Poder Judicial es un requisito imprescindible para la vigencia práctica de los derechos humanos en general". Séptimo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, 1983, OEA/Ser.L/V/II.61 doc. 29 rev. 1, p. 67 y 68.
La posición sostenida por los denunciantes se ha visto confirmada por lo expresado por la Comisión Interamericana en su Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú al indicar que "[e]l 5 de abril de 1992, el Gobierno de Perú procedió a declarar en reorganización al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. Tropas de las fuerzas de seguridad, apoyadas por tanques, ocuparon el Palacio de Justicia y los locales de otras instituciones, impidiendo el ingreso de personas a los mismos. El día 6, el Presidente de la República anunció el cese de jueces y vocales, lo cual fue ejecutado el día 9 a través del Decreto Ley 25423 que destituyó a once vocales de la Corte Suprema de Justicia; mediante el Decreto Ley 25422 se destituyó a los ocho miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y mediante el Decreto 25424 se destituyó a los miembros de los consejos nacionales y distritales de la Magistratura ... El 8 de abril, por medio de los Decretos Leyes 25419 y 25420, se destituyó a la Contralora General de la República, al Fiscal de la Nación y se suspendió el despacho judicial y del Ministerio Público por diez días útiles, quedando sólo los jueces instructores y fiscales de turno. Por Decreto Ley 25445, del 23 de abril de 1992, se destituyeron 134 personas entre Vocales de las Cortes Superiores, Fiscales Superiores, Jueces de los Distritos Judiciales, Fiscales Provinciales y Jueces de Menores de los Distritos de Lima y Callao. El mencionado Decreto Ley excluyó de manera específica la posibilidad de que los jueces utilizaran el recurso de amparo para invalidar esa medida." Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, 1993, OEA/Ser.L/V/II.83 doc. 31, p. 20.
Por ejemplo, en el caso Campbell y Fell Eur. Court H. R., Campbell and Fell judgment of June 28, 1984, Series A No. 80, para. 78., la Corte Europea de Derechos Humanos dispuso que en la determinación de si un tribunal es independiente del Poder Ejecutivo debe considerarse el modo de designación de sus miembros, la duración de sus mandatos, y la existencia de garantías contra presiones externas.
Por otro lado, la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Europea Véase Campbell and Fell, supra nota 7, para. 80 y Zand v. Austria, Comm. Report 12.10.78, D.R. 15 p. 82, para. 80. han afirmado que "la improrrogabilidad de los jueces ... es un corolario necesario de su independencia" del Poder Ejecutivo.
La mencionada situación ha eliminado, en la práctica, la separación de los poderes públicos y, como consecuencia, ha generado una concentración de funciones en el Poder Ejecutivo. Tal concentración de poderes se ha traducido en "una mayor subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo". Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, supra nota 6, p. 27.
En tal sentido, la Comisión en su Informe Especial sobre Perú manifestó que "la ausencia de proceso en la destitución de los miembros del Poder Judicial permite pensar que los jueces que continúan en sus cargos o aquellos que han sido designados en reemplazo de los destituídos se encuentran a merced de las decisiones del Poder Ejecutivo ..." Idem, p. 27.
La Corte Interamericana ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención "incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos...". Corte I.D.H., Garantías judiciales en estado de emergencia, supra nota 3, párr. 24.
La efectividad de un recurso no se agota con la incorporación formal en la Constitución o en la legislación interna de un Estado, "sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla". Idem, párr. 24.
"No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir ... cuando su inutilidad haya quedado demostrada en la práctica; porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad ...". Idem, párr. 24.
Esta posición ha sido afirmada por la Comisión al manifestar en su Informe Especial que "...[en Perú] la eliminación de la independencia del [Poder Judicial] ha traído como consecuencia un debilitamiento de los recursos instaurados para proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas...". Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, supra nota 6, p. 27.
En última instancia la Comisión desea señalar que en la adopción de medidas cautelares en relación a la situación particular del Dr. Alan García Pérez, este organismo solicitó al Gobierno de Perú pusiera en práctica medidas tendientes a garantizar al denunciante "[el] respeto al derecho de contar con las debidas garantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención ..., en especial en lo referido al derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial...". Medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana el 2 de octubre de 1992.
La Comisión Europea de Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia que las palabras libertad y seguridad deben leerse en conjunto y entenderse como referidas a la libertad física. Winer v. UK, Comm. Report 10.7.86, D.R. 48 p. 154. En el caso X v. the Federal Republic of Germany, la Comisión ha considerado que la amenaza de una detención arbitraria e injustificada infringe el derecho a la seguridad de la persona. X v. Federal Republic of Germany, Comm. Report 7.5.81, D.R. 24 p. 103.
Lo expuesto resulta asimismo corroborado por el Reglamento de Servicio en Guarnición de las Fuerzas Armadas el cual establece que, en caso de utilizarse tropas para el mantenimiento y restablecimiento del orden público, las mismas se limitarán estrictamente al cumplimiento de la misión asignada, evitando hacer empleo inadecuado de sus armas. Las Fuerzas Armadas deberán estar acompañadas de la Policía Nacional, la que efectuará los arrestos y detenciones que la situación imponga. El subrayado es nuestro.
La Comisión ha considerado que los arrestos deben realizarse por la autoridad competente prevista por la legislación interna de los Estados y que el incumplimiento de tal requisito, así como de los procedimientos exigidos por el derecho internacional para llevar adelante una detención, devienen en una situación en la cual "...los arrestos pierden categoría de tales para convertirse en meros secuestros...". Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, 1985, OEA/Ser.L/V/II.66 doc. 17, p. 138.
La Constitución peruana disponía que la libertad personal sólo puede ser restringida por las causas previstas por la ley, que nadie puede ser detenido sin orden judicial escrita y motivada del juez competente, que toda persona detenida debe ser puesta, dentro de veinticuatro horas, a disposición de un juez e informada de las razones de su arresto. Véase artículo 2 inciso 20 b, g y h. de la Constitución vigente hasta el 31 de diciembre de 1993.
Los instrumentos internacionales de salvaguarda de los derechos del niño han interpretado el derecho "a las medidas de protección que su condición de menor requiere" como una obligación afirmativa de los Estados de considerar en todas sus acciones el interés superior del niño. La primacía de tal concepto ha sido entendida como el deber de los Estados, y de la sociedad en general, de proteger especialmente los derechos de los menores. Daniel O'Donnell, "Protección Internacional de los Derechos Humanos", Lima, Comisión Andina de Juristas, 1988, p. 317.
La Comisión desea recordar que en el ámbito de los derechos consagrados en la mencionada Convención se encuentra especialmente prohibida la extensión de sanciones a la familia del presunto responsable de un delito. Véase artículo 5 inciso 3. De este modo, cabe señalar que si el Gobierno de Perú entendía que el Dr. García Pérez debía ser detenido en razón de haber cometido un ilícito tipificado por la ley penal, la imposibilidad de su captura no justificaba que las sanciones dirigidas contra él se hicieran efectivas contra su esposa e hijos.
Asimismo, el mencionado artículo, a través de la protección explícita del domicilio y de los papeles privados de las personas, contribuye a garantizar que el derecho a la intimidad sea respetado. Esta protección resulta acorde con lo dispuesto por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en cuanto consagra la inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados como garantías contra la injerencia arbitraria del Estado en la vida privada de los individuos. Véanse los artículos IX y X de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
La Constitución de Perú de 1979 consagraba la inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados, salvo mandato motivado extendido por autoridad judicial competente donde se autorice el allanamiento y, cuando corresponda, la incautación de documentación privada, en tanto se observen las garantías previstas por la ley. Véase artículo 2 incisos 7 y 8 de la Constitución vigente hasta el 31 de diciembre de 1993.
Asimismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluídas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención. Daniel O'Donnell, supra nota 22, p. 166 y 167.
La justificación de los métodos para averiguar la verdad depende de la observancia de las reglas jurídicas que regulan cómo se incorpora válidamente conocimiento al proceso, de manera tal que no todos los métodos están permitidos y que a los autorizados se los debe practicar según la disciplina de la ley procesal. Las formas judiciales no son una categoría formal sino que, en tanto sirven directamente a la protección de la dignidad humana, se comportan como una categoría material... Julio B. J. Maier, Derecho Procesal Penal Argentino, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 1989, p. 470 y 471.
Antes de presentar sus conclusiones finales, la Comisión desea reiterar que las violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana que sean el resultado de actos u omisiones atribuíbles a cualquiera de los órganos de un Estado generan responsabilidad internacional para éste último. La noción de que sólo los órganos encargados de las relaciones internacionales de un Estado pueden comprometer su responsabilidad internacional es errónea, puesto que otros órganos del Estado que ejercen funciones puramente internas pueden tener la oportunidad de aplicar y, por lo tanto, infringir reglas de Derecho Internacional. Eduardo Jiménez de Aréchaga, "Derecho Internacional Público", tomo IV, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1991, p. 51.

References: resolución 
 artículo 184
 artículo 2
 artículo 233
 resolución 
 resolución 
 artículo 176
 artículo 176
 artículo 183
 artículo 183

Artículo 183
 artículo 176
 artículo 183
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 8