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Timestamp: 2019-12-06 06:53:58+00:00

Document:
Ley nº 26940 Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. Creación.
Ley nº 26940
Sancionada: 21.05.2014
Promulgada: 26.05.2014
Publicada: 02.06.2014
(2)ARTICULO 1°. — Créase el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el que se incluirán y publicarán las sanciones firmes que se detallan en los artículos siguientes, aplicadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
ARTICULO 2°.— Las sanciones enumeradas en el presente artículo, una vez firmes, serán incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL):
b) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por falta de registración de los trabajadores en los términos del artículo 7° de la ley 24.013 y del inciso g) artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias; (Inciso sustituido por art. 246 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los Títulos que la componen. Ver art. 247 de la Ley de referencia)
d) Las impuestas por la Administración Federal de Ingresos Públicos en los términos de los apartados a) y b) del inciso 1° del artículo 15 de la ley 17.250, y las derivadas de los incumplimientos a la debida registración de los trabajadores previstas en el artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias; (Inciso sustituido por art. 246 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los Títulos que la componen. Ver art. 247 de la Ley de referencia)
ARTICULO 3°.— Las sanciones impuestas por infracciones a la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 26.390 y a la ley 26.847, una vez firmes, deberán ser informadas por el tribunal actuante al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para ser incorporadas al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
ARTICULO 4°.— Las sentencias condenatorias por infracción a la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, una vez firmes, deberán ser informadas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por el tribunal actuante para su incorporación al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
ARTICULO 5°.— El Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) será de acceso libre y público desde un dominio dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se actualizará periódicamente.
ARTICULO 6°.— La Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social dependiente de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tendrá a su cargo la administración del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en los términos de la ley 25.326 y su modificatoria, y ante ella se podrán ejercer los derechos que dicha ley acuerda. En todos los casos será responsabilidad del organismo sancionador actuante la carga de los datos correspondientes en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), con las excepciones de las sentencias judiciales mencionadas en los artículos 3° y 4°, que deberán ser incorporadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y las del inciso h) del artículo 2° de la presente que deberán ser incorporadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
ARTICULO 7°.— La base que conformará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) contendrá los siguientes datos: C.U.I.T., razón social, localidad del domicilio fiscal o legal según la norma procedimental que haya regido las actuaciones, provincia de detección, actividad, tipo de infracción, organismo sancionador, fecha de la constatación de la infracción, fecha de la resolución sumarial, fecha de la notificación sancionatoria, fecha de regularización de la infracción detectada, fecha de pago de la multa, y fecha y hora de ingreso en el Registro. Por su parte, los parámetros de búsqueda serán los siguientes: C.U.I.T., razón social, rama de actividad y localidad del domicilio fiscal o legal, según la norma procedimental que haya regido las actuaciones y provincia de detección.
ARTICULO 8°.— La sanción permanecerá publicada en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de acuerdo con los supuestos previstos en el Capítulo II del presente título, en iguales condiciones y plazos, sea cual fuere la autoridad competente que la hubiese aplicado según las normas procedimentales que rigen sus respectivos regímenes sancionatorios. La permanencia tendrá como duración máxima el plazo de tres (3) años. En los casos de sanciones judiciales por delitos tipificados en las leyes 26.364 y 26.847 se aplicarán los plazos determinados por el Código Penal de la Nación.
En los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción, el infractor permanecerá en el registro por el plazo de treinta (30) días corridos contados desde la fecha de pago de la Smulta. (segundo párrafo sustituido por art. 52 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)
ARTICULO 8° bis.— Los organismos competentes para la anotación en el REPSAL de las sanciones enumeradas en el artículo 2°, contarán con un plazo máximo de treinta (30) días corridos desde que la sanción quede firme, para la efectivización de la inscripción. Vencido dicho plazo, automáticamente comenzará a correr el plazo de permanencia en el REPSAL -cualquiera sea el supuesto de los previstos en el articulado de la presente-, e independientemente se hubiera incluido o no la sanción firme en el registro por las autoridades responsables. (Artículo incorporado por art. 53 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)
ARTICULO 9°.— En todos aquellos supuestos en que el empleador regularice su inscripción o la relación de trabajo -en caso de corresponder-, y pague las multas y sus accesorios, será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en que haya pagado la multa y/o regularizado, y treinta (30) días corridos más a contar desde la última obligación de las mencionadas que se encontrare cumplimentada, en los supuestos que hubieran sido sancionados por:
5. Incumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la ley 24.013 y las sanciones hubieran sido impuestas por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Artículo sustituido por art. 54 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)
ARTICULO 10. — (Artículo derogado por art. 55 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)
ARTICULO 13.— Los empleadores sancionados por las violaciones indicadas en la presente ley, mientras estén incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), no podrán:
ARTICULO 14.— En los casos previstos en el artículo anterior, si el infractor reincidiera en la misma infracción que produjera su inclusión en el Registro creado por la presente ley, en un lapso de tres (3) años contados desde la primera resolución sancionatoria firme, se procederá a:
ARTICULO 15.— A los fines del cumplimiento de lo normado por el artículo 13, los organismos públicos o entidades involucradas deberán verificar la inexistencia de sanciones publicadas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), como requisito previo excluyente para dar curso a lo solicitado.
ARTICULO 16.— El Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) incluirá y publicará las sanciones firmes que hayan sido impuestas en razón de violaciones legales cometidas a partir de los noventa (90) días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley.
ARTICULO 17.— A solicitud de parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social emitirá un certificado en el cual se dejará constancia de la inexistencia, a la fecha de emisión, de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) respecto de determinado empleador.
(Nota Infoleg: por art. 172 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, se deja sin efecto el Título II de la presente Ley, excepto por lo dispuesto en su artículo 33 y en los tres artículos anteriores. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 18.— Están comprendidas en el régimen especial del presente capítulo las personas de existencia visible, las sociedades de hecho y las sociedades de responsabilidad limitada que empleen hasta cinco (5) trabajadores, siempre que su facturación anual no supere los importes que establezca la reglamentación.
(Nota Infoleg: por art. 169 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, se establece que los empleadores encuadrados en el presente artículo, que abonan las contribuciones patronales destinadas a los subsistemas de la seguridad social indicados en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 19 de la presente ley, aplicando los porcentajes establecidos en los párrafos primero y segundo del presente artículo, podrán continuar siendo beneficiarios de esas reducciones hasta el 1° de enero de 2022, respecto de cada una de las relaciones laborales vigentes que cuenten con ese beneficio. Los empleadores deberán continuar cumpliendo los requisitos y las obligaciones que les resulten aplicables, y podrán optar por aplicar lo dispuesto en el artículo 4° del decreto 814 del 20 de junio de 2001, en cuyo caso quedarán automáticamente excluidos de lo dispuesto en los párrafos anteriores. La reglamentación establecerá el mecanismo para el ejercicio de esta opción. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 19.— El empleador comprendido en este régimen deberá ingresar por cada uno de sus trabajadores contratados por tiempo indeterminado, con excepción de la modalidad contractual regulada en el artículo 18 de la ley 26.727, el cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales establecidas en el régimen general con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
ARTICULO 20.— El monto máximo de la cuota correspondiente al Régimen de Riesgos del Trabajo aplicable a toda la nómina de los empleadores que se encuadren en el presente capítulo deberá ser inferior al valor promedio de las cotizaciones totales a dicho régimen en los distintos sectores de actividad, de acuerdo con el procedimiento que establezca la reglamentación.
(Nota Infoleg: por art. 171 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, el monto máximo de la cuota correspondiente al Régimen de Riesgos del Trabajo establecida en el presente artículo, seguirá siendo de aplicación para los empleadores anteriormente encuadrados en el artículo 18 de la presente Ley. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) reglamentará los requisitos para la continuidad del beneficio. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 23.— Quedan excluidos del presente régimen los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.
ARTICULO 24.— Los empleadores que tengan hasta ochenta (80) trabajadores, por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir del mes de inicio de una nueva relación laboral por tiempo indeterminado, con excepción de la modalidad contractual regulada en el artículo 18 de la ley 26.727, gozarán por dicha relación de una reducción de las contribuciones patronales establecidas en el régimen general con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
(Nota Infoleg: por art. 169 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, se establece que los empleadores encuadrados en el presente artículo, podrán continuar abonando las contribuciones patronales bajo este régimen, respecto de cada una de las relaciones laborales vigentes que cuenten con ese beneficio y hasta que venza el plazo respectivo de veinticuatro (24) meses.Los empleadores deberán continuar cumpliendo los requisitos y las obligaciones que les resulten aplicables, y podrán optar por aplicar lo dispuesto en el artículo 4° del decreto 814 del 20 de junio de 2001, en cuyo caso quedarán automáticamente excluidos de lo dispuesto en los párrafos anteriores. La reglamentación establecerá el mecanismo para el ejercicio de esta opción. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 25.— El régimen del presente capítulo resulta de aplicación respecto de los empleadores del sector privado inscriptos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) o en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) según corresponda, incluyendo a los encuadrados en el título II, capítulo I, de la presente ley. En este último caso, la reducción de contribuciones se aplicará sobre las alícuotas dispuestas por el régimen general de la seguridad social.
ARTICULO 26.— El empleador gozará de este beneficio por cada nuevo dependiente, siempre que este trabajador produzca un incremento en la nómina de personal respecto al período que se determinará en la reglamentación.
ARTICULO 27.— El empleador no podrá hacer uso del beneficio previsto en el artículo 24, con relación a los siguientes trabajadores:
ARTICULO 28.— Quedan excluidos del beneficio dispuesto en el artículo 24 los empleadores cuando:
ARTICULO 29.— El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 26, 27 y 28 producirá el decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo los empleadores ingresar la proporción de las contribuciones con destino a la seguridad social que resultaron exentas, más los intereses y multas correspondientes.
ARTICULO 30.— El presente beneficio regirá por doce (12) meses contados a partir de la fecha en que las disposiciones de la presente ley tengan efecto, pudiendo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional.
(Nota Infoleg: por art. 1° del Decreto N° 638/2017 B.O. 11/8/2017, se prorroga desde el 1° de agosto de 2017 y por el término de DOCE (12) meses el plazo establecido en el presente artículo. Pórroga anterior: Decreto N° 946/2016 B.O. 19/8/2016; Decreto N° 1801/2015 B.O. 8/9/2015.)
ARTICULO 31.— Quedan excluidas de las exenciones establecidas en la presente ley las alícuotas adicionales previstas en los regímenes previsionales especiales y diferenciales de la seguridad social.
ARTICULO 32.— Quedan excluidos del presente régimen los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.
ARTICULO 33.— Incorpórase como segundo párrafo del artículo 2° del decreto 1.370/08, el siguiente:
ARTICULO 34.— Los empleadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes y contribuciones emergentes de Convenios de Corresponsabilidad Gremial suscriptos en el marco de la ley 26.377, gozarán de una reducción de sus contribuciones vigentes con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
(Nota Infoleg: por art. 170 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, la reducción de contribuciones establecidas en el presente artículo caducará automáticamente al cumplirse el plazo de vigencia del beneficio otorgado a los empleadores. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 35.— El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, brindará información, asesoramiento y capacitación en materia de inscripción, registración laboral y de la seguridad social, y demás derechos laborales a los empleadores y trabajadores comprendidos en los regímenes instituidos en el presente título.
ARTICULO 36.— Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.877, el que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 39.— Créase en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI), con el objeto de analizar, investigar y evaluar situaciones de trabajo no registrado en sectores complejos de fiscalizar, así como todas las formas de subcontratación ilegal y fraude laboral y a la seguridad social.
ARTICULO 40.— Créase el Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado. El Comité estará integrado por un (1) representante titular y un (1) representante suplente de:
ARTICULO 41.— El Comité de Seguimiento tendrá las funciones y atribuciones que serán establecidas por la reglamentación de la presente ley, que incluirán el monitoreo de la aplicación del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado, el análisis de su funcionamiento y de eventuales usos abusivos de los beneficios previstos en estos regímenes.
ARTICULO 42.— El Comité de Seguimiento, dentro de los treinta (30) días de conformado, dictará su propio Reglamento Interno de Funcionamiento.
ARTICULO 43.— El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas complementarias que resulten necesarias a fin de implementar las disposiciones contenidas en la presente ley.
ARTICULO 44.— Incorpórase como inciso 1) del artículo 20 del Anexo de la ley 24.977, sustituido por la ley 26.565, el siguiente:
ARTICULO 45.— Incorpórase como inciso h) del artículo 28 del decreto 1.023 del 13 de agosto de 2001, el siguiente:
ARTICULO 46.— Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional para que en el plazo de noventa (90) días desde la promulgación de la presente ley, ejecute las acciones necesarias para la implementación y funcionamiento del Registro creado por el artículo 1°.
ARTICULO 47.— Las disposiciones del título II comenzarán a regir a partir del primer día del segundo mes posterior al de su publicación en el Boletín Oficial. A partir de esa fecha se considerarán derogadas las disposiciones del capítulo II, título II de la ley 26.476.
ARTICULO 48.— Los empleadores que hubieren producido despidos sin causa justificada en el transcurso de los seis (6) meses anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, quedarán excluidos del régimen del título II, capítulo I, por el término de un (1) año a contar desde la fecha de esa vigencia.
ARTICULO 49.— Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
- Artículo 10 derogado por art. 147 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 9°, inciso 2) sustituido por art. 34 del Decreto N° 95/2018 B.O. 02/02/2018. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 9°, sustituido por art. 146 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 8° bis, incorporado por art. 145 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 8°, segundo párrafo sustituido por art. 144 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARG
(2) Decreto 1714/2014 Reglamentación. Ley Nº 26.940.
Fecha: 30.09.2014
Publicado: 01.10.2014
Artículo 1°.— Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, la que como Anexo forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°.— Facúltase al Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado creado por el artículo 40 de Ley Nº 26.940 a establecer, en cada caso concreto, los alcances de la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de dicha ley.
Artículo 3°.— Reglaméntase el artículo 29 de la Ley Nº 25.877: A los fines de la articulación de las funciones de fiscalización del trabajo y de la normativa laboral, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, las administraciones del trabajo provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y el REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES AGRARIOS deberán informar en el "Registro de Inspección, Infracciones y Sanciones" en los términos del artículo 31 de la Ley Nº 25.877 y sus modificatorias, las inspecciones, infracciones y sanciones correspondientes a sus respectivos ámbitos. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en su carácter de autoridad central de la inspección, administrará dicho Registro.
Artículo 4°.— La presente medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 5°.— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —
Resolución 742/2011 M.S. Protocolo de Actuación de las Fuerzas Federales para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas. Funciones.
Resolución 742/2011 M.S.
Publicación: 24.08.2011
Protocolo de Actuación de las Fuerzas Federales para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas. Funciones.
VISTO el Expediente N° 18264/11 del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, las Leyes Nros. 26.364, 24.059, y el Decreto N° 1993 del 14 de diciembre de 2010, y
Que la Ley de Ministerios —modificada por el Decreto N° 1993/10— establece que el MINISTERIO DE SEGURIDAD tiene entre sus competencias, entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales, así como entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las Fuerzas de Seguridad y Policiales.
Que en este sentido, el citado plexo normativo atribuye a esta Cartera de Estado, la facultad de entender en la determinación de la política criminal y en la elaboración de planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito.
Que es necesario prestar especial atención al delito de trata de personas, implementando medidas destinadas a prevenir y sancionarla, asistiendo y protegiendo a sus víctimas.
Que a los fines de la actuación de las Fuerzas Federales para el rescate de víctimas de trata de personas, debe formularse un protocolo de actuación para establecer principios rectores en la materia, coadyuvando a cumplimentar con lo dispuesto por la Ley N° 26.364.
Que dicho protocolo resulta esencial para asegurar que las víctimas sean identificadas como tales de manera apropiada y no corran riesgo alguno.
Que a tales fines es necesario establecer los recaudos legales y técnicos que las Fuerzas Federales deben observar frente a la planificación del procedimiento que será oportunamente dispuesto por el Juez/Fiscal interviniente.
Que los resultados de los procedimientos realizados por la Fuerza Federal respectiva, serán comunicados a la SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERATIVA de este Ministerio.
Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente medida en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios (t.o. 1992).
Artículo 1° — Apruébese como Protocolo de Actuación de las Fuerzas Federales Para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas, el que se acompaña como ANEXO I a la presente.
Artículo 2º.— Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —
PROTOCOLO DE ACTUACION DE LAS FUERZAS FEDERALES PARA EL RESCATE DE VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS
1.- AMBITO DE APLICACION
Este protocolo se aplicará sólo para los casos de rescate de víctimas del delito de trata de personas durante el curso de una investigación, conforme los alcances de la Ley 26.364; es decir, en cumplimiento de órdenes judiciales y con apoyo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, o de las oficinas provinciales que realicen el rescate de las víctimas.
En los procedimientos donde se presuma la posibilidad de encontrar a víctimas extranjeras, se procurará poner en conocimiento de esta situación, además del magistrado interviniente, a la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior.
A los fines del rescate, y siempre que sea posible, se asignará para dicha función a Fuerzas Federales con formación especializada en el delito de trata de personas y con conocimiento sobre los derechos de las víctimas, privilegiando a los miembros de las divisiones especiales de las fuerzas federales y al personal femenino.
Para el caso de constatar un hecho de trata de personas en flagrancia, se procurará dar cumplimiento en la mayor medida posible a este protocolo, sin perjuicio de dar inmediata intervención a la autoridad judicial.
2.- OBLIGACION DE LAS FUERZAS FEDERALES
Las Fuerzas Federales tienen la obligación de asegurar que las víctimas sean identificadas como tales de manera apropiada y no corran el riesgo de ser consideradas delincuentes ni revictimizadas respecto de delitos en los que puedan haber incurrido como consecuencia de su situación como víctimas de la trata de personas.
También se le dará prioridad a la atención inmediata de la víctima en materia sanitaria, psicológica, asistencia migratoria, legal, entre otras que pudieran corresponder.
En ningún caso podrá anteponerse el interés de la investigación y de la recolección de la prueba por encima de situaciones que puedan poner en riesgo la integridad personal y psíquica de la víctima de trata de personas.
3.- PROHIBICION
En caso de haberse identificado a la persona como víctima de trata de personas, en ningún caso podrá disponerse su detención como sospechosa, ya que esto equivale a una criminalización y revictimización, afectando principios y garantías fundamentales. La violación de este deber de cuidado constituye mal ejercicio en las funciones del funcionario público, por tanto resulta pasible de sanción administrativa.
4.- DEFINICIONES UTILIZADAS EN ESTE PROTOCOLO
a. Trata de personas: la Ley 26.364 define el delito de trata de personas como la acción de captar, transportar, trasladar —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior— acoger o recibir personas con fines de explotación, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.
Se entiende por trata de menores, el ofre¬cimiento, la captación, el transporte y/o traslado, la acogida o la recepción de personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación.
Existe trata de menores de dieciocho años aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
Las formas de explotación incluyen, pero no se limitan, a la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.
b. Víctimas: la víctima de este delito debe ser considerada una víctima especial por su vulnerabilidad preexistente y el tratamiento que cabe asignarle como testigo víctima debe ser consecuente con tal condición, privilegiando que la recepción de su testimonio sea conforme lo establecido por los arts. 250 bis y ter del Código Procesal Penal de la Nación.
5.- PRINCIPIOS DE INTERVENCION
a. Emergencia: el concepto de emergencia debe primar desde el comienzo del operativo, ya que las víctimas de trata de personas deben ser consideradas como víctimas de delitos graves. Para ello, se privilegiará la mayor celeridad para articular el procedimiento de la Fuerza Federal interviniente con el procedimiento judicial, y la asistencia psicológica, médica, jurídica y material.
b. Accesibilidad y respeto: la obligación de los agentes de las Fuerzas Federales es tratar a la víctima, los testigos y los imputados con absoluto respeto por sus derechos y garantías constitucionales y legales, otorgando especial atención a las víctimas debido a la situación de sensibilidad y vulnerabilidad por la que atraviesan.
c. Seguridad: la seguridad de la víctima y su familia —en caso de que la misma se encuentre en el procedimiento— merece la consideración suprema en todo momento, siendo esto responsabilidad directa de los efectivos de las Fuerzas Federales que intervengan por orden del magistrado.
d. Evaluación continua de riesgo: los funcionarios que intervienen en el procedimiento tienen la obligación de evaluar de manera inmediata y continua el riesgo en lo que atañe a la seguridad y bienestar de las víctimas y de sus familias durante el procedimiento, acatando las órdenes emanadas de la autoridad judicial. Debe realizarse con la mayor celeridad posible después de la detección de las personas damnificadas, debiendo ser éste un proceso continuo. La evaluación del riesgo debe incluir el existente y el potencial.
f. Respeto por el interés superior del/a niño/a: en el caso de que las víctimas de trata de personas sean menores de 18 años, el vector de actuación de las Fuerzas Federales debe respetar siempre el interés superior del/a niño/a.
Por interés superior del niño/a se entenderá al conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.
g. Prevención de la revictimización: en el tratamiento de las víctimas, debe evitarse cualquier conducta o actitud que tienda a la revictimización de las mismas.
El riesgo de revictimizar a una persona tiene lugar cuando a los daños causados por los hechos de los que fue víctima, se le suman daños generados por el proceso legal. En ese sentido, es fundamental no estigmatizar o criminalizar a la víctima. Como correlato de esto, no se debe juzgar y/o inferir algún grado de responsabilidad por parte de la misma. Es decir, a los daños causados a la víctima por los delitos de los que fue objeto, no se le debe sumar el maltrato institucional.
h. Respeto por la confidencialidad y privacidad: en todo momento, debe respetarse la privacidad de la víctima, no pudiendo dar publicidad de sus circunstancias personales, declaraciones y/o fotografías.
i. Derecho de protección: en el momento del rescate, las Fuerzas Federales no podrán privar de la libertad a las víctimas de trata. En ningún caso se alojará a las víctimas en establecimientos penitenciarios, policiales o cualquier otro destinado a alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas.
j. Derecho a la asistencia médica, legal, psicológica y material: las víctimas tienen derecho a recibir asistencia médica, legal, psicológica y material, así como también alojamiento, alimentación suficiente e higiene personal adecuados, desde el primer momento en que son identificadas como tales, quedando esta actividad y coordinación bajo responsabilidad de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o la dependencia provincial equivalente.
k. Derecho a un intérprete: cuando la víctima no hable ni comprenda el idioma local, desde el primer momento en que se la rescata debe brindársele un intérprete que traduzca en su idioma todas las actuaciones.
6.- PLANIFICACION DEL PROCEDIMIENTO
La planificación del procedimiento debe seguir las indicaciones del fiscal o juez interviniente, informando de manera continua al Departamento/División Antitrata de la Fuerza Federal respectiva, quien a su vez será la encargada de comunicar a la Secretaría de Seguridad Operativa, dependiente del Ministerio de Seguridad, el resultado del procedimiento.
La planificación del procedimiento deberá contener, como mínimo, lo siguiente:
a. Determinación de la cantidad y características del personal interviniente, con y sin utilización de uniforme, privilegiando la incorporación de personal femenino. Se recomienda, en la medida de las posibilidades, no recurrir a personal policial con actuación territorial en la zona de intervención.
b. Producción de la inteligencia pertinente y relevante para la investigación de los hechos.
c. Planeamiento de la operación a desarrollar. Para ello, se partirá del análisis de la inteligencia producida, incluyendo croquis de lugar, fotografías y/o filmaciones que se hayan realizado, ubicación de entradas y salidas, etc.
Asimismo, el Jefe del Operativo deberá informar de manera clara y completa la misión a cumplir, el concepto general que orientará la operación, las órdenes específicas para cada una de las personas intervinientes, las medidas de coordinación, las previsiones logísticas y las comunicaciones que se emplearán antes, durante y después de finalizado el procedimiento.
d. Elaboración del perfil de las posibles víctimas de trata de personas que se encontrarían en el lugar del procedimiento con el objeto de poner a conocimiento del personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o la dependencia similar de rescate de la provincia, inmediatamente antes de realizar el operativo, la situación de vulnerabilidad en que se encontrarían a fin de que dichas circunstancias puedan ser especialmente consideradas al momento de realizar las entrevistas con las posibles víctimas.
e. Búsqueda anticipada de testigos para suscribir actas y presenciar todos los eventos derivados del procedimiento, como secuestros, cacheos, detenciones, levantamiento de pruebas, huellas y rastros, etc.
f. Conocimiento de la jurisdicción en donde se realizará el operativo y la existencia de organizaciones del estado nacional o provincial, y no gubernamentales, que brinden los servicios de apoyo y tratamiento a las víctimas, y consulados.
7.- PAUTAS PARA EL PROCEDIMIENTO
a. Arribo al lugar: el sitio indicado para la realización del procedimiento debe mantenerse en reserva hasta el momento del operativo.
b. Ingreso: el ingreso al lugar debe ser acompañado con un despliegue de personal en los alrededores a fin de interceptar posibles fugas. En el momento del rescate, las Fuerzas Federales serán las que primero ingresen al lugar donde se encuentren alojadas las posibles víctimas de trata de personas, dando estricto cumplimiento a la orden de allanamiento, y en comunicación permanente con la autoridad judicial correspondiente.
c. Uso racional de la fuerza: el personal actuante deberá respetar los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley", y el "Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley", haciendo un uso racional de la fuerza en la medida de las necesidades y acorde a las circunstancias del momento, teniendo como vector los principios de legalidad, oportunidad, y proporcionalidad.
Por uso racional de la fuerza se entiende a las acciones de las Fuerzas Federales que prioricen las técnicas disuasivas y preventivas, antes que represivas, así como el uso de la fuerza de forma gradual.
El uso de la fuerza sólo se dispondrá ante circunstancias excepcionales y como último recurso.
d. Control de situación: se inspeccionarán los espacios que conformen el lugar, diferenciando en cada caso los roles de los presentes. Se dispondrán lugares diferenciados dentro del mismo a fin de proceder a trasladar a los implicados (presuntos imputados, clientes y víctimas). Estas acciones se realizarán junto a los funcionarios judiciales, cuando se encuentren presentes, y bajo las órdenes que éstos dispongan. En caso que los mismos no se encuentren presentes, se seguirán las instrucciones que imparta el Jefe del Operativo.
En todo momento, las Fuerzas Federales dispondrán lo necesario para evitar el contacto físico y visual entre las presuntas víctimas y el resto de los presentes, sean éstos posibles responsables o testigos circunstanciales.
e. Prohibición de comunicación entre presentes: las Fuerzas Federales deben evitar, al momento del rescate, la comunicación entre las personas que se encuentren en el lugar.
f. Abordaje de las víctimas: en la medida de lo posible, las Fuerzas Federales se abstendrán de abordar a las posibles víctimas de trata de personas, procurando que sean entrevistadas por la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o la dependencia similar de rescate de la provincia.
Sin perjuicio de esto, se adoptarán todas las medidas necesarias, ordenadas por el magistrado interviniente, para sustraerlas inmediatamente del daño y reubicarlas temporalmente en un lugar seguro.
g. Abordaje de las víctimas menores de 18 años: en el caso de encontrar víctimas menores de 18 años, además de las medidas dispuestas en el punto c y d), las Fuerzas Federales informarán al magistrado interviniente la presencia de las mismas, quien dispondrá las medidas particulares al respecto. No obstante, mientras esto se produce, junto al personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o su equivalente provincial, se adoptarán todas las medidas necesarias para sustraerlas inmediatamente del daño y reubicarlas temporalmente en un lugar seguro, siempre respetando su interés superior.
En el caso de duda acerca de la edad de la víctima, se considerará que la misma es menor de 18 años.
h. Identificación y declaración de testigos: en el procedimiento de rescate, las Fuerzas Federales separarán a los posibles testigos del hecho, recibiéndoles la correspondiente declaración cuando el fiscal o juez así lo dispongan.
Si en el acto de allanamiento se identifican presuntos imputados, las Fuerzas Federales intervinientes los separarán de las presuntas víctimas, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.
i. Requisa del lugar: en el momento de rescate, las Fuerzas Federales secuestrarán todo elemento, sustancia, material, objeto y documentación que haya autorizado u ordenado la autoridad judicial, prestando especial atención a todo aquello que indique, de manera directa o indirecta, que en el lugar allanado se estaba produciendo el delito de trata de personas, o que hubiesen personas que estaban siendo objeto de explotación sexual o laboral.
El secuestro deberá realizarse teniendo en cuenta estrictas normas de seguridad para los medios de prueba colectados, como para la salud de las personas presentes en el lugar y las Fuerzas Federales que realizan el procedimiento.
j. Testigos: Los testigos del procedimiento deben ser convocados desde el inicio de la actividad procedimental, debiendo presenciar la totalidad de la pesquisa. Cuando por existir evidente riesgo para la seguridad de los mismos fuese necesario que la autoridad preventora ingrese al lugar primeramente, se dejará constancia explicativa de ello en el acta, bajo pena de nulidad.
k. Inspección ocular: la inspección ocular deberá ser documentada, siempre que sea posible, mediante croquis, fotografías, filmaciones, etc. Se podrán efectuar tomas fotográficas o registros fílmicos de las potenciales víctimas de trata, con el único objetivo de registrar las condiciones en que las mismas han sido halladas. En caso de efectuar dichas imágenes, se prohíbe de manera absoluta la difusión pública de las mismas.
I. Aseguramiento del lugar del hecho y repliegue: finalizado el procedimiento, las Fuerzas Federales intervinientes asegurarán el lugar del hecho por el tiempo que determine la autoridad judicial.
Una vez asegurado el escenario del proce¬dimiento, y siempre que las condiciones de seguridad así lo permitan, las Fuerzas Federales deberán replegarse, siendo su función asegurar el perímetro exterior e interior del lugar y de las personas que allí se encuentran, permitiendo que el personal civil prosiga con las diligencias y demás pesquisas.
8.- REGISTRO Y COMUNICACION DE ESTADISTICAS
a. Los agentes intervinientes en el operativo deberán confeccionar el registro del proce-dimiento siguiendo las pautas indicadas en el anexo de este Protocolo, conforme los lineamientos y modificaciones que desde el Ministerio de Seguridad pudiesen formularse, y remitir, con carácter bimensual, la información producida al funcionario a cargo del área de Política Criminal del Ministerio de Seguridad.
b. Sobre esta base, el área de Política Criminal del Ministerio de Seguridad confeccionará informes estadísticos periódicos relativos a la persecución penal y el rescate de víctimas de trata de personas.
c. Tales informes serán puestos a disposición de los órganos competentes con el objeto de evaluar, planificar y desarrollar políticas públicas en materia de lucha contra la trata de personas.
CONTENIDOS MINIMOS DEL REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO
• Juzgado, Fiscalía y Secretaría interviniente.
• Carátula de las actuaciones judiciales y número de expediente judicial (en caso de conocerse esa información).
• Fuerza policial/de seguridad y dependencia interviniente.
• Tipo de procedimiento realizado: a) alla¬namientos; b) actividades de inteligencia; c) otras tareas (indicar cuáles); indicando cuántos procedimientos (de cada tipo) fueron efectuados.
• Si se realizaron tareas conjuntas o complementarias con alguna de las restantes fuerzas federales o locales; en caso afirmativo, especificar qué tareas y con qué institución.
• Si habían sido realizadas investigaciones anteriores por otra fuerza.
• Intervención de otros organismos en el procedimiento, por ejemplo: AFIP, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Migraciones, otros.
• Tipo de explotación (laboral, sexual, tráfico de órgano, reducción a la servidumbre) detectada.
• Si se detectó la posible comisión de otros delitos (como por ejemplo: infracción a la ley de profilaxis nro. 12.331, a la ley de estupefacientes nro. 23.737, tenencia ilegal de armas u otros delitos del Titulo III del CP "Delitos contra la integridad sexual", etc.)
• Cantidad total de presuntas víctimas.
• Cantidad de presuntas víctimas menores de dieciocho años de edad.
• Cantidad de presuntas víctimas mayores de dieciocho años de edad.
• Cantidad total de presuntas víctimas por delitos conexos a la trata de personas (Ley 12.331; arts. 125, 125 bis, 126, 127 y 128 Código Penal; 119 y 121 de Ley 25.871).
• Cantidad de presuntos autores.
• Cantidad de personas detenidas.
• Cantidad de testigos.
• Localización del lugar allanado (indicando: dirección, ciudad y provincia).
• Si se encontraba habilitado el lugar de explotación, especificar por qué autoridad municipal se encontraba habilitado.
• Si el lugar de explotación o los posibles autores habían sido infraccionados previamente, especificar por qué autoridad y la sanción impuesta (ej.: clausura)
• Características del lugar de explotación, por ejemplo: a) Whiskería/pool/pub; b) Privado;
c) Centro de Masajes; d) Explotación callejera; e) Obra en construcción; f) Fábrica; g) Taller textil; h) Campo agrícola; i) Otros (precisar).
• Nombre comercial (de fantasía) del lugar de explotación.
• Condiciones en las que fueron halladas las víctimas: a) Hacinamiento; b) Falta de alimentación adecuada; c) Falta de condiciones para procurarse higiene básica; d) Falta de descanso adecuado e) Otros (precisar).
• Restricciones a la libertad ambulatoria, modalidad utilizada para impedir que la víctima pueda abandonar el lugar de explotación, por ejemplo: a) Alambradas de púas; b) Cámaras de Seguridad; c) Rejas; d) Candados/cerraduras; e) Presencia de guardianes armados; f) Salidas Controladas; g) Otras modalidades (precisar).
• Si se secuestraron elementos, tales como: vehículos, objetos electrónicos (por ejemplo: computadoras, celulares), armas, estupefacientes, libros contables, libretas sanitarias, máquinas, otros (precisar).
Información sobre las posibles víctimas del delito de Trata de Personas
• Nacionalidad (en caso de que sea argentina, indicar provincia de origen)
• Lugar de captación
• Lugar de explotación/destino
Información sobre los imputados
• Rol que desempeñaba en la red de trata
• Ocupación/Oficio.
INDICADORES PRELIMINARES PARA LA PRIMERA IDENTIFICACION DE PRESUNTAS VICTIMAS DE TRATA
Estos indicadores sólo orientan la función policial de separación de las presuntas víctimas de trata del grupo presente en el sitio allanado donde también se encontraran responsables del delito y posibles testigos.
» La persona es menor de 18 años de edad.
» La persona es extranjera o migrante (provenía de otra provincia).
» La persona no habla el idioma nacional o sólo sabe decir muy pocas palabras.
» La persona tiene un contacto limitado con sus familiares.
» La persona se encontraba privada de su libertad o tenía una capacidad muy limitada de movimientos.
» La persona no sabe en qué ciudad se encuentra.
» La persona tiene lesiones visibles.
» La persona se nota atemorizada.
» La persona vivía en el mismo lugar físico donde trabaja y difícilmente podía abandonar esas instalaciones.
» La persona está o estaba embarazada y era obligada a trabajar igual.
» En el lugar del operativo no hay líneas telefónicas o las personas que están dentro de él no tienen o tienen acceso limitado a teléfonos celulares.
» En el lugar hay indicios de que a las personas se les aplicaba multas o se les cobraba, por ejemplo, por el uso de preservativos, por higienizarse, o por los controles médicos realizados.
» La persona no posee dinero consigo.
» La persona no tiene en su poder sus documentos de identidad (DNI, pasaporte u otros documentos)
» La persona tiene documentos de identidad o de viaje falsos.
Viernes, 22 Noviembre 2019 12:58
Resolución 2149/2008 M.J.S. Y D.H. Crea la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata
Resolución 2149/2008 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Fecha: 06.08.2008
Publicación: 12.08.2008
Creáse la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que estará integrada por un equipo interdisciplinario conformado por las divisiones específicas de las Fuerzas de Seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados.
VISTO la Ley de Ministerios 26.338, la Ley 26.364, la Resolución del M.J.S y D.H. Nº 1679 de fecha 26 de junio de 2008, y
Que es política del Estado Nacional la prevención del delito de trata de personas, como así también, la protección de sus víctimas y la persecución de sus autores.
Que es una problemática compleja que no sólo involucra la explotación sexual, sino también múltiples actividades delictivas asociadas con prácticas esclavistas, como trabajos forzados, reducción a la servidumbre, secuestro, distintas formas de violencia, privación sistemática de la libertad y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Que por la Resolución citada en el Visto, se instruye a las Fuerzas de Seguridad a crear unidades específicas a los fines de ejercer las acciones tendientes a la prevención e investigación del delito de trata de personas.
Que es necesario crear un ámbito que coordine los mecanismos de inteligencia criminal, la actuación de las fuerzas de seguridad y la asistencia a los damnificados del delito de trata de personas desde el momento del allanamiento hasta que presten declaración testimonial en el Juzgado Federal interviniente.
Que, por lo expuesto, es imprescindible establecer mecanismos de articulación entre las Fuerzas de Seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados que integran el cuerpo interdisciplinario que trabaja en esta temática.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios (T.O por Decreto Nº 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y modificatorias.
Artículo 1º.— Créase, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DEL MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, la OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA, que estará integrada por un equipo interdisciplinario conformado por las divisiones específicas de las Fuerzas de Seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados.
Artículo 2º.— Conforme lo establecido en el artículo precedente, la Oficina centralizará toda actividad referida prevención e investigación del delito de trata de personas, como así también el acompañamiento y asistencia jurídica a las personas damnificadas por el delito de mención hasta el momento de la declaración testimonial de la víctima.
Artículo 3º.— Instrúyase a las Secretarias, sus dependencias y al INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO –INADI- a elevar a conocimiento de la Oficina creada en el artículo primero, todas las denuncias, oficios y demás presentaciones vinculadas a la trata de personas.
Artículo 4º.— Desígnase Coordinadora de la OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA a la Dra. Silvina Elena Zabala.
Artículo 5º.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. —
Viernes, 22 Noviembre 2019 10:02
Decreto nº 2422/2019 Reglamentación Ordenanza nº 9867
Decreto nº 2422
Fecha: 01.11.2019
Artículo 1º.- Obligaciones Alcanzadas: quedan comprendidas por los beneficios del régimen establecido por la Ordenanza nº 9867, las obligaciones o deudas existentes hasta el día 31.10.2019, y que tengan su origen en Actas de Comprobación labradas por las diversas áreas de la administración, por infracciones de cualquier naturaleza o tipo, y cuyo juzgamiento sea de competencia de la Justicia de Faltas Municipal, así como también las obligaciones o deudas por Derechos derivados de Permiso de uso de locales, puestos y playas de comercialización para los Mercados y Ferias Municipales, de cánones impagos por Concesiones otorgadas, y Derechos Varios de Cementerio Municipal.
Artículo 2º.- Formas de Pago: Las obligaciones o deudas derivadas de Actas de Comprobación y que tramitan por ante la Justicia de Faltas Municipal, que pueden cancelarse mediante convenios de pago en cuotas, pueden regularizase bajo las mismas modalidades de pago y financiación prevista en los puntos 1) y 2) del inciso B) del artículo 2º de la Ordenanza nº 9867. A fin de dar cumplimiento al artículo 1º del Decreto nº 171/2008, solamente podrá acogerse a la presente regulación y facilidades el saldo resultante, previo pago del 50% indicado en el mismo.
Artículo 3º.- Obligaciones o Deudas en Gestión Judicial: quienes pretendan acogerse al régimen previsto en la Ordenanza nº 9867, respecto de deudas que se encuentren bajo gestión de cobro judicial, deberán acreditar previamente la regularización de gastos judiciales generados por el proceso.
Artículo 4º.- Caducidad del Plan de Pago Suscripto: caducará de pleno derecho, y sin necesidad de interpelación alguna por parte de la administración, el plan de pago cuando no se hubiere abonado a su vencimiento la cuota inicial o entrega, dos cuotas consecutivas o tres alternadas del mismo.
Artículo 5º.- Prórroga Plazo de Acogimiento –Vigencia del Régimen: Dispónese, que frente a los inconvenientes que provocaron la mora en la ejecución del régimen de regularización estipulado por Ordenanza nº 9867, el plazo de acogimiento al mismo se extenderá desde su implementación por parte de los organismos involucrados, y hasta 30 de abril de año 2020. Para el caso que resulte procedente, este Departamento Ejecutivo podrá establecer una nueva prórroga, que no podrá exceder de sesenta (60) días corridos.
Artículo 6º.- La presente norma será refrendada por el Sr. Fiscal Municipal.
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese a las áreas responsables en la implementación y ejecución del Régimen establecido por ordenanza nº 9867, y cumplido, archívese.-

References: artículo 7
 artículo 40
 artículo 15
 artículo 40
 artículo 2
 resolución 
 artículo 2
 artículo 7
 resolución 
 artículo 13
 artículo 33
 artículo 19
 artículo 4
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 4
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 20
 artículo 28
 artículo 1
 Artículo 10
 Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 8
 Artículo 8

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 40
 artículo 14

Artículo 3
 artículo 29
 artículo 31

Artículo 4

Artículo 5

Resolución 

Resolución 
 artículo 22

Artículo 1

Artículo 2

Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 2
 artículo 1

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7