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Timestamp: 2019-09-22 00:50:08+00:00

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El informe final publicado el 25 de febrero de 2009 por un grupo de expertos de alto nivel presidido por Jacques de Larosière por encargo de la Comisión concluía que el marco de supervisión del sector financiero en la Unión debía ser reforzado para reducir el riesgo y la severidad de futuras crisis financieras. Recomendaba una serie de ambiciosas reformas en la estructura de supervisión. El grupo de expertos también recomendaba la creación de un Sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF), integrado por tres Autoridades Europeas de Supervisión, una para el sector bancario, otra para el sector de seguros y pensiones de jubilación y otra para el sector de valores y mercados, así como la instauración de una Junta Europea de Riesgo Sistémico.
En su Comunicación de 4 de marzo de 2009, titulada «Gestionar la recuperación europea», la Comisión proponía la presentación de un proyecto legislativo para la creación del SESF, y en su Comunicación de 27 de mayo de 2009, titulada «Supervisión financiera europea», exponía más detalladamente la posible configuración de este nuevo marco de supervisión, haciendo hincapié en la especificidad de la supervisión de las agencias de calificación crediticia.
El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 19 de junio de 2009, propugnaba el establecimiento del SESF, que consistiría en una red de supervisores financieros nacionales que trabajaran en tándem con las tres nuevas Autoridades Europeas de Supervisión. El SESF debe estar orientado a mejorar la calidad y la coherencia de la supervisión nacional, reforzar el control de los grupos transfronterizos mediante la creación de colegios de supervisores y establecer un código normativo único europeo aplicable a todos los participantes en los mercados financieros dentro del mercado único. El Consejo Europeo destacó que una Autoridad Europea de Valores y Mercados debía tener facultades de supervisión de las agencias de calificación crediticia. Por otra parte, la Comisión debe conservar su potestad de hacer cumplir los Tratados, en particular el capítulo I del título VII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), relativo a las normas comunes sobre competencia, de conformidad con las disposiciones adoptadas para la aplicación de dichas normas.
El Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y el Consejo (4) creó la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM).
Resulta oportuno definir claramente el alcance de las competencias de la AEVM, de modo que los participantes en los mercados financieros puedan determinar qué autoridad es competente en el ámbito de actividad de las agencias de calificación crediticia. Se deben asignar a la AEVM competencias generales, con arreglo al Reglamento (CE) no 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), en lo relativo al registro y a la supervisión permanente de las agencias de calificación crediticia registradas.
La AEVM debe ser el responsable exclusivo del registro y de la supervisión de las agencias de calificación crediticia de la Unión. Si la AEVM delega tareas específicas a las autoridades competentes, debe seguir siendo jurídicamente responsable. Los máximos representantes y otros miembros del personal de las autoridades nacionales competentes deben poder participar en la toma de decisiones en el seno de la AEVM, de conformidad con el Reglamento (UE) no 1095/2010, actuando como miembros de órganos de la AEVM, como su Junta de Supervisores o sus paneles internos de la AEVM. La AEVM debe tener la facultad exclusiva de celebrar acuerdos de cooperación para el intercambio de información con las autoridades de supervisión de terceros países. Las autoridades competentes, en la medida en que participen en la toma de decisiones en el seno de la AEVM o cuando realicen tareas en nombre de esta última, deben estar cubiertas por dichos acuerdos de cooperación.
La transparencia de la información presentada por el emisor de un instrumento financiero calificado podría tener un gran valor añadido potencial para el funcionamiento del mercado y la protección de los inversores. Hay que analizar, por lo tanto, cuál es la mejor manera de aumentar la transparencia de la información sobre la que se basan las calificaciones de todos los instrumentos financieros. En primer lugar, probablemente la divulgación de esa información a otras agencias de calificación crediticia registradas o certificadas probablemente intensificará la competencia entre agencias de calificación crediticia, porque podrá conducir, en particular, a un incremento del número de calificaciones no solicitadas. La emisión de tales calificaciones no solicitadas debe promover, en principio, el recurso a más de una calificación por instrumento financiero. También es probable que esto contribuya a evitar posibles conflictos de intereses, especialmente los motivados por el modelo «el emisor paga», y ha de mejorar de la calidad de las calificaciones. En segundo lugar, la divulgación de esa información a todo el mercado también podría aumentar la capacidad de los inversores de desarrollar sus propios análisis de riesgo basando su diligencia debida en tal información adicional. Dicha divulgación podría reducir asimismo la dependencia de las calificaciones crediticias emitidas por las agencias de calificación crediticia. Para alcanzar estos objetivos fundamentales, la Comisión debe analizar en mayor profundidad estas cuestiones, analizando con más detalle el alcance adecuado de esa obligación de divulgación, teniendo en cuenta el impacto en los mercados locales de titulización, un mayor diálogo con los interesados, el control del mercado, la evolución de la reglamentación y la experiencia adquirida en otras jurisdicciones. A la luz de esta evaluación, la Comisión debe presentar propuestas legislativas adecuadas. La evaluación y las propuestas por la Comisión permitirían definir nuevas obligaciones de transparencia de la manera más adecuada para satisfacer el interés público y más coherente con la protección de los inversores.
Habida cuenta de que las calificaciones crediticias se utilizan en toda la Unión, la tradicional distinción entre la autoridad competente del Estado miembro de origen y las demás autoridades competentes y el recurso al modelo colegiado para coordinar la supervisión no constituyen la estructura más adecuada a efectos de la supervisión de las agencias de calificación crediticia. Con el establecimiento de la AEVM ya no será necesario mantener esa estructura. Procede, por tanto, racionalizar el proceso de registro y reducir los plazos en consecuencia.
Resulta oportuno que la AEVM asuma la responsabilidad del registro y la supervisión permanente de las agencias de calificación crediticia, si bien no ha de ser responsable de la supervisión de los usuarios de las calificaciones crediticias. En consecuencia, procede que las autoridades competentes designadas con arreglo a la legislación sectorial pertinente para supervisar las entidades de crédito, las empresas de inversión, las empresas de seguros de vida, las empresas de seguros no de vida, las empresas de reaseguros, los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), los fondos de pensiones de empleo y los fondos de inversión alternativos sigan siendo responsables de supervisar el uso de las calificaciones crediticias por parte de esas entidades y organizaciones financieras, cuya supervisión se realiza a nivel nacional en el contexto y a los efectos de la aplicación de otras directivas del ámbito de los servicios financieros, así como del uso de las calificaciones crediticias en los folletos.
Se requiere un instrumento eficaz para establecer normas técnicas de regulación armonizadas que faciliten la aplicación del Reglamento (CE) no 1060/2009 en la práctica cotidiana, y que garanticen condiciones de competencia equitativas y una adecuada protección de los inversores y los consumidores en toda la Unión. Como organismo con conocimientos altamente especializados, se considera eficaz y adecuado confiar a la AEVM el desarrollo de proyectos de normas técnicas.
En el sector de las agencias de calificación crediticia, la AEVM debe presentar a la Comisión proyectos de normas técnicas de regulación en relación con la información que deben facilitar estas agencias en sus solicitudes de registro, con la información que las agencias de calificación crediticia deben facilitar a efectos de la solicitud de certificación y de una evaluación de su importancia sistémica para la estabilidad financiera o la integridad de los mercados financieros, y con la presentación de la información —en particular la estructura, el formato, el método y el período de referencia de dicha presentación— que las agencias de calificación crediticia habrán de divulgar, en relación con la evaluación de la conformidad de los métodos de calificación crediticia con los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) no 1060/2009, y el contenido y formato de los informes periódicos sobre los datos relativos a las calificaciones que deben solicitarse a las agencias de calificación crediticia para la supervisión permanente por parte de la AEVM. De conformidad con el Reglamento (UE) no 1095/2010, estos proyectos de normas técnicas de regulación deben ser adoptados por la Comisión para tener efecto legal vinculante. Al elaborar sus proyectos de normas técnicas, la AEVM debe tener en cuenta y, siempre que lo considere apropiado y necesario, actualizar las orientaciones ya emitidas por el Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores en relación con el contenido del Reglamento (CE) no 1060/2009.
En los ámbitos no cubiertos por las normas técnicas, la AEVM debe tener la facultad de emitir y actualizar orientaciones no vinculantes sobre aspectos relacionados con la aplicación del Reglamento (CE) no 1060/2009.
Para desempeñar eficazmente su función, la AEVM debe estar facultada para requerir, mediante simple solicitud o mediante decisión, toda la información necesaria a las agencias de calificación crediticia, a las personas implicadas en actividades de calificación crediticia, a las entidades calificadas y terceros relacionados con ellas, a aquellos terceros a los que dichas agencias hayan subcontratado funciones operativas y a aquellas personas que, de diversa manera, guarden una relación estrecha y sustancial con esas agencias o las actividades de calificación crediticia. El último grupo de personas debe incluir, por ejemplo, al personal de una agencia de calificación crediticia que no esté implicado directamente en actividades de calificación pero que, debido a la función que desempeña en una agencia de calificación crediticia, pueda disponer de información importante sobre un determinado asunto. Dicho grupo puede incluir asimismo a las empresas que presten servicios a una agencia de calificación crediticia. Las empresas que utilicen las calificaciones crediticias no deben formar parte de dicho grupo. Si la AEVM requiere tal información mediante simple solicitud, la persona a la que se solicite esa información no estará obligada a facilitarla. No obstante, si la facilita voluntariamente, la información que se facilite no debe ser incorrecta ni engañosa. Dicha información se debe poner a disposición sin demora.
En aras del eficaz ejercicio de sus competencias de supervisión, la AEVM debe estar facultada para llevar a cabo investigaciones e inspecciones in situ.
Las autoridades competentes deben comunicar cualquier información necesaria de conformidad con el Reglamento (CE) no 1060/2009 y asistir y cooperar con la AEVM. La AEVM y las autoridades competentes deben también cooperar estrechamente con las autoridades sectoriales competentes encargadas de la supervisión de las empresas a que se refiere el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1060/2009. La AEVM debe estar facultada para delegar en la autoridad competente de un Estado miembro tareas de supervisión específicas, por ejemplo cuando la tarea requiera conocimientos y experiencia con respecto a las condiciones locales, de los que se dispondrá más fácilmente a nivel nacional. Entre el tipo de tareas que deben poder delegarse figura la realización de tareas de investigación e inspecciones in situ específicas. Antes de delegar las tareas en cuestión, la AEVM debe consultar a la autoridad competente de que se trate sobre las condiciones detalladas de dicha delegación de tareas, por ejemplo en lo que se refiere al alcance de las tareas que vayan a delegarse, al calendario para llevarlas a cabo y a la transmisión de la información necesaria por parte de la AEVM y la dirigida a ella. La AEVM debe retribuir a las autoridades competentes por haber llevado a cabo una tarea delegada de conformidad con el reglamento sobre tasas emitido por la Comisión mediante un acto delegado. La AEVM no debe estar facultada para delegar la competencia para la adopción de decisiones de registro.
Debe garantizarse que las autoridades competentes puedan solicitar a la AEVM que compruebe si se cumplen las condiciones para proceder a la baja registral de una agencia de calificación crediticia y que la AEVM suspenda el uso de las calificaciones cuando se considere que una agencia de ese tipo está infringiendo grave y persistentemente el Reglamento (CE) no 1060/2009. La AEVM debe evaluar esas solicitudes y tomar cualquier medida que resulte apropiada.
La AEVM debe estar facultada para imponer multas coercitivas encaminadas a obligar a las agencias crediticias a poner fin a una infracción, a facilitar la información completa requerida por la AEVM o a someterse a una investigación o inspección in situ.
La AEVM también ha de poder imponer multas a las agencias de calificación crediticia cuando descubra que cometieron, con dolo o culpa, una infracción del Reglamento (CE) no 1060/2009. Las multas deben imponerse en función de la gravedad de las infracciones. Las infracciones deben dividirse en grupos diferentes a los que han de atribuirse multas específicas. Para determinar la cuantía de la multa correspondiente a una infracción específica, la AEVM debe utilizar un método en dos fases consistente en la determinación de una cuantía de base para la multa y la adaptación de dicha cuantía, en caso necesario, mediante la aplicación de determinados coeficientes. La cuantía de base debe determinarse teniendo en cuenta el volumen de negocios anual de la agencia de calificación crediticia en cuestión, y las adaptaciones deben realizarse incrementando o reduciendo la cuantía de base mediante la aplicación de los coeficientes correspondientes de conformidad con el presente Reglamento.
El presente Reglamento establece coeficientes ligados a las circunstancias agravantes o atenuantes para dotar a la AEVM de los útiles necesarios para decidir imponer una multa que sea proporcionada a la gravedad de la infracción cometida por una agencia de calificación crediticia, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se cometió la infracción.
Antes de decidir sobre la imposición de una multa o multa coercitiva, la AEVM debe brindar a las personas encausadas la oportunidad de ser oídas a fin de garantizar sus derechos de defensa.
Los Estados miembros deben conservar la potestad de establecer y aplicar el régimen de sanciones aplicables en caso de infracción de la obligación de las entidades financieras y de otro tipo de utilizar, a efectos reglamentarios, únicamente las calificaciones crediticias que hayan sido emitidas por agencias de calificación crediticia registradas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1060/2009.
El presente Reglamento no debe sentar precedente en lo que se refiere a la imposición por parte de las Autoridades Europeas de Supervisión de sanciones, económicas o no, a los participantes en los mercados financieros o a otras empresas en relación con otros tipos de actividad.
La AEVM debe abstenerse de imponer multas o multas coercitivas cuando una sentencia absolutoria o condenatoria anterior, resultante de un hecho idéntico o de hechos que sean sustancialmente los mismos, haya adquirido carácter de cosa juzgada como resultado de un proceso penal con arreglo al derecho nacional.
Las decisiones de la AEVM de imposición de multas y multas coercitivas deben tener carácter ejecutivo y su ejecución debe regirse por las normas de procedimiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo. Las normas de procedimiento civil no deben incluir normas de procedimiento penal, pero debe ser posible incluir normas de procedimiento administrativo.
En el supuesto de que una agencia de calificación crediticia cometa una infracción, la AEVM ha de estar facultada para adoptar diversas medidas de supervisión, entre ellas, y sin que se excluyan otras, la de exigir a la agencia que ponga fin a la infracción, suspender el uso de las calificaciones con fines reglamentarios, prohibir temporalmente a la agencia la emisión de calificaciones crediticias y, en última instancia, proceder a la baja registral, si la agencia de calificación crediticia ha infringido de manera grave o repetida lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1060/2009. La AEVM debe aplicar las medidas de supervisión teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de la infracción y respetando el principio de proporcionalidad. Antes de tomar una decisión sobre las medidas de supervisión, la AEVM debe brindar a las personas encausadas la oportunidad de ser oídas a fin de garantizar sus derechos de defensa.
El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. Por consiguiente, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de acuerdo con dichos derechos y principios, incluidos los relativos a la libertad de prensa y la libertad de expresión en los medios de comunicación, así como el derecho de interpretación y traducción para aquellas personas que no hablen o comprendan la lengua del procedimiento, como parte del derecho general a un juicio justo.
Por motivos de seguridad jurídica, resulta adecuado establecer disposiciones transitorias claras para la transmisión de expedientes y documentos de trabajo de las autoridades competentes a la AEVM.
El registro concedido a una agencia de calificación crediticia por una autoridad competente debe seguir siendo válido en toda la Unión después del traspaso de las competencias de supervisión de las autoridades competentes a la AEVM.
Procede que la Comisión esté facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del TFUE, en relación con la modificación y especificación de los criterios para evaluar la equivalencia del marco regulador y de supervisión de un tercer país, a fin de atender a la evolución de los mercados financieros, la adopción de un reglamento sobre tasas, normas detalladas sobre las multas y las multas coercitivas, y la modificación de los anexos del Reglamento (CE) no 1060/2009. Es especialmente importante que la Comisión proceda a las consultas adecuadas durante sus trabajos preparatorios, incluso a nivel de expertos.
La Comisión, al preparar y elaborar los actos delegados, debe velar por la transmisión temprana e ininterrumpida de la información sobre los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.
El Parlamento Europeo y el Consejo deben poder presentar objeciones al acto delegado dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación. Debe preverse la posibilidad de que, por iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo, dicho plazo sea prorrogable por tres meses con respecto a ámbitos especialmente sensibles. También conviene prever que el Parlamento Europeo y el Consejo puedan informar a las otras instituciones de que no tienen la intención de formular objeciones. Una aprobación temprana como esta de los actos delegados está especialmente indicada cuando deben respetarse determinados plazos, por ejemplo cuando se han establecido calendarios en el acto de base para la adopción de actos delegados por la Comisión.
En la Declaración relativa al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), aneja al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa, la Conferencia toma nota de la intención de la Comisión de seguir consultando a expertos nombrados por los Estados miembros para la elaboración de sus proyectos de actos delegados en el ámbito de los servicios financieros, conforme a su práctica establecida.
La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (6) se aplica al tratamiento de datos personales en aplicación del Reglamento (CE) no 1060/2009.
El Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (7), es enteramente aplicable al tratamiento de datos en cumplimiento del Reglamento (CE) no 1060/2009.
Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, establecer un marco de supervisión eficiente y eficaz para las agencias de calificación crediticia, confiando la supervisión de las actividades de calificación en la Unión a una única autoridad de supervisión, ofreciendo a las agencias de calificación crediticia un punto de contacto único y garantizando una aplicación coherente de las normas para dichas agencias, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, a nivel individual, y, por consiguiente, en razón de la estructura y las repercusiones paneuropeas de las actividades de calificación crediticia que han de supervisarse, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.
En el artículo 3, apartado 1, se añaden las letras siguientes:
«p) “autoridades competentes”: las autoridades designadas por cada Estado miembro, de conformidad con el artículo 22;
q) “legislación sectorial”: los actos jurídicos de la Unión a que se refiere el artículo 4, apartado 1, párrafo primero;
r) “autoridades sectoriales competentes”: las autoridades nacionales competentes designadas con arreglo a la legislación sectorial pertinente para la supervisión de las entidades de crédito, las empresas de inversión, las empresas de seguros de vida, las empresas de seguros no de vida, las empresas de reaseguros, los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), los fondos de pensiones de empleo y los fondos de inversión alternativa.».
«1. Las entidades de crédito tal como se definen en la Directiva 2006/48/CE, las empresas de inversión tal como se definen en la Directiva 2004/39/CE, las empresas de seguros sujetas a la primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio (8), las empresas de seguros tal como se definen en la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida (9), las empresas de reaseguros tal como se definen en la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro (10), los OICVM tal como se definen en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (11), los fondos de pensiones de empleo tal como se definen en la Directiva 2003/41/CE y los fondos de inversión alternativa solo podrán utilizar con fines reglamentarios calificaciones crediticias que hayan sido emitidas por agencias de calificación crediticia establecidas en la Unión y registradas de conformidad con el presente Reglamento.
las letras b), c) y d) se sustituyen por el texto siguiente:
que la agencia de calificación crediticia haya verificado y pueda demostrar de manera continuada a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), creada por el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) (AEVM), que la realización de actividades de calificación crediticia por parte de la agencia de calificación crediticia del tercer país que da lugar a la emisión de una calificación crediticia que ha de refrendarse cumple unos requisitos al menos tan rigurosos como los que figuran en los artículos 6 a 12;
que la capacidad de la AEVM de evaluar y supervisar el cumplimiento, por parte de la agencia de calificación crediticia establecida en el tercer país, de los requisitos mencionados en la letra b) no esté limitada;
que la agencia de calificación crediticia facilite, previa petición, a la AEVM toda la información necesaria para que esta pueda supervisar de manera permanente el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento;
que exista un acuerdo de cooperación apropiado entre la AEVM y la autoridad de supervisión correspondiente de la agencia de calificación crediticia establecida en un tercer país. La AEVM velará por que dicho acuerdo de cooperación especifique como mínimo:
el mecanismo para el intercambio de información entre la AEVM y la autoridad de supervisión correspondiente de la agencia de calificación crediticia establecida en un tercer país, y así como
los procedimientos relativos a la coordinación de las actividades de supervisión para que la AEVM pueda supervisar de manera permanente las actividades de calificación crediticia cuyo resultado sea la emisión de una calificación crediticia refrendada.».
«2. Las agencias de calificación crediticia a las que se refiere el apartado anterior podrán solicitar la certificación. La solicitud se presentará a la AEVM de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 15.»;
«3. La AEVM examinará la solicitud de certificación y decidirá al respecto de conformidad con el procedimiento que establece el artículo 16. La decisión sobre la certificación se basará en los criterios recogidos en el apartado 1, letras a) a d), del presente artículo.»;
«4. La agencia de calificación crediticia a que se refiere el apartado 1 también podrá solicitar quedar exenta:
de la obligación de cumplir los requisitos establecidos en el anexo I, sección A, y en el artículo 7, apartado 4, sobre la base de un análisis caso por caso, si la agencia puede demostrar que dichos requisitos son desproporcionados, a la vista de la naturaleza, dimensión y complejidad de su actividad y de la naturaleza y el alcance de las calificaciones crediticias que emite;
de la obligación de tener presencia física en la Unión cuando dicho requisito resulte demasiado gravoso y desproporcionado a la vista de la naturaleza, dimensión y complejidad de su actividad y de la naturaleza y el alcance de las calificaciones crediticias que emite.
La agencia de calificación crediticia presentará la solicitud de exención junto con la solicitud de certificación de conformidad con las letras a) o b) del primer párrafo. Al examinar dicha solicitud, la AEVM tendrá en cuenta el tamaño de la agencia a que se refiere el apartado 1, a la vista de la naturaleza, dimensión y complejidad de su actividad y la naturaleza y el alcance de las calificaciones crediticias que emite, así como la repercusión de las calificaciones crediticias emitidas por la agencia sobre la integridad y la estabilidad financiera de los mercados financieros de uno o más Estados miembros. Sobre la base de estas consideraciones, la AEVM podrá conceder tal exención a la agencia de calificación crediticia a que se refiere el apartado 1 de conformidad con este apartado.»;
«A fin de tener en cuenta la evolución de los mercados financieros, la Comisión adoptará, a través de actos delegados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 bis, y sin perjuicio de las condiciones contenidas en los artículos 38 ter y 38 quater, disposiciones para precisar o modificar los criterios contemplados en el párrafo segundo, letras a), b) y c), del presente apartado.»;
«7. La AEVM celebrará acuerdos de cooperación con las autoridades de supervisión correspondientes de terceros países cuyos marcos jurídicos y de supervisión hayan sido considerados equivalentes al presente Reglamento según lo dispuesto en el apartado 6. En dichos acuerdos se hará constar, como mínimo:
el mecanismo para el intercambio de información entre la AEVM y las autoridades de supervisión correspondientes de los terceros países de que se trate, y
los procedimientos relativos a la coordinación de las actividades de supervisión.
8. Los artículos 20 y 24 se aplicarán mutatis mutandis a las agencias de calificación crediticia certificadas y a las calificaciones crediticias emitidas por las mismas.».
En el artículo 6, el apartado 3 queda modificado como sigue:
«3. A petición de una agencia de calificación crediticia, la AEVM podrá eximir a una agencia de calificación crediticia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo I, sección A, puntos 2, 5 y 6, así como del artículo 7, apartado 4, si la agencia de calificación crediticia puede demostrar que dichos requisitos son desproporcionados, a la vista de la naturaleza, la dimensión y complejidad de su actividad y de la naturaleza y el alcance de las calificaciones crediticias que emite, y que:»;
«En caso de que se trate de un grupo de agencias de calificación crediticia, la AEVM velará por que al menos una de las agencias de calificación crediticia del grupo no esté exenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo I, sección A, puntos 2, 5 y 6, y el artículo 7, apartado 4.».
No se llevará a cabo la subcontratación de funciones operativas importantes de manera que ello perjudique sensiblemente a la calidad del control interno de la agencia de calificación crediticia y a la capacidad de la AEVM para controlar que la agencia de calificación crediticia cumple las obligaciones previstas en el presente Reglamento.».
En el artículo 10, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:
«6. Las agencias de calificación crediticia no utilizarán el nombre de la AEVM ni de ninguna autoridad competente de manera que indique o sugiera refrendo o aprobación por parte de la AEVM o de toda autoridad competente de las calificaciones crediticias o de cualesquiera actividades de calificación crediticia de la agencia.».
En el artículo 11, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:
«2. Las agencias de calificación crediticia comunicarán a un registro central establecido por la AEVM información acerca de sus resultados históricos, incluida la frecuencia de transición de las calificaciones e información sobre calificaciones crediticias emitidas en el pasado y sobre los cambios de las mismas. Las agencias de calificación crediticia facilitarán la información a este registro en un formato estándar, según lo previsto por la AEVM. La AEVM pondrá esa información a disposición del público y publicará anualmente un resumen de los principales cambios observados.
3. Las agencias de calificación crediticia facilitarán anualmente a la AEVM, para el 31 de marzo, la información que se especifica en el anexo I, sección E, parte II, punto 2.».
«2. El registro surtirá efecto en todo el territorio de la Unión una vez que haya surtido efecto la decisión de registro de la agencia de calificación crediticia adoptada por la AEVM a tenor del artículo 16, apartado 3, o del artículo 17, apartado 3.»;
en el apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«Las agencias de calificación crediticia notificarán, sin dilaciones indebidas, a la AEVM cualquier modificación significativa de las condiciones de registro inicial, incluyendo la apertura o el cierre de una sucursal dentro de la Unión.»;
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16 o 17, la AEVM procederá al registro de la agencia de calificación crediticia si llega a la conclusión, basándose en el examen de la solicitud, de que la agencia de calificación crediticia cumple las condiciones para la emisión de calificaciones crediticias establecidas en el presente Reglamento, teniendo en cuenta los artículos 4 y 6.
5. La AEVM no impondrá requisitos para el registro que no estén previstos en el presente Reglamento.».
Los artículos 15 a 21 se sustituyen por el texto siguiente:
3. Las agencias de calificación crediticia presentarán sus solicitudes en cualquiera de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión. Las disposiciones del Reglamento no 1, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (13) se aplicarán, mutatis mutandis, a cualquier otra comunicación entre la AEVM y las agencias de calificación crediticia y su personal.
prevea refrendar calificaciones crediticias a tenor del artículo 4, apartado 3;
prevea recurrir a la subcontratación, o
solicite quedar exenta del cumplimiento de conformidad con el artículo 6, apartado 3.
prevean refrendar calificaciones crediticias a tenor del artículo 4, apartado 3;
prevean recurrir a la subcontratación, o
soliciten quedar exentas del cumplimiento de conformidad con el artículo 6, apartado 3.
2. La AEVM comunicará a la Comisión, a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), establecida por el Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) (ABE), a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), establecida por el Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) (AESPJ), a las autoridades competentes y a las autoridades sectoriales competentes cualquier decisión con arreglo a los artículos 16, 17 o 20.
renuncie expresamente al registro o no haya emitido calificación crediticia alguna en los seis meses anteriores;
haya obtenido el registro valiéndose de declaraciones falsas o de cualquier otro medio irregular, o
deje de cumplir las condiciones iniciales de registro.
la información que debe facilitar toda agencia de calificación crediticia al solicitar su registro, según se expone en el anexo II;
la información que la agencia de calificación crediticia debe facilitar para solicitar la certificación y para la evaluación de su importancia sistémica para la estabilidad financiera o la integridad de los mercados financieros, según lo contemplado en el artículo 5;
la presentación de la información, incluidos la estructura, el formato, el método y el período de información, que las agencias de calificación crediticia divulgarán de conformidad con el artículo 11, apartado 2, y el anexo I, sección E, parte II, punto 1;
la evaluación de la conformidad de los métodos de calificación crediticia con los requisitos expuestos en el artículo 8, apartado 3;
el contenido y el formato de los informes periódicos sobre los datos relativos a las calificaciones que deberán solicitarse a las agencias de calificación crediticia a efectos de la supervisión permanente por parte de la AEVM.
verificará que las agencias de calificación crediticia realizan la simulación retrospectiva;
analizan los resultados de esa simulación retrospectiva, y
verifican que las agencias de calificación crediticia cuentan con procedimientos para tener en cuenta los resultados de la simulación retrospectiva en sus métodos de calificación crediticia.».
Los artículo 23 a 27 se sustituyen por el texto siguiente:
hará referencia al presente artículo como base jurídica de la solicitud;
indicará el propósito de la solicitud;
especificará qué información precisa;
fijará el plazo en el que habrá de serle facilitada la información;
informará a la persona a quien se solicite la información que dicha persona no estará obligada a facilitar esa información, pero que en caso de responderse voluntariamente a la solicitud, la información que se facilite no deberá ser incorrecta ni engañosa, e
indicará la multa prevista en el artículo 36 bis, en relación con el anexo III, sección II, punto 7, cuando las respuestas a las preguntas formuladas sean incorrectas o engañosas.
indicará las multas coercitivas previstas en el artículo 36 ter en caso de que no se facilite toda la información exigida;
indicará la multa prevista en el artículo 36 bis, en relación con el anexo III, sección II, punto 7, cuando las respuestas a las preguntas formuladas sean incorrectas o engañosas, e
indicará el derecho de recurrir la decisión ante la Sala de Recurso y de que la decisión sea revisada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad con los artículos 60 y 61 del Reglamento (UE) no 1095/2010.
examinar todos los registros, datos, procedimientos y cualquier otra documentación pertinente para la realización del cometido de la AEVM, independientemente del medio utilizado para almacenarlos;
hacer u obtener copias certificadas o extractos de dichos registros, datos, procedimientos y otra documentación;
convocar y pedir a las personas contempladas en el artículo 23 ter, apartado 1, o a sus representantes o miembros de su personal que den explicaciones orales o escritas sobre los hechos o documentos que guarden relación con el objeto y el propósito de la inspección, y registrar las respuestas;
entrevistar a cualquier persona física o jurídica que acepte ser entrevistada a fin de recabar información relacionada con el objeto de una investigación;
requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos.
proceder a la baja registral de la agencia de calificación crediticia;
prohibir temporalmente a la agencia de calificación crediticia la emisión de calificaciones crediticias con efectos en toda la Unión, hasta que se ponga fin a la infracción;
suspender el uso, con fines reglamentarios, de las calificaciones crediticias emitidas por la agencia de calificación crediticia con efectos en toda la Unión, hasta que se ponga fin a la infracción;
exigir a la agencia de calificación crediticia que ponga fin a la infracción;
publicar avisos.
la duración y frecuencia de la infracción;
si la infracción ha puesto de manifiesto deficiencias graves o sistémicas en los procedimientos de la empresa o en los sistemas de gestión o controles internos;
si la infracción ha facilitado, provocado o contribuido de cualquier otro modo a la comisión de un delito financiero;
si la comisión de la infracción fue dolosa o culposa.
diez días laborables, desde la fecha en que se publique la decisión de la AEVM, con arreglo al apartado 5, si existen calificaciones crediticias del mismo instrumento financiero o entidad emitidas por otras agencias de calificación crediticia registradas con arreglo al presente Reglamento, o
tres meses, desde la fecha en que se publique la decisión de la AEVM, con arreglo al apartado 5, si no existen calificaciones crediticias del mismo instrumento financiero o entidad emitidas por otras agencias de calificación crediticia registradas con arreglo al presente Reglamento.
2. La AEVM podrá transmitir a los bancos centrales, al Sistema Europeo de Bancos Centrales y al Banco Central Europeo, en su calidad de autoridades monetarias, a la Junta Europea de Riesgo Sistémico y, en su caso, a otras autoridades públicas responsables de supervisar los sistemas de pago y liquidación, la información confidencial necesaria para el ejercicio de sus funciones. De igual modo, tampoco se impedirá a dichas autoridades u organismos comunicar a la AEVM la información que esta pueda necesitar para desempeñar sus funciones con arreglo al presente Reglamento.».
Se suprimen los artículos 28 y 29.
Los artículos 30, 31 y 32 se sustituyen por el texto siguiente:
el alcance de la tarea que vaya a delegarse;
el calendario previsto para realizar la tarea que vaya a delegarse, y
la transmisión, por y a la AEVM, de la información necesaria.
2. Toda la información que, en virtud del presente Reglamento, sea adquirida por, o bien intercambiada entre la AEVM, las autoridades competentes, las autoridades sectoriales competentes o las demás autoridades y organismos mencionados en el artículo 27, apartado 2, se considerará confidencial, salvo cuando la AEVM o la autoridad competente u otra autoridad u organismo de que se trate declaren, en el momento de su comunicación, que la información puede ser divulgada, o cuando esta divulgación resulte necesaria en el marco de un procedimiento judicial.».
Se suprime el artículo 33.
Los artículos 34 y 35 se sustituyen por el texto siguiente:
En lo que atañe a la transmisión de datos de naturaleza personal a terceros países, la AEVM aplicará el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (16).
En el título IV, el encabezamiento del capítulo I «Sanciones, procedimiento de comité y presentación de informes» se sustituye por el encabezamiento «Sanciones, multas, multas coercitivas, procedimiento de comité, poderes delegados y presentación de informes».
En el artículo 36, los párrafos primero y segundo se sustituyen por el texto siguiente:
«Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones así establecidas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros velarán por que la autoridad sectorial competente haga públicas todas las sanciones que se hayan impuesto por las infracciones de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, a menos que dicha divulgación pusiera en grave riesgo los mercados financieros o causara un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas.».
«Artículo 36 bis
las infracciones a que se refiere el anexo III, sección I, puntos 1 a 5, 11 a 15, 19, 20, 23, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 y 51, se sancionarán con multas de entre 500 000 y 750 000 EUR;
las infracciones a que se refiere el anexo III, sección I, puntos 6 a 8, 16 a 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37 a 40, 42, 45 a 47, 48, 49, 52 y 54, se sancionarán con multas de entre 300 000 y 450 000 EUR;
las infracciones a que se refiere el anexo III, sección I, puntos 9, 10, 26, 36, 44 y 53, se sancionarán con multas de entre 100 000 y 200 000 EUR;
las infracciones a que se refiere el anexo III, sección II, puntos 1, 6, 7 y 8, se sancionarán con multas de entre 50 000 y 150 000 EUR;
las infracciones a que se refiere el anexo III, sección II, puntos 2, 4 y 5, se sancionarán con multas de entre 25 000 y 75 000 EUR;
las infracciones a que se refiere el anexo III, sección II, punto 3, se sancionarán con multas de entre 10 000 y 50 000 EUR;
las infracciones a que se refiere el anexo III, sección III, puntos 1 a 3 y 11, se sancionarán con multas de entre 150 000 y 300 000 EUR;
las infracciones a que se refiere el anexo III, sección III, puntos 4, 6, 8 y 10, se sancionarán con multas de entre 90 000 y 200 000 EUR;
las infracciones a que se refiere el anexo III, sección III, puntos 5, 7 y 9, se sancionarán con multas de entre 40 000 y 100 000 EUR.
una agencia de calificación crediticia a poner fin a una infracción, de conformidad con una decisión adoptada en virtud del artículo 24, apartado 1, letra d);
una persona de las contempladas en el artículo 23 ter, apartado 1, a proporcionar la información completa que se haya requerido mediante decisión en virtud del artículo 23 ter;
una persona de las contempladas en el artículo 23 ter, apartado 1, a someterse a una investigación y, en particular, a presentar de forma completa los registros, datos, procedimientos o cualquier otra documentación que se haya exigido, así como completar y corregir otra información facilitada en una investigación iniciada por decisión adoptada conforme al artículo 23 quater;
una persona de las contempladas en el artículo 23 ter, apartado 1, a someterse a una inspección in situ, ordenada mediante decisión en virtud del artículo 23 quinquies.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea gozará de competencia jurisdiccional plena para resolver los recursos interpuestos contra las decisiones por las cuales la AEVM haya impuesto una multa o una multa coercitiva. Podrá anular, reducir o incrementar la multa o multa coercitiva impuesta.».
A fin de tener en cuenta la evolución de la situación de los mercados financieros, incluida la evolución en el plano internacional, especialmente en lo que atañe a nuevos instrumentos financieros, la Comisión podrá adoptar, a través de actos delegados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 bis, y sin perjuicio de las condiciones contenidas en los artículos 38 ter y 38 quater, disposiciones destinadas a modificar los anexos, con exclusión del anexo III.».
En el artículo 38, se suprime el apartado 2.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo formulan objeciones al acto delegado dentro del plazo al que se refiere el apartado 1, este no entrará en vigor. Con arreglo al artículo 296 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la institución que formule objeciones a un acto delegado comunicará los motivos de las mismas.».
«3. A más tardar el 1 de julio de 2011, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, teniendo en cuenta la evolución del marco regulador y de supervisión para las agencias de calificación crediticia de terceros países, un informe sobre los efectos de dicha evolución y de las disposiciones transitorias a que se refiere el artículo 40 sobre la estabilidad de los mercados financieros de la Unión.».
A más tardar el 31 de diciembre de 2011, la AEVM evaluará las necesidades de personal y recursos derivadas de la asunción de sus poderes y obligaciones de conformidad con el presente Reglamento y presentará un informe al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.».
En el artículo 40, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:
«Las agencias de calificación crediticia existentes podrán continuar emitiendo calificaciones crediticias y las entidades financieras y las demás entidades a que se refiere el artículo 4, apartado 1, podrán utilizar dichas calificaciones crediticias con fines reglamentarios, a menos que se deniegue el registro. Si se deniega el registro, será de aplicación el artículo 24, apartados 4 y 5.».
6. A más tardar el 1 de julio de 2014, y en el marco de su supervisión permanente, la AEVM efectuará como mínimo una comprobación de todas las agencias de calificación crediticia que recaigan en el ámbito de sus competencias de supervisión.».
Se añadirán los anexos incluidos en el anexo II del presente Reglamento.
(1) DO C 337 de 14.12.2010, p. 1.
(2) DO C 54 de 19.2.2011, p. 37.
(3) Posición del Parlamento Europeo de 15 de diciembre de 2010 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 11 de abril de 2011.
(5) DO L 302 de 17.11.2009, p. 1.
(8) DO L 228 de 16.8.1973, p. 3.
(9) DO L 345 de 19.12.2002, p. 1.
(10) DO L 323 de 9.12.2005, p. 1.
(11) DO L 302 de 17.11.2009, p. 32.»;
(12) DO L 331 de 15.12.2010, p. 84.»,
(13) DO 17 de 6.10.1958, p. 385/58.
(14) DO L 331 de 15.12.2010, p. 12.
(15) DO L 331 de 15.12.2010, p. 48.».
(16) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.».
En la sección A, punto 2, el último párrafo se sustituye por el texto siguiente:
«Los miembros independientes del consejo de administración o de supervisión expondrán al consejo periódicamente los dictámenes que hayan emitido respecto de las cuestiones enunciadas en las letras a) a d), comunicándolos asimismo a la AEVM, a petición de esta.».
En la sección B, punto 8, el primer párrafo se sustituye por el texto siguiente:
La documentación y las pistas de auditoría a que se refiere el punto 7 se conservarán en los locales de la agencia de calificación crediticia registrada durante al menos cinco años y se facilitarán a la AEVM cuando así lo solicite.».
En la sección E, parte II, punto 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
anualmente, la siguiente información:
una lista de los 20 clientes más importantes de la agencia de calificación por orden de ingresos generados;
una lista de los clientes de la agencia de calificación crediticia cuya contribución a la tasa de crecimiento de la generación de ingresos de dicha agencia en el ejercicio precedente sea más de 1,5 veces superior a la tasa de crecimiento del total de ingresos registrado por tal agencia en ese ejercicio. Cada uno de estos clientes figurará en la lista únicamente cuando su contribución al total mundial de ingresos de la agencia de calificación crediticia en ese ejercicio sea superior al 0,25 %, y
una relación de las calificaciones crediticias elaboradas durante el año que permita apreciar la proporción de calificaciones crediticias no solicitadas.».
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 4, apartado 3, cuando refrende calificaciones emitidas en un tercer país sin cumplir las condiciones establecidas en dicho apartado 3, salvo que la causa de la infracción sea ajena al conocimiento o control de la agencia.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, cuando utilice el refrendo de calificaciones emitidas en un tercer país con la intención de eludir los requisitos del presente Reglamento.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 1, cuando no establezca un consejo de administración o de supervisión.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 2, párrafo primero, cuando no se asegure de que sus intereses comerciales no impiden la independencia o exactitud de las actividades de calificación crediticia.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 2, párrafo segundo, cuando nombre altos directivos que carezcan de la debida honorabilidad, de capacidad o experiencia suficientes, o no puedan velar por la gestión sana y prudente de la agencia.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 2, párrafo tercero, cuando no nombre el número prescrito de miembros independientes para su consejo de administración o de supervisión.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 2, párrafo cuarto, cuando establezca un sistema de retribución de los miembros independientes del consejo de administración o de supervisión que esté vinculado a los resultados empresariales de la agencia o no se fije de modo que quede garantizada la independencia de juicio de aquellos, o cuando fije que el mandato de los miembros independientes del consejo de administración o de supervisión sea por una duración superior a cinco años o sea renovable, o cuando destituya a un miembro independiente del consejo de administración o de supervisión en un caso que no sea por conducta irregular o insuficiencia profesional.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 2, párrafo quinto, cuando nombre miembros del consejo de administración o de supervisión que no posean suficientes conocimientos técnicos en el ámbito de los servicios financieros, o, si la agencia de calificación crediticia emite calificaciones crediticias de instrumentos de financiación estructurada, cuando no nombre al menos uno de los miembros independientes y otro miembro del consejo que tengan extensos conocimientos y experiencia de alto nivel en el ámbito de los mercados de instrumentos de financiación estructurada.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 2, párrafo sexto, cuando no se asegure de que los miembros independientes del consejo de administración o supervisión desempeñan las misiones de vigilar cualesquiera de las cuestiones a que se refiere el párrafo sexto de dicho punto.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 2, párrafo séptimo, cuando no se asegure de que los miembros independientes del consejo de administración o de supervisión exponen al consejo periódicamente los dictámenes que hayan emitido respecto de las cuestiones enunciadas en el párrafo sexto de dicho punto o de que comunican dichos dictámenes a la AEVM, a petición de esta.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 3, cuando no implante políticas o procedimientos adecuados que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 4, cuando no disponga de procedimientos administrativos o contables adecuados, mecanismos de control interno, técnicas eficaces de valoración del riesgo o mecanismos eficaces de control o salvaguardia de sus sistemas informáticos; o cuando no aplique o mantenga procedimientos de adopción de decisiones o estructuras organizativas según lo prescrito en dicho punto.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 5, cuando no implante o mantenga un departamento de verificación del cumplimiento permanente y eficaz (“función de cumplimiento”), que funcione de forma independiente.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 6, párrafo primero, cuando no vele por que se cumplan las condiciones que permitan a la función de cumplimiento ejercer sus responsabilidades de forma adecuada o independiente, según se define en el párrafo primero de dicho punto.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 7, cuando no implante procedimientos organizativos o administrativos adecuados y eficaces destinados a impedir, detectar, eliminar o gestionar y hacer público todo conflicto de intereses a que se refiere el anexo I, sección B, punto 1, o cuando no se encargue de que se lleven registros de todos los riesgos significativos que pesen sobre la independencia de las actividades de calificación crediticia, incluidas las normas relativas a los analistas a que se hace referencia en el anexo I, sección C, así como las medidas de protección aplicadas para mitigar esos riesgos.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 8, cuando no emplee sistemas, recursos o procedimientos adecuados con vistas a garantizar la continuidad y regularidad de sus actividades de calificación crediticia.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 9, cuando no establezca una función de revisión:
a la que corresponderá examinar periódicamente los métodos, los modelos y las hipótesis fundamentales que utilicen, o cualquier cambio o modificación significativos que sufran tales métodos y modelos, o la idoneidad de los métodos, modelos o hipótesis fundamentales de calificación, si se utilizan o está previsto que se utilicen para el análisis de nuevos instrumentos financieros;
que sea independiente de los servicios operativos responsables de llevar a cabo las actividades de calificación crediticia, o
que informe a los miembros del consejo de administración o de supervisión.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección A, punto 10, cuando no compruebe o evalúe la idoneidad y eficacia de sus sistemas, sus mecanismos de control interno y otras disposiciones tomadas de conformidad con el presente Reglamento, o cuando no adopte las medidas oportunas para corregir toda posible deficiencia.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección B, punto 1, cuando no detecte, elimine o gestione ni comunique de forma clara o destacada todo conflicto de intereses, ya sea real o potencial, que pueda influir en los análisis o en la opinión de los analistas de calificaciones, los empleados u otras personas físicas cuyos servicios se pongan a disposición o bajo el control de la agencia de calificación crediticia, y que participen directamente en la emisión de calificaciones crediticias, o de las personas responsables de aprobar dichas calificaciones.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección B, punto 3, párrafo primero, cuando emita una calificación crediticia en cualesquiera de las circunstancias enunciadas en el párrafo primero de dicho punto o, en el caso de una calificación ya existente, cuando no comunique inmediatamente que la calificación está potencialmente comprometida por dichas circunstancias.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección B, punto 3, párrafo segundo, cuando no evalúe de forma inmediata si hay motivos para reevaluar o retirar una calificación crediticia existente.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección B, punto 4, párrafo primero, cuando preste a la entidad calificada o a un tercero vinculado a ella servicios de consultoría o asesoramiento con respecto a la estructura social o jurídica, el activo, el pasivo o las actividades de dicha entidad calificada o tercero vinculado a ella.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección B, punto 4, párrafo tercero, primera parte, cuando no vele por que la prestación de servicios auxiliares no entre en conflicto de intereses con sus actividades de calificación crediticia.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección B, punto 5, cuando no vele por que los analistas de calificaciones o las personas que aprueban calificaciones no formulen propuestas o recomendaciones en relación con la configuración de instrumentos de financiación estructurada con respecto a los cuales esté previsto que la agencia emita una calificación crediticia.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección B, punto 6, cuando no organice sus canales de información o de comunicación de forma que quede garantizada la independencia de las personas a las que se refiere la sección B, punto 1, respecto de las demás actividades de la agencia que se lleven a cabo a título comercial.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección B, punto 8, párrafo segundo, cuando no conserve su documentación al menos durante tres años tras su baja en el registro.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 1, cuando no vele por que los analistas de calificaciones, sus empleados o cualquier otra persona física cuyos servicios se pongan a su disposición o bajo su control y que intervengan directamente en las actividades de calificación crediticia posean los conocimientos y la experiencia adecuados para el desempeño de las funciones atribuidas.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 2, cuando no vele por que las personas mencionadas en el artículo 7, apartado 1, no inicien ni participen en negociaciones sobre honorarios o pagos con una entidad calificada, un tercero vinculado o una persona que tenga, directa o indirectamente, un vínculo de control con la entidad calificada.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 3, leído en relación con el anexo I, sección C, punto 3, letra a), cuando no vele por que las personas a que se refiere el punto 1 de dicha sección adopten cuantas medidas resulten razonables para proteger los bienes o la documentación en posesión de la agencia frente a todo fraude, hurto o mal uso, teniendo en cuenta la naturaleza, envergadura y complejidad de sus operaciones y la naturaleza y el alcance de sus actividades de calificación crediticia.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 3, leído en relación con el anexo I, sección C, punto 5, cuando haga sufrir consecuencias negativas a una persona contemplada en el punto 1 de dicha sección, por haber dicha persona dado cuenta al responsable del cumplimiento de que otra persona contemplada en el punto 1 de dicha sección ha incurrido en una conducta que considera ilícita.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 3, leído en relación con el anexo I, sección C, punto 6, cuando, en el caso de un analista de calificaciones que al finalizar su relación de empleo se una a una entidad calificada en cuya calificación haya intervenido o a una entidad financiera con la que haya estado en relación como consecuencia de sus funciones en la agencia, no reexamine el trabajo que a ese respecto haya realizado el analista en los dos años previos a su partida.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 3, leído en relación con el anexo I, sección C, punto 1, cuando no vele por que las personas a que se refiere dicho punto no adquieran, vendan o realicen ningún tipo de operación relacionada con cualesquiera de los instrumentos financieros a que se refiere dicho punto.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 3, leído en relación con el anexo I, sección C, punto 2, cuando no vele por que las personas a que se refiere dicho punto no participen ni influyan de ningún otro modo en la determinación de una calificación crediticia con arreglo al punto 2 de dicha sección.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 3, leído en relación con el anexo I, sección C, punto 3, letras b), c) y d), cuando no vele por que las personas a que se refiere el punto 1 no divulguen ni utilicen información a tenor de dichas letras.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 3, leído en relación con el anexo I, sección C, punto 4, cuando no vele por que las personas a que se refiere el punto 1 de dicha sección no soliciten ni acepten dinero, obsequios o favores de ninguna persona con la que la agencia mantenga relaciones de negocios.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 3, leído en relación con el anexo I, sección C, punto 7, cuando no vele por que las personas a que se refiere el punto 1 de dicha sección no asuman funciones destacadas de dirección en la entidad calificada o en terceros vinculados en los seis meses siguientes a la emisión de la calificación crediticia.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 4, leído en relación con el anexo I, sección C, punto 8, párrafo primero, letra a), cuando no vele por que los analistas principales de calificaciones no participen en actividades de calificación crediticia relacionadas con la misma entidad calificada o terceros vinculados durante un período superior a cuatro años.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 4, leído en relación con el anexo I, sección C, punto 8, párrafo primero, letra b), cuando no vele por que los analistas de calificaciones no participen en actividades de calificación crediticia relacionadas con la misma entidad calificada o terceros vinculados durante un período superior a cinco años.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 4, leído en relación con el anexo I, sección C, punto 8, párrafo primero, letra c), cuando no vele por que las personas que aprueban las calificaciones crediticias no participen en actividades de calificación crediticia relacionadas con la misma entidad calificada o terceros vinculados durante un período superior a siete años.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 4, leído en relación con el anexo I, sección C, punto 8, párrafo segundo, cuando no vele por que las personas a que se hace referencia en el párrafo primero, letras a), b) y c), de dicho punto no participen en actividades de calificación crediticia relacionadas con la misma entidad calificada o terceros vinculados en los dos años siguientes al final de los períodos establecidos en dichas letras.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 7, apartado 5, cuando subordine las retribuciones o la evaluación de los resultados a la cuantía de ingresos que la agencia obtenga de las entidades calificadas o de terceros vinculados.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 8, apartado 2, cuando no adopte, aplique o haga cumplir medidas adecuadas para velar por que las calificaciones crediticias que emita se basen en un análisis completo de toda la información de que disponga y que sea pertinente para su análisis con arreglo a sus métodos de calificación.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 8, apartado 3, cuando no emplee métodos de calificación que sean rigurosos, sistemáticos, continuados y que puedan ser validados a partir de la experiencia histórica, incluida la simulación retrospectiva.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 8, apartado 4, primer párrafo, cuando se niegue a emitir una calificación crediticia con respecto a una entidad o un instrumento financiero por el hecho de que una parte de la entidad o el instrumento hayan sido calificados, con anterioridad, por otra agencia de calificación crediticia.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 8, apartado 4, segundo párrafo, cuando no conserve constancia documental de todos los casos en que, con ocasión de su proceso de calificación crediticia, se aparte de las calificaciones existentes emitidas por otra agencia en relación con activos subyacentes o instrumentos de financiación estructurada, o no justifique esa evaluación diferente.
La agencia de calificación crediticia infringirá la primera frase del artículo 8, apartado 5, cuando no realice un seguimiento de sus calificaciones o no revise sus calificaciones crediticias y sus métodos de manera permanente y al menos una vez al año.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 8, apartado 5, segunda frase, cuando no establezca mecanismos internos para controlar el impacto de los cambios de las condiciones macroeconómicas y de los mercados financieros sobre las calificaciones crediticias.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 8, apartado 6, letra b), en el supuesto de que se modifiquen los métodos, los modelos o las hipótesis fundamentales utilizados en las actividades de calificación, la agencia de calificación crediticia, cuando no revise de conformidad con dicha letra las calificaciones crediticias afectadas o cuando no mantenga entretanto dichas calificaciones en observación.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 8, apartado 6, letra c), cuando no reevalúe una calificación crediticia que se haya basado en los métodos, modelos o hipótesis fundamentales de calificación modificados, si el efecto combinado general de las modificaciones afecta a estas calificaciones crediticias.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 9 cuando subcontrate funciones operativas importantes de manera que ello perjudique sensiblemente a la calidad del control interno de la agencia o a la capacidad de la AEVM para controlar que la agencia cumple las obligaciones previstas en el presente Reglamento.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 10, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección D, parte I, punto 4, párrafo segundo, cuando emita una calificación o no retire una calificación existente aunque la falta de datos fiables, la complejidad de la estructura de un nuevo tipo de instrumento financiero o la insuficiente calidad de la información existente no resulten satisfactorias o planteen serias dudas sobre la fiabilidad de la calificación que pueda emitir.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 10, apartado 6, cuando utilice el nombre de la AEVM o de toda autoridad competente de manera que indique o sugiera refrendo o aprobación por parte de la AEVM o de toda autoridad competente de las calificaciones crediticias o de cualesquiera actividades de calificación crediticia de la agencia.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 13 cuando cobre honorarios por la información facilitada de conformidad con los artículos 8 a 12.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 14, apartado 1, cuando, tratándose de una persona jurídica establecida en la Unión, no solicite su registro a efectos del artículo 2, apartado 1.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección B, punto 7, cuando no disponga que se conserve la documentación o las pistas de auditoría de sus actividades de calificación crediticia con arreglo a dichas disposiciones.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección B, punto 8, párrafo primero, cuando no conserve en sus locales durante al menos cinco años la documentación o las pistas de auditoría a que se refiere el punto 7 o cuando, tras ser requerida, no facilite dicha documentación o dichas pistas de auditoría a la AEVM.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección B, punto 9, cuando no conserve la documentación que recoja los respectivos derechos y obligaciones que incumban a la agencia o a la entidad calificada o terceros vinculados a ella en virtud de un contrato de prestación de servicios de calificación crediticia durante al menos el tiempo que dure la relación con dicha entidad calificada o terceros vinculados a ella.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 11, apartado 2, cuando no facilite la información solicitada o no la facilite en el formato preceptivo a tenor de dicho apartado.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 11, apartado 3, leído en relación con el anexo I, sección E, parte I, punto 2, cuando no facilite a la AEVM una lista de sus servicios auxiliares.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 14, apartado 3, párrafo segundo, cuando no notifique a la AEVM toda modificación significativa de las condiciones de registro inicial de conformidad con dicho párrafo.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 23 ter, apartado 1, cuando facilite información incorrecta o engañosa en respuesta a una simple solicitud de información al amparo del artículo 23 ter, apartado 2, o en respuesta a una decisión por la que se exija información de conformidad con el artículo 23 ter, apartado 3.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 23 quater, apartado 1, letra c), cuando dé respuestas incorrectas o engañosas a las preguntas formuladas de conformidad con dicha letra.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección B, punto 2, cuando no haga públicos los nombres de aquellas entidades calificadas o terceros vinculados a ella de los que provenga más del 5 % de sus ingresos anuales.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 6, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección B, punto 4, párrafo tercero, segunda parte, cuando no divulgue en los informes de calificación definitivos los servicios auxiliares prestados a la entidad calificada o a cualquier tercero vinculado.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 8, apartado 1, cuando no haga públicos los métodos, los modelos o las hipótesis fundamentales que utilice en sus actividades de calificación crediticia, tal como se describen en el anexo I, sección E, parte I, punto 5.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 8, apartado 6, letra a), en el supuesto de que se modifiquen los métodos, los modelos o las hipótesis fundamentales utilizados en las actividades de calificación, cuando no comunique de inmediato las calificaciones crediticias que se verán probablemente afectadas o cuando las comunique sin valerse de los mismos medios de comunicación utilizados para la difusión de las calificaciones crediticias afectadas.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 10, apartado 1, cuando no divulgue de forma no selectiva o sin demoras la decisión de suspender una calificación crediticia, incluida una motivación exhaustiva de tal decisión.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 10, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección D, parte I, puntos 1 o 2, punto 4, párrafo primero, o punto 5, o parte II, cuando no facilite la información que requieren esas disposiciones al emitir una calificación.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 10, apartado 2, leído en relación con el anexo I, sección D, parte I, punto 3, cuando no informe a la entidad calificada como mínimo doce horas antes de la publicación del resultado de la calificación crediticia.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 10, apartado 3, cuando no vele por que las categorías de calificación que se atribuyan a los instrumentos de financiación estructurada estén claramente diferenciadas, mediante un símbolo adicional que las distinga, de las categorías utilizadas para cualquier otro tipo de entidades, instrumentos financieros u obligaciones financieras.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 10, apartado 4, cuando no divulgue su política en materia de calificaciones crediticias no solicitadas o los procedimientos que aplique al respecto.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 10, apartado 5, cuando no facilite la información prescrita por dicho apartado al emitir una calificación crediticia no solicitada o cuando no presente como tales las calificaciones crediticias no solicitadas.
La agencia de calificación crediticia infringirá el artículo 11, apartado 1, cuando no haga totalmente pública o no actualice de inmediato la información relativa a las materias enunciadas en el anexo I, sección E, parte I.
Si la infracción se cometió reiteradamente, se aplicará un coeficiente adicional de 1,1 a cada uno de los casos.
Si la infracción se cometió durante más de seis meses, se aplicará un coeficiente de 1,5.
Si la infracción puso de manifiesto deficiencias sistémicas en la organización de la agencia de calificación crediticia, en particular en lo que respecta a sus procedimientos, sistemas de gestión o controles internos, se aplicará un coeficiente de 2,2.
Si la infracción tuvo un efecto negativo en la calidad de las calificaciones emitidas por la agencia de calificación crediticia afectada, se aplicará un coeficiente de 1,5.
Si la infracción se cometió dolosamente, se aplicará un coeficiente de 2.
Si no se adoptaron medidas correctoras desde que se descubrió la infracción, se aplicará un coeficiente de 1,7.
Si los altos directivos de la agencia de calificación crediticia no cooperaron con la AEVM en sus investigaciones, se aplicará un coeficiente de 1,5.
Si la infracción figura entre los casos contemplados en el anexo III, secciones II o III, y se cometió durante menos de 10 días laborables, se aplicará un coeficiente de 0,9.
Si los altos directivos de la agencia de calificación crediticia pueden demostrar que tomaron todas las medidas necesarias para evitar la infracción, se aplicará un coeficiente de 0,7.
Si la agencia de calificación crediticia puso la infracción en conocimiento de la AEVM rápida, efectiva y completamente, se aplicará un coeficiente de 0,4.
Si la agencia de calificación crediticia adoptó voluntariamente medidas para garantizar que no pueda volver a cometerse una infracción similar, se aplicará un coeficiente de 0,6.

References: artículo 4
 artículo 290
 artículo 290
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 22
 artículo 4
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 7
 artículo 38
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 8
 artículo 23
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 23
 artículo 27
 artículo 33
 artículo 36
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 296
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 4
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
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 artículo 7
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 artículo 8
 artículo 8
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 artículo 9
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 6
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 artículo 11
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 artículo 14
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
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 artículo 6
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 artículo 8
 artículo 8
 artículo 10
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 artículo 11