Source: https://www.slideshare.net/leticiagpanal/ley-25-de-emergencia-social-podemos
Timestamp: 2019-01-20 02:11:11+00:00

Document:
Ley 25 de Emergencia Social. Podemos.
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Leticia García Panal
, Psicóloga Equipo de Tratamiento Familiar en Diputación de Granada
Resumen de la Ley 25 de Emergencia Social. Podemos.
Manuel Fernandez Barcell , profesor en UCA at University of Central Arkansas
Miguel Martinez , Director Gerente at Vinagreria La Andaluza, S.L.
1. Ley 25 de Emergencia Social @LeticiaGPanal
2. El artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos «Toda persona tiene derechoaunniveldevidaadecuadoque le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad».
3. Preámbulo Antecedentes y marco legislativo Contenido de la ley Disposiciones generales Título I. De la protección del derecho a la salud Título II. De la protección del derecho a una vivienda digna y adecuada Título III. De la protección de los suministros energéticos básico Desahucios. Alternativa habitacional víctimas violencia de género.
4. Según el Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de población en riesgo de pobreza ha aumentado hasta el 22,2 %, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014, y la tasa para los menores de 16 años es de un 30,1 %. El 10,2 % de los hogares se retrasa en el pago de los gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad...). ¿Por qué es necesario rescatar a las personas?
5. En la actualidad el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género establece la consideración de las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo prioritario en el acceso a vivienda protegida y residencias públicas para mayores. Se exige la acreditación de la condición de víctima a través de la orden de protección, sentencia condenatoria o informe del Ministerio Fiscal, esto es, se requiere la existencia de un procedimiento penal en curso. Se hace necesario recordar que el 65 % de los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja o expareja no se denuncian. Por otro lado, aun existiendo procedimiento penal, lo cierto es que el mencionado artículo se limita a establecer que es un colectivo preferente sin establecer la necesaria inmediatez en el acceso a la vivienda. Algunos déﬁcit de la protección hacia las mujeres víctimas de violencia de género
6. Según la macroencuesta de violencia sobre la mujer 2015 (Delegación de Gobierno para la violencia de Género, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) Por tipo de agresores, los más frecuentes son los padres o pareja de la madre (18,8 %) seguido de otros familiares masculinos (10,30 %). Un 11,6 % de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia ﬁ́ sica fuera del ámbito de la pareja o expareja a lo largo de su vida. un 12,5 % de las mujeres residentes en España de 16 y más años aﬁrman haber sufrido violencia ﬁ́ sica y/o sexual de alguna pareja o expareja en el algún momento de su vida. @LeticiaGPanal
7. En 2012, según la Asociación de Ciencias Ambientales, unas 7 millones de personas se encontraban en España en riesgo de pobreza energética. La tercera, el factor determinante de la situación de pobreza energética es el precio de los suministros. ¿Por qué es necesario rescatar a las personas? El incremento del número de hogares que se encuentran en situación de pobreza energética se debe a tres causas. La primera de ellas hace referencia a la devaluación de las condiciones de vida, y es que un informe de Eurostat (2014) sitúa a España como el segundo país de la Unión Europea donde más crece el índice de personas en riesgo de exclusión social (28,2 %). La segunda se corresponde con la eficiencia energética del parque de viviendas, que apenas ha variado en inmuebles de construcción antigua donde, por lo general, se concentra la gran mayoría de hogares en riesgo de pobreza y exclusión. @LeticiaGPanal
8. Se trata de un descuento de un 25 % de la factura eléctrica Se aplica automáticamente a todos aquellos hogares habituales con una potencia contratada inferior a tres kilovatios. -sin atender a criterios económicos- Adicionalmente, se puede solicitar en aquellos con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios siempre que cumplan con los siguientes requisitos: para pensionistas con más de sesenta años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad; para familias numerosas; -sin atender a criterios económicos- o para familias en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo, El bono social eléctrico, puesto en marcha en 2009, es una medida ineﬁcaz. Esto hace que el 80 % de las solicitudes se haga bajo el criterio de tener menos de 3 kW contratados y que un porcentaje muy alto de estas sean viviendas de segunda residencia que tienen normalmente este tipo de contratos; es decir, se están destinando recursos a las segundas residencias de hogares no vulnerables, en lugar de a las viviendas habituales de familias vulnerables. También un número importante de las solicitudes de bono social corresponde a familias numerosas, que no son necesariamente las que están en peor situación económica
9. Las restricciones impuestas en los últimos años respecto del acceso a sanidad y a los medicamentos ha incorporado a nuestra sociedad la pobreza farmacológica y asistencial, lo que ha supuesto un empeoramiento de las condiciones de vida en muchos estratos de la sociedad. Las diferentes normativas autonómicas han convertido el ejercicio de un derecho fundamental, como la asistencia sanitaria, en un auténtico laberinto administrativo. ¿Por qué es necesario rescatar a las personas? SANIDAD
10. El 5,2 % de los encuestados en sondeo anual del Gobierno sobre la sanidad pública aseguran no poder pagar alguno de los fármacos que les ha recetado un médico. Si se extrapola el porcentaje, resulta que 2,4 millones de españoles tienen dificultades para hacer frente a sus tratamientos médicos. Asimismo, el Grupo de Trabajo de Utilización de Fármacos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ha realizado una encuesta en la que han participado 1655 médicos y médicas de familia, y que reﬂeja que ¿Por qué es necesario rescatar a las personas? «uno de cada cuatro facultativos percibe que tiene algún paciente que está dejando de tomar un fármaco por motivos económicos».
11. TÍTULO I. DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD Artículo 4. Modiﬁcación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, queda modiﬁcado como sigue: Uno. Se suprime el artículo primero. — SOBRE LA CONDICIÓN DE ASEGURADO Dos. Se suprime el apartado decimotercero del artículo cuarto. Trece. Se añade un nuevo artículo 94 bis, que tendrá la siguiente redacción: «Artículo 94 bis. Aportación de los beneﬁciarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.
12. TÍTULO II. DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA Sección primera. De la prohibición de los desahucios y del proceso de reestructuración de las deudas Artículo 5. Prohibición de los desalojos sin alternativa habitacional Artículo 6. Grandes tenedores de vivienda. Obligación legal de colaboración para la provisión de vivienda para políticas sociales. Obligaciones especíﬁcas en relación con los desalojos instados por estos Artículo 7. Garantía de realojamiento de las personas en situación de exclusión o emergencia social afectados por procedimientos administrativos o judiciales de desalojo Artículo 8. Requisitos para el alquiler social La propuesta de alternativa habitacional en régimen de alquiler social debe cumplir los siguientes requisitos: a. Deberá ser para un periodo de tres años como mínimo. b. Se debe ofrecer preferentemente la vivienda afectada por el procedimiento de desalojo o, alternativamente, una vivienda que responda a las necesidades habitacionales, sociales, educativas de la familia afectada. c. Se debe garantizar la asequibilidad de la renta de alquiler. Esta renta no deberá superar el 30 % de los ingresos de la unidad familiar o del 15 % en caso de que estos no superen el Salario Mínimo Interprofesional.
13. Sección segunda. De la garantía habitacional a las mujeres víctimas de violencia machista Artículo 10. Deﬁnición de violencia machista Artículo 11. Garantía habitacional 1. Las mujeres víctimas de violencia machista tendrán garantizado el acceso a una vivienda pública con todos los suministros, cuando estén situación de precariedad económica debido a la violencia padecida o cuando el acceso a una vivienda sea necesario para recuperarse. 2. El acceso a la vivienda está condicionado a la convivencia previa con el presunto autor aunque no medie una relación de pareja o expareja.
14. 1. A los efectos de la presente Ley, la condición de mujer violentada por violencia machista se acreditará por alguna de las siguientes formas: a. Sentencia condenatoria ﬁrme. b. Orden de protección o resolución judicial que hubiera acordado la adopción de medidas cautelares de protección a la víctima en vigor. c. Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia. d. Certiﬁcación y/o informe de los servicios sociales de la administración pública competente. 2. Las entidades con capacidad para emitir el informe técnico a que se re ere el apartado d) del punto 1 del presente artículo serán: a. Servicios sociales de atención primaria. b. Servicios municipales de atención a mujeres. c. Recursos de acogida para víctimas de las comunidades autónomas. d. Delegaciones de los institutos de la mujer u organismos análogos de las comunidades autónomas. Sección segunda. De la garantía habitacional a las mujeres víctimas de violencia machista Artículo 12. Acreditación de la condición de mujer violentada
15. Sección segunda. De la garantía habitacional a las mujeres víctimas de violencia machista Artículo 13. Acceso a vivienda pública Se ﬂexibilizarán los requisitos que con carácter general se establecen para el acceso a vivienda pública, exceptuando a las mujeres víctimas de violencia machista de la prohibición de ser titulares de pleno dominio o derecho real de uso y disfrute de otra vivienda. Artículo 14. Plazo de resolución El plazo máximo de resolución será de 30 días desde la presentación de la solicitud.
16. TÍTULO III. DE LA PROTECCIÓN DE LOS SUMINISTROS ENERGÉTICOS BÁSICOS Artículo 15. Bono de acceso a suministros La deﬁnición de «hogar vulnerable» y los diversos grados de vulnerabilidad tomarán como parámetro fundamental, aunque no exclusivo, la renta del hogar y serán elaborados y actualizados por el Gobierno de manera anual.
17. 1. Se establecerá un Consumo Mínimo Vital mensual de electricidad y gas por hogar, que será ﬁjado anualmente por el ministerio competente en materia de energía. 2. El bono de acceso a los suministros consistirá en una rebaja progresiva en el coste de ese Consumo Mínimo Vital. 3. El ministerio competente en materia de energía establecerá qué rebaja en el precio de ese Consumo Mínimo Vital corresponde a los hogares vulnerables en función del grado de vulnerabilidad. La rebaja podrá alcanzar el 100 % de los importes de las facturas de los suministros de electricidad y gas en aquellos hogares con un grado máximo de vulnerabilidad. 4. Los servicios sociales competentes determinarán anualmente el grado de vulnerabilidad que corresponde a cada hogar caliﬁcado como hogar vulnerable y, por tanto, a la cuantía de bono social que podrá recibir en función del Consumo Mínimo Vital que se haya determinado por cada suministro. 5. Los hogares tendrán derecho a mantener estas mismas condiciones de acceso al suministro durante el periodo de un año. Este derecho podrá prolongarse anualmente y de manera indeﬁnida mientras la consideración de hogar vulnerable persista. En el caso de que se produzcan variaciones en el grado de vulnerabilidad de los hogares, estos verán adaptadas sus ayudas de manera correspondiente. Artículo 16. Consumo Mínimo Vital
18. Artículo 17. Compatibilidad del bono de acceso a suministros Artículo 18. Suspensión de los suministros Las empresas suministradoras no podrán proceder a la suspensión de los suministros de electricidad o gas cuando el hogar en cuestión haya sido declarado vulnerable por los servicios sociales competentes siempre y cuando se trate de la vivienda habitual del suministrado, salvo en los supuestos establecidos en el artículo 19. Artículo 19. Garantías en el abastecimiento 1. En el caso de que una empresa suministradora quiera proceder a la interrupción del suministro por razones de impago, deberá comunicar dicha circunstancia a los servicios sociales competentes para comprobar que dicho hogar no está caliﬁcado como vulnerable. En el caso de que el hogar declarado como vulnerable ya sea beneﬁciario y/o se encuentre percibiendo algún otro tipo de ayuda pública destinada a paliar su situación de pobreza energética, los importes que le correspondiesen se ajustarán de modo que, restando la cantidad que el hogar ya percibiese por parte de otras administraciones, no se superen los importes de nidos por los servicios sociales en la declaración del grado de vulnerabilidad del hogar.
19. Artículo 20. Nuevas altas en el suministro En caso de que alguno de los miembros de un hogar vulnerable solicite el alta de una nueva línea de suministro energético, las compañías suministradoras no podrán oponer razones de impagos previos para negarse a dar de alta la misma, siempre y cuando ninguno de los miembros del hogar ﬁgure, en el momento de la solicitud, como titular de otra línea de su- ministro del mismo insumo energético. Artículo 21. Repercusión del coste de las facturas 1. Las empresas suministradoras asumirán el coste de estas medidas proporcionalmente a su volumen de negocio.
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References: artículo 25
 artículo 28
 Artículo 4
 artículo 94
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 10
 Artículo 11
 resolución 
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 resolución 
 resolución 
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 artículo 19
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 21