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Timestamp: 2017-04-24 01:39:49+00:00

Document:
T-210-10 Sentencia T-210/10
T-210/10 ACCION DE
TUTELA-Procedencia contra decisiones adoptadas en procesos policivos de
restitución de bienes públicos cuando se esta frente a un perjuicio
PUBLICO-Caso en que se reconoce el pago de mejoras hechas por los ocupantes
de un bien inmueble uso público objeto de proceso policivo de restitución ESPACIO
PUBLICO-Facultad de adelantar acciones tendientes a recuperar el
espacio público ocupado irregularmente no es ilimitada
La facultad de adelantar acciones tendientes a la recuperación del
espacio público ocupado irregularmente no es ilimitada, pues debe ejercerse mediante
un proceso judicial o policivo en el que se respeten las reglas del debido
proceso y el principio de confianza legítima. Esto es así debido a que el deber
constitucional y legal de proteger el espacio público está limitado por el
respeto de los derechos fundamentales de los ocupantes del mismo. DERECHO AL
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Importancia de la notificación de los actos
administrativos de carácter particular/NOTIFICACION DE ACTO ADMINISTRATIVO-Triple
función dentro de la actuación administrativa La adecuada notificación de los actos administrativos, de carácter
particular, es una importante manifestación del derecho fundamental al debido
proceso administrativo. Así, la notificación cumple una triple función dentro
de la actuación administrativa, a saber: i) asegura el cumplimiento del
principio de publicidad de la función pública pues mediante ella se pone en
conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la
Administración; ii) garantiza el cumplimiento de las reglas del debido proceso
en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de
contradicción y; finalmente iii) la adecuada notificación hace posible la
efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la función pública al
delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y
de las acciones procedentes. PRINCIPIO DE
CONFIANZA LEGITIMA-Concepto/PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Límite a
la actuación administrativa/CONFIANZA LEGITIMA-Requisitos para su
ADQUISITIVA DE BIENES-Disposiciones del artículo 42 de la Ley 153 de 1887 La Sala
estima necesario aclarar que, aunque el peticionario haya iniciado la posesión
de un inmueble que era de propiedad privada y haya creído ejercer actos de
señor y dueño sobre el mismo por más de diez y siete (17) años, no tiene
derecho a adquirir el predio mediante el modo prescripción adquisitiva en virtud
del artículo 42 de la Ley 153 de 1887.Así, este artículo se puede aplicar
analógicamente al caso estudiado pues: i) no existe una norma exactamente
aplicable al caso en cuestión; ii) el caso previsto en dicho artículo es similar
al asunto objeto de estudio en la presente sentencia, pues la única diferencia
que se presenta entre ellos es que, mientras que en la norma es la ley la que
declara el bien imprescriptible, en nuestro caso, es un contrato de cesión lo
que vuelve el bien imprescriptible, al adquirir la calidad de bien de uso
público y; iii) existe el mismo motivo para aplicar al caso no previsto el
precepto normativo, en la medida en la que en ambas hipótesis lo que se
pretende es proteger los bienes imprescriptibles, y en últimas, los bienes de la
Nación cuyo uso y disfrute está en cabeza de la comunidad. BIENES DE USO
PUBLICO-No se puede adquirir por prescripción adquisitiva un predio que era
propiedad privada cuando media un contrato de cesión que convierte el bien en
imprescriptible ACCION DE
TUTELA-Procedencia para la protección de los derechos al trabajo y al
mínimo vital del actor respecto al reconocimiento de mejoras realizadas sobre
el inmueble de uso público Referencia: expediente T-2.367.072
instaurada por Enrique Eudoro Villegas Salazar contra la Alcaldía Municipal de
Floridablanca y la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca. Magistrado
Ponente: Dr. JUAN CARLOS
Bogotá D.C., veintitrés (23)
de marzo de dos mil diez (2010)
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Juan Carlos Henao
Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Veinte
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga y por el
Juzgado 10º Penal del Circuito de Bucaramanga, en la acción de tutela
Floridablanca y la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca. I.
Enrique Eudoro Villegas Salazar interpuso acción de tutela contra la Alcaldía
Municipal y la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca, con el objetivo
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, a la igualdad, a la vivienda digna, a la buena fe, al mínimo vital y
al principio de la confianza legítima, que habrían sido vulnerados como consecuencia
de los siguientes 1. 1.-
1. Desde 1992, el peticionario afirma haber venido ejerciendo, de manera
permanente y pública, actos de señor y dueño sobre la parcela “Villa Carolina”,
ubicada en la Calle 205 No. 38 A- 146, Floridablanca. Así, algunas de las
actividades que ha venido desarrollando para mejorar la parcela, son el
mantenimiento del césped, la erradicación de la maleza, la construcción de una
vivienda, el sembrado de múltiples especies de árboles frutales y su
cerramiento. 2. En este mismo sentido, afirma que, durante estos años, obtuvo la
instalación de los servicios de energía eléctrica y de telefonía fija, la
estratificación de su predio y la asignación de su nomenclatura. 3. Desde 2006, la posesión del referido inmueble fue perturbada pues la
Alcaldía Municipal de Floridablanca inició varios procesos policivos para
obtener la restitución de algunos inmuebles, incluido el del accionante
(procesos No. 082, No. 083, No. 080 y No. 091). 4. Por medio de la Resolución No. 000-1 de 3 de marzo de 2008, dictada dentro
del proceso policivo No. 080 de 2006, la Alcaldía de Floridablanca ordenó a
Yosimar Jair González y a los demás “ocupantes y/o residentes” indeterminados,
devolver el bien de uso público que ocupaban. 5. Mediante Resolución No. 0484 de 16 de julio de 2008, dictada en el marco
de los procesos policivos No. 082, No. 083, No. 080 y No. 091, la Alcaldía de
Floridablanca ordenó a los ocupantes determinados Felix Figueroa Badillo,
Germán Meneses, Yosimar Jair González, Jhon Martínez Parra, Oscar Zapata,
Bolguer Dueñas y a los demás “ocupantes y/o residentes” devolver el bien
de uso público que ocupaban. 6. En virtud de los principios de economía y de celeridad procesal, mediante
Resolución No. 0492 de 26 de septiembre de 2008, la Alcaldía Municipal de
Floridablanca ordenó acumular dichos procesos policivos en el proceso No. 106
de 2006, sin que, a juicio del peticionario, se tuviera en cuenta que cada caso
es diferente, violándose por esta vía, el derecho al debido proceso. Además, de
acuerdo a lo expresado por él en la acción de tutela, nunca se le notificó la
apertura de ningún proceso policivo en su contra. Esa resolución fue impugnada
por algunos de los ocupantes determinados. 7. Mediante Resolución No. 0504 de 10 de febrero de 2009, se resolvió el
recurso de reposición interpuesto por algunos de los ocupantes determinados,
confirmando lo establecido en la decisión impugnada. 8. Adicionalmente, afirma el peticionario que el inmueble fue de propiedad
de la empresa Marjal Ltda. hasta 1995, año en el cual fue cedido gratuitamente
al Fondo de Inmuebles Urbanos del Área Metropolitana de Bucaramanga[1].
9. El peticionario sostiene que es una persona sin recursos económicos que
debe mantener a su familia compuesta por dos hijos menores de edad y una esposa
que es ama de casa. 10. Finalmente, el peticionario no habita en el predio en cuestión pero
afirma que obtiene los recursos económicos necesarios para mantener a su
familia, de lo que se produce en dicho terreno. 1. 2.
Municipal de Floridablanca Afirmó que,
mediante el proceso policivo No. 016 de 2006, no se le estaba violando ningún
derecho fundamental al peticionario pues en todas las etapas del trámite
policivo se respetaron sus derechos al debido proceso y a la defensa.
manifestó que el predio ocupado por el peticionario pertenecía al Fondo de
Inmuebles Urbanos del Área Metropolitana de Bucaramanga y, en consecuencia, se
trataba de un bien de uso público que no podía ser poseído por un particular al
ser un predio inembargable, imprescriptible e inalienable. Inspección
Segunda de Policía de Floridablanca Sostuvo que
la presente acción de tutela debía ser declarada improcedente por existir otro
medio de defensa judicial y no acreditarse la existencia de un perjuicio
irremediable. Además,
afirmó que el espacio público no podía ser adquirido mediante prescripción
adquisitiva pues los bienes de uso público eran inalienables, imprescriptibles
e inembargables. Por otra
parte, señaló que, en el trámite que se adelantó para solicitar la restitución
del inmueble poseído por el peticionario, se respetaron los derechos a la
defensa y al debido proceso pues se “profirieron los respectivos autos de
apertura de conocimiento, se recepcionaron las diligencias de descargos, se
surtió la etapa probatoria, y consecuentemente se proyectaron las resoluciones
de restitución mediante fallos de fecha 3 de marzo de 2008 y 16 de julio de
2008, las cuales fueron debidamente notificadas”[2]. Área
de 14 de abril de 2009, el Juzgado 20 Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías vinculó al proceso al Área Metropolitana de Bucaramanga y corrió traslado
por veinticuatro (24) horas para que indicara si el predio ocupado por el
peticionario le pertenecía al Fondo de Inmuebles Urbanos del Área Metropolitana
de Bucaramanga y si esa entidad había elevado una querella tendiente a obtener
la recuperación del lote en conflicto. En respuesta a
la tutela instaurada, el Área Metropolitana de Bucaramanga afirmó que, mediante
escritura pública No. 1037 de 30 de junio de 1995, la firma constructora Marjal
Ltda., transfirió el inmueble en cuestión como área de cesión tipo A debido a
la construcción de la Urbanización los Andes.
Ley 9 de 1989 estableció que los constructores de urbanizaciones tenían la
obligación de ceder una proporción del área construida destinada a dotar a la
comunidad de zonas recreativas de uso público, zonas de equipamiento comunal
público y zonas públicas complementarias a los sistemas viales. En
consecuencia, el inmueble ocupado por el peticionario era un bien de uso
público cuya destinación y uso, formaba parte de un concepto mucho más amplio
llamado espacio público, constitucionalmente protegido en el artículo 82 de la
Constitución. Por lo tanto, el inmueble era imprescriptible, inalienable e
inembargable. En este orden
de ideas, la entidad sostuvo que no era posible predicar la institución de la
posesión respecto del bien inmueble ocupado por el peticionario y,
adicionalmente, que el Estado tenía que velar por la protección integral del
espacio común, solicitando la restitución de los bienes de uso público ocupados
por particulares. Adicionalmente,
manifestó que, de conformidad con el artículo 679 del Código Civil, las
entidades del Estado no reconocían mejoras a los ocupantes ilegítimos de los
bienes de uso público por cuanto una situación ilegítima o ilegal no podía
generar contraprestación económica alguna a cargo del erario público. Por otra
parte, afirmó que, en el caso concreto, no existía violación de los derechos
fundamentales aducidos por el peticionario, pues el proceso de lanzamiento
adelantado por la Alcaldía y la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca
tenía como fundamento la protección de un bien de uso público y de interés
estimó que no se demostraban ni cuantificaban los perjuicios supuestamente
sufridos por el peticionario.
la escritura pública No. 1037 del día 30 de junio de 1995 en la que consta que
la firma Marval Ltda. cedió gratuitamente al Fondo de Inmuebles Urbanos del
Área Metropolitana de Bucaramanga, el inmueble ocupado por el peticionario, a
titulo de cesión tipo A de la urbanización Los Andes[3].
b) Resolución No.
000-1 de 3 de marzo de 2008 expedida por la Alcaldía de Floridablanca,
Santader, mediante la cual se resuelve el proceso policivo No. 080 de 2006
contra Yosimar Jair González Perea y se ordena a éste último y a otras personas
indeterminadas que restituyan los bienes que han ocupado, al tratarse de
inmuebles de uso público[4].
c) Recurso de
reposición interpuesto por el señor Yosimar Jair González contra la Resolución
No. 000-1 de 3 de marzo de 2008, expedida por la Alcaldía de Floridablanca,
Santander, mediante el cual se solicita la declaratoria de nulidad del proceso
de policía No. 080 de 2006 por no haberse practicado ni la diligencia de
inspección judicial con intervención de peritos ni la notificación de las
personas indeterminadas[5]
d) Resolución No. 0484
de 16 de julio de 2008, dictada en el marco de los procesos policivos No. 106,
No. 082, No. 083, No. 080 y No. 091, por medio de la cual la Alcaldía de
de uso público que ocupaban[6]. e) Edicto
desfijado el día 17 de agosto de 2008, mediante el cual se les notifica a los
señores FELIX FIGUEROA, GERMAN MENESES, JOSIMAR JAIR GONZALEZ, JHON MARTINEZ
PARRA, OSCAR ZAPATA, BOLGUER DUEÑAS Y DEMÁS OCUPANTES Y/O RESIDENTES
INDETERMINADOS que ocupan la zona de uso público ubicada en la 205 No. 37 en el
LOTE FRENTE A LA URBANIZACIÓN LA RONDA I, II, III Y IV ETAPA, la resolución No.
0484 de 16 de julio de 2008 mediante la cual se les ordena restituir el bien de
uso público que ocupan ilegalmente[7]. f) Derecho
de petición interpuesto el día 15 de septiembre de 2008, por el accionante y
algunos vecinos, mediante el cual se informa a la Personería Municipal de
Floridablanca que el proceso policivo No. 080 de 2006 está viciado de nulidad
porque: i) no se practicó diligencia de inspección judicial con intervención de
peritos; ii) no se notificó a las personas indeterminadas afectadas por el
proceso; iii) no existe ningún oficio del Fondo de Inmuebles Urbanos del Área
Metropolitana de Bucaramanga en donde se reclame la propiedad y/o la posesión
de los inmuebles poseídos; iv) no existen copias ni de las escrituras públicas
ni de los títulos de propiedad de los predios en conflicto[8].
No. 0492 de 26 de septiembre de 2008, mediante la que se ordena acumular al
proceso policivo No. 106 de 2006, todas las investigaciones policivas sobre
restitución del bien de uso público ubicado “en la calle 205 No. 37 frente a
la portería del barrio la Ronda I ,II ,III y IV”[9].
h) Resolución No.
0504 de 10 de febrero de 2009 dictada en el marco del proceso policivo No. 080
de 2006, mediante la cual se resuelve negativamente el recurso de reposición
interpuesto contra las Resoluciones Nos. 001 y 004 de 3 marzo de 2008[10].
i) Edicto
(fijado el día 29 de abril en la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca
y desfijado el día martes 6 de mayo de 2009) mediante el cual se hace saber a
los señores FELIX FIGUEROA, GERMAN MENESES, JOSIMAR JAIR GONZALEZ, JHON
MARTINEZ PARRA, OSCAR ZAPATA, BOLGUER DUEÑAS Y DEMÁS OCUPANTES Y/O RESIDENTES
que ocupan la zona de uso público ubicada en la 205 No. 37 en el LOTE FRENTE A LA
URBANIZACIÓN LA RONDA I, II, III Y IV ETAPA, que la Alcaldía de Floridablanca
inició proceso en su contra de restitución de bien de uso público, radicado
bajo el proceso No. 106 de 2006. En el edicto se resuelve emplazar a los
señores antes reseñados y los demás ocupantes y/o residentes para que se
presenten a la Inspección 2ª de Policía a rendir descargos, solicitar pruebas
y, en general, a hacer uso de su derecho de defensa[11].
j) Declaración
Juramentada rendida ante el Notario 1° del Circuito Notarial de Floridablanca
el día 1 de agosto de 2008, por los señores Zoila Rosa Macías Suárez y Bernabé
Celis Sandoval en la que expresan que les consta que el peticionario ha poseído
el predio “Villa Carolina”, de manera ininterrumpida, sin clandestinidad ni
violencia, durante más de 14 años; que ha sembrado 377 árboles frutales y que
la parcela tiene cerramiento total[12]. 1. 4 Actuaciones surtidas ante la Corte Constitucional.
de diez (10) de diciembre de 2009, el Magistrado sustanciador resolvió:
“Primero.-
Ordenar que por Secretaría General se oficie a la Inspección Segunda de
Floridablanca, ubicada en la Cll. 5 No. 8 – 25 (Floridablanca – Santander) para
que, en un término de cinco (5) días a partir de la notificación de este auto,
a) En el marco del proceso policivo No. 106 de 2006, se expidió la
Resolución No. 0484 de 16 de julio de 2008, mediante la cual se ordenó a
personas determinadas e indeterminadas la restitución del bien de uso público
ubicado frente a la portería del Barrio La Ronda I, II, III y IV. ¿Se ha dado
cumplimiento a la orden de desalojo consagrada en dicha resolución? De responderse
negativamente a esta pregunta, ¿por qué no se ha producido el desalojo de los
ocupantes de ese bien de uso público?
b) Consta en el expediente que las providencias proferidas en el
marco del proceso policivo No. 106 de 2006 fueron notificadas personalmente a
las personas FELIX FIGUEROA BADILLO, GERMAN MENESES, YOSIMAR JAIR GONZALEZ,
JHON MARTÍNEZ PARRA, OSCAR ZAPATA, BOLGUER DUEÑAS pero no fueron notificadas
personalmente al señor ENRIQUE EUDORO VILLEGAS SALAZAR, uno de los ocupantes
del bien de uso público ubicado frente a la portería del Barrio La Ronda I, II,
III y IV. Teniendo en cuenta lo anterior: - ¿Por qué este ocupante no fue ni individualizado ni notificado
personalmente de las providencias dictadas en el marco del proceso No. 106 de
- ¿Cómo se notificó a este ocupante de dichas providencias? Adjúntense
documentos que corroboren esta respuesta. Segundo.-
Ordenar que por Secretaría General se oficie a la Alcaldía Municipal de
Floridablanca, ubicada en la Cll. 5 No. 8 – 25 (Floridablanca – Santander),
para que, en un término de tres (3) días a partir de la notificación de este
auto, allegue a este Despacho el Código de Policía Departamental de Santander
aplicable al proceso policivo No. 106 de 2006. Tercero.-
ORDENAR que por Secretaría General se oficie al señor ENRIQUE EUDORO VILLEGAS
SALAZAR, identificado con el número de cédula 5.556.114 y domiciliado en la
Cll. 205 No. 40 – 121 de Floridablanca, Santander, para que allegue a este
Despacho, en un término de (7) días a partir de la notificación de este auto,
a) Resolución mediante la cual se asignó estrato a la parcela Villa
Carolina, ubicada en la Cll. 205 No. 38 A – 146 de Floridablanca, Santander.
b) Resolución mediante la cual un curador otorgó certificación de
nomenclatura a la parcela Villa Carolina, ubicada en la Cll. 205 No. 38 A – 146
de Floridablanca, Santander.
c) Solicitudes de instalación de los servicios públicos
domiciliarios de luz eléctrica, agua y teléfono de la parcela Villa Carolina,
ubicada en la Cll. 205 No. 38 A – 146 de Floridablanca, Santander. d) Facturas de los servicios públicos domiciliarios correspondientes
a la parcela Villa Carolina, ubicada en la Cll. 205 No. 38 A – 146 de
Cll. 205 No. 38 A – 146 de Floridablanca, Santander, para que, en un término de
(7) días a partir de la notificación de este auto, responda mediante una
declaración juramentada ante notario, las siguientes preguntas:
a) ¿En qué fecha y a través de que medio tuvo conocimiento de que la
parcela Villa Carolina era un bien de uso público de propiedad del Fondo de
Inmuebles del Área Metropolitana de Bucaramanga?
b) ¿Desde cuándo y en qué tiempos realizó las mejoras sobre el bien?
También describir el tipo de mejoras realizadas”. Dentro
del término legal, Daniel Arenas Gamboa, Inspector II de Policía de
Floridablanca informó a este Despacho que no se ha dado cumplimiento a la orden
de desalojo ordenada en la resolución No. 0504 de febrero 10 de 2009 “mediante
la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos, debido a que en
un principio la Oficina Asesora de Planeación, mediante visitas oculares al
predio de la referencia, dictaminó la presencia de viviendas subnormales en
madera, teja y polisombra, individualizando a los ocupantes del mismo, sin
embargo, a la fecha se tiene que cuentan con construcciones en ladrillo y
cemento, circunstancias que dificultan la recuperación del lote, toda vez que
es necesario que el AREA METROPOLITANA, preste los medios suficientes para su
realización, esto es un grupo considerable de trabajadores, coteros, equipos de
demolición, herramientas, vigilancia, y por supuesto contar con el apoyo de la
Fuerza Pública, circunstancias que no se han presentado”[13].
otra parte, respecto a la segunda pregunta, el funcionario afirmó lo siguiente:
“la oficina Asesora de Planeación Municipal es la entidad encargada para que
de manera oficiosa recorra el Municipio y emita CONCEPTOS TECNICOS
cuando a estos haya lugar, dentro de los cuales se individualizan e identifican
a los presuntos contraventores de las normas policivas, sin embargo, nótese
como en los folios 01[14], 104[15], 124[16], 144[17]
y 183[18] de este
expediente, sólo se encontró en el predio la presencia de los señores JOSIMAR
GONZALEZ, JHON MARTINEZ, FELIX FIGUEROA, GERMAN MENESES y OSCAR ZAPATA, quienes
custodiaban las respectivas viviendas subnormales, razón por la cual esta
oficina adelantó el trámite respectivo contra las personas mencionadas
anteriormente, no obstante en todas las actuaciones y en aras de garantizar el
derecho a la defensa y el debido proceso se resaltó que se vinculaba a todas
las personas interesadas, INDETERMINADAS y ocupantes que habitaran la
zona en comento, para que se presentaran al despacho e hicieran uso de los
mecanismos de defensa. (…). Debido a que el señor ENRIQUE EUDORO VILLEGAS no
reside ni habita en el lugar, (…) en las ocasiones en que la Alcaldía Municipal
hizo presencia en el sitio siempre se conoció que quienes ocupaban el lote con
sus construcciones eran los señores JOSIMAR GONZALEZ, JHON MARTINEZ, FELIX
FIGUEROA, GERMAN MENESES y OSCAR ZAPATA, ahora bien esta oficina el
día 31 de marzo de 2009 aprovechando una visita ocular que hiciera [la
Inspectora de Obra y Ornato] por la denuncia de construcciones en este predio,
y con la información de los vecinos, suscribió las boletas No. 3719, 3720, 3721
y 3722 para que se presentaran a la Inspección [otros ocupantes] que aunque no
residen en el lugar, poseen cultivos y árboles frutales, los cuales explotan
económicamente, sin embargo no se mencionó al señor ENRIQUE VILLEGAS”[19].
continuación, la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca explicó que
notificó al peticionario de las decisiones tomadas en el marco del proceso No.
106 de 2006 de las siguientes maneras:
1. Folio 243 Boleta de citación No. 1075 del 25 de Agosto de 2008,
dirigida a los ocupantes del lote.
2. Folio 244, Edicto a personas indeterminadas, con el fin de que se
presentaran al despacho a rendir descargos, presentar pruebas y en general
hacer uso del derecho de defensa dentro del proceso policivo.
3. Folios 245, 246 y 247, Resolución No. 0484 del 16 de julio de
2008 artículo primero, dirigida a OCUPANTES, RESIDENTES Y DEMAS PERSONAS
INDETERMINADAS, que ocupan la zona de uso publico, lote frente a las porterías
de las Rondas I, II, III y IV Etapa del Municipio de Floridablanca. 4. Folio 248, Edicto para notificar la Resolución a los OCUPANTES Y
PERSONAS INDETERMINADAS. 5. Folios 259 a 261, Boletas de Citación a los OCUPANTES DEL LOTE. 6. Folios 263 a 266, Resolución No. 0504 del 10 de febrero de 2009,
mediante el cual se resuelven los recursos interpuestos por el señor JOSIMAR
GONZALEZ Y GERMAN MENESES, e igualmente a personas INDETERMINADAS.
7. Folio 402, Memorial de la Dra. Claudia Azucena Hernández Gualdron
de fecha 15 de septiembre de 2008, en calidad de apoderada de los ocupantes del
lote, y entre estos véase al señor ENRIQUE EUDORO VILLEGAS SALAZAR, y en donde
manifiesta tener conocimiento del proceso desde el año 2006.
8. Folio 680, Edicto mediante el cual se notifica a PERSONAS
INDETERMINADAS de la Resolución No. 0504 del 10 de febrero de 2009.
9. Folio 695, Consideraciones del JUZGADO VEINTE PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE GARANTIA, en el cual se demuestra que el señor ENRIQUE VILLEGAS,
tenía conocimiento del proceso desde el año 2006, sin embargo no se presentó al
Despacho ni desató los recursos de ley. De
lo anterior se colige, que este Despacho, siempre tuvo en cuenta las garantías
del debido proceso (…), sin embargo y teniendo en cuenta que debido a que las
nomenclaturas con que se presentan los contraventores son irregulares pues no
están legalizadas por la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, el servicio de correo
certificado no las entrega, razón por la cual, le ha tocado a la secretaría del
Despacho la entrega personal desplazándose al sitio, y confirmando que nunca se
encontró en el lugar al [peticionario]”[20]. Finalmente,
anexó copia del Código Departamental de Policía de Santander.
su parte, dentro del término legal, el peticionario anexó:
1. “Fotocopia autenticada de la Resolución No. 0107 de 2007 mediante
la cual se asignó estrato a la Parcela Villa Herminia, ubicada en
la Calle 205 No. 37-42 de Floridablanca, Santander, que se encuentra en el
mismo predio donde está la parcela Villa Carolina, ubicada en la Calle 205 No. 38
A – 146 de Floridablanca, parcelas que tienen el mismo número catastral
01-01-0182-0442-000. En consecuencia, he venido asimilando la misma
estratificación para mi parcela (subrayado por fuera de texto)”[21].
2. Declaración Juramentada ante el Notario Primero del Circuito de
Floridablanca en la que el peticionario expresa que tuvo conocimiento de
que la parcela Villa Carolina era un bien de uso público a finales del mes de
junio de 2008 cuando “mi vecino, señor Josimar Jair González Pineda, me informó
que se había notificado de una Resolución proferida por la Alcaldía de
Floridablanca, donde se le ordenaba que desalojara la parcela Villa Herminia
porque era un bien de uso público y que además, al parecer la resolución
afectaba a los demás vecinos parceleros, no obstante el hecho de que nunca
había sido notificado de algún proceso policivo en mi contra”[22].
Así mismo, en dicha declaración explica que desde 1992 ocupó la parcela
Villa Carolina e inició actos de señor y dueño consistentes en la limpieza,
conservación, vigilancia, explotación económica mediante la siembra de diversas
especies de árboles frutales del predio y la construcción de cercas y de un “cuarto
para guardar las herramientas y protegerme de las lluvias y vientos junto con
mi familia”[23].
3. Declaración Juramentada ante el Notario Primero del Circuito de
Floridablanca en la que el señor JOSIMAR JAIR GONZALEZ PINEDA manifiesta que “he
venido suministrando a mi vecino ENRIQUE EURORO VILLEGAS SALAZAR (…) quien
reside en la parcela Villa Carolina (…) los servicios de luz desde noviembre de
2006; agua desde marzo de 2008, permitiéndole compartir el uso de los mismos
dentro de la mencionada parcela, dichos servicios han venido siendo pagados
conjuntamente desde las fechas en que fueron instalados. Aclaro además que la
parcela que ocupa el señor Villegas desde hace más de 15 años, se encuentra
ubicada dentro del mismo predio de mi parcela (predio 01-01-0182-0042-000)”[24].
4. Permiso de instalación del servicio de agua y alcantarillado en la
parcela Villa Herminia en el que el Gerente de Operaciones del Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga S.A. afirma: “me permito informarle que se ha
dado tramite especial con aprobación de un solo medidor para el predio ubicado
en la Calle 205 No. 37 – 42 La Ronda “Finca Villa Herminia” del municipio de
Floridablanca con uso exclusivo para la vivienda existente, por lo tanto no
puede ser usado con fines de expansión o parcelación”[25]
. 5. Acta de Inspección y Verificación de las Instalaciones Eléctricas y
Equipos de Medida elaborada por la Electrificadota de Santander S.A. E.S.P. en
la que consta que el señor Josimar Jair González Pineda es el subscriptor y/o
usuario del servicio[26]. 6. Facturas de los servicios públicos domiciliarios de agua y luz eléctrica
correspondientes a la Parcela Villa Herminia, a nombre del señor Josimar Jair
González Pineda.
7. Fotocopia de la acción de tutela interpuesta por el señor Josimar Jair
González Pineda contra la Alcaldía Municipal y la Inspección Segunda de Policía
de Floridablanca el día 29 de abril de 2009 debido a la orden de desalojo del
predio Villa Herminia.
8. Fotocopia del fallo de primera instancia mediante el cual el Juzgado
Octavo Penal Municipal de Bucaramanga resolvió “Tutelar los derechos
fundamentales a la vivienda digna conexo con el del mínimo vital y la dignidad
humana de JOSIMAR JAIR GONZALEZ PINEDA, ordenándosele al Alcalde Municipal de
Floridablanca, que antes de proceder al desalojo del accionante, dentro del
término máximo de sesenta (60) días hábiles siguientes a la notificación de
esta sentencia, realiza un acuerdo con él para lograr su reubicación y en todo
caso le reconozca las mejoras que hubiese efectuado”[27].
9. Fotocopia del fallo de segunda instancia mediante el cual el Juzgado
Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento de Bucaramanga revocó el fallo
impugnado y declaró la improcedencia de la acción de tutela instaurada por el
señor González Pineda[28]. II.
2.1.- Mediante
sentencia proferida el día 15 de mayo de 2009, el Juzgado Veinte Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, Santander, negó
por improcedente[29] la solicitud de amparo
interpuesta por el señor Enrique Eudoro Villegas Salazar.
lugar, estimó que, en el caso concreto, no se había vulnerado el derecho al
debido proceso al acumular los procesos policivos tendientes a desalojar a los
ocupantes del bien de uso público. Así, afirmó que, como se habían acumulado
unos procesos en los que había identidad de sujetos pasivos y activos,
identidad de hechos e identidad de pretensiones, en virtud de los principios de
celeridad y de economía procesal, la Inspección de Policía había actuado
conforme a la ley. En segundo
lugar, el juez de instancia consideró que, en este caso, no había una
vulneración del derecho a la vivienda digna ya que el peticionario no habitaba
en el bien objeto del proceso de restitución sino en otro inmueble arrendado.
parte, sostuvo que ninguna de las entidades demandadas había incurrido en una
violación del derecho de defensa pues el peticionario sabía, de tiempo atrás,
que se llevaba a cabo un proceso de restitución del bien inmueble por él
ocupado como lo demostraba el derecho de petición que había interpuesto ante el
Personero Municipal. Finalmente,
consideró que, como el peticionario y las demás personas afectadas por la orden
de restitución y desalojo de los inmuebles de propiedad del Estado, habían
interpuesto cada uno una acción de tutela por los mismos hechos, con las mismas
consideraciones y pretensiones, se configuraba una situación que rayaba con la
temeridad. 2.2.- Por
medio de escrito presentado dentro del término legal, el peticionario interpuso
recurso de apelación contra la providencia de primera instancia.
argumentar la impugnación, afirmó que, en el caso concreto, sus derechos al
debido proceso y a la defensa habían sido vulnerados pues nunca fue notificado
del proceso policivo No. 106 de 2006 y, en consecuencia, nunca pudo presentar
descargos ni ser oído dentro del proceso.
Así, afirmó
que: “se
me negó el derecho fundamental del debido proceso y del derecho de defensa, al
no ser oído en descargos dentro de los términos legales correspondientes del
proceso y sólo fui incluido por extensión y al final de los mismos, en los
procesos adelantados contra JOSIMAR JAIR GONZALEZ Y GERMAN MENECES al estar
dirigida la resolución de desalojo contra personas indeterminadas en donde al
parecer se me incluye como ´persona indeterminada´.”[30]
además, que al no haber sido notificado ni vinculado al proceso policivo de
restitución de bien de uso público, decidió interponer derecho de petición ante
la Personería de Floridablanca para solicitar su intervención y lograr una
solución eficaz del problema. Por otra
parte, afirmó que interponía la acción de tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable pues con la orden de desalojo se veían
gravemente afectados sus derechos a la vivienda digna, a la igualdad ante la
ley y al mínimo vital. En este sentido, señaló que era una persona de escasos
recursos que conseguía lo necesario para subsistir de la explotación del
terreno en litigio. Finalmente,
expresó que, en su caso, se había configurado el principio de confianza
legítima porque había ocupado la parcela de manera abierta y notoria, con el
beneplácito de las autoridades de policía hasta el año 2006. Adicionalmente, el
lote tenía todos los servicios públicos domiciliarios. En esta medida, el
peticionario señaló que en la restitución del inmueble de uso público por él
ocupado, la Administración tenía el deber de:
al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos
efectuados por las autoridades”[31].
motivos, solicitó que se revocara la sentencia recurrida y, en su lugar, que se
tutelaran sus derechos fundamentales. 2.3.- Mediante
sentencia proferida el día 7 de julio de 2009, el Juzgado 10º Penal del
Circuito de Bucaramanga, confirmó la sentencia impugnada[32]
al considerar que al peticionario no se le violaron ni el derecho al debido
proceso ni el derecho a la defensa toda vez que:
bien es cierto [que] no aparece declaración o descargos rendidos por [el
peticionario] dentro del proceso (…), también lo es que la INSPECCIÓN SEGUNDA
DE POLICÍA DE FLORIDABLANCA le notificó en su calidad de OCUPANTE
Y/O RESIDENTE del lugar objeto de restitución, las decisiones tomadas en el
mismo y le dio la oportunidad de ejercer el derecho de defensa de conformidad
con lo establecido por la Ley”[33]. Por otra
parte, señaló que el peticionario no había agotado todos los recursos de ley
para hacer valer sus derechos, pues no había iniciado un proceso ante la
jurisdicción ordinaria para pedir el reconocimiento de las mejoras y de la
posesión del inmueble. Además, como no había probado la existencia de un
perjuicio irremediable, la acción de tutela no era procedente en el caso
concreto. III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
3.1.- Competencia
decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991. 3.2.- Problema jurídico y esquema de resolución.
estima que, para resolver el caso concreto, debe dar respuesta a los siguientes
problemas jurídicos: ¿Existe una violación al debido proceso cuando se procede
a notificar por edicto un acto administrativo, mediante el cual se ordena el
desalojo de un inmueble de uso público, sin antes haber intentado su
notificación personal? ¿Existe una violación al debido proceso cuando la
Administración expide un acto administrativo, dirigido contra personas
indeterminadas, y no publica la parte resolutiva de la decisión en el Diario
Oficial o en un periódico de amplia circulación en la zona? ¿Se puede alegar la
consolidación de la confianza legítima en el caso de la ocupación de un bien de
uso público, cuando la Administración la ha permitido durante un lapso
considerable de tiempo? 3. Para
responder estas preguntas, la Sala, en una primera parte, reiterará las reglas
de procedencia de la acción de tutela contra las decisiones adoptadas en
procesos policivos de restitución de bienes de uso público (3.2.1.). Luego, en
una segunda parte, a partir de la reiteración jurisprudencial, determinará el
alcance del derecho al debido proceso (3.2.2.) y el principio de confianza
legítima como límites al ejercicio del deber de la Administración de proteger
el espacio público (3.2.3.). Finalmente, la Sala aplicará estas reglas para
solucionar el caso concreto (3.2.4.). 3.2.1.-
Procedencia de la acción de tutela contra las decisiones adoptadas en procesos
policivos de restitución de bienes públicos.
conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
interponer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que sean violados o
amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, la cual sólo procede
cuando el afectado no disponga de otro mecanismo de defensa judicial.
este precepto, se concluye que:
acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial de naturaleza subsidiaria
para la defensa de los derechos fundamentales, lo cual implica que la acción de
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos derechos, al que
puede acudir el afectado por su violación o amenaza sólo después de ejercer
infructuosamente todos los medios de defensa judicial ordinarios, o ante la
inexistencia de los mismos”[34]. 5. Sin
embargo, existen dos excepciones a esta regla: la acción de tutela es
procedente cuando se interpone como mecanismo para evitar un perjuicio
irremediable o cuando el medio judicial ordinario no resulta idóneo para la
protección de los derechos invocados por el accionante.
a los procesos policivos, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo
dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las
decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley.
sentido, se debe tener en cuenta que en la sentencia de 26 de julio de 2001, el
Consejo de Estado precisó que mediante:
juicios de policía se dirimen conflictos entre las partes, [los
cuales] son distintos de aquellas actuaciones que culminan con la aplicación de
medidas de policía (…) puramente administrativas”[35]. Y que, en el
“restitución
de bienes de uso público, la autoridad administrativa no actúa como juez,
entendiendo esta institución en su sentido lato, es decir, como aquella que
dirime imparcialmente controversias entre dos partes que persiguen intereses
opuestos”[36].
7. Por lo
tanto, como en los procesos policivos de restitución de bienes de uso público,
la autoridad administrativa ejerce funciones administrativas y no
jurisdiccionales, razón por la cual las decisiones que expide en dichos procesos
son actos administrativos sujetos al control por parte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En esta medida, en tales casos no se aplica lo
dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.
conformidad con lo dispuesto por esta jurisprudencia, respecto a la naturaleza
administrativa de las decisiones tomadas en los procesos policivos de
restitución del espacio público, la Corte Constitucional, en la sentencia T-545
de 2001[37], manifestó que:
debe olvidar que la finalidad del proceso policivo, en la restitución del
espacio público, es la rápida y efectiva defensa de los bienes de
uso público, lo que explica su carácter breve, sumario y la remisión de las
partes al proceso contencioso administrativo como escenario donde se
pueden plantear las irregularidades que pudieran presentarse en el curso y
decisión del proceso policivo”. Así, el
control de legalidad de estos actos administrativos es realizado por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo[38]. Lo anterior se confirma
con lo previsto en el artículo 67 de la Ley 9 de 1989[39],
cuando establece que los actos de los alcaldes referidos a las sanciones por
ocupación de bienes de uso público, pueden ser demandados ante dicha
consecuencia, las decisiones tomadas en juicios policivos de restitución de
bienes de uso público, pueden ser demandadas ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo mediante la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho. 9. Cosa
distinta sucede en el caso de las decisiones adoptadas en procesos policivos
para amparar la posesión, la tenencia o la servidumbre, pues en estos eventos
las autoridades de policía ejercen funciones jurisdiccionales y, en esta
medida, las providencias que dictan, son actos jurisdiccionales, excluidos del
control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo[40].
10. En suma,
cuando se trata de solicitudes de amparo relacionadas con actos administrativos
adoptados por autoridades administrativas en juicios de policía de restitución
de bienes de uso público, la acción de tutela es, por regla general,
improcedente, debido a la existencia de otro medio de defensa judicial. Sin
embargo, excepcionalmente, esta acción procede como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable o cuando el medio ordinario resulta inadecuado
para salvaguardar los derechos del peticionario. 11. Así, en
abundante jurisprudencia[41], esta Corporación ha señalado
que el perjuicio irremediable es aquel que tiene las características de
inminencia, urgencia y gravedad[42].
cuando se acredite la existencia de un perjuicio que: (i) sea inminente, es
decir, que produzca de manera cierta y evidente la amenaza de un derecho
fundamental; (ii) imponga la adopción de medidas apremiantes para conjurarlo[43];
(iii) amenace de manera grave un bien jurídico que sea importante en el ordenamiento
jurídico[44]; y, (iv) dada su
urgencia y gravedad, imponga la impostergabilidad del amparo a fin de
garantizar el restablecimiento del orden social justo en toda su integridad[45],
la acción de tutela es procedente.
Adicionalmente, esta Corporación ha sostenido que, por regla general, cuando la
acción de tutela es procedente como mecanismo para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, la protección se concede de manera transitoria. Sin
embargo, en varias oportunidades, esta Corporación, atendiendo las
circunstancias específicas del caso concreto, ha concedido el amparo de manera
definitiva a pesar de que la tutela haya sido declarada procedente para evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable[46]. 3.2.2. – Recuperación del espacio público, debido proceso administrativo
y principio de confianza legítima. Reiteración de jurisprudencia. 13. En virtud de lo establecido en el inciso 1° del art. 82 de la
Constitución Política, el Estado tiene el deber de velar por la protección y la
integridad del espacio público, así como por su destinación al uso común. Dicha
obligación se explica por la necesidad de asegurar el acceso de todos los
ciudadanos al goce y utilización común de los espacios colectivos. 14. Ahora bien, la facultad de adelantar acciones tendientes a la
recuperación del espacio público ocupado irregularmente no es ilimitada, pues
debe ejercerse mediante un proceso judicial o policivo en el que se respeten
las reglas del debido proceso y el principio de confianza legítima. Esto es así
debido a que el deber constitucional y legal de proteger el espacio público
está limitado por el respeto de los derechos fundamentales de los ocupantes del
mismo. 3.2.2.1. Debido Proceso administrativo. Importancia de la notificación
de los actos administrativos de carácter particular. 15. Conforme al inciso primero del artículo 29 de la Constitución
Política[47], el debido proceso se
aplica a toda clase de actuaciones, sean estas judiciales o administrativas. Lo anterior quiere decir que, en todas las actuaciones, se deben respetar
las garantías propias del derecho al debido proceso que se materializan,
principalmente, en el derecho de defensa, de contradicción y controversia de la
prueba, en el derecho de impugnación y en la garantía de publicidad de los
actos administrativos. 16. En lo que hace a las actuaciones administrativas, la jurisprudencia
de esta Corporación ha establecido que el derecho fundamental al debido proceso
se debe respetar, desde la etapa anterior a la expedición del acto
administrativo, hasta las etapas finales de comunicación y de impugnación de la
decisión. Adicionalmente, esta Corporación ha reiterado, en numerosas
oportunidades, que el debido proceso administrativo se refiere no sólo al
respeto de garantías estrictamente procesales, sino también al respeto de los
principios que guían la función pública como la igualdad, la moralidad, la
eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad.
17. En este contexto, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la adecuada notificación de los actos administrativos, de
carácter particular, es una importante manifestación del derecho fundamental al
debido proceso administrativo[48]. Así, la notificación cumple una triple función dentro de la actuación
administrativa, a saber: i) asegura el cumplimiento del principio de publicidad
de la función pública pues mediante ella se pone en conocimiento de los
interesados el contenido de las decisiones de la Administración; ii) garantiza
el cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la
posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción y; finalmente
iii) la adecuada notificación hace posible la efectividad de los principios de
celeridad y eficacia de la función pública al delimitar el momento en el que
empiezan a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes. 18.1. Respecto al proceso policivo de restitución de bienes de uso
público, el artículo 132 del Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970)
dispone que: “ARTÍCULO
132. Cuando se trate de restitución de bienes de uso público, como vías
públicas urbanas o rurales o zona para el caso de trenes, los alcaldes, una vez
establecido, por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público
de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la correspondiente resolución de
restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta días. Contra
esta resolución procede recurso de reposición y también de apelación para ante
el respectivo gobernador.” 18.2. Por su parte, en artículo 3 del Decreto 640 de 1937, que reglamentó
el trámite para ordenar la restitución de los bienes de uso público, establece
3°. El primer auto o providencia que, en estos casos, dicten los alcaldes,
ordenando la referida restitución, se notificará personalmente a los ocupantes
materiales de las zonas usurpadas, o a sus administradores o mayordomos.”
18.3. A su
vez, el Código Departamental de Policía de Santander dispone en el artículo
374, que el alcalde e inspector de policía, de oficio o a solicitud de parte,
están facultados para tramitar y decidir, por medio del procedimiento
abreviado, la restitución de los bienes de uso público que se encuentren
irregularmente ocupados. 18.4.
Adicionalmente, al artículo 375 del mismo Código establece el trámite del
procedimiento abreviado. Así, esta norma dispone que: “ARTÍCULO.
375. Trámite. Recibida la queja o el informe respectivo el
funcionario de policía dentro de los 2 días siguientes dictará auto en el que
se disponga:
ratificación del informe o la queja cuando el funcionario lo considere
citación del contraventor para ser oído en descargos, haciéndole saber el
derecho que tiene de presentar las pruebas que considere oportunas.
de los 2 días siguientes a la citación se oirá en descargos al contraventor y
se practicarán las pruebas solicitadas por el querellante o las que el
funcionario considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos”.
18.5. Por otra
parte, respecto a la forma de notificación, el artículo 403 del Código
Departamental de Policía de Santander ordena que los actos administrativos
dictados en los juicios de policía sean notificados en la forma establecida en
el Decreto 1° de 1984 y establece que ninguna providencia produce efectos antes
de ser notificada. Así mismo, el artículo 335 dispone que, en caso de vacío normativo
en lo tocante a las actuaciones administrativas reguladas por dicho Código, se
deben aplicar las normas del Código Contencioso Administrativo, siempre y
cuando no exista incompatibilidad entre ellas. 18.6. A su
vez, el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 1° de 1984)[49]
prescribe que las decisiones que ponen fin a una actuación administrativa deben
ser notificadas personalmente al interesado o a su apoderado. Para efectuar la
notificación personal, la regla general es que se envíe una citación a la
dirección de la persona interesada, documento que debe anexarse al expediente.
18.7. Pero, si
no es posible hacer la notificación personal, pasados cinco días desde el envió
de la citación, de conformidad con el artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo (en adelante CCA), se procederá a notificar el acto
administrativo mediante edicto[50]. 18.8. En este
sentido, el artículo 46 del CCA[51] establece que, cuando
las decisiones tomadas por las autoridades afecten en forma directa e inmediata
a terceros que no hayan intervenido en la actuación, deben ordenar publicar la
parte resolutiva, por una vez, en el Diario Oficial, o en el medio oficialmente
destinado para estos efectos, o en un periódico de amplia circulación en el
territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. 18.9.
Finalmente, el artículo 48 del CCA dispone que: “ARTICULO
48. FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS NOTIFICACIONES. Sin el lleno de los
anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá
efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por
suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos
legales. Tampoco
producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las
publicaciones respectivas en el caso del artículo 46”.
las decisiones administrativas no producen efecto legal alguno hasta tanto se
encuentren debidamente notificadas[52]. La notificación debe
hacerse, en principio, de manera personal, sin perjuicio de que, de manera
excepcional, el acto administrativo pueda notificarse por conducta concluyente
cuando el interesado se pronuncie sobre su contenido aceptándolo, o cuando haga
uso de los recursos legales, subsanando de esta manera las irregularidades que
se hayan presentando en la notificación. 18.10. Sobre
este tema, es necesario precisar que de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo
de Estado, el artículo 48 del CCA, presenta un vacío pues no regula todas las
formas en que puede presentarse la notificación por conducta concluyente. En
efecto, en dicho artículo se establece que este tipo de notificación se produce
cuando la parte interesada: i) está de acuerdo con la decisión adoptada o, ii)
cuando interpone oportunamente los recursos legales; pero el artículo estudiado
no contempla la situación en la que el interesado está en desacuerdo con el
acto administrativo pero no ejerce en tiempo los recursos gubernativos
procedentes. Ante tal vacío, debe acudirse a al artículo 330 del Código de
Procedimiento Civil, por mandato del artículo 267 del CCA[53].
artículo 330 del CPC, regula la notificación por conducta concluyente de la
330. NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Cuando una parte o un tercero
manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que
lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda
constancia en el acta, se considerará notificada personalmente de dicha
providencia en la fecha de presentación del escrito o de la audiencia o
parte retire el expediente de la secretaría en los casos autorizados por la
ley, se entenderá notificada desde el vencimiento del término para su
devolución, de todas las providencias que aparezcan en aquel y que por
cualquier motivo no le hayan sido notificadas.
escrito en que se otorgue poder a un abogado se presente en el juzgado de
conocimiento se entenderá surtida la notificación por conducta concluyente de
todas las providencias que se hayan dictado, inclusive el auto admisorio de la
demanda o del mandamiento de pago, el día en que se notifique el auto que
reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con
decrete la nulidad por indebida notificación de una providencia, ésta se
entenderá surtida por conducta concluyente al día siguiente de la ejecutoria
del auto que la decretó o de la notificación del auto de obedecimiento a lo
resuelto por el superior”.
este tema, en la sentencia C-1076 de 2002, se afirmó que la notificación por
conducta concluyente:
en que en caso de que la notificación principal, es decir la personal, no se
pudo llevar a cabo o se adelantó de manera irregular, pero la persona sobre
quien recaen los efectos de la decisión o su defensor, no actuaron en su
momento pero lo hacen en diligencias posteriores o interponen recursos o se
refieren al texto de la providencia en sus escritos o alegatos verbales, el
legislador entiende que ese caso la persona tuvo conocimiento de la decisión” (Subrayado
por fuera de texto).
sentido, en la sentencia de 16 de octubre de 1987, la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia manifestó que: “La
notificación por conducta concluyente establecida de modo general en el
artículo 330 del C. de P.C. emerge, por esencia, del conocimiento de la
providencia que se le debe notificar a una parte, porque está así lo ha
manifestado de manera expresa, verbalmente o por escrito, de modo tal que por
aplicación del principio de economía procesal, resulte superfluo acudir a otros
medios de notificación previstos en la ley. La notificación debe operar bajo el
estricto marco de dichas manifestaciones, porque en ello va envuelto la
protección del derecho de defensa; tanto, que no es cualquier conducta
procesal la eficaz para inferir que la parte ya conoce una providencia que
no le ha sido notificada por alguna de las otras maneras previstas en el
ordenamiento” (subrayado por fuera de texto). Teniendo en
cuenta lo anterior, la Sala concluye que la notificación por conducta
concluyente sólo se entiende surtida cuando la persona manifiesta que tiene
conocimiento sobre el contenido de la providencia o cuando se refiere a esta
concretamente, siempre y cuando dicha actuación se haya desarrollado dentro del
proceso al cual se accede pues, de conformidad con la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia y de esta Corporación, la notificación personal es un
acto procesal. En esta
medida, cuando el peticionario está en desacuerdo con el contenido de la
decisión administrativa y no ejerce los recursos gubernativos oportunos, para
que opere la notificación por conducta concluyente, se deben cumplir los
siguientes requisitos: i) existencia de un comportamiento del sujeto afectado
por el acto; ii) que se surta al interior del proceso y; iii) que se pueda
deducir inequívocamente el conocimiento del acto.
para que una providencia se entienda notificada por conducta concluyente, deben
concurrir unos requisitos solemnes bien determinados cuyo cumplimiento se exige
en razón del papel fundamental que juega la notificación en el respeto del
debido proceso. En efecto, con la notificación de una providencia se garantiza
realmente que las personas puedan conocer y controvertir las razones de hecho y
de derecho en que las autoridades públicas fundamentan sus providencias. 19. En
síntesis, la providencia que ordene la restitución del bien de uso público (Art. 3 del Decreto 640 de 1937 y Art. 44 del CCA), debe ser notificada
personalmente a los ocupantes materiales del inmueble. Si no es posible
realizar la notificación personal, el acto administrativo se debe notificar
mediante edicto. En todo caso, los actos administrativos se notifican por
conducta concluyente cuando media un comportamiento del sujeto afectado por el
acto, del que se deduce inequívocamente el conocimiento de la decisión y que se
produce al interior del proceso policivo. Finalmente, cuando hay terceros
afectados por la decisión, es necesario publicar la parte resolutiva en el
Diario Oficial o en un periódico de amplia circulación en la zona, para así dar
cumplimiento al principio de publicidad. 20. Una vez establecidas las reglas en torno al debido proceso
administrativo, principio que incluye la adecuada notificación de las
providencias que se dicten en el marco de los procesos policivos de restitución
de bienes de uso público, pasa la Sala a reiterar el contenido y alcance del
principio de confianza legítima que, al igual que el debido proceso, debe ser
respetado por las autoridades al adelantar acciones tendientes a la
recuperación del espacio público. 3.2.5.2. Principio de confianza legítima. 21. En abundante jurisprudencia, la Corte Constitucional ha aplicado el
principio de confianza legítima que ha sido definido por esta Corporación como:
corolario de la buena fe [que] consiste en que el Estado no puede súbitamente
alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares,
sin que se les otorgue a estos últimos un periodo de transición para que
ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No se trata, por
tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de amparar
unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho
con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que
se trate de comportamientos activos o pasivos de la Administración pública,
regulaciones legales o interpretaciones de las normas jurídicas. De igual
manera, como cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser
ponderada, en el caso concreto, con los otros, en especial, con la salvaguarda
del interés general y el principio democrático”[54].
Por lo tanto, se trata de un concepto que se deriva de los principios de
la buena fe[55] y de la seguridad
jurídica[56] y que se erige como un
límite a la actuación de la Administración. Así, cuando, debido a hechos
objetivos de las autoridades se le genera al particular “la convicción de
estabilidad en el estado de cosas anterior”[57]
y la convicción de que su actuar tiene una imagen de aparente legalidad[58],
En este orden de ideas, esta Corporación ha establecido que, en virtud de
la confianza legítima, el deber constitucional y legal de la Administración de
preservar el espacio público, no puede ser ejercido de manera sorpresiva e
intempestiva cuando se presentan los requisitos de aquella figura. Por este
motivo, las medidas de desalojo del espacio público deben estar antecedidas de
un cuidadoso estudio de las condiciones y características de la realidad de
cada ocupante en particular[59]. 22. Por otra parte, esta Corporación ha manifestado que para que se
configure este principio, deben concurrir los siguientes presupuestos[60]:
a) la necesidad de preservar de manera perentoria el interés público[61];
b) la demostración de que el particular ha desplegado su conducta de
conformidad con el principio de la buena fe[62]; c) la desestabilización
cierta, razonable y evidente en la relación entre la Administración y el particular[63]
y, finalmente; d) la obligación de adoptar medidas transitorias para que el
particular se pueda acomodar a la nueva situación creada por el cambio
intempestivo de actitud por parte de la Administración[64].
23. Respecto a este último requisito, la Corte ha reconocido que existen
múltiples formas de proteger la confianza legítima que ampara a los ocupantes
del espacio público. Así, en algunos casos, la Corte ha tutelado este principio
ordenando a las autoridades la adjudicación de subsidios familiares de vivienda
a favor de los ocupantes del espacio público[65]. En otros casos, ha
ordenado a la autoridad otorgar la formación necesaria para que los desalojados
puedan desempeñarse en otra actividad económica[66]
o acceder a créditos blandos y a insumos productivos[67].
Otras veces, en cambio, ha exigido a la Administración el reconocimiento y pago
de las mejoras hechas por los ocupantes sobre los bienes de uso público[68]. 24. Por lo
tanto, se trata de un principio en virtud del cual la Administración debe
actuar conforme al respeto por el acto propio. Así, las autoridades deben
actuar de manera coherente con sus comportamientos pasados y, en consecuencia,
no pueden modificar sus actuaciones de manera inconsulta y abrupta cuando ese
cambio afecta de manera directa a un particular. 3.2.3.- Caso Concreto. 25. El
ciudadano Enrique Eudoro Villegas Salazar interpuso acción de tutela contra la
Alcaldía Municipal y la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca, con el
objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, a la igualdad, a la vivienda digna, a la buena fe, al
mínimo vital y al principio de confianza legítima, que habrían sido vulnerados
como consecuencia de que las autoridades accionadas ordenaron, en el marco de
un proceso policivo de restitución de bien de uso público, la restitución y
desalojo de un inmueble ocupado ilegalmente por el peticionario. 26. Si bien es
cierto que contra los actos administrativos dictados en el marco de un proceso
policivo de restitución de bien de uso público, procede la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y la suspensión provisional del acto
administrativo[69], ante la jurisdicción
contencioso administrativa, en el caso concreto, la acción de tutela es
procedente como mecanismo para evitar la ocurrencia de un perjuicio
primer lugar, consta en el expediente que el peticionario es una persona de
escasos recursos[70], que pertenece a la
tercera edad por tener sesenta y ocho (68) años de edad[71]
y que se encuentra a cargo de dos (2) hijos menores de edad. En segundo
lugar, el peticionario se ha dedicado, por más de quince (15) años, a explotar
económicamente el bien ocupado. Su trabajo ha consistido, precisamente, en
vender en la plaza de mercado los frutos de los árboles que ha venido sembrando
en el inmueble desde 1992[72].
cuenta que el actor es un sujeto de especial protección constitucional debido a
su edad, el examen de procedibilidad de la presente acción de tutela debe
hacerse con menor rigor[73]. En esta medida, la Sala
estima que, como las entidades demandadas no allegaron pruebas que desvirtuaran
que el peticionario deriva los recursos necesarios para su manutención y la de
su familia, de la explotación económica del bien, de hacerse efectiva la orden
de desalojo del bien ocupado, se produciría un perjuicio irremediable. Así, la
medida de desalojo amenaza los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo
vital y, en esta medida, se impone la necesidad de tomar medidas urgentes para
asegurar que el peticionario y su familia sigan teniendo acceso a los medios
económicos necesarios para asegurar una subsistencia digna. En esta medida,
dada la urgencia y gravedad de la situación que se produciría con el desalojo,
la presente acción de tutela resulta impostergable. 27. Una vez
establecida la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, la Sala
entra a determinar si la Inspección 2° de Floridablanca vulneró el derecho
fundamental al debido proceso del peticionario. En el presente
caso, los siguientes hechos se encuentran probados: i) desde el año 1992 el
peticionario empezó a ejercer, de manera permanente y pública, actos de señor y
dueño sobre una porción de un terreno de propiedad privada; ii) mediante
escritura pública No. 1037 del día 30 de junio de 1995, la empresa dueña de ese
terreno, cedió gratuitamente al Fondo de Inmuebles Urbanos del Área
Metropolitana de Bucaramanga, el inmueble ocupado por el peticionario, a título
de cesión tipo A de la urbanización Los Andes, adquiriendo, por este motivo, la
calidad de bien de uso público[74]; iii) el inspector
accionado inició varios procesos policivos de restitución de bien de uso
público contra los ocupantes de dicho terreno, algunos determinados y otros
indeterminados, como el peticionario; iv) mediante Resolución No. 0484 de 16 de
Julio de 2008 expedida por la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca,
en el marco del proceso policivo No. 106 de 2006, se ordenó a las personas
determinadas e indeterminadas, la restitución del bien de uso público ocupado[75];
v) el accionante interpuso un derecho de petición el día 15 de septiembre de
2008 ante la Personería Municipal de Floridablanca, mediante el cual le informa
a esa entidad que el proceso policivo No. 080 de 2006 está viciado de nulidad
porque: a) no se practicó diligencia de inspección judicial con intervención de
peritos; b) no se notificó a las personas indeterminadas afectadas por el
proceso; c) no existe ningún oficio del Fondo de Inmuebles Urbanos del Área
de los inmuebles poseídos; d) no existen copias ni de las escrituras públicas
ni de los títulos de propiedad de los predios en conflicto[76]
vi) mediante Resolución No. 0492 de 26 de septiembre de 2008, expedida por la
Inspección Segunda de Policía de Floridablanca, se ordenó acumular todos estos
casos en el proceso No. 106 de 2006[77], resolución que fue
notificada por edicto[78]; vii) mediante
Resolución No. 0504 de 10 de febrero de 2009, expedida por la Inspección
Segunda de Policía de Floridablanca, se resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución No. 0484, resolución que también fue
notificada mediante edicto[79]. 28.1. De
conformidad con estos hechos, la Sala estima que las decisiones adoptadas
dentro de los procesos policivos No. 082, 083, 080 y 091 de 2006, acumulados en
el proceso No. 060 de 2006, no fueron notificadas al peticionario conforme a lo
dispuesto en los artículos 403 del Código Departamental de Policía de Santander
y a los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, antes
estudiados, lo cual no obsta para decir que el peticionario se notificó por
conducta concluyente. Ciertamente,
como consta en el expediente, ninguna de las resoluciones dictadas en el marco
del proceso policivo de restitución del bien de uso público ocupado, fueron
notificadas personalmente al peticionario. En este
sentido, es cierto que en el expediente se aprecia constancia de que la
Inspección 2° de Policía de Floridablanca, expidió la Boleta de Citación No.
1075 de 25 de agosto de 2008[80], mediante la cual se
ordenó a los “ocupantes y o residentes”, ubicados en la “cll 205 No.
37 Frente Portería Ronda I, II, III y IV”, comparecer a dicha oficina para
notificarse de la apertura del proceso No. 106 de 2006 y que, posteriormente,
expidió la Boleta de Citación No. 3719 de marzo 31 de 2009, por medio de la
cual se ordenó a los ocupantes ubicados en el “lote Los Andes, Barrio: Los
Andes”, comparecer a la Inspección para notificarse del fallo del proceso
policivo No. 106 de 2006 . Sin embargo,
en primer lugar, en el expediente no existe constancia del envío de dichas
citaciones a la dirección del peticionario pues como lo manifestó la Inspección
Segunda de Policía de Floridablanca, según “las nomenclaturas con que se
presentan los contraventores, son irregulares, pues no están legalizadas por la
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN,[con lo cual] el servicio de correo certificado,
no las entrega”[81].
lugar, tampoco obra en el expediente constancia del lugar en que se aficharon o
entregaron dichas citaciones. 28.2.
Adicionalmente, la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca no dio
cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 del CCA, pues no ordenó
publicar la parte resolutiva de sus decisiones, ni en el Diario Oficial, ni en
un periódico de amplia circulación en Floridablanca, a pesar de que era
evidente que las decisiones adoptadas dentro del proceso policivo No. 106 de
2006, afectaban en forma directa a terceros que no habían intervenido dentro de
la actuación administrativa. En efecto, las
resoluciones No. 0484 de 16 de Julio de 2008 y No. 0504 de 10 de febrero de
2009, se dirigieron también contra “OCUPANTES Y /0 RESIDENTES, personas
indeterminadas”[82]. Es decir que,
para la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca, era claro que las
decisiones adoptadas dentro del proceso policivo No. 106 de 2006, afectaban a
ocupantes que no eran parte de la actuación administrativa. 28.3. Sin
embargo, a pesar de que las autoridades demandadas procedieron a notificar al
peticionario de la existencia de las Resoluciones No. 0484 de 16 de Julio de
2008 y No. 0504 de 10 de febrero de 2009, mediante edicto, es decir, con un
mecanismo subsidiario de notificación, sin que previamente se hubieran agotado,
de manera adecuada, los medios necesarios para lograr su notificación personal,
no hubo una violación del debido proceso por indebida notificación en la medida
en que, tal y como lo alegó la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca,
el peticionario se notificó por conducta concluyente de la existencia del
proceso policivo No. 080 de 2006 que posteriormente fue acumulado con otros
casos en el proceso No. 106 de 2006.
día 15 de septiembre de 2008, la señora “CLAUDIA AZUCENA HERNÁNDEZ
GUALDRON (…) actuando en mi condición de apoderada de los Señores: JOSIMAR
JAIR GONZÁLEZ PINEDA, JHON MARTÍNEZ PORRAS, ENRIQUE EUDORO VILLEGAS SALAZAR,
MISAEL VELANDIA FIGUEROA Y RODRIGO ROJAS PLOMINO, quienes me confirieron
poder para que los representara en las actuaciones que surgieran en desarrollo
del PROCESO POLICIVO que se viene adelantando desde Mayo de 2006 en la
Inspección Segunda de Policía de Floridablanca”[83]
(subrayado por fuera de texto) interpuso un derecho de petición ante el
Personero Municipal de Floridablanca solicitándole que “en su calidad de
funcionario público y persona con amplios valores humanos reconocidos en
nuestra municipalidad, (…) intervenga o de a conocer alguna solución para que
mis representados no se vean afectados en sus derechos constitucionales y legales”[84],
que en su opinión, estaban siendo violados debido a que el proceso policivo No.
080 de 2006, estaba viciado de nulidad. En esta
medida, en el caso concreto, se cumplen los requisitos solemnes necesarios para
que se pueda afirmar que el actor se notificó por conducta concluyente de todas
las actuaciones llevadas a cabo en el marco del proceso policivo No. 080 de
2006 que, posteriormente, fue acumulado al No. 106 del mismo año. Así, por un
lado, existió un comportamiento del sujeto afectado por el acto, pues su
apoderada elevó un derecho de petición y, por otro lado, aunque ese acto no se
surtió de manera directa dentro del proceso porque el derecho de petición se
elevó ante el personero municipal de Floridablanca, se trató de una
intervención administrativa cuyo objetivo era tener efectos directos sobre el
proceso policivo No. 080 de 2006 en la medida en que se solicitó de manera
explícita, la intervención del ministerio público en el proceso con el objetivo
de evitar la violación de los derechos del actor y de sus vecinos. Finalmente,
de la instauración de ese derecho de petición, se deduce inequívocamente el
conocimiento que tenía el actor de la existencia del proceso policivo No. 080
de 2006 y de todas las actuaciones que se llevaron a cabo dentro de él, al
punto en que uno de los anexos de esa solicitud fue precisamente una copia de
dicho proceso y de la Resolución No. 001 de 3 de marzo de 2008 mediante la cual
se ordenó el desalojo del bien inmueble ocupado[85].
motivos, el actor se notificó por conducta concluyente de la existencia del
proceso policivo No. 080 de 2006 al menos desde el 15 de septiembre de 2008, es
decir que el actor tuvo la oportunidad de interponer todos los recursos contra
las resoluciones que ordenaron el desalojo del inmueble (Resoluciones No. 001
de 3 de marzo de 2008 y No. 0484 de 16 de julio de 2008) a partir de la fecha
de presentación del derecho de petición, sin que lo hiciera. 29. Ahora
bien, aunque la Sala estima que no hubo una violación del debido proceso dentro
del proceso policivo No. 106 de 2006, es necesario señalar que la actuación
administrativa objeto de análisis supuso la vulneración del principio de
confianza legítima que debió aplicarse para culminar con la orden de desalojo
del bien inmueble ocupado por el peticionario.
29.1. En
efecto, en el caso concreto, confluyen los presupuestos necesarios para que se
configure el principio de confianza legítima antes expuesto pues, en primer
lugar, la recuperación del espacio público ocupado por el peticionario obedeció
a la necesidad perentoria de preservar el interés público, materializado en la
obligación de asegurar el acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización
común de los espacios colectivos. 29.2. En
segundo lugar, el actor demostró que la ocupación del bien objeto de litigio
fue desplegada de conformidad con el principio de la buena fe porque desconocía
que el predio ocupado era un bien de uso público de propiedad del Estado. En
esta medida, la orden de desalojo, adoptada en el marco del proceso policivo
No. 106 de 2006, desestabilizó de manera cierta y evidente su relación con la
Administración, configurándose, así, el tercer requisito para la consolidación
del principio de la confianza legítima. En efecto, de
conformidad con el acervo probatorio obrante en el expediente, el peticionario
ocupó un bien inmueble inicialmente de propiedad privada, ejerciendo actos de
señor y dueño consistentes, principalmente, en la siembra de árboles frutales
sobre dicho terreno. Tres años
después del inicio de la posesión, el propietario cedió el bien al Fondo de
Inmuebles Urbanos del Área Metropolitana de Bucaramanga, adquiriendo, por este
motivo, la calidad de bien de uso público pero sin que la adquisición de esa
nueva naturaleza jurídica, le fuera notificada al peticionario pues el
propietario, antes de hacer la cesión, no procedió a interponer la acción
reivindicatoria de dominio contra los poseedores para exigir la restitución del
bien que, para 1995, ya llevaba al menos tres años ocupado. Como
consecuencia de lo anterior, no hubo una sentencia que declarara la prosperidad
de la reivindicación, ordenara la restitución del inmueble y ordenara el pago
de las prestaciones mutuas, que son aquellas cargas y obligaciones que surgen
entre reivindicante y reivindicado, mutuamente, cuando el juez dicta sentencia
ordenando la restitución del bien. En esta medida, el propietario del bien
cedido omitió sus obligaciones de abonar los costos invertidos por el poseedor
vencido para la obtención de los frutos percibidos y de reconocer las mejoras
necesarias y las útiles hechas de buena fe. 29.3. En esta
medida, en el caso bajo estudio, el peticionario está amparado por la confianza
legítima debido a que actuó siempre de buena fe, esto es, bajo la convicción de
que estaba ocupando un bien que le pertenecía en la medida en que llevaba más
de una década ejerciendo la tenencia del inmueble, con ánimo de señor y dueño,
sin que nadie se hubiese opuesto a la misma, aduciendo mejor título. Así,
durante al menos un periodo de ese tiempo, la Administración omitió sus deberes
de iniciar el proceso policivo de restitución de bien de uso público y,
decididamente, esa omisión persistente en el tiempo, le generó al peticionario
la convicción de que estaba poseyendo un bien sin propietario, y en esta medida,
creyó estar actuando conforme a derecho. 29.4. En este
contexto, la orden de desalojo, adoptada dentro del proceso policivo No. 106 de
2006, desestabilizó de manera cierta y evidente la relación entre el
peticionario y la Administración pues, después de catorce (14) años, de manera
sorpresiva e intempestiva, ordenó la restitución del bien ocupado mediante las
2009 de la Alcaldía de Floridablanca, Santander. 30. De ahí
que, en el caso estudiado, antes de haber expedido las resoluciones ordenando
el desalojo del bien inmueble, las autoridades administrativas debieron cumplir
con la obligación de adoptar medidas transitorias para que el peticionario
pudiera acomodarse a la nueva situación. En esta
medida, la Alcaldía y la Inspección Segunda de Floridablanca incumplieron con
el deber de estudiar cuidadosamente las condiciones personales del actor para
poder ofrecerle una alternativa viable para adaptarse al desalojo del bien que
le ha permitido, en los últimos diez y siete (17) años, sostener a su familia.
31. En este
contexto, la Sala estima necesario aclarar que, aunque el peticionario haya
iniciado la posesión de un inmueble que era de propiedad privada y haya creído
ejercer actos de señor y dueño sobre el mismo por más de diez y siete (17)
años, no tiene derecho a adquirir el predio mediante el modo prescripción
adquisitiva en virtud del artículo 42 de la Ley 153 de 1887, que dispone que:
42. Lo que una ley posterior declara absolutamente imprescriptible no podrá
ganarse por tiempo bajo el imperio de ella, aunque el prescribiente hubiere
principiado a poseerla conforme a una ley anterior que autorizaba la
prescripción”. Así, este
artículo se puede aplicar analógicamente al caso estudiado pues: i) no existe
una norma exactamente aplicable al caso en cuestión; ii) el caso previsto en
dicho artículo es similar al asunto objeto de estudio en la presente sentencia,
pues la única diferencia que se presenta entre ellos es que, mientras que en la
norma es la ley la que declara el bien imprescriptible, en nuestro caso, es un
contrato de cesión lo que vuelve el bien imprescriptible, al adquirir la
calidad de bien de uso público y; iii) existe el mismo motivo para aplicar al
caso no previsto el precepto normativo, en la medida en la que en ambas
hipótesis lo que se pretende es proteger los bienes imprescriptibles, y en
últimas, los bienes de la Nación cuyo uso y disfrute está en cabeza de la
comunidad[86]. Por este
motivo, al producirse la mutación de bien privado a bien de uso público, el
peticionario perdió la posibilidad de adquirirlo mediante la prescripción
adquisitiva de dominio pues, para ese momento, todavía no había completado el
tiempo para usucapir el inmueble y, por lo tanto, con el cambio de naturaleza
del bien, no se le desconoció un derecho adquirido sino una mera expectativa[87].
en el caso concreto, la Administración tenga la facultad de ordenar el desalojo
del bien de uso público mediante un proceso policivo en el que se respeten las
normas del debido proceso y el principio de la confianza legítima. 32. Por los
motivos antes expuestos, la Sala ordenará a la Alcaldía Municipal de
Floridablanca que, antes de proceder al desalojo, llegue a un acuerdo con el
peticionario en el que, en todo caso, se le reconozcan las mejoras que este
hubiere hecho sobre el inmueble, con el fin de proteger sus derechos al trabajo
y al mínimo vital.
33. Aunque
en general los efectos de la tutela son inter partes, la Sala considera
que los efectos de esta providencia, en lo que respecta a la protección de los
derechos al trabajo, a la vivienda digna y al mínimo vital, deben ser aplicados
inter comunis, pues existe un universo objetivo de personas que se
encuentran en la misma situación del peticionario de manera que, si se
tutelaran únicamente los derechos del actor, se vulneraría el derecho a la
igualdad[88].
trámite de revisión de la presente acción de tutela, se observó que el bien
inmueble, cuyo desalojo se ordenó mediante las resoluciones No. 0484 de 16 de
julio de 2008 y No. 0504 de 10 de febrero de 2009, está siendo, en la
actualidad, ocupado por otras personas que, como el peticionario, i) empezaron
a poseer el bien cuando era de propiedad de la empresa “Marval Ltda.”; ii) a
las que nunca se les informó de su mutación a bien de uso público y iii)
subsisten con los recursos provenientes de la explotación agrícola del predio
ocupado y/o construyeron su vivienda en él. En esta
medida, el amparo del derecho al trabajo, al mínimo vital y a la vivienda
digna, que en la presente providencia se ordena mediante la aplicación del
principio de la confianza legítima, también cobijará a aquellos ocupantes del
bien objeto de desalojo que se encuentren en una situación similar a la del
peticionario en la medida en la que subsistan gracias a los recursos derivados
de la explotación económica del predio o que tengan su vivienda en dicho
terreno. 34.
Adicionalmente, la Sala estima que es necesario pronunciarse respecto del
contrato de cesión que se celebró entre la Administración y el urbanizador, en
cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 5 de la Ley 9 de 1989,
contrato que ha sido definido por la Corte Suprema de Justicia como un “acto
de enajenación voluntaria, no propiamente donación, según se desprende del
artículo 1455 del Código Civil, que deben hacer los propietarios de los predios
con fines urbanísticos de claro interés social, ligados a la función social de
la propiedad”[89] .
escritura pública No. 1037 del día 30 de junio de 1995, la empresa “Marval
Ltda..” se comprometió a ceder al Fondo de Inmuebles Urbanos del Área
Metropolitana de Bucaramanga unos terrenos como contraprestación al permiso de
construcción de la urbanización “Los Andes”. En esta medida, de conformidad con
lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993[90],
ese negocio jurídico tiene la naturaleza jurídica de un contrato estatal pues
una de las partes contratantes fue una entidad pública adscrita a un área
metropolitana[91]. Además, según lo
dispuesto por el artículo 23 de la Ley 80 de 1993[92],
dicho contrato está regido por las disposiciones civiles en la medida en la que
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no lo regula
expresamente. Una vez
establecido el régimen aplicable al caso concreto, la Sala advierte que dicho
contrato no se ve afectado por lo dispuesto en la presente sentencia en la
medida en que, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, en su
celebración se dieron todos los requisitos establecidos en el artículo 1502 del
Código Civil. En efecto, i) ambas partes eran capaces; ii) ambas partes
consintieron en obligarse y su consentimiento no adoleció de ningún vicio; iii)
el contrato recayó sobre un objeto lícito, cual fue el de transferir el dominio
de un bien inmueble y; iv) obedeció a una causa lícita en la medida en la que
el contrato se celebró para dar cumplimiento a una obligación legal.
Finalmente, teniendo en cuenta que el objeto del contrato fue la enajenación de
un bien inmueble, la Sala advierte que este se perfeccionó mediante la
escritura publica No. 1037 del día 30 de junio de 1995.
en virtud de ese contrato, la empresa “Marval Ltda.” se comprometió a ceder
unos inmuebles que “se hallan libres de todo gravamen, pleito pendiente,
embargo judicial, demanda civil, hipoteca, condiciones resolutorias, y demás
limitaciones del dominio y que desde hoy hace entrega real y material de los
inmuebles cedidos con todas su anexidades, usos, costumbres y servidumbres que
de acuerdo con la ley se obliga a su saneamiento”[93].
de conformidad con el acervo probatorio obrante en el expediente, se evidencia
que el urbanizador incumplió dicha obligación. En efecto, si bien dio
cumplimiento a su obligación de transferir el dominio del inmueble pues la
tradición del predio se efectuó mediante la inscripción del título (escritura
pública No. 1037 de 30 de junio de 1995) en el registro de instrumentos
públicos de Bucaramanga[94], el urbanizador no puso
a la Administración en “posesión útil y pacífica de la cosa”[95]
porque no entregó materialmente el bien, incumpliendo, por este motivo, el artículo
922 del Código de Comercio[96]. Se recuerda que el
peticionario de la presente acción era el poseedor del inmueble cedido. 35. Anota
por lo demás la Sala que, frente a este incumplimiento, la Administración fue
negligente, pues: i) recibió el bien sin antes cerciorarse de que, en efecto,
estuviera libre de todo gravamen; ii) no utilizó en tiempo las acciones
contractuales que tenía a su disposición para hacer cumplir el contrato. Por este
motivo, la Sala compulsará copias para que las autoridades competentes
determinen si procede investigar penal y disciplinariamente al señor César
Augusto Moreno Prada quien celebró el contrato de cesión en representación del
Fondo de Inmuebles Urbanos del Área Metropolitana de Bucaramanga y al señor
Fernando Marín Valencia, quien celebró dicho contrato en representación de la
sociedad “Marval Ltda.”. Así mismo, la Sala advierte que, como una de las
órdenes de la presente sentencia es que la Alcaldía Municipal de Floridablanca
llegue a un acuerdo conciliatorio con el peticionario en el que se le
reconozcan las mejoras hechas, una vez realizado dicho pago por parte de la
Administración, se deberá determinar si procede o no la acción de repetición en
contra del funcionario responsable y/o de la urbanizadora sociedad “Marval
Ltda.”, y sus representantes legales. Las autoridades competentes habrán de
tener especial atención a las reglas pertinentes sobre caducidad y
prescripción. 36. Por
último, así como esta Sala estima que es necesario proteger la confianza
legítima del peticionario debido a que actuó amparado por la buena fe, no puede
en este asunto ignorar una circunstancia que se evidenció en el proceso, que si
bien no desvirtúa la legitimidad de las pretensiones del actor, sí evidencia
que el peticionario trasgredió el principio de buena fe ante el juez de tutela
y ante las empresas de servicios públicos domiciliarios. En efecto,
de las pruebas aportadas por el peticionario, se puede concluir que este recibe
los servicios públicos de agua y energía eléctrica mediante conexiones
fraudulentas que le ha facilitado uno de sus vecinos. Así, en la
declaración juramentada ante el Notario Primero del Circuito de Floridablanca,
el señor JOSIMAR JAIR GONZALEZ PINEDA manifiesta que “he venido
suministrando a mi vecino ENRIQUE EURORO VILLEGAS SALAZAR (…) quien reside en
la parcela Villa Carolina (…) los servicios de luz desde noviembre de 2006;
agua desde marzo de 2008, permitiéndole compartir el uso de los mismos dentro
de la mencionada parcela, dichos servicios han venido siendo pagados
conjuntamente desde las fechas en que fueron instalados”[97].
mismo sentido, el peticionario afirmó que su vecino le permite “tener una
extensión de cable que llegue a mi parcela para así recibir la luz y en cuanto
al agua me permiten la conexión de una manguera para poder usarla en mi parcela
y tener provisión de agua en un tanque que se adaptó”[98].
el permiso de instalación del servicio de agua y alcantarillado en la parcela
Villa Herminia, del señor González Pineda, el Gerente de Operaciones del
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. afirma que: “me permito
informarle que se ha dado trámite especial con aprobación de un solo medidor
para el predio ubicado en la Calle 205 No. 37 – 42 La Ronda “Finca Villa
Herminia” del municipio de Floridablanca con uso exclusivo para la vivienda
existente, por lo tanto no puede ser usado con fines de expansión o
parcelación”[99] (subrayado por
fuera de texto). Adicionalmente,
de acuerdo al literal b) del numeral 2 de la cláusula vigésima cuarta del
Contrato de Condiciones Uniformes para la Prestación del Servicio Público
Domiciliario de Acueducto del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, se puede
dar por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio: “b) Cuando se
verifique la instalación de acometidas fraudulentas”[100].
parte, la cláusula 17.34 del Contrato de Condiciones Uniformes para la
Prestación del Servicio de Energía Eléctrica de la Electrificadora de Santander
S.A. E.S.P. establece que es obligación solidaria del cliente: “utilizar el
servicio únicamente en el inmueble, respetando la carga y clase de servicio
contratado por la COMPAÑÍA, de acuerdo con las condiciones y fines estipulados
en la respectiva solicitud de conexión o reflejados en la factura. En
consecuencia, el servicio de energía eléctrica que se suministra al inmueble,
será para uso exclusivo de la unidad familiar, establecimiento de comercio o
industria no pudiendo ser revendido o facilitado a terceros”[101]. Adicionalmente, la cláusula 21.1.5 de dicho contrato establece que la compañía
puede suspender el servicio cuando “el CLIENTE suministre de forma temporal
o permanente, el servicio de electricidad a otro inmueble o CLIENTE distinto de
aquel para el cual figura contratado el servicio”[102].
cláusulas están en concordancia con el artículo 140 de la Ley 142 de 1994 que
140. SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento del contrato por parte
del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos
señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso
de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso
de dos (2) períodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de
tres (3) períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas,
medidores o líneas.
también de suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del
usuario o suscriptor de las condiciones contractuales de prestación del
suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible el
cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de
Haya o no
suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los derechos que las
leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento”. En esta
medida, la Sala observa que es posible que el señor González Pineda esté
incumpliendo con las obligaciones derivadas de los contratos de prestación del
servicio de agua y de energía eléctrica, al facilitarle al peticionario el
suministro de agua y luz eléctrica[103]. Por
consiguiente, la Sala instará al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y a la
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. para que realicen una visita al predio
ubicado en la Calle 205 No. 37 – 42 e inspeccionen las nuevas conexiones de
agua y de luz que se han hecho en el lugar. IV.
lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
LEVANTAR la suspensión del proceso ordenada mediante auto de diez (10)
de diciembre de 2009. Segundo.-
REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Veinte Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga y por el Juzgado
10º Penal del Circuito de Bucaramanga, que negaron el amparo solicitado. En su
lugar, CONCEDER el amparo de los derechos al trabajo y al mínimo vital
vulnerados al señor Enrique Eudoro Villegas Salazar. Tercero.-
ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Floridablanca que, antes de proceder al
desalojo, llegue a un acuerdo con el peticionario en el que, en todo caso, se
le reconozcan las mejoras que éste hubiere hecho sobre el inmueble, con el fin
de proteger sus derechos al trabajo y al mínimo vital. Esta decisión tendrá
efectos inter comunis por lo que se hará extensiva a todos aquellos ocupantes
del bien de uso público, objeto del proceso policivo de restitución No. 106 de
2006, que se encuentren en una situación similar a la del peticionario, en la
medida en la que subsistan gracias a los recursos derivados de la explotación
económica del predio y/o que tengan su vivienda en dicho terreno. Cuarto.-
ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Floridablanca que, una vez efectuado el
pago de dichas mejoras, repita contra la empresa “Marval Ltda.” y sus
representantes legales. Quinto.-
COMPULSAR copias de esta sentencia y del expediente al Fondo de Inmuebles
Urbanos del Área Metropolitana de Bucaramanga en liquidación, para que, si lo
considera procedente, adelante las investigaciones disciplinarias a que haya
lugar en contra del señor Cesar Augusto Moreno Prada, de conformidad con lo
establecido en la parte motiva de esta sentencia. Sexto.-
COMPULSAR copias de esta sentencia y del expediente a la Fiscalía General
de la Nación que para, si lo considera procedente, adelante las investigaciones
penales a que haya lugar, en contra de los señores César Augusto Moreno Prada y
Fernando Marín Valencia de Bucaramanga, por lo hechos relacionados en la parte
motiva de esta sentencia. Séptimo.-
INSTAR al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y a la Electrificadota de
Santander S.A. E.S.P. para que realicen una visita al predio, ubicado en la
Calle 205 No. 37 – 42 (Floridablanca, Santander) e inspeccionen las nuevas
conexiones de agua y de luz que se han hecho en el lugar. Octavo.- Por
Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CARLOS HENAO PÉREZ
EDUARDO MENDOZA MARTELO
IVÁN PALACIO PALACIO
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
[1] Así consta en la Contestación de la demanda
por parte de la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca en la que se
afirma: “de acuerdo a la base cartográfica del POT [el] predio pertenece al
Fondo de Inmuebles Urbanos (FIU) del Área Metropolitana de Bucaramanga como
áreas de cesión tipo A, e identificado con el número predial
01-01-0182-0016-000, en calidad de cesión gratuita mediante escritura pública
número 1037 de junio 30 de 1995” (folio 46, Cuaderno 2). [2] Folio 47, Cuaderno 2. [3] Folios 113 a 125, Cuaderno 2. [4] Folio 10 a 13, Cuaderno 2. [5] Folio 14 a 17, Cuaderno 2. [6] Folios 21 a 22, Cuaderno 2. [7] Folio 248, Cuaderno adjunto. [8] Folios 18 a 20, Cuaderno 2. [9] Folio 249, Cuaderno adjunto. [10] Folios 25 a 29, Cuaderno 2. [11] Folio 244, Cuaderno adjunto. [12] Folio 32, Cuaderno 2. [13] Folio 22, Cuaderno 1. [14] En este folio aparece un Informe de Inspección
realizado por el Profesional Universitario Julio Cesar Gómez de la Oficina
Asesora de Planeación de la Alcaldía de Floridablanca, en el que se hacen las
siguientes Observaciones: “realizada la visita atendiendo la solicitud
realizada por la comunidad del Barrio la Ronda y la Urbanización los Andes, (…)
se observó un cerramiento de sector de lote con zunglia y malla de
polipropileno, con portería y estructura metálica, donde se encuentra un
cambuche en madera y teja de zinc. De igual manera se observó cultivo de
algunos árboles frutales”. El afectado por dicha inspección es “Josimar”. [15] Corresponde al informe de Inspección realizado
por el Profesional Universitario Julio César Gómez de la Oficina Asesora de
Planeación de la Alcaldía de Floridablanca, en el que se anota: “realizada
la visita atendiendo la solicitud realizada por la comunidad del Barrio la
Ronda y la Urbanización los Andes, (…) se observó un cerramiento de sector de
lote con zunglia y malla de polipropileno, con portería y estructura metálica,
donde se encuentra un cuarto de ladrillo 2x2 metros y teja de zinc, cancha de
bolo. De igual forma se observó cultivo de algunos árboles frutales”. El
afectado por dicha inspección es “John Martínez Parra”. [16] Allí aparece un informe de Inspección
realizado por el Profesional Universitario Julio César Gómez de la Oficina
Asesora de Planeación de la Alcaldía de Floridablanca. En se indica: “realizada
lote con zunglia y malla de polipropileno, donde se encuentra un cambuche en
madera y teja de zinc. De igual manera se observó cultivo de algunos árboles
frutales”. El afectado por dicha inspección es “Felix Figueroa
Badillo”. [17] En este folio se observa un informe de
Inspección realizado por el Profesional Universitario Julio César Gómez de la
Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía de Floridablanca, en el que se
hacen las siguientes Observaciones: “realizada la visita atendiendo la
solicitud realizada por la comunidad del Barrio la Ronda y la Urbanización los
Andes, (…) se observó un cerramiento de sector de lote con zunglia y malla de
polipropileno, donde se encuentra un cambuche en madera y teja de zinc, en un
área de aproximadamente 120 metros cuadrados. De igual manera se observó
cultivo de algunos árboles frutales”. El afectado por dicha inspección es “Germán
Meneses”. [18] Aparece allí un informe de Inspección
Asesora de Planeación de la Alcaldía de Floridablanca, en el que se señala que:
“realizada la visita atendiendo la solicitud realizada por la comunidad del
Barrio la Ronda y la Urbanización los Andes, (…) se observó un cerramiento de
sector de lote con zunglia y malla de polipropileno, donde se encuentra la realización de tres perreras y un cuarto presumiblemente para guardar herramientas.
De igual forma se observó lavadero y cultivo de alguno árboles frutales”. El
afectado por dicha inspección es “Oscar Zapata”. [19] Folios 22 y 23, Cuaderno 1. [20] Folios 23 y 24, Cuaderno 1. [21] Folio 35, Cuaderno1. [22] Folio 35, Cuaderno 1. [23] Folio 36, Cuaderno 1. [24] Folio 42, Cuaderno 1. [25] Folio 47, Cuaderno 1. [26] Folio 44, Cuaderno 1. [27] Folio 75, Cuaderno 1.
[28] Folios 76 – 94, Cuaderno 1. [29] Respecto a la sentencia de primera instancia,
es necesario tener en cuenta que el juez incurre en un error de técnica
jurídica pues, aún cuando entra a estudiar el asunto de fondo, declara la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el actor. [30] Folio 165, Cuaderno 2. [31] Folio 168, Cuaderno 2. [32] Op cit. 29. [33] Folio 10, Cuaderno 3. [34] Sentencia T-1023 de 2005. [35] Sentencia de 26 de julio de 2001, Sección Quinta, Consejero
Ponente: Mario Alario Méndez. En esta sentencia se estudió el
caso de un peticionario que interpuso acción de tutela contra la Sala
Administrativa del Consejo de Justicia de Bogotá D.C y contra una Resolución
expedida por esa Alcaldía mediante las cuales se ordenó el cierre definitivo de
[36] Auto de 3 de mayo de 1990, Sección Tercera, Consejero Ponente:
José Antonio de Irisarri Restrepo,
[37] En esta sentencia la Corte estudió un caso en el que un conjunto
residencial había cercado un terreno de uso púbico por motivos de seguridad y la
Alcaldía Municipal inició un proceso policivo de restitución de bien de uso
público. [38] “ARTICULO 85. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le
restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La
misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o
de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente”.
[39] “ARTICULO 67. Los actos de los Alcaldes y del Intendente a los cuales
se refiere el artículo anterior, así como aquellos mediante los cuales se
ordene la suspensión de obra, y la restitución de vías públicas de que trata el
Código Nacional de Policía, serán susceptibles de las acciones contencioso -
administrativas previstas en el respectivo código, en primera instancia ante
los Tribunales Administrativos, y en segunda instancia ante el Consejo de
Estado. Estas acciones no suspenderán los efectos de los actos administrativos
demandados, salvo el caso de la suspensión provisional”.
Y el numeral
segundo del artículo 66 de esta mima Ley establece lo siguiente:
66. SANCIONES URBANISTICAS. Las infracciones urbanísticas darán lugar a la
aplicación de las sanciones a los responsables que a continuación se determina,
por parte de los alcaldes municipales y distritales, el gobernador del
departamento de San Andrés y Providencia o el funcionario que reciba la
delegación, quienes las graduarán de acuerdo con la gravedad y magnitud de la
infracción y la reiteración o reincidencia en la falta, si tales conductas se
presentaren:
sucesivas que oscilarán entre doce (12) y veinticinco (25) salarios diarios
vigentes por metro cuadrado de intervención u ocupación, sin que en ningún caso
la multa supere los cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales legales
vigentes, para quienes intervengan u ocupen, con cualquier tipo de
amoblamiento, instalaciones o construcciones, los parques públicos zonas verdes
y demás bienes de uso público, o los encierren sin la debida autorización de
las autoridades encargadas del control del espacio público, además de la
demolición de la construcción o cerramiento y la suspensión de servicios
públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado en la Ley 142
de 1994. Esta autorización podrá concederse únicamente para los parques y zonas
verdes por razones de seguridad, siempre y cuando la trasparencia del
cerramiento sea de un 90% como mínimo, de suerte que se garantice a la
ciudadanía el disfrute visual de los parques o zonas verdes y que no se vulnere
su destinación al uso de común”. [40] Esta afirmación se puede constatar, entre otras, en la sentencia T-149
de 1998, en la que la Corte afirmó que: “las autoridades de policía ejercen
función jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales,
excluidos del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no
actos administrativos. En razón de lo anterior y dada la naturaleza
material de actos jurisdiccionales que tienen las referidas providencias,
cuando se alegue la tutela del debido proceso, por estimarse violado con motivo
de la actuación de las autoridades de policía en el trámite de los procesos
policivos, para que aquella prospere es necesario que se configure una vía de
hecho, en los términos que ha precisado la jurisprudencia de la Corte, pues en
esta clase de procesos las autoridades de policía, para el ejercicio de sus
competencias, están amparadas por la autonomía e independencia que la Constitución
reconoce a los jueces. (…). No es posible, en consecuencia, pretender que a
través de la tutela el juez constitucional se convierta en una instancia
revisora obligada de las decisiones de las autoridades de policía, porque ello
implicaría sustituir la competencia de dichos funcionarios y desconocer la
autonomía e independencia que les son propias. Por consiguiente, sólo cuando se
configure una vía de hecho en la actuación policiva puede el juez de tutela
invalidar la respectiva providencia y ordenar el restablecimiento del debido
proceso”. [41] Al respecto, pueden consultarse, entre otras,
las sentencias T-257 de 2006, T-1017 de 2006, T-404 de 2008 y T-472 de 2008.
[42] Las características del perjuicio irremediable fueron definidas en la
sentencia T-225 de 1993 (reiterada,
entre otras, en las sentencias T-128 de 2007, T-634 de 2006, T-214 de 2004 y
T-316 de 2001), en los siguientes términos: “A).El perjuicio ha de ser
inminente: que amenaza o está por suceder prontamente. Con lo anterior se
diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay
evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las
medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura
hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede
catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente
consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas,
que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga
el proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: cuando es
imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el
adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace
efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa
inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa
perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa
que está produciendo la inminencia. B). Las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,
es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar
una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la
Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la
respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que
está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la
prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se
ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias
particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la
prontitud señalan la oportunidad de la urgencia. C). No
basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la
gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de
la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden
jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la
amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de
las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de
irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran
significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por
cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la
indefinición jurídica, a todas luces inconveniente. D). La
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya
que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de
ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la
inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se
trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de
la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y
restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.
con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que
hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en
que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de
un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo
transitorio.”
[43] Respecto a la característica de urgencia que
sentencia T-525 de 2007, en la que la Corte declaró la improcedencia de la
acción de tutela porque el peticionario tenía a su disposición un medio
necesario para la configuración del perjuicio irremediable. En este caso, el
peticionario interpuso acción de tutela para pedir que se ordenara a su ARP la
autorización de una cirugía pero la Corte no tuteló su derecho a la salud
porque dicha cirugía ya había sido autorizada por la EPS del peticionario, de
manera que no era necesario tomar medidas urgentes para conjurar la producción
de un daño inminente.
[44] Respecto a la característica de gravedad, se
puede estudiar, entre muchas otras, la sentencia T- 640 de 1996, en la que la
Corte decidió declarar improcedente la acción de tutela porque el peticionario
tenía a disposición un medio de defensa judicial y no se configuraba un
perjuicio irremediable. Esto último en la medida en que el derecho que se
pretendía proteger, no reportaba gran interés para la persona y para el
ordenamiento jurídico. Así, en esta oportunidad, la Corte afirmó que: “la
restricción al derecho de circulación en determinado medio de transporte y en
un horario restringido a unas pocas horas nocturnas dentro de los fines de
semana, no puede considerarse, a juicio de esta Sala, una vulneración grave del
derecho a la libre circulación que consagra el artículo 24 de nuestra Carta
Política”. [45] En relación a la impostergabilidad del amparo, puede consultarse,
se estudio el caso de un profesor de la Universidad de los Andes que consideraba
que había sido injustamente despedido, en el año 1997, debido a la publicación
de unos artículos que criticaban la gestión administrativa del Rector de esa
institución. En dicha ocasión, la Corte no tuteló los derechos invocados debido
a que el paso del tiempo había desvirtuado la inminencia del perjuicio y la
urgencia de las medidas transitorias a adoptar. [46] Así, por ejemplo, en la sentencia T-479 de 2008, refiriéndose a una
solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la Corte afirmó
que: “en aquellos casos en los que exista un error evidente en el análisis
de los requisitos a satisfacer por el solicitante o en la aplicación de la
regulación pertinente, procederá el reconocimiento del derecho pensional en
sede de tutela siempre que el juez haya verificado previamente la afectación
del mínimo vital”. De esta manera, en ese caso, esta Corporación declaró la
procedencia de la acción de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
pero concedió el amparo definitivo del derecho pensional afectado. De la misma
forma, en la sentencia T-398 de 2007, mediante la que se solucionó un caso
relativo a la pensión de sobrevivientes, esta Corporación señaló que: “Si
bien cuando la tutela procede para evitar un perjuicio irremediable ésta se
concede de manera transitoria, en este caso no se exigirá al interesado acudir
a la jurisdicción contenciosa para solicitar la acumulación de las dos
pensiones. Esto en razón a que: a) el ISS ha admitido que el interesado reúne
los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes como hijo mayor
inválido de la causante y, por lo tanto, no existe controversia al respecto; b)
la diferencia de criterios versa sobre el tema de la acumulación de las dos
pensiones, cuestión que es propia de la jurisdicción contenciosa y sobre la
cual no se emite en este fallo pronunciamiento alguno; c) la carga de pedir la
acumulación que recae sobre el interesado no puede conducir a que este pierda
el derecho a recibir la pensión más alta entre las dos que solicita porque ello
sería establecer una consecuencia demasiado onerosa sobre una persona que es
sujeto de especial protección constitucional en condiciones de vulnerabilidad
extrema. Entonces, la tutela se concederá de manera permanente para
amparar el derecho al mínimo vital del señor Guillermo Alberto Ochoa quien al
recibir la pensión más alta podrá aliviar sus condiciones de penuria y gozar de
su derecho a la dignidad”.
[47] “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas”. [48] En este sentido, en la sentencia T-081 de 2009, esta Corporación manifestó que:
“La notificación es un acto procesal que pretende garantizar el conocimiento
acerca de la iniciación de un proceso y en general de todas las providencias
que se dictan en él, de forma que se amparen los principios de publicidad y de
contradicción. Con ello se busca precisamente darles a conocer a las partes e
intervinientes el contenido de lo decidido y concederles de este modo la
posibilidad de defender sus derechos”.
[49] “ARTÍCULO 44. Las demás decisiones que pongan término
a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a
su representante o apoderado”. Si la actuación se inició por petición verbal, la
notificación personal podrá hacerse de la misma manera. Si no hay otro medio más eficaz de informar al
interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo
certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir
por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha
La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se
hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto. No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos
de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros
públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente
a Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra,
auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita. En la misma forma se harán las demás notificaciones
previstas en la parte primera de este Código”.
[50]“ARTICULO 45. NOTIFICACION POR EDICTO. Si no se pudiere hacer la
notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se
fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez
(10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia” [51] “ARTICULO 46. PUBLICIDAD. Cuando, a juicio de las autoridades, las
decisiones afecten en forma directa e inmediata a terceros que no hayan
intervenido en la actuación, ordenarán publicar la parte resolutiva, por una
vez, en el Diario Oficial, o en el medio oficialmente destinado para estos
efectos, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea
competente quien expidió las decisiones”. [52] Respecto a este tema, se puede consultar la sentencia C-957 de 1999 en
la cual se afirmó que ““De lo anterior se deduce que el acto administrativo,
general o particular, existe desde el mismo momento en que se profiere o
expide, pero no produce efectos jurídicos, es decir, carece de fuerza
vinculante, mientras no se realice su publicación, notificación o comunicación”. [53] Puede consultarse, entre otras, el auto de 11 de julio de 1996,
Consejo de Estado, Sección Primera, M.P: Libardo Rodríguez Rodríguez. [54] Sentencia C-131 de 2004 en la que se declaró la constitucionalidad de
la norma que consagraba la obligación de realizar la revisión técnica mecánica
de los automóviles privados cada dos años. [55] En efecto, en virtud del principio de la buena
fe: “'nadie puede cambiar su propio designio en
perjuicio de otro'. Ello encuentra sustento en la concepción de la sociedad
romana, según la cual es costumbre observar y legítimo esperar, en las
relaciones entre hombres probos, el que se honre la confianza en el cumplimiento de las expectativas recíprocas, pues tanto `fides´
como `bona fides´ indican la fidelidad en el cumplimiento de las expectativas
mismas obedezcan a una palabra dada”. (In NEME
VILLAREAL, Marta Lucía, Venire contra factum proprium, prohibición de obrar
contra los actos propios y protección de la confianza legítima. Tres maneras de
llamar a una antigua regla emanada de la buena fe, Estudios de derecho civil,
obligaciones y contratos, Universidad Externado de Colombia, 2003). [56] Así, de acuerdo a VIANA CLEVES, la confianza legítima es un principio
que se deriva del principio de la seguridad jurídica que, a su vez, nace de la
cláusula constitucional indeterminada de Estado Social de Derecho. En este
sentido, se puede afirmar que: “el principio de seguridad jurídica
fundamenta el principio de confianza legítima. El principio de seguridad
jurídica protege la pretensión que tiene todo individuo a la certeza o
estabilidad de las situaciones jurídicas”. [57] Sentencia T-079 de 2008 en la que se estudió el caso de una señora
cuya vivienda fue demolida por la Administración debido a estar situada en una
zona de alto riesgo. En este caso, la Administración le exigió, para ser
beneficiaria del subsidio de vivienda familiar, demostrar la propiedad del bien
inmueble y el pago de unas sumas de dinero. [58] Sobre este punto es necesario tener en cuenta que la confianza
legítima se predica no sólo respecto de situaciones jurídicas conformes a
derecho sino también respecto de situaciones jurídicas que se encuentran, hasta
cierto punto, por fuera de la protección del ordenamiento jurídico pues,
como bien lo señala GONZÁLEZ PEREZ, “la confianza legítima debe protegerse
cuando exista certeza en el mantenimiento de determinadas situaciones, aunque
no sean del todo conformes a derecho”( In El principio General de la Buena
Fe en el derecho administrativo, Madrid, Ed. Civitas, 5ª edición, 2009 pp. 52 a
53). Esto es así debido a que el punto fundamental de la protección de la
confianza legítima no es la legalidad de la conducta sino la presencia de la
buena fe por parte del administrado. De allí que esta Corporación haya, en
varias oportunidades, protegido a los ocupantes del espacio público aunque la
ocupación de dichos espacios se encuentre abiertamente prohibida por el
ordenamiento jurídico. [59] Así, por ejemplo, en la sentencia T- 200 de 2009, en la que se
estudió un caso en el que al peticionario le habían ordenado desalojar un bien
de uso público ubicado en la zona de protección de un corredor férreo, la Corte
manifestó que se verificara “la situación personal, familiar, social
y económica del accionante, con el fin de establecer el tipo de programa
estatal aplicable a su caso (…) para de esta manera proceder a adelantar los
trámites de inscripción en dichos programas, ya sea en materia de atención
especializada en salud, alojamiento, alimentación, rehabilitación y de
asistencia permanente a la población vulnerable, así como la inscripción en los
programas de vivienda de interés social desarrollados en esa localidad”. [60] Respecto a los presupuestos del principio de confianza legítima, se
pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias : SU.360 de 1999, T-364 de 1999, SU.601 de 1999, T-706 de 1999, T-754 de 1999, T-961 de 2001, T-046 de 2002, T-660 de 2002, T-807 de 2003, T-034 de 2004, C-131 de 2004, T-483 de 2004, T-642 de 2004, T-1204 de 2004, T-892 de 2006 y T-021 de 2008. [61] El interés público es un concepto jurídico
indeterminado cuyo contenido y alcance debe ser concretizado en cada caso
concreto. Así, GARCIA DE ENTERÍA afirma que “se trata de conceptos con los
que las leyes definen supuestos de hecho o áreas de intereses o actuaciones
perfectamente identificables, aunque lo hagan en términos indeterminados, que
luego tendrán que concretarse en el momento de su aplicación” (citado por
HUERTO OCHA, Carla, El concepto de interés público y su función en materia de
seguridad nacional, in http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2375/8.pdf).
En esta medida, corresponde al funcionario administrativo, en cada caso
concreto, señalar el contenido del concepto de interés público que justifica la
actuación administrativa pues su ausencia desvirtúa la legitimidad de la
actuación de la Administración. [62] En este sentido, en la sentencia T-499 de
1999, en la que se estudió el caso de varios vendedores ambulantes que fueron
desalojados del espacio público, la Corte afirmó que “constituyen pruebas de la buena fe de los vendedores informales: las licencias, permisos
concedidos por la administración; promesas incumplidas; tolerancia y permisión
del uso del espacio público por parte de la propia administración. Por ello, se
tiene que los actos y hechos administrativos que autorizan el ejercicio del
comercio informal no pueden ser revocados o modificados unilateralmente por la
administración, sin que se cumpla con los procedimientos dispuestos en la ley”.
[63] Este requisito se explica en la medida en la que, para que se
configure el principio de confianza legítima, el particular debe verse
sorprendido por el cambio de actitud de la Administración pues si no se ve
sorprendido, tampoco se ve perjudicado y, por lo tanto, en las hipótesis en las
que no hay desestabilización de la relación entre particular y Administración, no existe ningún derecho que proteger. [64] Este requisito es la consecuencia lógica de los anteriores. En efecto,
la protección de la confianza legítima se materializa en la obligación de la
Administración de ofrecer medios y tiempo para que no se le genere un daño al
particular como consecuencia de la nueva situación. En
este contexto, la Corte ha manifestado que en virtud del concepto de Estado
Social de Derecho: “corresponde a las autoridades
encargadas de llevar a cabo las diligencias de recuperación [del espacio
público], no sólo avisar previamente a las personas afectadas sobre los cambios
que las medidas adoptadas por la Administración traerán consigo, sino además,
ofrecer alternativas para proteger a la población afectada con las diligencias
de restitución del espacio público”(Sentencia T-200 de 2009). [65] Así, por ejemplo, en la sentencia T-617 de 1995, en la que se estudió
el caso de numerosas personas que residían a las orillas de la carrilera de un
ferrocarril de Bogotá, la Corte ordenó a la Administración la adjudicación de
subsidios de familiares de vivienda como mecanismo para otorgarle medios a los
ocupantes para poder enfrentar el desalojo. [66] En este sentido, en la sentencia SU-360 de 1999, en la que se estudió
el caso de la orden de desalojo de varios vendedores ambulantes ubicados en el
barrio Santa Fe y en Fontibon, la Corte ordenó al Estado a conciliar con los
peticionarios ofreciéndoles cursos para obtener la formación necesaria para
ocupar un puesto de trabajo. [67] A este respecto, se puede consultar la sentencia SU-601 A de 2009,
mediante la cual se ordenó a la Administración a colaborarle a los vendedores
estacionarios de las localidades de Barrios Unidos, Chapinero y Engativá, entre
otras, para la obtención de créditos blandos y de insumos productivos. [68] De esta manera, en la sentencia T-034 de 2004, en la que se estudió el
caso de una señora que construyó una vivienda sobre un bien de uso público,
ocupándola por más de diez (10) años, la Corte ordenó al Alcalde Municipal de
Arauca que: “antes de proceder al desalojo, y dentro del término máximo de
sesenta días habiles siguientes a la notificación de esta sentencia, realice un
acuerdo con aquella para lograr su reubicación y, en todo caso, le reconozca
las mejoras que se hubiesen efectuado” (subrayado por fuera de texto)
[69] Así, de acuerdo al artículo 152 del Código de lo Contencioso
Administrativo, en el caso concreto, el peticionario también podía solicitar,
ante el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, la suspensión
provisional del acto administrativo que ordenó el desalojo del inmueble de uso
público, solicitud que debía ser presentada con la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, o en escrito separado y que debía ser resuelta
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo al momento de admitir la
[70] Así, el peticionario no es propietario de ningún bien inmueble, vive
en arriendo en una habitación que comparte con un familiar y afirma que, de la
explotación económica del bien ocupado, recibe los recursos necesarios para
subsistir modestamente (folio 80, Cuaderno). [71] El peticionario nació el día 3 de marzo de 1942 (folio 30, Cuaderno
2). [72] Así consta en la declaración hecha por el peticionario ante el Juez
20° Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga (folio
80, Cuaderno 2); en la Declaración Juramentada rendida ante el Notario 1° del
Circuito Notarial de Floridablanca el día 1 de agosto de 2008, por los señores
Zoila Rosa Macías Suárez y Bernabé Celis Sandoval en la que expresan que les
consta que el peticionario ha poseído el predio “Villa Carolina”, de manera
ininterrumpida, sin clandestinidad ni violencia, durante más de 14 años y; que
ha sembrado 377 árboles frutales (folio 32, Cuaderno 2) y; finalmente, en el
recurso de apelación interpuesto por el peticionario contra la decisión del
Juez 20° Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga
(folio 166, Cuaderno 2) . [73] En este sentido, se pueden consultar, entre otras, las sentencia T-707
de 2009, T-708 de 2009 y T-810 de 2009. [74] Así, en la escritura pública No. 1037 de 30 de junio de 1995, se
manifiesta que el inmueble objeto de litigio fue cedido al Fondo de Inmuebles
Urbanos del Área Metropolitana de Bucaramanga (en adelante FIMAMB), a título de
área de cesión tipo A (folio 124, Cuaderno 2). Esta cesión
fue realizada en cumplimiento de los artículos 300 y siguientes del Acuerdo
Metropolitano No. 0003 de 1982 de Bucaramanga, en los cuales se establecía que
el FIMAMB era el órgano encargado de recibir las áreas de cesión tipo A, áreas
que constituían bienes de uso público (folio 238, Cuaderno adjunto). Por otra
parte, las áreas de cesión tipo A son aquellas que está obligado a hacer el
constructor de urbanizaciones con el objetivo de dotar a la comunidad de zonas
verdes, vías peatonales y vehiculares, zonas comunales, protección ambiental,
equiparamiento urbano, etc. De acuerdo al
parágrafo del artículo 5 de la Ley 9 de 1989 (“El espacio público resultante de
los procesos de urbanización y construcción se incorporará con el solo
procedimiento de registro de la escritura de constitución de la urbanización en
la Oficina de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas
públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos”)
este tipo de áreas pertenecen al espacio público. Y, de acuerdo al artículo 674
del Código Civil, si el dominio de un bien pertenece a la República y su uso
pertenece a todos los habitantes de un territorio, se trata de un bien de uso
público. Por lo tanto,
en el caso concreto, como el bien objeto de litigio pertenece a una entidad
estatal (FIMAMB) y está destinado al uso y disfrute de toda la comunidad, se
trata de un bien de uso público. Adicionalmente, su naturaleza de bien de uso
público se deriva de lo dispuesto en los artículos 300 y siguientes del
Acuerdo Metropolitano No. 0003 de 1982 de Bucaramanga.
[75] Folios 21 a 22, Cuaderno 2. [76] Folios 18 a 20, Cuaderno 2. [77] Folio 24, Cuaderno 2.
[78] Folio 244, Cuaderno adjunto. [79] Folio 680, Cuaderno adjunto. [80] Folio 243, Cuaderno adjunto. [81] Folio 24, Cuaderno 1. [82] Folio 247 y Folio 258, Cuaderno Adjunto [83] Folio 18, Cuaderno 2. [84] Folio 20, Cuaderno 2. [85] Folio 20, Cuaderno 2. [86] Sobre los requisitos para aplicar
analógicamente una norma, se puede consultar el Auto 117 de 2005, en el que la
Corte Constitucional afirmó que: “El principio de la analogía consagrado en
nuestro ordenamiento jurídico, supone la presencia de tres (3) elementos para
a) Ausencia de norma exactamente aplicable al caso en cuestión; b) Que el caso previsto por la norma sea similar o semejante al asunto carente de
norma o previsión por el legislador;
c) Que exista la misma razón, motivo o fundamento para aplicar al caso no previsto
el precepto normativo”.
[87] Cosa distinta sucedería si el peticionario hubiera cumplido el tiempo
para adquirir la propiedad del inmueble antes del contrato de cesión entre el
urbanizador y la Administración, pues el artículo 42 de la Ley 153 de 1887 hace
referencia a la posesión iniciada y no consumada bajo el imperio de la
legislación anterior. [88] En varias oportunidades, la Corte Constitucional ha decidido modular
los efectos de sus fallos para extenderlos a personas que no han instaurado la
acción respectiva. Esta modulación tiene como fundamento: i) el deber de
garantizar la supremacía de la Constitución Política y su integridad y; ii) la
obligación de proteger los derechos constitucionales fundamentales, en
particular el derecho a la igualdad. Esta figura ha sido utilizada por esta
Corporación en las sentencias en las que ha declarado un estado
inconstitucional de cosas (por ej. T-153 de 1998, T-590 de 1998 y T-847 de
2000), así como en aquellos casos en los que, si bien no existe una vulneración
repetida y constante de derechos fundamentales, que afecte a multitud de
personas y que requiera la intervención de distintas entidades para atender
problemas de orden estructural, la Corte advierte que existe un grupo de
personas determinadas que se encuentran en la misma situación del peticionario
de manera que, si sólo se tutelaran sus derechos, se violaría el derecho a la
igualdad de las demás personas del grupo. Como muestra de lo anterior, se
pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias: i) T-1258 de 2008 en
la que se estudió el caso de una persona con enanismo que se veía afectada en
el acceso a la información y a la atención públicas al interior de la Corte
Constitucional y, en la que se estableció que los efectos de la sentencia no
sólo cobijarían al demandante sino a todas las personas que sufrieran su misma
enfermedad; ii) SU-1023 de 2001 en la que la Corte decidió que sus órdenes
debían tener efectos inter comunis, con el fin de proteger los derechos
de todos los pensionados de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante
S.A., por considerar que al conceder el amparo exclusivo en beneficio de los
peticionarios, se podían afectar los derechos de los demás pensionados que no
habían interpuesto la acción. [89] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia No. 97 de noviembre 9 de
1989, Sala Plena, M.P. Jairo E. Duque. [90] “ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son
contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomía de la voluntad (…)”
[91] En efecto, de acuerdo al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, las áreas
metropolitanas son entidades estatales. [92] “ARTÍCULO 13. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS
CONTRATOS ESTATALES. Los
contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del
presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”.
[93] Folios 37 y 38, Cuaderno Adjunto. [94]Folio 126, Cuaderno 2. [95] GOMEZ, J.J., Bienes, Ed. Universidad Nacional de Colombia, 1960, p.
249. [96] “ARTÍCULO 922. <TRADICIÓN DE INMUEBLES Y DE VEHICULOS
AUTOMOTORES>.
La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá además de la
inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de
instrumentos públicos, la entrega material de la cosa (…)”.
[97] Folio 42, Cuaderno 1. [98] Folio 35, Cuaderno 1. [99] Folio 47,
Cuaderno 1. [100]In http://www.amb.com.co/Normatividad/Archivos/4CONTRATOSUNIFORMES.pdf.
[101] In http://www.essa.com.co/essa/documentacion.aspx [102] Ibídem [103] Respecto a este tema, la Sala estima que es pertinente hacer la
siguiente aclaración. Según el anexo 2 del Contrato de Condiciones Uniformes
para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Acueducto del Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga, se podrá aplicar una sanción pecuniaria “por
utilización del servicio a través de una acometida fraudulenta, por conectar
equipos sin la autorización de LA CAMB al sistema de agua cruda o de las
instalaciones interiores que puedan afectar el funcionamiento del sistema, se
cobrará el valor del servicio recibido, más los intereses de mora
correspondientes y un recargo equivalente al 30%”. A su vez, en la cláusula
21.3.5 del Contrato de Condiciones Uniformes para la Prestación del Servicio de
Energía Eléctrica de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., se establece
que el hecho de suministrar el servicio de energía a otro inmueble o cliente
distinto de aquel para el cual figura contratado el servicio, da lugar a la
imposición de una multa equivalente a un salario mínimo mensual vigente. Sin embargo,
de acuerdo a la sentencia SU-1010 de 2008, las empresas de servicios públicos
domiciliarios no tienen la competencia para imponer sanciones pecuniarias a los

References: artículo 42
 artículo 42
 Resolución 
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Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 82
 artículo 679
 Resolución 
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 resolución 
 artículo 86
 artículo 82
 artículo 82
 artículo 85
 artículo 67
 artículo 29
 artículo 132
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo
374
 artículo 375
 artículo 403
 artículo 335
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 46
 artículo 48
 artículo 46
 artículo 48
 artículo 330
 artículo 267

artículo 330

artículo 330
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 46
 Resolución 
 artículo 42
 artículo 5

artículo 1455
 artículo 32
 artículo 23
 artículo 1502
 artículo
922
 artículo 140
 artículo 36
 Resolución

 artículo 66
 artículo 24
 artículo 152
 artículo 5
 artículo 674
 artículo 42
 artículo 2
 artículo 2