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Timestamp: 2017-05-25 14:17:29+00:00

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CRONOLOGIA DEL SECRETO: 2004
Solicitan a Contraloría iniciar investigación por relación entre informes técnicos secretos y la caída del puente Loncomilla.La agrupación "Defendamos la Ciudad", con fecha 30 de diciembre de 2004, solicitó a la Contraloría el inicio de una investigación por la relación que pudiera existir entre la caída del puente Loncomilla, y el carácter secreto de los informes técnicos relativos al estado del puente, establecido por Res. Ex. 1888/2003, de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, que declara secretos y reservados actos y documentos de dicha dirección.Texto de la presentaciónSantiago, 30 de diciembre de 2004.SeñorGustavo Sciolla AvendañoContralor General de la RepúblicaTeatinos Nº 56SantiagoDe nuestra consideración:PATRICIO HERMAN PACHECO, por la agrupación "Defendamos la Ciudad", y MOISÉS SÁNCHEZ R., ejerciendo el derecho de petición consagrado en el artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política de la República, pedimos a Ud. se pronuncie sobre la legalidad de la Resolución. Ex. Nº 1888/2003, de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, que declara secretos y reservados informes y estudios técnicos, entre otros actos y documentos que indica; como asimismo, para que inicie una investigación respecto a la relación existente entre las disposiciones contenidas en esta última resolución y el manejo efectuado al interior del Ministerio de Obras Públicas de los informes técnicos que anunciaron oportunamente el peligro de derrumbe del puente Locomilla, hecho público y notorio acaecido éstos últimos días. Ello, en razón de las siguientes consideraciones:I. CUESTIONES PREVIAS EN TORNO A LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACION.Nuestra legislación ha seguido, en su evolución normativa, la senda de la publicidad de los actos de la administración, lo que está en armonía con un concepto de Estado moderno y eficiente, concretándose ello en la dictación de las leyes Nº 19.653, publicada en el diario oficial de fecha 14 de diciembre de 1999, que establece normas sobre probidad administrativa aplicables a los órganos de la administración del Estado, y Nº 19.880, publicada en el diario oficial de fecha 29 de mayo de 2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.Respecto de la Ley 19.653, ésta modificó la Ley 18.575 de Bases de administración del Estado, consagrando el principio de publicidad de los actos de la administración. Así, establece que la función pública debe ejercerse con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella, y que son públicos los actos administrativos de los órganos de la administración del estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo y esencial. Al mismo tiempo, regula la forma de acceder a la información, los casos en que procede, y el derecho a oposición por terceros interesados, estableciendo un procedimiento de reclamación ante los tribunales de justicia.Respecto de la Ley Nº 19.880, ésta consolida los principios de transparencia y publicidad en materia de procedimientos, al señalar en su artículo 16 que "el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas por la ley o el reglamento, son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial", consagrando en su artículo 17 una serie de derechos de las personas en esta materia, en especial, el de acceder a los actos administrativos y sus documentos (letra d). Además, establece que los titulares de tales derechos son los particulares interesados, entendiendo por tales incluso a aquellos cuyos intereses, individuales y colectivos puedan resultar afectados por la resolución (artículo 18 en relación al artículo 21).Por su parte, la ley 18.575 establece la posibilidad de declarar secretos o reservados actos y documentos por motivos graves, regulación que queda entregada en su detalle al Decreto Nº 26 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en el diario oficial con fecha 7 de mayo de 2001, y que contiene el reglamento sobre el secreto o reserva de los actos y documentos de la administración del Estado, y que establece en sus artículos 8º y 9º causales específicas y categóricas para darles tal categoría. Tales declaraciones evidentemente proceden por motivos excepcionales, pues de lo contrario no sólo se infringe la ley, sino que los principios constitucionales más básicos. Es así como se debe respetar el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos (art. 23 Nº1 letra a) Convención Americana de Derechos Humanos); la libertad de expresión (art. 19 Nº12 de la Constitución Política de la República) y el derecho a recabar información que está necesariamente ligado con la libertad de expresión.Así, resulta claro que nuestro ordenamiento evoluciona hacia un sendero de publicidad y transparencia, y que las limitaciones a este principio son sólo excepcionales y de alcance limitado. En efecto, el interés público está orientado hacia la publicidad de los actos y documentos, y por regla excepcional la autoridad administrativa está facultada para sustraerse de tal regla y principio, de modo tal que las declaraciones de reserva o secreto no pueden estar formuladas de modo que estas últimas condiciones se transformen en la regla general, pues esa no ha sido la intención del legislador.II. ANALISIS Y ARGUMENTOS DE DERECHO. DOCTRINA SENTADA POR EL DICTAMEN Nº 49.883 DE ESTA CONTRALORÍA.La autoridades administrativas, desde la dictación del Decreto Supremo Nº26, han venido publicando en el Diario Oficial innumerables Resoluciones Exentas en las cuales declara el secreto o reserva de documentos, de modo tal que en la actualidad, y tal como lo ha dicho la organización no gubernamental Transparencia Internacional, en Chile se ha transformado el secreto o reserva en la regla general vulnerando así las normas de probidad, transparencia y publicidad contenidas en la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado.Por tal motivo, en el mes de mayo de 2003, diversas organizaciones ciudadanas se dirigieron al señor Contralor impugnado la legalidad de 50 resoluciones de este tipo, resultando de ello el pronunciamiento de esta Contraloría Nº49.883, de fecha 4 de octubre de 2004, que aclaró y limitó los alcances de la normativa de secreto y reserva, ordenando a las distintas reparticiones que reexaminaran dichas resoluciones, y las modificaran de acuerdo a los principios señalados en el cuerpo de dicho pronunciamiento.De esta manera, dicho dictamen aclaró los alcances de la normativa de secreto, señalando que "Los artículos 13 de la ley Nº 18.575 y 16 de la ley Nº 19.880 regulan especialmente la transparencia y publicidad de los actos administrativos –esto es, al tenor del artículo 3º de la última ley citada, de las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en ejercicio de una potestad pública-, y la de los documentos que le sirvan de fundamento. Por consiguiente, las resoluciones que dicten los jefes de servicio destinadas a declarar secretos o reservados determinados instrumentos, emitidas al amparo del artículo 9º del decreto Nº 26 de 2001, deben decir relación exclusivamente con actos administrativos y documentos que le sirvan de sustento o complemento esencial, siendo improcedente que se refieran a antecedentes que no revisten ese carácter".III. VICIOS DE ILEGALIDAD EN LA DECLARACIÓN DE SECRETOS Y/O RESERVA DE INFORMES Y ESTUDIOS TÉCNICOS POR PARTE DE LA RESOLUCION EXENTA Nº 1.188 DE LA DIRECCION DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.Teniendo presente lo expuesto, y sin perjuicio de considerar que la resolución en su conjunto constituye un retroceso en materia de participación pública, venimos en impugnar, especialmente, las disposiciones del Nº1, letra B) primer acápite, y Nº 2, letra C), sexto acápite de la citada resolución, por ser abiertamente ilegales. En efecto, la primera de dichas disposiciones señala que se declaran reservados en función de la protección del interés privado, los "informes y estudios técnicos especiales e informes en derecho, relativos a materias en que esté comprometido el interés actual de esta Dirección y sólo mientras dure dicho interés" (Nº1, letra B primer acápite).Por su parte, la segunda de las citadas indica que se declaran reservados, en función de la protección del interés privado, los "Informes y estudios técnicos especiales o generales requeridos por la autoridad en carácter de reservados..." (Nº 2, letra C, sexto acápite).Estas declaraciones de reserva exceden con creces la normativa legal que regula la materia, y los principios de un actuar razonable toda vez que, por una parte, no pueden ser comprendidas dentro de ninguna las hipótesis de declaración de reserva señaladas en el D.S. Nº 26 MINSEGPRES; y por la otra, no corresponden a actos administrativos, o de documentos que le sirvan de complemento directo y esencial, tal como se ha establecido en el Dictamen Nº 49.883 de esta Contraloría. Por otra parte, los luctuosos acontecimientos de los últimos días, relacionados con el derrumbe del puente Locomilla -en los que se ha constatado la existencia de un informe técnico que advertía sobre el peligro existente con bastante anterioridad- demuestran la necesidad evidente de que este tipo de información no pueda ser declarada secreta o reservada.En efecto, la resolución impugnada impide de manera genérica no sólo que estos informes técnicos sean conocidos por la ciudadanía, sino que también limita que otras unidades, divisiones, departamentos, secciones u oficinas del mismo Ministerio puedan acceder a su conocimiento de manera libre. Todo ello al tenor de la definición misma de reserva entregada en el artículo 7º del D.S. Nº26 MINSEGPRES ya citado, y que al efecto señala que "Los actos y documentos de carácter reservado por su parte, serán conocidos únicamente en el ámbito de la unidad del órgano a que sean remitidos..."Por todo lo expuesto, y teniendo presente la doctrina sentada en el Dictamen Nº 49.883 de esta misma Contraloría, dichos informes y estudios técnicos no han podido ser declarados secretos o reservados por parte de la Dirección de Vialidad.IV. OTROS VICIOS DE LEGALIDAD CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1.888/2003Sin perjuicio de otros vicios detectados, los que merecen un urgente pronunciamiento en cuanto a su legalidad, son los siguientes:Nº1, letra a) y b)Las citadas disposiciones señalan que se declaran secretos o reservados, basados en la protección del interés público, los siguientes actos y documentos emanados de la Dirección de Vialidad:Actos y documentos secretos: A) "Las denuncias presentadas por esta Dirección ante los Tribunales Ordinarios de Justicia y las recibidas por la propia Dirección de Vialidad"Actos y documentos reservados: B) "Antecedentes y defensa que pudiera hacer valer la Dirección de Vialidad en los juicios en que sea parte o tenga interés el Ministerio de Obras Públicas"Las razones de su ilegalidad son las siguientes:El artículo 8º del DS 26/2001 MINSEGPRES, señala en su letra a) Nº6 que "La declaración de secreto o reserva basada en la protección de intereses públicos, procederá respecto de los siguientes actos y documentos: 6) Aquellos cuya comunicación o conocimiento perjudique el desarrollo de procedimientos jurisdiccionales o de actuaciones preliminares o preparativas de aquellos que la ley encomiende a organismos de la administración".La disposición impugnada va más allá de lo que permite la ley y el reglamento, pues la documentación que señala no perjudica el desarrollo del proceso jurisdiccional.A mayor abundamiento, el dictamen Nº 49.883, al resolver sobre una declaración de similares características efectuada por la Comisión Nacional del medio Ambiente en la Res. Ex. 388/2003, señaló que los documentos relativos a demandas, recursos y/o reclamos "no constituyen actos administrativos decisionales en los términos que prevén los artículos 13 de la Ley Nº 18.575 y 16 de la Ley Nº 19.880 y el decreto Nº 26 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ya que no contienen en sí mismos una resolución sobre alguna materia determinada, ni tampoco están destinados a servir de sustento o complemento directo y esencial de un acto de este tipo"Por tales razones, tales actos y documentos no han podido ser declarados como secretos o reservados por parte de la Dirección de Vialidad, toda vez que no corresponden a aquellos regulados en el artículo 13 de la ley Nº 18.575.Nº2 letra C)La citada disposición señalan que se declaran secretos o reservados, basados en la protección del interés privado, los siguientes actos y documentos emanados de la Dirección de Vialidad:"C) Toda la información relativa a las remuneraciones del personal"Las razones de su ilegalidad son las siguientes:El artículo 8º del DS 26/2001 MINSEGPRES, señala en su letra b) Nºs 1 y 2 que "La declaración de secreto o reserva basada en la protección de intereses privados de los administrados, procederá respecto de los siguientes actos y documentos: 1)Los de carácter nominativo, es decir, que conlleven o contengan una apreciación de juicio o valor sobre una persona determinada o claramente identificable; 2) Aquellos cuya comunicación o conocimiento afecte la vida privada de una persona individualizada o identificable."La disposición impugnada va más allá de lo que permite la ley y el reglamento, pues la información de la remuneración de una persona no conlleva un juicio de valor, y no es razonable pensar que afecte su vida privada, atendido especialmente que las escalas de remuneraciones en la mayor parte de los casos están definidas en la ley, que es en su esencia pública.Por otra parte, la amplitud de la disposición puede conducir a que se declare reservada incluso información genérica, no referida a una persona determinada, tal como podría ser la remuneración total de una unidad.Al respecto, es pertinente recordar que el dictamen Nº 49.883, al resolver sobre la declaración de reserva de toda la información relativa a las remuneraciones del personal de la Comisión nacional del Medio Ambiente, efectuada por medio de la Res. Ex. 388/2003, señaló que dicha información "tampoco dice relación con actos administrativos ni con documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, por lo que no corresponde que los instrumentos que declaran secreta o reservada cierta información al amparo de la normativa de que se trata se refieran a ellos".Por último, es claro que los esfuerzos que se han hecho para transparentar las remuneraciones del sector público en el último tiempo, se verían empañados al permitir la vigencia de esta absurda y anacrónica norma.EN CONSECUENCIA, de acuerdo los argumentos mencionados,SOLICITAMOS que el señor Contralor General de la República tenga a bien:1. Pronunciarse respecto de la legalidad de las declaraciones de secreto o reserva de los estudios e informes técnicos ya señalada, así como de las otras disposiciones impugnadas en esta presentación.2. Iniciar una investigación respecto a la relación existente entre las disposiciones contenidas en las declaraciones de secreto y/o reserva de estudios e informes técnicos en la Res. Ex. 1.888/2003, y el manejo efectuado al interior del Ministerio de Obras Públicas de los informes técnicos que anunciaron oportunamente el peligro de derrumbe del puente Locomilla. Publicadas por
Contraloría someterá a las nuevas resoluciones impugnadas a programas de fiscalizaciónLa Contraloría General de la república, mediante oficio Nº 61417 de 13-12-2004, procedió a dar respuesta a la presentación efectuada por los ciudadanos con fecha 5 de noviembre de 2004, en la cual se objetaban 32 resoluciones no incluidas en el analisis del dictamen Nº 49883. En el señaló que dichas resoluciones tenían que atenerse a los crietrios establecidos en eld iactamen Nº 49883, agregando además que serían sometidas a programas de fiscalización.Texto del oficio de respuesta:CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE MUNICIPALIDADESREF : Nº 55.502/04ATIENDE PRESENTACIÓN DEDON PATRICIO HERMAN P. YOTROS_____________________SANTIAGO, 13 DIC 2004, 061417 Mediante el documento de la suma, se denuncia la existencia de diversas resoluciones y decretos alcaldicios, exentos, -provenientes de diversas reparticiones públicas-, que al declarar actos, documentos ya antecedentes afectos al secreto o reserva, vulnerarían, a juicio de los recurrentes, el principio de transparencia y publicidad contenido en la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional sobre bases Generales de la Administración del Estado.Sobre el particular cumple con manifestar que recientemente, a través del dictamen Nº 49.883, del año en curso, esta Contraloría General, con motivo de una presentación de los mismos recurrentes, fijó criterios que han de tenerse presente por los órganos públicos al efectuar la referida declaración de secreto o reserva, en términos tales que el ejercicio de esa atribución no puede significar afectar la transparencia y publicidad, como principio general en la Administración.En este contexto, esta Contraloría General ha incorporado la presentación de la suma a sus programas de fiscalización que lleva a cabo en las diversas reparticiones públicas, incluidas las municipalidades –a las que también se aplica la normativa que rige el principio en comento, acorde con el dictamen Nº 42.119 de 2002-, de modo que los actos administrativos a los que se alude en la presentación del epígrafe serán examinados en el marco de dichos programas.Transcríbase, con fotocopia de la presentación del rubro, a la División de Auditoría Administrativa, a la Subdivisión de Auditoría e Inspección de la División de Municipalidades, y a las Contralorías Regionales de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo O´Higgins, Bio-Bio, La Araucanía y Los Lagos.Asimismo, se transcribe el presente oficio a las Contralorías Regionales de Atacama, del maule, de Aysén del General Carlos Ibañez del campo y de Magallanes y Antártica Chilena.Saluda atentamente a Ud.,Gastón Astorquiza AltanerSubcontralor General de la RepúblicaSubrogante
Organizaciones ciudadanas objetan la legalidad de otras 32 resoluciones de secretoDebido a los positivos resultados obtenidos en el dictamen 49883, las mismas organizaciones que avalaron la primera de las presentaciones, se dirigieron nuevamente al Contralor General, a fin de que se pronunciara respecto de la legalidad de otras 32 resoluciones, dictadas con posterioridad a mayo de 2003, y que no fueron consideradas en el análisis del dictamen mencionado. Esto tenía especial importancia toda vez que en dicho período las municipalidades comenzaron a declara secreta variada información.Texto de la presentación:Santiago, 5 de noviembre de 2004.SeñorGustavo Sciolla AvendañoContralor General de la RepúblicaTeatinos Nº 56SantiagoPresenteDe nuestra consideración:Los abajo firmantes, representantes de varias organizaciones ciudadanas (en adelante las organizaciones), ejerciendo el derecho de petición consagrado en el artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política de la República, pedimos a Ud. un pronunciamiento acerca de la legalidad de 25 resoluciones exentas, y 7 decretos alcaldicios, que determinan actos, documentos y antecedentes afectos a secreto o reserva. Ello, en razón de las siguientes consideraciones:I. CUESTIONES PREVIASNuestra legislación ha seguido, en su evolución normativa, la senda de la publicidad de los actos de la administración, lo que está en armonía con un concepto de Estado moderno y eficiente, concretándose ello en la dictación de las leyes Nº 19.653, publicada en el diario oficial de fecha 14 de diciembre de 1999, que establece normas sobre probidad administrativa aplicables a los órganos de la administración del Estado, y Nº 19.880, publicada en el diario oficial de fecha 29 de mayo de 2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.Respecto de la Ley 19.653, ésta modificó la Ley 18.575 de Bases de administración del Estado, consagrando el principio de publicidad de los actos de la administración. Así, establece que la función pública debe ejercerse con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella, y que son públicos los actos administrativos de los órganos de la administración del estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo y esencial. Al mismo tiempo, regula la forma de acceder a la información, los casos en que procede, y el derecho a oposición por terceros interesados, estableciendo un procedimiento de reclamación ante los tribunales de justicia.Respecto de la Ley Nº 19.880, ésta consolida los principios de transparencia y publicidad en materia de procedimientos, al señalar en su artículo 16 que "el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas por la ley o el reglamento, son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial", consagrando en su artículo 17 una serie de derechos de las personas en esta materia, en especial, el de acceder a los actos administrativos y sus documentos (letra d). Además, establece que los titulares de tales derechos son los particulares interesados, entendiendo por tales incluso a aquellos cuyos intereses, individuales y colectivos puedan resultar afectados por la resolución (artículo 18 en relación al artículo 21).Por su parte, la ley 18.575 establece la posibilidad de declarar secretos o reservados actos y documentos por motivos graves, regulación que queda entregada en su detalle al Decreto Nº 26 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en el diario oficial con fecha 7 de mayo de 2001, y que contiene el reglamento sobre el secreto o reserva de los actos y documentos de la administración del Estado, y que establece en sus artículos 8º y 9º causales específicas y categóricas para darles tal categoría. Tales declaraciones evidentemente proceden por motivos excepcionales, pues de lo contrario no sólo se infringe la ley, sino que los principios constitucionales más básicos. Es así como se debe respetar el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos (art. 23 Nº1 letra a) Convención Americana de Derechos Humanos); la libertad de expresión (art. 19 Nº12 de la Constitución Política de la República) y el derecho a recabar información que está necesariamente ligado con la libertad de expresión.Así, resulta claro que nuestro ordenamiento evoluciona hacia un sendero de publicidad y transparencia, y que las limitaciones a este principio son sólo excepcionales y de alcance limitado. En efecto, el interés público está orientado hacia la publicidad de los actos y documentos, y por regla excepcional la autoridad administrativa está facultada para sustraerse de tal regla y principio, de modo tal que las declaraciones de reserva o secreto no pueden estar formuladas de modo que estas últimas condiciones se transformen en la regla general, pues esa no ha sido la intención del legislador. II. ANALISIS Y ARGUMENTOS DE DERECHO.La autoridades administrativas, desde la dictación del Decreto Supremo Nº26, han venido publicando en el Diario Oficial sendas Resoluciones Exentas en las cuales declara el secreto o reserva de documentos, de modo tal que en la actualidad, y tal como lo ha dicho la organización no gubernamental Transparencia Internacional, en Chile se ha transformado el secreto o reserva en la regla general vulnerando así las normas de probidad, transparencia y publicidad contenidas en la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado.Por tal motivo, en el mes de mayo de 2003, diversas organizaciones ciudadanas se dirigieron al señor Contralor impugnado la legalidad de 50 resoluciones de este tipo, resultando de ello el pronunciamiento de esta Contraloría Nº49.883, de fecha 4 de octubre de 2004, que aclaró y limitó los alcances de la normativa de secreto y reserva, ordenando a las distintas reparticiones que reexaminaran dichas resoluciones, y las modificaran de acuerdo a los principios señalados en el cuerpo de dicho pronunciamiento.De esta manera, dicho dictamen aclaró los alcances de la normativa de secreto, señalando que "Los artículos 13 de la ley Nº 18.575 y 16 de la ley Nº 19.880 regulan especialmente la transparencia y publicidad de los actos administrativos –esto es, al tenor del artículo 3º de la última ley citada, de las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en ejercicio de una potestad pública-, y la de los documentos que le sirvan de fundamento. Por consiguiente, las resoluciones que dicten los jefes de servicio destinadas a declarar secretos o reservados determinados instrumentos, emitidas al amparo del artículo 9º del decreto Nº 26 de 2001, deben decir relación exclusivamente con actos administrativos y documentos que le sirvan de sustento o complemento esencial, siendo improcedente que se refieran a antecedentes que no revisten ese carácter".Por todo lo anterior, y teniendo en consideración a que dicho dictamen se pronunció respecto de las resoluciones dictadas hasta el día 27 de mayo de 2003, es que solicitamos a esta Contraloría que, a la luz de los principios en él mencionados, se pronuncie específicamente respecto de la legalidad de 25 resoluciones exentas, y 7 decretos alcaldicios, que determinan actos, documentos y antecedentes afectos a secreto o reserva.Respecto de los decretos alcaldicios, solicitamos adicionalmente su pronunciamiento respecto de la factibilidad de que la declaración de reserva o secreto en base a la normativa del decreto 26 de 2001 pueda ser ejercitada por las Municipalidades, y en ese caso, si dicha facultad recae en el Alcalde individualmente, o bien debe ser ejercida por el Consejo Municipal, en atención a la importancia que reviste la materia.III. LISTADO DE RESOLUCIONES Y DECRETOS ALCALDICIOSRESOLUCIONES EXENTAS (25)13/06/03 Ministerio de Educación. Consejo superior de Educación. Res. 145 exenta, indica documentos reservados.19/06/03 Ministerio de Salud, Servicio de salud Araucanía Sur. Res. 44 exenta, declara secretos o reservados los actos y documentos que indica.25/06/03 Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Vialidad. Res. 1888 Ex., determina los actos, documentos y antecedentes de la Dirección de Vialidad que estarán afectos a secreto o reserva.14/07/03 Ministerio de Justicia. Res. 2009 Ex., establece actos y documentos afectos al secreto o reserva en la subsecretaría de justicia.19/07/03 Ministerio de Educación. Res. 8.828 Ex., Declara secretos y reservados los actos y documentos que indica.08/08/03 Ministerio de Relaciones Exteriores. Instituto Antártico Chileno. Res. 206 Ex., declara como secretos y reservados los actos, documentos y antecedentes que indica.09/08/03 Ministerio de Salud. Res. 575 Ex., determina actos, documentos y antecedentes sujetos a secreto o reserva.29/08/03 Ministerio de Obras Públicas, Dirección de arquitectura, Res. 745 Ex., determina los actos, documentos y antecedentes de la dirección de Arquitectura que están sujetos al secreto o reserva.02/09/03 Ministerio de Obras Públicas, Res. 2050 Ex., determina actos, documentos y antecedentes de la subsecretaría de obras públicas que estarán afectos a secreto o reserva.03/09/03 Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero, Dirección Nacional, Res. 2235 Ex., declara reservados y secretos los actos y documentos del servicio agrícola y ganadero que indica.23/09/03 Ministerio de Salud, Servicio de Salud Chiloé, Chaitén y Palena, Res. 2190, declara secretos o reservados actos administrativos que señala.06/10/03 Servicio Electoral, Res. 760 Ex., determina carácter secreto o reservado de actos y documentos que indica.24/11/03 Ministerio de Salud. Servicio de salud araucanía Norte. Res. Nº 1.692 Ex. Declara secretos o reservados los actos o documentos que indica.25/11/03 Ministerio de Salud. Servicio de Salud del Libertador Bernardo O’higgins. Res. 2.102 Ex. Determina actos, documentos y antecedentes que estarán afectos a secreto o reserva.24/12/03 Corporación de asistencia judicial de las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Res. Nº 96. Declara calidad de secretos o reservados los actos administrativos, documentos y antecedentes que indica.09/01/04 Ministerio de Relaciones Exteriores. Res Ex. 2058. Determina actos, documentos y antecedentes afectos a secreto y reserva.14/01/04 Ministerio De Relaciones Exteriores, Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Res. Ex. 367. Determina actos, documentos y antecedentes afectos a secreto o reserva31/01/04 Ministerio De Relaciones Exteriores Res. Ex. Nº J-0084. Determina actos, documentos y antecedentes afectos a secreto y reserva05/04/04 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca, Res. Ex. 873 Establece los casos de secreto o reserva de la documentación y actos que indica.26/05/04 Ministerio de Salud, Servicio de Salud Metropolitano Sur, Res. Ex. 2.182. Declara secretos o reservados actos y documentos que indica26/05/04 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Res. Ex. 105.- Determina actos y documentos que tendrán la calidad de secretos o reservados28/07/04 Ministerio De Salud, Servicio de Salud Ñuble, Res. Ex. Nº 1.951. Declara que tendrán el carácter de secretos, los siguientes actos y documentos del Servicio06/08/04 Ministerio De Salud, Servicio de Salud Talcahuano, Res. Ex. Nº 83.-Declara secretos o reservados actos administrativos y documentos que señala28/09/04 Ministerio De Salud, Servicio de Salud del Bío Bío, Res. EX. Nº 1.531. Establece actos administrativos y documentos afectos a secreto o reserva08/10/04 Servicio de Vivienda y Urbanización, IV Región de Coquimbo, Res. Ex. Nº 1.316. Declara como reservados actos y documentos que indicaDECRETOS ALCALDICIOS (7)30/09/03 Municipalidad de Lo Espejo, decreto alcaldicio 1313, declara actos y documentos municipales reservados o secretos los que a continuación señala.29/10/03 Municipalidad de Quillota, Decreto Alcaldicio 2746, declara reservados o secretos actos y documentos municipales que señala.12/12/03 Municipalidad de Lo Prado. Dto. Alcaldicio Nº 1480. Aprueba reglamento sobre la regulación al acceso a la información municipal, y establece el secreto o reserva de documentos y actos administrativos.02/03/04 Municipalidad de Santiago, Decreto alcaldicio número 205.- Declara secretos o reservados los actos y documentos que señala17/03/04 Municipalidad de Pucón. Dto. Alc. Nº 593 Ex. Aprueba reglamento que declara secretos o reservados los actos y documentos que señala.17/05/04 Municipalidad de Padre Las Casas. Decreto alcaldicio número 336.-Declara actos y documentos municipales reservados o secretos en razón del interés privado los que señala13/10/04 Municipalidad de Coronel, Decreto alcaldicio número 3.828.- Declara actos y documentos municipales como secretos o reservadosEN CONSECUENCIA, de acuerdo los argumentos mencionados,SOLICITAMOS que el señor Contralor General de la República tenga a bien pronunciarse en particular respecto:1. De la legalidad de las 25 resoluciones exentas, y 7 decretos alcaldicios señalados en el cuerpo de esta presentación, que determinan actos, documentos y antecedentes afectos a secreto o reserva.2. De la factibilidad de que la declaración de reserva o secreto en base a la normativa del decreto 26 de 2001 pueda ser ejercitada por las Municipalidades, y en ese caso, si dicha facultad recae en el Alcalde individualmente, o bien debe ser ejercida por el Consejo Municipal, en atención a la importancia que reviste la materia.
Reacciones de la sociedad civil y la prensaEl dictamen de Contraloría generó una serie de reacciones positivas por parte de la sociedad civil, lo que motivo una serie de articulos y comentarios en prensa.COLEGIO DE PERIODISTAS"Contraloría: El secreto público es ilegal" EL MOSTRADOR"Contraloría objeta reglamentos sobre documentos reservados (23-10-2004)"CONSUMERS INTERNATIONAL"Fin a la información secreta en organismos públicos (20-10-2004)"GRAN VALPARAISO"Golpe al secretismo de Estado (25-10-2004)"EL PERIODISTA"Contraloría por la transparencia (25-10-2004)"Texto de los comunicados: COLEGIO DE PERIODISTAS Contraloría: El "secreto" público es ilegal Los sueldos de los altos funcionarios públicos y sus declaraciones juradas de intereses no pueden constituir "secretos", dictaminó la Contraloría General de la República.El secreto sobre los asuntos administrativos en la administración del Estado es ilegal en una sociedad democrática dotada de leyes específicas –como es el caso de Chile–, según la decisión del organismo contralor.La Contraloría ordenó a las reparticiones del Estado que reexaminen y modifiquen los reglamentos que protegen el "secreto" de algunos actos administrativos para que se ajusten al marco jurídico vigente.El organismo acogió la impugnación presentada por las organizaciones de la sociedad civil "Defendamos la Ciudad" y "Cívika, Derechos Ciudadanos" contra medio centenar de reglamentos que declaran "reservados" o "secretos" ciertos documentos y antecedentes, invocando la legislación existente sobre acceso a la información pública.La ONG "Chile Transparente" informó que el organismo contralor ordenó a las reparticiones del Estado que reexaminen y modifiquen esos reglamentos, en su mayoría referidos a materias medioambientales, para que se ajusten al marco jurídico vigente.A juicio de la Contraloría, esos reglamentos se extralimitaron y sobrepasaron los criterios de la Ley, dictada precisamente para contribuir a la transparencia de los actos administrativos y de los documentos y antecedentes que los sustentan, y no para aumentar el secreto y la reserva, como viene haciéndose en reglamentos dictados desde el 2001 al presente.La Contraloría, además, estableció que los documentos y antecedentes que no son sustento o complemento directo y esencial de los actos administrativos, tampoco quedan "protgegidos" por la reserva o el secreto respecto a los ciudadanos directamente involucrados o afectados por esos documentos.Dictaminó también que las declaraciones de intereses de los funcionarios son públicas por naturaleza y tampoco pueden quedar sometidas a reserva o secreto, como en algunos casos se había decretado, y que también son públicas sus remuneraciones.Lea: Resolución completa de la Contraloría EL MOSTRADOR Contraloría objeta reglamentos sobre documentos reservados El organismo ordenó a las reparticiones del Estado que reexaminen y modifiquen esos reglamentos, referidos en su mayoría a materias medioambientales, para que se ajusten al marco jurídico vigente. La Contraloría General de la República acogió la impugnación que las organizaciones "Defendamos la Ciudad" y "Cívika, Derechos Ciudadanos" elevaron contra un medio centenar de reglamentos que declaran documentos y antecedentes como reservados o secretos, al amparo de la legislación sobre acceso a la información pública. La ONG Chile Transparente informó que el organismo contralor ordenó a las reparticiones del Estado que reexaminen y modifiquen esos reglamentos, referidos en su mayoría a materias medioambientales, para que se ajusten al marco jurídico vigente. A juicio de la Contraloría, esos reglamentos se extralimitaron y sobrepasaron los criterios de la Ley, hecha para contribuir a la transparencia de los actos administrativos y de los documentos y antecedentes que los sustentan, y no para aumentar el secreto y la reserva, efecto directo de los reglamentos dictados desde el 2001 al presente. El organismo, además, interpretó la legislación en el sentido que los documentos y antecedentes que no son sustento o complemento directo y esencial de los actos administrativos, no quedan afectos a la reserva o al secreto respecto de los ciudadanos directamente involucrados o afectados en ellos. Dictaminó también que las declaraciones de intereses de los funcionarios son públicas por naturaleza y tampoco pueden quedar afectas a reserva o secreto, como en algunos casos se había decretado, y que también son públicas sus remuneraciones. Lea además: Resolución completa de la Contraloría CONSUMERS INTERNATIONAL Fin a la información secreta en organismos públicos Santiago, 20 de octubre 2004.- Como "una de las victorias más importantes de los últimos años en el ámbito de los derechos ciudadanos" fue calificado por organizaciones ciudadanas el dictamen de la Contraloría General de la República que ordenó a todas las reparticiones públicas y ministerios a terminar con la práctica ilegal de declarar "secreta" cierta información que, por su naturaleza, tiene carácter de pública. El documento del ente contralor contiene impugnación a unas 50 diferentes Resoluciones de oficinas estatales, en las que algunas, incluso, declaraban secreto la publicación de los salarios de los funcionarios públicos, la información de los trámites de entrega de concesiones acuícolas y las declaraciones de intereses de los empleados fiscales, entre otras. Desde 2001 diversas oficinas públicas comenzaron a dictar resoluciones que declaraban "secreta" diversa información de relevancia para la ciudadanía, lo que implicaba que dichos antecedentes sólo podrían ser conocidos después de 20 años, existiendo una limitación expresa para su difusión por medio de la prensa. Por tal motivo, en el mes de mayo de 2003, se solicitó un pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de 50 resoluciones que, a esa fecha, estaban vulnerando los derechos de los ciudadanos. Este libelo impugnatorio, redactado por el abogado ambientalista Moisés Sánchez (Jornadas en Re), fue suscrito por Patricio Herman (Agrupación "Defendamos la Ciudad"), Antonio García (Cívika, derechos ciudadanos), Edgardo Condeza (Movimiento por los Derechos y la Consulta Ciudadana), y contó con el apoyo de "Ciudad Viva" y el consejero regional metropolitano Pedro Saitz. (Fuente: Ecocéanos)GRAN VALPARAISO Golpe al secretismo del Gobierno Inesperado dictamen de la Contraloría a retoma sana doctrina de que la democracia es pública y complica a tanto alto funcionario que en los hechos abomina de la transparencia JAVIER SANCHEZ REYES(25/10/04)EN ESTOS TIEMPOS que corren, pese a la ola de escepticismo y de incredulidad que rodea la actividad diaria de los chilenos, hay algunas personas que porfiadamente insisten en ser optimistas: de tiempo en tiempo, quizá para no perder la capacidad de asombro, la vida les regala una excepción que confirma la regla de que las cosas no son tan malas como una gran mayoría parece creerlo.Esta vez el milagro lo hizo la Contraloría que, contra todo pronóstico, y tras una presentación efectuada por una serie de organizaciones ciudadanas y ambientalistas, dijo lo que todos sospechábamos en el fondo de nuestra ingenuidad ciudadana: los actos administrativos de gobierno, por definición actos públicos, no pueden ser secretos.Así, el pasado viernes 15 de octubre, se conoció públicamente el dictamen Nº49.883, que acogió la petición de las organizaciones ciudadanas, ordenando a diversas reparticiones públicas y ministerios volver a ‘convertir’ en públicos actos y documentos que habían sido declarados secretos en forma ilegal, lo que constituye una de las victorias más importantes de los últimos años en el ámbito de los derechos ciudadanos y libertades públicas.Esta acción de los ciudadanos ante la Contraloría se comenzó a desarrollar a partir de detectar una cincuentena de resoluciones administrativas que declaraban secretos una serie de actos y documentos de distintas entidades que a la fecha de la presentación, extendían el régimen del ‘secretismo’ más allá de lo que establece la ley.El dictamen, del que poco se ha dicho en los medios de comunicación cuestiona la legalidad de estos decretos, y, por ello, ordena que sean de dominio públicos antecedentes, ilegalmente condenados a la oscuridad administrativa: información de remuneraciones, juicios y reclamaciones ante tribunales; procesos disciplinarios; declaraciones de intereses y actas de sesiones; documentos de respaldo de egresos y contratos; decisiones respecto de estudios y análisis, así como trámites previos al pronunciamiento del cualquier acto administrativo.Hitos como éste que pueden parecer insignificantes en el océano de abusos, arbitrariedades y decisiones unilaterales a las que a diario los chilenos comunes y corrientes se ven sometidos, son un gran paso y una señal potente del esfuerzo y la dirección que deben asumir las personas y las organizaciones que, a más de 14 años de la salida de Pinochet del gobierno, quieren avanzar, de verdad hacia una democracia que no sólo lo parezca, sino que por sobre todo, lo sea.Lamentablemente, hay quienes incluso desde el interior del gobierno que hacen arcadas con el control ciudadano, que en otras latitudes más que un problema o un escollo es visto como un signo de fortaleza y educación. Son esos personajes, tipo Subsecretario de Pesca combinado con ministro Rodríguez Grossi (algo así como el jurel tipo tiburón del aparato del Estado) quienes sienten que el legítimo interés de las personas es una forma de frenar la imposición de una cultura de la desregulación, del autocontrol y, lo peor, la autofiscalización que ellos impulsan y pregonan.Por eso, la contradicción fundamental que existe en el seno de nuestra sociedad que se pretende moderna pero que arrastra pesadas cadenas de conservadurismo cultural, social, religioso y político, más que con dogmáticas concepciones filosóficas o doctrinarias, tiene una mayor relación con la posición que se adopta frente al desarrollo democrático de las sociedades y el ejercicio real que las personas tienen al interior de ellas.Quizás por eso es que gran parte de la clase política dedica la mayor parte de sus discursos, seminarios, entrevistas y documentos a hablarnos sobre la economía y sus equilibrios macros, el chorreo, el crecimiento y las exportaciones, las nuevas tecnologías y la alfabetización digital, pero poco se escucha sobre justicia, libertad, opinión, consulta, debate y diversidad y lo que se está dispuesto a hacer por profundizarlas.Es tristemente paradojal que hoy sea más ‘fácil’ y ‘menos conflictivo’ para nuestra sociedad girar en torno a las posibilidades económicas, que favorecen a pocos y dejan migajas para muchos, que al desarrollo de la persona humana, sus habilidades, aptitudes, sueños, deseos y legítimas esperanzas. Sin embargo, aunque se insiste en convencernos de que somos apáticos y apolíticos, aún es posible ver la luz al final del camino, como en este caso, lo que permite mantener la esperanza de enderezar el actual rumbo de nuestra sociedad.EL PERIODISTA Contraloría por la transparencia La Contraloría General de la República, ante una presentación de Patricio Herman y Antonio García, de "Defendamos la Ciudad" y "Cívika, Derechos Ciudadanos", respectivamente, Moisés Sánchez y Edgardo Condeza, que solicitaba un pronunciamiento por una resolución de la Conama mediante la cual ese servicio determinó actos, documentos y antecedentes afectos a secreto o reserva, sostuvo el 4 de octubre pasado que todas las reparticiones que han dictado resoluciones invocando artículos sobre secreto o reserva de sus actos debían reexaminar sus actuaciones y, en los casos que corresponda, modificarlos.Según la Contraloría " la Administración activa se encuentra obligada a entregar copia de un documento a un particular que lo requiera siempre que ese documento no se refiera a asuntos que revistan el carácter de reservados, y que la información contenida en el antecedente solicitado afecte directamente al particular o se vincule con situaciones fácticas concretas en que le corresponda intervenir".Para el ente contralor, que atendió el reclamo de los peticionarios y que incluía, además, otros 49 actos administrativos , en las resoluciones reclamadas "no se advierte el fundamento preciso para declarar secretos o reservados determinados documentos".
Contraloría emite dictamen limitando los alcances del secretismoDespués de más de un año y medio de tramitación, el 4 de octubre de 2004 la Contraloría General de la República dictó un importante dictamen (Nº 49883) en el cual, a solicitud de varias organizaciones ciudadanas, reviso la legalidad de 50 resoluciones de secreto ditadas por distintos servicios desde el año 2001, verificando que muchas de ellas eran ilegales. Por esta misma razón, instruyó a los servicios involucrados que modificaran dichas resoluciones.A continuación, el texto íntegro del dictamen:CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN JURIDICAREF : Nº 22052/03JPM : 10267/04 SOBRE JURIDICIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DECLARAN SECRETOS 0 RESERVADOS DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES DE LOS RGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.SANTIAGO, 4 Octubre 2004, 049883 Se han dirigido a esta Contraloría General don Patricio Herman y don Antonio García, en representación, según indican, de las organizaciones "Defendamos la Ciudad" y "Cívika, Derechos Ciudadanos", respectivamente, don Moisés Sánchez y don Edgardo Condeza, solicitando un pronunciamiento relativo a la legalidad de las letras b), del Nº2, y d), h), i), 1) y m), del N'4 de la resolución exenta No 388 de 2003, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, mediante la cual ese servicio determinó actos, documentos y antecedentes afectos a secreto o reserva.Ello, por cuanto contravendrían lo dispuesto en la ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en los decretos N's 93 y 94 de 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República -que aprobaron respectivamente el Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión y el Reglamento que fija el Procedimiento y Etapas para establecer Planes de Prevención y de Descontaminación-; en las leyes N's. 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, y en el decreto N" 26 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Reglamento sobre el secreto o reserva de los actos y documentos de la Administración del Estado.Concluyen su presentación solicitando que la Contraloría General declare la ilegalidad de otros 49 actos administrativos que individualizan, emitidos por diversas entidades de la Administración, que también establecen el secreto o reserva de ciertos documentos.Requeridos para que informasen sobre el particular, la Subsecretaría del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Comisión Nacional del Medio Ambiente han emitido conjuntamente el oficio ord. (DJ) No 1049, suscrito el 19 de julio de 2004, sosteniendo la legalidad de las resoluciones impugnadas.I.- CUESTIONES PREVIASEn relación con la materia, debe tenerse presente que de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 13 de la ley Nº 18.575, la función pública debe ejercerse con transparencia, "de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella".El inciso tercero de la misma norma añade que son públicos "los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial", y los incisos siguientes del indicado precepto regulan, en lo que interesa, la forma de acceder a la información, los casos en que no procede, y el derecho a oposición por terceros interesados.En particular, el inciso final del mismo artículo 13 que se comenta previene que "uno o más reglamentos establecerán los casos de secreto o reserva de la documentación y antecedentes que obren en poder de los órganos de la Administración del Estado". En virtud de este precepto se dictó el decreto Nº 26, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, que contiene, como antes se expuso, el Reglamento sobre el secreto o reserva de los actos y documentos de la Administración del Estado.Por su parte, la ley N'º 19.880 reitera lo expuesto en la norma recién aludida, al establecer en su artículo 4º que el procedimiento administrativo está sometido, entre otros, a los principios de transparencia y publicidad, y en su artículo 16 que "el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él", por lo que, añade, "salvo las excepciones establecidas por la ley o el reglamento, son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial".En este contexto, es necesario anotar que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6º del ya individualizado decreto N' 26 de 2001, se exceptúan de la publicidad regulada en ese decreto "los actos administrativos, documentos y antecedentes declarados secretos o reservados de conformidad a las normas del presente reglamento, sin perjuicio de lo establecido en leyes o reglamentos especiales".A su turno, el artículo 8º añade -que "sólo podrán ser declarados como secretos o reservados los actos y documentos cuyo conocimiento o difusión pueda afectar el interés público o privado de los administrados", de acuerdo con los criterios que la misma norma señala, correspondiéndole al respectivo jefe superior de servicio, mediante resolución fundada, "determinar los actos, documentos y antecedentes de la institución u órgano de la Administración del Estado que estarán afectos al secreto o reserva", según lo indica su artículo 90.De la normativa precedentemente citada es posible observar, entonces, que tal como lo ha destacado la jurisprudencia administrativa, los artículos 13 de la ley Nº18.575 y 16 de la ley Nº19.880 regulan especialmente la transparencia y publicidad de los actos administrativos -esto es, al tenor del artículo 3º de la última ley citada, de las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en ejercicio de una potestad pública-, y la de los documentos que le sirvan de fundamento.Por consiguiente, las resoluciones que dicten los jefes de servicio destinadas a declarar secretos o reservados determinados instrumentos, emitidas al amparo del articulo 9º del decreto Nº26 de 2001, deben decir relación exclusivamente con actos administrativos y documentos que le sirvan de sustento o complemento directo y esencial, siendo improcedente que se refieran a antecedentes que no revistan ese carácter.Por otra parte, de lo expuesto no se sigue que los antecedentes que no constituyan actos administrativos o documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial sean secretos o reservados, sino tan sólo que ellos no pueden ser solicitados haciendo uso del procedimiento previsto en el articulo 13 de la ley Nº 1 8.575.En efecto, tal como lo ha precisado la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes Nos. 35.259 de 2000, y 4.228 de 2002, si bien la regulación del articulo 13 de la aludida ley Nº18.575 no ampara a los interesados en obtener copia de documentos que no constituyen actos administrativos ni le sirven de fundamento, ello no significa que en virtud de esa disposición estos antecedentes sean secretos o reservados y no puedan o no deban darse a conocer a terceros interesados, toda vez que el principio de transparencia afecta a toda la gestión administrativa.Por lo tanto, y tal como se señaló en el primero de dichos dictámenes, la Administración activa se encuentra obligada a entregar copia de un documento a un particular que lo requiera siempre que ese documento no se refiera a asuntos que revistan el carácter de reservados, y que la información contenida en el antecedente solicitado afecte directamente al particular o se vincule con situaciones fácticas concretas en que le corresponda intervenir.De este modo, el examen de legalidad de las disposiciones cuestionadas de la resolución exenta Nº 388 implica analizar si los documentos o antecedentes que ella declara como reservados son actos administrativos o documentos que le sirvan de fundamento, y si han podido ser excluidos del principio general de transparencia regulado en la ley Nº 18.575, mediante un acto administrativoII.- ANÁLISIS DE LAS IMPUGNACIONES A LA RESOLUCIÓN EXENTA No 388 DE 2003, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE1.- Letra b) del Nº2 de la resolución exenta N' 388 de 2003, de la Comisión Nacional del Medio AmbienteEn primer término, los recurrentes objetan la legalidad de la letra b), del Nº 2, de la resolución exenta Nº 388 de 2003, en virtud de la cual la Comisión Nacional del Medio Ambiente determinó que tiene el carácter de reservada "en razón de la debida protección de los intereses públicos", la "documentación relacionada con las demandas, recursos y/o reclamos, interpuestos ante los tribunales de Justicia, en contra del Servicio, así como los informes que éste debe emitir por disposición de estos tribunales. y todos los antecedentes que les sirven de sustento y/o complemento directo".Los interesados manifiestan que esta norma va más allá de lo que permiten la ley y la letra a), Nº6, del artículo 8º del decreto No 26 de 2001, conforme al cual la declaración de secreto o reserva basada en la protección de intereses públicos, procederá respecto de los actos y documentos "cuya comunicación o conocimiento perjudique el desarrollo de procedimientos jurisdiccionales o de actuaciones preliminares o preparativas de aquellos que la ley encomiende a organismos de la Administración".Por su parte, la Subsecretaría y la Comisión informantes exponen que la reserva dispuesta por esta letra b) no se refiere a actos administrativos ni a documentos que sirvan de sustento directo y esencial a un acto administrativo en los términos previstos por la ley Nº 18.575 y el reglamento respectivo, por lo que no tienen carácter público; que la reserva no se fundamenta en el Nº6 de la letra a) del decreto Nº 26 de 2001, sino que en el Nº8 del mismo precepto -que permite la declaración de secreto o reserva basada en la protección de intereses públicos, respecto de documentos "cuyo conocimiento actual pueda impedir u obstaculizar gravemente el ejercicio de la acción administrativa del órgano administrativo requerido"-; que la reserva no afecta el derecho a reclamo previsto en el artículo 50 de la ley Nº19.300; y que la reserva sólo rige para la señalada Comisión y no se extiende a los procesos y expedientes judiciales.En relación con la materia, es necesario tener en cuenta que los documentos a que se refiere esta letra b) no constituyen actos administrativos decisionales en los términos que prevén los artículos 13 de la ley Nº 18.575 y 16 de la ley Nº 19.880 y el decreto N'26 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ya que no contienen en sí mismos una resolución sobre alguna materia determinada, ni tampoco están destinados a servir de sustento o complemento directo y esencial a un acto de este tipo.Así lo reconocen, por lo demás, la propia Comisión emisora del acto cuestionado y la Subsecretaría de Estado indicada, las cuales señalan que "los antecedentes a los que esta disposición confiere el carácter de reservados no constituyen actos administrativos ni documentos que sirvan de sustento directo o esencial a un acto administrativo", sino que "se trata de 'documentación', 'informes' que se emiten a los tribunales, y ‘antecedentes’ que sustentan dichos informes".Por consiguiente, y de acuerdo con lo antes señalado, estos antecedentes no han podido ser declarados como reservados por la Comisión Nacional del Medio Ambiente al amparo de la normativa de que se trata, toda vez que no corresponden a aquellos regulados en el artículo 13 de la ley N'18.575.2.- Letra d) del NO4 de la resolución exenta Nº 388 de 2003, de la Comisión Nacional del Medio AmbienteEnseguida, los recurrentes impugnan la letra d) del N' 4 de la resolución exenta Nº 388, a través de la cual la Comisión Nacional del Medio Ambiente estableció que, "en razón de la debida protección de los intereses privados", tiene el carácter de reservada "toda la información relativa a las remuneraciones del personal". En tal sentido, expresan que, "la información de la remuneración de una persona no conlleva juicio de valor, y no es razonable pensar que afecte su vida privada".A su vez, el oficio ord. (DJ) No 1049, suscrito el 19 de julio de 2004, afirma que la divulgación de las remuneraciones de una persona puede afectar su vida privada, la que está protegida por la ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal.Al respecto, es posible observar que la información a que alude esta letra d) tampoco dice relación con actos administrativos ni con documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, por lo que no corresponde que los instrumentos que declaran secreta o reservada cierta información al amparo de la normativa de que se trata se refieran a ellos.3.- Letras h) e i) del Nº 4 de la resolución exenta Nº 388 de 2003, de la Comisión Nacional del Medio AmbienteEn tercer término, las letras h) e i) del Nº 4 asignan, respectivamente, el carácter de reservados "en razón de la debida protección de los intereses privados", a los "documentos respaldatorios de las ofertas presentadas en procesos de licitación o contratación, en tanto se encuentre pendiente su adjudicación, salvo las propuestas económicas, y aquellas que deban serlo según las Bases Administrativas respectivas" y a las "actas de comisiones evaluadoras en propuestas o licitaciones, en tanto se encuentre pendiente la adjudicación".Los peticionarios afirman que estas letras no tienen respaldo normativo en el reglamento, debido a que los Nºs. 1 a 5 de la letra b) de su artículo 8º se refieren a otro tipo de situaciones.A su turno, la Subsecretaría del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Comisión Nacional del Medio Ambiente exponen que estas letras se refieren a información protegida que no tiene carácter público, y que ellas no hacen sino recoger y reproducir un mandato legal y reglamentario general y disponer que al interior de la institución dichos antecedentes sean manejados con carácter reservado.Sobre el particular, debe señalarse que los documentos comprendidos en las letras precedentemente transcritas no constituyen en si actos administrativos, pero tal como lo ha sostenido la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen Nº 2.420, de 2004, ellos sirven de antecedente para la dictación del decreto o resolución que adjudique la propuesta y, como tales, son documentos que pueden ser conocidos por quienes tengan interés en los mismos en los términos previstos en los artículos 13 de la ley Nº 18.575 y 16 de la ley Nº 19.880 y en el decreto Nº 26 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, esto es, una vez que se haya dictado el acto administrativo que adjudique la licitación respectiva, pues sólo a partir de ese momento existirá un acto administrativo en los términos previstos por la legislación pertinente. Así lo reconocen por lo demás la Subsecretaría y la Comisión emisora del acto impugnado, las que afirman que la reserva de la información a que aluden estas letras h) e i) opera sólo mientras el acto definitivo no sea dictado, ya que "la protección está expresamente acotada en el tiempo 'en tanto se encuentre pendiente la adjudicación', es decir en tanto no se dicte el acto administrativo que contendrá la decisión formal y final del respectivo procedimiento".De este modo, si bien propiamente no corresponde incluir estas materias en la resolución objetada, los términos en que se consignan no afectan la regulación de que se trata.4.- Letras 1) y m) del N'4 de la resolución exenta Nº 388 de 2003, de la Comisión Nacional del Medio AmbienteLos particulares y las organizaciones recurrentes sostienen que las letras l) y m) no encuentran respaldo normativo en el reglamento, ya que los Nºs. 1 a 5 de la letra b) de su artículo 8º no las contemplarían de ningún modo, y que ellas contravendrían expresamente lo dispuesto en los artículos 5º, inciso primero, y 8º, inciso primero, del Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión, y en los artículos 3º y 5º del Reglamento que fija el Procedimiento y Etapas para establecer Planes de Prevención y de Descontaminación. A su vez, la Subsecretaría de Estado aludida y la Comisión emisora del acto administrativo objetado manifiestan que el secreto o reserva proviene no sólo de las causases señaladas en el decreto Nº 26 de 2001, sino que también de aquellas establecidas en otras disposiciones reglamentarias, y que, en tal sentido, las letras cuestionadas tienen su fundamento tanto en la ley Nº 18.575 como en los ya individualizados decretos Nºs. 93 y 94, ambos de 1995. En relación con esta impugnación, corresponde tener en cuenta que la letra 1) del Nº 4 de la resolución exenta que se analiza previene que "tienen carácter de reservados, en razón de la debida protección de los intereses privados" los "documentos acompañados a un expediente formado para la dictación de una norma de calidad o de emisión, respecto de los cuales el Director Ejecutivo, por resolución fundada, niegue el acceso a terceros, cuando así lo solicita el interesado o cuando así lo proponga el Presidente del Comité Operativo, conforme al artículo 8º del DS 93/95, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión". A su turno, la letra m) asigna el mismo carácter de reservado a los "documentos acompañados por los titulares de las actividades responsables de la emisión de los contaminantes a un expediente formado para la dictación de un Plan de Prevención o Descontaminación respecto de los cuales el Director Ejecutivo, mediante resolución fundada, niegue el acceso a terceros cuando la ley así lo disponga, cuando lo solicite el interesado por razones fundadas o cuando así lo proponga el Presidente del Comité Operativo, conforme al artículo 5 del DS 94/95, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento que fija el Procedimiento y Etapas para Establecer Planes de Prevención y Descontaminación". Asimismo, tal como ya se ha expuesto, el inciso final del artículo 13 de la ley N' 18.575 prevé que tanto la ley como el reglamento establezcan los casos de secreto o reserva de los actos administrativos y la documentación y antecedentes que obren en poder de los órganos de la Administración del Estado, mientras que el ya referido artículo 6º del decreto Nº 26 de 2001, previene que la excepción de la publicidad regulada en ese decreto de los actos administrativos, documentos y antecedentes declarados secretos o reservados de conformidad a las normas del mismo, debe entenderse "sin perjuicio de lo establecido en leyes o reglamentos especiales". De esta manera, la propia ley orgánica constitucional recién citada permite la existencia de documentos y antecedentes sometidos a secreto o reserva tanto en virtud de lo prescrito en el Reglamento sobre secreto o reserva de los actos y documentos de la Administración, como de otros reglamentos específicos distintos de aquél. Ahora bien, el artículo 8º del Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión previene que el expediente a que da origen el proceso de dictación de normas de este tipo y su archivo son públicos, en los términos que allí se señalan. Con todo, agrega el inciso segundo de esta norma, en lo que resulta pertinente, que "El Director, mediante resolución fundada, podrá negar el acceso a terceros de los documentos acompañados cuando así lo solicite el interesado o cuando así lo proponga el presidente del Comité". Como puede apreciarse, entonces, lo dispuesto en la letra l) que ha sido objetada coincide en lo sustantivo con lo previsto en el artículo 8º del decreto No 93, de 1995. Enseguida, y de manera similar a la recién descrita, el artículo 5º del Reglamento que fija el Procedimiento y Etapas para establecer Planes de Prevención y de Descontaminación previene que la elaboración de estos planes "dará origen a un expediente, que contendrá las resoluciones que se dicten, la consultas evacuadas, las observaciones que se formulen, y todos los datos y documentos relativos a la elaboración" de los mismos. Añade la misma norma que "el expediente y su archivo serán públicos y se mantendrán en las oficinas de la Comisión, donde podrán ser consultados. Cualquier persona podrá pedir, a su costo, fotocopia de todas o algunas de las piezas". No obstante lo anterior, el inciso quinto del mismo precepto previene, en lo que interesa, que el Director Ejecutivo de la Comisión, mediante resolución fundada, "podrá negar el acceso de terceros a los documentos acompañados por los titulares de las actividades responsables de la emisión de los contaminantes a que se refiere el plan, cuando la ley así lo disponga o cuando lo solicite el interesado por razones fundadas o cuando así lo proponga el presidente del Comité". De ello se deduce que la letra m) del N'4 de la resolución exenta en comento concuerda en lo sustantivo con lo previsto en el artículo 5' del decreto N' 94, de 1995. Por este motivo, los literales que se analizan encuentran su fundamento en normas reglamentarias específicas, sin que extiendan la reserva a casos distintos de los regulados por dichos reglamentos, por lo que no se produce el efecto señalado por los peticionarios en orden a que la resolución exenta No 388 haga más severa la reserva establecida sobre la materia. Adicionalmente, es dable destacar que en las letras 1) y m) se hace una expresa remisión a las normas reglamentarias respectivas, de lo que se deduce que la actuación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, llevada a cabo en virtud de esas letras no podría, en caso alguno, exceder lo dispuesto en los decretos Nos. 93 y 94, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, ya citados.III.- ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR DIVERSAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Los peticionarios solicitan, por último, que se declare la ilegalidad de otros 49 actos administrativos emitidos por diversas reparticiones públicas, que también establecen el secreto o reserva de ciertos documentos invocando las normas del artículo 13 de la ley N' 18.575 y del decreto Nº 26, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. En esta materia, la Subsecretaría del Ministerio indicado y la Comisión Nacional del Medio Ambiente expresan que en virtud de la presunción de legalidad de los actos administrativos consagrada en el inciso final del artículo 3" de la ley N' 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, debe desecharse la impugnación que los recurrentes plantean respecto de las 49 resoluciones a que se ha hecho mención, toda vez que ellos "se han limitado a señalar una especie de ilegalidad genérica, sin aducir ningún fundamento y sin identificar ninguna contravención o infracción normativa". Ahora bien, realizado por esta Contraloría General un examen selectivo de algunas de las resoluciones que mencionan lo peticionarios, y de otras dictadas con el mismo fin, ha sido posible advertir que en ellas se regulan algunas materias similares a las que se han analizado precedentemente respecto de la resolución exenta No 388, de 2003, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, particularmente en lo relativo a la inclusión de antecedentes que no revisten el carácter de actos administrativos o de documentos que les sirvan de sustento o complemento pertinente, de tal modo que este órgano de Control no puede sino observar estas circunstancias.Asimismo, dicho examen selectivo permite consignar que en numerosas resoluciones se excede la normativa a los efectos de la declaración de secreto o reserva en otros órdenes de materias.Es así, verbigracia, que en lo que se refiere a los procesos disciplinarios respecto de funcionarios públicos, se establecen disposiciones sobre secreto o reserva en términos que no se ajustan a la preceptiva legal, conforme a la cual, y según lo ha resuelto la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General -dictámenes N's 42.779 de 2000, 35.421 de 2003, y 9.206 y 14.807, ambos de 2004, -entre otros-, los sumarios administrativos están sujetos al principio de publicidad una vez afinados. Esta irregularidad se presenta, entre otras, en las resoluciones exentas N's. 2.475 de 2002, de la Tesorería General de la República; 995 de 2002, del Servicio Médico Legal; 415 de 2002, de la Dirección de Presupuestos; 2.807 de 2002, de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y 3 de 2003, de la Subsecretaría de Marina. También a título ejemplar, en la mencionada resolución de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, se determinan como reservadas las declaraciones de intereses de los ejecutivos de la institución, en circunstancias que por expresa disposición del artículo 59 de la ley N' 18.575, las mismas son públicas. A su vez, en diversas resoluciones se fijan materias sujetas a secreto o reserva en términos de tal amplitud que no resulta admisible entenderlas amparadas por la regulación legal y reglamentaria que debe servirles de fundamento. Ello ocurre, por ejemplo, con las citadas resoluciones de la Tesorería General de la República en lo que se refiere a "todos los documentos que respalden egresos cualquiera que sea su naturaleza, origen y destino", y "contratos de cualquier naturaleza suscritos por el Servicio"; de la Dirección de Presupuestos en cuanto a "decisiones y conclusiones respecto de estudios y análisis de temas de cualquier naturaleza"; de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional respecto de las "Actas de las Sesiones" del Consejo de la entidad y sus antecedentes, y de la Subsecretaría de Marina, al fijar que "como regla general, tendrá el carácter de reservado todo trámite previo al pronunciamiento del respectivo acto administrativo". Finalmente, debe observarse que en distintas resoluciones no se advierte el fundamento preciso para declarar secretos o reservados determinados documentos, como acontece, entre otras, en la antes individualizada resolución de la Subsecretaria de Marina respecto, por ejemplo, del decreto supremo de nombramiento del Comandante en Jefe de la Armada, y de los antecedentes que se indican relativos a concesiones marítimas.IV.- CONCLUSIONES Atendido lo precedentemente expuesto, se adopten las medidas tendientes a que todas las reparticiones que han dictado resoluciones invocando el artículo 9º del reglamento sobre secreto o reserva de los actos y documentos de la Administración del Estado, las reexaminen a la brevedad de acuerdo con los criterios indicados en el cuerpo de este pronunciamiento y, en los casos en que corresponda, las modifiquen en términos que se ajusten a la normativa que les sirve de fundamento. Transcríbase a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a la Tesorería General de la República, al Servicio Médico Legal, a la Dirección de Presupuestos, a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, a la Subsecretaría de Marina, a la División de Auditoría Administrativa, a la División de Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas y Transportes, y al interesado. Dios guarde a US.,Gustavo Sciolla AvendañoContralor General de la República

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