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Timestamp: 2019-04-22 06:56:00+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00975 de julio 4 de 2013
SENTENCIA 2008-00975 DE 04 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD – PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD NO PUEDE LLEVAR A APLICAR DE FORMA RETROSPECTIVA LOS REQUISITOS PARA OBTENER PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE, TODA VEZ QUE NO ES APLICABLE A NORMAS POSTERIORES. ENTONCES, NO SE PUEDEN TENER EN CUENTA LOS REQUISITOS FIJADOS POR EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 100 DE 1993 SI AL MOMENTO DEL DECESO DEL COTIZANTE ESTA NORMA NO SE ENCONTRABA EN VIGENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
Sentencia 2008-00975 de julio 4 de 2013
Rad.: 05001-23-31-000-2008-00975-01(2285-12)
Dr. Bertha Lucia Ramírez de Páez (e)
Actor: Aleida María Palacio Palacio.
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional.
Consiste en determinar si la señora Aleida María Palacio Palacio tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte del agente José Mauro Criollo Yaqueno.
Oficio 8916 ARPRE GRUPE-Radicado E0803-051201 de 28 de abril de 2008, por medio del cual el jefe grupo de pensionados de la secretaría general de la Policía Nacional negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.
— El Agente José Mauro Criollo Yaqueno (q.e.p.d) ingresó a la Policía Nacional el 12 de noviembre de 1985 (fl. 3).
— De conformidad con el informe administrativo por muerte 0006 de 24 de enero de 1991 y la licencia de inhumación 261 de 27 de diciembre de 1990, el señor Criollo Yaquenofalleció el 27 de diciembre de 1990, en actos del servicio (fls. 4 y 79).
— De acuerdo con el registro civil de matrimonio, José Mauro Criollo Yaqueno y Aleida María Palacio Palacio, contrajeron matrimonio católico el 14 de julio de 1990 (fl. 94).
— A través de la certificación de 21 de julio de 2008, se indicó que la última unidad donde laboró el señor Criollo Yaqueno (q.e.p.d.) fue “Estación Envigado-Medellín-Policía Metropolitana Valle de Aburra” (fl. 49).
— El 28 de marzo de 2008, la actor, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente (fls. 5 a 7).
— El 28 de abril de 2008, mediante el oficio 8916 ARPRE-GRUPE radicado E0803-051201, el jefe de grupo de pensionados de la Policía Nacional, negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente solicitada, argumentando que esa prestación únicamente podía decretarse cuando el agente hubiere cumplido 12 o más años de servicio (fl. 2).
De acuerdo con lo anterior, la Sala abordará el tema analizando el régimen especial de los miembros de la Policía Nacional y el régimen general-Sistema de seguridad social integral, para así abordar el caso en concreto.
Régimen aplicable a los miembros de la Policía Nacional
El artículo 124 del Decreto 1213 de 1990, que modifica el estatuto de personal de agentes de la Policía Nacional, establece que en el informe administrativo por muerte debe calificarse la causa, atendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho. Su tenor literal es el siguiente:
“ART. 124.—Informe administrativo. En los casos de muerte previstos en los artículos 121, 122 y 123 de este decreto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las cuales se sucedieron los hechos serán calificadas por: los directores de dependencias de la Dirección General de la Policía o de las escuelas de formación, comandantes de departamento y jefes de organismos especiales, de acuerdo con el procedimiento que establezca la dirección general, la cual queda facultada para modificar la calificación de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, cuando éstas sean contrarias a las pruebas allegadas”.
En cuanto a las prestaciones a las que tendrán derecho los beneficiarios del causante cuando la muerte sea calificada “en actos del servicio”, el artículo 122 ibídem preceptúa:
c) Si el agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que por el tesoro público se les pague una pensión mensual la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, según el tiempo de servicio del causante” (subrayado fuera de texto).
De acuerdo con lo anterior este régimen especial, ampara a los beneficiarios del agente fallecido en actividad con una indemnización equivalente a 3 años de los haberes de actividad devengados y con el pago doble de las cesantías causadas, como en efecto sucedió en el presente caso, pero además consagró el derecho a la pensión de sobrevivientes solamente para quienes cumplieron 12 años o más de servicios a la Institución, razón por la cual los 5 años, 2 meses y 11 días servidos por el fallecido, resultaron insuficientes para su reconocimiento.
Régimen general-Sistema de seguridad social integral
Ahora bien, con la Ley 100 de 1993 se creó el sistema de seguridad social integral, con el objetivo de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del otorgamiento de pensiones y otras prestaciones, para los afiliados y sus beneficiarios, encaminadas a proteger los derechos fundamentales y a crear mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían sometidos.
El artículo 46 ibídem, establece la pensión de sobrevivientes en los siguientes términos:
A su vez el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 preceptúa:
“El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 quedará así: requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
PAR. 1º—Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2º de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley. (...)”.
En este sentido la Corte ha expresado:
“(...) Actualmente, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó la norma original, exige que el afiliado fallecido hubiera cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres últimos años (los inmediatamente anteriores al fallecimiento) y que se acrediten los requisitos contemplados en los literales a) y b) de dicho artículo 12 acusado, donde se requiere, para que los beneficiarios tengan derecho, que los afiliados demuestren una fidelidad de cotización para con el sistema de al menos el 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento.
En este caso, se aumentó el número de semanas cotizadas y se estableció un nuevo requisito de fidelidad al sistema, esto es, una cotización con una densidad del 20% y del 25% del tiempo transcurrido entre los extremos que la ley señala, desconociendo que esa exigencia no puede ser cumplida en igualdad de condiciones; por ejemplo, si una persona al fallecer por enfermedad tiene 40 años de edad, debe contar con un mínimo de 5 años de cotizaciones, que correspondería al 25% del tiempo cotizado, el cual se ve incrementado en la medida que pasen los años, pues siguiendo el mismo ejemplo si el afiliado al fallecer cuenta ya no con 40 sino con 60 años de edad, el requisito correspondiente al 25% del tiempo, ascendería a 10 años de cotizaciones (...)”.
Esta corporación en Sala Plena de 25 de abril de 2013, frente al criterio de la retrospectividad, rectificó este argumento que había sido adoptado, señaló que en materia de sustitución pensional no se podía dar aplicación a una ley posterior, dado que la norma que debe tenerse en cuenta es la vigente al momento del deceso; preciso(1):
“(...) La jurisprudencia de esta corporación(2) ha considerado que en circunstancias especiales no satisface las mínimas garantías que sí satisface el régimen general y cuando éste resulta más favorable que el especial, debe preferirse su aplicación; no obstante, es necesario tener en cuenta que la ley favorable que se debe aplicar es la que esté vigente al momento en que se habría causado el derecho (subrayado fuera de texto).
El derecho a la pensión de sobreviviente se causa al momento del fallecimiento del pensionado, es decir, en el caso analizado las normas que gobiernan la pensión de sobreviviente que hubiera podido surgir con ocasión del fallecimiento del señor Jaime Reyes son las que se estaban vigentes el 19 de octubre de 1985, pues fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso y por tanto, cuando se pudo consolidar el presunto derecho reclamado.
La Ley 100 de 1993, que consagra el derecho pensional de sobrevivientes solicitado por la actor, entró en vigencia el 1º de abril de 1994 de conformidad con lo previsto en su artículo 151, que es del siguiente tenor literal (...).
Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte del señor Reyes se consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la Ley que se pretende toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153 de 1887. (...)”.
La parte actora pretende la nulidad del oficio 8916 ARPRE-GRUPE radicado E0803-051201, por medio del cual se le negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente solicitada.
Del material probatorio que reposa en el expediente se observa que al momento del fallecimiento del señor Ciollo Yaqueno había laborado por un término de 5 años, 2 meses y 11 días, por lo que la entidad demandada, aplicó el régimen especial consagrado en el Decreto 1213 de 1990 (art. 122), que establece una indemnización equivalente a 3 años de los haberes de actividad devengados por éste y el pago doble de las cesantías causadas, como en efecto sucedió en el presente, pues el agente fallecido no cumplió con el requisito del tiempo señalado en esta norma, que es de 12 años de servicio en la institución para poder acceder a la pensión de sobrevivientes.
De acuerdo a lo expuesto y de conformidad con la normatividad referida anteriormente, considera la Sala que no hay lugar a la aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al momento del fallecimiento del señor José Mauro Criollo Yaqueno, esto es, 27 de diciembre de 1990, la normatividad que se encontraba vigente era el Decreto 1213 de 1990, que gobierna la pensión de sobreviviente y la cual debe ser aplicada a la beneficiaria en el presente caso, dado que la ley favorable que se debe aplicar, es la actual al momento del deceso del agente fallecido y no una norma posterior como es la Ley 100 de 1993, que entró a regir el 1º de abril de 1994.
Como quiera que al momento de la muerte del agente Criollo Yaqueno se acreditó su vinculación por 5 años, 2 meses y 11 días al servicio de la Policía Nacional, la entidad demandada reconoció a la beneficiaria Aleida María Palacio Palacio, una indemnización, ya que para acceder al beneficio pensional no se logró acreditar, el tiempo señalado en esta disposición, es decir, 12 años de servicio.
Así las cosas, el proveído impugnado que negó las súplicas de la demanda debe ser confirmado en los términos anteriormente expuestos.
CONFÍRMASE la Sentencia de 11 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda incoada por Aleida María Palacio Palacio contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional.
RECONÓCESE personería a la abogada María Esperanza Buitrago Barón, identificada con cédula de ciudadanía 20.859.360 de Quipile-Cundinamarca y T.P. 153.088 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la entidad demandada, en los términos y para los efectos, conferidos en el poder obrante a folio 117 del expediente.
(1) Providencia de 25 de abril de 2013, con ponencia del doctor Luis Rafael Vergara Quintero, Radicación 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-09).
(2) Ver, entre otras, las sentencias de octubre 7 de 2010, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Radicación 76001-23-31-000-2007-00062-01 (0761-09); febrero 18 de 2010, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Radicación 08001-23-31-000-2004-00283-01 (1514); abril 16 de 2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Radicación 76001-23-31-000-2004-00293-01 (2300-06).

References: ARTÍCULO 46
 artículo 124
 artículo 122
 artículo 46
 artículo 12
 artículo 46
 artículo 66
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 151
 artículo 46