Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0446_ES.html
Timestamp: 2019-09-22 12:23:45+00:00

Document:
Textos aprobados - El Estado de Derecho en Rumanía - Martes 13 de noviembre de 2018
El Estado de Derecho en Rumanía
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre el Estado de Derecho en Rumanía (2018/2844(RSP))
– Vista la audiencia celebrada el 22 de marzo de 2017 en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre democracia y justicia en Rumanía,
– Visto el dictamen conjunto de la Comisión de Venecia, de 16 de marzo de 2018, sobre el proyecto de Ley de Rumanía n.o 140/2017 por el que se modifica el Decreto n.o 26/2000 sobre asociaciones y fundaciones,
– Visto el dictamen conjunto de la Comisión de Venecia, de 20 de octubre de 2018, sobre la reforma de las leyes rumanas n.o 303/2004 sobre el estatuto de los jueces y los fiscales, n.o 304/2004 sobre la organización del poder judicial, y n.o 317/2004 sobre el Consejo Superior de la Magistratura,
– Visto el dictamen conjunto de la Comisión de Venecia, de 20 de octubre de 2018, sobre la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Rumanía, que afecta asimismo a la Ley n.o 78/2000 sobre prevención, detección y sanción de los actos de corrupción, y a la Ley n.o 304/2004 sobre la organización del poder judicial,
– Vista la aprobación por el Parlamento rumano, en diciembre de 2017, de tres leyes de reforma del poder judicial, por las que se modifica la Ley n.o 303/2004 sobre el estatuto de los jueces y los fiscales, la Ley n.o 304/2004 sobre la organización del poder judicial, y la Ley n.o 317/2004 sobre el Consejo Superior de la Magistratura, Vista la aprobación de la reforma del Código Penal, en junio de 2018, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en julio de 2018,
H. Considerando que la Comisión de Venecia, en su dictamen conjunto n.o 914/2018, de 16 de marzo de 2018, se felicitó de que «durante las reuniones en Bucarest, los promotores del proyecto de Ley manifestaron su disposición a modificarlo en determinados aspectos» y pidió a las autoridades rumanas que tuvieran en cuenta sus principales recomendaciones, a saber, que «los nuevos requisitos de información y publicación previstos en el proyecto, incluidas las sanciones de suspensión de actividades y disolución en caso de incumplimiento, son claramente innecesarios y desproporcionados, por lo que deberían ser retirados», y que la publicación de informes financieros detallados cada seis meses y la indicación de la fuente de ingresos independientemente del importe, junto a la sanción de desmantelamiento, tendrá un «efecto inhibidor sobre la sociedad civil» y chocará con «la libertad de asociación y el derecho al respeto de la vida privada»(3);
J. Considerando que el 19 de julio de 2018 la Comisión llevó a Rumanía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la no transposición a su derecho nacional de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales; que el 24 de octubre de 2018 el Parlamento rumano aprobó el «proyecto de Ley de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo»;
K. Considerando que se está produciendo un debate respecto al papel de los servicios de inteligencia rumanos y sus supuestas interferencias en las actividades del poder judicial, lo que plantea preguntas respecto al posible alcance y modalidades de dicha injerencia; que la Comisión de Venencia, en su dictamen n.o 924/2018, de 20 de octubre de 2018, concluyó que «parece necesaria una revisión exhaustiva de la normativa legal sobre control de los servicios de inteligencia»;
N. Considerando que la Unión Europea está comprometida con el respeto de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, así como con el derecho a la información y a la libertad de expresión; que la denuncia de irregularidades es una parte esencial del periodismo de investigación y de la libertad de prensa y que, según la Comunicación de la Comisión, de 23 de abril de 2018, sobre el refuerzo de la protección de los denunciantes en la UE (COM(2018)0214), en la mayoría de los Estados miembros los denunciantes solo están protegidos en situaciones muy limitadas; que las funciones de vigilante público de los medios de comunicación son cruciales para la defensa de estos derechos y para la protección de todos los demás derechos fundamentales;
O. Considerando que Reporteros sin Fronteras ha llamado la atención sobre los intentos de convertir los medios rumanos en herramientas de propaganda política y expresado su preocupación por la censura política en los medios(5);
S. Considerando que el fiscal en jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción fue cesado en su cargo el 9 de julio de 2018, contra la opinión del Consejo Judicial a raíz de una resolución del Tribunal Constitucional que limita los poderes del presidente; que, en sentido contrario, la Comisión de Venecia, en su dictamen n.o 924/2018 de 20 de octubre de 2018, estimó que es importante «reforzar la independencia de los fiscales y preservar y ampliar el papel de instituciones como la Presidencia y el Consejo Superior de la Magistratura, susceptibles de contrarrestar la influencia del Ministerio [de Justicia]»;que el 24 de octubre de 2018 el ministro de Justicia pidió el cese del fiscal general, bajo la acusación de extralimitarse en sus competencias;
3. Condena la violenta y desproporcionada intervención policial durante las protestas de Bucarest de agosto de 2018; pide a las autoridades rumanas que garanticen una investigación transparente, imparcial y efectiva de las intervenciones de la policía antidisturbios;
4. Pide a las autoridades rumanas que instauren garantías para asegurar una base transparente y legal para toda cooperación institucional y evitar cualquier interferencia que eluda el sistema de controles y equilibrios; pide que se refuerce el control parlamentario sobre los servicios de inteligencia;
7. Insta al Gobierno y al Parlamento rumanos a que apliquen plenamente todas las recomendaciones de la Comisión Europea, del GRECO y de la Comisión de Venecia, y a que se abstengan de llevar a cabo cualquier reforma que pueda poner en peligro el respeto del Estado de Derecho, lo que también incluye la independencia judicial; insta a un compromiso continuado con la sociedad civil y destaca la necesidad de abordar las cuestiones citadas más arriba sobre la base de un proceso transparente e inclusivo; anima a solicitar, de forma proactiva, la evaluación por la Comisión de Venecia de las medidas legislativas en cuestión antes de su aprobación definitiva;
8. Pide al Gobierno rumano que coopere con la Comisión Europea, conforme al principio de cooperación leal establecido en el Tratado;
9. Reitera su pesar por la decisión de la Comisión de no publicar el informe sobre la lucha contra la corrupción en 2017, e insta encarecidamente a la Comisión a que reanude sin demora su labor de observación de la corrupción en todos los Estados miembros; pide a la Comisión que desarrolle un sistema de indicadores rigurosos y criterios uniformes fácilmente aplicables para medir el nivel de corrupción en los Estados miembros y evaluar sus políticas de lucha contra la corrupción, de acuerdo con la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2016, sobre el Informe anual 2014 sobre la protección de los intereses financieros de la UE(6);
10. Pide enérgicamente un proceso periódico, sistemático y objetivo de vigilancia y diálogo en el que participen todos los Estados miembros con el fin de salvaguardar los valores fundamentales de la Unión, a saber, la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, con la participación del Consejo, la Comisión y el Parlamento, tal como se propone en su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (Pacto sobre la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales)(7); reitera que este mecanismo debería consistir en un informe anual con recomendaciones específicas por país(8);
11. Pide a la Comisión que, en su calidad de guardiana de los Tratados, supervise el seguimiento dado por las autoridades rumanas a las recomendaciones y al mismo tiempo siga ofreciendo a este país todo su apoyo para dar con las soluciones adecuadas;
12. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al presidente de Rumanía.
(1) Dictamen de la Comisión de Venecia n.o 924/2018, de 20 de octubre de 2018 (CDL-AD(2018)017).
(2) Dictamen de la Comisión de Venecia n.o 930/2018, de 20 de octubre de 2018 (CDL-AD(2018)021).
(3) Dictamen Conjunto de la Comisión de Venecia n.o 914/2018, de 16 de marzo de 2018 (CDL-AD(2018)004).
(4) Resolución 2226/2018 y Recomendación 2134/2018 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
(5) https://rsf.org/esromania
(6) DO C 50 de 9.2.2018, p. 2.
(7) DO C 215 de 19.6.2018, p. 162.
(8) Véase: Resolución del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 2016 sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015 (DO C 238 de 6.7.2018, p. 2).

References: Resolución 
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