Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/46102/sentencia-ts-sala-3-de-16-de-diciembre-de-2010-iva-derecho-comunitario-responsabilidad-patri
Timestamp: 2017-12-15 10:04:49+00:00

Document:
Sentencia T.S. (Sala 3) de 16 de diciembre de 2010. IVA. Derecho comunitario. Responsabilidad patrimonial. Regla de prorrata - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Jurisprudencia > Resultados > Sentencia T.S. (Sala 3) de 16 de diciembre de 2010. IVA. Derecho comunitario. Responsabilidad patrimonial. Regla de...
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Sexta por los Excmos. Srs. Magistrados arriba anotados, el recurso contencioso-administrativo número 002/204/07, interpuesto por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre y representación de la Fundación INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 16 de marzo de 2007 que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por incumplimiento de lo dispuesto en la Sexta Directiva Comunitaria en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido. Se ha personado, como parte recurrida, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
Primero.-El Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuellar, en nombre y representación de la Fundación INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, mediante escrito de fecha de presentación 19 de abril de 2007, interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros que desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, formulada por la recurrente en fecha 24 de mayo de 2006, mediante la cual se solicitaba la devolución de los ingresos efectuados como consecuencia de la reducción del derecho de la recurrente a la deducción total de las cuotas soportadas del IVA durante los ejercicios 1998, 1999 y 2000, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 102 y 104 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por importe de 140.632,61 euros más los intereses de demora correspondientes.
Segundo.-Admitido a trámite el recurso, por providencia de fecha 23 de mayo de 2007, se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo, ordenándole que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la LJCA.
Tercero.-En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el 27 de septiembre de 2007, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando a la Sala que dicte sentencia "... en la que estimando el presente recurso, se acuerde:
1. Elevar cuestión prejudicial al TJCE en los términos expuestos en la Alegación IV de los Fundamentos Jurídico-Materiales.
2. Anular la Resolución del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2007 por la que se deniega a esta parte el plago de las cantidades satisfechas en concepto de IVA, al no ser la misma conforme a Derecho, ordenando al Tesoro Público el pago de 140.632,61 euros más los intereses legales que se devenguen desde la fecha del pago de dicha cantidad hasta la fecha en que se dicte Sentencia.
Por medio de Primer Otrosí Digo, y al amparo del artículo 40.1 de la Ley de la Jurisdicción, fija la cuantía del recurso en 140.632,61 euros, importe de la indemnización solicitada.
Por medio de Segundo Otrosí Digo, y al amparo de lo establecido en el artículo 60.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, interesa el recibimiento del pleito a prueba, fijando a tal efecto los puntos de hecho sobre los que ha de versar dicha prueba.
Por medio de Tercer Otrosí Digo, y al amparo de lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, solicita la formulación de escrito de conclusiones en el momento procesal oportuno.
Cuarto.-El Abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración General del Estado, contestó a la demanda mediante escrito presentado el 26 de octubre de 2007, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó oportunos, terminó suplicando se dictara sentencia "...declarando la íntegra desestimación del recurso de autos, con expresa imposición de costas a la parte recurrente".
Quinto.-Por Auto de 31 de octubre de 2007, tras fijar la cuantía del presente procedimiento, la Sala acordó recibir el presente proceso a prueba, confiriendo a las partes el plazo de quince días para que pudieran proponer todos los medios de prueba de que intentaran valerse, habiéndose practicado toda la prueba admitida, con el resultado que es de ver en los autos. Concluso el término probatorio, se concedió a la recurrente el término de DIEZ DIAS para presentar escrito de conclusiones acerca de los hechos alegados y los fundamentos jurídicos en que funde sus pretensiones, habiendo evacuado el trámite mediante escrito de fecha 12 de febrero de 2008. Por diligencia de ordenación de 21 de abril de 2008 se confirió el mismo trámite al Sr. Abogado del Estado, quien formuló sus conclusiones mediante escrito de 25 de abril de 2008.
Sexto.-Resuelta la cuestión prejudicial planteada por esta Sala ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y unida a los autos copia legalizada de la Sentencia dictada por dicho Tribunal, mediante providencia de fecha 5 de febrero de 2010, se confirió traslado a las partes para alegaciones, y evacuado el trámite fueron declaradas conclusas las actuaciones, quedando pendientes de señalamiento para deliberación y fallo.
Séptimo.-Cumplidas las prescripciones legales se señaló para votación y fallo la audiencia del día 15 de diciembre de 2010, fecha en la que el expresado trámite tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.
Primero.-El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 16 de marzo de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por la fundación INSTITUT DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA en fecha 24 de mayo de 2006, como consecuencia de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a las subvenciones percibidas en los ejercicios 1998, 1999 y 2000, y con fundamento en el incumplimiento por parte del Estado Español de las obligaciones que le incumben en esta materia en virtud del Derecho Comunitario y, en particular, de los arts. 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977 (Sexta Directiva en materia de IVA).
Segundo.-El Abogado del Estado opone a la pretensión actora en primer lugar la falta de prueba sobre el alcance del derecho concedido al particular por la Directiva invocada y, más concretamente, que se haya acreditado ser sujeto pasivo total a los efectos de autos. En segundo lugar, niega la existencia de una "violación suficientemente caracterizada" del Derecho Comunitario por parte de la norma nacional para que de ello pueda derivarse una responsabilidad patrimonial. Tampoco acepta en este caso la necesaria relación de causalidad y la existencia de un daño antijurídico, por cuanto el administrado y hoy recurrente tenía el deber jurídico de soportar el daño. Finalmente y con carácter subsidiario, alega falta de prueba completa acerca de la realidad y entidad del daño causado e improcedencia de adicionar intereses de demora.
Como quiera que la mayor parte de las cuestiones planteadas por el señor Abogado del Estado coinciden con los fundamentos de la resolución administrativa impugnada nos referiremos a ellas en los siguientes fundamentos de esta sentencia.
Cuarto.-Según se hace constar en el Antecedente 1 del Acuerdo recurrido, "La fundación Institut de Tecnología de la Construcció de Catalunya presentó las correspondientes declaraciones-liquidaciones en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) relativas a los ejercicios 1998, 1999 y 2000, sujetándose, por lo que estrictamente atañe a la cuestión aquí suscitada (prorrata de deducción del IVA soportado por los sujetos que efectúan únicamente operaciones gravadas y limitación del derecho a la deducción correspondiente a la compra de bienes o servicios financiados mediante subvención), a lo establecido en los artículos 102 y siguientes de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (...), en su versión modificada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre ".
Conocida la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005 (Asunto C-204/03) a la que nos hemos referido en el anterior fundamento, la parte hoy recurrente formuló, al amparo de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, solicitando ser indemnizada en la cuantía de 140.632,61 €, a los efectos de resarcir los perjuicios económicos que entendía le habían sido ocasionados como consecuencia de la limitación que sufrió de su derecho a la deducción del IVA soportado, al haber incumplido el Estado Español las obligaciones que le incumbían en virtud del Derecho Comunitario y, en particular, de los artículos 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de IVA. Por error material, tanto en el Acuerdo denegatorio dictado por la Subdirección General de Recursos del Ministerio de Economía y Hacienda como en el Acuerdo del Consejo de Ministros que se impugna se señala como importe de la reclamación la cantidad de 104.632,61 €, si bien este error se corrige en el dictamen emitido por la Comisión Permanente del Consejo de Estado en fecha 8 de febrero de 2007, en el que se consigna la cantidad correcta de 140.632,61 €.
23. Como ha recordado el Tribunal de Justicia en numerosas ocasiones, toda limitación del derecho a deducción incide en el nivel de la carga fiscal y debe aplicarse de manera similar en todos los Estados miembros. Por ello, sólo se permiten excepciones en los casos previstos expresamente por la Sexta Directiva (véanse, en particular, las sentencias de 21 de septiembre de 1988, Comisión/Francia, 50/87, Rec. p. 4797, apartado 17; de 6 de julio de 1995 , BP Soupergaz, C-204/93, Rec. p. I-1883, apartado 18, y de 8 de enero de 2002, Metropol y Stadler, C-204/99 , Rec. p. I-1883, apartado 42). 24. A este respecto, debe advertirse que el artículo 19 de la Sexta Directiva , titulado "Cálculo de la prorrata de deducción", remite de forma expresa al artículo 17, apartado 5, de la misma Directiva, al que está íntegramente vinculado. 25 . Por tanto, las disposiciones del artículo 19, apartado 1, segundo guión, relativas a las subvenciones que no sean las enunciadas en el artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de la Sexta Directiva , esto es, a las subvenciones que no estén vinculadas al precio del bien o servicio suministrado y que no formen parte de la base imponible del IVA, deben ser interpretadas a la luz de dicho artículo 17, apartado 5 . Pues bien, este último precepto sólo se refiere a los sujetos pasivos mixtos, como se desprende expresamente de su tenor literal. De ahí que el citado artículo 19, apartado 1, segundo guión, al no tratarse de una excepción aplicable a los sujetos pasivos mixtos y totales, únicamente permite limitar el derecho a deducción, mediante la toma en consideración de las subvenciones antes definidas, en el caso de los sujetos pasivos mixtos.
29. Por lo que respecta a la limitación en el tiempo de los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia que ha solicitado el Gobierno español, debe recordarse que sólo con carácter excepcional puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico comunitario, verse inducido a establecerla. 30. Para ello, como ha señalado el Abogado General en el punto 24 de sus conclusiones, es necesario que pueda acreditarse que las autoridades estatales fueron incitadas a adoptar una normativa o a observar una conducta contraria al Derecho comunitario en razón de una incertidumbre objetiva e importante en cuanto al alcance de las disposiciones comunitarias en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2000, Comisión/Reino Unido, C-204/97 , Rec. p. I-1883, apartado 92). Pues bien, en este caso no existía tal incertidumbre. No procede, por tanto, limitar los efectos en el tiempo de la presente sentencia."
La indemnización debe comprender el importe de lo indebidamente ingresado a favor de la Hacienda Pública, ciento cuarenta mil seiscientos treinta y dos euros con sesenta y un céntimos (140.632,61 €), cuya procedencia resulta justificada pues, como obra en el expediente, la parte hoy recurrente presentó reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Economía y Hacienda el día 24 de mayo de 2006, y en ella se hacía constar que como consecuencia de la prorrata practicada por razón de subvenciones recibidas había dejado de deducir por IVA soportado la cantidad de 140.632,61 €. Dicha reclamación venía acompañada de diversos documentos -copia de las declaraciones-liquidaciones del IVA correspondientes a los ejercicios 1998, 1999 y 2000; copia de los libros-registro del IVA correspondientes a los mismos años; y listado de subvenciones recibidas junto con la documentación acreditativa de su percepción- en los que se reflejan, como datos de interés para este pleito, que la actividad principal de la actora está sujeta y no exenta de IVA, y que se aplicó la regla de prorrata exclusivamente por razón de subvenciones percibidas.
Por otra parte, en el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado no se niega en ningún momento que por aplicación de las normas del IVA nacionales el reclamante había dejado de deducir la cantidad solicitada, y el Abogado del Estado, en su escrito de contestación a la demanda, no cuestiona fundadamente dicha cantidad, cuya realidad se deduce de los documentos aportados. Precisamente en esta falta de deducción, que podría haber practicado si se hubiera aplicado correctamente la normativa comunitaria, es donde el actor concreta el daño sufrido.
Lo anterior nos lleva a concluir que sí está acreditado que la parte recurrente era un sujeto pasivo total a los efectos de las deducciones de IVA soportado y que como consecuencia de la aplicación de la regla de prorrata dejó de deducirse la cantidad de 140.632,61 €.
Primero.-ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la fundación INSTITUT DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 16 de marzo de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por el recurrente en fecha 24 de mayo de 2006, como consecuencia de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a las subvenciones percibidas. Acuerdo que anulamos por ser contrario a derecho.
Segundo.-DECLARAR la responsabilidad patrimonial del Estado, reconociendo el derecho de la fundación INSTITUT DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA a ser indemnizada en la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (140.632,61 €), más los intereses legales que procedan en los términos expresados en el fundamento undécimo de esta sentencia.

References: artículo 49
 Resolución 
 artículo 40
 artículo 60
 artículo 62
 resolución 
 artículo 19
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 19