Source: http://www.libertadidioma.com/2016/20160804.htm
Timestamp: 2019-02-21 03:35:42+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Jueves 4 Agosto 2016
ELISA DE LA NUEZ El Mundo 4 Agosto 2016
Reconozco que es con una cierta fatiga -similar, imagino, a la de muchos lectores- con la que, una vez más, apunto unas reflexiones para intentar encontrar una explicación racional a la cada vez más absurda situación de bloqueo institucional que vivimos en España desde hace ocho meses, con amenazas de filibusterismos varios y de terceras elecciones inclusive. Porque más allá de las vicisitudes concretas del culebrón veraniego que nos están ofreciendo nuestros representantes, la realidad es que los partidos políticos españoles no consiguen ponerse de acuerdo para que se pueda formar Gobierno. Y no lo consiguen pese a la existencia de una seria amenaza de quiebra institucional y democrática en Cataluña por la vía del independentismo, a la posible reacción (aunque sea en diferido) de la Comisión Europea ante el incumplimiento del déficit o a la evidencia de la necesidad de grandes reformas estructurales para enfrentarnos al incierto futuro con garantías de éxito. Para colmo del despropósito, resulta que, según el partido que aspira a encabezar el Gobierno, las diferencias programáticas con los partidos cuyo apoyo solicita no son demasiado grandes: de hecho, resulta ahora que en el fallido acuerdo de Gobierno PSOE-Ciudadanos han encontrado muchas propuestas rescatables. Eso sí, es imprescindible que las rescate precisamente Mariano Rajoy y no otro candidato del PP. El problema es que para el PSOE y Ciudadanos estas propuestas ya no son válidas precisamente si las lleva a cabo un Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Y ahí estamos.
Cuando hace ya tres años participé junto con Luis Garicano, César Molinas y Carles Casajuana en una iniciativa para recabar el apoyo ciudadano con la finalidad de regenerar la vida política española, elegimos centrarnos en un solo problema. Después de algunas conversaciones, coincidimos en identificar el que nos parecía esencial: el mal funcionamiento de los partidos políticos. Así surgió el Manifiesto de los 100, en el que pedíamos una serie de reformas para impulsar la democracia interna y los mecanismos de rendición de cuentas y selección de líderes. El manifiesto tuvo un éxito muy moderado (de hecho, conseguimos sólo 25.000 firmas de los ciudadanos) no sólo debido a la poca experiencia de los promotores sino, en mi opinión, a la escasa preocupación de los españoles por algo que sin duda les parecía muy alejado de sus problemas cotidianos. Probablemente hoy este mismo Manifiesto conseguiría muchas más adhesiones, sencillamente porque el paso del tiempo nos ha dado la razón de una forma que entonces no podíamos sospechar. Cabe afirmar que si padecemos esta situación de bloqueo institucional es sencillamente porque nuestros partidos políticos no funcionan bien. O más bien, como diría César Molinas, porque funcionan rematadamente mal, de manera que no son ni siquiera capaces de cumplir con la primera de sus obligaciones, que es la de garantizar que haya un Gobierno surgido de la voluntad del Parlamento.
Efectivamente, a día de hoy, lo que hay en España es una democracia representativa parlamentaria, es decir, una democracia en la que el Presidente del Gobierno es elegido por el Parlamento, debiendo para ello obtener el número suficiente de votos en la correspondiente sesión de investidura. Esto es al menos lo que dicen nuestros textos legales, empezando por la Constitución, y lo que entienden los expertos. Pero -como en tantos otros ámbitos- al margen de esta «realidad oficial» se ha desarrollado otra 'extraoficial' extraordinariamente potente que funciona de forma muy distinta, por cortesía de los partidos políticos españoles desde prácticamente el comienzo de la Transición. En esta realidad lo que hay es un pseudo caudillismo de partido, lo que supone que lo único que importa políticamente es lo que decide el líder de un partido o, como mucho, el líder y su camarilla. La falta de neutralidad y profesionalidad de unas instituciones -empezando por el Parlamento- que han sido sistemáticamente ocupadas por los partidos, unida a la tolerancia de los medios de comunicación de masas y a la indiferencia de la ciudadanía han hecho el resto.
Claro está que mientras la realidad oficial y la extraoficial han sido compatibles -básicamente en la época del bipartidismo, donde con mayorías absolutas o con partidos nacionalistas era fácil alcanzar acuerdos para formar Gobierno- las disfunciones no eran tan evidentes. Pero ha bastado la ruptura del modelo tradicional para que estemos contemplando con toda su crudeza el anómalo funcionamiento de nuestros partidos políticos. El problema básicamente se podría reducir a uno: la total irresponsabilidad de sus líderes por las decisiones que toman. Hasta el punto de que en España se puede hablar tranquilamente de unas terceras elecciones en un año con los mismos candidatos sin que nadie saque la conclusión obvia de que nuestros representantes lo que pretenden es traspasarnos una vez más las consecuencias de su irresponsabilidad -con los consiguientes costes- para que les salga gratis. Porque eso es en definitiva lo que supone apelar a los electores para que sean ellos los que castiguen en las urnas a los candidatos fracasados, sabiendo que, en realidad, no tienen demasiadas posibilidades de hacerlo por lo menos con el actual sistema electoral. Y en último término, serán los propios líderes del partido de turno los que interpreten los resultados electorales y ya sabemos lo sesgada que suele ser esa interpretación.
Por otro lado, si miramos a otras democracias de nuestro entorno podremos comprobar hasta qué punto el bloqueo institucional que padecemos es consecuencia de este aberrante funcionamiento de nuestros partidos. Ciertamente, la campaña del Brexit es un buen ejemplo de lo que una democracia de calidad debe evitar, pero la actuación del partido conservador después del resultado demuestra claramente que la sustitución de un líder irresponsable no es ningún problema en una democracia parlamentaria si los partidos políticos funcionan razonablemente. Theresa May ha sido elegida sin ningún tipo de trauma interno y con mucha rapidez en sustitución de un David Cameron que había ganado las elecciones no hacía mucho tiempo y por mayoría absoluta. Por el contrario, desprenderse de un Presidente de Estados Unidos o de una Presidenta de Brasil como Dilma Rousseff que son elegidos directamente por los ciudadanos (incluso cuando median escándalos graves de corrupción) no es tan sencillo: se requiere de un complejo procedimiento de impeachment. En definitiva, se trata de modelos muy distintos al nuestro. El Presidente del Gobierno no es elegido directamente por los ciudadanos, es elegido por el Parlamento por lo que no debería haber ningún problema en sustituir al candidato de un partido si, por ejemplo, no es capaz de conseguir ser elegido y hay un candidato alternativo del mismo partido que sí lo conseguiría.
Pero como ya hemos dicho, nuestro modelo se acerca más en la práctica a un modelo presidencialista pero sin el plus de legitimidad democrática que otorga la elección directa de un Presidente por parte de la ciudadanía. Conviene insistir que esta anomalía deriva no de un defecto intrínseco a las democracias parlamentarias sino del mal funcionamiento de nuestros partidos políticos y, en particular, de su falta de democracia interna, de checks and balances y de rendición de cuentas. De ahí nace la dificultad de sustituir a sus líderes por candidatos alternativos por motivos obvios tales como perder elecciones, perder escaños, no conseguir llegar a acuerdos con otras fuerzas para formar un Gobierno, amenazar con nuevas elecciones, estar salpicados por casos de corrupción, saltarse los Estatutos de su partido o los que ustedes prefieran añadir a la lista.
Como verán, no andábamos tan desencaminados cuando consideramos que la palanca que podía servir para elevar la calidad de nuestra democracia representativa exigía mejorar el funcionamiento de nuestros partidos. Hoy, con la palanca atascada, esta necesidad es perentoria. Si creemos que el mejor sistema de gobierno es una democracia parlamentaria, tenemos que saber también que necesitamos partidos políticos que funcionen y que sean capaces de depurar las irresponsabilidades o/y las limitaciones políticas de sus líderes sin delegarnos una tarea que no nos corresponde y para la que carecemos de herramientas adecuadas. Si no lo entienden así, es más que probable que muchos electores se cuestionen su necesidad. Y entonces tendremos un problema todavía mayor.
LUIS MARÍA ANSON El Mundo 4 Agosto 2016
Mientras el PP, el PSOE y Ciudadanos siguen engatillados en la política jibarizada de sus personalismos y sus partidismos, se ha producido en España una de las situaciones más graves desde el año 1492. El Parlamento de Cataluña ha puesto en marcha un meditado proceso de secesión que atenta contra la Constitución y contra la Historia. Tras cinco largos siglos de unidad nacional, corresponde a todos los españoles, y entre ellos a los catalanes, decidir sobre el futuro de Cataluña o de cualquier otra región española. ¿Dónde empieza y dónde concluye el derecho de autodeterminación? ¿Puede declarar su independencia Murcia, Logroño, Cartagena o Torrelodones? La Constitución de 1978 es abierta. En su artículo 168 señala el camino a seguir: se necesitan dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado, nuevas elecciones y otra vez dos tercios de ambas cámaras. Y a continuación referéndum nacional para que decidan todos los ciudadanos españoles, libres e iguales ante la ley.
Esta España desvencijada y sin aliento no puede desbaratar el desafío del Parlamento catalán ni tampoco lo que se prepara para los próximos meses aprovechando la debilidad de un Gobierno fragilizado por los personalismos y los intereses particulares de los grandes partidos políticos. La España asqueada contempla con desprecio creciente lo que está ocurriendo en nuestra nación desde hace siete meses. Frente a uno de los mayores desafíos de los últimos cinco siglos contra el ser de nuestra nación, los dirigentes del Partido Popular, del PSOE y de Ciudadanos siguen anclados en la incertidumbre y el cinismo, como si el ombligo de España estuviera concentrado en sus ambiciones personales y en sus vanidades desbocadas. No se puede ser más irresponsable. España se despedaza y ahí están los señores Rajoy, Sánchez y Rivera dirimiendo naderías y espumas artificiales mientras los secesionistas catalanes, entre el reír de Oriol Junqueras y el rosmar de Ada Colau, se frotan las manos y se aprovechan de la debilidad del Gobierno de la nación.
OKDIARIO 4 Agosto 2016
ARCADI ESPADA El Mundo 4 Agosto 2016
El pintor y escritor cubano Juan Abreu ha dirigido una carta, cargada de ironía y de tristeza, y también de ira contenida, al presidente de la Junta de Galicia, el señor Núñez Feijóo. Desde hace algo más de un año Abreu está empeñado en 1959 (emanaciones.com), un proyecto que consiste en pintar los retratos de los más de 3.000 fusilados por la dictadura castrista. Ya lleva 301. Abreu pinta rápido, y bien, pero tiene dificultades para obtener fotografías de muchos de los fusilados. Como cualquier dictadura, la castrista ha tenido un comprensible interés en silenciar sus crímenes. A ello se añade el terrible sentimiento de vergüenza de algunas de las familias de las víctimas que no han querido, y aún no quieren, hablar de sus fusilados. El proyecto del pintor ha coincidido en el tiempo con el proyecto de Láncara, el pueblo gallego donde nació el padre de los hermanos Castro.
El alcalde, socialista, ha nombrado hijo adoptivo a Raúl y proyecta hacer un pequeño museo ¡castrista! en lo que queda de la casa familiar de los Castro. Sus proyectos han tenido el apoyo de toda la izquierda, del Partido Popular, e incluso del propio Núñez Feijóo. Por eso Abreu le escribe al presidente: 'Estoy dispuesto a donar al Ayuntamiento de Láncara los retratos de los cubanos fusilados por Raúl y Fidel Castro; así los visitantes del museo tendrán una idea clara del legado de la familia homenajeada. Espero que mis retratos compensen un tanto a los gallegos por cualquier disminución del ambiente moral en Galicia, provocado por el hecho de que sus representantes electos distingan, honren y dediquen museo a una estirpe de asesinos'.
Antonio García Fuentes Periodista Digital 4 Agosto 2016
Hermann Tertsch ABC 4 Agosto 2016
Los empleados públicos se libran del ajuste salarial que ha hundido un 15% los sueldos privados
SALARIO MEDIO DE 34.000 EUROS
Lorenzo Ramírez okdiario 4 Agosto 2016
Los empleados que trabajan para las diferentes Administraciones Públicas se han librado del enorme ajuste que han sufrido los salarios en España durante la crisis económica. Mientras que los trabajadores del sector privado han experimentado un recorte del 15% de la masa salarial desde 2008, la del sector público se ha reducido un escaso 0,5%.
Así lo reflejan las estadísticas del Ministerio de Hacienda, que revelan que los sueldos que pagan las empresas ascendieron a poco más de 237.200 millones de euros al cierre de 2015, lo que representa un descenso del 15% respecto a los contabilizados siete años antes. En cuanto a la masa salarial de los empleados públicos, se situó en casi 85.500 millones de euros, prácticamente la misma cifra que en 2008.
En cuanto a los sueldos individuales, los trabajadores que desempeñan su labor en la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen un salario medio de casi 34.000 euros. Esta cantidad está muy lejos del sueldo medio del sector privado (22.450 euros) o de los ingresos que declaran los autónomos (28.450 euros).
En términos globales (sumando sector público y privado) la masa salarial ha caído un 12% en España desde 2008, con un volumen de casi 323.000 millones de euros. Este ajuste se ha producido por la necesidad que ha tenido la economía nacional de incrementar la competitividad. Ante la imposibilidad de recurrir a la vieja receta de devaluar la moneda sólo hay dos opciones: que cada trabajador produzca más y/o que se rebaje el coste de los bienes y servicios.
Sin embargo, los datos revelan que este ajuste ha dejado fuera al sector público, a pesar de que es precisamente el que debe redimensionarse ante las dificultades presupuestarias. La Administración Central y los ayuntamientos han reducido sus plantillas durante los años de crisis, pero las comunidades autónomas han aumentado sus efectivos en 134.000 personas desde 2008. Esto es precisamente lo que critican organismos como el Banco de España, que en su informa anual publicado el pasado julio reclamaba al Gobierno que metiera en cintura a los gobiernos regionales para reducir la brecha fiscal.
No es la única institución que alerta sobre el excesivo gasto de las regiones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) critica al departamento que dirige Cristóbal Montoro por su “laxitud”a la hora de hacer que los gobiernos autonómicos se ajusten, y cita expresamente los casos de Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha.
Según el informe publicado por la AIReF a mediados del pasado julio, si Hacienda hubiera actuado con diligencia“la ejecución de los presupuestos autonómicos aprobados habrían permitido alcanzar un déficit inferior al 0,7% del PIB si recortar su nivel de gasto”, pero “la aplicación de la misma propuesta del Ministerio para todas las CCAA ha conducido a que casi todas ellas prevean agotar el margen dado por la flexibilización del déficit, sin que la regla de gasto haya actuado como elemento de contención”.
Además, la institución (creada por exigencia de Bruselas tras la firma del memorando previo al rescate del sector financiero) asegura que “no se han instrumentado los acuerdos de no disponibilidad por parte de las CCAA”, una de las medidas estrellas anunciadas por el Ejecutivo para recortar el gasto público. La AIReF critica también que se haya mantenido el salvavidas a los gobiernos regionales (el Fondo de Liquidez Autonómico, FLA), sin que estos hayan aprobado los correspondientes planes de ajuste.
Pablo Planas Libertad Digital 4 Agosto 2016
Dejar a Convergencia sin grupos propios en el Senado y en el Congreso ha sido la primera respuesta digna de tal nombre frente al desafío separatista.
Dejar a Convergencia sin grupos propios en el Senado y en el Congreso ha sido la primera respuesta digna de tal nombre frente al desafío separatista. Las imputaciones de Mas en el TSJC (con Joana Ortega e Irene Rigau de comparsas) y de Homs en el Supremo por el referéndum ilegal son una pamema escandalosa.
El presidente del TSJC cuando se investigó a los antedichos, Miquel Àngel Gimeno, es ahora el director de la Oficina Antifrau. ¿No les digo más? Sí, que el magistrado que instruyó la causa, Joan Manuel Abril, fue propuesto por Convergencia y ahora es presidente del Supremo de Andorra. Este señor no tuvo mejor ocurrencia que citar a Mas a declarar el pasado 15 de octubre, 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys. Recordarán la manifestación de alcaldes con la vara y a ese president henchido de amor propio haciendo el saludo nacionalista en lo alto de las escalinatas de la sede judicial. No le sirvió para ablandar a la CUP, que en menos de dos meses lo tiraba a la basura.
Aquello fue una explosión en la santabárbara del proceso. Lo de los grupos propios, una andanada política en toda la línea de flotación de un partido menguante. Los convergentes han acusado el golpe. Se quedan sin tres millones de euros, en el gallinero mixto y sin derecho a que Francesc Homs, gran orador, deleite a la cámara con su verbo inflamado más allá de los minutos de la basura. Convergencia perdió la vergüenza, ha perdido la sede del tres por ciento y ahora se le cae el lobby en Madrid. No es de extrañar que Artur Mas hable de conspiración contra el Partit Demòcrata Català (PDC), cenizas y escombros de lo que fuera un imperio y un emporio familiar.
Mientras los miembros de PP, PSOE y Podemos en la Mesa del Congreso se abstenían, los dos diputados de Ciudadanos no tuvieron piedad. Pulgares abajo. Hacía mucho tiempo que no se veía un ejemplo tan nítido de coherencia. Es evidente que la política no se basa en la congruencia, gracias a Dios, pero ante la mezcla de chulería y victimismo nacionalista se agradece una rareza, un hasta aquí hemos llegado, una respuesta proporcional, que es el ADN de Ciudadanos y su primera razón de ser.
Pase lo que pase con la investidura, al menos esta legislatura habrá servido para finiquitar la negra historia del grupo catalán en el Congreso, una extraordinaria maquinaria de extorsión política y económica que es incompatible con el estado de rebelión de la Generalidad y el Parlamento regional. Brama Mas, patalea Homs y se escandaliza Puigdemont. A mayor abundamiento, ERC no quiere saber nada de acoger en su seno parlamentario al PDC y reeditar en la capital el Junts pel Sí. Ahí hay otra brasa cerca del polvorín separatista.
Ciudadanos actúa contra el separatismo
Presentará a los ayuntamientos una moción de rechazo a la resolución secesionista aprobada por el Parlament y a cualquier iniciativa ilegal de las instituciones catalanas.
R. Moreno Gaceta.es 4 Agosto 2016
Ciudadanos (C's) ha anunciado este martes que presentará a todos los ayuntamientos donde tiene representación municipal una moción de "rechazo a la resolución separatista aprobada por el Parlament de Cataluña y a cualquier iniciativa ilegal que emprendan las instituciones catalanas y sus representantes y cargos públicos”.
Cabe recordar que desde la sociedad civil, catalanes leales a España también vienen avisando desde el pasado octubre de que se declararán insumisos ante cualquier decisión adoptada por los separatistas catalanes que no respete la Constitución. Primero, se lo hicieron saber a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a través de una misiva que puede leer pinchando aquí. En noviembre, se movilizaron en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, convocados por el Movimiento Cívico d’ Espanya i Catalans y Somatemps.
El responsable de Grupos Institucionales de Ciudadanos, Joan García, ha informado de que su formación impulsa esta iniciativa con "voluntad de consenso", y ha destacado que "el texto está abierto a otras propuestas o modificaciones de forma que se sumen los partidos políticos que lo deseen".
En la moción de rechazo a la resolución separatista, aprobada por el Pleno del Parlament el pasado 27 de julio, y que el Tribunal Constitucional ha suspendido este lunes, la formación naranja recuerda que "el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del inicio del proceso separatista en Cataluña y que las resoluciones aprobadas en la Cámara catalana vulneran artículos de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía".
Además, hace hincapié en que las resoluciones rupturistas aprobadas en la Cámara Catalana "suponen un reconocimiento del Parlament y del Gobierno de Cataluña de atribuciones superiores a las que derivan de la autonomía recogida en la Constitución".
En el texto de Ciutadans se especifica que las resoluciones del Parlament pretenden fundamentarse en un principio de legitimidad democrática de la institución que "están en absoluta contradicción con la Constitución Española y con el Estatuto de Autonomía de forma que contradicen los pilares del Estado de Derecho, basados ??en el respeto a la Ley, el Derecho y la propia legitimidad democrática del Parlamento, que la Constitución reconoce y ampara".
Finalmente, la moción señala que este proceso político "no cuenta ni con mayoría política, ni con mayoría social, ni con el reconocimiento del ordenamiento jurídico vigente en la actualidad".
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional ha decidido este lunes por unanimidad suspender la resolución del Parlament de Cataluña en la que marca su hoja de ruta para la ruptura con España, que queda provisionalmente, privada de todo efecto durante, al menos, cinco meses.
El Alto Tribunal ha admitido el incidente presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que se ha limitado a recurrir ante el Alto Tribunal el último desafío secesionista.
El Gobierno también podría haber aplicado el artículo 155 de la Constitución, si bien hasta el momento ha hecho oídos sordos a los partidos y plataformas civiles que se lo han pedido, como VOX, que exige, asimismo, la detención del president catalán, Carles Puigdemont.
Precisamente, es por esta actitud del Gobienro, que sólo sabe esconderse tras el TC frente al procés, la que ha motivado que catalanes leales a España hayan decidido declararse insumisos a los secesionistas. Asisten con gran estupor e indignación a que “se den las condiciones para suspender la autonomía” y piensan que Mariano Rajoy, en vez de parar el secesionismo, “lo alimenta”.
Endeudada hasta 2055
Hacienda pide al Govern que controle el gasto de personal
Puigdemont no tardó ni dos semanas al frente de la Generalitat para subirse el sueldo. Cobra más que Rajoy, Putin y Renzi.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha remitido un carta al vicepresidente económico catalán, Oriol Junqueras, en la que le pide más control del gasto del personal.
Cabe recordar que el president catalán, Carles Puigdemont, no tardó ni dos semanas al frente de la Generalitat para subirse el sueldo y cobra nada menos que 145.471 euros, según ha informado la plataforma Convivencia Cívica Catalana, contraria a la independencia, que preside Francisco Caja.
El salario de Puigdemont no sólo supera al del actual presidente en funciones, Mariano Rajoy, sino también al de líderes internacionales como Vladímir Putin, presidente de Rusia, y Matteo Renzi, primer ministro italiano.
Mientras que su predecesor en el cargo, Artur Mas, renunció a una de las dos pagas extra, el presidente de la Generalitat decidió embolsarse las dos.
Convivencia Cívica explica que ahora el sueldo del presidentsupera en un 85% los 78.967 euros que cobra Rajoy y que los consellers perciben un salario de 109.663 euros, un 57% más elevado que el de los ministros del Gobierno central, que está en unos 69.672 euros.
También los secretarios autonómicos ganan un 23% más que los secretarios de Estado y los directores generales del gobierno catalán un 54% más que los directores generales de la administración central. “En promedio un alto cargo de la administración autonómica catalana cobra un 48% más que un alto cargo del Estado”, destaca.
Así las cosas, el presidente autonómico catalán cobrará 66.504 euros más que Rajoy, 30.320 más que Renzi y 19.784 euros más que Putin.
La plataforma contraria a la independencia catalana, Dolça Catalunya, se ha hecho eco del informe de Convivencia Cívica tragando la noticia con humor.
Francisco Caja considera sorprendente que el gobierno catalán se lamente de padecer una “asfixia financiera” cuando sí dispone de dinero para que su élite política sea, con diferencia, la mejor pagada de toda España y una de las mejor pagadas de Europa.
A esto se suma, además, que, con la comunidad endeudada hasta 2055, la Generalitat no escatima en gastos para su delirio secesionista (terminales mediáticas, sus famosas ‘embajaditas’, 'casals' en el extranjero…).
Hacienda también ha enviado misivas a otras seis autonomías para garantizar los objetivos de cumplimiento de déficit. Las otras comunidades que han recibido una carta del ministerio son Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cantabria y en ellas se les recuerda que deben cumplir los acuerdos de no disponibilidad, así como otras medidas para conseguir que el déficit no supere el 0,7 por ciento este año.
Según las cartas enviadas los últimos días -la de Junqueras tiene fecha de 1 de agosto-, la información que solicitan sobre esas medidas adicionales que tienen que tomar deben ser remitidas al Ministerio antes del 5 de septiembre.
Advierte de que si no se cumplen los compromisos adquiridos en el Plan de ajuste acordado con cada comunidad, será ésta, "en la parte en la que le sea imputable", quien asuma las responsabilidades derivadas del incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea y otros compromisos internacionales.
En la dirigida a Junqueras se muestra preocupado por la evolución de los gastos de personal y con los gastos corrientes en bienes y servicios, especialmente los relacionados con el gasto sanitario.
Pide información específica sobre los procesos judiciales que pudiera determinar en 2016 "algún impacto" en la necesidad de financiación de la Generalitat, en concreto por el recurso interpuesto por Agbar por la privatización de la gestión de Aigües del Ter-Llobregat.
Les cita a una reunión a principios de septiembre para valorar la situación y solicita información específica, antes del 2 de septiembre, sobre las previsiones de ingresos por algunos tributos, el impacto de los fondos europeos en la comunidad, las actuaciones para reajustar compromisos de inversiones y sobre los procesos judiciales que puedan tener impacto en sus cuentas.
La Generalitat aprueba una partida para actuar como un Estado

References: artículo 168
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 155