Source: https://tc.vlex.es/vid/2002-comfia-cc-bbva-stc-281900
Timestamp: 2020-05-30 21:58:54+00:00

Document:
STC 281/2005, 7 de Noviembre de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 281900
Número de Recurso: 874-2002
Recurso de amparo 874-2002. Promovido por la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de las Comisiones Obreras (COMFIA-CC OO) frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que desestimó el conflicto colectivo promovido contra el grupo BBVA. Vulneración de la libertad sindical: uso del correo electrónico de propiedad de la empresa con fines de información (STC 94/1995). Voto particular.
Sentencia citada en: 232 sentencias, 36 artículos doctrinales, 17 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 874-2002, promovido por la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de las Comisiones Obreras (COMFIA-CC OO), representada por la Procuradora de los Tribunales doña Cristina Álvarez Pérez y asistida por el Letrado don Alejandro Cobos Sánchez, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en recurso de casación núm. 1142-2001, de fecha 26 de noviembre de 2001, contra la pronunciada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 6 de febrero de 2001 en procedimiento núm. 115-2000. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y se ha personado don Juan Ignacio A.H., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., asistido por el Letrado don Martín Godino Reyes. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 15 de febrero de 2002 la Procuradora de los Tribunales doña Cristina Álvarez Pérez, actuando en nombre y representación de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de las Comisiones Obreras (COMFIA-CC OO), interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial de la que se hace mérito en el encabezamiento.
El día 2 de noviembre de 1995 el grupo BBVA dirigió a las unidades relacionadas con correo electrónico una orden sobre la descripción de las diferentes utilidades que aporta el sistema de e-mail del grupo BBVA.
Dentro del "Programa 2000", bajo la denominación "La semana más práctica", última semana de enero de 1999, con el objetivo de conseguir generar hábitos de gasto útil, se envió a la plantilla una serie de mensajes informáticos, como el relativo a "utilizar el correo electrónico tanto interna como externamente". En la semana del 12 al 17 de mayo, como continuación de lo anterior, con el propósito de eliminar burocracia y fomentar las actuaciones prácticas a fin de mejorar la eficacia del grupo BBVA, en relación con los gastos de fotocopias se estableció "no usar papel para notas y cartas, sí el correo electrónico (E-mail)". Por otra parte, para colaborar en la mejora de la eficacia, se fijó la "Semana práctica" del 4 al 9 de octubre, con la indicación de utilizar el correo electrónico o e-mail en lugar del teléfono, para reducir los costes de consumo tanto internamente como en las relaciones con la clientela.
Desde el día 2 de febrero de 1999 el sindicato demandante de amparo vino enviando por correo electrónico, desde el servidor externo de COMFIA.NET y a través del servidor interno del grupo BBVA, mensajes de información sindical a sus afiliados y trabajadores de la empresa, sin oposición de ésta. El 13 de febrero de 2000, entre las 9 y 10 horas, envió nuevos mensajes que fueron rechazados por el servidor de la empresa, lo que también ocurrió con otros de fechas posteriores de ese mismo mes de febrero. Idéntica circunstancia se produjo el día 17 de noviembre de 2000. La decisión de la empresa estuvo fundada en la avalancha de correos masivos procedentes de la dirección COMFIA.NET recibidos en los días y horas antes referidos. Ante el desmesurado tamaño de las colas de espera el grupo BBVA decidió filtrar la entrada desde aquella dirección, siendo rechazados los mensajes, con notificación al remitente.
El 26 de septiembre de 2000 la empresa dictó normas de actuación para el uso racional del correo electrónico y fomento del mismo, entre las que cabe resaltar las "Prácticas a evitar", que se formulan en los términos siguientes: "El correo electrónico es una herramienta de productividad que el Grupo pone a disposición de sus empleados, para el desarrollo de las funciones que les tiene encomendadas. Los usos ajenos a éstos fines son por tanto considerados inapropiados y en el límite podrían configurar falta laboral. En particular la remisión a uno o varios usuarios de correos no solicitados, especialmente si esto se hace de forma masiva (actividad conocida como spam) es una práctica rechazable, y, dependiendo de las circunstancias que concurran, puede llegar a ser perseguible".
Por la representación de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de las Comisiones Obreras (COMFIA-CC OO) se planteó demanda de conflicto colectivo, de la que conoció la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En el correspondiente escrito, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho de su pretensión, se terminaba suplicando que se dictara sentencia en la cual se declarase el derecho del sindicato y de sus secciones sindicales en las empresas del grupo BBVA a transmitir noticias de interés sindical a sus afiliados y a los trabajadores en general a través del correo electrónico (e-mail).
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó Sentencia con fecha 6 de febrero de 2001. Reconoce en ella los evidentes beneficios que informática e Internet prestan a sus usuarios en el campo de la comunicación, con un manifiesto ahorro económico por la sustitución de otros soportes de información (papel, correo postal, teléfono, fax, etc.), y enuncia una constatación fáctica que deduce de los hechos probados y que acredita la voluntad de la empresa, por razones económicas de ahorro y de rapidez, de estimular en sus trabajadores el uso del correo electrónico interno y externo como servicio telemático para mejorar la eficacia del grupo, en sustitución de otros medios o soportes de comunicación tradicionales. Esas razones, dice la Sala, condujeron al sindicato a utilizar el correo electrónico como medio de comunicación sindical para transmitir información desde un servidor externo al servidor interno de la empresa, sin que al efecto existiera pacto o acuerdo expreso, aunque sin originar con su conducta ninguna alteración en la actividad productiva. El desarrollo de la información transmitida por el sindicato CC OO desde el 2 de febrero de 1999, dentro de un ambiente de normalidad y respeto del uso específico empresarial, responde, así pues, a un ius usus inocui que respeta el derecho del titular al uso para el que instaló el sistema. Por lo demás (prosigue la Sentencia), la exigencia de cumplimiento de las normas de actuación para el uso racional del correo electrónico dadas por el grupo BBVA iba dirigida a los empleados de la empresa, sin que dichas normas expresamente se refirieran al impedimento del uso sindical.
Frente a dicha Sentencia el BBVA, S.A., interpuso recurso de casación, formalizando diversos motivos, entre ellos, al amparo del art. 205 e) LPL, el que denunciaba infracción por interpretación errónea de los arts. 18, 20 y 28 de la Constitución española, art. 8 LOLS y art. 3.1 del Código civil.
En la impugnación de COMFIA-CC OO al recurso de casación se ponía acento en la política de fomento del uso del correo electrónico llevada a cabo por la entidad bancaria, en detrimento de los medios más tradicionales de comunicación, circunstancia que ocasionó que el sindicato optara, siguiendo las consignas del grupo bancario y en detrimento de los medios tradicionales, por el correo electrónico. Resaltaba además que las normas internas para un uso racional del correo electrónico no recogían referencia expresa "al impedimento del uso sindical", y que, a mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional ha establecido que la transmisión de noticias de interés sindical permite el ejercicio cabal de una acción sindical, propicia el desarrollo de una democracia y de un pluralismo sindicales y, en definitiva, constituye un elemento esencial en la concreción del derecho fundamental a la libertad sindical.
La demanda de amparo se dirige contra la Sentencia de 26 de noviembre de 2001 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a la que imputa la vulneración de los arts. 28.1 y 18.3 CE.
En coherencia con ello la LOLS dispone que la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d)] y que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a ejercer la actividad amparada por ésta en la empresa o fuera de ella [art. 2.2 d)]. Por otra parte el art. 8 LOLS reconoce manifestaciones específicas del ejercicio del derecho de libertad sindical en relación con la comunicación y la información en la empresa. Así, en su apartado 1 c), establece un derecho pasivo, en el plano individual del trabajador afiliado, a recibir la información que le remita su sindicato "en el ámbito de la empresa o centro de trabajo". De igual forma, en el apartado 2, respecto de los sindicatos más representativos y aquellos con representación en la empresa, se establece un derecho a difundir los avisos que puedan interesar a los afiliados y a los trabajadores en general. Son dos planos del mismo derecho; el individual de los afiliados a un sindicato a recibir, en la empresa o centro de trabajo, la información que remita su sindicato, y el colectivo referido a los afiliados y trabajadores en general, que también tienen derechos a la información en la empresa o centro de trabajo.
Finalmente, por lo que se refiere al derecho fundamental que dimana del art. 18.3 CE, el BBVA, S.A., ha vulnerado tal derecho al interceptar y filtrar los mensajes enviados desde el servidor de CC OO, pues para ello tuvo previamente que ver los mensajes y determinar, en función del interlocutor, los que había de rechazar. Ello implica conocer "la identidad subjetiva de los interlocutores o de los corresponsales", conducta que la doctrina constitucional ha considerado vulneradora del derecho reconocido en el art. 18.3 CE, y supone, además, "la interceptación en sentido estricto (que suponga aprehensión física del soporte del mensaje -con conocimiento o no del mismo- o captación, de otra forma, del proceso de comunicación)", lo que entraña igualmente la vulneración del derecho denunciado, al margen de que su infracción esté tipificada en el art. 197 del Código penal. La empresa, para tal fin, debió utilizar los cauces previstos en la propia Constitución: la autorización judicial.
Mediante providencia de 4 de junio de 2004 la Sección Cuarta de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, conceder a la parte demandante de amparo y al Ministerio Público plazo común de diez días para que formulasen alegaciones en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda (art. 50.1.c LOTC).
El Fiscal evacuó el trámite conferido formulando sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 24 de junio de 2004, en el que interesaba la inadmisión de la demanda por falta de contenido constitucional. Según el Ministerio público lo que se discute en el presente caso no es el derecho del trabajador afiliado a un sindicato a distribuir información sindical, derecho que fue reconocido en sus más amplias formulaciones por la STC 94/1995, sino el contemplado en el art. 8.1.c LOLS, es decir el derecho de los afiliados a "recibir la información que les remite su sindicato" en su empresa o centro de trabajo, y la consiguiente obligación empresarial de entregar al trabajador destinatario la correspondencia que el sindicato pueda remitirle. La actuación sindical enjuiciada en el presente caso no encaja, sin embargo, en dicho precepto, pensado para la comunicación escrita o correspondencia, pues lo que aquí se cuestiona es el derecho del sindicato a utilizar como medio de comunicación con sus afiliados una herramienta de producción de la empresa, lo que ha provocado en alguna ocasión trastornos. No se trata, añade el Fiscal, de efectuar una interpretación de la norma existente actualizada a la transformación experimentada por los medios de comunicación. La imposición al empresario de esa obligación, en horas de trabajo y al servicio del derecho de los trabajadores a recibir información de su sindicato, no es simplemente una interpretación actualizada de una normativa obsoleta, sino una imposición inexistente en la normativa cuya obsolescencia se predica. En suma, la resolución recurrida, que remite a las partes a la negociación, no puede ser tildada de vulneradora del derecho de acción sindical, pues lo que la demandante pretende es el ejercicio de su derecho fuera del marco legal en el que está regulado.
En providencia de 10 de febrero de 2005 la Sala Segunda de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 de la Ley Orgánica del mismo, acordó conocer del presente recurso de amparo y admitir a trámite la demanda presentada por la Procuradora doña Cristina Álvarez Pérez en nombre y representación de Federación de Servicios Financieros y Administrativos de las CC OO.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 20 de abril de 2005 el Procurador de los Tribunales don Juan Ignacio A.H., actuando en nombre y representación del BBVA, S.A., solicitó que se le tuviera por personado y parte en el procedimiento.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda, de 19 de mayo de 2005, se accedió a lo solicitado por el Procurador don Juan Ignacio A.H., acordándose, conforme a lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, por un plazo común de veinte días, al Ministerio público y a las partes personadas para que, dentro de dicho término, pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieren.
En escrito registrado en este Tribunal el 13 de junio de 2005 la representación procesal de la parte recurrente cumplimentó el trámite de alegaciones, remitiéndose íntegramente a las realizadas en su demanda de amparo.
En escrito registrado el día 16 de junio de 2005 presentó sus alegaciones el BBVA, S.A., interesando la desestimación del recurso. Censura a la federación sindical demandante que se aparte notoriamente de los hechos probados en el proceso, y sostiene, sobre la cuestión de fondo, que cuando los derechos de actividad sindical comportan facultades adicionales de configuración legal, que conllevan paralelas cargas y obligaciones para el empleador, debe atenderse a los términos y límites de la regulación establecida por el legislador. En particular no se trata en esta ocasión de resolver si el sindicato, en el libre ejercicio de su derecho a informar a sus afiliados y a los trabajadores en general, puede utilizar medios no escritos, como son los electrónicos o informáticos, sino de avaluar si el derecho de libertad sindical comprende la imposición de una carga u obligación empresarial no prevista en la Ley, como es la de poner a disposición del sindicato un instrumento creado específicamente para un uso profesional, cual es el correo electrónico, mediante el acceso a un servidor interno propiedad del banco y a unas direcciones de correo creadas como instrumento de trabajo. A su juicio la respuesta debe ser negativa, toda vez que la determinación de cargas y obligaciones del empresario para facilitar el ejercicio de la actividad sindical es un contenido adicional del derecho fundamental, de configuración legal, a cuyos términos ha de estarse. Ciertamente las actuales previsiones normativas pueden obedecer a un momento en el que el desarrollo de otros medios de difusión de la información, como el correo electrónico, no habían alcanzado la extensión y notoriedad de la que gozan actualmente; pero también es cierto que corresponde al legislador o a la negociación colectiva valorar en su caso tal transformación y modificar el precepto legal que configura el alcance de las obligaciones empresariales en materia de información sindical. Por otra parte, añade el BBVA, S.A., la distribución de información por parte de los sindicatos, a tenor del artículo 8.1 b) LOLS, está sujeta a unas limitaciones que la pretendida utilización del correo electrónico interno de la empresa no respetaría. Al contrario, puede decirse que su empleo perturba la actividad normal de la empresa, en cuanto introduce en un instrumento de uso profesional un flujo de información que se superpone de forma imperativa y a la que es necesario acceder en todo caso.
El día 15 de junio de 2005 presentó sus alegaciones el Fiscal, solicitando la desestimación del recurso. Además de reiterar las efectuadas con ocasión de la audiencia del art. 50.3 LOTC, insiste en subrayar que la central sindical no tiene en cuenta que los derechos adicionales de libertad sindical deben ser ejercitados en el marco de su regulación; que, aun cuando en la actualidad se hayan generalizado nuevas formas de comunicación, las empresas disponen de dichos medios como instrumentos de producción; y que cabe apreciar, en la pretensión de actualizar la interpretación de la LOLS, que existen medios de comunicación coetáneos a la misma que tampoco fueron contemplados en ésta al efecto de imposición de obligaciones al empresario para que el sindicato remitiese información a los trabajadores. En consecuencia, siendo de configuración legal el derecho a examen, y debiendo ser ejercitado en el marco de su regulación, la decisión judicial impugnada no puede tildarse de vulneradora del derecho a la libertad sindical, ni de no haber efectuado una adecuada ponderación de los bienes y valores constitucionales en el caso concreto.
Por providencia de 3 de noviembre de 2005 se señaló, para deliberación y votación de la presente Sentencia, el día 7 del mismo mes y año.
Como ha quedado expuesto en los antecedentes de la presente resolución el recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de 26 de noviembre de 2001 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación interpuesto por el Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), contra la Sentencia de 6 de febrero de 2001 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que había estimado parcialmente la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el sindicato ahora recurrente contra la citada empresa.
Antes de entrar a analizar si realmente se han vulnerado en el presente caso los derechos fundamentales invocados, como afirma la federación sindical recurrente, debemos detenernos en la objeción de carácter procesal articulada por el Fiscal, quien en su escrito aduce la existencia de una causa de inadmisibilidad consistente en la falta de invocación formal en la vía judicial previa del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE). De confirmarse esta circunstancia la presente demanda de amparo quedaría limitada a la denuncia restante, relativa a la vulneración del art. 28.1 CE, incurriendo en la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 c) del mismo texto legal, la queja primeramente aludida. Como ha señalado en otras ocasiones este Tribunal, los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan sanados porque la demanda haya sido inicialmente admitida a trámite, de forma que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede siempre abordarse en la Sentencia, de oficio o a instancia de parte (por todas, STC 172/2004, de 18 de octubre, FJ 2).
Planteada por COMFIA-CC OO la vulneración de su derecho de libertad sindical (art. 28.1 CE) al habérsele impedido la utilización de un instrumento de difusión de la información sindical, en cuanto actividad encaminada a la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores, debemos comenzar por recordar nuestra doctrina acerca del contenido de este derecho.
Aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse la restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, este Tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE, efectuada según el canon hermenéutico del art. 10.2 CE, que llama a los textos internacionales ratificados por España -en este caso, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo núms. 87 y 98, señaladamente-, que la enumeración de derechos efectuada en el primeramente referido precepto constitucional no se realiza con el carácter de numerus clausus, sino que en el contenido de dicho precepto se integra también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995, de 19 de junio, FJ 2; 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 6; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6, y 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 5).
Las anteriores expresiones del derecho fundamental (organizativas o asociativas y funcionales o de actividad) constituyen su núcleo mínimo e indisponible, el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente funcional del derecho, la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) establece que la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d)] y, de otra parte, que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de su libertad sindical, tienen derecho a desarrollar actividades sindicales en la empresa o fuera de ella [art. 2.2 d)].
Ese abanico de condiciones y límites, así como de fuentes de atribución de los derechos y facultades que integran el derecho fundamental a la libertad sindical, obliga a definir de qué hablamos cuando lo hacemos del derecho a la transmisión de información sindical.
Pues bien, como expresión de la acción sindical, el derecho a informar a los representados, afiliados o no, forma parte del contenido esencial del derecho fundamental, puesto que la transmisión de noticias de interés sindical, el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores, es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindicales. En definitiva, constituye un "elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical" (STC 94/1995, de 19 de junio, FJ 3), una expresión central, por tanto, de la acción sindical y, por ello, del contenido esencial del derecho fundamental.
En los lugares de trabajo ese contenido esencial informativo tiene ciertas concreciones en la legislación sindical. Vienen a especificarse fundamentalmente en el art. 8.1, b) y c), LOLS, según el cual los trabajadores afiliados a un sindicato podrán celebrar reuniones, previa notificación al empresario, y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa, así como recibir la información que les remita su sindicato. El legislador debe garantizar y garantiza con esas previsiones normativas la libre difusión de este tipo de comunicaciones sindicales en la empresa. En el bien entendido que, como subrayó nuestra STC 94/1995, de 19 de junio, FJ 4, que existan esas concreciones legislativas de los derechos de información de los sindicatos "en modo alguno autoriza a concluir que sólo a través de ellos pueden comunicarse con los trabajadores; por el contrario, siempre que la fórmula elegida para transmitir información se desarrolle fuera de las horas de trabajo y no perturbe la actividad normal de la empresa, constituye un legítimo ejercicio del derecho fundamental" (STC 94/1995, de 19 de junio, FJ 4). Aquella regulación legal, por tanto, no agota las posibilidades de ejercicio del derecho a la información sindical, comprendido en el contenido esencial del art. 28.1 CE. En ese sentido, en particular, que el art. 8 LOLS se refiera al derecho de los afiliados a recibir información de su sindicato, como decíamos al reproducir la STC 94/1995, no permite situar extramuros del contenido esencial del derecho fundamental la información que se transmita y el derecho a informar a los trabajadores no afiliados.
Pues bien, en el presente caso la resolución judicial recurrida no cuestiona que la conducta del sindicato recurrente (remisión de información a los afiliados y trabajadores en general a través de una infraestructura informática) se enmarque en el derecho de información sindical. Lo que niega es que la empresa esté obligada a facilitar los medios materiales pretendidos (su sistema de correo electrónico) para llevar a cabo esta función, en ausencia de obligación legal o de acuerdo entre las partes sobre ella, por desbordar la pretensión sindical avanzada al respecto las previsiones del art. 8 LOLS. Sitúa con ello la cuestión en los terrenos del contenido adicional del derecho a la libertad sindical, dado que, como establecía nuestra STC 173/1992, de 29 de octubre, FFJJ 4 y 6, "la imposición de cargas a la empresa derivada de la actuación sindical implica la promoción de la actividad del sindicato en la empresa o en el centro de trabajo, que parece así como un instrumento adicional que el legislador puede lícitamente establecer, ordenar y delimitar sin incurrir en inconstitucionalidad puesto que no está incluido en el contenido esencial de la libertad sindical ... Estas ventajas y prerrogativas dirigidas a promocionar la actividad sindical en los lugares de trabajo, no integran el contenido esencial de la libertad sindical".
Desde esta perspectiva promocional a cargo de terceros es preciso compartir con el Ministerio público que la obligación del empresario de permitir la comunicación entre el sindicato y los trabajadores mediante la utilización de su sistema interno de correo electrónico no nace de una lectura actualizada de la norma legal del art. 8.2 LOLS, partiendo de que sus previsiones habrían quedado obsoletas como consecuencia de los avances tecnológicos. Resulta claro que el derecho a contar para uso sindical con un sistema de correo electrónico a costa del empleador no encaja dentro de los límites de dicho precepto, pues sólo podría fundarse en una interpretación extensiva del derecho a un tablón de anuncios, que pasaría a considerarse como un tablón virtual. Una lectura extensiva de ese estilo no encuentra acomodo en nuestra doctrina sobre el contenido adicional de la libertad sindical, según la cual "no corresponde a este Tribunal determinar cuál es la interpretación más correcta de tal cuerpo normativo (STC 61/1989), ni resultaría constitucionalmente obligado que estando en juego una garantía legal del derecho fundamental se incline a priori por la interpretación aparentemente más beneficiosa para el titular de aquél, sino que basta con constatar si la interpretación llevada a cabo salvaguarda o no suficientemente el contenido del derecho fundamental" (STC 18/2001, de 29 de enero, FJ 2).
Ahora bien, esa perspectiva de análisis acogida por la Sentencia recurrida sitúa la controversia en el marco de los derechos propios del contenido adicional de la libertad sindical. Como se ha visto el derecho de información sindical puede llevar aparejadas cargas y obligaciones de tal estilo, aunque no sea éste el caso.
Pues bien, según se dijo, el derecho a transmitir información sindical, en sí mismo considerado, más allá de que se concrete adicionalmente en unos u otros términos, es decir, en la imposición de unas u otras cargas para el empresario, forma parte del contenido esencial del derecho del art. 28.1 CE y tiene que definirse por ello, antes que desde planos de irradiación y concreción infraconstitucional, desde su configuración propiamente constitucional, atendiendo a su contenido esencial. Insistiendo en la idea que subrayábamos anteriormente, en la STC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6, recordábamos que: "el ejercicio de esa acción sindical confiere al sindicato un amplio marco de libertad de actuación, cuyas vertientes más significativas son el derecho a la negociación colectiva, a la huelga y al planteamiento de conflictos individuales y colectivos (art. 2.2.d LOLS), cuyo ejercicio dentro de la empresa se regula en los arts. 8 a 11 de esa misma ley, pero cuyo contenido no se agota ahí, sino que -consagrándose constitucionalmente un ámbito de libertad- comprenderá también cualquier otra forma lícita de actuación que [los sindicatos] consideren adecuada para el cumplimiento de los fines a los que están constitucionalmente llamados. Entre otras, y por lo que atañe a la resolución de este caso, la utilización como instrumento de acción sindical de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información (así lo hemos reconocido, entre otras, en SSTC 143/1991, de 1 de julio, FFJJ 5 y 6; 1/1998, de 12 de enero, FJ 6; 213/2002, de 11 de noviembre, FJ 4)".
A fin de enjuiciar el derecho del sindicato a utilizar, para su comunicación con los trabajadores, un instrumento que es propiedad de la empresa y que constituye una herramienta de producción, y mediante el cual las comunicaciones se realizan en el puesto y durante la jornada de trabajo, será preciso partir de que nos hallamos ante una manifestación del conflicto de intereses y de lógicas jurídicas entre los derechos de los sindicatos y de los trabajadores y los intereses empresariales al funcionamiento de la organización productiva. La función de autotutela colectiva precisa de instrumentos idóneos para su ejercicio eficaz, lo mismo que la normalidad productiva y la propiedad empresarial imponen límites a la utilización de tales instrumentos, que no puede ser ilimitada o irrestricta.
La garantía del contenido esencial del derecho fundamental, consistente en evitar el establecimiento de dificultades a su ejercicio más allá de lo razonable, no es ajena al empresario, en la medida en que la actividad sindical se desarrolle en el seno de su organización productiva.
Tenga o no un deber de colaboración en la promoción del derecho fundamental que venimos considerando conforme a la ley, los pactos o sus posibles concesiones previas, el empresario tiene en todo caso una obligación de no obstaculizar injustificada o arbitrariamente el ejercicio de dicho derecho.
Tratándose de la utilización de medios preexistentes en la empresa y eficaces para la comunicación, pero no requeridos legalmente ni pactados, ni creados para un uso sindical, la cuestión será, según ha quedado anunciado, de los límites a que debe sujetarse dicha utilización, puesto que, como sucede con todos los derechos, el de libertad sindical no es un derecho ilimitado. Entre los derechos y bienes constitucionalmente protegidos que deben tenerse presentes al delimitar su contenido figuran, sin duda, derechos de los empleadores y otros bienes de índole económica y empresarial (STC 134/1994, de 9 de mayo, FJ 4), en el bien entendido de que deberá igualmente atenderse a la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales han de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable para la eficacia y conforme con la esencia de tales derechos (SSTC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ 6; 254/1988, de 21 de diciembre, FJ 3; o 195/2003, de 27 de octubre, FJ 4).
La comunicación no podrá perturbar la actividad normal de la empresa.
Tratándose del empleo de un medio de comunicación electrónico, creado como herramienta de la producción, no podrá perjudicarse el uso específico empresarial preordenado para el mismo, ni pretenderse que deba prevalecer el interés de uso sindical, debiendo emplearse el instrumento de comunicación, por el contrario, de manera que permita armonizar su manejo por el sindicato y la consecución del objetivo empresarial que dio lugar a su puesta en funcionamiento, prevaleciendo esta última función en caso de conflicto. A tal efecto resultaría constitucionalmente lícito que la empresa predeterminase las condiciones de utilización para fines sindicales de las comunicaciones electrónicas, siempre que no las excluyera en términos absolutos.
Finalmente, no teniendo fundamento el derecho en una carga empresarial expresamente prescrita en el Ordenamiento, la utilización del instrumento empresarial no podrá ocasionar gravámenes adicionales para el empleador, significativamente la asunción de mayores costes.
Con base en la anterior doctrina, en el examen del caso concreto nos corresponde como Tribunal de garantía o de tutela de derechos fundamentales, ponderar si el sindicato recurrente tiene el derecho de información sindical en los términos que reclama, representando esto el ámbito legítimo y constitucionalmente protegido del mismo, o si las restricciones que pretende el empleador están constitucionalmente justificadas.
Con esos límites, en efecto, queda asegurado el derecho fundamental, respetándose al mismo tiempo las reglas y condiciones de uso enunciadas. Ciertamente la empresa no está obligada en virtud de su consentimiento previo (visto que hubo excesos que justificaron su reversión) ni tampoco en virtud de norma legal o pacto colectivo a suministrar los medios electrónicos precisos para la comunicación sindical. Sin embargo, estando en cuestión el derecho de uso del medio telemático y no las vicisitudes que ocasionó en un momento dado su empleo, resulta coherente con el contenido del derecho fundamental supeditar esa facultad sindical a que no se cause perjuicio al grupo bancario, a su actividad productiva y al regular funcionamiento de la herramienta empresarial objeto de controversia, lo que queda asegurado en el fallo de la Sentencia de la Audiencia Nacional en los términos en los que se emite, a saber: el reconocimiento del derecho solicitado por el sindicato "con la mesura y normalidad inocua con que lo venía realizando desde el 2 de febrero de 1999 hasta el momento en que se emitió una cantidad masiva de mensajes [el] 13-2-2000, que colapsó el servidor interno de la empresa". Frente a ello la Sentencia recurrida en amparo realiza una aproximación limitada a las obligaciones positivas de promoción del empresario, prescindiendo de la consideración de que el hecho de que aquéllas no existan en relación con la creación de un sistema de correo electrónico para uso sindical, no supone una genérica habilitación al empresario para llevar a cabo un acto de resistencia meramente entorpecedor del derecho, incluso en su ejercicio normal e inocuo, a falta de una justificación objetiva y razonable de su decisión.
Las precedentes observaciones conducen necesariamente al otorgamiento del amparo solicitado, si bien es preciso, por último, delimitar el alcance de los efectos de nuestra resolución. Especialmente porque la recurrida sostiene que la Sentencia de la Audiencia Nacional adolece de falta de precisión al no delimitar de manera clara los contornos del derecho que reconoce, lo que haría imposible saber si el cumplimiento del pronunciamiento se está llevando a cabo de acuerdo con lo resuelto siempre que una de las partes no estuviera conforme con la decisión de la contraria respecto a la frecuencia y extensión de las comunicaciones.
Declarar que se ha vulnerado el derecho de la recurrente a la libertad sindical (art. 28.1 CE).
Restablecerla en la integridad del citado derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación núm. 1142-2001, con fecha 26 de noviembre de 2001.
Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 874-2002.
Me resulta artificiosa la distinción que se establece entre la inexistencia de una obligación empresarial de dotarse de una infraestructura informática para uso sindical (FJ 5 in fine), (que me parece absolutamente obvia), y el "potencial derecho de un sindicato a utilizar el sistema preexistente en la empresa" (FJ 6), pues el núcleo de la controversia se centra en esa segunda vertiente, y para resolverla resulta inoperante la previa negativa de lo obvio. Y digo que me resulta artificiosa la distinción, en cuanto se utiliza realmente como base para diferenciar entre la inserción de la primera obligación, negada, en el contenido adicional del derecho fundamental, y por contra insertar el aludido derecho potencial del sindicato en el contenido esencial del derecho, sobre la base de calificar la actuación empresarial impeditiva del uso sindical del sistema informático de su propiedad como "actos meramente negativos tendentes a obstaculizar el contenido esencial (aquí informativo) de la libertad sindical" (FJ 6).
SAN, 17 de Diciembre de 2001
SAP Barcelona 223/2016, 17 de Mayo de 2016
STSJ Cataluña 417/2005, 12 de Mayo de 2005

References: resolución 
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine