Source: https://www.biscardiasoc.com.ar/sites/biscardiconf/files/memo/memorandum-febrero-2020.html
Timestamp: 2020-08-08 22:59:06+00:00

Document:
Número 190- Año XV, Febrero de 2020
» Billeteras electrónicas.
» Régimen de incentivo para bienes de capital.
» Promoción industrial. Prórroga del plazo de suspensión de las ejecuciones fiscales.
» Ley de presupuestos de adaptación y mitigación del cambio climatico global.
» Inapelabilidad de la resolución que rechaza el pedido de caducidad de instancia.
» Derechos de exportación. Prestaciones de servicios.
» Billeteras electrónicas. | ^arriba
n fecha 9 de enero de 2020 fue emitida por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) la comunicación “A” N° 6859 por medio de la cual reguló ciertos aspectos de la actividad desarrollada por las firmas Proveedoras de Servicios de Pago (PSP) o también llamadas billeteras electrónicas. Entre otras cosas en la misma se estableció, en primer lugar, lo que se entiende por PSP. En ese sentido, se considera a la misma a las personas jurídicas que, sin ser entidades financieras, cumplan al menos una función dentro de un esquema de pago minorista, en el marco global del sistema de pagos, tal como ofrecer cuentas de pago (estas son las cuentas de libre disponibilidad ofrecidas por las PSP a sus clientes para ordenar y/o recibir pagos). También dispone que los fondos de los clientes acreditados en cuentas de pago deberán encontrarse, en todo momento, disponibles –con carácter inmediato ante su requerimiento por parte del cliente– por un monto al menos equivalente al que fue acreditado en la cuenta de pago. A tal efecto los sistemas implementados por el PSP deberán identificar e individualizar los fondos de cada cliente y el 100 % de dichos fondos deberá encontrarse depositado (en todo momento) en cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país. Asimismo prevé que para la realización de transacciones por cuenta propia (por ejemplo: pago de proveedores, pago de sueldos, etc.) los PSP deberán utilizar una cuenta a la vista “operativa” (de libre disponibilidad) distinta a la cuenta donde se encuentren depositados los fondos de los clientes. Cabe señalar que las disposiciones previstas en dicha normativa deberán encontrarse completamente operativas para el día 31/1/20. El incumplimiento normativo del régimen en comentario podrá tener las sanciones previstas para las entidades financieras (arts 41, 42 y ccds. Ley 21.526 y modificatorias).
Acompañamos el texto de la Com. A-6859 en este link
» Régimen de incentivo para bienes de capital. | ^arriba
A través del Decreto No. 96/2020 publicado en el B. O. el 22 de enero del corriente año el PEN decidió prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020 el régimen de incentivo para las industrias que fabrican bienes de capital. Este mecanismo había sido originalmente establecido en marzo de 2001 (a través del decreto 379 de aquel año) con el objeto de promover y mejorar la competitividad de la industria nacional. El incentivo en cuestión, dirigido a distintos sectores de la industria (como ser a aquellos fabricantes de maquinaria general y agrícola, herramientas y equipos hospitalarios, carroceros o buses de uso urbano, proveedores destinados a la producción de hidrocarburos y energía eléctrica, entre otros), consiste en un bono fiscal que puede ser usado para cancelar impuestos nacionales, o bien ser transferido a terceros. Es así que podrá computarse “hasta un equivalente al setenta por ciento (70%) del valor de las inversiones realizadas en innovación, investigación y desarrollo tecnológico, facturadas y efectuadas a partir del 1/01/2020, y debidamente acreditadas” como bono fiscal, siempre que y en todos los casos, el bien de capital objeto de la transacción que dio origen al bono haya sido entregado al adquiriente con una antelación no mayor a un (1) año respecto de la solicitud respectiva.
Acompañamos el texto del Decreto 96/2020 en este link
» Promoción industrial. Prórroga del plazo de suspensión de las ejecuciones fiscales. | ^arriba
La AFIP dispuso ampliar el plazo de suspensión de las ejecuciones fiscales tributarias que se encontraran activas en el marco de las deudas originadas por incumplimientos a los regímenes de promoción industrial aprobado por Ley No. 22.021 y sus modificatorias que se hayan generado hasta el período fiscal 2015 y que fueron motivo de condonación por el art. 79 de la Ley No 27.341, que incorporó el art. 116 a la Ley Complementaria Permanente del Presupuesto Nacional. Recordemos que se había instituído ese beneficio pero que el mismo debía ser reglamentado por los respectivos ministerios competentes, lo cual aconteció con la Resolución Conjunta No. 6 del 15/8/2017 que prevé el otorgamiento de un certificado de cumplimiento promocional. Atento que a la fecha no se encontraba terminada la tarea de evaluación interna que permita poner en marcha el régimen de emisión de tales certificados, la AFIP dispuso otorgar una nueva prórroga a la suspensión de las ejecuciones fiscales ya iniciadas, esta vez hasta el 31 de julio de 2020 inclusive. Tal decisión se plasmó por la Res. Gral. 4663/2020 del organismo recaudador.
» Ley de presupuestos de adaptación y mitigación del cambio climático global. | ^arriba
El 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial la Ley No. 27.520 que tiene como objetivo principal los siguientes puntos: a) Establecer las estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al Cambio Climático que puedan garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas; b) Asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país y c) Reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el Cambio Climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios. La Secretaria de Gobierno y Ambiente y Desarrollo Sustentable es la autoridad de aplicación. Se crea el Gabinete Nacional de Cambio Climático que será conducido por el Jefe de Gabinete de Ministros y cuya función será articular entre las distintas áreas de gobierno la implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Asimismo, se crea un consejo asesor. La finalidad del Plan Nacional de Adaptación y mitigación al cambio climático global es la proyectar políticas de Estado en materia de adaptación y mitigación al cambio climático para las generaciones presentes y futuras, el desarrollo de métodos y herramientas para evaluar los impactos y la vulnerabilidad y la de permitir la adaptación al cambio climático en los diferentes sectores socioeconómicos y sistemas ambientales del país.
» Inapelabilidad de la resolución que rechaza el pedido de caducidad de instancia. | ^arriba
Por decisión de fecha 23 de diciembre de 2019 la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial sostuvo que el art. 317 del Código Procesal Civil y Comercial veda la competencia del Tribunal de Alzada para pronunciarse sobre una caducidad de instancia rechazada por el juez de grado, motivo por el cual consideró mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la agraviada. Asi lo indicó en el caso “Gire S.A. c. Gervasoni, Jose Maria y otro s/Ejecutivo”. El demandado interpuso recurso de apelación contra la resolución que rechazó el pedido de caducidad argumentando que la sentencia de trance y remate no se encontraba firme y que la misma debió sustanciarse, ello con fundamento en el art. 315 del CPCC. Ante ello la Sala, sin ignorar los defectos denunciados por el recurrente, hizo prevalecer lo dispuesto por el art. 317 del CPCC, en tanto dispone “La resolución sobre la caducidad sólo será apelable cuando ésta fuere declarada procedente. …”. Agregó que frente a la claridad del dispositivo el Tribunal no puede fallar contra-legem y de allí la decisión que se adoptara.
» Derechos de exportación. Prestaciones de servicios. | ^arriba
El 24 de Enero del corriente año la AFIP dictó la Resolución General No. 4666/20 por la cual se introducen modificaciones al régimen de la Resolución General No. 4400. Cabe recordar que por Decreto No. 1201/18 (y con motivo de la reforma fiscal de aquél año) se gravaron con derechos de exportación las exportaciones de servicios como así también la de ciertos productos industriales. Ese régimen cambió con la sanción de la ley de solidaridad social y reactivación productiva (Diciembre 2019) No. 27.541 al reajustarse las alícuotas correspondientes al gravamen. El nuevo arancel del derecho de exportación es ahora del 5% y se calculará sobre el importe que surja de la factura electrónica (“E”) que se emita con más/menos los ajustes provenientes de notas de débito/crédito. Se utilizará para la conversión a $ el tipo de cambio vendedor divisa del Banco Nación Argentina del dia hábil cambiario anterior a la fecha de pago del derecho de exportación, que se liquidará por medio de declaración jurada (F.1318). Por último se efectúan aclaraciones acerca de la metodología de cálculo del beneficio otorgado por el art. 4 in fine del Decreto No. 1201/18 (exportaciones que no superen U$S 2 millones gozan del beneficio de pago extendido, 45 dias corridos posteriores al vencimiento de la fecha de presentación de la Declaración Jurada, sin intereses).

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
in fine