Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r2-ib-l7-2010.tp.html
Timestamp: 2017-02-24 15:28:22+00:00

Document:
Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears. TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES (Vigente hasta el 10 de Marzo de 2012).
Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears (Vigente hasta el 10 de Marzo de 2012).
Vigencia desde 30 de Julio de 2010. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2012 hasta 10 de Marzo de 2012
Capítulo IObjeto, ámbito de aplicación y clasificación de los entes que integran el sector público instrumental
Objeto Esta ley regula el régimen general de organización y de funcionamiento del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Ámbito de aplicación y naturaleza de los entes 1. Integran el sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears los entes que se relacionan a continuación, siempre y cuando se encuentren bajo la dependencia o vinculación de la Administración de la comunidad autónoma en los términos previstos en la presente ley:
a) Los organismos autónomos.
b) Las entidades públicas empresariales.
c) Las sociedades mercantiles públicas.
d) Las fundaciones del sector público.
e) Los consorcios.
2. Las entidades mencionadas en las letras a) y b) del apartado anterior son organismos públicos de naturaleza institucional con personificación pública.
Las entidades mencionadas en las letras c) y d) del apartado anterior son organismos de titularidad pública de naturaleza institucional con personificación privada.
Los consorcios tienen la consideración de ente de naturaleza corporativa de base asociativa con personificación pública.
Principios generales Las entidades que integran el sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears están sometidas a los principios de legalidad, servicio al interés general, eficacia, eficiencia, estabilidad y transparencia.
Clasificación del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears El sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears se clasifica en:
a) El sector público instrumental administrativo, integrado por los entes mencionados en las letras a) y e) del artículo 2.1 de esta ley.
b) El sector público instrumental empresarial, integrado por los entes mencionados en las letras b) y c) del artículo 2.1 de esta ley.
c) El sector público fundacional, integrado por las fundaciones del sector público a que se refiere la letra d) del artículo 2.1 de esta ley.
Capítulo IIRequerimientos previos a la creación de los entes instrumentales
Requerimientos previos a la creación de los entes 1. La creación y constitución de cualquiera de los entes a que se refiere el anterior artículo 2 debe ir precedida de la elaboración de un plan de actuación inicial que ha de incluir, al menos, los siguientes aspectos:
a) Declaración expresa del objeto o la finalidad del ente, con referencia expresa a los objetivos necesarios y a las líneas de actuación adecuadas para alcanzarlos, así como al ámbito temporal en que se prevé desarrollar la actividad, el cual, con carácter general, no puede ser inferior a cinco años.
b) Memoria acreditativa de la conveniencia y oportunidad de su creación, así como la inexistencia de otro ente que pueda desarrollar las funciones que se pretenden atribuir al ente de nueva creación.
c) Forma jurídico-organizativa propuesta y análisis valorativo de las demás formas jurídicas alternativas de organización que se han descartado, así como de su incidencia en la organización de la comunidad autónoma.
e) Plan estratégico, en el que se detallen los objetivos concretos y las líneas de actuación.
f) Previsiones sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento, con el informe vinculante de la persona titular de la consejería competente en materia de función pública.
g) Previsiones sobre recursos de tecnologías de la información necesarios para su funcionamiento.
h) Anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio.
2. Además, junto con el plan de actuación inicial, ha de incluirse un estudio económico-financiero que ha de justificar la suficiencia de la dotación prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y de los futuros compromisos para garantizar la continuidad durante un periodo, al menos y con carácter general, de cinco años, y que ha de hacer referencia expresa a las fuentes de financiación de los gastos y las inversiones, así como a la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
3. El plan de actuación inicial y el estudio económico-financiero mencionados en los apartados anteriores han de contar con el informe preceptivo de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, que puede solicitar los informes adicionales que considere oportunos.
4. Con carácter general, las entidades del sector público instrumental autonómico deben autofinanciarse, de manera que los ingresos que se generen por la realización de las actividades propias de su objeto o finalidad sean suficientes para cubrir mayoritariamente los gastos y las inversiones que tengan previsto realizar.
5. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería a la cual haya de adscribirse el ente, la adopción del acuerdo mediante el cual se apruebe el plan de actuación inicial, el estudio económico-financiero del ente y el presupuesto correspondiente al primer ejercicio. Este acuerdo debe adoptarse simultáneamente al acuerdo que apruebe el proyecto de ley de creación del organismo público o que autorice la creación del resto de entes.
Capítulo IIIRégimen económico-financiero
Régimen jurídico-financiero aplicable 1. Las entidades que integran el sector público instrumental administrativo, a las que se refiere el artículo 4.a) de la presente ley, devienen sujetas al régimen general establecido en la normativa económico-financiera de la comunidad autónoma de las Illes Balears y al resto de normas legales y reglamentarias que resulten de aplicación.
2. Las entidades que integran el sector público instrumental empresarial y fundacional, a las que se refieren las letras b) y c) del artículo 4 de la presente ley, han de aplicar las normas específicas que, en relación con estas entidades, se establecen en la legislación económico-financiera de la comunidad autónoma de las Illes Balears, además de las establecidas en esta ley.
Sección 2Presupuestos
Aprobación del primer presupuesto 1. Todos los entes que forman parte del sector público instrumental de la comunidad autónoma han de aprobar su primer presupuesto de conformidad con lo previsto en el artículo 5.5 de esta ley.
2. En todo caso, estos entes no pueden iniciar ningún tipo de actividades con efectos económico-financieros si no tienen aprobado el presupuesto del primer ejercicio.
Modificación de las dotaciones de los entes del sector público empresarial y fundacional 1. La ampliación de las dotaciones en los presupuestos de los entes del sector público instrumental empresarial y fundacional que, de acuerdo con la normativa económico-financiera de la comunidad autónoma, tengan carácter limitativo, debe tramitarse de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, y requiere la existencia de recursos adecuados y suficientes para su financiación; del mismo modo, debe justificarse la modificación del estudio económico-financiero previsto en el artículo 5.2 de esta ley.
2. Con carácter general, no se pueden transferir dotaciones de gastos de capital a gastos corrientes, con excepción de los gastos de capital que, de acuerdo con el presupuesto del ente, estén financiados con ingresos corrientes derivados de la actividad propia del ente.
Compromisos de gastos plurianuales de los entes del sector público empresarial y fundacional 1. Las entidades del sector público instrumental empresarial y fundacional pueden formalizar compromisos de gasto que hayan de afectar a dotaciones de ejercicios futuros, pero es necesario el informe favorable de la consejería competente en materia de presupuestos a partir del momento en que el volumen acumulado de compromisos de gasto plurianual sobrepase el 15% de la cuantía total del estado de gastos o de dotaciones del ejercicio corriente de cada entidad. Reglamentariamente se determinarán la tramitación, los requisitos y las condiciones que han de cumplirse para poder llevar a cabo estos compromisos plurianuales.
2. A estos efectos, no se consideran compromisos de gasto plurianual los gastos que se hayan previsto por su importe total en el presupuesto del ejercicio o de ejercicios anteriores, cuya ejecución no haya podido finalizar en el ejercicio en curso.
Recursos económicos Los entes instrumentales pueden disponer de los siguientes recursos económicos:
b) Los productos y las rentas de ese patrimonio.
c) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que estén autorizados a percibir, según las disposiciones por las que se rigen.
d) Las transferencias, corrientes o de capital, que tengan asignadas en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears o de otras administraciones o entidades públicas.
f) Las donaciones, los legados y cualquier otra aportación, dineraria o no dineraria, que puedan percibir de entidades privadas y de particulares.
g) El endeudamiento a corto o a largo plazo, en los términos que prevea la ley y, en particular, el artículo 12 de esta ley.
h) Cualquier otro recurso que se les pueda atribuir.
Sección 3Tesorería y endeudamiento
Gestión de la tesorería 1. La coordinación y el control de la gestión de la tesorería de los entes que integran el sector público instrumental deben ser llevados a cabo de manera centralizada la dirección general competente en materia de tesorería o el órgano que, en su caso, se establezca reglamentariamente.
Lo dispuesto en el párrafo anterior ha de entenderse sin perjuicio de las facultades de gestión de la tesorería y de administración de los recursos de los organismos autónomos y de determinados órganos y entidades que, de conformidad con la legislación de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, estén atribuidas, directamente, a los órganos de la consejería competente en materia de hacienda.
2. Las normas específicas de gestión de la tesorería de los entes del sector público instrumental y, en particular, las relativas a la colocación de los excedentes de tesorería y la concesión de anticipos a favor de cualquiera de dichos entes para cubrir sus desfases transitorios de tesorería, así como la concesión de préstamos a terceras personas y la adquisición de activos financieros, han de regularse mediante orden de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos.
3. Asimismo, las normas específicas a que se refiere el apartado anterior pueden establecer condiciones para la apertura de cuentas bancarias, así como para realizar pagos y cobros. En todo caso, se consideran pagos preferentes los relativos a las nóminas del personal y cargas de la Seguridad Social, los tributarios y, en general, los relativos a ingresos de derecho público, así como los vinculados con entidades financieras.
4. Las entidades integrantes del sector público instrumental han de disponer de un plan financiero anual, en los términos y las condiciones que se establezcan por reglamento.
Normas en materia de endeudamiento y financiación de desfases de tesorería 1. La coordinación y el control del endeudamiento de los entes que integran el sector público instrumental deben llevarlos a cabo de manera centralizada la dirección general competente en materia de tesorería o el órgano que, en su caso, se establezca reglamentariamente.
2. Como regla general, las operaciones de endeudamiento que formalicen las entidades que integran el sector público instrumental han de concertarse con un plazo de reembolso superior a un año y para la financiación de operaciones de capital.
3. El recurso a cualquier forma de endeudamiento a largo plazo y la concesión de avales por parte de los entes que conforman el sector público instrumental debe preverse expresamente en los estados numéricos y en el texto articulado de las leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma.
4. Con carácter general, los déficits de capital circulante de los entes del sector público instrumental que se pongan de manifiesto en la liquidación de sus presupuestos han de cubrirse mediante transferencia corriente con cargo a los créditos presupuestarios de la consejería de adscripción, que podrá ser plurianual con un máximo de dos ejercicios, siempre que la primera anualidad sea como mínimo del 50% del déficit a cubrir.
Apartado 4 del artículo 12 redactado por el apartado 1 de la disposición final undécima de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre).
5. Excepcionalmente, y durante el tiempo en que ha de restablecerse el equilibrio del capital circulante de acuerdo con el apartado anterior, los entes que conforman el sector público instrumental pueden financiar los desfases transitorios de tesorería mediante operaciones de endeudamiento con un plazo de reembolso igual o inferior a un año, con la autorización previa de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, siempre que el saldo vivo acumulado de todo el endeudamiento a corto plazo del ente no supere el 10% de su presupuesto de ingresos corrientes aprobado por el Parlamento de las Illes Balears o, en su caso, por el Consejo de Gobierno.
Asimismo, el saldo vivo acumulado de las operaciones de endeudamiento a corto plazo de los entes del sector público instrumental adscritos, directa o indirectamente, a una misma consejería, no puede exceder el 10% del total de los gastos corrientes de la consejería correspondientes al ejercicio en curso.
6. El Consejo de Gobierno, por razones justificadas de interés público prevalente, y a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, puede autorizar la concertación de operaciones de pignoración de depósitos bancarios, descubiertos en cuentas corrientes y otras operaciones financieras o de crédito a corto plazo distintas al endeudamiento a que se refiere el apartado 5 anterior.
Apartado 6 del artículo 12 redactado por el apartado 2 de la disposición final undécima de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre).
7. Lo establecido en los apartados 4 a 6 anteriores no es de aplicación a las operaciones de tesorería que formalice la Agencia Tributaria de las Illes Balears con la finalidad de anticipar a las entidades locales el producto de los ingresos que les correspondan en virtud de la gestión recaudadora que lleve a cabo la Agencia Tributaria. No obstante, la formalización de estas operaciones ha de ser autorizada previamente por la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos.
Sección 4Contabilidad y suministro de información
Contabilidad y cuentas anuales 1. Los entes incluidos en el sector público instrumental administrativo han de aplicar el Plan General de Contabilidad Pública de la comunidad autónoma o su correspondiente adaptación.
2. Los entes incluidos en el sector público instrumental empresarial y fundacional, sin perjuicio de la obligación de aplicar el Plan General de Contabilidad correspondiente o sus adaptaciones sectoriales, han de ajustarse a las especialidades que, mediante orden de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, se establezcan en esta materia por razón de su integración en el sector público de la comunidad autónoma.
3. Los entes que conforman el sector público instrumental de la comunidad autónoma están obligados a formular las cuentas anuales en el plazo máximo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio y han de aprobar definitivamente las cuentas anuales en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, una vez emitido y presentado, si procede, el correspondiente informe de auditoría por parte del comité de auditoria a que se refiere el artículo 16 de esta ley.
Apartado 3 del artículo 13 redactado por el apartado 3 de la disposición final undécima de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre).
4. Los estatutos de cada uno de los entes han de fijar los órganos obligados a formular y aprobar las cuentas anuales. En su defecto, las cuentas anuales han de ser formuladas por los órganos a los que correspondan la administración y la gestión ordinaria del ente y han de ser aprobadas por aquellos a los que correspondan la superior dirección y organización.
5. Las cuentas anuales han de remitirse a la Intervención General en los diez días posteriores a su formulación y a su aprobación.
6. Asimismo, los entes que conforman el sector público instrumental de la comunidad autónoma deben formular, aprobar y remitir a la Intervención General de la comunidad autónoma, junto con las cuentas anuales, una liquidación de su presupuesto.
7. Lo establecido en los apartados 3 a 6 anteriores ha de entenderse sin perjuicio de las normas que sean de aplicación a las sociedades mercantiles públicas y a las fundaciones del sector público en virtud de la legislación de derecho privado en materia de sociedades y de fundaciones.
Obligación de suministro de información 1. Los entes públicos instrumentales deben remitir a la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, a través de la consejería de adscripción, la documentación y los estados contables necesarios para suministrar la información adecuada y suficiente que permita conocer su situación económico- financiera y patrimonial, así como sus datos principales de gestión y de actividad.
2. Reglamentariamente se determinará la información que han de remitir estos entes, así como su periodicidad. Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, mediante orden, determinar el contenido de los documentos y de los estados, así como los plazos para su presentación.
3. Los entes obligados al suministro de dicha información que incumplan esta obligación asumirán las responsabilidades legales y, en particular, financieras que, en su caso, se deriven de tal incumplimiento.
Sección 5Régimen de control interno
Control permanente 1. Los entes que conforman el sector público instrumental quedan sometidos al control de la Intervención General de la comunidad autónoma, que ha de ejercer las funciones de centro de control interno de acuerdo con lo establecido en la presente ley, en la normativa económico-financiera de la comunidad autónoma y en el resto de normas legales y reglamentarias que resulten de aplicación. Asimismo, la dirección general competente en materia de presupuesto puede solicitar a los entes del sector público instrumental información que sea relevante para verificar el cumplimento de las disposiciones en materia presupuestaria.
2. Previamente a la iniciación de cualquier expediente de gasto por parte de las entidades instrumentales que, de acuerdo con la legislación aplicable, no estén sometidas a fiscalización previa de la Intervención General de la comunidad autónoma, y de los que puedan derivarse obligaciones económicas para la entidad superiores a 500.000 euros, debe recabarse la autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería de adscripción de la entidad. Reglamentariamente ha de determinarse la información que, a estos efectos, ha de remitirse al Consejo de Gobierno.
A partir de: 1 junio 2012
Apartado 2 del artículo 15 redactado por el apartado 1 de la disposición final primera del DL [BALEARES] 5/2012, 1 junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas («B.O.I.B.» 1 junio).
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, atendidos la actividad y el volumen de operaciones del ente, o cualquier otro motivo justificado que lo requiera, la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, junto con la persona titular de la consejería de adscripción del ente, y con el informe previo de la Intervención General, pueden proponer al Consejo de Gobierno que se establezca un sistema de control financiero permanente de toda o de parte de la actividad económico-financiera del ente de que se trate en cada caso.
Los entes instrumentales cuyo presupuesto de gastos o estado de dotaciones sobrepase los 30 millones de euros siempre quedan sometidos al sistema de control financiero permanente de toda su actividad.
Último párrafo del apartado 3 del artículo 15 suprimido por el número 1 de la disposición final novena de la Ley [BALEARES] 9/2011, 23 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012 («B.O.I.B.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2012
Comité de auditoría 1. Cuando el tipo de actividad de un ente, su volumen de operaciones o cualquier otro motivo justificado así lo aconseje, la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, junto con la persona titular de la consejería de adscripción del ente, y a propuesta de la Intervención General, pueden acordar que se constituya un comité de auditoría en el ente. Este acuerdo ha de comunicase al ente afectado para que el órgano al que corresponda la superior dirección y organización del mismo se dé por enterado y nombre el miembro representante del ente a que se refiere el siguiente apartado.
En todo caso, se tiene que constituir el comité de auditoría en los entes instrumentales cuyo presupuesto de gastos o estado de dotaciones supere la cuantía de 30.000.000 de euros.
Segundo párrafo del apartado 1 del artículo 16 introducido por el número 2 de la disposición final novena de la Ley [BALEARES] 9/2011, 23 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012 («B.O.I.B.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2012
2. El comité de auditoría estará formado por un miembro del órgano colegiado superior de dirección y organización del ente sin cargo directivo, por el representante de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos en dicho órgano superior, por un representante designado por la Intervención General, que ha de presidir el comité, y por la persona titular de la secretaría general de la consejería de adscripción del ente, que actuará con voz y sin voto. El gerente u órgano unipersonal equivalente del ente, así como, en su caso, un representante de la empresa de auditoría externa han de asistir a las reuniones del comité con voz y sin voto.
3. Son funciones del comité de auditoría las siguientes:
a) Mantener relaciones con el auditor de cuentas externo para cualquier cuestión relacionada con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como realizar el seguimiento y la coordinación de la planificación, ejecución y conclusión del control financiero del ente.
b) Debatir con el auditor externo el informe provisional de auditoría.
c) Revisar los resultados de las auditorías, internas y externas, las medidas correctivas de gestión que han de tomarse y la aplicación de las mismas.
d) Informar y presentar al órgano colegiado superior de dirección y organización del ente los resultados de las auditorías, de las medidas correctivas que han de tomarse, así como de la aplicación de las mismas.
Control de eficacia y eficiencia 1. Los entes públicos instrumentales están sometidos al control de eficacia y eficiencia, que debe ejercer la consejería de adscripción, sin perjuicio del que corresponda a la Intervención General o a otros órganos de la comunidad autónoma. Este control tiene por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la utilización adecuada de los recursos asignados, así como el control del cumplimiento de los compromisos específicos que, en su caso, haya asumido el ente en virtud de convenios, contratos-programa u otros negocios jurídicos.
2. A los efectos de un desarrollo efectivo del control a que se refiere el apartado anterior, los entes han de elaborar, anualmente, un plan de actuaciones que ha de incluir los objetivos previstos para el ejercicio, sus indicadores, las líneas de actuación necesarias para conseguirlos, un plan económico-financiero y las previsiones relativas a recursos humanos y tecnologías de la información, todo ello en el marco del presupuesto aprobado para la entidad para el mismo ejercicio. Este plan, ha de aprobarlo el órgano colegiado superior de dirección y organización del ente en el primer trimestre del ejercicio presupuestario correspondiente, y ha de remitirse a la persona titular de la consejería de adscripción, la cual ha de dar cuenta al Consejo de Gobierno.
3. La valoración del grado de cumplimiento del plan de actuaciones debe reflejarse en el informe anual de actividad y en la declaración de garantía de la gestión a que se refiere el artículo 18 siguiente.
Auditoría interna, informe anual de actividad y declaración de garantía de la gestión 1. Cuando el tipo de actividad de un ente, su volumen de operaciones o cualquier otro motivo justificado así lo aconseje, la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos puede proponer al presidente u órgano unipersonal equivalente la creación de una función de auditoría interna. El auditor interno será responsable de verificar el buen funcionamiento de los sistemas y de los procedimientos de ejecución del presupuesto del ente. Asimismo, el auditor interno debe aconsejar a la gerencia del ente en materia de gestión de riesgos, particularmente sobre la eficacia y adecuación de los sistemas de gestión internos.
2. Simultáneamente a la aprobación de las cuentas anuales, los gerentes u órganos equivalentes de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma han de presentar al órgano colegiado superior de dirección y organización del ente y a la consejería de adscripción un informe anual de actividad y firmar una declaración de garantía y responsabilidad sobre las actividades realizadas por el ente durante el año anterior.
3. El informe anual de actividad ha de incluir los datos relativos a las actuaciones desarrolladas, los objetivos conseguidos en los términos de los indicadores previstos, así como el cumplimiento de las previsiones relativas al plan económico-financiero, los recursos humanos y las tecnologías de la información. Debe remitirse una copia de este informe a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda.
4. La declaración de garantía y responsabilidad ha de ofrecer una garantía razonable de que los recursos asignados a las actividades del ente se han aplicado a las finalidades previstas, respetando los principios de buena gestión financiera y las normas aplicables; que los procedimientos de control interno del ente ofrecen garantías suficientes; y que se ha puesto de manifiesto toda la información relevante para los intereses del ente o de la comunidad autónoma.
5. Los auditores internos y externos y el comité de auditoría tendrán acceso a toda la información y documentación necesarias para desarrollar su actividad y especialmente al informe anual de actividad y a la declaración de garantía y responsabilidad del gerente.
6. En el mes de julio de cada año, la persona titular de la consejería de adscripción dará cuenta al Consejo de Gobierno de las gerencias que no han presentado el informe anual de actividad o la declaración de garantía y responsabilidad, o que lo hayan hecho con deficiencias, y de las medidas adoptadas o que se prevea adoptar en relación con el personal responsable de estos hechos.
Medidas adicionales de control Cuando las entidades del sector público instrumental autonómico incumplan los deberes de suministro de información o el plazo para formular o aprobar las cuentas anuales, tengan informes de auditoría con advertencias reiteradas durante dos o más ejercicios, incumplan la norma de ajuste del déficit de capital circulante a que se refiere el artículo 12 de esta ley o no reintegren los fondos autonómicos no utilizados en los plazos fijados, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, que ha de informar previamente a la persona titular de la consejería de adscripción del ente, puede acordar el establecimiento de una o varias de las siguientes medidas de control:
a) La necesidad de autorización previa de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos para tramitar y pagar al ente las transferencias corrientes y de capital presupuestadas en la consejería de adscripción.
b) La necesidad de autorización previa de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos para iniciar la tramitación de expedientes de aval de la comunidad autónoma o de operaciones de financiación en cualquiera de sus modalidades.
Letra b) del artículo 19 redactada por el número 3 de la disposición final novena de la Ley [BALEARES] 9/2011, 23 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012 («B.O.I.B.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2012
c) El establecimiento de mecanismos específicos de auditoría y control financiero permanente del ente, en el marco de lo que establecen los artículos 15.3, 16 y 18.
Letra c) del artículo 19 redactada por el número 3 de la disposición final novena de la Ley [BALEARES] 9/2011, 23 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012 («B.O.I.B.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2012
d) La necesidad de autorización previa del Consejo de Gobierno o de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos para la realización de todos, o una parte, de los actos de gestión económico-financiera del ente.
e) El establecimiento del sistema de fiscalización previa por la Intervención General de la comunidad autónoma de toda, o de parte, de la actividad económico-financiera del ente.
Capítulo IVÓrganos de dirección y recursos humanos
Órganos de dirección 1. Los órganos superiores de dirección de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears son necesariamente:
a) La presidencia o el órgano unipersonal equivalente, en el caso de organismos públicos.
b) El consejo de administración, el patronato, la junta de gobierno o el órgano colegiado equivalente.
2. Corresponde a la presidencia, si la hay, la máxima representación del ente, y presidir a la vez el consejo de administración, el patronato, la junta de gobierno o el órgano equivalente.
3. El consejo de administración, el patronato, la junta de gobierno o el órgano equivalente tendrá un mínimo de 7 miembros y un máximo de 13, entre los cuales habrá, al menos, un representante de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. En cualquier caso, la mayoría de miembros de este órgano serán designados, directa o indirectamente, por órganos de la Comunidad Autónoma o por entes del sector público autonómico.
Primer párrafo del apartado 3 del artículo 20 redactado por el apartado 2 de la disposición final primera del DL [BALEARES] 5/2012, 1 junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas («B.O.I.B.» 1 junio).
Asistirá a las sesiones, en tareas de asesoramiento jurídico de los órganos directivos, con voz y sin voto, un representante de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que esta pueda delegar dichas funciones en un miembro del servicio que tenga atribuido el asesoramiento jurídico del ente.
Los acuerdos por los que se establezcan indemnizaciones en razón de asistencia a estos órganos colegiados serán autorizados previamente por la Administración de la Comunidad Autónoma, mediante una resolución conjunta de la persona titular de la consejería de adscripción y de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda.
Número 3 del artículo 20 redactado por el artículo único de D Ley [BALEARES] 1/2011, 29 julio, de modificación del artículo 20.3 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del Sector Público Instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears («B.O.I.B.» 30 julio).Vigencia: 31 julio 2011
4. Asimismo, los entes del sector público instrumental pueden disponer de una gerencia u órgano unipersonal equivalente, para la dirección, administración y gestión ordinaria del ente.
En el caso de entes que no dispongan de gerencia u órgano unipersonal equivalente, corresponde al presidente del órgano colegiado superior de dirección el cumplimiento de las funciones y la asunción de las responsabilidades atribuidas en la presente ley a la gerencia.
Segundo párrafo del apartado 4 del artículo 20 redactado por el apartado 3 de la disposición final primera del DL [BALEARES] 5/2012, 1 junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas («B.O.I.B.» 1 junio).
5. Junto con los citados órganos de dirección, puede haber, si así lo prevén los estatutos o la normativa específica del ente, otros órganos unipersonales de dirección vinculados con los objetivos generales del ente. Asimismo, bajo los órganos de dirección, puede haber puestos de trabajo de personal directivo profesional.
Apartado 5 del artículo 20 redactado por el apartado 4 de la disposición final undécima de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre).
6. En todo caso, el régimen de los órganos de dirección y del personal directivo profesional de cada ente se someterá a los límites que, de acuerdo con lo que prevé la disposición adicional quinta, se establezcan reglamentariamente.
Nombramiento, retribuciones y régimen jurídico de la gerencia y de los demás órganos unipersonales de dirección 1. Corresponde al Consejo de Gobierno, mediante acuerdo, el nombramiento y el cese de las personas titulares de la gerencia y de los demás órganos unipersonales de dirección de los organismos autónomos. El nombramiento y el cese deben realizarse a propuesta de la persona titular de la consejería de adscripción del ente, oído previamente el órgano colegiado superior de dirección del ente.
El nombramiento y cese de las personas titulares de la gerencia y de los demás órganos unipersonales de dirección del resto de entidades del sector público instrumental autonómico ha de realizarse de acuerdo con lo que establezcan la normativa aplicable y los estatutos del ente. No obstante, el nombramiento y el cese, cuando no correspondan al Consejo de Gobierno, deben comunicarse a este órgano.
Apartado 1 del artículo 21 redactado por el apartado 5 de la disposición final undécima de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre).
2. A los titulares de la gerencia y de los demás órganos de dirección del ente les es de aplicación la normativa reguladora del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos y estarán sometidos, con carácter general, a la relación laboral especial de alta dirección.
3. El límite de la cuantía total de las retribuciones que, por cualquier concepto, han de percibir los titulares de la gerencia y de los demás órganos de dirección de los entes del sector público instrumental autonómico no puede exceder de la retribución íntegra anual establecida para los directores generales en las respectivas leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
A partir de: 10 marzo 2012
Apartado 3 del artículo 21 redactado por el apartado 1 del artículo 2 del D. Ley 3/2012, 9 marzo, de medidas urgentes para la reestructuración del Servicio de Salud de las Illes Balears («B.O.I.B.» 10 marzo).
4. Los titulares de la gerencia y de los demás órganos de dirección del ente no percibirán en el momento de su cese ninguna indemnización, a excepción de las que estén establecidas por disposición legal de derecho necesario. A tal efecto, no se podrán pactar ni subscribir cláusulas contractuales que tengan por objeto reconocer indemnizaciones o compensaciones económicas, cualquiera que sea su naturaleza o cuantía.
Apartado 4 del artículo 21 redactado por el apartado 4 de la disposición final primera del DL [BALEARES] 5/2012, 1 junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas («B.O.I.B.» 1 junio).
Régimen del personal directivo profesional 1. Las funciones de dirección técnica, programación, coordinación, impulso y evaluación de las actuaciones propias de los entes del sector público instrumental pueden ser ejercidas por personal directivo profesional. El número de puestos de trabajo y las funciones correspondientes han de establecerse por acuerdo del órgano colegiado superior del ente o, en el caso de entidades de derecho público sometidas al ámbito de aplicación de la legislación de función pública de la comunidad autónoma, por medio de los correspondientes instrumentos de ordenación de los puestos de trabajo.
2. El personal directivo profesional de naturaleza laboral de los entes del sector público instrumental estará sometido a la relación laboral especial de alta dirección. El personal directivo profesional de las entidades de derecho público tendrá naturaleza funcionarial en aquellos casos en que tenga atribuidas funciones que impliquen la participación en el ejercicio de potestades administrativas.
3. Las necesidades de personal directivo profesional de los entes del sector público instrumental debe preverse en el plan de actuación y en el estudio económico financiero a que se refiere el artículo 5 de esta ley, y su selección debe atender los principios de mérito y capacidad, así como los criterios de idoneidad, competencia profesional y experiencia, y ha de llevarse a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia. En todo caso, las convocatorias de selección de este personal han de ser objeto de un informe previo de la consejería competente en materia de función pública.
Apartado 3 del artículo 22 redactado por el apartado 6 de la disposición final undécima de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre).
4. El personal directivo profesional está sujeto a evaluación de acuerdo con los criterios de eficacia y eficiencia, de responsabilidad por su gestión y de control de los resultados en relación con los objetivos que les sean fijados.
Asimismo, le es aplicable a este personal el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
5. La determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo profesional de los entes del sector público instrumental no tiene la consideración de materia objeto de negociación colectiva. El límite de la cuantía total de las retribuciones que, por cualquier concepto, ha de percibir el personal directivo profesional de naturaleza laboral no puede exceder de la retribución íntegra anual establecida para los directores generales en las respectivas leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Apartado 5 del artículo 22 redactado por el apartado 2 del artículo 2 del D. Ley 3/2012, 9 marzo, de medidas urgentes para la reestructuración del Servicio de Salud de las Illes Balears («B.O.I.B.» 10 marzo).
6. En los contratos que se suscriban con el personal directivo profesional de naturaleza laboral no se pueden pactar indemnizaciones a favor del trabajador por desistimiento unilateral del empresario.
Apartado 6 del artículo 22 redactado por el apartado 5 de la disposición final primera del DL [BALEARES] 5/2012, 1 junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas («B.O.I.B.» 1 junio).
Régimen del personal 1. El personal al servicio de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears puede ser personal funcionario o personal laboral. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación en el ejercicio de potestades administrativas corresponde exclusivamente al personal funcionario. En los entes del sector público instrumental no se permite el nombramiento de personal eventual.
2. El personal al servicio de estos entes instrumentales se rige por la legislación aplicable en cada caso y por las disposiciones de la presente ley.
En todo caso, y como mínimo, es de aplicación a todo el personal al servicio de estos entes la regulación establecida en el Estatuto básico del empleado público en cuanto a los deberes de los empleados públicos y el código de conducta, los principios éticos, los principios de conducta, los principios rectores del acceso al empleo público y las normas reguladoras de la reserva de cuota para personas con discapacidad.
Asimismo, la selección del personal se ajustará a los sistemas y procedimientos que se establecen en la Ley de función pública de las Illes Balears.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears para los organismos autónomos, los entes del sector público instrumental han de disponer de una relación de puestos de trabajo propia como instrumento de ordenación de sus recursos humanos.
4. Reglamentariamente han de establecerse los mecanismos para controlar y salvaguardar el cumplimiento de los principios y de las normas a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, así como el cumplimiento de los límites presupuestarios y de ocupación en la contratación o en el nombramiento del personal que se deriven de las leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma.
5. Las entidades del sector público instrumental de la comunidad autónoma que no disponen de junta de personal deben someter las ofertas públicas de ocupación y las bases generales de las convocatorias de selección de personal a la negociación de la mesa general de negociación de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Apartado 5 del artículo 23 redactado por el apartado 6 de la disposición final primera del DL [BALEARES] 5/2012, 1 junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas («B.O.I.B.» 1 junio).
Capítulo VRégimen de contratación y patrimonial
Régimen de contratación El régimen de contratación del sector público instrumental es el que se prevé en la legislación de contratos del sector público.
Régimen de patrimonio 1. El régimen patrimonial del sector público instrumental es, para las entidades con personificación pública, el que se prevé en la legislación sobre patrimonio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Número 1 del artículo 25 redactado por el apartado 3 de la disposición final quinta de la Ley [BALEARES] 12/2015, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016 («B.O.I.B.» 30 diciembre).
2. Por lo que se refiere a los entes con personificación privada integrados en el sector público instrumental de la comunidad autónoma, la gestión patrimonial de éstos ha de regirse por la legislación aplicable de acuerdo con su naturaleza jurídica, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales de eficacia, eficiencia y transparencia a que se refiere el artículo 3 de la presente ley.
Capítulo VIRégimen de asesoramiento jurídico y de defensa en juicio
Asesoramiento jurídico 1. El asesoramiento jurídico de los entes instrumentales corresponde, en primer término, al personal propio que tenga atribuida esta función en la relación de puestos de trabajo.
2. No obstante, la secretaría general de la consejería de adscripción del ente puede solicitar a la Abogacía de la comunidad autónoma que emita un informe jurídico en casos de especial trascendencia, con el informe previo de los servicios jurídicos de la consejería que debe pronunciarse sobre la trascendencia del asunto y sobre el fondo de la cuestión desde el punto de vista jurídico.
Representación y defensa en juicio 1. La representación y la defensa en juicio de los organismos autónomos corresponden a los abogados de la Dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma, excepto que la ley de creación del ente disponga la existencia de un servicio jurídico propio con dichas funciones.
2. La representación y la defensa en juicio de las entidades públicas empresariales y de las fundaciones del sector público sólo corresponden a los abogados de la Dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma si se ha subscrito el correspondiente convenio de asistencia jurídica.
3. La representación y la defensa en juicio de las sociedades mercantiles públicas y de los consorcios corresponden a los abogados colegiados que designen, excepto que, para casos y ámbitos concretos, el Consejo de Gobierno o la persona titular de la consejería de adscripción de la Dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma acuerde que corresponde a los abogados de la Abogacía de la comunidad autónoma.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 20
 resolución 
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 5
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 3