Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/23414
Timestamp: 2020-02-27 00:04:11+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 101/2013
SENTENCIA 101/2013, de 23 de abril
ECLI:ES:TC:2013:101
1. El 27 de marzo de 2008 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional un escrito del Letrado del Servicio jurídico del Gobierno de Canarias, en la representación que legalmente ostenta, por el que interpone un recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 2 [“De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los Entes referidos en las letras a) a d) del artículo 1 de la presente Ley”], 6 [“De los presupuestos de los Entes referidos en las letras f), g), h) e i) del artículo 1 de esta Ley”] y 119.1 (“Fondos de Compensación Interterritorial”), así como contra las secciones 33 (“Fondos de Compensación Interterritorial”) y 98 (“Presupuesto de Ingresos del Estado”), de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado para el 2008 (en adelante, Ley 51/2007), al entender que se vulneran los arts. 156.1, 157, 158 y la disposición adicional tercera, de la Constitución, el art. 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EACan, en adelante) y los arts. 1, 2.1 d), 13.4 y 16.3 c) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA, en adelante).
a) El art. 119.1 de la Ley 51/2007, que determina las cuantías de los fondos de compensación interterritorial para 2008, y su reflejo presupuestario contenido en la sección 33, se reputan inconstitucionales por contravenir el art. 16.3 c) LOFCA al no ajustarse las cuantías presupuestadas al mandato de que la Ley de presupuestos del Estado dote adicionalmente el fondo de compensación con una partida relativa a la variable “región ultraperiférica”, con la consecuencia de que el fondo habría sido dotado en cuantía inferior a la legalmente exigible.
b) Se discute, en segundo lugar, la denominada “compensación a satisfacer por la Comunidad Autónoma de Canarias por la supresión del IGTE”, que aparece reflejada en el estado de ingresos del presupuesto del Estado (sección 98), concretando la imputación de inconstitucionalidad en su impacto negativo sobre los ingresos que corresponden a la Comunidad Autónoma, lo que se considera que contraviene los arts. 156.1 y 157.1 CE, y arts. 2.1 d) y 13 LOFCA, toda vez que dicha compensación opera, según la demanda, sobre la participación en ingresos del Estado, actualmente denominada “fondo de suficiencia”, reduciendo las transferencias recibidas por este concepto.
c) El tercer y último motivo se refiere a los arts. 2 y 6 de la Ley 51/2007, en cuanto recogen los capítulos VI y VII, incluidos los estados de gastos con sus correspondientes créditos, relativos a la inversión del Estado. Se considera que estos preceptos vulneran la garantía institucional prevista en la disposición adicional tercera de la Constitución y en el art. 46 EACan, en la medida en que suponen una modificación del régimen económico-fiscal de Canarias, que además se ha llevado a cabo sin previo informe o audiencia al Parlamento de Canarias.
2. Por providencia de 15 de abril de 2008, el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias y, en su representación y defensa, por la Letrada del mismo, contra los arts. 2, 6 y 119.1, y las secciones 33 y 98, de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado para 2008. Asimismo, acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes. Por último, se acordó publicar la incoación del proceso en el “BOE” número 100, de 25 de abril de 2008.
3. El 23 de abril de 2008 tuvo entrada en el Tribunal el escrito del Abogado del Estado por el que solicita se le tenga por personado en el presente recurso, así como una prórroga del plazo concedido para formular alegaciones por ocho días más.
4. Mediante providencia de 24 de abril de 2008 el Pleno del Tribunal acordó incorporar a las actuaciones el anterior escrito del Abogado del Estado y conceder la prórroga solicitada de ocho días, a contar desde el siguiente al de expiración del ordinario.
5. El 30 de abril de 2008 tiene entrada en el registro de este Tribunal un escrito del Senado por el que se comunica el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a efectos del art. 88.1 LOTC.
6. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal con fecha de 8 de mayo de 2008, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó a este Tribunal que dicha Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones.
7. El 28 de mayo de 2008 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones del Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, por el que se solicita la desestimación total del presente recurso de inconstitucionalidad, basándose en los siguientes criterios extractados:
a) En relación con la pretendida vulneración del art. 16.3 c) LOFCA, comienza el escrito exponiendo el marco normativo en el que se desenvuelve el procedimiento, con cita de la STC 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 3, sobre el fondo de compensación interterritorial, y de la exposición de motivos de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los fondos de compensación interterritorial, que modificó sustancialmente el régimen jurídico de dichos fondos hasta entonces vigente. A partir de esta exposición, el Abogado del Estado interesa la desestimación del primer motivo de inconstitucionalidad, toda vez que, frente a lo que se sostiene en la demanda, no se prevé en la LOFCA ni en la citada Ley 22/2001 ningún fondo específico para la Comunidad Autónoma de Canarias, sino que lo que establece la norma es la obligación de ampliar el fondo con los porcentajes previstos para la región ultraperiférica, a lo que da cumplimiento la norma que se impugna.
b) Sobre la inconstitucionalidad de la compensación del impuesto general sobre el tráfico de empresas en vulneración de los arts. 2.1 d) y 13 LOFCA, se refiere el escrito al acuerdo adoptado en el seno de la reunión de la Comisión mixta de transferencias Estado-Comunidad Autónoma de Canarias de fecha 20 de octubre de 1993 en el que se acordó la citada compensación, estableciéndose su pago mediante la detracción de las participaciones en ingresos del Estado, en la actualidad, fondo de suficiencia, con la finalidad de simplificar el pago, evitando así dos transferencias de signo contrario, pero sin que ello desvirtúe la naturaleza del citado fondo.
En cuanto a la legalidad de la compensación y su deficiente regulación, pues sólo se deriva del anterior acuerdo, que no se encuentra publicado, afirma el escrito que las obligaciones de gasto de la hacienda no sólo nacen de la ley, sino también de los negocios jurídicos y de los actos y hechos que, según derecho, las generen (ex art. 1089 del Código civil), de manera que la publicación oficial “no resulta condición imprescindible para la perfección de una obligación de gasto de un ente público, que se obtiene con la prestación del consentimiento de las partes intervinientes (arts. 1254 y 1259 Cc)”. A partir de lo anterior, el escrito concluye que el acuerdo de Comisión mixta de 20 de octubre de 1993 vincula a las partes que lo suscribieron, sin que sea para ello precisa su publicación en ningún diario oficial. Por lo demás, se afirma, dicha compensación está en todo caso mencionada en el art. 12 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, precepto que además limita la compensación del impuesto general sobre el tráfico de empresas al 50 por 100, pues el Estado se compromete a aumentar la inversión en la Comunidad en el equivalente al otro cincuenta por cien del impuesto general sobre el tráfico de empresas, retorno que en todo caso ha sido mayor del exigido por la citada Ley 19/1994 a consecuencia de los convenios firmados por el Estado y Canarias en los años 1997 y 2006.
c) Finalmente, sobre la modificación del régimen económico-fiscal de Canarias en vulneración de la garantía institucional prevista en la disposición adicional tercera de la Constitución y el art. 46.4 EACan, comienza el escrito citando la STC 62/2003, de 27 de marzo, de la que no cabe extraer, como sostiene la demanda, la garantía de un contenido inalterable del régimen fiscal canario. A continuación, afirma que en todo caso no puede entenderse modificado el régimen canario, pues no se ha modificado ninguna de sus normas reguladoras, por lo que la cuestión será, en todo caso, su correcta aplicación. Sobre el fondo de la cuestión, niega el escrito que se haya realizado la pretendida inversión inferior a la media, pues por un lado los estados de gastos de inversiones son “meras previsiones que pueden llegar a diferir de las inversiones que finalmente se ejecuten” y, por otro, en todo caso la Comunidad Autónoma demandante no ha tenido en cuenta, en su estimación, las inversiones adicionales que viene realizando el Estado a consecuencia de la citada compensación del impuesto general sobre el tráfico de empresas y en concreto, los arts. 95 y 96 del régimen económico-fiscal de Canarias, lo que para 2008 ha determinado una financiación adicional de 116 millones de euros.
8. Por providencia de 23 de abril de 2013 se señaló para deliberación y votación del presente recurso la misma fecha.
1. . El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por el Gobierno de Canarias contra los arts. 2, 6 y 119.1, y las secciones 33 (Fondos de Compensación Interterritorial) y 98 (presupuesto de ingresos del Estado), de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el 2008 (en adelante, Ley 51/2007). Con los argumentos que han quedado expuestos en el antecedente primero, se consideran vulnerados los arts. 156.1, 157, 158 y la disposición adicional tercera de la Constitución; el art. 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EACan, en adelante); y los arts. 1, 2.1 d), 13.4 y 16.3 c) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA, en adelante). El Abogado del Estado interesa la desestimación del recurso con las alegaciones recogidas en el antecedente séptimo.
2. Antes de examinar el fondo de este asunto, debemos pronunciarnos sobre la pervivencia de su objeto, pues los preceptos impugnados forman parte del contenido propio de la Ley de presupuestos, de manera que por mor del principio de anualidad han agotado sus efectos al finalizar el ejercicio al que se refieren, 2008. De acuerdo con nuestra consolidada doctrina, como regla general los procesos de inconstitucionalidad pierden su objeto cuando la norma que se impugna no forma parte ya del ordenamiento jurídico (por todas, con cita de anteriores, SSTC 216/2012, de 14 de noviembre, FJ 2 y 9/2013, de 28 de enero, FJ 2). Ahora bien, como también hemos reiterado, esta regla tiene algunas excepciones, siendo una de ellas precisamente el caso de las leyes de vigencia determinada, entre las que se encuentran las de presupuestos, que por mandato constitucional tienen vigencia anual, sin perjuicio de que en ellas puedan contenerse preceptos con vocación de permanencia (SSTC 274/2000, de 15 de noviembre, FJ 4; 34/2005, de 17 de febrero, FJ 5; y 9/2013, FJ 2). Ello no puede impedir su examen por este Tribunal, por mucho que efectivamente haya transcurrido el periodo de vigencia, pues de lo contrario resultaría que este tipo de normas quedarían en muchos casos extramuros del examen por este Tribunal (STC 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 2, con cita de las SSTC 3/2003, de 16 de enero, FJ 2; y 13/2007, de 18 de enero, FJ 1).
3. La cuestión de la participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado afecta directamente al derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 2 CE), y en particular a su autonomía financiera (art. 156.1 CE), en la medida en que dicha participación responde a una finalidad de garantía de las disponibilidades financieras de las Comunidades Autónomas (como dijimos en la STC 181/1988, de 13 de octubre, FJ 7, en relación con la cesión de los tributos del Estado).
4. Hecha la precisión anterior, podemos ya abordar el primer motivo de inconstitucionalidad, que se dirige contra el art. 119.1 de la Ley 51/2007, precepto que establece las cuantías de los fondos de compensación interterritorial para 2008, y su reflejo en la sección 33, también impugnada.
“Uno. En la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado se dotan dos Fondos de Compensación Interterritorial ascendiendo la suma de ambos a 1.337.981,60 miles de euros, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.”
5. Para abordar esta primera cuestión debemos hacer una breve referencia al marco jurídico en el que la misma se enmarca, partiendo para ello de la doctrina de este Tribunal sobre los fondos de compensación interterritorial contenida en la STC 238/2007, de 21 de noviembre, que recoge el Abogado del Estado en apoyo de sus alegaciones.
La reforma del fondo vino motivada, como se expone en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 7/2001, en “la finalidad de dar entrada en el Fondo de Compensación Interterritorial a las Ciudades de Ceuta y Melilla, así como para arbitrar un nuevo Fondo que pueda financiar no sólo gastos de inversión, sino también el gasto corriente asociado a esa inversión”, todo ello en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas de 27 de julio de 2001. Por su parte, la Ley 22/2001 fue modificada mediante la Ley 23/2009, de 18 de diciembre, que añadió una letra (c) al art. 2.1, relativa precisamente a la dotación del fondo general en lo que a la Comunidad de Canarias concierne, pero sin que ello tenga incidencia alguna en la cuestión planteada, ya que la Ley 22/2001 no forma parte del bloque de la constitucionalidad (STC 238/2007, FJ 4), por lo que no estaríamos ante un caso de ius superveniens, dado además que la reforma es posterior a la inclusión de las cuantías que ahora se controvierten en la Ley de presupuestos 51/2007.
6. A partir del examen del marco jurídico anterior, pueden extraerse tres exigencias con relación a la dotación inicial del fondo de compensación interterritorial:
a) En primer lugar, que se dote el correspondiente fondo o fondos en la ley de presupuestos (arts. 158.2 CE, 4.2 y 16.1 LOFCA).
b) En segundo lugar, y en consecuencia, que dicha dotación tenga carácter “anual” (art. 16.1 LOFCA).
c) Finalmente, en tercer lugar, que dicha dotación, para el conjunto de las Comunidades Autónomas, no sea inferior al mínimo establecido en la LOFCA, cantidad que resulta de la agregación de las diferentes partidas previstas en el art. 16.3, a las que hay que añadir el fondo complementario, lo que determina que como media sea del 30 por 100 de la inversión estatal (STC 238/2007, FJ 4).
7. El segundo motivo de impugnación se refiere a la denominada “compensación a satisfacer por la Comunidad Autónoma de Canarias por la supresión del IGTE”, que aparece reflejada en el estado de ingresos del presupuesto del Estado, lo que motiva la impugnación de la sección 98. En concreto, con los argumentos ya expuestos en el antecedente primero, se considera que el hecho de que dicha compensación opere sobre las transferencias a percibir en concepto de “fondo de suficiencia”, disminuyendo su importe efectivo, contraviene los arts. 156.1 y 157.1 CE y 2.1 d) y 13 LOFCA. Se alega además que la compensación por la supresión del impuesto general sobre el tráfico de empresas carecería de fundamento legal, en vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y, finalmente, que su regulación sería incompatible con los principios de eficacia y coordinación del art. 103.1 CE, por la redundancia que implica la existencia de transferencias recíprocas, con la consiguiente vulneración de la garantía institucional prevista en la disposición adicional tercera CE.
En este caso la impugnación es admisible en la medida en que también se alega el “impacto negativo” que dicha compensación del impuesto general sobre el tráfico de empresas tiene sobre el fondo de suficiencia, por lo que procede examinar el fondo, si bien recordando, una vez más, que no incumbe a este Tribunal pronunciarse sobre cuál sea el sistema más adecuado de financiación autonómica sino exclusivamente decidir si las concretas disposiciones impugnadas “exceden o no el marco de lo constitucionalmente admisible” (STC 13/2007, de 18 de enero, FJ 3, con cita de anteriores). Por tanto, por lo que al diseño del sistema de financiación de régimen común y el método para acomodar al mismo las concretas especialidades que supone el régimen económico-fiscal de Canarias, debemos limitarnos a examinar los concretos motivos de inconstitucionalidad alegados, sin que proceda en consecuencia enjuiciar, per saltum, el propio sistema de financiación en su aplicación a esta Comunidad Autónoma.
8. Debemos abordar en primer lugar y dentro del segundo motivo de inconstitucionalidad, la alegación relativa al impacto que la citada compensación del impuesto general sobre el tráfico de empresas habría tenido sobre el fondo de suficiencia.
9. Procede examinar la segunda alegación de este motivo de inconstitucionalidad, que sostiene que la citada compensación estaría huérfana de toda regulación legal, lo que en la demanda merece la calificación de “sustracción unilateral y sin ningún fundamento jurídico, ni cobertura constitucional”.
10. Por otro lado, el mandato directo que se contiene al legislador presupuestario en el art. 12 de la Ley 19/1994, de 4 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias colma las exigencias de publicidad normativa, sin que por tanto quepa apreciar la vulneración del principio de seguridad jurídica previsto en el art. 9.3 CE.
11. Llegados a este punto, procede ahora abordar el tercer y último motivo de impugnación, referido a los arts. 2 y 6 de la Ley 51/2007, en cuanto recogen los capítulos VI y VII, incluidos los estados de gastos con sus correspondientes créditos, relativos a la inversión del Estado. Con los argumentos expuestos en los antecedentes, la demanda considera que estos preceptos, en la medida en que recogen una cuantía inferior a la que habría exigido el art. 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias, incumplen este precepto y vulneran la garantía institucional prevista en la disposición adicional tercera de la Constitución y en el art. 46 EACan.
Lo primero que debe precisarse es que los términos en los que está formulada la impugnación dificultan la resolución de la controversia, porque ésta se dirige, in toto, sobre buena parte del gasto presupuestado, en concreto los arts. 2 y 6 de la Ley 51/2007, respecto de los capítulos VI y VII incluidos en los estados de gasto con sus créditos correspondientes. Es decir, en los términos de la demanda, el objeto de la impugnación lo constituiría la totalidad del gasto presupuestado por los citados conceptos, y en todo el territorio nacional, lo que permite ya descartar este tipo de impugnación debido a su abierta imprecisión. En ese sentido, debemos recordar nuevamente que “la impugnación de normas debe ir acompañada con una fundamentación que permita a las partes, a las que asiste el derecho de defensa (en este caso, al Abogado del Estado), así como a este Tribunal, que ha de pronunciar Sentencia, conocer las razones por las cuales los recurrentes entienden que las disposiciones cuestionadas vulneran el orden constitucional. Cuando lo que se encuentra en juego es la depuración del Ordenamiento jurídico resulta carga de los recurrentes, no sólo abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se atiende esta exigencia, se falta a la diligencia procesalmente requerida. En suma, la presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley no puede desvirtuarse sin una argumentación suficiente, no siendo admisibles las impugnaciones globales carentes de un razonamiento desarrollado que las sustente” [STC 238/2007, FJ 2; con cita de la STC 13/2007, de 18 enero, FJ 1; y 204/2011, FJ 2 b)].
Type et numéro d'enregistrement Recurso de inconstitucionalidad 2410-2008
Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado para 2008.
Sistema de financiación autonómica: constitucionalidad de los preceptos legales que determinan las cuantías de los fondos de compensación interterritorial, establecen la compensación por la supresión del impuesto general sobre el tráfico de empresas y fijan el importe de la inversión estatal en Canarias.
El Gobierno de Canarias impugna los presupuestos generales del Estado para 2008 por: 1) considerar que la cuantía asignada a Canarias en los fondos de compensación interterritorial no incluye la variable “región ultraperiférica” prevista en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; 2) estima que la compensación por la supresión del impuesto general sobre el tráfico de empresas atenta a su autonomía financiera y carece de fundamento legal; 3) valora el importe de la inversión estatal en Canarias como inferior al que correspondería de acuerdo al régimen económico y fiscal de Canarias.
Se desestima el recurso. No se ha justificado suficientemente que el fondo haya sido infradotado, y en su cálculo han sido tenidos en cuenta los distintos criterios contenidos en la ley de financiación. La compensación por la eliminación del citado tributo está prevista en el propio sistema fiscal canario. La impugnación del importe de la inversión estatal se descarta por su imprecisión: se dirige en forma global en contra de buena parte del gasto presupuestado y las cifras aportadas proceden en exclusiva de un informe redactado por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno canario. Además se trata de una previsión de inversión, por lo que se realizaría un enjuiciamiento preventivo.
Se desestima la inconstitucionalidad del precepto impugnado, pues la dotación de los fondos de compensación interterritorial prevista en los presupuestos generales del Estado para 2008 ha cumplido el mandato, contenido en la LOFCA y en la Ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, de que se fije el porcentaje mediante ley de presupuestos, superando además dicha previsión sobradamente el mínimo del 30 por cien de media a que se refiere el art. 16 LOFCA (SSTC 27/1981, 9/2013) [FJ 6].
La compensación del impuesto general sobre el tráfico de empresas prevista en el estado de ingresos del presupuesto del Estado no supone una modificación del fondo de suficiencia para la Comunidad Autónoma de Canarias, pues ni se ha modificado la normativa ni minorado su dotación [FFJJ 8 a 10].
Debemos descartar que los estados de gastos relativos a la inversión del Estado aprobados en la Ley de presupuestos impugnada hayan modificado el régimen económico-fiscal de Canarias ni tampoco nos encontremos ante un supuesto de legislación financiera o tributaria que afecte a dicho régimen, ya que, sin perjuicio del plus de participación de esta Comunidad Autónoma en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten a su régimen económico-fiscal, ello no determina la excepcionalidad al régimen constitucional común (SSTC 16/2003, 62/2003) [FJ 11].
En el sistema constitucional de reparto de competencias financieras no caben compartimentos estancos, al margen del ordenamiento jurídico general, de forma que las Comunidades Autónomas no están habilitadas para elegir de forma unilateral el sistema con arreglo al cual deberán financiarse (SSTC 204/2011, 208/2012) [FJ 11].
Los compromisos presupuestarios formalizados en un Estatuto de Autonomía, no constituyen un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los presupuestos generales de cada ejercicio económico, pues es al Estado a quien corresponde en exclusiva, atendiendo a la totalidad de los instrumentos para la financiación de las Comunidades Autónomas, a las necesidades de cada una de éstas y a las posibilidades reales del sistema financiero del Estado, decidir si procede dotar y en qué cuantía aquellas asignaciones en virtud de su competencia exclusiva en materia de ‘hacienda general’ ex art. 149.1.14 CE (SSTC 13/2007, 31/2010) [FJ 11].
Doctrina sobre la coordinación del Estado en materia de financiación de las Comunidades Autónomas (SSTC 11/1984, 194/2004) [FJ 3].
La seguridad jurídica ha de entenderse como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, de tal manera que, sólo si el contenido o las omisiones de un texto normativo produjeran confusión o dudas que generaran en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que la norma infringe el principio de seguridad jurídica (SSTC 46/1990, 96/2002) [FJ 10].
La garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar, que es desconocida cuando la institución es limitada de tal modo que se la priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real para convertirse en un simple nombre (SSTC 32/1981, 16/2003) [FJ 11].
La presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley no puede desvirtuarse sin una argumentación suficiente, no siendo admisibles las impugnaciones globales carentes de un razonamiento desarrollado que las sustente (SSTC 238/2007, 204/2011) [FJ 11].
Hemos rechazado la posibilidad de que este Tribunal se pronuncie de forma preventiva, lo que sucedería si se admitiera la posibilidad de enjuiciar la previsión de inversión que se realiza en la Ley de presupuestos, toda vez que no hay datos para concluir que el resultado habría de ser el denunciado (SSTC 176/1999, 204/2011) [FJ 11].
Como regla general los procesos de inconstitucionalidad pierden su objeto cuando la norma que se impugna no forma parte ya del ordenamiento jurídico, ahora bien, esta regla tiene una excepción en el caso de las leyes de vigencia determinada, entre las que se encuentran las de presupuestos que por mandato constitucional tienen vigencia anual, pues de lo contrario resultaría que este tipo de normas quedarían en muchos casos extramuros del examen por este Tribunal (SSTC 274/2000, 9/2013) [FJ 2].
Artículo 9.3 (seguridad jurídica), ff. 7, 10
Artículo 103.1, ff. 7, 8
Artículo 149.1.14, ff. 3, 11
Artículo 156.1, ff. 1, 3, 7
Artículo 157.1, f. 7
Artículo 158.2, ff. 5, 6
Disposición adicional tercera, ff. 1, 7
En general, ff. 3, 4, 6, 8
Artículo 2.1 c), f. 3
Artículo 2.1 d), ff. 1, 7
Artículo 16.3 (redactado por la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre), f. 5
Artículo 16.3 a), f. 6
Artículo 16.3 c), ff. 1, 4, 6
Artículo 16.3 inciso in fine, f. 6
Artículo 16.4 (redactado por la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre), f. 5
Artículo 16.4 a), f. 6
Artículo 16.4 e), f. 6
Artículo 16.5, ff. 5, 6
Artículo 46, ff. 1, 11
Artículo 46.3, f. 11
Exposición de motivos, apartado IV, f. 9
Artículo 64, f. 9
Artículo 12, ff. 9, 10
Artículos 2 a 6, f. 8
Artículo 2.1 a), f. 6
Artículo 2.1 c) (redactado por la Ley 23/2009, de 18 de diciembre), f. 5
Capítulo VI, f. 11
Capítulo VII, f. 11
Artículo 2, ff. 1, 11
Sección 32, f. 8
Sección 33, ff. 1, 4, 6
Sección 98, f. 8
Artículo 119.1, ff. 1, 4
Sección 98, ff. 1, 7
Artículo 119.1.4, f. 6
Artículo 2 a 10, f. 8
Competencias en materia financieraCompetencias en materia financiera, f. 11
Comunidades AutónomasComunidades Autónomas, ff. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Financiación autonómicaFinanciación autonómica, ff. 3, 4, 5, 6, 7
Fondo de Compensación InterterritorialFondo de Compensación Interterritorial, ff. 3 a 6
Fondo de suficienciaFondo de suficiencia, ff. 8 a 10
Garantías institucionalesGarantías institucionales, Concepto, f. 11
Impuesto general sobre el tráfico de empresasImpuesto general sobre el tráfico de empresas, ff. 7 a 10
Impugnación global de normasImpugnación global de normas, f. 11
Porcentaje de participación en los ingresos del EstadoPorcentaje de participación en los ingresos del Estado, ff. 3, 7 a 9
Previsión de ingresos y gastosPrevisión de ingresos y gastos, f. 11
Pronunciamiento preventivoPronunciamiento preventivo, f. 11
Régimen económico y fiscal de CanariasRégimen económico y fiscal de Canarias, ff. 7 a 11
Leyes de presupuestosLeyes de presupuestos, f. 2
Leyes de presupuestos generales del EstadoLeyes de presupuestos generales del Estado, ff. 10, 11
CanariasCanarias, ff. 7 a 11

References: artículo 1
 artículo 1
 resolución 

Artículo 9

Artículo 103

Artículo 149

Artículo 156

Artículo 157

Artículo 158

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 16

Artículo 16

Artículo 16

Artículo 16
in fine

Artículo 16

Artículo 16

Artículo 16

Artículo 16

Artículo 46

Artículo 46

Artículo 64

Artículo 12

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 119

Artículo 119

Artículo 2