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Timestamp: 2020-05-27 03:38:47+00:00

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Compliance Penal - Lucas Franco Abogados
Compliance penal ¿Qué es el modelo de prevención penal?¿ qué es el compliance officer?
Compliance penal. El criterio de la responsabilidad penal de la Persona Jurídica en el Derecho español proviene de la reforma operada por la ley orgánica número 5/2010 por la que se modifica el código penal. Si bien con la reforma de nuestro Código Penal por la LO 1/2015 de 30 de marzo, se introduce en nuestra legislación una modificación especialmente importante en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, exigiendo la adopción y ejecución con eficacia de modelos de organización y gestión de la empresa que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
Previsión legal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Las penas imponibles a las personas jurídicas
Con la reforma operada por la ley Orgánica 1/2015 se consolida el criterio de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y se regula en los artículos 31 a 31 quinquies de la siguiente forma:
Artículo 31 del Cp.
Artículo 31 bis del Cp.
La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de controlo que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;
Artículo 31 ter del Cp.
Artículo 31 quater del Cp.
Artículo 31 quinquies del Cp
La previsión de las penas y sus clases queda actualmente regulada en el Libro I, título III, artículos 32 y siguientes, del código penal. En concreto, respecto de las personas jurídicas las penas previstas aplicables quedan reguladas mediante un catálogo general en su artículo 33.7, con remisión a un sistema de aplicación propia previsto en el art. 66y 66 bis del CP.
La previsión punitiva aquí establecida para los entes jurídicos es de carácter exclusiva. No permite la adopción de otras penas distintas de las de carácter real que se citan y describen en la lista, siendo que existe una regulación preferencial donde la pena de multa es la pena principal y el resto potestativas y complementarias a la anterior. La multa es la sanción primera y obligatoria a imponer en todos y cada uno de los casos.
El catálogo de penas establecidas se configura como un catálogo númerus clausus donde se diferencian la pena de multa, como una pena de obligada imposición, y el resto de las penas (Disolución de la persona jurídica, Suspensión de sus actividades, Clausura de sus locales y establecimientos, Prohibición de realización de actividades futuras, Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas pública, Intervención judicial) establecidas de forma potestativa por el órgano judicial según el caso.
Prevé el art. 33.7 del CP que:
“Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas las consideraciones de graves, son las siguientes:
Se trata de una previsión de lista cerrada pero que no son excluyentes con otras penas derivadas de la actividad delictiva, ni tampoco excluyentes entre sí:
Así por ejemplo, para el caso de existir la responsabilidad penal de una persona jurídica concreta, estas penas no excluyen las penas derivadas del hecho punitivo del sujeto particular responsable del ilícito penal, resultando que puede operar en conjunción con las penas que se impongan a la persona física autora del delito o de las consecuencias accesorias al ente sin personalidad jurídica que pudiere verse implicado en el procedimiento, y ello por cuanto que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es autónoma a la dela persona física.
Igualmente, caso de existir declarada una responsabilidad penal del ente jurídico, se puede imponer una pena de multa en adición a otra de las contempladas en sus apartados b) a g) del art. 33 de forma acumulativa. (La pena de multa es compatible con cualquiera de las otras penas, si bien la disolución es incompatible con las demás, a excepción de la multa)
Esta compatibilidad de penas hace posible que su cumplimiento se prevea de forma simultánea si la naturaleza de la pena así lo permite.
El hecho que el propio artículo disponga que las penas previstas tienen todas las consideraciones de graves, nos sitúa ya de plano en una esfera reguladora diferente e independiente del sistema punitivo del régimen general, ya que no existe, como ocurre en la legislación penal común, una graduación de éstas en graves, menos graves y leves. La gravedad de la pena es independiente de su naturaleza y duración.
Esta previsión y consideración de gravedad en la pena conlleva una serie de efectos automáticos, los cuales podemos citar por su especial importancia:
De acuerdo con el código penal español el plazo de prescripción del delito es de cinco años. Artículo 131 CP.
El plazo de prescripción de la pena es de diez años. Artículo 133 CP.
Su posible cancelación de antecedentes penales se podrá instar pasados 10 años en virtud de lo dispuesto en el art. 1361.e) del código penal con alguna excepción. Así dispone este artículo en su apartado tercero que: “3. Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129 se cancelarán en el plazo que corresponda, de acuerdo con la regla prevista en el apartado 1 de este artículo, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades. En estos casos, se cancelarán las anotaciones transcurridos cincuenta años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia”.
La gravedad influye de manera sustancial en la fase de investigación e instrucción a la hora de sustentar la adopción de ciertas medidas indagatorias, como pueden ser aquellas que pueden afectar a derechos fundamentales del sujeto, por ejemplo, las intervenciones telefónicas, entradas y registros, etc.
Ahora bien, esta gravedad no resulta ser fundamental, o criterio delimitador, para la concreción de la competencia territorial. Así expresamente lo dispone el Art. 14 bis de la LECrim: “Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior el conocimiento y fallo de una causa por delito dependa de la gravedad de la pena señalada a éste por la ley se atenderá en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física, aun cuando el procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurídica”.
Este catálogo de penas se aplica a todas las personas jurídicas a excepción de las excluidas en responsabilidad penal al amparo del artículo 31 quinquies1, o a excepción de las limitaciones previstas en el artículo 31 bis quinquies2, del CP:
Conforme previene la normativa legal las personas jurídicas serán penalmente responsables:
Este artículo prevé una imputación de doble vía. Así por un lado los delitos cometidos por los denominados representantes sociales y por otros aquellos cometidos por los denominados empleados.
Los sujetos de la letra a) quedan comprendidos de la siguiente forma:
Representantes legales de la entidad:
No se refiere sólo a la representación orgánica sino también a la voluntaria, como son los casos de nombramiento de apoderados singulares con poderes otorgados en escritura pública y debidamente inscritos en el Registro Mercantil, o generales, como gerentes o directores generales.
Quienes “actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica”.
No aparecen claramente incluidos en la nueva redacción los administradores de hecho. Es cierto que se trata de un concepto interpretado por la jurisprudencia en sentido lato, pues no ha de estarse a la formalización del nombramiento, de acuerdo a la respectiva modalidad societaria, ni a la jerarquía en el entramado social, sino a la realización efectiva de funciones de administración del poder de decisión de la sociedad, la realización material de funciones de dirección (STS nº 59/2007 de 26 de enero), de tal modo que lo será toda persona que, por sí sola o conjuntamente con otras, adopta e impone las decisiones de la gestión de una sociedad y concretamente las expresadas en los tipos penales, quien de hecho manda o quien gobierna desde la sombra (STS nº 598/2012, de 5 de julio). En este sentido sí es aplicable a este tipo de administradores.
Quienes “ostentan facultades de organización y control”
Permite esta fórmula incluir en este apartado a) a todos aquellos altos cargos o mandos que tengan atribuidas tales facultades, entendiendo entre las mismas aquellas de vigilancia y control para prevenir delitos. En consecuencia se debe entender incluido en este apartado al compliance officer.
Obsérvese cómo el articulado penal exige “beneficio directo o indirecto de la empresa”. El Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 29 de febrero de 2016 lo define como “cualquier clase de ventaja, incluso de simple expectativa o referida a aspectos tales como la mejora de posición respecto de otros competidores, etc., provechosa para el lucro o para la mera subsistencia de la persona jurídica en cuyo seno el delito (…) se comete”.
Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra 1) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:
Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.En este sentido se ha pronunciado, entre otros, el Juzgado de Instrucción 2 de Pamplona/Iruña, Auto de 11 de enero de 2016, recurso 112/2015, o la STS 516/2016 de 13 de junio de 2016, rec. Casación 1765/2015.

References: Artículo 31

Artículo 31

Artículo 31

Artículo 31

Artículo 31
 artículo 33
 Artículo 131
 Artículo 133
 artículo 129
 artículo 31
 artículo 31