Source: https://issuu.com/fs78/docs/cartilla_2009_qu___es_el_daa
Timestamp: 2018-06-18 00:12:21+00:00

Document:
Cartilla 2009 qué es el daa by FIAN Ecuador - Issuu
Autores: Natalia Landívar García (FIAN ECUADOR) Juan Carlos Morales González (PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO) Corrección estilística, Ilustración y Diseño: ZONACUARIO, Comunicación con Responsabilidad Social Cía. Ltda. Imprenta: ECUAMAG Contacto: FIAN ECUADOR Selva Alegre 915 y Carvajal, esquina, Edificio El Marqués, departamento 6, Quito, Ecuador Telefax: (005932) 320 38 34 info@fianecuador.org PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO Cra. 25 Nº 51 - 37, oficina 301, Bogotá, Colombia Teléfonos: (00571) 255 50 73 - (00571) 345 83 40 - (00571) 345 83 29 plataformaco@colomsat.net.co Agradecimientos: Sofía Monsalve Ana María Suárez Franco Con el apoyo financiero de: Broederlijk Delen Ayuda en Acción ICCO - Kerk in Actie Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo - AECID Quito, septiembre de 2009
PRIMERA PARTE El hambre, un problema estructural e inmoral
SEGUNDA PARTE El Derecho a la Alimentación Adecuada, paso a paso
TERCERA PARTE ¿Cómo identificar un caso de violación al Derecho a la Alimentación?
CUARTA PARTE ¿Qué hacer frente a un caso de violación al Derecho a la Alimentación?
PARA FINALIZAR ESTE APRENDIZAJE…
ese a tener una larga trayectoria y reconocimiento a nivel internacional, y estar hoy amparado por la nueva Constitución ecuatoriana, el significado e importancia del DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA todavía son desconocidos por la mayoría de la población. ¿Qué es el Derecho a la Alimentación? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo se cobija por la bandera de lucha a favor de la Soberanía Alimentaria? ¿Cómo podemos ejercer este derecho? ¿Qué mecanismos de defensa nos ofrecen los pactos internacionales? ¿Qué dice nuestra Constitución Política y las leyes sobre el Derecho a la Alimentación? Esta publicación, con fines de difusión y educación, es un esfuerzo por conocer y divulgar temas relativos al Derecho a la Alimentación Adecuada, con énfasis en cómo podemos convertir a este derecho en una herramienta para acabar con el hambre que hoy sufren más de mil millones de personas, a nivel mundial, y casi dos millones de personas, en nuestro país. La primera parte de esta cartilla presenta una reseña sobre cómo el hambre continúa siendo un problema para la humanidad, con referencias de datos sobre el aumento paulatino del hambre en el mundo y, específicamente, en el Ecuador. Al mismo tiempo, aborda las razones estructurales de la crisis del sistema agroalimentario. En la segunda parte, explicamos -paso a paso- el significado del Derecho a la Alimentación Adecuada, como un elemento más de la Soberanía Alimentaria, planteada esta como una alternativa a las políticas existentes de comercio neoliberal y asistencial, dirigidas a la “seguridad alimentaria” mundial. Analizamos los elementos esenciales del Derecho a la Alimentación y los relacionamos con los artículos de la nueva Constitución ecuatoriana que los promueven. En la tercera parte, exponemos qué es una violación al Derecho a la Alimentación y cómo podemos documentarla, con el fin de fortalecer nuestras demandas.
Finalmente, en la cuarta parte, brindamos a las personas y organizaciones que confrontan una violación a su Derecho a la Alimentación, las herramientas más importantes a nivel nacional e internacional para defender sus derechos. Este trabajo está dirigido a todas las personas que pugnan por acceder a la tierra para alimentar a sus familias; a las comunidades recolectoras y pescadoras que luchan por recuperar su ecosistema del manglar de las manos de la industria camaronera; a las campesinas y campesinos amenazados con el despojo de su tierra y la desaparición de su cultura, por la actividad minera, hidroeléctrica y petrolera en el Ecuador; a las personas de la tercera edad que luchan por una obtener una jubilación digna; a las niñas y niños que actualmente sufren de hambre en el país; para todos ellos y para las demás personas que estén interesadas en conocer el Derecho a la Alimentación Adecuada. Esperamos que las siguientes líneas sirvan para fortalecer sus luchas por la justicia social y la dignidad humana.
n el año 2008, como nunca antes en la historia reciente, el precio del trigo, del arroz, la soya y el maíz, al igual que de otros muchos alimentos, alcanzó niveles muy altos. Esto ocasionó graves problemas en los países que dependen de las importaciones alimentarias; de tal forma que, en ese año, hubo descontento social en más de cuarenta naciones por causa del hambre. Incluso se llegó a situaciones extremas, como la dimisión del Primer Ministro en Haití1.
Obviamente, las más afectadas fueron las familias pobres que, habitualmente, dedican entre el 60 y 80% de sus ingresos a comprar alimentos. Con la crisis, dichos hogares tuvieron que reducir otros gastos (salud, educación, vivienda, etc.) para lograr acceder a alimentos cada vez más caros. El incremento en el precio de los alimentos desbordó en algo peor: el aumento del hambre. En 2007, se estimaba que había 923 millones de personas subalimentadas en el mundo, lo que representaba un aumento de cerca de 75 millones en comparación con el período 2003– 20052. Una y otra situación hacían parte de lo que se ha denominado recientemente “crisis alimentaria mundial”.
En Haití, pobladores hambrientos consumen galletas de barro...
1 GOLAY, 2008, pág. 3. 2 FAO, 2008, pág. 6.
Sin embargo, la crisis alimentaria no es un fenómeno nuevo. El alza en el precio de los alimentos fue apenas un factor que profundizó un problema ya en marcha: el aumento paulatino del hambre en el mundo. Como puede apreciarse en la Tabla Nº 1, la evolución del hambre mundial ha sido creciente (salvo en el período 1991-1998) y, según los últimos datos reportados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para el año 2009, la cifra de hambrientos alcanzará los 1.020 millones de personas.
Tabla Nº 1. Evolución del hambre en el mundo en desarrollo. Años: 1970, 1980, 1991, 1996-2002 (en millones de personas)3.
Para el año 2009, la producción mundial de cereales alcanzará los 2.208 millones de toneladas, la segunda cosecha más grande jamás lograda después de 20084, que -en principio- podría alimentar sin problema a toda la población mundial. Como ya se dijo, en este año también se alcanzará otro récord histórico: más de mil millones de personas sufrirán hambre. Es escandaloso que, mientras la humanidad está en capacidad de producir suficientes alimentos para sobrevivir, una de cada seis de personas en el mundo no tengan qué comer5.
MAPEO DEL HAMBRE Como se ha visto, la humanidad está en condiciones de alimentar a toda su población, por lo que el problema no está en la falta de alimentos, sino en la imposibilidad de acceder a ellos y a los factores necesarios para su producción. De los más de mil millones de personas que hoy en día padecen hambre o sus consecuencias, la mayoría vive -paradójicamente- en zonas rurales; es decir, allí donde se producen los alimentos (Ver Gráfico Nº 1). Son familias que no tienen suficiente tierra o viven en zonas marginales o ambientalmente degradadas. Cabe resaltar que las mujeres representan el 70% de las personas subalimentadas en el mundo6. 3 MORALES, 2006, pág. 65. Datos base extraídos de los informes de la FAO, “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo”, años 2000 a 2006. 4 FAO, Boletín de prensa, 16 de julio de 2009. 5 FAO, Boletín de prensa, 19 de junio de 2009. 6 FAO, 2002.
Distribución de las personas que padecen hambre en el mundo (en porcentaje)7.
El problema del hambre en el Ecuador es preocupante, ya que casi dos millones de compatriotas padecen este flagelo. Una evolución histórica del hambre en nuestro país puede apreciarse en la siguiente tabla:
Tabla Nº 2. Número de personas (en millones) y proporción de personas con hambre respecto a la población total (en porcentaje) en el Ecuador. Períodos 1990-1992; 1995-1997, 2003-20058.
7 Gráfica elaborada sobre la base de datos contenidos en: SCHERR, 2003. 8 Tabla elaborada por Juan Carlos Morales González, Datos base: FAO, “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2008”, FAO, Roma, 2008, pág. 49.
Se calcula también que la desnutrición crónica infantil (es decir, la baja estatura para la edad) afecta a 260 600 niños y niñas, lo que equivale al 18% del total de los niños y niñas de esa edad9. En nuestro país, se ratifica una tendencia mundial: por cada niño o niña con desnutrición crónica en la zona urbana, existen dos niños o niñas que presentan las mismas condiciones en las áreas rurales.
Además, el hambre tiene rostro indígena, ya que la desnutrición crónica en los niños y niñas indígenas de provincias como Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi e Imbabura, alcanza niveles superiores al promedio nacional. El hambre también se encuentra en la periferia urbana y afecta a las personas con bajo nivel educativo, o que tienen poco acceso a servicios de agua potable y saneamiento10.
9 ODM Ecuador, 2007, pág. 61. 10 Ibídem, pág. 62. .
También se ha constatado que el porcentaje de la población ecuatoriana con hambre, respecto a la población total del país, es mayor que el registrado a nivel mundial, América Latina y el Caribe. Respecto a la totalidad de los países en desarrollo, es inferior en apenas un punto porcentual (Ver Gráfico Nº 2).
Gráfico Nº 2. Proporción de personas con hambre respecto a su población total en el mundo, los países en vías de desarrollo, América Latina y El Caribe, y Ecuador; 2003-2005 (en porcentaje)11.
Además, es evidente que las familias pobres del campo o que viven en situación de extrema pobreza en las ciudades, junto con las poblaciones indígenas y las mujeres, son las primeras víctimas de la exclusión y discriminación. Tanto en las zonas rurales como en la ciudad, las personas sufren de hambre porque comúnmente no tienen acceso a recursos productivos como tierra, agua, semillas, bosque, maquinaria y mejoras tecnológicas, etc., o a ingresos y ayudas sociales que les permitan vivir dignamente. Históricamente, son ellas quienes sistemáticamente confrontan relaciones de poder desiguales y violaciones a sus Derechos Humanos. 11 Gráfico elaborado por Juan Carlos Morales González, sobre la base del análisis de datos contenidos en: FAO, Op. Cit.; pág. 49.
Por ejemplo, el Ecuador es uno de los países más desiguales en el tema de tenencia de la tierra12. De acuerdo con la información del III Censo Agropecuario de 2000,
las unidades de producción agropecuaria (fincas, chacras, etc.) inferiores a las cinco hectáreas representaban el 63% del total de todas las unidades productivas, pero disponían de solo el 6% de la tierra de uso agropecuario. Por el contrario, las unidades con superficies de 100 hectáreas y más (generalmente, las empresas agroindustriales), pese a representar solo el 2,3% del total, concentraban el 42,6% de las tierras de uso agrícola.
CAUSAS DE LA CRISIS ALIMENTARIA Y DEL HAMBRE La principal causa de la crisis mundial alimentaria que ha enfermado, incapacitado física y/o mentalmente, o matado a millones de personas en todo el mundo, es la aplicación de políticas de carácter estructural, relacionadas con el tema alimentario, como: políticas agrarias, comerciales, laborales, etc., que han generado violaciones al Derecho a la Alimentación Adecuada. 12 BRASSEL, RUIZ y ZAPATTA, 2008, pág. 23.
Desde mediados de los ochentas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional implementaron planes de ajuste estructural; entre ellos, las llamadas políticas de “seguridad alimentaria basada en el comercio”. Con el argumento de solucionar el problema del hambre, instaron a los países a abrir sus mercados agrícolas a las importaciones baratas de alimentos de primera necesidad, y a aumentar la exportación de materias primas y cultivos agrícolas13. El aperturismo es el secreto de la riqueza
Mientras los países llamados “en desarrollo” abrieron paulatinamente sus fronteras al mercado mundial y asumieron como obligatorias las reglas impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), los países industrializados mantuvieron sus políticas intervencionistas y altamente subsidiadas, en defensa de su sector agroindustrial. Las enormes subvenciones en apoyo a la agroexportación y a los sectores agroindustriales en los países industrializados permitieron inundar los mercados locales de los países en desarrollo, presionando los precios mundiales de la mayoría de los productos alimentarios de primera necesidad, a niveles inferiores a sus costos de producción14, generando lo que se conoce como dumping. 13 JONSÉN y WINDFUHR, 2005, pág. 6. 14 Ibídem.
Con la apuesta por la liberalización del comercio, actividades como la agricultura familiar diversificada campesina, la pesca tradicional, etc., quedaron prácticamente olvidadas por las políticas agroalimentarias nacionales e internacionales. Las inversiones y la ayuda oficial al desarrollo, otorgadas a la agricultura, se redujeron en más de la mitad, en veinte años. A la par, la apertura comercial fomentó la industrialización de la agricultura, para alcanzar altos niveles de producción y competitividad, en los mercados externos y nacionales. Hoy, apenas un puñado de empresas transnacionales de gran escala ejerce cada vez más control sobre la cadena alimentaria15, incluyendo no solo la producción, elaboración y distribución de alimentos procesados, sino también de agroquímicos, fertilizantes, semillas, etc.
La expresión “empresa transnacional” hace referencia a aquellas empresas cuya actividad económica no se desarrolla únicamente en su país de origen, sino que se extiende a muchas otras naciones del mundo. Las empresas transnacionales suelen gozar, en estos países, de vergonzosos favores estatales: reducción de cargas tributarias para la importación de los productos o materias primas que utilizan o venden; exención de impuestos a la renta; leyes laborales que permiten vulnerar los derechos de los trabajadores contratados; libertad para sacar fuera del país los capitales y ganancias obtenidas; uso indebido e ilimitado de recursos naturales locales, etc. Incluso, varias de estas empresas han estado asociadas, en diversas partes del mundo, a la persecución y/o muerte de los trabajadores sindicalizados, las violaciones de los derechos de las mujeres y los niños, o la protección y apoyo financiero del crimen organizado.
Con esta política, miles de campesinos y campesinas de pequeña escala fueron desplazados del mercado o privados de recursos que les permitían vivir dignamente, al tiempo que la mayoría de los países del sur pasaron de ser productores de alimentos a depender de la producción externa.
15 Ibídem, págs. 8-9.
Actualmente, casi el 70% de los llamados países en desarrollo se han convertido en países importadores netos de alimentos16.
El Ecuador y Honduras son considerados los países latinoamericanos que más han sido afectados por el aumento repentino de las importaciones17. A manera de ejemplo, se establece que el trigo, un alimento tradicionalmente utilizado por las culturas ancestrales en el Ecuador, ha dejado de producirse en el país, como consecuencia de las políticas basadas en el mercado aplicadas en el país. Hoy, el Ecuador importa el 96% de este producto18 y la relación entre el ritmo de crecimiento en la producción de este cereal y su importación es cada vez más desfavorable, como puede verse en el Gráfico Nº 3. 16	WAHLBERG, 2008. 17	FAO, octubre de 2006. 18	SALGADO, 2002, pág. 42.
Gráfico Nº 3. Ritmo de producción e importación de trigo en el Ecuador; 1987-2007 (1987=100)19.
En este contexto, no sorprende que el alza en los precios haya afectado más a los países dependientes de las importaciones de alimentos para garantizar las necesidades alimentarias de su población. Hoy, se conoce que el alza en el precio de los alimentos tuvo tres causas principales: •	En primer lugar, el aumento de la demanda de cereales (en particular del maíz), para la producción de agrocombustibles, lo que disminuyó el nivel de las reservas cerealeras, a finales de 2007. •	En segundo lugar, la especulación sobre los precios de los cereales, por parte de inversionistas en las bolsas de valores, quienes apostaron por la escasez en los llamados “mercados futuros”, aumentando artificialmente los precios. •	En tercer lugar, el aumento del precio del petróleo, ya que la producción alimentaria, su transformación y transporte necesitan gran cantidad de energía fósil20. 19 Gráfico elaborado por Juan Carlos Morales González, sobre la base de datos de la FAO consignados en: http://faostat.fao.org/ 20 GOLAY, 2008, pág. 5.
Mercados a futuro: Contratos mediante los cuales las partes se comprometen a vender o comprar determinados bienes, en el futuro. Los precios, cantidades, condiciones de venta/compra, caducidad del negocio, etc., se definen en el momento de suscribirse el contrato y, por supuesto, desconociendo las contingencias que pudiera surgir mientras se hace realidad la compra o transacción del bien. Tales negocios son aprovechados por los especuladores, quienes -con años de antelación- pueden, por ejemplo, comprar una cosecha que aún está lejos de sembrarse. Todo esto desencadena carestía en el precio de los productos y, en el caso alimentario, dado que las cosechas actuales y futuras ya se han vendido, imposibilidad de acceso a los alimentos en caso de graves crisis alimentarias, independientemente de las causas que las hubieren generado.
Agrocombustibles: Hacen referencia a carburantes de origen vegetal que, actualmente, son promocionados como solución energética ante la escasez y altos costos de los combustibles fósiles. Al ser la producción de agrocombustibles una dinámica impulsada principalmente por los países industrializados y algunas élites políticas, empresariales e incluso criminales de los países atrasados, la producción de tal tipo de combustibles está asociada con la pérdida de las autonomías alimentarias de las comunidades, la reducción de los alimentos en los mercados locales, nacionales e internacionales, el deterioro en el acceso a los alimentos a causa de sus altos costos, severos daños medioambientales, entre otros factores. Actualmente, la producción de agrocombustibles se centra en la elaboración de dos tipos de carburantes: el agroetanol y el agrodiesel. El agroetanol se elabora a partir de la caña de azúcar, el maíz, la papa, la remolacha azucarera, la yuca, entre otros alimentos, y suele ser utilizado como combustible de pequeños vehículos. El agrodiesel se produce sobre la base de productos como la palma aceitera (o africana), la jatropha, el ricino, y es destinado principalmente a la movilización de grandes automotores (buses, camiones, etc.).
UN NUEVO PARADIGMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA DEL HAMBRE Para tomar una determinación fija y definitiva sobre el problema del hambre, las organizaciones sociales han propuesto la implementación de políticas agrarias y alimentarias basadas en la Soberanía Alimentaria. El principio de Soberanía Alimentaria fue presentado por La Vía Campesina, desde mediados de los noventas, y ha sido la bandera de lucha a nivel mundial de miles de organizaciones de campesinos y campesinas, agricultores familiares, pescadores tradicionales, pueblos indígenas, personas sin tierra, trabajadores rurales, migrantes, pastores, consumidores, etc., desde entonces. Este principio trata de dar una salida distinta a las políticas existentes de comercio neoliberal y asistencial dirigidas a la “seguridad alimentaria” mundial. En el Foro de Nyeleni por la Soberanía Alimentaria, que se celebró en Malí, en 2007, se profundizó el entendimiento del principio de Soberanía Alimentaria. En esencia, la Soberanía Alimentaria responde a las siguientes preguntas21:
1. ¿QUÉ SE PRODUCE? La Soberanía Alimentaria produce alimentos para el pueblo; pone en el centro de las políticas de alimentación, agricultura, ganadería y pesquería, el derecho a una alimentación suficiente, saludable y culturalmente apropiada para todos los individuos, pueblos y comunidades, y rechaza la propuesta de que el alimento es solo otra mercancía para el agronegocio internacional.
2. ¿QUIÉN PRODUCE? La Soberanía Alimentaria valora y apoya a los hombres y mujeres, campesinos y agricultores familiares, pastores, artesanos de la pesca tradicional, habitantes de los bosques, pueblos indígenas y trabajadores de la agricultura y la pesca, y también migrantes, quienes cultivan, crían, cosechan y procesan los alimentos. Se otorga el control sobre territorio, tierra, pastizales, agua, semillas, ganado y poblaciones de peces a proveedores locales de alimentos. 21 Informe de síntesis, NYÉLÉNI, 2007.
3. ¿CÓMO SE PRODUCE? La Soberanía Alimentaria se basa en la destreza y el conocimiento local de los proveedores alimentarios que conservan, desarrollan y manejan sistemas tradicionales de producción y cosecha, cuya sabiduría pueda ser transmitida a las generaciones futuras. La Soberanía Alimentaria utiliza las contribuciones de la naturaleza de manera diversa, con métodos de producción y cosecha agroecológica, contribuyendo a detener el cambio climático.
4. ¿PARA QUÉ? La Soberanía Alimentaria promueve la localización de los sistemas de alimentación, propiciando encuentros entre productores y consumidores de alimentos; pone a quienes proveen y consumen en el centro de la toma de decisiones en temas relacionados con la alimentación. La Soberanía Alimentaria resiste a las estructuras de gobierno, contratos y prácticas que dependen y promueven el comercio internacional insostenible e injusto, que otorga poder a corporaciones remotas y sin ninguna responsabilidad por sus acciones.
El Artículo 281 de la Constitución Política del Ecuador reconoce que la Soberanía Alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado, para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados, de forma permanente. El artículo incluye catorce numerales que estipulan como responsabilidad del Estado: 1.	Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias, y de la economía social y solidaria. 2.	Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos. 3.	Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria. 4.	Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos.
5.	Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción. 6.	Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella, así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas. 7.	Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean criados en un entorno saludable. 8.	Asegurar el desarrollo de la investigación científica y la innovación tecnológica apropiadas, para garantizar la soberanía alimentaria. 9.	Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como su experimentación y comercialización. 10.	Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y consumidores, así como las de comercialización y distribución de alimentos, que promuevan la equidad entre espacios rurales y urbanos. 11.	Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos alimenticios. 12.	Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos producidos localmente. 13.	Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. 14.	Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras.
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA, PASO A PASO
a Soberanía Alimentaria plantea el derecho a una alimentación suficiente, saludable y culturalmente apropiada para todos los individuos, pueblos y comunidades, incluidos aquellos que tienen hambre, están bajo ocupación, están en zonas de conflicto y son marginados; y rechaza la propuesta de que el alimento es solo una mercancía para el agronegocio internacional22. A continuación conoceremos qué es el Derecho a la Alimentación.
1. LA ALIMENTACIÓN ES UN DERECHO HUMANO El Derecho a la Alimentación ha sido reconocido por diferentes instrumentos internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (en adelante, PIDESC) es el instrumento que trata más profundamente el Derecho a la Alimentación y el resto de los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), como el agua, la salud, educación, el derecho a una vivienda adecuada, etc. De acuerdo al PIDESC, el Derecho a la Alimentación tiene dos dimensiones indivisibles: el derecho a estar libre de hambre y el derecho a una alimentación adecuada. Luchar por el Derecho a la Alimentación es luchar por la dignidad humana y la justicia social. Es necesario aplicar políticas nacionales e internacionales adecuadas para acabar con el hambre, tener una alimentación adecuada y luchar por otros derechos.
22 Informe de síntesis, NYÉLÉNI, 2007.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el grupo de expertos de Naciones Unidas encargado de supervisar la implementación progresiva de los DESC, interpreta el Derecho a la Alimentación así: “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla” 23. El Estado Ecuatoriano ha reconocido el Derecho a la Alimentación, en el Artículo 13 de la nueva Constitución Política del Ecuador, como el derecho que tienen las personas y colectividades al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales; para lo cual se promoverá la Soberanía Alimentaria. El Derecho a la Alimentación no significa solamente el derecho a acceder a las calorías, proteínas y otros nutrientes que necesitamos para vivir. El Derecho a la Alimentación Adecuada incluye muchos otros elementos, además de principios y obligaciones de los estados, que conoceremos a continuación.
2. EL CONTENIDO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA De acuerdo con la interpretación oficial del Derecho a la Alimentación Adecuada, este contiene básicamente los siguientes elementos: - La disponibilidad de alimentos, en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada. 23 La interpretación oficial del Derecho a la Alimentación fue elaborada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General Nº 12.
- La accesibilidad de esos alimentos, en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros Derechos Humanos.
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ACCESIBILIDAD
Estos son los elementos del Derecho a la Alimentación, que están íntimamente vinculados y se complementan entre sí:
ADECUABILIDAD Al hablar de la adecuabilidad de los alimentos, nos referimos al derecho de las personas a consumir suficientes alimentos sanos y de calidad. Los alimentos que consumimos no deben ser nocivos para la salud y deben ser suficientes, no solo en cantidad sino también en calidad. La calidad implica que los alimentos deben proveernos todas las vitaminas, proteínas, minerales y calorías necesarias para gozar de una buena salud y desempeñarnos en las diferentes actividades, a lo largo de toda nuestra vida.
Este elemento del Derecho a la Alimentación hace referencia a nuestros hábitos de consumo, es decir, a los alimentos que consumimos diariamente. Hoy en día, nos han impuesto alimentos con poco valor nutricional y que, en muchas ocasiones, han sido diseñados por la biotecnología de las grandes corporaciones transnacionales. Muchos de los alimentos que consumimos hoy vienen de las grandes tiendas o supermercados y cada vez menos de las manos de los productores que los cultivan.
A través de la biotecnología, se pueden transformar las características biológicas de las especies vivas. Esta tecnología comprende desde los injertos o el cruce natural de variedades basado en los conocimientos ancestrales, hasta la sofisticada ingeniería genética desarrollada por las corporaciones transnacionales. A través de la ingeniería genética, se pueden producir los transgénicos u organismos genéticamente modificados, que son plantas o animales en los que el hombre ha colocado genes de otras especies, aunque no exista ninguna compatibilidad entre estos. En los últimos años, casi todos los avances biotecnológicos son controlados o desarrollados en función de los intereses de las empresas transnacionales24. 24 MANTILLA y MORALES, 2006, pág. 42.
Además, las transnacionales monopolizan las semillas transgénicas y nos quitan nuestro derecho a guardar, intercambiar y mejorar las semillas nativas.
Los agrotóxicos contaminan los alimentos, dañan el medio ambiente y afectan nuestra salud.
Los siguientes son los artículos de la nueva Constitución que hacen mención explícita a la adecuabilidad de los alimentos: El Artículo 281, sobre Soberanía Alimentaria, dispone que el Estado debe proteger a la población del consumo de alimentos contaminados, o que pongan en riesgo su salud, o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos; garantizar un entorno adecuado, para asegurar la inocuidad de los animales que consumimos; y fomentar la producción ecológica de alimentos y animales. En el Artículo 15, sobre Ambiente Sano, se prohíben explícitamente los organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana, o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas.
En el Artículo 66, sobre los Derechos de Libertad Personal, se prohíbe el uso de material genético y la experimentación científica que atente contra los Derechos Humanos. En el Artículo 401, sobre Biodiversidad, se declara al Ecuador territorio libre de cultivos y semillas transgénicas, pero queda abierta la posibilidad de introducirlos cuando exista un interés nacional debidamente fundamentado. Tanto en el Artículo 401, sobre Biodiversidad, como en el Artículo 281, sobre Soberanía Alimentaria, se regula la biotecnología bajo estrictas normas de seguridad, y se prohíben prácticas riesgosas para el ser humano. El Artículo 52, sobre Personas Usuarias y Consumidores, otorga el derecho a las personas para obtener alimentos de calidad, y contar con información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. El Artículo 55 permite a los usuarios y consumidores constituir asociaciones para promover la información y educación sobre sus derechos y la defensa de los mismos.
ACEPTABILIDAD CULTURAL El lograr calidad e inocuidad alimentaria puede resultar insuficiente si se contravienen las costumbres, cosmovisiones o los proyectos de vida de los distintos pueblos y comunidades. Para los indígenas, afrodescencientes, gitanos, etc., pueblos y comunidades con costumbres arraigadas y visiones del mundo particulares, la alimentación significa mucho más que una simple fuente de nutrientes y energía.
Los alimentos son parte de su cultura, de la relación con su territorio, de sus formas de organización social, etc. Por eso, el respeto a la cultura, la tradición y los hábitos alimenticios de los diferentes pueblos y comunidades es otro elemento fundamental del Derecho a la Alimentación25. Las mejoras en los hábitos de consumo y producción de alimentos deberían darse como resultado de los cambios naturales de la vida social y de las visiones culturales, mas no por la imposición de hábitos alimentarios ajenos a los diferentes colectivos humanos26. Sin embargo, la publicidad descontrolada que existe en torno a la comida “rápida” y “chatarra”, producida por grandes empresas de alimentos, ha contribuido a restarle valor a la alimentación adecuada. Además, las políticas de comercio que han promovido la importación masiva de alimentos también han impuesto hábitos alimentarios ajenos a la cultura de muchos pueblos y comunidades, destruyendo las fuentes de ingresos de hombres y mujeres productores de alimentos. De hecho, una de las consecuencias menos publicitadas de la liberalización del comercio es, justamente, el efecto que tiene en la pérdida de la cultura alimentaria de los pueblos. Un reciente informe demuestra que el actual sistema de comercio no solo ha creado en los países un alto grado de dependencia, sino que también puesto en peligro la capacidad de los productores locales de vivir de sus propias cosechas, generando problemas en la balanza de pagos para los países importadores netos de alimentos, etc., además de haber desplazado los alimentos que han sido parte de la cultura milenaria de los países27. Como vimos en el capítulo anterior, pese a que el trigo es un alimento tradicionalmente utilizado por las culturas ancestrales en el Ecuador, este ha dejado de ser producido en el país, como consecuencia de las políticas basadas en la seguridad alimentaria. Además del Artículo 13, sobre el Derecho a la Alimentación, que reconoce el respeto por la cultura, la tradición y los hábitos alimentarios de los diferentes pueblos y comunidades del Ecuador, la nueva Constitución del Ecuador incluye los siguientes artículos que defienden este elemento:
25 MANTILLA y MORALES, 2006, pág.56. 26 Ibídem, pág. 57. 27	DE SCHUTTER, diciembre, 2008.
Los Artículos 57, 58 y 59 reconocen a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano y al pueblo montubio, sus derechos colectivos para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y visión propia. El Artículo 57 garantiza especialmente la consulta previa, libre e informada, cuando cualquier actividad que se pretenda desarrollar en sus tierras ponga en peligro su cultura; indicando que las comunidades, pueblos y nacionalidades deben de participar en los beneficios que esos proyectos reporten, y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. El Artículo 281, sobre Soberanía Alimentaria, no solo habla de la necesidad de evitar la dependencia de la importación de alimentos, sino que establece que el Estado debe promover la recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella, así como el uso, libre intercambio y conservación de las semillas nativas esenciales para la producción de los alimentos culturalmente adecuados para la población del Ecuador.
Cada vez se produce y consume menos mashua...
Tenemos que recuperar nuestros hábitos y tradiciones.
DISPONIBILIDAD Cuando hablamos de disponibilidad, nos referimos al derecho de una persona, pueblo o comunidad a tener alimentos, ya sea accediendo a los recursos productivos que les permitan producir sus propios alimentos, y/o accediendo a mercados u otros mecanismos de distribución, transacción o intercambio de alimentos, que funcionen adecuadamente. La disponibilidad de alimentos hace referencia a que, en un espacio geográfico determinado (país, región, pueblo, comunidad, etc.), se pueda mantener una oferta de alimentos adecuada para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas y colectivos.
Para disponer de alimentos, las personas, pueblos, comunidades, etc., deben tener acceso permanente a los recursos productivos y bienes naturales necesarios, como la tierra, el agua de los ríos, bosques, manglares, el territorio, etc. Es entonces cuando hablamos del Derecho a Alimentarse. Sin embargo, el solo acceso no garantiza la disponibilidad de alimentos; se necesita crear o fortalecer las condiciones necesarias para el desarrollo de la agricultura familiar campesina, de la pesca artesanal y de las actividades productivas de las comunidades indígenas, etc., para que puedan concretarlas de una manera social y ecológicamente sostenible. Comúnmente, este elemento fundamental del Derecho a la Alimentación no está garantizado para millones de seres humanos. Como vimos anteriormente, la mayoría de las personas que padecen hambre en el mundo no puede acceder a los recursos productivos que le permitan alimentarse, y/o el acceso a estos es extremadamente desigual. En el capítulo anterior, se resaltó que la propiedad de la tierra se encuentra altamente concentrada: Ecuador está entre los países latinoamericanos que reflejan mayores niveles de concentración de la propiedad agraria, sin que esto haya variado casi nada en los últimos cincuenta años. El Artículo 281, sobre Soberanía Alimentaria, llama al Estado a desarrollar organizaciones y redes de comercialización y distribución de alimentos, a generar sistemas justos y solidarios para su distribución y comercialización, y a impedir prácticas monopólicas, así como cualquier tipo de especulación con los alimentos. Los Artículos 335, 336 y 337, sobre Intercambios Económicos y Comercio Justo, dispone que el Estado sancionará y evitará cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados y asegurará la transparencia, eficiencia y competencia en los mercados, en igualdad de condiciones y oportunidades; además, el Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, trasformación, transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las necesidades básicas internas. El Artículo 57, sobre los Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, reconoce el derecho colectivo a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, para conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienable, inembargable e indivisible; a mantener la posesión ancestral de sus tierras y territorios; y a no ser desplazados de ellas.
El Artículo 281, sobre Soberanía Alimentaria, llama al Estado a promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y a otros recursos productivos. El Artículo 282 dispone que el uso y el acceso a la tierra y agua de riego deben cumplir con la función social y ambiental, y los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental, para garantizar la producción de alimentos. En este artículo, se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. Los Artículos 405, 406 y 407, sobre los Ecosistemas, dispone que el Estado prohíba que las personas o empresas extranjeras adquieran títulos de tierras o concesiones, así como la actividad extractiva de recursos no renovables, en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal, aunque se estipula una salvedad en caso de interés nacional. El Artículo 334, sobre la Democratización de los Factores de Producción, llama al Estado a promover el acceso equitativo a los factores de producción; para lo cual, evitará su acaparamiento, promoverá su redistribución y eliminará privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. En especial, desarrollará políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras en el acceso a los factores de producción, entre otros.
ACCESIBILIDAD Cuando hablamos de la accesibilidad, nos referimos a la posibilidad de los individuos y las comunidades de obtener sustentablemente los alimentos disponibles, bien sea comprando, autoproduciendo o intercambiando. De nada sirve que exista una oferta de alimentos en un país, si las personas o colectivos no pueden acceder a ellos y satisfacer sus necesidades básicas. La accesibilidad de alimentos puede ser económica y física.
Por acceso económico entendemos la posibilidad de las personas y colectivos de acceder a alimentos mediante todo tipo de actividades económicas que no menoscaben su dignidad
humana. Esto significa: por un lado, que las personas deben contar con trabajos bien remunerados que les permitan comprar los alimentos adecuados; y, por otro, que las personas y colectivos tengan la opción de acceder a alimentos a través de actividades como el cultivo, la pesca, agricultura, ganadería, etc., que les permitan alimentarse directamente. El porcentaje más alto de las personas que carecen de ingresos propios son las mujeres, especialmente las que se dedican al trabajo doméstico no remunerado, no reciben pago por su trabajo o se encuentran desocupadas. Las mujeres enfrentan graves problemas, como la dificultad de acceder a los puestos de trabajo, a pesar de ser más de la mitad de todos los ecuatorianos; tasas de desempleo más altas que los hombres; y grandes diferencias en los ingresos con sus pares masculinos con igual nivel educativo.
Hay muchas más mujeres que hombres en el desempleo...
Y las condiciones laborales son desiguales...
¡Quienes trabajamos en casa no recibimos remuneración alguna!
Los artículos que mencionan la accesibilidad económica de los alimentos por medio de un trabajo justamente remunerado son los siguientes: Los Artículo 33 y 328, sobre Trabajo y Seguridad Social, establecen que el Estado garantizará a las personas trabajadoras remuneraciones justas, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la Ley, de aplicación general y obligatoria. El Artículo 66, sobre Derechos de Libertad, numeral 17, reconoce que nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso. El Artículo 330 garantiza que las personas con discapacidad tendrán iguales condiciones en la inserción y remuneración del trabajo; y ordena la implementación de servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. En el Artículo 331, se garantiza a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia hacia a las mujeres, en el trabajo.
ACCESIBILIDAD FÍSICA La accesibilidad física implica que la alimentación adecuada debe ser accesible para todos y todas, incluyendo aquellas personas y colectivos que, por una u otra razón, no estén en condiciones de producir sus propios alimentos, o de trabajar. Este aspecto del Derecho a la Alimentación es de suma importancia para los lactantes y niños pequeños, las personas de edad, las personas con discapacidad física, las personas que atraviesan la fase terminal de la vida, aquellas con problemas médicos persistentes y las que viven en zonas propensas a los desastres. También es importante para personas desempleadas, ya que concretar el Derecho a Alimentarse significa contar con un programa especial de apoyo que les permita poder nutrirse adecuadamente y con dignidad.
Los programas de ayuda alimentaria, muchas veces, no han cumplido con principios de Derechos Humanos y han sido ampliamente cuestionados por haber respondido, en varias ocasiones, a los intereses geopolíticos y comerciales de los estados donantes, ocasionando un círculo vicioso en donde los países receptores profundizan su dependencia alimentaria y ven destruida su capacidad productiva. Como parte de un subsidio adicional, a las exportaciones de países industrializados como Estados Unidos (principal país de origen de este tipo de ayuda), la ayuda alimentaria comúnmente ha colocado los excedentes de la producción agrícola de los países de origen, ampliando sus mercados en otros países, y fomentado el desarrollo de las empresas de transporte y carga28. La ayuda alimentaria va disminuyendo, mientras aumentan las exportaciones de los productos originalmente introducidos al mercado con carácter de ayuda29.
Debemos hacer respetar lo que dice la Constitución ¡Qué ironía! ¡Ni él ni yo tenemos garantizado nuestro Derecho a una Alimentación Adecuada!
28 SALGADO, 2002, pág. 37. 29 Ibidem, pág. 41.
El Estado reconoce, en los Artículos 35 al 39 y 43 al 51, que las personas adultas mayores, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. El numeral 14 del Artículo 281, sobre Soberanía Alimentaria, estipula que los alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios deben proceder prioritariamente de redes asociativas de pequeños productores y productoras. En el numeral 12, además, se estipula que las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos deberán ser dotadas de alimentos. Los alimentos recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos producidos localmente. Los Artículos 34, y 367 al 369, sobre Seguridad Social, establecen que la Seguridad Social es un derecho irrenunciable, regido por los principios de Derechos Humanos; no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de toda la población ecuatoriana, independientemente de su situación laboral. La protección de las contingencias (enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley) se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales. Los Artículos 333 y 369 definen que la protección de la Seguridad Social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar y las prestaciones se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. El Artículo 373 establece que el Seguro Social Campesino es un régimen especial para proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal.
SOSTENIBILIDAD Hace referencia a la posibilidad de que las generaciones presentes y futuras accedan a los alimentos, es decir, al concepto de Seguridad Alimentaria. Entraña la noción de disponibilidad y accesibilidad a largo plazo.
¿CÓMO IDENTIFICAR UN CASO DE VIOLACIÓN AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN?
na vez que hemos establecido el significado y los elementos constitutivos del Derecho a la Alimentación, es posible identificar un caso de violación de este derecho, y documentarlo con el fin de iniciar la lucha en defensa de nuestros derechos y exigir que el Estado cumpla con todos los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y nuestra Constitución Política. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un Estado viola el Derecho a la Alimentación cuando no toma las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos de que dispone30; cuando, por algún motivo, implementa acciones discriminatorias que impiden el acceso a los alimentos, así como a los medios y derechos para obtenerlos; y cuando desatiende sus obligaciones de respetar, proteger y realizar el Derecho a la Alimentación. Los principales aspectos que deben ser consignados y analizados, si se desea documentar un caso de violación del Derecho a la Alimentación o, simplemente, valorar el nivel de cumplimiento de ese derecho, son expuestos brevemente, a continuación:
1. ¿CUAL ES EL DAÑO? En esta parte, debemos describir el daño o perjuicio sufrido por una persona o grupo de personas. Puede ser que este daño todavía no haya ocurrido, pero que sea muy probable que suceda, si el Estado no toma las medidas pertinentes para evitarlo. En muchos casos, este daño conlleva amenazas a otros Derechos Humanos que es importante identificar. Por ejemplo, los daños sociales que causa la construcción de una gran represa en una zona tropical son múltiples; van desde la violación al derecho a alimentarse hasta el despojo a campesinos y campesinas de sus tierras, o la violación al Derecho a la Salud por la contaminación del agua estancada que comúnmente ocasionan las represas, etc. 30 Observación General Nº 3 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El daño se refiere a alguna de las dimensiones del Derecho a la Alimentación: la de estar libre de hambre y la de gozar de una alimentación adecuada.
¿DE QUÉ DIMENSIÓN DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN SE TRATA? 1.	¿Existe una situación de inseguridad alimentaria en el país? ¿Ha tomado el Estado acciones urgentes e inmediatas para garantizar que estas personas no sufran de hambre? 2.	¿Qué aspectos (adecuabilidad, disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad y aceptabilidad cultural) del Derecho a la Alimentación Adecuada se han afectado?
ADECUABILIDAD Y ACEPTABILIDAD CULTURAL ¿Son los alimentos suficientes para cubrir tus necesidades diarias y las de tu familia, en cuanto a calorías, minerales, grasas, etc.? ¿Es posible conocer el contenido nutritivo de los alimentos que consumes? ¿Existen mecanismos de control estatal eficaces para controlar la calidad de los alimentos que consumes? ¿Existen programas estatales destinados a mejorar hábitos alimentarios saludables que sean acordes con tu cultura? ¿Existen leyes y programas que privilegien la producción agroecológica frente a la producción convencional de alimentos, intensiva en agroquímicos, que perjudican tu salud? ¿Se controla la importación de alimentos de baja calidad y con alto porcentaje de agroquímicos? ¿Existe una prohibición a la introducción de alimentos genéticamente modificados? ¿Está el agua de los ríos -que necesitas no solo para producir alimentos sino para beber- contaminada por la acción de agroindustrias aledañas a tu población? ¿Corresponden con tu cultura los alimentos que consumes? ¿Ha perdido tu familia y/o tu pueblo alimentos tradicionales a lo largo de los años? ¿Por qué?
DISPONIBILIDAD ¿Tienen los campesinos y campesinas acceso permanente y seguro a la tierra, al agua, etc., que les permitan producir alimentos adecuados? ¿Se destruyó el acceso a la tierra a los campesinos y campesinas por medio de un desalojo forzoso? ¿Están las empresas petroleras, mineras o hidroeléctricas propiciando la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios? ¿Cuentan los campesinos y campesinas con apoyo estatal para comercializar la producción de alimentos? ¿Existe monopolio de cadenas de supermercados que impida una justa comercialización de productos de los pequeños campesinos y campesinas?
ACCESIBILIDAD ¿Existe una ley que garantice un salario digno a los trabajadores y trabajadoras? ¿Se aplica el pago de sueldos dignos que permitan cubrir con la canasta alimentaria familiar? ¿Sufren las mujeres discriminación en cuanto a la paga de un salario digno? ¿Tienen los pescadores y recolectores acceso seguro al manglar y al mar para recoger y pescar las conchas, cangrejos y peces? ¿Qué está impidiendo su acceso? ¿Pueden acceder los hombres y mujeres campesinos a la tierra para cultivar? ¿Es suficiente la tierra para producir y tener un nivel de vida digno? ¿Impiden las empresas agroindustriales el acceso a la tierra y el agua? ¿Garantizan los programas sociales, como el Bono de Desarrollo Humano, una vida digna para la población? ¿Cuentan las niñas y niños pequeños con alimentos sanos y nutritivos y culturalmente apropiados en los programas de alimentación escolar?
SOSTENIBILIDAD ¿Puede la familia alimentarse de manera regular?
2. ¿CUÁL ES EL HECHO O LA OMISIÓN QUE CAUSA EL DAÑO? La definición de la acción o inacción concreta es un paso muy importante para identificar un caso de violación al Derecho a la Alimentación. Es necesario ser muy preciso sobre el hecho u omisión que causa o causaría el daño. Por ejemplo, la emisión de una ley de distribución de tierras que no garantice el acceso equitativo de mujeres a la tierra, o la sentencia de un tribunal que falla a favor de una empresa petrolera que ha destruido los bienes naturales en el territorio de una comunidad indígena amazónica, etc. ¡Tengo la sentencia a mi favor, ustedes no pueden oponerse!
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que, al determinar qué medidas u omisiones constituyen una violación del Derecho a la Alimentación, es importante distinguir entre la falta de capacidad y la falta de voluntad de un Estado para cumplir sus obligaciones. En el caso de que un Estado Parte aduzca que la limitación de sus recursos le impide facilitar el acceso a la alimentación a aquellas personas que no son capaces de obtenerla por sí mismas, el Estado debe de demostrar que ha hecho todos los esfuerzos posibles por utilizar la totalidad de los recursos de que dispone, con el fin de cumplir, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas.
3. ¿QUIÉN COMETIÓ EL DAÑO? ¿QUIÉN ES LA VÍCTIMA? ¿QUIÉN EL RESPONSABLE FINAL? Las víctimas y quienes cometieron el daño deben estar claramente identificadas. Cuando hablamos de víctimas, nos referimos a las personas, grupos o comunidades que sufren los daños. Nos estamos refiriendo, a la vez, a los titulares de derechos, a las personas que pueden denunciar y demandar por los daños que les ocurrieron o les pueden ocurrir. El daño puede ser causado directamente por el Estado, a través de los diversos agentes involucrados, como la policía, un organismo regional de desarrollo estatal, el instituto nacional agrario, el tribunal provincial o nacional, un gobernador, etc. El daño puede ser originado también por terceros. Este aspecto es muy importante, ya que -con la creciente globalización económica- muchas empresas han llegado a influir mucho en la vida de personas de los países donde operan, y cometen graves violaciones a los Derechos Humanos. Es importante saber que, aunque sea una tercera persona la que comete el daño (por ejemplo, una empresa bananera), una transnacional minera o un hacendado, es el Estado el que tiene la responsabilidad final y debe responder ante la violación cometida.
4. ¿QUÉ OBLIGACIÓN INCUMPLE EL ESTADO? Una vez identificado claramente el elemento que no se está cumpliendo, podemos proceder a determinar cuál es la obligación que el Estado está incumpliendo, y qué institución del Estado es la responsable. Cuando hay una acción u omisión específica por parte del Estado, que causa una violación, hablamos del incumplimiento de su obligación.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales identifica tres tipos de obligaciones para los estados:
Si el Estado, las instituciones públicas, los gobiernos locales o entidades regionales gubernamentales han impedido el acceso a la alimentación, entonces el Estado no ha cumplido con su obligación de respetar. Por ejemplo, un Estado incumple con su obligación de respetar cuando un desalojo forzoso es cometido por la Policía, bajo la orden de un gobernador provincial.
Si ha sido una tercera parte, como una empresa minera transnacional, la que ha destruido el acceso a la alimentación adecuada; y el Estado, pudiendo hacerlo, no ha actuado para impedirlo, entonces no ha cumplido con su obligación de proteger. Por ejemplo, el Estado no protege a las trabajadoras rurales de una plantación agroindustrial, a quienes sus patronos les niegan el mismo salario que a los hombres, aunque ambos realicen las mismas labores.
Esta obligación hace referencia a los recursos y medios que aseguran la vida de de la población y que el Estado debe de facilitar para que las personas puedan hacer efectivo su Derecho a la Alimentación, cuando no estén en la capacidad de hacerlo por sus propios medios. El Estado incumple con su obligación cuando no implementa una política de reforma agraria, a pesar de que la mayoría de las personas que sufren de hambre son campesinos y campesinas que no tienen acceso regular y seguro a la tierra, ni programas de desarrollo para la producción campesina.
5. ¿INCUMPLE EL ESTADO CON LOS PRINCIPIOS DE DERECHOS HUMANOS? Los estados deben respetar e incorporar los principios de Derechos Humanos, que son:
Igualdad y ausencia de discriminación. Atención prioritaria a grupos vulnerables. Realización progresiva y prohibición de adoptar medidas regresivas. Participación e inclusión. Transparencia.	Responsabilidad (que implica la obligación de rendir cuentas).
Puede ser que, a pesar de la implementación de algunos programas, estos no cumplan con los principios de Derechos Humanos. Por ejemplo, la Ley de Aguas puede haber sido elaborada desde una oficina gubernamental, sin incorporar la participación de los representantes de organizaciones de campesinos y sin incluir la garantía a las mujeres (y, por lo tanto, ser discriminatoria), o desatendiendo mecanismos de demanda y denuncia que las personas puedan utilizar en el caso de que se afecten sus derechos. Esto también es una violación a los Derechos Humanos.
¿QUÉ HACER FRENTE A UN CASO DE VIOLACIÓN AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN?
uando existe una violación al Derecho a la Alimentación Adecuada, todas las víctimas deben tener garantizada una reparación adecuada por la vía de la restitución, la indemnización, la compensación o las garantías de no repetición31.
La Constitución ecuatoriana, en su Artículo 10, numeral 9, señala que el Estado está obligado a reparar las violaciones a los Derechos Humanos, por las acciones u omisiones cometidas por sus funcionarios/as y empleados/as públicos, en el desempeño de sus cargos, y la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos.
Si una persona o colectivo es víctima, o está amenazada de sufrir una violación del Derecho a una Alimentación Adecuada (o cualquier otro Derecho Humano), debe tener acceso a los mecanismos procesales adecuados para defender sus derechos, tanto a nivel nacional como internacional.
El Artículo 66, De los Derechos de Libertad, determina -en su numeral 23- que las personas tienen el derecho a dirigir una queja o petición individual y colectiva a las autoridades y recibir atención o respuesta, en un plazo adecuado.
1. MECANISMOS NACIONALES Al identificar a los autores de los daños (sean estos actores públicos o privados), y los sitios donde estos ocurren, podemos dar con los nombres y apellidos de las autoridades o funcionarios locales o regionales a quienes debemos hacer conocer sus faltas, solicitando inmediatamente una rectificación por la violación cometida o por cometerse. 31 Observación General Nº 12 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Estas pueden ser: el alcalde del cantón, el teniente político, el gobernador de la provincia, etc., dependiendo del caso y de quiénes sean las autoridades competentes. En muchos casos de violaciones al Derecho a la Alimentación recogidos, sobretodo en el área rural, se ha observado la parcialización que existe en estas instituciones públicas hacia grandes grupos de poder que comenten los delitos. Entonces, si la queja no encuentra una solución ante las autoridades locales o regionales, es necesario que las personas o colectivos que sufren una violación se dirijan a los mecanismos disponibles a nivel nacional. Existe una serie de mecanismos nacionales que podemos utilizar para recibir una rectificación o reparación ante una violación al Derecho a la Alimentación. Estos mecanismos pueden ser administrativos, políticos, semijudiciales y judiciales.
Los mecanismos administrativos son aquellos que se pueden procesar ante las autoridades que pertenecen al Poder Ejecutivo del Estado, es decir, ante las instituciones públicas responsables de garantizar la realización de las diversas dimensiones del Derecho Humano a la Alimentación. Entre ellas, contamos con:
El Artículo 156 de la Constitución ecuatoriana dispone la conformación de los Consejos Nacionales para la Igualdad, que son responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Los Consejos tienen atribuciones en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas sobre género, etnias, generacionales, interculturalidad, discapacidad y movilidad humana. Los diversos ministerios y secretarías relacionados con las dimensiones del Derecho a la Alimentación son: el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; el Ministerio de Inclusión Económica y Social; el Ministerio de Salud; y la Secretaría Nacional del Agua. Muchas veces, están relacionados directamente otros ministerios, como: el Ministerio de Energías Renovables y Electricidad; el Ministerio de Ambiente; el Ministerio de Minas y Petróleos, etc.
Tiene como misión garantizar el acceso a la justicia oportuna, independiente y de calidad; asegurar la rehabilitación social efectiva; promover la paz social y la plena vigencia de los Derechos Humanos, mediante políticas, programas y la coordinación de acciones con las instituciones relacionadas con el Sistema de Justicia. El Ministerio tiene como objetivo informar a las personas y comunidades sobre sus derechos y recibir casos de violaciones a los Derechos Humanos. Esta institución guía a las personas sobre cuáles son las instancias responsables y mecanismos que pueden aplicar para ejercer y exigir sus derechos. Los casos que llegan a su conocimiento son remitidos a otras instituciones del Estado. Además, existen otros espacios -como la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria- que necesitan ser fortalecidos, para que su carácter sea vinculante; es decir, que sus decisiones sobre asuntos relacionados a la Soberanía Alimentaria sean asumidas por las diversas entidades del Poder Ejecutivo. Además, se deberían establecer veedurías ciudadanas que permitan la rendición de cuentas a las autoridades competentes del Ejecutivo en materia del Derecho a la Alimentación.
Los Artículos 32–34 de la Ley de Soberanía Alimentaria disponen la creación la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, como un organismo de debate, consenso y propuesta para la elaboración y reforma de leyes y políticas públicas, por parte de la sociedad civil.
También existen los recursos políticos, que corresponden a aquellos dirigidos al poder legislativo, en donde se puede incidir en la toma de decisiones. La Función Legislativa ha conformado las comisiones especializadas sobre “Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero”, “Derechos Colectivos, Comunitarios e Interculturalidad”, “Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social”, y “Biodiversidad y Recursos Naturales”, entre otras, ante las que se pueden presentar las quejas y demandas.
MECANISMOS SEMIJUDICIALES
Los recursos semijudiciales son las quejas que se pueden presentar ante entidades que no forman parte del Poder Judicial, pero que pueden adoptar medidas para activar mecanismos judiciales, en las que un tercero imparcial -con funciones similares a las de un juez- realiza una investigación y emite una decisión o recomendación.
Los Artículos 214 y 215 de la Constitución Política reconocen que la Defensoría del Pueblo es el órgano que protege y tutela todos los derechos, y patrocina todos los mecanismos de defensa que están reconocidos en la Constitución ecuatoriana, emitiendo medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato, y solicitando juzgamiento y sanción ante la autoridad competente de quien comete una violación a los Derechos Humanos. Tiene representantes en cada una de las provincias del país.
Finalmente, los mecanismos judiciales son todos aquellos que se pueden presentar ante el Poder Judicial, es decir, ante jueces, tribunales o cortes con competencia para escuchar a las partes, investigar y analizar pruebas; para, sobre la base de la Ley y la Constitución, decidir quién tiene la razón (por ejemplo, estableciendo que existe una violación de un derecho y ordenando una reparación a quienes cometieron los daños). Uno de los vacíos que enfrenta la defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el Derecho a la Alimentación, es la falta de reconocimiento en el país de que estos derechos son justiciables, es decir, que se puedan utilizar acciones jurídicas para defenderlos. Sin embargo, en otros países, jueces con una visión más progresista ya están adoptando decisiones judiciales que protegen los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Debemos saber que el Artículo 11 de la Constitución Política del Ecuador establece que los Derechos Humanos son plenamente justiciables; en ningún caso se puede alegar falta de norma jurídica para justificar la violación a los derechos, ni desconocimiento para negar su reconocimiento. Así, la Corte Constitucional está en condiciones de juzgar las violaciones del contenido básico del Derecho a la Alimentación Adecuada refiriéndose de modo directo a las obligaciones, en virtud de la Constitución Política Nacional y el PIDESC.
Los Artículos 75 y 168 establecen que ninguna persona quedará indefensa, ya que tiene el derecho a acceder gratuitamente a la Justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses. Para proteger y dar tutela a los derechos de las personas y colectivos se ha dispuesto la creación de la Defensoría Pública, en el Artículo 191, que es la entidad encargada de brindar los servicios de defensa legal, para garantizar el pleno e igual acceso a la Justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan acceder a los mecanismos de protección. La Constitución garantiza algunos mecanismos legales de defensa de los Derechos Humanos: La Acción de Protección, reconocida en el Artículo 88, tiene como objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. Puede ser interpuesta por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, por un daño grave cometido por una persona particular; por políticas públicas inadecuadas que causen una violación a los derechos constitucionales. Cuando el poder constituyente incluyó esta acción en la nueva Constitución Política del Ecuador, reconoció la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, en general, de todos los Derechos Humanos, estableciendo la vía procesal para garantizar que las personas podamos demandar por las violaciones a nuestros derechos. El recurso de Habeas Corpus se define, en el Artículo 89, como una acción que permite a una persona recuperar su libertad y proteger su vida e integridad física, cuando ha sido arrestada de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, Este recurso es importante, sobre todo para proteger a los defensores de Derechos Humanos y dirigentes sociales, que son criminalizados por las luchas que realizan. Sin embargo, se deben buscar otros mecanismos que garanticen el respeto y protección de la labor de los defensores de los Derechos Humanos y otros miembros de la sociedad civil que prestan asistencia a grupos vulnerables. Muchas veces, el problema no es que no existan normas o decisiones de los jueces, sino que estas no se cumplen, y las personas tienen que vivir vulneradas en sus derechos. La
Acción por Incumplimiento, establecida en el Artículo 93, tiene como objetivo garantizar que se cumpla con las normas, decisiones, sentencias, recomendaciones del sistema jurídico nacional y de organismos internacionales de Derechos Humanos. Con esta acción, se pretende obligar a las autoridades a que cumplan la Ley, las decisiones de los jueces y de otras instituciones importantes para garantizar los Derechos Humanos. Finalmente, la Acción Extraordinaria de Protección, establecida en el Artículo 94, es el recurso que se puede interponer contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado -por acción u omisión- derechos reconocidos en la Constitución, cuando se han agotado los recursos dentro del término legal. Así, cuando un juez se equivoca y no aplica bien el derecho para proteger a las víctimas en un caso de violación, existe la posibilidad de demandar la sentencia o decisión para que el Poder Judicial rectifique su error y proteja verdaderamente los derechos de las personas o colectivos. Finalmente, el Artículo 87 establece que se pueden dictar medidas cautelares, independientemente o dentro del trámite de las acciones constitucionales de protección, con el objetivo de evitar o cesar una violación o amenaza de violación. Las medidas cautelares son medidas urgentes que el juez puede tomar antes de decidir investigar el caso a fondo y adoptar una sentencia definitiva, cuando es evidente que, si no toma esas medidas urgentes, las personas van a seguir siendo gravemente vulneradas o inminentemente amenazadas.
2. MECANISMOS REGIONALES E INTERNACIONALES Las personas y colectivos pueden también acudir a instancias y mecanismos internacionales para respaldar sus quejas y demandas, siempre y cuando hayan usado y agotado todos los mecanismos nacionales que se encuentran a su disposición. También pueden utilizarlos directamente, cuando no existen mecanismos nacionales o cuando existen pero estos no son efectivos, porque toman mucho tiempo, o porque los jueces no son neutrales y protegen arbitrariamente a quienes causan los daños.
A continuación conoceremos los instrumentos internacionales con los que contamos.
La Comisión vela por el respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Protocolo de San Salvador. Todos los estados parte de la Convención y el Protocolo deben presentar informes a la Comisión sobre las medidas que han tomado para realizar los Derechos Humanos de su población. Las personas y colectivos víctimas de una violación a sus Derechos Humanos pueden presentar sus casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de que el Derecho a la Alimentación Adecuada está contenido en el Protocolo de San Salvador, lamentablemente las personas y colectivos solo pueden invocar los Derechos Civiles y Políticos, ya que los estados del continente americano no quisieron prever la posibilidad de presentar casos de violación al Derecho a la Alimentación, ni de ningún otro DESC. Diversos casos han sido presentados utilizando los Derechos Civiles y Políticos, para hacer respetar el Derecho a la Alimentación. Sin embargo, algunos abogados usan argumentos que demuestran que, con la violación del Derecho a la Alimentación Adecuada, se viola el Derecho a la Vida Digna y, por este camino, han logrado que se proteja este derecho. También se puede recurrir a ella cuando no se respetan derechos como el Debido Acceso a la Información, pues alegándolo se puede lograr que los jueces tomen una decisión que proteja el Derecho a la Alimentación.
El Comité de DESC está compuesto por dieciocho miembros expertos en el ámbito de Derechos Humanos, independientes de los gobiernos, que están encargados de supervisar la implementación del PIDESC. Los estados parte del PIDESC deben presentar, cada cinco años, informes periódicos que indiquen los avances que hayan logrado para asegurar el disfrute de los derechos enunciados en el PIDESC. El Comité emite conclusiones, referentes a las decisiones que toma en cuanto a un estado en cuestión. Las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar informes alternativos al Comité de DESC sobre las violaciones del Derecho a la Alimentación, tomar la palabra ante el Comité,
asistir a los debates entre los representantes del Estado y los miembros del Comité y asegurar el seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del Comité, a nivel nacional. Pueden hacerlo, por medio del trabajo de incidencia, para que el gobierno transforme dichas recomendaciones en una mejora concreta de vida de las poblaciones oprimidas en el país32.
El Protocolo Facultativo fue aprobado el 10 de diciembre de 2008, coincidiendo con el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de varios años de incidencia política dentro del sistema de Naciones Unidas. Con el Protocolo Facultativo las personas, grupos, comunidades, pueblos, sectores desprotegidos y excluidos cuentan con un instrumento internacional de denuncia a los estados por las violaciones de los derechos enunciados en el PIDESC. Para la puesta en marcha del protocolo se ha iniciado el proceso de ratificación dentro de los Estados parte del PIDESC.
Relator del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada
El Relator presenta, ante la Comisión de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas, informes generales y temáticos sobre el Derecho a la Alimentación; realiza misiones de investigación sobre el terreno, con el fin de velar por el respeto del Derecho a la Alimentación en los países visitados, y envía denuncias urgentes a los gobiernos, en casos concretos de violaciones al Derecho a la Alimentación. En la mayor parte de los casos, actúa basado en informaciones que recibe por parte de las ONG con estatuto consultivo ante la ONU; pero cualquier persona u organización puede acudir a su autoridad informando el hecho y si estima que el Derecho a la Alimentación está amenazado33. La página WEB del Relator es: www.srfood.org Luego de su visita a un país determinado, el Relator escribe un informe, que presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ese informe contiene recomendaciones con las cuales las organizaciones de la sociedad civil podemos trabajar para exigir a nuestros gobiernos que sigan las recomendaciones.
32 GOLAY y MALIK, pág. 35. 33 Ibídem, pág. 36.
PARA FINALIZAR ESTE APRENDIZAJE… El exigir, denunciar y vigilar los Derechos Humanos es parte de las garantías reconocidas a las personas y comunidades. A pesar de todos los avances en el reconocimiento del Derecho a la Alimentación que hemos constatado en este breve recorrido, todavía existen millones de personas en nuestro país que van a la cama con hambre, sin ninguna posibilidad de presentar una demanda relativa a esta situación.
Es nuestra intención que este aprendizaje no solamente haya servido para que las personas y comunidades puedan iniciar y fortalecer procesos de lucha por una alimentación adecuada, sino que asuman el compromiso de repensar y continuar desarrollando el marco de defensa de este derecho, con nuevos mecanismos y herramientas que permitan garantizar efectivamente nuestros derechos. Esperamos que esta cartilla comience a ser utilizada en talleres de educación sobre Derechos Humanos, por los promotores de las diversas organizaciones sociales en el Ecuador y que sirva para fortalecer los espacios de intercambio de conocimientos de los diversos procesos de reivindicación de los Derechos Humanos. Para concluir, es necesario recordar que ninguno de los derechos reconocidos a nivel nacional o internacional se ha dado de manera gratuita; todos han sido el resultado de largos años de constante trabajo y lucha de la organizaciones indígenas, de Derechos Humanos, ecologistas, trabajadores rurales, campesinos, etc., que han presionado para que estos derechos estén hoy reconocidos en todos los instrumentos internacionales y nacionales que ya conocemos. No solamente es importante conocer nuestros derechos para poder defenderlos, sino que urge el fortalecimiento de la organización social, para que la conquista de estos derechos sea posible.
BIBLIOGRAFÍA BRASSEL, Frank, RUIZ, Patricio y ZAPATA, Álex; “La estructura agraria en el Ecuador: una aproximación a su problemática y tendencias”, en “¿Reforma Agraria en el Ecuador?: viejos temas, nuevos argumentos”. Brassel Frank, Herrera Stalin y Laforge Michel (Eds), SIPAE, Quito, 2008. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Observación General Nº 12, “El Derecho a una Alimentación Adecuada (Art. 11)”, Vigésimo Período de Sesiones, 1999, U.N. Doc. E/C.,diciembre 5 de 1999. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. OBSERVACIÓN GENERAL Nº 3, “La índole de las obligaciones de los Estados Partes”, (Párr. 1, Art. 2 del Pacto), Quito Período de Sesiones, 1990, U.N. DE SCHUTTER, Olivier, “Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación”, Olivier De Schutter, Adendum, Misión a la Organización Mundial del Comercio (junio 25 de 2008), Consejo de Derechos Humanos, Cuarto Período de Sesiones, A/HRC/10/005/Add.2, diciembre 15 de 2008. FAO, “El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2008”, “Los precios elevados de los alimentos y la seguridad Alimentaria: Amenazas y Oportunidades”. FAO, Roma, 2008. FAO. “Los precios de los alimentos permanecen muy altos en muchos países: el alza de precios afecta a los pobres rurales y urbanos”, Boletín de Prensa, FAO, Roma, 16 de julio de 2009. En http://www.fao.org/news/story/es/item/28803/icode/ FAO, “El número de víctimas del hambre es mayor que nunca”, FAO, Roma, sin fecha. En: http:// www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Press%20release%20june-es.pdf FAO, “Una sexta parte de la humanidad sufre desnutrición, la mayor cifra hasta hoy”. Boletín de prensa, FAO, Roma, 19 de junio de 2009. En http://www.fao.org/news/story/es/item/20568/icode/ FAO, “Género y legislación – Los derechos de la mujer en la agricultura”, Estudio Legislativo Nº. 76, FAO, Roma, 2002.
FAO, Temas Nº 2, “Aumentos repentinos de las importaciones: ¿Cuál es su frecuencia y cuáles son los países y productos básicos más afectados?”, FAO, Roma, octubre de 2006. En: http://www.fao. org/es/esc/common/ecg/423/es/ISSUESNO2SP1.pdf Foro para la Soberanía Alimentaria, Informe de síntesis, febrero 23-27 de 2007, Nyéléni 2007. GOLAY, Christophe. “La crisis alimentaria mundial y el Derecho a la Alimentación”, Cuaderno Crítico Nº 3, Asunto: Derecho a la Alimentación, Una colección del Programa de Derechos Humanos, CETIM, Ginebra, diciembre de 2008. GOLAY, Christophe y ÔZDEN, Malik, “El Derecho a la Alimentación. Un derecho humano fundamental estipulado por la ONU y reconocido por los tratados regionales y por numerosas constituciones nacionales”, CETIM, Ginebra. JONSÉN, Jennie y WINDFUHR, Michael, “Soberanía Alimentaria. Hacia la democracia en sistemas alimentarios locales”, Edición ITDG, Rugby, 2005. MANTILLA, Alejandro y MORALES GONZÁLEZ, Juan Carlos, “Alimentación digna para todos ¡Es un derecho!”, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Bogotá, diciembre de 2006. MORALES GONZÁLEZ, Juan Carlos, “El hambre al servicio del neoliberalismo”. Ediciones Desde Abajo, Bogotá, julio de 2006. ODM Ecuador, II Informe Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Alianzas para el Desarrollo, Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador y Gobierno Nacional del Ecuador, Quito, 2007. PROYECTO SICA, Informe de resultados del III Censo Nacional Agropecuario del año 2000, Quito, 2002. SALGADO Wilma, “¿Ayuda alimentaria o ayuda a las exportaciones?”, en “Alimentos transgénicos y ayuda alimentaria”, Acción Ecológica, Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Quito, mayo de 2002. SCHERR, Sara, “Halving Global Hunger, Background Paper of Task Force 2 on Hunger”, UNDP, New York, April 18, 2003, en : www.unmillenniumproject.org/documents/tf02apr18.pdf WAHLBERG, Katarina, “Are we approaching a global food crisis? Between Soaring”, Food Prices and Food Aid Shortage World Economy & Development en Brief. Global Policy Forum, marzo 3 de 2008, en: http://www.globalpolicy.org/socecon/hunger/general/2008/0303foodcrisis.htm
Cartilla 2009 qué es el daa

References: Artículo 281
 Artículo 13
 Artículo 281
 Artículo 15
 Artículo 66
 Artículo 401
 Artículo 401
 Artículo 281
 Artículo 52
 Artículo 55
 Artículo 13
 Artículo 57
 Artículo 281
 Artículo 281
 Artículo 57
 Artículo 281
 Artículo 282
 Artículo 334
 Artículo 33
 Artículo 66
 Artículo 330
 Artículo 331
 Artículo 281
 Artículo 373
 Artículo 10
 Artículo 66
 Artículo 156
 Artículo 11
 Artículo 191
 Artículo 88
 Artículo 89
 Artículo 93
 Artículo 94
 Artículo 87