Source: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/concursal/la-consideracion-de-los-inmuebles-en-fase-de-construccion-como-bienes-afectos-a-la-actividad-empresarial-de-las-promotoras-en-concurso
Timestamp: 2017-01-17 04:52:24+00:00

Document:
17 de Enero de 2017 | 05:52
Antonio Caba Tena,Socio de Dictum Abogados	1. Aspectos generales de la paralización
y/o imposibilidad de iniciar ejecuciones de garantías reales sobre los bienes
del deudor concursado
Con el objetivo de promover, en la medida de lo posible, la función
solutoria del concurso de acreedores a través de la conservación de la empresa,
el legislador español permitió que, en
determinas circunstancias, se paralizaran las ejecuciones de garantías reales
durante la tramitación de un concurso de acreedores. Tales circunstancias fueron anudadas, básicamente, al carácter
afecto a la actividad empresarial o profesional del bien en cuestión; ya
que sin él -parece subyacer en la mente del legislador-, podría perturbarse el
normal funcionamiento de un negocio económicamente viable que permita
satisfacer a los acreedores mediante un convenio concursal. No obstante, y a pesar de sus loables propósitos,
el legislador concursal no definió en
la redacción primigenia del artículo 56 de la Ley -y tampoco lo hace en la
actual- qué debe entenderse por "bienes
afectos" a la actividad empresarial o profesional del deudor; y en qué
debía diferenciarse (si es que debía) del concepto de "bienes necesarios", al
que también alude el citado precepto.
En esta tesitura, se empezaron a plantear dudas interpretativas en torno a los conceptos de "afecto" y de
"necesario" y, en este sentido, parece que logró alcanzarse un determinado
consenso en afirmar que de la propia dicción del artículo 56 de la Ley
Concursal se desprende que "bien afecto" se trata de algo más amplio que "los
bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial
del deudor", dado que en otro caso carecería de sentido la excepción que se
contempla en el apartado 2 respecto a las ejecuciones ya iniciadas al momento
de declararse el concurso (véase, en este sentido, el AJM nº 1 de Alicante, de
7.5.2009 y el AJM nº 10 de Madrid de 18.10.2010, entre otros). El propio Congreso Español de Derecho de la
Insolvencia celebrado en Gijón en el año 2009 bajo la presidencia del Profesor
Ángel Rojo ya puso de manifiesto -dentro de la denominada "Declaración de
Gijón" (Conclusión Décima -Ver Legaltoday.com de 20.4.2009-) la necesidad de precisar el concepto y el régimen de
los bienes afectos sobre los que recaiga una garantía real, o ir más allá y
establecer que sea el juez quien, en todo caso, y atendiendo al interés del
concurso, decida si procede o no la iniciación de la ejecución de la garantía. Por ello, recogiendo el testigo de dicha
conclusión, aunque también para zanjar la controversia suscitada sobre si la
competencia para la declaración de un bien del concursado objeto de ejecución
como afecto a la actividad de éste la tenía el Juez del concurso o el de
primera instancia, la Ley 38/2011, de 10
de octubre, de reforma de la Ley Concursal, introdujo un nuevo apartado 5
al artículo 56 que deja al criterio del
Juez del concurso determinar (i) si un bien del deudor se encuentra o no afecto
a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su
titularidad; y (ii) si un bien o derecho resulta necesario para la continuidad
de la actividad profesional o empresarial del concursado. 2.- La posición de los juzgados y tribunales españoles
Dentro de los juzgados y tribunales especializados en materia concursal
encontramos diferentes posturas en torno a los supuestos y criterios para la
consideración de bienes afectos a la actividad empresarial, Por un lado, nos
encontramos con los que entienden por bienes
afectos a aquellos destinados a
servir de forma duradera en la actividad de la empresa, debiendo ligarse su
concepto al inmovilizado de la misma, tal y como lo define el Plan General de
Contabilidad. Así, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de
Las Palmas (Sección 4ª) de 12 de enero de 2006, que al tratarse de inmuebles
construidos destinados a la venta e incluidos como existencias, sin que
constara se destinaran a actividad alguna incluida en el objeto social, estimó
que no estaban afectos. En el mismo sentido, el AJM nº 4 de Madrid de
14.1.2005; el AAP de Mallorca (Sección 5ª) de 26.10.2009; el AAP de Zaragoza
(Sección 5ª), de 26.2.2010. Por otro
lado, en cambio, está la postura -más acorde con los
nuevos apartados 2 y 5 del artículo 56- que
sostiene que es bien afecto aquel destinado a la actividad profesional o
empresarial del deudor concursado y del que se sirva efectivamente éste en el
ejercicio de su actividad, al margen de la catalogación contable del mismo.
Esta interpretación atiende, además, que han de prevalecer criterios económicos
y de afección real de los bienes hipotecados a la actividad del concursado, y
que el hecho de que una eventual promoción inmobiliaria no estuviera acabada,
determinaba el carácter de afecto del bien, pues sobre ellos ejerce su
actividad empresarial el deudor. En este sentido, el auto de la Audiencia
Provincial de Barcelona (Sección 11ª) de 26 de febrero de 2007, que señaló que
eran "todos los bienes que estén destinados al servicio de la actividad
profesional o empresarial del concursado". En el mismo sentido, además, se
pronuncian el AJM nº 2 de Barcelona, de 15.7.2008; los anteriormente reseñados AJM
nº 1 de Alicante, de 7.5.2009 y AJM nº 10 de Madrid de 18.10.2010; y, más
recientemente, el AJM nº 1 de Málaga, de 13.11.2012, que declaró que "(...) los
bienes cuya afección se piden son bienes inmuebles, siendo la actividad de la
concursada precisamente la venta y explotación de estos. A la vista de lo
expuesto, los citados bienes se encuentran afectos a la actividad de la
concursada, ya que forman parte del patrimonio de esta que es, a su vez, el
elemento esencial de su actividad empresarial con el que poder seguir
desarrollando su actividad explotadora (...)". En esta última tesis podemos adscribir también al
auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4ª), de 21
de septiembre de 2011, que, aunque versaba sobre la inadmisión a trámite por el
Juzgado de lo Mercantil de un concurso voluntario por inexistencia de activo,
al estar hipotecadas las fincas del deudor (sociedad que tenía como actividad
la promoción inmobiliaria), entendió que debía admitirse a trámite porque los
bienes se encontraban afectos a la actividad empresarial y la peticionaria
seguía manteniendo esa actividad. Y por ello, la ejecución hipotecaria de esos
bienes se encontraba sujeta a las condiciones especiales del artículo 56 de la
Ley Concursal que, si bien no excluye la realización a favor del acreedor
privilegiado, permite la continuación de la explotación durante un periodo de
tiempo con la posibilidad de obtener nuevos activos realizables durante el
mismo. Finalmente, y reafirmando el carácter afecto de los bienes en
construcción de una promotora declarada en concurso que no hubiera cesado en su
actividad principal, véase el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección
15ª) de 26 de julio de 2012.
De acuerdo a las consideraciones expuestas y la vigente -y todavía
deficiente- redacción del precepto, entendemos que, si la concursada es una
entidad cuyo objeto social consiste en la explotación comercial de inmuebles,
se encuentra dada de alta en los epígrafes correspondientes del Impuesto sobre
Actividades Económicas (833.1 y 833.2 -Promoción Inmobiliaria de Terrenos y
Edificaciones, respectivamente-), y no ha cesado en su actividad, los inmuebles
hipotecados que sean aptos para su construcción y/o enajenación deberán
considerarse como bienes afectos a la actividad empresarial, con independencia
de que su clasificación contable sea como existencias. Por otro lado, la salida de la masa activa por mor
de una eventual ejecución hipotecaria que no respete los plazos (por lo demás,
no tan amplios) establecidos en el artículo 56 de la Ley Concursal, provocaría
un indudable lastre para la continuidad empresarial, sobre todo cuando, como es
habitual, la valoración pactada a efectos hipotecarios sea considerablemente
mayor que el importe de la deuda del acreedor que, en base a la afección real
hipotecaria, ostente el privilegio especial por dichos bienes. Antonio Caba Tena,
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La problemática del Grupo Laboral de Empresa en los ERE concursales

References: artículo 56
 artículo 56
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