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Timestamp: 2019-12-06 18:01:41+00:00

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﻿ SENTENCIA SC7455-2017/2013-00173 DE MAYO 30 DE 2017
SENTENCIA SC7455-2017 DE 30 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:PROCESO EJECUTIVO. CUANDO LA DEMANDA SE ADELANTA CONTRA UNA UNIÓN TEMPORAL (NO CONSTITUYE UNA PERSONA JURÍDICA DIFERENTE A QUIENES LA CONFORMAN) LA DESVINCULACIÓN DEL PROCESO NINGUNA INCIDENCIA TIENE RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LAS SOCIEDADES QUE EN REALIDAD HACEN PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL. ESTA CLASE DE ALIANZAS NO TIENEN PERSONALIDAD JURÍDICAPOR ELLO ES QUE CUANDO SE REQUIERE SU COMPARECENCIA A UN PROCESO JUDICIAL, LA MISMA DEBE OBTENERSE DE MANERA INDEPENDIENTE DE CADA UNO DE SUS INTEGRANTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:UNIÓN TEMPORAL, NULIDAD DEL PROCESO EJECUTIVO, PROCESO EJECUTIVO, REPRESENTACIÓN EN PROCESO EJECUTIVO, COMPARECENCIA AL PROCESO, VINCULACIÓN AL PROCESO, PERSONALIDAD JURÍDICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:547 DE JULIO DE 2017, PÁG.1081
SENTENCIA SC7455-2017/2013-00173
Bogotá, D.C., treinta de mayo de dos mil diecisiete.
Rad.: 11001-02-03-000-2013-00173-00
Decide la Corte el recurso extraordinario de revisión interpuesto por “Fresenius Medical Care Colombia S.A.”, frente a la sentencia de 15 de diciembre de 2011, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ejecutivo promovido por la “Sociedad Colombiana de Médicos Internistas S.A.”, contra los integrantes de la unión temporal “Nueva Clínica Fray Bartolomé de Las Casas”.
1. De acuerdo con las referencias procesales, la unión temporal “Fray Bartolomé de Las Casas” fue constituida el 24 de julio de 2001 por las sociedades Facsalud Ltda., Clínica Uribe Cualla S.A., Hospital El Tunal E.S.E., Clínica Rada Ltda. y, el Centro de Especialidades Neurológicas (f. 52, c.1).
2. Se manifiesta igualmente, que el Hospital El Tunal E.S.E. cedió su participación en la referida unión temporal, a la sociedad “Fresenius Medical Care Colombia S.A.”, según documento firmado el 12 de julio de 2002 (f. 5, c. 2).
3. El 18 de febrero de 2002, entre la citada unión temporal y la Sociedad Colombiana de Médicos Internistas S.A., se suscribió un contrato mediante el cual, esta última se obligaba a prestar servicios médicos especializados en la Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas.
En desarrollo del señalado convenio, la Sociedad Colombiana de Médicos Internistas expidió varias “facturas cambiarias de compraventa” por servicios médicos prestados y honorarios causados, las cuales fueron reconocidas por la unión temporal al momento de liquidarse unilateralmente el contrato, el 12 de julio de 2007.
Con base en el mencionado documento liquidatorio, la Sociedad Colombiana de Médicos Internistas, promovió acción ejecutiva, de la cual conoció el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá, quien libró mandamiento de pago el 22 de octubre de 2009, siendo recurrido, sin éxito, por la empresa “Fresenius Medical Care Colombia S.A.”.
4. Ésta, frente al cobro coactivo planteó como defensas, las de “Inexistencia de título ejecutivo; no agotamiento del trámite previsto en la cláusula Décima Tercera del contrato; Fresenius Medical Care Colombia no es miembro de la unión temporal (…); el documento aportado como título ejecutivo con la demanda no constituye plena prueba y la Prejudicialidad penal”.
En esencia, esgrime no haber sido parte en la suscripción del acta de liquidación unilateral del contrato de medicina interna; el representante legal de la unión temporal carecía de facultad para obligarla y, fue “vinculada fraudulentamente a la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas, por medio de una supuesta cesión (…)”, acto jurídico este no realizado por ella, “pues la firma del representante legal de Fresenius que aparece en el mentado contrato de cesión fue falsificada (…). [Éste] nunca firmó dicho contrato y por tanto nunca obligó a la compañía en tal cesión”.
5. Las demás sociedades convocadas fueron notificadas a través de curador ad litem, quien dijo atenerse a lo probado en el juicio, por no constarle la mayoría de los hechos.
6. Por virtud de la admisión de impedimento de la juez 3ª Civil del Circuito de Bogotá, el expediente quedó radicado en el 4º de dicha especialidad y lugar, quien mediante sentencia de 17 de febrero de 2011 declaró no probadas las excepciones de fondo propuestas por la convocada y como consecuencia, ordenó seguir adelante la ejecución.
7. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, al decidir el recurso de apelación interpuesto por Fresenius Medical Care Colombia, con fallo de 15 de diciembre de 2011, confirmó el del a quo.
Para la indicada corporación, “el título que fundamenta el cobro ejecutivo no es complejo, pues el solo documento contentivo de la ‘Liquidación Unilateral del Contrato de Medicina Interna’ colma a plenitud las exigencias consagradas en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, esto es, contiene una obligación clara, expresa y exigible”.
A pesar de las diversas facturas aportadas, agrega, al no haberse solicitado la ejecución con base en ellas, no hay lugar a verificar si cumplen o no los requisitos formales, “pues lo exigido ejecutivamente fueron las obligaciones contenidas en el acta mencionada, en la que el representante de la unión temporal citada, de manera unilateral, reconoció la deuda”.
En cuanto a la defensa de Fresenius Medical, según la cual, fue vinculada fraudulentamente a la unión temporal Fray Bartolomé de las Casas, consideró que esa circunstancia no fue acreditada, pues las copias aportadas por el recurrente en respaldo de sus planteamientos, no cumplían los requisitos para apreciarlas como prueba, pues al haberse allegado en copia simple carecían de valor probatorio y a pesar de las gestiones del Tribunal para su aportación auténtica, ello no se logró.
8. Una vez en firme, la aludida decisión fue recurrida extraordinariamente por la ejecutada Fresenius Medical Care Colombia S.A.
1. Fue interpuesto el 23 de enero de 2013, con fundamento en las causales 1ª y 2ª del artículo 380 de Código de Procedimiento Civil, mediante las cuales, aquella pretende la invalidación de la sentencia antes referida, en cuanto a ella respecta.
1.1. El primer motivo lo soportó en la aparición de “la Resolución No. 167 de 13 de Marzo de 2012 proferida por la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud”, por medio de la cual, con base en la declaración judicial de falsedad de la cesión, fundamento de la demanda en su contra, la citada autoridad distrital dejó sin efecto los actos administrativos derivados de dicha trasferencia, pero al no existir ese documento al momento de ser definido el litigio, no fue viable su aportación a éste.
No obstante, agrega, dicha cesión no existió, pues la firma allí inserta como del representante legal de Fresenius fue adulterada y precisamente, por virtud de la investigación penal determinante de la falsedad del señalado negocio jurídico, el Fondo Financiero Distrital de Salud de la Secretaría de Bogotá, mediante la decisión antes referida, revocó “todos los actos administrativos proferidos por [ella], mediante los cuales se aceptó o reconoció la [aludida] cesión”.
Como la indicada Resolución se emitió con posterioridad a la decisión del Tribunal cuya revisión se reclama, no pudo allegarse al proceso ejecutivo. De haber existido antes, estima, la conclusión judicial hubiera sido distinta, pues en dicho juicio, la impugnante extraordinaria siempre “invoco su falta de legitimación en la causa por pasiva alegando la ilicitud del negocio jurídico que sirvió de fuente para vincularla a la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las casas”.
Según lo reconoció esa entidad, agrega la impugnante, con el citado documento espurio fue engañada y por ello terminó aprobando y ratificando el contrato de cesión de participación del Hospital El Tunal E.S.E. a favor de Fresenius Medical Care Colombia S.A., cuando tal cesión no se produjo, razón por la cual, declarada su falsedad y en cumplimiento de lo decidido por la justicia penal, “dej[ó] sin efecto el acto administrativo que permitió [esa] vinculación (…)”, desde el momento de su expedición.
No obstante lo anterior, agrega, mediante sentencia de 31 de agosto de 2010, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá declaró falso el contrato de cesión y el acta de liquidación, sustento de la ejecución, lo cual condujo a que Sergio Alejandro Rada Rodríguez y Camilo Uribe Granja fueran condenados por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
Aquella providencia, destaca, tuvo como soporte, el dictamen pericial grafológico practicado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien determinó que la firma de Rodrigo Díaz Sendoya, representante legal de Fresenius Medical Care Colombia S.A., impuesta en el supuesto contrato de cesión de los derechos a ella efectuada por el Hospital El Tunal ESE, era falso por imitación.
En razón de la falsedad declarada por la justicia penal, la Secretaría Distrital de Salud, debió dejar sin efecto los actos administrativos derivados del artificioso contrato de cesión.
De no haberse incurrido en el mencionado ilícito sobre el escrito que sirvió de base al fallo cuya revisión solicita, estima, éste hubiera sido diferente.
Solicita, en consecuencia, invalidar en lo que a ella corresponde, la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2011 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual confirmó la del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de dicha ciudad, emitida en el proceso ejecutivo singular de mayor cuantía, promovido en su contra por la Sociedad Colombiana de Médicos Internistas, para en su lugar, emitir la correspondiente providencia sustitutiva desligándola del aludido trámite coactivo.
2. Al procedimiento de revisión fueron vinculadas, la Sociedad Colombiana de Médicos Internistas, demandante en el juicio ejecutivo y única compareciente directa, quien replicó la demanda, pero al haberlo efectuado de manera extemporánea, no se tuvo en cuenta, según quedó consignado en auto de 7 de mayo de 2014 (f. 388).
Por su parte, las entidades Clínica Uribe Cualla S.A., Clínica Rada & Cía. Ltda., Asesorías Administrativas Hospitalarias Facsalud Ltda. y Centro de Especialistas Neurológicas Ltda., igualmente convocadas, estuvieron representadas por curador ad litem, quien dijo no oponerse a las pretensiones “en la medida que resulten fundadas y debidamente probadas”.
3. Surtidas las restantes etapas procesales, probatoria y de alegaciones de conclusión, esta última aprovechada por los contendientes, se impone resolver lo que en derecho corresponde.
1. Preliminarmente ha de señalarse que, como la presente impugnación extraordinaria fue instaurada con antelación a la entrada en vigencia del Código General del Proceso, la misma seguirá su trámite de acuerdo con los lineamientos del Estatuto Procesal Civil, en observancia de lo previsto en los artículos 624 y 625 de aquella normativa, según los cuales, “los recursos interpuestos (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos (…)”.
2. Según la parte pertinente del precepto 379 ibídem, el “recurso extraordinario de revisión” procede, entre otras decisiones, contra las sentencias definitivas ejecutoriadas de los Tribunales, con efectos de cosa juzgada material y por los motivos instituidos en el precepto 380 ibídem.
Como por regla general, los fallos emitidos y en firme se tornan inmutables, con lo cual se preserva la seguridad jurídica, la paz social y el sello de certeza, excepcionalmente, los mismos pueden quedar sin efectos, en esencia, cuando desconocen el postulado de justicia, el derecho de defensa de las partes o la cosa juzgada material antecedente.
La revisión, por tanto, como excepción al principio de la cosa juzgada que protege a todas las sentencias ejecutoriadas, se ha erigido como un medio de impugnación eminentemente extraordinario para hacer prevalecer la justicia material, proteger el derecho de defensa quebrantado y blindar esa decisión de nuevas irrupciones dirigidas a su desconocimiento.
Así las cosas, el proferimiento de un fallo ignominioso, con serio quebranto de las garantías sustanciales o procesales, como también producto de un comportamiento ilícito de las partes, habilita la proposición del recurso de revisión, para que con observancia de los requerimientos legalmente previstos, se descarten los efectos de la cosa juzgada, se restablezcan aquéllas salvaguardias y se logre el imperio de la justicia y de la verdad material.
Como no tiene el alcance de una tercera instancia, por demás extraño al sistema procesal patrio, el recurso de revisión se encuentra sometido a las delimitadas causales señaladas en la ley, al punto de no resultar admisible, si no se demuestra, de manera adecuada, alguna de ellas.
Por lo mismo, y como en esencia, los motivos de revisión se originan por fuera del juicio y las circunstancias que los tipifican constituyen aspectos novedosos al recurso, por regla general, al impugnante no le es dable buscar con su interposición “(…) enmendar situaciones graves y perjudiciales que hubieran podido evitarse en el proceso con una gestión oportuna y eficaz de la parte afectada con la sentencia cuya revisión se pretende”(1).
En esa medida, le está vedado proponer un replanteamiento del asunto ya decidido, pretender mejorar la causa petendi o las pruebas, y en síntesis, intentar remediar los errores o deficiencias cometidos en las fases anteriores, porque de ser así, se estaría transfigurando la finalidad del recurso, convirtiéndolo en “(…) medio para impedir la ejecución de fallos proferidos en procesos que se han rituado con plena observancia de sus formalidades propias”(2).
En relación con el señalado medio de impugnación extraordinario, esta Corporación, en fallo CSJ SC 25 jun. 2009, rad. 2005-00251-01, recordó:
“El ordenamiento jurídico disciplina el recurso extraordinario de revisión por causales taxativas, cerradas o preordenadas normativamente, en preservación de la justicia (…), el debido proceso, el derecho de defensa (…) y la cosa juzgada (…), estableciendo su pertinencia excepcional, oportunidad, motivos y finalidad reparadora del detrimento a los valores supremos en cuyo interés se instituye (…).
Con estos lineamientos, el recurso no sirve al propósito de revisar toda la cuestión litigiosa, revivir la controversia, mejorar la posición de parte, superar su desidia u omisiones (…), ni permite un análisis diverso del planteado (…) y sus causas tienen ‘venero en circunstancias que, en términos generales, son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna y por esencia constituyen aspectos novedosos frente a él, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquella, ora porque no empece antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hipótesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redundó en la adopción de una resolución injusta’ (…), generando un ‘grave daño para la seguridad jurídica’(…).”
3. De acuerdo con lo anterior, la Sala procede a estudiar los motivos de la presente impugnación, en el orden propuesto.
3.1. Según lo ya expresado, la causal inicial es soportada en el numeral 1º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, la cual encuentra configuración cuando se han “(…) encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
3.2. De la precedente disposición se determinan como condiciones para la prosperidad del recurso extraordinario de revisión, las siguientes:
3.2.1. El “hallazgo documental ha de ocurrir luego de proferida la sentencia cuya revisión se impetra”. Este requerimiento implica la preexistencia del escrito, en relación con el fallo, o en otros términos, que el nacimiento o elaboración de aquél, no se haya producido después de éste, caso en el cual, la novedad se descarta y sucumbe el supuesto normativo, pues una cosa es recuperar el documento y otra, confeccionarlo.
De aceptarse la revisión de una sentencia ejecutoriada por el surgimiento posterior de nuevos elementos materiales de prueba, no lograría estructurarse la cosa juzgada, pues el perdedor se consideraría habilitado para producir o mejorar la prueba y luego reabrir el litigio, actitud inadmisible, más aún, cuando corresponde preservarse la seguridad y estabilidad jurídica.
Por esa razón, se ha considerado que para la eficacia de la primera causal de este medio extraordinario de impugnación, el documento debe existir desde el inicio de la acción generadora de la sentencia cuya revisión se solicita, solo que por haberse extraviado o ser desconocido para la parte afectada, no fue posible su aportación en ninguna de las oportunidades legalmente previstas y debido a ello, los jueces no pudieron conocerlo y valorarlo.
En relación con dicha exigencia, esta corporación, en fallo CSJ SC 2 abr. 2013, rad. 2011-02620-00, reiteró lo recalcado en sentencia de 8 de abril de 2011, exp. 2009-00125-00:
“Con apoyo en estos requisitos de orden legal, la Corte ha determinado frente a la causal primera de revisión, que ‘[d]ada la finalidad propia del recurso, no se trata, en el evento de esta causal de revisión, de mejorar la prueba aducida deficientemente al proceso en el que se dictó la sentencia cuyo aniquilamiento se busca, o de producir otra después de pronunciado el fallo; se contrae el supuesto indicado a demostrar que la justicia, por absoluto desconocimiento de un documento que a pesar de su preexistencia fue imposible su oportuna aducción por el litigante interesado, profirió un fallo que resulta a la postre paladinamente contrario a la realidad de los hechos y por ende palmariamente injusto’ (G.J. CXLVIII, pág. 184, Sentencia de 5 de diciembre de 2003, Exp. 2002-00184-01)”.
3.2.2. “La prueba recuperada debe ser documental”, entendida por tal, “los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares”, según lo concebido, por el artículo 243 del Código General del Proceso, sustitutivo del 251 del Estatuto Procedimental Civil.
Lo anterior pone de presente que los restantes medios de persuasión, así se hallen recogidos en escritos, no tienen posibilidad de ser invocados y aceptados dentro de la categoría requerida en el primer motivo de revisión.
Al respecto, la Corte, en el fallo antes citado, recordó:
“Para que un escrito pueda ser calificado como ‘documento’ debe tenerse en cuenta que tal condición sólo se atribuye a las manifestaciones consignadas de manera espontánea y libre, con carácter informativo o expositivo, haciendo constar situaciones concretas pero sin intereses probatorios, toda vez que cuando rebasan tal limite derivan en otros medios de convicción como lo es la pericia, la inspección, la declaración o la rendición de informes técnicos, los cuales, una vez practicados dentro de actuaciones judiciales o administrativas, quedan materializados, sin que pueda haber lugar a confusión en relación con su naturaleza.” (CSJ SC 2 abr. 2013, rad. 02620-00, que reitera pronunciamiento de 19 dic. 2011, exp. 2009-00919).
3.2.3. “El escrito rescatado ha de ser trascendente”. No es suficiente entonces, el hecho material y jurídico de su hallazgo; se requiere además, acreditar que por virtud de su importancia y eficacia probatoria, de haberse podido aducir oportunamente al debate, la sentencia habría sido distinta a la impugnada.
3.2.4. “La falta de oportuna aducción del documento, no debe ser imputable al recurrente”.
3.3. De acuerdo con la exigencia normativa, la imposibilidad justificativa de la falta de incorporación oportuna del documento nuevo o recuperado y por tanto, la viabilidad de tenerse en cuenta en el recurso de revisión, ha de ser fruto de fuerza mayor o caso fortuito, u obra de la parte beneficiada con el fallo.
Se descarta, por tanto, la conducta omisiva del impugnante extraordinario, pues este escenario no resulta idóneo para incorporar elementos probatorios dejados de aducir en las instancias o mejorados posteriormente; tampoco para revivir inconformidades con las decisiones desfavorables, ni para promover un nuevo pronunciamiento de instancia, dado que ello conculcaría, además, el principio de preclusión de las etapas procesales, y el de la cosa juzgada.
Respecto de las mencionadas circunstancias impeditivas y que justifican la proposición del aludido medio de impugnación, esta corporación en sentencia CSJ SC16932-2015, recordó:
“En general, por fuerza mayor o caso fortuito debe entenderse ‘el imprevisto que no es posible resistir, como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercido por un funcionario público, etc.’ (L. 95/1890, art. 1º); es claro que estos hechos o actos, u otros semejantes, que enuncia el legislador, requiere que sean imprevisibles o irresistibles, significando lo primero, un acontecer intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible, fatal, inevitable de superar en sus consecuencias (…).
no basta con que se hayan encontrado los documentos a ultranza, si el recurrente no demuestra que ‘no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria’; es él quien debe asumir la carga probatoria de que se presentó alguna de estas circunstancias; de allí que la causal de revisión tampoco puede alcanzar éxito si, por el contrario, ellos no se adujeron por falta de diligencia del interesado o por no averiguar dónde reposaban, o porque no se aprovecharon debidamente las oportunidades probatorias propias de las instancias (…)”.
4. En el presente asunto, se recuerda, la impugnante pretende la invalidación de la sentencia del Tribunal, porque después de su emisión, el 15 de diciembre de 2011, fue proferida la “Resolución 167 de 13 de Marzo de 2012”.
Mediante ella, agrega, la “Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud”, dejó sin efecto los actos administrativos emitidos como resultado de haber admitido la cesión que aparecía efectuada por el Hospital El Tunal E.S.E. a la aquí demandante, cuando ello no era verdad, pues mediante sentencia penal ejecutoriada, se declaró la falsedad del señalado contrato de transferencia.
De acuerdo con lo expuesto, el motivo de revisión planteado y ahora analizado carece de configuración, no solo porque el escrito soporte del mismo surgió con posterioridad al proferimiento de la sentencia cuya revisión se solicita, sino porque la adulteración que le dio origen a la resolución invocada como fundamento de la causal, fue tema debatido en las instancias.
Respecto de lo primero, es claro que si el fallo del juicio ejecutivo y objeto de revisión fue dictado el 15 de diciembre de 2011 y la Resolución 167 de la Secretaría Distrital de Salud, el 13 de marzo de 2012, este documento no precedió la determinación judicial y en esas condiciones, según se ha reflexionado, no es dable su acogida para el desconocimiento de ésta.
Atinente al momento en que debe originarse el escrito sustento de la señalada causal, con vocación para la invalidación del fallo impugnado, esta corporación, en CSJ SC 2011-02620-00 reiteró:
“(…) es inmanente a la causal primera de revisión la preexistencia del documento que permaneció oculto ‘al momento mismo en que se presentó la demanda, o por lo menos desde el vencimiento de la última oportunidad procesal para aportar pruebas’ (…), puesto que no se trata de avalar su creación sobreviniente, sino de remediar la imposibilidad de su incorporación oportuna al plenario.
‘En la misma línea, la Sala precisó en Sentencia del 11 de julio de 2000, exp. 7487, que ‘la prueba eficaz en revisión no puede haberse configurado con posterioridad al fallo que se pretende revisar, sino que debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la demanda del proceso cuya sentencia se revisa, o al menos desde el vencimiento de su última oportunidad procesal para aducir pruebas, pues no se trata de mejorar una prueba o de producir otra con posterioridad a dicha sentencia, ya que de ser así nunca habría cosa juzgada’”.
Como adicionalmente, en este caso no puede predicarse la imposibilidad de la impugnante para haber aportado la señalada resolución debido a circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, precisamente, porque para cuando se profirieron los fallos de primera y segunda instancia, la misma ni siquiera existía, pues ha quedado visto su nacimiento posterior a ellas, se concluye que por este aspecto, la causal invocada no se tipifica.
Y en cuanto a lo segundo, porque el acontecimiento falsario fue tema debatido al interior del proceso de cobro coactivo, al punto que la opositora, pretendiendo su exclusión del mismo, sustentó el recurso de reposición interpuesto contra el auto de mandamiento de pago, en su vinculación fraudulenta a la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas.
Así, se refirió al dictamen grafológico realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, practicado dentro de la actuación penal adelantada contra el representante legal de la mencionada unión temporal, en donde se determinó la falsedad de la firma allí estampada como de Rodrigo Díaz Sendoya, representante legal de Fresenius, para la época de celebración del supuesto contrato de cesión.
En razón de la ilicitud perpetrada, destacó, la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió resolución de acusación contra Camilo Uribe Granja y Sergio Alejandro Rada, lo cual descarta su pertenencia a la unión temporal y evidencia que no es deudora de la demandante.
Por su parte, el juzgador de segundo grado aludió a dicha circunstancia, al señalar que, si bien la aquí impugnante esgrimió en su defensa, no ser miembro de la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas, al haber sido vinculada a ella, de manera fraudulenta, “considera el tribunal que el fundamento fáctico de la misma no fue demostrado por la parte ejecutada”, pues el documento sobre el cual la sustenta fue allegado en copia simple y por tanto sin mérito probatorio.
5. En conclusión, como la Resolución 167 de 13 de marzo de 2012, fundamento de la primera causal de revisión, en esencia, no constituye una auténtica novedad al haberse generado con posterioridad al fallo objeto de esta impugnación extraordinaria y adicionalmente, lo relacionado con la adulteración del contrato de cesión fue tema discutido al interior del proceso ejecutivo, la improsperidad del mencionado motivo, debe ser la consecuencia.
6. Respecto de la segunda fuente de revisión invocada, consistente en “[h]aberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida”, es del caso señalar como requisitos de su configuración los siguientes:
6.1. “Que se trate documento”, es decir, de manifestaciones de voluntad plasmadas de manera libre y espontánea, con carácter informativo o expositivo, a través de las cuales se haga constar alguna situación concreta. De esa naturaleza participan, según lo determina el artículo 243 del Código General del Proceso, sustitutivo del 251 del C. de P.C., “los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares”.
6.2. “Que haya sido determinante en la emisión del fallo cuya revisión se solicita”. Ello implica que el documento sobre el cual recayó el acto falsario debió, no solo hacer parte del proceso en donde se emitió el veredicto objeto de la impugnación extraordinaria, sino servir de sustento del mismo; o en otros términos, que de haberse conocido esa ilícita condición, otro hubiera sido el pronunciamiento. Por tanto, si a pesar de la adulteración, el escrito carece de contundencia para modificar dicha decisión, no resulta útil para los fines del indicado motivo de revisión.
6.3. “Que haya sido declarado falso por la justicia penal”. De acuerdo con esta exigencia, para la acogida de la causal bajo análisis, necesariamente, debe demostrarse la falacia esgrimida, esto es, que el documento sobre el cual se edificó el fallo civil, fue declarado apócrifo por el juez de la causa criminal, labor de acreditación que le incumbe al revisionista, mediante la aportación de la respectiva decisión debidamente ejecutoriada.
6.4. “Que la sentencia penal declaratoria de la falsedad documentaria haya sido proferida con posterioridad a aquella objeto del recurso extraordinario o que siendo anterior, el impugnante la desconocía o le fue totalmente imposible su aportación oportuna en las instancias”.
Precisamente, por tratarse de una novedad procesal, se impone que la indicada falsía sea constatada al margen del juicio civil en donde ha sido proferida la sentencia cuya revisión se busca, o en otros términos, que la decisión penal declaratoria de tal anomalía, no hizo parte de dicho proceso en virtud de las precitadas circunstancias y por ello, no fue debatida en él, pues de haberlo sido, la revisión por la causal examinada, no puede prosperar, dada la naturaleza del recurso extraordinario, analizada en precedencia.
Respecto de este motivo de revisión, la Sala, en fallo CSJ SC 1º dic. 2000, rad. 7754, precisó:
“Como resulta de los términos en los cuales está concebida, la declaración de falsedad en la cual se hace residir debe afectar documentos de indiscutida repercusión en la sentencia que por tal medio se impugna, de ahí que sólo tenga idoneidad para configurarla, la declaración que ‘... recae sobre el documento en que precisamente el sentenciador edificó su fallo, de suerte tal, que constituya la única razón o fundamento de la decisión, y sin la cual, por tanto, ésta hubiese sido ciertamente diversa’. Como es apenas obvio, ‘...al trámite del recurso extraordinario se ha de adjuntar la sentencia por la que la justicia penal declaró falso el documento’. (…).
Adicionalmente (…), dicha circunstancia debe constituir una auténtica novedad procesal, bien porque al tiempo de dictarse la sentencia no se había producido la declaración en cuestión, ya porque no empece haberse emitido, era ignorada por la parte que pide la revisión, y esa circunstancia, que enerva la significación probatoria otorgada al documento sobre el cual recae, al no poder ser considerada por el fallador, determinó el pronunciamiento de una resolución injusta.
La particularidad del recurso en este evento, dice Guasp en su Tratado de Derecho Procesal ‘...es la falta de exactitud, es decir, la falsedad del documento que sirvió de apoyo a la sentencia que se trata de revisar. Es preciso observar que el documento falso cuyo reconocimiento y declaración de falsedad era conocido por la parte que trata de recurrir, no sirve para enervar la sentencia firme que se quiere atacar mediante el recurso de revisión. La falsedad es, en todo caso, una circunstancia nueva y además formal que, como tal, ha de constar en virtud de vicisitudes ajenas al proceso en que la sentencia se dicta’. (Ob. cit., t. 2º. pág. 932)”.
7. Como de acuerdo con la impugnante extraordinaria, la estructuración de la causal bajo estudio, se presenta por la adulteración del documento que sirvió de sustento, no solo a su vinculación a la unión temporal, sino a la iniciación y trámite del juicio ejecutivo promovido por la Sociedad Colombiana de Médicos Internistas S.A., entre otras, contra la aquí impugnante, el cual terminó con la emisión del fallo cuya revisión se impetra, y tales sucesos se advierten acreditados, el señalado motivo tiende a prosperar, como lo evidencian los sucesos seguidamente detallados.
7.1. Según los elementos materiales de prueba, las sociedades Centro de Especialidades Neurológicas Ltda., Asesorías Administrativas Hospitalarias Facsalud Ltda., Clínica Uribe Cualla S.A., Clínica Rada Cía Ltda. y el Hospital El Tunal ESE, conformaron la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de Las Casas.
7.2. Ésta, celebró contrato de medicina interna con la Sociedad Colombiana de Médicos Internistas, a quien le incumplió el pago de la contraprestación económica pactada.
7.3. Según “acta de liquidación unilateral del contrato de medicina interna” suscrita por el representante legal de la mencionada unión temporal, ésta le adeuda a aquella, la suma de $ 333.813.692,oo.
7.4. Al figurar que se había realizado un “contrato de cesión de participación del Hospital El Tunal Empresa Social del Estado III nivel de atención a Fresenius Medical Care Colombia S.A. en la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas”, la Secretaría Distrital de Salud certificó que la aquí impugnante, entre otras empresas, conformaba la referida unión temporal, aserto ratificado en la Resolución 0938 por ella misma expedida el 27 de agosto de 2003.
7.5. Con fundamento en diversas facturas de venta impagadas y reconocidas por el representante legal de la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas en el acta de liquidación unilateral del contrato de medicina interna y, la supuesta cesión que el Hospital El Tunal le efectuó a Fresenius, la Sociedad Colombiana de Médicos Internistas promovió, con base en dicha acta liquidatoria, proceso ejecutivo contra los integrantes de la señalada unión temporal.
Fresenius, intentó su desvinculación del referido juicio aduciendo no ser parte de la unión temporal, pues el aparente contrato de cesión en donde se hacía figurar que el Hospital El Tunal le había cedido su participación en aquella, era falso, al no haber sido firmado por su representante legal.
En virtud de ello, propuso incidente de tacha de falsedad respecto del citado contrato de cesión, habiéndose allegado copia de la experticia conclusiva de la adulteración de la firma de quien en él figuraba como representante legal de Fresenius, trámite decidido adversamente, porque el documento espurio fue allegado por la incidentante y no por su contraparte.
7.6. El indicado proceso culminó con sentencia de 17 de febrero de 2011, mediante la cual, el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá dispuso seguir adelante la ejecución.
7.7. Recurrida esa decisión en apelación por Fresenius Medical Care Colombia, quien además de informar sobre la declaratoria de falsedad efectuada por la justicia penal respecto del contrato de cesión fundamento de la ejecución, le impetró al Tribunal que oficiosamente solicitara la expedición auténtica de las decisiones emitidas en tal sentido, para acreditar su defensa y por tanto, que ella no era deudora de la ejecutante.
7.8. La aludida corporación judicial, mediante auto de 8 de julio de 2011 dispuso requerir al Juzgado Sexto Penal del Circuito Bogotá, para que informara el estado del proceso seguido contra Alejandro Rada Rodríguez y Camilo Uribe Granja por la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal e igualmente, para que en caso de haberse dictado sentencia, remitiera copia auténtica de ella.
7.9. Ante la ausencia de respuesta, la accionante, por conducto de su apoderado, el 19 de julio siguiente aportó copia simple de las sentencias penales, tanto de primera, como de segunda instancia y de la providencia de 22 de junio de 2011 por medio de la cual, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir las demandas de casación interpuestas por los procesados.
Allí mismo, además de anunciar que estaba gestionando la consecución de copias auténticas de tales determinaciones, reiteró su petición al tribunal de obtenerlas oficiosamente (ff. 27-102 c. Tribunal).
7.10. Como la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá le informó al ad quem que el proceso había sido reasignado al Juzgado 15 Penal del Circuito de la misma ciudad, aquél con providencia del siguiente 11 de agosto requirió a dicho estrado con la referida finalidad, lo cual reiteró con autos de 23 de septiembre y 26 de octubre de dicho año (ff. 107-109 c. Tribunal).
7.11. El Juzgado 15 Penal del Circuito informó en diversas oportunidades sobre el extravío del proceso original y acreditó haber formulado solicitud a la oficina de archivo central para que “remit[iera] y/o en su defecto informar[a] la ubicación actual del original del encuadramiento (…) a fin de dar respuesta a petición proveniente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial con sede en esta ciudad”.
7.12. Por su parte, la recurrente extraordinaria, a la vez que allegó copia del derecho de petición presentado ante el mismo despacho requiriendo “determinar la ubicación actual del encuadramiento original del proceso”, le hizo saber a la Sala Civil del Tribunal la imposibilidad de obtener información de dicho expediente, pidiéndole que insistiera ante el Juzgado, el Archivo Central y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adelantar las gestiones dirigidas a encontrarlo.
7.13. Finalmente, después de que la ejecutante le solicitara al magistrado ponente separarse del conocimiento de la apelación por haber transcurrido más de seis meses de llegado el expediente allí, sin proferir la sentencia, lo cual generaba pérdida de competencia y de resolverse en forma adversa tal pedimento, el ad quem, con sentencia del 15 de diciembre de 2011 definió la apelación, confirmando la de primer grado.
En dicha decisión, expuso, que la ejecutada Fresenius no había acreditado su vinculación fraudulenta a la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas, porque la documental aportada, lo fue en copia simple y por tanto carente de valor probatorio.
Agregó, “que fueron ingentes los esfuerzos oficiosos del Tribunal con el fin de recaudar la prueba correspondiente al proceso penal referido por la parte apelante, actividad que fue del todo infructuosa”.
8. Con el recurso de revisión se aportaron copias auténticas entre otros de los siguientes documentos:
8.1. Dictamen pericial rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá en donde concluyó que “la firma atribuida al señor Rodrigo Díaz Sendoya (…) representante legal de Fresenius Medical Care, que obra como cesionario en la última hoja de un contrato de cesión fechado el 12 de julio de 2002 (…) no guarda identidad con las muestras indubitadas aportadas por dicho señor para el cotejo. Las características valoradas en la confrontación llevan a inferir que se trata de una imitación” (ff. 116-119 c. Corte).
8.2. Sentencia de 31 de agosto de 2010 por medio de la cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá condenó a Sergio Alejandro Rada Rodríguez y Camilo Uribe Granja, por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
El fundamento de dicha determinación fue haberlos hallado responsables de la adulteración de la firma del representante legal de Fresenius Medical Care Colombia S.A. impuesta en el contrato mediante el cual, se hacía figurar que el Hospital El Tunal había transferido su participación en la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas, a aquella.
Igualmente, adoptó algunas medidas tendientes al restablecimiento del derecho, de la aquí impugnante (ff. 143-162 c. Corte).
8.3. Fallo de 15 de diciembre de 2010 pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmando el del a quo (ff 163-180 c. Corte).
8.4. Providencia de 22 de junio de 2011, a través de la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió “no admitir las demandas de casación interpuestas por los defensores de Sergio Alejandro Rada Rodríguez y Camilo Uribe Granja” (ff. 181-204 c. Corte).
8.5. Resolución 167 de 13 de marzo de 2012 proferida por el Fondo Financiero de la Secretaría Distrital de Salud, acatando la orden judicial penal y procediendo, “en consecuencia [a] revocar (…) todos los [oficios] que se expidieron en relación con la cesión de la participación del Hospital El Tunal E.S.S. en la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas”, porque de acuerdo con la investigación penal, esa dependencia “en su momento fue engañada y conducida fraudulentamente a emitir actos administrativos que aprobaron y ratificaron el contrato de cesión de participación del Hospital El Tunal E.S.E. a favor de Fresenius medical Cali Colombia S.A.”.
Allí mismo dispuso que esa revocatoria surtiría efectos “desde el momento de la expedición de cada uno de los actos administrativos señalados (…)”. (ff. 206-210 c. Corte).
8.6. Oficio Nº 251 de 7 de febrero de 2012, proveniente del Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, en el cual se manifiesta que las providencias judiciales antes mencionadas, “se encuentran debidamente ejecutoriadas desde el 30 de junio de 2011”.
Destaca “que esta oficina judicial, en repetidas oportunidades (4 veces), ofició a la Coordinadora del Archivo Central, para que informara respecto de la ubicación de la actuación original, sin que al respecto se recibiera contestación alguna”. Informa, igualmente, que el 1º de febrero de 2012 fue recibida una llamada de aquella dependencia solicitando ir a retirar la actuación original encontrada, lo cual así se hizo; “por tal razón [agrega], no se había certificado la fecha de ejecutoria de los fallos emitidos dentro de estas plenarias” (f. 141 c. Corte).
9. El anterior recuento permite confirmar la estructuración de la segunda causal de revisión, pues en verdad, el juicio ejecutivo seguido contra la recurrente extraordinaria fue construido sobre una base ilegítima, el apócrifo contrato de cesión tantas veces mencionado, según lo determinó la justicia penal y ha quedado demostrado.
Precisamente, por la utilización de dicho documento, la Secretaría Distrital de Salud certificó que Fresenius Medical Care Colombia S.A. integraba la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas.
Con esa base y el acta de liquidación unilateral del contrato de medicina interna efectuada por ésta, en donde reconocía adeudarle a la Sociedad Colombiana de Médicos Internistas S.A. la suma de $ 333.813.692,oo, fue promovida la acción ejecutiva, clausurada con sentencia adversa a los intereses de Fresenius, pues se dispuso seguir adelante la ejecución, en su contra.
Sin ese acto falsario, nada de lo anterior hubiera acontecido y menos la injusta condena sufrida por la revisionista. Por tanto, la incidencia de ese acontecimiento falaz, se muestra incontrastable.
10. Cabe señalar que si bien la decisión penal cobró ejecutoria el 30 de junio de 2011, según lo dio a conocer el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, es decir, antes del 15 de diciembre del mismo año, cuando la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá emitió el fallo cuya revisión se aspira, también ha quedado evidenciada la imposibilidad de aducción oportuna, tanto de las respectivas decisiones penales declaratorias de la falsedad, como de la constancia de su firmeza, debido al extravío del proceso.
La propia Sala Civil de la Corporación ad quem reconoció que “fueron ingentes [su]s esfuerzos (…) con el fin de recaudar la prueba correspondiente al proceso penal referido por la parte apelante, actividad que fue del todo infructuosa”.
Aunado a ello, las diversas comunicaciones emanadas del estrado judicial penal antes mencionado, en especial, la contenida en el oficio Nº 251 de 7 de febrero de 2012 y los demás escritos demostrativos de las gestiones adelantadas por la impugnante dirigidas a obtener las copias auténticas de las decisiones penales declaratorias de la falsedad de que fue víctima, ratifican la total imposibilidad de ésta para allegar oportunamente en las instancias y con el mérito demostrativo requerido, las piezas procesales, con las cuales podía demostrar la falsedad invocada.
El haberse traspapelado el expediente en donde éstas se hallaban, le impidió, tanto a la recurrente aducirlas auténticas, como al juzgador obtenerlas y evaluarlas, consecuencia de lo cual, éste terminó profiriendo la sentencia cuya revisión se busca, pues la recuperación de aquél, solo se logró en febrero de 2012.
Por eso, en palabras del Tribunal, “como quiera que no se recaudó prueba que acreditara la supuesta falsedad que originó la vinculación de Fresenius Medical Care Colombia S.A. a la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas, se imponía, sin más, declarar la improsperidad del medio exceptivo (…)”, pues las copias allegadas carecían de valor probatorio.
11. Si de acuerdo con lo expresado, las decisiones de los jueces penales declarativas de la falsedad del cuestionado contrato de cesión, no fueron valoradas porque su aportación se realizó en copia simple y no auténtica, superado ese obstáculo y acreditado el fraude incurrido, el juez de la revisión no puede menos que salir en salvaguarda del ordenamiento jurídico, efectivizando el derecho de defensa, restableciendo las garantías de las partes, haciendo prevaler la verdad y asegurando el valor de la justicia.
En reciente ocasión, esta Sala, al decidir y declarar fundado un recurso de revisión similar al actual, en donde igualmente se adelantó un proceso ejecutivo contra la aquí impugnante, fundado en el mismo contrato de cesión declarado falso mediante las providencias antes referidas, en fallo CSJ SC9722-2015, rad. 20011-01413-00, señaló:
“(…) cuando una sentencia en firme o ejecutoriada contiene falsedad declarada sobre documentos decisivos, torales, basilares o transcendentes para soportar la decisión que se revisa, pero que no conoció; o, habiéndose aportado en las postrimerías del juicio, luego de superada la etapa del debate probatorio, derechamente se ignora por la decisión objeto de revisión, la finalidad fundamental de la administración de justicia por medio de la judicatura sucumbe; y como la tarea democrática de juzgar, observando el debido proceso y con fundamento en la prueba regular y oportunamente aportada no puede ser anonadada, indiscutible aparece expedito el camino para el juicio rescindente (…)
(…) En efecto, antes del fallo impugnado no llegó al proceso, como verdad acreditada, por haberlo establecido la justicia penal, la falsedad; simplemente, al margen de una decisión de esa naturaleza, el Tribunal le restó eficacia a la prueba que la indicaba, por cuanto la ‘(…) experticia no se confeccionó, ni se valoró, en audiencia de la ejecutante (…)’.
Aunque dichos pronunciamientos precedieron, como se observa, al 2 de febrero de 2011, fecha del fallo de seguir adelante la ejecución, esto no neutraliza la causal de revisión estatuida en el artículo 380, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, en cuanto se requiere, al decir de esta Corporación, que la ‘(…) declaración judicial de falsedad se hubiera producido con posterioridad a la sentencia o que, si lo fue con anterioridad, hubiese sido ignorada por el demandante en revisión (…)’”.
12. De conformidad con lo anterior, es evidente que las decisiones emitidas por la justicia penal deben irradiar sus consecuencias al fallo emitido dentro del juicio ejecutivo adelantado por la Sociedad Colombiana de Médicos Internistas S.A., contra la impugnante; pues según quedó demostrado, la rúbrica impuesta en el contrato que le dio origen a ese proceso y en donde se hacía figurar la cesión de la participación que tenía el Hospital El Tunal E.S.E. en la unión temporal “Nueva Clínica Fray Bartolomé de Las Casas”, a la sociedad “Fresenius Medical Care Colombia S.A., era falsa.
13. Con base en lo expuesto, la prosperidad del recurso extraordinario de revisión formulado por ésta, debe ser la consecuencia.
14. Por tanto, en cumplimiento de lo previsto en el inciso primero del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil y como se encuentra acreditado el segundo motivo de revisión establecido en el precepto 380 ibídem, sustento de la presente impugnación extraordinaria, se invalidará la sentencia revisada, únicamente en cuanto atañe a la sociedad “Fresenius Medical Care Colombia S.A.
En efecto, como la demanda ejecutiva se adelantó contra la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas y ésta no constituye una persona jurídica diferente a quienes la conforman, la desvinculación de aquella, ninguna incidencia tiene respecto de las obligaciones a cargo de las sociedades que en realidad hacen parte de dicha unión temporal.
Ésta clase de alianzas, recuérdese, no tiene personalidad jurídica; por ello es por lo que cuando se requiere su comparecencia a un proceso judicial, la misma debe obtenerse de manera independiente de cada uno de sus integrantes.
15. Puntualizado lo anterior, se procede a emitir la sentencia de reemplazo que en derecho corresponde.
15.1. En virtud de que la opositora Sociedad Colombiana de Médicos Internistas S.A., replicó de manera extemporánea la demanda de revisión y no se le reconoció efecto alguno a la contestación realizada por el curador ad litem designado por la Corte y desplazado por aquella, según quedó expuesto en el auto de 7 de mayo de 2014(3), no hay excepciones que deban resolverse.
15.2. La ejecutada y aquí recurrente extraordinaria, dentro de la acción ejecutiva, como ya se dijo, propuso entre otras excepciones las de “inexistencia de título ejecutivo para adelantar la presente acción en contra de Fresenius [y] Fresenius Medical Care Colombia S.A. no es miembro de la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas”, en esencia, por haber sido vinculada fraudulentamente a la citada unión temporal.
Al respecto, pone de presente que la supuesta cesión del contrato en donde se hace figurar que el Hospital El Tunal le transfirió sus derechos en la unión temporal, no existió, ella no intervino en dicho pacto y la firma allí estampada como de su representante legal, fue falsificada.
15.3 El juzgado de primera instancia negó dichas defensas fundado en “que con el libelo demandatorio se aportó prueba documental con aptitud probatoria (…) en el que se indica que esta persona jurídica si hace parte de la unión temporal (…) documento proveniente de la Secretaría de Salud Distrital (…)”.
Concluye que el ataque al título ejecutivo formulado por Fresenius, no puede acogerse, “toda vez que conforme a lo concluido sí se reúnen los presupuestos del art. 488 del C.P.C.; y que la falta de legitimación en la causa por pasiva, que es lo que en últimas alega la pasiva al invocar que no fue parte en el contrato de cesión, no fue demostrada en el informativo (…)”.
Derivado de lo anterior, el sentenciador dispuso “seguir adelante la ejecución, conforme lo ordenado en mandamiento de pago” (sic).
15.4. En la apelación y pretendiendo la revocatoria de la decisión en cuanto a ella respecta, Fresenius recabó su falta de legitimidad en la causa por pasiva, al no ser integrante de la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas y su condición de víctima de la falsedad en el contrato de cesión que conllevó a la decisión impugnada.
16. Si de acuerdo con lo expuesto, el a quo desestimó las defensas de la ejecutada Fresenius, por no haber demostrado su ajenidad en la aludida unión temporal y ha quedado visto que el contrato de cesión tantas veces mencionado, sobre el cual se edificó la acción ejecutiva en su contra, fue declarado falso por la justicia penal, no hay duda de que el fallo apelado amerita su parcial infirmación.
En efecto, si como se ha visto, la rúbrica estampada en el señalado documento no es del representante legal de aquella, pues quedó demostrada su falsedad, es claro que dicha persona jurídica no es parte de la citada unión temporal y por lo mismo, no podía ser demandada y menos obligada al pago dispuesto en la sentencia. Como lo fue, la injusta decisión debe rescindirse.
17. Así las cosas, se impone la revocatoria del fallo apelado, se reitera, en cuanto concierne únicamente a Fresenius Medical Care Colombia S.A.
Como consecuencia de lo anterior y no obstante el restablecimiento del derecho dispuesto por la justicia penal respecto de Fresenius, la Corte, en cumplimiento de lo previsto en el literal b del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, además de declarar probadas las indicadas excepciones por ella propuestas, condenará a la ejecutante a pagarle las costas y los perjuicios que esa demandada haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso, y para la liquidación de éstos, los cuales han de involucrar el reintegro actualizado de los dineros pagados como resultado de la sentencia ejecutiva, se procederá como lo dispone el inciso final del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto adviértase que en autos de 16 de abril (f. 25), 2 de mayo (f. 37), 31 de julio (f. 48) y 15 de agosto de 2012 (f. 55), se dispuso, respectivamente, entregar los dineros y el monto de las costas consignadas por Fresenius Medical Care Colombia S.A., a favor de la ejecutante, lo cual se efectivizó según consta a folios 31 a 38, 52, 59, 63, 71 y 72 c. 5.
Justifica esta decisión, el hecho de que el juez de la causa criminal, al resolver la solicitud de restablecimiento del derecho elevado por Fresenius, sólo dispuso “remit[ir] comunicación ante la Secretaría de salud del distrito capital, para que adopte las medidas necesarias tendientes a dejar sin efectos el acto administrativo que permitió la vinculación de la compañía Fresenius Medical Care Colombia S.A., a la unión temporal, por cuanto dicha resolución administrativa ha sido motivada en un contrato falso”.
Esa determinación, aunada a que no se condenó en perjuicios en favor de la citada ejecutada, torna viable la condena aquí dispuesta, si su resarcimiento no se ha buscado y obtenido en otro escenario. En efecto, en el acápite de “indemnización de perjuicios”, aquel sentenciador estimó que:
“en el caso específico de la multinacional Fresenius Medical Care Colombia S.A., si bien es cierto ha sido la víctima directa de estas conductas punibles, y con ello se han generado algunas demandas de índole civil y laboral, ha de tenerse en cuenta que en todos los casos las mismas se dirigen en contra de la unión temporal, de la cual ha sido parte por razón de ese vínculo irregular, pero una vez esclarecido el tema y cuando cobre ejecutoria esta sentencia, no cabe duda que la consecuencia directa será la desvinculación de la unión temporal y con ello la exoneración de responsabilidades económicas que haya podido colocar en riesgo el patrimonio de esa multinacional. Ello sin perjuicio de las alternativas que le asisten a la misma para acudir ante las autoridades competentes para reclamar los perjuicios que puedan ser demostrados.
En resumen, debido a la naturaleza de los delitos por los que se procede, y la falta de acreditación específica de los perjuicios de orden material que se hubieren causado, no es posible emitir una sentencia de condena en este sentido en contra de los sentenciados y a favor de las empresas Fresenius Medical Care Colombia S.A., Hospital El Tunal, Secretaría Distrital de Salud, sin menoscabo de que puedan adelantar otras acciones encaminadas a tal reclamación concreta”.
A pesar de lo expuesto, no se dispondrá el levantamiento de las medidas cautelares como normativamente se establece, por cuanto el a quo ya procedió en tal forma, mediante auto de 1º de abril de 2013, por virtud de la terminación del proceso derivada del pago total de la obligación efectuada por dicha ejecutada (f. 78 c. 5).
Finalmente, no se condenará en costas en sede extraordinaria, al prosperar el recurso de revisión, pero sí en las de ambas instancias, en favor de la impugnante y a cargo de la opositora.
1. DECLARAR fundado el segundo motivo con el cual fue sustentado el recurso de revisión interpuesto por Fresenius Medical Care Colombia S.A., respecto de la sentencia de 15 de diciembre de 2011, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ejecutivo incoado por la Sociedad Colombiana de Médicos Internistas contra la recurrente y las sociedades Clínica Uribe Cualla S.A., Clínica Rada & Cía. Ltda., Asesorías Administrativas Hospitalarias Facsalud Ltda. y Centro de Especialistas Neurológicas Ltda.
2. INVALIDAR parcialmente el fallo impugnado, esto es, únicamente en lo concerniente a Fresenius Medical Care Colombia S.A.
3. DECLARAR fundadas las excepciones por ésta planteadas en el juicio compulsivo y denominadas “inexistencia de título ejecutivo para adelantar la presente acción en contra de Fresenius [y] Fresenius Medical Care Colombia S.A. no es miembro de la unión temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas”, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.
4. REVOCAR, en consecuencia, el aparte de la sentencia proferida el 17 de febrero de 2011, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, relacionado con la orden de seguir adelante la ejecución, en contra de aquella.
5. CANCELAR la caución prestada por la impugnante en el trámite del recurso extraordinario, debido a la extinción del riesgo amparado.
6. DESGLOSAR el citado documento, entregarlo a la recurrente con las constancias respectivas e informar lo decidido a la Compañía de Seguros Confianza, quien la expidió.
7. CONDENAR a la ejecutante a pagarle a la accionada Fresenius Medical Care Colombia S.A. los perjuicios que ésta haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso y para su liquidación se tendrá en cuenta y procederá como se indicó en las motivaciones de la presente decisión.
8. IMPONER a la ejecutante el pago de las costas de ambas instancias a favor de la antedicha demandada y al ser liquidadas por el Juzgado de primera instancia, como lo dispone el artículo 366 del Código General del Proceso, fijar las de segundo grado en la suma de $ 10.000.000,oo.
9. ABSTENERSE de condenar en costas del presente recurso extraordinario, en razón de su prosperidad.
10. DEVOLVER el proceso ejecutivo al despacho judicial de origen, incluyendo copia de esta providencia.
11. ARCHIVAR la actuación surtida ante la Corte, una vez cumplido todo lo anterior.
12. REQUERIR a la Secretaría de la Sala que proceda a librar los oficios y comunicaciones a que haya lugar en desarrollo de lo aquí dispuesto.
Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala
Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona
(1) CSJ SC4766-2014, rad. 2012-01428-00.
(2) CSJ SC, 13 dic. 2013, rad. 2009-00566-00.
(3) f. 388 c. Corte.

References: artículo 488
 artículo 380
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 380
e contrario
 artículo 243
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 243
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 380
 artículo 384
 artículo 510
 artículo 307
 resolución 
 artículo 366