Source: http://fenalcovalle.com/681/blog/circulares-fenalco-nacional/primer-debate-de-seguridad-privada/
Timestamp: 2017-09-23 02:05:05+00:00

Document:
Fenalco Valle del Cauca | Primer debate de seguridad privada
Santiago de Cali, jueves 28 junio, 2012
Primer debate de seguridad privada
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 36 DE 2011 – CÁMARA “POR LA CUAL SE MODIFICA EL DECRETO LEY 356 DE 1994 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 78 DE 2011 – CÁMARA “POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES ACERCA DE LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA” ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 97 DE 2011 – SENADO “POR LA CUAL SE REGULA EL SECTOR DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Vicepresidente Comisión Segunda
Respetado Vicepresidente:
En virtud a la solicitud realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Segunda de la Honorable Cámara de Representantes y con fundamento en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir ponencia para primer debate al Proyecto de Ley Número 36 de 2011 – Cámara “Por la cual se modifica el decreto ley 356 de 1994 y se dictan otras disposiciones” acumulado con el proyecto de ley 78 de 2011 – Cámara “Por la cual se dictan disposiciones acerca de las empresas de vigilancia y seguridad privada” acumulado con el proyecto de ley 97 de 2011 – Senado “por la cual se regula el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia y se dictan otras disposiciones”
1. MOTIVACIONES PROYECTO DE LEY 36 DE 2011 – CÁMARA
Antecedentes del sector y de la Supervigilancia
“La seguridad debe ser garantizada por el Estado a todos sin distinción alguna, según lo consagrado en el inciso segundo del artículo 2° de la Constitución Política Nacional. Dada la imposibilidad por parte de las instituciones estatales para cubrir las exigencias de seguridad demandadas por los diferentes sectores
de la sociedad, las personas naturales y jurídicas, entidades públicas y privadas, invierten en su propia seguridad contratando guardas de seguridad y tecnología, con el fin de proteger sus personas y bienes. Es así como, surge la necesidad de que dichos servicios sean prestados por empresas privadas.
El sector de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia tiene su inicio hace 40 años aproximadamente, cuando algunas empresas extranjeras y otras nacionales prestaban sus servicios de manera poco regulada. Los primeros intentos de regulación sobre esta materia, se dieron en la década de los años 60 bajo la tutela de la Policía Nacional y posteriormente del Ministerio de Defensa, etapa que perduró hasta el inicio de los años 90.
Es a partir de 1993 y con posterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, cuando se desarrolla un marco regulatorio específico para este sector. La Ley 61 de este año, la cual le confiere al Presidente de la República facultades extraordinarias para, entre otras, reglamentar todo lo concerniente a las actividades de vigilancia y seguridad privada y de armas. Esta norma fue complementada con la Ley 62 del mismo año, la cual crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esta entidad fue creada como adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, siendo el ente encargado de ejercer control, inspección y vigilancia sobre todas las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de vigilancia y seguridad privada y sus usuarios, de conformidad con lo establecido en la ley.
Antes de la expedición de esta Ley, el Ministerio de la Defensa Nacional, se encargaba de expedir la reglamentación que regulaba la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Como dato histórico, fueron el entonces Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) y posteriormente el Departamentos Administrativo de Seguridad (DAS) a quienes les correspondió por primera vez desempeñar las labores de control sobre el sector.
El cuadro 1 ilustra la evolución del número de los servicios de este sector en los últimos años en Colombia hasta el 2010:
Evolución de los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia 1994 – 2010
Empresas de Vigilancia con Armas
Cooperativas de seguridad
Inscripciones en el Registro de Equipos Tecnológicos.
Servicios Especiales y Comunitarios
Departamentos de Capacitación
Asesores, Consultores e Investigadores
Empresas Arrendadoras de Vehículos Blindados
Fuente: Caracterización ocupacional de la subárea de vigilancia y seguridad privada – SENA 2006 (Datos hasta 2005) / Datos 2006 – noviembre de 2010 de la Supervigilancia.
Una vez creada la entidad de inspección, vigilancia y control, en uso de las facultades extraordinarias, el Gobierno Nacional expidió en febrero de 1994 el Decreto-ley 356 de 1994, norma general que con su desarrollo reglamentario es el marco legal que rige el sector hasta la fecha.
En términos generales el Decreto-ley 356 de 1994 establece:
1. Los diferentes tipos de servicios de vigilancia y seguridad privada, como: empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada, departamentos de seguridad, servicios especiales, servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada, servicios de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad, fabricación instalación, comercialización y utilización de equipos para la vigilancia y seguridad privada y empresas blindadoras.
Para cada uno de los anteriores, la norma establece los requisitos necesarios para su constitución y respectiva licencia de funcionamiento.
2. Así mismo, fija las modalidades y los medios para la prestación del servicio: clasificado en humano, armas, medio canino, medio tecnológico, entre otros.
3. Establece las diferentes modalidades para la prestación y operación del servicio, como son: fija, móvil, escolta a personas, vehículos y mercancías.
4. Señala igualmente los principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación del servicio.
5. Determina el régimen sancionatorio.
Después de 17 años de vigencia de la norma y de la creación de la Supervigilancia, el sector de la vigilancia y seguridad privada ha evolucionado, por lo cual el marco normativo y la Entidad deben adecuarse y dinamizarse atendiendo las necesidades actuales, con el fin de poder ejercer un mejor y mayor control sobre un sector económicamente destacable, gran generador de empleos que debe ser controlado por el Estado en razón de los riesgos y las externalidades que genera.
Situación actual del sector de la vigilancia y la seguridad privada
Hoy en día el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia se puede dividir en dos grandes grupos: los esquemas de autoprotección que son los destinados a personas naturales o jurídicas con el fin de que puedan brindarse su propia autoprotección (departamentos de seguridad, servicios comunitarios y especiales) y los esquemas de vigilancia privada que derivan de su actividad un lucro comercial que son todos los demás.
Un punto a destacar es la aparición de arrendadoras de vehículos blindados y la separación de otros servicios de seguridad privada como son los departamentos de capacitación al interior de las empresas o departamentos de seguridad que refuerzan las escuelas de capacitación para la preparación del personal asociado a estos servicios. Aparecen además, las inscripciones en el registro que son las compañías que importan, comercializan y distribuyen equipos de seguridad y los consultores, asesores e investigadores como personas naturales.
El comportamiento de los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia, presentan una tendencia positiva a lo largo del tiempo; es así como, del año 1994 al año 2009, se pasó de contar con 763 a 3392 empresas. En el 2010 se ha presentado una disminución del 14% con respecto al período anterior, situación que se refleja especialmente en los servicios de Asesores, Consultores e Investigadores.
El sector de la vigilancia y seguridad privada a lo largo del tiempo ha tenido una tendencia de constante crecimiento y su aporte a la economía nacional cobra una importancia igual de significativa a la del progreso de dicho sector.
En el año 2009 los ingresos operacionales del sector ascendieron a los $4.4 billones, mostrando un incremento del 14% en relación con los ingresos del año 2008. Con base a esta cifra se puede afirmar que el crecimiento del sector de la vigilancia y seguridad privada es real, puesto que supera el porcentaje de crecimiento de la inflación.
Dentro del conjunto de los servicios de vigilancia y seguridad privada prestados, la distribución porcentual refleja que las empresas armadas fueron las que mayores ingresos percibieron, aportando un 76,50% del total de las ventas del sector, seguido de las transportadoras de valores con un porcentaje de 8,71%, en tercer lugar las cooperativas de vigilancia y seguridad privada con 6,18%, seguidos de los demás servicios.
Por último dentro de este análisis, y según la clasificación del tamaño de las empresas por el total de activos, acogiendo los criterios que contempla la Ley 590 de 2000, encontramos que el sector de la vigilancia y la seguridad privada está conformado en un 10,1% por microempresas, 70,3% pequeñas empresas, 11,7% medianas empresas y 8,0% grandes empresas.
Además, la vigilancia y la seguridad privada se ha convertido en uno de los sectores de mayor demanda de mano de obra dentro del conjunto de la economía nacional, emplea en promedio 190.000 guardas de seguridad. Considerando que la totalidad de empleos nacionales en el año 2009 fue equivalente a la suma de $18.526.00, se observa que al sector de la vigilancia le correspondió un porcentaje del 1% del total de generación de empleos a nivel nacional superando a sectores como el floricultor y bananero.
Situación actual de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Durante el año 2006 y tras una serie de situaciones que afectaron la confianza en la Entidad, el Gobierno Nacional decidió, después de un estudio en el cual colaboraron el Ministerio de Defensa, el Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP) del Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, expedir unos decretos de reestructuración.
Los Decretos 2355 y 2356 de 2006 tenían como propósito flexibilizar y profesionalizar la planta de personal e iniciar un proceso de modernización tecnológica buscando dotar a la Supervigilancia de los mecanismos y las herramientas de control, inspección y vigilancia, acordes con las nuevas realidades del sector y del rol de vigilancia y control que debía cumplir.
Estos decretos se pusieron en marcha en octubre de 2006. Paralelamente se revisó a la luz de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, el plan estratégico de la Entidad, el cual quedó plasmado en el documento “Plan Estratégico: Recuperando la Confianza Institucional 2006 – 2010”, con el que se inició el proceso de ajuste y modernización de la Supervigilancia en procura de enfrentar y superar las debilidades que afectaban el buen desempeño del ente de control.
El Plan Estratégico: “Recuperando la Confianza Institucional 2006 – 2010”, desarrolló un plan gerencial, partiendo del reconocimiento del papel que le correspondió a la Supervigilancia dentro del Plan Nacional de Desarrollo: “Estado Comunitario Desarrollo para Todos 2006 – 2010”.
En ese sentido, el equipo directivo que llegó en septiembre de 2006, estableció a través del plan, unos objetivos estratégicos que le permitieran complementar el proceso de reestructuración y afrontar las debilidades estructurales de la Supervigilancia. Así mismo, poder responder de manera eficiente con las responsabilidades asignadas por el Gobierno Nacional.
Los 3 grandes objetivos estratégicos plasmados en el mencionado plan fueron:
Fortalecimiento financiero y jurídico: En tal propósito la Superintendencia llevó a consideración del Congreso de la República, la aprobación de la cuota de contribución y de la personería jurídica. De manera responsable el Congreso aprobó la cuota de contribución y la personería jurídica de la Supervigilancia a través de la Ley 1151 de 2007, por la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010. Esta cuota de contribución es la forma en que los vigilados aportan recursos a la Entidad posibilitando con estos, el fortalecimiento tecnológico y del recurso humano.
Otro de los objetivos fue el fortalecimiento tecnológico cuya primera etapa se encuentra en curso. Ante la necesidad de contar con un sistema de información misional para el registro y control de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en el año 2008 se formuló el proyecto denominado SIMA, y se adelantó el proceso contractual. Es así como desde enero de 2008 y hasta la fecha se viene desarrollando el aplicativo que permitirá registrar cada uno de los posibles trámites que solicitan los servicios de vigilancia y seguridad privada ante la Superintendencia.
Por último otro de los objetivos estratégicos que contempló el Plan Estratégico de la Supervigilancia, señaló la necesidad de revisar el compendio d e normas que regulan el sector y la urgencia de dotar a la Entidad con las herramientas jurídicas y financieras que le permitieran mejorar su actividad misional.
Es por ello que se decidió hacer un documento Conpes del sector, como el documento que definiera la política pública para la vigilancia y la seguridad privada, como un paso previo a la presentación de la Nueva Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.
Así fue como el 9 de junio de 2008, se aprobó el Conpes número 3521 de 2008: “Lineamientos de Política Pública para el sector de la Vigilancia y la Seguridad Privada en Colombia”, en el cual el Gobierno Nacional hizo nueve
recomendaciones con el fin de incentivar el sector y fortalecer la labor de control, inspección y vigilancia de la Superintendencia.
Una de las consideraciones del Conpes, es señalar la necesidad de que la Supervigilancia pueda, con la reserva del caso, compartir información con los organismos de inteligencia e investigación del Estado, que le permita en los proceso de licenciamiento y en el ejercicio del control, convalidar las actuaciones y antecedentes de sus vigilados.
Otra recomendación para destacar, es la que señala le necesidad de presentar un proyecto de ajuste al marco normativo consagrado en el Decreto-ley 356 de 1994, conocido también como el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que incorpore además la visión que el Gobierno Nacional tiene de todo el sector y que precisamente está plasmado en el Conpes.
Por eso hoy, con la presentación de esta iniciativa, se concentran los esfuerzos hacia la presentación y sustentación de la nueva Ley de Vigilancia y la Seguridad Privada, ante el honorable Congreso de la República.
Es importante resaltar que en el proceso de consolidación de la nueva Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, y con el objeto de generar espacios para la participación y discusión de las diferentes propuestas, la Supervigilancia estableció un cronograma de mesas de trabajo a nivel nacional que se desarrollaron durante el año 2010 en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali y Villavicencio, en las que participaron todos los representantes de las asociaciones del sector.
Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (RASC)
Estas redes tienen que ver con el papel que cumple la vigilancia privada dentro de la seguridad ciudadana, como instrumentos para la prevención y detección temprana de la comisión de delitos. Fueron creadas, a través del Decreto 3222 de 2002, como mecanismo para que los más de 190 mil guardas estén conectados, en todas las ciudades del país con la Policía Nacional,
suministrando información sobre hechos que pueden generar algún tipo de alertas, con lo cual en muchos casos la fuerza pública ha podido reaccionar de manera oportuna y evitar una serie de situaciones que atentaban contra la seguridad ciudadana.
La Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana a lo largo del tiempo ha mostrado resultados positivos a nivel nacional. En la actualidad funcionan 42 de ellas, distribuidas en las 38 principales ciudades del país.
Gracias a este ejercicio, ejemplarizante de compromiso social y empresarial, se ha logrado evitar un sinnúmero de actos delincuenciales y terroristas, tales como captura de delincuentes, recuperación de vehículos hurtados, incautación de drogas, entre otros.
Prospectiva del sector de vigilancia y seguridad privada
La decisión de modificar el Decreto-ley 356 de 1994, se origina en la necesidad de actualizar el marco normativo y ponerlo a tono con las nuevas tendencias del mercado y la demanda interna del servicio.
Hoy la realidad del país es otra, comparada a la de hace 17 años. Los resultados obtenidos a través de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, han permitido restablecer los niveles de seguridad y de confianza pública en todo el territorio nacional, lo que a consideración del Gobierno Nacional, amerita una revisión profunda de los esquemas de autoprotección.
Alcances de la nueva Ley de Vigilancia y Seguridad Privada
En este orden de ideas la nueva Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, que se presenta a consideración del honorable Congreso de la República, se fundamenta en modificar los siguientes artículos contenidos en el Decreto-ley 356 de 1994:
1. Artículo 8° del Decreto-ley 356 de 1994 por las siguientes razones: No se incluyen las empresas unipersonales E.U ni S.A.S ya que no existirían barreras de acceso para entrar al mercado, ninguno de estos tipos societarios cumple con los requisitos de dichas barreras y la finalidad de las mismas es garantizar una mejor prestación en el servicio. Así mismo, existe una regulación especial sobre las S.A.S que prima sobre esta nueva ley. Por otro lado, las E.U. no garantizan la prenda general, se pierde el control y la responsabilidad frente a terceros.
2. Artículo 9° del Decreto-ley 356 de 1994. Autorizaciones previas. Se propone derogar el mencionado artículo ya que se pretende combatir la ilegalidad por ejemplo las Cámaras de Comercios deben abstenerse del registro de cambio de objeto social de las empresas de vigilancia y seguridad privada que no haya sido autorizado por la Supervigilancia.
3. Frente al sistema de quejas actual de la Supervigilancia se propone en este proyecto de ley, de acuerdo a los nuevos mecanismos de solución de conflicto contemplado en la normatividad vigente, una figura que permita revestir a la Superintendencia de facultades jurisdiccionales, es así como el quejoso deberá acudir en primera instancia a la empresa o cooperativa de vigilancia y seguridad privada y ponga en conocimiento de estas su situación. En caso de no estar conforme con la solución dada, se acude a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en segunda instancia para que tome la decisión final frente al conflicto.
4. Artículo 85 Decreto-ley 356 de 1994. Se pretende otorgar licencias de funcionamiento indefinidas. Existe emprendimiento empresarial, hay inversiones y se espera desarrollar el negocio a largo plazo. Con la visión contemplada en del Decreto-ley 356 de 1994 se tiene la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada como un negocio cortoplacista, lo cual pone en riesgo la inversión y hoy se requiere que se consolide económicamente.
5. Para los departamentos de seguridad se exceptúa el otorgamiento de la licencia indefinida ya que estos prestan sus servicios basados en un nivel de riesgo que de la/s persona/s a proteger y el mismo en sí puede variar por diferentes factores. Por lo tanto, la licencia debe tener un término de vigencia.
6. Artículo 17 del Decreto-ley 356 de 1994. El titular de la licencia, es decir el protegido por el departamento de seguridad, no es un profesional ni experto en el tema de seguridad, se busca proteger al protegido con la prestación de un buen servicio por parte del departamento y el encargado de esto es el jefe de seguridad del mismo.
7. Discrecionalidad. Se pretende que esta figura jurídica opere tan sólo para los departamentos de seguridad y que para los demás servicios de vigilancia y seguridad privada opere la facultad de intervención de la Superintendencia que se propone en este proyecto de ley.
8. Vigilancia electrónica. Se requiere crear esta clase de vigilancia la cual cuenta con unas características especiales y es el tipo de servicio del futuro.
9. Capacitación y entrenamiento. Se incluye en el Proyecto de ley una autorregulación por parte de las mismas empresas (infraestructura adecuada y calidad). Esquema de autorregulación para que las mismas empresas sean las que recomienden a la Supervigilancia que se debe aprobar y es este ente de control el que decide lo más conveniente para el sector.
Se incorpora en el proyecto con el fin de que se preste un servicio de calidad porque las escuelas de capacitación son las que tienen el conocimiento técnico y no la Supervigilancia, los expertos en el tema son ellos.
El Comité es el órgano de asesoría que debe venir del sector (servicio especializado) que participen vigilantes, empresarios y las academias para generar una política académica en el gremio.
10. Equipos de vigilancia. En el Decreto-ley 356 de 1994 están contemplados dentro del artículo en el numeral 3 algunos de ellos que se dispondrán en un parágrafo porque es una potestad del Estado el uso de estos, ya que son equipos para la seguridad nacional y no pueden ser utilizados por los particulares.
11. Credenciales. Los empresarios son quienes deben efectuar la selección de su personal. Hoy en día como está la normatividad vigente la credencial que otorga la Supervigilancia al personal operativo de las empresas que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada, es la que acredita su capacitación y esto no tiene sentido.
12. Especialidad del servicio. Se busca subir los estándares de capacitación de los vigilantes que sean buenos y capaces en su labor. Así mismo, se pretende dignificar el oficio, especialidad del vigilante, no se quiere que sean profesionales sino que sean unos buenos guardas de seguridad.
Reconocimiento en la tarifa, debe ser trasladada al vigilante, es decir, las empresas cobran una tarifa más alta dependiendo dónde vaya a prestar el servicio el guarda de seguridad, pero este no está capacitado para esa especialidad ejemplo: el guarda de seguridad de una cárcel requiere más capacitación que el de un conjunto residencial y sin embargo, se cobra una tarifa más alta por prestarlo en la cárcel”
2. PROYECTO DE LEY 78 DE 2011 – CÁMARA
“El propósito del presente proyecto de ley es mejorar el funcionamiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada. Este sector cumple un rol fundamental en la sociedad colombiana, manteniendo la seguridad de incontables viviendas y establecimientos de comercio, en una estrecha colaboración con la Fuerza Pública. Precisamente por la importancia de las empresas de vigilancia y seguridad privada, es menester que se actualicen las normas que regulan su actividad.
Prohibición de capital extranjero
Por motivos de seguridad nacional, se busca excluir la inversión extranjera en este sector. Esta figura de limitar el acceso a la industria de la seguridad privada sólo a nacionales está en la legislación de muchos países, verbi gracia, Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña, Argentina, Ecuador, México y Perú1 y obedece a la necesidad de cada Estado de garantizar su Seguridad y Defensa Nacional, articulando tanto los recursos públicos como los privados para garantizar la
1 SENA, Caracterización de la Sub área de Vigilancia y Seguridad Privada,, pg. 32, 33, anexo F, Bogotá, 2006.
defensa de un bien supremo y patrimonio público como es el de la Soberanía Nacional.
Este trato diferente establecido por el legislador, al delimitar que en la industria de la seguridad privada en Colombia, solo es posible acceder a los nacionales colombianos a través de sociedades de responsabilidad limitada; obedece a que las personas naturales que están en la industria de la seguridad privada, se encuentran en una distinta situación de hecho, dado que es una actividad comercial totalmente diferente a los otros sectores e industrias; el trato distinto tiene la “finalidad” de garantizar la Seguridad y Defensa Nacional dado que por la función que se cumple tiene una directa incidencia y esta característica única y particular permite establecer que la finalidad es “razonable” en la perspectiva de los valores y principios constitucionales; otorgándole la coherencia entre el factor diferenciador – industria de la seguridad privada-, finalidad perseguida – garantizar la Seguridad y Defensa Nacional-; el trato desigual – solo sociedades de responsabilidad limitada- en su conjunto entre sí “guardan una racionalidad interna”.
Además, esta “racionalidad” es proporcionada, dado que por ser un sector industrial altamente sensible en términos de Seguridad y Defensa Nacional, establece de manera clara que las personas naturales y jurídicas que deseen desarrollar su actividad empresarial lo deben hacer a través de sociedades de responsabilidad limitada, para garantizar la visibilidad de sus accionistas y que el Estado puede ejercer la supervisión y el control a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada2.
Los tratados de libre comercio y la inversión extranjera en seguridad y defensa.
En otros sectores productivos, como son el comercio, la industria, y la agricultura, es beneficiosa la inversión extranjera, siempre y cuando no se afecte la generación de empleo, la producción interna y haya condiciones simétricas de beneficios y compromisos que adquieren los países firmantes del TLC.
2 CONPES No. 3521: Pag. 26. literal b.:“b. Se debe mantener el control y visibilidad de los propietarios de los servicios para efectos de responsabilidad social y empresarial. Independientemente de las figuras societarias que la nueva legislación determine o las características del capital, es importante que el Estado conserve el conocimiento y control sobre los propietarios de estos servicios por las responsabilidades que la prestación del mismo impone.”
Pero, ya en el caso particular de la industria y/o servicio de la Seguridad Privada, sector productivo que depende por disposición legal de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y que es un elemento de apoyo a las Fuerzas Militares, Policía Nacional y demás organismos de Seguridad Publica; por razones de Seguridad y Defensa Nacional, diferentes normas, decretos y últimamente la sentencia C-123 de la Honorable Corte Constitucional, han definido que jurídica y constitucionalmente no es posible la inversión extranjera en la industria de la Seguridad Privada en Colombia; así:
El artículo 12 del decreto 356 de 1994, establece: “.SOCIOS. Los socios de las empresas de vigilancia y seguridad privada deberán ser personas naturales de nacionalidad colombiana.
PARAGRAFO. Las empresas constituidas antes de la vigencia de este Decreto con socios o capital extranjero, no podrán aumentar la participación de los socios extranjeros.”
El Decreto 1295 de 1996, del Departamento Nacional de Planeación, dictó normas relacionadas con el régimen de inversión extranjera así:
ARTÍCULO 4o. El Artículo 8o. de la Resolución 51 del CONPES de 1991 quedará así: “Destinación. – De conformidad con lo establecido en el artículo 3o. del presente Estatuto, podrán realizarse inversiones de capital del exterior en cualquier proporción en todos los sectores de la economía. No obstante lo anterior, queda prohibido todo tipo de inversión de capital del exterior en: a) Actividades de defensa y seguridad nacional;” (Resaltado nuestro, fuera del texto original.)
En el mismo sentido, El CONPES No. 3521 de 2008: en la página 26. Literal b menciona.:“Se debe mantener el control y visibilidad de los propietarios de los servicios para efectos de responsabilidad social y empresarial. Independientemente de las figuras societarias que la nueva legislación determine o las características del capital, es importante que el Estado conserve el conocimiento y control sobre los propietarios de estos servicios por las responsabilidades que la prestación del mismo impone.”
El documento elaborado por PROEXPORT “Doing Business and Investing in Colombia” de mayo 2009, versión digital en www.invertirencolombia.com.co //, en la página 103:
“Universalidad: La inversión extranjera es bienvenida en todos los sectores de la economía, salvo en los siguientes casos:
Actividades de defensa y seguridad nacional. (Resaltado nuestro, fuera del texto original.), Procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radiactivas, no producidas en el país. Ÿ Empresas de vigilancia y seguridad privada. “
De la misma manera, La sentencia C-123 el Mp Jorge Iván Palacio, mediante sentencia C-123 del 11-MAR-2011, al conceptuar sobre la constitucionalidad de la norma, manifestó: EXEQUIBLES, por los cargos analizados en esta sentencia, las expresiones “Los socios de las empresas de vigilancia y de seguridad privada deberán ser personas naturales de nacionalidad colombiana”, del artículo 12 y “Sólo podrán ser socios de estas empresas naturales” del artículo 47 del Decreto Ley 356 de 1994.
Ahora bien, si algún país en particular no tiene restricciones de ésta naturaleza para la venta de bienes y servicios en vigilancia y seguridad privada y permite libremente que extranjeros lo hagan; evidentemente este nicho del mercado es aprovechado por nuestras empresas para ofrecer su portafolio de servicios, como actualmente sucede con empresas blindadoras y de seguridad que se encuentran adelantando operaciones allende las fronteras nacionales; generando oportunidades laborales, ingreso de divisas y exportando un producto nacional de un alto valor agregado.
Con la norma que establece la licencia indefinida se busca generar condiciones de estabilidad jurídica, imprescindibles para que las empresas puedan participar activamente en licitaciones públicas y/o privadas, fortalecer su capacidad financiera y genera condiciones para desarrollar proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo.
Cuota de contribución
Con los propios recursos generados por el sector en cumplimiento de la Ley 1151 de 2007, cuota de contribución, se reinvertirán en desarrollo de proyectos y creación de nuevas empresas y puestos de trabajo; permitiendo que el inversionista nacional encuentre una fuente de recursos en condiciones financieras favorables y preferenciales, tal como lo tienen otros sectores de la economía.
Prohibición de prácticas monopólicas
Con el presente proyecto también se busca evitar y prevenir la concentración en el mercado y las prácticas monopólicas, por la agrupación de varias empresas bajo un mismo dueño y/o conglomerado económico; conducta que genera posiciones dominantes y monopolios que distorsionan el mercado y acaba con las pequeñas empresas.
El régimen sancionatorio tiene como propósito proteger el sector y blindarlo contra conductas que deterioren la calidad del servicio y garantizar que el personal que presta sus servicios posea unas óptimas condiciones de conducta personal y profesional.
Adquisición de armas y municiones
Las armas y municiones se constituyen en una herramienta de trabajo fundamental para el cumplimiento de contratos en el sector público y privado. Sin embargo, en la actualidad en el proceso de adquisición de un arma, intervienen tres entes del Ministerio de Defensa, así:
 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que emite el concepto favorable para la compra.
 INDUMIL, quien vende el arma y la munición.
 Departamento Control Comercio de Armas, que emite el salvoconducto.
El resultado final de esta triplicidad de procesos administrativos hechos por tres dependencias diferentes del Ministerio de Defensa es encarecer los costos administrativos, fomentar la corrupción y desestimular el desarrollo de empresas. Este trámite se puede reducir a una única instancia en cabeza de INDUMIL, quien debe vender el arma y munición y dar el salvoconducto respectivo”.
3. PROYECTO DE LEY 97 DE 2011 – SENADO
“El inevitable aumento de la violencia, los delitos, la sensación de inseguridad de nuestro país, la percepción de ineficacia de la Fuerza Pública, a lo largo de los últimos años, han generado como consecuencia la demanda de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Es por eso que esta industria ostenta altos niveles de crecimiento debido a la redirección de la ciudadanía a utilizar este tipo de
seguridad, de esta manera ha sido tal la demanda, que la seguridad privada ha superado la seguridad pública. Siendo así que no solo el sector privado es quien contrata este tipo de seguridad, si no en muchos contextos el Estado, también utiliza este tipo de vigilancia para sus diversos establecimientos.
Este crecimiento ha ido de la mano de una regulación que existe en Colombia desde los años 90, cuando por virtud de la Ley 61 de 1993 se le dieron facultades extraordinarias al Presidente de la República, para que reglamentara la vigilancia y seguridad privada. Y fue así como se creó el Decreto 356 de 1994 ¿Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada¿ el cual hasta la fecha sigue vigente. Aunque es de destacar, que a través de los años se ha seguido reglamentado el sector, a través de decretos y resoluciones expedidas por la Superintendencia de Vigilancia Privada, con el fin generar niveles de regulación.
Muy por el contrario sucede en muchos países de Latinoamérica, donde la regulación es muy básica llegando a ser casi nula y todo porque existen limitaciones para capacitar personal y contratarlo a su vez. Es por tal motivo que a pesar de tener una buena regulación en nuestro país respecto al sector de la vigilancia privada, esta se encuentra dispersa en varias normas y no está acorde con el crecimiento y desarrollo tecnológico que está teniendo la vigilancia privada, no solo en Colombia si no en el mundo.
A partir del año 1994 debido al crecimiento empresarial de la vigilancia privada, la presencia de múltiples empresas de tamaño pequeño y mediano es una constante no solo en Colombia si no en diferentes países de Latinoamérica. Igualmente, la marca de empresas multinacionales con control de servicios especializados del mercado (traslado de valores, blindaje de vehículos, guardianía personal de alto nivel) las cuales se mueven con abierta falta de control gubernamental en países de Latinoamérica, pero que no se les facilita entrar a Colombia.
El crecimiento de la vigilancia y seguridad privada se ha registrado igualmente en la presencia de guardias, vigilantes, guardaespaldas, monitores, entre otras figuras creadas por el sector. Con el inconveniente que este aumento del personal
que labora en la vigilancia privada, lastimosamente en la mayoría de este, tienen una limitada formación académica, e igualmente carecen de educación para la resolución pacífica de conflictos y aun menos para la utilización efectiva de armas de fuego.
La ilegalidad es otro elemento que crece de mano con el desarrollo del sector de vigilancia privada, lo cual es preocupante, ya que todo este personal que se encuentra en la ilegalidad no labora con la protección social correspondiente. Y mucho menos cuentan por lo menos con un salario mínimo, nula protección personal o coberturas de salud, enfermedad o muerte. Aunque en este punto de aplicación de la normatividad laboral, no son inherentes los empleados de las empresas legalmente establecidas, ya que son muchas aquellas que no aplican esta normatividad o la aplican mal y el perjudicado es el empleado, por tal motivo hay que controlar este tipo de situaciones para que el abuso de los derechos laborales no sea existente.
De otra parte, es necesario mencionar que la seguridad electrónica, como servicio de la seguridad privada en la actualidad, debe ser de una gran importancia el mercado nacional de la vigilancia y en el sector de la seguridad privada. Todo esto se debe a que con la tecnología cada vez más al alcance del sector privado a precios relativamente bajos, se pueden generar economías de escala que reduzcan costos en la prestación del servicio y, por ende, redunden en el ciudadano en términos de calidad y eficiencia.
Todo lo anterior permite concluir que la seguridad privada es vital en la búsqueda de mejores condiciones de vida en las principales ciudades del país, por eso es necesario avanzar con mecanismos de regulación nacional y regional, las cuales establezcan reglas del juego aun más claras de las existentes, para todos los actores involucrados, buscando proteger efectivamente a la ciudadanía y colaborar en la función de la Fuerza Pública. En conclusión es necesario ajustar toda la normatividad vigente, de manera que responda al desarrollo económico y tecnológico de la seguridad privada.
El sector de la vigilancia y seguridad privada es uno de los sectores que más genera empleo en Colombia, creando así en promedio 190.000 empleos. Considerando que, según cifras, del DANE, la totalidad de empleos nacionales correspondientes al 2009 equivalen a la suma de 18.526.000, se concluye que la generación del empleo de dicho sector equivale a un aproximado del 1% del total de empleos, por encima del sector floricultor y bananero. Según la gráfica, el sector de la construcción lo supera, generando el 5,2% del total de empleos nacionales.
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la población nacional, podemos afirmar que existe un vigilante por cada 242 habitantes, superando a la Fuerza Pública, cuya relación es de un policía por cada 283 habitantes, aproximadamente.
El 90% de los empleos generados en el sector se encuentra representado por los vigilantes, en el 10% restante se encuentran los directivos, escoltas, supervisores y tripulantes.
El nivel directivo es el que menor participación porcentual de mano de obra presenta con un 1% en los diferentes tipos de servicios, con este mismo porcentaje se encuentran los tripulantes que en un 74% se encuentra en el servicio de transportadora de valores.
En cuanto a la proporción por género del personal operativo de la seguridad privada en Colombia se encuentra concentrada en los hombres con un 91%. Es importante tener en cuenta que solo el 9% de las mujeres participan dentro del mercado laboral del sector”.
Una vez verificadas las tres iniciativas acumuladas, considero pertinente señalar que se identificaron temas sobre los cuales existen posiciones diferenciales según la autoría del proyecto de ley así:
CAPITAL EXTRANJERO: Sobre esta materia hace mención la iniciativa presentada por el Honorable Senador Juan Lozano, quien menciona que “Por motivos de seguridad nacional, se busca excluir la inversión extranjera en este sector. Esta figura de limitar el acceso a la industria de la seguridad privada sólo a nacionales está en la legislación de muchos países, verbi gracia, Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña, Argentina, Ecuador, México y Perú3 y obedece a la necesidad de cada Estado de garantizar su Seguridad y Defensa Nacional, articulando tanto los recursos públicos como los privados para garantizar la defensa de un bien supremo y patrimonio público como es el de la Soberanía Nacional”.
En el caso de la iniciativa presentada por el Honorable Senador Carlos Emiro Barriga, incluyó en su articulado la necesidad de contar con capital extranjero, dado que la reglamentación actual genera barreras de acceso, pero que no son aplicables a todos los participantes del mercado, pues aquellos que tenían sus empresas de antes de 1994 – fecha de expedición del Decreto – Ley de Vigilancia, no las deben cumplir creándose una injustificada diferencia según se trata de empresas constituidas antes o después de la entrada en vigencia de la ley. Adicionalmente sostiene que la posibilidad legal de permitir la inversión extranjera genera que se fortalezcan las economías de escala y haya ventajas tecnológicas que permiten modernizar el sector y promover la competitividad, desplazando del mercado a las empresas ineficientes, alentando a las empresas locales a mejorar su eficiencia generando un mejor servicio al consumidor.
Finalmente, la iniciativa gubernamental guarda silencio sobre esta materia.
3 SENA, Caracterización de la Sub área de Vigilancia y Seguridad Privada,, pg. 32, 33, anexo F, Bogotá, 2006.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta célula legislativa dar primer debate al PROYECTO DE LEY 36 DE 2011 – CÁMARA “POR LA CUAL SE MODIFICA EL DECRETO LEY 356 DE 1994 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 78 DE 2011 – CÁMARA “POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES ACERCA DE LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA” ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 97 DE 2011 – SENADO “POR LA CUAL SE REGULA EL SECTOR DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 36 DE 2011 – CÁMARA “POR LA CUAL SE MODIFICA EL DECRETO LEY 356 DE 1994 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 78 DE 2011 – CÁMARA “POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES ACERCA DE LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA” ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 97 DE 2011 – SENADO “POR LA CUAL SE REGULA EL SECTOR DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
“Por el cual se modifica el Decreto Ley 356 de 1994 y se dictan otras disposiciones”
Objeto y Disposiciones
Artículo 1.Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar el Decreto Ley 356 de 1994 que regula los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el fin de adecuar el marco normativo a la situación actual del sector de vigilancia, para ejercer un mejor y mayor control.
Artículo 2°.Definiciones. Para efectos de la presente ley se entenderá:
a) Entidades de Seguridad Privada. Son personas jurídicas que desarrollan, con ánimo de lucro y de trabajo asociado, actividades de vigilancia privada en el territorio nacional;
b) Departamentos de Seguridad. Son dependencias creadas al interior de personas jurídicas públicas o privadas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad en lo relacionado con su vida y sus bienes. Los departamento de seguridad no podrán prestar servicios de vigilancia y seguridad a ningún título a personas diferentes a las vinculadas
a la empresa o grupo empresarial la cual se le concede la licencia de funcionamiento
c) Vigilancia Humana. La actividad de vigilancia presencial que realiza un guarda de seguridad en un lugar o lugares determinados con el propósito de prevenir y detectar la ocurrencia de eventos que atenten contra las personas y los bienes protegidos de acuerdo con los términos del contrato suscrito con los usuarios del servicio o con las condiciones de prestación del servicio que se refieren con los departamento de seguridad;
d) Personal operativo de vigilancia y seguridad privada. La denominación agrupa a todas aquellas personas destinadas al desarrollo de las actividades de vigilancia y de seguridad privada, vinculados mediante una relación laboral por las entidades de seguridad privada, los cuales pueden entre otros clasificarse en:
 Escoltas. Es la protección que se presta a través de escoltas con armas de fuego o de servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a personas, vehículos, mercancías o cualquier otro objeto, durante su desplazamiento.
 Vigilante. La persona natural que en la prestación del servicio se le ha encomendado como labor proteger, custodiar, efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados y vigilar bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, de personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado a fin de prevenir, detener, disminuir o disuadir los atentados o amenazas que puedan afectarlos en su seguridad.
 Manejadores Caninos. Persona capacitada en el manejo y control de los caninos, cuya finalidad es prevenir y brindar protección a personas y bienes en un lugar o lugares determinados.
 Supervisor de Seguridad. Es aquella persona capacitada en vigilancia y Seguridad Privada, que dirige actividades relacionadas con su desarrollo y que garantiza el cumplimiento de protocolos de operación en la prestación del servicio.
 Jefes de Seguridad: Es la persona que le corresponde el análisis de las situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implementación y realización de los servicios de seguridad.
Operador de Medios Tecnológicos: es la persona natural que atiende, recepciona y evalúa las señales sonoras o visuales generadas por un sistema técnico de seguridad electrónica, procesa su respuesta, atiende al usuario y coordina con la autoridad en caso de ser necesaria su intervención;
e) Protegidos. Son todas aquellas personas que se acogen a la protección de otras.
f) Usuarios. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de una actividad de vigilancia o Seguridad Privada, bien como propietario de los bienes objeto de protección, o como receptor directo del servicio;
g) Vigilancia Electrónica. Se entiende por vigilancia electrónica la modalidad desarrollada por una empresa o cooperativa de vigilancia y seguridad privada, consistente en la supervisión o monitoreo remoto de activos fijos y activos móviles a través de cualquier medio o plataforma tecnológica de telecomunicaciones, con el fin de prevenir y detectar la ocurrencia de eventos que atenten contra los bienes amparados bajo la órbita del contrato suscrito por los suscriptores del servicio;
h) Transportadora de valores. Se entiende por empresa transportadora de valores, la sociedad legalmente constituida cuyo objeto social consiste en la prestación remunerada de servicios de transporte en todos los modos, custodia, manejo de valores y sus actividades conexas o relacionadas. El Gobierno Nacional, en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, determinará el contenido y alcance delas actividades conexas o relacionadas que podrán desarrollar las empresas transportadoras de valores y las condiciones especiales para desarrollar su objeto social su objeto social según el modo de transporte que se efectúe.
i) Asesoría y Consultoría y capacitación en seguridad privada: Entiéndase por consultoría y asesoría en seguridad privada, toda actividad encaminada a prevenir los riesgos y amenazas al interior de las entidades y que busque propender por el logro de los objetivos indicados en el estatuto para la vigilancia y seguridad privada. Las actividades de consultoría y asesoría en seguridad privada podrán ser desarrolladas por personas naturales o jurídicas.
j) Actividad brindadora: Entiéndase por actividad blindadora en los servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios de blindaje que comprenden cualquiera de los siguientes tipos:
k) Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia Privada: Se entiende por Servicio de Capacitación y entrenamiento en Seguridad Privada, la persona jurídica legalmente constituida, cuyo único objeto social es impartir el entrenamiento y capacitación altamente especializada, actualizar y formar integralmente en competencias laborales en el área de Seguridad Privada a través de una escuela de formación.
l) Definición de vehículo blindado. Es el automotor cuya carrocería está fabricada y/o acondicionada en todas o algunas de sus partes por diferentes materiales, con el fin de garantizar la máxima protección y seguridad a los ocupantes y bienes transportados, contra el efecto de la acción de armas de fuego, explosivas o mecánicas.
Artículo 3°.Autorización para el desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad privada. A partir de la expedición de la presente ley, los servicios de vigilancia y seguridad privada de que trata el artículo 2° del Decreto-ley 356 de 1994, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previo el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y financieros, orientados a proteger la confianza pública en los mismos y la seguridad ciudadana.
Artículo 4°.: Las cámaras de comercio se abstendrán de registrar actos mercantiles de personas naturales o jurídicas que presten o aspiren a prestar los
servicios de vigilancia y seguridad privada definidos en la presente ley y en el Decreto Ley 356 de 1994 cuando dichos actos, conforme a la ley y a los reglamentos, requieran autorización previa expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
CAP ÍTULO II
Principios, deberes y obligaciones
Artículo 5°.Descripción. Las empresas que presten servicios de vigilancia y seguridad privada deberán desarrollar sus funciones teniendo en cuenta los siguientes principios:
1. Acatar la Constitución, la ley y la ética profesional.
2. Respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose de asumir conductas reservadas a la fuerza púbica.
3. Actuar de manera que se fortalezca la seguridad y la confianza ciudadana en las actividades que desarrollan.
4. Adoptar medidas de prevención y detección apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que sus actividades puedan ser utilizadas como instrumento para la realización de actos ilegales, en cualquier forma, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a prestar servicios a delincuentes o a personas directa o indirectamente vinculadas con el tráfico de estupefacientes o actividades terroristas.
5. Mantener en forma permanente altos niveles de calidad y eficiencia técnica y profesional en la prestación del servicio.
6. Crear mecanismos de autogestión y de responsabilidad social empresarial.
7. Contribuir con la seguridad y la confianza ciudadana, colaborando en forma permanente con las autoridades, suministrando información que ayude a la prevención del delito.
8. Emplear los medios y elementos que se utilicen para el desarrollo de las actividades, de acuerdo con los usos autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, únicamente para los fines previstos en la licencia de funcionamiento.
9. Prestar apoyo cuando lo soliciten las autoridades, con el fin de atender casos de calamidad pública.
10. Los guardas de seguridad que desarrollan actividades de vigilancia y seguridad privada en servicio, deberán identificarse adecuadamente.
11. Pagar oportunamente la contribución establecida en la ley, así como las sanciones y las tasas establecidas.
12. Proporcionar toda la información que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada requiera en ejercicio de sus funciones de control, inspección y vigilancia.
13. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en los contratos con los usuarios y no abandonar las actividades de vigilancia contratadas, sin previo y oportuno aviso al usuario.
14. Atender en debida forma y en primera instancia los reclamos de los usuarios y adoptar medidas en el caso de que alguno de sus dependientes se vea involucrado por acción o por omisión, en hechos que atenten contra los bienes o personas a las cuales se brindan vigilancia o protección.
15. Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de su actividad, salvo requerimiento de autoridad competente.
16. Establecer mecanismos que les permitan determinar las actividades que desarrollen sus clientes, en cumplimiento de las normas legales.
17. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberán aplicar procesos de selección de personal que garanticen la idoneidad profesional del personal que integra el servicio. Bajo su exclusiva responsabilidad, este personal será destinado para la prestación del servicio a los usuarios, y responderá por sus actuaciones en los términos en los respectivos contratos y en la ley.
18. Dar estricto cumplimiento a las normas laborales y de seguridad social vigentes.
19. Desarrollar mecanismos de control interno, para prevenir que el personal del servicio de vigilancia y seguridad privada, se involucre directa o indirectamente en actividades delictivas.
20. La capacitación de los guardas de seguridad que desarrollan actividades de vigilancia y seguridad privada, deberá tener un especial enfoque en la prevención del delito, en el respeto a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la colaboración con las autoridades y la valoración del individuo.
21. En cuanto a los guardas y vigilantes autorizados para el uso de armas de fuego, estos deberán recibir capacitación especial y estar acreditados en el manejo y cuidado de armas, municiones y explosivos, por autoridad competente del Estado.
DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Artículo 6°.Naturaleza jurídica. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, es un organismo de carácter técnico del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional con personería jurídica y autonomía administrativa, financiera y presupuestal.
Artículo 7°.Objetivos. A la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia sobre el sector de vigilancia y seguridad privada para alcanzar los siguientes objetivos:
1. Optimizar los niveles de seguridad y confianza pública mediante la acción coordinada con las diferentes entidades y organismos estatales.
2. Adoptar políticas de inspección y vigilancia dirigidas a verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, así como a permitir y estimular el desarrollo tecnológico y profesional en el sector de la vigilancia y la seguridad privada.
3. Promover la cultura de la legalidad, para el fortalecimiento del sector de la vigilancia y seguridad privada.
4. Proporcionar información, confiable, oportuna y en tiempo real para los usuarios de los servicios de vigilancia y seguridad privada, relacionada con la legalidad, idoneidad y capacidades técnicas de los prestadores de dichos servicios.
Artículo 8°.Funciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Además de las funciones señaladas en la ley, y en el reglamento, cumplirá las siguientes:
1. Asegurar el cumplimiento de las condiciones mínimas en términos de calidad y pertinencia por parte de los programas que se ofrecen en diferentes módulos de capacitación en cualquiera de sus niveles y modalidades de prestación del servicio.
2. Evaluar y emitir conceptos sobre la calidad de los programas ofrecidos por las entidades encargadas de la capacitación en vigilancia y seguridad privada, desarrollando actividades que consoliden una cultura de la calidad en este subsector, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
 Duración de cada programa en el sistema definido para tal fin.
 Capacidades que acrediten la idoneidad del personal.
 La idoneidad del personal docente.
 La pertinencia de los contenidos curriculares, de acuerdo con las pautas establecidas.
 Organización de las metas y actividades académicas.
 Metodología.
 Criterios de evaluación y formación.
 Recursos físicos tales como: medios educativos, estructura académico-administrativa.
3. Asesorar y participar en el desarrollo de las propuestas de modificación de la normatividad del sector que se adelanten para la construcción, mantenimiento y operación de las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada con el fin de lograr el adecuado funcionamiento dentro de los parámetros de legalidad, eficiencia, transparencia, fomentando el mejoramiento continuo en la calidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada.
4. Coordinar la fijación de políticas que propendan por el establecimiento de estándares de alta calidad en la prestación del servicio.
5. Desarrollar las condiciones técnicas del subsector de las escuelas en vigilancia y seguridad privada y su coherencia con las estrategias institucionales, para integrar los objetivos, líneas de acción y estrategias del sector.
6. Aprobar los niveles, pénsum académico y contenido de los programas que presenten las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.
7. Asesorar en el diseño de los perfiles de formación integral para el personal a capacitar.
8. Velar por la satisfacción de la demanda del mercado y las necesidades del sector, así como la calidad en la educación, mediante el ejercicio de las funciones de verificación y evaluación de los organismos que tienen a su cargo la capacitación en vigilancia y seguridad privada, sin perjuicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
9. Asesorar al Gobierno Nacional en el diseño e implementación de las estrategias de seguimiento, control, evaluación y mejoramiento de las políticas de capacitación adoptadas tendientes a la consecución de los objetivos propuestos.
10. Velar porque la capacitación a impartir por las escuelas de capacitación y entrenamiento permita generar nuevas formas de agregar valor al desempeño de la labor de vigilancia y seguridad privada y desarrollar aptitudes que se constituyan en herramientas que aseguren la prestación del servicio en términos.
11. Recopilar información que permita diagnosticar, conocer y evaluar el entorno, las necesidades cambiantes del sector de la vigilancia y seguridad privada y de la ciudadanía en general.
12. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los casos que en ejercicio de sus funciones conozca, relacionados con la usurpación de funciones privativas de la fuerza pública o prácticas ilegales conexas.
13. Velar por el cumplimiento de la ley y las normas que rigen el sector y sus actividades.
Parágrafo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expedirá el reglamento de conformación y de funcionamiento del Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada.
FUNCIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Potestad sancionatoria, principios y deberes
Artículo 9°.Titularidad de la potestad sancionatoria. El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y el Superintendente Delegado para el Control, son los titulares de la potestad sancionatoria en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.
Parágrafo. El Superintendente Delegado para el Control será competente para iniciar el correspondiente proceso sancionatorio e imponer las sanciones que correspondan en primera instancia; el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada tendrá a su cargo en segunda instancia.
Artículo 10°.Principios. Sin perjuicio de las decisiones tomadas en la medida de salvamento la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada al imponer la sanción deberá observar los siguientes principios:
a) Legalidad: Los vigilados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada sólo serán investigados y sancionados por comportamientos que estén taxativamente descritos como falta en la presente ley.;
b) Debido Proceso: La actuación administrativa que surta la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debe ser el resultado de un proceso donde el investigado haya tenido la oportunidad de expresar sus opiniones e igualmente presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos, con la plena observancia de las disposiciones que regulan la materia, respetando en todo caso los términos y etapas procesales descritas;
c) Lesividad: La falta será antijurídica cuando afecte la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada integral, protección de instalaciones, personas, activos, valores, intangibles y derechos, investigación, prevención y gestión de riesgos en seguridad.
d) Favorabilidad. En materia sancionatoria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
e) Doble Instancia: Toda Resolución sancionatoria deberá tener la posibilidad de ser apelada;
f) Economía: Se propenderá por que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos para quienes intervengan en el proceso, que no se exijan más documentos y copias de aquellos que sean estrictamente necesarios;
g) Eficacia: Con ocasión, o en desarrollo de este principio la administración removerá todos los obstáculos de orden formal evitando decisiones inhibitorias;
h) Imparcialidad: La Superintendencia se propone asegurar y garantizar los derechos de que todas las personas que intervienen sin ninguna discriminación por consiguiente se dará el mismo tratamiento a todas las partes;
i) Derecho a la defensa: Durante la investigación el investigado (persona natural o jurídica), tiene derecho a la defensa material. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tendrá en cuenta los descargos que hagan las personas a quienes se les formuló pliego de cargos y la contradicción de las pruebas allegadas regular y oportunamente al proceso administrativo sancionatorio;
j) Proporcionalidad: La sanción debe corresponder a la gravedad de la falta cometida;
k) Presunción de inocencia: Toda persona natural o jurídica respecto de la cual se inicie investigación, se presume inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario;
l) Ejemplarizante de la sanción: la sanción que se imponga debe estar encaminada a persuadir a los demás representantes legales, socios o funcionarios o empleados del mismo servicio de vigilancia y seguridad privada vigilado en el que se incurrió en falta y demás servicios vigilados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de abstenerse de vulnerar la norma que dio origen a la sanción.
m) Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen sancionatorio prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y la ley.
n) Principio de Eficacia. En desarrollo de este principio la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada atendiendo las circunstancias, brindará a
todos los servicios vigilados la oportunidad, si a ello hubiere lugar, de subsanar los hallazgos encontrados por la Entidad, evitando decisiones que no apunten a garantizar la calidad en la prestación del servicio.
o) Principio de Buena Fe. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada presumirá la Buena Fe en todas las actuaciones que los vigilados realicen en desarrollo de la prestación del servicio.
p) Principio de Transparencia. Las normas contentivas del Régimen sancionatorio estarán definidas en forma precisa, cierta y concreta, de manera que el investigado las conozca previamente, y la Entidad no pueda obviarlas por estar predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de acción de la administración.
q) Principio de Oportunidad. Con anterioridad a la expedición del acto administrativo de apertura del proceso sancionatorio y formulación del pliego de cargos, el Superintendente Delegado para el Control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, considere que los hechos relacionados son susceptibles de darle solución a través de un requerimiento al servicio vigilado, le solicitará la información necesaria para que un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de envío de la comunicación, allegue lo correspondiente a la entidad, a fin de subsanar los hallazgos encontrados.
Artículo 11°. Deberes. Los servicios de vigilancia y seguridad privada observarán en la prestación del servicio los siguientes deberes, los cuales buscarán por garantizar la calidad en la prestación del servicio, y su incumplimiento se encuentra tipificado en las faltas en los artículos precedentes de esta Ley.
1. Cumplir la Constitución, la ley y demás normas que regulen la actividad de vigilancia y seguridad privada.
2. En desarrollo de sus actividades, los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberán emplear los medios y elementos de acuerdo con los usos autorizados, de manera responsable y en acatamiento de la normatividad vigente.
3. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberán tener carácter preventivo y disuasivo y no podrán efectuar conductas reservadas a la fuerza pública.
4. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberán adoptar medidas de prevención y detección apropiadas y suficientes, orientadas a combatir la ilegalidad.
5. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán mantener en forma permanente altos niveles de calidad y eficiencia técnica y profesional en la prestación del servicio.
6. En virtud del principio de solidaridad, los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada deberán pertenecer a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, con el fin de contribuir al objetivo común de la seguridad ciudadana.
7. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán colaborar con la Superintendencia y la Fuerza Pública, mediante el intercambio de información empleando todos los medios a su alcance, para apoyar la consecución de la paz y la seguridad ciudadana.
8. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán estar enfocados a la disminución del riesgo, informando claramente al contratante las condiciones y limitaciones del servicio.
9. Los servicios de vigilancia y Seguridad Privada deberán definir de manera expresa los servicios adicionales en la prestación del servicio en beneficio de los consumidores y de la competencia.
10. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán desarrollar mecanismos apropiados de selección, capacitación y entrenamiento de su personal, priorizando las relaciones humanas, prevención del delito, respeto a los derechos humanos, colaboración con las autoridades y la valoración del individuo.
11. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán conocer y propender por l que tengan efectos de responsabilidad social y empresarial hacia sus clientes
12. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán establecer mecanismos de reconversión y renovación tecnológica.
13. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán cumplir las órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
14. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán identificarse adecuadamente de acuerdo a los parámetros establecidos por la normatividad vigente.
15. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán pagar oportunamente la contribución establecida en la Ley.
16. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán proporcionar oportunamente toda la información que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada requiera en ejercicio de sus funciones de control, inspección y vigilancia.
17. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán dar estricto cumplimiento a las normas laborales, de salud ocupacional y de seguridad social vigentes, con el fin de hacer efectivas todas las garantías y derechos de los trabajadores del sector, logrando mantener una relación obrero patronal respetuosa y digna, conservando una alta calidad en la prestación del servicio.
18. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán dar estricto cumplimiento a las normas contables y tributarias vigentes, con el fin de mantener una administración, seria, transparente y confiable del sector.
19. Los servicios de vigilancia y seguridad privada que para la prestación de sus servicios cuenten con medio canino, deberán mantener óptimas condiciones de salubridad y operatividad que garanticen la confianza pública en la prestación del servicio.
20. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán utilizar y emplear las armas y municiones que les han sido autorizadas para la prestación del servicio, en las modalidades autorizadas, conforme a la normatividad vigente sobre armas, teniendo en cuenta todos los protocolos que para su manipulación, transporte, depósito y mantenimiento han sido estipulados por las autoridades competentes.
21. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán dar estricto cumplimiento a los términos pactados en los contratos con los usuarios, atendiendo en debida forma los reclamos que se presenten, garantizando los derechos que tienen en su calidad de consumidores.
22. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán informar oportunamente a la Superintendencia y demás autoridades competentes, las novedades operativas relacionadas con la prestación del servicio.
23. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán desarrollar mecanismos idóneos de supervisión y control interno, por parte del personal a su cargo, manteniendo un excelente nivel en la prestación del servicio.
Artículo 12°.Criterios para determinar la sanción. Además de los criterios establecidos en el Código Contencioso Administrativo, se tendrán como criterios para efectos de graduar la sanción los siguientes: los antecedentes del infractor, el grado de perturbación del servicio, la naturaleza y efectos de la falta, las circunstancias de los hechos que dieron lugar a esta, la reincidencia en la falta y las justificaciones objetivas de los prestadores del servicio, los cuales deberán manifestarse en el acto previo a la sanción.
Artículo 13°.Faltas. Constituye falta y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas descritas en los artículos precedentes, que conlleve la afectación en la calidad de la prestación del servicio, sin estar amparado en las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en la presente ley.
Artículo 14°. Forma de Ejecución de las Faltas. Las conductas señaladas en esta resolución podrán ser cometidas por acción u omisión.
Artículo 15°. Clasificación de las Faltas. Las faltas, en los servicios de vigilancia y seguridad privada, se clasificarán en:
Artículo 16°. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
1. No contar con el permiso para portar o tener armas para la prestación del servicio.
2. Utilizar, tener o portar armas alteradas.
3. Destinar las armas autorizadas a título personal o a nombre de otros servicios o personas jurídicas para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.
4. Desarrollar actividades diferentes a las establecidas en su objeto social.
5. Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en lugares no autorizados, o a terceros en zonas o áreas no autorizadas por la Superintendencia.
6. Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada con equipos tecnológicos no autorizados.
7. Desarrollar u ofrecer servicios de vigilancia y seguridad privada, en modalidades y medios no autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
8. En el caso de los Departamentos de seguridad, prestar el servicio de escoltas a personas no autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
9. Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada con personal no capacitado.
10. Expedir certificaciones de capacitación sin haber desarrollado el entrenamiento y capacitación exigido en la normatividad vigente.
11. Expedir certificaciones de capacitación sin estar aprobados los respectivos programas por parte de la Entidad.
12. No elaborar los estados financieros de conformidad con lo exigido en la normatividad vigente.
13. Cobrar una tarifa inferior a la prevista por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de acuerdo a la normatividad vigente.
14. Ofrecer la prestación de los servicios remunerados por parte de terceros cuando ello no esté expresamente autorizado en la respectiva licencia de funcionamiento.
15. No cobrar los servicios adicionales conforme a los precios del mercado.
Artículo 17°. Faltas Graves. Son faltas graves las siguientes:
1. No emplear las armas de acuerdo con el uso autorizado en los respectivos permisos.
2. No adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el hurto, mal uso o pérdida de las armas autorizadas para prestar el servicio.
3. Incumplir con la relación hombre arma en la prestación del servicio de conformidad con la normatividad vigente.
4. No dar estricto cumplimiento a los términos pactados en los contratos con los usuarios, o abandonar el servicio contratado sin justificación y sin previo y oportuno aviso al usuario.
5. No atender en debida forma los reclamos de los usuarios, o no adoptar las medidas inmediatas que como consecuencia de los mismos sean necesarias.
6. Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en sucursales o agencias no autorizadas por la Superintendencia.
7. En el caso de los Departamentos de Seguridad, prestar el servicio de escolta con un número superior al autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
8. No cumplir con la obligación señalada en el artículo 52 del Decreto-ley 356 de 1994, referente al registro ante la Supervigilancia de las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la fabricación, importación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos para la vigilancia y seguridad privada.
9. No cumplir con la obligación señalada en el artículo 55 del Decreto 356 de 1994, referente a mantener el registro de los usuarios y compradores de equipos de vigilancia y seguridad privada.
10. Comercializar y/o Arrendar equipos tecnológicos de vigilancia y seguridad privada a terceros diferentes a los clientes o usuarios de empresas de vigilancia y seguridad privada.
11. No contar con el personal capacitado para monitoreo de alarmas, en el ciclo de operador de medios tecnológicos debidamente autorizado por la Escuela o Academia de Capacitación correspondiente.
12. Impartir por parte de las escuelas de capacitación programas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada sin informar previamente a la Entidad sobre el contenido que van a desarrollar los mismos, los medios a utilizar, el personal que será capacitado o el lugar en el cual se impartirá la capacitación o instrucción.
13. Capacitar por parte de las escuelas de capacitación con personal no autorizado por la Superintendencia.
14. Efectuar cambios e inclusión de nuevos socios, fusión, liquidación, cesión y enajenación de las empresas sin autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
15. Realizar el cambio de instalaciones sin solicitar autorización previa a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
16. No mantener permanentemente actualizada la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual de conformidad con lo exigido en la normatividad vigente.
17. No aplicar procesos de selección del personal para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.
18. No tener carnetizado el personal de servicio de vigilancia con la credencial expedida por la Superintendencia.
19. No enviar por parte de las sociedades y cooperativas que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada, antes del 30 de abril de cada año a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los estados financieros del año inmediatamente anterior, certificados por el Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal.
20. No enviar por parte de los Departamentos de Seguridad, los estados financieros discriminando los gastos y los costos destinados a vigilancia y seguridad privada del año inmediatamente anterior.
21. No atender las visitas de inspección ordenadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, sin justa causa.
22. No asistir a la citación realizada para ser inspeccionado in situ por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, sin justa causa.
23. Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada sin entrenamiento o reentrenamiento de los caninos de conformidad con la normatividad vigente.
24. No presentar ante la Superintendencia las novedades que se presenten en materia de personal, armamento, equipos y demás medios utilizados, así
como la relación de usuarios de acuerdo a lo dispuesto en las normas que regulan la materia.
25. Trasladar el costo del valor de la capacitación al personal operativo vinculado al servicio.
26. No pagar las obligaciones salariales, prestacionales y de seguridad social establecidas en la normatividad laboral vigente.
27. No cumplir, en el caso de cooperativas de trabajo asociado, con el régimen de compensaciones y de seguridad social integral de conformidad con la normatividad vigente.
28. Exceder la jornada laboral de los trabajadores del sector de conformidad con la normatividad vigente.
29. No reconocer las horas extras de conformidad con la legislación laboral vigente.
30. No suministrar la documentación requerida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, sin causa justificada.
31. No contar con instalaciones para el uso exclusivo y específico del servicio de vigilancia y seguridad privada.
Artículo 18°. Faltas Leves. Son faltas leves las siguientes:
1. No cumplir con los requisitos exigidos para los vehículos al servicio de la vigilancia, en lo referente a su registro, uso y colores.
2. No tener el personal operativo con el uniforme registrado y aprobado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
3. No portar la credencial expedida por la Superintendencia durante la prestación del servicio de vigilancia.
4. No afiliarse a la Red de Apoyo y Seguridad Ciudadana.
5. No dar aviso a la Red de Apoyo y Seguridad Ciudadana de los hechos que tenga conocimiento con ocasión a la prestación del servicio.
6. No llevar el registro de las armas con permiso de tenencia y/o porte.
7. No portar el salvoconducto o la fotocopia autenticada del permiso que ampara las armas en la prestación del servicio.
8. No dejar constancia escrita de los casos de accidente o enfermedad de los caninos, así como de la utilización de otro canino para la prestación del servicio, con su respectivo manejador.
9. Arrendar para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada los caninos.
10. No acondicionar sitios especiales de descanso adecuados para los caninos, cuando estos no puedan ser trasladados para el cambio de turno dentro de los puestos de trabajo.
11. Exceder la jornada de trabajo de los caninos.
12. No mantener caninos de reserva en caso de enfermedad o accidente de algún animal.
13. No cumplir con las cuantías mínimas de patrimonio y proporcionalidad de capital social.
14. No llevar el registro de las horas extras correspondientes o no entregar copia a los trabajadores en la forma como lo establece la normatividad vigente.
15. No contar con una Política de Conocimiento del Cliente cuando a ello hubiere lugar.
Artículo 19º.Clases de Sanciones. La incursión en las faltas consagradas en los artículos 15, 16 y 17 de la presente Ley, dará lugar a las siguientes sanciones:
1. Cancelación de la licencia de funcionamiento o del permiso otorgado por el Estado o de las credenciales respectivas.
2. Suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial hasta por seis meses.
3. Multas en cuantía de 5 hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. Amonestación y plazo perentorio para corregir las irregularidades.
Artículo 20°. Agravantes. Se tendrán como criterios agravantes el grado de perturbación de la calidad en la prestación del servicio, la trascendencia social de la falta, los antecedentes del servicio infractor, la reincidencia en la comisión de la infracción, la resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción o encubrir sus efectos, la renuencia o desacato a cumplir las órdenes impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la infracción de varias faltas en forma sucesiva, y/o la ocurrencia de faltas concurrentes en una misma infracción investigada.
Artículo 21°. Base Sancionatoria. Para cuantificar la sanción la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tomará como base sancionatoria, el mínimo establecido para el tipo de falta y aumentará la sanción en la medida en que se presenten los factores agravantes señalados en el artículo anterior, respetando el tope máximo establecido para cada sanción.
Artículo 22°. Criterios para Determinar el tipo de Sanción. Para determinar el tipo de sanción, el funcionario competente deberá establecer el grado de afectación a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.
Artículo 23°. Sanción para las Faltas Gravísimas. Las faltas gravísimas serán sancionadas hasta con cancelación de la licencia de funcionamiento del vigilado, sus sucursales o agencias, o las credenciales respectivas, suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial de tres a seis meses y/o multa sucesiva en cuantía de 68 hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo el impacto de la falta en la calidad de la prestación del servicio, con observancia de los criterios de agravación para su cuantificación.
Artículo 24. Sanción para las Faltas Graves. Las faltas graves serán sancionadas con suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial de uno a tres meses, y/o multas en cuantía de 34 hasta 67 salarios mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo el impacto de la falta en la calidad de la prestación del servicio, con observancia de los criterios de agravación para su cuantificación.
Artículo 25°. Sanción para las Faltas Leves. Las faltas leves serán sancionadas con amonestación y plazo perentorio para corregir las irregularidades, y/o multas en cuantía de 5 hasta 33 salarios mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo el impacto de la falta en la calidad de la prestación del servicio, con observancia de los criterios de agravación para su cuantificación.
Artículo 26°. Causales de Exclusión de la Responsabilidad. Se consideran causales de exclusión de la responsabilidad, y en consecuencia no generan sanción:
2. Caso Fortuito.
3. Hecho de un tercero.
Artículo 27°.El procedimiento administrativo sancionatorio se sujetará a las disposiciones establecidas en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 28°.Medidas cautelares. Con el fin de evitar que se agrave la prestación de los servicios, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, impondrá medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de vigilancia y seguridad privada, de la siguiente forma, lo cual no obsta para adelantar los respectivos procesos sancionatorios.
1. A quienes desarrollen actividades exclusivas de los vigilados sin contar con la debida autorización; es decir, sin licencia de funcionamiento, así:
a. Ordenar para que se suspenda de inmediato tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, mientras persista esta situación;
b. Terminación rápida y progresiva de los contratos o servicios desarrollados ilegalmente, mediante intervención especial de la Superintendencia, que garantice eficazmente los derechos de terceros de buena fe.
2. A los vigilados que infrinjan lo dispuesto en la presente ley.
a. Ordenar para que se suspenda de inmediato tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, mientras persista esta situación;
c. A quien no reporte los estados financieros con la periodicidad establecida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tendrá multas sucesivas hasta por 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, mientras persista la situación.
De las quejas y solicitudes
Artículo 29°.Trámite. Las peticiones, quejas, y demás solicitudes que presenten tanto los guardas de seguridad como los usuarios de los servicios, deberán ser atendidas y resueltas de conformidad a lo establecido por el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 30°. Servicio de atención al cliente. Las empresas de vigilancia y seguridad privada deberán contar con mecanismos para la atención al cliente, éstas deberán resolver de manera directa las quejas de los usuarios respecto de la prestación del servicio contratado y de las personas en general que se consideren afectadas por la operación de un servicio de vigilancia y seguridad privada o por su personal operativo, Por lo tanto será prerrequisito para presentar queja formal ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, haber acudido primero ante esa instancia.
El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento para garantizar un efectivo mecanismo de resolución directa de las diferencias suscitadas con ocasión de la prestación del servicio
Disposiciones Sobre Control y Medidas de Salvamento
Artículo 31°.Regulación económica de los servicios de vigilancia y seguridad privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tendrá la facultad de expedir actos administrativos, con estricto apego a la Constitución y a la Ley, que tengan el objeto de vincular la conducta de las personas jurídicas que prestan los servicios de vigilancia y seguridad privada a las reglas, normas, principios y deberes establecidos en la Ley y en los reglamentos.
Artículo 32°.Medida de salvamento. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en orden a prevenir situaciones que puedan afectar la confianza pública en los servicios de vigilancia y seguridad privada, y con la finalidad de preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias creará un proceso de reorganización para la restructuración operacional, administrativa, de activos y pasivos, donde se delegará un coadministrador, para que presida la junta de salvamento al interior de una empresa o cooperativa sometida a su Inspección, control y vigilancia, cuando se presente una de las siguientes causales:
1. Cuando por información de los organismos del estado se observe que la empresa o cooperativa de vigilancia y seguridad privada desvía su objeto social para servir a propósitos ilícitos.
2. Cuando los administradores, a pesar del requerimiento debidamente comunicado y notificado, hayan omitido proporcionar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada información veraz y oportuna que impida a la Entidad Conocer la realidad de la empresa respectiva o que obstruya el ejercicio de la Inspección, control y vigilancia.
3. Cuando, por la evaluación inspectiva, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada detecte y demuestre objetivamente situaciones administrativas, contables, financieras u operativas que se constituyan en indicio serio de que la empresa se encuentra en cesación de pago o incumplimiento de sus obligaciones en un término igual o mayor a los 6 meses.
4. Cuando sus administradores persistan en el incumplimiento de los contratos y demás obligaciones contraídas por la empresa o cooperativa, o se mantengan en la violación grave de las normas vigentes que tienen el deber de acatar.
El acto administrativo en que se ordena la coadministración tendrá como efecto el nombramiento temporal de un presidente de junta por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, quien dirigirá la junta coadministradora, conformada por los administradores, representante legal, contador, revisor fiscal y socios de la empresa o cooperativa objeto de la medida, por lo cual la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada designará coadministrador especialista en el ramo de la vigilancia y seguridad privada quien hará las veces de representante legal de la empresa objeto de toma de posesión por un término temporal. El coadministrador será designado de la lista elaborada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de conformidad con los reglamentos y demás normas expedidas para tal fin. En el mismo acto administrativo se integrará el Comité de Coadministración y la junta de salvamento, integrado por el coadministrador quien lo preside, los socios, el revisor fiscal, el contador y las personas administradoras de la sociedad separadas temporalmente de sus cargos, quienes tendrán la obligación de prestar toda la colaboración a fin de lograr el salvamento de la empresa coadministrada.
En dicho acto administrativo, también se definirá un tiempo prudencial para que se superen los problemas que dieron origen a la medida, el cual no podrá ser superior a un (1) año. Si transcurrido ese lapso no se ha solucionado la situación, según recomendación motivada del coadministrador, la Superintendencia ordenará la liquidación de la empresa la cual se adelantará según las reglas del Código de Comercio.
Parágrafo 1°. Para el caso de las cooperativas de trabajo asociado que presten servicios de vigilancia y seguridad privada, además de lo prescrito en este artículo, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dentro del marco de sus competencias y en desarrollo del principio de residualidad, podrá dar aplicación al artículo 36 de la Ley 454 de 1998 o la norma que la modifique o sustituya.
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional fijará el procedimiento para implementar las medidas de salvamento, en ejercicio de su potestad reglamentaria, , el cual estará orientado al respeto irrestricto de las garantías procesales del debido proceso, desarrollo del principio de oportunidad y derecho a la defensa de acuerdo con la Constitución y la Ley.
Artículo 33°. Funciones del coadministrador. Las funciones del coadmnistador, tendrán como objetivo principal, realizar un diagnóstico de la situación que dio origen a la coadministración, así como recomendar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada las acciones de mejoramiento tendientes a proteger la unidad económica, productiva del titular de la licencia de funcionamiento o de ser inviable desde el punto de vista operativo, administrativo u financiero proponer la liquidación del titular de la licencia de funcionamiento.
Parágrafo. En el ejercicio de sus funciones, el coadministrador garantizará los principios del debido proceso, derecho de defensa, favorabilidad, presunción de inocencia, tipicidad, contradicción, legalidad, carga de la prueba, entre otros, y su trámite se sujetará a los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política y a los contenidos en el Código Contencioso Administrativo.
Así mismo, el coadministrador tendrá el deber de atención de todas las obligaciones adquiridas por el titular de la licencia de funcionamiento, de preservar el patrimonio
empresarial y de realizar todas las actuaciones tendientes a que las medidas de salvamento sean exitosas.
Artículo 34°. Requisitos de la licencia de funcionamiento. Además de los requisitos determinados en el Decreto-ley 356 de 1994, quien aspire a obtener licencia de funcionamiento para prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada de que trata el artículo 2º de la mencionada norma, deberá contar con lo siguiente:
1. El desarrollo e implementación de una política de conocimiento de sus clientes que esté orientada a prevenir los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, de conformidad con la legislación vigente.
2. Estados Financieros avalados por un Revisor Fiscal, independientemente del tipo de sociedad.
Artículo 35°.Vigencia de las licencias de funcionamiento. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previo el lleno de los requisitos legales, otorgará licencia de funcionamiento de carácter nacional a las empresas de vigilancia y seguridad privada tales como: Vigilancia con Armas y sin armas, Vigilancia Electrónica, Empresa Transportadora de Valores, Escuelas de Capacitación y Entrenamiento, Asesoría, Consultoría e Investigación, Actividad Blindadora, Vigilancia Electrónica . Dicha licencia no tendrá término de vigencia, por lo cual no se podrá exigir por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada prórroga o renovación de la misma, sin perjuicio de la vigilancia, control e inspección permanente que ejerce sobre los servicios y la industria de la vigilancia y la seguridad privada. Lo prescrito en este inciso aplicará para los trámites de credenciales para asesores, consultores o investigadores en vigilancia y seguridad privada.
En el caso de los departamentos de seguridad de que trata el artículo 17 del Decreto 356 de 1994, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá conceder licencia de funcionamiento hasta por diez (10) años, renovables por términos iguales, previa observancia de los requisitos contenidos en la presente ley y en el Decreto-ley 356 de 1994. La solicitud de renovación de la
licencia para departamentos de seguridad deberá radicarse con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la misma. Con el propósito de proteger la seguridad ciudadana y la confianza pública en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá negar, suspender o cancelar la licencia expedida para operar departamentos de seguridad con base en la potestad discrecional.
Parágrafo. Durante la vigencia de la licencia de funcionamiento los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán tener actualizados los aportes que establece la Ley a diferentes entidades, aportes laborales, permisos, patentes, seguros, y demás requisitos establecidos en este decreto y en las normas vigentes. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de esta disposición e impondrá las medidas cautelares o sanciones a que haya lugar.
Artículo 36°.Infraestructura. Las entidades de vigilancia y seguridad privada, departamentos de seguridad deberán contar con la infraestructura adecuada para su funcionamiento y desarrollo, cuyas condiciones serán establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Artículo 37°. Afiliación Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana. Las entidades de vigilancia y seguridad privada, los departamentos de seguridad, deberán afiliarse a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, de acuerdo con las normas que establezcan dicho procedimiento.
Artículo 38°. Uniformes y distintivos. Los guardas de seguridad de las entidades de vigilancia y seguridad privada, los departamentos de seguridad, deberán portar un uniforme que los identifique, cuyo uso será obligatorio y con características diferentes a los de la Fuerza Pública y otros cuerpos oficiales armados, cuyas características serán establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Parágrafo. El uniforme a que se refiere el presente artículo debe ser suministrado por las empresas de vigilancia y seguridad privada, atendiendo lo dispuesto en las normas laborales sobre dotación del personal.
Artículo 39°. Razón Social. La razón social de las entidades de seguridad privada, deberá ser diferente a la de los organismos del Estado y no podrá estar en contraposición de las normas sobre propiedad industrial.
Artículo 40°. Sucursales o agencias. Las empresas o cooperativas de vigilancia y seguridad privada debidamente autorizadas tendrán un domicilio principal y podrán establecer sucursales y agencias dentro del territorio nacional, para el cumplimiento de su objeto, lo cual se regirá por las normas comerciales que regulan la materia.
El domicilio principal, las sucursales y agencias deberán contar con instalaciones para uso exclusivo y específico del servicio de vigilancia y seguridad privada y estarán adecuadas para el funcionamiento y desarrollo de la actividad a que se refiere la presente ley y el Decreto-ley 356 de 1994, de manera que brinden protección a las personas, las armas, municiones, equipos de comunicación, de seguridad y demás elementos utilizados en el servicio.
Las instalaciones podrán ser inspeccionadas en todo momento por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, quien velará por el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.
Parágrafo. Las sucursales y agencias de que trata el presente artículo deberán ser registradas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por parte del titular de la licencia de funcionamiento dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de registro de las mismas ante la Cámara de Comercio respectiva.
Artículo 41°.Además de las funciones contenidas en el artículo 84 del Decreto Ley 356 de 1994, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada deberá autorizar previamente la liquidación de sociedades que tengan por objeto la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada descritos en esta ley y en el Decreto Ley 356 de 1994, así como la escisión de las mismas, siempre y cuando el solicitante cumpla con los requisitos contemplados en la legislación vigente.
Artículo 42°. Renovación. Será requisito para la renovación de la licencia de funcionamiento que el departamento de seguridad cuente con un estudio de seguridad efectuado por un asesor y/o consultor que cuente con licencia vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Artículo 43°.Grupo Beneficiario. Los departamentos de seguridad pueden ser constituidos por personas jurídicas que hagan parte de un grupo empresarial o que son subordinadas de una misma matriz previa autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Las personas jurídicas que conforman el grupo beneficiario, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los departamentos de seguridad, no obstante deberán designar a la titular de la licencia de funcionamiento quien presentará la solicitud de constitución.
DE LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES VIGILANCIA Y DE SEGURIDAD PRIVADA
Artículo 44. Clasificación de las actividades de seguridad privada. Las actividades de vigilancia y seguridad privada se clasificaran de la siguiente manera:
a) Vigilancia humana;
b) Vigilancia electrónica;
c) Transporte de valores;
d) Capacitación y entrenamiento;
e) Actividades de blindaje y arrendamiento de vehículos blindados;
f) Actividades de fabricación, importación, exportación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos destinados a la vigilancia y la seguridad privada;
g) Consultoría y asesoría en vigilancia y seguridad privada;
Artículo 45°. La actividad de vigilancia electrónica podrá así mismo, ser desarrollada para la supervisión de personas, sin perjuicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional.
Artículo 46°.Estándares mínimos requeridos para el desarrollo de la actividad. Las entidades de seguridad privada, los departamentos de seguridad autorizados para desarrollar actividades de vigilancia electrónica deberán contar con los siguientes componentes:
a. Centros de Monitoreo, los cuales deberán ser adecuados para realizar la supervisión remota de los activos fijos y móviles;
b. Protocolos de Operación, que contengan procedimientos que se orienten a garantizar la calidad de los servicios que se ofrecen, los cuales sin perjuicio de lo que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada regule en desarrollo de este artículo, deberá contener como mínimo: Determinación de los requisitos habilitantes para los instaladores de los equipos, capacitación a usuarios, esquema de reacción a los eventos;
c. Sistema de Reporte de Eventos, con una estructura de comunicaciones que permita difundir la información en forma oportuna y suficiente, tanto a los abonados como las autoridades competentes.
Así mismo, deberán mantener en tiempo real una copia de seguridad de los datos o imágenes provenientes de los medios tecnológicos utilizados, por el tiempo, condiciones de custodia y reserva de la información que defina la superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
d. Mantenimiento en tiempo real de una copia de seguridad de los datos o imágenes provenientes de los medios tecnológicos utilizados, por el tiempo, condiciones de custodia y reserva de la información que defina la superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
Artículo 47°.Servicios complementarios a la actividad de vigilancia electrónica. Las personas jurídicas que desarrollan actividades de vigilancia electrónica,
podrán prestar servicios complementarios a la vigilancia electrónica utilizando la misma infraestructura tecnológica y plataforma de telecomunicaciones desarrollada para dicha actividad y que deriven beneficios tangibles añadidos a los abonados a partir de la generación de economías de escala y reducción de costos para los mismos. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Parágrafo. Los servicios complementarios se prestarán sin perjuicio de los títulos habilitantes y permisos que se requieren para la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
Artículo 48°.Estándares mínimos requeridos para el desarrollo de las actividades. Las entidades de seguridad privada autorizadas para desarrollar actividades de transporte de valores, deberán contar con los siguientes componentes:
a) Instalaciones adecuadas para el desarrollo las actividades de guarda, custodia, proceso y demás relacionadas con el servicio de transporte de valores y manejo de efectivo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad de acuerdo con las condiciones de mercado;
b) Un protocolo general de transporte de valores especificando si se trata de transporte multimodal o no y en el cual se incluya la estructura de medidas y previsiones para la protección de valores a trasladar, la perspectiva integral de riesgos, internos y externos de la empresa orientado a garantizar la calidad de los servicios que se ofrece.
c) Un protocolo para el manejo de efectivo
d) Vehículos adecuados, especialmente adaptados para la operación de transporte de valores en los modos que se lleve a cabo.
Parágrafo: Esta información gozará de reserva legal y sólo podrá ser divulgada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada a las autoridades judiciales y administrativas del caso.
Sistema de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada
Artículo 49°.Objetivo. El Sistema de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada tiene como objetivo el aseguramiento en la calidad y eficiencia de la educación en relación con el personal operativo, directivo y docente de las entidades de vigilancia y seguridad privada, mediante la adopción e implementación de las metodologías académicas necesarias que conduzcan a la dignificación del oficio del guarda de seguridad y que se articulen con la cadena productiva de la vigilancia y seguridad privada en términos de rentabilidad, economía y optimización del mercado laboral.
Artículo 50°.Conformación. Créase el Sistema de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, el cual estará compuesto por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por el Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada y por las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada autorizadas como tales por la mencionada Superintendencia.
Artículo 51°.Del Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada. Créase el Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, el cual tendrá por objeto asesorar y coordinar, a través de la participación de los miembros de los subsectores del sector de la vigilancia, trabajadores y entidades oficiales e instituciones académicas, la evaluación del cumplimiento de los objetivos y estructuración de los programas académicos de las escuelas de capacitación y entrenamiento, su evolución, transformación y adecuación a la dinámica propia de las actividades de vigilancia y seguridad privada.
Artículo 52°.Funciones del Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada. Además de las que le sean asignadas en los desarrollos normativos ala presente ley, el Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada tendrá las siguientes funciones:
1. Asegurar el cumplimiento de las condiciones mínimas en términos de calidad y pertinencia por parte de los programas que se ofrecen en
diferentes módulos de capacitación en cualquiera de sus niveles y modalidades de prestación del servicio.
5. Coordinar con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la elaboración de las políticas del subsector de las escuelas en vigilancia y seguridad privada y su coherencia con las estrategias institucionales, para integrar los objetivos, líneas de acción y estrategias del sector.
6. Asesorar, proponer, elaborar y someter a consideración los ciclos, niveles, pensum académico y contenido de los programas que propendan por el desarrollo del conocimiento de las habilidades, destrezas y competencias del personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada que conforman.
9. Asesorar en el diseño e implementación de las estrategias de seguimiento, control, evaluación y mejoramiento de las políticas de capacitación adoptadas tendientes a la consecución de los objetivos propuestos.
12. Velar por el cumplimiento de la ley y las normas que rigen el sector y sus actividades.
Artículo 53°.Capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada. Además de los requisitos determinados en el Decreto Ley 356 de 1994,las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada deben contar con:
a. Plan Educativo Institucional en Seguridad Privada el cual deberá estar construido y armonizado, en el que conste la metodología, estructuración, desarrollo y evaluación de los contenidos programáticos a ser impartidos por la respectiva escuela de capacitación y entrenamiento en vigilancia y
seguridad privada. Este Plan Educativo Institucional gozará de la protección de derechos patrimoniales de autor.
b. Instalaciones y medios académicos y tecnológicos idóneos para el logro de los objetivos académicos planteados en el plan de estudios.
c. Un cuerpo docente suficiente e idóneo para responder a los objetivos de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.
d. Un plan de bienestar académico para los estudiantes.
e. Contar con los medios académicos que estén de acuerdo con la metodología y enseñanza a impartir.
f. Protocolo de uso de las armas.
Parágrafo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada determinará, la estructura curricular y fijará unos criterios mínimos razonables de calidad administrativa y misional en la capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, de oficio o a partir de las recomendaciones que al efecto remita el Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada.
Actividades de blindaje y arrendamiento de vehículos blindados
Artículo 54°. Actividades de Blindaje. Son actividades de blindaje, las siguientes:
1. Fabricación, producción, adecuación, ensamblaje y/o implementación de equipos, elementos, bienes, productos o automotores blindados.
2. Venta de equipos, productos o automotores blindados.
3. Comercialización y arrendamiento de vehículos blindados para la Seguridad Privada.
Parágrafo. Las características técnicas mínimas y máximas de los diferentes tipos de blindaje, así como aquellas que corresponden a la ejecución de las actividades citadas en este artículo, para tal fin el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses a la expedición de la presente ley establecerán las características correspondientes sobre este particular.
Artículo 55°.Las Empresas Blindadoras de vehículos deberán contar con:
1. Protocolo Técnico en el cual se deberá especificar las características técnicas mínimas de los diferentes ti pos de blindaje que realiza la compañía, conforme a la norma técnica.
2. Un registro de sus usuarios y compradores, el cual contendrá la siguiente información:
a. Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y demás datos que permitan la identificación y ubicación del usuario y comprador;
b. Copia del documento de identidad si es persona natural o certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio correspondiente en caso de tratarse de una persona jurídica;
c. Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo;
d. Nivel de blindaje instalado;
e. En caso de venta del vehículo por parte del primer propietario a un tercero, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y demás datos que permitan la identificación y ubicación del nuevo propietario, con copiadel documento de identidad o el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente;
f. Contrato de Leasing en caso de que haya lugar.
3. Política de Protección al Consumidor para quien adquiere un vehículo blindado.
Artículo 56°.Autorización para operar. Además de los requisitos generales establecidos en la ley, las entidades de seguridad privada que tengan por objeto el arrendamiento de automotores blindados, requerirán licencia de funcionamiento y deberán acreditar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la política de admisión y de conocimiento de clientes.
Artículo 57°.Registro de vehículos. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizará:
a. El registro de los vehículos blindados, que sean adquiridos en mercado secundario por particulares no vigilados por esta Entidad;
b. El registro de los vehículos blindados que sean adquiridos en mercado secundario por un particular mediante un contrato de arrendamiento financiero con opción irrevocable de compra.
Parágrafo 1°. La Superintendencia de Seguridad Privada exigirá a los vehículos de seguridad objeto de arrendamiento, que conste en la tarjeta de propiedad las características de blindaje.
Parágrafo 2°. Los vehículos destinados a la prestación de servicios de arrendamiento, deberán mantener en todo momento una póliza de seguro de automóviles contra todo riesgo, expedida por una empresa aseguradora debidamente acreditada en Colombia, que cubra los riesgos propios de su uso.
Artículo 58°.Servicios adicionales. Las entidades de seguridad privada que desarrollan actividades de arrendamiento de vehículos blindados, podrán desarrollar dentro de su objeto el arrendamiento de otro tipo de vehículos u otros bienes muebles.
Actividades de fabricación, importación, exportación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos destinados a la vigilancia y la seguridad privada
Artículo 59°.Equipos. Serán objeto de inspección, control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los siguientes equipos, entre otros:
1. Equipos de detección. Son todos aquellos materiales o equipos para descubrir la presencia de armas u otros elementos portados por las personas.
2. Equipos de visión o escucharremotos. Son todos aquellos equipos y materiales que se emplean para observar o escuchar lo que sucede en lugares remotos.
3. Equipos de alarmas, circuitos cerrados de televisión y controles de acceso. Son todos aquellos materiales o equipos, como sensores, detectores, sistemas de alarmas, cámaras, sistemas de grabación, lectoras, controles de acceso, detectores de incendio, y demás elementos, que se emplean para proteger personas instalaciones, valores, dineros, joyas, documentos y demás elementos, en entidades bancarias, de comercio, residencias o similares.
4. Equipos o elementos ofensivos. Son todos aquellos equipos o elementos fabricados para causar amenaza. lesión o muerte a las personas.
5. Equipos para prevención de actos terroristas. Son todos aquellos equipos o materiales utilizados para detectar, identificar y manejar explosivos o elementos con los que se puedan causar actos terroristas.
Parágrafo. Los equipos de detección, identificación, interferencia y escucha de comunicaciones que se emplean para descubrir, identificar, interferir y escuchar sistemas de comunicaciones, o para descubrir la presencia de estos mismos sistemas o que puedan limitar el derecho a la privacidad de las personas serán de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado y sólo podrán ser importados, distribuidos o comercializados a dichas entidades, en las condiciones que determine el Gobierno Nacional. Está prohibida la utilización de estos elementos por los particulares o para uso privado.
Artículo 60°.Uso de equipos. El uso de los equipos de que trata el artículo anterior puede ser personal e institucional. La transferencia de la propiedad o cualquier operación que afecta la tenencia de estos equipos deberá ser reportada a la empresa vendedora y a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, indicando el nuevo propietario y la utilización y ubicación de los mismos.
Artículo 61°.Registro de compradores y usuarios. Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de fabricación, importación, exportación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos para la vigilancia y la seguridad privada deberán elaborar y mantener un registro, cuyos requisitos serán establecidos por el Gobierno Nacional. Así mismo las personas naturales o jurídicas autorizadas deberán expedir una tarjeta distintiva de usuario, donde se indique los datos personales del mismo, y la persona o empresa que suministró el equipo.
Artículo 62°.Información a la autoridad. Las personas de que trata el capítulo VIII de esta ley, tienen la obligación de suministrar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o a la autoridad competente, la descripción de los equipos relacionados en el artículo anterior.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá objetar y ordenar la suspensión de la venta al público de que los equipos o elementos que puedan atentar contra la seguridad pública y la defensa y seguridad nacional.
Artículo 63°.Limitaciones. Por razones de seguridad pública el Gobierno Nacional discrecionalmente podrá limitar el ejercicio de estas actividades.
Consultoría y asesoría en seguridad privada
Artículo 64°.Personas Jurídicas. Las personas jurídicas que pretendan desarrollar servicios de consultoría y asesoría en seguridad privada, deberán acreditar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada una infraestructura administrativa y operacional propia para desarrollar servicios especializados tales como: investigaciones privadas, peritajes y dictámenes descritos en la Ley 906 de 2004, estudios de seguridad física, estudios de confiabilidad para la selección de personal, auditorías de seguridad, barridos del espacio electromagnético, poligrafía, diseño de programas en seguridad Integral, interventorías en los contratos de seguridad, evaluaciones de riesgo personal, panoramas de riesgo, supervisión y control de procesos, comprobaciones de lealtad, conferencias en seguridad y otras actividades inherentes a la prevención y administración del riesgo a nivel corporativo.
Artículo 65°.Las Empresas Asesoras y Consultoras en Vigilancia y Seguridad Privada deberán contar con un protocolo en materia de seguridad integral, evaluación de riesgos y planes de emergencias, el cual incluya la estrategia para tomar acciones correctivas o preventivas en materia de vigilancia y seguridad privada.
Parágrafo. Para acreditar la competencia profesional como Asesor, Consultor, e Investigador, el interesado deberá cumplir de manera satisfactoria con los requisitos que establezca el Gobierno Nacional.
Artículo 66°.Personas Naturales. Los profesionales que deseen desarrollar servicios en consultoría y asesoría en seguridad privada, deberán estar
acreditados ante el Colegio Nacional de Consultores, Asesores e Investigadores en Vigilancia y Seguridad Privada, para prestar servicios que no requieran de una infraestructura administrativa y operacional, tales como: Análisis integral de riesgos, diseños de estrategias y esquemas de seguridad; estudios de seguridad física; inspecciones de seguridad, conferencias en seguridad, asesoría en trámites legales, manejo de crisis, análisis de documentos, desempeño como directivo de cualquier organización en el área de seguridad y la asesoría para implementación de cualquier certificación en gestión de riesgo y seguridad, siempre que dicha certificación no tenga por finalidad facilitar y agilizar el comercio exterior mediante el aseguramiento y confiabilidad de la cadena logística conforme lo establece el parágrafo del artículo 82 de esta ley.
MEDIOS UTILIZADOS PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Artículo 67°.Medios para la prestación de las actividades. Las actividades definidas en el artículo anterior, podrán prestarse con apoyo de los siguientes medios:
3. Monitoreo de alarmas y supervisión remota de activos móviles.
4. Las demás que se autoricen por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el desarrollo de estas actividades.
Parágrafo 1º. En todo caso, cualquier ampliación o cambio de medios no prohibidos por las normas vigentes, será autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previa justificación de la necesidad de su utilización, siempre que sean equiparables a la amenaza.
Articulo 68°.Uso de armas para servicios de vigilancia y seguridad privada. Los servicios de vigilancia y seguridad privada podrán usar armas de fuego de defensa personal en la proporción de un (1) arma por cada hombre, situación que
podrá ser verificada por las autoridades respectivas en cualquier momento. De manera excepcional, los servicios de vigilancia y seguridad privada podrán usar armas de uso restringido, de conformidad con el Decreto 2535 de 1993 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
Parágrafo. Las academias y escuelas debidamente autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrán adquirir armas de fuego de defensa personal en la proporción hasta ocho armas (8) por sede.
Articulo 69°. Previo a la adquisición de armas por parte de las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, la Dirección de Control y Comercio de Armas y Explosivos, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la solicitud, estudiará los documentos requeridos para la expedición del respectivo salvoconducto y dará respuesta a la petición, de no darse respuesta a la petición durante el tiempo estipulado en el presente artículo, incurrirá el funcionario encargado de la misma en falta grave disciplinaria.
Artículo 70°. Tenencia y porte. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben obtener el permiso para la tenencia o para el porte de armas ante la autoridad competente. El permiso para la tenencia o para el porte de armas, se concederá con carácter nacional a nombre del titular de la licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El titular de la licencia de funcionamiento podrá ubicar las armas, según las necesidades de prestación adecuada del servicio y con observancia de las normas que se refieren al transporte de municiones y explosivos.
El personal de vigilancia y seguridad privada que porte o tenga armamento deberá contar con los siguientes documentos:
a. Cédula de ciudadanía.
b. Fotocopia auténtica del permiso de porte correspondiente.
c. Identificación otorgada por el titular de la licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con las normas vigentes.
Artículo 71°.Armas no letales. Los servicios de vigilancia y seguridad privada humana podrán prestarse con la utilización de armas no letales, siempre que se cuente con la autorización de medio tecnológico y con la ampliación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare los riesgos por el mal uso de este tipo de armas de conformidad con el número 2 del artículo 11 del Decreto 356 de 1994.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada llevará un registro de armas no letales y fijará las condiciones en que los titulares de licencia de funcionamiento deberán reportar y mantener actualizada la información
Artículo 72°.Actividades de vigilancia y seguridad privada utilizando animales como medio para su desarrollo. Las entidades de seguridad privada, los departamentos de seguridad, podrán desarrollar las actividades que le son propias, con el apoyo de animales adiestrados para tales efectos.
Las condiciones, definiciones, las clases de animales y en general las disposiciones que se refieren al uso de este medio serán establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Parágrafo. Las entidades de seguridad privada y los departamentos de seguridad, autorizados para operar con este medio, podrán arrendar y/o subcontratar sus servicios con otras entidades de seguridad privada.
Artículo 73°.Requisitos Guardas de Seguridad. Los aspirantes a guardas de seguridad deberán reunir los siguientes requisitos además de los adicionados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:
a. Ser nacional colombiano;
b. Tener la mayoría de edad;
c. Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones;
d. Superar las pruebas oportunas que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones;
e. Carecer de antecedentes penales;
f. No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Fuerzas Militares.
Artículo 74°.Funciones. Los vigilantes sólo podrán desempeñar las siguientes funciones:
a. Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos;
b. Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal;
c. Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección;
d. Poner inmediatamente a disposición de los miembros de la Policía Nacional a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos;
Parágrafo. Los vigilantes podrán negarse a realizar cualquier otra función que no tengan ninguna relación con las anteriormente mencionadas.
Artículo 75°. Cuando el número de vigilantes, la complejidad organizativa o técnica, lo hagan necesario, las funciones de aquellos se desempeñarán a las órdenes directas de un supervisor de seguridad, que será responsable del funcionamiento de los vigilantes.
Artículo 76°.Escoltas Funciones. Son funciones de los escoltas, con carácter exclusivo y excluyente, el acompañamiento, defensa y protección de personas naturales, que no tengan la condición de autoridades públicas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.
De las tasas a favor de la Superintendencia
Artículo 77°. Elementos de las tasas. De acuerdo con lo previsto en el artículo 338 de la Constitución Política, las tasas a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tendrán los siguientes elementos:
a. Sujeto activo. El sujeto activo de las tasas autorizadas por la presente ley es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el monto obtenido por su recaudo es un ingreso propio de la entidad;
b. Sujeto pasivo. Es la persona natural o jurídica solicitante de la licencia o credencial o quien se establezca como responsable de la expedición misma;
c. Hecho Generador. El hecho generador de las tasas a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada será la prestación de cualquiera de los siguientes servicios:
1. El otorgamiento o renovación de autorizaciones o licencias a los departamentos de seguridad de seguridad privada;
2. El otorgamiento de licencias de funcionamiento a las entidades de vigilancia privada, sucursales o agencias de las mismas, que desarrollen actividades de vigilancia humana o electrónica, transporte de valores, capacitación y entrenamiento en seguridad privada, blindaje de equipos, elementos, productos o automotores, a través de la fabricación o adecuación de los tipos de blindajes, y el arrendamiento de vehículos blindados;
3. El otorgamiento de la licencia a las entidades de vigilancia y los departamentos de seguridad privada, que pretendan desarrollar su actividad con la utilización del medio animal;
4. El otorgamiento de licencias de las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de fabricación, importación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos destinados a la vigilancia y la seguridad privada y los consultores, asesores e investigadores como personas naturales;
5. El otorgamiento o renovación de las demás licencias o las inscripciones en el registro que la presente ley consagre como obligatorias.
Artículo 78°. Gobierno corporativo. Cada una de las entidades sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Vigilancia Privada, deberán expedir por el órgano correspondiente el código de gobierno corporativo que rige para ellas, el cual deberá ser publicado en la web de la empresa o en su defecto estará a disposición de los interesados en un lugar visible y de fácil acceso.
El objeto del código de gobierno corporativo expedido por las empresas que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada, es brindar protección a los inversionistas, a los terceros de buena fe que las contratan, a los empleados que laboran para las mismas y promover la sana competencia entre dichas empresas. Así mismo, debe involucrar como mínimo lo siguiente:
1. El código de conducta que rige al titular de la licencia de funcionamiento y los mecanismos correspondientes para su observancia.
2. El respeto a las normas en vigilancia y seguridad privada vigentes y aquellas que las modifiquen, aclaren o complementen, así como los mecanismos para su observancia.
3. La vigilancia en la gestión de los procesos, procedimientos y operación de la empresa y los mecanismos para su observancia.
4. La definición clara de los responsables para realizar cada una de las actividades mencionadas, los encargados de supervisar los mecanismos, así como los deberes y responsabilidades de los mismos.
Parágrafo. Será obligación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, estructurar su mecanismo de auditoría para la revisión de lo mencionado en el presente artículo.
Artículo 79°. Prohibición. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se abstendrá de expedir autorizaciones y licencias de funcionamiento a las entidades de seguridad y vigilancia privada, los departamentos de seguridad
privada, cuyos socios y/o representantes legales hubieren pertenecido a entidades a las cuales se les haya cancelado la respectiva licencia o autorización, cuando sea del caso.
Artículo 80°. Deber de denuncia. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada pondrá en conocimiento de la autoridad administrativa o judicial que corresponda sobre las posibles prácticas comerciales restrictivas de la competencia por parte de las entidades de vigilancia privada, así como sobre la violación de las normas sobre defensa del consumidor respecto de los usuarios de dichas entidades. Igualmente, se podrá en conocimiento de las autoridades competentes los casos que imp
Artículo 81°.Funcionarios públicos. Los integrantes de la fuerza pública en servicio activo, los servidores públicos al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, del Departamento Administrativo de Seguridad y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, no podrán ser socios ni empleados de los departamentos de seguridad y entidades de vigilancia privada.
Artículo 82°.Informes. Las entidades de seguridad y vigilancia privada, los departamentos de seguridad privada deberán enviar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, según las normas del Código de Comercio antes del 30 de marzo de cada año los estados financieros del año inmediatamente anterior, certificado por el Representante Legal y el Revisor Fiscal. Los departamentos de seguridad, deberán discriminar los gastos y costos destinados a seguridad, del año anterior.
Artículo 83°. Reserva general de la información. Las entidades de seguridad y vigilancia privada y los departamentos de seguridad privada deberán guardar reserva sobre la información de sus protegidos, abonados y/o usuarios, so pena de las correspondientes sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
Artículo 84°.Investigación permanente. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá en todo momento consultar las bases de datos de los organismos de seguridad del Estado y adoptar las medidas que sean necesarias
frente a la autorización y operación de las entidades de seguridad y vigilancia privada y los departamentos de seguridad privada.
Artículo 85°. Con el fin de adecuar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada frente a la expansión y la nueva regulación del sector de la Vigilancia y la Seguridad Privada, el Gobierno Nacional estará facultado para modificar su estructura.
Artículo 86°.Condiciones para la prestación del servicio. Las entidades de seguridad y vigilancia privada, no podrán prestar servicios a los usuarios que no provean los recursos locativos o sanitarios mínimos para que el personal de vigilancia fija o móvil pueda desarrollar su labor en condiciones que garanticen no solamente la seguridad del beneficiario del servicio sino el propio bienestar de quien lo presta.
Artículo 87°.La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en armonía con la Superintendencia de Industria y Comercio, implementará medidas para impedir la concentración de mercado y práctica colusorias en las licitaciones o negocios privados en el sector de vigilancia y seguridad privada, para lo cual el ente de control vigilará a las empresas.
Las personas naturales o jurídicas que al momento de la expedición de esta ley sean socios de más de una empresa de vigilancia y seguridad privada se abstendrán de participar separadamente en una misma licitación con el estado o concurso privado, para evitar posiciones dominantes del mercado o actividades colusorias entre los proponentes, que permitan crear desventajas en perjuicio de los otros participantes y consecuentemente favorecimiento en la adjudicación de una licitación pública o negocio privado.
Artículo 88°.Las entidades de seguridad y vigilancia privada y los departamentos de seguridad privada deben garantizar y brindar a sus empleados la oportunidad de concurrir a votar el día de elecciones con el objeto de ejercer su derecho al voto.
Artículo 89°. A fin de cubrir las necesidades de vivienda de los guardas de seguridad, en los procesos de asignación de subsidio familiar de vivienda que se realizan con recursos de las Cajas de Compensación Familiar, se procurará que si el cierre financiero del valor de las viviendas se logre con recursos del Fondo Nacional de Ahorro, a través de planes especiales organizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Para este efecto se dará aplicación a todos los mecanismos de promoción que tiene establecidos estas entidades, dirigidos especialmente para esta población.
Artículo 90°.Día Nacional del Guarda. Se establece el 27 de noviembre como el Día Nacional del Guarda de Seguridad. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio del Interior , el Ministerio de Defensa Nacional, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y los gremios representativos del sector deberán organizar actos protocolarios y culturales con el fin de destacar el valor y el compromiso de este grupo de trabajadores para con la seguridad y la convivencia ciudadana.
Artículo 91°. Tránsito legislativo de las licencias otorgadas. Las licencias de funcionamiento expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de conformidad con lo establecido en el Decreto 356 de 1994, conservarán su plena validez durante el término de la vigencia señalado en la respectiva licencia más dos (2) años, durante los cuales deberán ajustarse a los requisitos de funcionamiento establecidos en la presente ley.
Las renovaciones de licencias que hayan sido solicitadas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los términos establecidos en el Decreto 356 de 1994, deberán ajustar su solicitud a los requisitos de funcionamiento establecidos en la presente ley durante el año siguiente a su promulgación. En todo caso, hasta tanto la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se pronuncie de fondo sobre la respectiva solicitud, la licencia de funcionamiento otorgada con base en el Decreto 356 de 1994 mantendrá su vigencia.
Artículo 92°.Tránsito legislativo departamentos de seguridad de personas naturales. La persona natural que posea departamento de seguridad en los términos establecidos en el Decreto 356 de 1994, deberá desmontarlo durante el año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, lo cual deberá demostrar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, so pena de las sanciones y medidas cautelares establecidas en la presente ley.
Artículo 93°.Reglamentación por el Gobierno Nacional. Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, el Gobierno Nacional reglamentará las materias establecidas en la presente ley.
Artículo 94°.Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en especial los artículos 9, 27 en su parágrafo 2°, 71, y la totalidad del Capítulo V del Titulo II del Decreto Ley 356 de 1994.

References: artículo 2
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 85
 Artículo 17
 artículo 12

ARTÍCULO 4
 Artículo 8
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 47
 resolución 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 2

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 Resolución 

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14
 resolución 

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 52
 artículo 55

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30
 resolución 

Artículo 31

Artículo 32
 artículo 36

Artículo 33
 artículo 209

Artículo 34
 artículo 2

Artículo 35
 artículo 17

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41
 artículo 84

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66
 artículo 82

Artículo 67

Artículo 70

Artículo 71
 artículo 11

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77
 artículo 338

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94