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Timestamp: 2019-12-15 23:27:04+00:00

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III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS - República de colombia
2. Presentación del caso y problemas jurídicos.
2.1. Esteban (T-1319218)
2.2. Jorge .
2.3. José .
2.4. Daniel .
2.5. Problemas jurídicos
2.1. Los menores Esteban, Jorge, José y Daniel durante una salida pedagógica del grado noveno del Colegio participaron de un suceso en el que uno de sus compañeros fue perseguido en grupo, desvestido y filmado. Por los anteriores hechos el Colegio inició un proceso disciplinario en su contra.
En los cuatro casos presentados, ninguno de los tutelantes controvierte que haya existido participación de los menores en los hechos que comprometieron la dignidad del menor Santiago durante la salida pedagógica del 6 de junio de 200658. Sin embargo, sostienen que el procedimiento no se ajustó a las garantías del debido proceso, y se desconocieron otros derechos. Los padres de los menores en nombre de quienes se interpone acción de tutela consideran que los procesos disciplinarios que se siguieron en contra de sus hijos se les vulneró el derecho a la educación, al debido proceso, a la igualdad, a la intimidad y al buen nombre. A los cuatro alumnos se les abrió un proceso disciplinario por haber incumplido, de acuerdo al Manual de Convivencia de la institución, con tres deberes sociales de los estudiantes, un deber respecto de sus compañeros y un deber disciplinario: i) “identificar, valorar y respetar las buenas costumbres, tradiciones y normas de la familia, de la institución, del Municipio y de la Nación”; ii) “Guardar una gran lealtad a la institución, defendiéndola, honrándola y acreditándola con sus actuaciones y comportamientos”; iii) “Valorar y respetar los derechos, bienes propios, ajenos, la integridad física y moral de los estudiantes de la comunidad educativa”; iv) “Emplear un lenguaje culto, cordial y buenos modales en las relaciones interpersonales dentro y fuera del Colegio”; v) “mantener un excelente, digno y respetuoso comportamiento en la capilla y demás sitios de reuniones comunitarias”; vi) “Propiciar la conservación de la salud física y mental absteniéndose del porte y divulgación de material pornográfico...”59 y una falta grave: i) “Actitudes morbosas que afecten la buena formación de los compañeros”60.
Los cuatro alumnos fueron encontrados responsables de cometer, dos faltas graves: i) “Todo acto contra la moral cristiana y las buenas costumbres”; y ii) “Actitudes morbosas que afectan la buena formación de los compañeros”. Por lo tanto, el Colegio en agosto de 2005 ordenó la cancelación de sus matrículas, resolución que no fue aplicada durante lo que restaba del periodo académico del 2005. Los menores interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra dicha resolución. En todos los casos la decisión fue declarada nula en segunda instancia por la Secretaría de Educación del Municipio debido a que se consideró que el Colegio había vulnerado el derecho al debido proceso de los menores. Sin embargo, para los cuatro casos, el colegio, aduciendo el incumplimiento de los deberes del estudiante consignados en el Manual de Convivencia y en el contrato de matrícula, no renovó la matrícula de los estudiantes para el año 2006. Dicho acto tuvo lugar en fecha anterior a que fuera resuelto el recurso de apelación que declaró nulo el proceso disciplinario. El Colegio argumenta que dicha cancelación no obedecía a los hechos por los cuales se les siguió el proceso disciplinario ni fue consecuencia del mismo, sino que se fundó en la autonomía que tienen las instituciones educativas privadas para decidir sobre la renovación de la matrícula de sus estudiantes, lo que en su concepto no viola ni el derecho a la educación ni el derecho a la permanencia en una institución educativa.
Las razones por las que los padres de los menores consideran vulnerados los derechos de sus hijos tienen algunos matices, por lo que a continuación se recordarán los argumentos de cada uno de los casos así como las decisiones de instancia, para después establecer los problemas jurídicos que la Corte ha de resolver.
Para los padres del menor Esteban, el Colegio vulneró el derecho al debido proceso de su hijo durante el proceso disciplinario ya que i) el menor no tuvo la oportunidad de defenderse o ser defendido por sus padres ni por el personero del Colegio; ii) la decisión de expulsión del menor vulnera el artículo 143 del Código de la Educación, que establece la conformación del Consejo Directivo, por lo que al encontrarse indebidamente conformado el Consejo Directivo éste no podía tomar decisión alguna; iii) su hijo fue juzgado sin tener prueba adicional a las declaraciones de la víctima, su madre y personas que no presenciaron los hechos; iv) no existieron valoraciones sicológicas dentro del proceso disciplinario. Los padres, mediante derecho de petición al Colegio, solicitaron el cumplimiento de la resolución que declaró nulo el proceso disciplinario.
El juez de tutela de primera instancia resolvió conceder la acción respecto del derecho de petición para que se diera respuesta a los padres, ya fuera en sentido negativo o positivo61. Sobre las otras pretensiones el juzgado se abstuvo de pronunciarse pues “en este momento ya existe una decisión tomada por la autoridad de Educación en relación con el trámite agotado en la investigación disciplinaria, la sanción disciplinaria allí impuesta y aún no se sabe la posición que el señor Rector tome respecto a lo decidido como también la resolución que tome respecto del derecho de petición elevado por los petentes padres del menor estudiante Esteban.”62 El juez de segunda instancia decidió vincular al proceso a la Alcaldía Municipal y a la Secretaría de Educación Municipal. Mediante sentencia de segunda instancia se negó la acción de tutela y se ordenó a la Alcaldía Municipal y a la Secretaría de Educación “REUBICAR al menor Esteban en una institución educativa de carácter público ó en la otra institución educativa de carácter privado con la cual tiene convenio el municipio diferente al COLEGIO, para efectos de cursar el año lectivo de 2006”
Actualmente el menor se encuentra matriculado en –otro colegio-, a 45 minutos del Municipio, donde residen sus padres63.
2.2. Jorge.
Los padres del menor Jorge instauraron acción de tutela contra el Colegio por considerar que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de su hijo pues en la determinación de responsabilidad del menor debió haberse analizado la existencia del dolo para la aplicación de la falta y aún cuando su conducta, después de la valoración del dolo, se hubiera calificado como una falta grave debieron haberse implementado las sanciones de manera gradual. Así mismo, consideran que no tuvo la oportunidad de ejercer su defensa durante el proceso y que éste no fue llevado en un cuaderno separado de los demás.
El Juzgado Cuarto Civil Municipal, mediante sentencia del 2 de febrero de 2006, concedió la acción de tutela por vulneración al debido proceso y resolvió ordenar al Colegio la renovación de la matrícula del menor64. El Juzgado consideró que se había vulnerado el debido proceso pues no se habían llevado los procesos en cuadernos separados y tampoco se había seguido el procedimiento establecido en el artículo 17 del Manual de Convivencia que establece los pasos e instancias que debe surtir el proceso. También consideró que el Consejo Directivo no podía tomar la determinación de la sanción puesto que no había sido integrado de conformidad con el reglamento. Mediante providencia del 2 de marzo del 2006 la Juez Primero Civil del Circuito, revocó “la totalidad del fallo de primera instancia” y negó la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, buen nombre, intimidad, honra, libre desarrollo de la personalidad y petición; no obstante, tuteló el derecho a la educación del menor el cual consideró vulnerado por la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación. Para el juzgado la sanción que se desprende del proceso disciplinario nunca fue impuesta toda vez que el proceso fue anulado por la Secretaría de Educación cuando resolvió el recurso de apelación.
Actualmente el menor se encuentra matriculado en –otro Colegio del municipio-, en razón a una orden emitida por el Alcalde Municipal65.
2.3. José.
Los padres del menor José, instauraron acción de tutela contra el Colegio por vulneración al debido proceso. Los tutelantes consideran que durante el proceso disciplinario se desconoció el procedimiento establecido en el artículo 17 del Manual de Convivencia de la Institución. Lo anterior ya que no se le permitió al menor defenderse durante el proceso. Los padres solicitaron la renovación de la matrícula del menor y la aclaración, por parte del colegio, en un medio público de la verdadera situación ocurrida “ya que el mismo profesorado, junto con el rector difundieron la mala información, dando a entender que los menores eran unos delincuentes (...).”
El Juzgado Segundo Civil Municipal, mediante sentencia del 1 de febrero de 2006, resolvió tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a la igualdad del menor José. Consideró que durante el proceso se le había vulnerado del derecho al debido proceso ya que no se había seguido el procedimiento establecido para los procesos disciplinarios y especialmente se había vulnerado el derecho a la defensa66. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, confirmó el fallo de instancia. El juez consideró que en virtud de la declaración de nulidad del procedimiento disciplinario del alumno José el Colegio no contaba con ninguna razón para no renovar su contrato de matrícula, y que tal negativa daba lugar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación del menor.
Actualmente el menor se encuentra matriculado en el Colegio con “matricula condicional” hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el caso. Su vinculación en provisionalidad se debe a que el fallo de tutela de segunda instancia le fue favorable y así lo ordenó67.
2.4. Daniel.
Los padres del estudiante Daniel instauraron acción de tutela contra el Colegio por considerar que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de su hijo al desconocer el procedimiento para ese tipo de casos y no haberle permitido al menor ejercer una defensa apropiada. Los padres solicitaron la renovación de la matrícula de su hijo y “aclarar en un medio público la verdadera situación ocurrida, ya que el mismo profesorado, junto con el rector difundieron la mala información dando a entender que los menores eran unos delincuentes, violadores (…)”68
El Juzgado Segundo Civil Municipal, mediante sentencia del 1 de febrero del 2006, decidió amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a la igualdad del menor Daniel y ordenó al Rector del Colegio renovar su contrato de educación. Lo anterior pues durante el proceso disciplinario no se había seguido el procedimiento establecido en el artículo 17 del Manual de Convivencia y adicionalmente no se había permitido una adecuada defensa al menor. El Juzgado Tercero Civil del Circuito, mediante fallo de segunda instancia confirmó en su integridad la decisión de primera instancia.
No fue posible establecer en donde se encuentra estudiando el menor Daniel o si en efecto hace parte actualmente de alguna institución educativa69.
A partir de los hechos antes narrados la Sala considera que ha de resolver los siguientes problemas jurídicos:
1. ¿Se vulneró el derecho a la dignidad del menor Santiago cuando fue perseguido en grupo, desvestido, ultrajado y filmado durante una salida pedagógica del colegio en el que cursaba el grado noveno?
2. ¿Vulneró el Colegio el derecho fundamental al debido proceso de los estudiantes Esteban, Jorge, José y Daniel, en la investigación disciplinaria que se les siguió por los hechos resumidos en el apartado 2.1.?
3. ¿Tenía competencia el Secretario de Educación para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de las resoluciones 08, 09, 10, 11 y 12 de 2005 a través de las cuales se sancionó con la cancelación de la matricula escolar a los estudiantes a que se refiere el presente caso?
Para resolver estos problemas, la Sala, primero, recordará su jurisprudencia sobre el derecho a la dignidad humana de los menores. Segundo, hará una breve alusión a la jurisprudencia acerca del debido proceso en materia disciplinaria en general y su aplicabilidad a los procesos disciplinarios en instituciones educativas. Tercero, analizará, de acuerdo al Manual de Convivencia del colegio, cuál era el procedimiento establecido para los procesos disciplinarios y si dicho procedimiento, así como su aplicación en estos casos, se encuentra ajustado a las garantías que se desprenden del derecho al debido proceso. Cuarto, verificará si de acuerdo a las normas vigentes aplicables la Secretaría del Distrito era la competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del colegio de cancelar la matrícula de los estudiantes. Por último, se determinará si la decisión de no renovar los contratos de matrícula de los estudiantes respondió a los hechos sucedidos el 6 de junio de 2005 o a otros diferentes para establecer la legitimidad de dicha decisión.

References: resolución 
 artículo 143
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17