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Timestamp: 2018-11-21 09:08:04+00:00

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LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN EL ÁMBITO LOCAL. LAS OMIC Y OCIC. 2. Los derechos de los consumidores y usuarios como derechos básicos - PDF
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Carlos Medina Aguilera
1 LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN EL ÁMBITO LOCAL. LAS OMIC Y OCIC Índice 1. Introducción 2. Los derechos de los consumidores y usuarios como derechos básicos 3. Análisis estadístico de las consultas y quejas recibidas por el Síndic durante los años 2006 y Metodología 3.2. Perfiles de las personas que presentan quejas 3.3. Dimensión territorial de las quejas 3.4. Objeto de las quejas Falta de coordinación entre las administraciones La mediación El arbitraje La gestión de las oficinas Los sectores comerciales objeto de queja 3.5. Las administraciones afectadas por las quejas 3.6. Las resoluciones del Síndic 4. Análisis de los resultados de la encuesta enviada a las OMIC y OCIC 4.1. Metodología 4.2. Resultados más significativos Creación de las oficinas Atención al ciudadano Funciones de las oficinas Mediación y arbitraje Información y educación Inspección y actuación sancionadora Volumen de actuaciones Recursos humanos de las oficinas 4.3. Recursos económicos Financiación propia Financiación ajena 4.4. Apoyo externo a las oficinas 4.5. Usuarios 5. Conclusiones 6. Sugerencias Anexo 1. Cuestionario de la encuesta remitida a las oficinas del consumidor Anexo 2. Ficha resumen de los aspectos organizativos de la encuesta 1
2 1. Introducción A pesar de que aún existe un cierto desconocimiento generalizado de la ciudadanía sobre los derechos que la normativa reconoce a los consumidores y usuarios, y sobre los diferentes organismos a los que pueden dirigirse para formular una consulta o para presentar una reclamación o denuncia, lo cierto es que cada vez más los ciudadanos están tomando conciencia de sus derechos y de la necesidad de actuar ante una vulneración de los mismos por una determinada empresa o establecimiento comercial. Este hecho se traduce en un gran número de consultas y quejas que recibe esta institución en materia de consumo, las cuales se han incrementado notablemente durante los últimos años, según refleja el gráfico que aparece a continuación. Gráfico 1. Evolución de las consultas y quejas en materia de consumo durante los últimos cuatro años Quejas Consultas Actuaciones de oficio Si las quejas en materia de consumo han pasado de 184 (año 2004) a 415 (año 2007), con un incremento del 125%, el número global de quejas de la institución ha pasado de a (con un incremento del 80,67%). Este diferencial es aún más significativo en el caso de las consultas, ya que las que afectan al área de consumo han pasado de 13 a 3.167, mientras que las generales han pasado de a Son muchas las personas que se han dirigido a la institución para plantear las dificultades que tienen al contratar o dar de baja suministros básicos (telefonía, gas, luz o agua), o para quejarse sobre las condiciones de prestación de un determinado servicio de transporte público, o la dificultad para presentar una reclamación en ocasión de la prestación de un servicio que no se ajusta al que inicialmente se contrató, o porque el producto adquirido resultó defectuoso o inadecuado para la finalidad para la que se compró. 2
3 Hay que tener presente que la contratación de un servicio o la adquisición de un producto son actos de consumo que realizamos de forma cotidiana y que, por lo tanto, forman parte del de día a día de cualquier persona: desde ir a comprar el pan a coger el autobús para desplazarnos al puesto de trabajo o a llevar un vestido a la tintorería. De la realización de cualquiera de estos actos se deriva una serie de derechos para los consumidores y usuarios que, a pesar de su importancia, a menudo han pasado inadvertidos o han sido minusvalorados por la escasa cuantía económica de la contraprestación concreta, sin tener en cuenta que también en estos casos puede existir una verdadera vulneración de derechos. Nuestro ordenamiento jurídico civil ha regulado bastamente las relaciones contractuales, desde la consideración básica, en el ámbito del derecho privado, que la relación es siempre entre iguales. Sin embargo, lo cierto es que en el ámbito del consumo la relación no siempre es entre iguales, de forma que el legislador y los gobiernos deben prever mecanismos reguladores que permitan al más débil de la relación contractual disponer de mecanismos administrativos para poder resolver las discrepancias al margen del sistema judicial, tanto por el ahorro de tiempo como de dinero que ello representa. La intervención de la Administración, en el intento de evitar la judicialización de los conflictos derivados del acceso al consumo, especialmente cuando son de poca cuantía, debe potenciarse en beneficio de los consumidores finales, del sector más débil de la cadena de producción/consumo. Paralelamente, hay que ser consciente de que el Síndic no puede intervenir en las problemáticas que se incardinan en el ámbito estrictamente privado. En estos casos, el Síndic procura orientar adecuadamente a la persona en relación con los organismos públicos que desempeñan funciones en materia de consumo a los que puede dirigirse (oficinas comarcales y municipales de información al consumidor y Agencia Catalana del Consumo) para obtener el asesoramiento necesario sobre sus derechos como consumidor o usuario, y sobre los medios que tiene a su alcance para defender su pretensión ante una determinada empresa o establecimiento comercial. En materia de consumo, el Síndic, aparte de la supervisión de las empresas privadas que gestionan servicios públicos o que realizan actividades de interés general o universal, le corresponde también la supervisión de la actuación de las administraciones públicas que desempeñan funciones de información y defensa de los derechos de los consumidores, como las oficinas comarcales y municipales de información al consumidor o la Agencia Catalana del Consumo de la Generalitat. Así pues, esta institución también recibe la queja del ciudadano que se ha dirigido a un servicio público de consumo y considera que la oficina de consumo en cuestión no ha realizado una actuación adecuada o suficiente en la defensa de sus derechos, o no lo ha informado lo suficiente de las gestiones efectuadas en lo concerniente a su reclamación. La necesidad de dar respuesta a estas quejas de una forma más detallada de la que pueda derivarse del análisis de la queja concreta, y la voluntad de conocer 3
4 de cerca el trabajo diario que llevan a cabo estas oficinas de consumo, especialmente las dificultades que tienen a la hora de cumplir las funciones que les corresponden, ha llevado a esta institución a elaborar este trabajo. Para su elaboración, hemos enviado una encuesta a las oficinas municipales y comarcales de información al consumidor de Cataluña (en adelante OMIC y OCIC, respectivamente), a fin de valorar las funciones que llevan a cabo estas oficinas, los criterios que siguen a la hora de atender las consultas y reclamaciones que presentan los usuarios, la suficiencia de los medios personales y materiales de que disponen para prestar el servicio; en definitiva, el nivel de calidad en la prestación de los servicios de consumo. Asimismo, en los últimos años, hemos visitado también la Agencia Catalana del Consumo y diferentes oficinas municipales de información al consumidor, y en estas visitas hemos mantenido un intercambio de opiniones con el personal responsable de estos servicios y hemos podido conocer de cerca el día a día de estas oficinas. Así pues, este trabajo es, principalmente, fruto del análisis de las quejas recibidas en la institución sobre la actuación de los diferentes organismos de consumo, y del tratamiento y análisis de los datos que se desprenden de las encuestas mencionadas, que ha rellenado la gran mayoría de las oficinas a las que nos hemos dirigido, a las cuales queremos agradecer expresamente la inestimable colaboración, sin la cual este trabajo no habría sido posible. Hay que aclarar, sin embargo, que este trabajo no constituye un análisis exhaustivo y detallado sobre la situación de los servicios de consumo en Cataluña, sino que más bien es una primera aproximación, con la finalidad de extraer unas primeras conclusiones en relación con las funciones que cumplen estas oficinas, la suficiencia de medios personales y materiales de que disponen y las carencias o dificultades que tienen, así como sobre la coordinación existente entre los diferentes organismos que actúan en materia de consumo en Cataluña. Si creemos que estamos ante un campo de actividad en el que la exigencia de garantía de los derechos es creciente, cabría ver cuál es el estado de estos organismos para proponer su mejora. Precisamente, al tratarse de un primer estudio sobre los servicios de información y defensa de los derechos de los consumidores en Cataluña, este trabajo tampoco da cuenta del sistema arbitral de consumo en Cataluña, ni del funcionamiento concreto de las diferentes juntas arbitrales de consumo que existen, sin perjuicio de hacerlo más adelante en un informe complementario a éste, si cabe. Este informe no trata sobre estructura de derechos, ni sobre el impacto de determinadas legislaciones o la posibilidad de cambiarlas de forma que permitan garantizar mejor los derechos de las personas. Es un informe sobre un servicio que afecta a nuevos derechos, muy joven, pero que afecta al conjunto de la población; un servicio que se configura como un mecanismo de defensa de los más débiles ante los contratos de adhesión de muchos operadores de servicios básicos, o la lentitud en el funcionamiento de la Administración de justicia y los costes de acceder a ella, que casi siempre la 4
5 hacen poco eficiente en el ámbito del consumo. Es un informe sobre un servicio que debe permitir generar confianza en el sistema, y que se fundamenta en la voluntad de todos: de los ayuntamientos para crear los organismos, de las empresas suministradoras para someterse a control, y de los consumidores finales para no rendirse ante lo que pueden considerar un abuso por parte de los suministradores. 2. Los derechos de los consumidores y usuarios El Estado de bienestar se configura en parte como una sociedad de consumo, en la que los contratos de adhesión, los contratos tipo y el uso de condiciones generales en la contratación son vertientes características de la evolución social. En este contexto, dado que el consumidor y usuario no está en una situación de igualdad respecto a la parte que ofrece el producto o servicio y más aún si se trata de servicios imprescindibles para la vida cotidiana cabe proporcionarle una protección jurídica específica. El consumidor ya no se considera únicamente un comprador o un usuario de bienes o servicios para un uso personal, familiar o colectivo, sino como una persona a quien afectan los diferentes aspectos de la vida social directa o indirectamente. De acuerdo con esta transformación social, el Estatuto de Autonomía de Cataluña otorga una importancia vital a los derechos de los consumidores y usuarios. El legislador catalán, para mejorar la vida de los ciudadanos como consumidores y usuarios, compromete directamente a los poderes públicos en la función de garantizar sus derechos. Así, en uso de la competencia exclusiva que ejerce la Generalitat sobre consumo, el Estatuto incluye: a) La defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, y el establecimiento y la aplicación de los procedimientos administrativos de queja y reclamación. b) La regulación y el fomento de las asociaciones de los consumidores y los usuarios y su participación en los procedimientos y asuntos que les afecten. c) La regulación de los órganos y procedimientos de mediación en materia de consumo. d) La formación y la educación en el consumo. e) La regulación de la información en materia de consumidores y usuarios. 5
6 De esta forma, si bien la legislación sectorial concreta cuáles son los derechos de consumidores y usuarios en ámbitos específicos, el Estatuto ya incluye, entre los derechos del ámbito civil y social, los derechos que integran un estatuto básico del consumidor. Así, el artículo 28 enumera los siguientes derechos: - Derecho a la protección de su salud y seguridad. - Derecho a una información veraz y comprensible sobre las características y los precios de los productos y de los servicios. - Derecho a un régimen de garantías de los productos adquiridos y de los suministros contratados. - Derecho a la protección de sus intereses económicos ante conductas abusivas, negligentes o fraudulentas. - Derecho a ser informados. - Derecho a participar directamente o mediante sus representantes, en lo que se refiere a las administraciones públicas, en los términos que establecen las leyes. Además, el capítulo V del Estatuto de Autonomía establece que la protección de los consumidores y los usuarios (art. 49) es un principio rector. Por lo tanto, los poderes públicos deben garantizar la protección de la salud, la seguridad y la defensa de los derechos y los intereses legítimos de los consumidores y usuarios. Asimismo, también deben garantizar la existencia de instrumentos de mediación y arbitraje en materia de consumo, promoviendo su conocimiento y utilización, y deben apoyar a las organizaciones de consumidores y usuarios. Todo ello configura los derechos de consumidores y usuarios como derechos básicos, susceptibles, pues, de supervisión por parte del Síndic. 3. Análisis estadístico de las consultas y quejas recibidas por el Síndic Este capítulo tiene por objeto el análisis de los principales problemas de la ciudadanía, en lo que se refiere a las administraciones en defensa de los consumidores (oficinas municipales de información al consumidor, oficinas comarcales de información al consumidor, Agencia Catalana del Consumo y juntas arbitrales de consumo), así como las resoluciones que ha emitido el Síndic en esta materia y la orientación a las personas interesadas. El periodo estudiado abarca los años 2006 y Los principales objetivos del capítulo son los siguientes: a) Conocer el perfil de las personas interesadas que han solicitado la intervención del Síndic de Greuges, ya sea mediante una consulta o una queja. 6
7 b) Conocer el alcance territorial y el tipo de municipios en los que se producen las consultas y quejas (3.3). c) Detectar los principales problemas de los ciudadanos en relación con las administraciones, en lo que se refiere a sus demandas y al tipo de intervención de las administraciones en defensa del consumidor (3.4). d) Conocer las administraciones afectadas en las consultas y quejas que han presentado las personas interesadas al Síndic (3.5). e) Conocer las principales resoluciones que ha emitido el Síndic para resolver estas quejas y darles respuesta (3.6) Metodología Para elaborar el informe, el 2 de enero de 2008 se realizó una extracción de las consultas y quejas recibidas sobre administraciones de defensa de los consumidores durante los años 2006 y 2007, así como las consultas en que el Síndic orientó a la ciudadanía para que se dirigiese bien a la oficina municipal de información al consumidor correspondiente (si en el municipio había), bien a la oficina comarcal de información al consumidor, o bien a la Agencia Catalana del Consumo o a las juntas arbitrales. En este sentido, hay que distinguir entre las actuaciones en que el Síndic interviene como receptor de las quejas y consultas formuladas a las administraciones en defensa de los consumidores y las consultas en la que el Síndic orienta a la ciudadanía para que se dirija a las administraciones en defensa del consumidor. Gráfico 2. Consultas, quejas y actuaciones de oficio en materia de administraciones en defensa de los consumidores ( ) Consultas en que el Síndic orienta a la ciudadanía para que se dirija a una administración en defensa de los consumidores Consultas sobre las administraciones en defensa de los consumidores Queja Actuación de oficio
8 En cuanto a las consultas sobre las administraciones en defensa de los consumidores, el 75,4% se ha realizado por teléfono, el 15,8% por correo electrónico y, finalmente, un 8,8% se ha producido de manera presencial. Estos resultados varían sustancialmente en el caso de las consultas en materia de consumo en que el Síndic deriva al ciudadano a las administraciones en defensa de los consumidores. Así, en este caso, el 62,6% de las consultas se realiza por correo electrónico, el 29,5% por teléfono y, finalmente, el 7,9%, de forma presencial. Gráfico 3. Medio utilizado para las consultas ( ) Presencial Telefónico Correo electrónico Presencial Telefónico Correo electrónico Consultas sobre las administraciones en defensa de los consumidores Consultas en que el Síndic dirige a l ciudadano a administraciones en defensa de los consumidores Los tipos de datos recogidos se sintetizan en siete grupos: a) Datos identificativos de las quejas y consultas b) Características de las personas que presentan la queja o consulta c) Distribución territorial de las quejas y las consultas d) Objeto de las quejas y consultas e) Administraciones afectadas por las quejas f) Resoluciones del Síndic g) Seguimiento de las resoluciones El anexo 1 describe los datos y los valores recogidos en cada grupo. 8
9 3.2. Perfiles de las personas que presentan quejas al Síndic de Greuges sobre administraciones en defensa de los consumidores De las 109 quejas y consultas dirigidas al Síndic sobre las gestiones o resoluciones adoptadas por las administraciones en defensa de los consumidores, 9 han sido iniciadas por personas jurídicas, mientras que el resto por personas físicas. Gráfico 4. Distribución del número de quejas y consultas por personas físicas y jurídicas ( ) Consultas 53 4 Quejas % 20% 40% 60% 80% 100% Personas físicas Personas jurídicas En lo que concierne a las personas físicas, no se observa una diferencia de género en cuanto a usuarios de dicho tipo de servicios. Ahora bien, sí cabe destacar una diferencia en cuanto al uso o al tipo de solicitudes que se realizan de estos servicios. En cuanto a las personas jurídicas, el Síndic ha recibido ocho solicitudes de intervención y ha iniciado una actuación de oficio. La naturaleza de estas personas es bastante variada. Así, se han recibido consultas o quejas tanto de asociaciones en defensa de los consumidores, como de empresas disconformes con el resultado del laudo arbitral, de otras administraciones o, también, de empresas que han recibido la desestimación de su solicitud de mediación o arbitraje, ya que este tipo de servicios sólo se aplica a consumidores finales. La tabla 1 muestra las consultas y quejas de las diferentes personas jurídicas que han iniciado un procedimiento de consulta o queja al Síndic. 9
10 Tabla 1. Distribución de las quejas y las consultas según el promotor Persona jurídica Número Queja ayuntamiento 1 consejo comarcal 1 asociación en defensa del consumidor 1 empresa objeto de reclamación 1 Consultas empresas 3 Síndic local 1 Total Dimensión territorial de las quejas La distribución territorial de las quejas presentadas al Síndic está condicionada, entre otros aspectos, al hecho de que en el ámbito municipal y comarcal existan oficinas de información al consumidor. De hecho, la probabilidad de que se produzcan quejas sobre el funcionamiento de los entes públicos en defensa de los consumidores es mayor en los municipios y comarcas que disponen de dicho tipo de oficinas. De hecho, tal y como muestra el gráfico 5, el volumen de quejas en las comarcas de la provincia de Barcelona, que es donde hay más oficinas municipales de información al consumidor, es mayor que en el resto de provincias. Gráfico 5. Distribución territorial de las quejas 10
11 Tal y como puede observarse trabajamos con una fragmentación de tramos desigual, lo cual se debe a que también las oficinas de consumo son desiguales, de forma que puede darse la circunstancia que un número reducido de actuaciones de una oficina situada en una zona con poca densidad de población tenga una importancia cualitativa superior que un número mayor de actuaciones en un área más densamente poblada. Para evidenciar esta circunstancia, no hemos utilizado secuencias de fragmentación constantes. De acuerdo con el gráfico 5, las comarcas que han tenido un mayor número de quejas se sitúan en el área metropolitana de Barcelona. Así, el Barcelonès, seguido del Vallès Occidental, del Maresme y del Baix Llobregat, son las comarcas donde los ciudadanos plantean más quejas sobre las administraciones en defensa de los consumidores. Por otra parte, cabe destacar que hay dos quejas no ubicadas en el mapa porque no provienen de Cataluña. Una fue presentada por una asociación en defensa de los consumidores de Castilla y León respecto a la actuación de la Agencia Catalana del Consumo, y la segunda proviene de Argentina por la falta de respuesta de la Agencia Catalana del Consumo ante una reclamación a una compañía aérea. En cuanto a las consultas, a pesar de que en algunos casos no se sepa de donde provienen (27 casos), continúan siendo mayoritarias las consultas recibidas del Barcelonès, que es a la vez la comarca que más habitantes tiene, seguida del Garraf, el Baix Llobregat y el Baix Penedès. Gráfico 6. Distribución territorial de las consultas 11
12 3.4. El objeto de las quejas Para desarrollar este apartado se ha clasificado el número de quejas desde el punto de vista de las demandas de los ciudadanos. Así, se han agrupado las solicitudes de intervención del Síndic según cuatro apartados. El primer apartado, sobre falta de coordinación, hace referencia a las quejas y consultas de los ciudadanos en relación con el alcance de las actuaciones que pueden llevar a cabo los diferentes entes públicos que participan en la defensa de los derechos de los consumidores o usuarios y el conjunto de interrelaciones que se establecen entre ellos a partir de la actuación o inhibición ante cada demanda. El segundo apartado, sobre mediación, agrupa las quejas y las consultas planteadas cuando las administraciones en defensa de los consumidores han utilizado la mediación como vía para resolver la reclamación, y los consumidores no están de acuerdo con el resultado. El tercer apartado, sobre arbitraje, está integrado por las quejas y consultas relativas a las administraciones relacionadas con la defensa de los consumidores cuando han utilizado el arbitraje como instrumento de resolución de reclamaciones. El cuarto apartado, sobre gestión, incluye las quejas y consultas derivadas de la falta de comunicación, y de los procedimientos seguidos por las administraciones en defensa de los consumidores de la gestión de las reclamaciones, con independencia de las vías utilizadas para resolver la demanda y del resultado final. Finalmente, el apartado otros comprende las quejas y consultas relacionadas con problemáticas poco habituales y diferentes a las enunciadas en los cuatro apartados anteriores. El mayor número de solicitudes de intervención del Síndic hace referencia, en primer lugar, a la tramitación de los expedientes que llevan a cabo las administraciones en defensa de los consumidores y, en segundo lugar, a la mediación que han realizado estas administraciones. Aun así, cabe destacar que se trata del tipo de quejas y consultas que tienen mayor probabilidad de ocurrir, en el sentido de que las administraciones en defensa de los consumidores se dedican, fundamentalmente, a la mediación, ya que el arbitraje está condicionado de inicio al hecho de que la empresa contra la que se reclama esté adherida. Tabla 2. Consultas y quejas según el objeto Consulta Queja/ Total Act. Oficio 1. Falta de coordinación 0,00% 7,84% 3,67% 2. Mediación 29,82% 21,57% 25,69% 3. Arbitraje 8,77% 15,69% 11,93% 4. Gestión 54,39% 50,98% 52,29% 5. Otros 7,01% 5,88% 6,42% Total 100% 100% 100% 12
13 La evolución de la entrada de consultas y quejas sobre las administraciones en defensa de los consumidores durante estos dos años ha variado de manera importante. A pesar de que las cuestiones relativas a la tramitación de los expedientes continúan siendo el eje sobre el que los usuarios o consumidores se quejan al Síndic, las valoraciones y quejas sobre la eficacia de éstos han disminuido en el último año. Así, mientras que en 2006 las quejas relativas a la falta de actuación de estos entes a la hora de iniciar un procedimiento no reglado con las empresas objeto de reclamación fue del 6,12%, en 2007 fue del 1,67%. Tabla 3. Evolución de las consultas y quejas según el objeto Total 1. Falta de coordinación 6,12% 1,67% 3,67% 2. Mediación 22,45% 28,33% 25,69% 3. Arbitraje 16,33% 8,33% 11,93% 4. Gestión 44,90% 58,33% 52,29% 5. Otros 10,20% 3,33% 6,42% Total 100% 100% 100% El mantenimiento de un porcentaje alto de actuaciones vinculadas a problemas de gestión de las oficinas pone de manifiesto, tal y como hemos señalado en la introducción, uno de los principales problemas de las administraciones en defensa de los consumidores es la indefinición y variabilidad, en muchos casos, de sus funciones. En consecuencia, el usuario o consumidor percibe que hay un conjunto de administraciones que pueden intervenir en su problema, pero no de una manera absoluta, y que a pesar de que cumpla los requisitos establecidos, ello no es una garantía de encontrar una solución a su problema. 13
14 Tabla 4. Distribución del objeto de las quejas y consultas según el alcance territorial Comarca Falta de coordinación Mediación Arbitraje Gestión Otros Alt Camp 1 1 Anoia 1 Bages 1 Baix Camp 2 1 Baix Ebre 1 Baix Llobregat Baix Penedès Barcelonès Garraf 2 2 Maresme Montsià 1 Pallars Sobirà 1 Pla d'urgell 1 Ribera d'ebre 1 Segrià 1 1 Tarragonès Vallès Occidental Vallès Oriental 1 1 Desconocido No aplica 2 2 Total En cuanto a la distribución territorial, las quejas y consultas se concentran, fundamentalmente, en las comarcas de la provincia de Barcelona; en primer lugar por el número de habitantes, y en segundo lugar, porque las comarcas barcelonesas tienen un mayor número de administraciones en defensa de los consumidores en comparación con el resto de comarcas catalanas. 1 El origen de la queja o consulta no se conoce. 2 Quejas o consultas fuera del territorio catalán. 14
15 Gráfico 7. Distribución de las quejas y consultas en función del objeto y del número de habitantes del municipio Otros Gestión Arbitraje Mediación Eficacia % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Menor o igual a Entre y Entre y Más de En relación con el número de habitantes del municipio, la distribución porcentual de las quejas es bastante equilibrada, si bien en los municipios de más de habitantes es donde se dan más quejas sobre la eficacia de las administraciones en defensa de los consumidores Falta de coordinación de las administraciones en defensa de los consumidores Como hemos señalado anteriormente, la falta de coordinación se refiere a las quejas y consultas de los ciudadanos en relación con el alcance de las actuaciones que pueden llevar a cabo los diferentes entes públicos que participan en la defensa de los derechos de los consumidores o usuarios. El 100% de las quejas y consultas sobre esta cuestión expresan el malestar del usuario ante el desconocimiento de las herramientas de que dispone cada una de las administraciones en defensa de los consumidores para poder resolver la reclamación. En particular, el hecho de que las OMIC y OCIC no tengan los mismos criterios de admisibilidad de las reclamaciones y que, en función de ello, las OMIC puedan derivar la reclamación bien a la OCIC, bien a la Agencia Catalana del Consumo o bien a las juntas arbitrales de consumo; que las OCIC, a su vez, puedan derivarlas a las OMIC y al resto, y que la propia Agencia Catalana del Consumo pueda derivar también las reclamaciones a ámbitos territoriales de menor población como las OCIC, produce en el usuario una cierta sensación de confusión sobre el alcance competencial o de funciones que tiene cada una de las oficinas. Por lo tanto, es necesaria una cierta definición y estructuración de los entes que conforman y protegen los derechos de los usuarios y consumidores, sin perjuicio de la autonomía de las diferentes administraciones. 15
16 La mediación El apartado de mediación agrupa las quejas y consultas planteadas cuando las administraciones en defensa de los consumidores utilizan la mediación como vía para resolver la reclamación. Gráfico 8. Motivos de las quejas sobre mediación Imposibilidad de hacer la mediación Desacuerdo con el resultado de la mediación Las quejas sobre mediación se centran, fundamentalmente, en el desacuerdo con la mediación que realiza la administración de defensa de los consumidores (76,92%) y la imposibilidad de realizarla (23,08%). Las actuaciones de mediación que llevan a cabo muchos organismos de consumo tienen por finalidad facilitar un acuerdo amistoso entre el consumidor reclamante y el establecimiento comercial o empresa objeto de reclamación, tal y como detalla el apartado de este informe Arbitraje Este apartado está integrado por las quejas y consultas relativas al arbitraje como el otro instrumento de resolución de reclamaciones. 16
17 Gráfico 9. Tipos de quejas en materia de arbitraje Imposibilidad de realizar el arbitraje Desacuerdo con laudo arbitral Incumplimiento por parte de la empresa del laudo arbitral en los aspectos que beneficiaban al consumidor 1 En lo que concierne al arbitraje, las quejas y consultas se producen por la imposibilidad de realizarlo (53,85%), porque o bien la empresa no está adherida al sistema arbitral de consumo, o bien no acepta el arbitraje en el caso concreto. En segundo lugar, el desacuerdo con el laudo arbitral (38,46%) y, en tercer lugar, el incumplimiento por parte de la empresa del laudo arbitral en los aspectos que beneficiaban al consumidor (7,69%). Nuevamente, la sumisión al arbitraje tiene carácter voluntario, hecho que dificulta la eficacia de un sistema que debería ser una alternativa ágil al sistema judicial, especialmente en los conflictos sobre consumo en los que la escasa cuantía económica de la pretensión desaconseja la interposición de acciones legales ante la jurisdicción ordinaria. En este sentido, cabe señalar que el Síndic sugirió a la Administración de la Generalitat la posibilidad de regular un procedimiento administrativo previo a la reclamación judicial para intentar resolver estas cuestiones sin la necesidad de dirigir al ciudadano a los tribunales. Por otra parte, en lo concerniente a la imposibilidad de realizar el arbitraje, el Síndic de Greuges, en reiteradas ocasiones, ha puesto de manifiesto la necesidad de fomentar la adhesión de las empresas, de los comerciantes y de los prestadores de servicios en general al sistema arbitral para extender la aplicación de esta vía de resolución de conflictos alternativa en la vía judicial. Finalmente, a pesar de que ante el incumplimiento de una de las partes del laudo arbitral puede solicitarse la ejecución al juzgado de primera instancia del lugar donde se haya dictado, convendría que las administraciones realizaran un mayor seguimiento del cumplimiento del mismo. 17
18 Gestión Este apartado incluye las quejas y consultas derivadas de la falta de comunicación y de los procedimientos seguidos por las administraciones en defensa de los consumidores para tramitar las reclamaciones. Gráfico 10. Motivos de las quejas en materia de gestión Trato inadecuado de los Tramitació trabajadores ningún al de un n recurso sin ciudadano la autorización del ciudadano Falta de información 4 Falta de información Falta de Dilación en la tramitación correcta respuesta/notificación a las solicitudes/reclamaciones del consumidor En el ámbito de gestión, el 59,32% de las solicitudes de intervención del Síndic de Greuges se centra, fundamentalmente, en los casos de falta de respuesta o notificación de las consultas y reclamaciones de los consumidores y usuarios, seguido del 15,25% de reclamaciones por la falta de información y la dilación en la tramitación de los expedientes. En este último caso, es destacable la queja de un consumidor porque la junta arbitral correspondiente le indicó que tenía que esperar que 10 personas se encontrasen en una situación parecida para celebrar la vista. En último término, se han producido quejas por la falta de información correcta de estos entes públicos, especialmente en cuanto a los plazos para poder reclamar. El hecho de que la mediación que se lleva a cabo con las empresas objeto de reclamación no tenga un procedimiento reglado y, por lo tanto, dependa no sólo de la empresa sino también del esfuerzo y la insistencia del personal de estos entes públicos para poder conseguir que las empresas sean receptivas a iniciar este tipos de procedimientos, hace que no siempre pueda darse una respuesta al usuario o consumidor en el tiempo que lo requiere. Ahora bien, precisamente por el hecho que las reclamaciones que se presentan ante las administraciones en defensa de los consumidores no siempre pueden finalizar (en el sentido de tener una mediación o arbitraje), la atención y la comunicación al usuario deben ser uno de los objetivos clave del personal de estas oficinas. 18
19 Los sectores sobre los que se han presentado reclamaciones que han dado lugar a quejas al Síndic de Greuges Los sectores sobre los que se han presentado reclamaciones a las administraciones en defensa de los consumidores que han dado lugar a quejas posteriores al Síndic de Greuges son, en primer lugar, y coincidiendo con los resultados de la encuesta remitida a las OMIC y las OCIC, el sector de telecomunicaciones, con 29 casos (el 72,7% de quejas por telefonía y el 27,2% por Internet). Gráfico 11. Sectores sobre los cuales se han presentado reclamaciones Telecomunicaciones Suministros básicos Transportes Vivienda Entidades financieras Empresas tiendas Otros En segundo lugar, están las empresas y tiendas, especialmente en cuanto a las garantías de los productos. En tercer lugar, con 21 casos, los transportes (88,9% por las reclamaciones contra las compañías aéreas) y, finalmente, los suministros básicos (el 76,9% por el gas y el 23,08% por la electricidad). En una proporción menor se producen reclamaciones en relación con entidades financieras o la vivienda. Tabla 5. Sectores sobre los que se han presentado reclamaciones en función del tipo de intervención del Síndic Consulta Queja Total Telecomunicaciones 54,55% 45,45% 100% Suministros básicos 100% 0% 100% Transportes 22,22% 77,78% 100% Vivienda 40% 60% 100% Entidades financieras 50% 50% 100% Empresas/tiendas 54,17% 45,83% 100% Otros 60% 40% 100% Total 52,78% 47,22% 100% 19
20 3.5. Las administraciones afectadas por las quejas Como ya hemos señalado anteriormente, la indefinición de funciones y competencias de las diferentes administraciones en defensa de los consumidores hace que en muchos casos pueda o deba intervenir más de un organismo de consumo, ya sea la OMIC u OCIC correspondiente, la Agencia Catalana del Consumo o alguna de las juntas arbitrales. En el 23,53% de las quejas presentadas al Síndic, han intervenido más de una administración en defensa de los consumidores, por lo que se deduce que son necesarias la colaboración y coordinación entre las administraciones en defensa de los consumidores. Gráfico 12. Porcentaje de administraciones en defensa de los consumidores afectadas 23,53% 76,47% Una administración Más de una administración De este 23,53%, en un 66,67% de los casos, la intervención se ha producido entre una OMIC o una OCIC y la Agencia Catalana del Consumo o la Junta Arbitral de Consumo de Cataluña, mientras que en el 25% de los casos se ha producido entre la Agencia Catalana del Consumo y la Junta Arbitral del Consumo y, finalmente, en un 8,33% de los casos la intervención se ha realizado con una OMIC y una OCIC. 20
21 Gráfico 13. Distribución de las quejas por tipos de administración en defensa de los consumidores OMIC OCIC Agència Catalana del Consum Junta Arbitral de Consum de Barcelona Junta Arbitral de Consum de Catalunya Otros En cuanto a la distribución de quejas por el tipo de administración en defensa de los consumidores que han intervenido, las actuaciones de la Agencia Catalana del Consumo han recibido 22 quejas, seguidas de las OMIC, con 21 quejas, y de la Junta Arbitral del Consumo de Cataluña, con 9 quejas. Las OCIC, en cambio, han recibido muy pocas quejas de los consumidores. Ello puede ser debido a que no es tan conocida la existencia de oficinas comarcales de información para a los consumidores, independientemente del volumen de reclamaciones que tramiten y del grado de conformidad de los usuarios con su labor. Finalmente, cabe destacar que como Otros figura una queja remitida a la Administración estatal y otra a la regiduría de consumo de un ayuntamiento. La tabla 7 presenta la distribución del número de quejas en las OCIC y las OMIC. 21
22 Tabla 7. Distribución de las quejas presentadas a las OMIC y OCIC OCIC Baix Camp 1 OCIC Baix Penedès 1 OCIC Montsià 1 OMIC Barcelona 9 OMIC Granollers 2 OMIC L'Hospitalet de Llobregat 2 OMIC Martorell 1 OMIC Mataró 2 OMIC Montcada i Reixac 1 OMIC Reus 1 OMIC Santa Coloma de Gramenet 1 OMIC Sitges 1 OMIC Viladecans 1 TOTAL 24 Como muestra la tabla, las OMIC que más quejas han recibido en relación con su actividad han sido la OMIC de Barcelona, la OMIC de L'Hospitalet de Llobregat, la OMIC de Mataró y la OMIC de Granollers Las resoluciones del Síndic Del conjunto de quejas iniciadas por el Síndic, un 74,51% se ha finalizado mientras que el 25,49% aún está en tramitación. De este 74,51%, el 18,42% se ha rechazado por alguna de las causas previstas por la Ley 14/1984, de 20 de marzo, del Síndic de Greuges, ya sea por hecho juzgado o pendiente de resolución judicial, o bien por el anonimato de la queja. Gráfico 14. Estado de los expedientes iniciados por el Síndic de Greuges 25,49% 74,51% Finalizados Abiertos 22
23 Tal y como refleja el gráfico 15, la mayoría de las quejas presentadas al Síndic de Greuges han finalizado sin que se haya detectado ninguna irregularidad, de acuerdo con el principio de legalidad. De hecho, a pesar de que el malestar del ciudadano por la falta de resolución de su reclamación es comprensible, ello no quiere decir que la actuación de las administraciones en defensa de los consumidores haya sido incorrecta, sino que la mediación y el arbitraje requieren la voluntad de ambas partes (empresa objeto de reclamación y consumidor) para llegar a un acuerdo, y eso no siempre es fácil de entender para el interesado. Gráfico 15. Tipo de finalización de las quejas en materia de consumo Falta de irregularidad La Administración comunica que ha resuelto Recordatorio deberes legales Sugerencia Desistimiento Traslado al Defensor del Pueblo Resolución En segundo lugar, están los casos en que la Administración ha tomado medidas para resolver el problema, que se da básicamente ante la falta de respuesta o notificación del estado de la reclamación que se presenta. En tercer lugar, hay intervenciones en que ha sido necesario recordar a los entes públicos el deber legal de dar respuesta al consumidor ante una reclamación o consulta. Finalmente, el Síndic formuló una sugerencia, que no fue aceptada por la Junta Arbitral del Consumo de Barcelona, en la que recordaba, de acuerdo con el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral de consumo, que un laudo dictado por esta Junta debía expresar como mínimo la decisión sobre cada uno de los puntos controvertidos, de manera razonada y justificada, para que las partes pudiesen conocer cuáles eran los elementos y criterios que el tribunal había tenido en cuenta para tomar la decisión que resolvía la controversia objeto del arbitraje. 23
24 4. Análisis de los resultados de la encuesta enviada a las OMIC y OCIC de Cataluña La encuesta enviada a las OMIC y OCIC tenía como finalidad conocer las opiniones y percepciones sobre su realidad, a la vez que nos permitía contrastar que el análisis de situación a partir de las quejas recibidas era real Metodología El cuestionario sobre las OMIC y OCIC es una primera aproximación a la realidad en la que se encuentran estas oficinas, en cuanto a sus funciones, pero también en lo concerniente a la capacidad para poder dar respuesta a la ciudadanía, como consumidores y usuarios. Para realizar esta primera aproximación se ha utilizado un modelo de encuesta que divide el análisis en dos vertientes principales: la operatividad de las oficinas (funciones y resultados) y el apoyo que reciben para poder cumplir sus funciones (recursos humanos, recursos económicos y apoyo de entes supramunicipales). La encuesta se recoge en el anexo 2. El periodo de realización del cuestionario se inició en agosto de 2007 y finalizó en diciembre del mismo año. El cuestionario fue enviado a todas las OMIC y OCIC que constaban en la página web de la Agencia Catalana del Consumo de la Generalitat el 1 de agosto de Con todo, hay que señalar que hay dos OMIC que constaban en la página web y que utilizaban el servicio de oficina móvil de la Diputación de Barcelona (en concreto, el Ayuntamiento de Torelló y el Ayuntamiento de Vilanova del Camí). La tabla 7 muestra la relación de los consejos comarcales y los ayuntamientos a los que se envió el cuestionario. Tabla 7. OMIC y OCIC a las que se envió el cuestionario elaborado por el Síndic de Greuges Oficinas municipales de información al consumidor Badalona Barberà del Vallès Barcelona Blanes Caldes de Montbui Cambrils Castell-Platja d'aro Castellar del Vallès Castelldefels Cerdanyola del Vallès Cornellà de Llobregat Cubelles Deltebre Esplugues de Llobregat Gavà Girona Gironella Granollers Hospitalet de Llobregat Langosta Lleida Lloret de Mar Martorell Masnou Masquefa Mataró Mollet del Vallès Montcada i Reixac Montmeló Olesa de Montserrat Olot Palamós Palau-Solità i Plegamans Parets del Vallès 24
25 Prat de Llobregat Premià de Mar Ripollet Roca del Vallès Rubí Salou Sant Adrià de Besòs Sant Boi de Llobregat Sant Cugat del Vallès Sant Feliu de Llobregat Sant Joan les Fuentes Sant Pere de Ribes Sant Vicenç dels Horts Santa Perpètua de Mogoda Sitges Terrassa Torelló Vic Vilafranca del Penedès Vilanova i la Geltrú Premià de Dalt Reus Riudellots de la Selva Roquetes Sabadell Salt Sant Andreu de la Barca Sant Celoni Sant Feliu de Guíxols Sant Joan Despí Sant Just Desvern Sant Sadurní d'anoia Santa Coloma de Gramenet Selva del Campo Tarragona Tordera Valls Viladecans Vilanova del Camí Vilassar de Mar Oficinas comarcales de información al consumidor Alt Camp Alt Empordà Alt Penedès Alt Urgell Alta Ribagorça Anoia Bages Baix Camp Baix Ebre Baix Empordà Baix Llobregat Berguedà Cerdanya Conca de Barberà Garrotxa Montsià Osona Pallars Jussà Pallars Sobirà Pla d'urgell Pla de l'estany Priorat Ribera d'ebre Ripollès Segarra Segrià Selva Solsonès Terra Alta Urgell Val d'aran Tabla 8. Tipo de personal que ha contestado el cuestionario OMIC OCIC Total Regidor/a Jefe de servicio/ responsable Personal técnico Personal administrativo Total
26 El nivel de respuesta ha sido muy elevado tanto en el caso de las oficinas municipales de información al consumidor (85,14%) como en el caso de las oficinas comarcales de información al consumidor (93,75%). Gráfico 16. Nivel de respuesta de las OMIC y OCIC OCIC 30 2 OMIC % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Han contestado el cuestionario No han contestado el cuestionario En el caso de las oficinas municipales de información al consumidor, el mayor nivel de respuesta se ha producido en municipios mayores de habitantes (95,45%), y el menor en municipios entre y habitantes. Tabla 9. Nivel de respuesta de OMIC por número de habitantes Han contestado el cuestionario No han contestado el cuestionario Total Nivel de respuesta (%) Menos de ,67 Entre y ,00 Entre y ,10 Más de ,45 Total general ,14 Tabla 10. Nivel de respuesta de OMIC por provincias Han contestado No han el contestado el cuestionario cuestionario Nivel de respuesta (%) Total Barcelona ,27 Girona Lleida Tarragona ,5 Total general ,14 26
27 A nivel territorial, cabe señalar el número menor de oficinas municipales de información al consumidor de las provincias de Lleida, Tarragona y Girona en comparación con Barcelona. Finalmente, hay que señalar que se han excluido de los resultados, además de los municipios en los que la Diputación de Barcelona atiende las consultas y reclamaciones mediante las oficinas móviles, las oficinas en las que la fecha de creación es del año 2007 (dos casos), puesto que aún están en una fase muy incipiente para extraer los resultados de su gestión Resultados más significativos El gráfico que aparece a continuación refleja, de forma esquemática, el conjunto de información solicitada a las OMIC y OCIC, a partir de la cual se estructura el análisis de los datos obtenidos en base a dos vertientes diferenciados. En primer lugar, está la vertiente de la operatividad del servicio de consumo, en la cual hemos tenido en cuenta la estructura y configuración propia del servicio, las funciones que cumple la oficina de consumo y, en general, la carga de trabajo que tiene. Se trata, pues, de un análisis de las oficinas de consumo, teniendo en cuenta su funcionamiento y configuración. En segundo lugar, está una segunda vertiente, que tiene que ver con los medios que necesita la oficina de consumo para poder cumplir sus funciones en condiciones adecuadas. De acuerdo con ello hemos analizado la suficiencia y adecuación de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas oficinas para prestar sus servicios, la financiación propia con la que cuentan y también el apoyo externo que reciben de otras administraciones públicas. Gráfico 17. Cuestiones planteadas en la encuesta 27
28 Creación y configuración legal de las oficinas de información al consumidor El artículo 123 del Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce a la Generalitat de Cataluña la competencia exclusiva en materia de consumo, y concreta que, como mínimo, debe incluir: - La defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, proclamados por el artículo 28, y el establecimiento y la aplicación de los procedimientos administrativos de queja y reclamación. - La consulta y el fomento de las asociaciones de los consumidores y los usuarios y su participación en los procedimientos y asuntos que les afecten. - La regulación de los órganos y los procedimientos de mediación en materia de consumo. - La formación y la educación en el consumo. - La regulación de la información en materia de consumo y usuarios. Asimismo, el artículo 11 de la Ley 3/1993, de 5 de marzo, del estatuto del consumidor, que regula las oficinas públicas de información, establece que la Generalitat de Cataluña debe propiciar la creación de oficinas de información al consumidor en los consejos comarcales y en los ayuntamientos, a la vez que determina cuáles son sus finalidades. Si analizamos la normativa de régimen local, el artículo 66.3.g del Decreto Legislativo 2/2003, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, atribuye al municipio competencias en materia de defensa de los usuarios y consumidores, si bien este servicio no está configurado legalmente como un servicio mínimo de obligada prestación por parte del municipio. Así pues, la creación de una oficina de información al consumidor por parte de un municipio y, en definitiva, la prestación del servicio de consumo desde el ámbito local, tiene carácter voluntario, de forma que no todos los municipios de Cataluña disponen de este servicio, sino que sólo 72 municipios catalanes tienen una OMIC propia (un 7,6% del total de municipios de Cataluña). En Cataluña también existen 32 oficinas comarcales de información al consumidor, 19 de las cuales tienen competencias delegadas por la Generalitat de Cataluña en materia de resolución de conflictos de consumo, funciones inspectoras y campañas de control, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña y el Decreto Legislativo 4/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Organización Comarcal de Cataluña sobre delegación de competencias a los entes locales. Asimismo, el Consejo General d Aran tiene transferidas determinadas competencias en materia de defensa de los consumidores y usuarios por la 28
29 Generalitat de Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 45/2005, de 22 de marzo. Siendo este el marco legal, en la realización de la encuesta hemos constatado, en primer lugar, una cierta confusión e indeterminación de las OMIC encuestadas respecto a la fecha de creación y de puesta en funcionamiento de la oficina de consumo. Ello se debe a que en muchos municipios no ha existido una voluntad municipal expresa de crear y poner en funcionamiento un servicio de consumo mediante el acuerdo correspondiente de creación del servicio como servicio público, sino que en muchos casos el servicio de consumo se ha creado de forma espontánea, integrado en otros servicios o dependiente (salud pública, comercio, etc.), sin que exista una reglamentación que determine su funcionamiento. De hecho, de la encuesta se desprende que aún hoy el servicio de consumo en la mayoría de casos está integrado en áreas y regidurías muy diversas dentro de la propia organización local o comarcal, según reflejan los gráficos que siguen a continuación. Sólo en 13 casos, 6 de los cuales corresponden a consejos comarcales y 7 a ayuntamientos, existe una regiduría/área propia de consumo en la que se integra la oficina de información al consumidor de forma independiente y diferenciada de otros servicios que pueda prestar también el consejo comarcal o el ayuntamiento. Sin embargo, hay que señalar que la calidad en la prestación del servicio y la consecución o no de resultados no depende en cada caso del organigrama municipal, pese a que la creación de un área específica de consumo pueda ser un indicador de la buena voluntad política de dar importancia al tratamiento de los derechos del consumidor. Gráfico 18. Regiduría/área de la que depende la OMIC-OCIC Salud Pública y Consumo 12 Bienestar Social y Consumo Consumo Participación Ciudadana/Relaciones Ciudadanas y Consumo Gerencia Régimen Interno y Atención Ciudadana Promoción Económica y Consumo 27 Comercio/Turismo y Consumo

References: artículo 28
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 123
 artículo 28
 artículo 11
 artículo 66
 resolución