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Timestamp: 2020-06-05 23:04:04+00:00

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Costa Rica : Nuevamente una metida de pata descomunal… – Kaos en la red
Costa Rica : Nuevamente una metida de pata descomunal…
Nuevamente una metida de pata descomunal….
El domingo 10 de Mayo, al finalizar las ceremonias litúrgicas con que los católicos conmemoran la muerte de Jesús de Nazaret, ese judío maravilloso por su comprensión y amor a la raza humana, (ceremonia necrofílica por naturaleza, por cierto) se les incitó a los presentes que suscribieran una solicitud para&nbsp solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones, que convoque a un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien contra las uniones civiles entre personas del mismo sexo. La recolección de firmas comenzó al término de las misas en diferentes templos católicos, entre ellos la Catedral de San José, y consultado el arzobispo sobre este hecho inusual, señaló que&nbsp es una cruzada de un grupo de fieles que «defienden la vida, los principios de la Iglesia y el matrimonio» y no directamente de los obispos.
La campaña busca que los costarricenses rechacen en las urnas «el matrimonio gay, si los diputados no tienen conciencia de lo pernicioso y perverso que significa esto para la sociedad», agregó el prelado, aludiendo a los intentos por legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
Uno de los periódicos que reseñaba la noticia señaló que la diputada socialcristiana Ana Helena Chacón criticó la iniciativa de llevar a votación esta iniciativa, mientras que el legislador derechista Carlos Gutiérrez dijo que los obispos podrían llevarse una «sorpresa» si se llegase a realizar el referéndum. El proyecto sobre uniones civiles sólo «trata de asegurarles sus derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo, pues en su situación actual no pueden heredar, no tienen acceso al seguro social y a visitación médica», dijo Chacón, aclarando que esta iniciativa no legalizará el matrimonio gay.
Se trata, pues, de una nueva comedia tragicómica, en donde los actores hacen gala de la hipocresía más acendrada, y los espectadores nos quedamos con la boca abierta, por lo absurdo y ridículo.Y como se trata de una metida de pata descomunal, creo que merece algunas reflexiones.
En primer lugar hay aquí dos realidades en confrontación. Por un lado, a pesar de que la discriminación a las personas homosexuales sigue estando presente en muchos países, el panorama actual marca una tendencia irreversible a su aceptación y al reconocimiento legal de la diversidad sexual como un hecho irrefutable. La cantidad de países que continúan considerando las relaciones entre personas del mismo sexo como delito a perseguir son cada vez menos. Se han establecido mecanismos, en la Unión Europea, por ejemplo, para que ningún país miembro tolere discriminación alguna por motivos de orientación sexual. Todo esto no es solamente un dato anecdótico, sino la muestra globalizada de una “mutación de conciencia”.
Se va llegando cada vez con más claridad a la concepción de que la democracia, para serlo cabalmente, tiene que ser ajena a la exclusión, a la marginación y a la desigualdad, asegurando el pleno ejercicio de los derechos y de las libertades de las personas. Este cambio que se está dando en la conciencia de los individuos y las colectividades. Se va abriendo paso una nueva concepción, que muchos llaman “cambio antropológico”, en el que las personas homosexuales comienzan a ser vistas, consideradas y tratadas, como personas diferentes, pero sin que esa diferencia marque una desigualdad en la dignidad y los derechos.
Esta toma de conciencia está muy lejos de ser una moda temporal o la señal del deterioro de las condiciones morales del mundo. Se trata de un colectivo “caer en la cuenta” de que estamos frente a una realidad antropológica que sencillamente es así. Y que lo ha sido así durante siglos. Se trata de un auténtico descubrimiento humano, aunque pueda parecer banal. Nos estamos dando cuenta sencillamente de que hay gente que es así, lo cual no convierte a estas personas en algo especial ni las hace ni más ni menos capaces para realizar cualquier cosa. Para decirlo con las palabras de Alison, teólogo católico en estos ámbitos de reflexión: “Sencillamente es así, como la lluvia y las mareas y la existencia de personas zurdas.”
No sé cada cuánto tiempo la humanidad vaya llegando a estos consensos antropológicos que rompen una manera determinada de ver la vida. No sé tampoco qué elementos explican esta mutación de conciencia. Es una tarea que rebasa mi competencia profesional. Hará falta reconstruir esta historia, así como se va reconstruyendo poco a poco la historia de la aceptación de la igualdad racial o de la igualdad de género. Pero el hecho es que tales consensos, y se confirma con lo que ha ocurrido con las otras dos mutaciones que he mencionado, se vuelven irreversibles. Así que seguir considerando la homosexualidad como una enfermedad o una deformación moral del comportamiento solamente revela la incapacidad de superar un prejuicio ampliamente demostrado.
Pero hay que recordar que esto no es nuevo en Costa Rica. Ya existe un pronunciamiento oficial de la Iglesia Católica. En un comunicado anterior de la Conferencia Episcopal de Costa Rica los obispos expusieron la doctrina de la Iglesia en relación con la unión civil entre personas homosexuales, para que, según ellos, tanto fieles cristianos como personas de buena voluntad cuenten con criterios éticos claros sobre el tema. Y allí se dijeron las siguientes barbaridades:
1. La Iglesia Católica considera que toda persona humana, creada a imagen de Dios, es digna del mayor respeto y rechaza, consecuentemente, toda discriminación es contraria a su dignidad. Así, la Iglesia distingue entre el respeto a toda persona independientemente de su orientación sexual y el rechazo al acto sexual homosexual, como acto objetivamente contrario al plan de Dios para el ser humano.
Si esto fuera cierto, es decir, si la iglesia considera que toda persona es digna del mayor respeto y rechaza toda discriminación, ¿cómo es posible que se esté dando este fenómeno y que además lo fomente y apadrine? Y por otro lado, ¿quién les ha otorgado la autoridad para conocer el plan de Dios para el ser humano? ¿Y cómo es eso de que es un acto objetivamente contrario a dicho plan?
No considero que exista sobre la faz de la tierra, ni que haya existido nadie anteriormente, con la capacidad de saber qué es lo que Dios dispuso para el ser humano en este planeta, si es que existe un Dios como ellos lo conciben, creado a imagen y semejanza del hombre, no al revés.&nbsp Utilizando su propio lenguaje, asumir semejante postura es de una soberbia luciferina.
Una cosa es la fe, acto irracional y gratificante a nivel sicológico, como es el mismo acto sexual, y otra cosa muy diferente es creerse dueño de la “verdad”, lo cual es, ni más ni menos, un fundamentalismo absurdo. Nadie es dueño de la verdad absoluta; somos, a duras penas, observadores de la naturaleza y sus manifestaciones, que de una manera muy rudimentaria empezamos a conocer a través de la ciencia.
2. Los legisladores civiles no pueden ni deben legislar contra la recta razón, pues, de hacerlo, la norma que emiten perdería la fuerza de obligar en conciencia. A este respecto juzga la Iglesia que “Las legislaciones favorables a la uniones homosexuales son contrarias a la recta razón porque confieren garantías jurídicas propias de la institución matrimonial a la unión entre personas del mismo sexo. Considerando los valores en juego, el Estado no puede legalizar estas uniones sin faltar al deber de promover y tutelar una institución esencial para el bien común como es el matrimonio”. (Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, N. 6 Congregación para la Doctrina de la Fe, 03 de junio de 2003).
Esto sigue la misma línea de pensamiento. Una congregación, lejana de forma absoluta a la realidad de la vida cotidiana de todos los seres de este planeta, sean o no cristianos, pontifica –en el peor sentido de la palabra- acerca de lo que es o no es la recta razón, y condena la unión de personas del mismo sexo como contrarias a ella. ¿Quién ha demostrado, hasta ahora, que las uniones de personas del mismo sexo atentan contra el bien común? Y además es de una hipocresía sin límites. ¿Cómo trata entonces la iglesia con las parejas del mismo sexo que existen dentro de sus propias filas eclesiásticas y las que han formado miles de sacerdotes entre sí o con laicos? ¿No es cierto que las tolera, sobre todo a los más altos niveles de sus jerarquías?
Por otro lado, el concepto de la justa razón hace precisamente todo lo contrario: concede garantías jurídicas a todas las personas, sea cual fuere su orientación sexual, y procura que nadie quede excluido por legislaciones discriminatorias y atentadoras contra la autodeterminación como seres humanos y como ciudadanos que se rigen por un cuerpo de leyes justas y equitativas.
3. Algunas personas plantean este reconocimiento legal para las uniones de personas de un mismo sexo, acudiendo a argumentos de “filantropía” o “del principio de la autonomía de lo privado”, o bien de “regular lo que de facto se da en la realidad social”; ante estos argumentos los obispos recordamos: “En este sentido es necesario reflexionar ante todo sobre la diferencia entre el comportamiento homosexual como fenómeno privado y el mismo como comportamiento público, legalmente previsto, aprobado y convertido en una de las instituciones del ordenamiento jurídico. El segundo fenómeno no solo es más grave, sino también de alcance más vasto y profundo, pues podría comportar modificaciones contrarias al bien común de toda la organización social. Las leyes civiles son principios estructurales de la vida del hombre en sociedad, para bien o para mal” (Ibídem).
Esto no es más que un retorcimiento vulgar de los argumentos, para que parezcan banales las razones por las cuales, los defensores de la unión civil de personas del mismo sexo, se pueda llevar a cabo. No se trata de filantropía, ni del principio de autonomía de lo privado, ni de regular lo que de facto se da en la realidad social, se trata, ni más ni menos, que corregir un error jurídico que ha fomentado, durante siglos, el uso institucionalizado de negar sus derechos humanos a una minoría. Y así como tuvo que retroceder la Iglesia Católica en su oposición a que personas pertenecientes a etnias aborígenes de América tuvieran acceso a derechos políticos, o que las mujeres ocuparan en la sociedad su verdadero y justo lugar en la sociedad,&nbsp tendrá que terminar cediendo en este tema.
Se trata de concederle a una minoría marginada, perseguida, y a través de la historia hasta asesinada, los derechos que como seres humanos, iguales a todos, tienen. No se trata de una caridad, se trata de justicia. Y no existe ninguna prueba que ello sea contrario al bien común de toda la organización social. Pues en los países en donde ya se han aprobado legislaciones para subsanar esta injusticia, nada ha sido diferente que antes. El bien común no se ha visto afectado para nada.
Más bien es la batalla contra la hipocresía, el doble discurso, y la maldad institucionalizada y revestida de ropajes llenos de oropel ; y la corrección de una injusticia histórica, precisamente impulsada, mantenida y justificada por esta misma Iglesia, que no sigue precisamente las enseñanzas de Jesús.
4. La unión de personas del mismo sexo carece absolutamente de las características, valores y riquezas que justifican la unión natural del varón y la mujer, en la cual se vive la complementariedad del ser humano, mucho más allá de los aspectos puramente reproductivos. Igualmente, estas uniones homosexuales no están dispuestas a la transmisión de la vida y, cuando al forzar la naturaleza se recurre a mecanismos artificiales, estos irrespetan la dignidad de la persona humana no nacida. (Ibídem, N. 7).
Cierto, no es lo mismo la unión de un hombre con una mujer, que la de dos hombres o dos mujeres, y que estas no persiguen la procreación. Pero decir que no tiene los valores y la riqueza que nace de la complementariedad de dos seres humanos, sea cual sea su sexo, es una aberración.&nbsp Y la peor barbaridad es decir que se irrespeta la dignidad de la persona no nacida.&nbsp Estos argumentos, además de falaces, son ofensivos, mentirosos y tratan de confundir. Porque la relación de dos personas del mismo sexo puede tener y de hecho tiene, cuando es auténtica y basada en el amor, la misma dignidad y riqueza que cualquier otra. Y no se entiende cómo se irrespeta la dignidad de la persona no nacida (cosa que sí se hace en el aborto), cuando no existe de por medio la concepción de dicha persona.
Este tipo de argumentación es muy propia de los eclesiásticos, que se creen dueños de la verdad, y se especializan en la elaboración de los sofismas más absurdos y alambicados, como éste, para tratar de justificar sus posturas ante hechos irrefutables.
5. La razón de la protección legal al matrimonio se encuentra en la misión de esta institución de ser la base de la familia, y de allí que sea una institución que goza del interés público. Lo anterior no ocurre con este tipo de uniones que no aportan al tejido social y al aseguramiento futuro de la sociedad, como lo hace la institución matrimonial.
Cierto en parte, falso en otra. La protección legal del matrimonio entre personas de distinto sexo, con intenciones de procreación, es precisamente la protección de la familia. Pero de allí a decir que las uniones diferentes no aportan al tejido social y al aseguramiento futuro de la sociedad, es una estupidez, por utilizar una palabra fuerte. Las uniones de personas del mismo sexo, legalizadas o no, han aportado a través de la historia valores en muchísimos campos del desarrollo humano. Y la historia está llena de ejemplos: conquistadores como Alejandro, artistas como Da Vinci, músicos, pintores, diplomáticos, gobernantes y políticos (acá, en Costa Rica, hemos tenido más de uno en los últimos decenios), e incluso personas más sencillas como profesores, maestros,&nbsp ejecutivos de empresas. Sin embargo, la Conferencia Episcopal se olvida que tuvieron un arzobispo que organizaba orgías en su residencia, y que muchos seminarios alrededor del mundo, sin exceptuar los de acá, son refugio de personas con conflictos internos por la no aceptación de sus preferencias sexuales, y que luego provocan los escándalos que ya conocemos, de paidofilia, que sí es una aberración.
6. El argumento de desarrollar el principio de igualdad en el plano de las relaciones de pareja, entre heterosexuales y homosexuales tampoco es aceptable, pues la sociedad puede dar soluciones ya existentes para regular estas situaciones entre las que podemos mencionar:
El Código Civil en su artículo 1198 regula ya las sociedades de hecho, para lo referente a las disposiciones de transmisión de bienes “mortis causa”. El mismo Código Civil tiene amplios desarrollos en el tema testamentario y de legados, así el artículo 270 regula el tema de copropiedad. En caso contrario, al legislar como se presenta en el discutido proyecto de Ley, “constituye una grave injusticia sacrificar el bien común y el derecho de la familia con el fin de obtener bienes que pueden y deben ser garantizado por vías que no dañen la generalidad del cuerpo social”. (Ibídem, N. 9).
De eso se trata, precisamente, de corregir un error al ampliar la protección de los derechos de las personas. Los señores obispos se olvidan que esas normas del Artículo 1198 son&nbsp para uniones de facto de personas de distinto sexo. Retuercen la interpretación de la ley para tratar de fundamentar sus posiciones. Insostenibles de por sí.
7. Los señores diputados y diputadas deben recordar que ellos son depositarios de la soberanía popular y representantes del pueblo de Costa Rica, y en tal sentido, su voto en todo proyecto de Ley debe buscar el bien común y estar acorde con el sentir general los ciudadanos y así actuar en conciencia.
Cierto, eso no se discute, aunque los diputados y diputadas en más de una ocasión han legislado en contra del sentir de los ciudadanos, en miles de temas diversos. ¿Y quién ha dicho que devolverle sus derechos humanos a una minoría no es buscar el bien común? ¿Y están seguros los miembros de la Conferencia Episcopal de cuál es el sentir de los ciudadanos? ¿O responden a la actitud hipócrita de la Santa Sede, que por un lado condena la diversidad sexual y por otro lado la practica?
La actuación en conciencia significa actuar en justicia, equidad. Negarle sus derechos civiles a un grupo de seres humanos, por una actitud homofóbica que nace del miedo a la diversidad, es otra cosa totalmente distinta.
8. Desde el punto de vista jurídico-constitucional, el proyecto propuesto atenta contra los principios constitucionales de nuestra Carta Magna y reconocidos en nuestra jurisprudencia. Al respecto, del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Principio de Supremacía de la Constitución se deriva la prohibición dirigida a toda la Administración Pública de interpretar o aplicar leyes, otras normas o actos de cualquier naturaleza, de modo contrario a los precedentes o la jurisprudencia de la Sala Constitucional. En lo referente a la institución matrimonial, en la sentencia número 2006-007262, la Sala Constitucional dispuso, con absoluta claridad, que el concepto de matrimonio cobijado tanto en el numeral 52 de nuestra Constitución como en los principales instrumentos internacionales que tutelan los derechos humanos se refiere, en exclusiva, a la unión entre hombre y mujer de carácter monogámico. En resumen, la Sala Constitucional expresamente determinó que, por una parte, la voluntad del constituyente originario había sido resguardar solamente la unión heterosexual monogámica, y, por otra, la norma constitucional y la realidad antropológica no dan margen para aplicar un criterio interpretativo contrario al sentido normativo original.
Lo anterior significa que, desde una perspectiva lógica constitucional, es imposible homologar o equiparar el matrimonio a ninguna otra figura que pretenda, con un mero cambio de vocabulario, reunir su mismo contenido jurídico. Una institución así contradice el mandato constitucional unívoco y fundamental contendido en el artículo 52: “El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges”, porque extendería los efectos y el régimen jurídico del matrimonio a uniones homosexuales, lo que la Sala Constitucional y el constituyente originario han proscrito. En el voto citado, la Sala Constitucional criticó la ausencia de una normativa apropiada para regular los efectos personales y patrimoniales de las uniones homosexuales. Empero, agregó que a los derechos y obligaciones de ese tipo de parejas: “Por razones obvias, no se les puede aplicar el marco jurídico que el constituyente derivado organizó para el tratamiento de las parejas heterosexuales”.
Como consecuencia, a la luz de la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia y, con base en el orden jurídico costarricense interpretado auténticamente por la Sala Constitucional, es inaceptable e incongruente dar la razón a un proyecto que pretende trasladar todo el régimen jurídico del matrimonio a las uniones entre homosexuales. Por lo cual, como pastores de la Iglesia, les pedimos a los señores diputados y diputadas católicos que se expresen y voten en contra de tal iniciativa de Ley, y a los que no confiesan nuestra fe, que examinen los argumentos que hemos expuesto, y de conformidad con las reglas de la recta razón y de la naturaleza del ser humano y de la vida en sociedad, no presten su voto a un proyecto que, a todas luces, va en contra del bien común de los habitantes de la República.
Estos últimos párrafos son una muestra maravillosa de cómo puede uno retorcer las sentencias, las interpretaciones jurídicas, y los párrafos fuera de contexto de las justificaciones de sentencias. Desbaratar estos argumentos tomaría demasiado espacio en un solo artículo, además de que se trata ya de una discusión de ámbito plenamente jurídico. Lo que olvidan mencionar es que los derechos humanos están por encima de las leyes.
Tienen los señores miembros de la Iglesia Católica, y sus obispos, todo el derecho de expresar sus criterios y opiniones, que no son más que eso, opiniones, con la protección que les da la Constitución y las Leyes de la República. Pero no tienen más derecho que cualquier ciudadano, de defender sus posiciones respecto de temas que los afectan. Sobre todo cuando se trata de personas marginadas, como lo han sido millones de personas por razones de raza, creencias, preferencias sexuales y mil cosas más. Lo que no tienen, ni por asomo, es autoridad moral para pronunciarse de la forma en que lo hacen, abrogarse autoridad sobre los diputados, y justificar una de sus muchas persecuciones nacidas del fanatismo, la irracionalidad (que ellos tanto defienden), y el temor a la diversidad.
En documento publicado por la ANEP se menciona un tema sumamente grave, cual es que las campañas relacionadas con la cuestión homosexual en Costa Rica tienen varios propósitos, muy similares a los que se les aplicó a los judíos al iniciarse la campaña antisemita en la Alemania nazi.
Veamos las coincidencias históricas que ellos mencionan:
1. Evitar a toda costa el avance de los derechos humanos para las personas homosexuales negándoseles así su inalienable condición humana.
2. Mantener a esta población en la condición de habitantes con todos los deberes pero sin el ejercicio pleno de la ciudadanía.
3. Destituir derechos como la adopción o el ejercicio de la paternidad deseada a las personas homosexuales como un modo de perpetuar el estigma.
4. Oponerse a leyes que reconozcan cualquier forma de unión civil entre personas del mismo sexo en defensa (innecesaria) del matrimonio heterosexual, monogámico e indisoluble y la familia constituida bajo ese concepto.
5. Negar otras formas diversas de familias que han existido, existen y que son reales pero que se salen de ese modelo nuclear.
6. Promover una cultura homofóbica que obligue a las personas homosexuales a esconder su orientación sexual y con ello reprimir cualquier expresión socio-afectiva o cultural, desplazándoles a guetos o a llevar una doble vida.
7. Instaurar un policía interno en la población homosexual de miedo, culpa y vergüenza.
8. Reconocer únicamente la homosexualidad como fenómeno privado y no aceptar ningún comportamiento público, ya que “no está legalmente previsto, aprobado y convertido en una de las instituciones del ordenamiento jurídico”. Hacerlo “podría comportar modificaciones contrarias al bien común de toda la organización social”
9. Perpetuar el estigma contra los homosexuales para restringir la ocupación en cargos públicos o el ejercicio de ciertas profesiones.
10. No permitir el sacerdocio a quienes les es “demasiado obvio” la homosexualidad o si ésta haya sido asumida por el aspirante.
11. Obstaculizar permisos y movilizar comunidades para evitar reuniones o eventos organizados por las personas homosexuales que tendrían el fin de discutir aspectos de interés común a esta población.
12. Incidir en la censura de manuales, libros, películas y otros medios que traten temas relacionados con la homosexualidad de manera objetiva, científica y humanitaria.
13. Mantener la obligación de pagar todos los impuestos y con ello subsidiar a la población heterosexual, pues no todos los derechos y beneficios sociales son accesibles a las personas homosexuales.
14. Evitar que la ley reconozca la unión de personas del mismo sexo y con ello colocar en desventaja a esta población en los aspectos patrimoniales y en el acceso a muchos beneficios sociales que están exclusivamente destinados a las parejas heterosexuales y que ninguna otra ley les resuelve.
15. Apelar a un derecho natural, constitucional e incluso “divino” para confundir pero también para sustentar sus argumentos de odio e imponerlos como verdad absoluta.
Un dato interesante es que en el primer comunicado de la Conferencia Episcopal, que según dice el texto se emitió el 22 de junio del 2007 y luego fue retirado de su página web, decía lo siguiente:
“Queremos dejar muy claro que las personas con inclinación homosexual, son personas creadas por Dios. Dios ama todo lo que Él ha creado y no desprecia a ninguna de sus criaturas. Por consiguiente, estas personas están dotadas de la dignidad inalienable que corresponde a cada ser humano y son sujetas de los derechos y deberes humanos correspondientes.” Luego esa posición cambió a otra más radical e inflexible en el segundo comunicado, emitido el 10 de julio del 2008, tal como se explicó anteriormente.
En su segunda declaración, la Iglesia Católica reconoce que esta es su doctrina en relación con las uniones civiles de personas del mismo sexo pero incitan a colectivizar este crimen de odio, pidiendo a los diputados y diputadas que se “expresen y voten en contra de tal iniciativa de Ley”.
Pues bien aquí termino estas consideraciones.
Cada quien tiene derecho a pensar lo que le dé la gana. A lo que no tiene derecho, ni lo tendrá nunca, es a negarle los derechos básicos a cualquier persona por sus preferencias sexuales.
Y si seguimos por este camino muy pronto los atropellos que ya hemos conocido por la aplicación de otras posturas fundamentalistas, como las que acabamos de padecer víctimas del fundamentalismo neoliberal, serán juegos de niños.
Porque cuando se les niega a unos ciudadanos los derechos que gozan todos los demás, se inicia la caída hacia la injusticia, la persecución y las actitudes fascistas.
Colombia: La bomba etílica

References: e contrario
e contrario
 artículo 1198
 artículo 270
 Artículo 1198
 artículo 8
 artículo 52