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SOBERANIA POPULAR: 16-feb-2009
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El resultado: Valladares Valle prácticamente desmanteló la Gerencia. Ello provocó cerca de 20 demandas de mandos medios y altos por supuesto despido injustificado, las cuales actualmente se ventilan en tribunales laborales de diversas entidades del país. De perderse, provocarán a la paraestatal millonarias erogaciones por salarios caídos y la reinstalación del personal, según lo reconoce la misma Valladares Valle en diversos oficios remitidos en 2008 al gerente jurídico laboral, Joaquín Mendoza Brik.
Entre enero y abril de 2007, Valladares Valle reestructuró la GCDS de Pemex sin observar los lineamientos internos e, incluso, creó algunas plazas para militantes del PAN en Campeche. Hasta agosto de ese año lo notificó al Consejo de Administración de la paraestatal y hasta marzo de 2008 al Órgano Interno de Control, según el oficio GCDS-122/2008, remitido a su titular, Fortunato Álvarez Enríquez.
Los cambios tenían como finalidad insertar en esa área de Petróleos Mexicanos (Pemex) –clave por la disposición de recursos– a sus excolaboradores en el Comité Estatal del PAN y otros panistas propuestos por Juan Camilo Mouriño, para quien Valladares trabajó coordinando su campaña como diputado local y luego federal.
Su rasgo común es la militancia panista. La mayoría, oriundos o avecindados en Campeche. Pese a su nula experiencia en el sector energético, sin ser sometidos a exámenes de ningún tipo, y sin cubrir el perfil, entre enero y marzo de 2007 alcanzaron puestos que algunos petroleros de carrera no han obtenido ni en 20 años, y ascensos vertiginosos no por escalafón, como lo mandata la normatividad interna, sino por designio de Valladares Valle y la aprobación de su jefe, el también panista Rosendo Villarreal Dávila, revelan documentos.
Exdiputados, maestros de karate, ahijados del presidente, hermanas de políticos… se convirtieron en subgerentes y superintendentes de la GCDS, con salarios de los 80 mil a los 120 mil pesos, algunos con vivienda pagada para ellos y sus hijos; viáticos, tarjeta de crédito pagada por el corporativo, chofer, automóviles de lujo financiados también por Pemex. Sus funciones: integrar, procesar, registrar, analizar y tramitar las solicitudes de donativos de dinero y donaciones en especie presentadas por los municipios, gobernadores y una que otra organización ecologista.
La lista la encabeza la misma Valladares Valle, cuyo acercamiento con la familia Mouriño (cuando el benjamín de la familia se hizo diputado) la llevó a Pemex, aseguran fuentes de la paraestatal. En marzo de 2007 llevó, como su segundo al mando, a Juan Carlos Mena Zapata, actual presidente de la Comisión de Orden del PAN en Campeche. Se le designó coordinador administrativo. Como no cubría el perfil, el director corporativo de Administración, Rosendo Villarreal Dávila, autorizó que se le dispensara “de los requisitos profesionales para el cargo”, según el oficio DCA/GCDS/294/2007, fechado el 24 de julio de 2007. Ingresó con nivel 39. En marzo de 2008, Valladares lo ascendió a nivel 41, de acuerdo con el oficio DCA-GCDS-143/2008.
Le sigue el exdiputado local del PAN en Campeche, Hiram Alonso Manzanero Carrillo, quien fuera compañero de fórmula de Valladares en 2006, cuando buscaron obtener un escaño en el Senado de la República por mayoría relativa. Manzanero tiene como profesión instructor de karate. Valladares lo contrató como superintendente de Normatividad y Análisis de la GCDS.
El empresario Emilio Humberto Magaña Canché, propietario de una consultoría en mercadotecnia, fue contratado como subgerente de Desarrollo Social Zona Norte, con nivel 41.
El exdiputado local en Campeche, y actual miembro del Consejo Estatal del PAN en esa entidad, Josué Dzib Cambranis, contratado también como subgerente de Desarrollo Social Zona Norte, con nivel 41.
Por los mismos días que Luz del Carmen Portela Chaparro –actual miembro del Consejo Estatal del PAN en Campeche y hermana de Francisco Portela Chaparro, expresidente del Comité del PAN en la misma entidad– ingresó a Pemex como líder del Proyecto Regional de Desarrollo Social, su hermano fue designado delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor. Además de su salario, Portela Chaparro recibe de Pemex el arrendamiento de una casa para ella y su familia en Coatzacoalcos, Veracruz.
José Édgar Salgado Suárez fue contratado por Valladares Valle como subgerente de Desarrollo Social el 7 de octubre de 2007, 21 días antes de que fuera apadrinado por el presidente Felipe Calderón en su boda, que tuvo lugar en Silao, Guanajuato, el 28 de octubre. Salgado Suárez es hijo de la exdiputada federal panista María Guadalupe Suárez Ponce –actual secretaria particular de Margarita Zavala, en el cargo de directora general adjunta de Apoyo a las Actividades de la Esposa del Presidente de la República– y del dirigente municipal del PAN en Celaya, Javier Salgado Flores. Sin trayectoria alguna en el sector público, el 4 de diciembre fue ascendido en Pemex.
Alejandro Salas Martínez, exdiputado local del PAN por Veracruz, y exdirector del Sistema Metropolitano de Agua y Saneamiento del municipio panista de Boca del Río, ingresó a Pemex en julio de 2007, también con “la dispensa de los requisitos profesionales” de Villarreal Dávila. El 25 de febrero de 2008, por petición de Valladares Valle, Villarreal Dávila le otorgó una plaza definitiva y la ratificación de la “dispensa” de cubrir el perfil profesional, según el oficio DCA-GCDS-105/2008.
Manuel Jesús Sarmiento Urbina fue contratado el 25 de febrero de 2008. Por petición de Valladares, Villarreal Dávila le autorizó una plaza definitiva con “la dispensa de los requisitos profesionales”, según el oficio DCA-GCDS-103/2008; lo mismo que a Ismael Altita Burgos, quien no cubría el perfil, pero se le otorgó también una plaza definitiva, según el oficio DCA-GCDS-107/2008.
En la misma situación se ubica Mauricio Flores Gutiérrez, integrante del Consejo local del PAN en el Distrito Federal. Además de Josefina Burgos Villa, Carlos Alberto Fuentes y Díaz de León, Miguel Ángel Aranda de la Rosa, Fausto Villagomez Grimaldo, San Juana Elvira Loera Uribe, Artemio Vargas Arrazola, Harimm Atzin Montiel Prieto, Alejandro Diez Barroso y Repizo, Martín Vargas Almanguer, María Josefina Burgos Villa, Guadalupe León Chávez, Enrique Juan Karam Mesquide, José Alberto Esquivel Whitle, Jorge Rey Gehrke, Jorge Ramón Chiniqui Torres, Jesús Mancilla Ramírez, José Alberto Serra Rojas Rodríguez, Fernando Gurza Cházaro.
Al respecto, la legisladora Sara Latife Ruiz, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, explica que el perfil de los integrantes de la GCDS atenta contra lo que mandata la Ley del Servicio Profesional de Carrera, porque “su perfil responde a un fin más partidista que de participación en los programas sociales”, lo cual, dice “es riesgoso” para el manejo de los donativos en el proceso electoral que se avecina.
La legisladora señala que, dado el perfil de los funcionarios de la DCDS, los órganos de fiscalización deberán revisar los donativos y donaciones que han otorgado en los últimos 24 meses, ya que ello, explica, “tiene que ver con el compromiso del Ejecutivo de que no intervendrá en las elecciones”, y “más aún cuando éstas tendrán lugar en un periodo económico tan complicado para el país, que impactará sin duda a los más necesitados y que son también a quienes oficialmente están dirigidos estos recursos”.
Agrega que “el objetivo de estos recursos es loable: apoyar a las comunidades impactadas por Pemex, pero dado el perfil de los funcionarios que los controlan y como es dinero de todos los mexicanos, entonces deberemos revisar si es verdad que se está entregando a esos mexicanos.”
Ofensiva contra la libertad de prensa en el DF y en Jalisco
12 de Febrero de 2009. En el Círculo de Estudios Central de las Redes Universitarias, estuvieron como invitados la periodista Ana Lilia Pérez, de la Revista Contralínea, y el director del Sendero del Peje, Víctor Hernández.
En el caso de Ana Lilia, su presencia se debió al reciente cateo ilegal de que fueron objeto las oficinas de la Revista Contralinea, debido al pleito legal que mantienen con la empresa Grupo Zeta Gas, derivado de haber denunciado los contratos ilegales que obtuvieron a través del finado Juan Camilo Mouriño, hasta entonces mano derecha del espurio Calderón.
Es preocupante la persecución legal de que han sido objeto Contralínea y su personal, principalmente los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, debido a que esta andanada de ataques a la libertad de prensa han provenido de instituciones pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México, que se supone tiene un gobierno progresista y de izquierda. Lo cual demuestra una vez más que la clase política sea del color que sea siempre actúa en función de los intereses de la oligarquía empresarial.
Ahora bien dicen que una golondrina no hace verano, pero en la misma tarde, Víctor Hernández, también denuncio un caso de abuso de autoridad por parte de un connotado perredista, tan connotado que es el Presidente Nacional de dicho partido, Jesús Ortega Martínez quien junto con sus hermanos se ha consolidado como terrateniente en el Ejido de Ixcatlán, Jalisco, siendo que el y su apreciable familia son oriundos del Estado de Aguascalientes y menos aún son ejidatarios o avecindados de Ixcatlán.
Pero la cosa no termina ahí, los propios ejidatarios de Ixcatlán comentaron que la denuncia de estos hechos la hicieron en primer lugar en el periódico La Jornada de Jalisco, la cual iba a ser publicada en dos partes, pero resulta que solamente salió la primera, de ahí que acudieron a El Sendero del Peje para dar continuidad a la difusión periodística de este asunto.
Sólo resta recordarles que a estos dos botones se suman otros actos de abuso de autoridad cometidos por gobiernos perredistas como la venta de una isla a extranjeros en el Estado de Michoacán, el proyecto La Parota y la Militarización en el Estado de Guerrero, y la continua agresión a las comunidades indígenas, la mayoría de ellas zapatistas, por parte del Gobierno de Chiapas.
Acción urgente: detención arbitraria, desaparición, riesgo de tratos crueles inhumanos y degradantes a dos campesinos mixtecos
2005-2015. DECADA DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
AU-006-2009-ODPM-GUERRERO
Acción urgente: detención arbitraria, desaparición, riesgo de tratos crueles inhumanos y degradantes a dos campesinos integrantes de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco.
Lic. Edmundo Román Pinzón
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero
Guerrero., 15 de febrero de 2009
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género (ASDDHEG), la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con domicilio para recibir comunicaciones en Calle Tehuiztitla primera cerrada No 44, Colonia Los Reyes, Delegación Coyoacan 04330 México D. F., con número telefónico y Fax: 58461045, enlace.limeddh@gmail.com, solicitamos la Presentación inmediata y con vida de Raúl Lucas Lucia, y Manuel Ponce Rosas, miembros de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco.
AU-006-2009- ODPM-GUERRERO
El día 14 de febrero de 2009, al rededor de las 13 horas fueron detenidos Raúl Lucas Lucia, presidente de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco (ODPM), y Manuel Ponce Rosas, secretario de la ODPM en el municipio de Ayutla de los Libres por tres sujetos que abordaban una camioneta negra y sin presentar orden de aprensión, de quienes se presume son agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM).
Raúl Lucas Lucía fue detenido por tres supuestos policías a las 13:15 horas del viernes, fuera de la escuela secundaria Plan de Ayutla, a un lado de la carretera que va de Cruz Grande a Tierra Colorada, mientras esperaba a su esposa Guadalupe Castro Morales, quien como regidora del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto público en ese plantel.
Cabe destacar, que Raul Lucas Lucia, asi como Manuel Ponce Rosas, han denunciado abusos y atropellos del Ejército en comunidades na’savi, como lo informa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Respecto a las autoridades correspondientes, Erit Montúfar Mendoza, director de la Policía Investigadora Ministerial, rechazó que agentes de esa corporación haya detenido a los dos mixtecos: “nos deslindamos, incluso ya instruí a mi coordinador en la Costa Chica para que informe de lo que haya sucedido, pero nosotros no hemos llevado a cabo ninguna aprehensión el viernes pasado en ese municipio”; a la ves, el secretario de Seguridad y Protección Civil, el Gral. Heriberto Salinas Altés, secretario de Seguridad y Protección Civil, dijo que hasta las 19 horas de este sábado tampoco él tenía ninguna notificación ligada con la detención; por su parte, Armando García Rendón, alcalde de Ayutla de los Libres, dijo: “tengo la información de que ninguna autoridad de gobierno detuvo a los dirigentes indígenas; yo ando en el estado de Veracruz, pero voy para Guerrero, y me he comunicado por teléfono con las autoridades y esa es la información que tengo: ya que me dijeron que no había ninguna orden de aprehensión en su contra, pero no me han reportado si ya los liberaron”.
Según reportes de su familia, ninguno de ellos se encuentra en la cárcel de Ayutla, lo mismo que en los hospitales.
Raúl Lucas Lucia ha trabajado más de 10 años en forma coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en defensa de los derechos humanos de unas 32 comunidades mixtecas ubicadas en la zona de la Costa Chica y Montaña, del municipio de Ayutla de los Libres.
Según informes de la coordinación de Tlachinollan, Raúl Lucas, junto con indígenas tlapanecos crearon en 1994 la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos mediante la cual comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente los atropellos en que habían incurrido los militares en varias comunidades.
Por lo anterior, manifestamos nuestra preocupación ante la violación grave a los derechos humanos de Raúl Lucas Lucia, y de Manuel Ponce Rosas, ya que consideramos que su detención arbitraria se encuentra vinculada a su labor de defensa de los derechos humanos.
i. Presentación con vida de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas.
ii. Que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías de seguridad jurídica e igualdad ante la ley de los detenidos.
Adrián Ramírez López.
Secretario ejecutivo de AFADEM-FEDEFAM
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, México DF Tel: +52 (55) 27891100 Fax: +52 (55) 52772376
Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, Secretario de Gobernación, Bucareli
99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México,
Fax: +52 (55) 5093 3414 frjramirez@segob.gob.mx
Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
respeleta@segob.gob.mx mlgutierrezo@segob.gob.mx
Lic. Carlos Zeferino Torreblanca Gobernador del Estado de Guerrero gobernador@guerrero.gob.mx Teléfonos: 01747 47 1 98 01 / 0174747 1 9802
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) Avda. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra Col. Centro, 39000, Chilpancingo, Guerrero, México. Teléfono: (+52) (01) 747 471 21 90 Fax: (+52) (01) 747 471 2190
Correo electrónico: coddehum@prodigy.net.mx
oddBoulevard René Juárez Cisneros, esq. Juan Jiménez Sánchez, Col. El Potrerito, C.P. 39098, Chilpancingo, Guerrero, México. Teléfono: (+52) (01) 747 49 4 2980 Fax: (+52) (01) 747 49 4 2981 Correo electrónico: pgj@guerrero.gob.mx
Av. Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16 Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtemoc México D.F., C.P. 06500, México. Teléfono: (+52) (01) 55 53 46 01 60 Fax: (+52) (01) 55 53 46 09 08 Correo electrónico: ofproc@pgr.gob.mx
Palacio de Justicia, Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac S/N Col. Centro, Chilpancingo, Guerrero, México, C.P. 39000 Teléfonos: (+52) (01)747-472-2137 / 747-472-4191 Fax: (+52) (01) 747 472 4191
Mina #77, Col. Centro, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México. C.P. 41304
Teléfono: (+52) (01) 747 612 20 Fax: (+52) (01) 747 612 00 Correo electrónico:
El Estado, en deuda con las mujeres violentadas en Atenco
México DF, 12 febrero 09 (CIMAC).- A pesar de que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a las autoridades que ordenaron el violento operativo policíaco en Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, el hecho de que se haya señalado que existieron violaciones graves a las garantías individuales, como tortura y violación sexual contra mujeres, abre una brecha para erradicar la impunidad.
Así lo señaló a Cimacnoticias Vanesa Coria Castilla, representante para México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) --organismo con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos y ante Naciones Unidas-- quien explicó que “en Cejil hemos llevado ante la justicia internacional, es decir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los casos de 11 de las 31 mujeres violadas por policías durante los operativos policíacos de Atenco.
México DF, 12 febrero 09 (CIMAC).- Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvieron en sus manos la oportunidad histórica de hacer justicia a un pueblo donde se violaron de manera grave los derechos humanos y las garantías individuales, durante el operativo policíaco del 3 y 4 de mayo de 2006, pero su resolución sobre el Caso Atenco no responsabiliza al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; a Eduardo Medina Mora, Miguel Ángel Yunes, responsables de dichas acciones.
Así resume el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra la resolución tomada hoy por la Corte, después de 4 días de sesión, donde se discutió un dictamen elaborado por el ministro .
Quien pierde, dice el Frente en un comunicado, es el pueblo de México, porque su resolución sólo otorga impunidad a los represores y viene a legitimar la instauración de un Estado policíaco, “tal como lo vemos en el uso recurrente del Ejército Mexicano y de las fuerza pública en la llamada lucha contra el crimen, así como en la confrontación con el movimiento social, utilizando estrategias de contrainsurgencia para controlar a la población y querer exterminar a las organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco”.
La violación grave a los derechos humanos no se trató de una acción particular de los policías, sino de una acción represiva como parte de una estrategia de Estado, considera el Frente.
Con este fallo, dice, queda patente que la represión no es más que un castigo para el pueblo de Atenco, por nuestra lucha por tierra, justicia y libertad. Cualquier reparación del daño no es suficiente, considera el Frente, la única que aceptamos es la justicia y el castigo a los responsables. El Frente sigue vivo y afirma que con esta resolución se muestra una vez más que la justicia solo es para los dueños del poder y el dinero, que resulta más importante para los ministros responder a sus intereses políticos y económicos que la justicia para los agraviados del país.
PRECEDENTE DE IMPUNIDAD
Esta resolución es indignante, continúa el texto, porque deja el precedente de impunidad para Ulises Ruiz, mandando un mensaje claro para resolver de la misma forma el caso Oaxaca, cuyas muertes fueron 27 y los abusos sexuales se produjeron tanto a hombres como mujeres. ¿Qué argumentos “inteligentes” y frases “dicharacheras” emitirán los ministros para Oaxaca?, se pregunta el Frente. “¿Acaso resolverán de acuerdo a la justicia o solamente montaran un teatro para exculpar a Ulises Ruiz?”.
Para nosotros, señala el Frente, Peña Nieto, Miguel Ángel Yunes y Eduardo Medina Mora se suman a la larga lista de personajes represores que han quedado impunes mediante los fallos de la SCJN, como son Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, Mario Marín y Rubén Figueroa.
Con este fallo se demuestra la inutilidad de este órgano de gobierno y la limitada capacidad reflexiva de sus ministros que la integran, considera, “esta Corte no es “suprema ni de justicia”, es un órgano que se burla de las victimas y de la historia de México, así como también podemos afirmar que con esta resolución se comete una grave violación más a los derechos fundamentales al pueblo de Atenco: con la denegación de justicia”.
La SCJN no nos detendrá, finaliza el Frente, seguiremos luchando por la libertad de los trece rehenes políticos y tres perseguidos por Enrique Peña Nieto, por la tierra y la justicia para Atenco.
"Donativos" de Pemex benefician a gobiernos del PAN
Entre enero de 2007 y diciembre de 2008, Valladares Valle dispuso la distribución de esos recursos entre los gobernadores Juan Manuel Oliva Ramírez, Jorge Carlos Hurtado Valdez, Andrés Rafael Granier Melo, Fidel Herrera Beltrán, José Natividad González Parás, Eugenio Hernández Flores, José Guadalupe Osuna Millán, Humberto Moreira Valdés, Félix Arturo González Canto, Virgilio Mendoza Amezcua, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Armando Reynoso Femat, Ulises Ruiz Ortiz, y una cuarentena de alcaldes panistas y priistas. Según los oficios de Pemex que obran en poder de Contralínea, cada asignación fue dispuesta por Yolanda Valladares Valle, posteriormente aprobada por Rosendo Villarreal Dávila y ratificada por el Consejo de Administración.
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Resolución de SCJN legitima Estado policíaco: FPDT...

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