Source: http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/PROPIEDAD/INFORMES/2012-junio.htm
Timestamp: 2013-06-20 12:00:10+00:00

Document:
Informe de junio de 2012 para la Oficina Registral.
www.notariosyregistradores.com PR�CTICA REGISTRAL
BOE JUNIO 2012
(JDR) RESE�A ABREVIADA DE ALGUNAS DE LAS NOVEDADES M�S DESTACADAS DEL BOE DE DICHO MES.
(Para informaci�n m�s completa, v�ase el informe mensual) 1.-
2.- SENTENCIAS SOBRE CALIFICACI�N REGISTRAL
En titulares, se rese�an algunas de las m�s destacadas para la calificaci�n registral:
.- Usucapi�n: 196. Sentencia declarativa de dominio y reanudaci�n de tracto. Usucapi�n como causa de adquisici�n
.- silencio negativo: 205. Solicitud de licencia de obras y silencio
.- uso: 209. Atribuci�n del uso del domicilio familiar a los hijos menores
.- escritos: **211. Valoraci�n en el expediente gubernativo de escritos posteriores la nota. .- impuestos: *212. Suspensi�n de la calificaci�n por no acreditar la liquidaci�n de impuestos. Car�cter no vinculante de las resoluciones. Falta de referencia en el juicio de suficiencia a la facultad de autocontrataci�n
.- desheredaci�n: 214. Desheredaci�n de los hijos y de toda su descendencia .- cancelaci�n hipoteca: *220. Finca hipotecada y dividida horizontalmente: la cancelaci�n sobre una de las fincas precisa el consentimiento de todos .- conflicto de intereses: 221. Hipoteca en garantia de deuda ajena. Autocontrataci�n y conflicto de intereses
.- referencia catastral y exceso cabida: 224. Exceso de cabida y constancia registral de la referencia catastral
.- acta herederos-aportarla �ntegra: 225. Testimonio en relaci�n del acta de declaraci�n de herederos. Congruencia del juicio de suficiencia
ARAG�N. Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de racionalizaci�n del sector p�blico empresarial.
Entr� en vigor el 11 de mayo de 2012. (GGB)
PDF (BOE-A-2012-7257 - 10 p�gs. - 208 KB) Otros formatos
DECLARACI�N TRIBUTARIA ESPECIAL: MODELO 750. Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, por la que se desarrolla la disposici�n adicional primera del
Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducci�n del d�ficit p�blico, se aprueban cuantas medidas resultan necesarias para su cumplimiento, as� como el modelo 750, declaraci�n tributaria especial, y se regulan las condiciones generales y procedimiento para su presentaci�n.
Entr� en vigor el 4 de junio de 2012. PDF (BOE-A-2012-7391 - 12 p�gs. - 406 KB) Otros formatos
PA�S VASCO. Ley 8/2012, de 17 de mayo, del Consejo Econ�mico y Social Vasco/Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea.
Entr� en vigor el 25 de mayo de 2012. GGB
PDF (BOE-A-2012-7443 - 10 p�gs. - 210 KB) Otros formatos
CATALU�A. Ley 6/2012, de 17 de mayo, de estabilidad presupuestaria.
Entr� en vigor el 23 de mayo de 2012. (GGB)
PDF (BOE-A-2012-7520 - 4 p�gs. - 156 KB) Otros formatos
CATASTRO: SELLO ELECTR�NICO. Orden HAP/1200/2012, de 5 de junio, sobre uso del Resoluci�n de 23 de mayo de 2012, de la Subsecretar�a, de creaci�n de sello electr�nico para su utilizaci�n por la Direcci�n General del Catastro.
PDF (BOE-A-2012-7577 - 2 p�gs. - 138 KB) Otros formatos
CATASTRO: C�DIGO SEGURO DE VERIFICACI�N. Orden HAP/1200/2012, de 5 de junio, sobre uso del sistema de c�digo seguro de verificaci�n por la Direcci�n General del Catastro.
PDF (BOE-A-2012-7576 - 3 p�gs. - 149 KB) Otros formatos
CANTABRIA. Ley 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Econ�micas y Financieras para la ejecuci�n del Plan de Sostenibilidad de los Servicios P�blicos de la Comunidad Aut�noma de Cantabria.
Esta Ley tiene por objeto la adopci�n de una serie de medidas extraordinarias dirigidas a propiciar la reducci�n del d�ficit p�blico de la Comunidad Aut�noma de Cantabria por la doble v�a de reducci�n de gastos e incremento de los ingresos.
Entr� en vigor el 2 de junio de 2012. (GGB)
PDF (BOE-A-2012-7709 - 25 p�gs. - 373 KB) Otros formatos
*INSTRUCCI�N REGISTRADORES INTERINOS Y ACCIDENTALES. Instrucci�n de 31 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueban las normas para la designaci�n de registrador interino y accidental.
Su Exposici�n de Motivos presenta las siguientes novedades con respecto a la Instrucci�n de 12 de febrero de 2008, que se deroga, salvo en cuanto al Cuadro de sustituciones y que regulaba la designaci�n de Registrador interino y accidental y su r�gimen de licencias y ausencias:
- Da m�s protagonismo a los Decanatos Auton�micos y Territoriales.
- Deja sin efecto el r�gimen especial de licencias y ausencias de los Registradores interinos, pues era demasiado r�gido, ya que, pr�cticamente les privaba de vacaciones.
- Tambi�n desaparece el r�gimen especial de remisi�n de datos.
Se justifican los cambios por la necesidad de dotar de mayor agilidad y eficacia al sistema tras la demarcaci�n registral que ha provocado un importante n�mero de vacantes no cubiertas por las limitaciones existentes para la convocatoria de plazas en las oposiciones.
Designaci�n de Registrador interino. Se remite al art�culo 490 RH. Seg�n �l, las vacantes que por cualquier causa se produzcan en todos los Registros, ser�n desempe�adas:
- Cuando vinieran siendo servidos por Registradores del �ltimo tercio del escalaf�n al tiempo de producirse las vacantes, en primer lugar y por su orden por los Aspirantes que no hubieren obtenido plaza, y en otro caso, o en su defecto, por los Registradores a quienes corresponda conforme al cuadro de sustituciones.
- La designaci�n de interino se har�, en cada caso, guardando el orden que resulte de la lista de aspirantes o de la correspondiente terna de Registradores del cuadro de sustituciones, y a falta de unos y otros, se designar� a un Registrador fuera de cuadro.
Qui�nes no pueden ser interinos:
a) Los que hayan obtenido Registro en el mismo concurso. b) Los que tengan designado un Registrador accidental permanente para su registro.
c) Los adscritos a la Direcci�n General.
d) Los que se hallen en uso de licencia o ausencia en el momento de la designaci�n.
e) Los que formen parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores.
f) Los Decanos Auton�micos o Territoriales.
Comparando con el texto anterior, vuelven a poder serlo:
a) Los accidentales de otro Registro.
b) Los que tengan designado un Registrador accidental no permanente para su Registro.
c) Los que desempe�en alguna Comisi�n de Servicio.
d) Los titulares de Registros con retraso significativo (dudo que haya alguno). Designaci�n seg�n Cuadro de Sustituciones en caso de licencia.
- Cuando el Registrador a quien corresponder�a interinar un Registro conforme al cuadro no pueda ser nombrado por encontrarse en uso de licencia por vacaciones o ausencia voluntaria, se nombrar� al siguiente en el cuadro y, si no es posible se designar� a propuesta del Decano Auton�mico..
- El Registrador as� nombrado podr�, cuando aquel se reincorpore al frente de su Registro tras la licencia o ausencia, solicitar el cese como Registrador interino, debiendo nombrarse en su lugar a aquel a quien conforme a cuadro debi� nombrarse de no mediar la situaci�n de licencia o ausencia.
Designaci�n fuera de cuadro.
- A falta de Registradores id�neos dentro de la terna, los Decanos Auton�micos o Territoriales realizar�n una Propuesta a la DGRN.
- La designaci�n deber� hacerse entre los Registradores que no sean interinos o accidentales permanentes de otro Registro y que est�n al frente de Registros situados en el mismo Decanato.
- Si son varios los designables, el Decano, una vez resuelto el concurso, comunicar� a todos ellos dicha vacante para que, en dos d�as, soliciten, en su caso, ser nombrados interinos. Nota: esto supone una considerable complejidad en los Decanatos extensos.
- Si s�lo hay una solicitud, el Decano propondr� al solicitante.
- Si son varios, propondr� al m�s moderno seg�n el orden en el escalaf�n.
- Si nadie pide la interinidad, el Decano sortear� entre los posibles candidatos y propondr� al que salga.
- Si aun as� no se puede formular propuesta, el Decano Auton�mico propondr� motivadamente a cualquier Registrador del Decanato o de provincia lim�trofe (en este caso, propuesta conjunta de ambos Decanos).
Designaci�n de Registrador Accidental.
- En los casos de licencia por vacaciones o ausencia legal, el Registrador que haya de ausentarse designar� Registrador accidental entre los que sirvan Registros de su mismo Decanato o provincia lim�trofe y que haya prestado su conformidad. El art�553 RH permite que sean varios.
- Si el Registro est� en r�gimen de divisi�n personal, la accidentalidad corresponder� a los cotitulares. Pero cabe aplicar la regla anterior general si son s�lo dos los cotitulares.
- Si desempe�a m�s de un Registro, podr� designar un solo Registrador accidental para todos ellos o varios Registradores accidentales.
- Si no hiciera la designaci�n, la har� la DGRN aplicando lo previsto para la de Registrador interino.
Cese. - Cesar� como Registrador interino o accidental el que cesare en el Registro que desempe�e en propiedad, cuando la Direcci�n General lo ordene tras haberse adoptado las medidas necesarias para el nombramiento de otro.
- Puede solicitar el cese el Registrador que lleve desempe�ando una misma interinidad durante m�s de dos a�os ininterrumpidos, con informe favorable del correspondiente Decano Auton�mico o Territorial.
- No se producir� el cese del Registrador interino o accidental en caso de su traslado a otro Registro dentro de la misma provincia u otra provincia lim�trofe.
Reserva DGRN. La Direcci�n General podr�, por raz�n de utilidad o necesidad del servicio p�blico, nombrar Registrador interino o accidental, sin tener en cuenta las reglas anteriores.
Cuadro de Sustituciones. Permanece en vigor el dise�ado por la
Instrucci�n de 12 de Febrero de 2008, la cual queda derogada en lo dem�s.
Situaci�n transitoria. Se confirman las designaciones de Registradores interinos o accidentales realizadas conforme a la normativa anterior a la presente, hasta que se produzca el cese del Registrador interino o accidental en el Registro que sirven en propiedad, o cuando, por cualquier otra causa, haya de designarse uno nuevo.
Para Interinidades, ver arts 489 y siguientes del Reglamento Hipotecario.
Para Licencias y Registrador Accidental, ver arts 548 y siguientes del
Reglamento Hipotecario.
La Instrucci�n no tiene fecha especial de entrada en vigor. Se public� el 14 de junio de 2012.
Nota: aparece en la Secci�n III del BOE.
PDF (BOE-A-2012-7885 - 3 p�gs. - 147 KB) Otros formatos
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECON�MICAS. Resoluci�n de 8 de junio de 2012, del Departamento de Recaudaci�n de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Econ�micas del ejercicio 2012 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
PDF (BOE-A-2012-7911 - 1 p�g. - 135 KB) Otros formatos
PR�STAMOS VIVIENDA. Resoluci�n de 25 de mayo de 2012, de la Secretar�a de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de mayo de 2012, por el que se revisan los tipos de inter�s efectivos anuales vigentes para los pr�stamos cualificados o convenidos concedidos en el marco de los programas 1997 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.
El tipo de inter�s efectivo anual aplicable a los pr�stamos cualificados concedidos por las entidades de cr�dito para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para el Programa 1997 del Plan de Vivienda 1996-1999, entre las entidades de cr�dito, y el Ministerio de Fomento, ser� del 3,30 por ciento anual.
Para el Plan de Vivienda 1998-2001, ser� del 3,05 por ciento anual.
Para el Plan de Vivienda 2002-2005, ser� del 3,38 por ciento anual.
Para el Plan de Vivienda 2005-2008, ser� del 3,39 por ciento anual.
Las entidades de cr�dito que concedieron los correspondientes pr�stamos cualificados o convenidos, a que se refieren los apartados anteriores, aplicar�n el nuevo tipo de inter�s establecido sin coste para los prestatarios.
PDF (BOE-A-2012-8026 - 6 p�gs. - 201 KB) Otros formatos
MADRID. Ley 1/2012, de 26 de marzo, para la Protecci�n de los Derechos de los Consumidores Mediante el Fomento de la Transparencia en la Contrataci�n Hipotecaria en la Comunidad de Madrid.
Esta Ley se entronca en el
art�culo 51 de la Constituci�n, la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el art. 27.10 del Estatuto de Autonom�a y en la
Ley, de Protecci�n de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.
Esta �ltima Ley, en su art. 3, establece, entre otros derechos b�sicos de los consumidores madrile�os, la protecci�n de sus leg�timos intereses econ�micos y al derecho a la informaci�n correcta sobre los diferentes bienes, productos y servicios.
Tambi�n es un claro antecedente, aunque no se cite por coincidir en la elaboraci�n, el estatal
RDLey 6/2012, de 9 de marzo,
de medidas urgentes de protecci�n de deudores hipotecarios sin recursos y la
Orden sobre Transparencia Bancaria.
Objeto de la Ley. Es el de garantizar, en el �mbito de las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de consumo, la transparencia de la informaci�n que las entidades de cr�dito y empresas deben facilitar al consumidor en la contrataci�n referida a cr�ditos y pr�stamos con garant�a hipotecaria de manera que los consumidores dispongan de la informaci�n necesaria para la correcta comprensi�n de los elementos esenciales y de las implicaciones financieras del contrato. Entrada en vigor. El 2 de julio de 2012. Ver el
RDLey 6/2012, de 9 de marzo.
Ver Orden sobre Transparencia Bancaria.
PDF (BOE-A-2012-8374 - 5 p�gs. - 162 KB) Otros formatos
**SOCIEDADES DE CAPITAL: CONVOCATORIA DE JUNTA, FUSIONES, VOTOS M�XIMOS� Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificaci�n de las obligaciones de informaci�n y documentaci�n de fusiones y escisiones de sociedades de capital.
p�gina especial.
Se trata de la Ley que recoge el contenido del RDL 9/2012 de 16 de marzo sobre las mismas materias y que se deroga, el cual, tras su paso por el Congreso de los Diputados y por el Senado, ha sufrido varias modificaciones. Una, quiz�s de las m�s trascendentes, la relativa a la nueva modificaci�n del art. 173 de la LSC sobre la forma de convocatoria de la junta, cuya redacci�n por la Ley 25/2011 realmente dejaba muchos que desear. Tambi�n se aprovecha para perfilar algo muy pol�mico como ha sido la limitaci�n en el n�mero de votos que puede emitir un mismo accionista en las sociedades cotizadas, modificando en consecuencia la Ley de Mercado de Valores de 1988, para acomodarla a la nueva regulaci�n.
. Entrada en vigor. Al d�a siguiente de su publicaci�n en el BOE, es decir el 24 de Junio de 2012. (JAGV)
RDLey 9/2012, de 16 de marzo.
Formulaci�n Notarial de Pedro �vila.
PDF (BOE-A-2012-8406 - 13 p�gs. - 236 KB) Otros formatos
EXPLOTACIONES AGRARIAS. Orden AAA/1408/2012, de 26 de junio, por la que se regula el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida.
Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de explotaciones agrarias, regula el r�gimen jur�dico de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, figura creada como medida dirigida a hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario y conseguir el pleno reconocimiento del trabajo de las mujeres en el �mbito rural.
PDF (BOE-A-2012-8677 - 3 p�gs. - 149 KB) Otros formatos
**PRESUPUESTOS 2012. Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2012.
Exposici�n de Motivos:
Esta Ley sufre un considerable retraso debido fundamentalmente a la disoluci�n de las Cortes en oto�o pasado y la consiguiente celebraci�n de elecciones generales.
Deber�a de haber entrado en vigor con el comienzo del a�o. Al no haber sido as�, se ha tenido que aplicar el
art�culo 134.4 de la Constituci�n, que se�ala que �si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer d�a del ejercicio econ�mico correspondiente, se considerar�n autom�ticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio hasta la aprobaci�n de los nuevos�.
Para paliar sus consecuencias, se dictaron medidas urgentes mediante el
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre fundamentalmente para ayudar a corregir la desviaci�n del saldo presupuestario
Estos Presupuestos se caracterizan por continuar el proceso de consolidaci�n fiscal que garantice la sostenibilidad de las finanzas p�blicas a medio plazo, siendo los primeros que se hacen desde la reforma del art�culo 135 de la Constituci�n, precepto que consagra el principio de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones P�blicas.
El objetivo de d�ficit 2012 acordado con Bruselas para el conjunto de las Administraciones P�blicas en el 5,3 por 100 del PIB, desglos�ndose del siguiente modo: - el Estado tendr� un d�ficit del 3,5 por 100; - las Comunidades Aut�nomas del 1,5 por 100; - las Corporaciones Locales del 0,3 por 100 y - la Seguridad Social estar� en equilibrio.
T�tulo VI: �Normas Tributarias�.
IRPF: (arts. 60 y 61)
Se recoge el gravamen complementario a la cuota �ntegra estatal para la reducci�n del d�ficit p�blico en los ejercicios 2012 y 2013, ya previsto en el
RDL 20/2011, de 30 de diciembre: Por la D. Ad. 35� LIRPF, en los per�odos impositivos 2012 y 2013, la cuota �ntegra estatal a que se refiere el art�culo 62 de esta Ley se incrementar� en los siguientes importes:
Base liquidable general. Hasta euros
Incremento en cuota �ntegra estatal. Euros
Resto base liquidable general. Hasta euros
b) El resultante de aplicar a la base liquidable del ahorro los tipos de la siguiente escala:
Base liquidable del ahorro. Hasta euros
Resto base liquidable del ahorro. Hasta euros
- Retenciones. En los per�odos impositivos 2012 y 2013, la cuota de retenci�n a que se refieren los apartados 1 y 2 del art�culo 85 del Reglamento, se incrementar� en el importe resultante de aplicar a la base para calcular el tipo de retenci�n los tipos previstos en la siguiente escala:
Base para calcular el tipo de retenci�n. Hasta euros
Cuota de retenci�n. Euros
Resto base para calcular el tipo de retenci�n. Hasta euros
En ning�n caso, cuando se produzcan regularizaciones en los citados per�odos impositivos, el nuevo tipo de retenci�n aplicable podr� ser superior al 52 por ciento. El citado porcentaje ser� el 26 por ciento cuando la totalidad de los rendimientos del trabajo se hubiesen obtenido en Ceuta y Melilla.
Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen durante el mes de enero de 2012, correspondientes a dicho mes, deber�n realizarse sin tomar en consideraci�n lo dispuesto en la escala anterior.
En los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir del 1 de febrero de 2012, siempre que no se trate de rendimientos correspondientes al mes de enero, el pagador deber� calcular el tipo de retenci�n tomando en consideraci�n lo dispuesto en la escala anterior, practic�ndose la regularizaci�n del mismo, si procede.
- Pagos a cuenta. En los per�odos impositivos 2012 y 2013, los porcentajes de pagos a cuenta del 19 por ciento previstos en el art�culo 101 de esta Ley (capital mobiliario, ganancias patrimoniales, arrendamientos, premios�) y el porcentaje del ingreso a cuenta a que se refiere el art�culo 92.8 de esta Ley (derechos de imagen), se elevan al 21 por ciento.
- Administradores. Durante los per�odos a que se refiere el p�rrafo anterior, el porcentaje de retenci�n del 35 por ciento previsto en el apartado 2 del art�culo 101 de esta Ley (administradores y miembros de los consejos de administraci�n), se eleva al 42 por ciento.
- Se regulan las compensaciones por la p�rdida de beneficios fiscales que afectan a determinados contribuyentes con la vigente Ley IRPF: los adquirentes de vivienda habitual y los perceptores de determinados rendimientos del capital mobiliario con per�odo de generaci�n superior a dos a�os en 2011 respecto a los establecidos en la normativa del IRPF vigente hasta 31 de diciembre de 2006.
- Para las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades econ�micas, se incluye la actualizaci�n de los coeficientes correctores del valor de adquisici�n al 1 por ciento. A�o de adquisici�n y Coeficiente 1994 y anteriores 1,3037
2007 1,0719
2004 1,1375
2005 1,1151
- Adem�s, se regulan las compensaciones por la p�rdida de beneficios fiscales que afectan a determinados contribuyentes con la vigente LIRPF: los adquirentes de vivienda habitual y los perceptores de determinados rendimientos del capital mobiliario con per�odo de generaci�n superior a dos a�os en 2011 respecto a los establecidos en la normativa del IRPF vigente hasta 31 de diciembre de 2006.
Impuesto sobre Sociedades. Arts. 62 a 64.
- Tambi�n se actualizan al 1 por ciento los coeficientes aplicables a los activos inmobiliarios en los supuestos de transmisi�n, con una tabla que va por a�os desde 1984.
- La forma de determinar los pagos fraccionados del Impuesto durante el ejercicio 2012 es la ya adelantada por el RDL 20/2011, de 30 de diciembre. - Respecto de los per�odos impositivos que se inicien durante el a�o 2012, el porcentaje a que se refiere el apartado 4 del art�culo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, ser� el 18 por ciento para la modalidad de pago fraccionado prevista en el apartado 2 del mismo. Las deducciones y bonificaciones a las que se refiere dicho apartado incluir�n todas aquellas otras que le fueren de aplicaci�n al sujeto pasivo.
- Para la modalidad prevista en el apartado 3 del art�culo 45, el porcentaje ser� el resultado de multiplicar por cinco s�ptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto (volumen de operaciones de m�s de seis millones de euros).
- Porcentajes de retenci�n. Desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013, el porcentaje de retenci�n o ingreso a cuenta del 19 por ciento a que se refiere la letra a) del apartado 6 del art�culo 140 de esta Ley se eleva al 21 por 100.
No residentes. Arts. 65 y 66.
- Se extiende la exenci�n aplicable a los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en Espa�a a sus matrices residentes en otro Estado miembro de la Uni�n Europea a los Estados integrantes del Espacio Econ�mico Europeo. - Tipos de gravamen. - Desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013, ambos inclusive, los tipos de gravamen del 19 por ciento a que se refieren los art�culos 19.2 y 25.1.f) de la
Ley se elevan al 21 por 100.
- Durante el mismo periodo, el tipo de gravamen del 24 por ciento previsto en el art�culo 25.1.a) de la
Ley se eleva al 24,75 por ciento.
Disposiciones Adicionales (algunas).
1�. Prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo discapacitado. La cuant�a de la prestaci�n por nacimiento o adopci�n de hijo establecida en art�culo 186.1 ser� de 1.000 euros que s�lo es aplicable a algunos casos como familias numerosas, monoparentales o madres discapacitadas. 6�. Reducci�n de cuotas para el mantenimiento del empleo.
- Los contratos de trabajo de car�cter indefinido de los trabajadores de cincuenta y nueve o m�s a�os, con una antig�edad en la empresa de cuatro o m�s a�os, dar�n derecho a la reducci�n, a cargo del Presupuesto de la Seguridad Social, del 40 por ciento de la aportaci�n empresarial en la cotizaci�n a la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de las mismas, sobre las cuotas devengadas desde la fecha de cumplimiento de los requisitos anteriormente se�alados.
- La duraci�n de la reducci�n de la aportaci�n empresarial ser� de un a�o, salvo que, en una fecha anterior, los interesados cumplan los requisitos para ser beneficiarios de las bonificaciones reguladas en el art�culo 4 de la Ley
43/2006, de 29 de diciembre, en cuyo caso se aplicar�n desde dicha fecha estas �ltimas.
7�. Reducci�n en la cotizaci�n a la Seguridad Social en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, as� como en los supuestos de enfermedad profesional. Ser� del 50 por ciento de la aportaci�n empresarial en la cotizaci�n a la Seguridad Social por contingencias comunes.
13�. Inter�s legal del dinero. Se mantiene en el 4 % hasta el 31 de diciembre del a�o 2012.
13�. Inter�s de demora. Se mantiene en el 5 % hasta el 31 de diciembre del a�o 2012. 14�. IPFREM. El indicador p�blico de renta de efectos m�ltiples (IPREM) tendr� las siguientes cuant�as durante 2012, manteni�ndose las de 2010 y 2011:
c) El IPREM anual, 6390,13 euros.
d) En los supuestos en que la referencia al salario m�nimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicaci�n de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuant�a anual del IPREM ser� de 7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario m�nimo interprofesional en c�mputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuant�a ser� de 6.390,136 euros.
71�. Jornada general del trabajo en el Sector P�blico. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del Sector P�blico no podr� ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en c�mputo anual. Se suspende la eficacia de las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes en los entes, organismos y entidades del Sector P�blico que contradigan lo anterior.
Disposiciones Finales (algunas).
4�. Modificaci�n de la Ley de Patrimonio de las Administraciones P�blicas.
- Se desarrolla la regulaci�n del premio del 10% al que puedan tener derecho las personas que, sin venir obligadas a ello por raz�n de su cargo o funciones, promuevan el procedimiento de investigaci�n denunciando la existencia de bienes y derechos que presumiblemente sean de titularidad p�blica. Para el cobro han de esperar a su venta o cinco a�os. Art. 48.
- Expediente patrimonial. Los expedientes de enajenaci�n, permuta o cesi�n gratuita de bienes del Patrimonio del Estado podr�n tramitarse aun cuando los bienes se mantengan afectados a un uso o a un servicio p�blico durante la instrucci�n del mismo, siempre que se proceda a su desafectaci�n antes de dictar la resoluci�n o acto aprobatorio de la correspondiente operaci�n patrimonial. Nuevo art. 112.6
- Procedimiento de adquisici�n de inmuebles. Junto a la adquisici�n mediante concurso p�blico y la adquisici�n directa se introduce el �procedimiento de licitaci�n restringida regulado en el apartado 4 de la disposici�n adicional decimoquinta�. Este nuevo apartado 4 dispone que la adquisici�n y el arrendamiento de inmuebles podr�n efectuarse mediante una licitaci�n competitiva entre operadores preseleccionados, mediante un procedimiento basado en la formaci�n de una bolsa permanente de ofertas y la realizaci�n de procesos restringidos de selecci�n entre las incorporadas al sistema. Seguidamente, dicta normas para la articulaci�n del sistema y la selecci�n de ofertas en el seno del mismo. Arts. 116.4, 124.1 y D. Ad. 15�.4.
- Formas de enajenaci�n. Art. 137
- Se mantiene que la enajenaci�n de los inmuebles pueda realizarse mediante subasta, concurso o adjudicaci�n directa.
- Desaparece la referencia a que el concurso sea el procedimiento ordinario para la enajenaci�n de inmuebles. Se seguir� el procedimiento de concurso respecto de aqu�llos bienes que hayan sido expresamente calificados como adecuados para ser enajenados, acordando el Consejo de Ministros este procedimiento.
- Se mantienen los supuestos en que cabe la adjudicaci�n directa.
- SEGIPSA. Las resoluciones que aprueben las tarifas de la Sociedad Estatal de Gesti�n Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., se publicar�n en el BOE. D.Ad. 10�.11
(�) Entr� en vigor el 1� de julio de 2012.
archivo de Albert Capell en Futuras Normas.
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CANARIAS. Cuesti�n de inconstitucionalidad n.� 2331-2012, en relaci�n con el
art. 131.2 de la Ley del Parlamento de Canarias 14/1990, de 26 de julio, de r�gimen jur�dico de las Administraciones P�blicas de Canarias.
El precepto dice as�: �2. Ser� preciso el voto favorable de las dos terceras partes del n�mero de hecho y, en todo caso, de la mayor�a absoluta del n�mero legal de miembros de las Corporaciones en las materias previstas en el art�culo 47.2 de la
Ley reguladora de las Bases del R�gimen Local.�
En la Ley de Bases, s�lo se requiere el voto favorable de la mayor�a absoluta del n�mero legal de miembros de las corporaciones.
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SEGURIDAD SOCIAL. Recurso de inconstitucionalidad n.� 1580-2004, contra el art�culo 1, apartados 1 y 2, de la
Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social, por el que se modifica el art�culo 2 del texto refundido de la Ley de Seguridad Social y se introduce un nuevo apartado 4 en el art�culo 38 del mismo texto legal.
Estos son los textos controvertidos:
�Art�culo 2. Principios y fines de la Seguridad Social. 1. El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acci�n protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. 2. El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicaci�n de �sta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, as� como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protecci�n adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan Art. 38. �4. Cualquier prestaci�n de car�cter p�blico que tenga por finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones econ�micas de la Seguridad Social, tanto en sus modalidades contributiva como no contributiva, forma parte del sistema de la Seguridad Social y est� sujeta a los principios regulados en el art�culo 2 de esta ley.� PDF (BOE-A-2012-7841 - 1 p�g. - 129 KB) Otros formatos
El notario de Santa Cruz de Tenerife, don Mario Morales Garc�a.
El notario de San Cugat del Vall�s, don Antonio Luis Garc�a Bernat (voluntaria).
Don Rafael Arnaiz Eguren, registrador de la propiedad de Madrid n.� 19.
Don �ngel Sulleiro Carballeira, registrador de bienes muebles central I.
Se dispone la jubilaci�n voluntaria del notario de Salamanca, don Jos� Mar�a G�mez Riesco.
Se dispone la jubilaci�n voluntaria del notario de A Coru�a, don Ram�n Gonz�lez G�mez.
No se han publicado en este mes. 3.- RESOLUCIONES DE LA DGRN
PROPIEDAD HORIZONTAL. SEGREGACION DE LOCAL. Resoluci�n de 23 de abril de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Cuevas del Almanzora a la inscripci�n de la segregaci�n de un local perteneciente a una propiedad horizontal. Se otorga una escritura de segregaci�n de un local que forma parte de un edificio en propiedad horizontal .
El registrador exige licencia municipal de segregaci�n. El notario recurre.
La DGRN declara claramente injustificada la exigencia del registrador y revoca el defecto, pues considera que no hay fraccionamiento del suelo ni alteraci�n de la superficie del edificio, ya que el nuevo local segregado sigue formando parte de la propiedad horizontal como elemento independiente. (AFS)
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INSTANCIA PRIVADO SOLICITANDO LA NO INSCRIPCION DE UN DOCUMENTO. DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION. Resoluci�n de 3 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de San Vicente del Raspeig a la pr�ctica del asiento de presentaci�n de una instancia privada. Hechos: Se presenta en el Registro instancia suscrita por el recurrente en la que solicita del Registrador "quede en suspenso la anotaci�n marginal de unas capitulaciones matrimoniales" firmadas por aqu�l ante notario.
El registrador deniega la presentaci�n del documento por no ser documento aut�ntico (art. 3 LH) ni contener ninguno de los actos inscribibles que enumera el art. 2 LH. La DGRN, que entiende que lo que se solicita es la no inscripci�n de la liquidaci�n de la sociedad conyugal pactada en dichas capitulaciones, resuelve que no procede tomar asiento de presentaci�n, ya que conforme al art. 420.1 RH, en relaci�n con el art. 3 LH, los registradores no extender�n asiento de presentaci�n de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral, cosa que no ocurre en este caso.
Si el recurrente entiende que las capitulaciones otorgadas son nulas o anulables, debe iniciar el procedimiento judicial correspondiente para declarar dicha nulidad, sin que la DGRN pueda intervenir en el mismo. (JCC)
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*188. EJECUCION HIPOTECARIA ANTERIOR AL CONCURSO PERO PRESENTADA POSTERIORMENTE.
Resoluci�n de 4 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Plasencia, por la que se suspende la inscripci�n de un decreto de adjudicaci�n en procedimiento de ejecuci�n hipotecaria.
Se plantea la posibilidad de inscribir una adjudicaci�n hipotecaria de fecha anterior a la declaraci�n de concurso constando ya la inscripci�n de la declaraci�n de concurso en el momento de la presentaci�n del decreto de adjudicaci�n.
El registrador entiende que el juez que aprueba la adjudicaci�n no es el competente ya que si no se acredita que el bien ejecutado no est� afecto y no es necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, la competencia para la ejecuci�n corresponder�a exclusivamente al juez del concurso (arts. 8, 56 y 57 LC).
La Direcci�n General as� lo entiende puesto que la ejecuci�n de garant�as reales sobre bienes afectos o necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial y el inicio o reanudaci�n de tales ejecuciones tras la declaraci�n del concurso corresponde al juez del concurso, y, como tambi�n tiene reconocido el Centro tambi�n corresponde al juez del concurso la competencia para declarar la afectaci�n del bien o su car�cter necesario o no para la actividad empresarial o profesional del deudor (art. 56 citado). Lo que ocurre en este caso es que la ejecuci�n -que est� concluida ya al declararse el concurso aun cuando la resoluci�n judicial adquiera firmeza con posterioridad- no puede verse afectada por la posterior declaraci�n del concurso del deudor (arts. 56, 56 y 57 LC. de los que se desprende con toda claridad que la paralizaci�n o suspensi�n de ejecuciones motivadas por la declaraci�n del concurso se refiere a procedimientos iniciados ya o que se inicien despu�s de la fecha del auto de declaraci�n del concurso, pero no a los ya concluidos con la correspondiente aprobaci�n de la adjudicaci�n). Y esto aunque la adjudicaci�n se haya presentado inscrita la declaraci�n del concurso, pues, como ha declarado este Centro Directivo (R. de 26 enero y 16 febrero 2012), la declaraci�n del concurso no constituye propiamente una carga espec�fica sobre una finca o derecho, sino que hace p�blica la situaci�n subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administraci�n y disposici�n sobre sus bienes y en cuanto a la ejecuci�n judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripci�n se solicite con posterioridad a la luz de tal situaci�n, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaraci�n del concurso y la del acto cuya inscripci�n se solicita. En este caso, dado que la adjudicaci�n fue aprobada por auto de fecha anterior a la del auto de declaraci�n del concurso, no procede suspender la inscripci�n por la falta de concurrencia de un requisito (acreditaci�n de que los bienes ejecutados no est�n afectos ni son necesarios para la actividad del deudor) que s�lo es exigible para las ejecuciones iniciadas, y no concluidas, al declararse el concurso o que pretendan iniciarse con posterioridad. (MN)
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SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO FIGURANDO INSCRITA LA FINCA A NOMBRE DE PERSONA DISTINTA DEL DEMANDADO. Resoluci�n de 5 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.� 54 a la inscripci�n de una sentencia.
Se plantea si puede inscribirse una sentencia declarativa del dominio figurando inscrita la finca a nombre de persona distinta de la demandada. El Registrador suspende la inscripci�n conforme al principio de tracto sucesivo del art. 20 LH.
La Direcci�n confirma la nota de acuerdo con el principio constitucional de protecci�n jurisdiccional de los derechos y de interdicci�n de la indefensi�n procesal, que en el �mbito registral exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento aut�ntico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervenci�n en el procedimiento determinante del asiento. En este caso es claro que no puede inscribirse la sentencia por existir una evidente falta de tracto al constar la participaci�n indivisa respecto de la que se solicita la alteraci�n del contenido del Registro, inscrita a nombre de persona distinta de la demandada.
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Resoluci�n de adjudicaci�n en convenio regulador, como consecuencia del cumplimiento de condici�n resolutoria pactadA EN EL MISMO.
Resoluci�n de 7 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Felanitx n.� 2, por la que se suspende la inscripci�n de un mandamiento judicial, por entender que la inscripci�n que debe practicarse, requiere una sentencia firme.
Se debate la posibilidad de inscribir la resoluci�n de una adjudicaci�n en convenio regulador, como consecuencia del cumplimiento de una condici�n resolutoria en �l pactado, en virtud de un auto judicial, en ejecuci�n de t�tulos judiciales, por el que se tiene por emitida la declaraci�n de voluntad de la titular registral. El �nico defecto que es objeto de recurso es que para que se pueda privar de su mitad indivisa a la titular registral, do�a M. V. C. es preciso o bien su consentimiento o bien una sentencia firme obtenida en procedimiento declarativo (art.82 LH). La Direcci�n corrobora el defecto. Entiende que no estamos ante ninguno de los supuestos que seg�n la LEC llevan aparejada ejecuci�n (sentencias de condena firme �art. 517.2.1- o resoluciones que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, -art. 517.2.2-, junto con otros supuestos especiales (arts. 517.2. 8 y.9); o de una sentencia declarativa o constitutiva con trascendencia inmobiliaria directamente inscribible en el Registro (R 6/2/ 2012). En este supuesto el contenido del convenio regulador que se pretende ejecutar es una adjudicaci�n de un bien ganancial, con asunci�n por el adjudicatario de ciertas obligaciones garantizadas con condici�n resolutoria, pero que no es susceptible de ejecuci�n, sino que precisa, con car�cter previo, una sentencia constitutiva, que as� lo acuerde y que, ahora s�, podr�a ser objeto de inscripci�n registral, sin que este procedimiento judicial pueda ser sustituido por un proceso de ejecuci�n de t�tulos judiciales por el que se declara emitida la declaraci�n de voluntad, toda vez que lo que falta es precisamente el previo t�tulo judicial en que se declare producida la condici�n resolutoria pactada. (MN)
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CONVENIO REGULADOR: CESION A LOS HIJOS DE LA MITAD INDIVISA DE LA VIVIENDA FAMILIAR. Resoluci�n de 8 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Algeciras n.� 3 a
la inscripci�n de un convenio regulador como consecuencia de divorcio. Hechos: Se presenta, junto con testimonio de sentencia de divorcio, convenio regulador aprobado por aqu�lla, suscrito por los c�nyuges, en el que se atribuye el uso de la vivienda familiar a los hijos y la madre, renunciando el esposo a su titularidad sobre la mitad indivisa de la misma, cediendo la nuda propiedad a sus tres hijos por partes iguales y concediendo a la madre el usufructo vitalicio sobre dicha propiedad.
El registrador suspende la inscripci�n por suponer la cesi�n gratuita a los hijos una donaci�n que requiere escritura p�blica y aceptaci�n por los donatarios, y por no ser inscribible el derecho de uso a favor de la madre al ser titular del derecho de usufructo de dicha finca. Los recurrentes impugnan la calificaci�n en cuanto a la primera de las decisiones, por entender que la cesi�n en la propiedad de la mitad indivisa no constitu�a un negocio jur�dico aut�nomo e independiente, sino que tuvo lugar en un convenio regulador de divorcio, examinado y aprobado judicialmente, y que es expresa previsi�n legal del
art. 90 del C�digo Civil que en los convenios reguladores habr� de abordarse todo lo relativo a la vivienda familiar. La DG
revoca la nota de calificaci�n en cuanto a la necesidad de otorgar escritura p�blica como requisito ad solemnitatem de la cesi�n convenida, y la confirma en cuanto a la necesidad de acreditar ante el registrador la aceptaci�n de los cesionarios mayores de edad en documento aut�ntico:
Dos son, por tanto, las cuestiones planteadas: 1) si el convenio regulador de un divorcio ha de considerarse t�tulo suficiente para la cesi�n por parte de un c�nyuge a los hijos de la mitad de la vivienda familiar; 2) si, en su caso, podr�a realizarse la inscripci�n sin que conste el consentimiento de los hijos.
1) En cuanto a la primera cuesti�n, aunque la donaci�n de bienes inmuebles presupone escritura p�blica como requisito formal para su existencia y validez (cfr. art. 633 del C�digo Civil), no es este el caso debatido, toda vez que:
a) del contenido del convenio regulador en su conjunto (afirmaci�n del car�cter de vivienda familiar, asunci�n de la carga hipotecaria que la grava, regulaci�n de la obligaci�n de satisfacer el derecho de alimentos de los hijos...), no resulta que el padre est� efectuando una simple donaci�n a favor de los hijos, sino que realizan los c�nyuges un negocio jur�dico complejo, de car�cter familiar y oneroso.
b) adem�s, no es cierto que la cesi�n considerada se haga sin contraprestaci�n (el otro c�nyuge se compromete al pago del cr�dito hipotecario que lo grava, obligaci�n de la que queda liberado el cedente), ni puede ignorarse que en las cesiones de la vivienda familiar que un c�nyuge realiza en los convenios reguladores de la separaci�n o el divorcio, en favor del otro c�nyuge o de los hijos comunes, tiene una decisiva relevancia la necesidad de atender la situaci�n creada por la crisis matrimonial.
c) uno de los aspectos que por expresa previsi�n legal ha de abordarse en el convenio regulador es el relativo a la vivienda familiar (R. 11 de abril de 2012), en atenci�n b�sicamente, al inter�s de los hijos (cfr.
art. 96 del C�digo Civil); por lo que en modo alguno puede afirmarse que sea extra�o al contenido genuino de dicho convenio el que uno de los c�nyuges ceda su parte de vivienda a favor de los hijos del matrimonio.
d) las previsiones adoptadas en un convenio regulador de la consecuencia de la separaci�n o divorcio, que constituyan el contenido propio de dicho convenio por incidir sobre los aspectos que la crisis familiar hace necesario abordar, producen plenos efectos jur�dicos una vez aprobados judicialmente (cfr.
art. 90 del C�digo Civil).
2. En cuanto a la segunda cuesti�n, el consentimiento de los cesionarios,
nadie puede adquirir derechos en contra de su voluntad, y, a diferencia del hijo menor, los dos hijos mayores de edad no pueden entenderse representados por la madre en el convenio regulador a los efectos de considerar aceptada la cesi�n que en �ste se realiza a su favor, pues se ha extinguido respecto de ellos la patria potestad (cfr. arts 162,
163 y 169 del C�digo Civil); por lo que resulta necesaria su aceptaci�n expresa en documento aut�ntico (cfr. art. 3 de la Ley Hipotecaria) para la inscripci�n de la cesi�n. (JCC)
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OBRA NUEVA �ANTIGUA� EN ANDALUCIA. PRESCRIPCION. SITUACION DE FUERA DE ORDENACION. INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR. Resoluci�n de 8 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por la registradora de la propiedad de Sanl�car de Barrameda, por la que suspende la inscripci�n de una escritura por la que se declara una obra nueva.
Como cuesti�n previa, la DGRN recuerda que �el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificaci�n de los documentos presentados a inscripci�n no est� vinculado, por aplicaci�n del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentaci�n de la misma documentaci�n (por todas, Resoluci�n de 13 de marzo de 2012)�.
La cuesti�n principal trata, en relaci�n con una declaraci�n de obra nueva cuya inscripci�n se interesa al amparo de lo previsto en el art�culo 20.4 de la Ley de Suelo, acerca de si puede entenderse que no procede ya la adopci�n de medidas de restablecimiento de la legalidad urban�stica que impliquen su demolici�n, por haber transcurrido los plazos de prescripci�n correspondientes.
El registrador se�al� en su calificaci�n que tiene dudas pues aunque el certificado emitido por el Ayuntamiento en 2011 dice que ha prescrito la acci�n para restablecer la legalidad urban�stica, se trata de suelo no urbanizable de especial protecci�n, (en el cual no prescribe/caduca la acci�n de la Administraci�n para restablecer el orden jur�dico urban�stico perturbado). Y adem�s, porque del registro resulta que en una finca colindante consta una inscripci�n de obra nueva de una nave destinada a usos agr�colas construida gracias a una licencia concedida en la que se especifica el car�cter provisional de la obra y la obligaci�n de demolici�n sin derecho a indemnizaci�n cuando lo requiera el Ayuntamiento, por ser suelo de especial protecci�n. Y dice que �Ante la duda de si ha prescrito/caducado realmente o no la acci�n de la Administraci�n, la contradicci�n entre lo que certifica el Ayuntamiento y lo que publica el Registro, y lo dispuesto en la normativa aplicable a este supuesto antes citada y por no aportarse resoluci�n de reconocimiento de la situaci�n de asimilado al r�gimen de fuera de ordenaci�n, se suspende la inscripci�n solicitada.�
La DGRN reconoce la existencia de tales dudas, pero destaca que la administraci�n al efecto competente ha resuelto ya un expediente de disciplina urban�stica (con imposici�n de multa) en el que admite la subsistencia de la edificaci�n realizada la certificaci�n municipal, y que la certificaci�n aportada �no resulta que la edificaci�n cuya obra se declara sea contraria al planeamiento vigente ni que, por ello, las medidas de restablecimiento del orden perturbado que por raz�n de su existencia hubieran de ser adoptadas hayan de implicar su demolici�n.�
Y concluye que �a la vista de todo lo anterior se ha de entender que es criterio del Ayuntamiento el de que no concurre en la edificaci�n cuya obra se pretende inscribir infracci�n urban�stica alguna cuya sanci�n deba provocar su demolici�n.�
Tambi�n rechaza el segundo motivo del registrador, diciendo que �el hecho de que sobre una finca registral colindante con aquella sobre la que se declara la obra nueva exista otra edificaci�n para cuya construcci�n se ha otorgado licencia provisional sujeta a determinados requisitos, no puede llevar a suponer que el mismo r�gimen hubiera debido seguirse para la edificaci�n cuya inscripci�n se pretende�
Y a�ade que �la inscripci�n de la declaraci�n de obra nueva en el Registro de la Propiedad en nada merma las posibilidades de actuaci�n del Ayuntamiento para, si fuera procedente, revisar su propia actuaci�n anterior, en la que resolvi� no proceder al derribo, e incoar el expediente que en su caso proceda, dado, por un lado, que el Registro no sana las infracciones urban�sticas que hayan podido ser cometidas y, por otro, la posibilidad de que el Ayuntamiento, al que habr� de ser notificada la inscripci�n que se practique en los t�rminos previstos por el art�culo 20.4.c) de la Ley de Suelo, interese la pr�ctica de anotaci�n preventiva a trav�s de la cual acceda al Registro el expediente que, en su caso, pueda incoar�.
Y sobre el segundo defecto que puso el registrador, en el que se exige la aportaci�n de resoluci�n de reconocimiento de la situaci�n de asimilado al r�gimen de fuera de ordenaci�n, la DGRN lo revoca, remiti�ndose a la doctrina sentada por la Resoluci�n de fecha 17 de enero de 2012. (JDR)
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193. SENTENCIA SIN ESPECIFICAR LA FINCA HABIENDO DOS SIMILARES. TRACTO SUCESIVO. FINCA GANANCIAL: DEBEN DE HABER PODIDO INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO AMBOS ESPOSOS. Resoluci�n de 9 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por la registradora de la propiedad de Pontevedra n.� 2, por la que se resuelve no practicar la inscripci�n de una sentencia declarativa de dominio. Mediante sentencia se declara que una finca pertenece al demandante y sus hermanos. Del Registro resulta que el demandante y sus hermanos ya tienen inscrita a su favor una finca cuya descripci�n y t�tulo de adquisici�n coinciden con la de la sentencia, mientras que existe otra perteneciente a la demandada y a su marido no demandado con car�cter ganancial, cuyo t�tulo mediato de adquisici�n y descripci�n f�sica coinciden �aunque no de modo exacto, pues la sentencia habla de menos metros de los que constan en Registro-.
La registradora se�ala dos defectos: que la finca a que la sentencia se refiere ya figura inscrita a nombre del demandante y sus hermanos, y no se ordena que se practique ninguna cancelaci�n o rectificaci�n de asiento registral alguno respecto de la finca de la demandada; y que la finca cuya rectificaci�n se pretende est� inscrita a favor de un titular registral �el marido de la demandada� que no ha intervenido en el procedimiento.
La Direcci�n confirma ambos defectos. Respecto al primero: la sentencia no se refiere ni describe finca registral alguna ni se infiere qu� asiento deba practicarse. El que no hubiera constancia de la existencia de un procedimiento de doble inmatriculaci�n, el que la finca reivindicada coincida en cuanto a su descripci�n con la inscrita ya a favor del demandante en los t�rminos que se declaran en la sentencia, y el que la descripci�n en la sentencia de la finca de la demandada cuyo t�tulo considera como de peor condici�n no coincida totalmente en su descripci�n con la que consta en el Registro �existen m�s metros inscritos que los que refiere la sentencia� impiden la inscripci�n de la sentencia, sin que dichos obst�culos puedan superarse mediante una instancia privada firmada por el demandante. No obstante, el defecto podr�a subsanarse si el �rgano jurisdiccional concreta el asiento que se ordena practicar.
Igualmente confirma el segundo: no teniendo personalidad jur�dica propia la sociedad de gananciales a cuyo favor se encuentra inscrita la finca, debe aplicarse la doctrina del tracto sucesivo respecto de cada uno de los titulares, de modo que no habiendo sido dirigido el procedimiento contra uno de ellos, y sin mediar su consentimiento, no puede practicarse un asiento que pueda perjudicar sus derechos. (MN)
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194. HIPOTECA UNILATERAL A FAVOR DE LA AEAT SIN DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDAD ENTRE LAS FINCAS. PROHIBICION DE LAS HIPOTECAS SOLIDARIAS. Resoluci�n de 10 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Barbate, a inscribir una escritura de constituci�n de hipoteca unilateral a favor de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria. Id�ntica, en cuanto a la cuesti�n de fondo a la R. 16 de Mayo de 2012 (n�mero 200 de este informe).
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196. SENTENCIA DECLARATIVA DE DOMINIO Y REANUDACION DE TRACTO. USUCAPION COMO CAUSA DE ADQUISICION. Resoluci�n de 11 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por la registradora de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria n.� 1, por la que se deniega la inscripci�n de una sentencia declarativa de dominio.
En sentencia reca�da en un procedimiento seguido contra el titular registral se declara el dominio a favor del demandante que bas� su pretensi�n en una cadena de transmisiones mediante contratos privados que aporta, instando al mismo tiempo la prescripci�n adquisitiva ordinaria. La registradora deniega la inscripci�n por considerar necesario el expediente de dominio para la reanudaci�n del tracto sucesivo.
La Direcci�n General reitera su propia doctrina seg�n la cual la reanudaci�n del tracto sucesivo interrumpido exige el cumplimiento de unos requisitos especiales en garant�a de los transmitentes intermedios (citaciones, publicaci�n de edictos, intervenci�n del Ministerio Fiscal, aprobaci�n del Juez, cfr. art�culos 200, 201 y 203 de la LH) y en consecuencia, la sentencia declarativa del dominio que motiva el presente expediente, no es t�tulo h�bil para reanudar el tracto conforme a la legislaci�n hipotecaria. Ahora bien, tambi�n reconoce que una sentencia declarativa de dominio por usucapi�n contra el titular registral s� ser�a. Lo que ocurre en este supuesto es que la sentencia se limita a declarar el dominio sin se�alar expresamente ninguna de las causas de adquisici�n y por tanto es precisa una aclaraci�n que especifique expresamente la causa por la que la demandante deviene propietaria de la finca, sin que baste el que en la sentencia se consideren suficientes a efectos probatorios los documentos aportados. Si se aclarara que lo que se pretende es tan s�lo suplir los t�tulos para reanudar el tracto, no proceder�a la inscripci�n por no haberse cumplido, como se ha explicado, los requisitos prescritos por la Ley Hipotecaria para la reanudaci�n del tracto; si se aclarara que la declaraci�n de dominio se realiza por raz�n de usucapi�n contra el titular registral, s� ser�a inscribible la ejecutoria. (MN)
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198. OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS. Resoluci�n de 14 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de J�vea n.� 1, a
inscribir una escritura de daci�n en pago de deuda. Mediante una escritura se transmite una vivienda lindante con acantilado del mar. Se acompa�a un certificado de Costas acreditativo de que la finca no invade el dominio p�blico, aunque est� en zona de servidumbre de protecci�n.
El registrador exige las autorizaciones previstas en el art�culo 45 del Reglamento de Costas para las construcciones dentro de la zona de protecci�n, a pesar de que la vivienda consta ya registrada.
El notario recurre y alega que ning�n art�culo fundamenta la exigencia del registrador, pues la normativa de Costas solo lo prev� para la primera inscripci�n de construcciones.
La DGRN revoca la nota argumentando que no hay ninguna norma que exija aportar los certificados que el registrador demanda cuando ya consta inscrita la construcci�n. Argumenta tambi�n la aplicabilidad del principio de legitimaci�n registral que otorga el art�culo 38 de la Ley Hipotecaria al titular registral y finalmente que ha de partirse del principio de libertad del dominio. (AFS)
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CAMBIO DE NOMBRE O N�MERO DE CALLE O DEL POLIGONO Y PARCELA. Resoluci�n de 16 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria n.� 4, a
la alteraci�n de las v�as de situaci�n de unos locales en propiedad horizontal.
Se plantea si se pueden cambiar los nombres de las calles con los que linda un edificio por simple manifestaci�n de sus titulares en una escritura de transmisi�n.
La Direcci�n confirma la calificaci�n en sentido negativo ya que el cambio de nombre y/o n�mero de la calle, como el de pol�gono y parcela, no son datos que pueda modificarse con la simple afirmaci�n de parte interesada, puesto que son datos de polic�a cuya modificaci�n depende de la competente autoridad administrativa (arts. 437 RH y 3 y 11 de la Ley del Catastro Inmobiliario), y debe acreditarse. Pero ello no impide, cuando no existe duda de cu�l es la finca transmitida, la inscripci�n de la venta advirtiendo en la nota de despacho que no se ha modificado el nombre de la calle por no haberse acreditado, acreditaci�n que puede aportarse en cualquier momento y hacerse constar por nota marginal (art. 437.2 RH). (MN)
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CALIFICACI�N Y TR�MITE DE AUDIENCIA PREVIA.
HIPOTECA UNILATERAL A FAVOR DEL ESTADO SIN DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDAD ENTRE FINCAS. PROHIBICION DE LAS HIPOTECAS SOLIDARIAS. Resoluci�n de 16 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Illescas n.� 1, por la que se resuelve no practicar la inscripci�n de una escritura de subsanaci�n de otra escritura de hipoteca unilateral a favor del Estado. Se otorga una escritura de hipoteca unilateral sobre varias fincas a favor de la Agencia Tributaria, para lograr la suspensi�n del ingreso de una deuda. Por exigencias de dicha Agencia la escritura es subsanada de forma que la hipoteca recae ahora sobre las fincas sin distribuci�n de responsabilidad hipotecaria entre ellas, y por ello cada una de ellas responde de la totalidad de la deuda
El registrador exige la distribuci�n de responsabilidad entre dichas fincas. Desde el punto de vista formal considera que lo que ha hecho ha sido �nicamente comunicar al interesado dicho defecto, y que no estamos ante una calificaci�n sino ante el denominado tr�mite de audiencia administrativo, por lo que alega que esa comunicaci�n no es recurrible.
El recurrente alega que la no distribuci�n de responsabilidad se ampara en el principio de libertad de pactos y en el cumplimiento de una resoluci�n administrativa que se fundamenta en lo dispuesto en el art�culo 41.1 del Reglamento de Real Decreto 520/2005. Adem�s se�ala que en varios Registros ya se ha inscrito la escritura.
Resuelve la DGRN lo siguiente:
1.- En cuanto a la alegaci�n del registrador de que lo que se recurre no es una calificaci�n sino una notificaci�n de un defecto por la que se da al interesado el tr�mite de audiencia previa, se�ala que las normas del procedimiento administrativo no son aplicables supletoriamente, de forma autom�tica y abstracta, al procedimiento registral, dada su especial naturaleza. Por tanto el acto del registrador de notificaci�n de un defecto es una calificaci�n, y por ello recurrible, aunque tenga defectos formales.
2.- En cuanto al fondo del asunto, resuelve la DGRN confirmando la decisi�n del registrador y exigiendo la distribuci�n de responsabilidad, pues las hipotecas solidarias sobre varias fincas no son posibles en nuestro derecho, conforme al art�culo 119 LH, y a�adiendo que la normativa fiscal no excepciona este principio, que tampoco es posible excepcionarlo con la autonom�a de la voluntad, y que la eventual resoluci�n administrativa alegada deber�a de estar basada en una normativa con rango legal que autorice a no aplicar lo dispuesto en la LH.
En consecuencia, la DGRN confirma la nota del registrador excepto en lo relativo a la forma, ya que deber�a haberse extendido con hechos, fundamentos de derecho y menci�n de recursos posibles. (AFS)
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EL ALCALDE SOLICITA LA CANCELACION DE UNA DECLARACION DE OBRA NUEVA TRAS LA NOTIFICACION DEL REGISTRADOR. Resoluci�n de 17 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en los recursos acumulados interpuestos contra las notas de calificaci�n extendidas por el registrador de la propiedad de �lora, por las que se deniega la pr�ctica de la cancelaci�n de asientos de inscripci�n de obra nueva terminada. Se debate en este expediente la solicitud de cancelaci�n de un asiento de inscripci�n de obra nueva terminada, solicitud que lleva a cabo el alcalde-presidente de una localidad a ra�z de que se le haya notificado por el registrador de la Propiedad la pr�ctica de dicho asiento de conformidad con lo previsto en el art�culo 54 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
El registrador rechaza la cancelaci�n solicitada y la DGRN confirma su criterio y desestima el recurso, pues �una vez practicado un asiento el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (art�culos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).� Dice que �no procede por tanto entrar en la extensa argumentaci�n del registrador en su nota para justificar la v�lida pr�ctica en su d�a del asiento de obra nueva terminada, como no procede entrar en la argumentaci�n del alcalde-presidente de la corporaci�n municipal para mantener lo contrario�. (JDR)
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PARTICION POR CONTADOR PARTIDOR. Resoluci�n de 18 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci�n de la registradora de la propiedad de Chipiona, por la que se suspende la inscripci�n de una escritura de operaciones particionales por manifestaci�n y adjudicaci�n de herencia testada. Hechos: Mediante escritura de herencia autorizada en Sevilla, con la concurrencia del contador partidor, designado por los dos causantes de la herencia, y seis de los siete herederos nombrados, se eleva a p�blico un documento privado particional del a�o 1999, en el que se ha recogido el inventario y la divisi�n y adjudicaci�n de los bienes hereditarios. En dicho documento particional, al tiempo de las adjudicaciones se recogen una serie de actos de disposici�n y permuta llevadas a cabo entre tres de los seis herederos comparecientes, pero que en nada afectan al s�ptimo heredero no compareciente, al que se le hab�a asignado en el cuaderno particional su adjudicaci�n correspondiente. Se hace constar que con anterioridad a dicha escritura, se hab�a promovido por �ste �ltimo un procedimiento solicitando la divisi�n judicial, que fue desestimado por el juzgado, al establecer que la divisi�n hecha por el contador es ley de la sucesi�n y que las permutas efectuadas entre los otros seis herederos, en nada perjudicaban ni afectaban al s�ptimo, no concurrente. Registradora: Rechaza la inscripci�n de la escritura anterior por estimar que lo que debe ser
un acto unilateral del contador partidor, se ha convertido en un acto contractual entre seis herederos, que exige la intervenci�n de la totalidad de ellos, y el documento no ha sido ratificado por el s�ptimo heredero que debe intervenir, dada su condici�n de legitimario y heredero de ambos causante.
Direcci�n General: La DG acepta el recurso tras hacer un examen detallado de las facultades del contador-partidor. Conforme al 1057 c.c. las particiones hechas por el contador partidor, al reputarse hechas por el propio causante, son por s� solas inscribibles, sin necesidad de intervenci�n de los legitimarios, siempre que del t�tulo no resulte la extralimitaci�n de las facultades de aquel. Se acoge pues a la RS de 24 de marzo de 2001, que ya estableci� que no puede mantenerse el defecto de falta de consentimiento de los herederos legitimarios, ya que la partici�n es v�lida mientras no se impugne y los tribunales estimen ha existido dicha extralimitaci�n. Se alegan adem�s las Rs de 16 de septiembre de 2008, aun reconociendo que no siempre es f�cil delimitar lo particional de lo dispositivo, y as� la DG estima que la igualdad en los lotes puede ser cuantitativa o cualitativa; que cabe la posibilidad de adjudicar un inmueble a un heredero a calidad de abonar a los dem�s en met�lico su participaci�n (Rs 16 septiembre 2008), lo que no implica acto alguno de enajenaci�n. Y finalmente acepta que en la escritura existen dos actos: el unilateral, que es la partici�n realizada por el contador-partidor, y el contractual que es el que llevan a cabo y formalizan los seis herederos concurrentes, que recoge una serie de permutas llevadas a cabo entre ellos, como compensaci�n del menor valor de los bienes adjudicados, pero que estos actos bilaterales en nada afectan al no concurrente, por lo que se puede estimar que se trata de actos que se pueden considerar separadamente de la partici�n, aunque se realicen entre los herederos comparecientes, para compensar el valor de menos que llevan algunos de ellos. En la partici�n el contador se ha ajustado a la voluntad del testador y a las normas legales de car�cter imperativo, como son las relativas al respeto a las leg�timas, sin que se pueda presuponer que cualquier partici�n en que no concurran los legitimarios contraviene y lesiona sus derechos.
Comentario: El problema que aqu� se plantea es el de que, tras de realizarse la partici�n por el contador, y se�alar la cuant�a y derechos de cada heredero, en el mismo documento y al tiempo de las adjudicaciones, se llevan a cabo entre tres de ellos, una serie de permutas, con el fin de compensarse los defectos y excesos de adjudicaci�n de algunos. La DG
se apoya sobre todo en que el tribunal desestim� la demanda de divisi�n judicial, por un lado, y por otro que el contador se ajust� a la ley y a la voluntad del testador al hacer la divisi�n, pero que tras de ello y como acuerdos separables de la partici�n y puramente bilaterales entre los herederos, se realizaron determinadas permutas de bienes, que realmente no formaban parte de la divisi�n hereditaria, aunque fueron hechos para compensar defecto y excesos que se produc�an entre los adjudicatarios permutantes. (JLN) PDF (BOE-A-2012-7883 - 7 p�gs. - 176 KB) Otros formatos
SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS Y SILENCIO. Resoluci�n de 19 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci�n del registrador de la propiedad de Chinchilla de Monte-Arag�n, por la que se suspende la inscripci�n de una escritura de declaraci�n de obra nueva terminada. Los dos defectos que analiza la presente resoluci�n son:
1.- la no acreditaci�n de la licencia de edificaci�n, que tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2011, no cabr� entenderse concedida por silencio positivo conforme el art�culo 23 del citado texto legal; 2.- la no acreditaci�n de la licencia de primera ocupaci�n, que a juicio del registrador, tampoco puede entenderse concedida por silencio positivo por las mismas razones que para el primer defecto.
La DGRN aborda previamente la cuesti�n relativa al �mbito temporal y la posible retroactividad de las normas: Dice que �no puede entenderse de aplicaci�n a la producci�n de los efectos del silencio administrativo, causado con anterioridad a su entrada en vigor, el art�culo 23 del Real Decreto-ley 8/2011, lo que, como se ver�, no excluye la necesidad de su consideraci�n como elemento interpretativo.�
Y por otra que �cuando se produjo la autorizaci�n de la escritura objeto de este expediente, la normativa aplicable era adem�s la del Real Decreto- ley 8/2011, lo que impide alegar, por la fecha de otorgamiento de la escritura, la irretroactividad pretendida.
Adem�s, �s� ha de entenderse de aplicaci�n la nueva redacci�n al art�culo 20 de la Ley de Suelo, en el que se determinan los requisitos a que queda sujeta la autorizaci�n de escrituras de declaraci�n de obra nueva y su inscripci�n en el Registro de la Propiedad, dado que la escritura de declaraci�n de obra nueva cuya inscripci�n se pretende fue otorgada con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley citado.�
Y sobre la concreta admisi�n o no del silencio positivo, dice que �En este caso est� acreditada la falta de respuesta tempestiva de la Administraci�n a la solicitud de la licencia, lo cual, sin embargo, a la vista de la doctrina legal sentada por el Tribunal Supremo en su Sentencia 28 de enero de 2009, no puede entenderse suficiente a efectos de considerar la licencia adquirida por silencio administrativo y, con ello, inscribible la obra nueva declarada, toda vez que seg�n el criterio sostenido por el Alto Tribunal puede concurrir una situaci�n de inexistencia o nulidad radical del pretendido acto administrativo presunto sin necesidad de que la Administraci�n deba iniciar un expediente de revisi�n del acto producido por silencio. Todo ello genera, a falta de una manifestaci�n expresa del Ayuntamiento relativa al hecho de que las facultades adquiridas no son contrarias a la ordenaci�n urban�stica, una situaci�n jur�dica claudicante, en la que no puede entenderse acreditada la existencia y validez de un acto de autorizaci�n de la obra declarada, por lo que su acceso al Registro, seg�n resulta de las citadas Resoluciones de 15 de septiembre de 2009 y 11 de mayo de 2011, no puede ser admitida.�
Y aclara que con ese criterio �no se trata con ello de llevar a cabo una aplicaci�n retroactiva del art 23 del Real Decreto-Ley 8/2011, (que cambia el silencio positivo por negativo) sino de, utiliz�ndolo como un elemento m�s de interpretaci�n por raz�n del tiempo en que se produce la aplicaci�n de la norma, en la que ha de tenerse en cuenta el contexto de la realidad social del momento en que tiene lugar, apreciar que en el conflicto de intereses en juego debe prevalecer los que representan las normas que protegen la legalidad urban�stica y registral�. Adem�s, dice la DGRN, aunque la norma no puede ser retroactiva, s� lo es la doctrina legal sentada por la Sentencia de 28 de enero de 2009, plenamente aplicable al supuesto aqu� resuelto, ya hab�a excluido la posibilidad del silencio administrativo positivo respecto de los actos administrativos cuya producci�n por silencio pudiera provocar la adquisici�n de facultades contrarias a la ordenaci�n urban�stica, raz�n por la cual el legislador procede a �explicitar�, en la nueva regulaci�n, el silencio negativo.
Y en relaci�n con el segundo defecto, por el que se exige la aportaci�n de licencia de primera ocupaci�n, �debe, seg�n lo antes afirmado, entenderse de aplicaci�n lo previsto en el art�culo 20 de la Ley de Suelo, seg�n la redacci�n prevista por el art�culo 24 del Real Decreto Ley 8/2011, dado que la escritura calificada fue otorgada con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma.� Por tanto, la DGRN tambi�n confirma este defecto y desestima el recurso. (JDR)
Ver trabajo de Joaqu�n Zejalbo sobre la retroactividad
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CANCELACI�N DE ANOTACIONES POSTERIORES A UNA EJECUCI�N CUANDO EL MANDAMIENTO CANCELATORIO NO SE PRESENT� AL MISMO TIEMPO QUE EL AUTO. Resoluci�n de 19 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Marbella n.� 3, a la cancelaci�n de anotaciones de embargo posteriores a un procedimiento de ejecuci�n. Se plantea si pueden cancelarse las anotaciones de embargo posteriores a una ejecuci�n cuando el mandamiento cancelatorio no se present� al mismo tiempo que el auto de adjudicaci�n que en su d�a se inscribi�, sino unos meses despu�s, y, por tanto, habiendo sido cancelada la anotaci�n del procedimiento del que dimana el repetido mandamiento cancelatorio.
El registrador deniega la cancelaci�n por entender que, habiendo sido cancelada la anotaci�n que reflejaba el procedimiento, dicho procedimiento ha perdido toda preferencia, por lo que debe aplicarse la misma doctrina que un�nimemente se sigue cuando la anotaci�n ha incurrido en caducidad.
La Direcci�n revoca el defecto invocando su propia doctrina, en particular la de la R.28/07/89, seg�n la cual inscrita la enajenaci�n judicial durante la vigencia de la anotaci�n se consuma la virtualidad de la anotaci�n y la prioridad ganada por la anotaci�n se traslada a la enajenaci�n y, por eso, las cargas y grav�menes posteriores sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, por lo que es indudable la eficacia cancelatoria del mandato dictado por el juez que conoci� de aqu�l, conforme a los art�culos
692 LEC,
1, 17, 40, 79, 83 y 84 LH y 175.2 y 233 de su Reglamento. (MN)
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208. INSTANCIA DE HEREDERO �NICO CUANDO HAY RESERVA VIDUAL. Resoluci�n de 19 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Palma n.� 5, por la que se suspende la inscripci�n de un documento en instancia privada con las firmas legitimadas ante notario, por la que se hace manifestaci�n y aceptaci�n de herencia.
Hechos: Mediante instancia privada se solicita por un reservatario la inscripci�n a su favor en el Registro de la Propiedad de determinados bienes sujetos a reserva vidual, sin intervenci�n del heredero del reservista. El reservatario es el �nico hijo del primer causante. El reservista es el c�nyuge que pas� a segundas nupcias. Consta en el Registro la cualidad de reservables de dichos bienes por sentencia judicial.
El registrador, sobre la base de que los bienes forman parte de la herencia del reservista, exige el consentimiento de los herederos del reservista y su entrega en escritura p�blica.
El recurrente, considerando que los bienes forman parte de la herencia del primer causante y que, aunque formara parte de la herencia del reservista, no hay comunidad hereditaria sobre los mismos, argumenta que no es necesaria la intervenci�n de los restantes herederos del reservista. La DGRN despu�s de un an�lisis de la naturaleza jur�dica de la Reserva Vidual concluye lo siguiente:
.-La vocaci�n o llamamiento a los bienes nace de la Ley; que determina los reservatarios y los bienes reservables.
.- Los bienes reservables son parte de la herencia del reservista, pero formando un patrimonio separado.
En el presente caso, al estar determinado por sentencia y constar en el Registro la cualidad de reservables de los bienes, concluye que es posible que el �nico reservatario se adjudique por s� solo los bienes reservables sin intervenci�n del heredero del reservista y en consecuencia es admisible la instancia privada. Comentario: Estoy de acuerdo en las precisiones de la DGRN sobre la naturaleza jur�dica de la reserva vidual, pero resulta dif�cil de compartir su conclusi�n de que el reservatario, que no es heredero del reservista, pueda por s� solo tomar posesi�n de los bienes de la herencia del reservista, aunque forme una masa distinta, pues el heredero del reservista es el �nico legitimado para estar en posesi�n de los mismos, de todos, y en consecuencia para entregarlos, seg�n la regla general de nuestro derecho. Parece que la soluci�n de la DGRN hubiera sido distinta si no hubiera constado ya en el Registro la cualidad de bienes reservables. Por otro lado la posibilidad de inscripci�n mediante instancia privada, como toda excepci�n a la regla general, deber�a de ser objeto de interpretaci�n restrictiva y ce�irse a los casos en los que est� previsto, es decir a aquellos en que s�lo hay un �nico interesado en la herencia y las posibilidades de conflicto son nulas. En el presente caso hay al menos dos interesados m�s, el supuesto es complejo (puede haber deudas en la herencia del reservista, hay una heredera y una esposa legitimaria, �) y su naturaleza es opinable, como se ha visto, por lo que la instancia privada unilateral no deber�a de haberse admitido, incluso estando determinados los bienes reservables, y creo que deber�a de haber entregado dichos bienes la heredera en escritura p�blica, que es la regla establecida para dar mayor seguridad jur�dica al acto y en evitaci�n de posibles conflictos futuros. (AFS)
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ATRIBUCI�N DEL USO DEL DOMICILIO FAMILIAR A LOS HIJOS MENORES. Resoluci�n de 19 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por la registradora de la propiedad de Pozuelo de Alarc�n n.� 2, por la que se suspende la inscripci�n de un derecho de uso atribuido en convenio regulador aprobado judicialmente.
Hechos: Se presenta un testimonio de sentencia dictada en procedimiento judicial de divorcio por la que se dispone en el propio cuerpo de la sentencia, aceptando lo acordado en el convenio regulador, lo siguiente: �5�: En atenci�n al inter�s m�s necesitado de protecci�n, se atribuye el uso del domicilio familiar y su ajuar a los hijos menores que vivir�n en compa��a de su madre��.
La registradora estima como necesario que el derecho de uso de la vivienda familiar se atribuya a la esposa para que pueda ser inscrito a su favor como titular, sin perjuicio de que los beneficiarios sean los hijos. Subsidiariamente, han de constar sus respectivos nombres y apellidos.
El Centro Directivo comienza recordando que, seg�n el art�culo 90 Cc, forma parte del contenido m�nimo del convenio regulador, aprobado por el Juez, la atribuci�n del uso de la vivienda y ajuar familiar. Recogiendo y refrendando este acuerdo, el Juez en la propia sentencia ha considerado procedente, en atenci�n al inter�s m�s necesitado de protecci�n, aprobar la medida acordada por los c�nyuges y, en consecuencia, atribuir el uso del domicilio familiar a los hijos menores, sin olvidar que �vivir�n en compa��a de su madre�.
En recientes resoluciones record� la necesidad legal de determinar la situaci�n de la vivienda habitual en los procedimientos de nulidad, separaci�n o divorcio del matrimonio, atendiendo de modo particular al inter�s de los hijos menores, a los cuales se les puede atribuir el uso de la vivienda familiar acordada por los padres. La atribuci�n prevista en el art. 96 Cc, es supletoria, a falta de acuerdo aprobado por el Juez. Y las previsiones acordadas por los c�nyuges para regular las consecuencias de la separaci�n o divorcio, que incidan sobre los aspectos afectados por la crisis familiar, producen plenos efectos jur�dicos una vez aprobadas judicialmente.
Por ello, considera inscribible el t�tulo presentado, pero debiendo de ser completado con las circunstancias identificativas de los hijos a cuyo nombre debe inscribirse el derecho de uso de la vivienda familiar como ped�a tambi�n la registradora.
Notas: La DG dice tambi�n que no entra a valorar -por no constar en la nota� otras circunstancias:
- Tal vez pudiera referirse al �mbito temporal del derecho: �finalizar�a con la mayor�a de edad, salvo discapacidad? - No creo que sea precisa la atribuci�n de cuotas al ser un derecho familiar de uso conjunto inalienable de modo aut�nomo -ni por cuotas ni globalmente- salvo unido al derecho de propiedad. - La registradora s� que alude a la reciente y muy interesante diferenciaci�n que hizo el Centro Directivo en otras resoluciones entre titular (normalmente el c�nyuge) y beneficiarios (normalmente los hijos). Aqu� parece que son titulares los hijos directamente lo que puede plantear problemas a la hora de enajenar la vivienda antes de su mayor�a de edad pues estar�a sometida a las normas m�s estrictas de enajenaci�n de bienes de menores, lo que se podr�a obviar de considerar al c�nyuge como titular.
Ver otras resoluciones sobre la materia: 20 de febrero de 2004 (sin plazo); 5 de junio de 2008 (indeterminaci�n de titulares); 14 de mayo de 2009 (titular y beneficiarios), 18 de noviembre de 2009 (dudas sobre si es derecho de uso constituido); 1 de marzo de 2011 (cancelaci�n de uso), 11 de abril de 2012 (�mbito del convenio regulador) y 8 de mayo de 2012 (cesi�n a los hijos de mitad indivisa de finca).
Ver trabajo de Luis F. Mu�oz de Dios S�ez, Notario de Valdemorillo (Madrid) (JFME)
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diferencias de descripci�n de la finca matriz, POR no haberse tenido en cuenta una segregaci�n, Resoluci�n de 21 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci�n del registrador de la propiedad de Alicante n.� 3, por la que se deniega la inscripci�n del resto de una finca matriz en una escritura de manifestaci�n y adjudicaci�n de herencia.
Hechos: *En una escritura de herencia, una de las fincas fue objeto con anterioridad de varias segregaciones. Carece de referencia catastral. En la escritura se describe la finca en los mismos t�rminos en que lo estaba la matriz antes de las segregaciones (y en concreto sus linderos) pero restando de su superficie, la suma de las cabidas resultantes de las diversas segregaciones anteriores (en los t�rminos y cabidas que constan en las notas marginales).
El registrador, suspende la inscripci�n por entender que deben redescribirse los linderos, pues �stos no pueden ser los mismos antes y despu�s de las diversas segregaciones.
El notario recurrente, alega que para la descripci�n de la finca en la escritura, se tomaron la superficie y linderos que resultan del Registro;
La DGRN *estima el recurso y revoca la calificaci�n, en base a los arts. 50 y 51 RH las diferencias de descripci�n de la finca matriz, como consecuencia de no haberse tenido en cuenta una segregaci�n, son irrelevantes si dicha finca est� perfectamente identificada y se pretende respetar la descripci�n actual seg�n Registro. (ACM)
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**211.
VALORACI�N EN EL EXPEDIENTE GUBERNATIVO DE ESCRITOS POSTERIORES LA NOTA. Resoluci�n de 21 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por la registradora de la propiedad de Lora del R�o, por la que se suspende la cancelaci�n de una inscripci�n de hipoteca, as� como de la nota acreditativa de haberse expedido certificaci�n de cargas.
Hechos: Se presenta testimonio de un auto judicial �no de adjudicaci�n- en un procedimiento de ejecuci�n directa sobre bienes hipotecados en el que se dispone �la cancelaci�n de la hipoteca inscrita en el Registro de la Propiedad as� como la nota acreditativa de la certificaci�n de cargas�. La registradora considera que, para cancelar la hipoteca, ser�a preciso aportar un testimonio del auto de adjudicaci�n y mandamiento de cancelaci�n de cargas que no se ha acompa�ado.
La jueza informa que no ha habido adjudicaci�n, sino que el proceso ha concluido por pago, conforme al art�culo 693.3 LEC
La DGRN indica que, conforme al art�culo 326 de la Hipotecaria, atendiendo a la documentaci�n presentada inicialmente a la registradora, �proceder�a� confirmar la nota de calificaci�n, dada la falta de claridad del mandamiento en orden a la expresi�n de la causa de la cancelaci�n, que ha llevado a entender que se pod�a tratar de un decreto de adjudicaci�n, que precisar�a su presentaci�n junto con el mandamiento de cancelaci�n de la hipoteca, conforme al art�culo 133 de la Ley Hipotecaria.
Sin embargo, revoca el defecto �habida cuenta que en el seno de este procedimiento, en tr�mite de alegaciones, se ha aclarado por la autoridad judicial que la cancelaci�n de hipoteca se ordena por pago de la cantidad adeudada�. Notas: Dos puntos controvertidos tiene esta resoluci�n.
1�.- Revocaci�n de una nota de calificaci�n atendiendo a documentos que no tuvo a la vista la registradora en el momento de calificar. Tal criterio -que cambia radicalmente el mantenido hasta ahora- se da de bruces con el art�culo 326 de la Hipotecaria, citado por el propio Centro Directivo el cual impone el rechazo de �cualquier otra pretensi�n basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma�. Para encontrar un sentido racional a tal criterio, habr� que pensar que la registradora, al formar expediente para remitir la documentaci�n a la DGRN y recibir el escrito de la jueza �en lo que vendr�a a considerar la DGRN como una especie de tr�mite de audiencia, posterior a la decisi�n de la registradora, pero previo a la de la DGRN-, en vista de lo alegado, deber�a de haber revocado su decisi�n, en ejercicio del derecho que le confiere el art�culo 327, p�rrafo sexto de la Ley Hipotecaria.
As�, pues, seg�n este planteamiento, el Centro Directivo, no s�lo valorar�a la nota de calificaci�n en s�, sino tambi�n si el registrador, a la vista de los escritos recibidos, obr� correctamente al no rectificar su criterio inicial.
Tendr�a a su favor este criterio el de la econom�a procedimental, pero en su contra el de que parece tomarse como una nueva calificaci�n �o recalificaci�n- con un exiguo plazo de cinco d�as que se contraviene con lo dicho de manera expresa en el art. 326.1 LH.
En el caso concreto, la registradora, al elaborar el expediente y emitir su informe, tuvo s�lo un fax, pues el documento original lo recibi� el Centro Directivo despu�s. Habr� que entender, pues, que se le asigna a este fax, el mismo valor que a los documentos presentados por este medio para el Diario, pendientes de su confirmaci�n en diez d�as, circunstancia que, en el caso presente, s� que se dio.
De todos modos, en el auto inicial creo que hay suficientes elementos para considerar que se ordenaba la cancelaci�n de la hipoteca y que era por pago al acreedor por principal, intereses y costas, sin subasta, pues, se ordena as� literalmente y, entre otras circunstancias, se indica que el requerimiento fue atendido por los demandados. Tambi�n es cierto que no se alud�a de modo expreso al art�culo 693.3 LEC
La DGRN vuelve a valorar escritos posteriores en la resoluci�n siguiente.
2�.- Admite la cancelaci�n por pago en sede judicial. Hay antecedentes sobre esta posibilidad, debiendo de valorar el Registrador el trato que ha tenido el titular registral �en este caso el acreedor- en el procedimiento. En el caso presente, parece que fue aceptada por el deudor su propuesta acerca del principal debido y la no oposici�n respecto a intereses y costas. Es interesante al respecto la Resoluci�n de 10 de noviembre de 2001 la cual exigi� la constancia de la intervenci�n que haya tenido en el procedimiento el acreedor, confirmando la DGRN, en dicho caso, el criterio del Registrador, pues se trataba de consignaci�n del importe en procedimiento relacionado con una anotaci�n de embargo posterior.
Tambi�n conviene aludir al recordatorio que hace la DG acerca de que, junto al decreto de adjudicaci�n, se precisa la presentaci�n del mandamiento de cancelaci�n de la hipoteca conforme al art�culo 133 de la Ley Hipotecaria. (JFME)
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*212. SUSPENSI�N DE LA CALIFICACI�N POR NO ACREDITAR LA LIQUIDACI�N DE IMPUESTOS. CAR�CTER NO VINCULANTE DE LAS RESOLUCIONES. FALTA DE REFERENCIA EN EL JUICIO DE SUFICIENCIA A LA FACULTAD DE AUTOCONTRATACION. Resoluci�n de 22 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por la registradora de la propiedad de Barcelona n.� 14, por la que se suspende la inscripci�n de una escritura de pr�stamo hipotecario. Hechos: Se otorga una escritura de pr�stamo hipotecario en la que la prestataria interviene por s� y por su hijo representado con poder, incurriendo en conflicto de intereses. El notario autorizante emite el juicio de suficiencia, aunque no menciona expresamente que el conflicto de intereses est� salvado en el poder.
La registradora deniega la inscripci�n porque entiende que hay conflicto de intereses y no considera bastante el juicio notarial, ya que no menciona expresamente dicho conflicto para justificarlo. Por otro lado suspende inicialmente la calificaci�n por falta de acreditaci�n del pago del impuesto y posteriormente, una vez liquidado de impuesto, emite la calificaci�n sobre el fondo del asunto.
El notario recurre alegando que la calificaci�n es nula por cuanto debieron de expresarse todos los defectos en la primera calificaci�n (es decir, cuando se suspendi� por motivos fiscales) en virtud del principio de calificaci�n unitaria, y por otro lado que el juicio de suficiencia notarial incluye los casos de conflictos intereses o autocontrataci�n, seg�n doctrina reiterada de la DGRN.
La DGRN declara, en cuanto a la primera cuesti�n de la suspensi�n de la calificaci�n, que el registrador debe de suspender la calificaci�n hasta acreditarse la presentaci�n a liquidaci�n del impuesto, y que para considerar acreditada esa liquidaci�n se ha de exigir cumulativamente la carta de pago y la nota de liquidaci�n en el documento. En cuanto a la segunda cuesti�n resuelve que el juicio de suficiencia notarial debe de hacer menci�n expresa a la autocontrataci�n o conflicto de intereses y que esa circunstancia es calificable por el registrador. En el caso concreto, considera acreditado que el poder salva expresamente el conflicto de intereses, pues, aunque el notario no lo menciona en el juicio de suficiencia, lo considera acreditado por la manifestaci�n que el notario hace en el presente recurso. (Y se supone tambi�n porque la DGRN ha tenido el poder a la vista y lo ha comprobado)
Comentario: Pol�mica resoluci�n por varios motivos: 1.- Porque confirma el cambio de postura de la DGRN en el tema de la suspensi�n de la calificaci�n por cuestiones fiscales, pues anteriormente consideraba que aunque no estuviera acreditada la liquidaci�n del impuesto, el registrador, por el principio de calificaci�n unitaria, ten�a que calificar el fondo del documento y alegar todos los defectos. En mi opini�n esta postura actual es la que mejor se adecua a lo dispuesto en el art�culo 255 LH, que es bastante claro en ese punto.
2.- Porque confirma tambi�n el cambio de postura de la DGRN en cuanto al car�cter vinculante de sus resoluciones para todos los registradores, conforme al art�culo 327 de la LH. La DGRN reinterpreta dicho art�culo, con apoyo en alguna jurisprudencia menor, y resulta ahora, seg�n su interpretaci�n, que sus Resoluciones s�lo vinculan a los registradores que tengan que calificar la misma escritura sobre la que versa la Resoluci�n, supuesto altamente infrecuente por otra parte.
Es decir que los registradores puedan calificar y contradecir seg�n su propia opini�n el criterio de la DGRN, que no les vincula si no hay recurso, por lo que el tantas veces mencionado principio de jerarqu�a de los registradores con respecto a la DGRN en este punto desaparece o no se sabe d�nde queda. Por ello los notarios, y ciudadanos en general, no sabr�n ya a qu� atenerse, pues lo importante en la pr�ctica no ser� el criterio o jurisprudencia de la DGRN sino el del registrador que les corresponda.
V�ase al respecto lo que dice el
art�culo 327 de la LH y que cada uno se forme su propia opini�n: �Publicada en el ''Bolet�n Oficial del Estado'' la resoluci�n expresa por la que se estime el recurso, tendr� car�cter vinculante para todos los registradores mientras no se anule por los Tribunales. La anulaci�n de aqu�lla, una vez firme, ser� publicada del mismo modo.�
3.- Porque confirma el cambio de postura de la DGRN en cuanto al tema de la autocontrataci�n y el juicio de suficiencia notarial. Ahora el notario, seg�n la DGRN, tiene que emitir un juicio expreso sobre la autocontrataci�n, calificable adem�s por el registrador, y no basta el juicio de suficiencia ordinario sobre el poder. En mi opini�n esta postura no se ajusta a lo dispuesto en el art�culo 98 de la
Ley 24/2001 pues el juicio de suficiencia notarial de los poderes abarca todas las vicisitudes que puedan influir en la suficiencia del poder, incluida la autocontrataci�n, ya que la norma atribuy� al notario esa responsabilidad en evitaci�n de la doble calificaci�n notarial y registral sobre el fondo del asunto. Prueba de ello es el presente caso, que se repetir� en la inmensa mayor�a de casos similares: el juicio de suficiencia es positivo porque el notario ya valor� la existencia de autocontrataci�n o conflicto de intereses y tuvo en cuenta que el poder lo salvaba. Se a�ade por tanto una formalidad adicional al juicio notarial que no la exige la ley.
4.- Porque admite una suerte de aclaraci�n o complemento del juicio de suficiencia notarial por el propio notario en el tr�mite del recurso, sin que sepamos en qu� norma se fundamenta. La �nica explicaci�n posible es la raz�n pr�ctica, podr�amos decir de equidad, de que, en otro caso, quitar�a formalmente la raz�n al notario cuando la tiene claramente en lo sustantivo, pues el poder salvaba el conflicto de intereses y no lo expres� as� por considerarlo innecesario. (AFS)
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D*213.
HERENCIA CON POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE MADRE E HIJO MENOR. Resoluci�n de 23 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci�n de la registradora de la propiedad de Santa Mar�a de Gu�a de Gran Canaria, por la que se deniega la inscripci�n de una escritura de aceptaci�n de herencia y entrega de legado. (JAR)
Supuesto de hecho: madre e hijo (menor de edad) son instituidos herederos. Adem�s la madre es legataria. La madre otorga la escritura adjudic�ndose su legado y despu�s adjudica la herencia a ella misma y a su hijo pro indiviso. Se plantea si hay conflicto de intereses y si se necesita el nombramiento de un defensor judicial: NO hay conflicto de intereses ni es preciso el nombramiento de defensor judicial.
La DGRN reitera su doctrina sobre el conflicto de intereses, que no puede fundamentarse en meras hip�tesis o conjeturas, sino que exige la concurrencia de aquellas circunstancias cuyo desenvolvimiento supongan un potencial y razonable conflicto de intereses.
1. Que representante legal y representado est�n interesados en la herencia no autoriza a suponer sin m�s la existencia de un conflicto de intereses, sino que habr�n de examinare las circunstancias de cada caso concreto.
2. No hay contradicci�n ni conflicto de intereses en una partici�n si los bienes se adjudican proindiviso respetando las normas legales sobre la partici�n de la herencia.
3. En la formaci�n de inventario no tiene por qu� existir inter�s contrapuesto, pues la declaraci�n sobre los bienes que integran el caudal relicto est� m�s cerca del testimonio o declaraci�n de ciencia que del negocio jur�dico propiamente dicho.
4. La doctrina de este Centro Directivo ha reiterado que la contradicci�n de intereses entre los menores y sus representantes legales se puede deber a diferentes motivos: incluir en el inventario bienes como gananciales, o bienes de cuyo t�tulo adquisitivo no resulte con claridad tal car�cter; no ajustarse el viudo o viuda en la adjudicaci�n de los bienes a las disposiciones legales sobre titularidad de cuotas en el caudal relicto; ejercitar el c�nyuge viudo una opci�n de pago de su cuota legal usufructuaria.
5. La patria potestad tiene sus propias normas y no cabe aplicar anal�gicamente en sede de patria potestad las normas de la tutela: "... no procede (la aplicaci�n)) del art�culo 272 del C�digo Civil, que se encuentra en sede de ejercicio de la tutela. En el caso que nos ocupa, se trata de un menor sometido a la patria potestad de su madre, que la ejerce con exclusividad, como se acredita en la escritura, por lo que s�lo proceden las limitaciones de los art�culos 162 y siguientes, pero no otros...". (JAR)
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214. DESHERERACION DE LOS HIJOS Y DE TODA SU DESCENDENCIA. Resoluci�n de 23 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci�n del registrador de la Propiedad de Alberic, que acuerda suspender la inscripci�n de una escritura de partici�n de herencia. Hechos: En un testamento el testador deshereda a sus dos hijos y a toda su descendencia por una determinada causa. Ahora se otorga la escritura de herencia por la �nica heredera (la viuda) sin intervenci�n de los hijos desheredados. No se especifica tampoco quienes son los descendientes de los hijos, tambi�n desheredados.
El registrador exige que se especifiquen nominativamente los descendientes de los hijos, que han sido desheredados. Se otorga entonces una escritura complementaria identificando a los descendientes de los dos hijos (que son 3 y 1, respectivamente) y a pesar de ello el registrador mantiene el defecto pues exige tambi�n que se especifique la causa de desheredaci�n que afecta a cada uno de ellos.
El notario recurre y alega que la voluntad del testador es la ley de la sucesi�n, que su voluntad ha sido la desheredaci�n de todos sus descendientes por una causa concreta, y que los desheredados pueden acudir a los tribunales si lo estiman por conveniente, pero el �nico interesado es el heredero designado, que es el otorgante de la escritura.
La DGRN confirma la nota de calificaci�n con los siguientes argumentos:
- La desheredaci�n exige en la escritura de herencia la expresi�n de la causa y la identificaci�n concreta de los desheredados.
- El otorgante de la escritura de herencia tiene que identificar a los desheredados y a sus descendientes por sus manifestaciones, sin necesidad de acta de notoriedad, pero debe de aportar los datos personales necesarios para que se pueda inferir la aptitud gen�rica de dichos descendientes para ser desheredados. Por ejemplo, la edad en el momento de la desheredaci�n.
- De todos los datos aportados en la escritura debe de resultar �en principio- que los otorgantes son los �nicos interesados en la sucesi�n.
Comentario.- La postura de la DGRN, m�s restrictiva de la que tradicionalmente se ha mantenido y que es la que sostiene el notario autorizante , resultar�a aceptable siempre que el juicio notarial o calificaci�n registral sobre esa aptitud gen�rica de los descendientes para ser desheredados se base exclusivamente en supuestos objetivos y palmarios, como es el de la edad del desheredado en el momento de la desheredaci�n. Pero ir m�s all�, valorando la validez o no propiamente de la causa de desheredaci�n, conllevar�a un aut�ntico juicio de valor, reservado a la esfera judicial, y una subversi�n del principio de que la desheredaci�n se presume justa y que es al desheredado al que corresponde la impugnaci�n.
En definitiva, en la escritura habr� que identificar a los desheredados, a sus descendientes, expresar su edad, y dejar claro que no hay otros posibles interesados o legitimados en la sucesi�n que los otorgantes.(AFS)
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VENTA DE UNA PARTICIPACI�N INDIVISA SOBRE UNA FINCA UBICADA EN SUELO NO URBANIZABLE EN ANDALUC�A. Resoluci�n de 24 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de El Puerto de Santa Mar�a n.� 2, a
inscribir una escritura de compraventa. Los titulares de la mitad indivisa de una finca descrita como r�stica, la vendieron a dos personas casadas entre s�, que la adquieren para su sociedad conyugal. En dicha escritura se pacta, sin m�s, la transmisi�n de la citada cuota indivisa, sin que conste acuerdo alguno sobre individualizaci�n o adscripci�n de uso a la misma.
El registrador suspende la inscripci�n porque considera necesaria la obtenci�n de la correspondiente licencia urban�stica de parcelaci�n o declaraci�n municipal de su innecesariedad, exigidas por la normativa urban�stica de Andaluc�a para inscribir los actos que considera reveladores de una posible parcelaci�n urban�stica.
La DGRN considera aplicable la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenaci�n Urban�stica de Andaluc�a, seg�n la cual (art 66) la ausencia de asignaci�n formal y expresa de uso individualizado de una parte del inmueble no es por s� sola suficiente para excluir la formaci�n de nuevos asentamientos y, por tanto, la calificaci�n de parcelaci�n urban�stica. Ni siquiera excluye esta posibilidad la manifestaci�n contraria al hecho o voluntad de que se produzca aquella asignaci�n, pues el elemento decisorio es la posible aparici�n de tales asentamientos, como cuesti�n de hecho.
Pero revoca el defecto diciendo que el registrador basa �nicamente su calificaci�n negativa en la simple existencia de una transmisi�n de cuota indivisa Pero tal conclusi�n, analizado el supuesto de hecho que la presente resuelve, no puede compartirse, porque �el negocio jur�dico sobre el que recae la calificaci�n recurrida no genera una divisi�n ideal del dominio que deba entenderse reveladora de un posible acto de parcelaci�n sujeto a licencia previa. Por el contrario, y seg�n pone de manifiesto el notario autorizante del t�tulo, dicho negocio jur�dico supone la mera transmisi�n de la titularidad de una participaci�n indivisa ya creada con anterioridad. No se da, por tanto, el supuesto de hecho previsto en el art�culo 66.2 de la Ley de Ordenaci�n Urban�stica de Andaluc�a, el cual se ha de entender referido no a cualquier transmisi�n de participaciones indivisas, sino �nicamente a aquellas transmisiones en las que se produce la divisi�n ideal del dominio mediante la creaci�n de nuevas participaciones indivisas, y ello aun cuando no se establezca de forma expresa que la titularidad de las mismas atribuye derecho al uso exclusivo de un espacio determinado. (JDR)
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CANCELACI�N DE INSCRIPCI�N DE DOMINIO. CANCELACI�N DE ANOTACIONES POSTERIORES: TRACTO SUCESIVO. Resoluci�n de 24 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Alberic, por la que se deniega la cancelaci�n de determinadas anotaciones de embargo.
Documentos presentados.- Mandamiento que incorpora testimonio de sentencia por la que: 1.- Se anula transmisi�n de dominio causante de la �ltima inscripci�n practicada sobre una finca, por simulaci�n, en juicio seguido por la vendedora frente al comprador actual titular registral de la referida finca.
2.- Se ordena la cancelaci�n de dicha �ltima inscripci�n de dominio as� como de los dem�s asientos producidos como consecuencia del contrato simulado.
Calificaci�n registral.- El registrador cancela la �ltima inscripci�n de dominio, pero deniega la de nueve anotaciones preventivas de embargo vigentes sobre la finca y practicadas con posterioridad a la inscripci�n anulada, porque con tal cancelaci�n se perjudicar�a los derechos de terceros adquirentes de derechos inscritos que no han tomado parte en el procedimiento, de acuerdo con el art. 24 CE y el principio del tracto sucesivo. El recurrente se opone a la nota por la eficacia ex tunc de la nulidad declarada por la sentencia presentada y la literalidad de lo ordenado en la sentencia y del tercer p�rrafo del art. 38 LH.
Cuestiones estudiadas en los fundamentos jur�dicos. La DGRN confirma la nota del registrador frente al recurso del secretario judicial.
Proscripci�n de la indefensi�n y tracto sucesivo. Si bien es cierto que los Registradores de la Propiedad, como funcionarios p�blicos, tienen la obligaci�n de respetar y colaborar en la ejecuci�n de las resoluciones judiciales firmes (art. 17.2 LOPJ), no lo es menos que el principio constitucional de protecci�n jurisdiccional de los derechos e intereses leg�timos y el principio del tracto sucesivo (cfr. art. 20 LH) no permiten extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en �l. No habiendo sido dirigido el procedimiento, en el presente caso, contra los titulares registrales de las cargas vigentes y sin mediar su intervenci�n ni su consentimiento, no puede practicarse un asiento que pueda perjudicar sus derechos.
La eficacia ex tunc de la nulidad declarada por la sentencia puede predicarse respecto de demandantes y demandados y sus respectivos causahabientes conforme al art. 222.3 LEC, lo que permite la cancelaci�n de la inscripci�n de dominio practicada a favor de estos �ltimos, pero no puede sostenerse respecto de los titulares de cargas que, confiando en lo que el Registro publicaba, se adelantaron en su acceso a Registro y no han intervenido en el proceso judicial entablado.
Esa interpretaci�n concurre con la del p�rrafo tercero del art. 38 LH y respeta el p�rrafo segundo del art. 658 LEC que dispone que si la inscripci�n del dominio a nombre de persona distinta del ejecutado fuera posterior a la anotaci�n del embargo �en el presente expediente la reinscripci�n a favor del vendedor es posterior�, se mantendr� dicho embargo y se estar� a lo dispuesto en el art. 662. Recuerda la DGRN que el demandante ten�a la posibilidad, que no utiliz�, de solicitar del Tribunal la anotaci�n preventiva de demanda de la acci�n de nulidad por simulaci�n, anotaci�n que s� hubiera servido de aviso a los posteriores titulares de cargas, y que hubiera permitido la cancelaci�n de las mismas. (CBG)
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CERTIFICACION ART. 206 LH PARA INSCRIBIR BIEN VACANTE A FAVOR DEL ESTADO. Resoluci�n de 25 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Dos Hermanas n.� 3, a
inscribir una finca a favor de Patrimonio del Estado.
Hechos: Mediante certificaci�n administrativa, se solicita la inscripci�n en favor del Estado de determinada participaci�n indivisa de una parcela que ha sido inmatriculada como finca resultante de un proyecto de reparcelaci�n a nombre del Ayuntamiento de Dos Hermanas, con car�cter fiduciario y para su entrega a quien acredite mejor derecho sobre la misma, por t�tulo de adjudicaci�n.
En la certificaci�n se expresa que se ha tramitado expediente de investigaci�n patrimonial, con notificaci�n al Ayuntamiento, que ha culminado con Resoluci�n de la Direcci�n General de Patrimonio del Estado en la que se declara que se trata de inmueble vacante cuya titularidad corresponde al Estado. Se apoya en los arts. 206 de la Ley Hipotecaria y 37 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones P�blicas,
La registradora estima necesaria la aceptaci�n del Ayuntamiento, por aplicaci�n del art. 20 LH.
La Administraci�n recurre alegando que no existe una autentica titularidad registral contradictoria, al constar el Ayuntamiento como mero fiduciario hasta tanto se conozca al aut�ntico propietario. Y a�ade que se ha comunicado a dicha Entidad Local la resoluci�n sobre la titularidad del Estado, sin que haya formulado aqu�lla oposici�n.
La DGRN revoca la calificaci�n. Aunque la cuota indivisa de finca est� inscrita a nombre del Ayuntamiento, se trata de una titularidad fiduciaria, la cual, conforme al art. 10.2 RHURB, est� encaminada al cumplimiento de los fines propios de la actuaci�n urban�stica, por lo que cesa en el momento en que resulta acreditada la titularidad del Estado conforme al especial procedimiento al que se refieren los art�culos 206 de la Ley Hipotecaria y 17 y 37 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones P�blicas,
El titular registral ha tenido, adem�s, un trato legal, al haberle sido notificado el expediente y comunicada su resoluci�n.
Notas. La DGRN se tuvo que ce�ir a los defectos recogidos en la nota, Realmente la inscripci�n de un bien vacante no est� recogida de modo expreso ni en el art. 206 LH ni en el 37 LPat. En todo caso, podr�a considerarse que se da una cercan�a con la reanudaci�n de tracto que s� est� prevista, pero con un procedimiento diferente. Tambi�n es cierto que el
art. 17 LPat tiene un planteamiento muy espiritualista respecto a su adquisici�n (�la adquisici�n de estos bienes se producir� por ministerio de la ley, sin necesidad de que medie acto o declaraci�n alguna por parte de la Administraci�n General del Estado�) y que, en la Ley del Patrimonio no se regula un procedimiento especial al respecto, aunque s� en el
art.47 un procedimiento de investigaci�n. Tal vez el t�tulo inscribible podr�a haber sido directamente la resoluci�n firme reca�da en dicho expediente. (JFME)
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OBRA NUEVA SOBRE CASA EN RUINAS SIN QUE CONSTE REHABILITACION. SEGURO DECENAL. Resoluci�n de 28 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de V�lez-M�laga n.� 2, a
inscribir una escritura de declaraci�n de obra nueva. Hechos: Consta en el Registro que en una finca hay "una casa en ruinas". En la escritura presentada no se aporta licencia de rehabilitaci�n y se declara una obra nueva cuya superficie construida no coincide con la que figura en la certificaci�n catastral.
El registrador califica negativamente el documento presentado, al considerar es exigible el seguro decenal, ya que de la escritura y de la documentaci�n a ella incorporada se desprende, salvo prueba en contrario, que adem�s de obras de rehabilitaci�n, se han realizado obras de ampliaci�n de la vivienda que han producido una variaci�n esencial de la composici�n general exterior, la volumetr�a o el conjunto del sistema estructural de dicha vivienda. Adem�s no concurre la excepci�n de la D. Ad 2� LOE (autopromoci�n) ni se acredita que la obra fuera anterior al 6 de mayo de 2000.
El notario autorizante recurre.
La DGRN desestima el recurso y confirma la calificaci�n impugnada. En defecto de acreditaci�n de la licencia de rehabilitaci�n y a falta de coincidencia con la certificaci�n catastral, no puede deducirse que la obra realizada es mera rehabilitaci�n y no aut�ntica obra nueva, dado que se trata de una casa en ruinas de hace m�s de cincuenta a�os seg�n el certificado del t�cnico.
En consecuencia, y dado que la resoluci�n del expediente debe ce�irse a los defectos se�alados en la nota, sin que puedan ser abordadas cuestiones no planteadas en el mismo, no constando acreditado que se trate de mera rehabilitaci�n y trat�ndose de una obra del a�o 2004, debe acreditarse, como se�ala el registrador, la constituci�n del seguro decenal conforme al art. 20-1 LOE, salvo que conste la manifestaci�n expresa de tratarse de autopromotor individual de una �nica vivienda unifamiliar para uso propio. (JCC)
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219. CONCRECION DE limitaciones p�blicas impuestas por organismo auton�mico sin intervenci�n deL MISMO, concurriendo solamente el due�o del suelo y el superficiario. Resoluci�n de 29 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Albaida, a la inscripci�n de una escritura de rectificaci�n de otras de concesi�n de derecho de superficie y de "vinculaci�n". Documentos presentados.- Se presenta escritura por la que los titulares registrales de varias fincas sujetas a determinada vinculaci�n administrativa afirman que la misma no afectaba a la totalidad de las fincas sobre las que se inscribi�, por lo que practican las segregaciones oportunas, con objeto de concretar dicha limitaci�n, as� como el derecho de superficie, a las fincas a las, seg�n ellos, realmente debe afectar, dejando libres las restantes.
Situaci�n del registro.- Las fincas en cuesti�n resultan inscritas con la siguiente limitaci�n: con el objeto de cumplir lo establecido en sendas resoluciones de la Conseller�a de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, en las que se declara de inter�s comunitario, la solicitud formulada por �V3J Ingenier�a y Servicios, S.L.�, para una actividad de generaci�n de energ�a renovable, mediante la implantaci�n de placas fotovoltaicas en dos parques de energ�a solar denominados �La Garrotera� y �Oller�a�, en suelo no urbanizable del t�rmino municipal de L'Oller�a, en la superficie afectada por el derecho de superficie de las fincas que comprende el documento que motiva este asiento, con un plazo de vigencia de treinta a�os, a contar desde el momento en que se pueda iniciar la actividad al haber obtenido la totalidad de autorizaciones y licencias que resulten imprescindibles, debiendo observar el cumplimiento de determinadas condiciones, entre las que se encuentra la de inscribir en el Registro de la Propiedad la vinculaci�n del terreno al uso y aprovechamiento autorizado. Objeto del recurso.- El �nico problema que plantea la calificaci�n suspensiva de la registradora es el de dilucidar si pueden concretarse a unas fincas, liberando a las otras, unas limitaciones p�blicas impuestas por el organismo auton�mico correspondiente, sin intervenci�n de dicho organismo, concurriendo solamente el due�o del suelo y el superficiario.
Fundamentos jur�dicos.- La DGRN confirma la nota exigiendo que preste su consentimiento el organismo administrativo que autoriz� la explotaci�n sujeta a vinculaci�n.
La raz�n es que los mismos interesados afirman que la inicial constancia de la vinculaci�n es un error que es, adem�s, un error de concepto (cfr. arts. 40 �in fine� y 217 LH), pues consiste en dividir unas fincas, concretando unas limitaciones, que actualmente recaen sobre la totalidad de las fincas originarias, a algunas de las fincas resultantes y liberando a otras. Es ineludible contar con el organismo p�blico que concedi� las preceptivas autorizaciones en vista de la �vinculaci�n� que se hizo constar en el Registro. No debe olvidarse que una de las condiciones que impuso la Conseller�a correspondiente fue la de inscribir la denominada vinculaci�n, y concedi� la autorizaci�n en vista de tal inscripci�n. (CBG)
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*220. FINCA HIPOTECADA Y DIVIDIDA HORIZONTALMENTE: LA CANCELACI�N SOBRE UNA DE LAS FINCAS PRECISA EL CONSENTIMIENTO DE TODOS. Resoluci�n de 30 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Madrid n.� 19, por la que se deniega la inscripci�n de una escritura de cancelaci�n de hipoteca.
Una finca gravada con hipoteca fue objeto de divisi�n horizontal arrastr�ndose la carga. Se pretende ahora una cancelaci�n parcial por reducci�n del saldo de la cuenta y adem�s la liberaci�n de una de las fincas resultantes de la divisi�n horizontal.
El Registrador la rechaza por dos motivos: por ser necesario el consentimiento de los terceros titulares del resto de las fincas y porque de cancelarse la hipoteca sobre el elemento se�alado dejar�a de estar sujeto la totalidad del edificio al gravamen hipotecario lo que no es posible incluso si mediare el consentimiento de todos los titulares propietarios.
La Direcci�n confirma el primer defecto: el principio de indivisibilidad de la hipoteca implica, en caso de divisi�n, la subsistencia de la hipoteca en su integridad sobre cada una de las fincas resultantes (Art. 1860 CC y 122 LH), como consecuencia si se pretende la liberaci�n de una de las fincas procedentes de la matriz ser� preciso el consentimiento de los que hayan adquirido el dominio u otros derechos sobre cualquiera de las fincas: aunque el acreedor pueda renunciar a su derecho sobre alguna de las fincas, esta renuncia no puede tener eficacia cancelatoria sin el consentimiento de los dem�s ya que, en caso contrario, por el juego de la solidaridad que resulta de los art�culos 122 y 123 LH, podr�a concentrarse el gravamen en forma arbitraria e incluso desproporcionada sobre alguna finca, con evidente perjuicio de su titular. Adem�s en caso de ejecuci�n una de dos: o la acci�n se dirige contra todas las fincas a la vez, y entonces, teniendo que repartirse el sobrante de la subasta entre todas, una de ellas, al haber quedado liberada previamente, se sustraer�a a la concurrencia con las dem�s, agravando, al disminuir el sobrante de �stas, la onerosidad de la carga que soportan; o la acci�n se dirige contra cualquiera de las fincas en que se hubiese dividido la matriz, y entonces el tercer poseedor de dicha finca, que paga la totalidad de la cantidad reclamada, ha de poder resarcirse de las restantes fincas, pues es derecho del tercer poseedor de una de las fincas que paga la totalidad de la deuda, subrogarse en el derecho real de hipoteca que la asegura y, por consiguiente, grava las dem�s. La segunda cuesti�n que plantea la nota calificadora hace referencia a la
imposibilidad de practicar la inscripci�n solicitada porque en otro caso dejar�a de estar sujeto al gravamen la totalidad del edificio puesto en garant�a. La Direcci�n se�ala que lo confirma: aun cuando no es el mismo caso del art. 218 RH (donde se constituye hipoteca unitaria sobre un edificio en su conjunto y mientras que en este supuesto la hipoteca no se constituy� como unitaria sino sobre la finca matriz posteriormente dividida y arrastrada la misma a todos los departamentos) ofrece algunos puntos de coincidencia, pues al no estar distribuida la hipoteca entre los diferentes pisos, sino constituida sobre la total finca matriz, no es posible modificar la responsabilidad hipotecaria total ni liberar de la hipoteca a alg�n departamento, sin el consentimiento de los terceros adquirentes de los dem�s departamentos; aunque luego se�ala que el defecto podr�a subsanarse con el consentimiento de los terceros adquirentes de los departamentos, bien estableciendo la distribuci�n de la hipoteca sobre todas y cada una de las fincas como operaci�n previa a la liberaci�n y cancelaci�n de una de ellas, o bien sin distribuci�n de la responsabilidad hipotecaria entre todas las fincas, liberando la finca en cuesti�n (es decir lo reconduce al primer defecto puesto que si mediara el consentimiento de los dem�s interesados si admitir�a la cancelaci�n parcial sobre alguno de los elementos).
Tambi�n confirma la alegaci�n del Registrador sobre la falta de claridad de la solicitud de cancelaci�n parcial: no es lo mismo consignar en el Registro el pago parcial que solicitar la cancelaci�n, y en este caso, no se expresa con la debida claridad si lo que se solicita respecto a la finca matriz y las procedentes de ella es una cancelaci�n parcial por pago de parte de la deuda o la simple constancia del pago de cantidad por nota marginal del art. 240 RH. (MN)
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HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA. AUTOCONTRATACION Y CONFLICTO DE INTERESES. Resoluci�n de 31 de mayo de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso contra la nota de calificaci�n extendida por la registradora de la propiedad de Barcelona n.� 22, por la que se suspende la inscripci�n de una escritura de hipoteca, constituida en garant�a de deuda ajena.
En el caso objeto del presente recurso, una misma persona, en calidad de administrador �nico interviene en representaci�n tanto de la sociedad acreditada como de la hipotecante, constituyendo, en garant�a del cr�dito, hipoteca sobre una finca cuya propiedad exclusiva corresponde a una sola de las sociedades que, adem�s, no resulta favorecida por el cr�dito abierto. Concurre en el administrador el car�cter de representante de la sociedad hipotecante y de la sociedad acreditada no hipotecante. La registradora calific� negativamente el documento presentado considerando que el juicio notarial de suficiencia era incongruente, porque dada dicha concurrencia en una misma persona del doble car�cter de representante del acreditado y del hipotecante, existe un conflicto de intereses o situaci�n asimilable a una auto�contrataci�n que no se ha salvado mediante una referencia (por breve que sea) a la autorizaci�n del �rgano competente (la junta general de accionistas).
Como ha se�alado El Centro Directivo en relaci�n con el supuesto de las hipotecas constituidas en garant�a de deuda ajena (Resoluciones de 20 de septiembre de 1989, 14 de julio de 1998 y 13 de febrero de 2012), en tales casos cuando en la misma persona concurre el doble car�cter de acreditado y de representante del due�o del bien hipotecado (y lo mismo debe decirse en los casos de m�ltiple representaci�n cuando una misma persona sea representante de ambos), el autor del negocio no vincula los respectivos patrimonios de deudor e hipotecante de modo directo, pues su sola actuaci�n da origen a una relaci�n contractual entre cada uno de ellos y un tercero (el acreedor), y si bien las relaciones as� establecidas guardan una conexi�n de principalidad-accesoriedad, en la fase anterior al desenvolvimiento de la hipoteca puede no darse ning�n v�nculo jur�dico directo entre deudor e hipotecante. Advi�rtase que, por lo general, en la hip�tesis de hipoteca y de fianza en garant�a de una deuda ajena existe un triple negocio jur�dico: entre deudor y acreedor, entre hipotecante no deudor o fiador y acreedor y, finalmente, entre deudor e hipotecante no deudor o fiador, pero este �ltimo no es ineludible, en tanto en cuanto la hipoteca o la fianza puedan establecerse con pleno desconocimiento del deudor (cfr. art�culos 1205 y 1823.2 del C�digo Civil).
Ahora bien, como pusieron de manifiesto las Resoluciones de reciente cita �no puede ignorarse que esta relaci�n de subordinaci�n y accesoriedad entre los negocios jur�dicos celebrados, rec�procamente dependientes y econ�micamente contrapuestos (es innegable tanto la repercusi�n de la prestaci�n de la garant�a en la apertura del cr�dito y en sus condiciones, como el sacrificio actual que la hipoteca implica para el propietario gravado, a�n antes de su efectividad) provoca, en el caso debatido, una situaci�n similar a la que subyace en la figura del auto�contrato stricto sensu y que es la que determina las cautelas y prevenciones con que �sta es considerada jur�dicamente; efectivamente, la sola actuaci�n del representante da lugar a la existencia de una situaci�n de incompatibilidad de intereses entre los propios de aqu�l y los del representado, en la que no se asegura que en el negocio de garant�a haya sido considerado exclusivamente lo m�s conveniente y beneficioso para el patrimonio gravado; se incide en la cuesti�n del �mbito de las facultades representativas conferidas al apoderado y, en este sentido, tanto el criterio de interpretaci�n estricta que ha de regir en esta materia (art�culo 1713 del C�digo Civil) como tambi�n la aplicaci�n anal�gica de las soluciones legalmente previstas para casos similares (vid. art�culos 221.2 del C�digo Civil y 267 del C�digo de Comercio) imponen la necesidad, a mayores, de espec�fica autorizaci�n para la inclusi�n en los poderes conferidos de la hip�tesis considerada; en otro caso, la insuficiencia de facultades del apoderado viciar�a el negocio y determinar�a su ineficacia respecto del patrimonio del representado (art�culos 1727 del C�digo Civil y 247 y 253 del C�digo de Comercio), sin perjuicio de la posible sanaci�n posterior si mediase la ratificaci�n�.
Se confirma la nota de calificaci�n. (IES)
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ELEVACION A P�BLICO DE DOCUMENTO PRIVADO EXISTIENDO UN INCAPACITADO. Resoluci�n de 1 de junio de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Adra, a la inscripci�n de una escritura de elevaci�n a p�blico de un contrato privado de compraventa en escritura autorizada por el notario de la misma ciudad. (JAR)
Supuesto de hecho: se trata de la elevaci�n a p�blico de un contrato privado de compraventa suscrito en su d�a por los c�nyuges vendedores �uno de ellos fallecido� y el comprador. Comparecen en la escritura, adem�s del comprador, la esposa del causante y los hijos herederos del fallecido, con la particularidad de que una de las hijas interviene en su propio nombre y tambi�n en representaci�n de su hermano incapacitado, del que es tutora.
1) �Es necesaria la autorizaci�n judicial para que la tutora pueda otorgar esta escritura de enajenaci�n de bien inmueble conforme previene el art�culo 271. 2 CC para el caso de enajenar bienes del incapacitado?
NO es necesaria la autorizaci�n judicial para que la tutora pueda otorgar esta escritura de elevaci�n a p�blico de documento privado por cuanto que el bien objeto del contrato no formaba parte de la herencia ni hab�a pasado a formar parte del patrimonio del incapacitado, supuesto que, de haberse producido, s� que exigir�a la autorizaci�n judicial. No estamos en presencia de un acto dispositivo realizado por la tutora sino de un acto jur�dico debido consistente en el reconocimiento o ratificaci�n de un contrato privado previamente suscrito por el causante y esposa, y como tal acto debido no implica acto dispositivo, sino de mero reconocimiento conforme al art�culo 1.224 del C�digo Civil y de obligado cumplimiento para la tutora conforme al art�culo 1.279 del propio C�digo en relaci�n con el art�culo 20.4.� de la Ley Hipotecaria. 2) �Es necesaria la autorizaci�n judicial por cuanto que la actuaci�n de la tutora supone una aceptaci�n t�cita de la herencia (ex. arts. 999 y 1000 1� CC) y tal aceptaci�n no fue realizada a beneficio de inventario (ex. art. 271.4 CC)? Es cierto que se necesita la autorizaci�n judicial (ex. art. 271. 4 CC) si se acepta la herencia sin la protecci�n que para el incapacitado supone el beneficio de inventario, sin embargo, el defecto ha de considerarse subsanable mediante la correspondiente declaraci�n de la tutora en documento p�blico en el sentido de realizar la aceptaci�n a beneficio de inventario en nombre del incapacitado, teniendo en cuenta que ello es posible dadas las especialidades de una aceptaci�n t�cita y de tratarse de un acto debido, sin necesidad, si se subsanase de ese modo, de la autorizaci�n judicial.
3) �Hay posible conflicto de intereses entre el tutor (a la vez heredero) y el incapacitado al que representa?
NO hay conflicto de intereses ni existen intereses contrapuestos en este caso entre tutora y tutelado �No se produce ning�n incremento patrimonial a favor de la tutora, sino �nicamente el cumplimiento de la obligaci�n derivada del acto debido que implica la elevaci�n a p�blico de un contrato privado�.(JAR)
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extinci�n por mutuo acuerdo de derecho de concesi�n derivado de contrato de concesi�n de obra p�blica. Resoluci�n de 1 de junio de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de �lora, por la que se suspende la cancelaci�n de una concesi�n inscrita.
Hechos: Se presenta una certificaci�n expedida por el vicesecretario del Ayuntamiento que recoge un acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporaci�n por el que se resuelve de mutuo acuerdo un contrato administrativo formalizado para la ejecuci�n y explotaci�n en r�gimen de concesi�n de obra p�blica de dos aparcamientos p�blicos. Se incorpora testimonio de la solicitud llevada a efecto por el representante de la sociedad concesionaria.
El registrador pide que se aporte el documento negocial que, en su opini�n, han de celebrar las partes (la Administraci�n concedente y los concesionarios), a trav�s del cual, mediante la debida intervenci�n de las mismas, quede formalizado el consentimiento de todos ellos a la extinci�n de la concesi�n previamente otorgada. Considera aplicable el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P�blico, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
El Alcalde recurre alegando que la ley aplicable es el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y que no se exige formalizaci�n especial.
La DGRN, con car�cter previo, confirma que la legislaci�n aplicable es la anterior, Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, pues, bajo su mandato se aprob� la adjudicaci�n del contrato de concesi�n de obra p�blica. De todos modos, la normativa, en lo que afecta al caso, es muy similar a la de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, luego refundida.
El contrato de concesi�n de obra p�blica es un contrato sujeto al Derecho p�blico en cuanto a los requisitos de formalizaci�n del contrato, a la regulaci�n del mutuo acuerdo como causa de su resoluci�n, siendo el �rgano de contrataci�n el competente para acordar la extinci�n del contrato, normativa que tiene el car�cter de legislaci�n b�sica.
En nuestro ordenamiento jur�dico el contrato sujeto a la legislaci�n sobre contrataci�n de las Administraciones P�blicas precisa de la concurrencia de consentimientos, al igual que ocurre en sede civil, pero se diferencia por la existencia de un riguroso procedimiento que garantiza sus principios t�picos de publicidad, concurrencia y transparencia.
Consumado el procedimiento, mediante el acuerdo de adjudicaci�n de la Administraci�n actuante, se perfecciona el contrato.
Seguidamente, ha de documentarse, debiendo de aplicarse, al respecto el art. 54 RDLeg 2/2000 (actual art 156) Dice el precepto: �1. Los contratos de la Administraci�n se formalizar�n en documento administrativo dentro del plazo de treinta d�as a contar desde el siguiente al de la notificaci�n de la adjudicaci�n, constituyendo dicho documento t�tulo suficiente para acceder a cualquier registro p�blico, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura p�blica cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.�
El contenido, previsto en el art. 71 RD 1098/2001, de 12 de octubre, incluye la necesaria constancia de la prestaci�n de consentimiento y la incorporaci�n al mismo del pliego de cl�usulas administrativas particulares y del pliego de prescripciones t�cnicas.
Reconoce la DG que este car�cter de ley inter partes, al que se sujetan para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, justifica que cualquier alteraci�n de su contenido decidida por la administraci�n en uso de sus prerrogativas derivadas del ejercicio del inter�s p�blico se haya de sujetar al procedimiento preestablecido en garant�a de los derechos del contratista y justifica igualmente que deba documentarse en id�nticos t�rminos que el contrato originario. Ahora bien, estima que esta identidad de raz�n entre el nacimiento del contrato y su modificaci�n, no existe en el caso de resoluci�n del contrato del sector p�blico al tratarse de un acto unilateral, prerrogativa de la Administraci�n actuante, regulado en un procedimiento cuyo resultado no depende de la voluntad del contratista. As� se desprende del art. 59 del Decreto Legislativo 2/2000, seg�n el cual, �los acuerdos correspondientes pondr�n fin a la v�a administrativa y ser�n inmediatamente ejecutivos�. Y el veh�culo para hacer constar en el Registro que la concesi�n ha concluido, por lo que ha de cancelarse, es el documento administrativo de resoluci�n emanado de la Administraci�n contratante que, como tal, goza de las presunciones de legalidad, ejecutividad y eficacia de los actos administrativos, respecto del cual el Registrador ha de ejercitar su calificaci�n en los t�rminos establecidos en el art�culo 99 RH. Revoca, en consecuencia, la calificaci�n al adecuado ser el t�tulo presentado. (JFME)
Ver Resoluci�n de 20 de julio de 2001.
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EXCESO DE CABIDA Y CONSTANCIA REGISTRAL DE LA REFERENCIA CATASTRAL. Resoluci�n de 2 de junio de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci�n de la registradora de la propiedad de Pe�afiel, por la que acuerda suspender la inscripci�n de una escritura de rectificaci�n de otra de aceptaci�n y adjudicaci�n de herencia, en relaci�n a la superficie de una finca. Hechos: Se plantea si procede la inscripci�n de un exceso de cabida de gran superficie con base en certificaci�n catastral descriptiva y gr�fica aleg�ndose que consta previamente inscrita la referencia catastral de la finca y que han comparecido dos de los tres colindantes de la finca.
El registrador califica negativamente por existir dudas sobre la identidad de la finca, ya que la superficie que se manifiesta que ahora tiene la finca es casi el doble de la que consta inscrita siendo necesaria la tramitaci�n de un acta de notoriedad. El certificado del t�cnico competente s�lo es admisible para los excesos que sean inferiores a la quinta parte de la cabida inscrita, circunstancia que no se da en este caso.
El notario recurre.
La Direcci�n General desestima el recurso y confirma la calificaci�n, pues una cosa es la inscripci�n de un exceso de cabida y otra diferente la constancia registral de la referencia catastral de la finca. Esta �ltima s�lo implica la identificaci�n de la localizaci�n de la finca inscrita en cuanto a un n�mero de referencia catastral, pero no que la descripci�n tenga que ser concordante con la del Catastro ni que se puedan inscribir en tal caso todos los excesos de cabidas basados en certificaci�n catastral descriptiva y gr�fica. Cita en tal sentido las Resoluciones de 17 de junio de 2002 y
La propia legislaci�n catastral ya prev� que la incorporaci�n de cualquier descripci�n de finca basada en certificaci�n catastral descriptiva y gr�fica actualizada es sin perjuicio de las funciones que correspondan al registrador en el ejercicio de sus competencias (cfr. art. 18.2.d).2� del TR de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por RDL 1/2004, de 5 de marzo), por lo que con mucha mayor raz�n cuando ni siquiera se trata de un procedimiento de actualizaci�n catastral descriptiva. Y el art�culo 45 de dicho Texto Refundido ya advierte que no existe identidad de la finca registral con la catastral cuando los datos de situaci�n, denominaci�n y superficie no coincidan con los del Registro de la Propiedad, por lo que la constancia registral de la referencia catastral no excluye las dudas de identidad en materia de constancia de excesos de cabida en el Registro.
En cuanto a la calificaci�n registral de las dudas de identidad de la finca, en este caso, por lo desproporcionado de exceso respecto a la superficie inscrita, se remite la DG a su reiterada doctrina sobre la naturaleza de los excesos de cabida (hay que evitar con motivo de una pretensi�n de inscripci�n de exceso de cabida que se incorporen trozos de superficie no incluidos en el contorno de la finca inscrita por no tratarse de una mera rectificaci�n de error en la superficie inicial, pues en tales excesos no suficientemente acreditados, lo procedente es inmatricular la porci�n correspondiente y agregarla o agruparla a la finca inscrita). Adem�s, en este caso se trata de una finca urbana y a tal efecto, existe el procedimiento del art. 53.10� de la Ley 13/1996, de 31 de diciembre, mediante acta notarial de presencia y notoriedad, o el expediente de dominio, que ofrecen una mayor seguridad en estos supuestos excepcionales atendiendo a la desproporci�n de la superficie. Respecto al consentimiento de dos de los tres colindantes de la finca, no es suficiente para la inscripci�n del exceso de cabida, pues aparte de que faltar�a el del colindante del fondo, la citaci�n a los colindantes en los excesos de cabida s�lo est� prevista en procedimientos de acreditaci�n como el expediente de dominio o el acta de notoriedad. (JCC)
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225. TESTIMONIO EN RELACI�N DEL ACTA DE DECLARACI�N DE HEREDEROS. CONGRUENCIA DEL JUICIO DE SUFICIENCIA. Resoluci�n de 4 junio 2012. DGRN. BOE de 29 de junio de 2012. Registro de la Propiedad de Barcelona n� 18.
Hechos: En determinada escritura de liquidaci�n parcial de gananciales y adjudicaci�n parcial de herencia, donde comparecen la viuda del causante y el representante de la heredera, el notario autorizante, recoge un testimonio �en relaci�n� del acta de declaraci�n de herederos, manifestando que no existe nada que desvirt�e lo testimoniado; indica que a su juicio �el apoderado tiene facultades suficientes para este otorgamiento�; y proceden
a liquidar parcialmente los gananciales y a adjudicar una finca ganancial directamente a la hija, sin que la madre haya renunciado a su cuota ganancial ni transmitido a su hija dicha cuota.
Registradora: Rechaza la inscripci�n de la escritura anterior por estimar: 1) que es necesario aportar ��ntegra� el acta de declaraci�n de herederos; 2) que no basta el juicio de suficiencia gen�rico respecto del �otorgamiento� sino que el notario debe calificar concretamente el acto o contrato de que se trata; y 3) que para determinar el haber hereditario es necesaria la previa liquidaci�n ganancial y la cuota que cada c�nyuge tiene en los bienes gananciales para luego concretar los bienes que a la heredera se le adjudiquen en la liquidaci�n de herencia.
Direcci�n General: La DG rechaza el recurso y acepta los tres argumentos de la Registradora, modificando criterios que aquella ya ten�a adoptados tradicionalmente, con anterioridad:
1).- En primer lugar, en contra del criterio tradicional mantenido desde la Rs de 13 enero 1960 hasta la Rs de 8 de julio de 2005, y apoy�ndose en la dicci�n literal del art 14 de la LH y nada menos que en el art 143 del RN que indica �los efectos que el ordenamiento jur�dico atribuye a la fe p�blica notarial s�lo podr�n ser negados o desvirtuados por los jueces y Tribunales y por las administraciones y funcionarios p�blicos en el ejercicio de sus competencias�, estima que las declaraciones de herederos han de presentarse ��ntegras� para que el Registrador pueda conocerlas en su totalidad.
2) En segundo lugar mantiene que el juicio de suficiencia notarial no se puede apoyar en f�rmulas universales o apod�cticas (incondicionalmente ciertas o necesariamente v�lidas), ya que si no se determina el acto o contrato concreto a que se refiere el juicio notarial, ser�a imposible comprobar si el juicio de suficiencia es o no congruente. 3) Y en cuanto al tercer punto, tambi�n acepta el razonamiento de la Registradora, ya que si bien los part�cipes mayores de edad pueden realizar la partici�n en la forma que tengan por conveniente, y dado que en el presente supuesto la liquidaci�n de los gananciales se realiza de forma impl�cita, adjudic�ndose a la hija una finca de valoraci�n muy superior a las adjudicaciones que se realizan a la viuda, no se sabe qu� parte de la finca adjudicada a aqu�lla es por herencia de su padre y cu�l por acto gratuito u oneroso (a cambio de la adjudicaci�n de otros bienes) proveniente de su madre, con lo que el t�tulo de adquisici�n no aparece expresado con claridad, ni la causa del mismo aparece de forma indubitada, pudiendo resultar confuso uno u otra con relaci�n a terceros.
Comentario: Pocos comentarios cabe hacer respecto de esta Rs, pero como notario con m�s de 35 a�os de ejercicio, no entiendo que se modifiquen continuamente por la Direcci�n General, los criterios que tradicionalmente han sido mantenidos por la misma. (JLN)
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CONFESION DE PRIVATIVIDAD. Resoluci�n de 4 de junio de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Las Rozas de Madrid n.� 2, a inscribir una escritura de confesi�n de privatividad. Hechos: 1) En 1986 el marido otorga escrituras de compraventa y declaraci�n de obra nueva declarando que adquir�a la finca y declaraba la obra, para su comunidad de Gananciales
2) Luego, ambos esposos otorgan hasta 6 escrituras de hipoteca (alguna ya cancelada) declarando que los dos eran titulares de la finca y que esta era ganancial (tambi�n hay una anotaci�n de embargo dirigida contra el marido y notificado a la esposa).
3) Se presenta ahora una �ltima escritura de diciembre de 2011 otorgada por ambos c�nyuges en que la esposa manifiesta y confiesa (ex art 1324 CC), que el dinero pagado para la compra de la finca y para la construcci�n de la obra declarada� era privativo de su marido, y solicitan la inscripci�n de la finca con car�cter privativo de aqu�l.
Los registradores (inicial y sustituto) deniegan la pr�ctica de la correspondiente nota marginal, en base al art 95-6� RH cuando se�ala que �No se consignar� la confesi�n contraria a una aseveraci�n o a otra confesi�n previamente registrada de la misma persona�. De modo que en las 6 escrituras previas, la esposa habr�a ratificado impl�citamente la declaraci�n inicial de ambos de que adquir�an para su sociedad conyugal. El marido recurrente, alega que en las 6 escrituras de hipoteca no hay manifestaci�n expresa de la esposa sobre el car�cter ganancial del bien, sino remisi�n al contenido de la escritura de compra; y que no existe una confesi�n o aseveraci�n expresa previamente registrada, sino solo la declaraci�n inicial del marido (no de la esposa, que no compareci�).
La DGRN desestima el recurso y confirma las calificaciones de ambos Registradores:
a) Para ello distingue entre inscripciones practicadas:
1) Con car�cter presuntivamente ganancial, para las que opera la confesi�n de los arts. 1324 CC y 95 RH, y tienen lugar en las adquisiciones realizadas por uno de los c�nyuges SIN hacer ninguna manifestaci�n sobre el car�cter de la adquisici�n, pero constando que est� casado en r�gimen de gananciales. Tales circunstancias NO se dan en el presente caso,
2) Y las practicadas directamente con car�cter ganancial, para las que NO opera dicha confesi�n, y tienen lugar en las adquisiciones a t�tulo oneroso cuando el c�nyuge adquirente manifiesta que la adquisici�n se ha hecho con car�cter ganancial, reiterada, en el presente caso tanto en el t�tulo de compra como en el de declaraci�n de obra nueva, el bien se inscribe con car�cter ganancial, por lo que no cabe ya ninguna duda de que se trata de un bien ganancial y no presuntivamente ganancial.
b) En el caso se dan 3 circunstancias que impiden constatar registralmente la privatividad:
1) La declaraci�n del c�nyuge adquirente de que compr� con car�cter ganancial, reiterada en la obra nueva y sucesivamente en la constituci�n de derechos reales posteriores.
2) Los reconocimientos o manifestaciones posteriores de la esposa, que No son confesiones impl�citas, sino expresas que resultan de las 6 escrituras y sus inscripciones.
3) La protecci�n de 3os, pues de los asientos registrales resultan acreedores titulares de derechos inscritos o anotados que tienen sus asientos bajo la salvaguardia de los tribunales y en los que consta que el bien est� inscrito como ganancial.
c) Invoca adem�s la DGRN otros 3 argumentos:
1) La doctrina de los �actos propios�, de la que el art 95-6 RH es una manifestaci�n.
2) El car�cter imperativo de dicho precepto que dice �no se consignar��.
3) La necesidad de expresi�n causal: el acto de confesi�n carece de expresi�n causal suficiente para provocar una salida del patrimonio ganancial para entrar en el patrimonio de uno de los c�nyuges, pues el mero consentimiento no es causa suficiente para provocar una transmisi�n patrimonial en nuestro sistema.
Tampoco servir�a alegar �error obstativo� porque no tendr�a tampoco causa suficiente, y, aun teni�ndola, la rectificaci�n exigir�a la intervenci�n de los otorgantes de todos los t�tulos y el consentimiento de los titulares inscritos o anotados) (ACM)
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CUADRO NORMAS B�SICAS
DISPOSICIONES 2002-2012
DISPOSICIONES + DESTACADAS

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
in fine
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto