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Timestamp: 2020-04-07 14:24:47+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 575, de 09/05/2006
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 575
celebrada el martes, 9 de mayo de 2006
De la señora Lara Carbó (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre:
-Valoración del cumplimiento del Plan Nacional de saneamiento y depuración 1995-2005 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/052955.) (Número de expediente 181/002004.) ...
-Número de convenios firmados por la sociedad estatal Acuamed con los usuarios y el precio del agua que se contempla en los mismos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/052946.) (Número de expediente 181/002005.) ... (Página 5)
-Número de reuniones celebradas por el Consejo Nacional del Agua en el transcurso del año 2005, así como temas debatidos en las mismas (procedente de la pregunta escrita al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/052945.) (Número de expediente 181/002006.) ...
-Adquisición de fincas por el Ministerio de Medio Ambiente en espacios litorales (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/055300.) (Número de expediente 181/002007.) ...
-Legalidad de la construcción hotelera en "El Algarrobico", dentro del término municipal de Carboneras (Almería) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/055301.) (Número de expediente 181/002008.) ... (Página 13)
-Sobre autorizaciones de ocupación temporal de la zona de dominio público marítimo terrestre asociados a la actividad turística. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001530.) ... (Página 16)
-Sobre financiación de la Red Natura 2000. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001533.) ... (Página 20)
-Relativa al Programa Agua. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001633.) ... (Página 24)
-Sobre la financiación de las expropiaciones correspondientes a actuaciones de la Administración General del Estado en municipios costeros. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente 161/001646.) ... (Página 28)
-Sobre los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001524.) ... (Página 32)
-DE LA SEÑORA LARA CARBÓ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
-VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 1995-2005 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/052955.) (Número de expediente 181/002004.)
El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados, damos la bienvenida al secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, señor Serrano.
De las preguntas orales que había del Grupo Popular han sido retiradas la primera y la segunda. Vamos a intentar fijarnos el tiempo. Serán diez minutos para la primera intervención y cinco para la segunda, pero son diez minutos a compartir, con lo cual yo voy a avisar cuando en la primera intervención se supere lo que es la mitad del tiempo, para que lo tengan claro ustedes.
Empezaríamos, pues, con la pregunta número tres del orden del día, del Grupo Popular, valoración del cumplimiento del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración 1995-2005, procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita, número de expediente 184/052955. Antes de dar la palabra a la señora Ramón-Llin, en el caso de las proposiciones no de ley, para que los portavoces se puedan organizar, seguramente no votaremos antes de las doce del mediodía, y digo una hora muy optimista.
Tiene la palabra la señora Ramón-Llin.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Señor Serrano, en primer lugar, queríamos agradecer su presencia, que hubiera sido innecesaria en el caso de las preguntas que hoy nos ocupan si se hubieran respondido en plazo, puesto que todas ellas tienen su origen en preguntas con respuesta escrita formuladas en todos los
casos por la diputada María Teresa de Lara. Por tanto, hoy estamos aquí formulando estas preguntas orales por esta razón, que va siendo demasiado habitual para todos, pero en cualquier caso vamos a seguir trabajando en esa línea para que se contesten oralmente.
Esta es la pregunta que se formuló para respuesta escrita en noviembre del pasado año. La pregunta era: ¿cuál es la valoración del Ministerio de Medio Ambiente sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración 1995-2005 en cuanto a obligaciones de la Administración General del Estado? El enunciado de esta pregunta responde, a conocer su opinión de primera mano, la opinión del ministerio, sobre esa ejecución, la parte que le correspondía al Estado en su momento de este plan tan importante de saneamiento y depuración, un plan que, como usted conocerá perfectamente, se inicia en el año 1995, cuando fue aprobado por Consejo de Ministros en febrero de ese mismo año y publicado en el BOE también en mayo de 1995. En este plan se planteaban cuáles eran las inversiones que se entendían como necesarias para realizar en todo el conjunto del territorio nacional en cumplimiento de la Directiva 91/271, sobre la cual se habían valorado y se había visto la necesidad de realizar una inversión que estaba en torno a los 500.000 millones de pesetas de entonces. En este sentido, y referido a la pregunta, la Administración General del Estado acordó hacerse cargo de un 25 por ciento de esas inversiones totales, que se podían hacer bien por inversiones directas del ministerio o bien por transferencias que desde el ministerio se realizaban de manera directa o indirecta, asignando también recursos del Fondo de Cohesión a las diferentes comunidades autónomas. A raíz de eso, se hizo una selección de actuaciones que iba a realizar y que realizó el Ministerio de Medio Ambiente.
Estos son los antecedentes de este plan que finalizaba su ejecución en el pasado ejercicio, un plan que ya a finales del año 2003, según dijo en su momento el secretario de Estado de Aguas y Costas, en la Comisión, llevaba ejecutado el 107 por ciento en el conjunto del territorio. Y eso, en la anualidad siguiente, estaba ya en torno al 120 por cien, es decir, se habían superado con creces las actuaciones programadas en el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración.
Pero el hecho de esta pregunta obedece a que, tras conocer todos esos datos que son objetivos, hemos venido constatando reiteradas declaraciones, tanto de la señora ministra de Medio Ambiente como de muchos altos cargos del ministerio, que cada vez que hay un acto o un acontecimiento de inauguración de alguna estación depuradora o alguna obra similar tenemos que escuchar cómo se dice que no se había hecho absolutamente nada en esta materia. Por tanto, queríamos conocer cuál era su valoración sobre el cumplimiento de este plan en cuanto a las obligaciones de la Administración General del Estado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Serrano.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Con respecto a la pregunta de su señoría, y siempre que entramos en datos, hay que tener en cuenta, en primer lugar, algunos hechos objetivos. El plan de saneamiento puesto en marcha por la actual ministra y aprobado en 1995 se basa en las obligaciones derivadas de la Directiva de 1991, la 1991/271 de la Unión Europea, que fundamentalmente establecía tres fases, fases que efectivamente terminaban el 31 de diciembre de 2005. Fundamentalmente, esta directiva obligaba a que todas las aglomeraciones mayores de 2.000 habitantes equivalentes en el interior, o de 10.000 habitantes equivalentes en la costa, tuvieran la depuración adecuada para finales del año 2005.
Se utilizan por parte de la Unión Europea tres tipos de indicadores para ver el grado de cumplimiento de los planes, para intentar dar una visión objetiva: en primer lugar, los volúmenes de inversión; en segundo lugar, la carga contaminante corregida; y en tercer lugar, el número de aglomeraciones urbanas servidas.
Desde ese punto de vista, haciendo referencia al número de aglomeraciones urbanas servidas, que es uno de los datos que hay que dar a la Unión Europea, tenemos que en el año 2004 el 74 por ciento eran conformes -estamos hablando de 31 de diciembre de 2004-, el 13 por ciento estaban en construcción y el 13 por ciento eran disconformes. Eso atendiendo al número de aglomeraciones urbanas.
Si entramos en una consideración con respecto a cuántas aglomeraciones quedaban, pues aproximadamente quedaban unas 800 sin depuradora adecuada, en su inmensa mayoría a cubrir por las comunidades autónomas. Es decir, en toda España, de esas aglomeraciones que tenían que tener, según la directiva europea, una situación correcta, la situación era la que acabo de señalar.
Desde el punto de vista de las inversiones ejecutadas, únicamente se han ejecutado del orden del 54 por ciento, a esa misma fecha, de las inversiones que tenían que haberse ejecutado, aunque la obligación hubiera sido la de, como mínimo, ejecutar el 80 por ciento.
Hay que decir que si lo consideramos desde el punto de vista de lo que sería la carga contaminante, que es el otro aspecto fundamental a tener en cuenta, la situación es algo mejor: estaríamos en el 76,2 por ciento.
Todo a fecha 31 de diciembre de 2004, que es cuando había que presentar el informe correspondiente en la Unión Europea. Por tanto, me estoy refiriendo a los datos de ese informe.
¿Qué es lo que ha sucedido en este período o cuáles han sido realmente los problemas importantes que han aparecido en este período? Ha habido un mejor cumplimiento, aunque insatisfactorio. El Plan Hidrológico Nacional terminado a 31 de diciembre de 2005 no ha
satisfecho ni mucho menos los objetivos que tenía que satisfacer desde el punto de vista de las exigencias de la Unión Europea, porque sólo el 76 por ciento de la población equivalente se encuentra conforme en lo que hace referencia a las exigencias de depuración de aguas residuales. Y aunque el otro 13 por ciento está en fase de construcción, todavía estamos en un 89 por ciento y faltaría un 11 por ciento al respecto.
Esta situación además se produce en el marco de unos compromisos por parte de la Administración General del Estado que se incrementan en este período con respecto a los del Plan Hidrológico Nacional, de manera que el grado de cumplimiento de los objetivos ya no es sólo con respecto al plan de saneamiento, sino con respecto a nuevos compromisos de obras declaradas de interés general del Estado en ese Plan Hidrológico Nacional.
Si consideramos estos nuevos compromisos, el grado de cumplimiento por parte de la Administración General del Estado es todavía menor, porque gran parte de esas obras declaradas de interés general del Estado no se han comenzado o no se han terminado de ejecutar.
¿Cómo se compadece esto con la afirmación del secretario de Estado de que a 31 de diciembre de 2003 el 107 por ciento estaba ejecutado? Ya se lo expliqué a sus señorías. Se lo he explicado varias veces y ha ido en el informe al Consejo Nacional de Agua. Fundamentalmente porque anteriormente la Secretaría de Estado consideraba que cualquier obra que se hubiera licitado y adjudicado ya estaba en ejecución y la contabilizaba dentro de lo ejecutado. De manera que no contabilizaba, como nosotros hacemos, las inversiones certificadas, sino que las obras que se estaban ejecutando, daba por hecho que estaban ya terminadas por el importe total de la actuación. El resultado es que hay una discrepancia importante en las cantidades que se obtienen por una u otra vía.
El señor PRESIDENTE: Señora Ramón-Llin.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Señor Serrano, yo creo que es muy fácil confundir cuando se está hablando de parámetros distintos. Usted ha hecho referencia a cómo se valora desde la Unión Europea y cuáles son los parámetros por los que se mide o se valora el cumplimiento de lo que es el plan de saneamiento. Pero usted no ha distinguido en los porcentajes de inversiones de qué administración estamos hablando, por lo menos así lo hemos entendido.
Ya le he dicho al principio que este Plan Nacional de Saneamiento y Depuración tenía unos objetivos, que compartimos, y tenía un presupuesto, del cual la Administración del Estado se hacía cargo de una cuarta parte, es decir, del 25 por ciento de estas inversiones. Por tanto, nuestra pregunta no puede ser respondida aludiendo a estos parámetros, porque evidentemente la Unión Europea valora las acciones con estos parámetros realizadas en el conjunto del Estado, independientemente de la Administración que la realiza. Nuestra pregunta va directa y claramente indicada a cuál ha sido el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado, por tanto, estamos igual que cuando hemos iniciado esta Comisión, porque indudablemente sus datos serán reales a efectos de la Unión Europea, pero España, a estos efectos de la Unión Europea, no es lo que a nosotros nos interesa saber; si no, hubiéramos formulado la pregunta de otra manera. Para nosotros es absolutamente insatisfactoria esta respuesta porque entendemos, al margen de eso, que lo que no se quiere es reconocer que se habían hecho desde el Gobierno del Partido Popular las actuaciones y se había cumplido, en definitiva, con la ejecución de este plan en lo que al Estado respecta, sin entrar en las competencias de las comunidades autónomas, que no es el objeto de esta pregunta.
Por otro lado, señor Serrano, ustedes tienen verdadera obsesión con el tema del Plan Hidrológico Nacional, porque en este caso yo no lo he planteado, ni mi grupo, pero evidentemente tampoco tiene nada que ver con esta formulación de la pregunta ni con mi primera intervención, porque sí que es real que tras la aprobación y ejecución del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración, el Plan Hidrológico Nacional de 2001 sí que contenía obras que se habían declarado de interés general dedicadas también al saneamiento y la depuración, pero esto hay que distinguirlo, porque efectivamente no estaban dentro del plan nacional de saneamiento, si bien, evidentemente, cumplen la misma función cuando se ejecutan o se realizan.
Por tanto, separe la visión desde la Unión Europea, porque allí tienen una valoración global que a nosotros en este momento no nos interesa; separe el Plan Hidrológico Nacional, porque esas obras tampoco en este momento son objeto de esta pregunta, y pueden serlo en cualquier otro momento. Y por otro lado, señor Serrano, cuando estamos hablando de ejecución y cumplimiento de un compromiso adquirido con los ciudadanos en una materia tan importante como es el saneamiento y la depuración, efectivamente una obra licitada y que está en construcción es una obra que está en marcha y que si ningún problema técnico lo impide, pues se ejecuta y entra en funcionamiento. Con lo cual, si no estuviera licitada una obra, evidentemente hay serias dudas o dudas razonables de que se vaya a ejecutar; sin embargo, la ejecución supone que ya está en marcha, y es a eso a lo que se refería.
Por tanto, esperamos que en su nueva intervención nos aclare si la Administración del Estado ha cumplido satisfactoriamente con ese 25 por ciento. En cualquier caso, y aunque usted no lo diga, por los datos que nosotros tenemos y teníamos y que el propio secretario de Estado en aquel momento dijo, era ampliamente satisfactoria, pero en el peor de los casos, y que usted no nos responda, aun en los porcentajes que ha dado, no puede la señora ministra ni los altos cargos del ministerio ir pregonando por los pueblos de toda la geografía española que el Partido Popular no hizo nada en esta materia, porque sería absolutamente falso.
Esperamos que clarifique
y separe las responsabilidades de las dos administraciones y que, en cualquier caso, no continúen diciendo este tipo de falsedades, aunque los ciudadanos saben muy bien en qué año han podido disfrutar o ver en ejecución las obras tan necesarias para producir este saneamiento y esta depuración tan necesaria. Indudablemente, nosotros siempre apoyaremos que se sigan realizando este tipo de obras, las que se han declarado de interés general y cualquier otra que pueda surgir en un momento dado, porque creemos que son importantes. En cualquier caso, lo que pretendemos es que se sea justo y ecuánime en la valoración de las actuaciones de cada uno de los gobiernos.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Creo que he contestado a lo que su señoría decía, pero voy a contestarle con mayor precisión. Evidentemente, en 2003 tenían el 107 por ciento ejecutado, pero con esos criterios hay algunas actuaciones que llevan ejecutándose a lo largo de toda la legislatura del PP, y que cada año se están ejecutando, porque como son obras que no se han terminado en todo el periodo, pues, claro, están iniciadas, están adjudicadas y se están realizando, y cada año se contabilizaba como obra ejecutada.
Datos reales y concretos de lo que me pregunta. El Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de 1995 implicaba un presupuesto de 11.400 millones de euros, redondeando. De estos 11.400 millones, correspondía a la Administración General del Estado, efectivamente, el 25 por ciento, es decir, aproximadamente 2.850 millones de euros. La inversión realizada, que no significa obras terminadas y por tanto puestas en funcionamiento las depuradoras (pero no las en ejecución, sino las certificadas a 31 de diciembre de 2004), eran 2.642 millones de euros, lo cual representaba, como podemos apreciar, un porcentaje muy significativo de los 2.850, porque quedarían pendientes aproximadamente 671 millones de euros.
Pero a la hora de realizar esta contabilización hay que tener en cuenta que aquí están contabilizadas obras que no correspondían a la Administración General del Estado en ese reparto de 75-25 por ciento, y por eso hablo del Plan Hidrológico Nacional, sino que se declararon de interés general del Estado a lo largo del proceso hasta el Plan Hidrológico Nacional y posteriormente, y que ha significado que en algunas comunidades autónomas en este momento se haya invertido más del cien por cien de lo previsto en el plan de saneamiento. Esos son los datos.
Sin embargo, no se han ejecutado ni se habían cumplido, se está trabajando en este momento con las comunidades autónomas para resolver el tema las consecuencias derivadas de que en 1998 se definieron una serie de zonas sensibles, que había que haber revisado en 2002, y eso formaba parte del Plan Hidrológico Nacional, que implican un fuerte incremento en las inversiones a realizar, y que también hubieran tenido que formar parte de este plan nacional de saneamiento al que me he estado refiriendo.
Como consecuencia, desde el punto de vista de la inversión, ha habido una inversión que podemos considerar elevada dentro del plan nacional de saneamiento, pero insuficiente, no se han cumplido en un porcentaje satisfactorio que tenía que haber terminado el 31 de diciembre de 2005 los compromisos efectuados. Más grave todavía, se ha ido cumpliendo la parte de la Administración General del Estado, sin exigir las contrapartidas que en ese plan nacional de saneamiento se habían impuesto a las comunidades autónomas. Hay todavía comunidades autónomas que no han puesto en marcha el canon de saneamiento, que era una de las contrapartidas que se exigían en ese plan nacional de saneamiento. Hay actuaciones que tenían que haber realizado las comunidades autónomas y que se han llevado de una manera desequilibrada a obras de interés general del Estado. Es decir, el balance sería, en este caso, no totalmente insatisfactorio, porque es evidente que se han llevado a cabo un número muy importante de tratamientos en todo el Estado español, lo cual hace que la situación en España en este momento pueda equipararse relativamente a la de otros países de la Unión Europea, a la media de la Unión Europea, pero no se ha cumplido ni mucho menos el cien por cien de los objetivos que se habían establecido en el plan nacional de saneamiento del Estado español.
-NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS POR LA SOCIEDAD ESTATAL ACUAMED CON LOS USUARIOS Y PRECIO DEL AGUA QUE SE CONTEMPLA EN LOS MISMOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/052946.) (Número de expediente 181/002005.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, la número 4, del Grupo Popular. Número de convenios firmados por la sociedad estatal Acuamed con los usuarios y precio del agua que se contempla en los mismos. La señora de Lara tiene la palabra.
La señora DE LARA CARBÓ: Como ha dicho mi compañera en su intervención anterior, esta era una pregunta escrita que el ministerio podía haberla contestado con unos datos concretos, o tal vez es la falta de datos lo que hizo que el ministerio no contestara a esta pregunta.
De todas formas, el trámite, que ha pasado a pregunta oral en Comisión, me da la oportunidad de volver a incidir en algo que nuestro grupo está incidiendo desde hace dos años, el famoso programa AGUA.
Quería reiterar al señor secretario general que el famoso programa AGUA contaba con una serie de actuaciones, la mayoría de ellas ya incluidas en el Plan Hidrológico Nacional, más 22 nuevas desaladoras. Y quiero incidir, señor secretario, en lo de nuevas desaladoras, porque, como usted sabe, el Plan Hidrológico Nacional contemplaba una serie de desaladoras esparcidas por el arco mediterráneo para abastecimientos puntuales en zonas costeras.
Quiero desde aquí reiterar que a nosotros nos parece bien la desalación para abastecimiento en zonas puntuales, por supuesto que sí. Lo que hemos dicho desde el principio y mantenemos ahora es que la desalación para regadío no es..., iba a decir es imposible, sin embargo, creemos que no se va a realizar, porque el precio del agua que le sale al agricultor es inasumible, sobre todo en el caso del levante y sureste español, para poder hacer que la agricultura de estas zonas, que es la más competitiva de España, lo siga siendo.
Nosotros hemos preguntado esto en diversas ocasiones, de distintas maneras, hemos preguntado cómo iban a solucionar el déficit del arco mediterráneo y ustedes han contestado siempre, señor secretario, con preguntas ambiguas y preguntas que se prestan a confusión. Primera confusión. Ustedes, cuando presentan su programa AGUA, dicen que va a aportar 1.065 hectómetros cúbicos al arco mediterráneo, y aquí es la primera confusión que quieren ustedes introducir, porque en el Plan Hidrológico Nacional, usted lo sabe, señor secretario general, ahora lo reconocerá o no, se había estudiado que el déficit del arco mediterráneo eran 2.250 hectómetros cúbicos. A través de una serie de actuaciones de reutilización, de desalación, de depuración, etcétera, se conseguían 1.200 hectómetros cúbicos. Y solamente la parte que no se podía obtener, 1.050 hectómetros cúbicos, era el famoso trasvase del Ebro que ustedes derogaron. Entonces, todo esto lo cambian por el programa AGUA, que aporta 1.065 hectómetros cúbicos, luego sigue habiendo el déficit de mil y pico hectómetros cúbicos en el arco mediterráneo.
Ustedes han intentado confundir a la opinión, confundir al Partido Popular, en su famoso discurso, pero, bueno, ustedes confundan, que a la postre yo me imagino que el ciudadano se dará cuenta de que de todo lo que han prometido hay poco o hay nada. Yo deseo sinceramente que el error sea nuestro y que los regantes del sureste y el levante español tengan agua para sus regadíos, porque creemos que tienen derecho al agua, como tienen derecho al agua todas las comunidades de España. Creemos que el agua es un elemento esencial para el desarrollo de todas las comunidades, y lo que no admitimos para nada es la insolidaridad que se ha generado con el problema del agua.
Fíjese, señor secretario general, no hay más que mirar los estatutos de autonomía, los aprobados o en proyecto, los que se van a aprobar, y es lamentable ver la guerra del agua que se ha levantado en los estatutos de autonomía (en el de Cataluña, en el de la Comunidad Valenciana, en el Aragón). Lo considero vergonzoso, señor secretario general. Y esto lo pueden apuntar en su haber.
Ustedes han introducido confusión en todos los temas relacionados con el programa AGUA, porque cuando hemos hecho preguntas escritas, que tenemos las respuestas aquí, de los fondos europeos que se habían conseguido, ustedes han mezclado lo que habían solicitado con lo que iban a solicitar; han mezclado lo de Cataluña, que es en cohesión, con lo de la Comunidad Valenciana, que no han pedido nada, porque la Unión Europea les dio una llamada de atención en el mes de enero. Lo mezclan todo y todo lo confunden, yo creo que de manera voluntaria, porque usted, estoy segura, señor secretario general, que tiene las ideas muy claras.
También a una pregunta mía sobre el grado de ejecución de la sociedad estatal Acuamed, que es la gestora del programa AGUA, tengo la respuesta en febrero de 2006, en la que me dicen ustedes que se desconoce el grado de ejecución. Pero, ¿cómo que se desconoce el grado de ejecución? Tengo aquí la respuesta a una pregunta parlamentaria. ¿Cómo pueden desconocer ustedes el grado de ejecución? Será que el grado de ejecución es mínimo, pero en febrero de un año tienen que conocer el grado de ejecución del año anterior.
Usted, hace unos días, contestando aquí a una serie de preguntas sobre el precio del agua, hablaba, si no me equivoco, de 33 céntimos de euro por metro cúbico, ¿no? (El señor secretario general para el territorio y la biodiversidad, Serrano Rodríguez: 30 céntimos.) Bueno, 30 céntimos por metro cúbico, dice usted, el precio de agua desalada a pie de desaladora.
Vamos a admitir este precio, pero no se trata de esto, señor secretario, hemos dicho que estamos a favor de la desalación para abastecimiento en zonas puntuales, pero ahora estamos hablando de los regantes del levante y del sureste español, que tienen derecho al agua. Y le pregunto: ¿a qué precio van ustedes a ponerles el agua a estos señores que no tienen los regadíos a pie de planta, que habrá que hacer unas conducciones, habrá que elevar el agua y llevársela hasta allí? Por esto, la pregunta que hoy le he presentado es cuántos convenios han firmado ustedes con los regantes de la sociedad estatal Acuamed, convenios para obtener agua desalada, y cuál es el precio del agua desalada que le ponen. No me conteste usted 30 céntimos de euro, porque esto es a pie de planta, y los regadíos no están a pie de planta. ¿Cuál es el precio que ustedes les van a poner y qué precio han firmado los regantes que van a pagar en estos famosos convenios de la sociedad estatal Acuamed?
El señor PRESIDENTE: Señor Serrano, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): La verdad es que, igual que en el caso anterior,
desconozco los motivos que han llevado a que estas preguntas no se contesten adecuadamente en tiempo, porque, en el primer caso, lo que yo he descrito es simplemente un informe que se presentó en la Unión Europea y que, por tanto, estaba disponible y no había ningún problema para hacerlo llegar. De hecho, está en la web. Desconozco por qué esa información no se proporcionó a tiempo a sus señorías, y procuraremos que este hecho no vuelva a suceder. Y lo mismo le puedo decir con respecto a la pregunta que usted me formula, porque los convenios firmados son cuatro y están firmados y están registrados adecuadamente. Además están en negociación 15 convenios que también están registrados y adecuadamente disponibles, y hay acuerdos de intención también firmados con ayuntamientos regantes, etcétera, en número de 33.
Estas cifras, así como la relación de los convenios en cada uno de los casos, se podían hacer llegar a sus señorías sin ningún problema, y desconozco la razón de por qué no se ha hecho llegar en tiempo y en forma. Eso con respecto a la pregunta de cuántos convenios ha firmado la sociedad estatal Acuamed.
Con respecto al precio del agua que se contempla en los convenios firmados, ya le expliqué a su señoría que desde el principio en el programa AGUA se establecieron unos márgenes de variación para los precios que se negociarían en estos convenios, según cuál fuera la utilización de los recursos que tendrían al respecto, y que para la agricultura los precios iban de 0,12 a 0,30 en el marco de la consideración, del análisis que se realizaba conjuntamente con el Ministerio de Agricultura sobre cuál era el valor añadido generado en cada una de las comarcas en función del tipo de uso, en función del tipo de desarrollo que había en las mismas.
Usted dice que la desalación no sirve para el regadío. Pues mire, la desalación se utiliza para el regadío por particulares en Canarias y en la propia Comunidad de Murcia; en Mazarrón existe desde hace tiempo una desaladora que de forma autónoma produce agua desalada y que utiliza la cooperativa de regantes correspondiente. Y que se puede utilizar para el regadío está claro desde el momento en que los propios regantes de determinadas zonas, en particular de Almería y de algunas zonas de Murcia, nos demandan agua de desaladora para regar. Otra cosa es que la desalación sea generalizable para todos los tipos de cultivo.
Evidentemente, no. Y nosotros no podemos poner un precio para el agua desalada a pie de parcela, porque ese precio va a depender de dónde esté la parcela y de los criterios que tengan las comunidades de regantes para tarifar a cada uno de sus miembros en función de los criterios específicos de los mismos. Nosotros ponemos el precio a pie de desaladora y después, los costes de transporte en unos casos los asumen y los realizan los propios regantes y en otros casos los realizan el propio Canales del Taibilla o la Confederación Hidrográfica, según cuál sea el caso, porque tenemos casos prácticamente en todas las situaciones posibles.
El señor PRESIDENTE: Señora de Lara, por favor.
La señora DE LARA CARBÓ: Si no he entendido mal, me ha dicho el señor Serrano que hay cuatro convenios firmados por la sociedad estatal Acuamed con los regantes. Le agradecería, señor secretario, que me aclarase con las sociedades de regantes que se han firmado estos convenios, porque esto es lo que me tenían que haber respondido, no vale con que me diga cuatro. Pueden ser cuatro, veintisiete... Dígame con qué asociaciones de regantes se han firmado. El señor secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Serrano Rodríguez: Con usuarios, no con los regantes.
Cuatro convenios. Entonces, señor secretario, estamos hablando aquí de regantes. Bueno, me explica usted con qué usuarios y entonces haremos la deducción de con qué regantes o usuarios lo ha firmado, y en el caso de regantes, que es lo que están reclamando los regantes del levante y del sureste español, el precio del agua que va en el convenio.
Señor secretario, usted tiene el don especial, yo creo que lo ha aprendido de la señora ministra, de decir muchas frases, decir muchas cosas y decir todo confuso y todo junto.
Nosotros queremos saber cuántos convenios ha firmado la sociedad estatal Acuamed con los regantes. Mi información es que ninguno. Entonces, por favor, le pido que usted nos lo aclare. No me mezcle usted acuerdos de intenciones. Si yo tengo los acuerdos de intenciones que ustedes han ofrecido a los regantes y que los regantes se niegan a firmar, porque no se fija el precio del agua, si esto ya lo sabemos.
Fíjese usted lo que ha dicho. Dice: Ustedes, desde el Grupo Popular, dicen que la desalación no sirve para regadío. No es verdad, yo no he dicho eso; la desalación sirve para lo que se quiera. En Canarias el agua desalada sirve para todo, por supuesto, y en Baleares. ¡Cómo no va a servir la desalación! Y la desalación sirve para abastecimiento en zonas puntuales costeras, por supuesto que sí. Yo digo que la desalación para regadío alcanza un precio que es inasumible. Y usted me dice que a los regantes les pone el agua desalada a pie de planta, junto a la playa, donde esté la desaladora, y que se hagan ellos las conducciones y que se lo paguen". ¿Y por qué? ¿Y por qué, señor secretario general? ¿Quiénes creen ustedes que son para impedir que los regantes tengan agua en estas zonas de España? ¿Por qué no como en el resto de las zonas?
Ustedes derogan el trasvase, que políticamente yo lo entiendo. Ustedes pueden hacer lo que les parezca, pero tienen que derogar el trasvase y, a cambio de esto, hacer unas actuaciones que permitan seguir subsistiendo y seguir desarrollándose a esta zona. Comparémoslo con el caso de la energía eléctrica: en España hay unas zonas que producen energía eléctrica y otras no. ¿Se imagina usted que a Madrid no nos llegara la energía eléctrica porque no la producimos? Me parece una cosa totalmente inconsistente.
Usted dice que nosotros estamos en contra de la desalación, y repito para que quede constancia: Es mentira, no estamos en contra de la desalación, pero decimos que es inasumible el precio. Y usted me dice que efectivamente para algunos cultivos el precio del agua desalada será inasumible, luego ustedes deciden sobre el tipo de cultivos, cuáles tendrán agua, cuáles no. Y estamos hablando de la agricultura más competitiva de España.
Entonces, señor secretario general, por favor, no intente mezclar datos; conteste a mi pregunta concreta: ¿Cuántos convenios ha firmado la sociedad estatal Acuamed con los regantes?, Y en el convenio, ¿qué precio del agua pone que van a pagar? No me diga que ellos firman un convenio diciendo que se van a hacer las redes de transporte y que ellos se van a financiar todo. Dígame usted exactamente el precio del agua que pone en estos convenios con los regantes y cuántos ha firmado con ellos. Esta es mi pregunta, señor secretario.
El señor PRESIDENTE: Señor Serrano.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Si esa era su pregunta, debería haber modificado el texto, porque aquí pone cuántos convenios ha firmado la sociedad estatal Acuamed con los usuarios y cuál es el precio del agua que se contempla en los convenios firmados.
Los convenios firmados son: Convenio regulador para la financiación y explotación de las obras de la planta desnitrificadora de La Eliana entre la sociedad estatal Acuamed y el Ayuntamiento de La Eliana; convenio regulador para la financiación y explotación de la reutilización de aguas residuales depuradas de la planta de El Egido, entre la sociedad estatal Acuamed, la Agencia Andaluza del Agua, el Ayuntamiento de El Egido y la Junta Central de Usuarios de Regantes del Poniente Almeriense; convenio regulador para la financiación y explotación de la reutilización de la planta depuradora de aguas residuales de Adra y de la mejora de los riegos de poniente de Adra entre la sociedad estatal Acuamed, la Agencia Andaluza del Agua y el Ayuntamiento de Adra; convenio regulador para la financiación y explotación de la desaladora de Cabanes y Oropesa del Mar, entre la sociedad estatal Acuamed, el Ayuntamiento de Cabanes y el Ayuntamiento de Oropesa del Mar. Y se han firmado 33 acuerdos de intención (no los voy a leer todos), donde viene una amplia relación de comunidad de regantes de Castellón, de Valencia, de Alicante y de Murcia.
Eso con respecto a la primera pregunta.
Con respecto a la segunda pregunta, en los convenios específicos que se firman para cada una de las actuaciones se establece el mecanismo de asignación de precios del agua. Ese mecanismo de asignación de precios de agua entre los distintos usos viene recogido en todos los convenios, he abierto uno cualquiera, donde vienen tarifas y garantías. El establecimiento de las tarifas, en el caso de los regantes con ese máximo del 0,30, viene condicionado a lo que sea el precio final de las obras, porque se parte de un presupuesto licitado, pero como este mecanismo viene en los convenios, si quiere SS., con mucho gusto le haré llegar el contenido de los convenios para que pueda ver en cada caso, de los cuatro convenios que hemos señalado, donde viene y cómo se establecen las tarifas correspondientes.
Usted ha señalado que nosotros estamos impidiendo que tengan agua. Yo les diría que ustedes son los que han impedido que en la actualidad tengan agua, porque el PP, como consecuencia de que el trasvase se convirtiera en un trágala, dejaron sin inversión -y los datos están ahí- a la Comunidad Valenciana, y a la Comunidad de Murcia, fundamentalmente.
Las actuaciones del programa Agua han conseguido que en el año más crítico que ha tenido España desde el punto de vista hidrológico, que ha sido el 2004-2005, no haya habido problemas de abastecimiento a la población. Y el programa Agua ha conseguido que los agricultores hayan podido solventar esa situación sin una grave crisis que, de no haber sido por las actuaciones del programa Agua, difícilmente hubiera permitido salvar la agricultura en la comunidad autónoma. Y por último, el programa Agua asegura que en marzo de 2007 Canales del Taibilla tenga garantizado el abastecimiento a todo el sur de Alicante, a toda Murcia, salvo dos municipios a los que estamos estudiando hacerles llegar también el agua, y a una pequeña parte de Albacete, asegura que esté garantizado el abastecimiento a la población sin ningún tipo de problemas, llueva o no llueva, haya trasvase del Tajo o no haya trasvase del Tajo, y que, el problema de abastecimiento en toda esta región y de actuaciones económicas en el turismo y en la industria esté resuelto a perpetuidad.
Eso es el programa Agua. Evidentemente, con los resultados que tendríamos ahora si se hubiera seguido con el trasvase y no se hubiera afrontado el programa Agua es mejor no hacer la comparación.
-NÚMERO DE REUNIONES CELEBRADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2005, ASÍ COMO TEMAS DEBATIDOS EN LAS MISMAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA ESCRITA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/052945.) (Número de expediente 181/002006.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 5, número de reuniones celebradas por el Consejo Nacional del Agua en el transcurso del año 2005, así como temas debatidos en las mismas, del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Señor secretario general, usted es conocedor de que la Ley de Aguas de 1985 configura la planificación hidrológica como un instrumento para conseguir mejor satisfacción de demandas de agua, equilibrio y armonización del desarrollo
regional y sectorial, para incrementar la disponibilidad del recurso, proteger su calidad y también conseguir la armonía con el medio ambiente y demás recursos naturales. La planificación hidrológica en nuestro país, como hemos tenido ocasión de debatir en esta misma Comisión y con usted en alguna otra pregunta, responde a décadas de estudios, de análisis, de simulaciones y también, lógicamente, a la demanda creciente de la población en aspectos medioambientales, agrarios, industriales o hidroeléctricos. Muchos asuntos de gran interés y necesidad primaria para los ciudadanos que ustedes han tirado por la borda desde al eliminar el tema de la planificación. Es una cuestión, señor secretario general, que responde casi al denominador común de las intervenciones que hay en esta Comisión en relación con los temas de agua. Es decir, ustedes han dejado a los pies de los caballos a los ingenieros de las distintas confederaciones, a los ingenieros del Ministerio de Medio Ambiente que durante décadas han estado estudiando y analizando las solicitudes y las posibilidades de las relaciones con Medio Ambiente y en definitiva, la constitución de ese Consejo Nacional del Agua, con una potestad clara en cuanto a de la supervisión y la aprobación definitiva de todos los planes de cuenca por confederaciones hidrográficas, donde se plantean todas estas soluciones desde el punto de vista de la planificación; ustedes han llevado todo esto a la solución del parcheo. Es decir, no creo que haya habido ningún Gobierno en la historia, por lo menos de la democracia de nuestro país, que haya hecho tantos decretos de urgencia en el tema de las obras sobre la base de que la programación que ustedes han llegado a plantear no tiene garantía de solución. Abandonan su responsabilidad de ejecución de obras subsumiéndola en una hipotética garantía de consenso.
Han paralizado programas, desvirtúan la planificación, desvían la atención a problemas artificiales y, sobre todo, la que va en línea de la pregunta que hoy se le plantea, han neutralizado a los órganos de participación y control en la planificación y en el seguimiento hidráulico. Y en ese sentido, quiero que nos responda a la pregunta que figura en el orden del día en relación al número de reuniones celebradas por el Consejo Nacional del Agua en el año 2005 y los temas debatidos.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): La pregunta hacía referencia a cuántas reuniones ha tenido el Consejo Nacional del Agua en el trascurso del año 2005 y qué temas se han debatido en dichas reuniones.
Durante el año 2005 hubo dos reuniones: una, de la Comisión Permanente, en febrero de 2005, y otra sesión del Pleno del Consejo Nacional del Agua para debatir las modificaciones que luego serían plasmadas en la Ley 11/2005, de modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. En esta sesión del Pleno y en las comisiones del Consejo Nacional del Agua, que se reunieron y culminaron en esa Comisión Permanente del 2 de febrero de 2005, se pasó revista a toda la situación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional y a la situación del texto refundido de la Ley de Aguas en relación con su adaptación a la directiva marco, y se aprobó un primer conjunto de medidas que significaron la modificación de esas dos normas para adaptarlas a las exigencias de la Directiva-marco del Agua. Por lo tanto, el Consejo Nacional del Agua se reunió cuando se plantearon los temas que eran de su competencia, según establece la normativa vigente al respecto, tanto la Ley de Aguas como el Reglamento del Agua de la Administración Pública, la planificación hidrológica y el Reglamento de régimen interior, y los resultados de estas reuniones se transformaron en la modificación de la ley a que antes he hecho referencia.
Adicionalmente, a nivel de las confederaciones hidrográficas, en todas ellas se han efectuado protocolos de sequía para cubrir los numerosos incumplimientos del Gobierno anterior, en este caso de los planes de sequía; protocolos de sequía que se han hecho en el marco de la participación pública abierta y de todos los agentes de las correspondientes confederaciones hidrográficas, y que han sido aprobados y tramitados con la correspondiente participación pública.
En cuanto a lo que señalaba con respecto a la planificación, no solamente estamos elaborando los planes de sequía que ustedes no elaboraron, sino que en este momento, siguiendo la Directiva-marco del Agua, se está terminando el esquema de los procesos de planificación para cubrir la fecha del inicio, que es 31 de diciembre de este año, de lo que serán los nuevos planes de demarcación a presentar en la Unión Europea dentro del marco de las exigencias de la Directiva-marco del Agua.
El señor PRESIDENTE: Señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Fíjese si ha sido pobre su argumentación en cuanto al contenido de las reuniones del Consejo Nacional del Agua que ha tenido que lanzarse directamente a las confederaciones hidrográficas de las distintas cuencas del arco nacional para hablar nada más y nada menos que de los protocolos de sequía, protocolos de sequía que usted me reconoció hace cosa de dieciocho o diecinueve meses, en una comparecencia de la Comisión de Medio Ambiente, que se habían dejado preparados por parte de diversas confederaciones. Está en el "Diario de Sesiones". De todas maneras no estamos hablando de eso. Tal como decía anteriormente nuestra portavoz María Teresa de Lara, no se pueden confundir churras con merinas, señor secretario general, estamos hablando del Consejo Nacional del Agua, y yo no me he salido del Consejo Nacional del Agua, no introduzca usted otros elementos. En cualquier caso, señor secretario general, Comisión Permanente. Dos días antes del Consejo de Ministros donde se aprobó el programa Agua, invitados casi con una antelación de
veinticuatro horas, sin disponibilidad de los documentos para analizarlos en la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua. Si a eso usted le llama participación, si a eso usted le llama diálogo, si usted dice, en definitiva, que los órganos de planificación están actuando dentro de lo que es la actuación de la administración hidráulica de este país, pues que baje Dios y lo vea.
Usted nos habla también de la segunda reunión, la del 14 de febrero de 2005, plenario, reformas de la Ley de Aguas. ¿Qué es lo que ocurrió en esta reunión, señor secretario general? Sacaron adelante las propuestas porque en el Consejo Nacional del Agua la Administración tiene prácticamente mayoría para poder sacarlo adelante. Pero tuvieron la oposición de todos los regantes, de las organizaciones agrarias, de casi todos los expertos y de varias comunidades autónomas. ¿Cuál fue la decisión que toma en este sentido la ministra señora Narbona? Yo, por lo que llego a alcanzar, señor secretario general, estoy convencido que hasta usted ha intentando dar mayor fuerza y mayor participación a un órgano que en principio lo que prevé es la transparencia, la participación y el diálogo. Han cerrado la actividad del Consejo Nacional del Agua. Usted me está hablando de febrero de 2005, estamos ahora mismo en mayo de 2006 y no se ha vuelto a reunir absolutamente para nada el Consejo Nacional del Agua. No hay transparencia, no hay participación, no hay diálogo, y van ustedes directos al decreto de urgencia, que es lo que decía anteriormente, un auténtico parcheo.
Han dejado ustedes con esta política, señor secretario general, y usted debe ser consciente, a los pies de los caballos a muchos ingenieros de confederaciones y del Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a los estudios, a la planificación y a las propuestas que se han hecho en este país desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del acuerdo con los usuarios y desde luego, desde el punto de vista de los acuerdos políticos. Se visualiza esa ideología invisible, que tan de moda está últimamente, en el apoyo a grupos minoritarios, a grupos mediáticos, a grupos que quizás tengan mucha fuerza desde el punto de vista de hacer ruido en la calle, pero que en definitiva no representan, como ustedes saben, los verdaderos intereses de grandes colectivos de españoles.
Yo le quisiera hacer una pregunta, señor secretario general: ¿Dónde están las promesas de transparencia, de participación, de consenso, de nuevo talante? ¿Es lógico que un órgano consultivo como el Consejo Nacional del Agua esté paralizado por voluntad propia de la ministra? ¿Por qué la reforma del consejo nacional no es una prioridad, como dijo la señora ministra en su primera comparecencia, o por qué no han suprimido por decreto-ley el Consejo Nacional del Agua? Es decir, ¿qué es lo que pretenden con el Consejo Nacional del Agua?
Me gustaría, después de su primera intervención en la que ha reconocido que solamente ha habido esas dos reuniones, una de la permanente y otra de la plenaria, que dijera qué futuro, qué objetivos quieren para el Consejo Nacional del Agua, porque habrá que modificar el reglamento que lo regula. En definitiva, digan ustedes a los usuarios, que los usuarios no son solamente los regantes, son también los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los ecologistas, los hidroeléctricos, es decir, todos los que tenga que ver directamente con el tema del agua, dígannos a nosotros, como partido que tenemos la obligación de hacer la oposición al Gobierno, qué objetivos, qué prioridades y para qué va a servir el Consejo Nacional del Agua si ustedes no lo reúnen y lo tienen paralizado.
Por cierto, usted ha hablado de las confederaciones hidrográficas; ha comenzado, lógicamente, el proceso de revisión de los planes de cuenca aprobados en 1998 y que estamos para aprobar el primer período en 2008.
Supongo que sus intenciones, tal y como dice la norma, será que pasen preceptivamente por el Consejo Nacional del Agua. Entendemos, señor secretario general, que el Consejo Nacional del Agua es un órgano consultivo, de transparencia, que ha dado muchos frutos a este país a lo largo de los últimos años en relación con la planificación hidrológica, que ustedes quieren acallarlo porque tienen voces discordantes con su política, y en definitiva se produce lo que le decía en la última comparecencia que tuvo usted en esta misma Comisión, es decir, no hay argumentos, señor secretario general, en relación con lo que ha sido la planificación hidrológica de nuestro país. El Partido Popular, cuando llegó al Gobierno en 1996 tuvo encima de la mesa para trabajar todos los estudios de las anteriores décadas, independientemente del Gobierno que hubiera estado. Ustedes han querido hacer tabla rasa, se han llevado por delante todo lo que han podido y en estos momentos tienen una política en la que no hay transparencia, en la que no hay participación y se escudan en el diálogo social y en el consenso por unanimidad para, en definitiva, paralizar muchas obras y no ir hacia delante con la planificación.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Creo que hoy precisamente no tienen ustedes su día, porque se ha referido S.S. a algo que acaeció en el año 2004 y no en el año 2005.
La pregunta hace referencia a 2005. A finales de 2004 hubo tres comisiones trabajando sobre lo que fue el Real Decreto- ley 2/2004, que se aprobó el 18 de junio de 2004. El Consejo Nacional del Agua estuvo trabajando a través de tres comisiones durante el año 2004, que llevaron sus conclusiones a esta Comisión Permanente de 2 de febrero de 2005, después de varios meses de trabajo. Esas conclusiones de la Comisión Permanente, realizadas por esos tres grupos de trabajo, son las que se llevaron el 14 de febrero de 2005 a la sesión del Pleno del Consejo Nacional del Agua, proceso que culminaría con la aprobación de la Ley 11/2005, le recuerdo que
con el voto positivo de todos los grupos parlamentarios salvo el PP.
Ustedes sigue en su idea de que por repetir muchas veces una cosa esta cosa va a ser verdad, y no es verdad. Si algo ha caracterizado al Ministerio de Medio Ambiente en esta legislatura es la transparencia y el diálogo, con ustedes y con todas las comunidades autónomas de todos los colores políticos, porque el problema del agua es un problema fundamental para este país.
El Consejo Nacional del Agua está como ustedes lo dejaron. No hemos procedido todavía a la modificación del Consejo Nacional del Agua y su adaptación a la Directiva-marco del Agua porque previamente a este proceso hay que aprobar las demarcaciones y el comité de autoridades competentes, cosa que estamos haciendo en negociación con las comunidades autónomas, que ustedes tenían que haber terminado el 31 de diciembre de 2003, y tampoco hicieron, y que nuevamente ha implicado un fuerte retraso en todo el proceso de estructuración de la adaptación a esa Directiva-marco del Agua.
No se empeñen, todos los grupos políticos saben que hay una Directiva-marco del Agua que hay que cumplir, que la filosofía del agua tiene que adaptarse a esa Directiva-marco del Agua, que es obligatoria a nivel de la Unión Europea, y aunque ustedes sigan machacando con el trasvase, lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, y la Unión Europea no deja alternativas al respecto. Desde ese punto de vista, estamos adaptando las confederaciones hidrográficas a lo que son esas exigencias; se están realizando los consejos de demarcación, porque son estos los que van a tener que aprobar los planes hidrológicos de demarcación previamente a su transformación en ley. Por lo tanto, es un proceso en el que estamos implicados y que nuevamente es objeto de retrasos, como consecuencia de que su Gobierno del Partido Popular tampoco cumplió en este caso con lo que eran sus deberes en tiempo y forma.
-ADQUISICIÓN DE FINCAS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN ESPACIOS LITORALES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/055300.) (Número de expediente 181/002007.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 6, adquisición de fincas por el Ministerio de Medio Ambiente en espacios litorales, del Grupo Popular. El señor Fajarnés tiene la palabra.
El señor FAJARNÉS RIBAS: En aras de la brevedad que nos ha solicitado el presidente, y como es una pregunta que viene como consecuencia de una pregunta parlamentaria hecha por escrito y no contestada, doy por formulada la pregunta.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Básicamente la pregunta hace referencia en su exposición a una serie de actuaciones desarrolladas por el Gobierno del Partido Popular en el período 1998-2004, en el cual efectivamente se señala que hubo una serie de adquisiciones de fincas. Eso es así, y en efecto se adquirieron un total de 13 fincas, se actuó sobre fincas que había que demoler y se demolieron dos fincas adicionales. En total 15 actuaciones de adquisición de fincas. Curiosamente, 12 en las Baleares; me imagino que sin ninguna relación con que el ministro estuviera por aquellas épocas aspirando a ser presidente de esa comunidad autónoma.
Este Gobierno ha puesto en marcha un verdadero programa de adquisición de fincas que tiene que ver con una política general de recuperación del dominio público marítimo terrestre para los españoles y de puesta a disposición de áreas de interés general, de todos los españoles, dentro de ese dominio público. Lo primero que ha hecho ha sido entrar en contacto y solicitar a todas las comunidades autónomas, en la propia Conferencia Sectorial, donde se explicó este programa, las fincas que pudieran ser objeto de adquisición y que cumplieran los objetivos a los que antes me he referido. En la Conferencia Sectorial se explicaron los objetivos y se ofreció a las comunidades autónomas con litoral que hicieran una propuesta de fincas que podrían ser objeto de adquisición.
Eso nos ha dado un total de 122 fincas, en un primer momento, que han sido analizadas. De esas 122 fincas con datos suficientes para ser analizadas y para ver en qué medida podrían cumplir los objetivos propuestos en la actuación, se han seleccionado, al final, 47, que responden a un primer criterio; se han seleccionado cuatro por provincia, como criterio adicional, salvo en aquellos casos en que no disponíamos de datos, lo que creo que sólo se ha dado en una provincia. En principio la idea es actuar en todo el territorio, actuar de una manera homogénea, sin atender al partido político que se vea afectado y considerar por supuesto también las propias propuestas que se han efectuado desde el Parlamento.
En ese sentido tengo que decir que una proposición no de ley aprobada recientemente en esta Cámara recoge una serie de posibles fincas en el caso de las Islas Baleares. Tengo que señalar que de las diez fincas que se proponen, seis de ellas están dentro de las que se están estudiando y las otras cuatro han pasado a la bolsa general de fincas, que se estudiarán cuando llegue el momento correspondiente.
El señor PRESIDENTE: Señor Fajarnés.
El señor FAJARNÉS RIBAS: Usted ha contestado lo que ha contestado; no ha contestado a algunas de las preguntas que iban incorporadas en esta pregunta
general, y con su contestación, por lo menos, desmiente y contradice las declaraciones que hizo la señora ministra.
Señoría, yo pienso que la ministra de Medio Ambiente una vez más se equivocó con sus declaraciones. Y sinceramente pensamos que ya son demasiadas las veces que se ha equivocado. Es sencillamente lamentable para nuestro grupo presentar la adquisición de fincas en espacios litorales como gran novedad del ministerio, negando una realidad que ustedes, por otro lado, certifican -usted mismo la ha certificado hoy aquí-, pero también lo hicieron en una contestación parlamentaria, eso sí, adornada de insinuaciones, con poco talante y estilo, sobre todo si vienen del Gobierno, y que hoy usted mismo en esta comparecencia ha vuelto a reiterar.
Cuando la ministra de Medio Ambiente obvia las políticas anteriores, falta a la verdad a sabiendas de que es incierto, porque desde los gobiernos del Partido Popular, como usted ha dicho hoy aquí, sí se practicó una política de compra de fincas en el litoral; lo que es seguro es que en los catorce años del Gobierno socialista, de los que, por cierto, la ministra de Medio Ambiente fue secretaria de Estado de Medio Ambiente, porque no había ni siquiera ministerio, nada de eso se hizo, a pesar de que había la Ley de Costas que de alguna manera le obligaba. Por lo tanto, señor secretario general, menos sacar pecho, menos alardear de nuevas políticas que ya fueron iniciadas, por cierto, no en Francia, que usted no ha contestado, sino en España.
Cuando la ministra, usted mismo y altos cargos y dirigentes del Partido Socialista presumen en múltiples declaraciones de esa gran novedad que es la compra de terrenos, la verdad es que no sabemos de qué presumen, porque si presumen de haber comprado en dos años, con tres presupuestos generales del Estado, una sola finca en Cadaqués (no sé quién gobierna en Cataluña, señor secretario general, desde luego Jaime Matas no gobierna en Cataluña), pues, sinceramente, menuda política de compra de fincas.
Seamos claros. En dos años ustedes no han hecho absolutamente nada, no tenían un plan y así se lo dijo con mucha claridad el 15 de marzo de 2006 en esta misma Comisión la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya.
Se lo voy a leer, porque es clavado: De la lectura del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2006 -decía ella- se constató que no existía originariamente ninguna partida específica para tal fin -el de la compra de terrenos- en los presupuestos. Fue a raíz de una enmienda pactada con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana cuando se creó una partida de 20 millones de euros para la adquisición de terrenos del litoral para su protección integral en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Murcia y Valencia. Una enmienda. Y dice: Como resultado, estas reclamaciones se acabaron fusionando en una enmienda genérica de 20 millones de euros que hoy se contempla en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2006. Así de claro se lo dijo la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya.
Señoría, ustedes no tenían nada previsto, ni un euro en los Presupuestos Generales del Estado. Todo fue gracias a la enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya. Por cierto, señor secretario general, con 20 millones de euros, ¿nos podría decir qué piensan comprar? Porque con esta cantidad, sinceramente, pocas fincas van ustedes a comprar. Usted lo ha medio insinuado: las islas Baleares solamente solicitan 18 fincas. Fincas que solicita el Consell de Menorca, la ministra Narbona, la Consejería, el Consell Insular de Ibiza y Formentera, sus socios del PSM, ayuntamientos suyos (socialistas) y el propio Partido Socialista. Y es verdad que aquí se aprobó una proposición no de ley en la cual se incorporaban diez fincas en esas compras, declarando, por cierto, prioritaria las islas Baleares, cuestión con la que nosotros también estamos de acuerdo. Pero le queremos preguntar: ¿ustedes van a respetar el acuerdo de esta Cámara? Explíquenos por qué Andalucía, Cataluña, Murcia y Valencia no son regiones también prioritarias, de acuerdo con lo que se aprobó, cuando la mayor presión urbanística la están padeciendo algunas zonas de estas comunidades autónomas. Según datos del Instituto Geográfico Nacional, por ejemplo, en Barcelona, en el primer kilómetro hay un 50,64 de urbanización o un 33,84 en Gerona.
Señorías, esta propuesta de plan comenzó como lo que era y lo que algunos manifestamos en la prensa y en los medios de comunicación, como un bluff; es una propuesta que empezó sin plan, sin dinero, con compromisos electoralistas, sin haber contactado con propietarios, porque esa es la realidad, por lo menos en mi isla no se contactó con propietarios, y por lo tanto nada de nada.
En definitiva, nuestro grupo espera que el objetivo inicial de comprar los terrenos que corrían peligro ante la posibilidad de edificación, se mantenga. Y que los anuncios hechos por el ministerio de comprar terrenos ya protegidos no se llegue a realizar. Señoría, no tendría sentido comprar terrenos ya protegidos. Eso sería gastar el dinero innecesariamente. Y lo decimos porque algo hemos oído por parte de algún gobierno autónomo que también tiene relación con ustedes.
El señor PRESIDENTE: Señor Serrano, tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Empezando por el final de la pregunta, le diré que nosotros no compramos terrenos, al margen de que estén protegidos o no. Los compramos dentro de unas directrices de ordenación del litoral, donde el objetivo fundamental es devolver la utilización del dominio público marítimo-terrestre a los españoles y disminuir todo tipo de presión que incida sobre la pérdida de
calidad de ese dominio público marítimo terrestre o que ponga en peligro la biodiversidad marina o las circunstancias específicas de uso por todos los ciudadanos de ese dominio público litoral marítimo-terrestre.
Desde ese punto de vista, la diferencia con respecto a las compras anteriores realizadas por el Gobierno anteriores es que no hemos encontrado ningún plan concreto, las compras no respondían a ningún plan concreto, salvo, la localización de los terrenos, ni existía en este momento lo hemos puesto ya en marcha ningún plan para la gestión de dichos terrenos. Simplemente se adquirieron unas fincas con una determinada localización geográfica sin ningún tipo de actuación ni gestión posterior sobre las mismas. Ahora estas fincas se están incluyendo dentro del plan director y de los convenios de colaboración existentes con las comunidades autónomas, en este caso concreto con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Con respecto a otro criterio que para nosotros es fundamental, ya he señalado, en relación con las 200 fincas que se han propuesto, aproximadamente, que el primer trabajo ha consistido en elaborar un banco de datos con la información fundamental para la posible gestión de estas fincas, desde la superficie hasta el tratamiento urbanístico que tienen en su caso, los propietarios, la situación administrativa, todos los datos que permiten ver la viabilidad de su inclusión dentro del programa de adquisición de fincas. Con todos esos datos, disponemos en total de datos para 122 fincas es con los que se han seleccionado 47, con ese criterio de distribución homogénea a nivel provincial. Parece que no me ha entendido en mi contestación, porque ese es uno de los criterios básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la intervención.
De hecho, es cierto que se subió a 20 millones de euros. Nosotros sólo habíamos propuesto 10 millones de euros para la adquisición de fincas, pero era porque previamente a la adquisición establecemos una valoración independiente de las fincas que nos permita saber cuál es su valor y, por lo tanto, cuánto hay que pagar por ellas, y les diré que en la única finca que hemos adquirido, la del Club Méditerranea, en las negociaciones iniciales que habían tenido con el Gobierno anterior la demanda era de 16 millones de euros. Esa finca se ha adquirido por 4,5 millones de euros.
Una ligera diferencia, resultado de un proceso de más de un año y medio de discusión. Son datos objetivos, porque yo desde el principio he estado en ese proceso de discusión y de valoración. Ha habido una valoración objetiva por un señor independiente especializado en valoraciones que ha establecido la cantidad que se podía pagar. Y al final esa es la cantidad que se ha pagado. La diferencia fundamental es que hay un plan, hay un programa y que estas fincas cumplen una función. Y les repito, en sus anteriores adquisiciones ni había plan ni había programa ni nos hemos encontrado mecanismos de gestión, que estamos ahora desarrollando nuevamente en el marco de un plan estratégico del litoral, teniendo en cuenta la colaboración de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas afectadas.
-LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN HOTELERA EN "EL ALGARROBICO", DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARBONERAS (ALMERÍA) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/055301.) (Número de expediente 181/002008.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 7, legalidad de la construcción hotelera en "El Algarrobico", dentro del término municipal de Carboneras, Almería, del Grupo Popular. (El señor Hernando Fraile pide la palabra.
Sí, señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, quisiera plantear una cuestión de orden referida a un asunto de la pasada Comisión y relativa a una información que se comprometió el secretario general de Biodiversidad a enviar a la Cámara. Sencillamente desconozco si esa información ha sido remitida en estos momentos a la Mesa o no. Yo no la he recibido todavía y no sé cómo está. Era la ejecución presupuestaria de 2005 de Almería. Si no, en cualquier caso, para recordárselo. Solamente era plantear eso y saber si se ha remitido.
El señor SECRETARIO GENERLAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Sí, se ha remitido.
El señor HERNANDO FRAILE: Pues si se ha remitido, espero que llegue pronto.
Señor secretario general, el 13 de enero de 2003 el Ayuntamiento socialista de Carboneras concedió una licencia de obras para la construcción de un hotel de cuatro estrellas, 400 habitaciones, 21 plantas, a 20 metros del mar, en el Parque Natural de Cabo de Gata. Esta licencia de obras tiene su origen en unas normas subsidiarias que se aprueban el 26 de mayo de 1988 por un ayuntamiento socialista, dos meses antes de que se aprobara definitivamente la Ley de Costas, tramitada por un Gobierno socialista. Y ese ayuntamiento socialista tramitó unas normas subsidiarias que contravenían lo que ya había sido aprobado en el Congreso en primera instancia y se estaba debatiendo en el Senado, con el objetivo de incumplir la Ley de Costas aprobada por el Gobierno socialista en aquel momento, que establecía que la zona de servidumbre era de cien metros; las normas subsidiarias decían que la servidumbre era sólo de 20 metros, y que se podía construir a 20 metros de la ribera del mar.
Posteriormente el ayuntamiento socialista intentó tramitar el proyecto de urbanización, pero no dio tiempo
a aprobarlo definitivamente antes de la aprobación de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Costas, que entra en vigor el 29 de julio de 1988. El asunto pierde interés, y de aquello no se vuelve a hablar, hasta que en 1995 el alcalde socialista no consigue mayoría absoluta, pierde las elecciones, se monta un pacto en contra del alcalde socialista, y ese mismo alcalde socialista intenta y consigue, a través de un tránsfuga, volver al poder en 1997. Todo esto sucede entre finales de 1996 y 1997, coincidiendo con la reactivación precisamente de la urbanización de este sector. Esto de los tránsfugas y las cuestiones inmobiliarias siempre suelen estar ligadas.
Lo que es evidente es que el 21 de marzo de 1997, después de haber sido aprobado como parque natural por la Junta de Andalucía, y clasificarlo con letra B y C de protección especial, la Junta de Andalucía se subroga las competencias del Ayuntamiento de Carboneras, que todavía estaba dirigido por un alcalde no socialista al que se le estaba presentando una moción de censura, y decide aprobar el proyecto de urbanismo con los 20 metros, incumpliendo la Ley de Costas e incumpliendo la Ley de Protección del Parque Natural, el PORN y el PRUG del propio parque natural.
En 1998 -quédese usted con esta fecha- se solicita a la demarcación provincial de la Dirección General de Costas en Almería un informe sobre la línea de demarcación, porque se está tramitando precisamente en ese momento el deslinde. Y se informa de que la zona de servidumbre -a la empresa que va a construir- es de 100 metros. Curiosamente ese informe que yo he solicitado a ustedes no aparece por ningún sitio, he tenido que recurrir al amparo del presidente de la Cámara para que me sea remitido.
Después de eso y de mi petición de que se me facilite el informe elaborado por la Delegación Provincial de Almería de la Dirección General de Costas perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, en marzo de 1988, sobre la zona de protección de la costa en el término municipal de Carboneras, donde este ayuntamiento concedió posteriormente licencia para la construcción de un hotel de 20 plantas -parece que no hay datos suficientes-, se me dice: Se señala a S.S. que para poder contestar la solicitud formulada se precisa que concrete el objeto del informe, la fecha aproximada, el destinatario, así como algún otro dato disponible.
Yo ya no sé qué más datos quiere que le dé, pero, no obstante, como usted no encuentra este informe, yo le voy a dar más datos.
Fíjese usted, este informe que tiene fecha de salida el 3 de marzo de 1998 número 284, en contestación a la empresa constructora que realiza consulta el 9 de noviembre de 1997. Se lo voy a leer para que usted y la señora ministra se enteren antes de hacer declaraciones y acusar al PP de que esto se ha hecho por su culpa: La línea de ribera del mar que ha de servir de base para la determinación de las zonas de servidumbre establecidas en la Ley de Costas coincide en este caso con la propia línea de deslinde. Para la defensa del dominio público, la Ley de Costas establece dos zonas de servidumbre: la servidumbre de tránsito, que tiene un ancho de 6 metros, y la servidumbre de protección que, por tratarse de suelo clasificado como urbanizable, sin plan parcial, aprobado a la entrada en vigor de la Ley de Costas, tiene un ancho de 100 metros.Habla de 100 metros, no de 20, ambas medidas deben tomarse desde la referida línea de ribera. Esto es lo primero que tenían que haber recabado ustedes antes de hacer declaraciones sobre la presunta legalidad de las normas que amparan la construcción de este hotel, que no es legal, en esa parte por lo menos. Yo creo que tampoco en el resto, pero eso ya le corresponde al señor Chaves, que a lo único que se ha limitado es a decir que ese hotel le parece un horror. Un horror, no, es que está construido en un parque natural.
La licencia para la construción de este hotel se dio el 13 de enero de 2003. En mayo, el alcalde socialista, previamente a las elecciones, colocó la primera piedra. El esqueleto se empezó a ver en septiembre u octubre de 2004, que es cuando se empezaron a hacer las primeras denuncias. Y la reacción del ministerio no tuvo lugar hasta finales de agosto de 2005. Durante ese tiempo, un año, se ha empezado la construcción y se ha hecho una inversión de más de 25 millones de euros en el hotel. Lo grave es que la señora Narbona, en declaraciones a Radio Nacional, recogidas por Europa Press y el ABC, a finales de agosto, dice: El hotel que se está construyendo en el Parque Natural de Cabo de Gata no está en zona de dominio público -según ella-, es decir, en la parte en la que el ministerio puede actuar, sino en la parte que corresponde decidir a la comunidad autónoma. Por eso estamos trabajando con la Junta, con la intención de que una parte de esa edificación deje de existir, pero para ello necesitamos un acuerdo con Andalucía, que estoy segura que vamos a poder alcanzar y que tiene que integrar también al Ayuntamiento de Carboneras. El lugar donde se construye el hotel es una zona urbana que ya tenía su plan parcial aprobado y todos sus derechos urbanísticos consolidados desde hace años. Esto es mentira, no tenía sus derechos urbanísticos consolidados, porque para eso está la Ley de Costas y la disposición transitoria tercera. Como no había derecho a indemnización, porque no estaba hecho el proyecto de urbanización, no era, por lo tanto, legal y tenía que cumplirse la zona de servidumbre de 100 metros.
Yo le he realizado una serie de preguntas aquí, por escrito, que me hubiera gustado que usted me pudiera contestar. Son muchas y me hubiera gustado tener tiempo para aclarar todas y cada una de ellas. Le pediría que si no puede contestarlas oralmente las contestara por escrito, pero me gustaría saber fundamentalmente si ustedes creen que esta construcción es legal o ilegal.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Esa construcción está demandada y está en los tribunales; por lo tanto, serán los tribunales los que decidan si es legal o ilegal. Yo le voy a contestar a sus preguntas desde el punto de vista de las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente.
El hotel está situado fuera del dominio público marítimo terrestre, eso es evidente. Una parte del hotel está dentro del área de servidumbre, pero está fuera del dominio público marítimo terrestre. Efectivamente, la licencia es del Ayuntamiento de Carboneras. Los propietarios y el ayuntamiento se basan en una interpretación de las normas sobre las que no hay acuerdo y por eso el tema está en los tribunales. Los tribunales serán los que decidan cuál es la situación exacta de ese hotel en el momento actual. Es evidente que desde el punto de vista de los objetivos del actual Ministerio de Medio Ambiente ese hotel está en un parque natural, en un ámbito y en el marco de unas directrices de actuación del ministerio que le hacen incompatible con un desarrollo adecuado de ese enrtono. Como consecuencia, el Ministerio de Medio Ambiente, por resolución de 2 de diciembre de 2005, a través de la Dirección General de Costas, acordó la declaración de utilidad pública de la expropiación de los terrenos donde se levanta la citada edificación y el inicio de los trámites legales para la expropiación forzosa, habiendo iniciado el trámite de exposición pública del proceso. En paralelo se está trabajando en el establecimiento del justiprecio de la expropiación. Por lo tanto, el Ministerio de Medio Ambiente tiene muy clara cuál es su posición con respecto a este hotel y cuáles son las actuaciones, no solo en ese hotel, sino en el conjunto del área que ha puesto en marcha.
La política respecto de este hotel se sitúa en un marco distinto al de la utilización de tránsfugas y cuestiones inmobiliarias, de las que su partido tiene experiencia suficiente para poder hablar mucho tiempo. No nos vamos a referir a eso, ya que no figura en su pregunta, pero sí me quiero referir a que la política de intervención en este hotel va directamente ligada a la generación de expedientes de delimitación del dominio público marítimo terrestre. Estos expedientes, que fueron puestos en marcha tras la aprobación de la Ley de Costas, sufrieron un fortísimo freno desde 1995 al año 2004. De hecho, en abril de 2004 únicamente estaba delimitado -y estoy contestando a su última pregunta del total de nueve preguntas que me hacía, las otras yo creo que básicamente se las he contestado ya- el 66 por ciento del total del litoral. estamos hablando del 66 por ciento, dos terceras partes, y el objetivo del Gobierno actual es delimitar en cuatro año el 34 por ciento restante. Desde abril de 2004 a diciembre de 2004 se han puesto en marcha 36 expedientes que afectan a 216 kilómetros de costa; en 2005, 85 expedientes que afectan a 482 kilómetros de costa; y las inversiones previstas nos permitirán el 31 de diciembre de 2008 tener delimitado el dominio público marítimo terrestre de toda la península Ibérica.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, muy brevemente, porque ya ha consumido gran parte del tiempo.
El señor HERNANDO FRAILE: A mí me deja usted pasmado, la verdad. La aplicación de la ley no se hace en virtud de lo que uno considere que es adecuado para el desarrollo del medio ambiente; se hace en virtud del principio de legalidad. Eso es básico, se lo tendrían que enseñar a ustedes cuando los nombran en la Administración los cargos que los nombran. La ley es clara y usted tiene como obligación -y la señora ministra la primera- de defender ese principio de legalidad y de defender los derechos del Estado. Defendiendo los derechos del Estado y no haciendo manifestaciones como estas, complacientes con un alcalde que, como le digo, en su día compró tránsfugas, con un alcalde que ha sido condenado por los tribunales, como el alcalde de Carboneras, por delito electoral e inhabilitado por ello, no estaríamos en la situación en la que estamos, diciendo estas cosas que no se tienen en pie. Es ilegal, se ha contravenido la norma y hay un trasfondo urbanístico y delincuencial clarísimo detrás de esto.
Le voy a dar otro dato que a usted le tendría que mover a pedir la intervención del fiscal Anticorrupción para esclarecer qué es lo que ha habido detrás de todo esto y defender al Estado. Usted está para defender al Estado, no para pagar ahora expropiaciones, a ver si nos ponemos de acuerdo. Usted está para defender los dineros de todos los ciudadanos.
Fíjese usted, el 13 de enero de 2003 se concede la licencia municipal por la comisión de Gobierno para hacer las 21 plantas y las 400 habitaciones.
El 12 de febrero el ayuntamiento reúne urgentemente a la comisión informativa y al Pleno con carácter de urgencia para modificar la ordenanza del impuesto sobre construcciones e instalaciones y obras, y recoge una exención del 99 por ciento de la licencia de obras del hotel.
En total más de 1.200.000 euros que habría ingresado el ayuntamiento. Esa normativa es derogada el 21 de noviembre de 2003. Mire usted, si es que canta. El ayuntamiento socialista aprueba una norma durante nueve meses para eximir al hotel del pago de la licencia de obras, más de 200 millones de las antiguas pesetas. ¿No cree usted que esto es para investigarlo? ¿No cree usted que el señor Cándido está para algo más que hacer algunas cosas de las que hace y que ustedes deberían intentar incentivar la acción del fiscal?
No se puede actuar en virtud del color político de las administraciones, y porque este es de mi partido, yo le protejo, le amparo, incluso declaro que es legal lo que es ilegal a todas vistas. Cojan ustedes los informes de su propia Administración. Tienen todos los mecanismos a su alcance para evitar que los españoles paguen justiprecios o expropiaciones que no tendrían que pagar si se hubiera cumplido la ley, y asuman si acaso sus responsabilidades
políticas. Ustedes están muy contentos porque con un ayuntamiento socialista, la Junta de Comunidades socialista, la Junta de Andalucía socialista y el Gobierno socialista, al final la culpa la tiene el PP.
Mire usted, al final eso no se tiene en pie.
Por lo tanto, señor secretario general, en primer lugar, mándeme todas las contestaciones por escrito, porque ocho preguntas no se contestan en dos minutos como usted ha hecho; y en segundo lugar, cumpla la ley y obligue a que se cumpla la ley. Eso es fundamental y básico en un Estado de derecho. Los tribunales se lo han demostrado ayer mismo.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Le recuerdo a S.S. que también ha prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la ley; por lo tanto, no solamente la Administración General del Estado, sino todos los ciudadanos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Y desde ese punto de vista, le recuerdo que en el Estado español hay una distribución de competencias, que también viene en la ley, y que las competencias en cada uno de los temas las tiene quien las tiene. El Ministerio de Medio Ambiente está aplicando sus competencias en la defensa precisamente de los ciudadanos; no es competente en el tema de las licencias, no es competente en el tema de la aprobación del planeamiento urbanístico ni en la aprobación del plan de ordenación de los recursos naturales del parque natural. Sobre estas competencias, en su momento, cuando se aprobaron por los organismos correspondientes, la Dirección General de Costas tuvo que hacer los informes que tenía que haber hecho en su caso.
En este momento este hotel afecta a la zona de servidumbre, con la ley encima de la mesa; sobre este hotel, al margen de lo que los tribunales decidan sobre todo el proceso legal, el Ministerio de Medio Ambiente ha actuado en virtud de sus competencias. El Ministerio de Medio Ambiente está defendiendo los intereses de todos los ciudadanos para asegurar que no se deteriore de manera irreversible un espacio que debe funcionar de acuerdo con las premisas que figuren en los objetivos de la política de costas. Por lo tanto, el Ministerio de Medio Ambiente está actuando -han pasado muchos años sin que se actuara por parte del anterior Gobierno- para asegurar que sea un espacio público y que mantenga los valores que le han hecho merecedor de ser un parque natural, y está actuando evidentemente dentro de sus competencias. No nos pidan que utilicemos competencias que no tenemos, porque la Constitución y los estatutos de autonomía dicen claramente dónde puede actuar cada uno. Y en ese sentido, estamos actuando con transparencia y con claridad para asegurar el objetivo fundamental, y es que ese espacio permanezca con los valores naturales que le han hecho merecedor de la calificación de paraje natural.
El señor PRESIDENTE: Terminamos aquí la sesión de preguntas orales.
Agradecemos la presencia al secretario general.
-SOBRE AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001530.)
El señor PRESIDENTE: Continuemos con las proposiciones no de ley. Ha habido un cambio en el orden del día. Se nos ha pedido por parte del Grupo Socialista que el punto número 8 del orden del día, sobre los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud, pasara al último punto del orden del día. Empezaríamos, pues, con la número 9, del Grupo Socialista, sobre autorizaciones de ocupación temporal de la zona de dominio público marítimo terrestre asociados a la actividad turística.
Por parte del Grupo Socialista, la señora Palma tiene la palabra.
La señora PALMA MUÑOZ: Paso a defender la proposición no de ley que ha presentado mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la autorización de ocupación temporal de la zona de dominio público marítimo terrestre asociados a la actividad turística. Es una iniciativa parlamentaria plagada de sentido común y sobre todo de la voluntad de resolver los problemas que a veces surgen a lo largo del tiempo porque la dinámica de las cosas cambia. En este sentido debo decir que es una necesidad que ha surgido del propio sector turístico, de algunos empresarios, básicamente de hostelería y de restauración, que han planteado los problemas que les genera el sistema de autorizaciones de ocupación temporal para establecimientos que ejercen algún tipo de actividad, ocupando espacios de dominio público marítimo terrestre.
Quiero dejar claro de entrada que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista se sitúa en el marco de las estrategias que está llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, de las acciones del Ministerio de Medio Ambiente en los dos últimos años para conseguir básicamente una planificación racional y concertada de las diferentes actuaciones que tienen lugar en las zonas de costa, con una última intención, como no podría ser de otra manera, que es la conservación y la recuperación para el dominio público. El Ministerio de Medio Ambiente, como S.S. saben, está elaborando el plan director para la sostenibilidad de la costa, que tiene un muy buen antecedente en la Ley de Costas de 1988. Como plan director tiene unos objetivos claros de integración, de conseguir una gestión integrada de las zonas
costeras para mejorar las condiciones ambientales, pero también las condiciones sociales, y, evidentemente, el objetivo final es conseguir un uso correcto de estos recursos naturales. En este punto concreto se sitúa nuestra proposición no de ley, en el uso de este recurso natural que son los espacios de dominio público marítimo terrestre. La Ley de Costas regula el sistema, el metodo, para dicha ocupación. En su título III, la Ley de Costas de 1988 establece las condiciones que deben regir -posteriormente los desarrollos reglamentarios concretan estas condiciones- la utilización del dominio público marítimo terrestre, que son básicamente, por el tema que nos afecta, de dos tipos: en primer lugar, el sistema de autorizaciones, que tiene que ver básicamente con actividades temporales, con actividades no estables, que se realizan a través de la elaboración por parte de las administraciones locales de los planes de uso, que tienen, como saben SS.SS., una vigencia anual y que normalmente ocupan en el calendario el espacio relacionado con la temporada turística veraniega, es decir, normalmente de junio a octubre; y en segundo lugar, el sistema de concesiones, vinculado, por decirlo de una forma sencilla y llana, a aquellas actividades que tienen cierta vocación de estabilidad y de permanencia, con otro tipo de concesiones y con unas ocupaciones temporales que evidentemente van más allá del año al que están limitadas las anteriores, que son las autorizaciones.
¿Cuál es el problema que subyace a esta iniciativa que hoy presentamos? Que el sector hotelero y de la restauración en los últimos años ha hecho grandes esfuerzos para combatir la estacionalización de nuestro sector turístico y para permanecer, ya sea durante todo el año o más allá de los meses veraniegos, y se encuentra con serias dificultades burocráticas para poder mantener sus establecimientos en marcha, puesto que año tras año, si están sometidos al régimen de autorización y no al de concesión, deben repetir los procedimientos burocráticos y administrativos de solicitudes, con todo el papeleo y las dificultades que esto genera a empresarios que regentan empresas muchas veces familiares y con poco medios para este tipo de actividades. Además tiene un serio problema respecto a sus instalaciones, porque aunque es verdad que estamos hablando de ocupaciones que se realizan a través de instalaciones físicas que no son permanentes, porque no hablamos en ningún caso ni de construcción ni de elementos que no sean desmontables, crea serias dificultades de todo tipo, de gestión, pero también económicas, para la instalación y la retirada de estas instalaciones año tras año.
Por lo tanto, la propuesta es muy clara. En el marco normativo y legislativo que tenemos, que es el de la Ley de Costas de 1988, sin ningún ánimo de provocar ninguna falta de rigor ni de seriedad en la aplicación de la normativa, creemos que sería necesario, como dice la proposición no de ley, introducir mecanismos de flexibilidad en los títulos administrativos habilitantes para la ocupación temporal de estas zonas de dominio público marítimo terrestre, siempre y cuando sean actividades asociadas a la actividad turística, para permitir que estos establecimientos puedan desarrollar su actividad, que en muchas ocasiones es muy beneficiosa para los municipios en los que están asentadas. Por lo tanto, creemos que habría que incorporar, habría que poner encima de la mesa elementos de racionalidad en este tipo de autorizaciones.
Así pues, queremos dejar claro que nuestra propuesta va encaminada a hacer ver que sería aconsejable una flexibilidad entre la permanencia, la estabilidad que caracteriza al sistema de concesiones y la temporalidad, la inestabilidad y la provisionalidad que caracteriza al sistema de autorizaciones, porque en los últimos años en nuestras poblaciones de la costa, en poblaciones dedicadas básicamente a la actividad turística han surgido nuevas necesidades que se ajustan difícilmente o con muchas dificultades a un sistema o a otro. Se podría pensar que si el sistema de autorización no sirve, no vale, podrían acogerse al sistema de concesión.
Es evidente que en algunos casos podría ser así, pero no en todos ellos.
Quiero resaltar que nos estamos refiriendo a núcleos consolidados como núcleos urbanos, cerca de las playas o de la línea de la costa, diríamos que situados encima de estos límites, pero no estamos hablando de las instalaciones sobre la propia playa. Normalmente nos estamos refiriendo en esta problemática a establecimientos comerciales, hoteleros y restaurantes que están en un núcleo urbano y que ocupan, pegados a sus propias fachadas, espacios que forman parte del dominio público marítimo terrestre.
Entenderán ustedes que yo misma, que no soy miembro de esta Comisión de Medio Ambiente pero soy diputada por la circunscripción de Girona, me haga eco de los problemas expresados por empresarios de poblaciones como Palafrugell, en los núcleos de Calella, Tamariu, Llafranc, Llançà o La Escala. Supongo que después el propio alcalde de La Escala y portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) abundará en algunos de los argumentos que yo he intentado expresarles y les hará ver que es lógico, sensato y deseable que las administraciones introduzcan estos mecanismos de flexibilidad para resolver los problemas, no para generar nuevos problemas. Insisto, en cualquier caso, siempre dentro del marco de una voluntad clarísima de conseguir una gestión integrada de nuestras zonas costeras, puesto que son nuestro principal activo para la actividad turística, para mejorar las condiciones ambientales y sociales, pero siempre intentando que esta gestión de la costa sea justificada, con el necesario y suficiente consenso social y bajo liderazgo del sector público, de las administraciones públicas, que tienen la titularidad del dominio público marítimo terrestre y en el marco de las competencias que competen a cada una de ellas son las responsables de que este dominio público marítimo terrestre esté en las condiciones adecuadas y correctas tanto de conservación como de uso.
Por lo tanto no me queda más que pedir a los diferentes grupos el apoyo a esta iniciativa tan sensata y tan razonable, desde nuestro punto de vista, y decir ya por adelantado que la única enmienda que se ha presentado, del Grupo Parlamentario Popular, no nos parece oportuna, más que nada porque creemos que es errónea, que no se ha entendido bien, o que no hemos explicado en el texto suficientemente bien que en ningún caso estamos planteando un tema que tenga que ver con la planificación o la ordenación territorial. Esta alusión a que deban ser las comunidades autónomas las competentes, y no los ayuntamientos, para establecer los planes de usos no nos parece que sea lo correcto, puesto ...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora diputada.
La señora PALMA MUÑOZ: ... que los planes de uso nada tienen que ver con las competencias de ordenación y de planificación del territorio.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fajarnés.
El señor FAJARNÉS RIBAS: Señorías, ante la proposición no de ley socialista, a nuestro grupo todo lo que signifique simplificación y agilización de trámites administrativos, flexibilidad dentro del marco legal, mejor servicio a los ciudadanos y una oferta de playas en condiciones con los servicios necesarios para ofrecer una excelente imagen y oferta a los visitantes, teniendo en cuenta además que el turismo es la primera industria nacional, a nuestro grupo, repito, nos parece bien. No como un objetivo, como se pretende en la proposición no de ley, sino como una realidad permanente de constante mantenimiento, pues de la situación de nuestras playas depende fundamentalmente nuestro turismo. Un turismo de sol y playa que, a pesar del desprecio y los malos augurios de la ministra Narbona de que estaba agotado, significa nada más y nada menos que el 80 por ciento de la oferta turística española. Y nos parece bien lo que se plantea o lo que intuimos que se plantea. Lo que ya nos parece un poco exagerado, y lo digo con todo el respeto, es que lo que se puede arreglar con una simple gestión o una orden, o la voluntad de hacerlo por parte del Gobierno, se traslade otra vez a una proposición no de ley que se discute en esta Comisión. Señorías socialistas, díganle al Gobierno que lo haga, díganle que lo haga. Eso es una simple y pura gestión, pero háganlo ustedes. Sobre el texto de la proposición no de ley quisiera hacer tres puntualizaciones o reflexiones.
En primer lugar, estamos, bajo nuestro punto de vista, ante una proposición no de ley ambigua, por lo menos en el texto, que no concreta.
Se dice que existe la posibilidad de modificar el procedimiento. ¿Existe o no existe? ¿Sí o no? Se habla de la climatología, se habla de ofrecer una cierta seguridad. ¿Hay seguridad o no hay seguridad? Eso de cierta seguridad, sinceramente no lo entendemos. Se habla de introducir mecanismos de flexibilidad. ¿Cuáles? En definitiva, hay demasiadas lagunas e inconcreciones en la propuesta que nos presentan.
En segundo lugar, se especifica como panacea de la política del ministerio la nueva reorientación en la política de costas. Sinceramente no sabemos si esa nueva reorientación es la reposición de arena en unos sitios sí, y en otros no, en unos sitios no porque son de un partido político, pero por ejemplo en la Barceloneta se están colocando 80.000 metros cúbicos en estos momentos; o la construcción de diques en unos sitios sí, y en otros sitios no, por ejemplo, en la playa de la Barceloneta en Barcelona; o el anuncio del director general de Costas de que van a retirar todos los chiringuitos de las costas españolas; o el no del Gobierno al deslinde de costas, por ejemplo, en la isla de Formentera, que a mí me preocupa muchísimo. En definitiva, señorías, ustedes en dos años no han reorientado demasiado la política en el litoral español.
Y en tercer lugar, ustedes plantean la flexibilidad de los períodos de instalación y una cierta seguridad en determinados servicios más allá de un año. Y la pregunta es: ¿ustedes saben si algún ayuntamiento ya lo está haciendo? Porque yo les puedo responder que sí, y más de uno. A mí me consta que más de uno, y por cierto, con alcalde socialista, por ejemplo en el Ayuntamiento de Ibiza. Y además hecho a través de una ordenanza municipal por la cual dan concesiones por cuatro años. Deberían decírselo al ministerio y considerarlo además con esta propuesta.
Por último, señorías, su propuesta sostiene, y lo mantenemos, un error técnico flagrante, que esperamos que no sea más que eso, un error, a pesar de que en su intervención no lo ha admitido. Y es que, tal y como está redactada la proposición no de ley, se olvida de que el competente, por lo menos en mi comunidad autónoma, en el territorio litoral es la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, son las comunidades autónomas.
Por esta razón, cuando yo fui alcalde diez años, las propuestas de usos que hacía el ayuntamiento, ¿a quién iban? No iban a Costas, iban a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno balear, que era el paso previo para ir luego a la Dirección General de Costas de Baleares. Por tanto, esa es la enmienda que nosotros les planteamos como un error técnico flagrante de ustedes. En consecuencia, esperamos que la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular sea aceptada y que se incorpore a la propuesta de acuerdo, porque por lo menos en algunas comunidades autónomas el competente es la comunidad autónoma y no otros organismos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran fijar posición? (Pausa.) Grupo de Esquerra, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Como comentaba la señora Palma, también nos consta a nuestro grupo que varios técnicos del consejo comarcal y de administraciones
locales de Cataluña, y sobre todo de empresarios de sectores de actividades de interés turístico, se han quejado de la gran dificultad que supone para ellos la desestacionalización de sus actividades turísticas. Ha sido una queja, como les decía, en el sector turístico y como comentaba también la señora Palma, según está la normativa hace difícil que los empresarios que quieran desestacionalizar sus actividades puedan hacerlo.
La concesión se lleva a cabo por el procedimiento -y leo textualmente- de concesión para la ocupación de dominio público marítimo, que consiste en la autorización de la concesión para ocupar bienes de dominio público marítimo terrestre estatal, con obras o instalaciones no desmontables así como instalaciones desmontables, que por su naturaleza, finalidad u otras circunstancias requieren un plazo de ocupación superior. Parece lógico que sea así y que si se ha de dar una ocupación permanente del domino público se haga mediante un trámite mucho más riguroso y documental que si esa ocupación fuera estacional. En eso estaríamos todos de acuerdo.
También estaríamos de acuerdo en que el control estricto de esas zonas públicas en muchos casos afecta a zonas frágiles ambientalmente. Pero también estarán de acuerdo ustedes en que, según qué instalaciones, las podríamos denominar instalaciones blandas, y me explicaré. No es lo mismo una instalación, por decirlo de una manera, de una red de voleibol, que un pequeño campo de golf, o no es lo mismo que una instalación turística sea una terraza para diferentes socios de un club privado o que sea una terraza para un uso público de la que pueda beneficiarse toda la gente que esté en esa playa. También estaríamos de acuerdo, por ejemplo, en la manera de guardar embarcaciones que estén ocupando la playa, dependiendo de si está en un sitio cerrado, que dificulta el paso, etcétera. En definitiva, podríamos decir que respecto de muchas de estas ocupaciones que ahora son temporales, pero que las podríamos denominar blandas, no tendríamos que ser tan estrictos a la hora de hacer estas concesiones y que la reclamación que hacen diferentes empresarios del sector podrían ser consensuadas.
En ese sentido, nosotros entendemos que esta proposición está bien planteada y le daremos nuestro apoyo. Pero hoy nuestro grupo también quería decir que es una lástima que la ocupación marítimo terrestre de Cataluña, la que se refiere al territorio de la Generalitat de Catalunya, la tengamos que discutir en Madrid, y me explicaré. En el Estatuto de Cataluña que se aprobó en el Parlament de Catalunya se decía que la regulación de la gestión del dominio público era competencia de la comunidad autónoma, de la Generalitat de Catalunya. En el Estatuto que se ha aprobado en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, ya no figura esa exclusividad de la Generalitat para el dominio público, da la gestión de los títulos de ocupación, que no es lo que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana había defendido. Como les decía, es una lástima que no se haya aprobado ese apartado del Estatut de Catalunya porque esta discusión que estamos teniendo hoy en Madrid la tendríamos en el Parlamento propio de Cataluña y no haría falta discutir en Madrid qué ocupación del dominio público marítimo terrestre hace la Generalitat de Catalunya.
En definitiva, vamos a apoyar esta proposición no de ley porque las reclamaciones de los empresarios turísticos que comentaba la portavoz socialista son aceptables. No es lo mismo el tipo de ocupaciones, hay ocupaciones que tienen que tener un riguroso trámite para que se otorguen, pero en otras no sucede lo mismo. Como les decía, es una lástima que tengamos que discutir esto en Madrid, cuando lo hubiéramos podido discutir dentro de cuatro meses en el Parlament catalán.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Nuestro grupo quiere reconocer la idoneidad de esta proposición no de ley del Grupo Socialista, que venga de una diputada socialista de Girona es garantía de respuesta a una demanda social -en este caso, empresarial también- que existe en el territorio; no solo en éste, sino también en el resto de la costa española. Nuestro grupo expresa una sana envidia por no haber presentado una iniciativa de este tipo, pero tenemos con la intuición de que, si hubiera sido así, nuestra iniciativa seguramente no habría prosperado. Queremos felicitar a la señora Palma por la iniciativa y por la amplia exposición que ha hecho, razonando los extremos que atañen a este tema, que demuestran que es buena conocedora de esta problemática o que tiene buenos contactos con gente del litoral, de Girona al menos. (El señor vicepresidente, Merino Delgado, ocupa la Presidencia.)
No voy a redundar -ya se ha hecho en parte, también en su exposición de motivos- en el interés que para la economía del Estado y de Cataluña tiene el turismo. El turismo -y por mucho tiempo, espero- gira en torno a la costa, al litoral; una gestión adecuada del mismo, con sus valores existentes y con la recuperación de aquellos valores que se han perdido en algunos casos, una gestión racional y razonable son la base de la sostenibilidad de este recurso que es de todos, pero también, y de forma más próxima, de la gente que vive en la zona.
Uno de los conceptos clave de este tema es sin duda la desestacionalización, uno de los problemas más graves de nuestro sector turístico, especialmente del que está más al norte, donde la climatología tiene un efecto mayor y las temporadas turísticas son más cortas. Hasta ahora no se ha podido romper esta estacionalización, cosa que se pretende con diversas actuaciones diversificando la oferta turística hacia otros atractivos como pueden ser la cultura, los deportes, el paisaje, etcétera. Debemos contar también con el apoyo necesario para esa oferta diversificada de los empresarios especialmente en lo relativo a los hoteles y a la restauración. Todavía son pocos los empresarios que tienen la valentía de mantener sus establecimientos abiertos durante todo el año o durante
temporadas más largas que las típicas del verano, con lo cual es un pez que se muerde la cola. Si no hay oferta empresarial, difícilmente puede haber turistas que acudan a estas zonas. En este contexto se enmarca la iniciativa del Grupo Socialista, que pretende que la oferta turística tenga menos dificultades en su gestión y se refiere a las ocupaciones de la zona marítimo-terrestre, las típicas terrazas de los restaurantes de algunos hoteles que se sitúan -y es importante remarcarlo, como ha hecho la señora Palma- en las zonas urbanas. No estamos hablando de ocupaciones en zonas no urbanas, en zonas más salvajes o menos urbanizadas, sino en las especialmente urbanas. Es una demanda del sector el obtener de las delegaciones de Costas del Ministerio de Medio Ambiente una mayor flexibilidad que les permita una mayor seguridad también a la hora de estabilizar su oferta de restauración u hotelera y no estar pendiente año tras año bajo el régimen de autorización, para ver si al siguiente el ministerio les va a otorgar o no la autorización para ocupar ese espacio, que es complemento imprescindible para su oferta turística. Nos parece interesante esta iniciativa del Grupo Socialista de ofrecer mayores garantías en este aspecto, vía flexibilidad, aunque no sea muy precisa la formulación de la proposición no de ley; más seguridad y más tranquilidad a estos empresarios para que tengan la seguridad de que, si no consiguen -algunos lo intentan- concesiones de ocupación de la zona marítimo-terrestre, que es lo que desean, que haya un criterio de mayor flexibilidad al interpretar lo que la Ley de Costas define como ocupaciones por temporada, en tanto en cuanto en algunas zonas la temporada de verano es la que se sitúa en los meses de verano, pero también hay unos establecimientos que mantienen abierto el establecimiento todo el año pensando que los fines de semana, las fiestas de Pascua o de Navidad u otros puentes les pueden ofrecer clientela.
En relación con el debate que ha surgido aquí, al que hace referencia la enmienda del Grupo Popular, conozco la experiencia de un municipio turístico que cada año formula su plan de usos a la Administración superior y debo manifestar que, siguiendo la ley, se solicita a la Delegación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y en ningún caso a la comunidad autónoma. Nos gustaría que fuera a través de ésta y así constaba en la propuesta de Estatuto que salió del Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre. Me temo que el Estatuto balear no es diferente del catalán (en cualquier caso tendría que comprobarlo), pero en el caso de Cataluña la autonomía no participa ni en la autorización ni en la tramitación de la autorización final de los permisos de uso anuales de esas ocupaciones. Como que la formulación de la proposición no de ley no deja de tener un contenido bastante laxo pues la flexibilización es un concepto no especialmente imperativo, nuestro grupo anuncia que en los meses de septiembre u octubre, pasado el verano, va a pedir la comparecencia del director general de Costas para que evalúe la aplicación de este mandato al Gobierno que se contiene en esta proposición no de ley, que esperamos se cumpla. Será a través de su puesta en práctica como podremos valorar finalmente la eficacia de esta resolución del Parlamento.
-SOBRE FINANCIACIÓN DE LA RED NATURA 2000. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001533.)
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Seguimos con el orden del día, con el punto relativo a la financiación de la Red Natura 2000. Tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy una proposición no de ley sobre financiación de la Red Natura 2000. El reciente Consejo Europeo de 15 de marzo aprobó las perspectivas financieras para el período 2007-2013, que deberán negociarse a partir de ahora en el Parlamento Europeo. Una de las novedades que introduce el acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo es la creación de un instrumento financiero para el medio ambiente, tal y como se había solicitado en esta Comisión de Medio Ambiente a través de una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. Esta iniciativa solicitaba al Gobierno el establecimiento de una negociación con las comunidades autónomas para financiar la Red Natura 2000 y así crear un instrumento financiero propio que garantizase el mantenimiento de la red, pues de poco vale tener mucho terreno de Red Natura 2000 si después esto no se puede conservar ni se puede mantener. Recordamos que España es el segundo país de la Unión Europea, con el 40 por ciento de ocupación de Red Natura 2000, lo que implica la obligación de velar por la biodiversidad y mantener o restaurar las especies y los hábitat protegidos. Creemos que se necesita un instrumento de financiación únicamente para la Red Natura 2000.
En estos momentos la Unión Europea propone que se incluya la financiación de la Red Natura 2000 a través de fondos destinados para el desarrollo rural, la agricultura y la pesca. Nosotros creemos que no se debe detraer de esos fondos la financiación parar la Red Natura 2000 y queremos que el Gobierno de España negocie un mecanismo de financiación propio que no detraiga en ningún momento recursos de los agricultores y de los fondos de desarrollo rural, como sucede en este momento. La propuesta de la Comisión, sin embargo, no alude de manera específica a la Red Natura 2000, que deberá financiarse con este nuevo fondo. En el caso de que España adquiera una importancia muy especial por la aportación singular que tiene nuestro territorio a la red, tampoco el acuerdo del Consejo de Europa determina el reparto que se hará de este capítulo entre los distintos apartados financieros que lo componen, cuando España, como he dicho anteriormente, es el segundo país de la Unión Europea que más superficie tiene.
Creemos que el Gobierno no está manteniendo la negociación que debería mantener, pero no solo lo creemos nosotros. Traigo aquí un documento que han aprobado siete grupos ecologistas, en el que dicen expresamente: Debemos denunciar la exasperante lentitud del proceso de declaración de la Red Natura 2000. En este momento no se han fijado los espacios con las comunidades autonómicas de lo que constituye la Red Natura 2000. Hay que definir esos espacios. Dicen que se necesita mayor impulso y decisión por parte del Ministerio de Medio Ambiente y piden la defensa de una financiación comunitaria adecuada para la gestión de estos espacios naturales de importancia europea. Lo dicen efectivamente los grupos ecologistas, pero lo dice también el grupo de expertos del Ministerio de Medio Ambiente que en las conclusiones, al final de un documento de trabajo, decían: En estos momentos el futuro de la financiación de la Red Natura 2000 sigue siendo tan incierto como a mediados de 2002. Durante el trabajo desarrollado por el grupo de expertos, no habiéndose avanzando tampoco en la coordinación y clarificación de los gastos que se realizan ni la estima de los costes de la Red Natura 2000 en España. Añade el grupo de expertos del Ministerio de Medio Ambiente: La clarificación de los instrumentos financieros, recursos disponibles y niveles de financiación de la Red Natura 2000 por parte de la Comisión Europea no exime a España de la responsabilidad de realizar un amplio y profundo debate que siente las bases de la financiación nacional, que en todo caso debe asumirse desde las instituciones españolas. Ello implica la definición de los modelos de gestión, dado que no solo es importante identificar el cómo se va a financiar, sino también quién lo va a financiar.
Presentamos hoy esta proposición no de ley para alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas que en estos momentos están soportando la Red Natura 2000, con escasos recursos, con los recursos que tiene cada consejería de Medio Ambiente para financiar y mantener esos espacios; en principio les correspondería a la Unión Europea y al Ministerio de Medio Ambiente ayudar a la financiación de esos espacios. La señora ministra va declarando espacios en Galicia, cada día que visita nuestra comunidad autónoma declara un espacio de la Red Natura 2000, pero luego no se pueden mantener esos espacios. Pedimos ese instrumento financiero específico para la Red Natura 2000. No nos vale retirarle los dineros a los agricultores, como pretende en este momento el Ministerio de Medio Ambiente. Pedimos que la señora ministra presente un plan español para la Red Natura, porque España es singular desde el momento en que somos el segundo país en superficie protegida por la Red Natura 2000. Pedimos que, en coordinación con las comunidades autónomas que son las que están sufriendo el problema de la Red Natura 2000 y de su financiación, se elabore un plan específico para el período 2007-2013 y que ese plan sea el que la ministra defienda a partir de ahora en el Parlamento Europeo para la financiación específica.
Finalizo ya, señor presidente, diciéndoles que si ustedes quieren financiar la Red Natura, si están comprometidos con los espacios naturales, deberían votar a favor de esta iniciativa, que lo que pide es la financiación de esos espacios. No podemos tenerlos como adornos, hacer cada día una rueda de prensa expresando que tenemos un espacio más en la Red Natura 2000 si no sabemos con qué se financian esos espacios.
Señor Quirós -sé que es usted quien va a intervenir por parte del Grupo Socialista-, me parece patética su actitud. Permítame decir por qué: por responsabilidad con nuestros votantes... (Rumores.) Sí, permítanme por responsabilidad con nuestros votantes usted podrá pedir a los demás grupos que apoyen una iniciativa porque considera que esa iniciativa es beneficiosa para la sociedad, lo que es patético es que usted antes de intervenir pida el apoyo para que voten en contra de una iniciativa. Hay que crear en positivo, no en negativo. Le invito a que crea en positivo, porque lo de hoy me ha parecido -y se lo repito- patético.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Tiene la palabra el señor Quirós para contestar.
El señor QUIRÓS PULGAR: Estamos más bien ante una cuestión de orden. Me parece que es una falta de educación parlamentaria referirse a un diputado que va a intervenir posteriormente en fijación de posición de su grupo y que sea criticado por la ponente del Grupo Parlamentario Popular.
Es una falta de cortesía y de educación total. Patético, no sé. No tengo una regla para medir lo patético y lo no patético, pero quiero llamarles la atención por una cuestión de educación y de actitud parlamentaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Señor Quirós, puede usted hacer uso de la palabra para contestar esa y cualquier otra cuestión.
El señor QUIRÓS PULGAR: Cuando me corresponda por mi turno del grupo parlamentario. ¿No van a intervenir los demás grupos? Nosotros no tenemos enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): ¿Hay algún grupo que desee intervenirr? El representante de Esquerra Republicana.
El señor RAMÓN TORRES: Tengo que reconocer que el Grupo Popular presentó una proposición en esta Cámara buscando financiación exclusiva de la Red Natura 2000, pero quiero decirles que también la presentó Esquerra Republicana, también la presentó el señor Labordeta y también la presentó Convergència i Unió. Han sido iniciativas que han pasado por diferentes comisiones como la de la Unión Europea, la de Agricultura y ésta de Medio Ambiente.
Nosotros la presentábamos con un objetivo clave. Hay que preservar los territorios que están enmarcados en la Red Natura 2000 y eso va en beneficio de toda la sociedad, no solo de los agricultores que ven perjudicada a veces su actividad agraria por culpa de esta Red Natura 2000. En la defensa de la proposición no de ley decíamos que sí a la Red Natura 2000, sí a consensuar los espacios que tenían que entrar en ella, pero añadíamos que la financiación de la citada red se tenía que hacer con el bolsillo de todos los ciudadanos de la Unión Europea, que no debía financiarse mediante los recursos de los agricultores en los fondos estructurales o ayudas que reciben de Europa para su desarrollo rural. El Consejo de Europa estima que la financiación de la Red Natura 2000 debe salir de los fondos que van a ayudar al desarrollo rural de los agricultores o de los trabajadores del campo del Estado español, pero se trata de un sector con bastantes dificultades económicas y estimamos que no debe ser así. Es clave la existencia de una partida específica para financiar esa red porque va en beneficio de toda la sociedad. Así lo demandó no sólo nuestro grupo, el Grupo Popular, sino también el Grupo Mixto y el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
La proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Popular, se carga las competencias que tienen las comunidades autónomas en esa materia. El Govern de Catalunya ha estado trabajando con varias consejerías, con el sector, para delimitar esa nueva Red Natura 2000. Como el anterior Gobierno de Cataluña no hizo los deberes, este Gobierno de la Generalitat se ha encontrado con la dificultad añadida de marcar cuál tenía que ser la Red Natura 2000. En Cataluña se ha estado trabajando bien, en una tarea de mucha complejidad para intentar aglutinar todos los criterios medioambientales y agrícolas, y no podemos aceptar que sea el ministerio quien ahora recoja las susceptibilidades de las diferentes comunidades autónomas y las coordine para conseguir la financiación de la red. En consecuencia, no podemos estar de acuerdo con esta proposición no de ley.
Como decía, Cataluña está enmarcando una Red Natura 2000. Hablan del porcentaje, pero yo les digo que, dentro del Estado, Cataluña se lleva una gran parte. La Red Natura 2000, que quedaba enmarcada gracias a la construcción del canal Segarra-Garrigues, va a hacer aumentar mucho más los territorios que se contienen. Quien debe delimitar la Red Natura 2000 en Cataluña -y lo está haciendo- es la comunidad autónoma, el Govern de la Generalitat de Catalunya; y quien tiene que buscar los planes de gestión, quién podrá regar, quién no podrá regar, quién podrá hacer riegos de compensación, cuál será esta gestión, etcétera, tiene que ser la comunidad autónoma, quien deberá ocuparse también de la la financiación. Lo único que tiene que hacer el Estado español es de puente con la Unión Europea para tramitar lo que se acuerda en las comunidades autónomas, en Cataluña, debido a la Red Natura 2000.
Estamos de acuerdo con parte de la exposición de motivos, con parte de la exposición que ha hecho la portavoz del Grupo Popular en cuanto al objetivo que perseguimos, no tienen que ser los agricultores los que paguen la financiación de la Red Natura 2000, tiene que ser la sociedad europea porque va en beneficio de todos, pero lo que no podemos aceptar es que haya un control del Gobierno español porque no le corresponde, esa competencia es de las comunidades autónomas, del Parlament de Catalunya y del Govern de la Generalitat de Catalunya.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Para fijación de posiciones, señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Señorías, todos coincidiremos en que la Red Natura 2000 es una iniciativa excepcional para asegurar la conservación de la biodiversidad en la Unión Europea, en consonancia con la decisión adoptada en el Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001, para detener antes de 2010 la pérdida de biodiversidad en la Unión.
Esta iniciativa pone a la Unión Europea en posición de liderazgo en el proceso de construcción de redes de espacios protegidos, tal como propugna el Convenio de Diversidad Biológica; por lo tanto, supone el intento más serio y estructurado de establecer una política común de conservación de la naturaleza en el ámbito comunitario. Para nuestro país, la red constituye un elemento de vertebración en la ordenación y en la gestión del territorio, tal y como reconoce la Estrategia española de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
Natura 2000 está formada actualmente en España por 1.893 espacios, incluyendo tanto los lugares de importancia comunitaria propuestos o ya designados como las zonas de especial protección para las aves designadas, que ocupa una extensión total de más de 137.000 kilómetros cuadrados, lo que representa casi un 26 por ciento de la superficie terrestre nacional.
Señorías del Partido Popular, ustedes critican porque la ministra anuncie cada día un nuevo espacio de la Red Natura 2000. A nosotros nos preocupa que la Comunidad de Madrid se cargue, a través de la M-501, una zona de la Red Natura 2000, sin declaración de impacto ambiental, y muchas veces hasta la Comunidad de Murcia, pidiendo que se quiten lugares de interés comunitario para hacer un campo de golf. Que se vea la diferencia entre la política del Gobierno socialista y la que tuvo el Partido Popular.
España es uno de los países comunitarios con mayor biodiversidad, ya que alberga el 60 por ciento de su hábitat y el 40 por ciento de las especies de fauna y flora. Resalto esto para destacar la importancia que tiene para nuestro país la financiación de la Red Natura 2000. Me gustaría subrayar la labor encomiable que ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente para el establecimiento de una línea presupuestaria suficiente para cubrir las necesidades de la Red Natura 2000, que es coincidente con todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Es destacable en este sentido la organización de una jornada
de trabajo en marzo de 2005, con la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, en la que participaron representantes de otros ministerios, comunidades autónomas, ecologistas, sindicatos, asociaciones de agricultores y la Federación Española de Municipios y Provincias.
También hay otra diferencia: ahora ustedes recurren a los ecologistas, con nosotros siempre han estado los ecologistas. Cuando ustedes gobernaban, tenían poco en cuenta a las organizaciones ecologistas, ahora parece que sí les interesan. Vean ustedes que participan con un Gobierno socialista en una política consensuada de medio ambiente.
Se han mantenido reuniones bilaterales de la Red Natura 2000 con Eslovenia, el país de la Unión Europea que, conjuntamente con España, más territorio aporta. Todo ello para establecer un frente común de una financiación suficiente. También se ha participado en el seminario sobre los retos de financiación de la Red Natura 2000, organizado por la Fundación Biodiversidad y la Oficina Europea de Medio Ambiente.
Quizá la poca claridad del texto del artículo 8 de la Directiva 1992/43 de la CEE ha suscitado tanto debate en el seno de la Unión Europea sobre la financiación de la Red Natura 2000, hasta tal punto de poner en marcha un grupo de trabajo de expertos con el objeto de contribuir a la interpretación del mismo y de analizar las posibilidades financieras.
Pues bien, este grupo de expertos propuso tres opciones: una, la de utilizar los fondos europeos existentes, modificar el LIFE-Naturaleza o crear un nuevo instrumento financiero dedicado a Natura 2000. Al final, parece que la Unión Europea está optando por el Reglamento LIFE + como el instrumento fundamental para la financiación de la Red Natura 2000. Este nuevo instrumento se establece con el fin de llevar a cabo los objetivos consignados en el sexto programa de acción comunitaria en materia de medio ambiente, que tiene como uno de los objetivos principales el establecimiento de la Red Natura 2000. El nuevo instrumento financiero, el LIFE +, fijará como un objetivo específico el desarrollo de la Red Natura 2000. Además, el nuevo reglamento Feader va a continuar la línea programática de sostenimiento financiero para el período 2007-2013 que permita contribuir al correcto funcionamiento de la Red Natura 2000. En definitiva, la financiación de la Red Natura 2000 puede estar enmarcada entre un instrumento fundamental, como va a ser el LIFE +, y una línea adicional o complementaria de los fondos estructurales.
Tengo que decirle a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que su exposición de motivos es confusa, ya que solo se refieren al reglamento Feader y no mencionan en absoluto el LIFE + como instrumento fundamental de financiación de la red aprobado y por el que está trabajando la Comisión Europea. Decía que es confusa la exposición de motivos, pero la parte dispositiva es fruto del desconocimiento de la labor del Ministerio de Medio Ambiente y de las comunidades autónomas, como del reparto competencial, por lo que adelanto que nos vamos a oponer a su proposición no de ley.
Debo añadir que a nuestro grupo también le preocupa los agricultores de España tengan que ver detraídos sus fondos para la financiación de la Red Natura 2000, pero vamos a trabajar para que el LIFE + sea la fuente de financiación principal de la citada red, si se tiene que completar adicionalmente con otros fondos estructurales para su buen funcionamiento, pero lo que no hemos hecho nunca es, como ustedes, desviar los fondos europeos para construir iglesias y polideportivos y no invertirlos en nuestros espacios forestales, que también forman parte de la Red Natura 2000. Le recomiendo que siga el ejemplo y no critique tanto a un gobierno que está trabajando a favor de la financiación de la Red Natura 2000.
Nos vamos a oponer a su proposición no de ley -voy a empezar por el segundo punto- que solicita la presentación de un plan español para la Red Natura 2000 porque la gestión de los territorios contenidos en la red en España es competencia de las comunidades autónomas, fruto de reformas estatutarias que se están desarrollando y donde se asumen más competencias y más autogobierno para las comunidades autónomas, a las que ustedes se oponen. Por otra parte, el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se traspone a nuestro ordenamiento jurídico interno la Directiva 1992/43 de la CEE, que junto con la Ley 4/1989 de 27 de marzo, conforme a la modificación incorporada por la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes, establecen que la gestión de los espacios incluidos en la Red Natura 2000 corresponde a las comunidades autónomas en cuyo ámbito territorial se encuentran ubicadas, las cuales tienen un amplio margen discrecional para establecer la modalidad adecuada. Lo único que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido por el Real Decreto 1477/2004 de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, es la elaboración de criterios comunes para el desarrollo, conservación y financiación de la Red Natura 2000 en España. Por lo tanto, según el marco competencial, donde la gestión reside en las comunidades autónomas, no parece procedente ni necesario definir por parte del Estado un plan nacional sobre la Red Natura 2000.
Respecto a su primer punto sobre financiación, tengo que decirle que el Gobierno de la nación para el desarrollo y consolidación de la Red Natura 2000 en España viene financiando, vía capítulo 7, el programa de Red Natura 2000, según lo establecido en el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria para apoyo y colaboración en los planes cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas. El sostenimiento financiero ya se viene produciendo, estando incluido el marco financiero de ayudas Feoga de la Unión Europea. En relación con el nuevo período 2007-2013, esta línea programática va a continuar, según el nuevo reglamento Feader, estando
ya establecido el marco de colaboración con las comunidades autónomas, a través de la Conferencia sectorial de medio ambiente, que acuerda criterios objetivos de distribución de los compromisos financieros entre las comunidades autónomas con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Ministros. Le corresponde a las comunidades autónomas la incorporación de sus correspondientes programas operativos, reservándose la Administración General del Estado un nivel de intervención en orden a sus competencias, la cofinanciación vía capítulo 7, que ya se viene realizando. Nos parece incoherente pedir, como hace el Grupo Parlamentario Popular, el establecimiento de un principio de acuerdo con las comunidades autónomas para garantizar el sostenimiento financiero y la preservación de la Red Natura 2000, cuando ya se ha alcanzado.
Señorías, los mecanismos de financiación ya están acordados y desarrollándose para la gestión de la Red Natura 2000 en nuestro país, en el marco competencial que establecen nuestra Constitución y las líneas presupuestarias diseñadas por la Comisión Europea para la conservación de la Red Natura 2000. Nos parece innecesario e inapropiado aprobar esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que pide algo que ya está acordado y que se está desarrollando y que no tiene en cuenta las competencias de la gestión de la Red Natura 2000 en este país.
-RELATIVA AL PROGRAMA AGUA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001633.)
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Vamos a entrar en el punto número 11 del orden del día, relativo al programa AGUA, del Grupo Parlamentario Popular. Señora Ramón-Llin.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Esta proposición no de ley que presentamos va íntimamente ligada a las críticas que ha reiterado el Grupo Popular ante la decisión del Gobierno de derogar por decreto el Plan Hidrológico Nacional, concretamente todo lo que hace referencia al trasvase del Ebro, crítica a la que se unieron los regantes, usuarios y expertos, porque, además de muchas otras cuestiones, dejaba en una situación compleja la financiación de esas obras por parte de la Unión Europea. Como se ha visto con el paso del tiempo, interrumpir por razones estrictamente políticas un proceso de negociación largo y costoso, como el que había llevado a cabo el Gobierno español con las autoridades comunitarias para que aprobaran la viabilidad técnica y ambiental de las obras y su financiación, era muy temerario porque ponía en riesgo los avances que se habían conseguido en un tema tan importante como es el agua y su abastecimiento. (La señora vicepresidenta, García-Hierro Caraballo, ocupa la Presidencia.)
Efectivamente todas esas denuncias del Grupo Popular y de muchos otros grupos, manifestadas en este Congreso, en Pleno y en Comisión, en preguntas escritas y en otras iniciativas (tuvimos la oportunidad de realizar una pregunta oral en Pleno a la ministra de Medio Ambiente), confirmaron esas sospechas que adelantábamos, cuando la Comisión Europea tuvo que hacer una nota que conocerán -y, si no, vamos a destacar lo más importante-, nota que se incorporó al expediente del programa AGUA y de su financiación, que contiene frases tan preocupantes como que ciertas acciones previstas se cofinancian con el Fondo de Cohesión o con el Feder a través de los programas operativos regionales de Andalucía, Valencia y Murcia. En concreto, en la medida 3.1, que es la relativa al abastecimiento de agua prevista en cada programa operativo, indica la Comisión textualmente que está preocupada por el grado de ejecución del abastecimiento de agua y por el programa AGUA, según el último informe mensual recibido a finales de 2005. Habla de que los gastos certificados son muy reducidos y que donde más se denota es en la Comunidad Valenciana, con una ejecución del 18,85 por ciento, un poco más elevada en Andalucía y Murcia, pero en cualquier caso con parámetros muy bajos para las fechas en las que nos encontramos, como han dicho tanto la ministra como los representantes socialistas.
Indica textualmente que el avance en la ejecución del programa AGUA es lento, de acuerdo con la información que proporciona el Ministerio español de Medio Ambiente. En un cuadro que incluyen en esta nota muestra que el 80 por ciento de la inversión total prevista de los 4.300 millones de euros está en fase inicial o de elaboración del proyecto. Todo ello es altamente preocupante. Exigen que España presente informaciones adicionales a cuestiones importantes del programa AGUA como, por ejemplo, perspectivas de ejecución de esta medida para el conjunto de los tres programas operativos de Andalucía, Murcia y especialmente de Valencia; que hagan una estimación fiable sobre el número de proyectos y la ayuda a solicitar; que hagan estimaciones fiables sobre el número de grandes proyectos del programa AGUA que se van a presentar... Es decir, está diciendo claramente que está todo por hacer, que es lo que siempre habíamos dicho y de lo cual no nos alegramos porque es perjudicial para los usuarios y los regantes españoles.
Al tiempo que denunciábamos nosotros y muchos colectivos esta situación que la Comisión Europea manifestaba en una nota, el ministerio se daba prisa en lanzar una nota de prensa extensa hablando de que no se va a perder nada, que la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y Málaga, susceptibles de obtener ayudas Feder, superan el volumen solicitado, pero lo cierto es que, por mucho que se diga, la Comisión Europea, que es quien realmente debe financiar y decir cómo está la ejecución, dice todo lo contrario. Por tanto, creemos que esto es una gran falsedad.
Ante todo ello, ¿qué solicita el Grupo Popular? Solicita lo que se consta en la propuesta, cosas tan sencillas que tendrían que ser innecesarias si el Gobierno cumpliera con sus obligaciones y con su responsabilidad. Al hacer una reforma y una modificación tan rápida y sin ninguna base, pues genera graves problemas que ahora tienen que solventar corriendo, deprisa y a última hora, como los malos estudiantes. Pedimos que se facilite a la Cámara, al Congreso, la información, esa información que le solicita la Comisión Europea, que son las perspectivas de ejecución de las obras que afectan a tres comunidades, Andalucía, Murcia y Valencia, algo tan elemental que ya tendrían que saber desde hace mucho tiempo. También que soliciten con carácter urgente esa financiación, antes del 30 de junio de este año, como bien saben, para esos proyectos que son prioritarios para estas comunidades afectadas, con el consenso de las mismas. Y por otro lado, que se presente un plan de financiación coherente para esas actuaciones prioritarias de la cuenca mediterránea, así como un calendario para ellas.
Se me podrá decir que esto era para principios de año, que ha transcurrido algún que otro mes, días y semanas, pero eso no es así, porque desgraciadamente nada ha cambiado, la situación de los fondos europeos para la financiación de las obras incluidas en el programa AGUA, a abril de 2006, sigue igual o peor. En abril de 2006, última información que hay, el grado de certificación de las ayudas Feder que corresponden a las obras de Acuamed, incluidas en el programa operativo de la Comunidad Valenciana, que es a la que urgía -la Comisión Europea urgía a las tres regiones, pero especialmente a la valenciana-, como se dice en el cuadro que nos han facilitado, el grado de certificación es cero, no hay absolutamente nada. El grado de certificación de las ayudas Feder correspondientes a obras de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, incluidas también en el programa operativo de la Comunidad Valenciana, es cero también a fecha de 26 de abril de 2006.
Y por ejemplo también en el trasvase Júcar-Vinalopó, como el Estado tiene que descertificar el importe que certificó, dados los cambios que ha habido, y devolver las ayudas Feder que obtuvo, habrá que ver si el nuevo proyecto se aprueba o no por la Comisión y obtiene o no subvención del Feder. Todo ello a 9 de mayo, cuando el plazo finaliza el 30 de junio de 2006. No sé qué hubiera pasado si ustedes fueran los que estuvieran en la oposición y nosotros en el Gobierno, lo hubieran planteado como una catástrofe nacional, aunque esto ya empieza a serlo. En materia de agua, para muchas regiones, una verdadera catástrofe, que ustedes obvian y que les importa poco, porque como además tienen dificultades electorales en esas comunidades... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Por favor, la conversación del fondo, bajito o fuera, por favor. Siga con la palabra.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Efectivamente como tienen también dificultades electorales en esas comunidades, da la sensación de que han arrojado la toalla y han dicho: pues contaremos cuatro historias: Allí saben que esas historias no son reales, porque, por ejemplo, ustedes en la nota de prensa del Ministerio de Medio Ambiente dicen que nada, que todo está muy claro, que se presentará antes del 30 de junio, que hay proyectos Feder que ya están muy avanzados y que poco menos que en dos días se conseguía esa financiación. Hablan por ejemplo de la desaladora Alicante II que, dicho sea de paso, inició el Gobierno del Partido Popular y no ustedes, por lo que dicen que han salvado los riegos de estas comunidades, lo que es absolutamente falso, porque ni estas actuaciones lo salvan ni son nuevas. Entonces hablan de que la desaladora Alicante II, y lo dice el ministerio en una nota de prensa, se presentó a Bruselas en noviembre de 2005, estando a punto de aprobarse; a 26 de abril, la nueva desaladora de Alicante, Alicante II, no está aprobada por la Comisión.
La verdad es que, ante todo ello, si ya estábamos alarmados con el informe de principios de este año, y pensábamos que esto se iría corrigiendo con el paso del tiempo, seguimos mucho más alarmados a día 9 de mayo porque efectivamente el día 26 de abril, que es el último informe que tenemos sobre estas obras que tienen que solicitar ayuda a la Comisión Europea, siguen igual o peor. Es más, están dando falsas esperanzas diciendo que todo está a punto de llegar, y no sabemos desgraciadamente para qué va a llegar ayuda en esta situación en que nos encontramos. Lo cierto es que mientras ustedes van mareando la perdiz -entre comillas-, y pero repito, eso puede ser en términos políticos en este foro y en las notas de prensa, porque en la realidad social de estas comunidades ustedes no marean nada y la gente sabe perfectamente qué obras se iban a hacer exactamente igual si se hubiera mantenido el Plan hidrológico y cuáles ustedes han eliminado y no han sustituido por ninguna. Igual que saben perfectamente que se les está cortando el agua para el riego, que ya ha habido restricciones importantes en zonas de Murcia, y veremos qué pasa con la falta de trasvase del Tajo al Segura, y ha habido cortes también para regar arrozales en la Albufera de Valencia que, dicho sea de paso, también es una zona húmeda protegida en la que ustedes van a contribuir, con su falta de soluciones, a que se convierta en un grave problema, no solo en la producción de arroz, que en sí es una producción altamente ecológica y de preservación de un entorno que está protegido y para la que los agricultores también perciben subvenciones de otros fondos para hacerla posible.
Todo eso está ocurriendo, y todo eso no se suple ante estos agricultores y ante estas personas con estas notas de prensa, falseando la realidad y dando falsas esperanzas. Se suple cumpliendo los términos en los que se tiene que cumplir, es decir, lo que nosotros proponemos y que no es más que cumplir las obligaciones, no exigimos nada más, sino que sea una actuación real. Todo
esto al final obedece, como hemos dicho, al fruto de la improvisación más absoluta en esta materia y, por tanto, con esa predisposición que aparentemente siempre dicen tener para lograr esa financiación, esperamos que llegue, pero no llegará si ustedes no llevan los proyectos a Bruselas, porque efectivamente también estamos hartos de oír y de repetir ustedes hasta la saciedad que al Gobierno popular se nos habían denegado las ayudas, cuando es absolutamente falso, porque no han podido demostrar en dos años con ningún escrito real, no con cualquier información de cualquier persona...
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señora Ramón-Llin, vaya concluyendo.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Sí, concluyo ya. La opinión de cualquier persona no es la conclusión de un expediente, porque no se llegó a concluir, dado que ustedes comunicaron que iba a haber un cambio, y por tanto eso nunca ocurrió. Lamentablemente esto puede ocurrir a partir del día 30 de junio porque tampoco vale que digan, que hablen de los fondos que se han conseguido para Cataluña, porque son Fondos de Cohesión, y ustedes, como el secretario que ha comparecido anteriormente, están mareando los datos, incluyendo todos en el mismo saco, y todos no están en el mismo saco.
Esperamos contar con el apoyo, porque efectivamente si no se cuenta con ese apoyo, entenderemos que se vuelve a hacer dejación de funciones, y lógicamente lo volveremos a explicar entre aquellos que lo sufren día a día por su falta de sensibilidad y de responsabilidad.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Por el Grupo Socialista, doña Juana Serna tiene la palabra.
La señora SERNA MASIÁ: En mi intervención yo voy a distinguir entre lo que ustedes indican en la exposición de motivos de esta proposición no de ley y luego el cuerpo central, lo que ustedes proponen al Gobierno. Además veo que no solamente porque figuran en la exposición de motivos, sino también porque la señora Ramón-Llin lo ha indicado en su intervención, hay una serie de afirmaciones que son rotundamente falsas, y como resulta que esto consta en el "Diario de Sesiones", me veo forzada a dedicar tiempo a algo que a lo mejor no se tendría que dedicar, que es a la exposición de motivos, pero como usted lo ha vuelto a decir ahora, hay que contestarle a ello.
En primer lugar, dicen que el Gobierno ha derogado el Plan Hidrológico Nacional mediante un real decreto. Pues es falso, porque este Gobierno no ha derogado el Plan Hidrológico Nacional, lo que ha derogado es el trasvase del Ebro, sorpresa que no ha tenido que venir por ningún lado, puesto que precisamente los ciudadanos nos votaron sabiendo que una de las cosas que íbamos a hacer en cuanto llegásemos al Gobierno era derogar el trasvase del Ebro, que estaba trayendo fortísimas tensiones sociales y territoriales. Luego dice usted que es mediante un decreto y lo repite.
Yo quiero recordarle que ese decreto, por la vía de urgencia, se transformó en una ley; por lo tanto, el trasvase del Ebro se derogó por la Ley 11/2005, no es un decreto. (La señora Ramón-Llin i Martínez: Pero es previo al real decreto.)
Segunda afirmación que dicen: que esto ha puesto en riesgo la financiación del trasvase del Ebro, y eso sí que lo dicen bien. Ha puesto en riesgo la financiación europea de las obras del trasvase del Ebro. Señora Ramón-Llin, de verdad, he traído ya y se lo voy a pasar a la Mesa para que lo tengan todos los portavoces de los grupos parlamentarios, lo que hace ya siete meses, el 25 de octubre de 2005, una eurodiputada, Cristina Gutiérrez Cortines, creo que es eurodiputada por Murcia, preguntó por vía oral sobre la cofinanciación del trasvase del Ebro. Estoy segura que usted lo conoce, pero quizá el resto de los portavoces parlamentarios no, y es importante que lo tengan, y la Comisión Europea le contestó oralmente lo que voy a decir a continuación: Los proyectos relativos al trasvase del Ebro nunca han sido aprobados por la Comisión, y nunca -subrayo- se han destinado fondos a la cofinanciación de los mismos.
Luego no se ha puesto en peligro algo que no ha existido nunca.
Por otro lado ustedes, y también ahora, esta mañana lo ha vuelto usted a decir, que el programa AGUA está simplemente dedicado a la desalación masiva. El programa AGUA -y usted lo conocerá, como lo conoce en este momento todo el mundo-, aparte de que tiene una publicidad y expone los cuatro grandes objetivos, incluso hay publicidad que tiene también todo el mundo por provincias, lo que viene a decir es que está basado en cuatro grandes objetivos: la reutilización del agua, la modernización de regadíos, la modernización de infraestructuras y, por último, la desalación. No solamente es que lo dice la publicidad y la información del ministerio, es que en el mismo documento, que voy a pasar a la Mesa, la propia Comisión contesta a esta eurodiputada que no se han perdido esos fondos, primero porque nunca los hubo y, segundo, porque el 2 de septiembre de 2004, nada menos, ya presentó el Gobierno de España su alternativa al trasvase del Ebro que es el programa AGUA, alternativa que indica en este documento que, aparte de que iba a traer bastantes más hectómetros cúbicos a todas las cuencas del Mediterráneo, dicen que el programa AGUA sería, mediante una combinación de medidas -leo textual- que incluye: ahorros de agua, mejora de la gestión, reutilización de las aguas residuales y construcción de las plantas desaladoras. Luego la planta desaladora es solamente uno de los cuatro grandes objetivos del programa AGUA.
Hablan del bajísimo estado de ejecución. No estuvo usted el otro día quizá en la última Comisión de Medio Ambiente, pero ya hablábamos precisamente de las contradicciones: usted dice que está solamente al 18 por ciento la ejecución, el señor García Antón, conseller de la Comunidad Valenciana dice que está al 4 por ciento,
y cada uno va dando una cifra. Vamos a fiarnos de una que es la que dice el Gobierno, y que el día 25 de abril, tal y como consta en esa sesión, en la que creo que usted no estuvo, el secretario general de Territorio y Biodiversidad lo que nos vino a decir es que, en primer lugar, en abril de 2004 el Plan Hidrológico Nacional, después de tres años de gobierno del Partido Popular, no alcanzaba ni el 15 por ciento. Consta así en el "Diario de Sesiones". Un año después el Plan Hidrológico Nacional, y fundamentalmente, que es lo que a usted le preocupa, en la Comunidad Valenciana sobrepasa ya el 31 por ciento -en un año-; que en este momento hay en marcha 73 obras, obras que en 2008 estarán finalizadas y que van a traer a la Comunidad Valenciana 460 hectómetros cúbicos. Si antes el trasvase del Ebro iba a traer 315, pues mire, el programa AGUA traerá a la Comunidad Valenciana 145 hectómetros cúbicos más. Por lo tanto, esas cosas tienen que quedar totalmente reflejadas en el "Diario de Sesiones" porque luego los ciudadanos sí que hacen uso de estos documentos, y ustedes dicen a veces unas cosas que faltan totalmente a la verdad, aparte de que sean contradictorias las cifras que unos y otros de ustedes emplean.
La veo muy preocupada y con razón, todos lo estaríamos, porque resulta que con la sequía que hay, quizá eso va a dar lugar a que haya grandes problemas en los abastecimientos. Señora portavoz del Partido Popular, señora Ramón-Llin, usted sabe muy bien que en el año 2003, que fue un año precisamente de abundantes lluvias y que gobernaban ustedes, en el municipio de Murcia hubo restricciones en 22 municipios. En el año 2005, un año terrible de sequía, como todos estamos de acuerdo, se sabe que no ha habido restricciones en ninguno. Y eso lo sabe usted perfectamente.
No, no, es que no ha habido. Estoy hablando de restricciones de abastecimiento. Si usted me está diciendo que está habiendo restricciones en el riego, naturalmente, pero se están invirtiendo miles de millones de euros precisamente para modernizar el regadío, y que eso no ocurra, y que por lo tanto no cese el desarrollo, sino que sea un desarrollo sostenible.
Por último, entro ya en el cuerpo teórico, donde usted hace simplemente tres propuestas. La primera, y tengo mucho interés en que lo escuchen nuestros compañeros diputados y compañeras diputadas, la primera es que dice que hay que facilitar información a la Cámara. De verdad es que me siguen sorprendiendo. Vamos a ver, señora Ramón-Llin, la Comisión Europea hace un seguimiento exhaustivo -subrayo, exhaustivo- de las ayudas estructurales, sobre todo las del marco de apoyo al comunitario español, por una razón, porque somos los que más dinero recibimos y, por tanto, nos miran más con lupa. Ese seguimiento exhaustivo queda reflejado en dos grandes cuestiones: una, un informe anual que lo hace el ministro de Economía y Hacienda, precisamente porque el ministro de Economía y Hacienda es, en su condición de autoridad de gestión, el que debe hacer ese informe anual. Ese informe anual se repasa en las reuniones que tienen las autoridades comunitarias, nacionales y autonómicas de nuestro país. Por lo tanto, es un informe que además está ya en este momento a disposición de cada uno de los miembros de esta Cámara. Por lo tanto, usted pide una cosa que ya existe, y que no tiene mucho sentido. Si cada uno de los diputados y diputadas de esta Cámara tiene acceso a esos informes, no sé qué es lo que están ustedes pidiendo. En segundo lugar solicitan financiación comunitaria. Pero mire, le leo textual lo que dice la Comisión Europea: Financiación ya programada y contemplada por la Comisión Europea en sus cuadros financieros. Luego usted pide también una financiación que ya existe, que ya está contemplada en los cuadros financieros de la Comisión Europea. Por lo tanto, no sé qué es lo que está pidiendo, deberían estar más enterados de cómo va la marcha de las cosas, porque es que continuamente se está explicando cómo va el desarrollo del programa AGUA. Por lo tanto, no procede ni la anterior petición ni la segunda. Por último, la tercera, y con ello acabo, señora presidenta, es que ustedes pidan que ese plan de financiación tenga un calendario. El día 25 de abril el secretario, señor Serrano, precisamente le explicó no solamente que ya está programada, no solamente que ya está contemplada en el cuadro financiero de la Comisión Europea, sino que incluso le dijo la cifra exacta, y es que en el año 2008 habrán acabado estas obras cofinanciadas por la Comisión Europea y el Estado español, de las cuales se van a invertir en la Comunidad Valenciana, se lo digo, 1.709 millones de euros, tal y como consta. Este es el "Diario de Sesiones" de la última sesión de la Comisión de Medio Ambiente y aquí viene cómo está financiada, los calendarios, etcétera.
Por lo tanto, lo que no puede votar el Grupo Parlamentario Socialista, y yo también voy a pedir al resto de los grupos que quizá no tiene mucho sentido que apoyen su propuesta, por una razón: porque lo que ustedes piden ya existe. Si usted me está preguntando sobre cuatro grandes proyectos que, como tiene que saber S.S., no se han pedido y no se pedirán hasta el día 30 de junio, entre otras cosas por una razón, porque son grandes proyectos que se tienen que pedir individualizadamente cada uno de ellos porque tienen un coste superior a 50 millones de euros. Por lo tanto, usted lo que está pidiendo es que se haga algo que ya en este momento está haciendo... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señora Lara, le ruego, por favor, que hable más bajo, ya que no están atendiendo la intervención de quien está contestando a su proposición, por favor, el tono más bajo para que el nivel permita la audición a los demás, que sí queremos escuchar lo que se está diciendo.
La señora SERNA MASIÁ: Acabo ya. En última instancia, le digo que antes del 30 de junio todo está pedido y solamente quedan cuatro grandes proyectos
que, reitero, puesto que exceden los 50 millones de euros cada uno, hay que pedirlos individualizadamente.
Por último, da igual que me escuche o no, voy a decir una cosa: las preguntas que ustedes hacen y las intervenciones generalmente -subrayo generalmente- sobre el programa AGUA son totalmente retóricas. Les da igual lo que diga la ministra, les da igual lo que diga el secretario general, les da igual lo que diga cada uno de los diputados del resto de los grupos, porque es retórico. A ustedes les da igual la contestación, no quieren realmente sesiones de control, lo que quieren es, pues cada quince días volver a insistir en que el programa AGUA, etcétera. El programa AGUA va a traer a la Comunidad Valenciana, a la que usted pertenece, 145 hectómetros cúbicos más que el trasvase del Ebro, y desde luego lo va a traer sin los grandísimos problemas y tensiones sociales y territoriales que el trasvase del Ebro que ustedes, según decía entonces su ministro de Economía, ya sabe por qué, iban a decir por narices; pues ya se ha retirado ese por narices, hay paz social y además más agua. (La señora Ramón-Llin i Martínez pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Finalizado el turno de intervenciones, señora diputada, ¿para qué pide la palabra?
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Porque aquí se ha leído sesgadamente un texto de una pregunta en Comisión Europea para extraer las conclusiones que se quieren, y el documento podríamos comentarlo en toda su extensión, que no desdice para nada lo que yo he dicho, que no he dicho que se hubiera dado la subvención. He dicho que es falso lo que dicen de que se denegó la subvención.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Perdón, señora diputada, cada grupo... Perdón, señora diputada, no está usted en el uso de la palabra. Ya ha aclarado para qué lo decía. Usted ha tenido la oportunidad durante más de trece minutos de exponer las razones por las cuales hacía la defensa de su iniciativa parlamentaria, y la diputada del Grupo Socialista, exactamente por doce minutos y ocho segundos.
Finalizado este turno...
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Pero simplemente no es para contradecir, es porque falsea documentos...
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señora diputada, no está usted en el uso de la palabra. Lamento tener que levantar el tono para que sea usted respetuosa con la palabra de la presidenta.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Yo soy más respetuosa que usted cuando levanta la voz, eso también que quede muy claro, siempre. Y la voz no hace falta levantarla...
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): No, lo que no se puede es interrumpir para pretender reabrir un debate, cuando he preguntado al letrado, y a lo largo de toda la mañana no ha habido ninguna réplica. A usted le pueden agradar o no los argumentos o la forma en que se ha expuesto por el otro grupo, y viceversa, pero no vamos a reabrir en absoluto un debate que ya está finalizado.
-SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES CORRESPONDIENTES A ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN MUNICIPIOS COSTEROS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 161/001646.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Pasamos al punto número 12 del orden del día. Don Josep Guinart Solá, por Convergència i Unió, tiene la palabra, por tiempo de diez minutos para la defensa de su proposición no de ley.
El señor GUINART SOLÁ: Esta proposición no de ley que presenta el grupo de Convergència i Unió tiene su origen en la preocupación de muchos alcaldes de la costa que, como compañeros míos en este caso, me han expresado en más de una ocasión su preocupación, como decía, por cómo se van resolviendo las diversas actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Costas, en relación con la construcción de paseos marítimos o de caminos, paseos o senderos de ronda y otras actuaciones también de accesos a playas o actuaciones diversas donde deben colaborar entre el ministerio y los propios ayuntamientos. Esta realidad en la costa de Girona seguro que se repite, tengo información de que repite en el resto de Cataluña, y no tengo ninguna duda de que también es causa de preocupación de otros alcaldes u otros ayuntamientos del resto de la península.
Entre las competencias que el Estado ejerce en el litoral a través de la Dirección General de Costas está la realización, supervisión y control de estudios, proyectos y obras de defensa, protección y conservación de elementos que integran el dominio público marítimo terrestre, y en particular la regeneración o la recuperación de playas, paseos marítimos, como decía, caminos o senderos de ronda. Siguiendo la normativa vigente, la actuación administrativa sobre el dominio marítimo terrestre persigue fines como asegurar su integridad y la adecuada conservación, garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo terrestre, regular la utilización racional de esos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico, y conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar. En resumen, el objetivo de la actuación administrativa sobre
el dominio marítimo terrestre es alcanzar o perseguir un uso o un desarrollo sostenible de los recursos costeros a través de la gestión integral de los mismos, recursos costeros que, por otro lado, todos sabemos que son un atractivo insustituible y único para nuestros visitantes y, en definitiva, para nuestros turistas, la gente que se desplaza, y que es la base de la economía de esas zonas y además en parte una aportación importante al producto interior bruto de nuestro Estado.
Todo ello, por un lado las competencias de la Dirección General de Costas, así como las competencias sobre el dominio marítimo terrestre, hace que el Ministerio de Medio Ambiente deba colaborar o colabore con los ayuntamientos o los municipios costeros afectados, y que mediante planes de dotación de infraestructuras o actuaciones en materia de senderos litorales, accesos peatonales, como decía, o construcción o remodelación de paseos marítimos, deban sentarse a proyectar y ejecutar actuaciones en este ámbito. Sin embargo, y a pesar de esa competencia, de esa distribución o reparto competencial, en muchos casos los ayuntamientos se ven obligados, para acometer dichas obras, a poner a disposición del Ministerio de Medio Ambiente, de la Dirección General de Costas, los terrenos o los espacios para que puedan hacer esas actuaciones, con lo cual deben expropiar, y también sufragar los costes de estas expropiaciones, algunas situadas en la proximidad de la zona marítimo-terrestre, a pesar de que el proyecto de actuación que se ha definido a menudo lo afecta por el hecho de que el espacio que queda de dominio marítimo terrestre no es suficiente para que esa actuación, ese paseo, ese camino de ronda, tenga la suficiente calidad para que puedan disfrutarlo los ciudadanos.
Cabe recordar que el artículo 115 de la Ley de Costas, prevé un conjunto de actuaciones de los ayuntamientos, como puede ser informar solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y concesiones, explotar, en su caso, los servicios de temporada en las playas y mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad, pero en ningún caso, entre las competencias que la Ley de Costas otorga o asigna a los ayuntamientos, está la de esa competencia expropiatoria que pone a disposición del Estado o de la Dirección General de Costas los espacios, los territorios que luego son ocupados por las actuaciones de este ministerio.
Viene siendo tradicional en la actuación del Ministerio de Medio Ambiente que los ayuntamientos se vean conminados a poner a disposición esos terrenos de forma que, si no lo hacen, normalmente el ministerio prioriza otros municipios en los cuales sí hay esa disposición de aportar un mayor esfuerzo financiero para poner esos terrenos a disposición, lo cual le parece a nuestro grupo una situación no deseable. Esto ha llegado en algunos casos a provocar algún contencioso por el que los ayuntamientos, o un ayuntamiento que en este caso concreto conozco muy bien, han planteado ante la Administración del Estado, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, contenciosos reclamando una mayor participación en la financiación de estas expropiaciones y finalmente el tribunal pertinente, la Audiencia Nacional en este caso, ha dado la razón al ayuntamiento, entendiendo que el Estado debe participar de forma más activa en esta financiación, por un motivo, entre otros, y es porque finalmente después es el Estado el que tiene el dominio, como la palabra indica, de este territorio, y no es lógico que sea costeado con cargo a los presupuestos municipales.
Por todo ello a nuestro grupo le parece necesario plantear esta proposición no de ley, en la que se propone que el Gobierno adopte las medidas oportunas para que el Estado se haga cargo de esas expropiaciones. También planteamos en la parte dispositiva que se compense a los ayuntamientos que ya en el pasado reciente se han hecho cargo de esas expropiaciones que luego han pasado a manos del Estado mediante esta fórmula o esta figura de la puesta a disposición de terrenos. Somos conscientes de que, como dice la frase popular, lo mejor es enemigo de lo bueno, y ya que no conseguiríamos la formulación estricta de nuestra proposición no de ley, aceptaremos una transaccional con el grupo mayoritario, entendiendo que así podremos avanzar, aunque no sea con el ímpetu o la fuerza que nosotros pretendíamos en nuestra proposición, hacia una mayor sensibilización del Estado a la hora de hacerse cargo de la financiación de las expropiaciones de esos espacios que, en definitiva, quedan en sus manos y cuando la actuación sobre ellos debe ser autorizada por las delegaciones del Ministerio de Medio Ambiente, y para que en las negociaciones entre el Estado, en este caso, y los particulares o las administraciones públicas, también propietarias de esos terrenos que están colindantes con el dominio marítimo terrestre, se hagan cargo del coste de estas expropiaciones. De esta forma nos parece que avanzaríamos en esa sensibilización para que a la hora de negociar los ayuntamientos con el ministerio, tuvieran una posición de ventaja a partir de este pronunciamiento de este Parlamento.
Supongo que el portavoz socialista va a plantear los términos de la transaccional que, aunque no es la óptima, por nuestra parte la aceptaríamos para seguir avanzando en esta línea.
En relación a la enmienda que ha presentado el Grupo de Esquerra Republicana, le agradecemos sin duda el interés que ha manifestado por nuestra proposición no de ley, pero nos parece que no es en este caso la adición adecuada a la voluntad de nuestra proposición no de ley y que además desvirtuaría o haría demasiado amplia la pretensión, con lo cual conseguiríamos un efecto menos eficaz del que pretendemos con la enmienda transaccional del Grupo Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Les ruego que nos hagan llegar las enmiendas por escrito a la Mesa, cuando las tengan, para poderlas
facilitar a todos los grupos. Hay dos presentadas. En este momento le corresponde el uso de la palabra al diputado don Jordi Ramón Torres, en representación de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor RAMÓN TORRES: Como decía el portavoz de Convergència i Unió, mi grupo se ha tomado con agrado la proposición no de ley que ha presentado, en la cual instaba a la Administración a hacerse cargo de estas expropiaciones que nos presentaba en su exposición de motivos y en la proposición no de ley. Y también, al final de su intervención, decía que no veía conveniente la enmienda que había presentado Esquerra Republicana a su proposición no de ley.
Yo creo que sí es conveniente e intentaré darle los argumentos de por qué nuestro grupo parlamentario ha previsto que esas dos partidas presupuestarias estuvieran en esta proposición no de ley. Y es que en los Presupuestos Generales del Estado de 2006 la inversión prevista para el deslinde que tiene que efectuar la Dirección General de Costas y la Dirección General de Aguas supone tan sólo 5 millones de euros, y para los siguientes años las aportaciones previstas son de 5 millones para 2007, 4 millones para 2008 y 3 millones para 2009. Si además consideramos que el total de la costa que ya está deslindada es un 71 por ciento, quiere decir que los 2.200 kilómetros que restan disponen tan sólo de 17 millones de euros para acometer este proceso. Y nosotros nos preguntábamos y preguntaríamos al resto de los diputados si se puede cumplir el compromiso de la ministra de culminar a lo largo de esta legislatura el deslinde del dominio público marítimo con estas aportaciones, con estas previsiones presupuestarias para los próximos años. La respuesta sería afirmativa si con sólo 6.000 euros por kilómetro pudiéramos costear el deslinde de estos kilómetros que resta por deslindar. Más allá de esta aportación simbólica, nuestro grupo entiende que el proceso de deslinde no debería restringirse sólo al trámite administrativo y marcaje de las zonas deslindadas, sino que en esta financiación sería necesario que también estuviera prevista la restauración ambiental de las zonas, y sobre todo de esas zonas que deslindamos y han sufrido o tienen construcciones. El volverlas a su situación inicial se tendría que incluir en esta financiación del deslinde, y también entendemos -y por eso lo habíamos presentado en esta proposición no de ley-, que tendría el Estado que costear o financiar todas las expropiaciones necesarias para llevar a cabo ese gran deslinde.
En definitiva, mi grupo entiende que esta financiación del deslinde también debería costear los gastos de restauración ambiental y los gastos de expropiación. Y es por eso que nosotros presentábamos estas enmiendas hoy en esta proposición no de ley, una proposición no de ley que insta a tomar medidas de forma genérica, y en este sentido nos parecía evidente una medida esencial: dotar presupuestariamente esa acción; no vamos a decir que adquiera el compromiso el Estado y no dotar de fondos económicos, porque estarán de acuerdo conmigo que eso haría inviable la situación.
Le decía que a nosotros nos gustaba la proposición no de ley básicamente porque lo que decía era que la Administración General del Estado se haga cargo de las expropiaciones. Usted dice que va a aceptar una enmienda transaccional que, a mi entender, leída rápidamente, no hace más que echar agua al vino y deslucir un poco la proposición no de ley que el Grupo de Convergència i Unió presentaba. Nos gustaba que el Estado asumiera el compromiso de costear esas expropiaciones, y nosotros lo que hacíamos era incorporar una enmienda que habilitaba un fondo económico para que esas expropiaciones puedan ser viables económicamente también.
Entiendo que usted, por aritmética parlamentaria, tenga que aceptar la enmienda de sustitución; a nosotros no nos complace porque saca de su proposición no de ley la parte positiva, que era dar ese compromiso del Estado. Vamos a analizar cómo queda el texto, a ver si damos apoyo parlamentario. Aunque lo demos, lo que sí que me gustaría es señalar que el texto definitivo no va a ser, a nuestro entender, lo buena que era la proposición no de ley originaria del Grupo Catalán de Convergència i Unió y con las enmiendas que nosotros presentábamos.
En resumen, y para ir finalizando, nosotros hemos presentado esta enmienda, que añade dos puntos nuevos a la proposición no de ley. En el primero, incorporamos en el programa de deslinde los objetivos de recuperar el estado natural de las zonas de delimitación marítimo-terrestres y llevar a cabo las expropiaciones necesarias, y para ello lo que hacíamos era incrementar el programa de deslindes de la Dirección General de Costas en 20 millones anuales sobre lo previsto entre los años 2007 y 2009, que entendemos que es lo necesario para que ese deslinde incorpore, aparte de las tramitaciones administrativas, la recuperación ambiental y las expropiaciones necesarias.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Por el Grupo Socialista, don Manuel Mas i Estela.
El señor MAS I ESTELA: Señoras y señores diputados de la Comisión de Medio Ambiente, el Grupo Socialista reflexionó sobre la propuesta que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos presentó sobre actuaciones públicas de la Administración Central del Estado en una zona marítimo terrestre y, entendiendo el sentido último de esa propuesta que nos hacía el Grupo de Convergència i Unió, pensamos que era mejor precisarla, al objeto de establecer claramente de qué estábamos hablando.
La precisión iba en un doble sentido: en primer lugar, eliminar la confusión de la actuación en zona marítimo-terrestre y en zona de dominio privado. Entendemos que no puede haber expropiaciones en la zona marítimo terrestre porque es dominio público y, en todo caso, deberíamos estar
hablando de las zonas de dominio privado. Por tanto, había que hacer una primera precisión sobre que las expropiaciones tenían que estar en terrenos de dominio privado y no de dominio público. En segundo lugar, la propuesta del Grupo de Convergència i Unió se refería exclusivamente, y yo sé que el diputado proponente, el señor Guinart, ha padecido prácticamente en sus carnes una actuación de este tipo -no en sus carnes, sino en el bolsillo de su ayuntamiento, y celebro que ganara la apuesta- a los temas municipales, pero una actuación de la Administración General del Estado para hacer obras de adecentamiento, de mejora o de embellecimiento de la zona litoral, y actuando en la zona de dominio privado, no es exclusivo de relación con un ayuntamiento, sino puede ser con particulares o puede ser con otras administraciones (la Administración autonómica, la Administración provincial, en algunos casos la Administración comarcal, o la Administración municipal en último término). Por esta razón nuestra precisión también iba en el sentido de que la actuación de la Administración General del Estado fuera sobre los particulares y las administraciones. Presentamos una enmienda con el fin de que la Administración General del Estado acordara con toda esta gente la forma más adecuada de garantizar la disposición de los terrenos, y hemos llegado a la transaccional de que es mejor que la Administración General del Estado convenie -yo no sé, mi escaso dominio del idioma me impide decir si convenga o convenie es exactamente lo mismo, pienso que sí-, o convenga con los particulares o con otras administraciones públicas las expropiaciones del dominio privado que resulten de la realización de las obras que se hayan de hacer. Esta es la propuesta que hemos repartido a todos los grupos antes de empezar este debate. El proponente lo ha aceptado y creo que matiza y precisa convenientemente la voluntad que queremos establecer.
Por último hay una enmienda de adición que ha presentado el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya. Nosotros la consideramos, como el grupo proponente, innecesaria ya que va en otra dirección de la propuesta que inicialmente se hacía. Es decir, no hablamos de deslindes y de la necesidad de partida presupuestaria para deslindes, sino de la gestión de un determinado aspecto del deslinde: cuando se produzca la ocupación de un espacio que hay que expropiar, no estamos hablando de otra cosa. Por tanto, no estaríamos en desacuerdo en determinar un programa de deslindes, no estaríamos en desacuerdo en que hubiera una cantidad presupuestaria para los deslindes; pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de, cuando aquellas actuaciones en la zona marítimo terrestre tengan que ocupar un espacio privado, cómo tiene que gestionarse la expropiación que haya que derivarse de ella. Por tanto, estamos hablando de un aspecto de gestión cuando se produzca un determinado deslinde. Y es por esta razón que nosotros consideramos innecesaria esta enmienda de adición.
Pensamos que la propuesta mejora y precisa la propuesta inicial, y estamos en la línea de facilitar, de ayudar y que no sean los particulares u otras administraciones las que tengan que cargar con todo el coste de estas expropiaciones o de estas actuaciones, sino que, en todo caso, merced a un proceso de convenio con la Administración Central, pueda repartirse esta carga entre las administraciones que han de actuar o que la Administración que ha de actuar en la zona marítimo terrestre pueda asumir parte (o todo; en todo caso, esto es una discusión) de la carga de esta actuación cuando sea preciso.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): ¿Algún grupo desea turno para fijación de posición? Señor diputado, tiene usted la palabra.
El señor FAJARNÉS RIBAS: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos presenta hoy a debate una de aquellas cuestiones que a los que venimos del municipalismo y que hemos tenido la suerte, el honor de ser alcaldes de nuestra ciudad, y además de serlo en zonas costeras, y además, en mi caso, isleñas, nos hubiese gustado discutir y resolver en su momento, y nos encanta poder tratarlas hoy aquí, como es el hecho de solicitar del Ministerio de Medio Ambiente, de la Administración General del Estado, que sea el que pague, el que financie las expropiaciones que se derivan de las obras que se realizan, o se realizarán, o se realizarían, en la costa, y que hasta ahora son pagadas por los ayuntamientos, sin ser los competentes, sin tener la obligación de ello, pues quien es competente es única y exclusivamente la Administración General del Estado.
Desde el punto de vista de los ayuntamientos -que quiero recordar en esta Comisión que siguen siendo las administraciones más cercanas a los ciudadanos y a las que estos primero recurren en caso de necesidad porque son las que mejor gestionan- es totalmente injusta la situación que se plantea en la proposición no de ley. En la mayoría de los casos es una carga financiera que difícilmente pueden soportar y que, por su afán loable de embellecer sus costas, o playas, o su entorno, claudican a la imposición del Ministerio de Medio Ambiente con tal de ver cumplidas sus pretensiones y fundamentalmente las de sus vecinos. Es hora, señorías, de que a los ayuntamientos españoles se les compense, se les reconozca su esfuerzo y su papel, y en este caso se les libere de los costes de expropiación que gravan en algunos casos su economía maltrecha.
Y a todo esto, a los ayuntamientos en general, hay que añadir la situación de los ayuntamientos turísticos, que soportan flujos de población que en algunos casos, especialmente en verano, la triplican y que obligan a tener servicios e infraestructuras para el punto máximo de población, y de esta manera ofrecer unos servicios y una oferta turística de calidad.
Por eso es necesario que esa figura de nueva financiación del municipio turístico quede definitivamente concretada. Por cierto, el Partido Socialista lo llevaba como compromiso electoral en la
página 143 de su programa y nosotros evidentemente le reclamamos que cumpla.
Sin abundar más en el contenido de la acertada proposición no de ley de Convergència i Unió ni en la exposición de su portavoz, el señor Guinart, quiero expresar en nombre de mi grupo que es hora de resolver esta cuestión, aunque, señorías, ya veremos qué Administración, si autonómica o estatal, será, o sería, ya veremos, la que en todo caso pagará después de que se hayan completado las reformas estatutarias de todas las comunidades autónomas.
Quiero agradecer tanto al portavoz señor Mas como al señor Guinart que hayan contado con el Grupo Parlamentario Popular en su transaccional.
Sinceramente, nos parece muchísimo más acertada la proposición no de ley que usted había planteado, señor Guinart, y nos parece totalmente light la transaccional. No es lo mismo, como dice la canción, pero en aras del consenso y de ir avanzando un poco más, también nosotros daremos nuestro voto afirmativo a la proposición no de ley.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001524.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Finalizado este punto del orden del día, pasamos al último, que es una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Señoras y señores diputados, el objeto de esta proposición no de ley es hacer llegar a mi comunidad autónoma un estudio que desde hace tiempo se viene realizando en el Ministerio de Medio Ambiente, concretamente en la Subdirección General de Prevención de la Contaminación Atmosférica y del Cambio Climático, que depende de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, en colaboración con un equipo de epidemiólogos contratados al respecto por dicho ministerio, sobre el efecto de la contaminación atmosférica relativa a la mortalidad e ingresos diarios no programados, por urgencias, en distintas ciudades españolas. No cabe duda de que se trata de un estudio de gran trascendencia y que servirá como referencia para realizar determinadas apuestas sanitarias y medioambientales con proyecciones futuras.
Señorías, la contaminación atmosférica es la causante de 350.000 muertes prematuras en Europa, de ellas 16.000 tienen lugar en nuestro país, según las conclusiones de un estudio realizado por la Comisión Europea. Se trata de una cifra que supera en diez veces la del número de muertes por accidentes laboral y aproximadamente unas tres veces más que las debidas a accidentes de tráfico. Esto supone un problema social gravísimo que obliga al Gobierno a elaborar nuevas estrategias de investigación y gestión que den como resultado cambios legislativos en lo que se refiere a los límites exigidos. De hecho, la contaminación del aire está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las prioridades sanitarias mundiales, no en vano es la responsable de 1.400.000 muertes en el mundo.
El conjunto de España se aleja de las directivas de techos nacionales de emisión, mientras que en las grandes ciudades españolas se presentan frecuentemente incumplimientos de los niveles de calidad establecidos. En muchos países de la Unión Europea se están realizando al respecto estudios de similares características a este que se propone.
En nuestro país, como les comenté al comienzo de mi intervención, se han publicado recientemente diversos estudios realizados en las principales ciudades, como son Madrid, Barcelona o Valencia. También aquí existen dos estudios de carácter multicéntrico en dieciséis ciudades que han analizado los efectos sobre la morbilidad. Todos estos trabajos muestran la existencia de una asociación estadísticamente significativa entre los indicadores de contaminación atmosférica y la salud de los ciudadanos. La mayoría de estos trabajos anteriormente citados toman como indicadores de salud la mortalidad y los ingresos hospitalarios o la frecuentación de los servicios de urgencia. Pero además la contaminación atmosférica química también tiene repercusiones en otro tipo de patologías, de las cuales quizá el asma es la más conocida, así como otras enfermedades de tipo alérgico. Sin embargo, cabe destacar dos singularidades con respecto a estos estudios: por un lado, no toda la población está expuesta a este impacto de salud en las mismas condiciones; dentro de los grupos de edad, cabe pensar que existen dos de mayor vulnerabilidad a los contaminantes atmosféricos, las personas mayores y los niños. La población infantil presenta determinadas características que hacen que su susceptibilidad a este factor ambiental sea diferente a la de los adultos. Así, desde el punto de vista de las dosis recibidas en comparación con los adultos, los niños respiran más rápido, su frecuencia respiratoria es mayor y, por otro lado, juegan al aire libre mucho más a menudo, siendo por su menor peso, mayor su exposición a la contaminación por unidad de masa. Por otro lado, debido a su constante estado de desarrollo y crecimiento, fisiológicamente su sistema inmunológico y respiratorio está más inmaduro y, por lo tanto, tiene mayor probabilidad de enfermar por esta causa. Lo mismo ocurre con la población anciana, pero por causas completamente distintas, como es fácil de entender. Es por ello por lo que el estudio va dirigido especialmente a estos dos grupos de edad.
Por otro lado, cabe reseñar que el territorio insular tiene unas características medioambientales diferenciadas del territorio peninsular.
Además de estar expuestos a otros agentes, como son el polvo africano, que, por la cercanía que las islas Canarias tienen a dicho
continente, hace más patente sus efectos sobre la salud de la población que las habita, las islas Canarias tienen los mayores grupos poblacionales concentrados en las dos áreas metropolitanas de las llamadas islas capitalinas, que además, como no puede ser de otra manera, están sometidas a la mayor exposición de agentes contaminantes procedentes de la industria, de los vehículos o al polvo africano, como anteriormente comenté, y que los canarios denominamos normalmente calima.
Como ya les dije anteriormente, es mucho más habitual en las islas por razones de proximidad geográfica. Hasta este momento no se han realizado estudios a nivel insular que permitan saber el grado de vulnerabilidad medioambiental de los habitantes expuestos y obrar en consecuencia. Para los profesionales sanitarios, entre los cuales me encuentro, no es ningún secreto el aumento de las recaídas de patologías cardiorrespiratorias durante estos días de calima en los enfermos afectados de problemas respiratorios y en los niños. Es necesario, por lo tanto, hacer un estudio al respecto. También es necesario que las diferentes administraciones con competencias en la materia trabajen coordinadamente junto con los ministerios implicados en la materia (como son el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Sanidad, el de Industria, el de Agricultura) para conseguir el objetivo que se pretende alcanzar, es decir, la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Por otro lado, me gustaría reseñar que los estudios epidemiológicos lógicamente sirven para elaborar estrategias de salud, y en este caso de salud ambiental. Normalmente sería conveniente hacerlo en cada pueblo o en cada ciudad o en cada punto de España, pero se hacen en lugares de referencia y siempre se toman como lugares de referencia las áreas de mayor población. Sabemos que hay otras islas que sufren el impacto medioambiental del polvo africano con mayor frecuencia. No obstante, si queremos ser coherentes con criterios de coste-efectividad y coste-eficiencia, se tendrán que hacer desde un punto de vista estrictamente científico, para así elaborar estrategias de salud. Además, si pensamos que las competencias en materia medioambiental también las tiene el Gobierno de Canarias, si se quisiera hacer un estudio pormenorizado por islas, creo que le correspondería esta estrategia de salud medioambiental al Gobierno de Canarias.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): El señor diputado don Cándido Reguera, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor REGUERA DÍAZ: Simplemente para fijar la posición de nuestro grupo. Nosotros, nuestro grupo, va a votar favorablemente esta proposición no de ley. Pero sí que es verdad, y usted lo ha manifestado en su intervención, señora Coello, que en las islas donde produce mayor efecto la calima, el polvo sahariano, que genera esas dificultades, sobre todo respiratorias, es en las islas más orientales, como pueden ser la isla de Lanzarote y la isla de Fuerteventura, aparte de que afecte a todo Canarias. Y como quiera que esta iniciativa está sobre todo basada en los efectos de la calima, creemos que en la redacción habría que haber ampliado quizás un poco más, y no sólo poner las dos islas, Gran Canaria y Tenerife, sino circunscribirlo a Canarias. Al final, el estudio va a tener su mayor efecto, con las consideraciones que usted ha hecho, sobre todo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que es donde, cuando hay un levante importante, es realmente espectacular.
Este estudio ya se viene realizando, parece ser, en otros lugares, y se toma como referencia la provincia. A nosotros, así como aquí pone la isla de Gran Canaria y la isla de Tenerife, nos hubiese gustado que pusiera la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con lo cual cogería a todas, independientemente de que el estudio se haga con las características que establezcan la norma y la Unión Europea.
Simplemente quería manifestar que nuestro voto va a ser favorable.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Han finalizado las proposiciones. Por lo tanto, si ustedes lo consideran oportuno, podemos dar dos minutos, cinco minutos máximo, para comenzar a votar. Se suspende la sesión por cinco minutos. (Pausa.)
Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a las votaciones.
En primer lugar, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre autorizaciones de ocupación temporal de la zona de dominio público marítimo terrestre asociados a la actividad turística, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Queda aprobada.
Proposición no de ley sobre financiación de la Red Natura 2000.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Queda rechazada.
Preposición no de ley relativa al Programa AGUA, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Proposición no de ley sobre la financiación de las expropiaciones correspondientes a actuaciones de la Administración General del Estado en municipios costeros. Hay una enmienda transaccional que se ha presentado a la Mesa y a todos los grupos, que entiendo que ha sido aceptada.
Finalizado el orden del día, les doy las gracias y se levanta la sesión.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 86
 artículo 115