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Timestamp: 2017-04-26 11:53:22+00:00

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El Blog de José E. Carrero-Blanco Martínez-Hombre: 2013
PLENO EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PILOÑA DE 12 DE AGOSTO DE 2013
Aquí os cuelgo los dos vídeos que grabaron el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Piloña celebrado el pasado día 12 de agosto de 2013, a las 9:00.
Segunda parte. Twitter: @josecarrerob
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PILOÑA DE 25 DE JULIO DE 2013
Aquí os dejo las dos partes del último pleno municipal, aunque lo mejor se puede decir estuvo fuera del salón de plenos, una vez finalizado.También aviso de que no pude grabarlo todo porque no contaba con que iba a durar tanto y no usé una tarjeta SD con más espacio libre.
PLENO MUNICIPAL DE PILOÑA DE 30 DE MAYO DE 2013
Con cierto retraso, aquí os dejo los vídeos que grabé del Pleno municipal ordinario del Ayuntamiento de Piloña de 30 de mayo de 2013. A ver si mañana o pasado cuelgo los del último pleno.
LA HONESTIDAD EN POLITICA
Es un ejercicio de honestidad, quien no
viéndose capacitado para desarrollar su trabajo decide renunciar a
seguir en el puesto que desempeña. Esto es así por dos sencillos
motivos, el primero, de carácter exógeno, por no perjudicar a las
personas que dependen del resultado de tu trabajo; el segundo, de
carácter endógeno, que sería actuar conforme a lo que te dicta la
conciencia. Pues esto que acabo de exponer, en política con más
motivo. Porque, la inoperancia de quien gobierna, perjudica, no a un
reducido número de personas, sino a todos los ciudadanos que
dependen de su gestión. Un responsable político tiene que anteponer
el interés general al de sus votantes, partido o el suyo propio. Y
si su actuación es manifiesta y objetivamente perjudicial para el
interés general, huelga decir que lo responsable y ético es
abandonar, aunque con ello pueda defraudar las expectativas de quien
le haya podido votar. De todas maneras, no creo que ninguno de sus
votantes pueda sentirse decepcionado por dejar el cargo a mitad de
mandato si con ello, le sustituye una persona que puede hacerlo
mejor. Es más creo que valorarían el gesto de manera positiva, sin
lugar a dudas, porque supone un acto de humildad, de reconocimiento
de sus limitaciones.
En mi opinión, prefiero que un
político dimita porque se ve desbordado por los acontecimientos que
abandonar el barco por mejorar en su carrera, porque eso sí sería
dejar tirados a los que te votaron, como así han hecho políticos,
entre otros, como Gallardón y Esther Díaz. Ya sé que Carmen Barrera afirma que no
dimite por no defraudar a los que la han votado en los comicios de
2011, pero creo que si hablase uno por uno con cada uno de los que la
eligieron, no verían con malos ojos su dimisión, si su sustituto
logra arrancar el motor del Ayuntamiento, llegando a acuerdos con, al
menos, uno de los tres grupos de la oposición. Porque el problema de
la Alcaldesa, y se lo he dicho en multitud de ocasiones, no es que no
sea capaz de llegar a acuerdos con nadie, sino que ni lo intenta.
Sólo se limita a traer asuntos a los Plenos y decir esto es lo que
hay y me lo tenéis que aprobar. Último ejemplo de lo que afirmo
sucedió el pasado 30 de mayo, en el Pleno ordinario, en el que
incluyó, en el orden del día, un punto importantísimo, la
aprobación de los Presupuestos Generales del Concejo para 2013. Un
punto que, cualquier dirigente político responsable, con los pies en
la tierra, habría negociado con otras fuerzas para intentar llegar a
un acuerdo y que lograr aprobar unos presupuestos, desde luego,
necesarios. Si lo hubiera intentado, y, por la actitud de la
oposición, no se hubieran aprobado, yo, desde luego, la apoyaría.
Pero, honestamente, no puedo aplaudir que pretenda, sin previa
negociación, que le aprueben unos presupuestos porque ella lo dice.
Así que si ella no se ve capacitada para sentarse a negociar con
nadie, lo mejor que podría hacer en beneficio del concejo es
De todas maneras, ya que, cuando se
habla con ella, te insiste en que a ella no le compensa seguir en el
cargo, me pregunto, ¿por qué no ha presentado una cuestión de
confianza aparejada a la aprobación de los presupuestos o las
ordenanzas fiscales como permite el art. 197 bis de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General? Si la oposición no es capaz de
presentar un candidato alternativo, los presupuestos o las ordenanzas
fiscales se habrían aprobado. Ella lo sabe. La cuestión es ¿Por
qué no lo hace?
Por otra parte, con respecto a los
presupuestos, no entiendo por qué han afirmado desde el equipo de
gobierno que son los únicos que se podían aprobar, y, en cambio, no
han planteado ninguna de las subidas de tasas que proponían el año
pasado. No es coherente afirmar en 2012 que, en cumplimiento del plan
de ajuste que ellos aprobaron, era necesario subir el 50% las tasas y
otro tanto el año siguiente, y así lo intentaron en varias
ocasiones, incluso con un pleno extraordinario monotemático, y ahora
ni siquiera intentan la subida del IPC que le ofreció la portavoz
del PP, Teresa González Torrado, para negociar en los presupuestos.
Y a buen seguro que si fuesen
escrupulosos a la hora de gastar cada céntimo que el Ayuntamiento
ingresa, se podrían ahorrar mucho en la partida de gastos
corrientes, que es más de un 30% de lo que han presupuestado para
gastos, por ejemplo, ya que hay una liberación que no se ha asignado
a nadie desde la dimisión de Andrés Rojo, y dado que se ha
demostrado que no era necesaria, bien podría amortizarse esa
liberación y destinar su importe a otros conceptos más necesarios;
otros gastos en los que se podría ahorrar es en el mantenimiento del
ascensor, que, según me consta, supondría un ahorro de entre un
40-60%; también se podría ahorrar en servicios de telefonía o en
el mismo servicio de recogidas de basuras. Pero, si no se sabe
negociar, siempre acaban las empresas por aprovecharse de tal
coyuntura para mejorar sus márgenes de beneficio. Si en esa
negociación no entra en juego otros presupuestos, por ejemplo,
siempre van a decir que es imposible bajar el precio, pero cuando se
le expone que hay otra empresa que ofrece mejores condiciones, seguro
que hacen un esfuerzo para mejorar la oferta anterior. Dicho lo antecedente, rogaría a la
Alcaldesa que elija una de estas opciones: la primera, que aprenda a
negociar, entre otros, con los ediles de la oposición para que el
Ayuntamiento pueda funcionar correctamente; la segunda, si no está
dispuesto a ello, que presente una cuestión de confianza aparejada
por ejemplo, con la aprobación de los Presupuestos o la de las
ordenanzas fiscales; o, por último, que dimita y que ceda el testigo
a su teniente de alcalde. Si, por el contrario, sigue insistiendo en
seguir el mismo camino, estará demostrando que sólo sigue por el
sueldo que cobra a fin de mes del Ayuntamiento.
Publicado en la edición de Junio de 2013 de la Crónica de Piloña Twitter: @josecarrerob
Una de las cosas que más me enervan es cuando se manipula la realidad de una manera tan burda, que es un insulto a la inteligencia de las personas a las que va dirigida esa información manipulada. Y una de esas ocasiones es la campaña orquestada por la izquierda oficial contra la LOMCE. No digo que este proyecto de ley sea bueno o malo, pero los motivos que aducen sus opositores son un atentado contra la dignidad, en tanto en cuanto es un ataque al sentido común y a la inteligencia, como ya dije. Me conformo, no ya que actuasen con responsabilidad, sino con que se esforzasen un poco en elaborar sus falacias, porque no quiero creer que sus neuronas no puedan hacer un esfuerzo mayor del que hacen. ¿O me equivoco?
Una de esas burdas falacias que han soltado proviene del Sr. Cayo Lara, el insigne Coordinador de Izquierda Unida, que parece embebido por el resultado que arrojan las últimas encuestas, en lo referente a la asignatura de Religión. Ni corto ni perezoso se nos descolgó afirmando que se equiparaba enseñar a rezar el rosario con las matemáticas. Para empezar, y hablo por mi experiencia, que en los ocho cursos de la EGB, que estudié en dos centros públicos, uno de Cartagena y el otro de Oviedo, no aprendí a rezar en clases de Religión sino más bien en catequesis. En clases de Religión se enseñaba en mi época cosas como la vida de Jesús, nociones básicas del Antiguo Testamento, etc. cosas que si lo miras bien se pueden encuadrar como cultura general, que creo que no viene mal a nadie, incluso, me acuerdo que en primero de BUP, en un colegio de Jesuistas, como lo era el Colegio San Ignacio de Oviedo, nos enseñaban nociones muy básicas de otras confesiones religiosas. Pero lo que también es falso es esa equiparación con una asignatura troncal, porque, para empezar, no se permitirá promocionar, según se puede leer en el proyecto, a ningún alumno que tenga suspensas las asignaturas de Lengua y Matemáticas, art. 28.2 de su articulado, algo que tiene su lógica, por cierto; por otra parte, para la evaluación final de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el alumno, art. 29, tendrá que examinarse de todas las materias troncales y, de las materias específicas, una por cada curso, excluyendo Educación Física, Religión y Valores Éticos. Que a Cayo Lara, y a otros, no les guste que los padres de alumnos elijan la formación religiosa conforme a sus propias convicciones, amparado en el art. 27.3 de la Constitución, lo respeto, en tanto en cuanto supone una postura coherente a los postulados que dice defender, pero otra cosa muy distinta es mentir de una manera tan descarada como lo ha hecho.
Por cierto, no entiendo yo muy bien por qué se rasgan las vestiduras porque la asignatura de Religión sea evaluable. Para empezar, según las leyes aprobadas por los socialistas deberían de serlo ahora, por aplicación, por ejemplo, de la disposición adicional segunda de la LOE, que remite tanto al Acuerdo con la Santa Sede en materia educativa, en la que el Estado español se comprometía a impartir la asignatura de Religión Católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales, y a las Leyes que recogen los acuerdos con las confesiones evangélicas, musulmana y judía. Lo que me parece absurdo es que, siendo una asignatura, aunque sea optativa, su calificación sea meramente testimonial. Ya me hubiese gustado que en la carrera, por ejemplo que las asignaturas de libre configuración no constasen para el expediente académico, así me hubiese ahorrado dinero en matricularme de dichas asignaturas.
Otra de las manipulaciones interesadas fue mezclar la LOMCE con la política de recortes, cuando son dos cosas completamente distintas, aunque tienen sus puntos en común, como es el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Y esta confusión intencionada no tiene otra finalidad que generar un mayor malestar para beneficio propio de algunos interesados. Sugiriendo que con la LOMCE va a implicar mayores recortes se está intentando predisponer a los ciudadanos contra el texto educativo.
De todas maneras, eludir entrar en un debate serio y profundo sobre el estado educativo actual con absurdas críticas a las condiciones en las que se imparte, o debe impartir, una determinada asignatura, y meter en medio la política de recortes, es un flaco favor que se hace a las generaciones futuras. Es verdad que algunos intentan cubrir el hueco que deja su incapacidad política, personal y profesional en vacuas campañas anticlericales, aunque sólo con respecto a la Iglesia Católica, porque creen que atizar a la Jerarquía, ya sea verdad o mentira, y si le añades una aparente defensa de la Educación Pública y una crítica acerada hacia los recortes, les introduce de lleno en un mercado que les favorece. Y, tal como está el patio actualmente, no creo que se equivoquen de estrategia, aunque huelga decirlo es una inmoralidad, en tanto en cuanto supone incurrir en un comportamiento fraudulento, que, en mi opinión, debería tipificarse como delito de estafa electoral.
Dicho lo precedente, y haciendo un llamamiento a la responsabilidad, lo que no podemos permitirnos el lujo es que nuestro sistema educativo siga cayendo por el barranco de los informes PISA, pero ya no es porque lo diga ningún informe, es porque se ve claramente que es un fracaso absoluto. Cada vez, por mucho que se repita hasta la saciedad que tenemos una juventud cada vez mejor preparada, veo un mayor número de analfabetos funcionales, que no saben leer comprendiendo lo que tienen ante sus ojos, ni escribir sin faltas de ortografía, no digamos ya sumar o restar sin tener que utilizar la puñetera calculadora del móvil. Ni qué decir de los cada vez más exiguos conocimientos en Historia y Geografía y otras asignatura que aportan lo que llamaría cultura general, que son necesarios para un correcto desenvolvimiento en una sociedad democrática. Pero lo más alarmante, es cuando veo a gente que me ponen a mí como un referente de persona cultivada, cuando hay otras personas que son enciclopedias andantes, dignas de admiración, a parte de ser un claro signo de que el nivel educativo es malo tirando a peor, a mí se me cae el alma a los pies. No digamos ya cuando vemos a los políticos del futuro dejando perlas como esta:
Como es un tema, no sólo interesante, sino necesario, porque nuestro futuro va en ello, continuaré desgranando los fallos del sistema educativo y proponiendo soluciones, animando a los internautas a participar en un debate serio y alejado de cualquier tipo de partidismo y de posturas preconcebidas e inmutables. Participemos en un debate desde posturas socráticas. Como diría Kant, "sapere aude" (atrévete a saber).
Algunos pueden no saber quién es ese señor, el tal Quirós Estremera, pues es un señor, con un considerable patrimonio personal, que lleva muchísimos años haciendo una campaña contra Emilio Botín, por el embargo por parte del Banco Santander de uno de los coches de su considerable colección por no pagar un préstamo que solicitó a la entidad. También se le conoce por cargar contra Gabino de Lorenzo, ex Alcalde de Oviedo, ahora Delegado del Gobierno, por, supongo, no pagar alguna que otra viñeta. Aunque no lo sé, ni me importa. No obstante, el que quiera profundizar más sobre este señor sólo tiene que utilizar el buscador de google y el de YouTube. Yo me niego a hacerle publicidad más allá de lo que este jeta ya ha tenido gratis y a costa de una asociación sin ánimo de lucro, como es la Asociación Vecinal de San Juan de Berbio, con la que se comprometió a abonar 3.400 € para patrocinar la Subida Benéfica a Lozana y que, a día de hoy, no sólo no ha pagado un euro sino que no ha dado señales de vida. Este señor que vino a Infiesto con su patrocinio excepcional, y que bien se aprovechó de una asociación vecinal, para hacer, sin ningún tipo de reparo, su campaña mediática contra Botín y el Banco Santander. Y con estas capturas de pantalla, de su propia página web, se puede comprobar con qué desparpajo se aprovechó del patricinio excepcional que prometió a la Asociación Vecinal San Juan de Berbio y que no tiene intención alguna de abonar.
Por cierto, los carteles que se colgaron en Infiesto con sus lemas y consignas anti Botín y Banco Santander, como el que se puede ver con una oficina del Banesto al fondo, fueron sufragadas por la Asociación Vecinal de San Juan de Berbio. Aquí tienen, por otra parte, las declaraciones que efectuó el Presidente de la Asociación en Onda Cero y el comunicado que publicaron en su muro de Facebook:
DESDE LA ASOCIACION VECINAL Y EN BOCA DE SU PRESIDENTE, SE QUIERE DECIR LO SIGUIENTE:
1. Agradecer a todos los Piloñeses su implicación y felicitaciones por el evento que celebramos esta semana pasada.
2. La Asociación Vecinal ha obtenido un beneficio de 400 euros por la celebración de este evento.
3. El Sr. Quiros Estremera, a la hora de abonar su "patrocinio excepcional" como nos obligó a poner, SE DIÓ A LA FUGA CON NOCTURNIDAD Y ALEVOSIA A LA HORA DE PAGAR. 4. Gracias a Bar Restaurante La Pérgola, Disfrutastur y otra empresa que prefiere que no digamos su nombre, se ha cubierto los 3.400 euros que ESTE SIN VERGÜENZA nos DEJO SIN PAGAR.5. Solicitamos a cualquiera de vosotros, que si lo veis, nos comuniqueis donde está repartiendo pasquines con su dichoso camión, ya que nos desplazaremos donde esté, para que ya que llama a Botín ESTAFADOR, sepa que el no queda muy lejos, ya que somos una organizacion sin ánimo de lucro, y que lo que recaudamos es para hacer cosas en nuestra parroquia y hacer la vida mejor a nuestros vecinos.6. Como Presidente de la Asociación de vecinos, y como hay papeles, pruebas y testigos de este acuerdo, y si en una semana no paga lo adeudado, SE VA A PROCEDER A DENUNCIARLO.7. Ya estamos con la mente en la Subida a Lozana 2014, este tipo de GENTUZA no va a quitarnos nuestra ilusión de traer gente a Piloña, de hacer cosas, y de que el nombre de nuestra parroquia y nuestro concejo se escuche cuanto más lejos mejor.8. MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRO APOYO DURANTE ESTE PRIMER FIN DE SEMANA DEL MOTOR EN PILOÑA.SAN JUAN DE BERBÍO SE MUEVE, PILOÑA SE MUEVE!!! AHORA A APOYAR EL DESCENSO DE PILOÑA!! El tiempo pone a cada uno en su sitio, y el que iba de víctima del pirobanco, ha quedado en evidencia como un sinvergüenza y un caradura que se aprovecha de quien sea para hacer lo que le viene en gana. A este señor le aconsejo que dé la cara y abone lo que debe, porque, de lo contrario, si así lo desea la Asociación, seré su peor pesadilla, porque le perseguiré legalmente hasta que abone el último céntimo que adeude a la Asociación más intereses legales y daños y perjuicios causados.
SOBRE EL AUTO DE IMPUTACION DE LA INFANTA CRISTINA Y EL RECURSO DE LA FISCALIA
Con respecto al recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra el Auto de 3 de abril de 2013, dictado en la Pieza Separada nº 25 (caso Noos) de las Diligencias Previas 2677/2008 del Juzgado de Instrucción nº 3, creo que debería, en mi opinión, salvo opinión mejor fundada en derecho, desestimarse por la Audiencia Provincial de Baleares, por los motivos que expondré más adelante. Pero quisiera comentar, como elemento ajeno a lo estricamente jurídico, que el recurso hace un daño incalculable a la Corona, ya que está dando la sensación de que el Rey ha llamado al Gobierno, y éste al Fiscal General del Estado para evitar que la Infanta Cristina declare como imputada. Y eso está calando, con más fuerza, que la justicia no es igual para todos. Y si, al final, lograse la Fiscalía su propósito, el descrédito de la Administración de Justicia sería prácticamente irreparable, y, en cuanto a la Casa Real, me temo que tendrá que acabar con la abdicación del Rey en favor del Príncipe Felipe porque el crédito de Su Majestad acabaría completamente agotado. Pondría a Su Majestad en la tesitura de salvar a la Corona o mantenerse firme dando munición a los republicanos, que están, por cierto, creciendo en número.
En cuanto, a lo estritcamente jurídico, creo que el Fiscal llega a cometer errores de estudiante de Derecho, dicho sea con el respeto que me merece, como pretender meter en esta fase del procedimiento el principio acusatorio. En primer lugar, porque la decisión tomada por el Juez para citar como imputado a alguien no precisa de petición realizada por ninguna parte acusadora. En efecto, ya que las normas que regulan el Procedimiento Abreviado nada disponen al respecto y el art. 385 LECrim., dispone que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o querellante particular, hará que los procesados presten declaración cuantas veces sean necesarias. Y para procesar a alguien, el art. 384 del citado cuerpo legal, no empece que el Juez lo acuerde de oficio cuando exista algún indicio criminal contra la persona a la que se va a procesar.
Además a tenor de lo dispuesto en los arts. 780 y ss. de la Ley rituaria, cuando el Juez considera que la instrucción ha finalizado, dará traslado a las partes acusadoras, incluidas, por supuesto, el Ministerio Fiscal para que, y ahora sí, propongan la apertura de juicio oral, soliciten el sobreseimiento que corresponda, o, de manera excepcional, soliciten la práctica de alguna diligencia complementaria. Pero esta fase aún no ha llegado en la pieza separada de referencia. Y no me parece procesalmente descabellado imputar a otra persona, mediante Auto de procesamiento, por cierto, contra lo habitual en la práctica forense, ya que, salvo la imputación inicial en Auto de incoación de Diligencias Previas en la típica resolución estereotipada que vale para un roto y para un descosido, se lleva a efecto mediante providencia, como en este caso, Además me parece, cuanto menos que imprudente, anticiparse a lo que las acusaciones particulares, y más obviando que fue una de las acusaciones particulares las que, en su momento, solicitó la imputación de la Infanta. ¿Qué le hace pensar al Fiscal que esta misma acusacion solicitaria el sobreseimiento con respecto a ella?
En cuanto a la existencia de indicios, tampoco me voy a aventurar demasiado ya que sólo cuento de lo que Fiscal y Juez han exteriorizado en sus escritos, que son los que tienen acceso a los 42.000 folios, junto con las otras partes personadas, y, por eso, me ceñiré a los datos que obran en dichos escritos. Como primer elemento a tener en cuenta, el reproche que el Fiscal le hace al Juez de tener en cuenta los indicios que previamente le había servido como para no atender la petición realizada por Manos Limpias de que se la imputase, sería acertada si sólo se limitase a reproducir los mismos. Pero el Juez a los anteriores hay que añadirle cinco nuevos indicios. Estos nuevos indicios puede perfectamente hacer cambiar su opinión. Por eso creo que su crítica es desafortunada.
Por otra parte, el Fiscal, sorprendentemente, pretende elevar a la imputación a la categoría de condena. Lo que contraviene claramente la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este sentido me acuerdo de una Sentencia del Tribunal Supremo que explicaba que los indicios y pruebas que no tienen la suficiente fuerza como para desvirtuar la presunción de inocencia son suficientes como para que sobre esa persona se abra juicio oral. Y, por supuesto, menos exigencia probatoria se precisa para imputar a alguien, que, como ya se ha acreditado anteriormente, sólo basta con una providencia de un Juez. No olvidemos que la imputación sirve para que se pueda comparecer en el Juzgado a los efectos de garantizar sus derechos constitucionales de defensa. Por eso, en muchas ocasiones, muchos ciudadanos son imputados judicialmente en base a una denuncia formulada por cualquier persona y, después de declarar ante el Juez, se sobresee la causa con respecto a él. En el caso de la Infanta Cristina, creo que le conviene poder hablar en el Juzgado y desvirtuar todos esos indicios que pesan sobre ella. Si al final no declara porque la Audiencia estimase el recurso, ante la opinión pública ya estaría condenada, sin poder defenderse de lo que se acusa. Y eso me parece, no sólo injusto, sino un linchamiento público.
Dicho esto, me resulta difícil que la Infanta Cristina no conociera los manejos de su esposo, Iñaki Urdangarin, y, partiendo de esa base me parece extraño que no se desligase de las empresas en las que participaba. Porque, una cosa es que pueda conocer lo que estaba haciendo su marido, cuyos hechos no está obligada a denunciar como cónyuge es, y otra cosa es seguir participando, jurídicamente cooperando (art. 28.b CP), permitiendo que su marido se aproveche de que la Infanta perteneciera a Noos. No es lo mismo que el Instituto Noos tenga en su Junta Directiva a la Infanta Cristina y a García Revenga, como asesor de la Casa Real, que sólo al marido de la Infanta Cristina.
Por cierto, resulta extaño que el Fiscal no recurriese la imputación de García Revenga, ya que sobre éste expone que no acreditado que Iñaki Urdangarin tuviera un trato de favor de las Administraciones Pública. Sería bueno que explique cuál es la diferencia.
Por último, antes de acabar, no quisiera obviar, con las prevenciones ya realizadas, que el hecho de que la Infanta se aprovechase de los hechos delictivos cometidos por su marido, entre ellos, adquiriendo un piso, pudiera constituir un delito encuadrado, según el Código Penal vigente, en la época en la que creo que se cometieron los hechos, en la receptación y conductas afines.
Ante la posible ratificación mañana por el Pleno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de su primera Sentencia, en la que se declaraba contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos la Doctrina Parot, se ha producido un profundo malestar en la sociedad española. Hasta cierto punto podría estar completamente de acuerdo, en tanto en cuanto cualquier beneficio penitenciario que pudieran tener unos individuos que, no sólo han cometido actos atroces, sino que además no han mostrado arrepentimiento alguno. Pero lo que tampoco voy a aceptar es que se engañe a los ciudadanos desde los medios de comunicación con demagogia y discursos baratos, teñidos de emotividad. Al que escribe estas líneas ya le harta que, cuando las resoluciones judiciales no son de su agrado, buscan cualquier excusa o pretexto para desacreditar, no la decisión judicial, sino al que la dicta. Y si tienen que acudir a las teorías conspiranoicas, se acude sin ningún tipo de problemas; si hay que compararse con otros países, pues se hace. Todo lo que sea necesario para mostar su indignación. Pero razonamientos jurídicos, ninguno.
A mi como ciudadano, la Doctrina Parot se me queda hasta corta, porque esa gentuza, como ya dije, no se merecen pisar la calle lo que les queda de vida. Pero como jurista, mis opiniones han de basarse en las normas que configuran nuestro ordenamiento jurídico, no en mis filias y fobias personales, por eso hay que hacer un análisis jurídico con el mayor rigor jurídico y honestidad profesional. No soy de esos juristas que acomodan sus planteamientos jurídicos a las necesidades políticas, porque considero, como elemento esencial de un Estado de Derecho, es que los jueces y magistrados han de aplicar la ley, según su tenor literal, de conformidad con lo que el legislador ha querido disponer. Si una ley es injusta o no se ajusta a la realidad social, lo que procede es que el legislador, cuyos miembros los elegimos los ciudadanos mediante sufragio universal, lo cambie. Lo que no es admisible es que un juez se crea por encima de la ley, ni tampoco podemos pedirle es que suplante al legislador en sus funciones. A lo mejor al político de turno le conviene que haya un juez que haga el trabajo sucio, pero, desde luego, esto atenta contra el espíritu constitucional.
Pues bien, el Tribunal Supremo, en STS 197/2006, sumándose al clamor social que se originó a raíz del cambio de política antiterrorista llevado a cabo por Aznar, sobre todo, en su segunda legislatura, donde se aprobaron numerosas medidas que sirvieron para acogotar a ETA, realizó una interpretación que sirvió para que aquellos terroristas que fueron condenados bajo la vigencia del Código Penal de 1973, en el que se disponía que, por cada dos días de trabajo, se redimía uno de prisión. Ha de mencionarse que la redención por trabajo, vigente en España desde 1944, se suprimió en el Código Penal de 1995. Esta nueva interpretación del máximo interprete de la legalidad ordinaria, según recordó el Tribunal Constitucional, en su STC 39/2012, decidiendo no resolver sobre la Doctrina Parot, suponía un cambio radical al que se venía aplicando hasta entonces. Ya no se aplicaba sobre el máximo a cumplir, esos 30 años, sino que pasaba a efectuarse sobre cada una de las condenas que tuviera el penado, con lo cual quedaba en prisión hasta esos 30 años.
No obstante, muy a mi pesar, dicha interpretación chirría con el art. 9.3 de la Constitucion, en lo referente a la prohibición de la retroactividad de las normas sancionadoras desfavorables. De hecho el propio legislador era conocedor de la situación, y así en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/2003, se dice: "La Ley reforma el artículo 78 del Código Penal
para que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional en los supuestos de crímenes especialmente graves se refieran siempre a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias."
Y pretendía su aplicación a casos que estaban bajo la vigencia del Código Penal de 1973 a través de su Disposición Transitoria Única: "Lo dispuesto, conforme a esta Ley, en los artículos 90 y 93.2 del Código Penal, respecto a las circunstancias para acceder a la concesión de la libertad condicional, y en el artículo 72.5 y 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria
respecto a la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento
penitenciario, será aplicable a las decisiones que se adopten sobre dichas materias desde su entrada en vigor, con independencia del momento
de comisión de los hechos delictivos o de la fecha de la resolución en virtud de la cual se esté cumpliendo la pena." Esto demuestra que el legislador sabía que, conforme al CP de 1973, no cabía otra interpretación posible. A modo de conclusión, las quejas de los ciudadanos no deberían ir dirigidas hacia los Jueces y Tribunales, y menos cuando cumplen la ley, sino más bien a la clase política por no haber hecho en su momento lo que tenía que hacer, en lugar de jugar a lo políticamente correcto con el tema de la reinserción social de los presos.
HOY SE VA A PRODUCIR UN GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA
Con la jura como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela por parte del Vicepresidente, Nicolás Maduro, el día de hoy se va a consumar un golpe de Estado por el cual alguien que no estaba legitimido constitucionalmente para ostentar la Presidencia de la República va a acabar, y en sentido estricto de la palabra, detentando el cargo. ¿Por qué digo esto porque el Sr. Maduro va a usar fraudulentamente lo que dispone el tercer párrafo o, más bien, el quinto del art. 233 de la Constitución Bolivariana:
Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente.Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar dicho período.
Obviando con ello, lo dispuesto en el segundo párrafo:
Para llevar a cabo este fraude, el Sr. Maduro en lugar de empezar a contar, como debiera, el plazo de esos cuatro años del período constituyente que se aprobara la Constitución mediante referendum el 15 de diciembre de 1999, lo hará contando la aprobación de la primera enmienda el 15 de febrero de 2009. ¿Por qué el Sr. Maduro realiza esta interpretación fraudulenta? Porque el Artículo 229 dice lo siguiente:
Pero claro, si el Presidente de la Asamblea Nacional ostentase la Presidencia de la República, éste sería el candidato oficialista a la reelección, y Maduro se quedaría con dos palmos de narices, a parte de que tendría que dejar el cargo de Vicepresidente para optar al cargo, sino fuera cesado por el legítimo Presidente.
Este es el sistema al que cierto dirigente de IU de Andalucía pretende para España, un sistema idílico en el que se cierran medios de comunicación contrarios a la línea oficial del Gobierno o se expropia utilizando criterios arbitrarios sin contar con un procedimiento legal, ni nada que se le asemeje. Con esa mentalidad es normal que hayan imputado a un diputado de IU por un delito de prevaricación por no hacer caso del funcionario de turno a la hora de realizar contrataciones administrativas, y que tampoco haya dimitido, ni lo han cesado la dirección regional de IU Asturias en base a que no es corrupción política. Luego exigen dimisiones a los demás, como también hablan de perseguir a los defraudadores de impuestos cuando no pagan lo que les corresponde a Hacienda. En fin, lo que hay que ver.
de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.
No sólo la corrupción afecta de
manera negativa la imagen de un país, de una región o de un
municipio, sino el mal funcionamiento de sus Administraciones sin
tener que llegar a los extremos de la comisión de un delito. En
efecto, las personas foráneas que quieren invertir su dinero en un
determinado lugar o, incluso, desee cambiar su residencia, si no
saben con seguridad a qué normas legales acogerse, si tardan en
exceso en concederle los permisos, o no sabe bien qué criterios
tienen, infundiéndoles temor a que puedan perder mucho dinero de
manera innecesaria, les animará, de manera consecuente, a desistir
de sus iniciales pretensiones, además de hacer una publicidad
negativa a sus conciudadanos.
El mal funcionamiento de las
Administraciones Públicas debe erradicarse de manera inmediata, así
evitamos hacer perder tiempo y dinero a los ciudadanos. Por ejemplo,
cuando estaba aprendiendo mi oficio en el despacho de Lugones,
tuvimos la oportunidad de comprobar cómo los funcionarios del
Ayuntamiento de Oviedo no sabían tramitar conforme a la ley un
procedimiento administrativo. Un buen día llegó un Decreto dictado
por el Concejal de Medio Ambiente obligando al cliente a abonar el
coste de limpieza de unos vertidos. Como primera noticia, no está
mal. Eso sí, a los funcionarios de la concejalía se les olvidó dar
siquiera el trámite preceptivo de alegaciones. Esa omisión implica
la nulidad de pleno derecho. Como era obvio se presentó el recurso
potestativo de reposición, al cual no sólo no contestaron sino que
decidieron, de manera inexplicable, incoar expediente sancionador. Y
en este expediente sancionador, que tampoco supieron tramitar,
porque, si lo anterior era un error por defecto, ahora lo cometen por
exceso, dando por duplicado el mismo trámite de alegaciones. En la concejalía de tráfico tampoco
es que andasen mucho mejor. El trámite de audiencia no sabían ni lo
que es. ¿Por qué digo esto? Por la cantidad de sentencias Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, anulando las multas impuestas por
el Ayuntamiento de Oviedo por defecto de forma. Me quedé perplejo al
encontrarme cantidad de Sentencias en las bases de datos anulando
sanciones impuestas por el Ayuntamiento de la capital asturiana. No
olvidemos tampoco qué es lo que sucedió con el affaire
Palacete de Villa Magdalena y su continuación con la empresa
COMAMSA, y lo que ha supuesto para las arcas municipales.
Por desgracia, sobre todo, por lo que
he podido ver recientemente, el Ayuntamiento de Piloña dista mucho
de ser una Administración Pública ejemplar en su funcionamiento.
Echando un vistazo a cualquier expediente administrativo y te
encuentras algún error. Aunque los peores son los que pueden suponer
un coste a las arcas municipales, que huelga decir no pasa
precisamente por su su mejor momento, como así no cesa de repetirlo
la propia Alcaldesa. Como ejemplo de lo que afirmo tenemos que no se
concede debidamente los trámites de audiencia al interesado, cuando
es preceptivo legalmente concederlo, debiendo practicarse antes de
dictar cualquier resolución. Pero si es pero si es omitido o
dispuesto a la vez que notifican una resolución que pone fin a la
vía administrativa, el interesado logrará, como así viene
recogiendo la jurisprudencia, la nulidad de lo actuado. ¿Y quién
paga los platos rotos? Pues, como va a ocurrir en Llanes, como
consecuencia de la nulidad del último Plan General de Ordenación
Urbana, será el contribuyente, que es quien tendrá que soportar la
subida de los impuestos y tasas municipales y/o bajada de la
Con el tema de la subestación de
Esteli, y la polémica que ha surgido, me voy a limitar a hacer unos
breves apuntes. En primer lugar, cuando un interesado pide copia
completa del expediente, se le ha de dar la copia completa del
expediente, salvo que existe motivos para su denegación, para lo
cual el art. 37.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, ordena al órgano competente a dictar
resolución motivada. Y cuando dice la ley que ha de ser motivada
implica que el interesado pueda conocer los motivos reales, aunque
sea de manera sucinta, de la Administración sobre la cual ha dictado
una determinada resolución. El ciudadano no tiene por qué adivinar
las intenciones del funcionario. Posteriormente, con apoyo de un
informe de la Secretaria, la Alcaldía inadmitió el recurso
presentado por Jorge Muntadas, excediéndose en sus funciones. ¿Por
qué afirmo que se ha excedido en sus funciones? Porque ningún
Alcalde puede entrar a resolver el fondo de la cuestión planteada
cuando se trata de un recurso de reposición de una decisión
plenaria, salvo que medie delegación por parte del propio Pleno,
algo que no concurre en este caso. Se tenía que haber limitado a
inadmitir a trámite el recurso bajo los únicos criterios procesales
correspondientes, como lo afirmado en su primer fundamento de
derecho, en el que se aducía que la decisión plenaria recurrida
sólo lo es ante los órganos jurisdiccionales. Con eso habría sido
más que suficiente. Pero no se conformó con eso, sino que incluso
se esgrimió el hecho de que se interpuso antes de la apertura del
plazo de impugnación. Con todo el respeto a la Secretaria del
Ayuntamiento pero esto es un disparate, puesto que la apertura del
plazo de impugnación, como lo es la fecha de notificación de las
resoluciones, sirve para establecer el dies a quo a partir del
cual empieza a contar el plazo señalado por la ley para realizar
alegaciones o interponer recursos. Pasado el último día de ese
plazo, precluye la posibilidad de que se tengan por efectuadas las
alegaciones, así como de recurrir una resolución. Pero nunca jamás
me ha sucedido, y no he tenido conocimiento de otro precedente
similar en cualquier otra Administración o Juzgado. Por algo será
que no se hizo referencia normativa en la resolución.
Por cierto, quisiera aprovechar estas
líneas, para denunciar la actitud que han tenido tanto Laura
Gutiérrez Naredo como José Antonio Cuevas en la reunión que
mantuvieron con Jorge Muntadas y otras dos vecinas, a la que asistí
por petición expresa de mi cliente, por no olvidar de lo sucedido en
la reunión de la Junta Vecinal de San Juan de Berbio. Podría pasar
las pocas ganas que tuvieron de querer llegar a una solución
amistosa con los interesados, dando muestras claras de que les
molestaba mi presencia o acudiendo, como quien dice, en paños
menores, al limitarse a repetir las mismas consignas; pero lo que me
parece más grave es que, cuando se les enseñó sobre el plano que
había viviendas a unos 11 metros del tendido eléctrico (según
afirmó Alejandro Cantora en el Pleno de 29 de noviembre de 2012
ninguna vivienda iba a estar a menos de 125 metros), en lugar de
mostrar interés porque eso supone que se cometieron errores muy
graves, pasó olímpicamente, bajo la premisa de que lo importante es
el desarrollo del concejo a cualquier costa. Pero el Sr. Cuevas no se
quedó ahí, sino que tuvo la osadía de llamar mentiroso a un vecino
que acudió a la reunión de la Junta Vecinal. Y digo bien que fue
osado porque hay que serlo cuando se va a una reunión sin tener ni
idea de lo que se habla, a parte de ser una indecencia en quien
ostenta responsabilidades de gobierno. Por eso, si tuviera algo de
dignidad, habría presentado su dimisión hace ya tiempo. En mi
opinión, personajes como estos, hacen un daño terrible a la
En fin, dando por cerrada la mención a
ciertos miembros del equipo de gobierno, quisiera recalcar que lo que
he venido a denunciar en este escrito, es a los únicos fines de
realizar una crítica constructiva con el fin de mejorar los
servicios que presta el Ayuntamiento. Creo que a nadie, con sentido
común, le debería ofender porque errar es de humanos, y yo soy el
primero que los comete. No me importa reconocerlo, y agradezco las
críticas sinceras que me puedan hacer, porque tengo la ambición de
mejorar día a día. Publicado en la edición de febrero de la publicación mensual de LA CRONICA DE PILOÑA Publicado por
E N T E N C I A Nº 510/12
Oviedo a 21 de diciembre de 2012. Don Francisco Javier Rguez. Santocildes, Magistrado Juez del Juzgado
de lo Penal nº 2 de Oviedo ha pronunciado la siguiente sentencia en
el Juicio Oral nº 337/12 dimanante del procedimiento
abreviado nº 119/12 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Oviedo
seguido por DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL siendo partes: el
Ministerio Fiscal como titular de la acción pública, y como acusado ESTEBAN, representado por la
procuradora Sra. Fernández Carro y defendido por el letrado Sr.
Carrero-Blanco Martínez-Hombre. ANTECEDENTES
PRIMERO.- El Ministerio Fiscal calificó definitivamente los
hechos como constitutivos de un delito contra la seguridad vial del
artículo 379.2 CP siendo autor el acusado, sin circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando las penas
de nueve meses de multa con ocho euros de cuota diaria y
responsabilidad personal subsidiaria según el art. 53 CP y privación
del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante un
año y tres meses, con imposición de costas. SEGUNDO.- La defensa del acusado solicitó la libre absolución
por no ser autor de delito alguno. Subsidiariamente para el caso de
considerarle autor del delito del artículo 379.2 CP procederían las
penas de un año y seis meses de privación del derecho a conducir
vehículos de motor y ciclomotores y multa de seis meses con dos
euros de cuota diaria. HECHOS
PROBADOS Sobre la 1,00 horas del día 12 de julio de 2011 cuando el acusado
conducía el vehículo matrícula 0000-XXX asegurado en Allianz por
la Urbanización Soto de Llanera, a la salida de una curva de
proyección a la derecha invadió el carril contrario y colisionó
frontalmente con el vehículo 1111-YYY propiedad de Estefanía y conducido por Ramón quienes, junto con
los ocupantes del mismo León y Graciano,
han renunciado a las acciones penales reservándose las civiles. El
acusado fue sometido a las pruebas de alcoholemia a las 3,31 horas y
3,48 horas obteniéndose un determinado resultado, no constando que
fuera informado de su derecho al contranálisis. Si bien el acusado
había ingerido bebidas alcohólicas, no consta que por tal motivo
tuviera sus facultades psicofísicas negativamente afectadas. FUNDAMENTOS
DE DERECHO PRIMERO.- Los hechos probados son el resultado de la
valoración en conciencia de las pruebas practicadas en el acto del
juicio oral conforme a lo previsto en el artículo 741 LECrim y deben
dar lugar a un fallo absolutorio por las siguientes razones: 1.- El testimonio del agente de la Guardia Civil cohonestado
con los tiquets del etilómetro obrantes en autos acredita que el
acusado fue sometido a las pruebas de alcoholemia. No obstante, no
consta que fuera informado de su derecho a contrastar los resultados
obtenidos con una analítica de sangre u orina, tal y como se
establece en el artículo 23.3 del Reglamento General de Circulación.
Nada se dice en ese sentido en el atestado extendido con ocasión de
los hechos. Si bien el agente actuante afirma que siempre se
proporciona esa información y que así se hizo en este caso, la
ausencia de toda mención al respecto en el atestado -lo que el
agente justifica en que consideraron que el hecho se tramitaría por
vía administrativa, si bien cuando se le recuerda que ello no empece
a que se brinde dicha información matiza que quizá por olvido no lo
reflejaron- impide asegurar sin género de duda que realmente el
acusado fuera informado al respecto, no pudiendo excluirse que cuando
el agente asegura que sí se ofreció el contranálisis esté en la
creencia de que así se hizo porque es la práctica habitual. Ello
impide tomar como prueba de cargo los resultados de las pruebas de
alcoholemia ya que, como recuerda la STC
3/1990 de 15 de enero, es constante y uniforme doctrina que la
consideración del test alcoholométrico como prueba está supeditada
a que se haya practicado con las garantías formales establecidas al
objeto de preservar el derecho de defensa, especialmente, el
conocimiento del interesado a través de la oportuna
de su derecho a un segundo examen alcoholométrico y a la práctica
médica de un análisis de sangre. 2.-
A todo evento, si se otorgara valor probatorio a los resultados
obtenidos en las pruebas, el margen de error del etilómetro
impediría afirmar que el acusado conducía con una tasa superior a
la que se menciona en el artículo 379.2 CP para definir este delito
contra la seguridad vial, cosa que ha admitido en el plenario el
agente actuante que señala que precisamente por esa razón cursaron
la denuncia que obra a folio 13 para que la conducción con esas
tasas de alcohol se sancionara como una infracción meramente
administrativa. La regulación de los márgenes de error del
etilómetro viene prevista en la Orden Ministerial de 22 de noviembre
de 2006 que distingue según se trate de etilómetros nuevos
que no han sufrido reparación o modificación en el primer año de
servicio o etilómetros que lleven más de un año en servicio y/o
que hayan sido reparados o modificados. Para el primer caso el Anexo
III de la citada Orden Ministerial se remite a la Recomendación
Internacional nº 126 de la Organización Internacional de Metrología
Legal que para concentraciones entre 0,4 y 2,00 miligramos de alcohol
por litro de aire espirado como las aquí obtenidas prevé un margen
de error del 5% del valor de la concentración; y para el segundo
supuesto el Anexo II de la Orden Ministerial prevé que en
concentraciones entre 0,4 y 2,00 miligramos de alcohol por litro de
aire espirado el margen será del 7,5%. Dado que en nuestro caso
consta a folio 10 que el etilómetro había sido revisado por un
periodo de un año que finalizaba el 14 de junio de 2012 pero no se
ofrecen datos que permitan situar el etilómetro en uno u otro
supuesto, habrá que optar por el margen de error más favorable al
acusado, esto es, el 7,5%. Y así las cosas, aplicando ese porcentaje
reductor a las tasas de 0,65 y 0,59 que se obtuvieron en etilómetro
se llega a índices respectivos de 0,60125 y 0,54575 miligramos de
alcohol por litro de aire espirado (resultado de multiplicarlas por
0,925). De manera que la primera de las tasas sólo rebasaría el
límite de 0,60 en una milésima (siendo de tener en cuenta además
que cuando el artículo 379.2 CP alude a la tasa a partir de la cual
el hecho es delito sólo contempla dos decimales) y la segunda se
situaría por debajo de dicho límite, medición ésta segunda que al
ser la menor de las dos que se obtuvieron es en la que debemos
centrar nuestra valoración por exigencias del principio in dubio
pro reo, ya que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.1
del Reglamente General de Circulación la exigencia de que que se
realicen dos pruebas con el etilómetro no es sólo a efectos de
contraste del resultado inicialmente obtenido sino también “para
una mayor garantía”, garantía que se vería obviada si de los dos
resultados que se obtengan se concede plena suficiencia probatoria
para fundar la condena por este delito al más elevado. Ciertamente,
el hecho de que el resultado obtenido en la segunda prueba sea
inferior que el que arrojó la primera podría hacer pensar que en el
momento en que se realizaron el acusado estaba en la tercera y última
fase de proceso de metabolización del alcohol, en la que la curva de
alcoholemia traza una linea descendente hasta su total eliminación,
de modo que hubiera que deducir que cuando conducía el vehículo la
tasa de alcohol había de ser como mínimo la que se detectó en la
primera de las pruebas. No obstante, la diferencia entre uno y otro
resultado es tan corta –seis centésimas- que no es posible
asegurar sin género de duda –menos aún sin el pertinente respaldo
pericial- que en esos momentos el acusado se encontrara en la fase
descendente y no en la fase central o de meseta, no pudiendo
excluirse ante un descenso tan reducido la incidencia de otras
variables o la posible interferencia del aparato medidor. Por ende,
habiéndose practicado las pruebas dos horas y media después de los
hechos, tampoco cabría excluir que encontrándose el acusado en la
fase de meseta cuando se realizaron, en el momento de la conducción
la curva de alcoholemia se encontrara aún en la fase ascendente del
proceso metabolizador, de forma que la tasa de alcohol en el torrente
sanguíneo fuera incluso inferior a la que se obtuvo en la primera
prueba. 3.- Ciertamente, el hecho de que no conste que el acusado
condujera con una tasa superior a la prevista en el artículo 379.2
CP no implica necesariamente que su conducta deba quedar extramuros
de la órbita punitiva, ya que con arreglo a la dicción literal del
precepto el delito ha de entenderse cometido siempre que se conduzca
con las facultades negativamente afectadas por la previa ingesta de
bebidas alcohólicas, aunque no se exceda esa tasa. No obstante,
siendo los síntomas externos que presentara el acusado con ocasión
de la conducción los que mejor nos van a informar sobre si aquejaba
esa negativa afectación provocada por el alcohol, la prueba
practicada en el acto del juicio no permite concluir sin género de
duda -tal y como el derecho penal exige- que en esos momentos el
acusado tuviera síntomas de embriaguez. El agente de la Guardia
Civil deponente en la vista oral declara que cuando ellos se
entrevistaron con el acusado dos horas y media después del accidente
no apreciaron una sintomatología que evidenciara afectación
etílica. Aun cuando el agente añade que las personas que viajaban
en el vehículo contra el que colisionó el acusado manifestaron que
en los momentos subsiguientes al accidente el acusado sí mostraba
síntomas -en el atestado se mencionaba el fuerte olor a alcohol- el
agente es a ese respecto un testigo de referencia ya que no percibió
el dato probatorio de manera directa -no vio al acusado en esos
momentos- sino que nos dice lo que esas personas le habrían
referido. Y no constando causa o razón que impidiera que estas
personas a quienes alude el agente como fuente de la noticia
depusieran en juicio (no es justificación suficiente para ello el
hecho de que puedan encontrarse en el extranjero, dadas las opciones
que para tales supuestos brinda el artículo 229 LOPJ y concordantes
de la LECrim) ha de recordarse la reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional según la cual que la
presunción de inocencia no puede entenderse válidamente desvirtuada
con la apoyatura en testimonios de referencia si pudo oírse a quien
presenció el hecho delictivo o a quien percibió el dato probatorio
directo, debiendo limitarse el recurso al testimonio referencial a
aquellas situaciones excepcionales de imposibilidad real y efectiva
de obtener la declaración del testigo directo o principal, como
sucede cuando el testigo directo ha fallecido o se encuentra en
paradero desconocido habiendo resultado infructuosas las diligencias
practicadas en su citación judicial (STC 261/1994, de 3 de octubre y
del TS de 20 de septiembre de 1996, 10 de febrero de 1997, 16 de
junio de 1999 etc).
4.- Quien sí ha depuesto en el plenario es la persona que
acompañaba al acusado en el vehículo con ocasión del accidente, Sr. Alvarez, que no ha sido interrogado sobre la
sintomatología del acusado pero sí sobre lo que éste había bebido
-dice que dos copas- y, más extensamente, acerca de la forma en que
el acusado ejercía la conducción, señalando el testigo que iba a
velocidad normal -ni muy deprisa ni muy despacio- y que por estar el
suelo mojado derrapó cuando iban tras una furgoneta con cuyos
ocupantes habían tenido un incidente. Cierto es que estas
manifestaciones que efectúa el testigo no se corresponden
exactamente con lo que consta en la declaración que le tomó la
Guardia Civil obrante en el atestado, folio 8, donde habló de que el
acusado había tomado “cuatro cacharros” y que circulaba
“rápido”. No obstante, como recuerda entre otras la STS 4 de
abril de 2012 con cita de precedentes de la propia Sala 2ª y del TC,
cuando se aprecian contradicciones entre lo que el testigo declare en
el plenario y lo que anteriormente hubiera manifestado en las
actuaciones, el artículo 714 LECrim sólo faculta para rescatar las
declaraciones previas al juicio que se hayan prestado en sede
judicial, no las ofrecidas ante los funcionarios de policía que en
principio no tienen más valor que el de una denuncia (art. 297
LECrim). No podemos por tanto basar un fallo condenatorio acudiendo a
esas declaraciones efectuadas por el Sr. Álvarez ante la Guardia
Civil, ya que no han sido ratificadas a presencia judicial. Y en
cualquier caso, aun si obviando esa hermenéutica jurisprudencial
diéramos entrada en la formación de la convicción judicial a la
declaración del Sr. Álvarez prestada ante los agentes, en lo que
respecta a la cantidad de alcohol ingerido por el acusado seguiríamos
sin saber a ciencia cierta si por las horas a las que tomara esas
cuatro copas -lo que no se precisa en dicha declaración- y la
cantidad de alcohol que incorporaran determinaban inexcusablemente
una negativa afectación con ocasión de la conducción del vehículo.
Y en cuanto al dato de que el acusado circulaba “rápido” -en
lugar de atemperar la velocidad no sólo a la que venía fijada en la
señalización existente sino al hecho de que, según alegó el
propio acusado en el Juzgado, el suelo se encontrara mojado por
efecto de la lluvia- sería insuficiente para concluir que tenía sus
facultades negativamente afectadas pues, si bien cuando
comportamiento incorrecto al volante se adicionan unas tasas de
alcohol cuantitativamente importantes o una
sintomatología expresiva de afectación etílica la conducción
anómala vendrá a corroborar la embriaguez que estos otros elementos
probatorios acreditarán, cuando como es el caso no se ha probado
válidamente la tasa de alcohol que presentara el acusado ni que
ofreciera síntomas que evidenciaran dicha afectación, cabrán otras
explicaciones para esa manera de conducir ya que, al igual que
existen conductores que no habiendo bebido una sola gota protagonizan
accidentes como este (invasión del carril contrario porque no
adecuan la velocidad al estado de la calzada) es perfectamente
posible que un sujeto que sí bebió incurra en esta misma
desatención pese a que no se encuentre afectado.
5.- Para concluir es evidente que, ante las importantes
carencias probatorias que concurren en el caso presente, el dato de
que el acusado se ausentara del lugar de los hechos cuando supo que
se iba a personar la Fuerza actuante no puede servir para, despejando
las dudas que se han dejado expresadas, concluir que se encontraba
bajo los efectos del alcohol pues, con independencia de la mayor o
menor fiabilidad que pueda merecer la excusa que dio el acusado para
escapar y que ha reiterado el Sr. Álvarez en el plenario (refiere que
los ocupantes del vehículo contrario adoptaron una actitud
amenazante con el acusado), cabría perfectamente que el acusado
huyera porque, sabedor de que había bebido, temiera que si era
sometido a las pruebas pudiera arrojar un resultado positivo superior
al límite reglamentariamente permitido -0,25 miligramos de alcohole
por litro de aire espirado- con la consiguiente multa administrativa,
pero no porque el alcohol que hubiera ingerido estuviera incidiendo
negativamente en sus facultades, que es lo que se tiene que probar
aquí. SEGUNDO.- En atención a todo lo expuesto procede concluir en
el anunciado fallo absolutorio, con declaración de oficio de las
costas (art. 240.2 párrafo 2º LECrim) debiendo comunicarse la
sentencia a la Jefatura Provincial de Tráfico a los efectos
administrativos que sea menester.
Que debo absolver y ABSUELVO al acusado ESTEBAN de cuantos cargos se han dirigido contra él en méritos
de esta causa con declaración de oficio de las costas procesales. Firme que sea la presente, remítase un testimonio a la Jefatura
Provincial de Tráfico a los efectos administrativos que sea
esta resolución a las partes, llévese el original al libro de
sentencias y testimonio a las actuaciones. Notifíquese
asimismo a Estefanía, Ramón, León y Graciano, no personados como parte
procesal, a los solos efectos de que tomen conocimiento de la misma.
Remítaseles copia por correo con acuse de recibo. Así
por esta mi Sentencia que no es firme y contra la que las partes
personadas podrán interponer recurso de apelación en este Juzgado
para ante la Audiencia Provincial en el plazo de diez días a contar
desde el siguiente al de su última notificación, definitivamente
juzgando en la instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Propiedad Horizontal: Reclamación de cuotas a un copropietario
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PILOÑA DE 25 D...
SOBRE EL AUTO DE IMPUTACION DE LA INFANTA CRISTINA...

References: resolución 
 artículo 78
 artículo 72
 resolución 
 Artículo 229
 resolución 

resolución 

artículo 379
 artículo 379
 artículo 741
 artículo 23
 artículo 379
 artículo 379
in dubio
 artículo 23
 artículo 379
 artículo 229
 artículo 714
 resolución