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Timestamp: 2017-07-23 13:36:03+00:00

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El veto del Ejecutivo Uruguayo a la despenalización del Aborto: deconstruyendo sus fundamentos by MYSU Publicaciones - issuu
Aportes al debate en salud,
Época 1, Nº 1, 2010EL VETO DEL
EJECUTIVO URUGUAYO
DEL ABORTO:
SUS FUNDAMENTOSApoya:Analía Banfi Vique - Oscar A. Cabrera
Fanny Gómez Lugo - Martín Hevia
123Esta publicación ha sido realizada por MYSU
Salto 1267, Montevideo Uruguay
Tel: (5982) 410 3981, 410 4619
Con el apoyo de International Women
Health Coalition (IWHC)
Corrección, Laura Piedra Buena
Diseño, Jorge Martínez
Impreso en Taller Gráfico Ltda. 400 58 86
Deposito Legal: 352565 04/2010
Se terminó de imprimir en abril de 2010
Montevideo - Uruguayc 2010 MYSULos análisis y afirmaciones contenidas en los artículos de Cuadernos de
Aportes al debate, son responsabilidad de cada uno de sus autores y no
necesariamente reflejan la opinión de MYSU -Mujer y Salud en Uruguay.
La reproducción de la totalidad o parte del contenido de los artículos de
los Cuadernos Aportes para el debate en salud, ciudadanía y derechos,
sólo es posible si se cita debidamente la fuente.4Cuadernos
Aportes al debate en salud, ciudadanía y derechosELVETO DELEJECUTIVOURUGUAYOA LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO:
DECONSTRUYENDO SUS FUNDAMENTOSAnalía Banfi Vique - Oscar A. Cabrera
Fanny Gómez Lugo - Martín Hevia56ÍNDICE
Presentación.................................................................................................... 9I. Introducción .................................................................................................... 13
II. Enfoque Fáctico ............................................................................................... 16
II.1 Despenalización del Aborto y Estadísticas ................................................. 16
II.2 Aborto Inseguro, Morbi-Mortalidad Materna y Pobreza ............................. 17
III. Enfoque Jurídico: Apego de la Despenalización del Aborto
a Normas de Derecho Interno y de Derecho Internacional .............................. 19
III.1 El Veto a la Luz del Derecho Uruguayo .................................................... 19
III.1.1 Antecedentes .................................................................................... 19
III.1.2 Ordenamiento constitucional uruguayo y jurisprudencia .................. 20
III.1.3 La libertad de empresa y de asociación ............................................. 23
III.2 El Derecho Internacional y la Despenalización del Aborto ........................ 24
III.2.1 La Convención Americana sobre Derechos Humanos ....................... 24
a. Caso Baby Boy versus Estados Unidos ................................................ 25
b. Doctrina más representativa ............................................................... 27
III.2.2 La Convención sobre los Derechos de la Niñez ................................ 28
III.2.3 La Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y otros tratados relevantes ................. 29
IV. Enfoque de Género: los Derechos Humanos y la Autonomía Reproductiva ..... 31
IV.1 Los Derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos ............. 31
IV.2 Discriminación contra las Mujeres por la Función Reproductiva .............. 34
IV.3 La vida privada, la autonomía del cuerpo y el embarazo forzado ............. 37
V. Enfoque Médico-Legal ..................................................................................... 39
V.1 El Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo (Ordenanza 369-04) ........ 39
V.2 La Objeción de Conciencia ...................................................................... 41
V.3 El Aborto como Acto Médico, las Declaraciones de la Asociación
Médica Mundial y la Medicina Hipocrática ............................................... 43
VI. Conclusiones ................................................................................................. 44
Notas al texto .................................................................................................... 47
VII. Bibliografía ................................................................................................... 63
Veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Defensa del derecho
a la salud sexual y reproductiva, 14 de noviembre de 2008. .................. 6978PRESENTACIÓN
Con este número, MYSU inaugura el ciclo «Cuadernos de aportes al debate
sobre salud, ciudadanía y derechos». Este esfuerzo editorial es posible gracias
al apoyo de International Women´s Health Coalition (IWHC) que con su
compromiso y vocación internacionalista, contribuye a los diversos procesos
que impulsan organizaciones de mujeres en distintos lugares del planeta para
avanzar en el reconocimiento y respeto de las mujeres como ciudadanas plenas.
Estos Cuadernos se enmarcan en la misión institucional de MYSU -Mujer y
Salud en Uruguay- y en su visión feminista de promover y defender la salud y
los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de equidad de
género y generaciones.
Tienen el cometido de contribuir al tratamiento público de temas de interés
colectivo, con rigor teórico-técnico y recogiendo distintas dimensiones y
abordajes sobre los asuntos específicos que estén o deban estar en el debate
La agenda de salud, ciudadanía y derechos es una agenda amplia que incluye
tópicos vinculados a la salud sexual y reproductiva en sus diversos componentes (violencia de género, sexual, infertilidad, maternidad y paternidad elegida, infecciones de transmisión sexual, VIH-sida, anticoncepción, entre otros).
Implica a su vez, el abordaje desde sus diversas dimensiones (socio-culturales, biomédicas, subjetivas, políticas, económicas, éticas y jurídicas). Incluye
asuntos vinculados al sistema nacional de salud en la accesibilidad, integralidad
y calidad de sus prestaciones. Incorpora tópicos vinculados a los marcos
regulatorios para la garantización de derechos y a los asuntos relacionados
con la participación ciudadana en el ejercicio y exigibilidad de los mismos.
El artículo sobre «El veto del ejecutivo uruguayo a la despenalización del
aborto: deconstruyendo sus fundamentos» con el que iniciamos la serie de
Cuadernos, está destinado a analizar los fundamentos esgrimidos en el documento que sustentó el veto del Poder Ejecutivo a los capítulos 2, 3 y 4 del
proyecto de ley aprobado por el Parlamento Nacional sobre la defensa del
derecho a la salud sexual y reproductiva, en noviembre de 2008. Sus autores
Analía Banfi Vique, Oscar A. Cabrera, Fanny Gómez Lugo y Martín Hevia, a
la luz de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, nos ofre-9cen un material solidamente elaborado que constituye un valioso aporte al
debate actual sobre la despenalización/legalización de la práctica del aborto.
Este año 2010, con el inicio de un nuevo periodo legislativo, se retoma la
discusión para dirimir un marco legal que efectivamente garantice el derecho
a decidir de las mujeres (y sus parejas) frente a un embarazo no esperado – no
deseado generando así las condiciones de acceso a un aborto seguro en el
marco del sistema nacional de salud.
Como organización de la sociedad civil, implicada históricamente en la defensa de los derechos de las mujeres y particularmente en el respeto a su
autonomía en la toma de decisiones, MYSU entiende que tiene la responsabilidad de aportar a un debate social y político calificado que se sustente en los
mejores insumos y evidencias generadas en los últimos 25 años de tratamiento de este tema.
Esperamos que este nuevo esfuerzo institucional sea de utilidad para distintos
sectores y actores de la sociedad uruguaya con responsabilidad en la búsqueda de una resolución integral a esta problemática. El sistema político mantiene una deuda con las mujeres y su calidad de vida que deberá ser saldada sin
mayores dilaciones. El costo de la postergación continúa recayendo sobre las
mujeres concretas que transitan por la inseguridad del sistema clandestino
para resolver lo que debería estar protegido por el Estado uruguayo.Lilián Abracinskas – Alejandra López Gómez
MYSU1011Analía Banfi Vique: Abogada y Licenciada en Relaciones Internacionales
(Universidad de la República, Montevideo); Maestría en Derechos Humanos y
Derecho Humanitario (Université de Paris II, Pantheón – Assas, París). Se desempeñó
como coredactora del Reporte sobre la Justicia en las Américas 2006-2007 publicado
por el CEJA (OEA) y colaboró en la elaboración del proyecto de Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO.
Fue pasante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente se
desempeña como Especialista en Derechos Humanos de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. analiabanfiv@gmail.com
-Este artículo refleja únicamente la opinión de su coautora y no la de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos o de la Organización de los Estados
Oscar A. Cabrera: Abogado (Universidad Católica Andrés Bello, Caracas,
Venezuela), LL.M. (CIHR-Canadian Institutes of Health Research Health Law and
Policy Fellowship, University of Toronto, Canadá).
Se desempeñó como Research Associate, CIHR - Institute of Health Services and
Policy Research (IHSPR) en Toronto y como abogado en el Escritorio Jurídico
d’Empaire, Reyna, Bermúdez Abogados en Caracas, Venezuela.
Actualmente se desempeña como Deputy Director (subdirector), O’Neill Institute for
National and Global Health Law. Georgetown University Law Center, Washington
DC, Estados Unidos. oac3@law.gergetown.edu
Fanny Gómez Lugo: Abogada (Universidad Católica Andrés Bello, Caracas); LL.M.
(McGill University, Canadá); Diploma de Postítulo «Derechos Humanos y Mujeres:
Teoría y Práctica» (Universidad de Chile); Women’s Law and Public Policy Fellow
WLPPFP (2009-2010), Georgetown University
Se desempeñó como consultora externa para Human Rights Watch y colaboró con
Canadian HIV/AIDS Legal Network en la redacción de leyes-modelo sobre violencia
y discriminación contra las mujeres. Fue becaria y consultora para la Relatoría de
Derechos de las Mujeres de la CIDH. Actualmente se desempeña como Especialista
en Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
fanny.gomez@gmail.com
- Este artículo refleja únicamente la opinión de su coautora y no la de la Comisión
Martín Hevia: Abogado (Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina);
SJD (University of Toronto, Canadá) y Fellow, International Reproductive and Sexual
Health Law Program (University of Toronto, Canadá); Comparative Law and Political
Economy Fellow, Osgoode Hall Law School, York University (2008).
Se desempeñó como codirector del Journal of Law & Equality (2004-2006) y primer
director de la Revista Argentina de Teoría Jurídica (1999-2000).
Obtuvo el premio Alan Marlks medal a la mejor tesis de posgrado de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Toronto (2007) y el Gordon Cressy Leadership Award
2007 de la Universidad de Toronto por contribuciones a la vida académica
extracurricular. Actualmente es Director de la Carrera de Abogacía de la Escuela de
Derecho y Profesor Asistente en la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires,
Argentina. mhevia@utdt.edu
12El Ejecutivo uruguayo y la
deconstruyendo el veto
Analía Banfi Vique, Oscar A. Cabrera,
Fanny Gómez Lugo y Martín Hevia.Yo soy católico [...] pero también soy presidente de una República cuyo
Estado es laico. No tengo por qué imponer mis convicciones personales a
mis conciudadanos, sino que debo procurar que la ley responda al estado
real de la sociedad francesa, para que sea respetada y pueda ser aplicada.
Comprendo perfectamente el punto de vista de la Iglesia Católica y como
cristiano lo comparto. Juzgo legítimo que la iglesia pida a los que practican
su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no corresponde a la ley civil
imponerlas, con sanciones penales, al conjunto del cuerpo social. Como
católico estoy en contra del aborto, como presidente de los franceses
considero necesaria su despenalización.
Presidente de Francia, 1974 – 19811I. INTRODUCCIÓN
Antes del veto a los capítulos de la Ley de Defensa del Derecho a la Salud
Sexual y Reproductiva («Ley de Salud Sexual y Reproductiva»)2 en los términos
en los que había sido aprobaba por el Parlamento, Uruguay se perfilaba
como uno de los países pioneros en América Latina en la lucha por la igualdad
de género en materia de salud sexual y reproductiva. Uruguay, pensábamos,
iba a atreverse a reconocer lo que la mayoría de nuestros países en América
Latina se esfuerzan por ocultar: que existe un nexo de causalidad directa
entre la prohibición estatal del aborto y la ocurrencia de miles de muertes de
mujeres (por demás prevenibles) en las clases socioeconómicas más bajas. El
Estado uruguayo tenía la valiosa oportunidad de ser nuevamente un ejemplo
a seguir en materia de políticas públicas en salud, tal como lo es en aquellas
referentes al control del tabaco; sin embargo, el ex presidente Tabaré Vázquez
optó por continuar defendiendo la supuesta eficacia de la legislación penal
13para abordar un problema que existe y continuará existiendo a pesar de su
Este trabajo tiene como objetivo principal demostrar que los argumentos
utilizados en el veto emitido por el ex presidente de la República no tienen
sustento fáctico ni jurídico. Entre los argumentos mencionados en el veto,
dos de ellos se relacionan con la «vida humana en su etapa de gestación» y la
idiosincrasia del pueblo uruguayo. No consideramos que estos argumentos
sean centrales para nuestro análisis, motivo por el cual los abordaremos en
forma preliminar y separada en este capítulo introductorio.
En primer lugar, y en relación con el argumento de que «la legislación no
puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa
de gestación», es importante destacar que la prohibición legal del aborto y
su consecuencia directa –la muerte de miles de mujeres, en particular aquéllas
que se encuentran en condiciones socioeconómicas más deplorables– no
son temas de carácter biológico o religioso sino de índole social. Desde este
enfoque, la discusión trasciende posturas ideológicas o religiosas y se torna
en una problemática social y de políticas públicas que requiere la atención
inmediata de los Estados. Vale recordar una postura acuñada por la doctrina:Desde un punto de vista ideológico, la gente puede discutir
cuándo comienza la vida. La vida es un continuo y solamente
puede comenzar desde la vida misma, es decir, a partir de
gametos y otras células vivas. Depende dónde se traza la
línea y el propósito con el que se propone la línea. Existen
argumentos similares sobre el comienzo de la persona
humana, la identidad humana, la singularidad genética y la
individualidad3.
De esta manera se justifica falsamente la prohibición del aborto con la defensa
máxima de la sacralidad de la vida. Se tiene entonces que:el derecho opera como un mecanismo que alivia la
conciencia de algunos bajo la premisa de que se protege la
vida del que está por nacer. Esto es lo que Zaffaroni
denomina «la muerte anunciada»: ineficacia del sistema para
prevenir los abortos, normalización a través de la tipificación
mientras deja al descubierto y sin protección a las mujeres
que se mueren por la práctica del aborto ilegal en
condiciones de riesgo4.14En segundo lugar, el veto invoca los valores de la sociedad uruguaya al
sostener que «de acuerdo con la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más
adecuado buscar una solución basada en la solidaridad, que permita
promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder
optar por otras vías, y de esta forma, salvar a las dos». Curiosamente, en
contra de lo que sostiene el ex presidente, las encuestas realizadas al tiempo
en que la discusión legislativa tenía lugar muestran que la mayoría de los/as
uruguayos/as favorecían la despenalización del aborto5.
Por otro lado, inclusive en el caso que la mayoría del pueblo uruguayo
estuviera en contra de la despenalización del aborto, la Constitución no le
da facultades al presidente para «oficializar» su opinión acerca de cuáles son
los rasgos característicos de los/as uruguayos/as. La apelación a la
«idiosincrasia» de los/as uruguayos/as es problemática: las constituciones
liberales como la de Uruguay no deben necesariamente defender los valores
prevalecientes. Si las constituciones liberales meramente protegieran los
valores prevalecientes o la «idiosincrasia» de los pueblos, frustrarían un
aspecto importante del objetivo de la existencia de las mismas: la protección
de los sectores de la población que más probabilidades tienen de ser
oprimidos, dada su histórica discriminación. Tal objetivo es la razón por la
que las constituciones liberales consagran derechos individuales6.
Como último punto previo, indicamos que en el desarrollo del presente
trabajo haremos referencia al ex presidente Vázquez como autor del veto.
Sin embargo, es necesario aclarar que la Constitución no otorga la facultad
de vetar proyectos de ley al presidente de la República sino al Poder Ejecutivo,
órgano que abarca a la Presidencia de la República pero que no se limita a
ella7. Es por este motivo que la voluntad del presidente de la República debe
ir acompañada de la voluntad de por lo menos un/a de sus Ministro/as 8. En el
caso objeto de estudio, el veto fue firmado por el entonces presidente de la
República y la Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz. No obstante,
consideramos que los argumentos planteados en el veto reflejan las opiniones
vertidas públicamente por el ex presidente en reiteradas oportunidades,
motivo por el cual, para los efectos del presente análisis, nos referiremos al
ex presidente Vázquez como autor del veto.
Las cuatro secciones principales en las que está dividido este trabajo se
corresponden con la crítica a los argumentos planteados en el veto desde un
punto de vista fáctico, jurídico, de género y médico-legal. Como eje principal,
el artículo plantea que, como consecuencia del veto y la aprobación de la
ley en los términos actuales, el Estado uruguayo está violando sus obligaciones
internacionales asumidas de respetar y garantizar los derechos humanos de
15las mujeres, en particular la no discriminación en el acceso a servicios de
salud.II. Enfoque Fáctico
II.1 Despenalización del Aborto y Estadísticas
El veto señala que «en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos
han aumentado». Es cierto que, en general, una vez legalizado el aborto, el
número de abortos reflejados en cifras estadísticas aumenta. Esto se debe a
que mientras existen prohibiciones legales (barreras de derecho para el acceso
a abortos) la mayoría de los abortos son realizados clandestinamente, y por
ende, no se ven reflejados en los indicadores estadísticos. Es decir, mientras
existen prohibiciones legales es imposible tener indicadores estadísticos que
reflejen, con certeza, el número de abortos realizados, ya que muchos de
éstos son realizados de forma clandestina. Una vez que se legaliza el aborto
y se desarrollan políticas públicas que garantizan el acceso a estos servicios
médicos, el número de abortos realizados se refleja en los indicadores
estadísticos, lo cual necesariamente genera un aumento en la incidencia de
abortos reportados. Sin embargo, en 1988 un estudio realizado por el Instituto
Max-Planck en Alemania concluyó que «una situación legal permisiva [con
respecto al aborto] no va necesariamente de la mano con una frecuencia de
abortos por encima del promedio». El estudio agrega que «en Holanda, que
tiene [en 1988] las leyes de aborto más liberales de todos [los países europeos],
también tiene una de las tasas más bajas de aborto en Europa»9.
Seguidamente, el veto señala que «en los Estados Unidos en los primeros
diez años [el número de abortos] se triplicó, y la cifra se mantiene: la
costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España». La mayoría de los estudios
realizados han concluido que ciertamente el número de abortos realizados
en Estados Unidos después de la legalización del aborto (1973) 10 ha
aumentado. Las estadísticas reflejan que para 1973, en Estados Unidos se
realizaban 16,3 abortos anuales cada 1.000 mujeres del grupo de edades
comprendidas entre 15 y 44 años de edad y que para 1981 (el punto más
alto de la incidencia de abortos) se llegaron a reportar 29,3 abortos anuales
por cada 1.000 mujeres11; lo cual no llega a reflejar siquiera una duplicación
en el número de abortos. Muchos de estos estudios indican, tal y como fue
analizado en el párrafo anterior, que dicho aumento se debe en parte «a un
cambio de abortos ilegales no reportados a abortos legales reportados»12.
Asimismo, las estadísticas indican que el aumento de abortos en Estados
Unidos en las décadas de los setenta y ochenta no se mantiene, sino que más
16bien, se ha producido una disminución significativa. A partir de 1985, Estados
Unidos experimenta una evidente y constante disminución en el número de
abortos realizados: para el año 2005 la cifra se ubicaba en 19,4 abortos por
cada 1.000 mujeres13.
Por otro lado, consideramos de vital importancia recordar que el efecto
punitivo de la ley en relación con la práctica del aborto no es efectivo. Al
respecto, ha señalado la doctrina:La experiencia demuestra consistentemente que la aplicación
estricta de las leyes restrictivas no es efectiva y casi siempre
es disfuncional porque fuerza a las mujeres, que de manera
irrespetuosa son definidas como delincuentes, a realizar
prácticas aún menos seguras. Está ampliamente demostrado
que las leyes restrictivas frente al aborto no reducen el número
de abortos pero sí reducen su seguridad, y, en cambio, pueden
incluso aumentarlos porque niegan el acceso de las mujeres
a servicios de consejería que podrían ofrecerles alternativas
aceptables al aborto y reducir los abortos sucesivos14.
Las aseveraciones en cuanto al aumento de número de abortos realizados
utilizadas en el veto no tienen respaldo fáctico. Consideramos que dichas
apelaciones generales a falsas estadísticas fueron utilizadas como un
argumento político para desvirtuar las verdaderas motivaciones que existieron
para vetar la ley.II.2 ABORTO INSEGURO, MORBI-MORTALIDAD MATERNA Y POBREZA
El veto sostiene que «Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en
nuestro país y que surgen de nuestra realidad socioeconómica. Existe un
gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados,
que soportan la carga del hogar solas. Para ello, hay que rodear a la mujer
desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle
el aborto».
En términos generales, estamos de acuerdo con la primera parte de esta
afirmación: es necesario crear las condiciones para que todas y cada una de
las mujeres uruguayas puedan ejercer a cabalidad la totalidad de sus derechos.
Es una obligación fundamental del Estado uruguayo garantizar que existan
las condiciones para que las mujeres puedan alcanzar el estándar más alto
de vida y de salud posible. En cambio, diferimos en que rodear a «la mujer
desamparada de indispensable protección solidaria» y facilitar el aborto en
condiciones seguras sean mutuamente excluyentes.
17A nivel internacional, y especialmente en los países en desarrollo, se ha
entendido que la realización de abortos inseguros15 es una problemática que
cae en la esfera de la salud pública; y en este sentido, lograr una solución
efectiva pasa necesariamente por abordarla desde dicha perspectiva16.
La mortalidad materna derivada de la práctica de abortos en condiciones
inseguras ha sido atribuida por organismos internacionales como la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en parte, a la renuencia de las
mujeres de acudir a los servidores de salud pública por miedo a ser víctimas
de acciones o juicios penales, dada la existencia de leyes restrictivas de aborto
a nivel mundial17. En Uruguay, la correlación entre mortalidad materna y
abortos inseguros es impactante. La organización Mujer y Salud reporta que
en Uruguay el aborto inseguro es la primera causa de mortalidad materna, a
diferencia de la mayoría de los países del mundo, en los cuales el aborto
inseguro pasa a ser la segunda o tercera causa de mortalidad materna18. Esto
ha sido reconocido por el Comité de Naciones Unidas que monitorea la
aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, el cual en el año 2008 expresó su
preocupación por la elevada incidencia de la mortalidad materna en Uruguay
«fundamentalmente debido a la práctica de abortos en condiciones de
riesgo»19.
Por otro lado, un estudio citado por la OMS determinó que cuando el aborto
es inducido por personas calificadas para ello, mediante la utilización de
técnicas correctas y en condiciones salubres, es un procedimiento que en
Estados Unidos es tan seguro como una inyección de penicilina, al tener una
tasa de mortalidad por aborto inducido sumamente baja (0,6 por cada 100.000
procedimientos)20.
Respecto de la morbilidad materna asociada al aborto realizado en
condiciones inseguras y si bien la información disponible respecto de su
incidencia en Uruguay es escasa, la OMS en un estudio realizado en 1998
determinó que a nivel mundial una de cada cinco mujeres que procuran un
aborto en condiciones de riesgo sufren de una infección en su órgano
reproductivo que puede conllevar a una afectación permanente a la salud e
integridad de la mujer, como por ejemplo, la infertilidad21.
Por otro lado, así como la prohibición legal del aborto –o las barreras de
hecho al acceso en los casos de aborto permitido por ley– no afecta a hombres
y mujeres por igual; tampoco afecta a todas las mujeres de la misma manera.
Las mujeres pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos o
pertenecientes a grupos tradicionalmente excluidos son las más afectadas
18por esta prohibición, y por ende, son quienes en su gran mayoría mueren o
sufren afectaciones irreversibles a su salud o integridad física como
consecuencia de la realización de abortos clandestinos en condiciones
En este sentido, el aborto es un problema social que afecta
desproporcionadamente a la mitad de la población. Un análisis desde la
perspectiva de salud pública y de derechos humanos, requiere que el Estado
considere la alta incidencia de muertes y enfermedades por abortos inseguros
que ocurren mayoritariamente en los sectores socioeconómicos más bajos
de la sociedad uruguaya.III. Enfoque Jurídico: Apego de la Despenalización del Aborto a
Normas de Derecho Interno y de Derecho Internacional
El veto se fundamenta, entre otras, en «razones de constitucionalidad»
basándose en una supuesta incompatibilidad de la mencionada ley con el
orden constitucional uruguayo y con tratados internacionales ratificados por
Uruguay. A continuación demostraremos que la despenalización del aborto
en Uruguay no contraría el ordenamiento jurídico interno o el derecho
internacional.III.1 El Veto a la Luz del Derecho Uruguayo
Uruguay fue uno de los países pioneros a nivel mundial en consagrar la
despenalización total del aborto en 193422, esto es, sin expresión de causa y
durante todo el tiempo desde la concepción23. El jurista encargado de redactar
el Código Penal, José Irureta Goyena, conocido por su conservadurismo y su
oposición a las reformas sociales impulsadas por el batllismo, consideró no
obstante que la despenalización del aborto era la opción más adecuada ya
que «[l]a consecuencia invariable de la represión efectiva del aborto, sería
que el aborto tendería a hacerse cada vez más misterioso, más reservado
más empírico y, por consiguiente, más peligroso para la mujer»24.
Sin embargo, la polémica generada a raíz de la liberalización total del aborto,
principalmente entre los legisladores católicos y los sectores más
conservadores de la sociedad25, llevó a la aprobación de la ley 9763 el 28 de
enero de 1938, la cual modificó el Código Penal, dándole su redacción
actual26.19El artículo 325 del Código Penal condena a la mujer que causare su aborto o
lo consintiera a la pena de tres a nueve meses de prisión. A su vez, el artículo
328 exime de pena, cuando el aborto sea realizado para eliminar el fruto de
una violación o por causas graves de salud. Por otra parte, queda a discreción
del juez eximir de pena cuando el aborto haya sido practicado para salvar el
propio honor, el de la esposa o de un pariente próximo o por razones de
angustia económica. Para que se aplique la eximente de pena se exige que
el aborto sea realizado: (a) por un médico; (b) con el consentimiento de la
mujer; y (c) dentro de los tres primeros meses desde la concepción27.
En 1985, a tan sólo tres meses del inicio del primer gobierno democrático
luego de la dictadura cívico-militar, fue presentado el primer proyecto de
ley para despenalizar el aborto. Se da así comienzo a una serie de iniciativas
legislativas tendientes a despenalizar la práctica del aborto, ciclo que culmina
con la aprobación por la Cámara de Senadores de la ley de Defensa del
Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva el 11 de noviembre de 2008,
cuyo capítulo II regulaba la interrupción voluntaria del embarazo.III.1.2 Ordenamiento Constitucional Uruguayo y Jurisprudencia
El veto señala que la ley «afecta el orden constitucional (artículos 7, 8, 36,
40, 41, 42, 44, 72 y 332)». Así, el veto se limita a enumerar los artículos de
la Constitución que consagran los derechos a la vida, a la igualdad, al trabajo,
a la familia, a la educación, a la protección de la maternidad y a la salud; sin
explicar de qué forma la despenalización del aborto vulneraría tales derechos.
Para desvirtuar este argumento, basta apelar a la consagración constitucional
de estos derechos en un país en el cual el aborto es legal. Por ejemplo, el
artículo 31.2 de la Constitución italiana establece expresamente la protección
de la maternidad, siendo legal el aborto en Italia desde 1978.
Por otra parte, el ex presidente Vázquez pareciera querer utilizar el veto
como una herramienta de control de constitucionalidad. Al respecto, cabe
destacar que el único órgano competente para pronunciarse sobre la
constitucionalidad de una ley es la Suprema Corte de Justicia28.
Entre los artículos de la Constitución de la República que el ex Presidente
consideraba afectados, se encuentra el artículo 72 el cual establece que: «[l]a
enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no
excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan
de la forma republicana de gobierno». Esta disposición, cuyo objetivo es
asegurar que ningún derecho quede fuera del orden constitucional, sigue el
modelo de Estados Unidos29 y Argentina30.20Ahora bien, ¿cuáles son los derechos a los que hace referencia el artículo
72? Como señala el constitucionalista uruguayo Martín J. Risso Ferrand, el
argumento más fuerte para demostrar que un derecho es inherente a la
personalidad humana es su inclusión en tratados internacionales de derechos
humanos. Al respecto, indica que «cuando nos encontramos con un derecho
fundamental reconocido como tal en instrumentos internacionales referidos
a derechos humanos ratificados por la República, [su carácter de inherencia]
deriva directamente del hecho de estar reconocido por el ordenamiento
jurídico internacional como un derecho fundamental» 31.
En tal sentido, el derecho a la autonomía reproductiva, consagrado en la
contra la Mujer, instrumento ratificado por el Estado uruguayo en 1981,
debe considerarse incluido en el ordenamiento constitucional uruguayo a
través del artículo 72 de la Constitución. Por lo tanto, los capítulos vetados
no solamente no violan la mencionada disposición constitucional sino que,
por el contrario, dan cumplimiento a una obligación internacional asumida
por el Estado uruguayo y protegen un derecho inherente a la personalidad
En relación con la consideración del aborto como un delito en los términos
actuales, la escasa jurisprudencia existente no permite analizar cuál ha sido
la práctica de los tribunales nacionales al aplicar las atenuantes y eximentes
de pena previstas en la ley. Respecto a esto último, un grupo multidisciplinario
de profesionales uruguayos/as estudiosos/as del tema afirma que «la
ambigüedad para habilitar las eximentes de pena, hicieron a la ley
inimplementable»32. Por su parte, el ex presidente de la Suprema Corte de
Justicia, Gervasio Guillot, ha manifestado que no conoció de ningún
procedimiento por aborto sino iba acompañado de lesiones graves o muerte,
agregando que «el aborto se practica «lícitamente» a vista y paciencia de
todo el mundo, […] el aborto simple, sin complicaciones, no lo denuncia
nadie»33.
En el ámbito del derecho comparado podemos ver cómo, en ordenamientos
jurídicos donde el aborto está penalizado, son los tribunales quienes,
utilizando diversos razonamientos, deciden no aplicar las penas. En tal
sentido, por ejemplo, antes de la despenalización del aborto en Francia, un
juez optó por no condenar un aborto por considerar que la penalización del
aborto estaba derogada por la costumbre34. En un juicio penal realizado en
Bélgica cuando el aborto estaba penalizado, el juez de primera instancia
condenó por el delito de aborto a las mujeres que lo practicaron y a los21médicos que lo llevaron a cabo. Sin embargo, el 30 de junio de 1983 la
Corte de Apelaciones de Bruselas sobreseyó a las y los condenados por
considerar que el largo debate en torno a la ley de aborto (diez años al
momento de los hechos) y la consecuente inexistencia de condenas por dicho
delito, habría llevado a las personas imputadas a creer que la ley de aborto
había caducado35.
Refiriéndose a la mencionada sentencia dictada por el tribunal francés, el ex
magistrado Guillot manifestó que «ningún juez uruguayo se animaría a hacer
una cosa semejante, […] nos daría miedo llegar a una solución así». En una
resolución dictada por el Ministerio Público y Fiscal de Uruguay el 8 de
mayo de 2008, la Fiscalía solicitó el enjuiciamiento y prisión contra dos
médicos por la comisión del delito de aborto en forma reiterada. No obstante,
con relación a las mujeres investigadas la Fiscalía decidió no formular
requerimientos penales considerando que se trata «de una cuestión
sumamente debatida, de connotaciones morales y filosóficas profundas, con
opiniones fuertemente encontradas en el seno de la sociedad»36
De la lectura del fundamento dado por la Fiscalía, se desprende un
razonamiento similar al utilizado por los tribunales europeos anteriormente
citados; esto es, basarse en la naturaleza polémica y discutible de la
penalización del aborto, y hasta cierto punto en esa «práctica lícita» que
describe Guillot, para no aplicar la pena prevista en el ordenamiento jurídico.
Ello refleja cómo, al verse confrontados, por un lado, a una ley obsoleta y,
por el otro, a una demanda social por el derecho a un aborto legal y seguro,
los órganos judiciales encuentran la vía para no aplicar la pena prevista en la
ley, por lo menos respecto de las mujeres involucradas. Quedaría pendiente
analizar de manera detenida si se trata de una tendencia o simplemente de
La aprobación de la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y
Reproductiva el 11 de noviembre de 2008 así como el alto porcentaje de
personas que manifiestan estar a favor de la despenalización del aborto en
Uruguay, demuestran que ya existe suficiente madurez política y social para
avanzar hacia la despenalización del aborto. A su vez, la mencionada
resolución del Ministerio Público y Fiscal pareciera ser una señal de que
también el sistema judicial uruguayo se encuentra preparado para el cambio.
Por lo tanto, el único verdadero obstáculo para la legalización del aborto en
dicha oportunidad fue la postura del entonces presidente de la República.
El reciente inicio de una nueva legislatura en la cual el oficialismo continúa
teniendo mayoría en ambas Cámaras aunado al hecho que el presidente José
22Mujica ha manifestado públicamente que apoya la despenalización del aborto
y que un gobierno suyo no vetaría una ley aprobada por el Parlamento37,
parecería señalar que las condiciones están dadas para que Uruguay vuelva
a ser uno de los países pioneros en América Latina en materia de salud sexual
y reproductiva. De esta forma, se cerraría un ciclo de 25 años iniciado en
1985 con la presentación del primer proyecto de ley para la despenalización
del aborto.III.1.3. La Libertad de Empresa y Asociación
El veto dispone que la ley aprobada por el Parlamento también afectaba la
libertad de empresa y de asociación, toda vez que «impone a instituciones
médicas, con estatutos aprobados según nuestra legislación, y que vienen
funcionando desde hace más de cien años en algún caso, a realizar abortos,
contrariando expresamente sus principios fundacionales».
Parece claro que, si bien la mayoría de las constituciones liberales como la
de Uruguay garantizan el derecho a comerciar y a asociarse libremente, dicho
derecho no es absoluto. En tal sentido, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos («Convención Americana» o «CADH») establece que es
permisible establecer restricciones al ejercicio de los derechos. Así, si bien
el artículo 16.1 de la Convención consagra el «derecho a asociarse libremente
con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos […] o de cualquiera
otra índole», el artículo 16.2 establece que el ejercicio de la libertad de
asociación puede estar «sujeto a las restricciones previstas por la ley que
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la
moral públicas o los derechos y libertades de los demás.»
En la opinión consultiva OC-5/85, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos («la Corte Interamericana») incorporó al sistema interamericano de
derechos humanos la interpretación de la expresión «necesaria en una
sociedad democrática» que había sido adoptada por la Corte Europea de
Derechos Humanos38. Según la Corte Interamericana, para que la restricción
sea legítima, (i) debe responder a «la existencia de una necesidad social
imperiosa» orientada a «satisfacer un interés público imperativo»; (ii) debe
ser el medio disponible que restrinja en menor escala el derecho protegido;
y (iii) debe ser «proporcionada al interés que la justifica y ajustarse al logro
de ese legítimo objetivo»39.
La referencia a la Convención Americana y a la opinión adoptada por la
Corte Interamericana bastaría para mostrar que la afirmación realizada en el
veto en relación con la libertad de empresa es incorrecta. Es incuestionable
que los derechos a la libertad de empresa y de asociación no son derechos
23absolutos. Es por ello que, en general, el Estado tiene la potestad de reconocer
como persona jurídica solamente a aquellas asociaciones que satisfagan ciertos
requisitos establecidos en la legislación. Al respecto, la Suprema Corte de
Justicia de Uruguay sostuvo explícitamente que los derechos constitucionales
deben interpretarse armoniosamente estableciendo sus límites de modo de
hacerlos compatibles unos con otros y con el interés general de una
comunidad de vida democrática40.
En una sociedad democrática la libertad de asociación puede estar sujeta a
restricciones razonables que tengan por objeto proteger la salud o la moral
públicas. Quienes se asocian con el fin de organizar una empresa destinada
a proveer servicios de salud pueden tener como objetivo brindar dicho
servicio a los miembros de una determinada comunidad religiosa o social en
consonancia con las creencias y valores compartidos por dicha comunidad.
Ahora bien, las empresas que proveen servicios de salud cumplen un papel
fundamental en una sociedad democrática: garantizar el ejercicio del derecho
a la salud consagrado en diversos instrumentos de derechos humanos. Por lo
tanto, en la medida en que la restricción a la libertad de asociación sea
«proporcionada al interés que la justifica», los Estados Partes de la Convención
Americana están facultados para limitar el ejercicio del derecho a la libertad
de empresa y asociación.
Como se explica más adelante, el derecho a interrumpir el embarazo en
condiciones seguras y que no atenten contra la vida o la integridad personal
de la mujer ha sido interpretado por organismos internacionales como una
manifestación del derecho a la salud.41 En tal sentido, no es irrazonable pensar
que el Estado pueda restringir la libertad de asociación para garantizar el
ejercicio del derecho a la salud y cumplir de esta forma con sus obligaciones
internacionales. Por otra parte, el hecho que el régimen vigente en Uruguay
no permita el aborto a simple requerimiento de la mujer no implica que las
empresas proveedoras de servicios de salud tengan derecho a que el régimen
actual se mantenga de por vida. De ser así, un vendedor de un producto que
se descubre es nocivo para la salud podría oponerse a la prohibición del
Estado de continuar con la venta del mismo.III.2. El Derecho Internacional y la Despenalización del Aborto
III.2.1. La Convención Americana sobre Derechos Humanos
Respecto al orden jurídico internacional, el veto argumenta que, de aprobarse
el proyecto de ley, Uruguay debía denunciar la Convención Americana, de
conformidad con el artículo 79 de dicho instrumento. A nuestro entender, el
24argumento tácito del ex presidente es que dicho instrumento internacional
protegería la vida «a partir del momento de la concepción».
El artículo al que el veto se refiere tácitamente (artículo 4.1 de la CADH) se
lee, en su totalidad, de la siguiente manera: «toda persona tiene derecho a
que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, y, en general,
a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente» (subrayado propio).
Si bien la jurisprudencia del Sistema Interamericano en relación con este
tema es escasa, en 1981 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(«la CIDH» o la «Comisión Interamericana») interpretó, luego de un análisis
de los trabajos preparatorios de la Convención Americana, que la inclusión
de la frase «en general» no fue casual sino deliberada. En las siguientes
secciones desarrollaremos en detalle las interpretaciones que se han hecho
del artículo 4.1 de la CADH.a. Caso Baby Boy versus Estados Unidos
La Comisión Interamericana se pronunció sobre el alcance de la disposición
establecida en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre («la Declaración Americana») en relación con el derecho a la vida,
decidiendo que el Estado no violó el derecho a la vida por la procuración de
un aborto legal en el caso conocido como Baby Boy versus Estados Unidos42.
En interpretación de los trabajos preparatorios tanto de la Declaración
Americana como de la Convención Americana, la Comisión Interamericana
estableció que la intención de los redactores de dichos instrumentos
internacionales apuntaba expresamente a excluir la interpretación de que se
protegía el derecho a la vida desde la concepción, es decir, que el aborto no
contrariaba el derecho a la vida43.
En primer lugar, los peticionarios argumentaron que, con base en los trabajos
preparatorios de la Declaración Americana, protegía el derecho a la vida
desde el momento de la concepción. Esta postura fue contrariada por el
Estado. Al respecto, la Comisión estableció que el Estado tenía razón al
sostener que de la lectura de los trabajos preparatorios de la Declaración
Americana se desprende exactamente lo contrario de lo sostenido por los
peticionarios, es decir, que la Declaración no protege el derecho a la vida
desde la concepción. Asimismo, la CIDH estableció que la primera versión
del artículo relacionado con el derecho a la vida que había sido presentado
por el Comité Jurídico Interamericano disponía que «Toda persona tiene
derecho a la vida. Este derecho se extiende al derecho a la vida desde el
momento de la concepción; al derecho a la vida de los incurables, imbéciles
25y dementes. La pena capital puede aplicarse únicamente en casos en que se
haya prescrito por leyes preexistentes por delitos de extrema gravedad». Luego
de la presentación de dicho proyecto en la IX Conferencia Internacional
Americana, se creó un grupo de trabajo para estudiar las recomendaciones y
cambios introducidos por los delegados. La propuesta final de este grupo de
trabajo fue la que finalmente se aprobó, es decir, se eliminó la frase «desde
el momento de la concepción».
En este sentido, la CIDH recordó que el texto del artículo I que protege el
derecho a la vida en la Declaración Americana se aprobó una vez que se
eliminó la frase «desde el momento de la concepción» que venía de versiones
anteriores44. Ello fue resultado de un consenso que permitiría que los Estados
(incluyendo Uruguay) que tenían legislaciones que permitían el aborto en
determinadas circunstancias pudieran firmar la Declaración Americana sin
tener que derogar sus legislaciones internas. En este sentido, en dicha
oportunidad, la CIDH recordó que «la aceptación de este concepto absoluto
–el derecho a la vida desde el momento de la concepción– habría implicado
la derogación de los artículos de los códigos penales que regían en 1948 en
muchos países», como por ejemplo el Código Penal que estaba vigente (y
que continúa vigente actualmente) en Uruguay45.
El segundo planteamiento de los peticionarios era que la norma que protege
el derecho a la vida en la Declaración Americana debía interpretarse
conjuntamente con la disposición de la Convención Americana –tratado
internacional del cual Estados Unidos no es parte– ya que, según los
peticionarios, dicho instrumento había sido promulgado «para impulsar los
altos fines de la Declaración y como un corolario de ella». Esta posición fue
contrariada por el Estado. En este punto, la Comisión hizo un análisis de los
motivos que dieron origen al artículo que protege el derecho a la vida en la
Convención Americana en el marco de la Conferencia de San José.
Al respecto, la CIDH analizó el origen de la Convención Americana,
especificando que sus antecedentes se encuentran en la Declaración
Americana y que respecto de aquélla se habían suscitado los mismos
problemas en relación con la redacción del artículo que protegía el derecho
a la vida «desde la concepción». Así, la Comisión explicó que la inclusión
de la frase «en general» fue también resultado de un consenso que permitiría
que los Estados que tenían legislaciones que autorizaban el aborto pudieran
ratificar la Convención Americana. Asimismo, señaló la Comisión que si bien
el relator en dicha oportunidad sugirió que se eliminase por completo la
frase «en general, desde el momento de la concepción», entre otras razones
«para evitar cualquier posibilidad de conflicto con el artículo 6, párrafo 1,
26del Pacto de las Naciones Unidas sobre Derecho Cívicos y Políticos, que
establece este derecho únicamente de manera general»46; la mayoría de los
miembros de la Comisión creyó que «por razones de principio» debía dejarse
dicha frase.
En resumen, la CIDH estableció que, si bien las versiones finales de las
disposiciones del derecho a la vida en los dos instrumentos internacionales
(la Declaración Americana y la Convención Americana) diferían en su
conjugación, éstas respondían al mismo principio, que podríamos llamar
«conciliador», es decir, una postura que permitiera que los Estados que
garantizaban el derecho al aborto, por demás que sólo fuera en ciertas
circunstancias, pudieran ratificar dichos instrumentos. En este sentido, se
buscó proteger el derecho a la interrupción legal del embarazo, a través de
la eliminación de la frase «desde el momento de la concepción» en la
Declaración Americana y a través de la incorporación de la frase «en general»
en la Convención Americana.b. Doctrina más representativa
La doctrina ha interpretado de manera similar la disposición sobre el derecho
a la vida contenida en la Convención Americana. En este sentido se ha
pronunciado la Dra. Cecilia Medina Quiroga, quien fue Jueza y Presidenta
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que:[…] se desprende de la historia del tratado que la expresión
«en general», fue agregada al texto original con el preciso
fin de conciliar la posibilidad de que las legislaciones
nacionales permitieran el aborto, y que la propuesta de
suprimirla no fue aceptada, por lo que, de basarse en la
interpretación de una disposición no clara en los trabajos
preparatorios, habría que concluir que el párrafo 1 del
artículo 4 no impide la facultad de los Estados de permitir el
aborto en las circunstancias que ellos determinen 47.
Por otro lado, debemos recordar que, de conformidad con la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, éstos deben interpretarse
primeramente teniendo en cuenta su objeto y fin48. Al respecto, la Dra. Medina
Quiroga sostiene que una interpretación del artículo 4.1 de la Convención
Americana de conformidad con las normas de la hermenéutica de los tratados
(que exigen un criterio pro persona y dinámico)49, y de acuerdo con el
principio de interpretación armónica de los mismos, implica considerar
simultáneamente (i) que la mujer es persona (y que como tal es titular de
27todos los derechos humanos consagrados en la Convención Americana) y
(ii) que el feto al encontrarse en el vientre, depende, por su misma naturaleza,
de la mujer y por lo tanto sólo puede tener derechos a través de ésta. En este
sentido, la Dra. Medina Quiroga sostiene que «es evidente que los derechos
humanos constituyen un límite para el accionar del Estado, por lo que
cualquier acción que éste emprenda en relación con el cuerpo de la mujer
tiene que tener en consideración los derechos de ésta»50, y que sostener que
dicho tratado obliga al Estado a penalizar todo aborto es un «error profundo» 51.
No es coherente que, en un Estado en donde el aborto se encuentra eximido
de pena en ciertas circunstancias desde el año 193852, el Presidente utilice
el argumento de que la despenalización del aborto en otras circunstancias
viola el derecho a la vida. Si el valor de la vida de las personas fuera el valor
supremo, entonces el valor de la vida del feto debería prevalecer en todos
los casos en que estuviese en conflicto con otros valores –entre ellos, el
valor de la autonomía reproductiva o la salud o vida de la madre. Sin embargo,
como ya se mencionó, el Código Penal uruguayo exime de pena el aborto
Finalmente, en caso de que los argumentos jurídicos expuestos no hayan
sido suficientes para demostrar la incorrección jurídica de los fundamentos
del veto en relación con la Convención Americana, el Estado uruguayo tendría
la posibilidad de presentar una solicitud de opinión consultiva ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para que sea ésta quien se pronuncie
acerca de si la despenalización total del aborto en Uruguay contraría la
Convención Americana53.III.2.2. La Convención sobre los Derechos de la Niñez54
Además de la Convención Americana, el veto sostiene que la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva «afecta (…) compromisos asumidos por nuestro país
en tratados internacionales, entre otros (…) Convención Sobre los Derechos
del Niño aprobada por ley 16137 de 28 de septiembre de 1990». Ahora
bien, el veto no especifica de forma alguna cuáles artículos de este tratado se
verían «afectados» por la despenalización del aborto. Por ello, no es claro
cuál es el fundamento jurídico del veto en relación con este punto.
Es difícil elaborar un argumento jurídico específico para responder a los
fundamentos de derecho planteados de manera general en el veto. Sin
embargo, afirmamos que la legalización del aborto no afecta ninguno de los
derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de la Niñez. El
artículo 1º de dicho instrumento internacional establece que niño/a es «todo
28ser humano menor de dieciocho años de edad». En ninguno de los artículos
de la Convención ni en su preámbulo se hace referencia al feto ni se señala
a partir de qué momento comienza la vida, aspecto que dejó librado al
criterio de cada Estado. Este razonamiento se ve reflejado en el hecho que
algunos Estados signatarios de esta Convención, ante la ausencia de una
referencia al respecto, se vieron obligados a efectuar declaraciones
interpretativas del artículo 1º para adecuarlo a su legislación interna.
Argentina, por ejemplo, realizó una declaración interpretativa en la cual
manifestó que niño/a es todo ser humano desde el momento de la concepción
hasta la edad de dieciocho años55. En términos similares, Guatemala manifestó
que el artículo 3º de su Constitución Política establece que el Estado garantiza
y protege la vida humana desde el momento de la concepción56. Apartándose
radicalmente de las interpretaciones realizadas por Argentina y Guatemala,
el Reino Unido interpretó que la Convención de los Derechos de la Niñez
es aplicable exclusivamente en los casos en que existe nacimiento con vida57
Uruguay en cambio, no realizó ninguna reserva ni interpretación del
mencionado artículo 1º.
Finalmente, debe destacarse que todos los países miembros de las Naciones
Unidas, con excepción de Estados Unidos y Somalia, han ratificado este
tratado. Por ende, el hecho de que en países como Alemania, Canadá, Francia,
Italia y Sudáfrica (por mencionar algunos Estados que como Uruguay no
realizaron declaraciones interpretativas o reservas respecto al alcance del
artículo 1º en la Convención) el aborto esté permitido (por lo menos dentro
de las primeras 12 semanas), es indicador suficiente de que no existe conflicto
alguno entre la despenalización del aborto y la Convención sobre los
Derechos de la Niñez.III.2.3. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y otros tratados relevantes
El veto señala que la despenalización del aborto afecta compromisos
internacionales asumidos por el Estado, con la ratificación de tratados como
la Convención Americana y la Convención sobre los Derechos de la Niñez.
Sin embargo, obvia mencionar el tratado de derechos humanos de mayor
envergadura internacional en relación con la promoción y protección de los
derechos humanos de las mujeres, a saber, la Convención sobre la Eliminación
de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su siglas
en inglés), tratado que fue ratificado sin reservas por Uruguay el 9 de octubre
de 1981.29En particular, el artículo 16(1)(e) de la CEDAW establece el principio de
autonomía reproductiva que dispone que los Estados Partes deben adoptar
las medidas adecuadas para asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, los mismos derechos a decidir libre y responsablemente
el número de hijos o hijas y el intervalo entre los nacimientos.
El artículo 12 de la CEDAW establece que los Estados Partes deben adoptar
todas las medidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer
en la esfera de la atención médica, con el objetivo de asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres, «el acceso a servicios de atención
médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia». El Comité
que monitorea el cumplimiento de la CEDAW («el Comité de la CEDAW») interpretó
el alcance de este artículo en 1999 a través de una recomendación general.
En esta oportunidad, dicho organismo estableció que la negativa de un Estado
Parte de prestar servicios de salud reproductiva a la mujer constituye una
práctica discriminatoria, y que es por lo tanto, contraria a la Convención 58.
Asimismo, dicho Comité ha señalado que los Estados Partes deben tomar
medidas concretas para impedir la coacción a las mujeres en relación con la
fecundidad y la reproducción, así como para evitar que las mujeres se vean
obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos como abortos ilegales
ante la falta de servicios apropiados en materia de control de natalidad 59.
Asimismo, ha señalado que los Estados deben dar prioridad a la prevención
del embarazo no deseado mediante la planificación familiar, reducir la
mortalidad materna y, «en la medida de lo posible», enmendar la legislación
que castigue el aborto con el objetivo de abolir las medidas punitivas
impuestas a mujeres que se han sometido a abortos60.
Otro tratado internacional de derechos humanos que fue mencionado en el
veto es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(«el PIDESC»), ratificado por Uruguay en 1976. El artículo 12 de dicho tratado
establece que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, órgano encargado de monitorear el cumplimiento de dicho tratado
por los Estados Partes, ha interpretado que el derecho a la salud abarca no
sólo una atención de salud que sea oportuna y apropiada, sino también los
principales factores determinantes de la salud, tales como el «acceso a la
educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida
la salud sexual y reproductiva»61. Específicamente en relación con las mujeres,
el Comité que monitorea el PIDESC indicó que para garantizar el pleno ejercicio
del derecho a la salud por parte de éstas se requiere que se «supriman todas
las barreras que se oponen al acceso de la mujer a los servicios de salud,
30educación e información, en particular en la esfera de la salud sexual y
reproductiva»62.
Si bien estos derechos y correspondientes obligaciones estatales serán
desarrolladas en la siguiente sección, queremos destacar previamente que, a
nuestro entender, no es aceptable desde un punto de vista jurídico citar
únicamente algunos tratados internacionales de derechos humanos y omitir
otros de igual jerarquía. En su lugar, debe buscarse una interpretación
armónica de los derechos consagrados en distintos instrumentos jurídicos
que establezcan obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos.IV. Enfoque de Género: los Derechos Humanos y la Autonomía
En esta sección desarrollaremos los principales contraargumentos al veto
basados en el derecho de las mujeres (y de los hombres) a decidir libremente
sobre su función reproductiva, sin injerencia estatal en su vida privada o
autonomía. En este sentido, afirmamos que la incapacidad de las mujeres de
regular y controlar su fecundidad –derivada de una imposición estatal–
constituye una violación a los derechos humanos63.
El enfoque es uno de derechos humanos, particularmente porque
consideramos que el Estado uruguayo a través del veto, no sólo incumplió
con su deber de respetar y garantizar los derechos humanos de los y las
uruguayas, sino que faltó a sus obligaciones internacionales. De esta manera,
consideramos que el Estado uruguayo está violando sus obligaciones
internacionales al vetar el derecho que tienen todas las personas,
especialmente las mujeres, de determinar libremente y sin injerencia estatal
el número de hijos o hijas que desean tener.IV.1 Los Derechos Sexuales y Reproductivos como
Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Durante la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo
en 1994, 179 países –incluyendo Uruguay– adoptaron un Plan de Acción
para promover ciertos temas relacionados con el desarrollo, incluyendo la
protección de la salud sexual y reproductiva y de los derechos relacionados31con ésta64. En el marco de esta conferencia surgió el término «derechos
sexuales y reproductivos»; sin embargo, y tal como se aclaró en dicha
oportunidad, su definición y consagración no es nueva. En este sentido, el
Plan de Acción recogió un número de derechos humanos que estaban
reconocidos en declaraciones y convenciones internacionales aprobadas
previamente de manera consensuada por los Estados. En relación con el
contenido de estos derechos, el Plan de Acción estableció que los derechos
sexuales y reproductivos:(…) se basan en el reconocimiento del derecho básico de
todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los
nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la
información y de los medios necesarios para ello, y el
derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y
reproductiva. También incluye el derecho de todas las
personas a adoptar decisiones en relación con la
reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni
violencia. Se debe prestar plena atención a la promoción de
relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y
mujeres, y particularmente a la satisfacción de las
necesidades adicionales y de servicios de los adolescentes
con objeto de que puedan asumir su sexualidad de modo
positivo y responsable65.
El Programa de Acción de El Cairo implicó, entre otros, un compromiso de
parte de 179 Estados de «esforzarse por que la salud reproductiva esté al
alcance de todas las personas de edad apropiada lo antes posible y a más
tardar para el año 2015». En este sentido, se indicó que la salud reproductiva
en el contexto de la atención primaria de la salud debía abarcar, entre otros:asesoramiento, información, educación, comunicaciones y
servicios en materia de planificación de la familia; educación
y servicios de atención prenatal, partos sin riesgos, y atención
después del parto, en particular para la lactancia materna y la
atención de la salud maternoinfantil, prevención y tratamiento
adecuado de la infertilidad; interrupción del embarazo de
conformidad con lo indicado en el párrafo 8.25, incluida la
prevención del aborto y el tratamiento de sus consecuencias;
tratamiento de las infecciones del aparato reproductor, las
enfermedades de transmisión sexual y otras afecciones de la
salud reproductiva; e información, educación y asesora32miento, según sea apropiado, sobre sexualidad humana, la
salud reproductiva y paternidad responsable. Se debería
disponer en todos los casos de sistemas de remisión a servicios
de planificación de la familia y de diagnóstico y tratamiento
de las complicaciones del embarazo, el parto y el aborto, la
infertilidad, las infecciones del aparato reproductor, el cáncer
de mama y del aparato reproductor, las enfermedades de
transmisión sexual y el VIH/SIDA. La disuasión activa de prácticas peligrosas como la mutilación genital de las mujeres,
también debería formar parte de los programas de atención
de la salud reproductiva66.
Dentro de este marco normativo los derechos sexuales y reproductivos
abarcan, entre otros, los siguientes derechos humanos: (i) el derecho a la
vida (derecho de las mujeres a no morir por causas evitables que están
relacionadas con el embarazo y el parto); (ii) el derecho a la salud (derecho
a la salud sexual y reproductiva); (iii) el derecho a la libertad e integridad
personal (el derecho de la mujer a no ser sometida a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a ser libre de violencia
basada en el sexo y el género); (iv) el derecho a la autonomía reproductiva;
(v) el derecho a la intimidad y a la vida privada (derecho de toda persona a
decidir libremente –sin injerencias arbitrarias– sobre su función reproductiva);
y (vi) el derecho a la igualdad (derecho a la no discriminación en relación
con la salud reproductiva)67.
La importancia del concepto de salud sexual y reproductiva radica en que
ofrece un enfoque integral a las necesidades en materia de salud que están
relacionadas con la reproducción y en conexión con ello, considera a las
mujeres como eje central y titulares de derechos, reconociendo, respetando
y respondiendo a las necesidades de las mujeres, no sólo en su condición de
madres68.
De acuerdo con el derecho internacional, los Estados tienen
fundamentalmente dos obligaciones principales en materia de derechos
humanos: el deber de respeto y el deber de garantía69. En materia de salud,
el Comité que monitorea el PIDESC ha señalado que un Estado viola su
obligación de respeto cuando mantiene acciones, políticas o leyes que son
susceptibles de producir una mortalidad evitable70, como lo es la prohibición
del aborto. Por otro lado, ha mencionado dicho Comité que un Estado viola
la obligación de garantía ( fulfill) cuando no adopta todas las medidas
necesarias para hacer efectivo el derecho a la salud, tales como, la no inclusión33de la perspectiva de género en el abordaje de la salud por parte del Estado y
la falta de adopción de medidas para reducir las tasas de mortalidad materna 71.
Con el veto y la aprobación de la ley en los términos actuales, consideramos
que el Estado uruguayo está violando sus deberes de respeto y garantía en
relación con los derechos de las mujeres a la vida, salud, e integridad personal,
entre otros. En este sentido, el Comité de la CEDAW señaló en setiembre de
2008 –con motivo de la revisión periódica de Uruguay– que continuaba
preocupado por la elevada tasa de embarazos en adolescentes y mujeres
jóvenes, así como también, por la elevada incidencia de la mortalidad materna
«fundamentalmente debido a la práctica de abortos en condiciones de riesgo»72
El Estado uruguayo –a pesar de la adopción de la Ordenanza 369-04, que
será tratada más adelante– no ha tomado las medidas necesarias para abordar
de manera efectiva la alta tasa de mortalidad materna relacionada con abortos
inseguros. Así lo indicó el Comité de la CEDAW en su informe de setiembre de
2008, cuando lamentó que el Estado uruguayo no haya «elaborado estrategias
para reducir la mortalidad materna y que las políticas de salud materna no
incluyan la atención a las complicaciones derivadas de los abortos practicados
en condiciones de riesgo»73.
En este sentido, el Comité de la CEDAW exhortó a Uruguay a (i) adoptar y
aplicar medidas eficaces para prevenir la práctica de abortos en condiciones
de riesgo y sus efectos en la salud de la mujer y la mortalidad materna; (ii)
fortalecer los programas de educación sexual; y (iii) fomentar que los medios
de información y los servicios de salud reproductiva proporcionen una
cobertura de calidad que permita que las mujeres y hombres puedan tomar
decisiones conscientes sobre el número de hijos/as y el intervalo entre
nacimientos74.IV.2 Discriminación contra las Mujeres Por la Función Reproductiva
El principio de igualdad ante la ley y no discriminación constituye un eje
central del derecho internacional de protección de los derechos humanos,
razón por la cual es reconocido internacionalmente como perteneciente al
dominio del jus cogens75. Como principio de derecho imperativo, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que constituye un dato
sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos sobre el cual
descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional 76.
En consecuencia, los Estados «tienen la obligación de no introducir en su
ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones
34de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter y establecer
normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante
la ley de todas las personas»77.
Por otro lado, la CEDAW es un tratado que tiene como objeto y fin la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer con miras a lograr la
igualdad de derecho (de jure) y de hecho (de facto) entre hombres y mujeres
en el disfrute y goce de sus derechos humanos. La CEDAW define la
discriminación contra las mujeres como toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tiene por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos humanos por
parte de la mujer, sobre la base de igualdad entre el hombre y la mujer78.
En relación con el principio de igualdad, la jurisprudencia internacional ha
establecido que no toda diferencia de trato de personas que se encuentran
en circunstancias similares puede considerarse ofensiva a la dignidad humana,
ya que una distinción basada en criterios objetivos y razonables puede servir
a un interés legítimo del Estado de proteger a un sector de la población o
para hacer justicia en un caso concreto79.
Para lograr una correcta interpretación y aplicación del concepto de igualdad,
debe hacerse un balance adecuado entre los beneficios y las cargas de las
personas, los cuales deben ser distribuidos a partir de criterios razonables,
es decir, el derecho debe adecuarse a la realidad y tomar en cuenta, por
ejemplo, el hecho que hay sectores de la población que experimentan una
carga excesiva que afecta desproporcionadamente el goce y disfrute de sus
derechos humanos80. En este sentido, se ha sostenido que, considerando
que el embarazo y los riesgos asociados a éste jamás podrán ser
experimentados por los hombres, es necesario cuestionarse cómo las cargas
y otros aspectos relacionados con la maternidad –y agregaríamos que
particularmente en relación con embarazos no deseados o no planificados–
ponen en tensión el derecho a la igualdad81.
El Comité que monitorea el cumplimiento de la CEDAW ha establecido que en
aras de alcanzar el objetivo de eliminar la discriminación contra las mujeres,
los Estados Partes deben cumplir con tres obligaciones fundamentales que
trascienden la mera consagración jurídico-formal de la igualdad de trato entre
hombres y mujeres, a saber: (i) la obligación de garantizar que en las leyes
no haya discriminación directa ni indirecta contra las mujeres; (ii) la obligación
de mejorar la situación de facto de la mujer adoptando políticas y programas
concretos y eficaces; y (iii) la obligación de hacer frente a los estereotipos35basados en el género que afectan a la mujer y que se reflejan en las leyes y
las estructuras e instituciones jurídicas y sociales82.
Por su parte, el Comité que monitorea el PIDESC ha señalado que para suprimir
la discriminación contra las mujeres es necesario diseñar e implementar una
amplia estrategia nacional con miras a la promoción del derecho a la salud
de la mujer a lo largo de toda su vida, la cual debe incluir políticas
encaminadas a proporcionar a la mujer acceso a una gama completa de
servicios de atención de alta calidad en materia de salud, incluidos los
servicios en materia sexual y reproductiva83. Asimismo, dicho Comité ha
recomendado a los Estados incorporar la perspectiva de género en políticas
y programas en materia de salud para mejor promover la salud tanto de la
mujer como del hombre, ya que la «perspectiva de género» es un enfoque
que permite reconocer que «los factores biológicos y socioculturales ejercen
una influencia importante en la salud del hombre y la mujer»84.
Las funciones reproductivas de las mujeres difieren de las de los hombres.
En este sentido, aplicar la perspectiva de género significa, para los efectos
prácticos, considerar las diferencias biológicas y socioculturales entre mujeres
y hombres y por lo tanto, comprender que las leyes –y los vetos– tienen
consecuencias diferentes respecto de mujeres y hombres. La mujer es la única
que fisiológicamente puede embarazarse y, por lo tanto, la única que puede
buscar interrumpir un embarazo en condiciones no seguras. Así tenemos
que solamente la mujer muere o sufre una afectación a su salud o integridad
personal como consecuencia directa de la prohibición del aborto.
La violación del derecho a la no discriminación sexual es consecuencia de
la diferencia –y del impacto negativo en detrimento de las mujeres que genera
dicha diferencia– dada por el hecho de que los hombres estén en plena
libertad de tomar decisiones y tener acceso a servicios médicos que les
permitan «avanzar intereses importantes para sus vidas»85, mientras que a las
mujeres se les niega el derecho a interrumpir un embarazo el cual –en
particular cuando no es planificado o deseado– genera una considerable
distorsión en el proyecto de vida de una mujer.
En el veto se sostiene que «[e]l verdadero grado de civilización de una nación
se mide en cómo se protege a los más necesitados». Así, el ex presidente
parte de la base de asumir que «los más necesitados» son los fetos. Al respecto,
podríamos argumentar que «los más necesitados» no son los fetos o no nacidos,
sino las mujeres, no porque sean per se más débiles, sino porque a pesar de
representar más de la mitad de la población, han sido sistemáticamente
discriminadas en la sociedad, y es precisamente en virtud de ello que éstas
se encuentran en una particular situación de vulnerabilidad a la violación de36sus derechos humanos86. Como explicamos anteriormente, esta situación se
acentúa respecto de las mujeres pertenecientes a los estratos socioeconómicos
más bajos. Son estas mujeres quienes resultan más afectadas por prohibiciones
legales que limitan el acceso a servicios médicos de aborto.
Seguidamente, el veto argumenta que en relación con los fetos «el criterio
no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los
demás, o de la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera
existencia». Al respecto, podríamos nuevamente argumentar que es
precisamente a las mujeres a quienes se les está considerando en función de
su capacidad reproductiva, en función de su capacidad única de embarazarse
y llevar dentro de sí –como cargadora o vessel- al feto; esto es, en función de
otro, por la utilidad que representa en la sociedad, y no en sí misma, como
sujeta plena de derechos.
En este sentido argumentó de manera correcta la Corte Constitucional de
Colombia en su fallo C-355/2006, al sostener que «el legislador al adoptar
normas de carácter penal, no puede desconocer que la mujer es un ser
humano plenamente digno y por tanto debe tratarla como tal, en lugar de
considerarla y convertirla en un simple instrumento de reproducción de la
especie humana, o de imponerle en ciertos casos, contra su voluntad, servir
de herramienta efectivamente útil para procrear»87.
Una ley –o un veto– que aparenta prima facie ser neutral se torna en la
práctica discriminatoria en perjuicio de las mujeres, ya que genera un impacto
negativo que es desproporcionado respecto de éstas. El Estado debe proteger
y garantizar el derecho a la salud (y el derecho a la salud reproductiva como
componente esencial de ésta) respecto de hombres y mujeres. Sin embargo,
como señalamos antes, el contenido del derecho a la salud reproductiva de
los hombres es distinto al de las mujeres. Negar el aborto en condiciones
seguras como parte del derecho a la salud reproductiva significa negar un
servicio médico que, por su naturaleza, sólo beneficia a las mujeres. La
prohibición del aborto en condiciones seguras se convierte entonces, en la
práctica, en una discriminación en contra de las mujeres por su función
reproductiva.IV. 3 La Vida Privada, la Autonomía del Cuerpo y el
Si bien el embarazo puede significar una gran alegría y satisfacción para la
mujer, puede también significar una carga desproporcionada, en particular,
cuando éste no ha sido deseado o planificado. Así, el término «embarazo37forzado» busca explicar la negativa estatal al acceso de servicios de aborto,
esto es, la anulación de la libre elección de la maternidad.
La imposibilidad que impone la ley de que la mujer determine libremente,
en la esfera de su vida privada y familiar, si desea interrumpir su embarazo
conlleva a que el Estado fuerce a una mujer a ser madre. Además del evidente
impacto físico y económico, la prohibición del aborto –y la consecuente
maternidad obligada de un embarazo no deseado– genera un impacto
devastador a nivel psicológico y mental, en detrimento del derecho al más
alto nivel posible de bienestar mental y social88. Asimismo, el embarazo y la
maternidad forzados constituyen una imposición estatal de un proyecto de
vida y la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad como
parte integrante de la dignidad humana. Al respecto, la Corte Constitucional
de Colombia en su fallo C-355/2006 sostuvo acertadamente que:
La dignidad humana asegura […] una esfera de autonomía y
de integridad moral que debe ser respetada por los poderes
públicos y por los particulares. Respecto de la mujer, el ámbito
de protección de su dignidad humana incluye las decisiones
relacionadas con su plan de vida, entre las que se incluye la
autonomía reproductiva, al igual que la garantía de su
intangibilidad moral, que tendría manifestaciones concretas
en la prohibición de asignarle roles de genero estigmatizantes,
o inflingirle sufrimientos morales deliberados89.
Por otro lado, el embarazo y la maternidad forzados refuerzan el estereotipo
discriminatorio de considerar a las mujeres únicamente como madres.
Asimismo, reafirma a la procreación como «deber» social de las mujeres, con
sus consecuencias restrictivas en la autonomía de éstas, al considerar que las
mujeres deben ser madres porque pueden serlo. En conexión con ello,
tradicionalmente se ha atribuido a las mujeres funciones sociales relacionadas
con la crianza y el cuidado de los/as hijos/as, actividades que además de no
remuneradas, están insertas en una esfera de la actividad humana a la cual
tradicionalmente la sociedad ha asignado menor importancia90.
Atento a ello, la prohibición del aborto además de constituir una violación
del derecho al acceso a servicios de salud –violación que tiene un impacto
desproporcionado respecto de las mujeres ya que se configura únicamente
respecto de éstas– constituye una causa de discriminación social de las
mujeres. A su vez, como consecuencia de llevar desproporcionadamente la
carga familiar, generalmente se las priva del acceso al espacio público de la
actividad humana –por demás de alto prestigio y reconocimiento social–
38reforzando y agravando la violación de sus derechos al trabajo, participación
política, educación, entre otros91.
A través de un veto carente de perspectiva de género no se tomó en
consideración la flagrante vulneración a los derechos de las mujeres que
causa la prohibición legal del aborto, así como su impacto desproporcionado
en las mujeres, únicas respecto de las cuales dicha vulneración se configura.
Como se demostró en esta sección, la aprobación de la ley en los términos
actuales priva a las mujeres uruguayas, precisamente por su sexo, del pleno
ejercicio, goce y disfrute de los derechos a la vida, a la salud, a la integridad
personal (física, psíquica y moral), a no ser sometidas a torturas o a tratos
crueles, inhumanos o degradantes, a la vida privada, a la intimidad y la
autonomía, a la igualdad, entre otros.
Finalmente, recordamos que la Corte Constitucional de Colombia ha afirmado
que el derecho al libre desarrollo de la personalidad –vinculado con la noción
de dignidad humana y de autonomía individual– constituye un límite a la
«libertad de configuración» del legislador92. Coincidimos plenamente con
esta postura y consideramos que si el derecho al libre desarrollo de la
personalidad constituye un límite a la «libertad de configuración» del Poder
Legislativo, ello es aún más cierto respecto del Poder Ejecutivo.V. Enfoque Médico-Legal
V.1. El Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo
(Ordenanza 369-04) 93
Como se mencionó en la sección IV de este capítulo, el Comité de la CEDAW
concluyó recientemente que el Estado uruguayo no ha abordado de manera
efectiva la alta tasa de mortalidad materna relacionada con abortos inseguros.
Al respecto, es menester destacar que la ley 18426 «Defensa del Derecho a
la Salud Sexual y Reproductiva», aprobada por la Asamblea General el 1º de
diciembre de 2008 –luego del veto de los capítulos mencionados- establece
en el segundo inciso de su artículo 4(b) que corresponde al Ministerio de
Salud Pública implementar la Ordenanza 369-04 del 6 de agosto de 2004.
Esta normativa se refiere a la atención integral en los casos de embarazo no
deseado - no aceptado, denominada «Asesoramiento para la maternidad
segura, medidas de protección materna frente al aborto provocado en
condiciones de riesgo».
Dicha ordenanza reconoce que Uruguay ocupa «uno de los primeros lugares
en mortalidad materna por complicaciones derivadas del aborto provocado
39en condiciones de riesgo» y señala la existencia de un «incremento marcado
de la mortalidad por dicha causa, particularmente en el subsector público».
Las mencionadas medidas constituyen una guía dirigida al equipo
multidisciplinario de salud encargado de atender a mujeres embarazadas
que estén considerando interrumpir el embarazo. Se prevé la realización de
dos consultas, una con anterioridad y otra con posterioridad al aborto. De
acuerdo a lo establecido en las medidas, en la consulta inicial se debe informar
a la paciente «sobre las características y connotaciones del aborto provocado
en condiciones de riesgo» así como «desestimular la práctica del aborto como
método anticonceptivo».
Si bien las medidas establecen que no se podrá asesorar sobre un lugar o
profesional específico donde realizarse el aborto, en caso que la paciente no
cambie su posición inicial de interrumpir el embarazo, se le dispondrá los
cuidados de protección preaborto «que incluye la administración preventiva
de antibióticos desde las 24 hs. antes del supuesto momento en el cual la
paciente podría decidir realizarse el aborto». Asimismo, de acuerdo a las
Guías Clínicas de las Normativas Sanitarias94, se debe informar a la paciente
sobre las prácticas de mayor y menor riesgo95. En este sentido, el equipo de
salud, basándose en «datos internacionales», debe informar sobre los
procedimientos más seguros, los cuales varían de acuerdo a la edad
gestacional del embarazo. Para los embarazos dentro de las primeras ocho
semanas, se sugiere antiprogesterona (RU 86) y prostaglandinas; mientras
que después de ese período gestacional, los métodos más seguros son el
«legrado aspirativo y legrado instrumental realizado por personal con
experiencia». En resumen, los/las profesionales de salud pública encargados/
as de atender a mujeres que deseen interrumpir su embarazo, luego de buscar
alternativas a la realización del aborto tienen el deber de administrar
antibióticos a la paciente para evitar una posible infección así como informarle
cuáles son los procedimientos más seguros para procurar la interrupción del
Esta ordenanza demuestra que la necesidad de una reforma legislativa es tal
que, ante la ausencia de ésta, las y los profesionales de la salud se vieron
obligados/as a buscar una solución a medias, solución que posteriormente
obtuvo rango legal a través de la ley 18426. Por un lado, esta normativa
tiene el mérito de haber introducido en los servicios de salud pública la
problemática del aborto provocado en condiciones de riesgo. Sin embargo,
una serie de deficiencias han impedido que dicha situación sea abordada de
manera efectiva; deficiencias que se ven reflejadas en la calificación negativa
dada por el Comité de la CEDAW respecto a la alta tasa de mortalidad materna
relacionada con abortos inseguros.
40En primer lugar, la falta de una adecuada difusión llevó a que la mayoría de
los/las profesionales de salud pública desconozca la existencia de la
normativa. De acuerdo a un estudio realizado en el año 2008, tan sólo el
28,5% de los/las profesionales conocía la Ordenanza 369-04 96. En segundo
lugar, la ordenanza no parece brindar garantías suficientes a los/las
profesionales encargados/as de «preparar» a la paciente que esté determinada
a interrumpir su embarazo. Ello genera confusión, principalmente entre los/
las médicos/as, quienes temen verse involucrados/as en una investigación
penal. Por último, no existe un mecanismo de control del cumplimiento de
la ordenanza por parte del Ministerio de Salud Pública, ni cifras oficiales al
respecto. Esta falta de seguimiento impide la identificación de los obstáculos
existentes en la implementación de estas medidas de protección, lo cual es
fundamental para lograr un efectivo abordaje de la problemática relativa a la
alta tasa de mortalidad materna relacionada con abortos realizados en
condiciones inseguras97.
Un caso clínico citado en la Revista Médica del Uruguay 98 ilustra las
consecuencias de la no aplicación de estas medidas de protección frente al
aborto provocado en condiciones de riesgo. Se trata del caso de una mujer
de 43 años procedente de un medio carenciado de Montevideo con
antecedentes de cinco gestaciones (tres partos y dos abortos espontáneos),
quien manifestó en una policlínica de atención primaria su decisión de
interrumpir el embarazo. Se le planteó la imposibilidad de esa alternativa sin
ofrecer información adicional ni la derivación a la Policlínica de
Asesoramiento del Hospital de la Mujer. Luego de intentar interrumpir el
embarazo en su casa ingiriendo diversas infusiones durante varios días, tuvo
un cuadro de fiebre, cólicos, vómitos y diarrea, motivo por el cual fue
hospitalizada, falleciendo en la sala operatoria. La autopsia mostró que la
causa de la muerte fue la septicemia postaborto.
Al respecto, se concluye que el caso revela una falla en el sistema de atención
primaria que privó a la paciente de un asesoramiento adecuado. La falta de
información conllevó a que se perdieran varias oportunidades para poder
realizar una intervención eficaz, que hubiera evitado un aborto en
condiciones de muy alto riesgo y la muerte materna99. Este tipo de casos
refleja que la Ordenanza 369-04 representa una solución de hecho para un
problema netamente de derecho, relacionado con la penalización del aborto.V.2 La objeción de conciencia
Respecto de este punto, el veto dispone: «al regular la objeción de conciencia
de manera deficiente, el proyecto aprobado genera una fuente de41discriminación injusta hacia aquellos médicos que entienden que su
conciencia les impide realizar abortos, y tampoco permite ejercer la libertad
de conciencia de quien cambia de opinión y decide no realizarlos más.
Nuestra Constitución sólo reconoce desigualdades ante la ley cuando se
fundan en los talentos y virtudes de las personas. Aquí, además, no se respeta
la libertad de pensamiento en un ámbito por demás profundo e íntimo».
En relación con la regulación de la objeción de conciencia y el acceso por
parte de la mujer a servicios médicos relacionados con su salud reproductiva,
el Comité de CEDAW ha sostenido que:Las medidas tendientes a eliminar la discriminación contra la
mujer no se considerarán apropiadas cuando un sistema de
atención médica carezca de servicios para prevenir, detectar
y tratar enfermedades propias de la mujer. La negativa de un
Estado Parte a prever la prestación de determinados servicios
de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta
discriminatoria. Por ejemplo, si los encargados de prestar
servicios de salud se niegan a prestar esa clase de servicios
por razones de conciencia, deberán adoptarse medidas para
que remitan a la mujer a otras entidades que prestan esos
servicios100.
Tal como lo menciona el ex presidente Vázquez, los capítulos vetados
contemplaban explícitamente la posibilidad de que los/as médicos/as
objetores/as de consciencia se negasen a realizar abortos, por lo que, en este
aspecto, estaba garantizada la libertad de pensamiento. Sin embargo, el
proyecto de ley no permitía expresamente que aquellos/as médicos/as que
en un inicio optaron por realizar abortos luego cambiasen de opinión,
limitación que, según el veto, constituiría una fuente de discriminación.
Concordamos con el ex presidente en que dicha limitación constituía
efectivamente una deficiencia del proyecto de ley en los términos en los que
fue aprobado por el Parlamento. Sin embargo, en lugar de vetar los
mencionados capítulos, se podría haber propuesto una forma alternativa de
regulación de la objeción de conciencia o haber sugerido que el tema fuera
objeto de una discusión más profunda y, quizás, de una ley o reglamento
que regulara este aspecto. La existencia de una imprecisión respecto a la
reglamentación de la objeción de conciencia, limitación perfectamente
subsanable, no es suficiente para vetar capítulos que consagran derechos tan
fundamentales como los derechos sexuales y reproductivos.42V.3 El Aborto como Acto Médico, las Declaraciones de la Asociación
Médica Mundial y la Medicina Hipocrática
El veto sostiene que «[e]l proyecto, además, califica erróneamente, y de manera
forzada, contra el sentido común, el aborto como acto médico, desconociendo
declaraciones internacionales, como las de Helsinki y Tokyo [sic] […] que
son reflejo de los principios de la medicina hipocrática que caracterizan al
médico para actuar a favor de la vida y de la integridad física». Nuevamente,
el veto no elabora argumentos específicos. A pesar de ello, intentaremos
desvirtuar estos alegatos generales.
En primer lugar, se observa que el ex presidente Vázquez, de la misma forma
en que «oficializa» su opinión acerca de la idiosincrasia del pueblo uruguayo
tal como fue abordado en la introducción, define lo que entiende por «sentido
común». Según el ex Presidente, el sentido común impone considerar que el
aborto inducido no es un acto médico. Contrariando dicho «sentido común»
la Asociación Médica Canadiense (AMC) adoptó en 1988 una política mediante
la cual se definía el aborto como un acto médico, y como un procedimiento
electivo101. Siendo consistentes con una política implementada por la Sociedad
Canadiense de Obstetras y Ginecólogos en 1982, la AMC entendió el aborto
inducido como un acto (procedimiento) médico, lo cual implica que debe
ser llevado a cabo por un/a profesional de la medicina calificado/a de acuerdo
a los estándares de la AMC. Al ser entendido como un acto médico, servicios
de aborto deben estar disponibles para las mujeres como un procedimiento
Adicionalmente, el veto no hace referencia a que, en Uruguay, las Pautas
para la práctica institucional del aborto por indicación médico-legal definen
al aborto como «acto médico»102. Según tales pautas, el aborto con indicación
médico-legal es el «acto médico o quirúrgico consistente en la interrupción
voluntaria de la gravidez en los casos en los que la legislación prevé la no
imposición de una pena por tal motivo» 103 . En consecuencia,
independientemente de su definición en la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva aprobada por el Parlamento y vetada por el ex Presidente, el
aborto ya se encontraba definido como un acto médico en la normativa
interna vigente en Uruguay.
Al igual que el veto menciona algunos tratados de derechos humanos y omite
mencionar otros de igual importancia, como analizamos anteriormente, llama
la atención que haga referencia a algunas declaraciones de la Asociación
Médica Mundial (AMM) y omita mencionar otras que resultan más relevantes
por tener una conexión mucho más directa con el objeto de la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva. Un ejemplo es la «Resolución de la Asociación Médica
43Mundial sobre el Acceso de la Mujer y el Niño a la Atención Médica y la
Función de la Mujer en la Profesión Médica», la cual fue adoptada en
Hamburgo en 1997 (y enmendada en Seúl en el año 2008). En dicha
resolución, la AMM recomendó a las asociaciones médicas locales, entre otros:-Insistir en los derechos de las mujeres y los niños a tener una
atención médica completa y adecuada, en especial cuando
las restricciones religiosas y culturales obstaculicen el acceso
a dicha atención.
-Promover los derechos a la salud de las mujeres y niños como
-Sensibilizar a sus miembros sobre temas de igualdad de sexos
y de participación de las mujeres en la toma de decisiones y
actividades relacionadas con la salud104.
Finalmente, es menester indicar que las declaraciones de Tokio y Helsinki
no hacen mención alguna al aborto o la definición de «acto médico». La
declaración de Helsinki, adoptada por la AMM en 1964, establece principios
éticos para las investigaciones médicas en seres humanos y, si bien establece
como uno de sus principios fundamentales la protección de la vida en toda
investigación médica, no hace mención alguna al aborto como acto médico
o a la protección del feto. En segundo lugar, la declaración de Tokio establece
«Normas directivas para médicos con respecto a la tortura y otros tratos o
castigos crueles, inhumanos o degradantes, impuestos sobre personas
detenidas o encarceladas». Por ende, tampoco pareciera existir conexión
entre esta declaración y el objeto del veto105.VI. CONCLUSIONES
Para concluir, es necesario realizar una reflexión final respecto al significado
del veto. La facultad del Poder Ejecutivo de objetar proyectos de ley aprobados
por ambas Cámaras del Poder Legislativo es un mecanismo previsto en muchas
Constituciones liberales que siguen la tradición norteamericana de un sistema
presidencialista basado en la separación de poderes. Desde este punto de
vista, no hay nada que objetar al veto del ex presidente Vázquez. Dicha
facultad constitucional no debería ser entendida como una instancia dramática
sino, por el contrario, como un signo del buen funcionamiento de las
instituciones democráticas106.
A diferencia del proceso de formación de las leyes en el cual existe un debate
público, la decisión del Poder Ejecutivo de vetar una ley no está sujeta a
ningún requisito de forma sino tan solo a ciertos plazos establecidos por la
44Constitución. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo, en principio, no estaría obligado
a desarrollar los fundamentos que llevaron a vetar un proyecto de ley. Ello
está íntimamente relacionado con la propia naturaleza jurídica del veto y
con el hecho que su ejercicio esté vinculado a razones de conveniencia
política y de armonización del funcionamiento de los Poderes del Estado107.
Sin embargo, la fundamentación del veto tiene una doble importancia. En
primer lugar, de acuerdo a la Constitución de la República, la facultad del
Poder Ejecutivo de vetar consiste en oponer objeciones o hacer
observaciones108. Resulta difícil pensar en una forma de hacerlo que no sea
a través de la exposición de los motivos que llevaron al surgimiento de dichas
objeciones u observaciones. En segundo lugar, existe una expectativa
razonable por parte de la sociedad de que el titular del Poder Ejecutivo
justifique su decisión; expectativa basada en una especie de deber institucional
del Poder Ejecutivo y en particular del Presidente de la República de no
realizar actos infundados.
Como se ha demostrado en el presente trabajo, los argumentos expuestos en
el veto son generales e imprecisos, parten de falsas asunciones y, sobre todo,
desconocen la existencia de obligaciones internacionales asumidas por
Uruguay de respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, en
particular, la protección del derecho a la vida y la integridad personal –dada
la negación del derecho al aborto en condiciones seguras– y la no
discriminación en el acceso a servicios de salud.
Utilizando un análisis multidisciplinario y argumentando desde distintos
enfoques (fáctico, jurídico, de género y médico-legal) concluimos que el
veto es deficitario. Primeramente, se confirmó que la despenalización del
aborto no resulta en la triplicación del número de abortos como fue
erróneamente afirmado. Seguidamente, se comprobó que los capítulos de la
ley objeto del veto relacionados con la despenalización del aborto no
vulneran el orden constitucional uruguayo o la libertad de empresa y
asociación. Asimismo, se demostró que, de haberse aprobado el proyecto
de ley, no se hubiera incurrido en la violación de los compromisos asumidos
por el Estado a través de la ratificación de tratados internacionales como la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención sobre
los Derechos de la Niñez. Luego, se argumentó que la prohibición del aborto
constituye la negación estatal del acceso a un servicio de salud que, dada su
naturaleza, se traduce en una disposición legal discriminatoria contra las
mujeres. En conexión con esto, se concluyó que de conformidad con los
estándares internacionales, la interrupción del embarazo es una decisión
que recae en la esfera de la autonomía y vida privada de las mujeres, y, en
45virtud de ello, se constituye en un límite a la libertad de configuración de los
Seguidamente, se señaló que a pesar de que el propio Estado ha reconocido
que Uruguay ocupa «uno de los primeros lugares» en el mundo por el alto
número de muertes de mujeres por complicaciones derivadas del aborto
provocado en condiciones de riesgo, la respuesta estatal a dicha problemática
–a través de la adopción de la Ordenanza 369-04– no ha sido efectiva, tal y
como fue afirmado por el Comité de la CEDAW en setiembre de 2008. Al
respecto, se destacaron sus principales deficiencias, las cuales radican en el
desconocimiento de la existencia de dicha normativa por la gran mayoría de
los/las profesionales de salud y una falta de reglamentación y fiscalización
estatal para su efectiva implementación. Se concluyó que el Estado no puede
abordar efectivamente el problema de la morbimortalidad materna derivada
de la realización de abortos inseguros a través de una solución de hecho ya
que dicha problemática es producto de una barrera de derecho (penalización
del aborto).
Posteriormente, se sostuvo que la justificación dada por el veto en relación
con la regulación deficiente de la objeción de conciencia constituía una
falla subsanable que, por sí misma, no era suficiente para vetar los capítulos
de la ley que garantizaban un derecho reproductivo. Por último, se determinó
que el aborto ya se encuentra definido como acto médico en la normativa
interna uruguaya y que al respecto no se desconocían declaraciones
internacionales emitidas por la Asociación Médica Mundial.
Reproductiva el 11 de noviembre de 2008 por el parlamento uruguayo, así
como el alto porcentaje de personas que manifiestan estar a favor de la
despenalización del aborto en Uruguay, demuestran que ya existe suficiente
madurez política y social para avanzar hacia la despenalización del aborto.
Esperamos que esta nueva etapa en la historia política de Uruguay, con una
legislatura con mayoría oficialista (y que apoya la despenalización), y un
presidente que se ha manifestado a favor de la despenalización, permitan
finalmente que se garantice legalmente el derecho de las mujeres a tomar
decisiones sobre su propio cuerpo. Quedará pendiente evaluar si el nuevo
gobierno puede garantizar que una vez despenalizado, se aborden de manera
efectiva las barreras de hecho que tienden a obstaculizar el ejercicio del
derecho de las mujeres al aborto legal.
Finalizamos con una reflexión: la prohibición del aborto afecta de manera
desproporcionada a las mujeres más pobres y más excluidas socialmente.
46Tener la opción legal de interrumpir un embarazo significa poco o nada
para las mujeres que tienen los medios económicos para obtener un aborto
clandestino en una clínica privada que garantice que se hará en condiciones
que no atenten contra su vida o integridad personal. Estas mujeres siempre
tienen opción. La prohibición legal del aborto no es una problemática a
abordar mediante un debate elitista en el que se discutan posturas sobre la
«sacralidad de la vida» y el «milagro» de la función reproductiva de la mujer.
La prohibición del aborto es un problema socioeconómico práctico y tangible
que el Estado uruguayo tiene el deber de abordar de una manera efectiva, y
cuya discusión no puede sino situarse en el contexto social de pobreza y
exclusión en el que viven sumergidas miles de mujeres uruguayas.Notas al texto1Valéry Giscard D’Estaing era presidente de Francia en 1975, cuando se
despenalizó el aborto en dicho país. Citado por Grupo de Información en
Reproducción Elegida (GIRE), «Las personas famosas opinan», disponible
en: http://www.gire.org.mx/contenido.php?informacion=87
(consultado el 19 de febrero de 2010).2Ver Veto del Presidente Tabaré Vázquez, 14 de noviembre de 2008, anexo
a este artículo. Asimismo, el veto se encuentra disponible en:
http://www.presidencia.gub.uy/_Web/proyectos/2008/11/
s511__00001.PDF (consultado el 19 de febrero de 2010).3Rebecca J. Cook, Bernard M. Dickens y Mahmoud F. Fathalla, «Salud
Reproductiva y Derechos Humanos: integración de la medicina, la ética
y el derecho», Oxford y Profamilia, 2003, pág. 24.4Eugenio Raúl Zaffaroni, «Muertes anunciadas», Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, Temis, Bogotá, 1993, pp. 15-16 citado en Lidia Casas,
Capítulo cuatro: salud en «La Mirada de los Jueces: Género en la
47Jurisprudencia Latinoamericana», Cristina Motta y Macarena Sáenz,
editoras académicas, Red Alas, Siglo del Hombre editores, American
University Washington College of Law, Center for Reproductive Rights,
2008, pág. 401.
5Diego Sempol, «Uruguay: aborto, veto y después. La soledad de un
presidente» (sin fecha), disponible en: http://alainet.org/images/
Sempol_veto.pdf (consultado el 19 de febrero de 2010): «según la
encuestadora Interconsult, el 57% de los uruguayos están a favor de la
despenalización del aborto y un 42 % en contra. Las estadísticas revelan
que si bien la mayoría a favor de la despenalización tuvo picos (un 54% de
mínima y un 63 % de máxima) ha sido una tendencia más que estable en
los últimos 15 años.»6Ver Martín Hevia y Ezequiel Spector, «La Constitucionalidad de la
Prohibición de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo» (2008) Jura
Gentium – Journal of International Law and Global Politics, disponible en:
http://www.juragentium.unifi.it/en/surveys/latina/hevia.htm
(consultado el 19 de febrero de 2010). Al respecto, el constitucionalista
John Hart Ely explica que «si la Constitución sólo protegiera los valores
que están de acuerdo con los valores tradicionales, las personas que más
posibilidades tienen de ser penalizadas por su forma de vida serán
aquéllas que menos probabilidades tendrán de recibir protección judicial.
Por tal razón, la remisión a la tradición no parece compatible con la teoría
básica del control popular ni con el espíritu de las disposiciones
constitucionales destinadas a controlar el poder de la mayoría, respecto de
las cuales intentamos encontrar su contenido». John Hart Ely, Democracy
and Distrust - A Theory of Judicial Review (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1980), pág. 62.7La Constitución de la República en el segundo capítulo de la Sección VII
(De la proposición, discusión, sanción y promulgación de las leyes) esta
blece: Artículo 136: Si la Cámara a quien fuese remitido el proyecto no
tiene reparos que oponerle, lo aprobará, y sin más que avisarlo a la
Cámara remitente, lo pasará al Poder Ejecutivo para que lo haga publicar.
[…] Artículo 137: Si recibido un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo
tuviera objeciones que oponer u observaciones que hacer, lo devolverá
con ellas a la Asamblea General, dentro del plazo perentorio de diez días.8Para mayor información al respecto ver: MYSU, Mujer y Salud Uruguay.
Hoja Informativa Nº 03 / Setiembre de 2008, «Aborto en Uruguay, el
Presidente NO puede vetar».Disponible en:
http://www.mysu.org.uy/publicaciones/pdf/manuales/hoja-informativa3.pdf (consultado el 19 de febrero de 2010).489Meermann H., Abortion in the process of decriminalization? An
international study of the Max-Planck Institute at Freiburg. A more liberal
legal approach does not result in more abortions. FORTSCHRITTE DER
MEDIZIN. 1988 Jul 10;106(20):52-3 «The study indicates that a permissive
legal situation does not necessarily go hand-in-hand with an above
average frequency of abortions. It is assumed that familiarity with and
availability of reliable contraceptive methods is of the utmost importance.
It is striking that the Netherlands, which has the most liberal abortion laws
of all, also has one of the lowest abortion rates in Europe« (traducción
libre).10 El aborto se despenalizó en Estados Unidos con el emblemático caso
11 Guttmacher Institute, Facts on Induced Abortion in the United States, July
2008, disponible en:
(consultado el 19 de febrero de 2010). Benjamin B. Ringer & Elinor R.
Lawless, Race-ethnicity and society. New York: Rutledge, 1989.
12 Richard T. Schaefer, Ed., Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society.
SAGE Publications Inc. (2008). «Not surprisingly, the U.S. abortion rates
rose rapidly during the years immediately following legalization due in
part to a shift from unreported illegal abortions to reported legal abortions«
13 Guttmacher Institute, op. cit., Benjamin B. Ringer & Elinor R. Lawless,
Race-ethnicity and society. New York: Rutledge, 1989.
14 Rebecca J. Cook, op. cit., pág. 157.
15 El término «aborto inseguro» (unsafe abortion) ha sido definido por la
Organización Mundial de la Salud como aquel «procedimiento para
terminar un embarazo no planificado que es llevado a cabo por personas
que no tienen las aptitudes necesarias para ello y/o en un ambiente que
no se adecua a los estándares médicos mínimos» (traducción libre). A lo
largo de este trabajo utilizaremos los términos «aborto inseguro» o
«aborto en condiciones inseguras» para hacer referencia a dicho
procedimiento. Ver The prevention and management of unsafe abortion.
Report of a Technical Working Group. Geneva, World Health
Organization, 1992 (WHO/MSM/92.5) citado en World Health
Organization, «Unsafe Abortion. Global and regional estimates of the
incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2003»
495th Ed., 2003, disponible en:
(consultado el 19 de febrero de 2010).
16 World Health Organization, «Unsafe Abortion. Global and regional
estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in
2003» 5th Ed., 2003, disponible en:
17 World Health Organization, «Unsafe Abortion. Global and regional
18 Lilian Abracinskas y Alejandra López Gómez, Mujer y Salud en Uruguay,
«Mortalidad Materna, Aborto y Salud en Uruguay: un escenario
cambiante» Uruguay, 2004, pág. 81, disponible en:
http://www.mysu.org.uy/publicaciones/pdf/libros/libro_MYSU_201.pdf
19 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Observaciones finales: Uruguay, 42° Período de Sesiones, cedaw /C/URY/
CO/7, 14 de noviembre de 2008, párr. 38.
20 Gold RB. Abortion and women’s health. A turning point for America?
New York and Washington, DC, The Alan Guttmacher Institute, 1990
citado en World Health Organization, op.cit., p. 16.
21 Ver World Health Organization, «Safe Abortion: Technical and Policy
Guidance for Health Systems», 2003, pág. 15, disponible en:
22 El Código Penal de 1934, promulgado por la Ley 9155 del 4 de
diciembre de 1933, en el capítulo IV, título XII del libro II penalizaba
exclusivamente el aborto provocado sin consentimiento de la mujer:
(Aborto sin consentimiento de la mujer).- El que causare el aborto de una
mujer, sin su consentimiento, será castigado con dos a ocho años de
(Lesión de la mujer).- Si a consecuencia del hecho sobreviniere a la mujer
una lesión, la pena será de tres a nueve años de penitenciaría, y si
50ocurriese la muerte, la pena será de cuatro a doce años de penitenciaría.
(Causas atenuantes y eximentes).- Si el delito se cometiere para salvar el
propio honor, el de la esposa o el de un pariente próximo, la pena se
disminuirá de un tercio a la mitad, y no se tomarán en cuenta las
23 Lilian Abracinskas y Alejandra López Gómez, op.cit., p. 93.
24 Graciela Sapriza, Ponencia: La despenalización del aborto en el Uruguay
(1934 – 1938), disponible en:
http://www.chasque.net/frontpage/comision/dossieraborto/cap3_3.htm
25 Cabe destacar que un Decreto emitido el 15 de enero de 1935 prohibió
la realización de abortos en hospitales públicos (con excepción de los
abortos terapéuticos), por lo que la liberalización total del aborto se
practicó en establecimientos públicos solamente durante un año.
26 Al respecto, ver las discusiones del debate parlamentario de 1937 en
Aborto en debate. Dilemas y desafíos del Uruguay democrático.
MYSU, Mujer y Salud en Uruguay. Montevideo, 2007, págs. 106 -109.
27 Sin embargo, en el caso que el aborto se realizare para salvar la vida de la
mujer, no se exige los requisitos del consentimiento o que se realice
dentro de los tres primeros meses de embarazo. Cuando el aborto se
realiza por causas graves de salud de la mujer, no se exige este último
28 Código General del Proceso, Título IX (Proceso de Inconstitucionalidad
de la Ley), artículos 508 - 523.
29 Ninth Amendment to the United States Constitution: «The enumeration
in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or
disparage others retained by the people».
30 El artículo 33 de la Constitución argentina establece: «las declaraciones,
derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos
como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que
nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno».
31 Martín J. Risso Ferrand, La libertad de enseñanza en la Constitución
51uruguaya. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional
Autónoma de México (unam), pág. 502, disponible en:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20042/pr/
pr4.pdf (consultado el 19 de febrero de 2010).
32 Proyecto (Des)penalización del aborto en Uruguay: Prácticas, actores y
discursos. Abordaje interdisciplinario sobre una realidad compleja.
Universidad de la República, Comisión Sectorial de Investigación
Científica (csic), Montevideo, Uruguay, 2008.
33 Entrevista al abogado Gervasio Guillot, ex Presidente de la Suprema
Corte de Justicia, disponible en:
http://www.chasque.net/frontpage/comision/dossieraborto/cap6_9c.htm
34 Íbid.
35 Michel van de Kerchove. Le droit sans peines. Aspects de la dépénalisation
en Belgique et aux Etats-Unis. Publications des Facultés universitaires SaintLouis. Bruselas, Bélgica, 1987, pág. 190.
36 Ministerio Público y Fiscal, informe 8/05/08 citado en MYSU, Mujer y
Salud Uruguay. «Aborto: Las Mujeres bajo Sospecha», Cuadernos de
Divulgación sobre Derechos y Salud Sexual y Reproductiva, Época II –
No. 1, 28 de mayo de 2008, disponible en internet: http://
www.mysu.org.uy/publicaciones/pdf/cuadernos/separata_8.pdf
(consultado el 21 de febrero de 2010).
37 El País Digital, «José Mujica promueve plebiscito por aborto», nota del 16
de noviembre de 2009, disponible en:
http://www.elpais.com.uy/091116/pnacio-454575/politica/jose-mujicapromueve-plebiscito-por-aborto (consultado el 17 de febrero de 2010).
38 Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva
OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 46. Sobre
este punto, ver Cecilia Medina Quiroga y Claudio Nash Rojas, Sistema
Interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus Mecanismos
de Protección (Santiago: Centro de Derechos Humanos de la
Universidad de Chile, 2007) pp.34-35.
39 Corte I.D.H., íbid, párr.46.5240 Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Sentencias Nos. 27/89, 312/95,
202/02 y 54/04: «[…] ningún derecho reconocido por la constitución
reviste el carácter de absoluto, un derecho ilimitado sería una
concepción antisocial, por ello su necesidad de hacerlo compatible con
el derecho de los demás dentro de la comunidad y con los intereses
superiores de esta última».
41 Por ejemplo se puede señalar que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina hizo referencia a la importancia del derecho a la salud
y a cómo éste es importante para garantizar el respeto al derecho a la
vida. Ver Fallos: 329:1638 y pronunciamiento recaído el 11 de abril de
2008 en «Chamorro, Carlos c/ Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música s/amparo», S. C. C. N1 2154, L. XLII; doct.
Fallos 323:3229 y 1339; 324:754; 326: 4931; 329:4918; ver también el
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; ver asimismo Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Observación General No. 14, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de
2000, párrs. 1-3.
42 CIDH, Informe de Fondo, Resolución No. 23/81, Caso 2.141, Estados
Unidos de América, 6 de marzo de 1981, disponible en:
http://www.cidh.org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141.htm
(consultado el 19 de febrero de 2010) (en adelante «Caso Baby Boy«).
43 La petición en el caso Baby Boy fue presentada por el presidente de una
organización cristiana (Catholics for Christian Political Action) y otro
peticionario en contra de los Estados Unidos en representación de un
feto que fue objeto de un aborto legal en un hospital en la ciudad de
Boston, Massachussets, alegando la violación del derecho a la vida
establecido en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre. Dicho artículo establece que «todo ser humano
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona».
44 El artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, según fue finalmente aprobado, establece que «todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona».
45 Como se mencionó anteriormente, dicho código establece que el aborto
podrá ser eximido de pena si es realizado con el consentimiento de la
mujer y dentro de los primeros tres meses de gravidez cuando se realice:
(a) para salvar el propio honor, el de la esposa o un pariente próximo; (b)53para eliminar el fruto de una violación; (c) por causas graves de salud o
para salvar la vida de la mujer y, (d) por angustia económica. Ver supra
página 10, nota al pie de página 27.
46 Anuario 1968, p. 97 citado CIDH, Informe de Fondo, Resolución No. 23/
81, Caso 2.141, Estados Unidos de América, 6 de marzo de 1981,
47 Cecilia Medina Quiroga, «La Convención Americana: Teoría y
Jurisprudencia. Vida, Integridad Personal, Libertad Personal, Debido
Proceso y Recurso Judicial», publicación auspiciada por la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile y el Centro de Derechos Humanos,
diciembre de 2003, pág. 71.
48 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, U.N. Doc A/
CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entrada en vigencia 27 de
enero de 1980.Viena, 23 de mayo de 1969, artículo 31.
49 Corte I.D.H., Asunto de Viviana Gallardo y otras. Serie A No. G 101/81,
párr. 16 y Corte I.D.H., Interpretación de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva
OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 37 citados en
Cecilia Medina Quiroga, op. cit., p. 73.
50 Cecilia Medina Quiroga, íbid, p. 74.
51 Cecilia Medina Quiroga, íbid, pp 77-78.
52 Ley 9.736 del 24 de enero de 1938 modificativa del Código Penal
uruguayo (Capítulo V, artículo 328, Op.cit.).
53 Según lo previsto en el artículo 64.2 de la Convención Americana, los
Estados miembros de la OEA tienen la facultad de solicitar a la Corte
Interamericana que opine acerca de la compatibilidad de cualquiera de
sus leyes internas con la Convención Americana.
54 El nombre de esta convención en inglés es Convention on the Rights of
Child. Si bien la traducción oficial de dicho tratado es «Convención sobre
los Derechos del Niño», consideramos que usar el término genérico
masculino es en sí mismo discriminatorio y no puede entenderse como
inclusivo del femenino. En virtud de ello, a lo largo del presente trabajo54nos referiremos a dicho tratado como Convención sobre los Derechos de
55 «Concerning article 1 of the Convention, the Argentine Republic declares
that the article must be interpreted to the effect that a child means every
human being from the moment of conception up to the age of eighteen».
56 «With reference to article 1 of the Convention, and with the aim of giving
legal definition to its signing of the Convention, the Government of
Guatemala declares that article 3 of its Political Constitution establishes
that: «The State guarantees and protects human life from the time of its
conception, as well as the integrity and security of the individual».
57 «The United Kingdom interprets the Convention as applicable only
following a live birth».
58 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General Nº 24 (20° período de sesiones, 1999), «La mujer y
la salud», párr. 11.
59 Íbid., Recomendación General No. 19 (11° Período de sesiones, 1992),
«La violencia contra la mujer», párr. 24(m).
60 Íbid., Recomendación General No. 24, (20° período de sesiones, 1999),
«La mujer y la salud», párr. 31.
61 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación
general Nº 14 (2000), E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 11.
62 Íbid., Observación general Nº 14 (2000), E/C.12/2000/4, 11 de agosto de
2000, párr. 21.
63 Rebecca J. Cook, Bernard M. Dickens y Mahmoud F. Fathalla, op.cit.,
64 Si bien internacionalmente se atribuye gran protagonismo a la
Conferencia en El Cairo en el reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos, ya desde conferencias, declaraciones y consensos
internacionales anteriores, tales como la I Conferencia Internacional
sobre Derechos Humanos celebrada en Teherán (1968), la Conferencia
Mundial sobre Población celebrada en Bucarest (1974), la I Conferencia
Mundial sobre la Mujer celebrada en México (1975) y la Conferencia
55Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena (1993), entre otros,
se había destacado la importancia de proteger el derecho a la
65 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, Programa de
Acción, Capítulo VII, Derechos reproductivos y salud reproductiva,
disponible en: http://web.unfpa.org/spanish/icpd/icpd_poa.htm
66 Íbid.
67 Ver IIDH, «Los Derechos Reproductivos son Derechos Humanos»,
tomo I, publicación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
con el apoyo de UNFPA y de la Agencia Sueca de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, 2008.
68 Rebecca J. Cook, Bernard M. Dickens y Mahmoud F. Fathalla, op. cit., p. 8.
69 La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que «los
Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna […]». En interpretación de dicha norma, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos se pronunció en su primera decisión sobre el
fondo en el Caso Velázquez Rodríguez que «en efecto, dicho artículo
pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto
y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos
reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas
del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su
responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención.» Corte
I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988.
Serie C No. 4, párr. 164. Nos enfocaremos principalmente en las obligaciones de respetar y garantizar tal y como han sido desarrolladas en el
sistema interamericano. Sin embargo, es necesario mencionar que en el
Derecho internacional de los derechos humanos, y más específicamente
en lo referente a los derechos económicos, sociales y culturales, se ha
identificado una tercera obligación de los Estados en conexión con los
derechos humanos. Es así como, conjuntamente con las obligaciones de
respetar y garantizar, se hace referencia a la obligación de «proteger».
Ésta es entendida como la obligación del Estado de impedir que terceros
violen (o frustren el ejercicio de) los derechos humanos. Para el Sistema
56Interamericano, esta obligación de protección se encuentra incluida
dentro de la obligación de garantía.
70 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
op.cit., párr. 50.
71 Íbid., párr. 52.
72 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales: Uruguay, 42° Período de Sesiones, cedaw/C/URY/CO/
7, 14 de noviembre de 2008, párr. 38.
74 Íbid., párr. 39.
75 Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, son
nulos aquellos tratados internacionales que están en oposición con una
norma imperativa de derecho internacional general o perteneciente al
jus cogens. Esta Convención define a una norma imperativa de derecho
internacional general como aquella norma que es «aceptada y
como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser
modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que
tenga el mismo carácter». Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entrada
en vigencia 27 de enero de 1980.Viena, 23 de mayo de 1969.
76 Corte I.D.H.,Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005.
Serie C No. 127, párr. 184, citando, en parte, a Corte I.D.H.,
Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No.
18, párr. 101.
77 Ibid., párr. 88; Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del
Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A
No. 17, párr. 44 y Corte I.D.H., Propuesta de Modificación a la
Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización.
Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4,
párr. 54.
78 Artículo 1 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.5779 Corte I.D.H., Propuesta de Modificación a la Constitución Política de
Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/
84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4 citado en CIDH, Informe
Anual 1999,
80 Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción
afirmativa concebidas para promover la participación política de las
mujeres con los principios de igualdad y no discriminación, capítulo VI.
81 Íbid.
82 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Recomendación General 25 sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la
contra la Mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal,
83 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, íbid., párr. 21.
84 Íbid., párr. 20.
85 Rebecca J. Cook, Bernard M. Dickens y Mahmoud F. Fathalla, op.cit.,
86 En relación con la discriminación contra las mujeres, la CIDH ha
manifestado: «La promulgación de instrumentos internacionales que
protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, refleja el
consenso y el reconocimiento por parte de los Estados del trato
discriminatorio que éstas tradicionalmente han recibido en sus
respectivas sociedades, lo que ha dado como resultado que sean víctimas
y estén expuestas a diferentes formas de violencia, que incluyen la
violencia sexual, psicológica y física y el abuso de sus cuerpos.» CIDH,
«Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las
Américas», OEA/Ser.L/V/II., Doc. 68, 20 enero 2007, resumen ejecutivo,
párr. 3.
87 Corte Constitucional de Colombia, íbid.
88 En relación con este punto, es importante recordar que ciertas
circunstancias sociales pueden ser relevantes en la determinación y
evaluación médica de los riesgos a la salud mental que puede constituir
un embarazo no planificado. Así, en determinadas culturas, un
58embarazo en una mujer soltera puede implicar un miedo razonable de
ostracismo familiar y/o social, lo cual adicionalmente puede reducir las
posibilidades de contraer matrimonio o planificar a futuro una vida
familiar. Cook, Rebecca J., Ortega-Ortiz, Adriana, Romans, Sarah and
Ross, Lori, Legal Abortion for Mental Health Indications. International
Journal of Gynecology and Obstetrics, Vol. 95, pp. 185-190, 2006,
disponible en Internet: http://ssrn.com/abstract=944863 (consultado el
19 de febrero de 2010).
89 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-355/2006, 10 de mayo
de 2006, Magistrados Ponentes: Dr. Jaime Araújo Rentaría y Dra. Clara
Inés Vargas Hernández, disponible en: www.corteconstitucional.gov.co/
(consultado el 31 de marzo de 2009).
90 Al respecto, el Comité de la CEDAW ha indicado «Las esferas pública y
privada de la actividad humana siempre se han considerado distintas y
se han reglamentado en consecuencia. Invariablemente, se han asignado a la mujer funciones en la esfera privada o doméstica vinculadas
con la procreación y la crianza de los hijos mientras que en todas las
sociedades estas actividades se han tratado como inferiores. En cambio, la vida pública, que goza de respeto y prestigio, abarca una
amplia gama de actividades fuera de la esfera privada y doméstica.
Históricamente, el hombre ha dominado la vida pública y a la vez ha
ejercido el poder hasta circunscribir y subordinar a la mujer al ámbito
privado.» Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, Recomendación General Nº 23 (16º período de sesiones,
1997), «Vida política y pública», párr. 8.
91 Al respecto, recordemos que durante la Décima Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), los
gobiernos de los países participantes (incluyendo Uruguay) reconocieron que «la división sexual del trabajo se mantiene como factor estructural de las desigualdades e injusticias económicas que afectan a las
mujeres en los ámbitos familiar, laboral, político y comunitario y
propician la desvalorización y falta de retribución de los aportes
económicos de las mujeres». ONU, cepal, Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe Consenso de Quito,
DSC/1, 9 de agosto de 2007.
92 Al respecto la Corte Constitucional de Colombia ha sostenido que el
derecho al libre desarrollo de la personalidad es «la consecuencia599394necesaria de una nueva concepción que postula al Estado «como un
instrumento al servicio del hombre y no al hombre al servicio del
Estado». (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-221/94) Bajo
ésta nueva óptica la autonomía individual –entendida como la esfera
vital conformada por asuntos que sólo atañen al individuo- cobra el
carácter de principio constitucional que vincula a los poderes públicos, a los cuales les está vedada cualquier injerencia en este campo
reservado, pues decidir por la persona supone «arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla,
convertirla en un medio para los fines que por fuera de ella se eligen»
(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-221/94).» Corte
Constitucional de Colombia, Sentencia C-355/2006, 10 de mayo de
2006, Magistrados Ponentes: Dr. Jaime Araújo Rentaría y Dra. Clara
Inés Vargas Hernández, disponible en:
Se agradece a Lilián Abracinskas por su aporte en el análisis del
Guías clínicas de la normativa sanitaria: «Medidas de protección
materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo» en
Iniciativas Sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de
riesgo. Sindicato Médico del Uruguay. Montevideo, 2002, págs. 127 133.95«En el contexto de considerar al aborto provocado como de riesgo, se
debe informar cuáles son las prácticas de mayor riesgo evitando así
que la paciente las desarrolle. Estas prácticas se pueden caracterizar
como las de mayor riesgo en base a que la mayor cantidad de complicaciones infecciosas, sepsis y muertes reportadas usaron alguno o más
de uno de estos procedimientos:
– Maniobras de introducción de elementos en la cavidad uterina:
tallo de perejil, agujas de coser, otros elementos.
– Maniobras realizadas por terceros: colocación de sonda vesical
dejándola en la cavidad.
– Infusiones y «lavados»: té de ruda, té de Carachipita.
– Colocación intravaginal de pastillas: pastilla de permanganato de
potasio».
Op. Cit, pág. 131.96Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva en
Uruguay. Informe 2008. MYSU, Montevideo, pág. 33.6097Con el objetivo de ofrecer un marco normativo preciso y seguro para
la actuación médica en la práctica del aborto médico-legal (aborto
permitido por el artículo 325 del Código Penal), en el Departamento
de Medicina Legal de la Facultad de Medicina (UdelaR) se elaboraron
una serie de pautas para la práctica institucional del aborto médicolegal en al año 2006, las cuales fueron actualizadas en diciembre de
2009 (Ver Rodríguez Almada, Hugo et al. «Aborto por indicación
médico-legal: pautas para su práctica institucional en Uruguay (2009)»
en Revista Médica del Uruguay, Vol. 25 Nº 4, diciembre de 2009,
págs. 1-7). De la lectura de estas pautas surge que las dificultades
existentes en estos casos son muy similares a las insuficiencias detectadas en la aplicación de la Ordenanza 369-04; la sensación de inseguridad jurídica del equipo de salud y de las instituciones asistenciales
públicas y privadas, ocasiona que las mujeres terminen recurriendo al
circuito clandestino y al aborto inseguro aun en los casos contemplados por la ley.98Lozano, Fernanda et al. «Muerte maternal por aborto inseguro como
falla del primer nivel de atención» en Revista Médica del Uruguay, Vol.
23 Nº 4, diciembre de 2007, págs. 389-390.99Lozano, Fernanda et al. «Muerte maternal por aborto inseguro como
23 Nº 4, diciembre de 2007, págs. 389-390.100 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General Nº 24 (20° período de sesiones, 1999), «La mujer y
la salud», párr. 11. Para un análisis detallado de la regulación de la objeción de conciencia en temas de derechos sexuales y reproductivos, ver
Lidia Casas, Capítulo cuatro: «La Objeción de Conciencia en Salud Sexual
y Reproductiva. Una ilustración a partir del caso chileno» en «Mas allá
del derecho. Justicia y género en América Latina» Luisa Cabal, Cristina
Motta, compiladoras, Red Alas, Siglo del Hombre Editores, Ediciones
Uniandes, Center for Reproductive Rights, Bogotá, 2006, pág. 268.
101 John Lamont, Abortion: The CMA’s new policy is a good one.
Canadian Medical Association Journal, vol. 139, November 15, 1988.
102 Ministerio de Salud Pública, Ordenanza No. 369-04, 6 de agosto de
2004, disponible en:
http://www.mysu.org.uy/normas/pdf/aborto/ordenanza_369.pdf
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105 Ver página web de la Asociación Médica Mundial, disponible en:
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modelos de democracia deliberativa atacan la democracia representativa porque no promueve el debate democrático robusto. Para esta línea
de crítica, ver, por ejemplo, Carlos Nino, La Constitución de la Democracia Deliberativa (Barcelona: Gedisa, 1997).
107 Laureano Camilo Fabré, El Veto Presidencial. Colegio de Abogados,
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