Source: http://blog.pucp.edu.pe/blog/medinaotazu/2011/05/04/el-control-difuso-de-convencionalidad-a-proposito-de-la-sentencia-de-inconstitucionalidad-del-decreto-legislativo-1097/
Timestamp: 2015-05-06 18:31:49+00:00

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EL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD: A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 1097 | Blog de Augusto Medina
EL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD: A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 1097
4 respuestas	EL ARTICULO DESARROLLA EL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD QUE ES UNA FIGURA SIMILAR AL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. PARA ELLO SE RECURRE A UN ANALISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL ALGUNOS ARTICULOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1097.EL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD: A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 1097 Autor: Augusto Medina Otazu I.	INTRODUCCION AL CASO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En este articulo nuestro interés está centrado en el análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente 0024 – 2010-PI/TC del 21 de marzo del 2011, presentado por la representación congresal contra el Decreto Legislativo 1097, suscrito por los Magistrados Mesía Ramírez; Álvarez Miranda; Beaumont Callirgos; Eto Cruz y Urviola Hani y los votos singulares de Álvarez Miranda y Vergara Gotelli. Para hacer más comprensible, cuando nos referiremos a esta sentencia lo mencionaremos como “la Sentencia del TC”
El objetivo del caso tiene el propósito de cuestionar la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1097 (proceso concentrado de control) porque pretendía favorecer únicamente a policías y militares que habían cometido delitos de lesa humanidad, promoviendo el archivo del proceso penal por excederse del plazo. Asimismo se cuestiona la interpretación que da el Decreto Legislativo 1097 a la norma de adhesión al Convenio de Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad (Resolución Legislativa 27998). De acuerdo a la declaración contenida en la referida Resolución Legislativa, solo se aplicaría el referido convenio internacional a partir del 2 de julio del 2003, lo que conllevaría a no procesar a ningún policía o militar ya que la mayoría de los casos de delitos de lesa humanidad se cometieron con anterioridad a dicha fecha. La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigor para el caso del Estado peruano el 9 de noviembre de 2003. En efecto, es ésa la fecha en la que esta Convención, de conformidad con el artículo 55 de la Constitución, pasó a formar parte del ordenamiento jurídico vigente. Empero, como ha quedado dicho, eso no significa que la regla de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, sólo sea aplicable a las conductas típicas cometidas después de esa fecha. Por el contrario, según se ha argumentado supra, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es una norma de ius cogens aplicable en todo tiempo y que encuentra reconocimiento en el derecho fundamental a la verdad previsto en el ordenamiento constitucional peruano. La Sentencia del TC por esa dicotomía entre el orden internacional y el nacional, entra a cuestionar la Resolución Legislativa 27998, pero se da cuenta que por el paso del tiempo su cuestionamiento había prescrito , en consecuencia sus efectos siendo inconstitucionales era necesario neutralizarlo y para ello el Tribunal recurre al Control Difuso recurriendo a una norma internacional versus la Resolución Legislativa. En esta parte consideramos que el Tribunal esta aplicando el control difuso de convencionalidad, por ello es que nos hemos propuesto desarrollar esta temática. II.	INTRODUCCION DEL TEMA
El Tribunal Constitucional viene brindándonos una serie de resoluciones que van en marcha y contramarchas respecto de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y su aplicación al ordenamiento interno.
Si bien la Sentencia del TC pone fin a una discusión creo que merece analizar el impacto que ha tenido la normatividad internacional en el ordenamiento interno y desarrollar lo que en doctrina se denomina control de convencionalidad y a partir de ahí el control difuso de convencionalidad, aporte que podrá elevar el estándar de la justicia peruana. En la sentencia del TC que analizaremos las normas que sirven de control del ordenamiento jurídico peruano son aquellos que establecen el estándar internacional de protección de los derechos humanos Las normas internacionales vinculadas a los derechos humanos por su afán de protección de las normas fundamentales tienen una gran repercusión en el ordenamiento jurídico por ello consideramos que en los países monistas como es el Perú, los tratados internacionales deben merecer una aplicación directa por los operadores del derecho.
Desarrollaremos el control difuso de convencionalidad que es una figura similar al control difuso de constitucionalidad. En ambos casos, hay un control de una norma con el parámetro de otra norma. Si tenemos en cuenta que desde el derecho constitucional fue necesario un tiempo más que prudencial para acoger con algunas disidencias que llegan hasta la actualidad la teoría del control de constitucionalidad es atendible que desde el derecho internacional de los derechos humanos se continúe elaborando el alcance de este destacado mecanismo. En el control de convencionalidad la norma parámetro es un tratado Internacional de Derechos Humanos y la norma de evaluación puede ser cualquier norma del ordenamiento interno incluido la propia constitución del país.
Esto nos lleva a un escenario donde la norma internacional tiene una aplicación inmediata en el ordenamiento interno y por lo tanto puede entrar en conflicto con cualquier otra norma y ante ese conflicto el Juez nacional debe preferir la norma internacional e inaplicar la norma de control. Ese desarrollo doctrinal ha sido llevado a cabo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias. Antes de desarrollar este extremo pasaremos brevemente a desarrollar el control de constitucionalidad que ha sido el aporte doctrinario que ha permitido el desarrollo del control de convencionalidad.
Eduardo Ferrer nos transporta a un resumen escueto sobre el desarrollo de esta institución y su consolidación. “El emblemático caso del Doctor Thomas Bonham resuelto por el juez Edward Cake hace 400 años, precedente que se ha considerado el origen de lo que posteriormente se convertiría en el principio de supremacía constitucional y del control judicial de la Constitución. En el emblemático caso de 1610 se inaplico, por el juez Presidente de la Court of Common Pleas (Tribunal de Agravios Civiles o Comunes), una ley por contravenir los principios del Commnon Law es decir los principios superiores que se crean por la fuerza del precedente de los Tribunales.”
“La Doctrina de Cake fue retomado por las Colonias Americanas donde los Chartes tenían prevalencia sobre los legislaturas de esas Colonias, de tal manera que los jueces declaraban nulas los actos provenientes de estas. Incluso, antes del caso Marbury Vs. Madison (1803), que constituye el paradigma de la doctrina de la juridicial review of legislation consolidada muchos años después, existieron mas de 20 casos de inconstitucionalidades de leyes estatales entre 1787 y 1803.” Podemos apreciar que si bien Estados Unidos se precia de ser pionero del control difuso de constitucionalidad, sin embargo dos siglos antes el Reino Unido había logrado desarrollar esta teoría, pero lamentablemente no fue continuada por el refuerzo del poder Parlamentario sobre el Judicial. b).- El control de constitucionalidad durante el siglo XIX en el Perú En el Perú fue poco lento el entendimiento sobre la supremacía constitucional y los mecanismos para hacer que la Constitución sea una norma parámetro e inaplicar una norma inferior opuesta a la Constitución. Un antecedente importante sobre la supremacía constitucional se observa en la Constitución de 1812 al señalar en su artículo 372 que: “Las Cortes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la Constitución que se les hubieren hecho presente para poner el conveniente remedio, y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubiera contravenido a ella.”
Como se aprecia existe un reconocimiento que Constitución es la norma superior y hasta norma suprema (Principio de la Supremacía Constitucional) y por eso dispone que deben corregirse todas las normas inferiores que la vulneren y se concreta un procedimiento contra aquellos funcionarios que dicten esas disposiciones vulneratorias. El Principio de la Supremacía Constitucional , de esta Carta, influirá en nuestras primeras constituciones de la era republicana.
La Constitución de 1823 hizo una clara enunciación de la supremacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico, encargando al órgano legislativo el control de las infracciones de la Constitución, sin crear un procedimiento especial para su control. Las Constituciones que con posterioridad fueron sancionados en el Perú, la de 1826, 1828, 1834, 1836, 1839, 1856 y 1860 repitieron idéntico precepto legislativo. Sin embargo la Constitución de 1856, en su artículo 10, tuvo un enunciado categórico frente a las anteriores constituciones:
“Es nula y sin efecto cualquier ley en cuanto se oponga a la Constitución. Son nulos igualmente los actos de los que usurpen funciones públicas, y los empleos conferidos sin los requisitos prescritos por la Constitución y las Leyes”
Sin embargo a pesar del avance constitucional que significo esta norma no creó un procedimiento particularizado, ni modificó el procedimiento de control legislativo existente por lo que no podemos hablar aún de justicia constitucional.
Aníbal Quiroga ha señalado que sus orígenes prácticos reales de la justicia Constitucional se puede hallar con la Constitución de 1920 y la doctrina sentada en aquel año por la Corte Suprema de Justicia de la República al establecer la primacía del texto constitucional sobre la normatividad ordinaria cuando sentenciaba: “a la Ley Fundamental se encuentran fatalmente subordinadas todas las demás, siempre secundarias (…) (y) en la administración de justicia, carecen de aplicación las leyes inconstitucionales(…)” Pero la incorporación de tal principio, no significa que, de por sí se instituyese en el Perú la institución especifica del control de la constitucionalidad de Leyes. Y decimos esto, por cuanto existen estudiosos que piensan que la simple aceptación del principio de supremacía constitucional, significaba que se ha introducido un mecanismo de control, lo cual decididamente es inexacto. Por un lado, está el axioma de la supremacía constitucional y por otro, el mecanismo procesal para su defensa. Esto último no siempre se ha dado, y en 1856 no se aprobó nada parecido en el Perú. Por cierto, asentado el principio, era relativamente sencillo desarrollar el mecanismo protector, pero esto no sucedió en aquel entonces. En parte, por el incipiente desarrollo de los institutos procesales; y por otro, la corta duración de la carta de 1856, que en medio de luchas y contratiempos, fue derogada y dejada sin efecto por la subsiguiente Constitución de 1860.
Como se ha adelantado, el Perú, al igual que muchos de los países de la América Latina, aun cuando en diferentes épocas, apostó por el control constitucional a cargo del Poder Judicial. Esto es por el denominado sistema difuso, incidental, disperso y con alcances inter partes. En el Perú se incorporo por vez primera en 1936, pero se hizo operativo tan sólo en 1963, merced a las precisiones reglamentarías de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Más, como queda dicho, sólo alcanzo rango constitucional en 1979 el mismo que ha sido reiterado en la Carta de 1993.
Sin embargo, al lado del control difuso a cargo del Poder Judicial, se ha incorporado, desde 1979, el Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy Tribunal Constitucional, con lo cual tenemos en principio dos sistemas que coexistiendo un mismo ordenamiento. Por un lado el sistema difuso a cargo del Poder Judicial, y por otro, el sistema concentrado, a cargo del Tribunal Constitucional. d).- El control difuso de constitucionalidad de la Carta de 1993. La base del control difuso de constitucionalidad se encuentra en el artículo 138 de la Constitución: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.”
Al respecto el Tribunal Constitucional define al control difuso de constitucionalidad como un poder-deber del juez al que el artículo 138 de la Constitución habilita en cuanto mecanismo para preservar el principio de supremacía constitucional y, en general, el principio de jerarquía de las normas, enunciado en el artículo 51 de nuestra norma fundamental. El control difuso es un acto complejo en la medida en que significa preferir la aplicación de una norma cuya validez resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las normas del Estado. Por ello, su ejercicio no es un acto simple, requiriéndose, para que sea válido, la verificación en cada caso de los siguientes presupuestos:
a)	Que, en el proceso constitucional, el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional.
b)	Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en la resolución de la controversia. c)	Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, aun luego de haber sido interpretada de conformidad con la Constitución.
Es importante establecer si la relación entre las Convenciones Internacionales y el Derecho Interno, es una relación de paridad o de superioridad. Para Cesar Landa los Tratados Internacionales ocupan una jerarquía superior al derecho interno: “Esta tesis uniformiza el Derecho y la jurisprudencia nacional e internacional, bajo la primacía del Derecho internacional. En tal sentido, se sigue la tesis que asumen la supremacía del tratado internacional sobr

References: Resolución 
 artículo 55
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 372
 artículo 10
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 51
 resolución 
 resolución