Source: https://html.rincondelvago.com/ley-2301963-de-28-de-diciembre-general-tributaria.html
Timestamp: 2017-12-11 06:03:42+00:00

Document:
Encuentra aquí información de Ley 230/1963 de 28 de diciembre General Tributaria para tu escuela ¡Entra ya! | Rincón del Vago
Ley 230/1963 de 28 de diciembre General Tributaria
Hacienda pública. Base imponible. Tributos. Gravamen. Pago. Gestión
(BOE núm. 313, de 31 de diciembre)
-Título Preliminar. Principios generales del orden tributario:( Artículos 1 - 25 )
Cap. II. Aplicación de las normas.
Sec. 1ª. Ambito de aplicación.
Sec. 2ª. Interpretación.
-Título II. Los tributos:( Artículos 26 - 89 )
Cap. I. Clases de tributos.
Cap. II. El hecho imponible.
Cap. III. El sujeto pasivo.
Sec. 1ª. Principios generales.
Sec. 2ª. Responsables del tributo.
Sec. 3ª. La capacidad de obrar en el orden tributario.
Sec. 4ª. El domicilio fiscal.
Cap. IV. La base.
Sec. 1ª. La determinación de la base imponible.
Sec. 2ª. La comprobación de valores.
Sec. 3ª. La base liquidable.
Cap. V. La deuda tributaria.
Sec. 1ª. El tipo de gravamen y la deuda tributaria.
Sec. 2ª. El pago.
Sec. 3ª. La prescripción.
Sec. 4ª. Otras formas de extinción.
Sec. 5ª. Las garantías.
Cap. VI. Infracciones y sanciones tributarias.
-Título III. La gestión tributaria:( Artículos 90 - 171 )
Cap. I. Los órganos administrativos.
Cap. II. La colaboración social en la gestión tributaria.
Cap. III. El procedimiento de gestión tributaria.
Sec. 1ª. Iniciación y trámites.
Sec. 2ª. Comprobación e investigación.
Sec. 3ª. La prueba.
Cap. IV. Las liquidaciones tributarias.
Cap. V. La recaudación.
Cap. VI. La inspección de los tributos.
Cap. VII. Los Jurados Tributarios.
Sec. 1ª. Naturaleza y competencia.
Sec. 2ª. Procedimiento de los Jurados.
Sec. 3ª. Los acuerdos de los Jurados.
Cap. VIII. Revisión de actos en vía administrativa.
Sec. 1ª. Procedimientos especiales de revisión.
Sec. 2ª. Recurso de reposición.
Sec. 3ª. Reclamaciones económico-administrativas.
Art. 1. La presente Ley establece los principios básicos y las normas fundamentales que constituyen el régimen jurídico del sistema tributario español.
Art. 2. La facultad originaria de establecer tributos es exclusiva del Estado y se ejercerá mediante Ley votada en Cortes.
Art. 3. (Texto modificado por la Ley 1/1998, de 26 de Febrero)
(Texto anterior a la Ley 1/1998, de 26 de Febrero)
Art. 4. Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, han de servir como instrumento de la política económica general, atender a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurar una mejor distribución de la renta nacional.
Art. 5. Las Provincias y Municipios podrán establecer y exigir tributos dentro de los límites fijados por las Leyes. Las demás Corporaciones y Entidades de Derecho Público no podrán establecerlos, pero sí exigirlos, cuando la Ley lo determine.
Art. 6. 1. La potestad reglamentaria en materia tributaria corresponde al Jefe del Estado, al Consejo de Ministros y al
Ministro de Hacienda, sin perjuicio de las facultades que la legislación de régimen local atribuye a las Corporaciones Locales en relación con las Ordenanzas de exacciones.
2. La gestión tributaria corresponde privativamente al Ministro de Hacienda en cuanto no haya sido expresamente encomendada por Ley a una Entidad pública.
Art. 7. El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria constituyen actividad reglada y son impugnables en la vía administrativa y jurisdiccional en los términos establecidos en las Leyes.
Art. 8. Los actos de determinación de las bases y deudas tributarias gozan de presunción de legalidad, que sólo podrá destruirse mediante revisión, revocación o anulación practicada de oficio o a virtud de los recursos pertinentes.
Art. 9. 1. Los tributos, cualesquiera que sean su naturaleza y carácter, se regirán:
a) Por la presente Ley, en cuanto ésta u otra disposición de igual rango no preceptúe lo contrario
c) Por los Reglamentos Generales dictados en desarrollo de esta Ley, en especial los de gestión , recaudación , inspección , jurados y procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas y por el propio de cada tributo; y
d) Por los Decretos, por las Ordenes acordadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y por las Ordenes del Ministro de Hacienda publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
Art. 10. Se regularán, en todo caso, por ley :
a) La determinación del hecho imponible , del sujeto pasivo , de la base , del tipo de gravamen, del devengo y de todos los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, salvo lo establecido en el artículo 58.
k) La obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de liquidación tributaria;
Art. 11. 1. Las delegaciones o autorizaciones legislativas que se refieran a las materias contenidas en el apartado
a) del artículo 10 de esta Ley precisarán inexcusablemente los principios y criterios que hayan de seguirse para la determinación de los elementos esenciales del respectivo tributo.
2. El uso de las autorizaciones o delegaciones se ajustará a los preceptos de la Ley que las concedió o confirmó.
Habrá de darse cuenta a las Cortes de las disposiciones que a su amparo se dicten.
3. Sus preceptos tendrán la fuerza y eficacia de meras disposiciones administrativas en cuanto excedan de los
límites de la autorización o delegación, o ésta hubiera caducado por transcurso de plazo o hubiera sido revocada.
Art. 12. 1. El Gobierno, con carácter general y dentro de los límites o condiciones señalados en cada caso por la Ley, podrá aumentar o disminuir los tipos impositivos o suprimir incluso el gravamen:
2. En ambos casos el Ministerio de Hacienda deberá instruir un expediente administrativo con los estudios e informaciones previos que justifiquen el buen uso de la expresada facultad.
Art. 13. Las cláusulas de naturaleza tributaria contenidas en acuerdos o tratados internacionales carecerán de eficacia en tanto no sean éstos ratificados con arreglo al ordenamiento jurídico nacional.
Art. 14. 1. Todo proyecto de Ley por el que se proponga el establecimiento, modificación o prórroga de una exención o bonificación tributaria requerirá que, previamente, el Ministro de Hacienda haya expuesto al Gobierno en Memoria razonada:
a) La finalidad del beneficio tributario: y
2. La Memoria se unirá al Proyecto de Ley para su presentación a las Cortes.
Art. 15. Las normas por las que se otorguen exenciones o bonificaciones tendrán limitada su vigencia a un período de cinco años, salvo que se establezcan expresamente a perpetuidad o por mayor o menor tiempo, y sin perjuicio de los derechos adquiridos durante dicha vigencia.
Art. 16. Toda modificación de Leyes o Reglamentos tributarios contendrá una relación completa de las normas afectadas.
Art. 17. Adoptarán necesariamente la forma de Decreto a propuesta del Ministro de Hacienda:
Art. 18. 1. La facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las Leyes y demás disposiciones en materia tributaria corresponde privativamente al Ministro de Hacienda , quien la ejercerá mediante Orden publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Las anteriores disposiciones serán de obligado acatamiento para los órganos de gestión de la Administración Pública.
Art. 19. Serán nulas de pleno derecho las resoluciones administrativas de carácter particular dictadas por los órganos de gestión que vulneren lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas emanen de órganos de igual o superior Jerarquía.
Art. 20. Las normas tributarias entrarán en vigor con arreglo a lo dispuesto en el artículo I del Código Civil , y serán aplicadas durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en la respectiva Ley, sin que precisen ser revalidadas por la Ley Presupuestaria o por cualquier otra.
Art. 21. Las normas tributarias obligarán en el territorio nacional. Salvo lo dispuesto por la Ley en cada caso, los tributos se aplicarán conforme a los siguientes principios :
b) El de territorialidad en los demás tributos, y en especial cuando tengan por objeto el producto, el patrimonio, las explotaciones económicas o el tráfico de bienes.
Art. 22. El ámbito de aplicación de las Leyes tributarias españolas, en cuanto se refieran a los actos realizados por extranjeros, a los rendimientos o utilidades por éstos percibidos, o a los bienes y valores que les pertenezcan, podrá ser modificado por Decreto a propuesta del Ministro de Hacienda :
SECCION SEGUNDA. Interpretación
Art. 23. 1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en Derecho.
Art. 24. E No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones.
2. Para evitar el fraude de Ley se entenderá, a los efectos del número anterior, que no existe extensión del hecho imponible cuando se graven hechos realizados con el propósito probado de eludir el impuesto, siempre que produzcan un resultado equivalente al derivado del hecho imponible. Para declarar que existe fraude de Ley será necesario un expediente especial en el que se aporte por la Administración la prueba correspondiente y se dé audiencia al interesado.
Art. 25. 1. El impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o económica del hecho imponible.
2. Cuando el hecho imponible consista en un acto o negocio jurídico, se calificará conforme a su verdadera naturaleza jurídica cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados, prescindiendo de los defectos intrínsecos o de forma que pudieran afectar a su validez.
3 Cuando el hecho imponible se delimite atendiendo a conceptos económicos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones y relaciones económicas que, efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen.
Art. 26. 1. Los tributos se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos:
(Texto modificado por Ley 25/1998, de 13 de Julio)
Primera.­Que los servicios o actividades no sean de solicitud voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud por parte de los administrados:
Segunda. Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.
(Texto anterior a Ley 25/1998, de 13 de Julio)
a') Que sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados.
b') Que no puedan prestarse o realizarse por el sector privado por cuanto impliquen intervención en la actuación de los particulares o cualquier otra manifestación del ejercicio de autoridad o porque, en relación a dichos servicios, esté establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.
b) Contribuciones especiales son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos ; y
Art. 27. El rendimiento de los tributos del Estado se destinará a cubrir sus gastos generales, a menos que a título excepcional y mediante una Ley se establezca una afectación concreta.
Art. 28. (Según la ley 25, de 20-7-95).
Art. 29. La Ley, en su caso, completará la determinación concreta del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción.
Art. 30. Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que según la Ley resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como sustituto del mismo.
Art. 31. 1. Es contribuyente la persona natural o jurídica a quien la Ley impone la carga tributaria derivada del hecho imponible.
2. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la Ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas.
Art. 32. Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y en lugar de aquél, está obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria. El concepto se aplica especialmente a quienes se hallan obligados por la Ley a detraer, con ocasión de los pagos que realicen a otras personas, el gravamen tributario correspondiente, asumiendo la obligación de efectuar su ingreso en el Tesoro.
Art. 33. Tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las Leyes tributarias en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición.
Art. 34. La concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados frente a la Hacienda pública, salvo que la Ley propia de cada tributo dispusiere lo contrario.
Art. 35. 1. La obligación principal de todo sujeto pasivo consiste en el pago de la deuda tributaria. Asimismo queda obligado a formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo.
2. Están igualmente obligados a llevar y conservar los libros de contabilidad, registros y demás documentos que en cada caso se establezca; a facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones, y a proporcionar a la Administración los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.
Art. 36. La posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no surtirán efecto ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico privadas.
SECCION SEGUNDA. Responsables del tributo
Art. 37. (Según la ley 25, de 20-7-95).
3. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria, con excepción de las sanciones. El recargo de apremio sólo será exigible al responsable en el supuesto regulado en el párrafo tercero del apartado siguiente.
4. En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance. Dicho acto les será notificado, con expresión de los elementos esenciales de la liquidación, en la forma que reglamentariamente se determine, confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos del deudor principal.
Art. 38. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.
Art. 39. Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente, y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.
Art. 40. 1. Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.
2. Serán responsables subsidiarios los Síndicos, Interventores o Liquidadores de quiebras, concursos, Sociedades y Entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos .
Art. 41. 1. Los adquirentes de bienes afectos por Ley a la deuda tributarla responderán con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.
3. La derivación sólo alcanzará el límite previsto por la Ley al señalar la afección de los bienes.
SECCION TERCERA. La capacidad de obrar en el orden tributario
Art. 42. En el orden tributario tendrán capacidad de obrar, además de las personas que la ostentan con arreglo a las normas del Derecho privado, la mujer casada y los menores de edad en las relaciones tributarias derivadas de aquellas actividades cuyo ejercicio les está permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia del marido o de la persona que ejerza la patria potestad o la tutela, respectivamente.
Art. 43. 1. El sujeto pasivo con capacidad de obrar podrá actuar por medio de representante, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas, si no se hace manifestación en contrario.
2. Para interponer reclamaciones, desistir de ellas en cualquiera de sus instancias y renunciar derechos en nombre de un sujeto pasivo, deberá acreditarse la representación con poder bastante mediante documento público o privado con firma legitimada notarialmente o comparecencia ante el órgano administrativo competente. Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación.
3. La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se acompañe aquél o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.
Art. 44. Por los sujetos pasivos que carezcan de capacidad de obrar actuarán sus representantes legales.
SECCION CUARTA. El domicilio fiscal
Art. 45. 1. El domicilio, a los efectos tributarios , será:
a) Para las personas naturales, el de su residencia habitual ; y
b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso se atenderá al lugar en que radiquen dicha gestión o dirección.
2. La Administración podrá exigir a los sujetos pasivos que declaren su domicilio tributario. Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración Tributaria, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efectos frente a la Administración hasta tanto se presente la citada declaración tributaria. La Administración podrá rectificar el domicilio tributario de los sujetos pasivos mediante la comprobación pertinente.
Art. 46. 1. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses cada año natural vendrán obligados a designar un representante con domicilio en territorio español, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Pública.
2. Las personas jurídicas residentes en el extranjero que desarrollen actividades en España tendrán su domicilio fiscal en el lugar en que radique la efectiva gestión administrativa y la dirección de sus negocios.
SECCION PRIMERA. La determinación de la base imponible
Art. 47. 1. La Ley propia de cada tributo establecerá los medios y métodos para determinar la base imponible, dentro de los siguientes regímenes:
Art. 48. La determinación de las bases tributarias en régimen de estimación directa corresponderá a la Administración y se aplicará sirviéndose de las declaraciones o documentos presentados, o de los datos consignados en libros y registros comprobados administrativamente.
Art. 49. El régimen de estimación objetiva singular se utilizará, con carácter voluntario, para los sujetos pasivos cuando lo determine la Ley propia de cada tributo.
Art. 50. Cuando la falta de presentación de declaraciones o las presentadas por los sujetos pasivos no permitan a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de los rendimientos, o cuando los mismos ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus obligaciones contables, las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta, utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios:
b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y de las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico atendidas las dimensiones de las unidades productivas o familiares que deban compararse en términos tributarios.
Art. 51. 1. Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases tributarias:
1º. La Inspección de los tributos acompañará a las actas incoadas para regularizar la situación tributaria de los sujetos pasivos, retenedores o beneficiarios de las desgravaciones, informe razonado sobre:
2º. En aquellos casos en que no medie actuación de la Inspección de los tributos, el órgano gestor competente dictará acto administrativo de fijación de la base y liquidación tributaria que deberá notificar al interesado con los requisitos a los que se refieren los artículos 121 y 124 de esta Ley y con expresión de los datos indicados en las letras a), c) y d) del número anterior.
SECCION SEGUNDA. La comprobación de valores
Art. 52. (Según la ley 25, de 20-7-95).
Acordada la práctica de la tasación pericial contradictoria en los términos que reglamentariamente se determinen, si existiera disconformidad de los peritos sobre el valor de los bienes o derechos y la tasación practicada por el de la Administración no excede en más del 10 por 100 y no es superior en 20.000.000 de pesetas a la hecha por el del sujeto pasivo, esta última servirá de base para la liquidación.Si la tasación hecha por el perito de la Administración excede de los límites indicados, deberá designarse un perito tercero. A tal efecto, el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competente u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma interesará en el mes de enero de cada año, de los distintos colegios profesionales y asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidas, el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos terceros. Elegido uno por sorteo público de cada lista, las designaciones se efectuarán a partir del mismo, por orden correlativo, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o derechos a valorar y, salvo renuncia, a aceptar el nombramiento por causa justificada.
Entregada en la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria competente u órgano equivalentede la Comunidad Autónoma la valoración por el tercer perito, se comunicará al interesado y, al mismo tiempo, se le concederá un plazo de quince días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposición de la provisión de honorarios depositados en el Banco de España.
SECCION TERCERA. La base liquidable
Art. 53. Se entiende por base liquidable el resultado de practicar, en su caso, en la imponible las reducciones
establecidas por la Ley propia de cada tributo.
SECCION PRIMERA. El tipo de gravamen y la deuda tributaria
Art. 54. Tendrán la consideración de tipo de gravamen los de carácter proporcional o progresivo que corresponda aplicar sobre la respectiva base liquidable para determinar la cuota.
Art. 55. La cuota tributaria podrá determinarse en función del tipo de gravamen aplicable, según cantidad fija señalada al efecto en los pertinentes textos legales, o bien conjuntamente por ambos procedimientos.
Art. 56. Deberá reducirse de oficio la deuda tributaria cuando de la aplicación de los tipos de gravamen resulte que a un incremento de la base corresponde una porción de cuota superior a dicho incremento. La reducción deberá comprender al menos dicho exceso. Se exceptúan de esta regla los casos en que la deuda tributaria deba pagarse por medio de efectos timbrados.
Art. 57. 1. Cuando proceda deducir de la cuota de un tributo las devengadas o satisfechas por otro u otros de exacción previa se deducirán en sus cuantías íntegras, aunque éstas hayan sido objeto de exención o bonificación.
2. No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo cuando la exención se configure por el hecho de que las bases exentas estén gravadas por otro impuesto o por la circunstancia de que constituyen rendimientos propios de una actividad regular o típica de personas o Entidades sujetas a los impuestos generales de carácter directo.
Art. 58. (Según la ley 25, de 20-7-95).
SECCION SECUNDA. El pago
Art. 59. 1. El pago de la deuda tributaria podrá hacerse en efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados, según se disponga reglamentariamente.
2. Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se ha realizado el ingreso de su importe en las Cajas del Tesoro, oficinas recaudadoras o Entidades debidamente autorizadas que sean competentes para su admisión.
Art. 60. 1. El pago en efectivo de la deuda tributaria podrá realizarse por los medios y en la forma determinados reglamentariamente.
2. Cuando el pago de las deudas tributarias se realice y acredite mediante efectos timbrados, la forma, estampación, visado, inutilización, condiciones de canje y demás características se establecerán por disposiciones reglamentarias.
Art. 61. (Según la ley 25, de 20-7-95).
Art. 62. 1. Las deudas tributarias se presumen autónomas.
2. En los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo sujeto pasivo y no pudieran satisfacerse totalmente, la Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, aplicará el pago al crédito más antiguo, determinándose su antigüedad de acuerdo con la fecha en que fue exigible.
3. Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias, unas procedentes de tributos de la Hacienda pública y otras de tributos a favor de otras Entidades, tendrán preferencia para su cobro las primeras, salvo la prelación que corresponda con arreglo a los artículos 71, 73 y 76 de esta Ley.
4. El cobro de un débito de vencimiento posterior no extingue el derecho de la Hacienda pública a percibir los anteriores en descubierto.
Art. 63. Los sujetos pasivos podrán consignar el importe de la deuda tributaria, y, en su caso, las costas reglamentariamente devengadas en la Central de la Caja General de Depósitos o en alguna de sus sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las disposiciones reglamentarias determinen.
SECCION TERCERA. La prescripción
Art. 64. (Texto modificado por la Ley 1/1998, del 26 de Febrero)
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación,
(Texto anterior a la Ley 1/1998, del 26 de Febrero)
Art. 65. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos supuestos a que se refiere el artículo anterior, como sigue:
Art. 66. 1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 64 se interrumpen:
Art. 67. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo.
SECCION CUARTA. Otras formas de extinción
Art. 68. 1. Las deudas tributarias podrán extinguirse total o parcialmente por compensación en las condiciones que reglamentariamente se establezcan:
2. La extinción total o parcial de las deudas tributarias que las Entidades estatales autónomas, instituciones oficiales y Corporaciones locales tengan con el Estado podrá acordarse por vía de compensación cuando se trate de deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles.
Art. 69. Las deudas tributarias sólo podrán condonarse en virtud de Ley y en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.
Art. 70. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos ejecutivos por insolvencia probada del sujeto pasivo y demás responsables, se declararán provisionalmente extinguidas en la cuantía procedente en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción.
SECCION QUINTA. Las garantías
Art. 71. La Hacienda pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el correspondiente registro con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de esta Ley.
Art. 72. 1. Las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por personas físicas, Sociedades y Entidades jurídicas serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier concepto en la respectiva titularidad, sin perjuicio de lo que para la herencia aceptada a beneficio de inventario establece el Código Civil.
2. El que pretenda adquirir dicha titularidad, y previa la conformidad del titular actual, tendrá derecho a solicitar de la Administración certificación detallada de las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de la explotación y actividades a que se refiere el apartado anterior. En caso de que la certificación se expidiera con contenido negativo o no se facilitara en el plazo de dos meses quedará aquél exento de la responsabilidad establecida en este artículo.
Art. 73. En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, el Estado, las Provincias y los Municipios tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos para el cobro de las deudas no satisfechas correspondientes al año natural en que se ejercite la acción administrativa de cobro y al inmediato anterior.
Art. 74. 1. Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no inservibles.
2. Siempre que la Ley reguladora de cada tributo conceda un beneficio de exención o bonificación cuya definitiva efectividad dependa del ulterior cumplimiento por el contribuyente de cualquier requisito por aquélla exigido, la Administración hará figurar el total importe de la liquidación que hubiera debido girarse de no mediar el beneficio fiscal, lo que se hará constar por nota marginal de afección en los Registros públicos.
Art. 75. La Hacienda pública tendrá derecho de retención frente a todos sobre las mercancías que se presenten a despacho y exacción de los tributos que graven su tráfico o circulación por el respectivo importe del crédito liquidado de no garantizarse de forma suficiente el pago del mismo.
Art. 76. Cuando se acuerde el fraccionamiento o aplazamiento en el pago de la deuda tributaria conforme autoriza el artículo 61 de esta Ley, el Estado, las Provincias y los Municipios podrán exigir que se constituya a su favor aval bancario, hipoteca o prenda sin desplazamiento u otra garantía suficiente.
Art. 77. (Según la ley 25, de 20-7-95).
Art. 78. (Según la ley 25, de 20-7-95).
b) El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con terceras personas, establecidos en los artículos 111 y 112 de esta Ley.
Art. 79. (Según la ley 25, de 20-7-95).
Art. 80. Las infracciones tributarias se sancionarán, segúnArt. 80 (Según la ley 25, de 20-7-95).
Art. 81. (Según la ley 25, de 20-7-95).
(Texto modificado por la Ley 1/1998, del 26 de Febrero)
4. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una deuda tributaria en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa y dicha declaración adquiera firmeza.
Art. 82. (Según la ley 25, de 20-7-95).
Art. 83. (Según la ley 25, de 20-7-95).
2. El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria,bien con carácter general, bien a requerimiento individualizado, a que se refieren los artículos 111 y 112 de esta Ley, se sancionará con multas de 1.000 a 200.000 pesetas por cada dato omitido, falseado o incompleto que debiera figurar en las declaraciones correspondientes o ser aportado en virtud de los requerimientos efectuados, sin que la cuantía total de la sanción impuesta pueda exceder del 3 por 100 del volumen de operaciones del sujeto infractor en el año natural anterior al momento en que se produjo la infracción. Este límite máximo será de
5.000.000 de pesetas cuando los años naturales anteriores no se hubiesen realizado operaciones, cuando el año natural anterior fuese el del inicio de la actividad o si el ciclo de producción fuese manifiestamente irregular. Si los datos requeridos no se refieren a una actividad empresarial o profesional del sujeto infractor, la cuantía total de la sanción impuesta no podrá exceder de 300.000 pesetas.
Si, como consecuencia de la resistencia del sujeto infractor o del incumplimiento de sus obligaciones contables y formales, la Administración tributaria no pudiera conocer la información solicitada ni el número de datos que ésta debiera comprender, la infracción simple inicialmente cometida se sancionará con multa que no podrá exceder del 5 por 100 del volumen de operaciones del sujeto infractor en el año natural anterior al momento en que se produjo la infracción, sin que, en ningún caso, la multa pueda ser inferior a 150.000 pesetas. El límite máximo será de 8.000.000 de pesetas si los años naturales anteriores no se hubiesen realizado operaciones, o el año natural anterior fuese el de inicio de la actividad o si el ciclo de producción fuese manifiestamente irregular. Cuando los
datos no se refieran a una actividad empresarial o profesional del sujeto infractor, este límite máximo será de 500.000 pesetas.
Art. 84. (Según la ley 25, de 20-7-95).
su cuantía sea superior a 500.000 pesetas, supondrá la pérdida automática, por un período de dos años, del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales aplicables y de la posibilidad de obtener subvenciones públicas o crédito oficial, así como la imposibilidad de contratar durante el mismo tiempo con el Estado y otros Entes públicos.
Art. 85. (Según la ley 25, de 20-7-95).
Si el sujeto infractor fuese una entidad de crédito, además de las sanciones que resulten procedentes de acuerdo con el apartado 7 del artículo 83 de esta Ley, podrán ser impuestas a quienes ostenten en ellas cargos de administración o dirección y sean responsables de las infracciones conforme a la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, las sanciones previstas en los artículos 12 y 13 de esta última Ley.e Intervención de las Entidades de Crédito, las sanciones previstas en los artículos 12 y 13 de la citada Ley.
Art. 86. (Según la ley 25, de 20-7-95).Si los sujetos infractores fuesen autoridades, funcionarios o personas que ejerzan profesiones oficiales, y siempre que de la infracción cometida se deriven consecuencias de gran trascendencia para la eficacia de la gestión
tributaria, la multa que proceda conforme al apartado 2 del artículo 83 de esta Ley, llevará aparejada la suspensión por plazo de un mes, si su cuantía fuera superior a 1.500.000 pesetas" por plazo de seis meses, si fuera superior a 6.000.000 de pesetas, y por plazo de un año, si fuera superior a 30.000.000 de pesetas.
Art. 87. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del 50 al 150 por 100 de las cuantías a que se refiere el apartado 1 del artículo 80, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente y sin perjuicio de la reducción fijada en el apartado 3 del artículo 82 de esta Ley.
Art. 88. (Según la ley 25, de 20-7-95).
Art. 89. 1. La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción, por prescripción o por condonación.
Art. 90. Las funciones de la Administración en materia tributaria se ejercerán con separación en sus dos órdenes de gestión para la liquidación y recaudación, y de resolución de reclamaciones que contra aquella gestión se susciten, y estarán encomendadas a órganos diferentes.
Art. 91. La competencia por razón de la materia de los distintos órganos, sean de liquidación y recaudación o de resolución de recursos, se determinará en sus respectivos Reglamentos.
Art. 92. La competencia territorial de las oficinas gestoras se regulará conforme a los principios siguientes:
1.º En función del lugar en que radiquen los factores productivos, las explotaciones económicas o los bienes inmuebles sujetos a tributación.
2.º Según el domicilio tributario del sujeto pasivo determinado en el artículo 45 de esta Ley.
3.º Teniendo en cuenta el lugar en que se utilice el dominio público, se preste el servicio o se realice la actividad u obra.
4.º En atención al lugar donde se produzca el hecho o negocio determinante de la transmisión.
Art. 93. Por regla general, la competencia en la gestión tributaria se entenderá atribuida en el orden territorial al órgano provincial, de no tenerla expresamente asignada el órgano central o el inferior.
Art. 94. La incompetencia podrá declararse de oficio o a instancia de parte, conforme a las normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Art. 95. 1. La actuación de los particulares ante los órganos incompetentes producirá efecto.
2. No obstante, si el órgano administrativo se estimar¿l incompetente, deberá adoptar una de las decisiones siguientes:
b) Devolver la declaración o documentación presentada por el interesado, notificándole el órgano que considere
competente y el plazo de presentación ante el mismo.
Art. 96. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. La colaboración social en la gestión de los tributos podrá instrumentarse a través de acuerdos de la Administración tributaria con entidades, instituciones y organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.
Art. 97. 1. Para el cumplimiento de las funciones anteriormente mencionadas la Ley de cada tributo podrá regular la actuación de dichos grupos y la constitución y competencia especifica de Juntas y Comisiones de composición mixta de funcionarios y contribuyentes.
2. Estas Juntas y Comisiones tendrán el carácter de órganos de la Administración financiera y se someterán al régimen orgánico establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto dicho régimen no resulte alterado por los preceptos de esta Ley o la reglamentación propia de cada tributo.
Art. 98. 1. Dentro de cada grupo de contribuyentes o Colegio profesional la designación de sus representantes será realizada por la respectiva Asamblea o Junta de Gobierno, en la forma, por el plazo y con las garantías que reglamentariamente se determinen.
2. No podrán ser elegidos representantes :
a) Quienes hayan sido declarados en quiebra o concurso salvo rehabilitación, o en interdicción civil.
b) Los declarados responsables por infracciones de contrabando ; y
Art. 99. Estos representantes, en el ejercicio de su colaboración, tendrán los siguientes derechos y deberes:
Art. 100. 1. Las Juntas o Comisiones adoptarán sus acuerdos cuando coincidan en sus apreciaciones los representantes de los grupos o Colegios y los Vocales funcionarios en votaciones separadas en las que preste su conformidad la mayoría reglamentaria de los asistentes de cada clase.
2. Los miembros de las Juntas o Comisiones en minoría podrán recurrir estos acuerdos ante el Jurado Tributario.
SECCION PRIMERA. Iniciación y trámites
Art. 101. (Según la ley 25, de 20-7-95).La gestión de los tributos se iniciará:
Art. 102. 1. Se considerará declaración tributaria todo documento por el que se manifieste o reconozca espontáneamente ante la Administración tributaria que se han dado o producido las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un hecho imponible. Reglamentariamente se determinaran los supuestos en que sea admisible la declaración verbal.
3. En ningún caso podrá exigirse que las declaraciones tributarias se formulen bajo juramento.
4. Se estimará declaración tributaria la presentación ante la Administración de los documentos en los que se contenga o que constituyan el hecho imponible.
Art. 103. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. La denuncia pública es independiente del deber de colaborar con la Administración tributaria conforme a los artículos 111 y 112 de la presente Ley, y podrá ser realizada por las personas físicas o jurídicas que tengancapacidad de obrar en el orden tributario, con relación a hechos o situaciones que conozcan y puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o de otro modo puedan tener trascendencia para la gestión de los tributos.
ART.104. La Administración puede recabar declaraciones v la ampliación de éstas, así como la subsanación de los defectos advertidos, en cuanto fuere necesaria para la liquidación del tributo y su comprobación.
Art. 105. 1. En la reglamentación de la gestión tributaria se señalarán los plazos a los que habrá de ajustarse la realización de los respectivos trámites.
( Texto añadido por la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre )
4. La notificación se practicará en el domicilio o lugar señalado a tal efecto por el interesado o su representante.
Cuando ello no fuere posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
6. Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria, y una vez intentado por dos veces, se hará constar esta circunstancia en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación.
En estos casos, se citará al interesado o a surepresentante para ser notificados por comparecencia, por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado en el ``Boletín Oficial del Estado'', o en los boletines de las Comunidades Autónomas o de las provincias, según la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dicte.
Estas notificaciones se publicarán asimismo en los lugares destinados al efecto en las Delegaciones y Administraciones de la correspondiente al último domicilio conocido.
En la publicación en los boletines oficiales aludidos constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del sujeto pasivo, obligado tributario o representante, procedimiento que las motiva, órgano responsable de su tramitación, y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado.
En todo caso la comparecencia se producirá en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el correspondiente boletín oficial.
7. El Gobierno, mediante Real Decreto aprobado a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de la Presidencia, determinará los supuestos en los que las notificaciones a que se refiere el párrafo anterior deban efectuarse exclusivamente a través del ``Boletín Oficial del Estado'', sin perjuicio de su publicación en los lugares destinados al efecto en las Delegaciones y Administraciones antes expresadas.
En tales supuestos, la publicación en el ``Boletín Oficial del Estado'' se realizará los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, en el día inmediato hábil posterior.
Art. 106. 1. En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de tramitación y en especial los que supongan paralización del procedimiento, infracción de los plazos señalados u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.
2. La estimación de la queja dará lugar, si hubiera razones para ello, a la incoación de expediente disciplinario contra el funcionario responsable.
Art. 107. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios podrán formular a la Administración tributaria consultas debidamente documentadas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda.
2. Salvo en los supuestos previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo, la contestación no tendrá efectos vinculantes para la Administración tributaria. No obstante, el obligado tributario que, tras haber recibido contestación a su consulta, hubiese cumplido sus obligaciones tributarias de acuerdo con la misma, no incurrirá en responsabilidad, sin perjuicio de la exigencia de las cuotas, importes, recargos e intereses de demora pertinentes, siempre que la consulta se hubiese formulado antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaración y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos descritos en las letras a) y
3. Asimismo, podrán formular consultas debidamente documentadas los colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales y organizaciones profesionales, así como las federaciones que agrupen a los organismos o entidades antes mencionados, cuando se refieran a cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros o asociados.No incurrirán en responsabilidad, en los términos del apartado anterior, los obligados tributarios que hubiesen cumplido sus obligaciones tributarias de acuerdo con la contestación a las referidas consultas.
4. La contestación a las consultas escritas tendrán carácter vinculante para la Administración tributaria en los
Salvo en el supuesto de que se modifique la legislación o que exista jurisprudencia aplicable al caso, la Administración tributaria estará obligada a aplicar al consultante los criterios expresados en la contestación, siempre y cuando la consulta se hubiese formulado antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaración y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos descritos en las letras
a) y c) del apartado 1 de este artículo.
Art. 108. Serán aplicables en el procedimiento de gestión las normas contenidas en el artículo 156, sobre rectificación de errores materiales aritméticos o de hecho.
SECCION SEGUNDA. Comprobación e investigación
Art. 109. 1. La Administración comprobará e investigará los hechos, actos, situaciones, actividades, explotaciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible.
2. La comprobación podrá alcanzar a todos los actos, elementos y valoraciones consignados en las declaraciones tributarias y podrá comprender la estimación de las bases imponibles, utilizando los medios a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.
3. La investigación afectará al hecho imponible que no hay¿l sido declarado por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcialmente. Igualmente alcanzará a los hechos imponibles cuya liquidación deba realizar el propio sujeto pasivo.
Art. 110. 1. La comprobación e investigación tributaria se realizará mediante el examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar del sujeto pasivo, así como por la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que hayan de facilitarse a la Administración o que sean necesarios para la determinación del tributo.
Art. 111. (Según la ley 25, de 20-7-95). 1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.De acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, en particular:
Art. 112. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. Las autoridades, cualesquiera que sea su naturaleza, los jefes o encargados de oficinas civiles o militares del Estado y de los demás entes públicos territoriales, los organismos autónomos y sociedades estatales" las Cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales" las Mutualidades de Previsión Social" las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle a ella y a sus agentes apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones.
Art. 113. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:
( Texto según la Ley 42/1997 )
( Texto anterior a la Ley 42/1997)
La expresada cuantía se entenderá referida a cada período impositivo y, si éste fuere inferior a doce meses, se referirá al año natural en el caso de tributos periódicos o de declaración periódica. En los demás tributos se entenderá referida a cada concepto por el que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.La información indicará, junto con el nombre y apellidos o la denominación o razón social del sujeto infractor, la cuantía de la sanción que se le hubiere impuesto y el tributo al que afecte.
SECCION TERCERA. La prueba
Art. 114. 1. Tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo.
2. Esta obligación se entiende cumplida si se designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria.
Art. 115. En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo lo que se establece en los artículos siguientes.
Art. 116. Las declaraciones tributarias a que se refiere el artículo 102 se presumen ciertas, y sólo podrán rectificarse por el sujeto pasivo mediante la prueba de que al hacerlas se incurrió en error de hecho
Art. 117. 1. La confesión de los sujetos pasivos versará exclusivamente sobre supuestos de hecho.
Art. 118. 1. Las presunciones establecidas por las Leyes tributarias pueden destruirse por la prueba en contrario, excepto en los casos en que aquéllas expresamente lo prohíban.
2. Para que las presunciones no establecidas por la Ley sean admisibles como medio de prueba es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.
Art. 119. La Administración Tributaria tendrá el derecho de considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función a quien figure como tal en un Registro fiscal u otros de carácter público, salvo prueba en contrario.
Art. 120. 1. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.
3. En los demás casos tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta, complementarias, caucionales, parciales o totales.
Art. 121. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. La Administración tributaria no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados en sus declaraciones por los sujetos pasivos.
Art. 122. Cuando en una liquidación de un tributo la base se determine en función de las establecidas para otros, aquella no será definitiva hasta tanto estas últimas no adquieran firmeza.
Art. 123. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. La Administración tributaria podrá dictar liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con los datos consignados en las declaraciones tributarias y los justificantes de los mismos presentados con la declaración o requeridos al efecto.
Art. 124. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. Las liquidaciones tributarias se notificarán a los sujetos pasivos con expresión:
5. Cuando el sujeto pasivo, obligado tributario o su representante rehúse recibir la notificación o cuando no sea posible realizar dicha notificación por causas ajenas a la voluntad de la Administración tributaria, se estará respectivamente a lo dispuesto en el artículo 105 apartados 5, 6 y 7 de esta Ley.
Art. 125. L Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el sujeto pasivo se dé expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o efectúe el ingreso de la deuda tributaria.
2. Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los sujetos pasivos que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubieren omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal dentro de ese plazo en solicitud de que la Administración rectifique la deficiencia.
Art. 126. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. La recaudación de los tributos se realizará mediante el pago voluntario o en período ejecutivo.
4. El régimen de las notificaciones en el procedimiento administrativo de recaudación será el establecido en el artículo 105 de esta Ley.
Art. 127. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. El inicio del período ejecutivo determina el devengo de un recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes a ésta.
Art. 128. ( Texto según la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre )1. Para asegurar el cobro de la deuda tributaria, la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado.
2. Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar.
En ningún caso se adoptarán aquéllas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.
3. Cuando la deuda tributaria no se encuentre liquidada, pero se haya devengado y haya transcurrido el plazo reglamentario para el pago del tributo, para adoptar las medidas cautelares la Administración tributaria requerirá autorización del Juez de Instrucción del domicilio del deudor.
4. Las medidas cautelares así adoptadas se levantarán, aún cuando no haya sido pagada la deuda tributaria, si desaparecen las circunstancias que justificaron su adopción o si, a solicitud del interesado, se acuerda su sustitución por otra garantía que se estime suficiente.Las medidas cautelares podrán convertirse en definitivas en el marco del procedimiento de apremio.
(Según la ley 25, de 20-7-95).
En otro caso, se levantarán de oficio.
Art. 129. (Según la ley 25, de 20-7-95). 1. El procedimiento de apremio será exclusivamente administrativo. La competencia para entender del mismo y resolver todos sus incidentes es exclusiva de la Administración tributaria.
Art. 130. (Según la ley 25, de 20-7-95).
Art. 131. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. El embargo se efectuará sobre los bienes del deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria, los intereses que se hayan causado o se causen hasta la fecha del ingreso en el Tesoro y las costas del procedimiento, con respeto, siempre al principio de proporcionalidad.
3. Siguiendo el orden anterior, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese momento por la Administración tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda" se dejará para el último lugar aquellos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del deudor.
Art. 132. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. Cuando la Administración tributaria tenga conocimiento de la existencia de fondos, valores u otros bienes entregados o confiados a una determinada oficina de una entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria,
podrá disponer su embargo en la cuantía que proceda, sin necesidad de precisar los datos identificativos y la situación de cada cuenta, depósito u operación existentes en la referida oficina. Tratándose de valores, si de la información suministrada por la persona o entidad depositaria en el momento del embargo, se deduce que los existentes no son homogéneos o que su valor excede del importe señalado en el apartado 1 del artículo 131, se concretarán por el órgano de recaudación los que hayan de quedar trabados.
Art. 133. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. Los órganos de recaudación podrán comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes o derechos de los obligados al pago de una deuda tributaria, para asegurar o efectuar su cobro, y ostentarán cuantas facultades
reconocen a la Administración tributaria los artículos 110 a 112 de esta Ley, con los requisitos allí establecidos.Asimismo, y a tales efectos, el Director del Departamento de Recaudación o, en su caso, el Delegado competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán autorizar que las investigaciones realizadas afecten al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas o de las cuentas en las que se encuentre dicho origen y destino.
Art. 134. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a la persona con la que se entienda dicha actuación.
Art. 135. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. El procedimiento de apremio se suspenderá en la forma y con los requisitos previstos en las disposiciones reguladoras de los recursos y reclamaciones económico-administrativas.
Art. 136. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio de los bienes o derechos embargados o cuando un tercero considere que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito
con preferencia a la Hacienda Pública, formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo competente.
Art. 137. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. La enajenación de los bienes embargados se llevará a efecto mediante subasta, concurso o adjudicación directa, en los casos y condiciones que se fijen reglamentariamente.
Art. 138. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. Contra la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
Art. 139. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. Salvo precepto legal en contrario, la recaudación en período ejecutivo de las deudas tributarias cuya gestión corresponda a la Administración General del Estado o a las entidades de Derecho público vinculadas o
dependientes de la misma se efectuará, en su caso, a través del procedimiento de apremio, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2. En virtud de convenio con la Administración o ente interesado, que habrá de publicarse en el "Boletín Oficial del Estado", la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá asumir la gestión recaudatoria de recursos tributarios cuya gestión no le corresponda de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior."
Art. 140. Corresponde a la Inspección de los Tributos:
2. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos de inspección serán considerados agentes de la autoridad cuando lleven a cabo las funciones inspectoras que les correspondan.
Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario para el ejercicio de la función inspectora.
Art. 141. 1. Los Inspectores de los tributos podrán entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las funciones prevenidas en el artículo 109 de esta Ley .
2. Cuando el dueño o morador de la finca o edificio o la persona bajo cuya custodia se hallare el mismo se opusieren a la entrada de los Inspectores, no podrán llevar a cabo éstos su reconocimiento sin la previa autorización escrita del Delegado o Subdelegado de Hacienda; cuando se refiera al domicilio particular de cualquier español o extranjero será preciso la obtención del oportuno mandamiento judicial .
Art. 142. (Según la ley 25, de 20-7-95).1. Los libros y la documentación del sujeto pasivo, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte magnético, que tengan relación con el hecho imponible deberán ser examinados por los inspectores de los tributos
en el domicilio, local, escritorio, despacho u oficina de aquél, en su presencia o en la de la persona que designe.
Art. 143. Los actos de inspección podrán desarrollarse indistintamente:a) En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del representante que a tal efecto hubiere designado.
c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible; y
Art. 144. Las actuaciones de la Inspección de los Tributos, en cuanto hayan de tener alguna trascendencia económica para los sujetos pasivos, se documentarán en diligencias, comunicaciones y actas previas o definitivas.
Art. 145. 1. En las actas de la Inspección que documenten el resultado de sus actuaciones se consignarán:
2. La Inspección podrá determinar que las actas a que se refiere el apartado anterior sean extendidas bien en la oficina local o negocio, despacho o vivienda del sujeto pasivo, bien en las oficinas de la Administración Tributaria o del Ayuntamiento del término municipal en que hayan tenido lugar las actuaciones.
3. La actas y diligencias extendidas por la Inspección de los Tributos tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
Art. 146. 1. Cuando el sujeto pasivo no suscriba el acta o suscribiéndola no preste su conformidad a las circunstancias en ella consignadas, dicho documento determinará la incoación del oportuno expediente administrativo.
2. No será preciso que el sujeto pasivo o su representante autoricen la correspondiente acta de inspección de los tributos cuando exista prueba preconstituida del hecho imponible, si bien en este caso deberá notificarse a aquel o a su representante la iniciación de las correspondientes actuaciones administrativas, otorgándole un plazo de quince días para que pueda alegar posibles errores o inexactitudes acerca de dicha prueba preconstituida.
SECCION PRIMERA. Naturaleza y competencia
Art. 147. 1. Los Jurados Tributarios son órganos que tienen por misión general resolver con carácter subsidiario, en los casos en que se determine por Ley, las controversias que sobre cuestiones de hecho puedan plantearse entre la Administración y los contribuyentes con ocasión de la aplicación de los tributos.
2. Son funciones especiales de los Jurados dentro del régimen de estimación objetiva de las bases tributarias:
a) Determinar las bases tributarias o las cuotas en su caso cuando las Juntas constituidas a estos efectos no lleguen a un acuerdo, no exista unanimidad entre los funcionarios que las constituyan o alguno de sus miembros recurra contra el acuerdo adoptado.
b) Resolver los recursos interpuestos por aplicación indebida de las reglas de distribución y los de agravio comparativo.
3. Serán funciones extraordinarias de los Jurados cualesquiera otras que se les encomiende por Ley.
Art. 148. 1. Los Jurados Tributarios se constituirán, guardando entre sus Vocales la debida paridad entre funcionarios de la Administración Tributaria y representantes de las Entidades sindicales, Asociaciones profesionales, Cámaras y demás Instituciones oficialmente reconocidas que aseguren la pericia de aquellos en las cuestiones sometidas a su juicio.
2. El Jurado será único para todos los tributos, sin perjuicio de su organización en secciones. El Ministro de Hacienda determinará reglamentariamente su composición y la competencia territorial de los que hayan de actuar además del Jurado Central.
SECCION SEGUNDA. Procedimiento de los Jurados
Art. 149. 1. Salvo en los supuestos previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo 147, será requisito esencial para la intervención de los Jurados un acto administrativo previo de declaración de competencia, que en la esfera central será dictado por el Director general del Ramo correspondiente y en la esfera territorial por los Delegados o Subdelegados de Hacienda.
2. La declaración de competencia deberá ser solicitada por la Administración o por los contribuyentes interesados. En todo caso, antes de dictarse la declaración de competencia, se dará traslado de la petición a los contribuyentes o a la correspondiente oficina, según los casos, para que aleguen cuantocrean oportuno sobre la procedencia o improcedencia de la declaración.
3. El acto de declaración de competencia será motivado y notificado a las partes interesadas.
4. Los contribuyentes podrán impugnar este acto en vía económico-administrativa.
Art. 150. 1. Una vez firme el acto de declaración de competencia, se remitirá a la Secretaría de los Jurados el expediente original y cuantos antecedentes e informes considere precisos la Administración en relación con los hechos o supuestos de hecho sometidos al conocimiento del Jurado.
2. Los Jurados podrán acordar la práctica de las informaciones, comprobaciones y pruebas que estimen pertinentes para el esclarecimiento y determinación de los hechos sometidos a su juicio. Para la realización de estas actuaciones, los Jurados gozarán de las mismas prerrogativas y poderes que esta Ley concede a la Inspección de los Tributos.
3. En todo caso, será inexcusable en estos expedientes:
b) La puesta de manifiesto del expediente a los interesados, una vez emitido el anterior informe o por haberse
aportado al expediente cualquier elemento de juicio desconocido por ellos, para alegaciones y pruebas, en su caso.
SECCION TERCERA. Los acuerdos de los Jurados
Art. 151. 1. Los Jurados Tributarios adoptarán sus acuerdos en conciencia, inspirándose en criterios de equidad.
2. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos, siendo de calidad el voto del Presidente.
3. Los Jurados mantendrán reservado el fundamento de sus acuerdos o de los votos que con este carácter se emitan que únicamente podrá ser reconocido por el Jurado Central cuando lo soliciten de los Jurados Territoriales.
4. Los acuerdos serán notificados reglamentariamente los interesados y a la Administración.
5. Cuando los acuerdos sean firmes, se remitirán los expedientes originales a las oficinas gestoras.
Art. 152. 1. Los fallos de los Jurados Territoriales podrán ser recurridos en alzada ante el Central cuando así se establezca legal o reglamentariamente.
2. Los acuerdos de los Jurados Territoriales en única instancia y los del Central, dictados sobre las cuestiones de hecho propias de su competencia, no serán susceptibles de recurso alguno, ni siquiera el contencioso-administrativo, salvo las excepciones que en el apartado siguiente se indican.
3. Podrán recurrirse en vía económico-administrativa los siguientes acuerdos de los Jurados:
4. No serán recurribles por cuestiones de hecho resueltas en virtud de fallo firme de un Jurado las liquidaciones tributarias practicadas por la Administración.
SECCION PRIMERA. Procedimientos especiales de revisión
Art. 153. 1. Corresponderá al Ministro de Hacienda la declaración de nulidad de pleno derecho, previo dictamen del
Consejo de Estado, de los actos siguientes :
b) Los que son constitutivos de delito, y
2. El procedimiento de nulidad a que se refiere el apartado anterior podrá iniciarse:
3. En el procedimiento serán oídos aquellos a cuyo favor reconoció derechos el acto.
Art. 154. Serán revisables por resolución del Ministro de Hacienda y, en caso de delegación, del Director general del Ramo, en tanto no haya prescrito la acción administrativa, los actos dictados en vía de gestión tributaria, cuando se encontraren en cualquiera de los siguientes casos:
Art. 155. (Texto modificado por la Ley 1/1998, del 26 de Febrero)1. Los contribuyentes y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en el Tesoro con ocasión del pago de las deudas tributarias, aplicándose el interés de demora regulado en el artículo 58.2.c)
1. Los sujetos pasivos o responsables y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en el Tesoro con ocasión del pago de las deudas tributarias, aplicándose el interés legal.
2. Por vía reglamentaria se regulará el procedimiento que debe seguirse, según los distintos casos de ingresos indebidos para el reconocimiento del derecho a la devolución y la forma de su realización, que podrá hacerse, según preceptúa el artículo 67 de esta Ley, mediante compensación.
Art. 156. La Administración rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectificación.
Art. 157. Las resoluciones que decidan los procedimientos instruidos al amparo de los artículos 153, 154, 155 y 156 serán susceptibles de los recursos que se regulan en la sección tercera del presente capítulo.
Art. 158. No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por sentencia judicial firme.
Art. 159. Fuera de los casos previstos en los artículos 153 al 156, la Administración tributaria no podrá anular sus propios actos declarativos de derecho, y para conseguir su anulación deberá previamente declararlos lesivos para el interés público e impugnarlos en vía contencioso-administrativa, con arreglo a la Ley de dicha jurisdicción.
SECCION SEGUNDA. Recurso de reposición
Art. 160. 1. El recurso de reposición será potestativo y se interpondrá ante el órgano que en vía de gestión dictó el acto recurrido, el cual será competente para resolverlo, salvo que se atribuya su competencia a la autoridad superior.
Art. 161. El recurso de reposición interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos, que volverán a contarse inicialmente a partir del día en que se entienda tácitamente desestimado o, en su caso, desde la fecha
Primera. El Ministro de Hacienda establecerá reglamentariamente los casos en que proceda suprimir mediante fórmulas de redondeo por exceso o defecto las fracciones inferiores a una peseta en las liquidaciones y pago de la deuda tributaria y rectificar las bases liquidables de igual forma, convirtiéndolas en múltiplos de 10 pesetas. Sobre la cuota o la base así determinada se liquidarán, en su caso, los recargos que procedan.
Segunda. Todas las exacciones y recargos que tengan la misma base imponible o recaigan sobre las cuotas de un mismo tributo o se exijan por razón de su aplicación, podrán ser refundidos en un tipo único a efectos de su liquidación, y recaudados en documento único o bien suprimidos, sin perjuicio de las participaciones que en el producto correspondan a las entidades a cuyo favor se hallen establecidos. Acordada la refundición a que hace referencia el párrafo anterior, no se percibirá cantidad alguna en concepto de gastos de administración y cobranza, y será aplicable a la distribución de las participaciones el régimen de entregas a cuenta.
Tercera. El Ministro de Hacienda podrá determinar, en los supuestos en los que el devengo está actualmente establecido por períodos trimestrales que en lo sucesivo se devenguen semestralmente.
Cuarta. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de marzo de 1964, y, a partir de la expresada fecha, sus preceptos serán aplicables a todos los tributos. Por excepción, la norma contenida en la letra b) del artículo 64 entrará en vigor el día 1 de julio de 1964.
Quinta. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley los conceptos a que se refieren los apartados 4.° y 6.° del artículo 2 de la Ley de 26 de diciembre de 1958, reguladora de Tasas y Exacciones parafiscales de Tasas y Exacciones parafiscales.
Primera. Por el Ministro de Hacienda, en el plazo de dos años y previo dictamen del Consejo de Estado, se propondrán al Gobierno los proyectos de Derecho en los que se refundan las disposiciones vigentes para cada tributo. Dicha refundición acomodará las normas legales tributarias a los principios, conceptos y sistemática que se contienen en la Ley General Tributaria, y procurará regularizar, aclarar y armonizar las leyes tributarias vigentes, que quedarán derogadas al entrar en vigor los textos refundidos.
Segunda. Hasta la entrada en vigor de los textos refundidos a que se refiere la disposición transitoria primera, tendrán plena eficacia las disposiciones que, sin rango de Ley, regulan los supuestos para los que esta Ley General Tributaria exige normas del expresado rango. Hasta la entrada en vigor de los antedichos textos, las presunciones establecidas con anterioridad a esta Ley General Tributaria tendrán el carácter que les corresponda, no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 118 de esta Ley.
Tercera. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley, el Gobierno propondrá a las Cortes, antes del 1 de enero de 1966, la prórroga de las exenciones o bonificaciones que no tengan limitada su vigencia a un plazo determinado, sin perjuicio de los derechos adquiridos con anterioridad a la presente Ley.
Cuarta. Seguirán rigiéndose por el texto refundido de la Ley de Contrabando y Defraudación de 11 de septiembre de 1953 y por la Ley de 31 de diciembre de 1941, sobre importación de vehículos automóviles en régimen temporal, las infracciones calificadas y sancionadas en las mismas y cometidas antes del 1 de julio de 1964.

References: artículo 58
 artículo 10
 artículo 33
 artículo 64
 artículo 61
 resolución 
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 80
 artículo 82
 resolución 
 resolución 
 artículo 45
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 156
 artículo 52
 resolución 
 artículo 102
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 131
 artículo 109
 artículo 147
 resolución 
 artículo 58
 artículo 67
 artículo 64
 artículo 2
 artículo 118
 artículo 15