Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/Bolivia241.04sp.htm
Timestamp: 2017-09-20 00:11:34+00:00

Document:
Bolivia Petición 241/04 Raúl Zavala Málaga y Jorge Pacheco Rondón
INFORME Nº 98/05
PETICIÓN 241-04
1. El 25 de marzo de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o la “CIDH”) recibió una petición presentada por el Defensor del Pueblo de la República de Bolivia (en adelante “el peticionario”) en la cual se alegaba la responsabilidad de la República de Bolivia (en adelante, “el Estado” o “el Estado Boliviano”) por el incumplimiento de una sentencia de amparo dictada por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior de la Paz, a favor de Raúl Zavala Málaga y Jorge Pacheco Rondón (en adelante “las presuntas víctimas”).
2. El peticionario alegaba que el Estado era responsable por la violación de los derechos a la participación política y la protección judicial, establecidos en los artículos 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”), en perjuicio de las presuntas víctimas, así como de la obligación genérica de respetar y garantizar los derechos protegidos en el artículo 1(1) de la Convención. Las presuntas víctimas alegaron haber agotado los recursos internos establecidos en la legislación boliviana a través de la interposición de un recurso de amparo que fue fallado a su favor por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior de la Paz.
6. La Comisión radicó la petición bajo el número 241/2004 y el 7 de mayo de 2004 solicitó información al peticionario.
7. El 12 y 26 de mayo de 2004 el peticionario presentó la información adicional requerida por la Comisión.
10. El 30 de diciembre de 2004 la CIDH recibe una comunicación del peticionario, la cual es remitida al Estado el 31 de enero de 2005 con un plazo de 15 días para que presente sus observaciones.
11. El 16 de febrero de 2005 la CIDH recibe una comunicación del peticionario indicando que el Ministerio de Salud y Deporte habría llegado a un acuerdo con los señores Raúl Zavala Málaga y Jorge Pacheco Rondón con el objeto de poner fin a las reclamaciones planteadas por estos últimos por el incumplimiento de la sentencia constitucional 156/2004-R de 4 de febrero de 2004. Asimismo, el 28 de marzo de 2005 la Comisión recibe una comunicación del Estado informando sobre la suscripción de un acuerdo transaccional entre las partes.
12. El 8 de marzo de 2005 la CIDH envía una comunicación poniéndose a disposición de las partes conforme a lo dispuesto en el articulo 48(1)(f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el articulo 41 del Reglamento de la Comisión.
15. El 3 de agosto de 2005 la CIDH recibe una comunicación de los peticionarios en la cual se comunica que el Estado ha dado cumplimiento al acuerdo transaccional suscripto el 2 de febrero de 2005 entre Raúl Zavala Málaga y Jorge Pacheco Rondón y el Ministerio de Salud y Deporte. Mediante la mencionada comunicación el peticionario solicita a la CIDH culminar el trámite del caso con un informe artículo 41.5 del Reglamento de la Comisión. Adicionalmente, los peticionarios agradecen la supervisión y el concurso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión trasladó esta comunicación al Estado el 18 de agosto de 2005.
16. El peticionario alegó que el 21 de mayo de 2003, el Director General Administrativo del Ministerio de Educación, dispuso la desvinculación de Jorge Pacheco Rondón y Raúl Zavala Málaga de los cargos que desempeñaban en el Viceministerio de Deportes, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Dicha desvinculación se justificó invocando la causal de supresión de cargos contenida en el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 10/03 de 8 de abril del año 2003, emitida por ese Ministerio. La resolución de desvinculación también dispuso que, habiendo el Ministerio de Hacienda efectuado el traspaso del presupuesto del Viceministerio de Deportes al Ministerio de Salud y Deportes[1], el Ministerio de Educación había cesado en su tuición, competencia y cualesquier obligación referente al citado Viceministerio de Deportes.
17. Se indicó que el 29 de mayo, las presuntas víctimas interpusieron un recurso de revocatoria ante el señalado Director en contra del acto administrativo que determinó su retiro. En este recurso señalaron la no concurrencia de causales justificadas para su despido y la falta de cumplimiento de las formalidades legales de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobadas por Decreto Supremo 26115 de 16 de marzo del año 2001.
18. El peticionario alegó que el recurso no fue resuelto por la autoridad administrativa obrando la figura de silencio administrativo negativo. Señaló que ante el rechazo del recurso de revocatoria por silencio administrativo, los recurrentes, mediante nota de 13 de junio, interpusieron recurso jerárquico conforme a las previsiones establecidas en el Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa.
19. Mediante auto de 15 de julio de 2003, la Superintendencia General del Servicio Civil admitió el recurso jerárquico y determinó la apertura del término probatorio. El 28 de agosto la Superintendencia General resolvió el recurso jerárquico mediante la Resolución Administrativa SSC/IRJ/139/2003. En dicha Resolución la Superintendencia encontró razonados los alegatos de los accionantes y, en consecuencia, ordenó revocar el acto administrativo que dispuso el retiro. Igualmente, la Superintendencia encomendó al Ministro de Salud y Deportes para que reincorporara a los accionantes.
20. El peticionarios alegó que el Ministerio de Salud y Deporte hizo caso omiso de la decisión de la Superintendencia. Por esta razón, el 14 de noviembre de 2003, las presuntas víctimas interpusieron un recurso de amparo constitucional ante la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior de La Paz, solicitando que se ordenara al Ministerio de Salud el cumplimiento de la Resolución Administrativa de reincorporación.
21. El 20 de noviembre de 2003, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior de La Paz declaró procedente el amparo conminando a “las autoridades recurridas dar estricto cumplimiento a la Resolución de la Superintendencia General del Servicio Civil No.139/03” [2].
22. Se indicó, que de acuerdo con la ley, la Resolución de la Sala Social y Administrativa Primera fue elevada en revisión de oficio al Tribunal Constitucional, sin embargo, el peticionario alegó que el fallo del Tribunal de Amparo debió cumplirse de manera inmediata y sin observaciones[3]. El 4 de febrero de 2004, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 156/2004-R mediante la cual Aprobó la Resolución de la Corte Superior de La Paz.
23. A través de sus facultades como Defensor del Pueblo, el peticionario solicitó información al Ministerio de Salud, respecto de las gestiones realizadas por ese despacho para dar cumplimiento al fallo judicial. Alega el peticionario que recibió respuesta que indicaba que el Ministerio de Salud habría solicitado una asignación presupuestaria adicional al Ministerio de Hacienda, la cual le habría sido negada. La Defensoría también solicitó información a la Corte Suprema, la cual indició que con fechas 5 y 17 de marzo de 2004 las presuntas vícitimas solicitaron al Tribunal que conminara a los recurridos al cumplimiento de la sentencia. Dando curso a dicha solicitud, el 8 de marzo de 2004, el Tribunal Constitucional notificó al Ministerio Público para que iniciara una investigación del presunto delito de desobediencia a las resoluciones en procesos de hábeas corpus y amparo constitucional[4].
25. Mediante escrito de fecha agosto 3 de 2005, el Defensor del Pueblo de Bolivia, previa comunicación en similar sentido por parte de los señores Jorge Pacheco Rondón y Raúl Zavala Málaga, solicitó a la Comisión la conclusión del caso toda vez que se había dado cumplimiento al acuerdo base suscrito en el arreglo amistoso.
26. La CIDH reitera que, de acuerdo con los artículos 48(1)(f) y 49 de la Convención, este procedimiento tiene como fin “llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención”. La aceptación de llevar a cabo este trámite expresa la buena fe del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención en virtud del principio pacta sunt servanda, por el cual los Estados deben cumplir de buena fe las obligaciones asumidas en los tratados. También desea reiterar que el procedimiento de solución amistosa contemplado en la Convención permite la terminación de los casos individuales en forma no contenciosa, y ha demostrado, en casos relativos a diversos países, ofrecer un vehículo importante de solución, que puede ser utilizado por ambas partes.
27. La Comisión valora altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes para lograr esta solución que resulta compatible con el objeto y fin de la Convención.
2. Dar por finalizada la controversia referente a los hechos que motivaron la presente petición.

References: artículo 1
 artículo 41
 artículo 2
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