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Timestamp: 2017-07-25 00:39:28+00:00

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[Sentencia C-0055-13] – Constitucionalidad artículos 126 y 135 Ley 1438 de 2011 – Reforma al sistema de seguridad social en salud | laboralparatodos.com
[Sentencia C-0055-13] – Constitucionalidad artículos 126 y 135 Ley 1438 de 2011 – Reforma al sistema de seguridad social en salud
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Sentencia C- 055/13
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 126 y 135 de la Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. Demandante: Karina Vence Peláez Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Bogotá, D.C, seis (6) de febrero de dos mil trece (2013).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, la ciudadana Karina Vence Peláez, Procuradora 139 Judicial II Administrativa,demandólos artículos 126 y 135 de la Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Sistema de Seguridad”. Por Auto del diecinueve (19) de junio de dos mil doce (2012), el Magistrado Sustanciador decidió inadmitir la demanda, por encontrar que en ella no seestructuró un verdadero cargo de inconstitucionalidad contra las normas acusadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 y la propia jurisprudencia constitucional.
El veintiséis (26) de junio de 2012, dentro del término previsto para la corrección de la demanda, la actora radicó en la Secretaría General de esta Corporación el correspondiente escrito de subsanación. Mediante Auto del diez (10) de julio de dos mil doce (2012), el Magistrado Ponente decidió admitir la demanda contra el artículo 135 de la Ley 1438 de 2010, e inadmitirla nuevamente por el cargo formulado contra el artículo 126 de la citada ley, tras encontrar que no se aportaron nuevos argumentos para sustentar su posible inconstitucionalidad.
En la misma providencia, el Magistrado Sustanciador ordenó que, una vez se agotara la etapa procesal correspondiente a la inadmisión parcial, se procediera a la fijación en lista de la demanda formulada contra el artículo 135 de la Ley 1438 de 2010 y, simultáneamente, se corriera traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. Así mismo, ordenó que se comunicara la demanda al Presidente de la República, al Congreso de la República, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Defensoría del Pueblo, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Alianza Salud EPS, y a las universidades Nacional de Colombia, Rosario, Externado de Colombia, Javeriana y Libre, para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran dentro del proceso con el propósito de impugnar o defender la constitucionalidad de las normas acusadas.
Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. II.TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
ARTÍCULO 135. COMPETENCIA DE CONCILIACIÓN. La Superintendencia Nacional de Salud podrá actuar como conciliadora de oficio o a petición de parte en los conflictos que surjan entre el administrador del Fosyga, las Entidades Promotoras de Salud, los prestadores de servicios, las compañías aseguradoras del SOAT y entidades territoriales”.
2. Fundamentos de la demanda 2.1. La demandante manifiesta que la norma acusada, al facultar a la Superintendencia Nacional de Salud para actuar como conciliadora en los conflictos que surjan entre las entidades que hacen parte del sistema de seguridad social en salud, desconoce el preámbulo y los artículos 1°, 2° y 4° de la Carta, que propugnan por un orden económico y social justo, la prevalencia del interés general y la primacía de la Constitución Política.
Sobre el particular, precisa que “el legislador debió contemplar en dicha norma el deber de someter dichos acuerdos al control posterior de un juez de la república, que los someta a un estudio exiguo de legalidad, salvaguardando con ello, no solo el ordenamiento jurídico, sino de plano y más importante el INTERÉS GENERAL, pues de la lectura del artículo 135 se aprecia sin lugar a dudas que las conciliaciones, las mas de las veces, recaerán sobre dineros del sistema de seguridad social en salud, esto es, dineros públicos”.
2.2. En concordancia con lo dicho, sostiene la actora que la disposición acusada desconoce también el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución, en cuanto excluye funcionalmente al Procurador General de la Nación de la defensa del patrimonio público. En relación con esto último, aclara que, aun cuando el artículo 277 de la Carta no consagra competencias específicas en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, “sí establece una genérica de intervención en asuntos administrativos y judiciales cuando sea necesario para la defensa del ordenamiento jurídico, el erario o los derechos y garantías fundamentales”.
Con base en ello, destaca que la norma acusada, al asignarle a la Superintendencia Nacional de Salud la facultad para actuar como conciliador prejudicial en asuntos de su competencia, desplazó al Procurador en el ejercicio de una función administrativa que él debe asumir, por dos razones fundamentales: inicialmente, por cuanto lo que le corresponde conciliar a la Superintendencia son dineros que hacen parte del sistema de seguridad social en salud, es decir dineros públicos, siendo la Procuraduría el órgano competente para ello. Y, además, “en tanto el trámite de conciliación prejudicial administrativa esta atribuido previamente al Ministerio Público, por lo tanto la coexistencia de dos trámites administrativos orientados a la conciliación administrativa no encuentra absolutamente ninguna justificación, ni ventaja para los operadores jurídicos que intervienen en ella; por el contrario es un mecanismo inconstitucional que desprotege al Estado, de que sea un organismos de control y posteriormente un órgano judicial el que refrende los acuerdos, que como ya se dijo, involucra dineros estatales y en el caso concreto dineros del ya maltrecho sistema de salud colombiano”.
Algunos de los intervinientes presentaron sus puntos de vista en torno a la constitucionalidad de los artículos126 y 135 de la Ley 1438 de 2011. No obstante, como quiera que la demanda formulada contra el artículo 126 fue inadmitida y rechazada por el Magistrado Ponente, a continuación, solo se relacionarán los argumentos de los intervinientes que se refieran al artículo 135 de la citada ley, por ser ésta la norma respecto de la cual se dio trámite al presente juicio. 2. Instituto Colombiano de Derecho procesal
El Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a través de uno de sus miembros, expuso los argumentos en torno a la demanda formulada contra el artículo 135 de la Ley 1438 de 2011, señalando que la competencia asignada a la Superintendencia Nacional de Salud para actuar como conciliadora en los conflictos que surjan entre entidades del sistema de salud, en nada desconoce la Constitución Política, considerando que “los cargos propuestos por la Procuraduría respecto de esta norma son más de inconveniencia que de inconstitucionalidad”.
3. ALIANSALUD EPS La EPS ALIANSALUD, actuando a través de apoderada, intervino en el presente juicio para solicitarle a la Corte que declare la exequibilidad condicionada del artículo 135 de la Ley 1438 de 2011.
Con base en las citadas normas, la interviniente sostiene que es legítimo establecer como requisito de procedibilidad la conciliación en asuntos de lo contencioso administrativo; que ésta solo puede ser adelantada ante agentes del Ministerio Público; y que el acta de conciliación debe someterse a la aprobación del juez competente. Sobre la función de conciliación de la superintendencia Nacional de Salud, menciona el artículo 38 de la Ley 1122 de 2007, el cual otorgó a dicha entidad la función de conciliación, norma que a su vez fue declara exequible por la Corte en la Sentencia C-902 de 2008 y en la que precisó que la conciliación que realiza la Superintendencia Nacional de Salud constituye un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, que se llevará a cabo por conciliador revestido de funciones de administrador de justicia para el caso en específico. De igual forma, cita el Decreto 1018 de 2007, que en su artículo 22 estableció que las funciones jurisdiccional y de conciliación serían ejercidas por la Superintendencia delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación. Hace referencia a las Sentencias de la Corte C-117 y C-119 de 2008, en las cuales la Corporación analizó la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 y estableció como requisitos para que las superintendencias ejerzan funciones jurisdiccionales los siguientes: “(i) las materias específicas deben estar precisadas en la ley, (ii) no pueden tener por objeto la instrucción de sumarios o el juzgamiento de delitos y (iii) al interior de la superintendencia debe estar estructuralmente diferenciado el ámbito de la función judicial del correspondiente a las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control”. Con base en las normas citadas, concluye que el alcance de la norma demandada es mucho más amplio que el descrito por la accionante, pues, según su entendido, los sujetos mencionados en la norma podrán acudir a conciliación a la Superintendencia Nacional de Salud cuando surjan conflictos entre ellos, conflictos que, en caso de no ser resueltos podrían conocerse por la jurisdicción ordinaria y no por la contenciosa administrativa. Coincide con la accionante en cuanto a que los conflictos de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa no deberían ser de conocimiento de la Superintendencia en conciliación. Sin embargo, sostiene que difieren en cuanto a los casos en los cuales los conflictos sean competencia de la jurisdicción ordinaria, evento en el cual, si podría conocerlos la Superintendencia por vía de conciliación. A partir de lo dicho, le solicita a esta Corporación “declarar exequible el artículo 135 de la Ley 1438 de 2011, en el entendido de que el superintendente delegado para la función jurisdiccional y de conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud no debe ser competente para adelantar audiencia extrajudicial de conciliación en donde se traten conflictos de contenido económico de los cuales pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan” 4. Ministerio de Salud y protección Social
Posteriormente hace referencia a la definición de conciliación establecida en el artículo 64 de la Ley 446 de 1998, y a las características que a dicha institución le fijo la Corte en la Sentencia C-893 de 2001, a partir de lo cual el interviniente reconoce la conciliación como “un negocio jurídico plurivoluntario, mediante el cual las partes emiten sus declaraciones de voluntad ante el conciliador, quien ejerce transitoriamente funciones jurisdiccionales, y mediante las cuales solucionan un conflicto”.
7. Superintendencia Nacional de Salud
La Superintendencia Nacional de Salud, mediante apoderado, interviene en el presente juicio, llamando la atención de la Corte en el sentido de sostener “que la demanda de inconstitucionalidad propuesta adolece de motivación y sustentación y que las razones expuestas por la actora, NO PURGAN LA PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDAD”. Subsidiariamente, le solicita a la Corporación que declare la exequibilidad de la norma acusada.
Considera que el artículo 135 de la Ley 1438 de 2011, es exequible, por cuanto a su parecer, este hace alusión a una entidad especializada en la materia que sirve de puente entre las partes dentro de un conflicto en el campo de la salud, lo que no significa que estén obligadas a llegar a un acuerdo o que la entidad sea quien defina la resolución del asunto. Sobre ese punto, asegura que el trámite de conciliación en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, representa descongestión judicial y un procedimiento “expedito, abreviado y práctico”. Para concluir, afirma que la norma es constitucional por cuanto: no excluye funcionalmente al procurador General de la Nación, pues, por mandato constitucional y legal el Ministerio Público puede hacerse parte en cualquier actuación, en procura de guardar el interés general. Además, la conciliación que lleva a cabo la Superintendencia no es requisito de procedibilidad, mientras que la realizada por la Procuraduría sí.
El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, por intermedio de una académica del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la facultad de Jurisprudencia, interviene en la presente acción de inconstitucionalidad apoyando algunas de las consideraciones de la demanda.
Considera que la lectura hecha en la demanda sobre la norma impugnada, “en el sentido de que excluye o limita la participación de la Procuraduría General de la Nación dentro del trámite de conciliación que adelanta la Superintendencia y, por tanto, vulnera las competencias constitucionales reconocidas en el artículo 277.7 Superior, es desafortunada. Y lo es, porque dicha inteligencia de la norma es inadmisible, ya que la competencia de intervención conferida por la Carta a la Procuraduría General de la Nación es muy amplia, en la medida en que incluye intervenir en todos los procesos y ante las autoridades judiciales y administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”.
Aduce el Ministerio Público que, en cuanto “la competencia de intervención de la Procuraduría General de la Nación se basa en la propia Carta, no hace falta que la ley la reitere o reconozca”,pues, en virtud del principio de supremacía de la Constitución, dicha entidad puede actuar en todos los procesos judiciales y administrativos, y “debe hacerlo cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales”.
2.4. Finalmente, quien interviene en representación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario manifiesta compartir algunos de los planeamientos de la demanda, en el sentido de considerar que, en cuanto la norma acusada no precisa que los acuerdos conciliatorios a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud deban ser objeto de control judicial, el legislador debe contemplar tal posibilidad en aras de proteger el patrimonio público. De igual manera entiende que el procurador General de la Nación, en aras de proteger el patrimonio público, debería conocer de los conflictos atribuidos a la Superintendencia Nacional de Salud.
3. Cuestión previa. Estudio de procedibilidad de la demanda
3.1.3. Conforme lo ha recordado esta Corporación, el artículo 241 de la Carta Política le confía a la Corte Constitucional“la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo”. En desarrollo del citado mandato, los numerales 4º y 5° de la misma disposición le asignan, entre otras funciones, la de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y decretos con fuerza de ley, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Dicha atribución, a su vez, se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 40 Superior, que le reconoce a todo ciudadano el derecho político a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley.
3.1.6. Dentro del citado propósito, el Decreto 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, en su artículo 2º consagra los requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad. En esa orientación, la norma citada dispone que toda demanda deberá presentarse por escrito y contener: (i) las normas que se acusan como inconstitucionales, trascribiéndolas literalmente por cualquier medio o aportando un ejemplar de la publicación oficial;(ii)las disposiciones superiores que se estiman violadas; y(ii)las razones que sustentan la acusación, esto es, la exposición de los motivos por los cuales se estiman violados los mandatos superiores.
3.1.7. Sobre esta última exigencia, la jurisprudencia ha sostenido que por su intermedio se impone al ciudadano una carga de contenido material y no simplemente formal, en el sentido de que la misma no se satisface con la exposición de cualquier tipo de razones o motivos, sino que es necesario que éstas sean “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”, en contraposición a las acusaciones vagas, abstractas e imprecisas que impiden llevar a cabo una verdadera controversia de tipo constitucional. 3.1.8. En la Sentencia C-1052 de 2001, la Corte tuvo oportunidad de aclarar el alcance de tales presupuestos, señalando que las razones son: (i)claras, cuando la acusación formulada por el actor es comprensible y de fácil entendimiento;(ii)ciertas, si la acusación recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada y no sobre una proposición jurídica inferida por el actor o contenida en otras disposiciones;(iii )específicas, en cuanto se defina o se muestre en forma diáfana la manera como la norma vulnera la Carta Política;(iv)pertinentes, cuando se utilizan argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia; y (v)suficientes, en la medida en que contengan todos los elementos fácticos y probatorios que son necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de forma que exista por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado.
3.1.9. De este modo, la Corte ha concluido que sólo es competente para emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley sometida a juicio mediante demandada ciudadana, cuando previamente se ha verificado que la misma cumple los requisitos mínimos de procedibilidad. Esto es, cuando en ella se identifica en forma clara la norma objeto de la acusación, se señalan las preceptivas superiores que se estima violadas y, finalmente, se formula por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad, respaldado en razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”. Tal y como ha sido sostenido por esta Corporación, si “la demanda no cumple las señaladas condiciones de procedibilidad, la misma es sustancialmente inepta, estando obligado el juez constitucional a abstenerse de fallar de fondo y, en su lugar, a proferir decisión inhibitoria”. 3.1.10. En punto a la oportunidad procesal para definir la aptitud de la demanda, en la Sentencia C-623 de 2008, esta Corporación precisó que, “aun cuando en principio, es en el Auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5)”. Acorde con los razonamientos citados, en la Sentencia C-894 de 2009, la Corte aclaró que la Corporación “se encuentra habilitada para adelantar un nuevo estudio de procedibilidad de la demanda en la Sentencia, cuando de la valoración de los elementos fácticos allegados al proceso, se infiere una inobservancia de los requisitos mínimos de procedibilidad en la acusación, que a su vez no permite delimitar el ámbito de competencia de la Corte para pronunciarse”. Se explicó al respecto en el mismo pronunciamiento, que en la instancia del fallo,“el análisis resulta de mayor relevancia, si se tiene en cuenta que para ese momento, ‘además del contenido de la demanda, la Corte cuenta con la opinión expresada por los distintos intervinientes y con el concepto del Ministerio Público, quienes de acuerdo con el régimen legal aplicable al proceso de inconstitucionalidad, [sólo] participan en el juicio con posterioridad al auto admisorio’”.
4. Ineptitud sustantiva de la demanda
“ARTÍCULO 135. COMPETENCIA DE CONCILIACIÓN.La Superintendencia Nacional de Salud podrá actuar como conciliadora de oficio o a petición de parte en los conflictos que surjan entre el administrador del Fosyga, las Entidades Promotoras de Salud, los prestadores de servicios, las compañías aseguradoras del SOAT y entidades territoriales”.
4.4. La demanda no cumple con el requisito de certeza, toda vez que la acusación no recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada, conforme lo exige el mencionado presupuesto, sino sobre una proposición jurídica inferida por el actor, a partir de lo dispuesto en normas que no fueron relacionadas en la demanda. En efecto, el precepto impugnado no contempla, como lo entiende la actora, elementos normativos relacionados con los efectos que puedan tener las actas de conciliación, que es precisamente el fundamento jurídico a partir del cual se sostiene en la demanda que tales acuerdos no están sometidos a control judicial posterior. Una detenida lectura de la citada disposición, muestra que su contenido se circunscribe únicamente a precisar aspectos relacionados con quiénes son los sujetos que, haciendo parte del sistema general de salud, se encuentran habilitados para solicitar el trámite de la conciliación prejudicial ante la Superintendencia Nacional de Salud.
“ARTÍCULO 38. CONCILIACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. La Superintendencia Nacional de Salud podrá actuar como conciliadora, de oficio o a petición de parte, en los conflictos que surjan entre sus vigilados y/o entre estos y los usuarios generados en problemas que no les permitan atender sus obligaciones dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, afectando el acceso efectivo de los usuarios al servicio de salud. Los acuerdos conciliatorios tendrán efecto de cosa juzgada y el acta que la contenga, donde debe especificarse con toda claridad las obligaciones a cargo de cada una de ellas, prestará mérito ejecutivo.
PARÁGRAFO .En el trámite de los asuntos sometidos a conciliación, la Superintendencia Nacional de Salud aplicará las normas generales de la conciliación previstas en la Ley 640 de 2001.” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
En punto al requisito de certeza, la jurisprudencia lo ha entendido como “la correlación lógica entre el contenido de la norma acusada y el contenido de los reproches de inconstitucionalidad”.Con base en tal definición, ha expresado que para que el cargo sea cierto, es necesario que el mismo se realice “sobre una proposición jurídica presente en el ordenamiento jurídico, que ataquen la norma acusada y no otra no mencionada en la demanda”. De esta forma, el requisito de certeza se cumple si las proposiciones jurídicas acusadas devienen objetivamente del texto normativo acusado, situación que no se presenta en este caso, pues, como ya ha sido explicado, la demandante estructura la acusación contra la disposición impugnada, a partir de contenidos normativos que no tiene y que aparecen en disposiciones que no fueron demandadas.
4.5. De la misma manera, la demanda tampoco cumple con el requisito de pertinencia, pues los argumentos en que se funda no son de naturaleza estrictamente constitucional, sino que responden a simples apreciaciones personales de la actora, amparadas en lo que a su juicio resulta más conveniente para garantizar el patrimonio público y el interés general. Así, sostener que a partir de la función de conciliación atribuida a la superintendencia Nacional de Salud, se está desplazando la competencia de la procuraduría para intervenir en tales actuaciones, responde a una valoración subjetiva, que no se respalda en razones constitucionales, pues, conforme lo precisa el propio Ministerio Público en el concepto de rigor, la competencia de intervención del procurador en asuntos administrativos y judiciales es amplia y encuentra fundamento directamente en la Carta Política, concretamente en el artículo 270 numeral 7°, motivo por el cual no es necesario que la ley lo reitere o lo reconozca expresamente. En ese sentido, el hecho de que el legislador, a través de la norma acusada, no se haya referido de manera expresa al ejercicio de dicha función, no significa un desplazamiento de la misma. Conforme al principio de supremacía constitucional, y en cumplimiento del citado mandato Superior, el Procurador General de la Nación puede actuar en todos los procesos judiciales y administrativos, incluyendo las conciliaciones prejudiciales a cargo de autoridades administrativas, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales, sin que para ello sea necesario reproducir tal competencia en una ley.
4.6. Finalmente, encuentra la Corte que la demanda no observa el requisito de suficiencia, ya que no demuestra de qué manera la norma acusada vulnera todas y cada una de las disposiciones constitucionales citadas como violadas. Una lectura del escrito de acusación, permite advertir que, aun cuando la actora le atribuye al precepto impugnado el desconocimiento del preámbulo y de los artículos 1°, 2°, 4° y 277-7 de la Constitución Política, en él no se explica cómo y de que manera se produce el desconocimiento de las citadas disposiciones. Del solo hecho de suponer que la norma acusada no permite un control judicial posterior de las actas de conciliación expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud, la demandante concluye que se presenta un detrimento patrimonial del Estado que afecta el interés general, siendo esto una circunstancia meramente hipotética que finalmente no se sustenta ni se acredita, máxime cuando el cargo se inspira en contenidos normativos que no hacen parte del texto impugnado. 4.7. Así las cosas, la Corte concluye que en la demanda bajo estudio no se estructuró un verdadero cargo de inconstitucionalidad, circunstancia que a su vez impide al órgano de control realizar el análisis de fondo de la norma impugnada. En consecuencia, esta Corporación se inhibirá de emitir pronunciamiento de fondo sobre la demanda formulada contra el artículo 135 de la Ley 1438 de 2001, por haber operado el fenómeno de la ineptitud sustantiva de la demanda.
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto del artículo 135 de la Ley 1438 de 2011, por haberse presentado una ineptitud sustancial de la demanda. Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

References: artículo 2
 artículo 135
 artículo 126
 artículo 135
 artículo 242

ARTÍCULO 135
 artículo 135
 artículo 277
 artículo 277
 artículo 126
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 38
 artículo 22
 artículo 41
 artículo 135
 artículo 64
 artículo 135
 resolución 
 artículo 277
 artículo 241
 artículo 40
 artículo 2
 artículo 270
 artículo 135
 artículo 135