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Baleares Niegan Vtc
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Roj: STSJ BAL 923/2012 Id Cendoj: 07040330012012100524 Órgano: Tribunal Superior de Justicia.
Sala de lo Contencioso Sede: Palma de Mallorca Sección: 1 Nº de Recurso: 95/2012 Nº de Resolución: 556/2012 Procedimiento: Recurso de Apelación Ponente: MARIA CARMEN FRIGOLA CASTILLON Tipo de Resolución: Sentencia
T.S.J.ILLES BALEARS SALA CON/AD PALMA DE MALLORCA SENTENCIA: 00556/2012 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ILLES BALEARS SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO APELACIÓN ROLLO SALA Nº 95/2012 AUTOS DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 145/2009 JUZGADO CONTENCIOSO Nº 1 SENTENCIA Nº 556 En Palma de Mallorca a 24 de julio de 2012 ILMOS. SRES. PRESIDENTE D. Gabriel Fiol Gomila MAGISTRADOS D. Pablo Delfont Maza Dª: Carmen Frigola Castillón VISTOS por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears los autos seguidos en el Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 1 de Palma de Mallorca, con el número de autos nº 145/2009 y nº de rollo de apelación de esta Sala 95/2012. Actúan como parte apelante la entidad ARES CAPITAL S.A. representada por la Procuradora Sra. Dña. Nancy Ruys Van Noolen y defendida por el letrado Sr. D. Manuel C. Lobo Coello y como partes apeladas el CONSELL INSULAR D'EIVISSA representado por el Procurador Sr. D. José Luis Nicolau Rullán y defendido por el Letrado Sr. D. Juan Manuel Gil Gómez y las codemandadas IBIZA TOURS &amp;OSLANDBUS S.L. representada por la procuradora Sra. Beatriz Ferrer Mercadal y defendida por la Letrada Sra. Mª Concepción García Burgos y AUTOCARES DIPESA S.L. representada por el Procurador D. Juan José Pacual Fiol y defendida por el Letrado Sr. D. Francisco Sancho Jaraiz. Constituye el objeto del recurso el Decreto de Presidencia del Consell Insular d'Eivissa de23 de abril de 2009 que desestima el recurso de alzada interpuesto por la apelante y recurrente contra la Resolución del Conseller Executiu del Departament de Política de Mobilitat i Activitats de 27 de noviembre de 2007 que denegó las solicitudes de la concesión de autorizaciones de la clase VTC solicitadas por la empresa Ares Capital SA en fecha 26 de junio de 2007. La sentencia número 509/2011 de doce de diciembre de dos mil once del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Palma desestima el recurso y confirma la legalidad del acto impugnado.
PRIMERO: La sentencia nº 509/2011 dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Palma en los autos seguidos por los trámites de procedimiento ordinario y de los que trae causa el presente rollo de apelación decía literalmente en su fallo: "1º.- DESESTIMAR la causa de inadmisibilidad opuesta y entrar a conocer el fondo del litigio. 2º.- DESESTIMAR el recurso interpuesto por la Procuradora Sra. Nancy Ruys Van Noolen en nombre y representación de la entidad mercantil ARES CAPITAL S.A. contra el Decreto identificado en el encabezamiento de esta sentencia, que se confirma en todo cuanto aquí se ha discutido. 3º.- No hace especial pronunciamiento sobre las costas causadas" SEGUNDO: Contra la anterior resolución interpuso la demandante recurso de apelación en plazo y forma siendo admitida en ambos efectos. TERCERO: No se solicita práctica de prueba ni trámite de vista o conclusiones. CUARTO: Se ha seguido el recurso con arreglo a los trámites de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, quedando los autos conclusos para dictar sentencia, señalando para la votación y fallo el día 24 de julio de 2012
PRIMERO: Se aceptan los de la sentencia apelada. Aprobado por el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa el Plan de actuación en materia de alquiler de vehículos con conductor (publicado en el BOIB de 7 de junio de 2.007) se estableció una nueva proporción de las autorizaciones clase VTC hacia las autorizaciones de clase VT existentes en esa Isla fijando la nueva relación en una autorización VTC por cada 12 autorizaciones VT. Es por ello que en marco de esa nueva regulación podían existir 25 autorizaciones VTC de forma que al haber solo otorgadas 14 autorizaciones VTC con residencia en la isla de Ibiza podían otorgarse 11 autorizaciones más. Ello motivó que la hoy apelante y recurrente presentó 11 solicitudes que al fin y tras informe desfavorable del Ayuntamiento de Ibiza fueron denegadas por el Consell Insular por causa del incumplimiento de esa empresa de no disponer de un local con licencia de apertura, ni tan sólo solicitada, sin que pudiera considerarse subsanable la aportación de documentación añadida por no obrar en los expedientes en el momento de su solicitud. Instalada la controversia en sede jurisdiccional la sentencia dictada por el Juzgado confirma íntegramente el acto impugnado y ello en base a que le artículo 5-e) de la Orden de 30 de julio de 1.997 por la que se dearrolla el reglamento de la LOTT aprobado por RD 1211/1990 de 28 de septiembre en materia de arrendamiento de vehículos con conductor es taxativo al establecer como requisito para la obtención de "disponer de un local dedicado a la actividad, que reúna las condiciones del artículo 9 en el municipio en el que se encuentren domiciliados los vehículos" y que el artículo 9 de esa misma Orden disponía que la empresa titular de las autorizaciones habrá de disponer de un local en el municipio donde se encuentren domiciliados los vehículos distinto del domicilio privado de su titular, con nombre o título registrado, abierto al público previo cumplimiento de los requisitos legales sobre apertura de locales lo que podía acreditarse mediante la licencia municipal de apertura o justificante de haberlo solicitado. Por ello, al no disponer de esos requisitos la parte recurrente debía confirmarse el acto impugnado. Se alza en apelación la parte recurrente alegando que el artículo 13-1 de la Orden de 30 de julio de 1998 solamente exige para la iniciación del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor los requisitos exigidos en las letras a) y b) del artículo 5 que respectivamente son ser una persona física o jurídica legalmente constituida y tener nacionalidad española sin que en ese caso se necesite tener ningún local abierto al público domicilio en esa isla, considerando esa parte que conforme prevé el artículo 14 de la Orden que la acreditación de ese requisito ha de hacerse a posteriori esto es, una vez se haya emitido informe favorable del ayuntamiento y no concurran las circunstancias previstas en los puntos 1 y 2 del artículo 14, disponiendo la parte de un plazo de 3 meses para acreditar los requisitos previstos en los apartados c), d), e), f), g) y h) del artículo 5 con la advertencia que de no hacerlo se archivará sin más trámite la solicitud. Por ello la sentencia incide en error en la interpretación de la normativa.
La defensa de la administración apelada y las partes codemandadas consideran que la interpretación que la parte apelante hace de la normativa es claramente interesada, siendo correcta la interpretación hecha por la sentencia que solicitan sea confirmada. SEGUNDO: Los artículos de la Orden Ministerial reguladora del arrendamiento de vehículos con conductor de 30 de julio de 1.998 que deben ser tenidos en cuenta son los siguientes: ART.5 Artículo 5. Requisitos para la obtención de las autorizaciones. Para obtener autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, será necesario acreditar ante el órgano competente el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Ser persona física, no pudiendo otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más de una persona ni a comunidades de bienes o bien persona jurídica, debiendo revestir, en este caso, la forma de sociedad mercantil, sociedad laboral o cooperativa de trabajo asociado. b) Tener nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado, con el que, en virtud de lo dispuesto en los Tratados o Convenios Internacionales suscritos por España, no sea exigible el citado requisito. c) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas por la legislación vigente. d) Cumplir las obligaciones laborales y sociales exigidas por la correspondiente legislación. e) Disponer de un local dedicado a la actividad, que reúna las condiciones exigidas en el artículo 9, en el municipio donde se encuentren domiciliados los vehículos. f) Disponer del número mínimo de vehículos, dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor, que corresponda con arreglo a lo establecido en el artículo 10, que reúnan las condiciones reguladas en el artículo 11. g) Acreditar el número de conductores previsto en el artículo 12, que reúnan las condiciones que en dicho precepto se establecen. h) Suscribir una póliza de seguro que cubra de forma ilimitada la responsabilidad civil frente a terceros por los daños que se deriven del uso y circulación del vehículo al que se haya de referir la autorización. Top of Form 7 ART.9 Artículo 9. Acreditación de la disposición del local. La empresa titular de las autorizaciones habrá de disponer de un local en el municipio donde se encuentren domiciliados los vehículos, distinto al domicilio privado de su titular, con nombre o título registrado, abierto al público previo cumplimiento de los requisitos legales sobre apertura de locales. Dicho local deberá estar dedicado en exclusiva a la actividad de arrendamiento de vehículos y no podrá ser compartido por varias empresas. La disposición del local se acreditará mediante la presentación de la licencia municipal de apertura o del justificante de haberla solicitado. ART. 13 Artículo 13. Solicitud de las autorizaciones. 1. Para la iniciación del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, que hayan de domiciliarse en un municipio en el que la empresa solicitante no tuviera ya domiciliadas otras autorizaciones en vigor, será necesario presentar ante el órgano competente el impreso oficial normalizado de solicitud, que deberá acompañarse de original o fotocopia compulsada de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a) y b) del artículo 5. 2. Cuando la empresa solicitante de nuevas autorizaciones ya fuera titular de otras en vigor domiciliadas en el mismo municipio en que lo hayan de estar aquéllas, bastará con la presentación del impreso oficial de solicitud. ART. 14
Artículo 14. Otorgamiento de las autorizaciones. 1. Presentada la solicitud a que se refiere el artículo anterior, junto con los documentos en cada caso exigibles, el órgano competente para su resolución, siempre que no aprecie el incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el artículo 5, recabará el preceptivo informe del Ayuntamiento, haciéndole llegar un extracto de la solicitud y documentación aportada, con la advertencia de que si no lo emite en el plazo de un mes, se considerará que informa favorablemente. El Ayuntamiento sólo podrá emitir un informe desfavorable en caso de incumplimiento de algunos de los requisitos previstos en el artículo 5 o cuando, existiendo un plan o programación aprobado por el órgano competente conforme a lo previsto en el punto 3 de este artículo, así resulte de su aplicación. 2. Cuando el informe del Ayuntamiento fuera desfavorable, el órgano competente procederá a la denegación de la autorización solicitada. El órgano competente podrá denegar la autorización aun cuando el informe del Ayuntamiento fuera favorable, si apreciara una desproporción manifiesta entre el número de autorizaciones de esta clase otorgadas en la zona en que esté situado el municipio y los potenciales usuarios del servicio. Se entenderá manifiesta dicha desproporción cuando en relación entre el número de autorizaciones vigentes de esta clase domiciliadas en la Comunidad Autónoma de que se trate y el de autorizaciones de transporte discrecional interurbano de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en la misma sea superior a una de aquéllas por cada treinta de éstas. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, cuando haya desajustes entre la oferta y la demanda de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor en una determinada zona, el órgano competente para el otorgamiento de las autorizaciones podrá, previa audiencia a los Ayuntamientos afectados, aprobar un plan o un programa de transporte en el que se establezcan limitaciones al otorgamiento de autorizaciones o criterios relativos a la prestación de la actividad y de su distribución territorial. En tal caso, el informe municipal y el otorgamiento de las autorizaciones que hayan de domiciliarse en el territorio afectado sólo revestirán carácter negativo cuando se incumpla alguno de los requisitos previstos en el artículo 5 y cuando así deba resultar en aplicación de los criterios previstos en el plan. 3. Cuando no concurran las circunstancias previstas en los puntos anteriores y el informe del Ayuntamiento sea favorable, el órgano competente lo notificará al solicitante, otorgándole un plazo de tres meses para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en las letras c), d), e), f), g) y h) del artículo 5, con la advertencia que, de no hacerlo así, el expediente se archivará sin más trámites. El plazo de tres meses podrá excepcionalmente ser ampliado por un período máximo de otros tres, cuando el interesado lo solicite, antes de transcurrido el plazo inicial, justificando suficientemente la imposibilidad de disponer del vehículo al que la autorización haya de referirse dentro del mismo. 4. Examinado el expediente y comprobado el cumplimiento de las condiciones exigidas, el órgano competente otorgará la autorización, que se documentará conforme a lo previsto en el artículo siguiente. Con tales antecedentes la interpretación efectuada por la sentencia se ajusta a derecho y es plenamente acorde a lo indicado en esos artículos sin que deba prosperar la interpretación efectuada por la parte apelante y recurrente. En efecto, el artículo 5 en su apartado e) exige como requisito para obtener esa autorización disponer de un local abierto al público dedicado en exclusiva a la actividad de arrendamiento de vehículos y no podrá ser compartido por varias empresas en el municipio donde se encuentren domiciliados los vehículos. Cuando se presente la solicitud (art 13) solamente han de acreditarse los extremos a) y b) del artículo 5, pero no por ello no ha de cumplirse ya en ese momento con los requisitos exigidos en el resto del artículo 5 que, deberán acreditase en el momento oportuno conforme dispone el artículo 14, si el informe del Ayuntamiento fuere favorable. Y a esa conclusión se llega porque el artículo 14 apartado 1º dice que el Ayuntamiento puede apoyarse en su informe desfavorable si observa que se incumple algunos de los requisitos fijados en el artículo 5, y obviamente la inexistencia de licencia de apertura de un establecimiento abierto al público es uno de los requisitos fijados en el artículo 5, concretamente en su apartado e), que, con independencia de no tener que acreditarse en el momento inicial de presentación de la solicitud, sin embargo ha de tenerse ya en ese momento, y ello no lo tenía esa parte. Ese defecto no puede ser susceptible de convalidación con aportación posterior de documentales acreditativas de haber solicitado después de la presentación de la solicitud aquella licencia de apertura, porque
hay que estar al tiempo de la presentación de la solicitud para examinar si en ese momento se dan ya todos los requisitos exigibles para que la autorización pueda concederse. Precisamente la finalidad de esa exigencia no es otra que la empresa que solicita esa autorización tenga una acreditada permanencia en esa Isla y una vinculación empresarial y laboral en ese territorio. Cumple desestimar la apelación y debemos confirmar la sentencia dictada por el Juez a quo. TERCERO: En materia de costas la desestimación del recurso determina que se haga imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte apelante que ha visto rechazada su argumentación. VISTOS los preceptos legales citados y demás de general aplicación
1º) DESESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto contra la Sentencia nº 509/2011 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 que CONFIRMAMOS íntegramente 2º) Con imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte apelante en atención al principio de vencimiento objetivo. Contra la presente sentencia no cabe recurso ordinario. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION.- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la Magistrada de esta Sala Ilma. Sra. Dña. Carmen Frigola Castillón que ha sido ponente en este trámite de Audiencia Pública, doy fe. El Secretario, rubricado.
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