Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-1237-04.htm
Timestamp: 2018-01-24 07:25:42+00:00

Document:
T-1237-04
Sentencia T-1237/04
ACCION DE PERSONA JURIDICA PUBLICA-Titular de derechos fundamentales/LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA-Representante legal de persona jurídica
El carácter excepcional de la acción de tutela frente a la actividad jurisdiccional, tal y como se manifestó en la sentencia T-200 de 2004, encuentra su sustento en una interpretación armónica de la función del amparo constitucional, con los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución, de forma particular, con lo dispuesto en el artículo 2º Superior, que impone la obligación de garantizar la efectividad de los mismos. No obstante, ese deber de garantía no puede llegar hasta el punto de desconocer principios constitucionales como la autonomía del juez y la seguridad jurídica. Es por ello, que la Corte ha sido cuidadosa al momento de construir toda esta doctrina que permite la procedencia de la acción de tutela ante una vía de hecho. En tal sentido, ha reiterado la exigencia en el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela –especialmente, inmediatez y subsidiariedad- y ha delimitado expresamente el concepto de “vía de hecho”.
DEBIDO PROCESO DE PERSONA JURIDICA-Titularidad
NOTIFICACION POR ESTRADO EN PROCESO EJECUTIVO LABORAL-Decisiones en audiencias publicas
Uno de los efectos jurídicos de las audiencias públicas lo constituye la notificación de las providencias en estrados, es decir, en el lugar donde se realice la audiencia. Se infiere que el proceso ejecutivo laboral se adelanta, en principio, de manera escrita y sus providencias se notifican por estado. La excepción a la regla general son los actos procesales relacionados con la práctica de pruebas y la decisión de excepciones, pues como quedó establecido, se realizan en audiencia pública, lo que supone su notificación en estrado. Sin embargo, la notificación en estrado de la providencia por medio de la cual se resuelven las excepciones no excluye la notificación por estado, en ciertos casos
NOTIFICACION POR ESTRADO EN PROCESO EJECUTIVO LABORAL-Excepciones en decisiones de audiencias públicas
DEBIDO PROCESO LABORAL-Garantía del derecho de defensa
RECURSO DE APELACION-Instrumento para remediar errores judiciales/DEBIDO PROCESO-Negación injustificada o abstención del trámite de apelación
Referencia: expediente T-978039
Acción de tutela instaurada por Jaime Octavio Villamil Aranguren, en representación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional, contra el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca.
dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca el 17 de junio de 2004 y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 11 de agosto del mismo año, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Octavio Villamil Aranguren, en representación de la Nación- Ministerio de Educación, contra el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca.
El señor Jaime Octavio Villamil Aranguren, en representación de la Nación- Ministerio de Educación Nacional presenta acción de tutela contra el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, por considerar que esta entidad ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. Fundamenta su demanda en los siguientes,
i) La señora Marlene Mora de Hernández inició proceso ejecutivo laboral en contra del Ministerio de Educación y el Departamento de Arauca, con el fin de solicitar que se le liquidaran y pagaran las diferencias salariales “presuntamente” adeudadas por los ascensos en el escalafón a varios docentes que laboran en el Departamento de Arauca.
ii) La demanda fue admitida. Corrido el traslado, fue contestada dentro del término legal. Indica que el Departamento de Arauca y el Ministerio de Educación Nacional, entidad que representa, presentaron excepciones.
iii) Comenta que en calidad de apoderado asistió a la diligencia de fallo en la cual se resolverían las excepciones, sin embargo, ésta fue aplazada por acuerdo de las partes.
iv) Señala que envió memorial vía fax, con el fin de que el juez fijara fecha para continuar la diligencia, para cuando él se encontrara de comisión, es decir, para los días seis y siete de mayo, pero “a criterio del señor juez la diligencia se fijó el día cuatro de mayo”, sin que pudiera intervenir pese a la solicitud que presentó. Al respecto aduce que “para desplazarme a la ciudad de Arauca tengo que realizar todos los trámites administrativos como son solicitud de la comisión al Ministerio de Educación, la cual es ordenada mediante resolución realizar las reservas de los pasajes, etc, a su vez que tengo que también que cumplir con las funciones en el Meta y los otros Departamentos”.
v) No obstante lo anterior, mediante fallo No. 29 de 2004, el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca resolvió declarar no probadas las excepciones de fondo formuladas por el Departamento de Arauca y su representada y ordenó el pago con los dineros embargados una vez presentada la liquidación. Explica que en el referido fallo se anotó lo siguiente: “ESTA PROVIDENCIA SE NOTIFICA A LAS PARTES POR ESTRADOS”.
vi) Señala que cuando se presentó en el Juzgado de Arauca en los días 6 y 7 de mayo, se enteró que la audiencia ya se había celebrado y que la misma no había sido notificada por estado tal y como lo ordena el artículo 108 del Código de Procedimiento Laboral.
vii) Así pues, en defensa del Ministerio presentó recurso de apelación contra la providencia del 6 de mayo. Así mismo indica que, a su vez, por intermedio de la apoderada del Departamento de Arauca, se presentó recurso de reposición contra el auto que negó el recurso de apelación y también el “recurso de hecho”.
viii) Al respecto anota que el Juzgado demandado profirió un auto el 18 de mayo de 2004, “dejando sin piso” la objeción presentada por la apoderada de la Gobernación y que a su vez “en términos desobligantes manifiesta que la reposición resulta risible, porque presuntamente en primer término por que se había presentado (sic) cuando no se había proferido la providencia de mayo 10, por medio del cual el juzgado promiscuo de Arauca, no concedió el recurso de apelación”.
ix) Advierte que el juzgado demandado para fundamentar la anterior decisión hace referencia a líneas jurisprudenciales, “presuntamente un pronunciamiento de la Honorable Corte de Suprema de Justicia”, según el cual, la independencia de los jueces permite que cuando lo consideren necesario se aparten “de los derroteros doctrinarios que sobre interpretación de las normas pueda haber marcado la operación la Sala…”. Indica que según el juzgado demandado, de conformidad con el artículo 66 del Código de Procedimiento Laboral y subsiguientes, “las sentencias serán apelables sino se hace en audiencia dentro de los tres días siguientes a su promulgación, pero el artículo 65 ibidem, indica que los autos interlocutorios serán apelables dentro de los cinco días siguientes, concluyendo que para cada evento en especial tiene su propia modalidad”. Así mismo, expresa que el juzgado demandado manifestó que las excepciones se deciden en la audiencia y que en el proceso ejecutivo no existe norma que de manera expresa lo declare y por lo tanto consideró que debía aplicarse el artículo 32 del Código de Procedimiento Laboral, según el cual a falta de norma expresa, se recurre a las supletorias del Código de Procedimiento Civil. En efecto, trae a colación el artículo 325 del C.P.C. que establece que las providencias que se dicten en las audiencias y diligencias se consideran notificadas el día en que estas se celebren, aunque no hayan asistido las partes.
x) Manifiesta que no está de acuerdo con la apreciación del juzgado demandado en el sentido de considerar que la providencia que decide las excepciones no es una sentencia, y que por lo tanto no se puede aplicar lo dispuesto en el artículo 66.
xi) Precisa que a criterio del juez, las providencias que se dicten en audiencia se notifican por estrado, lo que significa que surten sus efectos desde ese instante y que las demás, por estados. Con base en lo anterior, consideró que no era procedente reponer el auto.
xii) Aduce que habiendo operado la ejecutoriedad de plano, el juez negó los recursos presentados
xiii) Finalmente, señala que mediante auto del 31 de mayo de 2004, el juzgado dio por terminado el proceso, ordenando la entrega del capital.
xiv) En síntesis, considera que el fallo 029 de 2004 debió notificarse por estado como lo ordena el artículo 108 del Código de Procedimiento Laboral y no por estrados, pues haberlo hecho de esta forma le impidió ejercer sus derechos de defensa y contradicción.
Por lo anterior, solicita la protección de sus derechos al debido proceso, igualdad y doble instancia. Solicita que se deje sin efectos el auto proferido por el señor Juez Laboral del Circuito de Arauca que negó los recursos de apelación, el de reposición y el de queja, y en consecuencia se ordene al señor Juez notifique por estado la providencia de mayo 04 del 2004, por medio de la cual se fallaron las excepciones dentro del mencionado proceso ejecutivo laboral y se le de trámite al recurso de apelación interpuesto.
En escrito allegado al Tribunal Superior de Arauca el 10 de junio de 2004, el Juzgado Laboral Circuito de Arauca, en primer término, advierte la falta de legitimación por activa por considerar que de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 –Reglamentario de la acción de tutela- el accionante debió manifestar la imposibilidad del titular del derecho de no estar en condiciones de promover su propia defensa. En tal sentido, anota también que si bien en la Resolución No. 2207 del 18 de septiembre en la cual se asignan las funciones de los representantes del Ministerio de Educación Nacional ante las entidades territoriales, se atribuye la función de representar judicialmente a dicha entidad en los procesos contenciosos administrativos, laborales, civiles, penales y demás acciones judiciales en que la entidad sea parte, el accionante no cuenta con poder para presentar la acción de tutela.
La Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, mediante auto del 11 de junio de 2004, resolvió vincular a la señora Marlene Mora de Hernández quien fue la demandante dentro del referido proceso ejecutivo laboral, por considerar que la decisión que se adopte puede llegar a afectarla.[1]
Posteriormente, después de hacer referencia a la línea jurisprudencial constitucional en materia de la procedencia de la tutela frente a una vía de hecho, consideró que la providencia del 18 de mayo de 2004 proferida por el Juez Único Laboral del Circuito de Arauca, mediante la cual negó las peticiones elevadas por el apoderado de la Nación- Ministerio de Educación, “se constituye en una trasgresión manifiesta en contra del derecho fundamental del debido proceso, específicamente a la defensa en detrimento de la Nación…”. En tal sentido, manifiesta que no se dio aplicación a lo establecido en el inciso 2º del artículo 378 del C.P.C. disposición que en su sentir es obligatoria, previa remisión del artículo 145 del C.P.L. “por consiguiente, el señor juez, tenía como deber legal, una vez había denegado el recurso de reposición, ordenar en el mismo auto la expedición de copias a costa de la parte recurrente (Nación-Ministerio de Educación), esto es, el de dar inicio al trámite del recurso de queja o hecho, situación que al ser desconocida por el juez laboral, vulnera flagrantemente el derecho fundamental al debido proceso- derecho de defensa de la accionante … por negarle la posibilidad de acudir a la segunda instancia para que esta se resuelva de plano, a través del recurso de queja o de hecho”.
Así mismo considera que el auto de fecha 10 de mayo de 2004, mediante el cual negó la apelación contra el auto que declaró no probadas las excepciones de fondo, es un acto “arbitrario, desprovisto de legalidad, carente de toda motivación fáctica y legal, expedido con vulneración de las garantías mínimas…”, toda vez que le impidió una segunda instancia.
Por todo lo anterior, consideró que había lugar a proteger los derechos fundamentales al debido proceso (derecho de defensa) y de la doble instancia al Ministerio de Educación. En consecuencia, el a-quo declaró la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al auto de fecha 18 de mayo de 2004 por vulneración del debido proceso, al no haber dado el Juzgado Único Laboral del Circuito de Arauca, el trámite del recurso de queja, de conformidad con las normas legales, incluyendo el auto del 31 de mayo de 2004, mediante el cual ordenó el pago de la obligación. Lo precedente, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 521 del C.P.C., previa remisión del artículo 145 del C.P.L.
Ordenó al Juez Único Laboral del Circuito de Arauca, para que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo se inicie el trámite del recurso de queja, de conformidad con el artículo 378 del C.P.C., previa remisión del artículo 145 del C.P.L. Le llama la atención al Juez Único Laboral del Circuito de Arauca para que sea más cuidadoso en el ejercicio de su función, toda vez que “esta no ha sido la primera ocasión en que este servidor público ha incurrido en irregularidades que vulneran garantías mínimas de los sujetos procesales…”.
Al respecto, reitera que negó el recurso de apelación por extemporáneo por cuanto la providencia se notificó en estrados y aquélla surte efectos desde su pronunciamiento, de conformidad con el artículo 41 del Código de Procedimiento Laboral. Por lo anterior, argumenta no haber vulnerado el debido proceso de la entidad accionante en el curso del proceso ejecutivo laboral.
En consecuencia, solicita que se le de el alcance que merece la notificación en estrados de la providencia que resuelve las excepciones en el proceso ejecutivo laboral.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió revocar la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca que decidió conceder el amparo de los derechos invocados por el representante del Ministerio de Educación Nacional. Advierte que el juez de tutela no puede acceder a la petición del actor en cuanto a que “se deje sin efectos el auto proferido por el señor Juez Laboral… que negó los recursos de apelación, el de reposición y el de queja, y en consecuencia se ordene al señor Juez notifique por estado la providencia de mayo de 2004 por medio del cual fallo (sic) las excepciones dentro del mencionado proceso, y se de trámite al recurso de Apelación ya interpuesto…”.
1. Copia del fallo No. 029 –2004 proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca en el trámite del proceso ejecutivo laboral radicado No. 105 de 2003, adelantado por Marlene Mora de Hernández contra la Nación y el Departamento de Arauca, mediante el cual resolvió “Declarar no probadas las excepciones de fondo formuladas por la parte demandada Nación- Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Arauca en consecuencia condenarlas al pago de la prestación demandada de acuerdo a lo explicado en la motiva de este fallo” y ordena el pago de la obligación con los dineros embargados. ( folios 13 al 28 del expediente )
2. Copia de la providencia de mayo 18 de 2004, por medio de la cual el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca resuelve acerca de la procedencia de los recursos de reposición, apelación y de hecho interpuestos por el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Arauca. (folios 30 a 33 del expediente)
3. Copia de la Resolución No. 2207 del 18 de septiembre de 2003, proferida por el Ministerio de Educación, “Por la cual se adopta la organización y funciones de la gestión que cumplen los Representantes del Ministro de Educación Nacional ante Entidad Territorial”. El artículo 3º de este acto administrativo establece como función general de los Representantes del Ministerio ante la entidad territorial la de “(…) 3. Representar legal y judicialmente a la Nación-Ministerio de Educación Nacional en los procesos contencioso administrativo, laborales, civiles, penales y demás acciones judiciales en que la entidad sea parte, Igualmente en los asuntos extrajudiciales en que sea convocada la misma.” (folios 34 a 36 del expediente)
4. Copia de la Resolución No. 2235 del 19 de septiembre de 2003, emanada del Ministerio de Educación, “Por la cual se incorporan unos funcionarios a la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional”. En dicho acto administrativo se resolvió incorporar a la planta al señor Villamil Aranguren en calidad de representante del Ministerio de Educación ante la entidad territorial con código 2215 grado 17, correspondiente a la zona: Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés y sede: Villavicencio. (folios 37 y 38)
5. Acta de posesión del apoderado de la entidad accionante, Jaime Octavio Villamil Aranguren, en calidad de representante. (folio 39)
Finalmente el juez de segunda instancia decidió revocar la decisión del a-quo y negar la acción de tutela. Al respecto señaló que no le estaba permitido al juez de tutela pronunciarse sobre las actuaciones judiciales.
El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un mecanismo excepcional de protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, sin hacer distinción entre personas naturales y jurídicas. Por tal razón, la Corte ha considerado que la persona jurídica, nacional o extranjera, pública o privada, es titular de derechos fundamentales[2] y que puede acudir a la acción de tutela para su protección.[3] Sobre la titularidad de los derechos fundamentales de las personas jurídicas, en la sentencia T-903 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, esta Corporación señaló lo siguiente:
“En ejercicio de su propia personalidad jurídica, la persona jurídica es titular de derechos fundamentales, los cuales pueden ser objeto de protección inmediata a través de la acción de tutela cuando se presenten los presupuestos a que hace referencia el artículo 86 de la Constitución Política, esto es, la vulneración o amenaza de derechos fundamentales por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por particulares en los casos que establezca la ley. Con tal propósito, la titularidad para el ejercicio de la acción de tutela, como requisito de procedibilidad de la acción, está en cabeza de la persona jurídica, la que actuará directamente o a través de representante.[4]
Al separar la titularidad de los derechos de la persona jurídica y los de las personas naturales o jurídicas que la constituyan, será indispensable en la tutela señalar si el representante legal de la persona jurídica acude a la acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos fundamentales como persona natural o el amparo de los derechos fundamentales que le asisten a la persona jurídica que él representa.[5] Lo que no está constitucionalmente permitido es que se reclame la protección de derechos fundamentales como persona natural sin que exista, en las condiciones señaladas, tanto la vulneración de derechos fundamentales de la persona jurídica como la relación de causalidad entre derechos de una y de otra parte.
Puede observarse de los documentos aportados por el señor Villamil Aranguren, los cuales se encuentran relacionados en el acápite de pruebas de esta providencia, que el mismo está legitimado para representar judicialmente al Ministerio de Educación en el municipio de Arauca. En efecto, de la Resolución 2207 del 18 de septiembre de 2207 “por la cual se adopta la organización y funciones de la gestión que cumplen los Representantes del Ministerio de Educación Nacional ante Entidad Territorial”, se deduce que la representación del Ministerio ante las entidades territoriales está clasificada por zonas. Así mismo, se infiere del mencionado acto administrativo que dentro de las funciones de los representantes ante la entidad territorial, se encuentra la de instaurar todas las acciones judiciales y actuar en representación de la mencionada entidad en los procesos en los cuales ésta sea parte, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2207 del 18 de septiembre de 2003, “Por la cual se adopta la organización y funciones de la gestión que cumplen los Representantes del Ministro de Educación Nacional ante Entidad Territorial”. El artículo 3º de este acto administrativo establece como función general de los Representantes del Ministerio ante la entidad territorial la de “(…) 3. Representar legal y judicialmente a la Nación-Ministerio de Educación Nacional en los procesos contencioso administrativo, laborales, civiles, penales y demás acciones judiciales en que la entidad sea parte, Igualmente en los asuntos extrajudiciales en que sea convocada la misma” (folios 34 a 36 del expediente).
El señor Villamil Aranguren aporta también la Resolución No. 2235 del 19 de septiembre de 2003 del Ministerio, “Por la cual se incorporan unos funcionarios a la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional”. En esta resolución se resolvió incorporarlo a la planta como representante del Ministerio de Educación ante la entidad territorial con código 2215 grado 17, correspondiente a la zona: Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés y sede: Villavicencio (folios 37 y 38). El mencionado señor se posesionó en dicho cargo el 22 de septiembre de 2003, fecha anterior a la interposición de esta acción de tutela (folio 39).
4. Acción de Tutela contra providencias judiciales
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional no puede aceptar los argumentos expuestos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues como se explicará a continuación, sí es posible acudir al amparo constitucional contra providencias judiciales cuando se configura vía de hecho o cuando existe violación al debido proceso.[6]
Al respecto, esta Corporación ha sostenido que, a pesar de que en la sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, se declararon inexequibles los artículo 11 y 40 del decreto 2591 de 1991, referentes a la acción de tutela contra providencias judiciales, en esta misma providencia, la Corte previó la procedencia excepcional de este mecanismo judicial bajo ciertas circunstancias precisas que se han venido desarrollando por vía jurisprudencial. Así, la Corte ha considerado que la acción de tutela es viable en los casos en que la autoridad judicial ha incurrido en una vía de hecho que afecte derechos constitucionales fundamentales, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedibilidad consagrados en el artículo 86 Superior. En tal sentido, en la Sentencia T-083 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte precisó los siguiente: “la tutela sólo habrá de proceder contra una vía de hecho judicial si no existe ningún mecanismo ordinario de defensa o, si éste existe, a condición de que el amparo constitucional resulte necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable que afecte los derechos fundamentales del solicitante.[7]”
El carácter excepcional de la acción de tutela frente a la actividad jurisdiccional, tal y como se manifestó en la sentencia T-200 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, encuentra su sustento en una interpretación armónica de la función del amparo constitucional, con los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución, de forma particular, con lo dispuesto en el artículo 2º Superior, que impone la obligación de garantizar la efectividad de los mismos. No obstante, ese deber de garantía no puede llegar hasta el punto de desconocer principios constitucionales como la autonomía del juez y la seguridad jurídica. Es por ello, que la Corte ha sido cuidadosa al momento de construir toda esta doctrina que permite la procedencia de la acción de tutela ante una vía de hecho.
En tal sentido, ha reiterado la exigencia en el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela –especialmente, inmediatez y subsidiariedad- y ha delimitado expresamente el concepto de “vía de hecho”. Lo anterior, precisamente, con el fin de “armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado.”[8] Al respecto, en la sentencia T-698 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, la Corte indicó:
“[l]a jurisprudencia de esta Corporación ha estructurado con mayor detenimiento los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias, a fin de consolidar la doctrina sobre el tema y clarificar las exigencias de esta acción. En este sentido, se han establecido dos requisitos de procedibilidad específicos: los generales y los especiales[9], que abarcan muchas de las categorías que previamente había establecido la doctrina constitucional en materia de vía de hecho. En todo caso, los primeros, es decir los requisitos de procedibilidad generales, hacen referencia al deber de asegurar, para la procedencia de la tutela contra providencias, que se de: a) la inexistencia de otro o de otros medios de defensa judiciales (recursos ordinarios o extraordinarios) como se ha visto, y b) la verificación de una relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales, bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad[10]. En este segundo caso, se ha establecido que no procede la acción de tutela contra sentencias judiciales, cuando el paso del tiempo es tan significativo que resulta claramente desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial, por la vía de la acción de tutela[11].
Los requisitos de procedibilidad especiales, por su parte, están asociados directamente al control excepcional por vía de tutela de la actividad judicial, y tienen que ver específicamente con el concepto de vía de hecho. En efecto, esta Corporación redefinió la teoría de los defectos que tradicionalmente había aglutinado los elementos de la vía de hecho frente a decisiones judiciales, y los consolidó dentro de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales”
Así las cosas, esta Corporación se ha preocupado por precisar cuáles son los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, por considerarse que con esas actuaciones han sido afectados derechos de rango fundamental. En la mencionada sentencia T-200 de 2004, se hizo referencia al cumplimiento también de los requisitos especiales. En tal sentido, se hizo un esfuerzo por sintetizar y clasificar las hipótesis que representan la existencia de una vía de hecho[12]:
i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido[13].
ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo proferido[14].
iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de la administración de justicia[15].
iv) Decisión sin motivación: Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o fácticos[16].
v) Desconocimiento del precedente: En aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia[17].
vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada solicitud expresa al respecto[18]
“Artículo 29 - …el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; aún debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Este derecho fundamental, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, debe garantizársele a todas las personas, ya sean naturales o jurídicas. Al respecto, en la Sentencia T – 924 de 2002, M.P. Álvaro Tafúr Galvis, la Corte advirtió lo siguiente: “el debido proceso y el acceso a la justicia se atribuyen a las personas, naturales y jurídicas, porque son derechos que se basan en la capacidad de obrar de unas y otras, no en la naturaleza de su personalidad. Prueba de ello es que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y que el artículo 229 constitucional garantiza a toda persona el acceso a la justicia.”
De igual forma, esta Corporación también ha considerado que la titularidad de ciertos derechos fundamentales no sólo se predica de las personas jurídicas de derecho privado, sino también de aquellas que tienen naturaleza pública. Así se ha venido sosteniendo desde la Sentencia T-572 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero:
“No sólo las personas jurídicas de derecho privado sino también las personas jurídicas de derecho público pueden interponer acciones de tutela en defensa de sus derechos constitucionales fundamentales. En efecto, estas personas -como la Nación o las entidades territoriales- son titulares de derechos constitucionales fundamentales que se pueden ver afectados por la acción u omisión de otras autoridades, o incluso, en ciertas circunstancias de particulares, por lo cual es procedente que interpongan acciones de tutela.
Los procesos laborales se caracterizan por ser orales y públicos, toda vez que la mayoría de las actuaciones se llevan a cabo en audiencias que permite la presencia de terceros, salvo la excepción consagrada en el artículo 43 del C.P.L., que prevé la audiencia en privado por razones de orden público o de buenas costumbres. Los principios de oralidad y publicidad están consagrados en el artículo 42 del Código Procedimiento Laboral modificado por el artículo 21 de la Ley 712 de 2001, que reza:
“Artículo 42. Principios de oralidad y publicidad. Las actuaciones judiciales en las instancias se efectuarán oralmente en audiencia pública, so pena de nulidad. Se exceptúan de estos principios las señaladas expresamente en la ley y además los siguientes autos:
Parágrafo 1°. En los procesos ejecutivos sólo se aplicarán estos principios, en la práctica de pruebas y en la decisión de excepciones.
Parágrafo 2º. El juez podrá limitar la duración de las intervenciones de las partes y de sus apoderados. “ (subrayado fuera del texto)
Uno de los efectos jurídicos de las audiencias públicas lo constituye la notificación de las providencias en estrados, es decir, en el lugar donde se realice la audiencia. Ello, en virtud a lo dispuesto por el artículo 41 del C.P.L., modificado por el artículo 20 de la Ley 712 de 2001, que al regular las formas de las notificaciones, en el literal b) dispone que será “En estrados, oralmente, las de las providencias que se dicten en las audiencias públicas. Se entenderán surtidos los efectos de estas notificaciones desde su pronunciamiento”.[19]
Sin embargo, del contenido del mismo artículo 42, se observa que en el caso del proceso ejecutivo laboral, la oralidad y publicidad son la excepción, pues de acuerdo con el parágrafo 1º de esta disposición, únicamente se realizan en audiencia pública las actuaciones relacionadas con las prácticas de las pruebas y la decisión de excepciones. De ahí que la mayoría de sus providencias se notifiquen por estado, es decir, mediante un escrito que se fija en un lugar visible de la secretaría de los despachos judiciales, al día siguiente en que se adopta la decisión. En efecto, el artículo 108 del C.P.L., que se refiere al proceso ejecutivo laboral, establece claramente lo siguiente:
“Artículo 108- Notificación y apelación: Las providencias que se dicten en el curso de este juicio se notificarán por estados, salvo la primera, que lo será personalmente al ejecutado, y sólo serán apelables en el efecto devolutivo”.
El artículo 65 del C.P.L., modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que establece lo siguiente: “Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: (…) 9. El que resuelve las excepciones en el proceso ejecutivo”. Así del contenido de este artículo, se infiere que la providencia por medio da la cual se resuelven las excepciones es un auto interlocutorio. Lo anterior, ha sido avalado por la doctrina, pues se ha considerado que, particularmente, en los proceso ejecutivos de carácter laboral, la providencia judicial que pone fin al trámite de las excepciones, en primera instancia, es, a diferencia del procedimiento civil, un auto interlocutorio y no una sentencia.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la providencia por medio de la cual se resuelven las excepciones es un auto interlocutorio, le es aplicable también la regla consagrada en el artículo 41 del C.P.L. que dispone la notificación por estado de los autos interlocutorios y de sustanciación, “cuando no se hubieren efectuado en estrados a las partes o alguna de ellas”. El texto de la parte correspondiente del artículo 41 del C.P.L., es el siguiente:
“Artículo 41, modificado por el artículo 20 de la Ley 712 de 2001. Forma de las notificaciones:
1. Las de los autos interlocutorios y de sustanciación, cuando no se hubieren efectuado en estrados a las partes o alguna de ellas, y (…)” (subrayado fuera del texto).
Sobre la excepción prevista en el mencionado artículo, la Corte se pronunció en la Sentencia C-803 de 2000, con ocasión a una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el literal a) del numeral 3º del artículo 41 del Código de Procedimiento Laboral, dictado mediante el decreto legislativo 2158 de 1948 y adoptado como legislación permanente por el decreto 4133 de 1948, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 712 de 2001. Teniendo en cuenta que el texto del numeral 1º del literal c) del actual artículo 41 del C.P.L. no ha variado, la Sala considera pertinente hacer referencia a las consideraciones de la citada sentencia.
En aquella oportunidad la Corte declaró la exequibilidad del literal a) del numeral 3 del artículo 41, en la parte que contemplaba que las notificaciones de los autos interlocutorios y de sustanciación se harán por estado cuando no se hubieren hecho por estrado a las partes o a alguna de ellas. Al respecto anotó lo siguiente:
“(…) Así, el legislador extraordinario decidió que cuando una parte o las dos partes no acudía(n) a la audiencia debía notificárseles por estado las decisiones tomadas dentro de la diligencia, con el objeto de que tuvieran oportunidad de impugnarlas. Esta definición implica, obviamente, que el proceso puede dilatarse algún tiempo más, pero no encuentra la Corte que ello acarree una violación de la Constitución, tal como lo afirma el demandante.
A pesar de que, muy especialmente, los procesos laborales deben adelantarse siguiendo los principios de la celeridad y la eficiencia, lo cierto es que en todos los procesos - independientemente de la jurisdicción ante la que se surtan - estos principios deben encontrar un equilibrio con el derecho al debido proceso, es decir con el derecho de las partes a defenderse y a impugnar las decisiones. Ese equilibrio puede ser diseñado de muy distintas formas, y en este caso el legislador extraordinario consideró que debía dársele alguna prelación al derecho de defensa, sin que ello implicara una renuncia definitiva a la vigencia de los otros dos principios. Por eso, determinó que también podían notificarse por estados las decisiones tomadas en las audiencias, cuando una de las partes o las dos partes no habían estado presentes en la diligencia o se habían retirado antes de pronunciarse las resoluciones. El legislador tiene en esta materia un marco de libertad de configuración normativa, el cual puede ser controlado por el juez constitucional con el objeto de impedir excesos o la violación de los derechos fundamentales. Sin embargo, en la situación bajo análisis no se observa nada distinto de una armonización especial entre los principios de celeridad y eficiencia y el derecho al debido proceso, y, en consecuencia, la Corte habrá de respetar la decisión del legislador.”
Así, la doble instancia se convierte en una garantía procesal para las partes en el proceso en la medida en que las decisiones adoptadas que les sean adversas o estén incompletas pueden ser revisadas. La Corte ha señalado que dicho principio es fundamental en un estado de derecho. Así fue explicado en la sentencia T-083 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en los siguientes términos:
“La Corte ha estimado que el principio de la doble instancia constituye ´una piedra angular dentro del Estado de derecho´, como quiera que garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho fundamental de defensa al permitir que el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar una decisión en primera instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó en suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario, desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente.[20]”
“…la procedencia del recurso de apelación contra una determinada providencia es un asunto que establece el legislador, en los estatutos procesales específicos, atendiendo a la naturaleza propia de cada proceso, el tipo de pronunciamiento judicial y la clase de error o perjuicio cuya corrección se persigue.[21] Sin embargo, una vez que el recurso de apelación ha sido consagrado en la legislación, como mecanismo de defensa frente a las decisiones contenidas en una determinada providencia, su negación injustificada o la abstención del funcionario judicial en su trámite constituyen una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, susceptible de ser amparada a través de la acción de tutela.[22]”
En armonía con la anterior disposición Superior, el Legislador, para el caso del proceso ejecutivo laboral, consagró de manera expresa el recurso de apelación en el artículo 108 del C.P.L. Así mismo, se estableció en el artículo 65 del C.P.L., modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001[23], que señala en el numeral 9, que es apelable el auto “que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo.”
Sin embargo, según lo expuesto a lo largo de esta providencia, teniendo en cuenta que el auto que resuelve las excepciones, de acuerdo con el artículo 42 del C.P.L., se notifica por estrado en la audiencia pública y excepcionalmente, de conformidad con el artículo 41 del mismo estatuto, se notifica por estado, cuando no se hubiere efectuado en estrados a las partes o alguna de ellas, la oportunidad para presentar el recurso en esta última hipótesis, será dentro de los 5 días siguientes a la providencia.[24]
En tal sentido sostiene la parte actora que, “Al no asistir las partes demandadas a la audiencia del fallo de excepciones era deber del funcionario judicial notificar por estado dicha providencia para que surtiera su ejecutoria dentro de los tres días (Art. 108 del Código Procesal del Trabajo), se entiende que la providencia que pone fin al trámite de excepciones en los procesos ejecutivos de carácter laboral es a diferencia del procedimiento civil, un auto interlocutorio y no una sentencia, así las cosas nos dan mayor claridad, es por ello que recurro en vía de tutela para que cese la vulneración de los derechos citados”.
El juez de primera instancia resolvió tutelar los derechos de la entidad demandante, por considerar que debió tramitarse el recurso de “queja” y garantizársele la segunda instancia. Por lo anterior, decidió declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la providencia que negó el mencionado recurso. Ordenó que se le diera trámite al mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil. Por su parte, el juez de segunda instancia decidió revocar la decisión del a-quo y negar la acción de tutela, pues, a su juicio no le es permitido al juez de tutela pronunciarse sobre las actuaciones de las demás autoridades judiciales.
La Sala advierte que el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca incurrió en una vía de hecho al no darle aplicación al artículo 41 del C.P.L. que dispone la notificación por estado de los autos interlocutorios, cuando no se hubiere efectuado, en estrados, a las partes o a una de ellas.
En el presente caso, se fijó el 4 de mayo de 2004, como fecha para la audiencia en la cual se resolverían las excepciones de fondo interpuestas por el Ministerio de Educación en el proceso ejecutivo adelantado en su contra ante el Juzgado demandado. Llegada la fecha de la audiencia, sólo se hizo presente la parte actora del referido proceso. El Juzgado Laboral accionado, al tiempo que resolvió declarar no probadas las excepciones, dispuso lo siguiente: “ESTA PROVIDENCIA SE NOTIFICA A LAS PARTES POR ESTRADOS”. (énfasis originales)
Con posterioridad, dentro de los tres días siguientes a la notificación, el Ministerio de Educación presentó recurso de apelación contra la referida providencia, sin embargo, aquél fue rechazado por extemporáneo.
Como se indicó en líneas precedentes, de acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 42 del C.P.L., en el ejecutivo laboral sólo se lleva a cabo en audiencias públicas la práctica de pruebas y la decisión de excepciones. Y, en consecuencia, su notificación se efectúa en estrado y los recursos contra la misma deben interponerse en la audiencia. Sin embargo, tal y como se deduce del artículo 41 del C.P.L., lo anterior no excluye la notificación por estado cuando no fue posible notificar a ambas partes o a una de ellas.
De esta manera, con el fin de garantizar los derechos de defensa y contradicción, así como el principio de la doble instancia, cuando haya lugar a la notificación por estado, la parte que no fue notificada de la providencia que decidió las excepciones, podrá interponer el recurso de apelación, “2. Por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes cuando la providencia se notifique por estado. El juez resolverá dentro de los dos (2) días siguientes.” (Artículo 65 del C.P.L.)
Primero. REVOCAR las sentencia proferidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 11 de agosto de 2004 y en su lugar CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 17 de junio del mismo año por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, mediante la cual se concedió la tutela interpuesta por el señor Jaime Octavio Villamil Aranguren, en representación del Ministerio de Educación, contra el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca.
Segundo. ORDENAR al Juzgado Laboral del Circuito de Arauca que, en un término de 48 horas, a partir de la notificación de esta sentencia, le de trámite al recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Ministerio contra la providencia de fecha 4 de mayo de 2004, mediante la cual se resolvieron las excepciones que propusieron y ordenó el pago con los dineros embargados en el proceso ejecutivo laboral que se adelantó en su despacho. Así mismo, que disponga lo pertinente para dejar sin efectos las actuaciones procesales surtidas con posterioridad a la providencia del 18 de mayo de 2004.
Tercero. ORDENAR que por Secretaría General se de cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[1] Auto del 11 de junio de 2003. Folios 53 al 58 del expediente.
[2] Ver, por ejemplo, sentencias SU-182 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo; T-300 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-1179, M.P. Alvaro Tafur Gálvis; SU-1193 de 2000 y T-1658 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, y T-1725 de 2000 y T-079 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.
[3] Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[4] Ver sentencia T-1179 de 2000, M.P. Alvaro Tafur Gálvis
[5] Ver, por ejemplo, las sentencias T-300 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero,
[6] Sentencias T-639 y T-996 de 2003 y T-080 de 2004, MP Clara Inés Vargas Hernández
[7] ST-008/98 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[8] Sentencia T - 462 de 2003. T – 949 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[9] Esta clasificación se estableció a partir de la sentencia T-441 de 2003, reiterada en las sentencias T-461, T-462, T-589, T-685 de 2003 y T- 606 de 2004.
[10] Corte Constitucional. Sentencia T-606 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[12] Cf. Sentencia T-949 de 2003. A nivel doctrinario, puede consultarse la obra del tratadista Manuel Fernando Quinche Ramírez, las vías de hecho, Bogotá: 2004.
[13] Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02, T – 008 de 1998, T – 567 de 1998, T – 654 de 1998, T-231 de 1994, entre otras.
[14] Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99, T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-550/02, T-054/03
[15] Al respecto, las sentencias SU.014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02, T-852/02, T-705/02
[16] Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse las sentencias: T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02
[17] En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló: "Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también la sentencia T – 949 de 2003.
[18] Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003.
[19] 2. Las de los autos que se dicten fuera de audiencia.
[20] SC-037/96 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa). Véanse, en el mismo sentido, las ST-158/93 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); ST-212/95 (MP. Fabio Morón Díaz) y SC-017/96 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[21] SC-153/95 (MP. Antonio Barrera Carbonell); SC-054/97 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[22] ST-158/93 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); ST-212/95 (MP. Fabio Morón Díaz); ST-523/96 (MP. Antonio Barrera Carbonell); ST-204/97 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[23] Ley 712 de 2001- Artículo 29. El artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así:
[24] Artículo 65 del C.P.L., modificado por el artículo 20 de la Ley 712 de 2001. (…) El recurso de apelación se interpondrá:
2. Por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes cuando la providencia se notifique por estado. El juez resolverá dentro de los dos (2) días siguientes.”

References: artículo 2
 resolución 
 artículo 108
 artículo 66
 artículo 65
 artículo 32
 artículo 325
 artículo 66
 artículo 108
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 378
 artículo 145
 artículo 521
 artículo 145
 artículo 378
 artículo 145
 artículo 41
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 86
 artículo 86
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 86
 artículo 2
 artículo 229
 artículo 43
 artículo 42
 artículo 21
 artículo 41
 artículo 20
 artículo 42
 artículo 108
 artículo 65
 artículo 29
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 20
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 108
 artículo 65
 artículo 29
 artículo 42
 artículo 41
 artículo 378
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 41
 artículo 36
 Artículo 29
 artículo 65
 Artículo 65
 artículo 20