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Timestamp: 2017-05-25 01:13:15+00:00

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Miércoles 17 de Mayo de 2017Gaceta: LXIII/2SPR-5/71153	Miércoles 17 de Mayo de 2017Gaceta: LXIII/2SPR-5/71153	Iniciativas de Ciudadanos Legisladores De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.Dip. Ruth NoemíTiscareño AgoitiaLa suscrita, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Diputada Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que sereformael artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En una democracia los poderes se limitan a efecto de impedir autoritarismos que pongan en riesgo las libertades personales. Desde hace siglos está demostrado que la sabiduría de un hombre resulta insuficiente para administrar la problemática social y es por ello que resulta sana la multiplicidad de instituciones y procesos que tiendan a establecer límites al poder y a quienes lo ejercen. Nuestro sistema político, diseñado desde antes de la consumación de la Independencia bajo la teoría de la división de poderes sustentada por el barón de Montesquieu en su obra Del Espíritu de las Leyes,ha encontrado en la redacción del artículo 49constitucional la fórmula adecuada para establecer limitaciones, proteger las prerrogativas fundamentales y evitar desvíos que pongan en riesgo la autonomía de las Entidades Federativas o el funcionamiento de las instituciones. El sistema de pesos y contrapesos vigente puede entenderse entonces de dos maneras, una negativa y otra positiva. La primera implica la anulación de cualquier acto de autoridad, mientras que la segunda genera posibilidades creativas de actuación, lo que puede llevar al diseño y aprobación de normas tendientes a regular de mejor manera la conflictiva social. La arquitectura del poder no permanece estática, sino que se modifica de acuerdo a momentos históricos y necesidades cambiantes. Es por ello que, al modelo clásico de controles basado en la división de poderes le fueron añadidas nuevas instituciones de carácter autónomo cuya actuación ha significado un agregado importantísimo en la protección de los derechos fundamentales de los mexicanos. Con base en lo anterior, es que actualmente gozamos de controles de naturaleza política, judicial y administrativa, que no sólo buscan interpretar los actos de autoridad a la luz de nuestra Constitución, sino también proponer la adopción de medidas concretas tendientes a restaurar el orden quebrantado. Cuando la actuación de tales controles se combina, el resultado puede ser sumamente afortunado para las libertades individuales. Un buen ejemplo de lo anterior lo es el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105 de nuestra Carta Magna por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en aquellos casos en que reclama ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la validez de normas de carácter general por la presunta violación de derechos humanos. Se afirma lo anterior, toda vez que en casos como el antes señalado se combina la actuación de un organismo autónomo dedicado a la protección de los derechos fundamentales, la CNDH, con el ejercicio de las facultades de interpretación del texto constitucional conferidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se traduce en un examen de constitucionalidad que puede otorgarle una enorme legitimidad al texto cuestionado, en caso de que éste sea validado, o en la emisión de criterios vinculatorios que encaucen la actuación de las autoridades hacia márgenes que resulten mucho más respetuosos de la dignidad humana. Hace apenas unos días la Suprema Corte dio un ejemplo revelador sobre la eficacia de los sistemas de control a los que nos hemos referido, toda vez que resolvió la acción de inconstitucionalidad 61/2016 promovida por la CNDH en contra de diversos artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada el 16 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. El resultado de tal litigio fue la declaración de validez de diversos artículos, por considerarlos apegados al espíritu de la Ley Fundamental, pero también la invalidez del diverso 139, el cual establece a la letra lo siguiente: “Artículo 139. Reducción de obligaciones en el régimen de supervisión. “Las personas sentenciadas que se encuentren en los supuestos de libertad condicional podrán solicitar la reducción de obligaciones en el régimen de supervisión, siempre y cuando se hubieren dedicado de forma exclusiva a actividades productivas, educativas, culturales o deportivas no remuneradas. En el caso de las actividades culturales y deportivas, el sentenciado deberá acreditar participar en la difusión, promoción, representación, y en su caso, competencias en dichas actividades. En el caso de actividades educativas, se deberá acreditar la obtención de grados académicos.”
Sobre este particular, la CNDH expresó que la adjetivación en dicho dispositivo de las actividades como “no remuneradas” genera una distinción en perjuicio de quienes realizan una actividad remunerada con la finalidad de generar ingresos para su subsistencia, y para quienes el trabajo remunerado es la única forma de asegurar un medio de vida digno. La realización de una actividad productiva, educativa, cultural o deportiva siempre que esta sea “no remunerada”, reclamó el ombudsman nacional, genera por sí dos supuestos distintos en los cuales se engloban las personas sentenciadas que cumplen con los requisitos para acceder a la libertad condicionada, los cuales son los siguientes: a) Quienes realizan una actividad remunerada: no pueden reducir sus obligaciones del régimen de supervisión. b) Quienes realizan una actividad sin remuneración: sí pueden reducir sus obligaciones del régimen de supervisión. “De esto queda que sólo quienes, además de cumplir con los requisitos previstos para la libertad condicionada, puedan realizar actividades no remuneradas, serán acreedores para poder solicitar la reducción del régimen de supervisión, es decir que la ley genera un requisito adicional y con ello un grupo de personas que se pueden verse privilegiadas”, agregó la CNDH en su demanda. “Lo anterior - a decir de la CNDH-, resulta en directa contradicción con las bases del sistema penitenciario previsto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación la salud y el deporte.”
En la demanda de mérito también se lee que “el hecho de que la norma se refiera exclusivamente a actividades productivas educativas, culturales o deportivas no remuneradas, deja fuera al trabajo en su sentido más amplio, como tal quien desempeñe un trabajo remunerado no podrá solicitar y por ende acceder al beneficio de reducción del régimen de supervisión, a pesar de que el trabajo es base del sistema penitenciario. En este caso el trabajo remunerado no es un medio para la reinserción social, sino una excluyente del beneficio de reducción del régimen de supervisión en los casos de libertad condicionada.”
El concepto de invalidez concluye diciendo que, “es evidente que, la porción “no remuneradas” excluye a aquellas personas sentenciadas que necesitan realizar trabajos remunerados como medios para su subsistencia, lo cual las deja en notoria desventaja a aquellas que por sus condiciones socioeconómicas especificas no requieran de una remuneración a cambio de la realización de actividades productivas, educativas o culturales. Es decir que la porción normativa “no remunerados” genera un trato discriminatorio entre quienes realizan actividades como parte del programa de reinserción social y reciben una contraprestación a cambio, lo cual se encuentra prohibido en tanto en el texto constitucional y de tratados internacionales.”
Al resolver la litis planteada, la Corte estableció la invalidez del artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que éste en porción normativa “de forma exclusiva”, restringe la solicitud de reducción de las obligaciones del régimen de supervisión a las personas que, sujetas al régimen de libertad condicional, realicen exclusivamente actividades no remuneradas, lo que impide que un grupo considerable de sentenciados que realizan actividades tanto remuneradas como no remuneradas puedan reinsertarse a la sociedad a través del régimen de la libertad condicional.
Derivado de lo anterior, y toda vez que la norma de referencia no salió bien librada del análisis de constitucionalidad correspondiente, se impone la necesidad de revertir dicha construcción legal a efecto de cumplimentar lo resuelto por la Corte, para lo cual se propone la reforma del artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a efecto de sustraer de su redacción la expresión “de forma exclusiva”, lo que significará en el caso de que ésta sea aprobada, el cierre afortunado de un ciclo de análisis constitucional que vendrá a asegurar el cumplimiento de los objetivos plasmados en nuestra Carta Magna en materia de igualdad y reinserción social. A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo: TEXTO VIGENTE
Artículo 139. Reducción de obligaciones en el régimen de supervisión Las personas sentenciadas que se encuentren en los supuestos de libertad condicional podrán solicitar la reducción de obligaciones en el régimen de supervisión, siempre y cuando se hubieren dedicado de forma exclusiva a actividades productivas, educativas, culturales o deportivas no remuneradas. En el caso de las actividades culturales y deportivas, el sentenciado deberá acreditar participar en la difusión, promoción, representación, y en su caso, competencias en dichas actividades. En el caso de actividades educativas, se deberá acreditar la obtención de grados académicos.
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue: “Artículo 139. Reducción de obligaciones en el régimen de supervisión.
“Las personas sentenciadas que se encuentren en los supuestos de libertad condicional podrán solicitar la reducción de obligaciones en el régimen de supervisión, siempre y cuando se hubieren dedicado a actividades productivas, educativas, culturales o deportivas no remuneradas. En el caso de las actividades culturales y deportivas, el sentenciado deberá acreditar participar en la difusión, promoción, representación, y en su caso, competencias en dichas actividades. En el caso de actividades educativas, se deberá acreditar la obtención de grados académicos.”
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de mayo de 2017.
http://senado.senado.gob.mx:80/index.php?ver=cp&mn=4&id=71153 INFOMEX

References: artículo 139
 artículo 55
 artículo 139
 artículo 49
 artículo 105
 artículo 18
 artículo 139
 artículo 139

Artículo 139
 artículo 139