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Timestamp: 2017-04-27 22:30:50+00:00

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JURISPRUDENCIA AL DIA: noviembre 2011
REGLAS. PARA UNIFORMAR ACTUACIÓN DE AUTORIDAD DE TRABAJO
Al detallar aplicación del principio de primacía de la realidad por MTPE
MARIA AVALOS mavalos@editoraperu.com.pe
Dicha motivación podrá sustentarse en la descripción detallada de los hechos, circunstancias y demás documentos que haya observado durante la visita inspectiva, así como de la interpretación articulada de los indicios que determinen la existencia de un documento simulado, como parte del derecho al debido proceso", remarca la resolución suscrita por el director general de inspecciones, Elmer Arce Ortiz. Al respecto, los laboralistas Ricardo Herrera y Germán Lora, si bien saludaron la publicación de estos con nuevos criterios para orientar la actuación de los inspectores en este tema, coincidieron en que ellos deben ajustarse a la legislación y la jurisprudencia.
En este contexto, Herrera dijo que supuestos como el pago de la retribución en intervalos regulares a pesar de tener un contrato extralaboral, no es signo de laboralidad, conforme a la jurisprudencia entre otros. "Estos deberían considerarse como indicios, pero no como supuestos determinantes para la aplicación de dicho principio".
• Para la autoridad laboral, este principio se podrá apreciar en situaciones como:
• El pago de la retribución en intervalos regulares a pesar de tener un contrato civil o mercantil.
• La realización de una labor o prestación de servicios en un cargo similar o equivalente al de otro trabajador registrado en la planilla electrónica de la empresa.
• La reglamentación de la labor, dictado de órdenes, cumplimiento de políticas empresariales o imposición de sanciones a pesar de tener un contrato civil o mercantil.
• La inclusión dentro del organigrama de la institución a pesar de tener un contrato civil o mercantil.
• El uso de implementos, herramientas, equipos o materiales de la empresa.
• El uso de uniforme, tarjetas o correo electrónico de la empresa.
• Haber ejecutado anteriormente la misma labor en calidad de trabajador.
• Realizar labores permanentes a pesar que haya firmado un contrato temporal.
• La determinación del lugar real o habitual de prestación de servicios a pesar de que el contrato especifique otro lugar.
• La prestación de servicios en funciones o categoría distinta al referido en el contrato.
• El cumplimiento de una prestación personal cuando según documentos actúa una persona jurídica.
• El cumplimiento de una jornada completa, pese que el contrato es de tiempo parcial.
• Este principio se aplica en toda etapa del contrato de trabajo: en su inicio, durante su ejecución y en su extinción.
Es positivo que se emitan directivas y, además, en temas importantes como la aplicación del principio de primacía de la realidad. Sin embargo, dichos supuestos deberían considerarse como indicios pero no habilitantes de la relación laboral. Importa, además, resaltar que este principio se aplique en todas las etapas del contrato de trabajo, aunque faltó precisar de que dicho principio también pueda ser aplicado a favor del empleador".
La directiva flexibiliza la actuación inspectiva y le quita el trabajo arduo que tienen ahora los inspectores, para verificar que efectivamente se encuentran ante unos hechos por encima de las formas. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado, porque si bien la norma ordena y da ciertas pautas, tampoco se le debe atender al 100%, porque los inspectores también deben actuar con base en su poder discrecional y capacitación jurídica".
Germán Lora Álvarez, laboralista
La Corte Superior de Justicia de Lima aprobó nuevas directrices para simplificar el trámite y proceso de formación de cuadernos de apelación concedidos sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, a través de la RA Nº 35-2011-CED-CSJLI/PJ. La norma contiene, además, disposiciones sobre la calificación del recurso y la elevación del cuaderno por parte del secretario, entre otros aspectos. Así, dispone que el asistente del juez, una vez concedido el recurso de apelación, elaborará un registro informático del mismo. Similar nómina hará obligatoriamente el especialista legal para controlar la oportuna elevación de los cuadernos.
Es un hecho para todos conocido que la carga procesal del Poder Judicial es inmensa. Cada vez más gente recurre a él en busca de justicia, lo que hace que su administración regular sea lenta y en muchos casos carezca de calidad y celeridad. Es por eso que en los últimos años ha ido ganando terreno la vía arbitral para la solución de conflictos, cuando las partes se encuentran en capacidad de sufragar sus costos, ya que a diferencia del Poder Judicial, que es gratuito, el arbitraje tiene un costo económico. La vía arbitral es reconocida por la Constitución, con categoría jurisdiccional, equivalente a la justicia ordinaria y la militar.
Era indispensable que se restringiese el mal uso de la acción de amparo para invalidar lo resuelto en un arbitraje. Este cuenta con una nueva legislación especializada, desde el mes de setiembre del 2008 (Ley General de Arbitraje – Decreto Legislativo 1071), que está contribuyendo a su mejor operatividad. Para ello, es menester que las partes ayuden y escojan con el mayor cuidado a los árbitros más calificados, profesional y moralmente, para cada caso.
RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 34-2011-CED-CSJLI/PJ
Aprueban "Directiva para la devolución de los cargos de notificación a los órganos jurisdiccionales"
RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 35-2011-CED-CSJLI/PJ
Aprueban "Directiva sobre procedimientos para la formación y tramitación de cuadernos de apelación"
Normas legales : 23 de noviembre de 2011
ACCION DE AMPARO REQUIERE DE AMENAZA CIERTA E INMINENTE SEGUN EL TC
Amparo requiere de amenaza cierta e inminente
Si bien es cierto que el proceso constitucional de amparo procede para el caso de amenazas de vulneración de derechos constitucionales, tal como lo menciona expresamente el artículo 200, inciso 2, de la Constitución Política, importa resaltar que dicha amenaza debe poseer dos rasgos esenciales: certeza e inminencia, de modo que dicho riesgo pueda ser atendido a través del proceso constitucional de amparo.
Así lo señaló el Tribunal Constitucional (TC) al declarar improcedente la demanda contenida en el Expediente Nº 04097-2011-PA/TC, interpuesta contra una municipalidad para el cese de la amenaza de despido, luego que el demandante fue repuesto provisionalmente con una medida cautelar obtenida en un proceso laboral.
Al respecto, el colegiado constitucional refiere que en la STC Nº 0091-2004-PA/TC se afirmó que para ser objeto de protección frente a una amenaza, a través de los procesos constitucionales, esta "debe ser cierta y de inminente realización; es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una captación objetiva".
A su vez, el perjuicio que ocasione en el futuro debe ser real, basado en hechos verdaderos, efectivos, lo cual implica que inequívocamente menoscabará algunos de los derechos tutelados; e tangible, esto es que debe percibirse de manera precisa.
El colegiado también refiere ineludible, entendiéndole que implicará irremediablemente una vulneración concreta.
La columna del juez.
Miguel Ángel Díaz Cañote (*)
DECESIONES ADMINISTRATIVAS SE TIENEN QUE CUMPLIR SEGUN EL TC
RATIFICA TC
Decisiones administrativas se cumplen
El Tribunal Constitucional (TC) estableció que los actos administrativos tienen carácter ejecutorio y, por lo tanto, deben ser cumplidos desde su emisión, de conformidad con la Ley del procedimiento administrativo general (Ley Nº 27444).
Así lo señaló al declarar fundada la demanda de cumplimiento contenida en la STC Nº 02830-2011-PC/TC, que dispone la reincorporación de un profesor a su centro de labores, tras haberse acreditado la renuencia de una Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de cumplir una resolución regional.
Para el tribunal, si bien es cierto que el artículo 146, numeral 1 de la Ley del procedimiento administrativo general, faculta a la autoridad administrativa competente adoptar de manera provisoria las medidas cautelares, también es cierto que no se pueden dictar medidas cuando causan perjuicio a los administrados.
Remarca, además, que conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional corresponde a la demandada hacer efectivo el pago de costos en la etapa de ejecución de sentencia.
DESNATURALIZACION DEL CONTRATO DE TRABAJO SEGUN EL TC
PAUTAS. SUNAT RESUELVE CONSULTA SOBRE OBLIGACIONES
Ingresos obtenidos por este concepto son rentas de cuarta categoría
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) modificó el reglamento de la ley que regula la participación en las utilidades de la empresa, mediante el DS Nº 017-2011-TR, a fin de optimizar el uso de los recursos producidos por los remanentes de utilidades en empresas generadoras de renta de tercera categoría, en el marco de los programas de promoción del empleo y mejora de empleabilidad a cargo del sector, y para la capacitación de trabajadores en materia de derechos fundamentales laborales.
La norma modifica los artículos 8, 9, 10, 12, 14 y 15-A, del DS Nº 009-98-TR, reglamento del D. Leg. N° 892, refiere el Estudio Miranda & Amado Abogados.
Así, se crea un nuevo supuesto de infracción leve en materia de relaciones laborales: cuando las empresas en que se hayan generado remanentes, obligadas a informar tal situación al MTPE, no realicen dicha comunicación al vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada pago anual del IR.
El MTPE, además, publicará periódicamente una lista de las empresas que no hayan cumplido con las obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo Nº 892, y pondrá esta información a disposición de las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información (Cepirs), según la Ley Nº 27489. Por último, se señala que la disposición de los recursos transferidos a Fondoempleo se somete a los mecanismos de control institucional que establezca y aquellos propios de la ejecución de los programas de promoción del empleo y mejora de la empleabilidad del MTPE.
CAMBIOS. EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA
Precisan revisión judicial
Regulan levantamiento de suspensión de estos procesos
Modificaciones buscan garantizar el derecho de defensa
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó las reglas para la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva, mediante el DS Nº 201-2011-EF, con el propósito de garantizar el correcto ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso en los procedimientos seguidos con las entidades del Estado. Así, para la revisión judicial del procedimiento será competente la sala especializada en lo contencioso administrativo de la corte superior respectiva, en el lugar donde se llevó a cabo o la competente en el domicilio del obligado.
Mientras que para los lugares donde no exista sala especializada resulta competente la sala civil correspondiente y, en defecto de esta, la que haga sus veces, refiere la norma refrendada por el presidente Ollanta Humala; y los titulares de Justicia, Francisco Eguiguren; y de Transportes, Carlos Paredes, como encargado del MEF.
Determina además que si el accionante no presenta en el plazo previsto póliza de caución, carta fianza irrevocable, incondicional y de ejecución inmediata o no efectúa la consignación del monto exigido ante el Banco de la Nación a nombre de la corte superior, el ejecutor podrá continuar de manera automática con el procedimiento.
Por último, la reanudación de un procedimiento de ejecución coactiva contra una entidad del Estado exige resolución judicial debidamente motivada que la autorice, determina la disposición que modifica el artículo 9 del reglamento del DS Nº 069-2003-EF.
Columna del juez
María Cecilia Guevara Acuña (*)
Domicilio múltiple desaparecería
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) planteó la eliminación del domicilio múltiple para postular a cargos municipales, a fin que los candidatos representen únicamente los intereses de la circunscripción por la que postulan.
La figura del domicilio múltiple permite que una persona que vive o tiene ocupaciones en varios distritos o provincias, pueda presentar una candidatura en alguno de estos lugares en los que se traslada.
“Se dan casos de candidatos que presentan documentos para acreditar que realizan actividades en un lugar distinto al de su residencia y, de esta manera, postulan a un cargo municipal”, sostuvo ayer Ana Neyra Zegarra, miembro del equipo técnico que trabajó el anteproyecto para el máximo ente electoral
Propiedad y bien común
El derecho de propiedad consiste en el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, el cual –de acuerdo con nuestra Constitución– debe ejercerse en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Así, para armonizar el interés del propietario con el de la comunidad, el Estado puede moderar su ejercicio imponiendo limitaciones a la regulación urbanística de la propiedad, a través de las municipalidades.
Quien pretenda hacer una construcción tiene que –previamente– presentar un proyecto de edificación que es evaluado por la Comisión Técnica Edificatoria, la cual podría aprobarlo siempre que se encuentre acorde con las condiciones urbanísticas (zonificación, índice de usos) y edificatorias (alturas, área libre, estacionamiento, etcétera) establecidas.
Pese a que existe la obligación de observar la normativa urbanística, en los años recientes la Defensoría del Pueblo ha recibido varias quejas contra funcionarios municipales por el otorgamiento de autorizaciones que incumplirían –entre otros– el parámetro de altura máximo establecido para una determinada zona.
Este es el caso de un grupo de vecinos del distrito de Surquillo, quienes acudieron a la Oficina Defensorial de Lima, señalando que en la calle Alfa Gemelos se venía construyendo una edificación de siete pisos, cuando el parámetro establecido es un máximo de cinco (5) niveles.
La investigación concluyó que se había autorizado irregularmente la referida edificación en la zona, y se recomendó al alcalde del distrito efectúe la revisión de oficio de la nulidad del certificado de parámetros y la licencia de construcción emitida, previa determinación de las responsabilidades de los funcionarios intervinientes
LA CIENCIA FORENSE COMO HERRAMIENTA DE LA JUSTICIA
Finalidad de la autopsia
Percy Gómez Benavides Profesor principal de la Facultad de Derecho de la U. Nacional de San Agustín de Arequipa
Existen hechos importantes en la vida diaria, que concitan la atención de la prensa y como consecuencia de ello, la atención de la nación, con algunas excepciones, pues nada es absoluto.
Derivado de un hecho trascendente como el ocurrido recientemente en el valle del Colca y como epílogo del drama vivido, es obligación funcional la autopsia post mortem.
Debemos saber que la palabra autopsia procede de los vocablos griegos: autós, que significa "por uno mismo", y opsis: "ver", en tanto que la expresión post mortem proviene del latín y significa "después de la muerte". Ambos tienen que ver con la necrocirugía, a la que también se le conceptúa como el examen después de la muerte.
Estas instituciones medico-biológicas están estrechamente vinculadas a la exigencia legal, pues, el protocolo médico utiliza la disección, para apreciar la evidencia anatómica sobre la presunta causa de muerte y con ello, pronunciar, luego un diagnóstico final, que explique las dudas que se pudo tener sobre el deceso de la persona.
Los exámenes que se practican sobre el cadáver se hacen en la parte exterior e interna del cuerpo, y para ello, se procede a la apertura de la cavidad craneal, torácica y abdominal, recurriendo incluso a la fractura de huesos para la observación interior.
Lo que se ha hecho en el cuerpo del joven universitario, desaparecido por más de 200 días, ha sido una autopsia forense, la que por obligación debe realizarse, por orden del Ministerio Público, ante la posibilidad de una muerte sospechosa o con indicios de criminalidad. Este acto medico-legal es imperativo y nadie puede impedirlo.
Existe otro tipo de autopsia, y esta es la autopsia clínica. Ella se realiza en el cadáver de una persona que anteriormente tuvo tratamiento médico, y, aun sabiendo la causa de la muerte, se quiere determinar los procesos patológicos que experimentaba en vida la persona. Este tipo de autopsia está vinculado al espíritu de estudio e investigación científica, y para su desarrollo debe ser autorizado por los familiares.
Algo que se va perdiendo en la esfera de la universidad es la investigación responsable y productiva. Recordemos a César Lombroso cuando hizo estudios en 27 mil cráneos y luego sostuvo que el hombre en muchos casos nacía con células delincuenciales; en tanto que Rudolf Virchow y Carl von Rokitanky realizaron 30 mil autopsias, permitiendo establecer un tratamiento real sobre la enfermedad y las diversas patologías.
Que saludable sería que cada universidad anualmente revelara a la sociedad los resultados de las investigaciones que efectúan, sobre todo en materia de salud y derecho.

References: resolución 
 artículo 200
 resolución 
 artículo 146
 artículo 56
 resolución 
 artículo 9