Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/676825429
Timestamp: 2018-03-18 04:07:43+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 141/17 de Corte Constitucional, 7 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 676825429
Actor: HECTOR ALFONSO SANCHEZ ESCORCIA
Demandado: INSPECCION DECIMA DE POLICIA DE BARRANQUILLA Y OTROS
Expediente: T-5878091
DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÒN POR ORIENTACION SEXUAL DIVERSA. PROTECCION CONSTITUCIONAL. El accionante considera que sus derechos fundamentales son vulnerados por los accionados, en su orden, porque la institución policial profirió un acto administrativo sin darle la posibilidad de ejercer su defensa, en el que dispuso el desalojo de unas plantas ubicadas en la zona de parqueo de su vivienda y, porque sus vecinos han ejercido conductas discriminatorias en su contra, en razón de su orientación sexual, tales como agresiones verbales y físicas. Se aborda la siguiente temática: 1º. La existencia de cosa juzgada constitucional o temeridad en el caso concreto. 2º. Reglas de procedencia de la acción de tutela. 3º. Derecho fundamental a no ser discriminado. 4º. Protección especial del derecho a la no discriminación por orientación sexual diversa Y, 5º. Régimen de propiedad horizontal y la necesidad constitucional de contar con un mecanismo interno de solución de controversias. Se declara improcedente la acción de tutela en relación con la Inspección demandada, por existencia de cosa juzgada constitucional. Se concede en amparo de los derechos fundamentales a no ser discriminado, igualdad, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana, vulnerados por parte de los ciudadanos accionados.
Acción de tutela instaurada por H.A.S.E., contra la Inspección Décima de Policía Urbana de Barranquilla (Atlántico) y otros.[1]
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa, y los Magistrados L.G.G.P. y A.L.C., en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente,
El 12 de noviembre de 2015, el señor H.A.S.E. instauró acción de tutela contra la Inspección Décima de Policía Urbana de Barranquilla (Atlántico) y los ciudadanos Y.D.M., G.M., L.F.S.J., Y.E.C.R., E.R., J.C., C.P., J.E.S.B., H.A.P., G.S.R. y M.R.M. —de quienes afirma ser vecino—, en defensa de sus derechos fundamentales a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana, diversidad sexual, vida y trabajo, los cuales estima vulnerados por parte de los accionados, pues: (i) la inspección de policía demandada, al conocer de una querella por perturbación a la posesión —promovida por algunos residentes colindantes del accionante en contra de su señora madre— no permitió ejercer la defensa a la querellada, impidió su participación en el trámite policivo y, a pesar de ello, le ordenó retirar unas plantas que estaban ubicadas en el parqueadero de su lugar de habitación; y (ii) los ciudadanos accionados han venido ejerciendo, según el actor, actos discriminatorios en su contra por el hecho de ser homosexual, a través de agresiones físicas y verbales que incluso, desde su parecer, llevan a sentir amenazada su vida.
1.1. H.A.S.E. afirma desempeñarse como diseñador de modas, pertenecer a la comunidad LGBTI y, según narra, habita la Casa No. 8 del Conjunto Residencial “V.C.”, ubicado en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, el cual a su vez está conformado por 8 viviendas unifamiliares de dos niveles, un espacio común de recreación, accesos vehiculares y peatonales, así como las respectivas áreas de estacionamiento de automóviles ubicadas en frente de cada casa.
1.2. De acuerdo con lo dicho por el actor, el conjunto “V.C.” no tiene personería jurídica; no cuenta con un manejo administrativo claro; no tiene reglamentos de propiedad horizontal actualizados, pues estos datan de 1998; y no tiene un administrador registrado ante la Alcaldía de Barranquilla, carece de manual de convivencia o de fórmulas para manejar los conflictos.
1.4. Aunado a lo anterior, señala que la Inspección Décima de Policía Urbana de Barranquilla ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, pues con ocasión de una querella promovida en su contra por algunos vecinos del Conjunto Residencial “V.C.”, ordenó el retiro de unas plantas ornamentales que se encontraban ubicadas en el parqueadero de su vivienda y que eran propiedad de su señora madre, sin darle la oportunidad a ésta última de defenderse durante el curso del trámite policivo.
1.5. Solicitud. Con base en lo anterior, indica que ha visto vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, dignidad, diversidad sexual, vida y trabajo, pues además de ser sometido a actos discriminatorios, con las agresiones por parte de sus vecinos se ha impedido el ejercicio libre de su profesión, debido a que sus clientes también se han visto ofendidos. Por ello, solicita se amparen la garantías constitucionales invocadas y como consecuencia se ordene: (i) “cesar cualquier acto de discriminación, maltrato u ofensa” en contra suya, de sus familiares o de cualquier persona que visite su hogar; (ii) llevar a cabo un acto de desagravio público, en donde se le ofrezcan disculpas por las agresiones y en general los actos de violencia que dice haber recibido por parte de los cohabitantes del Conjunto “V.C.”; (iii) levantar un compromiso por escrito para que no se vuelvan a repetir las actuaciones ofensivas; y (iv) no perturbar, a través de las conductas de matoneo, el ejercicio de la posesión de su residencia, así como tampoco a sus padres.
Mediante comunicación conjunta del 2 de diciembre de 2016, los ciudadanos accionados dieron respuesta a la solicitud de amparo, en la que manifestaron que: (i) el Conjunto Residencial “V.C.” si bien no cuenta con un administrador, sí dispone de un reglamento de propiedad horizontal; (ii) no es cierto que no existan mecanismos para la solución de los conflictos internos de la copropiedad, pues de hecho en reiteradas ocasiones el accionante y sus padres han sido llamados a conciliar ante el Centro de Conciliación de la Universidad del Norte de Barranquilla, pero éstos se han negado a asistir; (iii) no aceptan los señalamientos de discriminación y matoneo basados en videos y fotografías tomadas al exterior de la residencia del actor, pues ellos nunca han manifestado su aquiescencia para que sean capturados por estos dispositivos electrónicos; (iv) los altercados que han surgido con el accionante son producto de provocaciones que él y sus padres generan en relación con los copropietarios, pero no se relacionan con la orientación sexual del actor; (iv) los problemas de convivencia que presenta el accionante no sólo se circunscriben a los accionados, sino a todos los habitantes de “V.C.”, quienes incluso han suscrito una carta en la que se afirma que este ciudadano y su familia son personas no gratas; (v) en una pasada ocasión se celebró una diligencia de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación, en donde se le preguntó al accionante si estaba dispuesto a conciliar y éste respondió “no”; y (vi) actualmente cursa una nueva citación ante la Fiscalía en donde se encuentran convocados el actor y el señor J.S., con ocasión del supuesto daño en bien ajeno causado por este último.
Decisiones de tutela objeto de revisión
3.1. Decisión de primera instancia: el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla (Atlántico), mediante fallo del 4 de diciembre de 2015, decidió “denegar por improcedente” la acción de tutela promovida por H.A.S.E. contra la Inspección Décima de Policía Urbana de Barranquilla y otros, luego de considerar que la misma no cumplía con el requisito de la legitimación en la causa por pasiva, puesto que los accionados son particulares y el caso no se circunscribe a los eventos consagrados en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Asimismo, en relación con la Inspección de Policía demanda, consideró el a quo que la decisión de retirar unas matas y materas del parqueadero de la vivienda del actor no vulnera de manera alguna los derechos fundamentales del accionante.
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional estudia la acción de tutela promovida por el señor H.A.S.E., contra la Inspección Décima de Policía Urbana de Barranquilla y un grupo de ciudadanos identificados como sus vecinos residenciales, quien manifiesta que ha visto vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana, diversidad sexual, vida y trabajo, pues, según afirma: (i) la institución policial bajo mención profirió un acto administrativo sin darle la posibilidad de ejercer su defensa, en el que dispuso el desalojo de unas plantas ubicadas en la zona de parqueo de su vivienda; y (ii) los ciudadanos accionados han venido ejerciendo conductas discriminatorias en su contra, en razón de su orientación sexual, tales como agresiones verbales y físicas.
Cuestión previa: existencia de cosa juzgada respecto de los hechos alegados como vulneratorios de los derechos fundamentales del actor en relación con la Inspección Décima Urbana de Policía de Barranquilla (Atlántico)
Al respecto, esta S. encuentra que, en efecto, mediante fallo del 11 de marzo de 2015, el Juzgado Once Civil Municipal de Barranquilla conoció una acción de tutela promovida a través de apoderado por la señora U.E.S. de P., madre del hoy accionante, contra la Inspección Décima Urbana de Policía de la ciudad bajo mención, en la que manifestaba que dicha entidad había vulnerado el derecho fundamental al debido proceso por haber dispuesto, mediante acto administrativo del 13 de enero de 2015, el retiro de unas plantas ubicadas en el garaje externo de su vivienda (la Casa No. 8 del Conjunto Residencial “V.C.”), sin tener en cuenta que debía escuchársele durante el trámite adelantado por esta Institución y que quienes promovieron la querella no se encontraban legitimados para ello. Con base en esas afirmaciones, con la acción de tutela se buscó “dejar sin efectos el amparo policivo concedido a los señores querellantes (…) y permitir que el área común de uso exclusivo de la casa No. 8 acorde al plano de la copropiedad escala 1.200 P1 de 3 estacionamiento sea utilizado por la accionante”.[18]
(i) Identidad parcial de objeto, porque la acción de tutela en revisión es promovida por el señor H.A.S.E., entre otras, solicitando el amparo del derecho fundamental al debido proceso, el cual estima haber sido vulnerado por la Inspección Décima Urbana de Barranquilla, con ocasión de un acto administrativo proferido dentro de una querella policiva promovida en contra de la señora U.E.S. de P. —madre del actor y propietaria de la Casa No. 8 del Conjunto Residencial “V.C.”—, quien en la zona de garaje abierto de la vivienda tenía unas plantas que, por disposición de la autoridad policial accionada, fueron desalojadas con ocasión de un riesgo identificado por dicha entidad, sin que se le diera la oportunidad, según él, de hablar, presentar sustentaciones o pruebas en defensa de la querellada.
En ese sentido, la tutela presentada por la señora S. de P., al igual que la que se estudia ahora en sede de revisión, guarda coincidencia parcial con el objeto que presenta la solicitud de amparo instaurada por el señor H.A., pues en esa oportunidad la peticionaria persiguió directamente la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso, en razón de la decisión adoptada por la Inspección Décima Urbana de Policía de Barranquilla, de desalojar las plantas ubicadas en el parqueadero de la vivienda anteriormente referenciada, alegando, al igual que lo hace el actor en esta ocasión, habérsele impedido ejercer su defensa dentro del trámite policivo.
Se habla, entonces, de que la acción que ocupa a la Sala, en la que aparece como actor el señor H.S., y la instaurada con anterioridad por su señora madre guardan identidad parcial de objeto, pues si bien la segunda de éstas fue promovida exclusivamente para obtener la tutela del debido proceso, no ocurre así con la que hoy es objeto de revisión por parte de la Corte, pues en esta última, además de solicitarse el amparo de dicha garantía constitucional, en los términos antes referenciados, también se alude a la protección de otros derechos fundamentales que en el sentir del actor se encuentran vulnerados y que definitivamente no hicieron parte del objeto del primer recurso de amparo instaurado por la señora U.E..
(iii) Identidad de partes, pues estando delimitado el objeto coincidente de las tutelas, en este caso es posible señalar que, en principio, no existe igualdad de partes, pues, con respecto a la acción de tutela bajo revisión, el actor es el señor H.A.S.E., quien refiere la vulneración del debido proceso de su señora madre. Mientras que esta última, a su vez, fungió como querellada en el trámite policivo que terminó con el acto administrativo del 13 de enero de 2015, contra el cual ella promovió, directamente, la primera acción de tutela resuelta por el Juzgado Once Civil Municipal de Barranquilla, el 11 de marzo de 2015, en la que se controvertía la vulneración del debido proceso por impedírsele el ejercicio de la contradicción dentro del trámite administrativo, tal como ocurre con el radicado de la referencia. No obstante, de la lectura del recurso de amparo que en esta ocasión se estudia es posible señalar que aunque en el expediente el demandante no sea directamente la señora U.E.S. de P., es claro que su hijo, al obrar como actor para controvertir por vía de esta acción de tutela el acto administrativo proferido por la Inspección Décima de Policía Urbana de Barranquilla en contra de su madre, lo hace en defensa de los intereses de esta última, alegando la situación de especial protección constitucional, en razón de contar con 75 años de edad,[20] y en ese sentido ejerciendo el mecanismo constitucional bajo la figura del agente oficioso; lo cual da lugar a reconocer la identidad de sujetos activos entre los dos recursos de amparo analizados. Aunado a ello, debe señalarse que en ambas acciones de tutela actúa la Inspección Décima Urbana de Policía de Barranquilla como accionada, por lo que se acredita plenamente la identidad de partes en los dos mecanismos constitucionales.
En segundo lugar, tal como se ha dicho anteriormente, la acción de tutela ejercida en una primera ocasión por parte de la señora U.E. fue resuelta en sede de instancia por el Juzgado Once Civil Municipal de Barranquilla, a través de sentencia del 11 de marzo de 2015, contra la cual no se interpuso recurso alguno. Este expediente fue recibido por la Corte Constitucional bajo el radicado T-4971715 y mediante auto del 24 de junio de 2015, proferido por la Sala de Selección Número Seis y notificado el 8 de julio del mismo año, se decidió su no selección para emitir pronunciamiento en sede de revisión, razón por la cual se entiende que el fallo de única instancia cobró ejecutoria e hizo tránsito a cosa juzgada.
En tercer lugar, advierte la Sala que en este caso, pese a configurarse los anteriores presupuestos y en atención a la preeminencia del principio de buena fe, no se encuentra acreditada la actuación dolosa o desleal por parte del señor H.S.E., al referirse en la acción de tutela que aquí se estudia a la vulneración del debido proceso de su señora madre y por tanto promoverla contra la Inspección Décima Urbana de Policía de Barranquilla. De hecho, se encuentra que si bien la protección de esta garantía fundamental hace parte del objeto del recurso de amparo, lo cierto es que no lo constituye de manera exclusiva, pues también se halla en controversia la vulneración de otros derechos constitucionales, como lo son la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad. Aunado ello, explícitamente el actor no expresa perseguir la misma pretensión que la manifestada en la primera acción de tutela y, por el contrario, enlista unas solicitudes que se apartan de ésta.
A partir de lo anterior, resulta claro que, aun cuando se presente un ejercicio injustificado de una nueva acción de tutela contra la misma autoridad policial, en este caso tal comportamiento no se encuentra motivado por una intención maliciosa que desconozca principios superiores como la economía, eficacia y lealtad procesales. Por ello esta S., al no hallar configurada la temeridad, declarará la improcedencia de la acción de amparo objeto de estudio únicamente en lo que respecta a la Inspección Décima Urbana de Policía de Barranquilla, por darse los requisitos que estructuran la cosa juzgada constitucional, con ocasión del fallo proferido, en única instancia, por el Juzgado Once Civil Municipal de Barranquilla, el 11 de marzo de 2015.
Procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando se presenta relación de subordinación o indefensión en el marco de controversias surgidas entre habitantes de copropiedades o bienes sometidos al régimen de propiedad horizontal
No obstante, al margen de pretender establecer sentidos estrictos de estas categorías jurídico-constitucionales o identificar escenarios hipotéticos en los que las mismas podrían tener lugar, esta S. advierte que, en consideración a la textura abierta de los enunciados lingüísticos, la aplicación de los criterios de “subordinación” o “indefensión” depende estrictamente de una aproximación juiciosa que el juez constitucional haga de los asuntos que esté conociendo, en atención a las circunstancias particulares que éstos presenten y partiendo del presupuesto según el cual la acción de tutela se torna procedente en estos eventos siempre que se evidencie la puesta en peligro o la vulneración de un derecho que, por su naturaleza iusfundamental, exija una eficacia directa y por tanto implique el desplazamiento de trabas injustificadas para su amparo, como por ejemplo el agotamiento de vías ordinarias no concebidas en nuestro ordenamiento como fórmulas de protección inmediata de las garantías constitucionales.
Bajo tal panorama, esta S. encuentra necesario señalar que, en atención a los fundamentos que han dado lugar a la admisión en nuestro ordenamiento de la tutela contra particulares (abordados de manera general en el acápite considerativo anterior), cuando este mecanismo constitucional es usado para ventilar controversias entre habitantes de una copropiedad o bienes sometidos al régimen de propiedad horizontal, no es posible desplazar la procedencia del mismo por el simple hecho de tratarse de una aparente y común tensión personal, sino que es deber del juez constitucional estudiar a profundidad las circunstancias del caso y de esta forma considerar si, en primer lugar, la disputa está dada en un escenario de subordinación o indefensión (categorías conceptualizadas con precedencia) y, en segundo lugar, si con el mismo se está obstaculizando el ejercicio de cualquier[30] derecho fundamental, cuya conculcación sea de tal entidad que implique una afectación al desarrollo digno de la existencia del titular. De ser así, la tutela se convierte en el mecanismo principal de protección de las garantías constitucionales violentadas y por tanto da lugar a que la autoridad judicial entre a resolver de fondo el asunto.
La acción de tutela promovida por H.A.S.E. es procedente, por encontrarse en condición de indefensión (no de subordinación) en relación con los particulares accionados, y en ese sentido no contar con mecanismos ordinarios de defensa judicial que estén dotados de idoneidad y eficacia para resolver su situación
La controversia jurídica que circunscribe a la acción de tutela de la referencia se vincula con una situación conflictiva existente entre el actor y los ciudadanos accionados, con los que mantiene una relación de vecindad, siendo residentes del conjunto “V.C.”, en la ciudad de Barranquilla (Atlántico). La tensa convivencia de estos ciudadanos dentro de la copropiedad está atravesada por las siguientes particularidades:
(i) El accionante es una persona homosexual y vive en la Casa No. 8 del conjunto residencial “V.C.”.
(vi) “V.C.” no dispone de un órgano de administración independiente y constituido con la aquiescencia de todos los copropietarios.[35]
(i) La desventaja numérica de roles: el conflicto de convivencia que existe en “V.C.” se caracteriza, entre otras, por una relación numérica de participantes en la que el señor S.E. presenta evidente desventaja, pues se trata una disputa en la que los once accionados, quienes viven en cuatro de las ocho casas que conforman el conjunto residencial, se han venido enfrentando con el actor, quien ocupa la octava vivienda de la copropiedad. Se trata entonces de una relación asimétrica de once contra uno, fácilmente asumible como una condición que, sin ser suficiente por sí sola para justificar la indefensión, contribuye a observar la dificultad en la que se encuentra para repeler las supuestas agresiones de las que es víctima.
(iii) La ausencia de una organización administrativa clara: el conjunto residencial “V.C.”, pese a estar constituido como una propiedad horizontal, no cuenta con personería jurídica certificada y por tanto tampoco con estructuras administrativas forjadas a partir de la decisión de los copropietarios. Esta situación comporta una innegable dificultad para superar los conflictos allí gestados, pues la ausencia de una autoridad interna reconocida por las partes contribuye al mantenimiento del escenario de violencias, en el que situaciones como la disparidad de criterios para manejar asuntos tan elementales como la seguridad de las residencias, sin la mediación de un órgano administrativo, se han venido convirtiendo en motivos de permanente hostilidad.
El derecho fundamental a no ser discriminado(a) – aspectos relevantes
Así, para esta S. es claro que la informalidad probatoria en materia de tutela, la inexistencia de tarifa legal y la primacía del derecho sustancial en el recurso de amparo autorizan al juez constitucional para valorar pruebas tachadas como ilícitas por violación de la intimidad, siempre que: (i) se evidencie la urgencia de proteger una garantía iusfundamental, cuya conculcación pretende ser ocultada por el accionado al contraponer su derecho a la intimidad; (ii) éstas constituyan un medio sine qua non para la acreditación de la vulneración o amenaza alegada por el accionante; y (iii) su obtención se dé en un escenario en el que necesariamente la demostración del hecho vulnerador implica una intromisión en el ámbito privado del demandado.
Protección del derecho a la no discriminación por orientación sexual diversa
“(i) Establecer normas nacionales sobre la no discriminación en la educación; elaborar programas contra el acoso y crear líneas telefónicas y otros servicios de ayuda a las personas jóvenes LGBT y a las que muestran una disconformidad de género; y proporcionar una educación sexual integral adecuada en función de la edad; (ii) Expedir, a quienes los soliciten, documentos legales de identidad que reflejen el género preferido del titular, eliminando los requisitos abusivos, como la esterilización, el tratamiento forzado y el divorcio; (j)Financiar campañas públicas de educación contra las actitudes homofóbicas y transfóbicas, y combatir la difusión de imágenes negativas y estereotípicas de las personas LGBT en los medios de comunicación; y (k) V. por que se consulte a las personas LGBT e intersexuales y a las organizaciones que las representan en relación con la legislación y las políticas que afecten a sus derechos”.
El régimen de propiedad horizontal y la necesidad de contar con un mecanismo de solución de controversias
Uno de los apartes que refleja la materialización de este principio, en el Régimen de Propiedad Horizontal, corresponde a su T.I., relativo a la “solución de conflictos, del procedimiento para las sanciones, de los recursos y de las sanciones”. Allí se estableció que “[p]ara la solución de los conflictos que se presenten entre los propietarios o tenedores del edificio o conjunto, o entre ellos y el administrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica” podrá acudir a (i) un comité de convivencia o (ii) los mecanismos alternos de solución de conflictos.
(i) La personería jurídica surge, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley bajo mención, cuando el “edificio o conjunto se somete al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos”. Por su parte, el artículo 8 dispone que la inscripción y certificación sobre la existencia y representación legal de la persona jurídica “corresponde al Alcalde Municipal o D. del lugar de ubicación del edificio o conjunto, o a la persona o entidad en quien este delegue esta facultad”. Además, el inciso segundo de dicho artículo señala que “[l]a inscripción se realizará mediante la presentación ante el funcionario o entidad competente de la escritura registrada de constitución del régimen de propiedad horizontal y los documentos que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la representación legal y del revisor fiscal”.
El señor H.A.S.E. promueve acción de tutela contra un grupo once de vecinos, todos habitantes del conjunto residencial “V.C.”, quienes, según el actor, han venido ejerciendo actos de discriminación frente a él, en razón de su orientación sexual. Como prueba de ello, allega una serie de fotografías y videos con los que pretende dar cuenta de cómo su homosexualidad siempre es usada para ofenderle, acompañada de otra serie de improperios. Para el accionante esta situación se ve agravada por el hecho de no contar con mecanismos internos de solución de conflictos, pues la copropiedad no tiene personería jurídica y por tanto tampoco dispone de un órgano administrativo que facilite las fórmulas de arreglo. Al respecto, los accionados señalan que la tensión personal que existe entre ellos y el peticionario se debe a las provocaciones que este último ejerce sobre sus vecinos, sin que la orientación sexual sea una razón del conflicto, pues afirman “no ser homofóbicos”. Asimismo, indican que si bien el conjunto residencial no cuenta con un administrador, sí hay un reglamento de propiedad horizontal con base en el cual han decidido convocar al actor a una conciliación ante la Universidad del Norte de Barranquilla, pero él se ha negado a asistir. Además, los problemas de convivencia que presenta el accionante, según los demandados, se extienden a toda la copropiedad, y por ello ha sido declarado junto con su familia “persona no grata”.
Descendiendo al asunto de la referencia, el accionante indica que de manera reiterada ha sido agredido verbal y físicamente por parte de los demandados, quienes se refieren a su orientación sexual con el fin de insultarlo, a través de epítetos como “marica”, “mariquita” y “maricón”. Frente a estos señalamientos, los accionantes se limitaron a indicar lo siguiente: (i) “no existe discriminación por parte de los residentes hacia él”; (ii) “los habitantes de la casa 8: el señor H.A.S.E., su señora madre U.S. de P. y su señor padre J.P.A. son los únicos que no han sabido vivir en comunidad”; (iii) “ninguno de los mencionados en el punto 4 tienen problemas con la condición sexual del señor H.S.E.”; y (iv) “las situaciones presentadas han sido producto de provocaciones permanentes por parte del señor y todos los miembros de su familia, ante las cuales nos hemos tenido de defender”.[112]
Desde esa perspectiva, el contexto en el que se obtuvieron las grabaciones se trata de un escenario semi-privado, pues corresponde a las zonas comunes del conjunto “V.C.”; un espacio cerrado, con restricciones de acceso al público en general, y cuya existencia está dada por la necesidad de compartir beneficios iguales y por tanto mantener una inevitable relación de comunidad entre los residentes. En ese sentido, las razones que dan lugar a establecer que la recolección de las pruebas allegadas por el actor no constituye una afrenta a los derechos de los accionados corresponde a las siguientes: por un lado, es claro que ante una situación de vulneración de derechos fundamentales gestada en ese escenario, el juez debe validar la necesidad de ceder el ejercicio de la intimidad de quien ha sido señalado de dicha vulneración, con el fin de dar preeminencia a la salvaguarda de las garantías quebrantadas, cuando ello advierta la reducción del desarrollo digno de la vida del accionante, tal como ocurre en este caso; y por otro lado, al observarse lo contenidos de las grabaciones bajo referencia, se evidencia que nunca los actos verbales de los demandados persiguieron su mantenimiento en la órbita privada, pues se trató de expresiones públicas, vociferadas de un extremo al otro de la copropiedad.
Aunado a lo anterior, para esta Sala la acreditación de los hechos alegados por el accionante, puntualmente sobre una serie de ofensas verbales ejercidas por los accionados en razón de su orientación sexual, se halla superada no sólo con el contenido de las grabaciones antes aludidas, que advierten sobre la certeza de las afirmaciones del peticionario, sino por la inactividad de los accionados frente a su deber de rebatir de forma efectiva la presunción de discriminación que recae sobre el demandante, pues únicamente se limitaron a señalar, genéricamente, que no han actuado de forma discriminatoria, sin siquiera negar y demostrar que no han expresado los calificativos aludidos en la tutela, y que hoy se constituyen en el acto de diferenciación arbitraria en contra del señor H.S.E..
Simple existencia del acto: se encuentra acreditado que en virtud de distintas controversias personales que se han gestado entre el accionante y los accionados, estos últimos han acudido a locuciones grotescas en contra del primero, con las que se alude a la orientación sexual del tutelante en un sentido abiertamente discriminatorio. Como lo ha indicado esta Corte, la intención o motivación irrazonable para la ejecución del acto no puede representar una justificación constitucionalmente admisible, por lo que claramente no son de recibo las explicaciones brindadas por los demandados, cuando indican que su actitud obedece a las provocaciones del señor S.E..
Ausencia de alternativas disponibles para afrontar la situación discriminatoria y las consecuencias de las mismas al interior del espacio: una de las características del conjunto residencial “V.C.” es su ausencia de personería jurídica, tal como lo puso en evidencia la Secretaría de Control urbano y Espacio Público.[121] Ello conduce, necesariamente, a la imposibilidad jurídica de erigir espacios internos, institucionales y dotados de autoridad para la superación de los conflictos gestados dentro de la copropiedad. Se trata entonces de una irregularidad en la que se encuentra este bien sometido al Régimen de Propiedad Horizontal (Ley 675 de 2001), en virtud del cual y de acuerdo con lo aludido en esta sentencia, todos los copropietarios se encuentran en el deber de gestionar el obligatorio reconocimiento e inscripción de la persona jurídica, para de esta forma dar lugar a la adopción voluntaria de las fórmulas que, por decisión de la asamblea general surgida con ocasión de dicho reconocimiento e inscripción, se estimen como las más adecuadas o idóneas.
Como consecuencia de todo lo anterior, esta S. confirmará parcialmente la sentencia de segunda instancia, proferida el 5 de febrero de 2016 por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla (Atlántico), en la que a su vez se decidió confirmar el fallo de primer grado, emitido el 4 de diciembre de 2015, que dispuso “denegar por improcedente” la acción de tutela de la referencia. En ese sentido, se declarará que, en efecto, el recurso de amparo en este caso se torna improcedente en relación con la Inspección Décima Urbana de Policía de Barranquilla, por existencia de cosa juzgada constitucional; y se concederá el amparo de los derechos fundamentales a no ser discriminado(a), a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana del actor, vulnerados por parte de los ciudadanos accionados.
A partir de la anterior determinación, se ordenará a Y.D.M., G.M., L.F.S.J., Y.E.C.R., E.R., J.C., C.P., J.E.S.B., H.A.P., G.S.R. y M.R.M.: (i) cesar cualquier acto de discriminación ejercido en contra del señor H.A.S.E.; y (ii) abstenerse de hacer alusión a la orientación sexual de cualquier residente con el propósito de ofender, a través del uso de epítetos insultantes y/o descalificatorios.
Aunado a lo anterior, se instará a todos los copropietarios del conjunto residencial “V.C.” para que, en cumplimiento de su deber legal, gestionen los trámites tendientes al registro, inscripción y certificación de la personería jurídica de dicha copropiedad, para de esta forma definir, por vía de la asamblea general, las fórmulas internas de arreglo y solución de controversias que surjan entre los residentes o entre éstos y sus órganos de administración.
Primero.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida en segunda instancia, el cinco (5) de febrero de dos mil dieciséis (2016), por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla (Atlántico), en la que se decidió “confirmar” el fallo de primer grado proferido el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015), por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla (Atlántico), en el que, a su vez, se resolvió “denegar por improcedente” el recurso de amparo promovido por H.A.S.E.. En ese sentido, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia en relación con la Inspección Décima Urbana de Policía de Barranquilla, por existencia de cosa juzgada constitucional, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, y CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a no ser discriminado(a), igualdad, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana del actor, vulnerados por parte de los ciudadanos accionados.
Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a Y.D.M., G.M., L.F.S.J., Y.E.C.R., E.R., J.C., C.P., J.E.S.B., H.A.P., G.S.R. y M.R.M.:
(i) Cesar de manera inmediata cualquier acto de discriminación ejercido en contra del señor H.A.S.E..
Tercero.- INSTAR a todos los copropietarios del conjunto residencial “V.C.”, ubicado en la Calle 87 No. 75–27 de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), para que, en cumplimiento de su deber legal, tal como ha sido desarrollado en la parte motiva de esta providencia, gestionen los trámites tendientes al registro, inscripción y certificación de la personería jurídica de dicha copropiedad, para de esta forma definir, por vía de la asamblea general, las fórmulas internas de arreglo y solución de controversias que surjan entre los residentes o entre éstos y sus órganos de administración.
[1] Los ciudadanos Y.D.M., G.M., L.F.S.J., Y.E.C.R., E.R., J.C., C.P., J.E.S.B., H.A.P., G.S.R. y M.R.M..
[3] El documento de respuesta a la acción de tutela fue suscrito por L.S.J., Y.D.M., G.M., C.P., Y.C., E.R., J.C., J.S., H.A., M.R.M. y G.S..
[6] Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia T-185 de 2013, M.P.L.E.V.S..
[7] Ver principalmente la sentencia C-774 de 2001, M.P.R.E.G.. A.V. M.J.C.E..
[8] Sobre la ejecutoria de las sentencias proferidas en conocimiento de acciones de tutela, ver la sentencias SU-1219 de 2001, M.P.M.J.C.E., S.V.C.I.V.H., en la que se señaló, al referirse al “valor de la revisión de los fallos de tutela por la Corte Constitucional”, que: “la decisión de la Corte Constitucional consistente en no seleccionar para revisión una sentencia de tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal y material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión de excluir la sentencia de tutela de la revisión se traduce en el establecimiento de una cosa juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se resguarda el principio de la seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de la Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema jurídico”. Además, no puede perderse de vista la tesis excepcional desarrollada por este Tribunal, a partir de la sentencia SU-627 de 2015, M.P.M.G.C., A.V. María Victoria Calle Correa, G.S.O., J.I.P.P., J.I.P.C., S.V.A.R.R., en relación con la naturaleza no absoluta de la cosa juzgada constitucional en materia de tutela, cuando se advierten situaciones fraudulentas.
[9]Ver. Sentencia T-327 de 1993, M.P.A.B.C..
[10] Ver sentencia T-1215 de 2003, M.P C.I.V.H., cuyo criterio ha sido reiterado por esta Corporación, entre otras, en las sentencias T-082 de 2004, M.P.C.I.V.H.; T-1646 de 2015 M.P.J.I.P.C.; T-134A de 2010, M.P.N.P.; T-621 de 2010, M.P.J.C.H.P.; T-897 de 2010, M.P.N.P.; T-660 de 2011, M.P.J.I.P.; SU-189 de 2012, M.P.G.E.M.M.; T-508 de 2012, M.P.A.G.A.; SU-773 de 2014, M.P.J.I.P.C.; T-206 de 2014, M.P.N.P.P.; T-777 de 2014, M.P.J.I.P.C.; T-614 de 2015, M.P.J.I.P.P.; SU-637 de 2016, M.P.L.E.V.S., S.V.A. linares C. y G.S.O.D., S.P.V. L.G.G.P. y G.E.M.M., A.V. J.I.P.P. y María Victoria Calle Correa.
[11] De ahí que reiteradamente este Tribunal insista en que “la temeridad busca que en el curso de una acción de tutela quienes intervengan como demandantes lo hagan con pulcritud y transparencia, resultando descalificada cualquier intención de engaño hacia la autoridad pública”; respecto de lo cual pueden observarse, entre muchas otras, la sentencia T-229 de 2016, M.P.J.I.P.P., S.P.V. A.R.R.. En ese sentido, se han reseñado como comportamientos temerarios, por ejemplo, que el amparo: (i) envuelva una actuación amañada, reservando para cada acción aquellos argumentos o pruebas que convaliden sus pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción; o (iv) se pretenda asaltar la buena fe de los administradores de justicia. Ver, entre otras, las sentencias T-1103 de 2005, M.P.J.A.R.; T-184 de 2005, M.P.R.E.G.; SU-713 de 2006, M.P.R.E.G.; T-678 de 2006, M.P.C.I.V.H.; T-695 de 2006, M.P.J.A.R.; T-878 de 2006, M.P.C.I.V.H.; T-089 de 2007, M.P.M.J.C.E.; T-516 de 2008, M.P.C.I.V.H., A.V. M.J.C.E.; T-679 de 2009, M.P.M.V.C.C.; T-389 de 2010, M.P.L.E.V.S.; T-621 de 2010, M.P.J.C.H.P.; T-266 de 2011, M.P.L.E.V.S.; T-660 de 2011, M.P.J.I.P.; T-497 de 2012, M.P.H.A.S.P., S.P.V. L.E.V.S.; T-327 de 2013, M.P.L.E.V.S.; SU-377 de 2014, M.P.M.V.C.C., S.P.V. L.G.G.P.; T-206 de 2014, M.P.N.P.; SU055 de 2015, M.P.M.V.C.C.; T-454 de 2015, M.P.M.Á.R., S.V.A.R.R.; T-596 de 2015, M.P.L.E.V.S.; T-001 de 2016, M.P.J.I.P.C., S.V.L.E.V.S.; y T-147 de 2016, M.P.G.S.O.D., A.V. J.I.P.P..
[17] Sobre el reconocimiento de estos presupuestos como base para la identificación de una misma acción de tutela promovida de manera múltiple, ver, entre otras, las sentencias T-382 de 1998, M.P.J.G.H.G.; T-990 de 2001, M.P.E.M.L.; T-117 de 2002, M.P.C.I.V.H.; T-919 de 2003, M.P.M.G.M.C.; T-598 de 2004, M.P.M.J.C.E.; T-919 de 2004, M.P.M.G.M.C.; T-1103 de 2005, M.P.J.A.R.; T-1221 de 2005, M.P.J.C.T.; T-1325 de 2005, M.P.H.A.S.P.; T-184 de 2005, M.P.R.E.G.; C-738 de 2006, M.P.M.G.M.C.; SU-713 de 2006, M.P.R.E.G., S.V.J.A.R.; T-1022 de 2006, M.P.J.C.T.; T-135 de 2006, M.P.Á.T.G.; T-433 de 2006, M.P.H.A.S.P.; T-458 de 2006, M.P.M.G.M.C.; T-089 de 2007, M.P.M.J.C.E.; T-868 de 2007, M.P.M.J.C.E.; T-1072 de 2008, M.P.J.C.T.; T-1104 de 2008, M.P.H.A.S.P.; T-1204 de 2008, M.P.M.G.M.C.; T-231 de 2008, M.P.C.I.V.H.; T-957 de 2008, M.P.J.A.R.; T-179 de 2009, M.P.J.I.P.P.; T-491 de 2009, M.P.L.E.V.S.; T- 679 de 2009, M.P.M.V.C.C.; T-082 de 2010, M.P.H.A.S.P.; T-130 de 2010, M.P.J.C.H.P.; T-151 de 2010, M.P.N.P.P.; T-772 de 2010, M.P.L.E.V.S.; T-507 de 2011, M.P.J.I.P.P.; SU-189 de 2012, M.P.G.E.M.M.; T-185 de 2013, M.P.L.E.V.S.; T-237 de 2013, M.P.M.V.C.C.; T-380 de 2013, M.P.L.G.G.P.; T-551 de 2013, M.P.M.V.C.C.; T-680 de 2013, M.P.L.G.G.P.; T-873 de 2013, M.P.G.E.M.M.; T-644 de 2014, M.P.M.V.S.M.; T-655 de 2014, M.P.M.V.C.C.; T-887 de 2014, M.P.M.V.C.C.; T-008 de 2015, M.P.J.I.P.P.; T-057 de 2015, M.P.M.V.S.M.; T-096 de 2015, M.P.J.I.P.C.; T-275 de 2015, M.P.M.V.C.C.; T-596 de 2015, M.P.L.E.V.S.; T-610 de 2015, M.P.G.S.O.D.; T-614 de 2015, M.P.J.I.P.P.; T-730 de 2015, M.P.L.G.G.P.; T-740 de 2015, M.P.L.G.G.P.; SU-637 de 2016, M.P.L.E.V.S., A.V.M.V.C.C. y J.I.P.P., S.P.V. L.G.G.P. y G.E.M.M., S.V.A.L.C. y G.S.O.D..
[21] Con ocasión del proceso de superación del modelo de gobierno medieval inglés durante el siglo XVII, y la adopción temprana de la fórmula parlamentaria, se dio origen a instituciones dirigidas al establecimiento de controles efectivos del poder político —debido mantenimiento natural de concepciones propias de la estructura feudal—. Una de dichas instituciones, reconocida como propia del constitucionalismo moderno, es la de la supremacía de la constitución, que aunque concebida en el contexto inglés a partir de su valor normativo, su perfeccionamiento va a tener lugar en escenarios como el estadounidense, en donde por primera vez en la historia del constitucionalismo occidental se establece un mecanismo concreto de garantía de la supremacía en mención, por vía del ejercicio judicial del control de la constitucionalidad de las leyes, incorporado a través de la famosa sentencia proferida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, el 24 de febrero de 1803, dentro del caso “M. v.M.”. Con el advenimiento de la segunda posguerra mundial, el constitucionalismo contemporáneo en el escenario europeo adopta y presenta un desarrollo de la supremacía constitucional, al punto de introducirla directamente en el texto normativo. Así ocurrió por ejemplo en el caso alemán, en donde con la asunción de la Ley Fundamental de 1949 se dijo, en su artículo 1.3., que los derechos fundamentales “vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como derecho directamente aplicable”. En desarrollo de tal imperativo, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, al resolver el famoso caso “Lüth”, en sentencia del 15 de enero de 1958, se refirió al fenómeno de irradiación de los derechos fundamentales sobre las relaciones jurídicas del derecho privado; puntualmente se dijo lo siguiente: “[l]a Ley Fundamental, no pretende ser un ordenamiento de valores neutral, sino que ha establecido —en su capítulo sobre derechos fundamentales— un orden de valores objetivo, a través del cual se pone de manifiesto la decisión fundamental de fortalecer el ámbito de aplicación de los derechos fundamentales. La dignidad del ser humano y el libre desarrollo de la personalidad (la cual se desenvuelve en el interior de una comunidad social) forman el núcleo de este sistema de valores, el cual constituye, a su vez, una decisión jurídico-constitucional fundamental, válida para todas las esferas del derecho”. En ese sentido, al caracterizarse el catálogo de derechos fundamentales como un conjunto de “valores objetivos”, se dispuso la expansión de su exigibilidad a todas las esferas del Derecho, incluyendo las que se fundan en relaciones de tipo privado o entre particulares.
[22] M.P.V.N.M..
[23] Cfr. Sentencia T-1236 de 2000, M.P.A.M.C..
[25] Por ejemplo en las sentencias T-210 de 1993, M.P.C.G.D.; T-074 de 1994, M.P.H.H.V.; T-115 de 1994, M.P.H.H.V.; T-233 de 1994, M.P.C.G.D.; T-228 de 1994, M.P.J.G.H.G.; T-333 de 1995, M.P.A.B.C.; T-475 de 1995, M.P.A.M.C.; SU-479 de 1997, M.P.J.G.H.G.; T-035 de 1997, M.P.H.H.V.; T-070 de 1997, M.P.A.B.C.; T-440 de 1997, M.P.J.A.M.; T-630 de 1997, M.P.A.M.C.; T-670 de 1997, M.P.J.G.H.G.; T-216 de 1998, M.P.C.G.D.; T-266 de 1998, M.P.F.M.D.; T-267 de 1998, M.P.F.M.D.; T-308 de 1998, M.P.F.M.D.; T-454 de 1998, M.P.A.M.C.; T-418 de 1998, M.P.F.M.D.; T-470 de 1999, M.P.J.G.H.; T-789 de 1999, M.P.A.B.S.; T-143 de 2000, M.P.A.B.C.; SU-509 de 2001, M.P.M.G.M.C.; T-106 de 2002, M.P.M.G.M.C.; T-443 de 2002, M.P.J.A.R.; T-732 de 2002, M.P.R.E.G.; T-055 de 2003, M.P.Á.T.G.; T-146 de 2003, M.P.R.E.G.; T-513 de 2003, M.P.E.M.L.; T-555 de 2003, M.P.C.I.V.H.; T-595 de 2003, M.P.C.I.V.H.; T-633 de 2003, M.P.J.A.R.; T-1015 de 2004, M.P.C.I.V.H.; T-1084 de 2004, M.P.J.C.T.; T-1149 de 2004, M.P.H.A.S.P.; T-468 de 2004, M.P.M.G.M.C.; T-108 de 2005, M.P.C.I.V.H.; T-1106 de 2005, M.P.H.A.S.P.; T-126 de 2005, M.P.M.G.M.C.; T-595 de 2005, M.P.A.B.S.; T-1076 de 2006, M.P.R.E.G.; T-155 de 2012, M.P.M.V.C.C.; T-698 de 2012, M.P.M.G.C.; T-034 de 2013, M.P.L.G.G.P.; T-416 de 2013, M.P.M.G.C. y T-483 de 2016, M.P.A.R.R..
[26] M.P.L.G.G.P..
[27] M.P.M.G.C..
[28] M.P.M.G.C..
[29] M.P.A.R.R..
[30] Es este punto la Sala considera que establecer un catálogo de derechos de cuya vulneración se haga depender la procedencia de la tutela contra particulares en el marco de controversias surgidas entre habitantes de las copropiedades, como se hizo en su oportunidad en la sentencia T-034 de 2013, no sólo iría en contra de los propósitos perseguidos por el Constituyente de 1991, sino también de lo señalado por esta Corporación en la ya citada sentencia C-134 de 1994, M.P.V.N.M..
[31] Sobre la tesis de la horizontalidad de los derechos en las relaciones particulares, reconocida por esta Corporación y traía de la doctrina (esencialmente de la obra jurídica “Teoría de los derechos fundamentales” del filósofo del derecho R.A., ver, entre otras, las siguientes sentencias: T-263 de 1998, M.P.E.C.M.; T-632 de 2007, M.P.H.A.S.P.; T-438 de 2010, M.P.J.I.P.C.; T-777 de 2011, M.P.J.I.P.C.; T-810 de 2011, M.P.M.G.C.; T-909 de 2011, M.P.J.C.H.P.; T-1084 de 2012, M.P.J.I.P.C.; T-986 de 2012, M.P.L.E.V.S.; T-689 de 2013, M.P: J.I.P.C.; C-951 de 2014, M.P: M.V.S.M.; T-720 de 2014, M.P.M.V.C.C.; T-883 de 2014, M.P.M.V.S.M.; T-269 de 2016, M.P.M.V.C.C.; y T-483 de 2016, M.P.A.R.R..
[32] Cfr. Sentencia T-596 de 1992, M.P.C.A.B..
[42] Ver sentencia T-373 de 1998, M.P.E.C.M., en la que se hizo referencia por primera vez a fundamentabilidad del derecho a la no discriminación, en cabeza de las mujeres trabajadoras en estado de embarazo o gestación.
[43] La Corte se ha referido al derecho fundamental a la no discriminación en, entre otras, las sentencias T-778 de 2000, M.P.A.M.C.; T-1392 de 2000, M.P.F.M.D.; T-291 de 2005, M.P.M.J.C.E.; T-1326 de 2005, M.P.H.A.S.P.; C-076 de 2006, M.P.J.C.T.; T-528 de 2008, M.P.J.A.R.; T-1005 de 2010, M.P.J.C.H.P.; T-484 de 2010, M.P.J.C.H.P.; T-691 de 2012, M.P.M.V.C.C.; T-141 de 2015, M.P.M.V.C.C.; T-252 de 2016, M.P.A.R.R. y T-291 de 2016, M.P.A.R.R..
[71] Ver sentencia T-098 de 1994, M.P.E.C.M..
[72] Esta Corporación ha advertido que la validación constitucional de un comportamiento discriminatorio exige no la simple ‘explicación’, sino una verdadera ‘justificación’ que atienda a verdaderas razones de índole constitucional. Cfr. Sentencia T-098 de 1994, M.P.E.C.M..
[73] La razonabilidad de la diferenciación como criterio jurídico para validar la diferenciación ha sido históricamente reconocido por los tribunales cuando se enfrentan a casos de discriminación. Así, por ejemplo, en el derecho comparado se encuentra como paradigmática la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, proferida el 23 de julio de 1968, “relativa a ciertos aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica”, en la que se dispuso que: “la igualdad de trato queda violada cuando la distinción carece de justificación objetiva y razonable. La existencia de una justificación semejante debe apreciarse en relación con la finalidad y los efectos de la medida examinada en atención a los principios que generalmente prevalecen en las sociedades democráticas. Una diferencia de trato en el ejercicio de un derecho consagrado por el Convenio [Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, o Convención Europea de los Derechos Humanos, del 4 de noviembre de 1950] no sólo debe perseguir una finalidad legítima: el artículo 14 se ve también violado cuando resulta claramente que no existe una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Al indagar si, en un caso determinado, ha habido o no distinción arbitraria, el Tribunal no puede ignorar los datos de hecho y de derecho que caractericen la vida de la sociedad en el Estado en el que, en calidad de parte contratante, responde la medida impugnada”. En ese sentido también pueden observarse las sentencias del mismo Tribunal conocidas como el caso “Inze v. Austria”, del 28 de octubre de 1987, y el caso “Thimmenos v. Grecia” del 6 de abril de 2000. A nivel de jurisprudencia de la Corte Constitucional, la aplicación de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad con ocasión de un acto discriminatorio puede observarse, entre otras, en las sentencias T-098 de 1994, M.P.E.C.M.; T-288 de 1995, M.P.E.C.M.; C-022 de 1996, M.P.C.G.D.; T-1042 de 2001, M.P.M.J.C.E.; SU-1167 de 2001, M.P.E.M.L.; T-030 de 2004, M.P.C.I.V.H.; T-393 de 2004, M.P.A.B.S.; T-062 de 2011, M.P.L.E.V.S.; y T-691 de 2012, M.P.M.V.C.C..
[74] Esta Corporación se ha referido desde su jurisprudencia temprana a la “discriminación positiva” como una vía para hacer exigible el derecho a la igualdad material, identificándose como el primer pronunciamiento al respecto la sentencia C-197 de 1993, M.P.A.B.C., en la que, al abordar el estudio de constitucionalidad y consecuente exequibilidad del Decreto 444 de 1993, “Por el cual se dictan medidas de apoyo a las víctimas de atentados terroristas”, la Sala Plena dijo que: “[t]anto el principio de la solidaridad, el cual a su vez, es un deber, como el derecho a la igualdad, con la consiguiente discriminación positiva, para el logro de la verdadera igualdad, son el fundamento constitucional para que el Estado a través de normas como las que se revisan, conceda una asistencia humanitaria especial a las víctimas de los actos de violencia y maldad, ejecutados por las organizaciones guerrilleras y la delincuencia organizada”.
[75] Sentencia T-141 de 2015, M.P.M.V.C.C..
[77] Ver sentencia C-481 de 1998, M.P.A.M.C..
[78] La Corte se ha pronunciado reiteradamente sobre la naturaleza abierta de la lista de criterios incorporados en el artículo 13 superior. Sin embargo, resulta importante tener presente el sustento que sobre ello fue establecido por este Tribunal en la sentencia C-410 de 1994, M.P.C.G.D., en la que se dijo que: “la referencia constitucional expresa a criterios vedados, tiene un contenido más amplio que no se agota en la simple interdicción de esos factores, sino que implica también una advertencia acerca de frecuentes e históricas causas generadoras de desigualdad, opuestas, por lo demás, a la dignidad de la persona humana en que se funda nuestra organización estatal (art. 1o.), y a la consecución de "un orden político, económico y social justo" (preámbulo); en esa medida, se puede afirmar que existe la decisión constitucional de remediar situaciones de inferioridad fincadas en estereotipos o prejuicios sociales de reconocida persistencia y que a la prohibición de discriminar se suma la voluntad de erradicar esas conductas o prácticas arraigadas, que han ubicado a personas o a sectores de la población en posiciones desfavorables. Se impone, entonces, el compromiso de impedir el mantenimiento y la perpetuación de tales situaciones, por la vía de neutralizar las consecuencias de hecho que de ellas se derivan”.
[79] Ver, entre otras, las sentencias T-230 de 1994, M.P.E.C.M.; C-445 de 1995, M.P.A.M.C.; C-112 de 2000, M.P.A.M.C.; C-371 de 2000, M.P.
[80] Sentencia T-397 de 2004, M.P.M.J.C.E..
[81] Ver Auto 092 de 2008, M.P.M.J.C.E., y las sentencias T-496 de 2008, M.P.J.C.T.; T-878 de 2014, M.P.J.I.P.P. y T-967 de 2014, M.P.G.S.O.D..
[82] Al respecto resulta importante aclarar que en nuestra jurisprudencia se habló de discriminación estructural de la población afro a partir de la sentencia C-931 de 2009; sin embargo, con precedencia ya la Corte había tenido la oportunidad de referirse sobre este asunto, sin categorizar como “estructural” la situación de estas personas. En ese sentido, pueden observarse las sentencias T-422 de 1996, M.P.E.C.M. (en la que se dijo que “[l]a diferenciación positiva correspondería al reconocimiento de la situación de marginación social de la que ha sido víctima la población negra y que ha repercutido negativamente en el acceso a las oportunidades de desarrollo económico, social y cultural. Como ocurre con grupos sociales que han sufrido persecuciones y tratamientos injustos en el pasado que explican su postración actual, el tratamiento legal especial enderezado a crear nuevas condiciones de vida, tiende a instaurar la equidad social y consolidar la paz interna y, por lo mismo, adquiere legitimidad constitucional”); C-169 de 2001, M.P.C.G.D.; y T-1095 de 2005, M.P.C.I.V.H..
[83] En la sentencia T-098 de 1994, M.P.E.C.M., la Tercera de Revisión indicó que: “[c]onstituye un acto discriminatorio el trato desigual e injustificado que, por lo común, se presenta en el lenguaje de las normas o en las prácticas institucionales o sociales, de forma generalizada, hasta confundirse con la institucionalidad misma, o con el modo de vida de la comunidad, siendo contrario a los valores constitucionales de la dignidad humana y la igualdad, por imponer una carga, no exigible jurídica ni moralmente, a la persona”.
[84] Cfr. Sentencia C-671 de 2014, M.P.L.G.G.P.. A.V. L.E.V.S. y M.V.C.C., S.V.J.I.P.P..
[85] M.P.M.V.C.C..
[86] M.P.M.V.C.C..
[87] Este criterio ha sido consolidado a partir de la sentencia T-098 de 1994, M.P.E.C.M., en la que se indicó que: “[l]os actos discriminatorios suelen ser de difícil prueba. De ahí que sea apropiado que la carga de probar la inexistencia de discriminación recaiga en cabeza de la autoridad que expide o aplica una disposición jurídica, no así en quien alega la violación de su derecho a la igualdad, especialmente cuando la clasificación que se hace de una persona es sospechosa por tener relación con los elementos expresamente señalados como discriminatorios a la luz del derecho constitucional”.
[88] Sobre esta discriminación ver, por ejemplo, la reciente sentencia T-030 de 2017, M.P.G.S.O.D..
[89] Sentencia T-247 de 2010, M.P.H.A.S.P..
[91] Cfr. Sentencias T-187 de 2009, M.P.J.C.H.P..
[92] M.P.G.E.M.M..
[93] Si bien el juez constitucional no halla dentro de sus tareas el establecimiento de definiciones, sí se encuentra en el deber de dar explicación a sus razonamientos. Por esto, se torna necesario recordar que esta concepción de la orientación sexual ha sido adoptada con precedencia en distintos pronunciamientos de la Corte, por ejemplo en las sentencias T-804 de 2014, M.P.J.I.P.P.; T-099 de 2015, M.P.G.S.O.D.; C-071 de 2015, M.P.J.I.P.P.; T-141 de 2015, M.P.M.V.C.C.; T-077 de 2016, M.P.J.I.P.P.; T-252 de 2016, M.P.A.R.R.; T-291 de 2016, M.P.A.R.R.; y T-363 de 2016, M.P.G.S.O..
[94][94] Sobre la orientación sexual como categoría sospechosa de discriminación, ver entre otras la sentencia T-291 de 2016, M.P.A.R.R.. Además, ha habido múltiples ocasiones en las que la intervención de la Corte Constitucional ha derivado en la protección de los derechos fundamentales de las personas discriminadas en razón de su orientación sexual, como ocurrió, por ejemplo, en las sentencias T-435 de 2002, M.P.R.E.G.; T-909 de 2011, M.P.J.C.H.P.; T- 565 de 2013, M.P.L.E.V.S.; y T-804 de 2014, M.P.J.I.P.P.. Ahora bien, dado que el caso concreto estudiado en esta oportunidad se relaciona con la discriminación por el hecho de presentar orientación sexual homosexual, resulta pertinente traer a colación, con un mayor grado de detalle, casos en los que esta Corte se ha referido puntualmente a esta condición como una que no puede ser usada para la exclusión del sujeto. Así, por ejemplo, en la sentencia T-097 de 1994, M.P.E.C.M., se estudió la controversia planteada por un ciudadano que había sido expulsado de una escuela de cadetes por ser homosexual, razón por la cual el Alto Tribunal accedió al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y buen nombre, por haberse dado una exclusión inconstitucional; en la sentencia T-101 de 1998, M.P.F.M.D., se tuteló el derecho a la educación de dos menores de edad a los que un centro educativo, de orientación religiosa, les negó la continuidad de sus estudios por ser homosexuales. Ante ese panorama la S. advirtió que la decisión de la entidad accionada había constituido un comportamiento discriminatorio en contra de los infantes. Con posterioridad, en sede de control abstracto, la Corte tuvo la oportunidad de referirse, a través de la sentencia C-481 de 1998, M.P.A.M.C., a la constitucionalidad de la expresión “homosexualismo” contenida en el Decreto 2277 de 1970, declarando su inexequibilidad luego de señalar que “[l]a homosexualidad no puede constituir una causal de mala conducta de los docentes, pues no existe ninguna razón constitucionalmente relevante que la justifique”. En la sentencia T-435 de 2002, M.P.R.E.G., se ampararon los derechos al libre desarrollo de la personalidad e intimidad personal y familiar de una estudiante a la que un plantel educativo había expulsado “por quebrantar el manual de convivencia”. En esa ocasión la Corte halló que si bien no procedía el reintegro porque, en efecto, la alumna había adelantado conductas de indisciplina, como el consumo de licor portando el uniforme, lo cierto es que también se encontraba acreditada la restricción de los derechos de la accionante por el hecho de ser homosexual. En la sentencia T-909 de 2011, M.P.J.C.H.P., la Sala estudió el caso de una pareja de homosexuales que habían sido retirados de un centro comercial, por parte de los vigilantes, luego de que estas dos personas se besaran en público. Al respecto, se dijo que la expulsión de que fueron víctimas los accionantes constituyó una restricción ilegítima del derecho a “expresar libremente sus opciones vitales derivadas de su dignidad, intimidad y libre desarrollo de la personalidad”, sin riesgo sobre las garantías fundamentales de los demás. Luego, la Sala Séptima de Revisión profirió la sentencia T-248 de 2012, M.P.J.I.P.C., en la que se abordó el caso de una persona a la que un laboratorio le había negado la posibilidad de donar sangre, por el hecho de ser homosexual. En esa ocasión la Corte señaló que pese a que la conducta de la entidad había estado basada en una disposición normativa que autorizada su comportamiento, lo cierto es que dicha norma no se encontraba ajustada a la Constitución, por ser discriminatoria, por lo que se accedió al aparo de los derechos del accionante. En la sentencia T-141 de 2015, M.P.M.V.C.C., la Sala Primera de Revisión resolvió un caso relacionado con la vulneración de los derechos de una estudiante universitaria, a la que la institución en la que adelantaba su carrera venía desarrollando actitudes discriminatorias en su contra, por ser afrodescendiente, trans y homosexual, razón por la cual se accedió al amparo de sus derechos fundamentales. Con posterioridad, la Corte resolvió la paradigmática tutela promovida por la madre de un estudiante fallecido, en la que se pedía el amparo de los derechos fundamentales al buen nombre, dignidad, libre desarrollo de la personalidad e intimidad de su hijo, con ocasión de la actitud discriminatoria asumida por el centro educativo al cual se encontraba vinculado el menor, tras haber expuesto manifestaciones amorosas con otro compañero de su mismo sexo. En esa oportunidad la Sala, entre otras cosas, observó configurado el acoso escolar institucional en contra del estudiante, por su orientación homosexual, accediendo a la tutela solicitada y ordenando la realización de un acto público de reconocimiento de la dignidad de la víctima.
[96] En la sentencia T-977 de 2016, M.P.J.I.P.P., la Sala Sexta de Revisión abordó en extenso la situación estructural de discriminación por orientación sexual diversa. Además, en la sentencia T-291 de 2016, M.P.A.R.R., se hizo alusión a la “persistencia de patrones estructurales de discriminación por motivos de orientación sexual”. De igual manera, en la sentencia T-030 de 2017, M.P.G.S.O.D., la Corte señaló que “quienes tienen una orientación sexual diversa hacen parte de un grupo tradicionalmente discriminado”.
[97] M.P.J.I.P.P..
[98] Tal como lo indicó la Corte en la sentencia T-099 de 2015, M.P.G.S.O.D., la locución “personas cisgénero” se corresponde con aquellas que “tienen una vivencia que se corresponde con el sexo asignado al nacer. Cuando el sexo asignado al nacer es masculino y la vivencia de la persona, en los términos descritos, es masculina, dicha persona es un hombre cisgénero. Cuando el sexo asignado al nacer es femenino, y la vivencia de la persona también es femenina, dicha persona es una mujer cisgénero.”
[101] Respecto de esta norma la Corte Constitucional, mediante sentencia C-488 de 2002, M.P.Á.T.G. señaló que las modificaciones a las que se refiere “deben hacerse conforme a las disposiciones de los reglamentos de propiedad horizontal existentes en el momento de la vigencia de esta ley”.
[109] La constitución de personería jurídica como una verdadera obligación ha sido reconocida por parte de esta Corte en otras ocasiones, por ejemplo, en la reciente sentencia T-483 de 2016, M.P.A.R.R..
[110] Ver. Sentencia C- 804 de 2006, M.P.H.A.S.P..
[111] Sentencia C-481 de 1998, M.P.A.M.C.. A.V.V.N.M.. S.V. A.B.S., J.G.H.G. y H.H.V..
[115] En la sentencia T-407 de 2012, M.P.M.G.C., S.V. G.E.M.M., la Sala Segunda de Revisión se refirió en extenso a la tipología de espacios y su relación con la protección del derecho a la intimidad.
[119] Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia T-1106 de 2005, M.P.H.A.S.P..
Sentencia nº 11001-03-24-000-2014-00511-00 de Consejo de Estado - Sección Primera, de 5 de Mayo de 2016
de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil nº de 21 de Abril de 1995

References: artículo 42
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 13