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Timestamp: 2020-02-24 13:55:10+00:00

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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 19 de Septiembre de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 31812035
En el proceso de ejecución de crédito marítimo privilegiado instaurado por CIPRIANO ALONSABE y ERNESITA ALONSABE, actuando en su propio nombre, y AMPARO SAYAMAN DE LA CRUZ, actuando en su propio nombre y en nombre y representación de los menores REYNOLD DE LA CRUZ, S. DE LA CRUZ, LAWRENCE DE LA CRUZ y CARL FREDERICK DE LA CRUZ, contra la "M/N DIAMOND A", nave de registro filipino, el Tribunal Marítimo de Panamá dictó resolución fechada el 12 de octubre de 1998 por medio de la cual decidió rechazar la solicitud de declinatoria de competencia -forum non conveniens- y la excepción de transacción presentadas por la parte demandada.
Dicha resolución fue objeto de recurso de apelación interpuesto por la demandada, mismo que fue concedido por el tribunal de instancia solamente en relación con la excepción de transacción fallada. En cuanto a la decisión que negó la solicitud de declinatoria de competencia, el recurso no fue concedido. En efecto, el juez de la causa, en resolución de 7 de febrero de 2000, consideró que la negativa de acceder a la declinatoria de competencia no constituye materia susceptible de ser apelada de conformidad con el artículo 482 del Código de Procedimiento Marítimo. Por resolución de 14 de marzo de 2000, el juez marítimo resolvió un recurso de reconsideración interpuesto por la parte demandada, cuyo primordial propósito consistía en que el Tribunal Marítimo concediese el recurso de apelación respecto a la solicitud de declinatoria de competencia. El tribunal rechazó el recurso de reconsideración indicando acertadamente, a juicio de la Sala, que la decisión, es decir, aquella que negó la apelación, sólo era susceptible de ser recurrida o impugnada a través del recurso de hecho, medio procesal no empleado en este caso por la demandada.
Aclarado lo anterior, advierte la Sala que sólo entrará a conocer en segunda instancia de la apelación en lo que atañe al no reconocimiento de la excepción de transacción alegada por la parte demandada.
Con el fin de precisar lo medular de la controversia que ha de ser resuelta en esta instancia, es recomendable ir a los antecedentes del proceso, tarea que de inmediato llevaremos a cabo.
Este juicio se origina en la demanda promovida conjuntamente por CIPRIANO ALONSABE y ERNESITA ALONSABE, por un lado, y por otro AMPARO SAYAMAN DE LA CRUZ, quien actúa además en representación de cuatro menores, con el propósito de reclamar un total de $1,300,394.23, desglosados en $409,384.05 para los dos primeros y en $891,010.18 para los cinco restantes demandantes, en concepto de indemnización basada en la responsabilidad civil extracontractual derivada del incidente ocurrido, el 17 de junio de 1995, a bordo de la "MN DIAMOND A", donde perdieran la vida los tripulantes de nacionalidad filipina JEROME ALONSABE y RENATO DE LA CRUZ.
Lo demandado se hace descansar en la supuesta conducta culpable o negligente en que incurrió la MN demandada y que, se asegura, tuvo como causa sobreviniente la muerte por intoxicación sufrida por los tripulantes ALONSABE y DE LA CRUZ en la bodega del buque, esgrimiéndose como fundamento de derecho lo establecido en la legislación de Filipinas, en especial, por los artículos 2176 y 2180 del Código Civil de ese país, donde se regula la materia correspondiente a la responsabilidad extracontractual.
Corrida en traslado la demanda, la parte demandada le dio contestación oponiéndose a lo pretendido en juicio y rechazando de suyo la responsabilidad extracontractual que se le imputa. Al dar contestación a la demanda, la opositora ensayó como defensa, y en su carácter de previo y especial pronunciamiento, la excepción de transacción, en la que hizo destacar lo siguiente:
Los demandantes, CIPRIANO ALOSANBE y ERNESITA ALONSABE, en su condición de padres/beneficiarios de J.A., así como AMPARO SAYAMAN DE LA CRUZ, en su condición de esposa/beneficiaria y en representación de los menores hijos del señor RENATO DE LA CRUZ, firmaron sendos FINIQUITOS, por medio de los cuales liberaron a la "MN DIAMOND A" de toda responsabilidad referente a la muerte de los tripulantes ALONSABE y DE LA CRUZ. Según los finiquitos firmados, los demandantes ALONSABE renunciaron a todo reclamo contra la nave y sus armadores luego de recibir la suma acordada de $51,000.00. La demandante DE LA CRUZ, a su vez, renunció a todo reclamo después de recibir la suma de $79,000.00. De conformidad con el texto de los finiquitos, los demandantes liberaron y exoneraron para siempre a la "MN DIAMOND A" de toda acción, demanda, deuda, suma de dinero adeudada u otras obligaciones de cualquier naturaleza, ya fuese esta contractual o extracontractual, que se pudiesen tener o puedan llegar a tenerse como consecuencia de la muerte de los señores JEROME ALONSABE y RENATO DE LA CRUZ en su condición de ex-miembros de la tripulación de la "MN DIAMOND A".
Se reproduce a continuación parte importante del documento presentado como finiquito o transacción que los protagonistas de este juicio celebraron y que le sirven de fundamento a la demandada para alegar la excepción promovida en su defensa.
Que, Nosotros, CIPRIANO A. ALONSABE y ERNESITA V. ALONSABE padres/beneficiarios de JEROME V. ALONSABE difunto, individualmente por y en nombre de todas las personas quienes puedan tener cualquier reclamo como parientes sobrevivientes más próximos o quienes puedan tener cualquier interés en los beneficios que surjan de o relacionados a la muerte de J.V.A., acusamos recibo de DOLARES AMERICANOS: CINCUENTA Y UN MIL SOLAMENTE (US51,000.00) equivalente en PESOS: UN MILLON TRESCIENTOS DOS TREINTA SOLAMENTE (P1,302.030.00) representado: ... Por estos presentes aquí liberamos, por siempre exoneramos y acordamos en considerar libre de perjuicios la nave M/N "DIAMOND A" sus Propietarios, Operadores, A., A., F. y Club P&I, Fondo de Limitación de Responsabilidad, Administradores, S. y Cesiones de toda causas de acción, demandas, deudas, cuentas de sumas de dinero debidas, ajustes de cuentas, bonos, cuentas, especialidades, acuerdos, contratos, controversias de cualquier tipo en base a la ley, almirantazgo o equidad que en contra de liberados, los liberantes, Herederos de los Liberantes, Albáceas, Administradores, S. y Cesiones, hayan tenido, tengan ahora o a partir de ahora tengan, puedan tener por, sobre o por razón de cualquier asunto, causa o cualquier cosa en absoluto desde el comienzo del mundo hasta la fecha de esta liberación, y todas las partes con interés allí dentro o de allí en adelante, Aunque Nombrado o no nombrado, ...
... y en satisfacción de plena transacción acuerdo y libero cualquier y todo reclamo de cualquier naturaleza y tipo, ya sea en equidad, almirantazgo, o ley; contrato o extracontractual y cualquier compensación de la ley del trabajador; en el sistema jurídico anglosajón o en la ley marítima general; o estatuto del derecho de Las Filipinas a causa de acción reconocida por o bajo cualquier ley de la República de Las Filipinas; y bajo cualquier ley de cualquier otra nación, estado, país o lugar para el mantenimiento o saneamiento, pasado, presente o futuro ...
Además, dentro del texto del finiquito las partes manifiestan EXPRESA Y CLARAMENTE que el finiquito es TOTAL Y FINAL e incluye TODO TIPO DE RECLAMACION. El finiquito reza textualmente lo siguiente:
Este pago hecho aquí es la total transacción, satisfacción y compromiso de cualquier y todo reclamo de cualquiera naturaleza y tipo bajo la ley de todos los países y estados del mundo como fue mencionado que los suscritos pueden tener ahora o puedan tener luego surgiendo de la muerte de J.V.A. ex miembro de la tripulación de la M/V "DIAMOND A" y en plena satisfacción liberan y exoneran aquí a las partes mencionadas arriba.
Es específicamente entendido que esta transacción cubre todos los reclamos, incluyendo cualquiera y todos los reclamos presentes o futuros en adición a los beneficios contractuales aplicables.
Los suscritos, CIPRIANO A. ALONSABE y ERNESITA V. ALONSABE ... aceptamos que esta es una LIBERACION Y EXONERACION TOTAL Y FINAL de todas las partes y cosas referidas aquí dentro, y que esta liberación puede ser alegado como una excepción absoluta y final a cualquier demanda y procedimientos legales que de aquí en adelante puedan ser entabladas por ella ... Contra cualquiera de las personas o cosas referidas a o relacionadas allí dentro a cualquier asunto o cosa referidas o relacionadas aquí.
El finiquito firmado por los Señores Alonsabe, claramente manifiesta que las suma de CINCUENTA Y UN MIL CON 00/100 DOLARES (&51,000.00) recibida es para finiquitar todo reclamo de cualquier naturaleza, inclusive por negligencia de la nave si la hubiere (la cual se niega), que surja como consecuencia de la muerte del cadete de cubierta JEROME ALONSABE el 17 de junio de 1995. Parte del texto del finiquito reza:
Nosotros plenamente entendemos que si TRANSPORTES NAVIEROS INC. MAGSAYSAY LINES, INC y PANDIMAN PHILIPPINES INC., o aquellos que actuaron en representación de ellos fracasaron en darlo a nuestro hijo un lugar de trabajo razonablemente seguro o incurrieron en una falta, entonces, Nosotros podemos tener recuperación basado en la negligencia. Nosotros plenamente entendemos que la ejecución de este instrumento constituye renuncia total y final de todos nuestros derechos a reclamar y cobrar dichas responsabilidades inclusive si se llegaran a establecer en el futuro."
En el mismo sentido, consta en el expediente el finiquito firmado por la señora AMPARO S. DE LA CRUZ, variando únicamente en cuanto a la cantidad de $79,000.00 recibida para finiquitar todo reclamo de cualquier naturaleza.
En su momento, la representación de la parte actora en su oposición a la excepción de transacción argumentó que los "release and quitclaim" (transacciones o finiquitos), en que se funda la defensa de la "MN DIAMOND A", constituyen negocios jurídicos nulos, puesto que se efectuaron en violación de la ley filipina aplicable. En su concepto, tales documentos son producto de una actuación fraudulenta y engañosa que atenta contra el orden público, realizada sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley sustantiva de aquel país. S. que los demandantes, en virtud de la firma de esos documentos, se limitaron a recibir las indemnizaciones que les correspondían de acuerdo a lo estipulado en los contratos de trabajo, "pero, a cambio, los representantes de los intereses de la parte demandada, en Filipinas, les hicieron firmar contrato de finiquito relevándoles de todo tipo de responsabilidad adicional al contrato de trabajo, lo cual es absolutamente inadmisible". (fs. 297)
Posteriormente, el 12 de octubre de 1998, se celebró en los estrados del Tribunal Marítimo la audiencia especial para ventilar la solicitud de declinatoria de competencia y la excepción de transacción presentadas por la parte demandada, actividad procesal que culminó con la resolución de aquella fecha, con las consecuencias que ya son de nuestro conocimiento.
Hemos advertido que la Sala no entrará a conocer de aquello atinente a la solicitud de declinatoria de competencia, en razón de que, procesalmente, este punto se encuentra agotado, pues la parte demandada se privó de hacer uso del recurso de hecho frente a la decisión del Tribunal Marítimo que negó el recurso de apelación interpuesto contra esa parte de la decisión adoptada por el juzgador. Sólo será objeto de consideración lo concerniente a la excepción de transacción alegada.
DECISIÓN DEL TRIBUNAL MARITIMO.
El juez marítimo en la resolución atacada parte admitiendo que en este caso la ley aplicable es la legislación sustantiva de Filipinas. Hace suya en sus consideraciones la opinión de algunos peritos en derecho filipino partidarios de la tesis de que, aún cuando se haya celebrado una transacción mediante la cual se reconozca una indemnización a favor de los herederos de los tripulantes fallecidos y los beneficiarios hubiesen renunciado a plantear ulteriores reclamaciones a los empleadores, ello no es suficiente para que, a la luz del Código Civil de Filipinas, se concluya que han sido renunciados ciertos derechos específicos. Apunta el juez que, para el derecho Filipino, una transacción sólo será válida si reúne los elementos esenciales del contrato: objeto, causa y consentimiento.
Opinó el juez que, en la transacción celebrada en el caso del marino RENATO DE LA CRUZ, se dieron vicios del consentimiento, en razón de que la señora AMPARO SAYAMAN DE LA CRUZ no obtuvo la autorización judicial correspondiente exigida por la ley de Filipinas para actuar legalmente en nombre y representación de los menores hijos del fallecido tripulante y, por lo tanto, a ella no le estaba permitido renunciar los derechos de tales menores. También consideró el juzgador que las transacciones celebradas se encuentran viciadas en vista de que, mediante las mismas, los demandantes de este juicio renunciaron a derechos que les otorga la ley laboral Filipina, en circunstancias en que esos derechos son irrenunciables. Agregó que en las transacciones celebradas no hubo una contraprestación real de parte de la demandada, "ya que no ofrecieron nada adicional a los peticionarios, toda vez que la suma de dinero que ellos reclamaban les correspondía por Ministerio de la Ley, por aplicación del Código de Trabajo" (fs. 1300).
Se estimó que los herederos o demandantes, al suscribir la transacción, renunciaron a una serie de derechos otorgados por la ley como, por ejemplo, el de presentar reclamaciones con base en la culpa o negligencia que consagra el Código Civil. Igualmente para el juez, qué la suscripción o firma de las transacciones haya sido un requisito previo para poder recibir la compensación que por ley les correspondía a los demandantes, también vicia esos actos. La renuncia a una posible reclamación fundada en la conducta culpable o negligente es un acto contrario a la ley, pues contradice el artículo 6 del Código Civil de Filipinas. Se asegura que en Filipinas los tribunales de justicia han dejado sin efecto esa clase de acuerdos por considerarlos contrarios a la ley, al orden público y al interés social, y se concluye indicando que, conforme a las evidencias suministradas por las partes, hay suficientes elementos de juicio para determinar que las transacciones celebradas infringen las normas vigentes del Código Civil Filipino. Por último, se afirma que "respecto a esta excepción, la carga de la prueba correspondía evacuarla y satisfacer al tribunal a la parte peticionaria, en virtud de lo establecido en el artículo 206 de nuestra ley", es decir, del Código de Procedimiento Marítimo. Añade que, "pensamos que no se encuentra debidamente acreditada (sic) que dicha transacción reúna todos los méritos para darle validez en nuestro país por esa razones(sic) debemos negar la misma (fs. 1302).
La parte demandada y excepcionante inicia su alegato recordando que los padres del señor J.A., demandantes en este proceso, y los representantes de la nave demandada firmaron un documentos denominado "release and quitclaim" (finiquito y renuncia de reclamos), a cambio del pago de $51,000.00 en concepto de indemnización. Así mismo, la otra demandante, AMPARO SAYAMAN DE LA CRUZ, en su condición de viuda y en representación de los cuatro hijos menores del fallecido RENATO DE LA CRUZ, firmó otro documento de igual naturaleza a cambio de $79,000.00. Anota que ambos finiquitos fueron firmados ante Notario Público, constando en ellos la manifestación de la renuncia hecha por los demandantes, de manera total y final, a formular cualquier reclamo dimanante de la muerte de J.A. y de RENATO DE LA CRUZ, de la naturaleza que fuere, incluyendo los que pudiesen surgir de la negligencia de la nave en donde fallecieron los tripulantes,si la hubiere. Consta además, por escrito, y atestado por Notario Público, que los demandantes recibieron efectivamente las sumas de dinero arriba mencionadas, agrega el apelante.
Sostiene en su alegato que, de acuerdo a la legislación aplicable, los derechos pueden ser objeto de renuncia, salvo que dicha decisión sea contraria a la ley, al orden público, a la política pública, a la moral, a las buenas costumbres, o que sea perjudicial a terceras personas, según lo dispone el artículo 6 del Código Civil de Filipinas. Destaca que, de acuerdo con el artículo 8 de ese cuerpo de leyes, las decisiones judiciales de aquel país, aplicando o interpretando las leyes o la Constitución pasan a formar parte del sistema legal filipino.
El apelante, en su escrito de alegato, cita precedentes relacionados con transacciones, acuerdos o compromisos celebrados entre particulares, consentidos voluntariamente y en términos razonables, cuya validez ha sido ratificada y reconocida por los tribunales filipinos en circunstancias parecidas o semejantes a las del caso bajo estudio. Afirma que, siempre y cuando la renuncia a ciertos derechos se haga voluntariamente, con pleno entendimiento de lo que se hace, de manera razonable y creíble, la transacción debe ser reconocida como válida y de obligatorio cumplimiento para las partes que la hubiesen celebrado. O sea que, si no ha mediado violencia ni engaño o una desmedida ventaja para obtener el arreglo, los finiquitos deben ser respetados, tengan que ver éstos con obligaciones enmarcadas en el ámbito de la responsabilidad civil o en el de la responsabilidad laboral.
Se sostiene que el Tribunal Marítimo de Panamá no tomó en cuenta la doctrina sentada en esos fallos, cuyo efecto es obligante en Filipinas, por lo que denegó la excepción de transacción y renuncia a reclamos que se desprende de los acuerdos celebrados entre las partes.
Hace énfasis el apelante en el hecho de que se encuentra debidamente probado que los demandantes, en forma voluntaria, acordaron la transacción celebrada con la parte demandada y que lo pretendido en este juicio es desconocer el compromiso al cual formalmente arribaron y que ahora quieren repudiar. De esa realidad, afirma, da fe la intervención, en el acto de la transacción, de un Notario Público y las declaraciones expresas de los demandantes asegurando que concurrieron al acto de manera espontánea y libre, con plena conciencia del significado de lo que realizaban.
Se arguye, por otro lado, que es de incumbencia de quien pretenda la anulación del consentimiento debidamente otorgado en un contrato -el de transacción en este caso- probar que la voluntad manifestada fue obtenida por medios que ameriten la anulación de lo acordado. Y esa prueba no ha sido satisfecha por los demandantes.
En otra dirección, se argumenta que, conforme a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de Filipinas, los términos de una transacción han de ser estimados como no razonables cuando lo acordado en favor de quien renuncia a ciertos derechos repugne a la conciencia, circunstancia que dará lugar a la anulación del acuerdo (caso PERIQUET). Debe tratarse de arreglos desproporcionados, dentro de los cuales la parte que tiene derecho a recibir una determinada cantidad sólo obtiene un porcentaje irrisorio (casos TOLEDO, PRINCIPE, GALIERA). Las sumas de dinero pagadas a los demandantes en este caso, como resultado de las transacciones celebradas, no caen dentro de esa situación. Por lo tanto, no se ha podido probar que la renuncia de derechos plasmada en los finiquitos sea el producto de la violación de lo establecido en el artículo 6 del Código Civil Filipino.
Contra el juez marítimo se formula el cargo de no haber sabido fallar la causa como si fuera un juez de las Filipinas, entrándose luego a enumerar aquellos otros elementos que, conforme al derecho y los precedentes en Filipinas, concretamente respecto a los artículos 6, 1335, 1337 y 1338 del Código Civil y el artículo 227 del Código de Trabajo, pudiesen haber dado lugar a que se invalidasen los acuerdos celebrados entre las partes, los cuales, a saber, son los siguientes:
1) Violencia, intimidación, amenaza.
2) Influencia indebida.
3) Necesidad extrema.
4) Falta de aprobación del Departamento de Trabajo.
5) Fraude.
6) Violación del Orden Público.
El recurrente se detiene en el análisis de cada uno de estos elementos y los confronta con los acuerdos de transacción celebrados tomando en cuenta lo dispuesto en el derecho Filipino y la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de aquel país. Como resultado de esa tarea arriba a la conclusión de que ninguno de los enumerados vicios puede serle imputado a los finiquitos que le sirven de respaldo a la excepción presentada. En consecuencia, se le recrimina al fallo del Tribunal Marítimo haber decidido, sin fundamento, que las transacciones carecen de validez, y que de las mismas no se hayan obtenido beneficios ciertos y palpables en favor de los demandantes, conclusión a la que se llega sin tomarse el trabajo de explicar cómo y porqué eso fue así desde el punto de vista del derecho y la jurisprudencia de Filipinas.
Niégase que se haya violado, por parte de la demandada, la ley en lo concerniente a la renuncia de derechos (art. 6 del C. Civil), entre otras razones, porque no es cierto que los afectados no hubiesen recibido a cambio de su renuncia una razonable contraprestación. Tampoco es verdad, a juicio del apelante, que el consentimiento dado por los demandantes no se hiciera en forma voluntaria y sin que mediara engaño o fraude. Insiste el apelante en que al pago de beneficios laborales, como el reconocido a los demandantes en las transacciones celebradas, se le pudieron haber opuesto excepciones por parte del empleador (MN DIAMOND A), puesto que, conforme al clausulado del contrato de trabajo que regía la relación existente entre los trabajadores accidentados y la nave, si la muerte de los tripulantes hubiese sobrevenido a causa de la acción u omisión negligente de las víctimas o como consecuencia de un acto ejecutado en abierta desobediencia de los reglamentos o de las órdenes impartidas por los oficiales y/o el capitán, bien hubiese podido su patrono negarse a reconocer la compensación que se acordó pagar, alegándose las eximentes del caso. No obstante, el empleador optó por reconocer el pago inmediato sin entrar a verificar las circunstancias que provocaron el accidente y sin alegar las excepciones que el ordenamiento jurídico permite emplear y reconoce. En opinión del recurrente, esa conducta y proceder obran a favor de la parte demandada en este proceso.
Frente a la consideración del Tribunal Marítimo en el sentido de que los finiquitos firmados son contrarios al orden público, se formula la crítica de que se ha hecho una afirmación de esa naturaleza sin que se hayan expuesto las razones que justifican el acerto. Se acota que, sin ninguna exhaustividad o sustentación, se ha sostenido esa postura; circunstancia sobre la cual, cuando los tribunales filipinos se han pronunciado reconociéndola (la violación del orden público o de una política pública), lo han hecho calificando a la transacción celebrada como actos que "chocan la conciencia", o porque han encontrado que la voluntad de las partes adolece de vicios graves del consentimiento.
Sólo en cuanto a los hijos menores del trabajador RENATO DE LA CRUZ admite la parte demandada que la transacción celebrada pudiese padecer de algún vicio con capacidad de dejarla sin efectos válidos, por cuanto la señora AMPARO SAYAMAN DE LA CRUZ no obtuvo la debida autorización judicial para comprometerlos en los términos exigidos por el Código Civil y por el Código de la Familia de Filipinas. El apelante le solicita a la Sala, en todo caso, que reconozca como válido el finiquito y renuncia a reclamos firmado por la señora DE LA CRUZ en cuanto a la parte que corresponde a sus propios derechos, es decir, en lo que a ella respecta, para lo cual se apoya en un precedente de la Corte Suprema de Justicia de Filipinas (caso BADILLO).
OPOSICION DE LOS DEMANDANTES.
Para oponerse a los planteamientos del apelante la parte actora presentó un extenso escrito al cual la Sala ha de referirse destacando aquellos aspectos medulares y de mayor importancia.
En su defensa del fallo dictado por el Tribunal Marítimo, se estima apropiado ese pronunciamiento dado que el rechazo de la excepción de transacción se basa en que las sumas pagadas a los demandantes corresponden a una indemnización fija, previamente tasada en el contrato de trabajo aprobado por la Philippine Overseas Employment Administration (POEA); en su opinión, en una indemnización que opera en forma objetiva.
Las transacciones o "release and quitclaim", en las cuales se basa la excepción de transacción, no reúnen las condiciones o requisitos exigidos por el Código Civil de Filipinas en cuanto a objeto, causa o consentimiento. Esos contratos de transacción carecen de causa porque de ellos está ausente el elemento contraprestación que debió otorgar la parte demandada, a cambio de la renuncia de los derechos que se les exigió en esos documentos a los demandantes de este juicio. Dice el opositor que "la cantidad de dinero pagada de todos modos debían haberla pagado, al ser una responsabilidad objetiva, es decir, que los demandantes renunciaron a sus derechos a cambio de nada".
Sobre la falta de consentimiento se señala específicamente que, en el caso de los hijos del fallecido DE LA CRUZ, su esposa AMPARO DE LA CRUZ nunca fue autorizada judicialmente como lo exige la ley filipina para disponer y renunciar a los derechos de dichos menores.
Se alega que, de acuerdo con el derecho filipino -artículos 20 y 2176 del Código Civil-, además de la responsabilidad emanada en razón de un contrato de trabajo -a la que la parte actora denomina responsabilidad objetiva-, existe el derecho de exigir responsabilidad extracontractual originada en la culpa o negligencia, lo que obliga al deudor a pagar por el daño causado. En otras palabras, la existencia de una relación contractual previa de naturaleza laboral no excluye el derecho de reclamar por culpa o negligencia. De ese derecho también son titulares los herederos de los marinos muertos en la nave.
Volviendo al tema de la falta de causa que se le atribuye a las transacciones celebradas entre las partes de este proceso, el oponente cita el artículo 2028 del Código Civil Filipino en donde se encuentra definido el significado del contrato de transacción (compromisse):
"Una transacción es un contrato por medio del cual las partes, dando concesiones recíprocas, evitan un litigio o le ponen fin a uno ya iniciado".
En opinión del oponente, haciendo falta la contraprestación correspondiente o complementaria exigida en la disposición como contrapartida, por haberse renunciado el derecho a demandar con base en la responsabilidad extracontractual que le pudiese haber cabido a la "MN DIAMOND A", se está en presencia de un contrato sin causa y, en consecuencia, nulo.
Más adelante agrega el oponente que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Filipinas ha especificado que, para considerar válida una transacción no basta que ésta contenga contraprestaciones, si no que, además, también es necesario que tales prestaciones sean creíbles y razonables (caso PERIQUET).
En el caso específico de los demandantes ALONSABE, la parte actora aduce que la firma del finiquito se dio como producto del fraude y el engaño representados por una maquinación fraudulenta, lo cual constituye un vicio del consentimiento, de conformidad con los artículos 19, 1338 y 1330 del Código Civil de Filipinas. Se asegura que los demandantes firmaron el documento de finiquito sin conocer a ciencia cierta lo que estaban firmando.
Por último, se asegura, con base a la opinión vertida por el perito filipino EMILIO A. GANCAYO (exmagistrado), que los finiquitos son contrarios al orden público de Filipinas y a la moral, pues es un principio de orden público en ese país la protección de los sectores más débiles de la sociedad, constituyendo, además, esas transacciones, abusos inmorales cometidos por la empresa demandada con el propósito de desconocer legítimos derechos de los herederos de los marinos fallecidos en su trabajo.
En la tarea de dilucidar la eficacia de la excepción empleada por la parte demandada, la Sala estima oportuno comenzar por examinar la naturaleza de la acción interpuesta y de la consecuente obligación cuyo cumplimiento se demanda.
Es claro que se está en presencia de una acción de carácter personal perteneciente al ámbito del derecho civil ordinario; acción que, para todos sus efectos, se encuentra regida por las disposiciones del Código Civil de Filipinas, particularmente por lo dispuesto en el artículo 2176 de ese cuerpo de leyes, norma equivalente al artículo 1644 del Código Civil panameño. No se trata, entonces, de una acción o de una obligación que emane de la legislación laboral, cuya naturaleza sea de aquellas que atañen al derecho o al contrato de trabajo, de lo cual hay que deducir que no tiene porqué considerarse como irrenunciable por ese motivo, como incorrectamente se ha interpretado en la sentencia apelada.
Dicho lo anterior, se debe entender que tanto la acción como la obligación objeto de consideración en este juicio son, en principio, renunciables por parte de quien sea su titular, pues así viene señalado en el artículo 6 del Código Civil filipino. Esa norma es del siguiente tenor:
"Los derechos pueden ser renunciados, salvo que la renuncia sea contraria a la ley, al orden público, a política pública, a la moral, a las buenas costumbres, o que sea perjudicial a terceras personas con un derecho reconocido por la ley".
Tenemos que la ley filipina especifica cuándo no se acepta que una persona pueda renunciar a un derecho que le pertenezca. Ya hemos visto que, según el juez marítimo, la renuncia hecha por los demandantes y estampada en los contratos de transacción o finiquitos es, por completo, inválida de conformidad con el derecho filipino, por ser ese acto contrario al orden público y al interés social, coincidiendo en todo ello con el criterio de la parte demandante quien, a su vez, añade que los finiquitos también son contrarios a la moral, por ser producto del engaño y el fraude utilizados por la demandada para obtenerlos.
La Sala lamenta no compartir el criterio expresado en la sentencia. En primer lugar, porque el derecho que se ha renunciado, de naturaleza eminentemente civil, es en principio renunciable. En segundo lugar, porque en autos no existe prueba alguna que revele que los documentos que contienen los finiquitos les hayan sido arrancados a sus firmantes en contra de su voluntad o mediando fraude, engaño o violencia. Lo contrario es, precisamente, lo que se desprende de que tales actos hayan sido otorgados ante Notario Público, funcionario que en todas partes interviene para dar fe de la veracidad y la legitimidad de los actos que con su participación se confeccionan.
Si contra la validez de esos documentos se quería esgrimir la supuesta condición de ser contrarios al orden público, a la política pública y a la moral filipina, debieron sus objetantes aportar las pruebas correspondientes que así lo demostraran. Pero lo cierto es que, fuera de la opinión del perito presentado por la parte actora, PEDRO LINSANGAN, no existe ninguna evidencia que se encargue de corroborar que las transacciones celebradas constituyen, en aquel país, eventos que el interés social, el orden público o los valores éticos rechacen.
Así mismo constan en autos declaraciones como las de BARTOLOME CARALES, abogado y Presidente de la Comisión de Relaciones Laborales (NATIONAL LABOR RELATION COMISSION-NCRC) de Filipinas, de CORAZON TABUENA, de VIRGINIA GAELAN y del Notario Público MARCOS BARCAI, que desdicen y contradicen las afirmaciones y cargos formulados con el pretexto de la supuesta violación de la moral y del orden público que se le imputa a lo acordado por las partes en los contratos de transacción analizados. También estas personas se han encargado de desmentir que esos documentos hayan sido obtenidos a través del fraude o del engaño del cual la parte demandante acusa a la parte demandada. La verdad es que incumbíale a quienes impugnaron los documentos atacados demostrar la veracidad de los hechos que le imputan a las transacciones presentadas por el excepcionante. Si esas pruebas nunca fueron incorporadas por quienes tenían que hacerlo, o sea, por los demandantes, los vicios atribuidos a tales contratos no pueden presumirse ciertos.
Tanto la sentencia de primera instancia como la argumentación de la parte actora concuerdan en considerar que las transacciones celebradas que se han invocado como excepción carecen del elemento esencial del contrato que se conoce como causa.
El Código Civil de Filipinas en el artículo 1352 señala que los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno. La ausencia de causa que se le atribuye a las transacciones o finiquitos se hace radicar en la aducida ausencia de contraprestación que se alega en relación a que, a cambio de la renuncia que hicieran los demandantes del derecho a formular reclamos por responsabilidad extracontractual, la parte demandada no entregó absolutamente nada. En esa misma dirección se invoca lo dispuesto por el artículo 2028 del Código Civil de Filipinas en donde se establece que la transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, evitan un litigio o ponen fin a uno que ya hayan comenzado. No habiéndose producido la recíproca concesión de que nos habla la norma, en las transacciones celebradas hizo falta la causa del contrato, lo que genera su nulidad absoluta, sustuvo el juez y lo asegura la parte actora.
En el derecho civil filipino la regulación de esta materia es similar a la que le da en Panamá nuestro Código Civil, con ligeras diferencias. En efecto, el artículo 1952 del Código de Filipinas es el equivalente al 1126 del Código Civil panameño, y el artículo 2028 del Código filipino, encargado de definir el contrato de transacción, en esencia, equivale al 1500, que explica aquí en qué consiste ese contrato.
En términos generales la doctrina civilista acepta que la causa de los contratos onerosos viene a ser "para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte" (art. 1125 del C. Civil panameño); y tratándose del contrato de transacción la causa consistiría en las "recíprocas concesiones que deben hacerse las partes, con el ánimo de evitar o poner término a la controversia." (ver Contratos Civiles, Tomo II, D.A.C., E.. Universitaria, 1974, pág. 268)
Ahora bien, el tema de la causa de los contratos ha sido objeto de prolijos y abundantes estudios por la doctrina, la cual no es, por cierto, pacífica en sus distintas consideraciones. Existen quienes postulan un concepto objetivo de causa, sin olvidar a los que identifican la causa con los motivos que tuvieron las partes y que las indujeron a la celebración del contrato -la llamada tesis subjetiva de la causa-, sin descontar la dirección anticausalista defendida por algún sector de la doctrina.
En medio del heterogéneo panorama doctrinal que se presenta en esta materia, la Sala no vacila en inclinarse por la postura adoptada por el Tribunal Supremo de España en su ya famosa sentencia de 30 de diciembre de 1985: "... Causa ... sería la función económico-social concreta querida por los concretos contratantes que prestaron consentimiento, siendo, por esto, parte de ella el motivo determinante incorporado ...; causa es lo efectivamente querido por los contratantes, que podrá ser, en el momento del perfeccionamiento del contrato, conforme o no con el ordenamiento jurídico, produciéndose la nulidad en el segundo caso; causa es el núcleo y la síntesis del contenido del contrato, contrato que sólo es un consentimiento sobre una causa manifestado mediante una forma. Causa es el contrato mismo, visto desde el punto de vista objetivo, aquello en lo que se consiente, como se infiere del artículo 1262 del C. c." (Comentarios al C. Civil y Compilaciones Forales dirigido por M.A., T.X., págs. 559 y 560).
O como muy bien lo resume el autor L.H.C.G.: "... los particulares, en ejercicio de su autonomía, acuerdan la producción de determinados bloques de efectos: a éstos acuerdos se refiere el concepto de causa; ... causa es la función económico-social o práctico-social concreta querida por los concretos contratantes que prestaron consentimiento; causa es lo efectivamente querido por éstos, ... causa es el núcleo y la síntesis del contenido del contrato, contrato que consiste en un consentimiento acerca de una causa manifestado mediante una forma; causa es el contrato mismo, visto o considerado desde el punto de vista objetivo, aquello en lo que se consiente, utilizando la expresión y la concepción del artículo 1262" [equivalente al 1113 de nuestro Código Civil y al 1319 del Código Civil de Filipinas] (ver M.A., ob. cit. pág. 562).
Dentro de la concepción anterior se tiene que arribar a la conclusión de que sólo podría hablarse de falta de causa o de inexistencia de ésta en un contrato, cuando haya habido simulación absoluta de la causa, "hecho que consiste en que las partes declaran celebrar un contrato siendo lo cierto ... que no pretenden celebrar contrato alguno". (M.A., ob. cit. págs. 570 y 571). Por ese motivo, si en el acto jurídico se advierte que ha sido incorporada una voluntad efectivamente querida por los autores del negocio, no se podría afirmar con propiedad que estemos en presencia de un contrato con ausencia de causa. La causa seguirá siendo lo querido por los contratantes al celebrar el negocio, es decir, aquello en lo que han consentido.
Vemos pues que, si en las transacciones celebradas por las partes de este proceso, ellas voluntariamente dieron su consentimiento con el propósito de alcanzar el fin claramente buscado con ese contrato, no se puede admitir que en estos casos se esté ante contratos carentes de causa y, por lo tanto, inválidos; entre otras razones porque ni siquiera se puede afirmar que hubiese habido inexistencia de una contraprestación, pues ambos demandantes recibieron a cambio de lo acordado una considerable suma de dinero.
Tampoco es válido, a juicio de la Sala, sostener que el derecho renunciado (el de demandar por responsabilidad extracontractual) se encuentre entre los irrenunciables de acuerdo con el derecho filipino. Bien entendido el artículo 6 del Código Civil de Filipinas, la norma permite esa renuncia; renuncia que, por lo demás, entra en el ámbito de lo que admite la noción de la autonomía de la voluntad, principio que en el Código Civil de ese país se encuentra recogido en el artículo 1306, el cual, palabras más, palabras menos, equivale a lo consagrado en el artículo 1106 del Código Civil panameño.
Igualmente, no habiéndose acreditado en este juicio que el contenido de las transacciones es contrario a la ley, a la moral o al orden público de Filipinas, es necesario admitir que tales actos se celebraron dentro de lo que el ordenamiento jurídico de ese país permite.
Es pertinente llamar la atención en cuanto a que el Código Civil de Filipinas incorpora a su texto un título especialmente dedicado a recoger la doctrina del ESTOPPEL. Efectivamente, de los artículos 1431 a 1439, inclusive, el Código desarrolla la doctrina también conocida como la Doctrina de los Propios Actos que, sin encontrarse expresamente contemplada por la legislación panameña, esta Sala de la Corte ha aplicado en aquellos casos en que, a todas luces, alguna de las partes ha asumido una conducta anterior, reveladora de un modo particular de comportarse respecto a ciertos hechos centrales del debate jurídico desarrollado, pero que luego, a conveniencia, pretende que se desconozca. Sobre el particular la Sala ha dejado establecido que: "Cuando alguien con sus actos ha suscitado la confianza de que un derecho no será ejercitado o lo será en un determinado sentido, esa certidumbre que genera su actitud debe ser protegida y tiene entonces cabida la aplicación de la doctrina del venire contra factum propium". (MATERIALES DE CONSTRUCCION, S. A./TRANSCOMER, S. A. Sentencia de la Sala de 6 de feb. de 1998).
Con mucha más razón en este caso, donde la Sala está obligada a aplicar el derecho sustantivo filipino, será necesario decidir la causa conforme a la doctrina del ESTOPPEL, concediendo que, sin dudas, la conducta adoptada por los demandantes y reflejada en los contratos de transacción que libre y espontáneamente firmaron, contradice lo pretendido en juicio, constituyendo ésta una razón adicional para rechazar sus pretensiones.
Finalmente, se ocupará la Sala del tema relacionado con la falta de autorización judicial con que actuó la señora AMPARO SAYAMAN DE LA CRUZ cuando firmó, en nombre y representación de los hijos menores de RENATO DE LA CRUZ, la transacción o finiquito cuestionado. La denuncia se formula ante la falta de cumplimiento de lo establecido en el artículo 2032 del Código Civil y en el artículo 320 del Código de la Familia de Filipinas, normas que le imponen a los guardianes, padres o representantes de los menores de edad el requisito de obtener la respectiva autorización judicial para poder efectuar transacciones o pactos que comprometan el patrimonio de los menores.
Sobre el particular cabe decir que no ha sido acreditado a satisfacción de la Sala que la transacción realizada se hubiese llevado a cabo previa la autorización que las normas legales de Filipinas exigen en estos casos. En ese sentido es ostensible la ausencia de la necesaria legitimidad que se requería para actuar en nombre de los menores, por lo que corresponde declarar inválida la transacción celebrada en lo atinente a los derechos de los mismos, pero manteniendo su efectividad en cuanto a los derechos renunciados por la señora AMPARO SAYAMAN DE LA CRUZ en su propio nombre.
En vista de todo lo anterior la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, MODIFICA la resolución dictada por el Tribunal Marítimo de fecha 12 de octubre de 1998 y:
1) DECLARA probada la excepción de transacción y renuncia de derechos invocada por la parte demandada en cuanto a las pretensiones de CIPRIANO ALONSABE, ERNESITA ALONSABE y AMPARO SAYAMAN DE LA CRUZ;
2) DECLARA que no se admite la excepción de transacción y renuncia de derechos invocada por la parte demandada en cuanto a las pretensiones de los menores REYNOLD DE LA CRUZ, S. DE LA CRUZ, LAWRENCE DE LA CRUZ y CARL FREDERICK DE LA CRUZ.
3) Se mantiene la Resolución en cuanto a la solicitud de declinatoria de competencia.
Las costas como se han causado.

References: resolución 
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 artículo 482
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 artículo 6
 artículo 206
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 artículo 8
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 artículo 227
 artículo 2028
 artículo 2176
 artículo 1644
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 artículo 1352
 artículo 2028
 artículo 1952
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 artículo 1262
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 artículo 6
 artículo 1306
 artículo 1106
 artículo 2032
 artículo 320
 resolución 
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