Source: https://www.senado.gob.mx/64/version_estenografica/2018_10_02/1912
Timestamp: 2020-01-22 09:30:37+00:00

Document:
Inicio de Sesión:11:22:00
Término de Sesión:14:55:00
Estenográfica Matutina Versión
Estenográfica Solemne Versión de impresión.
CELEBRADA EL MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2018.
Una, del Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, por la que informa su voluntad de formar parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a partir del 27 de septiembre de 2018
Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los Programas Presupuestarios: E003 "Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral", E004 "Capacitación para Incrementar la Productividad" y S043 "Programa de Apoyo al Empleo", así como su posición institucional y el formato Anexo 4: Aspectos Relevantes de cada Evaluación
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2018; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2018
Oficio con el que remite la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Oficio por el que informa la modificación en la integración de su Junta de Coordinación Política y la designación de la Diputada Ernestina Godoy Ramos como su Presidenta, para el Primer Año de Ejercicio
PRONUNCIAMIENTO DEL SENADO POR EL CUÁL SE SENSIBILIZA CON LA REPÚBLICA DE INDONESIA, POR EL RECIENTE TERREMOTO Y POSTERIOR TSUNAMÍ QUE AFECTARON A LA POBLACIÓN HUMANA
LA ASAMBLEA GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO
LA ASAMBLEA GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968
TOMA DE PROTESTA LOS NUEVOS SECRETARIO Y SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEVELACIÓN DE LA LEYENDA “MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968”, EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES
Senador Emilio Álvarez Icaza (Sin grupo)
Del Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
De la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román a nombre de las Senadoras y los Senadores del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Del Senador Clemente Castañeda Höeflich, de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la educación contribuya a desarrollar la cultura de la paz para combatir la violencia y la inseguridad
De la Senadora Gabriela Benavides Cobos a nombre de diversos Senadores del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal
Del Senador Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas
Del Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima del Partido Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
De la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
De la Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre de diversos Senadores de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Del Senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 41, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar la igualdad y la democracia en la distribución de las prerrogativas a los partidos políticos, donde se modifica la fórmula de treinta por ciento igualitario y setenta por ciento diferenciado, con el objetivo de que la fórmula sea para una distribución cien por ciento igualitaria y con ello pasar de la democracia inequitativa a la democracia igualitaria
De la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, con aval del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos y se recorre el quinto, para ser el octavo, del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
De la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Partido MORENA, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social
De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
De la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Partido Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción IX y el inciso d) de la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Por el que se da por concluido el procedimiento para nombrar a los Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Por el que se emite la convocatoria y se establece el procedimiento para la selección de cuatro Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:22 horas horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y señores Senadores.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 107 ciudadanos y ciudadanas Senadoras.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del martes 2 de octubre correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.
Se aprueba, señor Presidente.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió en la Mesa Directiva una comunicación suscrita por el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, por la que informa su voluntad de formar parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a partir del 27 de septiembre de 2018.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.
Comuníquese a las Secretarías Generales del Senado.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió un oficio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los Programas Presupuestarios: E003 “Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral”, E004 “Capacitación para Incrementar la Productividad” y S043 “Programa de Apoyo al Empleo”, así como su posición institucional y el formato Anexo 4: Aspectos Relevantes de cada Evaluación.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Remítase la documentación a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externas correspondientes al mes de agosto de 2018; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como al pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2018.
Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados con la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Se recibió un oficio del Congreso de la Ciudad de México por el que se informa de modificación en la integración de su Junta de Coordinación Política y la designación de la Diputada Ernestina Godoy Ramos como su Presidenta, para el Primer Año del Ejercicio.
Pido su atención, por favor.
Como es de su conocimiento, el pasado viernes 28 de septiembre, la República de Indonesia sufrió las terribles consecuencias de un fuerte y terrible terremoto aunado a un devastador tsunami.
El Senado de la República expresa al pueblo y al Gobierno de la República de Indonesia sus más sentidas condolencias por las víctimas fatales y los daños materiales ocasionados por el trágico terremoto y posterior tsunami ocurridos en la costa occidental de la Isla Célebes, el pasado 28 de septiembre.
El Senado extiende su solidaridad a las familias que perdieron a sus seres queridos y al Gobierno de la República de Indonesia.
Esta Cámara manifiesta su pesar tras los hechos ocurridos en ese país hermano, al tiempo de desear su pronta recuperación, y se declara atento a lo que ocurra durante los siguientes días con el pueblo de Indonesia.
La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: (Desde su escaño) Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño de la Senadora Alejandra Reynoso.
Estando totalmente de acuerdo con usted, y externando nuestra solidaridad con el pueblo de Indonesia, como ellos lo hicieron hace poco más de un año cuando sucedió la tragedia del sismo de septiembre del 2017, vale la pena, y por lo que le propongo que guardemos un minuto de silencio por las más de las mil 200 víctimas que hasta el momento se han reportado y, por supuesto, las que siguen todavía como desaparecidas, los heridos y los daños morales, que también ha sufrido la población de Indonesia.
El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Señor Presidente, sobre el mismo tema.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sobre el mismo tema, Senador Dante Delgado.
El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Sí, gracias, Presidente.
Creo que las actividades del día de hoy, además, desde luego, con la solidaridad internacional con las víctimas de los flagelos de la naturaleza, debemos iniciarlo con un minuto de silencio y en recuerdo de quienes fueron trágicamente asesinados el día 2 de octubre, para que iniciemos así la sesión.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Dante Delgado, podemos en este momento dar pie a un minuto de silencio por un acontecimiento y luego al otro, o esperar al momento de la develación de las letras.
¿Le parece que esperemos, o de una vez propone usted?
Sonido en el escaño del Senador Dante.
El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Independientemente de las efemérides que tenemos que celebrarla, debemos de iniciar la sesión con un minuto de silencio a quienes perdieron la vida en el Movimiento del 68 y, desde luego, creo que la propuesta de la Senadora debe ser atendida también.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Vamos a guardar un minuto de silencio, primero, por los acontecimientos que estamos relatando, y acto seguido por las víctimas de la represión del 2 de octubre de 1968.
Les pedimos a todas y a todos mantenerse de pie, vamos a guardar ahora un minuto de silencio por los estudiantes caídos en la lucha por las libertades democráticas el 2 de octubre de 1968.
(Se guarda minuto de silencio)
Muchas gracias, pueden tomar asiento.
La Mesa Directiva hace del conocimiento de esta Asamblea que se está atendiendo el tema planteado acerca de la situación laboral del personal del Senado que trabaja en las áreas de limpieza y mantenimiento, tema planteado por la Senadora Patricia Mercado, y que también ha surgido en el seno de la Mesa Directiva.
En fecha próxima se comunicarán las resoluciones y medidas que se adoptarán sobre el particular.
Nuestro primer asunto de la agenda del día es la toma de protesta de los cuatro nuevos Secretarios y Secretarias de esta Mesa Directiva, conforme al acuerdo aprobado el pasado jueves 27 de septiembre.
Solicito al Senador José Luis Pech Várguez. A las Senadoras María Guadalupe Saldaña Cisneros, Verónica Noemí Camino Farjat y María Antonia Cárdenas Mariscal, se sirvan pasar al frente de este presídium para que rindan su protesta de ley.
Asimismo, solicito a la Asamblea ponerse de pie.
Ciudadano Senador José Luis Pech Várguez.
Ciudadanas Senadoras María Guadalupe Saldaña Cisneros, Verónica Noemí Camino Farjat y María Antonia Cárdenas Mariscal:
“¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretario y Secretarias de la Mesa Directiva del Senado de la República, en el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El C. Senador José Luis Pech Várguez: “¡Sí, protesto!”
Las CC. Senadoras María Guadalupe Saldaña Cisneros, Verónica Noemí Camino Farjat y María Antonia Cárdenas Mariscal: “¡Sí, protesto!”
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: “Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande”.
Felicidades, señoras Senadoras y señor Senador.
Se les convoca a la próxima sesión de la Mesa Directiva.
En ocasión del aniversario de los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968, en el orden del día está inscrito un apartado de develación de la leyenda alusiva al Movimiento Estudiantil de 1968, en el recinto del Senado de la República.
A propósito de esta conmemoración que ha marcado la historia reciente de nuestro país y ha generado numerosos cambios en la vida política, cultural, social y educativa de México, tendientes a fortalecer las libertades, la democracia y el desarrollo de nuestro país, pido a los integrantes de la Mesa Directiva y a los coordinadores de los grupos parlamentarios trasladarse al primer balcón del salón de sesiones para la develación en letras doradas de la leyenda que reza: “Movimiento Estudiantil de 1968”.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Solicito a los integrantes de la Mesa Directiva y a los coordinadores de los grupos parlamentarios se trasladen al palco para la develación de la leyenda en letras doradas.
(Los CC. Senadores cumplen)
A mis compañeros y compañeras Senadores les suplico permanecer en sus lugares.
Solicito a los presentes ponerse de pie.
Solicito al Presidente y a los Vicepresidentes de la Mesa Directiva del Senado realicen la develación del muro.
(Se realiza la develación del muro)
Permanezcan, por favor, en sus lugares.
Solicito a la Asamblea permanecer de pie, para entonar el Himno Nacional.
Favor de tomar asiente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Mesa Directiva del Senado de la República, agradece la participación de las Senadoras y Senadores el día de hoy a las 08:00 de la mañana en el izamiento de la Bandera Nacional a media asta, como lo señala la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Especialmente agradecemos la presencia de integrantes de la Mesa Directiva y de coordinadores y coordinadoras de los grupos parlamentarios.
En ocasión de la conmemoración de este acontecimiento, la Mesa Directiva acordó la participación de los grupos parlamentarios respecto de los acontecimientos sucedidos el 2 de octubre de 1968.
El orden de participación será progresiva por un máximo de 5 minutos en tribuna por cada orador u oradora.
Asimismo, se acordó la participación del Senador Emilio Álvarez Icaza, Senador sin grupo parlamentario, quien tiene el uso de la palabra para comenzar.
El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Gracias.
Estimados colegas Senadoras y Senadores:
El Movimiento Estudiantil del 2 de octubre simboliza muchas cosas, pero quisiera centrar mi idea, en una principal.
Simboliza el grito de libertad de una generación, el grito de libertad que se alzó contra el autoritarismo, que se alzó contra la sinrazón, que se alzó por construir un México democrático.
Ese grito de libertad quiso ser acallado con la brutalidad, con la represión, con la sangre, con el fuego y lo único que logró es hacer más fuerte ese grito; un grito que trascendió las generaciones, un grito que se convirtió en parte de la herencia de un pueblo en la lucha de su libertad, y por eso ese grito se transforma en semilla y muchos que no vivimos propiamente como actores del 68, nos sentimos herederos de esa lucha, nos sentimos partícipes de ese proceso social y hemos retomado ese ejemplo para luchar por las libertades democráticas, pero también para ir ampliando las múltiples luchas de los campesinos, de los líderes sociales, de las mujeres que han ido transformando este país, del movimiento de la diversidad sexual, de los campesinos, de los indígenas, ese movimiento en el 68 en realidad se convirtió en un importante detonante de la movilización democrática en nuestro país.
Y por eso es tan importante no sólo retomar el sentido, sino el profundo, simbólico y constructivo proceso de luchar contra el autoritarismo.
Y ese autoritarismo representado muy fuertemente en la persona de Gustavo Díaz Ordaz y ese régimen, y por eso es tan importante traer hoy el 68 a cuenta, porque significa la significación, la resignificación de la memoria.
No se trata de recordar a Díaz Ordaz, se trata de recordar un movimiento que luchó por las libertades, y por eso hoy es tan importante quitar las placas de Díaz Ordaz, del Metro y de cualquier otro lugar.
No tendrían que ser sólo retiradas del Metro, tendrían que ser cambiados los nombres de las avenidas, tendrían que ser cambiados los nombres de todas las plazas, pero no sólo retirados, resignificados con otra placa, porque no se trata borrar la memoria, se trata de resignificar la memoria, se trata de honrar la memoria de quienes ofrecieron su vida por la libertad, no de reproducir una memoria autoritaria de quienes reprodujeron, se trata de resignificar nuestros procesos sociales.
En otros países eso ha sido una profunda transformación de la reconstrucción del tejido social, así se hizo en Sudáfrica, se arrancaron los nombres en las calles de los perpetradores de las violaciones y los reproductores históricos del apartheid y se pusieron los nombres de las víctimas.
Así se ha hecho en Argentina y en Chile, donde lo que se quiere hacer es una memoria social para honrar a quienes lucharon por las libertades.
Por eso quitar la placa de Díaz Ordaz no es un tema de borrar la memoria, claro que no, tiene que ir acompañado de poner nuevas placas con la resignificación de la historia de quienes lucharon por la libertad y la democracia, y eso ha sido un proceso social al cual México tiene que entrar, no hemos vivido un debido proceso de justicia transicional.
¿Y por qué queremos eso? Porque queremos en la batalla de la memoria resignificar y poner un mensaje social de que no se va a volver a usar el poder así, esa es una de las medidas de no repetición, esas es una de las garantías sociales, de que como comunidad no permitiremos que se vuelva a usar así.
Estas letras ahí contribuyen a esa memoria, a que no se vuelva a usar.
Y permítanme compañeros y compañeras Senadores terminar con una idea.
Yo pienso que el Senado de la República tendría que pedir disculpas, tendría que pedir una disculpa por lo que no hizo en el 68; tendría que poner el ejemplo y mandar el mensaje como institución del Estado mexicano, que no actuó ante la violencia del Estado, que guardó silencio, cómplice.
Creo que el Senado de la República tendría que levantar su voz y poner el ejemplo para decir: “Nunca más la brutalidad en contra de su pueblo”.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.
La Senadora Elvia Marcela Mora Arellano: Buenos días.
“Al día siguiente nadie. La Plaza de las Tres Culturas amaneció barrida. Los periódicos hablaron del tiempo”.
Esta es una mal citada Rosario Castellanos, que en su momento se pronunció por una de las peores barbaries que vivió el siglo XX en nuestro país.
Hoy se develó en letras de oro “El Movimiento Estudiantil de 1968”, del cual somos orgullosas herederas y herederos.
Hoy hace 50 años se llevaron a cabo los lamentables acontecimientos de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, suceso que ha marcado la historia reciente de nuestra historia moderna.
Hoy debemos recordar con profundo dolor la intervención autoritaria y represiva del Estado mexicano para que nunca más permitamos se repita.
Hoy debemos recordar con inmenso dolor también que la sangre derramada de mujeres y hombres estudiantes, jóvenes criminalizados por el simple hecho de salir a la calle a demandar, se les viera, se les escuchara, ellos su lucha no ha quedado en vano, su muerte no ha sido en vano.
Este lamentable acontecimiento marcó en gran medida el país en el que hoy habitamos, un país de libertades conseguidas gracias a éste y otros movimientos.
No debemos olvidar nunca este suceso, no debemos permitir que se repita jamás.
La Rectoría de nuestra máxima casa de estudios se viste con un memorial que señala: “68.Nunca más”.
Debemos recordar las memorias de cada uno de los estudiantes caídos con gran honor y lealtad; debemos condenar la historia autoritaria del Estado represor del gobierno de Díaz Ordaz y vigilar que nunca más ocurra un acto de barbarie como éste.
No a la criminalización de los jóvenes; no a la criminalización de los movimientos sociales.
Estamos seguras, estamos seguros y convencidos que el Movimiento Estudiantil del 68 está presente, más que nunca, en la memoria colectiva de nuestra historia y que cada mexicano valoramos intensamente.
Agradezco al Senado, a todos los involucrados por las letras en oro que están colocadas en nuestro lugar de trabajo, en donde sesiona la máxima, perdón, donde sesiona el Senado.
Nunca más un 2 de octubre, nunca más un estudiante reprimido.
“Becarios sí, sicarios no”.
“2 de octubre no se olvida”.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Marcela Mora.
Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Hoy estamos conmemorando 50 años de ese momento que fue un parteaguas para la historia de la democracia, de las libertades, del derecho a manifestarse y a expresarse en nuestro país.
No fue casual que en 1968, justo un 2 de octubre, se utilizará a todo el sistema, al Estado mexicano para reprimir esas ansias de democracia, de libertad de quienes siempre han sido el motor que ha movido este país, a los jóvenes y a los estudiantes.
Un movimiento que poco a poco fue ganando terreno, fue generando sinergias y que pronto estuvieron involucrados obreros, sindicalistas, campesinos y ciudadanos en general.
No es casual, pues, que hoy aquí en el Senado estamos haciendo un homenaje con esta develación de “El Movimiento Estudiantil de 1968”.
La democracia que hoy tenemos, las libertades y ese espíritu de armonía y de concordia tienen mártires, entre ellos, los mártires del 68.
Por eso en este recinto que estamos hoy haciendo un homenaje a quienes lograron que el país avanzara en estas libertades, pero no podemos olvidar que siempre somos herederos de ese legado, no podemos nosotros pretender que ya se ha consolidado la democracia o las libertades.
Por eso cuando cada año se recuerda a ese grupo de ilustres jóvenes que venían de la UNAM, que venían del Poli, de las diversas prepas, pero también de las colonias, de los barrios, de las fábricas, de los sindicatos, hoy tenemos que refrendar el compromiso para que podamos ir consolidando esta democracia y estas libertades.
En ese momento se peleaba libertad para poder autodeterminarse en la universidad y en los sindicatos.
Hoy tenemos ya muchos grupos que están pidiendo también reconocimiento a sus derechos, a la diversidad sexual, a esta diversidad de nuestra sociedad.
Por eso celebro que este acuerdo que salió en la Mesa Directiva y en la Junta de Coordinación Política para que aquí en el balcón quede plasmado ese movimiento y que quede para la posteridad, que nos esperen nuevos tiempos en esta democracia.
Como cada año, venimos a refrendar que el 2 de octubre, no se olvida.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Juan Zepeda.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con su permiso, señor Presidente.
Y de la Mesa Directiva.
Los acontecimientos ocurridos el 2 de octubre de 1968, movimiento estudiantil que dejó lastimada a toda la sociedad mexicana por la violencia ejercida en contra de estudiantes que aclamaban una evolución en la vida política de México.
Era el día en que muchos jóvenes esperaban una respuesta del gobierno ante la necesidad del cambio en la vida política de nuestro país.
Hoy debemos dejar en claro que nunca más se debe permitir transgredir la libertad de los jóvenes. Y, por supuesto, de nadie más.
Nunca más se deben permitir infringir la libertad de la manifestación de las ideas, nunca más debemos tolerar que se vulneren los derechos de los mexicanos.
Recordemos que la libre manifestación de ideas en el marco del respeto, aclaro, siempre dentro del marco del respeto, es el derecho fundamental para la democracia del Estado de derecho de nuestro país. Elementos que permiten el crecimiento y la interacción de la pluralidad de ideas.
A partir de ese movimiento de 1968, efectivamente, se dieron grandes cambios en nuestro país.
Y he de decir que creo que no solamente fue un movimiento estudiantil, sino también social que retumbó en muchas partes, por no decir en toda la República Mexicana.
Y quiero compartirles esta reflexión a todos ustedes.
El gran reto que tenemos hoy es no cometer el mismo error.
Y he de decir a aquellos que fueron testigos, deben procurar no repetir la historia, de ninguna manera y en ningún ámbito,
¿Por qué? Porque la conocen muy bien.
“El 2 de octubre, no se olvida”.
Y esperemos que tampoco se repita.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El Senador Alejandro González Yáñez: Con su venia, Senador Presidente Martí Batres Guadarrama.
Legisladoras y Legisladores de la República:
A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, expresamos nuestra gratitud a todos los grupos parlamentarios, integrantes de esta LXIV Legislatura, por haber aceptado y aprobado que en este recinto, en este salón de Plenos, de esta Honorable Cámara de Senadores, se develara esta leyenda con letras doradas: “Movimiento Estudiantil de 1968”.
El 68 representa en palabras de Gastón Bachelard y de Louis Althusser, una ruptura epistemológica e histórica.
Estamos hablando de antes y después de toda una historia.
Cabe señalar que no sólo fue una lucha estudiantil, fue una lucha estudiantil y popular por la democracia.
Se rompieron paradigmas, porque los estudiantes no sólo luchaban por sus banderas educativas, sino enarbolaron las reivindicaciones de libertades democráticas de todo un pueblo oprimido y explotado por un capitalismo diazordacista que sometía a la nación.
Estamos hablando de que uno de los gritos centrales de la movilización popular era precisamente “prohibido prohibir”. En una frase se centraban los anhelos de una nación por las libertades democráticas.
Y también en otras frases se centraba lo que parecía una quimera y una utopía inalcanzable: “Seamos realistas, exijamos lo imposible”.
Los sueños de esta juventud, los ideales de ese pueblo se han venido cristalizando poco a poco y casi fue premonitorio que 20 años después, en la gesta política comicial de 1988 se redoblaran las banderías por la clase política en este país.
Y qué decía ahora en el 2018, a 50 años precisamente de ese Movimiento, por vez primera llega a la conducción de la nación un proyecto de izquierda democrática encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Y como decían nuestros jóvenes, los estudiantes y el pueblo: “2 de octubre, no se olvida”. “2 de octubre es de lucha combativa”.
“2 de octubre, no se olvida”.
¡2 de octubre, no se olvidó!
¡Viva la democracia en nuestro país!
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador González Yáñez.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Dante Delgado Rannauro, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Senador Dante Alfonso Delgado Rannauro: “Habría que lavar no solo el piso, la memoria; habría que quitarle los ojos a los que vimos asesinar también a los deudos; que nadie llore, que no haya más testigos, pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera nos salpica, nos moja, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza”. Jaime Sabines. Fragmento de Tlatelolco 68.
El 2 de octubre es más que una fecha para recordar; es uno de los tantos símbolos de la represión, corrupción e intolerancia de los gobiernos mexicanos.
Es un símbolo que tendría que llenarnos de vergüenza, pero también es el símbolo de la rebeldía de una generación, de su valentía, de su conciencia social manifestada en las calles y en las plazas.
Es un símbolo que tendría que llenarnos de orgullo.
El 2 de octubre de 1968 fue el movimiento que marcó a una generación, a mi generación, porque fue uno de esos momentos históricos, en los que si no decidías estar en contra del régimen, te convertías en su cómplice.
Porque ese 2 de octubre fue posible gracias a la complicidad de las instituciones y de todos los que guardaron silencio, por la falta de contrapesos a una Presidencia intransigente, represora, totalitaria por el silencio de algunos medios de comunicación y por los aplausos de otros, por las fuerzas de seguridad civiles y militares que ese día traicionaron al pueblo mexicano, y por un sistema de justicia que 50 años después, aún no ha hecho justicia.
La matanza de Tlatelolco se manifiesta vigente no sólo como una fecha simbólica, no sólo como un suceso que no debemos olvidar, sino como una realidad que se repite todos los días y que sigue cobrando la vida de cientos, miles de mexicanos.
Porque después del 68 fue el halconazo, las matanzas de Aguas Blancas, Atenco, Tlatlaya, y de los estudiantes desaparecidos, 43 de Ayotzinapa.
Porque después del 68 fue el asesinato de líderes comunitarios y defensores del medio ambiente Agustín y Miguel Ángel Vázquez, activistas güirráricas; Guadalupe Huet Gómez, activista tzotzil, Juan Ontiveros e Isidro Valdenegro, activistas rarámuris, Jesús Javier Ramos Arreola, defensor del Cerro del Teyaco, y cientos y cientos más en todo el país.
Porque después del 68, fue el asesinato de periodistas, sólo para hacer su trabajo, Javier Valdés, Miroslava Breach, Rubén, Anabel, Luciano, 118 periodistas asesinados en los últimos 18 años.
Porque después del 68 son más de 30 mil desaparecidos desde que inició la llamada guerra contra el narco, y el asesinato de familiares que los estaban buscando, Maricela Escobedo, Don Nepo, Sandra Luz Hernández, Fernando Carreto, Doña Coni.
En México hay un grave problema de violencia, inseguridad, represión por parte del Estado, poderes fácticos y grupos criminales.
En México hay violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y ataques físicos.
Y este problema no se va a resolver negándolo como sistemáticamente lo ha hecho el gobierno federal ni se va a resolver manteniendo el sistema que ha permitido que México haya llegado al grado de violencia e impunidad, que hoy resultan insostenibles.
Ese problema se va a solucionar primero con la sociedad civil que ha dejado de manifestarse de todas las formas posibles como lo son el zapatismo, con el movimiento por la paz con justicia y dignidad, con los autodefensas, con las fuerzas unidas por nuestros desaparecidos, con las rastreadoras, con artículo 119 y con el trabajo de cientos de agrupaciones y activistas que decidieron dar la cara por México, cuando el gobierno no lo hizo.
Pero también garantizando cambios de fondo, cumpliendo con el compromiso de darle a México seguridad sin guerra, abrogando la ley de seguridad interior que el oficialismo convirtió en una ley golpista y garantizando la existencia de un fiscal verdaderamente autónomo, garantizando la autonomía del Poder Judicial y que nunca más las instituciones sean utilizadas de manera facciosa por el Presidente en turno.
Este problema se va a solucionar cuando el legislativo deje de ser, como en 1968 un aplaudidor del Presidente y se convierta en un verdadero contrapeso a los excesos del poder, cuando legisle de la mano de la sociedad civil pensando en la gente, construyendo instituciones que trabajen para la gente.
Hoy 2 de octubre, a medio siglo del brutal ataque del Estado en contra de los estudiantes tenemos que entender que México no necesita más efemérides ni monumentos; necesita verdad, necesita justicia, necesita que más que nunca el Estado use su fuerza en contra de la sociedad, que nunca más el Estado use su fuerza en contra de la sociedad; necesita que todos los que tenemos una responsabilidad pública, como los aquí reunidos honremos nuestra palabra y hagamos realidad el cambio con el que nos comprometimos.
Por ello, sólo así rendiremos homenaje verdadero al movimiento estudiantil de 1968.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Dante Delgado.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Beatriz Paredes Rangel, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Adelante, por favor, Senadora
Colegas de la Mesa Directiva.
Las efemérides no son eventos protocolarios, son la expresión del eslabonamiento de la memoria histórica de un pueblo, una sociedad, un país; son un llamado permanente a la conciencia, a que no obnubile a la memoria colectiva la frivolidad, la desatención, la fácil porosidad del olvido.
Hoy, 2 de octubre, los mexicanos recordamos el Movimiento Estudiantil de 1968. La remembranza tiene muchos propósitos: honrar a los caídos, valorar a quienes en ese momento histórico asumieron la posición correcta, conclusión a la que llegas después del análisis sereno que se realice en el tiempo y a través del tiempo, condenar a quienes se equivocaron, a quienes el juicio de la historia coloca como erráticos.
Pero sobre todo, esta conmemoración exige que no se repita, que nunca se repitan respuestas represivas ante la movilización social, que la opción del Estado no sea el autoritarismo, que acredite el Estado mexicano que su pretensión de denominarse democrático no es sólo porque se realizan elecciones con normalidad, sino porque la conducta de sus representantes es democrática, de apertura, de respeto a los derechos individuales y a las garantías sociales y de inclusión de lo diferente.
Ningún tipo de autoritarismo admitimos en nuestra nación, ni de centro, ni de izquierda o de derecha.
El eslabonamiento para construir la vigencia democrática del Estado mexicano tiene algunos eslabones ensangrentados.
Difícil historia la de nuestro pueblo, con gestas heroicas en diversos momentos, siempre enrojecidas por la sangre de los héroes anónimos que defendieron en la Conquista la identidad y los territorios indígenas.
En la Independencia el derecho a constituirnos como nación soberana e independiente.
En la Reforma, los principios federalista y el laicismo.
En la Revolución, la justicia social y el principio de no reelección.
Y en el esfuerzo por democratizar al país exigiendo libertad, respeto a la libertad de asociación, respeto a la libertad de manifestación en el 2 de octubre de 68.
Por eso, amigas y amigos legisladores, es trascendental que el cambio que estamos viviendo en este momento en México se haya hecho posible sin derramamiento de sangre.
Por eso es importante que la construcción democrática que llevó centurias y décadas haya permitido establecer la convivencia política y la competencia política dentro de un marco de generación de consensos y respeto a las mayorías.
Por eso estamos en un Senado en donde todos votamos que se estableciera en nuestro recinto: “Movimiento Estudiantil de 1968”.
Tendremos que aprender a vivir respetando las diferencias, y tendremos al honrar la memoria de los estudiantes de 68 en México, en Francia, en esa ola de democratización y de exigencia por la libertad que sacudió al mundo.
Recordar lo que nos dijo Bertolt Brecht: “Hay hombres que luchan un día y son buenos; hay otros que luchan un año y son mejores; hay quienes luchan muchos años y son muy buenos; pero los hay que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles”.
Los estudiantes del 2 de octubre, para la democratización de México, fueron imprescindibles.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Kenia López Rabadán, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Senadora Kenia López Rabadán: Con la venia de la Presidencia.
“Están matando a los jóvenes”, decía una persona que trabajaba en la calle de Abraham González. Esa persona es el papá de nuestra compañera Lupita Murguía, y hoy lo sigue recordando y ella apenas tenía 11 años.
El día corresponde a esta soberanía recordar los lamentables hechos ocurridos hace 50 años en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde perdieron la vida mexicanas y mexicanos, en su mayoría estudiantes, quienes protestaban de forma pacífica ante las injusticias de un gobierno autoritario, sordo, y sobre todo incapaz de entender su papel en la transformación social que entonces se gestaba.
El Movimiento Estudiantil de 1968 exigía al gobierno justicia, exigía liberad para presos políticos y, en general, exigía que el autoritarismo gubernamental menguara y acaso desapareciera. Nada más razonable, nada más sensato que una exigencia de esa naturaleza, que además se hacía de manera pacífica.
Acción Nacional siempre apostó por una solución basada en el diálogo con el gobierno de aquel momento, ese diálogo, que es instrumento natural de la política y condición necesaria para la construcción de un sistema democrático.
Sin embargo, el gobierno cerró toda posibilidad, no sólo a la crítica, sino al diálogo mismo; impuso su visión por encima de toda lógica política.
El tiempo se encargó de demostrar que ese régimen sordo e indolente, por la soberbia que provoca el ejercicio del poder absoluto, sin controles y sin contrapesos, estaba terriblemente equivocado, y llevaría a nuestra sociedad a un punto de uno de los peores episodios, más oscuros y reprochables de su historia moderna.
El movimiento, que desde junio, julio, agosto y septiembre de 1968 se vivía con alegría y en paz, exigía libertades civiles y políticas, y en vez de ser atendido mediante el diálogo y la política, fue criminalizado por el gobierno y reprimido por la fuerza pública.
Dos días después de los terribles hechos acaecidos en la Plaza de las Tres Culturas, Acción Nacional sí se pronunció en contra de la represión, lo que no hicieron otros partidos políticos.
Los jefes nacionales del PAN, en aquel entonces, Adolfo Christlieb Ibarrola e Ignacio Limón Maurer, lo condenaron con firmeza, y es que en el ejercicio de las libertades democráticas o en la lucha por defender el derecho al disenso, la pérdida de vidas es inaceptable, pero la pérdida de esas vidas mismas debe convertirse en una vergüenza nacional cuando es producto de entender el ejercicio de gobierno como la facultad de imponer por encima de todo, una sola visión política.
Debe convertirse en vergüenza nacional cuando esa vida se pierde por el avasallamiento que provoca la arbitrariedad y el autoritarismo de quien pretende ser poseedor de la verdad.
El Movimiento Estudiantil de 1968 fue, en buena medida, parteaguas del avance democrático de nuestro país. Algunas voces críticas de aquel momento no sucumbieron ante la estridencia del aparato oficial de comunicación; se utilizaron, no sólo las plazas públicas, sino los cafés, los pasillos de las oficinas y las charlas entre amigos o familiares para señalar reiteradamente los errores, los excesos y las inconsistencias de un régimen que permanecía inerte, atento a la voz de un solo hombre, de cuya visión dependía el destino del país.
La sociedad luchó incesantemente, perseverante desde la empresa, desde los partidos políticos, como Acción Nacional, y otros desde la izquierda, por supuesto, también desde la Academia, desde los sindicatos, incluso desde las organizaciones civiles por derrotar a ese régimen.
En Acción Nacional estamos convencidos del cambio y seremos defensores de los beneficios que han traído la democracia y la pluralidad, esa que ha sido una verdadera transformación.
Por ello, aquí defenderemos el respeto a los derechos humanos, la participación democrática, la libertad de expresión, el derecho a la información y a la transparencia del actuar público, el fortalecimiento del federalismo y el respeto a la autonomía judicial, entre otros muchos avances que hoy se ven amenazados.
En esta Legislatura impulsaremos políticas a favor de los jóvenes, los involucraremos en el diseño y en la evaluación de éstas y buscaremos cerrar la brecha que parece existir entre gobernantes y juventud.
El Movimiento Estudiantil, compañeras y compañeros, de 1968 propiciaron la evolución de nuestra democracia.
México no debe volver al pasado.
Acción Nacional defenderá con firmeza y con absoluta convicción las victorias democráticas alcanzadas.
Nunca más un régimen sordo que se sienta implacable en su visión hegemónica de la vida pública.
Nunca más un gobierno invadido por la ceguera que implica la contemplación de sí mismo o de su líder.
México ya conoce las consecuencias de esos vicios.
Y no debe nunca más volver a repetirse.
El turno del grupo parlamentario de Morena, se dividirá entre dos Senadores, la Senadora Rocío Nahle y el Senador Higinio Martínez.
Tiene la palabra la Senadora Rocío Nahle.
La Senadora Norma Rocío Nahle García: Buenas tardes compañeras, compañeros legisladores:
Hoy vamos a recordar lo que es nuestro país, lo que es México, que desde su historia hemos sido capaces de levantarnos de guerras, de conquistas, de batallas, y la historia moderna de nuestro país se marcó el 2 de octubre de 1968. Ahí recordamos a los estudiantes agredidos y a aquellos estudiantes caídos.
Hoy 50 años después el cambio en la vida política y moderna de México es una realidad.
Hace un momento el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador montó una guardia de honor.
¿Qué quiere decir? Que el Estado, el próximo gobierno, se comprometió a lo que tanto han gritado por 50 años los mexicanos: “Nunca más reprimir”.
Vamos a dialogar.
La reconciliación nacional surge hoy.
La reconciliación del país es un grito, es una exigencia que nace, que se compromete hoy en el propio corazón de Tlatelolco. Ahí donde hace 50 años cayeron los estudiantes.
Es necesario ser capaces como clase política de reconocer al país, reconocer lo que somos, para dar paso a la “cuarta transformación”.
Hoy les decimos a los estudiantes caídos: los honramos, los reconocemos.
Y “2 de octubre; no se olvida”.
2 de octubre nos va a impulsar a esta clase política a darles un mejor México a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, pero sobre todo a los 120 millones de mexicanos que están esperando un cambio en nuestro país.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Rocío Nahle.
Tiene el uso de la palabra el Senador Higinio Martínez.
El Senador Higinio Martínez Miranda: Con su permiso, Presidente.
Tal vez no hubiera yo querido hablar hoy porque aquí en el Senado y en todo el país se recuerda mucho este día el 2 de octubre. Y tal vez unas palabras más pudieran ser ya sólo para justificar una participación aquí.
No, yo quiero hablar, porque no sólo es el 2 de octubre, fue todo lo que pasó en esas fechas de las cuales yo tengo vagos recuerdos.
Yo soy de Texcoco.
En Texcoco está la Universidad Autónoma de Chapingo.
En Chapingo había dos líderes, los dos líderes principales de Chapingo del Consejo Nacional de Huelga, uno era Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca y el otro José Tayde Aburto, de Michoacán, pero los dos estudiantes de Chapingo, y mi recuerdo vago es porque yo vi en las bardas de Texcoco donde se decía: “libertad a Cabeza de Vaca y Tayde Aburto”. Esos nombres no se me olvidaron.
Ya después cuando empiezo a leer, cuando empiezo a adentrarme en esto, cuando empiezo a leer fundamentalmente, y por eso mi intervención hoy aquí, para rendir un homenaje yo en este caso a un hombre que no ha sido mencionado, pero que fue uno de los grandes participantes de este Movimiento, me refiero al ingeniero Heberto Castillo Martínez, Senador de la República que falleció siendo Senador de la República en 1977, dirigente de la coalición de maestros en el 68, hombre de lucha de toda su vida que se inició en otros casos con el General Lázaro Cárdenas, que estuvo más de dos años preso en Lecumberri, por el Movimiento del 68.
Y que cuando sale de la cárcel, junto con estudiantes como Cabeza de Vaca, como Tayde Aburto, como Eduardo Valle “El Búho”, y otros más, deciden no irse a sus casas, no irse a Chile, no exiliarse, sino a seguir luchando, y forman lo que a la postre en 1974 sería el Partido Mexicano de los Trabajadores, presidido por el ingeniero Heberto Castillo y por alguien que estuvo en la cárcel, no producto del Movimiento del 68, sino producto de la lucha ferrocarrilera en 1959, el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo, él, Demetrio Vallejo y Heberto Castillo, junto con los jóvenes estudiantes, decidieron formar el Partido Mexicano de los Trabajadores.
Menciono esto porque esto es lo mejor que se puede recordar de esos movimientos.
Si leyéramos nuevamente al ingeniero Heberto Castillo, en su libro que se titula “Si te agarran te van a matar”, entre otras cosas.
Si leyéramos nuevamente a don Julio Scherer en sus crónicas que hace de sus pláticas con los ex presidentes Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, con el propio General Lázaro Cárdenas.
Si leyéramos diríamos que a este país le falta mucho más por lo que luchaban los jóvenes y otras personas en ese entonces.
Entonces, venir aquí es rendir homenaje, en mi caso, a quien por la lectura de él y después porque tuve la oportunidad de acercarme y recibir su visita allá –fíjense bien– en 1976, que acudieron el ingeniero Heberto Castillo y Demetrio Vallejo a mi pueblo, a Texcoco, desde entonces sigo en eso y sigo pensando que hay que cambiar este país.
Y sigo pensando que no puede haber más muertos como los del 68, ni los del 2 de octubre, pero que tampoco puede haber muertos después de esas fechas ni en la guerra sucia de los gobiernos que acabamos de pasar. Eso no puede seguir.
No sólo es cuando se mata a estudiantes, sino también el problema de este país cuando se siguen matando, por supuesto, o miles y miles de muertos que se cuantifican en este sexenio, en el sexenio pasado, eso también es el horror que debemos terminar. Y en eso debemos participar todos.
Termino diciendo, el Ingeniero Heberto Castillo, porque quiero decirlo, porque hay que recordarlo por su lucha permanente aquí, si no me equivoco, Cristóbal Arias también fue Senador con el Ingeniero Heberto Castillo, entre otros, es el tipo de personajes que nos hacen falta, debemos seguir luchando, veracruzano, el ingeniero Heberto Castillo, por supuesto, Senador de la República que también dio con gente panista, yo respeto mucho a la gente del PAN hoy, pero haber convivido con don Luis H. Álvarez, el ingeniero Heberto Castillo y su servidor, también nos da otro tipo de enseñanza en este caso.
Hay que luchar todos por este país, este país se lo merece, hay que leer, no es un cambio sencillo, nada más es un cambio de gobierno, ese país que hoy ha apostado la alternancia y es un reto para nosotros quienes nos toca encabezar el Partido, no es que nos toca encabezar el país a través del Presidente electo Andrés Manuel, no puede ser el mismo cambio que se ha dado en estos casos, o sea, cambiar para nada.
Este país necesita mucho más, necesita justicia, necesita trabajo, necesita educación, necesita empleo, necesita recreación, necesita dejar a un lado la historia de los muertos del 68 y de los últimos sexenios.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, al Senador Higinio Martínez.
El Movimiento de 1968 no se reduce a la tragedia del 2 de octubre, representa también una profunda ruptura política y cultural, surgen nuevos referentes políticos, muchos movimientos sociales reclaman su independencia, son los años del nacimiento y resistencia del rock mexicano, de la melena larga y la emergencia de dos importantes movimientos, el de la diversidad sexual y el nuevo feminismo.
El 68 se desprende también la más formidable expansión del sistema de educación superior en México y el crecimiento de las ciencias sociales de las humanidades y en particular del pensamiento crítico.
En México, el 68 va a producir una reforma política que abre la participación electoral a una izquierda proscrita durante largos años.
También hay un 68 internacional, el de los jóvenes que luchan por la paz en Estados Unidos, por la democracia en Checoslovaquia, por la educación y el trabajo en Francia.
Quiero terminar recogiendo las palabras de los científicos Manuel Peimbert y Annie Pardo Semo: “Recordamos el dolor por nuestros muertos de Tlatelolco, pero festejamos las enseñanzas y la herencia del Movimiento para la construcción de un México más democrático y justo”.
Muchas gracias a todas y a todos por sus participaciones.
En el siguiente rubro de nuestra agenda, tenemos la presentación de las iniciativas legislativas.
En una primera ronda tiene el uso de la tribuna el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, en materia de responsabilidades del Presidente de la República.
El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, Presidente, con su permiso.
La iniciativa que el día de hoy tengo el honor de compartir con ustedes, tiene como objetivo central la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reformar el segundo párrafo del artículo 108, a fin de concretar que el Presidente de la República en funciones, no pueda tener algún tipo de inmunidad por el cargo que ostenta y que en el caso que ostente de manera indebida e ilegal, entonces se actúe en consecuencia y sea objeto de responsabilidad penal, ya sea nacional e internacional, según sea el caso, para que de esta manera no se caiga en inmunidad que, como consecuencia que incurra en una eminente irresponsabilidad presidencial.
La ambigüedad con la que se ha venido reformando en las últimas décadas otros artículos constitucionales en materia de la responsabilidad penal de los diferentes servidores públicos ha incidido de manera negativa en la interpretación respecto a lo que es aplicable para el caso de dicha responsabilidad cuando se trata del Titular del Ejecutivo Federal.
Lo anterior ha tenido como consecuencia inmediata y tangible el que se haya ido gradualmente otorgando al titular una total inmunidad, ya que se les ha eximido de cualquier tipo de responsabilidad en nuestros días, es realmente impensable e inaceptable.
Nos encontramos hoy en una nueva etapa de la vida pública del país, en donde estamos impulsando las acciones legislativas que transparentan y permitan que en nuestra patria no haya ningún tipo de inmunidades o privilegios.
Es por ello que el contenido de la presente iniciativa pueda aportar un enorme progreso jurídico para ir rompiendo con estas inercias que han hecho que disposiciones como las que aquí se manifiestan nunca se hayan aplicado de manera concreta.
La finalidad de la presente iniciativa es dar la pauta para que el Presidente de la República pueda ser sometido a un minucioso escrutinio, y si fuese el caso, se le pueda iniciar un procedimiento específico tendiente a que pueda ser sujeto de responsabilidad penal por otros supuestos jurídicos diferentes a los que hoy especifica el segundo párrafo del artículo 108 constitucional vigente.
Debemos recordar que desde la Constitución de 1917 y hasta la actualidad, la responsabilidad penal del Presidente de la República en funciones sólo puede ser aplicable por el delito a la traición a la patria, que está directamente vinculado a otra disposición expresa del Código Penal Federal que contiene un título específico que regula de manera particular los delitos contra la seguridad de la nación.
Sin embargo, esto es una disposición genérica, ya que todo el capítulo se refiere a que será aplicable para el mexicano que cometa traición a la patria y no hay ninguna disposición que se refiera de manera concreta al caso del Presidente de la República en funciones, dicha disposición se estableció de esta manera por razones históricas que obedecieron a la no traición del Gobierno Nacional al quedar subordinado a órdenes y disposiciones de gobiernos e intereses extranjeros y en especial por el contexto coyuntural que se suscitó en nuestro país durante diferentes momentos del siglo XIX y principios del XX.
Por ello, es que de conformidad con lo que se dispone, la Constitución vigente, tenemos que los, las dos únicas causales que de manera específica le pueden ser aplicables al Presidente de la República, para el caso específico, y que servirán para poder fincar responsabilidades penales son: uno, traición a la Patria y, segundo, la comisión de delitos graves de orden común.
En ese sentido, la inclusión de dos supuestos jurídicos adicionales le darían a esta disposición constitucional una vitalidad de lo que hoy adolece, el que el Presidente de la República pueda ser sujeto de responsabilidad penal tratándose de las cosas cuando incurra en actos de corrupción o cuando su actuar incida en la comprobación ante la autoridad responsable en la materia de algunos delitos vigentes en materia electoral que se puedan ser catalogados como lo que hoy comúnmente conocemos como fraude electoral.
Señor Presidente, en virtud del tiempo que hoy tengo, le solicito que el contenido íntegro de la iniciativa que he presentado el día de hoy sea insertado de manera íntegra, completa en el Diario de Debates.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias a usted, Senador Salomón Jara.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.
Y publíquese íntegra la iniciativa que ha presentado el Senador Salomón Jara.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de prohibición de uso de efectivo en organismos públicos.
La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Muchas gracias.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con el ánimo de poder seguir impulsando medidas institucionales de prevención y combate a la corrupción, está presentando un proyecto de reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y los Municipios, a efecto de prohibir que los ingresos y gastos públicos puedan ser ejercidos en efectivo.
Con este planteamiento tanto el gobierno federal como los poderes de la Unión y los órganos constitucionalmente autónomos, es decir, todas aquellas entidades estatales o paraestatales que sean ejecutoras de gasto, así como entes públicos, tendrán prohibido recibir ingresos en efectivo o convertir el erario en monedas y billetes.
En el año 2014 hubo 225 millones de transacciones electrónicas en el país, esto involucra, por supuesto, transacciones tanto privadas como públicas, y aunque no existe un dato exacto al respecto, pero si el 20 % de la economía es manejada por el gobierno, estamos hablando que el 25 % de estas transacciones realizadas fueron por el gobierno, es un aproximado de 45 millones de transacciones que deberían ser de manera electrónica por parte del gobierno; sin embargo, no existe un registro exacto sobre qué cantidad son las que realizan de manera electrónica y cuáles realizan en efectivo.
De acuerdo a MasterCard, en el mundo, en 2008, se hacían en efectivo el 42 % de las compras al menudeo; en 2012 el 38 %, a ese ritmo aproximadamente, actualmente se realizaría un 32 % a nivel global de compras en efectivo.
Por su lado, el Banco de México estima que en 2014 el 90 % de las operaciones totales en el país fueron en efectivo, y en el mundo anda por aproximadamente en el 85 %.
Dentro de Acción Nacional nosotros consideramos que si estamos viviendo en el 2018 existe una gran cantidad de avances tecnológicos y no existe justificación alguna para que en México todavía el gobierno realice operaciones en efectivo.
Por lo tanto, es muy importante empezar a hacer esta transición porque también contribuye a eliminar cualquier caso de corrupción dentro de los diferentes órdenes de gobierno.
Algunas personas pudieran considerar esta medida un poco radican; sin embargo, hay países desarrollados que ya lo realizan.
Suecia, por ejemplo, implementó esta medida y prácticamente todas sus operaciones financieras se hacen por cualquier otro mecanismo que no sea el dinero en efectivo, ya sea transferencias, cheques, tarjetas, celulares, etcétera. De tal manera que en Suecia únicamente el 1 % de las operaciones financieras se sigue realizando en efectivo.
Dinamarca también, por su lado, ya aprobó una reforma que paulatinamente va ir realizando este cambo de efectivo a transacciones electrónicas para que en el 2030 no exista una sola operación en efectivo por parte del gobierno.
Tanto en el caso de Suecia como en el caso de Dinamarca, estamos hablando de retiro de dinero en efectivo no únicamente de los entes públicos, sino de todo el mercado, incluidos también los agentes económicos privados.
Por otra parte, un estudio reciente del Banco HSBC reportó que en los últimos 9 años, de 2009 en adelante, el uso de dinero en efectivo en el mundo disminuyó en un 44 % y que seguirá bajando en función del incremento que están teniendo otras formas de pago que echan mano de las nuevas tecnologías, tarjetas de crédito, PayPal, criptomonedas, pagos en teléfono celular y, bueno, por ello creemos que en México ya estamos en la posibilidad de dar un primer paso en este sentido, retirando el uso de dinero de efectico al menos en una primera etapa dentro del sector público.
Más adelante deberíamos de pensar en prohibir el uso de dinero en efectivo también por parte de proveedores y de todo agente privado vinculado al gobierno.
La propuesta implica la prohibición de usar tanto moneda nacional como divisas, e incluso metales preciosos.
A efecto de hacer un planteamiento responsable por parte del Partido Acción Nacional el proyecto plantea la entrada en vigor de manera escalonada en estas medidas, de tal suerte que para la Federación entrarían en vigor un año después de la publicación, para los estados dos años después, y para los municipios con más de 200 mil habitantes tres años después, y para el resto de los municipios en cuatro años.
Estas etapas permitirán a los órdenes de gobierno prepararse adecuadamente para implementar la prohibición de uso de dinero en efectivo.
Adicionalmente a ello, estamos considerando la posibilidad de que el Consejo Nacional de Armonización Contable expida lineamientos para los casos excepcionales con los que se seguiría permitiendo ingresar o egresar recursos en efectivo del sector público, derivado de incapacidad física para poder ejecutarlo.
Estos casos serán verdaderamente excepcionales como lo podrían ser en comunidades rurales.
Es muy importante comentar que todo esto tendría que venir de la mano, además de una reforma integral de todas estas leyes, también de un acompañamiento de la banca.
Sabemos que en muchísimas localidades rurales, incluso existen municipios muy pequeños con menos de 10 mil habitantes que no cuentan con una banca propia, donde no existe un sentido todavía de bancarización y que únicamente se ocupa para algunos programas sociales de gobierno.
Sin embargo, creemos que paulatinamente podríamos llegar a eso, no es ningún absurdo y de verdad fomentaría la transparencia tanto en el sector público como en el sector privado.
Y, bueno, con este proyecto, finalmente, el Partido Acción Nacional está siendo totalmente consistente con lo que se propuso en nuestra plataforma electoral y esperamos contar con todo el apoyo de todas las fuerzas políticas para mejorar la transparencia y evitar la corrupción en nuestro país.
Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 2º constitucional, en materia de derechos indígenas.
El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia.
La Reforma Constitucional del 2001, en materia de derechos indígenas, representó un avance indiscutible en la materia. Es decir, un avance en términos del reconocimiento a los derechos indígenas y a los derechos de las comunidades.
Sin embargo, aquella reforma también dejó de atender lo que fue una parte medular de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, en 1996.
Es decir, le faltó atender la columna vertebral de la política del reconocimiento, que no es otra cosa más que reconocer a las comunidades y a los pueblos indígenas como sujetos de derecho.
Nuestro marco jurídico actual asume a los pueblos indígenas como entidades de interés público y le delega lamentablemente a los estados la facultad para diseñar los mecanismos de reconocimiento y de protección de sus derechos.
Esta concepción, a nuestro juicio, lo que tiene es una especie de visión patrimonialista, asimilacionista del Estado mexicano, que tiene como tarea de manera unilateral pues justamente gestionar los derechos de los propios pueblos indígenas, porque asume que los pueblos, que las comunidades indígenas están bajo su tutela.
Esto en la práctica ha provocado una serie de problemas. Señalo particularmente dos de ellos.
Por un lado, ha dejado prácticamente en letra muerta el principio de libre determinación de los pueblos y ha limitado la capacidad para reclamar y ejercer sus derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la consulta o el derecho a conservar su patrimonio.
Y, por otra parte, se ha traducido en una especie de discriminación jurídica e institucional hacia los pueblos indígenas, ya que sus derechos son reconocidos de forma asimétrica o de forma de desigual en todo el territorio nacional.
Dicho en otras palabras, no tienen los mismos derechos un indígena que vive en la Ciudad de México, que quien vive en Chihuahua, que quien vive en Jalisco, que quien vive en cualquier otra entidad federativa.
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que esto no puede seguir así. El Estado mexicano no puede seguir arrastrando esta deuda histórica con los pueblos indígenas.
Por eso es que el día de hoy proponemos una reforma al artículo 2° constitucional, para recoger la demanda central de los Acuerdos de San Andrés de 1996 y cumplir con una exigencia histórica de los pueblos indígenas.
Proponemos establecer el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, lo que implica el reconocimiento explícito de su personalidad jurídica colectiva y, por lo tanto, de su capacidad para aportar y ejercer derechos como una entidad política que tiene actuación en la vida jurídica del Estado mexicano.
Esta reforma es necesaria, porque como se han dicho en otras ocasiones y lo han hecho numerosos especialistas, entre ellos Rodolfo Stavenhagen, algunos derechos solamente pueden ejercerse plenamente de forma colectiva.
Esta reforma supondrá no sólo la protección de una serie de derechos colectivos de las comunidades, sino la garantía de libre determinación, el reconocimiento de sus sistemas de organización y la salvaguarda de su personalidad jurídica para decidir sobre su presente, pero también sobre su futuro.
Pero también supone que los pueblos indígenas forman parte de la vida del Estado y no son entidades bajo su tutela. Es decir, los pueblos indígenas ejercen su ciudadanía y sus derechos colectivos siendo parte de un sistema político y social y no espectadores con derechos parciales.
Y, supone, finalmente, que esto es reconocido en todo el territorio y no una concesión otorgada por una u otra entidad federativa.
Vemos desde Movimiento Ciudadano, de manera positiva, alentadora, que en las primeras semanas de esta Legislatura se hayan planteado propuestas para la protección y el reconocimiento de los pueblos indígenas.
Vemos de manera positiva que se hayan propuesto ajustes institucionales para garantizar la protección de sus derechos.
Sin embargo, lo decimos con toda claridad, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho es, desde nuestra perspectiva, una condición indispensable para materializar cualquier política de protección a las comunidades.
Sin este reconocimiento no habrá reformas, ni nuevas instituciones que alcancen para garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas.
Por eso es que hoy hacemos un llamado, para que nos demos la oportunidad de entrar un diálogo profundo sobre la concepción de los pueblos indígenas como sujetos de derecho.
Si queremos hablar, como lo hemos hecho en estas semanas, de un cambio de régimen; el régimen debe empezar por cambiar la forma en que se relaciona con los pueblos indígenas
El régimen debe construir políticas dentro de la pluralidad y la multiculturalidad, que les permita a todos y a todas exigir sus derechos.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, al Senador Clemente Castañeda.
Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos.
Enseguida, tiene el uso de la palabra la Senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de La Torre, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 3° constitucional.
La Senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de La Torre: Con su permiso, Senador Presidente.
México apostó por el cambio, uno tangible, real, que llegue a la gran mayoría de las personas.
Ya no quiso más de lo mismo, porque significaría normalizar esos cánceres de los que hablaba Jorge Carpizo: corrupción, impunidad, inseguridad y violencia.
El pueblo de México lo que exige es paz.
Vemos con zozobra cómo en los últimos sexenios México se ha visto inmerso en un halo de violencia que vulnera la integridad de sus habitantes, sus derechos y libertades.
La inseguridad se incrementa día con día.
Varios estados del país se encuentran ahora mismo en fuego y destrucción debido al alto índice de violencia; otros tantos ya sin elección se ven obligados a desplazamientos forzados, pago de piso o cuotas, entre muchas otras prácticas más, para de alguna manera garantizar un poco de paz.
Y es que la violencia que se vive en el país es un cáncer que debe combatirse no sólo con armas, sino a través de la educación. Una educación basada en la libertad y en la cultura de paz.
La educación debe valernos para accionar cambios estructurales en el pensamiento y la conducta que ésta genera, para ayudar a construir el tejido social y paulatinamente junto a la implementación de políticas públicas, herramientas legales y mayor participación ciudadana, que el país tienda a una evolución pacífica en beneficio de sus habitantes, en consonancia con el pleno respeto a sus derechos humanos, una apuesta sistémica en favor de la paz y la dignidad de la persona.
Ante esta realidad es menester apostarle a la educación y a principios como la libertad, la justicia, la cultura a la paz; a estrategias educativas que contribuyan a resarcir la situación grave de violencia e inseguridad que vive el país y que estimulen el desarrollo de conocimientos, valores y actitudes que la contrarresten, con la finalidad de construir bases sólidas para la pacífica convivencia y que debe además orientarse hacia el cultivo de la solidaridad, la empatía, el progreso paulatino y quizá por los tiempos de este cambio acelerado, a la cultura que ya tanto hemos mencionado, una cultura de paz.
Se vislumbra, con lo anterior, que educar es una tarea común, inacabable, de interés general y de la cual depende la creación de las condiciones de vida digna que merecen todas las personas, tanto en su formación individual como para la convivencia con su otra edad.
Con la educación se deben formar personas reflexivas, críticas, libres, sensibles, amorosas, con gran sentido humano y de justicia que actúen individualmente y con un sentido colectivo de convivencia fraterna, civilizada y de relaciones armónicas que combatan la violencia que destruye el país.
Lamentablemente vemos que en éste, nuestro país, discurren día con día actos de crueldad como masacres, desapariciones forzadas, graves violaciones a los derechos humanos y todo esto con las agravantes de exclusión, pobreza, discriminación y marginación que empeoran sin duda la situación.
Este tipo de actos parafraseando a la educación en derechos humanos, Rosa María Mujica, deja secuelas físicas, psicológicas y culturales que dañan a la persona y a la sociedad.
Por esto mismo, en el Partido del Trabajo tratamos de buscar formas de intervención alternativas desde la educación que tiendan a revertir la situación de violencia que sufre el país a través de una figura, la cultura de la paz.
Es tiempo de dejar de ver a la educación como una forma de adquirir únicamente conocimientos dentro de parámetros de instrumentación pragmática para poder entrar a un mundo globalizado cada vez más individualista y competitivo.
Debemos ahora, además, optar por una visión sistémica con mayor sentido humano, la persona como eje medular. Es un reto general que nos involucra a todas y todos para que pueda surgir una cultura basada en la paz y así, insisto, reconstruir el tejido social.
La educación tiene un papel importante, en tanto que incide desde las aulas con el cambio paulatino de conciencia, en la construcción de los valores, de los que serán los futuros ciudadanos. Esto permite una evaluación del pensamiento contra toda actitud antisocial como una herramienta para el mejoramiento individual y colectivo.
Los cambios evolutivos, aunque lentos, son los que tienen un carácter más irreversible, y en este sentido la educación ayuda con la construcción de nuevas formas de pensar, actuar y comunicar.
Pero la educación formal no es suficiente para que estos cambios se den a profundidad.
Las sociedades de los diferentes ámbitos implicados y desde su capacidad de educadora también debe incidir y apoyar y apoyar los proyectos y programas educativos formales.
Es por esto, compañeras y compañeros Senadores, que en el Partido del Trabajo ponemos a consideración de todos ustedes una reforma al artículo 3º de la Constitución que esperamos que a la brevedad sea analizado en las respectivas comisiones.
Es cuanto, muchísimas gracias.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias Senadora, se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Gabriela Benavides Cobos, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de asociaciones delictivas y enriquecimiento ilícito.
La Senadora Gabriela Benavides Cobos: Gracias.
Y con el permiso de la Mesa Directiva.
Uno de los fenómenos que más preocupan a la ciudadanía y que se ha convertido en una de las exigencias más sentidas, sobre todo en los últimos días, es el castigo a los actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
Entendiendo esta corrupción por conductas que desvían los recursos públicos hacia objetivos distintos de políticas públicas, favoreciendo a unas cuantas personas y generando enriquecimiento ilícito de funcionarios.
Prueba de este hartazgo fue el caso del señor Duarte.
De acuerdo con Transparencia Internacional México es uno de los países más corrupto del mundo, ubicándose en el lugar 135 de 180 países.
La corrupción genera intranquilidad a la ciudadanía, desconfianza en las instituciones e incertidumbre para las inversiones, con los impactos económicos que conlleva.
Si bien se han logrado avances legislativos importantes a partir del sistema anticorrupción, la realidad refleja que estos esfuerzos han sido insuficientes para erradicar estas conductas que resultan inadmisibles por parte de un funcionario, de quien debemos de esperar una conducta honrosa.
Por ello, una de las grandes exigencias sociales en las elecciones de julio pasado, fue el combate decisivo contra la corrupción, pero para esto se necesitan penas severas, penas que sean ejemplos, y no las que están en nuestro Código Penal Federal.
Más allá de entender este legítimo reclamo ciudadano, quienes ostentamos un cargo público, como los integrantes del Congreso de la Unión, debemos emprender acciones contundentes para revertir esta creencia, para recobrar la confianza de los ciudadanos.
A la luz de este hartazgo ciudadano los Senadores del Partido Verde presentamos esta iniciativa de reforma al Código Penal Federal, para endurecer las penas aplicables a los delitos de asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito.
En primer lugar, proponemos que todos los servidores públicos, sin distinción de la función que desempeñen, merezcan la aplicación de una causa agravante de la pena cuando cometan delitos de asociación delictuosa.
Esto obedece a que el papel que desempeñan los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, tienen acceso a información técnica o herramientas sensibles de tal suerte que su calidad de garante la conducta tipificada como asociación delictuosa debe ser general.
Actualmente el Código Penal solo da esa agravante a los miembros de la corporación policíaca.
Nosotros proponemos que sea a los servidores públicos en general.
En segundo término proponemos duplicar las penas aplicadas al delito de enriquecimiento ilícito, para que puedan ser aplicables penas de 6 meses hasta 28 años de prisión y multas más onerosas.
Se estima que mediante las reformas que se proponen, se establecerán incentivos suficientes para que los servidores públicos eviten caer en la tentación de realizar las conductas de asociación delictuosa y de enriquecimiento ilícito.
En caso de que estos delitos sean cometidos sus autores recibirán sanciones ejemplares, no que se disuelvan, que impidan que otros servidores públicos cometan esta acción.
También para que la sociedad perciba que hay derecho y justicia en la imposición de estas sanciones, y no quedemos tristes por sanciones tan pequeñas y delitos tan grandes.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Benavides.
Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas.
El Senador Antonio García Conejo: Señor Presidente.
En términos de la fracción I del artículo 76 y del Reglamento del Senado de la República, le solicito a usted, si tiene a bien otorgarme diez minutos para la exposición de esta iniciativa.
Queridas Senadoras y Senadores, medios de comunicación, con el permiso de la Mesa Directiva.
Hoy voy a exponer ante ustedes una iniciativa que reforma cuatro leyes secundarias de la Administración Pública Federal.
El tema que voy a exponer tiene que ver con el tema económico de esta nación.
Seguramente a ustedes les va a sonar muy común encontrarse a ciudadanas y ciudadanos, micro y pequeños empresarios que les expresan:
“Deseamos iniciar un pequeño negocio”.
“Deme trabajo”.
“Tengo a mantener a mi familia”.
“No tengo con qué”.
“Ayúdeme a conseguir un crédito”, etcétera, etcétera.
Un sinnúmero de peticiones y quejas de nuestra población.
México, según los datos del Inegi y Coneval, se ubica o tiene o cuenta con más de 50 millones de pobres.
Por eso, esta iniciativa que presento ante todos ustedes, pues es una iniciativa que considero de gran relevancia.
Me voy, voy a omitir todo el fundamento para irme directamente a la exposición de motivos.
Desde 1989, uno de los principales retos de la izquierda mexicana en materia económica fue acabar con la visión neoliberalista, que con el tiempo demostró ser un gran fracaso.
A casi 30 años de la llegada de las políticas neoliberales, estamos más endeudados. El patrimonio nacional se ha derrochado y las cifras de pobres no dejan de crecer.
Por ello, y ante una nueva realidad política, retomo el trabajo de mis compañeros exSenadores de la República, de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, quienes propusieron crear la Secretaría de Economía Social y Solidaria como una medida indispensable que permitiera diseñar, rediseñar la dinámica económica entre las clases sociales vulnerables.
La fórmula es simple, apoyemos a los trabajadores, a la clase trabajadora, artesanos, productores, pequeños empresarios; recuperemos su creatividad, ánimo de trabajo y la dignidad de ser dueños de su fuente de ingresos, mediante la figura de la propiedad colectiva social.
El principal objeto de esta propuesta es liberar a los trabajadores de la relación capital-trabajo y burocracia-trabajo, mediante la autogestión económica para evitar el paternalismo financiero.
La naturaleza jurídica de la propiedad social deviene del Constituyente de 1917, que estableció en el artículo 27 de la Carta Magna: “Que la propiedad de la tierra y las aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponden originalmente a la nación y no al Estado o a los individuos en particular”.
El significado social de esta decisión política, fundamental en el texto de la Constitución, implica que dentro de nuestro Estado de derecho la propiedad de la tierra y de las aguas, en origen, es colectiva y no privada o estatal, la existencia del derecho social, de un derecho económico, social contrapuesto a los derechos públicos y privados, como es el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un desarrollo urbano, equilibrado, y el derecho a la propiedad social y colectiva del sector social.
Está la Declaración de los Derechos Sociales del Hombre y del Ciudadano de nuestra Carga Magna, tal y como lo señalan los Diputados Constituyentes Alfonso Cravioto y Pastor Rouaix, la propiedad social está representada por los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las comunidades, las cooperativas y las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores.
Conforme a lo que hoy determina el artículo 25 constitucional, en el entorno global: La tasa promedio del crecimiento económico de México, en los últimos 25 años, no es lo suficiente para resolver las crecientes necesidades sociales, sea por la vía de las actividades económicas, el sector público, como del privado.
Desde hace décadas el país atraviesa por una parálisis macroeconómica y socialmente regresiva, resultado de un desequilibrio entre los intereses del mercado financiero y oligopólico cada vez más desregulado, en menoscabo del interés público y que atenta contra la garantía del bienestar de la población con empleos escasos y precarios, inestabilidades sectoriales y regionales, desigualdad, pobreza y migración crecientes.
El porcentaje de la población en situación de pobreza respecto a la última medición realizada por Coneval en el 2016, fue del 43.6 % y 7.6 % en pobreza extrema.
En México, más de la mitad de los habitantes, es decir, el 51.2 % son pobres.
La estrategia que proponemos como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para revertir esta situación, es impulsar la economía desde la autogestión de los trabajadores, una economía social y colaborativa, indiscutible, garante de la inversión de capital bruto fijo y nacional para producir mercancías, bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades básicas que demandan los más de 50 millones de pobres que saturan el mercado interno.
Generar empleos formales y dignos, y así combatir la desigualdad y la pobreza para ser superadas estructuralmente y no desde una visión asistencialista, ineficaz, financieramente derrochadora y política perversa que ha seguido nuestro país desde 1989.
Las cooperación ejemplifican la importancia de la economía social, pues, a nivel mundial cuanta con casi mil millones de socios y generan más de 100 mil millones… 100 millones, perdón, 100 millones de empleos, o sea, un 20 % más que las firmas multinacionales y garantizan el sustento de cerca de un cuarto de la población del mundo.
Las ventas anuales de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo, suman 1.1 trillones de dólares de acuerdo al Inegi.
El Producto Interno Bruto de México, en el 2018, es de 18.4 billones de pesos.
Es importante recordar que la economía social pretende cimentar relaciones de producción, distribución, consumo y financiamiento fundamentadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y autogestión, situando a los trabajadores en el centro del sistema económico al servicio de su bienestar, tal y como lo ha sostenido la auténtica izquierda a lo largo de la historia.
Para lograr tal objetivo, y después de analizar un balance de las extremas limitaciones de la actual política destinada a la economía social, no tenemos ni la menor duda que dicha realidad exige la creación de una institución de la Administración Pública centralizada dedicada ex profeso a tal cometido, la Secretaría de Economía Social y Solidaria.
La actual situación económica y social de nuestro país hace necesario avanzar en la concepción tradicional de la Administración Pública, de mantener a la economía social en la esfera de la economía en general, o bien como apéndice de la política asistencialista de desarrollo social. Es necesario establecer que la economía social es una función sustantiva de toda República Democrática.
En los términos establecidos en el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución, que el mejor cumplimiento de lo ahí señalado requiere elevar a rango de Secretaría a la institución de la Administración Pública Federal responsable, concentrando las atribuciones que en la actualidad se encuentran dispersas en diferentes instituciones.
El financiamiento de la nueva Secretaría no constituye un esfuerzo presupuestal adicional a los recuerdos que el Estado mexicano ya destina a diversas instituciones que invierten en el sector actualmente. Por lo que será la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión quien analice, determine el financiamiento definitivo de la nueva institución.
De esta forma la Secretaría de Economía tendría su cargo sólo a las empresas del sector privado, cuyo objeto económico es diametralmente opuesto a las del sector social. En tanto que estas últimas estarían bajo la potestad y fomento de la Secretaría de Economía Social y Solidaria.
Es el momento de que la auténtica izquierda impulse el tránsito hacia otro paradigma, atacar de fondo las causas que generan las desigualdades, apostar a satisfacer las apremiantes necesidades sociales promoviendo los cambios estructurales que sean necesarios y avanzar a la construcción de una sociedad libre y de bienestar social, regida por una República social, democrática y de derecho.
De acuerdo con lo anterior, queridos compañeros, pongo a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de acuerdo, que reforman varios artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas para crear la Secretaría de Economía Social y Solidaria.
Sé que el tiempo se nos fue muy rápido, pero creo, compañeros y compañeras Senadoras y Senadores, que es el momento de iniciar realmente un cambio profundo que requiere este país.
Por su tolerancia, muchísimas gracias, Presidente.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.
En la segunda ronda, tiene el uso de la tribuna el Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 22 constitucional, en materia de extinción de dominio.
El Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima: Gracias, Presidenta.
A nombre del grupo parlamentario de Morena someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.
La extinción de dominio es una institución en virtud de la cual por sentencia judicial se declara la pérdida de la titularidad de bienes de una persona a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado, todo ello derivado de la Comisión de Actos Ilícitos, tipificados como delitos.
Esta figura fue introducida en el texto del artículo 22 constitucional mediante la Reforma publicada en el Diario Oficial en junio de 2008. Posteriormente, con la finalidad de desarrollar las bases y principios de esta materia, en mayo de 2009, fue publicada la Ley Federal de Extinción de Dominio reglamentaria del artículo 22 de la Constitución.
Cabe mencionar que en la Reforma Constitucional de 2008 sólo se incluyeron cinco conductas en el catálogo de delitos en los cuales procedía la extinción de dominio, delincuencia organizada contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; sin embargo, a más de diez años de la Reforma, aquella que creó la figura de extinción de dominio, se hace necesario ampliar la aplicación de esta institución a otras conductas delictivas que han aumentado en su incidencia y que afectan gravemente a la sociedad y la economía del país y lesionan los fundamentos del Estado de derecho.
Delitos como el de corrupción han incrementado su incidencia y estrategias de operación de tal forma que cada vez es más complicado lograr resoluciones judiciales que signifiquen un verdadero castigo para quienes los cometen y que se logre una verdadera restitución a las víctimas y al propio Estado.
Casos de corrupción graves son de todos conocidos, los culpables también son del conocimiento público, así como los hechos delictivos en que han incurrido y las cantidades millonarias que tales hechos de corrupción han implicado. Por ello, el Poder Legislativo debe ser activo en proponer adecuaciones al marco jurídico que atienda de mejor manera estos lamentables hechos.
Es necesario enfrentar con respuestas duras y contundentes la emergencia en la que se encuentra nuestro país, ya que no es menor el agravio que la comisión de estos delitos ocasiona a nuestro pueblo, la impunidad no debe ser característica del Estado mexicano. De ahí la necesidad de contar con una herramienta de recuperación de recursos proveniente de hechos ilícitos en materia de corrupción.
En concreto, se propone la modificación del artículo 22 constitucional para agregar otros delitos en relación con los cuales se deba evitar la extinción de dominio, particularmente los relacionados con hechos de corrupción. Asimismo, se propone modificar las reglas de los bienes sobre los cuales procede su aplicación.
Decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para obviar el tiempo voy a leer la reforma fundamental que se propone al numeral 6 de la fracción II para que proceda la extinción en los casos siguientes.
Ya existe, como decía, en el caso de delincuencia organizada delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
Ahora Morena propone que se agreguen delitos por hechos de corrupción, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos contra la Administración Pública.
Son estas reformas que ha propuesto Morena y que pretende limitar el uso abusivo y corrupto del poder, quizá el mejor homenaje el día de hoy para la lucha de 1968 por la democratización de México. Están en el mismo sentido.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador, Álvarez Lima.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la creación de la Comisión de Pesca y Acuacultura.
La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Muchas gracias.
Me permito solicitar su atención sobre todo de quienes integran los estados que tienen vocación pesquera y que tienen litorales.
México es el país número 17 a nivel mundial en términos de producción pesquera, el tercero en el Continente Americano, después de Estados Unidos y Perú, somos el tercer productor mundial de pulpo, séptimo en camarón, décimo en sardina y décimo primero en atún.
Hoy quiero hacer esa participación en la tribuna expresando mi preocupación con la decisión que se ha tomado de desaparecer a la Comisión de Pesca y haberlo fusionado en otra, una muy grande y extensa comisión.
Considerando la importancia que la pesca representa para el país, las demandas del sector pesquero, especialización que debe privar en los asuntos que aborda en el Congreso de la Unión y en función del beneficio que significa.
Presento hoy la iniciativa para establecer de manera expresa, en la Ley Orgánica del Congreso, una Comisión de Pesca y Acuacultura en el Senado, como existe en la Cámara de Diputados y en la mayoría de los congresos estatales.
La pesca en México constituye una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de este país, y debe ser un sector estratégico en el desarrollo nacional.
México es un país con vocación pesquera, cuya biodiversidad marina genera un vasto potencial productivo que nos obliga a aprovechar eficientemente sus recursos pesqueros, ésta es una actividad productiva del más elevado contenido social, porque contribuye a la seguridad alimentaria, la generación de empleos, el desarrollo regional, el ingreso de divisas al país, es factor de arraigo de la población y representa en importantes regiones del país la principal opción de desarrollo.
No obstante que la mayoría de los pescadores hoy se encuentran en condiciones sociales y económicas muy desfavorables, según cifras oficiales, la producción pesquera nacional es de un millón 800 mil toneladas, lo cual ubica al sector pesquero como el de mayor crecimiento entre las actividades agroalimentarias, la producción con un valor de 38 mil millones de pesos sitúa a México en el número 17 a nivel mundial en producción pesquera.
No obstante estas cifras, la situación de la pesca es muy compleja, derivado de la falta de competitividad en la mayoría de sus rubros y es evidente en la situación actual de desamparo en que viven la mayoría de los pescadores del país, principalmente los ribereños.
La realidad es que se ha abandonado a la pesca a su suerte y la Conapesca no ha cumplido con los fines para la que fue creada.
El desmantelamiento de las instituciones públicas, encargadas de este sector, desde finales de los años 80’s y la falta de políticas públicas adecuadas, han propiciado el debilitamiento de la atención a los problemas que viven los pescadores mexicanos, ya sean los de la pesca comercial, deportiva o quienes se dedican a la acuacultura por citar algunas de sus vertientes.
En este escenario, las comisiones de Pesca de la Cámara de Diputados y del Senado, han sido espacios importantes de discusión y de creación de alternativas legislativas y políticas públicas más avanzadas en la materia para el mejoramiento de las condiciones de desarrollo de la actividad pesquera y acuícola nacional.
Hoy en día es una exigencia de quienes se dedican a esta actividad, más apoyos a la pesca ribereña, transparencia en concesiones y permisos y en el ejercicio de los recursos presupuestales, fortalecer la inspección y vigilancia, regular el esfuerzo pesquero mediante programas de ordenamiento, transparentar y redireccionar los incentivos y subsidios, garantizar la participación efectiva del sector en consejos y comités de consulta, fortalecer la investigación, entre otras, debemos impulsar una agenda nacional en este tema.
En tal sentido, es imprescindible que el Senado concentre en una Comisión de Pesca y Acuacultura los conocimientos y la normatividad que los respalde técnica, profesional y políticamente.
La Cámara de Senadores creó en 2012, por acuerdo del Pleno esta comisión, en seis años ha significado un aporte fundamental al trabajo legislativo en esta materia.
Sin embargo esta nueva Legislatura toma la decisión de desaparecer esta comisión, lo cual nos preocupa, es una acción que perjudica al sector pesquero nacional.
Creemos que suprimirla sin analizar sus impactos reales ha sido una decisión apresurada, con visión centralista y que no responde a la realidad social y económica del país.
Además, hago la siguiente observación, diciendo que debe de realizarse lo que se suscitó en el Senado con las nuevas comisiones, ya que al desaparecer la Comisión de Pesca, debió regresarse esta materia a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca como se le denomina en el artículo 90 de la Ley y no haberse asignado a otra nueva comisión, hasta en tanto se reformara la Ley.
Ningún acuerdo puede estar por encima de la ley.
La Cámara de Diputados ha sido más cuidadosa en este sentido, ya que hoy estamos recibiendo la minuta de reformas por las que se crea su nuevo listado de comisiones.
La Cámara de Senadores necesita una comisión de Pesca y Acuacultura que trabaje en favor de los pescadores mexicanos, de los cuales desprende más de 3 millones de compatriotas, requerimos una comisión encargada del tema pesquero, que responda a la complejidad de esta actividad, debemos tomar conciencia de ellos, la austeridad debe aplicarse, pero debe aplicarse a nosotros en lo personal, no debe esta austeridad perjudicar la eficiencia y la eficacia de las instituciones, no debe perjudicar a los sectores ni a los ciudadanos.
Hoy me parece un contrasentido que se hable de impulsar una plataforma con enfoque social en el Senado, donde estamos representando a 17 estados con litoral costero y a las entidades con aguas interiores.
Que esta decisión se revise y se tome a conciencia.
Requerimos una Comisión de Pesca y Acuacultura en ese Senado, los invito a que hagamos una reflexión y que podamos valorarlo en favor de los pescadores mexicanos que hoy ocupan una voz en este Senado.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Sonido por favor en el escaño de la Senadora Paredes.
La Senadora Beatriz Paredes Rangel: (Desde su escaño) Si lo permite la legisladora sumarme a su iniciativa.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido por favor al escaño de la Senadora León Gastélum.
La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: (Desde su escaño) La compañera Senadora de Baja California también se suma a la iniciativa.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El Senador Añorve y el Senador Zamora Gastélum.
El Senador Manuel Añorve Baños: (D esde su escaño) De igual forma, Presidenta, si me lo permite la Senadora, nos sumamos a su iniciativa.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, el Senador Zamora Gastélum.
El Senador Mario Zamora Gastélum: (Desde su escaño) Lo mismo, para adherirme también, por favor.
El Senador Navarro.
Gracias, si la Senadora Saldaña lo tiene a bien, pasará la Secretaría Parlamentaria a recabar sus firmas.
El Senador Rementería.
La Senadora Minerva Hernández.
La Senadora Indira Rosales.
La Senadora Ifigenia y la Senadora Covarrubias.
Sonido, por favor, al escaño del Senador Rementería.
El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Me gustaría, de manera respetuosa, solicitarle a usted haga usted un llamado a quien controla el sonido para que nos permitan terminar nuestras intervenciones, por favor.
Porque ni siquiera permiten que uno termine, ellos asumen que ya dijo uno lo que quería, cuando no es así, ojalá lo pueda hacer usted.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Claro que sí, con mucho gusto.
Le pedimos a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que, por favor, consulten con la Senadora Saldaña si tiene a bien que los Senadores que lo han manifestado suscriban la iniciativa, quieren del grupo parlamentario completo, entonces no creo que la Senadora Saldaña tenga inconveniente.
Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de protección al medio ambiente.
Frente a los grandes problemas que tiene México, como la corrupción, la impunidad y la violencia, pareciera que hablar de otro tipo de temas resulta irrelevante, pero esto no es así.
México, sin duda, se debate entre la violencia y la desigualdad, pero también se debate entre la contaminación de sus ríos, de sus mares y la inminente destrucción de nuestro medio ambiente, que pone incluso en peligro la vida de todos nosotros. Y lo peor de todo esto es que somos nosotros, nosotros mismos los que estamos provocando estos problemas.
Miren, cada día, en cada momento, nos enteramos de casos en los que la indignación y el coraje no son suficientes para expresar lo que se siente cuando sabemos que en nuestros cielos hay aires profundamente contaminados por tóxicos y plásticos tóxicos; en el que nuestros ríos no están llenos de vida, donde ahí corren toneladas de basura; en el que nuestros mares miles de tortugas y de otras especies son asfixiadas por los plásticos que son arrojados cada hora en cada instante.
Y ante esta realidad el gobierno federal, muchísimas instituciones de gobierno y muchísimos ciudadanos han permanecido indiferentes, como si eso fuera a resolver el problema.
Pero yo sólo quiero decirles que mientras nosotros estamos aquí allá afuera hay cuatro millones y medio de toneladas de plásticos que están contaminando todo nuestro país, y que a finales de este año vamos a tener más de seis millones de toneladas de plástico en nuestro territorio.
Según algunos estudios, a finales del 2050, en el mundo va haber más plásticos que peces en el mar.
Y miren, esas toneladas de plásticos están formadas en mayoría por productos de este tipo, productos de un solo uso que realmente los utilizamos sólo algunos minutos, que no son indispensables para la vida, pero van a permanecer en este planeta 200, 500 o hasta mil años.
Y, miren, estos mismos productos son los que provocan que nuestros ríos, nuestros mares y nuestras reservas ecológicas sean como ésta.
Este es el Cañón del Sumidero, en Chiapas. El año pasado se retiraron mil 500 toneladas de basura.
Así se ve uno de los parques nacionales más importantes de nuestro país.
O también les puedo poner otro ejemplo. Así se veía la bahía de Acapulco.
En mayo de 2017, después de una intensa lluvia, los ríos arrastraron basura de todo tipo a sus playas.
Tenemos que entender que cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando del aire que respiramos, del agua que tomamos, de los alimentos que consumimos, por eso no es casualidad que mientras miles de especies animales y su hábitat está destruido, ellos perdiendo la vida, también nosotros estemos generando profundos problemas de salud y que estemos poniendo en riesgo la vida de los seres humanos.
Yo sólo les quiero dar algunos números alarmantes.
Según el Imco, 5 mil muertes, 14 mil hospitalizaciones y 728 millones de pesos en gastos de salud estuvieron relacionados y están relacionados cada año por problemas de contaminación por este tipo de plásticos.
Yo les pregunto: ¿No les parece increíble que estos artículos, que estos desechos plásticos que están contaminando nuestros ríos, nuestros mares, nuestra tierra, nuestros lagos, vayan a permanecer en este planeta mucho más tiempo que una civilización entera?
¿Qué tipo de planeta queremos?
Uno, en el que tengamos vida o uno en el que la destrucción al medio ambiente esté asegurada.
Desde hace algunos años mi compañero Clemente Castañeda y yo hemos impulsado esta agenda, cuando fuimos Diputados Federales, para prohibir el uso de este tipo de plásticos.
Hoy como Senadores, acompañados de nuestros compañeros de fracción y de otros legisladores, vamos a seguir impulsando esta agenda.
Ya Jalisco hace uno días aprobó ser el octavo estado de nuestro país en prohibir el uso de este tipo de plásticos.
¿No podríamos extender esto al resto del país?
Yo sólo les quiero decir, nuestro medio ambiente, nuestro planeta es nuestro hogar, tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo y realmente demostrar que lo queremos, por eso hagamos que el legado, que nuestro legado, que el legado de esta civilización no sean toneladas y toneladas de basura.
Sólo para terminar quiero aprovechar un comentario que hizo el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana y que fue reiterado por la Senadora Nahle, en la que dijo que nunca más el Ejército iba a ser utilizado para lastimar al pueblo.
Eso no sólo tiene que quedar en buenas intenciones, eso tiene que quedar en ley, por eso nosotros ya presentamos una propuesta para revertir la Ley de Seguridad Interior, y le recordamos al Presidente electo, a la mayoría de Morena, que aquí están nuestros votos para tener una seguridad sin guerra.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climáticos y de Estudios Legislativos.
Enseguida tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto que modifica el artículo 41 constitucional, en materia de financiamiento a partidos políticos.
El Senador Alejandro González Yáñez: Con su venia, Senadora Presidenta.
El propósito central para proponer la modificación del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el siguiente: Le planteamos a esta soberanía la impostergable y urgente necesidad de modificar la fórmula de asignación de distribución de los recursos financieros públicos a los partidos políticos, bajo los siguientes considerandos:
En la actualidad la fórmula señala que debe de ser 70 % diferenciado y 30 % igualitario.
De entrada, esta fórmula es expresa y explícitamente desigual e inequitativa. Es decir, ya los contendientes entran a una lucha política comicial, con suelo disparejo.
El objetivo de esta iniciativa es piso parejo para los jugadores electorales.
Incluso existe la versión de que algunos partidos políticos o algunos candidatos se han financiado del crimen organizado, abiertamente de la delincuencia o hacen uso indebido del dinero de la Administración Pública e incluso son financiados por empresarios corruptos y corruptores.
Estamos proponiendo pasar de la democracia desigual a la democracia igualitaria.
Proponemos que sea una nueva fórmula para la asignación de los recursos públicos a los partidos políticos y sería 100 % igualitario.
Esto sí sería una democracia pareja. Por eso hablamos de la democracia igualitaria.
Sería Enrique Krauze, quien señalaría la democracia sin adjetivos, sólo que en este país hay un abuso en el uso de la palabra “democracia”. En México la democracia sí necesita apellidos.
Por eso pasar a la democracia igualitaria es una asignatura impostergable.
Les recuerdo los orígenes del financiamiento público a los partidos.
Fue en Inglaterra a propuesta del Partido Laborista. El argumento central del Partido Laborista, era que otros partidos llevaban ventaja al ser financiados por privados.
Ahí nace el financiamiento público para los partidos políticos en el mundo, la cual después se generalizaría.
En ese tenor, el día de hoy consideramos conveniente que una vez que estamos entrando al cambio verdadero y democrático, que vamos hacia la construcción de la cuarta transformación de la República, la República Democrática, pasemos de la democracia desigual, a la democracia igualitaria en materia de financiamiento de los partidos políticos.
Y en ese tenor, que sea una distribución pareja, 100 % igualitaria.
Dejamos a su consideración esta iniciativa y la podrán consultar con mayores argumentos en el momento indicado.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 1° constitucional, en materia de libre desarrollo de la personalidad.
La Senador María Leonor Noyola Cervantes: Con la venia, señor Presidente.
Quiero agradecer a los compañeros y compañeras Senadoras, que se sumaron a esta iniciativa que el día de hoy presentamos.
A la Senadora Imelda Castro, del grupo parlamentario Morena; al Senador Napoleón Gómez Urrutia, del grupo parlamentario Morena; Bertha Caraveo Camarena, del grupo parlamentario Morena; María Soledad Luévano, de Morena; Senador Cristóbal Arias Solís, de Morena; Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, de Morena; Senadora Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano; Dante Delgado Rannauro, de Movimiento Ciudadano; Senadora Martha Lucía Micher Camarena, de Morena; Senador Olga Sánchez Cordero, de Morena; Américo Villarreal Anaya, de Morena; Susana Harp Iturribarría, de Morena; y a Rogelio Israel Zamora Guzmán.
La iniciativa que presento este día con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene que ver con tres temas muy importante dentro del ámbito de los derechos humanos y fundamentales, Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad.
Una aproximación para definir este derecho, se encuentra en la capacidad natural que tienen todas las personas a decidir de manera libre sobre su desarrollo individual, autonomía personal que constituye una de las manifestaciones más importantes de la dignidad humana.
Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte ha sostenido que la dignidad se constituye como un derecho absolutamente fundamental, base, condición y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad.
Ahora bien, la Constitución Política en su parte dogmática, establece y reconoce los derechos humanos que tienen todas las personas. Sin embargo, particularmente en las disposiciones normativas que establecen los derechos de libertad no se hace mención al libre desarrollo de la personalidad.
Por su parte, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que el Estado mexicano forma parte en su artículo 3°, establece: el reconocimiento de la personalidad jurídica como un derecho que toda persona tiene; mientras que en el artículo 11° se establece: “que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su dignidad, derecho a las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo”.
A partir de la resolución de la Suprema Corte, en la que se estableció que no se considera delito el aborto antes de las 12 semanas de gestación. En varias entidades federativas se estableció en sus Códigos Penales Locales dicha disposición.
Sin embargo, a nivel federal y en algunas entidades federativas aún sigue sin establecerse la despenalización del aborto.
Es muy interesante cómo dentro de la sentencia de la Suprema Corte mexicana se consideró lo siguiente: Este Tribunal considera que la medida utilizada por el legislador resulta de este modo idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental e incluso respecto de su vida.
Los abortos histórica y actualmente suceden en contextos legales o restrictivos ya sea porque existen embarazos no deseados, violaciones sexuales; mujeres que no desean ser madres, que se prohíba o restrinja su acceso, no hace que el aborto deje de practicarse; hace que suceda en condiciones peligrosas e insalubres para muchas mujeres y eleva el costo a los sistemas de salud pública al tener que tratar las complicaciones de dichos abortos inseguros, derecho a una muerte digna.
Cuando la vida ha dejado de tener las condiciones mínimas adecuadas y suficientes para considerarse como una vida digna es necesario considerar la posibilidad de que sea el propio individuo quien determine ejerciendo su derecho a decidir libremente sobre su muerte digna.
Nuestro máximo tribunal determinó que el derecho a una muerte digna no puede considerarse equiparable a la eutanasia y el suicidio asistido, ya que se trata de un derecho que comprende tanto cuestiones clínicas y médicas como de integración social, de ahí que los Senadores del grupo parlamentario del PRD consideramos que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo y el derecho a una muerte digna resulta indispensable y necesario que se encuentran comprendidos dentro del artículo 1º de nuestra Carta Magna.
Por lo que se propone se adicionen tres párrafos: quinto, sexto y séptimo, y se recorre el quinto para ser el octavo en los términos siguientes:
“Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre derecho de su personalidad, la República garantizará que todas las personas puedan ejercer libre y plenamente sus capacidades para vivir con dignidad.
La vida humana digna es el sustento del derecho de toda persona a una muerte libre y digna. Las instrucciones y las instituciones de salud garantizarán sin restricción alguna el ejercicio de este derecho.
No será punible la interrupción libre del embarazo cuando se realiza antes de las 12 semanas de gestación.
Las instituciones de salud del Estado garantizarán la atención y protección de las mujeres que ejerzan estos derechos”.
Compañeras, sé que son puntos muy polémicos, una muerte digna todos tenemos derecho a una muerte digna.
La interrupción legal del embarazo, compañeras, defendamos los derechos reproductivos y salvemos las vidas de las mujeres.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Noyola.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Morena, para presentar un proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de trabajo de empleados domésticos.
La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán: Muy buenas tardes, Senadoras y Senadores.
Vengo a nombre del grupo parlamentario de Morena, vamos a suscribir esta iniciativa el Senador Napoleón Gómez Urrutia y una servidora.
Es una iniciativa precisamente que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo que desempeñan las y los trabajadores domésticos.
El trabajo doméstico aún no se encuentra reconocido socialmente, por lo que ha creado un desprecio constante, volviéndose invisible, impidiendo que reciba un valor real y sea visto como una fuente importante de empleo.
Pocas veces es tomado en cuenta como parte fundamental del funcionamiento de nuestra economía y de nuestra sociedad.
Quienes realizan esta tarea tan importante han sido víctimas de discriminación social, legal laboral, dejándolos en una absoluta indefensión.
Llegó la hora de hacer justicia social a las y los trabajadores domésticos que no solamente sufren explotación laboral, sino también la falta de reconocimiento de sus derechos fundamentales, lo que ha derivado a que sufran los efectos de la marginación, maltrato, aislamiento, abuso y humillación.
Ante esta soberanía vengo a presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para garantizar que se otorguen los derechos laborales que se les ha negado a las y los trabajadores domésticos.
En México, según Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE en el 2017 se tenían registrados 2 millones 480,466 personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, cifra que representa el 4.8 % del total de la ocupación nacional, y que va en aumento.
De cada 100 personas ocupadas en actividades domésticas 90 son mujeres, otros datos reflejan que el 99 % son los trabajadores domésticos, y que laboran sin un contrato escrito, por si fuera poco, por cada 10 mujeres dedicadas a esta actividad, el 40 % labora más de 40 horas a la semana, es decir, sufren explotación laboral, en contraste, por cada 10 varones, el 70 por ciento trabaja más de 40 horas a la semana.
El 76.5 % de los trabajadores domésticos que son la gran mayoría, apenas obtienen ingresos menores a 2 salarios mínimos diarios, y a fin de darle certidumbre laboral y seguridad a las y los trabajadores domésticos.
El trabajo doméstico se caracteriza por realizarse en un espacio físico ubicado dentro de un espacio privado, lo que permite a los trabajadores realizar actividades externas relacionadas en esta ámbito privado, las cuales no se encuentran reguladas, por lo que diversos derechos como el pago por horas extras no se encuentra contemplado.
En principio estamos proponiendo modificar el artículo 333 con la finalidad de prohibir que la jornada laboral de los trabajadores domésticos exceda de 8 horas diarias, los patrones que requieren ampliar los horarios laborales estarán obligados, por ley, a pago de horas extraordinarias.
También proponemos reformar el artículo 336 para que los trabajadores domésticos que habiten en el hogar para el que trabajan no estén obligados a permanecer en ese espacio o acompañar a los miembros del hogar durante los períodos de descanso diario, semanales y durante las vacaciones anuales; incluso se obliga a los patrones a otorgar servicios de salud para los trabajadores para los trabajadores domésticos, así como para sus hijos, derechos que históricamente se les ha negado, y que ahora es urgente garantizarlo.
Y, para reforzar estos derechos estamos planteando la urgente necesidad de ratificar el Convenio C 189 acordado por la Organización Internacional del Trabajo en la que se regula un trabajo decente y dignificado para las y los trabajadores domésticos.
De acuerdo con este convenio se logra identificar y suprimir las restricciones legislativas o administrativas u otros obstáculos en el ejercicio del derecho de los trabajadores domésticos.
Finalmente, es importante resaltar que dicho convenio entró en vigor el 5 de septiembre de 2013, y hasta el momento ha sido ratificado por 25 países, excepto por México y otras naciones de América Latina.
Los trabajadores y las trabajadoras domésticas tienen los mismos derechos humanos, laborales y merecen ser tratados con dignidad.
Llegó el momento de respetarlos, dignificarlos y hacer justicia.
Se adhiere a su iniciativa la Senadora Mónica Fernández, también la Senadora Antares Vázquez, el Senador José Luis Pech, y la Senadora Griselda Valencia y la Senadora Guadalupe Covarrubias, y la Senadora Margarita Valdez, y si hay más Senadoras y Senadores, pido a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que junte las firmas correspondientes de adhesión.
La Senadora Nadia Navarro también se adhiere a la iniciativa presentada.
La Senadora Nadia Navarro Acevedo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias a usted, Senadora.
Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Minerva Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de lavado de dinero.
La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su venia, Presidente.
La Senadora Minerva Hernández Ramos: En Acción Nacional estamos convencidos que debe darse una lucha frontal contra la corrupción, este mal que aqueja al gobierno y a la sociedad en el siglo XXI.
La corrupción, Senadores, tiene causas multifactoriales y su combate requiere un enfoque integral a través del diseño de políticas públicas efectivas, de instituciones sólidas, de rendición de cuentas, y en especial, demostrar tolerancia cero hacia la impunidad.
En la ruta que parte de la corrupción y llega hasta la impunidad, el lavado de dinero o blanqueo de capitales, juega un papel determinante para conductas delictivas como son el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito.
Fue en la Evaluación Nacional de Riesgo de 2016 donde se reconoció que son más de 10 mil millones de dólares los que pueden estar involucrados en lavado de activos, cifra que, insisto, consolidaría un complejo de delitos, como delincuencia organizada, defraudación fiscal, y por supuesto, los de corrupción.
En el último informe de evaluación realizado por el Grupo de Acción Financiera Gafi, en enero de 2018, se estableció que nuestra Procuraduría no ha considerado como una prioridad la identificación e investigación de lavado de activos, este lavado no es investigado ni perseguido plenamente de manera proactiva y sistemática, también advirtió que la cantidad de acciones penales y condenas por lavado de activos es demasiado baja, y que raramente se persigue penalmente como un delito autónomo.
Hoy, y en días pasados, amanecimos con la noticia de que en tres años y medio Duarte podrá disfrutar de lo que su esposa cree que es merecida abundancia, pero en realidad es fruto de la corrupción.
Y lo mismo sucede con los casos de Odebrecht, la estafa maestra o de desvíos documentados por la Auditoría Superior de la Federación, en Sedatu y Sedesol, donde usaron empresas fantasmas, pagos al extranjero, compra de dólares y transferencias a países como China, Paquistán o también como está la descarada dispersión de recursos públicos mediante entregas en efectivo por más de 700 millones de pesos por parte de los sospechosos comunes, Sedatu y Sedesol.
En estos ejemplos, la corrupción institucional siguió al pie de la letra el manual del experto lavador de dinero, al grado que seguramente casi lo utilizará como contraejemplo de sus 40 recomendaciones.
Pareciera que en este país la ruta del dinero es corrupción, lavado e impunidad, porque estos escándalos nacieron y crecieron ante la vista de funcionarios que tienen nombre y apellido, comenzando por Lozoya, Rosario Robles y Javier Duarte.
Porque si existiera un compromiso institucional con la investigación y persecución de lavado de dinero, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera bien pueden comenzar con investigar las redes de corrupción y de lavado construidas con el beneplácito y protección de Lozoya, de Robles o de Duarte.
Sin embargo, la política pública de prevención de lavado no se ha reflejado en un número importante de condenas en materia penal, ni de procedimientos de extinción de dominio o de recuperación o decomiso de activos producto de diversos delitos, algunos por corrupción.
Ante la inoperancia e ineficiencia que el Presidente Peña ha mostrado en este tema, desde el Congreso de la Unión tenemos que establecer los mecanismos de control y de rendición de cuentas en la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En tal virtud, la iniciativa que hoy nos ocupa propone que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sea considerado como un Empleado Superior de Hacienda para que su nombramiento sea ratificado por este Senado de la República.
Además, establecer como obligación del Secretario de Hacienda y del Titular de la UIF, su comparecencia conjunta ante la Cámara de Diputados para exponer los resultados de la política pública en materia de detección y prevención de lavado de dinero, así como el de la recuperación de activos relacionados con hechos de corrupción.
Además, otorgar autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera y, por último, fortalecer la inteligencia financiera de las entidades federativas y establecer mecanismos de coordinación a nivel nacional, no sólo para que existan reglas comunes en cuanto a la prevención de lavado de dinero, sino también para que se avance en materia especialmente de la recuperación de los activos para esta Nación.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Minerva Hernández.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, su iniciativa.
Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un proyecto de decreto que deroga la fracción IX y el inciso d) de la fracción II del artículo 3º constitucional, en materia de eliminación de la evaluación educativa.
La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: Con su permiso, señor Presidente.
La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, fue creado por Decreto Presidencial el 8 de agosto del 2002.
Sin embargo, con la incorporación de la fracción IX al artículo 3º constitucional, en el 2013 se constituyó como una instancia superior en cuanto a materia de evaluación educativa se refiere.
La incorporación de la fracción IX, como lo señalan muchos especialistas en el tema, representó un acto de pragmatismo extremo que pretendió blindar la evaluación punitiva y con ello consolidar:
1.- Un andamiaje jurídico que a la postre eliminaría derechos labores de los trabajadores de la educación.
2.- Un sistema de exámenes descontextualizados, estandarizados y excluyentes que se jerarquizaría y clasificaría a los estudiantes de educación básica.
3.- Una autoridad evaluadora por encima de la Secretaría de Educación Pública y autoridades estatales.
El carácter punitivo y violatorio de los derechos laborales de los trabajadores de la educación está explicitado en el marco normativo de la misma reforma.
Así, por ejemplo, el artículo 53 de la Ley General de Servicio Profesional Docente señala: “Que los profesores que incumplan con la evaluación, perderán los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado”.
El artículo 74 de la misma ley agrega: “Que de incumplir con los procesos de evaluación se dará por terminado los efectos del nombramiento correspondiente, sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas”.
De esta forma, la evaluación docente implicó sacar a los profesores de la protección del artículo 123 de la Constitución, así como de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
La obsesión por usar el arma de la evaluación contra el magisterio fue tal que se dotó al INEE de tal poder, que los lineamientos que este emita son obligatorios para la SEP y otras autoridades, y si no los acatan podrían ser sancionadas.
La gran crítica con la evaluación docente es que se basa en un concepto ambiguo y tramposo de la calidad de la educación.
La obsesión por la evaluación llegó a tal grado que la reforma educativa impulso un concepto nebuloso y ambiguo de calidad.
De esta forma, en el inciso d) de la fracción II del artículo 3º constitucional, se puede leer: “Será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos, más allá de las galimatías que represente este apartado”.
Lo que cualquier maestro de educación básica tiene claro es que hablar de calidad y evaluación de la educación, cuando el 51.1 % más de la mitad de los 40 millones de niños y niñas que viven en México se encuentran en situación de pobreza.
Cuando el 91 % de los niños hablantes de la lengua indígena viven en condiciones de pobreza.
Cuando el 12 % de los niños y niñas menores de cinco años aún padecen desnutrición crónica.
Cuando 3.6 millones de niños y niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad están trabajando.
Hablar de calidad de la educación cuando el 40 % de las escuelas públicas no tienen drenaje.
Cuando el 30 % no tiene agua.
Y el 10 % carece de luz eléctrica y sanitarios.
Hablar de calidad con este panorama no sólo es un acto de cinismo, sino de perversidad.
Décadas de evaluación a los estudiantes de educación básica no sólo no han mejorado los indicadores del Sistema Educativo Nacional, sino que por el contrario lo pervirtieron.
Estas consideraciones son del ex Secretario de Educación, Emilio Chuayffet, ex Secretario, quien en febrero del 2014 apuntó que la prueba de evaluación nacional de logros académicos en centros escolares, o sea, la Prueba Enlace, pervirtió el desempeño docente, pues vinculaba sus resultados a los estímulos a maestros, por lo que informó que su aplicación ya no se llevaría a cabo.
La evaluación punitiva implementada por el INEE fue una imposición de organismos internacionales al gobierno de México. Esta disposición pretendió instaurar un régimen de despido individual, con lo cual se vulneró el derecho a la estabilidad laboral. De esta forma las recomendaciones de la OCDE son una de las pautas para la creación de una legislación laboral especial para el Magisterio, con lo cual erróneamente se violentó la legislación laboral vigente que protege a los trabajadores de un despido individual injustificado.
Después de cinco años de haberse aprobado la Reforma Educativa es evidente que la incorporación de la figura del INEE a la Constitución y del inciso d) a la fracción II del artículo 3° constitucional pretendió legalizar y culminar una política de por lo menos 20 años de transformaciones neoliberales al Sistema Educativo Nacional basadas en evaluaciones punitivas contra estudiantes, profesores e instituciones educativas, así como en un concepto ambiguo de calidad educativa, inspirado en los estándares de calidad, excelencia, productividad, eficiencia y eficacia, propio de las disciplinas administrativas y empresariales, con el fin de construir una escuela pública de corte gerencial, nada más alejado del carácter humanista, científico y democrático de la educación.
El pueblo de México y el Magisterio comprometidos con la escuela pública hablaron el 1° de julio y han votado por la abrogación de la Reforma Educativa del 2013.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8°, fracción I, 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169, 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IX y el inciso d) del párrafo segundo de la fracción II del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Blanca Piña.
La Senadora Guadalupe Covarrubias, para adherirse a la iniciativa.
La Senadora Mónica Fernández.
La Senadora Angélica García.
La Senadora Ana Lilia Rivera.
La Senadora Citlalli Hernández.
La Senadora Antares Vázquez.
La Senadora Ifigenia Martínez.
El Senador José Luis Pech.
El Senador Miguel Ángel Navarro.
El Senador Américo Villarreal.
La Senadora Gricelda Valencia.
El Senador Héctor Vasconcelos.
La Senadora Eva Galaz.
El Senador Antonio Cruz Álvarez Lima.
La Senadora Cecilia Sánchez.
Se adhieren a esta iniciativa presentada por la Senadora Blanca Estela Piña.
Recoja las adhesiones, Secretaría de Asuntos Parlamentarios.
Informo a ustedes que la Junta de Coordinación Política hizo llegar a esta Mesa Directiva dos acuerdos en relación con el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorporen a la agenda de este día para su trámite.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren a la agenda de hoy los dos acuerdos.
Quienes estén porque se autoricen, favor de levantar la mano.
Quienes estén porque no se autoricen, favor de levantar la mano.
Sí se autorizan, señor Presidente.
Se autoriza la incorporación de los acuerdos.
El primer acuerdo propone declarar la conclusión del procedimiento iniciado por la LXIII Legislatura para designar a dos Consejeros del Consejo Consultivo del Inai.
El acuerdo está disponible en sus escaños para su conocimiento.
Solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a su parte resolutiva.
Primero.- Se da por concluido el procedimiento para nombrar a los Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que dio inicio con la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura, el 6 de marzo de 2018, en razón de que este órgano de gobierno no alcanzó el consenso necesario para proponer al Pleno el nombramiento de los Consejeros Honoríficos referidos.
Segundo.- Quedan a salvo los derechos de los ciudadanos que participaron en la convocatoria descrita en el resolutivo anterior a efecto de que si así lo desean participen en el próximo procedimiento de selección.
Tercero.- La Junta de Coordinación Política emitirá una nueva convocatoria para el nombramiento de los Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, está a discusión el acuerdo.
Si no hay oradores u oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
Se declara concluido el procedimiento para designar a los Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Inai que dio inicio con la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura.
El segundo acuerdo propone emitir la convocatoria para elegir a cuatro Consejeros del Consejo Consultivo del Inai.
La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Como lo indica, Presidente.
Convocatoria Pública a ciudadanas y ciudadanos mexicanos interesados en ocupar alguna de las cuatro vacantes de Consejero Honorífico del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como a instituciones académicas de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y a la sociedad en general a que propongan alguna candidata o candidato de acuerdo con lo siguiente.
Primera.- De acuerdo con los artículos 53 y 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los candidatos propuestos para integrar el Consejo Consultivo deberán cumplir con los siguientes requisitos.
1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
2.- Tener cuando menos 30 años cumplidos el día de la designación.
3.- Contar con al menos 5 años de experiencia y reconocido prestigio en materia de acceso a la información, protección de datos, transparencia, rendición de cuentas y/o protección a los derechos humanos.
4.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión por si se tratara de robo, fraude y fiscalización, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público e inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.
5.- No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal, ni Gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México durante el año previo al día de su nombramiento.
Segunda.- La Junta de Coordinación Política será la encargada de recibir las propuestas de las y los candidatos a ocupar el cargo del Consejo Honorífico, del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y para dar cumplimiento a la base primera de esta convocatoria, se deberá entregar lo siguiente:
1.- Carta firmada por la candidata o candidato en donde manifiesta su voluntad expresa de participar en el proceso de selección a ocupar el cargo de Consejero Honorífico del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de haber sido propuesto, carta firmada en la que se respalde dicha postulación.
2.- Currículum vitae con fotografía reciente en el que se precise la fecha de su nacimiento, los datos generales, número telefónico de la candidata o candidato, correo electrónico y que contenga información principalmente de la experiencia profesional académica o administrativa en las materias de transparencia, acceso a la información, protección de datos o rendición de cuentas y/o protección de los derechos humanos.
3.- Copia certificada del acta de nacimiento de la candidata o candidato.
4.- Copia certificada de la credencial para votar por ambos lados expedida por el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Federal Electoral de la candidata o el candidato.
5.- Documentos en los que acredite contar con al menos 5 años de experiencia y reconocido prestigio en materia de acceso a la información, protección de datos, transparencia, rendición de cuentas y/o protección a los derechos humanos.
6.- Una exposición breve de su proyecto de trabajo en mínimo 5 cuartillas.
7.- Exposición de motivos que justifiquen su idoneidad para el cargo.
8.- Carta bajo protesta de decir verdad en el que manifieste:
a). No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión o que haya cometido robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, cualquier otro que lastime la buena fama en el concepto público y se encuentre sujeto a proceso judicial o jurisdiccional respecto a lo señalado con antelación.
b). Que no se encuentre suspendido en el ejercicio de sus derechos civiles o políticos.
c). Que ha residido en el país durante los dos años previos a la entrega de su postulación y que señale no haber desempeñado el cargo de Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal, ni Gobernador de algún estado, Jefe de Gobierno, de la Ciudad de México o de haberlo desempeñado, que refiera la fecha en que se separó del mismo.
d). Que he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar el cargo de Consejero Honorífico del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como las determinaciones que deriven de la misma.
9.- Un disco compacto que contenga dos archivos, uno con datos y cada uno de los documentos solicitados anteriormente, digitalizados en formato PDF y otro con los mismos en versión pública, elaboradas siguiendo los criterios establecidos en el acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 15 de abril del 2016.
10.- Una carta asignada por el aspirante en la que se otorgue su consentimiento para que el Senado de la República publique la versión pública y entregue sus documentos. Los documentos que entregue deberán estar foliados y firmados con tinta azul en su margen derecho excluyendo la documentación certificada ante la fe de notario público y en el caso de la carta bajo protesta de decir verdad, además, deberá contar con firma autógrafa del aspirante.
Los originales podrán ser requeridos en cualquier momento por las Comisiones Dictaminadoras para realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas.
Las versiones públicas entregadas por los interesados podrán ser difundidas libremente por el Senado de la República para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Tercera. – La documentación a la que se refiere la base anterior, deberá entregarse personalmente por el interesado en ocupar dicho cargo en la oficina del Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicada en el sótano 1 de la Torre de Comisiones, en Avenida Paseo de la Reforma No. 135, esquina Insurgentes, Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06030 los días 3,4,5,8,9 y 10 de octubre del año en curso, en un horario de las 10 a las 18:00 horas.
Cuarta.- Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que se refieren las bases anteriores de la presente convocatoria y remitirá mediante acuerdo a más tardar el 12 de octubre a las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia del Senado de la República a aquellos que sean validados.
La falta de algunos de los documentos requeridos o su entrega fuera de tiempo y forma establecidos serán motivo para no validarse.
Quinta.- El listado de las y los candidatos inscritos, así como la documentación que hayan sido entregados por inscripción en versión pública, serán publicados en la Gaceta Parlamentaria en la página electrónica del Senado de la República y en el micrositio de las comisiones.
Sexta.- Las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia, acordarán el formato y la metodología para la evaluación de las y los candidatos.
Séptima.- Las Comisiones harán el análisis de las candidaturas y presentarán el listado de las y los candidatos a la Junta de Coordinación Política que cumpliendo con los requisitos de la presente convocatoria, consideren que reúnen condiciones de elegibilidad para ocupar dicho cargo.
El listado no será vinculatorio en la decisión que tome el Pleno del Senado.
Octava.- La Junta de Coordinación Política con base en el listado de que terminen las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia, acordarán los nombramientos que someterá la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores, observando que se cumpla el principio de paridad de género previsto en el artículo 53 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Novena.- Las propuestas de la Junta de Coordinación Política serán presentadas para su votación por cédula en el Pleno y en caso de que algún candidato o candidata no tenga el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes, se realizará una segunda votación.
Si ésta no se alcanza dicha mayoría, la Junta de Coordinación Política presentará una nueva propuesta en la sesión ordinaria siguiente.
Décima.- Las nuevas propuestas en su caso se someterán a lo dispuesto en la base anterior.
Décima Primera.- Las personas que resulten electas, rendirán la protesta de ley ante el Pleno.
Décimo Segunda.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
Décima Tercera.- Publíquese la presente convocatoria en dos periódicos de circulación nacional los días 3 y 4 de octubre del presente y en la Gaceta del Senado, en la página electrónica del Senado de la República y en los micrositios de las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia.
La Senadora Malú Micher, sonido en su escaño, por favor.
La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Señor Presidente, quiero hacer una observación.
Pido disculpas por mi voz, me estoy poniendo un poco ronca, pero quiero hacer una observación que a reserva de presentarlo en una reforma a la Ley Orgánica del Congreso, quiero manifestar, todos los documentos que han presentado tienen un lenguaje masculino, ser mexicano, el legislador, el señor legislador.
Yo le pido, por favor, que seamos incluyentes en la elaboración de las convocatorias, de los documentos, de todo lo que firma la Mesa Directiva a reserva, lo vuelvo a decir, de una iniciativa que presentaré la semana que entra.
De verdad, se ha dicho varias veces y creo yo que yo era la única que estaba escuchando mal, pero parece ser que ya es algo reiterativo.
La Senadora que nos hizo el favor de leerlo lo iba corrigiendo porque seguramente se dio cuenta, no, y qué bueno que había omisiones en algunas de las, decía: “el legislador” o “la persona”, es más fácil; es decir, yo nada más le pido, y con gusto lo haré, entregar esta iniciativa, pero también apegarnos un poco a que el lenguaje no es un tema de Fox, es un tema antropológico, es un tema que incluye la desigualdad.
Se lo agradezco mucho, sé que hay que modificar alguna reglamentación por ahí, pero no está demás, lo que no se nombra no existe, y a mí en la escuela me enseñaron el masculino y el femenino, y se lo agradezco muchísimo.
Con todo gusto esta Mesa Directiva recoge el planteamiento que tiene que ver con la cultura de la igualdad.
En este caso es un documento de la Junta de Coordinación Política que la Mesa ha sometido a discusión del Pleno del Senado, pero vamos a plantear que esta convocatoria incorpore los elementos, una vez que se publique, para que contenga igualdad, un lenguaje de igualdad de género y platicaremos con los integrantes y las integrantes de la Mesa Directiva, y de igual manera lo haremos extensivo a la Junta de Coordinación Política para que documentos, convocatorias tengan un lenguaje de igualdad de género.
Pregunto ¿si hay más intervenciones?
Si no es así pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado con la modificación en el lenguaje que pide la Senadora Malú Micher.
La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo con las modificaciones señaladas.
Aprobado el acuerdo que propone emitir la convocatoria para elegir a cuatro consejeras y consejeros del Consejo Consultivo del Inai.
Publíquese la convocatoria en los términos de la base Décima Tercera de la convocatoria aprobada.
Informo que la iniciativa de la Senadora Blanca Estela Pina Gudiño fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos.
También informo que en el comunicado del Senado de la República, sobre las consecuencias desastrosas del tsunami y el terremoto en Indonesia, se incorporaron las aportaciones de la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso.
Asimismo, informo que en la sesión del 4 de octubre de 2018, por acuerdo de la Mesa Directiva, se abordará el tema de la conclusión de las negociaciones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, con los posicionamientos de los grupos parlamentarios y el Senador sin partido, en el rubro de agenda política.
Hago de su conocimiento que los textos de las intervenciones de los rubros de la agenda política y de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.
Les recuerdo que si desean mantener inscritas sus iniciativas y proposiciones para la siguiente sesión deberán informarlo a la secretaría técnica de la Mesa Directiva.
De no recibirse avisos se aplicará el correspondiente turno a comisiones, los cuales se publicarán en la Gaceta.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se han agotado los asuntos de la agenda, Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Le informo a las Senadoras y Senadores que en la próxima sesión, a celebrarse el jueves 4 de octubre, tendremos la asistencia de la maestra Margarita Aguilar Santos, Directora de la Escuela Superior de Economía y del doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del Instituto Politécnico Nacional, quienes participarán en nuestra sesión al acudir a recibir el reconocimiento que este Pleno acordó entregar a dicha institución.
Durante su presencia hará uso de la palabra la maestra Aguilar Santos, por parte de la Escuela Superior de Economía, y habrá también una intervención de esta Presidencia.
Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 4 de octubre, a las 11:00 horas.
Se levantó la sesión a las 14:55 horas.
Inicio de Sesión: 11:22 hrs.
Sen. Juan Zepeda
Comunicaciones Ciudadanos de Senadores
Comunicaciones de la Mesa Directiva .
Una, con la que expresa sus condolencias al pueblo y al gobierno de la República de Indonesia, por las víctimas a consecuencia del terremoto y del tsunami ocurridos el 28 de septiembre del año en curso.
Develación de la leyenda “Movimiento Estudiantil de 1968”, en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores .
Sen. Norma Rocío Nahle García
Sen. Higinio Martínez Miranda
Sen. Salomón Jara Cruz
Sen. Indira de Jesús Rosales San Román
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para que la educación contribuya a desarrollar la cultura de la paz para combatir la violencia y la inseguridad.
Sen. Gabriela Benavides Cobos
De los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué y Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal.
Sen. Antonio García Conejo
Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas.
Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros
Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que modifica el artículo 41, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para garantizar la igualdad y la democracia en la distribución de las perrogativas a los partidos políticos, donde se modifica la fórmula de treinta por ciento igualitario y setenta por ciento diferenciado, con el objetivo de que la fórmula sea para una distribución cien por ciento igualitaria. Y con ello pasar de la democracia inequitativa a la democracia igualitaria.
De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos y se recorre el quinto, para ser el octavo, del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sen. Lucy Meza
De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social.
Sen. Blanca Estela Piña Gudiño
De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto que deroga la fracción IX y el inciso d) de la fracción II del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

References: artículo 108
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 22
 artículo 90
 artículo 41
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 119
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 76
 artículo 27
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 11
 resolución 
 artículo 1
 artículo 333
 artículo 336
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 53
 artículo 74
 resolución 
 artículo 123
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 53
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 41
 artículo 1
 artículo 3