Source: http://bazica.org/informe-de-admisibilidad-v9.html
Timestamp: 2019-04-19 10:25:46+00:00

Document:
INFORME No. 22/16
PETICIÓN 189-08
SAÚL GAMARRO MENESES
157º período ordinario de sesiones
Citar como: CIDH, Informe No.22/16. Petición 189-08. Admisibilidad. Saúl Gamarro Meneses. Guatemala. 15 de abril de 2016.
SAUL GAMARRO MENESES
El 19 de febrero de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Comisión Interamericana", "Comisión" o "CIDH"), recibió una petición presentada en representación propia por el señor Saúl Gamarro Meneses (en adelante “el peticionario” o “presunta víctima”), en la cual se alega la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”) por la presunta violación de su derecho de propiedad y de garantía y protección judicial.
El peticionario sostiene que 30 mil pies de madera y un aserradero móvil de su propiedad fueron incautados por el Estado de forma ilegal en marzo de 2004 y posteriormente depositados con terceros. Alega además que estas personas se apropiaron de estos bienes y que su intento de recuperarlos judicialmente no tuvo éxito debido la inactividad del Ministerio Público. Por su parte, el Estado señala que el Ministerio Público continúa promoviendo la persecución penal iniciada por el peticionario como mecanismo de restitución de los derechos que considera vulnerados y alega que la petición es inadmisible debido a la falta de agotamiento de los recursos internos.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decide declarar el caso admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (garantías judiciales), 21 (propiedad privada) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también, “la Convención” o “la Convención Americana”), en concordancia con el artículo 1.1 del mismo tratado. La Comisión decide además, notificar esta decisión a las partes, y publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
La petición fue recibida el 19 de febrero de 2008. El 30 de junio de 2008 la Comisión transmitió al Estado las partes pertinentes de la petición, otorgándole el plazo de dos meses para que presentara sus observaciones, de acuerdo con el artículo 30.3 del Reglamento de la CIDH entonces en vigor. El 1 de octubre de 2008 el Estado presentó sus observaciones a la petición, las cuales fueron trasladadas al peticionario el 10 de noviembre de 2008. El 10 de diciembre de 2008 el peticionario presentó sus observaciones; las cuales fueron trasladadas al Estado el 19 de marzo de 2009.
La Comisión recibió observaciones adicionales del peticionario en las siguientes fechas: 9 de diciembre de 2008; 7 y 11 de mayo de 2009; 3 y 29 de junio de 2009; 11 de agosto de 2009; 14 de septiembre de 2009; 8 de octubre de 2009; 14 de enero de 2010; 3 y 15 de marzo de 2010; 13 de mayo de 2010; 4 y 16 de agosto de 2010; 25 de enero de 2011; 18 de noviembre de 2011; 25 de febrero de 2013; y 9 de septiembre de 2014. Estas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado.
Por su parte, Guatemala envió información en las siguientes fechas: 2 de marzo de 2009; 24 de abril de 2009; 24 de agosto de 2009; 14 de octubre de 2009; 9 de diciembre de 2009; 15 de enero de 2010; 21 de mayo de 2010; 29 de noviembre de 2010; y 10 de marzo de 2011. Estas comunicaciones también fueron debidamente trasladadas al peticionario.
El peticionario sostiene que el Estado de Guatemala es responsable por la incautación y posterior depósito ilegal de sus bienes con terceros; actos que resultaron en la pérdida de estos bienes. Alega además que el Estado es responsable por una denegación de justicia, pues, a pesar de contar con una orden judicial para recuperar sus bienes, los mismos nunca le fueron devueltos y el Estado nunca investigó con seriedad o sancionó a los responsables por estos hechos.
Como antecedentes de la incautación y depósito ilegal de sus bienes, informa que desde el año 2000 tenía un acuerdo con los comuneros de la Comunidad Nuevo Chunacté (en adelante, “la Comunidad”), municipio de Chahal, Alta Verapaz, quienes utilizaban un aserradero móvil de propiedad del señor Gamarro para talar madera en sus tierras ya que contaban con un permiso de tala otorgado por el Instituto Nacional de Bosques (en adelante, “INAB”). Según el peticionario, esta madera le era posteriormente vendida por los comuneros. No obstante, señala que en diciembre de 2003, el señor Fernando Valle Arizpe (en adelante, “el señor Valle”), valiéndose de una certificación anómala expedida por el Fondo de Tierras, a través de su funcionario Benjamín Roderico Ic Coc (en adelante, “el señor Roderico”), presentó denuncia al Ministerio Público en contra de los comuneros alegando que habían ingresado a los terrenos de su finca, se habían dedicado a talar madera ilegalmente y construido viviendas con la intención de permanecer dentro de su propiedad. Indica que en razón de esta denuncia el Ministerio Público instauró una persecución penal en contra de los comuneros por los delitos de usurpación agravada y atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, dando inicio al proceso 214-2004, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia Penal y Delitos Contra el Ambiente del Municipio de Poptún, Peten (en adelante, “el Juzgado de Peten”).
Añade que el 10 de marzo de 2004, el Juzgado de Peten autorizó la detención de varios comuneros. Señala que el 31 de marzo de 2004, policías del Servicio para la Protección de la Naturaleza (en adelante, “SEPRONA”) y guardias del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (en adelante, “CONAP”) organizaron una comisión para detener a los comuneros; operación que resultó en la incautación de 30 mil pies de madera y de su aserradero móvil y en la detención de un comunero. Señala además que el 27 de abril de 2004, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Peten autorización para trasladar la madera y el aserradero móvil incautados a un lugar seguro; autorización concedida al día siguiente. Indica que en julio de 2004, policías de SEPRONA auxiliaron al señor Roderico a desarmar el aserradero móvil para que sus partes pudieran ser trasladas a un local secreto dentro de la finca junto con la madera.
El peticionario indica que en aquel momento se opuso al traslado de sus bienes y solicitó que éste no se llevara a cabo. Sin embargo, afirma que fue informado por SEPRONA que el traslado se realizaba con base en una orden judicial. Agrega que intentó entonces enviar a su hijo y a otras personas para acompañar la diligencia pero estas personas fueron recibidas a “balazos”.
El peticionario afirma que, después de no haber podido impedir el depósito de sus bienes con terceros y el traslado de los mismos a un local desconocido, adoptó varias medidas para recuperarlos y para solicitar que los agentes públicos responsables por el depósito ilegal y de los bienes y los terceros que habían quedado con los mismos fueran responsabilizados.
En ese sentido, indica que primero presentó una denuncia en contra del fiscal auxiliar del Ministerio Público a cargo de la persecución penal instaurada contra los comuneros, el señor Victor Hugo Rosales (en adelante, “el señor Rosales”), por entender que su actuación había sido ilegal. Indica que un informe con fecha de 6 de octubre de 2004, elaborado por la Supervisora Auxiliar del Ministerio Público, confirma que el señor Rosales había incurrido en falta administrativa: i) por haber iniciado la persecución penal y solicitado la captura de los comuneros sin haber antes investigado quien sería el propietario de la finca objeto en el proceso; y ii) por haber solicitado el secuestro de los bienes cuando ya existía un auto de falta de mérito a favor del comunero detenido. Alega que la Supervisora Auxiliar recomendó la apertura de proceso administrativo en contra del señor Rosales y su jefe superior pero que ninguna sanción les fue aplicada.
En segundo lugar, indica haber solicitado al Juzgado de Peten la devolución de sus bienes. En ese sentido, indica haber informado al Juzgado de Peten en septiembre de 2004 que la madera incautada había sido talada de forma legal y solicitado que se le devolviera la madera y su aserradero. Indica que en octubre de 2004, el propio señor Valle informó el Juzgado de Peten sobre su renuncia y desistimiento total y expreso de las acciones penales en contra de los comuneros y solicitó que se devolvieran los bienes incautados a sus propietarios ya que todo no había pasado de “un mal entendido”. Indica que, después de algunas diligencias, el Juzgado de Peten ordenó que el aserradero móvil fuera devuelto al peticionario pues se había acreditado en autos la propiedad y preexistencia del mismo y que la madera fuera devuelta a Estéban Tut Tzul (en adelante, “el señor Tut Tzul”), uno de los comuneros que había vendido la madera al señor Gamarro.
Sin embargo, señala que el 12 de octubre de 2004, la policía informó al Juzgado de Peten que no podía proceder con la devolución de estos bienes a sus propietarios pues desconocía su paradero ya que los bienes habían quedado en la finca del señor Valle bajo el cuidado del señor Roderico. Indica que el Juzgado de Peten entonces solicitó al señor Valle que instruyera al señor Roderico a devolver los referidos bienes a sus propietarios; solicitud rechazada y contestada por el señor Valle en escrito presentado ante el Juzgado. Indica además que en noviembre de 2004 el Juzgado fue informado por el señor Tut Tzul: i) que los señores Valle y Roderico serían los responsables por la desaparición de la madera y del aserradero móvil; ii) que, en la búsqueda de la madera por las cercanías de los límites con la supuesta finca del señor Valle, el señor Tut Tzul y otros comuneros constataron que, después de haber destruido los cercos y posteados y quemado sus ranchos, alrededor de 20 hombres armados transportaban madera de los comuneros hacía la finca; y iii) que los hombres armados les informaron que habían tomado la madera y el aserradero móvil por órdenes del dueño de la finca como forma de represalia contra los comuneros pues ellos habían impedido al señor Valle obtener una autorización de tala del INAB. En respuesta el Juzgado indicó que los hechos alegados deberían ser denunciados al Ministerio Público.
El peticionario afirma que ante la respuesta del Juzgado de Peten y el incumplimiento del señor Valle a la orden de devolución, tuvo que tomar medidas adicionales para denunciar la situación al Ministerio Público y solicitar que los responsables fueran procesados penalmente. En ese sentido, señala que en diciembre de 2004, junto con el señor Tut Tzul, interpuso ante el Ministerio Público una denuncia por apropiación y retención indebida en contra de los señores Valle y Roderico. Afirma que esta denuncia dio inicio a la persecución penal 1361-2004 que tramitó ante el al Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Alta Verapaz (en adelante “el Juzgado de Alta Verapaz”)1. Señala que el Juzgado de Alta Verapaz otorgó al peticionario y al señor Tut Tzul intervención provisional como querellantes adhesivos y actores civiles en esta persecución penal.
No obstante, a pesar de la denuncia y de la instauración de la persecución penal, afirma que le fue denegado acceso a la justicia pues el Ministerio Público nunca investigó con seriedad la responsabilidad de los señores Valle y Roderico en la desaparición de sus bienes y nadie fue sancionado.
Además, agrega que el 14 de septiembre de 2005, el Ministerio Público solicitó la clausura provisional del proceso con respecto al señor Valle. Según el peticionario, esta clausura fue solicitada para que el Ministerio Público pudiera solicitar al Fondo de Tierras información sobre quién era el propietario del inmueble de donde se había extraído la madera y, de no haber propietario, información sobre quién tendría más derecho sobre ello. Indica que, en audiencia realizada el 26 de octubre de 2005, el peticionario se opuso a esta solicitud pues consideraba que la propiedad de los bienes ya había sido acreditada en autos y una determinación sobre la propiedad del inmueble no era necesaria para que se llevara a cabo la devolución de los bienes muebles incautados. Agrega que en la audiencia el juez a cargo del proceso decidió acceder a la solicitud del Ministerio Público y ordenó la clausura provisional del proceso con respecto al señor Valle.
Similarmente, indica que, el 24 de enero de 2006, el Ministerio Público, por los mismos motivos, solicitó la clausura provisional del proceso con respecto al señor Roderico, y que el 2 de marzo de 2006, el peticionario, asistido por un nuevo abogado, manifestó su concordancia con esta medida pues consideraba pertinente que el Ministerio Público solicitar observaciones del Fondo de Tierras y del INAB para aclarar que él y los comuneros no habían talado madera ilegalmente.
El peticionario indica que, ante la clausura provisional del proceso, tenía la posibilidad de presentar una apelación o, en su calidad de querellante adhesivo, proporcionar la prueba faltante y solicitar la reanudación del proceso en los términos del artículo 331 del Código Procesal Penal de Guatemala (en adelante, “el CPP”). Indica que optó por la segunda vía y que, en abril de 2006, presentó al Juzgado de Alta Verapaz un memorial con informes del Fondo de Tierras y del INAB que contenían la prueba que faltaba. Indica que en esta fecha solicitó que se enviaran los informes al Ministerio Público para sus observaciones y que se autorizara la reanudación de la persecución penal.
Agrega que, ante el silencio del Ministerio Público, en mayo de 2006, solicitó al Juzgado de Alta Verapaz que otorgara al Ministerio Público un plazo para que éste se pronunciara sobre el requerimiento de reanudación; solicitud denegada por el Juzgado por entender que el Ministerio Público contaba con un plazo de cinco años para decidir sobre la reanudación de la persecución penal. Afirma que interpuso un recurso de reposición que fue resuelto de forma favorable y que el 22 de junio de 2006 el Ministerio Público solicitó al juez que permitiera la reanudación de la investigación; solicitud atendida en esta misma fecha.
Señala que, a pesar de la reanudación de la persecución penal, el Ministerio Público continuó sin actuar y que, entre junio de 2006 y la fecha de presentación de su petición ante la CIDH en febrero de 2008, intentó diversas medidas para promover la persecución penal. Agrega que a pesar de sus esfuerzos, la persecución penal no fue promovida por el Ministerio Público y que la clausura provisional se convirtió en un sobreseimiento definitivo de la persecución penal en contra de los señores Valle y Roderico, respectivamente, el 27 de octubre de 2010 y 2 de marzo de 2011, debido al transcurso de cinco años desde que se había autorizado la clausura provisional conforme el artículo 345 quáter. del CPP. Considera, por tanto, que los recursos en el ámbito interno se encuentran agotados.
Indica que todo lo anterior le ocasionó un gran perjuicio. Al respecto, indica que dependía de su negocio de tala de madera y su aserradero móvil para la subsistencia de su familia. Afirma que, además del perjuicio económico sufrido por la desaparición de sus bienes, él se vio impedido de seguir con su negocio y no pudo cumplir con contratos firmados con empresas de Japón y Estados Unidos. Indica además que tuvo que endeudarse para poder intervenir en el proceso interno. Señala que también sufrió dos atentados contra su vida, que sus tierras fueron tomadas por narcotraficantes y que en 2012 el alcalde de la municipalidad de Chahal, Alta Verapaz, destruyó las bodegas en donde tenía guardado sus productos. Indica que tuvo que dejar su país en razón de todo lo ocurrido y emigrar a Estados Unidos.
Aduce que las autoridades nunca tuvieron interés en llevar a cabo la persecución penal contra los señores Valle y Roderico o de devolverle sus bienes y que sólo esperaban el transcurso de tiempo para que se diera el sobreseimiento del proceso. Afirma además que esta no fue la primera vez que tuvo problemas con la incautación de madera que le pertenecía. En ese sentido, indica que en noviembre de 2002 la policía confiscó un camión y madera de su propiedad y que tampoco logró recuperar estos bienes.
Ante todo lo anterior, el peticionario alega que Guatemala es internacionalmente responsable de la violación en su perjuicio de los derechos establecidos en los artículos 8, 21 y 25 de la Convención Americana.
Con respecto a la alegada violación del derecho de propiedad, el Estado alega que es necesario acreditar la preexistencia del dominio sobre los bienes que habrían sido sustraídos indebidamente. Agrega que no son suficientes las declaraciones en sede fiscal y judicial para acreditar el dominio; y que el peticionario debió haber presentado documentos mercantiles y fiscales que justificaran la transacción de las maderas. Aduce además, que el Juez que ordenó la restitución de los bienes incautados habría reconocido al señor Gamarro el derecho sobre el aserradero móvil pero no sobre la madera, la cual debía ser entregada al señor Tut Tzul porque era quien poseía la licencia de tala. Añade además que nunca se probó quien era el propietario del inmueble donde se taló la madera.
El Estado también afirma que no puede ser responsabilizado por la desaparición de los bienes reclamados por el señor Gamarro pues los mismos habían quedado bajo la responsabilidad de los señores Valle y Roderico y corresponde a ellos la devolución de estos bienes y el pago de cualquier indemnización por su pérdida. Por lo tanto, aduce que el reclamo por daños y perjuicios debe dirigirse contra los responsables de la comisión de los delitos y no contra el Estado.
Afirma además que no se violaron los artículos 8 y 25 de la Convención Americana pues el peticionario ha tenido acceso a medidas judiciales para reclamar sus derechos y las autoridades han actuado para devolverle sus bienes y responsabilizar a los presuntos responsables por los hechos denunciados. Indica al respecto: i) que en octubre de 2004 el Juzgado de Peten ofició al Jefe de SEPRONA para que procediera a la devolución de la madera y del aserradero móvil; ii) que en octubre el Juzgado de Peten solicitó al señor Valle que devolviera el aserradero móvil al peticionario y la madera al señor Estéban Tut Tzul; iii) que en noviembre de 2004 el Juzgado de Peten instó al Ministerio Público a que iniciara la investigación correspondiente y localizara el aserradero móvil y los 30 mil pies de madera desaparecidos; iv) que en diciembre de 2004 el Ministerio Público inició una persecución penal en contra de los señores Valle y Roderico; v) que al principio de 2005 el Ministerio Público solicitó y el Juzgado de Alta Verapaz autorizó la aprehensión de los sindicados; vi) que las autoridades aprehendieron a los señores Valle y Roderico; vii) que en junio de 2006, después de la clausura provisional de la persecución penal, la reanudación de la misma fue autorizada por el Juzgado de Alta Verapaz atendiendo a una solicitud del Ministerio Público; y viii) que en septiembre de 2009 el Ministerio Público solicitó diligencias al Fondo de Tierras para poder identificar el propietario de las tierras donde se encontraba la Comunidad.
Según el Estado, en marzo de 2011, fecha de la última comunicación del Estado, el Ministerio Público continuaba promoviendo la persecución penal contra los señores Valle y Roderico para localizar los bienes desaparecidos y establecer las debidas responsabilidades. Indica, por tanto, que los recursos internos no fueron agotados. Asimismo, argumenta que no se ha violado el artículo 8 de la Convención porque ha existido razonabilidad en la duración del proceso, teniendo en cuenta la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales.
Asimismo, indica que el peticionario no puede quejarse de la clausura provisional de la persecución penal, pues en audiencia realizada el 2 de marzo de 2006, el señor Gamarro manifestó su concordancia con esta medida. Además, agrega que a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo, el señor Gamarro no apeló la decisión de clausura. Agrega además, que una vez reanudada la persecución penal en junio de 2006, el peticionario, como querellante adhesivo, tuvo la posibilidad de coadyuvar en la investigación para dar celeridad a la misma.
En conclusión, el Estado aduce que dada la falta de agotamiento de los recursos internos, la petición debería ser considerada inadmisible y que los hechos alegados no evidencian realmente una violación a los derechos del peticionario y solicita a la CIDH que así lo declare.
El peticionario se encuentra facultado, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto de quien el Estado de Guatemala se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Guatemala es un Estado parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de Guatemala, Estado Parte en dicho tratado.
El artículo 46.1.a de la Convención Americana exige el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, como requisito para la admisión de reclamos sobre la presunta violación de la Convención Americana. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, solucionen la situación antes de que sea conocida por una instancia internacional. Por su parte, el artículo 46.2 de la Convención prevé que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando: i) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; ii) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos a la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; o iii) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
La Comisión observa que las partes ofrecen información contradictoria sobre el estado actual de las investigaciones iniciadas para localizar los bienes incautados y responsabilizar a los presuntos responsables por los hechos denunciados. Por una parte, el peticionario afirma que activó las vías adecuadas y que la clausura provisional se convirtió en un sobreseimiento definitivo de la persecución penal en contra de los señores Valle y Roderico, respectivamente, el 27 de octubre de 2010 y 2 de marzo de 2011. El peticionario no proporciona documentos que confirman el sobreseimiento de la persecución penal y basa su alegato en el texto del artículo 345 quáter. del CPP en vigor a la época de los hechos. Por su parte, el Estado, en su última comunicación de marzo de 2011, alegó la falta de agotamiento de los recursos internos e indicó que el Ministerio Público continuaba promoviendo la persecución penal.
La Comisión observa que el artículo 345 quáter. del CPP entonces en vigor indicaba que se podría decretar el sobreseimiento de una persecución penal cuando luego de la clausura no se hubiere reabierto el proceso durante el tiempo de cinco años. Sin embargo, según información proporcionada por ambas partes, la persecución penal fue reanudada en junio de 2006 y, según información públicamente disponible, el referido artículo del CPP fue derogado por el Congreso Nacional de Guatemala el 21 de mayo de 2010 a través del Decreto No. 18-2010. Ante lo anterior, la CIDH acepta la posición del Estado de que el Ministerio Público continuaría promoviendo la persecución penal en contra de los señores Valle y Roderico.
La CIDH observa que la persecución penal por apropiación indebida fue iniciada en diciembre de 2004 y no hay indicio de que la misma haya concluido. Al respecto, la Comisión observa que como regla general, una investigación penal debe realizarse prontamente para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa. El Estado afirma que el plazo transcurrido es razonable debido a la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. Además, señala que el peticionario puede coadyuvar en la investigación a fin de dar más celeridad a la misma.
Los precedentes establecidos por la Comisión señalan que, toda vez que se cometa un presunto delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal y que, en esos casos, éste constituye la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos de reparación de tipo pecuniario2. La CIDH observa que el Código Procesal Penal de Guatemala define que la persecución penal por el delito de apropiación indebida y retención debe ser llevada a cabo en una acción pública dependiente de instancia particular3. Por lo tanto, habiendo el peticionario presentado la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, y teniendo en cuenta los precedentes de la CIDH, la Comisión considera que el delito debería ser perseguible de oficio y que resulta aplicable la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana de retardo injustificado.
El artículo 46.2 de la Convención Americana, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo vis a vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión, debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Cabe aclarar que las causas y los efectos que han impedido el agotamiento de los recursos internos en el presente caso serán analizados, en lo pertinente, en el informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si efectivamente configuran violaciones a la Convención4.
El artículo 46.1.b de la Convención Americana establece que para que una petición resulte admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva. En el reclamo bajo análisis, la CIDH ha establecido la aplicación de la excepción al agotamiento de los recursos internos conforme al artículo 46.2.c de la Convención Americana. Al respecto, el artículo 32.2 del Reglamento de la Comisión establece que en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión debe considerar la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.
En el caso bajo análisis, la CIDH ha establecido la aplicación de la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana. Observa al respecto que los hechos alegados se habrían iniciado en el año 2004; que el peticionario ha presentado denuncias ante los tribunales internos y el Ministerio Público con el objeto que se resolviera la acción penal planteada, que según la información disponible el proceso sigue abierto, y que la CIDH recibió la denuncia el 19 de febrero de 2008. Por lo tanto, en vista del contexto y las características del presente caso, la Comisión considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable y que debe darse por satisfecho el requisito de admisibilidad referente al plazo de presentación.
A los efectos de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si los hechos alegados pueden caracterizar una violación de derechos, según lo estipulado en el artículo 47.b de la Convención Americana, o si la petición es "manifiestamente infundada" o es "evidente su total improcedencia", conforme al inciso “c” de dicho artículo. El criterio para analizar la admisibilidad difiere del utilizado para el análisis del fondo de la petición dado que la Comisión sólo realiza un análisis prima facie para determinar si los peticionarios establecen la aparente o posible violación de un derecho garantizado por la Convención Americana. Se trata de un análisis somero que no implica prejuzgar o emitir una opinión preliminar sobre el fondo del asunto.
El señor Gamarro alega ser el propietario de bienes que fueron incautados por el Estado y posteriormente depositados con terceros sin que se constituyera un depósito como garantía. Agrega que el Poder Judicial reconoció que era el propietario de estos bienes y ordenó su devolución. Asimismo, indica que los mismos nunca fueron devueltos y que, a pesar de la presentación de una denuncia contra los responsables de la desaparición de los bienes, éstos nunca fueron responsabilizados debido a la inactividad del Ministerio Público. El Estado, por su parte, afirma que no puede ser responsabilizado por la pérdida de los bienes pues los mismos habían sido puestos bajo la responsabilidad de civiles y no de agentes del Estado. Asimismo, alega que los tribunales han respondido debidamente a las denuncias del señor Gamarro.
En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH considera que las alegaciones del peticionario podrían caracterizar posibles violaciones a los derechos protegidos en los artículos 8, 21 y, 25 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio del señor Gamarro.
1. Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 8, 21 y 25 de la Convención Americana en conexión con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento.
1 A pesar de haber inicialmente presentado la denuncia al Juzgado de Peten, éste, el 8 de noviembre de 2004, atendiendo a una solicitud del Ministerio Público, decidió declararse incompetente para seguir conociendo del asunto por entender que la competencia para decidir sobre el asunto debería ser determinada por la ubicación geográfica de la supuesta finca del señor Valle; motivo por el cual transfirió los autos al Juzgado de Alta Verapaz.
2 CIDH, Informe No. 34/15, Petición 191-07 y otras. Admisibilidad. Álvaro Enrique Rodríguez y otros. Colombia. 22 de julio de 2015, párr. 246.
3 Artículo 24, Ter. del Código Procesal Penal de Guatemala.
4 CIDH, Informe No. 48/15, Petición 79-06. Admisibilidad. Pueblo Yaqui. México. 28 de julio de 2015, párr. 56.

References: artículo 1
 artículo 30
 artículo 331
 artículo 345
 artículo 8
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 345
 artículo 345
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 32
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 1
 Artículo 24