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Sentencia A.N. 65/2010, de 17 de noviembre. Delito intentado de incendio con finalidad terrorista. Condena - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.N. 65/2010, de 17 de noviembre
Delito intentado de incendio con finalidad terrorista: Elementos necesarios según la jurisprudencia. Aplicación del tipo atenuado: Menor consideración del peligro. Concurrencia de prueba incriminatoria: Valor jurídico según el TS. Declaración incriminatoria de un coimputado contra otro: Validez según el TC.
ROLLO N.º 72/09
SUMARIO N.º 40/09
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 5
SENTENCIA N.º 65/2010
DÑA. ÁNGELA MARÍA MURILLO BORDALLO
DÑA. CARMEN PALOMA GONZÁLEZ PASTOR
DON JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
En Madrid, a diecisiete de noviembre de dos mil diez.
Vista en juicio oral y público, ante esta Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la causa procedente del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 bajo el n.º 40/09, seguida por el trámite del Sumario ante la posible comisión de un DELITO DE INCENDIO CON FINALIDAD TERRORISTA EN GRADO DE TENTATIVA, en cuyo procedimiento aparecen como acusados:
1.- Melchor, mayor de edad, nacido el día 8-11-1982 en Markina (Vizcaya), hijo de José Antonio y de Miren Nekane, con Documento Nacional de Identidad n.º NUM000, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, representado por el Procurador D. Javier J. Cuevas Rivas y defendido por el Abogado D. Kepa Manzisidor Txirapozu. Y
2.- Víctor, mayor de edad, nacido el día 14-1-1985 en Markina (Vizcaya), hijo de Jesús María y de María Concepción, con Documento Nacional de Identidad n.º NUM001, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, representado por el Procurador D. Javier J. Cuevas Rivas y defendido por el Abogado D. Kepa Manzisidor Txirapozu.
El Ministerio Fiscal estuvo representado por el Iltmo. Sr. D. Juan Moral de la Rosa.
Ha actuado como ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO, que expresa al parecer unánime del Tribunal.
Primero.-El día 6-10-2007 se incoaron las Diligencias Previas n.º 335/07 por el Juzgado Central de Instrucción n.º 5, a las que se incorporaron varias diligencias de investigación policiales y judiciales, por la perpetración en la noche del día 5-10-2007 en la localidad vizcaína de Markina de un acto supuestamente relacionado con el terrorismo callejero, consistente en el intento de incendio de un autobús de línea regular, en cuyo procedimiento aparecen como implicados, entre otros, los acusados Melchor y Víctor. Tales Diligencias Previas fueron transformadas en el Sumario n.º 40/09 por auto dictado el día 30-9-2009, en cuyo procedimiento se dictó auto de procesamiento el día 20-1-2010. El día 27-4-2010 se dictó auto de conclusión del sumario, siendo repartida la causa para su enjuiciamiento a esta Sección 4.ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde ya se había formado el rollo n.º 72/09 el día 7-10-2009. En dicho procedimiento se dictó el día 1-7- 2010 auto confirmando la conclusión del sumario y de apertura del juicio oral, y el día 20-9-2010 auto de admisión de los medios de prueba propuestos por las partes y de señalamiento del juicio oral, que finalmente se celebró el día 8-11-2010.
Segundo.-El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos enjuiciados como constitutivos de un delito de incendio terrorista en grado de tentativa, previsto en los artículos 351, 577, 16 y 62 del Código Penal. De dicho delito considera responsables en concepto de autores a los acusados Melchor y Víctor, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Para ambos solicita la imposición de las penas de 7 años de prisión, 15 años de inhabilitación absoluta, accesorias y costas procesales; además, los dos deberán indemnizar solidariamente al perjudicado Gines en la cantidad de 4.000 euros por los perjuicios sufridos, más los intereses legales.
Tercero.-La común defensa de los dos acusados, en sus conclusiones definitivas, interesó la libre absolución de sus patrocinados.
Cuarto.-El preceptivo juicio se celebró durante la audiencia del día 8-11-2010.
HECHOS PROBADOSPrimero.-Ha quedado acreditado en autos que alrededor de las 21 horas del viernes día 5 de octubre de 2007, un grupo de cinco o seis individuos encapuchados colocaron varios neumáticos en la calzada debajo del paso elevado de peatones situado en la calle Karmengo a la altura del n.º 16, en la localidad de Markina-Xemein (Vizcaya). Lo hicieron con objeto de obstaculizar ambos sentidos de la circulación y lograr que se detuviese el autobús de la empresa Compañía Autobuses Vascongados S.A., de la marca Mercedes Benz modelo O-1834-L con matrícula BI-2230-CK, de 48 plazas, que realizaba el trayecto entre Lekeitio y Bilbao, para proceder a su quema, transportando en aquel momento a cuatro pasajeros.
El conductor del autobús no pudo esquivar el obstáculo interpuesto en la vía y tuvo que parar el autobús, momento en que dos de los individuos asaltantes golpearon con palos el parabrisas delantero para conseguir que abriera las puertas del vehículo. Una vez que dicho conductor accedió a franquear el paso, entraron en el autobús otros tres individuos, los cuales rociaron todo su interior con la gasolina que contenían las tres garrafas de plástico con capacidad para cinco litros que portaban, al tiempo que obligaban a los pasajeros y al conductor del autobús a descender del mismo. Uno de los pasajeros opuso resistencia para marcharse, por lo que fue impregnado con gasolina antes de bajarse.
Como quiera que el conductor, Gines, se retrasaba porque antes quería recoger sus pertenencias del habitáculo que ocupaba, otro de los individuos asaltantes le conminó a que se diera prisa, al tiempo que vertía gasolina en el lado derecho de su cuerpo.
Las tres garrafas que contenían la gasolina usada quedaron dentro del autobús con parte del mencionado líquido inflamable, en tanto que la casi totalidad del contenido de una cuarta garrafa fue vertido en el exterior, en las proximidades del autobús.
Acto seguido, tales individuos prendieron fuego a los dos botellines de refresco conteniendo líquido inflamable que también llevaban, a los que habían añadido dos mechas de papel, los cuales lanzaron contra el autobús pero no llegaron a quemarlo por apagarse la llama antes de impactar los botellines en el vehículo, huyendo seguidamente del lugar sin lograr sus propósitos, ante la presencia en la zona de un vehículo policial.
Segundo.-Los individuos asaltantes, que actuaban coordinadamente y con el mismo designio, formaban parte de un denominado grupo o "talde Y" dedicado a la llamada lucha callejera o "kale borroka", que desplegaba sus acciones en la zona de Markina con objeto de favorecer los fines de subversión constitucional, socavamiento de la paz pública y amedrentamiento social que persigue la organización terrorista ETA y sus entidades afines.
Además de otros jóvenes cuya identidad se desconoce o que se hallan en paradero desconocido, participaron en la acción descrita los acusados, vecinos ambos de Markina, Melchor y Víctor, mayores de edad y sin antecedentes penales. El último de los nombrados fue uno de los dos que compelieron con palos al conductor del autobús para que parara y abriera las puertas de acceso al vehículo, con el fin de que otros tres subieran al vehículo y lo rociaran de gasolina para prenderle fuego, alcanzando el vertido del líquido inflamable al conductor y a uno de los viajeros. Finalmente, no lograron el propósito buscado por fallarles el sistema de iniciación del fuego y por pasar por el lugar una patrulla de la Policía Autónoma Vasca.
Tercero.-Como consecuencia de la acción ejecutada, el conductor del autobús sufrió lesiones físicas, consistentes en prurito, que tardaron en curar tres días, con uno de impedimento para sus ocupaciones habituales, y psíquicas, consistentes en persistencia de un cuadro ansioso-depresivo secundario a la agresión padecida o condicionado por la misma, el cual reclama indemnización por estos últimos menoscabos.
Asimismo, el vehículo autobús de línea regular asaltado tuvo desperfectos materiales, a cuya indemnización ha renunciado su propietaria, pues ha sido resarcida por el Consorcio de Compensación de Seguros en la cantidad de 4.220,67 euros y por el Gobierno Vasco por el importe de 317,69 euros.
Primero.-Calificación jurídica de los hechos declarados probados y acreditación de los mismos.
A) Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de incendio con finalidad terrorista en grado de tentativa, previsto en el artículo 351 párrafo 1.º inciso 2.º, en relación con los artículos 577, 579.2 y 16, todos del Código Penal, siendo autores del mismo los acusados Melchor y Víctor, por su directa, material y voluntaria ejecución, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
La jurisprudencia ha venido perfilando los elementos necesarios para la comisión del nombrado delito, de conformidad con la descripción del tipo. Así, la S.T.S. de 26-4-2002 dice que son los siguientes: a) La acción de prender fuego a una cosa, sea propia o ajena, y b) Ese fuego provocado ha de ocasionar un peligro para la vida o la integridad física de las personas; añade que se trata de un delito de peligro abstracto, siendo el bien jurídico protegido tanto el patrimonio como la protección de la vida e integridad personal, ya de personas concretas como potenciales, de ahí su encuadramiento dentro de los delitos contra la seguridad colectiva; se trata, además, de una infracción no de mera actividad, sino de resultado, porque es el resultado de la acción, la producción del incendio, lo que la convierte en peligrosa al generar un riesgo. Por ello, la S.T.S. de 5-7-2002 dice que el resultado de la acción no es cualquier producción de fuego, sino un incendio, que además debe generar un peligro para la vida o integridad física de las personas. Por lo cual la S.T.S. de 7-10-2003 argumenta que el delito de incendio no es un delito de peligro concreto, en sentido estricto, pues en realidad la naturaleza de este tipo delictivo debe configurarse como de peligro hipotético o potencial, a medio camino entre el peligro concreto y el peligro abstracto, donde no se tipifica en sentido propio un resultado concreto de peligro, sino un comportamiento idóneo para producir peligro contra el bien jurídico protegido.
En el caso enjuiciado se está ante una tentativa de delito, pues no llegó a originarse el fuego pretendido por los autores del acto, a pesar de verter la gasolina en el interior y en el exterior del autobús asaltado y de lanzar contra el mismo los botellines de refresco cargados con líquido inflamable de los que pendían sendos fragmentos de papel a modo de mechas, por causas ajenas a su voluntad, no pudiendo persistir en la acción porque al lugar se personó una patrulla policial, lo que determinó que los asaltantes, entre los que figuraban los dos acusados, abandonaran rápidamente el lugar. Debe tenerse presente que el delito de incendio se consuma tan pronto el fuego pasa del medio incendiario al objeto que se quiere incendiar, aun cuando éste no quede destruido, conociendo el sujeto activo la presencia de personas expuestas al peligro de las consecuencias de ese fuego que origina.
No obstante todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que debe aplicar el segundo inciso del párrafo 1.º del artículo 351 del Código Penal, ante la menor entidad del peligro causado, pues no se ha acreditado que el conductor y los cuatro pasajeros del autobús interceptado permanecieran tan cerca del lugar del eventual incendio que se iba a originar si en efecto se hubiera producido el contacto de las llamas de los botellines con la gasolina dispersa por el autobús y sus alrededores; en otras palabras, no consta que la vida o la integridad física de las personas que iban en el autobús se viera gravemente comprometida, sin que ello pueda significar que tal peligro real dejara de existir. Dicha norma atenuatoria de la responsabilidad criminal viene siendo entendida por la doctrina jurisprudencial (S.T.S de 26-12-2000) como una cláusula individualizadora que el órgano judicial puede emplear para adecuar la responsabilidad penal a la situación real de peligro enjuiciada, no constituyendo una facultad discrecional puesto que está sometida a los presupuestos que la permitan, esto es, la menor entidad del peligro causado y las demás circunstancias del hecho, además de la percepción del peligro por las potenciales víctimas. En definitiva, esta Sala entiende que la acción realizada, sin dejar de ser peligrosa para la vida e integridad física de los viajeros y del conductor, es de menor importancia que otras que reflejan un mayor peligro para los bienes jurídicos protegidos. Situación real de peligro existió, ante la idoneidad de los medios empleados, pero las circunstancias concurrentes demuestran la menor consideración de dicho peligro. De ahí que deba aplicarse el examinado tipo atenuado.
B) Los hechos declarados probados se han acreditado a través de las pruebas practicadas en el acto del plenario, consistentes en las declaraciones de los acusados; las testificales de los funcionarios de la Ertzaintza y del Cuerpo Nacional de Policía que llevaron a efecto los actos de investigación que desplegaron, así como de particulares que facilitaron puntuales datos sobre los hechos sujetos a comprobación, y diversa documental acumulada durante la instrucción de la causa.
a) El acusado Melchor declaró en el juicio sólo a preguntas de su defensa, negando los hechos que se le vienen atribuyendo y sosteniendo que sus declaraciones auto y hetero-incriminatorias como detenido no las realizó de manera voluntaria, sino mediatizado por los constantes malos tratos físicos y las amenazas que le infligieron los funcionarios policiales una vez que le detuvieron y antes de ser puesto a disposición judicial, en cuya sede judicial de instrucción se desdijo de sus anteriores declaraciones vertidas ante la Policía, precisamente bajo el argumento de que las hizo de manera forzada e inducido por los policías actuantes. En el acto del plenario declara que ese viernes día 5-10-2007 actuó como anfitrión del grupo musical alemán Punkomatix, al que fue a buscar a San Sebastián y acompañó hasta Ondárroa, y más concretamente hasta el local de actuaciones musicales y otros eventos artísticos denominado Kafe Antxokia, estando con sus miembros desde las 20:15 horas, mientras hacían pruebas de sonido, y permaneciendo en el local cuando a las 22:30 horas comenzó el concierto; considera que, por ello, era imposible que a las 21:00 horas del referido día se encontrara en Markina realizando los hechos de que se le acusa, pequeña localidad donde vive y donde sus vecinos se conocen entre sí y hablan básicamente en euskera. Curiosamente, estos últimos extremos fueron silenciados por el acusado y su defensa durante todo el devenir procesal, hasta que en el escrito de conclusiones provisionales, dicha defensa aportó la documentación, obrante en el sobre plástico del folio 30 del Rollo de Sala, consistente en una entrada al concierto mencionado y en el programa de actos del Kafe Antxokia, en el que en su antepenúltima página figura el concierto de Punkomatix para el día 5-10-2007 a las 22.30 horas. Asimismo, al plenario acudió, propuesto por aquella defensa, el testigo Segundo, el cual reitera las manifestaciones exculpatorias vertidas por el acusado, con el que dice tener más relación comercial que de amistad, ya que mantiene que en la tarde y noche de autos vio en el local mencionado, del que dice ser programador cultural, a Melchor, tanto antes como durante el concierto del grupo alemán, extrañándole que estuviera, porque con él ha tenido varias disensiones sobre el modo de ejercer su trabajo.
Como se ha indicado, en dependencias de la Comisaría General de Información y antes de pasar a disposición judicial, Melchor realizó, a presencia de Letrado de oficio, hasta tres declaraciones, acompañadas de reconocimientos fotográficos de personas de su entorno y de lugares. La primera declaración data del día 24-1-2007 a las 02:30 horas (folios 402 a 405 de la causa); en ella, además de otros hechos no enjuiciados en el presente procedimiento, admite su participación en la acción contra el autobús objeto de esta causa, habiendo comprado 10 litros de gasolina que se utilizaron para el intento de su quema, lo que admite que no consiguieron porque apareció una dotación policial. La segunda declaración tuvo lugar el mismo día 24-1-2008 a las 09:40 horas (folios 407 a 409 de la causa), y en ella ningún dato nuevo ofrece sobre los hechos aquí enjuiciados. Y la tercera declaración la realizó el día 25-1-2008 a las 02:30 horas (folios 410 y 411 de la causa), manifestando sobre la acción que se enjuicia que uno de los individuos del grupo asaltante, que no está siendo juzgado, facilitó al dicente un teléfono móvil, cuyo aparato él dio a otra persona, tampoco juzgada, que era la que realizaba labores de vigilancia, habiendo realizado estos hechos por la detención e ilegalización de la mesa nacional de Batasuna. Además, obra en los folios 443 y 444 de la causa el reconocimiento fotográfico que Melchor realizó de Víctor como persona que le acompañaba en la realización de las acciones de kale borroka que admitió haber efectuado.
En cambio, en el acta de su declaración como imputado, practicada el día 26-1-2008 (folios 601 a 604 de la causa), Melchor manifestó que recordaba lo que declaró ante la Policía, pero dijo que nada era cierto y negó que haya participado en hecho alguno relacionado con la denominada kale borroka, justificando que hubiera indicado lo contrario ante la Policía porque así conseguiría que dejaran de darle palizas y proferirle chantajes, si bien no dijo nada al forense porque previamente le habían amenazado; en cambio, sí admitió que era cierto que en el registro de su domicilio se incautó simbología de SEGI, Askatasuna y ETA, lo que justificó con el argumento atinente a que colecciona pines. En la indagatoria, practicada el día 11-2-2010 (folios 758 y 759), el procesado se limitó a decir que no son ciertos los hechos que se le imputan y se ratificó en lo que manifestó ante el Magistrado-Juez de Instrucción.
Plenamente relacionada con las declaraciones del referido acusado está la declaración testifical del P.N. NUM002, que actuó como instructor en las declaraciones policiales del acusado, cuyo funcionario manifestó en el juicio que tales declaraciones se efectuaron a presencia de Abogado de oficio y previa lectura de los derechos constitucionales, negando igualmente que se haya infligido cualquier género de maltrato físico o psíquico al interesado después de su detención y antes de ser puesto a disposición judicial. Esto último viene refrendado por el resultado del informe del médico forense que acudió a observar el estado del detenido; ello ocurrió el día 25-1-2008 sobre las 09:55 horas (folio 99 del Rollo de Sala), dictaminando el facultativo que el detenido le comunicó que no había sufrido maltrato físico ni psíquico y al preguntársele si quería ser reconocido manifestó que no, observándole consciente, orientado, normocoloreado y con porte tranquilo. De lo que se deduce sin género de duda que ningún maltrato recibió el acusado en las dependencias policiales mientras permaneció en situación de detenido.
Además de las declaraciones policiales auto-inculpatorias del acusado de que se trata, diversas declaraciones del otro acusado y de otros jóvenes de su mismo entorno le implican en los hechos enjuiciados, como a continuación irá desvelándose.
b) El acusado Víctor declara en el juicio sólo a preguntas de su defensa, negando los hechos que se le vienen atribuyendo y sosteniendo que sus declaraciones auto y hetero-incriminatorias como detenido y como imputado no las realizó de manera voluntaria, sino mediatizado por los malos tratos físicos y las amenazas que le infligieron los funcionarios policiales durante el período de su detención; en el plenario declara lo que hasta entonces él ni su defensa habían revelado, esto es, que en el momento de producción de los hechos que se le atribuyen él se hallaba jugando un partido de cesta-pelota en el frontón de Markina, cuyo dato dice que no pudo darlo antes a la Policía ni al Magistrado-Juez Instructor porque se acordó más tarde. Precisamente, su defensa aportó con el escrito de conclusiones provisionales determinada documentación sobre estos extremos, unida al sobre plástico del folio 30 del Rollo de Sala. Por un lado, aportó su carnet de jugador expedido por la Federación de Pelota Vasca de Euskadi, y por otro lado aportó una de las copias del acta de celebración de un partido de pelota vasca, acaecido el día 5-10-2007 a las 20:30 horas en el frontón de Markina, entre dos equipos, actuando el acusado de que se trata en el de Markina, en unión de otra persona. Dicha acta es ratificada en el juicio por el juez del partido, el testigo Dimas, quien añadió que una vez comenzado el partido a la hora indicada éste prosiguió durante una hora y media aproximadamente, teniendo en cuenta el resultado final del marcador (29-35), lo que igualmente sostuvo el también testigo Gregorio, amigo del acusado y componente del equipo de Berriatua, al que se enfrentó el equipo de Markina, quien en el juicio dijo que Víctor siempre permaneció en el frontón mientras se estuvo jugando el partido.
Como se ha indicado, en dependencias de la Comisaría General de Información y antes de quedar a disposición judicial, Víctor realizó, a presencia de Letrado de oficio, hasta tres declaraciones. La primera tuvo lugar el día 23-1-2008 a las 16:05 horas (folios 356 y 357 de la causa), y en ella ninguna referencia hizo a los hechos aquí enjuiciados. La segunda declaración se practicó al siguiente día 24-1-2008 a las 06:30 horas (folios 358 y 359 de la causa), y en ella aludió a que tanto el dicente como Melchor y otra persona en paradero desconocido formaban parte de un talde de kale borroka, siendo el primero de los nombrados quien le propuso entrar en el grupo, habiendo participado en el intento de quema de un autobús - acción que es la que se juzga-, consistiendo su aportación en parar el autobús, retirándose acto seguido del lugar; añade que antes de cometer ésta y otras acciones de parecida índole quedaba con sus amigos en un paraje situado junto al polideportivo de Markina, a unos 100 metros, detrás de una casa donde hay unas zarzas, sitio de donde recogían los cócteles molotov que usaban para cometer las acciones, cuyo punto señala en una fotografía aérea de Markina. Y la tercera declaración la realizó el día 25-1-2008 a las 02:10 horas (folios 362 a 365 de la causa), manifestando entonces que el jefe del talde era Melchor y sobre la acción que se juzga especifica que el dicente se puso delante del vehículo y con un palo golpeó la luna delantera del mismo, ante lo cual el conductor se vio obligado a detenerlo.
En su declaración como imputado, practicada al día siguiente, 26-1-2008 (folios 607 a 609 de la causa), Víctor manifestó que se ratificaba en las declaraciones que vertió ante la Policía durante el período de su detención, así como en los reconocimientos fotográficos efectuados; mostró su arrepentimiento por los hechos que cometió y dijo que el trato policial había sido siempre bueno y correcto. Curiosamente, no es hasta la práctica de la indagatoria, celebrada el día 11-2-2009 (folios 756 y 757), cuando el procesado, además de decir que no tuvo participación en los hechos que se le imputan, añadió que las declaraciones que en su momento prestó las hizo bajo presión y tortura.
Relacionadas con las declaraciones del referido acusado están las declaraciones testificales de los P.N. NUM003 y NUM004, respectivamente instructor y secretario de las actas de las declaraciones policiales del acusado, cuyos funcionarios negaron que se hubiera infligido cualquier género de maltrato físico o psíquico al interesado después de su detención y antes de quedar a disposición judicial, lo que viene refrendado por el resultado de los informes del médico forense que acudió a observar el estado del detenido. Así, de la visita del día 23-1-2008 a las 19:20 horas (folio 88 del Rollo de Sala) dicho facultativo informa que el detenido comentó que durante la conducción le dieron un puñetazo en el costado derecho y unas cuantas palmadas en la cara, siendo amenazado con la frase "vas a probar la hierba de Burgos y de Madrid" y con que le "iban a hacer la bañera", no habiendo en cambio sufrido malos tratos físicos ni psíquicos en las dependencias de la Comisaría General de Información, no queriendo ser reconocido y observándole consciente, orientado, normocoloreado y con porte tranquilo; y de la visita del día 24-1- 2008 a las 09:35 horas (folio 89 del Rollo de Sala), informa que el detenido alegó que el día anterior tras el reconocimiento le propinaron collejas y palmadas en la cara en un número aproximado de diez, a pesar de lo cual no quería ser reconocido, observándole consciente, orientado, normocoloreado y con porte tranquilo.
Por otro lado, consta en las actuaciones (folios 120 a 130 del Rollo de Sala) que el acusado de que se trata interpuso el día 17-4-2009 una denuncia por supuestas torturas policiales fechada el día 6-4-2009 (un año y tres meses después de haberse supuestamente producido, y dos meses después de la indagatoria), cuya presentación dio origen a las Diligencias Previas n.º 1002/09 del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Gernika-Lumo, cuya causa está en tramitación.
Como en el caso del anterior acusado, además de las declaraciones policiales auto-inculpatorias del acusado de que se trata, diversas declaraciones de aquel otro acusado -como se ha examinado- y de otros jóvenes de su mismo entorno, le implican en los hechos enjuiciados, como a continuación se desvelará.
c) En efecto, además de las declaraciones auto-inculpatorias y hetero-inculpatorias de los dos acusados que se juzgan, otras declaraciones claramente inculpatorias, aunque con distintas modulaciones e intensidades, se han tenido en cuenta por este Tribunal para sostener la responsabilidad penal de los acusados. En efecto, varios testigos, pertenecientes al entorno vivencial de ambos acusados, en su momento realizaron declaraciones desfavorables para la tesis exculpatoria que mantiene la común defensa de aquéllos. Seguidamente se hará un pormenorizado examen de dichas testificales.
aZ.- Alonso declaró en el juicio que no conocía a los acusados, a pesar de lo cual daba muestras de todo lo contrario cuando gesticulaba con ellos; mantuvo que recordaba lo que declaró cuando fue detenido por su posible pertenencia a un grupo o talde dedicado a la producción de acciones de la llamada kale borroka o lucha callejera, pero sí manifestó que lo que dijo ante la Policía lo hizo bajo torturas y amenazas. Sin embargo, a presencia policial, previa lectura de sus derechos y con asistencia de Letrado de oficio, declaró en tres ocasiones durante los días 23, 24 y 25-1-2008; concretamente en su segunda declaración, efectuada a las 13:40 horas del día 24-1-2008 (folio 353 de la causa) sostuvo que los dos acusados participaban en acciones de kale borroka, ratificando sus declaraciones a presencia judicial el día 26-1-2008 (folios 616 y 617 de la causa).
Tales declaraciones policiales se encuentran reforzadas por las declaraciones en el plenario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía NUM005 y NUM006, que actuaron como instructor y secretario en ellas, quienes negaron que el referido testigo sufriera cualquier tipo de agresión o coacción durante su estancia en las dependencias policiales. Por lo demás, los informes forenses que se confeccionaron acerca del estado del testigo en el tiempo en que permaneció en calabozos no ofrecen dato sustancial alguno acerca de los alegados y no probados malos tratos, como se aprecia en los informes obrantes en los folios 94 y 95 del Rollo de Sala.
Finalmente, la denuncia por supuestas torturas que presentó el día 7-4-2008, que dieron lugar a las Diligencias Previas n.º 6922/08 del Juzgado de Instrucción n.º 39 de Madrid, no alcanzó el objetivo buscado, pues la causa referenciada fue sobreseída provisionalmente en auto de fecha 26-11-2008 (folios 202 a 206 del Rollo de Sala).
bZ.- Alfredo Ibarzábal declaró en el juicio que conocía a los acusados y que lo que dijo ante la Policía con motivo de su detención no se ajustaba a la verdad, pues lo hizo inducido por los funcionarios actuantes después de ser sometido a agresiones, de cuyas declaraciones policiales se desdijo a presencia judicial, donde mencionó las torturas que dice que padeció en dependencias policiales. Consta en autos que, a presencia policial, previa lectura de sus derechos y con asistencia de Letrado de oficio, declaró en tres ocasiones durante los días 23, 24 y 25-1-2008; concretamente en su segunda declaración, practicada a las 18:30 horas del día 24-1-2008 (folios 378 a 382 de la causa) sostuvo, entre otros extremos sin interés en este procedimiento, que los dos acusados pertenecían a un talde Y dedicado a realizar acciones de lucha callejera. Tales declaraciones no fueron ratificadas a presencia judicial el día 26-1-2008, donde manifestó que las vertió mediando agresiones e intimidaciones (folios 597 a 600 de la causa y folios 102 a 105 del Rollo de Sala).
Aquellas declaraciones policiales se encuentran reforzadas por las declaraciones en el plenario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía NUM007 y NUM008, que actuaron como instructor y secretario en ellas, quienes negaron que el referido testigo sufriera cualquier tipo de agresión o coacción durante su estancia en las dependencias policiales. Por lo demás, los informes forenses que se confeccionaron acerca del estado del aquí testigo en el tiempo en que permaneció en calabozos no ofrecen dato sustancial alguno acerca de los alegados y no probados malos tratos, como se aprecia en los informes obrantes en los folios 96, 97, 98, 170, 172, 174, 176 y 177 del Rollo de Sala, en los que nunca se le detectó daño físico o psíquico alguno, habiendo alegado que le fueron propinados golpes y amenazas en dos de las siete ocasiones en que se le ofreció asistencia médica, sin que en ninguna de ellas permitiera ser reconocido por el forense.
Finalmente, la denuncia por supuestas torturas que presentó el día 12-4-2008, que dieron lugar a las Diligencias Previas n.º 3769/08 del Juzgado de Instrucción n.º 22 de Madrid, no obtuvo ningún resultado favorable al denunciante, pues la causa referenciada fue sobreseída provisionalmente en auto de fecha 2-1-2009 (folios 137 a 199 del Rollo de Sala).
cZ.- Maximino declaró en el juicio que conocía a los acusados y que lo que dijo ante la Policía con motivo de su detención era falso, pues lo hizo mediando torturas psicológicas, que no físicas, ejercidas por los funcionarios actuantes. Obra en autos que, a presencia policial, previa lectura de sus derechos y con asistencia de Letrado de oficio, declaró en tres ocasiones durante los días 23, 24 y 25-1-2008; concretamente en su primera declaración, efectuada a las 23:57 horas del día 23-1-2008 (folios 366 a 370 de la causa), dijo que pertenecía a Askatasuna y estaba integrado en un talde de lucha callejera liderado por el aquí acusado Melchor, quien dos días antes de la acción o ekintxa que se juzga le invitó a participar en el asalto e incendio de un autobús en Markina, a lo que el dicente se negó argumentando que tenía ese viernes entrenamiento con su equipo de fútbol; y en su segunda declaración, practicada a las 10:45 horas del día 24-1-2008 (folios 371 a 373 de la causa) añadió que el talde en el que el declarante participaba lo formaban seis personas, entre las que también estaba integrado el aquí acusado Víctor. Dichas declaraciones no fueron ratificadas a presencia judicial el día 26-1-2008, donde manifestó que se retractaba de ellas, alegando que las vertió mediando torturas psicológicas, pero no agresiones físicas (folios 591 y 592 de la causa y folios 110 y 111 del Rollo de Sala).
Dichas declaraciones policiales se encuentran reforzadas por las declaraciones en el plenario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía NUM009 y NUM010, que actuaron como instructor y secretario en ellas, quienes negaron que el referido testigo sufriera cualquier tipo de agresión o intimidación durante su estancia en las dependencias policiales. Por lo demás, ningún informe forense constata los supuestos compelimientos psíquicos alegados; como tampoco obra en las actuaciones denuncia alguna en dicho sentido formulada por el testigo de que se trata.
dZ.- Fidela declaró en el juicio que es amiga de los acusados y que lo que manifestó ante la Policía con motivo de su detención no era cierto, pues lo hizo mediatizada por los malos tratos y las amenazas que recibió, lo que posteriormente comunicó al forense que la asistió y al Magistrado-Juez de Instrucción al pasar a disposición judicial. Consta en autos que, a presencia policial, previa lectura de sus derechos y con asistencia de Letrado de oficio, declaró en dos ocasiones durante los días 24 y 25-1-2008; concretamente en su primera declaración, practicada a las 07:45 horas del día 24-1-2008 (folios 414 y 415 de la causa) manifestó que en la acción o ekintxa del día 5-10-2007 -la aquí enjuiciada- además de ella, que realizó funciones de vigilancia, no sabía quiénes participaron, aunque sabía que los aquí acusados Melchor y Víctor estuvieron en otras acciones de lucha callejera. Tales declaraciones no fueron ratificadas a presencia judicial el día 26-1-2008, puesto que manifestó que eran falsas y las vertió bajo tortura psicológica y física (folios 594 y 595 de la causa y folios 100 a 101 del Rollo de Sala).
Aquellas declaraciones policiales se encuentran reforzadas por las declaraciones en el plenario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía NUM011 y NUM012, que actuaron como instructor y secretario en la primera de las dos declaraciones policiales mencionadas, quienes negaron que la referida testigo sufriera agresión o conminación alguna durante su estancia en las dependencias policiales. Por lo demás, los informes forenses que se confeccionaron acerca del estado de la testigo en el tiempo en que permaneció en los calabozos no ofrecen dato sustancial acerca de los alegados y no probados malos tratos, como se aprecia en los informes obrantes en los folios 90, 91, 92 y 93 del Rollo de Sala, en los que figura que alegó ante el forense que recibió bofetadas, amenazas e insultos, sin que permitiera ser reconocida por dicho facultativo y sin que conste en las actuaciones que haya interpuesto denuncia alguna por la producción de las supuestas agresiones e intimidaciones que dijo haber sufrido.
d) Por otro lado, el conductor del autobús asaltado, Gines, explicó en el juicio, como ya había efectuado en sede policial (folios 26 a 29 de la causa) y en sede judicial (folios 150 a 152 de la causa) la forma en que se produjeron los hechos de los que fue víctima, que son los descritos en el relato fáctico de esta resolución; el informe forense sobre sus padecimientos físicos y psíquicos obran en el folio 159 de la causa. Por último, los Ertzainas NUM013 y NUM014, componentes de la Patrulla de Seguridad Ciudadana que se personó en el lugar de los hechos cuando éstos iban a consumarse, los cuales actuaron como instructor y secretario del atestado inicial de estas actuaciones, declararon en el juicio acerca de las acciones que desplegaron para averiguar la adquisición de las cuatro garrafas de plástico y de la gasolina encontrada en su interior, con resultado negativo, así como ratificaron el acta de inspección ocular que extendieron en el lugar de los hechos, donde describen la zona y relacionan las evidencias encontradas.
e) En el apartado de prueba pericial documentada, consta en los folios 78 a 86 de la causa el informe elaborado por los Ertzainas NUM015 y NUM016, ambos Licenciados en Ciencias Químicas e integrantes del Laboratorio de Análisis Químico del Área Técnica de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Autónoma Vasca. En dicho dictamen, no impugnado por las partes personadas, examinaron el líquido contenido en cinco tarros de vidrio que fue extraído de las cuatro garrafas de plástico halladas en el lugar de los hechos y utilizadas por los asaltantes del autobús para rociar de combustible éste y sus alrededores. Llegan a la conclusión de que el líquido transparente de color verde analizado se trata de un líquido inflamable del tipo de la gasolina.
f) Y en el apartado de prueba documental, aparte de la ya referenciada, debe destacarse que en los folios 35 a 54 de la causa obra un croquis del lugar de los hechos y un reportaje fotográfico del autobús asaltado, de los neumáticos colocados en la calzada, de las garrafas de plástico utilizadas, de los botellines de vidrio con mechas de papel que pretendían usar los asaltantes para prender fuego al vehículo y de las pancartas alusivas a la lucha armada y contra la Audiencia Nacional pintadas en los aledaños del lugar.
Segundo.-Examen de la prueba incriminatoria concurrente e ineficacia de la tesis exculpatoria.
A) En el acto del juicio, por los dos acusados se ha pretendido negar la voluntariedad de las trascendentes manifestaciones auto-inculpatorias que vertieron en las diversas declaraciones que realizaron ante la Policía y a presencia de Letrado de oficio, con ocasión de su detención y antes de pasar a presencia judicial. Alegan los acusados que aquellas declaraciones las hicieron mediatizados por los supuestos golpes que recibían de los funcionarios policiales y por las supuestas intimidaciones que proferían contra ellos mismos y personas de sus entornos familiares. Estas supuestas censurables conductas las denuncian ambos por primera vez ante el médico forense y luego Melchor ante el Magistrado-Juez Instructor cuando es llevado a su presencia, mientras que Víctor lo hace mucho tiempo después, con motivo de la práctica de su indagatoria, luego de la cual interpuso una denuncia, que ha sido archivada. Ya se ha expresado que, con anterioridad a quedar a disposición judicial, ambos recibieron la visita del médico forense en momentos diversos, sin que tal facultativo observara en los informados patología alguna relacionada con posibles agresiones ilegítimas, pues no apreció dicho forense estado anómalo en los detenidos que pudiera relacionarse con dichas alegadas y no acreditadas agresiones físicas e intimidaciones.
Debe tenerse en cuenta que la S.T.S. de 4-12-2006 resume la doctrina constitucional y jurisprudencial sobre el valor jurídico de las declaraciones incriminatorias de un inculpado, y alude a que el Pleno no jurisdiccional de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, celebrado el 28-11-2006, acordó "admitir que la declaración prestada válidamente ante la Policía puede ser incorporada al juicio oral en alguna de las formas admitidas por la jurisprudencia". Por lo demás, la S.T.S. de 22-2-2006 recuerda que es doctrina asentada, de la que es exponente la sentencia de 22-2-2002, que las declaraciones en sede policial, por sí solas, no pueden ser valoradas en orden a fundar una sentencia condenatoria, ya que al ser prestadas ante la Policía, pueden ser fuente de prueba pero no prueba en sí misma. Ello no obstante, existe una consolidada doctrina jurisprudencial, tanto del Tribunal Constitucional como de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, que concede, excepcionalmente, un cierto valor de prueba a las actuaciones policiales, que por lo que se refiere al caso de autos se trata de las declaraciones auto-incriminatorias en esa sede policial, no ratificadas jamás posteriormente en el caso de Melchor y en el caso de Víctor sólo en la indagatoria; se indica que tales declaraciones pueden ser estimadas como pruebas de cargo siempre que se acrediten las siguientes circunstancias: 1.º- Que conste que aquéllas fueron prestadas previa información de los derechos constitucionales de los declarantes; 2.º- Que sean prestadas a presencia de Letrado, y 3.º- Que sean complementadas en el mismo juicio oral mediante la declaración contradictoria de los agentes de Policía intervinientes en las mismas. En esta misma línea, la S.T.S. de 28-1-2002 expresa que las declaraciones de coimputados prestadas en sede policial y no ratificadas judicialmente son, en principio, inhábiles para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, y ello porque, conforme a una reiterada doctrina constitucional, las declaraciones vertidas en el atestado policial carecen de valor probatorio si no son posteriormente ratificadas a presencia judicial por los particulares declarantes, o bien, en ausencia de lo anterior, confirmadas por los funcionarios policiales mediante su testimonio en el acto del juicio oral. Pues bien, esto último es lo que ha sucedido en el caso actual, en el que las declaraciones policiales de los acusados Melchor y Víctor se han incorporado al juicio oral a través de las declaraciones testificales, contundentes y sin fisuras, de los funcionarios policiales ante quienes se prestaron, sometiéndose a la debida contradicción en el juicio a través de su constante alusión, en cuyo caso ya pueden ser valoradas como pruebas de cargo por este Tribunal sentenciador.
Esta Sala ha dispuesto con inmediación de dichas declaraciones testificales de los instructores policiales en ambos casos, y además del secretario policial en el caso del primero de los nombrados acusados, que valora como trascendentes y eficaces pruebas de cargo y cuya credibilidad le permite, adicionalmente con la falta de informe médico sobre presuntas agresiones físicas y psíquicas alegadas, apreciar las condiciones de asistencia letrada y de ausencia de compelimientos en que prestaron sus declaraciones los acusados. En consecuencia, la doctrina expuesta puede ser aplicada en el presente caso respecto a las declaraciones auto-inculpatorias de los acusados, sobre las que fueron interrogados, en el acto del plenario, los funcionarios policiales que actuaron como instructores y como secretario de las actas levantadas, sin que conste vulneración alguna de los derechos de los detenidos, habiendo prestado tales declaraciones tras la instrucción de sus derechos y a presencia de Abogados. Respecto a esta fundamental asistencia letrada, es ilustrativa la S.T.S. de 30-9-2005 que, recordando otras de 22-2-2002 y de 8-9-1999, indica que no es la de un invitado de piedra sino la de un colaborador directo en la recta administración de justicia y, por tanto, en cuanto garante del cumplimiento de la legalidad en la diligencia en la que está presente, debe denunciar cualquier anomalía o atropello, por lo que su silencio es expresivo del cumplimiento de la Ley.
Ha de recordarse que Melchor admitió en Comisaría que participó en el hecho enjuiciado y fue quien compró 10 litros de gasolina para producir el fuego en el autobús asaltado; acción que efectuó en protesta por las últimas detenciones de dirigentes de Batasuna, lo que ha de ponerse en relación con la documentación incautada durante el registro de su domicilio, consistente en pegatinas de las organizaciones terroristas ETA, Askatasuna, Euskal Herritarrok y SEGI, documentación de esta última, y fotos donde figura el acusado de que se trata con individuos encapuchados en actitud de disponerse a quemar una bandera de España. Por otro lado, Víctor reconoció en Comisaría, y después como imputado, que formaba parte en la época de su detención de un talde de lucha callejera, admitiendo asimismo que participó en los hechos juzgados, pues fue uno de los individuos que se puso delante del autobús y conminó a su conductor, mediante golpes dados con un palo en la luna delantera del vehículo, a que abriese las puertas del mismo, lo que facilitó la entrada de los tres individuos que rociaron su interior, y a dos de sus ocupantes, de gasolina; acto que ha de relacionarse con los objetos hallados en el registro de su domicilio, consistentes en un tirachinas de madera, una visera, un gorro y una braga oscura, que son útiles usados generalmente en acciones de terrorismo callejero, así como documentos con el anagrama de SEGI. Tales declaraciones policiales de los acusados, a las que este Tribunal reitera que concede máxima veracidad, al coincidir sustancialmente con los vestigios encontrados en la inspección ocular realizada al autobús y sus alrededores, encuentran también corroboración en las manifestaciones policiales de los aquí testigos Alonso, Alfredo, Fidela y Maximino; en ellas, los tres primeros sitúan a los dos acusados como partícipes de acciones de kale borroka, en tanto que el cuarto especifica más, ya que indica que los dos acusados se integraban en un grupo compuesto de seis personas, liderado precisamente por Melchor, quien invitó dos días antes al testigo a participar en la acción contra un autobús, rechazando el ofrecimiento el testigo bajo el argumento que tenía comprometido ese viernes día 5-10-2007 un entrenamiento con su equipo de fútbol.
La coartada de Melchor, atinente a su presencia en un concierto en un local de Amorebieta, y la coartada de Víctor, acerca de su asistencia a un partido de cesta-pelota en el frontón de Markina, a pesar de la documentación aportada y de la testifical practicada, no pueden tener la virtualidad exculpatoria pretendida, pues resulta muy sospechoso que dicha documental se haya aportado mucho tiempo después de los hechos enjuiciados, sin mención hasta entonces a dichos actos coetáneos a los hechos juzgados y perteneciendo los tres testigos de la defensa al círculo de relaciones de los interesados, lo que les priva de credibilidad. La asistencia de Melchor al concierto de Amorebieta es compatible espacial y temporalmente con su acreditada participación en los hechos enjuiciados, y la participación de Víctor en el partido de cesta-pelota celebrado en el frontón de Markina tuvo que ser compatible con los actos que se atribuyen en este juicio al referido acusado, porque éstos han sido reiteradamente reconocidos por su autor, tanto en sede policial como judicial, careciendo de consistencia su versión (como la del otro acusado) acerca de que antes no lo manifestó porque no lo recordaba.
B) Sobre la validez de la prueba de declaración incriminatoria de un coimputado contra otro, la jurisprudencia reiteradamente (S.T.S. de 10-7, 2-4 y 11-3-2003, entre otras) viene estableciendo, con cita en la S.T.C. 57/2002, de 11-3, que si fue prestada ante el Juez de Instrucción con asistencia de Letrado, una vez que ha sido incorporada al acto del juicio oral en condiciones de plena contradicción, es constitucionalmente apta para desvirtuar la presunción de inocencia, pudiendo el órgano sentenciador dar mayor credibilidad a su contenido que a la posteriormente prestada en la vista oral; sin embargo, tanto por la posición que ocupa el coimputado en el proceso, como porque no se le exige legalmente decir verdad, supone una prueba cuya fiabilidad es reducida, dada la posibilidad de que en las manifestaciones concurran móviles espúreos, como autoexculpación o reducción de la propia responsabilidad, y dado que se trata de una declaración que sólo de forma limitada se puede someter a contradicción, por cuanto que el acusado, a diferencia del testigo, no sólo no tiene obligación de decir la verdad, sino que puede callar total o parcialmente en virtud del derecho a no declarar contra sí mismo; por ello las declaraciones de los coacusados no adquieren entidad suficiente para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia de otro acusado si no vienen avaladas por algún hecho, dato o circunstancia externa, sin que ello suponga la necesidad de una corroboración plena, bastando con que resalte su verosimilitud o su contenido quede mínimamente comprobado. A tales efectos, la S.T.C. de 10-2-2003 indica que se considera corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias externas que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración; por lo que la consideración de la declaración de un coimputado como prueba de cargo exige, con carácter positivo, que la misma aparezca avalada por algún dato, hecho o circunstancia externa, no exigiéndose corroboración plena sino mínima, y como requisito negativo, se exige la ausencia de móviles y motivos que permita valorar esa incriminación restándole capacidad probatoria, o que el coimputado haya realizado la incriminación por móviles espúreos, como odio personal, venganza, obediencia a terceras personas, sobornos o resentimientos, o por intereses procesales buscando su exculpación.
Abundando en la materia, la doctrina expuesta se recoge en la S.T.C. n.º 25/2003, de 10 de febrero, de la siguiente manera: "En suma, la S.T.C. 233/2002, de 9 de diciembre, sintetiza la doctrina de este Tribunal sobre la incidencia en la presunción de inocencia de tales declaraciones, cuando son prueba única, en los siguientes términos: "a) la declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva constitucional; b) la declaración incriminatoria de un coimputado es prueba insuficiente y no constituye por sí misma actividad probatoria de cargo mínima para enervar la presunción de inocencia; c) la aptitud como prueba de cargo mínima de la declaración incriminatoria de un imputado se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado; d) se considera corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias externas que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración; y e) la valoración de la existencia de corroboración mínima ha de realizarse caso por caso".
En el supuesto de autos, este Tribunal ha obtenido en parte la fuente de la prueba de cargo contra los acusados del resultado de las declaraciones inculpatorias del otro acusado, prestadas con las debidas garantías de fiabilidad, por existir las expresadas sólidas corroboraciones periféricas y por descartarse cualquier atisbo de móviles espúreos. Así, en el caso de Melchor, el otro acusado Víctor lo ha señalado como el jefe del grupo de jóvenes que se concertaron para la intentada quema del autobús de los hechos, debiendo recordarse que los testigos de su entorno sitúan a ambos acusados en dicho grupo, hasta el punto de que uno de ellos atribuye a Melchor el liderazgo y la invitación a que participara en el acto enjuiciado, lo que debe relacionarse con los objetos incautados en el domicilio del acusado de que se trata y con los vestigios recogidos en el lugar de los hechos. Y en el caso de Víctor, el otro acusado Melchor lo señala como una de las personas que lo acompañaban en la realización de los actos de kale borroka que admite haber realizado, debiendo recordarse que los testigos de su entorno ratifican su pertenencia a un talde de lucha callejera, lo que igualmente debe relacionarse con los objetos incautados en el domicilio del acusado de que se trata y con los vestigios recogidos en el lugar de los hechos.
C) Por la defensa de los acusados, aparte de negar que sus clientes hayan participado en la perpetración de los hechos enjuiciados, se ha pretendido rebajar la entidad del acto cometido, sosteniendo que, de haberse realizado algún hecho penalmente relevante, el mismo no podría calificarse más que de un delito intentado de incendio previsto en el artículo 266 del Código Penal. Se argumenta que la provocación del incendio que se pretendía no comportaba un peligro para la vida e integridad física de las personas. Dicha tesis, como se ha explicado en los primeros párrafos del apartado anterior, no puede ser compartida por este Tribunal, pues la presencia en el lugar de los hechos del conductor del autobús y de cuatro pasajeros, uno de los cuales fue rociado de gasolina, al igual que lo fue aquel conductor, para conseguir mayor diligencia en bajarse del vehículo antes de prenderle fuego, comprometió realmente la vida e integridad de los mismos y se enmarca en un acto de atemorización social más a favor de los espúreos planteamientos la organización terrorista ETA, en los contornos de cuyas entidades satélites se mueven los acusados, según sus propias declaraciones.
Ninguna importancia puede concederse a que la última persona en bajar del autobús fuera uno de los tres asaltantes que a él subieron para esparcir entre los asientos la gasolina que llevaban en tres de las cuatro garrafas de plástico utilizadas. Tampoco puede incidir en la determinación de las responsabilidades criminales atribuidas a los dos acusados la circunstancia relativa a que el conductor del autobús manifestara, al final de su declaración policial, que los individuos encapuchados que participaron en los hechos le pareció que eran muy jóvenes, e incluso que podrían ser menores de edad, por la forma de comportarse; al respecto, debe ponerse de relieve que, por un lado, la anterior constituye una mera apreciación subjetiva adquirida en circunstancias críticas, y por otro, si bien los dos acusados en la época de acaecimiento de los hechos habían cumplido 24 y 22 años, respectivamente, resta por conocerse la identidad de los otros tres o cuatro participantes en la reprobable acción que se juzga, no pudiéndose descartar que todos o algunos fueran menores de edad. Finalmente, el dato, también ofrecido por el conductor del autobús en su declaración policial, acerca de que los jóvenes asaltantes hablaban en castellano, nada debe extrañar, pues los acusados se expresaron en castellano en sus tres declaraciones ante la Policía; al respecto, debe significarse que carece de relevancia que en el plenario se expresaran en euskera, circunstancia que no invalida sus anteriores declaraciones en castellano, cuya lengua entienden y hablan correctamente, como lo demostraron en el juicio, pues de modo esporádico hablaban en castellano y se apreciaba que entendían perfectamente lo que se les preguntaba en castellano.
Tercero.-Individualización de las penas a imponer.
Respecto a las penas con las que debe de ser castigada la comisión del delito de incendio con finalidad terrorista en grado de tentativa perpetrado, previsto en el artículo 351, en relación con los artículos 577, 579.2 y 16, todos del Código Penal, inicialmente y en abstracto se sitúan en la privación de libertad, con una horquilla que discurre desde 10 años hasta 20 años de prisión, así como en la inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre 6 y 20 años al de la duración de la pena de privación de libertad que se imponga. En el supuesto de autos, debido a que debe aplicarse la atenuación punitiva prevista en el inciso 2.º del párrafo 1.º del mencionado artículo 351, la pena a imponer ha de rebajarse en un grado, por lo que ésta quedaría en la horquilla de 5 a 10 años de prisión. Pero además, al haberse cometido el delito en grado de tentativa, la pena a imponer deberá rebajarse en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito consumado, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 del Código Penal. En el caso analizado se disminuirá la pena en un solo grado, debido al avanzado alcance de la ejecución desarrollada, por lo que el abanico punitivo discurre en la privación de libertad de 2 años, 6 meses y 1 día a 5 años.
Al tratarse de incendio de carácter terrorista, el artículo 577 del Código Penal establece que la pena se impondrá en su mitad superior, por lo que el margen punitivo abarca la prisión de 3 años, 9 meses y 1 día a 5 años.
En el supuesto analizado, procede imponer a los acusados la pena de 4 años de prisión, por el grado de ejecución alcanzado y el peligro inherente a esta modalidad de acciones subversivas callejeras, que afortunadamente no produjeron las consecuencias dañosas importantes que se buscaban, a cuya pena ha de añadirse la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por exigencia del artículo 56 del Código Penal, y la inhabilitación absoluta por tiempo de 10 años, que representa el mínimo permitido en este caso para esta pena privativa de derechos, por así preverlo el artículo 579.2 del Código Penal.
Cuarto.-Responsabilidades civiles.
Indica el artículo 116.1 del Código Penal que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. En el caso de autos ambos acusados deberán solidariamente indemnizar al perjudicado Gines en la cantidad de 4.000 euros por los padecimientos psíquicos ocasionados, a cuya suma deberán añadirse los intereses legales establecidos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Quinto.-Costas procesales.
Las costas procesales vienen impuestas legalmente a todo responsable de delito, como preceptúa el artículo 123 del Código Penal. En el caso de autos se impondrá a cada acusado la mitad de las costas procesales devengadas.
Que debemos condenar y condenamos a Melchor y Víctor, como responsables en concepto de autores, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un DELITO INTENTADO DE INCENDIO CON FINALIDAD TERRORISTA, a las penas de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitación absoluta por tiempo de diez años, además del abono por cada uno de la mitad de las costas procesales generadas.
Ambos acusados deberán solidariamente indemnizar al perjudicado Gines en la cantidad de CUATRO MIL EUROS por las lesiones psíquicas ocasionadas, más los intereses legales establecidos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Para el cumplimiento de las penas se abona a los acusados todo el tiempo que hayan podido estar privados de libertad por esta causa.

References: artículo 351
 artículo 351
 artículo 266
 artículo 351
 artículo 351
 artículo 62
 artículo 577
 artículo 56
 artículo 579
 artículo 116
 artículo 576
 artículo 123
 artículo 576