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Timestamp: 2017-08-19 09:04:02+00:00

Document:
Número de sentencia o expediente
(B.J. núm. 1202, enero de 2011)
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, determinó que: Considerando, que con respecto a lo alegado por la entidad recurrente de que el tribunal a-quo, al rechazar su pedimento de inadmisibilidad de la acción de amparo, bajo el fundamento de que era extemporánea, violó el literal b) del artículo 3 de la Ley de Amparo, que establece taxativamente el plazo de 30 días para reclamar en la sentencia impugnada se expresa lo siguiente: “que cuando a un juez se le plantea un medio de inadmisión, es su obligación estatuir sobre el mismo, previo a cualquier consideración de derecho, por lo que procede a conocer el medio de inadmisión planteado, tanto por la Dirección General de Aduanas como por la Procuraduría General Tributaria y Administrativa, las cuales expresan que la presente acción de amparo es extemporánea, en razón de que la misma fue interpuesta fuera del plazo de los treinta (30) días establecido en el artículo 3 literal b) de la Ley núm. 437-06; que a este respecto, este Tribunal es de criterio que cuando se trata de actuaciones que conlleven posibles violaciones o violaciones de derechos fundamentales, esta actuación se prolonga en el tiempo y la violación se renueva cada día, por lo que el plazo otorgado por la ley para interponer la acción de amparo no se agota y se renueva, por tanto el plazo estará abierto; de donde la presente acción de amparo ha sido interpuesta en tiempo hábil y en consecuencia procede rechazar el medio de inadmisión planteado.”
Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo Y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia
Su agotamiento es obligatorio previo la interposición del recurso contencioso-administrativo.
Esta decisión establece que al declarar la inadmisibilidad del recurso de que se trata, el tribunal a-quo aplicó correctamente la ley que rige la materia, luego de comprobar que el mismo fue interpuesto sin observar ciertas reglas procesales, como son: la obligatoriedad de agotar la fase administrativa antes de recurrir a la jurisdicción contenciosa, así como el plazo en que debe ser interpuesto dicho recurso, formalidades que son sustanciales y que están previstas a pena de inadmisibilidad de la acción. Por lo que el incumplimiento de las mismas conlleva a la inadmisión del recurso de que se trata.
Recurso contencioso-administrativo por retardación.
Esta decisión declara admisible el recurso contencioso-administrativo y rechaza los pedimentos de inadmisibilidad formulados por la parte recurrente; es decir, el tribunal a-quo realizó una correcta aplicación del artículo 2 de la Ley núm. 1494 que instituye la jurisdicción contencioso-administrativa, y consagra el recurso de retardación para la inactividad de la Administración, por lo que frente al silencio administrativo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones por no dar respuesta a las dos comunicaciones enviadas por la recurrida, la única vía procedente era la del recurso contencioso-administrativo por retardación, como ocurrió en la especie, y no la de la reclamación jerárquica ante la propia Administración.
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Facultad
Esta decisión establece que contrario a lo expuesto por los recurrentes, el tribunal a-quo efectuó una correcta aplicación de la ley al establecer en su sentencia que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones “actuó dentro del marco de las prerrogativas que le confiere la ley al imponer sanciones a las empresas recurrentes por las violaciones cometidas”, sin que al establecer este motivo dicho tribunal haya incurrido en la violación de los textos denunciados por las recurrentes, sino que por el contrario, aplicó correctamente los artículos 3, 77, literal b) y 78, literales h), k) y r) de la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98, los que en conjunto, facultan al INDOTEL como órgano regulador del servicio de telecomunicaciones a garantizar la existencia de una competencia sostenible, leal y efectiva, a controlar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, así como a aplicar el régimen sancionador ante la comisión de faltas administrativas.
La extensión del poder reglamentario que posee el Poder Ejecutivo a otras entidades de la Administración Pública
Esta decisión establece la extensión de la facultad reglamentaria que posee el presidente de la República a los demás órganos de la Administración. En esta, reiteró que en el estado actual de nuestro ordenamiento jurídico, y conforme la Constitución de la República, el presidente de la República es el encargado de cuidar de la fiel ejecución de las leyes, en virtud del poder general que en ese sentido le acuerda el artículo 55, numeral 2 que le confiere la facultad de dictar normas de aplicación general obligatorias para sus destinatarios. De esta manera, el poder de reglamentación ha sido extendido a otras entidades de la Administración Pública o descentralizadas de esta, razón por la cual dicha facultad puede ser ejercida, además del presidente de la República, por la autoridad u organismo público al que la Constitución o la ley haya dado la debida autorización, tal como ocurre por ejemplo con la Junta Monetaria y con la Ley Núm. 153-98, General de Telecomunicaciones.
La notificación de las sentencias del Tribunal Superior Administrativo debe realizarse de acuerdo con el Art. 42 de la Ley Núm. 1494 de 1947.
Esta decisión establece que las notificaciones del Tribunal Superior Administrativo están previstas en el artículo 42 de la Ley Núm. 1494 que instituye la jurisdicción contencioso-administrativa, el cual dispone que: “Toda sentencia del Tribunal Superior Administrativo será notificada por el secretario dentro de los cinco días de su pronunciamiento, al procurador general administrativo y a la otra parte o partes”. Esta sentencia fue recurrida y dictada por el Tribunal Superior Administrativo el 7 de agosto de 2003, y notificada por el secretario de dicho tribunal al procurador general administrativo, según oficio recibido en fecha 8 de agosto de 2003, sin que exista constancia en el expediente de que dicha sentencia fuera notificada al recurrente, por lo que la ausencia de notificación conlleva que el plazo de dos meses previsto por la ley para la interposición del recurso de casación carezca de efectos en contra del recurrente, de lo que resulta que al momento del depósito del memorial de casación, en fecha 10 de mayo de 2004, el plazo previsto por la ley para la interposición de dicho recurso se encontraba abierto para el recurrente.
Violatorio a los principios del derecho de defensa y libre acceso a la justicia, de presunción de inocencia, y de igualdad de todos ante la ley.
Esta decisión establece que el contenido de los artículos 8 de la Ley Núm. 1494, y 143 del Código Tributario, de fecha 19 y 26 de julio de 2000, en el cual reitera el criterio emitido en decisiones anteriores rendidas por la Tercera Sala, los cuales consagran un requisito que condiciona o restringe el acceso de los individuos ante la justicia tributaria; que esos artículos establecen de forma imperativa el principio “pague y después reclame”, lo que equivale a decir “pague para que se le permita ir a la justicia”, situación que a todas luces constituye un valladar u obstáculo al derecho fundamental de la tutela judicial, efectivamente garantizado por la Constitución de la República Dominicana en su artículo 8, literal j, ordinal 2, así como por el artículo 8, numeral 1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, debidamente ratificada por nuestros poderes públicos, texto que al igual que el anterior, trata de las garantías judiciales y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico positivo con rango constitucional, los que evidentemente han sido violentados por la regla del pago previo contemplada por los artículos 8 de la Ley Núm. 1494 y 143 del Código Tributario. Esta exigencia va en contradicción con el precepto constitucional de la presunción de inocencia, que también está garantizado dentro de las normas que establece el citado artículo 8 para preservar la seguridad de los individuos y según el cual toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad; es decir, que no ha sido respetado por la regla del pago previo, ya que la misma obliga a que un individuo que esté inconforme con la determinación de impuestos practicada por la Administración Tributaria, tenga que pagar previamente dichos impuestos para tener el derecho de demostrar ante la jurisdicción de juicio que los mismos son improcedentes y que, en consecuencia, si alguna ley o texto de ley pretendiere violentar estos sagrados preceptos, como ha ocurrido en la especie, dichos textos devienen en no conformes con la Constitución, lo que acarrea que estén sancionados con la nulidad, conforme a lo previsto por el artículo 46 de la misma.
Potestad del presidente de la República de designar a los síndicos y demás autoridades municipales cuando sus plazas se encuentren vacantes.
Nombramiento de un síndico mediante decreto, sin que el anterior haya renunciado.
Esta decisión sentó el criterio de que el Poder Ejecutivo no gozaba de facultad jurídica para realizar en esa forma la sustitución del referido funcionario municipal, por lo que su actuación no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 55, numeral 11 de nuestra Carta Magna, texto que ha sido violado por el Decreto Núm. 499-04 y que acarrea que el mismo esté viciado de nulidad por aplicación del canon dispuesto por el artículo 46 de la Constitución. Situación que se generó debido a que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Núm. 499-04, mediante el cual designó al señor Ángel Eliezel Ramírez como síndico del municipio Las Yayas. Posteriormente designó al señor Ernesto Ramírez para ocupar el referido cargo, de donde se desprende que al momento de dictarse el segundo decreto, el primero se encontraba vigente, por lo que el cargo de síndico del citado municipio no se encontraba vacante, ya que la renuncia de su titular no se había producido.
El Tribunal Contencioso-Tributario no puede conocer del fondo del asunto cuando este recurso haya sido declarado inadmisible.
Esta decisión establece que el tribunal a-quo procedió a rechazar el fondo del recurso contencioso-tributario, tras comprobar que la Secretaría de Estado de Finanzas declaró inadmisible el recurso jerárquico por haber sido incoado fuera del plazo previsto a pena de caducidad por el artículo 62 del Código Tributario; que la omisión de esta formalidad sustancial prescrita por la ley para la interposición válida de dicho recurso acarreaba su inadmisibilidad, tal como fue decidido por dicha resolución y apreciado por el tribunal a-quo en su sentencia. Esta inadmisibilidad le impedía a dicho tribunal conocer del fondo del asunto, al tratarse de una decisión que tiene autoridad de cosa juzgada, sin que con su actuación haya violado el derecho de defensa de la parte recurrente, sino que por el contrario, dicho tribunal hizo una correcta aplicación de la ley.
Alcance del párrafo I, del Art. 62 del Código Tributario.
Esta decisión establece que el tribunal a-quo, al no conocer el fondo de su recurso, violó el párrafo I del artículo 62 del Código Tributario. Frente a este alegato, es oportuno aclarar que este ha interpretado erróneamente dicha disposición, ya que la misma se refiere a los recursos dentro de la administración, y a la hipótesis de que en caso de caducidad con respecto al recurso administrativo correspondiente, el interesado podrá interponer el de jerarquía superior subsiguiente dentro de la misma sede administrativa, por lo que esta disposición no puede extenderse al caso de la especie donde se trata de un recurso de carácter judicial, como lo es el contencioso-tributario; que, en consecuencia, procede rechazar los alegatos de la recurrente, así como el recurso de casación de que se trata por improcedente y mal fundado.
Esta decisión reconoce la facultad al presidente de la República para ejercer la prerrogativa consagrada en el artículo 55 de la Constitución de la República en su numeral 11. En consecuencia, al nombrar las autoridades del Ayuntamiento Municipal de El Pino mediante el Decreto Núm. 731-02, del 10 de agosto de 2002, el Poder Ejecutivo actuó dentro del ámbito que le confiere la Constitución, por lo que procede rechazar la presente acción en inconstitucionalidad. Debido a que el Congreso de la República Dominicana elevó el distrito municipal de El Pino, de la provincia Dajabón, a categoría de municipio en enero de 2002, sus autoridades municipales no fueron electas por el sistema de sufragio en mayo de 2002, debido a que este municipio no se había integrado en el padrón electoral, por lo que resulta evidente que los cargos municipales de dicho municipio se encontraban vacantes.
Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia
“Pague y reclame”
(Solve et repete)
Inconstitucionalidad de los artículos de los artículos 80, 120 y 143 de la ley núm. 11-92
La Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativa y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia estableció que: “Considerando, que si bien es cierto el alegato de la recurrente en el sentido de que, según lo previsto por el artículo 9, acápite e) de la Constitución, toda persona está obligada a contribuir para las cargas públicas, en proporción a su capacidad contributiva, no es menos cierto, que esta obligación no puede constituirse en un valladar para el ejercicio de los derechos fundamentales que tiene la misma, ni puede ir esta contribución contra tales derechos, a los cuales violenta el requisito del pago previo, como son, el derecho de defensa, el de la igualdad ante la ley y el libre acceso a la justicia, los que indudablemente ocuparían en la sociedad un plano inferior al deber de contribuir que tiene toda persona en proporción a su capacidad, de mantenerse la exigencia del “pague y después reclame”.

References: artículo 3
 artículo 3
 artículo 2
e contrario
 artículo 55
 artículo 42
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 46
 artículo 55
 artículo 46
 artículo 62
 resolución 
 artículo 62
 artículo 55
 artículo 9