Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/civil/Posibilidad-compartida-alteracion-sustancial-circunstancias_12_232560006.html
Timestamp: 2018-04-26 07:36:28+00:00

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Este foro ha sido publicado en el Boletín "Derecho de Familia", el 1 de enero de 2011.
1.- Es preciso que se produzca una alteración de los factores en los que se sustentó la resolución judicial, una alteración que además debe ser de una entidad importante, de modo que los pronunciamientos de la resolución ya no den respuesta a la realidad de la familia provocando su mantenimiento un grave perjuicio para los litigantes o las personas afectadas por ellos.
2.- Estos cambios además no pueden ser generados voluntariamente por las partes, deben ser ajenos absolutamente a la actuación de los implicados y no preconstituidas con la voluntad de fraude.
3.- Deben ser estos cambios circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.
4.- Es necesario que los cambios tengan estabilidad o permanencia en el tiempo, deben presentar visos de continuidad y no ser meramente coyunturales o transitorios.
5.- Es preciso finalmente que se acrediten en el nuevo procedimiento estas alteraciones sustanciales de las circunstancias que en su día se tuvieron en cuenta para dictar la resolución.
Se dispuso en la citada resolución que "debe ante todo resaltarse que si bien es cierto, como afirma la parte recurrente, que no puede estimarse plenamente acreditado, en el curso de lo actuado, que haya existido una alteración sustancial de las circunstancias, base sobre la que ha de asentarse el procedimiento de modificación de medidas, según previenen los artículos 90 y 91 in fine CC, no es menos cierto que la controversia sometida a la decisión judicial afecta a la custodia de una menor, implicada en la ruptura convivencial de sus progenitores, respecto de cuya cuestión, y por encima de cualquier otra directriz o principio sustantivo o procesal, ha de prevalecer siempre el criterio del beneficio o interés de los hijos, según proclaman los arts. 92 y 94 del mismo texto legal, en armonía con el artículo 39 de la Constitución Española y la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1.959, según la cual la Humanidad debe al niño lo mejor que ésta puede darle".
Aun aceptando, como bien indica nuestro coordinador, la encrucijada de tendencias sociales y jurídicas que nos está tocando vivir, y aún admitiendo la nueva normativa vigente en esta materia, en las CCAA de España, en los términos ya valorados en el anterior Foro Abierto publicado en el mes de diciembre de 2010, y sin necesidad de repetir ni reiterar cuantos argumentos se expusieron al contestar a la cuestión a analizar en el citado Foro Abierto núm. 41, es incuestionable que en el ámbito jurídico-formal, en principio, cualquier decisión judicial que resuelva sobre la custodia compartida en un ulterior proceso de divorcio, posterior a un anterior procedimiento de separación, o un precedente proceso de modificación de medidas, resulta viable, en consonancia, no solamente con dicha normativa local, sino también por la aplicación de la teoría general a considerar en el proceso de divorcio, que permite el análisis "ex novo" de cuantas circunstancias personales y familiares concurran en el grupo, con especial atención a los menores, lo que no excluye la posibilidad de averiguar la capacidad del progenitor que hasta ese momento no ha tenido la custodia, en relación con la situación afectante a dichos hijos, en el ámbito personal, psicológico, material, etc., para ostentar la custodia compartida, o alternativa, o repartida con aquel otro progenitor que la ha tenido atribuida de modo exclusivo hasta ese momento, lo que deberá ser objeto de valoración por medio de la prueba que determine con total claridad la realidad familiar concurrente al tiempo de dictar la sentencia de divorcio.
Es cierto que, en los últimos tiempos, al abrigo de las corrientes de opinión favorables al establecimiento de sistemas de custodia compartida -y especialmente a partir de su consagración legislativa en Aragón y Cataluña como régimen de guarda legal preferente en caso de falta de acuerdo- se ha producido un incremento de las demandas de modificación de medidas encaminadas a cambiar el sistema de custodia individual o exclusiva por el de custodia conjunta o compartida.
Algunas de tales demandas, efectivamente, no invocan una alteración sustancial de circunstancias para fundamentar la pretensión del cambio del régimen de custodia y se limitan a alegar, como causa justificativa de tal pretensión, el mero deseo del demandante -progenitor no custodio- de ejercer la custodia compartida del menor y su capacidad psicofísica para desempeñar adecuadamente las funciones inherentes al ejercicio de la guarda y custodia, para corresponsabilizarse de la educación, formación y desarrollo del menor y para participar de forma activa en las tareas y labores cotidianas de crianza, cuidado y protección del menor. Se plantea de este modo si resulta jurídicamente viable cambiar una medida de guarda individual, convenida por las partes o acordada judicialmente, por otra de custodia compartida a través de un procedimiento de divorcio o de modificación de medidas, sin que exista ninguna alteración sustancial de las circunstancias enjuiciadas en su momento.
El procedimiento de modificación de medidas definitivas anteriores viene a ser el reflejo procesal de que, en el plano sustantivo, todas la medidas complementarias definitivas adoptadas en un proceso de familia, llevan incorporada de forma implícita, la cláusula "rebus sic stantibus", en virtud de la cual queda sobreentendido que todas las medidas convenidas o adoptadas en sentencia, con excepción naturalmente de las referidas al vínculo matrimonial, conservan validez y vigencia en tanto en cuanto no se modifiquen sustancialmente los hechos y circunstancias que les sirvieron de base y fundamento.
- En primer lugar, denegar el cambio de una medida sobre custodia o visitas de un menor por no invocarse una alteración sustancial de circunstancias respecto de las tenidas en cuenta al adoptar la medida modificada, podría originar un perjuicio irreparable al menor, si del resultado de las pruebas practicadas en el proceso se objetivara que el cambio en la medida es aconsejable. En este sentido, no debe olvidarse que, para preservar el "bonum filii", el tribunal, de oficio o a petición del fiscal, puede desplegar una intensa actividad probatoria, a consecuencia de la cual es posible que se desvelen hechos o circunstancias nuevos, desconocidos para el demandante, que no pudo invocar por tanto en su demanda como alteración sustancial de circunstancias, y que pueden hacer procedente la estimación total o parcial de la pretensión modificativa.
- En segundo lugar, no puede olvidarse que, en estos procesos modificatorios entran en juego los sentimientos más profundos de los progenitores hacia sus descendientes y la fuerza de los lazos afectivos actúa en muchos casos como causa última de la iniciación del proceso por encima de motivaciones estrictamente jurídicas o consideraciones técnicas de prosperabilidad de la demanda que va a presentarse, y, por otra parte, no puede obviarse que, de ordinario, el progenitor que insta el proceso de modificación de medidas en solicitud de que se le conceda la guarda y custodia compartida de los hijos, o se amplíe el régimen de comunicaciones o estancias, no persigue, al interponer su demanda, la satisfacción de su propio interés sino que se fijen las medidas que estima más adecuadas para el beneficio del menor, interés público totalmente digno de protección, aun cuando se desestime íntegramente la demanda principal; ello merece una interpretación de los requisitos de prosperabilidad de la pretensión que, cuando menos, permita la apertura del proceso y el examen de las pretensiones deducidas.
Por lo que se refiere a las relaciones entre el menor y el progenitor que demanda el régimen de custodia compartida, debe aparecer acreditado que, desde el dictado de la sentencia cuya modificación se pretende, existe una buena relación entre ambos, generada a consecuencia del normal desarrollo del régimen de estancias establecido, que ha producido un estrechamiento y reforzamiento de vínculos afectivos y de apego, y que esa buena relación parento-filial se ha prolongado durante un periodo razonable de tiempo: dos o tres años. En este sentido, no debe olvidarse que en amplios sectores sociales se considera aún inadecuado establecer regímenes de custodia compartida para menores de corta edad, y que esa objeción a la custodia compartida, erigida en un prejuicio para una de las partes, es lo que mueve a muchos padres a no solicitar al tiempo de la ruptura un régimen de custodia compartida de sus hijos de corta edad (véase, como ejemplo, de ese prejuicio legal, lo dispuesto en el art. 5.5 de la Ley aragonesa 2/2010, de 26 de mayo (EDL 2010/78502), llamada de Custodia Compartida de Aragón: "En particular, cuando se haya acordado la custodia individual en atención a la edad del hijo o hija menor, se revisará el régimen de custodia en el plazo fijado en la propia sentencia, a fin de plantear la conveniencia de un régimen de custodia compartida"). En estos supuestos, el mero transcurso del tiempo y la mayor edad de los menores, supondrá una alteración sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta por las partes o el juez para adoptar la custodia exclusiva.
1º.- Se objetive un deseo persistente del progenitor demandante de intensificar y ampliar las relaciones y contactos con su hijo menor, de involucrarse de manera más intensa en el proceso de educación y formación del mismo, y de participar en tareas de cuidado y crianza de la menor que hasta entonces no haya podido realizar.
2º.- Exista una buena relación del menor con el progenitor instante de la modificación, evidenciada a través de un puntual cumplimiento del régimen de estancias establecido.
3º.- El menor muestre su deseo de compartir más tiempo con el progenitor que demanda el cambio.
4º.- En su caso, cuando el mero paso del tiempo permita considerar que la edad del menor ya no es un obstáculo para el establecimiento de un régimen de custodia compartida, que las partes o el juez no consideraron procedente establecer en el proceso anterior por la corta edad de los hijos.
Es una realidad que corren nuevos tiempos para la custodia compartida. La publicación en Aragón de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres (EDL 2010/78502) y de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña (EDL 2010/149454), relativo a la persona y la familia, han supuesto el punto de inflexión en la tendencia generalizada de otorgar en la mayoría de los casos la custodia a la madre permitiendo que los juzgados y tribunales tengan unos instrumentos legales más consistentes para que, tras la crisis de pareja, pueda acordarse la custodia compartida siempre que, claro está, sea el modelo de custodia que proteja mejor el interés del menor. A ello se une que el TS ha dictado últimamente diversas sentencias -por todas ellas la de 1 de octubre de 2010, EDJ 2010/205560- sentando unos criterios jurisprudenciales que echan por tierra la tesis de muchas Audiencias Provinciales para denegar la custodia compartida.
Un ejemplo de todo lo que hemos indicado es la sentencia de AP Zaragoza de 5 de octubre de 2010 (EDJ 2010/231032) en la que habiéndose otorgado en la sentencia de divorcio la custodia a favor de la madre el padre pretendía -sin duda dejándose llevar por la euforia de la ley recientemente aprobada- la custodia compartida. La respuesta de la Audiencia fue la siguiente: "No siendo de aplicación al presente supuesto la Ley de 20-V-2010 sobre igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de los padres, en todo caso no se ha acreditado ningún cambio de circunstancias que aconseje la fijación de la custodia compartida, ni que ésta sea en el presente supuesto más beneficiosa para los menores que la fijada en la Sentencia recurrida".
En resumen, todas aquellas potestades que se separan de la patria potestad, normalmente compartida, y se integran en la guarda son ostentadas de forma alternativa en la atribución tradicional. Sólo la semántica, en este caso enormemente lesiva, por las derivaciones sociales y legales, como la atribución del uso del domicilio, separa una situación de otra. Es cierto que aunque no se diga en ningún sitio, la custodia "compartida" parece que es una alternancia por iguales periodos de tiempo entre ambos progenitores, pero la desigualdad aritmética no tiene por qué contradecir esta forma de guarda. Es más, con frecuencia se califica de custodia compartida encubierta todo régimen de comunicaciones y estancias de cierta amplitud, con días inter semanales con pernocta. En resumen, antes y ahora, las decisiones judiciales y los acuerdos de los progenitores versan sobre el ejercicio de la patria potestad y sobre el tiempo que los hijos van a permanecer en compañía de cada uno de sus padres, durante el cual cada uno de ellos tiene los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades.
En sentido distinto a la opinión mayoritaria, se entiende por tres expertos que puede que en su momento las partes no pactaran la custodia compartida, pero el paso de los años puede determinar que el progenitor no custodio solicite una alteración de medidas, en cuyo caso lo importante es que se acredite que la modificación redunda en beneficio del menor, y ello independientemente del análisis de las circunstancias.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que lo que debe matizarse es que se debe o puede entender por "cambio de las circunstancias que habilite la modificación del régimen de custodia para pasar a una custodia compartida", ya que es este un concepto jurídico indeterminado que puede tener una valoración muy abierta, lo que, a su vez, será determinante de que se pueda llevar a cabo este cambio de régimen.
Por ello, bien pudiera darse el caso de que inicialmente las partes pudieran haber firmado un convenio de mutuo acuerdo con la atribución de la custodia a uno de los progenitores, pero que pasado cierto tiempo se reconsidere por el progenitor no custodio que desea el de custodia compartida, por ejemplo, por no "llenarle" lo suficiente el escueto régimen de visitas que en su momento aceptó, o que ambas circunstancias se hayan adoptado judicialmente. La cuestión que se suscita es que si sólo con esta necesidad unilateral del progenitor que dispone sólo del régimen de visitas tendría carta de naturaleza para instar, y que le fuera concedido, el régimen de custodia compartida.
Con ello, hablar del "cambio de circunstancias" al que se refiere el art. 90 CC no requiere una objetivación plena de estas modificaciones, por ejemplo, de residencia , trabajo, etc., sino que no se trate de una petición subjetiva o carente de argumentos, sino que en el correspondiente procedimiento de modificación hacia el de custodia compartida pueda llegar al convencimiento del juez que ese cambio beneficia a los menores que van a poder estar por igual periodo de tiempo con su padre y con su madre, en lugar de la estancia a tiempo parcial con uno de ellos. Indudablemente, si el examen pericial determina lo contrario, o si la fiscalía se opone y postula que se mantenga el existente la decisión será de inadmisión del cambio propuesto.
El art. 92 CC, en la redacción que le da la reseñada Ley, en su apartado 5, por vez primera introduce el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos en una forma evidentemente rigurosa para su adopción. Ahora bien, en el apartado 8, se dice lo siguiente: "Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado 5 de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor". Precisamente, hace referencia tan sólo a la guarda y custodia, y en particular a la compartida, sin referencia alguna al cambio sustancial de circunstancias, que puede acordarse modificando la individual, y se confía en un criterio genéricamente establecido en todo supuesto en que se vean afectados por las decisiones a tomar los menores de edad: su "interés superior". Cierto es que deberán analizarse todo el conjunto de circunstancias presentes y valorar aspectos de toda índole a la hora de decidir asunto tan heterogéneo como el del interés del menor, pero no creo que se planteen dudas acerca de que no se pone como exigencia para este acuerdo modificador que se haya producido una "alteración sustancial" de aquellas circunstancias que fueron tenidas en cuenta cuando se decidió la guarda y custodia individual -conste que lo sostengo sin ser un apasionado defensor de la custodia compartida al entender que en cualquier caso la guarda y custodia carece de la dimensión patrimonial en el que esas alteraciones sí deben revestir dimensión sustancial-.
Desde el momento en que en estas materias, el art. 752 LEC señala que deberán tenerse en cuenta los hechos que resulten probados, "con independencia del momento en que hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento", se da un paso más en este sentido cuando de guarda y custodia compartida se trata, y permite una nueva consideración del juez sin condicionarlo a la alteración de circunstancias, en función exclusivamente del interés del menor. Cierto es que como otra cuestión de enjundia se presenta el análisis de dicho interés, así como la dificultad de eludir subjetividades y acoger la resolución a datos más o menos objetivos presentes; no obstante lo cual, entiendo que puede depender de la toma en consideración de aquel interés y de las circunstancias apreciables, sin precisar sustancial modificación de las existentes en el momento en que se fijó la guarda individual.
La mayor parte de nuestros colaboradores se han decantado por apuntar hacia una respuesta negativa, manifestando al respecto, entre otras consideraciones, que el procedimiento de modificación de medidas no es excusa para revisar lo actuado en un procedimiento anterior, ya que ello podría suponer una vulneración de la seguridad jurídica. Alguno de nuestros colaboradores ha apuntado que desde la pura ortodoxia no puede prosperar la pretensión modificativa, aunque la consideración del "interés de los hijos" obliga a flexibilizar la interpretación de los condicionantes que entran en juego.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 artículo 39
 resolución