Source: http://www.franciscosantana.net/2012/06/sentencia-de-la-sala-constitucional-del_22.html
Timestamp: 2014-09-03 04:35:11+00:00

Document:
Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad absoluta de las definiciones números 457 y 459 contenidas en el Anexo n° 2 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Iribarren del Estado Lara, correspondientes al Grupo n° 8322 del Clasificador de Actividades Económicas de la referida ordenanza ~ El Blog de FSN
Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad absoluta de las definiciones números 457 y 459 contenidas en el Anexo n° 2 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Iribarren del Estado Lara, correspondientes al Grupo n° 8322 del Clasificador de Actividades Económicas de la referida ordenanza
"...Siendo la oportunidad de pronunciarse sobre el mérito de la demanda de nulidad incoada por la representación de la asociación civil Consejo Empresarial Venezolano de Auditoría (CEVA), contra el artículo 14, el Grupo 8322 del Clasificador de Actividades Económicas y los Códigos 457 y 459 de Definiciones del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza de Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicio o de Índole Similar del Municipio Iribarren del Estado Lara, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 2127 del 28 de diciembre de 2005; la Sala observa que las normas cuya nulidad fue solicitada, establecen lo siguiente:
“Artículo 14. Para el ejercicio de una actividad económica de forma habitual en establecimiento permanente ubicado en jurisdicción del Municipio Iribarren, deberá solicitarse y obtenerse previamente a su inicio la respectiva Licencia de funcionamiento.
La Licencia de funcionamiento es un acto administrativo mediante el cual el Municipio autoriza al titular la instalación y ejercicio, en el sitio, establecimiento o inmueble determinado, de las actividades económicas en ella señala [sic] y en las condiciones y horarios indicados.
La solicitud y obtención de la Licencia de funcionamiento también la deberán cumplir quienes ejerciendo en forma permanente en establecimientos ubicados en otros Municipios, se propongan realizar en forma habitual actividades económicas gravadas conforme a esta Ordenanza en el Municipio Iribarren”.
“CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO IRIBARREN
GRUPO CIUU
MÍNIMO TRIBUTABLE MENSUAL U.T.
MÍNIMO TRIBUTABLE ANUAL U.T.
Servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros y asesorías prestadas por personas jurídicas.
Otros servicios profesionales no especificados.
457. Servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros y asesorías prestadas por personas jurídicas. Comprende todas aquellas oficinas constituidas legalmente y que prestan sus servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros y asesorías”.
“459. Otros servicios profesionales no especificados.
Comprende todos aquellos servicios profesionales que no estén comprendidos anteriormente”.
Igualmente, delató la infracción del artículo 105 de la Carta Fundamental, pues –a su entender- se exige a los profesionales licencia para ejercer actividad de naturaleza civil, violando con ello la reserva legal del Poder Nacional para regular la actividad de prestación de servicios profesionales y los requisitos necesarios para su ejercicio.
En el marco de las denuncias expuestas, debe precisarse que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de la gravabilidad del ejercicio de profesiones liberales en el ámbito municipal. Así, en sentencias números 781/2006 (caso: Humberto Bauder) y 1034/2010 (caso: Asociación Civil Consejo Empresarial Venezolano de Auditoría), a través de las cuales se anularon varios artículos de regulaciones municipales que pretendían reafirmar tal poder tributario, esta Sala señaló lo siguiente:
No obstante tal precedente, los defensores del acto sostienen la constitucionalidad de la Ordenanza alegando que la máxima jurisprudencial citada se produjo dentro de un contexto distinto al hoy discutido. En aquella oportunidad se trataba de una Ordenanza previa a la Constitución de 1999, refieren, mientras que en esta se trata de una Ordenanza dictada con ocasión a (sic) la interpretación del artículo 179.2 constitucional hecha por el legislador municipal; sin embargo, se trata de un argumento que riñe con lo que ha sido la concepción histórica del aludido impuesto y con el principio de división de poderes que reserva al Poder Público nacional todo lo concerniente a la regulación de las profesiones liberales.
A modo de corolario, se tiene que la jurisprudencia de esta Máxima Juzgadora ha sido conteste en excluir de las potestades regulatorias y tributarias de los Municipios a las denominadas profesiones liberales, atendiendo fundamentalmente a su naturaleza eminentemente civil y no comercial, lo que impide asimilarlas a aquellas actividades que –efectivamente- constituyen el objeto de gravamen en el Impuesto a las Actividades Económicas.
Por ende, cuando se pretenda someter a las asociaciones profesionales a cargas parafiscales u obligaciones tributarias, corresponderá a la Administración develar que sus negocios jurídicos exceden su ámbito civil y que realizan actividades comerciales que producen los ingresos más importantes de su gestión económica” (subrayado de este fallo).
En concordancia con lo expuesto, en el caso de autos se hace impretermitible argumentar que el vocablo “actividad económica” contenido en el artículo 14 de la ordenanza impugnada, se ciñe exclusivamente a aquellas actividades conexas al ejercicio de la industria y el comercio; de manera que no tiene cabida su aplicación a las profesiones liberales no siendo, en consecuencia, legítima su aplicación a aquellos profesionales que desarrollan su actividad en el municipio. Tal es, entonces, la interpretación constitucional posible de dicho enunciado normativo y, por ello, la Sala no estima necesario anular dicha norma, sino completar su sentido conforme a lo expuesto en este párrafo. Así se declara.
En lo que respecta a los Códigos de Actividad 457 y 459 del Grupo 8322 del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Iribarren del Estado Lara, debe la Sala advertir su franca inconstitucionalidad, por violación del principio de reserva legal del Poder Nacional consagrado en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al someter a los profesionales que decidan ejercer su actividad en ese Municipio a la exacción que sólo recae sobre actividades económicas de tipo industrial o comercial. En este caso, la demandante cuestionó los mencionados códigos de definiciones (subtipos de actividad); las cuales se encuentran insertas en el grupo de “Servicios Profesionales”, cuya denominación da cuenta de la írrita voluntad municipal de gravar toda actividad profesional desplegada en su territorio, motivo por el cual las denuncias esgrimidas deben ser estimadas y, en consecuencia, deben ser anuladas las definiciones 457 y 459 contenidas en el Anexo n° 2 de la Ordenanza objeto de este proceso constitucional. Así se decide.
Por último, estima la Sala oportuno referir que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 32 y 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dados los múltiples actos que eventualmente pudieron haber sido dictados por la Administración del Municipio Iribarren en aplicación de la norma cuya nulidad fue acordada de forma definitiva, con el ánimo de preservar la seguridad jurídica, fija el inicio de los efectos del presente fallo a partir del 23 de mayo de 2006, oportunidad a partir de la cual esta Sala suspendió –por vía cautelar y con efectos erga omnes- los efectos de las disposiciones acá impugnadas. Así se decide.
Finalmente, vista la naturaleza del presente fallo, de conformidad con el artículo 126 del texto orgánico que rige las funciones de este Máximo Tribunal, se ordena la publicación del texto íntegro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República, en la Gaceta Oficial del Municipio Iribarren Estado Lara, así como en la Gaceta Judicial, con la siguiente mención en su sumario: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad absoluta de las definiciones números 457 y 459 contenidas en el Anexo n° 2 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Iribarren del Estado Lara, correspondientes al Grupo n° 8322 del Clasificador de Actividades Económicas de la referida ordenanza”.
3.- Se INTERPRETA que cuando el artículo 14 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Iribarren del Estado Lara utiliza el vocablo “actividad económica”, se refiere a los servicios conexos a actividades industriales y comerciales, por lo que no tiene cabida su aplicación a las profesiones liberales.
4.- Se ORDENA la publicación del texto íntegro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República, en la Gaceta Oficial del Municipio Iribarren Estado Lara, así como en la Gaceta Judicial, con la siguiente mención en su sumario: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad absoluta de las definiciones números 457 y 459 contenidas en el Anexo n° 2 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Iribarren del Estado Lara, correspondientes al Grupo n° 8322 del Clasificador de Actividades Económicas de la referida ordenanza”.
6) Se FIJAN los efectos del presente fallo anulatorio a partir del 23 de mayo de 2006"
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/835-19612-2012-06-0337.html
Posted in: Inconstitucionalidad,Ordenanza de actividades económicas,Profesiones liberales

References: artículo 14
 artículo 105
 artículo 179
 artículo 14
 artículo 136
 artículo 126
 artículo 14