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﻿ Sentencia 2001-03672 de julio 24 de 2013
SENTENCIA 2001-03672 DE 24 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL POR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. AUNQUE LA DETENCIÓN PREVENTIVA EMERGE COMO UN INSTRUMENTO VÁLIDO PARA EL DESARROLLO DEL COMETIDO ESTATAL DE PERSEGUIR LOS DELITOS, DESDE UNA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA NO PUEDE OLVIDARSE QUE NUESTRO ESTADO DE DERECHO RECONOCE LA PRIMACÍA DE LOS DERECHO INALIENABLES DE LA PERSONA, EN ESTE SENTIDO, CUANDO SE PRODUCE LA EXONERACIÓN DEL SINDICADO, SIN QUE OPERE COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD LA CULPA DE LA VÍCTIMA, EL ESTADO ESTÁ LLAMADO A INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS QUE HUBIERE CAUSADO POR RAZÓN DE LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA DE DETENCIÓN PREVENTIVA QUE LO HUBIERE PRIVADO DEL EJERCICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD.
Sentencia 2001-03672 de julio 24 de 2013
Rad.: 760012331000200103672-01 (30.556)
Actor: Héctor Emilio Rosero Urbano y otros
Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 30 de noviembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, Sede Cali.
Desde ya se advierte, en todo caso, que la demanda fue interpuesta en tiempo, pues para ello se contaba con un plazo de dos (2) años contados a partir de la ejecutoria de la resolución de 9 de mayo de 2000, mediante la cual se precluyó la investigación penal en favor del señor Héctor Emilio Rosero Urbano y comoquiera que la demanda se presentó el 22 de junio de 2001, es evidente que la acción de reparación directa se ejerció dentro del término legal previsto para tal efecto.
Para resolver el asunto en estudio, se desarrollará el siguiente orden conceptual: i) competencia, ii) el régimen de responsabilidad aplicable al asunto que se somete a decisión judicial, iii) el caso concreto, iv) liquidación de los perjuicios y v) condena en costas.
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(1), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.
Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación injusta de la libertad a la cual fue sometido el señor Héctor Emilio Rosero Urbano, desde el 27 de abril de 1999 hasta el 22 de junio de 1999, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996(2), que establece:
“Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996...”(4) (se resalta).
Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicadas a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iuranovitcuria, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(5).
Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o —en la opinión mayoritaria de la Sala— a la aplicación de la figura del indubioproreo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a estos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.
“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad...”(14).
Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.N., art. 5º) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (C.N., art. 2º), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29, eiusdem)(15).
Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o —en la opinión de la mayoría de la Sala— porque se le favoreció con la aplicación del indubioproreo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.
En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civil —sin que, en cualquier caso, opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima—, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o —en la opinión mayoritaria de la Sala— por virtud del indubioproreo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.
Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a los actores, con ocasión de la privación de la libertad del señor Héctor Emilio Rosero Urbano.
Con el fin de acreditar los hechos de la demanda, al proceso se allegaron en debida forma los siguientes elementos de prueba, los cuales son susceptibles de valoración.
1. Copia auténtica del informe GC-CTI 129 de 27 de abril de 1999, en el que el coordinador del grupo de capturas del CTI puso a disposición de la Fiscalía 59 Seccional de Cali al señor Héctor Emilio Rosero Urbano, quien fue capturado ese día, a las 2:15 de la tarde, en el barrio Miraflores de Pasto, Nariño (fl. 77, cdno. 3).
2. Copia auténtica de la planilla de retenidos de la Cárcel Judicial de Pasto, en la que se indica que el señor Héctor Emilio Rosero Urbano ingresó a ese centro penitenciario el 28 de abril de 1999, por orden de la Fiscalía 59 Seccional de Cali (fl. 76, cdno. 3).
3. Resolución de 30 de abril de 1999, mediante la cual la Fiscalía 59 Seccional de Cali, al resolver la situación jurídica del señor Héctor Emilio Rosero Urbano, profirió auto de detención en su contra, imputándole la calidad de autor del delito de hurto agravo y calificado (fls. 72 a 74, cdno. 3).
4. Providencia de 13 de mayo de 1999, en la que la Fiscalía Seccional 59 de la Unidad Primera de Patrimonio de Santiago de Cali negó la detención domiciliaria solicitada por el señor Héctor Emilio Rosero (fls. 143 a 147, cdno. 3).
5. Diligencia de reconocimiento en fila de personas, que se llevó a cabo el 18 de junio de 1999, en la que la señora Florencia Zapata Gómez señaló (se transcribe tal cual obra en el expediente, inclusive los errores):
“Preguntado: díganos si usted está en capacidad de reconocer a la persona capturada en la ciudad de San Juan de Pasto como uno de los presuntos autores que usted señala en su testimonio por los hechos investigados en esta instancia Fiscal?’ Contestó: ‘quiero aclarar que en ningún momento afirmé que esa persona fuera uno de los asaltantes, lo que yo dije y esta investigación la hice por mi cuenta en Pasto, junto con mi esposo, fue ir a la dirección que pude conseguir de ese señor que decía ser el dueño del carro, a lo lejos se me fue mostrado por una persona que me colaboró mucho en el caso para obtener mi vehículo y ahí fue donde a unos veinte (20) metros de él pude darme cuenta que era el que creo que fuera el que me apuntó y así lo dije en la declaración anterior. Soy yo la más interesada en que esto se aclare pero jamás juzgaría a una persona sin tener la certeza más correcta, eso es todo’... en la declaración del 24 de marzo cuando el doctor Veira me interrogó yo le contestaba una de sus preguntas le dije muy claramente lo mismo que digo hoy, creo que ese sujeto que vi en Pasto, el tal Héctor Emilio Rosero es la persona que me despojó de mis alhajas y de mi carro, para yo tratar de reconocer este sujeto, tengo que verlo parado, existe un error al tomarme la declaración del día 24 de marzo, un error de transcripción, falta la palabra creo’ (...) se hace formar a seis (6) personas en las cuales se incluye Héctor Emilio Rosero para que determinen si de las personas que se encuentran allí, cuál es la persona que le apuntó con el arma y tuvo relación directa , persona a persona con la persona que le hurtó el vehículo y sus pertenencias... Contestó: ‘Ahí no está la persona que me hurtó el vehículo, ni tampoco la persona que me dijeron que era Héctor Emilio Rosero’...” (fls. 230, 330 a 332, cdno. 3) (resalta la Sala).
6. Resolución de 21 de junio de 1999, mediante la cual la Fiscalía Seccional 59 de la Unidad Primera de Patrimonio de Santiago de Cali, por petición del apoderado judicial del sindicado, revocó la detención preventiva que le impuso al señor Héctor Emilio Rosero Urbano y ordenó su libertad inmediata (fls. 239 a 244, cdno. 3).
7. Resolución 104 de 9 de mayo de 2000, mediante la cual la Fiscalía Seccional 60 delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Santiago de Cali precluyó la investigación, a favor de Héctor Emilio Rosero Urbano por los delitos de hurto agravado y de receptación.
En esta providencia, el Fiscal manifestó (se transcribe tal cual obra en el expediente):
“Dentro de la investigación se sostuvo al inicio que el procesado se encontraba incurso frente al delito de hurto calificado y agravado y fue así que se profirió medida de aseguramiento teniendo como base la declaración de la ofendida quien lo señalaba como uno de los presuntos responsables, realizada diligencia de reconocimiento siendo negativa porque no lo reconoció, se le revoca la medida detentiva y se deja en libertad.
“Ahora es importante analizar el comportamiento del procesado frente al supuesto delito de receptación en que pudo incurrir ya que en su poder fue recuperado el vehículo materia del hurto, se le indaga al respecto y se abstiene de dictar cualquier medida por este hecho argumentando que no hay elementos fehacientes o concretos indicios graves que comprometan su responsabilidad, pues nos encontramos en el informativo con una serie de documentos que aporto el sindicado que demuestran la negociación que realizó con una supuesta persona de nombre Patricia Andrade Montes, con un traspaso abierto, fotocopias de la tarjeta de propiedad a nombre de ella, fotocopia de la cédula de ciudadanía, demostrando a su vez la forma como adquirió el dinero para cancelar el rodante con documentos que anexo al proceso.
“Ante tales circunstancias le corresponde al despacho creer las exculpaciones del implicado, no hay forma de demostrar lo contrario, se trato de localizar a la vendedora con resultados negativos por lo tanto no existiendo elementos de juicio que demuestren plenamente la participación en el injusto, lo correcto es precluir también por receptación, tal como lo ordena el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal...” (fls. 354 a 359, cdno. 3) (resalta la Sala).
8. Mediante oficios de 29 de agosto de 2003 y de 5 de noviembre del mismo año, la Unidad Primera de Patrimonio Económico y Fe Pública de la Fiscalía Seccional Cali informó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que el proceso 161956, que se adelantó en contra del señor Héctor Emilio Rosero Urbano, fue precluido el 9 de mayo de 2000 y, luego, fue remitido al archivo de la Dirección Seccional de Fiscalías (fls. 27 y 30, cdno. 3).
Así las cosas, de lo expuesto en la resolución de 9 de mayo de 2000 por la Fiscalía Seccional 60 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Santiago de Cali, se colige que el señor Héctor Emilio Rosero Urbano fue absuelto de los delitos imputados por la Fiscalía 59 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santiago de Cali, por cuanto no fueron cometidos por este.
En efecto, en la providencia que precluyó la investigación se consideró: i) que no existió prueba alguna que demostrara la responsabilidad del señor Héctor Emilio Rosero Urbano en los delitos de hurto agravado y calificado y de receptación que se le endilgaron, ii) que la víctima de dichas conductas punibles, en la diligencia de reconocimiento en fila de personas, no lo identificó como autor o partícipe del hurto de sus pertenencias y iii) que si bien el automotor objeto del hurto fue encontrado en su poder, ello se debió a que lo adquirió de una señora Patricia Andrade Montes, lo cual acreditó en el en el transcurso del proceso penal.
Conforme a lo dicho, es claro que en este asunto se da una de las circunstancias en que, conforme al artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal, quien ha sido privado injustamente de la libertad tiene derecho a ser indemnizado, pues la misma administración de justicia concluyó que el sindicado no cometió las conductas punibles que se le imputaron y que originaron la imposición de la medida de detención.
Al respecto, la Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue una decisión de la administración de justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, la que determinó que el señor Héctor Emilio Rosero Urbano estuviera privado de su libertad, hasta que se precluyó la investigación penal a su favor, al considerarse que no tuvo participación alguna en las conductas punibles que se le imputaban. En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(18). En este caso, ninguna de estas eximentes fue acreditada en el plenario.
En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad del señor Héctor Emilio Rosero Urbano.
Por la privación injusta de la libertad del señor Héctor Emilio Rosero Urbano, además de este, concurrieron al proceso sus padres, Eduar Ernesto Rosero Urbano y Aura Urbano, y su hermana, Jenny Andrea Rosero Urbano, según se desprende de la demanda y de los poderes conferidos a su apoderado judicial (fls. 21 a 26, cdno. 2).
Pues bien, en relación con el parentesco de los demandantes con el señor Héctor Emilio Rosero Urbano, obran en el proceso las certificaciones expedidas por el Notario Segundo de Pasto, en las que se indica que en esa notaría se encuentran los registros civiles de nacimiento de Héctor Emilio Rosero Urbano y de Jenny Andrea Rosero Urbano y que estos son hijos de Eduar Ernesto Rosero Urbano y Aurora Urbano (fls. 28 y 29, cdno. 2).
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad(19); así mismo, dicho dolor se presume respecto de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(20), siendo claro, según tales reglas, que el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el de sus hijos, uno de los cuales, en este caso, fue víctima directa del daño.
Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, se ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales. Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(21).
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el señor Héctor Emilio Rosero Urbano estuvo privado injustamente de la libertad, durante 56 días(22) y que dicha detención le produjo a él y a sus familiares cercanos un profundo dolor y aflicción, el cual debe ser resarcido, se reconocerán, por concepto de perjuicios morales, treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor de cada uno de los señores Héctor Emilio Rosero Urbano, Eduar Ernesto Rosero Urbano y Aurora Urbano, y dieciocho (18) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para Jenny Andrea Rosero Urbano.
En consideración a que los actores no demostraron los gastos en que incurrieron como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Héctor Emilio Rosero Urbano, la Sala no les reconocerá indemnización alguna por dicho concepto.
Si bien se encuentra acreditado, con las declaraciones de los señores Mario Fernando Pantoja Villota y Oscar Ferney Escobar Eraso, que al momento de su detención el señor Héctor Emilio Rosero Urbano trabajaba en una editorial de libros y tenía una tienda de videos, en el proceso no existe prueba alguna que permita establecer, de manera exacta, las sumas que percibía por las actividades económicas que ejercía, de tal suerte que los perjuicios materiales se calcularán con el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento de su detención ($ 236.460)(23).
Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el que fue privado de la libertad.
Puesto que la suma así obtenida es inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta sentencia, se tendrá en cuenta este último, esto es, $ 589.500, pues resulta, en términos de equidad, más beneficioso para el afectado.
Adicionalmente, a la suma correspondiente al salario mínimo de $ 589.500 se le incrementará un 25%, por concepto de prestaciones sociales, lo cual determina un ingreso base de liquidación de $ 736.875.
Se precisa, además, que el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el período consolidado, comprendido entre el tiempo durante el cual el actor estuvo privado de la libertad, esto es, 1.26 meses, más el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo o condicionarse a una actividad laboral (8.75 meses).
“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tomar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8,75 meses)(24)”(25).
Así las cosas, la indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, que debe reconocerse a favor del señor Héctor Emilio Rosero Urbano, se calculará así:
Donde Ra es el ingreso base de liquidación, i es una constante y n el número de meses a indemnizar. Aplicando la fórmula:
S= $ 7’539.965
REVÓCASE la sentencia de 30 de noviembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, Sede Cali; en su lugar, se dispone:
1. DECLÁRASE responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Héctor Emilio Rosero Urbano.
Héctor Emilio Rosero Urbano (víctima) 35 smlv
Eduar Ernesto Rosero Urbano (padre) 35 smlv
Aurora Urbano (madre) 35 smlv
Jenny Andrea Rosero Urbano (hermana) 18 smlv
3. CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor del señor Héctor Emilio Rosero Urbano, la suma de $ 7’539.965.
6. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.
(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.
(5) En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, Expediente 19.151, precisó: “... no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iuranovitcuria, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma (...)”.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463.
(7) Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 1.992, Expediente 7058.
(11) Rodríguez Villamizar, Germán. “Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad”. Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.
(12) Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, Expediente 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del indubioproreo.
(13) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 15.980.
(15) El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295, dic. 10) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan —aun previstas en la Ley— privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo Tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “... por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).
(18) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Expediente 17.517, reiterada en sentencia de abril 15 de 2011, Expediente 18.284 y recientemente en sentencia de 26 de mayo de 2011, Expediente 20.299, actor: Jesús David Arciniegas Caselles y otro, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(20) Sentencia de 20 de febrero de 2.008, Expediente 15.980.
(22) Desde el 27 de abril de 1999, cuando fue capturado por el CTI de la Fiscalía, hasta el 21 de junio de 1999, fecha en la cual, la Fiscalía Seccional 59 de la Unidad Primera de Patrimonio de Santiago de Cali revocó la detención preventiva que le impuso al señor Héctor Emilio Rosero Urbano.
(23) Salario mínimo legal vigente para el año 1999.
(24) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano”, en serie Documentos Laborales y Ocupacionales 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA, Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22.
(25) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de junio de 2001, Expediente 19.502, actor: Germán Arcos Gómez y otros. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

References: resolución 
 artículo 73
 artículo 90
 artículo 414
 artículo 90
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 414
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 36
 resolución 
 artículo 414
 artículo 106
 artículo 115
 artículo 362