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Timestamp: 2020-08-05 05:40:30+00:00

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2020 – Página 3 – ASJ Honduras
miércoles, 27 mayo 2020 por admin
Foro virtual fue organizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Durante el seminario web se coincidió en la importancia de unir esfuerzos para la toma de decisiones efectivas que sean de beneficio para la educación de la niñez y juventud hondureña.
Tegucigalpa . Dirigentes magisteriales, autoridades educativas, ex secretarios de educación y representantes de la sociedad civil reflexionaron sobre la importancia de tomar medidas integrales que afectan al frente de desafío que se mantiene en el país, para el diseño de un nuevo sistema de educación que asegure encontrar los mejores medios para que los niños puedan gozar de su derecho a la educación , en el marco de la pandemia del Covid-19.
Desde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) se reconoce el esfuerzo de los docentes, directores distritales, municipales y departamentales, alumnos y padres de familia que han hecho posible que cientos de niños sigan sus clases en medio de esta crisis sanitaria; aunque se consiente que es necesario ampliar ese esfuerzo para alcanzar una mayor inclusión de niños que se encuentran fuera del sistema educativo nacional.
El seminario web «Estrategias en educación para la continuidad del aprendizaje en tiempos de coronavirus» organizado por la ASJ, contó con la participación de la subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Gloria Menjivar ; el Director Departamental de Lempira, Adolfo Ruiz; los ex secretarios de educación; Rutilia Calderón y Marlon Brevé.
En representación del sector magisterial participaron, además, Edwin Hernández , Presidente del Colegio de Pedagogos COLPEDAGOGOSH; Fidel García , Presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras COPEMH y Daniel Esponda , representante del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras Coprumh. El foro fue moderado por el director del sector Educación de la ASJ, Edwin Moya.
Finalmente, durante el foro virtual se coincidió en la urgente necesidad de unir esfuerzos entre docentes, padres de familia, sociedad civil y autoridades educativas para implementar las acciones que eligen la toma de decisiones inmediatas y efectivas que sean de beneficio para la educación de la niñez y juventud hondureña.
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Tegucigalpa. Líderes juveniles de distintas plataformas sociales de la región latinoamericana debatirán sobre la importancia de la participación de los jóvenes en el contexto de la crisis generada por el COVID-19, como una oportunidad de relevo generacional.
El webinar “Pandemia COVID19: Una oportunidad de relevo generacional”, que será transmitido en vivo a través de la página https://www.facebook.com/asjhonduras1, se llevará a cabo este próximo viernes 15 de mayo a partir de las 10:00 a.m.
Durante el encuentro se contará con la participación de: Aida Betancourt, directora de Proyectos y Alianzas del Partido Político Nuestro Tiempo de El Salvador; Rafael Jerez, oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Daniel Vijil, director estratégico de la plataforma juvenil El Milenio en Honduras; Ana Martina Braslavsky, presidenta de la Cámara Junior Internacional con sede en la Provincia de Salta, Argentina, y será moderado por María José Paz, asistente técnico-jurídico de la ASJ.
Los jóvenes destacados por su activismo juvenil en sectores políticos y sociales, compartirán sus experiencias desde su rol individual y colectivo a través de sus organizaciones, en la formulación de iniciativas y propuestas en el marco del COVID-19, haciendo una relación con el contexto de cada uno de sus países.
Asimismo, abordarán la oportunidad que supone una crisis de esta naturaleza para el surgimiento de liderazgos en distintos sectores de la sociedad, tales como partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y agrupaciones juveniles.
La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial ha demandado respuestas rápidas y eficaces por parte de muchos estados del mundo, a través de los gobiernos centrales y los parlamentos, como órganos formalmente encargados de gestionar recursos públicos y adoptar medidas políticas, económicas y sociales. No obstante, el liderazgo político y social en la gestión de las medidas para mitigar el impacto de la pandemia no ha provenido exclusivamente de las autoridades públicas formales de cada país. Entre los actores más importantes que han surgido para desarrollar distintas iniciativas, posicionamientos y acciones para promover la transparencia, rendición de cuentas, solidaridad y creatividad desde distintos sectores de la sociedad, han sido los jóvenes.
Desde la ASJ se ha insistido en la importancia de promover la participación política de los jóvenes como un pilar para la construcción de una democracia inclusiva y participativa a través de la creatividad, conocimiento e innovación.
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ASJ exhorta a Sala Constitucional de CSJ a resolver recursos contra decretos que limitan acción penal del Ministerio Público
En el marco de la actual emergencia sanitaria que atraviesa el país, la prontitud en la resolución de las acciones de inconstitucionalidad contribuirá a garantizar que el control de los recursos públicos.
Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) exhortó este lunes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a resolver los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra las limitaciones en el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público (MP).
En un comunicado presentado ante los medios de comunicación esta mañana, el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras pidió a la Sala de lo Constitucional dar “cumplimiento a los plazos legales con una resolución pronta y expedita”, de al menos dos acciones de inconstitucionalidad presentadas contra los decretos 116-2019 y 117-2019 aprobados por el Poder Legislativo.
Dichos decretos constituyen reformas a leyes secundarias aprobadas por el CN que restringen el ejercicio de la acción penal pública del MP, por lo que el año recién pasado fueron presentadas distintas acciones de inconstitucionalidad, las cuales aún no reciben una resolución de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
Una de estas acciones de inconstitucionalidad fue presentada por el Ministerio Público por vía de acción de forma total y por razón de forma y contenido contra el Decreto Legislativo No. 116-2019, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 35,076, contentivo de la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para proyectos de orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.
Otra de las acciones de inconstitucionalidad fue interpuesta por Luis Rolando Redondo Guifarro, David Armando Reyes Osorto, Doris Alejandrina Gutierrez y Tomás Antonio Ramírez Hernández en su calidad de diputados, por vía de acción por razón de contenido y de manera total contra el Decreto Legislativo No. 117-2019, aprobado en fecha 16 de octubre de 2019, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 35,076, de fecha 18 de octubre de 2019, el cual reforma por adición del artículo 10-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, contenida en el Decreto No. 363-2013 de fecha 20 de enero 2014.
En el comunicado, la ASJ demanda “una resolución pronta y expedita a todos los casos sometidos a la justicia constitucional”, de manera que “el órgano encargado del ejercicio de la acción penal pública delimite el camino que debe seguir la investigación criminal como política pública en el país, ante la demanda social de investigación de casos pendientes y su posible judicialización en caso de ser procedentes”.
Además, apunta que “el manejo de los fondos públicos durante esta emergencia sanitaria ha estado sujeto a diversos señalamientos sobre presuntas irregularidades por parte de las instituciones públicas competentes” y que actualmente “el único órgano constitucionalmente facultado para investigar y requerir criminalmente por actos de corrupción se encuentra limitado y es necesario el pronunciamiento constitucional al respecto”.
En ese sentido, “la prontitud en la resolución de las acciones de inconstitucionalidad contribuirá a garantizar que el control de los recursos públicos y el ejercicio de la acción penal pública se realicen respetando el principio de legalidad y debido proceso en la impartición de justicia. Pero, sobre todo, tiene el potencial de salvar vidas, dado los limitados recursos con que cuenta el país”.
+ Vea el pronunciamiento:
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ASJ pide al Congreso Nacional extender por seis meses más vacatio legis del nuevo Código Penal
domingo, 03 mayo 2020 por Webmaster
El texto todavía requiere reformas y una discusión amplia y participativa de diversos sectores de la sociedad.
Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, pidió al Congreso Nacional (CN) extender por seis meses adicionales la vacatio legis del nuevo Código Penal, ante la crisis sanitaria generada por la pandemia mundial de COVID-19.
En consideración de las actuales circunstancias que atraviesa el pueblo hondureño, la ASJ planteó en una carta remitida a Mauricio Oliva, presidente del Poder Legislativo, el pasado martes 28 de abril y con acuse de recibo de este jueves, la postergación de la entrada en vigencia del nuevo instrumento legal, tomando en cuenta que “el esfuerzo del Estado se está dirigiendo a salvar el bien jurídico vida y no a enfrentar esfuerzos destinados a la entrada en vigencia de un ordenamiento jurídico que dada la situación mundial pierde relevancia”.
El escrito considera “inoportuno que pueda este instrumento legal entrar en vigencia en las actuales circunstancias, donde el Poder Judicial y el Ministerio Público están trabajando únicamente con un sistema de turnos y el resto de su personal en casa acatando las órdenes de aislamiento social”.
En ese sentido, la organización de sociedad civil insta a esperar un tiempo adicional para que existan mejores circunstancias y todos los administradores de Justicia puedan regresar a sus trabajos con eficiencia y eficacia.
Asimismo, hace un llamado a los diputados y diputadas para continuar la discusión del nuevo Código Penal, de manera “amplia y participativa, con representación de los distintos sectores de la sociedad, dejando abiertas las posibilidades de reforma, haciendo uso de los mecanismos de sesiones virtuales aprobados por el pleno del Congreso el 2 de abril de 2020”.
Capacitación y reformas
La ASJ solicitó además al CN, verificar con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, Colegio de Abogados de Honduras, universidades públicas y privadas y otros intervinientes del proceso penal, si cuentan con la adecuada preparación técnica y científica necesaria para la entrada en vigencia, es decir una capacitación continua integral adecuada a los requerimientos que cada perfil del cargo necesita con el nuevo ordenamiento jurídico.
Por otra parte, después de un exhaustivo análisis, se concluyó la necesidad imperiosa de sugerir que se realicen reformas en cuanto a instituciones y tipos penales, por considerar que son contradictorias con la Constitución de la República, el Código Procesal Penal y otras leyes, que va a generar como efecto colateral un resultado negativo en la tramitación de los procesos penales y, por ende, en la vulneración de los derechos de las personas sometidas a un procesal.
Entre estas figuras, presentes en el texto aprobado por el Legislativo, se encuentran: responsabilidad subjetiva, el principio de non bis in ídem, suspensión de fallo, reemplazo de la pena, suspensión de la ejecución de la pena, cancelación de antecedentes penales, responsabilidad civil y sus formas y responsables civiles directos.
De igual manera, identifica inconsistencias en la redacción del tipo penal en ciertos grupos de delitos, tales como los delitos de violencia contra la mujer, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, delitos contra el medio ambiente, delitos contra el patrimonio y delitos contra la administración pública, para los cuales se recomiendan modificaciones, a efecto de mejorar su redacción en la configuración del tipo como en la pena, para que adquieran coherencia con una política criminal de combate efectivo contra la impunidad y la corrupción.
Finalmente, y con relación a la actual emergencia sanitaria que atraviesa el país, la ASJ solicita que se cree un nuevo tipo penal, en vista de que “se ha vislumbrado la debilidad del Estado en garantizar la prestación de servicios públicos, y dado que en los últimos años se han judicializado y sancionado altos funcionarios vinculados a la comisión de delitos en perjuicio del sistema de salud, teniendo efectos directos en el acceso personal y colectivo del derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 145 de la Constitución de la República”.
En el año 2019 el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional realizó un análisis integral de los 635 artículos de ese instrumento legal e hizo entrega al jefe de la Comisión Legislativa de Dictamen del Código Penal una propuesta de reforma normativa al mismo.
viernes, 24 abril 2020 por admin
• Acceso a la información pública es fundamental durante la actual crisis, coincidieron participantes en conversatorio virtual organizado por ASJ.
• Webinar fue transmitido en vivo a través de https://www.facebook.com/asjhonduras1.
Tegucigalpa. Solo la transparencia y rendición de cuentas en las compras realizadas por el Estado, como estandarte durante la emergencia por COVID-19, permitirán generar confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, de acuerdo a representantes de instituciones públicas y de sociedad civil que participaron este viernes en un conversatorio virtual organizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El webinar “Transparencia y rendición de cuentas en los fondos de la emergencia COVID-19”, transmitido a través de la página de la ASJ en Facebook, contó con la participación de: Marco Bográn, director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H); Ivonne Ardón, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); la periodista Thelma Mejía; Carlos Chinchilla, director ejecutivo del Espacio Regional de Occidente (EROC), y fue moderado por Lester Ramírez, director de Transparencia y Gobernanza de la ASJ.
Los panelistas discutieron la importancia de la buena gobernanza, transparencia y rendición de cuentas en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19, así como principios útiles y necesarios en los procesos de toma de decisiones, analizando riesgos, factores legales y administrativos que deben cumplirse en el ciclo de adquisiciones de bienes y servicios que se desarrollen por las instituciones competentes en medio de la emergencia del COVID-19 en Honduras.
“La ciudadanía no tiene confianza en sus instituciones y es un desafío del Poder Ejecutivo para poder transparentar, principalmente durante esta emergencia; pero no se puede elegir transparencia con una Ley de Secretos y este es el momento de demandar la derogación de esa ley que permite la opacidad en el manejo de recursos”, expresó Thelma Mejía, periodista e investigadora.
Por su parte, Ivonne Ardón, magistrada del IAIP, subrayó el acceso a la información pública como un derecho ciudadano y obligación del Estado para fomentar la transparencia activa y rendición de cuentas de sus instituciones.
“El IAIP se ha enfrentado a algunos retos para poner a disposición de la población información necesaria para poder tener una participación activa y agentes de cambio, de veeduría, que estén pidiendo rendición de cuentas a quienes están manejando los fondos. En ese sentido, el Instituto tiene un reto de poder generar una plataforma especializada para que el ciudadano pueda ver única y exclusivamente los documentos que tienen información relativa al manejo de la emergencia COVID-19”, apuntó.
En ese sentido, Carlos Chinchilla, director de EROC, pidió considerar otros mecanismos para informar a la ciudadanía sobre las acciones y ejecución de fondos enmarcadas en la emergencia.
El dirigente de sociedad civil remarcó que para garantizar que cualquier iniciativa de transparencia y rendición de cuentas llegue a la población, deben considerarse “realidades de acceso a la información a través de los portales, tiene que verse del punto de vista que apenas el 4% tienen acceso a Internet y es por esta razón que portales de transparencia y otros medios no llegan a la población”.
Asimismo, se analizaron aspectos relacionados con la toma de decisiones por parte del equipo encargado de las compras a nivel central y cómo debe manejarse la información para que llegue de forma oportuna a la población.
“En Honduras nadie cree en nadie y eso era una realidad antes de la pandemia. Como gobierno podríamos estar brindando información diaria con mayor fluidez y debo aceptar que es un reto que no hemos logrado asumir adecuadamente”, manifestó Marco Bográn, titular de INVEST-H.
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miércoles, 22 abril 2020 por admin
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References: resolución 
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 resolución 
 artículo 10
 resolución 
 resolución 
 artículo 145