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Timestamp: 2017-10-24 07:49:09+00:00

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Convenio entre Centroamérica y República Dominicana sobre Drogas y Lavado, Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de
Documentos relacionados : Ley 7919 del 06 octubre de 1999; La Gaceta No 209
Convenio entre Centroamérica y República Dominicana sobre Drogas y Lavado, Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos, con Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos
LEY N ° 7919
Fecha Suscripción 06 de noviembre de 1997
No Ley 7919
1.- Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, susceptibles de propiedad y valoración económica, así como documentos e instrumentos legales que acrediten la propiedad, y otros derechos sobre dichos activos.
2.- Convención: Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988, que entró en vigor el 11 de noviembre de 1990.
3.- Decomiso: Pérdida definitiva de bienes, instrumentos y efectos, que provengan de la comisión de un delito, por decisión de autoridad judicial competente, conforme al artículo 1, letra 1, de la Convención.
4.- Embargo preventivo: Prohibición temporal de transferir, transformar, convertir, enajenar, gravar o mover bienes; custodia o control temporal de bienes en virtud de mandamiento expedido por un tribunal o autoridad competente, para asegurar la indemnización o reparación civil causada por el delito.
5.- Instrumentos: Cosas utilizadas o destinadas a ser utilizadas o respecto a las que existe intención de utilizar, de cualquier manera, para la comisión de delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
6.- Persona: Entes naturales o jurídicos capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Para los efectos de este Convenio, ambas tendrán responsabilidad y serán objeto de sanción.
7.- Productos: Bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de un delito de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
8.- Tráfico ilícito: Delitos enunciados en los Párrafos 1 y 2 del artículo 3 de la Convención.
9.- Entidades de intermediación financiera autorizadas por la legislación interna de cada Estado Parte:
1.- Convertir o transferir recursos o bienes, con conocimiento de que proceden, directa o indirectamente, del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la comisión de uno de estos delitos.
2.- Contribuir a ocultar o encubrir la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad verdadera de recursos, bienes o derechos relativos a ellos, previo conocimiento de que proceden directa o indirectamente del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos.
3.- Adquirir, poseer o utilizar bienes, sabiendo que derivan del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos o de la participación en uno de esos delitos.
1.- El reclamante tiene legítimo derecho respecto de los bienes, productos o instrumentos; y Al reclamante no puede imputársele ningún tipo de participación, colusión o implicancia con respecto a delitos de lavado provenientes del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, objeto del proceso; y
2.- El reclamante hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos.
1.- Autorizar a las autoridades encargadas de prevenir, controlar, tratar y reprimir los delitos a que se refiere el presente Convenio, el uso de los bienes, productos o instrumentos salvaguardando la obligación estatal de garantizar la preservación debida de los mismos. Los Estados Parte tomarán las medidas pertinentes para que se sufraguen los gastos de uso y mantenimiento de lo embargado preventivamente.
2.- Otorgar, cuando las circunstancias lo ameriten, la autorización establecida en el inciso anterior a un tercero de buena fe, o al propietario debidamente acreditado del bien, producto o instrumento sujeto a embargo preventivo.
Cuando, conforme al artículo 5 de este Convenio, se decomisen bienes, productos o instrumentos que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población, la autoridad competente podrá enajenarlos, destinarlos al uso oficial o transferirlos a las entidades públicas correspondientes, según el derecho interno de cada Estado Parte.
Bienes, Productos, o Instrumentos de Delitos Cometidos en el Extranjero
g) La fecha, hora y monto de la transacción;
En las transacciones realizadas por cuenta propia entre las entidades de intermediación financiera definidas en el inciso a), del artículo 10 y supervisadas por las autoridades bancarias o financieras nacionales, no se requerirá el registro en el formulario aludido en este artículo.
Cuando lo estime oportuno, la autoridad competente podrá establecer que las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el artículo 10 de este Convenio le presenten, dentro del plazo que ella fije, el formulario mencionado en este artículo. Este documento servirá como prueba o informe oficial y se utilizará para los fines señalados en el párrafo anterior.
Cuando la comunicación mencionada en el párrafo segundo de este artículo se efectúe conforme a derecho, las entidades de intermediación financiera y sus empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados por la legislación, estarán exentos de responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda, por el cumplimiento de este artículo o por la revelación de información restringida por contrato o emanada de cualquier otra disposición legislativa, reglamentaria o administrativa, cualquiera que sea el resultado de la comunicación.
Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el artículo 10 de este Convenio, sus empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados que, actuando como tales, participen en delitos de lavado, tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, estarán sujetos a sanciones más graves que las aplicables a particulares ajenos a estas entidades.
Estas entidades serán responsables, conforme al derecho interno de cada Estado Parte, por los actos de su personal, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados que, actuando como tales, participen en la comisión de un delito previsto en el artículo 2 de este Convenio.
Programas de Cumplimiento Obligatorio por Parte de las Entidades de Intermediación Financiera y de las que Realicen ActividadesFinancieras
Para protegerse y detectar los delitos previstos en el artículo 2 de este Convenio las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el artículo 10 de este Convenio, deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos.
a) Procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad de personal y un sistema para evaluar sus antecedentes personales, laborales y patrimoniales.
DISPOSIONES RECTORAS DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
a) Otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para operar entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el artículo 10 del presente Convenio.
b) Examinar, controlar o fiscalizar las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, relacionadas en el artículo 10 de este Convenio y reglamentar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro y notificación establecidas en el presente Convenio.
e) Dictar instructivos o recomendaciones que ayuden a las entidades de intermediación financiera y a las que realicen actividades financieras, a que se refiere el artículo 10 antes mencionado, a detectar patrones sospechosos en la conducta de sus clientes. Estas pausas se desarrollarán tomando en cuenta técnicas modernas y seguras de manejo de activos y servirán como elemento educativo para el personal de estas entidades.
f) Cooperar con las autoridades competentes y aportarles, en la medida de lo posible, asistencia técnica, en el marco de investigaciones y procesos referentes a los delitos contenidos en el artículo 2 de este Convenio y con los demás delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
Las autoridades competentes y, en especial, las dotadas de potestades de reglamentación y supervisión sobre las entidades de intermediación financiera, conforme al derecho de cada Estado Parte, deberán prestar estrecha cooperación a las autoridades competentes de otros Estados en investigaciones, procesos y actuaciones relacionados con los delitos citados en el artículo 2 de este Convenio, los demás delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, y con las infracciones de las leyes o reglamentos administrativos aplicables a las entidades de intermediación financiera.
Esta asistencia podrá incluir el suministro de originales o copias autenticadas de los documentos y registros pertinentes, comprendidos los de entidades de intermediación financiera, los de las que realicen actividades financieras, a que se refiere el artículo 10 del presente Convenio y entidades gubernamentales; la obtención de testimonios en el Estado Parte requerido; la facilitación de la presencia o disponibilidad voluntaria en el Estado Parte, requirente de personas para prestar declaración, incluso las detenidas; la localización o identificación de personas; la entrega de citaciones; el examen de objetos y lugares; la realización de inspecciones e incautaciones; la facilitación de información y elementos de pruebas y medidas cautelares.
Toda controversia sobre la aplicación o interpretación del presente Convenio, se decidirá por los medios pacíficos reconocidos por el Derecho Internacional.
En cualquier momento, cada Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio, mediante notificación escrita dirigida a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. La denuncia recibida será notificada a todos los Estados Parte.
Para la Parte interesada, la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha, en que la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana haya recibido la notificación del Estado denunciante.
El presente Convenio será registrado en la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Carta de dicha Organización y en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
En fe de lo cual se firma el presente Convenio en la ciudad de Santo Domingo, a los seis (6) días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y siete (1997), en nueve textos originales, siendo todos igualmente auténticos.
SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
J. Delmer Urbizo
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ"

References: artículo 1
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 10
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 artículo 2
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 artículo 10
 artículo 102