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Timestamp: 2016-10-25 17:50:49+00:00

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LEY 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado	LEY 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado Mis Leyes
LEY 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado Estado	:
TÍTULO I. DE LA PESCA MARÍTIMA EN AGUAS EXTERIORES.
Artículo 4. Delimitación del ámbito.
Artículo 5. Medidas de la política de pesca marítima en aguas exteriores.
CAPÍTULO II. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS.
Artículo 6. Acceso a los recursos.
Artículo 7. Medidas de regulación de la actividad pesquera.
Artículo 8. Regulación del esfuerzo pesquero.
Artículo 9. Limitación de las capturas.
Artículo 10. Artes de pesca.
Artículo 11. Talla o peso de las especies.
Artículo 12. Vedas.
CAPÍTULO III. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y REGENERACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS.
SECCIÓN I. ZONAS DE PROTECCIÓN PESQUERA.
Artículo 13. Declaración de zonas de protección pesquera.
Artículo 14. Las reservas marinas.
Artículo 15. Zonas de acondicionamiento marino.
Artículo 16. Zonas de repoblación marina.
Artículo 17. Informes previos a la repoblación marina.
Artículo 18. Régimen aplicable en los espacios protegidos.
SECCIÓN II. ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE ALTERAR LOS RECURSOS PESQUEROS.
Artículo 19. Extracción de flora.
Artículo 20. Obras, instalaciones y demás actividades en el mar.
Artículo 21. Vertidos.
CAPÍTULO IV. GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS.
SECCIÓN I. REQUISITOS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA.
Artículo 22. Censo de Buques de Pesca Marítima.
Artículo 23. Autorizaciones de pesca.
SECCIÓN II. REQUISITOS ESPECIALES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA.
Artículo 24. Cambio temporal de actividad de pesca.
Artículo 25. Permiso especial de pesca.
Artículo 26. Censos específicos.
SECCIÓN III. MEDIDAS DE GESTIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE PESCA.
Artículo 27. Reparto.
Artículo 28. Transmisibilidad.
Artículo 29. Incremento y reducción.
Artículo 31. Planes de Pesca.
SECCIÓN IV. DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA.
Artículo 32. Comunicaciones desde los buques.
Artículo 33. El diario de pesca.
Artículo 34. La declaración de desembarque.
Artículo 35. La declaración de transbordo.
CAPÍTULO V. PESCA RECREATIVA EN AGUAS EXTERIORES.
Artículo 36. Condiciones de ejercicio.
Artículo 37. Explotación lucrativa de la pesca recreativa.
CAPÍTULO VI. CONTROL E INSPECCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PESCA MARÍTIMA.
Artículo 38. Los inspectores de pesca marítima en aguas exteriores.
Artículo 39. Medidas de control.
Artículo 40. Cooperación en la función inspectora.
TÍTULO II. ORDENACIÓN DEL SECTOR PESQUERO.
Artículo 41. Instrumentos de la política de ordenación del sector pesquero.
CAPÍTULO II. LOS AGENTES DEL SECTOR PESQUERO.
SECCIÓN I. ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES DEL SECTOR.
Artículo 42. Idoneidad y titulación de los profesionales del sector.
Artículo 43. Acreditación de la capacitación profesional.
Artículo 44. El Registro de Profesionales del Sector Pesquero.
SECCIÓN II. LAS COFRADÍAS DE PESCADORES
Artículo 47. Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
Artículo 48. Órganos representativos.
Artículo 49. La Junta General.
Artículo 50. El Cabildo.
Artículo 51. El Patrón Mayor.
SECCIÓN III. LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.
Artículo 53. Funciones.
Artículo 54. Condiciones para su reconocimiento.
Artículo 55. Otorgamiento y retirada del reconocimiento oficial.
SECCIÓN IV. OTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR PESQUERO.
Artículo 56. Entidades asociativas y organizaciones sindicales.
CAPÍTULO III. DE LA FLOTA PESQUERA.
Artículo 57. Registro de Buques Pesqueros.
Artículo 58. Programas de construcción, modernización y reconversión.
Artículo 59. Nuevas construcciones de buques pesqueros.
Artículo 60. Modernización y reconversión.
Artículo 61. Adaptación de la flota a la situación de las pesquerías.
Artículo 62. Paralización definitiva de buques pesqueros.
Artículo 63. Paralización temporal de buques pesqueros.
Artículo 64. Empresas mixtas.
CAPÍTULO IV. ESTABLECIMIENTO DE PUERTOS BASE Y CAMBIOS DE BASE.
Artículo 65. Concepto de puerto base.
Artículo 66. Establecimiento de puerto base.
Artículo 67. Cambios de puerto base.
Artículo 68. Requisitos para los cambios de base.
CAPÍTULO V. PUERTOS DE DESEMBARQUE Y PRIMERA VENTA DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS.
Artículo 69. Puertos de desembarque de productos pesqueros.
Artículo 70. Primera venta de productos pesqueros.
Artículo 71. El transporte anterior a la primera venta.
Artículo 72. Remisión de información.
Artículo 73. Medidas reglamentarias.
Artículo 74. Prohibición de comercializar las capturas procedentes de la pesca no profesional.
TÍTULO III. COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS.
Artículo 75. Instrumentos de la política de comercialización y transformación de los productos pesqueros.
CAPÍTULO II. COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS.
Artículo 77. Normalización.
Artículo 78. Principios generales de la identificación.
Artículo 79. Prohibiciones.
CAPÍTULO III. DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS.
Artículo 80. Concepto.
Artículo 81. Fomento de la transformación.
CAPÍTULO IV. MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS.
Artículo 82. Promoción de los productos pesqueros.
Artículo 83. Mejora de la calidad de los productos pesqueros.
TÍTULO IV. LA INVESTIGACIÓN PESQUERA Y OCEANOGRÁFICA.
Artículo 84. Fomento de la investigación.
Artículo 85. Objetivos.
Artículo 86. Planificación y programación.
Artículo 87. Colaboración del sector.
CAPÍTULO II. DE LA INVESTIGACIÓN PESQUERA Y OCEANOGRÁFICA DEL ESTADO.
Artículo 88. El Instituto Español de Oceanográfica.
CAPÍTULO I. OBJETO Y PRINCIPIOS GENERALES.
Artículo 89. Objeto.
Artículo 90. Responsables.
Artículo 91. Concurrencia de responsabilidades.
Artículo 92. Prescripción de infracciones y sanciones.
Artículo 94. De los bienes aprehendidos, incautados y decomisados.
CAPÍTULO II. DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PESCA MARÍTIMA EN AGUAS EXTERIORES.
Artículo 95. Infracciones leves.
Artículo 96. Infracciones graves.
Artículo 97. Infracciones muy graves.
CAPÍTULO III. INFRACCIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS.
Artículo 101. Clases.
Artículo 102. Graduación de las sanciones principales.
Artículo 103. Sanciones accesorias en materia de pesca marítima en aguas exteriores.
Artículo 104. Sanciones accesorias en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros.
Artículo 105. Suspensión condicional.
Artículo 106. Función inspectora en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros.
Artículo 107. Competencia sancionadora en materia de pesca marítima en aguas exteriores.
Artículo 108. Competencia sancionadora en materia de ordenación del sector y de comercialización de productos pesqueros.
TÍTULO VI. REGULARIZACIÓN DE BUQUES PESQUEROS EN EL CENSO DE LA FLOTA PESQUERA OPERATIVA Y EN EL REGISTRO DE BUQUES Y EMPRESAS NAVIERAS.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Órganos de coordinación y consulta.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Reglas de aplicación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Transmisión de datos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Importaciones de productos pesqueros.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Tendencia ilegal de especies.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Silencio administrativo en materia de autorizaciones de pesca.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Legislación en vigor.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Pesca de litoral y pesca marítima de recreo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Censos publicados antes de la entrada en vigor de esta Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Aplicación de la legislación más favorable.
Las poblaciones de peces se distribuyen en determinadas áreas de los mares y océanos, sin entender de fronteras políticas. Es biológicamente imposible pretender la gestión de una parte del conjunto de la población sin contar con el resto de la comunidad, que mantiene entre sí estrechas interacciones. Por este motivo, a menudo la cooperación internacional constituye el sine qua non de una adecuada gestión de los recursos pesqueros.
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el ejercicio de la potestad normativa estatal exige una interpretación del alcance y los límite de la competencia legislativa del Estado definida en la Constitución y en los Estatutos, imprescindible, en todo caso, en el iter de elaboración de toda norma o acto de los poderes públicos.
El artículo 149.1.19 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. A su vez el artículo 148.1.11, establece la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura. Los Estatutos de Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica del Estado en materia de ordenación del sector pesquero. La doctrina del Tribunal Constitucional ha dotado de contenido material a los títulos competenciales pesca marítima y ordenación del sector pesquero. La Ley regula el ámbito estricto de la pesca marítima, competencia exclusiva del Estado y por tanto vedada a la acción normativa y ejecutiva de las Comunidades Autónomas, y contiene las imprescindibles garantías de certidumbre jurídica en la definición de la normativa básica en materia de ordenación del sector pesquero, lo que permitiría a las Comunidades Autónomas ejercer sus competencias de desarrollo y ejecución del marco jurídico estatal estableciendo los ordenamientos complementarios que satisfagan sus propios intereses.
La Ley establece, asimismo, al amparo del artículo 149.1.13 de la Constitución, la normativa básica sobre la comercialización de los productos pesqueros, regulando la importación de los mismos en base a la competencia exclusiva del Estado establecida en el artículo 149.1.10 La necesaria coherencia de la política económica exige un marco jurídico común que asegure un tratamiento uniforme en todo el territorio nacional de dicha actividad comercial, en orden a la consecución de los objetivos económicos del sector pesquero, evitando que se produzcan disfunciones por la estrecha interdependencia de las actuaciones comerciales, no sólo entre sí sino también en relación directa con la actividad extractiva, ya que la prohibición de comercializar productos capturados contraviniendo la normativa sobre protección y conservación de los recursos pesqueros es la forma más eficaz de disuasión de capturas ilegales y la mejor garantía de una política de pesca responsable. Corresponde a las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias estatutarias asumidas en materia de comercio interior, el desarrollo y ejecución de la normativa básica en su ámbito territorial, con el fin de lograr un mercado nacional de productos pesqueros transparente, dinámico, competitivo y con información veraz a los consumidores, lo que supondrá el aumento del valor añadido de dichos productos en beneficio del sector pesquero y de la economía nacional, en función de su mayor aportación al producto interior bruto.
De acuerdo con ello, el régimen sancionador propio de la pesca marítima es competencia exclusiva del Estado y se aplica en las aguas exteriores. En materia de ordenación del sector y de comercialización de productos pesqueros, la Ley establece el catálogo mínimo de infracciones y sanciones de aplicación común y uniforme en todo el territorio y en las aguas bajo jurisdicción o soberanía nacional. Así, todas las Comunidades Autónomas, tanto las del litoral por su competencia de desarrollo y ejecución de la normativa básica en materia de ordenación del sector pesquero, como las del interior, por tener atribuciones estatutarias en materia de comercio interior, conforme a sus respectivos Estatutos de Autonomía, son competentes para inspeccionar y sancionar las conductas tipificadas por la Ley.
En conclusión, la Ley es una exigencia formal y material para la funcionalidad de las Administraciones públicas en cuanto acota el ámbito de la competencia exclusiva estatal sobre pesca marítima y determina el marco normativo básico que deben tener en cuenta las Comunidades Autónomas para poder ejercer sus competencias en materia de ordenación del sector pesquero y de comercio interior de productos pesqueros.
El régimen de acceso a los recursos pesqueros y el derecho constitucional a la libertad de empresa, están necesariamente limitados por la patente escasez de los recursos pesqueros que justifica la adopción por la Ley de medidas de limitación de la actividad pesquera, ya que, sin perjuicio de la consideración de los intereses individuales, el ordenamiento jurídico ha de garantizar y amparar el fin social común de los recursos pesqueros. Esta confrontación ente el derecho a pescar y la obligación del estado de delimitar el contenido del derecho de propiedad en relación con cada tipo de bienes, conforme establecen los artículos 33, 40, 45, 128 y 130 de la Constitución, es el núcleo de la regulación de la actividad pesquera contenida en esta Ley.
La normativa básica estatal sobre los conocimientos y requisitos de los titulados náutico-pesqueros, en el marco del sistema educativo cuando conlleva título académico, y la normativa de desarrollo legislativo que dicten las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, estará dirigida a la formación actualizada y permanente de los profesionales de la pesca, de conformidad con las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo y de lo dispuesto en los Convenios de la Organización Marítima Internacional. La expedición por las Comunidades Autónomas de las tarjetas acreditativas de los títulos correspondientes, constará en el Registro de Profesionales del Sector Pesquero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La regulación de la pesca marítima, competencia exclusiva del Estado, conforme a lo establecido por el artículo 149.1.19 de la Constitución.
El establecimiento de la normativa básica de ordenación del sector pesquero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.19 de la Constitución.
El establecimiento de normas básicas de ordenación de la actividad comercial de productos pesqueros, y la regulación del comercio exterior de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13 y 10, respectivamente, de la Constitución.
La programación de la investigación pesquera y oceanográfica de competencia del Estado, en el ámbito de la política de pesca marítima, de acuerdo con el artículo 149.1.15 de la Constitución.
El establecimiento del régimen de infracciones y sanciones en materia de pesca marítima en aguas exteriores, de la normativa básica de ordenación del sector pesquero y comercialización de los productos pesqueros.
Velar por la explotación equilibrada y responsable de los recursos pesqueros, favoreciendo su desarrollo sostenible y adoptar las medidas precisas para proteger, conservar y regenerar dichos recursos y sus ecosistemas.
Mejorar las condiciones en que se realizan las actividades pesqueras, y el nivel de vida de los pescadores.
Adaptar el esfuerzo de la flota a la situación de los recursos pesqueros.
Potenciar el desarrollo de empresas competitivas y económicamente viables en el sector pesquero, facilitando su adaptación a los mercados.
Fomentar la mejora de las estructuras productivas de los sectores extractivo, comercializador y transformador, mejorando el aprovechamiento e incrementando el valor añadido de los productos pesqueros.
Promover la formación continuada de los profesionales del sector pesquero.
Fomentar el asociacionismo en el sector pesquero.
Promover medidas compensatorias de los desequilibrios económicos y sociales que puedan producirse en las regiones dependientes de la pesca.
Asegurar el abastecimiento y fomentar el consumo de los productos, con especial incidencia en los excedentarios e infraexplotados.
Fomentar un comercio responsable de los productos pesqueros, que contribuya a la conservación de los recursos.
Mejorar la calidad de los productos, la transparencia del mercado y la información al consumidor.
Fomentar la investigación oceanográfica y pesquera.
DE LA PESCA MARÍTIMA EN AGUAS EXTERIORES.
Los buques españoles en las siguientes aguas:
Aguas sometidas a soberanía o jurisdicción española, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la zona de protección pesquera del Mediterráneo, con excepción de las aguas interiores, de acuerdo con lo regulado en la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre el mar territorial; en la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre la zona económica exclusiva, y en el Real Decreto 1315/1997, de 1 de agosto, por el que se establece una zona de protección pesquera en el mar Mediterráneo.
Aguas bajo soberanía o jurisdicción de otros Estados miembros de la Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en la normativa comunitaria.
Aguas bajo soberanía o jurisdicción de países terceros sin perjuicio de la legislación nacional de dichos países y de lo establecido en los Tratados, Acuerdos y Convenios internacionales.
Aguas de alta mar, conforme a lo establecido en el Derecho internacional vigente y en las normas aplicables en virtud de Tratados, Acuerdos o Convenios internacionales.
Los buques comunitarios, en aguas bajo soberanía o jurisdicción española, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea.
Los buques de países terceros en aguas bajo soberanía o jurisdicción española, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea y en las normas aplicables en virtud de Tratados, Acuerdos o Convenios internacionales.
Medidas de conservación de los recursos pesqueros, mediante la regulación de artes y aparejos, la regulación del esfuerzo pesquero, el establecimiento de vedas temporales o zonales, o de cualquier otra medida que aconseje el estado de los recursos.
Medidas de protección y regeneración de los recursos pesqueros, mediante el establecimiento de zonas protegidas, y de medidas preventivas para actividades susceptibles de perjudicar a los recursos pesqueros.
Medidas de gestión de la actividad pesquera, distribuyendo las posibilidades de pesca de modo que se consiga una mayor racionalización del esfuerzo pesquero, en desarrollo del sector.
La regulación de la pesca no profesional, por su incidencia sobre el recurso.
El establecimiento de los oportunos sistemas de control e inspección de las actividades pesqueras.
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS.
La limitación del número de buques en función de la incidencia de sus características en el esfuerzo de pesca del conjunto de la flota en una pesquería.
La limitación del tiempo de actividad pesquera.
El cierre de la pesquería.
Las especies o grupos de especies objetivo a las que va dirigida la pesca, así como las especies accesorias y, en particular, su talla o peso mínimo de captura.
Las zonas y períodos de pesca, y, en su caso, los fondos autorizados.
1. Con el objeto de proteger, conservar y recuperar los recursos pesqueros, y previo informe del Instituto Español de Oceanografía, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá establecer fondos mínimos, zonas o períodos de veda en los que se limite o se prohiba el ejercicio de las actividades pesqueras o la captura de determinadas especies, así como adoptar aquellas otras medidas que se consideren necesarias.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y REGENERACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS.
Zonas de acondicionamiento marino.
Zonas de repoblación marina.
1, las repoblaciones que se realicen en aguas exteriores requerirán informe previo del Instituto Español de Oceanografía y del Ministerio de Medio Ambiente, así como de la Comunidad Autónoma correspondiente sobre su incidencia en los recursos pesqueros de las aguas interiores.
GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS.
Cuando la situación de los recursos pesqueros lo permita, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá autorizar temporalmente a los titulares de los buques pesqueros, un cambio en las condiciones del ejercicio de la actividad pesquera previstas en su licencia. Esta autorización recogerá expresamente el período de vigencia, así como todos los datos que supongan una modificación de las condiciones de la licencia.
2. Dicho permiso contendrá, al menos, los datos relativos a la identificación del buque, período de validez, zona, modalidad de pesca y especies autorizadas. Cuando se trate de un conjunto de buques podrá emitirse un permiso de pesca especial de forma colectiva. El permiso especial de pesca será necesario, en todo caso, para el ejercicio de la actividad pesquera en aguas no sometidas a la jurisdicción o soberanía españolas.
La habitualidad en la pesquería.
La idoneidad de los buques y demás condiciones técnicas de los mismos.
La actividad pesquera desarrollada históricamente, cifrada en volumen de capturas, esfuerzo de pesca, tiempo o presencia en zona, en cada caso.
Sus características técnicas.
Los demás parámetros del buque, así como otras posibilidades de pesca de que disponga, que optimicen la actividad del conjunto de la flota.
Evitar la acumulación de posibilidades de pesca en un buque en volúmenes superiores a los que puedan ser utilizados.
Establecer un límite mínimo de posibilidades, por debajo del cual el buque debe abandonar la pesquería.
Justificar que la transmisibilidad esté restringida a buques o grupos de buques pertenecientes a determinadas categorías o censos. En consideración a las exigencias técnicas de las pesquerías, podrán establecerse los requisitos relativos a las condiciones técnicas de los buques objeto de la transmisión.
Establecer, a efectos de favorecer la libre competencia, el porcentaje máximo de posibilidades de pesca que pueden ser acumulados por una empresa o grupo de empresas relacionadas societariamente en una misma pesquería.
PESCA RECREATIVA EN AGUAS EXTERIORES.
El establecimiento de vedas temporales o zonales.
La prohibición de métodos, artes o instrumentos de pesca.
La determinación de tiempos máximos de pesca.
La fijación del volumen máximo de capturas por persona, barco, día y especie o grupos de especies.
El establecimiento de distancias mínimas respecto de los barcos de pesca profesional.
La obtención de una autorización para la captura de determinadas especies, complementaria de la licencia.
La obligación de efectuar declaración de desembarque respecto de la captura de determinadas especies.
Artículo 37. Explotación lucrativa de la pesca recreativa. 1. El ejercicio de la pesca recreativa realizada desde embarcaciones destinadas a su explotación comercial deberá ser comunicado un mes antes de comenzar la actividad al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, el cual determinará, en caso de ser necesario, las capturas permitidas en cómputo anual.
CONTROL E INSPECCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PESCA MARÍTIMA.
3. Las personas responsables de los buques pesqueros, productos o instalaciones objeto de inspección prestaren su colaboración para la realización de la función inspectora. La falta de dicha colaboración o la obstrucción, en su caso, al ejercicio de dicha función será sancionada conforme al Título V de esta Ley.
5. Los capitanes de los buques de terceros países que transporten productos pesqueros y deseen desembarcar en puertos nacionales deberán comunicar a las autoridades competentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el puerto de desembarque que deseen utilizar y la hora prevista de llegada, debiendo enviar una declaración cuyos datos se establecerán reglamentariamente. Las autoridades competentes del puerto de desembarque no permitirán el desembarque hasta que el capitán del buque o su representante les presenten la autorización expresa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que deberá producirse en el plazo que reglamentariamente se establezca. Asimismo las operaciones que competen a las autoridades aduaneras sólo podrán efectuarse después de serles presentada dicha autorización.
Medidas tendentes a la mejora de la capacitación de los profesionales del sector.
Medidas de fomento y regulación de las entidades asociativas del sector.
Medidas de construcción, modernización y reconversión de los buques pesqueros para conseguir una flota pesquera moderna, competitiva y adaptada a las actuales pesquerías y a la explotación de otras nuevas, en condiciones que garanticen la eficiencia de la actividad, condiciones apropiadas de trabajo a bordo y la mejora de la calidad de los productos.
Medidas de adaptación de la capacidad de la flota al estado de los recursos pesqueros.
Medidas de fomento de la creación de empresas mixtas, así como de otras fórmulas para el aprovechamiento de los recursos pesqueros de países terceros.
La regulación del establecimiento de puertos base, así como de los cambios de puerto base.
Medidas de regulación del desembarque y primera venta de los productos pesqueros independientemente del origen de éstos.
LOS AGENTES DEL SECTOR PESQUERO.
2. La llevanza de dicho Registro será descentralizada, correspondiendo la misma a las Comunidades Autónomas competentes en sus respectivos territorios
3. Las Comunidades Autónomas trasladarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para su constancia en el Registro de Profesionales del Sector Pesquero, las inscripciones y bajas de profesionales del sector pesquero que las mismas realicen.
1. Las Cofradías de Pescadores son corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro, representativas de intereses económicos, que actúen como órganos de consulta y colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero.
Actuar como órganos de consulta de las Administraciones públicas competentes y ejercer las funciones que les encomienden la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Prestar servicios a sus miembros y representar y defender sus intereses.
Administrar los recursos propios de su patrimonio.
Dar salida a través de la organización al producto o productos para los cuales se hayan asociado, salvo disposición expresa de la propia organización.
Aplicar las normas adoptadas por la organización con el fin de mejorar la calidad de los productos, adaptar el volumen de la oferta a las exigencias del mercado y mejorar el proceso de comercialización.
A las Comunidades Autónomas cuando se trate de organizaciones de productores cuya producción pertenezca principalmente a una sola Comunidad Autónoma, en los porcentajes y en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los demás supuestos.
3. Con el fin de cumplirlos compromisos de la Unión Europea en materia de planificación de la flota pesquera, así como otros compromisos internacionales, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá la normativa correspondiente para la evolución de la flota pesquera española.
Dichas condiciones afectaren al arqueo, potencia y demás requisitos técnicos de los buques pesqueros, según las modalidades de pesca o las pesquerías a que los mismos se destinen.
La paralización temporal o definitiva de determinados buques pesqueros.
La formación de empresas mixtas.
1. Con el fin detener acceso a los recursos en aguas bajo jurisdicción de países terceros y mejorar el grado de abastecimiento del mercado comunitario, el Gobierno, oídas las Comunidades Autónomas, podrá adoptar medidas para el fomento de empresas mixtas, u otras modalidades contractuales previstas reglamentariamente, con carácter temporal o permanente, con socios de países distintos de los de la Unión Europea.
ESTABLECIMIENTO DE PUERTOS BASE Y CAMBIOS DE BASE.
Para los buques del caladero nacional, el puerto base será aquel desde el cual el buque desarrolle la mayor parte de sus actividades de inicio de las mareas, despacho y comercialización de las capturas.
Para los buques que faenan fuera del caladero nacional, el puerto base será aquel con el que se mantenga una vinculación socioeconómica destacable, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
Que las características y particularidades del puerto se adapten a las necesidades del buque.
En el caso de los buques autorizados a ejercer la actividad pesquera en el caladero nacional, sólo se podrán autorizar cambios de base que impliquen cambio de caladero cuando el buque correspondiente haya obtenido del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la licencia de pesca que le autorice a ejercer la actividad en el caladero en cuyo litoral se localice el nuevo puerto base cuyo otorgamiento se solicita.
Que existan posibilidades de comercialización y de prestación de servicios.
Que no se contravengan, en su caso, las medidas específicas de contención del esfuerzo pesquero.
PUERTOS DE DESEMBARQUE Y PRIMERA VENTA DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS.
Disponer de instalaciones aptas y seguras para las faenas de atraque y descarga de los buques.
Disponer de instalaciones adecuadas para la manipulación y conservación de los productos de la pesca en condiciones higiénico-sanitarias óptimas.
Disponer de los medios necesarios para un eficiente ejercicio de las labores de control de la pesca marítima.
COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS.
Medidas para la normalización de los productos a lo largo de toda la cadena comercial, para dotar de transparencia al mercado y posibilitar una adecuada información al consumidor, en especial acerca de la naturaleza y el origen de los productos.
Normas que aseguren durante toda la cadena de comercialización que los productos de la pesca y del marisqueo se adaptan a las normas de conservación de los recursos aplicables en cada caso.
Medidas dirigidas al fomento de la transformación de los productos pesqueros.
Medidas para la mejora de la calidad y para la promoción de los productos.
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS.
Deberán incorporar o permitir de forma cierta y objetiva una información eficaz, veraz y suficiente sobre su origen y sus características esenciales.
No dejarán lugar a dudas respecto de la naturaleza del producto, debiendo constar en cualquier caso la especie.
No inducirán a error o engaño por medio de inscripciones, signos, anagramas, dibujos o formas de presentación que puedan inducir a confusión con otros productos.
No se omitirán o falsearán datos de modo que con ello pueda propiciarse una imagen falsa del producto.
Declararán la calidad del producto o de sus elementos principales en base a normas específicas de calidad.
DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS.
El desarrollo de interprofesiones con la colaboración del sector extractivo.
La reducción del impacto sobre el medio ambiente.
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS.
Favorecer el consumo de productos infrautilizados o excedentarios.
Impulsar el desarrollo de las denominaciones de calidad.
LA INVESTIGACIÓN PESQUERA Y OCEANOGRÁFICA.
El conocimiento de las condiciones del medio marino y de sus relaciones con los recursos vivos.
El conocimiento de la biología de las especies marinas y de sus interacciones.
La evaluación del impacto generado en los ecosistemas marinos por la actividad pesquera y demás actividades humanas.
La evaluación periódica del estado de los recursos vivos de interés para las flotas españolas.
Disponer de los conocimientos necesarios para orientar las distintas actuaciones de la Administración en relación con los recursos pesqueros.
La búsqueda de nuevos recursos pesqueros de interés susceptibles de aprovechamiento.
Las organizaciones profesionales pesqueras y, en general, los agentes del sector pesquero prestaren su colaboración para el cumplimiento de los objetivos de la investigación pesquera y oceanográfica, facilitando las actuaciones correspondientes a bordo de los buques, en los puertos y en las lonjas, aportando la información que corresponda.
DE LA INVESTIGACIÓN PESQUERA Y OCEANOGRÁFICA DEL ESTADO.
OBJETO Y PRINCIPIOS GENERALES.
Establecer el régimen sancionador en materia de pesca marítima, cuya aplicación corresponde a los órganos competentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Establecer la normativa básica del régimen sancionador en materia de ordenación del sector pesquero y de la actividad comercial de productos pesqueros, cuyo desarrollo legislativo y ejecución corresponde a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
Los propietarios de buques, armadores, fletadores, capitanes y patrones o personas que dirijan las actividades pesqueras, en los supuestos de infracciones de pesca marítima.
Los transportistas o cualesquiera personas que participen en el transporte de productos pesqueros con respecto al supuesto de infracción previsto en el artículo 99.d).
Los propietarios de empresas comercializadoras o transformadoras de productos pesqueros y personal responsable de las mismas en los casos de infracciones que afecten a estas actividades.
Los titulares de la concesión de la lonja pesquera respecto de la identificación de las especies, así como de la venta de productos de talla o peso inferiores a los reglamentados.
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PESCA MARÍTIMA EN AGUAS EXTERIORES.
Cualquier actualización de los datos y circunstancias personales que figuren en la licencia, cuando no requiera autorización administrativa previa, sin efectuar la comunicación prevista legalmente.
La realización de faenas de pesca y selección de pescado con luces que dificulten la visibilidad de las reglamentarias.
La anotación incorrecta en el Diario de Pesca y en la declaración de desembarque que no supongan una alteración de los datos relativos a las capturas o al esfuerzo de pesca.
Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación pesquera comunitaria o previstas en Convenios, Acuerdos o Tratados internacionales en materia de pesca y que no constituyan infracción grave o muy grave.
Cualquier infracción de lo establecido en esta Ley o en el resto de la legislación vigente en materia de pesca marítima, cuando no esté tipificada como grave o muy grave.
El incumplimiento de las preceptivas obligaciones de información a la Administración General del Estado o su comunicación incumpliendo los plazos o las condiciones de las mismas, cuando no esté tipificada como grave o muy grave.
En lo relativo al ejercicio de la actividad:
A. El ejercicio o realización de actividades de pesca, sin disponer de la correspondiente autorización.
B. La obtención de autorizaciones de pesca en número superior a las permitidas legalmente por causas imputables al interesado.
C. El incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones de pesca.
D. La alteración de los datos y circunstancias que figuren en la correspondiente autorización de pesca.
E. El incumplimiento de las normas vigentes sobre modalidades de pesca.
F. El ejercicio de la pesca en fondos prohibidos, en caladeros o períodos de tiempo no autorizados o en zonas de veda.
G. El incumplimiento de las normas relativas al esfuerzo pesquero o de tiempo de calamento de las artes o aparejos.
H. La utilización de boyas o balizas que no cumplan la normativa vigente.
I. El incumplimiento de la obligación de respetar las distancias mínimas para buques y artes establecidas en la normativa vigente, con el fin de entorpecer las actividades pesqueras.
J. No llevar instalado a bordo el dispositivo de control vía satélite o de cualquier otra naturaleza, establecido en la normativa vigente, por causas imputables al interesado.
K. Manipular, alterar o dañarlos dispositivos de control o interferir sus comunicaciones.
L. No cumplimentar el Diario de Pesca o la declaración de desembarque, o hacerlo alterando los datos relativos a las capturas, al esfuerzo de pesca o infrigiendo la normativa en vigor, así como no llevar a bordo el citado Diario.
M. La eliminación o alteración de pruebas que pudieran dar lugar al conocimiento de la comisión de una infracción.
N. La inobservancia de la obligación de llevar a bordo del buque las autorizaciones de pesca, los planos de bodega, así como cualquier otro documento exigido por la normativa vigente.
Ñ. El incumplimiento de la obligación de comunicar los desplazamientos, los transbordos, el preaviso de llegada a puerto, las capturas que se lleven a bordo y la información sobre esfuerzo pesquero, según lo exigido en la normativa vigente.
O. La no comunicación a las autoridades españolas competentes, en el supuesto de desembarque de capturas fuera del territorio de la Unión Europea, de las especies, cantidades y fecha de dicho desembarque, así como la zona en que se realizaron las capturas.
P. La falta de colaboración o la obstrucción de las labores de inspección, sin llegar a impedir su ejercicio.
Q. El incumplimiento por parte de los buques pesqueros no comunitarios, de la obligación de efectuar los desembarques en presencia de los funcionarios encargados del control, cuando así lo exija la normativa vigente.
R. La utilización de las instalaciones de desembarque por buques no comunitarios sin efectuar las notificaciones previstas en la normativa vigente.
S. El desembarque o descarga de los productos de la pesca fuera de los lugares referidos en el artículo 69.2 de modo que impida o dificulte las funciones de control e inspección pesquera en relación con los productos objeto de desembarque o descarga.
T. El incumplimiento de la obligación de entregar a las autoridades competentes las hojas del Diario de Pesca y de la declaración de desembarque a la llegada a puerto, en los plazos establecidos en la normativa vigente.
U. El incumplimiento de la obligación de llevar visible, en la forma prevista por la legislación vigente, el folio y la matrícula de la embarcación o cualquier otro distintivo, impedir su visualización o manipular dicha matrícula cuando dificulte el ejercicio de la actividad inspectora.
V. Toda conducta tipificada como leve en materia de pesca marítima, cometida por las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 90 de esta Ley, sujetas al ordenamiento interno y vinculadas jurídicamente a buques con pabellón de países calificados reglamentariamente como de abanderamiento de conveniencia o a buques de países terceros identificados por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera u otras Organizaciones Internacionales de Pesquerías por haber incurrido en actividades de pesca ilegal o contrarias a las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros.
X. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en virtud de los Convenios, Acuerdos o Tratados Internacionales en materia de pesca marítima, cuando suponga una vulneración de las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros.
En lo relativo a las especies:
La realización de cualquier actividad que perjudique la gestión y conservación de los recursos marinos vivos, así como de las actividades subacuáticas sin disponer de autorización en aquellas zonas en las que sea exigible conforme a la normativa vigente.
La repoblación marina sin la correspondiente autorización o cuando se incumplan las condiciones establecidas en la misma.
La tenencia, antes de su primera venta, de especies pesqueras capturadas sin contar con las autorizaciones necesarias o en condiciones distintas de las establecidas en las mismas.
La captura y tenencia, antes de su primera venta, de especies no autorizadas o de las que se hubieran agotado los totales admisibles de capturas (TACS) o cuotas.
La tenencia, antes de su primera venta, de especies de talla o peso inferior a la reglamentaria o en su caso, cuando se superen los márgenes permitidos para determinadas especies en la normativa vigente.
El incumplimiento de la normativa sobre topes máximos de capturas permitidos.
La identificación incorrecta en las cajas o embalajes de las especies a bordo.
En lo relativo a las artes, aparejos, útiles, instrumentos y equipos de pesca:
El incumplimiento de las medidas técnicas relativas a su modo de empleo.
El incumplimiento de la normativa sobre el transporte y arrumaje de artes y aparejos.
El cambio de modalidad de pesca sin la autorización preceptiva.
El ejercicio o realización de actividades profesionales de pesca marítima sin estar incluido en el Censo de Buques de Pesca Marítima.
La realización de actividades con el objeto de impedir el derecho al ejercicio de la actividad pesquera.
La obtención de las autorizaciones o ayudas para la pesca con base en documentos o información falsos.
El ejercicio de la actividad pesquera sin autorización en aguas del mar territorial o zona económica exclusiva española por parte de buques pesqueros no comunitarios, así como la tenencia a bordo o desembarque de productos pesqueros en puertos españoles, sin justificar debidamente el origen de sus capturas.
La violación de las obligaciones establecidas en virtud de los Convenios, Acuerdos o Tratados internacionales en materia de pesca, cuando su incumplimiento pueda poner en peligro o atente contra la normal ejecución de los mismos.
La utilización para la pesca de explosivos, armas, sustancias tóxicas, venenosas, soporíferas o corrosivas.
La resistencia, desobediencia u obstrucción grave a las autoridades de vigilancia o inspección o sus agentes, impidiendo el ejercicio de su actividad.
Toda conducta tipificada como grave en materia de pesca marítima cometida por las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 90 de esta Ley, sujetas al ordenamiento interno y vinculadas jurídicamente a buques con pabellón de países calificados reglamentariamente como de abanderamiento de conveniencia o a buques de terceros países identificados por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera u otras Organizaciones Internacionales de Pesquerías por haber incurrido en actividades de pesca ilegal o contrarias a las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros.
El desembarque o descarga en cualquier parte del territorio nacional de productos pesqueros de países terceros sin haber obtenido la previa autorización tras el preaviso del puerto de desembarque o del lugar de descarga solicitados.
INFRACCIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS.
El incumplimiento de las preceptivas obligaciones de información a las Administraciones Públicas o su comunicación incumpliendo los plazos o las condiciones de las mismas, cuando no esté tipificada como grave o muy grave.
Cargar productos pesqueros fuera de los lugares o puertos fijados al efecto.
La comercialización de especies pesqueras con incumplimiento de la normativa sobre categorías de frescura y calibrado, o sin contar con las autorizaciones necesarias o en condiciones distintas de las establecidas en dichas autorizaciones.
La realización de operaciones de construcción o modernización de buques pesqueros al margen o con incumplimiento de las preceptivas autorizaciones de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
La tenencia, la consignación, el transporte, el tránsito, el almacenamiento, la transformación, la exposición y la venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros prohibidos o de talla o peso inferior a la reglamentada.
El transporte de productos pesqueros sin la correspondiente documentación exigida en la legislación vigente.
Incumplir la normativa vigente relativa a la potencia de los motores u otros parámetros establecidos para los buques respecto de cada caladero o modalidad de pesca.
El cambio de base del buque pesquero sin obtener previamente la correspondiente autorización administrativa, o su no utilización conforme a lo establecido en el artículo 65, excepto supuesto de fuerza mayor.
La obstrucción de las labores de inspección, sin llegar a impedir su ejercicio.
La entrada o salida del puerto fuera del horario establecido para el ejercicio de la actividad pesquera, salvo que dichas maniobras tengan lugar como consecuencia de estado de necesidad o fuerza mayor, sin perjuicio de las competencias de la autoridad portuaria.
El incumplimiento de los descansos de pesca establecidos.
La realización de actividades de venta de productos pesqueros en lugar o en forma no autorizados legalmente o con incumplimiento de los requisitos exigidos, así como la no expedición de la nota de venta o la inclusión de datos falsos en la misma.
El ejercicio de actividades profesionales pesqueras sin estar en posesión de la titulación que acredita la capacitación y formación profesional náutico-pesquera.
El desembarque o descarga de especies y productos pesqueros en condiciones distintas de las establecidas legalmente.
La identificación incorrecta en las cajas o embalajes de las especies contenidas.
La obtención de subvenciones, préstamos y, en general cualquier tipo de ayuda, con base en datos falsos, así como destinarlas a fines distintos de los previstos.
La obtención de las autorizaciones precisas con base en documentos o informaciones falsas.
La resistencia o desobediencia grave a las autoridades de inspección, impidiendo el ejercicio de la misma.
Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un período no superior a cinco años.
Imposibilidad de obtención durante un plazo no superior a cinco años, de préstamos, subvenciones o ayudas públicas.
3. Con independencia de las que puedan corresponder en concepto de sanción, el órgano sancionador podrá acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 30/1992, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 % de la multa fijada por la infracción correspondiente.
Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante un período no superior a tres años: las infracciones previstas en el artículo 96, apartados 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.i, 1.k, 1.l, 1.m, 1.n, 1.ñ, 1.o, 1.p, 1.s, 1.t, 1.y, 2.a, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d y 3.e.
Incautación de artes, aparejos o útiles de pesca: las infracciones previstas en el artículo 96, apartados 2.a y de 3.a a 3.e.
Decomiso de los productos o bienes obtenidos en la comisión de las infracciones previstas en el artículo 96, apartados 1.a, 1.b, 1.c, 1.f, 1.g, 1.h,1.l, 1.m, 1.q, 1.r, 1.s, 2.a, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 3.a, 3.b, 3.c y 3.d.
Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un período no superior a tres años: las infracciones previstas en el artículo 96, apartados 1.b, 1.c, 1.e, 1.g, 1.j, 1.k, 1.l, 2.b, 2.c, 2.d y 3.a.
Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo 97, letras a, b, c, d, f, g, h e i.
Incautación de artes, aparejos o útiles de pesca: las infracciones previstas en el artículo 97, letras a, b, e y g.
Decomiso de los productos o bienes obtenidos en la comisión de: las infracciones previstas en el artículo 97, letras a, b, e y g.
Suspensión, retirada o no renovación de autorizaciones para el ejercicio de la pesca durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo 97, letras b, c, d, f, g y h.
Imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas durante un plazo máximo de cinco años: las infracciones previstas en el artículo 97, letras, a, b, c, d, f, g y h.
Incautación del buque: la infracción prevista en el artículo 97, letra a.
Decomiso de los productos o bienes obtenidos ilegalmente: las infracciones previstas en el artículo 99, letras a, c, d, i, j, l y m.
Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo 99, letras a, b, c, e y m.
Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo 99, letras a, b, f, g, h y k.
Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo 100, letras b y c.
Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo 100, letras b y c.
Imposibilidad de obtención de ayudas, préstamos o subvenciones públicas durante un plazo máximo de cinco años: las infracciones previstas en el artículo 100, letra a.
1. En las sanciones en materia de pesca marítima, dictada la resolución que pone fin a la vía administrativa, el infractor podrá solicitar en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación, la suspensión condicional de la ejecución de la sanción impuesta, mediante escrito debidamente motivado, dirigido al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, manifestando el compromiso de sujetarse a las condiciones que para su otorgamiento se establezcan, en orden a garantizar, durante el plazo de suspensión, un comportamiento de respeto de la normativa reguladora del ejercicio de la actividad pesquera. La presentación de la solicitud determinará la suspensión automática de la ejecución de la sanción hasta la resolución del expediente sobre la suspensión condicional.
Que no haya sido sancionado en los últimos tres años.
Que la cuantía de la sanción impuesta no exceda de 4.991.500 pesetas, 30.000 euros.
No cometer ninguna infracción pesquera.
Cumplimentar debidamente las medidas cautelares impuestas y mantenidas, en su caso.
6. Si el interesado, durante el plazo de suspensión fijado, incumpliera las obligaciones o condiciones impuestas o hubiera sido sancionado por otras infracciones pesqueras, el órgano competente, previa audiencia de aquel, revocará la suspensión condicional de la ejecución de la infracción y se continuará la tramitación de la ejecución de la sanción impuesta.
A los Delegados del Gobierno en el supuesto de infracciones leves.
Al Director general de Recursos Pesqueros, en el supuesto de infracciones graves.
Al Secretario general de Pesca Marítima, en el supuesto de infracciones muy graves si la cuantía de la multa no excede de 24.957.900 pesetas, 150.000 euros.
Al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando la infracción sea calificada como muy grave si la cuantía de la multa excede de 24.957.900 pesetas, 150.000 euros.
REGULARIZACIÓN DE BUQUES PESQUEROS EN EL CENSO DE LA FLOTA PESQUERA OPERATIVA Y EN EL REGISTRO DE BUQUES Y EMPRESAS NAVIERAS. Artículo 109. Regularización de buques. Se establece un procedimiento de regularización de las inscripciones en el Registro de Buques y Empresas Navieras, dependiente del Ministerio de Fomento, así como en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de aquellas embarcaciones de pesca en las que el material del casco, la potencia propulsora o los valores de eslora, manga, puntal o arqueo no coincidan con sus correspondientes datos registrales, que cumplan las condiciones establecidas en esta Ley.
Artículo 110. Condiciones de regularización. 1. Se podrán acoger a este procedimiento los armadores o propietarios que hubieran presentado en plazo la solicitud de regularización en el marco de la Ley 9/2007, de 22 de junio, sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, y no fueron admitidas a trámite o hubieran sido desestimadas en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la citada Ley. Este procedimiento será de aplicación a los expedientes instruidos y pendientes de aportación de bajas o resueltos cuya eficacia quedó demorada hasta el momento de la aportación de bajas.
Artículo 111. Requisitos para la aportación de bajas. 1. En el supuesto de que las variaciones producidas respecto a los datos inscritos supongan un incremento del arqueo o la potencia propulsora de la embarcación, sus propietarios o armadores deberán aportar como baja las unidades pesqueras operativas necesarias para compensar dichos incrementos, de acuerdo con los criterios aplicables a la construcción y modernización de buques pesqueros establecidos en el Real Decreto 1549/2009 de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca, con excepción de lo previsto en el artículo 3.c) de dicho Real Decreto. Se admitirá una tolerancia en arqueo de 1,00 GT para embarcaciones menores de 10 metros de eslora total y de 0,8 GT para las restantes, y hasta 20 caballos de vapor en ambos casos.
Artículo 112. Procedimiento. Los Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y de Fomento, consultadas las Comunidades Autónomas afectadas, establecerán el procedimiento administrativo para la tramitación y resolución de la regularización.
Artículo 113. Efectos de la regularización. Aquellos armadores o propietarios de buques, incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 110 que no soliciten su regularización, serán dados de baja provisional en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, no pudiendo realizar actividad pesquera alguna.
1. Consejo Nacional Pesquero.
2. El Comité Consultivo del Sector Pesquero.
El Comité, cuya composición y funciones se desarrollaren reglamentariamente, estará integrado por representantes de la Administración General del Estado, y de las organizaciones o asociaciones más representativas del sector pesquero, y será presidido por el Secretario general de Pesca Marítima.
1. Constituyen legislación de pesca marítima y se dictan al amparo del artículo 149.1.19 de la Constitución, el Título I y los artículos 89.a), 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 105, 107, disposiciones adicionales primera y sexta y disposición transitoria única.
2. Constituyen legislación básica de ordenación del sector pesquero y se dictan al amparo del artículo 149.1.19 de la Constitución, el Título II y los artículos 89.b), 98 a 102, 104, 106.1, 108 y disposición adicional quinta.
3. Constituyen legislación básica de ordenación de la actividad comercial y se dictan al amparo del artículo 149.1.13 de la Constitución, el Título III y los artículos 89.b), 99.a), c), d), j) y m), 100.a) y b), 101, apartado 1, párrafos a), b), c), e), f) y g), y apartados 2 y 3, 102, 104, 106.2, 108 y disposición adicional quinta.
4. Constituyen bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y se dictan al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, los artículos 90, 91 y 92.
5. El Título IV se dicta al amparo de la competencia del Estado sobre el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica, de acuerdo con el artículo 149.1.15 de la Constitución.
Los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Fomento establecerán los mecanismos de coordinación precisos entre el Registro de Buques Pesqueros y el Registro de Buques y Empresas Navieras. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informará previamente las modificaciones en los datos de la lista tercera del Registro de Buques y Empresas Navieras y tendrá acceso permanente y directo al mismo, a efectos de consulta.
Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sin perjuicio de las competencias concurrentes de otros Departamentos, el control de los productos pesqueros procedentes de países no comunitarios con ocasión de su desembarque o descarga en territorio nacional. A estos efectos y demás derivados de la competencia estatal sobre comercio exterior, el Gobierno designará los puertos y lugares de desembarque o descarga autorizados.
La tenencia de especies prohibidas o de talla o peso inferior a lo reglamentado por alguna persona en mercado, tienda, almacén, establecimiento u otro lugar, contenedor u objeto de análogas características, o por vendedor ambulante en cualquier sitio, se considerará posesión con fines de comercialización o venta, salvo prueba en contrario.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el vencimiento del plazo máximo para resolver las solicitudes de autorizaciones de pesca marítima se entenderá como silencio administrativo negativo.
1. La aplicación de la presente Ley se llevará a cabo sin perjuicio de la vigencia de las siguientes leyes:
1. Se establecerán cauces de colaboración y, en su caso, hacer uso de las correspondientes previsiones constitucionales, a los efectos de implantar una actuación administrativa unificada en el ámbito de la pesca marítima de litoral que tenga por objeto una mayor eficacia de las actuaciones públicas. Se entiende por pesca marítima de litoral la flota pesquera que realiza mareas de duración inferior a veinticuatro horas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Censos publicados antes de la entrada en vigor de esta Ley. 1. A la entrada en vigor de la presente Ley seguirán vigentes los censos publicados en el Boletín Oficial del Estado, así como las posibilidades de pesca que en los mismos se reconocen a las empresas o asociaciones de empresas titulares de los buques incluidos en dichos censos, hasta la elaboración de los nuevos censos de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de esta Ley.
Las infracciones cometidas durante la vigencia de la Ley 14/1998, de 1 de junio, por la que se establece el régimen de control para la protección de los recursos pesqueros, serán objeto de la sanción que resulte más favorable para el presunto infractor.
Se faculta al Gobierno para actualizar, por Real Decreto, el importe de las sanciones previstas en esta Ley.
Se autoriza al Gobierno y, en su caso, al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Artículos 27 (apdo. 5), 90 (apdo. 3), 95 (letra f), 96 (apdo. 1.X) y 97 (letra j):
Añadido por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Artículos 28 (apdo. 1.d), 94 (apdo. 3), 96 (apdo. 1.V), 97 (letra i), 98 (letra a), 103 (apdos. 1, letras b y c, y 2.b): Disposición adicional novena:
Redacción según Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Artículo 37:
Redacción según Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Título VI (Arts. 109 a 113):
Añadido por Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Cerrar
LEY 9/2007, de 22 de junio, sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera OperativaREAL Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorialLEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la BiodiversidadREAL Decreto 62/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones de seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en la mar aplicables a las concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico-deportivasREAL Decreto 59/2008, de 18 de enero, por el que se otorga el permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Siroco-D», situado en el mar MediterráneoREAL DECRETO 747/2008, de 9 de mayo, por el que se establece el Reglamento del régimen sancionador en materia de pesca marítima en aguas exterioresREAL Decreto 855/2008, de 16 de mayo, por el que se otorga a Escal UGS, S. L., la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor»LEY 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de MurciaREAL Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticosLEY 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de GaliciaREAL Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la PescaREAL Decreto 1822/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la primera venta de los productos pesquerosLEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicioREAL Decreto 2008/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 930/1998, de 14 de mayo, sobre condiciones generales de idoneidad y titulación de determinadas profesiones de la marina mercante y del sector pesqueroREAL Decreto 1495/2010, de 5 de noviembre, por el que se otorgan a Petroleum Oil & Gas España, SA, los permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Calderín" y "Horquilla"LEY 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marinoREAL Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exterioresREAL Decreto 884/2011, de 24 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1519/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen los conocimientos y requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional de marinero en buques de pescaLEY 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrariasREAL Decreto 1599/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen los criterios de integración de los espacios marinos protegidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España	Cerrar PDF
LEY 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado	Trámites

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Artículo 49

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Artículo 58

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Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

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Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108
 artículo 149
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
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 Real Decreto 

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 artículo 69
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 65
 artículo 99
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97
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 artículo 100
 artículo 100
 artículo 100
 resolución 
 resolución 
 Artículo 109

Artículo 110
 artículo 3

Artículo 111
 Real Decreto 
 artículo 3

Artículo 112
 resolución 

Artículo 113
 artículo 110
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 artículo 149
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 artículo 149
 artículo 149
 artículo 43
 artículo 26
 Artículo 37
 Real Decreto 
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