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Timestamp: 2019-10-22 09:40:23+00:00

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﻿ Sentencia 2007-01068 de noviembre 21 de 2013
SENTENCIA 2007-01068 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL DE LOS CONGRESISTAS. SE REITERA QUE EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL DECRETO 1293 DE 1994 QUE EXTIENDE UNA SERIE DERECHOS PENSIONALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN A CONGRESISTAS, SOLO PUEDE SER APLICADO A QUIENES HABÍAN ESTADO EN LABOR COMO CONGRESISTAS A 1º DE ABRIL DE 1994 (FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993) Y TUVIERAN LA EDAD DE 35 AÑOS SI ES MUJER O 40 AÑOS SI ES HOMBRE. POR LO CUAL, TODA PERSONA QUE PARA ESE MOMENTO NO REUNIERA DICHOS REQUISITOS, NO PODRÍA APLICÁRSELES DICHO RÉGIMEN SO PENA DE QUE ESTE SE CONVIRTIERA EN UN RÉGIMEN ORDINARIO DE PENSIONES, LO QUE TRANSGREDIERA LA APLICABILIDAD DEL RÉGIMEN ACTUAL DE PENSIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y DEL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO FINANCIERO QUE RIGE AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SERVIDOR PÚBLICO, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CONGRESISTA, REPRESENTANTE A LA CÁMARA, RÉGIMEN PENSIONAL DEL CONGRESISTA, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN
Sentencia 2007-01068 de noviembre 21 de 2013
Ref.: Expediente 25000-23-25-000-2007-01068-01 (1702-2012)
Actor: Luis Eduardo Vargas Moreno C/ Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - Fonprecon.
La controversia en esta oportunidad se contrae a establecer, si al demandante le asiste el derecho a que Fonprecon le reconozca la pensión de jubilación en aplicación del régimen de transición de los parlamentarios, teniendo en cuenta que laboró como Representante a la Cámara desde el 20 de julio de 2002 hasta el 20 de julio de 2006.
Remontándose en la historia como referente normativo alusivo a la situación prestacional de los congresistas aparece la Ley 6ª de 1945(1), que en el parágrafo de su artículo 17 señaló, que a los empleados que hubieran prestado sus servicios al Congreso durante 20 legislaturas continuas o discontinuas, les asistía el derecho a todas las prestaciones sociales contenidas en dicha disposición(2); dentro de las cuales se encuentra, tal como lo establece su literal b), la pensión vitalicia de jubilación para el empleado u obrero con 50 años de edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos, equivalente a las dos terceras partes del promedio de sueldos o jornales devengados, sin bajar de $ 30 ni exceder de $ 200.
El Decreto 1723 de 17 de julio de 1964, reglamentario de la referida Ley 48 de 1962, señaló en el literal b) de su artículo 2º, que los miembros del Congreso Nacional gozarían de una pensión vitalicia de jubilación “… equivalente a las dos terceras partes del promedio de las asignaciones devengadas durante el último año de servicios o del promedio de lo devengado en los tres (3) últimos años, a opción del beneficiario, cuando hayan llegado o lleguen a cincuenta (50) años de edad y cumplido veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la Ley 48 de 1962, prestados como empleados a cualquier entidad oficial o semioficial, incluyendo el tiempo servido en los cargos de Senador, Representante o diputado”.
“ART. 17.—El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquellas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, [durante el último año], [y por todo concepto], perciba el congresista. [Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal](10).
Por manera, que la extensión en forma indiscriminada de un régimen de transición a beneficiarios que ya han consolidado status jurídico, representa una instancia de violación de la ley por indebida aplicación de la misma, en razón a que sin que exista causa jurídica alguna, una situación gobernada y constituida a la luz del efecto cumplido, se reintegraría a una ley expedida posteriormente, para extraer de esta última unas consecuencias no previstas por el legislador, con lo que además de quebrantar el sistema jurídico correspondiente, se establece un sistema privilegiado, que en el caso específico de la seguridad social por razones pensionales, emerge totalmente extraño a lo previsto por el propio Constituyente, para el caso de lo reglado en el artículo 48 de la Carta Política conforme a las modificaciones del Acto Legislativo 1 de 2005, que integró al mundo de la seguridad social en materia pensional, el principio de la sostenibilidad financiera del sistema, que se proyecta en que en la liquidación de las pensiones, sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado cotización.
De igual modo se evidencia una clara vulneración de la ley por su aplicación indebida, cuando el régimen de transición congresional se aplica a quienes ni si quiera tienen expectativa por consolidar, surgida como condición preexistente a la luz del régimen especial de los parlamentarios. En otras palabras, se transgrede el sistema jurídico cuando se pretende, en la búsqueda del privilegio de la normativa especial, extender los beneficios de ese régimen particularísimo, no obstante encontrarse la situación claramente regida por la ley general, cuando se ha sido elegido para legislaturas posteriores a aquella, lo que de paso despoja de su efecto útil a la norma que justamente dispuso la incorporación al sistema general de pensiones.
En atención a las anteriores precisiones en cuanto al régimen especial y de transición de los congresistas, procede la Sala a definir la situación particular del actor.
Está probado al interior del proceso que el demandante prestó sus servicios a Puertos de Colombia desde el 26 de noviembre de 1974 hasta el 5 de abril de 1989; al departamento de Bolívar en calidad de diputado entre el 1º de octubre de 1992 y el 30 de diciembre de 1994; al Congreso de la República en calidad de Representante a la Cámara del 20 de julio de 2002 al 20 de julio de 2006 (fls. 7, 56, 42 anexo 1).
Nació el 6 de mayo de 1947 (fls. 5 anexo 1).
El 17 de abril de 2006 por medio de Resolución 289, el grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia, declaró la extinción de la pensión de invalidez que reconoció al actor (fls. 71 anexo 1).
Por medio de la Resolución 863 de 2 de mayo de 2007, Fonprecon negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en aplicación del régimen de transición de congresistas, porque el demandante “… se posesionó por primera vez en tal calidad el veinte (20) de julio de 1997 (sic)” (fls. 3 a 5 cdno. ppal.).
En virtud de la Resolución 1393 de 23 de julio de 2007, el fondo confirmó la anterior decisión al desatar el recurso de reposición (fls. 6 a 15 cdno. ppal.).
El 21 de noviembre de 2007 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena, concedió al accionante la acción de tutela interpuesta, como mecanismo transitorio, mientras el Tribunal de Cundinamarca decide la acción de nulidad y restablecimiento instaurada, por lo que en consecuencia el fondo debe reconocer y pagar la pensión de jubilación, respetando el derecho a que se aplique el régimen de transición en su integridad (fls. 536 a 540 anexo 2).
De las anteriores probanzas la Sala infiere, que el demandante prestó sus servicios al Estado en calidad de Representante a la Cámara desde el 20 de julio de 2002 hasta el 20 de julio de 2006. Además, que para el 1º de abril de 1994 ya contaba con el requisito de haber cumplido 40 años de edad, habida cuenta que nació el 6 de mayo de 1947.
Sin embargo, no es beneficiario del régimen de transición de los congresistas, toda vez, que surge evidente, que si bien es cierto, para el 1º de abril de 1994, fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, ya había cumplido la edad de 40 años, no lo es menos, que para dicha época no era miembro del cuerpo legislativo, condición que como se analizó en apartado precedente, resulta absolutamente indispensable para ser destinatario de dicho régimen. En efecto, está probado que laboró en calidad de parlamentario a partir del año 2002, es decir, mucho tiempo después de entrar en vigencia la aludida ley; situación particular, que sin lugar a dudas, lo ubica como destinatario del régimen general, tal como en la actuación acusada bien lo discernió Fonprecon.
Por lo anterior no ha lugar, al argumento esbozado en la demanda según el cual el fondo realizó un cómputo indebido de los tiempos laborados con desconocimiento del lapso servido a Foncolpuertos, que habilitara la aplicación del régimen de transición pretendido; pues, en este evento es evidente, que la problemática antes que referirse a la contabilización del tiempo de servicios, se centra en la fecha en la que se desplegó por parte del demandante la actividad congresional, que legalmente le permitiera ser destinatario del régimen solicitado.
Con lo anterior, se revocará la decisión del a quo, que accedió a las súplicas de la demanda.
1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de febrero de 2012, que accedió las pretensiones de la demanda promovida por el señor Luis Eduardo Vargas Moreno contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - Fonprecon. En su lugar se dispone,
2. NIEGÁNSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Problema jurídico: reconocimiento pensión de jubilación en régimen de transición de congresistas.
Labor congresional: Desde el 20 de julio de 2002 hasta 20 de julio de 2006.
Decisión: no tiene derecho, porque fue congresista en el 2002, mucho después de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, es decir, que lo cobija régimen general y no de transición de congresistas —Decreto 1293 de 1994—, que extiende su cobertura a quien siendo parlamentario para el 1º de abril de 1994 —vigencia de la Ley 100 de 1993—, además cumpla con la edad 40 o 35 y cotización o tiempo servido de 15 años.
Se REVOCA la decisión del tribunal, pues consideró que al actor le asiste la pensión de jubilación en régimen de congresistas, porque acreditó 55 años de edad, 20 de servicios y realizó aportes».
(10) Las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(11) La locución “por todo concepto” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(17) Ley 71 de 1988. Artículo 2º. “Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales”.
(19) Tal como la Sección lo consideró en anteriores oportunidades en sentencia de 29 de mayo de 2003, Expediente 3054-2002, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado; sentencia de 12 de febrero de 2009, Expediente 1732-2008, C. P. Bertha Lucía Ramírez; sentencia de 14 de octubre de 2010, Expediente 2036-2008, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; la edad a la que hace referencia el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, es de 50 años en razón a que no es la indicada en la regla general de la Ley 33 de 1985, sino la señalada en el parágrafo 2º de su artículo 1º, que remite a la norma especial que rige con anterioridad, que no es otra, que el Decreto 1723 de 1964, que en el literal b) de su artículo 2º, exige la edad de 50 años para efecto de obtener la pensión de jubilación.
(22) Sentencia de 3 de mayo de 2002, Expediente 1276-2001. Actor Oscar Emilio Vinasco Vinasco. C. P. Alberto Arango Mantilla.
(23) En esta misma dirección la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 consideró, “Esta corporación declarará la inexequibilidad de las expresiones “y por todo concepto” y “por todo concepto”, contenidas en el inciso primero y en el parágrafo, respectivamente, del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992. // En este caso, ante la expulsión del ordenamiento de las expresiones en comento y en vista del mandato del Acto Legislativo 01 de 2005 en el sentido de que “[p]ara la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”, la Sala considera necesario además condicionar la exequibilidad del resto del precepto censurado en el entendido de que como factores de liquidación de la pensión, solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”.
(24) En igual sentido la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1999 consideró, que se rompe el equilibrio mínimo y de paso se afecta el derecho a la igualdad, cuando se puede acceder a la pensión jubilatoria con un tiempo de ejercicio en la actividad congresional que solo comprende pocos meses. Al efecto señaló “… sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería un equilibrio mínimo, afectando el postulado de la igualdad, el hecho de que pudiese acceder a la pensión, tomando el promedio que en general devengan los congresistas durante el mencionado periodo, si el promedio personal y específico es distinto, por ejemplo cuando el tiempo de ejercicio del congresista cubre apenas unos pocos meses”.
(26) Sentencia de 2 de abril de 2009, Radicado 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, que declaró la nulidad del parágrafo del artículo 11 y del inciso 1º del artículo 17 del Decreto 816 de 2002, este último artículo modificado por el artículo 1º del Decreto 1622 de 2002. En similar sentido sentencia de 7 de septiembre de 2006, Radicado 9798-05, actor Paulina Consuelo Salgar de Montejo, C. P. Jaime Moreno García.

References: artículo 17
 artículo 2
 artículo 48
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 2
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 1