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Timestamp: 2020-07-08 02:08:35+00:00

Document:
Autonomía del rapto respecto del delito contra la integridad sexual con que concurra.
Causa número 4.899 caratulada: “R., M. R. s/recurso de casación”.
Sala III del Tribunal de Casación Penal Provincia Buenos Aires. rta. 23 de octubre 2008.
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los 23 días del mes de octubre de dos mil ocho, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, doctores Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini (artículos 47 y 48 de la Ley 5827), con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en la presente causa número 4.899 (registro de Presidencia número 19.127) caratulada: “R., M. R. s/recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY – VIOLINI.
En lo que interesa destacar, el Tribunal en lo Criminal número 3 de Morón condenó a M. R. R. a veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas por ser autor responsable de los delitos de robo simple, rapto, lesiones graves y abuso sexual con acceso carnal agravado, en concurso real entre sí.
Contra dicho pronunciamiento vino en casación el Defensor Oficial Adjunto (fs. 184/199) denunciando violación y errónea aplicación de los artículos 34 inciso 1ero., 40, 41, 55, 90, 119 cuarto párrafo inciso a) en función del tercer párrafo, 130 y 164 del Código Penal, 1, 201 y sgtes. y cc., 210, 247, 338, 339, 366 y 373 del Código Procesal Penal.
Solicita la nulidad del acta de procedimiento de fs. 2/3, reconocimiento médico de fs.42 -por no haberse notificado a la defensa-, y la diligencia en rueda en rueda de personas de fs. 103/104.
Realiza igual planteo con respecto a la pericia de A.D.N debido al incumplimiento de los recaudos establecidos en el artículo 247 del Código Procesal Penal, a ello agrega que al hacerse lugar a la incorporación de sus resultados, la fiscalía solicitó la suspensión de la audiencia de debate ya que no se hallaron constancias del cumplimiento de la manda referida solicitando un nuevo estudio, por lo que el Tribunal ordenó se reclame la pericia realizada o se practique una nueva postergándose el debate a esos efectos, implicando ello según la parte un retroceso del proceso en perjuicio del imputado, por tanto se disconforma con la incorporación por lectura de la misma y solicita su nulidad por no haberse notificado a la defensa la realización de dicho examen.
En otro punto, reedita el planteo de inimputabilidad, solicitud incoada bajo la normativa del artículo 34 inciso primero del Código Penal, denuncia que los jueces formaron convicción de imputabilidad a partir de determinadas conclusiones que extrajeron de la prueba de la causa y a partir de allí seleccionaron pericias que avalaban la conclusión alcanzada de antemano, destacando que las pericias se efectuaron pasado largo tiempo del hecho.
Que, descartando las resultancias de la pericia de A.D.N, la única fuente para probar autoría es la declaración de la víctima, por lo que el juzgador no puede formar convicción en base a un solo testimonio.
La inexistencia del “rapto” como conducta atribuida al imputado, ya que no constituye un delito independiente por no presentarse el dolo específico que la figura requiere, lo que permite su subsunción en el acceso carnal, por otro lado no hay privación ilegal de la libertad por el acotado tiempo de duración y la breve distancia recorrida por la víctima.
Que la pena impuesta resulta elevada, debiéndose desplazar para su mensuración las agravantes referidas a la extensión del daño causado y la elección de antemano del lugar del hecho, por estar contenidas en el tipo penal o bien no se concluyen lógica y razonablemente de la prueba.
Con respecto al primero, la golpiza recibida y las maniobras de estrangulamiento son las causales de las lesiones graves que conllevaron al agravamiento de la figura básica de abuso sexual, concepto que abarca tanto el daño en el cuerpo como el daño en la salud -las secuelas psicológicas-.
La segunda aumentativa no encuentra correlato con la realidad verificada, y no se traduce objetivamente en una mayor posibilidad de impunidad.
Solicita se relacione al momento de evaluar el daño causado la pobre instrucción recibida y la dolorosa desintegración familiar que ha sufrido R.
Conforme las argumentaciones expuestas se eliminen del plexo probatorio la constancias controvertidas, declarando la nulidad de la pericia de A.D.N, casando la sentencia y absolviendo libremente a M. R. R. por estimar que su accionar se encuentra dentro de los términos del artículo 34 inciso primero del Código Penal, o por no haberse probado la acusación fiscal.
Subsidiariamente se modifique la calificación eliminando el delito de “rapto”, aplicando el mínimo legal previsto para la especie teniéndose en cuenta las observaciones con respecto a las pautas de los artículos 40 y 41 del código de fondo.
Concedido el recurso en origen (fs. 201 y vta) y radicado en esta Sala por el que se le imprimiera el trámite común con debida noticia a las partes (fs.208, 209, 210/211), la Defensora Adjunta acudió al memorial de fs. 220/222 para mantener los motivos originarios, solicitando además, en caso que no se haga lugar al planteo de inimputabilidad, se valore como minorante a los fines de mensurar la pena las particulares características de personalidad (síndrome esquizofrénico de alienación mental y posterior psicosis cicloide) y la excesiva duración del proceso.
El Fiscal Adjunto de Casación acude a la misma vía (fs. 217/219) y postula se rechace el recurso interpuesto.
La vía elegida deja intactos los hechos del juicio que son los siguientes:
El 4 de julio de 2000, minutos después de las 20:00 horas, un sujeto simulando poseer un arma de fuego intimida a A. L. G. y la obliga a acompañarlo contra su voluntad por un trayecto de tres o cuatros cuadras, se apodera ilegítimamente de su dinero, alhajas, encendedor y teléfono celular, la conduce hacia un terreno baldío, luego con las manos ejerce presión sobre su cuello y efectúa maniobras de estrangulamiento con el lazo de la cartera, por lo que la víctima se desvanece con grave riesgo para su vida, y la accede carnalmente vía vaginal, dándose posteriormente a la fuga (artículos 210, 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal).
Más allá de otras consideraciones que pudieran efectuarse deben desestimarse los planteos de que atacan la incorporación por lectura del acta de procedimiento de fs.2/3, el reconocimiento en rueda de personas de fs. 103/104 y el examen médico de fs. 42, ya que la recurrente nada dijo en el momento que debía hacerlo y como surge del acta de debate consintió en que se incorporen, ello sin realizar ningún planteo nulificante de las constancias que los instrumentan (argumento del artículo 205 del Código Procesal Penal).
La doctrina “de la responsabilidad por los actos propios” es aplicable a la inacción del Defensor, exteriorizada en la instancia originaria pues es él y no otro quien debe protestar frente a actos que a su criterio vulneran los derechos de su pupilo.
Por otro lado advierto que el recurso reedita los planteos resueltos a fs. 108/118 (agregado en el presente en copia), sin hacerse cargo de los argumentos expuestos por el “a quo”, lo que sella la insuficiencia del reclamo y lleva a la decadencia de los motivos (artículos 210, 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal).
Tampoco corresponde atender el embate contra la pericia de ADN, pues quien la invoca, más allá de reiterar cuestiones resueltas en el debate, no dice en forma circunstanciada cuál sería la incidencia de eliminarla ya que la convicción de autoría encuentra apoyo en la juramentada de la víctima. Es más, la propia recurrente admite que la misma no ha sido valorada en la sentencia como un elemento de cargo, por lo que el reclamo de exclusión se transforma en un pedido de nulidad por la nulidad misma que, como tal, no progresa (artículos 18 de la Constitución Nacional).
En cuanto al aplazamiento del debate para realizar una pericia, el reclamo es inconsistente, tales vicisitudes son propias de los vaivenes del proceso y en el caso el juzgador ha motivado suficientemente su decisión (artículos 210, 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal).
Igual carril desestimatorio transitan los motivos dirigidos a conmover la direccionalidad de autoría, y voy a las razones.
Nada impide al juzgador establecer convicción valorativa fundada en la declaración de la víctima -su imputación alcanza para enervar la presunción de inocencia- cuando se cuenta, como fundamenta el veredicto impugnado, con la ausencia de falta de credibilidad de la testifical rendida, que es creíble, abundante en detalles, y no deja dudas de la veracidad de G.
Completan la declaración el reconocimiento en rueda positivo efectuado en la investigación preparatoria, ratificado sin ambages en el juicio, las manifestaciones del guardia de seguridad S. que la encontrara, como el reconocimiento médico y examen ginecológico, probanzas que corroboran la versión de los hechos como los relatara y otorgan respaldo adecuado a sus dichos.
Por otras palabras, es fundada la credibilidad y calidad científica de la prueba que completa la declaración de A. L. G.
Por ello el agravio se elabora mediante una crítica individual de los materiales del juicio, soslayando, sin razón valedera, su unión con otros estimados decisivos, y la armonía que establece fundadamente el Tribunal.
En el recurso se hace decir a la prueba lo que ella no dice y se deja de considerar lo que la misma resulta, en razón de fragmentar sus partes esenciales, en abierta desconexión de las circunstancias objetivamente incorporadas al juicio ponderadas por los jueces de grado, que analizan lo que el recurrente considera una huera imputación, mientras busca darle a los elementos cargosos un rol secundario o derivado del mismo, del que carecen.
El Tribunal tuvo por cierto, con un razonamiento contundente, que en las circunstancias detalladas en el veredicto, el imputado interceptó a G., mediante intimidación con algo que la víctima interpretó como un arma, la obligó a acompañarlo unas cuadras, la desapoderó de objetos personales, luego contra su voluntad la introdujo en un predio que ya conocía, intentó estrangularla con sus manos y la correa de la cartera mientras la penetró vaginalmente.
Así lo expresó la víctima en la versión suficientemente interpolada por el Tribunal, quien en lo que interesa destacar dijo que siendo aproximadamente las 20:00 horas, volviendo de su trabajo por el camino que habitualmente recorre, advierte que un sujeto la seguía, acelera su paso, luego éste le toma sus cabellos y la intimida con lo que creyó un arma de fuego, exigiéndole que le entregara lo que tenía, pero que no lo hiciera allí, por lo que la toma del brazo comienzan a caminar, frente a un arbusto la hace agachar y la desapodera de dos pesos, un encendedor y otros elementos que no recuerda, logrado el ilegítimo apoderamiento, la dicente le solicita que la dejara ir, pero el sujeto no se lo permitió la obliga a volver sobre sus pasos caminando junto a ella, la toma del brazo guiándola hasta unas calles asfaltadas que hay en el lugar, la conduce hasta un terreno baldío, ingresando por un pasaje en el que el alambrado se encuentra roto, la arroja sobre el pasto, le rodea con las manos presionando el cuello, ella se resiste, el agresor toma la cartera que la víctima llevaba y le rodea el cuello con la correa. Agotada se hace la muerta no recordando nada de lo sucedido hasta que despertó con el rostro mojado como si hubiera vomitado, el pantalón bajo y la blusa y corpiño levantados.
Tales dichos llegan abonados, para fundamentar la credibilidad de la víctima, con el reconocimiento pericial cumplido por el médico que la examinara, en el que se plasma que fue sometida a un proceso de compresión a nivel del cuello que produjo la interrupción del retorno venoso cefálico provocando la intensa congestión y la consecuente pérdida de conocimiento, que de persistirse el procedimiento o aumentado se había producido asfixia por estrangulamiento, se constata también la resistencia de la víctima a través de las lesiones y la penetración con eyaculación en el interior de la vagina.
Estimó el Tribunal fundadamente que los informes psicológicos dan cuenta de las graves consecuencias a ese nivel, mientras que el de fs. 26/27 describe las características de la zona, afamando la veracidad con la que se expresara G. y permitiendo acceder a la certeza sobre la referida base fáctica endilgada al imputado.
En su mérito, no existió en el veredicto la ausencia de certeza denunciada, pues los jueces de grado expresan como consecuencia de la apreciación definitiva de la prueba, que el hecho existió y el imputado lo cometió, por ello los motivos que intentan conmover la autoría arribada en origen deben desestimarse (artículos 210, 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal).
También decae el agravio que pretende incluir la acción de R. en los alcances del artículo 34 inciso primero del Código Penal. Reitero lo expuesto más arriba, en punto a que el motivo constituye una reedición del efectuado en el juicio y resuelto en la cuestión tercera del veredicto, sin hacerse cargo en marcada muestra de insuficiencia, de los correctos argumentos expuestos por el Tribunal en ocasión de su rechazo.
No progresa el embate asilado en una hipotizada selección pericial. El enjuiciamiento de la capacidad de culpabilidad constituye una cuestión jurídica, cuya responsabilidad compete a los jueces, por lo que éstos pueden seleccionar las pericias que por su seriedad y calidad científica permiten apreciar razonadamente el resultado a los puntos de examen practicados, y el grado de certeza para formar convicción.
La defensa alega que R. al tiempo de los hechos no se encontraba en condiciones de comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones basándose en la pericia efectuada por el doctor Gallego. Por otra parte el “a quo” toma los dichos del galeno, confronta lo expuesto en la primer labor pericial, y los confronta con lo declarado en el debate, donde el perito reconoce que quizás estuvo apresurado en su dictamen -pues fue realizado en base a los antecedentes de la historia personal y solo tuvo un contacto con R.–por el que dijera que el imputado presentaba síntomas y signos de alienación mental, con cuadro psicótico crónico de larga data; admitiendo en cambio la posibilidad que sufriera de psicosis cicloide, sintomatología similar a la de la esquizofrenia, y luego de explicar las patologías, agregando que pueden variar en el término de 48 horas, lo que hace probable que este sujeto al tiempo de los hechos no padeciera lo indicado.
A partir de tal premisa, el Tribunal con justeza analiza la manera de conducirse en el hecho, el diálogo perfectamente coherente con G., su modo de deambular, sin alteración alguna, y la búsqueda de un lugar que sin duda conocía, para no ser descubierto, y que más allá de la desmedida violencia desplegada y propia de su personalidad, da crédito a los informes de los médicos del Servicio Penitenciario, Dellavaut, Basallo, Pares y Gluston, incorporados por lectura, que concluyen fundadamente que R. no es demente en sentido jurídico, más allá del trastorno de personalidad que presenta.
Suma al punto la pericia psicológica de los licenciados Toniolli y Burgos quienes alertan sobre componentes de impulsividad y ambivalencia en sus contactos e intercambios con el medio, desatención con los límites y tendencia a la actuación del imputado.
Por tanto, el Tribunal no selecciona una pericia determinada sino que realiza otra interpretación diferente a la de la parte, en base a los propios dichos del primero de los peritos que no dan certeza de inimputabilidad, los hechos probados de la causa y los restantes informes médicos periciales, estableciendo sin lugar a dudas que R. sabía lo que hacía, comprendía la ilicitud de sus actos y podía dirigir sus acciones de un modo distinto al que lo hizo.
Estimo pues, que el “a quo” ha dado por debidamente probado que R. al momento del hecho gozaba del libre ejercicio de facultades intelectuales y poseía control voluntario de la conducta, demuestra el despliegue de sus acciones compatibles con la imputabilidad, por lo que los motivos referidos al progreso de la eximente deben decaer (artículos 34 inciso 1ro. “ a contrario “ del Código Penal; 210, 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal).
Con respecto a la calificación que arroja el fallo en cuanto a la demostrada independencia del delito de rapto del resto del caudal imputativo, estimo que la parte vuelve a poner en el tapete una cuestión ya planteada desoyendo las argumentaciones que el Tribunal expone en la primera cuestión de la sentencia para su rechazo, con claras muestras de insuficiencia.
Que la recurrente pretenda subsumir el delito de rapto en el acceso carnal por el corto lapso de la privación de la libertad y concretarse el segundo, refiriendo que el único objetivo es el acceso por lo que se presenta un concurso aparente, resulta un planteo correctamente contestado por el juzgador, ya que en primer lugar, tal como lo expone, el delito en crisis no implica un requisito especial de tiempo y resulta independiente de la efectiva concreción de las miras con que el mismo se iniciara.
Por ello, si la víctima que ya había sido llevada del lugar en el que se encontraba libremente a otro donde es efectuado el ilegítimo apoderamiento, y después es conducida contra su voluntad hacia un baldío que el autor eligiera para concretar el ataque contra la integridad sexual, el delito de rapto aparece consumado previamente y resulta independiente del abuso sexual con acceso carnal –violación- ya que no depende para su configuración que los designios se hayan logrado, y por estas razones el motivo que intenta conmover la calificación de origen decae (artículos 55, 119 párrafo tercero y 130 del Código Penal; 210, 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal).
En otro orden, por fuera de lo que resulta materia del recurso, corresponde modificar la calificación en cuanto a las lesiones sufridas por G., ya que las mismas se presentan como constitutivas del violento abuso sexual con acceso carnal, no son independientes, y forman parte de la violencia de la figura y el grave daño físico que la agrava en el artículo 119 cuarto párrafo inciso a) del Código Penal.
Por ello corresponde casar el veredicto y sentencia en este punto (artículos 210, 448, 451, 456, 459 y 460 del Código Procesal Penal, además de los ya citados).
Deben desestimarse los motivos que intentan conmover las agravantes referidas a la extensión del daño causado y la nocturnidad.
Las secuelas de daño psicológico que hasta el momento del debate persisten en la víctima, de las que algunas ha dado cuenta el juzgador al describir su testimonial y las que explicita al momento de tratar la cuestión en torno a que G. se encuentra obligada a continuar con ayuda terapéutica, abastecen su estimación en el juicio de individualización de la pena conforme los indicadores del artículo 41 del Código Penal.
De igual modo la nocturnidad se presenta en el caso como un elemento seleccionado por el autor para lograr la consumación de los delitos perpetrados y su impunidad, pues las horas de la noche con su cortejo de oscuridad y sombras favorece la comisión de los hechos y dificulta la aprehensión de sus autores; y por estos fundamentos dicho agravio igualmente decae (artículos 40 y 41 del Código Penal; 210, 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal).
Resulta académico el embate contra la reiteración de delitos, ya que del veredicto y sentencia no surge que dicho enlace determinara una consecuencia diversa que la establecida por el artículo 55 del Código Penal.
Tampoco procede la atenuante invocada en la mejora y constituida por la duración del juicio, ya que el imputado se favorece por la ley 24.390 en cuanto al cómputo privilegiado que trae la misma, pues en tales condiciones el motivo va contra la prohibición de la doble valoración (argumento de los artículos 18 de la Constitución Nacional, 40 y 41 del Código Penal y 460 del Código Procesal Penal).
En cambio progresa el agravio referido a las características de la personalidad, por la dificultad en la que se encuentra el autor para motivarse conforme a las normas (artículos 40 y 41 del Código Penal y 460 del Código Procesal Penal).
De compartirse este sufragio, corresponde adecuar la pena, y como el reenvío para que un nuevo tribunal sustancie y decida la cuestión, sujeto a dicha interpretación y sin posibilidad de variar el panorama de mensura, constituiría una dilación que debemos evitar (artículos 15 de la Constitución de la Provincia y 2º del Código Procesal Penal), propongo asumir competencia positiva considerando justo que M. R. R. quede condenado a diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, por ser autor de los delitos de robo simple, rapto y abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño causado, en concurso real entre si (artículos 2, 12, 19, 29 inciso 3°, 40, 41, 55, 119 tercer y cuarto párrafo letra a), 130, primer párrafo, y 164 del Código Penal; 371, 448, 451, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
Luego, con el alcance indicado, a esta primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
Corresponde adecuar la pena, y como el reenvío para que un nuevo tribunal sustancie y decida la cuestión, sujeto a dicha interpretación y sin posibilidad de variar el panorama de mensura, constituiría una dilación que debemos evitar (artículos 15 de la Constitución de la Provincia y 2º del Código Procesal Penal), propongo asumir competencia positiva considerando justo que M. R. R. quede condenado a diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, por ser autor de los delitos de robo simple, rapto y abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño causado, en concurso real entre si (artículos 2, 12, 19, 29 inciso 3°, 40, 41, 55, 119 tercer y cuarto párrafo letra a), 130, primer párrafo, y 164 del Código Penal; 371, 448, 451, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal). ASI LO VOTO.
I.- DECLARAR PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto, sin costas en esta Sede.
II.- CONDENAR a M. R. R. a diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, por ser autor de los delitos de robo simple, rapto y abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño causado, en concurso real entre si.
Rigen los artículos 2, 12, 19, 29 inciso 3°, 40, 41, 55, 119 tercer y cuarto párrafo letra a), 130, primer párrafo, y 164 del Código Penal; 371, 448, 451, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 47 y 48 de la Ley 5827.
Ante mí: Andrea Karina Echenique.

References: artículo 247
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 205
 artículo 34
 artículo 119
 artículo 41
 artículo 55