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Timestamp: 2018-04-24 08:53:03+00:00

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Las principales modificaciones introducidas a la ley 24557 por medio de la ley 26773 – Urbe Et Ius
El cuarto párrafo del art. 2 de la ley 26773 establece el principio general indemnizatorio según el cual “es de pago único, sujeto a los ajustes previstos en este régimen”. Evidentemente, a partir de esta modificación (que incluye la derogación del antiguo art. 19 de la ley 24557, sin tomar idéntica decisión respecto de los arts. 14 y 15 que también hacen referencia a la modalidad de pago en renta periódica), se ha receptado la doctrina emanada del precedente de la CSJN dictada in re “Milone” (Fallos 327:4607) en donde se reprocha la falta de excepción alguna para supuestos en los que la forma de pago a través de una renta vitalicia sea una respuesta inadecuada frente a las necesidades de la víctima, compartiéndose en este aspecto aquéllas opiniones que sostienen que hubiera sido de mejor técnica legislativa dejar la opción al beneficiario acerca de la forma de percibir la indemnización, en un todo de acuerdo con la previsión del Convenio N° 17 de la OIT.
El artículo 8° de la ley 26773 establece que “Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia”.
Esta norma va de la mano junto con lo dispuesto en el artículo 17 en el que, luego de derogarse los artículos 19, 24 y los incisos 1, 2 y 3 del artículo 39 de la ley 24557 y sus modificatorias, se establece en su primer párrafo que “Las prestaciones indemnizatorias previstas en la citada norma, quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las prestaciones en ejecución”.
El artículo 3° de la ley 26773 fija que “Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma. En caso de muerte o incapacidad total, esta indemnización adicional nunca será inferior a pesos setenta mil ($ 70.000)”.
Ahora bien, ¿consiste en algo novedoso la reforma? De acuerdo al segundo, tercer y cuarto párrafo del artículo 4° de la ley 26773 parecería que no. Allí se establece que “Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieren corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables”.
“El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso”.
“Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo”, todo lo cual no parece ser sino una repetición de lo previsto en el antiguo artículo 16 de la ley 24028 de accidentes de trabajo (que, a su vez, contenía una disposición similar que la fijada por el art. 17 de la ley 9688 sancionada en 1915).
En efecto, el art. 17 apartado 2 de la ley 26773 establece – tal como lo hacía el ya mencionado artículo 16 de la ley 24028 -, que en el ejercicio de la acción con fundamento en la última parte del artículo 4°de la norma, en esos casos en la Capital Federal deberá iniciarse el reclamo ante los tribunales civiles (se invita a las demás provincias a adoptar idéntico criterio, de manera tal de no caer nuevamente a nivel legislativo en un exceso jurisdiccional, aspecto anotado por la CSJN en su precedente “Castillo Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi SA” del 7.9.04).

References: artículo 8
 resolución 
 artículo 17
 artículo 39
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 4