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Timestamp: 2019-09-16 16:40:53+00:00

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﻿ SENTENCIA SP20108-2017/50433 DE NOVIEMBRE 29 DE 2017
SENTENCIA SP20108-2017 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:TÉRMINO PRESCRIPTIVO DE LAS CONDUCTAS TÍPICAS COMETIDAS EN VIGENCIA DE LA LEY 906 DE 2004. SE EXPLICA QUE EN LA LEY 906 DE 2004, EL LAPSO PRESCRIPTIVO COMIENZA DE NUEVO, UNA VEZ SE HA PRODUCIDO LA INTERRUPCIÓN, POR UN TIEMPO IGUAL A LA MITAD DEL SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO PENAL, SIN QUE PUEDA SER MENOR A LOS TRES (3) AÑOS, DE MANERA QUE LOS CINCO (5) AÑOS A LOS QUE ALUDE EL INCISO 2º DEL ARTÍCULO 86 DE DICHO ESTATUTO SOLO ES RELEVANTE PARA LOS ASUNTOS DE LA LEY 600 DE 2000. ADICIONALMENTE, SE AUMENTARÁ LA TERCERA PARTE O LA MITAD, SEGÚN SEA EL CASO (ANTES O DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1474 DE 2011), CUANDO LA CONDUCTA PUNIBLE HAYA SIDO COMETIDA POR SERVIDOR PÚBLICO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SU CARGO O CON OCASIÓN DE ELLAS. AHORA BIEN, TRATÁNDOSE DEL MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA A TRANSCURRIR EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO DE LA ACCIÓN PENAL, SE IDENTIFICARÁ SEGÚN SE TRATE DE UNA CONDUCTA DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA, PERMANENTE O QUE SOLO ALCANCE EL GRADO DE TENTATIVA, U OMISIVA. ASÍ, FRENTE A LA PRIMERA, DESDE EL DÍA EN QUE SE CONSUMADE CARA A LA SEGUNDA, DESDE LA PERPETRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO, Y EN ESTA ÚLTIMA, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE HAYA CESADO EL DEBER DE ACTUAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, RECURSO DE CASACIÓN, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, PRESCRIPCIÓN DEL DELITO DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA, INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, CONDUCTA DEL SERVIDOR PÚBLICO, DELITO COMETIDO POR SERVIDOR PÚBLICO
Sentencia SP20108-2017/50433 de noviembre 29 de 2017
SP20108-2017
Rad.: 50433
Bogotá D.C., veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.
Bajo la égida de la causal de casación consagrada en el artículo 181, numeral 3 de la Ley 906 de 2004, el defensor enuncia varios errores de hecho por falso juicio de identidad por distorsión.
Señala que el fallador de segundo grado tergiversó el contenido de los medios probatorios testimoniales y documentales, lo cual lo llevó a concluir erradamente que el accidente ocurrió mientras el peatón cruzaba la cebra, cuando realmente las pruebas evidencian que el lugar de impacto es en medio de la intersección, es decir, a 8 metros del cruce peatonal.
Agrega que V.G. conducía el vehículo respetando las normas de tránsito y confiando en que los peatones hicieran lo propio durante su desplazamiento, reglas que irrespetó el lesionado J.E.H., quien cruzó la calle por un lugar no autorizado y cuando el semáforo se hallaba en luz verde permitiendo el tránsito del automotor.
Reprocha que el ad quem impusiera al procesado deberes que superan los que le asigna la ley en desarrollo de la actividad riesgosa de conducir vehículos automotores, a pesar de que la víctima decidió autoponerse en peligro al lanzarse a la vía cuando ya los vehículos estaban en marcha ante la señal semafórica.
Basado en lo anterior, solicita a la Corte casar el fallo impugnado y confirmar la sentencia absolutoria de primera instancia.
En la audiencia respectiva, el defensor, además de reiterar los argumentos expuestos en la demanda, solicitó a la Corte declarar la extinción de la acción penal por prescripción, teniendo en cuenta que los hechos juzgados sucedieron el 4 de febrero de 2010, mientras que la imputación tuvo lugar el 14 de enero de 2014.
La delegada de la Fiscalía General de la Nación solicitó casar el fallo, más no por la aludida tergiversación de las pruebas, sino porque el tribunal dedujo la responsabilidad culposa del procesado a pesar de reconocer que fue la víctima la que generó un riesgo mayor al decidir cruzar la vía cuando el semáforo había cambiado al color naranja, sin tener en cuenta que su movilidad se hallaba limitada por el uso de muletas.
Esa situación de imprudencia de la víctima, continúa la delegada, que no fue advertida por el conductor del camión, impidió que este tomara medidas adicionales para no generar el daño en la humanidad del peatón, razón por la cual, el tribunal erró al exigirle a L.A.V. que además de detenerse en el lugar adecuado para esperar que el semáforo cambiara a verde, también previera esa circunstancia imprevista.
Por lo anterior, solicita a la Sala casar el fallo recurrido, dejando vigente la absolución proferida por el fallador de primer grado.
Por su parte, la representante del Ministerio Público luego de referirse al riesgo que asume quien ejerce la actividad de conducir vehículos automotores, el principio de confianza y la posición de garante que ostenta el conductor frente al peatón, solicitó a la Sala no casar el fallo.
Señaló que el conductor superó el riesgo legalmente permitido, luego es culpable a título de culpa de las lesiones causadas a la víctima que cruzaba la calle cuando V.G. emprendió la marcha atropellándola.
Previo a pronunciarse sobre los cargos de la demanda, la Sala estudiará el tema de la prescripción de la acción penal, para lo cual abordará el término de la prescripción de la acción penal en conductas cometidas bajo la égida de la Ley 906 de 2004 y el caso concreto.
1. Término prescriptivo de las conductas típicas cometidas en vigencia de la Ley 906 de 2004.
El artículo 83 del Código Penal establece que “la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20)”, salvo que se trate de las específicas situaciones contenidas en los incisos de la citada norma: (i) conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de derechos humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado, eventos en los cuales el término máximo de prescripción es de treinta (30) años; (ii) en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos con víctimas menores de edad, la acción penal prescribirá en veinte (20) años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad; (iii) en las conductas cometidas por servidor público en ejercicio de las funciones del cargo o con ocasión de ellas, el término se aumenta en la mitad, (1)y, (iv) cuando la conducta se hubiere iniciado o consumado en el exterior, el término de prescripción se aumentará en la mitad.
Lo anterior, tratándose del término inicial de prescripción de la acción penal, pues un segundo momento comienza a transcurrir una vez formulada la imputación, tal como lo dispone el artículo 86 de la codificación en cita.
En efecto, el artículo 86 del Código Penal, modificado por el artículo 6º de la Ley 890 de 2004 regla la interrupción de la prescripción a partir de la formulación de imputación, producida la cual, ésta comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento, el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10).
Por su parte, el inciso 2º del artículo 292 de la Ley 906 de 2004, prevé que el término de prescripción, una vez se produce la imputación, no podrá ser inferior a tres (3) años, lo cual, en principio, parecería una contradicción entre las normas del Código Penal y procesal penal que regulan el término mínimo de prescripción de la acción penal, luego de haber sido interrumpido. No obstante, la Sala superó tal disquisición interpretando que la diferencia de los extremos mínimos —ya indicados—, se explica por la coexistencia de procedimientos disímiles en su naturaleza, de modo que (CSJ SP. 14 ago. 2012, Rad. 38467):
producida la interrupción de la prescripción en el Código de Procedimiento Penal de 2000, esta vuelve a correr por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser inferior a 5 años ni superior a 10, en tanto que, cuando ello sucede en el curso de un proceso tramitado por la Ley 906 de 2004 opera la misma regla, aunque en este evento el término no podrá ser inferior a 3 años, tal como lo dispone el artículo 292 citado, lo cual tiene su razón de ser en la dinámica propia del sistema acusatorio, con la que se busca materializar la efectividad del principio de celeridad que lo caracteriza y se explica que la prescripción de la acción penal se interrumpa con la formulación de la imputación y empiece a descontarse de nuevo en la forma indicada.
Adicionalmente, se aumentará la tercera parte o la mitad, según sea el caso (antes o después de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011), cuando la conducta punible haya sido cometida por servidor público en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas.
De tal manera que desde la formulación de imputación hasta el proferimiento de la sentencia de segunda instancia, empezará a correr un término igual a la mitad del máximo de la pena prevista para cada delito, como lo dispone el artículo 83 del Código Penal, pero en ningún caso podrá ser inferior a tres años, por mandato del artículo 292 de la Ley 906 de 2004, ni superar diez años, en los términos del artículo 86 de la codificación penal sustantiva, a no ser que se esté frente a alguna de las circunstancias específicas modificatorias del término de la prescripción. (Ver, CSJ SP1497-2016. 10 feb. 2016; CSJ. SP-9094-2015, 15 Jul 2015, Rad. 43839 y CSJ AP-5902-2015. 7 oct. 2015, Rad. 35592, entre las más recientes).
Ahora bien, tratándose del momento a partir del cual comienza a transcurrir el término prescriptivo de la acción penal, se identificará según se trate de una conducta de ejecución instantánea, permanente o que solo alcance el grado de tentativa, u omisiva. Así, frente a la primera, desde el día en que se consuma; de cara a la segunda, desde la perpetración del último acto, y en esta última, a partir del momento en que haya cesado el deber de actuar.
En ese orden, ninguna relevancia, de cara a la prescripción de la acción penal, adquiere la fecha en que se presenta la querella en aquellos punibles que requieren de esa condición de procesabilidad de la acción penal, imprescindible para determinar el término de caducidad, que no de prescripción.
1.1. El caso concreto.
Bajo los anteriores parámetros, la Corte examinará el caso concreto, en el que el defensor ha planteado en la audiencia de sustentación del recurso de casación, que la acción penal no podía iniciarse debido al transcurso del tiempo.
La situación fáctica que originó la imputación, posterior acusación y fallo, no ofrece duda acerca de que se juzga un delito de ejecución instantánea —lesiones personales culposas—, cuya comisión tuvo lugar el 4 de febrero de 2010.
Atendiendo las lesiones sufridas por la víctima, así como la incapacidad médico legal otorgada a esta, el marco jurídico se contrae a las descripciones típicas de los artículos 111 del Código Penal que establece la noción de lesiones personales; 112 inciso 2º que fija la pena a imponer cuando la incapacidad para trabajar o enfermedad es superior a treinta días e inferior a noventa;(2) 113 inciso 2º aplicable a los eventos en los que, como en este caso, la lesión produjo deformidad de carácter permanente(3), y 114 inciso 2º por cuanto la perturbación funcional del órgano y de la función es de carácter permanente(4).
Como con la conducta culposa se generaron varios de los resultados antes previstos (incapacidad superior a 30 días sin exceder de 90, deformidad física permanente, perturbación funcional del miembro y del órgano), se aplica la pena correspondiente al tipo penal de mayor gravedad, siendo esta la del inciso 2º del artículo 114 de la Ley 599 de 2000, es decir, mínimo cuarenta y ocho (48) y máximo ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión.
Sin embargo, comoquiera que las lesiones sufridas por J.E.H.G. son de carácter culposo, las penas antes señaladas se disminuyen de las cuatro quintas a las tres cuartas partes, como lo prevé el artículo 120 del Código Penal de 2004 y atendiendo los criterios establecidos en el artículo 60 ibídem.
En conclusión, el delito de lesiones personales por el cual se acusó a L.A.V.G. con la pena más alta, es el del artículo 114 inciso 2º del Código Penal cuyo mínimo es de cuarenta y ocho (48) y máximo ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión, y multa que va desde treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) hasta cincuenta y cuatro (54) smmlv, guarismos que disminuidos en virtud del artículo 120 ibídem (por ser culposas), arrojan como resultado:
Lesiones personales Prisión Multa
Art. 114, inciso 2º C.P. 48 a 144 meses. 34.66 a 54 smmlv.
Art. 120 ibídem (culposas) (disminuidas de las 4/5 a las 3/4 partes) 9 meses, 18 días a 36 meses. 6.93 a 13.5 smmlv.
El anterior recuento permite a la Sala establecer que no ha operado el término extintivo de la acción penal en razón de la prescripción, por cuanto, la fiscalía tenía cinco años a partir de la fecha de ocurrencia de los hechos (4 de febrero de 2010) para formular imputación a L.A.V.G. y de esa manera interrumpir el término de prescripción con ese primer acto procesal que se surtió el 14 de enero de 2014.
En ese orden, la fiscalía contaba hasta el 3 de febrero de 2015 para formular la imputación, por cuanto el lapso inicial previsto en el artículo 83 del Código Penal es mínimo de cinco (5) y no mayor a veinte (20) años.
Y si bien es cierto el artículo 292 de la Ley 906 de 2004 establece un término mínimo de tres (3) años, este se aplica una vez producida la interrupción de la prescripción con la imputación, más no antes de esta.
En el caso en estudio, la imputación se adelantó el 14 de enero de 2014 y la sentencia de segunda instancia fue emitida el 29 de noviembre de 2016, es decir, antes de transcurrir los tres años contados una vez interrumpido el término inicial, lo que evidencia que el Estado aún conserva su potestad sancionatoria.
De tal forma que no le asiste razón al defensor, cuando reclama en la audiencia de sustentación del recurso de casación, la prescripción de la acción penal.
2. Los cargos.
Toda vez que la demanda presentada fue declarada ajustada a derecho desde el punto de vista formal, de conformidad con los parámetros del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, la Corte analizará de fondo los problemas jurídicos propuestos, siguiendo los fines asignados en virtud del recurso de casación, especialmente dirigidos a la búsqueda de la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de quienes intervienen en la actuación y la reparación de los agravios inferidos a las partes, según lo establece el artículo 180 ibídem.
Al amparo de la causal 3ª de casación, prevista en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el recurrente presenta diversos reproches relacionados con la valoración de las pruebas, sin precisar si la violación indirecta de la ley se presentó a través de errores de derecho o de hecho en la construcción de la premisa fáctica del silogismo jurídico; sin embargo, deja ver su inconformidad con la manera como el ad quem valoró las pruebas practicadas en el juicio, para arribar a la conclusión de que el procesado L.A.V.G. actuó imprudentemente, debiendo responder a título de culpa en las lesiones ocasionadas al peatón J.E.H.G.
Lo primero que encuentra la Sala es que el tribunal planteó erradamente el problema jurídico a resolver, por cuanto estructuró el caso a partir de una falacia según la cual se requiere establecer si el accidente de tránsito se presentó por culpa del conductor o por culpa exclusiva de la víctima, coligiendo que el no haberse probado que el peatón fue el culpable, conlleva a declarar la responsabilidad penal del conductor.
Esta postura desconoce que la Ley 599 de 2000, en su artículo 23 definió la conducta culposa como aquella que produce un resultado típico producto de la infracción a un deber objetivo de cuidado en la que el sujeto debió haberlo previsto o, habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. En la doctrina penal contemporánea, la opinión dominante considera que:
La realización del tipo objetivo en el delito imprudente (o, mejor dicho, la infracción al deber de cuidado) se satisface con la teoría de la imputación objetiva, según la cual un hecho causado por el agente le es jurídicamente atribuible a él si con su comportamiento ha creado un peligro para el objeto de la acción no abarcado por el riesgo permitido y dicho peligro se realiza en el resultado concreto (CSJ SP, 8 nov. 2007, Rad. 27388).
Lo anterior significa que frente a una conducta culposa, además de la verificación del resultado lesivo, ha de valorarse si la persona creó un riesgo jurídicamente desaprobado desde una perspectiva ex ante, es decir, teniendo que retrotraerse al momento de realización de la acción y examinando si conforme a las condiciones de un observador inteligente situado en la posición del autor, a lo que habrá de sumársele los conocimientos especiales de este último, el hecho sería o no adecuado para producir el resultado típico(5).
Así mismo, habrá de valorarse si ese peligro se realizó en el resultado, teniendo en cuenta las circunstancias conocidas ex post.
Bajo tal entendido, el inicial examen no se encamina a inspeccionar el actuar de la víctima, sino que se ubica en el campo del agente que produce el resultado típico, pues, aun en los eventos en los que se encuentra culpa en la acción u omisión de sujeto pasivo, persiste para el actor el deber de evitar el daño, si este le era previsible.
En otras palabras, aun habiendo quedado establecido que el peatón cruzó la vía cuando el semáforo estaba en color verde, infringiendo el artículo 57 del Código Nacional de Tránsito, el conductor tenía el deber de evitar el daño, de haber advertido oportunamente esa situación.
En el presente caso ninguna discusión existe en torno a las buenas condiciones mecánicas y de seguridad en que se hallaba el camión de placas ICJ 548, por haber sido un hecho no debatido en el juicio en razón de las estipulaciones acordadas y aceptadas. Así mismo, se dio por cierto que L.A.V.G. conducía el vehículo teniendo vigente la licencia de conducción y los documentos que permiten su movilidad.
De igual forma, el ad quem tuvo como hecho probado que el conductor del camión se detuvo en el semáforo de la carrera 19 con calle 33 de la ciudad de Bucaramanga, en espera de que la señal visual de tránsito (semáforo) cambiara a verde. Una vez cambió, emprendió la marcha.
Evidencia lo anterior, que no se atribuye al conductor procesado la infracción de las normas de comportamiento de la actividad de tránsito terrestre (Código Nacional de Tránsito Terrestre), tal como se desprende del fallo cuestionado, sino que la responsabilidad culposa se le arroga por haber emprendido la marcha “sin percatarse de la presencia en la vía de H.G… en la medida que el accidente de tránsito se produjo porque el conductor del vehículo no alcanzó a vislumbrar que el peatón aún se encontraba en la vía”.
Bajo este entendido, desde lo fáctico corresponde establecer si L.A.V.G. vio oportunamente al peatón J.E.H.G. cuando cruzaba la carrera 19 y al considerar posible la producción del resultado, confió en que este no se produjera, (culpa con representación), o si por el contrario, no lo vio, pero debió haberlo visto si hubiera actuado con la prudencia o cautela exigibles a cualquier conductor de vehículo automotor (culpa sin representación).
Implícitamente el tribunal descarta la culpa con representación, al asumir que el conductor del camión no se “percató” de la presencia del peatón en la vía, es decir, no lo vio, luego, no pudo prever un resultado dañoso y confiar en evitarlo.
Así, radica la responsabilidad en el hecho de no “vislumbrar” que el peatón aún se hallaba en la vía, lo que por si no es suficiente para enervar el reproche penal, dado que se requiere establecer si el no percatarse que J.E.H. continuaba cruzando la calle aunque el semáforo estaba en color verde, obedece a una conducta omisiva del agente que no previó, de acuerdo a su capacidad previsora, esa situación riesgosa; evento este, que además, debe acompañarse de la indicación del comportamiento que debió asumir el conductor del vehículo y que adoptaría toda persona prudente en una situación semejante.
Para determinar si al autor se le puede responsabilizar del resultado dañoso, precisaba el fallador de segundo grado, conocer si le era exigible una conducta diferente, puesto que no es dable que se le reclame proceder de forma distinta, sin la indicación de cuál es esa manera de actuar que hubiera desplegado una persona prudente.
Si bien el tribunal lo declara responsable por culpa ante la omisión de no advertir que J.E.H. se hallaba cruzando la vía, no da a conocer cuáles son las acciones que le correspondía cumplir para ajustar su actuar a la de un hombre prudente.
Sin que el ad quem lo señale en el fallo, descarta la hipótesis de la defensa, según la cual a pesar de que el conductor actuó prudentemente y no incrementó el riesgo permitido en la actividad de la conducción, no pudo prever el riesgo creado por el peatón que intempestivamente se le atravesó al camión, produciéndose el accidente en el que con la llanta delantera izquierda aprisionó el pie de J.E.H., causándole las lesiones.
Aunque el fallo admite que el vehículo conducido por V.G. tenía de frente la luz verde, lo cual autorizaba su paso, finca el reproche penal en que este no hubiera visto al peatón; sin embargo, no determinó las circunstancias específicas salidas de lo usual, que activaban el deber del conductor de extremar las precauciones y las medidas de cautela, así como la acreditación de que la consecuencia lesiva dependió de su comportamiento como ser humano, y no del comportamiento del transeúnte.
En el ejercicio valorativo, el tribunal incurre en diversos errores de hecho en las diferentes modalidades (falso juicio de existencia, falso juicio de identidad y falsos raciocinios), los cuales son advertidos en la demanda, aunque sin indicar, desde la técnica casacional, el nombre de cada uno de ellos:
2.1. En efecto, el ad quem señala que nada impedía que L.A.V.G. observara al peatón, lo cual es cierto si se tiene en cuenta la parte del croquis levantado en el sitio que muestra una vía en buenas condiciones físicas, con buena visibilidad y con señales de tránsito horizontales y verticales para regular la movilización; no obstante, no tiene en cuenta el tribunal que las condiciones físicas de la vía y el estado del tiempo son solo un factor para determinar este aspecto.
Otro, de mayor relevancia para el caso, consiste en el actuar imprudente de la víctima al decidir cruzar la calzada cuando el semáforo estaba en verde, sorprendiendo al conductor, situación de la cual dan cuenta las pruebas en cuya valoración el tribunal incurre en errores de hecho por falso juicio de identidad y falso raciocinio:
2.1.1. Falso juicio de identidad. Tergiversa los testimonios de quienes presenciaron el accidente y declararon que el peatón se le atravesó al camión en un acto intempestivo y de improviso, pues ya el semáforo había cambiado a verde, yerro que le impidió considerar que precisamente esa situación de sorpresa imprevisible generó que por más prudente que fuera el conductor, no consiguiera advertir su presencia.
Acerca del actuar sorpresivo del peatón, declaró R.R., ayudante del camión que viajaba en la cabina del vehículo conducido por L.A.V.G., quien depuso como testigo de cargo:
“…[Y]a iba andando el camión y cuando el señor se le botó al carro, él iba en la cebra, él se le botó al camión…”(6).
Sobre el mismo aspecto también declaró A.A.N., testigo presencial:
“… Cruzó la calle sin darse de cuenta de que el semáforo todavía estaba en verde y cuando el camión iba pasando despacio pero el señor no alcanzó a pasar porque (ininteligible) de que lo había machucado…Yo solamente vi cuando el señor se botó a cruzar la calle y cuando ya pegó…”
A pesar de que el fallador cita los apartes de las declaraciones de los testigos presenciales, en los que se evidencia que J.E.H. hizo caso omiso de la luz en verde del semáforo, emprendiendo el cruce de la vía, distorsiona sus dichos para concluir que es ilógico suponer que el peatón se arrojó al vehículo intencionalmente, hipótesis que no fue ni siquiera sugerida por los testigos.
Claramente, A.A.N. informó sobre la imprudencia de la víctima:
“Como le dijera yo… ver (sic) sido precavido de esperar que pasaran los carros, que hubiera estado la vía libre para el pasar… él iba algo rápido, bajando y fue cuando llegó y cruzó, de pronto no se percató de que el semáforo todavía estaba en verde”(7).
2.1.2. Falso raciocinio por desatención de las reglas de la sana crítica en la arista de los principios de la lógica. Cuando el fallo atribuye como causa del accidente de tránsito, el que el “conductor no alcanzó a vislumbrar que el peatón aún se encontraba en la vía”, y en consecuencia, lo declara responsable por haber infringido el deber objetivo de cuidado, estructura una falacia de relevancia por cuanto no existe conexión real entre la premisa y la conclusión(8), toda vez que para completar el argumento es ineludible la determinación de las conductas que debió asumir el actor para observar a la persona que resultó lesionada.
A la par, la conclusión que surge del raciocinio del fallador de segundo grado, de que el conductor actuó violando el deber objetivo de cuidado, fundado en que no se percató de la presencia del peatón, infringe el principio de la lógica de razón suficiente, toda vez que la explicación no se revela cierta por sí misma y no cuenta con argumento o pruebas que la respalden.
Esa inferencia que no tiene soporte probatorio, tampoco se ajusta a las circunstancias propias del caso, por cuanto, si lo reprochado penalmente es que el conductor hubiera iniciado la marcha cuando el semáforo se puso en verde, sin mirar hacia la derecha (oriente) desde donde venía el peatón, lo cual produjo, según el tribunal, la colisión, no explica el fallador la razón para que el atropellamiento hubiera sucedido precisamente en el costado opuesto (con la llanta delantera izquierda).
El cercenamiento de las pruebas y los errores de raciocinio puestos en evidencia, impidieron que el tribunal evaluara si L.A.V. desatendió el cuidado al que estaba obligado en el ejercicio de la actividad de conducción, o por el contrario operaba el principio de confianza que se aplica a la actividad del tráfico rodado, en virtud del cual el conductor que actúa de acuerdo con los mandatos que regulan la actividad riesgosa permitida, espera que los demás procedan de la misma manera.
Aunque los testigos informaron que el peatón atropellado se “botó” a cruzar la vía cuando el semáforo se hallaba en verde autorizando el paso de los vehículos, esa acción no fue objeto de examen con miras a determinar si se estructuró una autopuesta en peligro de la víctima, deduciendo responsabilidad penal al conductor por no haberlo visto oportunamente, pero sin concretar las maniobras, acciones, gestiones, precauciones o cautelas que le hubieran permitido verlo y de esa forma evitar el resultado dañoso.
2.2. El sitio de la vía donde ocurrió el impacto, es de trascendental importancia por ser un aspecto de divergencia en las hipótesis alternativas concurrentes presentadas por el ente acusador y la defensa, ya que mientras el primero sostuvo que L.E.H. fue atropellado cuando cruzaba por la cebra y a pocos centímetros de alcanzar el andén, la segunda ha defendido la tesis de que el peatón no solo cruzó la vía cuando la luz del semáforo estaba en verde, sino que lo hizo por la intersección, es decir, por delante del lugar autorizado para la movilización del peatón.
2.2.1. Falso raciocinio por infracción a los principios de la lógica. Supone el fallador colegiado, que la ubicación del camión por delante de la señal de pare dibujada en la carrera 19, (que en este caso ha sido equiparada a la cebra), se debe a que el conductor se percató de lo ocurrido solo pocos metros adelante ante “los gritos de las personas que en ese momento intentaron auxiliar al transeúnte”; deducción que estructura una falacia y que por esa vía vulnera los principios de la lógica, por tratarse de un argumento aparente con el que se pretende defender lo que es falso.
En efecto, ninguna de las pruebas legalmente practicadas en el juicio enseña que solo los gritos de quienes intentaron auxiliar a J.E.H., lograron que el conductor del camión se percatara del evento accidental y lo detuviera metros más delante del lugar donde lo atropelló, luego, es una apreciación equivocada del tribunal.
2.2.2. Falso juicio de identidad por cercenamiento del testimonio de A.A.N., transeúnte que presenció el accidente, quien en respuesta a una pregunta de la fiscal indicó que
En el cruce de la carrera 19 si estaban las marcaciones y el espacio de la cebra para el peatón, pero el señor pasó por más adelante…(9)
2.2.3. Falso juicio de identidad por cercenamiento de la declaración del policía C.A.S.R., quien indicó que el croquis se realizó teniendo como base la ubicación del camión que encontró una vez arribó al lugar de los hechos, y que este solo fue movido un poco para desaprisionar al peatón:
[I]nclusive se realizó un pequeño movimiento del vehículo para sacar el peatón de debajo de la llanta. Eso fue todo lo que se recopiló en ese caso…(10)
Evidencia lo anterior, que de haber tenido en cuenta el ad quem este aparte de lo declarado por S.R., no habría consolidado su teoría acerca de que el camión quedó con la cabina situada sobre la calle 33 porque solo en ese punto el conductor detuvo la marcha después de haber atropellado y dejado tirado al peatón.
A su vez cercena el fragmento en el que S.R. explica el croquis que elaboró el día 4 de febrero de 2010 en el lugar del accidente, indicando que sobre la calle 33 estaba ubicada una tapa de alcantarilla que tomó como punto de referencia para las medidas que aparecen en el croquis, pues la cabina del camión ya había superado el pare horizontal y el semáforo, señales ubicadas en la carrera 19.
2.2.4. Falso juicio de identidad por cercenamiento de la declaración de la víctima, en el aparte que reconoce que el lugar de impacto fue en la calle 33 y no sobre la carrera 19. Así le respondió a la fiscal cuando le preguntó sobre el lugar exacto donde sucedieron los hechos:
JEH: en la calle 33 con carrera 19, en toda la esquina donde queda el teatro Santander…
Fiscal: ¿cuando lo golpea con el carro, usted en qué lado de la vía estaba?
JEH: estaba al pie del alcantarillado(11).
Evidentemente, el alcantarillado al que se refiere J.E.H. es la tapa de alcantarilla ubicada en la calle 33.
2.2.5. Falso juicio de existencia por omisión. El fallador no observó el álbum fotográfico introducido legalmente al juicio, prueba que registra la ubicación del camión una vez sucedido el accidente y el estado de la vía, evidenciando que las llantas delanteras del vehículo ya habían superado la señal de pare en el piso y se ubicaban en la calle 33, luego, el sitio de colisión no fue el pare pintado sobre la carrera 19, pues la imagen 2 muestra que incluso las llantas traseras ya habían superado esa señal.
Estos errores de hecho cuestionan la forma como el juzgador valoró la prueba, pues, como lo advierte el demandante, el tribunal tiene como cierto y probado que el lugar exacto del impacto de la llanta delantera izquierda del camión con el peatón, fue sobre la cebra de la carrera 19, a pesar de que los testimonios y documentos indican que ocurrió más adelante, sobre la intersección.
Muestra lo anterior, que los múltiples errores de hecho en la valoración de las pruebas, violan indirectamente los artículos 23 y 120 del Código Penal, toda vez que de ellas no surge que el actuar de L.A.V.G. merezca reproche penal a título de culpa por infracción al deber objetivo de cuidado y no haber previsto, siendo previsible, el resultado típico.
Como bien lo señaló la delegada de la Fiscalía, las pruebas practicadas descartan que el conductor hubiera actuado con culpa con representación y tampoco dan cuenta que el no advertir la presencia del peatón en la vía obedeciera a un accionar imprudente, fácilmente superable de haber actuado de otra manera, siendo un error del tribunal inferir la responsabilidad con la simple comprobación de que L.A.V. no vio a L.E.H.
Lo anterior evidencia que el déficit probatorio no permite dilucidar, más allá de toda duda, la manera como ocurrió el accidente y si el conductor violó el deber objetivo de cuidado al no percatarse de la presencia del peatón al que lesionó con la llanta delantera izquierda del camión cuando cruzaba la vía, pues el reproche del fallador se limitó a esa objetiva circunstancia, sin prescribir la forma como debió haber actuado L.A.V.G. para observarlo.
En síntesis, cobran vigencia los argumentos del a quo para concluir que se presenta duda acerca de si las lesiones ocasionadas a L.E.H. con el camión conducido por L.A.V.G., fueron producto de su actuar con culpa, pues la hipótesis de la fiscalía no logró probar más allá de toda duda que el conductor procesado inexorablemente tenía la posibilidad de ver al peatón que se acercó por el lado derecho, mientras que la concurrente hipótesis de la defensa es verdaderamente plausible.
De acuerdo con lo anterior, la Sala casa el fallo de segundo grado, para en su lugar absolver al procesado de la conducta punible de lesiones personales culposas por la cual se le acusó, disponiendo la cancelación de las anotaciones y medidas cautelares personales o reales que se hubieren ordenado en razón de este proceso, cobrando vigencia la sentencia proferida el 10 de octubre de 2015 por el juzgado noveno penal municipal de Bucaramanga.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,
1. CASAR el fallo emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). En consecuencia, ABSOLVER a L.A.V.G. de la comisión de la conducta punible de lesiones personales culposas, por las razones expuestas en la parte motiva de la decisión.
2. DECLARAR que cobra vigencia el fallo proferido por el juzgado noveno penal municipal de Bucaramanga, mediante el cual absolvió a L.A.V.G. por la existencia de dudas insuperables.
3. CANCELAR las anotaciones realizadas en contra de L.A.V.G., en razón de este proceso y librar la comunicación a la Fiscalía General de la Nación, como lo ordena el inciso 2º del artículo 166 de la Ley 906 de 2004.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase el proceso al tribunal de origen».
1 A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011. Anteriormente, el aumento por esta circunstancia correspondía a 1/3 parte de la pena.
2 Dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses de prisión y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3 De treinta y dos (32) a ciento veintiséis (126) meses de prisión y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4 De cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
5 Cf. Molina Fernández, Fernando, Antijuridicidad penal y sistema de delito, J.M. Bosch, Barcelona, 2001, pág. 378.
6 Juicio oral, sesión del 9 de septiembre de 2016.
7 A partir del récord 01:12.09, juicio oral, sesión del 9 de septiembre de 2016.
8 Copi, Irving M. Introducción a la lógica = Introduction to logic / Irving M. Copi, Carl Cohen, edit. Limusa, 2ª edición, México 2013.
9 Escúchese a partir del 01:12:59, sesión de juicio celebrada el 9 de septiembre de 2016.
10 Escúchese a partir del minuto 30:11 de la segunda sesión del juicio oral realizada el 22 de septiembre de 2016.
11 A partir del minuto 26:42 ib.

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 ARTÍCULO 86
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