Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-1206-04.htm
Timestamp: 2017-11-25 05:16:45+00:00

Document:
T-1206-04
El señor Pablo Andrés Segura Quiñónez estuvo vinculado en provisionalidad a la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegado ante los jueces penales municipales desde el 1° de febrero de 1995 hasta el 9 de marzo de 2004, cuando el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución No. 896 de esta última fecha, declaró insubsistente su nombramiento.
De otro lado, también alega que el actor cuenta con la jurisdicción contenciosa administrativa para debatir la legalidad de su desvinculación, en la cual, agrega, incluso puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo que declaró su insubsistencia. En todo caso, afirma que Segura Quiñónez no está abocado a un perjuicio irremediable, en la medida en que un eventual fallo favorable a sus intereses traería como consecuencia no sólo el pago de sus salarios y prestaciones, sino también el reintegro al servicio.
Finalmente, destaca que no ha habido desidia de la Fiscalía General de la Nación en la implantación del concurso para proveer los cargos de carrera en esta entidad y solicita que se declare improcedente el amparo constitucional solicitado (fls.84 y s.s. C-1).
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Calí declaró improcedente la acción de tutela, bajo la consideración de que existía otra vía de protección para los derechos del actor y porque, en todo caso, el Fiscal General de la Nación estaba en la facultad de desvincularlo del cargo sin necesidad de motivar su decisión.
Por otra parte, ningún reparo le mereció al tribunal que el Fiscal General de la Nación no hubiese motivado la Resolución No.896 de 2004, ya que, en su concepto, y con apoyo de la sentencia del Consejo de Estado del 14 de agosto de 2003[1], al estar el actor nombrado en provisionalidad el régimen jurídico aplicable para efectos de su situación laboral era el de los empleados de libre nombramiento y remoción y, por tanto, su empleador no estaba en la obligación de motivar el acto de insubsistencia.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió la impugnación presentada por el accionante, confirmando en decisión dividida la sentencia de primera instancia[2].
a.) Copia de la Resolución No. 896 del 9 de marzo de 2004, mediante la cual el Fiscal General de la Nación declaró insubsistente el nombramiento del señor Pablo Andrés Segura Quiñónez (fls.11 C-1)
b.) Oficio No.02208 del 9 de marzo de 2004 de la Secretaría General de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se notifica al señor Segura Quiñónez la Resolución No. 896 de 2004 (fls.10 cuaderno ut supra).
La provisionalidad es una forma de proveer transitoriamente los cargos públicos cuando se presentan vacancias definitivas o temporales y mientras éstos se proveen en propiedad conforme a las formalidades de ley o cesa la situación administrativa que originó la vacancia temporal. Este tipo de nombramiento tiene un carácter eminentemente transitorio, con el “fin de impedir que los nombramientos provisionales en los cargos de carrera (...) se prolonguen de manera indefinida y se conviertan en institución permanente, tal como lo fue en pasado cercano.”[3]
En efecto, en sentencia T-800 de 1998, la Corte Constitucional[4] expuso:
No obstante, cabe aclarar que la estabilidad laboral de un funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa no se reduce por el hecho de que se encuentre en provisionalidad. La Administración sólo podría desvincularlo por motivos disciplinarios o porque se convoque a concurso para llenar la plaza de manera definitiva, con quien obtuvo el primer lugar.” (Negrillas fuera del texto)
En cuanto a esto último, es importante resaltar que la precariedad laboral que sufren la gran mayoría de funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación es imputable a esta entidad, ya que, en claro desconocimiento del artículo 125 de la Constitución Política, aún no ha convocado a concurso para proveer los cargos de carrera dentro de su planta de personal. Esta irregular situación coloca a los funcionarios y empleados nombrados en provisionalidad en una situación de indefensión, pues no son ellos los llamados a convocar el concurso, pero se ven afectados con la negligencia de la entidad encargada de realizarlo, en la medida en que ésta realiza acciones que afectan o amenazan los derechos fundamentales de sus trabajadores, tales como el derecho al trabajo, al debido proceso o al mínimo vital.
Ahora bien, pese a lo anterior, debe aclararse que la jurisprudencia también tiene establecido que, de ordinario, la tutela no es la vía adecuada para que los empleados y funcionarios que padezcan esta situación reclamen sus derechos, puesto que para estos casos cuentan con la jurisdicción contenciosa administrativa; instancia, que se revela como la vía judicial idónea para debatir la ineficacia de los despidos y demandar el reintegro laboral, a menos, claro está, que se trate de una persona en particulares circunstancias de indefensión, cuya situación amerite la intervención del juez de tutela[5].
No obstante lo dicho en precedencia, tenemos que una lectura detenida de la solicitud de tutela revela que el señor Segura Quiñónez no pretende a través de esta garantía constitucional controvertir la decisión del Fiscal General de la Nación de declararlo insubsistente, sino cuestionar el que dicha autoridad no haya motivado ese acto administrativo. Es decir, el problema jurídico a resolver no se centra en la relativa estabilidad laboral a la que tendría derecho el actor por estar vinculado en provisionalidad a un cargo de carrera en la Fiscalía General de la Nación, ni en la procedencia de la acción de tutela para el restablecimiento o defensa de este derecho; el problema, a juicio de la Sala, se circunscribe a determinar si con la ausencia de motivación de la declaratoria de insubsistencia se transgredieron los derechos fundamentales del accionante, al punto que la pretensión de éste último se reduce a la expedición de un acto explicativo de las razones de su desvinculación y, si es del caso, a la entrega de los documentos que sirvieron de respaldo para dicha decisión.
En cuanto a este aspecto, resulta especialmente esclarecedora la sentencia de unificación SU-250 de 1998[6], en la cual esta Corte, con fundamento en el artículo 209 de la Constitución Política, puso de presente que en el ordenamiento jurídico colombiano prima el principio de publicidad en las actuaciones administrativas como forma de control de la arbitrariedad y que, por tanto, existe como regla general la obligación de motivar los actos de esa naturaleza, salvo en los eventos en que la Ley expresamente releve de este deber a las autoridades públicas[7].
Dentro de los actos administrativos que no necesitan motivación están la nominación y la declaratoria de insubsistencia, en caso de los empleos que tienen el carácter de ser de libre nombramiento y remoción. La declaratoria de insubsistencia (decreto 1950 de 1973, artículo 107) responde a “la facultad discrecional que tiene el Gobierno de nombrar y remover libremente sus empleados”.
Y, en el caso concreto de las competencias del Presidente de la República, la propia Constitución en el artículo 189, numerales 1º y 13 permite que “nombre y separe libremente a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos” y “nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley” (subrayas y cursivas del texto).
“El problema que se plantea en esta tutela, en relación con el debido proceso, es si la falta de motivación para el retiro constituye violación de aquél derecho.
Y si ello ocurre (desvinculación sin motivación) se viola el debido proceso consagrado en el artículo 29 C.P. para “actuaciones judiciales y administrativas”, porque se coloca en indefensión a la persona afectada, ya que no puede hacer una real defensa jurídica y esto repercute en el acceso a la justicia establecido en el artículo 229 C.P..”
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 30 de junio de 2004, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Pablo Andrés Segura Quiñónez contra el Fiscal General de la Nación.
SEGUNDO: CONCEDER la tutela del derecho al debido proceso del señor Pablo Andrés Segura Quiñónez. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la Resolución No. 896 del 9 de marzo de 2004 mediante la cual el Fiscal General de la Nación declaró insubsistente el nombramiento de Pablo Andrés Segura Quiñónez en el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos de la Dirección Seccional de Fiscalías de Buga y, en su lugar, ORDENAR al Fiscal General de la Nación que, si aún no lo ha hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de esta sentencia, expida una nueva resolución motivada.
[1] Expediente 4475-02.
[2] Con salvamento de voto de los Magistrados Herman Galán Castellanos y Yesid Ramírez Bastidas.
[3] Sentencia C-793 de 2002. M. P. Jaime Córdoba Triviño. Aclaración de voto de Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araújo Rentería.
[4] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Jurisprudencia reiterada en la sentencia T-884 de 2002.
[5] Corte Constitucional. Sentencia T-1011 de 2003.
[6] M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. Así también, sentencia C-734 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[7] El Decreto Ley 2400 de 1968 establece expresamente una excepción al deber de motivar los actos administrativos cuando éstos se refieren a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de un cargo de libre nombramiento y remoción. El artículo 26 de dicho decreto prescribe: Artículo 26.- El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del servicio civil, que no pertenezca a una carrera, puede ser declarado insubsistente libremente por la autoridad nominadora, sin motivar la providencia. Sin embargo, deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron en la respectiva hoja de vida. (Negrillas fuera del texto)

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 125
 artículo 209
 artículo 107
 artículo 189
 artículo 29
 artículo 229
 Resolución 
 resolución 
 artículo 26
 Artículo 26