Source: https://citafalsa.com/2017/09/
Timestamp: 2017-11-20 00:09:53+00:00

Document:
septiembre | 2017 | Cita Falsa
El timo de la Sindicatura Electoral
30/09/2017 actualitatJavier
Ha ido todo tan rápido, se acumula tanta información, que a uno se le pasa por alto la información relevante, la de fondo, la que tiene que ver con el contenido básico del blog.
Os acordaréis de que, tras el apercibimiento a la Sindicatura Electoral de imposición de multas coercitivas, se dieron una prisa estratosférica en renunciar. Repasando el BOE, me encuentro la publicación de la Providencia (una resolución de trámite del procedimiento) de fecha 26 de septiembre del Tribunal Constitucional, con este contenido, que reproduzco parcialmente:
“… se acuerda publicar que en este Tribunal se han presentado escrito de renuncia por las siguientes personas:
– D. Marc Marsal i Ferret, D. Jordi Matas i Dalmases, D.ª Marta Alsina i Conesa, D.ª Tania Verge i Mestre, D. Josep Pagés Masso, D. Josep Costa i Roselló y D.ª Eva Labarta i Ferrer, miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, escritos por los que manifiestan su renuncia al cargo de miembro en la Sindicatura Electoral de Cataluña, “dejando previamente sin efecto las resoluciones y acuerdos adoptados”. “
Mientras tanto, la masa ocupa escuelas e, incluso, está dispuesto a acceder, utilizar y tratar datos personales, cosa que les puede llegar a suponer elevadísimas multas por infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos. “Tranquilos, que estáis protegidos“, les dirán. Sí, tan protegidos como los valientes miembros de la Sindicatura.
CONCLUSIÓN. Las élites se apartan. Que reciba la masa, piensan. Porque una masa, la turba, no piensa, ejecuta órdenes. ¿Alguien lo duda?
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26/09/2017 actualitatJavier
Escribir sobre derecho, con relación al ‘Procés’, me divierte. Como esta noticia, de hace unos días, que publicaban varios medios: “Advocats barcelonins asseguren en un informe que convocar un referèndum i participar-hi no és delicte“.
Si hay abogados que suscriben un informe con las tesis oficiales del canal de propaganda, seguro que contiene tesis “discutibles”. Así que he buscado el informe de la “Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia” al que hacen referencia los medios y me lo he leído. Como me aburre un poco, dejo solo dos pinceladas (sobre los dos primeros puntos) y un comentario sobre el tercer punto, algo más interesante.
Primer punto del informe: “1.- Convocar un referèndum i participar-hi no és delicte“. No hace falta un informe jurídico para esto, que es sobradamente conocido. Lo que sí puede ser delito, y de ahí los procedimientos abiertos, es ignorar total y absolutamente las resoluciones del TC. Lo demás es propaganda -dicho sea con los debidos respetos para los compañeros que han elaborado el informe y a los solos efectos de defensa- y no análisis jurídico.
Segundo punto del informe: “2. El referèndum de l’1 d’octubre no és il·legal“. Teniendo en cuenta mi opinión sobre el primer punto, queda clara sobre el segundo. No obstante, creo que el lector del blog -incluso sin tener demasiada idea- puede valorar la solidez jurídica del siguiente párrafo: “Més enllà de judicialitzar la política, polititza la justícia i vulnera drets fonamentals vigents al propi Estat“. Yo diría que esto no es muy jurídico y que se lo he oído decir antes a alguien y no era Catedrático de derecho.
Tercer punto del informe: “3. L’abast de les decisions del Tribunal Constitucional:“. Por fin, ahora viene lo interesante: el alcance de las decisiones del Tribunal Constitucional, que seguro resulta ser un tema apasionante.
El informe dice así: “Els proveïts del Tribunal Constitucional del 7 de setembre de 2017 van disposar la suspensió de la Resolució i dels Decrets impugnats amb efectes des del 7-9-2017, suspensió que només vincula a les persones a què es refereix l’article 87 LOTC: “Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva. En particular, el Tribunal Constitucional podrá acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario.”“
La Providencia de 7 de septiembre de admisión del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Referéndum, en su punto 3: ” Tener por invocado por el Presidente de Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 30 LOTC, produce la suspensión de la Ley impugnada, desde la fecha de interposición del recurso -7 de septiembre de 2017- para las partes del proceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para terceros“.
El Auto del TC 434/1990: “En este sentido, hay que entender que el momento de la interposición de la demanda al que se retrotraen los efectos suspensivos afecta únicamente a las partes del recurso, mientras que para los terceros dicho momento ha de ser a partir de la publicación del acuerdo suspensivo en el «Boletín Oficial del Estado»; todo ello en virtud de la litispendencia de estas pretensiones constitutivas“.
Repito el texto leído en el informe: “”Els proveïts del Tribunal Constitucional del 7 de setembre de 2017 van disposar la suspensió de la Resolució i dels Decrets impugnats amb efectes des del 7-9-2017, suspensió que només vincula a les persones a què es refereix l’article 87 LOTC“.
Mayorías cualificadas y Puigdemont
25/09/2017 actualitatJavier
La entrevista de Jordi Évole ha tenido una virtud que a nadie le puede haber pasado inadvertida: las infantiles quejas del sector separatista para justificar las pobres respuestas de Puigdemont. Que si fíjate la iluminación, que si no le dejaba hablar (con lo que vienen a decir que Puigdemont no sabe defenderse), que si menuda agresividad de Évole y no sé cuántas malas excusas más.
Aquí, un ejemplo de carácter capital:
Apenas se ha podido escuchar (claro, alguno habrá) que Puigdemont fue muy escaso de argumentación cuando Évole formulaba preguntas que requieren un fondo y una preparación. El asunto de las mayorías cualificadas careció de respuesta sólida y puso al desnudo cómo el separatismo se inventa sus reglas, para luego saltárselas y, por último, ser incapaz de explicarlas.
Aquí, el vídeo para la posteridad.
CONCLUSIÓN. Cuando lo de “¿Y la europea?”, todo eran risas y chanzas. Yo me sentí abochornado y hasta escribí una pequeña entrada (¿En qué piensa el Presidente Rajoy?) que, leída hoy, he pensado: “jopé, Javi, cómo apretaste ese día“.
En cambio, los intelectuales del ‘Prusés’ y toda la camarilla no osan emitir un solo juicio crítico frente a Puigdemont porque serían traidores a su grupo. Es lo de siempre: discrepar o criticar no significa que estés en contra de tu grupo, equipo, partido o asociación. Bueno, para el separatismo, sí. Sólo sirve la adhesión incondicional. Tipo Cardús.
Para el que le interese, este recomendable artículo de Rafael Latorre, “No lo entiendes“, que no tiene que ver con el asunto Puigdemont.
22/09/2017 actualitatsonrisasJavier
19/09/2017 actualitatoriol junqueras, pere aragonèsJavier
Vamos directos a la cuestión jurídica: dice Junqueras que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Generalitat contra la Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, bautizada como la de la “intervención de las cuentas de la Generalitat” y que, en consecuencia, la Orden queda suspendida automáticamente.
Acto administrativo “singular”. En este apartado está, por ejemplo, el caso en que os abren un procedimiento tributario y se determina que tenéis que pagar la cantidad X. Se interpone recurso ante la Administración y, a la vez, se pide la suspensión de la obligación de pago. La Administración os deniega el recurso y, por lo tanto, tendrías que pagar la deuda tributaria. Interponéis recurso contencioso-administrativo (o sea, vais al Juzgado) y pedís, también, la suspensión de la ejecución de la obligación de pago. Pues bien, en este caso, los Tribunales dicen que, hasta que el Juzgado no haya resuelto la petición de suspensión, la Administración no puede ejecutar la obligación que tenéis de pagar la deuda tributaria.
Y aquí entra el juego de la confusión y suspensión ficticias creadas por Junqueras y su equipo. Porque lo que dicen es que resulta de aplicación la doctrina de lo que he llamado “acto administrativo singular” a una disposición general.
Lo primero, veamos dónde se regula la eventual suspensión de la Orden. Es el artículo 129.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminitrativa: “2. Si se impugnare una disposición general, y se solicitare la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados, la petición deberá efectuarse en el escrito de interposición o en el de demanda“.
Ahora veamos los “antecedentes” citados por Pere Aragonès en Twitter:
“SEGUNDO .- Nuestra jurisprudencia [pueden consultarse las sentencias de 6 de marzo de 2000 (casación 3986/95 , FF.JJ. 3º a 6º); 7 de marzo de 2005 (Pleno, casación 715/99 , FJ 5º); 14 de abril de 2005 (casación 1829/00, FF.JJ. 3 º y 4º); 29 de abril de 2005 (casación 4534/00 , FJ 4º); 16 de marzo de 2006 (casación 7705/00 , FJ 4º); 29 de abril de 2008 (casación 6800/02 , FJ 3º); 15 de junio de 2009 (casación 3474/03 . FJ 4º); y 27 de diciembre de 2010 (casación 182/07, FJ 3º), entre otras] sostiene que la Administración no puede iniciar la vía ejecutiva en tanto la decisión sobre la suspensión penda de los órganos económico- administrativos. Lo mismo cabe decir en los supuestos en que la solicitud de suspensión se produzca en vía judicial. La posibilidad de que la Administración tributaria dicte providencia de apremio sobre una liquidación impugnada en la vía económico- administrativa (y con mayor motivo si lo ha sido en la jurisdiccional), y respecto de la cual se ha solicitado la suspensión de la ejecución, sin haber resuelto sobre esa suspensión conculca los artículos 9 , 24.1 y 106.1 de la Constitución , contraviniendo la seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión, así como el sometimiento de la actividad administrativa al control de legalidad. Tal vez por ello, el artículo 167.3 de la Ley General Tributaria de 2003 contempla, en la letra b), como uno de los motivos tasados de oposición a la providencia de apremio la solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario y «otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación».“
“La ejecución inmediata de un acto administrativo es, pues, relevante desde la perspectiva del art. 24.1 de la C.E. ya que si tiene lugar imposibilitando el acceso a la tutela judicial puede suponer la desaparición o pérdida irremediable de los intereses cuya protección se pretende o incluso prejuzgar irreparablemente la decisión final del proceso causando una real indefensión. En consecuencia, el derecho a la tutela se extiende a la pretensión de suspensión de la ejecución de los actos administrativos que, si formulada en el procedimiento administrativo, debe permitir la impugnación jurisdiccional de su denegación y si se ejercitó en el proceso debe dar lugar en el mismo a la correspondiente revisión específica. “El derecho a la tutela se satisface, pues, facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que este, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva sobre la suspensión” (STC 66/1984).”
Bien, frente al caso singular, fijaos lo que dice el Tribunal Supremo en Auto de 26 de enero de 2015 (recurso 883/2014): “… hemos de reiterar la consolidada jurisprudencia de esta Sala en el sentido de que la suspensión de una disposición general es una medida que sólo puede adoptarse de forma muy restrictiva, puesto que frente a la afección singularizada o numéricamente limitada que deriva de los actos administrativos, la suspensión de una disposición general afecta a la integridad del ordenamiento jurídico, con la consiguiente mayor repercusión en los intereses generales…“
Y con esto volvemos al artículo 129 LJCA: “2. Si se impugnare una disposición general, y se solicitare la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados, la petición deberá efectuarse en el escrito de interposición o en el de demanda“.

References: resolución 
 artículo 161
 artículo 30
 artículo 129
 artículo 167
 artículo 129