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Timestamp: 2019-04-24 03:48:37+00:00

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Proyecto de Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal (Revisado)
Este es el proyecto del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, tras la aprobación de diversas enmiendas por el Parlamento Europeo en sesión plenaria el 17 de Febrero de 2.000. Asimismo, se adjunta la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, aprobado en dicha sesión.
El texto que ha sido eliminado aparecen tachadas. Las partes que han sido añadidas aparecen en cursiva
Transcripción: Arturo Quirantes Sierra. 27 Febrero 2.000
Artículo 11 bis - Audiencias de los acusados o de otras personas semejantes mediante videoconferencia
Artículo 15 bis - Protección de la intimidad en la intervención de telecomunicaciones
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre el proyecto de acto del Consejo por el que se celebra el Convenio relativo a la asistencia judicial en materla penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (9636/1999 - C5-0091/1999 y SN 5060/1999 - C5-0331/1999) - 1999/0809(CNS))
- Visto el proyecto y el proyecto modificado del Consejo (9636/1999 y SN 5060/1999) (DO C 251 de 2.9.1999, pág. 1)
- Consultado por el Consejo, de conformidad con la letra d) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado de la Unión Europea (C5-0331/1999),
- Visto el artículo 67 de su Reglamento,
Visto el informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5-0019/2000),
Aprueba el proyecto de Acto del Consejo así modificado;
Pide al Consejo que modifique en consecuencia su proyecto;
Pide al Consejo que, sin demora, inicie los trabajos pertinentes que conduzcan a la adopción, en el plazo más breve posible, de un acto normativo que complete la regulación de la videoconferencia en audiencias en las que participen acusados, coacusados y personas objeto de investigación, de forma efectova y detallada, con pleno respeto de los derechos y las libertades fundamentales, así como de las garantías jurídicas.
Pide al Consejo que le informe en caso de que pretenda apartarse del texto aprobado por el Parlamento;
Pide que se le consulte de nuevo, en caso de que el Consejo se proponga modificar sustancialmente el proyecto;
Encarga a su Presidenta que transmita la posición del Parlamento al Consejo.
DESEOSAS MANIFESTANDO SU VOLUNTAD de mejorar la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros, sin perjuicio de las normas que protegen la libertad individual,
SEÑALANDO que es de el interés común para de los Estados miembros en asegurar que la una asistencia judicial entre ellos se lleve a cabo con rapidez y eficacia y de forma recíproca compatible con los principios fundamentales de sus respectivos Derechos internos, incluidos, rápida, eficaz, respetuosa de los derechos individuales y de los principios contenidos en el del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, celebrado en Roma el 4 de noviembre de 1950,
Recordando, en particular, que los derechos de la defensa y a un proceso justo son principios fundamentales que deben protegerse a escala europea mediante instrumentos específicos y vinculantes,
EXPRESANDO su confianza en la estructura y el funcionamiento de sus respectivos sistemas judiciales y en la capacidad de todos los Estados miembros para garantizar un juicio justo, CONSIDERANDO las grandes disparidades entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y en la aplicación efectiva de los principios generales del derecho, y considerando la necesidad de aproximar los ordenamientos jurídicos en aras de una justicia más eficaz y más respetuosa de los derechos fundamentales
INVITANDO a los Estados Miembros a mejorar sus correspondientes ordenamientos jurídicos y sistemas judiciales con el fin de eliminar las causas de retraso, ineficiencias y violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, con el fin de garantizar el respeto de los derechos homanos y de las libertades fundamentales y, en particular, de los derechos de la defensa, así como procesos justos;
TOMANDO EN CONSIDERACIóN la importancia MANIFESTANDO SU VOLUNTAD de celebrar entre los Estados miembros de la Unión Europea un Convenio que complete permita completar el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 20 de abril de 1959 y otros convenios vigentes en este ámbito,
CONSIDERANDO RECONOCIENDO que siguen siendo aplicables las disposiciones contenidas en dichos convenios para todas las cuestiones que no se contemplan en el presente Convenio,
CONSIDERANDO que el interés de los Estados miembros conceden importancia al fortalecimiento de la cooperación y la necesidad de mantener, también en materia de asistencia judicial, aplicando simultáneamente el principio una relación de proporcionalidad entre la infracción cometida y los métodos utilizados para combatirla,
2 bis (nuevo). El Consejo, con arreglo a lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 34 del TUE, en función del objetivo mencionado en el artículo 29 del TUE y en los plazos establecidos en el plan de acción del Consejo y de la Comisión relativo a la instauración de un espacio de libertad, seguridad y justicia, adpotará las medidas necesarias para la aplicación del presente Convenio.
-1 (nuevo). La asistencia judicial prevista en el presente Convenio se prestará en los procedimientos penales por delitos punibles por la autoridad judicial del Estado miembro requirente
También se prestará asistencia judicial en procedimientos por hechos que con arreglo al Derecho interno del Estado miembro requirente o del Estado miembro requerido, o de ambos, sean punibles como infracciones de disposiciones legales violaciones de normas del Derecho penal perseguidas por autoridades administrativas competentes cuya decisión pueda ser recurrida penalmente ante un órgano jurisdiccional competente, en particular, en materia penal.
2 bis (nuevo). El presente Convenio no limitará el ámbito de aplicación del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 20 de abril de 1959 y sus modificaciones y adiciones.
2 ter (nuevo). Las medidas aplicadas por los Estados miembros interesados en el marco de la asistencia judicial deberán respetar el principio de proporcionalidad.
En los casos en que se conceda la asistencia judicial y salvo que en el presente Convenio se indique otra cosa, los Estados miembros se comprometen a observar, para la ejecución de las comisiones rogatorias, cualesquiera procedimientos expresamente indicados por el Estado miembro requirente, siempre que el procedimiento indicado no resulte contrario a los principios fundamentales de la legislación del Estado miembro requerido. El Estado miembro requerido ejecutará la solicitud de asistencia con la mayor brevedad y tendrá en cuenta en la mayor medida posible los plazos de procedimiento y los plazos que hubiere indicado, en su caso, el Estado miembro requirente. El Estado miembro requirente justificará dichos plazos.
Cuando la solicitud no pueda ejecutarse en su totalidad o parcialmente según los requisitos del Estado miembro requirente, las autoridades del Estado miembro requerido informarán de ello sin demora a las autoridades del Estado miembro requirente, indicando las condiciones y los plazos en que podría ejecutarse la solicitud. Las autoridades de los Estados miembros requirente y requerido podrán acordar el curso que se dará a la solicitud, condicionándolo, en su caso, al cumplimiento de las condiciones citada.
El envío de documentos procesales podrá efectuarse por mediación de las autoridades competentes del Estado miembro requerido únicamente en caso de en los casos en los que:
- no haya resultado posible entregar el documento por correo, porque el domicilio de la persona a la que va dirigido un documento sea desconocido o incierto, o bien el Estado miembro requirente indique por cuáles motivos el envío por correo resultará ineficaz o inadecuado;
- el Derecho procesal pertinente del Estado miembro requirente exija unala prueba de que el documento ha sido entregado al destinatario de manera distinta de la que pueda obtenerse por correo de que el documento ha sido entregado al destinatario, o
2 bis (nuevo): En caso de que la autoridad que recibe una solicitud de asistencia judicial fuera incompetente para darle curso, transmitirá de oficio dicha solicitud a la autoridad competente de su país , en caso de que la solicitud se haya transmitido directamente, e informará del mismo modo a la parte requirente.
En caso de urgencia, las solicitudes mencionadas en el apartado 1 de asistencia judicial podrán cursarse a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) o cualquier órgano competente según las disposiciones adoptadas en virtud del Tratado de la Unión Europea.
Con las limitaciones impuestas por el Derecho interno y sin que medie solicitud alguna al respecto, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán intercambiar facilitar información acerca de los delitos, así como de las infracciones a las disposiciones legales a que se refiere en apartado 1 del artículo 2, cuya persecución o penalización en el momento del suministro de dicha información entre en el ámbito de competencias de la autoridad receptora.
Antes de la entrega, la autoridad que proporcione la información, de conformidad con su Derecho interno, podrá imponer condiciones a la utilización de la información por la autoridad receptora.
La autoridad receptora podrá renunciar a recibir información sujeta a condiciones. En caso de aceptarla, estará obligada a respetar dichas condiciones respetarlas.
3 bis (nuevo). En cualquier caso, las modalidades con arreglo a las cuales se haya realizado el intercambio de información, las autoridades que la hayan solicitado y las que la hayan proporcionado así como el contenido de las informaciones deberán estar documentadas. El acta que lo atestigüe se depositará en el expediente del procedimiento a que se refieran y deberá ser puesta a disposición de la defensa.
A petición del Estado miembro requirente y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, el Estado miembro requerido podrá poner a disposición del Estado requirente objetos obtenidos por medios lícitos que sean producto o ganancia de un delito para que se restituyan a su legítimo propietario.
Al aplicar los artículos 3 y 6 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y el apartado 2 del artículo 24 y el artículo 29 del Tratado Benelux, el Estado miembro requerido podrá renunciar a los objetos entregados al Estado miembro requirente, en caso de que ello pueda facilitar su proceder directamente a la restitución de dichos objetos al legítimo propietario. No se verán afectados los derechos de terceros de buena fe.
En caso de renuncia a restitución directa de los objetos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 al legítimo propietario, el Estado miembro requerido no hará valer ningún derecho de garantía ni de cobro en virtud de disposiciones legales de carácter fiscal o aduanero en relación con los objetos cedidos, con excepción de aquellos derechos devengados por el legítimo propietario.
Cuando exista acuerdo en tal sentido entre las autoridades competentes de los Estados miembros interesados, el El Estado miembro quesolicite o haya solicitado el cumplimiento de un acto de instrucciónuna investigación penal para el que sea necesaria la presencia de una persona detenida en su propio territorio, para llevar a cabo investigaciones en el plazo más breve posible, podrá trasladar temporalmente a esta persona al territorio del Estado miembro en el que vaya a ejecutarse el acto.
1 bis (nuevo). Del mismo modo, el Estado miembro que, para el cumplimiento de una investigación penal, considere necesaria la presencia en su propio territorio de una persona detenida en el territorio de otro Estado miembro, podrá solicitar su traslado temporal a su propio territorio.
1 ter (nuevo). El traslado deberá realizarse de forma que no perjudique los derechos del acusado. La persona detenida que deba ser trasladada temporalmente tendrá derecho a que le asiste un abogado.
El acuerdo abarcará Los Estados miembros interesados acordarán en cada caso el modo específico de traslado temporal de la persona en cuestión sin perjudicar los derechos de la defensa y el plazo en el que ésta deberá ser devuelta al territorio del Estado miembro requirente en el que se encontraba detenida inicialmente.
Cuando se requiera, por parte del Estado miembro requirente o requerido, el consentimiento de la persona en cuestión para su traslado, se facilitará sin demora al Estado miembro requeridoel Estado miembro en el que la persona se encuentra detenida procederá a solicitar previamente de la misma una declaración original que recoja dicho consentimiento o bien una copia de la mismaque transmitirá, incluso como copia, al otro Estado miembro interesado.
El tiempo de detención en el territorio del Estado miembro requeridoal que la persona haya sido trasladada se deducirá del período de privación de libertad al que esté o vaya a estar sometida la persona en cuestión en el territorio del Estado miembro requirenteen el que se encontraba detenida inicialmente.
4 bis (nuevo). El Estado en el que la persona se encontraba detenida inicialmente indicará al Estado al que dicha persona haya sido trasladada el plazo en que vence el período de privación de libertad.
Si durante el período de traslado se agotara el período de detención de una persona, el detenido será transferido inmediatamente al Estado de procedencia para que se lleven a cabo los actos legales para su puesta en libertad.
Será de aplicación lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 11 y en los artículos 12 y 20 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial, así como en los artículos 33, 35 y 46 del Tratado Benelux.
Al proceder a la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo 23, los Estados miembros podrán declarar que, para llegar al acuerdo mencionado en el apartado 1 acceder a la solicitud mencionada en los apartados 1 y 1 bis del presente artículo, se requerirá el consentimiento previsto en el apartado 3 del presente artículo, o que en para determinadas circunstanciassituaciones que se especificarán en la declaración, se requerirá dicho consentimiento.
Cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado miembro y deba ser oída como testigo o perito por las autoridades judiciales de otro Estado miembro, este último, en caso de que no sea oportuno o posible que la persona a la que se deba oír comparezca personalmente en su territorio, podrá solicitar que la audiencia se realice por videoconferencia o teleconferencia, tal como se establece en los apartados 2 a 8 siguientes.
1 bis (nuevo). El testigo o el perito podrá solicitar que la audiencia se realice por videoconferencia o teleconferencia en caso de que no considere oportuno o posible comparecer personalmente en el territorio del Estado miembro requirente.
1 ter (nuevo). Cuando el testigo sea menor de edad, el examen deberá realizarse por videoconferencia. El menor será asistido por una persona de confianza o por un perito o abogado externos,
1 quater (nuevo). El testigo o el perito a quien se pida que preste audiencia por videoconferencia o teleconferencia, podrá solicitar ser oído por la autoridad requiernte directamente en el territorio del Estado que haya solicitado la audiencia.
El Estado miembro requerido deberá autorizar la audiencia por videoconferencia dichas técnicas de audiencia siempre que el uso de la videoconferencia dichas técnicas no sea contrario a los principios fundamentales del Derecho nacional y que disponga de medios técnicos que permitan la audiencia su realización. Si el la autoridad del Estado miembro requerido no dispone de los medios técnicos necesarios para una videoconferencia, el Estado miembro requirente podrá ponerlos a su disposición previo acuerdo entre ambos.
En las solicitudes de audiencia por videoconferencia teleconferencia se indicará, además de los datos mencionados en el artículo 14 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y en el artículo 37 del Tratado Benelux, el motivo por el que no es oportuna o posible la presencia del testigo o perito, el nombre de la autoridad judicial que efectuará la audiencia y el de las personas encargadas de efectuar la audiencia que, en su caso, asistirán a la misma.
La autoridad judicial del Estado miembro requerido citará a declarar a la persona de que se trate pedirá al perito o al testigo que se presente a la audiencia con arreglo a los procedimientos establecidos en su legislación , y le avisará de su derecho a no realizar la audiencia por videoconferencia y teleconferencia sino a ser oído directamente por la autoridad judicial del Estado miembro requirente en el territorio de este último.
a) durante la audiencia estará presente una autoridad judicial del Estado requerido, asistida por un intérprete cuando sea necesario a no ser que tenga conocimiento del idioma, y dicha autoridad se encargará asimismo de identificar a la persona que deba declarar, así como de velar por el respeto de los principios fundamentales del Derecho nacional del Estado miembro requerido. Cuando la autoridad judicial del Estado miembro requerido considere que durante la audiencia se han infringido los principios fundamentales de la legislación, adoptará inmediatamente las medidas necesarias para continuar la audiencia de conformidad con los citados principios;
b) las autoridades competentes de los Estados miembros requirente y requerido podrán convenir convendrán, si procede, en la adopción de medidas que se refieran a la protección de la persona oída;
d) a solicitud del Estado miembro requirente o de la persona que deba declarar, el Estado miembro requerido se encargará de que la persona que deba declarar esté asistida por un intérprete, si resultare necesario a no ser que tenga conocimiento del idioma;
e) la persona oída tendrá derecho a alegar la dispensa de declarar que tendría al amparo en los casos y dentro de los mílites en que dicha facultad esté prevista por de la legislación, ya sea del Estado miembro requerido, ya sea del Estado miembro requirente.
e bis) (nuevo) Durante la videoconferencia, la persona que deba declarar podrá recurrir a la asistencia de un abogado de su confianza.
Salvo que el Estado miembro requerido renuncie a la devolución total o parcial de los costes, el Estado miembro requirente devolverá al Estado miembro requerido los gastos de la videoconexión, los costes relacionados con el servicio de videoconexión conexión por vídeo o telefónica en el Estado miembro requerido, la retribución de los intérpretes que éste ponga a disposición y los gastos correspondientes a testigos y peritos, así como sus gastos de viajes en el Estado miembro requerido.
9 bis (nuevo) Estará siempre garantizado el derecho de los defensores de la persona investigada, con respecto a la cual se podrán utilizar los resultados de las pruebas obtenidas mediante la videoconferencia o la teleconferencia.
Los Estados miembros podrán también aplicar a su discreción las disposiciones del presente artículo a que se refiere el artículo 10 relativas a la utilización de la videoconferencia, cuando sea apropiado y con el acuerdo de sus autoridades judiciales competentes, a las audiencias por videoconferencia en las que participe un acusado participen acusados, coacusados y personas objeto de investigación. En este caso, la decisión de mantener la videoconferencia y la forma en que ésta se lleve a cabo estarán supeditadas al acuerdo de los Estados miembros de que se trate, de conformidad con sus legislaciones nacionales y con los correspondientes instrumentos internacionales, incluido el Convenio Europeo de 1950 sobre los Derechos Humanos.
Las Dichas audiencias sólo se llevarán a cabo con el consentimiento de la persona acusada las personas a las que se deba interrogar y con las garantías de defensa previstas por los principios fundamentales de Derecho nacional.
La prestación de consentimiento deberá efectuarse en presencia del abogado defensor.
El presente artículo entrará en vigor después de que el . El Consejo haya adoptado, en un instrumento jurídicamente vinculante, adoptará las normas que sean necesarias con vistas a la protección de los derechos de los acusados.
La ejecución de las entregas controladas se efectuará de conformidad con los procedimientos vigentes en el Estado miembro requerido. La dirección de las operaciones y la competencia de intervención recaerán en las autoridades competentes de dicho Estado miembro, que informarán de su evolución al Estado miembro requirente y se coordinarán con este último.
b bis) (nuevo) no podrán formar parte del equipo magistrados que desempeñen la función de juez en los Estados miembros interesados.
c) el Estado miembro en el que intervenga el equipo hará los preparativos necesarios para que el equipo pueda actuar.
El Estado miembro requirente y el Estado miembro requerido podrán convenir en colaborar Un Estado miembro podrá solicitar asistencia judicial a los demás Estados miembros para la realización de investigaciones de actividades delictivas por parte de funcionarios que actúen infiltrados o con una identidad falsa (investigaciones encubiertas).
La aplicación de los artículos 16, 17 y 18 respetará el apartado 2 del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el artículo 8 de la Directiva 95/46/CE [DO L 281 de 23.11.1995, p. 31] y el artículo 14 de la Directiva 97/66/CE [DO L 24 de 30.1.1998, p. 1]
A efectos de una investigación penal, una autoridad competente de un Estado miembro (el Estado miembro requirente) podrá cursar, de conformidad con lo dispuesto en su Derecho interno, solicitar asistencia judicial a una autoridad competente de otro Estado miembro (el Estado miembro requerido) para:
a) una solicitud de la intervención y transmisión inmediata de telecomunicaciones al Estado miembro requirente de conversaciones o comunicaciones telefónicas, telemáticas o que usen una cualquiera de las demás formas de telecomunicación, o bien
Las solicitudes previstas en el apartado 1 podrán cursarse en relación con la utilización de medios de telecomunicación por parte del sujeto de la intervención siempre que el mismo o su instalación telefónica o telemática esté presente:
c) en un tercer Estado miembro al que se haya informado, con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 18 también se cursará solicitud de asistencia judicial antes de la intervención , siempre que el Estado miembro requirente necesite la asistencia técnica del Estado miembro requerido para intervenir las comunicaciones del sujeto de la intervención.
No obstante Con objeto de especificar y completar lo dispuesto en el artículo 14 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y en el artículo 37 del Tratado Benelux, las solicitudes con arreglo al presente artículo incluirán deberán contener los siguientes datos:
d) conducta delictiva que se investiga y exposición resumida de los hechos;
e) duración deseada de la intervención , que en cualquier caso no podrá superar los límites máximos establecidos por los Estados miembros requirente y requerido; y
f) si es en la medida de lo posible, todos los datos técnicos suficientes de que se disponga para garantizar que pueda darse una respuesta positiva a la solicitud (en particular, el número pertinente de conexión a la red).
Cuando se trate de una solicitud cursada en virtud de lo dispuesto en la letra b) del apartado 2, la solicitud deberá incluir también un resumen de los hechos. El Estado miembro requerido podrá exigir cuanta información considere necesaria para decidir si hubiera dado su consentimiento a esa solicitud de haberla cursado una de sus propias autoridades nacionales la solicitud reúne los requisitos de su propia legislación nacional.
El Estado miembro requerido se comprometerá a admitir a trámite las solicitudes previstas en la letra a) del apartado 1: de intervención cursadas por el Estado miembro requirente
Al presentar la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo 23, todo Estado miembro podrá declarar estar sujeto el apartado 6 sólo cuando no le sea posible ofrecer la transmisión inmediata de las telecomunicaciones. Cuando se dé el caso, los demás Estados miembros podrán aplicar el principio de reciprocidad.
Al cursar una solicitud con arreglo a la letra b) del apartado 1, el Estado miembro requirente también podrá, cuando tenga razones concretas para ello, solicitar una transcripción de la grabación. El Estado miembro requerido estudiará estas solicitudes dará curso a la solicitud con arreglo a su Derecho interno y a sus procedimientos nacionales.
El Estado miembro que reciba la información facilitada con arreglo a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 tratará esta información como confidencial con arreglo a que se refiere el apartado 3 se atendrá a las normas de confidencialidad previstas en a su Derecho nacional.
9 bis (nuevo). La intervención será siempre dispuesta por un juez
Los Salvo que las partes acuerden otra cosa, los costes en que hayan incurrido los operadores de telecomunicaciones o los proveedores de servicios para atender las solicitudes cursadas con arreglo al artículo 16 de intervención de las telecomunicaciones correrán a cargo del Estado miembro requirente.
b) una o varias autoridades centrales para la aplicación del artículo 6, así como las autoridades competentes para conocer de las solicitudes previstas en la letra las letras a) y b) del apartado 8 el artículo 6;
1 bis (nuevo) Los Estados miembros velarán por que, en el marco de la adopción de los instrumentos necesarios para la aplicación del presente Convenio, se garantice el respeto de los derechos fundamentales derivados del Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y del Derecho nacional de los Estados miembros y, en particular,
- el derecho a que únicamente se proceda a la privación de la libertad personal en los casos expresamente previstos por el artículo 5 de dicho Convenio,
-el derecho a ser informado lo más rápidamente posible, en una lengua comprensible para el interesado, de los motivos de la detención y de toda acusación en su contra, a comparecer lo más rápidamente posible ante un juez y a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
- el derecho a la defensa, y en particular, a la igualdad entre acusación y defensa,
- la objetividad e imparcialidad del juez,
- la presunción de inocencia hasta la condena definitiva.
© Arturo Quirantes Sierra 2.000 (por la transcripción) Correo electrónico: aquiran arroba ugr.es

References: Resolución 

Artículo 11

Artículo 15

Resolución 
 artículo 34
 artículo 67
 artículo 34
 artículo 29
e contrario
 artículo 2
 artículo 24
 artículo 29
 artículo 11
 artículo 23
 artículo 14
 artículo 37
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 18
 artículo 14
 artículo 37
 artículo 23
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 5