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Timestamp: 2014-03-07 19:48:19+00:00

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Ley N° 25920 señala que A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que corresponda - Perú - El Peruano
Normas Legales Oficiales Relacionadas a Empresas u Organismos en el año 2012 , mes de Julio , fecha 20/07/2012
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788 Texto de la página 66 de Normas Legales relacionadas a empresas u organismos peruanos
El Peruano Lima, viernes 20 de julio de 2012
Santamaria y Elva Ruiz Paredes, por la suma de cuatro millones setecientos veintidós mil quinientos treintinueve con 34/100 nuevos soles correspondientes a los intereses legales laborales ordenados liquidarse; Vigésimo Segundo.- Que, al respecto el artículo 1° de la Ley N° 25920 señala que "A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable", siendo ello así, de la Resolución N° 55, de fecha 11 de julio de 2005, se advierte que aún, cuando los beneficios impagos por los años 1° de agosto de 1972 al 31 de mayo de 1976 y 3 de enero de 1989 al 2 de enero de 1991 habían sido actualizados con la remuneración de otro trabajador de la misma categoría actualizada al 31 de diciembre del 2001, esto es S/. 4,524.90 nuevos soles, fecha posterior al cese del trabajador, el magistrado había aprobado la pericia judicial, emitido por los peritos Giovanni Alonso Santamaría y Elva Ruiz Paredes, donde los intereses legales fueron capitalizados, sin advertir que la misma no se encontraba arreglada a ley; con lo cual se ha incumplido lo establecido por el artículo 1 de la Ley 25920 que señala que el referido interés no es capitalizable, además al haberse aplicado intereses nominales del cinco por ciento, vigente desde el 2 de mayo de 1976 al 1° de julio de 1982, en aplicación del artículo 1325 del Código Civil de 1936 (derogado en la actualidad), por el Código Vigente, por lo cual, se habría actuado en contraste con lo señalado por la Primera Disposición transitoria y Final del Decreto Legislativo 25920 que señala "que los procedimientos administrativos o judiciales, en trámite, o en etapa de ejecución o cualquier adeudo pendiente a la fecha de publicación ...se adecuan a sus normas", lo cual ha ocasionado una contravención al principio de legalidad que debe regir todo proceso judicial y que expresamente se encuentra consagrado en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al haber aplicado de forma irregular la capitalización de los intereses legales cuando la Ley N° 25920 lo prohíbe expresamente; Vigésimo Tercero.- Que, aunado a ello, el magistrado con la finalidad de aprobar los intereses legales por el monto sumamente alto, solo ha transcrito lo señalado por los peritos conforme se verifica del tercer considerando de la citada resolución, vulnerando en este sentido el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, que reconoce la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, ya que como parte integrante del debido proceso se establece la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan, norma que concuerda con lo señalado con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; Vigésimo Cuarto.- Que, asimismo de la revisión de los montos a pagar por intereses legales, se advierte una conducta sintomática del magistrado Luis Velásquez Arroyo de actuar en forma parcializada, esto es actuando a favor de una de las partes, ya que a pesar de haberse liquidado los intereses legales por los años reclamados por el demandante utilizando factores retroactivos cuando la deuda había sido actualizada al 2001, con el único fin de beneficiar al demandante y cesionarios, también se ha efectuado una liquidación de ochenta y tres mil un nuevo sol con treinta y tres céntimos sobre intereses generados a partir del dos de octubre del dos mil cuatro al dieciséis de junio de dos mil cinco, fecha de realización de la pericia sobre un monto pendiente de pago por la suma de noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y dos nuevos soles con veintitrés céntimos, hecho que ha contravenido de manera expresa la aplicación del artículo 3 de la Ley 25920 que señala "el interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del siguiente día de aquel en que se produjo su incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo", lo que permitiría advertir una presunta vulneración al principio de igualdad de trato ante la ley que tiene todo justiciable y que debe regir todo proceso judicial como está previsto en el artículo 6 de la ley acotada, hechos que comprometería la dignidad del cargo que le ha sido confiado y la respetabilidad de este Poder del Estado, lo que se evidenciaría en la actitud del magistrado de aprobar la pericia judicial de cuatro millones
setecientos veintidós mil quinientos treinta y nueve con 34/100, aun cuando esta no se ajustaba a ley, pues contravenía los dispositivos legales como lo establecido en la Ley 25920, aplicando para ello normas derogadas, así como lo establecido en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú y artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto al carecer de motivación la resolución, pues solo se ha consignado lo señalado por los peritos, con todo lo cual ha infringido el deber previsto en el artículo 184 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que no ha resuelto con sujeción a las garantías constitucionales del debido proceso, todo lo cual configuraría el supuesto de responsabilidad disciplinaria previsto en el artículo 201 inciso 1 de la citada Ley, lo que lo haría pasible de la sanción de destitución; Vigésimo Quinto.- Que, se ha acreditado que el doctor Wikler Mena Chávez en la tramitación del proceso laboral seguido por don Berto Ferrer Tello contra Telefónica del Perú S.A.A, sobre reintegro de beneficios sociales, ha incurrido en responsabilidad en lo que respecta al segundo y tercer cargo imputado (cargos B y C) al actualizar los reintegros de beneficios sociales con una remuneración que no correspondía de diciembre de 2001 (perteneciente a otro trabajador), contraviniendo el artículo 1236 del Código Civil, con la intención de favorecer a la parte demandante, y disponer que Telefónica del Perú pague a favor del demandante la suma de S/. 317, 282.36 nuevos soles, cuando a la fecha ya no era acreedor total de la suma fijada en sentencia al existir otros sujetos procesales a quienes el demandante cedió sus derechos contraviniendo el artículo 1206 del Código Civil, con la intención de favorecer a la parte demandante, vulnerando el artículo 184 inciso 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como los principios de independencia e imparcialidad, atentando de esta manera contra la respetabilidad del Poder Judicial, comprometiendo la dignidad del cargo y desmereciéndola en el concepto público, lo que lo hace pasible de la sanción de destitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 numeral 2 de la Ley N° 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, debiéndosele absolver por el primer cargo imputado (cargo A); Vigésimo Sexto.- Que, se ha acreditado que el doctor Luis Velásquez Arroyo incurrió en grave inconducta funcional en la tramitación del proceso sobre ejecución de resolución judicial seguido por don Berto Ferrer Tello contra Telefónica del Perú S.A.A., puesto que de lo actuado se comprueba que aprobó mediante Resolución N° 55, de 11 de julio de 2005, la liquidación de intereses legales emitido por los peritos Giovanni Alonso Santamaría y Elva Ruiz Paredes, cuando dichos intereses habían sido capitalizados pese a que la deuda se encontraba actualizada al 2001, utilizando incluso intereses nominales del cinco por ciento, contraviniendo los artículos 1 y 3 de la Ley N° 25920, con la finalidad de favorecer en su trámite a la parte demandante y cesionarios al invocar normas que no resultaban aplicables y que a la fecha de realizar la liquidación de intereses no se encontraban vigentes, contraviniendo los principios de legalidad, igualdad de trato y motivación de las resoluciones, vulnerando el artículo 184 inciso 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como los principios de independencia e imparcialidad, atentando contra la respetabilidad del Poder Judicial, comprometiendo la dignidad del cargo y desmereciéndola en el concepto público, lo que lo hace pasible de la sanción de destitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 numeral 2 de la Ley N° 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Vigésimo Sétimo .- Que, el Código de Ética del Poder Judicial, aprobado en Sesiones de Sala Plena de fechas 9, 11 y 12 de marzo del 2004, establece en su artículo 3 que "El Juez debe actuar con honorabilidad y justicia, de acuerdo al Derecho, de modo que inspire confianza en el Poder Judicial"; sin embargo, en el presente caso los procesados no observaron el valor antes invocado y desmerecieron el cargo con su conducta irregular, la misma que resulta compatible con la sanción solicitada; Por estos fundamentos, apreciando los hechos y las pruebas con criterio de conciencia, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, considera que hay motivos

References: artículo 1
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1325
 artículo 6
 artículo 139
 artículo 12
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 139
 artículo 12
 artículo 184
 artículo 201
 artículo 1236
 artículo 1206
 artículo 184
 artículo 31
 resolución 
 Resolución 
 artículo 184
 artículo 31
 artículo 3