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RatioIurisN_7
Grupo6 - Mie- Acciion de Cumplimiento
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6 CFP 3184/2013
///nos Aires, 4 de diciembre de 2013.
Para resolver en el presente expediente n° 3184/2013 caratulado “Asociación Mutual Israelita Argentina (A.M.I.A.) y otros s/amparo Ley 16.986”.
Que se han presentado los Sres. Guillermo Borger y Julio Schlosser, en su carácter de Presidentes de la Asociación Mutual Israelita Argentina y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, respectivamente, con el patrocinio letrado del Dr. Miguel Bronfman, e invocando su condición de victimas del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 en la sede de ambas organizaciones, como así también su calidad de querellantes en la causa en la que se investiga la comisión de dicho hecho ilícito; promoviendo acción de amparo de conformidad con el artículo 43 de la Constitución Nacional contra el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando el dictado de medidas cautelares tendientes a detener todo acto de ejecución emanado del acuerdo diplomático con la República de Irán por parte del Poder Ejecutivo Nacional y evitar la suspensión de las Difusiones Rojas ordenadas en la causa en la que se investiga el atentado en cuestión y, con el objeto de que el Tribunal declare la inconstitucionalidad, invalidez e inaplicabilidad de la ley n° 26.843 y su anexo, el Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica de Irán, por ser manifiestamente ilegales, arbitrarios y lesivos de lo dispuesto en los artículos 16; 18; 28; 31; 75, inciso 22; 109 y concordantes de la Constitución Nacional, como así también de los artículos II y VIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que la delimitación del objeto de la presente demanda ha sido expuesta en anteriores interlocutorios obrantes a fs. 149/150 y fs.
184/203vta., expresándose en esta última oportunidad que de la lectura de la presentación de fs. 2/54 surge con claridad que si bien se solicita como objeto último la declaración de inconstitucionalidad de la Ley n° 26.843, la acción de amparo intentada tiene como finalidad principal e inmediata detener las acciones del Poder Ejecutivo Nacional en el avance de las negociaciones diplomáticas realizadas con la República Islámica de Irán y sus efectos ante INTERPol. En efecto, la parte invoca en primer lugar la subsunción de los actos reputados violatorios de sus derechos a las previsiones del artículo 1° de la Ley 16.986. Así argumentan para la procedencia de la acción de amparo la adecuación de los actos cuestionados a lo allí estatuido, al afirmar que se acciona contra un acto de la autoridad pública que en forma actual o inminente lesiona restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta sus derechos, expresando que: “…como habremos de desarrollar en extenso a continuación, estamos aquí ante la prohibida intromisión del Poder Ejecutivo en el trámite de una causa judicial, y por el otro,…atacamos la manifiesta inconstitucionalidad de una ley…”. Cuestionan la legitimidad del Poder Ejecutivo para negociar con un estado extranjero en torno al avance de un proceso judicial, afirmando que: “la concepción misma del Memorándum… es violatoria de la Constitución Nacional que consagra la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”. A su vez, objetan el artículo 7° del Memorándum que estableció la acción de notificar la existencia de dicho pacto una vez suscripto y con antelación a la acción legislativa, afirmando que el mismo tiene por finalidad obstruir el accionar de la justicia en relación con los pedidos de captura internacional, resultando estas primeras acciones una injerencia efectivizada y concretada, las cuales les causan un agravio concreto e irreparable. Es en tal sentido que, a la hora de fundamentar su petición en el capítulo 4 de su escrito, relatan que, como corolario de las órdenes
de captura dictadas en el año 2006 que motivaron las difusiones rojas de público conocimiento, dicen: “Finalmente…debemos señalar que en base a estos requerimientos judiciales y en base a este aval que los pedidos de captura de la justicia argentina recibieron de Interpol…el Poder Ejecutivo de nuestro país reclamó, ininterrumpidamente desde el 2008 hasta el 2011, en la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas, que la República Islámica de Irán entregue a sus ciudadanos requeridos por la justicia argentina… para su juzgamiento por el atentado a la sede de la AMIA…a pesar de todo cuanto acabamos de exponer, y luego de (nos enteramos recientemente) dos años de tratativas entre los gobiernos, el Poder Ejecutivo, a través de su ministro de relaciones exteriores, suscribió un [memorándum] Tal como expondremos a continuación el texto y el contenido de este memorándum resulta abierto e insalvablemente violatorio de nuestra Constitución…ello nos provoca un agravio, concreto, grave e irreparable que exige de V.S. la inmediata declaración de inconstitucionalidad, como así también el dictado de las medidas cautelares que luego…solicitamos a fin de evitar la entrada en vigencia del citado acuerdo…”. “…De tal modo, debe señalarse de inmediato que el referido acuerdo implica una violación flagrante a los principios de división de poderes y de independencia judicial consagrados en el artículo 109 de la Constitución Nacional, pues estamos ante una clara injerencia del Poder Ejecutivo en el trámite de una causa judicial en pleno trámite. Por otro lado, esa misma violación se ve perfeccionada respecto del mismo principio de división de poderes afectando también la independencia del Poder Legislativo, en tanto se puso en vigor un tratado internacional sin contar, en ese momento, con la aprobación del Congreso de la Nación, contrariando el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional…”
“…Esa interferencia, esa obstrucción sí se encuentra ya verificada en el caso: por un lado, la notificación a las autoridades de INTERPOL de la firma del Memorándum y por otro, la instauración de una “Comisión de la Verdad” que habrá de revisar…Es evidente que la notificación a INTERPOL, organismo que emitió cinco notificaciones rojas respecto de ocho pedidos de captura dictados por la justicia…tiene por único fin que ese organismo, más tarde o más temprano, cancele las notificaciones rojas aludidas…”. “…Confiamos haber dejado claro, hasta aquí, cómo la concepción misma del Memorándum aprobado por la Ley 26.843 es violatoria de la Constitución Nacional que consagra la división de poderes y la independencia del Poder Judicial (artículo 75, inciso 22 y 109 y cctes. de la Constitución Nacional). Hemos visto cómo esa injerencia ya efectivizada y concretada (en la comunicación previa a la entrada en vigencia del acuerdo a INTERPOL) causa un agravio concreto…”.
“…Dicho esto y hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos, declarativa de la inconstitucionalidad…, surge palmaria la necesidad de dictar sendas medidas cautelares, en los términos de la norma procesal invocada, a fin de impedir que el Memorándum reseñado a lo largo de esta presentación, como así también cualquier acto del Poder Ejecutivo Nacional llevado a cabo en virtud del mismo, altere, modifique o interfiera en el modo que sea, en el trámite actual de la “causa AMIA”, afectando los derechos y garantías que, como víctimas del atentado terrorista, el Estado debe asegurarnos”. Asimismo afirman que el memorándum viola las garantías constitucionales de juez natural, de debido proceso y de defensa en juicio, como así también distintas normas del ordenamiento jurídico internacional relativas a la investigación sobre delitos de lesa humanidad.
Sostienen que, a través de la negociación que dio lugar al Memorándum, el Poder Ejecutivo ha demostrado su “desprecio” hacia las conclusiones a las que han arribado los magistrados intervinientes en esta instrucción respecto a la intervención del Estado Iraní en el atentado de la A.M.I.A., al afirmar la necesidad de llegar a la verdad por otro medio distinto a la vía judicial, todo ello con el único fin de diluir temporal y materialmente, las acusaciones hoy vigentes en el proceso judicial contra los cinco ciudadanos iraníes con difusión roja ante INTERPol.
Por último, se reitera, sostuvieron que algunas de las acciones ya se habían concretado causando en ese mismo instante el perjuicio que invocan y otras, si bien potenciales, son de ineludible producción en la medida en que se siga permitiendo avanzar al Poder Ejecutivo con sus acciones. En tal sentido aseveraron que todos los actos a desarrollarse en un futuro mediato o inmediato, son de igual potencialidad lesiva y justifican el pedido de un remedio preventivo a fin de evitar el incremento en el daño causado. Previo a adentrase el suscripto en el tratamiento de la cuestión traída a conocimiento, cabe destacar que si bien a priori se avizoraban algunas aristas de admisibilidad que ponían en duda la viabilidad de la acción elegida para cuestionar los actos aquí atacados, se entendió oportuno permitir la contradicción ello en atención a la excepcionalidad que debe regir en la aplicación del artículo 3° de la Ley 16.986 y la posibilidad de su tratamiento a posteriori. Las cuestiones principales a determinarse a través del debate debían ser la ocurrencia o no de dos hechos que los presentantes daban por acaecidos pero no lograron acreditar ni ofrecieron prueba en su sustento, esto es la puesta en vigor del Memorándum y la notificación a INTERPol en cumplimiento de su artículo 7°, especialmente éste último, ya que los accionantes fundamentaron en éste la concreción de la lesión actual y el peligro en la demora.
Tal posición es la demarcada por la doctrina y la jurisprudencia de nuestro país al aceptar que si bien la nueva cláusula del artículo 43 de la Carta Magna mantiene la posibilidad de rechazo in límine previsto en la ley arriba mencionada, “…debe aplicárselo con criterio aún más restringido que antes del nuevo texto constitucional acentuándose así la nota de excepcionalidad, riguroso en extremo y sin duda, restrictivo, ejercitable con gran cautela y prudencia, evitando ritualismos, y solamente ante supuestos de amparos objetivamente improponibles y manifiestamente inadmisibles…ello hace perfectamente viable la doctrina de la restrictividad y excepcionalidad en la efectivización de esa norma, como que en caso de duda cabe tramitar -y no descartar- a esta acción” (Néstor Sagüés “Derecho Procesal Constitucional. Acción de Amparo, pág. 112, Editorial Astrea 2007). Ahora bien, del informe presentado por el Poder Ejecutivo no se verifica la materialización de los actos invocados, allí se expuso:
“…negamos:…que a la fecha haya entrado en vigor el citado Memorándum…,que la comunicación prevista en el Memorándum a Interpol, en los términos de la cláusula séptima, se haya cumplido a la fecha…. En primer lugar es dable precisar que dicha cláusula [séptima] aún no ha sido ejecutada ni cumplida por parte de los cancilleres de ambos países en los términos descriptos en el Memorándum…”. Aclarada esta postura, corresponde afirmar que la extensión y variedad de las cuestiones traídas a estudio en este caso obligan a efectuar un pormenorizado análisis de procedencia de la vía intentada en procura de la defensa de los derechos que entienden conculcado los accionantes.
Como paso previo a ello, con miras a la verificación de la adecuación de tales planteos a la acción de amparo intentada, es necesario identificar las acciones denunciadas como lesivas y los cuestionamientos legales que se derivan de tales acciones sobre los que se pretende una respuesta jurisdiccional.
Para ello se impone un análisis tanto material como formal para, recién allí, preguntarse si las acciones cuestionadas y los planteos jurídicos traídos a estudio son de aquéllos pasibles de ser ventilados en un proceso de carácter expeditivo y rápido como el intentado. Del extracto aquí efectuado surge claramente que las cuestiones a decidir son dos: la legitimidad del Poder Ejecutivo para la negociación efectuada con el Estado de Irán junto con la supuesta acción desplegada de conformidad con el artículo 7° del Memorándum y la adecuación constitucional de la validación de dicha negociación por medio del acto emanado del Poder Legislativo a través de la sanción Ley n° 26.843.
Es claro que la primera de esta acciones es la de mayor trascendencia por cuanto, si la respuesta a éste cuestionamiento fuera la sostenida por los presentantes, arrastraría ipso facto al acto legislativo cuestionado.
Desde tal perspectiva, lo que corresponde aquí analizar es si el acto cuestionado al Poder Ejecutivo es pasible de ser encuadrado en las previsiones del artículo 43 de la Carta Magna, si permite su discusión y decisión a través de esta vía expedita y rápida y, en su caso, si se adecua a la Constitución Nacional. Así, debe determinarse si la negociación en cuestión se encuentra al amparo del ejercicio que la Constitución establece como atribución del Poder Ejecutivo o si, por el contrario, resulta manifiestamente ilegítima. Si se determina que el acto en cuestión se adecua a dichas pautas constitucionales, habrá de determinarse la legitimidad del objeto del acuerdo y, en atención a lo denunciado por los amparistas, la invocada finalidad subyacente. Por último restaría analizar el alcance asignado al resultado obtenido a través de la negociación.
De este modo, individualizadas las cuestiones que integran el planteo deducido contra la acción desplegada por el Poder Ejecutivo Nacional, corresponde verificar si se evidencian las circunstancias invocadas por los accionantes y si habilitan la vía seleccionada. Es menester recordar aquí que la acción de amparo no se encuentra prevista para actos de autoridad que no sean manifiestamente ilegales o arbitrarios, esto quiere decir que la conducta estatal debe resultar notoriamente opuesta o apartada del ordenamiento jurídico. En esta línea de pensamiento la doctrina sostiene que: “La ley 16.986 exige de modo imprescindible para que se atienda el problema por vía de amparo, que el acto cuestionado tenga una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Tal recaudo es mantenido en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Debe tratarse pues, de algo “descubierto, patente, claro”,…la doctrina y jurisprudencia nacionales, en el mismo sentido, han exigido que los vicios citados sean inequívocos, incontestables, ciertos, ostensibles, palmarios, notorios, indudables, etc. La turbación al derecho constitucional, en síntesis, debe ser grosera. Quedan fuera del amparo, pues, las cuestiones opinables…” (Néstor Sagüés, obra citada, pág. 112). En igual tesitura se expuso que “El control de la conducta estatal por vía amparista es amplio desde el punto de vista subjetivo y material (no hay actos, hechos u omisiones de cualquiera de las autoridades estatales que escapen a dicho control en la medida en que produzcan una lesión constitucional del mismo modo descripto en el artículo 43 de la Constitución Nacional) pero limitado en cuanto a su profundidad: para que proceda el amparo la conducta debe ser manifiestamente contraria a derecho. Si la ilegalidad de la conducta no surge de modo manifiesto y en forma clara e inequívoca sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, y de un amplio debate y prueba, la vía de amparo no será idónea”. (Fabián Canda, “Requisitos de Procedencia de la Acción de Amparo Individual” en: Una mirada
desde el fuero contencioso administrativo federal sobre el derecho procesal administrativo. Página 282. Fundación de Derecho Administrativo). Ahora bien, conforme el artículo 99, inciso 11 de nuestra Carta Magna resulta competencia exclusiva y privativa del Poder Ejecutivo concluir y firmar tratados y otras negociaciones para el mantenimiento de buenas relaciones con las naciones extranjeras. Fruto del ejercicio de tales atribuciones son todos los tratados de cooperación judicial que el Poder Ejecutivo ha suscripto con un sinnúmero de naciones extranjeras como así también el cumplimiento de las acciones allí comprometidas a través de las áreas encargadas de las relaciones exteriores de la nación. Surge entonces de tal norma constitucional que no sólo es atribución del Poder Ejecutivo la negociación aquí cuestionada sino que ésta le es privativa y discrecional, no resultando desde este primer enfoque manifiesta la ilegalidad invocada por la parte. La Corte Suprema ha entendido que no exhiben arbitrariedad o ilegalidad notoria o manifiesta los actos que se sustentan en una norma general. (Fallos 310:576). En idéntico sentido la jurisprudencia ha sostenido que no resulta suficiente alegar una conducta estatal cuestionable por afectar o restringir algún derecho constitucional, siendo necesario, además, que el acto se exhiba desprovisto de todo sustento normativo que le permita tener efectos válidos, de forma que no concuerde de modo ostensible, inequívoco e indudable con la norma que prescribe lo debido. (C.N.F.C.A. Sala II, 19/10/00, causa Grimoldi; Sala V, 13/11/95 causa Aumann)
En lo que respecta al objeto de la negociación que la accionante identifica como “en torno al avance de un proceso judicial”, corresponde afirmar que, si bien generalmente no suelen originarse desde el Poder Ejecutivo, lo cierto es que las acciones tendientes a tal fin
que se desarrollan a través de la cooperación judicial internacional son tramitadas por el Poder Ejecutivo. Así, cuando el Poder Judicial requiere a través de sus magistrados cualquier tipo de cooperación en el trámite de un proceso, debe hacerlo a través del Poder Ejecutivo Nacional en su carácter de único encargado de las relaciones exteriores del Estado, mas aún cuando, como en el caso, no existe tratado alguno entre ambas naciones. Tal principio se encuentra expresamente receptado en el Código Procesal Penal de la Naciòn, cuando en el artículo 134 se ordena que “los exhortos a tribunales extranjeros se diligenciarán por vía diplomática en la forma establecida por los tratados o costumbres internacionales”. Dicha norma refleja cabalmente la división de poderes establecida constitucionalmente. Recuérdese que en el extremo de tales actos de cooperación, en los casos de extradición de personas, se afirma que este es un acto administrativo con contralor judicial, siendo privativa del Poder Ejecutivo la decisión final sobre la cuestión relativa a la entrega del requerido en procesos en los que judicialmente se ha verificado la existencia de los extremos legales necesarios para su procedencia. Tal postura sobre lo privativo y discrecional en el ejercicio de las relaciones exteriores por parte del Poder Ejecutivo ha sido la sostenida por el suscripto en la investigación del atentado de marras al delimitar la función jurisdiccional y la atribución del Poder Ejecutivo cuando a fs. 114.995/114.997vta. (2/9/04); 115.231/115.232 (7/12/04) y 115.699/115.704 (12/04/05) de la causa n° 8566/96 requirió al Presidente de la Nación la ejecución de todas las acciones que en cumplimiento de sus atribuciones pudiera desarrollar ante los Estados Unidos de Norteamérica, Israel, la República Islámica de Irán e Interpol a los fines de la obtención de los resultados requeridos por esta magistratura; en el caso, la colaboración de los estados extranjeros
mencionados y, respecto de Interpol, en lo relativo a la suspensión de las difusiones rojas solicitadas. En la oportunidad se expuso: “…El tema de las peticiones al Estado de Israel, ya ha sido tratado…en dicha oportunidad afirmé que el responsable de las relaciones externas de la Nación es el titular del Poder Ejecutivo Nacional y que sólo éste, en forma directa o a través del Señor Canciller, se encuentra facultado para requerir a un estado extranjero que cumpla con su deber en la lucha contra el flagelo del terrorismo…A esta altura con el libramiento del oficio y el exhorto [por medio de los que se solicitaba a la autoridad israelí, en calidad de colaboración, la entrega de los elementos de cargo que contra las autoridades iraníes decía poseer] …la actividad jurisdiccional que me compete se encuentra agotada, correspondiendo al Poder Ejecutivo de la Nación ejercer los mecanismos diplomáticos adecuados para el cumplimiento de la medida en cuestión…(Fs. 115.231/2). “…estas son todas las medidas jurisdiccionales que la justicia puede ordenar, cualquier otra medida que con el fin de levantar dichas suspensiones sea requerida [capturas internacionales] debe obligatoriamente ser dispuesta y ejecutada desde la diplomacia del Estado…esta actitud tomada por el estado de Irán que denota su decisión de no colaborar con el Estado Argentino en la presente investigación, ha sido una constante durante el proceso. Así puede verse que en su transcurso las solicitudes formuladas a dicho estado [exhortos librados en el transcurso de la instrucción] nunca fueron contestadas [posteriormente ni siquiera eran recibidos por la vía diplomática correspondiente]. Asimismo, el intento de llevar esta situación por carriles distintos del judicial también fue una constante de dicho estado, que no sólo solicitó mediadores a través de juristas sino que, en reiteradas visitas de diplomáticos iraníes a este país, solicitó entrevistas con los funcionarios judiciales a cargo de la investigación, oportunidades en que ellos invitaron a tales personas a designar abogados que lo representaran en la causa,
controlaran de esta forma la legalidad de los actos en ella realizados y efectuaran los respectivos descargos. Dicha invitación nunca fue acogida por el estado iraní. Señálase que lo requerido se encontraría comprendido en la solicitud efectuada al Estado de Israel a través del oficio librado al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores…medida esta comunicada al Sr. Secretario Ejecutivo de la Unidad Especial de Investigación…en el entendimiento de que las medidas jurisdiccionales fueron cumplidas y que sólo restaba al área administrativa lograr la consecución de los objetivos buscados, utilizando los mecanismos diplomáticos adecuados, siendo a la vez el Sr. Secretario de Justicia…quien tiene la facultades de coordinación de todas las áreas administrativas del Estado concedidas por los artículos 1 y 2 del Decreto n° 846/2000 es pos del cumplimiento de los requerimientos judiciales del caso. Como se señalara en reiteradas oportunidades, se han agotado las medidas jurisdiccionales posibles a efectos de la consecución de los objetivos perseguidos. En consecuencia, a fin de maximizar los beneficios y minimizar los costos y el tiempo de las tareas que han de desarrollarse por parte del Poder Ejecutivo, conforme lo solicitado por los Sres. Fiscales…solicitase a su titular…arbitre los medios necesarios para que mediante un accionar coordinado y conjunto de las áreas administrativas que estime adecuadas se obtenga el cese de la suspensión de las difusiones de las doce circulares rojas internacionales y la cooperación de los estados oportunamente requeridos en la presente causa…”. (Fs. 115.699/115.704). Por lo demás no es esta la primera oportunidad en la cual el Poder Ejecutivo ha colaborado en el avance de esta causa a través de distintas áreas como la Unidad Especial de Investigación del Atentado de la A.M.I.A. y la Secretaría de Inteligencia del Estado quienes en distintos momentos y de forma diversa han ayudado al avance de esta investigación como, por ejemplo, a través de la información obtenida por el intercambio con las agencias colaterales a través de la Secretaría de
Inteligencia, elementos de convicción que, incluso, son algunos de aquéllos que, previa judicialización, son base, entre muchos otros, de las probanzas valoradas al momento del dictado de las capturas internacionales de marras. Reseña de ello se exhibe en la gestión administrativa asignada a los exhortos librados a la República Islámica de Irán en la que se bregó tanto en pos de su recepción como de su contestación, ello sin perjuicio de la respuesta jurisdiccional obtenida (ver constancias de fs. 122.028/122.029; 123.174/123.175; 123.185/123.186 y 125.092, entre muchos otras.) Otra muestra de ello son las acciones desarrolladas por la diplomacia argentina y la O.C.N. Buenos Aires de Interpol para que el fiscal instructor expusiera ante la Asamblea General en procura de la instauración de las difusiones rojas. Es desde tal perspectiva que, tal como ya se expuso, no sólo no se aprecia la existencia de una manifiesta ilegalidad en la acción desarrollada por el Poder Ejecutivo sino que la negociación tendiente a coadyuvar en el avance de un proceso a través de la cooperación judicial internacional se encuentra dentro de los límites impuestos por la manda constitucional del artículo 27. Tal situación demuestra cabalmente la complejidad de la discusión planteada, que supera el acotado marco previsto para la acción elegida al requerir una mayor amplitud de debate, pues lo que pretende
la parte cuestionar aquí es el supuesto exceso en el ejercicio de las
atribuciones legítimas constitucionalmente regladas. De la lectura del escrito génesis de la presente, surge con claridad que el principal cuestionamiento que se efectúa al acto del
Poder Ejecutivo es la motivación espuria que llevó al Gobierno Nacional
a realizar la negociación que dio como resultado la firma del
Memorándum de Entendimiento. Aseveraron que el fin último de la
negociación es obstruir el accionar de la justicia en la investigación del atentado y obtener la cancelación de las difusiones rojas. Así puede leerse “…el procedimiento complejo para la vigencia del “Memorándum de Entendimiento”…se los pone parcialmente en vigencia a los fines no declarados de bloquear las “Alertas Rojas” decididas por INTERPOL…no se podía desconocer que esa premura en notificar a INTERPOL acerca del acuerdo firmado entre la Argentina e Irán, esta develando lo que en realidad buscaba este último país y que incompresiblemente le otorgó el Estado Argentino - simular que a partir de la firma del acuerdo los ciudadanos iraníes están a derecho- causando, con esa simulación y los efectos que ya producen, agravios a los derechos de las víctimas”. Sin perjuicio de la veracidad o no de las conjeturas sostenidas por los presentantes estas no han sido probadas y no lo acredita la sola mención que se hace al cambio de posición política del gobierno supuestamente evidenciado en las acciones desarrolladas ante las Naciones Unidas hasta el año 2011 y las negociaciones efectuadas en los últimos dos años con Irán. Tampoco se ha ofrecido prueba en su sustento.
Claro es que la complejidad probatoria evidenciada para la acreditación de tales sospechas excede con creces el marco de la vía elegida, al no ser el amparo el medio idóneo para descorrer el velo bajo el que suele ocultarse el vicio en la finalidad de un acto, esto es, la desviación de poder, por lo que, una vez más, nos encontramos impedidos legalmente para tratar tales temáticas a través de la acción escogida.
En tal sentido ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: “…la naturaleza eminentemente subjetiva del vicio exige un esfuerzo para su acreditación, admisible, sin embargo, aún por vía de presunciones, en tanto condicionamientos mayores se traducirían, dada la naturaleza del defecto referido en una verdadera prueba
diabólica, ausente en el sub examine. Señala también el Alto Tribunal que la acreditación de tal vicio “…se ve dificultada en procedimientos tales como la acción de amparo ante el limitado debate y prueba permitido en él”. (C.S.J.N. Fallos 330:4144 “Time Sharing Resort S.A. c/Neuquén s/amparo”, año 2007). Ahora bien, sin emitir opinión sobre lo pactado, su legalidad, eficacia y utilidad; en lo atinente a la descalificación del acto del Poder Ejecutivo en base al resultado logrado, esto es el contenido de lo pactado, es obligatorio afirmar que la decisión de la legalidad o no de dicho acto no puede encontrarse supeditada a la eventual conveniencia de lo obtenido como producto de la negociación. En tal sentido cabría suponer que de haberse obtenido la presentación incondicional de los requeridos para el acto previsto en el artículo 294 del ritual, el acuerdo no habría sido cuestionado por los actores. Es clara hasta aquí la inexistencia de los extremos legales requeridos para la procedencia de la acción intentada, ello frente a la ausencia de un acto de ilegalidad manifiesta por parte del Poder Ejecutivo y la necesidad de una mayor amplitud de debate o prueba a los fines de acreditar la supuesta arbitrariedad de tal acto. Va de suyo que esta ultima circunstancia lleva insito el incumplimiento por parte de los presentantes de la obligación de acreditar la inexistencia de otro remedio legal o posibilidad de inferir un daño mas grave irreparable si se desviara el reclamo a los procedimientos comunes. Recuérdese que no basta para ello la simple alegación de tales condiciones de admisibilidad (Fallos 313:433; 314:996; 317:655 entre otros). A más de lo expuesto, no se ha logrado probar en autos la existencia de la lesión que -en forma actual e inminente- fue invocada en relación con la cancelación de las notificaciones rojas por causa de la alegada interferencia y obstrucción que supuestamente ven verificada en
el caso por la notificación a INTERPol en cumplimiento del artículo 7° pactado.
Sumado a ello, el excesivo transcurso del tiempo operado desde la interposición de la acción, si bien no imputable a los accionantes, evidencia la falta de urgencia requerida en la especie generando así una sustancial alteración en el presupuesto “peligro en la demora” invocado como justificación de la presente acción. En tal dirección se ha expresado que el amparo es un proceso urgente que brinda respuesta procesal frente a un acto, hecho u omisión de la autoridad estatal que lesiona o amenaza lesionar con inminencia un derecho. De este requisito se desprende que el amparo procede sólo en el caso de haberse sucedido la lesión constitucional al derecho, con el objeto de restituirlo in natura o en el supuesto de tratarse de una amenaza de daño inminente. Queda fuera del radio de cobertura de la acción los daños futuros, hipotéticos y conjeturales. La jurisprudencia ha sostenido desde antiguo que en los juicios de amparo debe atenderse a la situación del momento en que se decide. La situación a tener en cuenta al momento de decidir es tanto la fáctica como la jurídica, el daño no sólo debe ser actual, también debe ser cierto, por lo cual hay que tener presente no sólo los factores iniciales sino los sobrevinientes, ya que un cambio en cualquiera de ellas puede tornar abstracto el pronunciamiento. (Fabián Canda, pág. 280, op. citada).
De tal situación resulta la improcedencia de la acción intentada, por cuanto, en la especie nos encontramos ante la invocación de un agravio constitucional basado en la concreción o inminencia de un daño originado en la conjeturada finalidad de un hecho cuya ocurrencia no sucedió, no se ha verificado autos o cuanto menos, no ha sido probada.
Ante ello, como reparación del hipotético daño, se solicita una medida cautelar sin que se verifique que la misma pudiera reparar el
supuesto perjuicio o retrotraer la situación al momento previo al acto cuestionado. Recuerdase, en relación con esto último, lo sostenido en la resolución de fecha 30 de julio del año en curso, en cuanto se afirmo que “Tampoco entiende como podría el suscripto evitar el cese de las difusiones rojas en cuestión, cuando Interpol ya las ha suspendido en contra de lo sostenido y requerido por éste Juzgado. Como se recordará, en la oportunidad, este Magistrado sostuvo que de acuerdo al ordenamiento jurídico argentino las difusiones rojas se encontraban vigentes requiriéndole su mantenimiento, sin perjuicio de lo cual el organismo administrativo internacional las canceló con invocación a la afectación al artículo 2° del Estatuto y Reglamento General de la Organización Internacional de Policía Criminal; al artículo 15° del Reglamento sobre el Tratamiento de Información para la Cooperación Policial Internacional y a los artículos 80 y 81 del Reglamento de Interpol sobre el Tratamiento de Datos, entre otras normas. (ver actuaciones glosadas a fs. 113.364/113.377; 115.125/115.128; 115.144/115.159; 115.164; 115.175; 115.181/115.185; 115.206/115.208 y 115.638/115.640 de los autos principales).” Tal posicionamiento es concordante con lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto ha que no es apto el amparo para el ejercicio de la jurisdicción, pues al no concretarse qué efectos habría de tener la concesión de la medida cautelar peticionada, la sentencia habría de tener un sentido meramente conjetural. (C.S.J.N. Fallos 321:1352). En definitiva, en lo que respecta al cuestionamiento del accionar del Poder Ejecutivo Nacional cabe afirmar la imposibilidad de que se habilite la vía del amparo, por cuanto no nos encontramos ante un acto ilegalmente manifiesto, no se ha acreditado la existencia de la comunicación de conformidad con el artículo 7 del memorándum ni se ha acreditado la existencia de una lesión actual o inminente cuya reparación no permita su tramitación por las vías ordinarias.
En lo que respecta al planteo efectuado en contra del acto desarrollado por el Poder Legislativo, de los argumentos expuestos supra resulta la ausencia de ilegitimidad manifiesta. Esto es así, toda vez que el acto cumplido de conformidad con la atribución prevista en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional se encuentra en concordancia con las atribuciones precisadas en el artículo 99, inciso 11 y 27, todos ellos de la Carta Magna. No debe olvidarse que si bien la norma aprueba el memorándum negociado, la finalidad inmediata de esta es autorizar al Poder Ejecutivo a continuar con las negociaciones hasta la conclusión del tratado y que dicho memorándum recién producirá efectos jurídicos, en la faz interna, una vez que se encuentre en vigor.
En el amparo, como requisito de admisibilidad para la discusión por dicha vía, se exige que el carácter de la inconstitucionalidad alegada sea manifiesto pues es una de las notas propia de la acción. De modo que si la inconstitucionalidad no es patente, notoria, obvia, la acción no procede. (F. Canda, pág. 284, op. citada).
En idéntica línea argumental la doctrina entendió que:“…si en un amparo concreto el problema en debate exigía mayor desarrollo procesal, bueno era que se rechace a aquél, aunque se pretendiese la declaración de inconstitucionalidad de una norma; pero, en tal caso, la inadmisión del amparo provendría de otro motivo, como sería la falta de acreditación, en tan sumaria vía, de un supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, o la necesidad de un mayor debate o prueba para demostrar la inconstitucionalidad alegada…” (Néstor Sagüés, obra citada, página 259). En igual sentido se ha resuelto “…que la declaración de inconstitucionalidad de leyes…por medio de la acción de amparo, sólo debe darse cuando la transgresión a derechos de raigambre constitucional es flagrante, palmaria e inequívoca y debe ser estudiada
y aplicada en cada caso concreto con prudencia y mesura, evitando arrasar con las forma procesales previstas para los distintos tipos específicos de procesos…” (C.C. de la Rioja, causa “Rojo Juan c/Ministerio de Hacienda s/amparo, del 5/10/98.). Así, en el presente caso en el que se ponen en crisis actos desarrollados en el ejercicio de atribuciones constitucionales propias del Poder Legislativo concordantes con las atribuciones constitucionales propias del Poder Ejecutivo se descarta la manifiesta o grosera ilegalidad.
Nuestro Máximo Tribunal se ha expedido en tal sentido al
afirmar que la pretensión tendiente a la determinación de las órbitas de competencia entre los poderes estatales no puede ser ventilada por la vía del amparo, ya que parecen poco compatibles el régimen legal y los mecanismos previstos en la ley 16.986. (C.S.J.N. Fallos 307:1379; 310:877; 319:1968; 322:1135, entre otros). Mas aún, si el cuestionamiento es a la ley como acto legislativo que convalida lo actuado por el Poder Ejecutivo, esto es “aprobar” el tratado; el artículo 43 de la Constitución Nacional establece que “…el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la
norma en que se funde el acto u omisión lesiva
declararse la inconstitucionalidad de la manda constitucional en que se funda el acto. Se concluye de este modo que nos encontramos fuera de las previsiones del artículo 1° de la Ley 16.986 y 43 de la Constitución Nacional por cuanto no se observa en la especie que se trate de un comportamiento burdamente contrario a normas y garantías constitucionales. Además debe recordarse que así como es atribución del Poder Ejecutivo la negociación con el estado extranjero también lo es poner en vigor el tratado en cuestión, ello por ser el único responsable de las relaciones internacionales, resultando un paso obligatorio intermedio
mal puede, entonces,
entre ambos actos la aprobación del Poder legislativo sobre la negociación efectuada. En definitiva, la manda constitucional del artículo 75, inciso 22 reconoce su origen en la división de poderes y los controles republicanos entre éstos, esto es lo que se ha dado en llamar la aplicación del sistema de controles y contrapesos, que en el caso se aplica entre ambos detentadores del poder político.
De ello se colige que si bien el tratado negociado por el Poder Ejecutivo nunca podría concluirse sin la aprobación del Poder Legislativo, tampoco entra en vigor hasta tanto el Poder Ejecutivo realice los actos diplomáticos necesarios a tal efecto. Es por ello que si bien la norma autoriza al Poder Ejecutivo a continuar con la negociación iniciada hasta poner en vigor el tratado en cuestión, la ley no es una manda obligatoria para el Poder Ejecutivo para concluir la negociación, tal atribución sigue siendo privativa y discrecional para el Poder Ejecutivo quien puede, eventualmente, no ratificarlo si entiende que cambiaron las condiciones que ameritaban su celebración. Por otro lado, si se decidiera en el sentido de invalidar la norma como acto legislativo en su carácter de ley formal que consiente
obrado por el Poder Ejecutivo, ello sólo acarrearía la retrotracción de
situación al momento previo a la aprobación de la ley, pero en modo
alguno afectaría la atribución del Gobierno nacional para la negociación,
y por ende, no afectaría lo pactado, resultando ineficaz a los fines
perseguidos. Ello también imposibilita su tratamiento a través de la acción intentada al no ser reparadora del supuesto daño invocado. Es claro entonces que el ataque intentado sobre la norma en cuestión lo es sobre el contenido del memorándum y no sobre el acto legislativo que integra la voluntad estatal en la celebración del tratado. Ante ello, cabe señalar que el debate intentado sobre el contenido del memorándum excede con holgura el ceñido marco que ofrece la acción elegida, tanto porque involucra a terceros ajenos a este proceso -como
ser las partes de la causa n° 8566/96-, como por la complejidad y multiplicidad temática constitucional involucrada. El Alto Tribunal ha sostenido que al ser la declaración de inconstitucionalidad de una norma la última ratio del ordenamiento jurídico y que representa un caso extremo de gravedad institucional, deberá destruirse la presunción de constitucionalidad de las leyes mediante pruebas claras y precisas de su oposición con el texto fundamental. situación ésta contraria al carácter expedito y rápido que se deriva de la condición de proceso urgente del amparo. (C.S.J.N. Fallos 296:364; 288:240 y 294:434). Así se ha sostenido sobre el artículo 2°, inciso “d” de Ley de Amparo que: “…El precepto en examen resulta pleonástico. En efecto, si la procedencia del amparo se supedita a la existencia de conductas de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, resulta evidente que la vía del amparo no queda habilitada para cuestiones que requieran de mayor amplitud de debate o de prueba. Sobre el particular, se ha observado con exactitud que los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia, a fin de no decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía, cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponda resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios. ”. (Augusto Morello y Carlos Vallefin. El Amparo, Régimen Procesal, 5° Edición, Editorial Platense, 2004, página 40). Asimismo, “Debe advertirse que si bien el análisis de constitucionalidad…de una norma cualquiera refiere por lo común a cuestiones de puro derecho, también es cierto que, ante casos de inconstitucionalidades relativas, el tema puede exigir evaluación del material fáctico, cosa que puede complicar la solución de la litis; y además que, aún en cuestiones de puro derecho, también es factible que emerjan temas complejos. Si ellos pueden resolverse dentro de los estrechos términos para dictar sentencia en el amparo, la declaración de inconstitucionalidad será viable. Pero si el problema requiere más
tiempo para pronunciarse, la declaración de inconstitucionalidad no será posible en este abreviado proceso. Debe añadirse que si un asunto es dudoso, en el sentido de que una norma puede ser o no inconstitucional deberá optarse por reputarla constitucional. Las normas en efecto se presumen constitucionales, y la declaración de inconstitucionalidad, como última ratio, requiere prueba plena, clara y precisa, de la oposición entre ella y la Constitución. En definitiva, si una situación de inconstitucionalidad no luce palmariamente así, el amparo puede no resultar el conducto procesal idóneo para pronunciarse al respecto.” (Néstor Sagüés, obra citada, página 262). Si tal situación imposibilita la tramitación del planteo de inconstitucionalidad de tales normas a través de la vía del amparo, la situación de facto en la que nos encontramos inhabilita cualquier tipo de debate por cualquier vía, porque no obstante lo aquí afirmado en relación con la imposibilidad del tratamiento de las complejas cuestiones constitucionales traídas por esta vía, debe recordarse, conforme lo arriba mencionado, que en el caso de autos las disposiciones contenidas en el memorándum sobre las que se intenta se expida el suscripto con relación a su conflictividad constitucional ni siquiera se encuentran vigentes, vale decir, que no son ley y por lo tanto no puede confrontarse con el orden constitucional. Ello es así porque si bien el Poder Legislativo ha autorizado al Poder Ejecutivo a concluir las negociaciones y poner en vigor el memorándum en cuestión, hasta tanto éste no lo haga dicho tratado no adquiere el status de ley interna en el sentido del artículo 31 de la Constitución Nacional y ninguno de los mandatos allí contenidos resultan obligatorios al no ser una norma vigente en nuestro ordenamiento legal. Va de suyo que al no producir efectos jurídicos, lejos se encuentra de causar lesión alguna.
Ante ello en modo alguno resulta posible que el suscripto se pronuncie respecto de la constitucionalidad de una norma cuyo contenido no se encuentra vigente para el derecho positivo argentino No puede dejarse de soslayo que a los fines de la viabilidad de la acción no sólo la parte no ha probado que los estados signatarios hubieran perfeccionado el acuerdo mediante su ratificación sino que tampoco ha requerido prueba a tal Por otro parte, no sólo la inconstitucionalidad debe ser manifiesta sino que también lo debe ser el daño que produce la norma cuestionada, ello en el sentido de que debe ser evidente y directo o cuanto menos, inminente. Cuando se expresa que la lesión sobre el derecho constitucional debe ser directa, se afirma que no puede depender de otras circunstancias ajenas o que se concatene con el acto cuestionado; tampoco puede depender de la ejecución de otro acto u hecho a realizarse por la misma autoridad o por otro sujeto, no puede ser potencial y mucho menos conjetural. Todo ello deriva de la característica expedita y rápida de la acción que le da carácter de proceso urgente, lo cual implica que se trata de una vía regia, franqueada de todo obstáculo de naturaleza procesal que pueda obstaculizar la defensa del derecho constitucional en juego, pero que por esa misma característica tiene ciertos requisitos de procedencia que no se encuentran cumplidos en la especie. Ahora bien, en autos se ha planteado la supuesta existencia de daños que claramente dependen de la existencia de que se cumplan otros actos u hechos, incluso alguno de ellos por personas ajenas al Poder Ejecutivo Nacional. Sólo a modo de ejemplo vale recordar la necesidad de que el tratado sea aprobado por los estados signatarios para su entrada en vigor. Así también, en lo especifico a la violación del derecho de control de las partes sobre las pruebas producidas, no sólo se evidencia un debate profundo sobre el alcance de tal garantía constitucional y por
ende de tal cuestionamiento -basta con afirmarse que dicho control se ejerce sobre la incorporación de la prueba al expediente judicial-, sino que se desconoce si se aportará alguna prueba, de lo que se concluye no sólo que el supuesto daño no es directo, sino que depende de la concurrencia de otras acciones, más aún, la existencia de la acción es conjetural y por ende el hipotético daño lo es. Ello es así porque no toda ley es pasible de ser cuestionada a través de la vía del amparo en atención al tipo de daño concreto e inminente que debe producir, debiendo estarse entonces a la ejecutoriedad de la ley en cuestión. Así, aquellas leyes que resultan directamente operativas y que no precisan de alguna otra norma reglamentaria para su aplicación y que produce efectos jurídicos concretos con su sola promulgación puede generar prima facie lesión cuestionable para el amparo, mientras que en el caso de autos al depender la norma cuestionada de la necesidad de aprobación por un estado extranjero sumado al trámite del intercambio de las notas diplomáticas correspondientes para la sola entrada en vigencia del pacto allí contenido, estamos claramente frente a una ley de aquellas que no habilita la vía del amparo frente a la falta de vigencia de las disposiciones allí contenidas. Ello así, resulta abstracto el planteo aquí efectuado atento a la eventualidad de su vigencia y más aún, aleja su potencialidad lesiva. Aún en la hipótesis en que habría ley eventualmente lesiva de derechos constitucionales, pero que no puede efectivizarse todavía al faltar la norma o acto intermedio de ejecución y al resultar éstos optativos o discrecionales para el órgano respectivo, la ley en cuestión se asemejaría a una cláusula programática que perfila un acto lesivo remoto, no idóneo para viabilizar la acción de amparo que requiere, para configurar la amenaza, actos lesivos inminentes y próximos. Es claro que esta vía regia no permite el cuestionamiento de tal tipo de normas (Sagüés, obra citada, página 90).
Por el otro lado se ha dicho que no se puede sostener “…que con el amparo el juez se podría erigir en árbitro del sistema político y adquirir una injerencia y proyección insospechada en el manejo del poder, sino que deberá seguir siempre velando por el buen derecho, solo que con otros instrumentos… El juez del amparo tutelador de la libertad pero también del ejercicio legítimo de las competencias publicas, deberá cuidarse del riesgo de invadir esferas del quehacer de otros poderes vulnerando el principio de separación de poderes…” (Rubén Flores Dapkevicius. Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data, Editor Julios Cesar Faira, 2001, 3°. Ed., pág. 205.).
En el mismo sentido es doctrina de la Corte Suprema que el remedio urgente del amparo no configura una alteración de las instituciones vigentes, ni justifica la extensión de la jurisdicción legal y constitucional de los jueces y que el control judicial de constitucionalidad “…no autoriza a esta Corte a sustituir a los otros poderes del Gobierno en su función…”, ni “…a interrumpir en asuntos
ajenos a la jurisdicción que por ley tienen conferida…”.
consonancia sostuvo que la razón de ser de la acción de amparo no es someter a vigilancia o supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos al decir que “…ni el control ni el acierto con que la Administración desempaña las funciones que la ley le encomienda válidamente, ni el razonable ejercicio de las atribuciones propias de la autoridad administrativa son bastantes para motivar la intervención judicial por vía del amparo…”, pues sostuvo que la excepción a esa abstención judicial solo debe ocurrir en los supuestos de “grave o grosera irrazonabilidad” o “manifiesta irrazonabilidad”, pero siempre que se cubran los demás recaudos propios del amparo al ser ésta la “zona de reserva” del Poder Ejecutivo (Fallos 306:1453; 306:396; 256:386; 302:535; 306:506; 305:2237; 306:788; 296:529 y C.S.J.N. 14/2/89, L.L., 1989-C-483)
Desde tal incontrastable realidad fallar sobre el fondo de la cuestión, no solo desnaturalizaría la acción de amparo y pondría en riesgo los derechos de las partes al limitar el amplio estudio correspondiente sobre los temas en cuestión, sino que limitaría en forma indebida las atribuciones de los poderes políticos en materia de asistencia jurídica penal y en procura de la obtención de la cooperación judicial internacional tantas veces reclamada en la causa en que se investiga el atentado, al desconocerse actualmente cual será el marco legal aplicable y el alcance de las acciones comprometidas al momento en que se ejecute el convenio en cuestión, ello al interrumpir el devenir natural del ejercicio de las acciones que le son propias con anterioridad a la realización de cada uno de los actos actualmente bosquejados. Tal situación ya se avizoraba y fue puesta de manifiesto cuando en la resolución de fs. 184/203vta. se expresó: “…en la especie, no comprende el suscripto cómo lo aquí a resolverse sobre la legalidad o no de las atribuciones políticas del Poder Ejecutivo Nacional a la hora de ejercer la función diplomática y su convalidación por parte del Legislativo, pudiera condicionar las hipotéticas decisiones de mero trámite que el suscripto debiera tomar en el expediente, aún aquéllas que pudieran derivarse de negociaciones diplomáticas, las cuales deberán eventualmente ser resueltas de conformidad con las normas procesales vigentes en la materia, esto es, con independencia de la decisión jurisdiccional de la presente acción y con apego legislativo. De modo adverso, no logra el suscripto interpretar el alcance de los efectos vinculantes decretados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que impone la obligatoriedad de que quien resuelva sobre las acciones procesales en la causa penal debe resolver el presente planteo, condicionando de este modo la respuesta jurisdiccional sobre el ejercicio del Poder Ejecutivo y la afectación a los derechos individuales a la procedencia de las medidas procesales en cuestión. Esto es, a modo de ejemplo, que si el
suscripto considera procesalmente conducente alguna acción cuya ejecución fuera diplomáticamente pactada, la actividad desarrollada por el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra dentro los parámetros legales, caso contrario la actuación de los Órganos Diplomáticos es contraria a la Constitución. No parece que sea esta la forma de resolver el conflicto traído por los ciudadanos al amparo de su derecho a la jurisdicción. Por lo demás, si la cuestión se resolviera en el sentido de la competencia que es atribuida en el presente amparo a este magistrado, esto es: atada a las decisiones procesales futuras; mal podría el suscripto resolverla en forma anticipada ante la inexistencia de un “caso” o “causa” como presupuesto obligado de procedencia, la que sólo se configuraría al momento de que se den los supuestos de hecho al ordenarse las acciones procesales respectivas, que pongan en crisis las distintas normas y garantías a invocarse por la parte. Al contrario, puesto ahora en la situación de resolver sobre la conducencia o no de la medida procesal hipotéticamente vinculada, no sólo el suscripto estaría adelantando una opinión sino que, además, debería formular elucubraciones al desconocerse en la actualidad cuáles serán las condiciones procesales que garantizarán su desarrollo dentro del marco de la debida constitucionalidad…” Es claro con todo lo dicho el impedimento legal de habilitar la vía para la discusión sobre la adecuación de valides de la norma impugnada.
Más aún, conforme los alcances arriba mencionados puede afirmarse que estamos frente a una ley cuyo cuestionado contenido se encuentra supeditado al cumplimiento de una condición para su entrada en vigor por lo que no existe disposición legal vigente sobre la que pueda recaer una declaración sobre su constitucionalidad. De todo lo referido se deriva la imposibilidad de considerar expedita la acción de amparo.
En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, RESUELVO:
NO HACER LUGAR POR IMPROCEDENTE a la acción de amparo aquí ejercida, imponiéndose las costas a los presentantes de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley n° 16.986. Notifíquese. A tal fin, líbrense cédulas.
Fernando G. Pojaghi Secretario Federal
cédulas. CONSTE.
notifiqué al Sr. Fiscal y firmó. DOY FE.
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 artículo 43
 artículo 1
e contrario
 artículo 75
 artículo 2
 artículo 31
 resolución 
 artículo 14

Resolución