Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/431
Timestamp: 2020-03-30 01:28:40+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 51/1985
SENTENCIA 51/1985, de 10 de abril
ECLI:ES:TC:1985:51
En el recurso de amparo núm. 781/1983, promovido por don Miguel Castells Arteche, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Esther Rodríguez Pérez, y bajo la dirección del Abogado don Enrique Villa Sánchez, contra la Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 31 de octubre de 1983, en causa seguida contra el actual solicitante del amparo por el delito de injurias al Gobierno. Ha comparecido en el asunto el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Luis Díez-Picazo, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Con fecha 3 de julio de 1979 el Ministerio Fiscal formuló una querella contra el entonces Senador don Miguel Castells Arteche, por la supuesta comisión de un delito de injurias al Gobierno, prevenido en el art. 161 del Código Penal. Según la opinión del Fiscal, dicho delito se habría cometido en un artículo escrito por el señor Castells, titulado «Insultante impunidad», publicado en la «Revista Punto y Hora de Euskalherria», en el número correspondiente a la semana del 14 al 21 de junio de 1979, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Dentro de poco, cuando lleguen los Sanfermines, se cumplirá el año de los asesinatos de Germán Rodríguez en Iruña y Joseba Barandiarán en Donosti. Los organismos oficiales no han identificado a los autores. Ni siquiera han reconocido las organizaciones a que pertenecen. Tampoco han identificado a quienes mataron, entre el 12 y el 15 de mayo de 1977, en Rentería, a Gregorio Marichalar Ayestarán, de sesenta y tres años, y a Rafael Gómez Jáuregui, de setenta y ocho; en Iruña, a José Luis Cano, y en Ortuella a Manuel Fuentes Mesa; el 14 de mayo, también de 1977, a José Luis Aristizábal, en San Sebastián, y por esas fechas, y en la misma ciudad, a Isidro Eusperregui Aldekoa, septuagenario; a comienzos de junio del mismo año, a Javier Núñez Fernández, en Bilbao; a Francisco Aznar Clemente, Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Juan José Castillo y Bienvenido Pereda Moral, el 3 de marzo de 1976, en Gasteiz, y en el mismo año, el 7 de marzo, en Basauri, a Vicente Antón Ferrero; el 9 de mayo, en Montejurra, a Aniano Jiménez y Ricardo Pellejero; el mes de junio, a Alberto Romero Soliño, en Eibar; el de septiembre a Jesús María Zabala, en Fuenterrabía; en noviembre, a Santiago Navas y José Javier Nuén, en Santesteban, y el 10 de julio, a Normi Menchaka, en Santurce; a José Emilio Fernández Pérez, de dieciséis años, y a Felipe Carro Flores, de quince, el 24 de julio, en Apatomasterio, y el 25 de julio, en Sestao, respectivamente, el año 1978. Hablo sólo de muertos, y no agoto, ni muchísimo menos, la relación. Ni uno solo, repito: Ni uno solo de los asesinatos que comprende la lista interminable de asesinatos fascistas en Euskadi ha tenido una mínima aclaración oficial. ¿Se identificará a los individuos que asesinaron a Emilia Larrea, Roberto Aramburu, Josemari Iturrioz, Agurtzane Arregui, Argala, José Ramón Ansa y Gladys del Estal, que son los más recientes? Y al hablar de los más recientes hay que señalar la fecha -9 de junio de 1979-, porque mañana habrá más. Y quedan los cientos de casos -porque son cientos- en los que unos señores entran empuñando pistolas en bares de pueblos y barrios (Amorebieta, Durango, Eguía, Loyola, etc.), o van simplemente por la calle hiriendo y atropellando indiscriminadamente a la gente; las voladuras de los locales populares (Punto y Hora, Bordatxo, bar Alay, bar Santi, Askatasuna, etc.), o de turismos, los atentados cuyos supervivientes quedan con lesiones permanentes, etc.
¿Organizaciones de extrema derecha? Nadie creía en Euskadi, antes de fallecido Franco, en la posibilidad de que pudiera estar detenido o condenado por asociación ilícita ni un solo militar, y menos un dirigente de la Triple A, del Batallón Vasco-Español, del Batallón Guezalaga, de ATE, del Comando Adolfo Hitler, del Comando Francisco Franco, del Comando Mussolini, de Orden Nuevo, Omega, del Movimiento Social Español, Acción Nacional Española o Guerrilleros de Cristo Rey. Nadie tampoco puede creerlo en la actualidad.
Detrás de estas acciones sólo puede estar el Gobierno, el Partido del Gobierno y sus efectivos. Sabemos que van a utilizar, cada vez más, como instrumento político la caza expeditiva y la eliminación física del disidente vasco. ­Allá ellos con su falta de visión política! Pero para el próximo que caiga entre nosotros, hay que señalar a los responsables, desde ahora y con la máxima publicidad.»
El Tribunal Supremo solicitó el suplicatorio para procesar al señor Castels y, una vez obtenido, dictó Auto de procesamiento contra él. Tras una serie de incidencias, que no son del caso, el Ministerio Fiscal formuló el escrito de calificación provisional y proposición de prueba, trámite que asimismo evacuó la defensa del Senador señor Castells, tan pronto como hubo recibido la causa. En el escrito del procesado se decía, con respecto al artículo objeto del proceso, lo siguiente: Que los hechos relatados en el mismo eran ciertos; que se probaría la existencia de datos suficientes para que el querellado estuviera obligado a denunciar públicamente aquellos hechos; que el artículo en cuestión no contenía afirmaciones de carácter personal, sino que en él se manifestaba una opinión pública, cuya notoriedad se probaba con testimonios publicados repetidamente y difundidos con amplitud. Por otra parte, se añadía que la prueba que se proponía iba dirigida a demostrar: a) La realidad de lo imputado; b) La intención del querellado al redactar el artículo objeto de la acusación; c) La existencia de datos objetivos que, por ser públicos y notorios, privan de carácter injurioso el contenido del trabajo; d) La práctica parlamentaria en la materia.
A continuación se articulaban los diversos medios de prueba de los que intentaba valerse la defensa del señor Castells:
a) Sendos dictámenes de Catedráticos de Derecho Penal; b) Dosier de prensa en el que se recogen hechos y declaraciones similares a los del artículo de Autos, anteriores y posteriores a éste; c) Libros publicados por distintas editoriales que inciden en el tema; d) Un dosier elaborado por el señor Castells para su remisión a los Organismos internacionales que procede, y otro confeccionado por el «Grupo del Comité por Libertad de Expresión».
7.° Que se oficiara al Ministerio del Interior, a la Inspección de la Policía Nacional y a la Comisaría del Cuerpo Superior de Policía de San Sebastián, para que remitieran certificación o testimonio literales sobre el expediente seguido con motivo de las actuaciones de «incontrolados» o de miembros de las fuerzas de orden público determinados días en San Sebastián.
Contra dicha resolución se interpuso recurso de súplica por el señor Castells, argumentando que la exceptio veritatis es admisible con respecto al delito del que venía acusado y que, de todos modos, no toda la prueba no admitida se dirigía a la demostración de la veracidad de las imputaciones, pues parte de ella estaba dirigida a la probanza del ánimo e intencionalidad del recurrente, de la existencia de datos objetivos abundantes y notorios, anteriores y posteriores a su denuncia, que la privaban de su carácter de injuria y de cuál es la práctica parlamentaria universalmente admitida en la materia.
4. Celebrada la vista oral, en 31 de octubre de 1983, se dictó Sentencia, por la que se condenó al señor Castells, como autor de un delito de injurias no graves al Gobierno, previsto y penado en los arts. 161 y 162 del Código Penal, a la pena de un año de prisión menor y accesorias, acordándose el pase de la Sentencia al Ministerio Fiscal a efectos de condena condicional. El Tribunal Supremo consideró que en el artículo redactado por el señor Castells concurrían los elementos objetivo, subjetivo y circunstancial que integran el delito de injurias: el objetivo derivado de diversas expresiones que se incluyen que en sí son afrentosas y racionalmente graves; el subjetivo o animus injuriandi, pues frente a los argumentos esgrimidos por la defensa del procesado para negar su existencia, es de aducir que la crítica, el control y la fiscalización de las actuaciones de los poderes del Estado que le competían como Senador tienen unos canales precisados en el Reglamento del Senado que no fueron los que empleó, por lo que los hechos que se denuncian en el artículo se salen ostensiblemente de las funciones que, como Senador, le correspondían; por otra parte, entiende que cuando las críticas políticas rebasan el ánimo de censura y los límites legalmente establecidos y se utilizan epítetos en si mismos denigrantes, se convierten en antijurídicas, aun cuando, en este caso, el animus criticandi degrade al injuriandi en su intensidad y malicia; asimismo, se destaca en la Sentencia el carácter no absoluto, sino limitado, del derecho a la libertad de expresión, así como la presencia de circunstancias que permiten ponderar la intencionalidad injuriosa.
5. El 22 de noviembre de 1983, la Procuradora doña Esther Rodríguez Pérez, en nombre y representación de don Miguel Castells Arteche, presentó ante el Tribunal demandante de amparo, frente a la anterior resolución, en la que denuncia las siguientes violaciones:
c) Violación del derecho del acusado a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, recogido en el art. 24.2 de la Constitución Española, ocasionando además la indefensión del núm. 1 de dicho art. 24, al rechazarse la prueba narrada en los antecedentes, con lo que no ha tenido la plena oportunidad de probar su inocencia, ni de desvirtuar la acusación formulada contra él. La mayor parte de las pruebas solicitadas eran ajenas a la exceptio veritatis y estaban encaminadas a mostrar las circunstancias, el contexto en el que se produjeron las declaraciones escritas del señor Castells, su intencionalidad al formularlas y la práctica general parlamentaria en la materia.
11. La Sala Segunda de este Tribunal resolvió en Auto de 20 de julio admitir la prueba documental adjuntada por la Procuradora doña Esther Rodríguez Pérez al escrito de proposición de prueba y la prueba documental comprendida en el apartado I, a), del mencinado escrito, y rechazar el resto de la prueba propuesta.
Evacuado el trámite de alegaciones por el demandante -en el que reproduce las efectuadas en el escrito de recurso de súplica-, y por el Ministerio Fiscal -que considera insuficientes las razones expresadas en el escrito de interposición del recurso para desvirtuar los fundamentos en que se apoyó la Sala para dictar la resolución que se quiere impugnar, la Sala -por medio de Auto de 12 de septiembre- desestimó el recurso de súplica deducido por don Miguel Castells.
13. Con anterioridad, el 24 de abril de 1984, el Procurador don José Manuel Dorremochea Aramburu, en nombre y representación del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de San Sebastián, presentó un escrito en este Tribunal, en el que aduciendo, en base a lo establecido en el art. 47.1 de la Ley Organica del Tribunal Constitucional, ostentar un interés legítimo, solicitó se le tuviera por parte coadyuvante del demandante, en el recurso de amparo irlterpuesto por éste.
Al respecto, la Sección acordó, tras oir al Ministerio Fiscal, que se mostró en desacuerdo con la referida petición, desestimar la pretensión del lustre Colegio de Abogados de San Sebastián, en atención a que la figura del coadyuvante del demandante queda circunscrita a los supuestos previstos en el art. 46.2 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
1. El recurso de amparo constitucional, que consagra el art. 161 de la Constitución y que reconoce y regula la Ley Orgánica de este Tribunal en su art. 2 y en los arts. 41 y siguientes, tiene por objeto establecer si se ha producido la vulneración de alguno de los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 29 y párrafo 2.° del art. 30 de la Consitución, del modo o en la medida pretendida por las personas u órganos legitimados para interponer dicho recurso de acuerdo con el art. 46 de la Ley Orgánica de este Tribunal. Quiere ello decir que todos los problemas que no guardan directa relación con las susodichas vulneraciones de derechos constitucionales tienen necesariamente que quedar al margen del recurso de amparo. Asimismo, es preciso puntualizar desde ahora que cuando la violación de derechos constitucionales se imputan de manera inmediata y directa a actos u omisiones de órganos judiciales, como en este caso ocurre, los poderes de este Tribunal presentan algunas señaladas limitaciones, porque no le corresponde modificar los hechos que hayan sido declarados probados, ni la apreciación de las pruebas, ni las calificaciones jurídicas que no trasciendan del ámbito de la simple legalidad al de los derechos constitucionales puestos en juego. Aun cuando todo ello pueda resultar manifiesto, conviene precisarlo en estos momentos para dejar en claro cuáles son las coordenadas dentro de las que nos podemos mover en relación con los agravios que don Miguel Castells Arteche esgrime.
2. El recurso del señor Castells se articula a través de una serie de «motivos», que se estructuran separadamente, aunque no se pueda ocultar la estrecha conexión que entre ellos se produce. Son los siguientes: 1.° Que se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías reconocidas en el num. 2.° del art. 24 de la Constitución, así como el derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales recogida en el núm. 1.° del art. 24 de la propia Constitución, por cuanto la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo niega al solicitante del amparo el derecho que toda persona declarada culpable de un delito tiene a que el fallo condenatorio y la pena impuesta sean sometidos a un Tribunal superior. 2.° Que se vulnera el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas reconocido en el número 2.° del art. 24 de la Constitución. 3.° Que se viola el derecho del acusado a utilizar los medios pertinentes para su defensa, reconocido en el art. 24.2 de la Constitución, ocasionándole además la indefensión de que habla el número 1.° de dicho art. 24, por el hecho de que, como consecuencia de la denegación de medios probatorios, el acusado no ha tenido la plena oportunidad de probar su inocencia, ni de desvirtuar con los mismos la acusación. 4.° Que se vulnera el derecho del recurrente en amparo a la presunción de inocencia, al proceso con todas las garantías, a utilizar las pruebas pertinentes y a no ser reducido a la situación de indefensión, reconocidos en los apartados 1.° y 2.° del art. 24 de la Constitución, produciéndose tal vulneración al no permitir la Sala Segunda del Tribunal Supremo al actual solicitante del amparo la posibilidad de probar la veracidad de las imputaciones por él realizadas. 5.° Que se viola el derecho del solicitante del amparo a la igualdad ante la ley, reconocido en el art. 14 de la Constitución, y produciéndose esta violación de manera directa en relación con dicho artículo y en relación con el derecho reconocido en el art. 23 de la Constitución, entendido como derecho a participar en los asuntos públicos, derecho que la Sentencia recurrida lesiona al constreñir la función senatorial de control, fiscalización y crítica. 6.° Que se violan los derechos reconocidos en los arts. 17 y 25 de la Constitución en la medida en que se desconoce el derecho del acusado a la retroactividad mas favorable.
9. Desbrozado el camino en los fundamentos jurídicos anteriores, puede penetrarse ya en lo que constituye el núcleo central de las violaciones constitucionales esgrimidas por don Miguel Castells Arteche frente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de Justicia que le ha condenado. Se trata de la vulneración o preservación de su derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes a su defensa y de la utilización, en su defensa, frente a la acusación de que ha sido objeto de la llamada exceptio veritatis en relación con el tipo de delito que fue objeto de acusación y de condena.
Denegar el amparo solicitado por don Miguel Castells Arteche.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 781-1983
Fecha de resolución 10/04/1985
Interpuesto por el Senador don Miguel Castells contra Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en causa seguida contra el recurrente en amparo por el delito de injurias al Gobierno
Por mor de lo dispuesto en el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal es una de la garantías a que la Constitución se refiere al emplear la cláusula «todas», como reconoció la STC 76/1982, de 14 de diciembre. Esta afirmación genérica ha sido matizada por este Tribunal en la Sentencia citada y, con anterioridad, en la STC 42/1982, de 5 de julio, al puntualizar que el art. 14.2 del Pacto Internacional, aunque es Derecho interno, no es bastante para crear para sí mismo recursos inexistentes.
La necesidad de que en las causas contra Diputados y Senadores sea competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es el «órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales» (art. 123.1 de la C.E.), está impuesta por el art. 71.3 de la C.E. Esas particulares garantías que acompañan a Senadores y Diputados disculpan la falta de un segundo grado jurisdiccional.
La pretendida violación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no tiene lugar, sin más, siempre que el proceso tenga una duración anormal y, en cualquier caso, carece de sentido aducirla cuando el proceso ya ha finalizado.
La supuesta violación del derecho de igualdad ante la Ley no se produce cuando la Ley es infringida o indebidamente aplicada. En este sentido se ha pronunciado este Tribunal (STC 43/1982, de 6 de julio; Auto 218/1982, de 16 de junio; Auto 77/1983, de 23 de febrero, entre otros). Toda falta debe acarrear la sanción correspondiente, y si esto no ocurre en algunos casos, lo reprochable no es que se sancione al posterior culpable, sino que no se hubiera sancionado a los que lo fueron antes.
El art. 71.1 de la C.E. dispone que «los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones», garantizando así la «freedom of speech» de los parlamentarios, genéricamente reconocida en los diferentes sistemas consitucionales democráticos.
Esta garantía de los parlamentarios no decae por la extinción del mandato ( arts. 10 y 21, respectivamente, del Reglamento del Congreso de los Diputados y del Reglamento del Senado).
La garantía no ampara cualesquiera actuaciones de los parlamentarios y sí sólo sus declaraciones de juicio o de voluntad («opiniones», según el art. 71.1 de la C.E.).
El nexo entre inviolabilidad y ejercicio de funciones propias a la condición de parlamentario está claramente expuesto por el propio art. 71.1 de la C.E. Las «funciones» debieran identificarse en las que son propias del Diputado o Senador en tanto que sujetos portadores del órgano parlamentario, cuya autonomía, en definitiva, es la protegida a través de esta garantía individual. El Diputado o Senador ejercitaría, pues, sus funciones sólo en la medida en que participase en actos parlamentarios y en el seno de cualesquiera de las articulaciones orgánicas de las Cortes Generales.
El sentido del art. 67.3 de la Norma fundamental es el de vincular el reconocimiento de lo que llama «privilegios» parlamentarios al funcionamiento regular de las asambleas y de sus órganos.
Desde una interpretación finalista, las prerrogativas parlamentarias han de ser interpretadas estrictamente para no devenir privilegios que puedan lesionar derechos fundamentales de terceros (en este caso, por ejemplo, los reconocidos por el artículo 24.1 de la C.E.). La prerrogativas parlamentarias son «sustracciones al Derecho común conectadas a una «función», y sólo en tanto esta función jurídica se ejerza, pueden considerarse vigentes.
La prerrogativa de la inviolabilidad puede amparar también los actos «exteriores» a la vida de las Cámaras, que no sean sino reproducción literal de un acto parlamentario.
La cuestión de si la retroactividad de la Ley penal más favorable está reconocida en la Constitución, fue ya resuelta en las SSTC 8/1981, de 30 de marzo, y 15/1981, de 7 de mayo, en el sentido de considerarla impuesta a partir de una interpretación «a contrario» del art. 9.3. La primera Sentencia de las citadas alude incluso a la posibilidad de invocarla en amparo, en algún caso, «merced a una interpretación conjunta de los arts. 9.3 y 17.1 de la C.E.».
Es el órgano judicial a quien corresponde realizar la subsunción de los hechos en el tipo delictivo correspondiente. A ello ha de añadirse que la adjetivación de calumnia o de injuria en el marco de los arts. 161 y 162 del Código Penal es irrelevante.
La Sentencia que pronuncia este Tribunal ha de resolver las vulneraciones constitucionales denunciadas en la demanda, en la que queda acotada la pretensión sin que pueda dotarse a ésta de un fundamento que no haya sido suficientemente debatido por haber sido extemporáneamente aportado (STC 73/1983, de 2 de diciembre, F.J. 5).
El derecho de todos «a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa» (art. 24.2 de la C.E.), como todos los derechos fundamentales establecidos entre los arts. 14 y 29, presenta una doble línea de proyección de su eficacia, pues es un parámetro para fijar la legitimidad constitucional de las Leyes y es un derecho (y una norma) directamente ejercitable (aplicable) por el particular.
Las líneas que hasta ahora ha seguido la jurisprudencia o doctrina de este Tribunal recaída en la materia del derecho constitucional a las pruebas, marcan una relación muy estrecha entre negativa de las pruebas e indefensión. La relación entre derecho a las pruebas e indefensión marca el momento de máxima tensión de la eventual lesión del derecho.
El art. 24 de la C.E. no supone un desapoderamiento de la potestad que corresponde a los Jueces y Tribunales ordinarios para pronunciarse sobre la pertinencia de las pruebas propuestas siendo procedente únicamente el examen de tal extremo por el Tribunal Constitucional en los supuestos de falta total de fundamento o de absoluta incongruencia en la motivación del rechazo del medio que haya sido propuesto o cuando la motivación haya sido arbitraria o irrazonable.
La pertinencia de las pruebas es la relación que las mismas guardan con lo que es objeto del juicio y con lo que constituye «thema decidendi» para el Tribunal y expresa la capacidad de los medios utilizados para formar la definitiva convicción del Tribunal. Así entendida, es distinta de su eventual relevancia, que consiste en el juicio de necesidad o de utilidad de las mismas.
Se encuentran entre los elementos caracterizadores del juicio sobre la pertinencia, el que el objeto de la prueba han de ser hechos y no normas jurídicas o elementos de Derecho; el que ha de tratarse de hechos que hayan sido previamente alegados y que estén, por consiguiente, previamente aportados al proceso, y que no se trate de hechos exonerados de prueba como pueden estarlo los hechos establecidos en virtud de una presunción legal.
La irregularidad en la anticipación del juicio sobre una cuestión de fondo sólo entraña violación del derecho constitucional a servirse de las pruebas pertinentes, especialmente en casos que se deciden en única instancia, si se produce la lesión en derecho sustantivo que en el proceso se cuestione.
La limitación del derecho consagrado por el art. 24.2 a servirse de las pruebas pertinentes para su defensa como un derecho constitucional, no justifica su sacrificio a intereses indudablemente dignos de su tutela, pero de rango subordinado, como pueden ser la economía del proceso, la mayor celeridad de éste o la eficacia en la administración de justicia.
El delito previsto en el art. 161 del Código Penal ha de ser considerado en su relación con el derecho de libertad de expresión consagrado por el art. 20 de la C.E.
La legislación de carácter penal constituye una vía idónea para la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales por el legislador, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 de la C.E., y es constitucionalmente legítima, en tanto se respete el contenido esencial del derecho.
En la libertad de expresión e información, una y otra línea del derecho -las noticias y las opiniones- encuentran un límite indiscutible en la seguridad exterior e interior del Estado, que puede ponerse en riesgo cuando se produce una destrucción del prestigio de las instituciones democráticas, en las que las fuerzas políticas del país se deben reconocer y que expresan no sólo el interés singular de algunos miembros de la comunidad nacional, sino el interés de la colectividad entera, en la medida en que estas instituciones son expresión de la solidaridad de la nación y ofender su prestigio significa incumplir el deber de solidaridad política. Tales violaciones de deberes pueden ser sancionadas con normas penales.
La existencia o inexistencia de «exceptio veritatis» y la aproximación o el alejamiento del delito del art. 161 respecto de los delitos de injurias a funcionarios públicos es una cuestión de mera legalidad en la que este Tribunal no puede introducirse como tampoco puede revisar la apreciación sobre la concurrencia del «animus iniuriandi» y los demás elementos del supuesto de hecho.
Artículo 659, f. 9
Artículo 161, ff. 7, 10
Artículo 161.1 (redactado por la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio), f. 7
Artículo 461, f. 7
Artículo 14 (igualdad en la ley), ff. 2, 5, 9
Artículo 20, ff. 6, 10
Artículo 23, ff. 2, 6
Artículo 24, ff. 3, 9
Artículo 24.2 (derecho a un proceso con todas las garantías), ff. 2, 3
Artículo 67.3, f. 6
Sentencia del Tribunal Constitucional italiano 81/1975, de 27 de marzo
Contenido del derecho a la pruebaContenido del derecho a la prueba, f. 9
Delimitación de la inviolabilidad parlamentariaDelimitación de la inviolabilidad parlamentaria, f. 4
Derecho a la pruebaDerecho a la prueba, Respetado, f. 9
Igualdad en la ilegalidadIgualdad en la ilegalidad, f. 5
Inviolabilidad parlamentariaInviolabilidad parlamentaria, f. 6
Lesión de derechos fundamentales de tercerosLesión de derechos fundamentales de terceros, f. 6
Libertad de expresiónLibertad de expresión, ff. 6, 10
ParlamentariosParlamentarios, ff. 3, 6
Potestad jurisdiccionalPotestad jurisdiccional, f. 7
Prerrogativas parlamentariasPrerrogativas parlamentarias, f. 6
Prerrogativas parlamentariasPrerrogativas parlamentarias, Naturaleza, f. 6
Pretensión de amparo determinante del contenido del falloPretensión de amparo determinante del contenido del fallo, f. 8
Seguridad del EstadoSeguridad del Estado, f. 10
Exceptio veritatisExceptio veritatis, ff. 7, 10
InjuriasInjurias, ff. 7, 10
Injurias al GobiernoInjurias al Gobierno, f. 10
Aforamiento de parlamentariosAforamiento de parlamentarios, f. 3
Denegación de pruebaDenegación de prueba, f. 9
Pertinencia de la pruebaPertinencia de la prueba, f. 9
SuplicatorioSuplicatorio, f. 3

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24

Artículo 659

Artículo 161

Artículo 161

Artículo 461

Artículo 14

Artículo 20

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 67