Source: http://rafaelsilva.over-blog.es/page/4
Timestamp: 2017-06-25 01:43:41+00:00

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Quizá debiéramos insistir en un mensaje que ya hemos enunciado durante toda esta serie de artículos, pero aún debemos repetirlo para que cale en las mentes de la inmensa mayoría social: muchas personas consideran que la desigualdad es un efecto necesario secundario, aunque desafortunado, de la globalización de nuestra época y de los continuos avances tecnológicos. Sin embargo, los distintos caminos emprendidos por determinados países, sus decisiones y los efectos que han provocado en sus respectivas poblaciones, refutan esta visión. Por ejemplo, Brasil (durante los Gobiernos del PT de Lula y Dilma) ha reducido la desigualdad a pesar de formar parte de un mundo globalizado, mientras que, en el mismo período, la desigualdad ha aumentado rápidamente en la India. Por cierto, ambos países forman parte del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que se unieron para delimitar un bloque alternativo de poder a las grandes coaliciones occidentales, que imponen sus monedas y las políticas de sus organismos internacionales. El incremento de la desigualdad económica no es por tanto la consecuencia inevitable de unos factores económicos supuestamente elementales, ni el producto de una tendencia mundial irreparable, sino el resultado de decisiones económicas y políticas deliberadas. Existen dos factores económicos y políticos que son los que provocan fundamentalmente la desigualdad, y que explican en gran medida el grado extremo de desigualdad que existe en la actualidad. Esos dos factores son, a saber, el auge de una variante extrema del capitalismo, conocida como "fundamentalismo de mercado", y el secuestro democrático del poder y la influencia por parte de las élites económicas, como las empresas, que provoca una desigualdad aún mayor, ya que tanto las medidas políticas como el debate público se configuran para adaptarse a los intereses de los más ricos de la sociedad, en lugar de beneficiar a la inmensa mayoría de los ciudadanos. La combinación de estos dos elementos supone una peligrosa mezcla, un explosivo cóctel que incrementa enormemente la desigualdad económica. De las empresas y de su enorme poder ya hablaremos en un bloque temático independiente que ya expusimos en el índice de esta serie de artículos, así que aquí lo trataremos de forma más resumida. Hay que admitir que el capitalismo de los primeros tiempos de su desarrollo no era tan virulento como el de hoy, aunque sus principios de funcionamiento ya estaban diseñados. De hecho, con regulación, el capitalismo puede ser un motor que contribuya a impulsar con éxito la igualdad y la prosperidad. Durante los últimos 300 años, los Gobiernos han utilizado la economía de mercado para tratar de que cientos de millones de personas tengan una vida más digna, primero en Europa y América del Norte, y después en Japón, la República de Corea y otros países del sudeste asiático. Sin embargo, si no existe un control de sus mecanismos, el capitalismo puede provocar elevados niveles de desigualdad económica. Como ha demostrado Thomas Piketty en su reciente e influyente libro "El Capital en el Siglo XXI", la economía de mercado tiende a concentrar la riqueza en manos de una pequeña minoría, haciendo que la desigualdad aumente. No obstante, los Gobiernos pueden tomar medidas para corregir este defecto estableciendo límites a los mercados a través de la regulación y de la fiscalidad. Sin embargo, hasta ahora la voluntad política para establecer regulaciones a los mercados por parte de los Gobiernos ha sido nula. Y así, durante buena parte del siglo XX, en las sociedades ricas, la movilización eficaz de los trabajadores convenció a las élites de la necesidad de acuerdo con esta realidad, admitiendo la necesidad de llevar a cabo una fiscalidad, regulación y gasto social por parte del Estado para así mantener la desigualdad dentro de unos límites aceptables. Sin embargo, durante las últimas décadas, el pensamiento económico ha estado dominado por lo que George Soros definió como "el fundamentalismo de mercado", un enfoque que insiste en lo contrario al considerar que el crecimiento económico sostenido se produce al dejar a los mercados funcionar por sí mismos. La fe ciega en este enfoque ha impulsado significativamente el rápido incremento de la desigualdad de ingresos y de riqueza desde la década de 1980. Históricamente, los mercados regulados se han ido desvirtuando a través de los procesos de liberalización y privatización. Una desregulación que ha ido siempre en favor de los intereses de los grandes agentes económicos del capitalismo, y en contra de la inmensa mayoría social. Este fundamentalismo de mercado aumenta la desigualdad de dos formas: cambia los mercados existentes para que estén sujetos a una menor regulación, fomentando la concentración de la riqueza, y extiende los mecanismos de mercado a cada vez más ámbitos de la actividad humana, de modo que las disparidades de riqueza se reflejan en cada vez más aspectos de la vida de las personas, viéndose afectados los derechos humanos fundamentales. Durante las décadas de 1980 y 1990, los incrementos de la deuda pública de los Gobiernos llevaron a los acreedores (principalmente el FMI y el Banco Mundial) a imponer en países de todo el mundo un torrente de desregulación, privatizaciones, liberalización financiera y comercial, y rápidas reducciones del gasto público, que llegan hasta la actualidad. Además se acabó con la estabilización de los precios y se puso fin a otras medidas públicas de apoyo al sector rural. Las grandes empresas y los ricos se beneficiaron de generosos recortes fiscales, y se dio comienzo a una competición por debilitar los derechos laborales de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, se eliminaron las regulaciones para la protección social (bajas laborales, desempleo, etc.), así como la legislación en defensa de la competencia que impedía los monopolios y las normas financieras de protección de los consumidores. Todo ello condujo paulatinamente a un escenario de "acumulación por desposesión" (en expresión de David Harvey), que inclinó la balanza hacia los más poderosos, hundiendo cada vez más en la pobreza y en la miseria a los trabajadores y trabajadoras de todas partes del mundo. Y como siempre ocurre, mientras beneficia a los más poderosos, el fundamentalismo de mercado afecta sobre todo e incide de forma negativa en los sectores más vulnerables de la población. Y así, los programas de "ajuste estructural" y las "reformas" del mercado se han vinculado estrechamente al deterioro de la posición relativa de la mujer en el mercado laboral, debido a que las mujeres se concentran en sólo unos pocos sectores de la actividad económica, además de a su menor movilidad y al papel que desempeñan en la economía de cuidados no remunerada. La combinación de discriminación de género y escasa regulación favorecida por el fundamentalismo de mercado ha limitado enormemente la capacidad de las mujeres (especialmente de las mujeres pobres) para beneficiarse de los frutos del crecimiento y la prosperidad o para progresar económicamente. Hoy día, las mujeres siguen concentrándose en empleos precarios, cobran menos que los hombres, y se ocupan de la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado. Asímismo, las mujeres son las principales beneficiarias de muchas de las normas laborales que el fundamentalismo de mercado ha minimizado o eliminado, como la baja por maternidad remunerada o el derecho a vacaciones. La eliminación de todas estas normas afecta en mucha mayor medida a las mujeres. Por otra parte, las mujeres y los niños son también los principales beneficiarios de servicios públicos como la atención sanitaria y la educación, que se ven radicalmente recortados mediante este ataque flagrante a los derechos y servicios públicos fundamentales. Continuaremos en siguientes entregas.
En el artículo anterior de esta serie mostrábamos algunos ejemplos de cómo el pensamiento dominante coloniza las mentes en cuanto al pensamiento económico se refiere, pero no es la única manifestación ni faceta donde actúa. Porque igualmente, el pensamiento dominante también se atreve a desacreditar la ciencia cuando claramente entra y pone en grave conflicto de intereses cierta cuestión social o política. Un buen ejemplo de ello lo tenemos actualmente con el famoso asunto del cambio climático. Que el cambio climático como fenómeno causado por la acción del hombre es un hecho constatable, es algo que ya han demostrado multitud de científicos, de informes, de estudios, de experimentos y de foros internacionales. Sin embargo, para las clases dominantes, asumir este hecho y reaccionar en consecuencia para intentar frenar los perversos efectos del cambio climático supondría llevar a cabo una completa reorientación de sus políticas ambientales, y sobre todo energéticas. Y como esta reorientación iría lógicamente en contra de los intereses de los grandes grupos de poder (que son los que están detrás de las grandes empresas, de los grandes bancos y de los grandes medios de comunicación), lo que hacen es difundir campañas de información engañosas, intentando desacreditar los innumerables estudios científicos que avalan el cambio climático como un hecho, que instan a desarrollar un cambio profundo en las políticas actuales. Lo que hacen es situar el foco de atención en otras explicaciones, normalmente tan absurdas como ridículas. Como disponen de grandes ejércitos de medios, de periodistas y de profesionales de todo tipo a su servicio (patronatos, fundaciones, tanques de pensamiento, etc.), elaboran, publican y difunden contrainformes que desacreditan los datos emitidos por la comunidad científica, y así al menos, siembran en la ciudadanía la duda y el falso debate. Obsérvese como claro paradigma de lo que decimos las políticas que el nuevo Presidente de los Estados Unidos, el magnate Donald Trump, está implementando en este terreno: desmontaje de la Agencia de Medio Ambiente, retirada de los Acuerdos Climáticos de París, recuperación de las fuentes de energía procedentes del carbón, y retirada de subvenciones a las empresas que fomenten las energías renovables, y todo ello bajo el falso mantra de que "El cambio climático es un cuento chino". Otro ejemplo más, de los muchos que llevamos expuestos durante toda esta serie de artículos, de la vergonzante impunidad del pensamiento dominante, y de hasta qué punto pueden ser peligrosas para la humanidad las élites políticas, económicas y sociales que nos gobiernan. En el fondo de la cuestión, la misma explicación de siempre: poner los intereses económicos de estas élites por encima de cualquier otra consideración de índole social, política o cultural que pueda hacerles sombra, amenazando con disminuir sus enormes privilegios. Bien, prometí en su momento (cuando exponíamos la importancia de hacer la siempre sabia pregunta: ¿por qué?) dar respuesta a mis lectores/as sobre el motivo para la famosa y enigmática cifra del 3% del PIB como límite permitido para el déficit público de los países de la Eurozona, aunque ya advertimos entonces de que no existía respuesta para esa pregunta. Insté a mis lectores/as a preguntarse constantemente sobre el por qué de las decisiones que no se entiendan, a cuestionarse los intereses que hay detrás de ellas, de los auténticos motivos que las mueven. Pues bien, vamos a ello. El Catedrático de Economía Juan Torres (autor del libro cuya portada hemos reseñado en la imagen de entradilla) explica en este artículo la razón de la decisión del 3%. Vamos a seguir su explicación. Comienza su artículo con una buena pregunta: "¿Cómo se justifica que se pueda "perdonar" el déficit que genera el gasto militar y no el gasto necesario para salvar vidas humanas o el empleo y los ingresos de millones de personas y empresas? No hay respuesta para esta pregunta". Aún hoy intentan convencernos de ello. El Ministro Montoro, dentro del contexto del debate parlamentario sobre los Presupuestos Generales del Estado, se refería hace pocos días a la "borrachera de gasto público" que había practicado el Estado, lo cual, según él, había generado la crisis. Es tremendo que después de tanta corrupción destapada y después de tantas políticas económicas inútiles para su cometido (aunque muy útiles para su cometido encubierto), aún pretendan engañarnos de esta forma. Retomo de nuevo las palabras de Torres López: "Se dijo por activa y pasiva que los recortes sociales y las ayudas multimillonarias a la banca eran la condición necesaria para recobrar la actividad y el empleo, para reducir la deuda y para asegurar definitivamente el sistema financiero. Pero lo cierto es que desde que empezaron a aplicarse en la Unión Europea al estallar la crisis hay unos siete millones menos de empleos a tiempo completo, seis millones más de parados, otros casi seis millones más de empleos no voluntarios a tiempo parcial (en la UE28), cinco millones más de personas en riesgo de pobreza y 35 puntos más sobre el PIB de deuda pública (en la Eurozona). Y los bancos se siguen encontrando en insolvencia y muchos de ellos a punto de estallar de nuevo en cualquier momento. Pero eso no es sólo un fracaso o un error sino un engaño porque eran multitud los economistas que habían advertido que esto era justamente lo que iba a ocurrir cuando las autoridades decían a los ciudadanos que sus políticas frente a la crisis eran seguras, las adecuadas y plenamente infalibles". Disfraz, engaño, perversión económica. Debacle social y humanitaria. Más riqueza para los ya ricos. Estos han sido exactamente los efectos. Y aún siguen defendiéndolos. Y aún continúan imponiéndolos. Aún siguen intentando colarnos bulos, engaños y estafas. Aún continúan en su afán de enriquecer a los más ricos, y hundir en la miseria a los más pobres. Pues bien, Juan Torres (y muchos otros economistas que se escapan del pensamiento económico convencional) sostiene que el criterio del tres por ciento no tiene base científica alguna. Asegura que no hay nada, absolutamente nada que lo justifique. Se podría haber puesto en su lugar el 1, el 5 o el 30%, con el mismo fundamento económico, esto es, ninguno. Y aquí viene la explicación para tan absurda medida: El criterio del 3% del PIB como límite para el déficit público se lo inventó un funcionario francés, Guy Abeille, cuando su jefe le pidió alguna norma para que el recién elegido Presidente Mitterrand pudiera frenar las demandas de más presupuesto que le hacían sus ministros. En unos minutos tuvo que inventarse algo, siendo plenamente consciente de que no había ningún economista ni teoría económica alguna que proporcionara fundamento para algo así. Pero como tenía que ofrecer rápidamente una solución a sus superiores, se decidió por el 3%. Estos jerifaltes de la Unión Europea lo han adornado con todo tipo de absurdos razonamientos, lo han aliñado con otras cifras en cuanto a deuda pública, y otras cifras macroeconómicas, y lo han vendido como el sancta sanctorum de los planes de la Troika. Al principio, estos "objetivos de convergencia" fueron vendidos como una simple "recomendación", pero con el reforzamiento de ese pensamiento dominante, hoy día es una plena exigencia de la Unión, que controlan en cada país mediante sus "hombres de negro", que negocian para cada año, y que establecen sanciones a los países que lo incumplen. Como decimos, se trata de darle apariencia técnica, científica y rigurosa a lo que sólo es un absurdo económico. Continuaremos en siguientes entregas.
Y siguiendo el citado informe de referencia que estamos resumiendo (Equipo Nizkor, Federación Estatal de Foros por la Memoria y FAMYR), llegamos al escabroso asunto de las fosas comunes del franquismo. Los desenterramientos y exhumaciones que se hicieron y se siguen haciendo en España desde el punto de vista del derecho ordinario y desde el punto de vista del derecho internacional son ilegales. Si decimos que existe una fosa común en un determinado lugar y procedemos a desenterrar los restos, producimos efectos que no tienen reparación posible. El primero, que estamos desenterrando fuera de la legislación forense, lo cual ya sería un delito. Es fácil de entender, conforme a la legislación forense en vigor, que si aparece un cadáver en cualquier sitio, nadie ha de tocarlo hasta que llegue un forense judicial. El caso de una fosa es exactamente igual, por más que hayan pasado 70 u 80 años. Por otro lado, en la Unión Europea existe un protocolo de desenterramiento en los casos de crímenes graves, o sea, que no es lo mismo desenterrar a la víctima de un asesinato que desenterrar cadáveres de una fosa común. Hay una manera de desenterrar para probar que fue un acto de exterminio. Esta posibilidad probatoria se elimina cuando lo que se realiza es un desenterramiento ilegal. En este sentido, la "carrera" de exhumaciones ilegales en España probablemente tiene el objetivo de destruir aquéllas que podían constituir prueba fehaciente de los actos de exterminio sistemáticos, que son los que configuran el tipo penal de crímenes contra la humanidad, y que por tanto, no prescribirían. Cuando hablamos de fosas, estamos hablando de crímenes masivos, en concreto de los más graves crímenes que un Estado puede cometer contra cualquier sociedad, es decir, de crímenes de guerra, contra la paz y de lesa humanidad. Según la ley procesal española, su investigación y persecución corresponden a los juzgados de instrucción y tribunales penales españoles. La exhumación e identificación de víctimas, siguiendo lo dispuesto por el Auto del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012 y tal cual resume en su comunicado oficial sobre el mismo el Consejo General del Poder Judicial, corresponde a los Juzgados de Instrucción de los lugares donde ocurrieron presuntamente los hechos. Con este auto se ha resuelto el problema de las posiciones contrarias a derecho existentes hasta el momento. Lo grave es que en nuestro país ha habido, y hay, cientos de desenterramientos realizados al margen de la ley, negando el derecho a la justicia a las víctimas, y tratándolas como meros restos arqueológicos y no como sujetos de pleno derecho. Parece entonces obvio que las exhumaciones y la identificación de víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes, deben realizarse siguiendo procedimientos acordes con el Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, es decir, han de realizarse en el marco de un procedimiento judicial válido, con todas las garantías forenses y del debido proceso propias del mismo. La Administración Pública (central, local o autonómica) podrá auxiliar a la Administración Judicial, pero jamás suplantarla bajo un Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué las víctimas del franquismo han de tener un tratamiento distinto a cualquier otra persona? ¿Por qué se las vuelve a penalizar, negándoles los derechos que les asisten como víctimas de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, deportación, encarcelamiento, torturas y un largo etcétera, y un juicio justo con las debidas garantías? ¿Por qué se les niega su derecho a que los crímenes de que son víctimas sean investigados judicialmente, y en su caso, sus victimarios sean enjuiciados y condenados por los crímenes cometidos? Parece que es evidente que existen determinados intereses políticos que explican todas estas injusticias. Lo resuelto por ese Auto del Tribunal Supremo debería haber puesto fin a los desenterramientos ilegales, desenterramientos que llevan a la destrucción de pruebas de los crímenes cometidos por el franquismo. Este tipo de actividades han sido ampliamente difundidas por los medios y han contado además con la mayor parte de la financiación que, desde Moncloa, se distribuyó para estos fines "memorialísticos", de forma que los desenterramientos ilegales se han convertido, como ya hemos dicho, en el eje central que ha permitido la ocultación de la cuestión de fondo, esto es, el reconocimiento jurídico de las víctimas. La Ley de Memoria Histórica de 2007 ignoró deliberadamente dos normas en torno a este asunto (la Resolución de 2000 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y sobre todo, la Resolución de 2006, aprobada por la Asamblea General, relativa a Principios y Directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, y de violaciones graves del derecho internacional humanitario), constituyendo la falta de voluntad política y la demostración objetiva de la nueva doctrina de impunidad e injusticia que impera en España. Bien, otro asunto que tenemos aún pendiente para la completa superación del franquismo es el reconocimiento oficial a la resistencia armada antifranquista, es decir, a los guerrilleros. Y es que en pleno siglo XXI, nuestra vergonzante realidad actual en el Estado Español, es que oficialmente a los guerrilleros y guerrilleras se les sigue asociando a la condición de bandoleros y terroristas (calificación por tanto no amnistiable ni siquiera por la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977), ya que sus sentencias condenatorias franquistas siguen estando vigentes. Se trata de otro de los motivos por los que dicha ley debe ser derogada, y otro de los asuntos que reclaman verdad, justicia y reparación, anulando todos los juicios y condenas franquistas a estos guerrilleros de la resistencia. Durante años, y ante todos los Gobiernos democráticos, copados por el bipartidismo imperante, FAMYR, otras asociaciones y algunos diputados de los grupos parlamentarios de la izquierda, han reclamado el reconocimiento jurídico para estos héroes de la resistencia. Pero la realidad es que el Parlamento español ha rechazado todas las Proposiciones de Ley, enmiendas y preguntas parlamentarias presentadas, para que su equiparación a todos los niveles con los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas oficiales republicanas fuera una realidad. Es una situación indigna, incomprensible, inaudita y absurda en otras democracias que también sufrieron pasados de carácter fascista, pero en las que hoy día se reconoce y honra a los guerrilleros de la resistencia. Los Archivos del franquismo son otro asunto pendiente para su plena superación. La desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos y de servicios secretos hasta la Transición y la introducción del régimen democrático es también una tarea pendiente. En España los archivos diplomáticos son considerados como secretos oficiales desde la Guerra de Cuba de 1898. Y por tanto, su acceso está restringido a historiadores y en determinadas condiciones. De hecho, ningún historiador/a tiene acceso completo a los archivos, sino que, por ejemplo en el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, se les coloca en una sala a la que les llevan determinados documentos que han solicitado. ¿Cómo es posible esto? Pues por la sencilla razón de que no existe un catálogo de los fondos realizado con criterios científicos, lo que obviamente, impide conocer todas las actuaciones del régimen franquista. Es necesario pues hacer un inventario de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc., y acometer su catalogación y reorganización con los sistemas tecnológicos actuales (lo que requiere evidentemente la necesaria inversión en medios humanos y materiales), pero aplicando parámetros que sirvan a la defensa de los derechos humanos, pues estamos hablando de los archivos de la represión, y asímismo, que sean de utilidad al sistema judicial español y al extranjero. Esto quiere decir que no sólo hay que catalogar y archivar, sino que hay que dejar listos esos archivos para que puedan ser usados judicialmente por los jueces o por los abogados de las víctimas. Es, de nuevo, una responsabilidad del Estado, de la cual no puede hacer dejación de sus funciones. Continuaremos en siguientes entregas.
Viñeta: ENEKO El trabajo es la principal actividad de nuestra vida. Nos preparamos para él desde pequeños. Nuestra escolarización está vinculada a él. Pasamos toda nuestra vida activa implicados en él. Sobre el trabajo reposa toda la sociedad. Sin él no habría comida, ni ropas, ni un techo, ni escuelas, ni cultura, ni arte ni ciencia. Realmente el trabajo es vida. Negar a alguien el derecho al trabajo no es sólo negarle el derecho a un mínimo nivel de vida; es privarle de la dignidad humana, separarle de la sociedad civilizada, hacer su vida inútil y sin sentido. El desempleo es un crimen contra la humanidad
Acabamos de celebrar la fiesta del Primero de Mayo, es decir, la Fiesta del Trabajo, y por toda España los sindicatos y organizaciones afines han denunciado, sobre todo, la tremenda precariedad laboral que nos invade. Mejores salarios, seguridad y dignidad han sido también reivindicaciones coreadas en las diferentes manifestaciones. Y es que hoy día, las condiciones laborales de una inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras (y de desempleados y desempleadas) son de auténtica miseria, esclavitud y explotación, después de las sucesivas reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos bipartidistas (PP y PSOE), todas ellas encaminadas a reducir la fuerza sindical, y a precarizar las condiciones del trabajo, empobreciendo a la inmensa mayoría social que ha de vivir vendiendo su fuerza de trabajo. Mientras, la supuesta "recuperación" sólo ha llegado a las cifras macroeconómicas, al PIB y a los beneficios empresariales. Esa recuperación que nos venden no llega a los parados, ni a las mujeres, ni a los pensionistas, ni a los inmigrantes, ni a las familias monoparentales. Los salarios no crecen, se estancan o disminuyen (es lo que llaman bajo el eufemismo de "moderación salarial"), mientras los precios suben. Las prestaciones por desempleo sólo cubren a la mitad de las personas desempleadas, ya que en vez de aprobar una prestación indefinida, se han elaborado absurdos itinerarios de prestaciones, con determinados requisitos y temporalidad. El panorama es pues ciertamente desolador. Las pensiones tienen cuantías miserables, mientras el Gobierno continúa con su indecente proclama de que "las pensiones están garantizadas" (¡faltaría más!), y de que con sus Gobiernos, "las pensiones subirán siempre"...lo que no dicen es cuánto...cuánta miseria moral y cuánta hipocresía hay que dejar caer para sostener tan viles argumentos. Necesitamos un Salario Mínimo Interprofesional, una Pensión Mínima y un Renta Básica Universal equiparadas en una cuantía suficiente y digna para garantizar un mínimo proyecto de vida. Hay que acabar también con la brecha salarial entre hombres y mujeres, recuperar la fuerza vinculante de los Convenios Colectivos, acabar con las Empresas de Trabajo Temporal (que se enriquecen mercantilizando la fuerza laboral de terceros), y dignificar el trabajo en todas sus dimensiones. Como ya enunciábamos en otro artículo de nuestro Blog: "No quiero un empleo, quiero un puesto de trabajo". Hemos de derogar la Reforma Laboral y la Reforma del Sistema Público de Pensiones (que tratamos a fondo en esta serie de artículos). Los datos son más que elocuentes e ilustrativos: el último informe de Oxfam Intermón sobre "Crisis, desigualdad y pobreza" advierte que "de continuar los recortes sociales, la pobreza en España podría llegar a afectar al 40% de la población en el horizonte de la próxima década", y según dicha ONG, la tasa de pobreza se situaría en el 24% de la población y afectaría a cerca de 11 millones de personas. Y según Cáritas, tres millones de personas en nuestro país vivirían ya en situación de pobreza severa (esto es, percibiendo ingresos inferiores a 307 euros al mes), mientras el número de millonarios en España habría aumentado un 13% en el último año, según datos de Eurostat. El economista Stuart Medina, en un reciente artículo para el medio InfoLibre, lo explica en los siguientes términos: "Las consecuencias de esta larga crisis han sido letales para las familias. Nuestra tasa de desempleo, más propia de un Estado fallido de África que de un país de la OCDE, sigue siendo de las más altas del mundo occidental. La tasa de desempleo juvenil, el colectivo más perjudicado por la crisis, sigue siendo superior al 42%, la más alta de Europa. Hemos perdido a una generación entera. Se han publicado abundantes datos que demuestran que muchas familias han descendido de clase social. Otro legado de la crisis es la tasa de desempleo de larga duración más elevada de Europa. Este fenómeno afecta sobre todo a ciudadanos mayores de 50 años. Entre ellos dos tercios llevan más de un año sin trabajar. Muchos no volverán a encontrar un empleo y por ello verán su nivel de vida reducido para siempre. A la pérdida permanente e irreversible de renta se añadirá la injuria de que se les reconocerá una pensión menor a la que habrían disfrutado de haber podido seguir trabajando. No es admisible ninguna complacencia ante la magnitud de la tragedia". De hecho, muchas personas aún jóvenes para realizar sus trabajos u ocupaciones están ya prácticamente fuera del mercado laboral, porque éste los relega por edad, por actitud o por reciclaje, y además los condena sin prestación económica alternativa. Simplemente, el tren de la crisis los ha arrollado por completo, y se ven obligadas a subsistir de empleos bajo economía sumergida, o bien a depender de la familia y los amigos. Ello ha disparado también el número de personas indigentes, así como la tasa de suicidios en nuestro país. El caso de los jóvenes es aún más sangrante. Muchos de ellos han perdido toda esperanza de encontrar una oportunidad laboral mínimamente digna en su país, que les permita emanciparse y emprender un proyecto de vida autónomo. Se ven obligados a continuar dependiendo de sus padres, o bien a exiliarse laboralmente (algo que alababa de forma grosera e indecente el Ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis), desconectando por la fuerza de su tierra, de su familia y de su gente. Todo ello implica además en muchos casos que nunca podrán hacer realidad ninguna aspiración personal legítima: desarrollar una carrera, mantener una relación de pareja estable, emanciparse y establecer su propio hogar, tener hijos, llevar un nivel de vida materialmente digno, etc. Y mientras todo ello ocurre, los principales ejecutivos de las multinacionales que cotizan en el IBEX-35 ganan 116 veces más que el salario medio de sus propios empleados. Las estadísticas también indican que 600.000 hogares no cuentan actualmente con ningún ingreso regular. Hacienda considera que los beneficios empresariales crecerán un 10% de media durante el presente año 2017, aumento que no se trasladará a la clase trabajadora. Por su parte, estimaciones de las organizaciones empresariales consideran que el 77% de las empresas obtendrá beneficios a final de año, lo cual es el mejor dato desde el año 2009. Y frente a estos datos, la patronal española propone un aumento salarial del 1 ó 2%. Hacienda también nos cuenta que hay cerca de 200.000 contribuyentes que declaran un patrimonio superior al millón de euros. Así, las cosas, uno de los balances de esta era Rajoy es no haber conseguido ni un sólo empleo fijo neto (desde el año 2011), tal como nos relata Vicente Clavero en este artículo para el medio Publico. Clavero nos ofrece datos reflejados en la última Encuesta de Población Activa (EPA), que confirman hasta qué punto la creación de empleo de la que tanto presumen se está sustentando en la precariedad laboral. De hecho, nuestro país añade parados, destruye empleos y rebaja la actividad a su tasa más baja desde el año 2006, y los/as nuevos/as trabajadores/as cobran un 24% menos que los ya empleados. Bien, pues ante todos estos argumentos, a nuestro Presidente del Gobierno parece que sólo le preocupa una meta. Ante una realidad social tan amarga, Rajoy se olvida de la corrupción, de los recortes sociales, de las privatizaciones, etc., y se centra en la economía para afirmar sin despeinarse y con el más absoluto descaro que "Hay que perseverar en la política económica que tan buenos resultados está dando", y que "Si seguimos haciendo las cosas bien (sic), en el año 2020 podemos llegar a los 20 millones de ocupados". La falacia es absoluta, total, completa, redonda. La deformación de la realidad es tan sutil que nos vende como un logro algo que no sólo será complicado de alcanzar, sino que incluso aunque se alcanzara, no representaría ninguna mejora para la clase trabajadora, sino todo lo contrario. ¿Qué quiere decir Rajoy con esta afirmación? ¿Que existirán 20 millones de personas en algún registro de empleo en algún momento que figuren como que están "contratados" por una determinada empresa? ¿Y qué? ¿Y dos meses después? ¿También será esa la estadística? ¿Tendremos de verdad 20 millones de personas con sus problemas resueltos? ¿Tendremos de verdad 20 millones de personas trabajando, en el pleno sentido de la palabra? ¿Habrá en efecto 20 millones de españoles y españolas con un contrato de trabajo digno, estable y con derechos? ¿O más bien habrá 20 millones de personas, en un mes determinado (a veces incluso menos, semanas o días), cotizando ridículamente a nuestro sistema público de Seguridad Social, sin tener previsiones en cuanto a su futuro, sin poder salir de la pobreza, sin disfrutar de la debida protección social? ¿Qué significa en realidad que "habrá 20 millones de ocupados"? Pues la verdad es que no significa nada, o si se quiere, que se vende humo, que se envían falaces mensajes a la ciudadanía, y que se juega con la ilusión de la gente, con la vida de las personas. Enunciar un objetivo de ese calado con las características y la evolución de nuestro mercado laboral es absolutamente indecente. Una estrategia al servicio de la manipulación mediática y electoral, para que los más ingenuos sigan depositando su confianza en la formación política más criminal y corrupta. ¿Para qué diablos queremos tener 20 millones de ocupados en un momento dado, cuando lo que se crea es empleo basura, inestable, sin derechos, sin salarios dignos, estacionales, de baja calidad y productividad? ¿Es ello de verdad una buena noticia? ¿De qué nos sirve que la estadística de un mes determinado nos diga que tenemos 20 millones de ocupados, si estamos ante toda una estrategia calculada de destrucción de empleo estable y con derechos, para transformarlo en empleo precario, inestable y esclavo? La falacia consiste pues en que, debido a la baja calidad de los empleos creados, a la volatilidad, inestabilidad y falta de protección social de los mismos, la estadística creada y mantenida al efecto no es una estadística real. En tiempos anteriores, cuando los contratos de duración indefinida eran mayoritarios en nuestro país (y se hablaba de "trabajo" en vez de "empleo"), si los puestos de trabajo crecían teníamos la seguridad de que la foto iba a ser fija, es decir, de que eran puestos de trabajo mínimamente estables, y que por tanto, las personas que estaban detrás de ellos iban a poder gozar de una vida mínimamente digna, desde el punto de vista económico (que se traduce en muchos otros puntos de vista). Ahora, debido a la falta de perspectiva laboral, y a la creciente inestabilidad de los empleos creados, el hecho de hablar de 20, de 30 o de 15 millones de ocupados no nos remite a ninguna realidad social concreta, pues anula el concepto de vidas dignas que debieran estar detrás de dichos millones de ocupados. La foto estadística de ahora es absolutamente volátil, de tal manera que no existe tendencia creciente, sino una interminable sucesión de subidas y bajadas del número de ocupados, sin proyección alguna de futuro. Y esto sí que marca una tendencia: la tendencia de la precariedad y de la desigualdad, donde 20 millones de ocupados no significan nada. Se trata, por tanto, de la consolidación paulatina de un nuevo modelo de sociedad basado en la sucesiva y constante precarización de la vida laboral, de la propia fuerza de trabajo, devaluando permanentemente tanto los salarios como el resto de las condiciones laborales, lo que se traduce en la acentuación de las diferencias y desigualdades sociales, y en la instauración y permanencia de modelos de vida precarios a todos los niveles. Porque no sólo la vida laboral es precaria, sino que esta precariedad se traslada al resto de los derechos sociales, y a la propia vida cotidiana de la clase trabajadora, que contempla con estupor, indignación e impotencia cómo se dificulta su acceso y cobertura de sus necesidades básicas, de sus derechos fundamentales y servicios públicos, todo lo cual contribuye a la instalación de un miedo sociológico en torno a la preservación de los puestos de trabajo, que incide además, lógicamente, en un incremento del poderío y de la hegemonía empresarial a la hora de continuar devaluando y precarizando las condiciones laborales. Las leyes han marcado el camino, un camino perfectamente definido bajo los objetivos del neoliberalismo, donde ya no existen derechos, protección, felicidad, seguridad o estabilidad, sino simplemente "20 millones de ocupados". Repost
Y para que este pensamiento occidental "libre y civilizado", el amigo de las guerras y de la barbarie, tenga tan poderosa fuerza de expansión colonial sobre las mentes de millones de personas, grupos y partidos políticos de corte neonazi y ultraderechistas reciben subvenciones millonarias por parte de la Unión Europea, esa que se escandaliza cuando suben electoralmente dichas opciones políticas, y dice que constituyen "un peligro" para nuestro sistema de convivencia y de libertades. Seguiremos (aunque son cientos de artículos los que nos lo cuentan) este artículo de Miquel Ramos para el medio La Marea, que afirma en efecto que la política de subvenciones a partidos políticos europeos y fundaciones relacionadas hace posible que el dinero llegue a organizaciones xenófobas, racistas o abiertamente neonazis. Se trata de cientos de miles de euros que reciben estas organizaciones, que se dedican a difundir, como sabemos, los mensajes racistas, excluyentes, xenófobos e intolerantes por todos los rincones de esta Europa de "las libertades". Y es que si la gestión de la crisis de las personas refugiadas ya estaba dejando en evidencia a la Unión Europea en cuanto a sus principios fundacionales de respeto a los Derechos Humanos, igualdad y tolerancia, la presencia de numerosos diputados de extrema derecha en el Parlamento Europeo, que son a su vez representantes de estos grupos, y están allí porque han sido votados por la ciudadanía, nos deja un panorama ciertamente desolador. A lo largo de estos últimos años, la presencia ultraderechista en Europa ha alcanzado sus máximos niveles, llegando a espacios públicos antes nunca vistos, y copando una presencia institucional absolutamente escandalosa. Actualmente casi un 25% de los asientos de la EuroCámara son ocupados por eurodiputados pertenecientes a estos grupos políticos, que utilizan sus presupuestos (públicos) para fomentar la xenofobia, la islamofobia, el racismo, la intolerancia, el odio y el antisemitismo entre la población. En Francia, al momento de escribir este artículo no sabemos aún si la representante del Frente Nacional, Marine Le Pen, será la ganadora de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales, que disputará con el neoliberal Emmanuel Macron. De hecho, en la primera vuelta fue la opción más votada. Es un hecho absolutamente grave y preocupante que tan algo grado de ciudadanos puedan elegir una opción política de estas características. Miquel Ramos nos cuenta que la histórica revista antifascista sueca EXPO ha desvelado que el destino de casi 200.000 euros de una subvención de la Unión Europea es la fundación filonazi "Europa Terra Nostra" a través del partido neofascista europeo Alianza por la Paz y la Libertad (APF), del que forman parte los neonazis griegos de Amanecer Dorado, el Partido Nacional Democrático Alemán (NPD) y la italiana Fuerza Nueva (FN). Y es que la nueva extrema derecha ha sabido moldear su retórica para afirmar con otras palabras que en Europa sólo hay una manera de ser europeo, y que el mestizaje es una amenaza para conservar las identidades de cada pueblo. Por ejemplo, se declaran "seguidores del derecho humano fundamental a una vida tranquila con un nivel de vida suficiente cada uno en su país de origen", rechazando "la inmigración masiva y el multiculturalismo". Las buenas palabras, gruesas y vacías, y los discursos grandilocuentes (pero falaces) suelen adornar la ideología de estos grupos de ultraderecha, pero cuando se les rasca un poco la superficie, se comprueba claramente cómo afloran todos los sentimientos y prejuicios, todo el odio hacia lo diferente, todo el miedo que quieren transmitir a la población. No les gusta la integración, rechazan al inmigrante, protegen las fronteras, se aíslan en su tipología, en su raza, en sus costumbres, y profesan una absoluta intolerancia hacia los derechos humanos más básicos y fundamentales. Unos principios absolutamente contrarios a la senda pacifista, que aboga por la integración, por el respeto, por la cooperación, por al apoyo mutuo entre los diferentes pueblos. Según un informe del politólogo Thilo Janssen, experto en la actividad de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, los diferentes grupos de este espectro político a la derecha del Partido Popular Europeo, se habrían hecho con cerca de 19 millones de euros sólo entre 2012 y la primera mitad de 2014, sin incluir los sueldos y dietas que tienen todos los eurodiputados. Ya en 2014, la revista inglesa "Hope Not Hate" impulsó una campaña para pedir a la Unión Europea que no destinara fondos a partidos u organizaciones contrarias a los valores democráticos o que difundieran el odio, la intolerancia o la discriminación hacia determinados colectivos, señalando directamente a la Alianza Europea de Movimientos Nacionales (AENM), de la que formaban parte entonces los neonazis húngaros de Jobbik, los británicos del BNP y otros partidos abiertamente racistas. Si los Derechos Humanos fueran tomados en serio por las instituciones europeas, todas estas fundaciones, partidos y organizaciones serían ilegalizadas, pues su ideario en sí mismo ya constituye un ataque contra dichos principios universales, recogidos en multitud de foros y organismos en diferentes declaraciones, tratados y convenios. Pero como decimos, a esta UE de los mercados le importan bien poco los derechos humanos, e igual que extiende como una plaga los criminales principios del más salvaje neoliberalismo, permite que en su seno aniden estos engendros políticos que sólo albergan y transmiten el odio hacia los diferentes. Y los ejemplos se suceden. Prácticamente no hay país europeo donde no haya surgido ninguna opción política de corte neofascista. En Alemania, el movimiento Pegida (Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente) lunes a lunes congrega a miles de personas en las calles reproduciendo sus peligrosas consignas en contra de los inmigrantes y el Islam. ¿Dónde está el peligro desde el punto de vista pacifista? A nivel local, estos grupos de ultraderecha siembran el miedo, el odio y el caos, llegando incluso a predicar el riesgo de graves confrontaciones civiles dentro de los países europeos. Y en un sentido más general, los partidos políticos son depositarios de los mismos sentimientos y frustraciones que luego encienden la mecha de los conflictos armados y de las guerras. El ideario pacifista, completo y sin fisuras, debe estar presente en los principios de toda organización política que se precie, así como el respeto absoluto a los derechos humanos, de los cuales el derecho a la paz (en un sentido integral) es uno de ellos. Si hay algo que comparten todos estos partidos, es el desprecio absoluto por los inmigrantes, que es justamente la semilla del odio. Además, todos sus líderes hablan en contra del establishment y de la democracia, hacen eco de la crisis económica y el desempleo, de reforzar los límites territoriales y las fronteras de la Unión Europea. Es decir, usan las mismas estrategias de Trump en Estados Unidos, que consiste simplemente en hacer una crítica al sistema para rescatar precisamente lo peor del sistema. Echan la culpa de todos los males a los extranjeros, a los diferentes, criminalizándolos como chivos expiatorios de un sistema que ya era corrupto y antihumano por naturaleza. Maquiavelo afirmaba que "todo aquél que desee saber qué ocurrirá debe examinar qué ha ocurrido: todas las cosas de este mundo, en cualquier época, tienen su réplica en la Antigüedad". Y por su parte, Mark Twain lo expresaba a su forma: "La Historia no se repite, pero rima". ¿Reviviremos entonces oscuros períodos de la antigüedad en nuestra actual Europa, cuna de todos los totalitarismos del siglo XX? ¿Representarán los refugiados sirios lo que fueron los judíos en el siglo XX? ¿Estamos aboliendo los valores de la democracia para dar paso a nuevos períodos marcados por los nacionalismos excluyentes y el respeto por las fronteras del Estado-Nación? Si esto es así, si esta es la tendencia que prevalece, si no somos capaces de enfrentarnos a ella, el pacifismo vivirá malos momentos. Las guerras son la continuación del capitalismo por otras vías, y parece ser que estas vías ya están en circulación. Continuaremos en siguientes entregas.
Parece claro, por tanto, que hay que acabar con el funcionamiento obsceno y vergonzoso de todos estos gigantes agentes del capitalismo financiarizado, que son los que provocan (bajo la complicidad de sus serviles gobernantes) la desigualdad extrema que padecemos, y que como estamos exponiendo, nos perjudica a todos y constituye una amenaza para toda la sociedad, y su funcionamiento democrático. Y cada vez existen más datos que indican que la desigualdad repercute negativamente en el bienestar y la cohesión social. En su libro "Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva" (que tomaremos como referencia más adelante en esta misma serie de artículos), Kate Pickett y Richard Wilkinson demuestran que los países con mayores niveles de desigualdad de ingresos sufren mayores niveles en los indicadores de una serie de problemas sanitarios y sociales, en comparación con países más igualitarios. En este sentido, la desigualdad está asociada a vidas más cortas, menos sanas y más infelices, así como a mayores tasas de obesidad (causante de otros problemas de salud), embarazo adolescente, delincuencia (especialmente delitos violentos), enfermedades mentales, penas de cárcel y adicciones. Wilkinson y Pickett explican que la desigualdad es tan tóxica debido a la "diferenciación del estatus social": a mayor nivel de desigualdad, mayor poder e importancia tienen la jerarquía social, la clase y el estatus, y más necesidad tienen las personas de compararse con el resto de la sociedad. Estos autores exponen que al percibir grandes diferencias entre sí mismos y otros, las personas despiertan sentimientos de subordinación e inferioridad, emociones que provocan ansiedad, desconfianza y segregación social, y que a su vez desencadenan una serie de problemas sociales. Aunque los efectos de la desigualdad suelen percibirse sobre todo en las capas más bajas de la jerarquía social, las personas acomodadas también los sufren. De hecho, el factor de la desigualdad pesa más que la propia riqueza de un país, lo cual tiene una importancia crucial. Los países ricos con altos niveles de desigualdad tienden a sufrir estos problemas en igual medida que los países pobres con una desigualdad elevada. Dichos problemas son entre dos y diez veces más comunes en países desiguales que en los países que disfrutan de una mayor equidad. Como ejemplo paradigmático de todo ello podemos poner a Estados Unidos, publicitado en todo el mundo como una de las democracias más estables y avanzadas, cuando en realidad, está pagando un precio muy alto por su elevada desigualdad de ingresos, y es un referente para estudiar científicamente el desarrollo de todos esos otros problemas colaterales. La desigualdad también provoca cambios en los idearios e imaginarios colectivos, generando estados y situaciones de opinión pública proclives a la individualización, al egoísmo y a la competitividad. Por ejemplo, cuando quienes están en lo más alto de la jerarquía económica compran su educación y su sanidad de manera individual y privada, tienen menos interés en el desarrollo y ampliación universal de la prestación pública de dichos servicios a la mayoría de la población. Esto, a su vez, amenaza la sostenibilidad de estos servicios (amparada bajo los parámetros de igualdad, universalidad, calidad y gratuidad públicas), ya que las personas que no utilizan dichos servicios públicos (porque pueden costearse los sistemas privados) tienen menos incentivos para contribuir a su financiación a través de los impuestos, lo cual debilita aún más la cohesión social. Como vemos, la creciente desigualdad genera infinidad de problemas en cascada, que conducen a modelos de sociedad más inestables, más peligrosos, más violentos y más degenerados. En una palabra, la desigualdad nos conduce a la involución social. La desigualdad exacerba la violencia, y dispara otros indicadores sociales que llevan a la insolidaridad y a la barbarie. Adam Smith, uno de los padres intelectuales del capitalismo, ya lo reconoció bajo estas palabras: "Indudablemente, ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Es, por añadidura, equitativo que quienes alimentan, visten y albergan al pueblo entero participen en el producto de su propio trabajo de manera que también se encuentren razonablemente bien alimentados, vestidos y alojados". Llevado a nuestra realidad social de hoy, esta afirmación puede traducirse en datos, que indican un claro vínculo entre una mayor desigualdad y mayores índices de violencia (incluyendo la violencia doméstica y de género) y de delincuencia, especialmente de homicidios y agresiones. Los países con una desigualdad económica extrema sufren casi cuatro veces más homicidios que los países más igualitarios. Asímismo, su tasa de suicidios también se dispara. Y aunque es el conjunto de la sociedad la que se ve afectada, la violencia y la delincuencia afectan sobre todo a las personas en situación de pobreza, que están menos protegidas por la policía y los sistemas legales, suelen vivir en viviendas más vulnerables, y no pueden permitirse el lujo de pagar por una protección privada. Y por ende, la desigualdad pone en mucho mayor riesgo las vidas de las personas más pobres en casos de crisis económicas, o catástrofes naturales. El riesgo no se distribuye de forma igualitaria en la sociedad: los más vulnerables y excluidos se ven más afectados por las crisis, lo cual les sume aún más en la pobreza. Quienes se ven más afectados en épocas de crisis son siempre los más pobres, ya que dedican un porcentaje mucho mayor de sus ingresos a comprar alimentos y no tienen acceso a mecanismos de bienestar y protección social, seguros o ahorros que les ayuden a hacer frente a una emergencia. Podemos extrapolar también este fenómeno a la desigualdad entre unos países y otros, lo cual explica que el 81% de las muertes por catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, tsunamis, etc.) se produzcan en países de renta baja o media-baja, a pesar de que en ellos se producen sólo el 33% de dichas catástrofes naturales. Y si tantos datos, tantos estudios y tantos argumentos existen para apoyar la necesaria reducción de las desigualdades como un objetivo político de nuestras sociedades, ¿por qué no se ejecuta? ¿Por qué no se toman de una vez por todas las decisiones convenientes que sean capaces de revertir este peligroso fenómeno, esta demencial tendencia? Pues básicamente porque el pensamiento dominante, asociado a las teorías económicas neoliberales, propugna otros ideales, se basa en otros enfoques, y sobre todo, dispone de muchos medios a su alcance para propagar sus mensajes. Pero en su contra, hemos de sostener de forma clara y rotunda que existe lo que pudiéramos llamar "el instinto de la igualdad". Es decir, un grado superior y manifiesto, mayoritariamente expresado, para tender hacia la igualdad como algo conveniente y necesario. En todo el mundo, los campos del arte, de la religión, la literatura, el folklore y la filosofía, es decir, el mundo cultural en una palabra, coincide en preocuparse por el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, y consideran que esta disparidad es intrínsecamente injusta y moralmente condenable. El hecho de que esta preocupación por la distribución de la riqueza esté tan extendida en las diferentes culturas y sociedades, indica una preferencia humana básica por sociedades justas, equitativas e igualitarias. Es a eso a lo que hemos llamado "el instinto de la igualdad". El norteamericano John Rawls, uno de los filósofos políticos más influyentes, sugiere que imaginemos que estamos cubiertos por un "velo de ignorancia" y que no sabemos nada sobre los distintos privilegios, sociales o naturales, con los que nacemos. ¿Cuáles serían los principios de una buena sociedad con los que estaríamos de acuerdo?, se pregunta. Y se responde que uno de los principios más convincentes que emana de este ejercicio de reflexión es el que afirma que "las desigualdades económicas y sociales deben estar dispuestas de tal manera que las sociedades (a) sirvan el máximo beneficio posible a los menos favorecidos, y (b) cuenten con cargos y puestos accesibles a todos sus miembros en condiciones de justa igualdad de oportunidades". Continuaremos en siguientes entregas.
El pensamiento dominante también afecta a la ciencia, en el sentido de instrumentalizarla hacia la consecución de sus fines, que no son otros que difundir un cierto pensamiento económico y científico que beneficia a las élites en detrimento de las clases populares. Como tantas veces hemos afirmado, la economía es quizá el bastión donde se centralizan todas estas tendencias, intentando convencer de que la economía es una ciencia exacta, y desde ese punto de vista, difundir que las tesis económicas que se adhieren a las corrientes neoliberales son las únicas posibles, desacreditando al resto de corrientes de pensamiento. Vamos a rescatar en este sentido una reciente entrevista realizada al economista Eduardo Garzón, realizada por Andrés Villena para la Revista "Contexto y Acción", donde intenta explicar este fenómeno. De entrada, las Universidades, los tanques de pensamiento, y por supuesto los medios de comunicación como voceros de todos ellos, intentan difundir al máximo las tesis económicas dominantes. Todo un ejército de economistas a sueldo de grandes empresas y fundaciones se esmera en publicar trabajos para difundir los mitos económicos dominantes. Precisamente Eduardo Garzón acaba de publicar un ilustrativo ensayo titulado "Desmontando los mitos económicos de la derecha", que intenta rebatir todos estos mitos. Pero ¿qué son basicamente estas tesis? Pues un laberinto de razonamiento con apoyo matemático destinado a enmascarar una ideología al servicio de la conservación del status quo y de los privilegios de las clases dominantes. Eduardo Garzón lo ha expresado así: "Esta es una de las trampas de la ciencia económica convencional: tratar de presentar una ciencia social como una ciencia exacta a través de fórmulas matemáticas y de ecuaciones, disfrazando algo que en realidad es una ideología". ¿Cómo se forman nuestros actuales y futuros economistas? La Universidad ejerce un adoctrinamiento sutil como proceso de aprendizaje. No se acepta que la economía no es una ciencia exacta, sino una ciencia social, y desde este punto de vista, la ciencia económica es algo muy plural, con múltiples y posibles enfoques. El problema es que se enseña sólo uno de ellos, privando al alumnado del conocimiento de otros enfoques distintos al convencional. Lo que es meramente una teoría económica se transmite como LA (única) teoría económica posible, sin otras alternativas. Y bajo el sustrato de la exactitud de dicha ciencia, se intenta convencer de que otros enfoques no son posibles. Los economistas que terminan sus estudios acaban pensando que el enfoque aprendido es el único posible, y luego trasladan dichos enfoques en su actividad profesional, tratándolos como la verdad absoluta. Sin embargo, todo tiene mucho más que ver con la ética, con la moral, con la política y con el poder, que con la resolución de un problema matemático. Retomemos de nuevo las palabras de Eduardo Garzón: "Por ejemplo, si un Ayuntamiento tiene un presupuesto para construir o bien un colegio o bien una iglesia pero no las dos cosas, ese problema no tiene una única solución, no va a haber ninguna ciencia exacta que nos diga qué hacer. Eso dependerá más bien de las preferencias de cada una de las personas que se vayan a ver afectadas por esta decisión, lo que nos traslada a un ámbito subjetivo y de opinión. Por tanto, cuando uno intenta aplicar a esta realidad tan compleja y tan subjetiva herramientas matemáticas, no está utilizando instrumentos verdaderamente útiles para entenderla". Pero en vez de ello, la corriente económica convencional parte de una serie de premisas que son expuestas como verdades indemostrables, que se dan por ciertas y que constituyen las reglas del juego que condicionan los resultados de la aplicación de la lógica matemática. Pero estas premisas no tienen por qué asemejarse en absoluto a la realidad. Y cómo no, este enfoque dominante tiende a fortalecer el status quo y los intereses de las poderosas élites. Eduardo Garzón (a preguntas del entrevistador) pone el ejemplo del mercado. Mientras los economistas convencionales tienden a ver el mercado como un resultado del orden espontáneo, del libre intercambio entre las personas, y que cuanto más desregulado esté, mejor, Garzón lo entiende de otra forma. Porque en realidad, todas estas reglas han sido creadas por el ser humano, y por las autoridades competentes, y responden a decisiones políticas que pueden ser autoritarias o democráticas. De hecho, cada uno de los mercados que existen en el mundo es distinto porque responde a decisiones políticas y a contextos diferentes. Y así, cuando se afirma que se va a "desregular" el mercado, en realidad lo que se está queriendo decir es que se va a regular en función de otros intereses distintos a los existentes. Y lo que se vende como una "necesidad demostrable científicamente", no es que más que una opción y una decisión política. Los mercados siempre están regulados. Los neoliberales abogan por una regulación de los mercados que no proteja a ningún colectivo frente a otro y donde cada uno juegue con el poder que tiene. Y de esta forma, vende su concepto de la "igualdad" desde la implícita desigualdad. Este es el error del neoliberalismo: no tiene en cuenta que nacemos con unas reglas del juego trucadas y con agentes económicos que tienen muchísima más influencia y poder, por lo que se acaba imponiendo la ley del más fuerte. En torno a todo ello, el pensamiento dominante elabora toda una serie de proclamas falaces: "El dinero está mejor en el bolsillo de los contribuyentes", "Hay que apoyar a los emprendedores", etc. Pero no se paran a pensar que un autónomo, por muy buena voluntad que tenga, si comienza su negocio y tiene que competir con las grandes empresas transnacionales, que tienen muchos más medios, poder e influencia, va a acabar perdiendo siempre. La solución por tanto no es darle más libertad al autónomo, ni rebajarle cuotas impositivas (para pagar menos impuestos, que es otro de los mantras neoliberales). La solución está precisamente en el control de los abusos de poder de esas grandes empresas, lo que requiere rediseñar las reglas del juego, es decir, "regular" los mercados justamente en el sentido en que a las élites dominantes no les interesa. La actividad y el poder monetario (de fabricar dinero) también es otro mito del pensamiento económico dominante. Se nos vende la idea de que poco menos está mal visto que el Estado crea y ponga dinero en circulación, mientras que ello se ve bien para las empresas. Por ejemplo, los bancos crean dinero diariamente al conceder créditos, incrementando la cantidad de dinero en circulación. No se dice entonces nada con respecto a la posible inflación, y sin embargo, cuando lo hace el Estado, sí se entiende como un peligro. Se trata por tanto de una postura puramente ideológica: nos han ocultado que los bancos crean dinero, pero sin embargo nos han dicho que sería perjudicial que lo hiciera el Estado. Hay que darle la vuelta al argumento dominante: un Estado puede y debe crear dinero sin que las cosas empeoren, y es bueno disponer de esta herramienta y hacer uso de ella cuando haga falta para garantizar la satisfacción de las necesidades sociales de su población. En el fondo de la cuestión, detrás del pensamiento económico dominante se oculta un profundo desprecio al Estado como entidad pública, mientras se venera la actividad económica de las empresas privadas. Eduardo Garzón concluye que "hoy día el dinero es una herramienta secuestrada". Actualmente, la creación de dinero y su puesta en circulación sólo responde a decisiones del sector privado, mientras que la vía para generar dinero desde lo público está constreñida y limitada por disposiciones y reglas sobre el déficit público, sobre la deuda pública, sobre su financiación, etc. Porque el hecho es que la creación de dinero fue privatizada hace tiempo, y cada vez se intenta privatizar más, y esto responde, una vez más, a decisiones ideológicas más que a necesidades técnicas. La diferencia es fundamental: cuando los bancos crean dinero, hacen negocio con él. Cuando es el Estado el que lo crea, nadie se lucra (en un entorno sin corrupción, claro está, es decir, controlado democráticamente). Esta es la diferencia. Continuaremos en siguientes entregas.
Fuente Viñera: http://www.ecorepublicano.es/ Las exigencias de verdad, justicia y reparación van bastante más allá del gigantesco crimen cometido en las semanas y meses posteriores al golpe de estado fascista y su guerra criminal. Se refieren también al trabajo esclavo de cientos de miles de personas que engordaron las arcas de constructoras y parásitos franquistas; a otros tantos que tuvieron que tomar el camino del exilio; a los millones de mujeres ninguneadas civil y socialmente durante las largas décadas de la noche franquista; a decenas de miles de personas expoliadas, torturadas, encarceladas, asesinadas; a las madres y familias de los bebés robados durante esa época...
En el artículo anterior ya expusimos los tres derechos básicos de las víctimas y sus familiares, en lo tocante a la represión, torturas y asesinatos perpetrados por el régimen franquista. Bien, la realidad es que al no existir desde la muerte del dictador una verdadera renovación de los pilares sobre los que se asentaba el régimen, hemos tenido conciencia de todo ello de forma mayoritaria muy posteriormente en el tiempo. Concretamente, hasta comienzos de este siglo XXI no comienza a hablarse clara y ampliamente sobre Memoria Histórica, y todas sus implicaciones y consecuencias. A partir del 14 de Abril de 2004, con la publicación del Informe "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", y su Plan de Acción, dio comienzo el desarrollo de un discurso sobre las víctimas republicanas de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial y de la dictadura franquista. Por primera vez se hicieron públicos ciertos documentos que permiten la adscripción y categorización criminal del régimen franquista y de su participación, como parte de los Países del Eje, en la guerra de agresión nacionalsocialista que sufrieron la práctica totalidad de los países europeos, pero muy especialmente los países del Centro y del Este de Europa. De especial importancia a ese respecto fue la Resolución 39 (I) de 12 de diciembre de 1946 de la ONU, que definió al régimen franquista: "(a) En sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda recibida de la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolini". Esta definición, unida a la actuación del fascismo español, nos permite afirmar que el franquismo fue un régimen criminal y que sus crímenes permanecen impunes judicialmente en virtud de artificios legales pergeñados durante la denominada "Transición" (período del que hablaremos más a fondo en su momento). En este sentido, es totalmente contrario al Derecho Internacional vigente que continúen en vigor leyes como la mal llamada "Ley de Amnistía" de 1977, que fue en realidad el parapeto jurídico de los responsables franquistas de la comisión de crímenes contra la humanidad. Estas resoluciones por tanto proclaman la ilegalidad del régimen franquista, de ahí que se ocultara su existencia en el momento de elaborar la Constitución Española, o dicho de otro modo, España tendría que aplicar estas resoluciones conforme al Derecho Internacional, siendo que además le atañe directamente. ¿Qué se hizo? Ocultarlas y lograr que se ocultaran en el sistema de Naciones Unidas. Si el contenido de la Resolución 39 (I) de 12 de diciembre de 1946 se aplicara, sería una causa de nulidad de nuestra Constitución de 1978, ya que esta Constitución desconoce estas resoluciones, y de hecho, declara legal el franquismo. En fechas más recientes, este marco legal de impunidad se ha visto complementado con la Ley de Memoria Histórica de 2007, una ley contraria al Derecho Internacional, a la jurisprudencia europea y que, consecuentemente, viola el propio derecho interno español. El Congreso dio el visto bueno, entre otros, a un artículo 3 de dicha Ley que declara que los tribunales franquistas eran ilegítimos pero legales. Ese es el argumento que se usa para no declarar nulas las leyes y otros actos jurídicos del franquismo que son contrarios además a la Constitución actual. Por tanto, la legislación franquista no se anuló y en consecuencia, sigue vigente. Desde el punto de vista doctrinal la Ley de Memoria de 2007 es una ley complementaria a la citada Ley de Amnistía de 1977, y cierra hoy por hoy toda posibilidad de reconocimiento jurídico de las víctimas. Este modelo legal de impunidad sancionado por el Congreso en su día tiene diversos efectos prácticos en el ámbito legal, pero principalmente, ha supuesto la indefensión y exclusión de las víctimas republicanas y la declaración de legalidad del ordenamiento jurídico franquista. Estas cuestiones, que no son menores, conforman una base de ilegitimidad sobre la que se asienta el régimen político actual, surgido de la Constitución de 1978, que a su vez se asienta en las bases políticas de la Transición. Y este problema de fondo no puede superarse con voluntarismos frívolos tales como querer "mirar sólo al futuro", al tiempo que nos negamos a analizar el pasado, menos aún cuando ese voluntarismo pretende desconocer que el fascismo español está inmerso y es consecuencia de la historia europea, razón por la cual llega hasta nuestros tiempos ese "franquismo sociológico" que se manifiesta muy frecuentemente de muchas y variadas formas. En el contexto europeo, Alemania, Francia, etc., han anulado las leyes represoras, por lo que no existe esa "excepción española", esa "inseguridad jurídica" que permite comprender la democracia alemana, francesa, italiana e incluso la japonesa obviando su ruptura con los modelos legales nacionalsocialistas, fascistas o imperialistas. Hoy día no es discutible afirmar que el régimen fascista español cometió crímenes contra la población civil y que practicó el asesinato, el exterminio, la tortura, el sometimiento a esclavitud, la deportación, la persecución por motivos políticos, raciales y religiosos, así como el encarcelamiento arbitrario. No obstante, esta constatación empírica es rechazada por la mayoría del Parlamento español y los tribunales, los cuales intentan crear un absurdo e inmoral sistema doctrinal que permita ocultar para siempre la historia del fascismo español. Tampoco la posibilidad de una Comisión de la Verdad, en cualquiera de sus formas, constituye un mecanismo de respuesta al problema de la impunidad, sobre todo si se tiene en cuenta que las Comisiones de la Verdad no pueden suplir la obligación que pesa sobre el Estado de investigar, a través de su poder judicial, los crímenes del franquismo. Es el Estado quien debe garantizar el derecho a la justicia, con todas las implicaciones que ello supone, como es el acceso a los archivos de la represión, a las causas de la muerte en los Registros Civiles, al respeto de la normativa forense en materia de exhumaciones de restos humanos (y no de restos antropológicos, que es como se ha tratado hasta el momento a las víctimas de ejecuciones judiciales y extrajudiciales cometidas por el régimen franquista). El Estado no puede declinar ni hacer dejación de sus obligaciones en materia de Derecho Penal Internacional. Es indudable que en el caso del Reino de España la falta de responsabilidad penal de los autores de violaciones graves a los derechos humanos es absoluta, y por ende, el sistema de impunidad diseñado durante la Transición sigue incólume. Y si dejamos que se implanten definitivamente los modelos de impunidad, corremos el riesgo cierto de perder las libertades que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pretendió universalizar. Los modelos de impunidad surgen con la pretensión de resolver el dilema que representan la democracia, las libertades y la expresión del uso racional de ambas, que son los derechos humanos. Les caracteriza la vanidad, que se plasma en "la presunción de gobernar hasta más allá de la tumba...en la más insolente de todas las tiranías", tal como respondiera Thomas Paine a Edmund Burke. Y así, en 2017, tras 40 años de "democracia", el Estado Español continúa incumpliendo los Tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado, y desoyendo las recomendaciones de los Organismos Internacionales, particularmente de las Naciones Unidas. Para acabar con tanta impunidad sólo existe una vía: una Ley emanada del Parlamento Español, que condene jurídicamente como ilegales el régimen franquista, sus leyes represivas y sus tribunales, y que declare nulas de pleno derecho todas sus sentencias. No se puede construir el futuro dando la espalda al pasado, y restaurar la justicia significa devolver a las generaciones venideras la libertad, para lo cual es necesario obligar al mundo político a recuperar su conexión con las formas de vida éticas donde la fraternidad y la solidaridad ocupen su lugar. De lo contrario estaremos condenando a las futuras generaciones a vivir en plena soledad y en un espacio vacío, sin memoria colectiva. Continuaremos en siguientes entregas.
En graciosa expresión que tomamos prestada a Irene Montero, agrupamos bajo este anagrama verbal de "Cubazuela del Norte" a los tres "diablos rojos" (esta vez la expresión es de Armando B. Ginés), que agrupan a Cuba, a Venezuela y a Corea del Norte (Ginés se refiere también a Rusia), que se toman como referencia cuando la derecha política, social y mediática quiere rebatir los argumentos de la izquierda, y pone como ejemplos (de forma torticera y manipulada) la realidad social de estos países para intentar extender una opinión generalizada del casos y del desorden que generan estas políticas. La verdad es que produce vergüenza ajena, ya que mientras se permiten dar consejos a estos países sobre lo que tienen o no tienen que hacer, no miran la fétida charca en que se ha convertido su partido, ni son capaces de ver la miseria que inunda a su pueblo. Un ejemplo de esto le ocurría en estos días a Mariano Rajoy, quien desde Brasil (donde se encontraba de viaje) se pronunciaba sobre Venezuela en estos términos: "Nos preocupa la situación de un país hermano, Venezuela. La solución debe pasar por devolver la palabra al pueblo venezolano". Y mientras pronunciaba estas indecentes palabras, se producía la dimisión de Esperanza Aguirre, acorralada por la corrupción galopante de su partido. La "Cubazuela del Norte" de turno siempre está ahí para recurrir a ella cuando la derecha se queda sin argumentos para rebatir. De esta forma, demonizando a estos países (que no son estrictamente socialistas, sino que simplemente se han atrevido, como Bolivia o Ecuador, a intentar cambios en su sistema de producción capitalista), desvían el foco de atención, y así evitan asumir responsabilidades políticas, desviando la atención de la opinión pública hacia otros enemigos externos (creados para tal fin), que son transformados irracionalmente y mediante sesgadas y manipuladas informaciones en peligrosos referentes para nuestros "sistemas de libertades" o "escalas de valores". Se les llama continuamente "populistas", y aparecen casi a diario en los noticieros de los diversos medios de comunicación, pero curiosamente nunca para contarnos sobre ellos buenas noticias (que las hay, y muchas), sino para contribuir a su mala imagen. De Cuba o Venezuela nunca nos contaron sus impresionantes logros en reducir la pobreza y la desigualdad, en escolarizar a todos los niños, en erradicar las enfermedades, en redistribuir la riqueza, o en garantizar los derechos humanos básicos para todos. Precisamente esos logros son los que más enfurecen a las derechas locales e internacionales, que son las que se están dedicando a promover las violentas revueltas populares, y a provocar la desestabilización y el desabastecimiento de productos básicos para la población. Para ellos la "Cubazuela del Norte" es una república bananera, donde no existe un Estado de Derecho, cuando la realidad es que son ellos los que quieren eliminar esos Estados de Derecho, porque simplemente no les interesa que existan en el mundo referentes de que otras políticas son posibles. De Bolivia o Ecuador nunca nos contaron sus tremendos avances recogidos en sus respectivas Constituciones, sus éxitos en conseguir reducir su deuda (incluyendo la realización de auditorías y su reconocimiento como deuda ilegítima, ilegal e insostenible), o sus transformaciones en sus modelos extractivistas. Nunca nos contaron sus avances en las políticas del Buen Vivir, y en el reconocimiento de derechos a la Madre Naturaleza. Más bien al contrario, están atentos a cualquier pequeño conflicto que ocurra, a cualquier desliz que pueda cometer su gobierno, para amplificarlo, difundirlo, ridiculizarlo, manipularlo y demonizarlo. En este fantástico artículo, Pascual Serrano ya explicó hasta qué punto se manipula la información procedente de Venezuela, ocultando lo que en verdad ocurre en sus calles, y los motivos de sus violentas manifestaciones. Y es que las derechas representadas por ese frente del Occidente "libre y civilizado", que en realidad bailan al son que le marca Estados Unidos, profesan un odio visceral hacia todo lo que huela a izquierda radical, rebelde o transformadora. Más aún, recelan de todo aquél país que ose enfrentarse a los designios del capitalismo globalizado. El pensamiento dominante intenta formarnos una imagen de dichos países caótica, violenta y desorganizada, sin salida, predisponiendo a la opinión pública hacia actitudes de rechazo visceral contra las políticas y los gobernantes de estos países. Sus respectivos Presidentes (Nicolás Maduro, Evo Morales, Raúl Castro, Kim Jong-un, incluso Vladimir Putin) son constantemente ridiculizados, mientras alaban a otros Presidentes que se alinean sin fisuras con las tesis neoliberales, aún suponiendo para sus respectivos pueblos claros retrocesos sociales (como Mauricio Macri en Argentina), o Golpes de Estado encubiertos (como es el caso de Michel Temer, en Brasil). A las derechas, a las élites dominantes, a los organismos internacionales y a Estados Unidos y sus aliados sólo les interesa reconocer y llevarse bien con los países que muestren ciega devoción hacia los planes de austeridad, el servilismo hacia las grandes empresas transnacionales, el desmantelamiento de los servicios públicos, y que se manifiesten fervorosamente a favor de las guerras "contra el terrorismo", para seguir saqueando los recursos naturales de los países atacados, y continuando sus políticas armamentistas. Cualquier país que manifieste una línea diferente de actuación, un enfrentamiento claro contra estos postulados, será vilmente atacado, ridiculizado, bloqueado, sancionado, chantajeado, y en el peor de los casos, invadido o atacado. Es lo que lleva pasando a lo largo de nuestra reciente historia, desde el Chile de Salvador Allende, la Cuba de Fidel, la Venezuela de Chávez, el Brasil de Lula y Dilma, el Ecuador de Correa, la Argentina de Néstor y Cristina, o la Bolivia de Evo. El recurso indignante y manipulador hacia la "Cubazuela del Norte" siempre está ahí disponible, para recurrir a él cada vez que queramos mostrar a los incrédulos que no existe alternativa al pensamiento dominante. Y así, el discurso y el relato informativo de los grandes medios de comunicación continúa su acoso, sin prisa pero sin pausa. No le duelen prendas al utilizar todos los medios a su alcance para transformar la realidad social de un país, y ofrecerlo al resto del mundo como un constante caos. Lo que no nos cuentan es que ese caos es inducido, financiado y controlado por las mafias de la derecha local e internacional. Y da igual que existan otras muchas partes del mundo donde se violen constantemente y de forma flagrante los derechos humanos (comenzando por los propios Estados Unidos, y continuando por México, Honduras, Colombia, etc.), el caso venezolano está un día sí y otro también en primera plana de nuestros programas informativos. Hemos de denunciar tanta falacia y tanta hipocresía, porque el interés de la derecha española al recurrir constantemente a "Cubazuela del Norte" no tiene nada que ver con la defensa de los Derechos Humanos, sino con la clara injerencia política y el intervencionismo, con la intoxicación mediática permanente, en un proceso de apoyo a los sectores violentos para el derrocamiento del gobierno legítimo y democrático. Bajo una sarta de mentiras amplificadas con la inestimable colaboración de la prensa dominante, se vierten un conjunto de acusaciones sin fundamento, y se teje toda una construcción absolutamente falseada de la realidad. Desmontemos este engañoso recurso a los países que se enfrentan a los perversos postulados capitalistas, seamos capaces de romper una lanza a su favor, y denunciemos la constante manipulación y ocultación de la realidad social de estos países. Ellos nos están mostrando el camino hacia otro mundo posible. Repost
A estas alturas de la serie, pensamos que nuestros lectores y lectoras tendrán muy claro que el fanatismo no es el camino. No se arregla nada con llamar "locos" a otros que matan inocentes, no se arregla nada bombardeando países de población musulmana, no se arregla nada diciendo que "estamos en guerra", no se puede proclamar a los cuatro vientos que se combate al terrorismo, mientras paralelamente se fabrican y venden armas que aterrorizan a millones de inocentes en todo el mundo. Maite Moraza lo ha expresado fantásticamente en su artículo de referencia: "No es posible acabar con una organización terrorista sin antes reparar injusticias históricas. No se debería acusar a un enemigo de querer imponernos sus ideas, y por nuestra parte impedir escuchar la voz de nuestras víctimas en sus países de origen. Es preciso tener en cuenta sus derechos humanos, no solamente nuestros intereses, para no provocar situaciones similares, sin meter tanto nuestras narices occidentales sabelotodo". Moraza denuncia en este párrafo, al igual que venimos haciendo nosotros durante todo este primer bloque temático dedicado al terrorismo internacional, la tremenda falsedad e hipocresía que existe en los planteamientos de nuestros gobernantes. Se oculta información, se manipulan los hechos, nada se habla del contexto real donde ocurren los hechos, no se recurre a la historia para poner en contexto las situaciones, ni se informa de las verdaderas causas e intereses que se esconden detrás de las guerras y de los ataques terroristas. Estas falacias se introducen en la mentalidad de las personas, y van creando una predisposición y un caldo de cultivo hacia la aceptación de ciertas políticas que van en detrimento de la paz, o si se quiere, que contribuyen a la guerra. Hay mucha gente que piensa que habría que cerrar mezquitas y todo lugar de culto para musulmanes (en realidad habría que hacerlo únicamente con las que son financiadas desde los grupos wahabitas más fundamentalistas, como ya hemos explicado), y que su religión les "lava el cerebro" para que cometan atentados. Además, una gran parte de la población aprueba los bombardeos de los países occidentales en venganza a los atentados ocurridos aquí, y no se plantean la posibilidad de "daños colaterales" allí. Parece que no hemos aprendido nada desde los atentados a los periodistas satíricos de Charlie Hebdo hace ya más de un año. Más bien, todo demuestra que fue inútil la masiva manifestación, la concentración de líderes internacionales, las condenas masivas desde todas partes del mundo, etc. Si el discurso no es pacifista, y además se corresponde con las decisiones y medidas futuras que se acometan, el problema del terrorismo persistirá. Y cuando además obligamos a la población (como ha ocurrido en la escuela francesa, según relata Maite Moraza) a manifestarse en la dirección de las opiniones oficialistas, ya estamos entrando en un Estado totalitario. La autora del artículo nos ofrece algunos ejemplos significativos que vamos a rescatar. Así, la escuela francesa, laica por ley, donde se supone que todo signo religioso y político está prohibido, y no se permite ir al colegio con un "peligroso" velo en la cabeza, participó esos días (se refiere a las jornadas posteriores al atentado), dirigida por intereses políticos, en la promoción de la islamofobia y el racismo en las aulas. Por tanto, no fueron respetadas todas las sensibilidades e ideologías, la fraternidad entre el alumnado se vio comprometida, y se acusó explícitamente a todo un colectivo de una manera muy generalizada. El control fue tal, que los niños y niñas que se negaron a estos actos fueron conducidos directamente a la Comisaría. En Niza un niño de 8 años fue retenido durante 30 minutos por "apología de acto terrorista" (¿se imaginan los lectores y lectoras padres y madres que lo hicieran con alguno de nuestros hijos o hijas?). El niño en cuestión se negó a guardar un minuto de silencio y a participar en la ronda de solidaridad en su colegio. En un pequeño pueblo de los Alpes Marítimos una niña de 10 años fue llevada a Comisaría porque al final de una redacción escolar se solidarizaba con los autores del atentado. Y en Aisne un niño de 9 años también fue conducido a Comisaría por gritar en el minuto de silencio "Dios es grande". Por su parte, tampoco a los profesores se les permitió expresarse libremente. Un profesor de filosofía, acostumbrado a debatir con sus alumnos después de proponer un tema y votarlo en clase, ese día su gran delito fue intentar reflexionar con su alumnado sobre temas como la justicia, la libertad de expresión, el racismo, los orígenes del terrorismo, etc. Pues por ello, dicho profesor fue sancionado por los Inspectores de Educación Nacional con cuatro meses de suspensión por ser "sospechoso de apología del terrorismo". Después de dicho período de suspensión, lo enviaron a dar clases a otro Instituto, a ochenta kilómetros del anterior. Así está el patio en nuestro vecino país galo, a ese nivel de manipulación, de censura y de alienación llega el tema. Y en el nuestro seguramente pasarían cosas parecidas, al menos mientras continuara en el Gobierno el Partido Popular (incluso el PSOE). Ya sabemos que existe cierto Pacto Antiyihadista al que se suscribieron la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, y que por supuesto, ni estudia, ni cuestiona ni se posiciona críticamente sobre estas cuestiones, sino que reproduce a pies juntillas todos los clásicos y aberrantes planteamientos que ya venimos denunciando en esta serie de artículos. Parece que tenemos que adscribirnos sin fisuras a la leyenda de los buenos y los malos, pero sin embargo, criticar la hipócrita política de un Estado, recordar la existencia de otras víctimas diferentes a las nuestras, denunciar los verdaderos motivos de las guerras y los ataques terroristas, y movilizarse por los derechos humanos de todos, es motivo de ser acusado de incitación al odio y al terrorismo. La conclusión está bien clara: hoy día, en pleno siglo XXI, la libertad de expresión está a merced de determinados intereses polìticos. No se fomenta la capacidad analítica, crítica y reflexiva. El mensaje por parte de las Instituciones es rotundo: o nos alineamos con el pensamiento dominante, o seremos acusados de complicidad, de apología o de enaltecimiento del terrorismo. Y queremos insistir en que no: que ese no es el camino, que existen otras vías, que hay otras interpretaciones, otras leyendas, otras explicaciones, otros intereses, y otros motivos que explican la escalada bélica y terrorista que estamos sufriendo. Pero los poderes fácticos y las élites dominantes no están dispuestas a que ese mensaje se escuche, a que esas explicaciones se difundan, e intentan acallarlas al precio que sea. Bien lo deja sentenciado Maite Moraza cuando afirma: "Como madre sueño con una escuela que enseñe de verdad el respeto, la justicia y la fraternidad real entre los pueblos. Una escuela que permita a mis hijos discernir el bien del mal, y que les prepare para que en el futuro no permitan gobernar a quienes promueven políticas que nos lleven a la guerra, invasión, colonización de pueblos, y a la muerte de inocentes dentro o fuera de nuestros territorios". Lo que ocurre es que, como venimos demostrando, formar para todo ello requiere enfrentarse duramente con los postulados del pensamiento de las élites poderosas que nos gobiernan, requiere sacar a la luz muchos espúreos intereses, y requiere una reflexión clara, profunda y serena sobre los valores del pacifismo, y nuestra sociedad (y nuestra escuela, como un fiel reflejo de ella) no está preparada para todo ello. No sólo en los países árabes existe déficit de libertad de expresión, violación de derechos humanos, desigualdades de género, leyes antiterroristas establecidas con el pretexto de combatir amenazas externas, etc. También en nuestros países occidentales son cada vez más evidentes las desigualdades sociales, y la falta de libertades públicas, así como el incumplimiento de los derechos humanos. Y la educación es cómplice de todo ello, porque adoctrina a los escolares desde pequeños para impedirles luego comprender en toda su dimensión, adoptar una actitud crítica y manifestarse en contra de las invasiones y las guerras de todo el mundo. Continuaremos en siguientes entregas.

References: Resolución 
 Resolución 
e contrario
 resolución 
 Resolución 
e contrario
 Resolución 
 artículo 3