Source: http://www.normamorandini.com.ar/?p=11070
Timestamp: 2017-11-17 20:52:00+00:00

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ANTENA NEGRA TV | NORMA MORANDINI
Su repudio y preocupación por el allanamiento al domicilio y decomiso de los equipos de la emisora comunitaria Antena Negra TV, que transmite su programación por el Canal 20 de Televisión Digital Abierta (TDA) y el Canal 4 analógico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto tal decisión constituye un hecho concreto de censura sobre quienes ejercen la labor periodística, basada en el derecho humano consagrado por nuestra Constitución Nacional a la libertad de expresión.
El 4 de septiembre de 2015 en un operativo conjunto de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y la Policía Federal Argentina (PFA) fue allanado el domicilio y decomisados los equipos de transmisión y las computadoras de la emisora comunitaria Antena Negra TV, que transmite desde el año 2009 por el Canal 20 de Televisión Digital Abierta (TDA) y el Canal 4 analógico en la Ciudad de Buenos Aires en la banda de 506 a 512 Mhz.
La orden de allanamiento, que contó con un desmesurado operativo policial de medio centenar de efectivos munidos de escudos y palos, fue firmada por la Dra. Verónica Lara, titular de la Secretaría Nº 5 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8, a cargo del Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien ordenó al Jefe de Departamento de Delitos Federales de la Policía Federal el “secuestro de los equipos que generan interferencia” para entregarlos en custodia a la AFTIC, “en carácter de depositario judicial”.
Los motivos que se adujeron para llevar a cabo la decisión judicial están vinculados a la acusación de interferencia de la señal del Canal 20, que tiene autorizada la empresa de servicios de seguridad Prosegur, multinacional de capitales españoles que opera un sistema de alarmas inalámbricas para monitorear organismos públicos, embajadas y bancos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que utiliza la frecuencia de 511 Mhz. para establecer radio enlaces con la Policía Federal Argentina.
Los trabajadores de la emisora comunitaria declararon “no haber recibido ningún tipo de notificación previa” y denunciaron que los responsables del allanamiento ingresaron al domicilio, localizado en la calle Ángel Gallardo 752, sin identificarse inicialmente y de forma violenta. Rompieron las puertas, impidieron que el procedimiento fuera grabado y dejaron el espacio destruido, con roturas de computadoras, cámaras y el resto del mobiliario.
Integrantes de la emisora también denunciaron que “este procedimiento fue impulsado por la Comisión Nacional de Comunicaciones en connivencia con la PFA saltéandose a la AFSCA, quien es la autoridad encargada de regular el uso del espectro en relación a la radiodifusión”, y que “detrás de esta maniobra estánCanal 9 y la empresa de sistemas de seguridad Prosegur, que tienen la intención de frenar toda iniciativa de tener un canal de televisión comunitaria”.
Rápidamente las autoridades de la AFTIC emitieron un comunicado de prensa en el que aclaran que “la AFTIC debió colaborar con el operativo realizado en la sede del canal por instrucción del Juez Federal Marcelo Martínez De Giorgi, actuante en la causa caratulada “N.N. s/ Interrupción de las Comunicaciones”.
El hecho generó la solidaridad y el repudio de vastos sectores de la sociedad civil, entre ellos el de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y el de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), creada en octubre de 2004 en la ciudad de Neuquén, de la que la emisora allanada es integrante.
“Creemos que la comunicación no puede seguir siendo un negocio al que acceden unos pocos porque la comunicación no es una mercancía. Entendemos la comunicación como un derecho: derecho a estar comunicados y a comunicar, como así también al acceso libre a las tecnologías que lo permiten”, sostuvieron en un comunicado los representantes de la RNMA, al tiempo que advirtieron: “Hacemos responsables políticos directos del allanamiento de la Federal al gobierno nacional encabezado por Cristina Fernández y al presidente del AFSCA y actual candidato a vicegobernador bonaerense, Martín Sabbatella”.
Por su parte AMARC repudió la intervención del canal y el secuestro de sus equipos y sostuvo en un comunicado que: “Los medios comunitarios no toleraremos ningún atropello ni de violencia institucional, que en este caso hacen peligrar el trabajo y la libertad de expresión de un medio de comunicación comunitario”, afirmando que “Este hecho es insostenible en plena vigencia de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que reserva un 33% del espectro para el sector sin fines de lucro. La mora del Estado en el cumplimiento efectivo de este derecho y el ordenamiento del espectro radioeléctrico, da lugar a estas situaciones donde el principal perjudicado es el sector sin fines de lucro, históricamente postergado”.
El avasallamiento a la emisora comunitaria revela irregularidades que no pueden soslayarse, sobre todo porque revelan claros incumplimientos a la Ley Nº 26.522 y la ausencia del Estado a través de su Autoridad de Aplicación -AFSCA- para resolver conflictos de interferencias en las comunicaciones que se realizan con uso del espectro radioeléctrico, aunque también es clara la superposición de funciones, que oportunamente denunciáramos, con la Autoridad de Aplicación creada por la Ley Nº 27.078 -AFTIC- en lo que respecta a la administración del espectro radioeléctrico.
La empresa multinacional Prosegur, se encuentra en clara violación de lo dictaminado tanto por leyes internacionales como nacionales. En primer lugar, su señal se encuentra dentro de las frecuencias asignadas a radiodifusión, que son por definición, según el art. 83, ítem 2012 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones suscripto en Nairobi – Kenia el 6 de noviembre de 1982 y ratificado mediante la Ley Nº 23.478 del 23 de abril de 1987 por nuestro Congreso Nacional: “Servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación cuyas emisoras se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de otro género.”
Por otro lado, mediante el Decreto Nº 2456 del 15 de diciembre de 2014, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó la inmediata liberación de la frecuencia correspondiente a la señal en conflicto (canal 20) por parte de cualquier servicio que no fuera de radiodifusión, transfiriéndola al exclusivo uso de Televisión Digital Terrestre Abierta. El AFSCA, en consecuencia, no cumplió con esta directiva y esta situación de negligencia derivó en perjuicio de la emisora comunitaria.
Si profundizamos en la norma que le dio origen al AFSCA, la Ley Nº 26.522, se verifica que no sólo se incumplió con la aplicación del decreto mencionado, sino que son preocupantes las infracciones cometidas por esta autoridad. La situación pone al descubierto los graves conflictos que, como denunciamos oportunamente, cuando se sancionó la Ley Nº 27.078, iban a ocurrir. En esa ocasión advertimos que sólo un debate honesto y con vocación democrática garantiza legislaciones serias, modernas y justas. Especialmente en este caso en particular, porque se trata de proteger derechos humanos fundamentales. Las autoridades han eludido derechos reconocidos a Antena Negra TV, violentado la definición misma de lo que es, según el art. 4 de la Ley Nº 26.522, una Emisora comunitaria de Radiodifusión Abierta y Televisiva: “Son actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida”.
A la emisora, además, le asiste el derecho que establece el artículo 89° de la norma citada, referido al porcentaje del 33% de reservas en la administración del espectro radioeléctrico: Inciso f) “El treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro”.
El mencionado artículo fue concebido, precisamente, con el objetivo de garantizar, según la redacción del propio oficialismo: “Las previsiones vinculadas a la reserva de espectro radioeléctrico se apoyan en la necesidad de la existencia de las tres franjas de operadores de servicios, de conformidad a las recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión ya planteadas con anterioridad. Por ello, se preserva un porcentaje para las entidades sin fines de lucro que admita su desarrollo, al igual que para el sector comercial privado. En los supuestos destinados al conjunto de medios operados por el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones, se procura su reconocimiento como actor complementario y no subsidiario del conjunto de los servicios de comunicación audiovisual. Se procura un desarrollo armónico atendiendo a los espacios futuros a crearse por vía de los procesos de digitalización, en los que la pluralidad debe ser garantizada. (…) A tal efecto las futuras normas reglamentarias y técnicas de servicio deberán tender al ordenamiento del espectro radioeléctrico en concordancia con las pautas que fijen las instancias internacionales para el aprovechamiento del dividendo digital tras la finalización de los procesos de migración hacia los nuevos servicios”.
Como se verifica en este caso, no sólo se ha hecho caso omiso a las propias recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión, sino además a las normas reglamentarias dictadas con posterioridad, que devienen en que el accionar de AFSCA muy poco o nada ha hecho para normalizar la frecuencia por donde este medio debía transmitir su señal en más de 5 años desde que comenzó a funcionar en diciembre de 2009.
Por caso, en aquel año el AFSCA dictó sus primeras 3 resoluciones el 29 de diciembre de 2009. La 1° dispuso el Relevamiento de los Servicios de Radiodifusión Sonora Operativos, la 2° estableció el Relevamiento Obligatorio de las Licencias, Autorizaciones, Permisos Precarios y Provisorios y la 3° reguló el Ordenamiento de los Servicios de Televisión de Baja Potencia. Pues bien, los responsables del medio de comunicación violentado cumplieron en tiempo y forma con lo dispuesto por la 1° y 3° resolución, ya que se encontraban en situación de emisora ilegal. Sin embargo nunca desde aquella presentación, a principios del año 2010, el AFSCA aplicó la norma vigente que la obliga, según lo establecido en el art. 162, a localizar y legalizar la frecuencia mediante la cual pudiese emitir su señal el medio: “Emisoras ilegales. Hasta tanto finalicen los procedimientos de normalización de espectro, la autoridad de aplicación deberá, como previo a toda declaración de ilegalidad, requerir a la sumariada la totalidad de los trámites que hubieren iniciado requiriendo su legalización, y a la autoridad regulatoria y la autoridad de aplicación en materia de telecomunicaciones los informes sobre si la emisora causa interferencias y si tiene factibilidad de previsión en el Plan Técnico la localización radioeléctrica en cuestión. En caso de encontrarse la emisora en condiciones de haber solicitado su legalización, la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre ella como condición para el dictado del acto administrativo”.
Tampoco cumplió con los objetivos de garantizar criterios democráticos y republicanos en la administración del espectro, de lo contrario no se hubiese llegado a esta instancia con Antena Negra TV, y en particular el incumplimiento del art. 3° inc. “l” de la ley 26522, “La administración del espectro radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas”,
Como se puede observar no sólo no se verifica en este hecho el cumplimiento de los objetivos establecidos sino que lejos se está de observar las obligaciones que establece en el mismo sentido el art. 7° de la Ley N26522: “Espectro radioeléctrico. La administración del espectro radioeléctrico, atento su carácter de bien público se efectuará en las condiciones fijadas por la presente ley y las normas y recomendaciones internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones u otros organismos pertinentes.
En caso de asignación de espectro, la misma estará limitada a garantizar las condiciones para la prestación del servicio licenciado o autorizado, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 6º de la presente ley”.
Dicho artículo fue fundado en aparente cumplimiento con las recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, en su Informe Anual de 2002, que plantea en su punto 44 que “(…) hay un aspecto tecnológico que no debe ser dejado de lado: para un mejor uso de las ondas de radio y televisión del espectro radioeléctrico, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), distribuye grupos de frecuencias a los países, para que se encarguen de su administración en su territorio, de forma que, entre otras cosas, se eviten las interferencias entre servicios de telecomunicaciones.”
Y afirma en el punto 45: “(…) la Relatoría entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos. Esto precisamente es lo que establece el Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión”.
Recordando que los “Convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y leyes ratificatorias que definen telecomunicaciones y radiodifusión. La reglamentación internacional sobre este tópico surge de los Convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuyo articulado específico, en la Recomendación 2 de la Resolución 69 UIT (incorporada a los Acuerdos de Ginebra de diciembre 1992 en Kyoto durante 1994) se expone: -teniendo en cuenta la Declaración de Derechos Humanos de 1948, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, consciente de los nobles principios de la libre difusión de la información y que el derecho a la comunicación es un derecho básico de la comunidad RECOMIENDA: a los Estados parte que faciliten la libre difusión de información por los servicios de telecomunicaciones-”.
Y en el mismo sentido se afirma que “… nuestro país ha ratificado la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, donde se afirma, en particular, «que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial», dichas circunstancias toman un valor preponderante.”
Otros derechos que le asisten al medio comunitario Antena Negra TV hubieran resuelto el conflicto de haberse puesto también en práctica durante estos largos 5 años desde que asumió la autoridad de aplicación; entre ellos el establecido en el art. 32° de la Ley Nº 26522, que versa sobre la inclusión en el Plan Técnico de toda localización radioeléctrica no prevista en el mismo a petición de la parte interesada si se verificara su factibilidad y compatibilidad con el mismo. Derecho amparado en los Principios 12 y 13 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De igual manera por lo establecido en el art. 88° sobre la norma nacional del servicio en su inc. “c”, que versa sobre: “El aprovechamiento del espectro radioeléctrico que promueva la mayor cantidad de emisoras.”
Sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones de la autoridad de aplicación, la clara contradicción entre lo que se declara y escribe con lo que se cumple, demuestran que por numerosos motivos se arriba a situaciones como ésta, en donde no sólo se violenta a un medio alternativo de comunicación sino que además se vulnera el derecho de su audiencia a la información o diversidad de ideas.
Sin perjuicio de la protección prevista en la Ley Nº 26.522 que debiera haber tenido la señal de Antena Negra TV, a la multinacional Prosegur también debiera habérsele ya aplicado el art. 28° y el 30° de la Ley Nº 27.078 para sustituir o modificar su autorización o permiso para utilizar la frecuencia que actualmente usa, y en cuyo caso migrarlo de banda.
“ARTÍCULO 28. – Autorizaciones y permisos. Las autorizaciones y los permisos de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico se otorgarán con carácter precario, por lo que la Autoridad de Aplicación podrá sustituirlos, modificarlos o cancelarlos, total o parcialmente, sin que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna a favor del autorizado o administrado.”
“ARTÍCULO 30. – Migración de bandas. La Autoridad de Aplicación podrá requerir a los titulares de autorizaciones y permisos de uso de frecuencias la migración de sus sistemas como consecuencia de cambios en la atribución de bandas de frecuencias. La migración deberá cumplirse en los plazos que fije la Autoridad de Aplicación. Los autorizados o permisionarios no tienen derecho a indemnización alguna.”
Como se puede verificar este lamentable hecho podría haberse evitado si los responsables de aplicar la ley la hubiesen hecho cumplir. De manera que este virulento acto de censura vulnera derechos humanos garantizados por distintos tratados internacionales y nuestra propia Carta Magna.
Se debe proteger el derecho inalienable a la libertad de expresión, su cercenamiento se opone a lo instituido por nuestra Constitución Nacional y a los tratados internacionales que lo protegen: los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 4 de la Declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre.
La censura producida en este caso representa una acción concreta para limitar el derecho de libertad de expresión, inherente al sistema democrático, lo que requiere la urgente intervención de los organismos competentes para revertir esta situación y devolver a Antena Negra TV su espacio y su voz.
Por estos motivos solicito a mis pares acompañen con el presente proyecto de declaración.

References: in fine
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 artículo 89
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in fine
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 4