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Timestamp: 2018-03-17 06:15:13+00:00

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Enero | 2017 | Jaime David Abanto Torres Derecho, literatura, cine y música
José Calvo. La pasión literaria al servicio de su vocación jurídica le ha convertido en el autor hispano más destacado de la corriente Derecho y Literatura que inspira a juristas atentos al mundo de la ficción, más cultos y con más capacidad crítica. Catedrático de Filosofía del Derecho, juez y autor de ensayos singulares, aboga por la formación humanística y la cultura literaria tanto como por un derecho para el ciberespacio.
Esta entrada fue publicada en Derecho Judicial, Derecho y Literatura el 30 Enero, 2017 por Jaime David Abanto Torres.
El precedente admite – a mi modo de ver – dos interpretaciones: una peor que la otra.
Los precedentes contenidos en los puntos 5.6 y 7 merecían sin duda algún tipo de aclaración o adecuación, tal como se hizo con el precedente 5.3. Estas omisiones generan dudas con relación a la correcta aplicación del IV Pleno Casatorio. La Corte Suprema tardó más de 10 años en corregir el nefasto precedente sentado en el Primer Pleno Casatorio. ¿Cuántos años dejará que pasen – y cuantos intereses merecedores de tutela permitirá que se vulneren – para modificar estos precedentes?
En http://laley.pe/not/3779/-que-debio-cambiarse-en-la-sentencia-del-iv-pleno-casatorio-
Esta entrada fue publicada en Derecho Civil, Derecho Procesal Civil el 30 Enero, 2017 por Jaime David Abanto Torres.
El punto de partida del análisis es la distinción entre proceso plenario rápido y proceso sumario. En el primero no existen limitaciones relativas a las alegaciones ni a los medios probatorios que las partes podrían aportar, en el segundo sí. En el primero existe una cognición completa sobre la controversia, en cambio en el segundo la cognición es limitada, de ahí que la sentencia que se emita en el primero pueda adquirir la calidad de cosa juzgada, mientras que la sentencia recaída en el segundo, no. El proceso [sumarísimo] de OEP es un proceso plenario rápido, es decir, un proceso de cognición completa por lo que, dentro de él, es posible realizar un control de legalidad del acto que se pretende formalizar.
El control de legalidad del acto que se pretende formalizar será de dos clases: El control de validez y el control de eficacia. Creemos que hubiese sido mejor hacer referencia a un triple control, anteponiendo a los dos mencionados, el control de relevancia, de manera que estos controles de legalidad del acto que se pretende formalizar guarden conformidad con las tres fases del proceso de calificación del negocio jurídico [juicio de relevancia, juicio de validez y juicio de eficacia]. No obstante, es claro que el que no se haya desarrollado en forma independiente el control de relevancia obedece a que en el V PCC se descartó la vigencia de la categoría de la inexistencia en nuestro sistema jurídico, por lo que en el IX PCC los casos de inexistencia del acto, es decir, aquellos que no superen el juicio de relevancia, tuvieron que ser reconducidos a una categoría propia del control de validez: la nulidad.
Dentro del control de validez se podrá analizar y discutir la nulidad manifiesta del acto que se pretende formalizar, no la anulabilidad ni la nulidad encubierta.El debate en torno a la nulidad manifiesta incluso puede ser incorporado de oficio por el Juez. Consideramos que se hubiese podido adoptar la solución recogida en el sistema español, en el sentido de que es posible que la parte demandada alegue la nulidad [no manifiesta], anulabilidad, resolución o rescisión del acto en el que se funda la pretensión, en cuyo caso el Juez correrá traslado a la parte demandante para que ésta, dentro del mismo plazo que el demandado tuvo para contestar la demanda [en nuestro caso, 05 días (art. 554 CPC)], absuelva lo concerniente a su derecho, y emitirá pronunciamiento sobre el particular al resolver el fondo de la controversia [en el fallo], pronunciamiento que tendrá autoridad de cosa juzgada(1). Un cambio de este tipo hubiese sido verdaderamente drástico y si bien nulidad [no manifiesta] y anulabilidad no serán materia de discusión en los procesos de OEP sí podrían determinar la suerte de la pretensión de formalización del acto.
La nulidad [no manifiesta] o la anulabilidad del acto que se pretende formalizar son circunstancias que podrán determinar la suerte de la pretensión de formalización siempre que se hagan valer en vía de acción. En dicho caso, la parte demandada podría solicitar, al amparo del artículo 320 CPC, la suspensión de la emisión de la sentencia en el proceso de OEP, hasta que se resuelva el proceso de nulidad o anulabilidad que haya iniciado, de manera que en caso se declare fundada la demanda de nulidad o anulabilidad, se desestimará la demanda de OEP. El uso de esta alternativa [solicitar la suspensión de la emisión de la sentencia] no ha de ser malintencionado [buscar simplemente la dilación] pues, en caso de serlo, se impondrá una multa y la remisión de copias a la Presidencia de la Corte superior, al Ministerio Público y al Colegio de Abogados correspondiente [arts. 110 y 111 del CPC].
Se define a la nulidad manifiesta y se precisa que ésta puede estar referida a cualquiera de las causales de nulidad y puede desprenderse del acto mismo o de algún otro medio de prueba. Se define a la nulidad manifiesta como “aquélla que resulta evidente, patente, inmediatamente perceptible, en suma, aquélla que resulta fácil de detectar sea que se desprenda del acto mismo o del examen de algún otro elemento de prueba incorporado al proceso”, precisándose que puede estar referida a cualquiera de las causales de nulidad previstas en el art. 219 del CC [recuérdese que los casos de inexistencia deberán ser reconducidos a alguna de estas causales]. Esta postura nos parece acertada: Un contrato que aparece firmado por una persona que ha fallecido antes de la fecha en que aquél supuestamente fue celebrado, un contrato que aparece firmado por una persona inexistente, un contrato que aparece firmado por una sola de las partes, un contrato en el que no se hace referencia al objeto del mismo [el bien], es tan manifiestamente nulo como aquel contrato en el que no se observó la formalidad solemne.
La nulidad manifiesta se podrá “declarar” pero siempre que se haya promovido el contradictorio entre las partes y generará cosa juzgada. Esta solución nos parece acertada pues si se les ha dado a las partes la posibilidad de discutir la nulidad manifiesta del acto que se pretende formalizar, aportando argumentos y medios probatorios, es viable que se emita pronunciamiento sobe el particular en la parte resolutiva de la sentencia y que, así, dicho pronunciamiento adquiera la calidad de cosa juzgada de manera que no se pueda reabrir el debate en torno a la nulidad manifiesta del acto en un nuevo proceso. Hay que precisar que el IX PCC ha establecido que solo se emitirá pronunciamiento respecto de la nulidad manifiesta del acto, en la parte resolutiva, en caso se ampare dicha pretensión, en cuyo caso –evidentemente- se declarará infundada la pretensión de OEP.
El momento adecuado para que el Juez promueva el contradictorio entre las partes, respecto a la posibilidad de declarar la nulidad manifiesta del acto, es antes de realizar el saneamiento del proceso. Esta solución nos parece acertada y tuitiva del derecho de defensa de las partes. En efecto, al incorporarse, de oficio, la pretensión de OEP antes del saneamiento del proceso, se posibilita que las partes puedan formular excepciones procesales respecto a dicha pretensión, por ejemplo, la excepción de cosa juzgada o litispendencia. Excepcionalmente, en caso de que ya se haya pasado la etapa de saneamiento del proceso, el Juez, igualmente, promoverá el contradictorio y de ser necesario [entiéndase, en caso de que se formulen excepciones procesales y/o se aporten medios probatorios que precisen actuación] se citará a las partes a una audiencia complementaria. Consideramos que esta solución debe ser necesariamente acogida en el VIII PCC en caso de que se opte por la tesis de la ineficacia y, por ende, deba afrontarse el problema de la reconducción de pretensiones [de nulidad (procesos que ya se encuentran en trámite) a ineficacia](2).
Se ha precisado el objeto de los procesos de OEP:Mutar la forma de un negocio jurídico, de escritura privada a escritura pública, siempre que esta última no constituya una forma solemne. Podría entenderse, entonces, que, tácitamente, se ha descartado que la inscripción registral del acto formalizado sea objeto del proceso de OEP.
Dentro del control de eficacia del acto que se pretende formalizar se analizará: la condición suspensiva, el plazo suspensivo, el plazo de cumplimiento, la excepción de incumplimiento y la resolución del contrato [y también la rescisión]. Con acierto se ha precisado que el elenco de supuestos antes mencionado no es taxativo sino meramente enunciativo, dejando abierta la posibilidad de que también se puedan analizar otros supuestos de ineficacia como, por ejemplo, la inoponibilidad.
Si el contrato está sujeto a plazo suspensivo que aún no ha vencido o la específica obligación de elevar a escritura pública se encuentra sujeta a plazo de cumplimiento que aún no ha vencido, la demanda será declarada improcedente. La obligación de formalizar el contrato es un efecto que emerge de este último, sea porque las partes la pactaron o porque es incorporada por disposición legal, de manera que si el contrato no produce ninguno de sus efectos o el específico efecto obligacional de formalizar el contrato aún no resulta exigible, no se puede peticionar la formalización del contrato, siendo pertinente que se desestime la demanda por improcedente.
Si la obligación de otorgar la escritura pública está sometida a condición suspensiva y ésta aún no se ha verificado la demanda será declarada improcedente. Con esto se soluciona un caso frecuente en la praxis judicial. Si las partes han subordinado el otorgamiento de escritura pública a la cancelación del precio de venta, entonces el comprador no podrá peticionar la formalización de su contrato sin dejar de acreditar que ha cancelado el precio de venta. Si no se acredita esto último, es decir, si no se acredita que se ha verificado la condición, entonces la demanda será declarada improcedente.
El demandado podrá suspender el cumplimiento de su obligación de otorgar la escritura pública, vía excepción de incumplimiento, en caso de que el demandante haya incumplido alguna obligación principal a su cargo. Con acierto se ha precisado que la obligación de otorgar escritura pública constituye una obligación principal del contrato de compraventa, al igual que la obligación de entregar el bien o la obligación de pagar el precio, de manera que el vendedor [demandado] podrá deducir la excepción de incumplimiento frente a la pretensión de OEP en caso de que el demandante no haya cumplido, por ejemplo, con su obligación de pagar el precio. La excepción de incumplimiento, al ser una excepción material y no una procesal, será resuelta al resolver el fondo de la controversia, y en caso de considerársele legítima, se declarará improcedente la demanda.
Si existe un pronunciamiento judicial firme que haya declarado la resolución o la rescisión del contrato que se pretende formalizar, la demanda de OEP será declarada infundada. Debe entenderse que sucederá lo mismo si existe pronunciamiento judicial firme que haya declarado la nulidad o anulabilidad del contrato. Si el proceso judicial de resolución [por incumplimiento, por imposibilidad sobreviniente o por excesiva onerosidad] o rescisión del contrato que se pretende formalizar se encuentra en trámite, la parte demanda –tal y como sucede cuando se encuentra en trámite un proceso de nulidad o anulabilidad- podrá solicitar la suspensión de la emisión de la sentencia en el proceso de OEP.
Si se alega la resolución extrajudicial del contrato que se pretende formalizar, el Juez analizará la situación en la parte considerativa mas no emitirá pronunciamiento sobre el particular en la parte resolutiva de la sentencia. La solución es la misma que se adoptó en el IV PCC. El Juez verificará la legalidad de la resolución extrajudicial. Si el resultado de su análisis es que, prima facie, sí concurrirían los presupuestos necesarios para que opere el mecanismo resolutorio extrajudicial correspondiente [resolución por intimación o por cláusula resolutoria expresa] declarará infundada la demanda de OEP, en caso contrario, es decir que, prima facie, no concurrirían tales presupuestos, amparará la demanda. Sobre la resolución extrajudicial no se emitirá pronunciamiento en la parte resolutiva de la sentencia de manera que es posible reabrir el debate sobre el particular en otro proceso. El trato diferenciado en relación a la nulidad manifiesta se justifica toda vez que ésta involucra la afectación de intereses generales, mientras que la resolución concierne a intereses particulares.
No se puede peticionar el OEP de un contrato que debe revestir dicha forma para que se le considere válidamente celebrado. Es decir, no se puede peticionar el otorgamiento de una forma solemne. En caso de hacerse la demanda será declarada improcedente por petitorio jurídicamente imposible [art. 427.5 CPC]. Se hace específica referencia a dos contratos que deben celebrarse por escritura pública bajo sanción de nulidad: la donación inmobiliaria y la anticresis. Hubiese sido interesante que el análisis se complemente con aquellos casos en donde la ley hace referencia a que el contrato se celebra por escritura pública pero no sanciona con nulidad la inobservancia de dicha forma, como son los casos de hipoteca y de leasing.
Se modifica el I PCC de manera que, en adelante, la Corte de Casación puede advertir la nulidad manifiesta de un negocio jurídico, aun cuando las instancias de mérito no se hayan pronunciado sobre el particular y aun cuando las partes no la hayan invocado en sus recursos impugnatorios. No obstante, a fin de no vulnerar el principio del contradictorio y el principio de doble instancia, se retrotraerá la causa a la primera instancia a fin de que se promueva el contradictorio y se emita pronunciamiento sobre la posible nulidad manifiesta.
Se modifica el IV PCC de manera que, en adelante, si el Juez advierte la nulidad manifiesta del título posesorio, promoverá el contradictorio entre las partes y, de ser el caso, declarará la nulidad en la parte resolutiva de la sentencia. El cambio era necesario: Nada justificaba que el poder que le confiere al Juez el art. 220 del CC, sea ejercido de una forma en el proceso [sumarísimo] de OEP y de una forma distinta en el proceso [sumarísimo] de desalojo.
Tres son los temas que quedaron pendientes:¿la “acción” de OEP esta sujeta a un plazo de prescripción o no? ¿es posible peticionar el OEP de una minuta de hipoteca y de leasing o no? y ¿es posible apreciar de oficio la inoponibilidad manifiesta del contrato o no? Este último tema no se abordó probablemente porque se trata de una categoría que deberá abordarse en el VIII PCC.
(2) Nos hemos ocupado de este tema en: RONQUILLO PASCUAL, Jimmy. “¿Es imprescriptible la “acción” de ineficacia y deberán reconducirse las demandas de nulidad? Los temas “secundarios” del VIII Pleno sobre actos de disposición de bienes sociales”, Disponible en: <http://laley.pe/not/3065/-es-imprescriptible-la-ldquo-accion-rdquo-de-ineficacia-y-deberan-reconducirse-las-demandas-de-nulidad-/> (Consulta: 30/01/16).
En http://laley.pe/not/3783/los-18-puntos-claves-del-ix-pleno-casatorio-civil
En nuestra opinión es una buena síntesis para introducirnos a la lectura del IX Pleno y para discutir los temas que se quedaron en el tintero de la Corte Suprema
EL CALCULO DE INTERESES LEGALES EN EJECUCION DE SENTENCIAS
Dr. Carlos E. Polanco Gutiérrez
El presente trabajo pretende ser una guía para jueces que tienen que aprobar o
desaprobar pericias que liquidan intereses sobre deudas pensionarias, teniendo
presente el precedente vinculante contenido en la Casación Nro. 5128-2013-
Lima, que establece la prohibición de capitalizar intereses (anatocismo), en las
deudas previsionales a cargo del Estado.
This current document aims to be a guide for judges who have to approve or
disapprove expertises that settle interest regarding on pension debt, keeping in
mind the binding precedent contained in Case N° 5128-2013-Lima, which
establishes the prohibition of capitalizing interests (anatocism) in the pension
government’s debts.
El Diccionario del español jurídico es, pues, el primero en su ámbito que abandona las explicaciones extensas de carácter enciclopédico y se acoge a los criterios lexicográficos de la Academia, con definiciones breves e informaciones complementarias que orientan sobre el uso correcto de cada vocablo.
En http://dej.rae.es/#/entry-id/E152500
Esta entrada se publicó en Derecho Judicial y está etiquetada con diccionario, español, jurídico en 27 Enero, 2017 por Jaime David Abanto Torres.
Videos tutoriales del CNM ATENCIÓN JUECES Y FISCALES
Esta entrada fue publicada en Derecho Judicial el 25 Enero, 2017 por Jaime David Abanto Torres.
Mediante Decreto Supremo N.º 001-2017-JUS, publicado en el diario oficial,El Peruano, el 24 de enero del 2017, aprueban el calendario oficial para los años 2017 y 2018 de la entrada en vigencia de la obligatoriedad del intento conciliatorio previo a un proceso judicial.
“Artículo 1. Aprobación del Calendario Oficial para el año 2017
15 de marzo de 2017 Distrito Conciliatorio de Huanta– Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho.
05 de abril de 2017 Distrito Conciliatorio de Camaná– Provincia de Camaná del Departamento de Arequipa.
21 de marzo de 2018 Distrito Conciliatorio de Huaral – Provincia de Huaral del Departamento de Lima.
18 de abril de 2018 Distrito Conciliatorio de Ferreñafe – Provincia de Ferreñafe del Departamento de Lambayeque.
Esta entrada se publicó en Conciliación y está etiquetada con calendario en 25 Enero, 2017 por Jaime David Abanto Torres.

References: resolución 
 artículo 320
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución