Source: http://justiciabol.blogspot.com/2019/
Timestamp: 2019-11-13 03:05:01+00:00

Document:
Justicia en Bolivia: 2019
Consejo de la Magistratura - Folio Real Actualizado
Consejo de la Magistratura - CM
Generar un documento que contiene toda la información vigente del inmueble sobre su estado jurídico actual y total, sobre su descripción y características, restricciones y gravámenes que pesan sobre el bien y cancelaciones de aquellos
Folio o número de matricula
En caso de 3ra persona interesada, adjuntar documentos que respalde su interés legítimo
Monto: 78 BS
Por concepto de: arancel
1. presenta requisitos en ventanilla rapida,
2 Se realizarse la pre visualización del asiento de transferencia
3 El registrador verifica la veracidad de los documentos y la correcta creación de los asientos
4 Se realiza la impresión del nuevo folio para la entrega de la documentación en 2 semanas, en caso de n tener observaciones
Observaciones: Este es el tramite mas importante de los que ofrecen como area de DDRR
Sigla Entidad: CM
Contacto: egzambrana@organojudicial.gob.bo
Web: http://magistratura.organojudicial.gob.bo/
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LEY N° 1211 - Se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 1.495,03 metros cuadrados (m²), fracción de una superficie restante total de 20.315,10 metros cuadrados (m²), de propiedad del GAM de El Torno
LEY N° 1211
LEY DE 08 DE AGOSTO DE 2019
ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 1.495,03 metros cuadrados (m²), fracción de una superficie restante total de 20.315,10 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Torno, ubicado en la localidad de Santa Rita, zona Noroeste, UV 11, Mza. 777, Lote N° 74, Distrito N° 10, del Municipio de El Torno, Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, registrado en la oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.01.5.01.0001377, cuyas colindancias de conformidad al Certificado Catastral 7050117770074 son: Al Norte: con la propiedad del G.A.M.E.T. área verde; al Sur, con la propiedad de la U.A.G.R.M.; al Este, con la propiedad del G.A.M.E.T. área verde; al Oeste, con calle S/N; a favor del Órgano Judicial, con destino exclusivo para la construcción y funcionamiento de la “Casa Judicial de El Torno”, conforme a lo establecido en la Ley Municipal N° 253 de 19 de noviembre de 2018, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de El Torno.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil diecinueve.
Fdo. Adriana Salvatierra Arriaza, Víctor Ezequiel Borda Belzu, Omar Paúl Aguilar Condo, Víctor Hugo Zamora Castedo, Sandra Cartagena López, Nelly Lenz Roso.
Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Héctor Enrique Arce Zaconeta.
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LEY N° 1200 - Se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con superficie de 10.000,27 metros cuadrados (m²), fracción de una superficie total de 17.918,81 metros cuadrados (m²), de propiedad del GAM de Cotoca
ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con superficie de 10.000,27 metros cuadrados (m²), fracción de una superficie total de 17.918,81 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Municipal de Cotoca, ubicado en la Zona Sur, Urbanización Villa Adelita, Unidad Vecinal Nº 19, Manzano N° 11, Lote Nº 01, del Municipio de Cotoca, Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, registrado en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada Nº 7.01.2.01.0084739, cuyas colindancias son: Al Norte, con calle S/N; al Sur, con calle S/N; al Este, con calle S/N; y al Oeste, con el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca; a favor del Órgano Judicial, representado por la Dirección Administrativa y Financiera – DAF, con destino exclusivo para la construcción de la “Casa de Justicia de Cotoca”, de conformidad a la Ley Municipal Autonómica Nº 046/2018 de 16 de noviembre de 2018, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil diecinueve.
Fdo. Adriana Salvatierra Arriaza, Víctor Ezequiel Borda Belzu, Omar Paul Aguilar Condo, Víctor Hugo Zamora Castedo, Sandra Cartagena Lopez, Norman Lazarte Calizaya.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Luis Alberto Arce Catacora, Héctor Enrique Arce Zaconeta.
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LEY N° 1199 - Se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 5.000,00 metros cuadrados (m²), fracción de una superficie total de 9.486,29 metros cuadrados (m²), de propiedad del GAM de San Julián
LEY N° 1199
ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 5.000,00 metros cuadrados (m²), fracción de una superficie total de 9.486,29 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de San Julián, ubicado en el Barrio Los Cafeces, Unidad Vecinal Nº 02, Manzano Nº 36, Lote Nº 02, Avenida 24 de Septiembre, del Municipio de San Julián, Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, registrado en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada Nº 7.11.4.02.0007942, cuyas colindancias son: Al Norte, con la calle 25 de Mayo; al Sur, con el Lote Nº 1; al Este, con la Avenida 24 de Septiembre y; Al Oeste, con la calle Hernán Siles; a favor del Órgano Judicial, con destino a la construcción de la Casa de Justicia de San Julián, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal Nº 344 de 11 de diciembre de 2018, promulgado el 20 de diciembre de 2018 por el Gobierno Autónomo Municipal de San Julián.
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El Consejo de la Magistratura inauguró hoy, 21 de septiembre, el REJAP FAST en Santa Cruz.
En acto protocolar, autoridades del Consejo de la Magistratura, pusieron a disposición de la población cruceña el sistema de atención REJAP FAST, sistema que permitirá que en minutos, el usuario obtenga su certificado de antecedentes penales.
En el evento, los Consejeros de la Magistratura: Dr. Gonzalo Alcón Aliaga, Dr. Omar Michel Durán y Dra. Dolka Gómez Espada, ponderaron este sistema ya que permitirá una atención oportuna y eficiente a la ciudadanía que requiere de este tipo de documentación.
El REJAP FAST, es una aplicación web de solicitud de antecedentes penales, en línea, el cual permite registrar la solicitud colocando el número de Documento de Identidad, que tiene enlace al servicio SEGIP y el motivo de la solicitud, facilitando de esta manera el llenado del registro de la solicitud.
El procedimiento es el siguiente: el usuario se aproxima a una plataforma de cualquier Tribunal de Departamental de Justicia de Bolivia, cancela cincuenta bolivianos (precio del trámite), seguidamente, un funcionario registra la solicitud, se hace la verificación de datos y se emite el certificado de antecedentes penales de manera instantánea. El sistema REJAP FAST hace una búsqueda de antecedentes en la base de datos para emitir esta certificación, siempre y cuando el solicitante sea el interesado y no exista ninguna homonimia con personas que tengan antecedentes penales; si así fuera, el sistema deriva el trámite al Rejap Nacional para que los funcionarios de esta oficina remitan el certificado hasta en 24 horas, como otrora sucedía.
Este servicio es el resultado de un trabajo coordinado entre el Rejap Nacional y la Jefatura Nacional de Sistemas Informáticos y Electrónicos del Consejo de la Magistratura.
Este sistema permite que las solicitudes del Certificado de Antecedentes Penales sean efectivas tomando en cuenta la rapidez de la entrega del mismo. Actualmente el REJAF FAST se encuentra en funcionamiento en Villazón, Chuquisaca y ahora en Santa Cruz, muy próximo a implementarse en el resto del país.
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REJAP y SIPPASE: EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA EMITIRÁ EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DE VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA LA MUJER
Desde hoy 1º de marzo el Consejo de la Magistratura es el encargado de emitir el “Certificado de Antecedentes Penales de Violencia Ejercida Contra la Mujer y Cualquier Miembro de su Familia”, antes denominado Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE).
Gracias a las gestiones interpuestas por el Consejo de la Magistratura en coordinación con el Ministerio de Justicia, se implementa este servicio que cuenta con el respaldo de la Ley Modificatoria del parágrafo I del Artículo 13 de la Ley N° 348, del 9 de marzo de 2013, para simplificar los trámites del certificado de antecedentes de violencia, misma que fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada mediante la Ley Nº 1153 del 25 de febrero del 2019.
El Ministerio de Justicia quien era responsable de otorgar este certificado SIPPASE, hasta el día 28 de febrero presente; ahora es el Consejo de la Magistratura mediante el servicio del REJAP, quien iniciará la emisión del Certificado de Violencia Ejercida Contra la Mujer o Cualquier Miembro de su Familia, siendo la única instancia autorizada para emitir este documento.
En este sentido el Consejo de la Magistratura mediante su Sala Plena de 27 de marzo del corriente, aprobó el “Reglamento del Órgano Judicial de Registro Judicial de Antecedentes Penales y Violencia Ejercida Contra la Mujer o Cualquier Miembro de su Familia”, en el cual se establece principalmente que mediante su oficina del REJAP, se emitirán en tres modalidades:
1) Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales,
2) Certificado de Antecedentes Penales de Violencia Ejercida Contra la Mujer y Cualquier Miembro de su Familia y,
3) Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales conjunto con el Certificado de Antecedentes Penales de Violencia Ejercida Contra la Mujer y Cualquier Miembro de su Familia.
Respecto al costo, antes el solicitante pagaba por un certificado SIPPASE 35 Bs, y aparte el REJAP 50 Bs, haciéndose un total de 85 Bs. Ahora ambos tendrán un costo de 50 Bs. Asimismo si se solicita solo el certificado de NO VIOLENCIA pagará 35 Bs., y si es solamente el Certificado del REJAP 50 Bs.
La emisión de los certificados será en cinco minutos, desde que el solicitante entregue una fotocopia de su célula de identidad y el pago correspondiente.
En el marco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la validez de las certificaciones tendrá vigencia de un año, computable desde la fecha de su emisión; por lo que todo funcionario Judicial, está obligado a actualizar anualmente el Certificado de Antecedentes Penales y el Certificado de Violencia Contra la Mujer o Cualquier Miembro de su Familia.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Gonzalo Alcón Aliaga manifestó: “Principalmente en el Órgano Judicial vamos a empezar la disposición de que todos los trabajadores, van a tener que renovar anualmente este certificado. Muchas veces el funcionario trabaja cinco años en una institución, pero en el segundo año puede aparecer una sanción penal; instamos a otras instituciones públicas como privadas soliciten el requerimiento de este documento y sea anualmente, de esta manera se realizará un continuo seguimiento a nuestro personal, para que no incurra en este tipo de acciones”, aseveró. RRII-CM
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Labels: La Paz, Sentencias Constitucionales
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La cuestionada administradora de justicia remarcó que los jueces no están para “subsanar errores” del Ministerio Público
"Es obligación del Ministerio Público demostrar al juez que sí hay un delito", de esa manera, la jueza Shirley Becerra justificó su determinación de absolver al menor, de 15 años de edad, implicado en el caso de violación grupal en el motel Deluxe de Santa Cruz.
Becerra se dijo una profesional proba y honesta que "ama ser juez", algo por lo que se siente orgullosa, y asegura que actuó sobre la base de la norma y la legalidad, valorando todas las pruebas presentadas por la Fiscalía y por la palabra oficial de la médico forense que durante la audiencia informó que no hubo una violación grupal y que solo una persona fue la que intervino en el ilícito.
Becerra explicó que todas las pruebas han sido valoradas en su conjunto y en base a ellas fue que emitió su fallo. "Yo dije que el Ministerio Público no pudo comprobar su acusación y al no haberla probado y estando el adolescente denunciado solo por violación agravada, esa fue mi decisión, en apego estricto a la ley", aclaró.
La administradora de justicia también se refirió a las voces que critican su accionar pero insistió en que los "jueces no estamos dentro del proceso para subsanar los errores o las falencias que haya cometido el Ministerio Público".
Ayer, el padre de la joven víctima dijo que la jueza no actuó de forma imparcial y más bien parecía abogada de los acusados. La madre aseguró que 48 pruebas periciales y 37 testigos no fueron tomados en cuenta en el juicio, pero prevalecieron los testimonios de solo dos personas por parte de la defensa del menor, para dictar la absolución.
"Solo a los jueces nos atacan, pero qué hay de la intervención del Ministerio Público, quien analizó el cuadernillo de pruebas, quién habla de lo que afirmó la médico forense en el certificado y que expuso en la audiencia", cuestionó Becerra.
ABOGADA DENUNCIA QUE NO DEJARON HABLAR A LA VÍCTIMA
Arleti Tordoya, abogada de la parte denunciante, dijo que la jueza maltrató a la víctima y le negó el "derecho a pedir justicia" pues "antes de que ella dicte sentencia, no le dio la palabra y la quiso sacar de la audiencia, de forma sutil pero igual. Ella estaba con sus padres y ha sido negada y no creída, ella actuó con una miopía permanente en todo el proceso”.
Personal de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura inspeccionó la oficina de la jueza, levantó los libros de registros y otros documentos relacionados al proceso de supuesta violación.
Sobre ello, Becerra explicó que se le ha solicitado un informe sobre todo lo referido a su actuación en el proceso, la sala especializada será la que analizará mi actuar.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, anunció que esa entidad tiene 20 días para realizar el trámite de extradición a Brasil del acusado por narcotráfico Pedro Montenegro, trabajo que estará a cargo del magistrado Olvis Égüez.
“Tenemos 20 días para pronunciarnos, el tramitador ya está asignado; consiguientemente, tenemos sala plena este miércoles, y en asuntos varios se tratará también este elemento”, informó a los periodistas. Revilla dijo que el trámite de extradición está a cargo de Égüez, quien elaborará el proyecto de sentencia, que será considerado en sala plena, instancia que definirá si corresponde o no la extradición.
Aclaró que el proceso abreviado que solicitó la defensa legal de Montenegro no influirá en la elaboración del proyecto del auto supremo de extradición.
“Obviamente, será acumulado en su momento cuando se trate el tema de extradición”, expresó.
Anteriormente, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que el procedimiento abreviado de Montenegro por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, cuya máxima condena es de seis años de cárcel, no afectará su extradición a Brasil, donde la justicia lo procesa por tráfico de drogas.
“Él (Montenegro) está enfrentando dos procesos, uno por la doble identidad, que está a cargo la FELCC, y otro por tráfico de sustancias controladas, y siempre aplicamos como criterio que la persona sea sometida a la jurisdicción donde cometió el delito más grave, en este caso la extradición a Brasil no tiene razón para ser observada o resistida”, señaló la autoridad gubernamental a Cambio.
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Video Caso La Manada y Evo Morales 13 años y no pudo cambiar la Justicia
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LEY Nº 073 - LEY DE DESLINDE JURISDICCIONAL
LEY Nº 073
Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; y determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico.
I. Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales.
II. La presente Ley se fundamenta en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1257 que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley N° 3897 de 26 de junio de 2008, que eleva a rango de Ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables.
Artículo 3. (IGUALDAD JERÁRQUICA). La función judicial es única. La jurisdicción indígena originaria campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas.
Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Artículo 5. (RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES).
Artículo 6. (PROHIBICIÓN DE LA PENA DE MUERTE). En estricta aplicación de la Constitución Política del Estado, está terminantemente prohibida la pena de muerte bajo proceso penal en la justicia ordinaria por el delito de asesinato a quien la imponga, la consienta o la ejecute.
ÁMBITOS DE VIGENCIA DE LA JURISDICCIÓN
INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA
Artículo 7. (JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA). Es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígena originario campesinos de administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio y se ejerce por medio de sus autoridades, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente Ley.
Artículo 8. (ÁMBITOS DE VIGENCIA). La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente.
Artículo 9. (ÁMBITO DE VIGENCIA PERSONAL). Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino.
III. Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, no podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas.
Artículo 11. (ÁMBITO DE VIGENCIA TERRITORIAL). El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley.
Artículo 12. (OBLIGATORIEDAD).
Artículo 13. (COORDINACIÓN).
I. La jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas, en el marco del pluralismo jurídico, concertarán medios y esfuerzos para lograr la convivencia social armónica, el respeto a los derechos individuales y colectivos y la garantía efectiva del acceso a la justicia de manera individual, colectiva o comunitaria.
II. La coordinación entre todas las jurisdicciones podrá realizarse de forma oral o escrita, respetando sus particularidades.
Artículo 14. (MECANISMOS DE COORDINACIÓN). La coordinación entre las autoridades de las diferentes jurisdicciones podrá ser mediante el:
Artículo 15. (COOPERACIÓN). La jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas, tienen el deber de cooperarse mutuamente, para el cumplimiento y realización de sus fines y objetivos.
Artículo 16. (MECANISMOS DE COOPERACIÓN).
I. Los mecanismos de cooperación se desarrollarán en condiciones de equidad, transparencia, solidaridad, participación y control social, celeridad, oportunidad y gratuidad.
II. Son mecanismos de cooperación:
Artículo 17. (OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN). Las autoridades de todas las jurisdicciones no podrán omitir el deber de coordinación y cooperación. Esta omisión será sancionada como falta grave disciplinaria en la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las especiales; y en el caso de la jurisdicción indígena originaria campesina, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.
ÚNICA. La presente Ley se traducirá, publicará y difundirá en todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos del Estado Plurinacional de Bolivia.
ÚNICA. Quedan derogadas y abrogadas todas las disposiciones jurídicas contrarias a la presente Ley.
Posted by AHM at 1:59 PM No comments:
Piden aplicar Ley Marcelo Quiroga a hija de Fiscal General
Vania Lanchipa declaró a la Contraloría un patrimonio de Bs 4.176.545 de activos. Su padre y actual fiscal general, Juan Lanchipa, aclaró que se debió a un error. Ahora la cifra oficial es de Bs 1.392.182.
“Si fuera un opositor ya estaría procesado, enjuiciado”, dijo el diputado Luis Felipe Dorado, al referirse al “error” que cometió la funcionaria del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Vania Lanchipa Ramírez, hija del fiscal general Juan Lanchipa, que registró bienes por más de 4 millones de bolivianos en su declaración jurada ante la Contraloría, monto que rectificó a solo días de conocerse públicamente la información de su patrimonio.
Es precisamente ese punto que Dorado señala, pues al haber una rectificación, se está reconociendo de que se dio una información falsa siendo esto un delito que tipifica en la Ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
“El fiscal general debería actuar con el ejemplo pues es un delito falsear una declaración jurada (...) no significa que ella (Vania Lanchipa) al ser su hija, no pueda ser procesada; más bien no debería haber uso de influencias para cubrir el delito que la funcionaria cometió”, dijo.
Dorado también se mostró sorprendido por la rapidez con la que se actuó para hacer el cambio del monto en la Contraloría pues es “muy difícil hacerlo si no hay una autorización directa”.
Consultado sobre el caso, el constitucionalista José Luis Santistevan hizo referencia al artículo 33 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que establece en el punto de ‘Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas’ que aquel que “falseare u omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años y multa de cincuenta a doscientos días”.
Santistevan ve también un conflicto de intereses pues esta funcionaria es hija del fiscal general, “entonces en ese ámbito, se debe designar una comisión o un fiscal imparcial porque hay indicios de comisión de delito para investigar”
También hace referencia a que la modificación del monto de patrimonio en una declaración jurada, solo se puede hacer en el mes en el que la persona cumple años y no puede ser realizada en cualquier momento por lo que llama la atención, el hecho de que a cuatro días de que se hiciera pública la información, se hubiera dado la corrección.
Antes el monto señalado era de Bs 4.176.545 de activos; ahora la nueva cifra es de Bs 1.392.182.
Sobre el tema, Henry Cabrera, diputado del MAS, considera que no hay nada que investigar pues el fiscal ya explicó que hubo un error al hacer la declaración jurada. “No corresponde ningún proceso pues ya se hicieron las aclaraciones, lo único que habría que verificar es que ese inmueble cueste ese monto y debería de subsanarse esa declaración y no utilizar políticamente este tema”, puntualizó.
EXPLICACIÓN DEL FISCAL GENERAL
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, explicó la noche del lunes en el canal estatal Bolivia TV que su hija menor, Vania Lanchipa Ramírez, no cuenta con un patrimonio de Bs 4.176.545, tal como había declarado en la Contraloría General del Estado y tal monto fue producto de un “error”.
De acuerdo con Lanchipa, la declaración jurada de su última hija corresponde a un inmueble que el fiscal general compró en Bs 502.804, en la zona de Miraflores de La Paz en 1994, bien que fue anotado en favor de sus tres hijas y que actualmente cotiza la cifra que su hija declaró en la Contraloría.
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Video Fiscal Lanchipa Explica Origen del Patrimonio Multimillonario de sus hijas
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Video Fiscal Lanchipa explica como su hija declaro esos millones a la Contraloria
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Video Las hijas del Fiscal Lanchipa trabajan con Narcojueces y son millonarias
Juez arrestada y suspendida por presunto prevaricato
El fiscal de materia Erwin Sarmiento informó ayer la aprehensión y suspensión de una juez de la ciudad de El Alto, sindicada por delito de incumpliendo de deberes y prevaricato, tras descubrirse que otorgó libertad pura y simple a uno de sus colegas imputado por delito de corrupción.
“Se emitió la imputación formal en contra de la juez, Miriam T. F, de El Alto, a quien se le atribuyó la presunta comisión de los delitos de incumpliendo de deberes y prevaricato”, dijo.
Sarmiento informó que Miriam T. F. conocía de la existencia de las pruebas suficientes para determinar el grado de culpabilidad para sentenciar a Julio C.S., quien era procesado por el caso de un presunto consorcio de jueces, fiscales y abogados, “esta juez determinó la libertad pura y simple para esta persona”, afirmó.
Agregó que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva para Julio C.S., sin embargo, Miriam T. F. ignoró las pruebas colectadas durante la investigación y en contra de lo que establece el Código Penal determinó la liberación de sus colegas.
“En estos momentos, la juez ya se encuentra en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares”, informó.
Miriam T. F., trabajaba en el juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la ciudad de El Alto, era la encargada de dictar sentencia en el caso de su colega, juez público y civil, quien se presume era parte de un consorcio jueces, fiscales y abogados.
Video El Fiscal de La Paz, responde varias preguntas sobre todos los casos pendientes
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LEY Nº 052 - Prioridad nacional y necesidad departamental la construcción del “Palacio de Justicia Plurinacional”, ubicado en la ciudad de El Alto.
LEY Nº 052
LEY DE 15 DE OCTUBRE DE 2010
Artículo 1. Declárase de prioridad nacional y necesidad departamental la construcción del “Palacio de Justicia Plurinacional”, ubicado en la ciudad de El Alto.
Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Insumos Bolivia y al Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, realizar la transferencia de recursos destinados al financiamiento para la construcción del “Palacio de Justicia Plurinacional” al Consejo de la Judicatura en los siguientes porcentajes:
Gobierno Municipal de El Alto 20%
Insumos Bolivia 3,64%
Tesoro General de la Nación 30%
El 46,36% de la participación restante, corresponderá al aporte propio del Consejo de la Judicatura, haciendo el total del 100% del financiamiento del proyecto.
Artículo 3. El Consejo de la Judicatura, queda encargado de la ejecución de la obra hasta su conclusión
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil diez.
Fdo. René Oscar Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Luís Gerald Ortiz Alba, Clementina Garnica Cruz, Pedro Nuny Caity, José Antonio Yucra Paredes.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de octubre de dos mil diez años.
FDO. EVO MORALES AYMA, Oscar Coca Antezana, Luís Alberto Arce Catacora, Nilda Copa Condori, Carlos Romero Bonifaz.
LEY Nº 040 - LEY DE ADECUACIÓN DE PLAZOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS VOCALES ELECTORALES DEPARTAMENTALES Y LA CONFORMACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
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Labels: Noticias, TCP: Tribunal Constitucional Plurinacional
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References: artículo 158
 Artículo 158
 Artículo 158
 Artículo 13

Artículo 1

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 33

Artículo 1

Artículo 3