Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810300.html
Timestamp: 2019-11-22 05:38:10+00:00

Document:
as201810300
AUTO SUPREMO Nº 300/2018-RA
Expediente : La Paz 19/2018
Parte Acusadora : Gloria Jeaneth Echazu Navia
Parte Imputada : Juan Carlos Gisbert Chura
Por memorial presentado el 27 de noviembre de 2017, cursante de fs. 462 a 470 vta., Juan Carlos Gisbert Chura, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 46/2017 de 25 de agosto, de fs. 449 a 452, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Gloria Jeaneth Echazu Navia contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.
Por Sentencia 004/2016 de 19 de febrero (fs. 431 a 435 vta.), el Juez Primero de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Juan Carlos Gisbert Chura, autor del delito de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y art. 346 del CP, imponiendo la pena de dos años y siete meses de reclusión, más el pago de daños y perjuicios a la víctima a calificarse en ejecución de Sentencia.
Contra la referida Sentencia, el imputado Juan Carlos Gisbert Chura interpuso recurso de apelación restringida (fs. 439 a 441), que fue resuelto por Auto de Vista 46/2017 de 25 de agosto, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedentes las cuestiones planteadas en el recurso, en cuya virtud confirmó la Sentencia apelada.
Por diligencia 20 de noviembre de 2017 (fs. 461), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 27 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.
De la revisión del memorial del recurso de casación, el recurrente denuncia que al pronunciarse el Auto de Vista recurrido confirmando la Sentencia de primera instancia, habrían erróneamente aplicado lo dispuesto por los arts. 13, 14, 20, 37, 38, 40, 146 y 147 del CP, así como lo señalado por los arts. 123, 341 y 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), y especialmente lo dispuesto por los arts. 115, 117, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), consiguientemente se habría incurrido en un defecto en el procedimiento y otros que habilitan la interposición del recurso, así como la errónea aplicación de la Ley adjetiva en el art. 370 incs. 1), 4) y 6) del CPP, bajo los siguientes argumentos: i) De acuerdo al contenido de la resolución que se impugna, confirmatoria de la Sentencia 004/2016 de 19 de febrero; para llegar a imponer la referida sanción, no observaron lo preceptuado por dicha norma sustantiva, así como lo que expresan los artículos 37, 38 y 40 del CP, por lo que esas normas sustantivas fueron aplicadas erróneamente (cita los arts. 37, 38, 40, 345 y 346 del CP). De lo que se llega a comprender que para imponer una sanción se debe tomar en cuenta el contenido de dichos preceptos legales, que en el caso de autos, de la lectura de la Sentencia y siendo confirmada por la resolución, que es objeto de apelación, se comprende que habrían erróneamente aplicado los arts. 37, 38 y 40 del CP, que durante la tramitación del proceso fue demostrado por la prueba de cargo y descargo cuál era la personalidad del acusado, que se dedica a una actividad lícita, no cuenta con antecedentes penales y que es una persona honorable, que, también fue demostrado la personalidad de la presunta víctima, quien preparó el presunto hecho, siendo que la misma no cumplió el pago de transporte de la mercadería, que en ningún modo vincula a un hecho delictivo, que existiendo confesión por la propia querellante, extremos que no fueron valorados en la Sentencia. Además que refiere y conforme consta en obrados se interpuso excepción de incompetencia, dictándose resolución que la declara probada, amparado en el Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005. Existiendo contradicción con los Autos Supremos 099/2011 de 25 de febrero, 190/2012 de 2 de agosto, 082/2012 de 12 de abril y 326/2012 de 12 de noviembre, solicitando se repare directamente el error, debiendo imponer una sanción de tres meses a dos años. ii) Denuncia inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva, defecto del art. 370 inc. 3) del CPP, aduciendo que del contenido de la Sentencia y confirmada por la Resolución recurrida por la prueba preconstituida dentro del juicio en su contestación a la acusación particular manifiesta en el inc. a) haber contraído un contrato de transporte con la empresa “NAVICARGO” y aún más en el inc. f) de dicho documento legal, señala que existió incumplimiento de contrato. Por otro lado, la misma acusadora en su memorial de medidas preparatorias señala que el reclamo presentado se origina por un incumplimiento de contrato por parte de la empresa “NAVICARGO” y un incumplimiento de contrato por parte de la señora Echazu. El hecho de haber negado la entrega de los documentos de desaduanización por parte de la empresa “NAVICARGO” no se debe entonces haber sacado provecho de la supuesta tenencia en favor, sino más bien se debe a un servicio pendiente de pago por haber incumplido con el contrato por parte de la ahora acusadora, tal cual consta en la carta notarial (cita extracto). Asimismo hace referencia a la prueba producida en juicio en el acápite de “Servicio Pendiente de Pago”, y la declaración de la querellante y el rechazo de producción de prueba extraordinaria. Con relación a la autoría del delito de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, la Sentencia y la resolución que se impugna no ha precisado con qué prueba se acredita que se habría participado y adecuado a los hechos, simplemente los miembros del Tribunal de mérito señalan que se habría subsumido la conducta al tipo penal, por advertirse que el acusado era propietario de la empresa “NAVICARGO” y estaba bajo su responsabilidad el traslado de la mercadería comprada por la Sra. Echazu, y al no tener la tarjeta de desaduanización, se causó un grave perjuicio; empero, refiere que no se manifiesta nada sobre la existencia del contrato entre partes, que fue probado y demostrado en juicio. No existe prueba que demuestre que el accionar fue delictivo, no existe, por cuanto no se habría realizado acto alguno constitutivo de algún delito, es inexistente la prueba de orden testifical que acredite una conducta antijurídica, por lo que se evidencia que la Sentencia y el Auto de Vista se encuentran con falta de motivación e individualización de la prueba que demuestre la culpabilidad, desconociendo la doctrina establecida en los Autos Supremos 236/2007 de 7 de marzo, 455/2005 de 14 de noviembre. Aduce también valoración inadecuada de la prueba en los términos señalados, contradiciendo al Auto Supremo “134/2013-RR” de 20 de mayo; por lo que las normas erróneamente aplicadas e inobservadas se encuentran inmersas en los arts. 13, 14, 20, 146, 147 y 228 del CP, solicitando se haga una adecuada subsunción del hecho a los elementos constitutivos de los tipos penales, con el fin de que se evidencie que no existió acto humano voluntario por parte del acusado que haga entender que en su condición de representante de la empresa haya obtenido un beneficio por la no entrega de los documentos de desaduanización. iii) Denuncia que la Sentencia está basada en valoración defectuosa de la prueba, defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, refiriendo que lo que se busca, no es la revalorización de la prueba, sino que se constate la defectuosa valoración en la aplicación del principio de la sana crítica; donde la Sentencia y el Auto de Vista con relación a la producción de la prueba de cargo y descargo, la parte querellante de las 16 pruebas documentales y testificales, solo produjo 3 pruebas y como testificales, ninguna, constando únicamente la atestación de su esposo, sin ninguna credibilidad, vulnerándose lo previsto por el art. 6 del CPP. Sin embargo en la Sentencia, erróneamente se menciona y analiza como pruebas testificales de cargo a 3 personas y como pruebas testificales de descargo solo a una persona, siendo que en realidad y conforme a las actas de juicio, se produjeron 3 testificales de descargo y la parte querellante solo produjo 1, por lo que la Sentencia menciona a testigos no acreditados y/o alterados, por lo que se incurre en errónea valoración de la prueba, ya que se basa en hechos inexistentes o no acreditados o valoración defectuosa de la prueba. Refiere –también- que la Sentencia en cuanto a su fundamentación probatoria, en su considerando segundo, manifiesta que entre ambas partes existió una relación de prestación de servicios; sin embargo, se olvidan en mencionar que dicha relación se originó en un contrato de servicios. En su considerando cuarto manifiesta que se habría probado y demostrado que la querellante a través de una carta notarial solicitó la entrega de la documentación que tenía en su poder el imputado; sin embargo, hace óbice de la carta notariada presentada como prueba de descargo. Que en el considerando sexto, se manifiesta que la querellante habría cumplido con el pago del transporte, existiendo nuevamente un óbice en la valoración de la prueba, ya que ese hecho no se debe a un acto injustificado, a consecuencia del incumplimiento al contrato, debiéndose haber considerado el art. 955 del Código de Comercio (CCo) (cita norma). Por otra parte la Sentencia recurrida, en su relación de los hechos, tal cual dispone el art. 370 inc. 3) del CPP, fundamenta erróneamente la relación de los mismos, limitándose a manifestar que la querellante dentro de su trabajo utilizó como medio de transporte a la empresa “NAVICARGO”, y que en la gestión 2011 adquiere una mercadería de Estados Unidos, y posterior de la llegada, la empresa de transporte comunicó la existencia de la mercadería y debía cancelar la suma de 1144 dólares americanos, y posteriormente se explica en la Sentencia que inexplicablemente la empresa se negó a entregar la tarjeta “BL”. Posteriormente, del análisis de la relación fáctica, la misma se limitó a manifestar y enumera la prueba testifical de cargo en un total de 13 pruebas; sin embargo, en esta relación entre querella y la respuesta a la querella, no se hace mención a hechos de la defensa, inobservando lo establecido por el art. 370 inc. 3) del CPP. Que, en la fundamentación de la Sentencia, se sustenta que el juzgador es un observador imparcial de los medios de prueba ofrecidos por ambas partes, bajo la inmediación y vivencia plena, haciendo una descripción de la prueba documental y testifical recibida en juicio; pero no existe un acápite de valoración propiamente dicha de la prueba, respaldando su posición, sin reflejar los contenidos de la prueba, respaldando su contenido en un criterio doctrinal, ya que la jurisprudencia lo acepta como condición de una fundamentación intelectiva, de acuerdo al art. 173 del CPP. Que, en la fundamentación descriptiva no se dice cómo se valoró la prueba para que la fundamentación de la Sentencia sea válida, por lo que se requieren no solo que el Tribunal funde sus conclusiones en prueba de valor decisorio, sino también que estas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se apliquen las reglas de la lógica, y de manera integral la sana crítica. Afirma, que por haber obrado como lo hicieron, se habría realizado una valoración deficiente de la prueba, inaplicando, inobservando y contradiciendo el Auto Supremo 223/2007 de 28 de mayo. Manifiesta que al haber pronunciado la Sentencia, habría inaplicado la doctrina del Auto Supremo 037/2013-RR de 14 de febrero, así como la doctrina de los Autos Supremos 237/2007 de 7 de marzo y 077/2013 de 4 de abril, solicitando la aplicación efectiva de los arts. 124, 177 y 359 del CPP, que se cumpla con la fundamentación de la Sentencia, expresando los motivos de hecho y derecho y otorgando el valor probatorio a los medios de prueba como para determinar la culpabilidad y participación, tomando en cuenta el art. 20 del CP.
Invoca como precedentes, a más de los señalados, al concluir el recurso los Autos Supremos 107 de 31 de marzo de 2005, 351 de 28 de agosto de 2006, 231 de 16 de septiembre de 2011, 329 de 29 de agosto de 2006, 59 de 27 de enero de 2006, 54 de 26 de febrero de 2002, 426 de 16 de agosto de 2001, 241 de 1 de agosto de 2005 y 65 de 27 de enero de 2007.
En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 20 de noviembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 27 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.
Con relación al primer motivo, el recurrente aduce que de acuerdo al contenido de la resolución que se impugna, confirmatoria de la Sentencia de primera instancia; para llegar a imponer la referida sanción, no han observado lo señalado por dicha norma sustantiva, así como lo que expresan los artículos 37, 38 y 40 del CP, por lo que esas normas sustantivas fueron aplicadas erróneamente (cita los arts. 37, 38, 40, 345 y 346 del CP). Que en el caso de autos, de la lectura de la Sentencia y confirmada por la resolución, que es objeto de apelación, se comprende que erróneamente aplicaron los arts. 37, 38 y 40 del CP, que durante la tramitación del proceso se habría demostrado por la prueba de cargo y descargo cuál era la personalidad del acusado y de la víctima. Además que refiere y conforme consta en obrados se interpuso excepción de incompetencia, dictándose resolución que la declara probada, amparado en el Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005. Existiendo contradicción con los Autos Supremos 099/2011 de 25 de febrero, 190/2012 de 2 de agosto, 082/2012 de 12 de abril y 326/2012 de 12 de noviembre, solicitando se repare directamente el error, debiendo imponer una sanción de tres meses a dos años.
Respecto al contenido del recurso de casación, al momento de alegar inobservancia y errónea aplicación de las normas sustantivas respecto a la imposición de la pena, invoca el Auto Supremo 099/2011 de 25 de febrero, el cual no puede ser considerado como un precedente contradictorio, siendo que el supuesto fáctico no es similar a la cuestión planteada en el agravio por parte del recurrente, siendo que el precedente resuelve una problemática procesal y no una problemática de tipo sustantiva, por lo que se habría ingresado en un error de técnica recursiva, al no haber dado cabal cumplimiento, por lo que no es posible admitir el precedente para poder realizar la labor de contraste, al no ser un supuesto fáctico sustantivo similar, considerando que el art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.”; lo que también ha sido ampliado por el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto, respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). (…) De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo (…)” (las negrillas no cursan en el texto original). Por ello los precedentes no cumplen con los requisitos de admisibilidad previstos por el art. 416 y 417 del CPP, para poder facultar al Tribunal realizar su labor nomofiláctica.
En relación a los Autos Supremos 190/2012 de 2 de agosto y 326/2012 de 12 de noviembre, el recurrente no establece en términos claros y precisos cuál es la contradicción entre el Auto de Vista y el precedente, siendo que el recurrente se aboca también a plantear una supuesta valoración inadecuada de las pruebas, haciendo una mera relación procesal de lo demostrado en juicio, señalando de manera llana errónea aplicación de la norma sustantiva penal respecto a la aplicación de la pena, no identificándose la contradicción, cuya obligación, la Ley le impone a la parte recurrente en casación conforme al art. 417 segunda parte del CPP, que ante tales omisiones recursivas, el Tribunal de casación no puede suplir tal extrañeza del recurso, considerando que la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio ha previsto que: “…Estas exigencias, tienen la finalidad de que el Tribunal que conozca el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, cual ha podido ser la norma procesal o sustantiva que el procesado entendió inobservada o violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso (la mora judicial), imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal…”; circunstancias por las cuales, al no haber cumplido esa carga argumentativa, el Tribunal se ve impedido de realizar la labor de contraste del citado precedente con el Auto de Vista impugnado.
Asimismo, del análisis y búsqueda del Auto Supremo 082/2012 de 12 de abril, en los archivos digitales y de jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, no se ha podido identificar la existencia del citado precedente, con la fecha señalada por el recurrente, siendo por ello inverosímil poder realizar un control nomofiláctico ante dicha carencia. Por ello, ante los argumentos expuestos, y no haber cumplido la parte recurrente los requisitos formales previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, el Tribunal Supremo de Justicia se ve impedido de poder ingresar al fondo del recurso sobre el motivo venido en casación.
Respecto al segundo motivo, se denuncia inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva, defecto del art. 370 inc. 3) del CPP, aduciendo que del contenido de la Sentencia y confirmada por la Resolución recurrida por la prueba preconstituida dentro del juicio en su contestación a la acusación particular manifiesta en el inc. a) haber contraído un contrato de transporte con la empresa “NAVICARGO” y aún más en el inc. f) de dicho documento legal, señala que existió incumplimiento de contrato. Por otro lado, la misma acusadora en su memorial de medidas preparatorias señala que el reclamo presentado se origina por un incumplimiento de contrato tanto por parte de la empresa “NAVICARGO” como por parte de la señora Echazu. El hecho de haber negado la entrega de los documentos de desaduanización por parte de la empresa “NAVICARGO”, sino más bien se debe a un servicio pendiente de pago por haber incumplido con el contrato por parte de la hoy acusadora, tal cual consta en la carta notarial (cita extracto). Asimismo hace referencia a la prueba producida en juicio en el acápite de “Servicio Pendiente de Pago”, y la declaración de la querellante y el rechazo de producción de prueba extraordinaria. Con relación a la autoría del delito de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, la Sentencia y la resolución que se impugna no ha precisado con qué prueba se acredita que se ha participado y adecuado a los hechos. No existe prueba que demuestre que el accionar fue delictivo, no existe, por cuanto no se ha realizado acto alguno constitutivo de algún delito, por lo que se evidencia que la Sentencia y el Auto de Vista se encuentran con falta de motivación e individualización de la prueba que demuestre la culpabilidad, desconociendo la doctrina establecida en los Autos Supremos 236/2007 de 7 de marzo y 455/2005 de 14 de noviembre. Aduce también valoración inadecuada de la prueba en los términos señalados, contradiciendo el Auto Supremo 134/2013-RR de 20 de mayo; por lo que las normas erróneamente aplicadas e inobservadas se encuentran inmersas en los arts. 13, 14, 20, 146, 147 y 228 del CP.
Que, del análisis del motivo, el recurrente de manera confusa advierte no solo el defecto del art. 370 inc. 3) del CPP, sino también aduce nuevamente errónea aplicación de los arts. 13, 14, 20, 146, 147 y 228 del CP, y realiza referencias intelectivas sobre la prueba producida y su relación con el hecho acusado, vinculado a la culpabilidad, denunciando falta de motivación e individualización de la prueba, lo que no deja comprender cuál –en suma- es el argumento del motivo en casación, de manera clara y precisa, incumpliendo el recurrente con su deber de fundar adecuadamente su recurso, en aplicación y uso adecuado del derecho a la impugnación, con fines de acceder a una tutela judicial efectiva, para así efectivizar el aforismo quantum apellatum tantum devolutum, inobservando lo establecido por la citada Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio. Asimismo en relación a los Autos Supremos 236/2007 de 7 de marzo y 455/2005 de 14 de noviembre, no se ha podido percibir y observar cuál sería la contradicción de dichos precedentes con el Auto de Vista impugnado, considerando que los argumentos han devenido en tres cuestionamientos diferentes, por lo que la parte recurrente debió establecer de manera coherente sobre cada argumento difuso, la contradicción correspondiente a cada punto con el Auto de Vista; no siendo así, se ha inobservado las previsiones formales de los arts. 416 y 417 del CPP.
A los efectos del tercer motivo, el recurrente denuncia que la Sentencia está basada en valoración defectuosa de la prueba, defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, refiriendo que lo que se busca, no es la revalorización de la prueba, sino que se constate la defectuosa valoración en la aplicación del principio de la sana crítica; donde la Sentencia y el Auto de Vista con relación a la producción de la prueba de cargo y descargo, vulneró lo previsto por el art. 6 del CPP. Sin embargo en la Sentencia, erróneamente se menciona y analiza como pruebas testificales de cargo a 3 personas y como pruebas testificales de descargo solo a una persona, siendo que en realidad y conforme a las actas de juicio, se produjeron 3 testificales de descargo y la parte querellante solo produjo 1, por lo que la Sentencia menciona a testigos no acreditados y/o alterados, por lo que se incurre en errónea valoración de la prueba, ya que se basa en hechos inexistentes o no acreditados o valoración defectuosa de la prueba. Refiere –también- que la Sentencia en cuanto a su fundamentación probatoria, en su considerando segundo, se olvida en mencionar que dicha relación se originó en un contrato de servicios. En su considerando cuarto manifiesta que se habría probado y demostrado que la querellante a través de una carta notarial solicitó la entrega de la documentación que tenía en su poder el imputado; sin embargo, hace óbice de la carta notariada presentada como prueba de descargo. Que en el considerando sexto, se manifiesta que la querellante habría cumplido con el pago del transporte, existiendo nuevamente un óbice en la valoración de la prueba, debiéndose haber considerado el art. 955 del CCo (cita norma). Por otra parte la Sentencia recurrida, en su relación de los hechos, tal cual dispone el art. 370 inc. 3) del CPP, fundamenta erróneamente la relación de los mismos, la misma se limita a manifestar y enumera la prueba testifical de cargo en un total de 13 pruebas; sin embargo, en esta relación entre querella y la respuesta a la querella, no se hace mención a hechos de la defensa, inobservando lo establecido por el art. 370 inc. 3) del CPP. Que, en la fundamentación de la Sentencia no existe un acápite de valoración propiamente dicha de la prueba, respaldando su posición, sin reflejar los contenidos de la prueba, amparando su contenido en un criterio doctrinal, ya que la jurisprudencia lo acepta como condición de una fundamentación intelectiva, de acuerdo al art. 173 del CPP. Que, en la fundamentación descriptiva no se dice cómo se valoró la prueba. Afirma, que por haber obrado como lo hicieron, se habría realizado una valoración deficiente de la prueba, inaplicando, inobservando y contradiciendo el Auto Supremo Nº 223/2007 de 28 de mayo. Manifiesta que al haber pronunciado la Sentencia fue inaplicada la doctrina del Auto Supremo Nº 037/2013-RR de 14 de febrero, así como la doctrina de los Autos Supremos Nº 237/2007 de 7 de marzo y 077/2013 de 4 de abril, solicitando la aplicación efectiva de los arts. 124, 177 y 359 del CPP, que se cumpla con la fundamentación de la Sentencia, expresando los motivos de hecho y derecho y otorgando el valor probatorio a los medios de prueba como para determinar la culpabilidad y participación, tomando en cuenta el art. 20 del CP. Invocando a su vez, como precedentes, a más de los señalados, al concluir el recurso los Autos Supremos 107 de 31 de marzo de 2005, 351 de 28 de agosto de 2006, 231 de 16 de septiembre de 2011, 329 de 29 de agosto de 2006, 59 de 27 de enero de 2006, 54 de 26 de febrero de 2002, 426 de 16 de agosto de 2001, 241 de 1 de agosto de 2005 y 65 de 27 de enero de 2007.
En el presente motivo venido en casación, se puede establecer que la parte recurrente, a más de impugnar el Auto de Vista, cuál es la finalidad del recurso de casación, circunscribe su argumentación a alegar agravios sufridos en la Sentencia de primera instancia, y no así fundar agravios propiamente sufridos por el Auto de Vista como efecto de la apelación restringida, desnaturalizando el propósito de la labor nomofiláctica del Tribunal Supremo de Justicia. En ese entendido, de la revisión de las denuncias contenidas en el motivo descrito precedentemente, se puede establecer que los reclamos del presente recurso, guardan relación únicamente con los argumentos de la Sentencia; más con relación al Auto de Vista impugnado se limita a señalar que incurrió en los mismos defectos, sin demostrar cuáles serían los agravios ocasionados con la determinación asumida en alzada; buscando inducir a un nuevo control de legalidad de dicho fallo dentro de una etapa procesal que no se encuentra reservada para ello; puesto que, la misma ya fue objeto de análisis por parte del Tribunal de alzada.
En todo caso, tal como se señaló, corresponde a los recurrentes cumplir con la carga de realizar una fundamentación de forma objetiva, identificando expresamente cuáles son los actos procesales que provocaron la presunta vulneración legal, pero únicamente con relación al Auto de Vista emitido a tiempo de resolver la apelación restringida y no así con relación a la Sentencia de mérito en particular; en consecuencia, no es posible legalmente, retozar etapas y menos utilizar un instituto jurídico desnaturalizando su verdadero alcance y objetivo. En consecuencia, conforme a lo señalado, se tiene que la falta de precisión y especificidad en la formulación del recurso, que no establece expresamente cuáles fueron las falencias en la determinación asumida por los Vocales, por lo tanto, deviene en la inadmisibilidad del recurso.
Por otro lado, durante la exposición realizada en el motivo de casación en análisis, fueron invocados como precedentes contradictorios los Autos Supremos 223/2007 de 28 de mayo, 037/2013-RR de 14 de febrero, 237/2007 de 7 de marzo y 077/2013 de 4 de abril, los cuales debaten diferentes temáticas tanto procesales como sustantivas, que en igual sentido que en el análisis respectivo se ha plasmado en el anterior primer motivo de casación, al no haber señalado de manera concreta la contradicción del Auto de Vista con los precedentes en relación a cada uno de los cuestionamientos en el motivo de casación, no es posible poder circunscribir el análisis, cuando la argumentación del recurso no es claro ni puntual al alegar contradicción, siendo que no es simplemente referir existencia de contradicción, sino que se debe establecer la forma en la que el Auto de Vista impugnado es contradictorio con el precedente y cuál debiera haber sido la forma de resolver del Tribunal de alzada en ese entendido; que al no haberlo hecho así el recurrente, incurre en una falta de técnica recursiva, que no puede ser suplida por el Tribunal de casación.
A su vez, se constata que el recurrente en la parte final de recurso, invoca los Autos Supremos 107 de 31 de marzo de 2005, 351 de 28 de agosto de 2006, 231 de 16 de septiembre de 2011, 329 de 29 de agosto de 2006, 59 de 27 de enero de 2006, 54 de 26 de febrero de 2002, 426 de 16 de agosto de 2001, 241 de 1 de agosto de 2005 y 65 de 27 de enero de 2007, sobre los que no se tiene constancia de haberse fundado contradicción alguna respecto al Auto de Vista impugnado, incumpliendo de manera obvia la previsión del art. 417 segunda parte del CPP. Consiguientemente, por las razones expuestas, esta Sala Penal no puede abrir su competencia para ingresar al análisis de fondo de lo pretendido, respecto del agravio denunciado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos Gisbert Chura, de fs. 462 a 470 vta.

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
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 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 Resolución 
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