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Timestamp: 2018-12-14 10:30:06+00:00

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Nota Tributaria - Actualidad - Volumen: 06 - NÃºmero: 428 - Titulo: Actualidad Tributaria 428 del 10-05-2016.
Volumen: 06 - NÃºmero: 428 [2016-05-10]
TÃ­tulo del BoletÃ­n: Actualidad Tributaria 428 del 10-05-2016.
Boletín de Actualidad Tributaria 428
Decreto 768 de 2016. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por el cual se modifica el Artículo 10o del Decreto 2460 de 2013. Procedimiento - Registro Único Tributario RUT - Inscripción de Personas Jurídicas y Asimiladas - Requisitos para su Inscripción, Actualización y/o Cancelación - Eliminación del Requisito de Presentación de la Constancia de Titularidad de la Cuenta Corriente o de Ahorros. Se requiere derogar el numeral 3o del literal a) del artículo 10 del Decreto 2460 de 2013, que exige el requisito mencionado. "Derógase el numeral 3o del literal a) del artículo 10o del Decreto 2460 de 2013".
Decreto 767 de 2016. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en relación con las excepciones a la definición de Oferta Pública de Valores y la Reapertura de Emisiones de Bonos, y se dictan otras disposiciones. Esquemas de Compensación Salariales para Empleados mediante acciones que no constituyen Oferta Pública de Valores - Ofertas que no se consideran Públicas - Reapertura de Emisiones de Bonos. Se considera como oferta pública de valores, aquella que se dirija a personas no determinadas o a cien o más personas determinadas, con el fin de suscribir, enajenar o adquirir documentos emitidos en serie o en masa, que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancías.
Decreto 766 de 2016. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en relación con las garantías y límites que deben tener los Intermediarios de Valores en la realización de Operaciones de Reporto o Repo, Simultaneas y Transferencia Temporal de Valores. Con el fin de continuar promoviendo el desarrollo del mercado de valores bajo altos estándares de seguridad y transparencia, es pertinente ampliar el Régimen de Garantías Admisibles de las Operaciones del Mercado Monetario y Revisar el Esquema de Límites de dichas operaciones.
Decreto 765 de 2016. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones Obligatorias y Cesantías y se dictan otras disposiciones. Con el propósito de que los recursos de los diferentes tipos de Fondos de Pensiones Obligatorias y los Recursos de los Fondos de Cesantías continúen siendo invertidos en Activos seguros, rentables y líquidos se hace necesario realizar algunos ajustes al régimen de inversión vigente de dichos fondos. // Además, con el fin de permitir una mayor eficiencia en la operatividad de los Fondos de Inversión Colectiva se hace necesario establecer de manera expresa que las operaciones pasivas para atender solicitudes de redención de participaciones o gastos del fondo no son operaciones de naturaleza apalancada, toda vez que por medio de estas se le otorga liquidez a dichos vehículos permitiéndoles cumplir sus obligaciones de corto plazo.
DOCTRINA NACIONAL - CONCEPTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Concepto 200-071239 de 2016. Superintendencia de Sociedades. Cálculo de la Contribución que se paga a la Superintendencia de Sociedades, por las Sociedades sometidas a su Control y Vigilancia. Determinación del Monto Total de Activos - Aplicación del Artículo 121 de la Ley 1116 de 2006 - Contribuciones - Remisión de las Normas Tributarias a las Normas Contables. La Superintendencia de Sociedades se permite informar que: La contribución que deben cancelar las compañías sujetas a su vigilancia y control dependerá del monto total de activos que se calcule de acuerdo con el marco contable que le aplique a la respectiva sociedad. El monto total de activos se calcula con base en la información financiera que reporten las sociedades a la Superintendencia de Sociedades. Para las compañías que pertenecen al grupo 1 y que presentaron su información financiera de acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF), el monto de los activos se determina de acuerdo con esa contabilidad. Para las demás compañías que se sujetan al calendario del Grupo 2 y que prepararon su información financiera de acuerdo con las normas locales (Decretos 2649 y 2650 de 1993), el monto total de los activos se determina de acuerdo con esa contabilidad.
JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - RECIENTES SENTENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO, DE INTERÉS
Expediente 050012331000200800631-02. Radicación 18992. Fallo. Año 2016. Sección Cuarta. Impuestos Territoriales - Impuesto por Ocupación de Vías, por Rotura de Vías y Uso del Espacio Público - Facultad Impositiva Territorial - Límites a la Potestad Tributaria de las Entidades Territoriales - Aplicación del Artículo 16 de la Ley 962 de 2005 - Cobros No Autorizados - Principio de Legalidad Tributaria - Predeterminación de los Tributos - Interpretación y Aplicación del Artículo 338 de la Constitución Política - Se Reitera el Cambio de Posición Jurisprudencial. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Acción de Nulidad Simple. NORMAS DEMANDADAS: Artículo 1o Acuerdo 57 de 1994 Concejo Municipal de Marinilla Antioquia. (Artículos 159 y 160 Estatuto de Planeación Municipal). El artículo 338 de la Constitución Política señala la competencia que tienen los entes territoriales para que, a través de sus órganos de representación popular, determinen los presupuestos objetivos de los gravámenes de acuerdo con la ley, sin que tal facultad sea exclusiva del Congreso, pues, de lo contrario, se haría nugatoria la autorización que expresamente la Carta les ha conferido a los departamentos y municipios en tales aspectos. // No obstante, la Sala ha precisado que la mencionada competencia en materia impositiva de los municipios no es ilimitada, pues no puede excederse al punto de establecer tributos "ex Novo", dado que el poder tributario está atribuido al Congreso de la República y partir del establecimiento legal del impuesto, los entes territoriales pueden establecer, de conformidad con las pautas dadas por la Ley, los elementos de la obligación tributaria cuando aquella no los haya fijado directamente. // En consecuencia, en materia tributaria la facultad de los entes territoriales no es ilimitada, aunque pueden señalar los elementos de los tributos cuando la ley que los autoriza no los ha fijado directamente, siempre y cuando haya delimitado el hecho generador. // Frente al impuesto por rotura de vías, la Sección precisó que los municipios no cuentan con autorización legal para imponerlo, toda vez que la norma que autorizaba a los Concejos Municipales y al Distrito Especial de Bogotá para crear y administrar un impuesto "por el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las mismas", esto es, el artículo 1o literal j) de la Ley 97 de 1913, reproducido por el artículo 233, literal c) del Decreto 1333 de 1986, fue derogada expresamente por el artículo 186 de la Ley 142 de 1994, sin que ningún precepto legal posterior lo haya establecido. // En el ordenamiento jurídico no existe ley que autorice la creación del impuesto por rotura de vías, por lo que la autoridad tributaria municipal actuó sin autorización legal para imponerlo en su territorio, razón por la cual procedía la anulación del artículo 160 del Acuerdo 57 de 1994, como lo decidió el Tribunal. // La Sala reitera que, con relación al impuesto por el uso del espacio público, los municipios no tienen autorización legal para implantarlo. // De acuerdo con el nuevo criterio jurisprudencial de la Sala, que en esta oportunidad se reitera, el tributo por uso y rotura de vías no tiene fundamento legal, por lo cual los municipios no pueden establecerlo en sus jurisdicciones, como lo hizo el acto demandado.
Expediente 250002327000201000005-01. Radicación 18957. Fallo. Año 2016. Sección Cuarta. Régimen de Estabilidad Tributaria - Naturaleza Jurídica de los Fallos que declaran la Estabilidad Tributaria - Sentencia Condenatoria - Impuesto al Patrimonio - Devoluciones - Devolución de la Segunda Cuota - Término para Efectuar la Devolución - Reconocimiento de Intereses por parte de la DIAN - Indexación o Reconocimiento de Intereses Civiles - Efectos de la Solicitud de Ejecución de la Sentencia - Inaplicación del Artículo 1617 del Código Civil - Aplicación del Artículo 178 del C.C.A. - Se unifica el Criterio Jurisprudencial. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. La declaración del derecho a gozar del régimen de estabilidad tributaria comporta que los contribuyentes beneficiados gocen de ese régimen inmediatamente quede ejecutoriada la sentencia, en las condiciones previstas en la ley. // En consecuencia, los contribuyentes asumen la obligación de pagar la tarifa especial del impuesto de renta que se causó durante la vigencia del régimen de estabilidad tributaria -dos puntos porcentuales adicionales a la tarifa del régimen ordinario-, y, correlativamente, adquieren el derecho a la devolución de los impuestos que en vigencia de ese régimen se hubieren creado -patrimonio, GMF y sobretasa-, y, por supuesto, pagado sin estar obligados a ello. // Surge, entonces una obligación pecuniaria a cargo del beneficiario del régimen de estabilidad tributaria y a favor del erario, y, correlativamente, una obligación pecuniaria a cargo del erario y a favor del contribuyente, obligaciones que corresponden a las que habrían nacido si se hubiera concedido el régimen de estabilidad tributaria en las condiciones que solicitaron los contribuyentes, esto es, por diez años, y no como lo aprobó la DIAN, menos de 10 años. // Para la Sala, de la sentencia que declara que el contribuyente goza del régimen de estabilidad tributaria se deriva un restablecimiento del derecho que se repara por equivalente, porque se concreta expresa o tácitamente en el reconocimiento de las obligaciones pecuniarias mutuas que se originan en ese régimen y en el reconocimiento de que esas obligaciones pueden extinguirse mediante el pago, la devolución e incluso la compensación u otro medio de extinguir este tipo de obligaciones. // En consecuencia, independientemente de que la sentencia que declara la existencia del régimen de estabilidad tributaria no haya dictado una orden de condena en concreto o en abstracto, lo cierto es que esas sentencias tienen un componente económico: el pago mutuo de obligaciones pecuniarias. Y el cumplimiento de esas obligaciones se materializa cuando se ejecuta la providencia, en las mismas condiciones en que se ejecuta la sentencia condenatoria. // En esta oportunidad, la Sala unifica su criterio y, para el efecto, precisa que, en casos como el analizado, no es procedente aplicar la tarifa del 6% anual prevista en el artículo 1617 del Código Civil. // La norma que se debe aplicar es el artículo 178 del C.C.A. porque en el caso analizado se parte de la existencia de una sentencia que reconoce el régimen de estabilidad tributaria y esta sentencia tiene contenido económico pues ordena restablecer las obligaciones pecuniarias mutuas al estado en que se encontrarían si el régimen de estabilidad tributaria se hubiera reconocido desde un principio. // Para la Sala, y para los efectos del caso concreto, la DIAN debía ajustar la suma objeto de devolución por el período comprendido entre la fecha en que el contribuyente pagó el impuesto al patrimonio hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia constitutiva del derecho a la devolución. Y sobre ese capital se liquidan los intereses moratorios a que alude el artículo 177 del C.C.A. pero una vez vencidos los 30 días a que alude el artículo 176 ibídem, esto es, los previstos para que cualquier autoridad dicte la resolución correspondiente en la que adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia. // Tampoco es procedente restablecer el derecho mediante el reconocimiento de los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 ibídem parte del presupuesto de que el contribuyente presentó una petición de devolución de un saldo a favor, de un pago en exceso o un pago de lo no debido ante la administración y que la controversia sobre ese derecho se dirime ante la administración y la controla la jurisdicción. // En este contexto, la Sala considera que son nulos los actos administrativos que negaron el reconocimiento de intereses. Por lo tanto, a título de restablecimiento del derecho, ordenará el reconocimiento de la indexación en las condiciones que a continuación se precisan.
Expediente 54001233300020120018501. Radicación 20385. Fallo. Año 2016. Sección Cuarta. Procedimiento - Impuesto sobre las Ventas - Extensión del Término de Firmeza Especial por Beneficio de Auditoría del Impuesto sobre la Renta a las Declaraciones del IVA - Año Gravable 2008 - Término para Notificar el Requerimiento en Ventas y Retención en la Fuente - Efectos de la Derogatoria del Inciso 2o del Artículo 689-1 del Estatuto Tributario por el Artículo 69 de la Ley 863 de 2003 - Procedimiento Contencioso - Agencias en Derecho - Condena en Costas - Improcedencia. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. El beneficio de auditoría fue adicionado al Estatuto Tributario en el artículo 689-1 por la Ley 488 de 1998. El artículo 22 de esa ley estableció el beneficio respecto de las declaraciones de renta del año gravable 1998 y en forma transitoria el artículo 111 dispuso la aplicación del beneficio de auditoría para las declaraciones de renta de los años 1996 y 1997.// En uno u otro caso, fue expresa la prohibición de aplicar el término de firmeza de la declaración de renta a las liquidaciones privadas del impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente correspondientes a los períodos comprendidos entre los años 1996 a 1998. // El artículo 17 de la Ley 633 de 2000 modificó por primera vez el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, para extender el término de firmeza de la declaración de renta a las declaraciones coincidentes de IVA y de retención en la fuente. No obstante, esta disposición fue derogada expresamente por el artículo 69 de la Ley 863 de 2003. // Al haberse eliminado la extensión del término de firmeza especial del beneficio de auditoría de la declaración de renta a las declaraciones de IVA y retenciones del mismo período gravable, la regla de firmeza aplicable a las declaraciones de IVA y retenciones es la general, prevista en los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. // Por lo anterior, el término de firmeza de las declaraciones de IVA del sexto bimestre del año 2008 era de dos años, contados a partir de la fecha de su presentación.

References: Artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 Artículo 121
 Artículo 16
 Artículo 338
 Artículo 1
 artículo 338
 artículo 1
 artículo 233
 artículo 186
 artículo 160
 Artículo 1617
 Artículo 178
 artículo 1617
 artículo 178
 artículo 177
 artículo 176
 resolución 
 artículo 863
 Artículo 689
 Artículo 69
 artículo 689
 artículo 22
 artículo 111
 artículo 17
 artículo 689
 artículo 69