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Timestamp: 2019-07-16 21:13:23+00:00

Document:
Registro Oficial No.894- Jueves, 01 de Diciembre de 2016
Última modificación: Viernes, 16 de junio de 2017 | 15:27
Jueves, 1° de Diciembre de 2016 (R. O. SP 894, 1°-diciembre-2016)
033-IEPS-2016
Expídese el Instructivo para la aplicación de la Norma técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país
Aprobación de precedente jurisprudencial obligatorio
En cuanto a la facultad de los jueces de trabajo de liquidar intereses cuando ordenen el pago de remuneraciones, remuneraciones adicionales, vacaciones y jubilación patronal al trabajador
En cuanto a la competencia para juzgar los delitos de tránsito
Corte Constitucional Sala de Admisión:
0050-16-IN
Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimado activo: Raúl Alberto Cabanilla Oramas
0067-16-IN
Acción pública de inconstitucionalidad. Legitimado activo: Alvaro Noboa Pontón
No. 033-IEPS-2016
Abg. José Antonio García Vallejo
Director General del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria
Que, el artículo 229 de la Constitución de la República dispone: ?Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público?;
Que, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, publicada en el Registro Oficial No. 444 del 10 de mayo de 2011, en el artículo 153 establece ?la creación del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, como una entidad de derecho público, adscrita al ministerio de Estado a cargo de la inclusión económica y social, con jurisdicción nacional, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera?;
Que, El artículo 156 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, determina que el Instituto estará representado legalmente por su Director General;
Que, El artículo 157 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria establece: ?Son atribuciones del Director General: (?) c) Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa del Instituto?;
Que, mediante Acción de Personal No. 2016-05-0266 de 19 de mayo de 2016, se nombra como al Abogado José Antonio García Vallejo como Director General del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria;
Que, el artículo 123 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, señala que: ?La reglamentación para el reconocimiento y pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias será expedida mediante Acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales de conformidad con la Ley?;
Que, mediante Acuerdo 039 la Contraloría General del Estado señala en su norma 405-08,determina: ?Los valores concedidos a las servidoras y servidores de las entidades y organismos del sector público, por anticipos de viáticos, subsistencias y alimentación, en el interior o en el exterior del país, se contabilizarán en la cuenta ?Anticipo de viáticos y subsistencias?. El correspondiente descargo se registrará con la liquidación definitiva, acompañando obligatoriamente los comprobantes de hospedaje (factura), los boletos o comprobantes emitidos por las empresas de transportación aérea o terrestre y el informe de comisión; debitando la cuenta del anticipo. Por ningún motivo dichos anticipos serán contabilizados directamente como gastos de gestión?;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 165 de 27 de agosto de 2014, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 326 de 04 de septiembre de 2014, el Ministerio de Relaciones Laborales expidió la ?Norma Técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado?;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0194, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 356 de 17 de octubre de 2014 y No. MDT-2015-0290, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 657 de 28 de diciembre de 2015, se reformó la Norma Técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-0082 de 23 de marzo de 2016, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 724 de 01 de abril de 2016, el Ministerio de Trabajo, expidió la ?Reforma a la Norma Técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado?;
Que, la Disposición General Segunda del Reglamento para el Pago de Viáticos y Movilizaciones dentro del País para las y los servidores en las Instituciones del Estado, señala: ?Las instituciones comprendidas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en razón de las particularidades propias de la respectiva institución, podrán elaborar sus propios reglamentos para la aplicación de lo establecido en este cuerpo normativo. El reglamento interno de viáticos no podrá establecer de forma alguna, otro valor, ni fórmula de cálculo o modo de pago que no se ajusten a lo dispuesto en la presente norma técnica, ni podrá contradecirla?;
Que es necesario contar con un documento que permita optimizar el procedimiento para realizar el pago de viáticos y movilizaciones a los servidores del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria,
Artículo 1.- Expedir el Instructivo para la aplicación de la Norma Técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país de las y los servidores y las y los obreros del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria- IEPS que se adjunta y forma parte integrante de esta Resolución, mismo que ha sido elaborado por la Dirección Administrativa Financiera y revisado en conjunto con la Dirección de Talento Humano del IEPS.
Artículo 2.- Esta Resolución entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de lo cual se encargará la Dirección Administrativa Financiera.
Artículo 3.- Derogar la Resolución No. 014-IEPS-2012 de 19 de marzo del 2012. Notifíquese y publíquese.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el 31 de octubre de 2016.
f.) Abg. José Antonio García Vallejo, Director General, Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.
No. 07-2016
Que los artículos 184.2 y 185 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial número 449, de 20 de octubre del 2008, establecen como una función de la Corte Nacional de Justicia, desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración, integrados por las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, para lo cual debe remitirse el fallo al Pleno de la Corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad, bajo prevención que de no pronunciarse en dicho plazo, o en caso de ratificar el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria;
Que los artículos 180.2 y 182 del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Registro Oficial número 544, de 9 de marzo del 2009, establece que al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde, desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales, fundamentado en los fallos de triple reiteración, debiendo la resolución mediante la cual se declare la existencia de un precedente jurisprudencial obligatorio, contener únicamente el punto de derecho respecto del cual se ha producido la triple reiteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identificación del proceso, lo que se publicará en el Registro Oficial a fin de que tenga efecto generalmente obligatorio;
Que mediante Resolución N° 1A-2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 767, de 2 de junio de 2016, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia expidió el Procedimiento de identificación y sistematización de líneas jurisprudenciales, que unifica la estructura de las sentencias de la Corte Nacional de Justicia y la estructura de la Resolución de aprobación de Precedentes Jurisprudenciales Obligatorios;
Que el procedimiento contenido en el artículo 185 de la Constitución, se compone de cuatro etapas necesarias para que la jurisprudencia de las salas que en principio tiene efectos inter partes se transformen en precedente jurisprudencial obligatorio con efecto erga omnes:
Existencia de por lo menos tres sentencias o autos con fuerza de sentencia ejecutoriados en los que exista una opinión o criterio uniforme de la sala para resolver los casos, siempre y cuando los casos resueltos tengan o presenten similar patrón fáctico;
Remisión de los fallos que contienen las opiniones reiteradas al Pleno de la Corte Nacional para su estudio;
Deliberación de las y los integrantes del Pleno; y,
Expedición dentro del plazo de sesenta días hábiles de la resolución de ratificación o rechazo del precedente.
IDENTIFICACIÓN DE LOS FALLOS QUE CONTIENEN EL PUNTO REITERADO:
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, ha dictado las siguientes sentencias que recogen el mismo criterio:
Proceso Nro. 520-2012, emitido el 29 de noviembre de 2013 a las 10h55, conformado el Tribunal por el Dr. Juan Montero Chávez, como Juez Ponente; Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia y Dr. José Luis Terán Suárez como Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
Proceso Nro. 144-2012, emitido el 16 de abril de 2014, a las 09h40, conformado el Tribunal por la Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, como Jueza Ponente; Dr. José Luis Terán Suárez y Dr. Juan Montero Chávez como Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
Proceso Nro. 382-2012, emitido el 28 de julio de 2014 a las 11h15, conformado el Tribunal por el Dr. José Luis Terán Suárez, como Juez Ponente; Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia y Dr. Juan Montero Chávez como Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
Proceso Nro. 181-2013, emitido el 31 de julio de 2014, a las 11h30, conformado el Tribunal por el Dr. Juan Montero Chávez, como Jueza Ponente; Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia y Dr. José Luis Terán Suárez como Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
Proceso Nro. 248-2012, dictado el 31 de julio de 2014, a las 15h40, conformado el Tribunal por el Dr. José Luis Terán Suárez, como Jueza Ponente; Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia y Dr. Juan Montero Chávez como Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
Proceso Nro. 409-2013, emitido el 28 de mayo de 2015 a las 10h07, conformado el Tribunal por la Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, como Jueza Ponente; Dr. José Luis Terán Suárez y Dra. Ana María Crespo Santos como Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
Proceso Nro. 378-2014, dictado el 15 de enero de 2016, a las 11h23, conformado el Tribunal por la Dra. Ana María Crespo Santos como Jueza Ponente Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia y Dr. José Luis Terán Suárez como Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
Proceso Nro. 634-2014, dictado el 14 de junio de 2016, a las 10h06, conformado el Tribunal por la Dra. Ana María Crespo Santos como Jueza Ponente Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia y Dr. José Luis Terán Suárez como Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO
QUE RESUELVE LAS SENTENCIAS:
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia ha desarrollado y reiterado la siguiente línea argumental, respecto del problema jurídico resuelto en los fallos ya mencionados:
Para que se genere la deducibilidad de un gasto se debe verificar la fuente de la obligación de donde se presume se obtuvieron los comprobantes de venta, retención y complementarios, forma de pago, acreditación en cuenta y que se demuestre de manera efectiva la realización la transferencia del bien o la realización del servicio.
LÍNEA ARGUMENTAL COMÚN
En tales sentencias la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia ha desarrollado y reiterado la siguiente línea argumental, respecto del problema jurídico resuelto en las sentencias citadas:
Proceso Nro. 520-2012: ?(?) A criterio de la Sala Especializada manifiesta que para que un gasto se considere deducible, es menester demostrar la secuencialidad material del mismo, que no se limita únicamente a exhibir un asiento contable y una factura, pues bien cabe, en caso de duda sobre la materialidad del mismo, que la empresa actora presente justificativos tales como el mecanismo de cómo se concretó dicho gasto, que en el presente caso no ha ocurrido (?)?.
Proceso Nro. 144-2012: ?(?) Al tenor del contenido de estas disposiciones, es evidente que las facturas con las que pretende el contribuyente justificar la deducibilidad de sus gastos deben estar a su nombre y no a nombre de terceros, en razón de que la normativa citada prevé que para que los costos de venta por conceptos de importaciones sean considerados como gastos deducibles para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta, los documentos y comprobantes de venta que sustentaron la importación debían estar a su nombre. (?)?.
Proceso Nro. 382-2012: ?(?) La Sala Especializada manifiesta que para que un gasto sea considerado como deducible debe tener una secuencia material que así lo justifique tales como la fuente de la obligación el pago o desembolso efectivo, la correspondiente factura y la acreditación de tales valores a favor del beneficiario; de la revisión del expediente se puede identificar que existen facturas, pero no existe constancia de recepción del pago por parte del beneficiario. Al haberse simplemente limitado a justificar la existencia de las facturas y de las compañías que emitieron las mismas, elementos que como se ha dicho, no son suficientes para demostrar la secuencia material del gasto, el mismo deviene en no deducible ya que no se ha demostrado su materialidad (?)?.
Proceso Nro. 181-2013: ?(?) Debemos señalar que los requisitos formales no son los únicos elementos necesarios para que los gastos sean deducibles, pues es preciso que se demuestre la esencia de los negocios jurídicos, demostrando la secuencialidad del gasto es decir que los elementos formales tengan un sustento razonado, que en la especie no sucede (?)?.
Proceso Nro. 248-2012: ?(?) La Sala Especializada manifiesta que, para que un gasto sea considerado como deducible debe tener una secuencia material que así lo justifique tales como la fuente de la obligación, el pago o desembolso efectivo, la correspondiente factura y la acreditación de tales valores a favor del beneficiario; del acta de determinación se colige que existen facturas, pero no existe constancia de recepción del pago por parte del beneficiario, por lo que al limitarse a justificar la existencia de las facturas y de las compañías que emitieron las mismas, elementos que como se ha dicho, no son suficientes para demostrar la secuencia del gasto, el mismo deviene en no deducible ya que no se ha demostrado su materialidad (?)?.
Proceso Nro. 409-2013: ?(?) Esta Sala mantiene el criterio de que no basta que el contribuyente haya expuesto en la etapa administrativa y alegado en su demanda que ha existido una secuencialidad material que se justifique con los registros contables ya que el registro contable no es por sí solo una secuencialidad material, sino que también deben cumplirse con los requisitos formales de la presentación facturas o comprobantes de venta que cumplan con los requisitos establecidos por el Reglamento de Facturación; ya que el gasto debe tener una secuencialidad formal, es decir que exista el registro contable y éste a su vez debe contar con el respaldo de los comprobantes de venta y retención. (?)?.
Proceso Nro. 378-2014: ?(?) El Tribunal de instancia ha prescindido de la secuencia material que justifica el gasto y por consiguiente la calidad de deducible, de igual manera se establece que existen fallos reiterativos en donde se ha indicado que para que el gasto sea considerado como tal y que el círculo contable esté completo se debe contar con la verificación de la fuente de la obligación de donde se presume se obtuvieron los comprobantes de venta y retención, la forma de pago y la acreditación en cuenta. En relación a la forma de pago, la Ley de Régimen Tributario Interno ha definido que sobre operaciones de más de USD $ 5.000,00 gravadas con los impuestos a los que se refiere esa ley se establece la obligatoriedad de utilizar a cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago y el gasto será deducible a efectos del cálculo del Impuesto a la Renta y se constituirá como crédito tributario para el Impuesto al Valor Agregado aplicable según el caso. Es dable puntualizar que ningún juez puede administrar justicia trastocando el sentido de las normas jurídicas aplicables para cada caso en particular, por cuanto para el asunto que nos atañe, se ha evidenciado que la Sala juzgadora ha reconocido la obligación de bancarizar los montos superiores a USD $ 5.000,00, pero a criterio de aquella si la transacción excluyendo el IVA, es inferior al monto antes indicado, no es exigible la bancarización; situación que contraviene lo descrito en la norma tributaria, manifiestamente expresa el monto que es susceptible de la bancarización gravado con impuestos, sin efectuar excepción alguna. (?)?.
Proceso Nro. 634-2014: ?(?) Esta Sala Especializada ha señalado que para que el gasto sea considerado como deducible y que el círculo contable esté completo se debe contar con la verificación de la fuente de la obligación de donde se presume se obtuvo los comprobantes de venta y retención, la forma de pago y la acreditación en cuenta, situación que permite no sólo considerar a un gasto como deducible, sino que también permite la configuración del hecho económico, la esencia sobre la forma y así evitar actuaciones indebidas por parte de los contribuyentes. (?) Ahora bien, los comprobantes de venta y retención transparentan el intercambio económico y por tanto coadyuvan a la confirmación de la realización del hecho generador, los cuales deben de manera imprescindible determinar y contemplar los requisitos legales que la norma jurídica ha señalado para el efecto y mucho más, si con los mismos se pretende hacer uso de la deducibilidad del gasto a consecuencia de la disminución de pago del Impuesto a la Renta. Por lo que, al no contar con los comprobantes de venta y retención válidos, mal podría aceptarse el gasto incurrido en el ejercicio económico del período fiscal 2006, como deducible. Una vez más, se deja en claro que estos comprobantes no son meras formalidades que puedan obviarse, sino que constituyen parte del círculo contable que va a confirmar la generación del hecho generador. (?)?.
Previo a exponer la línea argumental de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, es importante establecer conceptos doctrinarios sobre el criterio de derecho expuesto:
El autor José Juan Ferreiro Lapatza en su obra Curso de Derecho Tributario, (parte especial - sistema tributario): Los Tributos en Particular 12ª edición, Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales S. A., Madrid, 1996, página 398, al referirse al gasto deducible del Impuesto a la Renta manifiesta:
?La definición normativa del gasto deducible se realiza tradicionalmente de dos formas: bien considerando gasto deducible aquel que es necesario para la obtención del rendimiento/bien estableciendo una relación de gastos exclusivos, esto es una lista limitada de gastos que el sujeto pasivo está autorizado a deducir. Según el primer esquema señalado son gastos deducibles todos los necesarios para obtener la renta; de acuerdo con el segundo, lo son sólo los específicamente tasados?.
El maestro Enrique Jorge Reig, expresa lo siguiente:
?(?) el Art. 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (Argentina) ?suaviza? lo dispuesto por el Art. 17, en términos muy similares: ?Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas (?). El Art. 80 se erige entonces ?en deducción admitida por la ley como requiere el Art. 17 releva de la impracticable tarea de enunciar uno por uno aquellos deducibles, sin perjuicio de que alguno artículos de la ley y el reglamento (?) se han ocupado en particular de ciertas categorías de aquéllos, sin que ello implique (desde luego) que los no enunciados expresamente no puedan ser detraídos en el balance fiscal, si se encuadraran en la definición antes aludida?.
En España, el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo del mismo año, aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Última modificación: 26 de mayo de 2005) en sus artículos 13 y 14 enuncia las provisiones y los gastos no deducibles, en lo que respecta a los gastos deducibles estos deben cumplir con cuatro parámetros; estos son: a) Que estén correlacionados con la obtención de ingresos; b) Que exista una contabilización; c) Que exista una justifi cación; y) Que exista una imputación.
En función de lo anterior y como resultado del desarrollo de la línea argumental, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia ha expuesto lo siguiente:
Esta Sala Especializada en sus múltiples fallos que contienen el mismo criterio reiterado relacionado con la deducibilidad formal ? material del gasto, ha dejado en claro que para concebir la secuencia material que justifica el gasto y por consiguiente la calidad de deducible, debe contarse con el círculo contable completo, esto es la verificación de la fuente de la obligación de donde se presume se obtuvieron los comprobantes de venta, retención, complementarios, la forma de pago y la acreditación en cuenta en favor del beneficiario, la verificación de la fuente de la obligación que demuestre que efectivamente se haya llevado a cabo la transferencia del bien o la realización del servicio; comprendiéndose que si llegase a faltar algún documento de los descritos anteriormente, no se podrá suplir con ningún otro, puesto que, tanto el manejo de la contabilidad como sus documentos fuente, requieren de cierta estrictez para que la misma pueda ser el fiel reflejo de la actividad económica y mucho más si se pretende el beneficio de la deducibilidad del gasto que reduce el pago del impuesto debido. Es más, ningún documento de los determinados dentro del ciclo contable constituyen una mera formalidad que puedan obviarse sino todo lo contrario, puesto que son una parte importante para la configuración de la veracidad del hecho económico y que sólo así se puede vincular en forma razonada con la generación de los ingresos gravados.
También, es de vital importancia establecer la veracidad de la existencia económica de las transacciones realizadas como justificativos del gasto, en consonancia con lo dispuesto en el Art. 10 Ley de Régimen Tributario Interno, que manifiesta que se deducirán los costos y gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no se encuentren exentos, siempre que los mismos cuenten con los debidos respaldado de comprobantes de venta, retención y complementarios que cumplan con los requisitos legales establecidos para el efecto; sin embargo al señalar que son gastos para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana amerita establecer el alcance de esta disposición legal aplicada en los casos concretos.
De ahí surge entonces la inquietud de determinar el alcance de la citada norma jurídica para establecer ¿Cuáles son las condiciones que deben ser observadas para que un gasto sea considerado como deducible además de los requisitos formales?. Entonces, es importante contestar a esta interrogante en el sentido de que en el proceso judicial se tendrá que analizar la verdadera esencia y naturaleza económica para comprobar la real existencia de las transacciones, no sólo por medio de los comprobantes de venta, retención y complementarios que en primera instancia transparentan el intercambio económico y por tanto coadyuvan a la confirmación de la realización del hecho económico, los cuales deben de manera imprescindible determinar y contemplar los requisitos legales que la norma jurídica ha señalado para el efecto, sino también se debe verificar la secuencialidad material del mismo y su vinculación con los ingresos gravados, dando cumplimiento a cabalidad con el círculo contable completo, descrito en líneas anteriores.
En uso de la atribución prevista en los artículos 184 número 2 de la Constitución de la República del Ecuador y 180 número 2 del Código Orgánico de la Función Judicial:
Artículo 1.- Atender la solicitud de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia y por tanto aprobar el informe técnico, remitido por la Dirección de Procesamiento de Jurisprudencia.
Art. 2.- Ratificar el criterio jurídico reiterado de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional
de Justicia, expuesto en la doctrina jurisprudencial que se detalla a continuación:
Proceso Nro. 520-2012, emitido el 29 de noviembre de 2013, a las 10h55,
Proceso Nro. 144-2012, dictado el 16 de abril de 2014, a las 09h40,
Proceso Nro. 382-2012, emitido el 28 de julio de 2014, a las 11h15,
Proceso Nro. 181-2013, dictado el 31 de julio de 2014, a las 11h30,
Proceso Nro. 248-2012, dictado el 31 de julio de 2014, a las 15h40,
Proceso Nro. 409-2013, emitido el 28 de mayo de 2015, a las 10h07,
Proceso Nro. 378-2014, dictado el 15 de enero de 2016, a las 11h23,
Proceso Nro. 634-2014, dictado el 14 de junio de 2016, a las 10h06.
Art. 3.- DECLARAR COMO JURISPRUDENCIA VINCULANTE, el siguiente punto de derecho: ?Para que un gasto sea considerado como deducible a efecto del cálculo del Impuesto a la Renta, se debe tener en cuenta que, además del cumplimiento de los requisitos formales, debe tener una secuencialidad formal - material, demostrándose sustentadamente a través de la emisión de los comprobantes de venta, retención y complementarios, forma de pago, acreditación en cuenta en favor del beneficiario y la verificación de la fuente de la obligación que demuestre que efectivamente se haya realizado la transferencia del bien o que se haya prestado el servicio?, reiterado en las sentencias que se detallan en el numeral anterior.; y en tal virtud declarar que CONSTITUYE PRECEDENTE OBLIGATORIO a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el Registro Oficial.
Art. 4.- Publíquese en el Registro Oficial.
Art. 5.- Disponer que la Secretaria General de la Corte Nacional de Justicia, remita copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Procesamiento de Jurisprudencia, para su sistematización; y, al Registro Oficial y Gaceta Judicial para su inmediata publicación.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
f.) Dra. Paulina Aguirre Suárez, JUEZA NACIONAL.
f.) Dra. María Rosa Merchán Larrea, JUEZA NACIONAL.
f.) Dr. Alvaro Ojeda Hidalgo, JUEZ NACIONAL (V.C.).
f.) Dra. María del Carmen Espinoza Valdiviezo, JUEZA NACIONAL.
f.) Dr. Merck Benavides Benalcázar, JUEZ NACIONAL.
f.) Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, JUEZ NACIONAL (V.C.).
f.) Dr. Miguel Jurado Fabara, JUEZ NACIONAL.
f.) Dra. Sylvia Sánchez Insuasti, JUEZA NACIONAL.
f.) Dr. Marco Maldonado Castro, CONJUEZ NACIONAL.
f.) Dr. Juan Montero Chávez, CONJUEZ NACIONAL (V.C.).
RAZON: Siento por tal que las trece fojas selladas y numeradas que anteceden son iguales a sus originales, las mismas que reposan en los libros de Acuerdos y Resoluciones del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia.- Certifico, Quito de 17 de noviembre del 2016.
No. 08-2016
1.- NORMATIVIDAD APLICABLE:
Entre las funciones que corresponden a la Corte Nacional de Justicia, a través del Pleno de ese organismo, el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: ?Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde: 6. Expedir resoluciones en caso de duda u obscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial.?
La facultad de esta Corte Nacional de Justicia de expedir resoluciones generales y obligatorias en caso de duda sobre el alcance y aplicación de la leyes, constituye una de las labores fundamentales de este Órgano de justicia, íntimamente vinculado con las garantías jurisdiccionales de los ciudadanos al debido proceso, a la tutela efectiva de sus derechos y a la seguridad jurídica (Arts. 75, 76 y 82 de la Constitución de la República).
Además, a través de estas resoluciones generales y obligatorias, la Corte Nacional de Justicia brinda a las juezas y jueces de instancia, tribunales provinciales, así como a los profesionales del derecho y ciudadanía en general, criterios unificados, debidamente sustentados, sobre la aplicación de la normatividad jurídica en la solución en casos controvertidos, con el objeto de garantizar el derecho a la seguridad jurídica al contar con normas claras y preestablecidas para la solución de determinados puntos sobre la aplicación de la ley.
El contrato de trabajo consiste en el acuerdo de voluntades mediante el cual una persona presta sus servicios exclusivos y personales a favor de otra persona, empleador, bajo sus órdenes y dirección, a cambio de una remuneración, fi jada por el acuerdo de las partes, la ley o la costumbre; así lo define el artículo 8 del Código del Trabajo. Por tanto, al ser la retribución que el trabajador percibe por sus servicios, su medio de subsistencia, esta constituye un derecho fundamental, intangible e irrenunciable, acorde con el artículo 326 numeral 2 de la Constitución de la República y artículo 4 del Código Laboral.
En la Ley Reformatoria al Código del Trabajo, publicada en el R. O. 365 de 10 de noviembre de 1982 se introduce en nuestra legislación laboral el pago de intereses del modo que en ella se reguló.
El Código del Trabajo en sus artículos 80, 81, 83, 84 y 87 establece las condiciones, plazos y forma de pago de los sueldos o salarios de los trabajadores, y en cuanto a la décimo tercera y décimo cuarta remuneraciones, igualmente están determinadas en los artículos 111 y 113 de ese Código.
De ahí que, en caso de sentencia condenatoria al pago de remuneraciones, el artículo 614 del Código del Trabajo, con anterioridad a que entre en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, disponía: ?Pago de intereses.- Las sentencias que condenen al pago del salario mínimo vital, pensiones jubilares, sueldo y salarios, remuneraciones básicas, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta remuneraciones, vacaciones, bonificación complementaria y compensación al incremento del costo de la vida, dispondrán además el pago del interés legal que estuviere vigente para préstamo a corto plazo al momento de dictarse la sentencia definitiva, calculados desde la fecha en que debieron cumplirse tales obligaciones, según lo dispuesto en la sentencia e inclusive hasta el momento en que ésta se ejecute y sean pagados los valores correspondientes.
No se ordenará el pago de los intereses cuando el demandado consigne los valores correspondientes a los indicados conceptos, hasta la audiencia de conciliación en el juzgado respectivo.
Los valores consignados se depositarán en libreta de ahorros en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda para ser entregados al trabajador con sus correspondientes intereses respecto de los reclamos aceptados o, en su defecto, a la parte demandada cuando esas reclamaciones fueren rechazadas?.
La Resolución de la Corte Suprema de Justicia de 21 de marzo de 1990, promulgada en el Registro Oficial No. 412 de 6 de abril de 1990, que establece: ?En los juicios de trabajo, los jueces deben ordenar el pago del interés legal, aunque no hubiere sido reclamado expresamente en la demanda, cuando en los respectivos fallos se dispusiere el pago de los rubros determinados en el artículo 4 de la Ley 110 (actual 614 del Código del Trabajo) publicada en el Registro Oficial 365, del 10 de noviembre de 1982.?
El artículo 614 del Código del Trabajo antes mencionado, está derogado por la Disposición Derogatoria Octava del Código Orgánico General del Procesos. Ante lo cual ha surgido la duda entre los juzgadores de instancia respecto a que si en la sentencias en las que se condene a la parte empleadora al pago de remuneraciones, décimo tercer y décimo cuarto sueldos, vacaciones y pensiones jubilares vitalicias, se debe ordenar también el pago de intereses, desde cuándo se deberían pagar tales intereses y si corresponde a la jueza o juez del trabajo efectuar la liquidación de esos intereses.
La primera cuestión es si el pago de remuneraciones atrasadas, es decir, en mora, generan en consecuencia intereses.
Cuando existe una obligación de pagar en dinero, como ocurre con las remuneraciones del trabajador que deben ser canceladas en moneda de curso legal, conforme el artículo 87 del Código del Trabajo, en caso de mora del deudor empleador en el cumplimiento de esta obligación, éste deberá pagar la deuda con intereses, así lo establece la regla general sobre el efecto de las obligaciones prevista en el artículo 1575 del Código Civil: 8
?Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:
1.- Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un intereses superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes, en ciertos casos;
2.- El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses. En tal caso basta el hecho del retardo;
3.- Los intereses atrasados no producen interés; y,
4.- La regla anterior se aplicará a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas?.
El artículo 1607 del Código Civil, relativo a cómo debe hacerse el pago de las obligaciones dispone que el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba; y que: ?El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban?.
En consecuencia, toda obligación de pagar una cantidad de dinero, lleva consigo el pago de intereses que constituyen la compensación que recibe el acreedor por la demora en la cancelación de la deuda, ya que no está obligado a soportar los perjuicios que el retardo le ocasionan, siendo el pago de intereses precisamente el resarcimiento por los daños y perjuicios. En materia laboral, el pago de las remuneraciones a que tiene derecho el trabajador en contraprestación a sus servicios debe realizarse oportunamente; de lo contrario, debe incluir intereses, en el evento de que exista retardo injustificado en la cancelación de esas obligaciones; tanto más que el trabajo es un derecho social que está protegido por la Constitución y la ley, debiendo los funcionarios judiciales y administrativos prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos (Art. 5 C.T.). El derecho a percibir intereses se encuentra establecido en el juicio monitorio conforme lo previsto en el artículo 360 del Código Orgánico General de Procesos, para los casos de reclamos de remuneraciones laborales previsto en el artículo 356.5 ibídem. Por lo tanto, en aplicación de los principios de igualdad y equidad, es también procede reconocer este derecho en el caso de las acciones judiciales laborales que se tramitan en juicio sumario.
Debe determinarse desde cuándo se deben intereses en el pago de remuneraciones del trabajador.
En general se deben intereses desde la fecha en que el deudor ha incurrido en mora. El artículo 1567 del Código Civil dispone:
?El deudor está en mora:
1.- Cuando no haya cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora.?
En materia laboral, el plazo para el pago de la remuneración del trabajador está determinado en el contrato, pero fundamentalmente en la ley, de tal manera que las estipulaciones contractuales deben sujetarse a la norma legal.
El artículo 80, inciso segundo del Código del Trabajo dispone: ?El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidad de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables.?
El artículo 82 del Código del Trabajo establece: ?Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales.- En todo contrato de trabajo se estipulará el pago de la remuneración por horas o días, si las labores del trabajador no fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o mensualidades, si se tratare de labores estables y continuas. (En el caso de pago por horas se debe entender como el contrato a tiempo parcial).
De igual manera se pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente.?
El Art. 83 del Código del Trabajo dispone: ?Plazo para pagos.- El plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes?.
En cuanto a la décimo tercera remuneración, el Art. 111 del Código del Trabajo determina que se pagará hasta el 24 de diciembre de cada año; y el Art. 113 de ese Código determina que la décimo cuarta remuneración se pagará hasta el 15 de marzo en la costa y región insular y el 15 de agosto en la sierra y amazonia.
En lo relativo a vacaciones, el Art. 76 del Código del Trabajo dispone que si el trabajador no hubiere gozado de las vacaciones tendrá derecho al equivalente de las remuneraciones que le correspondan al tiempo de las no gozadas, que se liquidarán conforme al Art. 71 de ese Código; por tanto, en el caso de vacaciones impagas, igualmente corresponde percibirlas con el recargo de intereses.
La jubilación mensual patronal vitalicia constituye un derecho adquirido por el transcurso del tiempo previsto en el Art. 216 del Código del Trabajo; cuyo pago es exigible a partir de la terminación de la relación laboral; y en caso de incumplimiento, también genera intereses, en concordancia con la Resolución de la Corte Suprema de Justicia publicada en el Registro Oficial No. 245 de 2 de agosto de 1989.
La ley o el contrato establece los plazos en que han de pagarse los sueldos, salarios y remuneraciones de los trabajadores, las fechas en las que corresponde el goce de vacaciones, así como la pensión jubilar patronal mensual; por lo que, el empleador está en mora a partir de la fecha límite para el cumplimiento de esta obligación; fecha que determinará desde cuándo han de calcularse los intereses.
Además, los intereses habrán de calcularse hasta la fecha en que se practique la liquidación, una vez ejecutoriada la sentencia, dentro de la fase de ejecución.
En tercer lugar, sobre el monto de la tasa de interés que debe utilizarse para el cálculo de intereses por mora en el pago de remuneraciones.
Sobre este aspecto, es conveniente recoger el criterio que existía en el derogado artículo 614 del Código del Trabajo, ??el pago del interés legal que estuviere vigente para préstamo a corto plazo al momento de dictarse la sentencia definitiva,?? Para el efecto deberá considerarse la tasa de interés activa referencial para las actividades comerciales ordinarias, que mensualmente publica el Banco Central del Ecuador, de acuerdo con el artículo 14, numeral 23 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que determina como funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el establecer niveles de crédito, tasas de interés, reservas de liquidez, encaje y provisiones aplicables a las operaciones crediticias, financieras, mercantiles y otras y el artículo 130 de ese Código sobre la facultad de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para fijar las tasas máximas de interés para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas de interés requeridas por la ley.
Es necesario puntualizar que el artículo 356 numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos establece la posibilidad de la persona trabajadora de demandar el pago de remuneraciones mensuales o adicionales que no hayan sido pagadas oportunamente mediante proceso monitorio. En estos casos, el artículo 360 de ese Código dispone: ?Desde que se cite el reclamo, la deuda devengará el máximo de interés convencional y de mora legalmente permitido?.
Por lo que, para el caso del juicio monitorio, los intereses se calcularán desde la citación con la demanda; esto por existir norma expresa, en consideración a que esta clase de procesos no son de conocimiento, la relación laboral está ya establecida, y lo que se reclama es el pago incumplido de remuneraciones o adicionales, generalmente, de un corto período.
En tanto que para el juicio sumario, al dictar sentencia se debe estar a lo previsto en los artículos 94.3 y 95.9 del Código Orgánico General de Procesos que expresan: ?Art. 94.- Contenido de las resoluciones dictadas en audiencia.- Las resoluciones judiciales de fondo o mérito dictadas en audiencia deberán contener: ?3.- La procedencia o no del pago de indemnizaciones, intereses y costas?; y, ?Art. 95.- Contenido de la sentencia escrita.- La sentencia escrita contendrá: ?9.- La procedencia o no del pago de indemnizaciones, intereses y costas.?; lo cual ha generado dudas en las y los juzgadores de instancia. Finalmente, es necesario señalar que la liquidación de intereses por el pago de remuneraciones atrasadas y otros rubros la debe efectuar el juzgador de primera instancia, esto en aplicación de lo previsto en el inciso segundo del artículo 371 del Código Orgánico General de Procesos: ?Sin embargo, en los procesos laborales, las y los juzgadores y tribunales de instancia, cuando condenen a una de las partes al pago de indemnizaciones u obligaciones no satisfechas, están obligados a determinar en el fallo la cantidad que se debe pagar.?
Por lo expuesto, se considera que en los juicios laborales en los que en sentencia se condene al empleador al pago de remuneraciones en mora, el juzgador deberá incluir el pago de intereses desde que la obligación se hizo exigible, aplicando para ello la tasa de interés activa referencial para transacciones comerciales establecida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del Banco Central.
Que a fin de garantizar la uniformidad de criterios, en aplicación de lo previsto en el Art. 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, debe dictar una resolución de aplicación obligatoria que establezca la obligación de las juezas, jueces y tribunales de instancia de disponer el pago de intereses respecto de remuneraciones en mora.
RESOLUCIÓN No. 08-2016
Que el pago oportuno de las remuneraciones establecidas en el contrato individual de trabajo y la ley, constituye un derecho irrenunciable del trabajador, por cuanto es la retribución económica que debe percibir por sus servicios laborales y el medio de sustento para satisfacer sus necesidades;
Que los plazos de pago de los sueldos, salarios o remuneraciones de las personas trabajadoras están expresamente determinados en la ley, en los artículos 76, 80, 82, 83, 111, 113 y 216 del Código del Trabajo, por lo que, la falta de cumplimiento de esta obligación en el momento oportuno ocasiona perjuicios para el trabajador, los cuales deben ser compensados a través del reconocimiento de intereses, por tratarse de una obligación de pago en dinero, acorde con lo establecido en los artículos 1575 y 1607 del Código Civil;
Que el artículo 614 del Código del Trabajo, derogado por la Disposición Derogatoria Octava del Código Orgánico General de Procesos, que tuvo como antecedente la Ley 110 Reformatoria del Código del Trabajo, publicada en el R.O. No. 365, de 10 de noviembre de 1982, disponía que las sentencias que condenen al pago del salario mínimo vital, pensiones jubilares, sueldo y salarios, remuneraciones básicas, décimo tercera, décimo cuarta, etc., dispondrán además el pago del interés legal;
Que en las judicaturas de primer nivel en materia laboral, ha surgido la duda respecto a cómo aplicar las disposiciones contenidas en los artículos 94. 3 y 95.9 del Código Orgánico General de Procesos, al dictar sentencia para la condena en intereses al empleador moroso en el pago de remuneraciones, remuneraciones adicionales, vacaciones y pensión jubilar mensual vitalicia.
Que en virtud de la facultad prevista en el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial, corresponde al Pleno de la Corte Nacional de Justicia expedir resoluciones en caso de duda u obscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias; y,
Art. 1.- En los juicios individuales de trabajo sujetos al trámite sumario de conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, en que la persona trabajadora demande el pago de remuneraciones mensuales, décimo tercera, décimo cuarta remuneraciones, vacaciones devengadas y no canceladas y la pensión jubilar pat

References: artículo 229
 artículo 153
 artículo 156
 artículo 157
 artículo 123
 artículo 3

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Artículo 2
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Artículo 3
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 185
 resolución 
 Real Decreto 

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 artículo 8
 artículo 326
 artículo 4
 artículo 614
 Resolución 
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 artículo 1607
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 artículo 80
 artículo 82
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 artículo 14
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