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Timestamp: 2019-01-24 10:18:29+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 1031/02 de Corte Constitucional, 27 de Noviembre de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43619291
Expediente: D-4083
El demandante debe expresar el concepto de la violación, esto es, las razones por las cuales considera que las disposiciones acusadas son contrarias a la Constitución. Para ello debe señalar las disposiciones constitucionales que se consideran infringidas y las razones por las cuales considera que los textos demandados son violatorios de los contenidos normativos de tales disposiciones. Respecto a este último requisito, tal como se puso de presente en la Sentencia C-762 de 2002, la Corte ha considerado que, "en cuanto `el juicio de inconstitucionalidad implica la confrontación en abstracto del contenido de la disposición acusada y la norma Superior', su cumplimiento le impone al demandante una carga de naturaleza sustancial: formular por lo menos un cargo concreto, específico y directo de inconstitucionalidad contra la norma acusada, que le permita al juez establecer si en realidad existe un verdadero problema de índole constitucional y, por tanto, una oposición objetiva y verificable entre el contenido literal de la ley y la Carta Política".
Como lo ha dicho esta Corporación, las razones presentadas por el actor para sustentar la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Así, ha dicho la Corte que la claridad de la demanda implica que el actor tiene el deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las que se basa. A su vez, que las razones que sustentan el concepto de la violación sean ciertas quiere decir que la demanda debe recaer sobre una proposición jurídica real y existente "y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita" e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda." Por otro lado, para que las razones sean específicas se requiere que definan con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través "de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada". La pertinencia, por su parte, se refiere a que las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad deben ser de naturaleza constitucional, sin que sean aceptables las consideraciones puramente legales o doctrinarias, o las que se derivan de una indebida aplicación de la disposición acusada en un caso específico, o en fin, las que tocan con aspectos de mera conveniencia. Finalmente, el requisito de suficiencia, tiene que ver con la necesidad de que el actor presente los argumentos y elementos probatorios que sustentan su demanda, de manera tal que, "... aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional."
El ciudadano F.A.C.C., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1056, 1196 y 2530 (todos parciales) del Código Civil.
La Corte, mediante Auto de junio doce (12) de 2002, proferido por el Despacho del magistrado sustanciador, al considerar que la demanda fue corregida en los términos del Auto que había dispuesto su inadmisión inicial, admitió la demanda, ordenó las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes, dispuso fijar en lista el negocio en la Secretaría General de la Corte para efectos de la intervención ciudadana y, simultáneamente, corrió traslado al señor P. General de la Nación para lo de su competencia.
Modificado. D. 2820/74, art. 68. Los menores, los dementes, los sordomudos y quienes estén bajo patria potestad, tutela o curaduría.
(I. 5º derogado D.2820/74, art. 70)
Sostiene el actor que al impedir que opere la prescripción entre cónyuges, en sus distintas modalidades, la disposición acusada resulta contraria al derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución, en cuanto que pone a los cónyuges "... en condiciones de inferioridad respecto de personas que no tienen la relación establecida en la correspondiente norma ...".
Sobre las mismas bases y sin agregar consideraciones específicas, estima que la norma resulta violatoria de los artículos constitucionales 58, sobre propiedad privada, 89, 228, que establece la administración de justicia como función pública y 229 "de acceso como ciudadano a la Justicia".
El ciudadano J.C.G.S., actuando en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho y dentro de la oportunidad procesal prevista, presentó escrito de intervención, solicitando a la Corte que declare la exequibilidad de las normas demandadas.
Señala el interviniente, en primer lugar, que la Constitución de 1991 protege de manera especial a la familia, consagrando, por ejemplo, en el artículo 44, como uno de los derechos fundamentales de los niños, precisamente el de tener una familia y no ser separados de ella. Por ello, a su juicio, "el constituyente ha querido establecer y proteger a favor de la familia, particularmente de los niños, un patrimonio familiar el cual se forma con la celebración del matrimonio."
Así, señala, puede el legislador determinar, como en el presente caso, que la prescripción se suspende entre cónyuges y que las donaciones entre ellos tienen el carácter de revocables, con el fin de proteger, el patrimonio de la sociedad conyugal, justamente previniendo "el eventual dolo o aprovechamiento en que pueden incurrir las personas". En este sentido, afirma "no puede reprocharse a la ley que con sano criterio preventivo se anticipe y mediante esta prohibición que consagra, clausure esa posibilidad."
Añade, que de acuerdo con la doctrina y según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia No. 120 de 1999) cuando se disuelve la sociedad conyugal se genera una indivisión o comunidad de gananciales "cuyos titulares son los cónyuges, o el cónyuge sobreviviente y los herederos del difunto. Los gananciales forman un patrimonio separado o universalidad jurídica, la cual tiene como afectación específica el ser liquidada y adjudicada entre sus distintos titulares."
Concepto del Instituto Colombiano del Derecho Procesal
El ciudadano C.F.M., en representación del Instituto Colombiano del Derecho Procesal, emitió concepto conforme al cual la Corte debe declarar la inexequibilidad de las normas parcialmente acusadas en el proceso de la referencia.
En relación con la prescripción, afirma que cuando quien puede perder el derecho de dominio es un incapaz, la ley consagró la suspensión de la prescripción, "porque es posible que el representante legal del eventual perjudicado no ejerza con diligencia su deber de pedir la interrupción de la prescripción."
Añade, respecto de la suspensión de la prescripción entre cónyuges, que ésta tenía justificación manifiesta, toda vez que el representante de la mujer casada era su propio marido, frente al cual se debía plantear el debate de la pérdida del derecho de dominio. En tal evento, "[m]uy fácilmente se deducía que si el marido ejercía posesión sobre un bien de su mujer fácilmente podría demandar en su nombre y a su favor, de tal manera que el patrimonio de la mujer carecía de suficiente protección."
Concluye que "examinada la disposición frente a la Constitución se llega a la conclusión de que no permitir que la mujer o el marido puedan tener derecho a reclamar de (sic) declaración de pertenencia sobre bienes que poseen en condiciones de buena fe y justo título en el evento de que los haya adquirido de su cónyuge o sin justo título en el evento de una separación prolongada de hecho, constituye una negación del derecho a la propiedad y al acceso a la administración de justicia."
En cuanto al tema de las donaciones entre cónyuges, el interviniente señala que el mismo se encuentra regulado en muchos artículos del Código Civil (arts. 112, 162, 1056, 1196 y 1771 entre otros), "... dado que el afecto, la solidaridad y la comunidad de patrimonios entre estas personas invita a que entre ellas se hagan entrega gratuita de bienes."
Al analizar, a la luz de las anteriores consideraciones, el artículo 1056, parcialmente acusado, señala que el mismo hace referencia a dos aspectos a saber: (i) "Autoriza que la donación o promesa que no se haga efectiva e irrevocable sino por la muerte del donante o promisor se sujeta a las solemnidades del testamento, pero autoriza a los cónyuges para que puedan hacer esta clase de donaciones o promesas bajo la forma de contratos entre vivos" y (ii) "Declara que esta clase de donaciones o promesas entre cónyuges son revocables (...)"
Considera que el primero de los anteriores aspectos no es contrario a la Constitución, porque es del resorte de la ley establecer excepciones, "las cuales no repugnan si se trata de discriminaciones positivas". B. en la doctrina, expresa que en este caso la ley, "de manera imperfecta, autoriza que se haga una asignación que tendrá efectos después de la muerte del donante, a través de un acto entre vivos, que tiene efectos semejantes a los de un testamento."
Respecto del segundo aspecto, señala que al ser la mujer casada plenamente capaz, las donaciones entre cónyuges revocables, "perdió su razón de ser, o lo que es lo mismo, está derogada."
Concepto de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
El ciudadano E.G.M., en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, rindió concepto conforme al cual normas parcialmente acusadas deben ser declaradas inexequibles.
Advierte que, en ese contexto, a la Corte Constitucional le corresponde indagar si las disposiciones acusadas, que tenían un objetivo y razón de ser para el momento en el cual fueron expedidas, sirven en la actualidad, "... a intereses, bienes o valores o principios o derechos protegidos por el ordenamiento constitucional vigente."
En este sentido, sostiene que se deberá tener en cuenta en el presente caso, el principio de la buena fe, el cual es "principio normativo sustancial de los actos jurídicos y solamente cuando se ha variado la sustancia de dicho acto corresponde entonces aplicar las normas generales de la buena fe vigentes antes de su existencia." Y añade que pecaría contra el principio de la buena fe el que pretendiera seguir aplicándose una disposición no obstante su derogatoria tácita o conceptual.
Así mismo, considera que el prohibir la prescripción entre cónyuges, se vulnera el derecho a la igualdad que se predica entre los cónyuges y el acceso a la justicia, "con el bien entendido de que la mujer podría verse perjudicada y asaltada en sus derechos al impedírsele la prescripción por activa o por pasiva.". Concluye que este aparte del artículo 2530 debe declararse inexequible.
En cuanto al artículo 1096, sostiene "que se le está disminuyendo la capacidad de goce de la mujer para recibir o efectuar una donación o promesa no por testamento sino por un acto aparte bajo la forma de los contratos entre vivos."
Concluye, al respecto que "toda restricción al respecto como la contenía (sic) en la norma que se estudia no tiene razón de continuar existiendo ante la circunstancia clara, precisa e ineludible de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y desde luego entre cónyuges, actuaciones las que deben quedar sometidas al derecho común sin restricciones ni recortes como las que contempla la disposición acusada."
El señor P. General de la Nación, en el concepto de su competencia, solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de los preceptos acusados.
Respecto del artículo 1056 demandado, señala que la interpretación que del mismo hace el actor y según la cual "(...) si la donación entre cónyuges es irrevocable, el cónyuge favorecido podrá realizar operaciones comerciales o contratos, respecto de los bienes donados en condiciones de igualdad frente a los particulares... ", no constituye un cargo de constitucionalidad.
Señala que no es de recibo la acusación del actor, según la cual hoy no se justifican diferenciaciones respecto del manejo de los bienes entre cónyuges, toda vez que la norma acusada no establece diferenciación alguna entre los cónyuges, o entre estos y las demás personas, sino en cuanto a la forma de realizar las donaciones revocables, diferenciación que considera tiene justificación "en la naturaleza de las relaciones existentes entre las personas del donante y el donatario, que no es otra que su calidad de cónyuges."
Concluye que puesto que "... el legislador goza de la facultad para establecer de manera diferenciada las formas en que pueden hacerse las donaciones entre los distintos actores, y establecer ciertos condicionamientos de los actos entre vivos, en aras de una adecuada defensa de la familia, la norma relativa a la permisividad para que los cónyuges puedan hacerse donaciones mediante la forma de contratos entre vivos, aún teniendo éstas el carácter de revocables deviene en constitucional."
En relación con el artículo 1196 acusado, la vista fiscal considera que el actor, desconociendo la naturaleza que comportan las donaciones revocables, alega una supuesta violación del derecho a la igualdad del cónyuge donatario frente a las demás personas que sí pueden disponer de sus bienes para realizar transacciones comerciales, sin tener en cuenta que "respecto de los bienes por adquirir mediante esta modalidad de donación, la ley únicamente fija una expectativa que se traduce en derecho pleno para el cónyuge sobreviviente, únicamente si el donante no la revoca, salvo las excepciones relativas al usufructo previstas en el ordenamiento civil (arts. 1199 a 1204 del código Civil)".
Finalmente, frente a la acusación que formula el actor contra el inciso final del artículo 2530 del Código Civil, señala que el actor ha construido su cargo "sobre la hipótesis de que se deben proteger los derechos de la mujer que ha sido abandonada por su cónyuge para que ella acceda, sin restricciones de orden legal, a la propiedad a través de la figura de la prescripción adquisitiva, cuando está en posesión de los bienes, para que de esa manera, le sea permitido el ejercicio de los actos de comercio en igualdad de condiciones a los particulares".
Considera que el actor, al basar el cargo de inconstitucionalidad en el supuesto injusto del abandono de la mujer, a cuyo cargo queda la administración de los bienes, "... hace una abstracción impropia de la finalidad de las normas protectoras de los derechos de la familia y olvida, que el propio ordenamiento civil refiere instituciones jurídicas encaminadas a la protección del cónyuge abandonado; a la separación de los bienes de la sociedad conyugal y a las obligaciones económicas que subsisten entre los cónyuges y entre éstos y sus hijos."
Añade que, no obstante lo anterior, es preciso tener en cuenta que el actor olvida que la suspensión de la prescripción entre cónyuges tiene como fundamento la protección de la familia, y la protección especial de los derechos inherentes a los niños, la cuales son reconocidas por la Constitución Política, lo cual justifica que, aún en el evento en que uno solo de los cónyuges asuma la administración de los bienes tales, exista "... una normativa que establezca restricciones al modo de adquirir la propiedad cuando ella se encuentra afecta a tan específicos fines."
En la Sentencia C-1052 de 2001, M.P.M.J.C.E., esta Corporación hizo una síntesis de la jurisprudencia sobre la materia, para señalar que de acuerdo con el aludido artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, "... el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada, debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto."
En segundo lugar, el demandante debe expresar el concepto de la violación, esto es, las razones por las cuales considera que las disposiciones acusadas son contrarias a la Constitución. Para ello debe señalar las disposiciones constitucionales que se consideran infringidas y las razones por las cuales considera que los textos demandados son violatorios de los contenidos normativos de tales disposiciones. Respecto a este último requisito, tal como se puso de presente en la Sentencia C-762 de 2002 M.P.R.E.G., la Corte ha considerado que, "en cuanto `el juicio de inconstitucionalidad implica la confrontación en abstracto del contenido de la disposición acusada y la norma Superior' Sentencia C-357/97, M.P.J.G.H.G., su cumplimiento le impone al demandante una carga de naturaleza sustancial: formular por lo menos un cargo concreto, específico y directo de inconstitucionalidad contra la norma acusada, que le permita al juez establecer si en realidad existe un verdadero problema de índole constitucional y, por tanto, una oposición objetiva y verificable entre el contenido literal de la ley y la Carta Política" Sentencia C-561/2002. M.P.R.E.G...
Finalmente, es necesario que en la demanda de inconstitucionalidad se precise la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la misma. La Corte ha señalado que en la apreciación de este requisito debe obrarse con especial flexibilidad, para evitar que la ausencia de ciertas formalidades o su incorrecta aplicación conduzcan a desvirtuar la esencia de la acción de inconstitucionalidad como derecho ciudadano. Así, no obstante que en el auto 024 de 1998, M.P.F.M.D., al decidir un recurso de súplica contra el auto que había rechazado una demanda, la Sala Plena de la Corte se expresó que la cita errónea de la disposición que fija la competencia de la Corte no es suficiente para que se proceda a inadmitir la demanda, puesto que los requisitos de forma no pueden llevarse a extremos que desvirtúen el ejercicio del derecho político "a interponer acciones en defensa de la Constitución y de la ley" (C.P. art. 40-6), la Corte, en Sentencia C-131 de 1993 había expresado que "...sólo ciertos actos son susceptibles de control por la Corte Constitucional: los señalados en `los estrictos y precisos términos' del artículo 241 superior. Luego si la competencia de la Corte es taxativa, es razonable que se le exija al demandante en acción pública de inconstitucionalidad que explique por qué recurre a la Corte".
Con todo, la efectividad misma del derecho político depende de que la demanda se presente de manera tal que contenga verdaderos cargos de inconstitucionalidad, sin los cuales la Corte no podría hacer un examen de las disposiciones acusadas. Ello implica, como lo ha dicho esta Corporación, que las razones presentadas por el actor para sustentar la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes Ver auto 288 de 2001 M.P.M.J.C.E. .
Así, ha dicho la Corte que la claridad de la demanda implica que el actor tiene el deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las que se basa. A su vez, que las razones que sustentan el concepto de la violación sean ciertas quiere decir que la demanda debe recaer sobre una proposición jurídica real y existente "y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita" Sentencia C-504 de 1995; M.P.J.G.H.G.. La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 0624 de 1989 "por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales", pues la acusación carece de objeto, ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador. e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000 M.P.J.G.H.G.. La Corte se inhibe en esta oportunidad proferir fallo de mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo sentido C-113 de 2000 M.P.J.G.H.G., C-1516 de 2000 M.P.C.P.S., y C-1552 de 2000 M.P.A.B.S..." Sentencia C-1052-2001 M.P.M.J.C.E. Por otro lado, para que las razones sean específicas se requiere que definan con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través "de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada" Sentencia C-568 de 1995 M.P.E.C.M.. . La pertinencia, por su parte, se refiere a que las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad deben ser de naturaleza constitucional, sin que sean aceptables las consideraciones puramente legales o doctrinarias, o las que se derivan de una indebida aplicación de la disposición acusada en un caso específico, o en fin, las que tocan con aspectos de mera conveniencia. Finalmente, el requisito de suficiencia, tiene que ver con la necesidad de que el actor presente los argumentos y elementos probatorios que sustentan su demanda, de manera tal que, "... aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional." Auto 288 de 2001
Sobre este particular, la Corte ha expresado que "... la Constitución Política no le otorga a la Corte competencia para examinar, ex officio, aquellas disposiciones que no fueron formalmente acusadas por los ciudadanos mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad (C.P. art. 241-4-5)" Sentencia C- 185 de 2002, M.P.R.E.G., y que "... la atribución legal reconocida a esta Corporación para integrar la unidad normativa, es decir, para vincular al proceso de inconstitucionalidad otros preceptos que no fueron materia de acusación, al margen de tener un alcance excepcional y restrictivo en los términos previstos por el artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, sólo puede ejercerse cuando se ha verificado previamente que la demanda fue presentada en debida forma; esto es, cuando se determine que la misma ha cumplido con los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad, tal y como éstos han sido consagrados en la ley (Art. 2° del Decreto 2067 de 1991) y precisados por la jurisprudencia constitucional." I..
En desarrollo del principio pro actione, también puede tenerse por cumplido el requisito de señalar las razones por las cuales la Corte es competente para conocer de esta demanda, por cuanto, si bien en su demanda se limita a señalar que a la misma se le debe "dar el trámite establecido en la ley para esta clase de actuaciones y son ustedes competentes conforme lo normado en la Constitución Política de Colombia", lo cierto es que la demanda se dirige contra unas disposiciones del Código Civil, que por consiguiente están contenidas en una ley de la República y resulta evidente la competencia de la Corte para asumir su conocimiento en sede de control de constitucionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución. En el auto 024 de 1998, M.P.F.M.D., la Corte expresó que, no obstante que el actor había citado equivocadamente el numeral del artículo 241 del cual se derivaba la competencia de la Corporación para conocer de la demanda, lo cierto era que "enderezándose contra una norma que hace parte de una ley de la República surge con claridad la competencia de la Corte y, en segundo lugar, el error no es de una magnitud tal que le impida a la Corte desentrañar el objeto de la demanda."
Por su parte, en el artículo 3 de la Ley 28 de 1932 se disponía que "son nulos absolutamente entre cónyuges las donaciones irrevocables y los contratos relativos a inmuebles, salvo el mandato general o especial". La Corte, en Sentencia C-068 de 1999, M.P.A.B.S. integró la unidad normativa de esta norma con la que entonces había sido objeto de demanda, que establecía la nulidad de la venta entre cónyuges no divorciados, y dispuso, en lo pertinente, la inexequibilidad del "... artículo 3º de la Ley 28 de 1932, en cuanto dispone que `son nulos absolutamente entre cónyuges ... los contratos relativos a inmuebles'."
Para sustentar su cargo por violación del artículo 13, el actor sostiene, en primer lugar, que deben aplicarse los criterios fijados por la Corte en la Sentencia C-068 de 1999 mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la normas que disponían la nulidad de la compraventa entre cónyuges. Sin embargo, no explica de qué manera las consideraciones que sirvieron de base a la Corte para declarar la inexequibilidad de esas normas sobre la compraventa entre cónyuges, pueden aplicarse al juicio sobre la constitucionalidad de otras normas que se refieren a un contrato sustancialmente distinto, como es el de la donación, y que no se limitan a proscribirlo entre cónyuges, sino que establecen para las donaciones que éstos realicen entre sí un régimen especial, distinto del aplicable a la donación entre personas que no tengan ese vínculo jurídico entre ellas. Encuentra la Corte que la mera referencia a la Sentencia C-068 de 1999, sin siquiera identificarla El actor simplemente expresa que "[l]a Corte Constitucional en una anterior sentencia realizó el correspondiente examen de constitucionalidad respecto de la venta entre cónyuges el cual arrojó como resultado, la ponencia favorable de que la venta entre cónyuges es valida. Folio 2 del expediente. Más adelante señala que debe tenerse como válida la donación irrevocable entre cónyuges, sin que pueda decirse que se trató de una simulación porque se pondría en entredicho el principio de la buena fe. Folio 3 del expediente. ni exponer sus consideraciones, no satisface la carga argumentativa mínima exigible para que pueda considerarse que ella constituye un cargo de inconstitucionalidad.
Adicionalmente, en cuanto hace a la pretendida violación del principio de igualdad, el actor se limita a señalar que la donación entre cónyuges también debería ser posible en forma tal que no sea revocable "... para poder ejercer actos de comercio en igualdad de condiciones que los particulares."
En primer lugar no habría cargo a partir del cual se configure la competencia de la Corte para integrar a la disposición acusada otras sobre las que también habría de recaer su pronunciamiento. En efecto la acusación se dirige contra un contenido normativo que claramente no está en la norma acusada. No se trata de complementar su contenido de regulación a efectos de integrar una proposición jurídica completa o por razones de unidad normativa, sino que habría necesidad de incorporar al examen de constitucionalidad, normas de contenido distinto y autónomo, en relación con el contenido de las disposiciones demandadas. En la Sentencia C-185 de 2002, M.P.R.E.G., la Corte, frente a un cargo por omisión legislativa se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo, por considerar que "en la presente causa el cargo formulado no se predica directamente de la expresión acusada, sino de otra disposición no vinculada al proceso por el actor...".
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 30709 de 14 de Diciembre de 2010
Sentencia de Tutela nº 128/10 de Corte Constitucional, 23 de Febrero de 2010

References: artículo 13
 artículo 44
 artículo 1056
 artículo 2530
 artículo 1096
 artículo 1056
 artículo 1196
 artículo 2530
 artículo 2
 artículo 241
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 13