Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=645901
Timestamp: 2019-07-22 13:08:05+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°69
ENMIENDA A LEY GENERAL DE COOPERATIVAS EN MATERIA DE FLEXIBILIZACIÓN DE CONSTITUCIÓN, EFICIENCIA ECONÓMICA Y DE GESTIÓN Y FACULTADES SANCIONATORIAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
DECLARACIÓN DE SENADO CHILENO ANTE CREACIÓN DE DISTRITO YARADA-LOS PALOS POR PARTE DE PERÚ. PROYECTO DE ACUERDO
FIJACIÓN DE CONDICIONES DE RESISTENCIA Y MITIGACIÓN DE EFECTOS DE MAREMOTOS EN CONSTRUCCIONES COSTERAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
PROHIBICIÓN DE USO DE REGISTROS HISTÓRICOS DE DATOS COMERCIALES CADUCOS
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE LA NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A LA CIUDADANA ESTADOUNIDENSE SEÑORA VALENE LEAH GEORGES LARSEN (10.382-17)
PROYECTO DE ACUERDO, DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN Y PATRICIO WALKER QUE RATIFICA LA POSICIÓN DEL ESTADO DE CHILE CON MOTIVO DE LOS ÚLTIMOS HECHOS RELACIONADOS CON LOS LÍMITES FRONTERIZOS CON PERÚ (S. 1.838-12)
Sesión 69ª, en miércoles 11 de noviembre de 2015
(De 16:22 a 18:8)
Y SEÑOR ALEJANDRO NAVARRO BRIAN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas (8.132-26) (se aprueba el informe)...........................................................
Proyecto de acuerdo que ratifica la posición del Estado de Chile con motivo de los últimos hechos relacionados con los límites fronterizos con Perú (S 1.838-12) (se aprueba)..........................................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que permite establecer condiciones de resistencia y mitigación de efectos de maremotos en construcciones costeras (3.880-14) (se aprueba el informe)................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para prohibir el uso de registros históricos de datos comerciales caducos (9.917-03) (se aprueba en general)..........................................................................
Petición de oficio (se anuncia su envío)....................................
Concurrió, además, la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señora Katia Trusich Ortiz.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario el señor José Luis Alliende Leiva.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 66ª y 67ª, ordinarias, en 3 y 4 de noviembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos (boletín N° 9.885-07).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N° 7.550-06).
Con los nueve siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes asuntos:
1) Proyecto que modifica la ley N° 19.928, sobre Fomento de la Música Chilena, para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile (boletín N° 6.110-24).
2) Proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11).
3) Proyecto de ley que aplica Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (boletín N° 6.829-01).
4) Proyecto de ley que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público (boletín N° 8.335-24).
5) Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín N° 9.404-12).
6) Proyecto de ley que modifica el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, en los requisitos para obtener la carta de nacionalización (boletín Nº 9.455-06).
7) Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, en materia de protección del trabajador que se desempeña como pastor religioso o ministro de culto (boletín Nº 9.603-13).
8) Proyecto de reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional (boletín N° 9.834-06).
9) Proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones en el Código del Trabajo (boletín N° 9.835-13).
Con el primero señala que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el "Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso", adoptado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Marrakech el 27 de junio de 2013 (boletín N° 10.272-10) (con urgencia calificada de "simple").
Con el segundo manifiesta que ha aprobado el proyecto que modifica la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile , en relación con los derechos del personal (boletín N° 10.074-02).
Con el tercero manifiesta que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N°5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas (boletín N° 8.132-26) (con urgencia calificada de "suma").
Remite, en respuesta a solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, copia de los convenios firmados entre Chile y Cuba con ocasión de la visita realizada a La Habana en el mes de septiembre pasado.
Atiende solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor García, acerca de subsidios entregados a personas discapacitadas en el Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, sobre rechazo al proyecto Parque Eólico Altos Hualpén.
Del señor Director de Presupuestos:
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor Prokurica, en lo relativo a los recursos destinados a la reconstrucción de la Región de Atacama.
Atiende consulta, planteada en nombre de la Senadora señora Allende, acerca de situación previsional de la persona que indica.
Del señor Presidente Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Prokurica, sobre situación del río Salado y caleta Palito.
Del señor Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación (t y p):
Remite antecedentes, requeridos en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de la movilización de los funcionarios de esa repartición.
Dos de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones:
Informe recaído en el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer sanciones a la decodificación ilegal de televisión satelital de pago (boletín Nº 10.294-15).
Segundo informe recaído en el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para imponer a los concesionarios la entrega de información a Carabineros de Chile y a otros servicios de emergencia en los casos que indica y sancionar el uso indebido de llamadas a dichos servicios (boletín N° 9.597-07).
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la ciudadana estadounidense señora Valene Leah Georges Larsen (boletín Nº 10.382-17).
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Quiero solicitar el acuerdo de la Sala para dejar sin efecto la hora de Incidentes y autorizar que la sesión concluya a las seis de la tarde.
Así dispondremos de la hora y media que nos queda solo para el debate de los proyectos.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , en paralelo, funciona la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y estamos analizando la Partida del Ministerio de Educación.
El señor LARRAÍN.- Que la sesión termine a las cinco y media.
Hagamos lo siguiente: cuando estemos cerca de la hora, veamos si podemos tomar ese acuerdo, siempre que no se haya abierto alguna votación.
Señor Presidente , la mitad de los Senadores que estamos en la Sala participamos también en la Comisión Mixta.
Tal vez podamos abrir la votación para algunos proyectos. De ese modo, quienes deban asistir a dicha Comisión dejan su voto y se van, y quienes se quedan aquí fundamentan su pronunciamiento.
Así podríamos solucionar el problema.
¿Habría acuerdo para dejar sin efecto a hora de Incidentes?
Señor Presidente , en el día de ayer los Comités acordaron, sobre la base de un error que ocurrió en la Secretaría de la Comisión de Minería, solicitar un mes más de plazo para la presentación de indicaciones al proyecto de ley sobre equidad tarifaria.
En realidad, solo se requiere una semana.
Pido que recabe la anuencia de la Sala para revertir el acuerdo unánime que adoptaron ayer los Comités, con el fin de avanzar fuertemente en la tramitación de esta iniciativa.
Sugerimos que el plazo se fije para el próximo lunes 16, a las 12.
¡Dos semanas para los dos proyectos!
¿Usted propone hasta lunes 30, Senador señor Horvath?
Señor Presidente , lo que pasa es que son dos las iniciativas que se encuentran en la Comisión de Minería, que preside el Honorable señor García-Huidobro.
El otro proyecto es el que modifica la ley Nº 20.365, que establece franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos; la Ley General de Servicios Eléctricos, y la Ley que crea la ENAP.
Yo sugiero fijar un plazo para presentar indicaciones de dos semanas para ambas iniciativas.
Senador señor García-Huidobro.
Señor Presidente , tiene razón el colega Horvath.
El problema es que el Ejecutivo está solicitando un plazo más acotado para el proyecto sobre equidad tarifaria. Y a nosotros también nos interesa acelerar esa materia.
Las indicaciones para la otra iniciativa aún no han llegado y se ha pedido un mayor tiempo a ese efecto. Comparto la opinión del Senador señor Horvath, pero me da la impresión de que, en este caso, habrá que ampliar el plazo posteriormente.
Propongo fijar dos semanas (hasta el 23 de noviembre) para el proyecto que el colega especificó y una semana (hasta el 16 de noviembre) para el de equidad tarifaria.
Señor Presidente, recién se dio cuenta de la aprobación unánime de la Cámara de Diputados a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas, iniciativa largamente tratada por este Congreso.
Dicha Comisión básicamente resolvió acoger lo que planteó la Ley Tributaria, dejando expresa constancia, para la historia fidedigna de la ley, de que las operaciones entre los socios y las cooperativas no constituyen renta. Creo que quedó despejado el asunto.
Por ello, pido que recabe la unanimidad de la Sala para tratar ahora dicho proyecto.
Como los Comités acordamos un orden para el tratamiento de las iniciativas en tabla, consulto si hay acuerdo unánime para acceder a lo requerido por el Senador señor Tuma.
¿Con limitación de tiempo para la discusión?
Sin discusión, señor Presidente .
Podemos abrir la votación de inmediato y sugerir que se hable lo menos posible.
Entonces, ¿habría acuerdo para tratar en primer lugar el informe de Comisión Mixta recaído sobre el proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas?
Antes de entrar al debate de dicha iniciativa, hago presente que los Senadores señores Espina y Prokurica han pedido celebrar una reunión de Comités.
Señor Presidente , antes de que suspenda, deseo pedir que recabe la anuencia de la Sala para fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones respecto del proyecto que aplica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (boletín N° 6.829-01), hasta el viernes 13 de noviembre, a las 18, en la Secretaría de la Comisión de Agricultura.
--Se suspendió a las 16:30.
--Se reanudó a las 16:48.
Informo a la Sala que los Comités acordaron que el próximo martes, en la sesión ordinaria, se vean los tres proyectos de ley relacionados con colusión, aprobados por las Comisiones de Constitución y de Economía.
Conforme a lo acordado hace un momento, corresponde tratar el proyecto de ley sobre cooperativas.
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.132-26) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 18ª, en 30 de abril de 2013.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 48ª, en 1 de septiembre de 2015.
Economía: sesión 48ª, en 14 de agosto de 2013.
Economía (segundo): sesión 26ª, en 9 de junio de 2015.
Hacienda: sesión 26ª, en 9 de junio de 2015.
Mixta: sesión 69ª, en 11 de noviembre de 2015.
Sesiones 58ª, en 1 de octubre de 2013 (se aprueba en general); 28ª, en 16 de junio de 2015 (se aprueba en particular).
Señores Senadores, como se trata de una sola votación y hay varios señores Senadores que deben concurrir a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, solicito el acuerdo de la Sala para abrir la votación de inmediato, antes de que entregue la relación el señor Secretario .
La divergencia suscitada entre ambas Cámaras deriva del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de un nuevo número 2) introducido por el Senado en el artículo único del proyecto, que pasó a ser primero.
El referido numeral 2) agrega en el artículo 4° de la Ley General de Cooperativas un inciso segundo del siguiente tenor:
"Para todos los efectos legales se entenderá que son operaciones de la cooperativa celebradas con los socios todos aquellos actos, contratos y convenciones celebrados entre aquéllas y éstos en cumplimiento de su objeto y finalidades específicas contempladas en las normas legales y estatutarias respectivas, incluyendo aquellos que la cooperativa celebre con terceros en cumplimiento de dicho objeto y finalidades. Por lo tanto, los ingresos derivados de estas operaciones tienen el carácter de ingreso de operaciones con socios.".
La Comisión Mixta, como forma de resolver la divergencia entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que consiste en rechazar el número 2) del artículo primero despachado por el Senado en el segundo trámite.
La Comisión adoptó este acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, Montes, Tuma y Zaldívar y Diputados señora Pascal y señores González, Lavín, Lorenzini y Verdugo.
Corresponde informar, asimismo, que la Cámara de Diputados, en sesión de ayer, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran la proposición de la Comisión Mixta y el texto como quedaría de aprobarse el informe respectivo.
Pido autorización para que ingrese a la Sala la Subsecretaria de Economía. Eso sí, tendremos que avisarle que no podrá hacer uso de la palabra, pues estamos en votación.
¿Habría acuerdo para el ingreso de la señora Subsecretaria?
Señor Presidente, la diferencia que tuvimos entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto de la norma que establecía la condición de ser objeto de impuesto a la renta los excedentes o las utilidades en el caso de las cooperativas se despejó al establecer claramente en la historia fidedigna de la ley que la norma que se había aprobado, si bien resultaba inadmisible, establecía que las operaciones entre los socios y las cooperativas no son objeto de impuesto a la renta. Y la misma suerte que siguen las cooperativas en cuanto a no tener esa obligación se aplicaba a los socios.
Por esa razón, se accedió a eliminar la norma acordada en la Comisión de Economía del Senado y a mantener lo que se aprobó en la reforma tributaria, que establecía con claridad cuáles eran los casos en que se haría la excepción respecto del pago de tributo para las cooperativas.
La Corte Suprema ha dictado quince sentencias en favor de las cooperativas, que han reclamado por una interpretación que, antes de la legislación en trámite, le había dado el Servicio de Impuestos Internos.
Una vez vigente la ley en proyecto esperamos que el Servicio de Impuestos Internos haga correcta aplicación de la legislación, no haciendo tributar a las cooperativas ni a sus socios por las operaciones entre ellos y aplicando las normas establecidas en la legislación tributaria, que con claridad dispone quiénes y cuándo pagan impuesto a la renta.
La Comisión Mixta adoptó su acuerdo por unanimidad.
Por lo tanto, sugiero que el informe se apruebe en los mismos términos, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados.
Señor Presidente, recordemos que una de las iniciativas más importantes que ha abordado este Parlamento, en el último período por lo menos, es la ley de cooperativas. Se trata de un esfuerzo grande por innovar en una materia que, desde nuestra perspectiva, es fundamental para entender la forma moderna de generar participación en las actividades comerciales.
Es una normativa que tiene una aplicación muy relevante en las regiones y que ha tenido una larguísima tramitación. Ha habido una complejidad que ha cruzado Gobiernos. El proyecto se encuentra en su etapa final. Y espero que este sea el último trámite para su entrada en vigencia.
Lo que estaba trancando la aprobación de la iniciativa era una discrepancia entre la Cámara de Diputados y el Senado -básicamente en este último-, el que explicitaba qué se entendía por operaciones de cooperativas y que los ingresos derivados de estas operaciones tenían carácter de ingresos provenientes de operaciones con socios.
La Cámara de Diputados consideró que eso debió haber tenido algún grado de patrocinio del Ejecutivo , si bien compartía el criterio de fondo.
Y la fórmula para resolver la diferencia fue aceptar el criterio de la Cámara de Diputados respecto de no incorporar la norma, pero -y aquí es donde yo quiero sumarme a lo que ha dicho el Senador Tuma- dejando expresa constancia en la historia fidedigna de la ley en proyecto que nosotros entendemos que:
"-Al eliminarse el inciso segundo del artículo 4° que incorpora el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, se deja constancia que el régimen fiscal de las cooperativas y sus cooperados se encuentra establecido en el Título VII del mismo decreto con fuerza de ley `De los Privilegios y Exenciones' (artículos 49, 50, 51, 52 y 53). Además, en el artículo 17 del decreto ley Nº 824.
"-Una interpretación armónica de estas normas conduce a la conclusión inequívoca de que las cooperativas no son ni han sido sujetos tributarios de la ley sobre impuesto a la renta, salvo en los casos en que expresamente alguna disposición legal lo haya establecido.
"-Este principio rector en materia de tributación de las cooperativas, se comunica necesariamente a la tributación de los socios. Es decir, lo que no es renta a nivel de la sociedad (cooperativa) no puede ser renta a nivel de los socios (cooperados).
"-Es por ello que los excedentes percibidos por los cooperados que correspondan a operaciones realizadas con personas que son socios de la cooperativa nunca han debido considerarse como ingresos brutos de aquellos señalados en el artículo 29 de la LIR para efectos de calcular los pagos provisionales obligatorios. Esto significa que dichas cantidades nunca han estado afectas al Impuesto de Primera Categoría, Global Complementario o Adicional.".
Este es el compromiso que nosotros asumimos. Y por eso he querido leerlo textualmente, para que quede claro cuál es el entorno en que se llega a este acuerdo y, de esa manera, cómo se puede despejar una discusión que tenía más una lógica constitucional, en cuanto a la iniciativa, que de contenido. Porque respecto de este lo que entendemos es precisamente aquello que va a favorecer el funcionamiento de las cooperativas a lo largo de nuestro país.
Con esta constancia, que me había comprometido a hacer -el Senador Tuma también la había planteado-, espero que votemos a favor y despachemos una legislación muy importante para nuestro país.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (24 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Coloma, De Urresti, Espina, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Matta, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma y Patricio Walker.
Solicito el asentimiento de la Sala para que intervenga la señora Subsecretaria de Economía.
La señora TRUSICH (Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño).-
Señor Presidente , agradezco a las señoras Senadoras y a los señores Senadores por la aprobación unánime de este proyecto, que ya podrá ser ley de la república.
Era algo muy anhelado por el sector cooperativista de Chile y llevaba más de cinco años en el Parlamento.
Se trata de un tremendo logro y constituye un gran mérito del Congreso Nacional.
Señores Senadores, ayer quedó pendiente fijar plazo para formular indicaciones al proyecto que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín Nº 9.914-11).
Se ha propuesto como plazo el lunes 7 de diciembre, a las 12.
¿Habría acuerdo de la Sala en tal sentido?
Señores Senadores, se ha presentado un proyecto de acuerdo conversado transversalmente, relativo a la situación con Perú.
Mañana los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa sostendrán una reunión con la Presidenta de la República .
En vista de lo anterior, solicito el acuerdo unánime de la Sala para votar de inmediato el referido proyecto de acuerdo.
Conforme a lo acordado, corresponde votar el proyecto de acuerdo recién mencionado.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.838-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 69ª, en 11 de noviembre de 2015.
Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al proyecto de acuerdo.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- "
"Considerando la aprobación del Proyecto de Ley que crea el Distrito `La Yarada-Los Palos', por parte del Congreso de la República del Perú, en que se insiste en situar un punto de inicio de la frontera terrestre con Chile al suroeste del Hito No. 1,
"Atentos a los actos de provocación realizados en el curso de la semana pasada por efectivos militares y civiles peruanos en la zona aledaña al Hito nº 1
"EL SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE ACUERDA:
"Ratificar la posición del Estado chileno en atención a que no existe el denominado `triángulo terrestre'. Dicho espacio geográfico es territorio nacional. En el área fronteriza con Perú hay sólo dos puntos convenidos: uno de ellos es el Hito No.1 (punto inicial de la frontera terrestre) que fue demarcado en 1930 en cumplimiento del Tratado de 1929. El otro punto fue convenido por ambos países en estricto cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero de 2014, que señaló que el inicio de la frontera marítima es la intersección del paralelo del Hito No. 1
"Recordar a la comunidad nacional e internacional que Perú ha sostenido invariablemente que existe continuidad entre el punto de inicio de la frontera marítima y el punto final de la frontera terrestre entre ambos países.
"Respaldar al supremo gobierno de Chile en sus ponderadas pero firmes acciones políticas y diplomáticas tendientes a defender los intereses nacionales, y a ejercer todos los derechos que le asisten a nuestro país en esta materia.
"Apoyar al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile en su llamado a la población a mantener la tranquilidad, en la convicción de que las autoridades competentes actuarán con serena firmeza, para que nuestra integridad territorial sea salvaguardada como corresponde.
"Suscribir íntegramente la posición diplomática de Chile en materia de reservar nuestros derechos y objetar la pretensión peruana.
" para que, actuando con firmeza y apego a la razón y el derecho, prime en las relaciones con Perú un sentido de buena vecindad e integración, con visión de futuro y provecho mutuo.".
Si le parece a la Sala, aprobaremos por unanimidad el referido proyecto de acuerdo.
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que permite establecer condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de maremotos en las construcciones costeras.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3.880-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Horvath, Prokurica, Sabag, Vega y Viera-Gallo).
En primer trámite, sesión 1ª, en 7 de junio de 2005.
En tercer trámite, sesión 53ª, en 15 de septiembre de 2010.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.
Vivienda: sesión 9ª, en 14 de abril de 2009.
Vivienda (segundo): sesión 34ª, en 15 de julio de 2009.
Mixta: sesión 68ª, en 10 de noviembre de 2015.
Sesiones 13ª, en 29 de abril de 2009 (queda para segunda discusión); 14ª, en 5 de mayo de 2009 (se aprueba en general); 35ª, en 28 de julio de 2009 (se aprueba en particular); 55ª, en 28 de agosto de 2010 (se rechaza, y pasa a Comisión Mixta).
La divergencia suscitada entre ambas Cámaras deriva del rechazo por parte del Senado, en tercer trámite constitucional, de la sustitución de la letra e) propuesta por el artículo único del proyecto.
El artículo 105 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala que el diseño de las obras de urbanización y edificación deberá cumplir con los estándares que establezca la Ordenanza General respecto de distintos factores que enumera. La letra e) obliga a cumplir estos estándares en lo relativo a condiciones de estabilidad y asismicidad.
En primer trámite constitucional, el Senado aprobó la sustitución de ese literal e) por una norma que incluye, para el borde costero, condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de los maremotos o tsunamis, tales como infraestructura de protección, materialidad de los primeros pisos de las edificaciones y vías de evacuación en edificios y urbanizaciones.
Por su parte, la Cámara de Diputados acordó sustituir la letra e) por otra que dispone que el diseño debe cumplir lo que establezca la Ordenanza en lo relativo a condiciones de estabilidad y asismicidad que tomen en consideración todas las características, fenómenos naturales y particularidades de los diferentes lugares del territorio nacional.
La Comisión Mixta, como forma de resolver la divergencia entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que consiste en incorporar una nueva letra i) al artículo 105 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, separando así lo relativo a maremotos o tsunamis de lo atingente a condiciones de estabilidad y asismicidad.
La Comisión adoptó este acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Montes, Ossandón, Tuma e Ignacio Walker y Diputados señoras Fernández y Provoste y señor Walker.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran la proposición de la Comisión Mixta y el texto como quedaría de aprobarse el informe pertinente.
Se ha pedido abrir la votación.
Señor Presidente, tal como señaló el Secretario General, el Senado, en primer trámite, propuso sustituir la letra e) del artículo 105 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Ese último precepto dispone que el diseño de las obras de urbanización y edificación deberá cumplir con los estándares que establezca la Ordenanza General en lo relativo a diversas materias, una de las cuales se contiene en la señalada letra, a saber: "Las condiciones de estabilidad y asismicidad".
La redacción propuesta por el Senado tiene por objeto que la letra e), al referirse a las condiciones de estabilidad y asismicidad, incluya, para el borde costero, condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de los maremotos o tsunamis.
A su turno, la Cámara de Diputados estuvo porque tales condiciones de estabilidad y asismicidad tomaran en consideración todas las características, fenómenos naturales y particularidades de los diferentes lugares del territorio nacional, esto es, no solo lo relativo a los maremotos, cuestión que el Senado, en tercer trámite, rechazó.
Ahora bien, en el seno de la Comisión Mixta los representantes del Ejecutivo sostuvieron que, sin perjuicio de compartir el objetivo de ambas redacciones, consideraban más adecuado incorporar una nueva letra i) al artículo 105 que abordara solo las zonas de riesgo. Argumentaron que realizar una modificación en la letra e) implicaría ejecutar estudios que justificaran que en un sitio determinado hubiera exigencias especiales; por el contrario, establecerlo de manera independiente cumplirá los objetivos del proyecto de forma más simple, porque el área en cuestión ya está definida.
Esa postura, con algunos perfeccionamientos, fue acogida por dicha Comisión.
Por ello, solicitamos al Honorable Senado que tenga a bien aprobar su informe.
Señor Presidente, esta iniciativa de origen parlamentario ha ido tomando ritmo en la medida en que se van produciendo tsunamis en nuestro país o en otros. Esa es la verdad.
El proyecto que nos ocupa fue presentado hace muchos años. Y su finalidad específicamente -como se señaló- era introducir modificaciones en la letra e) del artículo 105 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para incorporar "Condiciones de estabilidad y asismicidad, incluyendo, para el borde costero, condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de los maremotos o tsunamis, tales como infraestructura de protección, materialidad de los primeros pisos de las edificaciones y vías de evacuación en edificios y urbanizaciones".
Ello, con el objeto de que, siendo Chile un país costero sometido a riesgos de esta naturaleza, de acuerdo a la diversidad de nuestro territorio, los diseños se adapten a esas condiciones y den garantías de seguridad a las personas y a su entorno.
Ahora, la Cámara de Diputados dejó eso totalmente de lado, por cuanto remplazó el texto propuesto por el Senado estableciendo: "Condiciones de estabilidad y asismicidad, que tomen en consideración todas las características, fenómenos naturales y particularidades de los diferentes lugares del territorio nacional".
O sea, se pierde la especificidad y el objetivo de proteger el borde costero.
La fórmula que nos propone la Comisión Mixta de nuevo hace una apertura muy general, y lo deja a los estándares que establezca la Ordenanza General.
Para ello incorpora una letra i) nueva, que dice: "Características de diseño, resistencia estructural y seguridad, para las edificaciones que se puedan emplazar en las áreas con riesgo de inundación, anegamiento, socavación, afloramiento potencial de napa freática, quebradas, deslizamiento o remoción en masa de materiales o sedimentos, u otras similares definidas en los planes reguladores, y, en el caso de urbanizaciones que se emplacen en tales áreas, las características de las obras de urbanización destinadas a mitigar los riesgos y facilitar la evacuación hacia zonas seguras o servir, cuando corresponda, como alternativa para el escurrimiento de las aguas.".
Es decir, borde costero, tsunamis, maremotos quedaron en el título. Hay que decirlo así.
Obviamente, a estas alturas, por ser propuesta de una Comisión Mixta, ya no la podemos modificar para poner explícitamente aquello.
Sí, quisiera rescatar que esta iniciativa de ley va en la línea de lo que su título plantea. Por lo tanto, en su aplicación deberán tener particular consideración de ello.
Tiene la palabra el Senador señor Pérez-Varela.
El señor PÉREZ-VARELA.-
Señor Presidente, sin duda, debemos realizar modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para ir dotando cada vez más instrumentos que permitan que las construcciones, los edificios tengan verdaderamente las condiciones de seguridad que nuestro país requiere.
El punto es que la resolución a la que llegó la Comisión Mixta, si bien abarca algunos de esos tópicos, nos coloca en una situación algo compleja y que no guarda coherencia con otras iniciativas de ley que estamos estudiando, como, por ejemplo, la que remplaza a la ONEMI por una nueva institucionalidad, que, en materia de prevención, fija zonas de riesgo en las cuales necesariamente habría que prohibir la construcción (quebradas, en fin). Y la normativa que nos ocupa permitirá construir en zonas de riesgo, en las quebradas, en zonas que se inundan, en zonas de anegamiento exigiendo el cumplimiento de ciertas condiciones.
Por lo tanto, como país debemos tomar una definición: ¿Vamos a declarar zonas de riesgo en las cuales no se va a poder construir? ¿O las zonas de riesgo en las que será factible construir deberán tener cierto estándar?
No hay duda de que este proyecto a lo mejor recoge la realidad existente en muchas zonas en las que se construye igual, a pesar de que son de riesgo. Pero muchas veces lo que se edifica ahí es absolutamente irregular. De tal manera que tampoco se va a cumplir con esta normativa.
Estamos en la comuna de Valparaíso. Y uno de los problemas que se generaron en los grandes incendios que tuvimos este año fue que la mayoría de las construcciones que se quemaron se encontraban en quebradas y todas estaban en situación irregular.
¿Qué nos ha señalado el Ministerio de Vivienda, incluso en sesiones especiales destinadas al efecto? Que no va a permitir construir en esas quebradas.
Pero aquí estamos diciendo: "Se puede construir en esas quebradas, pero con ciertas características que deben cumplirse en términos de diseño, de resistencia, estructuras y seguridad".
Por lo tanto, hay que tomar una resolución sobre lo que verdaderamente vamos a querer como sociedad.
Porque tenemos un proyecto como el que remplaza a la ONEMI, que despachamos hace pocos días en la Comisión de Defensa, en que una de las cuestiones fundamentales en materia de prevención que el Estado incorporará para morigerar los efectos dañinos de las inundaciones, de los aluviones, etcétera, dice relación con entregarles a las autoridades facultades para prohibir la construcción y el levantamiento de edificaciones en áreas de riesgo.
Eso será letra muerta cuando aprobemos la iniciativa que ahora nos ocupa, por cuanto dispone que para que las edificaciones se puedan emplazar en las áreas con riesgo de inundación, anegamiento, socavación, afloramiento potencial de napa freática, quebradas, deslizamiento o remoción en masa de materiales o sedimentos, u otras similares definidas en los planes reguladores deberán tener determinadas características de diseño, resistencia estructural y seguridad.
Puede que ello sea absolutamente necesario de establecer. Pero el punto es que debemos tomar una resolución: ¿Vamos a esforzarnos para que en las zonas de riesgo no se construya? ¿O permitiremos que se construya en las zonas de riesgo con el cumplimiento de determinadas características?
A mi juicio, esa es una resolución de política pública que resulta necesario asumir, pues la realidad indica que en las zonas de riesgo, las más de las veces, se construye de manera irregular, sin permiso de la Dirección de Obras.
Vimos el informe que nos entregaron sobre la situación de las quebradas, a propósito del incendio en Valparaíso; y no había ninguna resolución de la Dirección de Obras que autorizara construcciones en ellas.
De otro lado, observamos que parte de las edificaciones que se levantaron en el área del borde costero que se ha visto afectado por tsunamis tampoco contaban con el permiso pertinente. Otras sí.
Por lo tanto, lo positivo de este proyecto de ley es que nos llama a tomar una definición al respecto.
Pero no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo.
No es factible decir, en el proceso de discusión del proyecto de ley que regulará lo relativo a las emergencias y las catástrofes y que tratará de prevenirlas, que se van a definir zonas de riesgo en las que no se podrá construir y que, por lo tanto, las autoridades dispondrán de las facultades para impedir aquello y, por otro lado, tener una normativa que señale que solo deberán cumplirse ciertas condiciones para emplazar edificaciones en dichas áreas.
Entonces, este proyecto tiene el mérito de hacernos debatir sobre ese punto. Debemos adoptar una resolución; y, a mi juicio, será muy importante conversar sobre una materia que resulta esencial para un país en el que permanentemente ocurren catástrofes y situaciones de emergencia.
Fuimos testigos a principios de año -el Senador Moreira así me lo ratificó- de lo sucedido en la Región de Los Lagos con los volcanes. La mayoría de las viviendas que sufrieron daños por las erupciones estaban edificadas en zonas de riesgo sin ningún tipo de autorización.
Este proyecto permitirá construir en esas mismas zonas, pero bajo ciertas características.
¿Será positivo eso? Tendremos que definir si adoptamos ese camino, o nos vamos a ir por la vía de la prohibición.
Señor Presidente , le pido que después de que se vote este proyecto levante esta sesión.
Nos están llamando a votar de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Se está viendo la Partida de Educación.
La señora ALLENDE .- ¿Va a levantar la sesión, señor Presidente?
Después de este proyecto de ley, sí. Porque en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos están sin quórum para tomar acuerdos.
¡Estamos votando en dos partes!
Falta ver el proyecto del cual soy uno de sus autores, señor Presidente.
Esa es la petición que se ha hecho, señores Senadores.
Si alguien se opone, seguiremos hasta las 18.
Ahora, como solo queda un inscrito, podemos abrir la votación respecto de la iniciativa que señala el Honorable señor Harboe .
Reitero: hay una petición del Senador señor Coloma para que después de que se vote este proyecto de ley se levante la sesión.
Entonces, una vez que intervenga el último inscrito, que es el Senador señor Navarro , y luego de que entremos a discutir la siguiente iniciativa, solicitaré el acuerdo de la Sala para abrir la votación.
No está el Senador Navarro.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (20 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Araya, Coloma, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Matta, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Harboe, señora Pérez San Martín y señores Horvath, Pizarro y Tuma, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para prohibir el uso de registros históricos de datos comerciales caducos, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.917-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Harboe, señora Lily Pérez, y señores Horvath, Pizarro y Tuma):
Economía: sesión 15ª, en 12 de mayo de 2015.
El objetivo principal del proyecto es ampliar el ámbito de aplicación del artículo 18 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, disponiendo que no solo está prohibida la comunicación de datos caducos, sino que además queda proscrito el uso, tratamiento y transferencia de dicha información.
Se modifican la Ley General de Bancos, la Ley General de Cooperativas y otros cuerpos normativos, como la ley que establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar.
La Comisión de Economía discutió esta iniciativa solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Lily Pérez y señores Orpis, Pizarro y Tuma.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 18 a 20 del informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor HARBOE.- Sí, señor Presidente.
Antes de poner en votación el proyecto, vamos a fijar plazo para presentar indicaciones.
Señor Presidente, que sea para la segunda semana de diciembre.
Entonces, si le parece a la Sala, el plazo para presentar indicación será hasta el lunes 7 de diciembre.
Señor Presidente, este proyecto, como bien se señaló, está originado en una moción de los Senadores señora Lily Pérez y señores Horvath, Pizarro, Tuma y quien habla, y es parte de la denominada "Agenda contra los abusos".
El creciente desarrollo de la industria del tratamiento de datos ha generado un verdadero desbalance entre el principio de la libre circulación de ellos y la protección de la vida privada de las personas -tan en boga en los últimos días-, y por tanto, de los datos personales de los ciudadanos.
Hoy por hoy, resulta común ver en Internet avisos de venta de bases de datos con indicación de domicilios, RUT, actividad laboral, formación académica, e incluso algún tipo de discapacidades. En fin, un conjunto de información que permite segmentar a cada ciudadano en razón de su comportamiento mercantil, afecciones de salud o patrimonio.
Al observar la experiencia comparada, surge, como primera reflexión, una preocupación al ver que mientras en Chile recién estamos discutiendo sobre la conveniencia de proteger los datos de las personas en Europa el debate ya está versando acerca de cómo enfrentar el fenómeno de la administración de datos, el derecho al olvido en la redes sociales, como Yahoo, Facebook, en fin.
De hecho, hay un fallo histórico: el 14 de mayo de 2014 la Corte Europea de Justicia hace un reconocimiento expreso a la protección del derecho al olvido en materia de Internet, es decir, admite que las personas tienen derecho a que cierta información deje de ser tratada y publicada transcurrido determinado lapso.
Así las cosas, la OCDE le ha advertido a Chile en reiteradas oportunidades que no es un país seguro en materia de protección de datos personales. Ello ha obligado a legislar al respecto.
En la actualidad, el tratamiento de datos comerciales es bastante negativo. Los registros solo recopilan información negativa o incumplimientos de los ciudadanos, mas no los cumplimientos (la información positiva).
Por su parte, la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, es un instrumento que ha sido superado por la realidad económica nacional y mundial, toda vez que circunscribió en su discusión legislativa la prohibición de publicar la información que denomina "caduca", es decir, aquella que adolece de veracidad, pues ya ha transcurrido un lapso.
Pero, tal como se señala, la prohibición que estableció el legislador en aquel momento (ley N° 19.628) es la de publicar, mas no la de usar.
En la práctica, lo que ocurre es que muchos ciudadanos, hombres y mujeres, son víctimas de su historia comercial y mercantil.
Es entendible -así ocurre en las economías desarrolladas- que el historial comercial de una persona lo acompañe a la hora de ser evaluado en el crédito. Pero el objetivo de dicha información es establecer su capacidad real de pago y su comportamiento mercantil.
Pero el paso del tiempo es un elemento, y así lo reconocen el profesor Palazzi y la doctrina y jurisprudencia internacional, también de caducidad de la información.
Se ha permitido en algunas legislaciones que, transcurrido el plazo de cinco, siete o diez años -según la nación de que se trate-, los registros de información comercial procedan a ser borrados y se prohíba su utilización en razón de que no se entiende que la información sea veraz y permita evaluar de manera objetiva el riesgo de crédito de determinada persona.
Por eso, lo que hace esta moción es justamente circunscribir el tiempo durante el cual podrá estar vigente la información comercial. Y el objetivo -para decirlo en fácil- es borrar la información o los "históricos" que muchas veces condicionan de manera injusta la vida mercantil o las opciones de crédito de numerosos ciudadanos.
Este proyecto va a tener gran aplicación práctica. Por ejemplo, permitirá que jóvenes que en su etapa de estudiantes quedaron como deudores de un préstamo educacional que con posterioridad repactaron o incluso pagaron salgan de la información pertinente, que hoy día les impide ser sujetos de crédito.
No parece lógico, señor Presidente , que nuestro país, a estas alturas del desarrollo, no tenga considerado en su legislación el denominado "derecho al olvido".
Esto no es una innovación: es la adecuación de nuestras normas a la experiencia práctica de las normas internacionales. Estados Unidos, Canadá , Francia, España , Argentina, Uruguay , Brasil , Paraguay son países que contienen en su legislación el denominado "derecho al olvido", que (como señalé anteriormente) en plazos de cinco, siete o diez años determina la imposibilidad de utilizar información y publicarla.
Cuando hablamos del derecho al olvido nos estamos refiriendo a una expresión más específica del principio de finalidad y supresión de los datos y de la protección de la vida privada.
Se trata de que los datos sean usados legítimamente, para el fin que autorizó su tratamiento, sin que ello signifique que permanezcan en el fichero ad eternum.
Por el contrario, se busca que, cuando se agota la finalidad o pierde sentido su tratamiento, el dato sea olvidado o eliminado, como si nunca hubiera existido.
Es una expresión del derecho de supresión, tal y como lo señala claramente el fallo argentino de 12 de noviembre de 1999 que consagró el derecho al olvido.
El derecho al olvido ha sido debatido fundamentalmente en dos áreas: la de los datos personales en las redes sociales y, también, la de los datos comerciales.
En tal contexto, en Chile, como se ha dicho, existen normas que solo se limitan a enunciar estos datos y a regular cómo debe hacerse el tratamiento, sin que exista una consagración expresa del derecho al olvido.
Solo el artículo 18 de la ley N° 19.628 y el artículo 10 del decreto supremo N° 950, de 1928, contienen normas sobre la imposibilidad de comunicar datos caducos, es decir, aquellos que han permanecido en un fichero por más de cinco años.
Señor Presidente, no parece lógico que hoy día la legislación, por un lado, permita que quien comete un crimen deleznable como la violación de un menor con resultado de muerte, una vez cumplida su condena y transcurridos diez años, borre ese antecedente criminal y figure en el certificado respectivo "sin antecedentes", y por otro, no posibilite borrar una deuda, aun cuando se haya pagado.
No parece lógico -insisto- que nuestro ordenamiento permita borrar un crimen, mas no una deuda que incluso se ha pagado.
El bien jurídico protegido en el caso del crimen son la vida, la libertad sexual o la libertad ambulatoria, mientras que en el de la deuda solo es la propiedad.
En Estados Unidos, la Fair Credit Reporting Act es pionera en la materia.
En el Reino Unido, los informes crediticios están normados por la Consumer Credit Sct, secciones 157 y 160: se establece un plazo de seis años.
La legislación francesa determina en La Banque de France un plazo de cinco años.
La ley española de 1999 consagra también el derecho al olvido: a los seis años.
En consecuencia, señor Presidente , este proyecto de ley busca terminar con los registros históricos que, por el hecho de haber tenido una deuda en alguna oportunidad de la vida, condicionan y limitan la posibilidad de acceso al crédito en la economía nacional, que se basa (valga la redundancia) en el crédito.
Esta iniciativa contiene cuatro artículos permanentes y dos transitorios.
¿Por qué cuatro artículos permanentes? Porque decidimos modificar la Ley General de Bancos, la Ley General de Cooperativas, la ley sobre cajas de compensación y la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
No queremos que nunca más una institución bancaria o una caja de compensación nos diga que no se aplica la ley de protección de datos personales porque sus leyes son orgánicas constitucionales, argumento que no tiene ningún valor, pero que lo han aducido en los juicios en tribunales.
Este proyecto establece, además, un régimen de sanciones que va desde las cien a las mil unidades tributarias mensuales para cualquier institución que violente la protección de datos; en este caso, el derecho al olvido. Y, para crear un incentivo positivo, se sanciona solidariamente al funcionario del banco, caja de compensación o cooperativa que utilice la información correspondiente de manera ilegal.
Señor Presidente, la ley en proyecto va al corazón de millones de chilenas y chilenos, pues permitirá terminar con registros históricos que tienen ahogadas a millones de personas que no pueden acceder a un crédito por el solo hecho de haber quedado debiendo en alguna oportunidad de su vida.
Solicito autorización de la Sala para me remplace por cinco minutos el Senador señor Navarro.
¡Prometo no decir nada...!
Ese es el compromiso: ¡no decir nada...!
¡Que se retracte de todos sus dichos...!
--Pasa a presidir la sesión el Honorable señor Navarro, en calidad de Presidente accidental.
Señor Presidente, en primer término, quiero felicitar al colega Harboe y a quienes lo acompañaron en este proyecto; entiendo que son los Senadores señores Pizarro y Tuma y la Senadora Pérez .
Creo que esta es de las mociones que vale la pena considerar en el Senado. Y ojalá sea ley pronto.
Como se explicó, hoy día, con las nuevas tecnologías, la capacidad de circulación de la información es infinita, instantánea y simultánea. Pero, obviamente, también está atentando contra los derechos básicos, contra la denominada "protección de la vida privada de las personas y sus datos personales".
Claramente, Chile tiene que ponerse al día. Si se lo compara con las demás naciones de la OCDE, nuestro país está muy atrasado.
Señor Presidente, hablando de protección a la vida privada, no puedo dejar de mencionar -y voy a desviarme un minuto- lo que lamentablemente debimos compartir en el día de ayer.
Hemos visto cómo mediante un acto deleznable se puede vulnerar la vida privada de un parlamentario sobre la base de publicar a través de un medio de comunicación, no solo irresponsablemente sino además delictualmente, una comunicación privada vía telefónica, mediante WhatsApp, captada con un lente que estaba recogiendo información.
Espero que la lección de ayer sea suficientemente importante. Y estoy de acuerdo con la Cámara de Diputados, que decidió querellarse, para que podamos dar una lección. Ojalá que de una vez por todas aprendamos que existen límites y que debe haber respeto a la vida privada de la gente y a sus datos personales.
Señor Presidente, volviendo al tema que nos ocupa, me parece que estamos ante una tremenda moción, que va a ayudar sobremanera en nuestro país.
En Chile una gran cantidad de personas están endeudadas, por distintas razones. Muchas de ellas ya pagaron sus deudas; pasaron más de cinco años, pero siguen registradas. Y la información se utiliza mal, pues no se aplica el denominado "derecho al olvido". Así, esos ciudadanos son considerados riesgosos cuando solicitan un crédito a las distintas instituciones que realizan esas operaciones financieras: bancos, cooperativas, cajas de crédito, en fin.
¡Qué más injusto que quien tuvo una deuda y la saldó quede registrado permanentemente!
¡Qué más injusto que esa persona vea cerradas las puertas ante cualquier solicitud de crédito que hace para comprar una vivienda, un bien de consumo o cualquier otra cosa!
Y ello, lisa y llanamente porque no hemos sido capaces de entender que los datos en cuestión no pueden usarse mal y que hay que borrar toda información como la explicitada.
Por eso, creo que debemos procurar que los datos comerciales caducos se extingan, pues su permanencia está afectando a millones de personas.
Al respecto, me parece importante un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago donde se declara la ilegalidad en que incurren quienes hacen evaluaciones de riesgo inexactas, carentes de objetividad y perjudiciales para las personas.
Señor Presidente, este es un gran proyecto. Ojalá lo aprobemos unánimemente.
Felicito a quienes adhirieron a la moción del Senador Harboe.
La futura ley nos hará muy bien como país si somos capaces de entender que los datos personales tienen un uso específico y no pueden prestarse para cometer abusos contra personas que en algún momento de su vida contrajeron una deuda, la saldaron y sin embargo permanecen en un registro que las convierte en riesgosas y, por tanto, les impide acceder al crédito.
Por eso, señor Presidente, voy a votar a favor.
Pienso que llegó la hora de actualizarse. Chile debe ir a los estándares de los demás países pertenecientes a la OCDE y de muchas otras naciones, pues está bastante atrasado en la materia.
Señor Presidente, este es un proyecto antiabusos, como muchas otras iniciativas que hemos debatido en el último tiempo.
Todos ellos persiguen el afán de defender a los ciudadanos de atropellos a sus derechos, los que se cometen en las más variadas formas y por las más diversas entidades.
Ahora se trata de terminar con los abusos en que incurren bancos, entidades financieras, cajas de compensación que, en las evaluaciones crediticias que hacen hoy, no están cumpliendo las disposiciones que impiden la utilización de información financiera caduca, es decir, deuda que ya fue pagada, o que se encuentra extinguida, o que es anterior al plazo de vigencia de cinco años que establece la ley.
Es curioso, señor Presidente, que debamos aprobar leyes especiales para obligar a los bancos a cumplir normas que ya existen y que se vulneran bajo el amparo de resquicios y de supuestos vacíos legales.
La disposición actual dice que en ningún caso pueden "comunicarse" los datos. Y ahora el proyecto agrega que ellos tampoco pueden "usarse" o "tratarse".
¿Era necesaria esta iniciativa?
Si hubiera buena fe de parte de las entidades crediticias, se habrían abstenido de seguir usando registros históricos para evaluar el riesgo de sus colocaciones. Pero eso no ha ocurrido: han optado por persistir en sus conductas. Por lo tanto, debemos legislar especialmente para evitar que ese abuso continúe.
El derecho de los bancos a contar con información suficiente para evaluar el riesgo de sus clientes no es absoluto: también están el derecho de los particulares a reiniciar sus actividades una vez que han superado sus problemas de morosidad y el derecho a la protección de los datos personales.
¿O acaso los mismos bancos no han enfrentado dificultades en su actividad comercial, al punto que incluso han necesitado ayuda estatal?
En estos días se ha hecho pública la situación de insolvencia que afecta a una caja de compensación.
¡Justamente las entidades de esa índole otorgan créditos al segmento de personas más vulnerables: el de los jubilados...!
¿Cómo se sentirán los jubilados que han pagado varias veces el monto de su crédito original cuando ven en las noticias que ejecutivos de las cajas de compensación, las que supuestamente no tienen fines de lucro, falsearon información para poder recibir un bono?
Esas son las instituciones que han eludido hasta ahora la correcta aplicación de las normas sobre protección a la vida privada.
Nuestro país ha madurado, ya no tolera ese doble estándar.
Por otro lado, muchas voces reclaman por señales para la reactivación de la economía. Y este proyecto contribuye concretamente a dicha finalidad.
Una economía que les da una nueva oportunidad a los emprendedores se dinamiza.
Por eso, considero que la ley en proyecto va en la dirección correcta y es propia de estos tiempos.
De una parte, pone freno a los abusos en el uso de la información financiera de los chilenos que pagaron sus deudas o que tienen deudas que ya no están vigentes, y de otro, les permite a los deudores que han enfrentado problemas reiniciar sus actividades sin la mochila de datos caducos que actualmente les impiden el acceso al crédito.
Dos cosas, señor Presidente.
Primero, aunque no tiene que ver con este proyecto, comparto lo que planteó la Senadora Allende en el sentido de rechazar absolutamente las normas intrusivas en la vida privada, que se han hecho pan de cada día. Creo que ellas generan una situación de ilegítimo desprecio a la vida privada, lo que a mí me violenta.
Por eso, aunque esta iniciativa va en una línea distinta, creí que era atingente esta reflexión, que he querido compartir.
En segundo lugar, aun a riesgo de meterme en algún enredo (¡pero la vida nos hace meternos en enredos...!), quiero hacer una reflexión un tanto crítica del proyecto, la que puede ser -y yo no tengo la respuesta- parte de una discusión más especial posterior.
A mí me pasa algo: no sé si el objetivo final del derecho al olvido que se ha diseñado (entiendo ese derecho en varios ámbitos) va a ser bueno o malo.
Eso es lo que deseo transmitir. Y quiero hacerlo sin ninguna idea preconcebida.
Porque, al final, ¿qué busca este articulado? Básicamente, hacer inexistente la historia comercial de una persona pasados cinco años, en busca de que eso pueda facilitarles a todos el emprendimiento.
Pero fíjense en lo que se escribe: aquí no solo se tienen que borrar -entre comillas- las obligaciones no pagadas, sino que, además, no se podrá usar, tratar o transferir, para efectos de evaluación de riesgo comercial o proceso de crédito, datos personales económicos de personas cuyas obligaciones hayan sido extinguidas.
O sea, si yo he pagado toda mi vida, si un emprendedor ha pagado toda su vida, esos datos no se podrán usar, por ejemplo, para el otorgamiento de un crédito.
Porque esta norma no busca extinguir la obligación del que no ha pagado, sino que no se pueda usar la información: ni la del que no ha pagado, ni la del que ha pagado.
Eso me genera una duda bastante de fondo respecto a lo que ocurre finalmente con aquel tipo de instituciones.
¿Cómo se entregan los créditos?
Las instituciones bancarias -he estado pensando en este breve período de tiempo- hacen evaluaciones. Una de ellas es el riesgo del crédito.
Si se termina la facultad de evaluar ese riesgo (¡fíjense en lo que digo!) sobre la base de obligaciones cumplidas, ¿qué va a ser importante? Va a ser importante el patrimonio y va a ser importante (y lo diré porque es lo que más me complica) la familia de proveniencia.
Sé que este es un efecto completamente inesperado, indeseado. Pero si una persona no ha cumplido -¡fíjense en lo que digo!-, no puedo verlo. ¿Qué me va a importar para dar un crédito? Básicamente, saber si esa persona tiene patrimonio.
¿Y qué pasa con los emprendedores? ¿Qué pasa con los que no tienen patrimonio? ¿Cómo se puede decir que se tienen un historial y un ánimo de cumplimiento?
Yo entiendo perfectamente lo que anima a los autores de la moción: por así decirlo, quieren aplanar la cancha. Pero se puede producir un efecto bien indeseado: que, como un aval importante para que le otorguen un crédito, uno no pueda exhibir un correcto desempeño, pues estaría prohibido legalmente.
Entonces, quiero hacerlos reflexionar.
Creo que aquello no debiera ser el objetivo. Al final, la falta de información dificulta una buena toma de decisión.
Entonces, una cosa es enfrentar los abusos y otra eliminar el concepto de cumplimiento como elemento para los efectos de otorgar un préstamo.
Pienso que vamos a volver a los viejos tiempos, cuando para obtener un crédito se requerían ingentes recursos o mucho contacto familiar. Y eso, a menos que esté equivocado, no me puede convencer.
No me parece que la redacción sea la que los autores imagino que buscaron.
Señor Presidente, el progreso tecnológico ha provocado un impacto considerable en el campo del resguardo de la información, del mismo modo que en difundirla. Internet es una poderosa herramienta de información global que configura una verdadera huella digital y dactilar de nuestro pasado, y demanda un debate sobre el derecho al acceso libre a los datos y la debida protección de la intimidad.
Este equilibrio es precisamente lo que está en juego con el derecho al olvido, cuya finalidad es evitar que un individuo sea prisionero perpetuo de su pasado y obliga a las instituciones a eliminar ciertos detalles de carácter personal una vez transcurrido un período de tiempo.
Es un derecho que presenta tres áreas: la del pasado judicial -es habitual la posibilidad de limpiar antecedentes, del mismo modo que en el Registro Civil respecto de faltas a la Ley de Tránsito-; la correspondiente a la legislación de protección de datos, y la de un nuevo derecho digital, y aún polémico, que equivaldría a la atribución de una fecha de caducidad a los datos personales.
En la actualidad se halla en discusión todavía el derecho al olvido en relación con las redes sociales.
El proyecto que aprobó en general la Comisión de Economía y que se encuentra en debate aborda un área específica y acotada del derecho al olvido, referente solo a los datos comerciales. Sin embargo, en el caso de una deuda de esta índole, la ley N° 19.628, publicada en 1999 -ya tiene más de quince años de aplicación-, ha sido bastante eficaz. Mas ha habido excepciones en que esta legislación y el derecho al olvido son vulnerados por las instituciones acreedoras, especialmente, quizás no desde el punto de vista de transferir información, pero sí de hacer análisis y de utilizarla. Y eso es lo que se quiere evitar con la iniciativa.
Producto de la negligencia histórica de la Superintendencia de Bancos, se les ha permitido a estas entidades usar y abusar de los antecedentes. Por su parte, la banca se defiende señalando que solo los emplea, pero no los comunica. Lo que vamos a hacer ahora precisamente apunta a que no pueda utilizarlos para la evaluación de riesgo. No parece razonable que en nuestra legislación sea posible borrar un crimen y no una deuda.
Por eso, el derecho al olvido que se aborda en la iniciativa se refiere a una dimensión acotada de la discusión sobre la materia que las sociedades están realizando. Compatibilizar el derecho a la vida privada con el acceso a la información en la era digital es un desafío regulatorio nacional, regional y global que debemos asumir. Ello queda pendiente. No está agotado.
Y una tarea para el Congreso y el colegislador es el establecimiento de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales; pero, al mismo tiempo, falta un sistema de evaluación financiera de los consumidores.
Un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra expresó, con alguna razón, que es bueno disponer de la información positiva de los emprendedores para poder ponderar su riesgo en futuros créditos. Creo que es un punto que cabe considerar, y para ello es preciso debatir respecto de cuándo un antecedente debe mantenerse.
Por eso, estimo que tenemos que crear una Agencia de Datos y un sistema de evaluación financiera equilibrado, de tal manera que se proteja la privacidad y, al mismo tiempo, se permita a los evaluadores de crédito acceder a determinada información.
Este es un paso muy significativo, si bien no el único, en el ámbito de los derechos de los ciudadanos, porque no son pocas las oportunidades en que hemos visto violentados los derechos de los deudores cuando se usa información vencida, caduca o extinguida.
En consecuencia, con gusto me pronuncio a favor, y volveremos a debatir el proyecto en particular en el órgano técnico.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente, estoy contenta y orgullosa de ser coautora de la iniciativa y de que mi Honorable colega Harboe nos la haya propuesto a varios miembros de la Comisión de Economía.
Entiendo que en algunos señores Senadores se susciten aprensiones respecto de empresas, casas comerciales o instituciones bancarias otorgantes de crédito. Pero la verdad es que el proyecto busca generar un equilibrio, en el fondo, para los consumidores, que son los clientes, porque la sartén por el mango la tienen hoy día los acreedores, las casas comerciales, los bancos.
En la Región Metropolitana, donde hay portales en el paso de los vehículos, alguien que se atrase tres meses en el pago del peaje aparecerá en Dicom.
La demora en el pago a una casa comercial o a cualquier tienda ancla provoca el mismo efecto.
Por lo tanto, cuando una persona va a pedir un crédito, la aparición de antecedentes de esta índole vulnera absolutamente su derecho. Porque después de cancelarse la deuda es necesario ir, por voluntad propia, a aclarar que ya se cumplió. Y ello lleva, muchas veces, a perder la oportunidad de ser sujeto de crédito.
Entonces, lo que buscamos con el proyecto -obviamente, una vez que vuelva a la Comisión vamos a hacerle todos los ajustes necesarios para que salga una ley impecable- es que las deudas caducas no sigan apareciendo en el historial de crédito de una persona.
Como se ha dicho en la Sala, incluso antecedentes de carácter penal se extinguen cuando finalmente se cumple la sanción o condena.
Muchos nos preguntamos por la situación de alguien que ya cumplió con sus deudas, que pagó. Y la información sigue apareciendo porque no fue a aclararlas.
Este es el sentido de la iniciativa.
El Honorable señor Coloma planteaba que también debería existir un historial positivo. ¡Claro! Pero cabe reconocer que en Chile no es así. Cuando una persona necesita un crédito hipotecario, en el banco no van a tenerle un registro en virtud del cual le digan: "¡Ah, usted pagó su tag, esto y lo otro!". Siempre se repara en lo negativo, en lo malo, no en lo positivo. A nadie lo felicitan por haber saldado todas sus deudas a tiempo. No conozco ningún caso. Sería realmente un afortunado. Es al revés.
Lo que queremos es que, transcurridos cinco años, las deudas no queden en el historial personal, porque, si no, la persona enfrenta muchos problemas para conseguir un préstamo.
En consecuencia, no se trata de que queramos perjudicar a aquellas empresas que dan crédito y enfrentan más riesgo con sus clientes, sino de que apuntamos a un equilibrio para que estos no lleven siempre las de perder a la hora de solicitar un préstamo de carácter comercial, hipotecario, de consumo, para financiar una enfermedad, el estudio de un hijo, en fin.
La mayoría de los chilenos viven a crédito. Y, por lo tanto, lo que deseamos es alivianar de alguna forma la carga emocional de personas a quienes no se lo dan porque alguna vez tuvieron una deuda que sigue apareciendo en su registro aunque haya caducado.
Señor Presidente, la ley en proyecto se denominará, sin lugar a dudas, "de derecho al olvido", pero también quedará registro de que su impulsor fundamental fue el Senador señor Harboe . Me consta, además, que Su Señoría lideró, cuando estuvimos en la Cámara de Diputados, la normativa para borrar los registros de DICOM.
Resulta indiscutible que la iniciativa, más allá de la teoría financiera o del registro de datos, les hará sentido a miles -y por qué no decir millones- de deudores, a gente que en su época de estudiante y en sus primeros años de vida laboral, principalmente, se ha visto enfrentada a procesos por deudas con bancos, instituciones comerciales, compañías de seguros retailers, cooperativas o cajas de compensación. Y esa situación, producto de una incertidumbre o a veces de la inmadurez o de distintas situaciones familiares, termina persiguiendo por el resto de la vida.
Más que considerar el articulado sobre la base del análisis de las instituciones financieras o del registro propiamente tal de datos y del historial financiero de deudas, es preciso hacerlo en relación con el usuario, con quien va a poder hacer uso del derecho al olvido, en definitiva. Pasados cinco años, simplemente no se podrán usar los datos de manera comercial para impedir el acceso a un crédito o en casos de esta naturaleza.
Como se ha explicado en la Sala, no es posible que se pueda pedir la eliminación de antecedentes por la comisión de delitos, incluso muy graves, luego de transcurrido un plazo desde el cumplimiento de la condena, pero que ello quede excluido en el caso de antecedentes comerciales.
Y lo que resulta aún peor es que esto último persigue al deudor durante toda su vida y le impide reemprender, reiniciar actividades productivas.
Las personas son doblemente sancionadas por las instituciones que se aproximan a la situación -y es algo que también es preciso consignar- a partir del abuso de información, para, en definitiva, generar un mal empleo de datos caducos, lo que termina impidiendo el pleno desarrollo del ciudadano que quiere acceder a un crédito y borrar su historial financiero.
Conversábamos sobre el particular con varios Senadores. Para que el proyecto tenga "carne", para que su aplicación adquiera sentido y para que efectivamente se pueda fiscalizar y no limitarse el titular del derecho solo a reclamar por verse expuesto a una dificultad de esta naturaleza, es imprescindible contar con la Agencia de Protección de Datos, de carácter gubernamental.
Debiera existir un compromiso en el sentido de que, en paralelo a la tramitación de la iniciativa, que pasará a la discusión en particular, el Gobierno creará dicha entidad, a fin de que, sobre la base de las sanciones que se están estableciendo, persiga y sancione, en forma drástica, con multas, con el seguimiento de los operadores. Muchas veces, estos son los ejecutivos de cada una de las instituciones o quienes están a cargo de la informática o de otra responsabilidad.
No creo que simplemente tengamos que dejar que cada ciudadano afectado recurra, a través de la justicia ordinaria, al cumplimiento de la normativa en examen, que no cabe duda que vamos a aprobar por una amplia mayoría, sino que es fundamental que el Estado tenga un organismo que vele por el cumplimiento de la protección de datos comerciales y de otros que, sin lugar a dudas, son utilizados a menudo de manera mañosa o contraria a los intereses ciudadanos.
Felicito por la iniciativa. Ojalá este tipo de instancias permita disminuir los abusos que muchas instituciones cometen en contra de los chilenos.
Señor Presidente, brindo un reconocimiento, por cierto, a mis colegas Harboe, Lily Pérez, Horvath, Pizarro y Tuma.
El proyecto permite abrir un debate que no va a terminar en la Sala -volverá a la Comisión de Economía-, y vamos a aprobarlo, pero puede ser mejorado. Evidentemente, queremos que el derecho al olvido se cumpla. En este sentido, el perfeccionamiento de las normas que eviten que la ley sea burlada parece esencial.
Deseo consignar que fallos de recursos de protección establecen de manera clara que no se puede usar el llamado "predictor de riesgos". La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 31 de enero de 2011, que acogió una acción en el marco de ese sistema, señaló que no existe norma jurídica alguna que faculte a la recurrida para publicar en el boletín de informaciones comerciales Dicom una predicción o apreciación -en consecuencia, totalmente subjetiva- del eventual grado de cumplimiento de una persona en relación con sus futuros compromisos comerciales.
¡Desde luego que media la subjetividad! Puede que una enfermedad, que un elemento que después deja de incidir, haya motivado el no pago.
Por lo tanto, el articulado determina que ningún banco, ninguna cooperativa, ninguna institución que otorgue créditos, podrán usar la base de datos. Transcurrido un cierto plazo -en todas las legislaciones: las europeas, la argentina, la uruguaya, es de cinco a siete años-, estos deberán ser eliminados.
Pero ¿qué pasa en la realidad? Los bancos se los quedan igual. Y hay un comercio en la materia. Ha sido público que los listados de grandes tiendas ancla o supermercados se trafican para la venta de tarjetas.
Uno de los elementos cruciales, entonces, es cuál va a ser la sanción disuasiva por el empleo de bancos de datos históricos. Aunque alguno dirá: "Siempre, al final de la noche, van a permanecer guardados en la caja fuerte del banco para ser utilizados en cualquier momento". Y aquí es clave lo dicho por el Senador señor De Urresti en orden a que tiene que existir una Agencia de Protección de Datos .
Aspiramos a contar con un , con un defensor del pueblo. ¡Que falta le hace a Chile! Existe en toda Europa y en toda América Latina, mas no en nuestro país. Es decir, nos falta una institucionalidad que proteja cuando el Estado atropelle los derechos de las personas, y también, desde luego, cuando lo hagan comerciantes, empresarios. Juzgo que esa falta tendremos que subsanarla a la brevedad.
Porque vamos a aprobar -¡qué duda cabe!- la iniciativa, a perfeccionar lo relativo a la multa y la capacidad de recurrir a los tribunales, y del espíritu del proyecto claramente se desprende una prohibición, además de ser solidariamente responsables, incluso, el banco o la persona que causen un daño patrimonial. Pero ello va a ser producto de una acción judicial, caso en el cual a algunos siempre les va bien, que son los abogados: el banco pone uno, el demandante otro, y al final ganan igual, tengan éxito o no.
Imaginemos que un ciudadano se halla frente al agente de crédito solicitando un préstamo casi de rodillas y que la respuesta es negativa. ¡Si resuelve demandar, no tiene plata para nada! La posibilidad de contratar un abogado es nula. Por lo tanto, es evidente que tenemos que contar con una institucionalidad que pueda apoyar la denuncia y acompañar la demanda, ocurridos los hechos, para que estos no vuelvan a ocurrir. Porque la decisión de accionar queda en manos del solicitante del crédito. Si no lo hace, no va a pasar nada, y bancos, empresas comerciales, cooperativas, van a seguir utilizando la información histórica e ignorando la ley.
El articulado en debate es bienintencionado y constituye un tremendo paso en la defensa del derecho a crédito que les corresponde a los consumidores, pero podemos perfeccionarlo.
Voto a favor del proyecto, que viene a enfrentar el problema grave de un abuso sistemático en contra de los usuarios de créditos.
En este momento ha llegado a la mesa un mensaje de la Presidenta de la República con que el que retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", al proyecto de ley que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado (boletín N° 10.043-04).
Señor Presidente, simplemente deseo respaldar este proyecto, porque estimo que hace justicia y que permite ir modernizando nuestra legislación en materia de derechos. Por supuesto, congratulo a sus autores: los Senadores señor Harboe, señora Lily Pérez y señores Horvath, Pizarro y Tuma.
En primer lugar, cabe señalar que la industria de la información ha generado en muchas partes del mundo, y también en Chile, un absoluto desbalance entre la libre circulación de la información y la protección de la vida privada de las personas, lo que está bien consignado en los fundamentos de la moción.
Además, nuestro país está atrasadísimo en materia de protección de los datos en relación incluso a estándares como la OCDE, por lo que se puede considerar como no seguro o no adecuado en este aspecto.
Ahora, se ha instalado en el debate jurídico un cierto concepto de "derecho al olvido", cuyo objetivo es que los datos sean utilizados legítimamente para el fin que autorizó su tratamiento. Pero, cuando dicha finalidad desparece, se agota, concluye, se modifica sustancialmente o pierde sentido ese tratamiento, los datos deben ser olvidados o eliminados.
Por lo tanto, cabe recordar el principio del derecho al olvido o la eliminación -dicho de una manera más directa- de esta información cuando ha desaparecido aquello que justificó o legitimó su tratamiento.
Lo anterior evita incluso que datos caducos, muchas veces ya no válidos, no vigentes, en los hechos terminen restando los derechos a una persona para toda su vida, sin que tenga una nueva oportunidad, por ejemplo, en el mercado del crédito, pero también en la reparación de su imagen pública, etcétera.
Para el mismo efecto, recuerdo lo que acaba de señalar el Senador Navarro en su intervención.
Tenemos escasos precedentes de fallos en la materia, pero los hay: la Corte de Apelaciones de Santiago, el 31 de enero de 2011, acogió una acción de protección en el marco del uso del predictor de riesgos, señalando que no hay normas jurídicas que faculten a ninguna empresa o institución, ni tampoco al DICOM, para publicar en su boletín de informaciones predicciones o apreciaciones que se supone anticipan lo que sería la conducta de determinada persona a partir del eventual incumplimiento que tendría respecto de futuros compromisos comerciales, lo que ha perjudicado a muchos chilenos.
Por lo tanto, ha habido una reacción de la Corte de Apelaciones que interpreta el espíritu del Derecho moderno, pero no hay una ley específica que lo establezca.
En suma, señor Presidente, creo que esta iniciativa es un aporte, por lo que la respaldo con entusiasmo.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Araya, Chahuán, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Se abstuvieron los señores Coloma y Moreira.
Habiéndose cumplido su objetivo, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso a la solicitud de oficio que ha llegado a la Mesa.
A los señores Ministros de Hacienda y de Bienes Nacionales, pidiéndoles INCLUSIÓN, EN LEY DE PRESUPUESTOS 2016, DE GLOSA MODIFICATORIA DE MÍNIMO DE 95 UTM CONTENIDO EN REGLAMENTO SOBRE ZONAS FRANCAS A FIN DE PERMITIR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES SIN IVA PARA CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO O USUARIO EN AISÉN.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:8.
Nuestra Constitución Política, en su artículo 10 N°4, establece que son chilenos, los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley, que constituye indudablemente el más alto honor que el Estado chileno puede conferir a un extranjero, en razón de su aporte al país y entrega al servicio de la nación, en determinadas actividades específicas que hayan alcanzado una relevancia nacional.
Mediante esta moción, y por su noble entrega artística al país deseamos que el Estado chileno otorgue la nacionalización por gracia a la ciudadana estadounidense Valene Leah Georges Larsen, nacida el 5 de diciembre de 1940, en la ciudad de Spanish Fork, estado de Utah, de los Estados Unidos de Norteamérica.
La señora Georges inició sus estudios de clarinete y canto en su estado natal, donde llevó a cabo una intensa actividad música en orquestas, bandas y coros durante sus años de educación escolar.
Sus antecedentes universitarios incluyen varios años de estudio de música e idiomas en el Conservatorio de Oberlin, en Ohio; el Mozarteum de Salzburgo; la Universidad de California; la Universidad de Utah; la Universidad de Münich; la Universidad de México y también en la Universidad de Chile.
En el año 1979, ganó en concurso el puesto de ayudante de solista en clarinete de la Orquesta Sinfónica de Chile, cargo que mantuvo durante doce años. Posteriormente actuó como solista de este instrumento en numerosas ocasiones, incluyendo el estreno mundial de la obra “Chile”, en el mes de octubre de 1998, que fue compuesta por cinco compositores chilenos por encargo del Ensemble Bartok de Chile.
En el año 1981, la señora Georges fundó el Ensemble Bartok Chile, que es un conjunto de cámara dedicado a la difusión nacional e internacional de la música contemporánea chilena.
Bajo su liderazgo, este conjunto ha sido reconocido como uno de los mejores y más originales de América Latina.
Este grupo musical ha presentado música chilena en el Carnegie Hall de Nueva York; el Mozarteum de Austria; la Radio Nacional Béla Bartok de Budapest, Hungría; Place des Arts de Montreal, en Canadá; Sala Dag Hammarsjold de las Naciones Unidas; el Museo de la Literatura Polaca de Varsovia, en Polonia; Museo de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, España; Sala Martinú de Praga, República Checa; Sala Andrés Bello del Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, Estados Unidos; Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina; Sala Filarmónica de Vilnius en Lituania, entre otros escenarios.
En nuestro país, el Ensemble Bartok ha sido aclamado en presentaciones efectuadas en el Teatro Municipal de Santiago; Teatro de la Universidad de Chile; Aula Magna de la Universidad Federico Santa María; Teatro del Lago en Frutillar y también en el Palacio de la Moneda.
La señora Valene Georges posee una licenciatura con mención en clarinete otorgada por la Universidad de Chile; es Master in Clarinet Performance de la Universidad de Utah, Estados Unidos; Bachelor’s en Germanística de la Universidad de California y cuenta con un certificado de intérprete simultáneo del instituto Lingua Lab de Buenos Aires.
En el mes de abril del año 2013, obtuvo el nombramiento de Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de Bellas Artes; y con anterioridad, en el año 2008, se le había otorgado el Premio Domingo Santa Cruz, de la Academia de Bellas Artes, por su contribución y difusión de las artes musicales chilenas.
El Ensemble Bartok de Chile, cuya creación fue impulsada por ella, ha obtenido el Premio de la Crítica, en el año 2011, y asimismo, en el año 2006, al cumplir veinticinco años de fundación, se le otorgó por el Gobierno de Hungría, la Medalla Béla Bartok, como expresión de sus logros profesionales dentro y fuera de su país.
De igual modo, este grupo musical ha obtenido otros premios como el Altazor, el de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor; el del Círculo de Críticos Musicales y obtuvo el nombramiento por parte de la Universidad de Chile, como Embajada Cultural.
A la señora Georges, dada su meritoria trayectoria musical, se le han dedicado varias obras, de destacados compositores, como el Concierto de Clarinete, de Darwin Vargas; la Sonata de Clarinete y Piano, de Alfonso Letelier; la Rapsodia, de Miguel Letelier; la Fantasía Cromática, de Jorge Labrouve y el Clarín Clarón, de Eduardo Cáceres, entre otras composiciones.
Desde hace cincuenta años se encuentra casada con el ciudadano chileno Tomás Goldenberg Montt, con quien reside en la ciudad de Santiago, de cuyo matrimonio, tiene dos hijas y un hijo, todos nacidos en nuestro país.
La señora Valene Georges cuenta con residencia definitiva en Chile, desde hace muchos años, y siempre ha deleitado al numeroso público que asiste a sus presentaciones musicales, con las bellas melodías que le corresponde interpretar, tanto de compositores nacionales como extranjeros.
Por todos estos antecedentes, creemos que este valioso aporte en el ámbito artístico-cultural de nuestro país, amerita que se le conceda la nacionalidad chilena por especial gracia.
Artículo único: “Concédese por especial gracia, la nacionalidad chilena a la ciudadana estadounidense Valene Leah Georges Larsen.”
Considerando la aprobación del Proyecto de Ley que crea el Distrito "La Yarada - Los Palos", por parte del Congreso de la República del Perú, en que se insiste en situar un punto de inicio de la frontera terrestre con Chile al suroeste del Hito No. 1,
Atentos a los actos de provocación realizados en el curso de la semana pasada por efectivos militares y civiles peruanos en la zona aledaña al Hito n° 1.
EL SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE ACUERDA:
Ratificar la posición del Estado chileno en atención a que no existe el denominado "triángulo terrestre". Dicho espacio geográfico es territorio nacional. En el área fronteriza con Perú hay sólo dos puntos convenidos: uno de ellos es el Hito No.1 (punto inicial de la frontera terrestre) que fue demarcado en 1930 en cumplimiento del Tratado de 1929. El otro punto fue convenido por ambos países en estricto cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero de 2014, que señaló que el inicio de la frontera marítima es la intersección del paralelo del Hito No. 1
Recordar a la comunidad nacional e internacional que Perú ha sostenido invariablemente que existe continuidad entre el punto de inicio de la frontera marítima y el punto final de la frontera terrestre entre ambos países.
Respaldar al supremo gobierno de Chile en sus ponderadas pero firmes acciones políticas y diplomáticas tendientes a defender los intereses nacionales, y a ejercer todos los derechos que le asisten a nuestro país en esta materia.
Apoyar al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile en su llamado a la población a mantener la tranquilidad, en la convicción de que las autoridades competentes actuarán con serena firmeza, para que nuestra integridad territorial sea salvaguardada como corresponde.
Suscribir íntegramente la posición diplomática de Chile en materia de reservar nuestros derechos y objetar la pretensión peruana.
Trabajar mancomunadamente para que, actuando con firmeza y apego a la razón y el derecho, prime en las relaciones con Perú un sentido de buena vecindad e integración, con visión de futuro y provecho mutuo.
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.

References: artículo 4
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 artículo 105
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 artículo 18
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 artículo 10
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