Source: https://asesoriacoca.es/author/asesoria-coca/
Timestamp: 2020-03-31 02:43:03+00:00

Document:
ASESORÍA COCA
Inicio » Archivos por Asesoría Coca
Author - Asesoría Coca
Asesoría Coca2020-03-30T20:24:38+01:00
Se ha publicado en el BOE la Resolución de 25 de marzo por la que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19. La línea de avales, en el caso de pymes y autónomos, no podrá cubrir más del 80% de la operación correspondiente. En otras empresas el porcentaje máximo será del 70% de nuevas operaciones y el 60% de operaciones de renovación. Los avales podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020 y el plazo de los avales no podrá exceder de 5 años.
Como ya le hemos venido informando, el Consejo de Ministros del pasado día 24 de marzo aprobó un Acuerdo que recogía las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de Avales para empresas y autónomos, recogida en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Atención. No serán elegibles para acogerse a la línea aquellas empresas y/o autónomos que estuvieran acreditadas como morosas en CIRBE a 31 de diciembre de 2019 o que estuvieran a 17 de marzo de 2020 en un procedimiento concursal o en las circunstancias descritas en el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, Concursal (sobreseimiento general de obligaciones, embargos generalizados, incumplimientos de pagos a trabajadores, seguridad social, obligaciones tributarios, etc.).
Por Asesoría CocaInformación GeneralRead more...
Asesoría Coca2020-03-30T19:36:13+01:00
En el BOE del 29 de marzo, se ha publicado el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, que entró en vigor el 29 de marzo, y que también establece el listado de actividades esenciales que podrán continuar trabajando durante esta segunda fase de confinamiento y suspensión de actividades. La norma contiene sin embargo una moratoria para los casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad. En ellos los trabajadores podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020.
En el BOE del 29 de marzo, se ha publicado el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, que entró en vigor el 29 de marzo, y que también establece el listado de actividades esenciales que podrán continuar trabajando durante esta segunda fase de confinamiento y suspensión de actividades.
Cabe destacar que el permiso retribuido y recuperable es una "medida excepcional" aprobada por el Gobierno este domingo día 29 de marzo para hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19.
NOTA: Si tu actividad es esencial o es la mínima indispensable, hemos preparado un certificado que deberán llevar los trabajadores cuando se desplacen a su centro de trabajo.
Servicios mínimos indispensables de la empresa. Certificado que deberán llevar los trabajadores cuando se desplacen a su centro de trabajo.
D./Dª. ____________________, con documento nacional de identidad ___________, en calidad de administrador de la sociedad ______________________, con número de identificación fiscal B____________, y domicilio social en Calle ________________________, de _________, empresa dedicada a la actividad de _______________ y, a efectos del presente documento, con teléfono de contacto _____________ y correo electrónico ______________________
Que en virtud Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID-19, en relación con el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19:
Que a la persona trabajadora de la empresa arriba especificada D./Dª._________________, con documento nacional de identidad __________________, no le resulta de aplicación el permiso retribuido por prestar los servicios mínimos indispensables de la empresa siendo necesaria su asistencia y presencia en el centro de trabajo, de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.
Y para que así conste, firma el presente certificado, en _______, a 30 de Marzo de 2020.
D./Dª. ___________________
Administrador _________________
Asesoría Coca2020-03-25T13:58:53+01:00
Con efectos desde el 18 de marzo, el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, incluye una serie de medidas en materia de contratación pública.
Para evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por las distintas Administraciones públicas puedan dar lugar a la resolución de contratos por parte de las entidades que integran el sector público, se prevé un régimen específico de suspensión y prórrogas de los mismos.
Esta regulación alcanza a:
contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva y no sucesiva,
contratos de obra y
contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, celebrados por cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con alguna excepciones previstas expresamente en la norma.
A continuación se las resumimos:
1. Contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva
1.1 Solicitud de suspensión por el contratista y abono de daños y perjuicios
Se establece que los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones públicas para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse (el órgano de contratación notificará al contratista el fin de la suspensión).
No obstante, esta suspensión no es tan automática, puesto que el contratista deberá solicitar dicha suspensión al órgano de contratación haciendo constar (i) las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible, (ii) el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento, (iii) y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato.
La Administración se reserva el derecho a una comprobación posterior de la veracidad de estos extremos. Así, una vez formulada la solicitud de suspensión, la Administración deberá resolverla en el plazo de cinco días naturales. Transcurrido este plazo sin notificarse la resolución expresa al contratista, ésta deberá entenderse desestimatoria.
Por el contrario, cuando se estimase expresamente dicha solicitud, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista.
Estos daños y perjuicios reclamables serán únicamente los siguientes:
Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020.
Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.
Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
1.2. Prórroga de contratos
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha acordado la paralización de todos los procedimientos de contratación, de manera que, si al vencimiento de alguno de los contratos vigentes no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.
Atención. Para los supuestos específicamente regulados en esta norma, se establece que (i) la suspensión no constituirá en ningún caso una causa de resolución del contrato, y que (ii) no serán de aplicación el artículo 208.2.a) LCSP y el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ("TRLCSP"), que contienen una regulación expresa y distinta de las situaciones de suspensión de los contratos públicos.
2. Contratos de servicios y de suministro de prestación no sucesiva
2.1 Prórroga en caso de demora en el cumplimiento de los plazos
Se establece que en los contratos públicos de servicios y de suministro de prestación no sucesiva que no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las distintas Administraciones para combatirlo, podrá solicitar una prórroga que el órgano de contratación le concederá, previo informe del Director de obra del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista sino de alguna de las anteriores circunstancias. Esta prórroga será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
En estos casos no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.
2.2. Abono de los gastos salariales adicionales en caso de prórrogas
Adicionalmente, previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía, el contratista tendrá derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato.
3. Contratos de obra
3.1. Solicitud de suspensión por el contratista y prórroga
Se establece que en los contratos públicos de obra, cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación descrita y cuando por motivo del COVID-19 se genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse (el órgano de contratación notificará al contratista el fin de la suspensión).
El contratista deberá formular la solicitud de suspensión ante el órgano de contratación en la que refleje las mismas circunstancias ya descritas respecto de los contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva (apartado primero). Esta solicitud deberá ser igualmente resuelta en el plazo de cinco días naturales por el órgano de contratación, con los mismos efectos desestimatorios en caso de no resolución expresa en dicho plazo.
Esta posibilidad aplica a los contratos en los que (i) estuviese prevista la finalización de la obra, de acuerdo con el "programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra", entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el periodo que dure el mismo, y (ii) que no pueda tener lugar la entrega de la obra como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado. En estos casos, el contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial.
3.2 Daños y perjuicios resarcibles
Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución antes del 14 de marzo y que continúa adscrito cuando se reanude. Se especifica que los gastos salariales a abonar serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, y las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b, y la retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la construcción.
Atención. El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios tendrá lugar cuando el contratista adjudicatario principal acredite fehacientemente el cumplimiento de (i) sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020 (tanto de sí mismo como de subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato) y (ii) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores a fecha 14 de marzo de 2020.
4. Contratos de concesión de obras y servicios. Solicitud por el contratista del restablecimiento del equilibrio económico del contrato
Respecto a la regulación de los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios ante la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por para combatirlo por la Administración, se establece que dicha circunstancia dará derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante (i) la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o (ii) la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
Para ello, el concesionario deberá solicitar al órgano de Administración dicho reequilibrio, que únicamente será estimado:
Cuando el órgano de contratación hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita.
Si se acredita por el contratista fehacientemente la realidad, efectividad e importe de la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados (entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19).
Por último, se prevén medidas análogas para los contratos celebrados en el ámbito de los sectores excluidos.
Asesoría Coca2020-03-22T21:00:01+01:00
Con efectos desde el 18 de marzo, el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, incluye una serie de medidas para garantizar la liquidez y financiación para empresas y autónomos, como avales a la financiación concedida por entidades de crédito, Líneas ICO o línea de cobertura aseguradora para los créditos de circulante necesarios para la compañía exportadora con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de Internacionalización, para determinadas pequeñas y medianas empresas que tengan problemas de liquidez.
Con efectos desde el 18 de marzo, el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, incluye una serie de medidas para garantizar la liquidez y financiación para empresas y autónomos, como avales a la financiación concedida por entidades de crédito, Líneas ICO o línea de cobertura aseguradora para los créditos de circulante necesarios para la compañía exportadora con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de Internacionalización, para determinadas pequeñas y medianas empresas que tengan problemas de liquidez, y que entró en vigor el mismo día de su publicación y extiende su vigencia por un mes, previendo la posibilidad de prórroga.
Avales a la financiación
Se establecen diversas medidas de garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación generada por el COVID-19.
Atención. Esta ayuda tiene bastante importancia, pues existe el aval público (no avalan los empresarios). Puede acudir desde este momento a su banco y solicitar el préstamo o póliza de crédito que precise. Lógicamente la someterán a estudio. No depende de su banco, solo hará de tramitador.
Seguros. Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización
La norma prevé recurrir a mecanismos ágiles de decisión de las operaciones individuales que se imputen en la línea, y realizar el análisis del riesgo de cada operación, particularmente para las PYMES, con criterios de información y solvencia extraordinarios, en el marco de las condiciones del mercado generadas por la crisis sanitaria, mientras dure la misma.
Fondo de Provisiones Técnicas Red Cervera y proyectos de I+D+I
Otras medidas financieras a tener en cuenta Las Comunidades Autónomas, y demás organismos públicos también pueden aprobar medidas de apoyo financiero, que habrá que tener en cuenta

References: Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 208
 artículo 220
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47