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Timestamp: 2017-07-23 18:38:41+00:00

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• Libro de Derechos Humanos • OBSERVATORIO DE ENCIERRO - Red Intra Postmuros DDHH NACIONES UNIDAS
Información sobre los órganos principales de las Naciones Unidas Estructura y organización
Composición de los órganos principales de la ONU en 2009 Asamblea General: 192 Estados Miembros
Consejo de Seguridad: 5 miembros permanentes y 10 miembros no permanentes Consejo Económico y Social: 54 miembros
Corte Internacional de Justicia: 15 jueces Asamblea General
Establecida en 1945 en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas. La Asamblea está integrada por los 192 Estados Miembros de las Naciones Unidas y proporciona un foro para el debate multilateral de toda la gama de cuestiones internacionales que abarca la Carta. También desempeña un papel importante en el proceso de establecimiento de normas y en la codificación del derecho internacional. Órganos subsidiarios
Consejo Económico y Social El Consejo Económico y Social se estableció en el marco de la Carta de las Naciones Unidas como principal órgano para coordinar la labor económica, social y conexa de los 14 organismos especializados de las Naciones Unidas, las comisiones orgánicas y las cinco comisiones regionales. También recibe informes de 11 fondos y programas. El Consejo Económico y Social actúa como foro central para el debate de cuestiones internacionales de índole económica y social y para la formulación de recomendaciones sobre políticas dirigidas a los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas.
El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial, en virtud de la Carta de Naciones Unidas, de mantener la paz y la seguridad internacionales. Una reforma del Consejo de Seguridad, incluidos sus miembros se está considerando. Órganos subsidiarios Secretaría
http://www.un.org/spanish/audiovis/ Somos un servicio de noticias de radio de las Naciones Unidas. Informamos sobre lo que ocurre en la sede y en las agencias de la ONU en todo el mundo de una manera ágil y dinámica. Nuestro material es gratuito y se va actualizando constantemente en nuestra página de Internet. Aquí las emisoras pueden descargar archivos de audio en mp3 con noticias, reportajes, entrevistas y notas de fondo. También encontrarán coberturas especiales, conferencias de prensa, discursos y sonidos de eventos internacionales. El servicio de noticias de radio de la ONU les brinda la última información sobre la lucha contra el SIDA, la promoción de los derechos humanos, igualdad de género, medio ambiente, economía y los temas más trascendentales que se generan en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General. De esta manera cumplimos nuestro objetivo: "conectar la ONU con los pueblos del mundo"
AUDIENCIA Y CHARLA DE SR. BRANT ONU Y ONGS – 2007
Chancillería Argentina – anexo
EPU (Examen Periódico Universal)
Como parte de sus nuevas tareas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU llevará a cabo el Examen Periódico de la situación de derechos humanos en los países miembros de la ONU. A continuación exponemos una breve descripción de lo que es el EPU y cómo puede utilizarlo la sociedad civil (nota: los puntos que nos parecieron de especial interés están marcados con color) ¿Cuáles son sus objetivos? Mejorar la situación de derechos humanos en el país examinado Hacer que el estado cumpla con sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos Evaluar los hechos positivos y también los desafíos a que se enfrenta el estado Incrementar la capacidad del estado y brindarle asistencia técnica Que tanto los estados como otras partes interesadas puedan compartir sus mejores prácticas Apoyar la cooperación en cuanto a promover y proteger los derechos humanos Alentar la cooperación y participación plena en el trabajo del Consejo, otros organismos de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ¿Cuáles son las pautas que rigen el examen? Los estados deben informar de cómo han cumplido con sus compromisos incluidos en: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución de la ONU, los instrumentos de derechos humanos que han firmado y ratificado, compromisos expresados (p.ej. al presentar su candidatura al Consejo). Entre los principios que rigen el examen, merecen atención los siguientes: - Se trata de un proceso intergubernamental (es decir, que son los gobiernos quienes se evalúan unos a otros) - La perspectiva de género debe estar integrada en todos los estadios del EPU. - La participación de todos los actores relevantes, inclusive ONGs e INDH debe estar garantizada. - Debe estar orientado hacia la acción ¿En base a qué se hace el examen? 1. Información preparada por el Estado, que consistirá en un Informe Nacional al que podrá agregar cualquier otra información que juzgue relevante. El Informe puede presentarse por escrito o verbalmente y no podrá exceder de las 20 páginas. 2. Una compilación que prepara la ACNUDH y que contiene: Un resumen de la información relativa al país examinado que puede encontrarse en los organismos dedicados a la vigilancia de los tratados (p.ej. Comité de los Derechos del Niño, Comité de Derechos Humanos, Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc.) que comprende tanto los informes presentados por el país como los comentarios y observaciones del Comité (que pueden incluir referencias a informes sombra presentados por ONGs); Un resumen de las menciones al país examinado formuladas por los procedimientos especiales (Relatoras/es Especiales, Grupos de Trabajo, etc.) en sus informes anuales y/o sus informes de visitas realizadas al país; Otros documentos oficiales de DDHH producidos por la ONU en los que el país examinado aparezca mencionado. Esta compilación no debe superar las 10 páginas. 3. Información “creíble y relevante” suministrada por otras partes relevantes (ONGs y también INDH). Un resumen de esta información será compilada por el ACNUDH y tampoco podrá exceder las 10 páginas.
¿Cómo se realiza el EPU? De los grupos regionales se eligen a tres Relatoras/es que se encargarán de facilitar el proceso, asistidos por la oficina del ACNUDH. El país examinado puede pedir que uno/a de las/os Relatoras/es sea de su propio grupo regional y también puede objetar una vez a la presencia de algún/a Relator/a. Durante la sesión regular del Consejo se destinan 3 horas a la realización del EPU. La sesión la conduce el Presidente del Consejo. Adopta la modalidad de “diálogo interactivo”. El país examinado presenta su Informe y los otros miembros del Consejo, así como los observadores, pueden hacerle preguntas. Las INDH y las ONG pueden asistir al EPU, pero no intervenir en él, aunque Las/os Relatoras/es juegan un rol destacado ya que son los primeros que formulan preguntas al país examinado. Luego, las/os relatoras/es redactan su informe, que resume el examen y formula recomendaciones. Cuando las recomendaciones cuentan con el acuerdo del país examinado, conservan su estatus de tales. Si el país examinado no está de acuerdo con ellas, se toma nota de ellas y se las incluye en el informe, pero no entrañan obligación alguna. El informe es leído en la plenaria; el país examinado, los otros integrantes del Consejo y los observadores, así como las INDH y las ONGs pueden formular comentarios, y luego se procede a la votación. Para cada caso particular, el Consejo decidirá si es necesario implementar una modalidad específica para dar seguimiento a las recomendaciones o si simplemente se seguirá el procedimiento estándar, que consiste en que la siguiente vez que el país sea examinado en el EPU, lo será sobre todo en base a las recomendaciones formuladas en este informe. Declaración Universal de los Derechos humanos
Link en Español Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración DETENCION ARBITRARIA
"Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado"
(Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 9)
A partir de 1975, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha venido creando una serie de mecanismos destinados a mejorar la protección internacional de los derechos humanos cuando se presentan situaciones que parecen revelar un cuadro persistente de violaciones de esos derechos. Estos procedimientos se basan en la resolución N° 1235 (XLII) del Consejo Económico y Social, de 6 de junio de 1967, y se crean por una resolución de la Comisión de Derechos Humanos (integrada actualmente por 53 miembros). Pueden referirse a países en que existen cuadros semejantes de violaciones, a violaciones de determinados derechos (tales como la libertad de expresión y de opinión o la independencia de los jueces y abogados) o a formas especialmente graves de violaciones de los derechos humanos (desapariciones forzadas, tortura, violencia contra la mujer, etc.). En estos procedimientos se analiza el "tema" de la "situación" que es objeto del mandato. Según el sistema utilizado, el Presidente de la Comisión nombra a una persona con capacidad especial en el asunto que se examina (conocida como el "Relator Especial") o a un grupo de expertos ("Grupo de Trabajo") para que investiguen la cuestión y presenten un informe a la Comisión en su próximo período de sesiones anual. El mandato de los relatores por países es de un año y el de los relatores y grupos de trabajo temáticos es de tres años.
Los procedimientos especiales deben distinguirse de los llamados órganos creados en virtud de tratados, cuyo fundamento jurídico es un tratado (convenio o pacto) de derechos humanos y cuyos miembros son elegidos por una reunión de los Estados partes.
Todos los países hacen frente a la práctica de la detención arbitraria, que no conoce fronteras. Miles de personas están sometidas a la detención arbitraria cada año:
- ya sea sólo porque han ejercido uno de sus derechos fundamentales garantizados con arreglo a tratados internacionales, tales como su derecho a la libertad de opinión y expresión, su derecho a la libertad de asociación, o su derecho a salir del propio país y regresar a él, proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos;
- o bien porque, no pudiendo beneficiarse de las garantías fundamentales del derecho a un juicio imparcial, han sido detenidas sin que se dicte una orden de arresto, sin ser acusadas ni juzgadas por una autoridad judicial independiente, o sin tener acceso a un abogado; a veces se mantiene a los detenidos en régimen de incomunicación durante varios meses o años, o incluso indefinidamente;
- o debido a que siguen detenidas aunque se haya cumplido la medida o sanción que se les había aplicado;
- o, por último, debido a la práctica cada vez más difundida y preocupante de la detención administrativa, sobre todo en el caso de personas que tratan de obtener asilo.
Puesto que la detención en sí misma no es una violación de los derechos humanos, el derecho internacional ha venido tratando de definir los límites después de los cuales toda detención, sea administrativa o judicial, se convierte en arbitraria.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha ocupado desde 1985 de la inquietante difusión de estas prácticas. En 1990, la Comisión pidió a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías que realizara un estudio a fondo de la cuestión y le presentara recomendaciones para la reducción de dichas prácticas.
Al mismo tiempo, la preocupación por las garantías de que deben disfrutar todas las personas privadas de libertad se manifestó al aprobar la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1988, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (véase el anexo II).
En 1991, de conformidad con las recomendaciones formuladas en el informe antes mencionado de la Subcomisión, la Comisión de Derechos Humanos creó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que pasó a formar parte de los procedimientos existentes establecidos por iniciativa de la Comisión a fin de garantizar la protección del derecho a la vida y a la integridad física, el respeto por la tolerancia religiosa, y
La Comisión de Derechos Humanos ha encomendado al Grupo de Trabajo el siguiente mandato:
a) investigar los casos de detención impuesta arbitrariamente o que por alguna otra circunstancia sea incompatible con las normas internacionales pertinentes enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, siempre que los órganos jurisdiccionales no hayan adoptado una decisión definitiva al
respecto, de conformidad con la legislación nacional;
b) solicitar y recibir información de los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y recibir información de las personas interesadas, sus familias o sus representantes;
c) presentar un informe completo a la Comisión en su período de sesiones anual.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es el único mecanismo que no ha sido creado en virtud de un tratado en cuyo mandato se prevé expresamente el examen de denuncias individuales. Esto significa que sus actividades se basan en el derecho de petición de los particulares en cualquier parte del mundo.
En el mandato se estipula asimismo que el Grupo debe llevar a cabo su tarea con discreción, objetividad e independencia. Con estos antecedentes, el Grupo ha adoptado la norma de que cuando el caso que se examina se refiere a un país del que es nacional uno de los miembros del Grupo, ese miembro no participa en el debate.
El Grupo de Trabajo está integrado por cinco expertos independientes designados después de las consultas efectuadas por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos a la luz de los criterios de distribución geográfica equitativa que se aplican en las Naciones Unidas (véase el anexo III). El primer período de sesiones del Grupo de Trabajo se celebró en septiembre de 1991. La Comisión de Derechos Humanos
prorroga el mandato del Grupo cada tres años. Al comenzar cada mandato de tres años, los miembros del Grupo de Trabajo eligen a su Presidente y Vicepresidente.
El Grupo cuenta con la asistencia de la secretaría a lo largo del año y celebra tres períodos de sesiones al año, cada uno de los cuales dura entre cinco y ocho días laborables.
Cuando se vuelve arbitraria la privación de libertad?
En los instrumentos internacionales no se ha respondido de manera definitiva a la cuestión de cuándo es o se vuelve arbitraria una detención. En el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se limita a prever que "Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado". El párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no es mucho más claro: "Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta".
Al determinar el mandato del Grupo de Trabajo, la Comisión utilizó un criterio pragmático: si bien no definió el término "arbitraria", consideró como arbitrarias las medidas de privación de la libertad que, por una u otra razón, eran contrarias a las disposiciones internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes ratificados por los Estados (resolución 1991/42, aclarada en la resolución 1997/50).
En la resolución 1997/50 se estima que no es arbitraria la privación de libertad cuando emana de una decisión definitiva adoptada por un órgano judicial nacional que se ajuste a a) la legislación nacional y b) las normas internacionales pertinentes enumeradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes adoptados por los Estados de que se trate.
A fin de poder llevar a cabo sus tareas aplicando criterios lo bastante precisos, el Grupo de Trabajo ha adoptado criterios para el examen de los casos que se le someten, inspirándose en las disposiciones antes mencionadas de la Declaración y el Pacto, así como en el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. En consecuencia, según considera el Grupo, la privación de libertad es arbitraria si el caso está comprendido en una de las tres categorías siguientes:
A fin de evaluar el carácter arbitrario, si lo hubiere, de los casos de privación de libertad de la categoría III, el Grupo de Trabajo tiene presentes, además de los principios generales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, varios criterios tomados del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y, en lo que respecta a los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los criterios fijados en particular en los artículos 9 y 14 de dicho instrumento (véanse los anexos I y II).
El Grupo recibe con frecuencia comunicaciones en que se le pide que declare que una privación de libertad es "injusta", o que exprese una opinión acerca del valor de las pruebas presentadas durante un juicio. Se trata de esferas ajenas a la competencia del Grupo. El Grupo no debe evaluar los hechos y las pruebas de los distintos casos ni sustituirse a los tribunales de apelación nacionales. Del mismo modo, no es de su
competencia examinar denuncias sobre casos de detención y ulterior desaparición de personas, sobre presuntas torturas, o sobre condiciones inhumanas de detención. Cuando ocurren estas violaciones de los derechos humanos, el Grupo remite la cuestión al órgano competente que corresponda (como el Relator Especial sobre la Tortura o el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias).
| | | | Anexo I
Artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativos al mandato del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria Declaración Universal de Derechos Humanos
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías
que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la
publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se
3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías.
43/173. Conjunto de Principios para la protección de todas las personas
Recordando su resolución 35/177, de 15 de diciembre de 1980, en la cual remitió la tarea de elaborar el proyecto de Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión a la Sexta Comisión y decidió establecer un grupo de trabajo de composición no limitada para ese fin. Tomando nota del informe del Grupo de Trabajo sobre el proyecto de Conjunto de
Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión4/, que se reunió durante el cuadragésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General y completó la elaboración del proyecto de Conjunto de Principios.
Teniendo en cuenta que el Grupo de Trabajo decidió someter el texto del proyecto de Conjunto de Principios a la Sexta Comisión para su examen y aprobación5/ Convencida de que la aprobación del proyecto de Conjunto de Principios constituiría una aportación importante para la protección de los derechos humanos. Teniendo en cuenta la necesidad de velar por la amplia difusión del texto del Conjunto de Principios, 1. Aprueba el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, cuyo texto figura como anexo a la presente resolución;
2. Expresa su reconocimiento al Grupo de Trabajo sobre el proyecto de Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión por su importante contribución a la elaboración del Conjunto de Principios; 3. Pide al Secretario General que comunique a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los miembros de los organismos especializados la aprobación del Conjunto de Principios;
4. Insta a que se haga todo lo posible para que el Conjunto de Principios llegue a ser universalmente conocido y respetado.
76° sesión plenaria
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONJUNTO DE PRINCIPIOS
f) Por "un juez u otra autoridad" se entiende una autoridad judicial u otra autoridad establecida por ley cuya condición y mandato ofrezcan las mayores garantías posibles de comprensión, imparcialidad e independencia.
Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad.
2. Las medidas que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a proteger exclusivamente los derechos y la condición especial de la mujer, en particular de las mujeres embarazadas y las madres lactantes, los niños y los jóvenes, las personas de edad, los enfermos o los impedidos, no se considerarán discriminatorias. La necesidad y la aplicación de tales medidas estarán siempre sujetas a revisión por un
juez u otra autoridad.
Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes**/. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
1. Los Estados deberán prohibir por ley todo acto contrario a los derechos y deberes que se enuncian en los presentes principios, someter todos estos actos a las sanciones procedentes y realizar investigaciones imparciales de las denuncias al respecto.
Toda persona arrestada será informada en el momento de su arresto de la razón por la que se procede a él y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. Principio 11
A reserva de las excepciones consignadas en el párrafo 4 del principio 16 y el párrafo 3 del principio 18, no se mantendrá a la persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, en particular de su familia o su abogado, por más de algunos días. Principio 16
1. Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. La autoridad competente les informará de ese derecho prontamente después de su arresto y les facilitará medios adecuados para ejercerlo. 2. La persona detenida que no disponga de asistencia de un abogado de su elección tendrá derecho a que un juez u otra autoridad le designe un abogado en todos los casos en que el interés de la justicia así lo requiera y sin costo para él si careciere de medios suficientes para pagarlo.
3. El derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por su abogado y a consultarlo y comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en régimen de absoluta confidencialidad, no podrá suspenderse ni restringirse, salvo en circunstancias excepcionales que serán determinadas por la ley o los reglamentos dictados conforme al derecho, cuando un juez u otra autoridad lo considere indispensable para mantener la seguridad y el orden.
Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho. Principio 20
Quedará debida constancia en registros el hecho de que una persona detenida o presa ha sido sometida a un examen médico, del nombre del médico y de los resultados de dicho examen. Se garantizará el acceso a esos registros. Las modalidades a tal efecto serán conformes a las normas pertinentes del derecho
interno. Principio 27
La persona detenida o presa tendrá derecho a obtener, dentro de los límites de los recursos disponibles si se trata de fuentes públicas, cantidades razonables de materiales educacionales, culturales y de información, con sujeción a condiciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de detención o prisión. Principio 29
1. Los tipos de conducta de la persona detenida o presa que constituyan infracciones disciplinarias durante la detención o la prisión, la descripción y duración de las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse y las autoridades competentes para aplicar dichas sanciones se determinarán por ley o por reglamentos dictados
conforme a derecho y debidamente publicados.
1. La persona detenida o presa o su abogado tendrá derecho a presentar a las autoridades encargadas de la administración del lugar de detención y a las autoridades superiores y, de ser necesario, a las autoridades competentes que tengan atribuciones fiscalizadoras o correctivas, una petición o un recuso por el trato de que haya sido objeto, en particular en caso de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
3. La petición o recurso serán confidenciales si así lo pidiere el recurrente. 4. Toda petición o recurso serán examinados sin dilación y contestados sin demora injustificada. Si la petición o recurso fueren rechazados o hubiere un retraso excesivo, el recurrente tendrá derecho a presentar una petición o recurso ante un juez u otra autoridad. Ni las personas detenidas o presas ni los recurrentes sufrirán perjuicios por haber presentado una petición o recurso de conformidad con el párrafo
1 del presente principio.
Si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez u otra autoridad, de oficio o a instancias de un miembro de la familia de esa persona o de alguna persona que tenga conocimiento del caso, investigará la causa de la muerte o desaparición. Cuando las circunstancias lo justifiquen se llevará a cabo una investigación iniciada de la misma manera cuando la muerte o desaparición ocurra poco después de terminada la detención o prisión. Las conclusiones de esa
Investigación o el informe correspondiente serán puestos a disposición de quien lo solicite, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso.
2. Sólo se procederá al arresto o detención de esa persona en espera de la instrucción y el juicio cuando lo requieran las necesidades de la administración de justicia por motivos y según condiciones y procedimientos determinados por ley. Estará prohibido imponer a esa persona restricciones que no estén estrictamente justificadas para los fines de la detención o para evitar que se entorpezca el proceso
de instrucción o la administración de justicia, o para el mantenimiento de la seguridad y el orden en el lugar de detención.
Toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin demora tras su detención ante un juez u otra autoridad determinada por ley. Esa autoridad decidirá sin dilación si la detención es lícita y necesaria. Nadie podrá ser mantenido en detención en espera de la instrucción o el juicio salvo en virtud de orden escrita de dicha autoridad. Toda persona detenida, al comparecer esa autoridad, tendrá
derecho a hacer una declaración acerca del trato que haya recibido durante su detención.
INFORME DE LAS NACIONES UNIDAS DE ARGENTINA1
Ley 13433 resolución conflictos penales
Ley 13449 Reforma excarcelaciones

References: Resolución 
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 artículo 9
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