Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1187679
Timestamp: 2019-10-21 06:19:41+00:00

Document:
Declara la Sala que la prolongación excesiva del procedimiento, con retrasos que van más allá de lo razonable, o de los estándares que pueden reputarse normales para su tramitación, pueden dar lugar a la declaración de responsabilidad, en tanto que agravan el padecimiento moral de la imputación, o de las medidas adoptadas -en este caso suspensión del régimen de visitas, orden de alejamiento y comparecencia mensual en el juzgado-, ya que de haberse tramitado con normalidad las citadas cautelas hubiera tenido una menor duración. Como alega el recurrente la suma reconocida por la Administración -10.000 euros como indemnización por el tiempo que se vio privado de la posibilidad de relacionarse con sus hijas-, es insuficiente, pues esa suma no resarce el daño moral provocado por la prolongación no justificada del procedimiento y de las medidas cautelares; además el recurrente se ha visto sujeto a un procedimiento especialmente infamante.
Nº de Recurso: 432/2017
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el presente Recurso tramitado con el número432/2017, seguido a instancia de DON Hernan, quien actúa representado por la procuradora Doña Esther Lucía Calatrava Gil y defendida por el letrado Don Igor Fernández Barceló, contra la Resolución de 23 de marzo de 2017, dictada por la Secretaria de Estado de Justicia, por delegación del Ministro de Justicia, siendo demandada la Administración del Estado, representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado.
PRIMERO.- Co n fecha 2 de junio de 2017 fue presentado escrito por la procuradora Doña Esther Lucía Calatrava Gil, en nombre y representación de DON Hernan, interponiendo recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución de 23 de marzo de 2017, dictada por la Secretaria de Estado de Justicia, por delegación del Ministro de Justicia, en la que de acuerdo con el informe del Consejo de Estado, se estimaba en parte la reclamación de indemnización con cargo al Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, formulada por dicho señor, concediéndole como indemnización la cantidad de 10.000 euros.
SEGUNDO.- Admitido a trámite el escrito se tuvo por interpuesto el recurso, se acordó su sustanciación de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosaadministrativa, teniendo por personado y parte al procurador indicado, y reclamado el expediente de la Administración demandada, se dio traslado del mismo a la recurrente para que presentara demanda en legal forma; Evacuado el traslado conferido dentro de plazo, formuló escrito de demanda en el que tras exponer los hechos y fundamentos que estimó de aplicación, terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se declare no conforme a derecho la resolución impugnada, y condene al Ministerio de Justicia a abonar al demandante 218.229,52 euros, en concepto de indemnización por daños morales, psíquicos y materiales, derivados del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, más los intereses legales desde la fecha de la entrada de la reclamación en vía administrativa (5 de junio de 2014), los intereses del artículo 106.2 de la LJCA y las costas.
PRIMERO.-Reclamación administrativa y resolución impugnada.- La resolución que constituye el objeto de este recurso expresa los términos en los que se propone la reclamación de acuerdo con lo siguiente:
-Do n Hernan presenta escrito en el Ministerio de Justicia, el día 28 de mayo de 2014, en el que reclama por funcionamiento de la Administración de Justicia una indemnización de doscientos mil euros (200.000 euros), en relación con las actuaciones Judiciales seguidas, en el Sumario 31/2010-Secclón B- de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona (Sumarlo Ordinario no 3/10 del Juzgado de Instrucción n.º 2 de DIRECCION003 ), que fueron elevadas el día 9 de abril de 2014 a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La naturaleza de los hechos Investigados no permite justificar la necesidad de tan dilatado lapso temporal para la Instrucción y enjuiciamiento de la causa. La propia Audiencia Provincial de Tarragona, al decretar el levantamiento de las medidas cautelares mediante Auto de 28 de mayo de 2013, tuvo en cuenta, para justificar su decisión, la demora que se había producido en la Instrucción del procedimiento: "La tramitación de la fase Instructora se demoró más de cuatro años, sin que en principio -dice el auto- ni la entidad ni el número de diligencias Instructoras acordadas Justifiquen tal retraso". Aparte de esta consideración general, el examen de las actuaciones evidencia diversos periodos de Inactividad durante la fase Instructora: así, por ejemplo, el Juzgado ordenó, mediante Auto de 28 de Junio de 2007, que la menor fuera examinada por la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, pero el Informe del Equipo de Asesoramiento Técnico Penal no se Incorporó hasta el 14 de diciembre de 2007, casi seis meses más tarde; en el mes de mayo de 2008, el Ministerio Fiscal Interesó del Juzgado la petición de un Informe al Hospital DIRECCION000, que no se Incorporó hasta el 10 de Julio de 2009, más de un año después; la Inhibición en favor del Juzgado de DIRECCION003 se adoptó mediante Auto de 20 de enero de 2010, dictado dos años y medio más tarde de la interposición de la denuncia; y, en fin, el Juzgado de DIRECCION003 tardó diez meses, cuando la causa ya estaba Instruida, en decretar, mediante Auto de 25 de octubre de 2010, la continuación del procedimiento por las reglas del sumarlo ordinario.
La existencia de tales dilaciones comportó que el Sr. Hernan estuviera sometido a las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y suspensión del régimen de visitas a sus hijas durante más tiempo del debido. En el ya mencionado Auto de 28 de mayo de 2013, la Audiencia Provincial de Tarragona decretó su alzamiento señalando que "las medidas cautelares en su día adoptadas han superado en atención al tiempo en que han estado vigentes (en relación a la pena que en su caso pudiera llegarse a Imponer al acusado) el límite de lo razonable". El alzamiento de estas medidas no trajo consigo, sin embargo, el restablecimiento de las relaciones del Sr. Hernan con sus hijas, ya que la Audiencia Provincial de Tarragona entendió que debía ser la jurisdicción civil quien adoptase las correspondiente medidas al respecto: según dijo la Audiencia, debían "activarse, con rapidez y diligencia, los mecanismos civiles específicos que tiendan a favorecer una respuesta estable y ponderada al grave conflicto surgido, abriendo un Incidente en el procedimiento de familia en el que se puedan sustanciar los estudios y seguimientos mencionados en esta resolución". Pese a la Indicación de la Audiencia Provincial de Tarragona, encareciendo a la jurisdicción civil para que actuase con rapidez y diligencia, el Sr. Hernan no pudo comunicarse con sus hijas hasta casi dos años más tarde, cuando se dictó, en el procedimiento contencioso de divorcio, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de DIRECCION001 , de 7 de abril de 2015, por la que se acuerda la "reanudación de las visitas entre el padre y las menores de forma gradual”.
En resumen: entre el 16 de junio de 2007 -fecha en que el Juzgado de Instrucción n.º 4 de DIRECCION001, en fundones de guardia, adoptó las medidas cautelares- y el 7 de abril de 2015 -fecha en que se dictó la sentencia de divorcio- transcurrieron casi ocho años, durante los cuales el Sr. Hernan no pudo acercarse a sus hijas, visitarlas o incluso -tal era el rigor de las medidas acordadas- tener "coincidencias espaciales" con ellas.
Si el proceso penal se hubiera tramitado en un plazo razonable, sin las dilaciones apreciadas, y la jurisdicción civil hubiese adoptado las medidas oportunas con la rapidez y diligencia exigidas por la Audiencia Provincial de Tarragona, el periodo de incomunicación entre el Sr. Hernan y sus hijas habría sido ostensiblemente menor.
Los daños y perjuicios ocasionados por tal circunstancia son difícilmente evaluables, pero en todo caso resultan superiores a los 3.000 euros propuestos por el órgano Instructor. A tal efecto es preciso tener en cuenta el siguiente dato: en el momento de adopción de las medidas cautelares -16 de junio de 2007-, las hijas del ahora reclamante, Aida, nacida el NUM000 de 2001, e Angelina, nacida el NUM001 de 2003, tenían seis y tres años de edad respectivamente; en la fecha en que se acordó la reanudación del contacto entre padre e hijas -7 de abril de 2015-, Aida e Angelina tenían trece y once años de edad. No es difícil comprender que la ausencia de cualquier relación entre padre e hijas durante esas edades ha supuesto un coste persona muy elevado para el ahora reclamante: el daño moral que este alega se encuentra, por tanto, suficientemente justificado.
"1. Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título.
3. La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a indemnización".
A su vez, esta anormalidad ha de valorarse, con un criterio objetivo, partiendo de una apreciación razonable de los niveles de exigencia que la Administración de Justicia, desde el punto de vista de la eficacia, debe cumplir según las necesidades de la sociedad actual y para alcanzar los cuales los poderes públicos están obligados a procurar los medios necesarios ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6.ª, Sentencia de 21 Junio 1996, Rec. 5157/1993); El Tribunal Supremo (entre otras, en Sentencia de 11 de noviembre de 1993) señala que " La anormalidad de ese funcionamiento no implica, desde luego, referencia alguna necesaria al elemento de ilicitud o culpabilidad en el desempeño de las funciones judiciales al tratarse de un tipo de responsabilidad objetiva" y que "El concepto de anormalidad en el funcionamiento de la Administración constituye un concepto jurídico indeterminado que debe quedar integrado en función de la naturaleza de los actos emanados de la función y las circunstancias concretas concurrentes en el supuesto enjuiciado".
A su vez, venimos recordando que la reclamación patrimonial derivada de error judicial, exige a tenor del artículo 293 de la LOPJ, una previa declaración judicial que constate el error. El precepto dispone que:
"1. La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión. En cualquier otro caso distinto de éste se aplicarán las reglas siguientes:
b) La pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error, y si éste se atribuyese a una Sala o Sección del Tribunal Supremo la competencia corresponderá a la Sala que se establece en el artículo 61. Cuando se trate de órganos de la jurisdicción militar, la competencia corresponderá a la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo. (....) 2. Tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el daño causado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, el interesado dirigirá su petición indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado. Contra la resolución cabrá recurso contencioso-administrativo. El derecho a reclamar la indemnización prescribirá al año, a partir del día en que pudo ejercitarse".
Con carácter previo hemos de poner de relieve que la reclamación administrativa inicial deducida por el demandante se circunscribía a reclamar en concepto de daños los "daños morales consistentes en la privación del régimen de visitas y contacto con sus hijas desde junio de 2007 hasta marzo de 2014", a cuyo efecto se solicitaba la "evaluación económica de los daños causados por la rotura del vínculo paterno-filial, los daños morales causados por la privación de la libertad deambulatoria desde junio de 2007 hasta junio de 2013 como consecuencia de la orden de alejamiento y la evaluación psicológica de los daños psicológicos referidos en el informe aportado por esta parte" (informe de 12 de mayo de 2014, unido a la reclamación emitido en Tarragona por Frida ). No se reclamaban los daños consistentes en los gastos de abogado y procurador que ahora se demandan, respecto de los que existe un nuevo pedimento, del que no tuvo conocimiento la Administración y comporta desviación procesal vedada, en tanto que introduce una pretensión nueva ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 20 Julio 2012, Rec. 5435/2009; Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5.ª, Sentencia 24/2018 de 15 Enero 2018, Rec. 2786/2016). En cualquier caso, no sería abonable este concepto, puesto que tales gastos del proceso encuentran su resarcimiento a través de la condena en costas, de modo que si en vía civil o penal no cabe ese resarcimiento de los gastos devengados en el proceso, la demanda de responsabilidad patrimonial no resulta idónea para conceder aquello que el ordenamiento jurídico niega con carácter general. Por lo tanto, tal concepto no podría reconocerse en ningún caso, puesto que debe encontrar su cauce a través de las normas que regulan la condena en costa ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6.ª, Sentencia de 8 Octubre 2010, Rec. 4723/2006, FD 6.º).
5.1.- Fuera de este caso, la prolongación excesiva del procedimiento, con dilaciones o retrasos que van más allá de lo razonable, o de los estándares que pueden reputarse normales para la tramitación de un procedimiento sí que pueden dar lugar a la declaración de responsabilidad, en tanto que agravan el padecimiento moral de la imputación, o de las medidas adoptadas (en este caso suspensión del régimen de visitas, orden de alejamiento y comparecencia mensual), ya que de haberse tramitado con normalidad las citadas cautelas hubiera tenido una menor duración el procedimiento. Quiere ello decir que la prolongación inadecuada del procedimiento hace que permanezcan o se agraven los daños que puede provocar el procedimiento penal y las medidas cautelares restrictivas de derechos adoptadas frente a un ciudadano.
Por un lado, contamos con el informe de evaluación psicológica del demandante de 12 de mayo de 2014, en el que la perito psicóloga Doña Frida, especifica que "la valoración que presentamos a continuación corresponde a un momento evolutivo determinado, no debiendo considerarse las conclusiones como definitivas e irreversibles. Por tanto, la interpretación del presente informe ha de ser flexible". El informe realiza un resumen de las vicisitudes procesales acaecidas desde el 16 de junio de 2007, fecha el que el Sr. Hernan recibe la orden de alejamiento, con el resultado de no poder comunicarse con sus hijas hasta el 1 de marzo de 2014; En esa fecha, dice el informe, realiza la primera visita con sus hijas en el punto de encuentro de DIRECCION001, comprobando el padre que la relación con sus hijas "es nula". El informe refiere que posteriormente ha realizado más visitas, con escasos resultados toda vez que indica que en "dichas visitas de 20 minutos", "sus hijas se niegan a sentarse en la mesa de conversaciones. Están todo el rato de pie, dando la espalda a su padre y mirando el reloj. Contestando alguna vez algún monosílabo. Situación esta que está causando al Sr. Hernan una sensación de impotencia y angustia". Detalla que el informado "empezó la consulta en enero de 2011, y sigue en la actualidad, de manera periódica, por el malestar que le había producido la denuncia, que le había puesto su exmujer el 15-6-2007......". "los hechos enunciados - sigue el informe- le produjeron al Sr. Hernan unos síntomas compatibles con estado depresivo severo,... ansiedad moderada,... somatización moderada".
La sentencia de divorcio de 7 de abril de 2015, otorga definitivamente un régimen de visitas al padre de las menores, a través del punto de encuentro ya citado, si bien la familia queda en lista de espera o en situación de derivación a otro punto cercano debido a la imposibilidad de hacerse cargo del caso (informe de 7 de marzo y 17 de junio de 2015, emitidos por el Servicio Técnico del Punto de Encuentro Familiar de la Creu Roja de DIRECCION002).
Estas sumas comprenden la totalidad del daño moral y personal, sobre cuyo particular se ha de indicar, que si bien es cierto que el demandante aportó un informe pericial psicológico, de cuyo contenido hemos dejado constancia, este se refiere a un momento determinado (12 de mayo de 2014) y comprende el periodo 2011-2014, respecto del que se indica que se aprecian síntomas compatibles con la depresión y ansiedad, impotencia etc. Pero todos esos signos se asocian al hecho de la denuncia por abusos sexuales deducida por la esposa. Luego, no pueden anudarse al hecho de la dilación en puridad. Además contrastan con el hecho reflejado en los informes del punto de encuentro de DIRECCION002, relativo a la posición optimista y entusiasta del padre (informe de 11 de junio de 2014 del Servicio Técnico del Punto de Encuentro Familiar de DIRECCION002 ), una vez casada la medida.
A esta suma ha de añadirse el interés legal, conforme a lo previsto en el artículo 141.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme al cual "La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria".
Tales intereses se devengarán desde la fecha de la reclamación administrativa, como medio de actualizar una deuda de valor, que trata de lograr el íntegro resarcimiento, conforme venimos reconociendo en casos semejantes ( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, Sentencia 761/2016 de 14 de diciembre 2016, Rec. 820/2014, Sentencia de 14 junio 2011, Rec. 608/2009 o 26 de septiembre de 2013, rec. 637/2012).
ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo promovido por DON Hernan, contra la Resolución de 23 de marzo de 2017, dictada por la Secretaria de Estado de Justicia, por delegación del Ministro de Justicia, contra por no ser conforme a derecho.
En su lugar se anula dicha Resolución, reconociendo el derecho del demandante a percibir en concepto de indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia la cantidad de 42.000 euros (que se añaden a los 10.000 € reconocidos por la Administración), así como los intereses legales devengados desde la fecha de la reclamación administrativa el 5 de junio de 2014, y, en su caso, los intereses a que se refiere el artículo 106.2 de la LJCA.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 106
 resolución 
 resolución 
 artículo 293
 artículo 61
 resolución 
 artículo 141
 Resolución 
 artículo 106