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Giovani Rodríguez Vélez y su Esposa Gidalsy Rivera Hernández y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos Peticionarios v. Bahía Park, S.E.; Carlos García Muñiz y su esposa Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, personalmente y como socios de Bahía Park, S.E., los demás socios actualmente desconocidos de Bahía Park, S.E.; Denominados Provisionalmente X, Y y Z Recurridos
Certiorari 2010 TSPR 226 180 DPR ____
Número del Caso: CC-2008-518
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Superior, Panel VI, Especial Juez Ponente: Hon. Lourdes Velázquez Cajigas
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Juan Carlos Pou Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo.Juan A. Moldes Rodríguez
Materia: Incumplimiento de Contrato, Daños y Perjuicios
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Giovani Rodríguez Vélez y su esposa Gidalsy Rivera Hernández y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos Peticionarios v. Bahía Park, S.E.; Carlos García Muñiz y su esposa Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, personalmente y como socios de Bahía Park, S.E., los demás socios actualmente desconocidos de Bahía Park, S.E.; Denominados Provisionalmente X, Y y Z Recurridos Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES CC-2007-518
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2010.
peticionaria,
Vélez, su esposa Gidalsy Rivera Hernández y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, nos solicitan la revisión de un dictamen del Tribunal de Apelaciones que confirmó una sentencia de de del San Tribunal Juan, y en de la Primera que se e
Instancia, desestimó
Superior demanda
incumplimiento de contrato. Mediante dicha sentencia, el foro primario acogió una moción de sentencia sumaria
presentada por Bahía Park S.E. (Bahía Park), en la que se aseguró que el contrato de corretaje, de tipo abierto,
CC-2007-518
que se alegaba existía entre las partes, era nulo por carecer de fecha de vencimiento, contrario a lo que exige el Artículo 31, inciso 9, de la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994, 20 L.P.R.A. sec. 3054(9), conocida como la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces en
Puerto Rico (Ley Núm. 10). Para resolver este caso tenemos que interpretar el Artículo 31, inciso 9, de la Ley Núm. 10 para determinar si todos los contratos de corretaje deben tener fecha de vencimiento. Luego de realizar un detenido análisis,
resolvemos que todos los tipos de contrato de corretaje deben tener fecha de vencimiento, conforme a la intención legislativa Bienes de la en Ley para Reglamentar También el Negocio de en
cuáles circunstancias un corredor de bienes raíces tiene derecho a recibir compensación cuando la compraventa se perfeccionó corretaje. I En febrero de 1998, el señor Rodríguez Vélez era empleado de Masterlite Product, Inc. (Masterlite) y luego de estar vencido el contrato de
Corredor de bienes raíces con licencia. En Masterlite, el señor Rodríguez Vélez conoció al Sr. Carlos García Muñiz, accionista de esa entidad y dueño de la entidad comercial Bahía Park. En una reunión, García Muñiz le indicó a Rodríguez Vélez que Bahía Park había adquirido unos
terrenos en el área de Cataño y que tenía la intención de
venderlos. Al poco tiempo, el señor Rodríguez Vélez cesó en sus funciones en Masterlite y continuó ejerciendo como corredor independiente de bienes raíces. En marzo del 1998, el señor Rodríguez Vélez se
enteró de que Supermercados Amigo necesitaba una finca para relocalizar sus almacenes generales. Por tal razón, coordinó una reunión con el señor García Muñiz para ver si Bahía Park aún interesaba vender la finca que había adquirido en el Municipio de Cataño. El señor Rodríguez Vélez le proveyó información relacionada a lo que había escuchado y le preguntó si interesaba que él realizara algún acercamiento a Supermercados Amigo con relación a la finca. El señor García Muñiz aceptó y llegó a unos acuerdos preliminares con el corredor Rodríguez Vélez. Como resultado de lo anterior el señor Rodríguez
Vélez redactó una carta el 17 de marzo de 1998, en la que alegadamente recopiló los acuerdos llegados hasta ese
momento. Dicha carta indicaba lo siguiente: Según conversación que mantuviéramos en las pasadas semanas en su oficina, le informo que en relación a la posible venta de la finca de 22.37 cuerdas radicada en el Sector Industrial Bahía de Cataño, Puerto Rico, estamos manteniendo negociaciones con el licenciado Luis Colón Martínez, representante de Supermercados Amigo. Hasta el momento estos clientes se han mantenido positivamente interesados en la propiedad. Aprovecho la oportunidad para confirmar acuerdos que habíamos tenido anteriormente. los
-El precio de venta en terreno utilizable será de sesenta dólares ($60.00) por metro cuadrado,
CC-2007-518 -El precio de venta en terreno no utilizable (wetland) será de diez dólares ($10.00) por metro cuadrado, -La comisión a ser pagada será de cinco porciento (5.0%) del precio de venta total. Próximamente estaremos coordinando una reunión en sus oficinas para discutir los detalles de la negociación con amplitud.
El señor Rodríguez Vélez coordinó una visita a la finca de Cataño para varios representantes de
Supermercados Amigo. Éstos demostraron tener interés en la propiedad, de pero le le indicaron que &quot;la a determinación la Junta de
Directores de Supermercados Amigo&quot;. Incluso, el corredor expuso en su deposición que &quot;las personas que yo llevé no dependían de ellos para tomar la decisión sino que tenían que ir entonces donde una Junta de Directores que
aprobara y ese tipo de cosas&quot;. Posteriormente, el señor Rodríguez Vélez realizó varias llamadas de seguimiento, sin éxito, a los representantes del supermercado. Por otra parte, el entonces abogado de Supermercados Amigo, Lcdo. Luis A. Avilés Pagán, quien había fungido de 1995 a 1998 como representante legal de Bahía Park, fue el que se encargó de llevar a la atención de la Junta de Directores de Supermercados Amigo (Junta), el 4 de mayo de 1999, la disponibilidad El la de los terrenos Pagán del señor en el
Muñiz. de
licenciado existencia
Avilés de los
advino por
tiempo que colaboró con el señor García Muñiz en Bahía Park.
CC-2007-518 La Junta estaba evaluando la viabilidad de
5 unos
terrenos en Caguas para establecer un almacén central. Fue entonces cuando el licenciado Avilés Pagán solicitó y obtuvo autorización para consultar con el Lcdo. Ricardo Muñiz, abogado de Bahía Park y su antiguo compañero de trabajo, si los terrenos de Cataño seguían disponibles. Ambos representantes legales notificaron al señor García Muñiz Según el la interés parte de Supermercados &quot;[f]ue Amigo en en la finca. de la
comunicación generada entre dichos representantes legales que en junio 1999, Bahía Park y Supermercados Amigo, Inc. suscribieron un contrato de opción para la compra de
estos terrenos y el 23 de noviembre de 1999, suscribieron la escritura de compraventa de los mismos&quot;. La escritura de compraventa fue por la cantidad de $5,847,925.50. Así pues, a finales de 2001, el señor Rodríguez
Vélez se enteró de que Supermercados Amigo había comprado los terrenos a Bahía Park. El señor Rodríguez Vélez
reclamó la comisión de la compraventa al señor García Muñiz, quien le indicó que no le pagaría por no haber sido el promotor de la venta final. El 16 de abril de 2002, el señor Rodríguez Vélez presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra Bahía Park, el señor García Muñiz, su esposa y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos. Solicitó que los
demandados pagaran la comisión de la compraventa de los
terrenos de Cataño a razón de 5% del precio de venta, equivalente a una suma de $250,000.00. A esos efectos, alegó que había sido él quien había llevado a los
representantes de Supermercados Amigo a ver el terreno por primera vez y que conforme a los acuerdos verbales, ratificados en la carta del 17 de marzo de 1998, tenía derecho a recibir retribución por esa venta. Finalmente solicitó $100,000.00 en concepto de daños. La parte recurrida contestó la demanda y señaló que los acuerdos que había hecho con el señor Rodríguez Vélez eran todos preliminares; que estipularon una comisión de un 4% del precio de venta; que ese acuerdo no sería un contrato de servicios con carácter exclusivo sino uno de tipo abierto; y que vencería a los seis meses. Explicó que desde marzo de 1998 hasta finales del 2001, el señor Rodríguez entendió Vélez que el no se había comunicado expirado con él y que
antes de otorgarse la compraventa. Como defensa afirmativa la parte recurrida señaló que el señor Rodríguez Vélez incumplió con el Artículo 31, inciso 9, de la Ley Núm. 10. Allí se establece que el corredor debe explicar al cliente en qué consiste el
acuerdo y exponer cuál es la fecha de su vencimiento. Además, la parte recurrida alegó que la carta de 17 de marzo de 1998 no era un contrato, pero que, aunque el tribunal contrato entendiera exclusivo, que por lo lo era, que no nada se trababa de un
corredor o ella misma intentara vender el bien. También explicó que el alegado contrato carecía de fecha de
vencimiento, por lo que conforme a la Ley Núm. 10 era nulo. Tras varios trámites procesales, el 13 de agosto de 2004 Bahía Park y el señor García Muñiz presentaron una solicitud de sentencia sumaria. Según ellos, &quot;la parte demandante basa su reclamación en una comunicación
redactada por el codemandante Giovanni Rodríguez, fechada el 17 de marzo de 1998, en la que pretendió confirmar los términos de un contrato de corretaje con Bahía Park,
S.E.&quot;. Adujeron que dicha comunicación no tenía fecha de vencimiento por lo que, de ser un contrato de corretaje, éste sería nulo al amparo del Artículo 31, inciso 9, de la Ley Núm. 10. A tales efectos, manifestaron que dicha ley fue enmendada por la Ley Núm. 271 de 6 de octubre de 1998, para prohibir las cláusulas de renovación
automática en todos los contratos de corretaje, con la intención de eliminar así la incertidumbre acerca de la extensión de esos contratos. En fin alegaron que todos los contratos de corretaje requieren fecha de
vencimiento. Es oportuno señalar que la solicitud de sentencia sumaria incluyó, a manera de ilustración, dos contratos redactados por el señor Rodríguez Vélez, contemporáneos a las conversaciones con Bahía Park, que contenían fecha de vencimiento y establecían los eventos que condicionaban
CC-2007-518 el pago de la comisión. Por ejemplo, uno de
8 esos
contratos mencionaba que si se vendía el terreno luego de seis meses de vencido el contrato a una persona con la que el corredor hubiese negociado, el cliente tenía que pagar la comisión. Nada de lo anterior surgía de la carta del 17 de marzo de 1998. El estimado contrato estaba huérfano de expresiones sobre ese particular y no
contemplaba disposición de extensión alguna. Además, los recurridos señalaron que los esfuerzos realizados suficientes por el corredor alcanzar Rodríguez la venta. Vélez no fueron éstos
aseguraron que sus gestiones se limitaron a una reunión y siete llamadas telefónicas, de las cuales la más larga duro tres minutos, personal de y que casi todas de La fueron la parte con la de
secretaria Directores
Secretario Amigo.
alegó que la labor del señor Rodríguez Vélez no llevó a que la compraventa se realizara y él no fue el promotor de la transacción. Reiteró que la compraventa se completó gracias a los trámites y esfuerzos de los representantes legales de ambas empresas mucho más de un año después de la intervención del señor Rodríguez Vélez. El 6 de octubre de 2004, el señor Rodríguez Vélez se opuso a la sentencia sumaria y alegó que el contrato de corretaje era de tipo abierto, lo cual le excluía de la aplicación del Artículo 31 de la Ley Núm. 10. Explicó que el referido artículo prohíbe, en el inciso 9, concretar
un contrato de corretaje &quot;exclusivo o semiexclusivo, sin explicar los términos y condiciones del mismo, y su fecha de vencimiento&quot;. Art. 31 (9), supra. Explicó que existen diversos tipos de contratos de corretaje y que en Puerto Rico se aceptan y en la práctica También los exclusivos, que el
legislador quiso que los contratos de corretaje de tipo abierto no vinieran obligados a tener término fijo. En último sumaria lugar, alegó que no procedía emitir de sentencia hechos el un
porque por de la
existían dilucidar, comisión y
controversias como si el por
importantes porcentaje
ejemplo, tuvo
término de vencimiento de seis meses. El señor Rodríguez Vélez indicó que aunque esos elementos ponían en
controversia la existencia de un contrato y sus términos, era indiscutible que él fue el primero que llevó a los representantes de Supermercados Amigo a ver los terrenos, y eso le hacía Vélez acreedor explicó se le de que paga la en la comisión. los El señor de
Rodríguez corretajes
contratos al
agente que encuentre un inquilino cualificado. Anejó a la oposición: (1) parte de la deposición del señor García Muñiz, en la que éste habló de un término de seis meses para firmar la escritura de compraventa; y (2) parte de su deposición, en la que aseguró que no concretó una fecha de vencimiento.
La parte recurrida presentó una réplica a la moción en oposición, en la que negó que hubiese una controversia de hechos medulares que impidiera disponer del caso.
Indicó que solamente restaba por resolver si el alegado contrato de corretaje era nulo por carecer de fecha de vencimiento, lo cual era un argumento de derecho. A esos efectos, enmendó expuso para que el inciso &quot;que no 9 del Artículo 31 se las
cláusulas de renovación automática en los contratos de corretaje&quot;. Expuso que como el legislador prohibió las renovaciones automáticas en todos los contratos de
corretaje, éstos tienen que tener fecha de vencimiento. Además, argumentó que los contratos de tipo abierto no pueden tener una vigencia a perpetuidad, ya que el
corredor adquiriría así un derecho a cobrar una comisión de cada persona que interactuó con él con relación a la propiedad, independientemente del tiempo que haya
transcurrido y los esfuerzos realizados. A su juicio, eso es irrazonable. El Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia sumaria en la que acogió los argumentos de Bahía Park y del señor García que Muñiz. las Entendió que no un estaba acuerdo en no
exclusivo y que la demanda se basaba en la carta del 17 de marzo de 1998, la cual no tenía fecha de vencimiento. El foro primario utilizó la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 271 para sustentar que todos los contratos de
corretaje, no solamente los exclusivos o semiexclusivos, tienen que tener fecha de vencimiento. Concluyó que el contrato del 17 de marzo de 1998 es nulo y el corredor no tiene derecho a cobrar la comisión, por lo que desestimó la demanda. Inconforme, el peticionario Rodríguez Vélez acudió al Tribunal de de Apelaciones hechos que y alegó que existía del caso
mediante el mecanismo de sentencia sumaria.
no era de aplicación el inciso 9 del Artículo 31 de la Ley Núm. 10, ni su enmienda, ya que allí no se mencionan expresamente los contratos de corretaje abiertos. Señaló, además, que los contratos de corretaje se rigen por la figura del mandato, por lo que su extinción queda a la prerrogativa del mandante. Alegó que en los contratos
abiertos se le otorga la comisión al primer corredor que consiga a una persona cualificada y que el término de duración está en manos del cliente. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro primario. Indicó que únicamente para efectos de emitir la sentencia sumaria, la parte recurrida, Bahía Park, aceptó que la carta del 17 de marzo de 1998 era el contrato de corretaje y que ambas partes estaban de
acuerdo en que éste no tenía fecha de vencimiento. El tribunal aplicación aclaró al que la Ley del Núm. caso 271 de no le era por de ser
posterior a la enmienda. Sin embargo, entendió que esa
CC-2007-518 ley debía de considerarse la Asamblea por tratarse de la la cual
12 última buscaba
prohibir que todo tipo de contrato de corretaje tuviera una duración indefinida. El foro intermedio indicó que la Exposición de Motivos de la enmienda señala que la Ley Núm. 10 le requiere al corredor explicar el contrato al cliente y su fecha de vencimiento, lo que no ocurrió en este caso. Además, el tribunal razonó que la intención legislativa corretaje. El 7 de junio de 2007, el peticionario Rodríguez Vélez acudió ante nosotros y señaló los mismos errores levantados ante el Tribunal de Apelaciones. Es decir, nos requiere abierto que es resolvamos nulo por no si el contrato fijado de la corretaje fecha de era incluir todo tipo de contrato de
vencimiento. Asimismo argumenta que no procedía dictar la sentencia sumaria porque existía controversia de hechos sobre el término del contrato y la comisión a pagar. Además, la parte peticionaria expone que, de aplicar el Artículo 31, inciso 9, al contrato de autos, el hecho de que la parte de recurrida seis meses, alegara que la tenía fecha de
término. Sostiene que lo importante es quién enseñó la finca primero a los representantes de Supermercados
Amigo, independientemente de que el término del contrato de corretaje hubiera expirado.
Expedimos el auto de certiorari el 10 de agosto de 2007. Procedemos a resolver luego de examinar los
alegatos de las partes. II Como cuestión preliminar debemos determinar si es válido un contrato de corretaje que no tiene fecha de vencimiento. En el presente caso, la parte recurrida aceptó para efectos de la solicitud de sentencia sumaria que la carta del 17 de marzo de 1998 fuera considerada como el
contrato de corretaje. Por tal razón, la controversia se limitó a resolver a la Ley si ese 10 contrato al no es nulo por fecha ser de
vencimiento. La parte peticionaria argumentó que, la Ley Núm. 10 no aplica al contrato de corretaje de tipo
abierto y que el derecho de los mandatos debía regir la controversia. Debido a la discusión generada sobre el
alcance de esa ley, es preciso que nos expresemos sobre este particular. Como se sabe, el Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. Sec. 14, dispone que &quot;cuando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe su ser menospreciada En virtud bajo de el lo pretexto anterior, de al
espíritu&quot;.
interpretar un estatuto debemos remitirnos inicialmente al texto de la ley cuando el legislador se ha manifestado en un lenguaje claro e inequívoco. El texto de la ley es
CC-2007-518 la expresión por excelencia de toda la
legislativa. Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460, 476, (2007); Irizarry v. J &amp; J Cons. Prods. Co. Inc, 150 D.P.R. 155 (2000). Conforme a lo anterior, si una ley es clara y no produce ambigüedad no hay necesidad de buscar más allá de su letra. Departamento de Hacienda v.
Telefónica, 164 D.P.R. 195 (2005). Ahora bien, cuando el estatuto es confuso, es deber del Tribunal llenar las lagunas que hubiese y armonizar aquellas disposiciones que estén o parezcan estar en
conflicto. P.P.D. v. Gobernador, 111 D.P.R. 8, 13 (1981). Cónsono con ello, el Artículo 17 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 17, establece que cuando las palabras de una ley son dudosas, su sentido debe ser buscado por el examen y comparación de las frases dudosas con otras palabras y sentencias que les estén
relacionadas, en el orden de una buena investigación para llegar a su verdadero significado. El ejercicio de la interpretación estatutaria requiere que indaguemos la
intención legislativa a través del análisis del historial legislativo de la ley, su exposición de motivos, de los diversos informes de las comisiones de las cámaras o de los debates celebrados en el hemiciclo. Ortiz v.
Municipio San Juan, 167 D.P.R. 609, 617 (2006); Vicenti v. Saldaña, 157 D.P.R. 37 (2002). Asimismo, L.P.R.A. sec. el 19, Artículo expone 19 que del el Código más Civil, eficaz 31 y
universal para descubrir el verdadero sentido de una ley en caso de duda, es &quot;considerar la razón y espíritu de ella, o la causa o motivos que indujeron al poder
legislativo a dictarla&quot;. Col. Int'l Sek P.R., Inc. v. Escribá, Maldonado expresamos 135 v. que D.P.R. E.L.A., &quot;el 647, 129 660 (1994). 740, ley En 749 debe Zambrana (1992), hacerse
D.P.R. de la
teniendo en mente los fines que ésta persigue y de forma tal que la ley se ajuste a la política pública que la inspira&quot;. También indicamos que en el proceso de
interpretación no debemos desvincular la ley del problema que intenta solucionar. Id. que el derecho sirva tan Tenemos el &quot;deber de hacer útiles lleva y a evitar una
propósitos que
absurdos&quot;. Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404, 409 (1988). En fin, la ley se debe interpretar de la forma que más se ajuste a la intención de la Asamblea Legislativa. Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul. 118
D.P.R. 669, 676 (1987); Col. Int'l Sek P.R., Inc. v. Escribá, supra. Por último, debido a que las leyes y reglas no
pueden prever todas las situaciones, es lógico que la jurisprudencia llene las lagunas del derecho positivo. Ello no debe caer en la libre legislación casuística. Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 51, 58 n.3 (1974). A la luz de las reglas de hermenéutica legal
antes esbozadas, pasamos a resolver la controversia en cuestión. Conforme a la práctica de Bienes Raíces existen tres tipos de contratos de corretaje, a saber, los exclusivos, semiexclusivos y los abiertos. Véase, D. Barlow Burke. Jr., Law of Real 2009, State § Brokers, [A-C], Third págs. Edition, Aspen El
2.24-2.49.
contrato de corretaje exclusivo es aquel mediante el cual el cliente &quot;le concede al corredor o empresa de bienes raíces la autorización única y exclusiva para actuar como intermediario en representación de éste para ofrecer,
promocionar y negociar determinada transacción de bienes raíces. Este tipo de contrato limita la competencia y participación de otros corredores o empresas de bienes raíces en la gestión de corretaje, así como la capacidad del propietario de de perfeccionar raíces&quot;. de R. por sí mismo Perales, y Opción San la El de
transacción Contrato de
Cintrón Raíces
Compraventa Puerto Rico,
Propiedades Situm,
Residenciales, 2006, págs.
Juan, En el
contrato semiexclusivo, contrario al exclusivo, el dueño &quot;no renuncia a su facultad de realizar gestiones para perfeccionar la transacción de bienes raíces por sí
mismo&quot;. Cintrón Perales, op cit., pág. 87. Finalmente, en los contratos de corretaje abiertos, como el que nos ocupa, el cliente &quot;se reserva la facultad de contratar el número de corredores que desee. El
derecho de exigir el pago de la comisión será de aquel corredor que haya sido quien procuró que se perfeccionara la transacción de bienes raíces (procuring cause)&quot;.
Cintrón Perales, op cit., págs. 88-89. Cuando el contrato de corretaje no establece el tipo, se presumirá abierto. D. Barlow Burke. Jr., op cit., § 2.02, pág. 2.25. Este
tipo de contrato de corretaje es el más informal. Se conoce por no ser de carácter exclusivo. De ordinario, lo utilizan los vendedores que intentan vender por su cuenta su propiedad, pero que están dispuestos a darle la
oportunidad a un corredor a que intente venderla primero. Generalmente el corredor acuerda que será acreedor de la comisión al perfeccionarse la venta. 2.25. La Ley Núm. 10 no contempla ni define esos tres tipos de contratos de corretaje. Sin embargo, dispone en el Artículo 31, inciso 9, que está prohibido por un Id., págs. 2.24-
corredor de bienes raíces &quot;realizar con cualquier parte un contrato de corretaje exclusivo o semi exclusivo, sin explicarle los términos y condiciones del mismo, y su fecha de vencimiento; Disponiéndose, que no serán
permitidas las cláusulas de renovación automáticas en los contratos de corretaje&quot;. (Énfasis y subrayado suplidos). Originalmente y a la fecha de la suscripción del contrato de autos, la Ley Núm. 10 solamente mencionaba que se prohibía a toda persona sujeta a las disposiciones de la ley &quot;realizar con cualquier parte un contrato de
corretaje exclusivo o semi exclusivo, sin explicarle los términos y condiciones del mismo y su fecha de
vencimiento&quot;. Art. 31(9), 20 L.P.R.A. sec. 3054. Es debido a la utilización de los términos exclusivo o semiexclusivo en el Artículo 31, inciso 9, que la parte peticionaria sostiene que la Asamblea Legislativa estaba utilizando la terminología técnica de la profesión y
excluyendo implícitamente a los contratos de corretaje de tipo abierto. Por otra parte, los recurridos alegan que, a base de ese artículo y el propósito de la ley, todos los contratos de corretaje deben tener fecha de
vencimiento o serán nulos. Entienden que el texto antes citado no tuvo la intención específica de omitir algún tipo de contrato general. de de corretaje no y que establece los una Ley tipos de Núm. una de las 10,
obligación contrato
Incluso, Por ocupan
corretaje. que nos
consiguiente, es si la
Artículo 31, inciso 9, exige que todos los contratos de corretaje tengan fecha de vencimiento; o si el contrato de corretaje abierto está excluido. La polémica se acentúa al considerar que, luego de suscrito el acuerdo entre las partes, el legislador
enmendó el Artículo 31, inciso 9, de la Ley Núm. 10 a fin de prohibir los el las cláusulas de de renovación A automática tales en
todos incluyó
contratos siguiente
corretaje.
efectos, que no
&quot;Disponiéndose,
serán permitidas las cláusulas de renovación automáticas
en los contratos de corretaje&quot;. (Énfasis Suplido). Los recurridos aseveran que en la Exposición de Motivos de dicha enmienda, la Asamblea Legislativa implica que la Ley Núm. 10 ya exigía término que o todos fecha los de contratos de Es
lógico que al prohibir la renovación automática de todos los contratos de corretaje, se implica que todos tienen que tener una fecha de vencimiento. Ello, sin duda,
incluiría a los contratos de corretaje de tipo abierto. Francamente, el lenguaje del Artículo 31 inciso 9, es confuso, ya que no deja claro si el legislador quería prohibir que los corredores de bienes raíces contrataran sin explicar de los términos o si del su contrato, interés incluyendo que, la
contratos siempre tuvieran fecha de vencimiento. Pese a que el lenguaje parece sencillo, no queda claro cuál era el interés o la prohibición que la Asamblea Legislativa procuró al redactar la ley. Cabe señalar que nunca antes hemos interpretado este artículo aunque requiere
aclaración. La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 10 con la intención de agrupar todas las disposiciones legales que estaban en vigor, en aquel momento, para la industria de las Bienes Raíces. Con su aprobación se derogaron: la Ley Núm. 139 de 14 de junio de 1980, conocida como la &quot;Ley para Reglamentar la Profesión de Corredor de Bienes
Raíces en Puerto Rico&quot; (Ley Núm. 139); la Ley Núm. 145 de
CC-2007-518 18 de junio la de 1980, en conocida la Isla como de la &quot;Ley de
20 para Raíces
Localizados fuera de Puerto Rico&quot; (Ley Núm. 145); y los Reglamentos de Competencia Justa Números IV y V del
Departamento de Justicia Asuntos Monopolísticos. Del Diario de Sesiones de la Cámara de
Representantes emana que fueron recogidas en la Ley Núm. 10 algunas prácticas en la Ley proscritas Núm. 145. por los corredores Hon. y
Cintrón García explicó que incluyó la Ley Núm. 145 &quot;y se recoge gran parte de esa y al ley, es y se coloca aquí como y se
prácticas defiende
proscritas, cabalmente
puertorriqueño...&quot;.
(Énfasis suplido). Diario de Sesiones de la Cámara de Representante de Puerto Rico, Debate sobre el P. del S. 300 de 11 de abril de 1994, pág. 172. Asimismo, que: De las leyes que se derogan, una, que es de la autoría de Misla Aldarrondo del año `80, y una de la autoría del señor Navarro Alicea, del año '80, ambos aquí presentes--quiere decir que es legislador hace mucho tiempo-están ambas englobadas prácticamente casi ad verbatim en esta nueva ley, por eso es que hay más de ocho páginas de la ley que era del compañero Navarro Alicea [entiéndase, la Ley Núm. 145], porque lo que se hace es consolidar el ejercicio en un[a] sola ley, y se recogió todo lo que estaba disperso en años anteriores para que los compañeros tengan la tranquilidad de que la intención legislativa y la efectividad que han tenido por año[s] esas dos leyes, la 139 y 145, de ninguna manera se afecta ni se pierde, sino el representante Cintrón García indicó
CC-2007-518 que se consolida en un solo ejercicio. (Énfasis Suplido). Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Debate sobre el P. del S. 300 de 11 de abril de 1994, pág. 177.
Puesto que gran parte del contenido de la Ley Núm. 145 fue incluido es en la Ley Núm. parte 10 del como prácticas 31,
proscritas,
entendemos pertinente evaluar el contenido del estatuto derogado. La de Ley Núm. 145 o buscaba regular de la
raíces que realizaban contratos de corretaje y venta en Puerto Rico sobre terrenos en el estado de la Florida. Dicha ley contenía un amplio número de restricciones
dirigidas a que el cliente del corredor de bienes raíces estuviera alcance bien informado que y supiera específicamente Además, el se
buscaba que el cliente conociera con certeza qué era lo que estaba comprando. El Artículo 8, inciso (l)(3), de la Ley Núm. 145 prohibía en la actividad de una oferta de venta o venta en Puerto Rico de bienes inmuebles fuera de la isla un contrato de venta sin detallar &quot;el término de duración de dicho contrato, incluyendo específicamente la fecha de
vencimiento&quot; (énfasis suplido). Ese es el único lenguaje dirigido legislador a en establecer que el un cliente interés conozca particular el término del de
Ahora bien, la Ley Núm. 145 no es el único estatuto incorporado al contenido de la Ley Núm. 10, que enfatiza los deberes del corredor de bienes raíces y la necesidad de mantener informado al cliente de los términos del
contrato. La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 139 mencionaba mecanismos que que es le &quot;necesario garanticen que al se provean un unos
competente y confiable...&quot;. Asimismo, el Reglamento V de Competencia Justa establecía actos y prácticas proscritas a vendedores y corredores en general con el ánimo de proteger al consumidor. Hemos notado que del Reglamento V es que surge la mayor parte del contenido del Artículo 31 de la Ley Núm. 10, ya que algunos incisos son
prácticamente similares. El Artículo V, inciso 23, del Reglamento V, prohibía &quot;concertar con cualquier cliente un contrato autorizando que el corredor o vendedor actué como el agente exclusivo en la venta de dicha propiedad sin antes informar al cliente sobre el alcance de la exclusividad&quot;. (énfasis suplido). Éste es el único lenguaje en ese reglamento relacionado acuerdos al deber del agente y la en caso de de realizar mantener
informado al cliente. De igual forma rezaba el inciso 19 de la derogada Ley Núm. 77 de 25 de mayo de 1978, para Reglamentar la Profesión de Bienes Raíces en Puerto Rico, recogido en el Reglamento V. El inciso 9 del Artículo 31 de la Ley Núm. 10, supra, parece ser el producto de la
unión del contenido del Artículo 8, inciso (l) (3) de la Ley Núm. 145 y las expresiones del Artículo V, inciso 23, del Reglamento V de Competencia Justa. Consideramos que las leyes agrupadas y derogadas por la Ley Núm. 10 hacen énfasis en que los clientes tengan conocimiento del alcance y el término del contrato. La Ley Núm. 10 no hace distinción entre tipos de contrato de corretaje. Sin duda, es un factor común de todas las leyes que cobijaban esta materia la intención de proteger al consumidor de prácticas deshonestas de los corredores de bienes raíces e instituciones que se dedican a esos fines. De hecho, esa fue la política pública que se
reconoció en la Ley Núm. 10. Esa ley establece un ordenamiento especial para
reglamentar el negocio de bienes raíces relacionadas a propiedades en y fuera de Puerto Rico. Todo ello, se debe a la naturaleza de las funciones del corredor de bienes raíces y la importancia que tiene éste en la compra y venta de inmuebles. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 10, Leyes de Puerto Rico 1994, pág. 43-44. Con el
objetivo de proteger a los consumidores, la Ley Núm. 10 dispuso un nuevo y más estricto cuerpo reglamentario de los vendedores, corredores o empresas de bienes raíces. Id; Vélez v. Izquierdo, 162 D.P.R. 88, 95 (2004). Durante para la el debate de de la la Ley Cámara Núm. de 10 Representantes se recalcó la
naturaleza delicada de los intereses de los consumidores.
En particular, se mencionó que no era un asunto sencillo reglamentar una profesión que maneja las transacciones de bienes inmuebles que &quot;probablemente en las familias
puertorriqueñas, son el único activo que tiene nuestras familias, especialmente las de clase media y humilde&quot;. Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes de
Puerto Rico, Debate sobre el P. del S. 300 de 11 de abril de 1994, pág. 169. Además, se enfatizó en que algunas de las leyes que quedarían derogadas, como la Ley Núm. 145, atendían situaciones que habían y que afectado ese a muchos debía
mantenerse en la nueva ley. Con ello, se otorgaron los ejemplos de corredores que vendían terrenos de la Florida en Puerto Rico de manera fraudulenta y la venta de
viviendas con amplios defectos de construcción conocidas por los desarrolladores. Más aún, se habló de casos de personas que no se dedican a la industria pero que
servían como corredores, engañando a los consumidores. Id., págs. 173-175. Debido texto fue a la importancia en de esta legislación, antes de su su
aprobación. En la primera versión del P. del S. 300, el Artículo 31 de actos y prácticas proscritas, inciso 21, establecía que quedaba prohibido al corredor &quot;[c]oncertar con cualquier cliente un contrato de corretaje exclusivo o semi exclusivo, sin explicarle sobre el alcance de esta exclusividad o semi exclusividad o no indicar en dicho
contrato la fecha de expiración del mismo&quot;. Como se puede apreciar, ese inciso es muy similar a lo que establecía el Reglamento sesión V y la Ley Núm. 145. que No se fue hasta la el
lenguaje del Artículo 31, con el que se aprobó la ley. De lo anterior surge que la Ley Núm. 10 y sus antecesoras fueron concertadas con la intención de proteger al
consumidor y fomentar que éste estuviera bien informado al comprometerse contractualmente con el corredor. Ello se desprende de casi todo el debate del P del S. 300. Cónsono con el sentir de proteger al consumidor, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley Núm. 10, Artículo 31, inciso 9, mediante la Ley Núm. 271. En lo pertinente, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 271 señala: La Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994 tuvo el propósito, entre otros, de reglamentar el negocio de Bienes Raíces resultando en beneficio de los consumidores, así como también los Vendedores Corredores y Empresas de Bienes Raíces. Actualmente uno de los aspectos más importantes en una negociación de bienes raíces es la relación contractual que se establece con el cliente. Estas negociaciones se formalizan comúnmente mediante `contratos de corretaje' que deben de disponer de un término fijo de tiempo donde un corredor tiene los derechos para la venta de una propiedad. Algunos corredores o vendedores de bienes raíces utilizan en sus contratos de corretaje las llamadas `cláusulas automáticas de renovación' que tienen como fin prorrogar automáticamente, bajo los términos originales, el contrato de corretaje. Esta cláusula podría resultar engañosa, pues el cliente casi siempre está consciente del término inicial del contrato que regularmente dura tres, cuatro o seis meses, pero en raras ocasiones se percata de la extensión automática
CC-2007-518 del mismo, resultando en una extensión sustancial del contrato original. Actualmente la Ley dispone que todo contrato que se acuerde y firme entre los clientes y los corredores, debe estar claro y bien explicado. Debe existir la seguridad y confianza entre las partes a la hora de realizar un contrato de corretaje, aunque, lamentablemente la situación antes expresada es motivo de preocupación entre gran parte del sector dedicado a las bienes raíces así como también entre la ciudadanía interesada en estos importantes servicios. Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio el que no se permitan las cláusulas de renovación automáticas en los contratos de corretaje entre los corredores de bienes raíces y sus clientes. (Énfasis y subrayado suplido). Como nuevamente vemos, a el lenguaje al utilizado al se
dirige de
contratar con un corredor. Cabe señalar que la Exposición de Motivos da por hecho que los contratos de corretaje, en un sentido general, el tendrán legislador que no tener hizo fecha de
alguna entre tipos de contratos de corretaje. El sentir de la Asamblea Legislativa se enfoca en que los términos de los contratos queden claros a las partes.
Aparentemente los términos &quot;exclusivo o semiexclusivos&quot;, no se refieren necesariamente a tipos de contrato de
corretaje, sino más bien a medios o formas de hacer la negociación con el corredor. La enmienda claramente no dice serán que las cláusulas &quot;en de los
contratos de corretaje&quot;. No lo limita y se refiere a todos, lo cual incluye los abiertos. Por lo tanto, una
renovación supone que los contratos de corretaje tienen que tener fecha de vencimiento. Concluir lo contrario que la
enmienda de 1998 debe aplicar solamente a los contratos de corretaje exclusivos o semi-exclusivos. Una lectura integrada del texto del artículo, incluyendo la enmienda, aclara el sentir del legislador. Nada impide que tomemos en consideración, para efectos interpretativos, la
exposición de motivos de una ley enmendadora. Con ello no desvirtuamos su contenido, sino que interpretamos la ley como un todo y le damos sentido lógico a las palabras del legislador. Conforme a lo anterior, la Ley Núm. 10 no dispone expresamente que los contratos de corretaje de tipo
abierto sean nulos por no contener fecha de vencimiento. No obstante, de un análisis del trasfondo de la intención legislativa para promulgar la Ley, la enmienda contenida en la Ley Núm. 271 y la Exposición de Motivos que de ella surge, se puede deducir que la Asamblea Legislativa quiso que todo contrato de corretaje tuviera una fecha de
vencimiento o un término de duración. Tanto es así que al enmendar la Ley Núm. 10, la Asamblea Legislativa se
enfocó en que ese término de duración, cuya existencia no cuestionaba, no debía ser renovado automáticamente. Al disponer que los contratos de corretaje no deban permitir las cláusulas de renovación automática, el legislador
supuso que todo contrato de corretaje tiene una fecha de
vencimiento, independientemente del tipo de contrato de corretaje que sea, a saber, exclusivo, semiexclusivo o abierto. El profesor de bienes raíces, Rafael A. Cintrón
Perales, discutió en su obra las prácticas proscritas de la Ley Núm. 10 en los Artículos 31 y 32. Sobre este particular, indica:
Los artículos 31 y 32 de la Ley Núm. 10, antes citada, establecen los actos y prácticas proscritas para la profesión de corredor, vendedor y empresas de bienes raíces. Es precisamente a estos actos o prácticas proscritas que debemos acudir para establecer las obligaciones del Corredor de Bienes Raíces para con sus clientes. Si analizamos los mismos, debemos concluir que todo corredor, vendedor o empresa de bienes raíces viene obligado a: [. . . . . . . . ] 8. Explicarle a su cliente todos los términos y condiciones, así como la fecha de vencimiento al momento de realizar un contrato de corretaje (Énfasis exclusivo, semi-exclusivo o abierto. y subrayado nuestro). R. Cintrón Perales, El Contrato de Corretaje de Bienes Raíces y Opción de Compraventa de Propiedades Residenciales, San Juan, Ediciones Situm, 2006, págs.17-18. No tenemos duda, tal y como señalaron el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones, que la intención legislativa al aprobar la Ley Núm. 10, Artículo 31, inciso 9, reafirmada en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 271, fue que todos los contratos de corretaje lleven fecha de vencimiento y que ésta sea explicada al cliente. En ese sentido, es razonable concluir que todo
CC-2007-518 contrato de corretaje que no contenga fecha
vencimiento es contrario a la ley y por ello, será nulo. Un contrato de corretaje sin término de vencimiento es contrario a la Ley Núm. 10. Como se sabe las partes son libres para contratar lo que entienden necesario,
siempre y cuando no sea contrario a la ley, la moral y el orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372. La violación de este principio podría producir la nulidad absoluta de lo pactado. Unisys v. Ramallo
Bros, 128 D.P.R. 842, 851 (1991). En fin, podemos colegir, mediante el análisis de las leyes especiales y los reglamentos anteriores sobre esta materia, que pese al lenguaje utilizado en el Artículo 31, inciso 9, siempre ha sido la intención legislativa que los corredores de bienes raíces le expliquen a sus clientes los términos o falta del de contrato, la misma el y alcance la de la de
vencimiento. A base de lo anterior, es forzoso concluir que la intención legislativa de la Ley Núm. 10 fue que todos los contratos de corretaje tuvieran fecha de
vencimiento. Por lo tanto, son contrarios a la ley los contratos que no la contengan. Eso los hace nulos. III Nos resta por resolver si el derecho de un corredor de bienes raíces a recibir la comisión se desvanece
cuando la compraventa se perfecciona luego de vencido el contrato de corretaje. No existe una norma clara sobre
esta interrogante. La controversia de derecho es crucial en este caso, ya que si se resuelve que el contrato tenía un término de vigencia se de seis (6) la meses, venta. ya habría en
consideración que la Ley Núm. 10 prohíbe específicamente la renovación automática de los términos de los contratos de corretaje, restaría decidir entonces, qué derechos, si alguno, le asisten al corredor. Como cuestión preliminar debemos discutir cuándo un corredor de bienes raíces tiene derecho a una comisión en un contrato de corretaje. La norma aceptada por este
Tribunal y la mayoría de los estados sobre el derecho a recibir comisión es la doctrina de &quot;ready, willing and able&quot;. Véase, Taylor v. Weingart, 693 P 2d. 1231, 1233 (Mont. 1984). Esta doctrina es utilizada cuando no queda claro en el contrato en cuáles circunstancias el corredor tiene derecho a recibir la comisión. Este Tribunal acogió la doctrina de &quot;ready, willing and able&quot; en el caso de Torres v. Arbona Jr., 72 D.P.R. 769 (1951).1 En aquella ocasión, apuntamos que en casos en los que existe un conflicto en el perfeccionamiento de la
Esta doctrina se adoptó en Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, New York, Nevada, Texas, entre otros estados. D. Barlow Burke, Jr., op cit., § 5.02, pág. 5.2-5.9. Los estados que no acogen esa doctrina recurren a la norma de &quot;no closing, no commission&quot; que nació en el caso de Ellswoth Dobbs, Inc. v. Johnson, 50 N.J. 528, 236 A. 2d 843 (1967). Estados como Massachuttes, Kansas, Idaho, Nebraska, Oregón y Vermont adoptaron esta regla. D. Barlow Burke, Jr., op cit., §6.01-6.04, pág. 6.1-6.68. Véanse, Dworak v. Michals, 211 Neb. 716, 320 N.W. 2d 485 (1982); Tristam´s Landing v. Wait, 367 Mass. 622, 327 N.E. 2d 727 (1975); Winkelman v. Allen, 214 Kan. 22, 519 P. 2d 1377 (1974); ; Setser v. Commonwealth, Inc., 256 Or. 11, 470 P 2d 142 (1970); Staab V. Messier, 128 Vt. 380, 264 A.2d 790 (1970).
CC-2007-518 compraventa, el corredor que procuró un
31 comprador
dispuesto, deseoso y en condiciones económicas de comprar (&quot;ready, willing and able&quot;), bajo los términos
establecidos por el vendedor, tiene derecho a recibir la comisión pactada. Id., pág. 778. Asimismo indicamos que cuando se pacta que la comisión queda supeditada a la consumación del contrato, el corredor tendrá derecho a la comisión si la compraventa no se consumó debido a fraude, culpa o mala fe del vendedor. Id. En Colegio Internacional Sek Puerto Rico, Inc. v. Escribá, supra, volvimos a hacer referencia a esa
doctrina. En ese caso, reiteramos que el corredor tiene derecho a la comisión desde el momento en que se
perfecciona el contrato. Igualmente, tiene derecho a la comisión si, por causas imputables a los contratantes, el negocio no llega a consumarse. Tal será el caso de
fraude, culpa o mala fe del vendedor para que el contrato de venta no se realice. Id., pág. 657. Con ello se
protege al corredor ante el caso de que al vendedor ya no le interese o sencillamente se arrepienta de vender. Como norma general, entonces, cuando un contrato no disponga cómo y por qué se otorgará compensación, el
corredor tendrá derecho a recibir la comisión si procura un prospecto listo, dispuesto y capaz de comprar (&quot;ready, willing and able&quot;). Ese prospecto debe querer entrar
voluntariamente en un contrato vinculante de compraventa sobre la propiedad disponible y realizar una oferta.
Además, no necesita mayor convencimiento para comprar y debe permanecer tiempo suficiente en ese estado mental para que se realice una negociación dirigida a que se acepte su oferta. Una oferta por escrito es prueba prima facie de ese estado mental. D. Barlow Burke. Jr., op
cit., § 5.02 [A], pág. 5.27. Ahora bien, en ocasiones, a pesar de haberse
perfeccionado la transacción de bienes raíces, surge otro tipo de controversia entre el cliente y el corredor. Tal es el caso, que como el en el presente, no llegó en a que el vendedor el
negocio a través de los esfuerzos del corredor. En ese tipo de situaciones, la doctrina mayoritaria reconocida para establecer si un corredor es acreedor de la
comisión, es la doctrina de causa eficiente que hizo que se perfeccionara la transacción (&quot;efficient procuring
cause&quot;). Esta doctrina ha sido acogida por la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses y va de la mano del comprador listo, deseoso y en condiciones económicas de comprar (&quot;ready, willing and able&quot;). Véase, Luther
Zeigler, Brokers and Their Commissions, 14 Real Est. L. J. 122, 123 (1985). En el caso de en los casos contratos en los de que
existe más de un corredor tratando de vender el bien, esta norma es altamente determinante y generalmente
utilizada por los tribunales estatales.
Puerto Rico tiene un sistema legal mixto. J. Trías Monge, The Structure of the American Legal System ­ Its Sources, Forms and Theory of Law, 51 Rev. Jur. U.P.R. 11, 16 (1982). Este híbrido es el resultado exitoso de la interacción centenaria de principios legales, casuística, leyes y códigos como del provenientes derecho Para tanto del derecho (common detallada civil law) e
consuetudinario discusión
ilustrativa al respecto, véase, Matos Rivera v. Flav-ORich, 876 F. Supp 573 (D.P.R. 1995). Por eso &quot;no hemos dudado en ocasiones anteriores al adoptar doctrinas y
normas de interpretación del common law cuando las hemos considerado acertadas y enriquecedoras de nuestro
Derecho&quot;. Arthur Young &amp; Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157, 169 (1994). Lo crucial es que lo hagamos con la reflexión y corrección debida, de para que no desnaturalicemos y del los
civilistas parte
nuestro ordenamiento legal autóctono y que en conjunto, en sus ámbitos respectivos, conforman el derecho
puertorriqueño contemporáneo. Cónsono con esta visión, adoptamos hoy la norma
estadounidense de la causa eficiente que procuró que se perfeccionara norma es la transacción con el (&quot;procuring de cause&quot;). Esa
cónsona
puertorriqueño y con nuestra realidad económica.
La doctrina de la causa eficiente que procuró que se perfeccionara la transacción (&quot;procuring cause&quot;) no se
enfoca en las cualificaciones de la persona interesada que consiguió el corredor, sino en la cadena de eventos que de otra forma llevarían al corredor a recibir la comisión. Por ejemplo, lo esencial será el
perfeccionamiento del contrato de compraventa, el cierre hipotecario estableciera o en cualquier el otra condición que el que se
recibiera la comisión. Id., pág. 5.51-5.52. Véase, Dale Denton Real Estate, Inc. v. Fitzgerarld, 635 A. 2d 925, 928 (D.C. App. 1993). En ese sentido, se entiende que un corredor través procuró de sus una venta si ésta se la perfeccionó utilización a de
promociones, mercadeo, rótulos, anuncios y negociaciones, entre otras. El término procurar, en esta doctrina, es el inicio de una serie de eventos consecutivos que llevan a la perfección cumplimiento de la de transacción su de bienes como raíces o al
Mientras más corta sea la cadena de eventos que llevaron al perfeccionamiento el si corredor hubo una del contrato, la en más favorable será
recibir ruptura
compensación la cadena de
pactada. eventos
pertinentes, se debe concluir que la gestión del corredor no fue la causa que procuró la negociación. D. Barlow Burke, Jr., op cit., § 5.04, pág. 5.53. Véase, B-H, Inc.
v. Industrial America, Inc., 253 A. 2d 209, 214 (Del. Super. 1969). Un recobrar produjeron corredor de bienes cuando en la raíces sus no tiene derecho a
comisión un
contribuyó a la venta de la propiedad. D. Barlow Burke, Jr., op cit., § 5.04, pág. 5.56. Véase, ERA Joseph Green Real Estate, Inc. v. Daubert, 588 N.Y.S. 2d 922 (N.Y. App. Div. 1992). Por ejemplo, en Arkansas se ha
reconocido que un corredor no tiene derecho a recobrar la comisión cuando solamente realizó un evento en la cadena de acción. El corredor debe ser la causa próxima de la venta y no un mero eslabón incidental. Además, la venta debe ser el resultado del curso continuo de los
eventos. Hatchett v. Story, 221 Ark. 120, 252 S.W.2d 78 (1952). No es suficiente que el corredor sea el primero en poner a las partes en contacto. Si las partes
abandonan las negociaciones y otro corredor eventualmente vende la propiedad, será el último el que adquiere el derecho a recibir la comisión. Mix v. Broyles, 567 S. W. 2d 696 (Mo. Ct. App. 1978). No obstante, el corredor
tiene derecho a recibir la comisión cuando es excluido de la venta final, si demuestra su participación activa en la cadena de eventos y no es un suceso aislado. Véase, Barrett v. Land Mart of America, 3 Ark. App. 70, 621 S.W.2d 889 (1981); Storey v. Johnson, 270 Ark. 392, 605 S.W.2d 480 (Ark. App. 1980).
CC-2007-518 Por regla general y conforme a lo
36 anteriormente
expresado, en los contratos de corretaje de tipo abierto, &quot;el primer y corredor capaz que produzca y un cliente que listo, la
transacción con el dueño de la propiedad es el que tendrá derecho al pago de la comisión&quot;. Cintrón Perales, op
cit., págs. 88-89. Un comprador listo, dispuesto y capaz, es aquél que celebre la transacción bajo los términos del vendedor. D. Barlow Burke. Jr., Law of Real State
Brokers, Third Edition, Aspen Publishers, 2009, § 2.02, pág. 2.25. En los contratos de tipo abierto, el hecho de que uno de los corredores, que tiene a su cargo la propiedad, introduzca un prospecto al cliente, no impide que otro corredor sea el que procuró (&quot;procuring cause&quot;), o sea quien produjo la compraventa, y por ende, quien tiene derecho a la comisión pactada. D. Barlow Burke. Jr., op cit., pág. 2.25-2.26. Véase, además, Staubus v. Reid, 652 S.W. 2d. 293 (Mo. App. 1983). Es decir, la comisión la recibirá el corredor que persuadió e indujo al tercero a convenir el arreglo financiero. Además, en los contratos de corretaje de tipo abierto &quot;el dueño mantiene el
derecho de realizar gestiones por sí mismo para vender la propiedad&quot;. Cintrón Perales, op cit., págs. 88-89. Como se puede apreciar, la doctrina de la causa que produjo la transacción (&quot;procuring cause&quot;) depende de los hechos de cada caso. Algunas jurisdicciones insisten en
que es muy oneroso que el corredor pueda encontrar una persona lista, dispuesta y capaz durante el término del contrato. Por esa razón, utilizan la doctrina en casos en los que los contratos de corretaje ya expiraron, pero todavía quedaban en un negociaciones tiempo pendientes con algunos a la
expiración del contrato. D. Barlow Burke, Jr., op cit., § 5.04, pág. 5.51, 5.70. Véase, Paine-Wetzel Assocs., Inc. v. Dockside Dev. Corp., 529 N.E. 2d 588, 589 (Ill. App. 1988). Evidentemente, conlleva la la expiración del contrato del de plazo pactado El
término de una obligación es de vital importancia, ya que define quedan a las partes En la cantidad de tiempo de en la que el
corredor se compromete a la realización de los esfuerzos y gestiones y para en conseguir condiciones un de comprador llevar a que cabo esté la
compraventa en un período de tiempo específico. Ello es la razón que obliga al vendedor a cumplir con su promesa de pago, o sea, la comisión. Ahora bien, debemos determinar qué ocurre si se
produce una oferta del comprador con el prospecto que inicialmente hizo gestiones, luego de la expiración del contrato de corretaje. El corredor ya no tendría derecho conforme derecho al a contrato. Sin embargo, el corredor a tiene el
CC-2007-518 vendedor recibió un beneficio de sus esfuerzos.
38 Esa
compensación no es por incumplimiento de contrato sino en virtud de la doctrina de la causa y será que una produjo acción la de
(&quot;procuring
cause&quot;)
quantum meruit. Véanse, Amend v. 485 Properties, 280 Ga. 327, 627 S.E. 2d 565 (2006); Allen v. T.A.
Communications, 181 Ga. App. 726, 727 (353 S.E. 2d 569) (1987). Generalmente este tipo de conflicto se resuelve en la práctica con la incorporación de una cláusula de
extensión en los contratos de corretaje. De hecho, el Profesor corredor Cintrón de Perales llama la atención tener a que el que
conforme a la Ley Núm. 10 las cláusulas de renovación automática están vedadas, por lo que algunos corredores establecen, como medida de precaución, unas cláusulas de extensión que les permiten cobrar al corredor aún pasado el término del de contrato. renovación Ellas son distintas Sobre a las este
particular, Cintrón Perales indica: En la práctica de la profesión comúnmente se utiliza una cláusula donde el corredor informa al cliente sobre su obligación de pagar la comisión si luego de vencido el contrato y dentro de cierto término, este le vende a un comprador que llegó a la transacción, por conducto y los esfuerzos del corredor. Esta cláusula es conocida como una cláusula de extensión la cual sirve para proteger al corredor del vendedor que espera hasta que finalice el término del contrato de corretaje para luego realizar la transacción con algún prospecto comprador que fue llevado a la
CC-2007-518 propiedad por original). el corredor. (Énfasis en el
R. Cintrón Perales, op cit., págs. 60-61. Expone, además, que usualmente en las cláusulas de extensión en contratos de transacciones residenciales,
como uso y costumbre, el término de esos contratos es de seis meses. Id. pág. 60. Recomienda que, para que tales cláusulas sean efectivas, el corredor notifique por
escrito las personas a las que ha mostrado la propiedad, así como la hora y fecha de la gestión. Id., pág. 61. Finalmente, expone que tales cláusulas no son una
renovación automática del contrato, por lo que no están vedadas por la Ley Núm. 10. Como vemos, el tratadista nos explica que existen unas cláusulas de extensión diseñadas para proteger la gestión del corredor. Con ellas se persigue garantizar que, en caso de que el término del contrato esté por vencer y las partes se encuentren en espera de un tercero para perfeccionar la compraventa, el corredor pueda
cobrar su comisión si se completa el negocio jurídico con posterioridad. Como regla general, una vez vencido el
término del contrato, la obligación termina y el contrato se extingue. Es solamente mediante pacto en contrario y por un término definido que el corredor puede extender los efectos del contrato de corretaje. otra forma, porque lo contrario No podría ser de reconocer al
corredor un gravamen indefinido sobre la venta del bien
con una persona con la cuál interactuó el corredor en un momento dado. Ello sería irrazonable. No incluir la cláusula de extensión, podría crear una controversia cuando con la el cliente sobre se el pago genera de la con
posterioridad al vencimiento del contrato de corretaje. R. Cintrón Perales, op cit., pág. 61. En el contrato ante nuestra consideración no existió cláusula de extensión alguna. No obstante, el corredor debía conocer el alcance y propósito de este otros tipo de cláusula, la ya que en dos
contratos fueron sometidos junto a la solicitud de la sentencia sumaria de los recurridos. Tras todo este análisis, concluimos que todos los contratos de corretaje deben tener fecha de vigencia o de vencimiento. Reiteramos que como norma general, el
corredor adquiere el derecho a recibir comisión una vez se celebre un contrato entre su cliente y un tercero adquiriente durante la vigencia del contrato de corretaje de bienes raíces. Cuando el contrato de corretaje de
bienes raíces no tiene una cláusula de extensión, expira y al poco tiempo se celebra la compraventa, el corredor tiene derecho a recibir la compensación si prueba que él consiguió al comprador listo, dispuesto y capaz. El
corredor debe probar que fue él quien llevó las partes a las negociaciones y quien medió para el resultado
logrado. Por otro lado, el corredor también tiene derecho
CC-2007-518 a una compensación si prueba que no consiguió
perfeccionamiento de la compraventa por mala fe, fraude o culpa del vendedor. el En ausencia no de alguna de estas
circunstancias alguna. En contrato este entre
caso, las
existe partes
controversia tenía fecha de
Igualmente, el señor
existe controversia de hechos acerca de si Rodríguez que que se Vélez generó las y fue el promotor el de la de
compraventa compensación
porcentaje La
estipularon.
peticionaria insistió en que la comisión pactada fue de 5% y, por el contrario, la parte recurrida estimó que acordaron un 4% del precio de venta. Es sabido que
procede dictar sentencia sumaria sólo en los casos en que no existe controversia del caso. de hechos Pérez relevantes v. para la
Rico, Op. de 3 de febrero de 2010, 2010 T.S.P.R. 15, 2010 J.T.S. 24, 178 D.P.R. ___ (2010). Ante los múltiples
hechos esenciales en controversia en este caso, no se puede emitir una sentencia sumaria. IV Por todo lo antes expuesto, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan. Ante la presencia de controversias que involucran
cuestiones de credibilidad no adjudicadas, devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que evalúe si
el contrato de servicios de bienes raíces tuvo un término de vencimiento. De no tenerlo, el tribunal debe concluir que ese contrato fue nulo. Ahora bien, si el tribunal concluye que el contrato tuvo un término de seis meses, debe evaluar si el
corredor abandonó su encomienda o si fue él quien llevó al vendedor y al tercero a contratar. Para ello, el
tribunal debe evaluar la cadena de eventos que condujo a la negociación. Además, de no haber sido el corredor
quien procuró la venta, el tribunal deberá evaluar si ello no ocurrió por fraude o mala fe del vendedor o
principal. Si hubo mala fe o fraude, el corredor tendrá derecho a una compensación razonable, correspondiente a sus esfuerzos. Finalmente, si concluye que el corredor tiene derecho contractual estimar a una compensación, fue el el foro de eso
porcentaje ya que
también está en controversia. Se dictará sentencia de conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Giovani Rodríguez Vélez y su esposa Gidalsy Rivera Hernández y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos Peticionarios v. Bahía Park, S.E.; Carlos García Muñiz y su esposa Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, personalmente y como socios de Bahía Park, S.E., los demás socios actualmente desconocidos de Bahía Park, S.E.; Denominados Provisionalmente X, Y y Z Recurridos CC-2007-518
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos de manera consistente con lo dispuesto en nuestra Opinión. Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre y disiente con opinión escrita a la que se une el Juez Presidente señor Hernández Denton. La Jueza Asociada señora Fiol Matta concurre sin opinión escrita.
Giovanni Rodríguez Vélez y su esposa Gidalsy Rivera Hernández y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos Peticionarios v. Bahía Park, S.E.; Carlos García Muñiz y su esposa Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, personalmente y como socios de Bahía Park, S.E.; Los Demás Socios Actualmente Desconocidos de Bahía Park, S.E., Denominados Provisionalmente como X,Y y Z Recurridos CC-2007-518
Opinión concurrente y disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se une el Juez Presidente señor Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2010
La Opinión mayoritaria en este caso concluye, luego de una forzada interpretación del artículo 10 de la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994, 20 L.P.R.A. secs. 3025 et seq. (Ley 10), que todo contrato de corretaje tiene que tener una fecha de vencimiento para su eficacia. En
otras palabras, esta Opinión establece que tal requisito es de carácter constitutivo no tan sólo para los
contratos de corretaje exclusivo y semi exclusivo como exige la ley, sino que, mediante fiat judicial, ahora es exigible a los contratos abiertos.
2 CC-2007-518
No comparto el razonamiento que utiliza el Tribunal para llegar a su conclusión por varias razones. Primero, considero
que la ley que se interpreta no adolece de falta de claridad y que, tanto su texto como su historial patentizan que la
intención del legislador fue regular sólo los contratos de corretaje exclusivo y semi exclusivo dejando fuera, del
requisito aquí impuesto, a los contratos de corretaje abierto. Segundo, la interpretación del Tribunal es ajena, y como tal contraria a, la naturaleza misma del contrato de corretaje abierto. Es por ello que disiento del curso trazado por la
mayoría del Tribunal. Por otro lado, es menester señalar que, al igual que el Tribunal, considero que existen controversias sobre hechos
esenciales que impiden que este caso sea resuelto por la vía sumaria, por lo cual concurro con esta determinación. I. En nuestra jurisdicción la doctrina reconoce varios tipos de contratos de corretaje de bienes raíces. Los principales son: 1) contrato de corretaje exclusivo; 2) contrato de corretaje semi exclusivo; 3) contrato de corretaje abierto. R. A. Cintrón
Perales, El Contrato de Corretaje de Bienes Raíces y de Opción de Compraventa de Propiedades Residenciales, Ed. Situm, San
Juan, Puerto Rico, 2006, pág. 85.
La doctrina también reconoce
el contrato de corretaje con acuerdo neto y el contrato de subcorretaje o co-broking. en la forma de El primero se del refiere corredor a y una el
segundo, a un acuerdo de cooperación entre dos o más corredores
para llevar a cabo determinada transacción de bienes raíces. Id., pág. 91. En los contratos de corretaje exclusivo y semi
exclusivo, &quot;el dueño de una propiedad le concede al corredor la autorización única y exclusiva para actuar como intermediario en una [sic] representación de éste para ofrecer, promocionar y negociar determinada transacción de bienes raíces&quot;. 86-87. Id., págs.
Ambos contratos se diferencian en que, en los semi
exclusivos, el propietario no renuncia al derecho de &quot;realizar gestiones para perfeccionar la transacción de bienes raíces por sí mismo&quot;. Id. La exclusividad no se presume, por lo que,
para que tal renuncia sea válida y el contrato goce de plena exclusividad, así debe pactarse expresamente en el contrato de corretaje. Id. pág. 87; D. Barlow Burke, Jr., Law of the
Real State Brokers, 3ra ed., Aspen, 2009, Sección 2.02 (B), págs. 2-30 (Discute jurisprudencia estadounidense de los
tribunales estatales a esos efectos). En cambio, en los contratos de corretaje de tipo
abierto, &quot;el dueño de la propiedad se reserva la facultad de contratar el número de corredores de bienes raíces que desee&quot;. Véase, R. A. Cintrón Perales, op. cit., págs. 88-89. Es
decir, durante la vigencia del contrato abierto, el oferente no está impedido de dirigirse a otros corredores con el propósito de asignarle la misma encomienda que le fuera asignada anteriormente a otro corredor. De ahí que &quot;el
derecho a exigir el pago de la comisión será de aquel corredor que haya sido quien procuró que se perfeccionara la transacción de bienes raíces (procuring cause)&quot;. Id., pág.
CC-2007-518 89.
Este tipo de contrato es de carácter informal y se utiliza
comúnmente en transacciones que involucran propiedad comercial, o incluso residencial, cuando el propietario necesita disponer de éstas con premura, pues al no estar atado a un solo corredor se multiplican las posibilidades de conseguir un comprador. Véase, D. Barlow Burke, Jr., op. cit., Sección 2.02 (A), págs. 2-24. Por otra parte, el negocio de corretaje está regulado de forma específica en nuestro ordenamiento por la Ley 10. Con su
adopción, se agruparon en una sola ley todas las disposiciones legales pertinentes al negocio de bienes raíces existentes
hasta ese entonces, y se dispuso un cuerpo reglamentario nuevo y más estricto con el fin de beneficiar a los consumidores y a los vendedores, corredores o empresas de bienes raíces.
Véanse, Exposición de Motivos de la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, Leyes de Puerto Rico, 1994, págs. 4344; Vélez v. Izquierdo, 162 D.P.R. 88, 95 (2004). La ley se refiere a distintos tipos de contratos de
corretaje, pero no incluye los contratos de corretaje de tipo abierto. De esta falta de reglamentación, el Tribunal concluye de la
que la ley es confusa, embarcándose en un tortuoso viaje interpretación &quot;confusión&quot;. del contrato no los judicial para &quot;aclarar&quot;
Sostengo que la ausencia de referencia en la ley de tipo abierto, a es indicativo tipos a los de de que la
Legislatura informales
quiso mismos
imponerle
naturaleza exclusiva y semi exclusiva.
Así, entre los actos o prácticas específicas proscritas por la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, la ley menciona que: Se prohíbe a toda persona sujeta a las disposiciones de [esta ley] a incurrir, o inducir a otra persona a incurrir, en cualquiera de los actos o prácticas que se enumeran a continuación: . . . . (9) Realizar con cualquier parte un contrato de corretaje exclusivo o semi exclusivo, sin explicarle los términos y condiciones del mismo, y su fecha de vencimiento; disponiéndose, que no serán permitidas las cláusulas de renovación automáticas en los contratos de corretaje. 20 L.P.R.A. 2054(a)(9). (Énfasis suplido). Nótese, que la ley es clara al exigir que los contratos de corretaje exclusivo y semi exclusivo contengan &quot;fecha de
vencimiento.&quot;
Lo cierto es que los contratos de corretaje de
tipo abierto no eran desconocidos en la doctrina a la fecha en que se aprobó la Ley Núm. 10, por lo que su omisión en ésta fue un acto consciente y no un mero olvido o algo que apunte a confusión. Ello no obstante, la mayoría de esta Curia considera que el referido texto es confuso, el razón por la cual estima
necesario Considero
interpretar que es
legislativo. una travesía Veamos
interpretativa en búsqueda de la intención legislativa. en mayor detalle.
CC-2007-518 II A La Opinión del Tribunal parte de una
equivocada acerca del contenido de la Ley 10 al presumir que ésta trata de igual forma a todos los tipos de contratos de corretaje y que no crea distinción alguna entre éstos. Tal
presunción es incorrecta, ya que en determinadas instancias, la ley alude específicamente a tipos de contratos en particular con el propósito de sumar exigencias y garantizar un mayor grado de certidumbre para el consumidor de servicios. Tal es
el caso de los contratos exclusivos, semi exclusivos y con acuerdo neto. En la medida que la ley reconoce la existencia
de distintos tipos de contratos de corretaje, se patentiza que la ausencia de uno de estos tipos de contrato en la ley fue determinación consciente. Por ejemplo, y como ya vimos, al enumerar los actos o prácticas proscritas dentro de la profesión de corredor o
vendedor de bienes raíces, el legislador prohibió claramente en el artículo que interpretamos, &quot;realizar con cualquier parte un contrato de corretaje exclusivo o semi exclusivo, sin
explicarle los términos y condiciones del mismo, y su fecha de vencimiento. . .&quot;. (Énfasis suplido) 20 L.P.R.A. sec. 3054 (a)(9). Así también, el artículo 31(16), distinguió los contratos de &quot;Previo al otorgamiento neto, de la no orientar
corretaje con acuerdo neto cuando proscribió: de un contrato al de corretaje sobre o el
listado alcance
y la conveniencia de utilizar los servicios de un tasador
CC-2007-518 profesional&quot;. (a)(16). (Énfasis suplido). 20 L.P.R.A. sec.
Como bien se puede apreciar, no todos los tipos de Al utilizar la terminología
contrato reciben el mismo trato.
típica de la profesión de corretaje, resulta evidente que el legislador pretendió dar tratamiento disímil a los distintos tipos de contratos de corretaje. Como ya adelantamos, en los contratos exclusivos y semi exclusivos, el dueño de la propiedad se obliga a no firmar otros contratos de corretaje con otros corredores. R. A.
Cintrón Perales, op. cit., pág. 86.
Asimismo, mediante pacto
expreso, el propietario tiene la opción de renunciar al derecho de realizar gestiones a fines de llevar a cabo transacciones de bienes raíces por sí mismo. En este tipo de contrato el
propietario limita las actividades que puede llevar a cabo para disponer de su propiedad. Id. Es por ello que se hace
necesario que se le incluyan limitaciones, como la fecha de vencimiento, habida cuenta que con este tipo de contrato el propietario está impedido de disponer de su propiedad por su cuenta. mismo a El propietario no puede realizar gestiones por sí los fines de concretar determinada transacción de
Estas limitaciones a lo que es su derecho
propietario, justifican la exigencia de fecha de vencimiento en este tipo de contrato. Así lo entendió el legislador en su
momento y ello surge claramente del texto de la Ley Núm. 10 y, como veremos, de las leyes y reglamentos que le precedieron.
CC-2007-518 Por el contrario, los contratos de corretaje
otorgan mayor flexibilidad al dueño que pretende disponer de su propiedad, permitiéndole contratar con varios corredores de
bienes raíces de forma simultánea.
Es decir, la naturaleza
flexible de los contratos de corretaje abierto permite que éstos no requieran un plazo de vigencia ya que &quot;el dueño de la propiedad se reserva la facultad de contratar el número de corredores de bienes raíces que desee&quot;. op. cit., págs. 88-89. R. A. Cintrón Perales,
Esto permite que en caso de que el
propietario no esté conforme con las ejecutorias del corredor o desee agilizar la transacción, por ejemplo, explore otras
alternativas a fines de concretar sus objetivos. Es la naturaleza misma de estos dos tipos de contrato de corretaje lo que justifica y explica su trato disímil por el legislador, pero que la mayoría ignora. B A pesar de que una lectura integral de la Ley Núm. 10, deja establecido que el legislador distinguió entre los en de 10, Ley
tipos de contratos de corretaje, el Tribunal se embarca una infructuosa expedición interpretativa a Ley través Núm.
varias leyes y reglamentos derogados por la para encontrar allí soporte para su teoría. para reglamentar el ejercicio de la de Bienes Raíces, Ley Núm. 139 de Leyes de Puerto Rico, 1980, pág.
Véanse, de
profesión 14 de 544;
Corredor de 1980, sobre el
Reglamento Puerto Rico
Competencia Justa Núm. V (Regulando en
negocio de bienes raíces en Puerto Rico) Núm. 1639,
CC-2007-518 de Asuntos Monopolísticos, las 8 de febrero de en 1973; la Ley Isla
9 para por
compañías dedicadas a la venta de bienes raíces localizados fuera de Puerto Rico, Ley Núm. 145 de 18 de junio de 1980, Leyes de Puerto Rico, 1980, pág. 588; y Reglamento sobre
Competencia Justa Núm. IV (Regulando en Puerto Rico la venta de terrenos localizados fuera de Puerto Rico) Núm. 1375, Oficina de Asuntos Monopolísticos, 25 de septiembre de 1970. Como parte de esta búsqueda, la mayoría comienza citando el artículo 8 (l)(3) de la derogada Ley Núm. 145, el cual prohibía &quot;ofrecer vender o vender solares sin especificar en el contrato de venta . . . el término de duración de dicho
contrato, incluyendo específicamente la fecha de vencimiento&quot;. (Énfasis suplido). de 1980. Tal Art. 8 (l)(3) de la Ley 145 de 18 de junio la Opinión del Tribunal reconoce, el
vencimiento al que hace referencia este inciso no versa sobre la relación de corretaje entre el propietario y el agente
corredor, sino sobre el contenido del contrato de compraventa de una propiedad. Por tal razón, su sola mención resulta Más
impertinente a la luz de la controversia que nos ocupa.
aún, no concibo cómo este Foro puede llegar a concluir que el artículo 31 (9) de la Ley Núm. 10, &quot;parece ser el producto&quot; del artículo 8 (l) (3) de la Ley Núm. 145 debido a que este
último utiliza la palabra &quot;vencimiento&quot;. Además, lo cierto es que esta cláusula se incluyó, casi en su totalidad, en el texto de la Ley Núm. 10, pero
para referirse al contenido del contrato de compraventa y no a la relación Dispone de la corretaje Ley Núm. entre 10, en el su agente y el 32
propietario. (a)(11)(B):
(a) Actos o prácticas proscritas a vendedores, corredores y empresas en la venta de bienes inmuebles localizados fuera de Puerto Rico: . . . . (11) Ofrecer vender o vender especificar en el contrato de venta: (A) Todo lo relacionado... (B) Quien acarreara la deuda contributiva durante el período de tiempo en que se estén pagando los plazos adecuados para la compra de dicho solar y si ésta recayer[e] sobre el comprador, la porción del total de la mensualidad adecuada que se dedicara a este concepto, un desglose en forma detallada de los conceptos a los cuales será aplicada la mensualidad y el término de duración de dicho contrato, incluyendo específicamente, la fecha de vencimiento. 20 L.P.R.A. Sec. 3055 (a)(11)(B). (Énfasis suplido y corchete en el original). Con lo cual, no logro comprender cómo la mayoría llega a su conclusión. Por otra parte, la Opinión mayoritaria cita el texto del inciso 23 del artículo V del derogado Reglamento sobre Competencia aprobado en Justa virtud Núm. de V. la Ley El referido reglamento las fue solares sin
monopolísticas y proteger la justa y
los negocios y el comercio, Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, con el propósito de &quot;regular las transacciones que
[involucraban] bienes raíces localizados en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico . . .&quot;. sobre Competencia Justa Núm. V. Art. A II esos del Reglamento el
&quot;concertar
contrato autorizando que el corredor o vendedor [actuara] como el agente exclusivo en la venta de dicha propiedad sin antes informar al cliente sobre el alcance de dicha exclusividad&quot;. (Énfasis suplido). Art. V (a)(23) del Reglamento sobre
Competencia Justa Núm. V. Como sabemos, uno de los objetivos de la Ley 10 fue agrupar la legislación anterior que regulaba el negocio de bienes raíces. intactas derogadas. varias A tales fines, el legislador trasladó casi disposiciones contenidas en leyes
De hecho, en el anteproyecto de la Ley 10, se mencionado artículo con
utilizó un lenguaje muy parecido al del V del Reglamento Núm. V, al
&quot;[c]oncertar
cualquier cliente un contrato de corretaje exclusivo o semi exclusivo, exclusividad contrato suplido). la sin o explicarle semi sobre los o no alcances indicar mismo.&quot; de en esta dicho
exclusividad de expiración
P. del S. 300 de 30 de abril de 1993, 1ra Sesión
Ordinaria, 12ª Asamblea Legislativa, pág. 25. Es pertinente señalar que el referido para anteproyecto &quot;simplificar
sólo fue modificado en su versión final
las prácticas prohibidas por [la Ley Núm. 10]&quot;, más no por motivos adicionales que pudieran ahora trastocar la P.
interpretación del texto utilizado en el anteproyecto. del S. 300 de 30 de abril de 1993, 2da Sesión
12ª Asamblea Legislativa, Informe Conjunto presentado por la Comisión de Gobierno, de Vivienda y de Asuntos del Consumidor, 18 de octubre de 1993, pág. 8.
El artículo 31 (9) de la Ley 10 tiene su génesis en el texto del Reglamento Núm. V. manifiesta que el legislador, Su incorporación a la Ley 10 históricamente, ha procurado
estatuir mayores limitaciones para los contratos con acuerdos de exclusividad, omitiendo extenderlas a los contratos
Asimismo, ambas disposiciones demuestran un interés
del legislador en que el consumidor conozca el alcance de la exclusividad. No veo, entonces, de dónde surge la &quot;confusión&quot;
que invoca la Opinión del Tribunal. La ponencia a la hace Ley referencia Núm. 102. a En una de varias enmiendas la
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 271 de 6 de octubre de 1998 - que prohibió las cláusulas de renovación automática en los contratos de corretaje para concluir que todos los
contratos de corretaje, aun los de tipo abierto, tienen que tener fecha de vencimiento. Motivos dispone: La Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994 tuvo el propósito, entre otros, de reglamentar el negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresas de Bienes Raíces en Puerto Rico. Ésta logró agrupar todas las disposiciones legales existentes en el campo de las Bienes Raíces, resultando en beneficio de los consumidores, así como también de los Vendedores, Corredores y Empresas de Bienes Raíces. Actualmente uno de los aspectos más importantes en una negociación de bienes raíces es la relación contractual que se establece con el cliente. Estas negociaciones se formalizan comúnmente mediante &quot;contratos de corretaje&quot; que En lo pertinente, la Exposición de
Cabe señalar que el artículo 31 de la Ley Núm. 10 ha sido enmendado luego de su aprobación en tres ocasiones: 1998, 1999 y 2006. El texto de la primera oración del artículo 31 (9) no fue alterado en ninguna de esas tres instancias.
deben disponer de un término fijo de tiempo donde un corredor tiene los derechos para la venta de una propiedad. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 271, Leyes de Puerto Rico, 1998, pág. 1285. (Énfasis suplido).
A base del citado texto, el Tribunal concluye que debido a que &quot;comúnmente&quot; las negociaciones entre el propietario y el corredor se formalizan mediante contratos sujetos a un término fijo, el legislador quiso establecer que todo contrato de De igual
corretaje contenga una disposición a esos efectos.
forma, presume que la Asamblea Legislativa no hubiera aprobado la referida enmienda si no hubiera entendido que por
disposición de la Ley 10, todo contrato de corretaje, aun los de tipo abierto, requerían fecha de vencimiento como requisito para su validez. Por consiguiente, de una mención general y
ejemplificativa plasmada en una enmienda, el Tribunal deduce, livianamente, que el legislador tuvo la intención de que el artículo 31 (9) de la Ley 10 aplicara a los contratos abiertos, incluso desde su aprobación en 1994. No comparto este método
de interpretación que se trasluce de la opinión del Tribunal. Es Asamblea cierto que a través de las la referida de enmienda la
Sin embargo, no es menos cierto que, como cuestión
de lógica, ello no excluye que las partes ­en el ejercicio de su libertad contractualsuscriban un contrato abierto sin
estar sujeto a un término fijo. Cabe destacar que la referida enmienda fue aprobada
con posterioridad a la suscripción del contrato de autos,
hecho reconocido por la Opinión mayoritaria.
Si bien no existe
impedimento para considerar una legislación posterior con el fin de interpretar el alcance de una legislación anterior, &quot;una expresión contenida en una ley enmendatoria [sic] explicando cuál fue la intención legislativa al aprobar la ley objeto de enmienda no es definitiva con carácter retroactivo ni desvirtúa la interpretación que a la ley original haya dado este
Tribunal&quot;.
Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 D.P.R. 589,
596 (1989); Nadal v. Depto. Rec. Nat., 150 D.P.R. 715 (2000). De forma análoga, una expresión ejemplificativa contenida en la Exposición de Motivos de una ley enmendadora, refiriéndose a uno de varios supuestos contractuales cobijados por la ley original, no debe utilizarse como punta de lanza para realizar modificaciones con carácter retroactivo, o pasar por alto la claridad del texto legislativo. El curso interpretativo que traza el Tribunal, sin más, no es fundamento adecuado para el resultado propuesto. Ley 10 como sus antecedentes, demuestran que la Tanto la Asamblea
Legislativa y los distintos organismos del Ejecutivo han optado por excluir los contratos de corretaje abierto en todas las instancias en que se ha requerido desglosar tanto sus términos y condiciones como la fecha de vencimiento. razonable, a mi que juicio, el como técnica eximió del Parecería más que de de
interpretativa, a los contratos de fecha
concluyésemos corretaje de
legislador abierto
ausencia no debe
fundamentos en
jurídicos el ejercicio
adecuados, de su
interpretativa del Derecho.
Concluir que el texto del artículo
31(9) -según su redacción actual- fue aprobado con la intención de que aplicara a los contratos de corretaje abierto no es más que un ejercicio de legislación judicial. Por los fundamentos antes expresados, disiento del
criterio mayoritario.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada
Microsoft Word - 2010TSPR226 Rodríguez Vélez v Bahía Park CC-2007-518.rtf

References: Artículo 31
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 Artículo 14
 Artículo 17
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 Artículo 8
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