Source: https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=63060&legiid=489
Timestamp: 2019-10-20 11:58:28+00:00

Document:
REPUDIO A GOBIERNO DE VENEZUELA Y SOLICITUD DE SEGUIMIENTO A INVESTIGACIÓN DE CORTE PENAL INTERNACIONAL POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. PROYECTO DE ACUERDO
DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE PRODUCTOS DE HIGIENE MENSTRUAL. PROYECTO DE ACUERDO
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ESTABILIDAD LABORAL PARA TRABAJADORES PORTUARIOS EVENTUALES. PROYECTO DE ACUERDO
RECHAZO A RETIRO DE JAPÓN DE COMISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL Y A CUALQUIER INCURSIÓN DE SU FLOTA EN AGUAS CHILENAS. PROYECTO DE ACUERDO
RECONOCIMIENTO DE PUEBLO CHANGO COMO ETNIA
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; del Trabajo y Previsión Social, señor Nicolás Monckeberg Díaz, y de Salud, señor Emilio Santelices Cuevas.
--Se abrió la sesión a las 11:20, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 68ª y 69ª, especiales, en 20 de noviembre de 2018; y 70ª y 71ª, especiales, en 21 de noviembre de 2018, se encuentran en Secretaría a disposición de Sus Señorías, hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con el primero informa que ha aprobado el proyecto que modifica el Código de Justicia Militar y la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en lo que respecta al secreto relativo a las plantas o dotaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (boletín N° 11.790-25) (con urgencia calificada de "suma").
Con el segundo comunica que ha aprobado el proyecto que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, y la ley N° 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, para establecer el deber de contar con un protocolo contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional (boletín N° 11.926-29) (con urgencia calificada de "simple").
Con el tercero hace presente que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley N° 20.032, que establece el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), y su régimen de subvención, y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica (boletín N° 11.657-07).
Con el cuarto manifiesta que ha aprobado, con las enmiendas que indica, el proyecto que modifica la ley N° 19.451, con el objeto de incentivar la donación de órganos (boletines N°s 11.849-11, 11.872-11 y 11.893-11, refundidos) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Informa, a solicitud de la Senadora señora Provoste, sobre el cumplimiento de la formalidad de comunicación escrita previa en el caso de petición de renuncia de directivos públicos del segundo nivel jerárquico nombrados con la intervención del Consejo de Alta Dirección Pública, y los motivos por los cuales no se ha tomado razón de esas desvinculaciones.
Responde inquietud del Senador señor Navarro referente a la rebaja de la asignación municipal para salud en las localidades rurales que indica, ubicadas en las comunas de Los Ángeles, Tomé y Hualqui.
Remite diversos antecedentes, con carácter de secretos, relativos a atención de menores en la Región de Aisén, en respuesta a solicitud del Senador señor Sandoval.
Absuelve inquietud del Senador señor García-Huidobro respecto del incumplimiento de la incorporación de la propina cuando la venta es cancelada mediante tarjetas de crédito o débito.
Del señor Director (S) del Servicio Nacional de Aduanas:
Contesta dos oficios enviados en nombre del Senador señor Navarro. Uno, referido a la internación de 56 máquinas tragamonedas requisadas en el puerto de San Vicente y, el otro, sobre descripción de mercaderías que indica.
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación y la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, en el sentido de prohibir que se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta (boletín N° 11.662-04).
De la Comisión Especial del Adulto Mayor, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para establecer el concepto de "cuarta edad" (boletín N° 11.224-18) (con urgencia calificada de "simple").
De los Senadores señor Sandoval, señoras Ebensperger y Órdenes y señores Moreira y Prohens, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 20.920 con el fin de consagrar la obligación de incorporar, por parte del productor, información sobre la manera de reciclar productos electrónicos (boletín N° 12.401-12).
De los Senadores señor Bianchi, señoras Allende y Órdenes y señores Girardi y Sandoval, con la que inician un proyecto de reforma constitucional para incorporar el desarrollo sostenible dentro de las Bases de la Institucionalidad (boletín N° 12.402-07).
De los Senadores señoras Allende, Goic y Muñoz y señores Lagos y Letelier, con la que inician un proyecto de ley para mejorar la condición laboral de los trabajadores portuarios eventuales (boletín N° 12.403-13).
De los Senadores señor Chahuán, señoras Aravena, Ebensperger, Rincón, Von Baer y Van Rysselberghe y señores Allamand, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria, por el que expresan su repudio al Gobierno de Venezuela; lo exhortan a liberar a los presos políticos, poner fin a la usurpación de la Presidencia de la República y realizar elecciones libres; y solicitan a la Cancillería chilena hacer especial seguimiento a las investigaciones de la Corte Penal Internacional dirigidas contra Nicolás Maduro por violaciones a los Derechos Humanos (boletín N° S 2.045-12).
Si les parece a Sus Señorías, antes de entrar al Orden del Día, podríamos votar algunos proyectos de acuerdo, partiendo por el que acaba de ser leído.
Boletín N° s2045-12
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Chahuán, señoras Aravena, Ebensperger, Rincón, Von Baer y Van Rysselberghe y señores Allamand, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.045-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 91ª, en 23 de enero de 2019.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es expresar el repudio al Gobierno de Venezuela; exhortarlo a liberar a los presos políticos, poner fin a la usurpación de la Presidencia de la República y realizar elecciones libres, y solicitar a la Cancillería chilena hacer especial seguimiento a las investigaciones de la Corte Penal Internacional dirigidas contra Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz y Provoste y los señores Allamand, Bianchi, Coloma, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Boletín N° s2034-12
El señor MONTES (Presidente).- A continuación está el proyecto de acuerdo suscrito por los Senadores señor Quintana, señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens y Quinteros.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.034-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- La finalidad de este proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, envíe un proyecto de ley que disponga la distribución gratuita de productos de higiene menstrual en establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado, recintos de salud públicos, cárceles y albergues y a personas en situación de calle.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (28 votos a favor).
Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Boletín N° s2038-12
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.038-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 83ª, en 2 de enero de 2019.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de este proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva enviar a trámite legislativo una iniciativa que modifique todos los cuerpos legales necesarios y, en particular, el Código del Trabajo, con el fin de asegurar estándares mínimos de estabilidad laboral para los trabajadores portuarios eventuales.
La señora EBENSPERGER.- ¿A qué se refiere concretamente, señor Presidente?
El señor COLOMA.- ¿Qué proyecto es?
El señor MONTES (Presidente).- Es una solicitud respecto de los trabajadores portuarios eventuales, para que tengan mejores condiciones de trabajo y mayor estabilidad.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se pide introducir modificaciones legales en favor de ellos.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (26 votos a favor). Votaron las señoras Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, García, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quinteros y Sandoval.
La señora ARAVENA.- Agregue mi voto a favor, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo de la señora Senadora.
Boletín N° s2041-12
El señor MONTES (Presidente).- Finalmente, veremos el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor De Urresti, señoras Allende, Aravena, Goic, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Araya, Bianchi, Castro, Elizalde, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Prohens, Quintana y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.041-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 87ª, en 9 de enero de 2019.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los firmantes del proyecto de acuerdo solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya al señor Ministro de Relaciones Exteriores y a la señora Ministra del Medio Ambiente para que, en los foros internacionales pertinentes, hagan ver el retroceso que significa la decisión adoptada por el gobierno de Japón, que se ha retirado de la Comisión Ballenera Internacional para retomar la caza comercial de ballenas, así como el rechazo a cualquier incursión futura de su flota ballenera en nuestras aguas nacionales, especialmente en las antárticas.
Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Quinteros y Sandoval.
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde, en primer lugar, tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno, con segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (segundo): sesión 83ª, en 2 de enero de 2019.
Sesión 60ª, en 16 de octubre de 2018 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 16 de octubre de 2018.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1º, 3º y 4º del proyecto no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad. Cabe recordar que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Derechos Humanos y el texto como quedaría de aprobarse las modificaciones.
Ofrezco la palabra al Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, como tuve ocasión de decirlo cuando se aprobó en general este proyecto, estamos aquí poniendo fin a una injusticia con un pueblo que es parte de nuestra nación desde hace muchos años y al cual no solo se le han negado sus derechos -como ha ocurrido con otras minorías-, sino que, más aún, se le ha desconocido su existencia.
El pueblo tribal afrodescendiente chileno habita en nuestro país, especialmente en el norte, adonde llegaron sus ancestros en condición de esclavitud en los siglos XVI a XIX.
Tiene su identidad cultural, su idioma, su tradición histórica, sus instituciones y su cosmovisión.
La afrodescendencia guarda relación con la diáspora africana, esto es, con grupos de poblaciones provenientes del continente africano que fueron obligados a abandonar sus territorios originarios como víctimas de la esclavitud.
Su situación de desventaja con relación a otros grupos culturales ha sido reconocida por la comunidad internacional a través de distintas instancias en las que dicha temática ha adquirido un lugar central, que gira en torno al principio de no discriminación y, además, apunta a fortalecer la diversidad cultural étnica.
El número de esclavos que llegó a Chile no era muy elevado, pero sí la cantidad de sus descendientes, así como los esclavos que llegaron libres desde Perú, lo que da cuenta de una presencia africana relevante, pero, al mismo tiempo, poco visible, producto de la dificultad para aceptar que la cultura afro sí tuvo un papel activo en el desarrollo de nuestro país.
Como ha dicho un estudio de la Universidad de Tarapacá, esa resistencia estuvo en la base del desconocimiento sobre este pueblo. La frase "En Chile no hay negros" es bastante conocida. Muchos la hemos escuchado alguna vez.
Sin embargo, los afrodescendientes chilenos han dejado su huella cultural en todo el norte grande del país. Han combatido la discriminación y la negación manteniendo su unidad y riqueza cultural muy visible en cada evento público de nuestra Región.
Y se han abierto camino.
La acción importante y cada vez más visible de los afrodescendientes organizados es lo que ha promovido el reconocimiento de este grupo tribal y obligado a tomar medidas y definir políticas públicas que vayan fortaleciendo crecientemente su valoración.
Esta iniciativa nació de una moción presentada por el Diputado Luis Rocafull, quien nos acompaña hoy, la que fue apoyada por los Diputados Cariola, Farías, Hernando, Kort, Melo, Mirosevic, Poblete, Provoste y Soto. La Cámara Baja, por 91 votos a favor y una abstención, respaldó el proyecto que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno.
De ese modo se reconoce no solamente la existencia de la etnia, sino también su identidad cultural, su idioma, su tradición histórica, sus instituciones, su cosmovisión.
El artículo 2º de la iniciativa define explícitamente el término "afrodescendiente". Dice: "Se entiende por afrodescendientes chilenos al grupo humano que, teniendo nacionalidad chilena en conformidad a la Constitución Política de la República, comparte la misma cultura, historia, costumbre, unidos por la conciencia de identidad y discurso antropológico, descendientes de la trata trasatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX y que se auto identifique como tal.".
He leído dicha norma, señor Presidente, porque en ella radica el cambio principal entre nuestra propuesta y el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Esperamos que esta última la acepte.
Finalmente, creo que es importante recordar que este proyecto es un mínimo deseable para que un pueblo históricamente perseguido pueda ahora, gracias al reconocimiento que le conferirá esta futura ley, trabajar con los pueblos originarios y tribales protegidos por el Convenio 169 de la OIT, con el propósito de recuperar plenamente su dignidad, mostrarnos su cultura y enriquecernos con ella, además de contribuir a un país más justo, del cual son hijos e hijas desde hace cuatro siglos.
Con ello se podrán levantar con la dignidad de saber que los legisladores estamos dispuestos a aprobar políticas contra el racismo, la xenofobia y todo tipo de intolerancia que se realice en contra de los pueblos habitantes de nuestra patria.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, deseo respaldar y hacer mías las palabras del Senador Insulza, dado que este proyecto de ley abre toda una comprensión y una promoción de la cultura afrodescendiente en nuestro país.
Quiero saludar y felicitar a las organizaciones de pueblos afrodescendientes de Chile, particularmente a las de Arica y Parinacota; a la señora Marta Salgado, quien ha liderado este trabajo con un gran equipo de personas (agrupaciones sociales afrodescendientes de la zona, estudiosos, investigadores de la cultura y la tradición afrodescendiente).
Cabe señalar que estamos en el debate en particular y, como lo ha señalado el señor Secretario, prácticamente todas las enmiendas introducidas por la Comisión fueron aprobadas por unanimidad.
Las modificaciones son muy similares al texto que habíamos aprobado en general acá, en esta Sala, y también en la Comisión.
Solamente el artículo 2°, tal como ha señalado el Senador Insulza, muestra un cambio sustantivo en lo que se comprende o entiende por "afrodescendientes chilenos", cambio que fue aprobado por unanimidad en la Comisión y es, en mi opinión, el más importante que realizó en relación con lo que ya habíamos aprobado en general, tanto en ese organismo como en esta Sala.
Por eso, señor Presidente, propongo que aprobemos esta iniciativa sin mayor debate, pues constituye un reconocimiento histórico y un reconocimiento del valor patrimonial que tiene la cultura del pueblo tribal afrodescendiente en nuestro país.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Le parece a la Sala que abramos la votación, dado que se advierte bastante consenso en los contenidos del proyecto?
El señor MONTES (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto que hoy analizamos en particular causa gran emoción en los ariqueños y parinacotenses, pues viene a reparar, bajo un concepto de justicia histórica, el largo anhelo de los pueblos afrodescendientes en cuanto a ser reconocidos en su identidad cultural, idioma, tradición histórica, en función de sus instituciones y cosmovisión.
El texto incorpora, en esta etapa de su discusión, una mejor definición de los pueblos afrodescendientes chilenos, señalando que son las personas que se identifican como descendientes de los esclavos africanos que fueron traídos a Chile entre los siglos XVI y XIX.
Se trata, en consecuencia, de un grupo humano que ha cuidado la trasmisión de su cultura, sus usos, sus costumbres y tradiciones, en forma oral y por medio de la música, a través del tiempo.
Los ariqueños no nos concebimos sin los rostros, música y cultura de los afrodescendientes. Nuestra tierra los cobijó, los protegió de tormentos y los llenó de paz y esperanza. Sus ancestros encontraron en Arica un lugar de protección, y hoy nuestra región quiere reconocerles su derecho de identidad. Por eso le expresamos a este Honorable Senado nuestro agradecimiento por integrarlos a esta ley.
El reconocimiento de su identidad permitirá a los afrodescendientes chilenos ser consultados y ser partícipes cuando se dicten medidas legislativas y administrativas que los afecten. De esta forma, su reconocimiento no será una mera declaración, sino un reconocimiento real.
A partir de hoy, todos deberemos hacer esfuerzos para que los afrodescendientes chilenos también estén considerados en el próximo censo. Tuve el honor de autorizar, como intendente, un estudio de caracterización que permitió darles visibilidad. Y ojalá que hoy, con la ayuda de todos en este Honorable Salón, podamos decirles que van a tener visibilidad en su cultura y, por sobre todas las cosas, en sus tradiciones.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, considero que este proyecto de ley es de toda justicia. Sin embargo, quiero hacer dos o tres observaciones respecto de sus artículos 2° y 7°, porque me parece que, si queremos hacer realmente justicia, debemos tener claridad en lo que estamos haciendo.
Es primera vez que el Parlamento chileno legisla en relación con el efecto de un tratado internacional, que es el Convenio 169 de la OIT, específicamente sobre la letra a) de su artículo 1, que es distinto de la letra b) de la misma disposición, vigente en Chile y sobre la cual ya se ha legislado.
En nuestro país hemos legislado sobre los pueblos indígenas, en el entendido de que lo hemos hecho en el marco de la letra b) del artículo 1 del Convenio 169. Es decir, hemos legislado sobre pueblos anteriores a la formación del Estado chileno.
Es primera vez que vamos a incorporar, a los efectos del referido instrumento internacional, no a un pueblo indígena, sino a un pueblo tribal, cuya definición -vuelvo a insistir- está en la letra a) del artículo 1 del Convenio.
Sobre esa materia no tenemos ni jurisprudencia ni legislación. Y por eso me llaman la atención dos cosas relacionadas con el artículo 2° del proyecto de ley.
Primero, señala que los afrodescendientes chilenos fueron "traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX". Yo debo entender que estamos excluyendo el siglo XIX y que fueron traídos no en ese siglo, porque, de lo contrario, significaría estar reconociendo a un pueblo tribal que llegó después de la formación del Estado, lo cual daría pie, probablemente y en teoría, a que surgieran grupos de inmigrantes de otras partes del mundo que también alegaran su condición de pueblo tribal, que tal vez podrían tener, aunque en otras condiciones.
Por lo tanto, quiero interpretar esta disposición y aprobarla en el entendido que estamos hablando de un pueblo tribal que llegó al país antes de la formación del Estado, para precavernos de todo este proceso que estamos discutiendo sobre la inmigración, que podría traernos otro tipo de consecuencias jurídicas no deseadas.
Aquí, lo que queremos es hacer justicia al pueblo tribal afrodescendiente, pero en el entendido de que llegó a territorio nacional antes de la formación del Estado chileno.
Lo segundo es que acá vemos la contradicción que tenemos como sociedad. En el mismo artículo 2° del proyecto se señala: "Se entiende por afrodescendientes chilenos al grupo humano que, teniendo la nacionalidad chilena (...)". Y justamente los estamos reconociendo porque tienen otra nacionalidad, porque son una nación distinta, porque tienen una cultura, una historia, una costumbre, una conciencia y un discurso antropológico propios, distintos, diferentes del que tiene la nación chilena. Si tuvieran la misma nacionalidad, seríamos todos iguales. Pero acá hay una diferencia.
Por lo tanto, esta redacción, siendo de buena fe y con buenas intenciones de hacer justicia, refleja la profunda contradicción que tenemos, porque queremos reconocer que son distintos pero, al mismo tiempo, se dice que poseen la nacionalidad chilena. Si pensamos que son distintos, la diversidad hace, precisamente, que se trate de otros pueblos, de otras naciones a las cuales incorporamos y les reconocemos esa diversidad.
Ahora, yo entiendo que este es un debate mayor que en algún minuto tendremos que realizar en Chile en cuanto a si somos o no un Estado plurinacional bajo un concepto de Estado unitario: unidad en la diversidad. Pero, a mi juicio, el artículo 2° refleja una discusión no resuelta en nuestra sociedad.
Finalmente, señor Presidente, el artículo 7° del proyecto establece que un reglamento "podrá" ejecutar lo que disponen los artículos 4° y 6°. Si nosotros utilizamos la palabra "podrá", la pregunta es: ¿estamos consagrando una norma facultativa? Porque señala que se "podrá" dictar un reglamento en el plazo de un año. O sea, si quiere lo dicta y si quiere no lo dicta. Y yo entiendo que lo que nosotros queremos es que se dicte un reglamento dentro de un año y no entregarle una decisión facultativa al Poder Ejecutivo.
Con estas prevenciones, señor Presidente, voto favorablemente el proyecto.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, obviamente sería interesante tomar en consideración las reflexiones del Senador Huenchumilla, sobre todo la primera, que me parece que podría tener consecuencias posteriores en materia de reivindicaciones de otro origen.
Con respecto a la propuesta misma, para felicidad nuestra, dada su intención, me asiste un compromiso personal adquirido en Arica y Parinacota con las comunidades afrodescendientes, que están bastante organizadas.
Déjenme decirles que la comunidad afrodescendiente no solo representa un tercio de la población de América Latina, sino que además tiene presencia en nuestra historia. Ya en el año 1777 el gobernador de la época realizó un censo que arrojó que en el Reino de Chile un 73,5 por ciento de sus habitantes eran blancos; un 7,9 por ciento, mestizos; un 8,6 por ciento, indígenas, y un 9,8 por ciento, negros. Así se los calificaba en esa época. Pero censos posteriores, por ejemplo uno realizado en 1846 y aplicado en la entonces provincia de Arica, hablan de que el 50 por ciento de la población era negra.
Y hay estudios más recientes. En el año 2013 el Instituto Nacional de Estadísticas realizó la primera encuesta de caracterización de población afrodescendiente en la misma Región de Arica y Parinacota, cuyos resultados arrojaron un total de 8.415 afrodescendientes, correspondientes a un 4,7 por ciento de los habitantes.
Lo anterior indica que, además de la estadística, está la experiencia de la actividad real, concreta, y la presencia de dicha comunidad en la sociedad regional, no solo en materia de fiestas religiosas, tradiciones culinarias, costumbres, gastronomía, sino también en un proyecto internacional denominado "Candela de Componente Genético Africano", realizado en México, Colombia, Paraguay y Chile, que estableció que en nuestro país el 4 por ciento del componente genético de la población corresponde a raza africana.
Por consiguiente, se dan las condiciones comentadas por el Senador Huenchumilla en cuanto a que su presencia en Chile, forzada en su origen, data de antes de la formación de nuestro Estado nacional. O sea, hay un reconocimiento legal, de modo que sus tradiciones, sus valores, sus diferencias, sus particularidades, deben ser legítimamente reconocidas por la ley.
Apoyo el proyecto, señor Presidente, pero considero que lo planteado por el Senador Huenchumilla amerita una reflexión sobre la materia.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, tal como expusieron los representantes afrodescendientes chilenos en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la llegada de sus ascendientes a nuestro país se produjo, principalmente, en tiempos de la Conquista, siendo participantes activos de la construcción de las actuales naciones del sur y de los procesos de independencia de los países donde fueron traídos.
Los africanos fueron obligados a cruzar el Atlántico en galeras, raptados de sus tierras, convertidos en soldados o en esclavos para labores agrícolas y de servidumbre, sometidos al dominio de adinerados terratenientes tanto en el Perú como en nuestro país.
La comunidad afrodescendiente, a pesar de representar un tercio de la población de América Latina, ha sido marginada e invisibilizada en forma permanente de las políticas de los gobiernos, experimentando niveles desproporcionados de pobreza y de exclusión social a nivel global.
En Chile no es posible otorgar una cifra exacta del número de afrodescendientes, incertidumbre que se explica por la falta de reconocimiento legal de este pueblo. Sin embargo, según datos de la primera encuesta de caracterización de este segmento de la población, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas el 2013, se estableció que en la Región de Arica y Parinacota, donde hay mayor concentración de su comunidad, existen unas 8 mil 500 personas afrodescendientes, lo que corresponde a cerca del 5 por ciento de la población total. También hay presencia de la comunidad afrodescendiente en distintas regiones del territorio nacional.
El aporte de la cultura se manifiesta en muchos aspectos. Por ejemplo, en nuestra lengua encontramos vocablos africanos tales como banana, bochinche, ganga, entre otros. Así también se dice que nuestro baile nacional, la cueca, tiene matices africanos que se manifiestan en la zamacueca, baile afroperuano de gran moda en los años posteriores a la Independencia y antecesora de nuestro baile nacional. Por otro lado, la "Pascua de los Negros", que ya es parte de nuestra sociedad chilena, tiene sus raíces en el pueblo africano y sus orígenes se remontan al siglo XVIII.
En Arica se encuentra la "Ruta del Esclavo", que es un circuito de memoria que busca difundir en su recorrido las costumbres y tradiciones de los esclavos africanos que fueron traídos a América hace más de cuatrocientos años acompañando a los conquistadores, entre otros reconocimientos del aporte cultural afro.
Chile ha participado en instancias internacionales en la materia, asumiendo compromisos importantes para la inclusión de la variable afrodescendiente en las políticas públicas, y en concreto, en los censos de la población, hacia la inclusión del enfoque étnico.
En resumidas cuentas, el reconocimiento formal al pueblo tribal afrodescendiente chileno constituye un primer paso en su identificación como comunidad con sus respectivos derechos humanos legales, sociales y culturales.
En cuanto a lo que comentaba el Senador Huenchumilla sobre la dictación de uno o más reglamentos y el uso de la forma verbal "podrá" y no la forma "deberá" en el artículo 7°, cabe señalar que en la Comisión de Derechos Humanos escogimos la opción facultativa, dado que ello corresponde a una iniciativa exclusiva del Ejecutivo y nosotros no tenemos atribución para imponerle que dicte el reglamento en determinado tiempo.
Finalmente, señor Presidente, quiero manifestar que en Chile se han realizado diversos seminarios y encuentros de la comunidad internacional vinculados a los derechos humanos para dar este paso de reconocimiento y de justicia histórico al pueblo afrodescendiente. Así que este proyecto -insisto- constituye un primer paso en la línea de una política pública de derechos humanos.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, deseo saludar de manera muy especial al Diputado Luis Rocafull, quien es el autor principal de la iniciativa. Y agradezco el que nos haya permitido ser parte, en la Cámara de Diputados, del apoyo a esta moción y del acompañamiento a tantos y tantas, porque ha sido particularmente notoria la presencia de los afrodescendientes en el extremo norte de Chile.
Ya lo destacó el Senador José Miguel Insulza. Su empuje y emprendimiento han sido claves, por ejemplo, para el desarrollo agrícola del Valle de Azapa, que abastece a muchas regiones de distintos productos, en donde están a la mano la tradición, la disciplina y la cultura del mundo afrodescendiente.
No nos cabe ninguna duda de que ellos han enriquecido el acervo cultural chileno al aportar elementos propios de su identidad.
Estos antecedentes, que son la historia viva, los rostros, la cultura que se vive y se respira en los valles de la hoy Región de Arica y Parinacota, fueron los que llevaron a presentar esta iniciativa, que actualmente se discute en el segundo trámite, y que se votó favorablemente en la Cámara Baja. Y hoy participamos en este segundo trámite, y esperamos que último, antes de que sea ley de la república.
Esto lo hacemos, señor Presidente, porque creemos que no existe diferencia entre nuestros pueblos originarios y los afrodescendientes en cuanto a su pertenencia a la nación y a su historia. En consecuencia, hay que darles el espacio que se merecen y que reclaman con justicia, que es la idea matriz del proyecto.
En 2015 se llevaron adelante esfuerzos desde Naciones Unidas. Así, se emitió una declaración para instar a los Estados Partes a reforzar la protección y promoción de la cultura de las personas pertenecientes a los grupos afrodescendientes dispersos en variadas partes del mundo. Y, desde esa perspectiva, la moción busca sintonizar nuestra legislación con las demandas de organismos tan importantes como Naciones Unidas, que se ponga a la altura de lo que son las exigencias del Convenio N° 169 de la OIT, que consagra medidas similares a las que estamos discutiendo.
Quiero destacar -porque, por cosas de la vida, el Senador Insulza hoy representa a esa región- que la propia Organización de Estados Americanos creó una relatoría especial para la protección de los derechos de los afrodescendientes, con especial énfasis en garantizar su participación en la vida pública.
¿Y por qué nos preocupa tanto lo anterior? Porque Arica y Parinacota son parte del cariño, del esfuerzo y de la valoración que muchos de nosotros sentimos por ellos.
En 2013, el Instituto Nacional de Estadísticas, a punta de bastante presión de organizaciones afrodescendientes, hizo una primera encuesta de caracterización. Y ya en esa fecha se indicaba que unas 8 mil 500 personas de Arica se reconocían como afrodescendientes, lo cual da cuenta de que existe una población muy significativa en ese territorio.
Quiero saludar a quienes fundaron la ONG Oro Negro, que nos acompañaron hace algunos años en la Cámara de Diputados con su música, con su cultura y con esta energía tan positiva que transmiten. Fue la primera experiencia de organización de los afrodescendientes en Chile. Agradezco particularmente a Sonia y a Marta Salgado.
El Diputado Rocafull me pidió recordar, en particular, al ex Senador Humberto Palza, quien también se autoidentificaba con una causa tan importante como esta y la apoyaba.
Con gran entusiasmo, voto a favor.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, me parece que el debate ha sido muy interesante e ilustrativo. Sobre todo porque nunca hemos hecho un reconocimiento a lo que ha sido la vida y el aporte de esta cultura que, por razones distintas, llegó a nuestro país fundamentalmente en la época de la Colonia. Lógicamente, se asentaron acá y han mantenido sus tradiciones, su cultura, su identidad y su idioma, en algunos casos.
Solicité la palabra a propósito de la intervención del colega Francisco Huenchumilla, porque considero que planteó un argumento que es bueno aclarar desde el punto de vista conceptual.
Me refiero a lo que indicó respecto a la inquietud que se genera al no dejar establecida con claridad una definición.
En el artículo 2° se dispone: "Se entiende por afrodescendientes chilenos al grupo humano que, teniendo nacionalidad chilena en conformidad a la Constitución Política de la República, comparte la misma cultura, historia, costumbre, unidos por la conciencia de identidad y discurso antropológico...", etcétera. Y se señala que son aquellos afrodescendientes con nacionalidad chilena "descendientes de la trata trasatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX".
Lo relevante es poner como hito, de acuerdo a lo que planteó mi colega Huenchumilla -lo hablábamos recién-, que son los descendientes de quienes llegaron a nuestro país antes de la constitución del Estado de Chile.
Eso es lo que genera la inquietud, porque se hace la referencia al siglo XIX. Pero considero que perfectamente se puede agregar en donde dice "de la trata trasatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX antes de la constitución del Estado de Chile" la frase "que se autoidentifique como tal".
Estimo que eso es lo que marca la separación de quienes pueden ser considerados afrodescendientes que constituyan un pueblo tribal que sea reconocido en la ley. En el resto, me parece que lo que se ha planteado merece la aprobación por parte del Congreso.
No sé si existirá acuerdo para hacer esta enmienda directamente acá, en la Sala.
El señor INSULZA.- Estoy de acuerdo en tratarlo, pero no estaría de acuerdo...
El señor PIZARRO.- Sí se puede. Por unanimidad es posible.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para incorporar esta enmienda?
Senador señor Pizarro, ¿terminó su intervención o va a continuar?
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, estaba terminando cuando me interrumpió el Senador Insulza.
Pero si quiere le otorga la palabra.
El señor MONTES (Presidente).- Sí. Es que él es un representante de la zona.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, el Senador Insulza señala que no se puede. Pero en esta Sala, cuando hemos tenido acuerdo unánime respecto a una enmienda en la misma línea de discusión que se ha hecho en la Comisión...
El señor MONTES (Presidente).- Señor Senador, el problema es que si no existiera acuerdo de la Sala terminaríamos en Comisión Mixta.
La señora RINCÓN.- Se puede cuando hay acuerdo.
El señor MONTES (Presidente).- Así es. Pero el Senador señor Insulza no lo está.
La señora RINCÓN.- No. Él no dijo que no estaba de acuerdo.
El señor MONTES (Presidente).- A mí me lo dijo.
Terminemos con la lista de inscritos y, posteriormente, el Senador señor Insulza puede referirse a la propuesta del Senador señor Pizarro.
¿Usted le concede una interrupción?
El señor LABBÉ (Secretario General).- Porque ya estamos en votación.
El señor MONTES (Presidente).- Sí, ya estamos en votación.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, es muy cierto lo que ha indicado el Senador Huenchumilla. Y lo que propone ahora el Senador Pizarro plantea un problema.
El Estado chileno se creó en 1810; eso es real. El problema es que hay una parte del Estado chileno que pasó a serlo en 1929. Y, como ustedes sabrán, es muy impresionante la cantidad de gente de Arica que tiene antepasados nacidos en Tacna. Y entre ella hay un número importante de personas de origen afro que salió del Perú para emigrar a Chile después de 1929. Estas tienen el mismo origen étnico, la misma familia de todos quienes ya estaban en Arica.
Entonces, imponer a esa gente y a sus descendientes esa condición los deja fuera del grupo tribal, en circunstancias de que, probablemente -no estoy seguro-, muchas de las personas de ese grupo tienen su origen en familias tacneñas.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, quiero felicitar a los autores de la moción, dentro de ellos al Diputado señor Luis Rocafull, quien siempre ha estado trabajando en este tipo de materias, y anuncio que concurriré con mi voto favorable a este proyecto.
Me parece que es muy importante reconocer a la comunidad afrodescendiente como un pueblo ancestral, de acuerdo a nuestra legislación.
Asimismo, quiero aprovechar la oportunidad para reivindicar dos temas que me parecen fundamentales en esta materia.
El primero dice relación con el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios.
Este es un tema que se ha discutido mucho.
Internacionalmente hemos sido compelidos en reiteradas oportunidades a hacer dicha modificación, pero es evidente que hoy día registramos un tremendo retraso.
Chile necesariamente debe establecer en su Constitución Política de la República el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y consagrar la pluriculturalidad de nuestra nación.
Es evidente que eso se requiere en nuestro país.
Un segundo punto dice relación con el mismo proceso que se está realizando hacia las comunidades afroamericanas: el reconocimiento legal del pueblo pehuenche como cultura ancestral.
El pueblo pehuenche es originario de las zonas cordilleranas, de lo que hoy día se conoce como la "comuna de Alto Biobío".
Cabe hacer presente que el pueblo pehuenche tiene diferencias con el mapuche.
La etnia pehuenche está eminentemente vinculada a la estacionalidad. Durante el verano migran hacia las altas cumbres, incluso pasan a Argentina con su ganado, y en invierno bajan al plano por las nevazones.
Ahí están los wentrus, los hombres, quienes recolectan piñones, dihueñes, avellanas, etcétera, y las lamienes, las mujeres, dedicadas al tallado de la madera.
¿Qué quiero plantear con esto? Que la mapuche y la pehuenche son culturas diferentes, a las cuales muchas veces se las confunde.
En materia de ceremonial, por ejemplo en el guillatún, que es su principal ceremonia y que se realiza dos veces al año (durante tres días comparten la comida, la sabiduría de sus loncos, etcétera), la mujer pehuenche usa una pañoleta, a diferencia de la mapuche que viste un cintillo de plata.
En Alto Biobío existen doce comunidades que, bajo el amparo del alcalde Nivaldo Piñaleo, propio y originario de la cultura pehuenche, han llamado en reiteradas oportunidades a las autoridades a otorgar el reconocimiento legal al pueblo pehuenche como cultura ancestral.
Por eso, hago un llamado al Gobierno para que nos ayude a fin de iniciar este proceso de reconocimiento con el objeto de que la cultura pehuenche tenga su reconocimiento legal y se incorpore dentro de aquellas que hoy día consagra nuestra legislación.
Voto a favor del proyecto y aprovecho -como digo- de reivindicar el reconocimiento legal al pueblo pehuenche.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, solo quiero intervenir como integrante de la Comisión de Derechos Humanos para manifestar que la propuesta que ha hecho el Senador Huenchumilla, que pone el acento en el tema de la constitución del Estado de Chile, fue discutida y analizada por la Comisión.
No fue un tema que pasáramos por alto, sino que -como explicaba muy bien el Senador Insulza- tuvimos a la vista la fecha de constitución del Estado de Chile, pues ello podría haber dejado a muchos integrantes de los pueblos afrodescendientes fuera de la consideración y del reconocimiento de su ancestralidad.
Entonces, no se trató de un tema baladí para la Comisión ni que esta no tuviera a la vista. Al contrario, lo estudiamos rigurosamente y por eso llegamos a la redacción que proponemos.
Los otros temas que planteó el Senador Huenchumilla son sumamente atendibles, pero van más al fondo.
Al respecto, pienso que se podría abrir un trabajo entre Comisiones integradas para abordar esta problemática de una manera más global.
Además, debo hacer presente que hubo un plazo largo para presentar indicaciones, durante el cual pudimos haber abordado ese tema. Sin embargo, no se hizo.
Hoy día la expectativa de muchos dirigentes afrodescendientes está puesta en que el Senado de la República, ya en su segundo trámite, pueda despachar este proyecto para que se transforme en ley a la brevedad, dado que hemos hecho un gran esfuerzo.
Aquí están presentes la ex Diputada y actual Senadora señora Yasna Provoste y el Diputado Luis Rocafull, quienes demuestran que este esfuerzo viene desde hace bastante tiempo.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que despachemos el proyecto, entendiendo que hubo -quiero dejar constancia para la historia de la ley- una atención rigurosa de la Comisión de Derechos Humanos con relación al tema de la constitución del Estado de Chile y el impacto que ello tiene en el reconocimiento de la ancestralidad de muchas personas afrodescendientes.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Huenchumilla, para referirse a la diferencia que se ha provocado.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, mi punto alude solamente a lo siguiente y es bueno que el Senado lo tenga presente.
Con este proyecto nosotros estamos abriendo la puerta a la posibilidad de que grupos humanos que llegaron después de la constitución del Estado chileno puedan reclamar este estatuto jurídico.
Si estamos conscientes de eso, bueno, simplemente votemos el proyecto como está y será ley de la república.
Sin embargo, creo que estamos sentando un precedente y abriendo una caja, sobre todo cuando hoy día enfrentamos una cuestión clave en toda la discusión presente y futura a raíz del tema de la inmigración.
Ese es exclusivamente mi punto.
Por eso, quiero asumir mi propia responsabilidad, no por este debate sino por lo que puede suceder a futuro, toda vez que la explicación que dio el Senador Insulza abre una puerta que hasta el minuto no estaba abierta en la legislación chilena.
Simplemente quiero que tengamos conciencia de la manera como estamos tramitando este proyecto, sin perjuicio de la justicia que se está haciendo respecto del pueblo afrodescendiente, con lo cual estoy completamente de acuerdo.
Solamente quiero hacer esta prevención para que legislemos bien y midamos las consecuencias de los actos jurídicos que estamos llevando a cabo hoy día mediante este proyecto de ley.
La verdad es que nos hallamos en votación y ya han emitido su pronunciamiento las señoras y los señores Senadores.
Dejamos constancia de la aprensión y la visión del Senador Huenchumilla.
Efectivamente, se trata de un tema que aquí no estamos en condiciones de resolver. No hubo una propuesta que permitiera generar unidad sobre el particular.
--Se aprueban las modificaciones propuestas por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (37 votos a favor y una abstención), y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
De la Comisión de Educación y Cultura y de la Comisión de Hacienda, ambos recaídos en el proyecto de ley que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que modifica diversos cuerpos legales y que establece los beneficios que indica (boletín N° 11.621-04).
El señor MONTES (Presidente).- Señoras y señores Senadores, en el segundo lugar de la tabla figura el proyecto de ley que reconoce al pueblo chango como etnia indígena de Chile.
Quiero solicitar el acuerdo de la Sala para alterar un poco el orden y tratar a continuación el proyecto que incorpora en el Código del Trabajo a los trabajadores de los llamados "call centers", dado que sus dirigentes están presentes en las tribunas.
¡Bienvenidas, para ser más preciso...!
Después seguiremos con el proyecto relativo al pueblo chango.
El señor MONTES (Presidente).- Conforme a lo resuelto recientemente por la Sala, corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores, con las excepciones que indica y urgencia calificada de "simple".
En primer trámite: sesión 14ª, en 2 de mayo de 2012 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 90ª, en 22 de enero de 2019.
Sesiones 46ª, en 7 de agosto de 2013 (se aprueba en general); 30ª, en 4 de julio de 2018 (se aprueba en particular).
El señor MONTES (Presidente).- En discusión las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.
La señora GOIC.- Señor Presidente, quiero partir saludando a las dirigentas y a los dirigentes de la Federación de Trabajadores de Call Center, especialmente a la señora Tamara Muñoz.
Ellos están muy contentos hoy día, porque han pasado casi siete años desde que se presentó esta moción, que regula las condiciones laborales y establece normas especiales para los trabajadores de los call center.
El proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional y fue visto por la Cámara de Diputados.
Nosotros habíamos aprobado el texto por unanimidad tras un acuerdo y un trabajo conjunto.
Al respecto, quiero reconocer tanto la disposición del Gobierno, del equipo del Ministerio del Trabajo, de los parlamentarios y de los Senadores y las Senadoras como también la participación de los propios dirigentes en la redacción de cada uno de los textos.
Surge este proyecto de una moción de los entonces Senadores Soledad Alvear -creo que vale la pena mencionarlos en este último trámite- y Camilo Escalona.
Esta iniciativa establece regulaciones y un contrato especial que permiten cautelar el cumplimiento de derechos laborales básicos de remuneraciones y condiciones mínimas de seguridad en una industria donde, lamentablemente, los abusos son mucho más habituales que lo que uno quisiera.
Por eso, en primer lugar, se determina quiénes están afectos a esta normativa. Aquí la Cámara de Diputados introdujo una primera modificación, la que me parece -y lo conversamos también con los Diputados y con las propias dirigentas- perfecciona el texto de la disposición pertinente, pues se especifica que "Se regirán por las normas del presente capítulo los contratos de trabajo cuyo objeto sea la prestación de servicios para contactar o ser contactados con terceros, sea por la vía telefónica, medios telemáticos, aplicación de tecnología digital o cualquier otro medio electrónico, para la atención, información o asesoramiento de soporte técnico, comerciales o administrativos, venta o promoción de productos o servicios, en un lugar habilitado por el empleador, denominado centro de contacto o llamadas.".
El cambio que se efectuó tiene que ver con establecer que las normas se vinculan con la función más que con el lugar de trabajo. Creo que ello perfecciona lo que ya habíamos aprobado en el Senado.
Otra disposición se halla relacionada con la regulación de los descansos. Sobre este punto sostuvimos una larga discusión, pues lamentablemente acá era necesario normar el descanso entre llamadas. Ello, porque estamos hablando de personas que se encuentran conectadas en forma permanente. Entonces, había que acordar la existencia de un descanso mínimo entre llamadas y de media hora durante la jornada.
También hay una norma que tiene que ver con garantizar que las remuneraciones fijas o variables que perciba el trabajador sean acordadas con tiempo suficiente y estar contenidas en el contrato de trabajo, además de establecer la forma como calcularlas. Ello, para no encontrarse con las sorpresas que nos contaban los dirigentes: cambios de metas; castigos por cuestiones que no estaban estipuladas en el contrato o en algún anexo.
Entonces, cerramos acá la posibilidad de que se efectúen descuentos arbitrarios, los cuales hoy día -insisto- son mucho más comunes que lo que uno esperaría sobre la labor que se cumple.
Se trata de cuestiones básicas, respecto de las cuales uno lamenta que tengamos que discutirlas y determinarlas expresamente en el Código del Trabajo. Por ejemplo, ir al baño de manera tranquila, sin que ese tiempo sea descontado.
Son aspectos que, por desgracia, en trabajos donde las personas deben estar sujetas a conexión continua, necesitamos regular, no por las empresas que lo hacen bien, sino por aquellas que cometen abusos.
Eso también queda claramente especificado en este proyecto.
Asimismo, se incorporaron algunas normas que en mi concepto son bien relevantes desde el punto de vista del cuidado de la salud de quienes prestan servicios de teleoperadores. Por ejemplo, se establece que aquellos trabajadores que lleven más de seis meses contratados tendrán derecho a realizarse exámenes preventivos financiados por la empresa, cautelándose, además, los tiempos de traslado que necesitan para ello.
Con relación a ese derecho, que busca detectar de forma temprana el desarrollo de una enfermedad profesional asociada a la actividad que se desempeña, la Cámara de Diputados añadió la necesidad de que exista un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual "determinará las condiciones físicas y ergonómicas en que deben prestar servicios los trabajadores regidos por este capítulo".
Con ello se persigue que los exámenes preventivos sean los necesarios para detectar una enfermedad profesional, y no se realice, por ejemplo, solo un hemograma. Además, esto debe quedar regulado en un reglamento.
Por lo tanto, me parece que la enmienda introducida por la Cámara Baja también perfecciona el texto que habíamos despachado.
Una tercera modificación que se hizo tiene que ver con un reglamento que deberá establecer las condiciones ambientales que han de cumplir los establecimientos destinados a prestar servicios como centros de contactos o llamadas.
Aquí se agregó que las condiciones no solo sean ambientales, sino también "de seguridad y salud en el trabajo". O sea, dejamos esos tres términos.
El referido reglamento debe ser dictado en conjunto por los Ministerios de Salud y del Trabajo y Previsión Social. Ello, para garantizar las condiciones adecuadas para el desempeño de la actividad.
Por consiguiente, señor Presidente, estimados colegas, me parece que estamos ante un proyecto de ley que después de mucho tiempo se ha perfeccionado por el trabajo conjunto de los dirigentes, de ambas ramas del Parlamento, y que está en condiciones de ser una normativa que permita proteger derechos laborales, garantizar seguridad laboral básica para un universo importante de trabajadores y, sobre todo, de trabajadoras de nuestro país.
Por eso, sugiero a la Sala aprobar por unanimidad las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, tal como lo hicimos en la Comisión.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, en la Comisión de Trabajo del Senado es donde se armó la mayor parte del esqueleto del proyecto de ley que estamos discutiendo.
Quiero sumarme a las palabras de la Senadora Goic, y agradecerles a los dirigentes sindicales que nos acompañaron durante la tramitación de esta iniciativa. Entre ellos, hubo un grupo que nos fue explicando su situación, lo que nos permitió ir profundizando en el detalle de los abusos.
Porque la ley en proyecto surge para poner fin a los abusos. No se trata solo de tipificar el contrato de los teleoperadores como los que ya existen en el Código del Trabajo y que son diversos, sino de ir cerrando las rendijas que dan lugar a que se produzcan abusos.
Por su naturaleza, las condiciones del trabajo son cuestiones que no se encuentran bien reguladas. No se halla bien estipulado cómo se construye la remuneración fija o variable que percibe el trabajador por las operaciones que realice.
En cuanto al sueldo variable, se cerró la ventana para una cantidad de abusos que se producían con respecto a los parámetros que se fijaban y modificaban según la época del año. Ello permitía que a los trabajadores se les establecieran metas que iban más allá de lo correcto. Se trataba de abusos tendientes a quitarles ingresos. A tal punto ¡que se les descontaba el tiempo para ir al baño...! Es decir, era una situación de lo más arcaica.
Hoy tenemos un proyecto de ley que fue mejorado en la Cámara de Diputados, ya que se incluyeron, por ejemplo, aspectos vinculados con el reglamento que determinará lo relativo a los exámenes preventivos que deberán realizarse, o con el reglamento que ha de dictarse para establecer las condiciones ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, cuestiones que han ido complementando lo que aprobamos en el Senado.
Entonces, señor Presidente, se fija un marco regulatorio que, por desgracia, no puede asegurar que no habrá más abusos.
Es un sector nuevo, donde las enfermedades profesionales asociadas a este trabajo todavía no se reconocen plenamente. Incluso debimos regular los tiempos de descanso entre llamadas, porque ni eso se respetaba. Y era algo mínimo.
Por ello, junto con valorar esta iniciativa y hacer un llamado a aprobar las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, quiero decir que se trata del inicio de un debate legislativo sobre los nuevos sectores de la economía, las nuevas formas de trabajo.
Porque la labor de los teleoperadores se entiende que se realiza en locales que provee el empleador. No hemos discutido todavía respecto de los locales no provistos por el empleador. Ahí también habrá que hacer un análisis muy relevante.
Sin embargo, con respecto a esta iniciativa, quiero agradecerles a los dirigentes sindicales que nos acompañaron, pues se trata de una obra de ellos. Nosotros nos convertimos en sus colaboradores. Estos trabajadores nos fueron instruyendo sobre la materia. De manera que a mi juicio quienes deben sentirse tremendamente satisfechos por el resultado obtenido son los dirigentes sindicales, ya que saben que al venir al Congreso Nacional pueden exponer sus dilemas, sus dramas, los abusos de que son objeto, y encauzar soluciones institucionalmente.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a todos los dirigentes y dirigentas que nos acompañan esta tarde.
Una vez más constatamos lo importante que es tener buenas organizaciones, buenos dirigentes y, sobre todo, perseverar cuando existe una cuestión tan relevante que los afecta en el mundo laboral.
A mí me encantaría que no tuviéramos que estar legislando de la manera en que lo hacemos. Porque uno podría pensar que este tipo de situaciones no existe. Así como se producen avances tecnológicos que generan nuevas oportunidades, nuevas especializaciones, nuevos trabajos, uno quisiera que todo ello fuera acompañado también de un clima, de un ambiente físico y de condiciones laborales dignas y razonables en cada nueva actividad que se abre.
No es la primera vez que en esta Sala estamos señalando la existencia de abusos, de irregularidades, de presiones, de ambientes que no son adecuados.
Entonces, uno no puede sino lamentar no ser capaces, como país, de entender que los emprendimientos y las empresas que se generan y que dan empleo tienen la responsabilidad de hacer del lugar físico y de la modalidad de trabajo algo digno, en que las personas puedan desempeñarse, proyectarse, vivir sin pasar por situaciones como las que se han denunciado en este caso.
Ahora bien, los avances tecnológicos crean nuevas formas de trabajo. Obviamente, el hecho de que se trate de actividades nuevas no puede significar precariedad. Por eso, pienso que es necesario establecer regulaciones a las condiciones laborales de los teleoperadores.
Entonces, me alegra mucho este amplio consenso generado tanto en la Cámara como en el Senado. De paso, felicito a los Senadores Alvear y Escalona por haber sido los autores de la moción que dio origen a este proyecto.
Es importante señalar una vez más que el que ahora estemos discutiendo este proyecto se debe a la iniciativa de los sindicatos de los call center, quienes han impulsado la regulación de las condiciones de sus contratos de trabajo. Y no debemos olvidar que estamos hablando de aproximadamente 30 mil teleoperadores en Chile, de los cuales la gran mayoría son mujeres.
Es impresionante ver la precariedad de las condiciones laborales de estas trabajadoras por la falta de regulación. Yo me atrevería a decir que la actividad que desempeñan es casi esclavizante, por cuanto el empleador ha mantenido situaciones arbitrarias sobre ellas, estableciendo jornadas extenuantes, con escaso descanso, controlándolas -lo señaló el Senador Letelier- incluso para ir al baño.
Todo ello vulnera la dignidad de un trabajador.
Esperamos que esta nueva regulación les permita alcanzar un mejor bienestar.
Otro problema existente es la discrecionalidad de los empleadores para determinar las metas colectivas. Con esta nueva regulación pensamos que habrá metas claras, plenamente identificables y objetivas.
Hemos sabido también de las dificultades que tienen las teleoperadoras en materia de salud, por las condiciones ambientales en que desenvuelven su trabajo: mantienen serios riesgos físicos y psicológicos, muchas veces de índole auditivo, o por el uso excesivo de la voz, o por la exigencia mental que implica llevar la sobrecarga del trabajo que desarrollan.
Estas trabajadoras requieren un ambiente grato, con temperaturas moderadas, a fin de soportar la fatiga que produce tanta presión.
Por eso, el proyecto establece la necesidad de que tengan derecho a una interrupción de a lo menos 10 segundos entre llamada y llamada. También se le exige al empleador disponer que sus trabajadores se realicen exámenes médicos preventivos anuales. Además, un reglamento establecerá las condiciones ambientales en que van a desarrollar sus labores. La Cámara de Diputados agregó que un reglamento debe determinar las condiciones físicas y ergonómicas -esto es muy importante- en que deben prestar sus servicios.
Por todas las razones expuestas, y felicitando una vez más a los dirigentes y dirigentas de los teleoperadores, anuncio mi voto a favor de las enmiendas introducidas por la Cámara Baja respecto de esta iniciativa, que estimo tan significativa para darles el mínimo de dignidad que merecen nuestros trabajadores.
El señor LETELIER.- Pido que se abra la votación, señor Presidente
En votación las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, fue un 8 de mayo de 2017 cuando nos reunimos con la Federación de Trabajadores de Call Center. En aquella oportunidad, con profunda sorpresa conocimos en detalle un conjunto de vulneraciones no solo en materia de derechos laborales, sino también de derechos humanos. Entre ellas, destacan las siguientes:
-Obligación de mantener conexión por espacios continuos de más de 5 horas.
-El no respeto de turnos de trabajo asignados a cada trabajador.
-Descuento de remuneraciones por no cumplir con criterios de evaluación poco objetivos y confusos. Por ejemplo, "no utilizar sonrisa telefónica".
-Afectación directa de remuneraciones por descuentos provenientes del tiempo utilizado para acudir a servicios higiénicos (al baño).
-Completa inobservancia al estatuto de protección de la maternidad, sala cuna y derecho de amamantamiento. Las trabajadoras incluso veían disminuidas sus remuneraciones por utilizar espacios de tiempo para llevar a cabo cada una de esas acciones.
-Modificación unilateral de las condiciones contractuales.
-Criterios evaluadores de gestión completamente distintos a los establecidos en los contratos de trabajo.
-Imposición de metas prácticamente imposibles de cumplir. Por ejemplo, venta de 500 canales en un mes.
-Espacios de trabajo reducidos; ausencia de condiciones ergonómicas; falta de higiene, y condiciones ambientales desfavorables.
En aquella oportunidad, junto con la Senadora Adriana Muñoz, le pedimos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Ministerio de la Mujer y, también, a la Dirección del Trabajo que iniciaran un proceso de fiscalización de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de los call center.
El 29 de mayo de 2017 comenzó ese trabajo, y con el entonces Senador Eugenio Tuma y la Senadora Adriana Muñoz presentamos un conjunto de indicaciones a la ley en proyecto.
En tal sentido, planteamos las siguientes:
-Se propone el uso de una terminología bastante más amplia, que no restrinja el ámbito de regulación solo a aquellos trabajadores que desempeñen sus labores como teleoperadores, sino que incluya también a todos quienes laboran en un contact center (supervisores, back office).
-Se elimina la referencia a los contratos por obra o servicios determinados.
-Se pidió reforzar la idea de que, sin perjuicio de que al empleador le es factible distribuir racionalmente los descansos, no puede privarse a los trabajadores de tal derecho.
-Se propuso mejorar la terminología.
-Se planteó incluir expresamente la aclaración de que el tiempo que se emplee para acudir a los baños no puede ser descontado de las remuneraciones. Fíjense, Sus Señorías, a lo que hemos tenido que llegar: ¡a establecer en la ley algo que debiera ser un mínimo civilizatorio!
-Se sugirió también agregar un artículo que regule las remuneraciones, dados los problemas que se presentan a la hora de exigir el pago. Ello, porque la empresa no cumple con señalar los cálculos de remuneración variable.
-Se establece que en el caso de que los planes de incentivos estén constituidos por diversos rubros o ítems, cada uno de estos se evaluará y remunerará en forma independiente, sin que ello afecte el pago de los restantes.
Asimismo, debo señalar que en noviembre de 2017 se inició un proceso de fiscalización. Más de 60 empresas fueron fiscalizadas, y se cursaron más de 90 multas, porque se pudo constatar en terreno la veracidad de cada una de las denuncias hechas por la Federación de Trabajadores de Call Center.
Entonces, no era un hecho aislado, sino que había un problema generalizado de malas prácticas.
Algunas empresas lo hacen mejor y otras peor. Pero, en promedio, estamos hablando de un conjunto importante de infracciones. Tan así era, que la tabla que recibimos con la Senadora Adriana Muñoz, de verdad, era bien escandalizadora, por la cantidad de multas cursadas debido al incumplimiento de las condiciones laborales.
Señor Presidente, me alegro de que hoy día tengamos la posibilidad de despachar este proyecto de ley, porque establece un conjunto de mejoramientos a las condiciones laborales de más de 30 mil trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones en los call center, quienes día a día deben desempeñar esa abnegada labor.
Felicito a sus dirigentas y dirigentes, no solo de Santiago, sino también de regiones, quienes han logrado de una u otra forma ser parte de este proceso, de impulsarlo para sacar adelante esta normativa.
Más allá de la iniciativa que estamos aprobando hoy día, lo más importante es que el Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección del Trabajo, se mantenga alerta para que se fiscalicen estos nuevos derechos laborales. Porque no sacamos nada con tener una ley que consagre derechos, si no se fiscaliza y los empresarios no la cumplen.
Por eso, voto a favor de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero sumarme a las felicitaciones a las dirigentas y dirigentes de los trabajadores de call center a lo largo de nuestro país.
Tal como se ha señalado, ellos no solo han sido parte activa para impulsar que se lleve a cabo la tramitación del proyecto de ley, estando presentes permanentemente y poniendo atención para que avanzara tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados: también nos han enseñado mucho.
A mi juicio, a través de su participación en las diversas reuniones de nuestras Comisiones -como ya lo señaló el Senador Harboe-, pudimos ir comprendiendo la complejidad de las múltiples y escandalosas formas en que estas empresas abusaban de sus trabajadores y trabajadoras.
No lográbamos imaginar cómo el abuso se expresaba en este tipo de desregulaciones de derechos laborales.
Lo más emblemático y ejemplificador de aquello es el descuento que se hace a trabajadoras y trabajadoras por ir al baño. ¡Eso, en verdad, es un escándalo de tales proporciones que en cualquier país civilizado del mundo llevaría al cierre de esas empresas!
A Chile llegan compañías transnacionales, capitales extranjeros a invertir en esas actividades, sobre la base de una explotación casi esclavizante de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras.
Por eso, agradezco a las organizaciones, en el nombre de Tamara Muñoz, por lo que nos enseñaron, pues en la Comisión de Trabajo nos hicieron comprender la profundidad de los abusos, en todas sus dimensiones, que se cometen en este tipo de empresas.
A lo que ya señaló el Senador Harboe, sobre las múltiples gestiones de fiscalización que hicimos mientras duraba la tramitación de este proyecto, solo quiero agregar que la Cámara de Diputados ha mejorado sustantivamente lo que nosotros habíamos despachado del Senado, especialmente lo relativo a los tres aspectos que mencionó la Senadora Goic, Presidenta de nuestra Comisión.
Por tanto, señor Presidente, llamo a aprobar esta iniciativa, y, por cierto, a estar atentos, por medio de fiscalizaciones a los call center, a lo que seguirán haciendo estos empresarios.
Ahora bien, me parece realmente lamentable, como ya se mencionaba, que en nuestro país tengamos que llegar al establecimiento de una ley para regular estas prácticas que civilizatoriamente, desde el punto de vista de los derechos humanos de las personas, son inaceptables. Creo que el Estado de Chile debe estar mucho más atento a qué tipo de empresas extranjeras se instalan en nuestro país. No es posible que sigamos siendo el paraíso terrenal del abuso de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras por parte de capitales extranjeros.
Insisto en lo que ya manifestó el Senador Harboe respecto de los esfuerzos que hemos hecho en materia de fiscalización, que tuvieron como resultado noventa multas a sesenta empresas. Por cierto, estas las pagan, porque es más barato pagar multas que respetar los derechos de trabajadores y trabajadoras. En consecuencia, como Estado debemos estar mucho más atentos al tipo de empresas que llegan a nuestro país, al tipo de contrataciones que se hacen y al nivel esclavizante al que se somete a sus empleados. Y los call center han sido una expresión clara de lo que de verdad se está haciendo en materia de abuso laboral.
Una vez más felicito a todos los trabajadores y las trabajadoras de estas empresas, que participaron, insistieron e hicieron posible que tramitáramos con agilidad este proyecto de ley. Pero, por sobre todo, nos enseñaron las dimensiones del abuso que existe en nuestro país.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en la misma línea, además de felicitar a los autores de esta iniciativa, quiero destacar a los trabajadores y las trabajadoras que están en las tribunas y que, como se ha mencionado, han acompañado esta tramitación.
Cuando existe organización, federaciones y una masa sindical activa podemos denunciar, fiscalizar y, en definitiva, mejorar las condiciones de estos treinta mil trabajadores y trabajadoras teleoperadores. Creo que es importante que esta sea una iniciativa recogida por parlamentarios, discutida en ambas Cámaras y, sin lugar a dudas, reforzada y mejorada. Por eso, reivindico las condiciones de las organizaciones sindicales, que son fundamentales en nuestro país.
Aprovechando que está el Ministro del Trabajo en la Sala, también quiero alentar a que se den las condiciones para denunciar las prácticas antisindicales y fortalecer este tipo de organizaciones.
En segundo lugar, me parece importante que los integrantes de la Comisión, la Senadora Carolina Goic, o el propio Ministro, ¡que sé que está poniendo mucha atención a la intervención...!, pudieran aclararnos algunos puntos.
En la parte final del artículo 152 quáter que introduce el proyecto, que fue modificado por la Cámara de Diputados, se establece la "venta o promoción de productos o servicios, en un lugar habilitado por el empleador, denominado centro de contacto o llamadas.". Esto cambia la concepción que había en el artículo originalmente propuesto, que señalaba que "centro de contacto o de llamadas" es el lugar físico proporcionado por el empleador.
Estimo importante, Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, para la historia de la ley establecer esto con claridad, porque muchas veces hay una mutación de los lugares, muchas veces están deslocalizados o muchas veces se utiliza infraestructura que consiste en una gran planta libre, una gran disposición de metros cuadrados, pero que puede ir mutando. ¿Qué ocurre cuando alguno de los trabajadores presta servicios desde su casa o desde un lugar distinto de donde está el resto?
Sería importante aclararlo, para que no haya abusos.
No estuve en la Comisión de Trabajo, pero es primordial precisar eso para la historia de la ley.
En segundo lugar, es relevante también que el reglamento, que queda pendiente, establezca drásticas sanciones ante situaciones como la denominada "sonrisa telefónica" o el impedir que los trabajadores se desplacen a los servicios higiénicos. Estas son prácticas que vimos y documentamos en la Comisión investigadora que examinó las condiciones laborales y ambientales en la industria del salmón, en el 2007. En la industria salmonera las mujeres debían estar con pañales en la línea de producción porque no tenían tiempo para ir al baño. Lo denunciamos. Son prácticas de empresarios chilenos y extranjeros que luego van a foros internacionales a hablar de las bondades de la industria chilena.
Eso sucedía en ese momento y sigue ocurriendo. Por tanto, debemos acordar sanciones ejemplares, sanciones de clausura o de cárcel, si corresponde, para esos empresarios. Se trata de prácticas esclavistas, que vulneran los derechos fundamentales, ya no laborales, sino derechos del trabajador o de la trabajadora en su condición humana.
Debemos entender que la transformación digital, el mundo de este tipo de empresas, en el cual la clave es vender más, hacer más llamados, establecer condiciones al límite, no puede llevar a vulnerar la esencia ni las condiciones fundamentales del trabajador o de la trabajadora.
En consecuencia, es necesario precisar el aspecto que he mencionado.
En tercer lugar, también es fundamental aclarar de qué manera se impide que las metas colectivas que muchas veces se imponen vayan directamente vinculadas a las remuneraciones.
Estas son verdaderas fábricas de llamados y de venta y entrega de productos, lo que muchas veces excede las capacidades del trabajador o de la trabajadora. Ellos están cumpliendo la función de comunicar, de informar, de orientar alguna situación, pero no se puede relacionar su sueldo con las ganancias o la colocación de productos. Eso será materia de negociación colectiva, de discusión. Pero no pueden vincularse de ninguna manera esos resultados con el salario.
Por su intermedio, señor Presidente, pido al Ministro o a algún miembro de la Comisión que se haga una aclaración respecto del lugar de trabajo. ¿Qué ocurre cuando el servicio no está en un solo lugar y alguien realiza llamados desde el espacio individual? Hoy día se puede hacer a través de un celular que esté deslocalizado desde el punto de vista físico.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este es un proyecto que marca el inicio de todo un análisis del mundo laboral producto del auge de las tecnologías, que hemos estado observando sustancialmente en los últimos años. Además, todo indica que ese desarrollo tecnológico continuará. Capaz que el mismo esquema de los call centers pase también por un desarrollo tecnológico que modifique su actual estructura.
Teniendo claro que ese desarrollo tecnológico ha impactado favorablemente en la vida cotidiana, también debemos señalar que ha dado lugar a prácticas abusivas, ilegales de empleadores hacia los trabajadores que prestan servicios en este sistema.
No tengo certeza en cuanto a si los abusos que hoy día están sufriendo los trabajadores de call center, que serán resueltos a través de esta futura normativa, no los estén padeciendo otras personas que están trabajando en aplicaciones tecnológicas nuevas y que hoy día se ven como un producto absolutamente revolucionario.
Por eso, me parece fundamental empezar a poner especial atención en esta temática, porque, si bien el esfuerzo va a estar dedicado a establecer modificaciones en el campo laboral de actividades específicas, enfrentaremos muchos otros desafíos en situaciones similares, que están cambiando la vida cotidiana de los chilenos a través de los impactos tecnológicos, pero en donde se requiere que protejamos y defendamos los derechos de los trabajadores, que exista una regulación.
Por eso, valoro la acción del Gobierno del Presidente Piñera y del Ministro del Trabajo, don Nicolás Monckeberg, pues he estado revisando este proyecto, y en el último Gobierno, en los últimos cuatro años prácticamente hubo un avance cero en esta materia.
Y el hecho de haber sido revitalizado demuestra que estamos frente a una situación, a una realidad que todos tenemos que enfrentar, relacionada con el avance tecnológico y su impacto en el mundo laboral.
No hay duda de que el abuso está expresado en las remuneraciones, en el estrés que se genera a los trabajadores, en las jornadas laborales, en un conjunto de cosas. ¿Por qué? Porque no hay regulación; porque la autoridad, a veces por su lentitud, no ha podido reaccionar. Y por la velocidad del impacto tecnológico, del avance tecnológico, puede que no lo enfrente adecuadamente.
Por ello, esta iniciativa busca regular este mercado laboral, en el cual trabaja una gran cantidad de personas que rotan en la prestación de sus servicios, y en donde las prácticas abusivas son también de gran magnitud.
Esperamos que con esta legislación, que hoy día estamos aprobando, se pueda verdaderamente terminar con esas prácticas, sancionar a los infractores, y que quienes buscan trabajo o lo tienen en este desarrollo tecnológico lo hagan con la dignidad de cualquier trabajador de Chile en cuanto a las remuneraciones, a la jornada, a la ubicación, a la salud, en definitiva, a tantas materias en que se ven menoscabados por la ausencia, muchas veces, de condiciones mínimas.
Por lo tanto, esa relación laboral precaria debe tener una respuesta del Estado. Por lo menos, para la regulación de este desarrollo, como son los call center, este proyecto es el adecuado.
El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, estimado señor Presidente (quien, además, es un vecino patagón de Magallanes).
Quiero entregar un saludo cariñoso desde la zona austral también a los dirigentes que hoy día nos acompañan en las tribunas.
Recién comentábamos con nuestra colega, la Senadora Ebensperger, lo que significa tener que legislar sobre materias de esta naturaleza.
Uno se pregunta cómo un empleador no va a querer tener a sus trabajadores con las condiciones básicas mínimas para que puedan ejercer su labor. Cómo en ese empleador no cabe en conciencia, sin que sea necesario legislar ni establecer modificaciones de esta naturaleza, el entregar a los trabajadores las condiciones adecuadas, la dignidad, el trato que se merecen.
¡Caramba que tenemos que avanzar como sociedad y como país en tantas materias!
Ayer tratamos el proyecto de ley sobre el derecho al amamantamiento. ¡Cómo es posible que en Chile se necesite una ley para que una madre pueda amamantar a su hijo, porque, de lo contrario, la expulsan de donde está, la discriminan!
¡Cómo es posible, si son cosas tan naturales!
Ahora estamos enfrentados a establecer una regulación en un ámbito que no resulta comprensible. ¿Cómo alguien no va a querer que sus trabajadores que están operando en centros de llamados tengan derechos, feriados, licencias, tiempo para el descanso, un ambiente laboral adecuado mínimo, en una tarea que, además, ejercen con tanto esfuerzo, con tanto cariño?
No deberíamos estar legislando sobre esto.
Obviamente, me alegro por la iniciativa de estos dos ex Senadores, que hoy día se está tramitando y transformando en un paso relevante para lograr regularizar y mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores.
Tener que legislar para mejorarles las condiciones de acceso a servicios sanitarios, los tiempos de descanso entre llamadas; para considerar la posibilidad de controles médicos cada seis meses o el establecimiento de jornadas laborales diarias demuestra qué atrasados estamos como sociedad al no entender que deberíamos asumir tantas cosas como normales dentro del proceso laboral.
Siempre las empresas dicen que su principal capital -todos sabemos la respuesta desde chicos- son sus trabajadores. Sin embargo, curiosamente, estos casos dejan claro que los trabajadores están en la última escala cuando se trata de manejar y resguardar derechos esenciales.
Evidentemente, el desarrollo nos ha impulsado a avanzar en estas regulaciones. Y se necesitan muchas más.
Hablamos con el Ministro del Trabajo, aquí presente -a quien aprovechamos de saludar por su compromiso, por la apertura y por el empuje que ha puesto en este tipo de iniciativas-, sobre contratos especiales para los jóvenes, para los adultos mayores, que dan cuenta de otras realidades, en distintos sectores, donde se requiere avanzar en mecanismos de esta naturaleza. Lo mismo puede decirse de los estibadores, los trabajadores de logística, en fin.
Debemos avanzar también hacia una nueva realidad laboral en nuestro país y hacerles entender a los empresarios -lo planteamos aquí, desde este Hemiciclo-, en particular a los encargados de este rubro, e indudablemente a los que no cumplen con las normas, que también tenemos que preocuparnos de las relaciones humanas que deben existir.
El principal capital de una empresa son sus trabajadores. Pero hay que demostrarlo con hechos.
Por eso, no me cabe ninguna duda de que todos nosotros, comprometidos con el esfuerzo de entender que tenemos que avanzar en mejorar y dignificar las condiciones laborales, en resguardar este proceso, vamos a votar con mucho ánimo y entusiasmo a favor de este proyecto de ley.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, es algo paradójico que en Chile se tengan que hacer leyes para cosas elementales, que se suponen resueltas hace ya más de medio siglo: 70 u 80 años. Pero, en fin, es así; nos cuesta avanzar.
Estamos en presencia de un sector particularmente discriminado, como está ocurriendo en general con todos los nuevos emprendimientos que se sustentan en la aplicación de tecnologías digitales, que lejos de representar un avance en modernización, dan cuenta de una creciente proletarización, precarización, inestabilidad y maltrato a los trabajadores de nuestro país.
Y además nos vemos obligados a estar discutiendo cosas elementales, suponiendo que hay que aplicar leyes especiales, porque si no están mencionadas la actividad -como ocurre con los derechos humanos, donde se halla considerado el derecho al trabajo y las condiciones de este- y sus particularidades, entonces no rigen.
Ello representa la confusión de nuestra mala práctica legislativa de ir caso a caso en lugar de establecer principios generales que se respeten como leyes de la república.
Pero así es, y ahora lo que se busca es algo muy preciso: incorporar al Código del Trabajo, mediante un capítulo nuevo, el contrato especial de los trabajadores que presten servicios como teleoperadores en los centros de contacto o de llamadas.
Quedará para otra ley -supongo- el caso de otros sectores donde se aplican tecnologías digitales.
Recordemos que la Federación de Trabajadores de Call Center hizo una clarísima presentación en la Comisión, donde sus representantes hablaron de condiciones laborales excesivamente precarias, como requisito del proceso tercerizado y deslocalizado de producción; de la presión sobre el trabajador, que somatiza en altos niveles de estrés, de ausentismo y de enfermedades laborales; de la adherencia, que es el promedio de tiempo en que el operador o el trabajador está en su puesto -en jornadas de prácticamente cinco horas-, tiempo al que se le descuentan, por ejemplo, los minutos en que se acude a los servicios higiénicos.
También se refirieron a las remuneraciones bajas y con un fuerte componente variable de manejo discrecional de la empresa, como los llamados "criterios de evaluación", que no solo son confusos, sino que además tienen como propósito lograr el incumplimiento de metas, o desconocer el cumplimiento de ellas cuando corresponde fijar la jornada de trabajo.
Asimismo, se constatan la inestabilidad laboral, con altos porcentajes de rotación de trabajadores y agudización de las relaciones laborales triangulares, por ejemplo, que involucran alta subcontratación en cadenas interminables de empresas; los incumplimientos flagrantes de las jornadas de trabajo, con turnos ilegales y excesivos; el trabajo nocturno o en feriados legales; el incumplimiento de fueros maternales, de la ley de amamantamiento; o, incluso más, el incumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral.
Los tipos de contratos son totalmente discrecionales: a plazo fijo, indefinido, por campaña, a honorarios, y la remuneración es variable. Además, se considera restar ingresos al trabajador por el supuesto número de asistencias, atrasos, adherencia, calidad de atención -¿cómo se mide eso?-, disponibilidad, ventas y retenciones.
Todo lo anterior ha transformado a este nuevo sector, favorecido por las tecnologías emergentes, en un campo esencialmente precario, que hoy venimos a tratar de sancionar.
Las modificaciones realizadas por la Cámara tienen algunos méritos en relación con el texto del Senado, porque incluyen y precisan aspectos que dicen relación con la modernización de la tecnología -mejor redacción de la norma pertinente-; con la agregación de las condiciones ambientales del lugar -por ejemplo, se incorporan los vocablos "seguridad" y "salud en el trabajo"-; con la inclusión en el reglamento de lo relativo a las condiciones físicas y ergonómicas, a los exámenes preventivos, que son garantías básicas para el trabajador.
Sin embargo, dejamos pendiente en esta ley -no se introduce ninguna corrección al respecto- la necesidad de disponer de mecanismos fiscalizadores eficientes, con facultades, con recursos, con capacidad para aplicar sanciones que hagan inviable o inconveniente para el emprendedor violar la ley.
Chile sigue siendo un país donde, por el monto de las sanciones, es buen negocio violar las leyes y pagar multas, porque son irrelevantes si las comparamos con las utilidades obtenidas por malas prácticas.
Si no terminamos con ese vicio, señor Ministro, no sacaremos nada con seguir incorporando sectores a la legislación, pues ello será letra muerta.
Por esa razón, lo invito a hacer un sincero esfuerzo por modernizar la legislación laboral e introducir la fiscalización sin complejos.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, mientras escuchaba atentamente las intervenciones de los distintos Senadores, pensaba en el rol que juega el Derecho del Trabajo en la organización económica de las sociedades. Porque el proyecto de ley en estudio, que consta de un par de artículos y que se refiere a un grupo especial de trabajadores, no es sino la demostración de la larga lucha que han debido dar la humanidad y, específicamente, los trabajadores para el reconocimiento de sus derechos. Porque, dentro del sistema económico, hemos pasado por un extenso período de dificultades, de desencuentros, de explotación y le ha costado mucho al mundo entender la relación entre la empresa o el capital y el trabajo.
Quiero recordar simplemente que a partir de la Revolución Industrial y el establecimiento y desarrollo del capitalismo en el mundo, partimos muy desde abajo para llegar hasta el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, época en que nació esta rama del Derecho, el Derecho Laboral o el Derecho del Trabajo, que tiene por objeto la protección de los trabajadores frente al poder económico del empleador o de los empresarios.
Comenzamos desde el trabajo de los niños, seguimos con la esclavitud, que significó el costo de millones de vidas humanas, lo que en parte explica el desarrollo del capitalismo que tenemos hoy día.
¡Si recién la esclavitud en Estados Unidos, que es el paradigma del capitalismo en el mundo, se extinguió en el año 1865, guerra civil de por medio!
Brasil fue el último país del mundo en abolir la esclavitud, en el año 1888, o sea, poquito más de cien años atrás.
Entonces, esta ha sido una larga lucha.
En el caso de Chile, el Código del Trabajo recién surge en los albores de la primera treintena del siglo XX.
Ahora, quiero recordar aquí una cosa que me parece de Perogrullo, pero que realmente no ocurre debido a que no existe buena voluntad en las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque no existe la autorregulación, independientemente de la ética personal que pueda tener el empleador.
Me refiero a que no puede quedar entregado simplemente a la buena voluntad del empleador el hecho de que le otorgue y le reconozca determinados derechos al trabajador. La historia nos dice que debe haber una ley que establezca las condiciones; que establezca las sanciones; que establezca el rol del Estado, para que las cosas se puedan cumplir.
¡Es así la naturaleza humana!
Recordemos que el año 2014 se tuvo que dictar una ley para obligar a los empleadores de establecimientos comerciales a colocar una silla a sus dependientes.
De ahí partió esta larga lucha que hoy día culmina con este proyecto específico, que hace referencia a una materia especializada, producto de la tecnología y del avance del mundo.
Entonces -como digo-, esta iniciativa, de un par de artículos, no es sino el reflejo del tipo de sociedad que tenemos, del rol que juega el derecho del trabajo, del rol que juega el Estado para el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley.
Nosotros debemos tener conciencia, como Senadores, como legisladores, como país, del papel que debe jugar la legislación del trabajo para lograr la justicia social en las relaciones laborales; para que los empresarios entiendan que pueden ganar plata -la que quieran- en la medida en que cumplan con la ley, en que respeten a los trabajadores, en que asuman sus obligaciones. De esa manera vamos caminando hacia una sociedad más justa, que respeta a sus trabajadores.
Por último, señor Presidente, esta legislación da cuenta también de la larga lucha de los trabajadores a través de los siglos para obtener su reconocimiento y su dignidad.
Por eso, felicito a estos trabajadores por el logro que hoy día están alcanzando.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, voy a intervenir casi telegráficamente para sumarme a lo dicho por los colegas y expresar que los Senadores de Renovación Nacional vamos a apoyar el proyecto en comento, y lo hacemos con mucha alegría y con mucho entusiasmo.
Creo que todas las frases que quienes me han antecedido en el uso de la palabra han vertido respecto del rol protagónico que tuvieron los dirigentes en la tramitación de este proyecto son absolutamente justas.
Aquí ha habido un ejemplo de buena tramitación legislativa, porque se han sumado el concurso de la sociedad civil, el concurso de los dirigentes sindicales, la colaboración del Gobierno, la buena disposición de los organismos y, específicamente, de las Comisiones de Trabajo del Senado y de la Cámara de Diputados.
¡Claro! Uno podría decir: "Ojalá que lo hubiéramos hecho todo mucho más rápido". Efectivamente, aquí ha habido un período de dilación bastante largo. Pero, bueno, mejor tarde que nunca.
Junto a eso, un pequeño comentario en relación con los contenidos de la iniciativa.
Como aquí se ha dicho, se trata de cerrarles la puerta en forma categórica a los abusos que existían y que, de alguna manera, quizá todavía existen en este sector. Para eso es fundamental lo que hace el proyecto de ley: garantizar debidamente los descansos; prevenir en forma efectiva todo tipo de enfermedades y, sobre todo, objetivizar las condiciones de remuneraciones, para que estas no queden nunca al arbitrio discrecional de los empleadores.
Finalmente, señor Presidente, solo un pequeño comentario.
Vamos a tener que legislar muchas veces, de aquí hacia el futuro, porque las formas de contratación, las formas de trabajar, las amenazas que implica la automatización, los avances en tecnología nos están poniendo frente a nuevos desafíos en términos de cómo organizar el trabajo.
Pero, si bien es cierto que debemos avanzar en esa dirección, creo que lo que logra el proyecto es muy contundente en términos de establecer un principio general.
Nunca las modernizaciones de las formas en que se pueda trabajar deben implicar abusos para los trabajadores. La legislación está llamada precisamente a prevenir que ellos existan. Y, por lo tanto, la señal que se emite con esta iniciativa de ley es muy significativa.
Tenemos que hacernos cargo de las nuevas realidades laborales, pero siempre protegiendo los derechos de los trabajadores.
El señor MONCKEBERG (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, quiero agradecer a los parlamentarios que participaron en la Comisión y que permitieron avanzar en este proyecto.
Como aquí se ha dicho, uno quisiera que no se tuviese que legislar en esta materia, que lo que motive normativas de esta naturaleza no fuese un catálogo de malas prácticas o abusos. Pero, lamentablemente, había que hacerse cargo de una realidad, de ciertos casos graves de vulneración de la ley que estaban llegando no solo a conocimiento de la Dirección del Trabajo, sino también de la justicia.
Quiero recoger la última reflexión del Senador Allamand. Cuando se habla de adaptabilidad en la jornada, de adaptabilidad en los descansos, ello nunca puede asemejarse a una precariedad laboral.
Por supuesto que los nuevos desafíos del mercado del trabajo en Chile y el mundo nos obligan a ir adecuando nuestras normas, para estar del lado de las oportunidades que estos nuevos mercados ofrecen y no solo de aquellos empleos que tenderán a desaparecer.
Sin embargo, ello siempre debe tener un marco de protección de los derechos fundamentales, de respeto a la dignidad del trabajador y de no precarización del empleo. Todo lo contrario, con el proyecto queremos mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Por eso, valoro la voluntad de acuerdo que se produjo en la Comisión de Trabajo del Senado.
Cabe señalar que esta iniciativa se había presentado hace varios años. Pero logró un nuevo impulso este año gracias a los esfuerzos hechos, de común acuerdo, por Senadores, por trabajadores con el Gobierno.
También reconozco la contribución que hizo la Cámara de Diputados, donde el proyecto se aprobó prácticamente por unanimidad.
A continuación, respondo dos preguntas formuladas por el Senador De Urresti, a fin de aclarar sus dudas.
En primer lugar, me referiré al cambio que se hace al artículo 1° del proyecto.
Esa norma señala que todas las regulaciones de descanso, de pago, en fin, se aplican a los trabajadores que desempeñen funciones de teleoperadores.
El artículo original que había aprobado el Senado no hacía esa distinción con precisión y, por tanto, la regulación se aplicaba a todo el personal que estaba dentro de un centro de llamado, incluidos guardias, administrativos, contadores o gerentes. Y cuando se establecen descansos por llamadas o criterios objetivos para los pagos variables, obviamente corresponde referirse a quienes ejercen la labor de teleoperadores y no al personal administrativo de esos centros.
Esa distinción se precisa en la Cámara de Diputados.
En segundo lugar, respecto a la renta variable, lo que se hace es objetivizar los criterios por medio de los cuales puedo pagar variable una parte de aquel sueldo.
Porque, tal como se expresó en los muchos testimonios que recibió la Comisión, a veces a los trabajadores se les dice: "Mire, esta es su parte fija, su parte variable". Pero en algunos casos es prácticamente imposible descifrar por qué ese variable y no otro.
Por lo tanto, el proyecto lo que hace es exigir que, si se va a pagar una parte variable, se diga con criterios objetivos por qué, cuánto y cómo se realizará aquel pago.
Finalmente -y sé que se ha reiterado mucho en los discursos-, esta iniciativa impide el abuso de descontar del sueldo por ir al baño.
Aquí quiero hacer una reflexión muy breve, señor Presidente.
No es una buena noticia que aquello tengamos que ponerlo en una ley, pues hoy día en Chile es ¡absolutamente ilegal! hacer un descuento del sueldo a un trabajador de jornada porque va al baño.
Si los dirigentes y los parlamentarios pidieron que dicha situación quedara regulada explícitamente en el proyecto, no puede entenderse que solo en estos casos va a ser ilegal un descuento de esa naturaleza. ¡Es absolutamente ilegal en Chile hacer cualquier tipo de descuento a un trabajador que, por la razón que estime conveniente, concurre a los servicios higiénicos!
Esto es una mala práctica. Queremos establecer explícitamente este punto de vista aquí. Pero que por ningún motivo se entienda que esto se acota únicamente al trabajo de los teleoperadores. Porque hoy día en Chile -soy categórico en decirlo- un trabajador de jornada, de horario, no tiene ningún límite para ir al baño y, por tanto, nadie puede descontarle aquel tiempo de su jornada.
--Se aprueban las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (39 votos favorables), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor MONTES (Presidente).- ¡Felicitaciones por este logro después de tantos años de lucha!
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de un documento.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa el informe de la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República por el que solicita el acuerdo del Senado para designar como integrantes del Consejo Nacional de Televisión a las señoras María de los Ángeles Covarrubias Claro y María Constanza Tobar Castro y a los señores Andrés Antonio Egaña Respaldiza, Gastón Alfonso Gómez Bernales y Héctor Marcelo Segura Herrera (boletín N° S 2.044-05), con la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, deseo hacer una consulta.
Vamos a entrar al análisis del proyecto que incorpora al pueblo chango como etnia indígena de Chile, que es de gran interés nuestro, pero también lo es la ley miscelánea de educación. Por tanto, quisiera saber en qué lugar de la tabla se encuentra esta última iniciativa.
El señor MONTES (Presidente).- Señora Senadora, no está en la tabla de esta sesión extraordinaria, pero se consideró por parte de varios Comités que, dado que el proyecto sobre educación contenía temas de interés, había que incorporarlo, pero, como digo, no figura en la de esta sesión.
Aprovecho la oportunidad para saludar al Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, que está aquí con su Presidente, don Miguel Ángel Araneda, y a la Coordinadora del Servicio Local de Educación de Huasco, señora Nadia Saldaño.
Le repito a la señora Senadora que el proyecto a que ha hecho alusión no aparece incorporado en la tabla de esta sesión, que ya está terminando. Y se requeriría acuerdo para tratarlo en la tarde, donde además tenemos que ver el relativo a la planta del personal de municipalidades y el que incentiva la donación de órganos, respecto de los cuales hay bastante acuerdo.
Por lo tanto, podría ser tratado en la tarde.
La señora EBENSPERGER.- Pero se requeriría acuerdo de la Sala.
El señor MONTES (Presidente).- Así lo he planteado, señora Senadora.
La señora PROVOSTE.- Perfecto.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para incorporarlo en la tabla de la sesión de esta tarde?
La señora PROVOSTE.- ¿Me permite, señor Presidente? Solo para dejar establecido lo siguiente.
Se manifestó en su momento que era muy importante tratar este proyecto antes del receso legislativo, toda vez que aborda la situación de muchos directores actuales que están ocupando cargos y no podrán postular en los concursos. Y es importante que eso quede consignado.
El señor MONTES (Presidente).- Quiero dejar en claro que el problema surge porque hace un par de días el Ejecutivo le retiró la urgencia, que era "suma". Y por eso no aparece con la prioridad que debería tener.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, si no se puede tratar esa iniciativa, podríamos ver dos proyectos aprobados en forma unánime por los miembros de la Comisión de Salud: el relativo a la atención preferente para los adultos mayores y el relacionado con incentivos a la JUNAEB para la entrega de alimentos saludables.
El señor MONTES (Presidente).- Otra posibilidad es que, si hubiera acuerdo en la Sala, los aprobemos sin mayor trámite después de una breve relación, dado que fueron acogidos por unanimidad en Comisiones.
Nos quedan siete minutos de sesión, y también tenemos que resolver la petición de la Senadora señora Provoste relacionada con el proyecto sobre el pueblo chango, que está para discusión general.
Siendo así, podríamos tratar en la tarde las dos iniciativas mencionadas por el Senador señor Girardi y votar rápidamente ahora, en general, el proyecto sobre el pueblo chango.
¿Les parece proceder así y abrir la votación de inmediato?
El señor MONTES (Presidente).- Ha pedido la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, entiendo que también habría acuerdo para discutir en la sesión de la tarde el proyecto sobre tutela laboral.
El señor MONTES (Presidente).- Esa iniciativa se vio en la Comisión respectiva y tiene otra situación.
La señora GOIC.- Pero, según me parece, el acuerdo era tratarla hoy día. Nosotros cumplimos con lo que se nos encomendó, que era recibir a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado.
El señor MONTES (Presidente).- Pero tengo entendido que ella quedó con la idea de que el proyecto se iba a analizar con mayor profundidad. No dispongo de mayores antecedentes acerca de cómo se desarrolló esa sesión.
La señora GOIC.- Se acordó recibirla, y es lo que nosotros hicimos hoy en la mañana en la Comisión. Tuvimos una buena sesión con ella. Y entiendo que eso es lo que se estaba requiriendo en forma previa para poder tratar el proyecto en la Sala.
El señor MONTES (Presidente).- El acuerdo es que, si está en condiciones de ser tratado aquí, lo vamos a hacer. Por lo tanto, tutela laboral es otra iniciativa que se incorporaría en la tabla de la sesión de la tarde.
El señor DURANA.- Señor Presidente, con respecto al proyecto sobre el pueblo chango, la Senadora Van Rysselberghe, que integra la Comisión de Derechos Humanos, me dijo que el Ministerio de Desarrollo Social pidió aplazar la votación debido a que está haciendo el Estudio de Línea de Base sobre el pueblo chango, el cual se encuentra en proceso, a fin de determinar con precisión los alcances de su existencia y las implicancias de su reconocimiento.
Por lo tanto, el Ministerio de Desarrollo Social pide aplazar la votación de ese proyecto.
El señor MONTES (Presidente).- Señor Senador, una cosa es solicitar segunda discusión o segundo informe, pero aplazar la votación es diferente. Los Comités ya acordaron tratarlo ahora. Sí existe derecho a plantear segunda discusión.
Ahora bien, podemos aprobarlo en general y que las observaciones del Ministerio de Desarrollo Social queden para la discusión particular. Creo que sería lo más razonable.
¿Por qué no permitimos que la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos rinda su informe, aprobamos en general el proyecto y el Ministerio formula todos sus planteamientos en la etapa de la discusión particular?
El señor MONTES (Presidente).- Así se acuerda, entonces.
Boletín N° 11188-17
INDÍGENA DE CHILE
El señor MONTES (Presidente).- Conforme a lo recién resuelto, entramos a analizar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional Indígena, para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.188-17 y 11.335-17, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 77ª, en 12 de diciembre de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile. Para ello, propone incorporarlo dentro del artículo 1° de la ley N° 19.253, que establece normas para la protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía hace presente que, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único, propone discutirlo solo en general, con el objeto de perfeccionarlo y enriquecerlo con ocasión del segundo informe.
El referido órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Muñoz y señores Durana y Latorre.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 21 del primer informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor MONTES (Presidente).- En votación general el proyecto.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz, para que rinda el informe de la Comisión.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía viene en presentar, para su discusión general, el proyecto de ley que busca reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile. Para ello, se propone incorporarlo en el artículo 1° de la ley N° 19.253, que establece normas para la protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Al respecto, la Comisión acordó realizar una ronda de audiencias, en las que recibió al Ministro de Desarrollo Social, señor Alfredo Moreno; al Presidente de la Agrupación Cultural Chango Descendientes del Ultimo Constructor de Balsas de Cuero de Lobo, señor Felipe Rivera; al Jefe de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, señor Andrés Cortés, y al Analista de la Biblioteca del Congreso Nacional señor Matías Meza-Lopehandía.
En las dos sesiones que dedicó al estudio de esta iniciativa, se pudo constatar que el chango es un pueblo que vive del mar, que se dedica a la pesca, a mariscar y a la recolección de orilla, y que no se trata de un pueblo extinto, pues se lo reconoce como un grupo heterogéneo vinculado a prácticas comunes en el borde costero, que desciende de los pueblos indígenas precolombinos y que tiene una continuidad cultural hasta nuestros días, lo que se refleja en la mantención de prácticas precolombinas.
En efecto, los descendientes del pueblo chango están asentados principalmente en la caleta Chañaral de Aceituno y en sus alrededores, transitando entre Chungungo y Los Vilos, en la Región de Coquimbo, hasta el Sarco, en la Región de Atacama.
Existen diversos estudios, libros y registros audiovisuales que demuestran la subsistencia de este pueblo hasta nuestros días, entre los cuales cabe mencionar el del arqueólogo Hans Niemeyer, el del historiador Roberto Páez, el del historiador Jorge Zúñiga, el de la antropóloga Astrid Mandel, y el del profesional audiovisual Rodrigo Terreros.
Es preciso mencionar también que el pueblo chango participó en la "Consulta Indígena para la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio", así como en la consulta del Ministerio de Salud para crear un reglamento que otorgara atención de salud, con pertinencia cultural, a los pueblos originarios de Chile.
Desde ese momento, el pueblo chango comenzó su proceso de organización y de participación en distintas instancias convocadas por el Estado y por los otros pueblos indígenas, el que culminó con la constitución de la "Agrupación Cultural Changos Descendientes del Ultimo Constructor de Balsas de Cuero de Lobo" en caleta Chañaral de Aceituno, integrada por cincuenta y cuatro socios, con personalidad jurídica vigente, que comenzó las gestiones para el reconocimiento de su pueblo y para revitalizar y revalorizar su cultura a través de diversas iniciativas, proyectos y actividades tendientes a visibilizar el legado de sus ancestros.
Es dable señalar que la Comisión solo aprobó en general el proyecto de ley, a pesar de tratarse de un texto de artículo único, con el fin de dar un tiempo prudente al Ejecutivo para terminar el Estudio de Línea de Base sobre el Pueblo Chango que está ejecutando.
Me han informado, señor Presidente, que ya se trasladó a la zona una delegación de profesionales del Ministerio de Desarrollo Social y que esta ya ha efectuado entrevistas, encuestas y ha estado trabajando en terreno con las comunidades del pueblo chango.
Por esa razón, la solicitud de la Senadora Van Rysselberghe, a mi juicio, no impide que aprobemos en general este proyecto, que lleva mucho tiempo en el Parlamento.
Además, el Ministerio de Desarrollo Social -reitero- ya está trabajando en esta materia y, por cierto, todo el estudio que levante en la zona va a ser parte de la etapa del debate en particular, al que nos vamos a abocar en la Comisión una vez que la Sala apruebe en general el proyecto.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el artículo 1º de la ley Nº 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la CONADI, parte reconociendo que "los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias".
En su versión original, la ley reconoce "como principales etnias indígenas de Chile a: la Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas y Collas del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes". En virtud de la ley Nº 20.117, a estos ocho pueblos se les sumó el pueblo diaguita.
Enseguida, la ley agrega que "Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines".
Es decir, la ley promueve el respeto, protección y desarrollo de todos los indígenas, aunque reconoce, para ciertos efectos, a los que considera pueblos principales.
Este reconocimiento de tan solo nueve pueblos principales tiene su fundamento, en primer lugar, en la realidad social existente en la década de 1990, pero también responde a los avances de los estudios etnográficos a esa época y a la actitud o predisposición de las personas en ese momento histórico.
Sobre los changos, los investigadores concluyen mayoritariamente que, más que una etnia, corresponden a diversos pueblos de pescadores habitantes de las costas del norte de Chile. De hecho, hay registros de su existencia en diferentes caletas, incluso hasta la primera mitad del siglo XX.
Sin embargo, este proyecto de ley no puede pretender zanjar una discusión científica acerca de si el pueblo chango existe o no o si se encuentra extinto. Lo que corresponde es posibilitar el desarrollo de esa cultura, que se esfuerza por sobrevivir y conservar su identidad, a pesar de la presión por ser asimilados o derechamente extinguidos.
Todo esto que señalo no es solo teoría para mí.
Como taltalino, fui testigo, en mis primeros años de vida, de manifestaciones de aquella cultura que se resistía a morir, expresada en prácticas de pescadores de orilla; pero, sobre todo, de la recurrente discusión acerca de si se era o no descendiente de changos. Hasta el día de hoy, cada vez que vuelvo a mi ciudad, en distintos círculos asoma ese mismo debate, que antaño podía considerarse estéril, pero que hoy, paradójicamente, cobra más sentido de la mano de fenómenos como la globalización.
Algunos serán cautos frente al riesgo de que, detrás de esta iniciativa, solo exista el interés de acceder a determinados beneficios estatales. Yo puedo dar fe de que muchos habitantes de Taltal se han definido como changos desde bastante antes de que existiera la CONADI.
Es cierto también que, de ser aprobada esta iniciativa de ley, se generarán nuevos problemas por resolver dentro de la institucionalidad indígena, que está en proceso de discusión en este mismo Senado, con motivo de la distribución de los miembros del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
Pero todas esas materias, señor Presidente, deberán ser resueltas en su mérito y en su oportunidad. Lo que no puede ocurrir es que, como ha sucedido muchas veces en nuestra historia, pongamos un manto de silencio, desconocimiento y olvido sobre los pueblos originarios, que han estado presentes y seguirán presentes a lo largo de nuestro territorio.
--Se aprueba en general el proyecto (19 votos a favor, uno en contra y 9 abstenciones) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 18 de marzo.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Montes, Pizarro y Quinteros.
Votó por la negativa la señora Ebensperger.
Se abstuvieron las señoras Aravena y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Durana, García-Huidobro, Ossandón, Pérez Varela, Pugh y Sandoval.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Además, se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador señor Soria.
--Se levantó a las 13:36.

References: artículo 2
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 artículo 7
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 artículo 53
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