Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45248
Timestamp: 2017-12-15 06:36:47+00:00

Document:
Decreto 4912 de 2011 Nivel Nacional
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, el Decreto-ley 4065 de 2011 y en concordancia con el artículo 15 numeral 3 del Decreto-ley 2893 de 2011,
Artículo1°. Objeto. Organizar el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de su cargo, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
Artículo 6°. Protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 1225 de 2012. Son objeto de protección en razón del riesgo:
2. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de victimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas.
Artículo 7°. Protección de personas en virtud del cargo. Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 1225 de 2012. Son personas objeto de protección en virtud del cargo.
Artículo8°. Articulación de la estrategia de protección. La Unidad Nacional de Protección tendrá a su cargo la administración de la base de datos única, que permita ejercer un control de las medidas de protección dispuestas para las personas en razón del riesgo o del cargo y coordinará la implementación de las mismas.
Artículo 9°. Medidas de Emergencia. En casos de riesgo inminente y excepcional, el Director de la Unidad Nacional de Protección podrá adoptar, sin necesidad de la evaluación del riesgo, contemplando un enfoque diferencial, medidas provisionales de protección para los usuarios del Programa e informará de las mismas al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – Cerrem en la siguiente sesión, con el fin de que este recomiende las medidas definitivas, si es del caso.
a) Esquema de protección: Modificado por el art. 4, Decreto Nacional 1225 de 2012. Son los recursos físicos y humanos otorgados a los protegidos del Programa para su protección. Estos esquemas pueden ser de varios tipos e incluyen:
• Senadores de la República Representantes a la Cámara
• Embajadores extranjeros en Colombia
– Realizar un proceso de identificación de riesgos permanente.
– Proyectar Escenarios de Riesgo.
– Formular planes de prevención y contingencia frente a los escenarios de riesgo identificados.
– Velar por la implementación de las estrategias y acciones incorporadas en los planes de prevención y de protección, por parte de las entidades responsables.
– Hacer seguimiento a la implementación de los mencionados planes y realizar los ajustes a los mismos cuando las condiciones así lo requieran.
– Generar espacios de trabajo entre las autoridades y las comunidades en aras de mejorar los procesos de gestión del riesgo.
– Apoyar a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en la actividad de priorizar las zonas de intervención para la acción preventiva por parte del Programa.
– Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 1225 de 2012. Apoyar el trabajo de asistencia técnica a las entidades territoriales, grupos poblacionales y comunidades en situación de riesgo para que desarrollen los planes de prevención y de contingencia que elabore la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
– Apoyar el proceso de Identificación y análisis de riesgo.
– Participar en la formulación de los planes de prevención.
– Participar en la formulación de los planes de contingencia.
– Apoyar la implementación del plan de prevención y de contingencia en los temas que son de su competencia.
– Realizar labores de apoyo al seguimiento de la implementación de los planes de prevención y de los planes de contingencia y requerir su ajuste de acuerdo a las necesidades y las estrategias allí definidas.
– Participar bajo la coordinación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y con las autoridades de fuerza pública y las autoridades civiles nacionales y territoriales, estrategias preventivas para situaciones particulares de riesgo.
– Unidad Nacional de Protección.
– Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
– Programa Presidencial para la Protección y Vigilancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario o quien haga sus veces.
– Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal.
– Personerías distritales y municipales.
– La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas.
– Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley.
– Liderar la formulación de la política pública en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal.
– Coordinar con los departamentos y municipios el diseño, la implementación, seguimiento y evaluación de planes de prevención y planes de contingencia dirigidos a evitar la consumación de los riesgos, y mitigar los efectos de su materialización.
– Someter a consideración del Ministro del Interior proyectos de Acto legislativo, leyes, Decretos y resoluciones dirigidos a salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal.
– Realizar investigaciones académicas y estudios dirigidos a identificar problemas de política pública y alternativas de solución para la garantía efectiva de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
– Adelantar estudios e investigaciones académicas en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.
– Hacer seguimiento y evaluar la implementación de la política pública de prevención.
– Realizar los ajustes requeridos a la política pública de prevención de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
– Asesorar técnicamente a las entidades territoriales en la formulación de las políticas públicas de prevención, el diseño de sus instrumentos de implementación y mecanismos de seguimiento, evaluación y monitoreo.
– Desarrollar, en coordinación con entidades competentes estrategias para impulso de una cultura de respeto y garantía de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
– Implementar, la política integral de derechos humanos de la fuerza pública en las zonas focalizadas para la elaboración de los planes de prevención y protección.
– Participar, a través de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en el proceso de Identificación, análisis y advertencia de riesgo .y hacer seguimiento permanente a la evolución de los actores que generan amenaza en la zona.
– Contrarrestar, de acuerdo con sus competencias internas, los factores amenazantes en el territorio.
– Participar en la formulación de planes de prevención y de contingencia.
– Generar espacios de acercamiento entre las comunidades y la fuerza pública.
– Evaluar en conjunto con el programa de prevención y con la mesa territorial los avances en la implementación de las acciones de prevención, enmarcadas en los planes formulados, que son de su competencia y los resultados obtenidos.
– Definir, en coordinación con el Programa de Prevención y Protección y las autoridades civiles nacionales y territoriales, estrategias preventivas para situaciones particulares de riesgo.
– Participar en el proceso de identificación y análisis de riesgo aportando la información fruto de las alertas tempranas emitidas.
– Hacer seguimiento a la evolución de los actores que generan amenaza en la zona.
– Procurar la emisión las alertas tempranas y recomendaciones necesarias a las entidades concernidas para salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo en las zonas focalizadas.
– Reportar al programa de prevención y a las comunidades los avances en la implementación de las acciones de prevención, enmarcadas en los planes formulados, que son de su competencia y los resultados obtenidos.
– Participar en el proceso de focalización territorial para la implementación del programa de prevención en su territorio.
– Capacitar a su personal en el uso de las metodologías de identificación y gestión de riesgo.
– Servir de enlace entre las autoridades del nivel municipal y el nivel nacional para el desarrollo del programa de prevención.
– Generar espacios de acercamiento entre las comunidades y las autoridades tanto civiles como de fuerza pública.
– Participar en el proceso de identificación y análisis de riesgo.
– Participar en la formulación de planes de prevención.
– Participar en la formulación de un plan de contingencia.
– Implementar el plan de prevención en los temas que son de su competencia.
– Generar espacios de rendición de cuentas con autoridades y comunidades para presentar los avances en la implementación de los programas de prevención en su Departamento.
– Implementar las estrategias y actividades que por competencia, o en virtud de los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad, se identifiquen a su cargo en los planes de prevención y contingencia.
– Definir, en coordinación con el Programa de Prevención del Ministerio del Interior y las autoridades civiles y de fuerza pública, estrategias preventivas para situaciones particulares de riesgo.
– Capacitar a su personal en el uso de las metodologías de identificación y gestión de riesgo del programa de prevención.
– Realizar el proceso de convocatoria para adelantar el proceso de Identificación y análisis de riesgo.
– Incorporar los planes de prevención y contingencia a los planes destinados a mantener la seguridad y el orden público en el municipio y reportar su avance a la oficina regional del Ministerio del Interior.
– Implementar los planes de prevención y contingencia en los temas que son de su competencia.
– Reportar al programa de prevención, los riesgos que se ciernen sobre las personas, grupos y comunidades y las medidas que se vienen implementando.
– Requerir de manera precisa y motivada al departamento o las instituciones del orden nacional, para que, en virtud de los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad, apoyen la implementación de aquellas estrategias y actividades contenidas en los mismos y que por razones objetivas y justificadas no puedan ser ejecutadas por el municipio.
– Generar espacios de rendición de cuentas con autoridades y comunidades para presentar los avances en la implementación de los programas de prevención en su municipio.
– Participe en el proceso de identificación y análisis de riesgo, aportando insumos por parte de los analistas del Sistema de Alertas Tempranas SAT y las quejas interpuestas por los ciudadanos respecto a la vulneración de sus derechos humanos que son de conocimiento de los defensores regionales, entre otras.
– Emita informes de riesgo y notas de seguimiento cuando las circunstancias de riesgo así lo ameriten.
– Requiera a las entidades del orden nacional, departamental y municipal para la salvaguarda de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo.
– Proteja y asegure la efectividad de los derechos humanos de las personas, grupos y comunidades que de acuerdo con los planes de prevención y contingencia se encuentren en situación de riesgo.
– Vele por el ejercicio diligente de las entidades del orden nacional y territorial en la ejecución de los planes de prevención y contingencia.
– Haga seguimiento a la conducta oficial de los servidores públicos encargados de ejecutar las estrategias de los planes de prevención y protección de las personas, grupos y comunidades en riesgo.
– Genere directrices para la participación de las procuradurías regionales y provinciales en la estrategia de prevención.
– Inste a las autoridades públicas de los diferentes niveles territoriales para el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades en el marco de la estrategia de prevención.
– Implemente las acciones incorporadas en los planes de prevención y de contingencia que sean de su competencia.
– Haga seguimiento a la implementación de los planes de prevención y de contingencia.
– Reporte a la Procuraduría General de la Nación, por conducto de las Procuradurías regionales o provinciales, las situaciones de incumplimiento en la implementación de los planes de prevención o contingencia que puedan afectar los derechos de las personas, grupos o comunidades en situación de riesgo.
– Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
– Programa Presidencial para la protección y Vigilancia de los Derechos. Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, o quien haga sus veces.
– Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a Víctimas.
– Grupo de Valoración Preliminar.
– Comité de Evaluación del Riesgo y de Recomendación de Medidas.
– Formular los lineamientos de la política pública en materia de protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.
– Hacer seguimiento y evaluar la implementación de la política pública de protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.
– Realizar los ajustes requeridos a la política pública de protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.
– Proponer los criterios, parámetros, metas y programas a ser aplicados por el Programa de Prevención y Protección.
– Recibir y tramitar las solicitudes de protección e información allegadas.
– Informar a los solicitantes de protección, de los procesos que se surten para determinar el ingreso o no al programa de protección, y orientarlos respecto de las instituciones concernidas y las medidas que puedan ser complementarias para cada caso en particular.
– Analizar y verificar la documentación relacionada con las solicitudes de protección.
– Coordinar con las entidades competentes la implementación de medidas preventivas a las que haya lugar.
– Solicitar, a quien corresponda y según el caso, información complementaria para analizar la situación particular de riesgo del peticionario.
– Atender y tramitar las solicitudes de emergencia y activar la presunción constitucional de riesgo, cuando aplique; así como hacer seguimiento a la respuesta brindada por las autoridades competentes.
– Dar traslado a las autoridades competentes de las solicitudes de protección o información, que no sean de su competencia.
– Realizar una entrevista personal con el solicitante, para ampliar la información relacionada con su situación particular del nivel de riesgo.
– Requerir la elaboración de la evaluación del riesgo al grupo de trabajo encargado y entregar, la información referente a la caracterización inicial del peticionario y la verificación y análisis realizados.
– Presentar, ante el Grupo de Valoración Preliminar, la petición de protección, el análisis de la situación junto con el caso, con el resultado de la evaluación del riesgo, en el nivel territorial.
– Presentar ante el Cerrem el caso con las recomendaciones sobre el nivel de riesgo y de medidas, sugeridas por el Grupo de Evaluación Preliminar a fin de que se determine el nivel de riesgo.
– Adoptar e implementar las medidas de Protección a implementar previa recomendación del Cerrem.
– Hacer seguimiento periódico a la implementación, al uso y a la oportunidad, idoneidad y eficacia de las medidas de protección.
– Informar al peticionario la decisión tomada y los motivos que la sustentaron respecto de la solicitud de medidas de protección.
– Dar traslado a la Fiscalía General de la Nación de las amenazas que reporten los peticionarios de protección y hacer seguimiento al avance de los procesos.
Parágrafo 2°. Modificado por el art. 5, Decreto Nacional 1225 de 2012. La Unidad Nacional de Protección podrá vincular al Programa de Protección que esta lidera, de forma excepcional, a otras personas, en casos de extrema gravedad y urgencia, y con el fin de evitar daños irreparables en los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personales, siempre y cuando dicha responsabilidad no esté asignada de manera específica a otra entidad. Así mismo podrá vincular a ex servidores públicos quienes tengan un riesgo extraordinario o extremo.
– Elaborar mapas de riesgo, por grupos poblacionales, y actualizarlos cuando las circunstancias lo ameriten, y por lo menos semestralmente.
– Participar de forma permanente en las diferentes instancias del programa de protección.
– Implementar las medidas de prevención y protección, en el marco de lo dispuesto en el Título I, Capítulo 3 del presente decreto, así:
– Apoyar al Programa de Prevención y Protección en las funciones de su competencia.
– Brindar información relacionada con la inscripción de la población en situación de desplazamiento en el Registro Único de Víctimas.
– Adoptar medidas en el marco de su competencia y articular los servicios estatales dirigidos a grupos vulnerables que contribuyan a la protección de los protegidos del Programa de Prevención y Protección en virtud del riesgo.
– Participar en los espacios interinstitucionales en que puedan aportar información para analizar casos y peticiones de protección.
– Orientar a los solicitantes de protección y brindar información sobre los servicios institucionales en materia de protección.
– Servir de enlace entre el nivel nacional y el municipal en asuntos relacionados con la protección.
– Estructurar los servicios estatales para grupos y personas vulnerables e incluir a protegidos como parte de la atención integral del Estado, cuando a ello haya lugar.
– Brindar oportunamente la información que se requiera por parte del programa de protección.
– Apoyar técnica y logísticamente, dentro del marco de sus competencias, a los municipios de su jurisdicción que así lo requieran, en la protección de las personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo, de acuerdo con los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad.
– Definir, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección y las autoridades civiles y de fuerza pública, estrategias de protección para situaciones particulares de riesgo.
– Desarrollar las actividades de su competencia, en el marco de la Ruta de la Protección de la Población en Situación de Desplazamiento.
– Diseñar y poner en ejecución, en el marco de los servicios distrital o municipal, planes, programas o proyectos dirigidos a proteger a las personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo.
– Apropiar como gasto social prioritario para la implementación de las políticas de protección, el destinado a salvaguardar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo.
Artículo 33. Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información – Ctrai. Encargado de la recopilación y análisis de información in situ. Podrá estar conformado por personal de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía Nacional.
– El delegado de la Unidad Nacional de Protección, quien lo coordinará.
– El delegado del Ministerio de Defensa Nacional.
– El delegado de la Policía Nacional.
– El delegado del Programa Presidencial para la Protección y Vigilancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
– El delegado de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
– Un representante del Fiscal General de la Nación.
– Un representante del Procurador General de la Nación, y
– Un representante del Defensor del Pueblo.
– El delegado de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas CIAT.
Artículo 35. Atribuciones del Grupo de Valoración Preliminar. Modificado por el art. 6, Decreto Nacional 1225 de 2012. Son atribuciones del Grupo de valoración preliminar:
– Analizar la situación de riesgo de cada caso, según la información provista por el Ctrai.
– Presentar al Cerrem la determinación sobre el nivel de riesgo y un concepto sobre las medidas idóneas a implementar.
– Elaborar, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, la evaluación y reevaluaciones de nivel riesgo.
Artículo 36. Conformación del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – Cerrem –. Son miembros permanentes del Cerrem quienes tendrán voz y voto:
– El Director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien lo presidirá o su delegado.
– El Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, o quien haga sus veces, o su delegado.
– El Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, o su delegado.
– El Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, o su delegado.
– El Coordinador del Oficina de Derechos Humanos de la Inspección General de la Policía Nacional, o su delegado.
– Un delegado del Procurador General de la Nación.
– Un delegado del Defensor del Pueblo.
– Un delegado del Fiscal General de la Nación.
– Un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
– Un delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, cuando se trate de casos de población desplazada.
– Cuatro (4) delegados de cada una de las poblaciones objeto del Programa de Prevención y Protección, quienes estarán presentes exclusivamente en el análisis de los casos del grupo poblacional al que representan
– Delegados de entidades de carácter público cuando se presenten casos relacionados con sus competencias.
– Representante de un ente privado, cuando el Comité lo considere pertinente.
Parágrafo 3°. Los miembros del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – Cerrem podrán invitar a las entidades públicas que prestan asistencia técnica en enfoque diferencial, quienes participarán con derecho a voz.
– Identificación de las poblaciones o zonas que de acuerdo con el nivel de afectaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad deben ser objeto de implementación de plan de prevención.
– Identificación y análisis de riesgo, a partir del análisis de amenazas, vulnerabilidades y las capacidades que conducen a la proyección de escenarios de riesgo, contemplando un enfoque diferencial.
– Formulación de un plan de prevención, que incluya la definición de estrategias y acciones que buscan contrarrestar amenazas y vulnerabilidades y potenciar las capacidades tanto institucionales como sociales para gestionar el nivel de riesgo.
– Formulación de un plan de contingencia, a fin de contar con una alternativa de acción en caso de que se inicie la consumación del riesgo y se puedan salvaguardar los derechos de la población potencialmente afectada.
– Implementación del plan de prevención, por parte de los responsables que se identificaron en la fase de diseño, en los tiempos programados y con los recursos necesarios para tal efecto.
– Seguimiento a la implementación de los planes de prevención y de los planes de contingencia y ajuste a las estrategias y acciones allí definidas.
– Formulación de recomendaciones a las autoridades competentes para la implementación efectiva de los instrumentos de prevención.
– Socialización de los resultados de los planes de prevención y protección, especialmente con las poblaciones y comunidades objeto de los mismos.
8. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 1225 de 2012. Notificación al protegido de la decisión adoptada.
9. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 1225 de 2012. Implementación de medidas.
Parágrafo 4°. Adicionado por el art. 8, Decreto Nacional 1225 de 2012.
– La información presentada deberá demostrar que la persona es efectivamente desplazada por la violencia y acredite por cualquier medio estar inscrita en el Registro Único de Víctimas.
– Información, consistente y verosímil, de una amenaza, de un acto de violencia, o de hechos concretos que indiquen que el peticionario o su núcleo familiar, se encuentran en riesgo. Si la autoridad competente considera que los hechos no son ciertos o consistentes, deberá verificar y demostrar el motivo por el cual llega a esa conclusión.
– De tratarse de personas que no son dirigentes, líderes o representantes, además de las condiciones de consistencia y veracidad del relato de los hechos deberán acreditar, mediante evidencias fácticas, precisas y concretas su situación de riesgo.
– Se adoptarán medidas de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del presente decreto.
– La presunción deberá ser confirmada o desvirtuada mediante una evaluación del riesgo, a partir del cual se modificarán, mantendrán o suspenderán las respectivas medidas.
Artículo 43. Procedimiento para la implementación de las medidas de protección para personas en razón del cargo. Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 1225 de 2012. Este será adoptado mediante manual y consta de las siguientes etapas, entre otras:
– Identificación y verificación de la calidad del protegido.
– Notificación al protegido.
– Adopción de la medida y coordinación con Policía Nacional.
– Supervisión del uso de la medida.
– Notificación de la finalización de la medida una vez el protegido se separe del cargo.
Artículo 44. Suspensión de las medidas de protección. El Director de la Unidad Nacional de Protección podrá suspender las medidas de protección adoptadas, previa consulta y autorización del Cerrem, en las siguientes circunstancias:
– Conducir vehículos bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias alucinógenas.
– Irrespetar la normatividad de tránsito.
– Transportar o manipular explosivos, pólvora o armas sin el correspondiente permiso.
– Notificación por escrito al protegido de la situación encontrada.
– El protegido tendrá la oportunidad de controvertir los hechos, por escrito, en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibe la notificación.
– Presentación ante el Cerrem de la novedad frente a uso indebido de las medidas.
– Recomendación del Cerrem frente a la suspensión o continuidad de las medidas.
– Adopción de la decisión por parte del Director de la Unidad Nacional de Protección, mediante acto administrativo.
– Notificación de la decisión al protegido.
– Implementación de la decisión.
Parágrafo 1°. Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 1225 de 2012. En el caso de las medidas asignadas en consideración del cargo, estas podrán extenderse hasta por tres (3) meses después de que el funcionario deje el cargo, término que podrá prorrogarse una sola vez hasta por el mismo período ajustando las medidas a su nueva condición. La continuidad de las medidas estará condicionada a la evaluación del nivel de riesgo.
NOTA: Publicado en el Diario Oficial 48294 de diciembre 26 de 2011

References: artículo 189
 artículo 81
 artículo 15

Artículo1

Artículo 6

Artículo 7

Artículo8

Artículo 9

Artículo 33

Artículo 35

Artículo 36
 artículo 9

Artículo 43

Artículo 44