Source: https://www.scribd.com/document/128356339/Sentencia-Daniel-Baez
Timestamp: 2018-11-17 01:44:17+00:00

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Sentencia Daniel Baez
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Formula Apelacion Por Resolucion Ficta y Solicita Reintegro y Pago de Devengados e Intereses de Los Años 1995 Al Año 1997 Por Bonificacion de Preparacion de Clases y Evaluacion
Del Amparo Provisional
Tp Giroldi Ddhh
Apelacion Preparacion de Clases
AC 22-2005-CDP - Sobre determinación de daños y perjuicios luego de Acc de Amparo.pdf
V Pleno Casatorio Civil
Asignacion Por 30 Años de Servicios
Alerta de La Cej
Wal Apelacion
Las Sentencias Constitucionales Fix Ferrer
Menendez, Luis Enrique c Giaccio, Hector Guillermo s Ordinario Prescripcion
Boletín+N°+06-2016
CAS_391-2011.pdf
Tesis Sobre Las Boletas de Transito
res_2015001320002940000847653
J. Acceso a La Impartición de Justicia. Art. 17 Constitucional
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Organización Institucional y Curricular-borrador Inicial
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Informe Sesión 02-10-18
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Gacetilla FHSB - 21 -18
Gacetilla FHSB - 20 -18
Programa Oficial Definido Encuentro Enoturistico
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Infecciones graves por Streptococcus Pyogenes
Nota Infor.al Pago Cementerio
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1er. Encuentro Provincial de Enoturismo Oficial
Informe Sesión 13-07-18 (1)
GACETILLA Nudos en Un Hilo Rojo . Docx
Presentación Conjunta_Agosto 2018_vf 2
Informe Sesión 04-09-18
Folleto CNA 2018
En Quilmes, a los trece días del mes de diciembre de dos mil doce se reúnen en la Sala de Acuerdos del Tribunal
del Trabajo n° 3 de esta localidad los señores Jueces integrantes del mismo Doctores Silvia Cristina Bozzola, Guillermo Edgardo Caminos y Silvia
Ester Bártola, bajo la Presidencia de la primera de los nombrados y presente el Actuario a efectos de dictar VEREDICTO en la causa n° 21.546 caratulada "Baez Daniel Hugo c/ Municipalidad de Berazategui s/ Amparo Sindical"
Practicada la desinsaculación que determina el art. 44 inc. c) de la ley 11.653, resultó el siguiente orden de votación: DRES. BARTOLA - BOZZOLA - CAMINOS. CUESTIONES PRIMERA: Se ha probado: a) que el actor Hugo Daniel Baez laboró en relación de subordinación y dependencia para la Municipalidad de Berazategui?; b) que ingresó el 17 de octubre de 1.984, y en principio prestó tareas en el sector Obras Públicas, pasando luego por el Vivero Municipal, dependiendo desde 1.990 hasta su cesantía en la Secretaría de Salud Pública y dentro de ella en la Unidad Sanitaria de Hudson y desde 1.991, como chofer de ambulancia, en la Unidad Sanitaria n° 1 Centro Sabato, siempre en planta permanente?; c) que cobraba un salario mensual de $ 2.196,51.- en los meses de julio y agosto de 2.010?; d) si se han abonado salarios al actor desde que se lo suspendiera preventivamente en la Municipalidad?; SEGUNDA: Se acreditó: a) si el actor revistió la condición de delegado sindical?, en caso afirmativo: épocas del mandato; b) cuál fue la fecha de egreso del actor y las circunstancias determinantes del mismo?; c) si el reclamante virtió opinión gremial y/o política durante su vinculación con la accionada y si realizó actividades gremiales aún después de vencido su mandato como representante sindical, y si las mismas eran conocidas por la demandada?; TERCERA: a) si el actor remitió a la accionada la carta documento nº 068604035 del 21-5-10 que dice “Rechazo medidas adoptadas por decretos 18288/09 (sic) y 670/10 por resultar manifiestamente arbitrarios tanto la decisión de sumariarme como los hechos en que se funda tal decisión a más de suspenderme sin plazo en mis tareas habituales y privarme de mis haberes que tienen carácter alimentario y con los cuales sostengo a mi familia. Las medidas adoptadas tienen como único objetivo una persecución sindical como consecuencia de mi activismo gremial que se ha manifestado en múltiples circunstancias entre las que se destaca mi participación como secretario general en las elecciones sindicales 2007-2011. En mi condición de activista gremial he denunciado permanentemente el atropello de que son objeto mis compañeros de trabajo por parte de ese municipio, quien desconoce derecho elementales de los trabajadores esa es la razón de la medida antisindical que conlleva un cercenamiento a la libertad sindical garantizado por la Constitución Nacional (art. 14 bis), convenios internacionales OIT y tratados internacionales en materia de derechos humanos y por la ley 23.551. Su práctica desleal me obliga a intimarlo a dejar inmediatamente sin efecto los decretos mencionados y a reponerme en el plazo de 48 horas en mis tareas habituales caso contrario iniciaré las acciones legales por amparo previstas en el art. 47 de la ley 23.551 y la doctrina y jurisprudencia de la CSJN y Tribunales inferiores que en la materia han extendido la tutela sindical además de requerir el pago de los salarios caídos hasta la reposición en mis tareas normales y habituales a mas de considerar los daños y perjuicios que derivan de su ilegal accionar. Asimismo le notifico que denunciaré su proceder ante la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense y ante la confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina a fin de que procedan a denunciar su arbitrariedad ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y ante la Internacional de Servidores Públicos. Queda ud. debidamente notificado” y si la
accionada la recibió?; b) que el actor envió a la accionada la carta documento n° 082201756 del 31-5-2010 que dice “Dada su falta de respuesta a mi telegrama laboral CD n°
068604035 y su actitud de continuar con su práctica desleal impidiéndome reponer en mis tareas habituales le notifico que iniciare las acciones legales pertinentes previstas en el art. 47 de la ley 23.551 más el reclamo del pago de los salarios caídos hasta la efectiva reposición en mis tareas normales y
habituales y los daños y perjuicios que deriven de su ilegal accionar. Queda ud. debidamente notificado” y si la accionada la recibió?; A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA SILVIA ESTER BARTOLA DIJO: 1.- Con el escrito de demanda de fs. 54/72; la contestación de demanda de fs. 500/509 y las constancias del legajo personal del actor glosado a fs. 269/499 de autos y no desconocido por la parte actora, tengo por acreditados los puntos a) y b) de la presente cuestión. 2.- Con la planilla del Municipio glosada a fs. 198 glosada en los autos “Baez Hugo Daniel c/ Municipalidad de Berazategui s/ amparo sindical” que tramitara por ante el Tribunal del Trabajo nº 2 de Quilmes, ofrecido como prueba en autos, tengo por demostrado el punto c). 3.- Con las constancias del expediente citado supra (fs.189) se acredita que la parte demandada se avino a conciliar el reclamo por pago de salarios caídos hasta el 20 de agosto de 2.010 (por suspensión sin goce de haberes ordenada por decretos nº 670 del 6 de mayo de 2.010 y nº 1.057 del 16 de julio de 2.010), sin reconocer hechos ni derecho en el acuerdo arribado, que fuera homologado a fs. 190, y que el actor percibió en fecha 8 de setiembre de 2.010 por dicho concepto la suma de $ 4.387,50.-(fs. 204 vuelta de los autos aludidos supra)(se prueba el punto d). ASI LO VOTO (art. 44 inc. e) ley 11.653) A la misma cuestión planteada los señores Jueces Dres. Silvia Cristina Bozzola y Guillermo Edgardo Caminos adhieren por sus fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA SILVIA ESTER BARTOLA DIJO: 1.- La parte actora denuncia en la demanda haber sido delegado sindical formalmente electo de los choferes de ambulancias de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berazategui por sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui (STMB) entre los años 2.000 y 2.002, y delegado sindical formalmente electo del Centro Sábato, unidad sanitaria n° 1 de Berazategui por el STMB entre los años 2.004 y 2.006 y candidato a Secretario General en las elecciones gremiales del año 2.007. 2.- La parte demandada, sin negar los hechos en este ítem denunciados por el actor, destaca que Baez, fue delegado sindical formalmente electo entre el 4 de octubre de 2.005 y el 4 de octubre de 2.007 y gozó de tutela gremial hasta el 4 de octubre de 2.008, hecho no desconocido por el actor. 3.- De la contestación de oficio del sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui, solo surge que a la fecha del conteste (26-10-12) el actor no revestía cargo electivo alguno en dicho gremio, no brindándose más información atento a que según relata el Secretario Adjunto firmante la conducción anterior a cargo de la señora Liria Noemí Gimenez sustrajo toda la documentación y registros pertenecientes a la entidad, habiéndose a tal fin practicado, asegura, la pertinente denuncia policial. 4.- Conforme a ello y sin otros elementos a cotejar estimo que el actor revistió la condición de delegado sindical por el STMB, formalmente electo, entre los años 2.000-2.002, 2.004-2.006-2007 habiendo contado con tutela sindical formal conforme ley 23.551 hasta el 4 de octubre de 2.008. 5.- Con las constancias del expediente administrativo 4011-0011337/06 labrado por la Municipalidad de Berazategui, se acredita que el egreso del actor se produjo por la Cesantía decretada por el Intendente municipal mediante decreto n° 1.497/10 del 30 de setiembre de 2.010, en el cual se le imputa a Baez infracción al art. 59 de la ley 11.757; a las cláusulas 1, 12, 15 inc. C) y 16 del instructivo para choferes de ambulancias, en concurso real con art. 64 inc. A) ley 11.757 y en particular las previstas en los incisos a, b, d y k (fs. 81/88). 6.- También se justifica con dichas actuaciones que: *el actor no figura con mandato del STMB en la lista del período electivo 13-07-07 a 12-07-11 (fs. 89/90); *que el actor fue delegado por el STMB por dos años desde el 4-10-2.005 hasta el 4-10-07 (fs. 91); * que en fecha 20-2-2.006 se solicita autorización al Intendente Municipal para iniciar acciones presumariales a Baez por ausentarse de guardia el 10 de febrero de 2.006 a las 18 horas, se informa por parte de la Dirección del Centro Sábato, la Coordinación de emergencias médicas y la División automotores, que el actor se retiró alegando ir a la gomería a las 17:32 horas y consultada la gomería informó que Baez no ingresó a la misma (fs. 95/96); * a fs. 96 en fecha 10-2-06 los sres. Leoncio Fernández, jefe de automotores de la secretaría de Salud Pública del municipio; Omar Obando, coordinador del CEM y Juan Carlos Rimoldi, médico, firman nota en la cual se consigna que en esa fecha se recibió información de la falta de ambulancia A 23 del Centro Sábato, dado que el ésta se habría trasladado a la gomería a las 17,30 horas y que no se pudo constatar la presencia del móvil en la gomería y que se comprobó la ausencia del empleado Baez en el Centro Sábato a quien reemplazaba su compañero Velásquez Javier, todo ello comprobado durante el
horario de las 17,35 horas y 19,30 horas de ese día, solicitando se adopten los recaudos a los fines de las sanciones disciplinarias; * surge del libro de guardias que el móvil A 23 (ambulancia conducida por Baez) fue a la gomería a las 17,32 hs.(fs. 100); * Leoncio Fernandez (jefe de automotores de la Secretaria de Salud Pública del municipio) informa que Baez se retiró de la guardia a las 18 horas sin autorización que él conozca dejando en su lugar al chofer Velásquez(fs. 101); * a fs. 105 obra la declaración de Baez, el 8 de marzo de 2.006 en la cual explica que por una autorización del secretario de Salud Pública, con todos los choferes de ambulancias, se pueden retirar mientras la guardia esté cubierta; que los cambios de guardia los deben pedir con 24 horas de anticipación dejando un reemplazo y que en casos de retirarse por motivos de urgencia lo pueden hacer dejando un reemplazo; que no existe autorización escrita solo se le informa al médico de guardia y se consigna en el libro de movimiento de ambulancia; que ese día trabajaba de 21 a 21 horas y se retiró a las 18:15 horas; que iba a llevar el móvil a la gomería pero advirtiendo que era su hora de retirarse la calibró en una estación de servicio cercana y volvió de inmediato a dejarla en el Centro Sábato y que no debían informar al Departamento automotores cuando se hacían los reemplazos, agregando que constaba en el libro de ambulancias su relevo por el empleado Velásquez. *a fs. 108 luce el informe del Dr. Eduardo Podestá, de la secretaría de Salud Pública de la Municipalidad, sobre instrucciones a los choferes de ambulancias; refiriendo que los choferes no están autorizados a retirarse de su lugar de trabajo por motivos particulares; deben cumplir su horario de trabajo, tienen prohibido desviarse por motivos particulares del destino prefijado sin haber notificado a la base; solo podrán realizar cambios de guardia o reemplazos mediante nota dirigida al jefe inmediato con firma de los dos choferes y autorización de los directores de las distintas unidades sanitarias; deben completar la planilla de movimiento de vehículos, anotando los datos de los domicilios, traslados, accidentes de vía publica o inconvenientes en los trayectos. * a fs. 109 consta la salida de un móvil de 18:05 a 18:15 a la gomería por rueda y de 18:15 a 18:35 atención a N.N. (estaba Emeca); * a fs. 110 obra copia del libro de novedades donde consta lo siguiente en las anotaciones del día 10 de febrero de 2.006, móvil A23 “siendo las 18,20 le solicito al chofer Daniel Velásquez que me cubra las dos horas 40 que me faltaban por razones personales, horas que se las devolbere (sic) cuando las nesecite (sic) firmado Baez”, constando asimismo el retiro de otro agente por 3 horas, quien manifiesta en el referido libro que “siendo las 18,30 le solicito al chofer Gustavo Benedicto que me cubra 3 horas antes por problemas familiares” y una firma que parece decir Javier9549; *a fs. 111 se glosa el instructivo para choferes de ambulancias a cuyo texto remito en brevedad de la causa; * a fs. 116 y 120 constan los datos de Baez, agregados en setiembre de 2.006 Y en diciembre de 2.008 respectivamente, figurando como empleado de planta permanente, técnico, clase III, 48 horas semanales, dependiente de la Secretaría de Salud Pública e higiene, con fecha de ingreso 17-10-1.984 y sin
antecedentes de sanciones disciplinarias;
* a fs. 117, en fecha 16-07-2.008 se solicita informe a la Dirección de Personal de la Municipalidad sobre sanciones aplicadas a Baez; *a fs. 121, en 18 febrero de 2.009, la Dirección de Personal informa que no se han aplicado sanciones a Baez; *a fs. 122 el 3 de junio de 2.009 declara el empleado Pelozo,expresando ser chofer de ambulancia de la Municipalidad de Berazategui, señalado en relación al hecho del 10 de febrero de 2.006 que se enteró que un compañero de trabajo había abandonado la guardia, indicando que lo sabía porque al tomar el dicente la guardia en el Hospital Evita Pueblo, se lo cruzó a Javier Velazquez, quien le comentó que el día anterior tuvo que tomar la guardia a las 18 horas porque Baez se había ido, aclarando que Velazquez es uno de los choferes del Centro Sábato, acotando que para que un chofer pueda dejar la guardia es necesario pedir autorización por nota dirigida al Coordinador de emergencias por duplicado y que una se la queda el coordinador y la otra la firma el coordinador y queda como constancia de autorización, aclarando que esto se da siempre que haya un relevo y se deja asentado en el libro de guardia con la firma del chofer que toma la guardia y que en casos de urgencia personal igual se debe dar aviso al coordinador y en caso de conseguir éste un relevo disponible da la autorización, entonces una vez llegado el relevo, el agente autorizado puede retirarse por sus propios medios. * A fs. 123, el 28 de setiembre de 2.009, luego de las consideraciones ad hoc el Dr. Gustavo Campos, Asesor Letrado del municipio opina que correspondería instruir sumario al agente Baez por transgresión al art. 59 de la ley 11.757 y al instructivo para choferes de ambulancias por haber hecho
abandono de su puesto de servicio sin causa justificada y por haberse desviado de su destino prefijado por motivos particulares sin previa autorización el día 10 de febrero de 2.006; *a fs. 129/132 el 18-11-2.009 por decreto 1.828 del Intendente Municipal de Berazategui se resuelve instruir sumario administrativo a Baez y se le imputa la transgresión de los arts. 59 ley 11.757 y de las cláusulas 1, 12, 15 inc. C), 16 del instructivo para choferes de ambulancias); * a fs. 134 Omar Obando -Coordinador del Centro de Emergencias Médicas (CEM)- informa a la Secretaría de Salud en fecha 24-4-2.010 que el actor pidió permiso el 25 de febrero de 2.010 para retirarse del trabajo por dos horas por razones familiares a lo cual se accedió, tomando conocimiento después que Baez había participado en una entrevista radial en FM del Este Estereo; * a fs. 135/136 el Dr. Gustavo Campos, asesor letrado del municipio, aconseja ampliar el sumario iniciado por decreto 1.828/09, merced al hecho nuevo denunciado a fs. 134, que aconteciera el 25 de febrero de 2.009 (sic) por infracción del art. 64 inc. 1 de la ley 11.757, sugiriendo suspenderlo preventivamente sin goce de haberes mientras dure el sumario y citarlo a prestar declaración indagatoria; * a fs. 137/139 en fecha 6-5-2010 por decreto 670/10 se acumulan investigaciones por el hecho del 10-2-06 y por el hecho del 25 de febrero de 2.010, por violación del art. 64 inc. 1 ley 11.757 y se suspende al actor preventivamente sin goce de sueldo conforme art. 79, primer párrafo, 80, 85 ley 11.757 y mientras dure el sumario y se lo cita a prestar declaración indagatoria. * a fs.140 con firma del Dr. Gustavo Campos se ordena notificar al actor los decretos 1828 y 670; se ordena citar a Baez a prestar declaración indagatoria y se ordena librar oficio a FM del Estero a fin de que informe sobre la asistencia del sr. Baez el día 25 de febrero de 2.010 a un programa de la emisora; el oficio se libra en fecha 18-5-2010, fs. 145; * a fs. 149 con firma del Dr. Gustavo Campos se deja constancia de la incomparecencia de Baez a la audiencia de indagatoria del 21-5-2010 y se designa otra audiencia para el 27-5-2.010; * a fs. 151 luce la Carta documento n° 068604035 del 21-5-2010 remitida a la Municipalidad por el actor, impugnando los decretos 1828 y 670, solicitando se deje sin efecto los mismos y se lo reincorpore a su trabajo bajo apercibimiento de iniciar amparo art. 47 ley 23.551 (cuyo texto se halla transcripto en la segunda cuestión); * a fs. 153 con firma del Dr. Campos, asesor letrado del municipio, se deja constancia de la incomparecencia del actor a la audiencia indagatoria del 27-5-2010; * a fs. 154, con fecha ilegible del año 2.010, el STMB a través de la Secretaria General, Liria Noemí Jiménez, informa que Baez no detenta cargo gremial en esa fecha; * a fs. 156/159, en fecha 1 de junio de 2.010, la instrucción del sumario, sin firma alguna, sugiere rechazar el presunto recurso de revocatoria articulado, según el sumario, por carta documento del 21-5-2010, citada supra, * a fs. 161 en fecha 1-6-2010 el Intendente por decreto 807/10 rechaza el recurso de revocatoria articulado por el actor, negando persecución sindical; * a fs. 166 obra carta documento 082201756 del 31-5-2010 remitida por el actor Baez dando cuenta que iniciará amparo del art. 47 de la ley 23.551; * a fs. 171 el Dr. Campos en su calidad de asesor letrado e instructor sumariante del sumario del actor contesta la carta documento detallada a fs. 166 remitida por Baez; * a fs. 172, el 10-6-2010, doctor Campos, asesor letrado de la Municipalidad de Berazategui, ordena citar nuevamente a Baez a prestar declaración indagatoria en el sumario administrativo para el día 17 de junio de 2.010, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública y asimismo designa para intervenir en el trámite sumarial a las Doctoras María Melgarejo y Carla Brandetti y se reitera oficio a la radio para que informe si Baez participó en un programa de la emisora; * a fs. 173 obra la designación como oficial actuario de los sumarios de la Municipalidad al Doctor Gonzalo Castañeda, en fecha 25-3-08; * a fs. 175 y 178, se reitera el oficio a la radio; * a fs. 176 el actor Baez, con el patrocinio del Dr. Espínola Vera solicita se revoque el proveído en el cual se lo cita a “declaración indagatoria bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública”; * a fs. 177 el dr. Campos, reconociendo el derecho de Baez de negarse a prestar declaración indagatoria, designa nueva audiencia para la comparecencia del actor el 21 de julio de 2.010; * a fs. 179, en fecha 16 de julio de 2.010, el dr. Campos sugiere que se prorrogue la suspensión del actor sin goce de haberes, por 60 días a partir de la fecha de notificación de la prórroga; *a fs. 180 por decreto 1057 del 16-7-2010 se prorroga la suspensión del actor sin goce de haberes por 60 días;
A fs. 182 el Dr. Gustavo Campos deja constancia de la incomparecencia del actor a la audiencia indagatoria designada para el día 21 de julio de 2.010; *a fs. 183 el Dr. Gustavo Campos, ordena correr traslado al actor de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha 21 de julio de 2.010; * a fs. 187 el actor se presenta solicitando que la instrucción realice un informe en base a la prueba producida y aconseje o no una sanción al agente antes de correr el traslado del art. 75 de la ley 11.757, ante lo cual a fs. 188 el Dr. Campos entiende que ello es improcedente y reitera el traslado corrido al actor para que éste formule su descargo y proponga las medidas que considere oportunas; * a fs. 194 el actor, con el patrocinio del Dr. Espínola Vera presenta su descargo especificando que el 10-2-2006 con autorización verbal de sus superiores, como era de estilo en ese momento, y siendo delegado gremial iba a ausentarse del trabajo para concurrir a una asamblea gremial y que antes de ello se retiró con la ambulancia a las 18 horas hacia la gomería pero sin tiempo para hacerla reparar volvió al Centro Sábato a las 18:35, dejó la ambulancia y se retiró a la asamblea, siendo reemplazado en la guardia por su compañero Velazquez, remarcando que la ambulancia no estuvo en ningún momento sin chofer y que el actor no hizo abandono del lugar de trabajo y no incurrió en ninguna de las transgresiones que se le imputan y que en referencia al día 25 de febrero de 2.010, el actor solicitó permiso para ausentarse de su lugar de trabajo por dos horas, siendo autorizado verbalmente por el señor Obando, refutando que hubiera pedido permiso por “razones de índole familiar ineludibles”, sólo pidió permiso para ausentarse por motivos personales, por lo cual , refiere, tampoco en esta oportunidad el actor hizo abandono del servicio destaca que no existen razones para aplicar la sanción de cesantía y que la misma resultaría desproporcionada con los hechos relatados atento a que el actor no cuenta con antecedentes disciplinarios en su legajo y que se pretende sancionar al agente por sus actividades en defensa de los derechos de los trabajadores municipales, por todo lo cual solicita el sobreseimiento de Baez por los cargos que se le imputan y el inmediato cese de la suspensión de trabajo aplicada; *a fs. 201 se corre nuevo traslado, sin firma, por parte de la Asesoría letrada, en fecha 7-9-2010 y a fs. 205 por decreto 1387 del 13 de setiembre de 2.010 se prorroga la suspensión del actor por 30 días más; *a fs. 209/211 el actor, con el patrocinio del Dr. Espinola Vera, presenta alegato en el sumario municipal, reiterando los argumentos vertidos a fs. 194, imputando de falso el testimonio del agente Peloso, solicitando el sobreseimiento del actor. *a fs. 212/215 el Dr. Campos, Asesor letrado del municipio, luego de hacer la evaluación de las actuaciones sumariales, aconseja la sanción expulsiva por cesantía del agente Baez por transgresión del art. 59 de la ley 11.757, cláusulas 1, 12, 15 inc. c) y 16 del instructivo para ambulancias en concurso real con el art. 64 inc. a del texto legal citado, por las omisiones de carácter general y las incurridas en particular previstas en los incs. a,b,d, y k, conformando la figura del abandono de trabajo sin causa justificada. *a fs. 121/128 por decreto 1497 del 30 de setiembre de 2.010 se dispone la cesantía del actor Baez, con fundamento en las normas citadas supra. *a fs. 227 luce carta documento en la cual en fecha 30 de setiembre de 2.010 el actor impugna la prorroga de la suspensión disciplinaria adoptada por decreto 1387/10, y a fs. 228/229 el Dr. Campos aconseja rechazar la impugnación formulada, la cual se desestima mediante decreto del Intendente Municipal nº 1577 del 12-10-2010, fs. 131/136; * a fs. 146/151 el agente Baez con el patrocinio del Dr. Espinola Vera presenta recurso de reconsideración contra la decisión de cesantía adoptada por decreto 1497/10, expresando los fundamentos de la petición y planteando la nulidad del procedimiento por las razones que indica, a las cuales remito en brevedad de la causa; *A fs. 248/254 el Dr. Campos, asesor Letrado, aconseja no hacer lugar al recurso incoado; * A fs. 256/265, reiterando los argumentos expuestos por la Asesoría Letrada, el Intendente Municipal, resuelve rechazar el recurso intentado, por decreto 1705 del 2-11-2010. *a fs. 268 el 29-12-10 la Asesoría Letrada, resuelve por encontrarse firme el acto administrativo proceder al archivo de las actuaciones. 7.- A fs. 122 de los autos caratulados “Baez Hugo Daniel c/ Municipalidad de Berazategui s/ Amparo Sindical” luce la constancia de haberse incoado amparo sindical ante el Tribunal del Trabajo n° 2 de Quilmes, en fecha 16-6-2010; 8.- A fs. A fs. 190, de los autos citados en el punto anterior obra el acuerdo judicial arribado entre las partes en el expediente tramitado por ante el Tribunal del Trabajo n° 2 de Quilmes, en el cual se concilió por los salarios caídos por la suspensión del actor hasta el 20-8-10 fecha del acuerdo; 9.- Con los siguientes elementos documentales agregados por el actor con la demanda (fs 8/31), no desconocidos ni en su autenticidad, ni en el conocimiento que de ellos tendría la accionada, tengo por
acreditado que el actor efectuó actividad gremial y virtió opinión gremial durante y aún después de cumplido su mandato como delegado sindical electo (por el sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui):
Nota de fs. 8 del 4-1-2008, firmada por Baez, al STMB reclamando por derechos de médicos de guardia –a esta fecha ya había vencido el mandato formal que duraba hasta el 4-10-07-;
Nota de fs. 9 del 20-12-07, firmada por Baez, reclamando al STMB por versiones sobre cesantías de trabajadores de la Municipalidad –idem anterior-;
Nota de fs. 10 del 20-6-06, firmada por Baez, reclamando al director del Centro Sábato por prohibición de trabajar horas extras al agente –petición efectuada en su período de delegado electo-;
Nota de fs. 11 23-1-2006 firmada por Baez a la comisión directiva del STMB remitida por los delegados de los diferentes sectores del municipio para que se les informe sobre diversos puntos por los que reclaman los trabajadores;
Nota fs. 12 firmada por Baez a Control de Gestión del 22 de junio de 2.004 procurando que la misma ejerza una tutela justa para el bien de todos;
Nota fs. 13 firmada por Baez a la secretaria General del STMB sra Noemí Jiménez, del 28 de enero de 2.004 a los efectos de conseguir ropa de trabajo para los choferes de la Secretaría de Salud;
Nota fs. 14 firmada por Baez, dirigida al Intendente Municipal del 4 de junio de 2.003 presentando un trabajo que explica la situación de los choferes de la Secretaría de Salud del Municipio:
Nota fs. 15 firmada por Baez, del 2-12-03 dirigida al Director del CEM, Jorge Esteban solicitando se deje sin efecto un pedido de sanción contra el señor Pringles;
Fs. 16/19 Revista Reflejo Municipal del mes de febrero de 2.010, donde consta que el editor responsable es el señor Daniel Baez;
Fs. 20/23 Revista Reflejo Municipal del mes de julio-agosto 2.008;
Fs. 24/27 Revista Reflejo Municipal del mes de diciembre de 2.008;
Fs. 28/31 Ejemplares del diario Decisión del 3 de junio de 2.010 con nota periodística a Baez, en la que denuncia persecución por su actividad gremial y del 12 de marzo de 2.010 con nota periodística a Baez y a Glerean (Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales STMB), en la que se menciona la entrevista que protagonizó Baez en la radio FM del Este y las críticas que éste virtió en relación a la Secretaria General del STMB y al Intendente de Berazategui por cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo de los empleados de la Municipalidad de Berazategui, a cuyo texto remito en brevedad de la causa (Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales STMB). 10.- A fs. 57 del escrito de demanda denuncia el actor ser el conductor de la agrupación Frente por la Dignidad, desde el año 2.006, publicando dentro de las posibilidades económicas la revista Reflejo Municipal, cuyos ejemplares adjunta, explicando que junto con otros compañeros se vieron obligados a formar una agrupación diferente al STMB por entender que el sindicato respondía más a los intereses del Municipio que a los trabajadores, habiendo desarrollado a partir de alli una actividad gremial cuestionadora del proceder del Intendente Municipal y del sindicato señalado.
11.- También asevera el actor en la demanda que por el hecho que se le imputa del día 10 de febrero de 2.006, la ambulancia no estuvo en ningún momento sin chofer, dado que el propio actor procuró su reemplazo por el chofer Javier Velásquez; 12.- Estos hechos no han sido expresamente negados por la accionada, quien lejos de practicar una negativa pormenorizada de los hechos relatados en la demanda, simplemente se dedica en el conteste de la acción a tratar de desentrañar la naturaleza del Frente por la Dignidad y a negar que Baez posea tutela sindical en su calidad de guía del mismo, sin realizar, reitero, la negativa categórica de la existencia de la agrupación ni de la calidad de dirigente de ella denunciada por Baez, ni de su actividad y/o difusión de sus opiniones gremiales, ni aludiendo que la ambulancia involucrada en los hechos hubiera estado fuera de servicio o sin chofer durante las dos horas cuarenta minutos en que Baez se retiró del trabajo. Por ende no tratándose de hechos controvertidos y hallándose además confirmado por los elementos documentales supra detallados -no desconocidos en su autenticidad por la demandada-, se tiene por demostrada la existencia del referido Frente; la condición de mentor del mismo enunciada por el actor; la realización de actividades gremiales durante y aún después de su mandato como delegado sindical; la difusión de opiniones gremiales vertidas después de finalizado su mandato formal en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui por parte de Baez y la completa disponibilidad de la ambulancia móvil A 23 involucrada el día 10 de febrero de 2.006 en los hechos que se ventilan. 13.- Con la prueba documental de fs. 7, no desconocida por la accionada, se acredita que según se acordó entre los choferes del área de Salud con el Dr. Podestá, se autorizarían los cambios de guardia con 24 hs. de aviso por escrito al jefe directo y ante la eventualidad de tener que retirarse horas antes de la guardia o de llegar mas tarde por cuestiones personales se consintió en hacerlo sin nota y que la autorización sería verbal debiendo dejarse la guardia cubierta tal como se realiza en todos los centros no habiendo existido, según la nota, problemas de guardias descubiertas por esta concesión efectuada por el Secretario de salud. 14.- Estas constancias se corroboran con las declaraciones de los testigos Leoncio Néstor Fernández y Carlos Dante Ramírez, aportados por el actor. 15.- El primero de ellos, chofer de ambulancias del Centro Sábato de Berazategui hasta el año 2.008, ingresó en el año 1.970, destacó que fue jefe de Baez y Jefe de automotores de Berazategui, señalando que el actor era chofer de ambulancia del Centro Sábato y que fue delegado no recordando que el actor hubiera convocado asambleas gremiales y refirió que para solicitar cambios de guardia no había formalidades, que el chofer combinaba con un compañero y solicitaba el cambio verbalmente. 16.- El otro testigo, Ramírez, trabaja actualmente en la Municipalidad de Berazategui desde el año 1979, chofer de ambulancia en el centro nº 5 de Jacarandá, hizo algunos reemplazos en el Centro Sábato, señaló que Fernández era el Jefe de ambulancias, que le comunicaban a Fernández verbalmente que cambiaban la guardia, no hacía falta nota alguna para pedir el cambio; el secretario de Salud era el Dr. Podestá. 17.- La parte demandada, quien adjuntó copia certificadas del expte. adm. 4011-0011337; copias certificadas del legajo personal del actor; copia certificada del decreto 1497/10 y copia certificada del acta de asamblea del STMB; y solicitó informe al Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui, cuya respuesta se halla glosada a fs. 662, no ofreció ni produjo prueba oral a los fines de autos. 18.- No se ha probado con elemento alguno que se hubieran aplicado sanciones de ningún tipo al agente denominado Javier 9549, quien solicitó el mismo día que Baez, (10-2-2006) que lo reemplazara por 3 horas el chofer Gustavo Benedicto, tal como consta en la copia del libro de guardia de fs. 110; tampoco se acreditó que se hubieran impuesto sanciones al Señor Obando, jefe de Baez, quien le concediera el permiso verbal al actor para retirarse de su trabajo el 25-2-10. 19.- Tampoco se ha demostrado con elemento probatorio alguno que el actor, al decir de la accionada, “ se autoconcediera a si mismo las licencias que consideró oportunas, retirándose intempestivamente cuantas veces deseó de su puesto de trabajo y abandonando el mismo y pretendiendo ampararse en una tutela falsamente invocada para hacerlo”(fs. 84 de autos). Ninguna prueba (documental, testimonial u otras) produjo la accionada relacionada con las presuntas licencias que se habría autoconcedido el actor durante la vinculación con la accionada, ni con los retiros intempestivos o abandono del lugar de trabajo en dicho lapso (salvo las actuaciones sumariales referidas a los hechos del 20 de febrero de 2.006 y 25 de febrero de 2.010), ni eventualmente que por dichas inconductas, de haberse verificado las mismas, el actor hubiera sido disciplinariamente sancionado. Reitero que no existe constancia probatoria o indicial alguna aportada por la demandada, por lo tanto ante la orfandad probatoria incurrida por la parte interesada se tienen por no acreditados los hechos relatados. ASI LO VOTO (art. 44 inc. e) ley 11.653) A la misma cuestión planteada los señores Jueces Dres. Silvia Cristina Bozzola y Guillermo Edgardo Caminos adhieren por sus fundamentos.
A LA TERCER CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA SILVIA ESTER BARTOLA DIJO: 1.- Atento a que no ha sido desconocido en el conteste de la acción el intercambio telegráfico, ni las copias de cartas documentos citados y agregados en la demanda, no resultando por ende un hecho controvertido, se tienen por acreditados los puntos a) a c) de la presente cuestión. ASI LO VOTO (art. 44 inc. e) ley 11.653) A la misma cuestión planteada los señores Jueces Dres. Silvia Cristina Bozzola y Guillermo Edgardo Caminos adhieren por sus fundamentos. Con lo que terminó el acuerdo firmando los señores Jueces por ante mi que doy fe.-
SILVIA CRISTINA BOZZOLA PRESIDENTE //siguen fir-
//mas.-
GUILLERMO EDGARDO CAMINOS SILVIA ESTER BÁRTOLA JUEZ JUEZ
GASTON DARIO POLICICCHIO SECRETARIO
En Quilmes, a los veintiun días del mes de febrero de dos mil trece, se reúnen en la Sala de Acuerdos del Tribunal del Trabajo n° 3 de esa localidad, los Señores Jueces que lo integran Doctores
Guillermo Edgardo Caminos, Silvia Ester Bártola y Silvia Cristina Bozzola, bajo la Presidencia de la primera de los nombrados a efectos de dictar SENTENCIA en la causa n° 21.546, caratulada "Baez Daniel Hugo c/ Municipalidad de Berazategui s/ Amparo Sindical".
El Tribunal resuelve guardar el orden de votación establecido en el veredicto que antecede y plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA CUESTION:
Es procedente la demanda entablada? SEGUNDA CUESTION: Que pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA SILVIA ESTER BARTOLA DIJO: I) ANTECEDENTES: 1.- A fs. 54/72 se presenta el Doctor Enrique Eliseo Espinola Vera, como apoderado del señor Hugo Daniel Baez y entabla acción de amparo en los términos de los arts. 47 ley 23.551 y 1 de la ley 23.592 contra la Municipalidad de Berazategui. Señala que la acción que incoa es procedente por habérsele aplicado al señor Baez la máxima sanción disciplinaria consistente en cesantía, y que dicha sanción ha tenido por objeto en realidad expulsar del ámbito laboral a un trabajador que ejerce el legítimo derecho derivado de la libertad sindical, organizando a sus compañeros y reclamando por sus derechos. Indica que el actor trabaja en el municipio desde octubre de 1.984, y que al momento de la sanción revistaba como chofer de ambulancia del Centro Sábato o Unidad Sanitaria n° 1 de Berazategui; que fue sancionado con la cesantía mediante decreto 1.497/10, con el cual aduce se ha violado el art. 14 bis de la C.N., art. 39 de la C.N.Pcial. y los Convenios Internacionales OIT (87,98,111) y tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos relacionados con el trabajo, de jerarquía constitucional o supralegal a partir de la reforma constitucional de 1.994, también transgredió la accionada, dice, el articulado pertinente de la ley 11.757. Indica que el actor dependía desde 1.990 hasta su cesantía de la Secretaría de Salud Pública del municipio y que desde 1.991 se desempeñaba en el Centro Sábato, con jornada laboral de 48 horas semanales, habiendo detentado el cargo de delegado sindical de choferes de ambulancia de la Secretaría de Salud entre los años 2.000-2.002; delegado del Centro Sábato desde 2.004 a 2.006 y candidato a Secretario General en las elecciones gremiales de 2.007. Expresa que el actor fue afiliado al Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui (STMB), cuya Secretaria General es Noemí Gimenez y desde 2.009 también es afiliado a la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Berazategui y conductor de la agrupación Frente por la Dignidad, desde 2.006 a cuyo fin publica en la medida de lo posible la revista Reflejo Municipal, cuyos ejemplares adjunta, y desde dicha agrupación desarrolló una actividad gremial cuestionadora del proceder del Intendente municipal y del Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui. Expresa que en el año 2.010 se dio impulso a un sumario del año 2.006 originado en que para concurrir a una asamblea de trabajadores el actor solicitó permiso al médico de guardia, se hizo reemplazar por un compañeroVelazquez- y se retiró, siéndole imputado por la Municipalidad que debió haber solicitado por escrito los cambios de guardia o reemplazos, circunstancia que en la práctica no ocurría así ya que los permisos se solicitaban y se otorgaban verbalmente. El sumario quedó sin movimiento hasta que en el año 2.008 se decide reactivarlo y en el año 2.010 se le imputa otro hecho por lo cual, acumulados los dos hechos, se le imputa infracción a distintos artículos de la ley 11.757 y violación al instructivo para choferes de ambulancias y se lo suspende sin goce de haberes mientras dure el sumario, sin advertir, dice el actor, que la sanción por el hecho del año 2.006 se hallaba prescripta. Articulado amparo sindical que tramitó por ante el Tribunal del Trabajo 2 de Quilmes, la accionada se avino a abonar los salarios caídos al actor hasta el 20-810. Posteriormente una vez finalizado el sumario administrativo se dispone por acto n° 1497/10 la cesantía del actor. Plantea la nulidad del procedimiento administrativo por las distintas causales que invoca; analiza los hechos a la luz del art. 47 de la ley 23.551 y art. 1 de la ley 23.592. Solicita medida cautelar, funda en derecho, ofrece prueba y requiere que se haga lugar al amparo impetrado decretando la nulidad de la cesantía aplicada al actor y su reincorporación al trabajo más el pago de los salarios caídos durante el tiempo transcurrido hasta la actualidad. 2.- A fs. 500/509 contesta la demanda el Doctor Gustavo Alejandro Campos, en su calidad de apoderado de la Municipalidad de Berazategui. Luego de formular algunas consideraciones en torno al art.
47 de la ley 23.551, destaca que el actor no resulta ser delegado sindical, por lo tanto no contaría con la protección generada por el referido artículo, comentando que fue delegado gremial en períodos anteriores pero que al momento de plantear la actual demanda carece de la referida representación por vencimiento de su mandato. Refiere que el “Frente por la dignidad” del que aduce ser conductor el actor adolece de personería jurídica, inscripción gremial y/o personería gremial y se trataría solamente de una facción política interna del Sindicato Trabajadores Municipales Berazategui, por lo que el actor no reviste la calidad de representante sindical. Expresa que Baez no posee derecho a gozar de licencia gremial y que no figura en las listas o claustros de representantes gremiales del STMB ni de la UOMEB, de las que sí es afiliado. Especifica que al producirse la falta imputada al actor en el año 2.006 éste gozaba de tutela sindical por lo cual se iniciaron actuaciones administrativas y quedó en condición presumarial hasta el vencimiento del mandado época en la cual en el año 2.009 se le inició el sumario administrativo, posteriormente acaeció el hecho del año 2.010 y se acumularon las actuaciones, en las cuales se llegó al dictado del decreto de cesantía, respetando permanentemente el derecho de defensa del actor durante el trámite del sumario. Señala que las circunstancias de esta causa deberían haberse discutido en el fuero contencioso administrativo en el procedimiento ordinario previsto para ello, formula manifestaciones en torno a la medida cautelar solicitada, ofrece prueba, funda en derecho, y solicita el rechazo del amparo promovido. 3.- A fs. 557 y luego de contestado por el actor el “segundo traslado” conferido, se abre la causa a prueba proveyéndose la ofrecida por las partes; 4.- A fs. 94/268 se glosa expediente administrativo; a fs. 575/578 se agrega informe del Correo; a fs. 544 luce, por cuerda, expediente de amparo tramitado ante el Tribual del Trabajo n°2 de Quilmes; a fs. 269/449 obra legajo municipal perteneciente al actor; a fs. 647/648 luce contestación de oficio del diario “Decisión” de Berazategui; 5.- A fs. 656 se designa fecha para la celebración de la audiencia de vista de la causa que se lleva a cabo en la oportunidad prevista y en la cual se recibe la declaración de los testigos propuestos por la parte actora. Seguidamente las partes desisten de la prueba pendiente y alega solamente la parte demandada, luego de lo cual pasan los autos al acuerdo del Tribunal para el dictado de veredicto y sentencia tal como consta en el acta de fs. 700. II) RESOLUCION: 1.- La parte actora reclama en estos autos, por la vía del art. 47 de la ley 23.551, -invocando asimismo la nulidad del procedimiento administrativo y la norma del art. 1 de la ley 23.592-, que se deje sin efecto la cesantía determinada por el decreto del departamento ejecutivo nº 1497/10 y se reincorpore al actor, ordenándose el pago de las remuneraciones caídas. 2.- Habiéndose incoado el presente reclamo por conducto de diversos fundamentos jurídicos resulta menester poner de resalto que en el presente caso estamos en presencia de la extinción de una relación de empleo público regida por la normativa del derecho administrativo, en la cual campea el sistema de estabilidad propia garantizada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. I.- La via del art. 47 de la ley 23.551: 1.- Sentado ello y en directa vinculación con las disposiciones del art. 47 de la ley 23.551, entiendo, aún ponderando las modificaciones jurisprudenciales operadas después del dictado de los fallos “ATE c/ Ministerio de Trabajo” C.S.J.N., 11-11-2008 y “Rossi Adriana c/ Estado Nacional Armada Argentina”, C.S.J.N., del 9-12-2009, que por esta vía solo tienen derecho a la estabilidad los trabajadores que poseen representación sindical orgánica y no los activistas, militantes o colaboradores vinculados a la entidad profesional, sea ella con personería gremial o simplemente inscripta, pero que no han sido electos delegados. 2.- Por otro lado y coincidiendo con el criterio expresado por el Procurador General del Trabajo de la Nación, Dr. Eduardo Alvarez, “el diseño que prevé el art. 47 de la ley 23.551 basado en la legislación española de protección a la libertad sindical prevé una acción sumarísima para cuando se encuentren obstaculizados los derechos emergentes de ella, destinado al cese inmediato del comportamiento antisindical, ello refiere la posibilidad de que una sentencia judicial en forma imperativa imponga una conducta negativa o de abstención, pero de ningún modo implica la posibilidad de ordenar la reinstalación de un trabajador despedido ni importa la protección absoluta de un vínculo que en principio carece de estabilidad en tanto por el principio de legalidad y reserva (conf. Art. 19 C.N.), hubiera exigido una norma expresa que endilgara la calidad de ilicitud y vedado al objeto del acto rescisorio, sin que tal extremo pueda extraerse de la prescripción que contiene el mentado art. 47 de la ley 23.551, criterio éste esgrimido por la Corte Suprema Nacional, en la causa “Borda Ramón y otro c/ Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina”, sent. del 13-11-1990” (dictamen emitido en Mundo Néstor c/ Consejo Federal de Inversiones” nº 19.268 del 14-3-96). 3.- Como reiteradamente tiene dicho la Suprema Corte provincial, “el art. 47 de la ley 23.551 limita las posibilidades de decisión al “cese inmediato del comportamiento antisindical”. Otro tipo de
cuestiones, de una complejidad mayor, deben ser objeto de procedimientos convencionales, administrativos y judiciales que permitan un debate más amplio y cuidadoso de los respectivos derechos e intereses en juego” (SCBA, L. 107.411 “Godoy” del 24-8-2011, L. 27-6-95, “Aladro”, del 27-6-95, entre otros). 4.- Conforme lo recordara la Señora Ministro del Superior Tribunal Provincial Doctora Kogan, en los autos “Abdala Alberto Antonio” sentencia del 25-4-07, haciendo referencia a la causa “Borda” de la Corte Suprema de la Nación, sentencia del 13-II-1990 “el art. 47 de la ley 23.551 autoriza a los particulares que fueren impedidos u obstaculizados en el ejercicio regular de los derechos de libertad sindical garantizados por la ley, a recabar el amparo de tales derechos mediante el procedimiento sumarísimo, a fin de que los jueces dispongan, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical pero, por esta vía no corresponde a los jueces ordenar medidas que puedan menoscabar las garantías que se pretendió resguardar”. 5.- Citando a la Corte suprema continuó la Dra. Kogan, en el fallo indicado, refiriendo “los límites del pronunciamiento judicial están determinados por el texto expreso de la norma ya citada, eso es, solamente la cesación inmediata de un comportamiento que se juzgue arbitrario”, agregando que “esta interpretación se robustece si se atiende a los antecedentes parlamentarios pues en tanto el art. 47 se sancionó siguiendo el proyecto de la Cámara de diputados y lo reprodujo textualmente, se descartó el agregado propuesto por la Cámara de Senadores en el sentido de que dicha acción podía comprender también “la reparación de sus consecuencias ilícitas” (cfr. Diario de Sesiones, Antecedentes Parlamentarios de la ley 23.551)…a lo dicho no obsta que las partes puedan encontrar adecuada solución a su conflicto… por las vías judiciales pertinentes que permitan la amplia discusión y prueba de las circunstancias de hecho y derecho alegadas, ajenas de por sí a la vía del art. 498 del C.Procesal…”. 6.- Y continua expresando la Doctora Kogan en su voto que, “por lo tanto la finalidad claramente expresada en la norma no es sino el “cese inmediato del comportamiento antisindical” y no la resolución central del conflicto que pueda producir el impedimento u obstáculo al ejercicio del derecho sindical. El Doctor Rodríguez Mancini sostuvo al respecto que la acción de tutela sindical es simplemente eso, un amparo especial y expeditivo para situaciones extremas en las cuales es preciso el cese inmediato del comportamiento antisindical condicionado a su vez porque es coherente con el sistema y la naturaleza de una acción de esta especie a que no existan otros procedimientos propios para tramitar la cuestión. Esta es a nuestro entender la única forma de compatibilizar la introducción de este importante medio de tutela con los demás que de forma detallada se establecen en la misma ley por medio de acciones, recursos y querellas con competencias y procedimientos propios y también con efectos distintos a los que se fijan en el aludido art. 47. Esto es aplicación del principio que en materia de amparo que lo restringe a supuestos que no tengan otros remedios judiciales” 7.- En tal aspecto luego del fallo “Alvarez Maximiliano y otro c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo” de la C.S.J.N., de fecha 7-12-2010, el art. 47 ha sido complementado por la aplicación de la ley 23.592 contra la discriminación” –(“Tutela sindical, concepto, aplicación y alcances según la ley y después de la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema”, Funes de Rioja, publicado DT 2.011 (julio), 1647) (ver en relación a este tema, especialmente, las consideraciones emitidas en los mismos autos, por la Doctora Gonzalez, en su voto de la Cámara Nacional de Apelaciones, sala II, sentencia del 25-6-2007). 8.- Y específicamente en la esfera del derecho administrativo también ha dicho el Superior Tribunal Provincial, en criterio que ya hemos expuesto a fs. 76 de autos, que “corresponde no hacer lugar a la medida cautelar solicitada si lo que la actora procura mediante la acción interpuesta es que se declare la nulidad de la resolución a través de la cual se declaró su cesantía, dado que la suspensión de los efectos de dicho acto –único remedio precautorio que la doctrina del Tribunal admite en esa clase de procesosimportaría efectuar una ponderación de los hechos denunciados en la demanda que deviene impropia de la oportunidad procesal normada en el art. 36 del C.P.C.A (art. 22 código citado)” (SCBA, B 57618 I 15-4-97 “Makaruk”; B 57205 I 8-10-96 Natta H.”, entre otros). II.- Competencia del Tribunal: 1.- Despejado el ítem anterior, resulta necesario precisar algunas consideraciones en relación a la competencia del Tribunal en punto a la decisión de las cuestiones traídas a resolución. 2.- En autos el actor, quien resultaba ser empleado público de la Municipalidad de Berazategui hasta que el 30 de setiembre de 2.010, fue declarado cesante por decreto nº 1497/10 del Intendente Municipal, pretende a través de la vía del amparo sindical previsto por el art. 47 de la ley 23.551, el cese inmediato del comportamiento antisindical, a cuyo fin y por dicho conducto introduce la nulidad del acto administrativo por vicios de procedimiento y la nulidad por conducta discriminatoria conforme los postulados del art. 1 de la ley 23.592 y normativa sobre discriminación que cita. 3.- Como ya hemos visto en la primera parte de este decisorio, por las razones allí expuestas, la pretensión de nulidad del acto segregativo y reincorporación del actor no puede tener andamiento, por
conducto del art. 47 de la ley 23.551, ni en el ámbito del derecho laboral privado, ni en el del derecho público (jurisprudencia y doctrina citada supra). 4.- Y la petición de nulidad del acto administrativo por vicios de procedimiento así como la aplicación de la normativa de la ley 23.592 a las consecuencias de una relación de empleo público debieron haberse articulado por la vía del amparo previsto en la ley 14.192 (o lo que es lo mismo ley de amparo 13.928 con las modificaciones de la ley 14.192), la cual posee exigencias especiales para la viabilización de las peticiones cuyo amparo se pretende, o en su defecto, atento a las complejidades de la causa y la especificidad del tema que propone, debió haberse tramitado por la vía del procedimiento contencioso administrativo provincial en el fuero respectivo (arts. 1, 2, cc. y ss. Ley 12.008) 5.- Ello no ha sido así en tanto la parte demandada no cuestionó en ningún momento la competencia de este órgano, ni el Tribunal -probablemente por no haber advertido claramente la problemática instalada en esta causa-, declinó oportunamente su intervención; lo que dio lugar al desarrollo pleno del procedimiento del presente reclamo por ante este tribunal y en el fuero laboral. 6.- Conforme a esto, habiéndose tramitado la totalidad del procedimiento ante este órgano y sin perjuicio de dejar aclaradas estas cuestiones a los efectos que pudieren corresponder, resulta procedente, de acuerdo a la instancia en la que nos encontramos, abocarse entonces al tratamiento de las cuestiones argumentadas, máxime ponderando que en casos como el presente el Superior Tribunal Provincial ha dicho que “si bien la competencia originaria de esta Corte (actualmente de los Juzgados en lo contencioso administrativo), en materia contencioso administrativa, es de orden público y por ende improrrogable, dicho carácter debía ceder en el caso de que la competencia hubiera sido consentida por las partes y asumida plenamente por el órgano jurisdiccional interviniente. Todo ello en tanto en virtud de la preclusión adquieren firmeza los actos realizados dentro del período o sección pertinente y se extinguen las facultades procesales que no se ejercieron durante su transcurso” (SCBA, “Abdala” L. 89.631 del 25-4-2007 –voto del Dr. Hitters-), por lo que el debate de la temática atinente a la competencia se halla en la actual instancia cancelado.
por vicios de procedimiento: 1.- Pasando entonces al tratamiento y decisión de las cuestiones atinentes al pedido de nulidad, por vicios de procedimiento, del acto administrativo nº 1.497/10 emanado del Intendente Municipal de Berazategui, se advierte que el actor impugna la validez del acto administrativo por la violación incurrida en el procedimiento sumarial a las disposiciones de los arts. 76 y 77 de la ley 11.757, al no haberse agregado el legajo del actor y no haberse efectuado el dictamen de la Junta de disciplina, previo al dictado del acto de cesantía; y por haber confeccionado el dictamen previsto en el art. 77 de la ley 11.757, el Dr. Campos, asesor Letrado de la Municipalidad, quien fuera asimismo el instructor del sumario, lo que, a juicio del peticionante, nulificaría las actuaciones que precedieron al dictado del acto impugnado y consecuentemente al acto mismo.
2.- La accionada no replica, al contestar la acción, el planteo de nulidad por vicios del sumario articulado por el actor, sin embargo de las constancias sumariales agregadas a fs. 81 a 268, cuyo detenido análisis he debido efectuar a los fines de dilucidar el presente entuerto, surge, a fs. 248/254, que el asesor letrado del Municipio, quien a su vez contesta la demanda de autos, refiere que la Junta de disciplina resulta optativa, conforme lo edicta la ordenanza 267 que regula el procedimiento en las tramitaciones municipales y que su dictamen no es vinculante, siendo que por otro lado, la Municipalidad de Berazategui, por las razones que indica ha preferido no implementarla; agregando asimismo que no es de trámite ineludible; por otro lado asegura que en cuanto a la presunta calidad de instructor de sumario y asesor letrado, ello no es asi en tanto se han designado en marzo de 2.008 al dr. Castañeda y agentes Melgarejo y Brandetti a los efectos de la instrucción del sumario. 3.- Solicitada entonces la revisión, en sede judicial, del acto administrativo, cabe poner de resalto que “cualquiera sea la naturaleza de las competencias ejercidas por el Poder ejecutivo –sancionatorias, de resolución de conflictos, etc.-, las decisiones por éste adoptadas siempre deben estar sujetas a control amplio y suficiente por parte de los jueces ordinarios en tanto el Poder Judicial es el único órgano constitucionalmente autorizado para dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y derecho controvertido (S.C.B.A., A 68.436 S 25-8-2010 “G.D. c/ C.,d. s/ Pretensión anulatoria…” op. Juez Kogan; A 68.975 S 26-8-2009, Verón Ismael c/ Dr. S., C.D. s/ denuncia”, Juez Kogan opinión).
III.- Nulidad
4.- En el referido sumario administrativo se observa que en el mes de marzo de 2.008 (fs. 173) se designa al Dr. Gonzalo Castañeda como oficial actuario para todas las actuaciones sumariales y presumariales que involucren en su instrucción como imputados a personal jerárquico de carrera; y a las agentes María Laura Melgarejo y Carla Brandetti como oficial actuario en las actuaciones que no involucren a personal jerárquico de carrera, aún cuando por otro lado no puede dejar de notarse que la casi totalidad de las actuaciones sumariales correspondientes a Baez se hallan llevadas a cabo por el Dr. Campos, Asesor Letrado Municipal. 5.- En punto a la falta de dictamen de la Junta disciplinaria sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que “el texto de la norma del art. 76 de la ley 11.757 ( a diferencia de lo previsto en el art. 77 en orden a la obligatoriedad del dictamen jurídico en los supuestos en los que la falta imputada pueda dar lugar a una sanción expulsiva) es claro en cuanto no establece, como recaudo insoslayable, la intervención de la citada junta de disciplina previo al dictado del acto definitivo. A lo que se añade que la propia disposición legal contempla expresamente la posibilidad de que aquel órgano no emita dictamen alguno, sin consignar en tal hipótesis ninguna consecuencia gravosa para la suerte de las actuaciones. Con criterio similar este Tribunal ha señalado que la falta de participación de la Junta de Disciplina no acarrea la nulidad del procedimiento(conf. Causa “Montero”, sent. 29.III.1994 y sus citas); a la vez que su dictamen constituye un acto preparatorio no vinculante de la voluntad administrativa que como tal no genera efectos jurídicos directos para el particular (doc. Causas B. 51.663, “Ferrari”, sent. Del 21-IX1993; B. 53.006 cit., B. 53.974 “Lupa” sent. Del 4-IV-1.995; ; B. 53.876 “Trebucq”, sent. Del 8-VII-1.997; B. 61.746, “L.”, sent. De 10-III-2010). 6.- De modo que el planteo deducido por el accionante sobre esta cuestión no puede prosperar. 7.- Lo propio se verifica con la impugnación fundada en la falta de incorporación del legajo personal a las actuaciones, pues conforme lo sostuviera la Suprema Corte, “toda vez que la opinión de la Junta –que es la que debe tener el Legajo a la vista-, es meramente de consejo y no obliga a la autoridad con competencia decisoria, la ausencia de remisión del legajo correspondiente no constituye una omisión trascendente que afecte la resolución final (art. 76 ley 11.757, doc. Causa B. 53.006 “Montero”)”. 8.- Igual destino tendrá la queja relacionada con la doble calidad de instructor y Asesor Letrado endilgada al Doctor Campos, en tanto se demostró que ya en el año 2.008 se habían designado instructores para las actuaciones sumariales de la Municipalidad, aún cuando la mayoría de las actuaciones del sumario de Baez llevan la firma del referido asesor, no obstante lo cual no se advierte en la especie lesión alguna a la garantía del debido proceso y de la defensa en juicio en tanto se han otorgado al actor todas las posibilidades de ser oído, se le autorizó a tomar conocimiento oportuno de las actuaciones y a presentar los escritos y solicitar las medidas probatorias que estimare pertinentes, amén de haber presentado también en las actuaciones sumariales y previo a la decisión final, un descargo y un alegato (fs. 194 y fs. 209 de autos), por lo cual el déficit que señala, no obstante la metodología empleada -que dista de ser la más adecuada-, tampoco configura una omisión trascendente que afecte la resolución final. 9.- No puedo dejar de mencionar que según se advierte en el dictado de los decretos que conformaron el presente sumario, se ha producido una variación entre la calificación jurídica de las conductas imputadas al actor -en los actos de inicio <dec 1828/09> y acumulación <dec 670/2010> del sumario-, y la que se le endilgara para producir la decisión final y su cesantía. 10.- Ello en tanto por decreto 1.497/10 se le han imputado al actor como causal de la cesantía la violación a los postulados de los arts.59 ley 11.757, así como de las cláusulas 1, 12, 15 inc. c) y 16 del instructivo para choferes de ambulancias de la municipalidad, en concurso real con el art. 64 inc. a) del texto legal citado y en particular las previstas en los incs. A, b, d y k. 11.- Sin embargo en el decreto 1828/09 del 18-11-09 (fs. 131) por el cual se ordena instruir sumario al actor por el hecho del 10 de febrero de 2.006, se le imputa e investiga por infracción al art. 59
ley 11.757 y claúsulas 1, 12, 15 inc.c), y 16 del instructivo para choferes de ambulancias; y en el decreto 670/10 del 6-5-2010 (fs. 138) se acumula a los efectos sumariales el hecho imputado al actor del día 25-2-2010, encuadrando este hecho como transgresión al art. 64 inc. 1) de la ley 11.757, (sin mención de otros incisos), por lo que puede fácilmente notarse que en el
encuadramiento jurídico enunciado en el decreto de cesantía 1.497/10 se amplió el fundamento jurídico que se había utilizado en las imputaciones de los decretos 1.828/09 y 670/10, en forma que no guarda congruencia con las calificaciones efectuadas al iniciarse y acumularse los sumarios por ambos hechos, dado que en decreto 1497/10 se hace alusión a los incisos a), b), d) y k) –sin precisar a que artículo se refieren-, que no habían sido mencionados antes. Esto se presta a confusión dado que en los incisos citados no se indica a que artículo legal pertenecerían, lo cual atenta claramente contra la garantía de defensa en juicio
contemplada en el art. 18 de la C.N., por no haber contado el actor con la posibilidad de conocer, antes del dictado del acto de cesantía, dicha calificación, ni presentar pruebas en su defensa o su descargo o alegato, en relación a la misma. 12.- Esta irregularidad no alcanza entidad lesiva suficiente como para nulificar el acto impugnado en su faz procedimental, amén de no haber sido esta anomalía esgrimida por el actor en su escrito impugnatorio, más sí será tenida en cuenta a los fines de valorar la motivación, proporcionalidad y razonabilidad del acto administrativo en la oportunidad de decidir si se trató de un acto de discriminación conforme a los postulados del art. 1 de la ley 23.592. 13.- ”No es dable predicar la nulidad por la nulidad misma…Se requiere la inobservancia o el quebrantamiento por la Administración Pública de trámites esenciales, que ello se traduzca en perjuicio para alguna de las partes, o la coloque en situación de indefensión (causa B.62.840, “Acosta”, sent. de 27-III2008), y que la cuestión sea planteada en esos términos por el afectado (causa B. 63.335, “Moreno”, sent. de 5-V-2010)”(S.C.B.A., causa B. 58.475, “Petrini”, sent. de 31-VIII-2011) 14.- Desde este punto de vista, y con las salvedades apuntadas, entiendo que no corresponde formular objeciones al procedimiento sumarial en tanto se desarrolló con apego a lo previsto en la ley 11.757. IV.- Nulidad
por cesantía discriminatoria conforme art. 1 ley 23.952.
1.- Antecedentes: a) Según refiere el actor a fs.54/72, siempre canalizó sus inquietudes gremiales a través del activismo y militancia sindical por ello fue delegado de choferes de ambulancias de la Secretaría de Salud del municipio desde 2000 a 2002 y delegado del Centro Sábato desde 2004 a 2006, candidato a Secretario General en las elecciones gremiales de 2007, destacando que la actividad gremial lo tuvo como protagonista permanente en el municipio generando con ello el disgusto de las autoridades municipales, indicando que no solo el actor es afiliado al sindicato de los trabajadores municipales de Berazategui, sino que lo es también a la UNION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE BERAZATEGUi y conductor de la agrupación FRENTE POR LA DIGNIDAD desde el año 2006, publicando, cuando las posibilidades económicas lo permiten la revista REFLEJO MUNICIPAL, y habiéndose visto obligado a formar con otros compañeros una agrupación diferente al STMB por entender que este respondía mas a los intereses del empleador que a los de los trabajadores; conforme a lo cual desarrolló una actividad gremial cuestionadora del proceder del Intendente Municipal y del sindicato señalado, no obstante lo cual en su tarea diaria se desempeñó con dedicación, esmero y eficiencia y no contó con sanciones disciplinarias en sus 26 años de servicio. Detalla las, a su juicio, irregulares condiciones laborales de los empleados de la municipalidad de Berazategui, que habrían motivado la actividad gremial del actor; especifica que como consecuencia de ello, en ejercicio abusivo de poder del empleador, el municipio dio curso en el año 2010 a un sumario del año 2006, época que el actor era delegado del STMB, habían trascurrido 4 años tiempo durante el cual la autoridad no tuvo interés alguno en su impulso pero que reservaba para usarlo en el momento oportuno; relata el hecho del 10/2/06 en que junto con 200 compañeros municipales participó de una asamblea convocada por el actor en el STMB en defensa de los trabajadores municipales que fueron despedidos por el Intendente a fines del año 2005 y principio de 2006; detalla que en ese momento la sede del sindicato estuvo cerrada y que para concurrir a la asamblea, indica, el actor informó, como era uso y costumbre, al médico de guardia que se retiraba y que sería reemplazado en su tarea por su compañero Velazquez, todo en forma verbal como era práctica habitual mas allá de los reglamentos de la demandada sobre los que prevalecían los usos y costumbres, dejándose constancia del reemplazo de Baez por Velásquez ( durante 2hs. 40 minutos) en el libro de guardia; aclara que en la practica ningún chofer de ambulancia pedía permiso por escrito para solicitar cambios de guardia o reemplazos, ni tampoco lo exigía la patronal que consentía la modalidad indicada.
Cita el reemplazo de otro agente el mismo día que Baez, indicando que este agente no fue sancionado por tal motivo; refiere que este era el modus operandi normal sin embargo el municipio le inició sumario sin tener en cuenta que el actor era delegado sindical y que la empleadora se hallaba obligada a solicitar la exclusión de la tutela antes de adoptar medida alguna; este hecho quedó sin resolver y casi dos años después la Asesoría Letrada pidió informe sobre la condición disciplinaria del actor, contestándosele el 19/2/09 que Baez no poseía antecedentes disciplinarios; reitera que la ambulancia nunca estuvo sin chofer y que el actor no abandonó su puesto dado que se retiró con permiso de su superior; refiere que molestó al municipio que el actor, conductor del Frente por la Dignidad, hubiera convocado a la asamblea del 10/2/06; que por ese hecho se le imputó transgresión al art. 59 ley 11757, artículo que consta de 12 incisos sin especificar a qué inciso correspondería la falta imputada y sin tener en cuenta que la potestad disciplinaria se hallaba prescripta conforme art. 69 inciso 1º de la ley 11757; observa que la falta endilgada al actor era susceptible de ser sancionada con penas correctivas, con lo cual la prescripción opero al año de ocurrido el hecho y se hallaba cumplida; explica que el 25/2/10 solicitó el actor autorización a su superior para ausentarse por 2 hs. de su lugar de trabajo y que éste le otorgo autorización verbal como era la costumbre vigente absolutamente instalada en el servicio; como consecuencia de eso aduce, se ordenó ampliar el sumario del año 2006 imputándole transgresión al art. 64 inciso 1º de la ley 11757 como un “hecho nuevo”, siendo que el hecho del 25-2-10 era totalmente ajeno a la primera causa, confundiendo “abandono del lugar de trabajo” con “retiro autorizado del lugar de trabajo” sin que se hubiera sancionado al superior por no cumplir las pautas reglamentarias que se le exigieron al actor. Señala que el superior Obando, quien había otorgado el permiso, informó al municipio que este le había sido solicitado por razones de índole familiar ineludibles Y en cambio el autor se fue a una entrevista radial en el estudio de FM Del Este; aduce el actor que no pidió permiso por “razones de índole familiar” sino “por motivos personales” y que efectivamente concurrió a un programa radial reproducido luego en un periódico local donde volvió a cargar sobre las injusticia laborales a su juicio existentes en la municipalidad de Berazategui, lo que claramente molestó a la autoridad municipal y en la cual se aprecia nuevamente el permanente activismo gremial de Baez; expresa que en mayo de 2010 se le notificaron al actor los Decretos 1828 de noviembre 2009 y 670 de mayo de 2010, suspendiéndoselo preventivamente sin goce de sueldo; realiza acotaciones sobre el significado de los términos abandonar, permiso y permitir; acota que la decisión de cesantear al actor ya estaba tomada y se debía a su militancia gremial, fabricándose un sumario sin sustento; reitera que el actor tenía permiso para ausentarse; que no adujo motivos de índole familiar ineludibles; que no son acumulables los dos hechos; que se lo suspendió por mas de 60 días sin causa penal( art. 9 inciso A de la ley 11757); que por todo ello impugnó las medidas adoptadas con resultado negativo mientras el Asesor Letrado de la Municipalidad citaba al actor a declaración indagatoria “bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública”, medida de la que desistió posteriormente; comenta que no se acreditó en autos que los hechos imputados al actor merezcan ser sancionados con lo cual se demuestra que la motivación de la cesantía se corresponde con una decisión arbitraria, discriminatoria y antisindical, por lo cual solicita se deje sin efecto el acto administrativo del Decreto 1497/10 y se reincorpore al actor ordenándose el pago de las remuneraciones caídas; agrega, en el capitulo de la DISCRIMINACION, que el actor resultó severamente perjudicado por la medida aplicada por no poseer otros medios para subsistir y reitera que es un luchador constante en defensa de los derechos de los trabajadores municipales desamparados por el municipio y el sindicato; detalla que se vulneró su derecho de libertad sindical, amparado por normas nacionales e internacionales, señala la opinión de la Corte Interamericana respecto al principio de igualdad y no discriminación; reitera que el actor fue sancionado en represalia por ejercer actos comprendidos dentro de la libertad sindical, invoca art. 1º de la ley 23592, el art.1º del convenio nº98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva ratificado por la Republica Argentina, el informe 297 del Comité de Libertad Sindical de la OIT y los antecedentes jurisprudenciales relacionados con el tema que poseen en común el referirse a trabajadores “con o sin afiliación sindical” pero que se han demostrado solidarios con medidas de fuerza o han exteriorizado opiniones políticas o sindicales como en el caso de marras; solicita finalmente se tomen medidas a fin de hacer cesar la discriminación. b) A su turno la parte demandada en el conteste de la acción de fojas 500/509 refiere que no le asiste al actor la tutela del art. 47 de la ley 23551 por no revestir la calidad de representante gremial formalmente electo en entidades con personería gremial, lo cual lo priva de la tutela sindical; señala que el Frente por la Dignidad del cual seria conductor el actor constituiría una facción interna del STMB por lo cual el actor no reviste calidad de representante sindical hasta no ser elegido por los afiliados en comicios internos y comunicado al Intendente municipal; reitera que Baez es solo un afiliado más al STMB y a la UOEMB; fue delegado y ya no lo es, no posee licencia gremial y aun cuando así fuera no estaría exento de cumplir sus obligaciones y no incurrir en prohibiciones (tipificadas en la ley 11757) propias de todo empleado municipal, ya que la tutela sindical no es absoluta y ha sido limitada para compatibilizarla con los derechos e intereses del empleador; lo expuesto, indica, permite inferir el actuar legítimo de la administración frente a la existencia de justa causa, dado que ante la grave falta cometida por el accionante
se pone en marcha el rigor disciplinario a efectos de hacer cesar la inconducta; señala que es justa causa que el abandono de servicio incurrido por Baez, sea sujeto a sumario y oportunamente sancionado conforme lo determinado por el Estatuto para el personal municipal, máxime cuando el agente no se encuentra amparado por la tutela sindical legalmente prevista en la ley 23551; destaca que frente al hecho imputado al actor en febrero 2006 éste revestía la condición de delegado sindical electo y por ello sin perjuicio de haberse iniciado actuaciones presumariales y atendiendo a que su protección sindical se extendía hasta 4/10/08, no se sancionó, modificó, ni despidió al actor, y recién vencido su período de tutela se dictó el decreto 1828/09 imputando al agente por el hecho del 10/2/06, y la segunda falta imputada, dice, acaeció en época en que el actor ya no ejercía función sindical, lo cual evidenciaría el claro y legítimo actuar de la administración municipal; expresa que la vía intentada por el actor es improcedente en tanto cuenta con caminos judiciales ordinarios para la defensa de sus derechos dentro de los cuales también se pueden peticionar y obtener medidas cautelares además de optar por la pretensión anulatoria (Proceso Contencioso Administrativo; Régimen Legal del Amparo de la Provincia de Buenos Aires) por lo que solicita el rechazo de la acción intentada. c) En los Considerandos del Decreto 1497 del 30/9/10 se expone que la Secretaria de Salud del Municipio comunicó que el agente Baez se ausentó de su guardia el 10/2/2006 a las 18 hs. sin brindar justificación alguna, sin contar con la debida anuencia del superior, habiéndose consignado, -según estos considerandos-, de manera clara, la ausencia injustificada del agente en su horario habitual de tareas, haciéndose mención así mismo a las actas que informaron la faltante del móvil del Centro Sábato -ambulancia A23-, coincidentemente en el horario referido; se valora que de la declaración prestada por el agente Baez no surgió de manera cierta y verosímil la fundamentación debida del correcto ejercicio de su derecho por haber argumentado que su ausencia se hallaba avalada por la superioridad y que se había llevado la ambulancia a los fines de efectuarle una reparación en una de sus cubiertas, extremos que no alcanzaron a conmover su inasistencia al servicio; que la Secretaría de Salud Pública informó que los choferes de ambulancia deben cumplir el horario de trabajo y no deben desviarse con la ambulancia de su destino prefijado sin notificar a la base, debiéndose instrumentar por escrito los cambios de guardia y/o reemplazos; se aduce la naturaleza neurálgica del servicio de asistencia médica, que requiere un manejo formal, ordenado y organizado de la autoridad a cargo, resultando llamativos e inconducentes los argumentos vertidos por el actor respecto a acuerdos verbales que constituirían a la autoridad municipal como negligente e irresponsable en la conducción de recursos humanos; se invoca los deberes determinados por los art. 17 a 19 del Instructivo de chóferes de ambulancias; se acota que ratificado ello por la dirección del Centro Sábato se convierte en un valladar inexpugnable a los argumentos del actor; que corroborando ello el testimonio del agente Pelozo confirma las premisas anteriores y que corresponde a los funcionarios con ingerencia operativa y de gestión en mérito a la importancia a las tareas llevadas a cabo evaluar y disponer los cambios de guardia y reemplazos; que Baez desistió de manera reiterada y voluntaria de comparecer a las audiencias indagatorias fijadas para ser escuchado; que se le confirió vistas de todo lo actuado y que formuló descargo y presento alegato; que no corresponde la vista del dictamen previo al acto administrativo; Que el actor no posee a la época inmunidad sindical; se menciona que a pesar de ello el actor se autoconcedió a si mismo las licencias que considero oportunas, retirándose intempestivamente cuantas veces deseó de su puesto de trabajo y abandonando el mismo, pretendiendo ampararse en una tutela falsamente invocada para hacerlo; que con ello demostró el actor una conducta individualista y poco cooperativa a la luz del lugar o ámbito laboral donde se encontraba, en el cual las emergencias son parte de la cotidianeidad de la labor; no poseía licencia gremial y aun cuando así hubiese sido no estaría exento de cumplir sus obligaciones ya que la protección no es absoluta y ha sido limitada para compatibilizarla con los derechos e intereses del empleador en los llamados “supuestos de decadencia o inoponiblidad de la protección”; que la medida posee justa causa y que con ello se pretende poner coto a las injustificadas acciones llevadas a cabo por el administrado intentando proponer una interpretación particular de la función municipal, infiriéndose el actuar legítimo de la administración que ante la falta grave cometida por el accionante pone en marcha el rigor disciplinario a efectos de hacer cesar la inconducta manifiesta y disociadora de Baez; que el agente se excedió en sus atribuciones al disponer su reemplazo por otro compañero, adjudicándose facultades inherentes a las autoridades competentes y que la administración no sancionó, modificó ni despidió al actor manteniendo a las actuaciones en condición presumarial a fin de no cometer conductas antisindicales; se expresa que en relación al presupuesto fáctico de imputación la administración ha indagado suficientemente la real existencia de una falta administrativa disciplinaria y a quien puede serle atribuida responsabilidad relacionada con la omisión grave, destacándose que en el caso el abandono del servicio se encuentra precedido por actos de indisciplina, concatenados de manera congruente, constituyendo una forma irregular y discontinua de su obligación de estar presente, dentro del horario general, administrado en forma individual y al amparo de la propia autonomía de su voluntad prescindiendo del especial ámbito de trabajo en su carácter de empleado público municipal, resaltando ello el desapego por las órdenes de sus superiores jerárquicos, quienes de los testimonios colectados palmariamente se evidencia la existencia de un orden
preestablecido en función de las necesidades propias de la actividad sanitaria, organigrama laboral que de no compartirse permite solamente su reformulación de lo diagramado mediante forma escrita; refiere que el art. 64 de la ley 11.757 al permitir a la autoridad administrativa sancionar “hasta con cesantía” le atribuye un margen de apreciación valorativa cuya explicitación, de adoptarse la medida mas severa, solo puede válidamente disponerse de modo fundado para poder así relegar la aplicación de la medida menos gravosa; la sanción ante faltas que perjudiquen materialmente a la administración tiende a evitar el descrédito en la función administrativa e impedir causar un perjuicio patrimonial a la administración municipal; que el actor quiso hacer valer como prueba argumentaciones verbales y documentales que sabía inverosímiles empleándolos para conseguir una ventaja personal en detrimento del funcionamiento de dicho centro asistencial; se cita a Marienhoff en cuanto al régimen disciplinario y a Couture en cuanto al “sistema de libres convicciones razonadas”; se fundamenta en derecho (art. 59 ley 11.757, cláusulas 1, 12, 15 inc. C), 16 del Instructivo para choferes de ambulancias en concurso real con art. 64 inc. a) del texto legal citado, por las omisiones de carácter general y las incurridas en particular previstas en los incisos a,b,d, y k, conformando el plexo normativo fundante y en virtud del cual adquiere “operatividad y eficacia probatoria el abandono de trabajo sin causa justificada”, por lo cual se dispone la cesantía del agente Baez el 30 de setiembre de 2.010. 2.- La decisión: a) Luego de haber realizado esta tediosa pero necesaria reseña de los escritos constitutivos del proceso y de las constancias del acto administrativo impugnado, y atento a que la parte actora ha introducido en este amparo un concreto embate a la razonabilidad de la sanción segregativa, calificando de arbitraria, discriminatoria y antisindical la medida en los términos del art. 1 de la ley 23.592 y demás normativa que cita, por no haberse acreditado que los hechos imputados al señor Baez sean susceptibles de ser sancionados, es decir por falta de proporción y motivación del acto y por la existencia de un propósito estigmatizante, persecutorio o discriminatorio por parte de la Administración, aparece indispensable acotar que tal como reiteradamente lo enunciara la Suprema Corte Provincial, “en relación a la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aún de aquellos que traducen el ejercicio de la potestad disciplinaria, semejante control no exhibe en principio elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni, menos todavía, un acotamiento en las causales determinantes de su invalidez. Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable tales actos también se encuentran comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; ellos traducen un quehacer que como tal está sujeto a control y eventual invalidación judicial al comprobarse no solo arbitrariedad o irrazonabilidad sino también la concurrencia de
cualquier otra causal de nulidad prevista en el ordenamiento positivo(arg. Arts 103,
108 y concs. Dec. Ley 7647/1970..)”(S.C.B.A., B. 58.475, 31-8-2.011, “Petrini Raúl José c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires. Demanda Contencioso administrativa”). b) Valoración de la prueba: En punto a la valoración de la prueba obrante en el sumario administrativo, efectuada previo a la adopción de la cesantía aplicada al actor, es necesario apuntar que, en relación al primer hecho imputado a Baez (abandonar el servicio sin causa justificada y desviarse de su destino prefijado por motivos particulares sin previa autorización, transgrediendo así las disposiciones del art. 59 de la ley 11.757 y cláusulas 1, 12, 15 nc.c y 16 del instructivo para choferes de ambulancias), la Administración, a fin de sancionar al agente por haberse ausentado 2 horas y media de su trabajo el 10 de febrero de 2.006 descartó la importancia de la falta de antecedentes disciplinarios del señor Baez durante los 26 años de trabajo para la Municipalidad; consideró inverosímiles los acuerdos o autorizaciones verbales de uso común entre los choferes del municipio argüidos por Baez, <que quedaron acreditados con documental aportada a esta causa (y que también existía, aún como indicio, en las actuaciones sumariales municipales, fs. 199), ratificada además por las declaraciones vertidas ante este Tribunal por los testigos Fernández y Ramírez y por el permiso, también verbal, otorgado al actor por el coordinador del CEM, sr. Obando, al producirse el segundo hecho imputando al actor el 25-2-2010 fs. 134>, soslayando asimismo que salvo la media hora en la que el actor refirió
haberse retirado a la gomería, la ambulancia estuvo siempre a disposición del centro sanitario y no estuvo sin chofer dado que el agente Velásquez se encontraba en reemplazo de Baez, según las claras constancias del libro de guardias.
Reitero que, no obstante lo que edicta el Instructivo para choferes de ambulancias -cuya transgresión se endilgó a Baez-, y las declaraciones del testigo Pelozo, se ha probado rotundamente en esta causa –y también en el sumario administrativo incoado al actor-, el uso de la forma verbal en la autorización brindada a los choferes para ausentarse de las guardias -por las razones que fueren- mientras hubiesen procurado el reemplazo por otro chofer (así lo demostró la prueba documental del acuerdo de choferes con el doctor Podesta, glosada a fs. 7 del 7-3-06, no desconocida por la accionada y cuya copia obraba también en el expediente administrativo –ver fs. 199-), hallándose probado asimismo que esta costumbre era común entre los choferes y se hallaba tolerada por la Administración como lo demuestra la falta de sanciones disciplinarias, por tal motivo, respecto al agente que el mismo día que Baez (10-2-2006) se hizo reemplazar por el chofer Gustavo Benedicto conforme surge del libro de guardia agregado al sumario, y asimismo la falta de sanción al Coordinador de CEM, Omar Obando por haberle conferido en tal forma autorización a Baez el día 25 de febrero de 2.010 para ausentarse de su lugar de trabajo, hecho que motivara la imputación de la segunda falta al actor (fundada en abandono del servicio sin causa justificada). En relación al hecho que se imputara al actor de fecha 25 de febrero de 2.010, “habría solicitado permiso para ausentarse por dos horas de su lugar de trabajo manifestando tener ‘…razones de índole familiar ineludibles’, por lo cual el superior inmediato accedió a tal requerimiento, anoticiándose posteriormente que el agente Baez participó en ese lapso de un programa radial en los estudios de FM del Este, configurando ello, a juicio de la Administración, falta grave al haber infringido el art. 64 inc. 1 de la ley 11.757”, no ponderó adecuadamente, a mi juicio, que sin perjuicio de cuáles fueran las razones que esgrimió Baez para solicitar autorización para retirarse y cuáles las que llevaron al señor Obando a conferirle permiso al actor, lo cierto es que éste no hizo “abandono” del puesto de trabajo, sino que se retiró por dos horas “con permiso de su superior”. c) Prescripción: Por lo demás estimo que la potestad disciplinaria de la Administración en relación al primer hecho imputado a Baez, ocurrido el 10 de febrero de 2.006, se hallaba absolutamente prescripta a la época en que se aplicó la sanción (30 de setiembre de 2.010) y, siendo que la prescripción de la acción para las penas correctivas es de 1 año desde la comisión del hecho, y de 3 años para las penas expulsivas (art. 69 inc. c) 1 y 2 de la ley 11.757, la acción se hallaba prescripta aún por el período mayor, dado que, como bien lo apunta el actor en su escrito iniciatorio, el último movimiento que registra el sumario instruido al actor, contemporáneo con el hecho investigado es el informe de la Dirección de Personal del 7-9-2006, dando cuenta que el actor no posee antecedentes disciplinarios y casi dos años y medio posteriores al hecho, el 16 de julio de 2.008, sin que se registrara movimiento alguno en el ínterin, la Asesoría Letrada de la Municipalidad solicita a la Secretaría de Salud Pública e Higiene para que informe si se ha aplicado sanción disciplinaria al actor, solicitud que se responde el 19 de febrero de 2.009, refiriendo que el actor no posee sanciones. En esta fecha ya se hallaban transcurridos los tres (3) años desde la fecha del hecho y por lo tanto la acción se hallaba completamente prescripta, dado que la inactividad de la Administración durante dos años y el transcurso del plazo prescriptivo durante tres años desde el acaecimiento del hecho imputado, sin que se hubiera dictado resolución en el sumario, ni se hubieran llevado a cabo actuaciones útiles antes del 10 de febrero de 2.009 (fecha de cumplimiento del plazo prescriptivo), operó la prescripción de la acción por inactividad de la Administración al no haber utilizado en término la potestad disciplinaria, no habiéndose invocado razones que, a mi juicio, resulten atendibles para justificar la inactividad apuntada. Nótese que en tal sentido la parte demandada aduce y reconoce que al poseer el actor tutela sindical formal por revestir la calidad de delegado formalmente electo por el STMB al producirse el hecho de febrero de 2.006, prefirió mantener las actuaciones en etapa “presumarial” para no realizar actos violatorios de la referida tutela, es decir para no sancionar, modificar o despedir a Baez durante la vigencia de la misma, que vale aclarar duraba hasta el mes de octubre de 2.008 (veredicto primera cuestión). Sin embargo la figura de las “actuaciones presumariales” prevista en el art. 91 de la ley 11.757, no se halla estipulada para esperar que concluya el lapso de tutela sindical de los representantes sindicales. Por otro lado la accionada, debió, si consideraba pasible al actor de la aplicación de una sanción disciplinaria, solicitar por el procedimiento previsto en la ley 23.551 la exclusión judicial de la protección a los fines de efectivizar la sanción en un plazo prudente y razonable, conducta ésta que la demandada no observó, no resultando útiles a los fines de la interrupción de la prescripción ya operada en mi concepto, las actuaciones llevadas a cabo en el sumario administrativo posteriores al mes de febrero del año 2.009, época en que ya se hallaba prescripta la facultad disciplinaria (obsérvese que por ejemplo, la declaración del
testigo Pelozo (fs. 122 del 3 de junio de 2.009) –única que podría considerarse útil a los fines de la consecución del sumario-, se produce luego de haber transcurrido 33 meses de inactividad de la administración contada desde el 7 setiembre de 2.006 en que se agregó el informe de la Dirección de Personal (fs. 116); y, por otro lado el decreto 1.828/10 (fs. 129) por el cual se ordena INSTRUIR
formal sumario al actor por
el hecho del 10-2-2006 data del 18 de noviembre de 2.009, es decir transcurridos largamente tres años y medio desde el acaecimiento del hecho imputado, y así sucesivamente con el resto de los decretos: de acumulación (fs. 137, decreto 670 del 6-5-2010, cuatro años y tres meses) y de cesantía (fs. 217 decreto 1497 del 30-9-2010, cuatro años y siete meses). “El procedimiento sumarial es comprensivo de una serie de actos procesales destinados a la sanción o absolución de un agente sumariado pero que en definitiva son la exteriorización de una conducta persecutoria de los órganos del Estado. Tal conducta no se advierte en el caso en que los trámites llevados a cabo contra la demandante carecen de fuerza interruptiva de la prescripción de la acción disciplinaria” (S.C.B.A., B. 51.193, “Arriondo” sent. de 12-V-1998). Y aún si quisiera invocarse por parte de la accionada, la “secuela del sumario” como argumento interruptivo de la prescripción de la potestad disciplinaria, cabe traer a colación lo indicado por el Dr. Rodríguez Villar, en la causa “Montalvo Libertad Argentina”, B. 51.839 del 18-6-91, al afirmar que “a fin de limitar el alcance del concepto estimo acertado acudir a los precedentes emanados de este Tribunal que han abordado una análoga cuestión en el ámbito del derecho penal con ocasión de la expresión “secuela del juicio” incorporada por el art. 67 del Código Penal. Entendió entonces esta Corte que dicho concepto debe ligarse a la realización de actos procesales que hagan proseguir el juicio, que exterioricen la voluntad de perseguir de los órganos del Estado <Acuerdos y Sentencias, 1.960-IV-523; 1.977-II-617>, es sobre esta base que reputo que los trámites llevados a cabo en el sumario incoado contra el demandante carecen de la fuerza interruptiva de la prescripción de la acción disciplinaria”. Por todo ello, amén de las consideraciones vertidas en relación a la valoración de la prueba efectuada por la Administración respecto al agente Baez, reafirmo entonces que la acción disciplinaria por el hecho del 10 de febrero de 2.006 se hallaba prescripta al aplicársele la sanción por decreto 1.497 del 30 de setiembre de 2.010 (art. 91 inc. c) 1 y 2 ley 11.757 y jurisprudencia citada). d) Sin perjuicio del reconocimiento que hacemos a la naturaleza neurálgica de la tarea de asistencia médica y de que ésta requiera un manejo formal, ordenado y organizado por la autoridad, lo cierto es que no se ha demostrado, que, a excepción de los dos hechos que aquí analizamos imputados a Baez, éste se “hubiera autoconcedido a sí mismo las licencias que considera oportunas, ni que se hubiera retirado intempestivamente cuantas veces deseó de su puesto de trabajo abandonando el mismo, ni que pretendiera ampararse en una tutela falsamente invocada para hacerlo” . No solamente no se probaron estas imputaciones -de las cuales no obra prueba alguna en la causa, ni en el sumario administrativo-, sino que además, en la eventualidad que estas conductas del actor hubieran existido, no se acreditó que hubiera sido sancionado por ello durante el transcurso de su vinculación con la demandada, dado que el actor no contaba con antecedente disciplinarios, según los informes emanados de la propia demandada. Tampoco por lo que llevo dicho y lo que surge de estas actuaciones y del sumario administrativo incoado, se ha demostrado que el actor hubiera cometido faltas graves, ni que hubiera demostrado una conducta manifiesta y disociadora, ni que se hubiera excedido en sus atribuciones al procurar su reemplazo por otro compañero, ni finalmente que hubiera efectuado abandono del servicio, ni que este presunto abandono estuviera precedido por actos de indisciplina, ni que éstos (reitero, no demostrados), se hubieran concatenado de manera congruente, ni que hubieran constituido una forma irregular y discontinua de su obligación de estar presente dentro del horario de trabajo, ni tampoco que el actor se hubiera regido por su propia voluntad, ni que hubiera prescindido del especial ámbito de trabajo, ni finalmente que hubiera demostrado desapego por las órdenes de los superiores jerárquicos. Lo que sí se probó es que el agente Baez no fue pasible de sanción disciplinaria alguna en los 26 años de trabajo en la Municipalidad de Berazategui y que por un hecho que se le imputó en febrero de 2.006, al ausentarse por dos horas y media del trabajo (mediando las circunstancias acreditadas en el veredicto en el acaecimiento del mismo) y por otro hecho ocurrido en 25 de febrero de 2.010, también al ausentarse por dos horas del trabajo, invocando un abandono del servicio -que en realidad no existió ya que se retiró con autorización del superior-, sin haberse acreditado claramente el fundamento fáctico de las faltas imputadas y sin haber ponderado la autoridad administrativa las circunstancias atenuantes esgrimidas por el agente y existentes objetivamente en la situación planteada, habiendo podido optar por una sanción menor, igualmente correctiva y ejemplificadota, se decidió, luego de haberse labrado un sumario con las deficiencias oportunamente apuntadas, la cesantía del agente. e) Corresponde entonces examinar si las irregularidades imputadas a Baez resultan de una gravedad tal que den lugar a la sanción expulsiva aplicada por la institución demandada, en tanto a juicio del actor la misma habría sido arbitraria, discriminatoria y antisindical.
La disposición 1497/10 dispuso la cesantía del actor, imputándole la comisión de dos hechos, uno de ellos del 10 de febrero de 2.006 y el otro del 20 de febrero de 2.010, ya analizados, invocando que el actor “se había autoconcedido a si mismo las licencias que considera oportunas, que se había retirado intempestivamente cuantas veces deseó de su puesto de trabajo y que había abandonado el servicio y pretendido ampararse en una tutela falsamente invocada para hacerlo”; resaltando al mismo tiempo que “Baez presentó una inconducta manifiesta y disociadora al excederse en sus atribuciones como empleado municipal, arrogándose facultades inherentes a sus superiores”; enfatizando la Administración en que “el actor cometió una falta grave al hacer abandono del servicio, hecho precedido por actos de indisciplina, concatenados de manera congruente, constituyendo una forma irregular y discontinua de su obligación de estar presente, dentro del horario general, administrado en forma individual y al amparo de la propia autonomía de su voluntad, prescindiendo del especial ámbito de trabajo en su carácter de empleado público municipal, resaltando ello el desapego por las órdenes de los superiores jerárquicos” Sin perjuicio de haber postulado la prescripción de la facultad disciplinaria de la Administración en relación al hecho del 10 de febrero de 2.006 imputado a Baez, analizaré las dos imputaciones que se le formularon. El art. 62 de la ley 11.757 enuncia “Las sanciones disciplinarias en que incurrieren los agentes municipales son las siguientes: I: Correctivas: a) llamado de atención; b) apercibimiento; c) suspensión de hasta 30 días corridos; II: Expulsivas: a) Cesantía y exoneración” El artículo 63 de la ley 11.757 establece que Son causas para aplicar las sanciones disciplinarias en los incisos a), b) y c) del artículo anterior, las siguientes: 1.- Incumplimiento reiterado del horario fijado; 2.Falta de respeto a los superiores, iguales o al público; 3.- Negligencia en el cumplimiento de sus tareas o funciones; El art. 64 de la ley 11.757 prescribe que: Podrán sancionarse hasta con cesantía: a) abandono del servicio sin causa justificada; …..d) incumplimiento de las obligaciones determinadas por el art. 58 (tendría que haberse mencionado el art. 59), salvo cuando origine las sanciones establecidas en el artículo anterior; El art. 59 de la ley 11.757 (del cual recordemos no se aclaró –al formalizar el decreto 1.828/09cuáles serían los incisos aplicables) dice lo siguiente: Sin perjuicio de lo que particularmente impongan las leyes, ordenanzas, decretos, resoluciones y disposiciones, los agentes deberán cumplir estricta e ineludiblemente las siguientes obligaciones: a) Prestar los servicios en forma regular y continua dentro del horario general, especial o extraordinario, que de acuerdo con la naturaleza y necesidades de ellos se determine, con toda su capacidad, dedicación, contracción al trabajo y diligencia, conducentes a su mejor desempeño y a la eficiencia de la Administración Municipal; b) Obedecer las órdenes del superior jerárquico siempre que sean propias del servicio y no manifiestamente ilícitas. Cuestionada una orden la insistencia en ello deberá formularse por escrito. c) Cuidar los bienes municipales velando por la economía del material y la conservación de los elementos que fueran confiados a su custodia, utilización y examen; d) Proceder con cortesía, diligencia y ecuanimidad en el trato con el público y llevar a cabo una conducta cooperativa y solidaria en el ámbito el trabajo; e) Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento, y exámenes de competencia que se dispongan con la finalidad de mejorar el servicio; f) Dar cuenta por la vía jerárquica correspondiente de las irregularidades administrativas que llegaren a su conocimiento; g) Respetar las instituciones constitucionales del país, sus símbolos, su historia, sus próceres; h) Declarar bajo juramento en la forma y época que la ley respectiva y su reglamentación establezca, los bienes que posea y toda alteración de su patrimonio; i) Excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuación pueda originar interpretaciones de parcialidad o concurra incompatibilidad moral; j) Declarar bajo juramento los cargos y actividades oficiales o privadas, computables para la jubilación, que desempeñe o haya desempeñado, así como toda actividad lucrativa; k) Declarar su domicilio el que subsistirá a todos los efectos legales mientras no se denuncie otro nuevo; l) Declarar en los sumarios administrativos ordenados por autoridad competente siempre que no tuviere impedimento legal para hacerlo, así como también en las informaciones sumarias. El Instructivo para choferes de ambulancia del municipio, obrante a fs. 111/113, reza, en los artículos que aquí interesan que:
Art. 1.- Los choferes de ambulancias deberán cumplir el horario establecido de trabajo, registrando su entrada quince minutos antes del horario de relevo a fin de poder interiorizarse de las novedades que pudieren existir; Art. 12.- Todo chofer que se movilice en el vehículo para trámite, auxilio, traslado y carga de combustible deberá informar por radio la salida y destino a la base CEM así como su regreso; Art. 15.- El chofer tiene prohibido:…inc. C): Desviarse por motivos particulares de su destino prefijado y que no se halla notificado a la base; Art. 16.- Los cambios de guardia y/o reemplazos solo se realizarán mediante nota dirigida al jefe inmediato con la firma de ambos choferes y la autorización correspondiente de los directores de las distintas Unidades Sanitarias, sin este requisito no se dará curso a la misma. El régimen disciplinario referido (ley 11.757) establece las sanciones correctivas y expulsivas, y entre éstas la de cesantía, previendo el art. 64, que “podrán sancionarse hasta con cesantía..” el incumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 59, salvo cuando origine las sanciones establecidas en el artículo referido a las sanciones correctivas…; En tal contexto y atento a que la Administración no se hallaba compelida a aplicar la pena separativa y contaba con un margen de apreciación, la explicitación respecto a la adopción de la medida más severa, que produjo la pérdida del empleo debió ser expresa y fundada para poder así relegar la aplicación de la medida menos gravosa. Sin embargo el órgano esbozó una serie de imputaciones como fundamente fáctico de la medida, la mayoría de las cuales no se demostraron y por otro lado en la pretensión de fundar la elección de la medida más gravosa esgrimió el inc. 10 del art. 64 de la ley 11.757, que estipula, como uno de los supuestos de aplicación de la máxima sanción “la falta grave que perjudique materialmente a la administración municipal o que afecte el prestigio de la misma”, arguyendo que esta causal tiende a evitar el descrédito de la función administrativa y sobre todo causar un perjuicio patrimonial a la administración municipal. No se advierte en la especie, cuál podría ser el perjuicio patrimonial o el descrédito que podrían haber ocasionado a la administración las faltas que se le imputaron al actor, pues lo cierto es que aún en caso que se hubieran probado las mismas, y más allá de si tenía permiso verbal o por escrito, y si avisó o no a la base el 10 de febrero de 2.006, y si mintió o no en relación a los motivos que esgrimió para ausentarse el 25 de febrero de 2.020, las causales probadas en el sumario administrativo que
determinaron la cesantía del actor fueron: haberse ausentado de su puesto de trabajo durante dos horas y media en el año 2.006 y haberse retirado del lugar de trabajo durante dos horas en el año 2.010, en el primer caso dejando disponible la ambulancia a otro chofer reemplazante y en el segundo caso con permiso de su superior.
Examinados entonces los antecedentes del caso juzgo que la decisión impugnada carece de adecuada fundamentación. Ello toda vez que el decreto 1.497/10, aún aplicando la normativa inherente al caso careció de motivación suficiente y adecuada a aquella, máxime por tratarse de la extinción de una situación preexistente: la relación de empleo público del señor Baez con la demandada. Al no justificar adecuadamente los fundamentos de la medida ni la adopción de la sanción más gravosa, la Administración incurrió en irrazonabilidad, por carecer la medida de adecuada fundamentación y una clara desproporción entre la sanción aplicada y las faltas presuntamente cometidas (causa B. “S., E.I.”, sentencia del 5-III-2.008 entre muchas otras). No obstante que el municipio demandado, en un esfuerzo procedimental y discursivo, configuró la conducta del agente Baez en normas estatuarias que prevén la sanción aplicada, ha omitido sin embargo considerar y valorar en forma cabal los distintos aspectos y atenuantes del caso y por ende aparece deficiente la motivación que le llevó a adoptar dicha medida, amén de revelarse un exceso en la punición que lo exhibe desproporcionado en relación a los precedentes que determinaron su emisión, por lo que estimo se han excedido los límites que inhiben el contralor judicial de la potestad administrativa disciplinaria, ya que la autoridad administrativa debió especificar en todo caso cuáles fueron los motivos para atribuir a los hechos investigados –aún de haberse probado los mismos, circunstancia que según vimos no ocurrió en su totalidad-, una magnitud tal como para proceder a la cesantía del nombrado. Asimismo debió extremar la exigencia de fundamentación explicando porqué si la supuesta conducta infractora era susceptible de dos sanciones –una correctiva y la otra expulsiva-, se la encuadró en la de mayor gravedad. AsÍ las cosas, la irrazonabilidad del actuar administrativo se deriva de la desmesura o falta de proporción adecuada entre los hechos constatados y la sanción aplicada (SCBA, causa B. 59.122 “Huertas Díaz”, sent 22-X-2003, entre otras)31-8-2011, entre otras).
Recuérdese que la obligación de motivar el acto administrativo, como modo de reconstrucción del derrotero lógico seguido por la autoridad para justificar una decisión de alcance particular que afecta situaciones subjetivas, a más de comportar una exigencia inherente a la racionalidad de su decisión, así como a la legalidad de su actuar y ser también derivación del principio republicano de gobierno (arts. 1 C.N., 1 C.Pcial), es postulada prácticamente con carácter universal por el moderno derecho público, sin olvidar que el recaudo de suficiente motivación debe adecuarse en cuanto a la modalidad de su configuración a la índole particular de cada acto administrativo, revelándose en este caso que la autoridad municipal ha contravenido la obligación de motivar su decisión (C.S.J.N., Fallos 324:1860, entre otros). “la fundamentación de la decisión administrativa en especial en materia de facultades discrecionales tiende a consolidar la vigencia del principio republicano que impone a los órganos administrativos dar cuenta de sus actos al tiempo que evita que se afecten los derechos de impugnación de los particulares alcanzados por la resolución y se impida la revisión judicial de la legitimidad y razonabilidad de tales actos” (SCBA, causa B. 56.727 “Blasetti” sent. 3_XI-1998, entre otras). A ello se agregó que “en materia sancionatoria, ese control, sin llegar a transferir a los jueces el ejercicio de la potestad disciplinaria que compete a la administración, significa un reaseguro ineludible de la recta observancia en cada caso de la razonabilidad de tal obrar. De forma que, cuando el acto luce infundado, malinterpreta o desvirtúa los motivos determinantes comprobados o aducidos, entonces, procede el control anulatorio de la actuación administrativa (S.C.B.AS., causa B. 53.483 “Gomez” sent 6-VIII-1996, B. 55.191 “Espilman” sent 16-XII-1997, entre otras). Sintetizando, estimo que la deficiencia en la motivación así como el exceso en la punición tornan irrazonable el acto administrativo y por lo tanto tal vicio conlleva su nulidad (cfr. Doctrina causas B. 55.957 “Menendez” sent 12-IX-2001; B. 58.345 “Lara”, sent 9-V-2001). No debe olvidarse que en relación a los tipos administrativos que establece la ley 11.757, sostuvo la doctrina que “la justificada rigidez de los tipos penales se corresponde naturalmente, con la necesidad de preservar las libertades individuales sobre la base de la preeminencia del principio de inocencia. Pero de ahí a creer que la administración deba replicar en su sistema sancionador interno la misma rigidez con la que el derecho penal establece los delitos, implica desconocer tanto las marcadas diferencias entre el derecho administrativo y el penal, como entre las faltas administrativas y los delitos…la sanción disciplinaria apunta, en el marco de la relación de empleo público, a que la administración funcione adecuadamente, para que así pueda avocarse de la mejor manera posible a la consecución de sus cometidos públicos (por lo que existiría un interés social indirecto en su aplicación), mientras que la sanción penal constituye la expresión punitiva legal y material del poder de imperio del estado sobre aquellas conductas desviadas en extremo del plexo valorativo común del cuerpo social (por ende con un interés social directo en la aplicación de puniciones acordes a la medida de los daños producidos por las conductas típicamente antijurídicas y culpables de que se traten)” (Jorge Luis Bastons / Raúl Luis Montero “Comentarios a la ley de empleo público municipal bonaerense”, ed. 2.012, pág. 291). Las circunstancias comprobadas en la causa así como la aplicación de los principios y normas antes referidos, me conducen a propiciar la declaración de ilegitimidad y consecuente nulidad del acto administrativo cuya anulación se pretende en autos. f) Discriminación: A todo evento, habiéndose acotado asimismo por la parte actora que el acto de cesantía adoptado por la Autoridad municipal resultó ser discriminatorio y antisindical en los términos de la ley 23.592, y sin perjuicio de haber propiciado supra la declaración de nulidad del acto involucrado, por revestir éste ilegitimidad proveniente de la irrazonabilidad de la medida aplicada, corresponde analizar el ítem propuesto. En forma preliminar advierto que, en relación a la imposición de la carga probatoria relativa a la existencia de motivos discriminatorios en la adopción de la cesantía aplicada al reclamante, y tratándose en la especie de una relación de empleo público, estimo que resulta aplicable la jurisprudencia en tal sentido emanada del Superior Tribunal que reza “para establecer en el caso el desvío del fin que se reprocha al actuar administrativo ha menester acreditar la existencia de un propósito distinto mediante pruebas claras y evidentes sobre la intención de extinguir la relación de empleo público (cfr. Doct. Causa “B. 55.656 “Mograbi”, sent. 8-VII-1997), soportando la carga de tal prueba quien invoca la existencia de una cesantía encubierta o de una violación al principio de razonabilidad en la adopción de la medida segregativa (Doct. Causa B. 57.253 “Rodríguez” sent 9-V-2001). De allí que no cabe por via de principio a los Tribunales invalidar la separación del agente cuando el acto segregativo impugnado se funde exclusivamente en las causales expresamente contempladas en la ley, sin aditamento de juicio alguno sobre la conducta, capacidad o persona del empleado segregado, empero esta regla cede cuando de las pruebas aportadas pueda inducirse que hubo un propósito estigmatizante o persecutorio por parte de la Administración al disponer la medida separativa pues de otro modo se convalidarían disposiciones administrativas írritas por estar desviadas de su finalidad (SCBA, causa B. 59733 “Lagoa” del 20-VIII-2008).
Conforme a ello y sin ingresar a analizar si corresponde la adopción de la teoría de la carga dinámica de la prueba cuando de una relación de empleo público se trata, estimo que con los elementos obrantes en el sumario administrativo y en esta causa, todos documentales no desconocidos por la accionada, que prueban objetivamente la existencia de actividad gremial permanente de Baez desde aproximadamente el año 2.000 hasta su egreso dispuesto por la accionada (2010) y la conducta exhibida por ésta plasmada en el sumario administrativo obrante en autos, puede inducirse un propósito discriminatorio en la sanción segregativa aplicada a Baez. Aclaro en este ítem que participo del criterio restrictivo en relación a la prueba relativa al motivo discriminatorio que habría sustentado el acto disolutorio, debiendo exigirse en estas cuestiones siempre prueba eficiente y suficiente que permita inferir de manera diáfana la existencia de una discriminación arbitraria motivada en los hechos que se aludieron al demandar. Veamos: Se observa que, según quedó acreditado en el acto fáctico (segunda cuestión punto 6), se comprobó que desde el año 2.004 hasta el año 2.007 el actor revistió la condición de delegado sindical formalmente electo por el Sindicato Trabajadores Municipales de Berazategui (STMB), y que la protección prevista en la ley 23.551 por tal cargo tuvo vigencia hasta el mes de octubre de 2.008. También se justificó que con posterioridad a este lapso, el señor Baez continuó ejerciendo actividad sindical, conduciendo una agrupación presuntamente escindida del STMB denominada Frente por la Dignidad, cuya actividad gremial la accionada no negó, ni manifestó desconocer. Asimismo se probó mediante las constancias documentales de autos, no desconocidas por la accionada, valoradas en el punto citado del acto veredictal, que don Baez presentó, aún después de vencido su mandato sindical formal, notas dirigidas al STMB en defensa de los derechos de los trabajadores de la Municipalidad de Berazategui, así como también publicó, en la medida de sus posibilidades económicas, la revista denominada Reflejo Municipal, cuyos ejemplares se adjuntaron en autos, no fueron desconocidos por la accionada en su autenticidad ni en el conocimiento de su contenido y revelan una postura crítica, difundida públicamente a través de ese medio, hacia las Autoridades municipales y hacia el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui. La misma postura se acredita merced a los ejemplares del diario Decisión, glosados en autos y evaluados en el acto fáctico, no desconocidos en su autenticidad ni en el conocimiento que de ellos tendría la accionada en los cuales se da cuenta de la difusión de las opiniones gremiales del actor, tanto en dicho periódico cuanto en la entrevista radial de la que participó Baez en FM del Este, en tono crítico en relación al Ejecutivo Municipal y a las autoridades del STMB. Por otro lado la misma accionada afirma haber tenido conocimiento de la entrevista radial al manifestar, en los “considerandos” del decreto 670/10, que “el actor pidió permiso para ausentarse el 25 de febrero de 2.010, por razones de índole familiar ineludibles, y después se enteraron que había participado en un programa radial en FM del Este”(fs. 137). Tengo para mi entonces que el actor ha demostrado en forma clara y fehaciente, con elementos documentales no objetados por la accionada y cuya autenticidad no se encuentra cuestionada, que ejerció durante su mandato como representante sindical formalmente electo por el STMB y aún después de ello en su calidad de conductor de la Agrupación Frente por la Dignidad, una actividad gremial permanente y continua, mientras tuvo vigencia su relación de empleo público con el Municipio de Berazategui, el cual conocía perfectamente la actividad desarrollada por el reclamante. Con ello demostró “prima facie” que pudieron haber existido motivos para la discriminación por su actividad gremial o sindical. Y lo hizo arrimando a la causa pruebas documentales claras, no desconocidas por la accionada, de que efectivamente desarrolló actividad gremial durante su relación con la demandada, reclamando cuando creía conculcados los derechos de sus compañeros de trabajo y que asimismo con anterioridad al acto de cesantía virtió públicamente y a través de medios de difusión escritos y orales opinión gremial peticionando por lo que, en su concepto, eran los derechos de los trabajadores municipales, actividad que no pasó desapercibida para la accionada. Desde otro ángulo, quedó demostrado en autos, por no haber sido expresamente desconocido por la accionada que el actor se retiró de su trabajo, el 10 de febrero de 2.006, dos horas y media antes del horario de salida –según él con autorización verbal del médico del Centro Sanitario Sábato-, y concurrió a una asamblea con 200 compañeros a fin de reclamar por la cesantía que había decretado el Intendente de Berazategui contra 10 empleados no pertenecientes a la planta permanente de la administración. La existencia de la referida asamblea y la concurrencia del actor, que a sazón era delegado sindical formalmente electo del STMB, reitero, no ha sido negada por la accionada. Sugestivamente ese mismo día se configuró a juicio de la accionada la primera falta que le imputó a Baez.
Posteriormente, cuatro años después, se le otorgó al actor por parte de su superior, permiso para ausentarse del trabajo el día 25 de febrero de 2.010 (por los motivos que fueren). Ese día el actor concurrió a un programa radial en la emisora FM del Este, en el que volvió a criticar la actuación del Intendente Municipal y del STMB, hecho acreditado con los ejemplares del diario Decisión del 12 de marzo de 2.010, reitero, no desconocido por la accionada. La noticia sobre la entrevista radial de Baez salió publicada en el diario Decisión del 12 de marzo de 2.010, conforme ejemplar adjunto a fs. 28/31, no desconocido por la accionada; El jefe inmediato de Baez, el Señor Obando informó a la Secretaría de Salud sobre la concurrencia del actor a la entrevista radial del 25 de febrero de 2.010, dos meses después de producida la misma, en fecha 28 de abril de 2.010 (fs. 134), sospechosamente el mismo día (fs. 133) en que el Doctor Podesta, de la Secretaría de Salud Pública municipal, había remitido el sumario administrativo labrado por el hecho del 10 de febrero de 2.006, que no detentaba movimiento desde el 18 de noviembre de 2.009, al Asesor Letrado para la prosecución del sumario por el hecho del 2.006. El 6 de mayo de 2.010, mediante decreto 670 se ordena la acumulación de ambos hechos (el del 10-2-2006 y el del 25-2-2010), se resucita la calificación inherente al hecho del 2.006 y se encuadra al actor en abandono del servicio sin causa justificada por el segundo hecho, como corolario de lo cual se dicta el decreto 1.497/10 del 30 de setiembre de 2.010 disponiendo la cesantía del agente. La coincidencia de la imputación de dos faltas disciplinarias por incumplimientos administrativos endilgados a Baez justamente en los mismos dos días en los que el actor demostró haberse hallado efectuando actividades gremiales o virtiendo públicamente opinión gremial en forma crítica hacia el Intendente Municipal y hacia los dirigentes del Sindicato Municipal de Trabajadores de Berazategui, no es menor y exhibe claramente, a mi juicio, la relación existente entre la cesantía impuesta al actor y la actividad gremial y la difusión pública de su opinión gremial, revelando en forma diáfana e incontrastable que esta actividad no le resultó en absoluto indiferente a la demandada, ya que los dos hechos imputados lo fueron en clara vinculación con dos momentos de actividad u opinión gremial del actor. Frente a ello y a los incumplimientos que se le imputaron al actor en los días 10 de febrero de 2.006 y 25 de febrero de 2.010, pudiendo haber adoptado una sanción correctiva menor por los únicos hechos demostrados en el sumario y en esta causa <dos ausencias de dos horas del lugar del trabajo, espaciadas en el tiempo (cuatro años entre ambas)>, adoptó la sanción mayor, la expulsiva, alegando que lo hacía “para evitar el perjuicio patrimonial o el desprestigio de la administración por la conducta observada por el actor”, argumento que, a mi juicio no alcanzó a justificar la sanción segregativa impuesta -por su desproporción manifiesta respecto a los incumplimientos imputados, lo cual la tornó irrazonable a los fines previstos-, y evidenció un exceso de punición, que solo halla explicación en la molestia que evidentemente le producía a la demandada la actividad sindical informal y la difusión pública de la opinión de Baez en forma crítica respecto al Ejecutivo Municipal y al Sindicato de Trabajadores Municipales. Entiendo así, objetivamente, que en el proceder de la accionada hubo una clara represalia por la actitud de activista sindical que Baez tenía y por la difusión de su opinión gremial crítica hacia la Autoridad Municipal y hacia el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui, y concluyo que la cesantía que se le aplicó detentó motivos persecutorios y discriminatorios, evidenciándose así un desvío del fin, al acreditarse la existencia de un propósito distinto al de la mera punición disciplinaria y al comprobarse de ese modo la intención de extinguir la relación de empleo público encubierta a través de la cesantía adoptada. Demostrada por ello la existencia clara e indiscutible de motivos discriminatorios y la falta de legitimidad por falta de motivación y exceso de punición e irrazonabilidad del decreto 1497/10 por el cual se le impuso la sanción de cesantía al actor, luego de haber ponderado exhaustivamente las pruebas acercadas por las partes; habiéndose otorgado a ambos contendientes la posibilidad de ofrecer y producir todas las pruebas que ellos entendieren necesarias en sustento de sus respectivas posiciones, entiendo que no existen razones que permitan entonces tener por excluida la cuestión discriminatoria argüida por el accionante. El art. 1 de la ley 23.592 establece que “quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional será obligado a pedido del damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos y omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”. La desvinculación del reclamante decidida por la Administración aparece así como una sanción segregativa discriminatoria por razones gremiales, configurándose de tal modo un grave incumplimiento a la manda legal, que prescribe el derecho a no ser discriminado y que habilita conforme lo establece la normativa supra citada a dejar sin efecto, por dicho motivo, la cesantía adoptada por la accionada, al no hallarse acreditada en autos una causa real y seria que la respalde, habiéndose demostrado además que
resultó inmotivada, desproporcionada e irrazonable desde el punto de vista del derecho administrativo, y tuvo un propósito lesivo del principio de igualdad en su expresión de trato no discriminatorio. Ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos aires, en el fallo “Villalba” del 22 de diciembre de 2.010, con el voto de la Doctora Kogan que “lo realmente privilegiado por la ley 23.592 es la prevención y la nulificación del acto discriminatorio: impedirlo si aparece inminente su concepción lesiva, hacer cesar sus efectos (nulificarlo) y luego hacer reparar las consecuencias dañosas del ilícito discriminatorios y en ese contexto la locución nulificar refiere a la acción jurídica de privación total de efectos del acto írrito…”. La sanción discriminatoria impuesta al actor pugna asimismo con las directivas emergentes de los Convenios 87 y 98 sobre libertad sindical (ratificados respectivamente por la ley 14.932 y el dec. Ley 11.594/56) y 111 de la O.I.T., sobre discriminación, empleo y ocupación (ratificado por ley 17.677). Habiendo sido el actor objeto de una arbitraria discriminación por causa de su actividad gremial, la decisión de imponerle la cesantía, violentó la garantía contenida en los arts. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los Tratados que integran el bloque de constitucionalidad federal en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, basados en el principio de igualdad ante la ley. Recordemos que a partir de la reforma constitucional de 1.994, los Tratados Internacionales completan la normativa interna en la materia. Así el art. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cuanto dispone que “los estados partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto”, asimismo en su artículo 26 “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección por la ley”. También el art. 24 del Pacto de San José de Costa Rica “Todas las personas son iguales ante la ley en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección”; el art. 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador, 1.988)”Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación”. Por su parte el art. 1 del convenio 98 de la O.I.T., -de jerarquía superior a las leyes, establece: “1.- Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales”. Vale decir entonces que todos los actos discriminatorios, incluido el que pudiera tener como destinatario a un empleado del sector público, deben ser Juzgados con arreglo al juego armónico de la ley 23.592, del Preámbulo y los arts. 14 bis, 16, 31, 33 y 75 inc. 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional, de los Tratados Internacionales integrados al bloque de constitucionalidad que preservan la igualdad ante la ley y repudian la discriminación y de los arts. 11 y 39 inc. 2 y 3 de la Constitución provincial, que condenan la discriminación, garantizan la protección y libre ejercicio de la sindicalización. En relación a la protección del ejercicio concreto de la libertad sindical individual (aún sin ser titular de un cargo sindical y teniendo en cuenta el carácter discriminatorio que apuntamos), se ha expedido nuestra jurisprudencia en los autos “Parra Vera Máxima c/ San Timoteo S.A. s/ acción de amparo” C.N.A.T., sala V, sentencia del 14-6-2006; “Balaguer Catalina Teresa c/ Pepsico de Argentina S.R.L. s/ Juicio sumarísimo”, C.N.A.T., sala VI, sent. del 10-3-2004; “Greppi, Laura Karina c/ Telefonica de Argentina S.A. s/ despido”, C.N.A.T., sala IX, 31-5-2005; “Acosta Nydia c/ Galeno Argentina S.A. s/ Acción de amparo”, C.N.A.T., sala VIII, sent. del 14-6-2010; S.C.B.A., “Villalba Franco Rodrigo c/ The Value Brands Company de Argentina s/ Amparo”, L. 97.804, del 22-XII-2010, determinando la protección contra la cesantía discriminatoria y reincorporación de trabajadores, con o sin afiliación sindical, pero que han demostrado claramente la realización de actividades sindicales, o han exteriorizado opiniones políticas o gremiales, como en el caso de autos. Conforme a ello, por lo que llevo dicho, atento la prueba aportada por el actor, sobre la existencia indiscutible de su actividad sindical o gremial asi como la difusión pública de su opinión gremial crítica hacia la Autoridad administrativa y hacia el Sindicato de Trabajadores Municipales de la misma localidad, y la comprobación indudable de motivos discriminatorios para disponer la cesantía del señor Baez, no habiéndose acreditado que la Administración haya demostrado la existencia de causas graves absolutamente extrañas a la discriminación sindical, no habiendo acreditado que existieran razones graves o de envergadura suficientemente lesivas de la Autoridad Pública, ni motivos verdaderos y válidos como para sustentar la ruptura de la relación de empleo público, de manera tal que puedan explicar objetiva, razonable, y proporcionalmente, por si mismas, la decisión segregativa, eliminando toda sospecha de que aquella ocultó la lesión del derecho fundamental del trabajador, máxime cuando la sucesión de datos cronológicos, temporales y causales permiten arribar a aquella conclusión, estimo que el acto de cesantía 1.497/10 aplicado al agente Baez luce ilegítimo por carecer de razonabilidad, motivación, proporcionalidad entre la
sanción imputada y la falta adoptada, y evidencia un desvío del fin al presentar un motivo persecutorio y discriminatorio encubiertos en la sanción expulsiva que se le propinó, en clara violación a los principios y normativa establecida por la ley 23.592, Preámbulo y los arts. 14 bis, 16, 31, 33 y 75 inc. 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional, de los Tratados Internacionales integrados al bloque de constitucionalidad que preservan la igualdad ante la ley y repudian la discriminación y de los arts. 11 y 39 inc. 2 y 3 de la Constitución provincial, que condenan la discriminación, garantizan la protección y libre ejercicio de la sindicalización, por todo lo cual propicio la anulación del acto impugnado decreto 1497/2010 (arts.1 ley 25.323, legislación y jurisprudencia citada) y la reincorporación del actor, dentro del décimo día de notificada la presente decisión, en el empleo del que fue ilegítimamente privado, en las mismas e idénticas condiciones que detentaba antes de la medida segregativa (arts. 163 y 215 de la Constitución Provincial). V.- Asimismo atento a la ilegitimidad y consecuente nulidad de la medida de cesantía impuesta mediante decreto 1497/10, cuya nulidad propongo en este voto, deberán abonársele al actor los salarios que se hubieren devengado desde el 1 de setiembre de 2.010 hasta la efectiva reincorporación del actor, debiendo aplicárseles desde que cada uno fue debido hasta el efectivo pago el interés a tasa activa determinado por la ley 14.399 modificatoria de la ley 11.653, lo que al dia de la fecha de la sentencia (computando el salario mensual de $ 2.196,51.- acreditado en el veredicto, primera cuestión, y adicionados los intereses ordenados, asciende al monto de pesos Noventa y nueve mil trescientos sesenta y ocho ($ 99.368.-), a cuyo pago deberá condenarse a la accionada (art.1.050 y cc. Código Civil), y que deberá ser abonada dentro del décimo día de notificada la presente, mediante depósito a la orden de autos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Centro. VI.- Declarar abstracto el tratamiento del reclamo salarial concerniente al lapso de suspensión preventiva del actor determinado por decretos 670/10, 762/10, 1.057/10 y 1387/10, entre el 6 de mayo de 2.010 y el 20 de agosto de 2.010, atento a que los mismos han sido materia de conciliación y pago en los autos caratulados “Baez Hugo Daniel c/ Municipalidad de Berazategui s/ amparo” que tramitaran por ante el Tribunal del Trabajo n° 2 de Quilmes, conforme se acreditó en el acto veredictal de autos. VII.- Las costas del proceso serán impuestas a la parte demandada, en su calidad de vencida (arts. 19, 20 ley 11.653). ASI LO VOTO A la misma cuestión planteada los señores Jueces Dres. Silvia Cristina Bozzola y Guillermo Edgardo Caminos adhieren por sus fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA SILVIA ESTER BARTOLA DIJO: Atento a lo resuelto en la cuestión anterior corresponde: 1) Hacer lugar a la acción de amparo articulada en los términos del art. 1 de la ley 23.592 por HUGO DANIEL BAEZ contra la MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI, determinándose la nulidad del acto administrativo decreto 1.497/10, por resultar ilegítimo (arts. 28, 33 Constitución Nacional; art. 15 Constitución Provincial; arts. 103, 108 ordenanza general 267/80) y lesivo de las garantías legales y constitucionales de no discriminación, por lo que se condena a la demandada para que en el plazo de diez día de notificada la presente se reincorpore al citado actor, a su puesto y lugar de trabajo y en idénticas condiciones laborales a las que detentaba hasta el 5 de mayo de 2.009 (art. 1 ley 23.592; Preámbulo y los arts. 14 bis, 16, 31, 33 y 75 inc. 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional; Tratados Internacionales integrados al bloque de constitucionalidad que preservan la igualdad ante la ley y repudian la discriminación y de los arts. 11 y 39 inc. 2 y 3 de la Constitución provincial). 2) Condenar asimismo a la parte demandada a abonar al actor los salarios que se hubieren devengado desde el 1 de setiembre de 2.010 hasta el momento de su efectiva reincorporación, con más la adición a la suma que resultare de los intereses a tasa activa desde que cada suma fue debida hasta su efectivo pago, en los términos de la ley 14.399, lo que arroja a la fecha de esta sentencia la suma de pesos Noventa y nueve mil trescientos sesenta y ocho ($ 99.368.-), por dicho concepto (art. 1.050 y cc. Código Civil), que deberá ser depositada a la orden de autos, en una cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Centro. 3) Declarar abstracto el tratamiento del reclamo salarial concerniente al lapso de suspensión preventiva del actor determinado por decretos 670/10, 762/10, 1.057/10 y 1387/10, entre el 6 de mayo de 2.010 y el 20 de agosto de 2.010, atento a que los mismos han sido materia de conciliación y pago en los autos caratulados “Baez Hugo Daniel c/ Municipalidad de Berazategui s/ amparo” que tramitaran por ante el Tribunal del Trabajo n° 2 de Quilmes, conforme se acreditó en el acto veredictal de autos. 4) Rechazar el planteo de amparo sindical articulado por la vía del art. 47 de la ley 23.551, por falta de legitimación activa del actor y por carecer de aptitud la referida vía para obtener la anulación del acto rescisorio y posterior reincorporación del solicitante (doctr. Art. 47 ley 23.551; jurisprudencia citada)
5) Rechazar el planteo de nulidad del decreto 1497/10 por vicios de procedimiento, por no haberse acreditado la entidad nulificatoria de las anomalías detectadas en el sumario administrativo analizado en autos; 6) Imponer las costas a la parte demandada Municipalidad de Berazategui, en su calidad de vencida (arts. 19 y 20 ley 11.653), debiendo regularse honorarios en oportunidad de dictar la sentencia. ASI LO VOTO A la misma cuestión planteada los señores Jueces Dres. Silvia Cristina Bozzola y Guillermo Edgardo Caminos adhieren por sus fundamentos. Con lo que terminó el Acuerdo, firmando los señores Jueces por ante mi que doy fe.-
GUILLERMO EDGARDO CAMINOS PRESIDENTE
SILVIA ESTER BÁRTOLA SILVIA CRISTINA BOZZOLA JUEZ JUEZ
SENTENCIA Quilmes, 21 de febrero de 2.013.AUTOS Y VISTO: CONSIDERANDO:
Lo resuelto en el Acuerdo precedente:
El Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar a la acción de amparo articulada en los términos del art. 1 de la ley 23.592 por DANIEL HUGO BAEZ contra la MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI, determinándose la nulidad del acto administrativo decreto 1.497/10, por resultar ilegítimo (arts.28, 33 Constitución Nacional; art. 15 Constitución Provincial; arts. 103, 108 ordenanza general 267/80) y lesivo de las garantías legales y constitucionales de no discriminación, por lo que se condena a la demandada para que en el plazo de diez día de notificada la presente se reincorpore al citado actor, a su puesto y lugar de trabajo y en idénticas condiciones laborales a las que detentaba hasta el 5 de mayo de 2.009 (art. 1 ley 23.592; Preámbulo y los arts. 14 bis, 16, 31, 33 y 75 inc. 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional; Tratados Internacionales integrados al bloque de constitucionalidad que preservan la igualdad ante la ley y repudian la discriminación y de los arts. 11 y 39 inc. 2 y 3 de la Constitución provincial). 2) Condenar asimismo a la parte demandada a abonar al actor los salarios que se hubieren devengado desde el 1 de setiembre de 2.010 hasta el momento de su efectiva reincorporación, con más la adición, a la suma que resultare, de los intereses a tasa activa desde que cada suma fue debida hasta su efectivo pago, en los términos de la ley 14.399, lo que arroja a la fecha de esta sentencia la suma de pesos, por dicho concepto (art. 1.050 y cc. Código Civil), que deberá ser depositada a la orden de autos, en una cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Centro. 3) Declarar abstracto el tratamiento del reclamo salarial concerniente al lapso de suspensión preventiva del actor determinado por decretos 670/10, 762/10, 1.057/10 y 1387/10, entre el 6 de mayo de 2.010 y el 20 de agosto de 2.010, atento a que los mismos han sido materia de conciliación y pago en los autos caratulados “Baez Hugo Daniel c/ Municipalidad de Berazategui s/ amparo” que tramitaran por ante el Tribunal del Trabajo n° 2 de Quilmes, conforme se acreditó en el acto veredictal de autos. 4) Rechazar el planteo de amparo sindical articulado por la vía del art. 47 de la ley 23.551, por falta de legitimación activa del actor y por carecer de aptitud la referida vía para obtener la anulación del acto rescisorio y posterior reincorporación del solicitante (doctr. Art. 47 ley 23.551; jurisprudencia citada) 5) Rechazar el planteo de nulidad del decreto 1497/10 por vicios de procedimiento, por no haberse acreditado la entidad nulificatoria de las anomalías detectadas en el sumario administrativo analizado en autos; 6) Imponer las costas a la parte demandada Municipalidad de Berazategui, en su calidad de vencida (arts. 19 y 20 ley 11.653), a cuyo fin conforme a la singularidad del caso, el mérito y eficacia de la labor desarrollada y el resultado obtenido, propongo regular los honorarios del Dr. Enrique Eliseo Espínola Vera; Gustavo Alejandro Campos; Mariana del Carmen Bello; Mónica Lilian Maldonado; Anahí Ayelen Juncal; con más los aportes de ley e IVA si correspondiere (arts. 26, 21, 23, 51 y conc. Ley 8904, ley 6716). Regístrese. Notifíquese y oportunamente archívese.
GASTON DARIO POLICICCHIO
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