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Informe Mayo 2015 Registros Mercantiles. Emisión de obligaciones y estatutos. | Notarios y Registradores
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Informe Mayo 2015 Registros Mercantiles. Emisión de obligaciones y estatutos.
Admin, 22/06/2015
Cuestión de interés: Emisión de obligaciones y estatutos de limitadas
José Angel García Valdecasas Butrón. Registrador Mercantil de Granada.
1. Como disposiciones de interés general para los RRMM y de BBMM publicadas en el mes de mayo destacamos las siguientes:
— El Real Decreto 358/2015, de 8 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre. De él destacamos, por su posible incidencia mercantil, que se establecen requisitos de idoneidad para consejeros y directores generales y se da un plazo de tres meses para su renovación si los vigentes no los reúnen.
— La Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, denominaciones que estimamos deberán tenerse en cuenta a los efectos de no poder identificarse con las denominaciones de sociedades y ello porque los nombres protegidos por estar asociados con una DOP o IGP supraautonómica son bienes de dominio público estatal que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen. Es decir que una sociedad no podrá tener como denominación la de una DOP o de una IGP.
— Real Decreto 385/2015, de 22 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado» que permite que los ciudadanos puedan tener conocimiento del cualquier notificación que les afecte con independencia del canal por donde venga. A los RRMM les prestará una gran utilidad en los expedientes de designación de auditores por la vía del Art. 265.2 de la LSC, pues en muchas ocasiones es difícil que en la sede de la sociedad se recoja la notificación que les dirige el RM.
— La Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal que extiende el régimen que para los convenios preconcursales estableció la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, al propio convenio concursal. Aprovecha para modificar el TRLSC en los términos que después veremos
— La Resolución de 10 de abril de 2015, estableciendo que las declaraciones genéricas sobre privacidad en general de bienes que se encuentren en determinadas situaciones no puede producir efectos.
— La resolución de 16 de abril de 2015, de la que resulta que el registrador puede rectificar de oficio errores materiales en todo caso, o errores de concepto que resulten del propio Registro. En otro caso se deben seguir las reglas generales y en todo supuesto será necesario que no existan terceros afectados.
— La Resolución de 9 de abril de 2015, sobre fusión de sociedades unipersonales exigiendo que en la escritura se manifieste de forma expresa que ha sido puesto a disposición de los acreedores el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, ya se haga la publicidad de forma pública o privada.
— La Resolución de 15 de abril de 2015 sobre la no posibilidad de revocación de un poder por uno sólo de los administradores mancomunados.
Vamos a tratar de una reciente modificación del TRLSC que puede tener incidencia en la redacción de los estatutos sociales que se inscriben en los RRMM y por tanto también en las escrituras que con dicha finalidad se otorguen. El problema fue planteado por Belén López Espada, registradora mercantil de Jaén, ante unos estatutos que contenían la prohibición para la sociedad de emitir obligaciones.
— Esta modificación es la de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
Esta Ley deroga de forma expresa el artículo 402 de la LSC que establecía que “la sociedad de responsabilidad limitada no podrá acordar ni garantizar la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones”.
Por tanto elimina la prohibición que desde la Ley 2/1995 tenían las sociedades limitadas para emitir obligaciones. Sin duda se pretende con ello dar una nueva vía de financiación a este tipo de sociedades, que son más del 95% del total de las sociedades españolas permitiéndoles la emisión de valores que creen o reconozcan una deuda. No creemos que la medida tenga gran éxito, ni que sea de uso generalizado, pero siempre es alabable el eliminar cortapisas y prohibiciones que no siempre están debidamente justificadas.
El problema que se plantea, como siempre con este tipo de normas, es de derecho transitorio y de validez de las cláusulas que existen en muchos estatutos inscritos que reproducían el ya derogado artículo 402 de la LSC, heredero del artículo 9 de la Ley 2/1995.
La cuestión que se plantea es a nuestro juicio doble:
¿Siguen siendo válidas las prohibiciones contenidas en estatutos inscritos que reproduciendo el artículo 9 de la Ley 2/1995 o 402 de la LSC, prohibían a la sociedad emitir obligaciones?
¿Sería válido en la actualidad, derogada la prohibición, establecer esa limitación de forma voluntaria en los estatutos de una sociedad?
Para contestar debidamente a ambas preguntas creo que debemos examinar el nuevo artículo 401 de la LSC que es que actualmente regula la emisión de obligaciones por las sociedades de capital.
Dice este artículo en su punto 1 que “las sociedades de capital podrán emitir y garantizar series numeradas de obligaciones u otros valores que reconozcan o creen una deuda”.
¿Cuál será la naturaleza del precepto?
Si su naturaleza fuera imperativa es claro que las disposiciones estatutarias existentes en las sociedades inscritas con anterioridad quedarían sin efecto ni vigor en virtud de la llamada adaptación legal, concepto introducido por primera vez en la DT 2 del RDLeg 1564/1989 de 22 de diciembre por el que se aprobó el TR de la LSA, norma que después se reprodujo en disposición similar, transitoria 1ª, de la Ley 2/1995 de sociedades limitadas. Según estas disposiciones, que creemos aplicables en la actualidad, pese a su derogación, quedaban sin efecto a partir de su entrada en vigor aquellas disposiciones de las escrituras o estatutos sociales que se opongan a lo establecido en la propia ley.
Si la naturaleza de la norma del artículo 401 fuera meramente dispositiva tanto las disposiciones existentes en la estatutos inscritos, como la posibilidad de seguir estableciendo esa prohibición en los estatuto actuales sería perfectamente posible.
La naturaleza de la disposición, obviamente, no es imperativa, pues en ningún caso obliga a que en los estatutos de las sociedades que se constituyan a partir de ahora se incluye una cláusula sobre la cuestión o que las sociedades para su financiación tengan obligatoriamente que utilizar la vía de la emisión de obligaciones. Es algo tan claro que caso no habría ni que plantearlo.
Sin embargo la disposición tampoco es claramente dispositiva, pues para que lo fuera debería haber dicho que “salvo que los estatutos digan otra cosa” las sociedades de capital podrán emitir obligaciones.
La norma se enmarca en lo que puede llamarse derecho facultativo o permisivo es decir se trata de normas que establecen una posibilidad, que podrá o no ser utilizada, para la financiación de las empresas por un medio que debemos reconocer no es el normal y habitual en las pymes.
Una vez establecida la naturaleza de la norma tenemos que examinar si la misma puede ser renunciada de forma anticipada, es decir si en los estatutos de la sociedad podemos establecer que la sociedad no podrá en ningún caso financiarse recurriendo a la emisión de obligaciones.
La financiación, qué duda cabe, es muy importante para las empresas pero también lo es para la economía en general pues de una adecuada financiación va a depender en gran parte el futuro funcionamiento de la sociedad. A veces son errores de los departamentos financieros de las empresas los que provocan la insolvencia de estas. Por tanto el que las sociedades limitadas se puedan financiar por medio de la emisión de obligaciones es importante para la economía en general y sin duda ello ha sido uno de los motivos de la reforma, pues como dice la exposición de motivos de la Ley “se facilita la financiación a través de emisiones de renta fija”. Por consiguiente desde este punto de vista pudiera pensarse que la norma pertenece al orden público económico y que por tanto no puede ser objeto de renuncia anticipada como tampoco lo puede ser, por ejemplo, el derecho de suscripción preferente de los socios en los aumentos de capital.
No obstante si tenemos en cuenta que la emisión de obligaciones es sólo uno más entre los medios que las empresas tienen de financiar sus inversiones, que la competencia de la emisión es del órgano de administración, salvo disposición contraria de los estatutos, que la misma ley en materia de sociedades limitadas y emisión de obligaciones establece una serie de cortapisas para evitar el endeudamiento excesivo de las pymes, nos inclinamos a pensar que es perfectamente posible que los fundadores de la sociedad o la misma sociedad una vez constituida, con las mayorías necesarias para modificar estatutos, puedan seguir prohibiendo que la sociedad limitada se financie por medio de la emisión de obligaciones.
Desde este punto de vista seguirán siendo válidas las cláusulas actualmente existentes en los estatutos de muchas sociedades limitadas que reproducían el antiguo artículo 9 y seguirán siendo inscribibles los estatutos que establezcan dicha prohibición.
Ahora bien, si estimamos que es válida la prohibición estatutaria para las limitadas de emitir obligaciones ¿lo será también para las anónimas? Ambas son sociedades de capital y por tanto parece que a ambas se les debe aplicar la misma doctrina. No obstante si tenemos en cuenta las mayores dimensiones de la sociedad anónima y el que a este tipo de sociedad no se le ponen las limitaciones al endeudamiento por este medio que se le imponen a las limitadas, creemos que para las anónimas quizás no sea posible establecer esa prohibición en estatutos. Iría contra ese orden público económico a que antes aludíamos y contra la posibilidad de que siempre han gozado estas sociedades de financiarse por medio de la emisión de obligaciones.
b) Tres meses a contar desde la fecha en que la CNMV publique los desarrollos necesarios al efecto, para proporcionar en su página web la información prevista en el artículo 31 terdel Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero (obligaciones de publicidad en materia de gobierno corporativo y política de remuneraciones).
a) Se añade la Sección del Tribunal Constitucional(hasta ahora es un suplemento), pero no se le da numeración romana (que hubiera sido la VI, o correr las otras).
b) Se crea el Suplemento de notificacionesde carácter independiente.
a) Se excepcionadel acceso público a las notificaciones, su búsqueda o impresión, pasados tres meses desde su publicación.
b) Después de esa fecha, se requerirá el código de verificacióndel correspondiente anuncio de notificación, que tendrá carácter único y no previsible. Dicho código solamente podrá ser conservado, almacenado y tratado por el interesado o su representante, así como por los órganos y Administraciones que puedan precisarlo para el ejercicio de las competencias que les corresponden.
c) La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estadofacilitará, previa solicitud, la información contenida en el anuncio de notificación únicamente al interesado o su representante, al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo, y a los Jueces y Tribunales.
a) Los originales destinados a la publicación en las secciones I, II, III y del Tribunal Constitucionalse remitirán en formato electrónico. Las especificaciones las fija el Ministerio de la Presidencia.
c) Los originales destinados a la publicación en el Suplemento de notificacionesse remitirán mediante el sistema automatizado de remisióny gestión telemática previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con las garantías, especificaciones básicas y modelos que se establecen en la D. Ad. 1ª de este real decreto.
d) Desaparece la posibilidad de envío en papelcon la excepción de lo indicado en la D. Tr. Única.
A) Valoración.Se introducen previsiones análogas a las de la disposición adicional cuartade la Ley Concursal relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los 90 y 94. Para obtener el verdadero valor de una garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. Se reduce dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, por los costes y dilaciones de la ejecución. Transcribimos parte del art. 94.5:
B) Quórum de la Junta.Se amplía el quórum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo tenían, como los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso, exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial con el deudor. Hasta ahora sólo se les reconocía derecho de voto en algunos casos como cuando la adquisición hubiese sido a título universal. Para evitar el riesgo de concierto fraudulento con el deudor, se reforma no solamente el artículo 122sino también el 93 para hacer un listado más amplio de personas especialmente vinculadas.
C) Efectos del convenio.Se retoca, al respecto, el artículo 100, señalando que los acuerdos de aumento de capital requeridos cuando se trate de capitalización se adoptarán con las mismas mayorías previstas en la 4ª.
D) Votaciones y mayorías. Se levanta la limitación general que con anterioridad existía para los efectos del convenio (quitas del 50 por ciento y esperas de cinco años) pero, para superar dichos límites, se exige una mayoría reforzada del 65 por ciento. A efectos del cómputo de las mayorías se consideran incluidos en el pasivo ordinario del concurso los acreedores privilegiados que voten a favor de la propuesta.
E) Información a los acreedores. La información relativa tanto al convenio como al informe de los administradores y sus impugnaciones será comunicada telemáticamentea los acreedores de los que conste su dirección electrónica, facilitando así un conocimiento más rápido de determinados trámites del proceso concursal.
F) Empresas concesionarias.Se introduce una nueva disposición adicionalque regula el régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las Administraciones Públicas. En esencia, se respeta la normativa especial y se prevé la tramitación acumulada de todos los procesos concursales declarados en relación con tales entidades.
A) Subrogación y exención de responsabilidad.Se introduce la subrogación «ipso iure» del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente (artículo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo en determinados casos especiales como las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores.
B) Cesión en pago y retención para impugnaciones.Se introducen en el artículo 148previsiones adicionales respecto a la cesión en pago o para pago y una previsión novedosa consistente en que el juez pueda acordar la retención de hasta un 15% de la masa activa destinado a satisfacer futuras impugnaciones.
C)Reglas legales de liquidación. Se aclara el alcance del artículo 149determinando qué reglas del mismo tienen carácter supletorio y cuáles de ellas deberán aplicarse en toda liquidación, haya o no plan de liquidación.
D) Ejecución de bienes con privilegio especial.Se modifica el artículo 155para establecer que cuando se ejecuten bienes o derechos afectos a un crédito con privilegio especial, el acreedor privilegiado se hará con el montante total obtenido que no exceda del crédito originario. De este modo, no se alteran las garantías registradas ni las reglas establecidas para su ejecución.
A) Término “clase”. En el 167se clarifican las dudas interpretativas existentes en torno al término «clase», acogiendo la interpretación amplia desarrollada en la práctica judicial que incluye en tal «clase» a un grupo de acreedores que reúnan características comunes aunque tal grupo no comprenda a todos los de la misma clasificación concursal, a los efectos del tratamiento otorgable en la sección de calificación respecto a propuestas de convenio no gravosas. Se relaciona con la nueva definición del término clase en el 94.2(acreedores laborales, públicos, financieros y resto).
B) Mejoras técnicas.Se introducen mejoras técnicas en diversos artículos del Título VI, “De la calificación del concurso para aclarar su redacción o ajustarla a la del citado artículo 167.
A) Bien necesario para continuar la actividad económica.Se modifica el artículo 5 bispara establecer que, en caso de controversia, será el juez del concurso quien ostente la competencia para determinar si un bien es o no necesario para la continuidad de la actividad económica del concursado.
B) Acuerdos sindicados.En el artículo 71 bisse regula el régimen de votación en el seno de acuerdos sindicados y en la disposición adicional cuarta se introducen una serie de modificaciones para aclarar el régimen de votación en el seno de acuerdos sindicados
C) Valor razonable. También en la disposición adicional cuartase precisa, a efectos de determinar el valor razonable de los bienes dados en garantía, que éste no podrá exceder del valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado.
Alhama de Granada. Termas romanas.
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 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 402
 artículo 402
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 401
 artículo 401
 artículo 9
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 122
 artículo 100
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 155
 artículo 167
 artículo 5
 artículo 71