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Timestamp: 2018-08-16 06:50:36+00:00

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Resolución de TEAC, 00/3079/2003, 18-05-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3079/2003 de 18 de Mayo de 2006
Fecha: 18 de Mayo de 2006
Núm. Resolución: 00/3079/2003
A efectos de la aplicación del recargo del artículo 61.3 de la LGT (Ley 230/1963 redacción Ley 25/1995) por presentación fuera de plazo sin requerimiento previo, el período voluntario de declaración del Impuesto sobre Sociedades 1999 (modelo 220 régimen de Balances Consolidados) finaliza 25 días naturales después de la publicación en el BOE de la Orden Ministerial que establece la forma de la declaración, aunque haya finalizado el plazo de presentación sin que se hubiera aprobado dicha Orden Ministerial. No es obstáculo que la Delegación de la AEAT no pusiera a la venta los impresos oficiales hasta fecha posterior, pues el modelo que debía utilizar se recoge en los Anexos VII y VIII de dicha Orden (modelos en ptas y en euros, respectivamente), y la forma y lugar de presentación, en los apartados séptimo y octavo de la misma.
En la Villa de Madrid, a 18 de mayo de 2006 vista la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por la entidad ..., S.A. (en su calidad de sociedad absorbente de ..., S. A.), y en su nombre y representación por Don ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo del Inspector Jefe de la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas de 24 de junio de 2003 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la entidad contra la liquidación de un recargo por presentación fuera de plazo, sin requerimiento previo, de la declaración-liquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades (régimen de declaración consolidada) del ejercicio 1999.
PRIMERO.- Con fecha 17 de diciembre de 2002 el Inspector Jefe de la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas dictó acuerdo por el que se liquidaba a la hoy reclamante un recargo del 5% por haber presentado fuera de plazo sin requerimiento previo, la declaración-liquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1999 (modelo 220 régimen de Balances Consolidados). En esta liquidación se considera que el plazo para presentar la declaración en período voluntario finalizó el 24 de abril de 2000 (transcurridos 25 días naturales desde la publicación en el BOE del 28 de marzo de 2000 de la Orden que aprobó los modelos de declaración para dicho ejercicio), por lo que habiéndose presentado la declaración el 30 de mayo de 2000, se produjo un retraso de 36 días (inferior a tres meses). Ello implica, conforme a lo previsto en el artículo 61.3 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, según redacción dada al mismo por la Ley 25/1995, de 20 de julio, la aplicación de un recargo del 5% de la cantidad ingresada, lo que determina una deuda tributaria por este concepto de 14.670.709 ptas (88.172,74 €). Este acuerdo fue notificado a ..., S.A. el 2 de enero de 2003.
SEGUNDO.- Disconforme con el mismo, la entidad interpuso el día 20 de enero siguiente recurso de reposición en el que hace constar, en síntesis, que como consecuencia de la fusión por absorción de ..., S.A. (en cuyos derechos y obligaciones tributarias se subrogó ..., S.A. como entidad absorbente) debía presentar declaración por el Impuesto sobre Sociedades por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de julio de 1999. El 24 de febrero de 2000 (dentro de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo de la entidad absorbida) se intentó presentar la declaración-liquidación del mencionado impuesto, si bien no fue posible porque en esa fecha no estaba aprobada la Orden Ministerial que regulaba el modelo de presentación de la declaración del ejercicio 1999, y la declaración efectuada utilizando el modelo del ejercicio 1998 fue rechazada por la entidad bancaria.
El modelo de declaración del ejercicio 1999 fue aprobado por la Orden de 22 de marzo de 2000, publicada en el BOE del día 28 de ese mes, y los impresos correspondientes no fueron puestos a la venta en la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de ... hasta finales de mayo de 2000. Una vez que estos impresos estuvieron disponibles, la empresa procedió, de forma inmediata, a su cumplimentación y a realizar el ingreso correspondiente, por lo que se considera improcedente la liquidación de un recargo por presentación fuera de plazo.
TERCERO.- El citado recurso fue desestimado por acuerdo del Inspector Jefe de la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas de fecha 24 de junio de 2003, notificado a la entidad el 2 de julio siguiente.
CUARTO.- Contra el citado acuerdo se interpuso el 18 de julio de 2003 reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central. Puesto de manifiesto el expediente, se reiteran, en esencia, las alegaciones realizadas ante el Inspector Jefe de la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas insistiendo en que la entidad se interesó reiteradamente ante los funcionarios de esa Unidad acerca del modo de cumplir con sus obligaciones tributarias, no obteniendo ninguna respuesta alternativa, salvo la de esperar a que se dispusiera de los impresos oficiales. Se añade que no es procedente considerar que el plazo voluntario para la presentación de la declaración finalizara 25 días después de la entrada en vigor de la Orden de 22 de marzo de 2000, pues ni la redacción entonces vigente del artículo 142.1 de la Ley 43/1995 ni la citada Orden Ministerial establecían tal plazo.
PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en única instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo la cuestión a resolver si procede la liquidación de un recargo del 5% por presentación de la declaración-liquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1999 fuera de plazo sin requerimiento previo.
SEGUNDO.- El artículo 61.3 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según redacción dada al mismo por la Ley 25/1995, de 20 de julio, dispuso:
"Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán un recargo del 20 por 100 con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse pero no de los intereses de demora. No obstante, si el ingreso o la presentación de la declaración se efectúa dentro de los tres, seis u doce meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo único del 5, 10 ó 15 por 100 respectivamente con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse".
La obligación de presentar declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades se regula en el artículo 142.1 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, que según la redacción vigente para los períodos impositivos iniciados antes del 1 de enero de 2001, establecía:
"Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar y suscribir una declaración por este impuesto en el lugar y en la forma determinados por el Ministro de Economía y Hacienda.
La declaración se presentará en el plazo de los veinticinco días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo".
Añadiendo el artículo 143.1 de la misma Ley que:
"Los sujetos pasivos, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la deuda correspondiente e ingresarla en el lugar y en la forma determinados por el Ministro de Economía y Hacienda".
Se deduce de los preceptos trascritos que existe una obligación legal de cumplimentar la declaración por el Impuesto sobre Sociedades y de ingresar la deuda correspondiente en el lugar y la forma que determine el Ministro de Economía y Hacienda. Por tanto, si llegado el vencimiento del plazo de presentación de la declaración, no se hubiese determinado mediante la correspondiente Orden Ministerial la forma y el lugar de presentación de la misma, deberá esperarse a la aprobación del correspondiente modelo de declaración y cumplimentarse en los términos que establezca la Orden Ministerial.
Una vez aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado esta Orden Ministerial, cabe preguntarse cuál es el plazo para presentar la oportuna declaración. Y a este respecto, si bien es cierto que el artículo 142 de la Ley 43/1995, según la redacción entonces vigente, no preveía este caso particular, este Tribunal considera correcto el criterio de la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas según el cual, existiría un plazo de veinticinco días naturales tras la entrada en vigor de la Orden Ministerial para la presentación de la declaración, pues ello supone, en definitiva, posponer la aplicación del plazo de veinticinco días que establece la Ley hasta el momento en que, además de haber transcurrido seis meses desde la conclusión del período impositivo, es materialmente posible presentar la declaración en los términos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, por estar la Orden correspondiente debidamente aprobada y publicada.
TERCERO.- En el presente caso, y según consta en el expediente, el período impositivo de ..., S.A. finalizó el 30 de julio de 1999 como consecuencia de su fusión por absorción con la entidad ..., S.A. Según ello, en principio, la declaración del ejercicio 1999 debía presentarse antes del 25 de enero de 2000. Sin embargo, en esta fecha no se había aprobado aún la Orden Ministerial que estableció los modelos de declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1999 y las instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso. Dicha Orden no se aprobó hasta el 22 de marzo de 2000, siendo publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de marzo siguiente. Por tanto, y de acuerdo con lo expuesto en el fundamento de derecho anterior, el plazo voluntario para la presentación de la declaración terminó el 24 de abril de 2000, esto es, veinticinco días naturales después de la publicación.
La reclamante debió presentar la declaración antes de esta fecha, y ello aunque la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de ... no pusiera a la venta los impresos oficiales hasta el mes de mayo, según se alega. Una vez publicada la Orden Ministerial el contribuyente ya podía cumplimentar la declaración, pues el modelo que debía utilizar se recoge en los Anexos VII y VIII de dicha Orden (modelos en ptas y en euros, respectivamente), y la forma y lugar de presentación, en los apartados séptimo y octavo de la misma. Nada nuevo aporta la puesta a la venta de los impresos oficiales, que constituye únicamente una forma de facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Sin embargo, la reclamante no presentó la declaración hasta el 30 de mayo de 2000, por lo que se produjo, tal y como mantiene el órgano de gestión, un retraso de 36 días que, al ser inferior a tres meses, determina la aplicación de un recargo del 5% de la cantidad ingresada, conforme a lo previsto en el artículo 61.3 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, según redacción dada al mismo por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
CUARTO.- No obstante lo anterior, ha de tenerse en cuenta la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuyo artículo 10.2 dispone:
"Salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo período impositivo se inicie desde ese momento.
No obstante, las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado".
Debe, por tanto, analizarse si la nueva regulación de los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo prevista en el artículo 27 de la Ley 58/2003 resulta más beneficiosa a la interesada para proceder, en su caso, a su aplicación. Y a este respecto se comprueba que la nueva normativa establece también un recargo del 5% para los casos, como el presente, en que la declaración se presente dentro de los tres meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso, por lo que la misma no resulta más favorable a la interesada, debiendo, en consecuencia, confirmarse tanto la liquidación practicada como el acuerdo aquí impugnado por el que se desestima el recurso de reposición planteado por la entidad.
EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, vista la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por la entidad ..., S.A. (en su calidad de sociedad absorbente de ..., S.A.), y en su nombre y representación por Don ..., contra el acuerdo del Inspector Jefe de la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas de 24 de junio de 2003 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la entidad contra la liquidación de un recargo por presentación fuera de plazo, sin requerimiento previo, de la declaración-liquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades (régimen de declaración consolidada) del ejercicio 1999, ACUERDA: Desestimarlo y confirmar el acuerdo impugnado.
Recargo por presentación extemporánea
Sociedad absorbente
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References: Resolución 
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 artículo 142
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 artículo 142
 artículo 143
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 artículo 61
 artículo 10
 artículo 27
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