Source: http://ivan-cepeda.blogspot.com/2013/03/
Timestamp: 2017-05-27 21:11:09+00:00

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"VAMOS POR LOS DERECHOS" IVÁN CEPEDA COMO REPRESENTANTE A LA CÁMARA 2010–2014: marzo 2013
Iván Cepeda repudió asesinato de líderes en Guaviare y Cauca
El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, deploró el asesinato de los líderes campesinos José Alonso Lozano Rojas, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Región del Río Guaviare Asocatragua, y Gustavo Adolfo Pizo García, presidente (e) de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Totoró (Cauca), Asocat.
José Alonso Lozano Rojas, víctima de desaparición y asesinato, era miembro activo de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente Colombiano DHOC, e integrante del movimiento político Marcha Patriótica en Guaviare, y había sido delegado por esa colectividad para coordinar la movilización por la Paz en dicha región el 9 de abril. El pasado 25 de febrero había denunciado hostigamientos en su contra.
Por su parte, Gustavo Adolfo Pizo García, víctima de un atentado por parte de desconocidos, era expresidente de la Asociación Corregimental de Usuarios Campesinos del corregimiento Gabriel López de Totoró, y era miembro de Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina Anzorc y de la Federación Nacional Unitaria Agropecuaria Fensuagro.
El representante Iván Cepeda aseguró que “es muy grave que justo en el momento en que se está llevando a cabo un proceso en busca de la paz, se presenten hechos como estos contra comunidades que han sido históricamente perseguidas, estigmatizadas, criminalizadas y exterminadas.” El congresista llamó al Gobierno Nacional para que tomen en serio los graves riesgos que corren los líderes de las comunidades y organizaciones sociales, y recalcó la importancia de proteger al movimiento político Marcha Patriótica ante estos hechos criminales.
Finalmente, instó a las autoridades para que inicien cuanto antes las respectivas investigaciones y encuentren a los culpables para evitar que estos crímenes no queden en la impunidad.
Cepeda rechaza medida que permite vigilancia privada en cárceles
Este aspecto contenido en el artículo 26 del proyecto de Reforma penitenciaria y otros como la potestad del director del Inpec para decretar el Estado de Emergencia carcelaria, y la falta de soluciones efectivas en materia de salud, son motivo de preocupación por parte del representante a la Cámara Iván Cepeda. El congresista reiteró que el Gobierno y los legisladores deben escuchar a los internos y acoplar el proyecto de Ley a las realidades de las prisiones.
BOGOTÁ, 22/03/2013. El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda, afirmó que con el texto presentado que el Gobierno Nacional ante el Congreso para reformar el Código Penitenciario y Carcelario, se transgreden los preceptos constitucionales.
Aseguró que con el artículo 26 del proyecto, que contempla que cuando no sea suficiente el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se acudirá a la contratación de vigilancia privada, se viola el principio de responsabilidad estatal sobre la privación de la libertad y la custodia de los presos, las cuales no se le pueden confiar a particulares.
Con respecto al artículo 81, el congresista expresó su preocupación porque se le otorgan facultades excesivas al director del Inpec, en cuanto tendría la potestad para decretar Estados de emergencia penitenciaria en casos especiales, la cual sólo es competencia del Gobierno Nacional, y se autorizan medidas como aislamiento de internos y la aplicación de métodos ‘extraordinarios’ de coerción.
En lo relacionado con la prestación del servicio de salud, Cepeda advirtió que el artículo 55 de la Reforma no soluciona la necesidad que tienen los reclusos de un régimen especial, acorde con situación especial, riegos y morbilidad, pues no entrega las herramientas a través de las cuales los internos pueden hacer efectivo el derecho de acceso a la salud.
Cepeda le reiteró al ministerio de Justicia que se deben realizar teleconferencias con los delegados de los comités de derechos humanos de los internos y presos políticos en los principales centros de reclusión, especialmente los que presenta mayor concentración de población carcelaria, con el fin de recoger las propuestas y preocupaciones sobre la Reforma.
Proponen teleconferencias con internos para consultar Reforma al Código Penitenciario
A través de un derecho de petición dirigido a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, el representante Iván Cepeda propuso la realización de teleaudiencias con los representantes de los reclusos de las cárceles de todo el país para escuchar sus propuestas en la discusión del proyecto de Reforma al Código Penitenciario y Carcelario que será radicado en el Congreso.
BOGOTÁ, 20/03/2013. El representante y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda Castro, le solicitó al ministerio de Justicia desarrollar audiencias vía teleconferencia con los delegados de los comités de derechos humanos de los internos y presos políticos en los principales centros de reclusión, especialmente los que presentan hacinamiento y mayor concentración de población carcelaria, con el fin de recoger las propuestas y preocupaciones de los reclusos con respecto al proyecto de Reforma Penitenciario y Carcelario.
El representante recordó que lleva dos años llamando la atención del Gobierno Nacional sobre la difícil situación por la que atraviesan miles de internos en los establecimientos carcelarios del país y consideró esencial que éstos tengan una participación activa con resultados efectivos sobre el nuevo Código Penitenciario que será tramitado en el Congreso.
“Lo hemos dicho en repetidas oportunidades, los niveles de hacinamiento, la desprotección con respecto a las políticas penitenciaria y carcelaria, la discriminación y estratificación de presos, la falta de atención en salud, hacen que la condición de las cárceles sea alarmante. Por eso, es necesario que para esta Reforma se tenga en cuenta la participación de los internos, que son quienes sufren dicha situación”, dijo Cepeda. El congresista también insistió en que, mientras se aprueba el nuevo Código Penitenciario, el ministerio de Justicia debe poner en marcha los planes de contingencia anunciados para la descongestión carcelaria, con especial atención al grueso número de personas en condición de detención preventiva, que mediante acuerdos con la Fiscalía General, podrían continuar en libertad mientras se definen sus procesos.
Medicina Legal confirma hallazgo de veneno en sitio de reclusión de testigo en caso Guacharacas
Un informe del Instituto de Medicina Legal constató que en el pabellón de alta seguridad, donde se preparan los alimentos de Juan Monsalve, quien declaró en contra del expresidente Álvaro Uribe y Santiago Uribe en septiembre del 2011, se encontró una sustancia altamente tóxica. Monsalve ya había sido trasladado de cárcel después de sufrir un primer atentado contra su vida.
Ante la posibilidad de un nuevo atentado contra el testigo, el congresista Iván cepeda urgió a las autoridades colombianas y a los organismos internacionales para que se extreme la protección a Monsalve y a su familia, como testigo clave en hechos relacionados con el paramilitarismo en Antioquia en la década de los 90.
BOGOTÁ, 19/03/2013. El detallado informe de Medicina Legal, explica que después del análisis toxicológico a un frasco encontrado en el sitio de reclusión de Juan Monsalve, se confirmó que contenía la sustancia denominada Fluoracetato de Sodio. “Compuesto altamente tóxico que es usado como Insecticida y Rodenticida, se comercializa con el nombre de Matarratas Guayaquil, en Colombia está prohibida su venta”, concluyó el dictamen.
En cuanto a los efectos que puede producir dicha sustancia en el ser humano, el Instituto señala que “presenta síntomas generales como náuseas, emesis, sialorrea, irritación, temblores, hipertermia, acidosis metabólica y deterioro del estado mental, la muerte se produce por paro cardiorrespiratorio”.
El representante a la Cámara Iván Cepeda recordó que desde septiembre de 2011 se han venido solicitando medidas especiales de seguridad tanto para Juan Monsalve como para Pablo Hernán Sierra alias “Alberto Guerrero”, quienes señalan la supuesta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en actividades delincuenciales cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia. “No es la primera vez que un testigo de tal importancia y con tanta información sobre hechos de paramilitarismo y que han declarado en contra del expresidente Uribe es intimidado, atacado o asesinado”, señaló Cepeda.
Por tal razón, el congresista les reiteró su solicitud al ministerio de Justicia, al Inpec y a los organismos internacionales para que se extremen las medidas de seguridad para estos dos testigos.
NOTA TOMADA DE : http://www.elespectador.com
El representante por cuyas denuncias la Fiscalía reabrió investigación contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago, explica en qué consiste ese proceso y habla sobre las acusaciones que a su vez le ha formulado el expresidente.
Cecilia Orozco Tascón.- La semana pasada, el expresidente Uribe amplió una denuncia contra usted por presunto abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. Usted, a su vez, lo ha denunciado varias veces ¿Cuántos procesos son, de lado y lado, y por cuáles hechos? Representante Iván Cepeda.- Denuncié penalmente al expresidente Uribe ante la Fiscalía, a su hermano Santiago y a otros de sus socios por homicidio agravado, conformación de grupos paramilitares, tortura, desaparición forzada, entre otros delitos. De igual forma, lo denuncié ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por persecución política a través del DAS (escándalo de las ‘chuzadas’). Y el expresidente me denunció ante la Corte Suprema (por la condición de congresista) por injuria y calumnia así como por supuesta obstrucción a la justicia.
C.O.T.- Hace dos meses la Fiscalía sorprendió al reabrir una investigación preliminar en contra del expresidente, según informó la prensa pero exactamente ¿Por qué se reabrió el proceso?
R.I.C.- Por la responsabilidad que le pueda caber a los denunciados en la conformación de una estructura paramilitar en la hacienda Guacharacas, que perteneció a la familia Uribe. La investigación la conduce la Fiscalía Delegada ante la Corte contra el expresidente, en su condición de exgobernador de Antioquia. Simultáneamente, un fiscal de la Unidad contra el Terrorismo conduce la investigación contra Santiago Uribe y otros socios comerciales y amigos de ellos. En este último proceso he sido admitido como parte civil. Actualmente se practican una veintena de pruebas ordenadas por la Fiscalía. C.O.T.- Se ha dicho que dos exparamilitares llamados Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, rindieron los testimonios que producen la reapertura de la investigación ¿Quiénes son y por qué conocen esos hechos?
R.I.C.- Ambos fueron miembros del Bloque Metro y narran circunstancias en las que asistieron a actos de apoyo político a Álvaro Uribe, siendo ya paramilitares. Monsalve además creció y se crió en la finca Guacharacas, en calidad de hijo del administrador de la hacienda.
C.O.T.- La justicia requiere de mucho más que de dos testimonios de quienes, al fin de cuentas, están presos por delinquir ¿Hay otros elementos probatorios que apoyen esas versiones?
R.I.C.- En el escrito de reapertura de la investigación, la Fiscalía sostiene que existen otros testimonios rendidos por paramilitares ante la Unidad de Justicia y Paz con señalamientos similares a los de Monsalve y Sierra. Significa que múltiples personas afirman lo mismo. Además hay pruebas documentales y fotografías. Son hechos notorios públicamente. A estas alturas, esa circunstancia no debería extrañar a nadie.
C.O.T.- En la ampliación de denuncia del expresidente contra usted, él se refiere a las visitas a las cárceles que usted ha hecho para entrevistarse con estos desmovilizados y conseguir sus testimonios ¿Cuántas veces ha ingresado a los penales y para qué?
R.I.C.- He realizado múltiples visitas a Monsalve pero no con el fin de conducir o manipular su testimonio. Se realizaron esas visitas con el fin de velar por su seguridad. Juan Monsalve es tal vez el testigo más importante que hay en el país en la actualidad. Su vida es en sí misma una prueba: hijo del administrador de la hacienda de los Uribe Vélez, se convierte en su juventud en uno de los integrantes del Bloque Metro y conoce de cerca la historia de masacres, desapariciones y narcotráfico de ese grupo que, según dice, tuvo su centro de operaciones en esa hacienda.
C.O.T.- El expresidente afirma que usted visitó 21 veces a ese preso ¿Es cierto y para qué fue a verlo tantas veces?
R.I.C.- No las he contado pero insisto en que han estado ligadas a su seguridad. Monsalve ha sido víctima de dos atentados. El primero ocurrió en marzo de 2012 en la cárcel de Cómbita y motivó su traslado inmediato a otra penitenciaría. Yo denuncié esa situación en un debate de control político en la Cámara de Representantes. Hace pocos días, guardianes del Inpec encontraron una sustancia altamente venenosa en la cocina donde Monsalve prepara sus alimentos. Esa cocina es de uso exclusivo de unos pocos prisioneros recluidos en un pabellón de alta seguridad, a la cual se supone que nadie más tiene acceso. El Instituto de Medicina Legal adelanta el estudio de esa sustancia. No es la primera vez que un testigo que formula acusaciones contra Uribe y su entorno, es objeto de atentados. C.O.T.- Uribe y su abogado (ver parte superior de esta pág.) también aseguran que usted ofreció beneficios judiciales para que estos dos reclusos declararan contra él y que, además, habría dado dinero a cuatro testigos.
R.I.C.- La única autoridad que puede ofrecer beneficios judiciales es quien administra justicia. Yo solo puedo legislar y realizar control político. No tengo chequera y por sustracción de materia me es imposible girar cheques. Pero si la tuviese, jamás la usaría para comprar testigos. No apelo a las ‘chuzadas’, a la falsificación de pruebas o a los falsos positivos. Lo que he hecho es cumplir con mi deber. C.O.T.- Entonces ¿por qué él afirma eso?
R.I.C.- Uribe quiere hacernos creer que sus acostumbrados montajes y calumnias constituyen un medio de prueba. Recuerde que ese es un método que ha utilizado siempre. Cuando se presentan denuncias e investigaciones que lo comprometen a él o a los suyos, se propone pasar de acusado a acusador bajo el convencimiento de que la mejor defensa es el ataque. Ha aplicado esa táctica en forma sistemática. Le doy ejemplos: el tratamiento dado al ex magistrado Iván Velásquez, a otros magistrados de la Corte Suprema, a Gustavo Petro, a Piedad Córdoba, al Colectivo José Alvear Restrepo, a Daniel Coronell, a León Valencia y a Hollman Morris, entre otros. C.O.T.- Según el expresidente Uribe usted también habría ofrecido, y lo cito textualmente: “la ubicación del preso y de la familia en otro país y en otra ciudad lo que es claramente una obstrucción a la justicia” ¿Hizo esas ofertas?
R.I.C.- No está dentro de mis posibilidades ofrecer la reubicación de personas fuera del país. Además de defensor de derechos humanos, soy parlamentario y como tal tengo la obligación legal y constitucional de poner en conocimiento de las autoridades los hechos delictivos de los que tenga conocimiento. El país sabe que he dedicado todos mis esfuerzos en favor de la verdad, la justicia y la reparación, y, en consecuencia, mal podría auspiciar mecanismos que conllevan a obstruir la administración de justicia. C.O.T.- El expresidente también señaló que una foto que se exhibe como muestra de que el testigo Monsalve vestía uniforme paramilitar en la finca Guacharacas, era, en realidad, una imagen de él en uniforme oficial de la Brigada de Puerto Berrío. ¿Es posible que hubiera confusión entre una prenda y otra?
R.I.C.- Al parecer el expresidente reconoce que esas fotos fueron tomadas en su hacienda, y las explica con un sofisma. Dice que el traje que usa Monsalve tiene las insignias de la brigada del Ejército de la región. No obstante, se sabe que Monsalve no estuvo en el servicio militar. En el mejor de los casos, la explicación de Uribe significaría que en su propiedad había gente armada ilegalmente, que portaba prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, una práctica usual de los grupos paramilitares.
C.O.T.- ¿Por qué se menciona en la investigación contra los Uribe Vélez una convivir (empresas de vigilancia privada creadas en los 90) que se llamaba El Cóndor?
R.I.C.- Porque el entonces gobernador de Antioquia expidió la resolución No. 42378 autorizando el funcionamiento de esa convivir en la zona donde está ubicada Guacharacas. Y luego se supo que al menos tres de sus miembros -incluido Luis Alberto Villegas Uribe, su director, fundador de un cartel de gasolina y narcotráfico, asesinado en un ajuste de cuentas-, eran paramilitares del Bloque Metro en el municipio de San Roque.
C.O.T.- Con todo respeto por usted y su investidura, no es fácil creer que todo un expresidente de la República, a pesar de su conducta conocida como autoritaria y confrontadora, haya estado involucrado en crímenes ¿Cree tener pruebas suficientes? R.I.C.- La Fiscalía tomó su tiempo, durante meses, para valorar la multiplicidad de las pruebas que aportamos. La contundencia de las mismas fue lo que permitió que se reabriera la investigación. Pero usted se sorprende por tratarse de quien fuera presidente. Regularmente, los crímenes de lesa humanidad se cometen por llegar a la cumbre del poder y mantenerse en ella. Ese aspecto insoslayable de lo que ha acontecido en Colombia tendrá que reconocerse algún día. En este caso, he presentado múltiples elementos probatorios testimoniales y documentales sobre la presunta relación de los Uribe Vélez con el paramilitarismo. Es la justicia la que debe valorarlos y decidir. No obstante, de su seriedad habla ya el hecho de que se haya reabierto una investigación, no ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, sino ante la Fiscalía.
C.O.T.- De usted tampoco se puede creer que se haya dedicado a inventar pruebas o pagar testigos, como dicen las denuncias en su contra ¿No es posible que la confrontación política y la guerra mediática, lo hayan obsesionado y lo hagan ver realidades donde no las hay?
R.I.C.- Esta no es una querella personal. Una sociedad es verdaderamente democrática cuando todos, incluyendo a quienes ejercen el poder político en sus más altas esferas, se someten a la ley y, si es el caso, pueden ser llevados ante la justicia. En mis polémicas públicas con el expresidente Uribe y hoy, en los procesos judiciales que se le siguen, esa es mi convicción esencial. La defensa del expresidente
La hacienda Guacharacas, ubicada en el municipio de San Roque, en Antioquia, tiene 2 mil hectáreas y perteneció – aunque algunos sostienen que solo fue vendida parcialmente -, a la familia Uribe Vélez. Esa finca, en donde murió Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente Uribe, cuando la guerrilla trataba de secuestrarlo, es el escenario en donde se habrían cometido varios crímenes del bloque paramilitar Metro. Según la denuncia, basada, entre otros, en el testimonio del hijo del administrador de la finca, el exmandatario y su hermano Santiago habrían permitido la creación y funcionamiento de ese grupo en sus predios. La defensa de Uribe denunció, entonces, por calumnia, injuria y fraude procesal, al representante Iván Cepeda que logró la reapertura de la investigación en enero. El apoderado del exjefe de Estado, Jaime Granados, sostiene que cuando pudo contrainterrogar al testigo, este admitió que solo había visto a Uribe en actos públicos y que no le constaba que él conociera las acciones del bloque Metro. Según el abogado, el propio padre del testigo afirmó que su hijo nunca fue paramilitar y que él y su familia recibieron durante tres meses cheques por $1 millón 200 mil pesos cada vez, como beneficio por las declaraciones contra los Uribe. La XIV Brigada del Ejército que opera en Puerto Berrío apoya la versión del expresidente.
“He denunciado intimidación, robos y seguimientos”
Cecilia Orozco.- Se sabe que usted ha sido amenazado pero ¿con cuánta frecuencia?
Rep. Iván Cepeda.- Desde que llegué al Congreso he afrontado toda clase de hostigamientos e intentos de intimidación. Además de las amenazas, en algunos momentos casi que semanales, he denunciado robo de documentos de mi oficina y seguimientos contra algunos que trabajan conmigo. Hace poco, recibí información de que un grupo paramilitar habría sido contratado por los Gallón Henao para atentar en mi contra. He puesto en conocimiento de las autoridades estos hechos. En Colombia, quienes se han atrevido a buscar y a decir la verdad han pagado un alto precio. Sería indigno de mi parte no estar a la altura de ese legado ético. No me dejaré intimidar.
C.O.- ¿Por qué menciona a los Gallón Henao, recordados por estar involucrados en el asesinato del jugador Andrés Escobar?
I.C.- Debe tomarse en cuenta quiénes son los otros protagonistas de la historia de mis denuncias contra los Uribe Vélez: aquellos que fueron sus amigos y socios comerciales. Santiago Gallón Henao, que pertenece a un clan narcotraficante, se acogió a sentencia anticipada en 2010 y reconoció ser paramilitar. Y uno de sus hermanos fue capturado por la DEA como integrante de una red de narcotráfico. Este es otro capítulo de las relaciones de amistad de los Uribe Vélez.
Corte admite demanda de congresistas contra ampliación del Fuero Penal Militar
La demanda fue radicada el pasado 19 de febrero por los congresistas Iván Cepeda, Germán Navas, Ángela María Robledo y Guillermo Rivera, los juristas Ramiro Bejarano y Santiago Medina, la ONG Comité de solidaridad con los presos políticos y la CCJ.
BOGOTÁ, 14/03/2013. Mediante Auto de 11 de marzo del presente año, con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla, la Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad, por vicios de procedimiento, contra la Reforma del Fuero Penal Militar. Los demandantes alegan que existieron vicios de forma en el proceso de formación del Acto Legislativo número 02 de 27 de diciembre de 2012 y que se violó el principio de unidad de materia.
Representante Cepeda pide al Gobierno acciones de protección y atención integral a mujeres víctimas
A raíz de la muerte de la líder Angélica Bello, el representante Iván Cepeda les recordó a los ministros del Interior y de Salud las obligaciones que tienen ambas carteras en el cumplimiento de una política pública para la atención, protección y reparación de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, dentro de la cual es fundamental la respuesta del Estado en materia de protección y de atención sicosocial.
BOGOTÁ, 11/03/2013. El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda, les dirigió una solicitud a los ministros del Interior, Fernando Carrillo, y de Salud, Alejandro Gaviria, para que cumplan con los preceptos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, en el que se dispone adoptar una política pública nacional de equidad de género que desarrolle planes específicos que garanticen los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento.
Agregó que “la situación de las mujeres desplazadas y víctimas de violencia sexual por causa del conflicto es cada día más penosa. La historia de negación de derechos vivida por Angélica Bello no debe repetirse. La muerte de esta líder resulta indignante, su vida entera estuvo llena de silencios indolentes por parte del Estado, que se expresan en la impunidad en la que se encuentran los hechos delictivos de los que fue víctima, así como en la ausencia de atención sicosocial, de verdaderas medidas de restablecimiento económico y de una respuesta integral en materia de protección”.
El congresista señaló que la Ley 1448 de 2011 ordenó la creación de un programa de rehabilitación que debe incluir medidas individuales y colectivas para las víctimas de conflicto armado, el cual debe contener un fuerte componente de atención sicosocial. Cepeda subrayó que de acuerdo con la ley, el programa debió entrar a operar a más tardar el 10 diciembre de 2011, luego de más de un año desde el vencimiento del plazo el Programa es inexistente.
Del mismo modo, advirtió sobre la necesidad de reforzar las acciones para la protección de mujeres en situación de desplazamiento, dentro del nuevo programa piloto de protección colectiva para este grupo poblacional, anunciado por el ministerio del Interior, cuya implementación estará en manos de la Unidad Nacional de Protección.
Bogotá, 8 de Marzo de 2013
Respetados Ministros, reciban un cordial saludo
El 16 de febrero murió Angélica Bello, defensora de DDHH, mujer en situación de desplazamiento forzado, quien se desempeñaba como representante de las víctimas de violencia sexual en la Mesa Nacional Transitoria, creada a partir de la ley 1448 de 2011. Se deceso ocurrió un día después de habérsele negado por parte de la Unidad de Protección, una nueva reubicación para su familia ante amenazas sufridas en el municipio de Codazzi, departamento del Cesar.
Como consecuencia de estos hechos, el Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón, lamentó lo ocurrido y precisó que “nunca más nuestros compatriotas sufrirán con el silencio indolente”.
La muerte de Angélica Bello resulta indignante, su vida entera estuvo llena de silencios indolentes por parte del Estado, que se expresan en la impunidad en la que se encuentran los hechos delictivos de los que fue víctima, así como en la ausencia de atención sicosocial, de verdaderas medidas de restablecimiento económico y de una respuesta integral en materia de protección.
Es importante recordar que a partir del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, el Alto Tribunal ordenó al Gobierno Nacional la creación de 13 programas para atender la situación de las mujeres desplazadas, entre los que se encuentran: a. El Programa de Prevención del Impacto de Género Desproporcionado del Desplazamiento, mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado, El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas, El Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia contra las Mujeres Desplazadas Líderes o que adquieren Visibilidad Pública por sus Labores de Promoción Social, Cívica o de los Derechos Humanos, El Programa de Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas, y El Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al Sistema de Protección por las Mujeres Desplazadas.
La materialización de los 13 programas durante el Gobierno Uribe Vélez fue altamente deficiente, tres años después de ordenada su creación, la mayoría de programas seguían en etapa de formulación, con fuertes deficiencias en la coordinación institucional y carencias en la disposición de recursos.
En julio de 2011, el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón informó a la Corte Constitucional sobre su intención de fusionar los 13 programas en una única propuesta, a la que denominó “Plan Integral para la Prevención y Atención al Impacto Diferencial y Desproporcionado del Desplazamiento sobre las Mujeres en Colombia”, en respuesta a la orden de la Corte y a la obligación contenida en el artículo 177 de la ley 1450 de 2011 que estableció el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, en el que se dispone adoptar una política pública nacional de equidad de género que desarrolle planes específicos que garanticen los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento. Luego de más de un año y medio, dicho plan que tendrá la forma de un documento CONPES es inexistente. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación y de la Oficina de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, a enero de 2013 el borrador del CONPES se encontraba en etapa de revisión técnica.
Una de las necesidades más sentidas de las mujeres víctimas es la atención sicosocial. Sobre el particular la ley 1448 de 2011 ordenó la creación de un programa de rehabilitación que debe incluir medidas individuales y colectivas para las víctimas de conflicto armado, el cual debe contener un fuerte componente de atención sicosocial. De acuerdo con la ley el programa debió entrar a operar a más tardar el 10 diciembre de 2011, luego de más de un año desde el vencimiento del plazo el Programa es inexistente.
La muerte de Angélica Bello, evidencia que a pesar de la existencia de múltiples obligaciones en cabeza del Gobierno Nacional en materia de atención, protección y reparación a las víctimas de desplazamiento forzado y en especial a las mujeres, su situación no ha mejorado. Por el contrario las mujeres siguen siendo victimizadas, y la precariedad en sus condiciones de vida sigue incrementándose en medio de promesas de ser reparadas.
El 22 de febrero, 6 días después de la muerte de Angélica Bello, el Ministro Carrillo se pronunció sobre los avances en materia de protección de mujeres en situación de desplazamiento, anunciando un programa piloto de protección colectiva para este grupo poblacional, cuya implementación estará en manos de la Unidad Nacional de Protección.
Hoy, 8 de marzo, día internacional de las Mujeres, es oportuno recordar a los dos Ministerios sus obligaciones en la materia, las cuales lejos de cumplirse a través de programas piloto, requiere el cumplimiento de una verdadera política pública para la atención, protección y reparación de las víctimas de desplazamiento forzado y en especial de las mujeres víctimas, dentro de la cual juega un rol fundamental la respuesta del Estado en materia de protección y de atención sicosocial.
La historia de negación de derechos vivida por Angélica Bello no debe repetirse.
El país necesita más participación política de las mujeres: Cepeda
Así lo manifestó el representante Iván Cepeda, al recordar que el porcentaje correspondiente a las mujeres en la composición demográfica del país es del 51%. El congresista les envió a las mujeres su mensaje fraterno por la conmemoración del 8 de marzo y dijo que en el actual proceso de diálogos de paz se debe reconocer la participación de este sector de la sociedad colombiana.
foto de: http://www.militante.org
BOGOTÁ, 08/03/2013. El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro destacó el aporte de las mujeres que trabajan por la defensa de los derechos humanos, por la paz, por sus comunidades en el campo y las ciudades, por las víctimas, por los indígenas y afrodescendientes de Colombia.
El congresista consideró que se debe dar participación a las mujeres en torno a las conversaciones que se adelantan en La Habana en busca de la paz, y que es necesario que el Gobierno avance en políticas públicas para estimular la participación de las mujeres y su designación en distintos ámbitos de poder.
"Es inconcebible que en un país donde el 51% de la población son mujeres, la participación de éstas en la política sea tan baja. Esto debe ser una premisa de los partidos políticos para que amplíen las posibilidades de las mujeres en su organización", expresó.
Para Cepeda, la Ley 581 de 2000 que garantiza la participación de la mujer en las Ramas y Órganos del Poder público, no es un instrumento suficiente para conseguir dicha participación y se requieren estímulos concretos que conduzcan a que más mujeres lleguen a ocupar cargos de elección popular.
FUE UNA MISIÓN SERIA Y AUTORIZADA, SIN ÁNIMOS PROSELITISTAS
Por: Iván Cepeda
PUBLICADO POR: EL COLOMBIANO
7 de marzo de 2013: El viaje tenía el aval del Gobierno y las Farc y se planificó seriamente. No existió ningún interés de hacernos parte del proceso de paz. Esa es una potestad exclusiva del Gobierno.
Quisimos que consideraran preocupaciones y aspectos del proceso que conciernen a la labor legislativa: los tiempos de las sesiones del Congreso y reformas y leyes (Marco Jurídico para la Paz, Ley de Víctimas, Reforma Política). Contextualizarlos, en relación con el proceso.
Aunque no fue una visita de comisiones de paz del Congreso, se advirtió sobre una segunda ronda de mesas regionales. Les pedimos a las Farc avanzar en reconocer a sus víctimas y se abrió una posibilidad seria.
En mi caso, estas interlocuciones por la paz no son nuevas. No las requiero para hacer proselitismo. De los adversos a la paz era previsible la crítica. Igual lo son los celos políticos, normales en el Congreso.
En el Congreso no se hizo una consulta amplia de la visita. Se hizo con quien había que hacerlo (Gobierno y Farc). Quien decidió emprender la gestión y eligió los integrantes del grupo fue el presidente del Congreso, Roy Barreras.
Por hacer gestiones de paz no se deben hacer juicios políticos. Me parecería inconcebible que cualquier persona que intente facilitar un acuerdo de paz en Colombia tenga que sufrir un escrutinio público.
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/U/una_paz_sin_arcas_de_noe/una_paz_sin_arcas_de_noe.asp
Representante Cepeda expresó consternación por muerte del presidente deVenezuela Hugo Chávez
El congresista Iván Cepeda afirmó que desapareció un verdadero líder y un promotor de la unidad en Latinoamérica. Señaló que no cree que este suceso pueda afectar las conversaciones de paz en Colombia, ya que el fallecido presidente cumplió su tarea de acercar al Gobierno colombiano y a las Farc.
BOGOTÁ, 06/03/2012. El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, se mostró conmovido por el deceso del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y aseguró que “su legado quedará incólume en nuestra memoria, por su inigualable liderazgo por la integración latinoamericana, el apoyo a la búsqueda de la paz en Colombia y su entrega al pueblo venezolano”.
Para el congresista, fue esencial el aporte del presidente Chávez para que hoy en Colombia se tenga una mesa de conversaciones entre Gobierno y Farc, y desestimó la posibilidad de que por la pérdida del mandatario venezolano se puedan afectar estos diálogos que se dan en La Habana (Cuba).
“No creo que esto signifique un traumatismo para el proceso, porque estoy seguro de que el nuevo gobierno de Venezuela acompañará las conversaciones en Colombia. Si bien es innegable la influencia del presidente Chávez, la mesa de diálogo tiene una dinámica y no necesita de una mediación permanente, sino de un acompañamiento, que también lo hacen los gobiernos de Noruega y Cuba”, concluyó Cepeda.
OFICINA DE PRENSA 2 comentarios:

References: artículo 26
 artículo 26
 artículo 81
 artículo 55
 resolución 
 artículo 177