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Timestamp: 2020-01-20 14:44:28+00:00

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﻿ Fiscalía investiga la fiesta correísta en la administración y venta de empresa incautada Minga
Publicado el 09/Enero/2019 | REPORTAJE
Son investigados por peculado en la venta de la empresa incautada Minga: Pedro Delgado (primo de Rafael Correa) por su actuación al presidir la Junta del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad; Camilo Samán Salem, ex presidente de la CFN; Gral. Alonso Espinoza como ex presidente de Danielcom y su ex esposa Dalila Vargas, como directiva de Danielcom y de Minga
La CFN firmó un contrato de administración con Danielcom, con una cláusula por la cual se otorgaba la primera opción de compra de Minga a favor de Danielcom, algo ilegal
Danielcom se adjudicó la empresa incautada Minga, siendo la única oferta y pagó por ella con un crédito de la CFN, entidad financiera del estado
La CIDH investiga la legalidad de la incautación de Minga y otras empresas que fueron vinculadas al extinto Banco de Préstamos, durante el gobierno de Correa
La administración estatal de las empresas que tan pomposamente el Gobierno de Rafael Correa incautó, bajo el discurso de lucha contra la corrupción de los banqueros beneficiados por el salvataje bancario, no estuvo exenta de irregularidades durante la revolución ciudadana.
Otra investigación por peculado enfrenta Pedro Delgado, primo de Correa, por sus actuaciones cuando presidió la Junta del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad. En esta trama no está solo. La Fiscalía investiga también a Camilo Samán Salem, ex presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y ex miembro de la Junta del mencionado Fideicomiso, así como al Gral. en servicio pasivo de la FAE, Alonso Espinoza Romero y su ex esposa Dalila Vargas.
El caso ha estado en manos de la Fiscalía desde hace tres años. Es decir, en todo este tiempo no se decidió ni archivar el caso ni formular cargos a ninguno de los investigados.
Hasta el momento, la investigación previa se realiza a las presuntas irregularidades en la valoración y venta de la empresa Minga S.A., que fue propiedad del Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No más impunidad, tras su incautación.
El caso se origina en un examen especial de la Contraloría General del Estado (N° DAAC-0300-2015), remitido al entonces fiscal general, Galo Chiriboga, el 17 de diciembre de 2015.
Al momento, la agente Fiscal Jéssica Córdova, de la Unidad de Flagrancia, está a cargo de la investigación de este tema en el que la Contraloría ya determinó Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), al identificar desde irregularidades en la contratación de los administradores no solo de Minga sino además de Pacific Oil S.A. y Siano S.A (también compañías incautadas), hasta omisiones en sus procesos de venta, como deudas que mantenían con el Estado.
Informe de Indicios de Responsabilidad Penal N° DAAC-0300-2015- del Examen Especial a la Administración de compañías Minga S.A. y Pacific Oil S.A. y a los procesos de valoración y venta de acciones de las empresas Minga S.A., Pacific Oil S.A. y Siano S.A.
Anexo al informe de Contraloria No DAAC-0300-2015, contiene la documentación de sustento que permitió emitir la responsabilidad penal en el venta de la empresa incautada
La Contraloría determinó que Delgado, quien hasta hace 6 años fuera defendido por Correa, cuando ya se lo relacionaba con otros actos reñidos con la ley, aprobó junto a Samán, el 7 de noviembre de 2011, de manera ilegal la entrega de la administración de Minga S.A. a la empresa Danielcom Equipment & Supply S.A., representada por Dalila Vargas Guerra.
Minga es una empresa de servicicios petroleros que empezó a operar en 1977, construye plataformas para pozos, centrales de procesamiento y otras facilidades. Foto: Minga
Tal autorización se tomó sobre la base de un informe elaborado por el cuñado de Delgado: Francisco Endara Clavijo, entonces Coordinador General de la Secretaria Técnica del Fideicomiso AGD – CFN.
Endara junto a Delgado ya fueron sentenciados en 2014 a ocho años de reclusión por peculado bancario en el caso Cofiec, en el cual se benefició al ciudadano argentino, Gastón Duzac, con un crédito concedido de manera ilícita por $800.000. En enero de 2017 la Corte Nacional de Justicia ratificó esta sentencia, en casación, para Delgado, Endara y tres personas más. Ya en este caso apareció involucrada Minga por la concesión ilegal de créditos vinculados por parte de Cofiec a favor de empresas administradas por el Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad. Se determinó que esos créditos vulneraron la Ley general de instituciones del sistema financiero, en su título IX, Capitulo III.
Delgado, quien falsificó su título de economista, viajó a Miami en diciembre de 2012 al matrimonio de su hijo y no volvió. Este 8 de enero, en otro proceso penal en su contra, fue condenado a 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito.
De regreso a las actuaciones oficiales sobre Minga S.A. y Danielcom, el informe favorable que emitió Endara en relación a la entrega de la administración de Minga se dio tras una propuesta que presentó la gerente de Danielcom Equipment & Supply S.A., Dalila Vargas, sin que exista ninguna convocatoria. Además Danielcom, a través de Vargas, conoció los detalles de la valoración y el proceso de venta de Minga S.A., antes de la publicación por la prensa del concurso de ofertas. Y con esta información privilegiada accedió a un crédito de la CFN para comprar Minga.
Vargas, ex esposa del Gral. Alonso Espinoza Romero, ex comandante de operaciones y defensa de la FAE, aparece también en un Informe del Banco Central del Ecuador (BCE) y del Ministerio de Relaciones Laborales (sobre el cumplimiento de tareas oficiales en el exterior) presentado por Pedro Delgado, cuando fue presidente del BCE, como parte de la comitiva gubernamental que viajó a Irán el 14 de febrero de 2012. Vargas ha negado su participación en este viaje, pero aceptó ante la prensa nacional que su hijo Alonso Espinoza Vargas y su esposo, Francisco Avilés, sí participaron. Ellos han dicho que fueron a Irán a buscar financiamiento o alianzas para fortalecer la situación financiera de Minga, lo cual nunca se consiguió.
Estas decisiones irregulares en torno a Minga y otras incautadas es una de las muchas papas calientes que la Fiscalía mantiene en sus manos. Expertos penalistas explican que si bien, judicialmente el peculado es un delito que no prescribe, por lo que una investigación previa puede durar más de dos años, desde el ámbito administrativo es una omisión y una falta grave de la Fiscalía no haber despachado este caso, peor aún al tratarse de peculado.
Pedro Delgado fue pilar fundamental de Rafael Correa en los negocios del Fideicomiso AGD No mas impunidad. La Fiscalía General del Estado en manos de Galo Chiriboga se encargó de anular cualquier investigación de los primos Correa-Delgado
Camilo Saman salió de la esfera pública luego de su gestión en la Corporación Financiera Nacional.
Cómo se tejió esta maraña?
En el 2008 la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), con Carlos Bravo a la cabeza, organizó y ejecutó procesos generales de incautación a las empresas del grupo Isaías, así como también a empresas que las autoridades consideraron vinculadas al extinto Banco de Préstamos.
Sobre este segundo grupo, el 27 de agosto de 2008 la AGD (mediante Resolución AGD-GG-2008-43), dispuso la incautación de todos los bienes que sean de público conocimiento de propiedad de los ex administradores y/o ex accionistas de Banco de Préstamos, en la cual se incluyó a Minga S.A., Pacific Oil S.A. y Siano S.A; para que sus recursos sean transferidos a un fideicomiso en garantía hasta que se pruebe su real propiedad. Mientras tanto estableció que dichas empresas sean administradas por el presidente ejecutivo de Petroecuador.
Entonces se delegó al contralmirante Luis Jaramillo Arias, como primer administrador de Minga ya que él presidía la petrolera estatal. Minga contaba con más 30 años de experiencia en la representación de fabricantes nacionales y extranjeros de equipos petroleros, así como en servicios de mantenimiento y operación de maquinaria para ese sector.
La AGD (mediante Resolución AGD-UIO-GG-2009-018) el 3 de febrero de 2009, declaró que la compañía Minga S.A. era de propiedad de los accionistas del Banco de Prestamos y resolvió que la totalidad del paquete accionario pasara a la AGD. El 18 de marzo y el 20 de agosto de 2009 (con resoluciones AGD-UIO-GG-2009-029 y AGD-UIO-GG-2009-90) respectivamente, se resolvió lo mismo en relación a Pacific Oil S.A. y a Siano S.A.
En el caso de Minga, desde el 19 de mayo de 2009, fecha en que sus acciones pasaron al Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No Más Impunidad, hasta el 2011, la compañía estuvo administrada por varios gerentes nombrados por la Junta del Fideicomiso, función cumplida únicamente con el nombramiento respectivo.
Pero luego, este modus operandi cambió. Tras una denuncia presentada el 26 de diciembre de 2013, en la Contraloría, en la Presidencia de la República, Superintendencia de Bancos y Fiscalía General, por parte de familiares del ex accionista del Banco de Préstamos ya liquidado, el organismo de control investigó (entre el 19 de marzo de 2009 y el 31 de julio de 2014) los antecedentes que permitieron a Danielcom hacerse cargo de la administración de Minga y sus procesos de valoración y venta.
En su informe, la Contraloría detalló cómo Danielcom, sin que exista una invitación a presentar ofertas o algún otro antecedente formal de que se requería contratar servicios de administración para Minga, el 20 de septiembre de 2011, dirigió un oficio a Francisco Endara, entonces coordinador de la Secretaria Técnica del Fideicomiso AGD-CFN, con una propuesta para operar Minga S.A., Pacific Oil S.A., Inmopetrosa S.A. y Servicios Technicos Petroleros del Ecuador NV.
Ya desde esta propuesta para asumir la administración de Minga, Dalila Vargas, gerente de Danielcom, planteó a Endara que se le dé la primera opción de compra de Minga. Es decir, aún no se hacía cargo del manejo de la empresa incautada y ya quería un trato preferencial para el proceso de compra.
Luego, a partir de varias reuniones entre los ejecutivos de Danielcom y personal del Fideicomiso AGD-CFN, el 11 de octubre de 2011 aquella empresa presentó una segunda propuesta en la que incluso sugirió acciones a cumplir para ejecutar el contrato de administración. “Y el Coordinador de la Secretaría Técnica del Fideicomiso AGD - CFN (STF), el 28 de octubre de 2011, solicitó la aprobación de la propuesta de Danielcom para la administración y operación de Minga S.A. y Pacific Oil S.A., en base a los análisis financiero y legal realizados”.
Por lo tanto, la Contraloría observó que “existieron reuniones con los ejecutivos de Danielcom, sin que de esto exista evidencia documental de los puntos a tratarse, previo a la firma del contrato de prestación de servicios de administración de Minga S.A. y Pacific Oil S.A.”
En menos de un mes de estas conversaciones la Junta del Fideicomiso ordenó a la CFN, (fiduciaria que manejaba las empresas) que contrate los servicios de administración de Danielcom.
Por todo esto, la Contraloría estableció que “los miembros de la Junta, con votos a favor de Pedro Miguel Delgado Campaña y Juan Camilo Samán Salem, y voto en contra de Carlos Arsenio Larco Velasteguí, mediante resolución de Junta Virtual 74.08-01 del 7 de noviembre de 2011, aprobaron e instruyeron a la Fiduciaria (CFN), celebrar un "Contrato de Prestación de Administración y Operación" por parte de Danielcom de las empresas MINGA S.A. y PACIFIC OIL S.A., en base al informe realizado por el Coordinador General de la Secretaría Técnica del Fideicomiso, Jaime Francisco Endara Clavijo, respecto de la propuesta de la empresa administradora, sin previo requerimiento o convocatoria del Fideicomiso”.
Es así que el 1 de diciembre de 2011, José Gabriel Apolo, apoderado del Gerente de la CFN, y Dalila Vargas, gerente de Danielcom, firmaron el mencionado contrato con un plazo de 7 años y un valor correspondiente al 25% de las utilidades anuales para Danielcom, garantizándole además la primera opción de compra. Pese a que el Gral (p) Alonso Espinoza en una entrevista concedida al portal La Fuente (28 de agosto de 2018) niega que haya existido una primera y preferente opción de compra para Danielcom, esto sí consta en la cláusula séptima: “DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A. por efecto de este contrato tendrá el derecho a la primera opción para adquirir a la COMPAÑÍA ADMINISTRADA, bajo, el esquema legal correspondiente (venta de activos y pasivos o cesión del cien por ciento de las acciones)…”
Un detalle en este capítulo del manejo oficial de las empresas incautadas, y que no consta en el informe de Contraloría, es que a diciembre de 2011, la principal accionista de Danielcom era la compañía Almara Corp. S.A., con el 71,29 %. El Gral. Alonso Espinoza Romero tenía el 25% del paquete accionario de Almara Corp. y en ese entonces aún se encontraba en servicio activo, es decir era un funcionario público. Pasó al servicio pasivo desde el 12 de octubre de 2012.
Lo que sí determinó la Contraloría es que todo este proceso no cumplió con las modalidades de negociación establecidas en el Reglamento para la Negociación de Bienes de las instituciones del Sistema Financiero sometidas al Control de AGD o de su propiedad.
También en la fase de valoración de Minga, para su posterior venta, se registraron anomalías, según el IRP de la Contraloría. El 20 de agosto de 2013 la Junta de Fideicomiso resolvió contratar a la firma Peritajes, Avalúos e Ingeniería (Pavaing S.A.) para la valoración de los paquetes accionarios de 24 empresas incautadas. Ese mismo día la CFN y Pavaing firmaron un contrato por $10.750, con un plazo de 20, días para que la avaluadora actualice el valor comercial de Minga.
Un primer elemento que llamó la atención fue que el informe de valoración tiene fecha 17 de agosto de 2013, es decir, estuvo listo 3 días antes de la firma del contrato. Otra inconsistencia: el asesor administrativo de la Secretaría Técnica presentó su informe sobre el trabajo de Pavaing a la Junta del Fideicomiso el 16 de agosto de 2013, cuatro días antes de la firma del contrato, documento en el que además ya se recomienda que para la negociación de Minga se utilice la valoración de $882.853,34. Ósea antes de firmar con la avaluadora ya estaba decidido el valor base para la venta.
En el avalúo se expusieron tres metodologías de trabajo:
Dentro de la valoración por patrimonio se presentó el sistema de valoración en libros (resultado de dividir el valor del patrimonio para el número de acciones), por el cual se determinó la cifra de $882.853,34, mientras que por el sistema de valor patrimonial ajustado, el avalúo fue de $1’312.073,52.
Sobre la valoración de mercado Pavaing indicó que no había una empresa de similares condiciones a las de Minga y que por eso no se emitía una proyección en ese sentido. Y por el método de flujos descontados (flujos de dinero que se puedan generar en el futuro) se presentaron tres escenarios. El optimista estimó un valor de $1’045.676,88; el normal, $123.021,13 y el pesimista, - $1’179.139,35.
La Contraloría resaltó las significativas variaciones de los resultados con el método de flujos descontados, como por ejemplo la diferencia entre el escenario optimista y el escenario normal que fue de $922 655,75.
El 5 septiembre de 2013, la Junta del Fideicomiso aprobó las valoraciones hechas por Pavaing a más de una veintena de empresas incautadas, entre ellas Minga:
El órgano de control recalcó que en el valor utilizado como precio base para el proceso de venta de Minga no se consideró que se trataba de una empresa activa, con operaciones y negocio en marcha; únicamente se valoró sus bienes y obligaciones.
El mismo día (5 de septiembre de 2013), la Junta del Fideicomiso (con resolución JV 135.01.02) ordenó al Comité de Subastas llamar a concurso de ofertas en sobre cerrado para la venta de Minga.
La convocatoria por la prensa se hizo el 7 de octubre del 2013 y el 15 de ese mismo mes se receptó la única oferta participante en el concurso: la de Danielcom.
La Contraloría reveló que Danielcom, que hasta entonces administraba Minga, conoció de los procesos de valoración y venta de la incautada, a través de su representante legal, Dalila Vargas, antes de la publicación del concurso público, lo que se evidenció en una comunicación del 9 de septiembre de 2013, remitida a la CFN, en la cual Vargas solicitó la venta del Certificado de Pasivo Garantizado (CPG) para con ello poder adquirir el 100% del paquete accionario de Minga S.A. Es decir, 28 días antes de la publicación del llamado al concurso.
Danielcom recibió un crédito de la CFN por $706.282,67 en CPG, que junto a $188.717,33 que pagó con cheques certificados completó $895.000 con los que adquirió Minga. El Gral (p) Alonso Espinoza Romero, en calidad de presidente de Danielcom, en noviembre de 2013, dirigió un comunicado al Comité de Subastas para dejar constancia de los pagos de la cifra mencionada.
El 4 de noviembre de 2013 Minga pasó a ser propiedad de Danielcom, pese a que esta compañía al haber sido su administradora estaba prohibida de participar en el concurso, pues la junta del fideicomiso AGD expidió una norma que impedía a personas naturales o jurídicas relacionadas con Minga acceder a su propiedad.
Este no era el único impedimento que tenía Danielcom. El 14 de octubre de 2013, un día antes del remate, el entonces Superintendente de Bancos, Pedro Solines pidió (con oficio No.SBS-2013-733) a Katia Torres, representante legal del Fideicomiso AGD-CFN, suspender el concurso de ofertas. Sus argumentos fueron los reiterados pronunciamientos de esa Superintendencia sobre la no vinculación de María Fernanda y Paulina Peñafiel al extinto Banco de Préstamos y que eso debía ser considerado en cualquier acción que tomara el Fideicomiso. Además señaló que debía revisarse la valuación de los paquetes accionarios y de los bienes para no perjudicar al Estado ni a terceros.
Once años atrás, también el ex Superintendente de Bancos, Miguel Dávila se había pronunciado por la desvinculación de Minga S.A. del Banco de Préstamos.
Ninguno de estos antecedentes se tomó en cuenta y tampoco han sido mencionados en los informes de Contraloría. Lo que este organismo evidenció fue que la vigencia de la publicación del concurso para la venta no solo de Minga, sino también de Pacific Oil y Siano, tuvo un plazo de 8 días calendario, es decir, la mitad del tiempo establecido en la norma, por lo que la Contraloría determinó que con ello se limitó la posibilidad de participación de otros posibles oferentes.
COFIEC dio un crédito a Minga que no fue pagado por Danielcom
Cuando Minga S.A. aún era administrada por el Fideicomiso AGD-CFN adquirió una deuda que no se tomó en cuenta al momento de vender la empresa a Danielcom, generando con ello un perjuicio al Estado. Esta irregularidad fue ya identificada por la Contraloría mediante su examen DAAC-0302-2015, cuyo informe sirvió de base para el informe (DAAC-0300-2015) con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP).
El 6 de abril de 2011 la gerencia de Minga S.A. firmó un pagaré a la orden del Fideicomiso AGD-CFN por $300.000 con un plazo de 180 días y una tasa de interés fija de 8,65%.
En la contabilidad de Minga S.A. se registró el préstamo, en la cuenta por pagar banco COFIEC, de propiedad del Fideicomiso AGD-CFN, mediante comprobante de ingreso (#0001915) de 14 de abril de 2011.
Luego, con comprobante de Diario (#0025225) de 31 de julio de 2011, la contadora de Minga S.A. reclasificó el registro del crédito a la cuenta “Otras Cuentas por Pagar”, con detalle: “Préstamo otorgado por la STF” (Secretaría Técnica del Fideicomiso).
La deuda de $300 mil fue adquirida por la falta de recursos de Minga para cumplir sus obligaciones contractuales. Este detalle hay que tomar en cuenta más adelante porque explicará otros cuestionamientos de la Contraloría a la forma en que la administración de Minga (cuando estuvo en manos de Petroecuador) manejó un contrato de importación de equipos petroleros, sin tener recursos suficientes para asumir esa responsabilidad.
Volviendo a la deuda, cuando se firmó el contrato de venta del 100% de acciones de Minga (4 de noviembre de 2013), entre la CFN y el representante de Danielcom, no se consideró la liquidación de los $300 mil, como una de las obligaciones de la empresa con el Fideicomiso AGD-CFN.
Cuando la Contraloría comunicó los resultados provisionales de su examen (DAAC-0302-2015) a varias ex autoridades del Fideicomiso AGD-CFN, así como al ex gerente de Minga y a Dalila Vargas, gerente de Danielcom, esta última contestó (con oficio No. DES15-002 de 16 de enero de 2015) que “como accionista del 100% del paquete accionario de Minga S.A., reconocen los 300 000,00 USD como capital adeudado, los valores que constan en los estados financieros como provisiones por intereses de dicho documento al momento de adquisición, e intereses desde el 4 de noviembre de 2013”.
No obstante, a los 13 días de esta respuesta, la gerencia de Danielcom deslindó responsabilidades en el tema y le dijo a la Contraloría “que se debe aclarar que los valores registrados en los estados financieros de MINGA S.A. por concepto de capital e intereses adeudados al momento de su adquisición, reflejaron los valores correspondientes, sin embargo de lo cual, el Fideicomiso no consideró el mecanismo legal mediante el cual se procedería a su cancelación o compensación”.
Debido a esto el organismo de control (en su informe DAAC-0302-2015) estableció que dos funcionarios (gerentes de Negocios Fiduciarios y de Titularización) de la CFN, que es la administradora y representante legal del Fideicomiso AGD- CFN, incumplieron al menos cinco leyes al no considerar la deuda: el artículo 103 de la Ley de Mercado de Valores, la cláusula cuarta del contrato del Fideicomiso Mercantil, el artículo 22 (literal e y h) de la Ley de Servicio Público y el artículo 77, (numeral 2, literal a) de la Ley de la Contraloría.
Llama la atención que este tema no se menciona en el informe con Indicios de Responsabilidad Penal DAAC-0300-2015 de la Contraloría.
Minga posee laboratoriosde calibración de los equipos de perforación y variedad de motores que la usa la industria petrolera
Petroecuador fue observada por manejo de contratos de importación de equipos firmados con Minga
Antes de que algunas empresas incautadas pasen a la empresa privada también se tejieron otras enredadas maniobras desde la administración estatal. En el caso de Minga dos contratos por $6,24 millones que impulsó Petroecuador fueron observados por la Contraloría por problemas en su manejo que no se habrían superado con la nueva administración de Danielcom.
Luego de que la AGD incautó todos los bienes de los supuestos ex administradores y/o ex accionistas del Banco de Préstamos (27 de agosto de 2008), en la cual se incluyó Pacific Oil S.A., Minga S.A. y Siano S.A., estas compañías fueron administradas por el presidente de Petroecuador.
La Contraloría sí analizó estos contratos en su examen DAAC-0302-2015, pero es otro tema que no se mencionó en su posterior informe con Indicios de Responsabilidad Penal (DAAC-0300-2015).
El 30 de noviembre de 2009 Petroproducción y Minga (manejada por Luis Jaramillo, como presidente de Petroecuador) firmaron el contrato No. 2009082 y luego, el 8 de enero de 2010, el contrato modificatorio No. 201002 para el servicio de compra, montaje y puesta en operación de 3 unidades automáticas de medición de petróleo para las estaciones Auca, Sacha y Shushufindi, por $6´241 805,83.
Entre los documentos de la contratación hay una Letra de Crédito (formulario #3) por $4,49 millones que incluyó como beneficiario a la compañía Minga Equipment & Supply Company Co., Inc., (Mesco), domiciliada en Houston y que a su vez, fue accionista de Minga S.A. (Ecuador), hasta el 13 de diciembre de 2007, es decir antes de su incautación.
El contrato modificatorio estableció el valor de $4,49 millones por provisión de equipos y $1,56 millones + IVA por servicios. Pero Minga S.A. facturó solo $1,37 millones + IVA por servicios, pues lo correspondiente a provisión de equipos se realizó directamente a través de la intermediaria Mesco Inc. (ex accionista de Minga), la cual a su vez se encargó de adquirirlos a la firma FMC Technologies.
Minga tuvo problemas en la ejecución contratactual que derivaron en discrepancias con la petrolera estatal. La Contraloría determinó que Petroproducción contrató con Minga (manejada por el presidente de Petroecuador) pese a que la empresa incautada no tenía la solvencia económica y financiera que le permita enfrentar el negocio para el cual se le había contratado.
Según lo expuesto a la Contraloría por la Gerencia de Minga S.A. (con oficio GG-AE-2014-055 de 19 de noviembre de 2014), la empresa fue notificada por Petroproducción con multas debido a retrasos en la entrega - recepción de los equipos, por lo que los estados financieros de Minga reflejaban al 31 de diciembre de 2013, una provisión (fondos para cubrir potenciales obligaciones o pérdidas) de $224.560,66 por dicho concepto.
Pero en el contrato de venta de acciones de Minga a Danielcom, no se consideró esas provisiones, pese a que cuando se hizo la valoración de su paquete accionario (31 de julio de 2013), las provisiones ya sumaban $204.905,46.
Tampoco se tomó en cuenta que estaba pendiente un proceso de mediación con la Procuraduría del Estado, solicitado el 5 de diciembre de 2012, por la gerente de Minga S.A., Dalila Vargas, quien consideraba como ilegal el cobro ilegal de multas.
Luego de la lectura final de resultados de este informe de la Contraloría, Vargas (el 29 de enero de 2015) manifestó que el contrato de cesión de acciones hacia su compañía incluyó todos los activos y pasivos reportados en la valoración, “por lo que, el Estado mal podría hoy tratar de recuperar un valor cuya expectativa es incierta y que depende de la efectividad de las gestiones que realice la actual administración…”
Al no considerar en la venta de acciones que había una mediación en trámite, la Contraloría determinó que la CFN incumplió la Ley de Mercado de Valores, la cláusula tercera del contrato del Fideicomiso Mercantil, el Reglamento de conformación y seguimiento de la Secretaría Técnica del Fideicomiso, la Ley de Servicio Público y la Ley de la Contraloría.
El equipo de control estableció además que tanto el contrato principal como el modificatorio con Petroproducción no fueron liquidados ni se firmaron las actas de entrega-recepción y otros documentos de finiquito. Ratificó su criterio de que las multas corresponden al período en el cual Minga fue propiedad del Fideicomiso Mercantil AGD y los pasivos registrados disminuyeron su patrimonio.
Para el 24 de febrero de 2015 las partes firmaron un acta de imposibilidad de llegar a un acuerdo. La mediación se dio por terminada, por lo que se desconoce cómo se hizo el finiquito del contrato y si se restituyó la deuda.
El organismo de control también estableció que no hubo evidencia de que la declaratoria de emergencia que hizo el vicepresidente de Petroproducción para justificar el contrato, mediante la figura de contratación directa, se basó en una situación motivada por peligros inminentes, daños o catástrofes en la empresa estatal.
Otro hallazgo del equipo auditor fue que Danielcom, luego de comprar el 100% del paquete accionario de Minga S.A., en el ejercicio 2013, dio de baja una deuda de su contabilidad por $237.318,89 que mantenía con otra empresa incautada por el Estado, Servicios Technicos Petroleros del Ecuador NV. Solo después de que la Contraloría le informara de este tema a Danielcom (en la entrega de los resultados provinciales de su auditoría el 7 de enero del 2015), esta empresa reversó el asiento contable. Y el 24 de abril de 2015 depositó en la cuenta corriente de Servicios Technicos Petroleros del Ecuador NV la totalidad de dicha obligación.
A qué se dedica Danielcom y quiénes son sus dueños?
Se constituyó como una compañía limitada el 29 de marzo de 1995 para la comercialización, exportación, importación y distribución de insumos químicos industriales.
El Gral (p) Alonso Espinoza Romero fue uno de sus 6 accionistas fundadores. En 1999 se transformó en sociedad anónima. Sus actuales accionistas son: Dalila Vargas y Almara Corp S.A. de propiedad de Alonso Espinoza Romero (exesposo de Vargas Guerra) y de Dalila Vargas y de los hijos de ambos: Alonso Fernando, María Alejandra y María Raquel Espinoza Vargas.
Sitio web de Danielcom
Esta empresa que hoy registra en el SRI como principal actividad la venta de maquinaria y equipos para la industria petrolera, cuenta en Ecuador con oficinas en Quito y Guayaquil. Tiene también una planta de fabricación.
En sus cifras es evidente no solo el incremento de sus ingresos luego del primer año del gobierno de la revolución ciudadana, sino también la progresiva salida de recursos al exterior. Así se refleja en sus pagos de impuesto a la renta que prácticamente se quintuplicaron entre 2007 y 2008, al pasar de $7,788.40 a $34,305.44, respectivamente. A partir de allí sus pagos de impuestos siguieron en alza, siendo 2014 y 2015 los años en que alcanzó sus mayores cifras con $246.980,12 y $204.433,75, en su orden. En 2012 llegó a su pico más alto en impuesto a la salida de capitales con $224,656.32.
Foto: Captura de video de Danielcom
Danielcom está calificada como oferente de Petroecuador y sus filiales. Ha cotizado en la Bolsa de Valores de Guayaquil y es socia de la Bolsa de Valores de Quito. Ha realizado dos emisiones de obligaciones por $1,5 millones cada una.
En el Informe de calificación de riesgos (a febrero de 2016) realizada por Class International Rating, a la segunda emisión de obligaciones de Danielcom, se señala que a esa fecha ya era pequeño holding de empresas con planes de expansión a los mercados de Perú y Colombia.
Las ventas y servicios de la compañía están dirigidas en una proporción importante hacia el sector público, específicamente empresas petroleras, lo que se consolidó en 2012. Dos años más tarde el principal cliente, que representaba más del 60% de los ingresos de la empresa era Petroamazonas EP. Para diciembre de 2015, esta estructura varió, a pesar de ser Petroamazonas su cliente más representativo con un 36,77%, la compañía cuenta con más diversidad en sus clientes, de acuerdo con la empresa calificadora.
En cuanto a los ingresos de Danielcom, Class International califica como un crecimiento inusualmente alto el registrado en el 2012: 55,91% con respecto al año anterior debido a que la compañía ganó el concurso para proveer al Bloque 31 (operado por Petroamazonas). Para los siguientes años se mantienen los incrementos en sus ingresos, pero a menor velocidad, sin embargo, durante el periodo 2012-2015, la calificadora denota una tendencia creciente, desde $9,14 millones hasta $12,34 millones.
Esto se refleja en sus utilidades que desde el 2015 continuaron en ascenso. Pasaron de $830.963 a $1´005.365 en 2016, luego a $1´257.461 en 2017. Para 2018, Danielcom estima un monto de $1´586.274 y para el 2019 $ 2.25 millones, de acuerdo con la calificación de riesgos.
Al 31 de diciembre de 2015, Danielcom Equipment Supply S.A. reportó vinculaciones con otras empresas. La primera vinculación por propiedad es con Borets-ESP Services S.A, pues participa con el 20% de las acciones. Y con Minga con el 0,05% del paquete accionario.
Borets-ESP Services S.A. es una empresa de servicios petroleros que se constituyó en junio de 2015. Tiene como accionistas a dos empresas domiciliadas en países considerados como paraísos fiscales por el Servicio de Rentas Internas: Borets Services Ltd de las Islas Vírgenes Británicas que tiene el 99,9% y Chiros Investments Limited también de las Islas Vírgenes Británicas que tiene el 0,1%.
La plana gerencial de Danielcom Equipment Supply S.A presentó vinculación por administración con 7 empresas:
Danielcom ha tenido oficinas en Madrid con el nombre de DANIELCOM USA CORP SL. Se constituyó como sociedad limitada hace 6 años y 6 meses (18/04/2012). Su objeto social fue el comercio al por mayor y menor, importación y exportación, reparación y mantenimiento de instalaciones y maquinaria. Su representante fue Alonso Espinoza Vargas. Se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid, con un capital social de 3.088 euros, con una cantidad de empleados de entre 1 y 10 y ventas de entre 250.001 y 750.000 euros.
Fue disuelta el 22 de abril de 2013.
El 2 de septiembre de 2003 en Miami (13288 Noroeste 9 Lane- 15th Street, Pompano Beach) Florida también se constituyó, como una corporación nacional con fines de lucro, DANIELCOM USA CORP. Su representante es Dalila Vargas. Actualmente es una empresa oferente de Petroecuador.
La incautación misma de Minga está en tela de duda, la CIDH investiga
Por si fuera poco el cúmulo de las irregularidades que se están encontrando en el manejo de varias empresas incautadas, la legalidad de algunos de los embargos hechos por el correísmo tras la crisis financiera está siendo examinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado 14 de agosto la CIDH pidió información al Gobierno ecuatoriano sobre la petición presentada por María Fernanda y Paulina Peñafiel Salgado ante la Comisión (el 24 de marzo de 2009), en la que aduce que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) inició procesos de incautación en contra de sus bienes sin que tuvieran vínculo jurídico o comercial con el extinto Banco de Préstamos. La solicitud del organismo internacional se envió al Ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, quien a su vez redirigió el pedido a la Procuraduría General del Estado.
REF- 341-09 CIDH xzxozxzoixuz oxzxzxpxxoizxu ozuxoz xiozuxioz oixuzixuiozxuoiziuxz xiozuxozuxoziux
El 12 de septiembre de 2018, la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría (oficio #00587), señaló al Superintendente de Bancos, Juan Carlos Novoa, que María Fernanda Peñafiel y 21 miembros adicionales de su familia han denunciado violaciones a 10 artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que pidió al Superintendente la entrega de una certificación de que María Fernanda Peñafiel y sus familiares, (entre ellos su hermana, Paulina, los esposos e hijos de ambas) han ostentado la calidad de accionistas o administradores del liquidado Banco de Préstamos.
Oficio # 00587x zoxizuxoziuxozuxoizuxozux
La Superintendencia en su primera respuesta del 25 de septiembre pasado se limitó a indicar que es el Banco Central del Ecuador el cesionario y sucesor de las instituciones financieras liquidadas tras la crisis bancaria. Pero el primero de octubre de ese año, envió un alcance de su respuesta en el que señaló que “involuntariamente” ha omitido justamente lo que solicitaba la Procuraduría. El Intendente Nacional Jurídico de la Superintendencia de Bancos, Carlos Salazar explicó que en dos comunicados de marzo y noviembre de 2012, el titular del organismo de control financiero de ese entonces informó que Ana María Fernanda Peñafiel Salgado, David Esteban Peñafiel Salgado y Paulina del Consuelo Peñafiel Salgado no se encuentran vinculados por propiedad, administración o presunción respecto del Banco de Préstamos (hoy liquidado).
Oficio N° SB-INJ-2018-0084-O xozozoxiz xozixozxiozuxo
El primer plazo que tenía el Gobierno para responder a la CIDH terminó el 14 de noviembre pasado, aunque según los procedimientos previstos en estos casos el país podría pedir una ampliación por 30 días más.
Hasta el momento, María Fernanda, Paulina Peñafiel y sus familiares no han recibido información alguna de que el régimen haya emitido una respuesta al organismo internacional de derechos humanos.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 103
 artículo 22
 artículo 77