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Timestamp: 2020-08-11 07:17:52+00:00

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﻿ SENTENCIA 2014-00337/1880-2015 DE MARZO 1 DE 2018
SENTENCIA 2014-00337 DE 01 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:SE ESTABLECE LA FORMA DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN ANUALIZADO DE CESANTÍAS EN COLOMBIA. CONFORME A LA EXPEDICIÓN DE LA LEY 50 DE 1990 SE CONSTITUYÓ EL RÉGIMEN ANUALIZADO DE LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS, APLICABLE A PARTICULARES Y SERVIDORES PÚBLICOS. DE TAL FORMA QUE EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO SE DEBERÁ HACER LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE CESANTÍAS, POR ANUALIDAD O FRACCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN PERJUICIO DE LA QUE DEBA EFECTUARSE EN FECHA DIFERENTE POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. Y SE ORDENÓ LA CANCELACIÓN DE INTERESES LEGALES DEL 12 % ANUAL O PROPORCIONAL POR FRACCIÓN RESPECTO A LA SUMA CAUSADA. POR OTRO LADO, SE FIJÓ LA SANCIÓN MORATORIA CUANDO NO SE EFECTÚE DE MANERA OPORTUNA LA CONSIGNACIÓN EN EL FONDO AL QUE SE ENCUENTRE AFILIADO EL TRABAJADOR, Y CONSISTE EN UN DÍA DE SALARIO POR CADA DÍA DE RETARDO. FINALMENTE, SE DISPUSÓ QUE CUANDO EXISTAN SALDOS DE CESANTÍAS A FAVOR DEL TRABAJADOR AL TERMINAR LA RELACIÓN LABORAL EL EMPLEADOR SE LOS DEBERÁ PAGAR DIRECTAMENTE CON LOS INTERESES LEGALES RESPECTIVOS. FRENTE A ELLO, LA SANCIÓN MORATORIA SE CAUSA A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL EMPLEADOR DE CONSIGNAR DE MANERA ANUALIZADA EL AUXILIO DE CESANTÍAS DENTRO DEL TERMINO LEGAL EL 14 DE FEBRERO DE CASA VIGENCIA FISCAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUXILIO DE CESANTÍAS, CONTRATO DE TRABAJO, EMPLEADOR, TRABAJADOR, DERECHO LABORAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, REGLAMENTO DEL PAGO DE CESANTÍAS, AHORRO DE CESANTÍAS
Sentencia 2014-00337/1880-2015 de marzo 1º de 2018
Rad.: 08001-23-33-000-2014-00337-01 (1880-2015)
Actor: Jakeline Raquel Reina Senior
Asunto: Fallo ordinario Ley 1437/2011- Sanción moratoria
El problema jurídico consiste en establecer si la señora Jackeline Raquel Reina Senior tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 y la de la Ley 244 de 1995 solicitada en su demanda, por considerar que recibió un pago parcial del auxilio de cesantías, dado a que la Contraloría Generar del departamento del Atlántico realizó una nivelación salarial que presuntamente no fue tenida en cuenta.
Cuestiónprevia
Se tiene que la Ley 6 de 1945 en su artículo 17 estableció que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente, gozarían, entre otras prestaciones, de un auxilio de cesantías, a razón de un mes de sueldo o jornada por cada año de servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de servicio prestado después del 1º de enero de 1942.
Luego, mediante el Decreto 2767 de 1945 se determinaron las prestaciones sociales de los empleados departamentales y municipales; el artículo 1º del mencionado decreto les hizo extensivas las prestaciones consagradas por el artículo 17 de la Ley 6 de 1945, lo cual incluyó el auxilio de cesantías. En el artículo 6º ibídem, se establecieron las situaciones que se tendrían como despido para efectos de la liquidación del referido auxilio.
Así mismo la “Ley 50 de 1990 en el artículo 99, expresamente constituye el régimen anualizado de liquidación de cesantías cuando en su numeral 1º señaló, que ‘El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo’. En el numeral 2º, ordenó la cancelación de los intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. En su numeral 3º, fijó la sanción moratoria cuando no·se efectúe de manera oportuna la consignación del auxilio en el fondo privado en el que se encontrara afiliado el trabajador, que consiste en el pago de un día de salario por cada día de retardo. Y, en el numeral 4º, dispuso que cuando se termina la relación laboral y existan saldos de cesantías a favor del trabajador que no haya sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos(3)”.
Se evidencia en el expediente que la demandante se vinculó con la Contraloría General del departamento del Atlántico en el cargo de gerente de control interno, código 039 grado 02, el día 11 de enero de 2008 según documento obrante a folio 119 del expediente.
Se tiene que a folio 14 a 24 se encuentra la solicitud por parte de la accionante de 16 de octubre de 2013 a la entidad demandada, consistente en que se le consignen las cesantías causadas desde 2008 hasta el año 2012, al igual que la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las mismas por ser estas parciales.
Se halla repuesta negativa por parte de la Contraloría Departamental del Atlántico de 6 de noviembre de 2013 número 01112913 mediante la cual se le indicó que se le cancelaron las respectivas cesantías en el fondo correspondiente y que respecto al pago de la citada prestación se hace necesario aclarar que no hubo pago parcial o incumplimiento de la misma por parte de la entidad además que si no estaba de acuerdo con la liquidación del auxilio de cesantías debió acudir a las acciones administrativas correspondientes que la ley otorga (fols. 25 - 27).
Ahora bien, de conformidad con las pruebas existentes en el expediente se estableció para la Sala que la señora Milena Patricia del Valle de Moya es beneficiaria del régimen establecido en la en la Ley 50 de 1990 por cuanto se vinculó con posterioridad al 31 de diciembre de 1996 y le es aplicable el régimen de la Ley 344 de 1996 que se reglamenta por el Decreto 1285 de 1998.
Resolución 98 de 12 de febrero de 2009, emitida por la Secretaría General del de la Contraloría Departamental del Atlántico (fol. 125). 2008 $ 5.843.148 Colfondos
Resolución 90 de 9 de febrero de 2010, proferida por el Contralor Departamental del Atlántico por la cual se le reconoce a la accionante sus cesantías (fol. 126). 2009 $ 6.713.808 Citicolfondos
Resolución 99 de 14 de febrero de 2011, expedida por el Contralor del departamento del Atlántico (fol. 127). 2010 $ 7.271.605 Colfondos
Resolución 55 de 3 de febrero de 2012 suscrita por el secretario general de la Contraloría Departamental del Atlántico mediante la cual se ordenó y reconoció el pago de cesantías definitivas a favor de la señora Jackeline Raquel Reina Senior por un valor de $ 27.408.139 (fols. 128 y 129).
El régimen de liquidación anualizado del auxilio de cesantías previsto en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990(4) extendido únicamente a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 y que se afilien a los fondos privados(5), contempló la sanción por mora a razón de un día de salario por cada día de retardo en el evento en que el empleador incumpla la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año, el valor correspondiente a la liquidación del auxilio anual (31 de diciembre) definitiva de cesantía por la anualidad o fracción correspondiente(6).
La Sección Segunda de esta corporación mediante la sentencia de 25 de agosto de 2016(7), también unificó los diversos criterios jurisprudenciales existentes en relación con la sanción que contempla el régimen anualizado, en aras de proteger al empleado cesante afectado con el incumplimiento de la entidad pública morosa. En suma, la providencia unificó los siguientes aspectos:
La sanción moratoria se causa a partir del incumplimiento por parte del empleador de consignar de manera anualizada el auxilio de cesantías dentro del término legal (14 de febrero de cada vigencia fiscal), al considerar los siguientes aspectos: i) el empleador debe entregar al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada con corte al 31 de diciembre de cada año, y además, los fondos administradores de cesantías están en la obligación de informar al afiliado los saldos de su cuenta individual; y ii) la posición jurisprudencial(8) que sostenía la exigibilidad de la obligación a partir de la terminación del vínculo laboral imponía al empleador una carga adicional, en tanto el empleado público podía reclamar porciones afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción. Al respecto, consideró:
“(...) De acuerdo con lo previsto en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el legislador impuso al empleador una fecha precisa para que consigne las cesantías anualizadas de sus empleados, esto es, el 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causaron, y precisa que ‘el empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo’.
Por ende. es a partir de que se causa la obligación —sanción moratoria— cuando se hace exigible, por ello, desde allí, nace la posibilidad de reclamar su reconocimiento ante la administración, pero si la reclamación se hace cuando han transcurrido más de 3 años desde que se produjo el incumplimiento, se configura el fenómeno de prescripción, así sea en forma parcial.
La anterior interpretación además es consecuente con el hecho de que de conformidad con lo previsto en el inciso 1º(9) del artículo 104 de la Ley 50 de 1990, el empleador debe entregar al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada con corte a 31 de diciembre de cada año, y teniendo en consideración que los fondos administradores de cesantías están en la obligación de informar al afiliado, los saldos de su cuenta individual.
Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que si el empleado conoce la liquidación anual que efectúa el empleador y el saldo de su cuenta individual de cesantías, forzoso es concluir que tiene conocimiento del hecho mismo de la consignación anualizada o la omisión de la misma por parte de su empleador, lo que implica que tiene conocimiento de que este ha incurridoen mora y por tal motivo se impone a su cargo la obligación de reclamarlaoportunamente,sopena deque seapliqueen sucontra el fenómeno de la prescripción.
Como se señaló en forma previa, los salarios moratorias, que están a cargo del empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley concede, no son accesorios(11) a laprestación “cesantías”.
En ese orden de ideas, por disposición legal y en virtud del criterio unificador de la Sección Segunda de esta corporación mediante sentencia de 25 de agosto de 2016, se establece que la exigibilidad de dicha sanción tiene lugar a partir del momento en que el empleador incumple el deber de consignar el valor correspondiente a la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente en la cuenta individual del trabajador dentro del plazo legal (antes del 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causó la prestación) y tiene lugar hasta el momento en que la entidad cumpla su deber legal, se produzca su pago efectivo o finalice el vínculo laboral(13)”.
Con relación a la solicitud atinente a la mora prevista en la Ley 244 de 1995, se tiene que esta no es de recibo por cuanto se le canceló a la demandante las cesantías definitivas en tiempo (fols. 128 y 129).
En orden a lo anterior, como la Contraloría General del Departamento del Atlántico no presentó alegatos de conclusión, esta Sala de Decisión no condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, quien resultó vencida en las resultas del proceso.
Por todo lo anteriormente expuesto y una vez analizadas las pruebas en conjunto como lo establece la sana crítica, esta Sala de Subsección procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico de 18 de febrero de 2015, que negó las pretensiones de la demanda.
CONFIRMAR la sentencia de 18 febrero de 2015, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.
3 Sentencia de 29 de enero de 2015. Consejo de Estado. Sección Segunda - Subsección A. Expediente 70001 23-33-000-2012-00053-01 (0613-14). Actor: Alonso Emiro Rengifo Lobo. Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo —IMDER—.
5 De conformidad con el Decreto 1582 de 1998 reglamentario de los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998.
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantla, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
7 C. E., Sección Segunda. Sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016. Rad. 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14). C.P.: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
10 Al respecto citó: C. Const. Sent. C-448/1996.
11 Tal indemnización no tiene el carácter de accesoria a las cesantias, como pasa a precisarse en esta providencia, a pesar de que en diversas providencias, se le haya dado tal connotación; ver, entre otras, el auto de 21 de enero de 2016, radicación: 27001-23-33-000-2013-00166-01(0593-14).
12 En Sentencia C-448 de 1996, la Corte Constitucional consideró que esta sanción “busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora (...)”.
13 C. E. - Sección Segunda - Subsección B, radicación: 06001233300020140033201 número interno: 3815 2015. Actor: Juan Carlos Torres Trillos. Demandados: Departamento del Atlántico. Contraloría del Atlántico.
14 ART. 361, C. G. P.
15 ART. 171, num. 4º en conc. art. 178 ib.

References: artículo 17
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 6
 artículo 99

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 99
 artículo 104