Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/30533
Timestamp: 2019-10-14 23:58:46+00:00

Document:
Sentencia: CSJ-SPENAL-37714-2012
Los funcionarios de nivel directivo que desempeñan sus labores en las alcaldías municipales, y que asesoran la contratación de servicios para el municipio, responden en calidad de autor por los delitos que de la contratación pudieran surgir
EFRAÍN SEGUNDO PEREA MESTRE, ABOGADO ASESOR DE LA ALCALDÍA DE LA JAGUA DE IBIRICO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
El asesor jurídico de alcaldía de La Jagua de Ibirico autorizó la celebración del contrato para la «construcción del aula para el aprendizaje de idiomas en la zona urbana del municipio de La Jagua de Ibirico del departamento del Cesar» según se dispuso a través de la Resolución No. 177 del 25 de noviembre de 2005 por el alcalde encargado de la época, Edinson Fidel Lima Daza. Sin embargo, logró establecerse que el mecanismo mediante el cual se había realizado la licitación había sido fraudulento, dado que no se trataba de una licitación real, sino meramente formal, con un candidato elegido de antemano. Por esto, se analiza la responsabilidad del asesor Efraín Segundo Perea Mestre, como garante del procedimiento.
¿Puede un asesor de una alcaldía municipal autorizar la suscripción de un contrato con un proceso de selección fraudulento, sin incurrir en el delito de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales en calidad de coautor?
«(...) Al respecto es necesario recordar que a partir del artículo 56 de la Ley 80 de 1993 y del alcance que le dio a esta norma la Corte Constitucional en la sentencia C-563 de 1998[1], esta Sala ha venido decantando el asunto, para precisar lo siguiente:
“En efecto, tradicionalmente ha venido sosteniendo la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor en un proceso de contratación estatal, cumplen funciones públicas en lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con entidades estatales, y les atribuyó la responsabilidad que en esa materia le señala la ley a los servidores públicos. No obstante, también la jurisprudencia ha comenzado a decantar el punto, es decir, si los contratistas, como sujetos particulares, pierden su calidad de tal por razón de su vinculación jurídica contractual con la entidad estatal. Frente a ello es indispensable destacar que para llegar a dicha conclusión, se hace necesario establecer, en cada evento, si las funciones que debe prestar el particular por razón del acuerdo o de la contratación, consiste en desarrollar funciones públicas o simplemente se limita a realizar un acto material en el cual no se involucra la función pública propia del Estado, pues esa situación define su calidad de servidor público a partir del momento que suscriba el convenio. Por ello, si el objeto del contrato administrativo no tiene como finalidad transferir funciones públicas al contratista, sino la de conseguir la ejecución práctica del objeto contractual, con el fin de realizar materialmente los cometidos propios del contrato, necesario es concluir que la investidura de servidor público no cobija al particular. (...)
En el caso particular, el mismo procesado se encarga de confirmar que en efecto se le transfirieron funciones públicas, en tanto que en su condición de asesor jurídico externo de la alcaldía de La Jagua de Ibirico, era el encargado de “realizar conciliaciones, proyectar cierto actos, resoluciones, acuerdos municipales y de la verificación o evaluación jurídica de las convocatorias públicas de contratación”[3].»
[1] F. 144, C. 1. [2] F. 126 ídem. [3] F. 90 ibídem.
[1] Allí precisó la Corte Constitucional: “En el artículo 56 de la Ley 80/93, se adiciona la regulación de la responsabilidad en materia penal del contratista, el interventor, el consultor y el asesor, cuando al asimilarlos a «particulares que cumplen funciones públicas», se les sujeta «a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos».
«...a la luz del conjunto de principios y preceptos constitucionales, el particular que se halla en cualquiera de las situaciones en las que el orden jurídico lo faculta para cumplir papeles que en principio corresponderían a organismos y funcionarios estatales, no puede ser mirado de modo absoluto bajo la óptica de una responsabilidad igual a la de los demás particulares, circunscrita apenas a su condición privada, ya que por razón de la tarea que efectivamente desarrolla, en la medida de ésta y en cuanto toca con el interés colectivo, es públicamente responsable por su actividad, sin que llegue por eso a convertirse -se repite- en servidor del Estado desde el punto de vista subjetivo (Sentencia C-286 de 1996).(...)»
Un servidor público no puede autorizar la suscripción de un contrato con un proceso de selección fraudulento, sin incurrir en el delito de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales en calidad de coautor. Dado que:
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor en un proceso de contratación estatal, cumplen funciones públicas en lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con entidades estatales, y les atribuyó la responsabilidad que en esa materia le señala la ley a los servidores públicos.
El mismo procesado se encarga de confirmar que en efecto se le transfirieron funciones públicas, en tanto que en su condición de asesor jurídico externo de la alcaldía de La Jagua de Ibirico, era el encargado de “realizar conciliaciones, proyectar cierto actos, resoluciones, acuerdos municipales y de la verificación o evaluación jurídica de las convocatorias públicas de contratación
1. CASAR parcialmente la sentencia impugnada con fundamento en los cargos tercero y cuarto de la demanda presentada por la defensora de Efraín Segundo Perea Mestre, por lo cual se determina que la condena dictada en su contra es a título de interviniente en relación con las conductas punibles de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica de documento público, por lo que se le imponen las penas principales de 54 meses de prisión, multa de 37,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la privación de la libertad.
Corte Constitucional, sentencia C-563 de 1998
Ley 80 de 1993, artículo 56. Ley 599 de 2000 (código penal) artículo 401, artículo 30.
Documento: CSJ-SPENAL-37714-2012

References: Resolución 
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 401
 artículo 30