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PLAN DE ACCIÓN. La Paz, Bolivia, 2010
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1 PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (ANTEPROYECTO) La Paz, Bolivia, 2010 Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 1
2 INDICE I. Introducción II. Marco conceptual III. Convención Interamericana contra la Corrupción IV. Avances de las políticas nacionales V. Participación de Bolivia en el Contexto Internacional y en la Implementación de Instrumentos Internacionales Anticorrupción VI. Metodología del Plan de Acción VII. Plan de Acción Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 2
3 PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (ANTEPROYECTO) I. INTRODUCCIÓN En Bolivia, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) , adoptado por el gobierno del Presidente Evo Morales el 2006, propone un proceso de transformación social, histórica, jurídica y política, que se inicia a través de un proceso de descolonización, cuya visión es la de construir un nuevo Estado Plurinacional y Comunitario, donde los movimientos sociales, pueblos indígenas y sociedad en su conjunto puedan lograr vivir bien 1. En este escenario se desenvuelven las políticas públicas para la prevención y el combate contra la corrupción en el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. En el componente Justicia, el PND establece las políticas y estrategias anticorrupción para Erradicar la corrupción institucionalizada, mediante la aplicación del principio de políticas de cero tolerancia a la corrupción e impunidad, plena transparencia en el manejo de recursos y vigencia de mecanismos de control social pertinentes. Este componente cuenta con dos importante estrategias. El PND señala: textualmente: La primera, destinada a la implementación de mecanismos de participación y control social, los que se constituirán en instrumentos por los cuales el pueblo organizado participa y controla las acciones de la administración estatal, sustentado en alianzas estratégicas con movimientos indígenas y sociales. Esta estrategia tiene como objetivo trabajar con miras a fortalecer la participación de la sociedad civil y mejorar la capacidad institucional pública y privada basada en una cultura de rendición de cuentas y responsabilidad social con el desarrollo de herramientas para promover la ética, fortalecer la transparencia y responsabilidad del aparato estatal en los sistemas de información y promoción del acceso a la tecnología. 1 El art. 8 de la nueva Constitución Política del Estado (NCPE) establece los valores ético morales que el Estado Plurinacional asume, entre ellos, el vivir bien. El D.S. No de septiembre de 2007 del PND señala en el art. 5 que vivir bien plantea fundamentalmente la complementariedad entre el acceso y disfrute de los bienes materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos. El art. 3 del D.S. No de 7 de febrero de 2009 señala que vivir bien, sumaj kausay, suma qamaña, ñandereko, teko kavi, ivi maraei, qhapaj ñan es la satisfacción compartida de las necesidades humanas que incluye la afectividad y el reconocimiento, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos. Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 3
4 La segunda estrategia está destinada a transparentar la gestión pública y de los servidores públicos, y a generar una cultura de lucha contra la corrupción. Uno de los mecanismos de desarrollo y crecimiento de la corrupción en las entidades estatales han constituido las prácticas de la labor del funcionario público en ausencia del control de sus inmediatos superiores y otras instancias. En el entendido de que se debe inculcar en él, valores que transparentarán su conducta hacia la sociedad civil y público en general, se desarrollarán nuevas actitudes que busquen responsabilidad y probidad. En el servidor público, se deben desarrollar valores que vislumbren su conducta hacia el público en general, basándose en nuevas actitudes de respeto, cuidado y consideración en el manejo de la cosa pública aumentando su responsabilidad y probidad. Como parte de esta estrategia se llevará a cabo el programa desarrollo de valores para una cultura de la transparencia, por medio del cual se establecerá un procedimiento de control de calidad a las diligencias judiciales. La estrategia plantea la conformación de equipos multidisciplinarios de evaluación para las actuaciones de los funcionarios del Ministerio Público que actúen en temas de corrupción, estableciendo un sistema de evaluación y seguimiento del cumplimiento de los plazos procesales y un sistema de información permanente sobre denuncias, investigaciones, imputaciones y resoluciones en casos de corrupción. En febrero de 2009 Bolivia (Estado Plurinacional de) adoptó una nueva Constitución Política del Estado (NCPE), misma que contiene un conjunto de medidas de prevención y lucha contra la corrupción, que pone énfasis en normas de imprescriptibilidad de delitos de corrupción y el daño económico al Estado; retroactividad de la ley penal anticorrupción; el deber de denunciar la corrupción; transparencia y acceso a la información pública; control social y rendición pública de cuentas; y códigos de conducta y valores éticos en el ejercicio de la función pública. El artículo 8 de la NCPE expone la nueva ética de la sociedad y el Estado Plurinacional de Bolivia. Son tres los valores básicos adoptados: qhilla ama, ama llulla, ama suwa (no seas ocioso, no mentir y no robar), y el valor de la transparencia. Estos principios ético morales de la sociedad plural deben ser promovidos activamente en la sociedad por el Estado Plurinacional, así lo prescribe el artículo 8. Asimismo, en la NCPE la transparencia de la administración pública está garantizada en el art. 232; el control de la administración pública y el uso de fondos públicos en el art. 93, 241, 242 y 309; la transparencia en materia fiscal y financiera en el art. 323; el derecho del ciudadano al acceso a la información en el párrafo del artículo 21. El artículo 108 dispone que es deber constitucional de los ciudadanos bolivianos informar y combatir los actos de corrupción. El artículo 28 prevé la pérdida de derechos políticos para las personas que malversan los recursos públicos; el art. 112 establece que la prescripción no se aplicará a los delitos de corrupción, al igual que las reclamaciones por daños económicos causados al Estado, art El artículo 123 establece la retroactividad de las leyes para la investigación, juzgamiento y sanción de delitos cometidos por funcionarios públicos contra los intereses del Estado. Asimismo, la Constitución confirma la existencia de la Contraloría General del Estado y el Ministerio Público y crea la Procuraduría General del Estado (art. 213, 225, 229 y 231). Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 4
5 El otro pilar de las políticas contra la corrupción en Bolivia es la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (PNTLCC). La misma define las directrices, estrategias y medidas para la prevención y combate de la corrupción en Bolivia, en cuatro ejes o componentes de acción preventiva y anticorrupción: i) fortalecimiento de la participación ciudadana, ii) fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información, iii) medidas para eliminar la corrupción, y iv) mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional. La PNTLCC establece alrededor de medio centenar de medidas para prevenir y sancionar actos de corrupción facilitando a las instituciones públicas, empresas privadas, a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales los instrumentos necesarios para desarrollar en los bolivianos y bolivianas una cultura de cero tolerancia a al corrupción. 2 Por último, Bolivia cuenta con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (MTILCC), creado mediante D.S. No el 7 de febrero de Es responsable de diseñar y ejecutar las políticas de prevención y combate de la corrupción. Cuenta con dos Viceministerios: el Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia y Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción. En cada Ministerio del Órgano Ejecutivo (19 en total) existen las Unidades de Transparencia 3, responsables de promover y velar por la aplicación de medidas de prevención y transparencia en la gestión pública institucional (implementación de control social, transparencia activa y pasiva, ética pública, rendición pública de cuentas). El 31 de marzo de 2010 el Estado Plurinacional de Bolivia puso en vigencia su Ley Anticorrupción denominada Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz. La Ley No. 004, entre sus principales medidas, penaliza con severidad los delitos de Corrupción; permite la investigación y sanción del Enriquecimiento Ilícito; incorpora en la legislación interna delitos previstos en la UNCAC como el Soborno Transnacional, obstrucción a la justicia y otros; establece asimismo un sistema de protección de testigos y denunciantes, define nuevos procedimientos judiciales efectivos para investigar, sancionar incautar y decomisar bienes de corrupción; crea una entidad que define políticas anticorrupción nacionales; e incorpora la participación de la sociedad civil en el combate a la corrupción. 2 Este es el objetivo de la PNTLCC, aprobado por D.S. No. 214 de 22 de julio de Estas unidades cuentan con un Reglamento que regula y norma sus funciones y responsabilidades. Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 5
6 II. MARCO CONCEPTUAL A los fines del presente documento se establecen los siguientes conceptos. Estos tienen el objetivo de sustentar y/o enmarcar el conjunto de acciones estratégicas identificadas en el Plan de Acción para la implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertos CORRUPCIÓN. La corrupción es entendida como la utilización de potestades públicas para el interés privado cuando éste difiere del general a que toda actuación pública se debe: es un fenómeno social, de larga data con características complejas y multicausales. Se dice que la corrupción tiene ya origen en Roma, donde se encuentran inclusive los orígenes del peculado. En Roma los recursos y dineros públicos, eran consideradas cosa sagrada y aquellos que sustraían dichos recursos, eran sujetos a sanción severa 4. La Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (PNTLCC) 5 de Bolivia, elaborada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (MTILCC), conceptúa a la corrupción como el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento, directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. 6 La Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz 7 define la Corrupción como el requerimiento o la, aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Por su lado, la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), así como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), no obstante de no señalar un concepto sobre la corrupción, en sus disposiciones se señalan cuales son las conductas de corrupción. Estos son el peculado o malversación, soborno, trafico de influencias, uso de bienes públicos, enriquecimiento ilícito, entre otros. 4 Convención Interamericana contra la Corrupción (Concordada, anotada y comentada), documento del Ministerio de Justicia, Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, noviembre de 2007, pag La PNTLCC fue aprobada por el D.S. No. 214 de 22 de julio de Ibidem. 7 La Ley No. 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz fue promulgada el día 31 de marzo de Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 6
7 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entiende que la corrupción es el mal uso de los poderes públicos, cargo o autoridad para beneficio privado mediante el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, nepotismo, el fraude, la extracción de dinero para agilizar trámites o la malversación de fondos 8. La corrupción es una práctica ilegal, ilegítima y/o eficaz de consecución de fines personales en detrimento de fines comunes, contraria a la ética y a la moral de una sociedad o grupo social, que en ciertas ocasiones implica un usufructo abusivo de relaciones de poder. 9 Por ello la corrupción es: i) una práctica que viola las normas sociales formales o informales, con arreglo a fines personales en detrimento de fines comunes; ii) implica una violación de los contenidos éticos del sistema normativo y de los modelos morales de expectativas y conductas que lo legitiman, iii) es un procedimiento eficaz, por fuera de la legalidad, para alcanzar un propósito personal: iv) es un usufructo abusivo de poder, es decir es la utilización o manipulación ilegítima, en beneficio personal, de poder político, administrativo, económico o social, por parte de actores sociales que detentan posiciones privilegiadas, conocimientos o habilidades estratégicas, en situaciones determinadas y en perjuicio de terceros en situaciones de vulnerabilidad relativa PREVENCION La prevención es el otro factor ineludible de las estrategias y políticas de combate de la corrupción. 11 La prevención consiste en la aplicación de medidas institucionales y de políticas públicas en temas como transparencia en la gestión pública y acceso a la información, ética pública, participación ciudadana, obligación de rendir cuentas, entre otros. Las acciones y estrategias de este ámbito tienen preponderantemente un carácter de mediano y largo plazo. Apuntan a controlar los factores causales o condicionantes de la corrupción. La Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (PNTLCC) señala que la prevención de la corrupción en las políticas públicas nacionales consiste en la transparencia de la gestión pública, mediante la aplicación o adopción del acceso a la información, el control social, la ética y la rendición pública de cuentas. La misma PNTLCC conceptualiza estos elementos del siguiente modo: 8 Convención Interamericana contra la Corrupción (Concordada, anotada y comentada), documento del Ministerio de Justicia, Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, noviembre de Sautu R., Freidin B., D Onofrio M.G, Otero M.P., Boniolo P. et al. La integración de métodos cualitativos y cuantitativos para el estudio de las experiencias de corrupción. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 10 Ibidem. 11 Las experiencias internacionales señalan que las soluciones a la corrupción atraviesan por la adopción de medidas de dos tipos: prevención y represión, y dentro de estos las estrategias y planes de acción anticorrupción deben combinar, en oportunidad, prioridad y secuencia, acciones y medidas: legales, administrativas, preventivas, y represivas. Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 7
8 Acceso a la Información: Es un derecho fundamental de las personas a conocer el manejo de la cosa pública. Permite a los ciudadanos saber acerca del destino y uso de los recursos públicos, constituyéndose en un instrumento de participación ciudadana. Control social: Se entiende como Control Social de la gestión pública a los mecanismos o medios de seguimiento y participación activa de toda persona individual o colectiva en los procesos, acciones y resultados que desarrollan las instituciones del Estado Plurinacional para el logro de sus objetivos. Ética pública: Es la promoción en los servidores públicos a una cultura ética basada en principios, valores y conductas que permitan el desarrollo de la gestión pública más plena y armónica posible. Rendición pública de cuentas: Se entiende por Rendición Pública de Cuentas a la acción de toda institución de poner a consideración de la ciudadanía los resultados obtenidos en la gestión así como el cumplimiento de compromisos asumidos con los actores sociales involucrados y con la sociedad civil en general. La CICC y la CNUCC contemplan una serie de medidas de prevención de la corrupción, entre ellas, se mencionan: el establecimiento de un órgano de prevención de la corrupción, sistemas de contratación pública y contratación de los servidores públicos; adopción de códigos de conducta y ética; promoción de las denuncias de actos de corrupción, régimen de declaraciones juradas; prevención de conflicto de intereses y la preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los servidores públicos; promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos; transparencia en las contrataciones públicas; mecanismos de participación ciudadana en la prevención y combate de la corrupción; entre otros. Más recientemente, el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción establece que las políticas de prevención para el combate de la corrupción deben perseguir promover mecanismos integrales que fomenten las buenas prácticas públicas y privadas y el fortalecimiento de la formación y control ciudadano, tendientes a evitar los actos de corrupción 12 En este sentido, menciona que se debe trabajar en formación ciudadana y la participación y control social; la transparencia en la gestión pública, rol de los medios de comunicación, desarrollo legislativo, contrataciones públicas, fortalecimiento órganos de control, declaraciones juradas, medidas sobre el sector privado, entre otros. 12 Plan Andino de Lucha contra la Corrupción. Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 8
9 III. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (CICC) El 20 de marzo de 1996 fue adoptada en la ciudad de Caracas Venezuela la Convención Interamericana contra la Corrupción, por los países miembros de la Organización de Estados Americanos. La CICC fue ratificada por Bolivia a través de Ley 1743 en enero de Desde el 2004 al 2009 Bolivia fue examinada en tres oportunidades en la aplicación de la CICC por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). El objetivo de la CICC es el de establecer mecanismos de promoción y desarrollo para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, además de facilitar la cooperación internacional en el tema 13. En sus 28 artículos, la CICC contiene medidas sobre: normas de conducta para el correcto ejercicio de la función pública, sistemas de declaración de ingresos, de contratación de bienes y servicios y de funcionarios públicos, sistema de recaudaciones y control de ingresos del Estado, sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, órgano de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, y mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil en la prevención de la corrupción. La CICC va también a la tipificación de los delitos relacionados a actos de corrupción, entre los se encuentran el peculado, el cohecho, malversación, uso indebido de bienes públicos, soborno internacional, enriquecimiento ilícito, concusión y legitimación de ganancial ilícitas entre otros; asimismo, establece medidas que posibilitan la cooperación y asistencia técnica y judicial internacional, como normas sobre el secreto bancario, la investigación y cooperación judicial, la extradición y recuperación de activos EL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTCION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION (MESICIC) Para cumplir sus fines, la CICC ha diseñado un sistema de control que consiste en el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). El MESICIC es un instrumento que permite a los Estados parte de la CICC promover su implementación, dar seguimiento y facilitar la realización de actividades de cooperación técnica, intercambio de información, experiencias y prácticas óptimas y armonización de legislaciones. El 13 Convención Interamericana contra la Corrupción (Concordada, anotada y comentada), documento del Ministerio de Justicia, Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, noviembre de Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 9
10 MESICIC está constituido por dos órganos: la Conferencia de los Estados Parte y el Comité de Expertos. La Conferencia es el órgano principal responsable de elaborar los lineamientos u orientaciones generales del mecanismo. El Comité está integrado por expertos designados por cada Estado Parte y su rol es el análisis técnico de las evaluaciones. El MESICIC fue establecido en mayo de 2001 por el Documento de Buenos Aires sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Son fines del MESICIC: Promover la implementación de la CICC y contribuir al logro de los propósitos establecidos en su artículo II. Dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte de la CICC y analizar la forma en que están siendo implementados. Facilitar la realización de actividades de cooperación técnica; el intercambio de Información, experiencia y prácticas óptimas además de la armonización de las legislaciones de los Estados Parte LAS RONDAS DE EVALUACION DEL MESICIC Desde el año 2004 al 2009, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha realizado tres Rondas de evaluaciones a Bolivia PRIMERA RONDA En la Primera Ronda las disposiciones examinadas en la implementación y desarrollo de medidas y normas estuvieron referidas a: Conflicto de intereses, Normas de Conducta y Mecanismos para hacer efectivo su Cumplimiento (Artículo III, Párrafos 1 y 2 de la Convención). Sistemas para la Declaración de Ingresos, Activos y Pasivos (Artículo III, Párrafo 4 de la Convención) Órganos de Control Superior en relación con las Disposiciones Seleccionadas (Artículo III, Párrafos 1, 2, 4 y 11 de la Convención) Mecanismos para estimular la participación de la Sociedad Civil y de las Organizaciones No Gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la Corrupción (Artículo III, Párrafo 11 de la Convención) Asistencia y Cooperación (Artículo XIV de la Convención) Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 10
11 Autoridades Centrales (Artículo XVIII de la Convención) A. RECOMENDACIONES PRIMERA RONDA El informe final del Comité de Expertos aprobado en la sesión plenaria del 29 de julio de 2004 formuló las siguientes recomendaciones en relación con la implementación de las disposiciones previstas. - Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses. - Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto al control de recursos de la administración pública. - Fortalecer con los mecanismos que cuenta Bolivia para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. - Fortalecer los sistemas de declaración de ingresos, activos y pasivos. - Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4 y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político y social; y estableciendo mecanismos que la coordinación institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las mismas. - Fortalecer mecanismos para garantizar el acceso a la información pública. - Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales. - Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública. - Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. - Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales Bolivia considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados partes para fortalecer sus capacidades de prevenir, Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 11
12 detectar, investigar y sancionar actos de corrupción, priorizando las solicitudes de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de casos de Corrupción. - Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción. - Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por Bolivia. - Capacitar a los funcionarios competentes para lograr la más amplia cooperación técnica y legal recíproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. - Medir, analizar y evaluar los resultados de la cooperación técnica que ha obtenido Bolivia, a fin de garantizar su efectividad y eficacia y de seguir consiguiendo ayuda técnica de organismos internacionales y de agencias de cooperación, en la lucha contra la corrupción. - Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. - Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizado, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido publicado por la Secretaria Técnica del Comité en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo SEGUNDA RONDA La evaluación realizada en la Segunda Ronda el año 2007, estuvieron referidas a medidas y normas de: Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del estado (Artículo III, Párrafo 5 de la Convención) Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 12
13 Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción (Artículo III, Párrafo 8 de la Convención) Actos de corrupción (Artículo VI, Párrafo 1 de la Convención) A. RECOMENDACIONES SEGUNDA RONDA El informe final del Comité de Expertos aprobado el 28 de junio de 2007, ha recomendado las siguientes medidas en relación con la implementación de las disposiciones previstas. - Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos. - Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el Poder Legislativo. - Complementar los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el Poder Judicial. - Complementar los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el Ministerio Público de la Nación. - Mantener, por parte de la SSC, el registro de la información relativa al ingreso, evaluación, permanencia, movilidad y retiro de los funcionarios de carrera en coordinación con el SNAP de conformidad con el artículo 61, inciso e), del EFP. - Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. - Continuar fortaleciendo el órgano rector del SABS, especialmente a su Dirección General de Sistemas de Administración Gubernamental del Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, en lo concerniente a las actividades de administración y control del sistema, dotándola con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. - Fortalecer los mecanismos de control en los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría. - Implementar, a través de las instancias correspondientes del órgano rector del SABS, el Registro Público de Proveedores previsto en el artículo 4º del T.O. del o D.S. No , pudiendo utilizar tecnología informática para su conformación, actualización y consulta. - Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y sistemas de información para la contratación pública. Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 13
14 - Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, pre pliegos de la licitación con la finalidad de que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones. - Fortalecer los sistemas para la contratación de obras públicas. - Promover, de conformidad con el artículo 5º del T.O. del D.S. No , la elaboración del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en las entidades del sector público que han incumplido con esta obligación. - Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la utilización y efectividad del sistema para la adquisición de bienes y servicios y, con base en sus resultados, definir y considerar la adopción de medidas específicas que permitan asegurar la transparencia, publicidad, equidad y eficiencia del mismo. - Adoptar, a través de la autoridad correspondiente y teniendo en cuenta la iniciativa legal existente, una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con la Constitución Política del Estado y los principios fundamentales del ordenamiento jurídico interno. - Adecuar y/o complementar, según corresponda, la legislación penal de tal manera que ésta incluya los elementos de los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención. - Derogar el segundo párrafo del artículo 172 del Código Penal que exime de pena a aquellos individuos que encubran a sus ascendientes, descendientes o consorte. - Reformar el artículo 132 del Código Penal estableciendo el mínimo de dos personas para incurrir en el delito de asociación delictuosa. - Seleccionar y desarrollar por el Poder Judicial, Ministerio Público y por las entidades públicas pertinentes los procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando éstos no existan aún, que permitan analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados. - Continuar diseñando e implementando, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. - Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando éstos no existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo. Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 14
15 TERCERA RONDA La evaluación realizada en la Tercera Ronda el año 2009, estuvieron referidas a medidas y normas de: Negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción (Artículo III, Párrafo 7 de la Convención) Prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros (Artículo III, Párrafo 10 de la Convención) Soborno transnacional (Artículo VIII de la Convención) Enriquecimiento ilícito (Artículo IX de la Convención) Notificación de la tipificación del soborno transnacional y del enriquecimiento ilícito (Artículo X de la Convención) Extradición (Artículo XIII de la Convención) A. RECOMENDACIONES TERCERA RONDA El informe final del Comité de Expertos aprobado el 18 de septiembre de 2009, ha recomendado las siguientes medidas en relación con la implementación de las disposiciones previstas. - Fortalecer las normas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción. - Fortalecer las normas para la prevención del soborno de funcionarios públicos y extranjeros. - Tipificar, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, la conducta de soborno transnacional descrita en el artículo VIII de la Convención que se refiere al acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial. Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 15
16 - Considerar la posibilidad de adoptar las medidas pertinentes para que cuando se adopten las previsiones que en su momento prohíban y sancionen los actos descritos en el artículo VIII de la Convención, exista claridad respecto a lo que debe entenderse por funcionario público de otro Estado. - Adoptar, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, las medidas pertinentes que prohíban y sancionen a las empresas domiciliadas en su territorio que incurran en la conducta descrita en el artículo VIII de la Convención, independientemente de las sanciones que les sean aplicables a las personas vinculadas a las mismas que resulten involucradas en la comisión de los actos constitutivos de dicha conducta. - Adoptar, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, las medidas pertinentes que prohíban y sancionen al funcionario o empleado público que incurra en el delito de soborno transnacional, independientemente de las sanciones que le sea aplicables a la persona o personas vinculadas a las mismas que resulten involucradas en la comisión de los actos constitutivos de dicha conducta. - Seleccionar y desarrollar a través de los órganos o instancias que en su momento estén encargados de investigar y/o juzgar el delito de soborno transnacional, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no exista aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma. - Tipificar como delito, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, la conducta de enriquecimiento ilícito descrita en el artículo IX de la Convención, que se refiere al incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él. - Seleccionar y desarrollar a través de los órganos o instancias que en su momento estén encargadas de investigar y/o juzgar el delito de enriquecimiento ilícito, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma. - El Estado Plurinacional de Bolivia no ha tipificado como delito las figuras del soborno transnacional y el enriquecimiento ilícito, previstas en los artículos VIII y IX de la Convención, respectivamente. Por esta razón, el Comité le recomienda que cuando lo haga Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 16
17 notifique tal hecho al Secretario General de la OEA, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo X de la Convención. - Adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al Estado requirente al que le deniegue una solicitud de extradición relativa a los delitos tipificados de conformidad con la Convención, porque se ha considerado competente, acerca del resultado final del caso que como consecuencia de dicha denegación haya presentado ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento de conformidad con el artículo XIII, párrafo 6 de la Convención. - Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias competentes, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con esta materia y para analizar los resultados objetivos obtenidos en relación con las solicitudes de extradición formuladas a otros Estados Parte en la Convención, para la investigación o juzgamiento de los delitos que haya tipificado de conformidad con la misma y los trámites realizados para atender las solicitudes que con el mismo propósito le han formulado otros Estados Parte. - Adoptar, las medidas que estime apropiadas para beneficiarse de una mayor utilización de la Convención en los casos de extradición, las cuales podrían consistir, entre otras, en la implementación de programas de capacitación sobre las posibilidades de aplicación que ofrece la misma, diseñados específicamente para las autoridades judiciales y administrativas con competencias en esta materia. IV. AVANCES DE LAS POLITICAS NACIONALES 4.1. MEDIDAS Y NORMATIVAS LEGALES Desde el año 2006 a la fecha Bolivia ha desarrollado un conjunto de esfuerzos, medidas y normas para prevenir y combatir la corrupción. En general, estas iniciativas bajo el principio de cero tolerancia a la corrupción e impunidad, plena transparencia en la gestión pública y vigencia efectiva de mecanismos de control social en el Estado del Plan Nacional de Dignidad (PND), han desembocado en las medidas de la nueva Constitución Política del Estado (NCPE). La NCPE recogió prescripciones que señalan el rumbo de las políticas públicas en la materia, como el deber ciudadano de denunciar actos de corrupción, imprescriptibilidad de la corrupción, retroactividad de la ley penal, creación de la Procuraduría General del Estado, transparencia en la gestión pública y acceso a la información, control social y rendición pública de cuentas y otras medidas. Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 17
18 En el camino a la institucionalización de estas medidas que inicialmente fueron encaradas y/o promovidas por el ex Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 14, se pueden anotar la creación del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción por D.S. No de febrero de 2009 y la formulación de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el cual recoge las directrices y lineamientos de las políticas de lucha contra la corrupción, en cuatro aéreas: i) Participación ciudadana en las políticas anticorrupción, ii) Transparencia y acceso a la información, iii) Fortalecimiento y coordinación institucional y iv) Lucha contra la corrupción. Un hito importante en el desarrollo de las políticas nacionales ha sido la creación de las Unidades de Transparencia en todos los Ministerios del Órgano Ejecutivo del Gobierno del Estado Plurinacional. Estos tienen el objetivo de promover y velar por la transparencia y el control social en la gestión pública. Asimismo, con la promulgación de la Ley No. 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", se instituye en la legislación boliviana medidas preventivas y sanciones penales que incluyen procedimientos de prevención, investigación, procesamiento y recuperación del patrimonio del Estado, confiriéndole a la Ley los mecanismos legales necesarios para penalizar con severidad los delitos de Corrupción permitiendo su investigación, sanción y la recuperación de bienes de estos delitos evitando de esta forma la apropiación por parte de particulares de los recursos del Estado Boliviano. En este sentido, la Ley No. 004 del Estado Plurinacional de Bolivia cumple con el marco legal sancionatorio y preventivo de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y de otros Convenios Internacionales. 15 Medidas de Preventivas en el marco de la CICC: La Ley No. 004 crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas que tiene como atribuciones proponer, supervisar y fiscalizar las políticas públicas, orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupción para proteger y recuperar el patrimonio del Estado. 14 El Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción fue creado el 2006 como dependencia del Ministerio de Justicia por D.S. No de 8 de marzo de La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 18
19 El Consejo Nacional es la máxima instancia de control del Estado que desarrolla mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción mediante la aprobación de políticas y proyectos de lucha contra la Corrupción y llevar adelante el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción. La Ley establece también el Control Social para prevenir y luchar contra la Corrupción a través de la participación de todos los actores sociales en forma individual o colectiva, mecanismo que permite estimular a la Sociedad Civil a identificar y coadyuvar en los esfuerzos destinados a prevenir la Corrupción. Se establece el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos que estará a cargo del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público que brindará la protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación a denunciantes y testigos. Asimismo, se guardará en reserva la identidad de las personas particulares y servidores públicos que denuncien hechos y/o delitos de corrupción. La Ley establece procedimientos de prevención, investigación, procesamiento y recuperación del patrimonio del Estado, otorgándole los mecanismos legales necesarios para acabar con la apropiación por parte de particulares de los recursos del Estado Boliviano. Asimismo, establece métodos de prevención del lavado de dinero obtenidos en delitos. Por ello, la norma asigna nuevas funciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para detectar el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito y la corrupción. En ese sentido, se establece la Exención de Secreto de Confidencialidad y la Exención del Secreto Bancario que permitirá la obtención de información en materia de valores y seguros, comercial, tributario y económico sin requerimiento de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite previo alguno, en casos de investigación de delitos de corrupción por la Unidad de Investigaciones Financieras u otras instancias gubernamentales en cumplimiento de sus funciones. Consiguientemente, con la finalidad de efectuar la centralización e intercambio de información entre las entidades nacionales encargadas de la lucha contra la corrupción se crea el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE) que permitirá el diseño y la aplicación de políticas y estrategias preventivas, así como represivas y sancionatorias en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Medidas Sancionatorias en el marco de la CICC: La Ley No. 004, incorpora en la legislación interna del Estado Plurinacional de Bolivia nuevos delitos como es el Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, Enriquecimiento Ilícito, el Cohecho Trasnacional Activo y Pasivo (Soborno Transnacional) y Obstrucción de la Justicia, entre otros, previstos en la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción (CICC) que completa y refuerza el marco legal sancionatorio de lucha contra la corrupción en Bolivia. Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 19
20 En el ámbito penal se establecen organismos especializados en materia de investigación y acusación de los delitos de corrupción y delitos vinculados con la creación de Fiscales Especializados Anticorrupción quienes a su vez designaran en cada Departamento del País a Fiscales Especializado para hacer cumplir este mandato de la Ley. Asimismo, la Policía Boliviana contará con Investigadores Especializados Anticorrupción dentro de una División de Lucha contra la Corrupción en cada Departamento del País, quienes desempeñaran sus actividades bajo la dirección funcional de los Fiscales. Los Jueces, Fiscales y Policías especializados estarán sujetos a un Sistema de Evaluación Permanente implementado en cada entidad, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. La Ley prevé también la adecuación de la legislación boliviana para prevenir y sancionar los delitos de corrupción introduciendo modificaciones e incorporación de artículos en el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Civil. En el Código Penal se han realizado las modificaciones de los artículos referidos, entre otros, al término de la prescripción de la pena, Peculado, Malversación, Cohecho pasivo propia, Uso indebido de influencias, Omisión de Declaración de Bienes y Rentas, Incumplimiento de deberes, Nombramientos ilegales, Prevaricato, Legitimación de Ganancias Ilícitas, y Contratos lesivos al Estado. Asimismo, se han incorporado artículos referidos a las Negociaciones incompatibles con el ejercicio de Funciones Públicas por particulares, Receptación proveniente de delitos de corrupción y Contribuciones y ventajas ilegítimas de la servidora o servidor público. Las modificaciones más significativas del Sistema Penal Boliviano han sido efectuadas en el Código de Procedimiento Penal con la inclusión de nuevos artículos referidos a los delitos de: Imprescriptibilidad por el cual los delitos cometidos que causen daño al Estado son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad; Prosecusión de Juicio en Rebeldía por el cual el proceso legal no será suspendido cuando un imputado se declare en rebeldía; Recuperación de Bienes en el Extranjero que permite recuperar bienes y activos del Estado que se encuentren fuera del país. Trámite de Incautación en Delito de Corrupción para casos de delitos de corrupción que causen grave daño al Estado se procederá a la incautación de bienes y activos que se presumen resultado del delito. Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Acción MESICIC VERSION FINAL 20

References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 21
 artículo 108
 artículo 28
 artículo 123
 artículo 61
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 172
 artículo 132