Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700393.html
Timestamp: 2019-03-23 12:36:45+00:00

Document:
se201700393
SENTENCIA: 393/2017.
EXPEDIENTE: 360/2014.
PARTES: Contencioso Administrativo.- Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General Impugnación.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 21 a 23 interpuesta por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0080/2014, de 20 de enero (fs. 2 a 9), el memorial de contestación de fs. 61 a 64, la réplica de fs. 88 a 89, la dúplica de fs. 94 a 95, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.
Que, Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, en representación de la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en virtud a la Resolución Administrativa Nº 03-0208-2014 de 28 de marzo (fs. 19), se apersonó por memorial de fs. 21 a 23, manifestando que al amparo de lo establecido en el art. 70 de la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, en concordancia con los artículos 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, aplicables en materia tributaria por mandato del núm. 2 del art. de la Ley Nº 2492, interpone demanda contenciosa administrativa, contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0080/2014 de 20 de enero.
Expresa que el 15 de julio de 2008 se notificó personalmente al representante legal de la Empresa Clínica del Sur SRL., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 000849110380 de 24 de abril de 2008, haciéndole conocer de su obligación de presentar la información del Software RC-IVA (Da Vinci), agentes de retención por el periodo noviembre/2006, de sus dependientes con ingresos mayores a Bs. 7.000,-
Dentro del Plazo establecido en el art. 168 de la Ley 2492, el contribuyente presentó descargos en fotocopias simples, consistentes en planilla de sueldos correspondiente a noviembre de 2006 y planilla impositiva RC-IVA del mismo período; documentación que luego de ser analizada, derivó en la emisión del Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVEI/INF/2013 de 28 de marzo, concluyendo que el contribuyente Clínica del Sur SRL., no presentó descargos que desvirtúen la contravención señalada en el Auto de Sumario Contravencional Nº 000849110380.
El 29 de abril de 2013, la Administración Tributaria, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-016-2013, que sancionó al contribuyente con la multa de UFV 3.000,- por el periodo fiscal noviembre/2006 debido al incumplimiento del Deber Formal de Presentación de Información de Software RC-IVA (Da Vinci) en su calidad de Agente de Retención, resolución que motivó al contribuyente a interponer recurso de alzada que fue resuelto mediante Resolución ARIT-LPZ/RA 1119/2013 que dispuso revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-0162-2013 de 29 de abril, dejando sin efecto la multa de UFV 3.000,-
La Administración Tributaria, el 26 de noviembre de 2013, interpuso recurso jerárquico contra la resolución de alzada, que motivó la emisión de la Resolución AGIT-RJ 0080/2014 de 20 de enero, dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que confirmó la resolución impugnada.
Manifiesta que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0080/2014, viola el principio de legalidad y de jerarquía constitucional previsto en el art. 410 de la Constitución Política del Estado y citando un fragmento de la resolución impugnada en la que deja sin efecto por prescripción, la multa impuesta de UFV 3.000,- por incumplimiento de deberes formales, contenida en el Resolución Sancionatoria Nº 18-0162-2013 de 29 de abril de 2013, refiere que al respecto corresponde considerar que el art. 324 de la Constitución Política del Estado determina que la deudas por daño económico al Estado, no prescriben; que en ese entendido, siendo que la Carta Magna constituye la Norma Suprema del ordenamiento jurídico del Estado, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 410 y que de conformidad con lo determinado por el art. 5 de la Ley Nº 2492, se constituye en la primera fuente del Derecho Tributario.
Que la norma constitucional debe ser considerada por todos y que si bien es cierto que la prescripción se constituye en el modo de extinguir el derecho a perseguir y recuperar los dineros adeudados por el contribuyente, no es menos cierto que de conformidad con la norma constitucional citada, dicho beneficio, deja de operar cuando las deudas afecten al Estado.
Señala que en el caso presente, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, a tiempo de emitir la resolución ahora impugnada, en desconocimiento de las disposiciones antes citadas, determinó dejar sin efecto la multa impuesta, equivalente a UFV 3.000,- por incumplimiento de deberes formales, contenida en la Resolución Sancionatoria Nº 18-0162-2013 de 29 de abril, sin considerar que las deudas por daño económico al Estado son imprescriptibles y lo que se pretende al sancionar al contribuyente, es restablecer el orden que la ley propugna, aspecto que tampoco fue observado por la autoridad jerárquica, lo que constituye violación del principio de legalidad previsto en el art. 116.II de la Constitución Política del Estado, aludiendo además al art. 4 inc. c), lo que implica –refiere- que las actuaciones de la Administración Tributaria deben estar sometidas a la Ley, pero no ocurrió en el presente caso, y por otro lado, al ser la Constitución Política del Estado, la norma suprema del ordenamiento jurídico, tal como determina el art. 410.II de la misma, es evidente que al no considerar lo dispuesto por su art. 324 y declarar la prescripción de la multa impuesta por la Administración Tributaria, sobrepasando lo dispuesto por el artículo citado, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, incurrió en vulneración del principio de supremacía constitucional, toda vez que es la Constitución la que debe ser aplicada por encima de cualquier otra norma.
Finaliza citando el art. 3 de la Ley Nº 154 de 14 de julio, respecto al ejercicio de la potestad tributaria y el art. 1502 del Código Civil en cuanto a las excepciones de la prescripción; asimismo, invoca la Sentencia N° 211/2011 de 5 de julio, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Concluye el memorial solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, falle declarando probada la demanda contenciosa administrativa y revoque totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0080/2014 de 20 de enero y en consecuencia, declare firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-0162-2013
Que por providencia de fs. 25 se admitió la demanda contencioso administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Se dispuso asimismo, que tomando en cuenta que la demanda deviene de un proceso administrativo en el cual existe como tercero interesado la Clínica del Sur SRL., se le haga conocer la misma, mediante provisión citatoria. Asimismo, en cumplimiento del art. 79 del Código Procesal Civil, se dispuso la notificación del Procurador General del Estado mediante provisión compulsoria, encomendando su ejecución al Tribunal Departamental de Justicia de la Paz.
Cumplida la diligencia de citación a la autoridad demandada, el 13 de agosto de 2014 como consta a fs. 43, fue devuelta la provisión citatoria según se verifica con la nota de fojas 44 y recibida según cargo de fojas 44 vuelta; asimismo la notificación al Procurador General del Estado, efectuada el 14 de agosto de 2014, según diligencia de fs. 54, fue devuelta la provisión compulsoria como consta en la nota de fs. 55, y recibida según cargo de fs. 55 vta.; disponiéndose por providencia de fojas 56, el arrimo de ambas notificaciones al expediente.
Por otra parte, presentado el memorial de contestación a la demanda de fs. 61 a 64, fue providenciado a fs. 58, teniéndose apersonado a Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, y teniéndose por respondida la demanda, se corrió traslado al demandante para la réplica.
En el memorial de contestación negativa a la demanda, luego de una relación de los argumentos expuestos por la entidad demandante, la autoridad demandada manifestó que no obstante estar plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos la resolución impugnada, cabe precisar lo siguiente:
Que respecto a los argumentos vertidos en la demanda, y de los antecedentes administrativos, se puede evidenciar que la Administración Tributaria inició sumario contravencional contra la Clínica del Sur SRL., con el Auto de Sumario Contravencional Nº 849110380 de 24 de abril de 2008, al haberse constatado el incumplimiento en la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente al periodo fiscal noviembre/2006. Luego de la valoración de los descargos presentados por el contribuyente, se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-0162-2013, notificada de forma personal al representante legal de la empresa, el 18 de julio de 2013, sancionándole con la multa de UFV 3.000,- en previsión del art. 162 de la Ley Nº 2492 y el sub numeral 4.9, numeral 4, parágrafo II, artículo 1 de la RND Nº10-0030-11, que fue aplicada de forma retroactiva, en virtud del art. 150 de la citada Ley.
Refiere que la contravención sancionada por la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria Nº 18-0162-2013, surgió por el incumplimiento del deber formal de remisión del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por el periodo noviembre/2006, correspondiendo aplicar el término de prescripción de 4 años establecido en la Ley 2492, conforme disponen los arts. 59, núm. 3 y 154.I de la referida normativa, cuyo cómputo en virtud del art. 60.I de la misma Ley, se inició en enero de 2007, concluyendo el 31 de diciembre de 2010, en otras palabras, las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, sucedidas en el periodo noviembre de 2006, prescribieron el 31 de diciembre de 2010, sin que durante dicho término el SIN hubiera ejercitado sus facultades sancionadoras, toda vez que la mencionada resolución sancionatoria, emitida el 29 de abril de 2013, fue notificada el 18 de julio de 2013, cuando sus facultades para imponer sanciones, ya habían prescrito.
Respecto a la aplicación del art. 324 de la Constitución Política del Estado que dispone la imprescriptibilidad de la deudas por daño económico al Estado, manifiesta que la interpretación de dicha disposición, implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia mediante los mecanismos establecidos en la propia normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación, sin antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa.
Finaliza citando la línea doctrinal de la Autoridad de Impugnación Tributaria en el Sistema de Doctrina Tributaria SIDOT V.2, contenida en las resoluciones AGIT-RJ/0438/2013, AGIT-RJ-0094/201, AGIT-RJ-0096/2014, AGIT-RJ/1843/2013, AGIT-RJ/1785/2013 Y AGIT-RJ/0193/2014; además invoca como jurisprudencia, el Auto Supremo N° 276/2012 de 15 de noviembre.
Concluye el memorial solicitando que en mérito a los fundamentos expuestos, se declare improbada la demanda interpuesta por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO La Paz) del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0080/2014 de 20 de enero, emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria.
Continuando con el trámite del proceso, se presentó el memorial de réplica que cursa de fs. 88 a 89, en el que se reiteraron los argumentos expuestos en la demanda, mismo que fue providenciado a fs. 90, corriéndose traslado para la dúplica; presentada la misma de fs. 94 a 95, por providencia de 96, se decretó autos para sentencia.
Que el procedimiento contencioso administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.
Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
III.1. Revisados los antecedentes administrativos que dieron origen a la interposición de la demanda en análisis, se evidencia que la Administración Tributaria inició sumario contravencional contra la Clínica del Sur, a través del Auto de Sumario Contravencional N° 000849110380 de 24 de abril de 2008, por incumplimiento en la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente al periodo fiscal noviembre/2006, por encontrase su conducta prevista como Incumplimiento al Deber formal de Información previsto en el art. 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, cuya sanción asciende al equivalente de UFV 5.000,- actuado que fue notificado al contribuyente el 15 de julio de 2008 (fs. 2, Anexo II).
En fecha 29 de abril de 2013, la Administración Tributaria, emitió la Resolución Sancionatoria N°18-0162-2013 (fs. 26 a 28, Anexo II), que dispuso sancionar al contribuyente Clínica del Sur SRL., con la multa de UFV 3.000,- por no haber presentado la información consolidada del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente al periodo noviembre/2006, en los plazos, medios y formas establecidas en la normativa específica, acomodando su conducta en la contravención de Incumplimiento a Deberes Formales; resolución con la que el contribuyente fue notificado el 18 de julio de 2013 (fs. 29, Anexo II).
En desacuerdo con la determinación asumida por la Administración Tributaria, el representante legal de la empresa sancionada, interpuso recurso de alzada, argumentando entre otros aspectos, la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas en el presente caso. Al respecto, la Autoridad de Impugnación Regional Tributaria, se pronunció mediante la Resolución ARIT-LP/RA 1119/2013 de 4 de noviembre, que dispuso revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 18-0162-2013 de 29 de abril, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz, del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto consiguientemente la multa de UFV 3.000,-
En virtud de lo anterior, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, dedujo recurso jerárquico contra la resolución de alzada, que fue resuelto mediante Resolución AGIT-RJ 0080/2014 de 20 de enero, que resolvió confirmar la resolución impugnada
IV. DE LA PROBLEMÁTICA PANTEADA
Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece que el objeto de la controversia está relacionado con la supuesta interpretación errónea del art. 324 de la Constitución Política del Estado, con referencia al instituto jurídico de la prescripción, que hubiera efectuado la Autoridad Jerárquica al pronunciar la Resolución hoy impugnada; consiguientemente, se debe determinar si la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para imponer sanciones administrativas, efectivamente prescribió.
V.1.- Análisis y fundamentación
Al presente, concluido el trámite en la vía administrativa, se abrió la vía jurisdiccional para el contencioso administrativo, teniendo el Supremo Tribunal de Justicia, la facultad de conocer la causa, a objeto de realizar el control judicial de legalidad y verificar si lo afirmado en la demanda es evidente; finalmente establecer si existió infracción de disposiciones legales, como derechos lesionados con la emisión de la resolución jerárquica.
Con relación a la aplicación del art. 324 de la Constitución Política del Estado sobre imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado, esta disposición constitucional es aplicable sólo para las deudas por contratos bilaterales que generan ingresos extraordinarios a favor del Estado y no así a los ingresos coactivos como son las obligaciones y multas por sanciones tributarias en contra de los contribuyentes; en ese mismo entendido la Sala Plena de este Tribunal emitió el Auto Supremo Nº 400/2013 de 19 de septiembre, señala que: “…la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado, se debe entender, que hace referencia a la administración económica y financiera del Estado por medio de todas las entidades públicas, por tanto, se refiere a los actos cometidos por funcionarios públicos que causen pérdida patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos y fueran causantes del daño patrimonial; en el marco legal señalado por la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, en tal sentido no puede atribuirse al sujeto pasivo un daño económico al Estado, en consecuencia, la norma invocada como sustento de la demanda contencioso-administrativa, resulta inaplicable al caso”.
En ese contexto, el art. 152 del Código Tributario Boliviano, señala que: “Si del resultado del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran participado en el mismo, así como los que se beneficien con su resultado, serán responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño causado”, de lo que se concluye que en el ejercicio de la función pública, los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales y los particulares pueden ser sujetos de responsabilidad civil cuando su conducta ocasione daño patrimonial al Estado.
En materia de recaudación de tributos el parágrafo I del art. 9 de la Ley Nº 2492, señala que son: "…las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines." Es decir, que la deuda tributaria, de acuerdo a la previsión del artículo 47 de la misma disposición legal, es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria y está constituida por el tributo omitido, las multas cuando correspondan y los intereses. Asimismo, la propia norma tributaria, prevé los procedimientos para el efectivo cobro de impuestos y las sanciones por ilícitos tributarios (contravenciones y delitos) a los que se aplica un régimen de prescripción establecido por la propia norma en el artículo 154 del CTB.
Aclarado este punto de controversia en sentido que el art. 324 de la Constitución Política del Estado debe ser entendido con relación a los actos cometidos por funcionarios públicos que causen pérdida patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recurso públicos y fueran causantes de daño patrimonial, no así por deudas tributarias, corresponde referirnos específicamente al tema de la prescripción y si esta fue correctamente aplicada en el caso presente por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, y confirmada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
Previamente es preciso señalar que, la palabra “prescripción” en Derecho, se limita a la acepción de prescripción extintiva o liberatoria, mediante la cual se pierde el derecho de ejercer una acción por el transcurso del tiempo. El tiempo lleva a la consolidación de cierto derecho o a la pérdida del mismo. La prescripción normalmente es un medio de defensa conferido al demandado en proceso, para modificar o destruir la acción, siendo un medio de ataque que tiene el acreedor, toda vez que en derecho se considera necesario establecer plazos dentro los cuales debe ejercitarse una acción, porque la inactividad del titular determina la pérdida o caducidad de su pretensión por el transcurso del tiempo, es decir, si el titular del derecho no ejercita la acción de cobro en materia de obligaciones, este instituto tiende a garantizar a quien tiene un deber o una deuda, que no pesará indefinidamente contra él y sus herederos la responsabilidad de cumplir la obligación, ni la acción de la administración de justicia puede estar expedita por tiempo indefinido.
Bajo el mismo entendido este Tribunal en su Auto Supremo Nº 396/2013 de 18 de septiembre, estableció: “La garantía básica de la seguridad jurídica que armoniza la Constitución Política del Estado y las Leyes, reconocen en favor de los ciudadanos procedimientos tributarios destinados al acogimiento del acto de liquidación, como legítimo derecho a que las situaciones jurídicas no se mantengan indefinidamente abiertas, para lograr esta finalidad también sirve el instituto de la prescripción de la facultad administrativa de liquidar, pues a través de la aplicación de una u otra figura se pone fin a un estado de pendencia, resolviendo sobre la existencia y cuantía de la deuda tributaria en un caso o consolidando definitivamente la situación del contribuyente como consecuencia de la pérdida del derecho a liquidar”.
En materia de tributos, la institución de la prescripción tiene características propias, porque no constituye en sí un medio de extinción de la obligación tributaria, sino que constituye una limitación para la Administración Tributaria en relación a la exigibilidad del cobro pretendido contra el sujeto pasivo, porque vencido el plazo, el deudor tributario queda liberado, previa declaración expresa de la acción de la Administración Tributaria, que aun cuando hubiera determinado la deuda tributaria, no podrá ya exigir los pagos o aplicar multas.
Nuestra legislación contempla la prescripción tributaria en el art. 59.I de la Ley Nº 2492, al establecer: "Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria."
Al presente, la cuestión más importante en materia de prescripción es determinar el momento a partir del cual deben computarse los plazos legales, la determinación precisa de este momento viene exigida por el principio de seguridad jurídica, es así que nuestro Código Tributario teniendo como base el principio de legalidad o reserva de Ley (art. 6 de la Ley 2492), instituyó una serie de parámetros legales a fin de establecer el inicio del cómputo en distintos casos, para determinar la prescripción, que se encuentra prevista en el art. 60 de la citada norma, que determina: “I…el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo…”
Asimismo, el artículo 61 del mismo cuerpo legal, establece que la prescripción se interrumpe por: “a) la notificación del sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago”. Y finalmente el art. 62, previene que el curso de la prescripción se suspende con: “I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.”
Expuesta la norma pertinente y subsumiendo estos preceptos al caso de autos, se tiene que la Administración Tributaria inició sumario contravencional contra la Clínica del Sur SRL., con el Auto de Sumario Contravencional N° 849110380 de 24 de abril de 2008, por incumplimiento en la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención, correspondiente al periodo noviembre/2006, con el que fue notificado en forma personal el representante legal de la entidad ahora demandante el 15 de julio de 2008.
Transcurrido el tiempo, con precisión el 29 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0162-2013 de 29 de abril, que fue notificada en forma personal al representante legal de la Clínica del Sur SRL., el 18 de julio de 2013, actuación que establecía una multa de UFV 3.000,- por incumplimiento de deberes formales, en previsión del art. 162 de la Ley Nº 2492, sub numeral 4.9, numeral 4, parágrafo II, artículo 1 de la RND N° 10-0030-11, de forma retroactiva en virtud al art. 150 del Código Tributario Boliviano.
Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 y 60, parágrafo I de la Ley Nº 2492, citados precedentemente, el cómputo para la prescripción debe realizarse considerando el momento en que nace y se perfecciona el hecho generador, que en la especie se produjo en el mes de noviembre de 2006, toda vez que ese es el periodo por el que la administración tributaria acusa a la Clínica del Sur SRL., de incumplimiento del deber formal de remisión del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención; por lo que una vez efectuado el cómputo del término establecido para la prescripción conforme a las reglas dispuestas por la normativa citada, este empezó a correr el 1 de enero de 2007 y finalizó el 31 de diciembre de 2010.
En consecuencia, la Resolución Sancionatoria N° 18-0162-2013 de 29 de abril de 2013, fue emitida fuera del plazo que la Administración Tributaria tenía para imponer sanciones administrativas, que a esa fecha, ya se encontraba prescrita, por lo que si la intención de la Administración Tributaria era interrumpir la prescripción, debió accionar sus facultades tributarias, antes del 31 de diciembre de 2010, siendo responsabilidad de los funcionarios de la Administración Tributaria, el inicio de dichas acciones dentro de los plazos pertinentes.
Por lo anterior, se concluye que respecto al cómputo de la prescripción, este reclamo ya fue planteado y resuelto en la instancia jerárquica, al presente los fundamentos de la ratio decidendi de la resolución impugnada, se mantienen incólumes, porque si bien el periodo noviembre/2006 se constituye en el hecho generador de la obligación tributaria, consta en obrados, que la acción ejercida por la Administración Tributaria a través de la Resolución Sancionatoria N° 18-0162-2013 de 29 de abril, notificada al sujeto pasivo el 18 de julio de 2013, cuando ya se había operado la prescripción tributaria; tomando en cuenta que conforme dispone el art. 61 de la Ley 2492, es evidente que no existió interrupción del término de la prescripción, como determinó acertadamente la autoridad demandada, en virtud al principio de legitimidad previsto en el art. 64 de la citada norma tributaria, a tiempo de resolver el recurso jerárquico dentro del proceso en sede administrativa.
La fundamentación precedentemente efectuada en el marco de la congruencia con los argumentos fácticos esgrimidos por la administración tributaria, permite concluir que la entidad demandante no ha justificado ni demostrado su pretensión, por cuanto la Autoridad General de Impugnación Tributaria a momento de pronunciar la resolución impugnada, no incurrió en infracción de ninguna norma legal, al contrario realizó correcta valoración e interpretación en su argumentación técnica-jurídica que se ajusta a derecho. En consecuencia, corresponde mantener firme y subsistente la resolución impugnada.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620, Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativos, y artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia, declarando IMPROBADA la demanda de fs. 21 a 23 de obrados, interpuesta por la Gerencia de Grandes Contribuyentes de La Paz, del Servicio de Impuestos Nacionales y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0080/2014 de 20 de enero, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

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 artículo 1
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 artículo 47
 artículo 154
 artículo 61
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 artículo 59
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 artículo 781
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