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Timestamp: 2019-01-16 10:58:43+00:00

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V.2019/01.#EXPERTOENDERECHO®:: B.J. NO. 1153, DICIEMBRE 2006 SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2006, No. 62.
V.2019/01.#EXPERTOENDERECHO®:
B.J. NO. 1153, DICIEMBRE 2006
SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2006, No. 62.
Resolución impugnada:
Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 4 de agosto del 2006.
Correccional.
Cándido Bidó Ventura.
Licdos. José Manuel Alburquerque C. y José Manuel Alburquerque Prieto y Dr. José Antonio Gil Gutiérrez.
Eugenio Perdomo y Henya Tejada.
Abogado: Dr. Carlos Balcácer.
En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 13 de diciembre del 2006, años 163E de la Independencia y 144E de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Cándido Bidó Ventura, dominicano, mayor de edad, pintor, casado, cédula de identidad y electoral No. 001-0059874-7 domiciliado y residente en la calle Dr. Báez No. 5 del sector de Gazcue de esta ciudad, actor civil, contra la resolución dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 de agosto del 2006, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído al Lic. José Manuel Alburquerque, abogado del recurrente, en sus conclusiones;
Oído a la Lic. Nancy Villanueva, en representación del Dr. Carlos Balcácer en representación de Eugenio Perdomo y Henya Tejada, parte interviniente, en sus conclusiones;
Visto el escrito mediante el cual el recurrente por intermedio de los Licdos. José Manuel Alburquerque C., y José Manuel Alburquerque Prieto y el Dr. José Antonio Gil Gutiérrez, interpone el recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 14 de agosto del 2006;
Visto la resolución de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para el día 8 de noviembre del 2006;
Visto la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997;
La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto el artículo 169, numeral 2, literal f, de la Ley 65-00, sobre Derecho de Autor; 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y, los artículos 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;
Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 11 de noviembre del 2005 se dictó Auto de Apertura a Juicio en contra de Eugenio Ernesto Perdomo Batlle y Henya Brayda Tejeda Montás, imputados de violación a las disposiciones del artículo 169, numeral 2 literal c, de la ley 65-00 sobre Derecho de Autor; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual dictó sentencia el 1ro. de marzo del 2006, cuyo dispositivo es el siguiente: APRIMERO: Declara a los imputados Eugenio Ernesto Perdomo Batle y Henya Brayda Tejeda Montás culpables de haber cometido el delito, de la distribución de obras artísticas conociendo el origen ilícito de las obras, en perjuicio del señor Cándido Bidó Ventura, hecho previsto y sancionado por el artículo 169 numeral 2 literal f de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor del 14 de marzo del año 2001, variando de esta forma la calificación dada a los hechos, en consecuencia se les condena a cumplir una pena de tres (3) meses de prisión correccional y al pago de una multa de Cien (100) salarios mínimos oficiales; de igual forma ordenamos el decomiso y destrucción de las reproducciones ilícitas; SEGUNDO: Ordena que la presente sentencia sea ejecutada en la Cárcel Modelo de Najayo; TERCERO: Ordena a la secretaria de éste tribunal comunicar una copia de la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal; CUARTO: Condena a los imputados Eugenio Ernesto Perdomo Batle y Henya Brayda Tejeda Montás al pago de las costas penales del proceso; QUINTO: Declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil interpuesta por el señor Cándido Bidó Ventura, por conducto de su abogado apoderado especial José M. Alburquerque y en cuanto al fondo, se condena a los imputados Eugenio Ernesto Perdomo Batle y Henya Brayda Tejeda Montás al pago conjunto y solidario de una suma ascendente a Un Millón de Pesos Dominicanos (RD$1,000,000.00) en favor y provecho del señor Cándido Bidó Ventura, como justa reparación a los daños y perjuicios morales causados con su acción; SEXTO: Condena a los imputados Eugenio Ernesto Perdomo Batle y Henya Brayda Tejeda Montás al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho del abogado José M. Albulquerque quien afirma haberlas avanzado en su totalidad@; c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la decisión ahora impugnada, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 de agosto del 2006, y su dispositivo es el siguiente: PRIMERO: Declara con lugar los recursos de apelación interpuesto por: a) Dr. Carlos Balcácer, actuando a nombre y en representación de Henya Braida Tejeda Montás, en fecha 31 del mes de marzo del año 2006; b) Dr. Carlos Balácer, actuando a nombre y en representación de Eugenio Ernesto Perdomo Batlle, en fecha 31 del mes de marzo del año 2005, ambos contra la sentencia No. 29-2006 del primer (1) día del mes de marzo del año 2006, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: Anula la sentencia recurrida en todas sus partes, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente decisión; TERCERO: Ordena la celebración de un nuevo juicio total, al haberse establecido que es necesario realizar nueva valoración de los medios probatorios, por contener la sentencia recurrida violaciones contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 417 del Código Procesal Penal; CUARTO: Envía las actuaciones del presente proceso por ante la Presidencia de Cámaras Penales del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a fin de que conozca del juicio, en base a las atribuciones que le confiere la Ley No. 50-00; QUINTO: Conmina a las partes para que luego de fijada la audiencia cumplan con las formalidades que prevé el artículo 305 del Código Procesal Penal; SEXTO: Exime a las partes del pago total de las costas causadas en la presente instancia@ ;
Considerando, que el recurrente, en síntesis, propone en sus medios de casación lo siguiente: APrimero: Errónea aplicación de las disposiciones de los artículos 334 y 346 de la Ley 76-02, del Código Procesal Penal; la Corte acoge los recursos de apelación bajo el alegato de que supuestamente el Tribunal Colegiado que conoció el caso incurrió en violaciones a normas procedimentales relativas al debido proceso, de linaje constitucional, respecto de la inobservancia a pena de nulidad de fórmulas sacramentales y sustanciales que ocasionan la indefensión al no contener en el cuerpo de la decisión judicial rendida la debida juramentación de los testigos deponentes durante la instrucción del proceso oral, público y contradictorio, conforme al mandato expreso del artículo 325 del Código Procesal Penal y por decisión jurisprudencial constante y firme de nuestro más alto tribunal; contrario a lo establecido por la Corte a-qua, el Tribunal Colegiado que conoció el caso en primer grado cumplió con todos y cada una de las normas procedimentales establecidas en el Código Procesal Penal y en la Constitución y no obvió la juramentación de los testigos, sino que dio cumplimiento cabal a las disposiciones de los artículos 201 y 325 del Código Procesal Penal; la Corte a-qua incurrió en una incorrecta aplicación de las disposiciones del artículo 334 del Código Procesal Penal relativos a los requisitos de la sentencia, pues dicha disposición legal no exige la constancia de juramentación en el cuerpo de la sentencia ni tampoco contiene los requisitos cuya omisión conlleva a la pena de nulidad; la ley no exige a pena de nulidad que en el cuerpo de la sentencia se indique de manera expresa la juramentación de los testigos, por lo que la Corte a-qua no podía anular la sentencia bajo el alegato de que hubo una supuesta violación a las normas procedimentales, por el hecho de que el secretario del tribunal por un error involuntario no hiciera constar en la sentencia una mención que la ley no le exige a pena de nulidad; Segundo: Errónea aplicación de las disposiciones del artículo 321 y 336 de la Ley 76-02, la sentencia declara nula la decisión de primer grado por una supuesta errónea aplicación de una norma jurídica al no advertir a los recurrentes sobre el eventual cambio de calificación jurídica que operaría respecto de la rendida por el Juez de la Instrucción apoderado, quien al dictar el Auto de Apertura a Juicio envió a los imputados y recurrentes para ser juzgados por presunta violación a las disposiciones del artículo 169, numeral 2, literal C, de la Ley 65-00, Sobre Derecho de Autor, y no de violación al literal F, del referido artículo, excluyendo el literal c; al declarar nula la sentencia dictada en primer grado por la supuesta inadvertencia de esta variación calificativa de la infracción supuestamente les impidió el correcto ejercicio de su derecho de defensa; contrario a lo establecido por la Corte, la posibilidad de una nueva calificación jurídica del hecho objeto del juicio había sido considerada por el querellante y actor civil, lo cual se puede comprobar con la lectura detenida de la constitución en querellante y actor civil; al anular la sentencia, la Corte a-qua incurre en una errónea apreciación de las disposiciones del artículo 321 del Código Procesal Penal; el tribunal de primer grado no incurre en una violación a la ley, al variar la calificación dada a los hechos sin que las partes acusadoras se lo hubieran requerido, toda vez que según consta en la misma sentencia, la parte querellante y actor civil solicitó al tribunal a-quo la condenación de los imputados por violación a las disposiciones del artículo 169 numeral 2 de la Ley 65-00, sobre Derecho de Autor y siempre había solicitado condenaciones en virtud de la violación tanto del literal c como del F, en los cuales se sanciona la distribución de obras de artes sin autorización de su autor, por lo que al realizar dicha variación el tribunal simplemente otorgó a los hechos imputados la calificación que fue comprobada durante la ponderación de las pruebas y el conocimiento del fondo@;
Considerando, que la Corte a-qua, para anular la sentencia del Juzgado a-quo y ordenar la celebración total de un nuevo juicio se limitó a señalar lo siguiente: AQue se advierte que la trilogía juzgadora ha incurrido en violaciones de normas procedimentales relativas al debido proceso, de linaje constitucional, respecto de la inobservancia a pena de nulidad de fórmulas sacramentales y sustanciales que ocasionan la indefensión, al no contener en el cuerpo de la decisión judicial rendida la debida juramentación de los testigos deponentes durante la instrucción del proceso oral, público y contradictorio, conforme al mandato expreso del artículo 325 del Código Procesal Penal y por decisión jurisprudencial constante y firme, nuestro más alto tribunal, máxime cuando en sus testimonios se aposentaron los juzgadores para validar su fallo; así como de la errónea aplicación de una norma jurídica, en la especie, lo dispuesto por el artículo 321 de la norma procesal penal vigente, al no advertir a los recurrentes sobre el eventual cambio de calificación jurídica que operaría respecto de la rendida por el Juez de la Instrucción apoderado, quien al dictar el Auto de Apertura a Juicio envió a los imputados y recurrentes para ser juzgados por presunta violación a las disposiciones del artículo 169, numeral 2, literal c, de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor y no de violación al literal F del referido articulado, excluyendo el literal c ya citado, imposibilitando a los imputados que defendiesen ante al posibilidad de la variación de la calificación jurídica @; lo cual constituye una pobre argumentación que no justifica ni fundamenta adecuadamente la anulación de la sentencia de primer grado;
Considerando, que de acuerdo al ordinal 2.1 del artículo 422 del Código Procesal Penal, la Corte de Apelación, puede dictar directamente la sentencia del caso, sobre la base de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida;
Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos del expediente a que ella se refiere, ponen de manifiesto que tal como alega el recurrente, el tribunal de primer grado, al dictar su sentencia no incurrió en violación alguna a las normas procesales relativas al debido proceso, por lo que la Corte a-qua no debió anular dicha sentencia y ordenar un nuevo juicio por ante un tribunal distinto al que conoció el fondo del asunto, sino que pudo decidir directamente el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2.1 del artículo 422 del Código Procesal Penal, en razón de que la misma contaba con elementos suficientes para dictar directamente la sentencia; por consiguiente, resulta procedente admitir el medio analizado.
Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Cándido Bidó Ventura contra la resolución dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 de agosto del 2006, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Ordena el envío por ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional a fines de examinar nuevamente el recurso de apelación interpuesto por el recurrente; Tercero: Se compensan las costas.
Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella. Grimilda Acosta, Secretaria General.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 169
 artículo 169
 artículo 169
 artículo 417
 artículo 305
 artículo 325
 artículo 334
 artículo 321
 artículo 169
 artículo 321
 artículo 169
 artículo 325
 artículo 321
 artículo 169
 artículo 422
 artículo 422
 resolución