Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jul/20190726.html
Timestamp: 2020-08-14 15:23:25+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5328, viernes 26 de julio de 2019
Votaciones de la sesión extraordinaria del jueves 25 de julio de 2019
De la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con la que remite el informe semestral sobre el uso del endeudamiento de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias correspondiente al segundo semestre de 2018
De la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con la que remite información de la SHCP relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a junio de 2019
Del Senado de la República, con la que remite acuerdo por el que el pleno de la Comisión de Selección designa al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción
De la Secretaría de Salud, con la que remite informe presupuestal y programático correspondiente al segundo trimestre de 2019
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual informa que el SAT, a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior que no resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en junio de 2019 dio destino sólo a bienes aptos para su uso y consumo
Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la que remite el documento Elementos para considerar en el presupuesto de 2020, en materia de educación, salud, seguridad social e infraestructura social básica
Del Congreso de Michoacán de Ocampo, con la que exhorta a establecer una escepción para los comercios pequeños en el régimen de incorporación fiscal
Del Congreso de Michoacán de Ocampo, por la que exhorta a dar celeridad al dictamen de la reforma a la Ley de Puertos aprobado en el Senado
Del gobierno de Oaxaca, con la que responde punto de acuerdo relativo a la aplicación de políticas públicas dirigidas a promover, preservar y revitalizar las lenguas originarias
Del gobierno de San Luis Potosí, relativo a la aplicación de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
De la Secretaría del Zacatecano Migrante, con la que remite respuesta a punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a implementar proyectos productivos individuales y familiares en beneficio de los migrantes en retorno
De la Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas, con la que responde a punto de acuerdo por el que se exhorta a las 32 entidades a que fortalezcan, amplíen y ejecuten políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida y los demás tipos de violencia cometidos en razón de género contra las mujeres
Del Congreso de Oaxaca, con la que remite contestación a punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a preferir las sociedades cooperativas para la adquisición de bienes, contratación, realización de obra pública y servicios
Del Congreso de Tlaxcala, mediante la cual remite copia del acuerdo por el que se suma a la petición de reformar el código civil local y las leyes aplicables para garantizar el derecho al cambio de nombre y la adecuación de los registros públicos y documentos de identidad
Del Instituto Hidalguense de las Mujeres, con la que remite contestación a punto de acuerdo relativo al exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo en las 32 entidades federativas a fortalecer políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida y los demás tipos de violencia cometidos en razón de género
Del gobierno de Guerrero, con la que remite respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal a punto de acuerdo por el que se exhorta al estado a incentivar el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan la reducción, el reúso y reciclaje de residuos
Del gobierno de Guanajuato, con la que remite respuesta al punto de acuerdo relativo a garantizar derechos, bienestar, información y justicia a familiares de personas desaparecidas
Del Congreso de Hidalgo, con la que remite respuesta a punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a que realicen las reformas al marco normativo estatal que garanticen la independencia técnica y de gestión de sus poderes judiciales, estableciendo mecanismos transparentes para garantizar las mejores prácticas en la designación de jueces, magistrados y consejeros
De la diputada Beatriz Manrique Guevara
Con punto de acuerdo, por la que se solicita la integración de la Comisión Especial de la Familia, recibida de Soraya Pérez Munguía, Ivonne Álvarez García, María Lucero Saldaña Pérez y Margarita Flores Sánchez, diputadas del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2019
Doctor Arturo Garita Alonso
Le saludo atentamente y, con fundamento en los artículos 32, numeral 1, y 33, numeral 1, inciso c), del Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República, me permito remitirle copia del oficio número 118/2019, de fecha 15 de julio de 2019, suscrito por el ingeniero Octavio Romo Oropeza, director general de Pemex, a través del cual presenta el informe semestral sobre el uso del endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias correspondiente al segundo semestre de 2018.
Marcos Alejandro Gil González (rúbrica)
(Remitida a la Comisión de Energía. Julio 24 de 2019.)
Le saludo atentamente y, con fundamento en los artículos 32, numeral 1, y 33, numeral 1, inciso e), del Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República, me permito remitirle copia del oficio 102-B-071 de fecha 15 de julio de 2019, suscrito por el licenciado Félix Federico Palma Valdés, subprocurador fiscal federal de Amparos, a través del cual presenta información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a junio de 2019.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos conducentes.
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración que estime necesaria.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a junio de 2019, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mismo mes de 2018.
Licenciado Félix Federico Palma Valdés (rúbrica)
En ausencia de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Púbico; de Ingresos, y de Egresos; de la oficial mayor; y del procurador fiscal de la Federación
(Remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Julio 24 de 2019.)
Le saludo atentamente y con fundamento en los artículos 32, numeral 1, y 33, numeral 1, inciso c), del Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República, me permito remitirle copia de la comunicación de fecha 10 de junio de 2019, suscrita por la licenciada Edna Jaime Treviño, coordinadora de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de la cual informa que el ciudadano Jorge Alberto Alatorre Flores ha sido designado como nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana.
Lo anterior para su conocimiento y efectos conducentes.
Secretario Técnico de la Mesa Directiva
Estimado senador Batres,
Por medio de la presente y de acuerdo con el artículo 18, fracción II, inciso f), de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Base Décima de la convocatoria 2018- 2019, me permito informarle que la Comisión de Selección tenía previsto designar al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) el pasado 1 de febrero del año en curso, quien relevaría a Mariclaire Acosta Urquidi por la conclusión de su encargo el 8 de febrero de 2019.
No obstante, este órgano colegiado recibió del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, la suspensión de la designación derivado del juicio de amparo interpuesto por uno de los aspirantes registrados en esta convocatoria. El 14 de mayo del año en curso se dictó la sentencia correspondiente en el expediente 73/2019, por lo que el 7 de junio esta Comisión de Selección realizó la sesión pública para designar al nuevo integrante del CPC.
Como resultado de las etapas de evaluación, le comunico que la Comisión de Selección determinó designar al ciudadano Jorge Alberto Alatorre Flores como nuevo integrante del CPC que, como lo establece el artículo 16 de la Ley General, en su último párrafo, durará en su encargo cinco años.
La decisión de esta comisión es producto de un proceso riguroso y transparente que incluyó la evaluación exhaustiva de expedientes de las candidaturas, entrevistas públicas, foros de consulta ciudadana y una amplia deliberación entre los integrantes de este cuerpo colegiado. Por ello, comparto con usted el “acuerdo por el que el pleno de la Comisión de Selección designa al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para el periodo 2019-2024”.
Por último, le comento que una vez verificada la presentación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses del nuevo integrante del CPC, en los términos que establece el artículo 16 de la Ley General, el ciudadano Jorge Alatorre Flores recibió la constancia de nombramiento correspondiente.
Extiendo la presente comunicación para los fines que el Senado de la República considere pertinentes. Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Edna Jaime Treviño (rúbrica)
Coordinadora de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción
Acuerdo por el que el pleno de la Comisión de Selección designa al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para el periodo 2019-2024
1. Que el pasado 13 de octubre de 2016 quedó integrada la Comisión de Selección para la designación de los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción;
2. Que la fracción II del artículo 18 de la Ley General señala que la Comisión de Selección “deberá emitir una convocatoria, con objeto de realizar una amplia consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo” en el Comité de Participación Ciudadana del SNA;
3. Que de conformidad con los artículos 16 y 18 de la Ley General y el acuerdo de la Comisión de Selección por el que se otorga el nombramiento a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción del 30 de enero de 2017, se designó a Mariclarie Acosta Urquidi por un periodo de dos años que concluyó el 8 de febrero de 2019;
4. Que de acuerdo con las facultades legales definidas por la fracción II del artículo 18 de la Ley General, el 3 de octubre de 2018 la Comisión de Selección emitió la Convocatoria Nacional 2018-2019 para seleccionar a un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana;
5. Que la convocatoria emitida por la Comisión de Selección fue publicada en su sitio de internet (www.comisionsna.mx) y fue difundida ampliamente entre la sociedad mexicana y contiene los requisitos establecidos por la Ley General para postular candidaturas al Comité de Participación Ciudadana;
6. Que la convocatoria definió con claridad los medios de entrega de la documentación, las etapas del proceso de selección y los plazos para dar cumplimiento a las fases establecidas en la misma, determinando como fecha límite para la recepción de documentos de los candidatos interesados en ocupar una posición en el Comité de Participación Ciudadana del SNA el 30 de noviembre de 2018;
7. Que el 27 de noviembre de 2018 la Comisión de Selección aprobó la ampliación del plazo para el registro de las postulaciones de los candidatos al Comité de Participación Ciudadana, definiendo como nueva fecha límite el 14 diciembre de 2018, modificando los plazos de las demás etapas del proceso de selección.
8. Que la Comisión de Selección aprobó la “metodología para la valoración de los expedientes presentados por los candidatos a ocupar una posición en el Comité de Participación Ciudadana del SNA”, misma que fue publicada el 26 de noviembre de 2018 en el sitio www.comisionsna.mx;
9. Que con propósito de transparentar el proceso de selección, el 19 de diciembre de 2018 la Comisión de Selección dio a conocer en su página www.comisionsna.mx la lista de las 19 postulaciones registradas que cumplieron con la entrega de la documentación establecida en la convocatoria;
10. Que conforme a la Base Séptima de la convocatoria y la metodología referida, se integraron los expedientes de cada candidata y candidato, los cuales fueron evaluados de manera independiente por tres miembros de la comisión de acuerdo con los criterios de valoración, a partir de la revisión exhaustiva de todos los documentos remitidos por los candidatos. El expediente completo de las 19 candidaturas, se hizo público en la página de la Comisión de Selección: www.comisionsna.mx;
11. Que con el objeto de favorecer la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de selección, el 11 de enero de 2019 se publicó la asignación de expedientes de los candidatos a los integrantes de la comisión, así como los casos en los que dichos expedientes fueron reasignados;
12. Que el 11 de enero de 2019, la Comisión de Selección emitió el acuerdo por el que se determina las candidaturas que avanzaron a la etapa de entrevistas para ocupar una posición en el Comité de Participación Ciudadana en el cual se aprobó por mayoría simple que avanzaran a la etapa de entrevistas las candidatas y los candidatos que obtuvieron los cinco puntajes mayores en la primera etapa de evaluación, los cuales se entrevistarían en sesiones abiertas al público el 25 de enero de 2019 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
13. Que el 25 de enero, se sostuvo una sesión de consulta pública en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para recibir la opinión de la sociedad civil organizada sobre el proceso de selección y la idoneidad de las candidatas y los candidatos que pasaron a la etapa de entrevistas;
14. Que el mismo 25 de enero se realizó la fase de entrevistas con los candidatos finalistas.
Conforme a la metodología referida, cada candidato participó en igualdad de términos y condiciones, las entrevistas cuales fueron de carácter público, transmitidas en vivo y grabadas para su retransmisión posterior en el Canal del Congreso;
15. Que de acuerdo con la Base Décima de la convocatoria, la Comisión de Selección tenía previsto designar en sesión pública, el viernes 1 de febrero del año en curso, al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA; no obstante, la Comisión de Selección recibió del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, la suspensión de dicha designación derivado del juicio de amparo interpuesto por aspirante registrado, ciudadano Enrique Carpizo Aguilar, ante el desechamiento de su candidatura el 14 de mayo de 2019;
16. Que mediante sentencia de fecha 14 de mayo del año en curso, dictada en el expediente 73/2019 del índice del juzgado señalado en el párrafo que antecede, se dejó sin efectos el oficio de desechamiento de la candidatura del ciudadano Enrique Carpizo Aguilar, de fecha 15 de enero del año en curso, suscrito por la Comisión de Selección, para que emitiera, con plena jurisdicción, otro debidamente fundado y motivado;
17. Que el 16 de mayo de 2019, la Comisión emitió el acuerdo por el que se aprueba que el candidato Enrique Carpizo Aguilar acceda a la segunda etapa de evaluación de la convocatoria para ocupar una posición en el Comité de Participación Ciudadana, citando a comparecer al candidato en sesión abierta al público el 7 de junio de 2019 en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE);
18. Que el mismo 7 de junio se realizó la entrevista del candidato Enrique Carpizo Aguilar conforme a la metodología referida y que una vez concluida la ronda de entrevistas y de acuerdo con la convocatoria y metodología de evaluación, los integrantes de la Comisión de Selección llevaron a cabo una sesión privada bajo reglas Chatam House para deliberar e identificar la candidatura con mayor consenso. La deliberación se orientó por los criterios establecidos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, los definidos por la misma comisión en la convocatoria y la metodología, que incluyeron equidad de género, diversidad geográfica, experiencia profesional y perspectiva interdisciplinaria; trayectoria y aptitud para colaborar en órganos colegiados, la independencia, la capacidad de vinculación con la sociedad y la calidad de juicio, así como las necesidades específicas para el buen funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana;
19. Que el 7 de junio, los integrantes de la Comisión de Selección celebraron sesión pública para designar al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana. De acuerdo con los artículos 18 y 19 de las Reglas de Operación, estuvieron presentes físicamente seis miembros de la comisión más uno que lo hizo de manera virtual;
20. Que de acuerdo con en el artículo 19 de las Reglas de Operación de la Comisión de Selección del SNA, “la designación de los miembros del Comité de Participación Ciudadana será por una votación calificada de siete integrantes. En caso de que luego de una segunda ronda de votaciones no se alcance esta mayoría, la designación se hará por mayoría de cinco integrantes.”
21. Que en la misma fecha, la coordinadora de la comisión sometió a consideración del pleno en sesión pública y solemne, el nombre de las candidaturas que, como resultado de las etapas de evaluación, se perfilaron como idóneas para ocupar la posición vacante:
Número de Folio / Nombre
D-1800160 / Jorge Alatorre Flores
D-1800110 / Óscar Arredondo Pico
22. Que la fundamentación y argumentación para las candidaturas propuestas fue expuesta por la coordinadora de la Comisión de Selección en los siguientes términos:
El maestro Jorge Alatorre es un mexicano con una trayectoria probada en el sector público, social y académico. Destaca su labor como presidente del Comité de Participación Social del estado de Jalisco y su importante contribución en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción en esa entidad. Se desempeñó como consejero electoral distrital en cuatro ocasiones y estatal en una. Desde el ámbito académico, cuenta con una reconocida experiencia como docente en la Universidad de Guadalajara y en la investigación aplicada y la divulgación del conocimiento en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Óscar Arredondo Pico:
El abogado Óscar Arredondo es un mexicano con amplia experiencia en el sector público y social. Destaca su reciente colaboración en la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción y sus aportaciones en el diseño de propuestas para la construcción de la política nacional anticorrupción, así como en la conformación de la Red de Comités de Participación Ciudadana a nivel estatal. Se ha desempeñado como consultor experto en transparencia para USAID-México y como colaborador en el Programa de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC. Asimismo, sobresale su conocimiento en materia normativa de gasto público, deuda y fideicomisos públicos, así como en transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos.
En la sesión pública de auscultación, el abogado Óscar Arredondo mostró una visión clara sobre el papel del Comité de Participación Ciudadana, pensamiento crítico respecto a las áreas de oportunidad del Sistema Nacional Anticorrupción y vocación de servicio e independencia para trabajar en esta tarea.
Dentro de su propuesta de trabajo presentó como alternativas el impulso de la capacitación de jóvenes para fortalecer la contraloría social para denunciar casos de corrupción y buscar las reformas legales para garantizar la reparación del daño provocado por este fenómeno.
23. Que se sometió a una primera ronda de votación del pleno de la Comisión de Selección en sesión pública y solemne, de forma individual y por orden alfabético, los nombres de las dos candidatas que concitaron el consenso, sin que ello limitara la manifestación de votos hacia cualquier otra candidatura. Los resultados obtenidos fueron:”1
Jorge Alatorre Flores: 5 a favor; 0 abstenciones; sin excusas
Óscar Arredondo Pico: 3 a favor; 0 abstenciones; sin excusas
24. Que conforme al artículo 19 de las Reglas de Operación de la Comisión de Selección del SNA y después de registrar cinco votos para la primera candidatura y tres votos para la segunda, se resolvió realizar una segunda ronda de votaciones, registrando los siguientes resultados:
25. Que en la segunda ronda de votación se registraron cinco votos para la primera candidatura y tres votos para la segunda, por lo que se resolvió realizar una tercera ronda de votaciones, registrando los siguientes resultados:
26. Que derivado de los resultados de la tercera ronda de votación del pleno de la Comisión de Selección, se computaron cinco votos en favor de la candidatura de Jorge Alatorre Flores, alcanzando una mayoría de cinco integrantes;
Primero. Con fundamento en los artículos 18 y 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el acuerdo del pleno del Senado mediante el cual designa a los miembros de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en la Gaceta del Senado, LXIII Legislatura, número 30, tomo 1, del 18 de octubre de 2016, las Reglas de Operación de la Comisión de Selección, la convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 2018-2019, la metodología para la valoración de los expedientes presentados por las candidatas y los candidatos a integrar el Comité de Participación Ciudadana del SNA y los acuerdos del pleno de la comisión relativos al proceso de selección, todos publicados en la página www.comisionsna.mx; en plena y absoluta autonomía e independencia de decisión, la Comisión de Selección designa al ciudadano Jorge Alatorre Flores como nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana quien durará en su encargo cinco años, de acuerdo con lo que establece el artículo 16, párrafo último, de la Ley General.
1 Juan E. Pardinas Carpizo no pudo estar presente en la sesión, pero hizo llegar su voto por escrito en sobre cerrado a la coordinadora de la comisión, Edna Jaime. El sobre fue abierto durante la sesión pública.
José Luis Juan Caballero Ochoa, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Sergio López Ayllón, Edna Jaime Treviño, Juan E. Pardinas Carpizo, María Elena Morera Mitre, Pedro Salazar Ugarte, Viridiana Ríos Contreras.
(Turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Julio 24 de 2019.)
Me refiero a lo dispuesto en los artículos 26 (anexo 25) del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que las dependencias, a través de la coordinadora de sector, deberán enviar trimestralmente a la honorable Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.
Al respecto, por instrucciones del doctor Jorge Carlos Alcacer Varela, secretario de Salud y en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que establece que corresponde a esta unidad coordinadora “...coordinar los mecanismos de vinculación con el Poder Legislativo...” me permito enviar oficio UAF/ST/134/2019, suscrito por la maestra Rosa Elda Martínez, secretaría técnica de la Unidad de Administración y Finanzas, así como el anexo que la acompaña, mediante la cual se proporciona la información descrita.
Por instrucciones del doctor Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de esta Secretaría, le envío atenta nota-DGPyP-22-2019 , para que dicha información sea tramitada de manera urgente por su amable conducto ante la honorable Cámara de Diputados, a través de las comisiones correspondientes. Asimismo, hago de su conocimiento que la fecha de vencimiento para atender dicha obligación es el 19 de julio de 2019.
De: contador público Mario Ruiz de León
Me refiero a lo dispuesto en los artículos 26 (anexo 25), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 y 181 del Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que las dependencias a través de la coordinadora de sector, deberán enviar trimestralmente a la honorable Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y por concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.
Al respecto, con fundamento en el artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y el artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; le envío en forma impresa y en disco compacto, los informes presupuestales y programáticos correspondientes al segundo trimestre del año 2019, de los siguientes programas sujetos a reglas de operación: para la Atención a Personas con Discapacidad, Seguro Médico Siglo XXI, Calidad en la Atención Médica y Fortalecimiento a la Atención Médica.
Del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras sólo se reporta la parte presupuestal; le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) enviar el informe programático.
Se envían adicionalmente, informes programáticos definitivos sobre el cumplimiento de las metas y objetivos de los siguientes programas: Prospera “Programa de Inclusión Social”, bimestre noviembre-diciembre de 2018 (cierre definitivo), así como los correspondientes al primer trimestre de 2019 “Fortalecimiento a la Atención Médica” (cierre definitivo).
Es importante mencionar que la fecha límite para entregar dicha información es el 19 de julio de 2019, y debe enviarse una copia del oficio que se remita a la honorable Cámara de Diputados, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público al (director general de Programación y Presupuesto A) y de la Función Pública al (titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública).
Docto.1 Docto.2 Salud.rar
(Remitida a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Salud. Julio 24 de 2019.)
Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, me permito informarle que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior que no resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en junio de 2019 dio destino a bienes aptos para su uso y consumo, siendo éstos alimentos, artículos de aseo personal, combustibles y monedas, entre otros.
El total de bienes destinados en junio de 2019 fue de 869 mil 972, los cuales se encuentran contabilizados en la unidad de medida kilogramos, litros y piezas. Anexo al presente el detalle respectivo.
Licenciado Marco Antonio Díaz Salas (rúbrica)
En suplencia por ausencia del administrador central de Destino de Bienes y del administrador de Destino de Bienes “1”
Con el propósito de fortalecer la toma de decisiones en materia presupuestal, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) elaboró el documento denominado Elementos para considerar en el Presupuesto 2020 en materia de educación, salud, seguridad social e infraestructura social básica , con base en los diagnósticos de derechos sociales y el documento de Consideraciones para el proceso presupuestario 2020 . Dicho documento presenta algunos hallazgos y sugerencias que podrían ayudar a la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2020.
Esperando que sea de utilidad para las importantes funciones que usted desempeña, el documento se encuentra disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/E lementos gasto 2020. pdf
Finalmente, le comento que en el Coneval estamos convencidos que la interlocución permanente con las y los funcionarios públicos a cargo de las políticas públicas permite mejorar de manera oportuna su implementación, por lo que, si usted lo considera conveniente, podríamos agendar una reunión para retroalimentar lo plasmado en el documento.
(De enterado; comuníquese. Julio 24 de 2019.)
Morelia, Michoacán de Ocampo, a 19 de junio de 2019.
Conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, por este conducto se remite acuerdo número 222, mediante el cual se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que establezcan en las leyes correspondientes, un mecanismo de excepción a la aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal a los Comercios Pequeños. Lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes.
Diputado José Antonio Salas Valencia (rúbrica)
Diputado Octavio Córdova (rúbrica)
Diputada María Teresa Mora Covarrubias (rúbrica)
Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus facultades establezcan en la ley o leyes correspondientes un mecanismo de excepción a la aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal cuando se trate de comercios pequeños, con la finalidad de que puedan realizar su tributación bajo los requisitos que se establecían en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.
Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 19 días de junio de 2019.
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Pública. Junio 19 de 2019.)
Conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, por este conducto se remite acuerdo número 231, mediante el cual se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a los congresos locales de diversos estados, a efecto de impulsar la reforma a la Ley de Puertos. Lo anterior para conocimiento y efectos conducente.
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que de forma acelerada y diligente se estudie, analice, discuta y dictamine la Reforma a la Ley de Puertos aprobada por el Senado de la República en data cuatro de abril de la presente anualidad.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los honorables Congresos de los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas para que de forma conjunta o por separado, exhorten a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en medida de lo posible, reduzcan los tiempos de dictamen, discusión y, en su caso, de aprobación de la reforma a la Ley de Puertos aprobada por el Senado de la República en data cuatro de abril de la presente anualidad, en beneficio de los ciudadanos que habitan en las regiones donde existen administraciones portuarias integrales de dichas entidades federativas.
Tercero. El Congreso del estado de Michoacán se pronuncia a favor de que sea aprobada la reforma a la Ley de Puertos, aprobada por el Senado de la República y espera que la Cámara de Diputados haga lo propio en el mismo sentido.
(Turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 24 de julio de 2019.)
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, junio 17 de 2019.
Por instrucciones del maestro José Octavio Tinajero Zenil, consejero jurídico del gobierno del estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 49 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se da respuesta al oficio D.G.P.L. 64-II-3-692, de fecha 25 de abril de 2019, mediante el cual se comunica al titular del Poder Ejecutivo del estado, punto de acuerdo.
Sobre el particular, adjunto copia del oficio SEPIA/CICDC/069/2019 y anexos, signado por la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano en el cual informa: “...me permito remitir, a usted, el reporte de las acciones que en la materia realiza esta secretaría en los siguientes términos: a) Firma de convenio SAI-Inali número INALI.C.B.2/005/2019; b) Emisión de la convocatoria del Programa de Estímulo al Mérito Académico de Jóvenes Indígenas y Afromexicano “Semillas de Talento”; c) Emisión de la convocatoria del programa “Formadores Culturales” para la Salvaguarda de las Lenguas Indígenas “Lenguas Vivas”, entre otras acciones; por lo que se está atendiendo el punto de acuerdo citado, solicitando se tenga al titular del Poder Ejecutivo del estado cumpliendo con lo exhortado en el diverso de cuenta.
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 3 de junio de 2019.
Maricarmen Cejudo Gallardo
En atención al oficio al rubro indicado, de fecha 9 de mayo del 2019, recibido en esta Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano, el día 14 de mayo del 2019, mediante el cual, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, a petición de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita información relativa a la instrumentación de políticas públicas dirigidas a promover, preservar y revitalizar las lenguas originarias de nuestro país, me permito remitir a usted el reporte de las acciones que en la materia realiza esta Secretaría en los siguientes términos:
Por su atención, le reitero las gracias y me suscribo a sus órdenes.
Anexo las evidencias documentales certificadas.
Contadora Pública Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica)
Titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados
En atención a su oficio número D.G.P.L. 64-II-7-720, relativo a la aplicación de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, por instrucciones de Juan Manuel Carreras López, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, me permito hacer de su conocimiento que este gobierno está comprometido con la aplicación de los recursos bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas como lo menciona en el oficio mencionado, asimismo, en efecto en todo momento nos hemos sujetado a los objetivos planteados en el fondo, procurando beneficiar a la población con discapacidad.
Fernando Chávez Méndez (rúbrica)
Zacatecas, Zacatecas, 19 de junio de 2019.
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura
Por este conducto, y en atención al oficio número D.G.P.L. 64-II-7-447, expediente 810, mediante el cual exhortan a las entidades federativas para que implementen proyectos productivos individuales y familiares en beneficio de los migrantes en retorno.
Al respecto, me permito respetuosamente, informarle de las acciones que esta entidad zacatecana ha implementado a través de la Secretaría del Zacatecano Migrante para atender a los connacionales que año con año son deportados o repatriados a sus lugares de origen.
En el año 2017, ante las múltiples amenazas del presidente Trump, de iniciar una deportación masiva de migrantes, nuestro gobernador Alejandro Tello Cristerna, preocupado siempre por las acusas migrantes, destinó recursos para ellos, y por primera vez se creó el Programa de Apoyo a Zacatecanos Migrantes Deportados y Repatriados con recurso estatal , a fin de brindar y facilitar a este sector vulnerable su reinserción en la vida social y productiva de la entidad a través de un capital semilla para instalar un pequeño negocio e incrementar sus opciones de autoempleo, aprovechando las habilidades y capacidades que obtuvieron en los Estados Unidos.
El monto aprobado fue de veinte millones de pesos, de los cuales solo se ejercieron 12 millones 240 mil por recortes presupuestales; este monto se distribuyó entre los 58 municipios beneficiando a 612 zacatecanos (as) deportados y repatriados, también se apoyó a 28 personas que requerían su boleto de autobús, que se encontraban en la frontera para regresar a su lugar de origen del estado de Zacatecas, el monto invertido fue de 84 mil pesos.
Para el año 2018 el monto asignado fue de nueve millones de pesos, con los cuales se benefició a 328 hombres zacatecanos deportados con 20 mil pesos cada uno y a 14 mujeres zacatecanas deportadas, para ellas fue de 35 mil pesos.
La honorable Legislatura del estado aprobó para el año 2019, un monto de cuatro millones 995 mil pesos, al Fondo de Apoyo a Zacatecanos Migrantes Deportados, con los cuales se beneficiarán a 233 personas entre hombres y mujeres.
Por lo anterior expuesto, es evidente que el gobierno de Zacatecas, encabezado por Alejandro Tello Cristerna, ha cumplido en la medida de las posibilidades, haciendo esfuerzos extraordinarios ante la complicada situación, pero aportando su granito de arena para el Programa de Fondo de Apoyo a Migrantes Deportados o Repatriados.
Este programa, vino a fortalecer al Fondo Federal de Apoyo a Migrantes , que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó desde el año 2009, por solicitud del gobierno del estado de Zacatecas, el cual ha sufrido varios cambios en sus reglas de operación, hasta que finalmente desapareció este 2019.
Desde su creación en el año antes mencionado, se han canalizado para Zacatecas más de 128 millones 570 mil 446 pesos, y se han creado más de 9 mil proyectos productivos a lo largo y ancho de nuestro estado, para crear las condiciones de desarrollo económico y social en los lugares de origen de los migrantes.
A continuación me permito detallar de los apoyos que ha recibido Zacatecas de la Federación a este importante programa migrante:
Relevante es mencionar que el monto nacional ahí referido es lo que se destinó a todos los estados y enseguida lo que le correspondió a nuestra entidad.
Mencionar que para el año 2019, con tristeza recibimos la noticia que el gobierno federal por primera vez desde su creación del programa, no destinaría recursos para los migrantes deportados o repatriados, y en días pasados se nos ha informado que el recurso destinado al Programa 3 X 1 (otro programa a cargo de esta Secretaría), ha sido reasignado para atender la migración en trámite, situación muy lamentable, ya que según el Instituto Nacional de Migración al mes de mayo de 2019, informa que han sido repatriados o deportados 2 mil 508 zacatecanos, de los cuales se han acercado a nuestra oficinas según registro mil 100 personas; con el apoyo estatal se beneficiarán sólo a 233 personas quedando sin acceder al apoyo 867.
Como se aprecia, sólo con el recurso estatal no se cubre la gran demanda que tenemos de migrantes deportados para atender a todas las personas que tenemos registradas y que esperaban su apoyo para emprender sus pequeños proyectos y que mucho benefician en general a la población zacatecana.
En ese tenor, solicitamos respetuosamente al honorable Congreso de la Unión considerar destine recursos para este importante programa que, como bien lo señala el diputado Marco Antonio Adame en su justificación, facilita la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales; y este noble programa es sin lugar a dudas una forma de incentivarlos como ya lo mencionamos anteriormente, a que se genere el autoempleo con un pequeño negocio que refuerce los vínculos en sus comunidades de origen.
Sin otro particular por el momento, y sabedores del compromiso que el honorable Congreso de la Unión tiene con la comunidad migrante, me reitero como su atento y seguro servidor, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.
José Juan Estrada Hernández (rúbrica)
Titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 2 de julio de 2019.
Con la finalidad de informar a esa vicepresidencia de la Comisión de Igualdad de Género, respecto al punto de acuerdo único del proyecto de dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, de fecha 3 de abril de 2019, que a la letra dice: “Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los titulares del Poder Ejecutivo en las 32 entidades federativas a que fortalezcan, amplíen y ejecuten políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida y los demás tipos de violencia cometidos en razón de género contra las mujeres, dándole puntual seguimiento a todas las leyes aplicables en la materia, así como a las estrategias planteadas tanto por el Ejecutivo federal, como por los tratados y mecanismos internacionales, suscritos por México”, tengo a bien comunicarle que, hasta la presente fecha y con el afán de dar cumplimiento a las atribuciones de esta Secretaría de Igualdad de Género, la cual tiene dentro de sus atribuciones la de proponer, ejecutar y dar seguimiento a las políticas y acciones encaminadas a la promoción y aplicación de la igualdad e inclusión de género en las políticas de la administración pública estatal, así como promover el desarrollo y participación de género en las acciones prioritarias del estado; proponer estrategias para la orientación de recursos a proyectos de inversión con los gobiernos estatal y federal, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones económicas, políticas, culturales y sociales de todas las personas, sin importar su género, concentrando esfuerzos y recursos en los sectores de mayor rezago en la entidad, así como incidir en los medios de comunicación masiva con el objeto de combatir los estereotipos e imágenes que atentan contra la dignidad y exclusión derivada del género, propiciar y difundir masivamente una cultura de no violencia hacia las mujeres y de igualdad y respeto entre los géneros; esta dependencia, a través de la Subsecretaría de Igualdad de Género, ha realizado diversas acciones para atender las medidas competentes en el Plan de Trabajo de la Alerta de Violencia de Género, así como otras, que coadyuvan a prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida y los demás tipos de violencia cometidos en razón de género contra las mujeres, las cuales responden al Programa de Trabajo del Estado de Chiapas, para la implementación de las Medidas de la Alerta de Violencia de Género (AVGM), siendo las siguientes:
A. Medida II. Prevención:
a) Medida 3, 3.1 a la 3.8
b) Medida 7, 7.1 y 7.2
c) Medida 8, MZA 2
Coadyuva en: Medida II Prevención: en coordinación con la FGE, SS, SE y DIF.
a) Medida 1
b) Medida 8, 8.1 a 8.5
B) Medida III. Medida de justicia y reparación
a) Medida 5, 5.1, 5.5 y 5.6
Medidas y acciones que se describen y adjuntan al presente para su mejor apreciación.
De igual manera, no omito manifestar que la suscrita, como titular de la Secretaría de Igualdad de Género, queda en la mejor disposición de coadyuvar en las acciones y/o gestiones que sean necesarias para el fortalecimiento, ampliación y ejecución de las políticas públicas, destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida y los demás tipos de violencia cometidos en razón de género contra las mujeres, dándole puntual seguimiento a todas las leyes aplicables en la materia, así como a las estrategias planteadas tanto por el Ejecutivo federal, como por los tratados y mecanismos internacionales, suscritos por México.
Sin otro asunto en particular, me es grato enviarle un cordial saludo.
Licenciada María Mandiola Totoricaguena (rúbrica)
Secretaria de Igualdad de Género de Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 24 de junio de 2019.
Ana Laura Roque Cruz
Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico
En atención al memorándum número SEIGEN/UAJ/0228/2019, para informar respecto “de las gestiones y/o acciones que se encuentran realizando y que estén destinadas al fortalecimiento, ampliación y ejecución de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida y los demás tipos de violencia cometidos en razón de género contra las mujeres”, con la finalidad de estar en condiciones de informar a la solicitud realizada por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de LXIV Legislatura de la Paridad de Género; la Secretaría de Igualdad de Género, atendiendo el artículo 32 de su Ley Orgánica, fracciones VI, IX, XV, XVIII, XXII y XXV, da respuesta de las acciones que se han realizado desde la Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género.
Se adjunta al presente informe detallado de acciones que la Secretaría de Igualdad de Género ha realizado para atender las medidas competentes en el Plan de Trabajo de la Alerta de Violencia de Género y otras acciones que coadyuvan a prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida y los demás tipos de violencia cometidos en razón de género contra las mujeres.
Sin otro en particular, me es grato enviarle un cordial saludo.
Maestra Gloria Leticia Daruich González (rúbrica)
Subsecretaria de Igualdad e Inclusión de Género de Chiapas
Por instrucciones de los ciudadanos diputados secretarios de la Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura constitucional del estado, le comunico que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha se dio cuenta con su oficio número D.G.P.L. 64-II-2-667, con el cual remite el acuerdo aprobado de fecha veinticinco de abril, el cual en su numeral “quinto” exhorta de manera respetuosa, con respeto a los principios de federalismo en el que se organiza el país, a los Congresos locales de las entidades federativas, a proponer a través de su conducto, una consideración preferente para las sociedades cooperativas dentro de los respectivos planes de adquisición de bienes, contratación, realización de obra pública y servicios, en sus respectivas entidades. Al respecto se emitió el, siguiente acuerdo:
“Enterado y para su atención; se turna a la Comisión Permanente de Desarrollo Social y Fomento Cooperativo”.
San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, a 8 de mayo de 2019.
Licenciado Jorge Abraham González Illescas (rúbrica)
Secretaría de Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracciones I y XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y en atención de su oficio número DGPL 64-II-3-438, de fecha 14 de febrero de 2019, me permito remitir a usted copia certificada del acuerdo aprobado por la LXIII Legislatura del Congreso de Tlaxcala, por el que éste se suma a la petición de reformar el código civil local y las leyes aplicables para garantizar el derecho al cambio de nombre y la adecuación de los registros públicos y documentos de identidad. Lo anterior, para los efectos legales procedentes.
Tlaxcala de Xicoténcatl, a 31 de mayo de 2019.
Licenciada Maricela Martínez Sánchez (rúbrica)
Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado
Primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 y 54, fracción LXII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y 3, 5, fracción 1, 7 y 9, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; la Sexagésima Tercera Legislatura se adhiere a la petición que hace el Congreso de la Unión a través de la cual insta a los congresos de las entidades federativas a efectuar las reformas necesarias al código civil local y leyes aplicables para que se garantice el derecho al cambio de nombre y a la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad, a través del procedimiento administrativo ante el Registro Civil correspondiente, conforme a la identidad de género autopercibida y sexogenéricas de las personas, trabajo legislativo que iniciará este Congreso con posterioridad al presente acuerdo.
Segundo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracciones I y XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía para que una vez aprobado este acuerdo, lo notifique al Congreso de la Unión, para los efectos conducentes.
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en Tlaxcala de Xicoténcatl, a 16 de mayo de 2019.
Diputados: María Félix Pluma Flores, presidenta; José María Méndez Salgado, Leticia Hernández Pérez, secretarios (rúbricas).
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 20 de junio de 2019.
Utilizo este medio para dar respuesta al oficio número DGPL 64-II-5-866 dirigido al licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del estado de Hidalgo, mediante el cual le hace saber que:
“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo en las 32 entidades federativas a que fortalezcan, amplíen y ejecuten políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida y los demás tipos de violencia cometidos en razón de género contra las mujeres, dándole puntual seguimiento a todas las leyes aplicables en la materia, así como a las estrategias planteadas tanto por el Ejecutivo federal, como por los tratados y mecanismos internacionales, suscritos por México.”
Al respecto, le comento que el gobierno del estado de Hidalgo impulsa políticas públicas dirigidas a eliminar todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. En este sentido, le comunico que el 2 de enero de 2017 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en el que se estableció como política transversal la perspectiva de género cuyo objetivo es:
Un Hidalgo seguro, con justicia y en paz para la población hidalguense es uno de los pilares fundamentales de este gobierno, donde garantizamos el pleno ejercicio de los intereses particulares en lo individual y colectivo, en un marco de respeto a las leyes que fomenten la cultura de su cumplimiento y así enaltecer los derechos de la población del estado bajo una visión incluyente y con perspectiva de género.
4.1.5 Brindar a la ciudadanía del estado de Hidalgo una policía coordinada con elementos confiables, profesionales y respetuosos de los derechos humanos, con perspectiva de género.
4.2.1 Garantizar la protección y respeto de los derechos humanos de la sociedad hidalguense por parte de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.
4.2.3.1 Establecer servicios interdisciplinarios, integrales y especializados de atención a mujeres en situación de violencia de género mediante la participación de las dependencias y organismos públicos de los distintos órdenes de gobierno a través de sus programas o proyectos, así como de la sociedad organizada.
4.3.2.2.4 Impartir capacitación, difusión y formación jurídica en materia de derechos humanos al personal de seguridad pública, énfasis en la eliminación de desigualdades entre hombres y mujeres, para homogeneizar el conocimiento de las responsabilidades institucionales y de los derechos humanos, optimizando el respeto de los mismos.
4.4 Procuración de justicia con trato humano
Fortalecer la orientación, atención y protección a las víctimas de algún ilícito o afectación, dando los resultados que la sociedad espera desde el momento en el que se presenta a realizar una denuncia o querella hasta las acciones de representación social en los procesos judiciales, siendo esta la forma más eficaz de garantizar el cumplimiento de sus derechos y una procuración de justicia con trato humano y con perspectiva de género.
4.5.1.3.1 Participar en la integración de proyectos de profesionalización y capacitación acordes a los ejes rectores de la reinserción social, con perspectiva de género.
G4.6 Desarrollar procesos formativos para la prevención de la violencia de género y la violencia contra las mujeres con servidoras y servidores de la administración pública estatal y municipal.
Asimismo, se encuentra en proceso de aprobación el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Hidalgo, en donde habrá de considerarse lo referente a los procesos de capacitación dirigida al funcionariado público encargado de la prevención, atención y sanción de la violencia de género contra las mujeres.
Asimismo, la Secretaría de Gobierno a través del Instituto Hidalguense de las Mujeres trabaja en tres vertientes: A. Prevención de la violencia, B. Atención de mujeres en situación de violencia de género y C. Empoderamiento de las mujeres.
Se trabaja de manera permanente en:
I. Promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres a través de conferencias, talleres, obras de teatro y material impreso:
1. Con mujeres y niñas
2. Con el funcionariado público estatal y municipal
3.- Con empresas privadas
4. Con hombres
II. Capacitación y profesionalización a servidoras y servidores públicos estatales y municipales en temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres, mediante diplomados, seminarios y cursos.
La Secretaría de Gobierno brinda atención jurídica, psicológica y de trabajo social a mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, en todo el territorio estatal, a través de 20 módulos, 15 Centros de Desarrollo para las Mujeres, la sede central del Instituto Hidalguense de las Mujeres, Centro de Justicia para Mujeres y Ciudad de las Mujeres.
Cabe resaltar que nuestra entidad es la única donde operan los módulos durante los 12 meses del año, 9 meses financiados por el Instituto Nacional para el Desarrollo Social y 3 meses financiados por el gobierno del estado que aporta un total de 2 millones 769 mil pesos.
Además mantenemos vinculación permanente con las 84 Instancias Municipales para el Desarrollo de las Mujeres y las 30 Unidades Institucionales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Actualmente se impulsa la instalación de Consejos Generales de Planeación para la Agenda de Género en las dependencias y entidades de la administración pública del estado, así como la creación e instalación de Sistemas Municipales para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (a la fecha se han creado 50 de 84 municipios)
C. Empoderamiento de las Mujeres
Para impulsar su empoderamiento y priorizando a mujeres en situación de violencia y/o con vulnerabilidad económica, el gobierno de Hidalgo destinó en 2018 una inversión de 8 millones 738 mil 945 pesos.
Se impartieron 941 cursos para el autoempleo en temas como carpintería, electricidad, plomería, bordado.
Se otorgaron 343 créditos de 5 mil pesos cada uno, para proyectos productivos destinados a venta de alimentos, tienda de abarrotes, ventas por catálogo, elaboración y venta de pan, manualidades, cría de ganado y artesanías.
Se entregaron mil 889 becas para incentivar la continuidad de sus estudios a alumnas de bachillerato y licenciatura de instituciones públicas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, dando prioridad a mujeres de regiones indígenas, madres solteras, jefas de familia, con discapacidad, de bajos recursos, en situación de reclusión e hijas de mujeres en reclusión; los montos de las becas fueron de 2 mil 500 pesos (medio superior) y 3 mil 500 pesos (nivel superior).
Otra acción relevante es que el 1 de septiembre de 2017, en el marco de las XXII y XXIII Sesiones Ordinarias del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la IV Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Estado de Hidalgo, se firmó el Pacto por la Igualdad entre el gobierno del estado de Hidalgo y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) derivado de la instrucción presidencial de firmar dicho pacto con las entidades federativas del país en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Es importante resaltar que Hidalgo fue el único estado del país que adhirió a los compromisos establecidos en este documento a los 84 municipios.
Las obligaciones que adquirieron los municipios derivadas de la firma del pacto son las siguientes:
I. Conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la entidad federativa y en el municipio respectivamente, en concordancia con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Hidalgo, así como los objetivos y estrategias contenidas en el Programa.
II. Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.
III. Conducir la política local en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad federativa y en el municipio, respectivamente, en concordancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su Reglamento, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Hidalgo y su Reglamento; los objetivos y estrategias contenidas en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018.
IV. Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la entidad federativa y municipal, respectivamente, la planeación, evaluación y asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad y la política local en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
V. Promover estrategias exitosas de financiamiento de proyectos y créditos para potenciar el desarrollo comunitario, atendiendo a las necesidades reales de las mujeres, utilizando correctamente el recurso.
VI. Impulsar la armonización legislativa estatal, especialmente en lo relativo a:
a) La eliminación de los preceptos discriminatorios que persisten en materia penal, civil y familiar;
b) Igualdad, paridad, acceso a la justicia y derechos humanos;
c) La creación, implementación y ejecución de política pública encaminada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; y
d) La transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en el quehacer público.
VII. Fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, así como de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante las instancias administrativas responsables del adelanto de las mujeres en la entidad federativa y el municipio.
VIII. Fortalecer e impulsar la creación de refugios, casas de medio camino y de día para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, mujeres adultas mayores y migrantes.
IX. Gestionar la creación de unidades móviles itinerantes, unidades móviles médicas, módulos de orientación, ventanillas de información y la vinculación con las líneas telefónicas de emergencia, para difundir las alternativas institucionales de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.
X. Impulsar la creación de centros de desarrollo de las mujeres donde se proporcione atención integral y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia y generar el empoderamiento económico de las mismas.
XI. Impulsar que las áreas de conciliación municipal y seguridad pública, incorporen la perspectiva de género en sus procedimientos y actuación conforme a los parámetros internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
XII. Impulsar el fortalecimiento, posicionamiento y consolidación de la instancia municipal para el desarrollo de las mujeres en el municipio, así como impulsar la creación, continuidad y permanencia de otros mecanismos como el sistema municipal para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y para la igualdad entre mujeres y hombres; a través de una adecuada presupuestación con perspectiva de género.
XIII. A efecto de que las mujeres ejerzan plenamente su papel como rectoras de la política de igualdad en el ámbito de su competencia.
XIV. Elaborar las políticas públicas locales con perspectiva de género, integrando un programa alineado a los programas nacionales y estatales para la igualdad entre mujeres y hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
XV. Impulsar acciones específicas de planeación, organización, presupuestación y desarrollo en el municipio, encaminadas al fortalecimiento y operatividad del sistema municipal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y para la igualdad entre mujeres y hombres, asignando recursos presupuestales e impulsando una participación activa y programática.
XVI. Contribuir en la implementación de mecanismos para acelerar el proceso de empoderamiento económico de las mujeres por medio de acciones afirmativas, acceso a recursos financieros, formación y acompañamiento en el desarrollo de proyectos productivos.
XVII. Colaborar en acciones de reconocimiento a los centros de trabajo que cuentan con buenas prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, con la finalidad de alcanzar igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito laboral.
XVIII. Propiciar y coordinar la capacitación del funcionariado municipal y de las personas titulares de las instancias municipales para el desarrollo de las mujeres, su consolidación jurídica y normativa; así como promover el fortalecimiento presupuestal.
XIX. Brindar asesoría y acompañamiento a las instancias municipales de las mujeres con el propósito de coadyuvar con éstas en el cumplimiento de los compromisos derivados de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Hidalgo; y los objetivos y estrategias contenidas en el
XX. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.
XXI. Colaborar con el Grupo Estatal para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, para que de forma articulada se impulsen las acciones para reducir el embarazo adolescente a nivel estatal y municipal, coadyuvando con los objetivos de la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes.
XXII. Contribuir al fortalecimiento de la Red Municipalista para la Participación Política de las Mujeres, con el objetivo de darle seguimiento a las líneas de acción que favorezcan el avance político de las mujeres en todo el estado.
XXIII. Desarrollar acciones en materia de empoderamiento político de las mujeres, considerando esta vía como un mecanismo para generar estrategias y políticas públicas que favorezcan el pleno desarrollo de las mujeres en la entidad, así como su acceso a los espacios de toma de decisiones.
XXIV. Impulsar campañas de promoción de la igualdad y la no discriminación.
XXV. Propiciar el acceso a las mujeres a un ambiente sano y desarrollo sostenible.
XXVI. Impulsar acciones para la prevención y atención de mujeres, adolescentes y niñas, en salud reproductiva y sexual, así como para la atención y prevención de adicciones en adolescentes y niñas.
XXVII. Armonizar la normatividad municipal con la legislación internacional y nacional para garantizar mayor protección a los derechos humanos de las mujeres mediante la prevención, atención y sanción de la violencia de género.
Por todo lo anterior, Hidalgo es uno de los 5 estados de la república que a la fecha no tiene solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en proceso.
Chilpancingo, Guerrero, a 1 de julio de 2019.
Por este medio, y en respuesta a su oficio número DGPL 64·II-8-0636 de fecha 4 de diciembre del 2018, recibido por el gobierno del estado de Guerrero el 18 de diciembre del mismo año y turnado a esta Secretaría el 7 de enero del año actual, relativo a las acciones realizadas por el gobierno del estado para para dar cumplimiento al punto de acuerdo para incentivar el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan la reducción, el reúso y reciclaje de residuos, así como garantizar el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de control de los residuos sólidos urbanos. En respuesta al exhorto anterior, le informo de las acciones implementadas por esta Secretaría para atender el segundo y tercer acuerdo tomado por la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura en materia de residuos sólidos urbanos:
1. Convenio con la industria de la masa y la tortilla para la eliminación de la entrega de bolsas de plástico. Con este convenio el gremio de las tortillas se compromete a no entregar bolsas de plásticos, es decir se evita la creación de bolsa de polietileno desechadas.
2. Convenio con la Fundación 100% Natural. Para su colaboración en la difusión de manejo adecuado de residuos, recepción de pilas usadas alcalinas y de botón en sus establecimientos, así como participación en la campaña “Adopta un árbol” y asesoría en planes de manejo de residuos.
3. Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) para el acopio de residuos electrónicos. Para el acopio conjunto de residuos electrónicos, dar una opción al público por ser de difícil colocación.
4. Convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Para impartir capacitaciones a sus agremiados, conozcan los trámites en materia de residuos y proporcionen el manejo y destino adecuado de residuos de la construcción.
5. Convenio con la Secretaría de la Juventud y la Niñez (Sejuve). Destinado a la inclusión de la juventud en las capacitaciones gestión integral de residuos.
6. Convenio con el Colegio Simón Bolívar. Para protección del ambiente y difusión del manejo integral de residuos entre sus alumnos.
7. Convenio con la Asociación de Juristas de Guerrero, AC. Para proporcionarles información y asesoría en los trámites de la temática residuos y otras materias.
8. Convenio con el Banco de Tapitas del Programa “Vale por una vida” y el DIF Guerrero. Para participar en el acopio de tapitas para beneficiar a los niños con cáncer.
9. Convenio con la Asociación “Desarrollo Humano, Profesional y Capacitación, AC (Dehprocap)”. Quienes incluirán en el 10 por ciento de las capacitaciones que brinden, temas relacionados con la gestión adecuada de los residuos.
10. Convenio de colaboración con el ayuntamiento de Zihuatanejo. Realizarán el acopio de residuos electrónicos y pilas usadas.
11. Reunión con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (Abeta). Para mostrarles los trámites que deben hacer sus agremiados en diversas materias, entre ellas residuos y ofrecerles apoyo y capacitaciones en materia de residuos y eficiencia energética.
12. Participación en el proyecto “Escuela Verde” en coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero. Orientado a promocionar en las escuelas de nivel básico el cuidado del ambiente mediante prácticas ambientales como la separación de los residuos generados en la escuela.
13. Talleres de capacitación y asesoría a los ayuntamientos. Para apoyarles en el establecimiento de su política municipal de residuos.
14. Capacitaciones en materia de residuos . Dirigidas instituciones, al público en general y a la iniciativa privada.
15. Campaña de difusión en redes sociales de esta Secretaría para el manejo adecuado de residuos.
16. Participación en diversas campañas de limpieza de residuos.
17. Programa de’ certificación de empresas libres de plástico.
Licenciado Arturo Álvarez Angli (rúbrica)
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero
Por instrucciones del licenciado Diego Sihué Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en atención a su oficio número DGPL 64-II-8-0099, a través del cual comunica la aprobación del acuerdo que se transcribe:
“Primero. La Cámara de Diputados se pronuncia porque las autoridades de los tres niveles de gobierno garanticen, en el ámbito de su competencia, los derechos de los familiares de personas desaparecidas a la justicia y a la reparación del daño, así como a conocer en todo momento los resultados de las investigaciones y de la verdad de los hechos , de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades federales, locales y municipales a que, bajo los esquemas de colaboración establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, realicen las acciones conducentes en las entidades federativas y municipios que presenten un número significativo de desapariciones de personas y de personas fallecidas no identificadas , así como ante los recientes acontecimientos en el estado de Jalisco.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas a que precise y en el marco de sus atribuciones hagan pública la información que sea posible, respecto del número, depósito, preservación, traslado y registro de los cadáveres no identificados y no reclamados bajo su resguardo , en los términos de cooperación establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.”
Primeramente, es de patentizar el permanente compromiso y la convicción por parte de la administración pública 2018-2024 con la seguridad pública, la procuración de la justicia, la certeza jurídica y la gobernabilidad en un plano de respeto irrestricto a los derechos humanos. En esa lógica, es oportuno mencionar que en fecha 15 de febrero de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 34, tercera parte, el decreto legislativo número 53, expedido por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado, mediante el cual se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en consonancia con las modificaciones realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 2014, y a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 112, segunda parte, de fecha 14 de julio de 2017. En virtud de las cuales se dota de autonomía constitucional a la Fiscalía General del Estado.
No obstante, para efectos del presente nos referiremos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, PGJ, por ser, en su momento, la dependencia de la administración pública , responsable de la investigación y combate de delitos de alta sensibilidad social como lo es la desaparición forzada de personas, misma que constituye una violación grave a los derechos humanos, así como de brindar en todo momento un servicio basado en el respeto a las prerrogativas de las personas involucradas.
El actuar de gobierno del estado, a través de la PGJ se fundamentó sobre el deber de garantizar el respeto y reconocimiento a los derechos de las y los involucrados en todo procedimiento penal, ya sea como imputados, como víctimas o como testigos, actuando primordialmente de conformidad con el apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece un catálogo de derechos mínimos reconocidos a las personas víctimas u ofendidas del delito, entre los que se establece: la potestad a recibir asesoría jurídica; a ser informados de sus derechos y del desarrollo del procedimiento penal; a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente; a que se desahoguen las diligencias correspondientes; a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevé la ley; a recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; y a que se les repare el daño, con base a la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito del Estado de Guanajuato, y, específicamente, de conformidad a las disposiciones y derechos de las víctimas directas de los delitos que nos ocupan, así como de sus familiares, contempladas en la ley general de la materia.
Paralelamente, en consonancia con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el estado, se ratificó el deber con la defensa y salvaguarda de los derechos humanos en todas y cada una de las actuaciones en aras de un pleno respeto, promoción y fortalecimiento de los mismos.
Desde la arista de la investigación y persecución de los delitos, se constituyó la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (Feidefog), a través de la emisión del acuerdo 3/20181 , publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 71, segunda parte, de fecha 9 de abril, como una instancia encargada en el estado de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar la investigación y persecución de los delitos contemplados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (en lo subsecuente Ley General), en el ámbito competencial correspondiente.
Por otra parte, es de apuntar que con sustento en la multicitada Ley General, ordenamiento que, entre otros, tiene por objeto establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece dicha ley, se mantiene una interlocución respetuosa y responsable entre las diversas instancias involucradas, lo cual permite consolidar los lazos de cooperación interinstitucionales en el combate de la asignatura en cuestión, conforme a las disposiciones inherentes, así como a los términos y reglas establecidas en los artículos transitorios de la propia ley.
Asimismo, en la tarea que por antonomasia correspondía a la PGJ, ahora Fiscalía General, vinculada a investigar y combatir al delito, así como brindar la atención integral que corresponda a las personas víctimas y ofendidas del mismo, le hago extensivo que dentro de las acciones desplegadas en la materia al seno de ese órgano procurador de justicia se destacan, entre otras, las siguientes acciones:
• Colaboración interinstitucional para la búsqueda de personas no localizadas , se desarrollaron procesos de atención de los solicitudes de colaboración para la búsqueda y localización de personas reportadas como no localizadas, a través del cual se brinda seguimiento a las gestiones peticionadas por las diversas procuradurías o fiscalías de las entidades federativas y a la Procuraduría General de la República, así como por organismos de derechos humanos, contribuyendo con ello en la realización de las actuaciones conducentes a fin de obtener algún registro en el estado que pueda ayudarnos a la ubicación de la persona no localizada.
• La existencia de la Agencia de Investigación Criminal de esa procuraduría, quien coadyuva al fortalecimiento y consolidación de la investigación en la materia, a través de un grupo multidisciplinario de agentes de investigación criminal, analistas de la información y peritos especializados, lo cual permite fortalecer científicamente la tarea desempeñada por el Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones. La citada agencia tiene por objeto la planeación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de acciones, así como la recolección, análisis, correlación y diseminación de información, para combatir táctica y estratégicamente al delito, fortaleciendo las capacidades institucionales, mediante esquemas de inteligencia, tecnológicos, científicos y forenses que respaldan la investigación.
• Laboratorio de Genética Forense, el cual se ha consolidado como un centro reconocido por su nivel de vanguardia y competitividad a nivel nacional.
• Implementación del Programa Alerta Amber Guanajuato, con la visión de disponer escenarios en los que se respeten los derechos fundamentales que deben gozar todas las niñas, niños y adolescentes, se opera el referido programa, el cual concentra sus esfuerzos en la recuperación de menores sustraídos o no localizados;
• Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del delito, área encargada de atender, orientar y asistir oportunamente y con inmediatez a las víctimas y ofendidos del delito, que requieran apoyo legal, psicológico, social y económico, así como a sus familiares.
• Emisión de Acuerdos y disposiciones administrativas de orden interno, destacando el acuerdo 7/2014, por el que se adoptan formalmente los protocolos de investigación con perspectiva de género actualizados, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, a través de los cuales se implementan mecanismos de investigación con perspectiva de género en los delitos de feminicidio, violación, violencia intrafamiliar y no localización cometidos en agravio de mujeres, respectivamente.
En cuanto a precisar y hacer pública la información que sea posible, respecto del número, depósito, preservación, traslado y registro de los cadáveres no identificados y no reclamados bajo el resguardo de nuestra entidad, en los términos de cooperación establecidos en la multicitada Ley General, resulta oportuno señalar que dicho ordenamiento dispone la regulación del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, a cargo de la Procuraduría General de la Republica (PGR), ahora FGR, el cual, a su vez, forma parte del Banco Nacional de Datos Forenses, y que concentra la información forense procesada de la localización, recuperación, identificación, destino final de los restos y demás información relevante para su posterior identificación.
El objetivo de dicho Registro Nacional es el de concentrar la información que permita la identificación de las personas fallecidas no identificadas y apoyar en la localización de los familiares de persones fallecidas no reclamadas, mismo que se integra con la información proporcionada por las autoridades competentes, la federación y las entidades federativas .2
Para tal efecto, y a fin de establecer una coordinación y cooperación adecuada de la referida información en el citado registro, de conformidad con los artículos 132 y décimo noveno transitorio, de la multicitada Ley General debe atenderse a los lineamientos respectivos en la materia, emitidos por la Procuraduría General de la República, siendo importante destacar, a su vez, que de conformidad con el numeral 116 de dicha Ley General, el tratamiento que habrá de darse a la información contenida en el Registro Nacional de Personas Fallecidas, estará sujeta a las disposiciones en materia de protección de datos personales.
En suma, las acciones desplegadas por el estado de Guanajuato, a través de la Procuraduría, ahora Fiscalía General, desde su particular ámbito de atribuciones, advierten que se cuenta con un esquema de atención a la sociedad en general y, en específico, para quienes se encuentran reportados como no localizados, ello en aras de un efectivo acceso a la procuración de justicia y disponer de los medios para tutelar sus derechos. La administración pública 2018-2023 reitera su compromiso, en el ámbito de su competencia, a fin de garantizar los derechos la sociedad.
1 Consúltese en: http://periodico.guanajuato.gob.mx/
downloadfile?dir=anio_2018&file=PO_71_2da_Parte_20180406_1737_24.pdf
2 Artículo 111 de la ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Pachuca de Soto, Hidalgo, 26 de junio de 2019.
Derivado de la función legislativa que realizan los integrantes de la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el 18 de junio de 2019, emitieron acuerdo interno, relativo al oficio número D.G.P.L. 64-II-6-761 de 25 de abril del presente año enviado por ustedes, comunicando acuerdo por el cual exhorta a los congresos de las entidades federativas, para que, en el ámbito de su competencia, realicen las reformas al marco normativo estatal que garanticen la independencia técnica y de gestión de sus poderes judiciales, estableciendo mecanismos transparentes para garantizar las mejores prácticas en la designación de jueces, magistrados y consejeros, así como el respeto a la carrera judicial.
De manera que, por instrucciones y en suplencia de la Secretaría de la Directiva, envío copia del referido acuerdo interno, para su conocimiento y efectos.
Sin otro particular, por el momento, quedo de usted.
Secretario de Servicios Legislativos del Congreso de Hidalgo
Acuerdo interno emitido por la Primera Comision Permanente de Seguridad.Ciudadana y Justicia, derivado del oficio D.G.P.L. 64-II-6-761, enviado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en materia de transparencia en la designación de jueces, magistrados y consejeros diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura
Los diputados Víctor Osmind Guerrero Trejo, José Luis Espinosa Silva , Claudia Lilia Luna Islas , Lisset Marcelino Tovar y Crisóforo Rodríguez Villegas , integrantes de la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, de conformidad con lo que establecen los artículos 75, 77, fracción VII, 79, 85, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, nos permitimos realizar el presente estudio, con base en los siguientes:
Primero. En sesión ordinaria del día 2 (dos) de mayo del 2019 (dos mil diecinueve), por instrucciones de la presidencia de la Directiva, fue turnado a la Comisión que suscribe, el oficio número D.G.P.L. 64-II-6-761 de fecha 25 (veinticinco) de abril del 2019 (dos mil diecinueve), enviado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, anexando acuerdo mediante el cual se exhorta a los congresos de las entidades federativas para que en el ámbito de su competencia, realicen las reformas al marco normativo estatal que garanticen la independencia técnica y de gestión de sus poderes judiciales, estableciendo mecanismos transparentes para garantizar las mejores prácticas en la designación de jueces, magistrados y consejeros, así como el respeto a la carrera judicial; asunto que fue registrado en el Libro de Gobierno de la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia, con el número LXIV/31/2019.
Segundo. Por lo que respecta al procedimiento de selección y designación de jueces del fuero común, debe decirse que, en términos de lo dispuesto en el artículo 100, en relación con el 100 Ter, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, es facultad del Consejo de la Judicatura nombrar, adscribir, ratificar y remover jueces de primera instancia, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial; constituyéndose el Consejo de la Judicatura, como un órgano disciplinario e imparcial del Poder Judicial integrado por cinco consejeros, de los cuales, uno es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo es del Consejo, un magistrado y un juez del orden común, un consejero designado por el Congreso del estado y un consejero designado por el gobernador del estado; en consecuencia, si bien el Congreso del estado de Hidalgo no actúa en pleno para nombrar a los jueces que integran al Poder Judicial del estado, es a través de nuestro consejero de la Judicatura, que se participa en el proceso con la finalidad de garantizar la imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones.
Tercero. Aunado a lo anterior, es de conocimiento público que en el estado de Hidalgo se han venido realizando 105 nombramientos de jueces, a través de convocatorias públicas abiertas y exámenes de oposición de los interesados, propiciando el seguimiento de una carrera judicial, evaluándose a través de diversas etapas, la aptitud, capacidad, profesionalismo, experiencia y capacidades de los aspirantes al cargo, por así establecerlo el artículo 118, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; para mayor referencia, las convocatorias realizadas durante el año 2018, se encuentran visibles como información pública en la página
http://www.pjhidalgo.gob.mx/transparencia/obligaciones/articulo69/XIVa/2018/
convocatoria_jueces_nsjp.pdf .
Cuarto. En cuanto al nombramiento de magistrados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, es facultad del Congreso del estado de Hidalgo aprobar, en su caso, la propuesta del Ejecutivo para nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal de Justicia Administrativa, así como conocer de su renuncia o remoción, facultad de nombramiento conferida al gobernador de la entidad, en el artículo 71, fracción XIV, de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, procedimiento que se lleva a cabo en términos de lo establecido en el artículo 96 del mismo ordenamiento legal, el cual señala:
“Artículo 96. Los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal de Justicia Administrativa, que el gobernador someta al Congreso del estado, serán aprobados o no dentro del improrrogable término de diez días.
Si el Congreso del estado nada resolviere dentro del plazo señalado, se tendrán por aprobados los nombramientos y el o los designados entrarán a desempeñar sus funciones.
En caso de que no se aprueben dos nombramientos sucesivos respecto a una misma vacante, el gobernador del Estado hará un tercero, que surtirá efecto luego, como provisional y será sometido a la consideración del Congreso del estado en el siguiente periodo de sesiones.
Los magistrados que integren el Tribunal Electoral serán electos por la Cámara de Senadores, en los términos que determine la ley.”
Quinto. En este contexto, es el Poder Ejecutivo quien lleva acabo el procedimiento para determinar la lista de propuestas de personas a ocupar el cargo de magistrados del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, y al presentarlas ante el Congreso, se analiza que los mismos cumplan con todos y cada uno de los requisitos que para ser magistrado exige la Constitución Política del Estado de Hidalgo, a través de la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia, quien dictamina al respecto y lo somete a consideración del pleno.
Sexto. En términos de lo antes expuesto, debe decirse que, en el estado de Hidalgo, existen mecanismos transparentes para garantizar las mejores prácticas en la designación de jueces, magistrados y consejeros, Y es respetada la carrera judicial, sin embargo, continuaremos atentos en impulsar las reformas legales pertinentes en términos de lo contenido en la “Propuesta: de política pública relacionada con la selección de jueces y magistrados en las entidades federativas, en el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción”, en consecuencia, toda vez que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su artículo 89 y 69 Bis de su Reglamento faculta a las Comisiones de estudio y dictamen para emitir un acuerdo interno, en los asuntos que consideren que carecen de materia, como lo es el planteamiento que no ocupa, se procede a emitir el presente resolutivo.
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 y 138 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre Soberano de Hidalgo y 69 Bis, 69 Quater y 69 Quinquies de su Reglamento, los diputados integrantes de la Comisión actuante, nos permitimos presentar el siguiente:
Primero. Las y los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en virtud de lo expuesto y debidamente fundado en los antecedentes del presente resolutivo, acordamos emitir el presente Acuerdo Interno, por ya haber sido atendida, la materia motivo del exhorto planteado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Segundo. Remítase a la Secretaría de Servicios Legislativos, para los efectos de los artículos 138 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y 69 Quinquies de su Reglamento.
Elaborado en la sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los 18 (dieciocho) días del mes de junio del año 2019 (dos mil diecinueve).
Por la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia.
Diputados: Víctor Osmind Guerrero Trejo, José Luis Espinosa Silva, Claudia Lilia Luna Islas, Lisset Marcelino Tovar y Cristóforo Rodríguez Villegas (rúbricas)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de julio de 2019.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 62, en relación con el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, numeral I, fracción XVI, y el artículo 12, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a usted respetuosamente mi solitud de licencia para separarme del encargo como diputada federal, con efectos a partir del día 26 de julio del presente año.
Por lo anteriormente expuesto, requiero que se dé el curso legal que corresponda a mi solicitud.
Diputada Beatriz Manrique Guevara (rúbrica)
Las suscritas, diputadas Soraya Pérez Munguía, Ivonne Álvarez García, María Lucero Saldaña Pérez, Margarita Flores Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 205, 207 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, la proposición con punto de acuerdo por el que se propone la aprobación, conformación e integración de una Comisión Especial de la Familia al tenor de la siguiente:
Primero. La familia es un hecho natural, vital, que no está sujeta a la expresión de voluntad ante el Estado, es comunidad natural de solidaridad y amor, es el primer encuentro con la vida de la persona humana y su último refugio, cuyos fines naturales son, en el orden siguiente: el de comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la persona; de la sociedad, y proporcionar a sus miembros los bienes materiales y espirituales requeridos para una vida humana ordenada y suficiente. De ella depende la vida de una nación y su fortalecimiento.
Segundo. Es así, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, primer párrafo, la igualdad del hombre y la mujer ante la Ley, obligado a que el marco normativo proteja la organización y el desarrollo de la familia. Sin embargo, dentro de nuestra Ley Fundamental encontramos que la protección de la familia se da en distintas vertientes, más allá de la antes citada, entre otras, las relacionadas con:
1. El derecho a la protección e inclusión social de los jóvenes de las familias migrantes indígenas (artículo 2, apartado B, fracción VIII);
2. El derecho a la educación integral y la familia (artículo 3, fracción II, inciso c);
3. El derecho de toda familia a una vivienda digna y adecuada (artículo 4, párrafo séptimo);
4. El derecho a la seguridad jurídica y evitar actos de molestia en la familia (artículo 16, primer párrafo);
5. El derecho a la reintegración social y familiar del adolescente en conflicto con la ley (artículo 18, sexto párrafo);
6. El derecho a la protección del patrimonio familiar y a contar con leyes locales que lo organicen, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno (artículo 27, fracción XVII, tercer párrafo);
7. En las facultades del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar (Artículo 73, fracción XXX); y
8. En el derecho a obtener un salario mínimo que sea suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural (Artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo segundo);
Tercero. Por otra parte, en virtud que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone la obligación de protección de los derechos humanos con apego a los tratados internacionales de los que nuestro País forma parte, para efectos de la presente exposición de motivos, no podemos soslayar que la Declaración Universal de Derechos Humanos Aprobada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
En ese contexto, los artículos 12, 16, 23, y 25 de dicha Declaración, reconocer, entre otros aspectos, la protección a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Cuarto. En ese mismo orden de ideas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce e impone en sus artículos 7, 10 y 11, obligaciones para los Estados que forman parte de dicho Pacto, condiciones de protección para la familia, estableciendo, entre otros aspectos, que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo.
Quinto. Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17, 23 y 24, del cual México forma parte, protege de igual forma a la familia, señalado también que ésta es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Sexto. No menos importante es citar aquí, que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, garantiza en sus artículos 5, 10, 12, 13, 14 y 16, diversos aspectos para garantizar la igualdad y protección de la mujer en distintos ámbitos, tales como que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, o a la obtención de prestaciones familiares para el sostenimiento de la familia, entre otros temas.
Séptimo. Es relevante citar que el contexto internacional de protección de los derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño , reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y que éste, debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, vinculados a la integración de la familia, derechos éstos que se encuentran reconocidos y salvaguardados en los artículos 2, 5, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 24, y 37 de dicha convención internacional.
Octavo. No obstante lo anterior, parece que la política pública familiar en nuestro país podríamos decir que es casi nula, existen programas aislados que los podemos encontrar en la ahora denominada Secretaría del Bienestar, la Secretaría del Trabajo, en el DIF, o en diferentes espacios de la administración púbica, pero no contamos con una política pública familiar, porque las leyes que emite la Cámara de Diputados, no cuentan con una perspectiva de familia, lo que se traduce a que estas normas y leyes cuando pasan al Poder Ejecutivo se convierten en política pública, y por tanto los programas sociales no tienen la perspectiva de la familia.
Noveno. La perspectiva de familia debe considerar la relación de interdependencia que existe entre la familia y los individuos que la conforman, entre la familia y la sociedad, así como entre la familia y las instituciones. Esta relación además representa en sí misma un reto para las políticas públicas pues el Estado no tiene injerencia en al ámbito privado de la familia (lo que podríamos llamar soberanía familiar) y por lo tanto suele centrar su actuar en condiciones externas, y sobre todo, se ha enfocado en sus miembros de manera aislada.
Décimo. Pero reconociendo la interdependencia de la familia en todo ámbito social, así como el impacto de las políticas públicas en la familia como unidad, es que se hace relevante el análisis de toda legislación de forma transversal e integralmente, reconociendo el papel subsidiario del Estado de los demás actores públicos con respecto ésta. Que hoy veamos al derecho familiar en el vértice del derecho constitucional, no es sino reconocer, que esos derechos de personas físicas que tienen arraigo en relaciones familiares, son oponibles incluso al Estado y desde luego a los particulares.
Décimo primero. No podemos olvidar que la familia constituye el medio por el cual el niño, recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la realidad, construyendo así los contextos significativos iniciales. La familia constituye el apoyo para que una madre pueda equilibrar su vida personal y la profesional, contribuyendo así al sostén familiar. La familia constituye el objetivo por el cual un padre se emplea o auto emplea. La familia se vuelve la aspiración de los jóvenes a formar nuevas familias, y que se perpetúe los valores de unión, fraternidad y apoyo mutuo.
Por esto, la familia es pues el punto de partida de la sociedad, y como parte integrante de la red social más amplia es portadora de un sistema de ideas, creencias, valores y actitudes que determinará el contexto de la sociedad; y por ende, tendrá repercusiones en cómo el Estado protegerá a esa sociedad. Consideramos que esta propuesta de crear la Comisión Especial de la Familia es una alternativa eficaz para incorporar la perspectiva familiar en cada proyecto legislativo, y así evitar el fracaso de la intervención del Estado para incidir de forma individual en los ciudadanos.
Duodécimo. En ese orden de ideas, y siendo que dicha legislación es de vital importancia para el desarrollo del País, además que se trata de una norma aprobada por este Congreso de la Unión, se hace necesario la creación de la Comisión en comento, conforme al siguiente orden:
Misión. La Comisión de la Familia trabajará a favor de defender y hacer efectivos los derechos humanos de los integrantes de las familias, en coordinación con diversas instituciones públicas, sociedades civiles y sociedad en general, con el propósito de sumar esfuerzos para lograr atender las necesidades de las familias mexicanas.
De igual manera, esta Comisión se constituye con la visión de ser una instancia para: a) Legislar con perspectiva familiar y comunitaria, así como para realizar acciones parlamentarias encaminadas a defender, difundir y promover los derechos humanos de los integrantes de la familia; b) Dar impulso a políticas públicas que incidan en forma eficiente y eficaz en la cultura de convivencia y respeto de la familia, así como de sus integrantes; c) Realizar acciones que permitan la armonización y transversalidad con los tratados internacionales y regionales protectores de la familia así como el desarrollo humano; d) Apoyar a otras instancias legislativas relacionadas con el tema a través de informes, opiniones o resoluciones que contribuyan a que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cumpla a cabalidad con sus atribuciones constitucionales, convencionales y legales en beneficio de la familia y el desarrollo humano.
Visión. Que el Estado Mexicano cuente con el marco jurídico adecuado para diseñar políticas públicas que garanticen y promuevan el fortalecimiento de las familias mexicanas, así como ser la instancia que represente el alto compromiso de la Cámara de Diputados para garantizar la protección de la familia y el desarrollo humano, en un ambiente de trabajo plural, eficiente, transparente y de un firme compromiso de respeto al dialogo y tolerancia a la diversidad de ideas, teniendo siempre como premisa que cada decisión tomada será el seno de admisión, aprobación y conceso, a fin de dar congruencia y certidumbre a la ciudadanía.
1. Lograr un marco jurídico integral que esté a la vanguardia para atender eficaz y eficientemente las obligaciones que impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, para la protección de la familia, en todos los órdenes de gobierno, mediante la presentación e impulso de diversos proyectos de iniciativas de ley, acuerdos parlamentarios y otros instrumentos legislativos;
2. Unificar la posición del H. Congreso de la Unión en el tema de protección y el desarrollo de la familia, así como ante Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales;
3. Coordinar foros, mesas de trabajo, seminarios, talleres y consultas, a través de la participación democrática de organismos del sector público, social y privado en materia de protección y el desarrollo de la familia;
4. Plantear solicitudes a las organizaciones de la sociedad civil, académicas y de investigación, sobre temas técnicos de profundización, así como la ampliación de conocimientos en materia de protección y el desarrollo de la familia tradicional;
5. Proporcionar líneas de acción sobre las políticas públicas en materia y vínculos de participación con el Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y Municipales, en materia de protección y desarrollo de la familia; y
6. Coadyuvar y dar seguimiento, dentro de las facultades legislativas, al cumplimiento de los planes, acciones, programas y disposiciones de carácter general en materia de protección y desarrollo de la familia.
Integración de la comisión: En los términos que designe el Pleno de esa H. Cámara de Diputados.
Programa de trabajo . La Comisión Especial de la Familia impulsará la participación activa de los sectores social, privado, académico y público para establecer una agenda en materia de protección y desarrollo de la familia en los términos de la Ley de la materia. A continuación, se presenta de manera general las actividades a desarrollar en cuatro ejes de trabajo (Vinculación, análisis, difusión y eficiencia), cuyo plan de actividades comprendería toda la presente legislatura de la Cámara de Diputados.
A). Vinculación. Organización de eventos para compartir experiencias legislativas, avances y publicación en materia objeto de la propuesta; reuniones con expertos científicos e investigadores en materia de mejora regulatoria; reuniones con dependencias del Poder Ejecutivo, en sus tres órdenes de gobierno, así como con Institutos y Organismos de la sociedad civil y del sector académico nacional e Internacional, con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos de la materia; reuniones con parlamentarios de otros países y de las entidades federativas; seminarios con Congresos locales con los siguientes temas:
i. Avances en la legislación;
ii. Retos, perspectivas y logros;
iii. Herramientas jurídicas generadas por los parlamentos de otros países, congresos locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, mediante exposición y presentación de los instrumentos jurídicos emanados por las Entidades Federativas, con la finalidad de intercambiar la experiencia legislativa en la materia que nos ocupa; y
iv. Ponentes: Funcionarios y parlamentarios de otros países; presidentas (es) de las Comisiones de Mejora Regulatoria de los congresos locales, profesores de universidades e institutos nacionales públicos y privados.
B) Análisis. Organización de eventos de investigación y discusión sobre políticas públicas en la materia, así como también a los avances obtenidos por la Administración Pública Federal en las Entidades Federativas; mesas de diálogo con sector civil, organizaciones no gubernamentales y con el sector privado para analizar los avances en la materia, así como las políticas públicas en la materia, mediante la organización, entre otros, de los siguientes foros:
i. Mesa de Análisis sobre implementación de políticas públicas en materia de protección y desarrollo de la familia. Retos y objetivos para la administración pública de las Entidades Federativas. Objetivo: Conocer los avances de las acciones, planes y programas de los Gobiernos de las entidades federativas. Ponentes: Gobiernos y/o Secretarias (os) de Economía y Desarrollo Económico de las Entidades Federativas.
ii Mesas de Diálogo: “La protección de la familia como instrumento de apoyo a las tareas de seguridad pública”. Objetivo: Plantear y discutir ideas sobre los efectos del fortalecimiento de la familia para evitar acciones delictivas; y
iii Mesa de Trabajo: “Las empresas familiares”. Objetivo: Conocer las acciones en los sectores económicos del país. Ponentes: Sector Privado.
C) Difusión. Realización de foros informativos en los cuales se intercambien experiencias sobre la implementación de acciones legislativas para la protección y desarrollo de la familia.
D) Eficiencia. La protección de la familia es un tema globalizado que cobra mayor relevancia en la interacción de los países, en el seno de las organizaciones internacionales, y en la reflexión y práctica de los países más desarrollados del mundo. La protección de la familia, se relaciona estrechamente con el tejido social de un país. Por lo tanto, se propone que esta Comisión Especial, dentro del ámbito de respeto a las competencias y facultades de los órdenes de gobierno local y municipal, pueda recomendar la implementación de acciones tendientes a la mejora de los modelos de protección del núcleo básico de la sociedad.
Por lo expuesto me permito proponer ante este pleno, la siguiente proposición con
Primero. Con fundamentos en los artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 205, 207, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta Soberanía para su análisis, discusión y aprobación en su caso, proposición con punto de acuerdo para la aprobación, conformación e integración de una Comisión Especial de la Familia , así mismo, se solicita respetuosamente que el periodo de funciones de esta comisión especial comprenda toda la LXIV Legislatura.
Tercero. A través de esta Comisión Especial se deberá respetuosamente exhortar a las dependencias que conforman el Poder Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos estatales, a conjuntar esfuerzos con los trabajos de esta comisión, para destinar más recursos en innovación, capacitación, implementación y desarrollo de acciones relacionadas con la mejora regulatoria.
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Julio 24 de 2019.)

References: artículo 107
 artículo 18
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 27
 artículo 7
 artículo 145
 artículo 32
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 20
 artículo 1
 Artículo 111
 artículo 100
 artículo 118
 artículo 56
 artículo 71
 artículo 96
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 62
 artículo 78
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 1
 resolución 
 artículo 42