Source: http://www.cuaraycentavo.com/2016/05/10/negociados-con-finca-del-estado-venta-de-relleno-de-mar-moncada-luna-fallo-a-favor-de-gabriel-gaby-btesh/
Timestamp: 2018-08-16 10:46:05+00:00

Document:
Negociados con finca del Estado – Venta de relleno de mar – Moncada Luna falló a favor de Gabriel Gaby Btesh. – Cuara y Centavo
El MEF fijó el precio del m2 de una finca, inferior al asignado a otras similares. Así, un allegado del gobierno logró beneficios ventajosos.
LOTE. Una finca del Estado le fue vendida al empresario Gabriel ‘Gaby’ Btesh. Compró a poco más de 500 dólares el m2, cuando avalúos del MEF establecen el precio de fincas adyacentes en más de 2 mil dólares el m2. LA PRENSA/Humberto Rueda.
03/12/2013 – El Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), vendió de forma directa en junio pasado un relleno de fondo marino de 4 mil 318 m2, en Punta Pacífica, corregimiento de San Francisco, a una sociedad ligada a Gabriel Gaby Btesh, empresario cercano al más poderoso círculo político del país.
Pero terrenos adyacentes a esta finca cuestan tres y cuatro veces más, según valores catastrales que fijó el MEF, de hasta 2 mil dólares el m2.
El lote –con vista al océano Pacífico y vigilado por la Policía Nacional– fue vendido a la sociedad Adnaloy Ltd., S.A., luego de que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) pidiera al Consejo de Gabinete su desafectación a finales de diciembre de 2012, alegando razones de uso público.
Por entonces, el Miviot lo dirigía José Domingo Arias, hoy candidato presidencial por el oficialista Cambio Democrático. Su firma, además, aparece en la resolución de Gabinete que desafectó el área para su venta.
Juristas dicen que la venta podría tener visos de “inconstitucionalidad” al reñir con el artículo 258 de la Constitución, según el cual el mar territorial, playas y riberas pertenecen al Estado y no se pueden vender.
la prensa 3 dic 2013 Panorama
GABRIEL ´GABY´ BTESH SE QUEDA CON LOTE EN PUNTA PACíFICA
El MEF vendió una finca a Gaby Btesh a $525 el metro cuadrado, cuando la propia entidad fijó en $2 mil el metro cuadrado en los terrenos adyacentes.
LOTE. La finca cedida al empresario Gabriel ‘Gaby’ Btesh está protegida con una malla de ciclón y el muro de un edificio contiguo. A finales de 2009 se levantó una casa improvisada por residentes de Boca la Caja, y hace unos meses fue derribada por orden de la corregiduría de San Francisco. LA PRENSA/Humberto Rueda.
03/12/2013 – A solo 10 minutos del célebre terreno de Paitilla –que hace dos años fue escenario de un escándalo de corrupción, tras ser cedido gratuitamente a un florista– hay un relleno de fondo marino muy codiciado por desarrolladores inmobiliarios.
Se trata de un solar de 4 mil 318 metros cuadrados, con vista al océano Pacífico. Está situado en Punta Pacífica (corregimiento de San Francisco), y limita con dos fincas que en septiembre pasado expropió el Gobierno alegando “interés social urgente”.
El terreno aludido también está próximo a la playa de Boca la Caja que fue desafectada hace unos meses por el Gobierno a fin de convertirla en bien patrimonial de la Nación y titularla, abriendo así la posibilidad de su venta (ver infografía).
DUEÑO ´RENOMBRADO´
Para desdicha de varios inversionistas que por años hicieron solicitudes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para comprar el relleno de fondo marino –todas ellas archivadas–, hoy el terreno tiene dueño.
A pesar del interés que habían mostrado varios inversionistas en esa finca, el MEF la vendió sin hacer una subasta. El 4 de junio de 2013 la adjudicó de forma directa a la sociedad Adnaloy Ltd., S.A., vinculada al empresario Gabriel Gaby Btesh.
Este empresario inmobiliario tiene peso. Algunas de las fuentes consultadas por este diario expresaban su temor de hablar abiertamente del empresario, dada su cercanía al más poderoso círculo político del país… y también por la notoriedad de los escándalos en lo que ha salido a relucir.
Su nombre, por ejemplo, se mencionó con insistencia detrás de la singular titulación gratuita del terreno de Paitilla, junto al también empresario inmobiliario Felipe Pipo Virzi. Ambos son muy allegados al gobierno de Ricardo Martinelli y han recibido millonarias contrataciones directas.
Y ahora sale a relucir la venta de este terreno –que también es un relleno de mar, como el Paitilla– pero cerca de Punta Pacífica.
En esta ocasión, la operación se consumó luego de que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial –cuyo titular era en ese entonces José Domingo Arias, hoy candidato presidencial por Cambio Democrático– pidiera al Gabinete desafectar el área, en representación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).
El Gabinete aprobó la solicitud el 15 de enero de 2013, alegando uso de dominio público. Así, el relleno se convirtió en una finca patrimonio del Estado y, por ende, susceptible de enajenación.
La resolución en la que el Gabinete desafectó el lote también lleva la firma del entonces ministro Arias, quien un mes después renunció a su cargo para buscar la precandidatura presidencial de su partido, Cambio Democrático.
PAGO ´IRRISORIO´
Por ese relleno de fondo marino –que es vigilado por agentes de la Policía Nacional (ver fotos), Gaby Btesh pagó a unos 525 dólares el metro cuadrado, es decir, compró por poco más de 2.2 millones de dólares los 4 mil 318 metros cuadrados del lote.
Pero empresarios del sector inmobiliario aseguran que el metro cuadrado en esa zona puede alcanzar los 2 mil 500 dólares, lo que significa que la finca que compró Gaby Btesh tendría un valor catastral de, por lo menos, unos 10.8 millones de dólares.
En medio del proceso de revalorización catastral –que por entonces llevaba a cabo el Gobierno–, el jefe del departamento de Avalúos de Inmuebles del MEF, Raúl Lozano, dijo al diario oficialista Panamá América (el 12 de agosto de 2012) que en el sector de Punta Pacífica los rangos de valores de la tierra oscilan entre mil 500 y 3 mil dólares el metro cuadrado.
Lo dicho por Lozano se ajusta a los valores catastrales asignados por el MEF en el área. Por ejemplo, la sociedad Corporación Pacific Place, S.A. es propietaria de un terreno de mil 635 metros cuadrados, adyacente del lote que compró Btesh. Según una certificación de paz y salvo emitida por la Autoridad Nacional de Ingresos –a cargo de Luis Cucalón– el valor del metro cuadrado en dicho terreno fue tasado en 2 mil dólares.
Este medio envió un cuestionario al titular del MEF, Frank De Lima, para conocer su opinión sobre la discrepancia de valores catastrales en esta zona, pero, como de costumbre, no respondió los mensajes.
HUELLAS DE UNA COMPRA
De Lima fue justamente quien firmó por el Estado el contrato de compraventa de este terreno, el 4 de junio de 2013, según el acta refrendada por Julia Correa, notaria duodécima de circuito de Panamá.
La contraparte de De Lima en este contrato fue Tauryn Rodríguez Ruiloba, una joven de 30 años residente en Nuevo Arraiján y que preside Adnaloy Ltd., S.A.
El 16 de agosto de 2013, en una reunión de accionistas de esta sociedad, Tauryn Rodríguez Ruiloba autorizó a Gaby Btesh a celebrar un contrato de préstamo con Capital Bank, Inc., por 2.2 millones de dólares, justo el monto que cobró el Estado por ese relleno. Este medio hizo ingentes esfuerzos para conocer la versión de Btesh, pero fueron infructuosos.
Para el abogado Juan Carlos Henríquez, experto en el tema, “ningún relleno de fondo de mar debería darse en venta, por un impedimento constitucional”.
El artículo 258 de la Constitución Política de Panamá, establece que “pertenecen al Estado y son de uso público, y por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada, entre otros, el mar territorial, aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos …”.
Según Henríquez, “los bienes de dominio público creados por la carta política solo pueden ser desafectados a través de una reforma constitucional”.
“Si se hizo a través de otra vía que no fuese la reforma constitucional, claramente se estaría frente a una violación de la Constitución y esa desafectación podría ser impugnada por vía de la acción de inconstitucionalidad”, sostuvo el jurista.
Por su parte, el también abogado Ernesto Cedeño advirtió que “abanicar la idea de vender terrenos rellenados de lecho de mar, por la figura de la desafectación, abre la posibilidad de que en el futuro, con la promulgación de otra resolución de Gabinete, cualquier gobierno pudiera también vender, la plataforma continental, los ríos navegables, el espacio aéreo y demás bienes”.
Por lo pronto, un grupo de vecinos del área de Punta Pacífica se organizan para dar la batalla legal. No están dispuestos a permitir que se construya un nuevo edificio y le obstruyan la vista al mar.
VIGILANCIA. El terreno es custodiado todo el día por un agente de la Policía Nacional, para el que se habilitó una caseta improvisada con hojas de cinc. LA PRENSA/Humberto Rueda.
4 dic 2013 Panorama
NEGOCIO DE TIERRAS EN PUNTA PACÍFICA
El magistrado Alejandro Moncada Luna, vinculado a varios escándalos por sus polémicos fallos, ordenó vender una finca en una exclusiva zona.
04/12/2013 – Solo cuatro meses después de ser nombrado en la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna falló a favor del empresario Gabriel Gaby Btesh, ordenando la venta directa de un relleno marino en Punta Pacífica (corregimiento de San Francisco) en el que estaban interesados varios empresarios.
En 2008 la dirección de Catastro, en vista del interés que había despertado el terreno entre varios inversionistas, determinó que lo conveniente para el Estado era “convocar a un acto público, disponer de las áreas baldías y concesionar las áreas rellenadas y fondos marinos”.
La decisión de Catastro habla claramente de “concesionar”, lo cual cumpliría con el artículo 258 de la Constitución, según el cual el mar territorial, playas y riberas pertenecen al Estado.
Pero el 4 de mayo de 2010 Moncada Luna ordenó la venta directa del lote a la sociedad Adnaloy Ltd., S.A. –ligada a Gaby Btesh– ignorando la opinión de la Procuraduría de la Administración que coincidía en convocar una subasta para vender el bien.
La Secretaría de Comunicación del Estado acusó a este diario de “manipular” esta información, aunque se cuidó de revelar detalles del fallo y se negó a dar su versión.
la prensa 4 dic 2013 Panorama
UNA SENTENCIA ORDENÓ AL ESTADO ADJUDICAR DE FORMA DIRECTA UN RELLENO MARINO
Cuatro meses después de haber llegado a la Corte, Moncada Luna desempolvó una demanda de Btesh y falló a su favor.
INVASIÓN. Un grupo de familias ocupó el lote ilegalmente en 2009 y construyó casas improvisadas. La corregiduría de San Francisco ordenó el desalojo por tratarse de un área inadjudicable. Hoy, el lote lo vendió el Estado a Gaby Btesh. Cortesía.
04/12/2013 – En 2008, la Dirección de Catastro –hoy Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati)– desestimó cuatro solicitudes de compra de un relleno de fondo marino en Punta Pacífica, corregimiento de San Francisco.
En ese momento, Catastro determinó que lo conveniente para el Estado era “convocar a un acto público, disponer de las áreas baldías y concesionar las áreas rellenadas y fondos marinos”. La decisión habla claramente de “concesionar”, con lo cual se cumpliría con el artículo 258 de la Constitución que dice que el mar territorial, playas y riberas son del Estado.
Una de las empresas interesadas en el lote –con vista al oceáno Pacífico– fue Adnaloy Ltd., S.A., ligada a Gabriel Gaby Btesh, un empresario cercano al más poderoso círculo político del país.
En marzo de 2008, Catastro archivó el expediente por un traslape en las solicitudes de compra del lote y sugirió realizar una subasta.
Esa decisión fue impugnada por Adnaloy Ltd., S.A. alegando derecho a que la Nación le vendiera esa finca porque su propuesta de compra “no tenía defectos”.
Al no ser contestada la impugnación, presentó una demanda contencioso administrativa en la Corte Suprema de Justicia para que se declarase ilegal lo actuado por Catastro.
Este litigio permaneció dos años en la Corte, hasta que el 4 de mayo de 2010, (cuatro meses después de ser designado en el cargo) el hoy magistrado presidente de ese órgano, Alejandro Moncada Luna, en un fallo a favor de Btesh ordenó al Estado adjudicar de forma directa el relleno, con lo cual ya no habría ni subasta ni concesión.
Su fallo desechó la opinión de la Procuraduría de la Administración –a cargo de Óscar Ceville– que, aunque no es vinculante, decía que Catastro actuó legalmente.
La Procuraduría se oponía, justamente, a una venta directa: “la contratación directa es un medio excepcional sin que exista competencia de oferentes, pero en este caso existen otros sujetos interesados en la adquisición del mismo bien, por lo que la decisión adoptada fue dictada con el propósito de lograr el mayor beneficio para la Nación”.
“El artículo 266 de la señala que este tipo de venta se hará, salvo excepciones por licitación pública, para asegurar el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación”, agregó.
El 14 de junio de 2010, Catastro retomó la solicitud de compra del relleno, pero no fue hasta diciembre de 2012 que el entonces ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, José Domingo Arias –hoy candidato presidencial del oficialista Cambio Democrático–, pidió al Consejo de Gabinete desafectar el lote.
El Gabinete desafectó el relleno el 15 de enero de 2013 citando jurisprudencia de la Corte. Por ejemplo, los ministros recordaron dos sentencias de la Corte: una del 25 de septiembre de 1970 y otra del 16 de diciembre de 1994 que coinciden en que “la desafectación de bienes de dominio público se efectúa de un acto administrativo de la autoridad competente, por razón del poder soberano del Estado…” (ver nota relacionada).
Finalmente, el relleno –de 4 mil 318 metros cuadrados– fue vendido en junio de 2013 a Gaby Btesh. El MEF lo vendió en 2.2 millones de dólares, es decir, a unos 525 dólares el metro cuadrado.
Pero otras fincas adyacentes a esta han sido valoradas por el propio MEF en tres o cuatro veces más, hasta 2 mil dólares el metro cuadrado.
´MANIPULACIÓN´
En un comunicado, la Secretaría de Comunicación del Estado acusó ayer a este diario de “manipular” la información, enfatizando que “[el valor del terreno] surgió del promedio de avalúos del personal del MEF y de la Contraloría General”.
Nada dice el comunicado de que el titular del MEF, Frank De Lima, se negó a responder un cuestionario enviado varias veces por este diario para conocer por qué discrepaba el avalúo del MEF en las fincas adyacentes al terreno en cuestión y el precio al que se le vendió a Btesh.
Esta práctica no es nueva. Como es costumbre, el Gobierno no responde los cuestionarios de este medio y luego trata de desacreditarlo con pronunciamientos como el emitido ayer.
El comunicado no dice nada sobre el ponente del fallo que “ordenó” la venta de la finca: Alejandro Moncada Luna –nombrado por el presidente, Ricardo Martinelli– quien ha protagonizado escándalos a causa de sus polémicos fallos, entre ellos, su reciente decisión de desconocer la autoridad del Tribunal Electoral en materia reservada únicamente a esa esfera.
HISTORIA DE UN RELLENO
La finca en manos de Btesh se formó producto de un relleno artificial hecho tras la firma de un contrato de concesión firmado en 1975 por la compañía Pescadores Unidos, S.A. y la extinta Autoridad Portuaria Nacional (hoy Autoridad Marítima de Panamá) para un muelle.
Esta empresa, presidida entonces por Fidel Oro Díaz (fallecido), fue una de las que solicitó desafectar el lote para comprarlo. La petición, según el MEF, data de 2000.
Pescadores Unidos, S.A. compraría el lote para lograr provecho comercial al instalar un depósito de piezas para su flota pesquera.
Las pretensiones de la empresa que, además operaba una planta procesadora de mariscos en una finca adyacente, se desvanecieron en 2008 cuando Catastro archivó el proceso.
La compañía quebró, pero Gaby Btesh pudo lograr lo que aquellos empresarios no pudieron y hoy, en vez de un depósito, Btesh pretende levantar un edificio de propiedad horizontal.
Gabinete ignoró fallo de 2007 y prefirió el de 1970
El Consejo de Gabinete no solo acató el fallo dictado por el magistrado Alejandro Moncada Luna, sino que en la resolución emitida para desafectar y, posteriormente, vender el relleno marino incluyó jurisprudencia sobre el tema. Por ejemplo, se destacaron las sentencias de la Corte Suprema de hace 43 años (del 25 de septiembre de 1970) y de hace 19 años (16 de diciembre de 1994 (ver nota principal). Pero un fallo más reciente, de hace solo seis años (del 26 de junio de 2007), bajo la ponencia del entonces magistrado Alberto Cigarruista, dictaminó que: “lo que se pretende a través del reconocimiento de los bienes de dominio público, es que mantengan ese carácter de uso colectivo, y su consecuente prohibición de apropiación privada…”. Esa sentencia fue con motivo de una demanda de inconstitucionalidad que presentó el abogado Juan Carlos Henríquez contra el artículo 99 de la Ley 56 de 1995, modificada por la Ley 22 que señalaba: “las dependencias del Órgano Ejecutivo y los otros órganos del Estado podrán disponer de sus bienes, mediante venta, arrendamiento o permuta de bienes, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro…”. Según Henríquez, “no es posible vender rellenos hechos sobre el mar territorial”. “La figura de la desafectación solo operaría a través de una reforma constitucional que la autorice, no siendo suficiente la expedición de una ley común o una resolución de Gabinete”, subrayó.
CAMBIO. El director de la Anati, Franklin Oduber, inscribió el lote a favor de la Nación antes de su venta. LA PRENSA/Humberto Rueda.
la prensa 12 dic 2013 Panorama
FINCA EN PUNTA PACÍFICA
El magistrado Moncada Luna, en un fallo en el que fue ponente, ordenó adjudicar un lecho marino que no se desafectó hasta dos años después.
CONTRASTE. Al lote de 4 mil 318 metros cuadrados vendido a Adnaloy Ltd., S.A. se le fijó este año un valor catastral de $2.2 millones (unos $525 el metro cuadrado). Sin embargo, la empresa Corporación Pacific Place, S.A., que posee un terreno adyacente de 1,577 metros cuadrados, tenía en 2010 un valor catastral de $3.1 millones sin mejoras (unos $2 mil el metro cuadrado).
05/12/2013 – Sin siquiera haber sido desafectado, como exige la ley, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del magistrado Alejandro Moncada Luna, ordenó al Estado adjudicarle de forma directa al empresario Gabriel Gaby Btesh un terreno de dominio público localizado en el sector de Punta Pacífica, corregimiento de San Francisco.
El fallo de Moncada Luna –firmado también por el magistrado Víctor Benavides y el entonces magistrado Winston Spadafora– se emitió el 4 de mayo de 2010, pero no fue hasta el 15 de enero de 2013 –más de dos años después– que el Consejo de Gabinete emitió una resolución desafectando el terreno y transformándolo en bien patrimonial para su venta.
La propia Presidencia de la República emitió el pasado martes un comunicado en el que afirma que dicho fallo ordenó “no solamente darle el trámite correspondiente a la solicitud realizada por la sociedad Adnaloy Ltd., sino que también a proceder [sic] a adjudicarle el globo de terreno solicitado conforme a lo dispuesto en las normas aplicables”.
A juicio de algunos abogados, el fallo es un desacierto de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Rainier del Rosario, gerente de proyectos de la compañía Geolex –que ofrece servicios catastrales– considera que es un “exceso notable” que esta sala haya ordenado titular un predio de dominio público que no se podía titular.
La desafectación es la acción jurídica por medio de la cual un bien de uso público deja de serlo para convertirse en patrimonio del Estado, susceptible de venta.
Según Benjamín Colamarco, exdirector de Catastro, esta venta también es inconstitucional, pues riñe con el artículo 258 de la Constitución que dice que el mar territorial, playas y riberas son del Estado y no pueden ser objeto de apropiación privada.
El Consejo de Gabinete, aprobó el 13 de diciembre de 2012 un “proyecto de contrato de compraventa” del terreno en cuestión entre la Nación y la sociedad Adnaloy Ltd., S.A. –vinculada a Gaby Btesh– la cual para entonces no había sido desafectada.
La desafectación vino después de que el entonces ministro de Vivienda José Domingo Arias la solicitara al Consejo de Gabinete, a finales de diciembre de 2012. Arias actuó en esa ocasión en su condición de presidente del Consejo Nacional de Tierras.
El 21 de mayo de 2013, Capital Bank Inc. emitió un cheque de gerencia por unos 2.2 millones de dólares que fue entregado por Adnaloy Ltd., S.A. a la Nación, como pago por el terreno.
El 4 de junio de 2013, el contrato fue firmado por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, según el acta refrendada por la Notaría Duodécima de Circuito de Panamá.
La contraparte de De Lima fue Tauryn Rodríguez Ruiloba, joven de 30 años residente en Nuevo Arraiján, que preside Adnaloy Ltd., S.A.
El 16 de agosto de 2013, en una reunión de accionistas de esta sociedad, Tauryn Rodríguez Ruiloba autorizó a Gaby Btesh a celebrar el contrato de préstamo con Capital Bank, Inc., por 2.2 millones de dólares.
Cabe mencionar que en Adnaloy Ltd., S.A. figuró como directora Ailedsabel González, abogada de la inmobiliaria Btesh & Virzi, que hizo la inscripción del ya famoso relleno de Paitilla ante el Registro Público.
El pasado martes, la Secretaría de Comunicación del Estado acusó a La Prensa de “manipular” esta información, enfatizando que “[el valor del terreno] surgió del promedio de avalúos del personal del MEF y de la Contraloría General”.
El valor catastral del lote fue fijado, como se dijo, en 2.2 millones de dólares, según un informe preparado por Franklin Oduber, director de la Anati. El comunicado no da detalle alguno sobre cuáles fueron los valores catastrales asignados al lote.
Pero Oduber consignó que el precio de la tierra fue fijado “a raíz de la disparidad de los valores en los avalúos practicados por la Contraloría General y la Dirección de Catastro”, como aparece en un informe ventilado en el Consejo de Gabinete en diciembre de 2012.
¿Qué tan dispares eran esos avalúos? Eso se desconoce, pero quizás sirva comparar el precio de la finca de Btesh con el de otra finca adyacente a su terreno.
La sociedad Corporación Pacific Place, S.A. posee un terreno de mil 577 metros cuadrados justo al lado de la finca de Btesh. Según una certificación de paz y salvo emitida en 2010 por la hoy Autoridad Nacional de Ingresos, el valor del metro cuadrado en dicho terreno fue tasado en 2 mil dólares, sin las mejoras.
Un precio tres veces mayor al que pagó Btesh por su terreno, a pesar de que uno está justo al lado del otro (ver facsímiles).
A juicio de empresarios del sector inmobiliario, que prefieren el anonimato por temor a represalias, el metro cuadrado en esa zona frente al mar hoy se puede cotizar en más 2 mil 500 dólares, lo que significa que la finca que compró Btesh tendría un valor superior a los 10 millones de dólares y el Estado se la vendió en solo 2.2 millones de dólares.
Gaby Btesh, a la sombra del ´escándalo´
Gabriel Gaby Btesh se dedica al desarrollo inmobiliario junto al exvicepresidente Felipe Virzi y Ricardo Ricky Calvo, este último compadre del magistrado Alejandro Moncada Luna. Btesh estuvo muy cerca de la administración del expresidente Martín Torrijos.
Eso, sin embargo, no ha impedido que haya establecido fuertes lazos con el gobierno de Ricardo Martinelli. Su nombre salió a relucir en la irregular titulación gratuita de un relleno de mar en Paitilla a un florista. Además, el gobierno ha entregado de forma directa millonarias concesiones en el aeropuerto de Tocumen a sociedades en las que figuran sus empleados.
En noviembre de 2010, una empresa que tiene como accionista a su hermano Salomón recibió una concesión para un casino en El Dorado. Por ese entonces, el presidente Martinelli decía: “En mi vida lo he visto [a Gaby Btesh]… [él] entra por esta puerta y no sé quién es; para que vean cómo son las cosas que le achacan y critican a uno”. También fue mencionado como partícipe de la reunión “casual” que sostuvo el 15 de agosto pasado el candidato presidencial del PRD, Juan Carlos Navarro, con Martinelli en la oficina del empresario Mayor Mello Alemán.
El expresidente del PRD Francisco Sánchez Cárdenas relaciona a Btesh con Martinelli y asegura que está financiando la campaña de Navarro.
RELLENO. La finca titulada a nombre de Gaby Btesh colinda con un terreno en Boca La Caja que, en septiembre pasado, expropió el Gobierno por motivo de ‘interés social urgente’. En noviembre de 2009 fue ocupada ilegalmente por invasores que luego fueron desalojados. Cortesía.
AMISTAD. Alfredo Alemán (Izq.), Ricardo Martinelli y Gaby Btesh (extremo derecho). Tomada de internet
11 feb 2014 Panorama
ATTT (Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre)
POLÉMICA. La caseta fue construida hace 10 años y conecta con el lote que compró Gabriel Btesh. LA PRENSA/Roberto Cisneros.
11/02/2014 – La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que dirige Roberto Moreno, ordenó ayer la remoción de una caseta de seguridad en un complejo residencial que colinda con el relleno de fondo marino de 4 mil 318 m2, en Punta Pacífica, que el Estado vendió de forma directa, en 2013, a una sociedad del empresario Gabriel Gaby Btesh.
En una misiva dirigida a Carlos Ayuso, director de Tránsito y Seguridad Vial de la ATTT, Moreno solicitó la demolición de la caseta de seguridad y un brazo mecánico, arguyendo que se construyeron sobre la “vía pública impidiendo el tránsito de peatones y vehículos”.
La acción de Moreno provocó el malestar de un grupo de residentes del complejo residencial –integrado por los edificios PH Punta Pacific Blue, Royal Pacific y Courtyard View– que impidió a una máquina retroexcavadora del Ministerio de Obras Públicas derribar las estructuras.
Curiosamente, el único acceso que tiene el relleno de fondo marino que compró Btesh (empresario cercano al más poderoso círculo político del país) es a través de esa garita de seguridad que se construyó en 2003.
Janeth Gómez, residente del edificio Courtyard View, mostró un contrato de compraventa en el que se menciona claramente que la calle de acceso al complejo residencial es “privada”.
“Cuando compré mi apartamento se me informó que tendría garita de seguridad y que sería privada”, recalcó Gómez, al tiempo que mostró un plano al representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, quien expresó su apoyo a los afectados y reprochó la acción de Moreno.
El “operativo” para derrumbar la caseta y el sistema de control de acceso vehicular a los edificios fue dirigido por el propio jefe de la ATTT, que estuvo acompañado de más de una docena de agentes de la Policía Nacional.
La acción también incluyó la remoción con grúa de autos que estaban estacionados en áreas aledañas, señalizadas con líneas amarillas, donde está prohibido estacionarse.
Esas líneas amarillas fueron pintadas el pasado viernes, denunciaron algunos residentes que no descartaron interponer acciones legales para frenar la acción de la ATTT.
En diciembre pasado, parte del muro que protege el complejo residencial fue derribado por dos personas que colocaron un portón de acero que permitiría el acceso al lote de Btesh.
“Esos trabajadores nos advirtieron que su jefe (a quien no identificaron) tenía buenas conexiones con el Gobierno y que no importaría lo que hiciéramos para impedir la construcción de un edificio de oficinas en ese lote”, denunció uno de los moradores.
La venta del polémico relleno de fondo marino se consumó luego de que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial –cuyo titular era en ese entonces José Domingo Arias, hoy candidato presidencial por Cambio Democrático– pidiera al Gabinete desafectar el área, en representación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.

References: resolución 
 artículo 258
 resolución 
 artículo 258
 resolución 
 artículo 258
 artículo 258
 artículo 266
 resolución 
 artículo 99
 resolución 
 resolución 
 artículo 258