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Timestamp: 2020-01-21 12:54:11+00:00

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Criterios de solvencia técnica, económica y financiera deben justificarse
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jueves, 27 de junio de 2019 /en Derecho Administrativo, Nueva Ley LCSP /por Juan Carlos Melián
En alguna ocasión he referido con sorna que el alambicado lenguaje utilizado en la LCSP, la hace, desde la perspectiva de su accesibilidad, de su comprensión, poco transparente.
Cierto es que la complejidad de la norma puede justificar alguna tendencia a la utilización de un lenguaje poco comprensible para los profanos, pero me sigue hiriendo la sensibilidad el que una norma exija mediadores para su comprensión.
Por desgracia en la lectura de la LCSP no sólo mediadores para facilitar su comprensión intervienen, también sus exégetas. En mi opinión, a la LCSP le sobran intérpretes y le faltan aplicadores.
1.1 Claris non fit interpretatio iuris
2 Resolución del TARCJA 184/2019
3 Justificación de los criterios de solvencia técnica…
Aprecio la labor de interpretación de las normas cuando es necesaria. Yo mismo la practico modestamente y de forma mesurada. Ahora bien, me causa algo de urticaria el paroxismo interpretativo al que día sí y día también se somete a la pobre LCSP. Se la estira un poquito por aquí, otro por allá, algo de Botox jurídico y no hay quién reconozca tal o cual precepto. Cada uno para justificar lo suyo.
Esta moda infame, creo recordar comenzó dando un alcance distinto a la regulación de los PANAP (poderes adjudicadores no administración pública), luego con el contrato menor… y poco a poco se ha ido extendiendo a casi todo su texto, atrapando su literalidad y envolviéndola a base de interpretaciones innecesarias.
He llegado a leer que los abogados no realizamos un trabajo intelectual. ¡La madre que los parió!
Claris non fit interpretatio iuris
Y no hablemos de la glosa normativa hecha desde la virginidad de la práctica de la gestión. A lo que voy: que nos hemos olvidado de aquel brocardo latino: Claris non fit interpretatio iuris. Cuando el texto de la ley es claro e inequívoco, no ha lugar a interpretación alguna, sino a la pura y simple aplicación del precepto en su literal dicción.
Resolución del TARCJA 184/2019
Hoy traigo a esta tribuna la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía del pasado 6 de junio.
Recordemos que Respecto de los criterios de solvencia técnica o profesional y otras, el artículo 116.4 c) LCSP dice:
4. En el expediente se justificará adecuadamente…,
En mi modesta opinión, estamos antes un precepto de la LCSP claro, como el agua cristalina, ─de los pocos─. La resolución 184/2019 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía resuelve la ausencia de justificación en el expediente de los criterios de solvencia, anulando los pliegos de la contratación:
Entiende el TARC de Andalucía que si en anteriores resoluciones, en relación con las cuestiones que deben quedar justificadas en el expediente, ha declarado la nulidad en el supuesto de no justificarse la no división en lotes de un contrato, a igual conclusión ha de llegarse en el supuesto de no quedar justificados adecuadamente los criterios de solvencia adoptados en el pliego.
“…conforme a la documentación remitida a este Tribunal que conforma el expediente de contratación, no consta en la misma la citada justificación de los criterios de solvencia técnica o profesional exigidos. Así las cosas, ha de darse la razón a la entidad recurrente. Esta cuestión, la de la necesidad de justificar adecuadamente determinadas actuaciones en el expediente de contratación, ex artículo 116.4 de la LCSP, ya ha sido abordada por este Tribunal, entre otras, en sus Resoluciones 162/2018, de 1 de junio y 271/2018, de 28 de septiembre, aunque referidas a la necesidad de justificar en el expediente de contratación la no división del contrato en lotes. En este sentido, en dichas resoluciones se expresaba que el objeto del contrato era susceptible de su división en lotes diferenciados, si bien existían determinadas causas que desaconsejaban el fraccionamiento y justificaban razonablemente la unidad. Sin embargo, en ellas la motivación determinante de la unidad contractual no se expresaba por el órgano de contratación en el expediente de contratación, sino en el informe al recurso, lo que supuso en aquellos supuestos analizar las consecuencias que la falta de motivación previa tenía sobre las licitaciones en curso…”
Justificación de los criterios de solvencia técnica…
Naturalmente, la justificación de los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera habrá de realizarse con relación a su vinculación con el contrato y su proporcionalidad respecto de este para garantizar la competencia efectiva (74.2 y en su caso, respecto a la adscripción de medios 76.3 LCSP); particularmente en relación con la solvencia económica, además, que no impide a las PYMES acceder a la contratación (87.4 LCSP)
La obligación de justificar los elementos que señalan el 116.4 descansa en la finalidad última de conocer la expresión de las motivaciones que justifican el diseño de los elementos esenciales de la contratación.
Esa motivación resulta necesaria porque en definitiva estamos ante un acto administrativo en el que, existiendo cierto margen de discrecionalidad, la seguridad jurídica exige motivación.
No se puede entender que la exigencia del 116. 4 en relación con los criterios de solvencia sea meramente formal porque, en definitiva, es un elemento necesario para, entre otras razones, ejercitar la función revisora de la discrecionalidad técnica del órgano de contratación.
En estas ideas incide la resolución nº 91/2019 del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público que a continuación reproducimos en la parte que interesa en su traducción al castellano por su indudable interés y solidez argumentaria:
“….Tal y como este Tribunal tiene asentado (por todas, resoluciones 45/2018, 18/2018), el artículo 28 de la LCSP, que prevé la necesaria justificación y motivación de los elementos esenciales de los contratos, tiene, sin duda, una vinculación directa con el logro de los fines establecidos en el artículo 1 de la LCSP y, en particular, la garantía de los principios de libertad de a acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato, y garantía -en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto- de una eficiente utilización de los fondos públicos, mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa
(En este sentido, por todas, las resoluciones de este Tribunal147 / 2017 y 173/2016 y las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -TACRC- 363/2017, 262/2017 y 530/2016).
Dado que la discrecionalidad técnica de la que goza el órgano de contratación reduce las posibilidades de control a la apreciación de error manifiesto o en la inobservancia de los elementos reglados, y no permite una evaluación alternativa a la efectuada por el órgano calificador, difícilmente se puede considerar que el informe acreditativo de la necesidad e idoneidad del contrato se trata de un requerimiento meramente formal del expediente y, por el contrario, se debe considerar un elemento sustantivo necesario para que se pueda llevar a cabo la función revisora ​​de dicha discrecionalidad
(En este sentido, el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña -JCCA CAT, núm. 15/2012, de 30 de noviembre). Sin embargo, en el caso examinado, como se ha dicho, no se llega a apreciar los motivos de la configuración de esta solvencia técnica, de la fórmula de valoración ni de condición de ejecución vinculadas a la territorialidad, con la justificación y razonabilidad necesaria dentro de los márgenes de discrecionalidad del órgano de contratación.
Etiquetas: criterios de adjudicación, solvencia técnica
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References: Resolución 

Resolución 
 resolución 
 artículo 116
 resolución 
 artículo 116
 resolución 
 artículo 28
 artículo 1