Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-00331-39453-de-junio-22-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_934f23ec42854667b53ecfc405fe144b&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-10 07:02:21+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2006-00331/39453 DE JUNIO 22 DE 2018
SENTENCIA 2006-00331 DE 22 DE JUNIO DE 2018
CONTENIDO:FALLA DEL SERVICIO POR EL INCUMPLIMIENTO EN DE LOS DEBERES DE LICENCIAMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO. CUANDO SE TRATE DE UNA OMISIÓN EN LA SEÑALIZACIÓN ADECUADA DE UNA VÍA, PARA LA IMPUTACIÓN DEL DAÑO DEBE DETERMINARSE EL SUJETO O ENTIDAD A LOS CUALES EL ORDENAMIENTO JURÍDICO LE ATRIBUÍA EL DEBER DE ADVERTIR MEDIANTE UNA SEÑALIZACIÓN ADECUADA, EN ESTE CASO, EL RIESGO INMINENTE QUE REPRESENTABA UNA ALCANTARILLA ABIERTA EN PLENA VÍA PÚBLICA, Y QUE HUBIERA PODIDO EVITAR EL TRÁGICO ACCIDENTE QUE OCASIONÓ LA MUERTE DE LA VÍCTIMA, FAMILIAR DE LOS DEMANDANTES. EN LÍNEA CON LO ANTERIOR, SE TIENE QUE LOS MUNICIPIOS TIENEN A SU CARGO LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN QUE EN ELLOS SE DESARROLLEN, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 133.7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. DE ESTE MODO, SE PRESENTA UNA FALLA DEL SERVICIO CUANDO SE PRESENTE UN DAÑO COMO RESULTADO DE UN INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LICENCIAMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, Y EN CONSECUENCIA, EL MUNICIPIO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR. EN EL CASO CONCRETO, SE ACREDITÓ QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ERA PLENAMENTE CONSCIENTE DE ESTE DEBER DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS EN LAS CUALES SE PRESENTÓ EL FATAL ACCIDENTE. SIENDO ASÍ EL MUNICIPIO PLENAMENTE CONSCIENTE DEL DEBER DE VIGILAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CONSTRUCCIÓN QUE SE DESARROLLABAN EN SU TERRITORIO, DEBERÍA HABER ACTUADO, EN EJERCICIO DE SU POTESTAD SANCIONATORIA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN, A MENOS QUE EL MUNICIPIO NO ESTUVIERA EN LA POSICIÓN O TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE CONOCER LOS HECHOS. EL MUNICIPIO TUVO ASÍ LA OPORTUNIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CABAL A SU DEBER DE VELAR POR LA INTEGRIDAD Y CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS DE SU JURISDICCIÓN EN LAS QUE SE PRODUJO EL ACCIDENTE Y HUBIERA PODIDO COMPELER AL CONTRATISTA A COLOCAR LA SEÑALIZACIÓN PRECEPTIVA EN LA OBRA QUE SE DESARROLLABA. SIN EMBARGO, OMITIÓ ESE DEBER, AUMENTANDO EL RIESGO JURÍDICAMENTE RELEVANTE, QUE SE HIZO EFECTIVO CON EL FALLECIMIENTO DE LOS FAMILIARES DE LOS DEMANDANTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FUNCIONES DEL MUNICIPIO, MUNICIPIO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS, OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
Sentencia 2006-00331 de noviembre 22 de 2017
EXTRACTOS: «II(sic). CONSIDERACIONES
Como hermano del occiso se presentó Juan Evencio Torres Ruiz, quien, de acuerdo con el registro civil aportado, es hijo de Cándida Rosa Ruiz y Camilo Torres. La Sala observa que el nombre de quien aparece registrada como madre de Juan Evencio no coincide con el nombre de la madre del fallecido. Por otra parte, encuentra que la persona que fue registrada como su padre, esto es, Camilo Torres, se identifica con cédula de ciudadanía número 2.541.910(23), que difiere del número de la cédula de ciudadanía del padre de Camilo Alberto Torres Vallejo, circunstancia ésta que no permite que la sala le tenga como hermano de la víctima. En efecto, conforme al registro civil de la víctima del accidente y de sus hermanas(os) Ludivia, Arnulfo y María Mercedes, su padre, Camilo Antonio Torres Rivas, se identifica con la cédula de ciudadanía número 1’318.120 de Montenegro. Mientras, en el padre Juan Evencio Torres Ruiz, Camilo A. Torres, se identifica con la cédula de ciudadanía número 2.541.910 de Montenegro.
Luz Marina Zuleta Ceballos manifestó que Evencio era el hermano mayor del difunto y, cuando el Despacho le preguntó por su relación con sus hermanos dijo: “Pues tanto con los hermanos era muy buen hermano les ayudaba económicamente vivían juntos en la misma casa, eran muy unidos [...]”. A continuación el despacho le preguntó sobre los efectos de la muerte del señor Torres Vallejo y la testigo manifestó: “Horrible, porque la señora dependía de él [...] y para los hermanos como (sic) uno va a querer que un ser querido se vaya, a pesar del tiempo aún sienten [...] y los hermanos todavía les da nostalgia de haber perdido un ser querido”(24) .
Blanca Mariela Manrique también expresó que Juan Evencio era el hermano mayor de Camilo Alberto Torres Vallejo y cuando, tras ello, el Despacho le preguntó la relación que tenía con sus hermanos, dijo: “Pues el con sus hermanos se comunicaban (sic) constantemente, con los que vivian (sic) lejos semanalmente con los que vivian (sic) acá a diaro porque vivian (sic) en la misma casa, era una misma familia toda, ellos se llevaban bien, cuando uno necesitaba una dos él les colaboraba, les ayudaba [...] él era muy cariñoso con ellos, hacía reuniones en la casa y les daba regalos vivian (sic) muy buen (sic), cuando cumplían (sic) años levaba tortas los llevaba a pesos, a camina (sic) por ahí, a parrandear, ellos eran muy avenidos entre sí [...]”. A continuación, el Despacho pregunto a sobre los efectos que había tenido la muerte del señor Torres Vallejo en su familia, a lo la señora Manrique respondió: “Pues imagínese, eran desesperados, tristes, [...] de la niña grande él se preocupaba mucho por ella, ella estaba donde el hermano mayor y como la mamá la abandonó cuando estaba en el hospital el hermano mayor de él fue quien la crio [...]”(25) .
Diferente es la situación de Luz Dary Torres Vallejo, quien confirió poder para demandar al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, la Nación-Departamento Administrativo de la Presidencia y la Alcaldía de Montenegro (Quindío) por los perjuicios ocasionados con la muerte de Camilo Alberto Torres Vallejo, de quien afirmó ser su hermana(26). Sin embargo, no allegó prueba de tal parentesco. Aparte, el a quo ordenó adecuar las pretensiones de la demanda, dirigiéndola contra personas jurídicas(27) y, en cumplimiento de dicha orden, la parte demandante remitió nuevamente el poder conferido por los demandantes, el cual no fue firmado por Luz Dary Torres Vallejo(28). Por tanto, la Sala en consecuencia declara la falta de legitimación en la causa por activa de Luz Dary Torres Vallejo.
Tras ello, el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y el Municipio de Montenegro suscribieron un convenio de asociación, para la reconstrucción y rehabilitación de dicho municipio(30). El departamento se comprometió, con ello, a adquirir un lote en el cual se adelantaría un programa de construcción de quinientas (500) viviendas destinadas a las familias afectadas por el terremoto, por un valor de trescientos cuarenta y seis millones de pesos ($ 346’000.000). El municipio, a su vez, se comprometió a suministrar cincuenta y cuatro millones de pesos ($ 54’000.000) para la compra de dicho terreno.
El dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y la Fundación de Empresa Privada Compartir (Fundación Compartir) suscribieron un convenio de asociación con el propósito de reconstruir y rehabilitar la zona afectada, orientando sus esfuerzos al Municipio de Montenegro (Quindío), la denominada Asociación Cundinamarca-Compartir(31).
Por otro lado, el decreto de orden nacional número ciento noventa y seis (196) de mil novecientos noventa y nueve (1999) dispuso que “(...) el Fondo para la Reconstrucción de la Región del Eje Cafetero [FOREC] podrá recibir los bienes correspondientes y transferirlos a los afectados con el fin de que los mismos puedan atender sus necesidades fundamentales” (art. 6º).
Para dar cumplimiento a su objeto, el Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo Social del Eje Cafetero celebró un contrato de administración delegada e interventoría con la Asociación Cundinamarca-Compartir, asociación privada, sin ánimo de lucro(32). Dicho contrato fue objeto de modificaciones sucesivas a través de otrosíes, de los cuales se pusieron los siguientes en conocimiento de esta corporación: (i) otrosí número dos (2), suscrito el nueve (9) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), por el cual la Asociación se comprometió a ejecutar la construcción quinientas (500) viviendas provisionales(33); (ii) otrosí número tres (3)(34), suscrito el veinte (20) de diciembre de dos mil novecientos noventa y nueva (1999), por el que se autorizó a la Asociación a contratar con terceros “la ejecución de obras necesarias para mejorar las condiciones de la vía de acceso a la urbanización donde se están construyendo las viviendas destinadas a alojar a la población que resultó afectada por el sismo del 25 de enero”; y (iii) otrosí número once (11), suscrito el veinte (20) de diciembre del dos mil (2000)(35), con el la Asociación se comprometió a “realizar directamente o mediante la celebración de contratos, la supervisión técnica, administrativa, financiera, jurídica y social sobre la destinación y correcta utilización del subsidio directo otorgado por el FONDO”.
De lo anterior, sin embargo, no se colige que el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA haya ejecutado la obra realizada en el barrio Los Comuneros del Municipio de Montenegro, en el cual se produjo el accidente fatal que dio lugar a la acción puesta a consideración de la Sala. Conforme a lo afirmado en el libelo introductorio y posteriormente ratificado por las demás partes y el material probatorio allegado, el accidente se produjo en el marco de una obra a cargo del ingeniero Luis Fernando Polanía Obando, quien a su vez había sido contratado por el la asociación ASOVIDA(36). Sin embargo, la actora no demostró que existiera un vínculo entre ASOVIDA y la Asociación Cundinamarca-Compartir, ni mucho menos entre ASOVIDA y el FOREC, lo cual fue simplemente asumido aquella.
Construidas las casas y ya en curso el trámite de entrega de las redes de servicios a la empresa prestadora de servicios públicos, se puso en evidencia la necesidad de ampliar la capacidad del sistema de evacuación de aguas residuales, que al parecer era deficiente, situación que dio lugar a un trabajo que fue contratado por ASOVIDA con un tercero, de manera que la omisión del cuidado que debió observarse en la ejecución de esta obra complementaria no puede atribuírsele a una omisión del FOREC, fondo ajeno a su contratación, tanto como a la vigilancia e inspección de las obras. . Por lo tanto, la Sala concluye que la Nación – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA no se encuentra legitimado en la causa por activa.
El proyecto Los Comuneros, financiado por el FOREC, fue ejecutado por La Asociación de Vivienda Comunitaria Los Comuneros – ASOVIDA, una asociación de derecho privado de la que no formaban parte el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, ni la asociación Compartir-Cundinamarca(38). Forzoso resulta así concluir que el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA tampoco se encuentra legitimado en la causa por pasiva.
Tampoco consta que el Municipio de Montenegro hubiera participado en el proyecto Los Comuneros. Sin embargo, en la demanda se hace hincapié en que el accidente que dio lugar a la demanda se produjo en una vía púbica de dicho municipio, por lo que le asistía un deber de vigilancia. Por tanto, el municipio se encuentra legitimado para comparecer al proceso y desplegar la actividad que considere necesaria en ejercicio del derecho de defensa y contradicción frente a tal señalamiento. En consecuencia, la Sala reconoce la legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Montenegro.
El estudio que abordará la Sala se contrae a desatar la inconformidad de las partes. En este sentido, la Sala se circunscribirá a los aspectos que han sido objeto de los motivos de inconformidad que los apelantes expusieron contra la sentencia de primera instancia, pues su competencia, según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, se reduce a examinar dicho asunto, no siendo posible que aborde otros, so pena de violar el principio de la congruencia.
— Protocolo de necropsia de Camilo Alberto Torres Vallejo, en la que consta como causa de muerte: “insuficiencia respiratoria aguda – edema pulmonar agudo – ahogamiento”(43).
— Protocolo de necropsia de Luis Alfonso Pérez Ríos, cuya causa de muerte fue: “edema pulmonar – insuficiencia respiratoria aguda – inalción (sic) gases tóxicos”(44).
La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación jurisprudencial del veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013), en la cual se estableció que las copias simples serían valoradas en “(...) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”(45).
— El Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo Social del Eje Cafetero y la Asociación Cundinamarca-Compartir, el veinticuatro (24) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), celebraron el contrato número siete (7), del cual obra copia en el expediente(56), cuyo objeto fue el desarrollo de la administración delegada y la interventoría del programa para la reconstrucción integral del Municipio de Montenegro en el departamento del Quindío, “entendidos como tales la dirección, administración y control de los recursos que el FONDO destine a la reconstrucción de dicho municipio y las tareas de Interventoría que este proceso requiera. La ASOCIACIÓN podrá adelantar directamente o a través de contratos o de sub contratos, las obras establecidas en la CLÁUSULA TERCERA, y las demás que con posterioridad acuerden las partes, orientadas a la rehabilitación y reconstrucción del municipio”.
— Copia simple del informe de actividades desarrolladas para la reconstrucción del Municipio de Montenegro – Quindío del 4 de julio de 2000, en el que se adujo que el día 15 de diciembre de 1999 se logró la aprobación por parte del FOREC, de la construcción del Acueducto Municipal en dos etapas(58).
— En el plenario obra copia del contrato de fiducia mercantil Los Comuneros en escritura pública tres mil doscientos (3200) del veintinueve (29) de diciembre de dos mil (2000)(59).
— La Asociación de Vivienda Comunitaria ASOVIDA-Los Comuneros del Municipio de Montenegro celebró contrato de obra con el ingeniero Luis Fernando Polanía Obando el diecisiete (17) de marzo de dos mil cuatro (2004), cuyo objeto fue:
“a. Las obras y la operación se encontraban en proceso de entrega por parte de la Unión Temporal Los Comuneros a Esquin S.A. ESP. Es decir, a la fecha de los sucesos la empresa Sanitaria del Quindío no era operador de la red, las redes correspondían en su mantenimiento y terminación a la Unión Temporal Los Comuneros (...). La interventoría del proyecto ASOVIDA Los Comuneros en fideicomiso y representado por la Fiduciaria la Previsora S.A. la venía ejerciendo CAMACOL Quindío.
b. En los archivos de la oficina no existe reporte alguno de los daños en el alcantarillado para la época de los hechos. De acuerdo a la información obtenida de la comunidad y de los mismos obreros recuerdo que en términos generales en algunos tramos la tubería se encontró obstruida, por defectos en las uniones en el proceso constructivo y por aplastamiento de la misma. También se encontró una mala utilización de las redes ya que se encontraron elementos como colchones, estopas con basura y una serie de materiales que demuestran la falta de cultura ciudadana en la comunidad, para la época de los hechos, (...).
c. Las recamaras (sic) presentaban reboses de aguas sanitarias y para facilitar la operación de limpieza e inspección era necesario destaparlas para evacuar con motobombas el agua en descomposición, que existía no solo en las recamaras (sic), sino en la tubería. Una vez evacuadas las aguas por largos periodos de tiempo el contratista debía dejar destapadas las recamaras (sic) para que los gases tóxicos escaparan. (...) Por el peligro que esto representa para el transeúnte estas permanecían con guaduas que sobresalían de las recamaras (sic) y a su alrededor el contratista colocó cintas de peligro y otro tipo de señalización. (...)
e. El Ingeniero Luis Fernando Polanía Obando no tuvo ninguna vinculación con el Municipio. Su contratante fue el Señor (sic) William Porras Herrera, representante legal de ASOVIDA – Los Comuneros.
g. La administración no ejerció interventoría de las obras o servicios contratados al Ing. Luis Fernando Polania (sic) (...) por lo cual esta oficina desconoce quien (sic) o quienes (sic) dieron la orden de colocar guaduas en las recámaras, no obstante la acción es prudente y da en cierta forma un aviso o (sic) obstaculiza para que el peatón o los vehículos no se acerquen a las recamaras (sic) sin tapas”.
h. De acuerdo a los archivos encontrados, la única vinculación que tuvo el municipio con ASOVIDA fue la expedición de las licencias de urbanismo y construcción. El control de las obras y la ejecución de las mismas fueron desarrolladas por otras entidades. No obstante el municipio estuvo atento a que se cumpliera lo plasmado en los permisos, licencias y PBOT (...)”.
“Presentado el trámite de la reconstrucción posterior al terremoto de 1999, se constituyó la Asociación Popular de Vivienda Amovida (sic), la que presentó proyecto para atender la demanda de vivienda de interés social al Fondo Para la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC), el fondo evaluó el proyecto en su parte técnica, jurídica y financiera, el cual una vez viabilizado se (sic) procedió a asignar los subsidios a los asociados de ASOVIDA y mediante el control de la Fiduciaria La Previsora se desarrollaron las obras en asocio con la Unión Temporal ASOVIDA Comuneros (Constructores), bajo la interventoría de las obras por parte de CAMACOL Quindío para hacerlo parte de la vitrina inmobiliaria del FOREC, siendo la Fiduciaria la entidad encargada de verificar y autorizar la contratación del proyecto comuneros.
— Fiduprevisora S.A., en respuesta al oficio 1643 del Tribunal de primera instancia, informó que mediante escritura pública Nº 3200 del 29 de diciembre de 2000 de la Notaría Primera del Círculo de Armenia se celebró contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración inmobiliaria en la que comparecieron como fideicomitentes propietarios varias personas, en calidad de fideicomitentes constructores la Asociación de Vivienda Comunitaria Los Comuneros – ASOVIDA; el contratista ejecutor de la obra, César Augusto Patiño Gómez y la sociedad Fiduprevisora S.A. como fiduciario(67).
CONSTESTO: Por los oficios que el municipio en su momento envió a la constructora, a ASOVIDA, y que, están en la carpeta de la Urbanización Comuneros que reposa en la administración, se da cuenta de que, el Municipio si (sic) estuvo atento a las obras que se venían realizando en ese barrio, lo que si no se, es que (sic) funcionarios llevaron a cabo ese seguimiento a las obras, y que estas estuvieran de acuerdo al plan básico de ordenamiento territorial
“(...) el primer día que estuvimos trabajando en Comuneros, dejamos destapadas las alcantarillas para que salieran los gases, pero le dejamos una guadua a la alcantarilla y cinta reflectiva, cuando al otro día fui a trabajar y dijeron que el patrón había caído, aclaro que mi patrón bajo (sic) a socorrer a muchacho que había caído abajo a la alcantarilla, y murió asficciado (sic) CAMILO TORRES, eso fue todo, yo fui a trabajar al otro día y que se había muerto, no más. (...) PREGUNTADO: ¿Sírvase indicar (...) quién contrató al señor CAMILO ALBERTO TORRES, y si recuerda la fecha de su contratación e inicio de las obras? EXPUSO: Fue un ingeniero de apellido POLANÍA, no, no sé la fecha de su contratación, (...) PREGUNTADO: ¿El señor CAMILO ALBERTO TORRES, fue contratado para efectuar qué labores? EXPUSO: Para destaponar las alcantarillas, del barrio Comuneros, todas las alcantarillas”.
“Primero que todo ahí trabajaban en un alcantarillado, había gente trabajando ahí, ese día pasó el carro de la basura, el carro de la basura recogió basura a las 4 y 4 ½ de la tarde el carro de la basura paró en la alcantarilla, se bajo (sic) un ayudante de los que recogen basura y quito (sic) una guadua que había en la alcantarilla, eso quedo (sic) destapado toda la tarde, yo fui y le dije al señor de la junta no se (sic) como se llama el señor de la junta de acción comunal, que tapara la alcantarilla, que le pusiera tapa y el señor me contestó, si no ven el hueco es porque están ciegos, yo le dije es que la niña mía estaba jugando al pie de ese hueco y casi se me va allá, (...) y la alcantarilla quedó destapada toda la tarde, no tenia (sic) cinta ni nada, como las ocho y cuarenta y cinco yo estaba sentada al pie de donde el muchacho se cayó el menor de edad, LUIS se me olvidó el nombre cayó a la alcantarilla, yo corrí a prestar la linterna para alumbrar alumbramos y el muchacho estaba allá pidiéndonos auxilio, subí y grité ahí en el barrio que nos ayudaran, subi (sic) a bomberos de arriba dije que si nos podían colaborar que se había ido un muchacho a la alcantarilla, (...) cuando llego (sic) un señor de “LA LASKA” y el señor se metió y no aguantó por que (sic) eso guelia (sic) muy maluco, después como a las tres o cinco horas llego (sic) bomberos y llego (sic) bomberos y el muchacho todavía estaba vivo, pero bomberos no se quizo (sic) meter, después llegaron bomberos de Armenia, cuando llegó bomberos de Armenia ahí si se metió un bombero de acá, pero no se quizo (sic) poner careta ni nada, que él se metía así y lo sacaron desmallado, ahí si se metió bomberos de Armenia, pero ya el muchacho había muerto, por ineficiencia de los bomberos de acá, y la lámpara pública no prendía, la que estaba al pie del alcantarillado. (...) Desde que entregaron ese barrio siempre hemos tenido problemas con el alcantarillado. (...) Se tapaban y empezaban a salir los olores, y salían todo a la cancha, nadie se soporta ese olor (...) Destapaban esas alcantarillas, las limpiaban y a los tres días volvia (sic) lo mismo, destapen y tapen (...)”.
“(...) en el alcantarillado que estaban organizando y que murieron dos personas, eso hace aproximadamente tres años y medio, eso fue después de las ocho y media de la noche, ahí estaban haciendo un trabajo de alcantarillado, hacia unos días teníamos un problema de taponamiento del alcantarillado, entonces contrataron a éste señor para que organizara eso, no se (sic) como se llama, el que murió ahí, prácticamente no lo conocí, o sea las tapas las tenían que quitar, más o menos tres tapas quitaron ese día para que saliera el gas para podersen (sic) meter allá, ellos colocaron unas señalizaciones, unas guaduas como señal de que estaban destapadas las alcantarillas, y en las horas de la tarde paso (sic) el carro recolector de basuras y para poder pasar tuvieron que mover las guaduas pero según parece se les olvido (sic) colocar las guaduas nuevamente y eso quedó destapado ahí, a eso más o menos de las ocho u ocho y media veníamos de donde mi suegra, mi señora y yo, cuando íbamos subiendo a la casa venia un muchacho de la parte, venia jugando como con unas llaves (...), cuando seguimos escuchamos el grito de una muchacha que estaba ahí sentada con el novio, cuando voltiamos (sic) a mirar vimos el muchacho que había caído, no le vimos sino las mano, inmediatamente tomamos una linterna y nos asomamos a la alcantarilla y se escuchaban quejidos del muchacho, y empezamos a hacer bulla, subio (sic) el señor encargado de la obra, y le contamos y entonces él dijo que lo iba a socorrer y se metió allá, y ya ahí fue donde llamaron los bomberos, y ese señor tampoco salió de allá (...)”.
“(...) estaban todas las recámaras destapadas, a causa de que estaban trabajando por que (sic) había taponamiento, y habían colocado señalización una guadua para señalizar que estaba destapada la recámara, luego paso el carro de la basura y corrieron la guadua para pasar el carro, y luego no la volvieron a colocar, después de eso yo salí de mi casa (...), yo vi el muchacho a LUIS ALFONSO cuando venia (sic) bajando de la cancha, yo voltie (sic) a abrir la puerta del serco (sic) esecuche (sic) un grito de una muchacha que había en la esquina con el novio, cuando voltie (sic) a mirar simplemente alcance (sic) a ver las manos del muchacho, entonces corrimos al hueco destapado mi esposo y yo, (...) que antes de llegar los bomberos, el señor contratista se metio (sic) allá, a auxiliar al muchacho por que (sic) él se quejaba y se veía con vida allá, y ahí fue donde quedó el (sic) también allá debido a los químicos olía muy horrible esa alcantarilla. (...)”.
“(...) PREGUNTADO: ¿El señor CAMILO ALBERTO TORRES VALLEJO tenía experiencia en el trabajo de alcantarillas? EXPUSO: Él era un experto en el tema, él había realizado varios pozos profundos y limpieza de éste tipo en otras ocasiones no solo conmigo sino con otras personas. PREGUNTADO: ¿Sabe usted si el señor CAMILO ALBERTO TORRES VALLEJO, tenía alguna preparación en procedimientos de rescate en alcantarillas? EXPUSO: Desconozco si tenía alguna preparación”.
“PREGUNTADA: (sic) Dígale al juzgado si la citada recámara esta (sic) sobre el andén, o sobre la vía, en caso de esto último, si es a la orilla de la vía, al centro de esta? Sobre la vía, tampoco esta (sic) en la mitad de la vía, ni sobre el andén, porque la vía es ancha. (...) PREGUNTADA: (sic) Dígale al Juzgado si luego de haberse ido al hueco el menor LUIS ALFONSO PÉREZ RÍOS, se llamaron a los bomberos, en caso cierto quien (sic) o quienes (sic) lo hicieron y al cuánto tiempo acudieron estos? Expuso; (sic) Sí, si (sic) yo llamó (sic), la gente el caso es que yo llame (sic), llegaron como a los veinte minutos, se demoraron mucho para llegar”.
“(...) ya cuando llamaron a los bomberos y no pudieron sacarlo, llamaron a los bomberos de otra parte y ellos se metieron a auxiliarlo con pipas de oxígeno (...)”.
Bajo estos lineamientos, la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional(84), como del Consejo de Estado, han definido el daño antijurídico, como la lesión o el menoscabo de un interés legítimo, patrimonial o extra patrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar"(85).
Resultaba entonces razonable que Torres Vallejo asumiera el riesgo de acometer la acción de salvamento del menor, no sólo porque ese riesgo se revelaba menor que el que se cernía sobre este último, sino porque el imperativo de solidaridad(96) se hacía más intenso frente al riesgo que pesaba sobre una persona merecedora de especial protección, y porque, definitivamente, una correlación de fuerzas y destrezas arrojaba mayores probabilidades de supervivencia para el ingeniero que para el menor(97).
Como puede apreciarse, la introducción voluntaria de Torres Vallejo en la alcantarilla está precedida y motivada por la precipitación del menor dentro de ésta, y está en relación concatenada con múltiples hechos antecedentes atribuibles a distintos sujetos, y que se erigen con fuerza hipotética como causas probables de los decesos de aquellos. En esta serie de eventos hipotéticos, la causalidad se podría llevar hasta el hecho natural del terremoto, cuyas secuelas obligaron a la reconstrucción del urbanismo de Montenegro, un propósito al que quiso colaborar el Departamento Administrativo de la Presidencia con la creación del FOREC, entre cuyas acciones se cuenta la financiación de múltiples proyectos de construcción de viviendas, uno de los cuales fue el proyecto desarrollado por ASOVIDA, y construido por la Unión Temporal Los Comuneros
Bajo el influjo del racionalismo, Kant definió la imputación, en sentido moral, como el juicio por el cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama hecho (factum)...”.
Esta comprensión subjetiva de la imputación, que se ajustaba con facilidad al legado romanista y canónico, predominó en los códigos civiles modernos, entre ellos en la obra de Bello, bajo fórmulas semejantes a la que recogió el artículo 2341 de ese estatuto, a cuyo tenor se entendía que para que resultara comprometida la responsabilidad de una persona —natural o jurídica— resultaba imperativo que hubiera cometido una culpa (lato sensu). Tal fue la perspectiva que en materia de imputación dominó en los juicios de responsabilidad patrimonial, tanto civiles como administrativos, por lo menos, hasta mediados del cuarto decenio del siglo pasado, si bien el derecho administrativo sustituiría en forma progresiva la noción de culpa, extremadamente subjetiva en cuanto se internaba en el estudio del fuero interno de la persona natural, por la noción de falta o falla del servicio, menos subjetiva, ya que, si bien prescindía del análisis del mundo interior de la persona natural, seguía centrando su atención sobre la acción “anónima” del servicio público.
Ahora bien, al tratarse de una omisión, la conducta que no se realizó no se encuentra en la cadena causal descrita anteriormente (que nos llevaba hasta el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA) ya que nunca llegó a materializarse el hecho debido. El vínculo material entre el acto omitido y el hecho dañoso tiene así un carácter meramente hipotético, ya que sólo podemos suponer que en caso de que el hecho omitido se hubiera materializado, el resultado dañoso no se habría producido. Claro está que no puede tratarse de cualquier hipótesis, sino de una hipótesis con capacidad explicativa; es decir, que en caso de haberse presentado el hecho hipotético debido, pueda afirmarse conforme a las leyes de la naturaleza, que el daño no se hubiera materializado. Pero, el rigor de una explicación de este tipo tiene un carácter netamente epistemológico, no empírico, por lo que no existe un vínculo material como el que supone el nexo causal.
No obstante, no puede pasarse por alto que el Estado tiene el deber constitucional de “velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común” (art. 82, C. Pol.). Dicho deber recae en el municipio(112), el cual adopta medidas en materia de espacio público a través del Plan de Ordenamiento Territorial y los planes parciales(113). Con base en el Plan de Ordenamiento Territorial y los planes parciales, el municipio debe otorgar las licencias de las obras que se desarrollen en su término municipal, incluyendo aquellas que impliquen una intervención del espacio público (art. 99, L. 388/97).
Cabe resaltar que —como lo ha advertido la Sala— los municipios son responsables por las actividades sometidas a licencias de construcción hasta la conclusión de la obra, siempre y cuando los daños creados sean o debieran ser conocidos por la entidad. Así lo manifestó la Sala en sentencia de 11 de noviembre de 2009, de acuerdo con la cual:
“Los daños causados por el constructor o dueño de la obra sólo podían ser imputados a la entidad estatal en el evento de que la ora se adelantara sin precaución alguna, de manera negligente, creando riesgos para las personas, ese hecho fuera o debiera ser conocido por la entidad y ésta se abstuviera de adoptar medidas que impidieran la causación de tales daños, medidas tales (sic) como la suspensión o demolición de la obra, o cualquier otra que resultar eficaz para evitar la materialización de los riesgos creados”.
“Por los oficios que el municipio en su momento envió a la constructora, a ASOVIDA, y que, están en la carpeta de la Urbanización Comuneros que reposa en la administración, se da cuenta de que, el Municipio si (sic) estuvo atento a las obras que se venían realizando en ese barrio, lo que si no se, es que (sic) funcionarios llevaron a cabo ese seguimiento a las obras, y que estas estuvieran de acuerdo al plan básico de ordenamiento territorial [...]”.
“[...] en el año 2004, yo trabajaba con la administración, pero no con la vinculación que tengo ahora, por tal razón, pues, tuve conocimiento de los hechos. Creo, no se (sic) exactamente la fecha, pero fue en marzo de 2004, en la noche que sucedieron los hechos, porque fue en la noche, en la mañana de ese día estuvimos haciendo unas rondas por comuneros, donde yo percibió (sic) que estaban realizando unas obras, las alcantarillas estaban destapadas, los señores estaban trabajando ahí, utilizaban una señalización con guaduas, y cintas llamadas peligro. Tenían dos alcantarillas destapadas, con el propósito de sacar las aguas por medio de motobomba, y dejarlas, pues, destapadas para que luego salieran los gases, ya que esas alcantarillas tienen alrededor de 12 mts de profundidad, y para trabajar ahí, obviamente hay que destaparlas para que después los gases no los perjudiquen”.
“La obligación del municipio de Cúcuta de mantener en buen estado su red vial conlleva a (sic) señalar que debió tomar acciones para informar a los conductores de las imperfecciones en la vía. Sin embargo no fue así, al punto que no se contaba con algún tipo de señalización y tampoco con buena iluminación. [...] Así las cosas, el volcamiento del camión que produjo la muerte del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero no fue un suceso imprevisible e irresistible para el municipio demandado. [...] Por esta razón, se deberá confirmar la sentencia objeto de la consulta que declaró al municipio de Cúcuta, a título de falla en el servicio, responsable por la muerte del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero”(121).
Regla general en el caso de muerte Relación afectiva conyugal y paterno-filial Relación afectiva del 2° de consanguinidad o civil Relación afectiva del 3er de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4° de consanguinidad o civil. Relación afectiva no familiar (terceros damnificados)
2. En consecuencia, se dispone declarar al Municipio de Montenegro administrativamente responsable de la muerte del menor Luis Alfonso Pérez Ríos y del señor Camilo Alberto Torres Vallejo, por los hechos ocurridos el diecinueve (19) de marzo de dos mil cuatro (2004).
5. Declárense probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, y falta de legitimación en la causa por activa de la señora Luz Dary Torres.
6. Cúmplase esta sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente de la Sala—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque».
15 La cuantía al momento de la presentación de la demanda el 17 de marzo de 2006, ascendió a $ 408.000.000, suma que supera los 500 smlmv para que un proceso de reparación directa tuviera vocación de doble instancia. Ley 954 de 2005.
16 Fl. 27, cdno. 1.
17 Fls. 28 y 29, cdno. 1.
18 Fls. 10 a 12, cdno. 1.
19 Fls. 14 a 18, cdno. 1.
20 Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20.750
21 Fl. 276 de la declaración de la señora Luz Marina Zuleta Ceballos. Cdno. de pbas. 2.
22 Fl. 285 de la declaración de la señora Blanca Mariela Manrique. Cdno. de pbas. 2.
23 Fl. 15 del cdno. 1.
24 Fls. 176 y 277 del cdno. 2.
25 Fl. 285 del cdno. 2.
26 Fls. 7 y 9 del cdno. 1.
27 Fls. 208 y 209 del cdno. 1.
28 Fls. 214 a 216 del cdno. 1.
29 Fls. 46 y 47 del cdno. 1. Ordenanza 001 de 1999, aprobada el 27 de febrero de 1999.
30 Fl. 54 a 56 del cdno. 1. Convenio de Asociación 006 de 1999.
31 Fls. 48 a 53 del cdno. 1. Convenio de Asociación 007 de 1999.
32 Fls. 31 a 45 del cdno. 1.
33 Fls. 57 y 58 del cdno. 1.
34 Fls. 59 y 60 del cdno. 1.
35 Fls. 63 a 73 del cdno. 1.
36 Fls. 124 a 126 del cdno. 1.
37 Fl. 166 del cdno. de pbas. número 2.
38 Fls. 165 a 168 del cdno. de pbas. número 2.
39 Fls. 23 y 24 del cdno. 1.
40 Fl. 30, cdno. 1.
41 Fls. 14 a 16, cdno. pbas.1.
42 Fls. 17 a 19, cdno. pbas.1.
43 Fls. 29 a 31, cdno. pbas.1.
44 Fls. 32 a 34, cdno. pbas.1.
47 Fl. 214 del cdno. pbas. 1.
48 Fls. 238 a 242 del cdno. pbas. 2.
49 Fls. 262 a 266 del cdno. pbas. 2.
50 Fls. 275 a 283 del cdno. pbas. 2.
51 Fl. 286 del cdno. pbas. 2.
52 Fls. 344 a 348 del cdno. pbas. 2.
53 Fls. 46 y 47, cdno. 1.
54 Fls. 48 a 53, cdno. 1.
55 Fls. 54 a 56, cdno. 1.
56 Fls. 31 a 45, cdno. 1.
57 Fls. 57 a 72 C1, y Fls. 89 a 153 del cdno. pbas. 1.
58 Fls. 333 a 343 del cdno. 1.
59 Fls. 164 a 190 del cdno. pbas. 1.
60 Fls. 350 y 351 del cdno. 1.
61 Fls. 302 a 303 del cdno. 1.
62 Fl. 413 del cdno. 1.
63 Fls. 299 a 301 del cdno. 1.
64 Fl. 12 del cdno. pbas.
65 Fl. 41 del cdno. pbas.
66 Fls. 53 a 64 del cdno. pbas.
67 Fls. 162 y 163 del cdno. pbas. 1.
68 Fls. 213 a 217 del cdno. pbas. 1.
69 Fls. 238 a 242 del cdno. pbas. 2.
70 Fls. 253 a 258 del cdno. pbas. 2.
71 Fls. 262 a 266 del cdno. pbas. 2.
72 Fls. 270 a 274cdno. pbas. 2.
73 Fl. 344 a 348 del cdno. pbas. 2.
74 Fls. 320 a 329 del cdno. pbas. 2.
75 Fls. 311 a 320 del cdno. pbas. 2.
76 Fls. 294 a 304 del cdno. pbas. 2.
77 Fls. 284 a 291 del cdno. pbas. 2.
78 Fls. 275 a 283 del cdno. pbas. 2.
80 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 13 de julio de 1993, citado en sentencia de (1º) de junio de dos mil quince (2015) dentro del radicado número 680012315000199901505 01 (31412).
81 DE CUPIS, Adriano. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. Bosch, Casa editorial S.A., Barcelona, 1975, págs. 107-127.
83 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de mayo de 2015, dentro del expediente 32665 radicado al 250002326000200400228 01
84 Corte Constitucional. Sentencia C-333/96
86 Al margen de ello, toda otra condición, o bien remite al estudio de los caracteres del daño resarcible —con lo que poco avance se logra, pues éstos caracteres son elementos insoslayables en todo juicio de responsabilidad—, o bien obliga al juzgador a realizar un juicio de valor subsiguiente que devele la quiebra de un imperativo jurídico, juicio que difícilmente se enfoca con exclusividad sobre el daño mismo, y que, contrario sensu, remite al análisis del hecho en sentido Kantiano, esto es, de la acción. A esta fase adicional, se la ha denominado juicio de imputación.
87 Vale anotar que la incorporación del análisis de la causalidad dentro del juicio de antijuridicidad del daño ha sido explicada por esta corporación, al decir: “En materia del llamado nexo causal, (...) este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño...” (C.E., Sección tercera, Subsección C, sentencia veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012), en el radicado número: 17001-23-3-1000-1999-0909-01(22592).
90 Karl Larenz buscó darle un sentido objetivo a la imputación en el Derecho. Para este el civilista alemán, el sujeto es responsable de aquello que es objetivamente previsible. Si el hecho no es objetivamente previsible, forma parte del curso causal exterior y, por tanto, no puede imputársele. Por otra parte, considera que el juicio relativo a lo que el sujeto puede prever, de acuerdo con sus “aptitudes individuales”, hace parte del juicio de culpabilidad (CANCIO MELIA, Manuel. Líneas Básicas de la Teoría de la Imputación Objetiva, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2011, pág. 41). De aquí que parezca discordante su tratamiento que se impone en algunos casos, en el marco objetivo del juicio de antijuridicidad del daño.
91 Conviene recordar que fue Hegel quien sentó las bases del juicio de imputación, tal y como se implementó en el derecho penal y se extrapoló, posteriormente, al derecho administrativo. Para este filósofo, en un curso causal, es decir, en una serie de eventos encadenados entre sí en relación causa-efecto, pueden identificarse algunas consecuencias que se dan por sí mismas en dicha serie, y otras que son consecuencia de la modificación de la realidad como resultado de la conducta de un sujeto. Frente a estas últimas, se impone concluir que le pertenecen al sujeto dado que se revelan como realización de su propia voluntad. Estas consecuencias pueden serle imputadas al sujeto, las primeras no. (REYES ALVARADO, Yesid. Imputación Objetiva, 3ª Edición, Temis, Bogotá, 2005, pág. 51.)
92 Karl Larenz buscó darle un sentido objetivo a la imputación en el Derecho. Para este el civilista alemán, el sujeto es responsable de aquello que es objetivamente previsible. Si el hecho no es objetivamente previsible, forma parte del curso causal exterior y, por tanto, no puede imputársele. Por otra parte, considera que el juicio relativo a lo que el sujeto puede prever, de acuerdo con sus “aptitudes individuales”, hace parte del juicio de culpabilidad (CANCIO MELIA, Manuel. Líneas Básicas de la Teoría de la Imputación Objetiva, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2011, pág. 41).
93 ROXIN, Claus. “Reflexiones sobre la Problemática dela Imputación en el Derecho Penal”, en: Problemas Básicos del Derecho Penal, traducción de Diego Manuel Luzón Peña, Editorial Reus, Madrid, 1991, pp. 128 – 136.
94 Corte Constitucional, Sentencia SU-256 de 1999.
97 Como lo ha indicado la Corte Constitucional, “Del deber de solidaridad y su interpretación jurisprudencial se infieren dos consecuencias importantes. Por un lado, su carácter general, que permite imputar a ‘toda persona’ el deber de ejercicio de acciones positivas que impidan poner en peligro ‘la vida o la salud’ del individuo afectado y, del otro, que la exigibilidad de dicha obligación sólo se hace presente cuando media una situación de urgencia manifiesta, esto es, que la necesidad de la ayuda parte de una valoración objetiva del caso concreto, en donde sea posible concluir que la negación del socorro lleva, indefectiblemente, a la afectación de bienes constitucionalmente protegidos” (Sentencia C-400 de 2003)
98 Fls. 253 a 258 del cdno. pbas. 2.
99 Fls. 311 a 320 del cdno. pbas. 2.
100 Corte Constitucional, Sentencia SU-256 de 1999.
101 Para mejor entendimiento de esta última afirmación, por obvia que parezca, resulta útil rememorar los aportes que hizo Kant a la filosofía moral, siguiendo los estudios realizados por Christian Wolff y Alexander Gotlieb Baumgarten, al connotar la fuerza de principio que tenía la imputación en función de la comprensión racionalista del hombre, como un ser capaz de asumirse y dominarse a sí mismo, comprensión de la que dimana la concepción kantiana de persona, como sujeto “cuyas acciones son susceptibles de una imputación” , tanto como el entendimiento kantiano de la responsabilidad como una consecuencia de la naturaleza libre de los actos humanos en el contexto de la coexistencia y de la inferencia intersubjetiva.
102 Vale aclarar: que el hombre sea capaz de someter la naturaleza a su voluntad, no significa que la acción del hombre no pueda fungir como causa de un cambio, de una transformación en la naturaleza. Pero, en el ámbito de las leyes que gobiernan las relaciones intersubjetivas, no resulta posible derivar consecuencias de la mera definición de las causas de un resultado. Tales consecuencias se pueden derivar, fundamentalmente, porque se parte del hecho de la capacidad del hombre para conocer el juicio de valor implícito en las normas que permiten, prohíben o castigan, tanto como su capacidad para develar mentalmente y en forma anticipada a la acción, sus consecuencias, y la capacidad para auto determinar su acción en función de o a pesar de esa pre comprensión. Merced a estos atributos, resulta posible ir un paso delante de la relación causa – efecto, para adentrarse en el juicio de autoría.
103 PEREZ DEL VALLE, Carlos. Imprudencia en el derecho penal: El tipo subjetivo del delito imprudente. Ed. Atelier, 2012, págs. 14 y 15
(...) cuando hay operación administrativa no puede haber vía de hecho, puesto que los dos fenómenos chocan, se oponen entre sí: el primero es legítimo, plausible; el segundo, arbitrario y hasta violento, y, por lo mismo, censurable. Consecuencia recta de la anterior proposición, en razón pura, es la de que la operación administrativa ni los hechos que la constituyen, podrán jamás ser generadores de violación alguna; pero sí, en cambio, causar lesiones patrimoniales o, en su caso, daños especiales, no por involuntarios o producto de la necesidad de obrar en un momento dado, menos dignos de resarcimiento, que es lo que la ley colombiana ha querido, a diferencia de otras legislaciones que sólo conceden acción cuando el perjuicio proveniente de una vía de hecho. Ahora se explica por qué el artículo 68 en estudio debe entenderse en el sentido de que cuando expresa “causa de la violación”, quiso decir “causa del perjuicio”.
105 SAAVEDRA BECERRA, Ramiro. La responsabilidad extracontractual de la administración pública, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2005, p.231. DEPUIS, Georges. Droit Administratif, 9ª Ed., Armand Colin, , Francia, 2004, pág. 560.
108 “[...] el contrato incorpora la ley imperativa vigente a la fecha de su celebración, bajo esa ley debe ser juzgada su legalidad y el contenido obligacional que a su vez se constituye en ley para las partes”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 10 de febrero de 2016, Exp. 44196.
109 “El derecho administrativo sancionatorio es una regulación específica concerniente a un género más amplio que abarca una multiplicidad de disciplinas jurídicas -el derecho sancionatorio-. Esta rama especializada del derecho público, debido a su genética normativa dual: punitiva y, a la vez, administrativa, ha desarrollado su propia dogmática a través de la construcción de fundamentos, categorías y concepciones propias de esa especial técnica de juzgamiento, encargada de determinar el régimen de responsabilidad ante la comisión de conductas antijurídicas en diversas actividades públicas y privadas”. Corte Constitucional, Sentencia C-699 de 2015.
112 “Dentro de las competencias de los municipios, se encuentra la de proteger el uso y goce del espacio público en su jurisdicción, comoquiera que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 315-1 de la Constitución Política y 5º de la Ley 9 de 1989, los alcaldes son la primera autoridad de policía en su respectivo municipio y por lo tanto tienen el deber legal de hacer cumplir las normas constitucionales y legales”. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 15 de abril de 2010, Rad. 68001-23-15-000-2004-02406-01(AP).
113 “De la anterior normativa se advierte claramente que el espacio público es uno de los principales elementos estructurantes del ordenamiento territorial de los municipios y del plan de ordenamiento territorial, instrumento básico que la ley prevé para desarrollar dicho proceso de ordenamiento, en el cual también ocupa papel importante y relacionado directamente con el espacio público el tema de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios. Así mismo, se advierte que en esta materia están expresamente definidas las competencias entre las distintas autoridades y órganos de los municipios y distritos, correspondiendo en efecto al alcalde municipal o distrital, de un lado, presentar a consideración del concejo municipal el proyecto de plan de ordenamiento territorial y, de otro, adoptar mediante decreto los planes parciales, que son los instrumentos que desarrollan y complementan las disposiciones de dicho plan para áreas determinadas del suelo urbano y para áreas incluidas en el suelo de expansión urbana. Al concejo municipal, por su parte, le compete principalmente la aprobación, mediante acuerdo, del mencionado plan de ordenamiento territorial (solo en caso de que no cumpla con este deber, deberá adoptar dicho plan el alcalde municipal). Entre el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo del municipio, adoptado también por el concejo municipal, debe haber armonía. En este orden de ideas, como quiera que el asunto de que trata el acto parcialmente acusado corresponde a una cuestión de orden urbanístico y de ordenamiento territorial, lo que se confirma precisamente con la normativa invocada en él (arts. 1º y 7º del D. 1504/98), es claro que el Alcalde Municipal de Chía carecía de competencia para expedirlo”. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 18 de julio de 2012, Rad. 25000-23-24-000-2007-00345-01
114 Constitución Política de Colombia. Artículo 313. “Corresponde a los concejos: [...] 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda”.
115 Ley 388 de 1997, art. 109: “Vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación de viviendas. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente Ley y en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 313 de la Constitución Política, el concejo municipal o distrital definirá la instancia de la administración municipal encargada de ejercer la vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda”.
117 Fls. 213 a 217 del cdno. pbas. 1.
118 Fls. 213 a 217 del cdno. pbas. 1.
119 Fls. 253 a 258, 262 a 266 y 320 a 329 del cdno. pbas. 2.
120 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 1 de agosto de 2016, Exp. 36011.
122 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014). Rad. 73001233100020010041801(27709), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
123 Fls. 10 a 12 del cdno. 1.
124 Fls. 14 a 18 del cdno. 1.

References: ARTÍCULO 133
 artículo 357
 artículo 2341
 artículo 68
 Artículo 313
 artículo 313