Source: http://www.libertadidioma.com/2002/20020827.htm
Timestamp: 2020-05-28 17:12:02+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Martes 27 Agosto 2002
Ignacio Villa Libertad Digital 27 Agosto 2002
LA DEMOCRACIA PONE EL PRECINTO A BATASUNA
El Mundo 27 Agosto 2002
Limpiar la roña
MARTIN PRIETO El Mundo 27 Agosto 2002
La renovación del Poder Constituyente
BENIGNO PENDÁS ABC 27 Agosto 2002
Batasuna, desmantelada
Editorial ABC 27 Agosto 2002
El pueblo contra el terror...
Editorial La Razón 27 Agosto 2002
José Antonio ZARZALEJOS ABC 27 Agosto 2002
César ALONSO DE LOS RÍOS ABC 27 Agosto 2002
Alfonso USSÍA ABC 27 Agosto 2002
Miguel Ángel RODRÍGUEZ La Razón 27 Agosto 2002
ERIC SOPENA El Mundo 27 Agosto 2002
Votos contra el impunismo
VALENTÍ PUIG ABC 27 Agosto 2002
Faustino F. ÁLVAREZ La Razón 27 Agosto 2002
Editorial El País 27 Agosto 2002
De Anasagasti a Llamazares
Enrique de Diego Libertad Digitial 27 Agosto 2002
El Parlamento pide al Tribunal Supremo la ilegalización definitiva de Batasuna
FERNANDO GAREA El Mundo 27 Agosto 2002
Garzón corta el agua, la luz y el teléfono a HB
La Razón 27 Agosto 2002
Garzón ordena el cierre de las sedes y les corta la luz, el gas, el agua y el teléfono
N. COLLI / M. MARÍN. MADRID. ABC 27 Agosto 2002
La justicia protege a la democracia
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ, ABC 27 Agosto 2002
La iniciativa adoptada por el Congreso de los Diputados de instar al Gobierno para que inicie el proceso para poder ilegalizar a Batasuna marca una de las jornadas más importantes de la democracia española. Es la decisión clara y contundente de defenderse de aquellos enemigos que, buscando desde dentro la destrucción del sistema democrático, se aprovechan simultáneamente de todas sus ventajas. Se trata de una prueba inequívoca de madurez de la democracia española y no admite interpretaciones, porque es un gesto de libertad para preservar la convivencia en paz de todos los ciudadanos. En definitiva, este acontecimiento supone el inicio del final del terrorismo de ETA, de su entramado político y de todo el negocio del terror.
Estamos viviendo durante estas semanas momentos de una gran importancia para la cimentación democrática. Pero quizá lo más importante desde un punto de vista político sea la confirmación de que la unidad de acción del Partido Popular y el Partido Socialista produce un alto grado de eficacia en el terreno de la lucha antiterrorista. Populares y socialistas han dejado de lado intereses partidistas y particulares, trabajando de la mano, al mismo ritmo y con los mismos objetivos. Las dos grandes formaciones políticas han demostrado que, cuando en las grandes cuestiones de Estado se trabaja con una visión amplia, con el interés general como principio, las metas marcadas se alcanzan sin ningún problema. Visto lo visto, es evidente que la eficacia de la reforma de la Ley de Partidos y la eficacia en el proceso de ilegalización de Batasuna se debe, en toda su extensión, a la buena sintonía mantenida entre PP y PSOE. También es una buena lección que deberían aprender las dos partes para el futuro.
A estas alturas, ya hay una cosa clara: el nacionalismo es el gran perdedor. Primero, el nacionalismo vasco, que se ha retratado. El PNV y EA han defendido hasta el ridículo la legalidad del brazo político de ETA; han criticado, cegados por sus propios intereses, la iniciativa de populares y socialistas; han dejado al descubierto su verdadera estrategia de complicidad con los batasunos y han quedado en evidencia al bajar la cabeza ante las amenazas del entorno etarra. Por su parte, el nacionalismo catalán ha perdido una gran oportunidad para demostrar que realmente tienen esa visión de Estado de la que tantas veces ha alardeado y que frecuentemente ha utilizado como argumento político. Esta vez, los nacionalistas catalanes, aunque han marcado claras distancias con el entramado terrorista, han tenido reparos para dejar solos a sus "hermanos políticos" del País Vasco y han optado por una abstención de muy difícil explicación y que, sin duda, recibirá su castigo electoral.
En este proceso también han quedado definitivamente marcados los que ya estaban marginados por los votos, pero que ahora están arrinconados por su propia decisión. Estamos hablando de Izquierda Unida y de los catalanes de Esquerra Republicana. Los primeros, con su actitud de absoluto servilismo hacia la posición personal de Javier Madrazo, han enseñado públicamente el desbarajuste interno e ideológico de una coalición que Gaspar Llamazares está llevando hacia la desaparición. ERC, por su parte, jugando a la contra y buscando no se sabe qué bazas electorales, ha asumido en todo su contenido y en toda su extensión el discurso de la propia Batasuna, objeto final de la ilegalización.
En definitiva, la decisión del Congreso de los Diputados de instar al Gobierno para que ponga en marcha el proceso de ilegalización de Batasuna abre la puerta de una democracia sin terrorismo. Es una clara advertencia de que los enemigos de los principios democráticos no tienen espacio para sus perversos objetivos. Es el principio de una nueva etapa en la búsqueda de una convivencia pacífica por la que merece la pena trabajar.
En el jurásico superior de esta democracia cenábamos unos pocos directivos de periódicos con Soledad Becerril, a la sazón ministra de Cultura de Adolfo Suárez y la UCD. Hablábamos de El Alcázar, vocero del golpismo militar y de la necesidad de no parecer impasibles ante el descaro de quien difundía las consignas de la asonada y sublevaba los cuartos de banderas. Creo que ni la llana elocuencia de Guillermo Luca de Tena la convenció de que tenía que dar ese paso, ni debió creer en la sinceridad de los demás, que le asegurábamos que tendría el respaldo de los periódicos, en aquellos años en los que el papel impreso pesaba más que ahora porque sólo había televisión oficial y la densidad política de las radios era aún menor de edad. El cierre del diario Madrid bajo el franquismo hacía rehuir a la ministra como gata escaldada y para nada quería ser comparada con aquel Sánchez Bella que como ministro de Información franquista se cagaba en las leyes, según confesión propia.
Hoy bajarle la persiana al enorme chiringuito de Batasuna llega con retraso por ese mismo complejo de inferioridad que han sufrido quienes, hasta por edad, no fueron nunca franquistas y hasta trabajaron en su medida por que España fuera una democracia occidental con los mismos defectos que las que nos rodean. No comparto la tesis de González, difundida por él, de que pensó en ilegalizar la entonces Herri Batasuna pero no pudo pese a la carta blanca de la repetida mayoría absoluta. No quiso arrojarlos a las tinieblas exteriores porque ello no convenía a los lazos que mantenía y conserva con el PNV. Entonces, como hoy el PSOE y el PP, un aparatoso cuerpo de marea en la opinión pública y en la opinión publicada, sería el respaldo del coraje moral de los políticos (menos los que sueñan una patria subdividida) y de los jueces que ayer suspendían y mañana ilegalizarán a quienes auspician una republiqueta parida por el terror. Los hay tan contumaces en no querer ver, que lloran ahora por los votantes de Batasuna que van a quedar huérfanos (pobrecitos) ante las urnas, porque no todos ellos sostienen el terrorismo. Es una forma como otra cualquiera de llamarles imbéciles, porque en una sociedad como la vasca, muy entretejida, si condenas el terror y por ende la pena de muerte, no puedes votar a Batasuna o encandilarte ante un pistolero como Otegi si no concuerdas con trasladarte en coche bomba hacia la gran patria del pobre tarado de Sabino Arana. Y si no, es que el electorado de Batasuna es analfabeto, variante que no habría que descartar.
Sólo hay que tenerle miedo al miedo, era la consigna de los pocos pilotos de la RAF que ganaron la batalla de Inglaterra. Y en esa tesitura nos vemos: sólo temer al propio miedo por muchas que sean las amenazas, bravuconas o ciertas, que se ciernan.Porque seguirá el terror, pero los españoles nos habremos duchado institucionalmente sacándonos esa roña.
Por BENIGNO PENDÁS. Profesor de Historia de las Ideas Políticas ABC 27 Agosto 2002
ESTAMOS en presencia de una encrucijada histórico-política. El significado del acuerdo parlamentario de ayer, producto de un debate serio y razonado, excede con mucho de su relevancia procesal. Va más allá, por supuesto, de la vía complementaria emprendida con acierto y eficacia por el juez Garzón. Se trata nada menos que de la expresión -todavía incipiente- de un Poder Constituyente renovado, reflejo de la genuina legitimidad democrática que convierte al texto vigente de 1978 en la mejor Constitución de la historia de España.
El Poder Constituyente, esto es, la fuerza material que determina la existencia y pervivencia de una norma, es relativamente fácil de expresar en términos jurídicos: soberanía nacional o popular son conceptos consagrados por más de dos siglos de uso pacífico. El análisis político resulta más impreciso y fluido. Está claro, a estas alturas, que el poder originario no se consuma en el acto fundacional («el rayo que inflama el seno de la nube», decía Donoso Cortés) sino que permanece latente, a modo de creencia compartida. Superada en sentido estricto la transición y durante el largo gobierno de Felipe González, se configuró un sedicente «bloque constitucional» del cual algunos irresponsables disfrazados de estrategas procuraban excluir a la poderosa fuerza cuyos signos de identidad sociológica son las ideas de centro-derecha y el patriotismo español. A su vez, los nacionalismos periféricos eran objeto de cuidado exquisito: prohibido recordar su ideología, a veces muy conservadora; su retórica romántica y esencialista; en algún caso, su racismo intolerable. La condición nacionalista (excluida, claro está, la española) era garantía de modernidad y progresismo, patente de antifranquismo, moneda de cambio para pactos sorprendentes con marxistas veteranos e izquierdistas de origen difuso. Entre tanto, el Partido Popular, después de consolidar su refundación, empezaba a ganar elecciones y elaboraba -con cierta timidez- un discurso adaptado al espacio y al tiempo.
La mayoría «suficiente» de 1996 y la mayoría absoluta conseguida con brillantez en el 2000 no han colmado, para ser sinceros, todas las expectativas; pero sí han permitido actuar con decisión sobre el flanco más débil y doloroso de la democracia española, fuente de cierto desapego social hacia un sistema incapaz de impedir no ya los crímenes terroristas, sino la indecencia cotidiana de sus defensores. Hay que insistir: lo principal es reforzar, moral y políticamente, nuestro estado constitucional y el 26 de agosto de 2002 marca una inflexión, ojalá que definitiva, en favor de la única legitimidad indiscutible en el siglo XXI. Quede claro de nuevo: somos más y somos mejores. En este contexto, la confluencia entre Partido Popular y Partido Socialista, con el apoyo riguroso de otros grupos parlamentarios, vale por un acto solemne del pueblo español, representado por las Cortes Generales. Importante la firmeza sin complejos del partido mayoritario. Decisiva la actitud, llena de buen sentido, de la oposición, que significa -esta vez sí- la crisis de la vieja guardia. Es la hora de la jubilación, bien merecida en todos los sentidos, para muchos políticos, juristas e intelectuales orgánicos.
Los reproches del PNV al «nuevo» PSOE durante el debate guardan una relación directa con el desamor que percibe la generación socialista actual. Un éxito sin paliativos para la democracia, aunque algunas voces anticuadas pretenden ignorar los nuevos tiempos: unos sucumben al encanto cosmopolita de palabras como diálogo y pacificación; otros a los escrúpulos dogmáticos del formalismo jurídico. ¿Por qué ignoran o desprecian ahora los «progresistas» el artículo 6º de la Constitución? ¿Cómo pueden afirmar que los partidos son equiparables a una asociación privada? Para reconocer la ilegalidad de Batasuna basta con abrir los ojos, que son «ministros de la razón» como decía hace siglos B. Castilione.
Sigamos con los protagonistas. ¿Qué decir de las reticencias y requiebros del nacionalismo catalán? Son, creo, un reflejo de la «vieja política» en el sentido ortegiano. Responden a la percepción de esa realidad embrionaria, pero ya eficaz: ha mejorado la fortaleza psicológica de los grandes partidos nacionales. Estaban acostumbrados a jugar en un terreno propicio: siempre a favor del sentido de la historia (¡cuánto daño ha hecho esa miseria del historicismo, que denuncia Karl Popper!) frente a una Nación española que lucha día a día por sobrevivir. Ese fatalismo heredado va cediendo su lugar, después de muchos años y demasiados disgustos, a un mayor equilibrio. Se nota la firmeza en los conflictos sobre transferencias competenciales, la composición de los Órganos Constitucionales o la participación autonómica en instancias europeas. También en el ámbito decisivo de las ideas. CiU, en lugar de quejarse por todo, necesita renovar su discurso teórico sobre Cataluña en el conjunto de España. La tradición democrática que honra a la Coalición invita, por fortuna, a ser optimistas.
En cuanto al nacionalismo vasco, una vez expulsados los defensores del terrorismo, España, sujeto constituyente único, reitera las decisiones capitales. Sobre todo, que una autonomía muy generosa da respuesta suficiente al mal llamado «problema vasco», si se entiende como tal el deseo de expresar una personalidad propia con traducción jurídico-pública. Es una buena fórmula política, porque refleja un compromiso entre la unidad de la nación y la particularidad de sus partes constitutivas. Hay, sin embargo, una falacia conceptual en el enfoque del PNV, que le conduce a la esquizofrenia. Si el asunto se plantea como solución a la violencia (al modo de: «¿cuántos muertos hacen falta...?»), surge una conclusión inaceptable: la autonomía ya no es suficiente. De ahí los textos «soberanistas» que aprobó hace poco el Parlamento vasco.
Pero si se reivindica el derecho de autodeterminación (sucedáneo colonial del Poder Constituyente) se pone en peligro el gran proyecto nacional desde 1975. Por eso, la recuperación de un patriotismo de la España constitucional se convierte en la clave del futuro, con la ventaja de que no depende de raíces míticas ni purezas biológicas, sino de una tradición ilustrada, positivista, liberal y socialista que nada tiene que ver con la vieja dictadura y que gana de largo en modernidad a las doctrinas identitarias.
Ojalá que se incorporen los que faltan al renovado ejercicio del Poder Constituyente. Son ellos quienes deben reflexionar. «En cada momento de nuestra vida tenemos un propósito, y a él conspira la sinergia de nuestras acciones». La cita podría atribuirse a algún teórico de la sociedad de la información, pero corresponde nada menos que a don Miguel de Unamuno. Continuemos, pues, con el propósito común de mejorar la democracia española expulsando a Batasuna del lugar reservado a las personas honorables.
EL Parlamento y la Justicia dieron ayer al Estado la iniciativa en la lucha antiterrorista, situando a Batasuna en la ilegalidad penal y en la senda de su expulsión de la democracia. Los instrumentos han sido los propios de un Estado de Derecho y democrático: el proceso penal y el acuerdo parlamentario, cimientos de una nueva etapa que arrancó con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, refrendado nuevamente por el PP y el PSOE de forma indefinida, hasta la erradicación de ETA. El Congreso de los Diputados convirtió ayer la unidad democrática de ambos partidos contra esta lacra en acción política concreta, aprobando con 295 votos a favor la proposición que emplaza al Gobierno a demandar la ilegalización judicial de Batasuna. La abrumadora mayoría que respaldó la decisión del Congreso dejó en evidencia a los que, absteniéndose o votando en contra, pedían desde la tribuna unidad democrática contra ETA, como si careciera de tal carácter la que han forjado PP y PSOE desde diciembre de 2000
Sin embargo, ha sido esta unidad entre populares y socialistas la que ha permitido avances como la ley de Partidos o la propuesta de ilegalizar a Batasuna. Los que no están en esa unidad, al margen del PNV y EA, son los que no estaban en el acuerdo antiterrorista y los que, a pesar de que la sede del acuerdo ha sido el Parlamento y el motivo, la ilegalización de un partido terrorista, miran más a sus filias nacionalistas o a sus relaciones subsidiadas con el nacionalismo, notorias aunque se revistan de tecnicismos legales, que a los principios democráticos atacados por el terrorismo. No era el momento de andar con retóricas sobre procedimientos y formas, sino de utilizar la fuerza del voto para pasar de las palabras a los hechos. Por eso, el resultado de la votación demuestra que el consenso antiterrorista entre PP y PSOE es vital para las instituciones democráticas, porque ha implantado un discurso diáfano sobre el terrorismo y sus complicidades, y que la solidez de su acuerdo está actuando como elemento vertebrador del Estado de forma similar a como lo hizo el pacto constitucional de 1978.
AHORA, la responsabilidad del proceso de ilegalización de Batasuna se traslada al Gobierno y, luego, a la Sala Especial del Tribunal Supremo, a la que también acudirá la Fiscalía General. Convergerán así los tres poderes del Estado -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- en el compromiso de hacer frente al terrorismo, lo cual, lejos de ser una peligrosa mistificación de las instituciones es la expresión de un Estado volcado contra su principal enemigo. Ya sabrá el Tribunal Supremo cómo afrontar su responsabilidad, con independencia, imparcialidad y sumisión sólo a la ley, tal y como le encomienda la Constitución. Pero nadie debe sentirse ajeno, en virtud de su función institucional, al objetivo común de acabar con el terrorismo. Tampoco los jueces y ayer uno de ellos, Baltasar Garzón, apoyado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, asumió su parte de responsabilidad decretando la suspensión cautelar de Batasuna durante los próximos tres años, al amparo del artículo 129 del Código Penal. El auto de Garzón trata a Batasuna como un gigantesco «comando logístico» de ETA y aporta todos los datos históricos para justificar su decisión. La extensa resolución judicial no ahorra detalle para describir la subordinación originaria de Herri Batasuna a ETA desde su fundación y el mantenimiento de esta relación servil hasta la Batasuna de hoy, instrumento de una organización terrorista a la que Garzón imputa 832 asesinatos que califica como crímenes contra la humanidad. El juez de la Audiencia Nacional ha dado a la medida cautelar todas las garantías constitucionales, justificando su proporcionalidad y necesidad y acomodándola a las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El auto precisa todos los efectos que conlleva la suspensión de actividades y puede decirse que suponen la extinción legal y económica de Batasuna, un auténtico desmantelamiento de una organización que prestaba su legalidad a ETA para dar mayor eficacia a la estrategia terrorista. Es evidente que la ejecución de esta medida cautelar resultará compleja: hay que cerrar un elevado número de sedes y locales, levantar el velo de sociedades, instituciones o personas que esconden a Batasuna y localizar sus bienes, entre otras actuaciones, pero es el coste de desarticular a un falso partido político que durante veinte años ha disfrutado de todos los beneficios de la legalidad. En el plano procesal, la continuación de la causa tendrá que desembocar en nuevas imputaciones individuales contra integrantes de las «mesas nacionales» de Batasuna, lo que planteará la cuestión de los aforamientos y, por tanto, qué Tribunal resultará competente. En este sentido, la extensión de las actividades de Batasuna al País Vasco y a Navarra orienta la competencia hacia la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aunque esta expectativa en nada objeta la competencia actual de Garzón para decretar la suspensión cautelar de Batasuna y seguir investigando todas las tramas de ETA.
ENTRE ambas decisiones, la del Congreso de los Diputados y la del juez Garzón, se ha empezado a corregir definitivamente una grave anomalía de la democracia española, la presencia parasitaria de un partido que combatía los derechos y las libertades de los ciudadanos. Las sentencias que dicten los tribunales en ambos procesos, compatibles entre sí y complementarios, dirán la última palabra, pero lo cierto es que gracias al Parlamento y a la Justicia hoy el Estado es más fuerte contra ETA.
El pleno del Congreso dio ayer el primer paso de un camino que debe concluir en la deslegalización de Batasuna. Más del 88 por ciento de la Cámara, un respaldo abrumador, apostó por abrir una nueva etapa en la dramática historia terrorista de nuestro país que suponga la erradicación del santuario institucional que amparaba a los proetarras. Lo primero que cabe decir es que el pueblo español ha sido quien ha apostado, a través de sus representantes, por poner fuera de la ley a Batasuna, en una iniciativa plena de legitimidad democrática. Lo segundo es que razones no le faltaron. La exposición de motivos de la propuesta presentada por PP y PSOE es reveladora. Ambos grupos defendieron la deslegalización por la «clara connivencia con la violencia y el terror» y por desafiar a la «legalidad vigente y al Estado de Derecho», para lo que aportaron un nutrido soporte documental y probatorio de cómo el brazo «legal» del terrorismo es, en definitiva, una cabeza más de la hidra etarra, y de cómo ésta se beneficia de las prerrogativas de la democracia para combatirla y destruirla desde su interior. El pleno confirmó la connivencia de PNV y EA, grupos que rechazaron la medida, con quienes jalean el tiro en la nuca e imponen la dictadura del terror. Y dejó en evidencia, además, la decepción de CiU, que, presa de un síndrome de solidaridad nacionalista, enturbió su historia democrática con una abstención impropia de los nacionalistas catalanes. Fue, por tanto, un paso histórico y, aunque no podemos esperar que sea el bálsamo de Fierabrás contra Eta, abre el portón de la esperanza.
... La hora de los jueces...
«No les vamos a dar ni un minuto ni un segundo de respiro. No se lo va a dar el Gobierno, no se lo van a dar la fuerzas democráticas ni se lo van a dar los jueces». Las palabras del presidente del Gobierno, José María Aznar, fueron el primer movimiento de un traspaso de testigo que ayer consumó el Parlamento. Llegó la hora de los jueces. De acuerdo con la Ley de Partidos, y una vez que el Gobierno cumpla el trámite de la petición de la deslegalización, el asunto ya será de exclusiva responsabilidad de los magistrados que componen la Sala Especial del Tribunal Supremo. Es necesario precisar y destacar que este proceso, a diferencia de lo que ocurre en otros países con amplia tradición democrática, será extraordinariamente garantista. Un escrupuloso procedimiento que les habría gustado a las víctimas que sucumbieron bajo la ley del terror y las ejecuciones sumarias, que Batasuna animó y espoleó durante estos años.
Los jueces han jugado y deben jugar un papel preferente en la lucha contra esta lacra. Su responsabilidad es máxima, pero el peso de las acusaciones es contundente y las pruebas no menos concluyentes. Aquí y ahora no cabe mirar para otro lado ni sirven equidistancias mal entendidas ni malabarismos jurídicos. Se trata de imponer el imperio de la Ley sobre el imperio del mal, que asfixia las libertades de decenas de miles de vascos y esparce el pánico en pueblos y ciudades hasta convertirlos en guetos dictatoriales. En definitiva, hay miles de ciudadanos que aguardan justicia y es hora de ofrecérsela.
... Garzón ilumina el camino
A la vía constitucional en manos del Supremo, se unió ayer la penal. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó la suspensión de las actividades de Batasuna y la clausura de sus locales por tres años, en un auto de casi 400 páginas en el que identifica al denominado brazo político como una parte más del entramado de Eta, y le vincula, por tanto, a las acciones delictivas de la banda, que el juez califica de «crímenes contra la humanidad». Afirma Garzón, en su categórico escrito, casi una radiografía del laberinto mafioso y terrorista que forma Eta, que los actos «han sido sistemáticamente dirigidos contra sectores de población definidos y, a veces, en forma indiscriminada, por lo que no debe dudarse de calificar las acciones de la organización terrorista Eta, en la que se encuadra HB-EH-Batasuna, como crímenes contra la Humanidad».
A pesar de las esperadas críticas nacionalistas, fruto de una estrategia electoral ventajista o de la simple cobardía moral, el auto de Garzón ilumina un camino sin retorno de acoso y derribo a la mayor lacra de nuestro país, en el marco de las normas del Estado de Derecho, y de la depuración de responsabilidades criminales en Batasuna. Significa el fin de la impunidad penal y es una de las mejores noticias para la democracia. Ahora es preciso aplicar el auto con normalidad y la Ertzaintza así lo anunció. La jornada de ayer fue intensa e histórica. Aunque aún tendremos que sufrir, los demócratas estamos más cerca de recuperar la libertad plena y los terroristas más próximos a su derrota.
Por José Antonio ZARZALEJOS ABC 27 Agosto 2002
El desasosiego de Iñaki Anasagasti en el Congreso y su discurso descoyuntado y ansioso es la expresión de una inquietud ética que el PNV ha resuelto de la peor manera: traicionándose y traicionando las convicciones morales más elementales. Como vasco lo siento más allá de mi discrepancia radical y beligerante con lo que significa el nacionalismo vasco que a miles de naturales de aquella tierra no nos ha dejado conciliar la doble condición de vascos y de españoles y nos ha tratado como escoria.
Creo, por eso, que el PNV inició ayer el capítulo más oscuro de su historia y, con igual convicción, estoy seguro de que la democracia en España superó en el Congreso su asignatura pendiente y más difícil: zafarse de su complejo de inferioridad, inoculado porfiadamente por el nacionalismo terrorista y los reproches melancólicos y anacrónicos de sus parientes más próximos, al excluir a los que durante más de dos decádas han amargado con denuedo y crueldad nuestra convivencia en paz y libertad.
Se consumó, en consecuencia, un débito moral, un acto liberador, una catarsis ética que la Nación necesitaba para quebrar la parálisis inercial de la violencia, mientras los que la protagonizaban deambulaban en plena libertad, prepotentes, cobraban del erario público, succionaban todas las ventajas del régimen de libertades y remataban con sus palabras el asesinato de tantos cientos de víctimas, extorsionados, secuestrados y amedrentados. Puede que en lo sucesivo tengamos que derramar más lágrimas; es casi seguro que debamos contener de nuevo nuestro dolor; es posible que, desde la agonía, coleteen con los estertores más abruptos y escalofriantes, pero nos habremos librado de la indignidad. Quizás esta vertiente moral es la que no han sabido valorar aquellos que, desde la lejanía a cualquier complacencia con el terrorismo, se abstuvieron en un gesto descomprometido con la esencia de lo que se debatía, confudiéndola con una cuestión política. Gran error. El Congreso no abordó principalmente -aunque también- una cuestión de naturaleza política; el asunto era de distinta especie, prepolítico, humano, moral. Nada tenía que ver con la ideología, ni con programas, ni con estrategias. Nadie lo entendió mejor que el portavoz del PNV que en su entrecortado discurso, huidizo y tristísimo, llegó a alcanzar el sentido íntimo -y lo traicionó- de un acto que rescata la función de gobernar y legislar de sus adherencias más pedrestres. En la convicción de que la sesión del Congreso plantea un horizonte de incertidumbre y dureza, ayer fue un gran día para la democracia en España.
Por César ALONSO DE LOS RÍOS ABC 27 Agosto 2002
¿Qué pasó ayer en el Parlamento? Que una serie de partidos a los que el terrorismo les «repugna», les «da asco», les «revuelve las tripas», se niegan a condenar a la organización que ampara el Terror, que apoya a ETA, que colabora con ETA, que comparte militantes con ETA. Esto es -y no otra cosa- lo que sucedió ayer en el Parlamento. Naturalmente, como es repugnante y revuelve las tripas apoyar a una organización que colabora y ampara y es el brazo civil de ETA, unos cuantos, minoritarios, partidos nacionalistas y de izquierda se han escudado en razones jurídicas, prácticas, ideológicas. Qué menos.
Se dice con frecuencia que una buena parte del País Vasco está enfermo porque no «ve» ciertas formas de Terror y no se opone a ellas de forma eficaz... Se habla por ello de una situación similar a la alemana de los años treinta. Pero ¿acaso no están enfermos quienes fuera del País Vasco se niegan a tomar las medidas eficaces contra los colaboradores del Terror por no decir sus protagonistas...?
Ciertamente da asco, produce náuseas, revuelve las tripas que sedicentes demócratas se amparen en «inequívocos» rechazos retóricos del terrorismo y lo apoyen «realmente». Algunos prefieren que sea el juez Garzón el que dé la cara y de ese modo les salve a ellos.
Y ¿por qué estos pequeños partidos -nacionalistas y de izquierda- se amparan en los parapetos legales que les han proporcionado tres profesores y, sobre todo, su oportunismo, para justificar su actitud verdaderamente favorecedora del terrorismo? Porque, como ellos saben, sus posiciones refuerzan a ETA y de nada vale que alguno de estos voceros contrarios a la ilegalización pretendan hacerse solidarios con los amenazados por ETA: uno no se convierte en enemigo de Batasuna y de ETA retóricamente; se hace amigo votando a su favor.
¿Peligro para la «libertad ideológica», arma peligrosa «en el futuro», «confusión de poderes del Estado», «aumento de la crispación», «ataque larvado a los nacionalismos»...? Cuántos rodeos para defenderse de la vergüenza de uno mismo, del asco a uno mismo, para que a uno no se le revuelvan las tripas por lo que hace uno mismo... Curiosamente los argumentos de todos estos reales amparadores de Batasuna -brazo civil de ETA- eran intercambiables los de CiU con los de IU, los del BNG con los de la Chunta aragonesista... Y todos detrás del PNV, esto es, del partido «moderado» (¡todos moderados!) que dice compartir los mismos objetivos políticos que ETA aunque de forma diferente. Todos con el PNV para que Batasuna no sea ilegalizada. A la espera, quizá, de un nuevo Pacto de Estella/Lizarra. Todos con una cosa en común con el PNV: a ninguno de ellos le mata ETA. ¿Para qué debería hacerlo?
Lo que ocurrió ayer en el Parlamento es algo tan sencillo como que se abstuvieron o votaron en contra los que, como el PNV y Batasuna, tienen el objetivo de un Estado distinto, una España reducida a mero «Estado Español», una «España no española» (por utilizar los términos del representante de ERC), una agregación confederal superadora del autonomismo. Y ellos saben perfectamente que la ilegalización de Batasuna no se dirige contra esas pretensiones sino contra la forma de conseguirlas. Lo que sucede -y es lo que quedó perfectamente claro ayer en el Parlamento- es que ellos saben que sin esa repugnante y asquerosa «violencia» de ETA/Batasuna nunca conseguirán el sueño independentista (soberanía en términos vergonzantes). Por eso se oponen a la ilegalización de Batasuna. Por lo demás ¿quién puede dudar de su sensibilidad democrática, de su horror a la violencia? Es algo que les produce dolor de tripas... que, en todo caso, es algo que se ha ganado a pulso el unitarismo jacobino de los españolistas...
Lo que sucedió ayer en el Parlamento es el último episodio de una larga enfermedad, a la que la inmensa mayoría quiere poner remedio de forma definitiva.
Por Alfonso USSÍA ABC 27 Agosto 2002
Me convence Aznar cuando se pone más serio de lo habitual. Expresa su idea y proclama su argumento con credibilidad. Cruza la batería, es decir, llega al público, eso tan difícil que muy bien conocen los actores de teatro. A los políticos, en general, es recomendable no creérselos del todo, pero Aznar cuando habla de la ETA, de su entorno, de sus cómplices directos y de sus apoyos indirectos, no deja lugar a la duda. Cuando Ibáñez-Freire anunció que viajaría hasta el centro de la tierra, si necesario fuera, para detener a todos los etarras, nos sofocamos de risa. Felipe González abusaba de la frase «se pudrirán en las cárceles», pero era oración retórica, para salir del paso. Tuvo en Interior -gravísimo error de mi amigo Juan Alberto Belloch-, a una secretaria de Estado nada convencida de que la lucha policial contra el terrorismo es fundamental. Se llamaba Margarita Robles, hoy es juez y ha sido cumplidamente agasajada por la Fundación Sabino Arana y Javier Arzallus. Aquí en España, el primero en dar el callo de verdad contra el terrorismo, y sin salirse del límite que las leyes imponen, ha sido Jaime Mayor Oreja. Después, Rajoy y Acebes han seguido su buen camino, y la ciudadanía se ha encontrado el regalo de un juez valiente y decidido, muy cuestionado por otras iniciativas, que se llama Baltasar Garzón. El empuje y la bravura de Garzón ha limpiado las alcantarillas de la Justicia, colmadas por las diarreas y colerillas provenientes del Tribunal Constitucional. A todos estos desalmados que hoy tiene Garzón empapelados hasta las cejas, los condenó el Tribunal Supremo y los puso de patitas en la calle el Constitucional con una sentencia mucho más basada en la gastroenteritis o la salmonella que en la alta interpretación de la Justicia.
Aznar, cuando habla del terrorismo y Batasuna, que es hablar de lo mismo, no regala ni una sonrisa a la galería. Y lo mismo advierte un andaluz y un castellano que un catalán y un vasco. De ahí la molestia que causa a quienes tienen el nacionalismo como valor principal, por encima de la ética, de la decencia, de la defensa de la democracia y de la convivencia pacífica. Lo de Pujol y CiU no tiene por donde agarrarse, como la anunciada abstención del único diputado de la Chunta aragonesa, el cantautor Labordeta, que más que en la mochila, lleva a España al retortero. Pero las urnas hablarán en su futuro y pondrán a cada títere en su sitio. Bueno, y Llamazares, pero ése...
Está claro, que la ilegalización de Batasuna va a caer sobre los españoles honrados y pacíficos en forma de muerte y dolor. Lo poco que les vaya quedando a los terroristas lo invertirán en atentados sangrientos y acciones nauseabundas. Pero en poco tiempo se encontrarán sin nada, y sólo tendrán la cara para enfrentarse a la Ley. Y eso es pedir mucho a esa banda de cobardes, miserables e hijos de la grandísima puta.
Habrá que aguantar con firmeza el dolor que se avecina. Habrá que oír y leer con seguridad las bocanadas de cinismo que los nacionalistas de Arzallus eructarán culpando al PP y al PSOE de los horrores venideros. Calma y tranquilidad. La máquina de la Ley se ha puesto en marcha y los resultados no podrán jamás ser peores que la realidad de hoy. Se irán ahogando poco a poco, poco a poco callando, abandonando el barco de la sangre en silencio. Sin el apoyo político y legal de Batasuna, la ETA durará el tiempo que transcurra hasta que el último asesino caiga. Y no será un siglo. Así que miremos hacia el futuro, preparemos nuestras lágrimas y pensemos que, con toda seguridad, detrás del dolor y la tristeza que lo inmediato nos anuncia, brillará la luz.
Ha sido edificante que el primer paso para la ilegalización de Batasuna pasara por el Congreso de los Diputados. Así hemos podido asistir en directo a los discursos que han abogado por el «sí», por la «abstención en negativo» y por el «no».
Ya están retratados. Ya sabemos con quién nos jugamos los cuartos en este país. Ya sabemos quién defiende la paz y a quién le da igual vivir entre la mafia.
Ahora, analicen los discursos de la gente que votó «abstención» y los que votaron «no». Si aparecen con ojos llorosos por la televisión tras el próximo atentado, póngales el vídeo de sus discursos. Recuerden sus nombres. No admitan sus telegramas de pésame cuando estemos enterrando a nuestros muertos. Ha quedado claro que no son sus muertos.
El Congreso de los Diputados ha hecho un retrato en negro de la gente que apoya a los que apoyan el terrorismo. Esta es la virtud de la Democracia: cada cual dice lo que quiere. Pero también existe la memoria. No vamos a olvidar sus palabras. Creen que somos idiotas porque pretendemos defendernos de los que nos matan, pero ¬muy a su pesar¬ estaremos de acuerdo en manifestarnos cuando les toque a ellos. Ojalá no les toque.
Y ahora queda ver el retrato de los jueces. Sería conveniente que el Gobierno diera a conocer cuánto dinero de nuestros impuestos gastamos en ponerles coches blindados y escoltas para defenderlos de los terroristas. Una vez conocido el dato, sería conveniente que los jueces del Tribunal Supremo renunciaran a utilizar sus privilegios hasta que no dictaran su veredicto. Entonces comprobaríamos que somos todos iguales ante la Ley y ante los terroristas. Éste es el único modo de que lo hagan con rapidez.
El diputado del PNV González de Txabarri declaró ayer a El Correo que «la ilegalización de Batasuna toca el nervio político de Euskadi». Estremecedor desvarío. Acaso y como consecuencia de la crueldad de los dioses -que ciegan, según el adagio latino, a quienes quieren perder-, sea cierta la existencia de cierta enajenación mental que ofusca a veces el pensamiento incluso de sensatos portavoces del nacionalismo vasco. En esta ocasión, hay asimismo síntomas de tal mal entre sus colegas catalanes.
Unos y otros rivalizan, a la hora de aportar argumentos contrarios o reticentes a la ilegalización de Batasuna, en vacuidades, sofismas o demagogias. Erradicar desde la legalidad democrática a Batasuna, que acompaña, jalea, defiende o -de acuerdo con evidencias irrefutables- propicia las monstruosidades de ETA «¿toca el nervio político de Euskadi?». González de Txabarri no se limita a semejante despropósito.Añade que «el PP ha impuesto al PSOE una política antiterrorista de extrema derecha para alterar el mapa político de las próximas municipales».
¿No cree el diputado que la coacción sistemática, las amenazas más infames -como la utilizada contra la concejal socialista Muskiz Idoia a través de su hijo de dos años-, y los asesinatos de ediles del PP o del PSE, sí constituyen una estrategia fascista con el fin de desvirtuar la voluntad libre de los electores? ¿Por qué él y otros compañeros suyos no se ofrecen a concurrir en las listas municipales del PP o del PSOE, demostrando que, por encima de objetivos nacionalistas -tan respetables como legítimos-, sitúan los valores supremos de la democracia?
Los planteamientos de PP y PSOE -señala González de Txabarri- «están en las antípodas (...) del Pacto de Ajuria Enea». En El Periódico de Catalunya, también ayer, se mostraba más claro: «Tras 20 años de diseños compartidos -el Pacto de Ajuria Enea- para atraer a HB a las instituciones (...) el PP y el PSOE han decidido (...) ponerlos fuera de la ley». Este parlamentario padece, además, amnesia. Sólo así se explicaría que haya olvidado la maniobra unilateral del PNV destruyendo Ajuria Enea y pactando en Estella con HB a la sombra de ETA. Sin aquella lamentable deriva, rectificada tarde y mal, las cosas serían distintas.«No puede ser legal quien niega el derecho a la vida», proclamó en el pleno de ayer el portavoz del PSOE, Jesús Caldera. Oponerse mediante falacias a una verdad tan indiscutible perjudica principalmente a quienes lo hacen.
La confluencia de los tres poderes del Estado en la iniciativa de ilegalización de Herri Batasuna tiene una dimensión superior que ha recabado en el legislativo una suma de votos inusual y decisiva.
A pesar de no oponerse a la ilegalización de Herri Batasuna, los diputados de CiU ayer por la tarde mantuvieron la abstención anunciada, causa de exasperación política tanto en el PSOE y sobre todo en el Partido Popular.
Puede deberse a una cierta crisis de autoridad en el pujolismo o a inercias del nacionalismo arcaico, pero en conjunto aporta más claridad sopesar la votación de ayer en términos de votos y escaños.
Frente a la naturaleza incondicionalmente instrumental de Batasuna, la aritmética parlamentaria da resultados que es curioso contrastar con el calibre que viene atribuyéndose CiU como representación unívoca de Cataluña.
Valgan los parámetros cuantificados en las urnas cuando la ciudadanía fue a votar en Cataluña en las elecciones legislativas, como en toda España, dando a José María Aznar su mayoría absoluta en el año 2000. El PSC-PSOE obtuvo entonces 17 escaños y el PP catalán alcanzó los 12.
Son un total de 29 escaños que en el Pleno extraordinario de ayer se sumaron al voto afirmativo, representando en votos casi dos millones de votos catalanes. En el «no» de ayer estuvieron dos diputados elegidos por el electorado catalán, uno por el soberanismo republicano de ERC y otro por el conglomerado comunista-verde de IC-V, sumando entre ambos trescientos mil votos. En el frente de la abstención se personaron los quince escaños de CiU, cerca de un millón de votos. La aritmética es plásticamente soberana.
En la vertiente de las simbolizaciones, las víctimas de Hipercor también merecen memoria. Después de que ETA asesinase en Cataluña al concejal Cano, Jordi Pujol dijo que hay que dar primacía a todo lo que pueda representar cohesión de la sociedad catalana, precisamente porque el terrorismo a la larga lleva a una ruptura social. Aún así, el pujolismo se ha abstenido de dar sus votos a la iniciativa del poder legislativo.
Por lo demás, ya se verá qué trenes pasan y cómo anda el «software» del marcador del Congreso. vpuig@abc.es
La ilegalización de Batasuna es un asunto de coherencia democrática y es una responsabilidad ineludible de quienes, la inmensa mayoría de los españoles, rechazan la crueldad asesina de Eta y de sus satélites. Veo esta decisión legislativa y judicial, que ahora pasa al territorio del poder ejecutivo, como un paso cuya elusión u omisión sería muy grave: hasta se podría hablar de prevaricación, al menos moral, y quizá con los atenuantes del miedo o de la miopía de quienes piensan que hay ocasiones en que el cumplimiento de la ley conlleva males con los que no se contó, al ignorar todos los escenarios o contextos posibles, al redactar la propia ley y al fijar su espíritu en un texto. Aunque de la ilegalización de Batasuna no se derivase, a corto plazo, un avance en la lucha antiterrorista, y aunque se lograse lo contrario de lo deseado (es decir: una excitación de los instintos y las acciones mafiosas), habría que decir que esta medida era y sigue siendo una obligación.
No sé si es utópico soñar con que los vascos más radicales en su ideario nacionalista puedan convencerse de que, de verdad, vivimos en una sociedad en que el pensamiento y la razón no delinquen, y en que hay cauces para defender las diversas posturas, y que lo que se pretende es que la dignidad de la vida humana sea respetada por todos. Un ciudadano de San Sebastián o de Jaén que quiera la independencia para su ciudad o para su Comunidad, y que busque firmas para defender la iniciativa, y que la razone con argumentos antropológicos, psicológicos, históricos o metafísicos, está en su perfecto derecho de montar su asociación, como también puede estudiar teoría el chamanismo centroafricano y hacer proselitismo de sus saberes, o consagrar su vida a la demostración empírica de que los Estados Unidos de América, en su afán imperialista, son los culpables del cambio climático en el mundo, y de ahí la ausencia del presidente Bush en la cumbre de Johanesburgo... Que se convenzan de que a los españoles no nos molestan, sino todo lo contrario, el amor de los vascos a sus tradiciones, su lengua (y menos si fuese libremente adoptada por sus hablantes), su condición psicológica de pueblo noble y solidario, su laboriosidad, el legítimo derecho a tantas virtudes y defectos como otras sociedades.
Lo que la inmensa mayoría de los españoles ¬y, por tanto, también de los vascos¬ rechazamos es el chantaje, la imposición de las ideas, la extorsión, el secuestro, la corrupción de los ideales juveniles, la persecución a quienes piensan de otra manera, la cobardía, el coche-bomba, el tiro en la nuca, la intimidación a cara descubierta en las instituciones públicas, el insulto, el régimen de terror, la apología «de facto» del nazismo y del estalinismo. Ilegalizar Batasuna es un deber, aun sabiendo que quienes burlan la ley tienen muchos atajos para seguir en sus objetivos. Pero se les dice que están fuera de juego: con razones, con argumentos, con evidencias, se les está explicando. Quizá algunos votantes de Batasuna se cuestionen algunas certezas.
La fecha de ayer se recordará por la coincidencia en un mismo día de la votación del Congreso en favor de iniciar los trámites para la ilegalización judicial de Batasuna, por una parte, y la suspensión, por otra, de esa fuerza política por un plazo de tres años, decidida por el juez Garzón como culminación (por ahora) de la investigación sobre las vinculaciones entre ETA y su entorno. Se trata del desenlace de iniciativas diversas pero convergentes en su designio de acabar con una situación que no puede considerarse normal: que sea legal un partido tras el que están las pistolas de ETA.
Pues de eso se trata en primer lugar. El auto de Garzón ofrece datos -algunos muy espectaculares- que probarían la existencia de una vinculación orgánica de dependencia del brazo político respecto a la 'vanguardia armada'. Que así se reconozca sin disimulos en algunos de los documentos que figuran en el auto indica hasta qué punto tenían interiorizada la conciencia de impunidad. Las actas de reuniones de la KAS dejan pocas dudas respecto a la naturaleza de la relación. Las cosas son como parecían a simple vista, y como proclamaban dirigentes de la entonces coalición Herri Batasuna ('votar HB es votar a ETA').
Que ésa sea la relación no puede ser un factor secundario en el debate sobre la ilegalización. Si Batasuna es un instrumento de ETA, no puede ser legal, con independencia de si su ilegalización es oportuna o no, resulte ser la panacea o un elemento poco influyente. Ése fue ayer el eje de la defensa de su iniciativa por parte de PP y PSOE. No se trata de ilegalizar ideas, sino conductas de apoyo a la coacción terrorista. En España puede haber partidos republicanos, y también independentistas, pero no partidos que contribuyan a multiplicar los efectos intimidatorios de la violencia terrorista.
No será la panacea, argumentaron los portavoces de PP y PSOE, pero sí una condición para derrotar a ETA. Entre otras cosas, porque nada resultaría tan desmoralizador para los ciudadanos y tan debilitador de la democracia y el Estado de derecho como admitir que Batasuna forma parte de ETA y mantenerla en la legalidad. El argumento más perverso fue el de quienes intentaron contraponer a la legitimidad de la mayoría de las Cortes la de la mayoría nacionalista en el Parlamento vasco. De los 19 diputados vascos elegidos en las últimas generales, 11 votaron ayer a favor y 8 (todos nacionalistas) en contra. Negar legitimidad a esos diputados para representar a los vascos en un asunto que afecta a todos los españoles es ignorar la lógica del Estado autonómico. Y no se puede atribuir esa proporción a que HB no se presentó a las elecciones de 2000, porque es idéntica a la que había en la anterior legislatura.
La acusación de que el objetivo de la ilegalización es modificar el mapa político vasco tras el fracaso de PP-PSOE en las autonómicas, ¿significa que los 600.000 electores de PNV-EA votaron en favor de considerar legal la 'intimidación generalizada' de que habla el preámbulo de la proposición aprobada ayer? Es el entramado ETA-Batasuna el que trata de modificar el mapa político mediante la persecución y el asesinato de quienes no comparten su fe. Por eso resulta tan ofensivo oponerse a la ley en nombre de la libertad de expresión y el pluralismo. No es cierto que la ley pueda servir para ilegalizar un día al nacionalismo democrático. Al revés, la nueva ley precisa la anterior, de 1976, en el sentido de establecer de manera tasada las conductas -no las ideas o programas- no penales por las que un partido podría ser declarado ilegal.
Pese a las divergencias, la obvia unanimidad contra ETA se proyectó ayer también contra Batasuna. Llamazares habló de actitud 'fascista', y su abstención, tras haber votado contra la ley, puede considerarse un acercamiento a la mayoría que tal vez las evidencias del auto de Garzón permitan proseguir. El argumento de que callar ante un atentado 'es una cobardía pero no un delito' más bien avala la doble vía, penal y jurídico-política; pues no se trata de meter en la cárcel a los dirigentes, sino de sacar de la legalidad democrática a un partido que, por ejemplo, asume y prolonga las amenazas del último comunicado de ETA.
Xavier Trias fue más convincente al defender la trayectoria de CiU (respaldando siempre al partido gobernante frente al terrorismo, cosa que, recordó, no todos pueden decir) que al explicar su abstención de ayer. No es el momento de discutir si fue o no un acierto admitir la intervención del Parlamento en el proceso, sino de aplicar la norma. Ampararse en esa divergencia para diferenciarse de la mayoría es incongruente, sobre todo tras afirmar la disposición a respaldar la ilegalización si se demuestra que Batasuna apoya el terrorismo. CiU sabe que el aval de un partido como el suyo es decisivo para la legitimación política del difícil proceso que ahora se inicia. Para culminarlo, será decisivo que el Gobierno vasco, tal y como ha prometido Ibarretxe, aplique la ley en relación al auto de Garzón.
En su cándida ingenuidad, uno espera más nivel parlamentario en un debate sin duda histórico. Ha de conformarse con el fondo, porque las formas se mueven en una enervante mediocridad. Era un debate sobre el sentido ético de la democracia y ha quedado en una explicación de posturas, con argumentos ya desmenuzados en los medios de comunicación los días anteriores. Aunque es el Parlamento quien insta al Gobierno, hubiera podido ser conveniente la intervención de Aznar por la enjundia de la materia.
De todas formas, el Pleno ha servido para ver a un Anasagasti más nervioso que nunca, dedicado a la difícil tarea de exculpar al nacionalismo como ideología de toda relación con la violencia, algo que son Batasuna y Eta quienes desmienten de una manera trágica. Al concurso del PNV, como si se tratara de evitar dejarlo aislado, concurrieron Convergencia, cuyas razones oscilan entre lo leguleyo y la estricta solidaridad nacionalista, Esquerra Republicana de Cataluña y el Bloque Nacionalista Galego. Por el contrario, Coalición Canaria, con José Carlos Mauricio salvando la dignidad parlamentaria en cuanto a retórica, y el Partido Andalucista, votaron a favor, reivindicando su nacionalismo.
El nerviosismo de Anasagasti fue parejo al de Llamazares. Ambos se remontaron a la historia, a la guerra civil y al franquismo, en una cuestión en la que el juez Garzón les ha dejado sin argumentos, porque la escapatoria era llamarse a andana con la salida de la vía penal, pero acelerada ésta el nacionalismo llamado democrático -y el comunismo antifranquista- parece haberse quedado más sin discurso que el resto, porque lo obvio es que es esta vía la que ha tomado el protagonismo, acortando plazos y yendo por la senda más directa.
El Consejo de Ministros del viernes aprobará la demanda de disolución que se presentará el día 2 / El PNV, único grupo parlamentario que votó en contra del texto pactado por PP y PSOE
MADRID.- Batasuna tiene los días contados. La cuenta atrás se inició ayer en un histórico pleno extrordinario del Congreso de los Diputados y terminará no antes de tres meses cuando el Tribunal Supremo decida si ilegaliza definitivamente a la formación abertzale.
El paso intermedio se producirá el próximo viernes, cuando el Consejo de Ministros tramite la proposición vinculante aprobada ayer por el Parlamento, tal y como le obliga la Ley. La semana del 2 de septiembre el Gobierno, a la vez que el fiscal general del Estado, presentará ante el Supremo la demanda de ilegalización.
El Pleno del Congreso siguió ayer la vía abierta por la Ley de Partidos, en vigor desde el pasado mes de junio, en un nuevo camino en la lucha antiterrorista, tras 24 años de vigencia de la Constitución. Las próximas elecciones municipales serán las primeras en las que no habrá ninguna formación vinculada a ETA.
La proposición se aprobó con el voto a favor de casi el 90% de la Cámara y sólo el 2% en contra. Es decir, 295 diputados de PP, PSOE, Coalición Canaria y Partido Andalucista frente a diez: los siete del PNV y los tres que representan a EA, IC y ERC.
CiU, Izquierda Unida, BNG y Chunta Aragonesista se abstuvieron por rechazar el procedimiento previsto en la ley.
Favorecer el terrorismo
Los argumentos de la iniciativa están contenidos en la exposición de motivos de la proposición no de ley pactada entre el PP y el PSOE, en cumplimiento del Pacto contra el Terrorismo. Se resumen en la consideración de que la actividad de Batasuna favorece la acción terrorista de ETA y se explican así en el texto aprobado:
«Los partidos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna han venido desmostrando desde su creación una trayectoria de quiebra y ofensa a los principios y valores democráticos, desarrollando, de un lado, una actuación política tendente a legitimar y justificar tanto la existencia como las acciones delictivas de la banda terrorista ETA y aprovechando, de otro, las prerrogativas y beneficios que la democracia concede a los partidos -en términos de financiación y acceso a medios de comunicación públicos- con ánimo de favorecer, generalizar y multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo generada por la misma, colaborando con ello a fomentar un clima de intimidación generalizado tendente a minorar o eliminar las condiciones indispensables para el ejercicio del pluralismo y la democracia basados en la libre concurrencia pacífica de partidos e ideas».
La resolución concreta estas acusaciones en hechos como el uso de las sedes de Batasuna como «depósitos de armas» y los actos de justificación del terrorismo y humillación a las víctimas.Y se traducen en una docena de actuaciones posteriores a la entrada en vigor de la ley.
El texto explica que la Ley de Partidos supuso una oportunidad de quebrar esa trayectoria de la formación abertzale. Sin embargo, desde junio Batasuna ha mantenido la misma posición guardando silencio ante hechos como el asesinato de una niña de seis años, profiriendo amenazas y manteniendo en su dirección a condenados por terrorismo, entre otras actuaciones.
Es decir, como explicó el portavoz socialista, Jesús Caldera, «Batasuna incurre hoy en todas las causas de ilegalización de todo el largo catálogo establecido en la ley».
Tanto Caldera como el portavoz del PP, Luis de Grandes, defienderon la iniciativa con duros alegatos contra Batasuna.
«ETA y Batasuna son una idéntica e inseparable realidad. Batasuna es la máscara tras la que se esconde el rostro real de ETA. Batasuna es una deformidad de nuestro sistema de partidos y, ante ella, la Cámara tiene la obligación ética y el deber político de intervenir», explicó De Grandes.
Ante una Cámara inusualmente repleta, con presencia del Gobierno casi en su totalidad, de tres presidentes autonómicos y una representación del Senado, el portavoz popular defendió el derecho de la democracia a defenderse de quienes pretenden la «aniquilación física y social».
Rebatió el argumento de que la ley pretende combatir ideologías con la relación de hechos protagonizados por Batasuna y que sirven para demostrar cómo este partido favorece la actuación terrorista.«Todas las ideas, todas las ideologías, todos los proyectos pueden defenderse, si no emplean los instrumentos del terror como forma de imposición», añadió.
«¿Podemos esperar de brazos cruzados mientras unos pocos dedican todos sus esfuerzos a imponer su política matando a los demás?», se preguntó.
El socialista Caldera utilizó parecidos argumentos para explicar, por ejemplo, que el derecho de asociación tiene un límite, mientras que el derecho a la vida es ilimitado y está por encima de todos los demás.
Y para argumentar que Batasuna mantiene una posición idéntica a la de los gobernantes de la Alemania nazi, basada en la exclusión de los demás. Frente al «desafío total de ETA», dijo, la democracia tiene derecho a defenderse.
«Batasuna no sólo no ha tirado de ETA hacia la paz, sino que ha sido arrastrada por ETA hacia la guerra contra la democracia», añadió Caldera.
Tanto el socialista como el popular incluyeron duras críticas al PNV por su postura contraria a la ilegalización de Batasuna.
«El PNV pretende distorsionar la realidad para sustituirla por un relato inaceptable orientado a tapar la miseria de Batasuna para tapar sus propias contradicciones y servidumbres. El PNV supedita su posición al solo cálculo de los votos a ganar y tratan de ampararse en un supuesto conflicto que no es más que un producto de la locura criminal de unos pocos que sobran definitivamente», aseguró De Grandes.
En la misma línea, Caldera acusó al PNV de votar en contra de la ilegalización «por razones de oportunidad». «La Ley de Partidos», dijo, «no pretende perseguir a nadie, los únicos que persiguen son ETA y su frente político Batasuna».
El único matiz es que Caldera tendió la mano a CiU y a Izquierda Unida, pese a su abstención de ayer, para «lograr la unidad de los demócratas».
Tras dos horas y media de intervenciones sucesivas de todos los grupos, sin debate entre ellos, la inmensa mayoría de la Cáma recibió con un aplauso el resultado de la votación.
Luego, el vicepresidente Mariano Rajoy y los ministros Angel Acebes y José María Michavila se felicitaron en los pasillos del «histórico paso».
Ordena el bloqueo inmediato de todas las subvenciones y ayudas económicas, incluidas las del Parlamento Europeo
Por su interés informativo, reproducimos a continuación la parte dispositiva del auto dictado ayer por el juez Baltasar Garzón, por el que suspende las actividades de Batasuna:
1.- ACORDAR, por un período de 3 años, a partir de la fecha de esta resolución, con carácter prorrogable hasta cinco años si así se decidiera, la clausura de las sedes, locales, establecimientos y cualesquiera otros centros de los que dispusiere o utilizare, directa o indirectamente y con independencia del lugar donde se hallen, como entidad o a través de sus miembros, de HB-EH-Batasuna.
2.- SUSPENDER por un período de 3, a partir de la fecha de esta resolución, con carácter prorrogable hasta cinco si así se decidiere, todas las actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales en todos y cada uno de los ámbitos y organismos públicos, registros, bancos, notarios, fundaciones, asociaciones, sociedades y organismos similares de HB-EH-Batasuna, con éste u otro nombre que pudiera adoptar.
3.- La medida no afecta a las actividades que, como personas individuales y titulares exclusivos de los correspondientes escaños, puedan ostentar personas integradas en la formación política (HB-EH-Batasuna), con éste u otro nombre, cuyas actividades se suspenden, pero sí a aquellas actividades que puedan desarrollar como grupo fuera de los estrictos límites de la actividad institucional en Parlamento, Diputaciones Forales, Juntas Generales y Ayuntamientos del País Vasco y Navarra; así como el uso de locales, de titularidad pública, como tal grupo. En cuanto a los que desarrollan como grupo, en el seno de esas instituciones, se deja al arbitrio de las mismas y según las reglas que rijan el funcionamiento y la efectividad de la medida de suspensión del grupo como tal, en el interior de aquellas. A tal efecto se cursara la correspondiente comunicación, con testimonio de la parte dispositiva de esta resolución a la Autoridad titular, para conocimiento y efectos.
4.- En cuanto a los locales, establecimientos, sedes y centros que no se citan, pero que existan, se concreta la medida expuesta en los siguientes extremos:
b) Requerir, por plazo de cuatro días, al representante legal de aquella, que consta en la causa, para que identifique la existencia de otros organismos, que puedan existir en esos locales, identificándolos y proponiendo su salida del inmueble o independización suficiente, que será valorada por el órgano judicial, haciendo advertencia de que los locales que estos usen serán clausurados si se utilizan para desarrollar la actividad suspendida.
c) Precintar los locales, sedes, establecimientos o sitios, de los que sea titular o use HB-EH-Batasuna, con éste u otro nombre, requiriéndose a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco para que, por quien corresponda, se den las órdenes oportunas a la Ertzaintza para que garantice la integridad de la medida, y a la Dirección General de la Policía respecto de Navarra, y prevengan cualquier alteración de la paz pública.
d) Comunicar al representante legal de la formación cuyas actividades se suspenden, la advertencia de que el quebranto de la clausura y precintos, será responsabilidad de los respectivos responsables de las sedes, parándoles, en su caso, los perjuicios a que hubiere lugar en derecho.
e) Acordar, en resolución aparte, lo que proceda respecto de las Herriko Tabernas, pero quedando clausurados cualesquiera locales o lugares, dentro de las mismas o de la Asociaciones Culturales, que sean de uso de HB-EH-Batasuna; a tal efecto, requierase a aquela representación, y cúrsese oficio a la UCI para su identificación.
5.- Respecto de las actividades que se suspenden a la formación HB-EH-Batasuna y cualquier sucedáneo que intente sustituirla o que ya lo haya hecho, debiendo hacerse constar así en el procedimiento, la medida fijada en el número 2 de esta parte dispositiva, se concreta en los siguientes puntos:
a) Suspensión de todas las Ayudas y Subvenciones financieras y/o económicas que como tal grupo, coalición o partido, reciba o haya recibido o le corresponda a HB-EH-Batasuna, con éste u otro nombre, por parte de organismos públicos centrales, autonómicos y locales, de la Administración o Parlamento, las cuales deberán ser depositados y puestos a disposición de este Juzgado en la cuenta 2570 de la Agencia BBVA núm. 4043 de la C/Génova n° 13 de Madrid. Para efectividad de la medida cúrsese atenta comunicación a cada uno de los organismos afectados, incluido el Parlamento Europeo, con copia de la resolución, a través del Ministerio de Justicia y Asuntos Exteriores.
b) Suspensión de todas las ayudas financieras y/o económicas o en especie que pudieran estar recibiendo o que reciban, aunque lo sea a través de personas individuales pero con destino a fines y actividades de la organización, a cuyo efecto se harán las advertencias legales, de entidades financieras, de crédito, bancarias, bursátiles, casas de cambio o cualesquiera Agencias o centros dedicados a este comercio y actividad, a los que se remitirán las comunicaciones y mandamientos oportunas a través de los organismos de control y asociación. Las fuentes quedarán congeladas y a disposición, sin perjuicio de las operaciones de cancelación que fueren necesarias y que en todo caso serán autorizadas por el Juzgado. Cúrsese oficio a la UCI para que informe sobre las cuentas que ya están trabadas.
c) Suspensión de todos los suministros, contratos o acuerdos con compañías o empresas, que prestan servicios de electricidad, agua, telefonía o similares de comunicaciones, o cualquiera otros. Cúrsese oficio a la UCI para que identifique tales empresas.
d) Suspensión de la capacidad de contratar, negociar, otorgar representaciones, -salvo los que estrictamente se autoricen por la autoridad judicial.-, de suscribir acciones, obligaciones, préstamos, fondos de inversión, de pensiones o de cualquier operación bancaria, de enajenar, gravar o pignorar bienes; de disponer de bienes muebles, valores o efectos, fondos o inversiones.
f) Suspensión de la capacidad de convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público o de asistir a los mismos. A tal efecto comuníquese a la Consejería del Interior del Gobierno Vasco y Jefatura Superior de Policía de Pamplona (Navarra) con el fin de que adopte todas las medidas legales necesarias para hacer efectiva esta medida que es ejecutiva desde el día de la fecha.
g) Suspensión de la capacidad para efectuar cualquier tipo de actividades propagandísticas, instalación de signos, utilización de espacios, elementos identificativos al grupo o partido cuya actividad se suspende. A tal efecto se hace, con el mismo alcance la comunicación de letra f) a la Consejería de Interior de Gobierno Vasco y Jefatura Superior de Policía de Navarra.
h) Suspensión de la capacidad para ser titular o participar directa o indirectamente, o por persona interpuesta o por medio de alguno de los responsables del grupo o formación política en instituciones, fundaciones o asociaciones, consejos de administración, o de fundaciones o asociaciones, consejos de administración, o de gobierno, patronatos u organismos similares.
i) Para efectividad de las medidas anteriores comuníquese a todos los registros Mercantil y cualquier otro que proceda de la Propiedad de Bienes Muebles, de Tráfico, bancos, entidades y organismos correspondientes esta resolución para su cumplimiento y efectos.
6.- Cancelar las páginas Web u otros servicios que pudieran tener contratados HB-EH-BATASUNA en INTERNET. A tal efecto comuníquese a la UCI para su investigación y descubrimiento.
7.- Comunicación a los diferentes medios de prensa escrita, radio y Televisión de la suspensión de actividades de la formación HB - EH - BATASUNA a efectos de que conozcan formalmente la misma, y que esta se extienda a la utilización como tal grupo a partido de espacios publicitarios.
8.- Cúrsese oficio a la UCI para que presente ante este Juzgado informe y documentación que lo aclare sobre los siguientes extremos:
1) Personas que han integrado responsabilidad en la Mesa Nacional de H.B.-EH-Batasuna desde su creación hasta la fecha.
2) Personas que han desempeñado responsabilidades en ETA-KAS-EKIN u otras organizaciones del complejo terrorista, liderado por la primera desde la aparición de HB hasta la fecha.
3) Personas que incluyéndose en las relaciones anteriores, ocupen actualmente cargos públicos.
4) Personas que, incluyéndose en las relaciones de los apartados 1 y 2, se encuentren aforados.
9.- Cúrsese oficio a la UCI para que presente ante este Juzgado, informe que aporte datos sobre la nueva formación Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Abertzalea Sozialista, como entidad sustitutoria de HB-EH-Batasuna y si responde a los mismos presupuestos que aquellos. (Texto íntegro del auto en www.larazon.es)
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón suspendió ayer por tres años prorrogables a cinco las actividades de HB/EH/Batasuna por tratarse de una formación «integrada en el grupo terrorista dirigido por ETA» y por haber sido creada por la organización criminal «para complementar su acción terrorista y hacerla más eficaz». La decisión de Garzón, entre otros efectos, incluye el cierre de locales, la suspensión de cualquier vía de financiación o la cancelación de su página web.
«Es insostenible en este momento procesal, después de la instrucción de diferentes sumarios, desde 1997, afirmar que HB / EH / Batasuna es autónoma respecto de ETA/KAS/EKIN». La coalición radical, junto a organizaciones como KAS, EKIN, Xaki, Jarrai, Haika, Segi, Gestoras pro Amnistía, Orain, Ardatza, Egin, Banaka y «kerriko tabernas», entre otras, integra «lo que se conoce como el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) o Izquierda Abertzale» y «depende y cumple las directrices, expresas o tácitas, que ETA imparte, bien directamente bien a través de las estructuras KAS/EKIN».
Estas afirmaciones pueden leerse en la resolución con la que, ayer, el juez Baltasar Garzón acordó la suspensión de actividades de HB/EH /Batasuna, que supondrá también el cierre de sus locales así como el estrangulamiento de sus vías de financiación, tanto públicas como privadas, la prohibición de convocar cualquier tipo de manifestación o acto público, de insertar publicidad en los medios de comunicación, el cierre de su web y el corte del suministro de agua, luz y teléfono de sus sedes . No afectará, sin embargo, a la actividad que, «como personas individuales y titulares exclusivos de los correspondientes escaños», puedan efectuar los cargos públicos de Batasuna, quedando en manos de las instituciones en las que estén integrados -Parlamento, Diputaciones Forales, Juntas Generales y Ayuntamientos del País Vasco y Navarra- la decisión sobre el alcance de la medida acordada por Garzón.
El auto, de 375 folios, contiene un amplísimo apartado de «hechos» -con citas textuales sacadas de numerosos documentos encontrados en manos de ETA o en las sedes de las diferentes organizaciones, incluida HB, integradas en la organización terrorista- de cuyo análisis puede concluirse que HB/EH/Batasuna forma parte de la banda terrorista ETA desde su fundación.
«El vínculo entre ETA/KAS y HB se pone de manifiesto, desde el primer momento, en las elecciones generales del mes de marzo de 1979, cuando incluye en sus listas electorales al Congreso a miembros de ETA presos», afirma Garzón quien, tras comprobar cómo la misma operación se realizó en la mayor parte de los procesos electorales posteriores, concluye que «es ETA quien fija las condiciones en que se debe producir la participación de HB en un proceso electoral».
Principio «maoísta»
«En definitiva -añade- lo que persigue ETA, mediante el principio maoísta de las «tres armas mágicas de la revolución» (un grupo armado en la ilegalidad, un partido político fuerte y un frente unido) es formar una estructura «armada» (la propia ETA) una estructura política cohesionada, homogénea y revolucionaria (KAS) y un frente unido constituido a partir de HB».
Garzón añade que «HB y sus cargos electos son un instrumento para legitimar y fortalecer el auténtico proyecto de «contrapoder» de ETA», organización que «define la parte militar y ordena la política».
ETA, explica el magistrado, financia a sus estructuras a través del llamado «proyecto Udaletxe»; ordena la labor que cada una de ellas debe hacer; utiliza a algunas para el cobro del «impuesto revolucionario» o para atender las necesidades del frente mediático; dispone de un aparato de relaciones internacionales (Xaki) o de un complejo de letrados «que ejerce no sólo la defensa de los imputados sino que, además, diseña la estrategia, organiza y coordina las dos últimas categorías de militantes (huidos y presos)»; instrumenta a través de KAS o EKIN a estructuras como AEK (coordinadora para la euskaldunización) para fines concretos de «adoctrinamiento»; genera, a través de HB, Gestoras por Amnistía o Jarrai /Haika/Segi «jornadas de lucha, campañas de apoyo o de exaltación de la propia organización y sus miembros, que normalmente desencadenan acciones violentas para personas y cosas»; se sirve de cualquiera de sus estructuras para «coaccionar o amenazar a los más variados colectivos de personas y a las propias instituciones y sus representantes, especialmente políticos, funcionarios de fuerzas de seguridad, etcétera»...
«Visión miope» del terrorismo
ETA es, pues, quien controla y dirige a todas las organizaciones que integran el entramado criminal. Por ello, asegura Garzón, «la visión simplista de que sólo los que matan, extorsionan o secuestran son los que deben responder por su pertenencia a la asociación ilícita u organización terrorista creada es, además, de una visión miope del fenómeno terrorista, un planteamiento falso del mismo y contrario al propio diseño desarrollado por aquella desde el principio». «Terrorista será -añade- no sólo el que ejecuta estos actos, sino también el que incita, dirige, financia y da vida a todo el complejo organizativo, construyendo el edificio común de la violencia que da vida al grupo».
Y es precisamente HB / EH / Batasuna, «creada para complementar la acción terrorista y hacerla más eficaz», quien coadyuva a la finalidad común de toda la organización «participando de la violencia generada por la «vanguardia armada» (ETA); prestando sus sedes y locales para fraguar las acciones violentas; facilitando militantes; otorgando cobertura a sus miembros; representando a la organización en el exterior; cediendo sus empresas o algunas de las estructuras de las que, a su vez, se retroalimenta; y contribuyendo al aterrorizamiento de los ciudadanos».
Es decir, explica Garzón, «no es que Batasuna apoye o constituya el entorno de ETA; es que, al igual que las demás estructuras, forma parte de la misma, cumple sus cometidos y se identifica por sus claves». Y todo ello aprovechando la situación de privilegio que ostenta como partido político en un Estado democrático.
El complejo criminal que ETA lidera ha cometido, desde su nacimiento y hasta hoy en día, 3.391 acciones terroristas, ha herido a 2.367 personas y asesinado a 836. Asimismo, entre 1991 y 2002, ha cometido 3.761 acciones de «kale borroka». Todas estas acciones «han sido sistemáticamente dirigidas contra sectores de la población definidos y, a veces, en forma indiscriminada, por lo que no debe dudarse de calificar las acciones de la organización terrorista ETA, en la que se encuadra HB/EH /Batasuna, como crímenes contra la Humanidad».
Sentada la integración de la coalición en un grupo terrorista, la suspensión de actividades «se hace necesaria para procurar la aminoración de los efectos de la actividad delictiva».
De hecho, dicha medida «previene la continuidad y reiteración de la actividad delictiva y, en este caso, la utilización de la estructura o medios económicos o bienes a favor de la acción terrorista del conjunto».
Garzón asegura que, lejos de lo que se plantea por los representantes de la coalición y sus simpatizantes, no se trata de «suspender las actividades de un partido político para privar a los ciudadanos de un medio de expresión o de participación democrática», ni se trata de «silenciar la discrepancia», sino «de algo mucho más sencillo, por cuanto la propia esencia de la libertad y la democracia están en juego». «Se trata simplemente -concluye- de otorgar la protección necesaria al interés jurídico más necesitado de ella y cumplir la ley».
«Macabro juego político»
«El desconocimiento de la norma constitucional, el de la legalidad más elemental y la instrumentación de la violencia como un macabro juego político, que propugna ETA/KAS/ EKIN/BATASUNA, en el que no importa acabar con la vida o la libertad de las personas para obtener fines ilícitos, disfrazándolos con apelaciones a la persecución o el sectarismo, no pueden quedar sin respuesta desde la legalidad y con la legalidad, cuando ésta está siendo flagrantemente quebrantada, porque ello -asegura el juez- sería renunciar o traicionar a la propia esencia de aquellos valores superiores de nuestro sistema de Derecho, tales como la libertad, al Justicia, la igualdad y el pluralismo político, que son los mismos que se imponen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos». Y esos principios son, además, los que «la organización terrorista que lidera ETA, y en la que HB/EH/Batasuna se integra, no sólo desconocen, sino que flagrantemente infringen».
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ, Vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial ABC 27 Agosto 2002
En el día de ayer, la sociedad española ha asistido a dos decisiones de diferente naturaleza, pero de una indudable trascendencia jurídica y política. Por un lado el magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional decide, dentro de un proceso criminal, suspender todas las actividades del partido político Batasuna y de su antecesores (HB-EH), y por otro, el Congreso de los Diputados, aprobó una proposición no de ley, instando al Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización ante la Sala Especial del Tribunal Supremo.
Son dos actos trascendentes en si mismos y trascendentales para la historia política y jurídica de España. Vaya por delante mi pleno respeto a la independencia judicial y política, del magistrado y de los Grupos Parlamentarios respectivamente, relegando el único fin de las presentes palabras a reflexionar sobre algunos aspectos jurídicos y en menor medida políticos.
Las dos vías iniciadas no sólo son compatibles, sino que además, cuando concurren los hechos típicos en ambas, resulta necesario su ejercicio. La reciente Ley Orgánica de Partidos Políticos establece que la disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal, o cuando, entre otras causas, de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas que se refieren en la propia ley.
El primer caso da lugar a la actuación del juez competente en el orden penal y el segundo, a la actuación de la Sala Especial (artículo 61 LOPJ) del Tribunal Supremo. La propia ley prevé que la eventual coincidencia en el tiempo de ambos procedimientos judiciales respecto de un mismo partido político no interferirá la continuación de ambos hasta su finalización, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos.
La coincidencia de ambas vías pone de relieve, en primer lugar, la plena existencia en nuestro Estado de Derecho de una real división de poderes y la consecuente independencia del Poder Judicial; en segundo lugar, la necesariedad de la actual Ley de Partidos, como en su momento adelantó el CGPJ en su informe al anteproyecto de la Ley. Ambas decisiones no están vinculadas ni ligadas por ningún ámbito de decisión o de voluntad común, sino que obedecen a una misma realidad, fruto de los presuntos hechos y actos llevados a cabo por los responsables del partido político en cuestión. Respecto de la vía penal, su indisponibilidad es absoluta, y me atrevería a predicar lo mismo de la vía constitucional establecida por la Ley de Partidos. No existe una relación, pues, de alternatividad entre ambas vías, que permita elegir, sino que ambas han de ser ejercitadas cuando concurren los supuestos fácticos que dan lugar a su aplicación. Se debe, pues, remarcar y respetar la absoluta independencia del juez instructor, el cual únicamente actúa sometido al imperio de la Ley.
En segundo lugar, demuestra la necesidad de la Ley de Partidos. Esta opta, en primer lugar, por contrastar el carácter democrático de un partido y su respeto del orden constitucional, atendiendo no a las ideas o fines proclamados por el mismo, sino al conjunto de su actividad. De este modo, los únicos fines explícitamente vetados son aquellos que incurren directamente en el ilícito penal; además, introduce medios de defensa frente a los radicales enemigos del sistema democrático, permitiendo la expulsión del proceso político de aquellos partidos políticos que se hayan propuesto suprimir el propio proceso político, y para ello prevé una serie de causas de ilegalización.
Por eso se pueden producir actos que, sin ser delictivos, supongan una clara vulneración de los principios democráticos, y en este caso se aplicará la Ley de Partidos; estos mimos actos pueden concurrir con otros delictivos que darán lugar a la actuación en la vía penal, los cuales, en caso de merecer la calificación de asociación ilícita, también podrán determinar la disolución judicial del partido político; y por último la Ley de Partidos no entiende las ideas y fines como susceptibles de vulnerar los principios democráticos, puesto que cualquier idea por mas que esté en contra del sistema constitucional, se respeta, salvo que incurran en un supuesto criminal, en cuyo caso actuará también la vía penal.
Por todo ello se debe afirmar la plena necesariedad de la existencia de la Ley de Partidos y en concreto de las causas de ilegalización y disolución de los partidos políticos; su plena compatibilidad con la actuación del orden penal y la falta de alternativa entre ambas vías.
En cuanto a la vía constitucional iniciada por el Parlamento y el amplio consenso con el que parte, no es más que el ejercicio de un interés legítimo que, indudablemente, tienen los representantes populares en la defensa del sistema democrático frente aquellos que puedan pretender su aniquilamiento. Tal punto de partida ni limita ni mengua la independencia del órgano judicial llamado a enjuiciar el caso, el cual se encuentra sometido exclusivamente a la Ley, a la par que amparado por la misma.
La Ley de Partidos Políticos nace como un óptimo instrumento dirigido a la protección del sistema democrático y supone un reforzamiento del actual Estado de Derecho, lo que unido a la plena independencia de la que gozan nuestros jueces y Tribunales, nos debe a todos hacer anidar una plena confianza en su correcta aplicación por aquellos.

References: artículo 6
 artículo 129
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