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Timestamp: 2018-02-21 16:03:34+00:00

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Mujeres indigenas en el salvador by Consejo Coordinador Salvadoreño - issuu
MUJERES INDÍGENAS EN EL SALVADOR: LAS SIEMPRE “ENCOMENDADAS” A LA INJUSTICIA “En esta hora de América Latina y el Caribe, urge escuchar el clamor, tantas veces silenciado, de mujeres que son sometidas a muchas formas de exclusión y violencia en todas sus formas y en todas las etapas de sus vidas. Entre ellas, las mujeres pobres, indígenas y afroamericanas han sufrido una doble marginación. Urge que todas las mujeres puedan participar de la vida eclesial, familiar, cultural y económica, creando espacios y estructuras que favorezcan una mayor inclusión”. (V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn. 16, 4) DOCUMENTO CONCLUSIVO. Aparecida, 13-31 de mayo de 2007)
Introducción El acceso a la justicia es en la actualidad una prerrogativa esencial, universalmente reconocida para las personas. Como tal, es indispensable para la vigencia del Estado de Derecho en una sociedad democrática y puede ser visto tanto desde la óptica de “derecho” como de “servicio”. 1 Desde el primer ángulo, la justicia es un derecho humano anterior y superior a la autoridad estatal, de carácter universal; de ésta depende la seguridad jurídica de las personas, el orden social y la paz.2 Desde el segundo se entiende que “la justicia como servicio, es un deber estatal destinado a garantizar el acceso efectivo a los más desfavorecidos”.3 En otras palabras, garantizar el acceso a la justicia se traduce en la posibilidad real de reivindicar derechos conculcados a través de mecanismos adecuados, funcionales y eficaces, que garanticen una resolución favorable al atropello recibido en plenas condiciones de igualdad. Sin embargo, es notorio que en diversas realidades existen situaciones muy particulares de índole estructural, cultural, económica, social y de género, entre otras, que colocan en condición de desventaja a ciertos grupos de personas por las especiales circunstancias en que se encuentran, las cuales obstaculizan sus posibilidades de comparecer –sin ninguna traba– a solicitar y obtener la solución justa de un conflicto ante las autoridades competentes. En El Salvador existen diversos segmentos poblacionales que se encuentran en dicho estado; entre éstos están las mujeres y los pueblos indígenas.
Sommer, C.G. Acceso a la Justicia. El rol universitario en la exigibilidad de derechos, véase página electrónica: http://cedha.org.ar/docs/doc132-spa.htm 2 Cuya, E. Las Comisiones de la Verdad en América Latina, Revista Memoria, de Dkumentations und informationszentrum Menschenrechte in Lateinamerika http:// www.derechos.org/Koaga/iii/1/cuya.html 3 Méndez, J.E. El acceso a la justicia, un enfoque desde los derechos humanos, publicado en: Foro de Acceso a la Justicia y Equidad en América Latina. Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Banco Interamericano de Desarrollo. San José, Costa Rica, 2000, p. 18.
Para el caso se tiene que los “roles, profesiones, cargos públicos que hombres y mujeres tienen en la sociedad son valorados de forma diferente, en la política hay más hombres que mujeres ejerciendo cargo de diputados, más hombres policías en la PNC, hay más mujeres maestras de primaria, sobre todo en parvularia y más directores, más enfermeras que hombres enfermeros (…) Existe la creencia de que el quehacer público de las mujeres vale menos (…)”4 A lo anterior se suman las situaciones de violencia dentro de las familias, el machismo y la irresponsabilidad de los hombres en cuanto a la crianza y manutención de los hijos y las hijas, entre otros rasgos de discriminación y vulnerabilidad de las mujeres. En ese marco, se debe considerar la discriminación que sufren los pueblos indígenas partiendo de un asunto básico: su deliberada y casi total ocultación. “(…) la mayoría de los residentes de San Salvador, la capital, afirman que los indios ya no existen y a los extranjeros se les dice siempre que la cultura indígena se ha abandonado, con excepción quizá de algunos núcleos aislados sumamente pobres e insignificantes en las zonas remotas del sector rural”. Eso asegura el estadounidense Mac Chapin.5 Por tanto, se está ante una situación de alta complejidad para el acceso a la justicia de una mujer indígena pues –tal como lo afirma María Cristina Hernández– 6 “actualmente, las mujeres somos discriminadas doblemente: por ser mujeres y por ser indígenas”.7 Y eso ocurre en un país, El Salvador, con una historia marcada por la existencia de un Estado –en palabras del rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)– “fuerte con los débiles y débil con los fuertes”, donde la justicia no alcanza para la población mayoritaria. 1. Para el Estado, que desaparezcan Si dependiera de ese Estado, los pueblos indígenas no existieran en el país. Desde la mal llamada “conquista” del territorio nacional y la época colonial 8 hasta llegar al despojo de las tierras comunales que les dejaron cuando el poder 4
Parducci, Gilda y otra. Sociedad y desigualdad de género. Plataforma de las mujeres salvadoreñas, 1999-2000, publicado por Las Dignas, diciembre 2004. 5 Chapin, Mac. La población indígena en El Salvador, Colección Antropología e Historia, número 20. Dirección del Patrimonio Cultural Antropología Social, Dirección de Publicaciones e Impresos del Ministerio de Educación, San Salvador, 1990. 6 Líder indígena de la Asociación Coordinadora de Comunidades Indígenas en El Salvador 7 Hernández, María. Derecho de los Pueblos Indígenas, Memorias IV Congreso lingüístico: “Pueblos indígenas de El Salvador y sus fronteras”, p. 227, profitexto, San Salvador, 1998. 8 Entonces se instauró “la institución del compadrazgo” que Segundo Montes, jesuita fundador del Socorro Jurídico Cristiano y del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)– la contextualiza afirmando que “es previa al descubrimiento y conquista de América, y que es traída de Europa por los españoles. La motivación religiosa es un elemento muy importante en todo el proceso, así como la finalidad de la explotación económica de los territorios. El instrumento que se crea para obtener ambos objetivos es la institución de la encomienda y el repartimiento. Dadas las circunstancias objetivas e históricas, el encomendero se convierte en el padrino de los neófitos. El compadrazgo que de ahí surge se convierte, a su vez, en el instrumento para crear una estructura de dominación-explotación de la población indígena. Esa estructura, que beneficia y asegura el poder imperante, se perpetuará, ya sostenida por las fuerzas sociales a las que beneficia (…)” . Ver, Montes, Segundo. El COMPADRAZGO. Una estructura de poder en El Salvador, Colección ESTRUCTURAS Y PROCESOS, dirigida por Guillermo Manuel Ungo, Serie Mayor, Volumen 2, Primera edición, UCA/EDITORES, 1979, p.101.
económico y político introdujo el cultivo del café, esa ha sido la constante. Después se perpetró el genocidio de 1932, mediante el cual se eliminaron decenas de miles de sus integrantes sobre todo en la zona occidental del territorio nacional;9 quienes sobrevivieron a la matanza fueron obligados de hecho a buscar y utilizar el “refugio” de la mimetización o la huida al exterior, sobre todo hacia Guatemala y Honduras. Hace tres años, Cristina Ramírez hacía memoria de la prohibición ordenada por el general Maximiliano Hernández Martínez, responsable último de la matanza y presidente de facto, de usar el refajo. "Yo regresaba de Guatemala –contó la anciana, entonces de 93 años– cuando todo pasó y mis amigas me decían que no usara el refajo porque me iban a matar; (...) en ese entonces nadie pateaba la calle, no se miraban hombres, los mataron a todos; a otros, pobres, se los llevaron capturados".10 El sistema de justicia, entonces, no se conmovió y mucho menos se movió a favor de las víctimas. En lugar de investigar los hechos y sancionar a sus responsables, la Asamblea Legislativa decretó una amnistía cuyos dos primeros artículos se leen a continuación: “… Por tanto, en uso de la atribución 22a que le confiere el Art. 68 de la Constitución Política, Decreta: Art. 1: Se concede amplia e incondicional amnistía a favor de las personas que hubieren participado en la rebelión comunista de los días veintidós y veintitrés de enero próximo pasado, en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate o Ahuachapán o en otras poblaciones; quedando exceptuados los individuos que aparecieren culpables de los delitos de asesinato, homicidio, robo, incendio, violación y lesiones graves. Art. 2: Asimismo, se concede amplia e incondicional amnistía a favor de los funcionarios, autoridades, empleados, agentes de la autoridad, y cualquiera otra persona civil o militar, que de alguna manera aparezcan ser responsables de infracciones a las leyes, que puedan conceptuarse como delitos de cualquier naturaleza, al proceder en todo el país al restablecimiento del orden, represión, persecución, castigo y captura de los sindicados en el delito de rebelión antes mencionado”.11 De esa forma evadieron su merecido castigo los responsables militares y civiles de los hechos sangrientos; el desprecio a las víctimas a las cuales nunca se les hizo 9
“Según los datos de que dispongo, me parece que el número de 25,000 muertos no es exagerado, y que tal vez haya sido rebasado. En ese caso, la proporción de muertos respecto a la población del país, calculada en esa época en millón y medio de habitantes, se eleva a 1,66% de esa población. Pero si nos referimos únicamente a los cuatro pueblos de la investigación (Izalco, Nahuizalco, Juayúa y Tacuba), y de la cifra de 25,000 tomamos para esos municipios nada más que 10,000 muertos, frente a una población que sería de unos 35,000 (…), los muertos representarían el 28,55% de la población de los cuatro municipios”. Ibíd., p. 191. 10 García Dueñas, Lauri. Ancianos de Izalco recuerdan masacre de miles de indígenas 1932, Agencia EFE, 23/01/2005. 11 Decreto 121 de la Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Salvador, emitido el 11 de julio de 1932.
justicia, derivó en las consecuencias arriba apuntadas en cuanto al obligado vivir en silencio y disimulo para los pueblos indígenas. A partir de la mitad del siglo XX, se comenzó a escuchar un discurso oficial cada vez más fuerte divulgando su “verdad” sobre estos pueblos, con afirmaciones como la siguiente: “(...) en El Salvador no existen poblaciones indígenas, ni otras poblaciones tribunales (sic) y semitribuales (sic) que no se hallen integradas a la colectividad nacional y cuya situación social, económica, o cultural les impida beneficiarse plenamente de los derechos y oportunidades de que disfrutan los otros elementos de la población; (...)”.12 La violencia también genocida de los ochenta y principios de los noventa durante el siglo inmediato anterior, agravada por el enfrentamiento armado entre las tropas gubernamentales y guerrilleras, también tuvo su impacto negativo en el complejo desarrollo de estos pueblos afectándolos como víctimas mortales u obligándolos a su desplazamiento forzado; asimismo, fueron violentados en sus formas de vida y sus costumbres al incorporarse –de manera voluntaria o no– a las tropas de los bandos beligerantes. Además de la masacre de Las Hojas,13 los pueblos indígenas sufrieron durante casi dos décadas la saña de la represión oficial y también –aunque en menor medida– por actos de violencia igualmente condenables ejecutados por la insurgencia. Después de lo ocurrido en 1932, quienes no murieron o no salieron del país se sumergieron y confundieron entre la población ladina del campo salvadoreño, que fue el escenario principal tanto de los enfrentamientos entre ambos bandos como de las graves violaciones de derechos humanos contra la población civil no combatiente y los crímenes de guerra. Casi en todos los rincones del territorio nacional, en unos más y en otros menos, ocurrieron hechos que se enmarcan en alguno de esos patrones impulsados como parte de la barbarie. Sin embargo, en este ámbito destacan tres departamentos: Chalatenango, Morazán y San Vicente. En el primero habitan comunidades de los pueblos indígenas Nahua-pipil y Chortí; en el segundo de los pueblos Kakawira y Lenca en el tercero.
El 18 de septiembre de 1958, hace casi medio siglo, la Asamblea Legislativa ratificó el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas mediante el Decreto 2709. El texto citado es parte del considerando de la Comisión de Relaciones Exteriores y Justicia de la misma, incluido en su Dictamen del 11 de septiembre del mismo año. Fuente: Expediente 62 de 1958, Archivo de la Asamblea Legislativa. 13 El hecho criminal más emblemático contra estos pueblos durante la guerra ocurrió el 22 de febrero de 1983 en el Cantón Las Hojas, departamento de Sonsonate. Casi ochenta personas pertenecientes a una cooperativa de la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños (ANIS) fueron ejecutadas por tropas gubernamentales, en una acción deliberada con la intervención de la llamada “defensa civil”, que era un sistema creado mediante el Decreto Ejecutivo N° 498, emitido el 9 de abril de 1976 para –en teoría– proteger y ayudar a la población a superar las consecuencias de desastres o calamidades públicas; en la práctica desarrollaron labores de espionaje, información y represión bajo las órdenes de los militares, sobre todo en las áreas rurales. Los cadáveres aparecieron con el “tiro de gracia”. Los responsables de la masacre permanecen en la impunidad amparados por otra amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa el 28 de octubre de 1987.
De Tobías Orellana –sobreviviente de la masacre en el río Sumpul, Chalatenango, ocurrida en mayo de 1980– publicó su testimonio “La Tribuna Hispana”, a mediados del 2004. “El río –afirmó entonces el campesino– estaba crecido, un silencio infernal reinaba en el lugar. A pocos metros del río, el ejército salvadoreño se preparaba para llevar a cabo una de las masacres más horripilantes en la historia de El Salvador. Fue así como de repente cayeron como animales salvajes, asesinando a todo humano que se atravesara en su camino (...) Lo primero que recuerdo son cómo los niños eran lanzados al aire y los soldados los esperaban con sus cuchillos en el fusil donde caían clavados, mientras los otros reían. Y cuando observaban que un campesino inocente corría a salvar a su familia, le disparaban ráfagas de balas con una ametralladora M-60, junto a los niños y mujeres sin importar edad (...) Mi hermana se salvó por milagro de Dios y porque se escondió en un matorral al otro lado del río. Se escondió muy bien y recuerda cada uno de los momentos vividos, los gritos de los niños, los cuerpos como eran partidos por las ráfagas, y el río de sangre bajo luna opaca”. Lo del cantón El Mozote, departamento de Morazán, fue similar. Parte del relato de Rufina Amaya, única sobreviviente de la matanza realizada en diciembre de 1981, es el siguiente: “Del helicóptero se bajaron un montón de soldados y entraron donde estábamos nosotros. Traían cuchillos de dos filos y nos señalaban con los fusiles. Entonces encerraron en la Ermita a los hombres (...) Ya eran las diez de la mañana. Los tenían maniatados y vendados, y se paraban sobre ellos (...) A las doce del mediodía terminaron de matar a todos los hombres y fueron a sacar a las muchachas para llevárselas a los cerros (...) Cuando llegué a la casa de Israel Márquez, pude ver la montaña de muertos que estaban ametrallando (...) Hacia las siete de la noche terminaron de matar a las mujeres. Dijeron „ya terminamos con los viejos y las viejas. Ahora sólo hay esa gran cantidad de niños que han quedado encerrados (...) vayan a ponerles fuego‟ (...) se oía el llanto de un niño dentro de la fogata (...)” Cabe preguntarse cuánta población indígena entremezclada con la ladina de esas zonas fue víctima de esos atroces hechos. ¿O habría que pensar que las fuerzas del régimen, en el marco de la guerra, distinguirían a esta gente para favorecerla? ¡Por favor! Así, la historia de los pueblos indígenas en el país es la que Jon Sobrino 14 ha descrito –para las mayorías populares de El Salvador– como la del pecado estructural por la flagrante violación de tres mandamientos de la ley de Dios: el séptimo, el quinto y el octavo en ese orden. Fueron víctimas del robo descarado de sus bienes y propiedades durante la “conquista” y la introducción del cultivo del café. Y cuando reclamaron por eso y por la defensa de otros derechos, fueron 14
Teólogo jesuita salvadoreño.
aniquilados en 1932 y de 1975 hasta 1991. Donde hay robo y muerte hay escándalo, dice Sobrino. Por eso –para cubrirlo– mintieron y rindieron falso testimonio los ladrones y los asesinos, quienes fueron y siguen siendo presentados como “héroes de la Patria”15 por sus cómplices; estos últimos, además decretaron diversas amnistías amplias y absolutas entre 1932 y 1993.16 Pero tras el fin del conflicto bélico y pese a no aparecer mencionados en los llamados “acuerdos de paz”, vieron ante sí la posibilidad de salir de las sombras y el escarnio en que habían permanecido durante siglos. Quizá son un poco más visibles a casi dieciséis años del “adiós a las armas”, pero no por la voluntad estatal sino por sus propios esfuerzos de organización y participación. No obstante, los pueblos indígenas continúan en una situación de total desventaja económica, social y judicial que no es asumida por las autoridades “occidentales”; las posibilidades de superarla desde el lado oficial son pocas o nulas debido a que –según el Estado– “no hay discriminación racial en El Salvador (...) ya que no existen grupos raciales diversos en su territorio”; por eso, consideran que no es “necesario tomar medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica y cultural para combatir los efectos de tal discriminación”.17 Es difícil identificarlos, afirma, “pues ellos mismos prefieren en ocasiones no asumir su identidad”.18 Eso sí, cuando se trata de vender el país al turismo ahí están las Panchas para posar por una miseria; ahí están vestidas con refajo, huipil y demás prendas, pero sin sueldo fijo ni seguro.19 A esas afirmaciones oficiales hechas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en las Naciones Unidas, luego se sumó otra afrenta –en el 2007– en el marco de la organización y realización del VI Censo de Población y V de Vivienda. Representantes indígenas trabajaron con instituciones estatales y especialistas en la materia, para elaborar las preguntas sobre su situación que se incluirían en el cuestionario a utilizar.
En febrero del 2007 intentaron nombrar –las fracciones legislativas de derecha– “hijo meritísimo de la Patria” al fallecido mayor Roberto D’Abuisson, quien es señalado por la Comisión de la Verdad como el fundador de los “escuadrones de la muerte” y el responsable del magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero. El 7 de mayo del mismo año, el actual presidente de la República recibió de manos del entonces Ministro de la Defensa Nacional un busto del coronel Domingo Monterrosa y expresó su admiración por éste, afirmando en su discurso oficial que debía ser el ejemplo para las nuevas generaciones de señoritas y caballeros cadetes; el coronel Monterrosa, ejecutado en un atentado durante la guerra por fuerzas insurgentes, es señalado por la misma Comisión como el responsable de la masacre de El Mozote. 16 La de 1993 fue decretada el 20 de mayo, cinco días después de la presentación pública de la Comisión de la Verdad, mediante el Decreto Legislativo 486 para –según su primer artículo– conceder “amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte antes del 1 de enero de 1992, ya sea que contra dichas personas se hubiere dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimiento por los mismos delitos, concediéndose esta gracia a todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en los hechos delictivos antes referidos (…)” 17 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Naciones Unidas. Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, El Salvador, número 9, 68º período de sesiones, 20 de febrero al 10 de marzo de 2006. 18 19
Ibíd., número 15. http://www.laprensagrafica.com/dominical/866943.asp
En la denuncia y protesta pública de la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre Asuntos Indígenas,20 de mayo del mismo año cuando se realizaba el evento nacional, quedó claro que “por razones no explicadas e inaceptables, las mismas fueron modificadas y redactadas de tal manera que, con mucha probabilidad, muy pocas personas se identificarán como descendientes de los pueblos originarios que habitan, lo cual reflejará una falsa imagen de la sociedad multicultural que todavía caracteriza a nuestro país”. Con firmes y fuertes señalamientos como “injustificado proceder” y “vergonzosa decisión”, la Mesa Permanente se opuso con antelación a “cualquier resultado que arroje el Censo en el que se invisibilice la existencia de comunidades indígenas” en territorio salvadoreño.21 Precisamente por todo lo anterior, en el ámbito de la impartición de justicia no es la excepción lo que ocurre: también son víctimas de la impunidad, reinante y extendida en el país pese a los compromisos establecidos en los acuerdos que le pusieron fin a la guerra. 3. El endeble “marco jurídico” que “ampara” a los pueblos indígenas Hay que ver otro elemento que vuelve más precario el acceso a la justicia para la población indígena: la falta de normas legales para garantizarlo. Y hay que empezar por la Constitución de El Salvador, que contempla en su artículo tercero la igualdad de todas las personas ante la ley, para “el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión”. Además, el 38 determina entre otros asuntos relativos al trabajo, lo siguiente: “En una misma empresa o establecimiento y en idénticas circunstancias, a trabajo igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que sea su sexo, raza, credo o nacionalidad”. Posteriormente, en el 47 dice: “Los patronos y trabajadores privados, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas (..)” Sin mencionar a cuales se refiere, determina en su artículo 62 lo siguiente: “…Las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional forman parte del patrimonio nacional y serán objeto de preservación, difusión y respeto”. Y, finalmente, el siguiente afirma: “La riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes especiales para su conservación”. A ese abordaje interno dentro de la legislación –más que indirecto y tímido, nulo– de los derechos de los pueblos indígenas, se suma otra referencia dentro del Código Penal que establece en su artículo 246 pena de prisión de seis meses hasta dos años a quien produjere una grave discriminación en el trabajo, entre otras, por razón origen y raza. El artículo 361 del mismo Código reza así: “El que con el propósito de destruir parcial o totalmente un determinado grupo humano, por razón de su nacionalidad, raza o religión, cometiere homicidios u ocasionare 20 21
Creada durante la administración de la procuradora Beatrice Allamani de Carrillo, el 8 de agosto del 2005. Ver Anexo 1.
daños corporales o psíquicos a miembros del grupo o los sometiere a condiciones que hicieren difícil su subsistencia o les impusiere medidas destinadas a impedir su reproducción o realizare el desplazamiento violento de personas hacia otros grupos, será sancionado con prisión de diez a veinticinco años”. Y agrega: “La sanción podrá aumentarse hasta treinta años si el directamente responsable de cualquier acto de genocidio fuere un funcionario civil o militar. La proposición y la conspiración para actos de genocidio, serán sancionadas con prisión de seis a doce años; y la incitación pública para cometer genocidio, será sancionada con prisión de cuatro a ocho años”. En lo internacional se tiene que El Salvador aprobó y ratificó en 1958 el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre poblaciones indígenas y tribales; en 1979 aprobó y ratificó la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Además, al ser parte de otros instrumentos internacionales, es ley de la República todo lo relativo a la diversidad cultural y contra la discriminación que contemplan el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre los Derechos del Niño; y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Considerando lo anterior, como se observa en el siguiente cuadro, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coloca al país en el lugar decimosexto del índice de Legislación Indígena en las Américas.22 CUADRO 1 1. Colombia 2. Venezuela 3. Bolivia 4. Perú 5. Ecuador 6. Brasil 7. Costa Rica 8. Nicaragua 9. México 10. Panamá 11. Argentina 12. Paraguay 13. Guatemala 14. Chile 15. Honduras 16. El Salvador 17. Guyana 22
76.66% 71.65% 71.57% 65.92% 64.81% 63.53% 62.26% 57.06% 54.51% 53.08% 52.14% 51.67% 41.87% 39.79% 34.41% 12.40% 11.19%
Ver http://www.iadb.org/sds/IND/ley/leyn/datamap.cfm
18. Suriname 19. Uruguay 20. Belice
9.07% 7.33% 7.33%
2. El rol de las mujeres indígenas A través de consultas bibliográficas, visitas a comunidades indígenas y conversaciones sostenidas con dirigentes de diversas organizaciones sociales vinculadas con la materia, se han podido determinar los rasgos básicos del rol de la mujer dentro de dichas comunidades. La cosmovisión de los pueblos originarios en El Salvador destaca el papel de la mujer como parte importante de su organización. La manera en que ellas son entendidas difiere en puntos básicos sobre la concepción occidental; incluso para las y los indígenas, resulta curioso que se investigue si existe “discriminación” de las mujeres ya que dicho concepto no lo tienen incorporado en su cultura. Para estos pueblos, un hecho relevante relacionado con las mujeres indígenas lo constituye el “eclipse de venus” –el “lucero de la madrugada”, el “nixtamalero”– ocurrido el 8 de junio del 2004. Es entonces cuando se descubre una señal divina que, de manera muy especial, significa darle mayor ímpetu al compromiso de la mujer indígena en el papel vital que desempeña: como “sostenedoras de la vida y la cultura”. En ese escenario, la mujer es vista como una guía para los hombres y para la niñez de los pueblos originarios dado que alimentan, crían, sostienen y transmiten la vida misma y la cultura propia. Las mujeres no sólo dan vida y cultura; además, las sostienen. Cuando una madre indígena muere, entonces de verdad se quedan huérfanos y huérfanas; es una separación brutal, pues se quedan sin el sostén de la vida y la cultura. El mantenimiento de sus raíces como pueblos lo deben a las abuelas, que a su vez recibieron la cultura de sus propias abuelas hasta llegar a Tupal-Nancin o Tunancin, la “gran abuela”, que es el corazón de la Tierra. Eso los hace conceder un carácter de deidad a todas las mujeres, pues en ellas hay una “innegable presencia de la divinidad”; agredir a alguna mujer y disminuirla, atacarla u ocasionarle algún mal es inaceptable para sus valores y creencias. Es igual que el respeto-veneración que profesan por la naturaleza, los árboles, los animales y todo lo creado, a quienes atribuyen origen divino; su mitad es Dios y, por tanto, todos son iguales en divinidad. Asimismo, se nota que los oficios domésticos y el cuido de los hijos e hijas son las tareas principales de la mujer indígena. Según las fuentes consultadas, “se presenta una división del trabajo para hombres y mujeres; pero en la realidad, varios oficios y dones son desempeñados de igual manera por ambos sexos.
Como es el caso de la participación en las labores agrícolas y oficios de la casa, como halar agua y traer leña”.23 Pese a todo ello, resulta innegable que en la realidad la “situación actual de nuestras hermanas indígenas es especialmente crítica. La subordinación de éstas respecto al hombre es una característica común de las condiciones de vida de todos los pueblos, incluidos nuestros pueblos indígenas”.24 Sin embargo, puede notarse que existe liderazgo femenino en la comunidad indígena; aunque numéricamente, es predominante el liderazgo masculino. Por ejemplo, fue interesante constatar en una reunión con el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS) que de las doce personas líderes que participaron en el encuentro, cuatro eran mujeres; es decir, el 33.33%. Eso evidencia una innegable participación femenina en los cargos de conducción comunitaria, pero en condiciones de minoría desde su perspectiva cuantitativa. Aunado a ello, se ha constado la existencia de lideresas en el componente espiritual o de apoyo comunitario. Las mujeres tienen un destacado papel para curar a los hijos, así como en su alimentación física y espiritual; hay mujeres chamánes que deben imponerse a sus maridos para asumir con normalidad sus funciones y desarrollar actividades que, muchas veces, llevan a cabo en horarios no convencionales y tienen que lograr ejecutarlas, incluso, despojadas de cualquier tipo de morbosidad. Las mujeres desarrollan esta misión por vocación, por naturaleza. En ese escenario, se advierte un peligro: se están terminando las mujeres ancianas. “Las mujeres indígenas –sostiene Betty Pérez, dirigente del Movimiento Autóctono Indígena Salvadoreño (MAIS) y coordinadora del CCNIS– participamos con muchas limitaciones y dificultades en las estructuras organizativas locales del país; es muy limitada dicha participación, en primer lugar por las múltiples ocupaciones de las mujeres y además por la falta de sensibilización de los compañeros líderes, locales y nacionales, a ceder espacios reales de participación y fortalecer los niveles de incidencia de las mujeres indígenas. Este tema es bastante fuerte ya que las mujeres, no sólo las indígenas, tenemos que enfrentarnos a diferentes niveles de discriminación”. Lo difícil de esa participación en lo local, explica porque en otros niveles no tiene un rol protagónico. Además, la lideresa antes citada advierte que “no ha existido ningún interés de visibilizar la problemática indígena en general, mucho menos si se trata de un problema de mujeres indígenas. Se nos ve con menosprecio, principalmente por el Estado salvadoreño”. Otra gran amenaza se cierne sobre la cultura indígena nahuat. Antes venía de España; ahora, de Estados Unidos de América. Están utilizando otra cultura 23
Ministerio de Educación, CONCULTURA. Perfil de los pueblos indígenas en El Salvador, primera edición, página 53. Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS). Pueblos Indígenas, Salud y Condiciones de Vida en El Salvador, Econoprint, S.A. de C.V., página 25. 24
indígena para destruir la cultura nahuat. Desde la “santería” proveniente de Cuba que pasa por México y Guatemala, se quiere presentar como “ceremonias mayas” todo. 3. Principales atropellos que sufren las mujeres indígenas Para abordar este aspecto, se debe mencionar que El Salvador es un país en el cual imperan particulares circunstancias de violencia generalizada que afectan a toda la población; esto puede llegar a ser, en determinado momento, más acentuado en sectores en desventaja como las mujeres indígenas. Junto a lo anterior, se debe mencionar que en el 2005 el 65% de los hogares a escala nacional tenían al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI).25 El mismo año, el 42.1% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza. Esta se concentraba en el 36% de la población urbana y en el 50.2% de la población rural.26 Esto último resulta de gran relevancia si se toma en cuenta que la “mayoría de población indígena vive en la zona rural y que de acuerdo con las condiciones de la vivienda, trabajo, acceso a servicios públicos, situación laboral, comercio y transporte, la situación socioeconómica de la familia indígena se califica de la siguiente manera:  el 38.3% se calificó en pobreza extrema  el 61.1% en pobreza  el 0.6% con cobertura de sus condiciones básicas de vida”.27 Así se tiene que diversos factores sociales, económicos y culturales influyen en el tipo de vulneraciones que sufren las mujeres indígenas y que deben ser solventadas por los sistemas de justicia. Con todo, ha sido claro que los líderes, las lideresas y miembros de las comunidades indígenas admiten la presencia de la violencia dentro de las familias en sus comunidades, aunque hay quienes –la mayoría– la matizan como una influencia negativa de la cultura occidental. Mencionan que han tenido varios casos en que los hombres han cometido vejámenes contra mujeres y contra la niñez, sobre todo bajo los efectos del alcohol. Sostienen que la violencia contra la mujer indígena y su discriminación datan desde la conquista. Se dio en un marco en el que les quitaron a los pueblos originarios sus posesiones, los hicieron pobres y ahora los llaman ladrones, brujos y más. 25
Entiéndanse como aquellas fundamentales para mejorar la capacidad y condiciones de vida de las personas u hogares tales como calidad de vivienda, hacinamiento, agua potable, saneamiento, ecuación, salud y electricidad. 26 Lara, E. Empleo y pobreza: Estado de indicadores, Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), San Salvador, mayo del 2007, página 27. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al analizar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio por parte del Estado salvadoreño, sostuvo en mayo del año en curso que –de superar asuntos “metodológicos” en la medición oficial– en el 2005 la población salvadoreña en situación de pobreza relativa alcanzaría el 58.4% y en pobreza extrema el 27.7%. 27 Ministerio de Educación, CONCULTURA, Op cit. Pág. 60.
Igualmente, muchas mujeres indígenas consultadas hicieron hincapié en que sufrían constantemente discriminaciones por su origen y que dichos atropellos provenientes de la sociedad occidental se concretaban en burlas a su vestimenta, tradiciones y costumbres. También coincidieron con los líderes y las lideresas en que las mujeres a veces eran también maltratadas por sus maridos indígenas por el hecho de ser mujeres y, en suma, por considerarlas incapaces de realizar otros trabajos distintos al de los domésticos. Señalaron que la pobreza y los problemas de acceso al estudio les ocasionan graves perjuicios; además, sufren los embates de la violencia que en general –tras el fin de la guerra– se ha desatado en el país en sus más diversas manifestaciones y a través de distintos delitos.28 ¿Cómo afecta esa violencia a las mujeres en el país? Sin ánimo de disminuir lo ocurrido en otros países, pero sí con el interés de dimensionar el fenómeno, cabe señalar que en el 2003 Amnistía Internacional publicó el informe “Muertes intolerables: Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”,29 en el que se ponía de relieve un patrón común de homicidios y secuestros de mujeres ocurridas desde 1993. El informe concluía que más de trescientas setenta mujeres habían sido asesinadas en diversos contextos, un tercio de los cuales posiblemente apuntaba a la violencia sexual; además, se encontraban setenta desaparecidas. En un gran número de casos todavía no se había procesado a los autores y persisten dudas acerca de la solidez de las actuaciones judiciales debido a las denuncias de tortura para “resolver” algunos. En el caso salvadoreño fue asesinado un número similar de mujeres: trescientas. La quinta parte de esos hechos ocurrió dentro de sus hogares. Sólo que el total de estas víctimas se contabilizó en un período menor: únicamente durante los primeros diez meses del 2007.30 En otro ámbito, destacan las mujeres indígenas salvadoreñas partícipes de esta investigación que ellas empiezan a “vivir sus responsabilidades muy tempranamente; desde niñas, no sólo preparan los alimentos sino acarrean agua, leña y colaboran en la crianza de sus hermanos y hermanas. Son responsables de la salud, alimentación y cuidado del grupo familiar; no tienen ninguna clase de prestación social y, además, muchas veces son sometidas a la violencia y humillaciones. Inician muy tempranamente su vida sexual uniéndose libremente a un hombre o casándose”.31 Finalmente, se debe considerar que muchas mujeres y adolescentes indígenas trabajan en el sector de la maquila y en el llamado “servicio doméstico”. En el 28
El Salvador es uno de los países más violentos de América Latina, con más de cincuenta homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. El 80% de los asesinatos se comete con armas de fuego. Al respecto, cabe mencionar que –según datos oficiales de mediados del 2006– eran 216,033 las armas registradas legalmente; se estima que la cantidad de armas ilegales es mucho mayor. 29 http://www.amnesty.org/es/alfresco_asset/deccc17a-a403-11dc-9d08-f145a8145d2b/amr410262003es.html 30 http://www.elmundo.com.sv/Mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=6293&Itemid=41 31 CCNIS, op. cit., página 25.
informe de la OIT del 2002 –"Sin descanso: Abusos contra niños trabajadores domésticos en El Salvador"– se afirma que, por realizarse en un lugar privado esta forma de empleo, es más complicado de monitorear para ubicar los abusos que se cometen contra quienes lo realizan. Sin embargo, el citado reporte documenta algunos como la vulnerabilidad ante el acoso sexual y el abuso físico. En este ámbito también es común que empleadores o empleadoras retengan los “papeles” –documentos de identidad– de sus empleadas, con el pretexto de evitar que se roben las pertenencias familiares o para impedir que se relacionen con personas ajenas a la casa, que tengan amistades o que salgan a pasear. Tales medidas limitan la libertad de estas personas y las colocan en una situación que algunos no dudan en calificar como una forma moderna de esclavitud. La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias –Yakin Ertürk– visitó en misión oficial El Salvador y Guatemala del 2 al 14 de febrero del 2004. En su informe sobre el primero de los países expresó al respecto lo siguiente: “39. La condición del empleado doméstico, que con mucha frecuencia vive en la casa privada en que trabaja, escapa a las normas de trabajo, es decir a la jornada de 8 horas y la semana de 44 horas. Los empleados domésticos pueden trabajar hasta 16 horas por día y en algunos casos todos los días de la semana”.32 En ese escenario, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no ha tenido el protagonismo esperado partiendo de sus atribuciones y su discurso. En la página electrónica de esa cartera se presume –como un logro importante de El Salvador– haber sido uno de los primeros Estados que ratificaron el Convenio 182 de la OIT, donde se plantea un compromiso oficial de eliminar las peores formas de trabajo infantil; sin embargo, en la práctica no existe la supervisión necesaria en trabajos como éste que se realiza sin contratos, horarios, prestaciones y otras medidas de protección para las niñas y mujeres que lo desempeñan. Tampoco existe la posibilidad de que coticen seguridad social; y sólo si la “patrona” es “buena”, le abona a una cuenta previsional. 4. El acceso a la justicia para las mujeres indígenas Tomando en cuenta lo anterior, ante los diversos problemas que enfrentan las mujeres indígenas, el primer mecanismo de reivindicación y/o protección de sus derechos se ubica en el propio sistema de justicia comunitario. En El Salvador –dice CONCUTURA– “existen pueblos en donde, a pesar de la legislación moderna, se mantienen las tradiciones y costumbres ancestrales que forman una especie de derecho consuetudinario y que se conserva a través del
Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias acerca de su misión a El Salvador (2 a 8 de febrero de 2004), ver http://www.unfpa.org/derechos/documents/relator_violencia_salvador_04.pdf
tiempo. Ejemplo de ello son los alcaldes del Común, cuyas funciones principales son de carácter conciliatorio y espiritual”.33 De esta manera, los líderes y las lideresas indígenas coinciden en manifestar que –por ejemplo– cuando ocurre un hecho de violencia dentro de la familia contra una mujer de la comunidad, convocan a las personas afectadas y tratan de solucionar el problema; al respecto, cada colectividad tiene su propio reglamento interno. En Izalco, por ejemplo, se cuenta con un Alcalde del Común para analizar y decidir cuando estos hechos tienen lugar. Aunque es claro que se utiliza este derecho indígena, siempre y cuando el conflicto se dé entre los miembros de la comunidad. Si el caso es muy grave se denuncian los acontecimientos ante las autoridades estatales correspondientes para solicitar la intervención de policías, fiscales o jueces. Eso lo confirma Pérez, al abordar lo relativo a la violencia dentro de las familias. Ésta, afirma la dirigente, “se da en las comunidades, pero muchas veces no se da a conocer a otros niveles. Aunque cuando existen comunidades organizadas bajo las normas indígenas, todos estos problemas se resuelven bajo las leyes internas comunitarias; aunque estos problemas son bien difíciles de tratar. Asimismo se dan otros conflictos que de igual manera se trata de resolver primeramente con las normas internas de la comunidad y si los problemas son muy complicados se busca las leyes occidentales. En el caso de comunidad indígenas de Tonacatepeque, existe además del Estatuto un Reglamento Interno al que cada socio conoce y sabe dichas normas; se regulan por ejemplo las bebidas alcohólicas, los animales domésticos, los sonidos altos, así como conflictos entre socios o hijos de socios, el tema de tierras, entre otros”. Normalmente, cuando los liderazgos comunitarios deben asumir el papel de impartir justicia mediante un procedimiento oral, no codificado, se desarrolla un ejercicio persuasivo de la autoridad y a través del cual se establecen sanciones en los casos que conocen y lo ameritan. Para la materia que se examina, las mujeres acuden ante el liderazgo de la comunidad cuando se trata de disputas conyugales, robos de poca monta, pleitos callejeros y hechos similares. Como se ha afirmado, existe un sentimiento generalizado y una actitud extendida entre los liderazgos y las comunidades consultadas cuando no se logran superar los problemas desde el derecho indígena. Si el caso lo amerita, se avocan a los sistemas occidentales; sin embargo, es poca o nula la confianza que muestran en cuanto a la efectividad de éstos debido a que no son escuchados y escuchadas por dichas autoridades entre las cuales mencionan a los juzgados, la Fiscalía General de la República y, sobre todo, la Policía Nacional Civil; por tanto, lo que les queda es la búsqueda de apoyo en instituciones como CCNIS u otras como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para solventar sus contrariedades. 33
Ministerio de Educación, CONCULTURA. Op. cit., página 91.
Ese no ser escuchados y escuchadas tiene que ver, en buena medida, a las serias falencias del sistema de justicia salvadoreño. Cuando integrantes de los pueblos indígenas buscan justicia en los organismos estatales se encuentran además con otros obstáculos, que el procurador adjunto de Derechos Humanos los sintetiza en los siguientes: deficiente despliegue territorial e infraestructural, burocracia, escasa formación técnica y jurídica de los operarios, tráfico de influencias y formalismo procedimental excesivo. Pero, además, están la pobreza y la falta de cultura de denuncia; el desconocimiento de los derechos propios y de los medios de hacerlos valer; y el descrédito del sistema formal de justicia y la consiguiente desconfianza.34 Sobre esta última cuestión, el de la desconfianza de la población en general hacia las instituciones encargadas de investigar los delitos e impartir justicia, se tiene datos recientes del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. 35 Durante la encuesta para evaluar la situación del 2007 al final del año, la opinión de la gente sobre cuánta confianza tenía en la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se incluye en el siguiente cuadro de elaboración propia. CUADRO 2 INSTITUCIÓN PNC FGR CSJ
NINGUNA 25.2% 31.5% 32.4%
POCA 39.2% 46.2% 45.7%
ALGUNA 17.9% 12.3% 12.1%
MUCHA 17.7% 10.0% 10.0%
Como puede observarse, la nula y la poca confianza en los tres casos superan el 50% de las opiniones. La PNC es la que aparece “mejor” evaluada, con un 35.6% que le tiene alguna o mucha confianza. En cambio, la FGR y la CSJ –la primera dirige funcionalmente la investigación del delito que realiza el cuerpo policial y la segunda es la “cabeza” del órgano estatal encargado de impartir justicia– sólo alcanzan un 22.3% y 21.9%, respectivamente. Además, con la intención de concretar más el análisis, se consultó a la abogada Karla Molina Ciriani36 sobre la situación del acceso a la justicia para las mujeres en El Salvador. Al respecto, recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado que el acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. Y. Específicamente, considera que una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera 34
Entrevista con el procurador adjunto de Derechos Humanos, Salvador Menéndez Leal, en la sede principal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; realizada el miércoles 31 de octubre del 2007. 35 Ver http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/Web/2007/Informe114.pdf 36 Abogada del IDHUCA e integrante de la Asamblea general de Las Dignas.
no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad. Para hacer un análisis con enfoque de género de la administración de justicia, y retomando la metodología planteada por Alda Facio, es necesario reconocer que “la discriminación contra las mujeres no se da solamente porque los y las funcionarias judiciales y policías nos discriminan a la hora de aplicar las leyes genéricas, o porque las mujeres no conozcamos bien nuestros derechos otorgados en esas leyes genéricas, o porque no tenemos acceso a la justicia por razones ajenas a esas leyes genéricas, se debe también a las leyes que no existen, a todas las instituciones que no se han creado, y a la falta de una doctrina jurídica desde la perspectiva de la mujer como género subordinado. Pero por sobretodo, SE DEBE A QUE ESAS LEYES GENÉRICAS, EN REALIDAD SI TIENEN GÉNERO Y ESE GÉNERO ES EL MASCULINO”.37 De ahí que –según esta abogada defensora de los derechos de las mujeres– “a los graves problemas de retardación, corrupción, revictimización y, en suma, impunidad de que adolece el sistema de justicia salvadoreño, hay que agregarle el problema de la discriminación y la desigualdad que tienen que enfrentar las mujeres que buscan justicia”. En lo concerniente a las mujeres víctimas de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial Molina Ciriani afirma –desde su conocimiento práctico concreto– que al intentar éstas obtener justicia se tienen que enfrentar a “la segmentación que se hace de las necesidades de las víctimas en distintas competencias, debiendo acudir a distintas instancias: penal, familiar, administrativa (demanda por alimentos para hijos/as), lo que implica desgaste económico y emocional para las mujeres”. La señora Ertürk, en el mencionado informe final tras su visita al país en febrero del 2004, destacó lo siguiente: “66. A pesar del marco jurídico, las instituciones y los programas generalmente positivos que se acaban de describir, el Gobierno de El Salvador no está cumpliendo sus obligaciones dimanantes del derecho internacional de prevenir, investigar y perseguir de manera eficaz los delitos de violencia contra la mujer, debido principalmente a la discriminación sexista que caracteriza el sistema de justicia penal y a las incoherencias en la interpretación y aplicación de la ley. Los resultados de las ONG muestran que los jueces no tienen en cuenta la discriminación que sufren las mujeres, ni la relación de poder desigual entre hombre y mujer, cuando dictan sus fallos”.38 Acerca de los derechos económicos, sociales y culturales, la abogada Molina Ciriani expresa que “las mujeres trabajadoras, en su mayoría, se encuentran empleadas en el sector informal y el subempleo (35.3%); es decir, en nichos 37
http://www.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/grupos/gigesex/otrasmiradas/rev4_1/articulo_1.pdf Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias acerca de su misión a El Salvador (2 a 8 de febrero de 2004), ver http://www.unfpa.org/derechos/documents/relator_violencia_salvador_04.pdf 38
laborales con menos respeto de los derechos de la clase trabajadora. Y subrepresentadas, en general, en las ramas que tienen mejores salarios; 39 esto debido, principalmente, a la división sexual del trabajo y, por tanto, a la segregación ocupacional tanto horizontal como vertical. También deben enfrentarse a la impunidad frente a las violaciones de sus derechos laborales, sindicales y de seguridad social frente a un Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que claramente responde a los intereses económicos de unos pocos, y a una jurisdicción laboral que además adolece de los vicios de la administración de justicia”. Algo importante a considerar en la búsqueda de justicia, es el conocimiento que las mujeres en general y las indígenas en concreto conocen sus derechos para defenderlos en la práctica. Al respecto, Molina Ciriani señaló que Las Dignas 40 realizó un estudio que implicó la revisión de procesos relacionados con delitos contra la libertad sexual de mujeres y niñas/os, señala que existe “muy poca utilización de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará) y en los casos en que hay una relación directa, ésta se presenta más formal que con el verdadero objetivo de proteger los intereses de la víctima”41 Asimismo, dicho estudio pone en evidencia que no se encontró “ninguna referencia, (...) a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. No obstante, la recomendación general 19 – aprobada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer en su 11º período de sesiones– establece que la violencia es también una discriminación en contra de las mujeres, lo que hace aplicable dicha Convención”.42 Molina Ciriani agrega que, en ese mismo sentido, existe otro estudio43 que analiza la respuesta de la justicia a la violencia dentro de las familias. Entre sus conclusiones se afirma que “si bien todas las leyes surgen del derecho internacional de los derechos humanos y en especial de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar a Violencia contra la Mujer y deben interpretarse y aplicarse bajo el esquema de dicha normativa, quienes aplican e interpretan la [l]Ey desconocen los contenidos de tan importantes normas jurídicas”. “Este desconocimiento por parte de aplicadoras y aplicadores de justicia, de ambos instrumentos internacionales de protección es generalizado entre la población salvadoreña –continúa la abogada de derechos humanos y tiene como 39
Rubio, Silvia y otro, Mujer y Mercado Laboral, ORMUSA. 2007. Asociación de mujeres por la dignidad y la vida. Velado, María Margarita y otra. Sistematización sobre violencia sexual e intrafamiliar. Años 1998 a 2000. El Salvador, Las Dignas, 2003, p. 51. 42 Ibid. 43 Jiménez Sandoval, Rodrigo. Justicia en la Violencia Intrafamliar: El Salvador. Decreto Legislativo No. 902, 1ra. Edición – El Salvador: Justicia y Género, 2007 40 41
origen la falta de compromiso del Estado de asumir su contenido, y como consecuencia su escasa y pobre aplicación real. Por otra parte, la legislación secundaria que nace del desarrollo de estas convenciones, tiene una visión sesgada por un enfoque 'familista' (como centro la familia y no las mujeres), que oculta por ejemplo la violencia contra las mujeres, niñas y niños como una violencia patriarcal de género que produce normas, mecanismos e instituciones poco garantes y que a la larga revictimizan y dejan desprotegidas a las víctimas”. Sobre la CEDAW, afirma que “es importante señalar, las campañas que han lanzado grupos religiosos fundamentalistas, que mantienen una fuerte resistencia a la aprobación del Protocolo Facultativo de dicha convención. Por lo tanto, el poco conocimiento que la población, y en particular las mujeres, puedan tener sobre esta Convención, esta sesgado por la opinión generada por estos grupos”. Es, dicen, un “instrumento que promueve el aborto y las parejas entre homosexuales y de lesbianas”.44 En ese contexto, agréguese lo señalado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial incluyó como uno de sus motivos de preocupación en el 2006 cuando se refirió a “las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas en cuanto al acceso a la justicia, debido al alto costo de los procedimientos judiciales y la falta de servicios judiciales en áreas remotas”.45 Con relación al conocimiento de la legislación vigente en el país que podría utilizarse para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, Betty Pérez afirma lo siguiente: “Las mujeres indígenas de El Salvador, por esfuerzos realizados en cuanto a la socialización del tema del 169 de la OIT, si conocen en su mayoría este Convenio. En cuanto a la CEDAW,46 no se conoce mucho”. Como señaló antes la abogada Molina Ciriani, el Protocolo Facultativo de la mencionada Convención no ha sido ratificado por el Estado salvadoreño, lo que le resta impacto y eficacia en la práctica a su aplicación. Tal situación, que contribuye a una mayor desprotección de las mujeres en general y de las indígenas en particular, responde a ese férreo rechazo de grupos ultra conservadores los cuales sostienen, además, que “es una trampa muy hábil para introducir en el país lo contrario de lo que dice defender (...) Ya tenemos bastantes entidades que laboran hipócritamente contra nuestro porvenir y felicidad. El Salvador es una sociedad abierta y tolerante. Pero tolerar el mal es una cosa y otra muy distinta es ensalzarla, fomentarla e imponerla”.47 El Estado salvadoreño es parte del Convenio 107 de la OIT, el cual –según Betty Pérez– “también conocen pero se ha hecho la diferencia entre lo que es el 169 y el 107, pues este ultimo su fin es de absorber a los pueblos indígenas a las políticas de los Estados y no de fortalecer los sistemas propios de vida de los pueblos indígenas”. 44
http://www.mujeresdelsur.org.uy/campana/camp_mabril8.htm Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Naciones Unidas. Op. cit, número 16. 46 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 47 Ver http://www.elsalvador.com/noticias/2006/04/10/editorial/edi2.asp 45
A la falta de legislación pertinente para la protección y defensa de los derechos de los indígenas como pueblos y no sólo de manera individual, el incumplimiento estatal de las recomendaciones hechas por organismos del sistema de las Naciones Unidas, los problemas propios de las instituciones estatales encargadas de impartir justicia, esa intolerante actitud decimonónica de determinados sectores de poder y la discriminación por ser mujeres, pobres e indígenas,48 debe sumarse la casi total ausencia de organizaciones propias que luchen por reivindicar su dignidad plena. La misma Pérez sostiene sobre este último aspecto, que “no han existido. Hasta el año recién pasado se formó una Instancia Nacional de Mujeres Indígenas, de las cuales participan la mayoría de mujeres indígenas que participamos en diferentes esfuerzos organizativos indígenas mixtos del país. Con este esfuerzo hemos iniciado un trabajo de fortalecer la organización especifica de mujeres indígenas”. Conclusión El Estado de Derecho al cual le apostó buena parte de la sociedad salvadoreña durante tantos años con la participación ciudadana en la defensa inclaudicable de sus derechos humanos, la lucha insurgente y el trabajo diplomático, quedó plasmado en el primer artículo de la Constitución que dice así: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. Años después, en 1990, en el ya citado Acuerdo de Ginebra –además del fin de la guerra– proyectó como componentes necesarios para alcanzar la paz los siguientes: la democratización del país, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña. Tanto el texto constitucional como el del Acuerdo mencionado, son aspiraciones aún no cumplidas para las mayorías populares; lamentablemente, eso es así por diversas razones entre las cuales se pueden citar los intereses de grupos poderosos en lo económico, político y social que han hecho de la “cosa pública” un “coto de caza”, en un “pastel a repartirse”. Que no se hayan logrado concretar ese anhelo legítimo de una paz fundada en la verdad y la justicia, pues, no tiene que ver con lo que se formuló en ambos documentos citados. Ambos, junto a otros – tanto nacionales como internacionales– son los “planos arquitectónicos” de una “casa común” donde todos y todas tengan cabida con identidad, seguridad, 48
Ver http://www.elsalvador.com/vertice/2003/170803/reportaje.html
trabajo, techo, pan, abrigo, salud, educación y recreación, además de las ya mencionadas verdad y justicia. Esa “casa común” aún no ha sido construida, quince años después de que esa ilusión surgió. Lo que se logró fue “redecorar” y “ampliar” la anterior para permitir el ingreso de algunos y algunas integrantes de la antigua guerrilla; por lo menos a la Asamblea Legislativa, a los organismos del sistema de justicia y a las alcaldías municipales. El resto quedó siempre fuera; no entraron y siguen en condiciones similares o peores que antes las víctimas de la muerte lenta –pobreza, exclusión, iniquidad...– y de la muerte violenta con o sin motivación política, aunque sí fruto de políticas públicas inadecuadas. Dos datos, uno para cada tema, pueden ayudar a entender lo dicho. Sobre el primero, se tiene que la “relación entre los ingresos del 20% más rico (de la población) y el 20% más pobre ha crecido desde 11 veces en 1961 a 24 veces en 2002, con un pico de 33 veces justo antes del conflicto armado”. Eso significa que el país, a diez y doce años de los acuerdos de Chapultepec y Ginebra, se encontraba más cerca del nivel superior de la desigual distribución de ingresos en sus últimas casi cinco décadas y más lejos del nivel inferior; dicho de otra manera, más cerca del pasado doloroso que se dejó que del futuro al que se apuntó. En cuanto al segundo asunto, cabe señalar que los homicidios dolosos ocurridos en el país de 1992 al 2007 andan alrededor de los sesenta mil. Cerca del 80% de éstos se cometieron con armas de fuego y a la fecha, por diversas razones dentro de las cuales se encuentra el lucro privado de ciertos sectores, la sociedad salvadoreña no ha sido “despistolizada” como parte de una política de Estado. En cambio, la apuesta de las autoridades ha sido el impulso de la “mano dura”, la “súper dura” y el “puño de hierro” contra las maras; con eso sólo han logrado incrementar el número de muertes. Les levantaron la “mano” para golpearlas consiguiendo, únicamente, que la “medicina” resultara peor que la “enfermedad”. Pero los “planos” ahí están. ¿Qué hacer entonces? ¿Resignarse a seguir así, “hasta que el cuerpo aguante”? ¿Esperar hasta que la situación vuelva a estallar como en 1932 o como de 1980 en adelante? ¿Dar tiempo a que se inicie la protesta social espontánea y desesperada? ¿Aguardar la represión oficial en su contra? No. Mejor reaccionar desde ahora impulsando el surgimiento de un movimiento social inteligente, con imaginación, creativo, fuerte, que aprenda de las lecciones del pasado y sea el verdadero actor –imprescindible e independiente de cualquier interés particular mezquino– en el tránsito hacia una paz no alcanzada; que sea el constructor eficaz de esa “casa común” soñada. Y en ese esfuerzo colectivo debe estar incluido, con su identidad y sus demandas propias, la lucha organizada de los pueblos indígenas en el marco de una solidaridad de doble vía: de éstos hacia otros sectores en condiciones de desventaja ante poderes reales y formales; y de 20
otros sectores hacia la causa indígena. Eso, sin importar que su situación no haya sido incorporada en los acuerdos entre las partes para terminar el enfrentamiento armado, lo cual es un reflejo de la nula visión de la misma entre la conducción política y gubernamental del país. Ubicar, cuantificar, documentar y cualificar el problema del acceso a la justicia para las mujeres indígenas dentro de la ocultación generalizada de los pueblos a los que pertenecen, en el marco de una situación extendida de desamparo en que se encuentran las mayorías salvadoreñas, ha sido el mayor obstáculo para realizar la presente investigación. Pero desde y con esas mayorías, se debe emprender la gran tarea transformadora. En palabras de Ignacio Ellacuría,49 “utópica y esperanzadamente uno puede creer y tener ánimos para intentar con todos los pobres y oprimidos del mundo revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección". Esa empresa es, como dice Andrés Domínguez Vial, una “maratón”. Quien crea que es una “carrera de cien metros”, agrega, mejor que ni se meta. Porque, además –sumándole a la figura utilizada por éste– no es una “maratón” común y corriente. Es, sí, una “carrera de largo alcance”; pero con inmensos obstáculos y de necesarios relevos generacionales. Ni modo. Para llegar a la meta, hay que avanzar desde el principio partiendo de una salida marcada por las necesidades propias y sentidas de los grupos sociales. Quizá ya se arrancó desde esa perspectiva, pero falta mucho por andar. En el caso de los pueblos indígenas, hay esfuerzos valiosos y valientes de organización y participación en la lucha por reivindicar sus derechos. Pero falta mucho más, sobre todo por la tozudez y la estrechez mental del Estado. 50 De ahí la importancia de las siguientes recomendaciones surgidas en la consulta a las organizaciones indígenas en esta investigación, en el marco de una de las deudas más hondas e históricas: el de la justicia para las mujeres de estos pueblos.  Buscar mecanismos que nos permitan fortalecer y sacar de la invisibilización el movimiento indígena de El Salvador.  Las organizaciones indígenas debemos fortalecer la participación real de las mujeres indígenas en las diferentes estructuras, tanto locales, como nacionales.  Asimismo, buscar mecanismos (capacitaciones, becas y otros) que permitan el empoderamiento de las mujeres indígenas.  Desarrollar formas de sensibilización en cuanto al rol que las mujeres indígenas hemos desempeñado en la historia.
Rector de la UCA ejecutado por los militares el 16 de noviembre de 1989. No sólo trata de desaparecerlos de hecho, con la violencia represiva, u ocultarlos negándolos o censándolos de forma malintencionada. También quieren responsabilizarlos de los males actuales del país que son –en realidad– fruto de una censurable gestión gubernamental. Es el caso de las declaraciones de un antiguo director de la Policía Nacional Civil (19992004), afirmó en el sitio electrónico institucional que la violencia que azotaba al país era una secuela de la guerra y de la herencia genética del pasado indígena. 50
 Las mujeres indígenas debemos buscar apoyo para resolver nuestra problemática y la de nuestros pueblos, pues hasta la fecha muy poco se ha hecho.  Impulsar un proceso de socialización e incidencia de las organizaciones indígenas en la realidad nacional. A lo anterior, habría que agregar las siguientes:  Impulsar la realización de las acciones planteadas por la Mesa Permanente sobre Asuntos Indígenas de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, en su pronunciamiento de fecha 20 de julio del 2006.51  Promover y apoyar el fortalecimiento y la acción de dicha Mesa, colocando como punto esencial de su agenda la discusión sobre la situación del acceso a la justicia para las mujeres indígenas.  Exigir el cumplimiento de todas las recomendaciones de los citados informes del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, poniendo especial énfasis en lo relativo a la justicia para los pueblos indígenas en general y sus mujeres.  Exigir la firma y ratificación del Convenio 169 de la OIT.  Lograr casos y experiencias de éxito en materia de acceso a la justicia para las mujeres indígenas dentro del sistema estatal, superando los obstáculos descritos en el presente documento con el acompañamiento técnico de organizaciones de la sociedad especializadas en la materia.  Impulsar campañas de difusión de los derechos indígenas, en particular de las mujeres indígenas, a partir de esos casos y esas experiencias de éxito teniendo como sus protagonistas principales a las víctimas y que estén dirigidas a seguir su ejemplo en función de fomentar la denuncia la organización y la participación. Todo eso, de manera apropiada tanto en lo relativo a su identidad cultural, el concepto, la formulación y su transmisión.  Intercambiar experiencias con los pueblos indígenas de la región en un evento que se realice en El Salvador, de ser posible.
Ver anexo 2.
ANEXOS ANEXO 1 COMUNICADO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INVISIBILIZA LA EXISTENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE EL SALVADOR
Los Pueblos Indígenas de El Salvador representados en la Mesa Permanente de la PDDH sobre Asuntos Indígenas, ante la puesta en marcha del VI Censo de Población y V de Vivienda, ante la opinión pública expresan: Que reconocen la importancia de los Censos como instrumentos que permiten a los Estados determinar la conformación y características de su población, a efecto de diseñar, con base en la información obtenida, las políticas, programas y acciones que deben ejecutarse para satisfacer sus necesidades. Que la organización del actual Censo generó muchísima expectativa en los pueblos y comunidades indígenas, quienes históricamente han sido vulnerados en sus derechos, ya que el Censo constituía una trascendental ocasión para visibilizar su realidad y sustraerlos de la marginal posición en que han sido mantenidos durante décadas, tras la persecución y el exterminio de los cuales han sido víctimas desde 1932. Que movidos por esa expectativa, algunos líderes y liderezas (sic) indígenas participaron junto con funcionarios de diferentes instituciones del Estado, antropólogos y representantes de la cooperación internacional, en jornadas de trabajo para discutir y validar las preguntas que se incluirían en el referido Censo, sobre la identidad indígena de la población salvadoreña, su cuantía, distribución geográfica y necesidades específicas. Que no obstante la buena voluntad que los Pueblos Indígenas mostraron a las autoridades de la DIGESTYC para la formulación de estas preguntas, por razones no explicadas e inaceptables, las mismas fueron modificadas y redactadas de tal manera que, con mucha probabilidad, muy pocas personas se identificarán como descendientes de los pueblos originarios que habitan El Salvador, lo cual reflejará una falsa imagen de la sociedad multicultural que todavía caracteriza a nuestro país. Que este injustificado proceder de las autoridades que organizan el Censo es contrario a las recomendaciones que tanto la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, como organismos internacionales de las Naciones Unidas, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, han hecho al
Estado salvadoreño para que reconozca la existencia de los Pueblos Indígenas de El Salvador, así como sus derechos colectivos. Ante esta vergonzosa decisión del Ministerio de Economía, la Mesa Permanente de la PDDH sobre Asuntos Indígenas manifiesta su protesta y anticipadamente rechaza cualquier resultado que arroje el Censo en el que se invisibilice la existencia de comunidades indígenas en nuestro país. Asimismo, recuerda al Estado salvadoreño su obligación de reconocer los derechos humanos a todas las personas sin ninguna discriminación. San Salvador, mayo de 2007. Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre Asuntos Indígenas ANEXO 2
PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE EL SALVADOR ACTUACIÓN INSTITUCIONAL CON RELACIÓN AL TEMA INDÍGENA San Salvador, 20 de julio del 2006 Situación general de los pueblos indígenas de El Salvador Los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas en El Salvador, han sido y continúan siendo victimas de distintas formas de violación a su derecho a la igualdad. Muestra de ello es la falta de apoyo y promoción para la preservación de su forma de vida y su cosmovisión, al grado que en el país se les da por no existentes o se les considera campesinos simplemente, olvidando que por su origen y tradición deben ser vistos con especial respeto por ser ellos los poseedores originarios de las tierras que hoy conforman el Estado salvadoreño. La población indígena según datos de la Dirección General de Estadística y Censos es más del 12 % de la población total del país; pero, dado el resurgir de la valoración y el autoreconocimiento (sic) de sus verdaderas raíces e historia, se considera que este número ha aumentado considerablemente en los últimos años. En la actualidad los pueblos indígenas de El Salvador consideran que la “identidad cultural” y el reconocimiento y respeto de los “derechos de los pueblos indígenas” son los bastiones que dan fundamento a todo el sistema de vida que milenariamente han venido desarrollando. Lamentablemente, esta se ha visto ensombrecida a consecuencia de la aplicación de las imposiciones resultantes de las políticas neoliberales y globalizantes actuales.
Los pueblos indígenas de El Salvador son LENCAS, NAHUA-PIPILES y KAKAWIRAS. Asimismo, existen muchos otros pueblos originarios con sus diferentes expresiones socioculturales y socioeconómicas similares, que guardan similitudes las unas con las otras. Para los Pueblos Indígenas de El Salvador, las consecuencias de las diferentes crisis sociales, políticas y económicas surgidas en El Salvador y la aplicación sistemática de la ideología neoliberal, así como la forma de conducción de las políticas públicas por parte de los gobernantes, los han llevado a sufrir desigualdades tanto sociales, económicas, políticas y culturales. Desde la óptica de los derechos humanos, los pueblos indígenas deben gozar de protección de sus derechos de manera colectiva. Algunos derechos individuales que actualmente son reconocidos en la Constitución de la República de El Salvador y en el Derecho Internacional de los derechos Humanos que vincula al Estado salvadoreño, son los derechos a la libertad de expresión, religión, asociación y reunión, pero específicamente para el caso de los pueblos y comunidades indígenas, éstos no pueden ser realizados a plenitud sino es colectivamente. La protección y reconocimiento constitucional otorgado a los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas de El Salvador es prácticamente nula, ya que la Constitución de la República hace referencia únicamente a las lenguas autóctonas y la riqueza artística, histórica y arqueológica como objetos de protección por parte del Estado (articulo 62, inciso 2° y articulo 63 Cn.) pero ésta no implica el respeto y la garantía de sus derechos como personas. Por tanto la problemática vital en torno al tema de los pueblos indígenas de El Salvador consiste en la visibilización de su realidad, la cual está marcada por el poco o nulo conocimiento que la población salvadoreña y los funcionarios públicos tienen sobre su existencia y sus necesidades. En ese sentido, exponer la condición de los pueblos indígenas, es de carácter primordial para el reconocimiento de sus derechos, su cultura tanto en lo educativo, espiritual, religioso, agrícola y el fomento de su participación en los distintos proyectos sociales. Como resultado del trabajo desarrollado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con los pueblos indígenas de El Salvador, se ha recabado de primera mano las dificultades que aquejan a este importante sector de la población salvadoreña. Estos problemas han sido retomados en la labor de tutela de los derechos humanos que esta institución realiza y se ha comenzado una fuerte labor de incidencia en las políticas de gobierno y la opinión pública en general. Entre los temas que más preocupan a los pueblos indígenas podemos mencionar:
La tenencia de la tierra. El uso de semillas transgénicas. El derecho a utilizar plantas medicinales y la medicina espiritual. La educación y sobre todo la preocupación por la pérdida de las lenguas nativas en el país. La pérdida e indefinición de la espiritualidad indígena. La necesidad que se ratifique el Convenio 169 de la OIT. La promoción especial a los derechos de la mujer indígena, la juventud y los adultos mayores. La participación de la comunidad indígena en los temas nacionales relacionados a sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales. El acceso libre a los lugares sagrados. El derecho a la cultura propia, y la protección a sus costumbres ancestrales. Que se desvinculen sus creencias o posturas de cualquier afiliación de partidos políticos. Otros problemas que aquejan a las comunidades indígenas, que han sido expuestas ante la PDDH, son los siguientes: Comunidad del Cantón San José El Jute, Jurisdicción de La Libertad, donde los pobladores de la Hacienda El Mono, de la misma jurisdicción, han solicitado que se les extiendan las respectivas escrituras de propiedad de sus tierras, pero las autoridades públicas no les han dado respuesta. Comunidad “José Miranda Reyes“, ubicada en Tonacatepeque, departamento de San Salvador, lugar donde los pobladores son víctima de desalojos arbitrarios y de carencia de servicios básicos. Hace mucho han solicitado la aprobación de un proyecto de agua y electrificación, pero les ha sido denegado por intereses particulares. En Cuisnahuat jurisdicción de Sonsonate, existe la problemática de la tenencia de tierra, ya que personas particulares les han ofrecido la venta de sus parcelas y no obstante haber pagado el precio de las mismas, no pueden escriturar por no encontrar al dueño del inmueble para que firme las escrituras. Definición de los ejes del trabajo institucional La Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador, ha definido los siguientes ejes de trabajo respecto del tema indígena: 1) Analizar la situación de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas en el país. 2) Impulsar la reforma constitucional para lograr el reconocimiento de los Pueblos Indígenas en El Salvador. 3) Impulsar la firma y ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 4) Impulsar un proceso de reforma de leyes secundarias que traten el tema indígena, así como su difusión e implementación. 26
5) Elaborar una Plataforma de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. 6) Elaborar pronunciamientos institucionales sobre violaciones a los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Conformación de la Mesa Permanente de PDDH sobre Asuntos Indígenas Bajo el panorama arriba descrito de la situación de los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador, la PDDH se propuso acompañar sus demandas, para lo cual el 8 de agosto de 2005 constituyó la “Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre Asuntos Indígenas”, la cual es una iniciativa basada en su atribución de: “Crear, fomentar y desarrollar nexos de comunicación y cooperación con organismos de promoción y defensa de los derechos humanos, gubernamentales, tanto nacionales como internacionales y con los diversos sectores de la vida nacional”; la cual está contenida en el artículo 12, ordinal 8° de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La Mesa Permanente es un espacio democrático generado por la PDDH como instancia gubernamental responsable de velar por el respeto de los derechos humanos, así como también la gestión realizada por las organizaciones indígenas, con el objeto de coordinar esfuerzos con las diferentes instituciones estatales y de la Sociedad Civil vinculadas al tema, para incidir, desde las diferentes perspectivas e intereses de acción de sus integrantes, en la solución de los problemas relacionados con la población indígena. Además, la Mesa Permanente es un punto de enlace para la reflexión, intercambio y coordinación de acciones de las diferentes iniciativas sobre la problemática indígena salvadoreña y su entorno internacional. La Mesa Permanente, está conformada por organizaciones de la Sociedad Civil, que tienen interés en el trabajo con los pueblos y organizaciones indígenas y buscan soluciones a los problemas que los afectan, garantizando el goce pleno de los derechos y libertades desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas. La PDDH participa en la Mesa Permanente por medio de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Doctora Beatrice Alamanni de Carrillo, con el apoyo directo de la Procuraduría Adjunta de los Derechos Civiles e Individuales. La PDDH tiene la tarea de trasladar al Estado y a la sociedad en general los resultados e iniciativas producto de la experiencia de análisis, discusión y propuesta que se refieran a la labor específica de defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos, que se realizan al interior de la Mesa Permanente. El objetivo general de la Mesa Permanente es:
Desarrollar un espacio de participación ciudadana con el propósito de monitorear e incidir en las políticas públicas orientadas a la protección de la población indígena de El Salvador, formulando propuestas y pronunciándose sobre hechos concretos de violación a derechos humanos en relación a los pueblos indígenas. Son objetivos específicos de la Mesa: a) Analizar la situación de la población indígena mediante el intercambio y sistematización de información, la generación de diagnósticos, la organización de talleres y todas las actividades que en este sentido se acuerden. b) Monitorear la implementación de las políticas del Estado salvadoreño que tengan que ver con las poblaciones indígenas; c) Promover el análisis y reflexión sobre la problemática de los pueblos indígenas con el propósito de generar propuestas de normativa interna e internacional concerniente a los derechos de los pueblos indígenas; d) Promover la inclusión de las propuestas surgidas de la Mesa Permanente en la formulación de las políticas de Estado en esta materia. e) Visualizar las necesidades políticas locales de los pueblos indígenas, para el ejercicio pleno de sus derechos políticos. f) Fomentar la participación de la mujer indígena. g) Todo aquello que la Mesa Permanente acuerde en cumplimiento de su objetivo general. Ejes Prioritarios de la Mesa En virtud de lo anterior, son ejes prioritarios de trabajo, debido a la gravedad de su situación actual y, por tanto, a la urgencia de la protección de sus derechos, los siguientes: 1. Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas. 2. Ratificación del Convenio 169 de la OIT. 3. Derecho a ejercer la espiritualidad 4. Derecho a ejercer la medicina ancestral. 5. Derechos culturales. Acciones realizadas por PDDH en el tema indígena La PDDH, como ya se menciono, definió como línea de acción prioritaria el reconocimiento legal de la existencia y los derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas que se asientan el territorio de El Salvador. Se ha privilegiado impulsar la reforma de la Constitución con ese fin y se han hecho esfuerzos de acercamiento con diferentes partidos políticos y, de manera especial, con las Comisiones de Trabajo de la Asamblea Legislativa. PDDH ha dado acompañamiento y ha apoyado diversos eventos de las organizaciones y pueblos indígenas, todo con el fin de lograr la visibilización de sus problemáticas y el fomento y preservación de su identidad cultural. 28
Puntualmente se han llevado a cabo las siguientes acciones: Constitución de la Mesa Permanente de la PDDH sobre Asuntos Indígenas en agosto de 2005. Acompañamiento a la Celebración del Día Internacional de los Pueblos indígenas en agosto de 2005. Organización de talleres de planificación en el mes de noviembre de 2005. Promoción y otorgamiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas de El Salvador en diciembre de 2005. Acompañamiento en la elaboración de la Propuesta de Reforma Constitucional para el Reconocimiento de los Pueblos Indígenas de El Salvador en marzo de 2006. Conferencias de Prensa para la promoción de la problemática indígena en los meses de agosto de 2005 y marzo y junio de 2006. Entrega a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa de El Salvador de la Propuesta de Reforma Constitucional para el Reconocimiento de los Pueblos Indígenas de El Salvador en el mes de junio de 2006. Elaboración y envío de comunicación oficial al Presidente de la República sobre la necesidad de suscribir el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Elaboración de declaraciones de apoyo a los pueblos indígenas en el seno de la Federación Iberoamericana de Ombudsman y el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos. Realización de 15 reuniones de la Mesa Permanente de la PDDH sobre Asuntos indígenas en el período de agosto de 2005 a junio de 2006. Impulso de la iniciativa para realizar el Encuentro Centroamericano de Ombudsman y Pueblos Indígenas en El Salvador en agosto de 2006. Acciones Principales que tiene previsto realizar PDDH desde la Mesa Permanente sobre Asuntos Indígenas Se ha propuesto la definición de acciones en torno a:
a) La participación de la comunidad indígena en la discusión de temas de interés
nacional relacionados al futuro del país, así como el conjunto de sus derechos políticos. b) Elaborar un diagnóstico de la situación de los humanos de las personas indígenas. c) Pronunciarse sobre situaciones de afectación a derechos humanos y establecer enlaces de trabajo con organismos homólogos de los países vecinos, invocando la protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en cuanto a los derechos humanos de los pueblos indígenas. d) Sensibilizar a la población sobre la problemática indígena. e) Difundir el contenido de los Convenios, Tratados y Convenciones internacionales en materia indígena, así como sugerir e impulsar la adhesión y ratificación de nuestro país, de aquellos instrumentos que promuevan y garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos de los indígenas. ANEXO 3 MENSAJE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CUSHCATAN SOBRE LA SITUACIÓN DE SUS DERECHOS EN EL SALVADOR” Los Pueblos Originarios de Cushcatan, territorio conocido hoy como El Salvador, a través de las organizaciones representadas en la “Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre Asuntos Indígenas”, con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ante la opinión pública expresamos: Que el ser indígena consiste en identificarse con el entorno territorial, con el sentido de pertenencia a su localidad, con el respeto a los recursos naturales, con las costumbres, las tradiciones, la forma de educar en familia, el culto a las divinidades, y los conocimientos y saberes ancestrales que han dado vida a las ciencias actuales. Por tanto, la defensa de nuestros intereses no es un asunto de ideologías políticas, sino del legítimo derecho de recuperar lo que nos pertenece como descendientes de los habitantes originarios de estas tierras. Que la situación actual de extrema miseria en que nos encontramos es el resultado de la expropiación de tierras de la cual seguimos siendo víctimas, de la marginación y la ignorancia a las cuales nos han sometido, de la desinformación y el amedrentamiento político que sufrimos en nuestras comunidades, así como de las políticas de Estado que han reducido la capacidad de producción agrícola y que atentan contra la seguridad alimentaria y han promovido la escasez de productos primarios culturalmente importantes para los pueblos indígenas, como las semillas nativas de maíz y frijol. Que a pesar de condiciones tan adversas, el movimiento indígena con el acompañamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, está haciendo grandes esfuerzos por fortalecer sus procesos organizativos a través de la promoción de su identidad cultural y su espiritualidad, la unificación de 30
objetivos comunes, y la realización durante el último año de importantes acciones como la presentación a la Asamblea Legislativa de una propuesta de reforma a la Constitución de la República para el reconocimiento de nuestros derechos y una solicitud al Órgano Ejecutivo para que promueva la firma y ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Que en respuesta a nuestras demandas, el Estado salvadoreño ha cerrado los pocos espacios de diálogo y participación existentes. Asimismo, continúan y se han profundizado las acciones estatales encaminadas a invisibilizar nuestra existencia, como ha ocurrido con el inapropiado proceso de realización del último censo de población y vivienda, y el incumplimiento del Estado de El Salvador a las recomendaciones del Comité contra la Discriminación Racial de las Naciones Unidas que mandan el reconocimiento de nuestros derechos. Por lo anterior y con ocasión de conmemorarse este 9 de agosto el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, hacemos un llamado a todos los y las habitantes de Cushcatan a buscar sus orígenes y su propia identidad, a desvanecer los sentimientos de inferioridad hacia nuestros sistemas de vida tradicional, a erradicar las prácticas racistas y discriminatorias, a unirse a la defensa de nuestros derechos individuales y colectivos, independientemente de las creencias religiosas e ideológicas de cada uno y a no avergonzarse de su origen, porque eso es lo que nos hace grandes. San Salvador, 9 de agosto de 2007. ANEXO 4 Bibliografía existente sobre mujeres indígenas en El Salvador Con el objeto de obtener el máximo de información disponible sobre el acceso a la justicia para las mujeres indígenas en El Salvador, se consultaron las principales bibliotecas y posibles centros de información como oficinas públicas y organizaciones sociales de mujeres e indígenas con el objeto de consultar libros, artículos o revistas existentes alrededor de la materia de estudio, que ayudarán a la investigación del problema y las formas en que éste se enfrenta en el país. Luego de las visitas “in situ” a diferentes lugares, el resultado no fue nada alentador pues se carece en general de información relativa a mujeres indígenas; mucho más, si se busca encontrar la misma acerca de un tema tan específico como el acceso a la justicia para éstas. Es muy limitado, también, el material sobre indígenas salvadoreños en general. A continuación se detallan las instituciones que se visitaron y la escasa bibliografía que se encontró, relacionada con el tema. Lugar
Fecha 20 al 24 Universidad Centroamericana “José /09/07 Simeón Cañas” (UCA) 24/09/07 Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER)
Las Dignas, Asociación de mujeres por la dignidad y la vida
Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes “LAS MÉLIDAS”
Biblioteca de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Biblioteca Nacional de El Salvador “Francisco Gavidia”
No se encontró información CEMUJER. Diagnóstico familia, salud y violencia, municipio de Santa María Ostuma, La Paz; Impres Art, San Salvador, noviembre 2003. Las Dignas. La violencia contra las mujeres a través de la prensa, enero-diciembre 2005, “Ni una muerta más”, marzo 2006 Cladem El Salvador, Ledy Moreno y Yolanda Guirola. Monitoreo sobre feticidio/feminicidio en El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Disgrafic, marzo 2007 Amnistía Internacional. El Estado de los derechos humanos en el mundo enero-diciembre 2006; Informe 2007, Editorial Amnistía Internacional (EDAI), Madrid 2007 Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, coordinadora: Gloria Mejía de Gutiérrez. Memorias: IV Congreso lingüístico “Pueblos Indígenas de El Salvador y sus fronteras”, San Salvador, 25, 26 y 27 septiembre 1996, publicado en Profitexto, San Salvador 1998 Mac Chapin (Ministerio de Educación). La población indígena de El Salvador, impreso en Dirección de Publicaciones e impresos del Ministerio de Educación, San Salvador 1990 Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), CONCULTURA y OPS/OMS El Salvador. Pueblos indígenas, salud y condiciones de vida en El Salvador, publicado por OPS/OMS, Impreso en Econoprints S.A. de C.V; Editores José Ruales y Edgardo Platero
Ministerio de Educación y CONCULTURA. Perfil de los pueblos indígenas en El Salvador; Edición CONCULTURA, CCNIS, Banco Mundial, primera edición, noviembre 2003 ANEXO 5 Metodología Se realizaron entrevistas individuales y colectivas con lideres y lideresas de los pueblos indígenas, talleres, consulta a personas expertas por su conocimiento y/o su práctica, trabajo de investigación documental y bibliográfica. Entre las principales reuniones de trabajo o visitas a comunidades y funcionarios, se encuentran las siguientes. 1. Con CCNIS (varias fechas) De éstas, debe destacarse la reunión del 9 de octubre del 2007 en la que asistió el Consejo en pleno. La metodología utilizada se desarrolló en dos sentidos. El primero, mediante el diálogo en mesa abierta; de esta manera, se pudo abordar aspectos importantes del tema que se investíga. El segundo, mediante la entrevista a través de preguntas generales establecidas en una guía previamente elaborada y de otras específicas derivadas del intercambio realizado en la reunión. Se contó con la participación de las siguientes personas: 1. Jesús Amadeo Martínez. CCNIS, pueblo Lenca. 2. Carmen Domínguez. ADCIMP, CCNIS, pueblo Nahuat-Pipil de Izalco. 3. Betty Pérez. Movimiento Autóctono Indígena Salvadoreño (MAIS), coordinadora del CCNIS. 4. Felipe Sánchez. Asociación Nacional Indígena Tierra Sagrada (ANITISA), pueblo Nahuat-Pipil. 5. Juan Portillo. Asociación Democrática de Trabajadores Indígenas Salvadoreños (ADTAIS), CCNIS, pueblo Nahuat-Pipil. 6. Sebastián Morales Flores. Abuelo de Los Texacuangos, ACASHI, CCNIS, pueblo Nahuat-Texacuangos. 7. José Cándido Ventura Deodanes. Asociación Cultural Ecológica Indígena Salvadoreña (ACEIS), CCNIS, pueblo Panchimalco. 8. Dolores Martínez. ACASHI, CCNIS, Santo Tomás, pueblo NahuatTexacuangos. 9. Guillermo Tesorero. Asociación para la Recuperación de la Cultura Autóctona de El Salvador (ARCAS), CCNIS, pueblo Nahuizalco. 10.Mirna Leticia Castillo Miranda, ACEIES, CCNIS, pueblo Panchimalco. 11.Néstor Vladimir Pérez. Comisión de Derechos Humanos Indígenas de El Salvador (CODEHUINESAL), CCNIS, pueblo Nahuat. 33
12.René Antonio Paniagua. Pueblo Nonualco, San Vicente. 13.Pedro Cruz Rodríguez (consultor). 14.Benjamín Cuéllar (consultor). 2. Con Gerardo Alegría, procurador adjunto de Derechos Civiles y Políticos, y Salvador Menéndez Leal, procurador adjunto de Derechos Humanos, el miércoles 31 de octubre. 3. Taller con Comunidad Indígena de Izalco Efectuado el 5 de noviembre del 2007, al que asistieron las siguientes personas: 1. Izahel Bonilla 2. Débora Bonilla 3. Guadalupe Bonilla 4. Emilia Shupan 5. Teófila Shunico 6. Juana Sunza 7. Estela Peña 8. Betty Pérez (Coordinadora de CCNIS) 9. Jesús Amadeo Martínez (miembro de CCNIS) 10. Juan Ernesto Pérez 11. José Luis Arucha 12. Oscar Masin 13. Joel Shupan 14. Dominga Pilía 15. Ricardo Najo (Alcalde del Común) 16. Julia Domínguez 17. Julia Palma 18. Manuel Romero 19. Manuel Pasasin 20. Gloria Domínguez 21. Carmen Domínguez 22. Sara Hernández 23. Francisco Nohemy Urquilla 24. Guadalupe Díaz Najo 25. Benjamín Cuéllar (consultor) 26. Pedro José Cruz (consultor)
Mujeres indigenas en el salvador
consejocoordinadornacionalindigenas
Diagnostico de Mujeres Indígenas en El Salvador: Las siempre encomendadas a la injusticia

References: resolución 
 artículo 9
 artículo 62
 artículo 246
 artículo 361
 artículo 12