Source: https://www.abint.com.ve/web/?tag=futve
Timestamp: 2020-08-09 08:53:20+00:00

Document:
#FUTVE | Abint – Abogados Integrales
Tag Archives: #FUTVE
La falta de objetividad en las decisiones deportivas relativas al salario de deportistas y entrenadores como consecuencia del COVID-19, un mal que afecta la competición o la vida?
5 agosto, 2020 Sin categoría
El nuevo orden jurídico que se generó como consecuencia Post Covid-19, trae una nueva realidad mundial en el mundo deportivo, por lo que las transformaciones en diversos ámbitos de la dinámica social ya son palpables; y el binomio jurídico-deportivo no es la excepción a esto. Como hemos observado en los últimos meses, algunas de las Federaciones y Ligas ya adoptaron cambios, suspendiendo o cancelando las competiciones futbolísticas profesionales, generando modificaciones provisionales en los reglamentos y consecuentemente en las relaciones laborales vigentes, por ejemplo, la reducción de los salarios, en el caso Venezolano casi de forma unilateral por parte de los Equipos.
Ante la crisis por el coronavirus, la FIFA en su oportunidad solicitó a los clubes y a sus planteles llegar a acuerdos sobre las reducciones de sus salarios siempre dentro de la normativa laboral de cada país.
En la realidad del derecho deportivo se ha creado una especie de código oculto, bajo el concepto del principio pro competición. Este principio no siempre va de la mano con el conjunto del sistema técnico jurídico de la legislación ordinaria en los respectivos países, en los que se inserta un hecho tan particular, como el marco federativo, que, en ocasiones, imponen decisiones.
Todo ello lo queremos traer como reflexión en estos días, en relación a decisiones que se tomen o se puedan tomar, sobre el futuro de nuestros jugadores profesionales y cuerpo técnico de determinados equipos, y que puedan ser causa de determinaciones arbitrarias.
El artículo 49 de la constitución Venezolana dispone:
“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.”
Esta garantía constitucional es cónsona con la obligación adquirida por el Estado para la garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.
A tenor de lo dispuesto en la indicada norma constitucional se señalan:
Derecho a la defensa y la asistencia jurídica en todas las fases del proceso: toda persona tiene derecho de esgrimir los alegatos que sean necesarios para su propia defensa. Del mismo modo tienen derecho a contar con un abogado que lo asista y represente en todas las fases del proceso.
Presunción de inocencia: toda persona debe ser considerada como inocente hasta que las pruebas y evidencias demuestren lo contrario.
Principio de celeridad procesal y cumplimiento de los lapsos procesales: la administración de la justicia debe cumplir con los lapsos procesales previstos previamente en el ordenamiento jurídico, sin retardos ni omisiones injustificadas
Juez natural: el proceso debe llevarse a cabo a través de organismos creados previamente por ley; por lo que se prohíbe la existencia de jueces ad- hoc, es decir, creados después de la ocurrencia del hecho objeto del litigio.
Principio de la cosa juzgada: una vez que ha sido dictada la sentencia en relación a la controversia y ya no sea posible interponer recursos contra ésta. El proceso no puede reabrirse.
En Colombia el Derecho al Debido Proceso lo establece el artículo 29 de la Constitución Política de esta forma: “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”
El debido proceso y el derecho a la defensa en Colombia son unos mecanismos que tiene todo ciudadano para defenderse de las acciones administrativas y judiciales de las diferentes entidades del Estado y privadas.
Es considerado este derecho como parte esencial y fundamental del Estado Social de Derecho y de sostenimiento de la Democracia, porque impide las arbitrariedades de los gobernantes con los ciudadanos.
En ambos sistemas, se trata del artículo, más determinante a la hora de la conformación de lo que denominamos en Venezuela el Estado social de Derecho y de Justicia y en Colombia un Estado social de derecho y democrático de derecho.
Resulta relevante destacar la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en relación al debido proceso.
“El derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. (…) Existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo; se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias”.
Por su parte, la Sala Político Administrativa Tribunal Supremo de Justicia determinó:
“Se trata de un derecho complejo que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado (…) Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental”.
Por tanto puede considerarse el debido proceso como un continente, que guarda en su núcleo, un conjunto de derechos que implican en sí mismo la grandeza del Estado.
En Colombia el Debido Proceso, jurisprudencialmente, se ha definido así:
“La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.”
Es por ello que el conjunto de normas, que afectan a todos los ciudadanos de ambos países, y el deporte lo conforman derechos y ciudadanos que no pueden abstraerse de estos principios y, más aún, cuando a estos ciudadanos les queda el hecho de protección bajo el manto de la legislación ordinaria, a la que siempre se debe acudir, si uno se considera lesionado en sus derechos. Especialmente, cuando una decisión pudiera tener un efecto de cierta arbitrariedad, por el hecho de chocar frontalmente con el concepto de la seguridad jurídica, al poder vulnerarse lo establecido en normas de orden público, o de competencias que no son directamente delegables por no ser ciertamente relajables dada la naturaleza del derecho.
Una seguridad jurídica que nace del mismo concepto de saber a qué atenerse. Por lo que no sería ajustado a derecho, y al final en un Estado de Derecho y de Justicia esto es lo sustancial, el tomar decisiones que pudieran entrañar situaciones de arbitrariedad, porque las mismas rompen las reglas de juego, y esto supone que se pone en duda un sistema garantista y de seguridad jurídica respecto a unas reglas de juego que no pueden ser modificadas a mitad de partido, si con ello, y se verá, se pueden producir perjuicios. El fútbol como actividad profesional no es un esquema de estructura verticalizada, sino, y muy al contrario, dado los intereses y derechos sociales a proteger, debe estar muy medido en relación a la aplicación de decisiones que tengan un sustento en marcos normativos legalmente establecidos y regularizados, tanto deportivos como de legislación ordinaria. Se podría en este caso acudir a ese concepto de control real de la arbitrariedad, como argumento a utilizar por las personas que pudieran verse perjudicados, en un cambio de reglas de competición con efectos derivados a todos los integrantes de la relación contractual.
En varios países del mundo, algunos clubes o entidades deportivas para hacer frente a las consecuencias de la suspensión de las competiciones futbolísticas han recurrido a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o a la reducción consensuada de los salarios de los futbolistas profesionales. Estas medidas, como se verá, se ajustan a las recomendaciones de la FIFA.
En este sentido, la FIFA propuso las siguientes directrices sobre cómo los clubes y sus empleados (jugadores y entrenadores) deberían modificar la relación laboral (cuando corresponda) en el periodo en que esté suspendida una competición a causa de la COVID-19:
1.ª) Los clubes y los empleados (jugadores y entrenadores) deben, en primer lugar, intentar negociar de buena fe los acuerdos colectivos de la liga (es decir, entre la FM o la liga y los agentes sociales locales) o del club (es decir, entre un club concreto y sus empleados [jugadores y entrenadores]). En su defecto, los órganos judiciales de la FIFA solo reconocerán las modificaciones unilaterales si las admite la legislación nacional aplicable y, subsidiariamente, si las mismas se realizan «de buena fe, son razonables y proporcionadas».
2.ª) Estas directrices deben regirse en todo momento por la no discriminación y la igualdad de trato. Los empleados (jugadores y entrenadores) deben recibir el trato más igualitario posible al valorar los cambios a los acuerdos laborales. No obstante lo anterior, se admite la posibilidad de negociar acuerdos colectivos conjuntos para los jugadores y entrenadores o específicos para cada uno de estos colectivos.
3.ª) Los contratos de trabajo deportivo podrán «suspenderse» durante la paralización de las competiciones (es decir, de las actividades futbolísticas), siempre que «se mantenga la cobertura del seguro y se gestionen vías de remuneración alternativas que sirvan de apoyo para los empleados durante este periodo».
4.ª) Estas directrices solo se refieren a las modificaciones unilaterales de los contratos de trabajo en vigor, por lo que, en caso de que se produzca una rescisión unilateral tras la modificación unilateral del contrato debido a la pandemia de coronavirus (p. ej. un club reduce el salario del empleado y este rescinde el contrato), los órganos judiciales de la FIFA «examinarán la validez de la modificación unilateral en el marco de las directrices de la FIFA pertinentes» y «tras establecer la validez o invalidez de la modificación unilateral, valorarán la rescisión unilateral en virtud del RETJ».
No obstante, es importante recalcar que éstas son solo recomendaciones de la FIFA; en base a la garantía del Debido Proceso y en aplicación al principio de objetividad de las relaciones, recomendamos a los clubes que siempre deben seguir el marco legal de su respectivo país, especialmente el referido al Derecho del Trabajo motivado a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, más aun cuando en Venezuela y Colombia los tramites y actuaciones ante la Cámara de Resolución de Disputas son tan sui generis.
EL CONFLICTO ELECTORAL DE LA FEDERACION VENEZOLANA DE FUTBOL.
En Venezuela toda actividad electoral está sujeta a control, por ello es necesario destacar que la actividad que ejercen los órganos de la Administración Electoral al momento del voto o consecuencia de él, en ese instante forman parte del ejercicio del Poder Público, en los términos que dispone la Constitución, porque, en efecto, la Administración Electoral forma parte de un Poder creado por la Constitución el cual constituye uno de los vértices del Poder Público.
Como tal, en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas, el Poder Electoral –y los órganos que lo ejercen- se encuentran sometidos, entre otros, al principio de legalidad o sumisión del Poder a la Ley, cuyas múltiples implicaciones hacen que cualquier actividad que emane en ejercicio de ese Poder se someta a los cauces de la legalidad y, consecuentemente, exista sobre ella posibilidad de control.
De tal manera que, toda actividad que ejecuten los órganos de la Administración Electoral, se encuentra sujeta al control de legalidad que pautan la Constitución y las Leyes que la desarrollan, particularmente, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política –que precede al Texto Constitucional- y la Ley Orgánica del Poder Electoral.
Cabe resaltar que, si bien la actividad que desarrollan los órganos de la Administración Electoral es de sustrato administrativo, por lo que no dista y, por el contrario, se alimenta de los principios que rigen dicha actividad, al encontrarse enmarcada en el ejercicio de un Poder que el Texto Constitucional diseñó, adquiere connotaciones y particularidades que le hacen entrar en la organización del Poder Público venezolano como un nuevo complejo orgánico y material, pero sometido como cualquiera de los otros Poderes, a los principios constitucionales que rigen su ejercicio.
Es así, que el control de la Administración Electoral comprende las distintas manifestaciones de actuación, es decir, tanto los actos, como los hechos y omisiones provenientes de los órganos que la componen, de allí que el ámbito material de ese control –bien en sede administrativa, bien en sede judicial- comprende lo que han llamado el conglomerado de control electoral que abarca el conjunto de actuaciones provenientes de los órganos de la Administración Electoral, tanto en su manifestación activa (actos, vías de hecho), como en su manifestación pasiva (abstenciones y omisiones), habida cuenta que el radio de legalidad a la que se encuentra sometida, abarca toda actividad que ella realice.
Así, ha establecido la jurisprudencia, que acto electoral es todo “acto jurídico individual o colectivo en el que a través de una manifestación de soberanía en lo político, social o económico, se realiza una selección de preferencia…” (Sentencia No. 30, dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, del 28 de marzo de 2001, caso: Federación Venezolana de Atletismo), independientemente del órgano de dónde emanen (Cfr. Sentencia de la misma Sala, No. 90, del 26 de julio de 2000, caso: Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela).
Entonces, como primera aproximación a los actos de naturaleza electoral sujetos a control, encontramos los actos típicamente electorales, Lo relevante en este sentido, es que el acto típicamente electoral es manifestación de un ejercicio de soberanía, esta manifestación de soberanía presente en el acto –electoral- debe responder a ciertas características, que siguiendo calificada doctrina, ha establecido la jurisprudencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, así: 1) No admite una voluntad igual o superior; 2) ni tiempo de validez; 3) ni limitaciones de objeto, poder o autoridad, de allí que siempre que exista una manifestación de soberanía en el marco de un proceso eleccionario, existirá un acto de naturaleza electoral.
Así también lo ha enfatizado la jurisprudencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ha entendido que los actos de naturaleza electoral, lo pueden ser en sentido restringido (los ya señalados como típicamente electorales) o en sentido amplio en los que estarían incluidos los relativos al funcionamiento institucional de los órganos del Poder Electoral
Pues bien, de todo cuanto hemos dicho, cada acto electoral está sujeto a control y serán controlados:
· Cualquier acto vinculado a la elección de autoridades directa o indirectamente, tanto del Poder Público como de organizaciones privadas como Sindicatos, gremios profesionales y otras organizaciones de la sociedad civil.
· Cualquier acto relativo a la constitución, funcionamiento y cancelación de organizaciones con fines políticos
· Cualquier acto relativo al funcionamiento de los órganos del Poder Electoral, en lo que estarían comprendidos los actos relativos al funcionamiento del propio CNE y demás órganos subordinados a este.
En Venezuela, en fecha 18 de Febrero de 2020, el ciudadano JOSÉ ELADIO QUINTERO MARQUINA, intentó Recurso contencioso Electoral en contra del Presidente Encargado de la FEDERACIÓN VENEZOLANA DE FÚTBOL, basado en su parecer en una apreciación relativa a la legitimidad o no de la convocatoria realizada para decidir si procede o no una revocatoria de mandato como Presidente de la Cámara de Resolución de Disputas, el cual constituye el fondo del asunto y del que no opinaremos en este momento.
Para la FIFA la Cámara de Resolución de Disputas es un órgano decisorio que trata los litigios contractuales y regulatorios entre clubes, oficiales, jugadores, intermediarios y agentes organizadores de partidos con licencia por su parte, proporciona servicios de arbitraje y resolución de disputas sobre la base de la representación igualitaria de jugadores y clubes con un presidente independiente.
En base a ello, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció declarando su competencia y al respecto a ello, el artículo 27 numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece:
Son competencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia:
2. Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos de naturaleza electoral que emanen de sindicatos, organizaciones gremiales, colegios profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales y otras organizaciones de la sociedad civil. Organismos dentro de los cuales a criterio de nuestro máximo Tribunal se encuentran las distintas Federaciones Deportivas que hacen vida en Venezuela.
Una vez admitida, la Sala procede a realizar una motivación relativa a la procedencia o no de la medida cautelar solicitada y de ella se puede expresar lo siguiente:
El recurrente, ciudadano JOSÉ ELADIO QUINTERO MARQUINA solicitó se decretara amparo cautelar a los fines que se ordene al Presidente de la Comisión Electoral de la Federación “la inmediata paralización del írrito procedimiento disciplinario que adelanta en mi contra, y el cese de las violaciones y perturbaciones a mis derechos constitucionales…” y la sala acordó en el punto tercero “la suspensión de efectos del Auto de Inicio del procedimiento de revocatoria de mandato de fecha 28 de febrero de 2020, dictado por los ciudadanos José de Jesús Barazarte y Valmore Guevara, en su carácter de Presidente y Miembro Principal de la Comisión Electoral Nacional de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), contra el ciudadano José Eladio Quintero Marquina, en su carácter de Miembro de la Cámara de Resolución de Disputa de esa misma organización del deporte, notificado al recurrente en comunicación de fecha 02 de marzo de 2020” y en el punto cuarto del dispositivo ordenó lo siguiente “PROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos del acto de convocatoria de fecha 11 de febrero de 2020, suscrito por el ciudadano Presidente (E) de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) para la celebración de Asamblea General Extraordinaria el día 12 de marzo de 2020, a las 10:00 a.m., en la ciudad de Porlamar del estado Nueva Esparta, únicamente respecto del punto tercero del orden del día referido a la decisión sobre solicitud de revocatoria de mandato de los miembros de la Cámara de Resolución de Disputa de la mencionada Federación, así como declara SIN EFECTO los actos o actuaciones producidos o que se realicen con fundamento en el punto tercero del orden del día de la convocatoria de fecha 11 de febrero de 2020”, es decir, que la decisión de nuestra máximo ente judicial en materia electoral solo suspendió los efectos de la convocatoria para decidir o no la revocatoria de mandato, a eso se limitó la sala, ya que eso fue lo que le pidieron, como bien lo expreso en @twitter el brillante jurista @augustobecerra.
De igual forma, el recurrente solicitó públicamente a la Federación Venezolana de Futbol, lo siguiente “pleno acatamiento del amparo”, en entender de muchos “debía procederse a anular la asamblea y restituirlo en la Cámara de Resolución de Disputas” siendo necesario destacar lo siguiente, lo exigido por el recurrente, en la acción primigenia no está solicitado y en la medida cautelar no está acordado.
El gran maestro @Antonio JQR en un artículo para @elestimulo expresaba “…a esto hay que sumarle que la FIFA no reconoce a la mencionada Cámara, ya sea con los miembros de 2017 o de 2020…” por violación del principio de paridad, es decir, ante tan respetable criterio, las decisiones de la Cámara de Resolución de Disputas podrían carecer de un principio fundamental, el de la seguridad jurídica.
Con respecto al desacato del amparo, creemos necesario manifestar nuestra posición:
1) El amparo no ha sido desacatado en ningún momento, ya que, del mismo texto de la sentencia (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/marzo/309818-013-13320-2020-2020-000008.HTML) se prueba que en ningún momento se ordenó restituir al accionante en ningún cargo, mas aun cuando al día de hoy existe una suspensión de actividades administrativas.
2) De considerarse que existe un desacato debería solicitarse la remisión a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del expediente a fines de que se verifique o no la procedencia de la denuncia, tal como lo ordenó la Sentencia Vinculante (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/305589-0145-18619-2019-16-0299.HTML)
3) Nuevamente vamos a puntualizar, el conflicto como en casos anteriores se encuentra dirigido a personas en específico, es decir, contra el Ingeniero Jesús Bernardinelli y no contra la Federación Venezolana de Fútbol.
Consideramos que la prudencia debe ser la regla ante la situación que vive nuestro país y el Fútbol Venezolano, el cual obligatoriamente va a tener que adaptarse a las nuevas realidades jurídicas y las directrices propias del ente rector del Fútbol Mundial.
¿Es perjudicial que el Estado investigue al Presidente de la FVF?
23 julio, 2020 Sin categoría
Nuestro Director fue entrevistado por Balonazos.com y medios internacionales, en medio de la polémica por la situación que atraviesa el Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Ingeniero Jesús Bernardinelli, nuestro director ejecutivo, Jesús Armando Colmenares conversó sobre la situación actual y el carácter de multi competencias que se están presentando en este momento dentro del máximo ente nacional del Fútbol Venezolano y sus consecuencias con respecto a la relación con FIFA.
Los invitamos a revisar la nota completa en el siguiente enlace:
https://www.balonazos.com/es-perjudicial-que-el-estado-investigue-al-presidente-de-la-fvf/
23 junio, 2020 Sin categoría
En los últimos meses, la FIFA y sus reglamentaciones ante la Pandemia han sido noticia habitual en los medios de comunicación. Los episodios de la contratación de los futbolistas y la reanudación del fútbol no han dejado indiferente a nadie. De todo lo que se ha manifestado en diferentes foros, ha quedado patente un cierto desconocimiento de la estructura y funcionamiento de la FIFA así como de su extensa y compleja reglamentación, por ello, compartimos la entrevista realizada por el medio digital https://www.balonazos.com en razón de la celebración del día del Abogado a nuestro Director Jesús Armando Colmenares sobre la situación en Venezuela, en dicha entrevista ofrece sus reflexiones en torno a la situación que vive el Fútbol Venezolano a partir de los hallazgos encontrados en la practica diaria que a pesar de la pandemia no ha cesado. Asimismo, da su opinión sobre los principales retos que tenemos como sociedad en la lucha por los derechos de todos los actores involucrados en el fútbol y sus ideas para el mejoramiento de las condiciones de propias de la actividad.
Los invitamos a leer la entrevista en…
https://www.balonazos.com/jesus-armando-colmenares-abogado-en-derecho-deportivo/
El conflicto es parte natural de la vida cotidiana, y un comportamiento normal en equipos y organizaciones, jugando un papel importante en ellos las emociones y los sentimientos.
El conflicto es algo inherente al ser humano y el deporte no es ajeno a ello. De hecho, en el ámbito deportivo ocurren muchas situaciones conflictivas. La directiva que no está conforme con el rendimiento del entrenador, éste no está de acuerdo con el comportamiento de alguno de sus jugadores, los deportistas que consideran que no son valorados por el club, los padres que piensan que sus hijos/as no disputan los minutos que se merecen, etc.
Pero ¿qué entendemos por conflicto?
De acuerdo con varias definiciones, el conflicto es una situación que genera un enfrentamiento entre dos o más personas, que les supone una dificultad de funcionamiento y les provoca una sensación de malestar y tensión emocional.
El nuevo orden jurídico que se generará como consecuencia Post Covid-19, trae como consecuencia una nueva realidad mundial en el mundo deportivo, por lo que las transformaciones en diversos ámbitos de la dinámica social ya son palpables; y el binomio jurídico-deportivo no es la excepción a esto. Como hemos observado en los últimos meses, algunas de las Federaciones y Ligas ya adoptaron cambios, suspendiendo o cancelando las competiciones futbolísticas profesionales, generando modificaciones provisionales en los reglamentos y consecuentemente en las relaciones laborales vigentes, por ejemplo, la prórroga de los contratos. Además de estas contingencias, a la par se están dando incumplimientos contractuales de tinte mercantil o civil relacionados con los stakeholders en la industria del fútbol (contratos de patrocinio, explotación y comercialización de los derechos audiovisuales y contratos de licencia de uso de marca), por mencionar algunos.
En el caso del fútbol federado, en controversias relacionadas a: 1.- Contratos con una fecha de vencimiento próxima; 2.- Contratos que no se pueden cumplir como las partes habían previsto; y 3.- Periodos de inscripción (ventanas de transferencia) la FIFA implementó una guía de directrices para abordar las consecuencias jurídicas causadas por el COVID-19 en la que se comprometió a asistir a las federaciones nacionales y a los grupos de interés.
Con esto, la FIFA pretende brindar una asesoría de carácter preventivo y consecuentemente podría evitar una oleada futura de procedimientos ante la Cámara de Resolución de Disputas (CRD), es decir, se está optando por una alternativa al mecanismo de solución de controversias tradicional. En este punto, podría discutirse la naturaleza jurídica que posee la CRD, en el que algunos expertos podrían considerar que es en sí misma un Medio Alterno de Solución de Conflictos (MASC).
Independientemente de las características doctrinales o académicas que pudiesen presentar estos sistemas de solución de conflictos, resulta predominante visualizar la necesidad de clubes, entrenadores y jugadores por resolver urgentemente los conflictos que están surgiendo en el ámbito laboral y deportivo. Ante la incertidumbre que la industria del fútbol se encuentra viviendo, es preferible que los actores resuelvan sus pretensiones considerando siempre y en todo momento el principio de buena fe. Así mismo, se debe considerar que en contraposición de los métodos ordinarios de solución de controversias, las partes encontrarán en los MASC: ¨a) protagonismo de la autonomía de la voluntad; b) flexibilidad; c) rapidez y reducido coste económico; d) importancia en sus intereses; y e) presencia de uno o varios terceros.
Dicho lo anterior, no debemos perder de vista que el derecho del trabajo es de carácter público en la mayoría de los países miembros de la FIFA, por lo que las controversias laborales regularmente se resuelven en los tribunales nacionales del trabajo, antes de acudir a la CRD. Así, en este supuesto se vislumbra con mayor claridad la posibilidad de usar los MASC, como posibles cauces extrajurisdiccionales.
Por su parte, el propósito del International Council of Arbitration for Sport (ICAS) es facilitar la resolución de disputas relacionadas con el deporte a través del arbitraje y la mediación, por lo que el TAS/CAS (Court of Arbitration for Sport), además de contar con una División Ordinaria de Arbitraje existe la posibilidad de iniciar un procedimiento de mediación, el cual no es vinculante y es informal, siendo la clave de este el que cada parte se compromete a negociar de buena fe con la otra, con la finalidad de resolver una disputa relacionada con el deporte; además de la fuerza vinculante para las partes, otra diferencia importante entre estos procedimientos radica en la diferencia de costos administrativos.
Los también conocidos como Alternative Dispute Resolution (ADR), son métodos que además de encontrarse en la normativa deportiva del derecho privado, también están plasmados en diversas leyes nacionales, para ejemplificarlo, en Venezuela por imperativo Constitucional la Legislación procesal laboral con nuestras limitaciones y características especiales es un referente en el mundo de como mediarse y conciliarse.
Esbozado lo anterior, resulta necesario que las partes involucradas analicen las opciones de resolución de conflictos que se encuentran contenidas en las leyes nacionales aplicables, o en su caso, en los recursos que raíz de la situación mundial las diversas federaciones nacionales de fútbol profesional, la propia FIFA y el TAS/CAS ponen a disposición de las partes, sin embargo, no debemos olvidar que dadas las exigencias actuales, tanto clubes, como entrenadores y jugadores podrían optar por contratar firmas de abogados expertos en la industria deportiva, los cuales usualmente incluyen dentro de sus servicios: la mediación, transacción o conciliación, buscando generar una reducción de tiempo y costos, en aras de conseguir un resultado eficaz y equilibrado para las partes.
El deporte de élite enfrenta un futuro incierto. Los efectos a corto y mediano plazo de la pandemia de Covid-19 son un gran desafío.
El aplazamiento de los eventos deportivos ya ha arruinado el esfuerzo y el entusiasmo de un gran número de atletas. Para aquellos que forman parte de la élite deportiva, el aplazamiento de los grandes eventos deportivos tendrá efectos indeseables. Requiere nuevos sacrificios personales. Y por si fuera poco, la concentración de competiciones prevista en un futuro próximo es incompatible con el entrenamiento físico y psicológico que requiere el rendimiento deportivo de alto nivel.
La base sobre la cual se estructura institucionalmente el fútbol son los clubes y, para ellos, la situación es extremadamente compleja debido a la caída de los acuerdos con los sponsors, el cese de cobro por derechos televisivos, entre otros factores. En este marco, se les hace casi imposible poder llevar a cabo su obligación esencial como empleadores en tiempo y forma: el pago a sus empleados.
Por otro lado, los clubes pretenden preservar la salud de los jugadores, que constituyen el “motor” de la industria, su protagonista: sin ellos no hay fútbol. Los presupuestos de miles de millones manejados por los principales órganos rectores del deporte: COI $ 5.7 mil millones; FIFA $ 6.4 mil millones; NBA $ 8.7 mil millones, solo para ofrecer algunos ejemplos, nos ayudan a describir el alcance del problema. Casi dos tercios de los ingresos de estas organizaciones provienen de los derechos de transmisión de los principales eventos deportivos.
Los efectos de esta pandemia serán duraderos y actualmente imprevisibles. Tal vez sea hora de repensar el modelo jurídico deportivo que se necesita para el futuro. En lo que respecta al plano estrictamente jurídico, cabe mencionar que la mayoría de los acuerdos de los clubes con sus futbolistas, no hay previstas cláusulas que respondan a las controversias que pudieran surgir por la existencia circunstancias tales como una pandemia.
Ni siquiera la FIFA, en su Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de jugadores, tuvo en cuenta la posibilidad de que algo semejante ocurriera ya que no incluyó ninguna disposición regulatoria al respecto, simplemente en el art. 27 de esa norma establece que los casos de fuerza mayor serán resueltos por el Consejo de la FIFA.
De ahí que, la máxima autoridad del fútbol mundial, tuvo que emitir con urgencia un documento oficial donde se establecieron una serie de directrices. El mismo está dirigido a las 211 federaciones miembro y tiene como objetivo allanarles el camino a ellas y a sus respectivos clubes con respecto a la resolución de determinados conflictos.
Entre ellos, la imposibilidad de cumplir los contratos en las condiciones pactadas o la superposición de contratos que se presenten debido a suspensión o en algunos casos cancelación de las ligas nacionales en casi todos los países del mundo.
En este documento, la FIFA insta a los clubes y sus empleados (jugadores y entrenadores) a trazar acuerdos colectivos en relación con las condiciones de trabajo durante el periodo de suspensión y, a su vez, establece algunas soluciones para los conflictos contractuales inevitables. Por ejemplo, darle prioridad al viejo club antes que al nuevo en caso de que se produzca un solapamiento de temporadas o períodos de inscripción, para proteger la integridad de las competiciones.
Es menester aclarar que estas directrices tienen el carácter de recomendaciones, es decir, no son vinculantes y que, por lo tanto, no pueden prevalecer por sobre las legislaciones nacionales, mas aún cuando hablamos de la irrenunciabilidad de Derechos. Esto continúa poniendo en evidencia la falta y necesidad de uniformidad de normas que regulen el fútbol universalmente para que no haya diferentes soluciones jurídicas para los mismos hechos.

References: artículo 49
 artículo 29
 artículo 49
 Resolución 
sui generis
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 27
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución