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Timestamp: 2016-10-21 12:12:27+00:00

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ORDEN de 22 de marzo de 1991 por la que se desarrolla el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, que regula el Procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria
ORDEN de 22 de marzo de 1991 por la que se desarrolla el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, que regula el Procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria	ORDEN de 22 de marzo de 1991 por la que se desarrolla el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, que regula el Procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria Mis Leyes
ORDEN de 22 de marzo de 1991 por la que se desarrolla el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, que regula el Procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria Estado	:
BOE 89/1991	Fecha Disposición	:
13/04/1991	Órgano Emisor	:
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	Orden de 22 de marzo de 1991 por la que se desarrolla el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, que regula el Procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
* Apartado Primero. Objeto. * Apartado Segundo. Iniciación del expediente de devolución. * Apartado Tercero. Iniciación a instancia de interesado. * Apartado Cuarto. Iniciación de oficio. * Apartado Quinto. Instrucción. * Apartado Sexto. Resolución. * Apartado Séptimo. Ejecución de la devolución. * Apartado Octavo. Imputación presupuestaria. * Apartado Noveno. Medios de pago. * Apartado Décimo. Devolución de ingresos indebidos realizados mediante efectos timbrados. * Apartado Undécimo. Entrada en vigor. En cumplimiento del mandato del artículo 155 de la Ley General Tributaria, el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, establece las líneas básicas del procedimiento en las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, añadiendo la disposición adicional quinta de dicho Real Decreto que sus artículos 11, 13 y 14 serán asimismo aplicables a las devoluciones de naturaleza tributaria, distintas de las devoluciones de ingresos indebidos, y estableciendo igualmente la aplicación supletoria del Real Decreto citado a las devoluciones de otros ingresos de derecho público.
La presente Orden tiene como objetivo precisar el desarrollo del procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución y de las formas de ejecución de ésta, insistiendo en aspectos que por su índole o especial interés en los procesos internos de gestión de la Administración tributaria no podían desarrollarse plenamente en aquella disposición reglamentaria. Al mismo tiempo es preciso dar cumplimiento al propio Real Decreto en la medida en que este prevé que por el Ministro de Economía y Hacienda se concreten diferentes aspectos de la competencia de los órganos de la Administración tributaria en el procedimiento de las devoluciones de ingresos indebidos o, en general, de las de naturaleza tributaria.
Asimismo, la presente Orden ha de servir para establecer las condiciones o requisitos formales a que deberán sujetarse los expedientes colectivos para el pago de devoluciones de naturaleza tributaria.
En su virtud, con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, he dispuesto:
1. La presente Orden desarrolla el procedimiento para las devoluciones de ingresos indebidos regulado en el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre.
2. De acuerdo con la disposición adicional quinta del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, las devoluciones de naturaleza tributaria, distintas de las devoluciones de ingresos indebidos, previstas en la normativa específica de los distintos tributos o en el régimen jurídico común del sistema tributario continuarán rigiéndose por sus disposiciones propias. No obstante, serán de aplicación a todas las devoluciones de naturaleza tributaria las normas contenidas en los artículos 11, 13 y 14 del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, así como las recogidas en esta Orden en desarrollo de dichos preceptos.
En general, a falta de normas especialmente aplicables, se regirán por lo dispuesto en esta Orden las demás devoluciones de naturaleza tributaria, distintas de las devoluciones de ingresos indebidos.
3. Igualmente, las disposiciones de esta Orden se aplicarán como supletorias en las devoluciones de cantidades que constituyan ingresos de derecho público, distintos de los tributos.
Apartado Segundo. Iniciación del expediente de devolución.
1. Los expedientes de devolución pueden tener por objeto, bien el reconocimiento del derecho a la devolución y la restitución de lo indebidamente ingresado, bien la ejecución de la devolución solamente.
2. Los expedientes de devolución podrán iniciarse:
1. De oficio. 2. A instancia del interesado. 3. En particular, deberá iniciarse de oficio un expediente de devolución:
1. En los casos en que se haya reconocido el derecho a la devolución en la resolución de un recurso o reclamación administrativa, en una sentencia o resolución judicial o en cualquier acuerdo o resolución que suponga la revisión o anulación de actos administrativos que hubieren dado lugar al ingreso de una deuda tributaria en cuantía superior a la que legalmente procedía. 2. Cuando el derecho a la devolución resulte de una liquidación tributaria. 3. Cuando se haya acordado la condonación graciable de una sanción pecuniaria ya ingresada. 4. Cuando la Administración tenga constancia del carácter indebido de un ingreso por duplicidad o exceso en el pago de una deuda, por el ingreso de deudas prescritas o debido a un error material, de hecho o aritmético en una liquidación o acto de gestión, siempre que no haya prescrito el derecho a la devolución. 4. Podrá solicitar la devolución de un ingreso indebido, según los casos, quien realizó dicho ingreso o cualquier interesado al que las normas reconozcan tal derecho, por errores de hecho o de derecho o en los demás casos reconocidos por las leyes.
Apartado Tercero. Iniciación a instancia de interesado.
1. Las solicitudes de devolución se dirigirán a la Delegación o Administración de Hacienda o de Aduanas, ante la cual el ingreso produjo efectos, o a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, si el ingreso produjo efectos en ésta.
Si el ingreso se hubiera producido en otros órganos de la Administración del Estado, las solicitudes podrán dirigirse indistintamente a dicho órgano o la Delegación o Administración de Hacienda correspondiente.
Si el ingreso se hubiera producido en un Organismo autónomo o ente dotado de presupuesto diferenciado, las solicitudes se dirigirán al Órgano o autoridad competente del mismo.
Si el órgano o entidad receptor de una solicitud no fuera el competente para la instrucción del expediente de devolución, la remitirá al órgano o entidad competente, notificándoselo al interesado.
2. La solicitud deberá contener los datos siguientes:
1. Nombre y apellidos o denominación social, si se trata de persona jurídica, número de identificación fiscal y domicilio del interesado y, en su caso, de la persona que le represente. 2. Hechos y razones en que se concrete con claridad la petición. 3. Justificación del ingreso indebido. 4. Declaración expresiva del medio elegido por el que haya de realizarse la devolución, pudiendo optar entre: 1. Transferencia bancaria, indicando el número de cuenta y los datos identificativos de la entidad bancaria. 2. Cheque cruzado contra la cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de España. 3. Compensación, en los casos en que proceda, según el Reglamento General de Recaudación. 5. Lugar, fecha y firma. 6. Dirección General de Tesoro y Política Financiera o Delegación o Administración de Hacienda o de Aduanas, órgano, organismo o ente al que se dirige. Si el escrito de iniciación no reuniera estos datos, se requerirá al interesado para su subsanación en un plazo de diez días.
3. Se adjuntarán a la solicitud los documentos que demuestren el derecho a la devolución y la realización del ingreso indebido así como cuantos elementos de prueba considere el interesado oportunos a tal efecto.
También se adjuntarán los justificantes del ingreso realizado que, según los casos, podrán ser: carta de pago, certificación del ingreso en el Tesoro, actas de inspección de los tributos en que consten las cantidades ingresadas o documentos de similar valor. Dichos justificantes podrán sustituirse por la mención exacta de los datos identificativos del ingreso realizado.
Apartado Cuarto. Iniciación de oficio.
1. Cuando se haya reconocido el derecho a una devolución en una liquidación tributaria, en la resolución de un recurso o reclamación administrativa, en sentencia o resolución judicial o en cualquier otro acuerdo o resolución que anule o revise liquidaciones u otros actos administrativos que hayan producido ingresos, la dependencia u órgano competente de la Administración procederá a:
1. Practicar, en su caso, una nueva liquidación o rectificar las liquidaciones o actos administrativos afectados, según lo que se derive de dichos acuerdos. 2. Comunicar a la dependencia de recaudación o al órgano de recaudación que haya de proponer el pago, la nueva liquidación o la rectificación efectuada, cuando de ella resulte una devolución, o, si el acto o liquidación inicial hubiere sido plenamente anulado, remitir a dicha dependencia u órgano testimonio de la resolución judicial o copia certificada del acuerdo administrativo en que se reconozca el derecho a la devolución, junto con los justificantes del ingreso realizado, si constan en las actuaciones. En los casos de condonación de deudas, se cumplimentará el trámite b) anterior.
En todos los supuestos citados en este apartado, el procedimiento se limitará a la fase de ejecución de la devolución.
2. Igualmente, se iniciará de oficio el expediente de devolución por el órgano encargado de su instrucción cuando la Administración tenga constancia del carácter indebido de un ingreso por duplicidad o exceso en el pago de la deuda, por el ingreso de deudas prescritas o debido a un error material, de hecho o aritmético en una liquidación o acto de gestión.
Apartado Quinto. Instrucción.
1. Corresponderá la instrucción del expediente, según los casos:
1. A la dependencia de recaudación o a la unidad de recaudación de la Delegación o Administración de Hacienda en que se haya producido el ingreso indebido, o bien al órgano de recaudación del ente u organismo de que se trate, cuando el ingreso indebido proceda de una duplicidad o exceso en el pago, del pago de deudas prescritas o de errores de hecho o de derecho padecidos en la gestión recaudatoria que no afecte a la liquidación o acto administrativo que originó la obligación de ingresar. 2. Al órgano liquidador competente, cuando el ingreso indebido haya sido producido por una declaración-liquidación o autoliquidación o por otra causa que afecte a la liquidación o acto administrativo que constituyo al interesado en la obligación de ingresar la correspondiente deuda. 3. A la unidad competente de una Administración de Aduanas, cuando el ingreso se produjo en ésta. 4. A la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, cuando el ingreso se produjo en la caja de este centro directivo. 2. El órgano instructor comprobará los siguientes extremos:
1. Circunstancias de hecho que han producido el ingreso indebido. 2. Derecho aplicable. 3. Realidad del ingreso y su no devolución anterior. No procederá la verificación de la realización o no de los ingresos en el Tesoro por retenciones cuando la devolución deba hacerse a favor de persona distinta del retenedor. 4. Titular del derecho y cuantía del mismo. 5. Cuantas otras cuestiones se planteen en relación con el derecho a la devolución. 3. Podrán solicitarse de los órganos y entidades competentes los informes que se consideren necesarios para el fin perseguido.
Dichos informes deberán emitirse en un plazo de diez días.
Si se requiriese informe de la Inspección de los tributos u otros similares, el plazo será de un mes.
4. Instruidos los expedientes, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo de quince días, aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes.
Se podrá prescindir de este trámite cuando se acuerde la devolución solicitada por el interesado y no figuren en el expediente ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hecho ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el mismo.
5.Finalizados las actuaciones, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución y la elevará al órgano competente. Podrán formularse propuestas colectivas que comprendan grupos de expedientes, cuando lo disponga el Delegado de Hacienda o la autoridad superior del centro, organismo o ente que corresponda.
Las propuestas, individuales o colectivas, con sus expedientes, serán remitidas al órgano interventor para el trámite de intervención previa, que podrá incluir la comprobación del ingreso y su no devolución anterior.
6. Cuando la intervención manifestara desacuerdo con la propuesta de devolución a través de la correspondiente nota de reparo, el órgano proponente podrá conformarse o no con el reparo. De persistir la discrepancia continuará el procedimiento, sin perjuicio de la facultad interventora de interponer los recursos o reclamaciones que procedan, con fundamento en el apartado 2 del artículo 96 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. La interposición de dichos recursos o reclamaciones suspenderá el procedimiento.
Apartado Sexto. Resolución.
1. En un plazo no superior a tres meses desde la iniciación del expediente, el órgano competente dictará resolución, acordando el derecho o no a la devolución, y practicará su notificación al interesado.
Se exceptúan los casos en que lo hayan impedido causas excepcionales debidamente justificadas, que deberán consignarse en el expediente.
2. En el caso de que se acuerde el derecho a la devolución, ésta comprenderá:
1. El importe del ingreso indebidamente efectuado. 2. El recargo, las costas y los intereses satisfechos durante el procedimiento, cuando el ingreso indebido se hubiese realizado por vía de apremio. 3. El interés legal aplicado a las cantidades indebidamente ingresadas, por el tiempo transcurrido desde la fecha de su ingreso en el Tesoro hasta la de la propuesta de pago. El tipo de interés legal aplicable será el vigente el día en que se efectúo el ingreso indebido. 3. Asimismo, el acuerdo decidirá el titular del derecho a la devolución, que será la persona que realizó el ingreso declarado indebido o aquélla que, según las normas, resulte beneficiaria de dicho derecho.
4. Son competentes para dictar las resoluciones según los casos:
1. El Director General del Tesoro y Política Financiera, si el ingreso se hubiese efectuado en la caja de dicho centro directivo. 2. El titular del órgano que haya de dictar la correspondiente liquidación provisional o deba rectificar el acto de gestión que dio lugar al ingreso indebido. 3. El titular del ente u organismo cuando la instrucción del expediente haya correspondido a un órgano no integrado en el Ministerio de Economía y Hacienda. 4. El Administrador de la Aduana, o en su defecto, el jefe de servicio correspondiente. 5. El jefe de la dependencia de recaudación o el Administrador de Hacienda, en los demás casos. 5. La resolución que ponga fin al expediente será notificada al interesado en un plazo no superior a diez días.
Si la resolución no es acorde con el informe de intervención previa, se notificará también la resolución al órgano interventor.
Contra la resolución podrá reclamarse en vía económico-administrativa, previo el recurso de reposición, si el interesado decidiera interponerlo.
6. Si, transcurridos tres meses desde la solicitud, no se hubiera notificado la resolución, el interesado podrá esperar la resolución expresa de su petición o, sin necesidad de denunciar la mora, considerar desestimada aquélla, al efecto de deducir, frente a esta denegación presunta, el correspondiente recurso o reclamación.
Apartado Séptimo. Ejecución de la devolución.
1. Dictada la correspondiente resolución y notificada al interesado, el órgano que haya instruido el expediente remitirá aquélla, o copia certificada de la misma, a la dependencia de recaudación de la Delegación de Hacienda. La dependencia de recaudación propondrá el pago mediante la expedición del documento orden o mandamiento de pago, procediendo en este momento a liquidar el interés legal adeudado.
Si el expediente ha sido instruido por la misma dependencia o unidad de recaudación, procederá sin más a expedir la orden o mandamiento de pago.
Cuando la instrucción del expediente haya correspondido a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o a un ente u organismo dotado de presupuesto diferenciado, la ejecución de las devoluciones corresponderá a los mismos.
2. Cuando el derecho a la devolución haya sido reconocido en una resolución judicial o administrativa ajena al expediente de devolución, una vez recibida en la dependencia u órgano de recaudación la resolución o el testimonio o la copia certificada de la misma, o la liquidación que haya debido efectuarse, según se dispone en el apartado cuarto 1 de esta Orden, procederá a expedir la orden o mandamiento de pago. Si no consta en el expediente, comprobará previamente la realidad del ingreso, que la cantidad a devolver no ha sido antes devuelta y que no ha prescrito el derecho a exigir el pago de la devolución.
Corresponderán también en este caso a la intervención las actuaciones señaladas en el apartado quinto 5.
3. La orden o mandamiento de pago se expedirá a favor de la persona a la cual se haya reconocido el derecho, según lo dispuesto en el apartado sexto 3 de esta Orden y se justificará con el original de la resolución, quedando copia certificada del acuerdo en el expediente.
Los Delegados de Hacienda o la autoridad superior del centro, organismo o ente que corresponda podrán acordar la expedición de órdenes o mandamientos de pago colectivos, que se justificarán mediante relaciones certificadas de las devoluciones comprendidas.
4. Compete la ordenación del pago, según los casos:
1. Al Director General del Tesoro y Política Financiera, respecto de las devoluciones por él acordadas o aquellas otras que le sean expresamente atribuidas. 2. A los Delegados de Hacienda, respecto de las demás devoluciones con cargo al presupuesto del Estado. 3. Al ordenador de pagos del ente u organismo correspondiente, respecto de las devoluciones con cargo a su presupuesto. 5. Los pagos ordenados se remitirán a la intervención a efectos contables y de intervención de la ordenación del pago.
6. La propuesta y ordenación del pago y el pago material se efectuarán aun cuando el ingreso material o la aplicación presupuestaria se hayan realizado por otros órganos o existan participantes en el ingreso declarado indebido que deban reintegrar su participación, sin perjuicio de las posteriores operaciones de tesorería o contables que procedan.
Serán aplicables los criterios establecidos en el artículo 15 del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, a las devoluciones realizadas por los órganos del Ministerio de Economía y Hacienda de ingresos cuyo rendimiento corresponda a otros entes u organismos y viceversa. En tal caso, la Delegación de Hacienda o la entidad que haya realizado la devolución deducirá su importe con cargo a la recaudación realizada en favor de la otra o mediante liquidación específica.
Apartado Octavo. Imputación presupuestaria.
Las devoluciones de naturaleza tributaria, incluyendo, en su caso, los intereses legales y demás conceptos que integran la cantidad a devolver, se aplicarán presupuestariamente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre.
Apartado Noveno. Medios de pago.
1. El pago podrá realizarse mediante:
1. Transferencia bancaria. 2. Cheque bancario. 3. Compensación. Cuando el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución se hubiera iniciado a instancia del interesado, se atenderá a la declaración hecha por éste en el escrito presentado.
2. Los pagos individuales por transferencia o cheque se efectuarán contra la cuenta del Tesoro en el Banco de España.
3. Si el pago es colectivo, por transferencias bancarias, se ordenarán éstas con cargo a la cuenta habilitada para dicho fin en el Banco de España.
El Banco de España justificará a la Delegación de Hacienda las transferencias abonadas y no abonadas. Las transferencias que no puedan ser abonadas serán anuladas y sustituidas por cheques para su pago según el apartado noveno 4 siguiente.
4. Si el pago se efectúa colectivamente, por cheques bancarios, éstos serán nominativos y cruzados y se expedirán a favor de cada uno de los beneficiarios y contra la cuenta habilitada para tal fin en el Banco de España.
Deberán indicar su fecha de caducidad, que será a los tres meses de su fecha de expedición.
El día 10 de cada mes el Banco de España remitirá al jefe de la unidad de caja de la Delegación de Hacienda una relación de los cheques que, teniendo fecha de caducidad hasta el último día del mes inmediato anterior, hayan sido pagados.
Los cheques caducados serán anulados e ingresado su importe en la cuenta del Tesoro en el Banco de España. Posteriormente el interesado podrá instar el pago, que le será satisfecho si no ha transcurrido el plazo legal de prescripción.
5. La devolución podrá realizarse mediante compensación, a petición del interesado o de oficio, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento General de Recaudación.
Apartado Décimo. Devolución de ingresos indebidos realizados mediante efectos timbrados.
La devolución de ingresos indebidos realizados mediante efectos timbrados se rige por lo dispuesto en la Orden de 11 de enero de 1983.
Apartado Undécimo. Entrada en vigor.
ORDEN de 22 de marzo de 1991 por la que se desarrolla el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, que regula el Procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria	Trámites

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