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Timestamp: 2017-04-28 04:15:44+00:00

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COMUNAS EN RED: La nueva subsecretaria de Trabajo de Macri en problemas
La nueva subsecretaria de Trabajo de Macri en problemas
A continuación compartimos con ustedes un fallo que la involucra:
Cámara Nacional de Casación Penal 2010- Año del Bicentenario
Causa Nro. 11.500-Sala II-
“Alonso, Lilia María s/ recurso de casación”///la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de junio del año 2010, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor W. Gustavo Mitchell como Presidente y los doctores Luis García y Guillermo J. Yacobucci como Vocales, asistidos por el Prosecretario Letrado C.S.J.N., doctor Gustavo Alterini, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto contra la resolución de fs. 535/536 vta., en la causa n/ 11.500 del registro de esta Sala caratulada: “Alonso, Lilia María s/ recurso de casación”, representado el Ministerio Público por el señor Fiscal General, doctor Pedro Narvaiz y la defensa particular por la doctora Ana María García y la querella por el doctor Humberto Fernando Magallanes.Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto resultó el siguiente orden sucesivo: W. Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo J. Yacobucci. El señor juez W. Gustavo Mitchell dijo:-IQue el Tribunal Oral en lo Criminal N/20 de Capital Federal, en el Expte. n/ 2657 de su Registro, con fecha 2 de julio de 2009 resolvió a fs. 535/536 vta. disponer la suspensión del juicio a prueba por el término de dos años a favor de Lilia María Alonso, e imponerle como reglas de conducta: a) fijar residencia y someterse al Patronato de los Liberados; b) realizar durante el lapso de dos años, ciento noventa y dos horas de trabajos comunitarios no remunerado a favor de la Fundación a cargo de las “Casas del Niño y Jardines Maternales de los barrios de Pinazo y Falcón de la Municipalidad de Pilar”.
REGISTRO 16556
-IIQuecontra dicha resolución, Juan Andrés Lemus, parte querellanteen autos, asistido por su letrado patrocinante doctor Humberto FernandoMagallanes, dedujo recurso de casación a fs. 538/540 vta., el que fue concedidoa fs. 541/543.-IIIElrecurrente expresó que el tribunal ha dictado una resolución queadolece de vicios que impiden que se la pueda tener como un acto jurisdiccionalválido, verificándose los recaudos contenidos en el art. 456, incs. 1º y 2º delCódigo Procesal Penal de la Nación.Se agravió por entender que la resolución ha infringido lo dispuestoen los arts. 122, inc. 2º, 123 y 293 del C.P.P.N. y el art. 76 bis, penúltimo yúltimo párrafo del Código Penal (cfr. fs. 538 vta.).Adujo que de las constancias de la causa surge palmariamente quela imputada es funcionaria pública en el Ministerio de Trabajo, “a requerimientode la Presidencia de la Nación”, y el hecho imputado ha sido cometido en eldesempeño de sus funciones (cfr. fs. 538 vta.).Sustentó dicho criterio en base a la declaración de la propiaimputada de fs. 293 vta., la del testigo Peruyera de fs. 160 vta. y la del testigoSambataro de fs. 163; las notas de fs. 8, 11, 12, 50, 52, y concordantes; y la cartadocumento obrante a fs. 57 (cfr. fs. 538 vta./539).Arguyó que, en su caso, se debió efectuar una instrucciónsuplementaria a los efectos de determinar el carácter, público o privado, de lasfunciones llevadas a cabo por Alonso (cfr. fs. 539 vta.).Así, concluyó que ha existido en el caso de autos errónea aplicaciónde la ley sustantiva, pues el art. 76 bis del C.P. impide conceder la suspensióndel juicio a prueba a los funcionarios públicos cuando el delito fuere cometidoen el ejercicio de sus funciones (cfr. fs. 539 vta./540).Finalmente, formuló expresa reserva del caso federal (cfr. fs. 540).Cámara Nacional de Casación Penal2010- Año del BicentenarioCausa Nro. 11.500-Sala II-“Alonso, Lilia María s/ recurso decasación”-IVLlegadaslas actuaciones a este tribunal, considero que el recursode casación deducido por la querella, es formalmente admisible toda vez que delestudio de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional surge que se invocófundadamente el art. 456, incs. 1/ y 2º del C.P.P.N., siendo además que elpronunciamiento mencionado es recurrible en virtud de lo dispuesto en el art.457 ibidem, por ser resolución equiparable a definitiva.La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido: “ ...laresolución que hace lugar a la suspensión del proceso a prueba (arts. 76 bis y terdel Código Penal) es susceptible de ser recurrida mediante recurso de casación(art. 457 del Código Procesal Penal) al tratarse de una resolución equiparable adefinitiva, puesto que la tutela de los derechos que se invocan no podría hacerseefectiva en una oportunidad procesal posterior. Ello es así, dado que al citadadecisión impide que el proceso continúe hasta el dictado de la sentenciadefinitiva, con la consecuencia de que se extinguirá la acción penal al cumplirlas condiciones establecida en el cuarto párrafo del citado art. 76 ter...” (C.S.J.N.,M. 305 XXXII “Menna, José Luis s/ recurso de queja” del 25/09/97).-VDuranteel término de oficina, previsto en los arts. 465, primerpárrafo y 466 del C.P.P.N., la defensa particular de Lilia María Alonso sepresentó a fs. 563/566 vta. solicitando el rechazo del recurso incoado.Adujo que en su oportunidad, la querella se opuso a la concesión delbeneficio en base a consideraciones distintas a las planteadas en el recurso decasación: por considerar el monto de reparación ofrecido insuficiente, y porquela inhabilitación que podría corresponderle como pena a Alonso -en su condiciónde funcionaria pública- resultaría óbice para la suspensión.A su vez señaló que si bien ha quedado establecido desde el iniciodel proceso que Lilia Alonso era al momento de los hechos “Asesora de laSecretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dela Nación”, también, que la letrada asesoró al querellante en su condición deabogada de la matrícula, profesión para cuyo ejercicio no tenía impedimentos,conforme el informe de la Secretaría de Trabajo obrante a fs. 197/199.Por ello arguyó que “no hace al ejercicio de sus funciones y portanto no obsta a la concesión del instituto que Alonso acompañara a Lemus enhorarios de trabajo, o que supuestamente hubiera facilitado los teléfonos delMinisterio para que la llamaran allí, o que haya referido ser asesora antefuncionarios bancarios. Tampoco las notas recibidas y/o remitidas en el marcode la intervención que había solicitado Lemus y que motivó la atención funcionalprestada por mi asistida para un trámite de conciliación laboral (cfr. informe dela Secretaría de Trabajo de fs. 197/99)” (cfr. fs. 564/vta.).Citó jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en loCriminal y Correccional Federal y de esta Cámara Nacional de Casación Penal(cfr. fs. 565/vta.).La querella, representada por el doctor Humberto Magallanes, sepresentó a fs. 559/561 vta. solicitando se haga lugar al recurso interpuesto,reiterando los argumentos expuestos en oportunidad de recurrir en casación.A fs. 570/572 vta. hizo una nueva presentación, a la cual no se hizolugar por extemporánea (cfr. fs. 590).Por su parte, el Fiscal General, doctor Pedro Narvaiz, debidamentenotificado a fs. 556 vta., guardó silencio en la instancia.-VIEntradoal tratamiento de la cuestión planteada adelanto mi votopropiciando al Acuerdo se rechace el recurso de casación interpuesto por laquerella contra la resolución que hizo lugar a la concesión del beneficio de lasuspensión del juicio a prueba respecto de Lilia María Alonso.Cámara Nacional de Casación Penal2010- Año del BicentenarioCausa Nro. 11.500-Sala II-“Alonso, Lilia María s/ recurso decasación”El séptimo párrafo del artículo 76 bis del C.P., establece que: “Noprocederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, enejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito”.En este aspecto, corresponde considerar lo dicho en el debateparlamentario de la ley 24.316: “Creo que es importante, para terminar, dejaren claro cuándo no procede su aplicación, dado que ésta es una cuestión que yavenía en el proyecto del Poder Ejecutivo y que fue mejorada en la Cámara deDiputados. Es así que la probation no procederá cuando el partícipe es unfuncionario público, dado que en este caso existiría una vinculación con delitoscontra la administración pública y se pondría en juego toda la transparenciaque la comunidad exige de aquellos que de alguna manera tienen injerencia enla administración de los recursos comunes” (Diario de sesiones, Cámara deSenadores de la Nación, 2/ reunión, 1/ sesión ordinaria, 4/05/94, pág. 384).De lo antes expuesto se desprende que no corresponde aplicar aLilia María Alonso la limitación analizada para acceder al beneficio de lasuspensión de juicio a prueba, ya que en el caso bajo estudio no se le imputan ala nombrada delitos contra la administración pública, sino el delito de estafacontra un particular, por lo que se ve preservado el interés que tuvo el legisladoral concebir la norma. Asimismo cabe agregar que el proceder que se le imputaa Alonso en la causa bajo estudio, se relaciona con su obrar como profesionalparticular.En efecto, surge de autos que en el marco de un problemaprevisional con la empresa que fuera su empleadora, el querellante Juan AndrésLemus se contactó con la aquí imputada, quien era asesora del Gabinete delMinisterio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Así, le asistióen el marco de un trámite conciliatorio, y luego de intervenir en dicho trámite,Alonso lo derivó a su estudio jurídico particular a los efectos de conseguirle unajubilación superior a la que le correspondía a cambio de una suma en efectivo.Por ello resulta ajustada a derecho el razonamiento del a quo de que“Lilia María Alonso no se encontraba al momento de su actuación ejerciendoefectivamente la función pública que le es propia, motivo por el cual no existeuna razón válida para excluirla del régimen legal de la suspensión” (cfr. fs. 535vta.).Robustece dicha conclusión el informe del Ministerio de Trabajo,Empleo y Seguridad Social de fs. 197/199, que sostiene que “la normativareglamentaria dispone las incompatibilidades específicas que alcanzan a losprofesionales, técnicos o jerárquicos, mientras que la indicada, en este casoconcreto, no sería alcanzada como tal por las normas mencionadas dadas lasparticularidades de su intervención y lo dispuesto por los artículos 1 y 2 delDecreto Nº 3212/1964".Por lo demás, durante la audiencia prevista en el art. 465 delC.P.P.N. del Código Procesal Penal de la Nación, la querella se agravió porconsiderar insuficiente el monto de la reparación económica ofrecida por laimputada. En punto a ello, considero que la misma ($ 16.000) no resultairrazonable, más teniendo en cuenta que la reparación exigida por el art. 76 bisdel Código Penal de la Nación no consiste en modo alguno en la reparaciónintegral del daño encausado, toda vez que el querellante conserva la facultad deconcurrir a la vía civil, sede en la que podrá discutir la satisfacción económicade su derecho vulnerado.La circunstancia que debe analizarse a los efectos de considerarrazonable o no la reparación ofrecida en esta causa por Alonso es la existenciade pautas que demuestren la vocación de remediar el conflicto dentro de suspropias posibilidades. Alonso realizó un ofrecimiento patrimonial de dieciséismil pesos ($ 16.000), pagaderos en cuatro cuotas mensuales de cuatro mil pesos($4.000) que demuestra de modo suficiente esa vocación, teniendo en cuenta lasuma de dinero que el querellante le habría entregado a Alonso para realizarlelos trámites jubilatorios ($ 10.046,96).En virtud de lo expuesto, propongo al Acuerdo se rechace el recursode casación interpuesto por el representante de la querella y en consecuencia seCámara Nacional de Casación Penal2010- Año del BicentenarioCausa Nro. 11.500-Sala II-“Alonso, Lilia María s/ recurso decasación”confirme la resolución que hizo lugar al beneficio de la suspensión del juicioa prueba solicitado por la defensa de Lilia María Alonso. Con costas (arts. 471a contrario sensu, 530 y 531 del C.P.P.N.).Tal es mi voto.El juez doctor Luis M. García dijo:Según el requerimiento de elevación de fs. 374/378, la defraudaciónque se atribuye a Lilia María Alonso habría tenido lugar en el marco de unagestión de intereses del querellante, contratada privadamente, que incluía larealizacíón de depósitos de dineros entregados por éste para la regularización desu situación previsional y determinación de sus haberes, actividades que relevandel ejercicio de la profesión liberal de abogada. En esas condiciones, el hechode que el querellante hubiese conocido a la imputada a raíz de su función deasesora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y la confianzapersonal que pudiera haber depositado en ella sobre la base de que tambiéndesempeñaba esa función son irrelevantes para decidir el punto, porque laasunción de gestiones tuvo origen en un contrato de locación de serviciosregulado por el derecho privado. De tal suerte, a los fines de decidir sobre lasuspensión del proceso a prueba no resulta pues aplicable el art. 76 bis, párrafosexto, C.P.Por estas razones, adhiero en un todo a las consideraciones yconclusiones del voto que antecede.Así voto.El señor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo:Que adhiero a las conclusiones a las que arriban los votosprecedentes y a los fundamentos que los motivan a los cuales me remito en favorde brevedad.Por ello, en mérito al resultado habido en la votación que antecede,la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE: Rechazar elrecurso de casación interpuesto por el representante de la querella y enconsecuencia confirmar la resolución que hizo lugar al beneficio de lasuspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa de Lilia María Alonso.Con costas (arts. 471 a contrario sensu, 530 y 531 del C.P.P.N.).Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines delartículo 400, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación en funcióndel art. 469, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal y remítase al órganode procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío. Fdo. W. GustavoMitchell-Luis M. García-Guillermo J. Yacobucci. Gustavo J. Alterini(Prosecretario de Camara).
no le saquen el prontuario a este porque si algo les gusta a los que viven en capital son los de prontuarios,es asi, adoraban a menen !!
En el 1er Congreso Internacional de Prevención de Riesgo de Trabajo el 17/11/2010 Lilia M Alonso dijo:.."la Prevención es una obligación y nos permite proteger a los trabajadores"..Se acordará de esto cuando maltrata a sus empleados!!!, no tiene códigos, es una sinverguenza

References: resolución 
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 artículo 76
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