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Timestamp: 2019-05-24 20:48:07+00:00

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Maximizando La Justicia en La CIDH
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Preguntas Frecuentes ONE_2016
Edición 1463 (02-06-16)
REPNE_029_080
Estudios y Proyecto de Ingenieria
MAXIMIZANDO LA JUSTICIA, MINIMIZANDO LA DEMORA:
ACELERANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la “Comisión” o la “CIDH”) tiene
una multiplicidad de funciones, incluyendo la promoción de los derechos humanos y un sistema
de peticiones individuales. La Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Texas (la “Clínica”) cree firmemente que la Comisión es un organismo
importante y esencial, con reconocimiento y prestigio internacional, y que a menudo representa el único foro en donde las víctimas pueden buscar justicia ante violaciones de derechos humanos. La Clínica reconoce el impacto positivo de la Comisión tanto como promotora y protectora de los derechos humanos en la región. Sin embargo, durante las últimas dos décadas, la Comisión se ha enfrentado a una mayor afluencia de peticiones más complejas que no ha venido acompañada de un presupuesto proporcional para cumplir con sus diversas responsabilidades. Consecuentemente, la Comisión tiene ahora un gran congestionamiento de
casos en varias etapas en el procedimiento, y los peticionarios enfrentan largos retardos procesales. En reconocimiento del impacto positivo de la Comisión, el presente informe, elaborado por la Clínica, procura analizar este problema y formula recomendaciones que fortalezcan a la Comisión.
I. Metodología de la Clínica
Para analizar los procedimientos de la Comisión, la Clínica creó una base de datos que documenta las fechas de cada decisión pública sobre admisibilidad, solución amistosa, y fondo desde 1996 hasta 2010. La Clínica utilizó esta base de datos para medir los plazos que transcurren entre cada paso del procedimiento y el tiempo total para todo el procedimiento. La Clínica también compiló una base de datos similar con todas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la “Corte”). La Clínica ha sostenido un diálogo constructivo con la Comisión al entrevistar a varios miembros de su personal, y le presentó una versión preliminar de este informe a la Secretaría de la Comisión. En base a los comentarios recibidos y a una investigación adicional, la Clínica elaboró una lista de preguntas para la Comisión y recibió sus respuestas en octubre de 2011. Algunas de las respuestas de la Comisión se basaron en información disponible públicamente, sin embargo, otra información provino de fuentes internas de la Comisión. Por lo tanto la Clínica no es capaz de calcular y corroborar estos datos recibidos. De allí que puede haber algunas discrepancias entre las conclusiones de la Clínica y las respuestas de la Comisión. La Clínica ha resaltado todas las discrepancias y las desarrolla en este informe cuando se estima pertinente.
La Clínica se ha visto alentada por los esfuerzos activos de la Comisión para atender los problemas dentro de su propio procedimiento. En especial, a través de nuestro diálogo con la CIDH y de las publicaciones de la propia Comisión, tales como el Plan Estratégico, la CIDH ha demostrado su determinación de reducir las demoras en el acceso a la justicia de los peticionarios. Especialmente, la Comisión ha reconocido que hay un congestionamiento de peticiones, que su tecnología debe maximizarse para garantizar eficiencia, y que existe una necesidad inminente de financiamiento adicional.
La Clínica ha identificado tres temas de interés general. Primeramente se encuentra la falta de financiamiento de la Comisión. En segundo lugar está la organización estructural del procedimiento de la Comisión que divide las etapas de admisibilidad y de fondo. El tercero se refiere a los procesos internos de la Comisión al manejar las peticiones y casos.
Anualmente se presentan entre 1.300 y 1.500 peticiones, de las cuales solamente se estiman procesables entre el diez al trece por ciento (preselección). La investigación de la Clínica y el análisis de la base de datos muestran que, en general, hay un gran congestionamiento de casos, el procedimiento concentra su carga de trabajo en las etapas iniciales, y las peticiones y casos tienen largos retardos procesales. Cada año, entre 130 y 225 solicitudes se añaden a lista de espera de la Comisión. Sin embargo, el mayor número de decisiones que la Comisión ha tomado en un solo año fue de 133 en 2010. Por lo tanto, a pesar de los notables avances, cada año se suman más peticiones y casos al congestionamiento. La Comisión estima que cada año hay un consistente aumento de alrededor del 10% en el número de peticiones recibidas. Además, la base de datos muestra que la Comisión emite muchas más resoluciones de admisibilidad que cualquier otro tipo de decisiones. Por ejemplo, menos del siete por ciento de las decisiones de la Comisión en 2010 concluyó con una decisión de fondo o de solución amistosa.
Este mayor congestionamiento ha generado largos retardos procesales para los peticionarios. Utilizando la base de datos sobre los informes disponibles al público, la Clínica determinó que transcurren en promedio seis años y medio desde la presentación inicial de una petición hasta su decisión definitiva de fondo. Dentro de este plazo, se requiere de más de cuatro años simplemente para que se tome una decisión de admisibilidad. Las respuestas de la Comisión sugieren que los retardos procesales son aún mayores. La Comisión señala que la duración promedio de los procedimientos de los asuntos que han alcanzado la etapa de admisibilidad y que esperan una resolución (que incluye el tiempo de la evaluación inicial y para la admisibilidad) es de 70 meses. Además, la duración promedio de los asuntos que han llegado a la etapa de fondo (que incluye el tiempo de evaluación inicial, admisibilidad y fondo) y están en espera de una decisión es de 86 meses. Los resultados de la Clínica demuestran que el retardo procesal promedio para cada tipo de decisiones se ha incrementado progresivamente durante los últimos quince años. Parte del aumento en los retardos procesales se podría atribuir al hecho de que la Comisión actualmente está lidiando con un congestionamiento de peticiones antiguas. La información inicial sugiere que las reformas al Reglamento de la Comisión de 2000 y 2009, así como la reorganización de la Secretaría Ejecutiva en 2008, aún no han podido disminuir los tiempos que transcurren desde la presentación de las peticiones hasta su resolución final. La Clínica considera que las reformas de 2000 que dividieron el procedimiento entre admisibilidad y fondo es uno de los principales factores responsables del congestionamiento actual y de las demoras. Estas medidas trasladaron el enfoque de la Comisión hacia la etapa de admisibilidad. El cambio generó pasos adicionales al requerir a la Comisión elaborar informes independientes de admisibilidad, discutirlos, modificarlos, aprobarlos y tramitarlos. La base de datos de la Clínica revela los efectos evidentemente negativos en cuanto a la duración y congestinamiento de casos de esta decisión.
Por ejemplo, la Clínica destaca que en el informe número 123/10 (Gerson Jairzinho González Arroyo y otros), la Comisión señaló que el transcurso de dieciséis años para que el procedimiento penal llegara a la etapa de inicial de la investigación constituía una demora
injustificada. Sin embargo, en la fecha en que la Comisión hizo este pronunciamiento, los peticionarios habían estado esperando diecisiete años para obtener una decisión aislada sobre admisibilidad por la Comisión. La Clínica encuentra que diecisiete años de espera es injustificable a nivel nacional o de la Comisión. La Comisión ha tomado muchas medidas para reducir la duración del procedimiento y disminuir el congestionamiento. En particular, la Comisión ha publicado recientemente el Plan Estratégico 2011-2015 en el que se identifican objetivos específicos y ambiciosos y se describen los planes de acción para su logro. Como se indica en el Plan Estratégico, uno de los mayores obstáculos para la disminución de las demoras y el congestionamiento es la necesidad de recursos adicionales, creencia que la Clínica plenamente comparte y apoya. Sin embargo, el Plan Estratégico no le atribuye suficiente importancia a los problemas estructurales y procesales que, si se atienden, podrían reducir significativamente la duración del procedimiento. La Clínica reconoce que la Comisión ha tomado medidas positivas en la dirección correcta, pero propone que la Comisión ponga en práctica nuevas medidas para hacer frente a los retos que enfrenta su procedimiento que no sean completamente dependientes de un incierto aumento de fondos.
Marco de Efectividad y Eficiencia para un Órgano de Derechos Humanos
Las recomendaciones que la Clínica propone dependen en gran medida de la capacidad de la Comisión para ser efectiva y eficiente como órgano de derechos humanos. La Clínica ha examinado los principios de efectividad y eficiencia y reconoce que la Comisión debe encontrar el equilibrio adecuado entre los dos. La Clínica identifica múltiples objetivos de efectividad para un organismo de derechos humanos, especialmente para una institución como la Comisión, con una amplia gama de mandatos, como el cumplimiento de los Estado con sus decisiones, la relevancia de sus procedimientos para los actores nacionales, y la creación de una conciencia generalizada sobre temas de derechos humanos o el acceso individual a la justicia y a la resolución de sus casos así como prestar atención temas o grupos tradicionalmente marginalizados.
Dadas las potenciales tensiones entre eficacia y eficiencia, la Comisión no debe solamente dar prioridad a la resolución eficiente y oportuna de los casos. Entre otros elementos, la CIDH debe trabajar en conjunto con los Estados para sostener un diálogo productivo y promover el cumplimiento de sus decisiones. A veces, la Comisión tiene que adoptar decisiones que retardan la resolución de los casos a fin de garantizar su efectividad. A pesar de ello, la Clínica cree firmemente que la capacidad de la Comisión para resolver casos de manera oportuna no es una recomendación onerosa, especialmente considerando que es esencial tanto para ser eficiente como efectiva.
La Clínica también destaca varios aspectos de la eficiencia que pueden ayudar a reducir el congestionamiento de la Comisión: la eliminación de las redundancias (reducir la duplicación de procesos), una optimización estructural que simplifique a todo el procedimiento implementando plazos relativamente uniformes para cada paso; una optimización procesal que utilice la tecnología existente y permita la especialización laboral; y la medición y gestión por resultados.
Potenciales Lecciones de Otros Organismos de Derechos Humanos y Tribunales
La Clínica también buscó orientación observando los procedimientos de otros tribunales y organismos de derechos humanos y jurisdiccionales, sin dejar de reconocer las diferencias entre estas entidades. Las experiencias de los órganos jurisdiccionales no se presentan para contrastar su desempeño con el de la Comisión. Por el contrario, el funcionamiento de otros sistemas podría servir como una fuente de ideas de la cual la Comisión pueda obtener medidas exitosas, adaptar algunas a su mandato y Reglamento, y rechazar otras. La Clínica también está consciente de que algunos de los organismos que investigó enfrentan sus propias demoras, congestionamiento y problemas. La Corte Interamericana fue particularmente educativa ya que sus decisiones conjuntas respecto a las excepciones preliminares, fondo y reparaciones le han permitido reducir sus tiempos a pesar de enfrentarse a un aumento de casos teniendo un presupuesto regular proveniente de la OEA más o menos constante. La Corte Europea de Derechos Humanos se enfrenta a problemas similares a los de la Comisión, aunque de mayor envergadura, y se está ocupando de su carga de trabajo con importantes reformas, algunas de las cuales pueden ser adaptadas a los procedimientos de la Comisión. Adicionalmente los tribunales de los Estados Unidos han lidiado con el aumento de casos mediante el uso de nuevas tecnologías, la restricción de los argumentos orales, la simplificación de la forma en que toman sus decisiones, y dando un mayor énfasis a los acuerdos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (“USCIS” por sus siglas en inglés) ha utilizado un sistema en línea mediante el cual los peticionarios pueden seguir el progreso del estatus de su caso, aumentando así su transparencia.
La Clínica decidió crear una base de datos, ya que había muy poca información sistematizada disponible al público en general. Sin embargo, desde entonces se ha dado la aplicación del Plan Estratégico de la Comisión y una actitud más abierta de la Comisión. La Clínica ha sostenido un diálogo fructífero con la Comisión, lo cual la Clínica celebra, respecto a la transparencia de este importante organismo internacional de derechos humanos.
La Clínica reconoce el impacto que tiene la falta de recursos suficientes en la Comisión y cómo esto restringe a su capacidad de actuar. Comprende que a pesar de estas limitaciones, la Comisión ha dado pasos positivos para la solución de algunos de estos problemas y maximizar su propia eficiencia y efectividad. La Clínica considera que la aplicación de las recomendaciones propuestas desarrollará y complementará a la mayoría de las reformas de la Comisión. Más aun, las recomendaciones no sólo ayudarán a reducir el congestionamiento, sino también servirán para minimizar las demoras injustificadas en el sistema y permitir un más completo acceso a la justicia de los peticionarios. La Clínica está convencida de que la Comisión debe aplicar varios de los cambios estructurales y procesales que se describen en este informe para asegurar su máxima eficiencia y efectividad. Esto se suma al Plan Estratégico 2011-2015, que depende en gran medida de en un mayor financiamiento. En particular, la Clínica insta a la Comisión a reconsiderar la separación de las fases de admisibilidad y fondo, adoptar el uso de la tecnología en sus procedimientos, y mantener el máximo nivel de transparencia en todo su trabajo. Es esencial que situaciones como esperar 17 años simplemente para una decisión de admisibilidad
no se repitan y que las victimas como Gerson Jairzinho González Arroyo obtengan justicia con prontitud.
Recomendaciones de la Clínica
El lento procedimiento, en especial para la resolución final de los casos, tiene serias implicaciones en la efectividad de la Comisión y el acceso a la justicia de los peticionarios, uno de los principales objetivos de la Comisión. Considerando los obstáculos que enfrenta la Comisión, la Clínica presenta un conjunto de recomendaciones para que la CIDH mejore su procedimiento.
La OEA debe aumentar el financiamiento de la Comisión.
La CIDH debe continuar con las campañas de recaudación de fondos para objetivos
específicos teniendo metas claras y cuantificables para la disminución de su congestionamiento. La Comisión debe continuar desarrollando políticas de transparencia respecto a la
forma en que utiliza sus recursos financieros. La Comisión debe desarrollar e implementar cambios que no dependan necesariamente de fondos adicionales.
B) Cambios internos
La Comisión debe establecer plazos razonables para la tramitación de una petición o caso en cada etapa y definir donde asignar recursos. La CIDH debe examinar sus diferentes unidades regionales para identificar las prácticas que sean más eficientes, para posteriormente reproducirlas en todas sus unidades. Se debe maximizar el uso del Sistema de Manejo de Peticiones y Casos (“PCMS” por sus siglas en inglés) y el Sistema de Manejo de Documentos (“DMS” por sus siglas en inglés) por la Comisión.  Los metadatos del PCMS, DMS y los hallazgos de la Clínica, se deben utilizar para determinar el tiempo promedio para el procesamiento de peticiones y casos en cualquier fase.
2. Integración del denominado “Registro” al resto de la Comisión
 La CIDH debe extender el enfoque metodológico, en cuanto a estandarización y establecimiento de claras pautas temporales, del Registro respecto de la evaluación inicial de nuevas tramitación de peticiones y casos a las otras áreas del procedimiento.
La Comisión debe redistribuir los recursos asignados al Registro a lo largo de la Secretaría Ejecutiva.  El término “Registro” (particularmente en inglés) debe ser sustituido por el de “Unidad de Nuevas Peticiones,” o algo similar, a fin de distinguirla más claramente las tareas realizadas por la Secretaría Ejecutiva.
Las bases de datos se deben ampliar mediante el establecimiento de un programa que
digitalice las peticiones/casos antiguos y los incluya en el DMS. Las bases de datos de la CIDH deben ponerse a disposición del público para que las partes de las peticiones puedan tanto comprobar su estatus como presentar documentos e información en línea.
Se debe fomentar una capacitación permanente y continua del personal respecto del uso de las bases de datos.
Sistema para la Recepción de Peticiones
La Comisión debe fomentar el uso generalizado de su sistema de peticiones en línea.
El reglamento del Portal de Usuarios (“PPP”) debe ser modificado para permitir el
uso del sistema de peticiones en línea, sin la necesidad de una versión adicional en papel, para eliminar la duplicación. Las peticiones en papel de aquellos sin acceso al Internet, o con acceso limitado a él, deben continuar permitiéndose.  El Reglamento de la Comisión debe ser publicado en el sistema de peticiones en línea junto con una nota explicativa que contenga ejemplos de casos claramente inadmisibles.
Reducción de la Duplicación
La Comisión debe seguir eliminando cualquier paso duplicado en su procedimiento.
C) Practicas Nuevas que pueden Requerir Cambios en el Reglamento
Decisión Combinada de la Comisión
admisibilidad y fondo en una sola para reducir significativamente el
congestionamiento y las demoras.
Aplicación Consistente del Reglamento para Acelerar el Procedimiento
La CIDH debe aplicar con mayor frecuencia y consistencia todas las normas que le
permitan acelerar el procedimiento. En especial, se le debe dar un mayor uso al artículo 36.4, que le permite a la Comisión
combinar las decisiones de admisibilidad y fondo en circunstancias excepcionales. La Comisión debe hacer claro y público su razonamiento cuando decide o no utilizar
un recurso que le permita ahorrar tiempo en el procedimiento. La Comisión debe ser estricta en la concesión de prórrogas a las partes.
Adopción de las Decisiones de Admisibilidad y Análisis Preliminar de Fondo por un Grupo de Trabajo
 Si no se implementa la recomendación de unificar el proceso de admisibilidad y fondo, entonces, la Comisión debe adoptar las decisiones de admisibilidad por medio de un grupo de trabajo en lugar de hacerlo por medio del pleno de la Comisión.
Un grupo de trabajo debe revisar los proyectos de informe de fondo y presentar su evaluación al pleno de la Comisión a fin de acelerar las discusiones.
Uso de Decisiones
Per Curiam por la Comisión
y formatos abreviados de
informes El Reglamento debe permitir explícitamente a la Comisión el emitir decisiones ‘per
Estos criterios y el proceso de identificación de casos similares deben hacerse
curiam’ en aquellos casos que sean sustancialmente similares a aquellos previamente decididos. La CIDH debe definir los criterios explícitos sobre los cuales se basen las decisiones
completamente transparentes para el público. La Comisión debe continuar su esfuerzo para reducir la extensión de los informes particularmente de admisibilidad.
Tratamiento de Cuestiones Estructurales
La CIDH debe considerar el uso de las sentencias piloto implementadas por la Corte Europea de Derechos Humanos para que se apliquen en aquellos casos que sean prácticamente idénticos y donde el Estado demuestre buena fe en la implementación de las recomendaciones formuladas por la CIDH.
La Comisión debería utilizar más la regla de ‘peticiones acumuladas´, la cual tramitaría y resolvería varios casos similares o idénticos en un solo informe.
Recepción de Información y Documentos
La Comisión debe modificar su Reglamento para exigir que los peticionarios y los
Estados presenten todas sus pruebas y documentos disponibles en una etapa más temprana del procedimiento. La Comisión debe utilizar como modelo para este cambio los artículos 35(1), 36(1), 40(2) y 41(1) del Reglamento de la Corte, los cuales exigen que las partes presenten en sus presentaciones iniciales todas las pruebas que van a ofrecer.
La CIDH debe continuar haciendo de la solución amistosa una prioridad en su misión.
Los Comisionados y el personal del nuevo Grupo de Solución Amistosa deben estar
capacitados en mediación y deben ser accesibles a los peticionarios y Estados. El Grupo de Solución Amistosa debe incluir en su mandato la identificación de casos
que tengan más probabilidades de resolverse mediante un acuerdo, o que tengan características similares, y alentar a las partes a asistir a las sesiones de mediación y encontrar una solución. Se deben especificar, mediante nuevas normas, las consecuencias del incumplimiento
del acuerdo de solución amistosa. La Comisión debe llevar a cabo más visitas in loco y de trabajo a los Estados y durante estas visitas hacer hincapié en la solución amistosa.
Transparencia y Criterios para las Decisiones
La Comisión debe esforzarse por obtener una mayor transparencia a lo largo de todo
su trabajo. La CIDH debe hacer pública más información, en especial sobre la forma en que la CIDH maneja las peticiones y casos y la forma y el orden en que se administran.
El acceso a los peticionarios y a los Estados para dar seguimiento al procedimiento a
través de un proceso establecido de la Comisión aumentaría la transparencia, legitimidad, coherencia y equidad en cada petición. La Comisión debe continuar y ampliar sus esfuerzos en el uso del PPP para cumplir con este objetivo de manera oportuna.
La Comisión debe aumentar sus medidas de seguimiento.
La CIDH debe seguir aumentando el número de visitas anuales a los países.
El artículo 48.1 del Reglamento debe reformarse para que la adopción de medidas de
seguimiento sea obligatoria y no discrecional.
La agenda para cada visita in loco y de trabajo debe incluir reuniones con
representantes de los peticionarios y los Estados, reuniones con funcionarios púbicos con poder de decisión para discutir la aplicación de sus decisiones, y la emisión de una declaración pública indicando el estado de cada caso discutido. La Comisión debe evitar el uso de un lenguaje vago en sus recomendaciones, como
“adoptar las medidas necesarias”, y especificar más qué tipo de medidas serían
adecuadas. La CIDH debe crear, y hacer públicos, criterios claros para evaluar si, y en qué medida, una recomendación se ha cumplido.
 En su análisis de la situación del cumplimiento de sus decisiones, la Comisión debe proporcionar información más clara explicando qué es lo que constituye un cumplimiento total y cuál es parcial.
A. Descripción General de la Comisión: Funciones Múltiples, Estructura y Recursos
Limitados ...................................................................................................................................
1. Procesamiento de Peticiones Individuales
3. Recursos Limitados
B. Desafíos a los que se Enfrenta la Comisión: Congestionamiento, Sobrecarga en las
Etapas Iniciales del Procedimiento y Largos Retardos procesales
1. Investigación Cuantitativa sobre la Comisión
a. El Congestionamiento y la Sobrecarga en las Etapas Iniciales del Procedimiento
b. Retardo procesal
2. Investigación Cuantitativa sobre la Remisión de Casos a la Corte
3. Retos Cualitativos Dentro del Procedimiento de la Comisión
C. Efectos de un Procedimiento Lento en la Justicia y Promoción de Derechos Humanos 46
Reformas Procesales y Administrativas y su Impacto en la Eficiencia de la Comisión
A. Reformas del Año 2000 al Reglamento de la Comisión
2. Fondo ..............................................................................................................................
3. Remisión de Casos a la Corte
4. Procedimientos de Seguimiento
5. Participación de las Víctimas en la
B. Reformas del Año 2009 al Reglamento de la Comisión
1. Medidas Cautelares y Situaciones de Urgencia
2. Tramitación de las Peticiones y Casos
3. Decisiones de Archivo
4. Requisitos para la Remisión de los Casos a la Corte
5. Relatorías y Grupos de Trabajo ......................................................................................
Conclusión sobre las reformas procesales
Tecnología..........................................................................................................................
Plan Estratégico para los Años 2011-2015
Efectividad .....................................................................................................................
Eficiencia ........................................................................................................................
1. Eliminación de la ineficiencia
2. Estructural................................................................................................
3. Procesal....................................................................................................
4. Medición y Gestión por Resultados
Equilibrando la Eficiencia con la Efectividad en la Comisión
1. Protocolo 14: Tramitación Inicial
2. Desviando Casos Fuera de la
3. Protocolo Adicional 14: Solución Amistosa
4. Sentencias Piloto para Problemas Sistémicos
5. Decisiones Sumarias Simplificadas
6. La Aplicación de las Reformas de la Corte Europea a la Comisión
El Sistema Judicial de los Estados Unidos
Conclusiones y Recomendaciones para la Comisión
1. Resultados.................................................................................................
a. Promoción activa del uso de los avances tecnológicos
Expansión de las Bases de Datos y Acceso Público a Ellas
4. Sistema para la Recepción de las Peticiones
5. Reducción de la
Practicas Nuevas que Pueden Requerir Cambios al Reglamento
1. Decisión Combinada
2. Aplicación Consistente del Reglamento para Acelerar el Procedimiento
3. Adopción de Decisiones de Admisibilidad y Análisis Preliminar de Fondo por un Grupo
4. Uso de Decisiones Per Curiam por la Comisión y formatos abreviados de informes . 109
5. Tratamiento de Cuestiones Estructurales
6. Recepción de Información y Documentos
8. Transparencia y Criterios para las Decisiones
9. Medidas de Seguimiento
"[E]s en el interés de una adecuada administración de justicia internacional que el caso se tramite sin demoras innecesarias" 1
Durante las últimas dos décadas, el número y la complejidad de las peticiones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) ha crecido de forma constante, lo cual ha causado un gran congestionamiento de peticiones y largos retardos procesales para la solución de los casos. Con los escasos recursos que le han sido asignados por la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA”), la Comisión ha instituido diversas reformas tanto a sus prácticas internas como a su Reglamento (en adelante “el Reglamento”) para atender al congestionamiento y la duración del proceso de peticiones individuales. A pesar de que se han logrado algunos avances, los peticionarios siguen siendo sometidos a largos retardos procesales.
Por ejemplo, en el al informe número 123/10 (Gerzon Jairzinho Gonzales Arroyo y otros), la CIDH sostuvo que la duración de dieciséis años para que un procedimiento penal llegue apenas a la etapa inicial constituía una demora injustificada. Sin embrago, en el momento en que la Comisión realizó esta afirmación, los peticionarios llevaban esperando diecisiete años para una decisión separada de admisibilidad por parte de la Comisión 2 . La Clínica no encuentra distinción alguna entre los retardos procesales en el ámbito doméstico y en el de la Comisión por el cual se pueda justificar semejante demora.
La Clínica de Derechos Humanos (en adelante “la Clínica”) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, se dispuso a examinar la duración del procedimiento de la CIDH, las causas de sus demoras y a elaborar recomendaciones que pudieran mejorar la eficiencia de la Comisión. Conforme a estos propósitos, la Clínica creó una base de datos que documenta el transcurso de tiempo que corre en cada etapa de los procedimientos de la Comisión para cada petición y caso que han sido resueltos desde 1996 3 . La Clínica también compiló la duración de los procedimientos para cada caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”). De acuerdo con los hallazgos de la Clínica—y teniendo en cuenta los objetivos de un organismo de derechos humanos, las características que hacen que un organismo de derechos humanos sea efectivo, y los principios generales para la eficiencia de los sistemas— la Clínica formuló recomendaciones para mejorar el desempeño de la Comisión.
La Sección II del presente informe comienza con una descripción general de la Comisión, de sus múltiples funciones, y sus limitados recursos. Posteriormente, la Clínica utiliza su investigación cuantitativa para evaluar los desafíos a los que se enfrenta actualmente la
1 Caso relativo a la Conservación y explotación sostenible de las poblaciones de peces espada en el Océano Pacífico Sudoriental (Chile/Unión Europea) Orden del día del 11 de diciembre de 2008, ITLOS, Párr. 13, disponible en http://www.itlos.org/start2_en.html. La traducción es nuestra.
2 La Comisión recibió la petición el 7 de abril de 1993. La decisión sobre admisibilidad se tomó el 23 de octubre de 2010. Informe disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm.
3 Por peticiones se entienden todas las quejas recibidas y tramitadas por la Comisión hasta que toma una decisión formal sobre su admisibilidad. Una vez que se ha llegado a una decisión de admisibilidad, la petición se convierte en un caso. Vid. infra Sección II(A)(2); CIDH., Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Art. 36.2 (13 de noviembre de 2009).
Comisión, particularmente el creciente congestionamiento y largos retardos procesales. A la luz de estos desafíos y de los recursos tan limitados con los que cuenta para el cumplimiento de sus diversas funciones, que a la vez pueden entrar en conflicto, la Clínica concluye que los procedimientos actuales de la Comisión podrían modificarse para proveer justicia y promocionar los derechos humanos de una manera más adecuada. En la Sección III, la Clínica considera las medidas adoptadas por la Comisión para hacer frente a estos problemas. En esta parte, la Clínica elogia las reformas que han tenido un impacto positivo pero también identifica reformas bien intencionadas que han tenido consecuencias negativas no deseadas. A fin de poder formular las recomendaciones con las que concluye este informe, en la Sección IV se expone la metodología analítica de la Clínica al discutir qué es lo que hace a un organismo de derechos humanos tanto efectivo como eficiente. En la Sección V se incluye un análisis de las estrategias tomadas por otros órganos jurisdiccionales para hacer frente al congestionamiento y a las demoras o para aumentar su transparencia, y se considera su aplicabilidad a la Comisión. Finalmente, en la Sección VI, la Clínica formula varias recomendaciones, que incluyen tanto reformas internas como cambios a su Reglamento, que podrían aumentar su efectividad y eficiencia.
Los resultados de este informe se basan en el análisis de datos cuantitativos, entrevistas con altos funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, y una amplia investigación de fuentes primarias y secundarias. En marzo de 2011, la Clínica preparó una lista de preguntas que se presentaron a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. La Clínica recibió respuestas comprensivas a estas preguntas el 4 de octubre de 2011, y el informe se ha editado para incorporar estas respuestas. Este informe fue redactado por Grace Beecroft, Priya Bhandari, Robert Brown, Stacy Cammarano, Amy Fang, Nicholas Hughes, Nishi Kothari y Mónica Uribe. Ariel Dulitzky, Director de la Clínica y ex Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión, supervisó el trabajo, revisó distintos borradores, y fue responsable por la versión final del informe. Celina Van Dembroucke creó la primera versión de la base de datos que se actualizó con el apoyo de Carlos Mejías, Anne-Marie Huff, Victoria Cruz, Melissa Brightwell, Anna Koob, y Katie Sobering. Ted Magee, el Administrador de la Clínica, y Shailie Thakkar realizaron la edición final del informe.
A. Descripción General de la Comisión: Funciones Múltiples, Estructura y Recursos Limitados
La CIDH es un órgano autónomo de la OEA, tal y como lo dispone la Carta de la OEA 4 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención”) 5 . Es un organismo que se reúne al menos en tres sesiones ordinarias al año, pero que también puede convocar a sesiones extraordinarias 6 . El objetivo principal de la Comisión es promover la observancia y protección de los derechos humanos en las Américas 7 mediante el ejercicio de funciones políticas, diplomáticas, legales y jurisdiccionales. Consecuentemente, la Comisión tiene numerosas y diversas funciones que a menudo compiten por una cantidad limitada de recursos. Estas múltiples funciones tienen un impacto en el procedimiento jurisdiccional de la Comisión.
Además de sus funciones jurisdiccionales en el sistema de casos, las cuales son el objeto principal de este informe, la Comisión tiene importantes responsabilidades de promoción, monitoreo, y diplomáticas 8 . La Clínica no pretende estudiar las otras múltiples funciones de la CIDH. No obstante, reconoce que la Comisión ha aumentado el número de actividades que lleva a cabo además de la resolución de casos. En esta sección, la Clínica discute algunas de las otras áreas del trabajo de la CIDH que afectan a la adjudicación de casos 9 . Por ejemplo, la Comisión ha creado varias relatorías para enfocarse en ciertos grupos vulnerables y/o para promover áreas temáticas. Las relatorías se asignan a Comisionados; recibiendo cada una de ellas un reducido equipo de apoyo de uno a tres abogados (con la excepción de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión que está dirigida por un Relator Especial y cuenta con el apoyo de seis miembros) 10 . Las relatorías temáticas juegan un papel en la tramitación de casos individuales. De hecho, muchas de las relatorías redactan decisiones sobre la admisibilidad y fondo de las peticiones y casos relacionados con sus respectivas áreas temáticas, litigan o apoyan en los casos que se llevan ante la Corte sobre sus respectivas áreas, e incluso financian parcialmente las costas procesales de aquellos casos. Las relatorías también asisten y proporcionan conocimientos
4 Carta de la Organización de los Estados Americanos, art. 106, 13 de diciembre de 1951.
5 Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de noviembre de 1969, S.T.O.E.A. Nº 36, 1144 S.T.O.N.U. 123 [en adelante la Convención Americana].
6 CIDH., Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos art. 14.1 (13 de noviembre de 2009) [en adelante el Reglamento de la Comisión].
7 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 1, Res No 447 (octubre de 1979).
8 Estas funciones incluyen: estimular la conciencia de los derechos humanos; formular recomendaciones a los gobiernos; preparar los estudios e informes; solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos; atender las consultas que, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten; actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y rendir un informe anual a
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Convención Americana, supra nota 5, art. 41.
9 La CIDH ha aumentado el número de informes temáticos emitidos, pasando de sólo 1 antes de 2001 hasta 20 en el período entre 2002 y 2010 (información preparada para la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en relación con el proyecto de Estudio sobre la Efectividad y Eficacia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). [en adelante las respuestas de la Comisión].
especializados a la Comisión en la tramitación de dichos casos 11 . Más aún, las relatorías juegan un papel importante en el seguimiento que se le da a las recomendaciones de la Comisión, promoviendo su implementación.
La Comisión también lleva a cabo visitas in loco a los Estados miembros para supervisar y promover los derechos humanos endicho Estado. Durante y con posterioridad a las visitas in loco, los Comisionados establecen relaciones con los funcionarios públicos nacionales, evalúan la situación general de los derechos humanos en el Estado y preparan y publican informes basados en sus hallazgos. Durante las visitas, la Comisión también puede investigar cuestiones de hecho sobre los casos individuales, aunque rara vez lo hace 12 . Los Comisionados también llevan a cabo visitas “de trabajo” a los países en su calidad de relatores de país o temáticos. La duración de las visitas in loco, por lo general, varía de uno a diez días, aunque en 1965 hubo una visita in loco que duró casi un año 13 .
Tanto las visitas in loco como las de trabajo representan un importante apoyo a la función jurisdiccional de la Comisión. En primer lugar, las visitas ayudan a la Comisión a contextualizar las quejas individuales y a entender los problemas subyacentes. Las visitas también sirven al importante objetivo de elevar el perfil de la Comisión y dar a los peticionarios la oportunidad de presentar nuevas denuncias o de ofrecer nuevas pruebas. Por último, las visitas dan la oportunidad a la Comisión de promover y negociar acuerdos de solución amistosa, evaluar la implementación de recomendaciones, aplicar estrategias para implementar la Convención y facilitar el pleno cumplimiento de las decisiones de la Comisión y la Corte. La Clínica felicita a la Comisión por su compromiso de aumentar las visitas in loco en su Plan Estratégico 14 .
Éstas y el resto de sus diversas funciones compiten por el tiempo y los escasos recursos con los que cuenta la Comisión. Por lo tanto, en este aspecto, esta diversidad de funciones puede ser vistas tanto como una ventaja, así como un desafío.
Si bien la Comisión no es completamente un órgano judicial, si tramita quejas individuales de una forma cuasi-judicial actuando como un órgano jurisdiccional. Una petición puede ser presentada por cualquier persona, grupo de personas, u organización no gubernamental (“ONG”) que alegue una violación a los derechos protegidos por la Convención Americana 15 y/o la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración Americana”) u otros instrumentos 16 . La petición puede ser presentada en nombre propio o en nombre de una tercera persona. La Comisión sólo puede tramitar peticiones individuales en contra los Estados miembros de la OEA.
12 Para las visitas in loco se convoca a dos o más Comisionados con el propósito de realizar observaciones sobre el lugar en cuestión. Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 53.
13 CIDH, visitas in loco (enero de 2010), http://www.cidh.org/visitas.esp.htm
14 En 2002, la CIDH realizó cinco visitas in loco. En 2010, realizó 10 (respuestas de la Comisión, supra nota 9 p.
15 Convención Americana, supra nota 5, art. 44.
16 Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 23.
Las peticiones presentadas a la Comisión deben demostrar que la víctima ha agotado todos los recursos internos o que existe alguna de las excepciones permitidas para este requisito 17 . Si los recursos internos se han agotado, la petición debe ser presentada ante la Comisión dentro de los seis meses posteriores a la resolución final de los procedimientos internos 18 .
Al recibir una queja, la Comisión, actuando a través de su Secretaría Ejecutiva, le asigna un número y comienza a tramitarla como una petición. Actualmente, las nuevas peticiones son tramitadas en el orden en que se reciben, mientras que algunas categorías específicas reciben un trato prioritario—peticiones que involucran la pena de muerte, los derechos de los niños, un deterioro sistemático, o a peticionarios que tienen más de ochenta años 19 . Si la petición cumple prima facie con los requisitos de “tramitabilidad”, se transmite al Estado. Una vez que la petición se tramita y es transmitida al Estado, aun debe pasar la etapa de admisibilidad antes de que la Comisión pueda considerar el fondo del asunto. Al evaluar la admisibilidad de una petición, la Comisión puede declararla inadmisible y emitir una resolución explícita en ese sentido, dando así fin a la petición, o puede determinar que la petición es admisible, momento en el cual la petición es registrada y se convierte en un caso 20 . La Comisión no tiene que declarar formalmente que una petición es admisible antes de resolver sobre el fondo 21 ; sin embargo, en la mayoría de los casos la Comisión declarará admisible a la petición antes de llegar a una decisión de fondo. En casos graves o urgentes, la Comisión puede diferir la decisión de admisibilidad y decidir sobre la admisibilidad de la petición simultáneamente con la decisión final sobre el fondo 22 . La Comisión adopta un informe sobre el fondo, y lo transmite a los Estados con tiempo para implementar sus recomendaciones. En cualquier momento durante el procedimiento de peticiones o casos, las partes o la Comisión pueden iniciar un procedimiento de solución amistosa 23 . Si las partes llegan a un acuerdo, la Comisión formulará un informe sobre el acuerdo de solución amistosa 24 .
Si el Estado involucrado ha ratificado la Convención y aceptado la jurisdicción de la
Corte, la Comisión puede remitir el caso a la Corte para una decisión sobre el fondo 25 . El artículo
45 del Reglamento establece una presunción que la Comisión ha de remitir el caso a la Corte
cuando “considera que [el Estado] no ha cumplido las recomendaciones del informe aprobado de acuerdo al artículo 50 de [la Convención Americana]” y que al decidir:
La Comisión considerará fundamentalmente la obtención de justicia en el caso particular, fundada entre otros, en los siguientes elementos: a. la posición del peticionario; b. la naturaleza y gravedad de la violación; c. la necesidad de
17 Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 31.
18 Íd. art. 32.
19 Entrevista telefónica con un funcionario del Registro, CIDH (19 de octubre de 2011) [en adelante entrevista con el Registro]. El funcionario ha solicitado permanecer anónimo.
20 Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 36.2.
21 Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, CIDH (Ser. C) No. 4 (1988).
22 Para una explicación detallada sobre las decisiones de fondo vid. infra Sección II(C)(4)(a)(ii).
23 Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 40.1.
24 Íd. Art. 40.5.
25 Convención Americana, supra nota 5, art. 51.
desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema; y d. el eventual efecto de la decisión en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros 26 .
Si el caso no se transmite a la Corte, la Comisión ha de emitir un informe final sobre el fondo del caso y otorga un plazo adicional para el cumplimiento de sus recomendaciones. Finalmente, la CIDH debe decidir si lo publica 27 . La Comisión podrá entonces adoptar las medidas de seguimiento adecuadas, tales como solicitar información adicional a las partes o el llevar a cabo audiencias para corroborar el cumplimiento de sus decisiones 28 .
La Secretaría Ejecutiva (en adelante “la Secretaría”) asiste a la Comisión al llevar a cabo diversas tareas como el preparar resoluciones, realizar estudios, y cualquier otra labor que le encomiende la Comisión o su Presidente 29 . Siendo un órgano permanente (a diferencia de la figura de los Comisionados que se caracterizan por ser de medio tiempo), la Secretaría Ejecutiva juega un papel fundamental, “importante y discrecional en el trabajo de la Comisión” en la tramitación de las peticiones individuales 30 . La Secretaría recibe y tramita la correspondencia, peticiones y comunicaciones y tiene la facultad de solicitar a las partes interesadas que proporcionen cualquier información que considere pertinente, conforme a lo dispuesto por el Reglamento 31 . La Secretaría también redacta todos los informes sobre admisibilidad, solución amistosa y fondo así como las remisiones a la Corte en las peticiones y casos individuales. La Comisión ha delegado a la Secretaría Ejecutiva la facultad de revisar las nuevas peticiones y tomar la decisión de no tramitar aquellas que no cumplan prima facie con los requisitos normativos.
Al mismo tiempo que la cantidad y complejidad de las peticiones ha aumentado, la Secretaría Ejecutiva ha sido llevado a cabo a una serie de profundas y bienvenidas reformas a fin de fortalecer su trabajo 32 . Ha pasado de ser una organización basada en asignación de responsabilidades por país, a una estructura piramidal que responde a los distintos pilares de trabajo de la Comisión. Actualmente la Secretaría Ejecutiva se compone de tres secciones que corresponden en parte con las etapas procesales del sistema de peticiones y casos y una cuarta sección que se divide en regiones geográficas y maneja diversas etapas del procedimiento. Adicionalmente, las Relatorías temáticas también tienen personal asignado 33 .
26 Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 45.
27 Convención Americana, supra nota 5, art. 51.
28 Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 46.
29 Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supra nota 7, art. 21(1) (que establece que “Los servicios de Secretaría de la Comisión estarán a cargo de una unidad administrativa especializada bajo la dirección de un Secretario Ejecutivo. Esta unidad dispondrá de los recursos y del personal necesarios para cumplir las tareas que le encomiende la Comisión”.).
30 David Harris, Regional Protection of Human Rights; The Inter-American Achievement, in THE INTER-AMERICAN SYSTEM OF HUMAN RIGHTS 19 (ed. por David Harris y Stephen Livingstone, Oxford, 1998).La traducción es nuestra
31 Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 13.
32 Vid. infra Sección III(B) p. 54.
33 Sus números al final del año 2010 eran los siguientes: Sección Andina I (3 abogados), Sección Andina II (2 abogados), Sección EFP (3 abogados y 1 Coordinador), Sección Mesoamérica (1 abogado y 1 Coordinador), Sección del Cono Sur (3 abogados y 1 Coordinador), Grupo de Protección (2 abogados y 1 Coordinador), Grupo de Corte (2 abogados). Cada relatoría tiene, en promedio, a un abogado asignado. En algunos casos las relatorías
La sección de registro, o el denominado “Registro” 34 , maneja la recepción y evaluación inicial de las peticiones. Esta sección se compone de un abogado sénior, cuatro especialistas junior, y dos asistentes administrativos. Desde octubre de 2008, la Secretaría ha remitido todas sus nuevas peticiones pendientes de ser examinadas a su unidad de registro, un total de 4.471 peticiones. El grupo de Corte se ocupa de las cuestiones jurisdiccionales referentes a la remisión y el litigio de los casos ante la Corte y le da seguimiento a las sentencias y medidas provisionales de la Corte 35 . El grupo de protección analiza las solicitudes de medidas cautelares 36 para llevar a cabo una análisis inicial y recomendarle a la CIDH un curso de acción. Adicionalmente, se encarga de la tramitación de las medidas cautelares y da seguimiento a la situación para determinar si las medidas cautelares dejan de ser necesarias.
Las secciones regionales 37 se enfocan en el trámite de peticiones y casos individuales. Durante la etapa de admisibilidad, las secciones regionales verifican la información, tramitan peticiones respecto a su admisibilidad, y redactan los informes. En la etapa del fondo, las secciones regionales evalúan las observaciones formuladas por las partes, determinan la necesidad de información adicional, y recomiendan la convocatoria para audiencias cuando se estiman necesarias. Estas secciones también dan seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión. Por último, las secciones regionales se encargan del trámite de los procedimientos de solución amistosa 38 y también redactan los informes sobre el fondo. Cada sección regional está coordinada por un especialista principal y cuenta con un profesional sénior, dos especialistas junior, y un asistente administrativo, que manejan entre 300 y 400 peticiones y casos en curso. Generalmente, los especialistas junior lidian con las peticiones en la etapa de admisibilidad mientras que el profesionista sénior se encarga de los casos en la etapa de fondo.
también pueden contar con el apoyo de otro abogado de medio tiempo. La excepción es la Relatoría sobre la Libertad de Expresión, que actualmente cuenta con 2 abogados que trabajan tiempo completo con el Relator (respuestas de la Comisión, supra nota 9, pp. 4 y 21).
34 La Clínica considera que la denominación de “Registro” es problemática. En muchos tribunales internacionales el Registro desempeña el mismo papel que el de la Secretaría Ejecutiva en la Comisión. Por lo tanto, la Clínica recomienda cambiar su nombre para su participación tan solo en la fase inicial del procedimiento. Vid. Sección
V(C)(3).
35 Vid. Convención Americana, supra nota 5, art. 63.2.
36 Vid. Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 25.
37 Hay 5 secciones regionales: Andina 1 (Colombia, Ecuador y Venezuela), Andina 2 (Perú y Bolivia), Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), Mesoamérica (Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y República Dominicana) y el llamado IFP (Inglés, Francés y Portugués: Brasil, Canadá, Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago). Las respuestas de la Comisión, supra nota 9.
38 La Clínica está consciente de que estas tareas se trasladarán al recientemente creado Grupo de Soluciones Amistosas.
La Comisión está financiada por la OEA y las aportaciones de donantes. En 2010, tenía un presupuesto de poco más de USD 7 millones, con USD 3.4 millones provenientes de donaciones y USD 4 millones de la OEA 39 . Los USD 4 millones proporcionados por la OEA solamente representan el 5% del total del Programa-Presupuesto de 2010 de la OEA 40 . La Comisión sufre de un problema crónico de falta de financiamiento y la OEA no parece estar interesada en suministrar un financiamiento adecuado para su principal organismo de derechos humanos 41 .
Como resultado, la Comisión no puede contratar al personal necesario para realizar adecuadamente todas sus funciones. Actualmente la Comisión cuenta con 37 especialistas y 18 asistentes administrativos 42 . Sin embargo, el Secretario Ejecutivo ha dicho que “a fin de contar con un sistema de casos individuales sano y fuerte, que funcione oportunamente y al ritmo de las exigencias de la región, se requiere de un total de 87 especialistas y 25 asistentes administrativos” 43 . Más aún, más del 50% del personal de la Secretaría Ejecutiva está actualmente financiado por fondos de cooperación externa 44 . Adicionalmente, dependiendo del financiamiento disponible, la Comisión utiliza entre 10 a 12 pasantes, y 2 a 3 becarios, asignados conforme a las necesidades de la Comisión 45 .
En general, desde 2007, la Comisión ha aumentado su financiamiento externo 46 . Sin embargo, en 2010 el financiamiento de la Comisión fue solamente el 5% del presupuesto total de la OEA 47 . Por lo tanto, una parte considerable de los fondos provienen de fuentes externas a la OEA. En 2010, una gran parte provino de los Estados miembros 48 . De los USD 1.267.500
39 CIDH, Recursos Financieros (2010), http://www.cidh.oas.org/recursos.esp.htm
40 Íd.
41 La falta de financiamiento de la Comisión es un problema estructural y permanente que ha afectado a la Comisión
desde sus primeros años de operación. En 1970 se dijo que “el pequeño presupuesto [de la Comisión]… restringe sustancialmente a su autonomía… [Este] escaso presupuesto restringe la capacidad de la Comisión para contratar a un personal especializado y le hace difícil participar en operaciones especiales”. ANNA SCHREIBER, THE INTER- AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 42 (A.W. Sijthoff/Leyden 1970).Vid. además CIDH, Informe Anual de la CIDH 1976, §1D, OEA/Ser.L/VII.40 doc. 5 corr.1 (10 marzo 1977) (“Las labores de la Comisión han venido
creciendo en volumen y en intensidad con el aumento constante de las denuncias sobre violación de los derechos humanos en distintas regiones del continente y, como queda ya señalado en otro lugar, a ese incremento del trabajo
no ha correspondido una extensión proporcional en los medios y elementos para llevarlo a cabo. La Comisión sigue reducida al personal y a los elementos de que disponía hace varios años”.).
42 CIDH., Composición de la CIDH 2010, http://www.cidh.oas.org/personal.esp.htm
43 Presentación del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago A. Cantón, en la Sesión Conjunta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos con la Comisión de Asuntos Administrativos
y Presupuestarios “Requerimientos Presupuestarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Corto,
Mediano y Largo Plazo” 8, CP/CAJP-2694/09 (5 de febrero de 2009). [en adelante la Presentación del Secretario Ejecutivo]. 44 Íd., p. 5. 45 Respuestas de la Comisión, supra nota 9, p. 21. 46 Vid. CIDH, Recursos Financieros (2009); CIDH, Recursos Financieros (2008),
http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Participation%20of%20IACHR%20in%20the%202008%20OAS%20Budget_
espa%C3%B1ol.pdf ; CIDH, Recursos Financieros (2007), http://www.cidh.oas.org/recursos2007.sp.htm
47 Organization of American States, Contributions to the Inter-American Commission on Human Rights, (2010), http://www.cidh.org/recursos.eng.htm [en adelante, Contribuciones 2010]
aportados por los Estados miembros, USD 748.600 fueron proporcionados por Canadá 49 . Estados Unidos aportó la segunda mayor cantidad, USD 400.000, mientras que Colombia contribuyó con USD 105.000 y Chile USD 10.000 50 . Finalmente, Costa Rica contribuyó con USD 3.900 a la Comisión 51 . Una gran parte de los fondos, USD 1.154.900, provinieron de Estados observadores, de los cuales más de la mitad, USD 700.000, procedieron de España 52 . La Comisión Europea y otras instituciones, tales como UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo, también contribuyeron con una porción significativa 53 . Es importante resaltar que las contribuciones de donantes han disminuido significativamente desde 2009. En 2010, los Estados Miembros donaron casi USD 500.000 menos que en 2009, con EE.UU. reduciendo su financiamiento en más de USD 1.000.000. Canadá es ahora el mayor donante, contribuyendo más que la Unión Europea 54 .
La Comisión ha tratado continuamente de lidiar con su persistente falta de recursos
económicos. Los grandes cambios dentro de la Secretaría Ejecutiva fueron posibles gracias a una continua campaña para obtener fondos adicionales. Al modificar sus procedimientos 55 , los
órganos interamericanos asumieron que “[l]os
costos...aumentarán
bajo los nuevos Reglamentos
de la Comisión y la Corte, con un incremento sustancial en el número de casos presentados ante la Corte” 56 . En aquel momento, la Comisión esperaba “contar con el apoyo efectivo y el compromiso serio de todos los Estados miembros a fin de que se incremente en forma sustancial los recursos financieros de ambos órganos, como paso indispensable para lograr los objetivos tan anhelados por todos de fortalecer el sistema interamericano de protección de derechos humanos”. Aquellos fondos adicionales eran necesarios para “evitar una crisis del sistema interamericano de protección de derechos humanos” 57 . Hasta el día de hoy, aquellos fondos adicionales nunca se materializaron al nivel que la Comisión esperaba, lo que causó en parte las dificultades actuales a las que se enfrenta el sistema. Además, muchos de los donantes no están interesados en apoyar la tramitación de peticiones individuales ni la contratación de personal adicional. En este sentido,
es posible atribuir una parte sustancial de la responsabilidad por el congestionamiento y la demora se debe al fracaso de OEA de financiar adecuadamente la Comisión. Por lo tanto, no es sorprendente que una parte fundamental del Plan Estratégico de la CIDH está dedicado a “procurar los recursos adecuados para el ejercicio de su mandato y el logro de los demás objetivos estratégicos” 58 .
49 Íd.
50 Íd.
51 Íd.
52 Íd.
53 Íd.
55 Discutido en la Sección III infra.
56 Llamado Conjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos a los Señores Representantes de Estados ante la Organización de los Estados Americanos, CP/CAJP- 1930/02 (19 de abril de 2002).
57 Presentación del Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la reunión conjunta de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, CP/CAJP-1931/02 (23 de abril de 2002).
58 CIDH, Plan Estratégico 2011–2015, Parte I: 50 Años Defendiendo los Derechos Humanos: Resultados y Desafíos,
18 (enero de 2011). [en adelante: Plan Estratégico Parte I].
Proveniente de la OEA en
Linear (Número de
Peticiones Recibidas Por
Linear (Presupuesto
Cambio en el presupesto del CIDH y en el
número de peticiones recibidas por año
tomando como base el año 2001
Presupuesto Proveniente
de la OEA en Dólares
Tal como el cuadro precedente lo demuestra, el crecimiento del presupuesto que la OEA asigna a la CIDH no ha sido proporcional al incremento constante en el número de peticiones recibidas por año. Si a este incremento de peticiones, se le adiciona, por ejemplo, el mayor número de casos litigados ante la Corte, el creciente número de informes temáticos que la Comisión produce, el incremento en el número de mandatos dados a la CIDH por la Asamblea de la OEA, entre otros, se puede entender fácilmente las dificultades que tiene la Comisión para lidiar con las peticiones y casos en una manera eficiente.
B. Desafíos a los que se Enfrenta la Comisión: Congestionamiento, Sobrecarga en las Etapas Iniciales del Procedimiento y Largos Retardos procesales
Hay un consenso generalizado en que el procedimiento de la Comisión es largo y lento 59 . La investigación de la Clínica revela que la Comisión tiene gran congestionamiento de casos pendientes y que los peticionarios se enfrentan a largos retardos procesales. La Comisión también está consciente de ello y está de acuerdo con este diagnóstico 60 . La distribución de recursos también se concentra excesivamente en las etapas iniciales del procedimiento, lo que genera que se adopten más decisiones relativas a la admisibilidad de las peticiones que a la resolución de fondo de los casos.
En un solo año, la Secretaría Ejecutiva puede recibir entre 1.300 y 1.500 peticiones 61 . En los últimos quince años, la Comisión ha recibido un número cada vez mayor de peticiones nuevas, aumentando exponencialmente de 439 peticiones en 1997 a 1598 en 2010 62 .
59 Esto parece ser un problema constante de la Comisión. En 1994 se dijo que las demoras en la tramitación de las peticiones era una queja común entre todos los usuarios del sistema. Y que a veces dichas demoras hacen que el procedimiento sea inefectivo. Vid. ILSA, SISTEMA INTERAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. APORTES PARA UNA EVALUACION (1994) pp. 66-67. [En adelante ILSA, Aportes] 60 Plan Estratégico Parte I, supra nota 58. 61 Vid. CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010 cap. III (2010), http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm [en adelante Informe Anual 2010]; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009 cap. III (2009), http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.3a.09.sp.htm [en adelante Informe Anual 2009]; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008 cap. III, (2008), http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/indice2008.htm; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007 cap. III, (2007), http://www.cidh.oas.org/annualrep/2007sp/cap3ab.sp.htm [en adelante Informe Anual 2007]. 62 Plan Estratégico Parte I, supra 58. Vid. también, OEA, Consejo Permanente, Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del SIDH para consideración del Consejo Permanente, GT/SIDH/13/11 rev. 2 [en adelante OEA Grupo de Trabajo].
Peticiones Recibidas Por Año
1319 1330 1325
Se estima que solamente del 10% al 13% de las peticiones se determinan procesables, en cuyo caso la Secretaría Ejecutiva desecha por completo entre el 87% y 90%. Estas peticiones nunca entran en el procedimiento para recibir una decisión formal y pública del pleno de la Comisión 63 . Aun así, esto significa que cada año se agregan entre 130 a 225 peticiones a la lista de espera de la Comisión, complicando a la CIDH mantenerse al día con las peticiones nuevas. El mayor número de decisiones públicas realizadas en un solo año—que incluyen las decisiones de archivo 64 , las decisiones de admisibilidad (tanto admisibilidad como inadmisibilidad), los informes de solución amistosa, y las decisiones de fondo—es de 153 en 2010. De esas decisiones, sólo quince resolvieron plenamente un caso, cuatro decisiones fueron de fondo y once de solución amistosa. Además de eso, la Comisión remitió dieciséis casos a la Corte en ese año los que también deben considerarse como soluciones de fondo 65 . La Comisión se ocupó de un gran número de casos rezagados al archivar cincuenta y cinco casos en 2010. Si bien la Clínica felicita a la Comisión por hacer frente a su congestionamiento al archivar casos, no toma en cuenta a estas decisiones de archivar los casos dentro del número de casos adjudicados sobre el fondo. Lo anterior se debe a que las decisiones de archivar una petición no contienen ninguna determinación explícita o implícita sobre la queja, ni se traducen en el remedio o reparación final para el peticionario. Pero si considera que estos 55 casos archivados tienen efectos similares a las decisiones de admisibilidad en cuanto son eliminados del listado de
63 Como tal, este procedimiento carece de todo tipo de supervisión y rendición de cuentas. Ni los miembros de la Comisión ni el público en general conocen las razones por las cuales la Secretaria Ejecutiva rechaza aquellas nuevas peticiones.
64 Los casos archivados son aquellos cuya base para la petición o caso es inexistente o ha dejado de existir o en los cuales la información necesaria para su resolución no está disponible. Como resultado, la Comisión notifica a las partes sobre la posibilidad de que se tome la decisión de archivar el caso, solicita más información y, eventualmente, decide archivarlo. Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 42. La Comisión emitió 55 decisiones de archivo en 2010. La Comisión reportó que también emitió 25 informes de fondo que aun no se publican. Informe Anual 2010, supra nota 49, ¶39.
65 Informe Anual 2010, supra nota 49, ¶39.
casos y peticiones pendientes. De las decisiones restantes, setenta y tres solamente resolvieron su admisibilidad, el primer paso del procedimiento. La disparidad entre el número de peticiones recibidas y el número resuelto indica que a menudo la velocidad de la Comisión no es suficiente para para mantenerse al día con la demanda de resoluciones sobre las peticiones y casos, causando así un congestionamiento.
Según un funcionario de la Comisión, hay un esfuerzo aún mayor para mantenerse al día con la llegada de nuevas peticiones de manera oportuna dentro de la Secretaría Ejecutiva, la cual debe tramitar todas las peticiones recibidas antes de que puedan llegar a la etapa de admisibilidad. Actualmente hay aproximadamente 5.200 solicitudes en espera de una revisión inicial. En la actualidad, estas peticiones no revisadas se remontan hasta 2008. Sin embargo, según las mismas fuentes de la Comisión, esta lista de espera es mucho más corta de lo que lo era hace unos años. La Clínica felicita a la Secretaría Ejecutiva por reducir drásticamente el congestionamiento en la revisión de las peticiones nuevas, resultado de un esfuerzo coordinado que recaudó recursos adicionales con el propósito específico de eliminar este congestionamiento para el 2015. Específicamente, la Clínica destaca que desde 2008 la Comisión pudo evaluar más peticiones de las que recibió.
La información de la Clínica se enfoca en el congestionamiento de casos que puede percibirse de las resoluciones publicadas. Sin embargo, la Comisión ha publicado recientemente estadísticas sobre las peticiones y los casos en espera que no han sido decididas 66 . Para el 30 de Agosto de 2011, había 5.213 peticiones en espera de una evaluación inicial 67 . 1.137 peticiones esperaban una determinación sobre su admisibilidad 68 , y 515 asuntos esperaban una resolución de fondo 69 . Por lo tanto, el congestionamiento actual se concentra predominantemente en las fases iniciales. Sin embargo, si la Comisión continúa dedicando sus recursos a la fase de admisibilidad sin dar un mayor énfasis a la etapa de fondo, solamente logrará transferir el congestionamiento a esta última etapa. También debe considerarse que la evaluación de peticiones nuevas y elaboración de informes de admisibilidad son más sencillos y rápidos que la preparación de los informes de fondo.
66 Plan Estratégico Parte I, supra nota 58, p. 18.
67 Repuestas de la Comisión, supra nota 9, p. 16.
68 Íd.
69 Íd.
Número de peticiones y casos pendientes
El bajo número de casos que han sido plenamente adjudicados refleja una tendencia en la Comisión. Desde 2002, la Comisión ha publicado menos de diez decisiones de fondo por año excepto en 2009. En 2010, sin contar las decisiones de archivar 70 , solamente poco más del 15% de las decisiones de la Comisión puede considerarse que resolvieron plenamente el fondo del asunto mediante una resolución de fondo o solución amistosa. Incluyendo los casos presentados ante la Corte, el número de casos plenamente resueltos solamente asciende al 29%. Esto significa que, si bien la Comisión puede estar generando más decisiones que en el pasado, cada vez más y más peticiones permanecen en el sistema sin una decisión final. De acuerdo con el Secretario Ejecutivo de la Comisión, a finales de 2008, 1.296 peticiones y casos estaban siendo tramitados, con 904 (69%) en la etapa de admisibilidad y 392 (31%) en la etapa de fondo 71 . La misma proporción se mantuvo en el 2010. Inclusive en su año más productivo (2010), el porcentaje de decisiones de fondo de la Comisión no igualó al porcentaje de casos pendientes en la etapa de fondo (29% contra 31%). El desequilibrio entre las decisiones de admisibilidad y las de fondo, a pesar de ser útil para eliminar aquellos casos que claramente carecen de fundamento, aumenta el congestionamiento aún más y no proporciona recomendaciones finales en suficientes casos.
70 La Clínica no incluye a las decisiones de archivo como decisiones que deciden definitivamente los casos y peticiones. Contar a las decisiones de archivo como resoluciones finales tergiversaría su relación con las decisiones de admisibilidad. Aunque los casos archivados son eliminados de la fila de espera, la comparación de la admisibilidad con el fondo y las decisiones de solución amistosa muestra de una mejor manera la relación entre la creciente fila de espera después de la etapa de admisibilidad. Todos aquellos casos determinados admisibles deben eventualmente obtener una resolución final en la forma de una decisión de fondo o de solución amistosa, o pueden ser archivadas o remitidas a la Corte. Las decisiones de archivo no conllevan ninguna determinación implícita o explícita sobre la queja, ni tampoco conllevan a ningún tipo de satisfacción para el peticionario. En todo caso, como se explica en el texto, las decisiones de archivo por su carácter y efecto son similares a las de inadmisibilidad en el sentido de que son eliminadas de la lista de casos y peticiones pendientes en la CIDH pero no contienen determinaciones sobre los méritos de la petición o caso. 71 Presentación del Secretario Ejecutivo, supra nota 35 p. 3.
% Total de Peticiones y Casos Plenamente
Decisiones por Año
Admisibili
Inadmisib
Inadmisible, y
Casos Archivados y Plenamente Decididos
Porcentaje de Archivos e
Inadmisibles Comparado
Porcentaje Plenamente
Esta prioridad de enfocarse en las etapas iniciales de las peticiones se basó en la hipótesis vigente inicial de que, considerando los recursos tan limitados conferidos a la Comisión, un acercamiento escalonado sería la mejor estrategia para hacer frente al congestionamiento 72 . La Comisión actualmente estima que se alcanzará un promedio en curso de 18 meses de retraso en las etapas iniciales para 2013, con 3 meses para 2016 73 . La Comisión sostiene que una vez que se logre un retraso más razonable en las etapas iniciales, se podrán asignar recursos adicionales a otras etapas 74 . Mientras es entendible que la Comisión debía comenzar por alguna etapa resulta cuestionable que adoptando esta metodología que no considera el procedimiento como un todo ayude a reducir el congestionamiento procesal de la Comisión.
72 Información proporcionada por miembros previos y actuales de la Secretaría.
73 Respuestas de la Comisión, supra nota 9, p. 5.
74 Información proporcionada por miembros previos y actuales de la Secretaría.
Peticiones y Casos Archivados e Inadmisibles,
Casos Plenamente Decididos, y Número Total
de Decisiones que Eliminan Casos del Docket
Inadmisibles Comparado con
Total de Porcentajes de
Archivos, Inadmisible, y
Plenamente Decididos
La figura demuestra que aun si se toman en cuenta las decisiones de archivo e inadmisibilidad el porcentaje total de casos y peticiones totalmente decididas o eliminados de la lista de espera de la Comisión es hoy menor que el de 1996. De modo, que hoy, la Comisión elimina aproximadamente un 20% menos de casos y peticiones que lo que hacia 15 años atrás. También demuestra que la Comisión hoy en día elimina más casos y peticiones a través de decisiones de admisibilidad y archivo que decisiones sobre el merito, solución amistosa o remisión a la Corte. Mientras en 1996, la Comisión eliminó casi un 70% a través de soluciones amistosas, méritos o remisión a la Corte frente a aproximadamente un 20% en archivos e inadmisibilidades. Quince años más tarde, la proporción se revirtió a poco más de 45% de archivos e inadmisibilidades frente a algo más de 20% en decisiones finales sobre el fondo.
Inevitablemente, el congestionamiento se correlaciona con mayor retardo procesal para los peticionarios. Sin embargo, el tiempo promedio de espera para los peticionarios no se encontraba disponible públicamente debido a que la Comisión no daba a conocer ninguna información sobre este tema y no se conoce ningún estudio cuantitativo sobre la tramitación de peticiones individuales por parte de la Comisión. La Clínica reconoce que al menos a través de la publicación de sus informes en casos y peticiones es posible cuantificar parte del retraso. Sin embargo, es imposible saber el tiempo que llevan en el listado de casos y peticiones, aquellos que no tienen ninguna decisión pública. Para subsanar esta falta de información, la Clínica creó una base de datos que cataloga el tiempo transcurrido entre la presentación inicial de la petición y la fecha de publicación de todas las decisiones que la Comisión ha adoptado de 1996 a
diciembre de 2010 75 . Parte de esta información ya ha sido compilada por la Comisión en sus respuestas a los requerimientos de la Clínica.
Los datos de la Clínica son limitados por el hecho de que sólo incluye a las peticiones y casos que tengan algún tipo de resolución publicada, omitiendo las peticiones que actualmente se encuentran en la lista de espera de la Comisión. Sin embargo, es probable que esta limitación sea intrascendente para las conclusiones finales de la Clínica ya que, en todo caso, esta omisión conduciría a la Clínica a subestimar la duración del retardo procesal de los peticionarios. De acuerdo a diversas fuentes entrevistadas por la Clínica, en el pasado, la Comisión decidía revisar las peticiones basándose en la solidez de las afirmaciones de hecho del peticionario, los argumentos jurídicos planteados, la actitud del Gobierno acusado, y/o el seguimiento constante del peticionario. No fue sino hasta recientemente que la Comisión, de acuerdo con las fuentes entrevistadas, adoptó la política de atender a los casos cronológicamente 76 . Dado que las decisiones publicadas anteriormente se priorizaban en función de su solidez, la base de datos de la Clínica necesariamente presenta un sesgo hacia aquellos casos que fueron adjudicados con mayor rapidez. La Comisión ha afirmado que toma en consideración cuales asuntos llevan el mayor retardo procesal para una decisión y aquellas cuestiones que pueden requerir una respuesta urgente debido a la naturaleza del asunto 77 .
De acuerdo a los resultados de la Clínica, en promedio se requieren más de cuatro años para obtener una resolución sobre la admisibilidad de una petición y casi dos años y medio más para obtener una decisión sobre el fondo del asunto, dejando a los peticionarios con un retardo procesal promedio de seis años y medio para obtener una decisión de fondo. La Comisión, por su parte, identificó un promedio 6 años para una decisión final 78 . Si, en lugar de obtener una decisión de fondo, el caso es remitido a la Corte el retardo procesal es aún más largo 79 .
75 La fuente de esta información fueron las decisiones en sí mismas, encontradas en la página de internet de la Comisión, disponible en http://www.cidh.oas.org/casos.esp.htm .
76 Aun así, hay excepciones claras a esta regla. Vid., por ejemplo, las diferencias entre estas tres decisiones que se ocupan de peticiones brasileñas adoptadas en marzo de 2010. José Do Egito Romão Diniz contra Brasil, Petición 262-05, Informe de la CIDH Nº 6/10 (15 de marzo de 2010) (presentada el 14 de marzo de 2005); Fátima Regina Nascimento de Oliveira y Maura Tatiane Ferreira Alves contra Brasil, Petición 12.378, Informe de la CIDH Nº 7/10 (15 de marzo de 2010) (presentada el 22 de marzo de 2001); Ivanildo Amaro da Silva et al. contra Brasil, Petición 1198-05, Informe de la CIDH Nº 38/10 (17 de marzo de 2010) (presentada el 24 de octubre de 2005) disponibles en
http://www.cidh.oas.org/casos/10.sp.htm.
77 Respuestas de la Comisión, supra nota 9, p. 18.
78 Plan Estratégico Parte I, supra nota 68, p. 20.
79 Para una discusión más detallada sobre la duración del procedimiento de la Corte, vid.Sección II (B)(2).
Promedio de Años para las Decisiones de la Comisión
Núm. de Peticiones
Desv. Est. Anual
20.92 19.85
0.39 2.36
Más aún, en el período cubierto por la base de datos (1996-2010), el número promedio de años para cada una de los cuatro tipos de decisiones 80 ha aumentado, por lo que es probable que el retardo procesal actual sea aún más largo que los promedios mencionados previamente. El tiempo promedio de espera para una decisión sobre admisibilidad fue de más de cuatro años para las decisiones publicadas entre 2002 y 2010, pero fueron un poco menores de tres años en el período de 1996 a 2001, previo a las principales reformas al Reglamento de la Comisión (aprobados en diciembre de 2000). Esta información preliminar sugiere que los cambios al Reglamento en el 2000 incrementaron los tiempos de adjudicación. Del mismo modo, para las decisiones de fondo, actualmente el número promedio de años que una petición tiene que esperar es superior a aquel de antes de 2008, año en el que la Secretaría Ejecutiva fue restructurada significativamente, creando la Unidad de Registro y otras medidas. Como se verá más adelante, varios factores pueden explicar este incremento, incluyendo el hecho de que todo cambio requiere de tiempo para que los resultados se materialicen y, en particular, que la Comisión ya se está ocupando de su congestionamiento. Al tramitar todas las peticiones y casos particularmente aquellas más antiguas, el tiempo promedio de los procedimientos necesaria y comprensiblemente se incrementará.
80 Como se ha explicado previamente, supra 70, p. 26, la Clínica excluye a las decisiones de archivo ya que no fueron hechas públicas sino hasta en los últimos dos años.
Años Promedio para llegar a una Decisión
Duración Promedio de las Fases de Tramitación Inicial, Admisibilidad, y Fondo
Antes y Después de las Reformas de 2000 al Reglamento
Fecha de Petición a
Transmitió al Estado
Transmitió al Estado a
Específicamente, la práctica de atender a las peticiones y casos en orden cronológico en
vez de cualquier otro tipo de jerarquización puede contribuir al aumento de los retardos
procesales. La Clínica se ve alentada por los esfuerzos de la Comisión para reducir la demora y
el congestionamiento, pero observa que este cambio, naturalmente, ha aumentado el tiempo
promedio que le toma a la Comisión para finalmente resolver cada caso. Lo anterior se debe a que la Comisión está resolviendo casos que ya se encontraba rezagados por algún tiempo.
Al mismo tiempo, el aumento en el promedio que se observa en los datos de la Clínica no puede ser atribuido por completo a este cambio en las prácticas, ya que la tendencia al alza en los retardos procesales comenzó desde antes de estos cambios. A fin de corregir los efectos causados por la práctica de atender a las peticiones antiguas en el nuevo orden cronológico, la Clínica también midió el tiempo transcurrido entre el momento en que la petición fue transmitida al Estado y la decisión de fondo de la Comisión. De esta manera, la Clínica puede controlar el impacto sobre la duración promedio de los procedimientos al atender y reducir el congestionamiento de las peticiones nuevas (tal como lo hace el Registro). En el período comprendido entre 1996 y 2001, un promedio de 4.1 años transcurrió desde el momento en que una petición era transmitida al Estado hasta el momento en que la Comisión resolvía el fondo del caso. De 2002 a 2007, ese plazo se redujo a poco menos de tres años y medio 81 . Sin embargo, en el período comprendido de 2008 a 2010, transcurrió un promedio de seis años desde la transmisión de la petición ante el Estado hasta la decisión del caso en cuanto al fondo. Estas mediciones no incluyen ningún plazo atribuido a la nueva práctica de seguir un orden cronológico—en la tramitación inicial—pero, aun así, el tiempo de adjudicación aumentó. Por lo tanto, la Clínica reconoce que la priorización por orden cronológico necesariamente significa que el tiempo promedio de espera se incrementará, pero ese cambio no da cuenta de todo el aumento en los tiempos de adjudicación de las peticiones y los casos.
Duración del Procedimiento ante la Comisión por Periodo de Tiempo:
Duración Total Comparada con la Duración Después de la Transmisión al Estado
3.434429825
4.133701948
4.191258919
7.44511041
4.140574713
6.056849439
decisión más
81 Sin embargo, en ese período todavía hubo una duración promedio de poco más de cuatro años desde la presentación de una petición hasta la decisión de fondo. Por lo tanto, se le dedicó más tiempo a la tramitación inicial y el tiempo promedio general no disminuyó.
Los efectos de seguir un orden cronológico (si es ese el caso) se reflejaría necesariamente en la duración del procedimiento. De 2008 a 2010, el retardo procesal promedio para una decisión de admisibilidad era de más de seis años, y el retardo procesal promedio para una decisión de fondo era de casi ocho años. Es probable que los retardos procesales promedio continúen aumentando a medida que la Comisión siga recibiendo peticiones y su congestionamiento siga aumentando. Por lo tanto, conforme a la tendencia de retardos procesales promedio crecientes, las peticiones que se presenten hoy en día pueden requerir más de una década antes de que la Comisión pueda llegar a cualquier tipo de conclusión sobre ellas 82 . La justificación para seguir un orden cronológico puede explicarse desde un punto de vista organizacional y de justicia para quienes llevan mas tiempo aguardando una decisión. Pero puede generar un detrimento en la necesaria flexibilidad que la Comisión necesita para cumplir con los otros objetivos de su mandato.
Tal como era de esperar, las estadísticas proporcionadas por la Comisión resultan aún menos favorables. De acuerdo a la información de la CIDH, la duración promedio actual de tramitación de asuntos que han llegado a la etapa de admisibilidad (pero que aun esperan una decisión) es de 70 meses (6.83 años). Es importante destacar el hecho de que esta cifra no solo es mayor a la obtenida por la Clínica, sino que además los datos de la Clínica incluyen casos cuya admisibilidad ha sido resuelta. La CIDH identifica que la duración promedio de tramitación de los asuntos que han llegado a la etapa de fondo (la cual incluye el tiempo de evaluación inicial, admisibilidad y fondo) y están a la espera de una decisión es de 86 meses. De nuevo, esta cifra es mayor a la sugerida por los datos de la Clínica.
La duración de la adjudicación de los casos ante la Corte viene a sumarse a los desafíos que enfrenta la Comisión, pues la cantidad de tiempo que pasa un caso en la Corte viene a aumentar aún más los retardos procesales. Los casos ante la Corte toman en promedio casi ocho años desde el momento en que se presenta la petición ante la Comisión hasta la resolución final de la Corte. Sin embargo, puede que este plazo de tiempo aún sea mayor debido a que, en algunos casos, la resolución final no es la sentencia en sí misma, sino alguna interpretación de la misma de conformidad con el artículo 68 de su Reglamento.
Los casos demorarán en promedio un año y nueve meses en la Corte, después de haber pasado, en promedio, poco más de cinco años y nueve meses ante la Comisión. Debido a que la carga de trabajo de la Comisión es mayor y a sus etapas procesales adicionales, es de esperarse que la Comisión tome una mayor cantidad de tiempo para la tramitación de los casos. Adicionalmente, la amplitud y facilidad de acceso a la CIDH significa que muchos denunciantes no cuentan con una abogada representante. Por lo que muchas veces, la Comisión no cuenta con toda la información disponible y es a través de la tramitación de la petición que se va completando el acervo probatorio de la petición o caso. Sin embargo, dado que la Comisión es un órgano cuasi-jurisdiccional con normas probatorias menos rigurosas, mayor flexibilidad en general, y más poder de negociación, podría esperarse también que se diera el caso contrario—
82 Será importante que la Comisión determine si la transferencia de tantos recursos humanos al Registro ha tenido un impacto negativo en la duración total del procedimiento.
que la adjudicación debería tomar menos tiempo en la Comisión y más tiempo en la Corte. Por el otro lado, como se ha mencionado previamente, la Comisión tiene asignadas muchas más funciones que la Corte. Por lo tanto, no todos los recursos de la Comisión, ya sea tiempo, fondos o personal, pueden ser asignados para atender las quejas individuales.
La Clínica no encontró diferencias significativas en los tiempos que pasan los casos en los procedimientos de la Comisión entre aquellos que fueron finalmente decididos por la Comisión y aquellos que se decidieron finalmente por la Corte. Los números indican que los casos presentados ante la Comisión y eventualmente presentados ante la Corte fueron gestionados por la Comisión, en promedio, nueve meses más rápido que aquellos que nunca se remitieron a la Corte. Sin embargo, esta discrepancia puede explicarse por la forma en que la Clínica midió los plazos y por el procedimiento de publicación de los informes de fondo. La base de datos de la Clínica documenta la fecha de publicación de los informes de fondo de la Comisión (es decir, aquellos informes contemplados por el artículo 51), en lugar de la adopción inicial, no publicada, de los informes de fondo (es decir, aquellos informes contemplados por el artículo 50) 83 . Entre la adopción y la publicación de los informes de fondo transcurren tiempos considerables debido a que la Comisión le otorga plazo a los Estados para cumplir con el informe de fondo preliminar antes de adoptar un informe de fondo final y luego de un nuevo plazo adicional decidir su publicación 84 .
83 Estos nombres se refieren a los artículos de la Convención que describen los informes. Convención Americana, supra nota 5, arts. 50-51; Vid. también el Reglamento de la Comisión, supra nota 6, arts. 45, 47.
84 Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 47.
Corte: Tiempo Promedio por Año
Promedio de Años desde la Presentación de la Petición ante la Comisión hasta la Presentación ante la Corte
Promedio de Años desde la Fecha de Presentación ante la Corte hasta el Fondo
Promedio de Años de Inicio a Fin
4.275 9.053
1.492 7.026
1.908 8.061
2.225 5.637
2.590 6.162
2.583 7.683
1.861 9.412
1.810 7.416
1.611 6.889
1.485 7.262
0.953 11.000
1.624 10.301
1.466 8.326
1.219 8.483
1.741 7.947
Corte: Tiempo Promedio por Periodos (Años)
Años Promedio de Inicio a Fin
2.38 6.93
2.36 6.57
1.68 7.67
1.49 9.08
Promedio de Años para la Disposición de Casos en la Corte
▪ Promedio de Años desde la Presentación de la Petición hasta su Presentación ante la Corte
▪ Promedio de Años desde la Fecha de Presentación ante la Corte hasta el Fondo
▪ Promedio de Años de Inicio a Fin
Duración Promedio Total
Promedio de Años desde
que se presenta la Petición
Average of Years from Filing
hasta que se remite a la
of Petition to Filing with
Average of Years from File
Date with Court to Merits
ante la Corte hasta que se
resuelve el fondo
Average of Years from
Promedio de Años de Inicio
Los datos cuantitativos sobre la Corte muestran que el tiempo en que una petición/caso es tramitada por la Comisión es mucho mayor al tiempo en que el caso es tramitado por la Corte. Como ya lo hemos mencionado, este hallazgo es de esperarse ya que la Comisión tiene una mayor carga de trabajo y una multiplicidad de funciones. Al mismo tiempo, la duración dentro de la Comisión ha aumentado mientras que la duración del procedimiento para los mismos casos en la Corte se ha reducido. Algunos funcionarios de la Comisión señalan que los casos que se envían a la Corte son más claros o tienen más posibilidades de triunfar en cuanto al fondo 85 . En otras palabras, el argumento consiste en que, en la actualidad, la Comisión tramita los casos de una manera más profunda y judicial lo que requiere de más tiempo de procesamiento. Puede que esto explique en parte el por qué de los mayores tiempos de la Comisión en general, pero no altera la conclusión que la duración del proceso en la Comisión ha aumentado, mientras que el de la Corte ha disminuido. La Clínica no ha medido aún el efecto en el tiempo de duración en la Corte de los casos remitidos en los últimos dos años por la CIDH que ha crecido exponencialmente.
Además de los retos cuantitativos, la Comisión se enfrenta a obstáculos cualitativos que entorpecen a su procedimiento. La Comisión lucha contra la falta de financiamiento, problemas con el sistema de recepción de peticiones, la duplicación, y el acceso limitado al sistema en línea. Adicionalmente, el sistema de recepción de peticiones incentiva demasiadas peticiones improcedentes. Más aun, el sistema por el cual los peticionarios y los Estados presentan información, incluso después de la presentación inicial, ocasiona demoras en los procedimientos de la Comisión. Además de todas las oportunidades formales para presentar información ante la Comisión que el Reglamento prescribe, existe una costumbre de permitir que los Estados y los peticionarios presenten información en etapas posteriores. Por último, existe una aplicación inconsistente de las normas y una falta de información pública sobre decisiones procesales.
Como se ha descrito previamente en la Sección II(A)(3), la OEA no brinda los fondos suficientes para que Comisión desarrolle sus múltiples funciones. Consecuentemente, la Comisión depende del financiamiento adicional y voluntario de algunos de los Estados miembros, Estados observadores, y de las donaciones voluntarias de instituciones independientes. Las aportaciones de los Estados miembros pueden representar un aparente conflicto de intereses para la Comisión, la cual debe decidir los casos de manera imparcial con respecto a aquellos Estados miembros que le han dado fondos adiciónales 86 . Más aun, estos fondos adicionales no sean sustentables. Dado a que las aportaciones externas al presupuesto de la OEA son voluntarias, estas contribuciones dependen de las prioridades y capacidades financieras de los donantes, dos factores que son variables 87 . Adicionalmente, los donantes tienden a condicionar sus aportaciones a proyectos especiales, en vez de a las funciones básicas de la Comisión, incluida la tramitación de los casos 88 .
85 Entrevista telefónica con un miembro del personal de la Secretaría Ejecutiva, CIDH (5 de octubre de 2010) [en adelante la entrevista de la Secretaría Ejecutiva]. El funcionario solicitó permanecer anónimo.
86 Cfr. James L. Cavallaro y Stephanie Erin Brewer, Reevaluating Regional Human Rights Litigation in the Twenty- First Century: The Case of the Inter-American Court, 102 AM. J. INT’L L. 768, 783 (2008).
87 Íd.
88 Entrevista de la Secretaría Ejecutiva, supra nota 86.
Desde la presentación inicial de una petición, existen dificultades en el procedimiento de la Comisión, comenzando por el sistema de recepción de nuevas peticiones de la Comisión. En primer lugar, la Comisión no aprovecha todo el potencial de su sistema de peticiones en línea 89 . Si un solicitante presenta una petición en línea, él o ella aun deben presentar una copia física firmada. En algunas ocasiones, la Secretaría Ejecutiva registra por separado estos envíos múltiples. Al elaborar su base de datos sobre los casos, la Clínica identificó diversas peticiones que presentaban fechas inconsistentes en sus informes 90 . La Clínica considera que algunas de esas contradicciones se generan cuando una petición es presentada más de una vez a través de canales distintos. Si la petición se registra en más de una ocasión, se gastan valiosos recursos pues puede que el personal comience a tramitar una misma petición dos veces, duplicando el procedimiento de admisión. Inclusive si la petición no se registra más de una vez, el personal de la Comisión aun tendría que leer todas las versiones diferentes y subsecuentes para poder estar seguros de que son idénticas.
Solo recientemente, la Comisión mejoró la visibilidad del sistema de peticiones en línea 91 . La ventaja del sistema en línea es que la Comisión obtiene automáticamente una versión digital de la petición. Al comenzar ya teniendo una versión digital de la petición a su disposición, se puede ahorrar tiempo de tramitación y reducir diversos errores en su registro. Si más peticionarios aprovecharan el sistema en línea, la Secretaría Ejecutiva podría dedicarle más tiempo a la evaluación de las peticiones y menos tiempo a su tramitación. La Clínica reconoce, sin embargo, que existe una falta de acceso universal a Internet en las Américas, y, por lo tanto, un sistema puramente digital jamás puede ser implementado por completo ya que se restringiría el acceso a la justicia para algunas personas.
El sistema actual de recepción de peticiones incentiva a demasiadas peticiones improcedentes. La información sobre los requisitos para la admisibilidad de las peticiones se encuentra al alcance del público, pero se limita al Reglamento de la Comisión, y no proporciona ejemplos concretos 92 . En el ultimo tiempo, la Comisión expandió la información disponible mediante un folleto informativo detallado así como dando explicaciones más puntuales en el formulario de peticiones en línea. Estas iniciativas son bienvenidas pues pueden reducir el número de peticiones no tramitables. De todas maneras, parte del folleto y del formulario todavía mantienen un lenguaje sumamente jurídico y abstracto que puede resultar difícil de entender para alguien que carece de conocimiento técnico sobre la Comisión. Esta falta de información comprensible y de ejemplos concretos de peticiones no procesables puede dar cuenta del casi noventa por ciento de las peticiones que son estimadas improcedentes por la Comisión. El congestionamiento de peticiones pendientes de una revisión inicial se compone, en gran parte, de peticiones que no cuentan con los requisitos necesarios para superar la fase de preselección, lo
89 La Comisión sostuvo en su comunicación con la Clínica que el 33% de las peticiones fueron recibidas usando el formato en línea.
90 Vid., por ejemplo., Jiménez contra Costa Rica, Petición 12.136, Informe de la CIDH Nº 97/10, ¶¶1, 4 (12 de julio de 2010), disponible en http://www.cidh.oas.org/casos/10.sp.htm (“El 12 de mayo de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por Segismundo Gerardo Porras Jiménez ... [la] petición fue recibida por la CIDH el 27 de agosto de 1998”.).
91 http://www.cidh.oas.org/Default.htm.
92 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp/.
cual impide que las quejas legítimas reciban la atención que requieren 93 . Puede que estas peticiones improcedentes requieran de menos tiempo que aquellas que si son procedentes, pero aún exigen tiempo y recursos.
También hay una potencial confusión respecto de las funciones del grupo responsable de la recepción de las peticiones, el Registro. Esto se debe a que por lo general otros tribunales utilizan al término de “Registro” para referirse a las entidades que llevan a cabo las actividades encomendadas a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 94 .
El sistema por el cual los peticionarios y los Estados presentan información y pruebas, incluso después de la presentación inicial, puede dar lugar a demoras en el procedimiento de la Comisión. Actualmente, los peticionarios presentan una petición inicial con o sin prueba. Posteriormente pueden presentar información adicional para cumplir con los requisitos del Reglamento, en virtud del artículo 26.2, e incluso pueden presentar información adicional y pruebas por escrito o por medio de una audiencia más adelante, de conformidad con el artículo 30.5. Una vez que se abre el caso, el peticionario puede presentar una nueva serie de observaciones y pruebas (aunque estas son diferentes ya que se refieren al fondo del asunto, en lugar de su admisibilidad) conforme al artículo 37.1, y más adelante tienen otra oportunidad para presentar evidencia si la Comisión así lo solicita, de acuerdo al artículo 37.4.
Asimismo, el Estado presenta su información y pruebas sobre admisibilidad ante la Comisión después de que la Comisión le transfiere inicialmente la petición 95 . El Estado tiene una segunda oportunidad para presentar pruebas por escrito o en una audiencia 96 , una tercera oportunidad para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo 97 , y una cuarta oportunidad para presentar información por escrito o por medio de una audiencia 98 . Todas estas oportunidades para presentar información retrasan la toma de decisiones de la Comisión pues la Comisión no puede decidir el caso sin conocer todos los hechos.
Además de todas las oportunidades procesales formales que el Reglamento ofrece para presentarle información a la Comisión, hay una costumbre de solicitar y/o permitir que los Estados y los peticionarios presenten información pertinente en etapas posteriores. En la mayoría de los casos y peticiones, la Comisión solicita observaciones de los peticionarios y Estados en diversas ocasiones, yendo más allá de lo que el Reglamento exige 99 . Puede ser que esta
peticiones, de las cuales
y resolvió tramitarlas
(considerándolas admisibles) - Informe Anual 2010, supra nota 49, ch. III(B)(1)(c).
94 Vid., por ejemplo, The “Registry”, THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, http://www.icj- cij.org/Registry/index.php?p1=2 (última visita: 4 de enero de 2011); “Registry”, INTERNATIONAL CRIMINAL
http://www.icc-
cpi.int/Menus/ICC/Recruitment/Internships+and+Visiting+professionals/Opportunities/Registry.htm (última visita:
4 de enero de 2011); Role of the “Registry”, EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/How+the+Court+works/Registry/ (última visita: 4 de enero de 2011).
95 Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 30.3.
96 Íd. art. 30.5.
97 Íd. art. 30.7.
98 Íd. art. 65.
99 Vid., por ejemplo, Vargas v. Paraguay, Caso 12.431, Informe de la CIDH Nº 121/10, ¶¶6-14 (23 de octubre de
2010) disponible en http://www.cidh.oas.org/casos/10.sp.htm
(donde se listan quince ocasiones en las cuales la
costumbre se promueva o se requiera debido al congestionamiento actual de casos pendientes. Dado a que ya existen casos en la lista de espera, el exigir una temprana presentación de las pruebas puede ser visto como algo arbitrario. Adicionalmente, después de años de retrasos, parte de la información puede volverse anticuada tanto en términos de la evolución de la situación de hecho como en términos de los avances de la jurisprudencia o prácticas del sistema. Por otro lado, la costumbre de permitir la presentación tardía de información incentiva a las partes a retener la información que revele las fortalezas y debilidades de sus casos. Este tipo de maniobras estratégicas le impide a la Comisión elaborar sus informes con más anticipación en el procedimiento y, en algunas ocasiones, promover con las partes procesos de solución amistosa.
Además de la flexibilidad respecto a la presentación oportuna de información, otro reto para el procedimiento de la Comisión es el uso inconsistente de aquellas normas que pueden acelerar el procedimiento. Por ejemplo, el artículo 36.4 100 , que anteriormente era el artículo
37.3 101 , permite a la Comisión, en ciertos supuestos, combinar sus decisiones sobre admisibilidad
y fondo, pero no se aplica consistentemente y no está claro el por qué se aplica en algunos casos
Por ejemplo, en 2010, la Comisión publicó siete informes sobre casos Brasileños, no incluyendo a las decisiones de archivo 102 . Seis de estos informes son de admisibilidad y uno más es un informe combinado sobre admisibilidad y fondo. De esas siete peticiones y casos, en dos de ellos, el Gobierno Brasileño no presentó ningún argumento en contra de la admisibilidad de las peticiones. No obstante, la Comisión tomó enfoques absolutamente opuestos en el tratamiento de estos dos casos.
La petición 12.308 se presentó ante la Comisión el 22 de mayo de 2000. Diez meses después, el 22 de marzo de 2001, la petición 12.378 fue presentada. El Estado no respondió a la petición en ninguno de estos casos. El 17 de marzo de 2010, la Comisión adoptó el Informe 37/10 103 sobre la admisibilidad y el fondo de la petición/caso 12.308. En aquel caso, debido al silencio del Estado, la Comisión decidió combinar la admisibilidad con el fondo del caso, de conformidad con el artículo 37.3 del Reglamento de la Comisión 104 . Gracias a esta decisión, aproximadamente 10 años después de la presentación inicial de la petición, la Comisión pudo pronunciarse sobre el fondo del asunto.
presunta víctima presentó información y observaciones durante la etapa de fondo en respuesta al informe de admisibilidad, No. 84/03, y diez ocasiones en las cuales el Estado presentó información adicional o comentarios a solicitud de la Comisión).
100 Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 36.4.
101 CIDH., Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos art. 37.3 (25 de octubre de 2002) [en adelante Reglamento de la Comisión de 2002]. Estas normas fueron inicialmente adoptadas s en diciembre de 2000 e implementadas en 2001. Sin embargo, la Comisión les hizo algunos pequeños ajustes y las publicó en 2002. A lo largo de todo el documento, estas reformas se conocen como los cambios de 2000, pero su implementación real se produjo en 2001.
102 Hay cinco Informes de Archivo sobre casos brasileños en 2010.
103 Manoel Leal De Oliveira v. Brasil, Caso 12.308, Publicación (Artículo 51), Informe de la CIDH Nº 37/10 (17 de marzo de 2010), disponible http://www.cidh.oas.org/casos/10.sp.htm.
104 Íd., p. 29.
Dos semanas antes, el 3 de marzo de 2010, la Comisión adoptó un informe declarando a la segunda petición, la petición 12.378, admisible 105 . A pesar de que el Estado se mantuvo igualmente silencioso en este caso, casi nueve años después de la presentación de la petición, la Comisión se pronunció únicamente sobre su admisibilidad. La Comisión ahora tendrá que atender al fondo del caso, concediendo tiempo primero al peticionario y después al Estado para presentar sus alegatos finales sobre el fondo. Posteriormente, la Comisión aprobará un informe preliminar sobre el fondo, otorgará al Estado al menos dos meses para implementar sus recomendaciones, y luego adoptará un informe definitivo sobre el fondo, otorgará un plazo adicional y eventualmente decidirá sobre la publicación del informe 106 . De acuerdo con la información de la Clínica, esta etapa de fondo conlleva varios años.
En otras palabras, en dos casos relacionados con el silencio de un mismo Estado, la Comisión tomó soluciones opuestas sin dar ninguna explicación. En cuanto a las demoras, uno de estos casos tardará en decidirse por lo menos dos o tres años más debido a esta inconsistencia. Adicionalmente, en uno de estos casos, la Secretaría estuvo obligada a presentar un proyecto de informe sobre admisibilidad y los Comisionados a dedicar tiempo considerando dicho informe. Más aun, la Comisión tuvo que gastar recursos financieros en la traducción de esos informes por lo menos al inglés y español además de la versión en portugués. Dicho procedimiento tendrá que ser repetido en la etapa de fondo. En el otro caso, la Comisión ahorró tiempo y recursos al combinar las decisiones sobre la admisibilidad y fondo.
La falta de información pública sobre las decisiones procesales 107 , tal como la información que explique las inconsistencias antes descritas, representa un obstáculo persistente para la evaluación del procedimiento de la Comisión. Durante su investigación inicial, fue casi imposible para la Clínica encontrar información pública sobre algunos de los criterios utilizados por la Comisión. Por ejemplo, la Clínica obtuvo información verbalmente pero bajo la condición de mantener confidencial el nombre de la persona que proporcionó la información sobre el funcionamiento del Registro. La Clínica intentó obtener datos públicos sobre las peticiones nuevas a las que se les da prioridad pero se le informó que no hay información pública sobre este punto 108 . Sin embargo, la Clínica felicita a la Comisión por las respuestas que recibió de su parte el 4 de octubre de 2011. Estas respuestas informaron a la Clínica sobre prioridades y otros asuntos de importancia. La Comisión manifestó que se le da prioridad a los asuntos relacionados con la protección de la vida e integridad personal, dejando a un lado la tramitación de las peticiones y casos, así como el análisis de situaciones generales. A pesar de que la Clínica elogia a la Comisión por tomarse el tiempo para efectivamente responder a sus preguntas, lamenta que esta información no esté disponible públicamente 109 .
La misma situación ocurre con el resto de sus actuaciones. Por ejemplo, la Comisión
manifestó que ahora tramita a las peticiones
y casos en orden cronológico, pero
prioridad a algunos casos
una lista de espera
rápida. La Comisión ha
105 Fátima Regina Nascimento De Oliveira y Maura Tatiane Ferreira Alves contra Brasil, Petición 12.378, Informe de la CIDH Nº 7/10 ¶14 (15 de marzo de 2010), disponible en http://www.cidh.oas.org/casos/10.sp.htm.
106 Esto es asumiendo que la Comisión no remitiría el caso a la Corte.
107 Además de los informes de admisibilidad y de fondo en sí.
108 Entrevista con el Registro, supra, nota 19.
109 Respuestas de la Comisión, supra nota 9, p. 18.
establecido que se le debe dar estatus preferente al 10% de las peticiones, las cuales deben ser evaluadas de inmediato 110 . Sin embargo, no existe ningún documento público que discuta cómo es que la Comisión decide dar prioridad a ciertas peticiones o casos y a otros no. En su comunicación con la Clínica, la Comisión describió circunstancias en las que se les daría prioridad a algunos casos. La Comisión sostuvo que se da ‘crucial importancia para identificar quejas que podrían caracterizar violaciones y ofrecerles toda oportunidad para que se resuelvan.’ La Comisión explicó que a fin de entender o identificar estos criterios, uno debe ver a los casos individuales como una guía. Sin embargo, para cualquier peticionario, tal abundancia de documentación sería abrumadora.
La Clínica entiende que la Comisión, siendo un órgano cuasi-jurisdiccional, debe ser flexible en la tramitación de peticiones a fin de incentivar el compromiso de los Estados, las soluciones amistosas, y fortalecer las posibilidades de su impacto. Por lo tanto, la existencia de normas estrictas que regulen la administración del procedimiento podría afectar la efectividad de la CIDH. La Clínica se limita a proponer una mayor consistencia y transparencia sin perder la flexibilidad de la Comisión, ya que esta es una herramienta esencial a su disposición.
Una herramienta útil con la que cuenta la Comisión para aumentar su transparencia y eficiencia es su Sistema de Manejo de Documentos (“DMS” por sus siglas en inglés), que se describe con más detalle en la Sección III(B). Este sistema ha sido elogiado públicamente 111 , y la Clínica reconoce su éxito, a pesar de no haber alcanzado aún todo su potencial. Según las fuentes de la Clínica, el DMS sólo contiene a las peticiones y casos desde junio de 2010 (con la excepción de los anexos de las peticiones bajo estudio), pero no peticiones o casos más antiguos, y la Comisión no tiene actualmente ningún plan para digitalizar aquellos casos más antiguos 112 . Desde 2002, se incluyeron sistemáticamente todas las peticiones al PCMS, un sistema para el manejo de casos y asuntos que almacena la información básica de cada asunto que ha sido tramitado o que está pendiente ante la CIDH en el ‘sistema de peticiones individuales’ 113 . Al parecer (y, una vez más, no se encontró información pública clara sobre este punto), la razón para no digitalizar todas las peticiones y casos pendientes es una cuestión de recursos. Sin embargo, la incorporación al DMS de únicamente las peticiones y casos nuevos significa que durante varios años (tal como lo demuestra el estudio de la Clínica, hay casos que llevan dos décadas pendientes en la Comisión) la Comisión no será capaz de tramitar todas sus peticiones y casos de forma digital. Ello es contrario a su propósito de que toda la documentación que se reciba por la Comisión se registre digitalmente, que la documentación enviada por la Secretaria Executiva sea digital, y que se incentive la comunicación digital con los Estados y peticionarios 114 .
En parte, parece que el DMS tampoco alcanza todo su potencial debido a la falta de asimilación del personal. Un funcionario de la Secretaría Ejecutiva ha señalado que, en la
110 CIDH., Plan Estratégico 2011-2015, Parte II: Programas y Planes de Acción, p. 5 (febrero de 2011) [en adelante Plan Estratégico Parte II].
111 Comunicado de Prensa, CIDH, CIDH Celebra Nominaciones para su Sistema de Manejo de Documentos, Nº 16/11 (marzo 1 de 2011), disponible en http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2011/16-11sp.htm;
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2000/Comunicado18-00.htm
112 Respuesta de la Comisión, supra nota 9, p. 22.
113 Íd.
114 Íd. p.7.
actualidad, muchos de los funcionarios de la Comisión no están completamente familiarizados
con el DMS 115 . Sin embargo, La Comisión manifestó en sus comunicaciones con la Clínica que “[t]odos los miembros del personal recibieron entrenamiento [sobre el uso del PCMS y DMS] en
el momento que estos sistemas fueron puestos en práctica, y el personal entrante, así como los becarios y pasantes, reciben entrenamiento relacionado con el uso del PCMS y el DMS a su llegada. El personal puede adicionalmente recibir entrenamiento personalizado cuando sea necesario” 116 .
Efectos de un Procedimiento Lento en la Justicia y Promoción de Derechos Humanos
Como los datos de la Clínica señalan, los procedimientos de la Comisión toman demasiado tiempo y se resuelven menos casos al año de los que se necesitarían para reducir significativamente su congestionamiento y retardos procesales. Consecuentemente, por el momento, la Comisión no provee a los peticionarios de una justicia expedita. La Corte ha sostenido que el acceso a la justicia requiere que los casos se resuelvan en un plazo razonable:
El derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, ya que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales 117 .
A pesar que la Clínica no considera que los derechos y obligaciones consagrados en la Convención deban aplicarse directamente a la Comisión o la Corte, sí sostiene que los principios básicos de la administración de justicia, incluyendo a la justicia internacional, tales como el derecho a una justicia expedita son similares. El tener que esperar al menos dos años para una revisión inicial, otros dos años para una decisión sobre su admisibilidad y, todavía, dos años más para obtener una decisión de fondo afecta negativamente la percepción de los peticionarios de haber obtenido “justicia”. Además, los largos retardos procesales podrían desincentivar por completo a las víctimas para presentar sus peticiones, o disminuir el impacto de las decisiones de la Comisión sobre los derechos humanos en el Estado en particular, ya que no se emiten hasta varios años después de que ha ocurrido el evento 118 .
Este último punto es particularmente evidente en lo que respecta a las decisiones de fondo. Probablemente, las decisiones de fondo tienen el mayor potencial para promover los derechos humanos, ya que le dan la oportunidad a la Comisión de formular recomendaciones a cada Estado en particular y atender el problema subyacente que dio origen a la violación. Por lo tanto, es importante el hecho de que, en contraste con el volumen de peticiones que la Comisión
115 Entrevista del Registro, supra nota 19.
116 Respuestas de la Comisión, supra nota 9, p. 22.
117 Caso de la Masacre de Las Dos Erres v. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte Interamericana de Derechos Humanos ¶132 (24 de noviembre de 2009) (se omiten las referencias internas) [en adelante “La Masacre de las Dos Erres”]. Por supuesto que la Clínica no utiliza la referencia a este caso para indicar una responsabilidad similar de la CIDH por su retraso con la de un Estado que retarda la investigación de una masacre.
118 A lo que se debe agregar que, las peticiones solamente pueden llegar a la Comisión tras el agotamiento de los recursos internos, lo cual también puede tomar varios años.
recibe anualmente, sólo un reducido porcentaje recibe una decisión de fondo 119 . Muchas de estas peticiones no pasan la revisión preliminar de la Comisión, pero muchas simplemente perecen en el sistema. Más aun, la Corte exige que “la solución de la controversia” se produzca en un plazo razonable 120 . La noción de acceso a la justicia que puede tener un peticionario puede estar vinculada no sólo al momento en que el órgano comienza a ocuparse de una petición o caso, sino también al momento en que este organismo resuelve el caso. Por ello, es particularmente problemático que la Comisión emita muchas menos decisiones de fondo que otros tipos de decisiones. Este problema puede verse agravado por el hecho de que las decisiones de la Comisión no sirven de precedente. Cuando las decisiones de los órganos jurisdiccionales constituyen un precedente vinculante, inclusive un número pequeño de decisiones al año pueden tener un gran impacto. En el caso de la Comisión, el impacto de sus decisiones es mucho más limitado 121 .
Reiteradamente, comentaristas han subrayado (y a menudo criticado) la dificultad que tiene la Comisión hacer frente a las peticiones de manera oportuna 122 . En un artículo reciente, Lea Shaver argumentó que el bajo número de casos que la Corte resuelve es una debilidad evidente que limita drásticamente su efectividad 123 . En lo que resta de este informe, la Clínica argumenta que, de la misma manera, el bajo número de casos resueltos por la Comisión disminuye su efectividad y su eficiencia. La Clínica felicita a la Comisión por reconocer la necesidad de una mayor eficiencia y por adaptar diversas reformas procesales con el ánimo de reducir las demoras y los retardos procesales 124 . Sin embargo, como los datos de la Clínica reflejan, estas reformas aún no han tenido un impacto significativo sobre el problema. El tiempo promedio de espera de más de seis años—es inadmisible para un adecuado “acceso a la justicia”. La Clínica reconoce que si la Comisión se enfocara en hacer frente al congestionamiento el tiempo promedio inevitablemente aumentaría. Pero, si el aumento en los tiempos no está vinculado con la reducción del congestionamiento, tal como lo muestra el estudio de la Clínica, hay un problema. Además, la mayoría de las decisiones recientes de la Comisión han sido de
119 Esto también parece ser un problema crónico. Según un estudio, entre 1971 y 1981, la Comisión recibió 6.756 peticiones pero solo publicó 437 informes o sólo el 6,5% de las peticiones recibidas. Según el mismo estudio, entre 1975 y 1990, la Comisión solamente publicó 267 informes sobre casos. Vid. ILSA, Aportes, supra nota 59, p. 58.
120 Masacre de “Las Dos Erres”, supra nota 87, ¶132.
121 No obstante, la Clínica considera que las decisiones de la Comisión sobre los casos individuales deben servir como principios rectores para todos los Estados miembros de la OEA y no sólo para aquellos involucrados en un caso particular.
122 Vid. Committee on International Human Rights, Inter-American Commission on Human Rights: A Promise Unfulfilled, 48 REC. OF THE ASS'N OF THE B. OF THE CITY OF N.Y. 589, pp. 602–04 (1993); Shelton, Dinah. Improving Human Rights Protections: Recommendations For Enhancing The Effectiveness of the Inter-American Commission and Inter-American Court of Human Rights. American University International LawReview 3, no. 2
(1988): 323-337 p. 323; HECTOR FAUNDEZ LEDESMA, EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS, 507 (2004); Ariel Dulitzky, La Duración Del Procedimiento Ante El Sistema Interamericano De Protección De Los Derechos Humanos: Responsabilidades Compartidas, en EL FUTURO DEL SISTEMA
INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (ed. por Juan E. Méndez y Francisco Cox, IIDH
1998); Robert K. Goldman, History and Action: The Inter-American Human Rights System and the Role of the Inter- American Commission on Human Rights, 31 HUM. RTS. Q. 856, pp. 881–82 (2009).
123 Lea Shaver, The Inter-American Human Rights System: An Effective Institution for Regional Rights Protection? 9 WASH. U. GLOBAL STUD. L. REV. 639 (2010).
124 Vid. Informe Anual 2007, supra nota 61, cap. I, ¶ 10 (“la Comisión ha realizado varios esfuerzos recientes para desempeñar con mayor eficacia su mandato de proteger a los pueblos del hemisferio de manera más efectiva").
admisibilidad y no de fondo. Esta es la consecuencia de las reformas procesales del año 2000 que debe ser revertida ya que hay una necesidad de resolver definitivamente los casos.
III. Reformas Procesales y Administrativas y su Impacto en la Eficiencia de la Comisión
Desde el año 2000, la Comisión ha aprobado y adoptado varios cambios procesales y administrativos importantes, algunos de los cuales fueron diseñados específicamente para hacer frente al congestionamiento y demoras procesales. Adicionalmente, la Comisión ha incrementado su capacidad tecnológica a fin de afinar sus procedimientos. Estos cambios han generado consecuencias positivas, pero aun deben ser reforzadas. La Comisión ha llevado a cabo, en dos ocasiones, profundas reformas a su Reglamento que alteraron drásticamente la estructura de su procedimiento. Lamentablemente, el primer cambio en el año 2000, que dividió el procedimiento entre admisibilidad y fondo, trasladó la concentración de recursos a las etapas preliminares del procedimiento y alargó la duración total del procedimiento. Por lo tanto, la Clínica recomienda que la Comisión revierta este cambio.
En la última década, la Comisión ha puesto en marcha dos conjuntos de reformas a su Reglamento destinados a mejorar la tramitación de quejas individuales. La modificación más extensa se llevó a cabo en el año 2000 125 . A pesar de que la reducción del congestionamiento y la resolución oportuna de las peticiones y casos no estaban dentro de los objetivos explícitos en aquellas reformas del año 2000, muchos cambios parecían tener a estos temas como objetivo. Sin embargo, al dividir las fases de admisibilidad y fondo en dos etapas separadas, el impacto general de las reformas de 2000 respecto a la duración y congestionamiento fue negativo.
El cambio más drástico en el año 2000 dividió el procedimiento en dos etapas:
admisibilidad y fondo 126 . Antes de 2000, la Comisión generalmente se pronunciaba sobre la admisibilidad y el fondo de los casos en una sola decisión conjunta 127 . En la nueva fase de admisibilidad, las reformas le exigen a la Comisión decidir si las peticiones cumplen con todos los requisitos incluidos el nuevo Reglamento 128 . El efecto de este cambio se sintió de inmediato:
entre 1996 y 2001, la Comisión adoptó 146 resoluciones separadas sobre admisibilidad. En los cinco años siguientes, de 2002 a 2007, ese número casi se duplicó a 275.
125 Para un diagrama de flujo sobre los procedimientos de la Comisión después del año 2000, vid. Apéndice I.
126 Comunicado de Prensa, CIDH, Conclusión de la Sesión Extraordinaria 109, ¶11, No. 18/00 (8 de diciembre de 2000), disponible en http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2000/Comunicado18-00.htm [en adelante Comunicado de Prensa 18/00].
127 Cfr.MÓNICA PINTO, LA DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 83 (Editores
del Puerto 1994).
128 Íd.
Decisiones de Admisibilidad
El Reglamento incorporaba un plazo al Estado para la presentación de consideraciones sobre la admisibilidad que no permitía ninguna extensión de más de tres meses 129 . Finalmente, el nuevo reglamento estableció que la fase de admisibilidad terminaría con un informe sobre la admisibilidad de las peticiones individuales, antes de proseguir con la etapa de fondo 130 . La Clínica reconoce que la decisión de crear una etapa separada de admisibilidad fue y sigue siendo fomentada y apoyada por los Estados y por varias ONGs.
Varias disposiciones del Reglamento de 2000 le permitían acelerar el proceso a la Comisión, especialmente en casos urgentes y graves. Por ejemplo, de acuerdo a los artículos 30.4 y 30.7 se le permitía a la Comisión solicitar al Estado que presentara su respuesta sobre la admisibilidad y el fondo de los asuntos en un plazo razonable (en vez de sólo sobre la admisibilidad y dentro de un plazo de tres meses). O el artículo 37.3 que le permite a la Comisión en "circunstancias excepcionales" abrir un caso y diferir el tratamiento de admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo.
El nuevo reglamento estableció estándares probatorios para la etapa separada de fondo 131 . En esta fase, se les permitía a los peticionarios presentar observaciones adicionales. Si un Estado no respondía después de que la Comisión le transmitía la petición para sus observaciones, los hechos afirmados por peticionario se presumían ciertos siempre que otra información obrante en el expediente no indicase lo contrario 132 . La Comisión también incluyó normas más específicas para la producción de evidencia y la recepción de testimonios y la forma en que las pruebas habrían de ser presentadas y conservadas para que más pudieran ser admitidas por la Corte 133 . Adicionalmente, esta fase incluía directrices mucho más claras con respecto a la
129 Reglamento de la Comisión de 2002, supra nota 102, art. 30.4.
130 Comunicado de Prensa 18/00, supra nota 127, ¶11.
131 Reglamento de la Comisión de 2002, supra nota 102, art. 63.
132 Íd., art. 39.
133 Vid. Íd.
etapa de solución amistosa, imponiéndole una mayor obligación a la Comisión para facilitar las soluciones amistosas y hacerlas más accesibles en cualquier momento durante la tramitación de una petición o caso 134 . De hecho, el entendimiento era que las decisiones de admisibilidad impulsarían a los Estados a iniciar un mayor número de procesos de solución amistosa.
Este procedimiento de dos etapas cambió el enfoque de la Comisión de decisiones conjuntas sobre admisibilidad y fondo a decisiones únicamente de admisibilidad. En el periodo de 1996-2001, el 54% de las decisiones de la Comisión fueron sobre admisibilidad y el 46% fueron decisiones finales de fondo (que incluyen las de solución amistosa, las de fondo, y los casos remitidos a la Corte). De 2002 a 2010 el porcentaje de decisiones de fondo o sobre solución amistosa pasó a ser sólo el 17% de las decisiones, mientras que el 83% eran decisiones de admisibilidad o de archivo. Esta información puede ser vista de maneras distintas. Al sumar los casos presentados ante la Corte, la distribución cambia, pero aún se concentra en gran medida en las etapas iniciales. Contando los casos presentados a la Corte, el 32% se decidió por completo mientras que el 68% de las decisiones fueron de admisibilidad o archivo. La Clínica considera que las decisiones de archivo son similares a los fallos de inadmisibilidad de la etapa preliminar. Sin embargo, inclusive si contamos a las decisiones de archivo como decisiones finales, aquellas decisiones no afectan al creciente número de casos añadidos a la etapa de fondo por las decisiones de admisibilidad. Los casos abiertos después de una determinación de admisibilidad sólo pueden ser resueltos por decisiones de archivo, de fondo, de solución amistosa, o remitiéndolos ante la Corte.
134 Comunicado de prensa 18/00, supra nota 127, ¶13.
Decisiones de la Comisión por Año
% Decididos por
Completo por la
% De Casos Plenamente Resueltas
Las reformas del año 2000 también modificaron el procedimiento para remitir los casos a la Corte. El nuevo Reglamento contenía una presunción de remisión automática a no ser que la Comisión adoptara una decisión motivada y mayoritaria en el sentido opuesto 135 . Antes de este cambio, había una presunción en favor de una adopción de un informe final con recomendaciones. El Reglamento también incluía una guía clara sobre los criterios que la Comisión debía considerar al evaluar la posibilidad de remitir un caso a la Corte. Consecuentemente, el porcentaje de los casos presentados ante la Corte creció significativamente 136 . Entre 1997 y 2001, solamente hubo veinte casos resueltos por la Corte 137 . Comparativamente, en los cinco años que siguieron a la adopción del nuevo Reglamento, la Corte decidió cincuenta y ocho casos 138 . Este cambio obviamente implicó trabajo adicional para la Comisión, ya que tenía que seguir involucrada en diversos casos que estaban siendo litigados ante la Corte.
135 Íd., ¶16.
136 Cavallaro y Brewer, supra nota 87, p. 781.
137 Base de datos de la Clínica de Derechos Humanos sobre el Sistema de Casos.
138 Íd.
Número de Casos Remitidos a la Corte
Las reformas de 2000 incluyeron por primera vez un mecanismo de seguimiento para vigilar la implementación de las recomendaciones de la Comisión incluidas en sus resoluciones de fondo o en los informes de solución amistosa 139 . La Clínica celebra esta disposición que promueve el pleno cumplimiento de las decisiones de la Comisión pero invita a que se hagan obligatorias en su Reglamento. De todas maneras es importante aclarar que la práctica consistente de la CIDH es hacer el seguimiento de todos los casos con informes de méritos y soluciones amistosas publicados y que incluye esa información en su Informe Anual.
5. Participación de las Víctimas en la Corte
A la par de estas reformas de la Comisión, la Corte también cambió su Reglamento para permitir una mayor participación de las víctimas individuales. Antes de 2000, solamente se les permitía a las víctimas presentarse en la etapa de reparaciones durante los procedimientos de la Corte 140 . Ahora, una vez que el caso se le presenta a la Corte, la victima obtiene acceso a documentos relevantes y tiene la capacidad de presentarse de forma independiente ante la Corte en todas las diferentes etapas 141 .
139 Reglamento de la Comisión de 2002, supra nota 102, art. 46.
140 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (del 9 al 20 de septiembre de 1996), http://www.corteidh.or.cr/reglamento_eng.cfm [en adelante Reglamento de la Corte
141 Comunicado de prensa 18/00, supra nota 127, ¶17.
En 2009, la Comisión adoptó una segunda serie de reformas a su Reglamento 142 . Las metas fijadas por la Comisión en el establecimiento de estas modificaciones fueron para el afianzamiento de “la participación de las víctimas, de las garantías al equilibrio procesal y de la publicidad y la transparencia, así como de la adopción de ajustes necesarios tras la reforma realizada en 2001, entre otros” 143 . Por consiguiente, los cambios se centraron en cuatro áreas: “el mecanismo de medidas cautelares, el trámite de peticiones y casos, el envío de casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, y las audiencias sobre situación de los derechos humanos en los Estados miembros” 144 . Una vez más, como en 2000, no se hicieron referencias explícitas a los objetivos de reducir el congestionamiento o acelerar el procesamiento de peticiones y casos.
Los cambios a las medidas cautelares en 2009 estipularon que estas medidas podrían ser solicitadas en relación con una petición o independientemente de ella 145 . El nuevo Reglamento prescribe los criterios para evaluar la gravedad de la situación 146 . La Comisión también añadió una disposición para revisar periódicamente si las medidas cautelares son necesarias 147 .
Las reformas concedieron más tiempo a los peticionarios y a los Estados para presentar observaciones adicionales sobre el fondo del asunto 148 . Aunque este tiempo adicional puede ser necesario, es más frecuente que se utilice por los Estados como un mecanismo de dilación. Este tiempo adicional es la antítesis de la meta de reducir la duración del procedimiento de la Comisión, a menos de que esta extensión busque asegurar que se ofrezcan observaciones sustantivas oportunas.
Otras disposiciones incluyen una limitación sobre cuando pueden ser presentadas las objeciones a la admisibilidad 149 , una disposición que permite la recepción de testimonios durante las visitas in loco 150 , y disposiciones claras para el archivo de los casos 151 . Esta limitación para objetar la admisibilidad de los casos es consistente con el incremento del ritmo de toma de decisiones de la Comisión. Es probable que la recepción de testimonios durante las visitas in loco aumente la efectividad de la Comisión. Finalmente, el archivo de las peticiones puede reducir el
142 Para un diagrama de flujo sobre los procedimientos actuales de la Comisión, vid. Apéndice II.
143 Comunicado de prensa, CIDH, CIDH publica su Nuevo Reglamento Nº 84/09 (10 de diciembre de 2009), disponible en http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2009/84-09sp.htm.
144 Íd.
145 Reglamento de la Comisión, supra nota 6, arts. 25.1 a 25.2.
146 Íd., art. 25.4.
147 Íd., art. 25.6.
148 Íd., arts. 37.1 a 37.2.
149 Íd. art. 30.
150 Íd. art. 39.
151 Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 42.
congestionamiento de la Comisión, ya que elimina de la lista de espera a aquellos casos cuyos peticionarios han desistido de la queja 152 .
Decisiones de Archivo
Cuando la Clínica creó la base de datos no había información emitida públicamente sobre las estadísticas de las decisiones de archivo. Sin embargo, durante los últimos dos años la Comisión ha comenzado a publicar esta información y a revisar de oficio las peticiones y casos que pueden ser archivados. La Clínica reconoce que al omitir a las decisiones de archivo pueden cambiar algunas de nuestras conclusiones. La Clínica celebra la reciente decisión de la Comisión de publicar la información de archivo importante para la transparencia de la Comisión y para reducir su congestionamiento. La Clínica exhorta a la Comisión a continuar con esta práctica.
La siguiente gráfica fue creada por la Comisión para demostrar su desempeño en relación a los casos archivados. La gráfica muestra una tendencia inconsistente en el número de decisiones de archivo. El alto número de decisiones de archivo en 2010 podría ser una reversión positiva de la ausencia de tales decisiones en 2008.
Requisitos para la Remisión de los Casos a la Corte
Debido a las reformas de 2009, y recogiendo una practica existente, la Comisión puede suspender el plazo para remitir el caso a la Corte si es que el Estado en cuestión está dispuesto a implementar las recomendaciones de la Comisión y el Estado consiente tal suspensión 153 . Esta disposición podría implicar una tensión entre la eficiencia y la efectividad del sistema. Esta disposición podría disminuir la eficiencia al dejar en el limbo a algunos casos mientras que la
152 La Clínica observa que las decisiones de archivo pueden aumentar temporalmente la duración estadística del procedimiento al ocuparse de casos presentados tiempo atrás y que han sido olvidados y al reasignarle recursos a este proyecto. 153 Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 46.
Comisión concede plazo al Estado para implementar sus recomendaciones. Al mismo tiempo, puede aumentar el cumplimiento de las decisiones de la Comisión, ya que le ofrece tiempo a los Estados antes de que se remita el caso a la Corte si el Estado manifiesta su voluntad de cumplir con las recomendaciones de la Comisión.
Una importante reforma de la Corte redujo el papel de la Comisión y aumentó la participación de las presuntas víctimas. De acuerdo al artículo 23, una vez que se les notifica de la presentación de su caso a la Corte, las presuntas víctimas o sus representantes podrán ‘presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma durante todo el proceso’ 154 . Además, los cambios le han permitido a la Comisión remitir los casos a la Corte con la sola transmisión del informe del artículo 50, con una carta adjunta indicando los motivos de la remisión. Esto debería reducir la carga de trabajo de la Comisión, aumentando así su eficiencia. La Clínica celebra enfáticamente este cambio al Reglamento.
5. Relatorías y Grupos de Trabajo
Adicionalmente, las reformas de 2009 se pronunciaron sobre las funciones de las Relatorías y Grupos de Trabajo en su artículo 15. El nuevo Reglamento establece que se puede designar a los Comisionados como relatores de país, relatores temáticos o relatores especiales; y que deben trabajar en coordinación con los demás; y deben trabajar de acuerdo con el Reglamento y a sus mandatos 155 . Asimismo, los relatores de país son los responsables de llevar a cabo las funciones de seguimiento asignadas por la Comisión 156 . Es importante destacar que, de acuerdo con los artículos 15 y 35, se ha de establecer un Grupo de Trabajo sobre Admisibilidad “a fin de estudiar, entre sesiones, la admisibilidad de las peticiones y formular recomendaciones al pleno” 157 .
C. Conclusión sobre las reformas procesales
Para resumir, las reformas procesales de 2000 y 2009 alteraron de manera significativa la forma en que la Comisión maneja las peticiones y casos individuales 158 . Varios de estos cambios han tenido efectos positivos en los procedimientos jurisdiccionales de la Comisión. No obstante, lamentablemente, las reformas no tuvieron explícitamente como objetivo el reducir el congestionamiento y acelerar el ritmo de la adjudicación. Aunque muchos de los cambios parecían haber sido diseñados con estos objetivos en mente, las reformas más significativas, en particular la separación de las decisiones de admisibilidad y fondo, el hacer obligatoria la etapa de solución amistosa, y la remisión automática de los casos a la Corte, no han sido efectivos
154 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Titulo II, Cap. http://www.corteidh.or.cr/reglamento_eng.cfm.
155 Reglamento de la Comisión, supra nota 6, art. 15.
156 Íd.
157 Íd. art.35. El Reglamento anterior ya contemplaba al Grupo de Trabajo sobre Admisibilidad.
158 La Clínica también observa que la Corte también reformó sus reglas en 2009 reduciendo el papel que jugaba la Comisión en el litigio de casos y permitiéndole presentar los informes y cartas contempladas en el artículo 50 en lugar de una aplicación completa. Esos cambios podrían liberar recursos de la Comisión que podrían ser reasignados a otras áreas del sistema de casos.
para reducir el congestionamiento de casos. De hecho, desde 2001 el tiempo promedio entre la presentación de la petición y la publicación de una decisión de la Comisión ha aumentado 159 .
D. Administración y Recursos Humanos
Desde 2001, la Secretaría Ejecutiva ha pasado por dos etapas de positivas reformas organizacionales a fin de optimizar su productividad y mejorar el uso de sus limitados recursos 160 . En la primer etapa de reorganización, sus principales prioridades fueron la “estandarización y coherencia” en el trabajo jurídico de la Comisión 161 . A fin de alcanzar dichos objetivos, la Secretaría Ejecutiva creó grupos de asesoramiento que asistieron en la revisión inicial de las peticiones y en la evaluación de las solicitudes de medidas cautelares 162 para asegurar que los estándares fuesen consistentes en todos los Estados.
En 2004, de conformidad con los objetivos de la primera fase de reorganización, la Secretaría Ejecutiva creó el Grupo de Litigio o Corte, un grupo especializado encargado de asistir en los litigios ante la Corte 163 . Este grupo prepara las presentaciones de casos ante la Corte, se ocupa de los procedimientos jurisdiccionales ante la Corte, da seguimiento a los casos en todas sus actuaciones ante la Corte, y da seguimiento a las sentencias y medidas provisionales.
Durante esta fase de reorganización, la Comisión implementó otras prácticas relacionadas con la manejo de recursos humanos. De acuerdo con funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, la Comisión amplió el número de becarios y pasantes anuales y los asignó a los abogados en función de su número de peticiones y casos pendientes. La Comisión manifestó que tenía en promedio entre 10 y 12 pasantes y 2 a 3 becarios durante un ciclo determinado 164 .
La mayoría de las reformas adoptadas dentro de la Secretaría Ejecutiva en esta primera fase buscaban mejorar la coherencia del trabajo de la Comisión y, en particular, responder al nuevo Reglamento adoptado en 2000 en vez de acelerar el procedimiento o hacer frente al congestionamiento.
La segunda fase de reorganización tuvo como objetivo específico la eficiencia del sistema de casos individuales 165 . En 2007, la Secretaría Ejecutiva consolidó a los escritorios de país, que se encargaban del enlace, observaciones, y visitas in loco en sus Estados respectivos y de la tramitación de peticiones individuales, incluyendo la redacción de los proyectos de informe de admisibilidad, fondo, y solución amistosa 166 . Al consolidar los escritorios de país, la Secretaría creó grupos regionales para atender a los casos individuales, observaciones y visitas in loco para
159 Para ver una tabla que ilustra el aumento en la cantidad de tiempo promedio, vid. supra sección II(B)(1)(b).
160 Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Reorganización de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), CP/CAJP- 2693/09 rev.1 (20 de febrero de 2009) [en adelante la Reorganización de la Secretaría Ejecutiva]
162 Íd.
163 Íd.
164 Respuestas de la Comisión, supra nota 9, p. 21.
165 Íd.
166 Íd.
más de un Estado. Esto permitió la distribución uniforme de los casos entre las regiones y la capacidad de dar seguimiento y comparar el desempeño de cada grupo. Esta estructura también permitió a los abogados de cada grupo regional especializarse en función de su antigüedad 167 . Por ejemplo, un profesional junior es responsable del informe de admisibilidad, mientras que un profesional sénior del informe de fondo, y un especialista principal coordinaría y supervisaría el grupo regional 168 . La idea fue asignar el mismo número de peticiones y casos y un número similar de especialistas a cada grupo, pero, por el momento, no todos los grupos regionales cuentan con un especialista principal o coordinador 169 .
La Comisión también ha declarado que ‘los pasantes y becarios son asignados de acuerdo con las necesidades de la Comisión, teniendo en cuenta factores tales como su competencia en idiomas, el equilibrio geográfico y la experiencia previa’. Además, a veces se asignan a los becarios a prioridades temáticas e iniciativas específicas, ‘tales como la necesidad de eliminar los retrasos procesales’ 170 . Finalmente, la Secretaría Ejecutiva creó un Grupo de Protección para atender a las medidas de cautelares. El Grupo de Protección estudia las solicitudes de medidas cautelares y analiza la necesidad de tales medidas haciendo las recomendaciones pertinentes a la Comisión. Adicionalmente, se encarga del trámite de medidas cautelares y le da seguimiento con el peticionario y el Estado.
La segunda fase de reorganización incluyó la creación por parte de la Comisión del Registro en marzo de 2007, a fin de atender el gran congestionamiento de nuevas peticiones. Originalmente, el mandato del Registro era muy limitado. Se trataba de un proyecto especial diseñado específicamente para hacer frente al congestionamiento de nuevas solicitudes ya presentadas ante la Comisión. Sin embargo, desde entonces, dicho mandato ha sido ampliado, y el Registro ahora revisa todas las peticiones nuevas además de analizar, en orden cronológico, a todas las peticiones nuevas rezagadas. Para crear el Registro, la Comisión contrató a nuevo personal y reasignó personal de otras etapas del procedimiento del sistema de casos. El plan de la Comisión era reducir la demora en la etapa inicial concentrando recursos en el Registro durante los primeros tres años para después, una vez que se obtuviera una demora más razonable, asignar esos recursos a otra parte 171 . En la actualidad, todos los becarios—personal jurídico temporal que tiene una menor experiencia y especialización (en su mayoría abogados recientemente graduados)—se concentran en el Registro para asistir en la recepción y evaluación inicial de las peticiones 172 . Esto en gran medida, le ha permitido al Registro analizar el equivalente a dos años de peticiones iniciales rezagadas cada año. De marzo de 2007 a agosto de 2011, la duración promedio en la etapa de evaluación inicial se ha reducido de 52.3 meses a 25 meses. Por lo tanto, esto ha sido reducido en más de la mitad, un logro de la Clínica elogia entusiásticamente 173 . Esto es consistente con su objetivo de que para el año 2016 haya un tiempo de espera estándar de tres meses para todas las peticiones nuevas 174 .
167 Reorganización de la Secretaría Ejecutiva, supra nota 161, pp. 2 y 3.
169 Íd.
170 Respuestas de la Comisión, supra nota 9, p. 21.
171 Íd., p. 5.
172 Como se ha mencionado, anteriormente los becarios se asignaban para el apoyo de funcionarios de escritorio para redactar informes y tramitar peticiones y casos.
173 Respuestas de la Comisión, supra nota 9, p. 9.
174 Íd. p. 5.
La Secretaría Ejecutiva ha aumentado consistentemente su capacidad de producir más informes. La Clínica felicita a la Secretaría por este logro. Sin embargo, aun con todos los esfuerzos del personal profesional y administrativo de la Secretaría, las perspectivas son preocupantes. Con respecto a la etapa de admisibilidad, la Comisión llevó a cabo el mayor número de informes de admisibilidad, 83 en 2010. Hasta el 30 de agosto de 2011, había 1,137 asuntos en espera de una decisión sobre admisibilidad 175 . Esto significaría, suponiendo que la Comisión continuara al paso acelerado de 2010, que se necesitarían casi 16 años para decidir plenamente todas las peticiones de admisibilidad. Esto es excluyendo el número de peticiones nuevas que se presentan cada año.
Respecto de las decisiones de fondo, solamente se resolvieron 25 asuntos en 2010, pero para el 30 de agosto de 2011, 515 asuntos ya estaban a la espera de una decisión sobre el fondo 176 . A este ritmo se necesitarían alrededor de 20 años para eliminar este congestionamiento sin atender ningún caso nuevo.
Estas alarmantes cifras son las que hacen evidente la necesidad de que la OEA aumente inmediatamente el financiamiento de la CIDH y de que la Comisión adopte las recomendaciones de la Clínica que requieren su restructuración y reorganización, como complementos de un mayor financiamiento.
Con la excepción del recientemente publicado Plan Estratégico, existen muy pocos documentos públicos que detallen las medidas adoptadas para hacer frente al congestionamiento y la demora de las peticiones y casos que se encuentran actualmente en trámite. Sin embargo, al parecer, muchos de los esfuerzos se concentraron en el congestionamiento de las peticiones iniciales. Debido a que del personal ha sido reasignado al Registro, hay menos personal disponible para atender el resto de las etapas del procedimiento jurisdiccional. La Comisión afirma que la razón para concentrarse inicialmente en la primera etapa del proceso “se basa en el principio de que un Estado no puede resolver una violación a menos de que tenga el conocimiento de la denuncia presentada ante el Sistema Interamericano” 177 . Sin embargo, la Clínica hace hincapié en la importancia de prioridad en las distintas etapas. El requisito del agotamiento de los recursos internos hace que el asunto ya haya llegado a la atención del Estado, por lo que no es cierto que el Estado no tiene conocimiento de la situación o que no había tenido la oportunidad de resolverlo. La Clínica recomienda que los recursos deban ser distribuidos de manera equitativa y, por lo tanto, estandarizados para garantizar decisiones rápidas durante todo el proceso. De lo contrario, parece probable que a medida que la acumulación de peticiones pendientes de una revisión inicial disminuya, durante los próximos años, la acumulación de peticiones y casos en probablemente aumentará.
Además de estos cambios administrativos positivos, la Comisión ha puesto en marcha una serie de modificaciones para aprovechar las nuevas tecnologías. De acuerdo con su objetivo
175 Respuestas de la Comisión, supra nota 9, p. 16.
176 Íd.
177 Íd. p. 5.
de lograr una mayor coherencia, planteado en la primera fase de su reorganización, en 2002, la Comisión puso en marcha el Sistema de Manejo de Peticiones y Casos (“PCMS” por sus siglas en inglés). El PCMS es una base de datos electrónica que documenta el progreso de las peticiones y casos, manteniendo un registro electrónico de cada uno de los pasos procesales desde la presentación de la petición. El PCMS también estandariza a todas las comunicaciones de la Comisión con las partes al proporcionar cartas modelo para cada uno de los diferentes pasos que sigue una queja individual, aumentando así la eficiencia y consistencia de la Secretaría Ejecutiva.
En mayo de 2010, la Secretaría Ejecutiva comenzó a utilizar un Sistema de Manejo de Documentos Electrónicos (“DMS” pos sus siglas en inglés) para dar seguimiento y acceder electrónicamente a todos los documentos de las peticiones y casos. En esta base de datos, cada nuevo documento digitalizado presentado por una parte o generado por la Comisión (si es que no existía ya en versión electrónica) se registra y es vinculado a una petición o caso, creando un archivo virtual para cada una de las peticiones nuevas. Posteriormente, el documento se envía electrónicamente al abogado responsable de esa petición o caso particular. El nuevo DMS logra varios objetivos. En primer lugar, el DMS crea un archivo electrónico completo para cada petición y caso y facilita el acceso a los documentos dentro de cada archivo. En segundo lugar, elimina el uso de papel mediante una completa digitalización del sistema de casos. En tercer lugar, el DMS facilita la supervisión y el monitoreo al otorgarle a los administradores acceso electrónico a las etapas de las peticiones y casos y a los documentos pertinentes. Como se ha mencionado previamente en la Sección II(B)(3), hay algunas áreas en las que el sistema no alcanza todo su potencial, en especial porque el sistema digitaliza solamente peticiones y documentos nuevos mientras que la Comisión no tiene planes para digitalizar asuntos que se presentaron antes de junio de 2010 178 .
Además del PCMS y el DMS, la Secretaría Ejecutiva ahora espera implementar un ‘Portal de Usuarios’ (en adelante “PPP”) a través del cual los Estados y los peticionarios serán capaces de ver los documentos relacionados con su petición o caso y seguir su evolución dentro del sistema. De acuerdo a un miembro del Registro, este portal, en primer lugar, dará acceso a los peticionarios a los documentos procesales principales relacionados con su petición o caso. Eventualmente, todos los peticionarios y los Estados tendrán acceso a la información de la base de datos que se relaciona con su petición o caso. Más aun, el PPP ofrecerá la posibilidad de notificar digitalmente a peticionarios y Estados de las decisiones de la CIDH.
En general, las bases de datos electrónicas que dan seguimiento a las peticiones y casos juegan un papel instrumental en la conservación de documentos, lo que reduce el margen de error, y aumenta el acceso a los avances y documentos del caso. Estas funciones aumentan la efectividad de la Comisión al simplificar el procedimiento de seguimiento de los casos y documentos y al mantener la organización de las tareas concluidas. También aumentan la efectividad al mejorar el acceso público y la transparencia 179 .
178 Respuestas de la Comisión, supra nota 9, p. 22.
179 Vid. infra Sección IV(A), la transparencia en el acceso de información de los organismos de derechos humanos aumenta la efectividad del sistema.
La Comisión también ha iniciado un procedimiento por medio del cual las personas pueden presentar peticiones en línea 180 . Después de registrarse en el sitio web de la Comisión, los peticionarios pueden completar una petición llenando una solicitud en línea. Al enviar esta solicitud, los peticionarios reciben inmediatamente un correo electrónico automatizado, para darle seguimiento, que simultáneamente confirma la recepción de la petición electrónica y le solicita al peticionario que envié por correo una copia firmada de la solicitud. A pesar de que no existen registros públicos sobre la cantidad de solicitudes nuevas que han sido presentadas únicamente por correo electrónico, las respuestas de la Comisión han expresado sus estimaciones. Hasta el 30 de agosto de 2011, de un total de 1.030 peticiones recibidas, 308 se recibieron a través del formulario en línea (33%). La Comisión calcula a través de un muestreo de 100 peticiones consecutivas para identificar las peticiones electrónicas, que 37 fueron presentadas por correo electrónico. Usando la misma fórmula, la Comisión estima que un 37% de las peticiones se reciben a través correo electrónico, lo que se traduce en que ‘aproximadamente el 55%’ de las peticiones recibidas al año se reciben por medios electrónicos 181 . La Clínica felicita a la Comisión por el uso del formulario en línea y destaca la importancia de la eficiencia de la comunicación electrónica. Sin embargo, es lamentable que la Comisión sólo pueda proporcionar estimaciones sobre su propia recepción de comunicaciones electrónicas. La Clínica considera que la escasez de comunicaciones electrónicas se debe en parte a la limitada visibilidad de los formularios electrónicos. En la actualidad, hay una campaña para aumentar el uso del sistema en línea y las presentaciones en línea. Específicamente, la Comisión espera poder permitir que los peticionarios puedan comprobar el estado de sus peticiones y casos a distancia y que hagan solicitudes de medidas cautelares a través del sistema en línea 182 . Más aun, la Comisión tiene la intención de generar notificaciones automáticas y digitales confirmando la recepción o transmisión de documentos 183 .
A veces los peticionarios utilizan el correo electrónico para enviar otros documentos a la Comisión, tales como observaciones adicionales o pruebas relacionadas con su petición o caso. Cuando esto ocurre, los solicitantes reciben pocos días después un correo electrónico de seguimiento de parte de la Comisión que indica que la información ha sido recibida. Desafortunadamente, a diferencia de la respuesta a la presentación de las peticiones, el correo electrónico de seguimiento para la presentación de los documentos posteriores no es inmediato ni se genera automáticamente.
F. Plan Estratégico para los Años 2011-2015
Además de las reformas y de la gran cantidad de cambios organizacionales, la Comisión recientemente ha publicado un plan estratégico que incluye sus objetivos hasta el año 2015 184 . El plan establece objetivos concretos y metas específicas para cada una de sus diversas funciones. La Clínica considera que esta publicación representa un paso positivo para la Comisión. En particular, la Clínica reconoce que la publicación de objetivos numéricos juega un
180 “Formulario
https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/instructions.asp?gc_language=S.
181 Respuestas de la Comisión, supra nota 9, p. 15.
182 Plan Estratégico Parte II, supra nota 111, p. 29.
183 Íd.
184 Plan Estratégico Parte I, supra nota 58; Plan Estratégico Parte II, supra nota 111.
papel importante en la medición y gestión por resultados, lo cual puede aumentar su eficiencia. Más aun, el establecimiento de objetivos concretos muestra que la reducción del congestionamiento y de la duración de la adjudicación forma parte de las prioridades de la Comisión. La Clínica, a los párrafos siguientes en primer lugar, explica algunas de las medidas que se describen en el plan que cree mejorarán la eficiencia y la efectividad de la Comisión: la divulgación de estadísticas de financiamiento, la creación del Grupo de Soluciones Amistosas, y el compromiso con las medidas de seguimiento. Posteriormente, la Clínica analiza algunas de las limitaciones del plan estratégico.
En primer lugar, la Clínica felicita a la Comisión por divulgar el presupuesto del Plan Estratégico 185 . De acuerdo con estimaciones de la Comisión, a fin de alcanzar los objetivos del plan, el presupuesto se debe aumentar más de dos veces y media respecto de su tamaño actual, entre el presente y el 2015 186 . Asimismo, su “propósito es que la Secretaría Ejecutiva cuente con la capacidad técnica requerida para asegurar la obtención de recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la CIDH y para la gestión efectiva de los mismos” 187 .
En segundo lugar, de acuerdo al Plan Estratégico, la Comisión ha creado recientemente el Grupo de Soluciones Amistosas, una unidad especializada que apoyará a los Comisionados que hayan sido asignados a casos en los cuales las partes han acordado celebrar el procedimiento de solución amistosa 188 . El Grupo se encargará de dar seguimiento y facilitar el procedimiento, preparar los informes necesarios, y proveer asistencia general a los Comisionados que se
encargan de estas peticiones y casos 189 . Junto con este grupo, la Comisión creó metas para el número de informes que el Grupo de Soluciones Amistosas habrá de publicar cada año que ayudan al procedimiento de solución amistosa 190 . Por desgracia, la Comisión sólo pudo
proporcionar ‘estimaciones aproximadas’ de 70 a
100 respecto del número de casos y
peticiones que se encuentran actualmente en negociaciones de solución amistosa 191 . Esto plantea problemas para la planificación y para poder conocer el estado de cada caso y petición y es particularmente problemático para la Comisión en su previsión de personal y recursos.
La Clínica felicita a la Comisión y espera que numerosos beneficios resulten de este enfoque en las soluciones amistosas, tanto en términos de eficiencia como de efectividad. Los acuerdos de solución amistosa aumentan la eficiencia al atender a los casos (o peticiones) desde las etapas iniciales en lugar de llevar a cabo todo el procedimiento de la Comisión. Además, los acuerdos de solución amistosa pueden aumentar la efectividad porque los Estados son más propensos a cumplir con los acuerdos a los que han dado su consentimiento. En un estudio sobre el cumplimiento de las decisiones en el Sistema Interamericano, el 54% de los acuerdos de solución amistosa habían sido totalmente cumplidos por los Estados, mientras que sólo el 29% de las decisiones de la Corte y el 11% de los informes de la Comisión se cumplieron
185 Plan Estratégico Parte I, supra nota 58, pp. 57-59.
186 CIDH, Plan Estratégico 2011-2015: Presupuesto del Plan Estratégico (enero de 2011) [en adelante Presupuesto del Plan Estratégico].
187 Plan Estratégico Parte II, supra nota 111, p. 28.
188 Íd., p. 10.
189 Íd.
190 Íd.
191 Respuestas de la Comisión, supra nota 9, p. 16.
cabalmente 192 . Adicionalmente, como cualquier otro método de resolución alternativa de conflictos, la solución amistosa puede ser más flexible que las decisiones de la Comisión y la Corte. En lugar de estar obligados por las normas legales, los peticionarios y los Estados tienen más libertad para acordar en los términos que ellos elijan. Finalmente, los datos de la Clínica indican que las peticiones y los casos sobre los cuales se llegó a un acuerdo se resolvieron en menos tiempo que aquellos casos que obtuvieron una decisión de fondo. El tiempo promedio entre la presentación de la petición y la aprobación del acuerdo fue casi cinco meses más corto que el tiempo promedio entre la presentación de la petición y la publicación de la decisión de fondo de la Comisión y casi dos años menor que el promedio de tiempo entre la presentación y la decisión de la Corte.
La Comisión ha establecido metas muy ambiciosas para la tramitación de peticiones individuales. Durante el período contemplado por el Plan Estratégico, la Comisión tendrá que completar la revisión inicial de un estimado de 9.750 peticiones recibidas desde 2011 hasta finales de 2015, lo que implica aproximadamente 16.250 evaluaciones legales durante ese mismo período. El plan de la Comisión es que para el 31 de diciembre de 2013, ninguna petición presentada antes del 31 de diciembre de 2010 debe estar siendo analizada. El Plan Estratégico busca eliminar el congestionamiento las fases de admisibilidad y fondo en dos etapas:
♦ cambios en los métodos que sirven para mejorar la producción de informes y aumentarla en 2011 y 2012; y
♦ fuerte énfasis en el programa de eliminación del congestionamiento en el período que abarca del 2013 a finales del 2015. Durante este período, las Secciones tendrían que cuadruplicar su capacidad de la producción de informes de admisibilidad y, en la etapa de fondo, las Secciones tendrían que aumentar su capacidad de producción seis veces más que su capacidad actual.
A fin de alcanzar estas metas, los objetivos de productividad para la admisibilidad, fondo e informes de solución amistosa debería ser el siguiente:
documenten el
192 Fernando Basch et al., The Effectiveness of the Inter-American System of Human Rights Protection: a Quantitative Approach to its Functioning and Compliance with its Decisions.v.7 n.12 SUR INT’L J. ON HUM.RTS

References: resolución 
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 artículo 36
 artículo 48
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 resolución 
 artículo
45
 artículo 50
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 artículo 68
 artículo 51
 artículo 50
 artículo 26
 artículo 30
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 36
 artículo
37
 artículo 37
 resolución 
 artículo 37
 artículo 23
 artículo 50
 artículo 15
 artículo 50
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