Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/A323-10.htm
Timestamp: 2017-11-22 22:22:40+00:00

Document:
A323-10
Auto 323/10
DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD-Cuando se alega la interpretación de una norma se debe cumplir con una mayor carga argumentativa
RECURSO DE SUPLICA CONTRA AUTO QUE RECHAZA DEMANDA SOBRE MODIFICACION DE NORMAS QUE REGULAN LA ADMINISTRACION DEL PERSONAL CIVIL Y EDAD DE RETIRO FORZOSO DE NOTARIOS PUBLICOS-Confirma por falta de corrección
Referencia: expediente D-8072
Recurso de Súplica interpuesto contra el Auto del 10 de mayo de 2010, dictado en el proceso de la referencia por el Magistrado Sustanciador, doctor Nilson Pinilla Pinilla.
Actor: Jesús Pérez González-Rubio
1.1. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jesús Pérez González-Rubio demandó el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, por considerarlo violatorio de los artículos 2, 4, 5, 13, 40, 53, 122, 123, 131, 152 y 241 de la Constitución Política.
ARTICULO 31. Edad de retiro. Modificado por el art. 14, Ley 490 de 1998. El artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, quedará así: todo servidor público o empleado que sea funcionario del Estado o que ejerza funciones públicas y que cumpla la edad de 65 años, será retirado del servicio y no podrá ser reintegrado. No obstante, si por decisión libre y voluntaria del mismo, manifiesta al nominador su deseo en el ejercicio de las funciones que venía desempeñando podrá continuar en el cargo hasta cumplir la edad de 70 años.
La remuneración y la pensión serán incompatibles para quienes se acojan a esta norma.”
1.1.2. El accionante solicita que el artículo demandado sea declarado inexequible puesto que puede ser interpretado en el sentido de que es aplicable a los Notarios Públicos. En este orden de ideas, solicita a esta Corporación que diga que no le es aplicable a ellos.
Así, aduce el actor que la disposición acusada es inconstitucional si se interpreta de la manera en que lo hace la Sección Primera del Consejo de Estado, autoridad judicial que afirmó en sentencia del 30 de abril de 2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, que a los Notarios sí les es aplicable el mandato sobre la edad de retiro forzoso consagrado en el Decreto 2400 de 1968.
Sostiene el demandante que dicha interpretación vulnera el artículo 123 Superior, al pretenderse que los servidores públicos no son únicamente los allí establecidos, sino también particulares que prestan servicios públicos como los notarios públicos. Siendo exclusivamente servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios.
Aduce que esa interpretación igualmente viola el artículo 122 de la Constitución, según el cual los empleos públicos deben estar contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente, lo cual no es posible con los Notarios.
En el mismo sentido, indica el actor que la interpretación del Consejo de Estado sobre la disposición acusada quebranta el artículo 131 Superior, el cual establece que compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y la definición del régimen laboral para sus empleados. No pudiendo ser los notarios al mismo tiempo empleadores en nombre propio y empleados públicos.
Afirma asimismo que la norma acusada resulta violatoria del artículo 152 Superior, en cuanto su contenido y particular interpretación deben estar regulados por una ley estatutaria al limitar derechos fundamentales. Lo anterior en razón a que el artículo 125 de la Carta establece que es posible limitar derechos fundamentales a los empleados públicos mediante ley ordinaria, pero guarda silencio en relación con los particulares, razón por la cual debe entenderse que la limitación de sus derechos fundamentales relacionados con su retiro laboral sí debe preverse necesariamente en ley estatutaria.
Por último, señala que la interpretación acusada quebranta los artículos 4 y 241 que protegen la integridad y supremacía de la Constitución y que, además, vulnera el artículo 40 Superior en cuanto establece que todos los ciudadanos sin discriminación tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control de poder político y el artículo 2 que dispone como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de todos en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación que, en conjunción con el artículo 53 de la Carta, obliga también a que las personas permanezcan en el desempeño de esas funciones. Lo anterior, debido a que al dársele el alcance demandado al artículo 31 del decreto 2400 de 1968, se le está impidiendo a los Notarios cuando cumplen 65 años de edad continuar siendo titulares del estos derechos de participación política.
1.2. Mediante auto del 16 de abril de 2010, el Magistrado Sustanciador del proceso de la referencia, doctor Nilson Pinilla Pinilla, decidió inadmitir la demanda por considerar que la misma no cumplía con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y por existir que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional.
1) Advirtió que en el presente caso el demandante cuestiona la norma, únicamente en cuanto puede ser interpretada como aplicable a los notarios, postura adoptada por la Sección Primera del Consejo de Estado.
2) Señaló que atendiendo a lo anterior, aunque de manera muy excepcional esta Corporación ha admitido la posibilidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las interpretaciones que de las normas puedan hacer los operadores jurídicos, en esos casos la interpretación cuestionada debe ser claramente opuesta a disposiciones constitucionales y debe derivarse directamente del texto de la norma acusada. Además, aclara, que la Corte ha resaltado que los cargos que en estos casos formule el demandante deben cumplir con todos los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia exigidos por el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 y por la jurisprudencia constitucional, y, además, en estos eventos la carga argumentativa del actor debe ser mayor que de ordinario.
3) Indicó que en el presente caso, si bien el cuestionamiento del accionante resulta claro, dada la presencia de un hilo conductor en su argumentación, no encontró el despacho que los mismos fueran específicos, pertinentes ni suficientes. Expuso que los cargos carecen de especificidad en cuanto la demanda no explicó directa y precisamente la manera en que la disposición acusada desconoce la Constitución. Afirma que los planteamientos realizados en la demanda tienen un carácter general, son vagos, indeterminados e indirectos y que se apoyan en el carácter de personas particulares que tienen los notarios, circunstancia que si bien no admite discusión, no se deriva de una regla constitucional. En ese orden de ideas, señala que por tal virtud los cargos tampoco cumplen con el criterio de pertinencia. Finalmente, sostuvo que los cargos carecen de suficiencia ya que no se observó que el actor ofreciera al juez constitucional todos los elementos necesarios para realizar un estudio de fondo sobre su exequibilidad, no generando dudas sobre la constitucionalidad del precepto acusado.
4) Explicó además que mediante sentencia C-351 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, esta Corporación declaró exequible la totalidad del artículo 31 ahora demandado, sin restringir los efectos de dicha decisión a los cargos entonces analizados. Resaltó el despacho que si bien en ese momento procesal no existían elementos suficientes para rechazar de plano la demanda, sí era claro que si llegare a determinarse que la controversia propuesta es la misma o que se encuentra incluida dentro de la que ya fue decidida, la Corte se vería entonces obligada a reconocer el efecto de cosa juzgada constitucional de la sentencia en mención.
En este sentido, consideró necesario que el actor, además de observar los parámetros de admisión de los cargos planteados en su demanda, debía precisar suficientemente la diferenciación de sus argumentos con los estudiados previamente por esta Corporación, para que la Corte pudiera pronunciarse de manera definitiva sobre la admisibilidad de su demanda.
1.3. Según informe de Secretaría General de esta Corporación, fechado el 21 de abril de 2010, en el término concedido, el accionante presentó escrito de corrección.
En Auto del 10 de mayo de 2010, el Magistrado Sustanciador rechazó la demanda al considerar que el escrito de corrección no resultaba suficiente para tener por cumplidos los requisitos necesarios para proceder a la admisión de la demanda. Señaló que en el escrito de corrección el demandante se esforzó por cumplir con el requisito de especificidad explicando la forma como en su concepto la interpretación cuestionada sería contraria al contenido de los varios preceptos constitucionales que la demanda cita como infringidos, pero que, sin embargo, con ocasión de la corrección también se observa que la sustentación de esas presuntas violaciones se apoya de manera exclusiva en la hipótesis de que los notarios públicos son particulares, premisa que no se deriva de ningún precepto constitucional. En esta medida, consideró el despacho que persistían las deficiencias advertidas en el auto inadmisorio en cuanto al incumplimiento de los requisitos de especificidad y pertinencia de los cargos. Señaló que tampoco el escrito de corrección subsanó la carencia de suficiencia en cuanto la interpretación cuestionada emitida por el Consejo de Estado, dentro del marco de sus competencias, se refiere al Decreto Extraordinario 960 de 1970 y no al Decreto 2400 de 1968.
Concluyó que aún sin tener en cuenta la posible existencia de cosa juzgada constitucional derivada de la sentencia C-351 de 1995, no se reunieron a cabalidad los requisitos previstos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, en particular el relativo a la satisfactoria explicación de los motivos por los cuales el demandante estima que las normas constitucionales referidas devienen violadas por la interpretación judicial cuestionada.
1.3.1. Frente a esta providencia y dentro del término concedido, el accionante interpuso recurso de súplica, reiterando los argumentos expuestos en la demanda y en el escrito de corrección y señalando los supuestos errores fácticos del Auto de rechazo, sosteniendo que en el escrito de corrección sí se dio cumplimiento a lo ordenado por el Auto del 16 de abril de 2010.
3.1. La demanda presentada por el ciudadano Jesús Pérez González-Rubio fue inadmitida por el Magistrado Sustanciador, a través de Auto del 16 de abril de 2010. En esta providencia se indicó al accionante que los cargos aducidos carecían de especificidad, pertinencia y suficiencia por cuanto: (i) partiendo de que la acusación va dirigida contra una posible interpretación de la norma, la demanda debía contar con una mayor carga argumentativa que de ordinario, exigencia que no fue observada por el actor; (ii) los cargos carecen de especificidad en cuanto la demanda no explicó directa y precisamente la manera en que la disposición acusada desconoce la Constitución, al ser los planteamientos realizados en la demanda generales, vagos, indeterminados e indirectos, pues se apoyan en el carácter de personas particulares que tienen los notarios, circunstancia que si bien no admite discusión, no se deriva de una regla constitucional. En ese orden de ideas, señala que por tal virtud los cargos tampoco cumplen con el criterio de pertinencia; (iii) los cargos carecen de suficiencia ya que no se observó que el actor ofreciera al juez constitucional todos los elementos necesarios para realizar un estudio de fondo sobre su exequibilidad, pues su argumentación no generó dudas sobre la constitucionalidad del precepto acusado; y (iv) ante la posible existencia de cosa juzgada constitucional derivada de la Sentencia C-351 de 1995, el actor debía precisar qué cargos por él expuestos se diferencian de los estudiados en la controversia previamente resuelta.
La Sala observa que, tal y como lo sostuvo el Magistrado Sustanciador, el escrito de corrección no subsanó los defectos advertidos en el auto inadmisorio, y por tanto, resultaba procedente el rechazo. Ello es así por cuanto el escrito se limitó a reiterar los argumentos contenidos en la demanda. Esta Sala procederá a estudiar los argumentos presentados por el actor y las razones esgrimidas en los autos de inadmisión y rechazo:
3.1.1 Para el accionante, el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 contraría la Carta Política pues es posible que se entienda aplicable a los notarios públicos, tal como lo consideró la Sección Primera del Consejo de Estado en reciente providencia.
3.1.2. En atención a lo expuesto, es preciso aclarar que la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que cuando lo que se alega en sede de constitucionalidad es la interpretación de una norma, como ocurre en este caso, la demanda debe cumplir con una mayor carga argumentativa[6]. Así, excepcionalmente esta Corporación se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de las interpretaciones que puedan surgir de una norma, sin embargo, en estos eventos, la interpretación cuestionada debe ser ostensiblemente opuesta a disposiciones constitucionales y la misma debe derivarse directamente del texto de la norma acusada.
Al respecto, señaló la Corte en Sentencia C-1199 de 2008:
Es claro que a través de los cargos formulados se pretende que esta corporación se pronuncie, no directamente sobre la validez constitucional de los textos legales demandados, sino sobre la interpretación que de ellos pudiere hacerse, así como sobre la eventual adecuación o no de tales interpretaciones con el texto superior, habiéndose señalado que no resulta factible realizar un juicio constitucional frente a las aplicaciones concretas de la norma legal demandada, ni frente a las interpretaciones que de ella pudieran eventualmente hacerse, imposibilidad que obedece a varias circunstancias: de una parte, a que la misión de guardar la integridad y supremacía de la Constitución que compete a esta corporación debe cumplirse “en los estrictos y precisos términos” del artículo 241 superior, precepto que no le atribuye ninguna facultad a este respecto; y de otra, a que la interpretación sobre el sentido de las normas legales corresponde a la corporación judicial que en cada caso ejerce las funciones de órgano límite frente a la materia de que se trate, es decir, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, según sea el caso. No obstante, en algunos casos esta corporación ha aceptado la posibilidad de pronunciarse sobre la exequibilidad de las interpretaciones que de las normas legales puedan hacer los operadores jurídicos, únicamente cuando de manera evidente y notoria las interpretaciones cuestionadas entrañan un problema de verdadera naturaleza constitucional, habiendo destacado el carácter claramente excepcional de esta circunstancia.(Subrayas fuera de texto)
De tal manera que, teniendo en cuenta estos supuestos especiales para que se habilite la competencia de la Corte para referirse a la constitucionalidad de interpretaciones, el demandante que pretenda controvertirlas tendrá que no solo cumplir con los requisitos generales de la admisibilidad de cualquier demanda de inconstitucionalidad, sino que además tendrá que contar con una más estricta carga argumentativa dirigida a demostrar su relación directa con la norma demandada y su evidente contradicción entre la interpretación acusada y la Carta Política.
3.1.3. En estos términos, el Magistrado Sustanciador solicitó al demandante cumplir con los requisitos de: (i) especificidad, en cuanto la demanda no explica de manera directa y precisa la forma como la disposición acusada o su particular interpretación desconoce la Carta Política y, específicamente, cada uno de los preceptos constitucionales invocados como vulnerados; (ii) pertinencia, debido a que la argumentación del actor se basa esencialmente en el carácter particular de los notarios, regla que no tiene rango constitucional; y (iii) suficiencia, en tanto no se observa que el actor ofrezca los elementos necesarios para decidir la cuestión planteada, no generando una duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
Igualmente se sostuvo en el auto inadmisorio que al existir una probable cosa juzgada derivada de la Sentencia C-351 de 1995, correspondía al demandante precisar suficientemente el alcance de sus cargos, a efectos de diferenciarlos de los estudiados en la providencia en referencia.
3.1.4. En el presente caso, el actor se limita a cuestionar la norma únicamente en cuanto la misma pudiera interpretarse como aplicable a los notarios, tal como lo hizo la Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 30 de abril de 2009, contraviniendo, según el actor, el Preámbulo y los artículos 2, 4, 5, 13, 40, 53, 122, 123, 131, 152 y 241 de la Constitución. Sin embargo, el demandante omite explicar las razones por las cuales considera que aplicar a los notarios públicos el mandato de desvinculación por cumplir con la edad de retiro forzoso, resulta inconstitucional. Su único argumento se basa exclusivamente en que los notarios son particulares y no funcionarios públicos, pero, tal como lo indicó el Magistrado Sustanciador, esta regla no tiene carácter constitucional, razón por la que se sigue echando de menos razones reales de inconstitucionalidad de la norma o de la particular interpretación a la que se refiere el actor.
La advertida omisión no fue subsanada en el escrito de corrección, en el cual el actor sólo reitera la argumentación de la demanda aunque haciendo referencia a cada uno de las disposiciones constitucionales invocadas como violadas pero, de nuevo, sin aportar argumentos dirigidos a explicar por qué la aplicabilidad de la norma acusada a los notarios públicos debe considerarse contraria a la Carta Política. El actor, en cambio, sí realiza una nueva argumentación en relación con la inexistencia de cosa juzgada constitucional, pero al no haberse subsanado los demás vicios advertidos en el auto inadmisorio, claramente lo que le correspondía al Magistrado Sustanciador era proceder al rechazo de la demanda, como en efecto ocurrió.
3.2. Por lo expuesto anteriormente, esta Sala constata que los problemas advertidos en el auto admisorio no fueron efectivamente corregidos por el señor Jesús Pérez González-Rubio, razón suficiente para que en esta oportunidad, la Corte desestime el recurso interpuesto y confirme el auto de rechazo dictado por el Magistrado Sustanciador.
Primero. CONFIRMAR en todas sus partes el Auto del 10 de mayo de 2010, proferido por el despacho del Magistrado Sustanciador en el proceso D-8072, doctor Nilson Pinilla Pinilla, mediante el cual se rechazó la demanda presentada por el ciudadano Jesús Pérez González-Rubio, en contra del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968.
[6] Sentencias C-1436 de 2000, C-426 de 2002, C-207 de 2003, C-569 de 2004 y C-1199 de 2008.

References: artículo 31
 artículo 31
 artículo 123
 artículo 122
 artículo 131
 artículo 152
 artículo 125
 artículo 40
 artículo 2
 artículo 53
 artículo 31
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 31
 artículo 2
 artículo 31
 artículo 241
 artículo 31