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Justicia | Un Desmemoriado | Página 3
Publicado en 1 julio 2014 por Un Desmemoriado
La ONU aprobó esta semana una resolución histórica, presentada por Ecuador y Sudáfrica, que permitirá vigilar a las grandes corporaciones en los países del Sur. China, Rusia, Venezuela y Cuba votaron a favor. Alemania, Francia o Reino Unido, en contra
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL Madrid 29/06/2014
Imagen de la Asamblea General de la ONU.– EFE
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado esta semana un resolución histórica, que abre el camino para poder vigilar de cerca el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las multinacionales a lo largo y ancho del planeta; un terreno hasta ahora inexplorado a estos niveles, y una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ha supuesto una inyección de optimismo en las organizaciones y colectivos que luchan por estas causas.
“Ha sido una gran victoria”, reconoce a PúblicoDiana Aguiar, investigadora del Transnational Institute, una de las organizaciones que han presionado para lograr la aprobación de esta resolución. Con 20 votos a favor, 14 en contra (entre ellos los de la UE y EEUU) y 13 abstenciones, la ONU se ha comprometido este jueves en Ginebra a formar un grupo de trabajo con los gobiernos de distintas naciones para crear un marco legal, un tratado que comprometa de forma efectiva a los estados a supervisar el cumplimiento de los derechos humanos.
“La idea es crear un tratado vinculante para todas las multinacionales, para que no puedan incumplir derechos humanos en los países que lo ratifiquen. Lo que empieza ahora es la negociación del trabajo, pero esto no tiene antecedentes. Antes solo había normas para la protección de los intereses de los inversionistas, como los tratados de libre comercio, pero no había hasta hoy ningún tipo de norma vinculante en el derecho internacional que señalara a las multinacionales como culpables. Hay muchos casos en los que se ha intentado acceder a justicias nacionales [para enfrentarse a las empresas], pero por limitaciones diversas no se ha logrado, y este mecanismo cambia la distribución de fuerzas”, asegura.
Aguiar (Transnational Institut): “Este tratado cambia la distribución de fuerzas”
“A partir de 2015 tendrán dos años para ponerlo en práctica”, explica a este medio Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, otra de las organizaciones que han celebrado la resolución de Naciones Unidas, que previsiblemente logrará la aprobación de un tratado que ratificarán “los países que lo deseen, aunque la voluntad sea que lo ratifiquen todos”, como asegura el activista.
“Ha quedado claro que los crímenes de lesa humanidad cometidos por empresas transnacionales, y los que se siguen cometiendo en la actualidad, no pueden continuar y no pueden quedar impunes. Es una demanda de las víctimas de estas violaciones de los derechos humanos, y de gran parte de las organizaciones y movimientos sociales del mundo”, explica.
Preguntada por un ejemplo de los derechos por cuyo cumplimiento velará este mecanismo, Aguiar confirma que permitirá garantizar condiciones de trabajo dignas, contribuyendo a igualar las que afrontan los trabajadores de la India o de Bangladesh con las de los asalariados en estados de occidente -mientras estos países firmen-, pero también servirá para luchar contra la contaminación de suelos y ríos, o la persecución de defensores de derechos humanos. “Las empresas persiguen a quienes trabajan por los derechos humanos, muchas veces con la connivencia de los Estados”, asegura.
Entre los países que han votado a favor están China, Rusia, Cuba, India, o Venezuela, mientras que entre los que han cargado contra la resolución, promovida por Ecuador y Sudáfrica, figuran Alemania, Francia, Italia o Reino Unido; algunas de las grandes potencias de la UE, acompañadas por EEUU. Algo que, en palabras de Kucharz, “evidencia qué países defienden al gran capital, a la banca y a las grandes compañías multinacionales, como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, y quienes defienden a las víctimas de los abusos de las grandes empresas, como los veinte países que han votado a favor de la resolución”.
Kucharz (Ecologistas): “Los países que no lo han firmado defienden los derechos de las empresas y no de los ciudadanos”
Aguiar coincide con la lectura de Kucharz: “Los países que acogen a las mayores empresas internacionales no lo han firmado; defienden los derechos de las empresas y no de los ciudadanos, es absurdo. Es el resultado de cuarenta años de políticas neoliberales”, defiende, poniendo como ejemplo las palabras de una de las mandatarias presentes en la votación. “La representante de Reino Unido ha criticado que esta resolución puede restar valor a los inversionistas para ir a países del sur; está diciendo abiertamente que es más importante la inversión que los derechos humanos “, afirma.
“La intervención de la UE ha sido lamentable”, añade Kucharz. “La Unión Europea y Estados Unidos apoyan a las grandes corporaciones por encima de su obligación de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Con su rechazo a la resolución, no sólo han mostrado su desprecio por las leyes internacionales de Derechos Humanos, sino que además han convertido a los gobiernos en cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales”, esgrime.
El portavoz de Ecologistas en Acción y la investigadora del Transnational Institute participan en la campaña global para desmantelar el poder corporativo –Stop Corporate Impunity– que lleva meses haciendo presión política para influir en la decisión de Naciones Unidas. En total, más de 610 organizaciones de 95 países han exigido a la ONU la aprobación de la resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica, que abre nuevos caminos para su causa.
“El resultado del grupo de trabajo intergubernamental dependerá de la continuidad de las movilizaciones de la sociedad civil; esta votación ha sido sólo la victoria de una batalla parcial, nos queda mucho camino por delante para erradicar los crímenes de las multinacionales y la impunidad”, asegura Kucharz.
Preguntada por ejemplos que evidencien los efectos del nuevo mecanismo de la ONU, Aguiar responde que dependerán del contenido de tratado. “Lo que hay de mínimo es que ha habido un cambio cultural; lo que ha pasado en la ONU especialmente en los últimos 20 años cambia, ya ha habido una derrota, hay gobiernos que han presionado. Empieza el desmantelamiento de la idea de que las empresas deben ser defendidas de los gobiernos. En el caso de la Chevron [petrolera en disputa con el Estado de Ecuador], las víctimas han ganado el caso, pero antes de que ganaran Chevron sacó sus activos del país, la justicia se quedó sin poder expropiar para pagar a las víctimas. Si esto se aprueba, cualquier otro país en el que tuviese peso podría expropiar parte de sus recursos, es una de nuestras peticiones”, añade.
Más de 610 organizaciones de 95 países han exigido a la ONU la aprobación de la resolución
También coincide con su compañero de Ecologistas en Acción en que habrá que presionar para que los países ratifiquen el futuro tratado. “La UE se ha negado, pero vamos a presionar. ¿Cómo puede Bruselas decir que está a favor de los derechos humanos y no apoyar algo que va a regular la actividad de las empresas? ¿Cómo decir que un país como España, que compra ropa fabricada en Bangladesh [en mención al mortal derrumbe en una industria textil el pasado año] no va a participar en un proceso que regule las operaciones de una empresa internacional?
En esta línea, añade Kucharz, durante la semana varios movimientos y organizaciones sociales, así como comunidades afectadas por crímenes sociales y ambientales, han presentado en una audiencia especial del Tribunal Permanente de los Pueblos en Ginebra 12 casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por multinacionales. Entre ellos, los de las petroleras Chevron-Texaco en Ecuador y Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la minera suiza-inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica o Coca Cola en Colombia, o el de la empresa española Hidralia en Guatemala.
“Lo que tuvimos ayer [por el jueves] fue una gran victoria”, esgrime Aguiar. “Ahora se abren caminos en los que los defensores de derechos humanos tenemos que presionar, lo que pase dependerá en gran medida de nuestro capacidad para ello”, zanja.
Potencias de la UE contra la resolución
El Consejo de Derechos Humanos es el organismo intergubernamental de la ONU encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Está compuesto por 47 miembros de Naciones Unidas, elegidos por la Asamblea General, y España no está entre ellos. Así han votado los distintos estados la resolución de este jueves:
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Honduras: Matan a locutor en Catacamas; 40 comunicadores ultimados en cinco años
Publicado en 27 junio 2014 por Un Desmemoriado
por Los Necios – Redacción Central / El Libertador
En la última década han sido asesinados 42 comunicadores sociales en Honduras, de éstos, 40 fueron ultimados a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Tegucigalpa. De varios disparos fue encontrado muerto anoche un locutor de la localidad de Catacamas, Olancho, oriente de Honduras.
Al ahora occiso respondía Luis Funes, que trabajaba en Radio Patria de esa ciudad, situada a 210 kilómetros de Tegucigalpa.
Autoridades dijeron que el fallecido salía de su casa cuando fue interceptado por desconocidos que, sin mediar palabra, le dispararon hasta dejarlo sin vida.
Por el momento, miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) no han dado con el paradero de los autores materiales de la muerte del comunicador.
Sobre el tema, el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Héctor Becerra, lamentó que el crimen contra Funes se dé en el contexto de la censura que padecen los periodistas olanchanos; a varios de ellos se les ha prohibido que relaten a través de la crónica policial los hechos violentos que se registran en esa región.
Cabe recordar que es el cuarto comunicador que es liquidado en ese departamento; en fecha reciente fue ultimado el locutor Óscar Anthony Torres Martínez, en la comunidad de Patuca, al sur de Olancho.
El fallecido trabajaba para las radios Patuca Estéreo y Doble M Estéreo.
En la última década ha sido asesinados 42 comunicadores sociales en Honduras, de éstos, 40 fueron ultimados a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/90805-honduras-matan-a-locutor-en-catacamas-40-comunicadores-ultimados-en-cinco-a%C3%B1os.html
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Publicado en 14 diciembre 2013 por Un Desmemoriado
El magistrado advierte que si cuenta “todo lo que ha sucedido alrededor del caso Blesa, generaría una situación institucional insostenible”
ARANTZA DE CASTRO Madrid 12/12/2013
El juez Elpidio José Silva durante la rueda de prensa en la que ha explicado las novedades del procedimiento abierto contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.- EFE
El juez del ‘caso Blesa’: “Si la ciudadanía conoceria la gestión de la caja, el sistema no lo soportaría”
El juez Elpidio José Silva, que encarceló dos veces al exbanquero Miguel Blesa, ha amenazado con contar “todo lo sucedido alrededor del caso” y ha afirmado que dicha información “generaría una situación institucional insostenible“. “Los ciudadanos deberían conocer que alianzas hay entre corruptos, medios de comunicación, elementos institucionales y elementos de la casta política. En cualquier momento puede ser mi momento“, ha sentenciado.
El que fuera instructor del caso Blesa ha comparecido ante los medios acompañado de sus letrados, Cándido Conde-Pumpido Varela y Gonzalo Boye, para explicar las novedades del procedimiento que se está llevando contra él ante la querella presentada por el Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, así como la queja presentada por su defensa a la Inspección de la Fiscalía General del Estado.
“La querella se basa en mentiras e irregularidades donde se dicen falsedades. Tiene carencia de realidad”, ha manifestado Conde-Pumpido. Es por ello que han presentado una queja en la que se recoge una petición de apertura de un expediente disciplinario contra el fiscal Moix ya que “se ha atrevido a hacer una querella sin haber conocido la causa y está ejerciendo de abogado defensor de Blesa. Además, su forma de proceder no tiene sentido”, ha declarado el letrado.
Gonzalo Boye, por su parte, ha informado del recurso que van a presentar este viernes ante la Audiencia Nacional por el auto dictado el pasado 9 de diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que apreciaba bastantes “indicios racionales” de que Silva “prevaricó” al abrir una “causa general” y “prospectiva” contra el expresidente de Caja Madrid. En dicho auto, el magistrado Jesús Gavilán transformaba las diligencias previas en procedimiento abreviado, primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a Silva por su actuación en la instrucción del caso Blesa.
Silva ha expresado que llegó ante el juez “como culpable” y tiene que “demostrar punto por punto” que es inocente. “Es la primera vez en la historia judicial europea que un juez es sentado como imputado antes de que termine la instrucción por parte del Ministerio Fiscal”, ha aclarado.
“En las causas contra gente poderosa, empiezan a caer las víctimas”, ha declarado el letrado
Respecto a dicha instrucción sobre el crédito concedido al ex presidente de la CEOE -Gerardo Díaz-Ferrán- y la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid, el magistrado ha defendido que fue “correcta, sin errores” y que incluso “rozaba la perfección en algunos puntos”.
El magistrado también ha agradecido el apoyo ciudadano que está recibiendo así como el “movimiento de indignación de un sector muy amplio de la ciudadanía”. “El respaldo que siento de los ciudadanos, que no pueden entender que está sucediendo, me anima y me estimula mucho más de lo que recibo de las Administraciones”, ha destacado.
Por ello, la queja también se ha presentado ante la Defensora del Pueblo e incluso pondrán la iniciativa “a través de Internet en plataformas como Change.org” para que se sumen a la queja porque “los españoles tienen derecho a saber qué ha ocurrido con las entidades financieras”. “Cuando un barco se hunde, en este caso un banco, hay que preguntarle al capitán que estaba al mando del barco qué ha pasado con él”, ha aclarado Silva.
“El problema”, ha declarado Boye, “es que cuando se llevan a cabo causas contra gente poderosa, empiezan a caer las víctimas. Si se empieza a investigar a poderosos, acabas como Silva y la actuación en su contra es un acto atentatorio contra la independencia judicial”, ha sentenciado. Por su parte, el titular del Juzgado de instrucción número 9 de Madrid se ha mostrado “feliz” por haber vuelto a su cargo del que, según él, “nunca” deberían haberle apartado.
El juez Silva relaciona los correos de Blesa con Gürtel, Aznar y Agag
El TSJM ve indicios para juzgar al juez del ‘caso Blesa’
El TSJ de Madrid declara ‘íntimos’ 8.700 emails de Miguel Blesa
http://www.publico.es/488847/el-juez-silva-amenaza-con-tirar-de-la-manta?src=lmvn
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Dos naves almacenan historiales que podrían aclarar la trama de los bebés robados
El doctor Vela asegura que quemó la documentación de los supuestos bebés robados
11.12.13 | 08:12h. telecinco.es |
El gran problema para las madres y los niños víctimas de la trama de los bebés robados es la imposibilidad de acceder a los historiales médicos que pueden contener las claves de sus casos. El doctor Vela ha asegurado que quemó toda la documentación pero ‘Se enciende la noche’ ha localizado dos naves industriales que almacenan los historiales que podrían aclarar muchos de los casos de los bebés robados.
11/12-13 | telecinco.es
Las pruebas de ADN determinan que Alfonso no es hijo de Trinidad
¿Qué ha pasado con los expedientes médicos de las madres y los niños víctimas de la trama de bebés robados? A la hora de iniciar la búsqueda, las familias encuentran un escollo prácticamente insalvable: les niegan los expedientes médicos.El intento por acceder a los historiales es, en casi todo los casos, imposible. Les dicen que se han perdido, que han desaparecido o que han sido destruidos (el doctor Vela ha asegurado que quemó toda la documentación).
El equipo de investigación de ‘Se enciende la noche’ ha encontrado en el boletín oficial de la comunidad de Madrid una empresa que gestiona los archivos de varios hospitales de la comunidad de Madrid y ha localizado dos naves industriales que podrían almacenar los historiales médicos que podrían aclarar muchos de los casos de niños robados.
Situadas en un polígono a las afueras de Madrid, una reportera, haciéndose pasar por una niña robada, ha intentado acceder a los expedientes médicos. El acceso ha sido imposible. “No le puedo dar ningún tipo de información porque usted no tiene ningún tipo de autorización. No le podemos dar ningún tipo de información. Tiene que ser a través del hospital. Nosotros estamos contratados a través de esos hospitales y no podemos hacer nada. A nosotros nos piden la historia, la servimos y ya está”, ha explicado el trabajador, que ha confirmado que en esa nave están los archivos del Hospital 12 de octubre.
Los archivos de La Paz, en otra nave industrial a 20 kilómetros del hospital
Localizados los expedientes del hospital 12 de octubre, el equipo de investigación de ‘Se enciende la noche’ continúa indagando para localizar más archivos y consigue encontrar la nave en la que se encuentran los historiales médicos de La Paz pero los trabajadores dejan claro que, aunque el historial es propiedad del paciente, es el hospital el que los tiene que solicitar. “Nosotros no os los vamos a poder dar. Nos lo va a tener que pedir La Paz. La historia clínica es propiedad del paciente y si tú reclamas tu historia clínica te la tienen que dar”, ha dicho el trabajador de la empresa, que ha confirmado al equipo de investigación que los archivos del año 1975 están en esa nave.
El doctor Vela: “No me arrepiento porque no hice más que bendecir a Dios salvando vidas”
Pese a que son muchas las madres que le señalan como el médico que les atendió en el parto y como el responsable del robo de sus bebés, el doctor Vela lo niega de forma contundente. Según su versión, nunca intervino en el robo de bebés. Asegura que se limitó a salvar vidas. “No me arrepiento, no hice más que bendecir a Dios salvando vidas”, dice el doctor Vela, que asegura que Sor María era una muy buena persona.
http://www.telecinco.es/seenciendelanoche/programas/10-12-2013/dos-naves-industriales-almacenan-historiales-aclararian-trama-bebes-robados_0_1714650027.html
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La violencia contra las mujeres a menudo ha sido utilizada como un arma de guerra, con la intención de castigarlas, humillarlas y deshumanizarlas, pero sobre todo, con la intención de reprimir y destruir por todos los medios posibles el grupo al que pertenecen.
En los conflictos armados, esta violencia ha sido durante mucho tiempo asimilada a un signo de dominación más que a una herramienta de destrucción.
09.12.2013 · Toma la palabra · Atenas: Sonia Mitralia · Mujeres contra Deuda y Medidas de Austeridad y CADTM
Sabemos también que en tiempos de paz, las violencias contra las mujeres pasan sobre todo por ser actos individuales de hombres violentos, y no por armas de destrucción “estratégicas”.
Y bien, ¿Qué diríais si en la situación de crisis exacerbada que sacude Grecia, la violencia contra las mujeres se estuviera convirtiendo en un arma en manos del poder?
En efecto, en los últimos tiempos, los casos de tal violencia se multiplican en Grecia. Es el ejemplo de cuatro manifestaciones emblemáticas:
La primera y ¿más reciente? ha tenido lugar a principios de noviembre de 2013 ante las cámaras, prácticamente en directo, cuando las fuerzas especiales de la policía griega (MAT), quisieron impedir a dos diputadas entrar en el edificio de la Radiotelevisión Pública (ERT), que acababa de ser ocupado por la policía, y las acorralaron contra el portón de entrada de hierro forjado. Las dos diputadas de la oposición parlamentaria, Zoe Konstandopoulou, de Syriza, y Rachel Makris, del partido ‘Griegos Independientes’, fueron muy maltratadas. Especialmente Zoe Konstandopoulou, que fue conscientemente asfixiada y estuvo a punto de morir, ha demandado a sus agresores por intento de asesinato. Y todo esto, porque las dos diputadas querían simplemente ejercer su derecho constitucional de entrar en la Radiotelevisión Pública para impedir el montaje policial (destrucción de material, etc.) que tenía como objetivo ¿ir contra? la lucha de los trabajadores.
La continuación de este suceso es muy elocuente y viene a confirmar nuestra tesis. Al día siguiente, el gran periódico pro-gubernamental ‘TA NEA’, lanzaba una violenta campaña ultra-sexista contra las dos diputadas, publicando una viñeta en portada que presentaba a las dos diputadas… haciendo striptease bailando en una barra ante un público de clientes masculinos habituales de este tipo de locales (ver viñeta). En la leyenda del “dibujo” se podía leer este supuesto intercambio entre dos clientes: “A la derecha está Raquel y a la izquierda Zoe. ¿Y es que ellas hacen también otra cosa? He oído que también emprenden acciones legales. Pero mejor vamos a preguntar al chico”…
La segunda ha dado lugar a un auténtico linchamiento público, acrecentado por las cadenas de televisión, de mujeres seropositivas, algunas de ellas prostitutas. En plena campaña electoral, dos ministros socialdemócratas, tristemente célebres por su papel en la represión salvaje de las manifestaciones contra la Troika y el desmantelamiento del sistema de Sanidad, animaron a la población a denunciar para detener a las que, según los ministros, “constituyen una bomba de relojería sanitaria”, “contaminan a la sociedad con enfermedades contagiosas” y matan de sida a “los padres de familia griegos”.
La tercera manifestación de esta violencia ha tenido como víctimas a las decenas y decenas de mujeres -¡incluso abuelas!- de los alrededores de Skouries, en el norte de Grecia, que se oponen a la sociedad canadiense Eldorado y su proyecto de extracción de oro de la región. Desde hace meses, las fuerzas especiales de la policía, por órdenes directas de su ministro, hacen de las mujeres de los pueblos de los alrededores el blanco prioritario de una represión feroz y en masa que ya ha desembocado en el encarcelamiento de algunas de ellas y en la acusación por… crímenes de aún más (ver las fotos). No es casualidad que esta campaña de represión sin precedentes enmarcada en la imposición del estado de excepción en una región habitada por pacífica/os campesina/os se pretende -a decir de sus responsables- que sea ejemplar con la intención de prevenir la multiplicación de estos actos de “desobediencia civil”. Y evidentemente, no es casualidad que esta “represión ejemplar” se ejerza prioritariamente contra las mujeres de esta población local a la que ha hecho destruir cueste lo que cueste.
Y la cuarta manifestación, el episodio tristemente célebre del diputado del partido neonazi Kassidiaris, que golpeó “en directo” a dos diputadas de izquierda durante una emisión transmitida durante la campaña electoral de la pasada primavera. Este acto de violencia, en lugar de suscitar la indignación y la reprobación, suscitó por el contrario una gran ola de simpatía popular y contribuyó al éxito electoral de Amanecer Dorado.
Pensamos que se trata de un nuevo mal que empieza a aparecer. Esta violencia nos lleva a pensar en las violencias exacerbadas contra las mujeres en las guerras étnicas. La violación de mujeres por parte de hombres del bando contrario muy a menudo debe analizarse no como el efecto de un deseo masculino “incontrolable”, sino como parte de una estrategia de conflicto, de combate, en la que las mujeres representan biológica y simbólicamente la integridad de la etnia o de la nación a combatir. Y que hay que destruir. En nuestro caso, es evidente que no estamos en presencia de una violencia nacionalista con motivo de una limpieza étnica. Estamos en presencia de un conflicto de una naturaleza diferente, de otra guerra, de una guerra social, ¡de una lucha de clases!
En suma, humillar a las dos diputadas identificándolas con bailarinas de striptease no significa solamente que dedicarse a la política es ante todo un derecho de los hombres y no de las mujeres. Significa, más vulgarmente, que el papel que ¿se le deja? a la mujer es ante todo estar siempre disponible para ser ¿follada?, poseída y gobernada por los machos.
Igualmente, lapidar a las mujeres seropositivas, criminalizarlas, satanizar su sexualidad, presentarla como una “amenaza” para la ley y el orden que debe reinar en nuestras sociedades, esta amenaza se parece a la que siempre han representado las “clases” que estos señores llaman desde hace casi dos siglos “peligrosas”. Mismo lenguaje, misma demonización y misma represión…
Así pues, hacer de la misoginia, el odio contra las mujeres, la violencia contra las mujeres y sus derechos un arma de guerra no debería extrañar en la medida en que todas las políticas de quienes mandan en estos tiempos de la Troika triunfante apuntan también a hacernos volver a los peores momentos del capitalismo más salvaje y bárbaro del siglo XIX. Exactamente a una época durante la cual las mujeres no tenían prácticamente ningún derecho…
El hecho de que asistamos a la puesta en marcha de un auténtico ataque frontal, de una verdadera guerra de dimensiones históricas contra la inmensa mayoría de la/os ciudadana/os (asalariada/os, pobres, parada/os, pensionistas, jóvenes, “diferentes”, inmigrantes, minorías…) debería explicar esta transformación de la violencia contra las mujeres en una verdadera arma que poder y pudientes utilizan en masa y cada vez más frecuentemente. Como en los casos de violaciones en masa que sirven a los limpiadores étnicos para hundir la moral del pueblo víctima y someterle definitivamente, la violencia contra las mujeres ejercida por poder y pudientes en tiempos de guerra social tiene en la actualidad exactamente los mismos objetivos: hundir la moral, romper el tejido social para someter no solamente a las mujeres -que son evidentemente el primer objetivo- sino a todas las víctimas, hombres incluidos, de sus políticas inhumanas y neoliberales.
Traduccion: Fatima Fafatale
http://periodismohumano.com/mujer/la-violencia-contra-las-mujeres-como-arma-estrategica-del-poder-en-la-guerra-social.html
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Publicado en 28 noviembre 2013 por Un Desmemoriado
POR MIGUEL IZU – Jueves, 28 de Noviembre de 2013 – Actualizado a las 06:05h
Que cualquier ciudadano apoyado en la barra de un bar pretenda solucionar problemas complejos con recetas fáciles y probablemente equivocadas que se le acaban de ocurrir entre trago y trago es normal. También lo es que los tertulianos radiofónicos y televisivos, que tienen la obligación de saber de todo y de tener una respuesta preparada para todo, arreglen el mundo a base de ocurrencias. Y totalmente comprensible que los ciudadanos afectados por cualquier problema o cualquier desgracia, y más si son víctimas del terrorismo, del desempleo o de un desahucio, opinen al respecto sin la menor reflexión y que reclamen medidas desesperadas, inviables e irracionales. Pero que lo hagan habitualmente políticos con mando en plaza, a los que se les debe suponer un mínimo de sentido de común, resulta muy poco tranquilizador. En las últimas semanas han sido bastantes de nuestros gobernantes los que han salido a la palestra para reclamar medidas en relación con un asunto tan peliagudo y doloroso como el de la política penal y penitenciaria, sobre todo la relacionada con el terrorismo de ETA, a consecuencia de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot. Por desgracia, muchos lo han hecho mediante ocurrencias que no pasan el más mínimo análisis sobre su sensatez y ajuste a la Constitución.
Algunos han repetido como un mantra eso de que no puede castigarse igual un asesinato que veinticinco para criticar la excarcelación de algunos terroristas con diez, quince o veinte muertos a sus espaldas. En mi humilde opinión, una exacta proporción entre el delito de asesinato y la pena a imponer como la que parecen reclamar quienes se han aferrado a tal ocurrencia solo podría pasar por una de estas dos soluciones que voy a exponer. La primera, que a cada muerte se responda con otra muerte. Volvamos a la ley del talión, del latín talis, tal, igual, idéntico. Según se explica en Éxodo 21, 23-25, “si sucede una desgracia, tendrás que dar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión”. Así que quien cometa un homicidio o un asesinato deberá pagar con su vida y ser ejecutado. Quien cometa diez asesinatos debiera ser ejecutado diez veces, pero como nadie tiene diez vidas con las que responder habría que volver a las viejas prácticas de la venganza tribal o de la guerra sin cuartel; habrá que ejecutar a diez personas elegidas de la misma familia, o del mismo clan, o de la misma banda, o del mismo partido que el asesino. Si no es ésta la solución que proponen quienes reclaman la exacta proporcionalidad de las penas, quizás no estén por la pena de muerte ni por las represalias sangrientas, la segunda medida sería atenuar la pena por cada asesinato. La pena máxima de prisión en nuestro Código Penal es de 40 años y plantear una pena más larga resulta poco útil teniendo en cuenta la duración normal de la vida humana; así que hay que calcular el número de asesinatos que quepa imaginar que puede cometer una persona y dividir. Supongamos, por ejemplo, que el máximo de muertes por terrorista es de 191 (estoy pensando en el 11-M). Así que dividimos 40 años por 191 muertos y nos da que cada asesinato terrorista debería castigarse con dos meses y medio de cárcel. De ese modo conseguiríamos la exacta proporción, un muerto, dos meses y medio de cárcel; 20 muertos, 4 años, 191 muertos, 40 años. Por supuesto que todo esto no es más que una majadería, pero es a lo que nos lleva la lógica de sacar la calculadora para decir que 25 años de cárcel por 25 asesinatos sale a un año por muerto y que resulta demasiado barato para el terrorista. Es lo que tiene querer poner precio a las vidas. Las penas deben tener cierto carácter retributivo y proporcional, pero está claro que la justicia no se puede impartir con el sistema métrico decimal.
La otra ocurrencia de estos días es esa de que no puede permitirse que un terrorista o un pederasta excarcelado imparta clase a nuestros niños. En principio, efectivamente, no parece buena idea reclutar a los maestros de entre los terroristas y los pederastas. Pero quienes se despachan en los medios de comunicación mostrando su santa indignación al respecto proponen lo que no es sino otra ocurrencia; confeccionar listas negras que impidan el acceso a la función docente o introducir en la reforma del Código Penal en tramitación la prohibición de que los terroristas o pederastas puedan dedicarse a la docencia. No digo que no sea una medida a considerar. Hace mucho que el Código Penal contempla, entre las penas, la de inhabilitación para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio u otras actividades. Y el Código Penal vigente en su art. 192 ya prevé que se imponga la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, por el tiempo de seis meses a seis años, o bien la privación de la patria potestad, a los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Es decir, los pederastas ya pueden hoy mismo ser condenados a la prohibición del ejercicio de la profesión docente hasta seis años. Quizás fuera conveniente revisar el plazo o la extensión de las penas de inhabilitación a otros delitos, porque es obvio que el Código Penal es indefinidamente perfectible.
Pero lo que están vendiendo algunos de quienes propugnan tales iniciativas es que van a impedir que los miembros de ETA puedan dedicarse a la docencia. Y eso es vender mercancía averiada o hacer pura y simple demagogia. El trabajo o el acceso a la función pública en condiciones de igualdad son derechos constitucionales, prohibir el acceso a la docencia no puede hacerse sino como pena accesoria en el Código Penal. La Constitución establece el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras o desfavorables y, en particular, la irretroactividad de las normas penales salvo si son más beneficiosas para el penado. Y no solo lo hace la Constitución española, es un principio básico de cualquier Estado de derecho y está acogido por las normas internacionales sobre derechos fundamentales. Eso quiere decir que si se introduce ahora en el Código Penal la pena de inhabilitación para ser docente solo podrá aplicarse a los terroristas o a los pederastas que sean condenados a partir de la entrada en vigor de la reforma. No a los presos de ETA que han sido excarcelados recientemente o los que sean excarcelados en los próximos años, ya que todos han sido condenados con arreglo a las normas anteriores. Y si, como todos deseamos, ETA no vuelve nunca más al ejercicio de la actividad terrorista, ninguno de sus miembros será condenado en el futuro a esa pena. Salvo que se pretenda una aplicación retroactiva improvisando una doctrina Parot bis que, con toda seguridad, obtendría el mismo pronunciamiento que la original en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
A nuestros gobernantes, en materias tan delicadas como éstas, les es exigible mucha más prudencia, que se preocupen de hacer mucha más pedagogía sobre lo que significa un Estado de derecho y que se dediquen mucho menos a soltar ocurrencias demagógicas.
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/11/28/opinion/tribuna-abierta/ocurrencias
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La lucha por los niños robados continúa tras pasar por Ginebra
Madrid, 10 nov (EFE).- Tras presentar su informe ante el Comité de desapariciones forzadas de laONU el pasado martes, la asociación “Todos los niños robados son mis niños” ha vuelto hoy, apoyada por la asociación “Adelante Bebés Robados” y Ceaqua, a la madrileña Puerta del Sol con la esperanza de conseguir que se reabran los casos de este tipo acaecidos décadas atrás en España.
Soledad Luque, su presidenta, ha instado al Gobierno a que “tenga la decencia” de no ignorar los casos de niños robados que no han quedado solucionados durante la época del franquismo y años posteriores, a la espera de los dictados que la ONU realice al respecto.
Las recomendaciones del comité se conocerán el próximo día 15 de noviembre y Luque se ha mostrado esperanzada al respecto: “Las sensaciones en Ginebra fueron muy buenas, por lo menos nos escucharon, algo que en España no pasa” debido a que, y según ha continuado, “el Gobierno no quiere investigar los casos de desapariciones forzadas anteriores a 2010”, año en el que entró en vigor el cumplimiento de la Convención Internacional sobre esta materia.
Ana Messuti, una de las abogadas que lleva el caso ha insistido en la importancia de exponer el caso de los niños robados ante la ONU como organismo internacional: “Tratamos de remover la justicia internacional para que llegue un día en el que aquí se puedan investigar estos casos”.
Desde “Adelante bebés robados”, Ángel Casero, su secretario, fue muy crítico en lo referente al posicionamiento del Gobierno al respecto: “Confiaríamos en el Gobierno si cambiara su actitud, que ahora mismo se basa en archivar las denuncias”, a lo que ha añadido que “seguiremos saliendo a la calle, iremos a Argentina, a la ONU o donde haga falta para que se termine haciendo justicia con nuestros niños”.
Por su parte, la delegación que representó el miércoles al Estado español ante el mismo comité de la ONU se amparó en que los delitos ocurridos en épocas de la dictadura ya han prescrito, además de quedar absueltos por la Ley de Amnistía de 1977.
Sin embargo, las asociaciones que persiguen esclarecer las causas de los bebés robados argumentan que el robo de bebés es un delito de Lesa Humanidad -contra la humanidad-, es decir, “que no prescribe con el paso del tiempo”, algo en lo que ha insistido Luque.
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Bebés robados: “No estamos para perder el tiempo, se nos mueren las madres”
Las asociaciones de afectados por los casos de bebés robados reclaman un mayor apoyo del Ministerio de Justicia. Diez meses después de la apertura de la Oficina de Atención a los Afectados por los casos de robo de niños denuncian que “al principio muy buenas palabritas, pero luego nada”.
Diana Garcia Bujarrabal – Qué.es 28 de octubre de 2013
Foto: Manifestación en Madrid de afectados por los casos de bebés robados. Foto: GTRES
El pasado 19 de octubre cientos de afectados por el caso de los bebés robados se manifestaban en Madrid para reclamar el acceso a toda la documentación disponible para la búsqueda de sus hijos, padres o hermanos.
Éste era en principio el cometido de la Oficina de Atención a los Afectados que el Ministerio de Justicia creó el pasado mes de febrero; sin embargo, María Cruz Rodrigo, presidenta de SOS Robados Madrid denuncia que aunque “al principio fue muy bien, nos ayudaban a buscar papeles”ahora, en muchos casos, se están encontrando con un muro. “Y nosotros no estamos para perder el tiempo, se nos mueren las madres”, dice.
Rodrigo se refiere concretamente en Madrid a los archivos de La Paz y del Doce de Octubre que, según denuncia, no se les facilitan. “Nos dicen que de cinco años para atrás destruyen los archivos, ¿cómo es posible”, comenta escéptica.
Desde la Oficina de Atención a Afectados del Ministerio defienden su labor y explican que, a fecha del 25 de octubre, “el número de expedientes abiertos en la oficina que atiende estos casos es de 334. Y el total de personas afectadas asciende a 397 porque algunos expedientes incluyen a más de una persona”. Respecto a la reclamación sobre los hospitales también tienen su versión: “Desde esta oficina se solicita a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la documentación sanitaria perteneciente a la persona afectada, habiéndose recibido en algunos supuestos gran cantidad de información sanitaria referente a la madre y también al recién nacido”, aseguran.
Aún hay más reclamaciones al Ministerio. Desde la Plataforma sobre la Causa de Niños Robadosreclaman que los afectados que acudan a la vía civil para buscar a sus familiares queden exentos del pago de las nuevas tasa judiciales. Este tratamiento se encuentra ya previsto para otros colectivos, como las víctimas de violencia de género. Fuentes del ministerio entienden que las demandas relacionadas con el robo de niños, que son demandas por desaparición forzosa, deberían ir por la vía penal, “que siempre está exento de tasas”. No obstante, no se descarta estudiar otras posibilidades si así lo solicitan las asociaciones de afectados.
“ESTO NO ES UNA MODA NI UN CAPRICHO”
Rodrigo insiste en que si no acceden a los archivos “por las buenas”, tendrá que ser “por las malas” y cuenta que solo en Madrid SOS Robados está moviendo más de 60 casos con abogados. Advierte también de que los afectados no piensan cejar en su empeño de esclarecer lo sucedido durante décadas en España porque “esto no es una moda”.
Detrás de las siglas de las asociaciones hay casos tan dramáticos como el de la propia Rodrigo, que lleva 33 años buscando a su hijo. “Nació en el año 80 en el Doce de Octubre, le llevaron a la incubadora y todo el tiempo nos decían ‘no te preocupes, ya tienes un bebé de un año'”, recuerda. Rodrigo se quedó embarazada por accidente poco después de tener a su primer hijo. Para ella y su pareja, dos jóvenes de poco más de 20 años y extracción humilde, suponía una dificultad importante, pero desde el principio quisieron el bebé. “Durante el parto me preguntaban si era un bebé deseado, y yo les conté…”, dice.
Durante cinco días ella y su familia estuvieron visitando a la criatura en la incubadora. Hasta que les dijeron que había muerto. “Yo no quiero enterrar a mi hijo sin darle un beso, sácale al menos la manita que le pueda besar”, le pedía a su médica, que alegaba que el niño estaba desfigurado para no mostrarles el cadáver. Al final no lo vieron. Y tampoco lo enterraron. “‘¿Vosotros tenéis 200.000 pesetas para enterrarlo?’, eso nos decía la doctora”. Una doctora cuyo nombre Rodrigo solo le ha dicho a la juez. La misma doctora que les pidió que llevaran la leche materna porque era muy buena.
HAY MUCHAS ‘SOR MARÍAS’
Aunque en su día el fallecimiento de ‘Sor María’, principal imputada por el robo de bebés, hizo temer el fin de la investigación sobre estos casos, las asociaciones de afectados siempre han mantenido que hay muchas ‘sor Marías’.
Ascensión López, presidenta de SOS Bebés Robados de Almería, intervino recientemente en un programa de televisión e hizo unas declaraciones que han traído cola: “Sor Dolores Baena, sobrina de mi padre adoptivo organizó mi adopción por la que se pago 250.000 pesetas”, dijo. “En Sevilla hay varias madres que afirman que Sor Dolores Baena fue la monja que se llevo a sus hijos recién nacidos”.
López aseguraba el viernes a través de un nota de prensa que ha recibido una avalancha de llamadas solicitándole información y ayuda porque tienen la sospecha de que a ellos también les engañaron en el hospital donde dieron a luz a sus hijos.
Poco a poco se desvelan nuevas historias. ¿Llegarán a los tribunales? ¿Cuándo?
Bebés robados: “Di a luz en el depósito de cadáveres y cinco horas después, me dijeron que había muerto”
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http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201310280800-bebes-robados-estamos-para-perder-cont.html
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