Source: https://vitisetvinumlex.wordpress.com/2012/03/03/las-organizaciones-comunes-del-mercado-vitivinicola-desde-1962-hasta-1999/
Timestamp: 2018-03-18 03:44:31+00:00

Document:
Las Organizaciones Comunes del Mercado Vitivinícola: desde 1962 hasta 1999 | Vitis et Vinum Lex
Las Organizaciones Comunes del Mercado Vitivinícola: desde 1962 hasta 1999
tags: Europa, legislación, normativa, Organizción Común de Mercado, vid, vino
Las líneas maestras que en los Tratados de Constitución de la Unión Europea diseñan el funcionamiento de la Agricultura Comunitaria, y su relación con países terceros, se centran en la Política Agraria Común (PAC). El Tratado de Roma (1957), en su Título III AGRICULTURA Y PESCA (en el texto consolidado, TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA) define los principios básicos que deben orientar las disposiciones que emanan del mismo.
Firmado en 1957 con el nombre de Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, es junto con el Tratado de la Unión Europea uno de los dos textos fundamentales de las instituciones europeas, dado que desde 2002 las disposiciones del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero se integraron, según lo previsto para su conclusión automática, en la Comunidad Europea. Desde el Tratado de Lisboa, todas estas organizaciones se han fundido en una sola:la Unión Europea. El Tratado estableció, entre otras cosas:
• Unión aduanera:la CEE fue conocida popularmente como el “Mercado Común”. Se acordó un periodo transitorio de 12 años, en el que deberían desaparecer totalmente las barreras arancelarias entre los Estados miembros.
• Política Agrícola Común (PAC): esta medida estableció la libre circulación de los productos agrícolas dentro dela CEE, así como la adopción de políticas proteccionistas, que permitieron a los agricultores europeos evitar la competencia de productos procedentes de terceros países. Ello se consiguió mediante la subvención a los precios agrícolas. Desde entonces la PAC ha concentrado buena parte del presupuesto comunitario.
Los artículos números 38, 39, 40, 41, 42, 43, y 44 determinanla PAC, definiendo sus objetivos y los instrumentos para alcanzarlos, entre los que establecen las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM). Este Título III dice:
1.La Unión definirá y aplicará una política común de agricultura y pesca.
El mercado interior abarcará la agricultura, la pesca y el comercio de los productos agrícolas. Por productos agrícolas se entienden los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca, así como los productos de primera transformación directamente relacionados con aquéllos. Se entenderá que las referencias a la política agrícola común o a la agricultura y la utilización del término agrícola abarcan también la pesca, atendiendo a las características particulares de este sector.
2. Salvo disposición en contrario de los artículos39 a 44, ambos inclusive, las normas previstas para el establecimiento o el funcionamiento del mercado interior serán aplicables a los productos agrícolas.
3. Los productos a los que serán de aplicación los artículos 39 a 44, ambos inclusive, son los que figuran en la lista del anexo I.
4. El funcionamiento y desarrollo del mercado interior para los productos agrícolas deberán ir acompañados del establecimiento de una política agrícola común.
1. Los objetivos de la política agrícola común serán:
– incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra;
– garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura;
– estabilizar los mercados;
– garantizar la seguridad de los abastecimientos;
– asegurar al consumidor suministros a precios razonables.
– las características especiales de la actividad agrícola, que resultan de la estructura social de la agricultura y de las desigualdades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrícolas;
– la necesidad de efectuar gradualmente las oportunas adaptaciones;
– el hecho de que, en los Estados miembros, la agricultura constituye un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía.
1. Para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 39, se crea una organización común de los mercados agrícolas.
– normas comunes sobre la competencia;
– una coordinación obligatoria de las diversas organizaciones nacionales de mercado;
– una organización europea del mercado.
2. La organización común establecida bajo una de las formas indicadas en el apartado 1 podrá comprender todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 39, en particular, la regulación de precios, subvenciones a la producción y a la comercialización de los diversos productos, sistemas de almacenamiento y de compensación de remanentes, mecanismos comunes de estabilización de las importaciones o exportaciones.
La organización común deberá limitarse a conseguir los objetivos enunciados en el artículo 39 y deberá excluir toda discriminación entre productores o consumidores dela Unión.
Cualquier política común de precios deberá basarse en criterios comunes y en métodos uniformes de cálculo.
3. Para permitir que la organización común a que hace referencia el apartado 1 alcance sus objetivos, se podrán crear uno o más fondos de orientación y de garantía agrícolas.
Para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 39, podrán preverse, en el ámbito de la política agrícola común, medidas tales como:
– una eficaz coordinación de los esfuerzos emprendidos en los sectores de la formación profesional, investigación y divulgación de conocimientos agronómicos, que podrá comprender proyectos o instituciones financiados en común;
– acciones comunes para el desarrollo del consumo de determinados productos.
El Consejo, a propuesta dela Comisión, podrá autorizar la concesión de ayudas:
– para la protección de las explotaciones desfavorecidas por condiciones estructurales o naturales;
– en el marco de programas de desarrollo económico.
1.La Comisión presentará propuestas relativas a la elaboración y ejecución de la política agrícola común, incluida la sustitución de las organizaciones nacionales por alguna de las formas de organización común previstas en el apartado 1 del artículo 40, así como a la aplicación de las medidas especificadas en el presente título.
3. El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará las medidas relativas a la fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas, así como a la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca.
4. En las condiciones previstas en el apartado 2, se podrá sustituir las organizaciones nacionales de mercado por la organización común prevista en el apartado 1 del artículo 40:
– cuando la organización común ofrezca a los Estados miembros que se opongan a esta medida y dispongan de una organización nacional para la producción de que se trate garantías equivalentes para el empleo y el nivel de vida de los productores interesados, teniendo en cuenta el ritmo de las posibles adaptaciones y de las necesarias especializaciones; y
– cuando dicha organización asegure a los intercambios dentro dela Unión condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional.
5. En caso de crearse una organización común para determinadas materias primas, sin que exista todavía una organización común para los correspondientes productos transformados, tales materias primas utilizadas en los productos transformados destinados a la exportación a terceros países podrán ser importadas del exterior de la Unión.
Cuando en un Estado miembro un producto esté sujeto a una organización nacional de mercado o a cualquier regulación interna de efecto equivalente que afecte a la situación competitiva de una producción similar en otro Estado miembro, los Estados miembros aplicarán un gravamen compensatorio a la entrada de este producto procedente del Estado miembro que posea la organización o la regulación anteriormente citadas, a menos que dicho Estado aplique ya un gravamen compensatorio a la salida del producto.
La Comisión fijará el importe de dichos gravámenes en la medida necesaria para restablecer el equilibrio, pudiendo autorizar igualmente la adopción de otras medidas en las condiciones y modalidades que determine.
El conjunto de Reglamentos, Directivas y Decisiones que definen la OCM-Vitivinícola diseña las medidas coyunturales y estructurales que en función del contexto económico-social, de la situación de los mercados, de las exigencias de los estados miembros, y la solicitud de los órganos consultivos, regulan la evolución vitivinícola.
El principal objetivo del reglamento sobre la OCM vitivinícola es establecer unas normas claras y eficaces que permitan equilibrar la oferta y la demanda, y encaminar el sector hacia un desarrollo sostenible y competitivo. También pretende conservar las mejores tradiciones de la producción vitivinícola europea, reforzar el tejido social en varias zonas rurales y asegurar una producción respetuosa con el medio ambiente.
El primer Reglamento de la Unión Europea que trata de ordenar el sector es el 24/62, que respetando las diferentes formas de concebir el vino en los distintos países miembros, implanta de forma gradual unas normas en base al Catastro vitícola, a las declaraciones de cosechas y stocks, a la definición vino de calidad producido en región determinada (VCPRD), al Comité de Gestión de Vinos y a las medidas de control. Esta OCM se completa con los Reglamentos: R(CEE) 134/62 (declaraciones de stocks), R (CEE) 143/62 (Base catastro vitícola), R (CEE) 26/64 (disposiciones complementarias). Desde un principio se plantea una separación entre las medidas que deben afectar a los vinos comunes (vino de mesa), y los vinos de calidad superior producidos en una región determinada (VCPRD). (GUILLÉM, 1992).
La primera reforma de la OCM surge como consecuencia de la evolución del sector dentro de unas coordenadas de progreso y abundancia, que marcan las nuevas OCM. Así en 1970 aparecen los R(CEE) 816/70, que establece disposiciones complementarias en materia de organización común del mercado vitivinícola, y el R(CEE) 817/70, sobre disposiciones particulares relativas a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas. Recogió, básicamente, la posición francesa de libertad decisoria del productor y traslado del control plantacional por los Estados Miembros, en un mercado en el que predominaban de forma absoluta los vinos de mesa. (SEBASTIAN CASTILLO, 2003)
La gestión de estos Reglamentos dio lugar en1976 a un bloqueo temporal de plantaciones, y en1980 a establecer un plan sistemático de control del potencial vitícola, con la prohibición de nuevas plantaciones, consecuencia de los malos resultados obtenidos en su aplicación.
Las exigencias de un contexto de excedentes coyunturales, presiones internacionales y descenso del consumo obligan a plantear una nueva modificación de la OCM. Así nace el R(CEE) 822/87, cuyos elementos más significativos a destacar son:
Un nuevo concepto de destilación, que pretende sostener el mercado y disuadir a los viticultores de producir excedentes. Para ello, la destilación obligatoria poseerá un precio antieconómico.
Reducción del potencial de producción vitícola, con ayudas al arranque y limitaciones en los derechos de replantación acompañada con una política de precios restrictiva y a la baja
El R(CEE) 823/87, referente a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas, sufre escasas modificaciones en relación a los hábitos normales de trabajo que contempla.
En 1988 se adoptan estabilizadores con el objetivo de “hacer bajar los precios cuando la cantidad producida excede a un cierto límite, incrementando la participación de los productores en la financiación de los gastos, y reducir las garantías ofrecidas por la intervención”. En 1990 se aplican programas de austeridad con desescalada de precios y ayudas, ante la grave crisis sectorial con los llamados excedentes estructurales y los conflictos y tensiones generadas en los estados miembros. (GUILLÉM, 1992)
Los nuevos planteamientos de la PAC, la creación del Espacio Económico Europeo y la firma del Tratado de Maastricht (en 1991), hacen necesaria y obligatoria la reforma de la OCM-Vitivinícola. Durante1993, partiendo del documento “Evolución y futuro de la política vitivinícola” y coincidiendo con el final del periodo transitorio para España, con la libre circulación del mercado único, con los acuerdos del GATT y la posible ampliación dela UEa 15 miembros, se sientan las bases para la negociación de un documento que modifique la OCM.
En mayo de 1994,la Comisiónpresentó un documento de Organización del Mercado del Vino (5 de Mayo), que originó la mayor protesta social y repulsa conocida en el medio vitivinícola, tanto en España como en algunos de los estados miembros. El sector necesitaba una reforma de su OCM que marcase las bases de una opción de futuro para todas las regiones vitícolas. El 7 de junio de 1998 la Comisión presentó su propuesta de organización común del mercado del vino.
La reforma de 1999 fue aprobada el 11 de marzo de 1.999. El Consejo de Agricultura de la Unión Europea alcanzó un acuerdo sobre la Reforma de la Política Agrícola Común, que fue confirmado por el Consejo Europeo de Berlín del 24 y 25 de marzo de 1999. El extenso documento legal es el REGLAMENTO (CE) nº 1493/1999 del CONSEJO de 17 de mayo de 1999. La mayor parte del mismo fue transpuesto al ordenamiento jurídico español con la Ley de la Vid y del Vino (Ley 24/2003, de 10 de Julio, de la Viña y del Vino). Varias Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, han, asimismo, desarrollado su normativa.
Dicho acuerdo trataba los siguientes puntos:
1. Duración de la campaña
2. Plantación de Viñas
3. Mecanismos de Mercado
4. Agrupaciones de Productores
5. Mejora del funcionamiento del Mercado
6. Prácticas Enológicas y Especificaciones de Productos
7. Vinos de calidad producidos en regiones determinadas (V.C.P.R.D.)
8. Régimen de intercambios con Países terceros
La campaña se adelanta un mes: de 1 agosto a 31 julio (anteriormente, de 1 septiembre a 31 agosto).
Prohibición de nuevas plantaciones. Se mantuvo la vigente prohibición hasta el 31 de julio del 2010.
Regularización de plantaciones irregulares. Se establece como nueva medida un sistema de regularización para los viñedos plantados irregularmente antes del 1 de agosto de 1998, en aquellas regiones donde se haya efectuado un inventario del potencial vitícola, mediante:
· concesión de derechos retroactivos demostrables, o
· aportando derechos de replantación adquiridos por un volumen, o un coste, del 150%
Los viñedos plantados irregularmente después del 1 de agosto de 1998 deben ser arrancados.
Se autorizó a los Estados miembros hasta el 31 de julio del 2003 para que pudiesen conceder nuevas plantaciones, únicamente en superficies de vinos de calidad o vinos de la tierra, en los que la oferta sea inferior a la demanda. Estas nuevas plantaciones debían ser a deducir de las nuevas plantaciones concedidas en la nueva OCM.
Validez derechos de replantación. La validez de los derechos de replantación para el viticultor se limitó a cinco campañas (actualmente es de 8 campañas), pero el Estado miembro podía aumentar hasta ocho.
Reserva de derechos. Como nueva medida, se podían crear reservas de derechos de replantación, nacional/regional, que se alimentaba de:
· Derechos no ejercidos por el viticultor durante su período de vigencia.
· Derechos comprados a los viticultores (el importe lo fija el Estado miembro).
· Las 17.355 has de nuevas plantaciones concedidas a España, más las que en el futuro nos puedan corresponder de la reserva comunitaria.
Los Estados miembros podían conceder derechos de la reserva, mediante su venta o sin contrapartida financiera en determinados casos (por ejemplo, jóvenes agricultores).
Régimen de abandono. Se establecía un régimen de abandono permanente de viñedo, siendo el Estado miembro el que determinaba las regiones de aplicación (podía no haber ninguna) y las primas por hectárea, cuyos niveles máximos eran fijados por el Comité de Gestión. Esta medida era similar a la existente pero más flexible.
Reestructuración y reconversión. Se establecía un régimen de reestructuración y reconversión del viñedo que tenía como objetivo la adaptación de la oferta a la demanda, aplicable en aquellas regiones que dispusiesen de inventario del potencial vitícola.
Este régimen de reestructuración cubría la reconversión varietal, la nueva ubicación de viñedos y las mejoras de las técnicas de gestión de viñedos, y no cubría la renovación normal de viñedos viejos.
Los planes de reconversión eran responsabilidad de los Estados miembros.
Las primas podían cubrir tanto el coste material de la reestructuración, como las pérdidas de renta ocasionadas por el período improductivo del viñedo reestructurado (salvo que se hiciera la “plantación anticipada”).
La U.E. continuó con un 75% del coste total en las regiones objetivo 1 y un 50% en otras regiones. El resto del coste era a cargo del interesado (no había cofinanciación nacional).
La Comisión hizó una asignación presupuestaria anual a los Estados miembros teniendo en cuenta debidamente la superficie del viñedo, las necesidades y los esfuerzos realizados. Estas cantidades eran adaptadas a la vista de los gastos reales.
Ayuda al almacenamiento privado. Se mantuvo la entonces vigente ayuda al almacenamiento privado para vinos, mostos y mostos concentrados (incluidos los rectificados) para financiar los costes técnicos y financieros. La fecha de finalización del contrato con carácter voluntario se estableció entre el 1 de septiembre para los vinos y el 1 de agosto para los mostos, y la fecha límite del 30 de noviembre para ambos. La prima para los mostos se abonaba en función del grado de concentración.
Prestaciones vínicas. Se mantuvo la entonces vigente obligatoriedad de entrega de todos los subproductos de la vinificación, y al menos, la entrega del 10% de la graduación alcohólica del vino obtenido, y el 5% cuando se elaboraba vino partiendo de mosto. El precio a pagar por los subproductos entregados era de 0,995 euros/hectógrado.
Alcohol de usos de boca. Se establecía un nuevo régimen de regulación de mercado y de apoyo al alcohol de uso de boca a través de una destilación voluntaria, en la cual se mantenía el precio de pago del destilador al productor en 2,488 euros/hectógrado (que era el nivel de la vigente destilación preventiva), con objeto de permitir las salidas tradicionales de alcohol de vino para usos de boca, a precios competitivos. El precio se podía modular a lo largo de la campaña.
Se establecía como nueva medida una ayuda al almacenamiento de alcohol obtenido en el marco de esta destilación.
Destilación de crisis. Desaparecían los vigentes regímenes de destilaciones (preventiva, obligatoria, de mantenimiento y de garantía de buen fin).
Como nueva medida se establecía con carácter voluntario, una destilación excepcional para el caso de que exista un grave desequilibrio del mercado, para eliminación de determinadas “bolsas” de vino, pudiendo limitarse a ciertas categorías de vinos o determinadas áreas de producción.
Ayudas a la utilización de mosto. Se mantenían las vigentes ayudas:
· A los mostos y mostos concentrados (incluido el rectificado) obtenidos en la Comunidad y procedentes de la zona CIII, utilizados para aumentar el grado alcohólico la ayuda tiene por objeto compensar la diferencia de precio de estos productos y la sacarosa).
· Al mosto y mosto concentrado destinado a la elaboración de zumo de uva, reservándose una parte de la misma para la organización de campañas de promoción del consumo de zumo de uva.
· Al mosto y mosto concentrado procedente de las zonas CIII para la elaboración en el Reino Unido e Irlanda de productos de la partida 22.06.00, que incluyan la palabra vino en su denominación compuesta (British e Irish wine).
· Al mosto y mosto concentrado producido en la Comunidad y destinado como elemento principal en el Reino Unido y en Irlanda de productos que el consumidor elabora como bebidas que imitan al vino (home made wine).
Se fomentaba la creación de organizaciones de productores, entendiendo por tales cualquier entidad legal formada por la propia iniciativa de los productores y que tuviese, entre otros, los objetivos de concentración de la oferta y su comercialización y la reducción de los costes de producción.
Las agrupaciones de productores debían poder sancionar a sus afiliados. Se fijaban también las condiciones en que los Estados miembros podían reconocer a estas agrupaciones. Se indicaban los controles que deben realizar los Estados miembros, y en caso de no respeto de las condiciones de reconocimiento se podía llegar hasta la retirada del mismo.
Para mejorar el funcionamiento del mercado de los vinos de calidad procedentes de regiones determinadas (vcprd) y de los vinos de mesa con indicación geográfica y, sobre todo, para poner en práctica las decisiones de los organismos sectoriales, los Estados miembros podían definir reglas de comercialización sobre la regulación de la oferta, sobre la reserva o salida escalonada del producto en su primera puesta en mercado.
Se regulaban las prácticas enológicas para la elaboración de los productos incluidos en la OCM, excluyendo el zumo de uva y el mosto que se destine a zumo.
Se mantenía la actual prohibición de adición de agua y alcohol, excepto la adición de este último en la elaboración de mosto apagado, vinos de licor, espumosos y vino alcoholizado.
Permitía a los Estados miembros establecer medidas más estrictas para los vinos de calidad y los vinos de mesa con indicación geográfica (vino del país) así como para los vinos de licor y espumosos.
También regulaba el sistema de aprobación y aplicación en materia de métodos de análisis, pureza de los productos enológicos, etc.
Mezclas. Se prohibían las mezclas de vinos blancos con tintos, si bien se admitió la posibilidad de derogaciones, habiéndose concedido para España una derogación hasta el 31 de julio de 2005.
Designación y presentación de los productos. Las normas tenían como objetivos:
· La protección de los productores y consumidores.
· El buen desarrollo del mercado interior.
· El desarrollo de producciones de calidad.
Las normas contenían unas:
· Menciones obligatorias (denominación de venta, graduación alcohólica, volumen, etc).
· Menciones facultativas sujetas a determinadas condiciones (tipo de producto, año de cosecha, distinciones, etc).
· Asimismo, se daba la posibilidad de poner en la etiqueta cualquier otra mención siempre y cuando el operador pueda probar su exactitud.
También se establecían las condiciones de utilización de las marcas para no inducir a error al consumidor. Con este mismo objetivo, se limitaba el uso del nombre de las variedades, de las menciones tradicionales y de los nombres geográficos.
Se definen los v.c.p.r.d. como los vinos que responden a las disposiciones de este título y a las disposiciones nacionales.
Son los Estados miembros los que reconocen los v.c.p.r.d. y los comunican a la Comisión. Las condiciones tradicionales de producción se fundamentan en los elementos siguientes:
· Delimitación de la zona de producción.
· Variedades.
· Prácticas culturales.
· Métodos de vinificación.
· Graduación alcohólica natural mínima.
· Rendimiento por hectárea.
· Análisis organoléptico.
Los Estados miembros pueden definir condiciones complementarias.
Importaciones. Se mantuvo la exigencia de presentar un certificado de importación válido para toda la Comunidad. Se podía exigir una fianza que garantizara la ejecución de la importación.
Se aplicaba el Arancel Aduanero Común a todos los productos vitivinícolas. En el caso de los mostos el arancel dependía del precio de entrada.
Los mostos de países terceros no se podían vinificar en la Comunidad. Tampoco estaba admitida la mezcla de vinos comunitarios con vinos importados de terceros países, si bien se contemplaba que podía haber derogaciones a estos principios para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de la Comunidad. En el caso de que existiesen derogaciones, los productos debían etiquetarse de forma inequívoca. Se establecía un sistema de control apropiado y, si era necesario, una garantía.
Exportaciones. Las exportaciones seguían sujetas a la presentación de certificados de exportación, necesarios para poder vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, que limitaba el volumen subvencionado a exportar así como el importe total que se podía destinar a las restituciones.
La Comunidad podía conceder restituciones a la exportación para compensar la diferencia entre los precios internacionales y el precio interno comunitario. Las restituciones podían ser diferenciadas por destinos, y se fijaban de forma periódica.
Los Estados miembros podían definir condiciones complementarias. Tras esta reforma, vino la vigente: el Reglamento 479/2008.
from → Historia de la normativa y la legislación sobre la vid y el vino, Normativa europea
← … y sobre el conocimiento y aprecio de los vinos de Alicante en particular
El sistema de protección de la calidad de los vinos de la Ley 24/2003 →

References: artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 40
 artículo 40