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Timestamp: 2014-04-19 14:29:34+00:00

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Penal. Elementos del debido proceso: congruencia y motivación - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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En revisión la Resolución 004/2012 de 03 de febrero, cursante de fs. 34 a 36, pronunciada dentro de la acción de libertad, interpuesta por Iver Waldo Quilo Lozada contra Gina Luisa Castellón Ugarte y Ever Richard Veizaga Ayala, Vocales de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Mediante memorial presentado el 2 de febrero de 2012, cursante de fs. 26 a 28, el accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
Desde el 21 de diciembre de 2011, se encuentra detenido en el penal de San Antonio de Cochabamba, en cumplimiento a una “orden de detención ilegal” (sic), consistente en un mandamiento nulo de pleno derecho, dado que los datos inmersos en el mismo, no corresponden a ningún proceso pendiente iniciado en su contra y menos guarda relación con el Auto de la fecha señalada; mediante dicho fallo, el Juez Mixto y Liquidador de la localidad de Arque sin una debida fundamentación sobre los hechos, actores, relación de causalidad entre los hechos y el delito que se investiga y la intervención de cada uno de los imputados, restringió su derecho a la libertad, no obstante que por su parte cumplió con todos los requisitos exigidos por el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), incluso, acreditó suficientemente que su persona tiene familia constituida, domicilio habitual y trabajo establecido, así como descartó los peligros de obstaculización del proceso de investigación señalados en el art. 234.2, 3, 4, 5 y 6 del mismo cuerpo legal, habida cuenta que desde la primera actuación de la Fiscalía, nunca obstaculizó la investigación, más al contrario, colaboró en todo lo que se le requirió y/o instruyó.
Refiere que, contra la citada Resolución, interpuso recurso de apelación incidental, que radicado ante la Sala Penal Segunda, esta instancia emitió el Auto de Vista de 25 de enero de 2012, mediante el cual, establecieron que el Juez a quo incurrió en la causal de nulidad prevista por los arts. 169.3 con relación al 124 del CPP, que conlleva la nulidad del acto, por lo que resolvieron anular la Resolución remitida en apelación por no observar el debido proceso en su elemento a la debida fundamentación, y dispusieron que de inmediato el Juez cautelar considere y resuelva la situación jurídica de los imputados.
Concluye señalando que, en la vía de complementación y enmienda, argumentó al Tribunal de apelación, que constituía una incongruencia jurídica el disponer la nulidad de obrados y no obstante ello, no librar el mandamiento de libertad, habida cuenta, que un acto nulo implica la inexistencia del mismo; sin embargo, obtuvo como respuesta que los fundamentos de la Resolución de alzada estaban los suficientemente expuestos de manera clara y por tanto, no ha lugar a la solicitud impetrada, amparando su decisión en la SC 0026/2010-R de 13 de abril.
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad física y de locomoción, así como la garantía del debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
El accionante solicita que se “repare la violación al derecho y garantía constitucional aludidos declarando en consecuencia procedente el presente Recurso” (sic).
En audiencia pública celebrada a horas 16:00 del 3 de febrero de 2012, conforme consta en el acta cursante de fs. 32 a 33 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El abogado del accionante ratificó los fundamentos de su memorial de demanda y los amplió, señalando lo siguiente: a) Los Vocales codemandados, ampararon su resolución en la SC 0026/2010-R, estableciendo que no correspondía otorgar la libertad, porque este era un aspecto que debía ser determinado por el Juez cautelar en la audiencia respectiva; y, b) Si se anularon obrados, entonces, en los hechos, la Sentencia del a quo quedó inexistente; por ende, no podía permanecer detenido hasta que la autoridad que en principio ordenó su detención, modifique, cambie o anule su disposición anterior.
En uso de la réplica, añadió que, ciertamente la Sala Penal Segunda respaldó su Resolución en la “SC 0027/2010”, sin embargo, la misma se refiere a un caso especifico sometido al Tribunal Constitucional sobre temas de narcotráfico; entonces, no se puede solamente bajo el rótulo de vinculante determinar la parte sustantiva o en su caso, aplicar la parte resolutiva de las sentencias constitucionales en supuestos fácticos que no son análogos.
Gina Luisa Castellón Ugarte y Ever Richard Veizaga Ayala, Presidenta y Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, respectivamente, ahora demandados, en informe escrito cursante a fs. 31, se remitieron a los fundamentos expuestos en el Auto de Vista de 25 de enero de 2012, a los antecedentes procesales del caso y a la jurisprudencia constitucional sentada en la SC 0026/2010-R, que por mandato del art. 203 de la CPE, tiene carácter vinculante y es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos del Estado.
Mediante Resolución 004/2012 de 3 de febrero, cursante de fs. 34 a 36, el Juez Quinto de Partido en lo Penal de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia del Tribunal Departamental de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, “denegó” la tutela solicitada; con los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista emitido por los Vocales demandados y avalado por la SC 0026/2010-R, es claro cuando refiere que el Juez a quo de inmediato programe día y hora de audiencia para conceder y resolver la situación jurídica de los imputados; 2) En el caso de que no se hubiera pronunciado el Juez Instructor de Arque a la brevedad posible o haber afectado de una u otra manera su derecho a la libertad, recién pudo haber accionado el recurso de acción de libertad; 3) La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, refiere que los derechos no son absolutos, el ejercicio de los mecanismos de defensa tampoco son ilimitados; en ese marco, al ser Bolivia un Estado de Derecho Unitario con características propias como establece el art. 1 de la CPE, se guía por los valores de respeto, complementariedad, transparencia y equilibrio; en consecuencia, todo acto de las entidades que administren justicia, debe sujetarse a los principios y valores constitucionales a los que también está obligado el Tribunal Constitucional, de tal manera, se debe evitar cualquier intromisión, conflicto o tensión con otras jurisdicciones como es la ordinaria; y, 4) El Juez de instrucción, como contralor de los derechos y garantías fundamentales, es la autoridad que deberá resolver la situación jurídica de los imputados y no así el Tribunal de alzada.
II.1.Dentro el proceso penal por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, de contrato, conducta antieconómica y falsedad ideológica, seguido por el Ministerio Publico contra el ahora accionante y otros, ante el Juzgado de Instrucción Mixto, Liquidador y Cautelar de Arque, se evidencia que mediante Auto de 21 de diciembre de 2011, en aplicación del art. 54 inc. 2) del CPP, el Juez a cargo del proceso, dispuso la detención preventiva, entre otros, de Iver Waldo Quilo Lozada, por concurrir los supuestos establecidos en los arts. 233.1, 234.1, 2 y 6; y, 235.2 de la Ley 007, a cumplirse en el recinto penitenciario de San Antonio, ordenando se expidan los correspondientes mandamientos de detención preventiva (fs. 4 a 11).
II.2.Contra el Auto de 21 de diciembre de 2011, Iver Waldo Quilo Lozada y Omar Gonzalo Flores Fulguera, mediante memorial presentado el 23 de diciembre de 2012, interpusieron recurso de apelación incidental, considerando que el Juez Instructor Mixto, Liquidador y Cautelar de Arque, determinó su detención preventiva sin realizar una valoración de la documentación presentada y al margen de una interpretación sistemática y armónica, tanto de la Constitución Política del Estado como de las normas del Código de Procedimiento Penal y la Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal (fs. 13 a 14 vta.).
II.3.Mediante Auto de Vista de 25 de enero 2012, las autoridades ahora demandadas, determinaron la nulidad de la Resolución de 21 de diciembre de 2011, disponiendo que el Juez a quo, de inmediato, programe nuevo día y hora de audiencia a objeto de considerar y resolver la situación jurídica de los imputados, por haber evidenciado que la referida autoridad incurrió en la causal de nulidad prevista por el art. 169.3 del CPP con relación al art 124 del mismo cuerpo legal, al no observar el “debido proceso, en su elemento de la debida fundamentación” (sic) (fs. 20 a 21).
El accionante alega que las autoridades demandadas lesionaron sus derechos a la libertad física y libertad de locomoción, así como la garantía del debido proceso, habida cuenta que dentro del proceso penal tramitado en su contra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, de contratos, conducta antieconómica y falsedad ideológica, emitieron en apelación, el Auto de Vista de 25 de enero de 2012, mediante el cual, no obstante haber anulado la Resolución del a quo por falta de fundamentación, en lugar de ordenar su inmediata libertad, a su criterio de manera incongruente, lo pusieron a disposición del Juez cautelar, para que sea este último quien resuelva sobre su situación jurídica. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Juez de garantías, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen persecución, aprehensión, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.
Previo a ingresar al análisis del caso concreto, es necesario introducir el tema referido a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, puesto que de dicha esencia se podrá determinar la viabilidad o no de la presente demanda, labor que será cumplida a continuación.
La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como “recurso de habeas corpus”, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.
Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.
Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida.
Teniendo presente que los supuestos fácticos descritos planteados en la presente acción tutelar, se refieren a un posible procesamiento indebido, corresponde a continuación abordar ese tema en particular.
III.2. La acción de libertad y el debido proceso
De la delimitación de la naturaleza jurídica de la acción de libertad, se desprenden los siguientes presupuestos de activación de este mecanismo de defensa: 1) Cuando considere que su vida está en peligro; 2) Que es ilegalmente perseguida; 3) Que es indebidamente procesada; y, 4) O privada de libertad personal o de locomoción.
Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones.
Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante. En similar sentido se pronunció este Tribunal en las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras.
En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: “…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.
Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad…”.
En consecuencia, la acción de libertad, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, sólo puede activarse ante un procesamiento indebido, cuando se encuentra relacionado directamente con la amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción y se hubieren agotado todos los mecanismos intraprocesales de impugnación, salvo que al actor se le hubiere colocado en un absoluto estado de indefensión, caso en el que no resulta razonable la exigencia de la observancia del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, precisamente por su imposibilidad de activar los medios de reclamación; de tal manera que otras formas de procesamiento indebido, no pueden ser compulsadas mediante la presente acción de defensa, debiendo hacérselas en su caso en el ámbito de la otra acción tutelar como el amparo constitucional.
III.3. El debido proceso en medidas cautelares y su protección a través de la acción de libertad
En aquellos casos referidos específicamente a medidas cautelares, modulando los entendimientos asumidos en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, recalcó lo siguiente:
“I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.
III. En el caso de vulneración al derecho a la vida, protegido por la acción de libertad, procederá esta acción de forma directa y sin necesidad de agotar otra vía”.
Siguiendo la misma línea, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se refirió a las situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, estableciendo tres supuestos de improcedencia:
“Primer supuesto:
Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el juez cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.
De lo establecido en el primer apartado de la SC 0008/2010-R y en la primera parte del segundo supuesto de la SC 0080/2010-R, se desprende que cuando se impugna una resolución judicial de medida cautelar, previo a acudir a la jurisdicción constitucional mediante la presente acción de tutela, el accionante deberá activar los mecanismos idóneos de impugnación intraprocesal ante la jurisdicción ordinaria.
En ese orden, y a efectos de dejar claramente establecido cual es la mecánica que el actor debe activar y agotar, previo a acudir a esta jurisdicción en busca de tutela, es preciso revisar el sistema recursivo de impugnación comprendido en la normativa procesal penal de nuestro país, en cuanto a la aplicación del régimen de medidas cautelares, ante su aplicación, modificación o rechazo, el cual prevé el recurso de apelación incidental. En ese marco, el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), dispone que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas. En ese mismo sentido se desarrolló en las SSCC 0160/2005-R y 0181/2005-R.
Procedimiento en el que se destaca el carácter especial y sumario, precisamente por la necesidad de que la situación jurídica del imputado sea definida lo antes posible, dado que, se encuentra de por medio su derecho a la libertad o de locomoción, y por lo tanto, se debe garantizar la celeridad, especialmente en aquellos casos en los que se estableció la aplicación de una medida cautelar de carácter personal, o se rechazó la modificación de la misma.
Conforme a la normativa y jurisprudencia revisadas, podemos concluir que previo a la interposición de la presente acción, a efectos de exigir el restablecimiento del derecho a la libertad, así como a la persecución o procesamiento indebido, es necesario agotar todos los mecanismos idóneos, eficientes y oportunos de impugnación intraprocesal; de lo contrario, esta vía constitucional no abre su ámbito de protección, lo que equivale, en la problemática planteada, a que el afectado, si no se encuentra de acuerdo con la decisión asumida por el juzgador, está obligado a plantear recurso de apelación incidental contra la resolución que dispone, modifica o rechaza la aplicación de una medida cautelar dispuesta en su contra, porque dicho recurso reúne las características de idoneidad, inmediatez y eficacia para el restablecimiento del derecho a la libertad, y si en la jurisdicción ordinaria, no se atiende su petitorio y, éste considera que la vulneración a su derecho aún persiste, entonces, recién quedará expedita la acción de libertad.
No obstante lo señalado, el entendimiento asumido en la última parte del segundo supuesto contenido en el Fundamento Jurídico III.4 de la SC 0080/2010-R, además de los requisitos exigidos por la propia jurisprudencia para aquellos casos en los que denuncien lesiones al debido proceso, como son su vinculación directa con el derecho a la libertad o derecho de locomoción y el agotamiento de los medios de impugnación intraprocesal, incluye la “indefensión absoluta y manifiesta”, sosteniendo, de manera expresa, lo siguiente:
“…puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física”.
Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa.
Razonamiento que aclara la línea jurisprudencial, únicamente con relación a la última parte del segundo supuesto, extractada y analizada de la SC 0080/2010-R, por los motivos antes señalados; teniendo en cuenta además, que de manera implícita, el Tribunal Constitucional, en los casos referidos a medidas cautelares de carácter personal que fueron sometidos a su conocimiento, aplicó el razonamiento que expresamente se desarrolló en la presente Sentencia.
III.4. Congruencia como elemento del debido proceso
Establecida la línea jurisprudencial y teniendo en cuenta que el accionante agotó los medios idóneos de impugnación referidos líneas arriba, a efectos de analizar el fondo de la causa, corresponde referirse al principio de congruencia, bajo los siguientes aspectos.
La congruencia como elemento del debido proceso, debe ser comprendida desde dos ámbitos de acción, de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizado y considerado por dicha autoridad.
En cuanto a los alcances del principio de congruencia, en materia penal, la SC 1312/2003-R de 9 de septiembre, señaló: “...a fin de resolver la problemática planteada, resulta menester referirnos a los alcances del principio de congruencia, que cobra relevancia en cualquier naturaleza de proceso, en especial en materia penal, pues este marca el ámbito en el que la parte querellante va a aportar sus pruebas tomando como base los delitos que denuncia, como también delimitaba el campo de acción en el que el juzgador va a dirigir el proceso y finalmente señala también de la misma forma que en ese marco ha de asumir defensa el imputado o procesado, siendo por tanto -como se dijo- de mucha importancia en especial para este último sujeto procesal, que a tiempo de asumir defensa se le haga conocer por qué delito se le está juzgando, de manera que sobre esa acusación él pueda desvirtuar la misma, alegando, proponiendo pruebas y participando en la práctica probatoria y en los debates, para lo que resulta obvio, que necesariamente debía conocer con antelación suficiente los delitos que se le acusaban, sin que la sentencia posteriormente pueda condenarle por algo de lo que antes no se acusó y respecto de lo cual consiguientemente no pudo articular su estrategia exigida, como le garantizaba la ley” .
En relación al segundo ámbito de los señalados, referido a la estructura de la resolución, a través de la SC 1009/2003-R de 18 de julio, el Tribunal refirió que: “…el juzgador también deberá observar estrictamente el principio de congruencia, el mismo que no sólo requiere ser respetado en el transcurso del proceso entre una y otra resolución, sino que también es de observancia en el texto de una sola resolución, pues como establece el ordenamiento jurídico, toda resolución tiene una estructura básica que marca la estructura formal que tiene que respetarse. Así, en toda resolución, deben en principio identificarse las partes, una suma de las pretensiones así como también el objeto de la resolución, posterior a ello, tendrá que exponerse una parte relativa de lo demandado, otra relativa a los hechos comprobados por el juzgador, otra que exponga el razonamiento del juzgador más las normas legales que sustenten dicho razonamiento y finalmente la parte resolutiva que deberá -resulta por demás obvio- responder a las partes precedentes, lo que significa, que la decisión debe guardar completa correspondencia con todo lo expuesto a lo largo del texto de la resolución; si no se estructura de tal forma una resolución, ésta carecerá de consecuencia, puesto que luego de analizar, relatar y analizar determinados hechos se llegaría a resultados distintos…”.
“Tal razonamiento es perfectamente aplicable a todo órgano, sea público o privado, que tenga a su cargo el decidir sobre procesos en el que las determinaciones que emanen de sus resoluciones, sean lo suficientemente motivadas, y sobre todo congruentes, para evitar confusiones a aquellos que se someten a tales procesos, dentro de instituciones tanto públicas como privadas, dentro de procesos administrativos como judiciales, por lo que en mérito al principio de favorabilidad establecido por la Constitución Política del Estado vigente en su art. 256, el derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones, como un elemento del debido proceso, debe tener una amplia aplicación en todo tipo de procesos, en los que los derechos fundamentales de las personas estén controvertidos” (SC 1145/2010-R de 27 de agosto).
Efectuadas las precisiones doctrinales y jurisprudenciales, corresponde analizar y resolver el fondo de la causa, en atención a los presupuestos de activación de la presente acción, dado que la problemática emerge de la apelación incidental de una medida cautelar.
En ese orden, se evidencia que el accionante impugna de incongruente el Auto de Vista de 25 de enero de 2012, mediante el cual los Vocales codemandados, determinaron anular la Resolución de 21 de diciembre de 2011 emitida por el Juez Mixto y Liquidador de la localidad de Arque, por la que se ordenó la detención preventiva del accionante y otros, ante la falta de fundamentación y motivación, disponiendo que dicha autoridad señale nueva audiencia de “inmediato” para considerar la situación jurídica de los imputados, entre ellos, Iver Waldo Quilo Lozada, lo que implica que el imputado continúa en su condición de privado de libertad. Decisión esta última que a decir del accionante, carece de congruencia, porque a su criterio, una resolución nula sería inexistente, y por lo tanto, las actuaciones jurisdiccionales deben retrotraerse hasta antes de la Resolución anulada, por ende, debe recuperar su libertad, o bien, como señala, aplicársele una medida sustitutiva.
A mayor argumentación, se tiene que la vulneración a la libertad y a la congruencia como elemento del debido proceso, versa en el hecho que a tiempo de conocer su apelación contra la resolución del Juez cautelar que dispuso su detención preventiva, el Tribunal de alzada, pese a anular la misma, no ordenó la inmediata libertad, decisión que no puede ser considerada como lesiva de los derechos fundamentales del imputado, dado que cuando los Vocales demandados verificaron la falta de fundamentación en el fallo apelado, dispusieron su nulidad; empero, ello no implica una resolución en el fondo de la causa, y menos que dicha instancia fuere competente para resolver sobre la situación jurídica del mismo, ni disponer su libertad o la aplicación de una medida sustitutiva, dado que dicha decisión dependerá de la valoración de los elementos de convicción aportados en el proceso y por tanto las consecuencias jurídicas dependerán expresamente de esa valoración.
Supuesto distinto al caso en el que el Tribunal de alzada resuelve el recurso planteado en el fondo y determina la revocatoria de la medida restrictiva de libertad impuesta por el juez cautelar y dispone en consecuencia la libertad irrestricta o bien, la aplicación de una medida sustitutiva, lo que en definitiva no ocurrió en el problema planteado, porque como se dijo, ello se determinará una vez repuesta la resolución anulada con la debida fundamentación, dado que la nulidad de un actuado procesal, no conlleva de manera automática la concesión de libertad a los procesados.
Consiguientemente, por los argumentos expuestos, no se evidencia vulneración al derecho a la libertad del accionante como tampoco al procesamiento indebido.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución 004/2012 de 3 de febrero; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

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