Source: http://hijosmardelplata.blogspot.com/2008/03/la-armada-desplazo-al-oficial-que.html
Timestamp: 2017-08-16 19:26:20+00:00

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La Armada desplazo al oficial que asesoraba a represores acusados por la Justicia
El capitán Poggi necesita contención
Conocido como “Grupo de Contención”, dedicado a apoyar a marinos citados por delitos de lesa humanidad, tenía hasta ayer varios integrantes. Los capitanes Poggi y Vázquez fueron desplazados.
La ministra de Defensa, Nilda Garré, junto al jefe de la Armada, Jorge Omar Godoy.
Con las armas fuera de casa
El capitán de navío Juan Martín Poggi, integrante del Grupo de Contención de la Armada, fue desplazado de su puesto. Página/12 informó el domingo último que en el cuarto piso del Edificio Libertad trabajan los oficiales encargados de informar y asesorar a los camaradas procesados por delitos de lesa humanidad. Defensa le pidió ayer informes al almirante, Jorge Godoy sobre esa oficina, que reporta a la Subsecretaría de Relaciones Institucionales que depende de la Secretaría General Naval.
Poggi declaró el miércoles pasado en el juicio por la masacre de Trelew que conversaba institucionalmente con todos los implicados en “delitos de derechos humanos” (sic).
Poggi pasó a retiro en el 2006 y de inmediato fue recontratado; es uno de los “retirados en servicio”. Con esa categoría revistan casi doscientos altos oficiales. Es la forma en que la Marina –al igual que el Ejército y la Aeronáutica– les da conchabo a quienes no pueden seguir la carrera activa pero reciben un salario equivalente, entre ellos se destacan varios compañeros de promoción de Godoy y de Enrique Salvador Olmedo, el tercer hombre de la Armada.
Algunos ironizan con la supuesta “anarquía” en la que viven los hombres de mar: el almirantazgo parece enterarse de lo que sucede en la fuerza una vez que es publicado por la prensa. Con las irregularidades en la adjudicación de las obras del polo educativo en Vicente López, lugar en que se instalarán las escuelas que funcionaban en el edificio de la ESMA, Godoy ordenó abrir sumarios a partir de las notas de este diario. Poco después desplazó al contraalmirante retirado Roberto Pertusio, detenido con prisión domiciliaria por homicidios y secuestros y asesor del Centro de Estudios Estratégicos, que preside el propio Godoy, pasó lo mismo. Ahora desplazaron a Poggi.
El capitán de fragata Angel Vázquez también declaró ante la Justicia de Rawson, Chubut. Según el testimonio del cabo Carlos Amadeo Marandino, uno de los detenidos por el fusilamiento de 19 guerrilleros que habían intentado fugarse del penal de Rawson en 1972, Poggi y Vázquez lo habían citado en octubre del año pasado al Edificio Libertad. El objetivo era informarle sobre su posible citación en el proceso que se está instruyendo en Chubut. A diferencia de Poggi, Vázquez está en actividad, fue destinado a una dependencia de Mendoza y fuentes de Defensa aseguraron a Página/12 que se suprimiría la función que está ejerciendo el capitán.
En el mismo Grupo de Contención reporta el capitán de corbeta Sergio Vargas, quien también está en actividad y es oficial de Inteligencia. Todos son abogados, en el Libro de Precedencia de la Armada figura con destino en la Asesoría Jurídica, zona 50 (Buenos Aires) pero, en realidad, trabaja a las órdenes de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales. Vargas es uno de los letrados que más conoce el derrotero de las causas que involucran a represores. Entre los uniformados aseguran que durante un año que estuvo de licencia recaló en el estudio de José Scelzi, uno de los defensores de militares.
En diciembre del ’99, este diario había confirmado en Tribunales que el capitán abogado Pedro Florido actuaba junto con Sergio Vargas como enlace de la Armada ante los jueces para que le comuniquen cualquier novedad sobre los expedientes por la apropiación de bebés o averiguación de la verdad. Florido había sido denunciado por el sobreviviente de la ESMA, Víctor Basterra, como el oficial que lo obligó a elaborar tres pasaportes falsos para Licio Gelli, el gran maestre de la Logia P2 a la que pertenecía el entonces mandamás de la Armada, Emilio Eduardo Massera. A pesar de ese currículum, Florido fue propuesto para ascender en los estertores del gobierno de Carlos Menem y el de la Alianza lo convalidó. Recién en diciembre del 2003 pasó a retiro. Es otro de los “retirados en servicio” pero sin destino.
Para entonces, el Grupo de Contención ya había pasado del Servicio de Inteligencia Naval a la órbita de la Secretaría General Naval. La decisión de desplazar a Poggi y Vázquez confirma, de hecho, la existencia de ese grupo. Sin embargo, intenta dejar a salvo a los altos mandos como si esas actividades hubieran sido desconocidas en una estructura que se supone hace de la verticalidad un dogma de funcionamiento.
Pese a las críticas, Uribe zafó en la OEA
Ecuador pidió que se convocara a los cancilleres, se condenara la violación de su territorio y que se formara una comisión. Colombia aceptó el primer punto y logró hasta ahora frenar la condena. Bush en persona salió a respaldar a Uribe.
La canciller de Ecuador, en un extremo de la foto, y en el otro el embajador de Colombia, ayer en la OEA.
“Estamos con nuestro aliado regional”
Correa, de gira en busca de apoyos
Uribe está listo para ir a la guerra
Nadie quiere balas en la frontera
El conflicto no le conviene a ninguno
En busca de una salida sin tanques
Con una escala sorpresa en Haití
Con el apoyo de Estados Unidos, Colombia logró salir ileso ayer en su primera batalla contra Ecuador en la OEA. Aunque Quito tuvo el apoyo mayoritario del continente para sancionar a Bogotá, el debate debió pasar a cuarto intermedio hasta hoy luego de que Colombia rechazara dos de las tres propuestas elevadas por el gobierno ecuatoriano: la condena de la violación territorial a Ecuador por parte de militares colombianos y la creación de una comisión investigadora que vaya al lugar de la escena. Lo único que aceptó el representante del presidente colombiano, Alvaro Uribe, fue la convocatoria a una nueva reunión de los cancilleres del continente, pero solicitó que el encuentro se efectúe el 25 de este mes, en vez del 11, como había propuesto Ecuador. En una señal de fuerte respaldo, y en una de las pocas oportunidades en que se refirió a América latina, el mandatario norteamericano, George Bush, habló en persona por televisión y dejó en claro que no iba a abandonar a su “aliado democrático”.
La reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) estaba convocada desde el lunes pasado, cuando Correa –respaldado por Argentina, Brasil y Chile– logró convencer al secretario general, José Miguel Insulza, de la urgencia de la crisis. Minutos antes, el gobierno ecuatoriano había roto relaciones diplomáticas con el gobierno colombiano a raíz de la incursión militar en territorio ecuatoriano que llevó a cabo Bogotá el sábado pasado, cuando su ejército asesinó a veinte guerrilleros, entre ellos al número dos las FARC, Raúl Reyes. Mientras Correa se dedicó durante todo el día de ayer a recoger el apoyo de los países sudamericanos para su causa, su canciller, María Isabel Salvador, fue quien se encargó de advertir a los diplomáticos del continente sobre el antecedente que crea la avanzada colombiana.
Por eso, en su primer reclamo tuvo al mismo tiempo un fuerte tono emotivo, sin olvidar mencionar los intereses de los miembros de la OEA. “Hay que condenar la violación al territorio y la soberanía de un Estado perpetrada por otro Estado”, exclamó. “Fue una violación planificada y premeditada”, denunció. Frente a los otros 34 países que integran la OEA, Salvador fue la primera en intervenir.
La ministra rebatió los argumentos que en los últimos días dio Bogotá para justificar el ataque militar al campamento guerrillero, bombardeado en Ecuador a 2 kilómetros de la frontera con Colombia. La delegada indicó que los cadáveres encontrados traían ropa de dormir. “Eso desvirtúa la versión colombiana de que hubo un combate previo”, añadió. Con esto, la canciller ecuatoriana concluyó que el presidente colombiano mintió. “No le dijo la verdad al Ecuador ni al mundo”, advirtió.
Luego de despacharse con Colombia, la enviada de Correa puso sobre la mesa dos propuestas más. En primer lugar pidió a la OEA que convocara una reunión urgente de consulta de cancilleres de las Américas para tratar la crisis diplomática a más tardar el 11 de marzo. El otro pedido fue que se designara una comisión para investigar in situ los hechos. La mayoría de los oradores que hablaron durante la primera parte de la sesión coincidió en denunciar la violación de la soberanía ecuatoriana. Entre ellos estuvieron los representantes de Argentina, Brasil y Venezuela.
Sabiendo que el único apoyo que había recibido hasta la fecha era el de Washington, el embajador de Uribe, Camilo Ospina, reiteró las excusas que su gobierno había formulado el lunes, horas antes de cambiar de posición y acusar a Ecuador de respaldar a la guerrilla. “Pido disculpas públicas al gobierno de Ecuador y a su pueblo”, se sinceró. Pero hasta ahí llegaron las disculpas. De inmediato, Ospina comenzó a defenderse de las críticas de su homóloga ecuatoriana. Dijo que no ingresaron aviones colombianos en Ecuador, sino que fueron helicópteros.
Fiel a la línea argumental empleada por su gobierno, de acusado el embajador colombiano se convirtió en acusador. En un clima de alta tensión discursiva, Ospina exigió una respuesta a Caracas y Quito por los datos que Bogotá encontró en las computadoras secuestradas a los guerrilleros. Según Colombia, los archivos sustraídos evidenciaron contactos entre los gobiernos de Correa y Chávez con las FARC. “Le deben una explicación al pueblo colombiano”, dijo en tono confrontativo. El eclecticismo de Colombia no impidió que ese país llegara a un acuerdo con Ecuador, cuando Ospina aceptó la propuesta ecuatoriana de realizar una reunión continental de cancilleres. Sin embargo, faltó consenso en lo esencial. Como era de prever, Colombia rechazó que se condenara la ocupación del territorio ecuatoriano así como la conformación de una comisión investigadora.
Con esto, la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA debió pasar a cuarto intermedio. Al cierre de esta edición, no se había difundido una resolución ni tampoco la fecha del próximo encuentro de cancilleres americanos. Algunos países manejaron también la posibilidad de una misión de la OEA que visite los dos países previo a la reunión de cancilleres.
La salida airosa que obtuvo ayer Colombia hubiera sido difícil de lograr sin el valioso apoyo que le otorgó Estados Unidos. Antes de que se realizara la sesión de la OEA, fue el presidente George Bush quien lo expresó con mayor claridad. “El mensaje de nuestro país al presidente Uribe y al pueblo colombiano es que estamos al lado de nuestro aliado democrático”, afirmó. Luego el embajador Robert Manzanares llevó la misma postura a la OEA. “Respaldamos completamente los esfuerzos del gobierno de Colombia y el presidente Uribe”. Durante su intervención, Manzanares trató por todos los medios de evitar regionalizar el conflicto. El embajador insistió que se trataba de un tema entre Colombia y Ecuador y pidió a los países de la región trabajar constructivamente en apoyo de una resolución diplomática al diferendo. Finalmente, Washington dio su apoyo a la realización de una reunión extraordinaria de cancilleres de la región, que según adelantaron fuentes diplomáticas tendría lugar en Washington. Al fin de cuentas el apoyo de Estados Unidos a esa moción de Ecuador, nunca puso en riesgo la salud política de su aliado menor en el subcontinente.
“Me desperté con bombas”
Las guerrilleras que sobrevivieron al ataque colombiano confirmaron que los aviones los bombardearon cuando estaban durmiendo. “Lo que me despertó fue un bombardeo, muchas bombas. Se oían aviones y helicópteros que empezaron a tirar bombas hacia donde estábamos y de ahí mucho olor a quemado”, contó la mexicana Lucrecia Arboleda, que se hacía llamar Lucía dentro de las FARC. “Pude sentir que las bombas cayeron muy cerca y luego varias ráfagas de armas. Después de un rato se oían gritos”, agregó en una entrevista a Radio Caracol. Lucía es una de las tres guerrilleras que lograron sobrevivir al ataque, aéreo y terrestre, de las fuerzas colombianas del sábado pasado y que horas después fueron rescatadas por soldados ecuatorianos. Una de sus compañeras, Marta Pérez, contó la misma historia. “Después del ataque se calmó un poco y sólo había ruido de helicópteros y aviones, como hasta las 3 de la mañana”, explicó a la cadena Ecuavisa. La tercera sobreviviente, Doris Bohórquez, seguía ayer muy delicada, según informaron los médicos del Hospital Militar de Quito.
El 31 de mayo de 2007, Alicia Noli juró como vocal subrogante del Tribunal Oral. En el mismo acto, Daniel Bejas juró como juez federal subrogante Nº1.
Gozando del beneficio del arresto domiciliario en los parquizados del country Golf Club de Yerba Buena, Antonio Domingo Bussi esperará que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán le ponga fecha al juicio oral y público. Lo mismo hará, Luciano Benjamín Menéndez, pero desde un domicilio de Córdoba.
En el caso de Vargas Aignasse se trata del primer juicio que se realizará en el marco de los 600 expedientes que se reactivaron en la Justicia Federal de Tucumán. Por el secuestro y desaparición del justicialista, Bussi y Menéndez tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados como presuntos autores responsables de los delitos de lesa humanidad (violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita en concurso real) en el marco del delito del derecho penal internacional de Genocidio.
El expediente de elevación a juicio fue firmado el 26 de diciembre pasado por el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien, a su vez, hizo lugar al requerimiento que había realizado el fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, que estuvo al frente de la etapa de investigación.
Esta semana se integraría el Tribunal Oral que juzgará a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, luego de que la jueza Alicia Noli se excusó de actuar en la audiencia por haber acusado "por derecho propio y como profesional" a los ex militares en causas entre las que figura su marido Enrique Sánchez. Ahora, el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, está controlando si se cumplieron debidamente los pasos procesales de la etapa previa al juicio. Antes de mediados de año, se estima que los represores se sentarán en el banquillo de los acusados en el primer juicio de derechos humanos que se realiza en Tucumán.
La jueza subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal María Alicia Noli no estará al frente de Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez cuando se inicie el juicio oral y público en contra de los represores por la desaparición y secuestro del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.
A días de que el abultado expediente de elevación a juicio ingresó al edificio judicial, la magistrada se excusó de participar del tribunal. "He intervenido y acusado por derecho propio y como profesional a Bussi y Menéndez por crímenes provisoriamente tipificados en la presente causa, ocurridos contra numerosos ciudadanos de esta provincia, entre ellos de quien fuera mi cónyuge Enrique Sánchez", fundamentó (en base al artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación) la magistrada ante sus pares del Tribunal, quienes dieron lugar a su planteo en una resolución firmada el 25 de febrero por el presidente Carlos Jiménez Montilla y el vocal Gabriel Casas.
Ahora, el Tribunal deberá integrarse a través del sistema de subrogación. Se estima que se designará a un magistrado del Tribunal Oral de Santiago del Estero o Catamarca. Al respecto, Casas aclaró a primerafuente, que una vez integrado el Tribunal las partes también tendrán un período para ejercer el derecho de recusación.
Cómo sigue la tramitación
En tanto, el expediente de elevación a juicio que remitió hace dos semanas el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, está ahora en manos de Jiménez Montilla, quien está dedicado a controlar que estén "debidamente cumplidos" los pasos esenciales de la etapa de instrucción (indagatorias, procesamiento, prisión preventiva, requerimientos de instrucción y de elevación a juicio), que están contenidos en 11 cuerpos del expediente principal y 19, de las actuaciones anexas.
Casas explicó que luego se abre la instancia llamada "citación a juicio", para que las partes ofrezcan pruebas, planteen recusaciones y controlen la instrucción. Y finalmente, se fija una fecha para la audiencia oral y pública. Se estima que el trámite de juicio demandará unos tres meses, por lo que antes de mediados de año, Bussi y Menéndez enfrentarán el primer juicio que se instrumenta en la provincia por los presuntos delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura militar.
CUESTIONAN LA DESIGNACION DE UN JUEZ DE LA CORTE PROVINCIAL
San Salvador de Jujuy, 4 de marzo de 2008 (Agenda Pública). "Con un miembro de la Corte provincial cuestionado, ningún ciudadano tiene garantías de un buen servicio de justicia", coincidieron las organizaciones de derechos humanos Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy e HIJOS, al presentar un recurso judicial donde cuestionaron el reciente nombramiento del Dr. Sergio Marcelo Jenefes como Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy. Jenefes se desempeñó como funcionario durante la intevención militar que condujera en Jujuy el Gral. Fernando Urdapilleta. Además Jenefes fue nombrado en un proceso sospechado de irregularidades, en una maratónica sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Jujuy, los últimos días del año 2007.Inés Peña en representación de Madres y Familiares y Eva Arroyo miembro de HIJOS, con el patrocinio letrado del Dr. Pablo Pelazzo, interpusieron una acción de amparo y solicitaron la "nulidad e inconstitucionalidad de la sesión legislativa donde se designó al abogado Sergio Marcelo Jenefes como Ministro de la Corte de Jujuy", el 28 de diciembre de 2007.El Dr. Pablo Pelazzo explicó que además solicitaron el apartamiento (recusación) de los actuales miembros de la Corte Provincial de Justicia, por cuanto han intervenido en el proceso de formación del acto institucional que se cuestiona. En efecto, los Vocales José Manuel del Campo, Sergio González y María Silvia Bernal el 18 de febrero último tomaron el juramento requerido por ley al Dr. Jenefes sin manifestar oposición alguna, y habiendo rechazado anteriormente medidas cautelares solicitadas en el marco de los amparos, interpuestos por el mismo motivo por el diputado Oscar Agustín Perassi, del Frente Primero Jujuy y por la Central de Trabajadores Argentinos de Jujuy, liderada por el dirigente estatal Fernando Acosta.PORQUE SE CUESTIONA LA DESIGNACION DEL DR. JENEFESEn la presentación de las organizaciones de derechos humanos de Jujuy se precisa que existieron irregularidades en la sesión extraordinaria de la Legislatura de Jujuy donde se prestó acuerdo al pliego del Sergio Jenefes elevado por el Poder Ejecutivo Provincial para su aprobación. En efecto, "el Poder Ejecutivo jamás acompañó en el pliego remitido a la Cámara, el Currículum del abogado Sergio Marcelo Jenefes, con lo cual los diputados no pudieron merituar sus antecedentes laborales y académicos. "Los diputados carecieron de un elemento fundamental y es esta ausencia de antecedentes la que impide evaluar la idoneidad del postulante y por ende afecta la transparencia del proceso", consideraron las referentes de las organizaciones que promovieron el recurso.El Reglamento Interno de la Legislatura de Jujuy, en su art. 134 exige que a los fines de que el cuerpo preste Acuerdo respecto de un pedido requerido por el Poder Ejecutivo, DEBERA CONTAR CON TODOS LOS ANTECEDENTES CURRICULARES DEL PROPUESTO SIN LOS CUALES NO PODRA TENER EL TRATAMIENTO PARLAMENTARIO". Los organismos de derechos humanos también resaltaron que la sesión legislativa carece de validez porque no se cumplieron con todas las previsiones del Reglamento interno en cuanto a la convocatoria. Explicaron en tal sentido que "seis diputados fueron notificados el mismo día de la sesión, mientras que otros tres no tomaron conocimiento de ese acto, por falta de notificación efectiva". A ello sumaron la falta de publicidad de la sesión cuestionada, con lo cual la comunidad no tuvo el conocimiento para participar de la misma y por tanto, no pudo expresar su postura respecto del pliego del Dr. Jenefes. "Es evidente que existió una clara intención de evitar que los temas a tratar en la Sesión trascendieran, lo cual torna al acto totalmente arbitrario y por ende nulo e inconstitucional", afirmó el Dr. Pelazzo.Cabe indicar que antes de tomar estado parlamentario el pliego de Jenefes, durante la sesión cuestionada el diputado Pablo Baca, hizo referencia a las notas presentadas ante la Cámara por distintas organizaciones de Derechos Humanos (HIJOS, Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, CEPRODH, Comisión Municipal de Derechos Humanos) respecto de los antecedentes del abogado Jenefes como funcionario del régimen dictatorial en nuestra provincia". Jenefes fue designado por Decreto del Poder Ejecutivo de Jujuy, N ° 166-BS, del 21 de mayo de 1976, como Director de Administración de Tierras Fiscales, dependiente del Ministerio de Bienestar Social. Posteriormente, por Decreto del Poder Ejecutivo de Jujuy, N ° 402-BS, del 26 de junio de 1976, fue noembrado Subsecretario de Promoción y Asistencia a la Comunidad, dependiente del Ministerio de Bienestar Social."A pesar del planteo realizado por los organismos de derechos humanos introducido al debate parlamentario por el diputado Baca, no se discutieron ni analizaron los antecedentes del abogado Jenefes, ni tampoco se le dio oportunidad al postulante para expresarse en tal sentido", agregó Pelazzo quien observó que "hubo una manifiesta arbitrariedad en la designación del postulante". El abogado patrocinante en el escrito presentado a la justicia observó que durante la sesión legislativa y según se desprende de la versión taquigráfica, el diputado Miguel Morales al escuchar las objeciones de Baca expresó "su menosprecio por la necesidad de que los actos de gobierno cuenten con la legalidad necesaria, creyendo que los mismos fundan su validez en la mayoría que ostenta el partido que representa". Dijo Morales en la sesión: "nos hemos sentado en estas bancas a poner en tela de juicio la legalidad de algo que el gobierno ha legitimado por el voto popular; cuando anteriormente aquí se han mandado acuerdos, han entrado jueces desde que yo estoy en esta provincia, (volviendo después de haberme tenido que ir por los golpes de la dictadura militar), jamás paso otra situación distinta a esta, o sea que esto no es nada nuevo".Observó Pelazzo que el diputados Morales reconoció en la propia sesión que "no es nada nueva la arbitrariedad en la aprobación de los pedidos de acuerdo para la designación de los jueces".Cabe apuntar que en la Provincia de Jujuy no existe Consejo de la Magistratura para la selección de los jueces provinciales. El mecanismo previsto en la Constitución de Jujuy establece que el Poder Ejecutivo eleva a la Cámara de Diputados el pliego del postulante a la Corte y es la Cámara la que presta o no acuerdo, previo análisis de la Comisión de Asuntos Institucionales. Como el pliego remitido por el Poder Ejecutivo tomó estado parlamentario en la sesión extraordinaria del 28 de diciembre de 2007, la propia Cámara resolvió constituirse en Comisión y rápidamente aprobó el pliego, sin análisis alguno de los antecedentes de Jenefes y desoyendo las objeciones realizadas por el diputado Baca que daban cuenta de la participación de Jenefes en un gobierno inconstitucional. "La transparencia en el régimen de nominación de nuestros jueces es uno de los temas reiteradamente reclamados por nuestra sociedad, reclamo que motivó la creación del Consejo de la magistratura y el Jurado de enjuiciamiento a nivel nacional en la reforma de 1994, instituciones que también fueron creadas en distintas provincias de nuestro país, como es el caso de Salta. Así es como Jujuy no escapa a este reclamo, y a pesar de ello debemos asistir a hechos como el que denunciamos y que van a contrapelo de nuestra democracia, profundizando arbitrariedades y actos inconstitucionales" señalaron las organizaciones de derechos humanos."Sergio Marcelo Jenefes, ha omitido denunciar antecedentes disvaliosos, como es su pasado como funcionario de un gobierno golpista y genocida, antecedentes que podrían haber determinado a los integrantes de la Cámara de Diputados de la Provincia, y a la Opinión Publica, rechazar el pliego presentado. Tal retaceo traduce un comportamiento moral incompatible con el perfil que debe tener un ministro del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy" manifestaron las representantes de Madres y Familiares e HIJOS.Consideraron también que "el Estado democrático, y con mayor razón el Máximo Tribunal de Justicia debe albergar a personas dignas, honestas e idóneas que beneficien a la sociedad", además la Constitución Provincial en su art. 162 "....inc.2 señala que "no podrán desempeñarse en el Poder Judicial, los magistrados y los funcionarios que hubieran sido removidos o se apartaren del juramento de obrar de acuerdo con el orden constitucional y de defender sus instituciones. Objetivamente Jenefes violó el art. 6 de nuestra constitución que expresa: "En ningún caso las autoridades provinciales, so pretexto de conservar el orden invocando la salud pública o aduciendo cualquier otro motivo, podrán suspender la observancia de esta Constitución ni la de la Nación, ni vulnerar el respeto y efectiva vigencia de las garantías y derechos establecidos en ellas."Finalmente resaltaron las organizaciones que "el aceptar desempeñar funciones en un gobierno significa un acuerdo tácito con las políticas que lleva a cabo el mismo, y por ende coincidir con la política de genocidio que implementó el terrorismo de estado en nuestra provincia, lo que generó un costo humano de más de cien desapariciones forzadas y cientos de detenciones. Es lógico suponer que, por su presencia en los niveles mencionados, el abogado Jenefes es también portador de información sustancial para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos y, no existe registro alguno, en ninguna de las instancias de investigación, desde 1984 a la fecha, de una presentación espontánea del mismo para aportar al esclarecimiento de dichos crímenes, resultando de esta manera éticamente inhábil para ejercer el mayor cargo en el sistema judicial de nuestra provincia".
Título: El capitán Poggi necesita contención
Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-100155-2008-03-05.html
Nota: Conocido como "Grupo de Contención", dedicado a apoyar a marinos citados por delitos de lesa humanidad, tenía hasta ayer varios integrantes. Los capitanes Poggi y Vázquez fueron desplazados.
El capitán de navío Juan Martín Poggi, integrante del Grupo de Contención de la Armada, fue desplazado de su puesto. Página/12 informó el domingo último que en el cuarto piso del Edificio Libertad trabajan los oficiales encargados de informar y asesorar a los camaradas procesados por delitos de lesa humanidad.
Título: Para que no duren un siglo
Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-100154-2008-03-05.html
Nota: El juez Rozanski elaboró una propuesta para agrupar racionalmente los juicios y reducir los tiempos procesales. De otro modo, según calculó, se demoraría cien años "sólo para tramitar los expedientes de La Plata".
La necesidad de agilizar los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, reconocida como prioridad oficial, encontró una primera propuesta de solución. El juez federal de La Plata Carlos Rozanski elaboró un proyecto de ley que plantea un "agrupamiento racional" de las causas por centro clandestino o por circuito represivo.
· Un testimonio modificado a fuerza de amenazas http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/100154-31557-2008-03-05.html
· El descargo de Berthier http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/100154-31558-2008-03-05.html
Título: Aceleran los juicios por la represión
Link: http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/politica/nota.asp?nota_id=992951
Nota: La Corte estudia cómo agilizar el trámite de las causas; la Procuración ordenó a los fiscales impulsar los juicios orales
Tres días después de que la presidenta Cristina Kirchner reclamó mayor celeridad para las causas de derechos humanos, la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación tomaron medidas en esa dirección que involucran a jueces y fiscales. En su discurso inaugural del 126° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el sábado último, la Presidenta reprochó a la Corte las demoras que se observan en los juicios contra los represores de los años setenta.
Título: Hay 380 procesados por delitos de lesa humanidad
Link: http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/politica/nota.asp?nota_id=992952
Nota: Casi 300 de ellos están detenidos a la espera del juicio oral
Un síntoma de las demoras en las causas de violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar es la cantidad creciente de acusados que están procesados: en la actualidad son 380. De ellos, casi 300 están presos, según datos de la Procuración General de la Nación. Desde la reapertura de los juicios sobre la represión ilegal, en 2003, la cifra no deja de aumentar.
Título: La Corte rechazó un pedido de excarcelación
Link: http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/politica/nota.asp?nota_id=992954
Nota: (DyN).- Dos militares imputados en la causa de la llamada "Masacre de Belén", perpetrada en Chaco durante la última dictadura, deberán seguir presos, ya que la Corte Suprema rechazó los pedidos de excarcelación de los acusados. La Corte rechazó por "improcedentes" los recursos extraordinarios presentados por Jorge Carnero Sabol y Luis Alberto Patetta, procesados por delitos de lesa humanidad.
Ante las declaraciones vertidas por Ud. en los medios locales apoyando y legitimando a su actual Secretario de Seguridad, Jorge Skaf, la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet manifiesta:
¿Cúal es su política de derechos humanos cuando mantiene como responsable de la seguridad de los ciudadanos a un oficial vinculado a los Servicios de Inteligencia de la Policía Federal que actuaron durante la dictadura, y que ingresó a esa Secretaría en la gestión de Juan Carlos Romero a petición de Ricardo Nazario, alias "Capitán Estevez", quien integró el grupo de asesinos que actuaba en el Campo de Concentración "El Olimpo?.
¿Por qué mantiene como Asesor de la Secretaría de Seguridad al Comisario Rubén Sandoval, ex Jefe de la Oficina de Inteligencia D2 de la Policía de la Provincia, quien durante la huelga docente del año pasado fue denunciado por practicar seguimiento y espionaje sobre docentes, periodistas y dirigentes políticos y gremiales, en violación de la Ley Nacional de Inteligencia Nro.25.520/05?
¿Por qué el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos designa como Asesora del mismo a la abogada María Eugenia Yaique, socia del bufete de abogados de Raymundo Sosa, quien fue abogado de la policía durante la dictadura, vinculado al conocido represor local Joaquín Guil y que figura en los libros de la Comisión Nacional de Desaparecidos?
¿Dónde está el cambio prometido en derechos humanos?
Estos hechos demuestran la continuidad del aparato represivo del régimen romerista.
Consideramos agraviante y peligrosa su afirmación de que con nuestros reclamos los Organismos de Derechos Humanos perseguimos "otros intereses", utilizando el conocido método de la dictadura: descalificar a las víctimas.
Sobre este punto ponemos en su conocimiento que desde hace más de 30 años el único interés que perseguimos es: verdad, justicia y cárcel común y efectiva a los genocidas. Más allá de que esto pueda ser para usted una novedad, para el resto de los argentinos que acompañó nuestra lucha, no lo es. Sin embargo sí es sorprendente y lamentable para el pueblo salteño que su política de derechos humanos sea garantía de impunidad.
RAQUEL ADET - LUCRECIA LAMBRISCA
FISCALES DE TODO EL PAIS SALUDAN RESOLUCION DE LA PROCURACION Buenos Aires, 5 de marzo (Télam).- Fiscales de todo el país saludaron hoy la resolución del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, para que se aceleren las causas por delitos de lesa humanidad, y la consideraron un fuerte respaldo para las causas que ellos llevan. Se trata de los fiscales federales de Tucumán, Emilio Ferrer, de La Rioja, Horacio Salman, y de la Capital Federal, Miguel Angel Osorio, que en declaraciones a Télam dieron su opinión sobre la resolución y precisaron detalles de las causas que se tramitan en sus fiscalías. Ferrer tiene la causa por la desaparición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, que involucra al ex gobernador Antonio Bussi y al que fuera jefe del Tercer Cuerpo del Ejército durante la dictadura militar, Luciano Benjamín Menéndez. Según el representante del Ministerio Público en la provincia de Tucumán, la resolución refleja "un criterio que ya venía instruyendo" y en base al cual su fiscalía "trabaja intensamente". La causa contra Bussi, con prisión preventiva desde el 2003, ya fue elevada a juicio oral, en concordancia con el criterio establecido por la Procuración. La idea es que "estas causas por delitos de lesa humanidad se eleven a juicio aunque no esté firme", explicó el fiscal, al tiempo que recordó que "al elevarse a juicio oral la causa contra Bussi hubo oposición de la defensa, pero el juez no dio lugar y lo remitió a tribunal oral". Por este motivo, si las causas cuentan con el procesamiento de primera instancia realizado por un juez de instrucción y tienen la conformidad de la Cámara (en caso de Apelaciones), pueden elevarse a juicio oral, aún cuando se presenten recursos por parte de la defensa. Ferrer solicitó en septiembre del año pasado que el ex gobernador sea sentado en el banquillo de los acusados por la desaparición y asesinato del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Bussi cumple arresto preventivo en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, desde el 15 de octubre de 2003, por orden del entonces juez federal Jorge Parache, motivo por el cual no pudo asumir el cargo de intendente de San Miguel de Tucumán, al que se había postulado. El fiscal federal porteño, Miguel Angel Osorio, tiene a su cargo la causa "Cóndor", que investiga la responsabilidad de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia en el intercambio de prisioneros y en la eliminación de los opositores políticos en esos territorios. Osorio expresó su "absoluto acuerdo" con esta resolución y dijo que las dilaciones en estas causas son "casi una burla al reclamo de justicia de tantos años y hasta una burla a las víctimas directas, familiares y testigos y a toda la gente que ha trabajado en estas causas, como los fiscales, testigos y jueces". El fiscal porteño dio cuenta de las dilaciones en las causas por "chicanas de la defensa" y por las "actitudes poco decididas de muchos jueces que hacen que en vez de continuar los trámites se frenen, muchas veces por temas paralelos a la investigación principal". Osorio consideró que muchas veces "se torna interminable" la resolución de diferentes incidencias por parte de la Cámara de Casación e interpretó estas demoras "como un agravio muy fuerte a las víctimas directas de la dictadura". En cuanto a la causa Cóndor, Osorio precisó que "una parte se elevó a juicio y fue a un tribunal oral", algo que aún no se concretó porque ese tribunal se declaró incompetente. El fiscal explicó que la causa pasó al Tribunal V y lamentó que se le haya asignado un tribunal que tiene "muchas causas importantes (cinco en total)", por lo que difícilmente pueda resolver en el corto plazo su causa. El fiscal federal de La Rioja, Horacio Salman, tiene la causa emblemática de monseñor Enrique Angelelli, que murió en lo que pareció un accidente automovilístico el 4 de agosto de 1976, siendo obispo de la provincia de La Rioja, en un caso no aclarado, cuando habían pasado pocos meses del golpe militar de 1976. Además, su fiscalía tiene otras tres causas por las muertes de otro sacerdote, un laico y un conscripto, todas ellas "bastante avanzadas, con requerimiento fiscal, imputados y gran cantidad de testimonios y pruebas", dijo Salman. "Estamos en permanente contacto con la Procuración, que realiza un seguimiento diario de lo actuado en las causas que llevamos" vinculadas con violaciones graves a los derechos humanos durante la dictadura militar, consignó el fiscal. Agregó que "en forma diaria" envían "testimonios y pruebas" a la Procuración, en concordancia con la celeridad que el ministerio público quiere darle a la resolución de estas causas que ya tienen más de 30 años. Aseguró también que su fiscalía "sacó casi 40 causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de personas que hoy están vivas", y precisó que la mayoría ya está con requerimiento fiscal, "en pleno trámite". Las 40 causas -continúo el fiscal- fueron divididas en cuatro, de acuerdo a los centros de detención en los que fueron detenidas ilegalmente las víctimas (Chilecito, Servicio Penitenciario provincial, Batallón 141 y Policía Federal), para darle mayor celeridad. Finalmente, destacó otra decisión de la Procuración de designar al fiscal del Chaco, Jorge Eduardo Auat, a cargo de todas las causas por delitos de lesa humanidad que se lleven en las distintas fiscalías del interior del país. El texto de la Procuración (de donde dependen los fiscales), destinado a impedir la morosidad, da prioridad a las causas que concentren la mayor cantidad de casos conexos e indica que se debe intimar a los indagados por el mayor número posible de hechos, entre otras medidas. Si bien subrayó que "son los jueces los encargados de la investigación", aún en los "casos en los que la instrucción se encuentra delegada en el fiscal", postuló que esa preponderancia "no debe hacer perder de vista el rol fundamental del Ministerio Público Fiscal". (Télam)
Publicado por hijos_mardelplata@hotmail.com en 12:45

References: resolución 
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 artículo 55
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