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Timestamp: 2017-05-30 11:12:03+00:00

Document:
Guía De Formación Online : El Plan De Transparencia Judicial PDF Del Ministerio De Justicia
El Plan De Transparencia Judicial PDF Del Ministerio De Justicia
Continuamos con el tema 10 del temario de auxiliojudicial, tramitación y gestión para las oposiciones a justicia. Hoy
os dejamos el texto íntegro y oficial del Plan de Transparencia Judicial que
podéis ver en la web oficial del Ministerio de Justicia. Suscríbete a la Guía
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Las encuestas especializadas revelan sistemáticamente que la
valoración de la población en general sobre la Administración de Justicia es
más negativa que la que realizan quienes alguna vez han tenido que acudir a los
tribunales. Entre estos últimos, usuarios de la Justicia, prevalece el número
de ciudadanos que cree que la Administración de Justicia funciona
razonablemente frente a quienes consideran que funciona mal o muy mal.
Dicha disfunción acredita con claridad que el conocimiento
de la población en general sobre la Administración de Justicia no se
corresponde adecuadamente con la realidad, contribuyendo de manera
injustificada a la deslegitimación de un poder del Estado que presta un
servicio público esencial para el funcionamiento de la democracia social y
avanzada que predica nuestra Constitución. Ahora bien, la valoración
relativamente positiva de los usuarios del servicio público de la
Administración de Justicia no debe provocar confusión, ya que supera
mínimamente a los usuarios que lo valoran negativamente, acreditando, por
tanto, que dicho servicio está lejos del nivel de excelencia reclamado por los
ciudadanos, lo que erosiona su credibilidad y se agrega a la valoración
negativa de la ciudadanía en general, perjudicando al papel institucional de la
Administración de Justicia, cuya legitimidad será tanto más firme cuanto mejor
cumpla con su función social, lo que permitirá conformar, de esta manera, una
opinión pública que se reconozca en la misma, igual que sucede con otras
instituciones públicas mejor valoradas. Dicho reconocimiento no es posible si
la inmensa mayoría de los españoles piensa que la Administración de Justicia es
tan lenta que, siempre que se pueda, vale más evitar acudir a ella, dibujando
una imagen catastrófica de este servicio público, mientras la mayoría de sus
usuarios reales afirman, después de terminar el proceso, que volverían a
litigar si concurriera el mismo conflicto, constatándose, de este modo, que la
opinión pública en general penaliza gravemente a la Administración de Justicia
por la excesiva duración de los procesos, mientras que los usuarios del
servicio público tienen una opinión mucho menos negativa, considerando que la
corrección jurídica en la resolución de los litigios es más importante que la
agilidad en su conclusión. Esta contradicción sólo podrá resolverse
adecuadamente cuando se conozcan con rigor datos definitivos, oficiales y
fiables sobre las duraciones reales de la tramitación en los procedimientos
judiciales en nuestro país, identificándose pormenorizadamente cuáles son las
disfunciones que provocan dichos retrasos, sus causas reales y los responsables
de las mismas, porque de no alcanzarse ese objetivo, la valoración del servicio
público de la Administración de Justicia dependerá de informaciones sesgadas,
rumores, realidades obsoletas y casos insólitos que la realimentan, como
subrayó recientemente la Encuesta de usuarios de la Administración de Justicia,
publicada por el Consejo General del Poder Judicial. Procede destacar, por otra
parte, que el desconocimiento efectivo de datos definitivos, oficiales y
fiables sobre las duraciones reales en los procedimientos judiciales y sus
causas no sólo confunde a la opinión pública, provocando una imagen
distorsionada de la Administración de Justicia, cuya opacidad es motivo de
quejas reiteradas por sus usuarios, sino que además impide a las distintas
Administraciones responsables contar con los elementos de juicio necesarios
para acometer reformas profundas que permitan agilizar estos procedimientos,
cuyo retraso estructural perjudica gravemente el desarrollo económico de
nuestro país, haciéndolo menos competitivo que otros países de nuestro entorno
cuya Administración de Justicia es más eficiente, y además provoca serias
desigualdades entre los justiciables con menores recursos económicos, a quienes
la resolución tardía de sus conflictos jurisdiccionales perjudica de un modo
más directo que a sus oponentes con mayores recursos económicos. Es exigible,
por tanto, que los poderes públicos y los ciudadanos en general conozcan
mediante instrumentos informáticos y en tiempo real la duración de los procesos
en todas las jurisdicciones, así como los motivos concretos de los retrasos, ya
que dicho conocimiento permitirá identificar las causas estructurales,
organizativas, personales, materiales o procedimentales que provocan tales
retrasos, así como las responsabilidades de las dilaciones, sentando, por otra
parte, las bases para las reformas necesarias y garantizando, de este modo, que
el estado de cosas existente no se reproduzca indefinidamente. Debe despejarse,
así mismo, qué causas motivan las impuntualidades en los procesos, así como dar
a conocer las quejas de los usuarios sobre el trato recibido por cada uno de
los intervinientes en el pleito, ya que la impuntualidad y el mal trato
constituyen una piedra de toque para los usuarios sobre la calidad del servicio
público de la Administración de Justicia, siendo exigible concretar también las
pautas necesarias para medir tanto el volumen de trabajo de cada órgano jurisdiccional,
cuanto la calidad de las actuaciones de todos quienes intervienen en el
proceso. Se garantizará, de este modo, la planificación presupuestaria en
materia de retribuciones y la correcta gestión de los Cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia, contribuyendo finalmente a clarificar los costes
reales de los procesos, lo que constituye un arcano denunciado reiteradamente
por los investigadores especializados en la Administración de Justicia, quienes
reclaman la identificación efectiva de sus costes generales y particulares para
permitir, de este modo, valorar racionalmente si las inversiones, realizadas
sostenidamente en este servicio público por las diversas Administraciones
competentes, han logrado los objetivos perseguidos o, por el contrario, han
podido ser inútiles o desproporcionadas para los resultados obtenidos, siendo
exigible conocer también los costes que los usuarios satisfacen a los
diferentes profesionales que intervienen en el proceso. Debe conocerse
finalmente si los servicios de justicia gratuita, cuyo coste aumenta
geométricamente año tras año, atienden adecuadamente las demandas sociales de
justicia, lo que obligará a identificar costes y resultados en todos los
ámbitos del Estado. Es necesario mejorar también el lenguaje jurídico utilizado
por los distintos intervinientes en el proceso, cuya finalidad última es
pacificar los conflictos entre las partes, siendo exigible, por consiguiente,
para lograr dicho objetivo, que los justiciables comprendan efectivamente cada
paso que se da en el proceso. Se contribuirá, de este modo, al conocimiento
transparente del funcionamiento de este servicio público, debiendo publicarse,
con el mismo fin, la ubicación de los puntos de información para los
ciudadanos, desplegados por las Administraciones Públicas con competencias en
materia de Justicia así como por los Colegios profesionales, ya que los
ciudadanos en general y los usuarios en particular se quejan reiteradamente de
una información deficiente antes y durante el proceso, y son especialmente
críticos con un lenguaje jurídico que se muestra ininteligible en múltiples
ocasiones. Será pertinente identificar, así mismo, todas las instalaciones y
equipos de trabajo de la Administración de Justicia en el Estado, las
Comunidades Autónomas, Provincias y Partidos Judiciales, así como sus
características, siendo especialmente necesario precisar si están en
condiciones de permitir eficientemente el despliegue de la nueva Oficina
judicial, que deberá asegurar infraestructuras adecuadas, tanto para los
profesionales intervinientes cuanto para los ciudadanos usuarios del servicio,
lo que permitirá, de este modo, que las Administraciones afectadas puedan
conocer perfectamente las necesidades de instalaciones y equipos y planificar
adecuadamente los recursos presupuestarios que posibiliten desplegar
equilibradamente en todos los ámbitos necesarios un servicio público de
calidad. Habrá de permitirse también que los ciudadanos y los usuarios del
servicio conozcan a través de recursos informáticos y en tiempo real cuál es el
estado de las infraestructuras y medios de la Administración de Justicia,
permitiendo, de esta manera, que puedan juzgar objetivamente las políticas
desplegadas por cada Administración competente para mejorar el servicio público
de la Justicia, la entidad de sus inversiones y el resultado de las mismas. Ha
de promoverse así un conocimiento transparente de los procesos de reforma de un
servicio público esencial, en el que la formación de una opinión pública
informada constituye indudablemente un presupuesto fundamental para el éxito de
dichas reformas. Se impone, por otro lado, publicar en tiempo real el resultado
de todos los litigios, permitiendo, de esta manera, que las Administraciones
afectadas y los ciudadanos en general puedan conocer eficazmente el
funcionamiento de nuestros Tribunales, así como la evaluación del
funcionamiento de las normas legales y su capacidad de resolver los conflictos
sociales, siendo especialmente pertinente iluminar el resultado de las
ejecuciones de los distintos títulos ejecutivos, porque dicha precisión
constituye indudablemente un medidor determinante de la eficacia de la
Administración de Justicia. Es necesario, en fin, precisar los rasgos
esenciales que permitan reconocer la calidad del desempeño de cada uno de los
intervinientes en la Administración de Justicia, utilizando, a estos efectos,
tanto los instrumentos de control interno de calidad en el funcionamiento de la
Administración de Justicia -identificándose, entre otros, la utilización por
cada órgano jurisdiccional de mecanismos de buenas prácticas determinadas por
las distintas Administraciones, el Consejo General del Poder Judicial y la
Fiscalía General del Estado; el volumen de recursos que soporta cada órgano
judicial respecto a los demás órganos de la misma jurisdicción; así como las
confirmaciones y revocaciones de sus resoluciones judiciales, prestándose
especial atención a las sentencias anuladas; y también la intervención de
jueces titulares o sustitutos-, cuanto los mecanismos de control externo, en
los que los usuarios del servicio público jugarán un papel determinante, con
atención particular a la publicación del resultado de las encuestas
especializadas y a la sistematización de las quejas sobre el funcionamiento de
los Tribunales. Deben publicarse también los datos de control externo sobre el
desempeño de los diferentes profesionales que intervienen en el proceso,
acentuándose, a estos efectos, el papel de los diversos Colegios profesionales
en el análisis y evaluación del trabajo que se realiza en las oficinas
judiciales. Y han de darse a conocer los datos de evaluación del desempeño de
sus propios colegiados por los medios que cada Colegio llegue a disponer. Por
todo ello, si las líneas de fuerza que caracterizan la existencia de una buena justicia
son la independencia, la imparcialidad, la competencia, la asequibilidad, la
eficiencia, la eficacia, la duración razonable, la calidad, la previsibilidad,
la igualdad y la responsabilidad, garantizándose, en cualquier caso, que el
coste público de la Administración de Justicia se cohoneste razonablemente con
los resultados del servicio público, debe conocerse necesariamente por las
Cortes Generales, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, el Consejo General
del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los ciudadanos en general
si la Justicia española supera efectivamente el nivel exigible en cada uno de
tales rasgos. El conocimiento efectivo en tiempo real y por medios informáticos
de dichos extremos permitirá a los responsables públicos el ejercicio de la
política legislativa del Estado en materia de justicia, la modernización de la
organización judicial, la planificación y gestión de los recursos humanos y
medios materiales al servicio de la Administración de Justicia y el desarrollo
de la función de inspección sobre juzgados y tribunales, así como el control
sobre el funcionamiento de todos los operadores en el proceso y la calidad de
sus intervenciones, contribuyendo, por otra parte, a la gestación de una
opinión pública informada que pueda influir razonablemente en el control
efectivo de la Administración de Justicia, sus responsables y los
intervinientes en ella. Éstas son, por tanto, las razones justificadoras del
Plan de Transparencia Judicial, que el Gobierno aprueba a propuesta del Ministerio
de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal
General del Estado y las Comunidades Autónomas que han asumido el traspaso de
funciones y servicios para la provisión de medios personales y materiales en
materia de justicia, cumpliéndose, de este modo, el mandato del artículo 14 de
la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las
carreras judicial y fiscal.
Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
en su artículo 14.1 como el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales en su artículo 6 y la Constitución española
en el artículo 24 reconocen, con distintas formulaciones, el derecho de todas
las personas a obtener la tutela efectiva de los tribunales en un proceso
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. También el artículo
120 de la Constitución resalta el carácter público de las actuaciones
judiciales, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento, y añade
la obligación de que las sentencias sean siempre motivadas y se pronuncien en
audiencia pública. Primer principio, pues, que debe figurar recogido en el Plan
de Transparencia Judicial es el relativo a la necesaria publicidad de las
actuaciones judiciales, que deberá cumplir al menos dos objetivos primordiales:
proteger a los ciudadanos de una justicia sustraída al control y conocimiento
públicos y mantener la confianza de la comunidad en los tribunales.
Visto el carácter de derecho fundamental que se otorga a la
publicidad del proceso y los objetivos que la publicidad de los juicios trata
de cumplir, no debe olvidarse tampoco que la protección del derecho de los
justiciables y la necesaria imparcialidad de los jueces puede aconsejar la
reflexión colectiva de la sociedad acerca de los límites de las libertades de
expresión e información en determinados supuestos, al no existir en España
protección especial alguna frente a los juicios paralelos más allá de las acciones
que puedan ejercitarse al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982,
de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen o, en el orden penal, de las acciones por delitos
de injurias o calumnias o las acciones para perseguir los delitos cuando los
datos o imágenes de las personas para su posterior difusión se hayan obtenido
ilegalmente. La transparencia judicial, pues, en su vertiente de publicidad del
proceso, no debe perder de vista la necesaria protección de derechos e
intereses legítimos que puedan verse afectados por la falta de autorregulación
de los medios de comunicación sobre los límites que no han de sobrepasarse en
una sociedad avanzada. Además de ello, la idea de transparencia judicial ha de
relacionarse necesariamente con lo establecido en el artículo 9 de la
Constitución española. Para poder exigir de los poderes públicos la
responsabilidad que pregona dicho precepto y a la que también se alude en los
artículos 106 y 121 del texto constitucional, en este último en el concreto
ámbito de la Administración de Justicia, es preciso que se pueda conocer no
sólo el contenido de las resoluciones judiciales, sino también el tiempo medio
en que éstas deberían haber sido dictadas, lo que dará un parámetro suficiente
acerca de si el funcionamiento de la Administración de Justicia ha sido, en su
caso, anormal y por tanto tributario de una indemnización con cargo al Estado y
conforme a la Ley. De otro lado, la ejecución de las políticas públicas
relativas a la Administración de Justicia requiere la adopción de decisiones
racionales que, necesariamente, han de basarse en la información disponible,
cuya credibilidad exige dos condiciones: en primer lugar, la buena calidad de
la información, basada en la aplicación correcta y cuidadosa de las
metodologías adecuadas; en segundo lugar, la garantía de que la información así
obtenida no va a ser manipulada ni utilizada con fines partidistas o en defensa
de intereses corporativos. Por todo ello, y en el marco del Plan de
Transparencia Judicial que se contiene en el presente documento, la Comisión
Nacional de Estadística Judicial habrá de impulsar la aprobación de los planes
estadísticos, generales y especiales, de la Administración de Justicia, con sujeción
a los siguientes principios, reguladores en todo caso de la producción
estadística para fines estatales:
Pertinencia, especialidad y proporcionalidad, para observar
el criterio de correspondencia entre la cuantía de la información que se
solicita y los resultados que de su tratamiento se pretende obtener y
garantizar que los datos recogidos para la elaboración de estadísticas
judiciales se destinen precisamente a los fines que justificaron su obtención.
Uniformidad y fiabilidad, para que las descripciones de las
características metodológicas de las estadísticas judiciales se hagan públicas
y estén en todo caso a disposición de quien las solicite, debiendo aplicarse en
su realización un mismo sistema normalizado de conceptos, definiciones,
unidades estadísticas, clasificaciones, nomenclaturas y códigos que hagan
factible la comparabilidad, la integración y el análisis de los datos y los
resultados obtenidos. Imparcialidad e independencia profesional, como forma
objetiva y neutral de producir las estadísticas judiciales, cuyo primer nivel
de responsabilidad corresponde a los secretarios judiciales, debiendo velar los
Secretarios de Gobierno por su cumplimiento contrastando la veracidad de los
datos. Secreto estadístico, que obliga a la protección y amparo, de acuerdo con
las previsiones legales, de los datos personales que se obtengan en las
estadísticas judiciales, con obligación de adoptar cuantas medidas
organizativas y técnicas sean necesarias para proteger la información. Relación
coste-eficacia, para establecer el mejor uso de todos los recursos disponibles
y la reducción al máximo de la carga de respuesta exigida a las unidades
informantes, debiendo procurarse que la mayor entrada de datos se realice desde
las propias aplicaciones informáticas de gestión procesal.
El marco que ofrece el Plan de Transparencia Judicial, en
íntima conexión con la Estadística Judicial tal y como la define hoy el
artículo 461 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe atender a todas y cada
una de las finalidades previstas en la normativa reguladora del Plan y de la
Estadística, esto es, a la planificación, desarrollo y ejecución de las
políticas públicas relativas a la Administración de Justicia y, en particular,
al ejercicio de la política legislativa del Estado en materia de justicia; a la
necesaria modernización de la organización judicial; a la adecuada
planificación y gestión de los recursos humanos y medios materiales al servicio
de la Administración de Justicia, incluida la planificación presupuestaria en
materia de retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal y de
los demás funcionarios al servicio de la Administración de Justicia; y al
ejercicio correcto de la función de inspección sobre los juzgados y tribunales.
El conocimiento riguroso, contrastado y fiable de los datos
estadísticos pertinentes del sistema judicial español ha de servir de modo
concreto, y al menos, para la consecución de los siguientes objetivos:
1. Implantar nuevos y modernos criterios de gestión del
servicio.-Resulta innegable en nuestros días la importancia de desarrollar, en
el ámbito de la Administración de Justicia, criterios de gestión tendentes a la
optimización de los recursos disponibles, a la búsqueda de la mayor calidad, a
la implantación de técnicas de control de la misma, al establecimiento de
planes de cumplimiento de determinados objetivos y a la determinación de un
régimen adecuado de responsabilidad por el funcionamiento del servicio. Entre
las finalidades del Plan de Transparencia que derivarían de este objetivo
general se encuentran las siguientes: Prever y planificar las necesidades de
creación de nuevos órganos judiciales o la modificación de la demarcación
Prever y planificar las necesidades de creación de nuevos
órganos del Ministerio Fiscal o la modificación de los actualmente existentes.
Planificar la dotación de medios materiales y personales de la Administración
de Justicia por cada una de las Administraciones públicas competentes. Identificar la necesidad o conveniencia de especialización de jueces,
tribunales y fiscales en determinadas materias. Comprobar la posibilidad de
articular un sistema de sustituciones naturales entre titulares de órganos del
mismo y, en su caso, de distinto orden jurisdiccional, en función de cargas de
trabajo y cumplimiento de objetivos. Identificar los tiempos medios de duración
de las fases de cada uno de los procedimientos, su duración total y las
desviaciones en el tiempo de tramitación de cada tipo de asunto con respecto a
los plazos establecidos legalmente. Consultar el tiempo medio de duración de
procedimientos similares y poder contrastar la desviación producida con
respecto a la media. Conocer número de señalamientos y celebración de juicios
por juez en los órganos de la misma clase de un mismo partido judicial, y en
general. Identificar las resoluciones más recurridas y también las más
revocadas por la instancia superior. Instaurar un sistema adecuado para la
evaluación del desempeño de los jueces, fiscales, secretarios judiciales y
demás funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
Identificar los posibles puntos críticos en la organización de la Oficina
judicial, a fin de que el Consejo General del Poder Judicial y los Secretarios
de Gobierno puedan programar razonablemente sus inspecciones. Identificar los
posibles puntos críticos en el trabajo de las fiscalías para programar los
trabajos de la Inspección Fiscal.
2. Mejorar el acceso a la información sobre la actividad
judicial.-Ha de alcanzarse este objetivo a través al menos de las siguientes
Articular un sistema razonable de acceso de profesionales y
ciudadanos a la información sobre el estado en que se encuentran los
procedimientos en que intervienen.
Consultar sobre fechas y horas de los juicios a los que han
de asistir los ciudadanos y los profesionales que les representan y defienden y
otras incidencias que puedan llegar a producirse. Proporcionar a los Juzgados
información sobre su propia actividad, por sí misma y en comparación con la
información obtenida de los órganos de su mismo orden jurisdiccional y partido
judicial, al menos. Proporcionar a las fiscalías información sobre su propia
actividad, por sí misma y en comparación con la información obtenida del resto
de las fiscalías del mismo Tribunal Superior de Justicia, al menos.
3. Contribuir a la planificación, desarrollo y evaluación de
políticas legislativas adecuadas.-Para el cumplimiento de este objetivo es
Introducir datos estadísticos fiables sobre los litigios más
relevantes y representativos de cada orden jurisdiccional, precisando
particularmente el funcionamiento, despliegue y resultado de las reformas que
se introduzcan en el ordenamiento jurídico.
Obtener datos estadísticos fiables sobre delitos y penas,
evoluciones de la litigiosidad criminal con criterios geográficos, de los
autores de los delitos o faltas -sexo, nacionalidad, edad, situación
socioeconómica-, del volumen de población y de otros parámetros que se
En efecto, en materia de Derecho Penal, para la consecución
de los fines de prevención general del delito parece conveniente que en la
información estadística se recojan no únicamente datos objetivos del
procedimiento, sino también características socioeconómicas y familiares de los
sujetos afectados, información ésta que permitirá no sólo el desarrollo de una
labor asistencial hacia los más necesitados, sino también una labor social y
educativa que será a la larga el principal modo de evitar situaciones tales
como que los menores en desamparo se conviertan en menores delincuentes y
después en mayores delincuentes; que los menores se conviertan en mayores
maltratadores; que continúe la actual situación de falta de conciencia
ciudadana acerca de la prevención de delitos que afectan a la comunidad, por
ejemplo en materia medioambiental -incendios forestales, contaminación
acústica, construcciones ilegales en zonas protegidas.
La consecución del objetivo general de transparencia,
proclamado en la Carta de Derechos de los Ciudadanos, se articula a través de
este Plan de Transparencia Judicial, comprometido firmemente con el propósito
de desterrar definitivamente la opacidad informativa que dificulta el
seguimiento de la actividad jurisdiccional, pretendiéndose que las Cortes
Generales, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder
Judicial, la Fiscalía General del Estado y los propios ciudadanos tengan una información
continua, rigurosa y contrastada sobre la actividad y la carga de trabajo de
todos los órganos jurisdiccionales del Estado y sobre los medios materiales y
el desempeño de todos los profesionales que intervienen en la Administración de
Justicia, controlando, así mismo, el despliegue, funcionamiento y resultados de
las normas legales, cuyo balance adecuado es requisito imprescindible para
prorrogar su vigencia o para reformarlas cuando hayan dejado de ser socialmente
Para la consecución de dicho objetivo resultan primordiales
1.1 Desarrollo de una nueva estadística judicial.-El Plan de
Transparencia Judicial se constituye en el marco necesario para el desarrollo
de una nueva estadística judicial, que será obligatoriamente el instrumento
básico para el despliegue operativo del propio Plan de Transparencia,
proporcionando a las Administraciones Públicas, al Consejo General del Poder
Judicial y a la Fiscalía General del Estado los elementos necesarios para la
planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la
Administración de Justicia, prestando especial atención a todas las finalidades
recogidas en el artículo 461 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que han sido
expuestas antes.
La estadística judicial deberá asegurar, por tanto, la
disponibilidad permanente y en condiciones de igualdad por las Cortes
Judicial y la Fiscalía General del Estado, de información actualizada, dotada
de rigor y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de
todos los órganos, servicios y oficinas judiciales del Estado, así como sobre
las características estadísticas de los asuntos sometidos a su conocimiento,
garantizando, en cualquier caso, que los ciudadanos tengan acceso a la misma,
lo que se constituye en requisito imprescindible para conformar una opinión
pública informada, que esté en condiciones de influir eficazmente en el proceso
de reformas que precisa la Administración de Justicia. Se promueve, así, un
objetivo ambicioso, que beneficiará a todas las Administraciones afectadas, así
como al conjunto de la ciudadanía y que exige el abandono de actuaciones
unilaterales de cada una de las Administraciones en materia estadística, que se
han revelado poco eficientes -aún cuando determinadas iniciativas deban
valorarse positivamente-, dando paso a una estadística judicial realizada por
todos en pie de igualdad, en la que todas las Administraciones puedan
reconocerse porque beneficiará a todas por igual, asegurando, de esta manera,
que el servicio público de la Administración de Justicia juegue en todo el
territorio del Estado el papel esencial que le corresponde en una democracia
social avanzada. Lograr los objetivos propuestos, asegurando una estadística
judicial capaz de proporcionar a poderes públicos y ciudadanos una información
de las características ya descritas, facilitando, para ello, la obtención,
tratamiento y transmisión de los datos estadísticos a través de tecnologías de
la información avanzadas, exigirá aprobar planes estadísticos generales y
especiales de la Administración de Justicia y establecer criterios uniformes y
de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento
informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos del sistema
judicial español. 1.2 Constitución de la Comisión Nacional de Estadística
Judicial.-La misión a la que se refiere el apartado anterior de este Plan ha
sido encomendada a la Comisión Nacional de Estadística Judicial por el artículo
461 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que previene que dicha Comisión se
integre por el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades
Autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial
y la Fiscalía General del Estado, encomendándose reglamentariamente el
establecimiento de su estructura, composición y funciones al Gobierno, mediante
real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal
General del Estado, de la Agencia de Protección de Datos y de las Comunidades
Autónomas con competencias asumidas, lo que evidencia la exigibilidad de que
dicha norma sea consecuencia del máximo consenso de todos los interesados. Se
impone, por consiguiente, que las Administraciones implicadas convengan las
líneas maestras de la estructura, composición y funciones de la Comisión
Nacional de Estadística Judicial, ya que el consenso en la gestación de dicha
institución constituye el presupuesto del éxito de su misión, siendo necesario,
por tanto, que todas las Administraciones hagan el mayor esfuerzo de
responsabilidad y generosidad, porque serán beneficiarias principales de una
estadística judicial que les garantizará la información continua, rigurosa y
contrastada en materia de Justicia y posibilitará la planificación eficiente de
sus políticas sobre la Administración de Justicia, asegurando, de esta manera,
que los ciudadanos acentúen su confianza y reconocimiento en dicho servicio
público. 1.3 Obtención de los datos estadísticos desde las propias aplicaciones
de gestión procesal y otras fuentes complementarias de información.-Es palmaria
la necesidad de que la información estadística de los asuntos sometidos a
conocimiento de los Juzgados y Tribunales se obtenga al mismo tiempo y como un
subproducto natural de la herramienta de gestión procesal adoptada, haciendo
que el proceso estadístico esté integrado en el de gestión y no suponga para el
funcionario del órgano correspondiente una tarea o esfuerzo adicionales. Tal
facilidad acabaría con el desinterés generalizado de todos los operadores de la
Oficina judicial por la búsqueda del dato real, que para unos es sólo una
pesada tarea sin utilidad alguna, para otros una forma desagradable de control
de su trabajo y para el resto una función que no les afecta y como tal la
completan sin el más mínimo rigor. Se trata, pues, de incentivar la recogida
correcta del dato ya desde la propia utilización de la aplicación de gestión
procesal, lo que ayudaría además a que el personal de las Oficinas judiciales
comprobara que es útil para su propio trabajo, que facilita las tareas a llevar
a cabo, sirve para la autoevaluación del desempeño, facilita la información
demandada por los ciudadanos y sirve también para valorar su productividad.
Desde el punto de vista técnico, la herramienta de gestión procesal ha de ser,
en la medida de lo posible, la única fuente de registro y almacenamiento de la
información cruda en lo que se refiere a los datos que deban obtenerse del
propio proceso judicial. De esta manera se minimiza el coste, medido en horas
hombre, necesario para alimentar los distintos registros o bases de datos
ajenas a la aplicación procesal, y se minimiza el número potencial de errores
ocasionados por los distintos sistemas de entrada de datos, lo que contribuye a
garantizar la homogeneidad y fiabilidad de la información. El Plan de
Transparencia Judicial no puede desdeñar, sin embargo, otras fuentes
complementarias de información no estrictamente intraprocesal, pero que puedan
suministrar datos cuya medición contribuya a los objetivos deseados, tales como
las fiscalías -en sus actividades extraprocesales-, el Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, los Institutos de Medicina Legal, las Unidades
Administrativas, los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales, los
Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, las Oficinas de
Atención a los Ciudadanos y los barómetros de opinión internos y externos. 1.4
Adecuado tratamiento, transmisión y explotación de los datos estadísticos.-La
información estadística, una vez elaborada, se constituye en el único referente
de apoyo a la toma de decisiones, el cual se fundamenta en tres pilares: la
necesidad de construir un repositorio único de información -Datawarehouse-; la
necesidad de construir y asegurar los procesos de extracción, transporte y
almacenamiento; y la explotación estadística de la información. El repositorio
único constituye un Directorio Nacional de Asuntos -DNA- que permitirá mapear
en el mismo los datos de la aplicación o aplicaciones procesales utilizadas
tanto por el Ministerio de Justicia como por las Comunidades Autónomas, y de
esta manera poder llevar una constancia de dichos datos. Para asegurar los
procesos de extracción y transporte, es necesario previamente asegurar los
canales de comunicación de datos entre los órganos generadores de la
información y los servidores que actúan como repositorio del DNA, es decir la
red o redes físicas deben asegurar su visibilidad entre las mismas, los anchos
de banda suficientes y la dedicación de caudal de transmisión asegurado para
dicha tarea. La explotación de dicha información habrá de generarse de manera
gradual, para que los distintos colectivos de usuarios de la información agregada
se incorporen al sistema no globalmente, sino en distintas fases con el fin de
conseguir funcionalidades dependientes de cada grupo de usuarios. Así, en un
primer momento de desarrollo de la explotación de la nueva estadística judicial
puede explotarse la información necesaria para las siguientes instancias:
Administraciones públicas gestoras del servicio, Consejo General del Poder
Judicial, Ministerio Fiscal, Secretarías de Gobierno, los propios órganos
judiciales y fiscalías y las Oficinas de Atención al Ciudadano. Para pasar en
una segunda fase a atender necesidades de colectivos profesionales, e incluso a
la consulta individual a través de Internet por parte del ciudadano. En
definitiva, el DNA debería recoger de manera sistemática todos aquellos datos
que permitan responder a preguntas referentes a la misión del propio Plan de
Transparencia Judicial -servicio público, ejecución de gasto, costes de la
justicia, eficacia de la misma, calidad y costes de la no calidad-, y al menos
a) En referencia al asunto tramitado en el juzgado o
conocido por la fiscalía: asuntos tipificados, fechas hito en la vida del
asunto, estado del asunto en el instante de recogida del dato, siguientes pasos
en la vida del asunto, previsión estadística -calculada mediante modelos de
comportamiento- de la duración de los pasos siguientes, resoluciones relativas
b) En referencia al coste y a la racionalización del gasto:
fechas hito, intervinientes, coste/hora de cada interviniente, escandallo o
prorrateo de los costes fijos, resultados de cada asunto, y correlación con
otras variables estadísticas como pueden ser tipología de la población,
tipología de causas/delitos más frecuentes y otros parámetros que se consideren
de razonable interés. c) En referencia a la calidad/no calidad: comparativas de
resultados reales contra resultados esperados. Estos resultados esperados
habrán de calcularse una vez se posean datos suficientes para diseñar modelos
estadísticos de comportamiento. Como ejemplo, y aún siendo un modelo grosero,
en el trabajo que se realiza actualmente de recogida de sentencias se compara
el número de sentencias recogidas telemáticamente con datos de años anteriores
en los que se enviaban en papel al Centro de Documentación Judicial. d) En
referencia a la excelencia judicial y al servicio público: obtención por
agregación de oferta de niveles de servicio y creación, por lo tanto, de una
carta de servicios orientada al ciudadano.
2.1 Unificación o compatibilidad de las distintas
aplicaciones informáticas utilizadas en las Oficinas judiciales.-Debe añadirse
como un instrumento más que avale el propósito de transparencia judicial que
articula este Plan la razonabilidad de que existiera una sola aplicación
informática para todos los órganos judiciales y para todas las Fiscalías
-convenida por todas las Administraciones competentes- o que las aplicaciones
informáticas fueran compatibles entre sí. Todos los sistemas informáticos de
gestión procesal deberán seguir las normas establecidas en el Test de
Compatibilidad de Aplicaciones de Gestión Procesal para la Administración de
Justicia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en junio de 1999.
Además de estas normas, deberán establecerse unos valores de dominio comunes
para el intercambio de datos y unos esquemas comunes de tramitación, sobre todo
en la definición de hitos que pudieran ser utilizados como referentes a la hora
de obtener estadísticas sobre la vida procesal de los asuntos.
Actualmente, incide en la escasa fiabilidad de los
resultados estadísticos la existencia de necesidades particulares y diferentes
en la gestión dentro de cada uno de los ámbitos de decisión. Sin embargo, sólo
existe una fuente principal de información correcta para el análisis: la
información de los procesos judiciales. Toda la información de gestión
necesaria se obtiene de los expedientes procesales, que tienen como soporte
operacional un único sistema en todas las Comunidades Autónomas que todavía
corresponden al ámbito de competencia del Ministerio de Justicia
-Libra/Minerva-, y sistemas de información similares en su objeto, pero muy
distintos en su concepción, en las Comunidades Autónomas con competencias
asumidas en materia de justicia. A su vez, en el ámbito de las Fiscalías, por
parte del Ministerio se está implantando un nuevo sistema, pero que utiliza un
modelo de datos homogéneo y prácticamente idéntico al de Libra/Minerva. A la
hora de plantearse un sistema de apoyo estadístico para la toma de decisiones,
es claro ya que el entorno de la Administración de Justicia plantea al menos
los siguientes inconvenientes: mucha dispersión geográfica; entornos
tecnológicos heterogéneos; y una utilización no homogénea e incompleta de los
sistemas por parte de los usuarios, que habitualmente priman la rapidez en el
trabajo frente a la solidez de la información que se registra, lo que dificulta
la obtención de información de calidad y fiable desde el punto de vista de la
gestión del servicio. Es necesario, pues, poder garantizar la convergencia
entre los modelos de datos coexistentes, los rangos en los dominios de valores
-asuntos, procedimientos, fases, estados-, la convergencia tecnológica y aún en
mayor medida es preciso asegurar la gestión del cambio necesaria para invertir la
tendencia actual de primar la rapidez en el trabajo frente a la solidez de la
información. 2.2 Páginas de información de las distintas Administraciones
concurrentes en el ámbito de la Justicia.-Instrumentos adecuados para la
consecución del objetivo de transparencia judicial que avala este Plan son
también los portales de Justicia del Ministerio, del Consejo General del Poder
Judicial, de las Comunidades Autónomas y de la Fiscalía General del Estado.
Baste recordar, a este fin, que al apartado 2 de la Carta de Derechos de los
Ciudadanos ante la Justicia establece el derecho de los ciudadanos a conocer el
contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea mediante un
sistema electrónico de datos fácilmente accesible, lo que evidencia la necesidad
de mantener permanentemente actualizadas estas páginas de información, que
posibilitarán también el acceso a las aplicaciones de información que se
deseen, para cuyo acceso se utilizará la autentificación mediante certificados,
mecanismos de usuario y clave o aquellos otros sistemas que se estimen
convenientes en cada caso. La realización de una aplicación de este tipo
exigirá la coordinación con las Comunidades Autónomas de manera que se pudiera
acceder de modo distribuido a todos los sistemas de gestión procesal activos y
se realizaran las normalizaciones adecuadas y el modelo de acceso a los datos,
que podría ser descentralizado, en cuyo caso cada Comunidad Autónoma y el
Ministerio de Justicia ofrecerían información a los interesados únicamente de los
asuntos que se tramitasen en las Oficinas judiciales del ámbito de sus
competencias, o centralizado, para cuya hipótesis tanto el portal Justicia.es
del Ministerio de Justicia como los de las Comunidades Autónomas informarían de
todos los asuntos que afectaran al interesado en todo el territorio del Estado,
lo que exigiría de las distintas Administraciones la elasticidad necesaria para
compartir informaciones y contenidos. En todo caso deberá contarse con un
documento de seguridad que asegure al ciudadano y a la Administración que los
procedimientos telemáticos reúnen las características necesarias para cumplir
la normativa vigente en cada momento en lo relativo a la protección de datos de
carácter personal. Se establecerá igualmente el acceso de los interesados a los
documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter
reservado, buscando la implementación de sistemas que generen la documentación
sin sobrecargar las comunicaciones y con formatos normalizados que se puedan
presentar de modo coherente a través de Internet. Del mismo modo, deberá
proporcionarse a los ciudadanos información general y actualizada sobre el
funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y sobre las características y
requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales. El acceso a la
estadística judicial que pueda publicarse en el portal del Ministerio de
Justicia y, en su caso, en los portales de las Comunidades Autónomas, será
pleno para los ciudadanos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
461.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para la presentación de estos
datos se estudiará el empleo de un Sistema de Información Geográfico -GIS- que
sea alimentado automáticamente desde las propias aplicaciones de gestión
procesal. Por fin, y habida cuenta que la Fiscalía General del Estado cuenta ya
con presencia propia en Internet, que se prevé completar en los próximos meses
con una Intranet, convendrá incluir en el portal de la Fiscalía General del
Estado los datos relativos al posible acceso de los ciudadanos a las Fiscalías
y el servicio directo que en ellas les puede ser prestado en los supuestos en
que el Fiscal tiene legitimación para solicitar una actuación judicial y
relativos, entre otros, a protección de menores desamparados; legitimación
activa para evitar la intromisión ilegítima en el derecho al honor, la
intimidad y la propia imagen de los menores; incapacidades e internamientos;
acción de cesación en materia de defensa de intereses colectivos y difusos de
los consumidores y usuarios; recepción de denuncias y cualquier otra función
que les encomiende el ordenamiento jurídico.
2.3 Sistemas de interconexión e
intercambio de documentos en el proceso.-Como otro instrumento decisivo para la
consecución de los objetivos establecidos, se propone en este Plan de
Transparencia la implantación generalizada de sistemas de interconexión e
intercambio de documentos. Se trataría de sistemas de correo «securizado», que
permitirían el intercambio de documentos entre los operadores jurídicos y los
órganos judiciales, de modo que la presentación de escritos y el traslado de
copias desde los Procuradores y Abogados hacia las Oficinas judiciales y las
notificaciones desde éstas hacia los operadores jurídicos se realice de forma
automática, a través de certificados de firma digital reconocida. Como
consecuencia, los sistemas se verían revestidos de los principios de
autenticación -el remitente es quien dice ser-, confidencialidad -sólo el
remitente y el destinatario pueden conocer el contenido de los documentos-,
integridad -el documento no puede ser alterado por nadie- y no repudio -el
remitente no puede negar el hecho del envío ni el destinatario el hecho de su
recepción-. Estos sistemas garantizarían además el sellado de tiempo, de tanta
importancia en el flujo de documentos entre operadores jurídicos para la
consecución de los plazos vigentes en materia procesal. Dentro del Plan de
Transparencia Judicial, tales sistemas de interconexión e intercambio de
documentos aportarían grandes ventajas. Así, permitirían disponer de
información estadística relativa al número de documentos que se intercambian
entre los diferentes operadores jurídicos; permitirían disponer de información
estadística relativa al tipo de procedimiento y orden jurisdiccional, así como
el ámbito que genera mayor volumen de documentación. Así mismo, y una vez que
tales sistemas acogiesen a colectivos como Abogados del Estado, Notarios,
Graduados Sociales y Letrados de la Seguridad Social, sería posible aportar
información relativa al volumen de gestión de la Administración de Justicia en
relación con estos colectivos: tipo de procedimiento, frecuencia, grado de
agilidad de la gestión, entre otros datos. 2.4 Sistema de comunicaciones entre
las distintas redes judiciales territoriales.-Instrumento decisivo también de
cualquier propósito de transparencia judicial es la existencia de un sistema
central de comunicaciones, seguro y restringido entre las distintas redes
judiciales territoriales. En estos momentos el Punto Neutro Judicial, servicio
de naturaleza técnica que presta el Consejo General del Poder Judicial,
constituye el nodo de comunicaciones a través del cual las Comunidades
Autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia acceden a las
distintas aplicaciones centralizadas -acceso al Registro Central de Penados y
Rebeldes, por ejemplo-. En un horizonte de transferencias en materia de
justicia totalmente finalizado, el Punto Neutro Judicial constituirá, por
tanto, el nexo de comunicaciones que permitirá a las Comunidades Autónomas acceder
a dichas aplicaciones, pero es de prever que también a la información
estadística derivada del Plan de Transparencia Judicial y de los planes
estadísticos, generales y especiales, de la Administración de Justicia. Será
por ello necesario optimizar las prestaciones del Punto Neutro Judicial,
aumentando su margen de tolerancia a fallos así como su capacidad para dar
respuesta al volumen de información que generará el Plan de Transparencia y los
planes estadísticos de la Administración de Justicia. Y así mismo deberá
convenirse con las Comunidades Autónomas las conexiones que sea preciso
establecer para dar acceso a todos los datos estadísticos del sistema judicial
español. La oferta de servicios que se viene prestando a través del Punto
Neutro Judicial es variada y se extiende a la comunicación de los órganos
jurisdiccionales en relación con la tramitación de los procedimientos
judiciales, y ello en relación con la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional
de Estadística, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto
Social de la Marina o la Cuenta de Depósitos y Consignaciones. De gran
importancia e interés para los denominados juicios rápidos es la consulta al
Registro Central de Penados y Rebeldes que los órganos judiciales pueden
efectuar de manera inmediata, así como las denominadas agendas de señalamiento
coordinado e inteligente, que hacen posible que los señalamientos de estos
juicios se realicen de manera coordinada y rápida, y también para la remisión
de sentencias al Centro de Documentación Judicial, así como para la realización
de consultas a las denominadas bibliotecas judiciales.
3.1 Correcto funcionamiento del Servicio Común de Registro y
Reparto de las Oficinas judiciales. Criterios uniformes para el registro de
asuntos.-Se deduce ya, de todo lo expuesto hasta ahora, que el buen
funcionamiento del Servicio Común de Registro y Reparto de la Oficina judicial
es pieza o instrumento esencial del Plan de Transparencia. Deberá, por tanto,
procederse a la aprobación de normas estandarizadas sobre conceptos,
definiciones, clasificaciones, nomenclaturas y códigos que permitan la
obtención y clasificación homogénea de los datos, asegurando la compatibilidad
de los distintos sistemas informáticos de las Administraciones implicadas en el
Pero al lado de ello habrán de establecerse también
criterios uniformes, claros, precisos y de obligado cumplimiento para todos a
la hora de registrar los asuntos que entran a trámite en los Juzgados y
Tribunales españoles, pues fácilmente se entiende que el correcto registro de
los asuntos es el punto de arranque ineludible para la posterior obtención,
tratamiento informático, transmisión y explotación adecuada de los datos
estadísticos del sistema judicial español. Y el correcto registro del asunto
tiene aún una mayor trascendencia, en ocasiones, cuando puede llegar a afectar
a los derechos fundamentales de los litigantes. Así, es fundamental el buen
funcionamiento del Servicio Común de Registro y Reparto para evitar, entre otras
prácticas indebidas, la apertura de las diligencias indeterminadas que se
incoan todavía por los Juzgados de Instrucción en tantas ocasiones. Tales
diligencias carecen de reconocimiento y regulación algunos en las leyes de
procedimiento y se incoan cuando entra en el Juzgado algún asunto que no tiene
un encaje concreto en diligencias previas, sumario ordinario o juicio de
faltas. Al incoarse tales diligencias no amparadas por la Ley, en la inmensa
mayoría de los casos la resolución que pone fin a la diligencia no es
notificada al Fiscal ni a otras partes interesadas, lo que contradice el
carácter público del procedimiento penal, convirtiendo en inadmisible, por
arbitraria, la decisión que adopte el Juez, ya que se impide que el Fiscal
pueda recurrir contra la decisión. Las diligencias indeterminadas en ningún
caso pueden ser utilizadas como cauce de actuaciones judiciales para el
esclarecimiento y persecución de delitos y faltas, que sólo puede llevarse a
cabo a través de los procedimientos previstos en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Si bien es cierto que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del
Estado se han manifestado en contra de tales diligencias, y ello ha contribuido
a que su número vaya descendiendo progresivamente, no es menos cierto que
siguen incoándose diligencias indeterminadas incluso para acordar
intervenciones telefónicas o registros domiciliarios solicitados por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el servicio de guardia, cuando el asunto
no va a corresponder al Juzgado según las normas de reparto. Todo ello da lugar
no sólo a una situación de oscurantismo u opacidad, sino a que las cifras de
diligencias previas de los distintos Juzgados de Instrucción de un mismo
partido judicial sean diversas teniendo el mismo volumen de entrada de asuntos
y dependiendo de la mayor o menor utilización que se haga de las citadas
diligencias. Que esta práctica no ha sido erradicada lo pone de manifiesto el
hecho de que en los últimos datos recibidos en el Registro Central de Violencia
Doméstica se comprueba que algunas órdenes de protección han sido acordadas en
el seno de unas diligencias indeterminadas, lo que parece absolutamente
contrario a un proceso con todas las garantías. No puede concebirse esta forma
de actuación, toda vez que para admitir a trámite y convocar a la comparecencia
prevista para resolver sobre la adopción de la Orden es preciso que haya
existido una situación de riesgo que se concreta en la comisión de un ilícito
penal, lo que implica necesariamente la incoación de uno de los procedimientos
previstos en las leyes procesales: juicio de faltas, diligencias previas,
diligencias urgentes de juicio rápido, o Ley del Jurado, y, en el seno de tal
procedimiento, la citación de denunciante y denunciado, de sus Letrados, en su
caso, y del Ministerio Fiscal. La Comisión Nacional de Estadística Judicial
deberá proceder, pues, al establecimiento de criterios uniformes y de obligado
cumplimiento para todos en cuanto al registro de los asuntos que tiendan a
evitar prácticas como la descrita y también otras relativas a la tramitación
separada, en distintos procedimientos, de asuntos que deberían tramitarse en
uno solo, como sucede con la apertura de distintas diligencias previas en caso
de lesiones imprudentes causadas por accidente de circulación cuando son varios
los lesionados; con la apertura de distintos procedimientos en los Juzgados de
lo Social cuando se presenta una única demanda de despido o de reclamación de
cantidades por un grupo de trabajadores; cuando se incoa la tramitación de
varias órdenes de protección respecto de cada uno de los integrantes de la
unidad familiar víctimas de actos violentos cometidos por un mismo agresor y en
una misma ocasión; o en los supuestos en que un mismo y único asunto penal
multiplica artificialmente su registro en varias clases de diligencias o
procesos. 3.2 Reforma de las normas procesales.-El Gobierno está impulsando
también la necesaria reforma de las leyes procesales que coadyuve a evitar la
comisión de malas prácticas como las descritas y otras tendentes a la opacidad
o alteración de la realidad de la carga de trabajo del sistema judicial
español, imponiendo cuantos mecanismos procesales sean pertinentes para ello y
además los que sean precisos para la correcta regulación del derecho de los litigantes
a conocer en todo momento el estado de tramitación de los pleitos en los que
son parte y a obtener copia de los documentos y actuaciones obrantes en ellos.
El Plan de Transparencia Judicial aboga igualmente por la
definitiva mejora del sistema de Registros Judiciales, que constituye un
referente ineludible para el ejercicio eficaz de las funciones que, en materia
penal, y en el caso del Registro Central de Rebeldes Civiles, en materia civil,
las leyes atribuyen a la Administración de Justicia. Su gestión se ha
beneficiado de las innovaciones que las nuevas tecnologías han venido
ofreciendo, lo que ha determinado unas posibilidades de información
inimaginables en el momento en que su organización fue concebida, pero supone,
a su vez, nuevas oportunidades y también riesgos en la utilización de la
información en ellos contenida. No parece necesario señalar detenidamente la
singular sensibilidad de esta información.
Por ello es importante que los principios originales que
motivaron su creación y sus fundamentales características se continúen
manteniendo, como necesario referente para poder determinar la forma en que
deben ser gestionados. Su origen es claro y no debe quedar difuminado por otras
necesidades: atender eficazmente las necesidades de información de los órganos
jurisdiccionales penales en relación con los antecedentes de las personas
incursas en un determinado procedimiento. En consecuencia, no se trata de un
sistema de Registros de carácter público, de lo que se derivan importantes
limitaciones en el uso de la información cuando ésta se dirige a fines
distintos de los que originariamente justificaron su recogida. Ello no puede
impedir, sin embargo, en el marco de la legislación sobre protección de datos
de carácter personal, que la información contenida en los mismos pueda ser
considerada útil para atender otros posibles fines que guarden conexión con la
propia funcionalidad de los Registros. El conjunto del sistema de Registros
tiene, por tanto, que asegurar, por un lado, que las necesidades de los órganos
judiciales estén atendidas sin más limites que los que las leyes establezcan,
y, por otro, garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso individual a los
datos contenidos en el Registro, solicitando su rectificación o cancelación, y
expidiendo, en su caso, el correspondiente certificado, cuando así sea exigido
por una norma para el ejercicio de un derecho. Por último, los Registros se
constituyen en un eficaz instrumento de gestión, de forma que las diferentes
Administraciones Públicas, en el marco del Plan de Transparencia, puedan
obtener información estadística de singular interés para la adopción de
decisiones y la definición de prioridades en la agenda pública. La entrada en
vigor de nuestra Carta Magna consagró el principio de legalidad en la actuación
administrativa y el carácter instrumental de su actuación, al servicio de los
intereses generales y con respeto a los derechos individuales, singularmente a
los que hacen referencia al honor y a la intimidad personal y familiar. Estos
aspectos son de singular sensibilidad en la actuación de los Registros
Judiciales y deben presidir su actuación. La promulgación de leyes generales de
tanta trascendencia pública y privada como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, constituyen elementos determinantes
en este proceso. La globalización de la sociedad ha venido a dar una nueva
perspectiva al Registro Central de Penados y Rebeldes. La necesidad de que los
delitos sean enjuiciados y sancionados con independencia del lugar en el que se
perpetren, el carácter cada vez más transnacional de la conculcación de las
leyes y normas de convivencia, con especial énfasis en el terrorismo y en el
tráfico de drogas, la mayor y más especial cooperación internacional en la
persecución de los delincuentes y su detención, constituyen nuevos retos que
sólo pueden ser abordados con la perspectiva de una mayor eficacia y eficiencia
en la gestión. Los acuerdos o convenios suscritos con Estados en ámbitos de
cooperación bilateral o multilateral obligan al Registro a una continua
evaluación de sus procedimientos, innovándolos cuando sea necesario, con la
ayuda de las nuevas tecnologías de la información, en un marco legal flexible,
pero con respeto a los principios a que responde su creación. Aunque todos los
datos que se pueden obtener del Registro Central de Penados y Rebeldes para su
tratamiento estadístico están condicionados por el principio de que únicamente
se refieren a situaciones en las que haya recaído sentencia firme y
condenatoria, pues es a partir de ésta cuándo comienzan a grabarse los asientos,
dicha limitación puede convertirse en una ventaja respecto a similares datos
estadísticos, dadas las características que de aquéllas se derivan. Así, es
posible conocer con toda exactitud el tiempo que transcurre desde que un
delincuente comete el delito hasta el momento en el que sobre él recae
sentencia condenatoria firme y, entroncando con el factor tiempo, se
desarrollan el resto de posibilidades estadísticas: por tipo de delito; por
localización geográfica; por duración de las penas; por edad, naturaleza y sexo
del delincuente, etc. Esta información es de singular interés social. El
conocimiento del número de sentencias condenatorias que dicta cada órgano
judicial puede determinar igualmente una información social y jurídica de
singular interés e incluso permitir desarrollar indicadores sobre criterios
interpretativos de las normas penales y su aplicabilidad. Debe significarse, no
obstante, que, salvo en los supuestos de violencia doméstica, no es posible
establecer una relación entre sentencias absolutorias y condenatorias, ya que
con carácter general los Registros sólo anotan sentencias condenatorias firmes.
Esta relación sólo podría establecerse en base a informaciones obtenidas por
otros medios. La estructura de la información en materia de Violencia Doméstica
es en buena medida similar a la que del Registro de Penados y Rebeldes se
deriva. Deben destacarse, sin embargo, algunas cuestiones fundamentales. En
primer lugar, el Registro Central de Violencia Doméstica no sólo recoge las
sentencias, sino también las órdenes de protección, que se dictan con carácter
previo a la sentencia que en su caso pueda producirse posteriormente, lo cual
aporta un elemento nuevo ya que permite deducir un primer criterio sobre la
importancia de la violencia doméstica en la sociedad. Otra característica
especial de este Registro es que se inscriben medidas cautelares, civiles y
penales, datos significativos para determinar los bienes y derechos que con más
frecuencia deben ser protegidos, índice éste de singular interés para
determinar la vulnerabilidad de la sociedad en esta materia. Elementos como la
nacionalidad o el sexo de la víctima o la relación de parentesco son igualmente
importantes. La conclusión que de ello puede derivarse es que este Registro,
más allá de la información que con carácter general aporta el sistema de
Registros Judiciales sobre delitos y penas, constituye un elemento esencial
para conocer primero y combatir después la lacra social que la violencia
doméstica significa, a cuyo fin resultará de indudable interés el conocimiento
fiel de sus datos. El Registro Central de Sentencias de Menores se encuentra
regulado por Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, y el Real Decreto 232/2002,
de 1 de marzo, y constituye, sin duda, el de acceso más restringido en el
conjunto de Registros. Sus datos sólo pueden ser utilizados por los Jueces de
Menores y por el Ministerio Fiscal. En el se inscriben las sentencias que, con
carácter firme, dictan los Juzgados y Tribunales en aplicación de Ley Orgánica
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Con el fin de asegurar
el adecuado servicio a los Juzgados de Menores y a las Fiscalías, se cuenta con
un nuevo sistema de comunicaciones que garantiza, con la colaboración de todos,
una actualización permanente de la información, para un mejor funcionamiento de
la Administración de Justicia y, al igual que los restantes Registros,
constituye una fuente preciosa de información en relación con los ilícitos
cometidos por menores, sus especificidades y características principales. Dado
que las comunicaciones se realizan telemáticamente, es posible además asegurar
una rapidez y calidad de la información que de otro modo sería imposible El
artículo 157 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ordenó que
en el Ministerio de Justicia existiera un Registro Central de Rebeldes Civiles,
mandato que fue desarrollado por el Real Decreto 231/2002, de 1 de marzo, que
regula la organización, contenido y funcionamiento del Registro, y según su
exposición de motivos «se constituye en un instrumento clave para solucionar
una de las causas de retraso en el desarrollo normal del proceso,
contribuyendo, a partir de la certeza, a la rapidez y eficacia de las
actuaciones judiciales respecto del demandante, al tiempo que proporciona
garantía de los derechos de aquellos ciudadanos demandados que no pueden ser
notificados por desconocerse su domicilio». Desde los órganos judiciales se
Comunicación de localización positiva de una persona sobre
la que ha consultado anteriormente. Peticiones de inscripción. Peticiones de
cancelación. Comunicación de incidencias (omisiones, errores ortográficos)
sobre inscripciones.
Resuelve las peticiones de inscripción, realizando nuevas
inscripciones o anexos a inscripciones existentes. Resuelve las incidencias
enviadas por los órganos judiciales Agrupa los datos de consultas e
inscripciones correspondientes a la misma persona física o jurídica, y en
general vela por la calidad de los datos del Registro y define y elabora
estadísticas del uso del Registro.
Esta última función puede sin duda contribuir y completar la
información requerida en el Plan de Transparencia en este punto de singular
interés no sólo judicial.
El Registro Central de Procedimientos Penales en Tramitación
y de Medidas Cautelares se encuentra regulado en la disposición final primera,
apartado tercero, de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en la
que se establece una nueva disposición adicional segunda con el siguiente
contenido: «Las medidas cautelares de prisión provisional, su duración máxima
su cesación, así como las demás medidas cautelares adoptadas en el curso de los
procedimientos penales, se anotarán en un registro central, de ámbito nacional,
que existirá en el Ministerio de Justicia». La creación y puesta en
funcionamiento del Registro de Medidas Cautelares en el orden jurisdiccional
penal constituirá un instrumento de gran utilidad, tanto desde la perspectiva
del desempeño de la función jurisdiccional en cada caso concreto, permitiendo
al Juez o Magistrado disponer de otros elementos de juicio, además de los ya existentes,
como desde el punto de vista más general de la valoración cuantitativa y
estadística de los datos contenidos en este Registro En conjunto, éste debería
ser el marco de actuación, que va a exigir desarrollos normativos que
proporcionen la necesaria seguridad jurídica en el ejercicio de sus derechos a
los ciudadanos y también a las Administraciones que deben gestionar una
información sensible, reservada y sobre la que toda precaución puede ser
insuficiente. La utilización de los datos en el proceso de toma de decisiones
exigirá a su vez desarrollos tecnológicos nuevos que potencien los sistemas de
información con todos los instrumentos y herramientas que de las nuevas
tecnologías se derivan. Por último, los gestores públicos deberán desarrollar,
siempre en el marco de la legalidad a que nos hemos referido, instrumentos de
coordinación que faciliten una información veraz, compartida, actualizada y con
utilidad superior a su coste, que justifique los esfuerzos económicos y humanos
que un sistema de información va a requerir.
Abundando en la descripción de los instrumentos que han de
servir para la más correcta ejecución del Plan de Transparencia Judicial y en
el ejercicio de las competencias del Ministerio de Justicia en materia de
organización y medios materiales en todos aquellos territorios pertenecientes a
Comunidades Autónomas que todavía no han asumido las competencias en materia de
justicia, el Ministerio adquiere el compromiso de tener presente en la
proyección y diseño de las sedes judiciales la necesaria relación entre los
objetivos de transparencia y la arquitectura judicial, relación que ha de
manifestarse al menos en los siguientes extremos: Preparación de espacios
suficientes para la ubicación de cuantas salas de vistas sean precisas para la
mayor garantía de la publicidad del proceso, en evitación de actuaciones que
siguen celebrándose en los despachos de los jueces o en las Secretarías de los
órganos judiciales por falta de disponibilidad de salas de vistas.
Dimensiones de las salas de vistas adecuadas para permitir
la entrada y estancia en ellas de cuantas personas estén interesadas en asistir
a la celebración de los juicios. Habilitación de espacios adecuados para la
ubicación de las fiscalías a fin de que los fiscales puedan realizar
correctamente las funciones que les atribuye el ordenamiento jurídico y atender
en condiciones de cierta reserva a los profesionales y a los ciudadanos. Para
preservar el derecho de defensa y siguiendo la línea iniciada por el artículo
42 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que establece que el acusado se
encontrará situado de forma que sea posible su inmediata comunicación con los
defensores, deberá adecuarse la organización y ubicación del mobiliario de las
salas de vistas a esta exigencia, para que el acusado pueda ser asesorado en
cada momento acerca de la oportunidad de contestar a las preguntas que se le
formulen o indicar a su Letrado la conveniencia de preguntar a los testigos o a
los peritos sobre algún extremo que pueda interesar en la causa. Protección del
derecho a la intimidad del ciudadano que acude a los Juzgados y en ocasiones se
ve obligado a prestar declaración en las mismas dependencias en que trabajan
los funcionarios, preguntan los profesionales y permanecen otros litigantes o
interesados en los expedientes. Habilitación de salas de espera para los
testigos de modo tal que quienes ya hayan prestado declaración no puedan
comunicarse con quienes aún no hayan sido llamados; de lugares de circulación o
espera alternativos para evitar la coincidencia entre partes y/o testigos,
particularmente en los procedimientos civiles de familia, en los penales de
violencia doméstica y siempre en el supuesto de testigos protegidos y víctimas
de violencia doméstica y otros delitos violentos; así como de accesos
preparados para entrada y salida de los detenidos, al objeto de preservar sus
derechos pero también de garantizar la seguridad en los edificios judiciales.
Previsión de espacios adecuados para la instalación en ellos de las Unidades u
Oficinas de Atención al Ciudadano y de las Oficinas de Ayuda a las Víctimas,
procurando que las primeras se encuentren en las entradas de los edificios
judiciales. Dotación de directorios y señalización adecuada para facilitar la
localización de las distintas Oficinas judiciales y organización de los
espacios de forma que se faciliten las circulaciones y se eviten interferencias
entre los distintos usos. Compromiso real y a corto plazo para la eliminación
de barreras arquitectónicas en los edificios judiciales.
A los objetivos de lograr un sistema de transparencia al
servicio de los poderes públicos y los ciudadanos habrá de contribuir también
el conocimiento exacto y detallado de las condiciones de titularidad o
arrendamiento de cada uno de los edificios judiciales, así como de sus
características, superficie, estructura, división interna, servicios con los
que cuente y posibilidad o no de instalar en ellos nuevas oficinas judiciales.
Contribuirá también a la adecuada adopción de decisiones en materia de
demarcación y planta judicial el conocimiento de los datos relativos a
distancias entre las distintas sedes judiciales y de éstas con respecto a las
ciudades que se encuentran en su circunscripción, datos que servirán también
para una adecuada política en materia de creación de Destacamentos de las
6. Potenciación de los objetivos de transparencia en
relación con la actuación del Ministerio Fiscal y del Cuerpo de Secretarios
6.1 Transparencia del trabajo del Ministerio Fiscal en la
Administración de Justicia.-Por lo que hace a la necesaria integración del
Ministerio Público en el Plan de Transparencia Judicial, son dos los ámbitos
principales en los que habrá de profundizarse.
En el primero de ellos, y en relación al desarrollo del Plan
de Modernización Tecnológica de la Fiscalía General del Estado, se deberá
establecer un marco uniforme de actuación del Ministerio Fiscal a través de
medios informáticos y telemáticos para el más eficaz cumplimiento de sus
funciones. Así, se configurará un Sistema de Información del Ministerio Fiscal
que canalice el intercambio de información entre la Fiscalía General del Estado
y las distintas Fiscalías. Dicho Sistema lo constituirá en esencia una base de
datos centralizada que se alimentará de los datos existentes en los diferentes
sistemas de gestión procesal puestos a disposición de las Fiscalías por las
Administraciones competentes en la materia. A estos efectos, las distintas
aplicaciones de gestión procesal implantadas en las Fiscalías deberán adecuarse
a unos mismos estándares de codificación de valores -delitos, materias, tipos
de procedimiento, tipos de intervención, órganos judiciales- y a unos mismos
esquemas de tramitación aprobados por la Comisión Nacional de Informática y
Comunicaciones Electrónicas del Ministerio Fiscal en el marco de los criterios
uniformes que llegue a establecer la Comisión Nacional de Estadística Judicial.
Los sistemas de gestión procesal puestos por las Administraciones Públicas a
disposición de las Fiscalías deberán integrarse con el Sistema de Información
del Ministerio Fiscal a través de una Red de Comunicaciones Electrónicas del
Ministerio Fiscal. A través de esta Red, los miembros del Ministerio Fiscal
podrán acceder a los Registros Públicos y aplicaciones de ámbito nacional
gestionados por el Ministerio de Justicia y se asegurará eficazmente la unidad
de actuación del Ministerio Fiscal, de conformidad con lo establecido en el
artículo 124 de la Constitución, no solamente en los ámbitos penales, sino
también en los procedimientos de carácter civil, contencioso-administrativo,
social o de menores en los que interviene el Fiscal. El segundo ámbito
relacionado con el Ministerio Público en el que habrá de actuarse para lograr
avances significativos en materia de estadística judicial no es otro que el del
inmediato y continuado intercambio de información con los órganos judiciales.
Normalmente en una Fiscalía sólo se tiene conocimiento de una causa a través
del parte de incoación, pero todos los datos no llegan a saberse sino cuando la
causa entra físicamente en la Fiscalía, ya muy avanzado el procedimiento, por
lo general cuando se da traslado para formular escrito de acusación. Es
entonces cuando el funcionario de la Fiscalía ha de insertar en su aplicación
informática los datos relativos al procedimiento y a los intervinientes,
produciéndose una situación de acceso duplicado, costoso, no uniforme y
normalmente tardío de los datos en la Fiscalía, lo que lleva aparejado que, por
conocer el Fiscal con tardanza la calificación, clave o código que se asigna al
procedimiento, no pueda alertar al Juzgado acerca del modo en que ha sido
registrado, por lo que durante toda la tramitación, y a efectos estadísticos,
será computado como un asunto de una naturaleza, y no de otra. De la
importancia de evitar estas situaciones da buena cuenta la comprobación, a modo
de ejemplo, de tantas ocasiones en que el Juzgado ha registrado el asunto como
hurto y, estudiado el caso por el Fiscal, termina siendo calificado como robo;
o, en un segundo ejemplo, cuando en el Juzgado el procedimiento se ha
registrado como delito de lesiones ocasionadas a título de imprudencia y en la
Fiscalía es calificado como lesiones a título de imprudencia en concurso con un
delito contra la seguridad de los trabajadores. No parece que haya posibilidad
de lograr una uniformidad en la información estadística si no se propician las
herramientas necesarias de comunicación entre las Fiscalías y los órganos
judiciales, que permitan llegar a conocer fiablemente no sólo el número de
asuntos tramitados sino su verdadera clasificación y naturaleza. A estos
efectos, se está tramitando un proyecto de Real Decreto por el que se regula el
Sistema de Información del Ministerio Fiscal, que tiene por objeto, de
conformidad con la nueva disposición adicional segunda de la Ley 50/1981, por
la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, configurar un
sistema de información del Ministerio Público, crear una red integrada de
comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal que garantice un sistema de
identificación y codificación único de los procedimientos y actuaciones en que
éste intervenga, una base de datos centralizada de dichos procedimientos, el
acceso telemático de las Fiscalías a los Registros, bases de datos, sistemas de
información y aplicaciones informáticas de carácter nacional gestionados por el
Ministerio de Justicia, y la conexión telemática permanente de la Fiscalía
General del Estado y de los restantes órganos centrales del Ministerio Fiscal
con todas las Fiscalías y de éstas entre sí. Asimismo, habrá que definir los
requerimientos que han de cumplir los sistemas de gestión procesal utilizados
por el Ministerio Fiscal y determinar los elementos básicos de compatibilidad
de los diferentes sistemas informáticos desarrollados para las Fiscalías por
las Administraciones competentes. Por último, esta disposición reglamentaria
deberá determinar la estructura, composición y funciones de la Comisión
Nacional de Informática y Comunicaciones Electrónicas del Ministerio Fiscal.
6.2 Nueva estructura del Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Instrumento eficaz
para la consecución de los objetivos de este Plan de Transparencia habrán de
ser también las circulares e instrucciones de servicio que dicten los
Secretarios de Gobierno y los Secretarios Coordinadores Provinciales en el
ámbito de sus respectivas competencias, que deberán hacerse cumplir por los
secretarios judiciales que dirijan los Servicios Comunes Procesales o por
aquellos otros que tengan su puesto de trabajo en las Unidades Procesales de
Apoyo Directo a los órganos jurisdiccionales y habrán de tender, al menos, a la
consecución de las siguientes finalidades:
Establecer mecanismos ágiles y adecuados de notificación de
todas las resoluciones judiciales a las que pueda tener acceso el interesado en
el procedimiento y de ejecución efectiva de las previsiones legales tendentes a
que el ciudadano afectado pueda tener copia de cuantas resoluciones le afecten.
Organizar instrumentos para dar a conocer en cada hito del
procedimiento dónde se encuentra éste físicamente, a cuyo fin habrán de
realizarse las correspondientes anotaciones en los registros informáticos que
controlen el tránsito de expedientes entre las Unidades Procesales de Apoyo
Directo y los Servicios Comunes Procesales o las Fiscalías, en su caso. Cumplir
estrictamente, en las diferentes formas de citación a partes e intervinientes
en los procedimientos, con los requisitos expresamente regulados en las leyes
procesales y en particular en lo relativo a derechos, obligaciones y
apercibimientos, buscando la expresión de todo ello de modo inteligible para su
destinatario. Mejorar el contenido de las citaciones para los juicios de
faltas, de conformidad con lo establecido en los artículos 962.2, 964.3 y 967
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que al citar al denunciado se le
informe sucintamente de los hechos en que consiste la denuncia, lo que debería
llevar al establecimiento de la obligación de entregar, junto con la
notificación, copia de la denuncia, cuando, a mayor abundamiento, el artículo
234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los interesados pueden
obtener copias de los escritos y documentos que consten en los autos y no hayan
sido declarados secretos ni reservados. Cumplir con la necesaria información a
las víctimas de los trámites procesales de su interés, aún cuando no se hayan
personado en los autos, y al menos en relación con las previsiones legales de
notificación del lugar y fecha de celebración del juicio, notificación de la
sentencia y notificación igualmente de la sentencia dictada en grado de
apelación. Deberá incluirse asimismo la notificación a las víctimas de delitos
violentos de la concesión de permisos al condenado o de la fecha de
excarcelación definitiva, identificándose estadísticamente el cumplimiento de
esta obligación, para cuya instauración trabaja el Gobierno en la consiguiente
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Integrar en las cédulas de
citación a testigos y, en su caso, en los modelos de telegramas que se les
envíen, la necesaria información sobre su derecho a reclamar la correspondiente
indemnización, poniendo a su disposición en la Oficina judicial documentación
informativa sobre qué gastos pueden ser reclamados y cómo han de justificarse e
incluso impresos para su solicitud. Establecer normas prácticas de actuación en
los supuestos de conformidad de los artículos 694 y 787.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, a fin de que si, una vez abierto el juicio oral, se
alcanza la conformidad entre las acusaciones y el acusado y su defensa, los
testigos que permanecen fuera de la Sala esperando a ser llamados, y entre los
que se puede encontrar la víctima, sean adecuadamente informados de lo sucedido
y de las razones por las que su presencia ya no va a ser necesaria, y se les
indique, igualmente, que la sentencia será notificada a los perjudicados aún
cuando no estuviesen personados en la causa. Disponer normas de actuación para
la debida e inmediata información a los ciudadanos, sean litigantes, testigos,
peritos o cualquier otro interviniente, cuando la vista sea suspendida por
cualquier causa y establecida nuevamente para otra fecha. Ordenar mecanismos de
localización permanente y personal de las partes, testigos, peritos y demás
intervinientes en los pleitos, a fin de darles noticia inmediata, sin perjuicio
de la información que puedan suministrarles los abogados y procuradores, de
cualquier incidencia que pueda afectar a su comparecencia en las Oficinas
judiciales. Protocolizar actuaciones tendentes a evitar la opacidad en cuanto a
los criterios para el orden de señalamiento de los juicios, habida cuenta que,
salvo la prioridad que se respeta en el orden jurisdiccional penal cuando se
trata de causas con preso y la preferencia que por la vía de hecho se está dando
a los supuestos de violencia doméstica, y a salvo de lo especialmente
establecido para la celebración de los denominados juicios rápidos, no se
proporciona explicación alguna acerca de la causa por la que los señalamientos
se establecen en unas fechas y no en otras. Deberán articularse los mecanismos
necesarios para el establecimiento de criterios en los que tengan prioridad,
desde luego, las causas con preso, pero también aquéllas en que sea previsible
que el bien jurídico protegido sigue en peligro o puede verse de nuevo
lesionado, y asimismo se respete el orden legalmente establecido para el
despacho de los asuntos judiciales, en todos los órdenes jurisdiccionales.
Organizar la entrega de formularios gratuitos para el ejercicio de los derechos
de los ciudadanos ante los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención
de abogado y procurador, a través de las Oficinas judiciales, las Unidades
Administrativas y las Fiscalías. Proporcionar claridad e información total
acerca de las designaciones judiciales de peritos y también sobre los
nombramientos de abogados, auditores, economistas o titulados mercantiles como
miembros de los órganos de la administración concursal en los Juzgados de lo
Mercantil. A partir de la obligación que establece el artículo 341 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de que la primera designación de cada lista de peritos se
efectúe por sorteo realizado en presencia del secretario judicial, para que a
partir de ella se realicen las siguientes designaciones por orden correlativo,
se propone la publicación trimestral en los tablones de anuncios de los
distintos órganos judiciales y, en su caso, de los Servicios Comunes
Procesales, de las distintas listas de peritos con el resultado de la primera
designación y los posteriores nombramientos habidos durante el trimestre. La
misma publicación deberá realizarse con respecto a las listas a que se refiere
el artículo 27 de la Ley Concursal y las designaciones realizadas durante el
trimestre por los Juzgados de lo Mercantil.
El Plan de Transparencia contiene igualmente el compromiso
del Gobierno de proceder al impulso y entrada en funcionamiento de la Comisión
para la Modernización del Lenguaje Jurídico, creada por Orden JUS/3126/2003, de
30 de octubre, con objeto de alcanzar la aspiración de la Carta de Derechos de
los Ciudadanos ante la Justicia consistente en obtener una Justicia
comprensible, tanto en las comunicaciones escritas como en las vistas o
comparecencias y en las propias resoluciones judiciales, todo ello sin
perjuicio de las exigencias que deriven de la correcta técnica jurídica.
Convendrá conciliar criterios tendentes a desechar fórmulas y expresiones
anacrónicas o vacías de contenido que no proporcionan ninguna información y,
especialmente, prestar atención a la comprensibilidad de las citaciones que las
Oficinas judiciales dirijan a los ciudadanos, quienes en las últimas Encuestas
a usuarios de la Administración de Justicia realizadas por el Consejo General
del Poder Judicial todavía manifiestan, en un porcentaje que sería deseable
reducir que no han entendido el lenguaje jurídico que los tribunales han
empleado, permaneciendo como usuarios con más problemas con este lenguaje los
de clase baja o media-baja, los usuarios de juicios de faltas y juicios penales
y, más en concreto, los denunciados, los acusados, los testigos y los
testigos-víctimas, por este orden.
8. Quejas, reclamaciones y sugerencias de los
Otro instrumento relevante en el Plan de Transparencia
Judicial es el mejor desarrollo del derecho de los ciudadanos a formular
quejas, reclamaciones y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de
la Administración de Justicia y a recibir respuesta a ellas con la mayor
celeridad, y en todo caso en el plazo máximo de un mes, que fue recogido ya en
El Reglamento 1/1998, de 2 de diciembre, del Consejo General
del Poder Judicial, de tramitación de quejas y denuncias relativas al
funcionamiento de los juzgados y tribunales, y la Instrucción 1/1999, por la
que se aprobó el protocolo de servicio y los formularios de tramitación de
quejas, reclamaciones y previa información al ciudadano, vinieron a dar
desarrollo reglamentario al artículo 110.2.m) de la Ley Orgánica del Poder Judicial
en la redacción consagrada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre,
cubriendo así el vacío normativo existente en el ámbito de la Administración de
Justicia, sobre el derecho de los ciudadanos a recabar información, así como a
formular quejas y reclamaciones en el citado ámbito. Conforme al Reglamento e
Instrucción citados, los interesados podrán presentar sus quejas o denuncias,
así como en general iniciativas y sugerencias relativas al funcionamiento de
los Juzgados y Tribunales, en el Consejo General del Poder Judicial, en las
Oficinas de Atención al Ciudadano y, allí donde no existan éstas, en los
órganos judiciales o en los de gobierno. Igualmente podrán presentarse a través
de los Registros contemplados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Sería, además, deseable la creación de un sistema de presentación
telemática de las quejas. El estudio y divulgación del contenido de tales
quejas, reclamaciones y sugerencias, de su tramitación y resultado, será
también instrumento básico en una política de transparencia judicial que apunte
a la búsqueda de soluciones a las disfunciones que hayan sido verazmente
relatadas por los ciudadanos y por los usuarios de la Administración de
Justicia, debiendo identificarse también el resultado de las diligencias
informativas y, en su caso, expedientes disciplinarios, que traigan causa en
las quejas de los usuarios, quienes podrán constatar, de este modo, que la
responsabilidad, exigible a todas las Administraciones Públicas, es real y
efectiva en la Administración de Justicia. El conocimiento estadístico de esta
realidad servirá igualmente al Congreso de los Diputados para llevar a cabo un
seguimiento y evaluación permanentes del desarrollo y cumplimiento de la Carta
de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, a cuyo efecto dispone la propia
Carta que será regularmente informado por el Gobierno y los Órganos del Estado
e Instituciones públicas a los que se solicite la información, añadiendo que la
memoria anual elevada por el Consejo General del Poder Judicial a las Cortes
Generales incluirá una referencia específica y suficientemente detallada a las
quejas, reclamaciones y sugerencias formuladas por los ciudadanos sobre el
funcionamiento de la Administración de Justicia.
Por fin, no ha de olvidarse en este Plan de Transparencia
que la cooperación judicial internacional constituye en la actualidad un
instrumento indispensable para la eficacia de la Justicia. La existencia de
información fiable y detallada acerca de la Administración de Justicia
facilitará la respuesta a las demandas solicitadas para las evaluaciones
internacionales que puedan realizar las instituciones de la Unión Europea, el
Consejo de Europa u otras organizaciones internacionales.
Por otro lado, la progresiva eliminación de fronteras en el
seno de la Unión Europea, la creación de un Espacio Judicial Europeo y la
consolidación de una delincuencia organizada de carácter transnacional
convierten al auxilio entre autoridades en herramienta indispensable para la
lucha contra la delincuencia y para la protección de los derechos de los más
necesitados, como sucede en los casos de reclamación internacional de alimentos
o en los supuestos de secuestro de menores. Todo ello implica un crecimiento importante
de las demandas recibidas de las autoridades judiciales europeas. Para la
correcta ejecución de estas solicitudes de auxilio judicial, y para poder
informar correctamente al país solicitante del estado de ejecución de tal
solicitud es preciso que los datos que suministren las aplicaciones de gestión
procesal de las oficinas judiciales españolas respondan a la realidad. Una
correcta gestión de los datos suministrados por la Estadística Judicial
permitirá a España contribuir de forma más eficaz cuando deba tomar parte en
reuniones internacionales de coordinación en materias jurídicas específicas.
V. Información útil para el desarrollo del Plan de
Se indican a continuación todos los datos de carácter
general y relativos a cada órgano judicial cuya recogida y publicación se
considera útil para cumplir con las finalidades y objetivos del presente Plan
de Transparencia Judicial. Corresponderá a la Comisión Nacional de Estadística
Judicial la inclusión de tales datos en los planes estadísticos, generales y
especiales, de la Administración de Justicia, así como la determinación de los
plazos y modos en que deberá implantarse la obligación de recogida y transmisión
de dichos datos.
Datos de carácter general.-Todos estos datos se reflejarán,
en cuanto sea posible, con indicadores generales a nivel estatal, de Comunidad
Autónoma, provincial y de partido judicial, midiendo, cuando así proceda, la
distribución de los indicadores por género.
1. Datos sociales y económicos significativos. 1.1
1.2 Población ocupada. 1.3 Variación de población. 1.4
Porcentaje de paro sobre población. 1.5 Nivel económico. 1.6 Cuota de mercado. 1.7 Actividades industriales.
1.8 Actividades comerciales mayoristas. 1.9
Actividades comerciales minoristas. 1.10 Índice industrial. 1.11 Índice
comercial. 1.12 Índice turístico.
1.13 Índice de actividad económica. 1.14
Renta disponible. 1.15 Producto Interior Bruto. 1.16 Estadísticas oficiales
publicadas por el Banco de España.
Se considera que estos datos podrían ser útiles para la
determinación de estudios externos económicos o sociales que enmarquen la
actividad judicial o las actividades relacionadas con la Administración de Justicia.
De hecho, son una de las pocas «ventanas al exterior» de datos disponibles
fuera de la «función Justicia» que permitirían poder establecer conclusiones y
realizar análisis en profundidad sobre determinados parámetros relacionados con
la Administración de Justicia en un entorno socioeconómico dado.
Son de destacar determinados índices que no son frecuentes
de encontrar, como el de nivel económico, cuota de mercado o renta disponible,
pero que resultarán especialmente interesantes al analizar estadísticas de
procedimientos judiciales o de actividad judicial. El acceso de modo directo a
las estadísticas oficiales del Banco de España, evitará al ciudadano, al
especialista universitario o profesional y a los gestores públicos la
dispersión de la información, que se podrá así localizar de un modo cómodo y
ágil. La medición y publicación de todos estos parámetros tiene valor en el
entorno de otros datos que a su vez se reflejen en el Plan de Transparencia
Judicial. 2. Gasto público.
2.1 Número de empleados y evolución en la Administración
2.2 Número de empleados y evolución en el Ministerio de
Justicia. 2.3 Número de empleados y evolución en la Administración de Justicia. 2.4 Presupuestos Generales del Estado. Datos por Ministerios y Centros
Gestores. 2.5 Presupuestos del Ministerio de Justicia.
2.6 Libro amarillo de Presupuestos. Compromisos del
Presupuestos del Consejo General del Poder Judicial. 2.9 Presupuestos
destinados a la función Justicia en España. 2.10 Cifra y fecha de los traspasos
realizados a las Comunidades Autónomas en materia de Justicia. 2.11 Datos
económicos de otros países del entorno Unión Europea. 2.12 Consultas dinámicas
de gastos del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas asociados
al funcionamiento de la Administración de Justicia y a los Servicios Centrales:
Gastos de personal. Altos cargos.
Funcionarios. Personal laboral. Otro personal. Gratificaciones.
Gastos corrientes -se detallarán gastos en vigilancia y
seguridad, limpieza, peritaciones, servicios, y en general todo el detalle de
gastos corrientes asociados al funcionamiento de la Administración de Justicia.
Aportaciones a las Comunidades Autónomas. Otras
Gastos de inversiones -Obras y Patrimonio, Nuevas
Tecnologías y Otros.
2.13 Contratos del Ministerio de Justicia para la
2.14 Salarios de tramitación. 2.15 Expedientes de
responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de la Administración de
Justicia. 2.16 Gasto público en cada orden jurisdiccional.
Son varios los objetivos de la medición y transparencia de
estos datos. En primer lugar, ofrecer información sólida y en tiempo lo más
real o actualizado posible -por ejemplo, para la ejecución presupuestaria o
para los contratos que se están licitando en cada momento-. En segundo lugar,
ofrecer a quien realice la consulta el hecho de que ésta sea dinámica y se
pueda crear a medida, pues son muchos los datos cuando la información que se
desea a veces puede ser simple. En tercer lugar, brindar la posibilidad de
establecer comparaciones entre el Ministerio de Justicia y otros organismos o entornos
públicos. Todo ello con el mayor respeto y control por la protección de datos
Se trata de que el ciudadano pueda conocer actualizadamente
el número de personas que la Administración dedica a la función justicia en
cada momento, viendo su progresión en número y categorías, y conociendo
detalladamente el gasto que supone la función justicia para cada uno de los
Presupuestos, ya sean del Estado, de las Comunidades Autónomas u otros
relacionados. El ciudadano podrá analizar cada año cuáles son los principales
objetivos de las políticas de gasto -libro amarillo- y ver si el grado de
ejecución del mismo satisface las expectativas inicialmente previstas. Estos
son datos que tradicionalmente la Administración no ha venido ofreciendo y que
pueden constituir un elemento diferenciador notable en el Plan de Transparencia
Judicial. Se puede identificar con estos parámetros quién es la Administración
competente para cada situación o gasto, de modo que el ciudadano no demande
información a los órganos que no son adecuados. También es pública la
comparación de los datos económicos que se manejan en cada Comunidad Autónoma,
en el propio Ministerio e incluso en otros países, de modo que el ciudadano
puede analizar por sí mismo la aplicación por cada Administración de los
recursos que ha obtenido. En un mayor detalle, sería posible conocer a un nivel
de gasto pormenorizado, cuánto gasta cada una de las Administraciones en cada
partida que pueda ser especialmente interesante: en el abono de las nóminas a
un determinado colectivo, en los gastos corrientes -luz, agua, teléfono-,
vigilancia, limpieza, en gastos de peritación, traducción o servicios, en
indemnizaciones y dietas. Así mismo sería posible conocer el gasto en materia
informática, el coste de cada uno de los proyectos, las principales obras que
se están llevando a cabo y la previsión o duración de las mismas. Finalmente,
es un dato fundamental aportar de un modo transparente la información que pueda
ser publicitada sobre los contratos que se estén llevando a cabo. En el Plan de
Transparencia Judicial se considera que este grupo de datos representan un
elemento trascendental, siendo uno de los ejes sobre los que ha de pivotar el
mismo, ya que cualquier elemento que se haga público sin hacer público a su vez
los gastos y presupuestos que lo respaldan no ofrecerá ningún avance
significativo sobre lo que hasta ahora ya se conoce. 3. Ingresos por tasas
3.2 Tasas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 3.3 Tasas recaudadas territorializadamente. 3.4 Otras tasas asociadas al
funcionamiento de la Administración de Justicia y a los Servicios Centrales del
3.5 Comparación evolución de la recaudación por tasas
judiciales de otras tasas recaudadas por el Estado y/o las Comunidades
El artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, reintrodujo las tasas en
la Administración de Justicia a partir del 1 de abril de 2003, en los órdenes
jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo y para determinado tipo de
Se trata de información útil para abogados, procuradores y
gestores públicos, que puede denotar el funcionamiento de la Administración de
Justicia en determinados ámbitos. Es posible efectuar un seguimiento a los
órdenes jurisdiccionales que más tasas generan, a la cuantía de las mismas y a
su distribución territorial, pudiéndose analizar también la evolución de las
tasas judiciales y su comparación con otras tasas. 4. Datos económicos de
4.2 Cuentas expediente en cada órgano judicial y por órdenes
jurisdiccionales y en cada fiscalía:
Número de ingresos. Número de reintegros. Número de
transferencias a la cuenta especial «Fondos Provisionalmente Abandonados».
4.3 Duración media de los procesos relacionados con las cuentas
expediente -desde el primer ingreso hasta la orden del último mandamiento de
4.4 Ingresos por multas -distinguiendo por tipos de multas
más significativas, en especial las penas de multa y las multas coercitivas.
4.5 Ingresos por delitos relacionados con el narcotráfico. 4.6 Ingresos por
intereses de las cuentas de consignaciones y depósitos judiciales:
Cantidades que generan crédito en el Presupuesto del
Ministerio de Justicia. Cantidades que generan crédito en el Plan Nacional
Las cuentas de consignaciones judiciales se pueden
constituir en uno de los mejores reflejos del funcionamiento intrínseco de la
Administración de Justicia. En efecto, toda la actividad económica que se
genera en relación con cualquier expediente en la Administración de Justicia y
provoca ingresos y pagos en las oficinas judiciales ha de tramitarse a través
de las cuentas de consignaciones y depósitos judiciales, cuya gestión inmediata
corresponde a los secretarios judiciales.
Parece fundamental proporcionar información sobre los
importes que se manejan en dichas cuentas, los expedientes abiertos, el estado
de dichos expedientes y la duración media de los mismos. Cualquier medida
legislativa nueva es posible que tenga un reflejo fiel en las cuentas
asociadas. Así pasó, por ejemplo, a la entrada en vigor de la Ley de
Enjuiciamiento Civil 1/2000. Se permitirá ver qué órdenes jurisdiccionales
tienen más expedientes económicos abiertos, dónde existen más atascos o dónde se
resuelve con más celeridad. Finalmente, y de acuerdo a la normativa actualmente
en vigor, la gestión de estas cuentas se realiza a través de una entidad
bancaria mediante contrato licitado públicamente y renovable cada cierto
período de tiempo. Los intereses que a estos saldos aporta la entidad bancaria
son susceptibles en una parte de generar crédito en el presupuesto de gastos
del Ministerio de Justicia -de modo directo-, mientras que otra parte se
ingresa directamente en el Tesoro Público, datos que actualizadamente habrán de
reflejarse por disposición del Plan de Transparencia que nos ocupa. 5.
Retribuciones. Clases o componentes. Legislación aplicable.
5.2 Fiscales. 5.3 Secretarios judiciales. 5.4 Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa. 5.5 Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa. 5.6 Cuerpo de Auxilio Judicial. 5.7 Médicos forenses.
Facultativos Instituto Nacional Toxicología y Ciencias Forenses. 5.9 Resto del
personal del INTCF e Institutos de Medicina Legal. 5.10 Jueces de Paz. 5.11
Secretarios de Paz. 5.12 Personal laboral. 5.13 Otro personal contratado.
Se ofrecerían los datos según la legislación que configura
las retribuciones del personal de la Administración de Justicia, aliviando las
dudas y llamadas que suelen surgir a la hora de percibir sus retribuciones en
nómina los propios interesados, pero, lo que es más importante, ofreciendo
información pública de cómo están regulados los salarios de colectivos tan
importantes como los que se indican más arriba.
Los datos señalarán las retribuciones fijas -básicas o
complementarias-, las retribuciones variables y las retribuciones especiales de
cada una de las categorías antes enumeradas. Así, se podrá conocer que se trata
de una Administración con sistemas de retribución que incluyen planes concretos
de actuación o retribuciones variables, y se podrán comparar las retribuciones
que se abonan en la Administración de Justicia con las de otras
administraciones públicas o entidades privadas. Dentro del personal laboral o
contratado ofrecerán particular interés social los datos relativos al personal
de los Equipos Técnicos de Menores y de las Unidades de Atención Psicosocial
-psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales. 6. Gasto privado.
6.3 Pagos a Graduados Sociales o Diplomados en Relaciones
6.4 Pagos a peritos. 6.5 Distribución de los honorarios por
órdenes jurisdiccionales. 6.6 Distribución de los honorarios por tipos de
Los indicadores que se recogen en este apartado tienen como
objetivo conocer de manera aproximada cuál es el componente de gasto que supone
para el ciudadano particular o para las empresas acudir a la justicia.
Evidentemente resultará difícil que los datos recogidos sean reales, dada la
libertad de honorarios existente en los pagos a estos profesionales, pero sí se
pretende recoger al menos los datos que resulten de las tarifas orientadoras de
los Colegios profesionales. Ello permitirá, al menos, una aproximación al dato
real que puede ser de gran utilidad en la evaluación general del coste de la
justicia. Se han excluido de este epígrafe los datos referidos a justicia
gratuita, que aparecen especialmente consignados en el apartado 9 de este
Los indicadores 6.5 y 6.6 permitirán conocer cuál es el
orden jurisdiccional más costoso para el litigante y los costes de cada uno de
los tipos de procedimiento dentro de cada orden jurisdiccional.
7. Oficinas de
información a los ciudadanos en materia de Justicia.
7.2 Oficinas de Ayuntamientos. 7.3 Oficinas del Consejo
General del Poder Judicial. 7.4 Oficinas de Colegios profesionales. 7.5
Servicios de Orientación Jurídica. 7.6 Oficinas de Asistencia a las Víctimas. 7.7 Oficinas de Organizaciones no Gubernamentales.
En la actualidad son varios los medios que se están
utilizando para dar información u orientación a los ciudadanos respecto a la
justicia en general o respecto a su problema legal en particular. Los
indicadores recogidos en este epígrafe pretenden sistematizar la información
dispersa y determinar cuántas y cuáles son las unidades en donde se desarrolla
esta actividad, con el objetivo añadido de lograr una mayor coordinación entre
ellas y una mejor planificación en su constitución. Una vez establecido un mapa
de Oficinas de Atención de carácter general, se iría al análisis y publicación
de la información facilitada por cada una de ellas, para obtener datos como:
número de consultas evacuadas, contenido de éstas, perfil del solicitante
-sexo, edad, nivel socioeconómico-, materia sobre la que versó la consulta,
datos a los que se podrían ir añadiendo otros según el tipo de explotación que
se pretenda realizar y el contenido de los planes estadísticos, generales y
especiales, de la Administración de Justicia que pueda establecer la Comisión
Nacional de Estadística Judicial.
Particular atención habrá de prestarse a lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, que regula el derecho a la asistencia social integral y
crea los Servicios de Atención, Emergencia, Apoyo y Recuperación Integral, lo
que supone una atención multidisciplinar cuya primera función es la de
proporcionar información a las víctimas. 8. Profesiones jurídicas. Colegios
profesionales. Especialidades. Indicadores a añadir a los generales: por número
de habitantes y por demarcaciones generales.
8.2 Procuradores. 8.3 Graduados Sociales o Diplomados en
Relaciones Laborales. 8.4 Notarios. 8.5 Registradores de la Propiedad. 8.6
Número de cada uno de estos profesionales por número de habitantes.
El conocimiento de todos estos indicadores proporcionará
elementos que permitan acercarse a la realidad de la justicia en nuestro país.
La justicia no está atendida sólo por jueces, fiscales y otros funcionarios a
su servicio. Existen además otros operadores jurídicos directamente
relacionados con la Administración de Justicia, cuyos datos habrán de medirse y
proporcionarse en el Plan de Transparencia para llegar a conocer con exactitud
el número de cada uno de estos profesionales, las ciudades en las que prestan
sus servicios, su tiempo de ejercicio profesional, las especialidades de cada
uno de ellos, el Colegio profesional al que pertenecen y, en consecuencia, los
partidos judiciales en los que actúan.
Particularmente significativo resultará el conocimiento de
las condiciones y cursos de especialización que exijan los Colegios de Abogados
para el ejercicio del turno de oficio en aras a asegurar una formación
específica que contribuya a la defensa eficaz de los ciudadanos en las
siguientes materias, entre otras: violencia de género, juicios por Jurado,
asistencia a menores, extranjería y derecho constitucional. 9. Asistencia
9.4 Resoluciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita concediendo el derecho.
9.5 Resoluciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita denegando el derecho.
9.7 Resultado de los recursos. 9.8 Clase de asistencia
Asistencia de abogado al detenido o preso. Defensa y
representación gratuitas en procedimiento judicial.
Identificación social y económica del reclamante de justicia
El conocimiento de los datos recogidos en este epígrafe
resulta de gran interés, por cuanto el número de solicitudes de asistencia
jurídica gratuita va aumentando paulatinamente y seguirá haciéndolo en el
futuro, por el crecimiento del indicador público de renta de efectos múltiples.
La transparencia de la situación de la asistencia jurídica
gratuita en España servirá para dar cuantos pasos sean necesarios para la
protección de los ciudadanos más desfavorecidos que necesiten acceder a la
tutela judicial para ver realizadas sus legítimas pretensiones o defendidos sus
derechos, pero también para adoptar cuantas medidas y mecanismos de control
resulten precisos a fin de garantizar el adecuado destino de los fondos
públicos asignados a este servicio, de modo que no se beneficien de estos
fondos quienes no precisen realmente de asistencia alguna. 10. Centros de
enseñanza. Número de estudiantes ingresados en el período. Número de
licenciados en el mismo período. Estudios de grado y de postgrado. Centros
10.1 Ciencias Sociales o Jurídicas. Primer ciclo. Gestión y
Administración Públicas. Ciencias Empresariales.
Relaciones Laborales. Graduado Social. Otras Ciencias
Sociales y Jurídicas de ciclo corto.
Derecho. Criminología. Ciencias Políticas y Sociales. Ciencias
Políticas. Ciencias Políticas y de la Administración. Ciencias del Trabajo. Ciencias
Empresariales. Ciencias Económicas y Empresariales. Derecho Hispano Francés.
Maestros. Otras Ciencias Sociales y Jurídicas.
10.3 Estudios de masters y doctorado. En este apartado del
Plan de Transparencia Judicial el tratamiento de los datos consignados
trasciende de lo meramente estadístico, ya que pueden extraerse conclusiones de
orden sociológico. Es importante conocer las tendencias numéricas de los
estudios universitarios, con un primer desglose entre alumnos hombres y
mujeres, para continuar con el conocimiento de las ratios existentes entre los
que inician sus estudios y los que los finalizan por Comunidades Autónomas y
universidades, distinguiendo entre universidades públicas y privadas y entre
carreras de ciclo largo y ciclo corto, para posteriormente descender al detalle
de los estudiantes que optan por las Ciencias Sociales y Jurídicas y dentro de
éstas las más directamente relacionadas con el mundo del Derecho. De estos
datos pueden extraerse conclusiones sociológicas y conocer las razones y la
forma en que evoluciona el número de hombres y mujeres que se acercan a estos
estudios, y cuál es el origen de las oscilaciones, por Comunidades Autónomas,
universidades, ciclos, centros. También las conclusiones han de ser
contempladas desde la óptica de la revisión de los planes de estudio y creación
de nuevas especialidades que habiliten de una manera más eficiente y singular
el acceso de los jóvenes a profesiones centradas en la Administración de
11. Organización territorial de la Administración de
Municipios que lo integran. Población. Sedes judiciales.
Órganos judiciales, localización, distribución y superficie
de las oficinas y servicios, así como condiciones de accesibilidad. Inversión
realizada en el último ejercicio: obras, instalaciones, suministros,
Volumen y clase de litigiosidad, identificando la
procedencia territorial de los litigios. Evolución de las cargas de trabajo.
Agrupaciones de Secretarías. Sedes de las Agrupaciones de
Secretarías. Personal al servicio de la Administración de Justicia. Otro
personal idóneo. Subvenciones a Ayuntamientos por gastos de funcionamiento de
los Juzgados de Paz. Funciones que se llevan a cabo en cada uno de ellos.
Localización, distribución y superficie de la oficina y
condiciones de accesibilidad. Distancia de cada una de ellas a las sedes
judiciales. Partidos judiciales a los que sirven. Adscripciones permanentes, en
Delegaciones de las Clínicas Médico Forenses existentes en
cada Instituto de Medicina Legal. Número de intervenciones realizadas.
Lesionados atendidos. Exámenes en incapacidades e
internamientos. Juicios rápidos. Otras comparecencias en sede judicial.
11.6 Organización de la medicina forense en los partidos
judiciales en los que no hay Instituto de Medicina Legal.
Número de análisis realizados y consultas evacuadas. Órgano
y procedimiento para los que se realizan. Clases de análisis realizados y
consultas evacuadas. Información toxicológica facilitada a autoridades,
hospitales y centros sanitarios o ciudadanos.
El conocimiento de los datos que se reseñan en este apartado
es decisivo para poder llevar a cabo una correcta política en materia de
demarcación y planta judicial, tendente a conseguir una estructura judicial
cualitativa y cuantitativamente óptima, que pueda combinar el acercamiento de
la justicia al ciudadano en los casos en que éste deba primarse con la adecuada
concentración de órganos judiciales y servicios comunes en determinados
partidos judiciales que permita la prestación de un servicio de calidad.
Servirá igualmente para planificar de modo correcto la creación de
destacamentos o adscripciones permanentes de las Fiscalías en aquellos lugares
en que sea necesario para que el Ministerio Fiscal se encuentre en condiciones
de cumplir de modo efectivo y pronto las funciones que la Constitución y las
leyes le atribuyen.
Interesa también el conocimiento de los datos relativos a
los Juzgados de Paz y muy esencialmente el que atañe a las funciones que se
llevan a cabo en unos y otros, habida cuenta que es sabido que no todos estos
órganos del primer escalón de la estructura judicial del Estado desempeñan las
mismas tareas. El trabajo especializado de los Institutos de Medicina Legal
podrá ser debidamente racionalizado si se conocen con exactitud todos los datos
relativos a sus intervenciones, como idénticamente ocurrirá con el Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 12. Medios personales. Titulares y
12.1 Jueces y Magistrados. Procedencia o vía de acceso a la
Especialización. Titulaciones adicionales. Conocimiento de
lenguas cooficiales y del derecho propio de las Comunidades Autónomas que lo
tengan. Tiempo de permanencia en la carrera judicial. Edad.
De acceso a la carrera judicial. De acceso a la categoría de
Magistrado. Promedio general de edad. Promedio de edad en los distintos niveles
En las promociones sucesivas. En los distintos órdenes
jurisdiccionales. En las distintas instancias. Según las procedencias o vías de
acceso a la carrera judicial.
Servicios especiales. Excedencia voluntaria por cuidado de
familiares. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
Excedencia voluntaria por interés particular. Excedencia por desempeño de
cargos políticos o de confianza. Suspensión de funciones.
Titulaciones adicionales. Conocimiento de lenguas
cooficiales y del derecho propios de las Comunidades Autónomas que lo tengan.
Tiempo de permanencia en la carrera fiscal. Especialización. Edad.
De acceso a la carrera fiscal. De acceso a la categoría de
Fiscal. Promedio general de edad. Promedio de edad en los distintos niveles de
En las promociones sucesivas. En las distintas
especializaciones. En las distintas categorías. En las distintas instancias.
familiares. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector
público. Excedencia voluntaria por interés particular. Excedencia por desempeño
de cargos políticos o de confianza. Suspensión de funciones.
De acceso al Cuerpo. Promedio general de edad. Promedio de
edad en las distintas categorías del Cuerpo.
En las promociones sucesivas. En las distintas instancias.
12.4 Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y
Conocimiento de lenguas cooficiales y del derecho propios de
las Comunidades Autónomas que lo tengan. Tiempo de permanencia en el Cuerpo.
De acceso al Cuerpo. Promedio general de edad.
público. Excedencia voluntaria por interés particular. Excedencia voluntaria
por agrupación familiar. Suspensión de funciones.
12.5 Funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y
cooficiales de las Comunidades Autónomas que lo tengan. Tiempo de permanencia
en el Cuerpo. Edad.
12.8 Funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Titulaciones adicionales. Conocimiento de lenguas cooficiales
de las Comunidades Autónomas que lo tengan. Tiempo de permanencia en el Cuerpo.
12.9 Personal laboral al servicio de la Administración de
Área funcional de Administración. Titulados Superiores de
Titulados Medios de Administración. Técnicos Superiores de
Administración. Técnicos de Administración. Oficiales de Administración.
Técnicos Superiores de Actividades Técnicas, Mantenimiento y
Oficiales de Mantenimiento y Oficios. Auxiliares de Mantenimiento y Oficios.
Técnicos de Servicios Generales. Auxiliares de Servicios
Generales. Ayudantes de Servicios Generales. Ordenanzas. Operarios de Limpieza.
Titulados Medios Sanitarios y Asistenciales. Auxiliares
Sanitarios y Asistenciales.
Contrataciones externas. En este epígrafe deben incluirse
todos los indicadores referidos a los profesionales «internos». Son datos
válidos para todos los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia,
así como para Jueces y Magistrados, Fiscales y Secretarios Judiciales. Interesa
además conocer el número de cada uno de ellos existente por partido judicial,
provincia, comunidad autónoma y a nivel estatal, debiendo igualmente obtenerse
los mismos datos por cada 100.000 habitantes, lo que permitirá comparar estas
ratios entre sí y con las de otros países de nuestro entorno. La comparación interna
de los datos, puesta en relación con el nivel de litigiosidad por el mismo
número de habitantes, permitirá destacar los partidos judiciales, provincias o
comunidades autónomas menos favorecidos, para tratar de corregir eventuales
En cuanto a los funcionarios titulares de los Cuerpos
Generales y Especiales al Servicio de la Administración de Justicia,
especialmente aquéllos que no requieren para su acceso titulaciones
universitarias o formación de grado superior, será de mucha utilidad poder
distinguir quiénes tienen estas titulaciones o tal nivel de formación superior
al exigido para el ingreso en el Cuerpo correspondiente, no sólo para averiguar
el grado de formación teórica de estos funcionarios, sino también para saber quiénes
estarían en condiciones de hacer sustituciones entre diversos Cuerpos,
sustituciones que permiten respuestas ágiles y eficaces en muchos casos. Por
último, y respecto al personal laboral, aunque la obtención de datos puede ser
más dificultosa por cuanto no tienen un marco idéntico de regulación en el
ámbito del Ministerio de Justicia y en el de las Comunidades Autónomas con
competencias asumidas, es interesante cuantificar su número por áreas
funcionales y ámbito territorial, comparándolo entre sí y con la contratación
externa que completa la labor de estos profesionales, para conseguir mayor
especialización en algunos casos y economía de recursos en otros. 13.
Organización y medios de los juzgados y tribunales.
13.1 Oficina judicial. Partidos judiciales en los que no se
haya implantado el nuevo diseño de Oficina judicial establecido en la Ley
Orgánica 19/2003.
Partidos judiciales en los que se haya implantado el nuevo
diseño de Oficina judicial.
13.2 Unidades Procesales de Apoyo Directo por cada uno de
los órdenes jurisdiccionales.
Número de Jueces y Magistrados. Número de Secretarios
judiciales. Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
Funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Funcionarios
del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Número de Secretarios judiciales destinados en cada uno de
ellos. Número de funcionarios de cada uno de los Cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia destinados en dichos Servicios Comunes Procesales.
Centros del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Mutualidad
General Judicial. Oficina judicial de apoyo a Juzgados de Paz de más de 7.000
habitantes. Oficina judicial de apoyo a Juzgados de Paz de menos de 7.000
habitantes dotados de plantilla funcionarial en razón de su carga de trabajo.
Clases de Unidades Administrativas u Oficinas comunes de
apoyo. Forma de integración en la Administración Pública de que se trate.
Ámbito de actuación. Dependencia jerárquica. Relación de sus puestos de
Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de
Funcionarios de la Administración del Estado. Funcionarios
Dotación de créditos para su funcionamiento. 13.6 Medios
Software: aplicaciones informáticas estándar y específicas. Sistemas de
comunicaciones: redes LAN y WAN. Equipos de videoconferencia. Equipos de
digitalización de vistas orales.
13.7 Fiscalías y medios personales y técnicos con que cuenta
Abogados Fiscales. Adscripciones permanentes, en su caso.
Funcionarios que prestan sus servicios en las Fiscalías. Mobiliario y
maquinaria. Hardware: ordenadores personales, impresoras, servidores. Software:
aplicaciones informáticas estándar y específicas. Sistemas de comunicaciones:
redes LAN y WAN. Equipos de videoconferencia.
Se trata en este apartado de medir y dar a conocer datos
indicadores del despliegue de la nueva Oficina judicial en todo el territorio,
así como de la configuración definitiva de la misma a partir de las dotaciones
básicas de las Unidades Procesales de Apoyo Directo determinadas por el
Ministerio de Justicia, de la dotación complementaria que de ellas haya podido
realizar cada Administración pública gestora del servicio en sus respectivos
ámbitos competenciales y de la creación y organización de Servicios Comunes
Procesales igualmente en cada uno de dichos ámbitos. Se recogerá también la
información relativa a las Unidades Administrativas, para conocer el modo en
que se ordenan y gestionan los recursos humanos de la Administración de
Justicia y sus medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios
La puesta en relación de estos datos con los relativos a las
cargas de trabajo y resolución que se indican en el apartado 19 de este Plan
permitirá la realización de estudios comparativos de eficiencia de la Oficina
judicial según el grado de desarrollo de su nuevo diseño. En lo que se refiere
a los medios materiales de la Administración de Justicia, deberá establecerse
un mecanismo de actualización del inventario, de modo que se proporcione una
información viva y actualizada constantemente, único modo de dar credibilidad y
solidez a la información que se facilite y que ha de servir para conocer en
todo momento las posibilidades reales de que dispone la Administración de
Justicia en cada uno de sus partidos judiciales y también sus carencias, para
tratar de subsanarlas allí donde sea necesario. 14. Datos del sistema policial.
14.1 Número y clase de efectivos personales, con especial
indicación de los adscritos a las Unidades de la Policía Judicial.
Guardia Civil. Policías de las Comunidades Autónomas.
14.4 Dotación presupuestaria. 14.5 Casos de los que se ha
conocido. Distribución territorial y por tipo de delitos o faltas. 14.6 Casos
resueltos. Distribución territorial y por tipo de delitos o faltas. 14.7 Casos
de los que han conocido y que han resuelto las Unidades especiales de los
distintos Cuerpos.
Unidad Central de Investigación de la Delincuencia en
Tecnologías de la Información del Cuerpo Nacional de Policía.
SEPRONA -Guardia Civil- y N.B.Q. Protección ambiental
-Cuerpo Nacional de Policía. TEDAX, Grupos Operativos de Desactivación de
Explosivos. Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía. Servicios de
Criminalística, Identificación, Analítica e Investigación Técnica y Unidad
Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil. Unidades Especializadas en la
Prevención de la Violencia de Género y en el Control de la Ejecución de las
Medidas Judiciales Adoptadas. Equipos de atención especializada a menores y
mujeres: GRUME y EMUME.
Las nuevas formas de delincuencia suponen un reto para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y para la respuesta que se da desde la
Administración de Justicia. Para afrontar este reto es preciso lograr que las
Unidades Especializadas de los distintos Cuerpos y Fuerzas sean eficaces.
Parece conveniente conocer el número de efectivos y los recursos que se
destinan a estas Unidades y el número de casos resueltos por cada una de ellas,
para concretar si necesitan de una mayor dotación presupuestaria que permita un
aumento de efectivos o de medios materiales con objeto de que coadyuven
eficazmente a la administración de justicia. Esta Unidades investigan, entre
otros, los fraudes cometidos a través de las nuevas tecnologías, las estafas y
fraudes perpetrados a través de Internet, la pornografía infantil, los vertidos
ilegales de tipo industrial o las acciones terroristas en las que se utilicen
agentes no convencionales -radiológicos, químicos, biológicos-. La Policía
Científica del Cuerpo Nacional de Policía se encarga del análisis, estudio y
tratamiento de los elementos probatorios del delito. Entre sus Servicios cuenta
con el Laboratorio Biológico-ADN y el Laboratorio Químico-Tóxico. También
cuenta con los servicios de Dactiloscopia, Antropología, Balística Forense,
Acústica Forense y Documentoscopia. Por su parte, la Guardia Civil cuenta con
los Servicios especiales de Criminalística, Identificación, Analítica e
Investigación Técnica y con una Unidad Técnica de Policía Judicial. La escasez
de efectivos hace que las causas, incluso las causas con preso preventivo, se
demoren en muchas ocasiones por la tardanza en la elaboración de los informes.
A la escasez de efectivos se une el hecho de que quienes elaboran los informes
deben acudir a juicio a fin de ratificarlos y/o ampliarlos, lo que supone el
empleo de tiempo durante muchos días al año, lo que podría evitarse con un buen
conocimiento estadístico de todos estos pormenores y con la utilización, cuando
el caso concreto lo permita, de los sistemas de videoconferencia existentes en
algunas sedes judiciales.
El artículo 29 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género prevé la creación de Unidades
Especializadas en la Prevención de la Violencia de Género y en el Control de la
Ejecución de las Medidas Judiciales Adoptadas, tanto dentro de las Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad del Estado como en las Policías de las Comunidades
Autónomas, Unidades que deberán tener carácter integral. Para el seguimiento de
la aplicación de los preceptos de la Ley es conveniente un control riguroso de
la eficacia de tales Unidades. 15 Datos del sistema penitenciario, de ejecución
de penas, de cumplimiento de medidas judiciales en materia de menores y de
15.1 Número y clase de efectivos personales. Categorías
15.3 Distribución territorial. 15.4 Dotación presupuestaria.
Tipo de acusación. Condenas definitivas. Nacional o
extranjero y, en su caso, país de origen.
Edad. Sexo. Nivel de estudios. Estado civil. Situación
laboral. Número de hijos. Delito cometido. Condena impuesta. Menores de tres
años que acompañan a las internas. Reincidencia, en general y con respecto a
delitos específicos. Población penada sometida a tratamientos de deshabituación
a drogas tóxicas o a tratamientos psicológicos o psiquiátricos.
15.7 Convenios con la Administración y entidades públicas en
materia de ejecución de penas, medidas de seguridad y medidas educativas.
15.8 Cumplimiento de medidas judiciales impuestas a los
Centros de internamiento de cumplimiento de medidas
judiciales. Régimen cerrado.
Régimen semiabierto. Régimen abierto.
Tipo delictivo. Duración de la medida. Situación familiar.
Escolarización. Nacional o extranjero y, en su caso, país de origen.
Número de menores en situación de guarda legal por la
Comunidad Autónoma correspondiente. Porcentaje de menores que pasan de
situación de desamparo a situación de reforma.
Parece conveniente conocer el número de Equipos Técnicos en
cada centro penitenciario, el número y titulación de los profesionales que
forman parte de ellos, y la ratio internos/ Equipo Técnico. Los Equipos son
quienes elaboran el «Protocolo de personalidad» de los presos preventivos y de
los penados. Es importante conocer si los Equipos Técnicos son suficientes para
atender a la población reclusa, pues una labor eficaz de aquéllos puede y debe
incidir en la reeducación y reinserción del penado, una vez salga del
La nacionalidad del interno es también un dato fundamental
para las políticas criminales y las políticas en materia de inmigración. Parece
igualmente importante llegar a conocer datos relativos a reincidencia,
particularmente en determinados supuestos -violencia doméstica, delitos contra
la libertad sexual, lesiones-, a fin de poder establecer programas adecuados de
rehabilitación y educación. Entre los establecimientos penitenciarios, cabe
destacar la especialidad de los Centros de Mujeres, ya que el artículo 17 del
Reglamento Penitenciario permite que las internas se encuentren acompañadas de
sus hijos menores de tres años. Conforme a la Instrucción 6/1990 de la Fiscalía
General del Estado, los Centros deben informar periódicamente al Fiscal de las
listas de niños, filiación completa, interna con quien se encuentran, edad,
altas y bajas. Conocer la situación exacta de los menores y la fecha en que
cumplirán tres años permitirá prever si el menor puede quedar al salir del
Centro en situación de desamparo, y poner en marcha los mecanismos de
coordinación con las otras Administraciones Públicas a fin de activar los
sistemas de tutela legal. Igualmente, conocer el número de internos sometidos a
tratamientos de deshabituación o a tratamientos psicológicos o psiquiátricos es
indispensable para acometer políticas de prevención respecto de las drogas de
abuso y para activar los mecanismos de asistencia postpenitenciaria. Respecto
de quienes se encuentran sometidos al segundo grupo de tratamientos, tanto por
la peligrosidad que pueden mostrar sin control médico, como porque pueden
encontrarse en situación de desamparo, debe potenciarse, a su salida del
Centro, la coordinación con los órganos judiciales, con el Ministerio Fiscal y
con los Servicios Sociales de las distintas Administraciones implicadas para
adoptar medidas tales como la posible declaración de incapacidad o el
internamiento no voluntario, y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para proteger a quienes hubieran sido víctimas del delito por el que
fueron ingresados en prisión. De otro lado, la protección de los más
necesitados exige, como se expone en la parte general de este Plan, que se
conozca la situación socioeconómica de los menores en situación de desamparo
para lograr que, pese a provenir de familias en buen número de casos
desestructuradas, puedan lograr una correcta educación y evitar así que se
conviertan en menores delincuentes y posteriormente en mayores delincuentes.
16. Quejas, reclamaciones y sugerencias por el funcionamiento de la
16.1 Por el órgano ante el que se formulan. Unidad de
Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial.
Servicio de Inspección del Consejo General del Poder
Judicial. Secretarías de Gobierno. Salas de Gobierno de Juzgados y Tribunales y
otros órganos de gobierno. Defensor del Pueblo, Defensores en las Comunidades
Autónomas y Defensor del Menor.
Servicios comunes procesales. Unidades Administrativas.
Centros penitenciarios. Centros de menores, tanto de protección como de
reforma. Organismos estatales o autonómicos relacionados con la Administración
de Justicia. Colegios de Abogados o sus colegiados. Colegios de Procuradores o
sus colegiados. Colegios de Graduados Sociales o sus colegiados. Institutos de
Medicina Legal o Clínicas Médico-Forenses. Fiscalías. Quejas genéricas. Otros.
Abogados. Procuradores. Graduados sociales. Funcionarios. Colectivos,
asociaciones, organizaciones. Organismos públicos. Órganos judiciales. Servicio
de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
Expedientes disciplinarios. Recomendaciones del Defensor del
Pueblo. Adopción de medidas por las Administraciones competentes.
16.5 Expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal
Órganos judiciales que tramitaron los procesos en que se
hayan devengado estos salarios.
El conocimiento del número y motivo de las quejas que los
ciudadanos realizan sobre la Administración de Justicia permitirá evaluar
también por este medio la calidad de la justicia en nuestro país, detectar los
fallos que se estén cometiendo con más persistencia y arbitrar las soluciones
La transparencia de estos datos contribuirá además a mejorar
la credibilidad de la Administración de Justicia y, por tanto, su mayor
legitimidad social, y así mismo permitirá a las distintas Administraciones
responsables contar con los elementos de juicio necesarios para acometer las
reformas que exija la veracidad de las reclamaciones planteadas por los
ciudadanos. Es de esperar que sirva también a los distintos profesionales que
trabajan en la Administración de Justicia para aspirar a la excelencia en el
desempeño de su profesión y evitar que las Oficinas judiciales en las que
trabajan aparezcan como objeto reiterado de quejas por parte de los usuarios.
La identificación del resultado de las diligencias informativas y, en su caso,
expedientes disciplinarios que traigan causa en las quejas de los usuarios
servirá para que los ciudadanos constaten que la responsabilidad, exigible a
todas las Administraciones Públicas, es real y efectiva en la Administración de
Datos concretos de cada Órgano Jurisdiccional o
Fiscalía.-Los datos que aquí se indican se recogerán por cada uno de los
órganos jurisdiccionales o fiscalías y se agregarán después para ofrecerlos a
nivel de partido judicial, provincia, Comunidad Autónoma y Estado, midiendo,
cuando así proceda, la distribución de los indicadores por género.
Atienden todos ellos a dar a conocer con el mayor detalle
posible la realidad exacta de la Administración de Justicia española: sus
órganos judiciales y fiscalías; los medios personales y materiales con que
cuentan para llevar a cabo su labor; las cargas de trabajo reales de las
Oficinas judiciales y fiscales, las clases de asuntos que ante ellas se
tramitan, la resolución de tales asuntos y su resultado; la agilidad con que se
trabaja en cada una de judiciales aquellas oficinas; el cumplimiento de
objetivos y la productividad alcanzados en todos ellos. De suma importancia
para la correcta gestión de la Administración de Justicia por sus responsables
resultará también el conocimiento exacto del número de sustituciones de Jueces,
Magistrados y Fiscales y otro personal que se producen en los Juzgados y
Tribunales, sus causas, su duración y su coste, lo que permitirá planificar una
política correcta de fomento de las sustituciones entre titulares de los
órganos judiciales y racionalización en el llamamiento de Jueces sustitutos,
Magistrados suplentes y Fiscales sustitutos. Con los mismos criterios de
racionalización y a partir del conocimiento de los datos exactos deberá
afrontarse una correcta política de personal interino o de provisión temporal
en los restantes Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia. De otro lado, el ofrecimiento de datos reales y completos sobre el
movimiento de asuntos especialmente significativos que se tramitan en las
Oficinas judiciales y fiscales españolas permitirá a los poderes públicos
planificar políticas adecuadas no sólo en orden a la planta judicial, sino
también de cara a posibles reformas legislativas y a la implementación de
políticas sociales, educativas y criminológicas que ayuden a la mejor garantía
de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Al
mismo fin servirá el tratamiento y explotación de los datos obtenidos de los
distintos Registros de la Administración de Justicia. Por fin, los indicadores
de calidad de la justicia posibilitarán el conocimiento del nivel adecuado o no
del desempeño judicial y de los índices de satisfacción de los usuarios de la
Administración de Justicia y es deseable que su divulgación sirva igualmente
para el fomento y estímulo de las buenas prácticas, atención y dedicación en el
desempeño de su oficio por parte de todos los intervinientes en los procesos
judiciales. La claridad y expresividad por sí solos de los indicadores que se
relacionan en los siguientes apartados no exige explicación individual de cada
uno de ellos, que se proporcionará sólo en los casos en que resulte
particularmente significativa.
17.3 Creación y constitución. 17.4 Fecha de entrada en
funcionamiento. 17.5 Modificación experimentada, en su caso.
18.1 Jueces y Magistrados. Titulares y sustitutos.
Clases de sustituciones. Duración y causa de la sustitución.
Coste de la sustitución. Jueces Adjuntos. Jueces y Magistrados adscritos en
virtud de lo establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Coste de la sustitución. Fiscales adscritos en virtud de lo establecido en el
artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Clases de sustituciones. Secretarios de provisión temporal.
18.4 Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y
18.5 Funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y
18.8 Miembros de Equipos Técnicos. 18.9 Otros. 18.10 Medios
Salas de Vistas. Mobiliario y maquinaria. Hardware:
ordenadores personales, impresoras, servidores. Software: aplicaciones
informáticas estándar y específicas. Sistemas de comunicaciones: redes LAN y
WAN. Equipos de videoconferencia. Equipos de digitalización de vistas orales.
19.1 Vías previas a la jurisdiccional. Conciliaciones
Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación en materia
laboral. Conciliaciones ante órganos constituidos mediante acuerdos
interprofesionales o convenios colectivos. Reclamaciones
económico-administrativas. Arbitrajes.
19.2 Movimiento de asuntos en los órdenes jurisdiccionales
civil, social y contencioso-administrativo.
Asuntos en que se adoptaron medidas cautelares. Asuntos
resueltos antes de dictar sentencia.
Por caducidad. Por desistimiento. Por renuncia a la acción
ejercitada. Por transacción. Por satisfacción extraprocesal.
Sentencias parcialmente estimatorias. Sentencias
desestimatorias. Sentencias dictadas sin oposición del demandado. Asuntos
terminados por Auto, con el mismo desglose. Asuntos terminados por Decreto.
Procedimientos pendientes de caducidad. Procedimientos
suspendidos por voluntad de las partes. Procedimientos suspendidos por prejudicialidad.
Procedimientos pendientes de dictar resolución final. Recursos devolutivos en
Denunciantes/víctimas: edad, sexo y nacionalidad. Denunciados: edad, sexo y
Litigantes no asistidos de Letrado. Número de asuntos en que
se ejercitan las acciones particular o popular.
Lugar de comisión del delito. Juicios de faltas.
Índice de prescripción de la pena señalada en sentencia
Casos en que se adoptaron medidas cautelares. Sentencias
condenatorias. Sentencias absolutorias. Otros datos de interés.
Grado de autoría. Aplicación de circunstancias eximentes,
completas o incompletas, de anomalía o alteración psíquica, de estado de
intoxicación plena o de alteración en la percepción. Edad del condenado. Sexo
del condenado. Lugar de nacimiento. Situación socioeconómica del condenado
Penas principales y accesorias. Medidas de seguridad. Penas principales
distintas a la de privación de libertad y a la de multa y porcentaje con
relación a éstas.
Procedimientos pendientes de prescripción. Procedimientos
suspendidos por prejudicialidad. Procedimientos pendientes de dictar resolución
final. Recursos devolutivos en tramitación.
19.4 Movimiento de asuntos particularmente significativos en
el orden jurisdiccional penal. Con indicación para cada uno de ellos de: delito
imputado, número de asuntos terminados, duración media del asunto, número de
sentencias condenatorias y número de sentencias absolutorias.
Juicios rápidos. Causas con preso provisional.
Procedimientos de Jurado. Asuntos de Extranjería. Violencia Doméstica.
Número de órdenes de protección solicitadas, acordadas y
Tipo de medida acordada: penal, civil o ambas. Tipo de
procedimiento en que se adoptaron: diligencias urgentes, diligencias previas,
juicio de faltas, sumario, Jurado.
19.5 Movimiento de asuntos particularmente significativos en
Asuntos de familia. Actos de conciliación. Procesos
monitorios. Despachos de auxilio judicial. Conflictos colectivos. Despidos
disciplinarios. Extinciones de contratos por causas objetivas. Asuntos de
Extranjería Instituciones novedosas de reciente introducción procesal en
cualquier orden jurisdiccional.
Resueltas. En trámite. Evolución. Ejecuciones provisionales
y definitivas. Incidentes de oposición.
Sentencias de conformidad en juicio rápido ante el Juzgado
Sentencias total o parcialmente conformes con la petición del Ministerio
Fiscal. Penas suspendidas en relación con las sentencias condenatorias por
Juzgado. Suspensiones de condena con imposición de obligaciones a que se
refiere el artículo 83 del Código Penal. Ejecución efectiva de penas distintas
a la privación de libertad y a la multa. Número de asuntos en que se satisface
la responsabilidad civil declarada en la sentencia.
Número de vistas celebradas. Número de vistas suspendidas.
Tasa de sentencia. Tasa de pendencia. Tasa de resolución.
Asuntos resueltos. Asuntos en trámite. Sentencias.
Procedimiento penal. Asistencia a juicios de faltas.
Asistencia a juicios ante el Juzgado de lo Penal. Asistencia
a juicios ante la Audiencia Provincial. Asistencia a juicios ante el Tribunal
del Jurado. Asistencia a juicios rápidos. Asistencia a juicios inmediatos de
faltas. Solicitud de adopción de medidas cautelares: prisión provisional, orden
de protección o alejamiento y asistencia a la comparecencia prevista en la ley.
Dictámenes e informes para impulsar y simplificar la tramitación en cada uno de
los procedimientos. Escritos de acusación. Sentencias recurridas. Informes
sobre recursos, tanto interlocutorios como contra sentencias.
Informes sobre sustitución de condena. Informes sobre
revocación de la suspensión de condena. Informes sobre liquidación de condena.
Informes sobre refundición de condenas. Informes sobre expulsión de
extranjeros. Informes sobre pago aplazado de multas. Informes sobre pago
aplazado de indemnizaciones. Informes sobre declaración de insolvencia.
Informes sobre expedientes de indulto. Informes sobre fecha de licenciamiento
definitivo. Informes sobre archivo provisional o definitivo de la ejecutoria.
Incapacitaciones, tanto solicitadas por el Fiscal como aquéllas en que se
persona como parte demandada.
Actuaciones en procedimientos de división judicial de
Jurisdicción voluntaria. Intervención en la ejecución de las resoluciones que
afecten a menores.
Reforma de menores. Incoación de diligencias preliminares.
Instrucción de expedientes de menores. Solicitud de adopción
de medidas cautelares. Escritos de alegaciones. Asistencia a la audiencia.
Informes a lo largo de la ejecución de la medida. Informes de recursos en
materia de régimen disciplinario de los menores que cumplen medida de
internamiento. Presentación de demanda de responsabilidad civil y asistencia a
Ejercicio de acciones en defensa de los menores y promoción
de la guarda y tutela legales cuando proceda.
Supervisión y superior vigilancia sobre las actuaciones de
las Comunidades Autónomas en materia de protección de menores.
Asistencia a vistas en el orden social cuando se alegue
vulneración de derechos fundamentales. Asistencia a vistas en el orden
Diligencias de investigación al amparo del artículo 5 del
Diligencias preprocesales. Visitas a Centros Penitenciarios.
Correcta confección del extracto, tanto para las causas
penales como para las comparecencias civiles. Correcta elaboración del escrito
de acusación y de la demanda. Correcta fundamentación de los informes y
Conviene destacar especialmente, de entre los datos
ofrecidos en este apartado, el interés que encierra la posibilidad de conocer
todos los juicios de faltas, que actualmente no tienen acceso al Registro de
Penados y Rebeldes, sino únicamente al Registro Central de Violencia Doméstica.
Es muy conveniente conocer todas las condenas impuestas por la comisión de
faltas para poder valorar la peligrosidad del individuo autor de las mismas y
así, en la eventualidad de que cometa un delito, poder solicitar, en su caso,
la prisión provisional o, una vez penado, llegar a conceder los beneficios de
la suspensión de condena, por lo que el Ministerio de Justicia proyecta la
inclusión de las condenas por juicios de faltas en el Registro de Penados y
También en relación con los juicios de faltas, resulta muy
frecuente que deba declararse la prescripción de la falta por no haberse
celebrado en plazo legal el juicio y más aún, desdichadamente, que prescriba la
pena señalada en sentencia firme, por inactividad del órgano judicial que no
impulsa la ejecución, por lo que queda igualmente prescrita la responsabilidad
criminal y se obliga al perjudicado, si lo hubiere, a acudir a la vía civil
para reclamar su indemnización. La transparencia de los datos relacionados con
lo expuesto contribuirá, es de prever, a la solución de esta notable disfunción
en el orden jurisdiccional penal. 20. Indicadores de calidad de la justicia.
20.1 Porcentaje de sentencias dictadas por el titular del
20.2 Porcentaje de sentencias dictadas por el titular de
otro órgano actuando como sustituto. 20.3 Porcentaje de sentencias dictadas por
juez sustituto o magistrado suplente. 20.4 Porcentaje de sentencias dictadas en
sistemas de refuerzos. 20.5 Correcta formulación y motivación de las
sentencias. 20.6 Resoluciones finales recurridas.
Comparación con las resoluciones recurridas a los órganos del mismo orden
Anulatorias. Totalmente revocatorias. Parcialmente
revocatorias. Comparación con el resultado de los recursos interpuestos contra
las resoluciones dictadas por los órganos del mismo orden jurisdiccional.
Duración de cada una de sus fases o hitos. Situación con
respecto a la media de duración. Desviación. Mediana.
20.10 Cumplimiento del horario establecido para la
celebración de los juicios.
20.11 Cumplimiento del horario de audiencia pública y del
establecido para cada uno de los Cuerpos. 20.12 Atención a los profesionales y
usuarios de la Administración de Justicia.
Prestada por el Fiscal. Prestada por el Secretario judicial.
Prestada por los funcionarios. Quejas, reclamaciones y sugerencias COMO SIEMPRE RECOMENDAMOS, PARA CONSULTAR POSIBLES MODIFICACIONES, ACUDID A LA WEB OFICIAL DONDE SE RECOGE EL TEXTO: Texto Oficial obtenido de la página del Ministerio de Justicia: BOE-A-2005-17951

References: resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 24
 artículo
120
 artículo 9

artículo 461
 artículo 461
 artículo
461
 artículo
461
 resolución 
 Real Decreto 

artículo 157
 Real Decreto 
 artículo
42

artículo 124
 Real Decreto 
 artículo
234
 artículo 341
 artículo 27
 artículo 110
 artículo 38
 artículo 35

artículo 17
 resolución 
 artículo 29
 artículo 17
 resolución 
 artículo 118

artículo 118
 resolución 
 resolución

 artículo 83
 artículo 5