Source: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsoVqDbaslinb8oXgzpEhivjCL9bcfVe7iJxqzPC4F7odfZC9KNuTyAEfpg5hxqpLmH1xRLi3wetKxIjFN6f8wkw3SNbRvGN%2BUynDJoUxuV%2BI
Timestamp: 2019-07-23 03:23:15+00:00

Document:
Informes periódicos octavo y noveno combinados que los Estados partes debían presentar en 2014
Nota : El presente documento se ha distribuido únicamente en español, francés e inglés.
[Fecha de recepción: 2 de abril de 2015]
El Canadá tiene el agrado de presentar al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sus informes periódicos octavo y noveno combinados relativos a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, la “Convención”), ratificada por el Canadá el 10 de diciembre de 1981.
Los presentes informes ofrecen información sobre medidas clave adoptadas por el Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales para seguir mejorando la aplicación de la Convención desde la presentación del último informe periódico, en respuesta a la mayoría de las observaciones finales del Comité publicadas el 7 de noviembre de 2008, tras el examen de los informes periódicos sexto y séptimo combinados del Canadá el 22 de octubre de 2008.
En general, la información localizable en otros informes presentados por el Canadá no se repite en este documento, pero se añaden las referencias convenientes. Entre estas se incluyen el documento básico común del Canadá; los informes provisionales presentados a petición del Comité con relación a los párrafos 14 y 32 de las observaciones finales; y la respuesta de enero de 2014 a las preguntas complementarias del Comité que figuran en el anexo 1A de las observaciones del Gobierno canadiense sobre el informe de la investigación relativa al Canadá (la respuesta de enero de 2014).
En 2013, 17,7 millones de mujeres representaban el 50,4% de la población del Canadá, manteniendo una ajustada mayoría femenina que ha perdurado más de 3 decenios. Se pueden consultar información y datos relacionados con cuestiones como la situación familiar de la mujer, su educación, su empleo, su bienestar económico, su trabajo no remunerado y su salud en la sexta edición de Women in Canada: A gender-based statistical report (Las mujeres en el Canadá: informe estadístico basado en el género).
II.Consideraciones generales relativas a la aplicación
Esta sección del informe contiene información relacionada con los artículos 1, 2 y 3 de la Convención, y aborda el marco jurídico para la protección de los derechos de las mujeres y el mecanismo de gobernanza relativo al adelanto de la mujer. Se centra en las observaciones 9 a 12, 17 a 18, 25 a 28 y 49 a 52 del Comité.
Federalismo canadiense y marco jurídico
El federalismo canadiense está basado en leyes, políticas y programas de índole colaborativa y complementaria de los gobiernos de ámbito federal, provincial y territorial que protegen los derechos y las libertades del pueblo del Canadá. Al tiempo que procuran encontrar soluciones innovadoras y prácticas a los problemas y adoptar políticas y programas adaptados a las necesidades y circunstancias locales, los gobiernos también comparten objetivos comunes y un sólido compromiso respecto de la consolidación de nuestra sociedad. Puede haber diferencias en las medidas adoptadas por los gobiernos de ámbito federal, provincial y territorial, pero el federalismo canadiense fomenta el enfoque conjunto de distintos asociados para hacer efectivos los derechos, lo que pone de manifiesto la diversidad y los valores del Canadá.
La Convención se aplica mediante garantías constitucionales y estatutarias y medidas legislativas, administrativas y de otro tipo como las siguientes:
•Anexo B de la Ley del Canadá de 1982 (la “Carta de Derechos y Libertades del Canadá”), que se aplica a todas las actividades del Gobierno y garantiza a todas las personas los derechos y libertades fundamentales, incluida una garantía explícita de la igualdad de derechos para las mujeres;
•Declaración de Derechos del Canadá, que se aplica a las leyes federales y protege las libertades fundamentales, los derechos jurídicos y la igualdad ante la ley;
•Legislación sobre derechos humanos del Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales, que es de aplicación en los sectores público y privado y prohíbe la discriminación por motivos como el sexo, con respecto al empleo, al suministro de bienes, servicios e instalaciones que normalmente se ponen a disposición de la población, y al alojamiento;
•Leyes, políticas y programas específicos del Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales que regulen esferas que afecten a las mujeres.
Se puede consultar información sobre el sistema jurídico canadiense en los párrafos 120 a 130 del documento básico común del Canadá.
Mecanismos encargados del adelanto de la mujer
En los párrafos 25 y 26 de sus observaciones finales, el Comité expresó su preocupación por los cambios introducidos en la Comisión del Canadá sobre la Condición de la Mujer. Esta sigue siendo una organización del Gobierno federal encargada de promover la igualdad de la mujer y su participación plena en la vida económica, social y democrática del país.
La ejecución del Programa de la Mujer de la Comisión del Canadá sobre la Condición de la Mujer continúa mejorando por medio de iniciativas como procesos de solicitud racionalizados, convocatorias innovadoras de propuestas y diversas estrategias para fomentar la eficiencia. El apoyo a proyectos comunitarios a través del Programa casi se ha duplicado (de 10,8 millones de dólares a casi 19 millones de dólares) desde el período de 2006 a 2007. Se proporciona financiación a organizaciones para respaldar proyectos de ámbito local, regional y nacional que abordan las tres esferas prioritarias del organismo: la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas; la mejora de la seguridad económica y la prosperidad de las mujeres y las niñas; y los estímulos para que las mujeres y las niñas desempeñen funciones de liderazgo y de adopción de decisiones.
Los gobiernos provinciales y territoriales también cuentan con organizaciones dedicadas a cuestiones de la mujer que ofrecen financiación a organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones aborígenes, también para fines relacionados con la investigación, el cabildeo y la promoción de intereses.
Las observaciones finales del Comité se distribuyeron entre el Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales, y se designó a ministros y comités de ámbito federal, provincial y territorial para que, según conviniera, desarrollaran nuevas iniciativas de promoción de los derechos humanos de la mujer. Por ejemplo, el Foro de ministros encargados de la condición de la mujer a nivel federal, provincial y territorial armonizó su labor con las cuestiones planteadas en las observaciones finales y, en 2013, apoyó el trabajo relacionado con el informe Measuring violence against women: Statistical Trends (Tendencias estadísticas de la medición de la violencia contra la mujer) y colaboró con la Conference Board of Canada para elaborar The Business Case for Women on Boards (un estudio de viabilidad sobre el acceso de las mujeres a los consejos). El Gobierno del Canadá también ha hecho suyo el objetivo nacional de alcanzar un 30% de representación femenina en los consejos de aquí a 2019.
El comité parlamentario permanente federal sobre la condición de la mujer también examinó las observaciones finales para su estudio del período de 2010 a 2011 sobre la violencia contra las mujeres aborígenes.
Las observaciones finales también se pusieron a disposición del público, incluida la sociedad civil, a través del sitio web del Gobierno del Canadá.
Consultas con ONG y organizaciones aborígenes
Para determinar las cuestiones que se abarcarían en estos informes se solicitaron las opiniones de más de 350 ONG y organizaciones aborígenes, y respondieron a esa solicitud 14 organizaciones.
Todos los gobiernos consultan a las ONG y organizaciones aborígenes sobre sus políticas, planes y servicios destinados a las mujeres por medio de reuniones, foros, comisiones parlamentarias y consultas en línea. Aunque estas deliberaciones no se centran específicamente en la Convención, se han planteado cuestiones relacionadas con materias que esta aborda.
De 2010 a 2014, el gobierno de Quebec consultó a más de 500 organismos y personas con respecto al desarrollo de 3 planes de acción y 1 estrategia provincial y servicios educativos y de guardería para las comunidades aborígenes. Como parte del segundo plan de acción del Gobierno para la igualdad entre los géneros (2011 a 2015), el Gobierno celebró consultas especiales y audiencias públicas por medio de una comisión parlamentaria, así como una consulta en línea.
El Gobierno del Canadá también siguió colaborando estrechamente con la sociedad civil para promover la igualdad entre los géneros, incluso apoyando proyectos por medio del Programa de la Mujer de la Comisión del Canadá sobre la Condición de la Mujer, cooperando en talleres y actos sobre políticas de actualidad, y mediante la participación anual de ONG canadienses en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas.
Asimismo, se han creado órganos colaborativos, compuestos por funcionarios públicos y representantes comunitarios, que orientan las respuestas gubernamentales y la prestación de servicios, como los siguientes: el Comité Nacional de Servicios para las Mujeres Aborígenes del Gobierno del Canadá, que se ocupa de cuestiones relacionadas con las mujeres aborígenes delincuentes; el Comité de Cooperación Provincial sobre las Personas Desaparecidas de Saskatchewan, que trabaja en dar respuestas a los casos de personas desaparecidas; y el Grupo de Trabajo Conjunto de Ontario, que desarrolla planteamientos eficaces de la eliminación de la violencia contra las mujeres aborígenes y sus familias.
Se puede encontrar más información sobre iniciativas de consulta a lo largo de los presentes informes y en los párrafos 35 a 53 de la respuesta de enero de 2014.
En 2014, el Canadá concluyó un examen nacional de la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y participó en el examen regional de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. El Canadá tiene previsto participar en el examen internacional al cabo de 20 años de la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+20), que tendrá lugar en el 59º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en marzo de 2015.
El Canadá ha contribuido de manera visible y duradera al logro de las metas fijadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre todo en la esfera de la salud materna, neonatal e infantil. Por ejemplo, en mayo de 2014, el Gobierno del Canadá anunció que aportaría 3.500 millones de dólares adicionales entre 2015 y 2020 para la salud materna, neonatal e infantil con el fin de mejorar la vida de las mujeres y sus hijos. El Canadá también desempeñó una función de liderazgo en la creación de ONU-Mujeres y sigue participando activamente en todo el sistema de las Naciones Unidas en cuestiones relacionadas con la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
Aguardando con interés la agenda para el desarrollo después de 2015, el Canadá defiende la inclusión de un objetivo específico sobre la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como la integración de metas e indicadores de igualdad entre los géneros en todos los demás objetivos del marco.
El Canadá ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en marzo de 2010 y presentó su informe inicial en febrero de 2014.
El Canadá, con el apoyo del Perú y Turquía, lideró una resolución para establecer el Día Internacional de la Niña en las Naciones Unidas a fin de crear conciencia sobre los retos particulares a los que se enfrentan las niñas. El primer Día Internacional de la Niña se celebró el 11 de octubre de 2012, y el Canadá sigue conmemorando activamente este día en el plano nacional e internacional.
III.Mujeres aborígenes y pertenecientes a grupos minoritarios
Esta sección se centra en los párrafos 17 a 20 y 43 a 46 de las observaciones finales del Comité referentes a las mujeres aborígenes y las mujeres pertenecientes a grupos étnicos y minoritarios. La sección presenta algunas de las iniciativas emprendidas para mejorar las condiciones socioeconómicas de estas mujeres.
En 2011, había 718.500 mujeres aborígenes en el Canadá. Ese año, las mujeres y niñas aborígenes representaban el 4% de la población femenina canadiense total: el 61% de la población femenina aborigen declaró pertenecer a las Primeras Naciones (se incluyen tanto indígenas de estatuto legal como indígenas sin estatuto legal), mientras que el 32% eran mestizas y el 4% eran inuits.
La Encuesta Nacional de Hogares de 2011 contabilizó a 3,2 millones de mujeres residentes en el Canadá que pertenecían a un grupo minoritario visible. Esta cifra representaba el 19% de todas las mujeres y niñas residentes en el Canadá. Además, el 67% de las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios visibles del país eran inmigrantes.
Cambios legislativos que afectan a las mujeres aborígenes
El 31 de enero de 2011 entró en vigor la Ley de Igualdad de Género en el registro indio, por la que, si cumplen determinadas condiciones, los nietos de mujeres que hubieran perdido su condición en virtud de la Ley india por haberse casado con varones sin esa condición pasan a tener derecho a ser inscritos en el registro. Actualmente, las personas recién registradas tienen acceso a los mismos servicios y prestaciones que las otras personas que figuran en el registro indio, incluidas prestaciones de salud para personas no aseguradas, y pueden disfrutar de prestaciones en el ámbito de la enseñanza postsecundaria y desgravaciones fiscales federales y provinciales.
La Ley de Viviendas Familiares en las Reservas y de Intereses o Derechos Matrimoniales entró en vigor el 13 de diciembre de 2013 y colmó una laguna legislativa con respecto a la protección y los derechos en materia de bienes matrimoniales en las reservas de las Primeras Naciones. Las personas residentes en las reservas gozan de protección y derechos básicos durante la relación, en el caso de ruptura de la relación o de fallecimiento de un cónyuge o pareja de hecho en cuanto al hogar familiar y otros intereses o derechos conyugales semejantes a los de otros canadienses. La Ley también prevé órdenes de protección de emergencia en situaciones de violencia familiar, incluida la solicitud de un mandamiento judicial que otorgue la ocupación exclusiva del hogar familiar durante un período determinado.
En 2008, se anuló el artículo 67 de la Ley de Derechos Humanos del Canadá, que protegía las disposiciones de la Ley sobre la Población India y cualquier decisión o medida adoptada por el Gobierno federal y los consejos de bandas nativas en virtud de la Ley sobre la Población India frente a la aplicación de la Ley de Derechos Humanos del Canadá. La anulación estableció un período de gracia de tres años antes de entrar en vigor para los consejos de bandas el 18 de junio de 2011. Las personas pertenecientes a las Primeras Naciones ahora tienen pleno acceso a la protección de los derechos humanos y pueden presentar denuncias ante la Comisión Canadiense de Derechos Humanos alegando ser víctimas de discriminación por un motivo prohibido derivada de medidas o decisiones adoptadas en virtud de la Ley sobre la Población India.
Desde 2008, el Canadá ha firmado o puesto en práctica cinco acuerdos con grupos aborígenes que contienen disposiciones de autonomía. En ellos se recogen principios que las partes aborígenes deben respetar al crear sus constituciones, entre los que se incluyen unos procesos claros y transparentes para la rendición de cuentas de los dirigentes ante sus miembros, el derecho de apelación y el derecho a obtener reparación, y el respeto a la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. Estos acuerdos garantizan que las mujeres miembros gocen de los derechos y libertades que les permitan participar en los procesos legislativos y la gobernanza de sus comunidades.
Niños aborígenes y sus familias
En los párrafos 231 a 328 de la respuesta de enero de 2014, se puede consultar información sustancial sobre las medidas adoptadas por el Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales para responder a las preocupaciones del Comité con respecto al número de niños aborígenes que están bajo la tutela del Estado. A continuación se presenta información adicional sobre las iniciativas gubernamentales emprendidas para apoyar a los niños aborígenes y sus familias.
En 2014, el gobierno de Saskatchewan incrementó la disponibilidad de los apoyos familiares intensivos y los servicios fuera del horario normal para ayudar a las familias a permanecer juntas y evitar que los niños queden bajo la tutela del Estado. La provincia también está ampliando el Programa de Paternidad Positiva para brindar a los padres la oportunidad de desarrollar las aptitudes y la confianza que necesitan para ser mejores padres y abordar problemas sociales, emocionales y conductuales comunes entre los niños y adolescentes.
En diciembre de 2013, el gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo y los Servicios para la Familia y el Niño de la Confederación de los Mi’kmaq de la Isla del Príncipe Eduardo firmaron un protocolo que establece un enfoque de colaboración en los servicios de protección de la infancia para los niños de las Primeras Naciones y sus familias. El protocolo se concibió para garantizar que los servicios se presten de una manera que preserve y promueva la identidad cultural aborigen de los niños y sus familias. También reconoce que se debe consultar a las Primeras Naciones sobre las decisiones que afecten a sus niños beneficiarios de servicios de protección de la infancia.
Condiciones socioeconómicas de las mujeres aborígenes y las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios
El Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales emprenden numerosas iniciativas para mejorar las condiciones socioeconómicas de las mujeres aborígenes y pertenecientes a grupos minoritarios. A continuación se exponen algunos ejemplos de iniciativas recientes.
En 2010, el Gobierno del Canadá renovó la financiación para cinco años destinada a una serie de programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades para las Primeras Naciones y los inuits, incluido el programa de salud maternoinfantil. El programa apoya visitas a domicilio por parte de enfermeros y visitantes de familias para aquellas mujeres y familias que tienen niños pequeños en unas 185 comunidades de las Primeras Naciones en el Canadá. Se ha elaborado una programación en materia de salud maternoinfantil dirigida a abordar las brechas existentes en la situación general de la salud de las Primeras Naciones y los inuits en comparación con otros canadienses mejorando el acceso a los servicios para las mujeres inuits y de las Primeras Naciones. El diseño de programas para las mujeres y niños inuits y de las Primeras Naciones incorpora enfoques holísticos que involucran a toda la familia, reconociendo las funciones y necesidades importantes de las mujeres, los hombres, los niños y las niñas. En una evaluación reciente, el 90% de los participantes afirmaron que la programación satisfacía sus necesidades, proporcionaba servicios culturalmente adecuados y fortalecía los vínculos comunitarios para garantizar el acceso a los servicios.
En la Columbia Británica, la Junta de Salud de las Primeras Naciones colabora con el Gobierno federal para velar por que los pueblos aborígenes que viven en las reservas dispongan de la atención y los servicios que precisen. El Acuerdo de Cambio Transformador de las Primeras Naciones presentó medidas concretas relacionadas con la salud materna y, como resultado, se ejecutará un proyecto para mejorar los servicios de salud materna para las mujeres aborígenes y acercar el parto a los hogares y volverlo a poner en manos de las mujeres.
La Columbia Británica ha establecido una Vía de Atención Médica Pública Prenatal Provincial para ayudar a mejorar la atención continua dispensada a las madres y familias aborígenes y de las Primeras Naciones. Con esta iniciativa se pretende desarrollar una atención continua sistemática con fundamento empírico en colaboración con las autoridades sanitarias que ayude a los enfermeros de la salud pública a proporcionar evaluaciones prenatales sistemáticas y de calidad, educación y seguimiento a las embarazadas y sus familias.
La provincia también se ha asociado con el Centro de Salud del Hospital de Mujeres de la Columbia Británica y el Centro de Excelencia de la Columbia Británica para la salud de la mujer con el fin de dirigir el Proyecto de Salud de la Mujer Inmigrante Recién Llegada. Este se centra en comprender las necesidades sanitarias de las inmigrantes recién llegadas y sus experiencias con el sistema sanitario, en el contexto del asentamiento. El propósito es determinar oportunidades y mecanismos para promover la salud y fortalecer la respuesta dada por el sistema sanitario. Se elaboró una serie de vídeos informativos para los inmigrantes que llegan a la Columbia Británica, que ofrecen a estos un panorama general de los servicios de salud disponibles en la provincia e incluyen información sobre cómo solicitar el seguro médico y acceder a los servicios médicos.
Cada año, el Gobierno del Canadá presta apoyo a cerca de 600.000 hogares de bajos ingresos que residen en las viviendas sociales existentes, tanto en las reservas como fuera de ellas.
El Gobierno federal, a través de la Canada Mortgage and Housing Corporation y el Ministerio de Asuntos Aborígenes y de Desarrollo del Norte del Canadá, invierte, según se estima, 298 millones de dólares al año para responder a las necesidades de vivienda en las reservas. Una parte de los fondos se destina a la construcción de un total estimado de 400 viviendas nuevas, la renovación de unas 1.000 viviendas existentes y subvenciones en curso para un total estimado de 28.800 hogares. Desde abril de 2008 hasta marzo de 2014, se gastaron más de 1.000 millones de dólares a través de la Canada Mortgage and Housing Corporation en vivienda en las reservas.
En su presupuesto de 2009, el Gobierno del Canadá previó una inversión federal única de más de 2.000 millones de dólares para la creación de nuevas viviendas asequibles y la renovación y modernización de las viviendas sociales existentes, lo que tuvo por resultado más de 16.500 viviendas sociales y proyectos de vivienda para las Primeras Naciones en todo el Canadá.
Además, de conformidad con su Plan de Acción Económico de 2013, el Gobierno federal está invirtiendo 100 millones de dólares, a lo largo de 2 años, para apoyar la vivienda nueva asequible en Nunavut.
De 2013 a 2014, el gobierno de Quebec proporcionó financiación en 244.101 casos relacionados con el apoyo a los hogares de bajos ingresos. Por ejemplo, el 31 de marzo de 2014, el gobierno estaba cubriendo el déficit operacional de 1.875 viviendas para personas aborígenes que vivían fuera de las reservas en todo Quebec y el déficit operacional de 2.734 viviendas sociales en Nunavik.
En Ontario, a fecha de mayo de 2014, hay 126 hogares aborígenes que han recibido préstamos para comprar viviendas, 86 hogares se han acogido al programa de reparación y 10 proyectos de alquiler para 113 unidades recibirán financiación.
En 2011, la proporción de mujeres pertenecientes a grupos minoritarios visibles de entre 25 y 64 años de edad con al menos un diploma de enseñanza secundaria era del 88%. La misma proporción de mujeres pertenecientes a grupos minoritarios no visibles y mujeres inmigrantes tenía al menos un diploma de enseñanza secundaria.
Entre 2006 y 2011, la proporción de mujeres aborígenes de entre 25 y 64 años de edad con un diploma de enseñanza secundaria o superior aumentó del 68% al 74%. Durante el mismo período, la proporción de mujeres de las Primeras Naciones que vivían en las reservas y tenían entre 18 y 24 años de edad y un diploma de enseñanza secundaria creció del 37% al 40%. Las mujeres de las Primeras Naciones tenían más probabilidades de poseer un diploma de enseñanza secundaria o superior que los hombres (el 40% frente al 36%). Sin embargo, las mujeres de las Primeras Naciones tienen un nivel educativo muy inferior al de las mujeres no aborígenes.
El Gobierno del Canadá ha convertido en una prioridad la mejora de la educación de las Primeras Naciones. Entre 2006 y 2013, el Gobierno federal invirtió más de 10.000 millones de dólares con objeto de apoyar la enseñanza primaria y secundaria para los alumnos de las Primeras Naciones que viven en las reservas, mientras que los gobiernos provinciales se responsabilizan de los alumnos de las Primeras Naciones que viven fuera de las reservas. Además, durante el mismo período se invirtieron 1.700 millones de dólares en infraestructura escolar. Entre las iniciativas concretas adoptadas desde 2006 se incluyen las siguientes:
•268 millones de dólares a lo largo de 5 años y 75 millones de dólares en financiación regular a través de la Iniciativa de Reforma de la Educación de las Primeras Naciones;
•30 millones de dólares a lo largo de 2 años para apoyar un acuerdo de educación K-12 tripartita listo para su aplicación en la Columbia Británica;
•100 millones de dólares a lo largo de 3 años para la iniciativa “Strong Schools, Successful Students” (“Escuelas fuertes, alumnos que tienen éxito”) a fin de apoyar la programación en materia de alfabetización temprana, los servicios correspondientes y la asociación con los sistemas escolares provinciales.
En 2011, la proporción de mujeres pertenecientes a grupos minoritarios visibles de entre 25 y 64 años de edad con estudios postsecundarios era del 68%, incluido un 37% que había obtenido un certificado, diploma o título universitario a nivel de licenciatura o superior. El 67% de las inmigrantes tenían estudios postsecundarios y el 34% de ellas habían finalizado estudios universitarios de licenciatura o superiores. Una proporción ligeramente inferior (64%) de las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios no visibles tenía estudios postsecundarios, incluido un 25% con estudios universitarios de licenciatura o superiores.
Entre 2006 y 2011, la proporción de mujeres de las Primeras Naciones (de 25 a 64 años) con estudios postsecundarios creció del 43% al 46%. Durante este período, las proporciones de mujeres de las Primeras Naciones con títulos universitarios y con diplomas de colegio universitario u otros certificados no universitarios crecieron cada una en un 2% (hasta el 11% y el 22%, respectivamente) y la proporción de mujeres aborígenes de entre 25 y 64 años de edad con un título universitario aumentó del 9% al 12%.
El Gobierno del Canadá mantiene su firme determinación de proporcionar toda una serie de apoyos para ayudar a los estudiantes aborígenes a que accedan a programas de estudios postsecundarios y adquieran las aptitudes que necesitan para incorporarse al mercado de trabajo. De 2011 a 2012, el Gobierno federal destinó un total de 322 millones de dólares a los estudios postsecundarios para personas aborígenes, incluidos casi 301 millones de dólares para el Programa de Apoyo a los Estudiantes del Nivel Postsecundario y el Programa de Preparación para el Acceso a la Universidad o el Colegio Universitario a fin de compensar los gastos académicos, de viaje y de mantenimiento a más de 22.000 estudiantes inuits y de las Primeras Naciones. Según los datos más recientes (2011 a 2012), el 69,5% de los estudiantes que recibieron financiación mediante estos programas eran mujeres. El Gobierno federal invierte aproximadamente 800.000 dólares al año para apoyar a Indspire, incluido su programa de becas y préstamos para estudios. El Plan de Acción Económico de 2013 propuso destinar 10 millones de dólares a lo largo de 2 años a Indspire a becas y préstamos para estudios postsecundarios a inuits y personas de las Primeras Naciones.
En Quebec hay 1 centro de enseñanza postsecundaria para un alumnado aborigen, llamado Kiuna, que lleva abierto desde 2011, así como 2 centros de educación de adultos aborígenes, que abrieron entre 2012 y 2014, y promueven el acceso o el regreso a los estudios, también por parte de las niñas y mujeres aborígenes. Hay disponibles servicios de guardería.
Las tasas de empleo y participación de las mujeres aborígenes en el mercado de trabajo van a la zaga de las tasas correspondientes tanto a las mujeres no aborígenes como a los hombres aborígenes. Por ejemplo, a fecha de 2011, la tasa de empleo de las mujeres aborígenes de entre 25 y 64 años de edad era un 11% inferior a la de las mujeres no aborígenes (el 60% frente al 71%) y un 5% inferior a la de los hombres aborígenes (65%).
El Gobierno del Canadá mantiene su firme determinación de trabajar con las Primeras Naciones para mejorar el Programa de Apoyo a los Ingresos en las reservas y así garantizar que los jóvenes de las Primeras Naciones puedan adquirir las aptitudes y la capacitación que necesitan para conseguir empleo. Capitalizando el éxito de los proyectos piloto y las alianzas en curso en todo el país, el Gobierno introdujo mejoras en la prestación de servicios para las Primeras Naciones y sus proveedores de servicios. El Gobierno está destinando 132 millones de dólares a lo largo de 4 años a apoyar a las Primeras Naciones para que determinen la preparación para el empleo de las personas y superen las barreras actuales a la empleabilidad.
El Gobierno del Canadá colabora con todos los niveles de gobierno, las comunidades y organizaciones aborígenes, y los sectores privado y sin fines de lucro para incrementar la participación de las personas aborígenes de las zonas urbanas en la economía. Estos esfuerzos incluyen apoyos a las mujeres aborígenes de las zonas urbanas y sus familias, así como ayudas en materia de vivienda, empleo, preparación para la vida y cuidado del niño para las mujeres aborígenes vulnerables. La nueva y mejorada estrategia para los aborígenes residentes en zonas urbanas incluye una contribución anual de 53,1 millones de dólares en los ejercicios 2014/15 y 2015/16. De esa cantidad, más de 30 millones de dólares anuales se destinan de manera específica al nuevo Programa de Asociación Urbana con el fin de eliminar las barreras que impiden a las personas aborígenes de las zonas urbanas participar plenamente en la economía, mientras que más de 23 millones de dólares anuales se destinan a financiar el apoyo al fortalecimiento de la capacidad de las comunidades y así respaldar a las organizaciones aborígenes urbanas con el objetivo de incrementar la participación de las personas aborígenes de dichas zonas en la economía.
Entre 2010 y 2015, el Gobierno del Canadá habrá invertido casi 1.900 millones de dólares en la Estrategia de formación orientada a la adquisición de aptitudes y al empleo de los aborígenes y en el Fondo de Asociaciones y Competencias con el fin de garantizar que las personas de las Primeras Naciones, inuits y mestizas tengan las aptitudes que necesitan para conseguir empleos sostenibles y satisfactorios. Desde 2010, en el marco de la Estrategia, 48.700 canadienses han conseguido empleo y otros 22.600 han vuelto a la escuela. Casi la mitad de los beneficiarios de la Estrategia son mujeres (aproximadamente el 41% en 2011/12, el 42% en 2012/13, y el 45% en 2013/14).
Además, el Gobierno del Canadá presentó una inversión en 4 años (2013 a 2017) de 109 millones de dólares que se destinará al Fondo de Empleo de las Primeras Naciones como parte de las mejoras que el Gobierno pretende introducir en el Programa de Apoyo a los Ingresos en las reservas. Este programa garantizará que los jóvenes aborígenes (de 18 a 24 años de edad) de las comunidades participantes de las Primeras Naciones, que pueden recibir capacitación en el plazo de 1 año, tengan las aptitudes necesarias para participar en el mercado de trabajo.
Además, las personas aborígenes que viven fuera de las reservas también pueden optar a programas dirigidos a satisfacer sus necesidades específicas (por ejemplo, formación profesional, desarrollo de aptitudes, empleo para los jóvenes, emprendimiento), así como una amplia variedad de programas que están a disposición de todos los canadienses (por ejemplo, atención médica, seguro de desempleo, desarrollo del mercado de trabajo).
En Quebec, el Fondo para Iniciativas Aborígenes II apoya el desarrollo económico, social y comunitario de las personas aborígenes. En 2012, el fondo de 135 millones de dólares se prorrogó otros 5 años. El componente de desarrollo económico facilita específicamente la financiación de proyectos de creación de empresas de mujeres aborígenes. Además, en el marco del componente de acción comunitaria, 1 millón de dólares se ha destinado específicamente a organizaciones de mujeres aborígenes.
Con arreglo al Plan de Acción Gubernamental para la Solidaridad y la Inclusión Social de 2010 a 2015 de Quebec, cada consejo regional de funcionarios elegidos ha de establecer un plan de acción contra la pobreza que responda a las necesidades concretas de los residentes locales. En este contexto, la Autoridad Regional Cree y el gobierno regional de Kativik, que abarcan dos territorios aborígenes específicos, han elaborado un plan de esas características, y la Comisión de la Salud y de los Servicios Sociales de las Primeras Naciones de Quebec y del Labrador ha confeccionado un plan para los demás territorios aborígenes.
En diciembre de 2013, el gobierno de Alberta estableció los Consejos para la Seguridad Económica de las Mujeres Mestizas y de las Primeras Naciones, actualmente en funcionamiento.
Con respecto a las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios visibles, la tasa de empleo de las mujeres de 15 o más años era del 55% en 2011, un 2% inferior a la de las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios no visibles (el 55% frente al 57%) y un 10% inferior a la de los hombres pertenecientes a grupos minoritarios visibles (65%).
El Gobierno del Canadá colabora con las provincias y los territorios para garantizar que todos los canadienses tengan acceso al apoyo al empleo. Las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios disfrutan de las protecciones que brinda el seguro de empleo, así como de transferencias federales que apoyan la formación profesional y el desarrollo del mercado de trabajo, y otras ayudas al empleo dirigidas a los grupos con escasa representación. Además de estos programas, el Gobierno del Canadá financia el reconocimiento de aptitudes y credenciales y los servicios de empleo, y genera información sobre el mercado de trabajo para ayudar a los canadienses a superar los obstáculos al empleo.
El Gobierno del Canadá, mediante su Programa de Asentamiento, financia a organizaciones de todo el país, muchas de las cuales ofrecen recursos e intervenciones de programación específicos a los recién llegados con el fin de mejorar los resultados socioeconómicos. Por ejemplo, hay en marcha programas de empleo, formación profesional y tutoría dirigidos a ayudar a las mujeres recién llegadas con diferentes aptitudes y niveles de idioma a que consigan su independencia económica, pasen a formar parte de la fuerza de trabajo y encuentren un empleo acorde con sus aptitudes. Las mujeres constituyen más de la mitad (57,7%) de las personas que acceden a los servicios de asentamiento financiados por el Gobierno federal, y cerca del 67,7% de las personas que reciben capacitación lingüística.
IV.Violencia contra la mujer y la niña
Esta sección contiene información relacionada con los artículos 5 y 6 de la Convención y se centra en las observaciones 29 a 32 del Comité. Da cuenta de la legislación y las políticas que abordan la violencia familiar y la custodia de los hijos, y ofrece ejemplos de medidas destinadas a hacer frente a la violencia contra la mujer y la niña.
El Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales del Canadá mantienen su compromiso de abordar y reducir la incidencia de la violencia contra la mujer y la niña, incluida la mujer y la niña aborígenes, en todas las comunidades de todo el país. Se ha aplicado una amplia variedad de medidas para apoyar a las víctimas de esta violencia y procurar que los autores de transgresiones rindan cuenta de sus actos. Entre ellas, cabe citar una respuesta multijurisdiccional por conducto del sistema de justicia penal, así como respuestas de derecho civil y de prevención de la violencia en general, y asistencia a las víctimas.
Reconociendo los importantes daños derivados de la prostitución, el Gobierno del Canadá anunció nuevas medidas legislativas y programáticas en junio de 2014. La Ley de Protección de las Comunidades y las Personas Explotadas, aprobada en 2014, refleja un cambio fundamental de paradigma hacia el tratamiento de la prostitución como una forma de explotación sexual que tiene consecuencias desproporcionadas y negativas para las mujeres y los niños, incluidas las mujeres y niñas aborígenes. A fin de complementar las nuevas leyes, el Gobierno también ha anunciado una nueva financiación por un total de 20 millones de dólares, a lo largo de los 5 próximos años, para aplicar toda una gama de medidas de programación social encaminadas a apoyar a las organizaciones comunitarias que se ocupan de las prostitutas más vulnerables. Se hará hincapié en financiar programas que tengan un historial probado de ayuda a que las prostitutas abandonen la industria del sexo.
Además, el Canadá ha seguido esforzándose por proteger los derechos de las víctimas de manera más general. Después de mantener consultas con el público y los interesados, en abril de 2014, el Gobierno del Canadá presentó el proyecto de ley C-32, la Ley relativa a la Carta de Derechos de las Víctimas. Con esta Ley se pretende establecer, por primera vez en la historia del Canadá, unos derechos jurídicos claros en el plano federal para todos los canadienses que son víctimas de un delito. Entre ellos se incluyen los derechos a la información, a la protección, a la participación y a la restitución, y con ellos se garantiza que exista un proceso de denuncia para la vulneración de tales derechos.
Además del derecho penal canadiense para hacer frente a la violencia, incluida la violencia familiar, la mayoría de las provincias y territorios disponen de derecho civil (no penal), el cual suele ofrecer a las víctimas de la violencia familiar toda una variedad de opciones que complementan a los juicios penales.
Por ejemplo, en 2005 entró en vigor la Ley de Protección contra la Violencia en el Hogar de los Territorios del Noroeste, que fue objeto de enmiendas en 2010 y 2013. La Ley ofrece protección de emergencia y a largo plazo a las víctimas de la violencia familiar y permite el acceso de emergencia para asistir a una persona que pueda ser víctima de violencia familiar.
La Ley de Protección contra la Violencia en el Hogar de Alberta establece disposiciones para la seguridad de las víctimas, mediante órdenes de protección, a fin de proteger a quienes han sufrido violencia familiar y evitar que haya más violencia. Las recientes enmiendas añaden a la Ley disposiciones sobre delitos y sanciones, procurando que quienes incumplan órdenes de protección rindan cuenta de sus actos. Entre las sanciones se incluyen multas o penas de prisión posibles para un primer delito y penas de prisión obligatorias para delitos subsiguientes.
La Ley también obliga al comité de examen de las muertes causadas por violencia en la familia de la provincia a examinar los incidentes de violencia familiar con resultado de muerte y formular consejos y recomendaciones con respecto a la prevención y reducción de la violencia familiar.
En 2011, el gobierno del Yukón promulgó la Ley sobre las Víctimas de Actos Delictivos. Esta incluye una Carta de Derechos de las Víctimas, que otorga a las víctimas de delitos ciertos derechos, incluidos el derecho a la intimidad; el derecho a la información sobre el sistema de justicia; el derecho a esperar que el sistema de justicia haga lo que esté en su mano por reducir las molestias de las víctimas y proteger a estas frente a la intimidación y la represalia; y el derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades cuando se elaboren programas y servicios para víctimas.
La Ley sobre el Derecho de Familia de la Columbia Británica entró en vigor en marzo de 2013. En virtud de esta Ley, se pueden dictar órdenes de protección civil para ayudar a proteger a las personas que sufren o corren el riesgo de sufrir violencia familiar. El incumplimiento de las órdenes de protección está tipificado como delito penal en el Código Penal del Canadá, lo que pone de relieve la gravedad de la violencia familiar y disuade de tal incumplimiento. La política de la Columbia Británica sobre la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja establece los protocolos, funciones y responsabilidades de los proveedores de servicios en la totalidad de los sistemas de justicia y de bienestar infantil para garantizar una respuesta integrada y eficaz a la violencia doméstica. La política exhorta a los sistemas de justicia y de bienestar infantil a que hagan hincapié en el carácter delictivo de la violencia en las relaciones de pareja y adopten las medidas necesarias para proteger a las personas que puedan estar en riesgo.
La provincia de la Isla del Príncipe Eduardo dispone de un procedimiento de intervención policial en casos de violencia doméstica: el Protocolo sobre Violencia en la Familia que figura en su Ley sobre la Policía.
Legislación relativa a la custodia de los hijos y el plan de visitas
Los asuntos relativos al derecho de familia, incluidos la custodia y el plan de visitas, están bajo la jurisdicción compartida del Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales, que colaboran entre sí para proteger a los niños frente a los efectos adversos de la violencia familiar y velar por que en los litigios por la custodia prevalezca el interés superior del niño.
Más concretamente, a la hora de dirimir los casos que tengan que ver con asuntos de custodia y plan de visitas, la Ley de Divorcio obliga a los tribunales a considerar todos los factores pertinentes, entre los que se incluiría la violencia doméstica, al determinar el interés superior del niño. A ese respecto, los tribunales canadienses han tomado cada vez más conciencia de la repercusión negativa de la violencia familiar en los niños y son cada vez más sensibles a este factor. Los fallos condenatorios relacionados con la violencia familiar serían un factor que los tribunales tendrían en cuenta a la hora de determinar el interés superior del niño.
Las provincias y territorios cuentan con distintas leyes, políticas y protocolos referentes a la custodia de los hijos y el plan de visitas. Cuando se trata de determinar la necesidad de protección por parte de un niño o resolver las solicitudes relativas a la custodia de los hijos y el plan de visitas, estas disposiciones obligan a los tribunales a considerar si un niño ha estado expuesto a violencia doméstica en casa, tanto si se ha ido dirigida contra ese niño como si se ha cometido contra un miembro del hogar, y cualquier efecto que dicha conducta pueda tener en el niño, y permiten a los jueces dictar órdenes de protección de emergencia en el supuesto de que se haya producido violencia familiar y haya riesgo de daños.
En 2010, en Manitoba, de conformidad con la Ley relativa a la Protección contra la Violencia Doméstica y al Interés Superior del Niño, se añadieron criterios sobre el interés superior del niño a la Ley relativa al Mantenimiento de la Familia, entre ellos el requisito de que los tribunales, al adoptar decisiones sobre la custodia o el plan de visitas, consideren las consecuencias que tiene para el niño cualquier tipo de violencia doméstica. Esta manera de proceder no se limita únicamente a la violencia doméstica para la que se ha dictado un fallo condenatorio penal.
La Isla del Príncipe Eduardo cuenta con una Ley sobre las Víctimas de la Violencia Familiar y ha establecido el Child Sexual Abuse Protocol: Guidelines and Procedures for a Coordinated Response to Child Sexual Abuse (Protocolo sobre el abuso sexual de niños: directrices y procedimientos para una respuesta coordinada al abuso sexual de niños). Este protocolo apoya una respuesta integrada y concertada proporcionando información en lo que se refiere a identificar y notificar los casos sospechosos de abuso sexual de niños; ofreciendo un panorama general de la legislación y las políticas, procedimientos y protocolos gubernamentales pertinentes; aclarando las funciones y las responsabilidades compartidas de los proveedores de servicios; y garantizando que las respuestas dadas a los casos sospechosos de abuso sexual de niños en la provincia sean eficaces, sistemáticas y tengan en cuenta las necesidades de los niños.
La Ley sobre el Derecho de Familia de la Columbia Británica vela en primer lugar por la seguridad y el interés superior del niño cuando las familias están en proceso de separación y divorcio. Entre otras cosas, la Ley aclara la tutela y los cometidos respectivos de los padres, anima a las familias a resolver sus controversias fuera de los tribunales cuando sea oportuno, y exige que se tengan en cuenta los posibles efectos de la violencia familiar al adoptar decisiones sobre la tutela, las disposiciones de crianza de los hijos o los contactos con un niño.
En Ontario, la Ley de Reforma del Derecho de la Infancia permite al tribunal dictar una orden de alejamiento provisional o definitiva contra cualquier persona si el solicitante tiene motivos razonables para temer por su propia seguridad o por la seguridad de cualquier niño que tenga bajo su tutela legal. La Ley establece que una solicitud de tutela o acceso al niño debe ir acompañada de un affidavit que incluya información sobre cualquier medida de protección del niño en curso o pasada y sobre cualquier proceso penal incoado. También estipula que la existencia de un historial de violencia familiar por parte de una persona es una consideración pertinente en una solicitud de tutela o acceso. Además, la Ley exige al tribunal competente que, a la hora de resolver una solicitud de posesión exclusiva del hogar conyugal, tenga en cuenta si uno de los cónyuges ha cometido cualquier acto de violencia contra el otro o contra los niños.
Desde 2009, el Gobierno del Canadá, a través de la Comisión del Canadá sobre la Condición de la Mujer, ha financiado más de 200 proyectos dirigidos a abordar la violencia contra la mujer y la niña, por un importe total de más de 46 millones de dólares. Este importe incluye más de 1,3 millones de dólares para proyectos que hacen frente a la trata de personas y más de 2,8 millones de dólares para proyectos que combaten prácticas culturales nocivas como la violencia en nombre del denominado “honor”.
En 2011, el gobierno de Ontario puso en marcha “Cambiar las actitudes, cambiar las vidas”, plan de acción de Ontario contra la violencia sexual. Este plan de acción cuatrienal, de 15 millones de dólares, se centra en crear conciencia para prevenir la violencia sexual, mejorando los servicios para las víctimas y reforzando la respuesta del sistema de justicia penal. Se elaboró en consulta con más de 350 supervivientes, proveedores de servicios y expertos en los sectores de la comunidad, la salud, la educación y la justicia.
El Plan de acción gubernamental contra las agresiones sexuales de Quebec para el período de 2008 a 2013 se ha prorrogado hasta que se apruebe un nuevo plan. El Plan incluye 100 compromisos y se han invertido 149 millones de dólares para su aplicación desde abril de 2008 hasta marzo de 2014.
En 2014, el gobierno de Alberta proporcionó financiación para capacitar al personal de los Centros Nativos de Amistad (Native Friendship Centres) en el marco de “I Am A Kind Man” (“Soy un hombre amable”), un programa contra la violencia dirigido a hombres y niños varones que tuvo su origen en Ontario.
En 2014, Nueva Brunswick actualizó los Protocolos para Mujeres Víctimas de Malos Tratos, que constan de una serie de instrumentos en los que se describen las funciones de departamentos y organismos, las medidas que hay que adoptar para hacer frente a la violencia contra la mujer, y los medios para ponerse en contacto con los asociados y para establecer un planteamiento comunitario con respecto a la seguridad y la prevención de la violencia contra la mujer.
En agosto de 2009, el gobierno del Yukón publicó una Estrategia Quinquenal para las Víctimas de Delitos, que se centra en las necesidades de estas haciendo hincapié en abordar la violencia contra la mujer. Esta estrategia reconoce, formaliza y fortalece los servicios que el gobierno ya está prestando; explora iniciativas nuevas e incipientes, incluidas las opciones legislativas, para proporcionar más servicios; e insiste en la colaboración con otros agentes a fin de examinar nuevos apoyos para las víctimas de delitos.
En abril de 2014, Manitoba anunció un plan de cuatro puntos para hacer frente a las agresiones sexuales que incluye la Iniciativa Mundial de Ciudades Seguras de ONU-Mujeres; protocolos sobre agresiones sexuales; una campaña de concienciación pública; y un foro de intercambio de conocimientos sobre agresiones sexuales.
Tras consultar a organismos públicos, paraestatales y comunitarios que trabajan con víctimas de la violencia doméstica, así como organizaciones aborígenes, asociaciones, organizaciones especializadas y grupos de investigación, Quebec lanzó un tercer plan de acción sobre la violencia doméstica, que abarca el período de 2012 a 2017, con el objetivo de garantizar la seguridad de las víctimas e incrementar la asistencia a estas, incluidos los niños vulnerables, y mejorar la asistencia y el asesoramiento para los cónyuges que tienen un comportamiento violento. Hay 100 medidas aplicables a todo el mundo y 35 medidas aplicables de manera específica a las personas aborígenes. Se estima que se necesitarán 57 millones de dólares a lo largo de 5 años para la aplicación del plan.
En 2013, el gobierno de Alberta publicó un Marco para Acabar con la Violencia Familiar en Alberta, que incluye medidas concretas para abordar la igualdad entre los géneros en el contexto de la violencia familiar. El Marco se apoya en las medidas de intervención y prevención vigentes y mejora las estrategias existentes con prácticas basadas en datos empíricos.
En 2014, el gobierno de la Columbia Británica publicó un Plan Trienal Provincial sobre la Violencia Doméstica. Este plan es el resultado de las consultas celebradas con los interesados públicos y activos contra la violencia, e incluye compromisos orientados a crear más dependencias de violencia doméstica, programas para familias aborígenes, servicios directos para los autores de transgresiones, y un mejor acceso a los servicios y la vivienda social para los supervivientes en las comunidades rurales y remotas. Este plan también incluye compromisos para desarrollar una respuesta aborigen y enfoques específicos para tratar las necesidades exclusivas de las mujeres inmigrantes y refugiadas y de las mujeres con discapacidad.
El Tribunal Facultativo para la Instrucción de las Causas de Violencia Doméstica del gobierno de los Territorios del Noroeste ofrece un programa de ocho semanas para los acusados de violencia doméstica que están dispuestos a asumir la responsabilidad de sus actos. Los acusados son seleccionados cuidadosamente para participar en el programa, y el hecho de haber completado con éxito el tratamiento es un factor de atenuación de sentencia. El programa concluyó su sexta sesión en marzo de 2014 y, hasta entonces, 33 personas lo habían completado con éxito.
El Comité de Acción del Primer Ministro para la Prevención de la Violencia Doméstica de la Isla del Príncipe Eduardo incluye a representantes gubernamentales y comunitarios, como, por ejemplo, grupos de mujeres, que colaboran en la prevención de la violencia familiar. En los cinco últimos años, este comité ha involucrado a las comunidades y las escuelas en la Semana de la Prevención de la Violencia Familiar; ha establecido un modelo mejorado de atención a los pacientes que acuden a los servicios de urgencia para recibir tratamiento después de sufrir agresiones sexuales; ha ofrecido una serie de oportunidades de capacitación avanzada para profesionales que trabajan para prevenir la violencia familiar; y ha ampliado los recursos disponibles en su sitio web para mujeres y hombres víctimas de violencia familiar, para vecinos, amigos y familiares, y para grupos religiosos.
El gobierno de Manitoba tiene en marcha una campaña de concienciación pública bajo el lema “Alto a la violencia”, que cuenta con una variedad de documentos de referencia para promover relaciones no violentas e intervenciones apropiadas. La provincia ha declarado el mes de abril de cada año como el Mes de la Concienciación sobre las Agresiones Sexuales.
Matrimonio infantil, precoz y forzoso, y violencia por motivos de “honor”
En los últimos años se han intensificado las iniciativas de los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales en el Canadá para abordar la cuestión del matrimonio precoz y forzoso en el ámbito nacional. En la Alocución del Trono de octubre de 2013, el Gobierno del Canadá se comprometió a adoptar medidas para garantizar que no se celebraran matrimonios precoces ni forzosos en el país. En respuesta a este compromiso, el 5 de noviembre de 2014 se presentó en el Senado el proyecto de ley S-7, ley de enmienda de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados, la Ley del Matrimonio Civil y el Código Penal, y en virtud de la cual se introducían las enmiendas pertinentes en otras leyes. Las enmiendas propuestas ayudarán a proteger a las mujeres y los niños frente a prácticas nocivas como el matrimonio precoz y forzoso y la poligamia, y a garantizar que las personas que asesinan en nombre del honor respondan plenamente de sus actos. Estas enmiendas mejorarán las protecciones jurídicas para los canadienses vulnerables, en particular las mujeres y niñas inmigrantes, frente a estas formas insidiosas de violencia familiar.
El Gobierno del Canadá ha creado un grupo de trabajo interdepartamental sobre el matrimonio forzoso y la violencia basada en el honor, bajo los auspicios de la iniciativa federal sobre la violencia familiar, para que actúe como centro de coordinación de medidas colaborativas.
En el plano internacional, el Canadá ha situado la eliminación del matrimonio infantil, precoz y forzoso entre sus prioridades en materia de política exterior y desarrollo, y ha desempeñado un papel importante a la hora de lograr que el mundo dedique atención y esfuerzos a poner fin a esta práctica nociva en todo el planeta.
El proyecto de ley C-13, Ley de Protección de los Canadienses contra la Delincuencia a través de Internet, se presentó en la Cámara de los Comunes en noviembre de 2013. Esta Ley aborda la distribución no consensuada de imágenes íntimas y trata de modernizar las atribuciones de investigación existentes (mandamientos y otras órdenes judiciales) para permitir a la policía —bajo supervisión judicial previa— obtener pruebas electrónicas de Internet y otras nuevas tecnologías de manera más eficiente y eficaz. Entre otras cosas, propone prohibir la distribución no consensuada de imágenes íntimas y facultar a un tribunal para que ordene la retirada de imágenes íntimas de Internet. También propone ampliar la definición de “grupo identificable” en los delitos relacionados con la propaganda que incita al odio en el Código Penal con el fin de incluir el “sexo”, entre otros nuevos motivos.
En enero de 2014, el Gobierno del Canadá inició la campaña de concienciación nacional contra el ciberacoso titulada “Stop Hating Online” (“Alto al odio en Internet”), un recurso integral para padres y jóvenes con el que se pretende ayudar a detener el ciberacoso centrando la atención en sus consecuencias y en cómo este comportamiento constituye una actividad delictiva.
En 2013, Nueva Escocia promulgó la Ley de Seguridad Cibernética, que establece disposiciones para que los tribunales dicten órdenes de protección, para que los acosados denuncien al acosador cibernético o a los padres de este, y para que se atribuya con más claridad a los directores de las escuelas la responsabilidad de adoptar medidas cuando exista ciberacoso.
En 2013, el gobierno de Saskatchewan publicó su Plan de Acción para Abordar el Acoso y el Ciberacoso. Este plan proporcionará a los estudiantes, las familias y las escuelas conocimientos, aptitudes, recursos y apoyos para ayudar a los niños y jóvenes de Saskatchewan a sentirse seguros y aceptados en la escuela, en su comunidad y en Internet. Su propósito es abordar los comportamientos tendentes al acoso y promover unas relaciones positivas para todos los niños.
Servicios de asistencia a las víctimas
Actividades de apoyo y servicios
En el marco de la iniciativa sobre la violencia familiar, una alianza para coordinar actividades entre 15 ministerios federales, el Gobierno del Canadá dirige un centro de recursos en línea para profesionales en materia de violencia familiar y el público en general. Desde 2009, las páginas web han recibido un promedio aproximado de 194.500 visitas al año. El Gobierno está desarrollando las páginas web con una plataforma modernizada y nuevos contenidos, entre los que se incluyen estadísticas actualizadas sobre la violencia contra la mujer, herramientas para profesionales que trabajan con mujeres y niños que han sufrido violencia familiar, e información para mujeres que necesitan ayuda para hacer frente a la violencia familiar.
En Quebec, se han adoptado medidas encaminadas a promover la complementariedad de los servicios y la coherencia en las intervenciones psicosociales, jurídicas, policiales y penales con respecto a la violencia doméstica, sexual y familiar. Se han logrado enormes avances.
El Gobierno también financia centros de ayuda a las víctimas de actos criminales (CAVAC) que ofrecen servicios de primera línea a todas las víctimas de delitos, sus familiares y los testigos de delitos penales. Esta financiación permitió que se ampliaran los servicios prestados por los CAVAC en Nunavik y a la comunidad cree. La financiación también se destina a centros de ayuda y de lucha contra las agresiones sexuales (CALAC), que han establecido una línea telefónica confidencial, gratuita y bilingüe para víctimas de agresiones sexuales, así como para familiares de víctimas y para asistentes sociales, la cual está operativa en todo Quebec las 24 horas del día los 7 días de la semana.
Quebec también ha introducido enmiendas legislativas que permiten a los ciudadanos rescindir un contrato de arrendamiento de vivienda por motivos de violencia doméstica o agresiones sexuales, así como otra enmienda legislativa que extiende de 3 a 10 años el plazo de prescripción aplicable a las acciones de responsabilidad civil en aquellos supuestos en que un acto que cause lesiones corporales pueda constituir un delito penal. El límite es 30 años cuando las lesiones se deban a agresiones sexuales, violencia sufrida en la niñez o violencia a manos de un cónyuge o excónyuge.
Además, a raíz de una evaluación de las necesidades con miras a adaptar los servicios prestados a mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia doméstica, al plan de acción sobre la violencia doméstica se le añadieron nuevas medidas destinadas específicamente a estas mujeres.
El programa de centros de lucha contra las agresiones sexuales del gobierno de Ontario ofrece apoyo y servicios a mujeres supervivientes de violencia sexual que tienen 16 o más años, y a sus familiares, parejas y amigos. En toda la provincia hay 40 organismos que prestan servicios como, por ejemplo, asesoramiento individualizado y en grupo, servicios de información y remisión, promoción y acompañamiento, asistencia práctica y acceso a una línea telefónica de crisis y apoyo operativa las 24 horas del día. Entre 2012 y 2013, el programa proporcionó asesoramiento individualizado a 7.164 beneficiarios y asesoramiento en grupo a 2.005 beneficiarios, y tramitó 12.151 remisiones a otros servicios.
El Programa Autorizado sobre Violencia Familiar de Ontario, disponible a través de algunos albergues y centros comunitarios de asistencia jurídica, ofrece consultas de emergencia de dos horas con un abogado privado para supervivientes de violencia doméstica que necesitan asistencia inmediata. Este programa también proporciona asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la inmigración y los refugiados.
El Gobierno también creó el Programa de Trabajadores de Apoyo en Tribunales de Familia para ayudar a las víctimas de violencia doméstica a lo largo del proceso de separación o divorcio. Este programa se ofrece en 49 distritos judiciales de todo Ontario y sus objetivos principales son ofrecer apoyos a las víctimas de violencia doméstica que están inmersas en el proceso de un tribunal de familia; abordar la seguridad de las víctimas mediante la planificación de la seguridad; y lograr que las víctimas sean más conscientes de los servicios y apoyos que están a su disposición. Desde el inicio de los servicios en 2012 hasta el 31 de marzo de 2014, el programa ha recibido 15.326 remisiones y ha ayudado a 13.865 beneficiarios.
Entre 2012 y 2013, el gobierno de Saskatchewan inició una expansión de sus servicios de apoyo a las víctimas, incluida la mejora de la prestación en toda la provincia de servicios de apoyo a las víctimas y a los testigos, incrementando el número de oficinas regionales de 4 a 6. Estos programas proporcionan apoyo y orientación judicial a los niños víctimas y a otros testigos vulnerables para reducir el miedo, la ansiedad y los nuevos traumas que puede provocar el hecho de testificar.
También se extendieron por la provincia los servicios a las víctimas dirigidos por la policía hasta llegar a 11 instancias policiales entre 2013 y 2014, y se prevé que las 23 instancias policiales restantes reciban los servicios entre 2014 y 2015. Estos servicios proporcionan apoyo, información y remisiones a las víctimas de delitos inmediatamente después de un incidente y a lo largo de todo el proceso de justicia penal.
En junio de 2013, Saskatchewan también enmendó el Reglamento relativo a las Víctimas de Delitos para añadir los delitos del Código Penal por los que las víctimas pueden solicitar indemnización, entre ellos la reclusión forzada y la trata de personas.
En 2012 entró en vigor la Ley contra la Explotación Sexual de Niños y la Trata de Personas de Manitoba, que permite a las víctimas de explotación sexual de niños y de trata de personas obtener órdenes judiciales de protección.
Manitoba cuenta con nueve centros de recursos para mujeres que ofrecen asesoramiento individualizado, información y remisión, servicios de divulgación y grupos de apoyo a mujeres afectadas por la violencia doméstica, así como programas educativos, servicios para niños, capacitación de voluntarios y actividades de desarrollo de la comunidad.
Desde 2011, el Gobierno del Canadá ha celebrado acuerdos bilaterales de inversión en la construcción de viviendas asequibles con la mayoría de las provincias y los territorios. En virtud de estos acuerdos, las provincias y los territorios complementan la financiación federal y tienen la flexibilidad necesaria para diseñar y llevar a cabo programas de vivienda con el fin de responder a sus necesidades y prioridades de vivienda locales, incluidos los alojamientos para víctimas de violencia familiar. Las provincias y los territorios tienen la obligación de asignar un mínimo de 1,9 millones de dólares anuales en financiación federal a las víctimas de violencia familiar. El Ministerio de Asuntos Aborígenes y de Desarrollo del Norte del Canadá proporciona unos 18,5 millones de dólares en financiación para una red existente de 41 albergues en las provincias y en el Yukón. El 15 de septiembre de 2014, el Gobierno del Canadá publicó su plan de acción para hacer frente a la violencia en la familia y los delitos violentos contra las mujeres y las niñas aborígenes. Como parte del plan de acción, a partir del 1 de abril de 2015, el Gobierno invertirá otros 158,7 millones de dólares a lo largo de 5 años en albergues y actividades de prevención de la violencia familiar dentro y fuera de las reservas.
Desde 2008 hasta septiembre de 2014, se destinaron cerca de 88 millones de dólares en contribuciones federales, provinciales y territoriales a crear o renovar y mejorar 4.693 plazas o camas en albergues para víctimas de violencia familiar fuera de las reservas; por otro lado, desde 2008 hasta 2013, se aportaron cerca de 5 millones dólares en financiación federal para 309 plazas o camas en las reservas.
El gobierno de Quebec ha venido proporcionando financiación anual recurrente a 110 albergues de todo el territorio para las mujeres que son víctimas de violencia doméstica y se encuentran en situación de dificultad, y para sus hijos, así como para 2 asociaciones provinciales de estos tipos de organizaciones. En la zona de Montreal se financia de manera recurrente a una organización especializada para mujeres inmigrantes y refugiadas.
El componente de renovación del Programa de Mejora de Albergues de Quebec presta asistencia financiera para la renovación de los albergues temporales existentes destinados a mujeres que son víctimas de violencia familiar. Entre el 28 de febrero de 2010 y el 31 de marzo de 2014, se renovaron 281 unidades para mujeres víctimas de violencia y sus hijos, y para jóvenes en situación de dificultad menores de 29 años.
El gobierno de Ontario ha invertido 142 millones de dólares en programas destinados a incrementar la seguridad de las mujeres que están sufriendo malos tratos y la de sus hijos. Parte de esta financiación ayuda a 95 organismos a gestionar albergues que prestan servicio a alrededor de 12.000 mujeres y 8.000 niños cada año.
En virtud de su Ley de Servicios de la Vivienda de 2011, la Política de Prioridad Especial de Ontario ofrece acceso prioritario a vivienda cuyo alquiler se ajusta a los ingresos a las víctimas de violencia doméstica. Los administradores de los servicios tienen la obligación de situar a los solicitantes que reúnen los requisitos oportunos en los primeros lugares de la lista de espera. En 2012, aproximadamente 4.500 solicitantes nuevos y existentes consiguieron una vivienda cuyo alquiler se ajustaba a los ingresos.
El gobierno de Alberta proporciona financiación regular a los refugios de emergencia de mujeres de toda la provincia y a la red de centros de lucha contra las agresiones sexuales. Entre 2013 y 2014, los refugios de emergencia de mujeres dieron servicio a 7.604 mujeres y 7.766 niños, y, en un día en 2013, 41 de esos refugios ayudaron a 926 mujeres y 1.102 niños.
La Columbia Británica financia unas 1.750 camas en albergues permanentes durante todo el año. Aproximadamente 1.610 de estas camas en albergues permanentes se financian a través de su Programa de Refugios de Emergencia y, de ellas, unas 260 se asignan específicamente a mujeres.
Hay cinco albergues para víctimas de la violencia familiar repartidos por los Territorios del Noroeste, destinados a las mujeres y niños que huyen de la violencia. A estos albergues pueden acceder los residentes de todas las comunidades. En las regiones que carecen de albergues, se proporciona financiación con el fin de apoyar el establecimiento de protocolos culturalmente pertinentes y de equipos de respuesta de emergencia con miras a mejorar la seguridad de las víctimas de violencia familiar y a cubrir los gastos de viaje de las mujeres y niños que han de volar a otra comunidad para acceder a un albergue.
En 2011, el gobierno de Manitoba anunció otros 2 millones de dólares para ayudar a establecer 18 nuevas camas de transición segura, así como apoyo al programa “Streetreach”, que ayuda a adolescentes explotados a abandonar la calle.
Se puede encontrar más información sobre albergues en los párrafos 204 a 230 de la respuesta de enero de 2014.
Violencia contra las mujeres y niñas aborígenes
Los gobiernos del Canadá siguen adoptando iniciativas y medidas para abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres y niñas aborígenes. En la respuesta de enero de 2014, se presenta información sustancial sobre las medidas tomadas antes de 2014 y, a continuación, se exponen nuevos avances.
Reseña operacional nacional sobre las mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas
El 16 de mayo de 2014, la Real Policía Montada del Canadá (RPMC) publicó una reseña operacional nacional sobre las mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas. Se trataba de un exhaustivo análisis de datos que implicaba un examen manual expediente por expediente de todo el historial de casos de mujeres aborígenes desaparecidas. Además, el examen abarcaba a todas las mujeres aborígenes víctimas de homicidio de 1980 a 2012. La elaboración de este informe contó con la asistencia de la Oficina de Estadísticas del Canadá y de casi 300 organismos policiales de todo el Canadá.
Esta reseña nacional reveló lo siguiente:
•Los casos registrados por la policía de homicidios de mujeres aborígenes y desapariciones no resueltas de mujeres aborígenes ascienden a un total de 1.181, a saber, 164 mujeres desaparecidas y 1.017 víctimas de homicidio.
•Hay 225 casos no resueltos de mujeres aborígenes desaparecidas o asesinadas: 105 desaparecidas durante más de 30 días a fecha de 4 de noviembre de 2013, cuya causa de desaparición se clasificó en su momento como “desconocida” o “presunta comisión de un delito”, y 120 homicidios no resueltos entre 1980 y 2012.
•Se constata una proporción excesiva de mujeres aborígenes entre las mujeres asesinadas y desaparecidas del Canadá.
•Existen similitudes entre todos los homicidios de mujeres. La mayoría de los homicidios fueron cometidos por hombres y la mayoría de los homicidas conocían a sus víctimas, ya fuera porque estas eran personas conocidas o cónyuges.
•La mayoría de todos los homicidios de mujeres se han resuelto (cerca del 90%) y se observan pocas diferencias en las tasas de resolución entre víctimas aborígenes y no aborígenes.
La identificación de tendencias y circunstancias que rodean a estos casos servirá para informar a la policía y a los organismos asociados de la policía, lo que permitirá mejorar los esfuerzos de prevención e investigación y la rendición de cuentas. También ayudará a la planificación operacional desde el nivel de destacamento hasta el nivel nacional de la RPMC.
Sobre la base del examen de expedientes, la RPMC facilitó datos actualizados relativos a la identidad aborigen de todas las mujeres víctimas de homicidio entre 1980 y 2012 a la Oficina de Estadísticas del Canadá. En adelante, la RPMC proporcionará a la Oficina de Estadísticas del Canadá datos sobre la identidad aborigen de todas las víctimas de homicidio y personas acusadas de homicidio. La Oficina de Estadísticas del Canadá también está colaborando con todos los servicios de policía para mejorar la calidad de estos datos.
Plan de acción para hacer frente a la violencia en la familia y los delitos violentos contra las mujeres y las niñas aborígenes
En febrero de 2013, la Cámara de los Comunes votó de manera unánime a favor de la creación de un comité especial de la Cámara de los Comunes encargado de examinar la importante cuestión de las mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas, y de sugerir soluciones prácticas. Dicho comité escuchó a numerosas personas y grupos, y publicó su informe en marzo de 2014.
En septiembre de 2014, en respuesta a las recomendaciones del comité especial y en consonancia con su compromiso recogido en el presupuesto de 2014 de destinar otros 25 millones de dólares a lo largo de 5 años a abordar la violencia contra las mujeres y niñas aborígenes, el Gobierno del Canadá publicó el plan de acción para hacer frente a la violencia en la familia y los delitos violentos contra las mujeres y las niñas aborígenes.
Dicho plan de acción quinquenal refleja que esta grave cuestión requiere una acción coordinada y polifacética, y agrupa las medidas que el Gobierno del Canadá adoptará en tres pilares: prevención de la violencia, apoyo a las víctimas aborígenes y protección de las mujeres y niñas aborígenes.
Entre las iniciativas que plantea el plan de acción, se incluyen las siguientes:
•Elaboración de más planes de seguridad a nivel de la comunidad en todo el Canadá, incluso en las regiones que la reseña operacional de la RPMC considera como de alto riesgo;
•Proyectos dirigidos a romper los ciclos intergeneracionales de violencia y malos tratos creando conciencia y entablando relaciones saludables;
•Proyectos para involucrar a hombres y niños y empoderar a mujeres y niñas en las iniciativas dedicadas a denunciar y prevenir la violencia;
•Servicios de apoyo a las víctimas y asistencia a las víctimas y las familias;
•Acciones destinadas a compartir información y recursos con las comunidades y las organizaciones y a informar con regularidad del progreso realizado y los resultados obtenidos en el marco del plan de acción.
Además de la inversión de 25 millones de dólares entre 2015 y 2020, el Gobierno del Canadá está actuando para proteger a las mujeres y niñas aborígenes de la manera siguiente:
•Financiando albergues y actividades de prevención de la violencia familiar, en una cuantía anual de 31,74 millones de dólares;
•Apoyando la creación de un índice de personas desaparecidas basado en el ADN para contribuir a hacer justicia a las familias de esas personas.
Este plan de acción, junto con otros tipos de apoyo federal a los albergues, la prevención de la violencia familiar y el aumento de las oportunidades económicas y de liderazgo para las mujeres aborígenes, tendrá como resultado una inversión, por parte del Gobierno del Canadá, de casi 200 millones de dólares a lo largo de 5 años.
Nuevas iniciativas provinciales y territoriales
Desde la publicación del informe de la Comisión de Investigación sobre Mujeres Desaparecidas, en noviembre de 2013, el gobierno de la Columbia Británica ha seguido trabajando en la aplicación de sus recomendaciones. Entre las medidas clave adoptadas en la primavera de 2014 se incluye el establecimiento, por parte de la provincia, el Gobierno del Canadá y la Ciudad de Vancouver, de un Fondo de Indemnización para ofrecer 50.000 dólares en indemnizaciones a cada uno de los hijos biológicos vivos de las 67 mujeres identificadas en el informe de la Comisión de Investigación sobre Mujeres Desaparecidas.
En 2014, la provincia aprobó la Ley de Personas Desaparecidas, que dotará a la policía de instrumentos que ayudarán a encontrar a personas desaparecidas con mayor brevedad.
Se aprobaron enmiendas a la Ley sobre la Policía, a fin de introducir normas adicionales para apoyar servicios policiales carentes de prejuicios y auditorías para las investigaciones de casos fundamentales no resueltos. Asimismo, actualmente se están elaborando normas para las investigaciones sobre personas desaparecidas, la gestión de casos fundamentales y la cooperación interinstitucional.
La provincia también ha proporcionado financiación a la Academia de Policía del Instituto de Justicia de la Columbia Británica para facilitar la integración de los valores básicos de la competencia cultural y los servicios policiales carentes de prejuicios en todos los planes de estudios para la capacitación. Esto implicará capacitar a los agentes de policía en cuanto al desarrollo y mantenimiento de relaciones comunitarias, en particular con los miembros vulnerables de la comunidad.
En colaboración con el Comité Consultivo de la Asociación de Jefes de Policía de la Columbia Británica, la provincia ha realizado un examen de las políticas, los procedimientos y las respuestas operacionales existentes de los departamentos de policía bajo el prisma de las recomendaciones del informe de la Comisión de Investigación sobre Mujeres Desaparecidas. Este trabajo ha determinado lagunas y necesidades y ha recomendado una serie de medidas para abordar dichas lagunas y orientar la aplicación de tales medidas.
La Columbia Británica está elaborando normas para los servicios policiales provinciales relativas a las investigaciones sobre personas desaparecidas, que se espera que estén completadas en el otoño de 2014. A fin de que haga aportaciones a este proceso, se ha creado un Comité Consultivo Permanente sobre Normas para los Servicios Policiales Provinciales compuesto por interesados policiales y no policiales, incluidas la Unión de Municipalidades de la Columbia Británica, la Union of British Columbia Indian Chiefs y la British Columbia Civil Liberties Association.
Se ha puesto en marcha un proyecto plurianual para examinar cómo se estructuran y financian actualmente los servicios policiales. En el proyecto participarán dirigentes municipales y organismos de policía para explorar maneras de capitalizar la prestación regional de servicios especializados. Esto sentará las bases para estudiar modelos de prestación de servicios que van desde una mayor integración hasta la prestación regional de servicios mientras se conservan los servicios policiales locales centrados en las comunidades. A fin de ahondar en este empeño, se ha establecido un Comité de Expertos compuesto por representantes de organismos de policía, gobiernos locales, la Asociación de Policías de la Columbia Británica, y las Primeras Naciones, con los objetivos siguientes: aclarar las responsabilidades de cada nivel de gobierno en relación con los servicios policiales; explorar modelos de servicios policiales que van desde una mayor integración hasta la prestación regional de servicios; y formular opciones para la gobernanza de los servicios policiales y los modelos de financiación.
La provincia ha respaldado el establecimiento de un Centro de Inteligencia en Tiempo Real por parte de la RPMC y los asociados de la policía municipal. El Centro velará por que la información se pueda intercambiar más fácilmente e incrementará la capacidad de la policía para investigar todos los delitos, incluidos los relacionados con personas desaparecidas. La implantación del Centro comenzó en junio de 2014 con un servicio inicial para toda la policía del Distrito Regional del Gran Vancouver (Metro Vancouver), incluidas la RPMC y la policía municipal independiente. Durante las dos próximas fases de implantación, el Centro examinará la expansión de sus servicios a la región de la Gran Victoria (2016) y después al resto de la provincia (2017).
Los Servicios de atención a las víctimas del Ministerio de Justicia de Manitoba coordinan un grupo de trabajo interinstitucional compuesto por organismos y personas dedicados de manera exclusiva a la cuestión de las personas desaparecidas, específicamente las mujeres y niñas aborígenes desaparecidas y asesinadas, garantizan que todas las partes implicadas conozcan los servicios que actualmente presta cada organismo en Manitoba, y crean un vínculo entre ellas de manera que las familias afectadas, junto con los organismos, tengan menos dificultades para navegar por el sistema y acceder a los servicios.
La provincia proporcionó financiación al programa “Unresolved Loss” (“Pérdida no resuelta”) del Aurora Family Therapy Centre, que mejorará los apoyos y el asesoramiento a largo plazo para las familias de personas desaparecidas; a la Ka Ni Kanichihk Inc., para que amplíe y mejore el trabajo del Medicine Bear Project, con el objetivo específico de incrementar las alianzas y los recursos en las comunidades rurales y septentrionales; y al proyecto Ni Mino Biimatiziiwin (My Good Life) (“Mi buena vida”) de Eyaa-Keen, con el fin de tratar el dolor y la pérdida que sufren las familias de las mujeres y niñas aborígenes desaparecidas y asesinadas.
El gobierno de Alberta está colaborando con el Institute for Advancement of Aboriginal Women y otros asociados para diseñar una estrategia colaborativa encaminada a incrementar la seguridad de las mujeres y niñas aborígenes. Este comité interinstitucional dirigido por el Institute for Advancement of Aboriginal Women pretende crear conciencia acerca de las mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas, brindar un mejor apoyo a las familias y configurar iniciativas colaborativas en las comunidades de Alberta para mejorar la seguridad.
V.Empleo y empoderamiento económico
Esta sección contiene información relacionada con los artículos 4, 10, 11 y 13 de la Convención y se centra en los párrafos 23, 24 y 37 a 40 de las observaciones finales del Comité.
Los gobiernos del Canadá están trabajando para incrementar el empleo y el empoderamiento económico de la mujer mediante una serie de medidas, entre las que se incluyen el desarrollo de aptitudes y los programas de empleo, la financiación del cuidado de la infancia para ayudar a las familias canadienses a compaginar el trabajo con el cuidado de la infancia, y apoyos a la vivienda asequible para las familias con ingresos bajos a moderados.
Desarrollo de aptitudes y medidas para el empleo
La brecha en la tasa de participación en la fuerza de trabajo entre hombres y mujeres de entre 15 y 64 años de edad se ha reducido considerablemente en los últimos 40 años: de un 33% en 1976 a un 7% en 2013. En 2013, la tasa de participación de las mujeres de entre 15 y 64 años era del 74,6%, frente al 51,4% registrado en 1976. Casi el 27% de las mujeres trabajadoras del Canadá trabajaban a tiempo parcial, mientras que el 12% de los hombres trabajadores tenían un empleo a tiempo parcial. Aunque las mujeres con hijos siguen teniendo menos probabilidades de encontrar un empleo que las mujeres sin hijos, la tasa de ocupación de las mujeres con hijos menores de 6 años se ha duplicado con creces en los últimos 30 años.
Si bien las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los oficios especializados, el número de mujeres aprendices está aumentando. En 2011, las mujeres representaban el 14% de todos los aprendices registrados. Aunque el número de mujeres aprendices creció en un 216% entre los años 2000 y 2010, estas siguen concentrándose en algunos oficios, que suelen estar peor remunerados (por ejemplo, peluquera, cocinera). No obstante, en los últimos años, más mujeres se han registrado en oficios dominados por hombres. Por ejemplo, tanto la profesión de electricista industrial como la de obrero manual de la construcción han experimentado un aumento del número de mujeres aprendices.
Como medio para proporcionar un apoyo financiero temporal a las personas que se enfrentan a importantes acontecimientos vitales y ayudar a mantener su nexo con el mercado de trabajo, el Gobierno del Canadá también ofrece prestaciones especiales del seguro de empleo, como, por ejemplo, prestaciones de maternidad, parental, de enfermedad y por motivos humanitarios, así como la prestación para padres de niños gravemente enfermos.
El Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales han puesto en marcha diversas medidas dirigidas a promover la creación de empleo y la inclusividad del mercado de trabajo, y a garantizar que las mujeres desarrollen las aptitudes que necesitan para tener éxito en el mercado de trabajo, incluso en los oficios y profesiones no tradicionales.
El Gobierno del Canadá ofrece una serie integrada de apoyos para alentar una mayor participación en los oficios especializados y en los cursos de aprendizaje por parte tanto de las mujeres como de los hombres. Por ejemplo, la subvención para incentivar los cursos de aprendizaje y la subvención para finalizar dichos cursos ayudan a reducir las barreras financieras que obstaculizan el acceso a la capacitación, como también lo hacen las deducciones para los instrumentos de los comerciantes y la desgravación fiscal por la creación de puestos de trabajo de aprendiz (para los empleadores). En 2014, el Gobierno anunció la creación del préstamo canadiense para aprendices, que proporciona a los aprendices registrados en su primer oficio de tipo red seal (“sello rojo”) préstamos sin interés para cubrir los costos de su capacitación.
El Gobierno del Canadá colabora con las provincias y territorios e invierte cerca de 2.700 millones de dólares anuales en programas de empleo y capacitación para mejorar los resultados en el mercado de trabajo. Entre dichas inversiones destacan el nuevo Acuerdo del Fondo Canadiense de Empleo; los Acuerdos de Desarrollo del Mercado de Trabajo, que apoyan la mejora del nexo de los canadienses desempleados con la fuerza de trabajo, incluidas las mujeres en grupos infrarrepresentados; y los Acuerdos del Mercado de Trabajo para Personas con Discapacidad, que ofrecen más soluciones de formación para personas con discapacidad en función de la demanda existente.
Desde 2009, el Gobierno del Canadá, a través de la Comisión del Canadá sobre la Condición de la Mujer, ha financiado más de 140 proyectos, en una cuantía total de 33 millones de dólares, para incrementar la seguridad económica y la prosperidad de las mujeres y las niñas, incluidos más de 40 proyectos (que ascienden a un total de 11 millones de dólares) que apoyan a las mujeres en ocupaciones no tradicionales y más de 26 proyectos (que alcanzan un total de más de 6,7 millones de dólares) que respaldan a las mujeres en el emprendimiento.
Entre los ejemplos de medidas adoptadas por las provincias y los territorios, cabe citar los Servicios de Capacitación y Empleo del gobierno de Manitoba, que prestan una serie de servicios de capacitación y empleo directos e indirectos a todos los ciudadanos de Manitoba que reúnen los requisitos necesarios y que ofrecen proyectos o iniciativas particulares pensados específicamente para responder a las necesidades de las mujeres solicitantes de empleo, entre los que se incluyen los siguientes:
•El programa denominado Career Trek/“M” project es un programa de exploración de carreras diseñado para las madres adolescentes con el fin de ayudarlas a permanecer en la escuela, finalizar su enseñanza secundaria y matricularse en cursos de capacitación o estudios postsecundarios;
•El programa de competencias esenciales y talentos con distinción de la Ka Ni Kanichihk Inc. brinda a las madres solteras aborígenes de entre 18 y 30 años la oportunidad de desarrollar aptitudes pertinentes para el mercado de trabajo.
Los Servicios de Capacitación y Empleo también llevan a cabo la iniciativa “Trade Up to Your Future” (“Progresa hacia tu futuro”), que anima a más mujeres a emprender carreras en los oficios especializados no tradicionales. Los Servicios de Capacitación y Empleo prestan asistencia financiera directa para apoyar a las mujeres con bajos ingresos y baja cualificación mientras adquieren las aptitudes necesarias para poder optar a su primer empleo en los oficios especializados. Las participantes tienen derecho a recibir asesoramiento individual para la promoción de las perspectivas de carrera y asistencia financiera para cursar un programa de formación de aprendices acreditado.
En total, en el ejercicio económico 2013/14, los Servicios de Capacitación y Empleo prestaron servicios a 14.963 mujeres y, dentro de este grupo, 2.849 mujeres recibieron asistencia financiera para cursar formación profesional, que incluye actualización de aptitudes, estudios postsecundarios y formación de aprendices impartida en clase.
En Quebec, la estrategia de intervención de Emploi-Québec a favor de las trabajadoras, iniciada en 2009, promueve la integración al mundo laboral y la retención del empleo entre las mujeres, incluidas aquellas mujeres que son más vulnerables en lo que respecta al empleo.
Además, el plan de acción para la igualdad entre los géneros (2011 a 2015) incluye medidas dirigidas a mejorar la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, como, por ejemplo, financiación para organizaciones que asesoran a las mujeres que tienen graves dificultades para integrarse en el mundo laboral y medidas encaminadas a mejorar la integración social y profesional de las inmigrantes que han llegado recientemente a Quebec.
El gobierno también elaboró una norma de conciliación de la vida laboral y familiar que anima a las empresas de todos los tamaños a implantar las mejores prácticas en cuanto a dicha conciliación y a publicitar su compromiso a este respecto acometiendo un proceso de certificación.
Quebec también está esforzándose por promover la diversidad de las opciones escolares y profesionales que eligen las jóvenes y las mujeres, desde la enseñanza secundaria hasta la universidad, incluso animándolas a seguir una carrera técnica o científica. Reconoce los esfuerzos y la perseverancia de las chicas en los programas de capacitación tradicionalmente dominados por hombres mediante un concurso denominado Chapeau les filles! (“¡Bravo, chicas!”). El apoyo al emprendimiento femenino, a través de la red de organizaciones Femmessor en todo Quebec, contribuye a fomentar que las mujeres estén presentes en campos tradicionalmente dominados por hombres.
El gobierno de Saskatchewan presta una variedad de servicios de empleo y garantiza que las personas que reciben ayuda a los ingresos tengan acceso a los servicios de empleo mediante el proceso marcado por el programa Accelerated Connections to Employment (“Conexiones aceleradas al empleo”).
Además, la Comisión de Certificación de Aprendizaje y Comercial de Saskatchewan promueve la presencia de las mujeres en los oficios especializados mediante alianzas con los empleadores, los sindicatos y los centros de enseñanza postsecundaria.
Desde 2002, el gobierno de Terranova y Labrador ha aplicado medidas para permitir a las mujeres que aprovechen las oportunidades de empleo con grandes desarrollos de recursos exigiendo que los operadores de proyectos elaboren y pongan en práctica planes a favor de la igualdad entre los géneros y la diversidad. Estos planes normalmente constan de medidas cuantitativas (metas) y cualitativas para garantizar el empleo de las mujeres y la retención de dicho empleo, así como un calendario de ejecución y de presentación de informes. Desde 2011, los planes también contienen estrategias de acceso empresarial para ayudar a las empresas de propiedad de mujeres a asegurarse el acceso a contratos.
La provincia también apoya iniciativas de divulgación y capacitación dirigidas a incrementar el número de mujeres en ocupaciones en las que están infrarrepresentadas. Se proporciona financiación a la Women in Resource Development Corporation, que ofrece una amplia variedad de apoyos e iniciativas destinadas a los empleadores, las mujeres y las alumnas, y la Office to Advance Women Apprentices, que proporciona capacitación y apoyo al empleo a las mujeres en los oficios que se pueden aprender.
El programa GroundWorks del gobierno de Nueva Escocia ayuda a las mujeres que reciben ayuda a los ingresos a mejorar sus aptitudes y aprender acerca de las posibilidades existentes en el sector del comercio y la tecnología.
El gobierno del Yukón financia a la organización Yukon Women in Trades and Technology, que celebra una conferencia anual en el Yukon College para 120 chicas de octavo grado de Whitehorse y de comunidades rurales con el objetivo de proporcionarles experiencia práctica en diferentes oficios en un entorno divertido y propicio. El objetivo de la conferencia es despertar el interés de las chicas en dedicarse a oficios no tradicionales.
El gobierno de Ontario apoya el programa Women in Skilled Trades and Information Technology Training (“Mujeres en oficios especializados y capacitación en tecnología de la información”), que ofrece capacitación para el empleo y apoyos para que las mujeres con bajos ingresos accedan a una variedad de oficios especializados de alta cualificación y muy demandados y a programas de formación de aprendices o empleos relacionados con la tecnología de la información. Desde 2008, 1.128 mujeres con bajos ingresos han participado en el programa. De las mujeres que lo finalizaron, el 87% consiguió acceder a programas de formación de aprendices, a puestos de trabajo o a más cursos de capacitación.
El gobierno de Nueva Brunswick cuenta con un Programa de Becas para la Igualdad entre los Géneros, que tiene por objeto animar y apoyar a las mujeres y los hombres a matricularse en carreras no tradicionales en un colegio universitario de Nueva Brunswick. Más de 400 becas se han concedido a mujeres. La provincia también está elaborando un programa titulado “Women in Trades” (“Las mujeres en los oficios”), que se destinará a mujeres que están listas para trabajar e interesadas en recibir capacitación o un empleo en los oficios.
La provincia también celebra con regularidad la Trades & Tech Gala for Girls (“Gala de oficios y tecnología para las chicas”) junto con asociados del sector privado y del sector sin fines de lucro, un acto diseñado para presentar a las chicas jóvenes que cursan enseñanza secundaria otras mujeres de su comunidad que trabajan o estudian en los sectores de los oficios especializados y de la tecnología. Desde 2009, han asistido a esta gala más de 900 chicas.
En el Canadá, los gobiernos provinciales y territoriales tienen la responsabilidad primordial de prestar servicios sanitarios, sociales y educativos a los niños y las familias, lo que incluye el diseño y la ejecución de las políticas y programas de educación y cuidados en la primera infancia. Cada provincia y territorio tiene un programa de educación y cuidados en la primera infancia acreditados y aprobados que establece los requisitos, las normas y los acuerdos de financiación estipulados para la educación y los cuidados en la primera infancia basados en los centros, los servicios de cuidado de niños en el hogar acreditados y aprobados, el cuidado de la infancia en edad escolar, las escuelas de párvulos, los centros de educación preescolar, y los programas de jardín de infancia.
El enfoque del Gobierno del Canadá respeta la responsabilidad provincial y territorial respecto de los servicios sociales al tiempo que respalda la libertad de opción de los padres. Los programas auspiciados por el Gobierno federal incluyen transferencias fiscales a las provincias y los territorios para que las gasten a discreción en programas y servicios; transferencias a personas para apoyar las opciones que hayan escogido; desembolsos por impuestos; y programas para las poblaciones ante las cuales el Gobierno federal tenga responsabilidades particulares, como, por ejemplo, las contribuciones a la educación y los cuidados en la primera infancia en las comunidades aborígenes.
El informe Public Investments in Early Childhood Education and Care in Canada 2012 (Inversiones públicas en educación y cuidados en la primera infancia en el Canadá en 2012) ofrece un panorama general de los programas y gastos federales, así como información provincial y territorial sobre programas acreditados de cuidado de la infancia, de jardín de infancia y de educación y cuidados en la primera infancia de otro tipo, incluido el número de centros acreditados de educación y cuidados en la primera infancia en la mayoría de las provincias y los territorios por entorno y por grupo de edad en 2012.
Entre 2013 y 2014, el Gobierno del Canadá asignó 6.500 millones de dólares a apoyar el desarrollo del niño en la primera infancia y el cuidado de la infancia por medio de transferencias a las provincias y los territorios, gastos directos y medidas fiscales para las familias. Las prestaciones universales para el cuidado de los niños ayudan a las familias canadienses con el costo que supone el cuidado de la infancia. Gracias a dichas prestaciones, se estima que 19.000 familias salieron de situaciones financieras de bajos ingresos en 2012. A partir del 1 de enero de 2015, por medio de estas prestaciones universales, los padres recibirán una prestación de 160 dólares al mes por cada hijo menor de 6 años (1.920 dólares anuales). Esta también se ampliará para incluir a los niños de entre 6 y 17 años de edad, cuyos padres recibirán una prestación de 60 dólares al mes (720 dólares anuales).
En 2014, el Gobierno del Canadá también se comprometió a aplicar la reducción tributaria familiar, una bonificación fiscal federal que permite que un cónyuge con ingresos más altos transfiera hasta 50.000 dólares de ingresos imponibles a un cónyuge que se sitúe en un tramo impositivo inferior. La bonificación aportará una desgravación fiscal (de hasta 2.000 dólares) a las parejas con niños menores de 18 años. Asimismo, la deducción de gastos por cuidado del hijo aumentará entre 1.000 y 8.000 dólares para hijos menores de 7 años; 5.000 dólares para hijos de entre 7 y 16 años; y 11.000 dólares para hijos que tienen derecho al descuento impositivo por discapacidad, vigente para el año fiscal de 2015.
Además, la bonificación fiscal de las inversiones en establecimientos de guardería ofrece un 25% de bonificación sobre los costos de capital y de desarrollo a las empresas que creen nuevos establecimientos de guardería para sus empleados y la comunidad circundante, hasta un máximo de 10.000 dólares por cada espacio.
En 2009, el Gobierno del Canadá también incrementó la deducción canadiense por hijos a cargo y las prestaciones suplementarias nacionales para familias con niños, con el fin de permitir que las familias con bajos ingresos ganasen unos ingresos adicionales y aun así pudieran optar a percibir prestaciones. Entre 2009 y 2010, aproximadamente 3,3 millones de familias (5,8 millones de niños) recibieron la deducción canadiense por hijos a cargo, entre ellas más de 1,5 millones de familias (2,7 millones de niños) que recibieron las prestaciones suplementarias nacionales para familias con niños.
El Gobierno federal proporciona 250 millones de dólares cada año a las provincias y los territorios para apoyar la creación de nuevos establecimientos de guardería en todo el país con el fin de ayudar a las familias canadienses a conciliar mejor sus responsabilidades laborales y de cuidado de la infancia. Además, como parte de la Estrategia de Conocimientos Prácticos y Capacitación para el Empleo de los Aborígenes, el Gobierno está invirtiendo 55 millones de dólares al año en apoyar una red de 8.500 establecimientos de guardería en más de 450 enclaves de las comunidades inuits y de las Primeras Naciones.
Asimismo, mediante el Programa de Asentamiento, el Gobierno federal financia servicios de apoyo, como guarderías en el lugar de trabajo, de manera que las mujeres inmigrantes recién llegadas puedan sacar mejor partido a servicios como los programas de capacitación lingüística y de preparación para el empleo. Aquí se incluyen las enmiendas recientes para añadir opciones flexibles (por ejemplo, opciones de guardería a corto y largo plazo) a los proveedores de servicios de asentamiento de manera que los servicios de apoyo al cuidado de la infancia puedan responder mejor a las necesidades de los beneficiarios.
Entre 2011 y 2013, el gobierno de Quebec aprobó 2 planes de desarrollo para la red de guarderías subvencionadas a fin de crear 30.000 nuevas plazas, con un objetivo global de 250.000 plazas subvencionadas de aquí a 2021. En mayo de 2014, había 218.790 plazas en la red y 3.979 plazas en las comunidades aborígenes.
El Programa quinquenal “Opciones familiares” de Manitoba para el aprendizaje y el cuidado de los niños (2008 a 2013) asignó financiación a 6.500 establecimientos de guardería. El recién anunciado Plan de Opciones Familiares (2014) incluye el compromiso de financiar 5.000 establecimientos más durante los próximos 5 años.
El Programa de Manitoba para el aprendizaje y el cuidado de los niños proporciona financiación para apoyar, según se estima, a más de 8.600 niños en centros acreditados de cuidado de la infancia en cada período de 4 semanas, incluida una financiación de subvenciones garantizada a 29 centros para prestar servicio a familias con bajos ingresos en zonas muy necesitadas. Aproximadamente el 18% de todos los niños beneficiarios de subvenciones tienen padres que reciben asistencia para el empleo y los ingresos, y alrededor del 13% son niños en hogares de guarda. En julio de 2012, el Programa incrementó en un 5,3% el umbral de la idoneidad para percibir la subvención correspondiente, a fin de ampliar la accesibilidad al cuidado de la infancia para las familias con bajos ingresos.
El gobierno de Ontario ofrece a las familias con ingresos bajos a moderados con hijos menores de 18 años la prestación por hijos a cargo de Ontario. Desde su establecimiento en 2008, el nivel de apoyo brindado por esta prestación se ha duplicado con creces. La prestación máxima anual ha aumentado en otros 110 dólares por cada hijo en julio de 2013 y 100 dólares en julio de 2014, lo que eleva la cuantía máxima total proporcionada por cada hijo a 1.310 dólares.
Entre 2013 y 2014, el gobierno de Ontario invirtió más de 1.000 millones de dólares en apoyar la disponibilidad de centros acreditados de cuidado de la infancia para los padres y las familias; en prestar servicios a zonas o grupos de población concretos (por ejemplo, zonas remotas o rurales, idioma, etc.); y en respaldar el gasto en activos fijos destinados al acondicionamiento de locales con miras a la implantación de jardines de infancia de tiempo completo.
A fecha de marzo de 2013, había 5.050 centros acreditados de cuidado de la infancia en Ontario y la capacidad total acreditada en dichos centros era de 294.490 plazas. Se contaban 127 organismos acreditados de servicios de guardería en hogares privados y 5.960 hogares receptores de tales servicios, con un total de 16.807 beneficiarios registrados.
Ontario también ha implantado jardines de infancia de tiempo completo y está colaborando con el sector del cuidado de la infancia en cuanto a cómo transformar el sector y mejorar el cuidado de la infancia y los servicios para niños pequeños de manera que sean más receptivos, integrados y accesibles para los niños y las familias.
En 2013, el gobierno de la Columbia Británica anunció la Estrategia para Niños Pequeños de dicha provincia, un compromiso gubernamental de ocho años orientado a mejorar la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de los programas para niños pequeños. El gobierno avisó de que planeaba introducir en 2015 una nueva deducción de la Columbia Británica por hijos pequeños a cargo para mejorar la asequibilidad del cuidado de la infancia y ayudar a las familias con el costo que supone criar a niños pequeños.
En 2014, la provincia también anunció un total de 14,8 millones de dólares en financiación de grandes obras de infraestructura para el cuidado de la infancia con el fin de apoyar la creación de nuevos establecimientos de guardería acreditados. De acuerdo con la Estrategia para Niños Pequeños de la Columbia Británica, el gobierno pretende respaldar la creación de hasta 1.000 nuevos establecimientos de guardería entre la primavera de 2014 y la primavera de 2015, y tiene previstas inversiones adicionales en el siguiente ejercicio económico para apoyar la creación de otros 1.000 establecimientos. Desde 2001, ha colaborado con asociados comunitarios para crear más de 6.500 establecimientos de guardería acreditados, mientras que su programa de subvenciones para guarderías continúa prestando asistencia financiera a las familias con bajos ingresos para ayudar a compensar el costo que les supone el cuidado de la infancia.
Saskatchewan ofrece diversos apoyos a los padres con ingresos bajos a moderados, entre ellos la ayuda para guarderías; el suplemento al empleo de Saskatchewan; las prestaciones especiales de asistencia social; los subsidios provinciales de capacitación; y los préstamos estudiantiles del Canadá y Saskatchewan.
Saskatchewan ha destinado financiación a incrementar el número de establecimientos de guardería a fin de cumplir el objetivo de añadir 2.000 nuevos establecimientos de guardería de aquí a 2016, y ha nombrado a un Secretario Legislativo para el Cuidado de la Infancia encargado de examinar el actual programa de subvenciones para guarderías. Asimismo, el gobierno ha incrementado las prestaciones máximas del suplemento al empleo de Saskatchewan en un 14% y ha elevado los umbrales de ingresos en un 16%.
Desde 2007, se ha duplicado con creces el número de programas preescolares añadidos en Saskatchewan, y los hijos de mujeres aborígenes y con bajos ingresos que tienen 3 y 4 años de edad pueden acceder a la educación preescolar sin costo alguno. También existen centros de apoyo a estudiantes adolescentes en toda la provincia, que están pensados para cubrir el costo de las guarderías para los padres adolescentes y financiar apoyos programáticos concretos para padres adolescentes y sus hijos mientras los primeros se esfuerzan por finalizar la enseñanza secundaria.
En 2008, Alberta puso en marcha el Plan de Creación de Opciones de Guardería, que tuvo como resultado la creación de más de 20.000 nuevos establecimientos de guardería. En 2012, el cuidado de la infancia se hizo más asequible después de que se incrementara el umbral para recibir subvenciones para guarderías. Alberta también cuenta con un programa de acreditación voluntaria y más del 97% de las guarderías y los hogares de guarda en familia y más del 87% de los programas de centros extraescolares participan en la acreditación para cumplir las normas de excelencia.
El programa de subvenciones para guarderías del gobierno de Nueva Escocia ayuda a las familias que reúnen los requisitos pertinentes a pagar el cuidado de la infancia en establecimientos de guardería acreditados o en hogares de guarda en familia. También se han abierto centros para niños pequeños en cuatro comunidades con el fin de ofrecer a las familias un acceso más amplio a servicios y apoyos para niños pequeños.
En 2010, la Isla del Príncipe Eduardo estableció centros para niños pequeños como parte de su sistema de aprendizaje temprano y cuidado de la infancia. El costo para los padres de los centros para niños pequeños está regulado y, puesto que la tasa máxima por día del programa de subvenciones para guarderías de la provincia está fijada al mismo nivel que el costo regulado, las familias que cumplen los requisitos pertinentes no tienen que pagar costos adicionales por los servicios.
Los Territorios del Noroeste están ofreciendo de manera opcional y gratuita aprendizaje temprano y cuidado de tiempo completo para niños de cuatro años en muchas de sus comunidades en los períodos de 2014 a 2015 y de 2015 a 2016. Tras realizar un examen del programa entre 2015 y 2016, se considerará la posibilidad de implantar progresivamente estos servicios en todo el territorio. En aquellos lugares en que se ofrecen, tales servicios brindarán a los operadores de guarderías con y sin fines de lucro la oportunidad de abrir más establecimientos de guardería para niños de 0 a 3 años. Esto ayudará a abordar la realidad de que muchas madres desean reincorporarse a la fuerza de trabajo o seguir adelante con sus estudios.
Los gobiernos del Canadá reconocen que ofrecer una vivienda segura y estable y los apoyos conexos es importante para ayudar a las personas a lograr una mayor autosuficiencia económica y una mejor calidad de vida. Aunque los datos sobre vivienda asequible no se desglosan por género, las intervenciones gubernamentales a favor de las personas con bajos ingresos y de las comunidades aborígenes benefician a las mujeres.
En 2011, el Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales asignaron una inversión combinada de 1.400 millones de dólares a reducir el número de canadienses necesitados de vivienda con arreglo a un nuevo Marco de Inversión en la Construcción de Viviendas Asequibles de 2011 a 2014, que propició que cerca de 183.700 hogares dejaran de necesitar una vivienda.
Entre el 28 de febrero de 2010 y el 31 de marzo de 2014, el programa AccèsLogis del gobierno de Quebec financió 464 alojamientos para mujeres que están en la indigencia y en situación de dificultad. El gobierno también financia proyectos de vivienda asequible para madres solteras jóvenes que se reincorporan al mercado de trabajo (programa AccèsLogis de Quebec). Algunos de estos proyectos incluyen el establecimiento de servicios de guardería en el edificio para permitir a los inquilinos conciliar la vida familiar con su regreso a la escuela o a los cursos de capacitación.
El gobierno de Ontario ha elaborado varias medidas para abordar las necesidades de vivienda de las mujeres con bajos ingresos, como, por ejemplo, la Estrategia de Vivienda Asequible a Largo Plazo y la Iniciativa Comunitaria de Prevención de la Falta de Vivienda.
La vivienda social en Ontario consta de aproximadamente 260.000 unidades de vivienda social, entre las que se incluyen unas 186.000 unidades cuyo alquiler se ajusta a los ingresos. Estas unidades ayudan a una variedad de hogares de bajos ingresos, entre los que se incluyen hogares encabezados por mujeres.
A fecha de marzo de 2014, se han asignado más de 373 millones de dólares en financiación para inversión en la construcción de viviendas asequibles con el fin de construir y reparar 10.144 unidades en Ontario y prestar asistencia para el alquiler y para la entrada de viviendas a 6.941 hogares, incluidos hogares encabezados por mujeres.
De 2004 a 2014, la Isla del Príncipe Eduardo, en colaboración con el Gobierno del Canadá y promotores privados, invirtió más de 20 millones de dólares para ofrecer nuevas opciones de vivienda asequible a personas y familias necesitadas. Esta financiación incrementó en 455 unidades el parque habitacional disponible para los habitantes vulnerables de la Isla del Príncipe Eduardo.
El gobierno de Saskatchewan ha ajustado los suplementos para el alquiler de vivienda y las prestaciones de vivienda con arreglo al suplemento para el alquiler de vivienda de Saskatchewan y los programas de asistencia social nueve veces desde agosto de 2008 (el aumento más reciente tuvo lugar el 1 de octubre de 2013).
En 2009, el gobierno de Manitoba publicó “HOMEWorks! Manitoba’s Long-Term Housing Strategy and Policy Framework” (estrategia y marco normativo a largo plazo en materia de vivienda), que es un complemento de “AllAboard”, la estrategia para la reducción de la pobreza en Manitoba. Ambas estrategias han anunciado, entre otras cosas, una cuantía considerable de financiación para nuevas viviendas públicas e importantes proyectos de renovación. Las iniciativas de coordinación interministerial también han desarrollado la Estrategia para Combatir la Falta de Vivienda, que incluye diversos proyectos de vivienda para personas con problemas de salud mental y falta de vivienda.
En febrero de 2014, la Columbia Británica actualizó su estrategia de vivienda de 2006, llamada “Housing Matters BC”, y renovó su compromiso de abordar la cuestión de la vivienda de las personas aborígenes por medio de un sólido sector de la vivienda para estas personas. A fecha de marzo de 2014, hay más de 4.500 unidades de vivienda dedicadas a apoyar a familias y personas aborígenes con bajos ingresos.
El Programa de Apoyos y Viviendas de Transición para Mujeres de la Columbia Británica asiste a aproximadamente 18.000 mujeres y niños en toda la provincia. Todos los programas prestan servicio a mujeres y niños aborígenes, e incluyen a siete proveedores aborígenes.
VI.La mujer y el sistema de justicia
Esta sección del informe contiene información relacionada con los artículos 15 y 16 de la Convención, y aborda el acceso a recursos jurídicos, la distribución de los bienes al disolverse el matrimonio o una relación de hecho, y la situación de las mujeres y niñas en el sistema penitenciario. Se centra en las observaciones 21, 22, 33, 34, 47 y 48 del Comité.
Todos los gobiernos del Canadá han promulgado legislación por la que se prohíbe la discriminación por diversos motivos, incluido el sexo, en lo referente al empleo, el suministro de los bienes y servicios que habitualmente se ofrecen al público, y la vivienda. Se puede encontrar más información sobre los códigos de derechos humanos del Canadá y sobre las vías de recurso en los párrafos 99 a 108 y 131 a 152 del documento básico del Canadá.
Como parte de su jurisdicción constitucional en el ámbito del derecho penal, el Gobierno del Canadá proporciona ayuda económica a las provincias y territorios para que ofrezcan servicios de asistencia jurídica en materia penal. El Gobierno del Canadá proporciona ayuda económica a las seis provincias que ofrecen servicios de asistencia jurídica en materia de inmigración y refugiados (Columbia Británica, Alberta, Manitoba, Quebec, Ontario, y Terranova y Labrador).
El servicio de Transferencia en Materia de Programas Sociales del Gobierno federal del Canadá incluye financiación para asistencia jurídica en lo civil. Este servicio aporta flexibilidad a los gobiernos provinciales y territoriales para invertir estos fondos con arreglo a las necesidades y prioridades de sus residentes, también determinando el diseño y la ejecución de los programas de asistencia jurídica en lo civil.
Desde enero de 2014, los umbrales de elegibilidad para recibir asistencia jurídica se han incrementado sustancialmente en Quebec. Más de 500.000 nuevos beneficiarios tendrán acceso a este componente gratuito del programa. Este aumento permitirá a las personas de edad que viven solas y que reciben principalmente el suplemento de ingresos garantizado disfrutar de una cobertura jurídica gratuita. A partir de junio de 2015, las personas que trabajan a tiempo completo y ganan el salario mínimo también tendrán acceso a asistencia jurídica gratuita. Esta enmienda al plan beneficiará a las mujeres que perciben bajos ingresos.
Con respecto al derecho de familia, en 2012 se promulgó una ley de promoción del acceso a la justicia en cuestiones de familia. Se mejoró el programa de mediación familiar, que ofrece a los padres que se encuentran en proceso de separación (ya estén casados o no) la posibilidad de seguir disfrutando de los servicios de mediación familiar cubiertos por el gobierno, de hasta 7 horas y media, incluidas 2 horas y media para un examen de seguimiento. También se ofrecen de forma gratuita a los padres sesiones sobre desempeño de las funciones parentales, en particular para informarlos de los aspectos psicosociales de la ruptura.
Desde abril de 2014, existe un servicio administrativo encargado de ajustar las cuantías de la pensión alimenticia que permite a los padres actualizar la cuantía en aquellos casos en que no se necesita una evaluación judicial. El servicio se ofrece a un costo fijo y es asequible, y los padres que reúnen los requisitos necesarios no tienen que comparecer ante un juez.
En los Territorios del Noroeste se presta asistencia jurídica a personas que reúnen los requisitos financieros necesarios y a personas que reciben apoyo a los ingresos en las esferas relacionadas con la familia y las causas civiles: causas relativas a la pensión alimenticia, la custodia de los hijos y el plan de visitas; división de bienes y divorcio en relación con la pensión alimenticia, la custodia de los hijos o el plan de visitas; manutención conyugal; órdenes de alejamiento de emergencia; cuestiones de bienestar infantil; y acceso a los servicios gubernamentales. En Yellowknife se ha establecido un consultorio de asistencia jurídica que viaja por las comunidades de todo el territorio y presta servicios relacionados con cuestiones civiles que tienen efectos sobre los medios de vida, la salud física o mental, o la capacidad para adquirir alimentos, ropa o vivienda para las personas o sus familias.
La Sociedad de Servicios de Asistencia Letrada del Yukón ha establecido unos criterios mínimos para acceder a la asistencia jurídica y a los servicios relacionados con la pobreza. Toda la información está publicada en su sitio web para que resulte de fácil acceso. Además, la Sociedad cuenta con un procedimiento de llamamientos establecido.
Se puede encontrar más información sobre el acceso a la asistencia jurídica en el Canadá en los párrafos 554 a 605 de la respuesta de enero de 2014.
Distribución de los bienes al disolverse el matrimonio o una relación de hecho
Cada provincia y territorio tiene jurisdicción constitucional sobre bienes y, por tanto, cuenta con una legislación que regula la división de bienes familiares cuando se rompe el matrimonio. Los estatutos difieren en varios aspectos, tales como qué “bienes” pueden ser objeto de división, cuándo surge el derecho a reclamar una división de bienes, y si los derechos otorgados por la legislación son derechos entre deudor y acreedor o derechos de propiedad sobre los activos. En la práctica, hay menos diferencias de las que cabría esperar en la distribución final de los bienes en virtud de los distintos estatutos y, normalmente, se termina llegando a una división a partes iguales en valor o en bienes. La capacidad de obtener ingresos suele abordarse con el remedio jurídico de la manutención conyugal y no con la división de bienes. La legislación también establece excepciones en circunstancias de desigualdad: por ejemplo, en la provincia de la Columbia Británica, donde la capacidad de obtener ingresos también se puede tratar mediante una división desigual de los bienes, y en Quebec, donde la división desigual de los bienes puede permitirse en virtud del Código Civil de Quebec.
En todas las provincias, la legislación relativa a la división de bienes familiares se aplica automáticamente a las parejas casadas. En Quebec, la legislación también se aplica a las parejas no casadas que han formalizado un contrato de unión civil. Otras dos provincias (Nueva Escocia y Manitoba) también contemplan un sistema de registro de parejas que mantienen una relación conyugal pero no están casadas, el cual les otorga derechos y responsabilidades similares a los de las parejas casadas. Estos sistemas de registro han tenido una tasa de utilización relativamente baja, especialmente porque las parejas del mismo sexo han conseguido el derecho a contraer matrimonio. Hay 3 provincias (Columbia Británica, Manitoba y Saskatchewan) que han extendido su legislación sobre la división de bienes familiares a las parejas de hecho que llevan conviviendo entre 2 y 3 años como mínimo. Las reclamaciones de bienes familiares para las parejas de hecho suelen basarse en los recursos equitativos de enriquecimiento injusto y fideicomiso impuesto.
La legislación federal establece normas provisionales sobre la división de bienes familiares para las Primeras Naciones hasta que estas promulguen su propia legislación. También otorga los mismos derechos y responsabilidades a las parejas de hecho.
En Quebec, los activos no se dividen. En su lugar, hay una división del “patrimonio familiar”, que corresponde al valor neto total de ciertos activos, concretamente las viviendas utilizadas por la familia, los muebles usados por la familia en dichas viviendas, los vehículos empleados para viajes familiares y los activos acumulados en un plan de jubilación durante el matrimonio o la unión civil. Las normas que rigen la constitución y la división del patrimonio familiar se aplican a las parejas casadas y a aquellas que están en una unión civil en el momento de la disolución de su unión, con independencia de su régimen de unión matrimonial o civil y de si tienen hijos o no. Los activos que no forman parte del patrimonio familiar están sujetos al régimen matrimonial de los cónyuges. Estas normas no son aplicables a las parejas de hecho, aunque estas pueden protegerse previendo las consecuencias de una eventual ruptura mediante un acuerdo de cohabitación.
En abril de 2013 se creó un comité consultivo sobre derecho de familia para valorar la posibilidad de realizar una reforma del derecho de familia de Quebec. En su informe preliminar, que se basa en un análisis jurídico y en datos sociodemográficos, el comité concluye que existe una brecha considerable entre el modelo de familia reconocido por el Código Civil, que comienza con el matrimonio, y las diferentes formas de uniones y familias que hay en Quebec hoy en día. El comité recomendó que se revisara el derecho de familia en su conjunto y actualmente está trabajando en la elaboración de propuestas de revisión.
El régimen de bienes familiares de Manitoba lleva vigente para los cónyuges casados desde la década de 1970 y dispone la división del valor de todos los bienes adquiridos por uno de los cónyuges o por ambos durante la cohabitación matrimonial. Se presupone que el valor de dichos bienes se distribuirá a partes iguales, pero el tribunal sí tiene discrecionalidad limitada para ordenar una división desigual. La legislación sobre el reparto de bienes familiares en Manitoba se extendió a las parejas de hecho con efecto a partir del 30 de junio de 2004.
Puesto que el régimen de bienes familiares de Manitoba trata de activos adquiridos durante la cohabitación, la futura capacidad de obtener ingresos no está directamente relacionada con esta materia y probablemente tiene más que ver con las cuestiones relativas a la manutención conyugal o de la pareja de hecho. La futura capacidad de obtener ingresos puede considerarse de forma indirecta en una reclamación de bienes familiares cuando se divide el valor del lugar de ejercicio profesional de un cónyuge o pareja, como, por ejemplo, un consultorio médico o un despacho jurídico o contable.
En Saskatchewan, la Ley de Bienes Familiares regula la posesión y distribución de bienes entre los cónyuges. Se considera cónyuge a un cónyuge legalmente casado o una pareja de hecho (esto es, que haya cohabitado con la otra persona en régimen conyugal ininterrumpidamente durante un período mínimo de dos años). Por regla general, cada cónyuge tiene derecho a una parte igual de los bienes familiares, sin perjuicio de las excepciones, exenciones y consideraciones de equidad establecidas en la Ley. Por ejemplo, un tribunal puede ordenar que a uno de los cónyuges se le conceda la posesión exclusiva de la vivienda familiar o de enseres domésticos. Al dictar esa orden, el tribunal tendrá en cuenta factores como las necesidades de los hijos, si existen; la conducta que los cónyuges mantienen entre sí y hacia sus hijos, si existen; la disponibilidad de otro alojamiento dentro del límite de los recursos financieros de cada cónyuge; la situación financiera de cada cónyuge; cualquier contrato o acuerdo escrito convenido entre los cónyuges; o cualquier otro hecho o circunstancia pertinente.
En Terranova y Labrador, en las relaciones de hecho, si no se han celebrado acuerdos con respecto a los bienes, las personas pueden tratar de invocar los recursos equitativos de fideicomiso impuesto, fideicomisos resultantes, enriquecimiento injusto o quantum meruit, y alegar la existencia de una relación de pareja para abordar las desigualdades que pueden surgir en una disolución.
En la Isla del Príncipe Eduardo, el valor neto de los bienes familiares ha de distribuirse a partes iguales, de manera que, si un cónyuge tiene bienes cuyo valor es superior a la mitad del valor de los bienes familiares netos (por ejemplo, la casa), dicho cónyuge debe dar al otro la mitad de la deferencia del valor de los bienes que tiene cada uno. La Ley sobre el Derecho de Familia estipula lo siguiente: “Todo cónyuge o excónyuge tiene, en la medida de sus capacidades, la obligación de procurar manutención para sí mismo y para el otro cónyuge o excónyuge, en función de las necesidades”.
Con la aplicación de su Ley sobre el Derecho de Familia en marzo de 2013, la Columbia Británica reformó su régimen de división de bienes. En virtud de la nueva Ley, en caso de separación, cada cónyuge tiene derecho a una mitad íntegra del interés sobre todos los bienes familiares y es responsable por igual de la deuda familiar, salvo que exista un acuerdo u orden que disponga lo contrario. Los bienes familiares incluyen todos los bienes muebles e inmuebles, excepto las categorías específicas de bienes excluidos que figuran en la Ley. A diferencia de la legislación anterior de la provincia, las disposiciones sobre la división de bienes se aplican tanto a los cónyuges que están casados como a las personas que conviven en una relación similar al matrimonio durante al menos dos años.
Cuando se pone fin a un matrimonio en Ontario, se reconoce la contribución a partes iguales de cada persona a dicho matrimonio. La Ley sobre el Derecho de Familia dispone que el valor de cualquier tipo de bien que haya adquirido un cónyuge durante el matrimonio y que todavía exista en el momento de la separación debe dividirse a partes iguales entre los cónyuges. Asimismo, debe compartirse cualquier aumento del valor de los bienes de los que es titular un cónyuge en el momento del matrimonio. El pago que se puede adeudar a uno de los cónyuges a fin de compartir dicho aumento del valor se denomina “pago compensatorio” o “equiparación de bienes familiares netos”.
Existen algunas excepciones posibles a estas normas, conocidas como bienes excluidos, que pueden abarcar donaciones o herencias recibidas durante el matrimonio de parte de una persona diferente de un cónyuge, siempre que dichas donaciones o herencias no se hayan destinado para su uso en el hogar conyugal. Estas disposiciones que obligan a compartir automáticamente los bienes solo son aplicables a los cónyuges casados. La futura capacidad de obtener ingresos de un cónyuge no es un factor que haya de considerarse en la división de bienes familiares; sin embargo, sí puede tenerse en cuenta en la asignación de la manutención conyugal.
Las mujeres y las niñas en el sistema penitenciario
Sistema de clasificación de mujeres en el sistema penitenciario federal
El Gobierno federal no ha rediseñado su sistema de clasificación de mujeres en el sistema penitenciario federal. No obstante, las enmiendas legislativas introducidas en junio de 2012 autorizaron al Comisionado del Servicio Correccional del Canadá a asignar subclasificaciones a hombres y mujeres delincuentes clasificados como de máxima seguridad y de seguridad media.
Sobre la base de los mandamientos de prisión contra mujeres delincuentes dictados desde el período de 2008 a 2009 hasta el período de 2013 a 2014, la proporción de mujeres delincuentes a las que se decidió atribuir un nivel de seguridad inicial máximo osciló entre el 5,1% y el 7,8%. Además, la investigación ha demostrado que los instrumentos utilizados para valorar los niveles de seguridad en el momento de la entrada en prisión y durante el cumplimiento de la condena siguen siendo válidos y fiables para predecir la adaptación penitenciaria de las delincuentes.
Empleo de personal masculino en puestos de primera línea en las instituciones penitenciarias para mujeres
Es posible emplear a trabajadores principales varones como personal de primera línea en las instituciones penitenciarias federales para mujeres. La Directiva del Comisionado 577 —Protocolo del personal de las instituciones penitenciarias para mujeres— tiene por objeto garantizar el respeto máximo posible a la dignidad e intimidad de las mujeres encarceladas que concuerde con la seguridad, y velar por que la presencia de hombres en el lugar de trabajo no coloque al personal ni a las reclusas en situaciones de vulnerabilidad. En 2013, se añadió a dicho protocolo una medida adicional sobre conducta sexual indebida.
Los servicios penitenciarios del Canadá exigen a todo su personal de primera línea someterse a una capacitación centrada en la mujer, que incluye debates sobre la violencia contra la mujer y la cultura aborigen.
Manitoba cuenta con funcionarios varones del sistema penitenciario que trabajan en el centro penitenciario de mujeres adultas, así como con políticas y prácticas encaminadas a garantizar que se proteja la intimidad de las delincuentes; por ejemplo, no está permitido que los funcionarios varones del sistema penitenciario cacheen a las delincuentes.
Ontario emplea a funcionarios varones del sistema penitenciario en puestos de primera línea en las instituciones penitenciarias para mujeres adultas. El gobierno tiene en vigor políticas y procedimientos para garantizar que el derecho de las reclusas a la intimidad no se vea vulnerado y también cuenta con varios programas que imparten al personal conocimientos y capacitación sobre cómo trabajar con las delincuentes.
En todos los centros penitenciarios provinciales de la Columbia Británica hay personal de ambos sexos. Sin embargo, en las unidades de vivienda de las instalaciones destinadas a mujeres trabajan funcionarias, ya que la intimidad y la dignidad son fundamentales para las mujeres en el entorno penitenciario. Además, no hay personal de ambos sexos en los vestuarios o las unidades de vivienda donde no se puedan garantizar la dignidad y la intimidad. Salvo en situaciones de emergencia en las que las funcionarias puedan verse apoyadas por funcionarios varones, solo pueden trabajar mujeres en las unidades de vivienda destinadas a mujeres en los centros en que hay reclusos y reclusas o solo reclusas.
Salvo en situaciones de emergencia, son funcionarios del sistema penitenciario del mismo sexo que los reclusos quienes supervisan los vestuarios cuando, a su entrada en prisión, se obliga al recluso a desnudarse, ducharse y someterse a un cacheo exhaustivo; quienes vigilan directamente los aseos y las duchas cuando los funcionarios trabajan a plena vista de los reclusos que se están duchando; y quienes realizan cacheos con desnudo integral. Hay que restringir al mínimo la observación de reclusos por parte de funcionarios del sexo opuesto, la cual solo se permite en situaciones de emergencia y durante un examen administrativo de incidentes por parte de un funcionario superior.
Dada su reducida población reclusa, la institución penitenciaria de la Isla del Príncipe Eduardo es mixta e incluye unidades de vivienda femeninas dentro de sus instalaciones. Las funcionarias del sistema penitenciario realizan la supervisión en primera línea de las delincuentes, aunque pueda haber un modelo de dotación de personal mixto en vigor.
En la unidad femenina de los centros penitenciarios de los Territorios del Noroeste no hay personal masculino en puestos de primera línea. En situaciones de emergencia sí se ha llamado a funcionarios varones para turnos de noche, pero no se les permite participar en los recuentos.
El gobierno del Yukón no emplea a funcionarios varones del sistema penitenciario en puestos de primera línea en las unidades femeninas. En estas unidades solo trabajan funcionarias. Además, el Yukón cuenta con una legislación que estipula que las reclusas no deben ser supervisadas por un funcionario varón.
Cárceles o centros de detención mixtos de menores
En el centro de menores de Manitoba se alojan jóvenes de ambos sexos, que residen separados y mantienen un contacto mínimo. Si entran en breve contacto unos con otros, de inmediato está presente un asesor de menores del centro. Estos asesores están capacitados en materia de receptividad a las cuestiones de género y están sometidos a las mismas políticas y procedimientos que los funcionarios del sistema penitenciario en las instalaciones de adultos a fin de garantizar la protección de la intimidad cuando en una unidad femenina trabajan funcionarios varones.
Ontario dispone de 11 centros de detención y custodia en los que solo se alojan reclusas menores. Hay diez centros de detención y custodia en Ontario que alojan a menores de ambos sexos. Cada uno de los sexos reside por separado y solo mantiene un contacto mínimo con el otro sexo (por ejemplo, durante el día cuando asisten a la escuela). Todas las interacciones entre los menores están supervisadas en todo momento por el personal.
Los centros de detención y custodia de menores de Ontario están dotados de personal tanto masculino como femenino que trabaja directamente con reclusas menores. Las tareas asignadas al personal masculino y femenino se ajustan al Código de Derechos Humanos de Ontario, que prohíbe la discriminación por motivo de género en la contratación y en la asignación de tareas, al tiempo que demuestra consideración y sensibilidad hacia la dignidad y las necesidades personales de los menores.
El Ministerio de Servicios para la Infancia y la Juventud de Ontario dispone de normas, políticas y procedimientos que describen las expectativas concretas con respecto a las actividades que requieren expresamente la intervención de un funcionario del mismo sexo que los menores. A excepción de las tareas asignadas que requieran expresamente la intervención de un funcionario del mismo sexo que un menor (por ejemplo, cacheos, vigilancia de duchas, escoltas, etc.), todas las demás tareas las pueden realizar funcionarios de cualquier sexo. Entre ellas se incluye la vigilancia de rutina de los menores.
Cuando es necesario establecer cualquier contacto físico o desvestir parcial o totalmente a un menor, tienen que intervenir como mínimo dos funcionarios y uno de ellos tiene que ser del mismo sexo que el menor. A la hora de realizar cacheos, estos debe efectuarlos un funcionario del mismo sexo que el menor y, si la segunda persona interviniente es del sexo opuesto y el cacheo implica desvestir parcial o totalmente al menor, los funcionarios deben posicionarse de tal manera que esa segunda persona solo vea a su colega y no al menor.
El centro de menores de la Isla del Príncipe Eduardo se ocupa de poblaciones reducidas en sus unidades y actualmente, debido a la reducción de personal, la designación dual y los efectos resultantes de la aplicación de la Ley de Justicia Penal de Menores, hay menos opciones de colocación en los establecimientos vigilados de la provincia, lo que provoca que haya poblaciones mixtas (menores de ambos sexos). No obstante, la filosofía de trabajo de la provincia se basa en los riesgos y las necesidades del menor, y la aplicación de estrategias específicas para cada caso que permitan al menor progresar y resarcir a la comunidad. Este propósito se logra mediante una programación específica de las cuestiones de género siempre que sea posible, ya sea en formato de grupo o en sesiones individuales. El modelo de dotación de personal de la provincia reúne a trabajadores y trabajadoras sociales de menores, y el personal debe contar al menos con una trabajadora social de menores.
En circunstancias excepcionales, en las que la colocación de un menor en una unidad pueda exacerbar las dificultades con otro residente concreto o con los demás residentes debido a problemas emergentes o preexistentes, o debido a la singularidad de las circunstancias particulares del menor, la provincia prestará un servicio integral al menor que incluirá una supervisión individual o una supervisión reforzada de la unidad.
A fecha de febrero de 2011, en Nueva Brunswick, las delincuentes menores se alojan en una unidad separada en las mismas instalaciones que los menores varones (el centro de menores de Nueva Brunswick). La unidad está dotada de personal femenino y los programas son específicos del género.
En los Territorios del Noroeste, hay un centro penitenciario de menores, que es mixto. Aunque el gobierno tiene previsto construir un nuevo centro para reclusas adultas, planea continuar alojando a reclusos y reclusas menores en el mismo centro existente debido al número sumamente reducido de chicas delincuentes menores y a la capacitación, la programación y el apoyo especializados disponibles en el centro de menores actual. Gran parte del tiempo, no hay ninguna delincuente menor en el centro penitenciario, y el promedio de órdenes de custodia para chicas delincuentes menores en los 3 últimos años ha sido inferior a 1. En todo momento hay una funcionaria de turno y, cuando se priva de libertad a una delincuente menor, se la aloja en secciones separadas de las unidades, con cuartos de baño y lavandería separados, y una funcionaria la escolta a la zona de entrada para que se duche. El centro también cuenta con una programación específica de las cuestiones de género.
Mecanismo externo de supervisión y reparación para las reclusas federales
Se puede encontrar información relacionada con la cuestión del mecanismo externo de supervisión y reparación para las reclusas federales en los párrafos 262 a 280 de la respuesta del Canadá a la lista de cuestiones previa al examen del sexto informe periódico del Canadá sobre la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

References: resolución 
 artículo 67
in fine
 resolución 
in fine
in fine