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Timestamp: 2019-01-24 13:26:51+00:00

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﻿ SENTENCIA C-1490 DE NOVIEMBRE 2 DE 2000
SENTENCIA C-1490 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:DERECHOS DE AUTOR. CONDUCTAS ILÍCITAS EN MATERIA INFORMÁTICA. PARA LA CORTE, LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DE LA LEY 44 DE 1993, QUE CONSAGRAN CONDUCTAS PUNIBLES QUE ATENTAN CONTRA EL DERECHO DE AUTOR, NO SON TIPOS PENALES EN BLANCO, YA QUE SU CONTENIDO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE UN TIPO PENAL COMPLETO, CLARO E INEQUÍVOCO. SE RESUELVE LA CONSTITUCIONALIDAD INSTAURADA EN CONTRA DE LOS NUMERALES 2 Y 4 Y EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 51EL NUMERAL 2 Y EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 52EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 53 Y EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY 44 DE 1993, POR LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONAL LA LEY 23 DE 1982 Y SE MODIFICA LA LEY 29 DE 1994.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DE AUTOR, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, DELITO, DELITO CONTRA SISTEMA INFORMÁTICO, TIPO PENAL EN BLANCO, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
Sentencia C-1490 de noviembre 2 de 2000
Sentencia C-1490/2000
Ref.: Expediente D-2987
Acción pública de inconstitucionalidad contra los numerales 2º y 4º y el parágrafo del artículo 51; el numeral 2º y el parágrafo del artículo 52; el numeral 2º del artículo 53; y el artículo 55 de la Ley 44 de 1993, “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”.
Actores: Gustavo Jiménez Gómez y Samuel Gamboa Pinilla.
Bogotá, D.C., noviembre dos del dos mil.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Gustavo Jiménez Gómez y Samuel Gamboa Pinilla presentaron ante esta corporación demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 2º y 4º y el parágrafo del artículo 51; el numeral 2º y el parágrafo del artículo 52; el numeral 2º del artículo 53; y el artículo 55 de la Ley 44 de 1993, “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”.
Mediante auto de fecha 24 de mayo de 2000, el magistrado sustanciador admitió la demanda de la referencia; así mismo, ordenó el traslado del expediente del señor Procurador General de la Nación para que emitiera el concepto de su competencia y el envío de las comunicaciones de rigor al señor Presidente de la República, el señor Ministro del Interior y al señor Fiscal General de la Nación.
Cumplidos como se encuentran los trámites propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir sobre la demanda de la referencia.
II. El texto de la norma acusada
A continuación se transcribe el texto de las normas acusadas, advirtiendo que las mismas se subrayarán y destacarán.
“ART. 51.—Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales:
“1. (…).
“2. Quien inscriba en el registro de autor una obra literaria, científica o artística a nombre de persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionado falsamente el nombre del editor, productor fonográfico, cinematográfico, videográfico o de soporte lógico.
“3. (…).
“4. Quien reproduzca fonogramas, videogramas, soporte lógico u obras cinematográficas sin autorización previa y expresa del titular, o transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución o suministre a cualquier título dichas reproducciones.
“PAR.—Si en el soporte material, carátula o presentación de la obra literaria, fonograma, videograma, soporte lógico u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del derecho, las penas anteriores se aumentarán hasta la mitad.
“ART. 52.—Incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de tres (3) a diez (10) salarios legales mínimos mensuales.
2. Quien alquile o de cualquier modo comercialice fonogramas, videogramas, soportes lógicos u obras cinematográficas sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes.
PAR.—Los procesos por los delitos previstos en este artículo, la acción penal se extinguirá por desistimiento del ofendido, cuando el procesado antes de dictarse sentencia de primera instancia, indemnice los perjuicios causados.
ART. 53.—La penas previstas en los artículos anteriores se aumentarán hasta en la mitad en los siguientes casos;
2. Cuando el perjuicio económico causado por el hecho punible, sea superior a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, o siendo inferior, ocasione grave daño a la víctima.
ART. 55.—Las publicaciones, ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, matrices, negativos, cintas, carátulas o etiquetas incautadas serán sometidos a inspección judicial con la ayuda del perito, y una vez demostrada por este medio su ilegitimidad, serán destruidas por las autoridades de policía judicial, en presencia del funcionario judicial y con la citación de la defensa de la parte civil.
I. Consideraciones de la Corte
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Constitución Política, esta corporación es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los numerales 2º y 4º y el parágrafo del artículo 51; el numeral 2º y el parágrafo del artículo 52; el numeral 2º del artículo 53; y el artículo 55 de la Ley 44 de 1993, “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”.
En esta oportunidad los actores demandan la inexequibilidad parcial de los artículos impugnados, sobre los cuales le corresponde determinar a la Corte lo siguiente:
2.1. Si sobre las disposiciones impugnadas recae el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente, dado que las mismas contradicen y vulneran normas contenidas en instrumentos internacionales suscritos y aprobados por Colombia con posterioridad a su expedición, que al ser incorporados a nuestro ordenamiento interno, adquieren el rango de normas superiores y por lo tanto entran a hacer parte del denominado bloque de constitucionalidad, que en el caso específico resultaría transgredido.
2.2. Si la expresión “soporte lógico”, contenida en los numerales 2º y 4º y el parágrafo del artículo 51 y en el numeral 2º del artículo 52 de la Ley 44 de 1993, como lo sostienen los actores, por su ambigüedad e imprecisión, vulnera el principio de legalidad que como garantía constitucional consagra el artículo 29 superior, pues si bien dichas normas contienen tipos penales en blanco, las mismas no remiten a una definición suficiente y exacta de dicho concepto, dado que la única disponible se encuentra en el Decreto 1360 de 1989, que es caduca y obsoleta y por lo tanto genera vacíos que el intérprete, específicamente el juez penal, debe llenar recurriendo a un ejercicio de valoración subjetivo.
2.3. Si la expresión “reproduzca” del numeral 4º del artículo 52 de la misma Ley 44 de 1993, también vulnera el principio de legalidad a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, pues dicha acción no necesariamente traduce conductas ilícitas en materia informática, la cual, según la legislación internacional vigente e incorporada al ordenamiento interno de nuestro país, admite que la misma se efectúe, con miras por ejemplo a obtener una copia personal o una versión adaptada del respectivo programa, sin ánimo de distribución o de lucro, situaciones que la disposición impugnada no contempla.
Así las cosas, deberá establecer la Corte, si como lo señalan los actores, tal disposición penal consagra un tipo de responsabilidad objetiva, que desconoce que el dolo es esencial para la configuración de una conducta objeto de sanción penal, esto es que no atiende el hecho de que nuestro sistema punitivo fue diseñado sobre los principios de las teorías culpabilistas.
2.4. También deberá dilucidar la Corte, si lo dispuesto por el legislador en el parágrafo del artículo 52 de la Ley 44 de 1993, en el sentido de que la acción penal se extinguirá por desistimiento del ofendido, antes de que se dicte sentencia de primera instancia y siempre y cuando el infractor indemnice los perjuicios causados, vulnera los principios constitucionales que le señalan al Estado, su obligación de garantizar un sistema de justicia oportuno y eficaz y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, pues lo coloca en un posición de debilidad para cumplir con su responsabilidad de combatir el delito, lo que implica fomentar la impunidad.
2.5. Por último, la Corte deberá establecer, si lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 44 de 1993, en el sentido de que una vez demostrada la ilegitimidad de los materiales incautados en los procesos adelantados por la comisión de los delitos a los que se refieren los artículos precedentes de esa misma ley, procedimiento que se cumplirá con el apoyo de peritos que actuarán en las respectivas diligencias de inspección judicial, éstos serán destruidos por la policía judicial, viola el derecho a la intimidad de las personas, consagrado en el artículo 15 de la C.P., en la medida que permite que terceros se introduzcan, sin autorización, en los sistemas de información personales de aquellos.
En cuanto a la demanda contra la expresión “grave daño a la víctima” del artículo 53 de la Ley 44 de 1993, esta corporación coincide con lo expresado por el Ministerio Público y algunos intervinientes, que le solicitan a la Corte que se declare inhibida, dada la inexistencia de cargos de inconstitucionalidad contra la misma.
3. La Decisión 351 de 1993, expedida por la Comisión de Acuerdo de Cartagena, que contiene el régimen común sobre derecho de autor y conexos, dado que regula los derechos morales de autor, que son derechos fundamentales, a la luz de los dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política se incorpora al bloque de constitucionalidad; no ocurre lo mismo con el acuerdo a través del cual se estableció la Organización Mundial de Comercio, OMC, cuya materia ni puede incorporarse al bloque de constitucionalidad, pues no corresponde a aquellas a las que se refiere el citado artículo 93 superior.
El primer cargo de inconstitucionalidad que estudiará la Corte, es el que corresponde al punto 2.1 del numeral 2º de esta providencia, esto es, si sobre las disposiciones impugnadas recae el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente, dado que las mismas contradicen y vulneran normas de instrumentos internacionales suscritos y aprobados por Colombia con posterioridad a la expedición de aquellas, que al ser incorporados a nuestro ordenamiento interno, según los actores, adquieren el rango de normas superiores y por lo tanto entran a hacer parte del denominado bloque de constitucionalidad, que en el caso específico resultaría transgredido.
Para resolver la cuestión es pertinente, en primer lugar, establecer si en efecto los tratados internacionales a los que aluden los actores, aprobados e incorporados por Colombia a nuestro ordenamiento interno, en efecto hacen parte del bloque de constitucionalidad, al detentar ellos, según los demandantes, el rango de normas superiores.
Los tratados internacionales que en opinión de los demandantes resultan vulnerados con las disposiciones impugnadas, son la Decisión Andina 351 de 1993, por la cual se adopta un régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos para los cinco países miembros de la comunidad andina de naciones, expedida en desarrollo del acuerdo subregional andino (Acuerdo de Cartagena), aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 8ª de 1973 y el acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio, OMC, aprobado por el Congreso colombiano a través de la Ley 170 de 1994.
De conformidad con la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el bloque de constitucionalidad, definido como “...el conjunto de normas que se utilizan como parámetro para analizar la validez constitucional de las leyes...” (2) , admite que en él se incluyan tratados internacionales, una vez éstos se incorporen debidamente en nuestro ordenamiento jurídico, esto es, una vez hayan sido aprobados por el Congreso de la República y superado el control de constitucionalidad que para los mismos establece el artículo 241-10 de la Carta Política; ahora bien, no todos los tratados internacionales incorporados en nuestro ordenamiento pueden ser incluidos en el bloque de constitucionalidad, pues el constituyente introdujo esa prerrogativa únicamente para aquellos tratados que versen sobre derechos humanos o sobre la prohibición de limitarlos en los Estados de excepción, tal como lo dispone el artículo 93 de la Carta.
(2) Corte Constitucional, Sentencia C-582 de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
Sobre el particular esta corporación ha dicho lo siguiente:
“Es posible distinguir dos sentidos del concepto de bloque de constitucionalidad. El primero: stricto sensu, conformado por aquellos principios y normas que han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la Carta, por lo que entonces tienen rango constitucional, como los tratados de derecho humanitario. De otro lado, la noción lato sensu del bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas disposiciones que “tienen un rango normativo superior a las leyes ordinarias”, aunque a veces no tengan rango constitucional, como las leyes estatutarias y orgánicas, pero que sirven como referente necesario para la creación legal y para el control constitucional.
En principio, integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato: (i) el preámbulo, (ii) el articulado de la Constitución, (iii) algunos tratados y convenios internacionales de derechos humanos (C.P., art. 93), (iv) las leyes orgánicas y, (v) las leyes estatutarias. Por lo tanto, si una ley contradice lo dispuesto en cualquiera de las normas que integran el bloque de constitucionalidad la Corte Constitucional deberá retirarla del ordenamiento jurídico, por lo que, en principio, los actores tienen entonces razón en indicar que la inexequibilidad de una disposición legal no sólo se origina en la incompatibilidad de aquella con normas contenidas formalmente en la Constitución.
No todos los tratados y convenios internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad, pues tal y como la jurisprudencia de esta corporación lo ha señalado en varias oportunidades, “los tratados internacionales, por el sólo hecho de serlo, no forman parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, no ostentan una jerarquía normativa superior a la de las leyes ordinarias”. En efecto, la Corte ha señalado que, salvo remisión expresa de normas superiores, sólo constituyen parámetros de control constitucional aquellos tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos (i) y, que prohíben su limitación en Estados de excepción (ii). Es por ello, que integran el bloque de constitucional, entre otros, los tratados del derecho internacional humanitario, tales como los convenios de Ginebra, los protocolos I y II y ciertas normas del pacto de San José de Costa Rica.
Así las cosas, deberá ahora verificar la Corte, si los tratados que en opinión de los demandante son vulnerados por las disposiciones impugnadas, regulan la materia de derechos humanos o prohíben su limitación en Estados de excepción, pues sólo así de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política, podría aceptarse que los mismos hacen parte del bloque de constitucionalidad.
En cuanto a la Decisión 351 de 1993, ésta fue expedida por la comisión del acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, suscrito en Bogotá el 26 de mayo de 1969 por los plenipotenciarios de Colombia, Bolivia, Chile, el Ecuador, y el Perú, acuerdo que fue aprobado por el Congreso de nuestro país mediante la Ley 8ª de 14 de abril de 1973.
Dicho instrumento fue aprobado por el legislador colombiano e incorporado a nuestro ordenamiento interno, con fundamento en lo dispuesto en artículo 76-18 de la Constitución de 1886, por entonces vigente, que le atribuía al Congreso Nacional, la función de “aprobar o improbar los tratados o convenios que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional”, por medio de los cuales, agregaba dicha norma, “... podrá el Estado obligarse para que, sobre bases de igualdad y reciprocidad, sean creadas instituciones supranacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”.
Sobre el objetivo del mismo, la doctrina especializada coincide en catalogarlo como “... un instrumento de integración económica multinacional, que exige una organización comunitaria, que articule funcionalmente la economía de los países participantes en el proceso, por impulso de los respectivos Estados, los organismos comunitarios, los empresarios y los trabajadores de sus pueblos (...), que adquiere el perfil de sujeto de derecho internacional público” (3) .
(3) Sáchica, Carlos “Derecho comunitario andino”, Edit. Temis, segunda edición, 1990.
“Una comunidad económica como la andina es una organización personificada, de origen internacional, que dispone de poder suficiente y autónomo para promover y conseguir el desarrollo de los países que la constituyen, mediante un proceso de unificación de sus actividades económicas, dentro del marco jurídico del estatuto de su creación, mediante decisiones obligatorias para sus fundadores y habitantes” (4) .
Ahora bien, el máximo órgano del acuerdo según el artículo 6º del mismo es la comisión, la cual tienen una composición intergubernamental, siendo su principal función, la de “... formular la política general del acuerdo y adoptar las medidas que sean necesarias para el logro de sus objetivos”, ésta expide “decisiones” con el voto de los dos tercios de sus miembros, que tienen efectos erga omnes, todo lo cual permite catalogarla como un órgano político decisorio.
Tales decisiones, según lo disponen los artículos 12 y 15 del acuerdo, se producen siempre a propuesta de la junta, lo que indica, “... que son ejercicio de una competencia normativa ejercida con base en la iniciativa de un órgano de carácter técnico... (5) ”.
“Las decisiones, desde el punto de vista de su contenido normativo, o se ocupan de dictar las regulaciones que sobre las materias específicas ordenó expedir en forma expresa el acuerdo, u obedecen al ejercicio de la potestad legislativa ordinaria para ejercer las demás competencias de la comisión, incluidas las administrativas.
“Las decisiones [que carecen de carácter legislativo se pueden agrupar en dos categorías], “... las que determinan mecanismos necesarios para dinamizar el proceso, y las puramente administrativas.
“Entre las primeras pueden señalarse aquellas que contienen programas de armonización de instrumentos y mecanismos de comercio (art. 30), aprobación de programas sectoriales de desarrollo industrial (art. 33), determinación de los productos reservados para los anteriores programas (art. 47)... (6) ”.
Al analizar el contenido de la Decisión 351 de 1993, se encuentra que la misma fue expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en desarrollo del artículo 30 del mismo, lo que indica claramente, que se trata de una decisión “... que contiene programas de armonización y mecanismos de comercio”, dirigidos a dinamizar el proceso de integración; en efecto, el artículo 30 del acuerdo, que se invoca como fundamento de la citada decisión dice lo siguiente:
“ART. 30.—La comisión, a propuesta de la junta, acordarán un programa de armonización de los instrumentos y mecanismos de regulación del comercio exterior de los países miembros que será puesto en práctica por éstos antes del 31 de diciembre de 1972. ...”.
En cumplimiento de esa disposición, la junta expidió la propuesta 261 que dio origen a la citada Decisión 351 de 1993, cuyos objetivos, según lo dispone el artículo 1º de la misma son lo siguientes:
“ART. 1º—Las disposiciones de la presente decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico y científico, cualquier que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Así mismo, se protegen los derechos conexos a que hace referencia el capítulo X de la presente decisión”.
Así las cosas, la decisión en comento, expedida en desarrollo del Acuerdo de Cartagena, que como se anotó antes es un acuerdo de integración económica, tiene por objeto armonizar instrumentos y mecanismos de regulación en comercio exterior necesarios para impulsar el proceso de integración, específicamente en materia de derecho de autor, lo que implica que regule de manera minuciosa tal derecho el cual presenta dos categorías: los derechos morales y los derechos patrimoniales de autor; en esas circunstancias y atendiendo el carácter de fundamental que la Corte le reconoció a los derechos morales de autor, se produce la incorporación de la citada decisión al bloque de constitucionalidad, dado que su materia, a la luz del artículo 93 de la Constitución Política así lo impone.
“... los derechos morales de autor se consideran derechos de rango fundamental, en cuanto la facultad creadora del hombre, la posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma particular, su capacidad de invención, su ingenio y en general todas las formas de manifestación del espíritu, son prerrogativas inherentes a la condicional racional propia de la naturaleza humana, y a la dimensión libre que de ella se deriva. Desconocer al hombre el derecho de autoría sobre el fruto de su propia creatividad, la manifestación exclusiva de su espíritu o de su ingenio, es desconocer al hombre su condición de individuo que piensa y que crea, y que expresa esta racionalidad y creatividad como manifestación de su propia naturaleza. Por tal razón, los derechos morales de autor, deben ser protegidos como derecho que emana de la misma condición de hombre. Por su parte, los derechos patrimoniales derivados de los derechos de autor, aunque no se consideran fundamentales, merecen también la protección del Estado (C. Const., Sent. C-155/98, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
En cuanto al acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio, OMC, aprobado por el Congreso colombiano a través de la Ley 170 de 1994, éste, como su nombre lo indica, regula materias ajenas a los derechos humanos y a la prohibición de limitarlos en Estados de excepción, en consecuencia, como lo ha señalado de manera expresa esta corporación, el mismo no se incorpora al bloque de constitucionalidad:
“El “acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio” no constituye parámetro de constitucionalidad, como quiera que dentro del bloque de constitucionalidad no pueden incluirse convenios o tratados internacionales que regulen materias autorizadas expresamente en la Carta. Dicho de otro modo, no pueden considerarse parámetros de control constitucional los acuerdos, tratados o convenios de carácter económico, pues no existe disposición constitucional expresa que los incluya, ni son de aquellos que el artículo 93 de la Carta otorga un plus, ni son normas que la Carta disponga una supralegalidad. Existen razones procesales y prácticas del control constitucional que justifican esa decisión. En primer lugar, los acuerdos comerciales, en esencia, traducen objetivos y políticas gubernamentales, los cuales están sometidos a la reciprocidad de los Estados y a las necesidades económicas coyunturales, lo cual impediría un control definitivo de la constitucionalidad de una disposición legal. Igualmente, no es razonable que la Corte excluya definitivamente una disposición que deba compararse con una norma cuya vigencia puede ser temporal, pues tal y como esta corporación ya lo dijo “mal podría entonces la Corte excluir en forma permanente del ordenamiento una ley por violar un tratado cuya aplicabilidad está sujeta a contingencias”. De otro lado, aceptar la tesis de los actores, imposibilita el control constitucional, pues le correspondería a la Corte revisar las disposiciones impugnadas con todo el universo jurídico-comercial. Finalmente, la inclusión al bloque de constitucionalidad del acuerdo comercial que se estudia, también desconocería la fuerza normativa de la Carta y la naturaleza del control constitucional, pues la Corte estaría obligada a confrontar dos normas de la misma jerarquía (ley que aprueba el acuerdo comercial y la que se considera infringida)” (C. Const., Sent. C-582/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Así las cosas, el cargo de inconstitucionalidad sobreviniente que formulan los actores contra las disposiciones impugnadas, por violación según ellos de tratados internacionales que se incorporaron al bloque de constitucionalidad, se considerará respecto de la Decisión 351 de 1993, y se descartará en lo que tiene que ver con el acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, OMC.
En ese orden de ideas, la pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué las expresiones impugnadas de los artículos 51-2, 51-4, 52-2 y parágrafo y del artículo 55 de la Ley 44 de 1993, vulnerarían la citada Decisión 351 de 1993? Según los actores, porque la expresión “soporte lógico” que en ellas se utiliza es caduca y obsoleta y por lo mismo obstruye la aplicación de la norma incorporada al bloque de constitucionalidad.
La expresión “soporte lógico” es la que ha aceptado la Real Academia de la Lengua como traducción del anglicismo “software”, sobre la misma la tratadista argentina Delia Lypszyc ha dicho que ella equivale a la expresión “programas de ordenador”, “... también denominado, según los países, programa de computación, programa para computador, programa de cómputo, soporte lógico (del francés “logiciel”), o, al igual que en los países anglófonos, software” (7) .
(7) Lypszyc Delia, “Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones Unnesco/Cerlalc/Zavalia, Buenos Aires, 1993.
Revisada la citada Decisión 351 de 1993, se encuentra que en su artículo 3º el “programa de ordenador” (software), o lo que es lo mismo “el soporte lógico”, se define de manera expresa de la siguiente manera:
“ART. 3º.—Programa de ordenador (software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporados en un dispositivo de lectura automática, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones—, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”.
Esa definición es clara y precisa, y no encuentra la Corte que la misma pueda ser obstruida en su aplicación por las disposiciones impugnadas de la Ley 44 de 1993, al contrario, ellas permiten proteger a los creadores de esas obras de acciones dolosas contra su propiedad, lo que implica realizar los mandatos de protección eficaz que contiene la decisión para todos los países miembros, y lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política, que le atribuye el Estado la función de proteger la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley, luego no se advierte ninguna inconstitucionalidad sobreviniente en las normas atacadas.
4. Las expresiones “soporte lógico” y “reproduzca” contenidas en las disposiciones impugnadas, no vulneran el principio de legalidad que consagra el artículo 29 de la Constitución Política.
En segundo lugar, la Corte se pronunciará sobre los cargos de inconstitucionalidad consignados en los puntos 2.2 y 2.3 del numeral 2º de esta providencia, esto es, si las expresiones “soporte lógico” y “reproduzca”, contenida en los numerales 2º y 4º y el parágrafo del artículo 51 y en el numeral 2º del artículo 52 de la Ley 44 de 1993, como lo sostienen los actores, dada su ambigüedad, imprecisión y su obsolescencia, vulneran el principio de legalidad que como garantía constitucional consagra el artículo 29 superior, pues si bien dichas normas contienen tipos penales en blanco, las mismas no remiten a una definición suficiente y exacta de dichos conceptos; así, en lo que hace al primero, dicen los demandantes, la única definición disponible se encuentra en el Decreto 1360 de 1989, que es caduca y obsoleta y por lo tanto genera vacíos que el intérprete, específicamente en el juez penal, debe llenar recurriendo a un ejercicio de valoración subjetivo, mientras el segundo no delimita su alcance, lo que implica que incluya conductas que pueden ser lícitas, ocasionando el mismo resultado.
En efecto, según los actores los delitos que se tipifican en las normas impugnadas, corresponden a lo que la doctrina denomina “tipos penales en blanco”, los cuales no riñen con el ordenamiento constitucional, no obstante, las expresiones que ellos impugnan, “soporte lógico” y “reproduzca”, son, según ellos, ambigua e inexacta la primera, y muy amplia la segunda, lo que contradice el principio de legalidad que como garantía constitucional consagra el citado artículo 29 de la Constitución.
Para analizar de fondo los argumentos con los que los demandantes sustentan su acusación, es pertinente detenerse, por lo menos de manera somera, en el contenido y alcance del principio de legalidad que consagra el artículo 29 la Constitución, el cual, según ellos, es vulnerado por las disposiciones impugnadas. Al efecto, la Corte se remitirá al fallo producido recientemente por ella, contenido, en la Sentencia C-739 de 2000 (8) , que desarrolló el tema:
(8) M.P. Fabio Morón Díaz.
“Dice el artículo 29 de la Constitución Política:
“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
“En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.
Es claro, que en la norma superior citada, el Constituyente de 1991 consagró de manera expresa el denominado principio de legalidad, “nullum crimen, nulla poena sine lege”, principio tradicionalmente reconocido y aceptado como inherente al Estado democrático de derecho, sobre el cual se sustenta la estricta legalidad que se predica del derecho penal, característica con la que se garantiza la no aplicación de la analogía jurídica en materia penal (9) , la libertad de quienes no infringen la norma, y la seguridad para quienes lo hacen de que la pena que se les imponga lo será por parte del juez competente, quien deberá aplicar aquella previamente definida en la ley.
(9) “El repudio de la analogía jurídica en materia penal es justicia racional” Cossio Carlos, citado en “Tratado de derecho penal”, Luis Jiménez de Asúa, Edit. Losada Buenos Aires, 1950.
Dicho principio encuentra expresión en varios componentes, que la doctrina especializada reconoce como “los principios legalistas que rigen el derecho penal”, los cuales se definen de la siguiente manera:
“...nullum crimen sine praevia lege: no puede considerarse delito el hecho que no ha sido expresa y previamente declarado como tal por la ley; nulla poena sine praevia lege: esto es, no puede aplicarse pena alguna que no esté conminada por la ley anterior e indicada en ella; nemo iudex sine lege: o sea que la ley penal sólo puede aplicarse por los órganos y jueces instituidos por la ley para esa función; nemo damnetur nisi per legale indicum, es decir que nadie puede ser castigado sino en virtud de juicio legal” (10) .
(10) Luis Jiménez de Asúa, “Tratado de derecho penal. Tomo II Filosofía y ley penal”. Edit. Losada, Buenos Aires, Argentina 1950.
En esa perspectiva, para la realización del principio de legalidad, paralelos han de encontrar espacio propicio y efectivo para su pleno desarrollo otros principios que se derivan de él, tales como el de reserva legal y el de tipicidad.
El primero, el principio de reserva legal, implica en el Estado democrático de derecho, que el único facultado para producir normas de carácter penal es el legislador, pues además de ser esa su función natural en desarrollo del principio de división de poderes, en él se radica la representación popular, la cual es esencial en la elaboración de todas las leyes, pero muy especialmente en las de carácter penal, que, como lo ha dicho la Corte, por sus características “... deben estar precedidas de un proceso público de debate y aprendizaje en la concepción y ejecución de las políticas criminales, es decir una elaboración más democrática...” (11) .
(11) Corte Constitucional, Sentencia C-559 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
“Esta discusión pública debe permitir que la respuesta penal no sea un recurso contingente que el poder político utiliza a discreción, sin debate, para hacer frente a las dificultades del momento... el respeto riguroso del principio de legalidad opera no sólo como un mecanismo de protección de las libertades fundamentales, sino que también obliga a la discusión colectiva y democrática de las políticas criminales con el fin de evitar la intervención penal inútil y perjudicial. El principio de legalidad es expresión no sólo del Estado de derecho, sino también de las exigencias del Estado democrático, pues gracias a su riguroso respeto pueden llegar a estar representados los intereses de todos los miembros de la comunidad en la elaboración de la política criminal”. (C. Const., Sent. C-559/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Respecto del principio de tipicidad, que también como se dijo se deriva del principio de legalidad, esta corporación ha dicho lo siguiente:
“Este principio busca que las personas a quienes las normas van dirigidas, conozcan hasta dónde va la protección jurídica de sus actos. Con la tipicidad se desarrolla el principio fundamental “nullum crimen, nulla poena sine lege”, es decir, la abstracta descripción que tipifica el legislador con su correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria.
“Quiere decir lo anterior que cuando el legislador redacta un tipo penal está obligado a definir de manera precisa el acto, el hecho o la omisión que constituye el delito, y que si no lo hace propicia un atentado contra la libertad individual, pues deja al arbitrio de la autoridad que deba aplicarlo la calificación de los actos, vulnerando la libertad y la seguridad individuales consagrados como derechos fundamentales en el ordenamiento superior”. (C. Const., Sent. C-127/93, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Al abordar el análisis del principio de legalidad y de sus derivados los principios de reserva legal y de tipicidad en el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente en el derecho penal, esta corporación se ha pronunciado en el siguiente sentido:
“De acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional sólo el legislador puede establecer hechos punibles y señalar las sanciones a que se hacen acreedores quienes incurran en ellos. Un hecho no puede considerarse delito ni ser objeto de sanción si no existe una ley que así lo señale. Ley, que ineludiblemente debe ser anterior al hecho o comportamiento punible, es decir, previa o “preexistente”.
“El artículo 1º del Código Penal incluye tal principio dentro de las normas rectoras del proceso penal, en estos términos: “Nadie podrá ser juzgado por un hecho que no esté expresamente previsto como punible por la ley penal vigente al tiempo en que se cometió ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella”. Y en el artículo 3º del mismo estatuto establece: “La ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca”.
“El principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos por cuanto les permite conocer cuándo y por qué motivos pueden ser objeto de penas ya sean privativas de la libertad o de otra índole evitando de esta forma, toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales respectivas”. (C. Const., Sent. C-133/99, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
Con base en los anteriores presupuestos, procederá ahora la Corte a establecer, si, como lo sostiene [los] actores de la demanda [las expresiones impugnadas de los artículos 51 y 52 de la Ley 44 de 1993] vulneran el principio de legalidad y sus derivados los de reserva legal y tipicidad.
“... La modalidad del tipo penal en blanco es válida y aceptada en nuestro ordenamiento jurídico, siempre y cuando sus contenidos se puedan complementar, de manera clara e inequívoca, con normas legales precedentes que permitan la correspondiente integración normativa.
El primer aspecto de la controversia que debe acotar la Sala, es el referido al denominado tipo penal en blanco, ... [lo que quieren señalar los actores] es que en el caso específico las normas demandadas son contrarias al ordenamiento superior, dado que consignan un tipo penal en blanco cuyo contenido no puede ser complementado por parte del intérprete, específicamente el juez penal, dada la ausencia de normas legales precedentes, que definan de manera clara e inequívoca los servicios y actividades técnicas a las que alude la primera, lo que implica que sea precisamente el juez, en cada caso específico, el que de manera arbitraria proceda a hacerlo, violando así el principio de legalidad.
El tipo penal en blanco lo define la doctrina como aquel que contiene una norma incriminadora incompleta o imperfecta, dado que aunque incluye precepto y sanción, el primero, el precepto, es relativamente indeterminado, “... siendo determinable mediante norma jurídica distinta que será, generalmente, un decreto, resolución o mandamiento de autoridad extraprocesal (administrativa por regla general), cuyo reglamento —complementario del precepto— tiene que darse antes del hecho, pues de otra manera se sancionaría en parte con una norma posterior”. Los tipos penales en blanco, son aquellos en que “la conducta no aparece completamente descrita en cuanto el legislador se remite al mismo u otros ordenamientos jurídicos para actualizarla y concretarla” (12) .
(12) Reyes Echandía Alfonso, “Derecho penal parte general”, Universidad Externado de Colombia, 1984.
Esta modalidad de tipo penal ha sido aceptada por la jurisprudencia nacional e internacional; así, al referirse a las distintas categorías de tipos penales esta corporación la ha incluido, señalando al efecto lo siguiente:
“... los tipos [penales] se clasifican en distintos grupos, por ejemplo: según su estructura son básicos, especiales, subordinados, elementales, compuestos, completos, incompletos, autónomos y en blanco. En relación con el sujeto activo pueden ser monosubjetivos, plurisubjetivos, de sujeto indeterminado o de sujeto cualificado. En cuanto al bien jurídico tutelado pueden ser simples, complejos, de lesión y de peligro. De acuerdo con su contenido existen tipos de mera conducta, de resultado, de conducta instantánea, de conducta permanente, de acción, de omisión, abiertos y cerrados”. (C. Const., Sent. C-133/99, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
Es decir, que en nada contraría el ordenamiento superior el hecho de que el legislador recurra a esta modalidad de tipo penal, siempre y cuando verifique la existencia de normas jurídicas precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos aspectos de los que adolece el precepto en blanco, cuyos contenidos le sirvan efectivamente al intérprete, específicamente al juez penal, para precisar la conducta tipificada como punible, esto es, para realizar una adecuada integración normativa que cumpla con los requisitos que exige la plena realización del principio de legalidad.
Así las cosas, esto es determinada la validez de los tipos penales en blanco en nuestro ordenamiento jurídico, lo que a continuación debe establecer la Sala es si efectivamente la norma impugnada reúne las características propias de esa modalidad de tipo penal, y de ser así, si existen las disposiciones jurídicas precedentes necesarias para que el juez proceda a la respectiva integración normativa, de manera tal que sin violar los principios de legalidad y reserva, dote de contenido completo e inequívoco el tipo penal que el actor tacha de inconstitucional (C. Const., Sent. C-739/2000, M.P. Fabio Morón Díaz).
4.1. Los artículos 51 y 52 de la Ley 44 de 1993, que consagran conductas punibles que atentan contra el derecho de autor, no son tipos penales en blanco, pues su contenido incluye todos los elementos necesarios de un tipo penal completo, claro e inequívoco, cuya producción por parte del legislador respetó en todo el principio de legalidad.
Coincide la Corte en este punto con lo expresado en su concepto por el señor Fiscal General de la Nación, en el sentido de que las normas impugnadas, en el caso que se analiza, no son tipos penales en blanco; para verificar esta aseveración es necesario remitirse a los elementos que configuran un tipo penal completo, esto es a su caracterización, para lo cual la Sala de nuevo se remitirá a reciente jurisprudencia que sobre el tema ha producido la corporación:
“La norma penal, siempre de origen estatal, es un imperativo que contiene reglas de comportamiento impuestas por el Estado, dirigidas a regular conductas de los ciudadanos, asociadas a determinados comportamientos sancionados punitivamente. La norma penal tiene una función valorativa, en el sentido de que a través de ella ciertos comportamientos se califican como contrarios a los fines del Estado, al efecto “... el legislador prohíbe ciertas acciones u omisiones porque las considera perjudiciales o peligrosas para la comunidad social" (13) .
(13) Antolisei Francesco, “Manual de derecho penal, parte general”. Edit. Temis, Bogotá, Colombia, 1988.
Así las cosas, por lo general la norma penal está constituida por dos elementos: el precepto (praeceptum legis) y la sanción (sanctio legis). “El precepto es la orden de observar un determinado comportamiento, es decir de no realizar algo o de cumplir determinada acción; la sanción es la consecuencia jurídica que debe seguir a la infracción del precepto” (14) .
En el precepto está contenida la descripción de lo que se debe hacer o no hacer y, por lo tanto del hecho que constituye delito. La situación descrita en la norma se denomina comúnmente figura o tipo penal.
El tipo penal presenta entonces una estructura que contiene varios elementos, pues “... todo tipo penal muestra una conducta que, realizada por alguien, lesiona o pone en peligro un bien del cual otra persona es titular, por consiguiente, en cada tipo se identifican dos sujetos, el activo que ejecuta el comportamiento y el pasivo en cuya cabeza radica el interés que se vulnera; una conducta que genéricamente allí se plasma y que, siendo por lo regular de naturaleza objetivo-descriptiva, en veces trae referencias normativas y subjetivas, y un objeto de doble entidad: jurídica en cuanto legalmente tutelado y material en cuanto ente (persona o cosa) sobre la cual se concreta la vulneración del interés jurídicamente protegido” (15) . El tipo penal que contenga todos estos elementos es un tipo penal completo.
(15) Echandía Reyes Alfonso, “Derecho penal parte general”. Universidad Externado de Colombia, 1984.
El tipo penal completo es entonces el que contiene el precepto y la sanción con todos sus elementos constitutivos, es decir, aquel que no necesita complementarse con el contenido de otra norma jurídica del mismo u otro ordenamiento; a su vez el precepto deberá precisar, en primer lugar, el sujeto activo del hecho punible, esto es quien o quienes podrán incurrir en la acción u omisión que se prohíbe; en segundo lugar el sujeto pasivo del mismo, que es el titular del bien jurídico objeto de protección, y en tercer lugar el bien jurídico que se pretende proteger de una conducta específica, cuya referencia y descripción constituyen el cuarto elemento del precepto.
A partir de los anteriores presupuestos procederá ahora la Corte a analizar las disposiciones impugnadas.
Los artículos 51 y 52 de la Ley 44 de 1993, algunas de cuyas expresiones impugnan los actores, establecen lo siguiente:
“1. (...).
“3. (...).
“ART. 52.—Incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de tres (3) a diez (10) salarios legales mínimos mensuales:
Dichas normas, que se circunscriben a una actividad concreta, la inscripción de obras en el registro de autor, contienen los elementos necesarios para ser catalogados como tipos penales completos, pues como tales contienen un precepto y una sanción; el precepto define el sujeto activo del hecho punible, a través de la expresión “Quien inscriba en el registro de autor...”, la cual indica que se trata de un sujeto activo indeterminado, en la medida en que cualquier persona puede incurrir en las acciones que se prohíben.
En cuanto al sujeto pasivo, esto es el titular del bien jurídico que se protege, éste en el caso del numeral 2º del artículo 51 de la Ley 44 de 1993, se encuentra definido inequívocamente en la norma acusada, en la cual éstos se señalan de manera expresa: “... el autor verdadero” y el “productor... de soporte lógico”, a quienes se les garantiza protección cuando un tercero, sin su autorización previa y expresa, inscriba la correspondiente obra en el registro, o mencione falsamente el nombre de dicho productor.
En el caso del numeral 4º del mismo artículo 51 de la Ley 44 de 1993, el sujeto pasivo también está claramente determinado, al señalar la norma que incurrirá en la conducta punible, “...quien reproduzca... soporte lógico... sin autorización previa y expresa del titular...”, siendo este último el sujeto al que se le garantiza protección.
En cuanto a la conducta que se señala como punible, ésta en las disposiciones impugnadas es plural y se encuentra descrita de manera precisa a través de tres verbos concretos (verbos rectores o núcleos rectores del tipo penal): inscribir, mencionar falsamente y reproducir, que descartan la ambigüedad que los actores le atribuyen a las normas; así, se desprende inequívocamente del contenido de los artículos 51-2 y 51-4 de la Ley 44 de 1993, que el que “inscriba a nombre de personas distinta del autor verdadero”, o “mencione falsamente el nombre del editor o productor de soporte lógico”, o quien “reproduzca soporte lógico sin autorización previa y expresa del titular”, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales.
En cuanto a los conceptos técnicos involucrados en las normas parcialmente acusadas, específicamente al de “soporte lógico”, éstas eventualmente pueden remitir al juez a otras normas legales que lo definen de manera precisa y para la materia (instrumentos internacionales debidamente incorporados a nuestro ordenamiento, la Decisión 351 de 1993 por ejemplo, decretos, el 1360 de 1989 y reglamentos, que en el caso específico existen como bien lo señalan varios de los intervinientes).
Así, como se anotaba antes, la citada Decisión 351 de 1993, define el “soporte lógico”, de la siguiente manera:
“ART. 3º—Programa de ordenador (software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automática, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones—, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”.
En cuanto al Decreto 1360 de 1989, éste presenta la siguiente definición de “software” o “soporte lógico”:
“La expresión de un conjunto organizado de instrucciones, en lenguaje natural o codificado independientemente del medio en que se encuentre almacenado, cuyo fin es el de hacer que una máquina capaz de procesar información, indique, realice u obtenga una función, una tarea o un resultado específico”.
No obstante lo anterior, si se diera el caso de que dicho concepto careciera de definición legal precedente, los tipos penales impugnados tampoco requerirían de tal remisión para adquirir sentido, pues las mismas pueden entenderse de acuerdo con el uso común que se les da, tal como lo establece el artículo 28 del Código Civil (16) , dado que el hecho de que sean de carácter técnico no implica, necesariamente, que sean ajenas a una definición en el lenguaje cotidiano. Sobre el particular, es pertinente señalar, que la Real Academia de la Lengua ha aceptado la traducción de los anglicismos “software” y “hardware”, como “soporte lógico” y “soporte material”, respectivamente, expresiones que se encuentran en los diccionarios de uso, que definen la primera de la siguiente manera (17) :
(16) Artículo 28 C.C.: “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a éstas su significado legal”.
(17) Diccionario de dudas y problemas del idioma español, José Martínez de Sousa; Diccionario de Manuel Rafael Aragó; Diccionario de María Moliner Segunda Edición.
“Soporte lógico o “software”: conjunto de programas y otros elementos no físicos con que funciona el ordenador”.
Ahora bien, si el juez o funcionario judicial competente lo considera pertinente, tales expresiones pueden ser dilucidadas por expertos a los que él acuda en ejercicio de la potestad que le otorga el artículo 257 del Código de Procedimiento Penal, o por autores reconocidos en la materia (18) .
(18) Al referirse a las distintas expresiones que se utilizan y aceptan para referirse a los programas de ordenador, la tratadista argentina Delia Lypszyc, en su obra “Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones Unesco/Cerlalc/Zavalia, Buenos Aires, 1993, dice lo siguiente: “... el programa de ordenador, también denominado, según los países, programa de computación, programa de computador, programa de cómputo, soporte lógico (del francés “logicel”) o, al igual que los países anglófonos, software”.
Queda claro entonces, que en el caso que se revisa las normas impugnadas configuran tipos penales completos, que si bien no requieren, como lo sostienen los actores, de un complemento legal precedente, sin el cual el juez no puede proceder a realizar la integración normativa correspondiente que exigen los ya analizados tipos penales en blanco, de necesitarlo lo encuentran abundante en varias normas legales, entre otras las arriba citadas.
En cuanto a la sanción, ella también está claramente determinada en las normas en cuestión, que, en el caso del artículo 51 establece que quien incurra en las conductas prohibidas incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a veinte (20) salarios legales mínimos mensuales, mientras que en el artículo 52, señala como penas para quienes comentan (sic) los delitos en ella tipificados, prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de tres (3) a diez (10) salarios legales mínimos mensuales, las cuales se agravarán, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 44 de 1993, hasta en la mitad, cuando el perjuicio económico causado por el hecho punible sea superior a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, o siendo inferior, “ocasione grave daño a la víctima”, expresión también demandada por los actores, sobre la cual se declarará inhibida la Corte, dada la ausencia de cargos específicos.
En cuanto a la expresión “reproduzca” del numeral 4º del artículo 52, que también acusan los actores, argumentando violación del principio de legalidad, según ellos porque dada su amplitud incluye conductas que en materia informática se reconocen lícitas, lo que hace que el acto se tipifique como delito a partir de la responsabilidad objetiva del sujeto activo, contrariando así los principios rectores del derecho penal, lo que debe señalar la Corte, en primer lugar, es que dicha expresión es clara y precisa y por ende no da lugar a equívocos, y en segundo lugar, que ella conduce a la configuración del tipo penal, sólo y siempre y cuando esté acompañada de los elementos que en materia penal son esenciales para el efecto, los cuales están consignados en el artículo 2º del Código Penal:
“ART. 2º—Para que una conducta sea punible debe ser típica, antijurídica y culpable”.
En síntesis, para que las conductas que señalan las normas impugnadas puedan ser calificadas por el juez como punibles, éste debe verificar que por parte del sujeto activo exista la intención de causar daño, esto es que haya dolo; así, a manera de ejemplo, la conducta podrá configurar delito si presenta como objetivo obtener beneficios económicos ilegítimos con la obra de un tercero, en el caso concreto con el soporte lógico o “software” creado por él, causándole perjuicios a éste en cuanto titular del bien jurídico protegido, no sólo de carácter patrimonial sino de carácter moral; así las cosas, la reproducción de soporte lógico para obtener una copia de uso personal (19) , por ejemplo, es una conducta en la que está ausente el dolo, razón por la cual no cabe dentro de los tipos penales impugnados, cosa distinta es la reproducción, sin autorización previa y expresa del titular, con el objeto de distribuirla a terceros y obtener beneficios económicos, situación que se conoce como “piratería”, la cual sí cabe dentro de los tipos penales analizados.
(19) El artículo 22 de la Decisión 351 de 1993, establece en qué casos es lícito realizar, sin autorización del autor y sin pago de remuneración alguna actos de reproducción de obras de ingenio, entre ellas del soporte lógico.
Es decir, que es precisamente el intérprete de la norma, el juez penal, el que en cada caso específico debe verificar si se dan los presupuestos que permiten calificar una determinada conducta como dolosa y si la misma corresponde a aquellas a las que se refieren las normas impugnadas, ejercicio propio de su quehacer y de su autonomía que en nada contraría el principio de legalidad.
No hay duda que la redacción de las normas cuestionadas no es perfecta, que ellas adolecen de errores, no obstante las mismas no pueden ser calificadas como ambiguas e inexactas, a punto que originen vacíos que arbitrariamente deba llenar el juez penal, violando así, no sólo el principio de legalidad, sino el principio de reserva legal, que le atribuye al legislador de manera exclusiva la función de definir las conductas punibles a través de la ley. Por eso, las expresiones impugnadas serán declaradas exequibles.
5. Definir las causales de extinción del proceso penal, es una competencia exclusiva del legislador, que las establece previo el ejercicio de ponderación que efectúa de los fenómenos de la vida social que tipifica como delitos y del mayor o menor daño que, en su criterio, ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado social.
La tercera acusación que estudiará la Corte, es la que se refiere a si lo dispuesto por el legislador en el parágrafo del artículo 52 de la Ley 44 de 1993, en el sentido de que la acción penal se extinguirá por desistimiento del ofendido, antes de que se dicte sentencia de primera instancia y siempre y cuando el infractor indemnice los perjuicios causados, vulnera los principios constitucionales que le señalan al Estado la obligación de garantizar un sistema de justicia oportuno y eficaz, y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, pues lo coloca en una posición de debilidad para cumplir con su responsabilidad de combatir el delito, lo que implica fomentar la impunidad.
Sobre la definición de las conductas punibles, el alcance y la graduación de las penas aplicables, los criterios de agravación o atenuación y desde luego, los presupuestos para la extinción o preclusión del proceso penal, la Corte ha manifestado lo siguiente:
“La verificación acerca de si una sanción penal es suficiente o no respecto del delito para el cual se contempla encierra la elaboración de un juicio de valor que, excepto en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad, escapa al ámbito de competencia de los jueces. Si la Corte Constitucional pudiera, por el sólo hecho de la eliminación de la pena menor, porque la entiende tenue, cómplice y permisiva, retirar del ordenamiento jurídico una disposición, estaría distorsionando el sentido del control constitucional. La norma sería excluida del ordenamiento con base en el cotejo de factores extraños al análisis jurídico, ecuánime y razonado sobre el alcance de aquella frente a los postulados y mandatos establecidos en la Constitución, que es lo propio de la enunciada función, cuyo objeto radica, de manera específica, en preservar la integridad y supremacía constitucionales. Calificaría, exclusivamente, por tanto, asuntos de pura conveniencia, reservados a la rama legislativa del poder público.
“Mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales, bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado.
“Quien expide la ley debe gozar de atribuciones suficientes —que a la vez comprometen su responsabilidad— para adecuar razonablemente las penas, según los diversos elementos que inciden en las conductas proscritas. La norma absoluta, que no establece distinciones, que otorga el mismo trato jurídico a situaciones diferentes, podría ser objeto de glosa, con mayor propiedad, por romper la igualdad y por desvirtuar el concepto de justicia, que aquella orientada a la gradación y distinción fundada en hipótesis diversas”. (C. Const., Sent. C-103/97, M.P. José Gregorio Hernández).
Los cargos que contra el parágrafo del artículo 52 de la Ley 44 de 1993 presentan los actores, dirigidos a probar que su contenido vulnera los principios constitucionales que le señalan al Estado la obligación de garantizar un sistema de justicia oportuno y eficaz, y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, dado que lo colocan en una posición de debilidad para cumplir con su responsabilidad de combatir el delito, lo que implica que él fomente la impunidad, están nutridos de elementos subjetivos y de conveniencia que no tienen cabida en un juicio de inconstitucionalidad.
Además, siguiendo la jurisprudencia de esta corporación, es al legislador al que le corresponde, en ejercicio de la cláusula general de competencia que el Constituyente radicó en él, crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados y determinar los presupuestos que dan vía a la preclusión o extinción del proceso por desistimiento del afectado, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menos daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o lleguen a causar en el conglomerado social.
“Lo cierto y definitivo de estas distinciones, es que la competencia radica exclusivamente en el legislador, quien en ejercicio de sus atribuciones y, en concordancia con la política criminal fijada por el Estado, es el encargado de establecer los nuevos hechos punibles, y determinar la jerarquía de los mismos, así como, establecer las sanciones y los procedimientos aplicables a los hechos punibles...”. (C. Const., Sent. C-301/99, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
En esa perspectiva, la decisión del legislador, consignada en el parágrafo del artículo 52 de la Ley 44 de 1993, de permitir que la acción penal se extinga por desistimiento del ofendido, en principio es acorde con el ordenamiento superior; ahora bien, la decisión del legislador de condicionar la extinción del proceso cuando se produce del desistimiento por parte del sujeto pasivo del delito, antes dictarse sentencia de primera instancia, a que el agresor indemnice los perjuicios causados, ¿es también acorde con los preceptos de la Constitución?, o como lo señala el Ministerio Público, ¿tal condicionamiento vulnera preceptos superiores, especialmente el principio de igualdad?
Sobre la figura del desistimiento en materia penal la Corte ha manifestado lo siguiente:
“En nuestra legislación, el principio que se acoge es el de la oficiosidad, pero por excepción, en algunos casos se acoge el principio de dispositividad, el cual consiste en exigir querella de parte para iniciar la investigación y el juzgamiento de ciertos delitos.
Significa esto, que la acción penal no puede iniciarse sino a solicitud de la víctima o del sujeto pasivo del delito. Así mismo, se faculta a la víctima para poner fin a la acción penal, mediante la figura del desistimiento, vale decir, que el sujeto pasivo del delito, tiene la facultad de iniciar y terminar la acción penal en las conductas delictivas señaladas de la ley.
Nuestro Código Penal, establece en su artículo 77 lo atinente el desistimiento: “El desistimiento aceptado por el querellado extingue la acción penal”, a su vez, el artículo 33 del Código de Procedimiento Penal, consagra los delitos que requieren querella de parte y, el artículo 34 ejusdem, admite el desistimiento, a condición de que sea aceptado por el querellado.
(C. Const., Sent. C-301/99, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
En el caso que ocupa a la Corte, ésta debe establecer si la decisión del legislador, de admitir la extinción de la acción penal en los casos de delitos contra la propiedad intelectual, protegida de manera expresa en el artículo 61 superior, siempre y cuando el ofendido desista de la misma y el procesado indemnice los perjuicios causados antes de que se dicte sentencia de primera instancia, vulnera el principio de igualdad, en la medida en que respecto de otros delitos (los señalados en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, por ejemplo), basta con la indemnización integral del daño para que cese el procedimiento. Para resolver el asunto es pertinente remitirse a dos decisiones de la Corte que han desarrollado el tema del desistimiento en materia penal:
La primera decisión se produjo cuando la Corte analizó el contenido del artículo 27 de la Ley 228 de 1995, que establece, en el caso de las contravenciones, que la respectiva acción se extingue por el desistimiento del sujeto pasivo, aun en los casos en que no se produzca indemnización del daño causado; en efecto, en la redacción inicial de la citada norma, ese desistimiento procedía “... siempre y cuando se [reparara] íntegramente el daño”, no obstante, esa expresión fue declarada inexequible por esta corporación, que consideró que en esos casos la decisión autónoma del ofendido, de solicitar la cesación del proceso, no puede condicionarse al pago de la correspondiente indemnización, dado que ese es un asunto que sólo le compete a él, en la medida que traduce un interés particular y privado; dijo la Corte en esa ocasión:
“... cuando el particular ejerce la facultad que lo asiste para desistir de la acción en una investigación iniciada para que por la autoridad competente se imponga una sanción al presunto autor de una conducta contravencional, no resulta razonable ni proporcionado exigirle que para la procedencia de ese desistimiento se le exija por la ley la reparación integral del daño que hubiere sido inferido por la contravención.
Por ello, cuando el particular como sujeto pasivo de ese hecho punible opta por impetrar del Estado que la investigación no prosiga o que la sanción no se imponga, ello significa, sin lugar a dudas, que está renunciando a la protección que la ley le otorga en ese caso concreto a su interés particular y privado, por una parte; y, por otra, la indemnización que al actor pueda corresponderle por concepto de reparación del daño aludido, por cuanto corresponde a la esfera patrimonial, es susceptible de que sobre ella se ejerza soberanamente por el interesado un acto de disposición, el cual incluye, como se advierte con facilidad incluso la renuncia total a ese derecho, en ejercicio autónomo de la propia libertad del sujeto pasivo de la infracción”. (C. Const., Sent. C-301/99, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
La segunda decisión se produjo al analizar en juicio de inconstitucionalidad el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal (20) , en esa ocasión esta corporación no encontró violación al ordenamiento superior, en la norma expedida por el legislador que establece que se precluya la instrucción o cese el procedimiento por indemnización integral, en los casos de delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, siempre y cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 330 y 341 del Código Penal, y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico, excepto el hurto calificado y la extorsión, norma que no condiciona dicho efecto al desistimiento expreso del sujeto pasivo del delito; es decir, que el legislador impuso al ofendido la cesación del proceso penal, cuando se produzca el pago de la indemnización integral correspondiente, sin condicionar dicho efecto a su desistimiento expreso, circunstancia que en opinión del Procurador, implica que lo dispuesto en el parágrafo del artículo 52 de la Ley 44 de 1993 vulnere el derecho a la igualdad.
(20) Dicho juicio de inconstitucionalidad concluyó con la Sentencia C-840 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, a través de la cual la Corte declaró inexequible la expresión “... cuando la cuantía no exceda doscientos salarios mínimos legales mensuales, ...”, decisión que no compartió el magistrado sustanciador en el proceso de la referencia, como consta en el respectivo salvamento de voto.
¿Qué pasa entonces con el parágrafo del artículo 52 de la Ley 44 de 1993, objeto del juicio de inconstitucionalidad que se adelanta? Que éste condiciona la extinción de la acción penal al desistimiento del ofendido y el desistimiento al pago de la indemnización por los perjuicios causados por parte del procesado, situación desde luego más gravosa que las anteriores; no obstante, no encuentra la Corte que dicha disposición, al ser comparada con la del artículo 27 de la Ley 228 de 1995 y con la del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, vulnere el principio de igualdad, tal como lo sostienen los actores, pues los supuestos de hecho que subyacen en las mismas son de fondo diferentes.
En efecto, en el primero, el de las contravenciones, el legislador atendió la circunstancia de que se trata de hechos punibles de menor trascendencia jurídico-social que los delitos, mientras en la segunda, la del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, si bien impuso la preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento por indemnización integral, para el caso de delitos culposos, o de delitos contra el patrimonio económico, exceptuando el hurto calificado y la extorsión, sin condicionarla al desistimiento del ofendido, lo hizo por tratarse de conductas culposas, que como tales admiten un tratamiento más benévolo por parte del Estado y de la sociedad, tanto es así, que en el caso de los delitos contra el patrimonio económico, quiso condicionar la extinción de la acciones al monto de los daños, señalando que la norma en cuestión era aplicable siempre y cuando el monto de los mismos no excediera los doscientos salarios mínimos legales mensuales, expresión que fue declarada inexequible por esta corporación (21) .
(21) Corte Constitucional, Sentencia C-840 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
En cambio el parágrafo impugnado del artículo 52 de la Ley 44 de 1993 se refiere a conductas dolosas, no culposas, que afectan los derechos de autor, los cuales se ven vulnerados en sus dos dimensiones, derechos morales y derechos patrimoniales, los primeros de carácter fundamental, que como tales no se resarcen con el pago de una compensación económica, lo que implica que no sería admisible, en sede de constitucionalidad, que el legislador le impusiera a la víctima, como en el caso del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, la cesación del proceso, por el mero hecho de que patrimonialmente sea indemnizado.
Así las cosas, para la Corte la disposición impugnada, dada la gravedad de las conductas punibles, contiene condicionamientos proporcionales y razonables para la extinción de la acción penal, que se ajustan en todo el ordenamiento superior y que en nada contrarían el principio de igualdad, por lo que no accederá a la petición del Ministerio Público, de que se declare la constitucionalidad del parágrafo del artículo 52 de la Ley 44 de 1993, “... bajo el entendido que el desistimiento del perjudicado o la indemnización integral de los daños ocasionados con el delito antes de dictarse sentencia de primera instancia, dan lugar a la culminación de la actuación penal”.
6. El derecho a la intimidad de las personas no se viola cuando las autoridades judiciales, en desarrollo de investigaciones que son de su competencia, acceden a sistemas de información que contienen documentos de carácter privado.
Por último, la Corte deberá establecer, si lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 44 de 1993, en el sentido de que una vez demostrada la ilegitimidad de los materiales incautados en los procesos adelantados por la comisión de los delitos a los que se refieren los artículos precedentes de esa misma ley, éstos serán destruidos, procedimiento que se cumplirá con el apoyo de peritos que actuarán en las respectivas diligencias de inspección judicial, viola el derecho a la intimidad de las personas, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, en la medida que permite que terceros se introduzcan, sin autorización, en los sistemas de información personales de los presuntos infractores.
El artículo 15 de la Constitución Política garantiza el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y el derecho al buen nombre. En esa perspectiva, el interrogante que se deriva de la acusación presentada por los actores contra el artículo 55 de la Ley 44 de 1993, es si el acceso a sistemas de información por parte de las autoridades judiciales que investigan los delitos a los que se refieren los artículos 51 y 52 de la misma ley, apoyadas éstas en esa labor por peritos, implica vulneración de ese derecho fundamental, en la medida en que acceden sin autorización a información privada que como tal está protegida por el ordenamiento superior.
La intimidad, ha dicho la Corte Constitucional, “... encuentra su razón de ser y su fundamento último en el ámbito de autodeterminación y libertad que el ordenamiento jurídico reconoce al sujeto como condición indispensable para el libre desarrollo de su personalidad y en homenaje justiciero a su dignidad”, es por eso precisamente, subrayó la Corte, que
“... dentro de ese refugio jurídicamente amurallado que lo protege, el sujeto puede actuar como a bien lo tenga. De ahí que las divulgaciones o investigaciones que penetren tal muro sólo podrán ocurrir por voluntad o aquiescencia del sujeto o cuando un verdadero interés general legitime la injerencia”. (C. Const., Sent. T-022/93, M.P. Ciro Angarita Barón).
No hay duda, que en el caso de investigaciones de carácter judicial, dirigidas a verificar la existencia de conductas punibles, el acceso a sistemas de información por parte de las respectivas autoridades se legitima, pues el objetivo de dichas investigaciones no es otro que salvaguardar el interés general, en la medida en que pretenden frenar y sancionar conductas tipificadas como delitos dados los nefastos efectos sociales que ellas producen.
Ahora bien, esa legitimación no alcanza para justificar la divulgación o uso abusivo de la información almacenada, la cual en tanto privada mantiene la garantía de protección que le brinda la Constitución a su titular, cosa distinta es que quepa dentro de lo dispuesto en el último inciso del artículo 15 de la Carta, que establece que para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.
En cuanto a la destrucción de los materiales ilegítimos que se incauten en desarrollo de las diligencias de inspección judicial a las que alude la norma impugnada, es claro y así lo establece el texto de la misma, que ella sólo procede previa la verificación y declaración de ilegitimidad del mismo, lo cual en nada transgrede el ordenamiento superior, pues sería contradictorio que material que sea producto de la comisión de un delito, por lo tanto viciado también de ilegalidad, pueda circular libremente en el mercado, seguramente produciendo beneficios económicos a quien por fuera de la ley los produjo.
Esta medida, como lo señala el señor Fiscal General de la Nación en su concepto, debe interpretarse en consonancia con lo dispuesto en el artículo 338 del Código de Procedimiento Penal, que establece que los “... instrumentos y efectos con los que se haya cometido un hecho punible doloso o que provengan de su ejecución y que no tengan libre comercio, pasarán a poder de la Fiscalía General de la Nación o a la entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga su destrucción”.
Así las cosas, no encuentra la Corte mérito para acoger los argumentos de la demanda, dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 44 de 1993, por lo que procederá a declararlo exequible.
1. DECLARAR EXEQUIBLES las expresiones “soporte lógico” y “reproduzca”, contenidas en los artículos 51-2, 51-4 y 52-2 de la Ley 44 de 1993, “Por la cual se modifica y adiciona al Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”.
2. DECLARAR EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 52 de la Ley 44 de 1993.
3. DECLARARSE INHIBIDA en relación con la demanda presentada contra la expresión “... ocasione grave daño a la víctima”, del artículo 53 de la Ley 44 de 1993.
4. DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 55 de la Ley 44 de 1993.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional.

References: ARTÍCULO 51
 ARTÍCULO 52
 ARTÍCULO 53
 ARTÍCULO 55
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 55
 artículo 241
 artículo 51
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 artículo 29
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 artículo 15
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 artículo 93
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 artículo 241
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 artículo 76
 artículo 6
 artículo 30
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 artículo 93
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 resolución 
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 artículo 28
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 artículo 257
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 artículo 53
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 artículo 22
 artículo 52
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 artículo 77
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 61
 artículo 39
 artículo 27
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 artículo 52
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 artículo 52
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 artículo 55
 artículo 15
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 artículo 55
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 artículo 338
 artículo 55
 artículo 52
 artículo 53
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