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Timestamp: 2018-12-19 16:05:39+00:00

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﻿ AUTO 2015-00119/1122-2016 DE JULIO 19 DE 2018
AUTO 2015-00119 DE 19 DE JULIO DE 2018
CONTENIDO:CARACTERÍSTICAS DE LA REVOCATORIA DIRECTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO PARTICULAR. EL ALTO TRIBUNAL CONSIDERA QUE LA REVOCATORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS HA SIDO CONSIDERADA COMO UNA FORMA PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PUEDA CONSEGUIR LA DESAPARICIÓN O EXTINCIÓN DE ESTOS DE LA VIDA JURÍDICA, DE MODO QUE SE CONVIERTE EN UN EJERCICIO DE AUTOCONTROL DE SUS PROPIAS DECISIONES. ASÍ LAS COSAS, ESTA FIGURA PUEDE SER UTILIZADA POR EL SUJETO PASIVO DEL ACTO FRENTE A LA AUTORIDAD QUE LO PRODUJO O ANTE SU INMEDIATO SUPERIOR. DE IGUAL FORMA, PUEDE SER USADA COMO MEDIDA UNILATERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PARA DEJAR SIN EFECTO DECISIONES QUE ADOPTE. EN ESTE ÚLTIMO EVENTO SE CONVIERTE EN «UN MECANISMO YA NO ALTERNATIVO SINO ADICIONAL AL DE LA VÍA GUBERNATIVA, DEL QUE PUEDE HACER USO LA ADMINISTRACIÓN DE MANERA OFICIOSA, BAJO CIERTAS CIRCUNSTANCIAS Y LIMITACIONES, PARA REVISAR Y CORREGIR LA MANIFIESTA ANTIJURIDICIDAD, INCONVENIENCIA, O EL AGRAVIO INJUSTIFICADO QUE CAUSE ALGUNO DE SUS ACTOS ADMINISTRATIVOS. FINALMENTE, EL ARTÍCULO 93 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, REGULÓ LA REVOCATORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SEÑALANDO QUE PUEDEN SER REVOCADOS POR LAS AUTORIDADES QUE LOS EXPIDIERON CUANDO SEA MANIFIESTA SU OPOSICIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA O A LA LEY, QUE NO ESTÉN CONFORMES CON EL INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL O ATENTEN CONTRA ÉL Y CUANDO CAUSEN UN AGRAVIO INJUSTIFICADO A UNA PERSONA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL TRABAJADOR, ACTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL, REVOCACIÓN DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EFECTOS DE LA REVOCACIÓN DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DECISIÓN DE FONDO
Auto 2015-00119/1122-2016 de julio 19 de 2018
Radicación: 730012333000201500119-01
Número interno: 1122-2016
Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribución Parafiscal de la Protección Social —UGPP—
Demandado: René Tito Ramírez Rivera
Procede la Sala Unitaria a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima durante la audiencia inicial celebrada el día 22 de febrero de 2016, mediante la que se declararon no probadas las excepciones propuestas.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribución Parafiscal de la Protección Social —UGPP— en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Las Resoluciones 111.181 el 4 de abril de 2005, 27262 del 9 de septiembre de 2005, 7590 del 10 de noviembre de 2005, 1176 del 13 de febrero de 2006 a través de las cuales, en cumplimiento de un fallo de tutela, se reliquidó la pensión de vejez del señor René Tito Ramírez Rivera con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios.
A título de restablecimiento del derecho pidió ordenar la expedición de un nuevo acto administrativo en el que se liquide el monto pensional solo con base en la doceava parte de la bonificación por servicios prestados. Además, que el demandado reintegre las sumas que recibió en exceso en su mesada pensional.
El Tribunal Administrativo del Tolima en la audiencia inicial celebrada el día 22 de febrero de 2016(2) declaró no probadas las excepciones de cosa juzgada y ausencia de requisito de procedibilidad de previa solicitud del consentimiento del demandado para la revocación del acto impugnado.
En relación con la primera de las excepciones enunciadas, manifestó que aunque los actos enjuiciados fueron emitidos en virtud de la orden de tutela emanada del juzgado primero de familia de Ibagué, estos sí pueden ser objeto de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por ser este el juez natural para debatir su legalidad. Añadió que si bien existe igualdad de partes no se evidencia similitud en la causa.
En cuanto a la excepción denominada “ausencia de requisito de procedibilidad de previa solicitud del consentimiento del demandado para la revocación del acto impugnado”, señaló que es criterio del tribunal que dicho trámite no hay que agotarlo por tratarse de derechos de carácter pensional no susceptibles de ser conciliados.
El señor René Tito Ramírez Rivera presentó recurso de apelación contra la decisión referida(3) reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda(4).
De esta manera, en relación con la excepción de cosa juzgada expresó que la inclusión de la bonificación por servicios prestados en la liquidación pensional, obedeció al fallo de tutela del 11 de febrero de 2005 emitido por el juzgado primero de familia de Ibagué que así lo ordenó.
Al respecto, expresó que la sentencia aludida adquirió firmeza una vez la Corte Constitucional la excluyó de su revisión. Bajo ese supuesto, señaló que el fallo hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que no es posible que otro servidor judicial desconozca su mandato y mucho menos la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puesto que de hacerlo invadiría competencias exclusivas de la Corte Constitucional.
Finalmente, frente a la excepción denominada “ausencia de requisito de procedibilidad de previa solicitud del consentimiento del demandado para la revocación del acto impugnado” manifestó que previo a demandar la nulidad de los actos que reliquidaron la prestación social, la entidad debió agotar el trámite previsto en el artículo 97 del CPACA relativo a la revocatoria directa de los actos administrativos, el cual se estatuyó como requisito de procedibilidad.
1.4. Asunto preliminar. Competencia.
El artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(5) determinó que es competencia del magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite, excepto en los que se emitan las decisiones contempladas en los ordinales 1º, 2º, 3º y 4º el artículo 243 ibídem(6).
Como en el presente caso la decisión apelada no está contemplada dentro de los numerales enunciados, el conocimiento del caso, en principio, es competencia del ponente, salvo que por el estudio de esta se resuelva acceder a lo pedido en el recurso de apelación, lo que implicaría dar por terminado el proceso, caso en el cual será la Sala de la Subsección la que deba resolver lo pertinente.
1.5. Problema jurídico.
Procede la Sala Unitaria a determinar si en el presente caso se configuró la excepción de cosa juzgada y además, si previo a radicar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho correspondía a la UGPP agotar el trámite previsto en el artículo 97 del CPACA.
1.6. La cosa juzgada.
La cosa juzgada otorga a las decisiones judiciales características de inmutabilidad y las convierte en decisiones vinculantes y definitivas. Esta institución procesal evita que se presenten en el futuro demandas o procesos que versen sobre un asunto igual y ya decidido en sede judicial, lo que garantiza que no vuelva a estudiarse o reabrirse el debate jurídico ante la jurisdicción, salvo cuando se generen hechos nuevos ocurridos con posterioridad a la sentencia. En esa medida, la cosa juzgada otorga a la decisión judicial seriedad, certeza y seguridad jurídica(7).
El artículo 303 del Código General del Proceso(8), aplicable en virtud de la remisión que hace el artículo 306 del CPACA, dispone que se configura la cosa juzgada cuando el nuevo litigio presenta identidad en los siguientes tres elementos, a saber(9):
i) Partes. Quienes concurren al nuevo proceso deben ser las mismas personas, naturales o jurídicas, que figuraban como sujetos procesales en el anterior.
ii) Objeto. Las pretensiones reclamadas en el nuevo proceso son iguales a las reclamadas en el primero ya decidido.
iii) Causa: El motivo o razón que fundamentó la primera demanda se corresponde con el invocado en la segunda.
De esta manera, cuando en el nuevo proceso se pueda corroborar la existencia de una sentencia ejecutoriada que resolvió un proceso anterior y además, que en el nuevo concurren los elementos enunciados, debe declararse la configuración de la cosa juzgada y en consecuencia, al juez no le es permitido pronunciarse sobre la prosperidad o no de las pretensiones, en tanto que no puede volver a decidir acerca de asuntos ya juzgados, so pena de quebrantar el principio de seguridad jurídica de las decisiones judiciales(10).
Ahora bien, en relación con la configuración de la cosa juzgada constitucional en los trámites de tutela, se ha señalado que esta sucede cuando quien emite el fallo es la Corte Constitucional o cuando fue proferido por otra autoridad judicial pero no resultó escogido por dicha corporación para ser revisado dentro del término establecido para ello(11). En estas situaciones, el asunto debatido en sede de tutela finiquitó y feneció la posibilidad de discutir nuevamente la vulneración o no de los derechos fundamentales(12).
Es oportuno precisar que en los casos en los que se profirieron actos administrativos en virtud del cumplimento de una sentencia de tutela, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que estos son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en razón a que en el pronunciamiento hecho en sede constitucional se discute la vulneración de derechos fundamentales y no se efectúa un estudio acerca de su legalidad, asunto que es exclusivo de esta jurisdicción como juez natural. Sobre el particular la jurisprudencia ha expresado(13):
…en pronunciamiento del 14 de febrero del 2013 esta corporación ha explicado que a pesar de que el acto administrativo sea de ejecución al ser expedido para dar cumplimiento a una sentencia, es eventualmente acusable, porque el mecanismo de tutela que es su origen, es de naturaleza diferente a la jurisdicción ordinaria o contenciosa, y por lo tanto, si es posible presentar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho (…).
Por ello, resulta claro que al definirse una situación concreta a partir de una orden de un juez constitucional en sede de tutela, no por ello, la decisión así adoptada carezca del control natural, que no es otro, al contencioso de legalidad respectivo; siendo viable la presente demanda tal como lo concluyó el tribunal de instancia (negrilla de la Sala).
Así las cosas, aun cuando el acto administrativo emitido por la autoridad administrativa haya sido en cumplimiento de un fallo de tutela, procede el control de legalidad a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida que creó, modificó o extinguió una situación jurídica particular que no existía y que surgió a la vida jurídica en virtud de este(14).
Bajo tales supuestos, en estos casos no es posible entonces referirse a la existencia de la cosa juzgada cuando el fallo de tutela quedó en firme, en tanto que ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se pretende revisar este y las razones que tuvo el juez para proteger los derechos fundamentales del asociado, sino la legalidad del acto administrativo, es decir, su acoplamiento con el ordenamiento jurídico(15).
1.6.1. Caso concreto.
En el recurso de apelación la demandada señaló que se configuró la cosa juzgada porque la inclusión del 100% del valor de la bonificación por servicios prestados en la liquidación pensional a través de los actos enjuiciados, obedeció a la orden dada en el fallo de tutela del 11 de febrero de 2005, emitido por el juzgado primero de familia de Ibagué, decisión que adquirió firmeza al ser excluida de su revisión por parte de la Corte Constitucional, no siendo posible por tanto, que otro servidor judicial desconozca lo decidido.
Pues bien, dentro del proceso se encuentra acreditado que efectivamente Cajanal expidió los actos demandados a través de los cuales reliquidó la pensión de vejez del demandado, en cumplimiento de la sentencia de tutela referida(16).
Al respecto debe decirse que el fallo de tutela aludido adquirió firmeza e hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, en la medida que la Corte Constitucional no lo escogió para ser revisado dentro del término previsto para dichos efectos.
Ello significa que el asunto que no puede ser objeto de un nuevo debate es la decisión constitucional, es decir, que no es posible a ningún juez volver sobre la discusión acerca de la existencia o no de la vulneración de los derechos fundamentales por los hechos ya analizados.
Ahora, lo dicho no implica que no proceda el análisis de legalidad sobre los actos administrativos que se emitieron en virtud del mentado fallo, en la medida que este aspecto no se ha discutido en sede judicial.
En este punto cabe reiterar que los actos administrativos emitidos en cumplimiento de un fallo de tutela pueden ser objeto de demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en razón a que en sede constitucional únicamente se analiza la afectación de derechos fundamentales, mientras que ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se realiza un examen de legalidad por ser el juez natural para dirimir esta clase de conflictos.
A lo enunciado se suma que, en el presente caso, es fácil deducir que no concurren los elementos consagrados en el artículo 303 del CGP para que pueda afirmarse que se configuró la cosa juzgada.
En efecto, aunque existe identidad en la partes dentro del trámite de tutela y el presente proceso, no puede predicarse igual aspecto respecto del objeto y causa del litigio, puesto que, mientras en el primero se pretendió la protección de derechos de carácter fundamental vulnerados al señor Ramírez Rivera, en el segundo se discute la legalidad de los actos administrativos demandados porque, presuntamente, contrarían los artículos 45 a 48 del Decreto Ley 1042 de 1978, el artículo 12 del Decreto 10 de 1989 y el Decreto 247 de 1997 en lo que se refiere a la manera en que se debía liquidar e incluir la bonificación por servicios en la mesada pensional(17).
Bajo los parámetros expuestos, la Sala Unitaria concluye que en el sub examine no se configuró la excepción de cosa juzgada.
1.7. Revocatoria directa de actos administrativos de contenido particular. No es requisitos de procedibilidad para interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
La revocatoria de los actos administrativos ha sido considerada como una forma para que la administración pueda conseguir la desaparición o extinción de estos de la vida jurídica, de modo que se convierte en un ejercicio de autocontrol de sus propias decisiones(18).
Esta figura puede ser utilizada por el sujeto pasivo del acto frente a la autoridad que lo produjo o ante su inmediato superior. También puede ser usada como medida unilateral de la administración para dejar sin efecto decisiones que adopte. En este último evento se convierte en “un mecanismo ya no alternativo sino adicional al de la vía gubernativa, del que puede hacer uso la administración de manera oficiosa, bajo ciertas circunstancias y limitaciones, para revisar y corregir la manifiesta antijuridicidad, inconveniencia, o el agravio injustificado que cause alguno de sus actos administrativos(19)”.
El artículo 93 del CPACA reguló la revocatoria de los actos administrativos señalando que pueden ser revocados por las autoridades que los expidieron cuando: i) sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, ii) no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él y, iii) cuando causen un agravio injustificado a una persona.
Por su parte, el artículo 95 ibídem señaló la oportunidad con que cuenta la administración para efectuar dicho trámite, especificando que podrá adelantarse “aun cuando se haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda” (negrilla del despacho).
Además, la normativa preceptúa que durante el trascurso del proceso y hasta antes de proferirse sentencia de primera instancia, de oficio o a petición de parte “las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del comité de conciliación de la entidad” correspondiendo al juez dar traslado a la otra parte para que acepte o no la oferta, evento que de ser positivo se dará por terminado el proceso.
Por su parte el artículo 97 ibídem reguló específicamente lo referente a la revocación de actos de carácter particular y concreto en los siguientes términos:
“ART. 97.—Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreta o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
“PAR.—En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa (negrilla fuera de texto).
De acuerdo con el contenido de la norma, la administración no puede revocar un acto administrativo de contenido particular y concreto sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular del derecho que contenga, en la medida que dichos actos crean, modifican o reconocen derechos de naturaleza individual.
De esta manera, si el titular del derecho no otorgó su consentimiento para revocar el acto administrativo, corresponde a la respectiva entidad acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad), para que mediante una decisión judicial se declare su nulidad.
En este punto cabe precisar que si bien el inciso 2º del artículo 97 del CPACA advierte que “Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, tal postulado normativo no creó como requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción el agotar previamente el trámite de la revocatoria directa.
En efecto, el análisis del aparte normativo citado debe hacerse en conjunto con el contenido del artículo 95 ibídem ya enunciado, el cual permite inferir que la administración puede acudir directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo sin agotar dicho trámite, máxime cuando advierte que puede revocar sus propios actos mientras no se haya notificado el auto admisorio de la demanda.
Bajo estos presupuestos, lo que puede deducirse del inciso 2º del artículo 97 del CPACA es que la normativa otorgó dos opciones a la administración para revocar los actos administrativos que afectan un interés particular, así, puede: i) tratar de efectuar ello vía administrativa y con el consentimiento del titular del derecho o, ii) acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para lograr dicho propósito, sin que la primera constituya un requisito de procedibilidad para acudir a la segunda.
A lo expuesto se suma que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, denominado de lesividad en los eventos en que las entidades públicas demandan sus propios actos, contienen ciertas características entre las que la jurisprudencia resaltó que(20) “Es una acción contencioso administrativa, principal, temporal, subjetiva, que no requiere de previo agotamiento de la vía gubernativa”.
Además, el artículo 161 del CPACA estableció los requisitos que deben cumplirse para la presentación de la demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que incluyera el agotamiento de la revocatoria directa como requisito de procedibilidad. En efecto la norma señaló:
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral (…) (negrilla fuera de texto).
La normativa citada consagró dos presupuestos procesales que deben cumplirse previo a acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el propósito de demandar la legalidad de un acto administrativo particular y concreto.
Así, el ordinal 1º fijó el deber de agotar con antelación a la radicación de la demanda la conciliación extrajudicial, la cual, por virtud del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009(21) constituye requisito de procedibilidad si el asunto que se controvierte es conciliable, esto es, si recae sobre “aquellos derechos transables que tengan el carácter de “inciertos y discutibles(22)”.
Por su parte, el ordinal 2º hace alusión a la denominada actuación administrativa, que indica que el ciudadano debe, antes de instaurar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, debatir la validez del acto ante la administración; lo que puede hacer a través de la interposición de los recursos que la ley establece como obligatorios, que de acuerdo con el artículo 76 del CPACA es el de apelación. Empero, según se anotó con anterioridad, este no es exigible cuando sea la propia administración la que enjuicie sus propios actos.
Como se advierte, el artículo 161 del CPACA no incluyó como requisito de procedibilidad, cuando la administración pretenda demandar sus propios actos a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el agotamiento previo del trámite relacionado con la revocatoria directa, luego este no puede exigirse para que procede el estudio de la demanda.
De lo expuesto puede concluirse entonces que:
i) La revocatoria directa es un instrumento jurídico de autocontrol, a través del cual la administración puede lograr que un acto administrativo desaparezca de la vida jurídica, cuando se presenta alguna de las causales consagradas en el artículo 93 del CPACA.
ii) La administración puede efectuar dicho trámite aun cuando se haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mientras no se hubiese notificado el auto admisorio de la demanda, tal como lo dispone el artículo 95 ibídem.
iii) Cuando la revocatoria directa se refiera a un acto administrativo que afecta derechos particulares, la administración tiene dos opciones para efectuarla de acuerdo con el contenido del inciso 2º del artículo 97 del CPACA, así, puede: i) tratar de efectuar ello vía administrativa y con el consentimiento del titular del derecho o, ii) acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para lograr dicho propósito, sin que la primera constituya un requisito de procedibilidad para acudir a la segunda.
iv) La revocatoria directa, por interpretación de los artículos 95, 97 y 161 del CPACA, no constituye un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción cuando la administración pretenda la nulidad de sus propios actos.
1.7.1. Caso concreto.
El señor René Tito Ramírez Rivera formuló la excepción denominada “ausencia de requisito de procedibilidad de previa solicitud del consentimiento del demandado para la revocación del acto impugnado”.
Como sustento de esta, manifestó que la UGPP, previo a demandar la nulidad de los actos que reliquidaron la prestación social, debió agotar el trámite de revocatoria directa de los actos administrativos previsto en el artículo 97 del CPACA, por ser un requisito de procedibilidad.
Frente a lo expuesto, el a quo denotó que dicho trámite no debía ser agotado por tratarse de derechos de carácter pensional no susceptibles de ser conciliados.
La Sala Unitaria encuentra razón en la decisión del tribunal, toda vez que, tal como se expuso, la UGPP para revocar sus actos administrativos, podía optar por hacerlo vía administrativa buscando el consentimiento del demandado o, acudir directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con la interpretación que se hizo del inciso 2º de artículo 97 del CPACA, expuesta con antelación.
Además, porque tal como lo señaló el a quo, los derechos pensionales no son sujetos a conciliación, al tratarse de derechos ciertos e indiscutibles, postura que también se aplica cuando se busca la reliquidación de la pensión puesto que la cuantía es parte esencial de esta, luego también se torna en un derecho con las características antes enunciadas(23). En esa medida, tampoco era procedente la solicitud al demandado para que aceptara disminuir el monto de su mesada pensional.
Bajo esos supuestos, la Sala Unitaria concluye que no prospera la excepción.
Dicho lo anterior, se procederá a confirmar la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima durante la audiencia inicial celebrada el día 22 de febrero de 2016, mediante la que se declararon no probadas las excepciones estudiadas.
CONFIRMAR la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima durante el desarrollo de la audiencia inicial celebrada el día 22 de febrero de 2016, mediante la cual declaró no probadas las excepciones de cosa juzgada y ausencia de requisito de procedibilidad de previa solicitud del consentimiento del demandado para la revocación del acto impugnado, dentro de la demanda interpuesta por la UGPP contra el señor René Tito Ramírez Villegas.
Consejero: Rafael Francisco Suarez Vargas.
1 Folio 334 del cuaderno 2.
2 Folios 495 a 498.
3 Folio 497 y reverso.
4 Folios 416 a 420.
5 “ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”.
6 Lo autos a los que alude el artículo son “1. El que rechace la demanda. 2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite. 3. El que ponga fin al proceso. 4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público”.
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 25000-23-42-000-2013-06646-02(3073-16), actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP—, demandado: Andrés Avelino Rosas Tascón. Bogotá D.C. 5 de octubre de 2017.
8 “ART. 303.—Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
9 Al respeto se puede consultar la sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B, Rad. 76001-23-33-000-2013-00041-01(0692-16), actor: Álvaro Ramírez Reyes, demandado: Universidad del Valle. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C., 26 de octubre de 2017.
10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011, demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, demandado: Alba Marina Acosta Cadavid, Rad. 17001-23-31-000-2004-01402-01(34396). C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
11 Sobre este punto se puede revisar la Sentencia T-208 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
12 Providencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A, Exp.17-001-23-33-000-2013-00568-01. Número interno: 4706-2014, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, demandado: Gonzalo Escobar Mejía. C.P. William Hernández Gómez. Bogotá D.C., 13 de junio del 2016.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2016, Rad. 050012333000201200819 0. Número Interno: 3743-2015, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, demandado: Luis Javier Vargas Manco. Asunto: Acción de lesividad - reliquidación pensión 100% bonificación por servicios. Ver también providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Fecha 14 de febrero de 2013, Rad. 250002325000-2011-00245-01 (2634-11).
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejera: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 25000-23-42-000-2013-06646-02(3073-16), actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP—, demandado: Andrés Avelino Rosas Tascón. Bogotá D.C. 5 de octubre de 2017. E esta providencia se señaló: “en estricto acatamiento a fallos proferidos dentro de trámite de acciones de tutela, que la decisión de la citada entidad no puede ser considerada como de mera ejecución, ya que, ciertamente, su finalidad fue crear o modificar situaciones jurídicas concretas, por lo que resulta perfectamente enjuiciable por vía contenciosa al haber sido emitida por un operador judicial diferente de su juez natural, mediante un procedimiento que no corresponde a la forma propia del juicio que por mandato del legislador debe surtirse”.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A, Exp. 17-001-23-33-000-2013-00568-01. Número interno: 4706-2014, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, demandado: Gonzalo Escobar Mejía. C.P. William Hernández Gómez. Bogotá D.C., 13 de junio del 2016.
16 Aunque no se allegó copia de la sentencia de tutela, lo expuesto fue consagrado en el hecho 8º de la demanda (fl. 335) y aceptado como cierto por el demandado en la contestación a esta (fl. 414).
17 En la demanda se denominó este cargo como “violación de la ley sustancial y de los precedentes jurisprudencial” (fl. 339).
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, Rad. 13001-23-31-000-2008-00586-01 (AC), actor: Robinson Ruiz Dimas, demandado: Ministerio de la Protección Social. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá, D.C. 25 de febrero de 2009.
19 Sentencia del 3 de noviembre de 2011, Rad. 2006-00225-00. C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Rad. 11001-03-26-000-1994-10227-01(10227), actor: La Nación, Ministerio de Minas y Energía, demandado: Luis Eduardo Garzon Castellanos. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá, D. C. diciembre 4 de 2006.
21 “Siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial”.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de abril de 2012, Actor Ciro Rodolfo Habib Manjarrés contra Cajanal, Rad. 44001-23-31-000-2011-00105-01(2029-11). M.P. Alfonso Vargas Rincón.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Subsección A, Rad. 50001-23-31-000-2012-00206-01(1123-14), actor: María Cristina Jiménez Rojas, demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. C.P. William Hernández Gómez. Bogotá D. C. 9 de marzo de 2017.

References: ARTÍCULO 93
 artículo 97
 artículo 125
 artículo 243
 artículo 97
 artículo 303
 artículo 306
 artículo 303
 artículo 12
 artículo 93
 artículo 95
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 95
 artículo 97
 artículo 161
 artículo 13
 artículo 76
 artículo 161
 artículo 93
 artículo 95
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 243