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Timestamp: 2019-06-24 20:02:39+00:00

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spain legal update 06 May 2019 Píldoras Concursales Abril
En liquidación el acreedor hipotecario tiene derecho al importe de la deuda cubierta por la garantía sin aplicación de las limitaciones derivadas de los artículos 90.3 y 94.5 de la Ley Concursal. Matización de la doctrina de la sentencia 112/2019: no quedan cubiertos los intereses moratorios devengados después de la declaración de concurso
Sentencia 227/2019 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 11 de abril de 2019. Ponente: Ignacio Sancho Gargallo.
La acreedora hipotecaria del caso tenía reconocido en el concurso un crédito privilegiado especial que cubría principal, intereses remuneratorios e intereses de demora. Abierta la liquidación, los inmuebles hipotecados fueron adjudicados a la propia acreedora que además solicitó que se le entregase el precio de adjudicación para cubrir su deuda (un 30% superior a la reconocida en la lista de acreedores). En instancia se atiende a sus peticiones pero el Tribunal Supremo estima el recurso de casación de la administración concursal haciendo las siguientes manifestaciones:
(i)	Aunque en este caso por un tema de fechas no resulta aplicable el artículo 155.5 de la Ley Concursal, la Sala aclara que este artículo no debe integrarse con las normas de los artículos 90.3 y 94.5 de la Ley Concursal que introducen limitaciones al privilegio especial y que operan fundamentalmente a efectos del convenio. En liquidación el importe a tener en cuenta es la deuda originaria del artículo 155.5 de la Ley Concursal como deuda cubierta por la garantía sin recortes.
(ii)	En el caso, por no ser de aplicación el artículo 155.5 de la Ley Concursal, la Sala recurre a la doctrina de la reciente sentencia 112/2019 de 20 de febrero y dice que el privilegio especial abarca el principal y también los intereses remuneratorios y moratorios siempre que estén cubiertos por el valor de realización de la garantía y que el acreedor haya sido diligente en la comunicación de su crédito.
(iii)	Sin embargo, introduce una matización importante respecto a la doctrina de la sentencia 112/2019. En esa sentencia la Sala dijo que se cubrían todos los intereses, ya se hubieran devengado antes o después de la declaración de concurso. Sin embargo, ahora aclara que los intereses moratorios cubiertos son sólo los anteriores a la declaración de concurso porque durante el concurso hay una imposibilidad legal de pago de estos intereses que, por tanto, no se devengan. El artículo 59.1 de la Ley Concursal sólo da cobertura a los intereses remuneratorios.
De la sentencia extraemos además las siguientes conclusiones adicionales:
(i)	El acreedor hipotecario tiene que comunicar el crédito en el concurso indicando al margen del principal los intereses (remuneratorios y moratorios) que estaban devengado hasta la fecha de declaración y, si quiere que los intereses post concurso tengan privilegio especial, que los que se devenguen desde entonces serán crédito contingente.
(ii)	Si al liquidarse el bien no da para cubrir todos los intereses devengados post concurso: los remuneratorios serán subordinados y los de demora se tendrán por no existentes.
Respecto los créditos por indemnizaciones, el límite del artículo 176 bis 2.2º debe interpretarse como el mínimo legal sobre una base que no supere el triple del SMI
Sentencia 219/2019 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 9 de abril de 2019. Ponente: Ignacio Sancho Gargallo.
Esta sentencia avanza un paso más en la interpretación del ordinal segundo del apartado dos del artículo 176 bis de la Ley Concursal que se refiere al orden de pago de créditos después de la comunicación de insuficiencia de masa y, en concreto, a los créditos por salarios e indemnizaciones.
En su sentencia 345/2014 de 2 de julio la Sala ya había dicho que el límite cuantitativo que establece ese ordinal (multiplicación del triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago) no era un límite único para las dos categorías (salarios e indemnizaciones), sino que se aplicaba a cada categoría por separado.
Añade ahora que respecto de los créditos por salarios el límite será, tal y como dice la norma, "el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago", mientras que respecto de los créditos por indemnizaciones el límite será "la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional" que es lo que establece el artículo 91.1º de la Ley Concursal para limitar el privilegio general. Para el Tribunal Supremo eso no supone aplicar analógicamente el artículo 91.1º de la Ley Concursal (que no se podría, porque no hay ausencia de norma) sino hacer una interpretación sistemática y lógica del artículo 176 bis.2 2º de la Ley Concursal.
La liquidación de una relación contractual no es compensación prohibida aunque la determinación del importe de alguna de las obligaciones se realice después de declarado el concurso
Sentencia núm. 175/2019 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 21 de marzo de 2019. Ponente: Ignacio Sancho Gargallo.
Esta sentencia resuelve la posible compensación de los créditos derivados de contratos de ejecución de obra con suministro de materiales entre Bruesa Construcción, S.A. ("Bruesa"), como contratista, y La Reserva de Marbella, S.L. ("La Reserva"), como comitente. Por desavenencias en la ejecución, Bruesa demandó a La Reserva y ésta reconvino. Mientras el pleito estaba pendiente de resolución, Bruesa fue declarada en concurso. Hasta después de la declaración de concurso no quedó definitivamente fijado el importe del crédito que correspondía a cada parte. ¿Cabe compensación?
El Tribunal Supremo entiende que sí apoyándose en su doctrina sobre la exclusión del régimen de prohibición de compensación los casos en los que ésta se produce como consecuencia de la liquidación de una misma relación contractual, de la cual han surgido obligaciones para ambas partes, aunque el importe de una de estas obligaciones se declare en un procedimiento judicial posterior a la declaración del concurso (vid. sentencias 428/2014 de 24 de julio y 188/2014 de 15 de abril). Eso sí, la liquidación operaría en cada uno de los dos contratos.
La devolución de una ayuda pública declarada ilegal por la Comisión Europea no es un crédito concursal y su restitución debe hacerse de forma preeminente y al margen del concurso
Sentencia 33/2019 de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, de 14 de enero de 2019. Ponente: Luis Antonio Soler Pascual.
Esta sentencia desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el Instituto Valenciano de Finanzas ("IVF"), la Tesorería General de la Seguridad Social y la administración concursal del deudor concursado, el Elche Club de Fútbol SAD (el "Elche"), respecto de la sentencia que aprobaba su convenio.
En concreto, nos interesa el motivo relativo a la decisión de la Comisión Europea que consideró que los dos avales concedidos por el IVF a la concursada tenían la naturaleza propia de las ayudas estatales y que procedía su determinación como ilegales y su reintegración por otorgar una ventaja indebida al deudor respecto de sus competidores. En virtud de esa decisión de la Comisión, la administración concursal procedió a reconocer un crédito a favor de IVF en el concurso del Elche.
Se discutía la calificación de dicho crédito que en primera instancia se considera un crédito contra la masa pero que la Audiencia entiende es "un crédito autónomo, con origen en el derecho europeo, inderogable por el derecho nacional, que por sus características resulta ser plenamente eficaz y, en consecuencia, ejecutable al margen de los criterios de prelación y pago establecidos en la legislación concursal nacional". Considera la Audiencia que este crédito por restitución de ayudas públicas declaradas ilegales no debe estar en el concurso ni constituye un crédito contra la masa, sino que deberá pagarse al margen del concurso de forma preeminente sobre el mismo, asegurando así que se restablezca la situación que existía en el mercado antes de la concesión de la ayuda.
Por tanto, en la medida en que IVF no es un acreedor concursal, decae el argumento por el que se impugna el convenio: no se han vulnerado ni los artículos 99.1, 100.1 y 100.5 de la Ley Concursal ni el artículo 16.3 del Reglamento UE 2015/1589 por no incluir en el convenio el reintegro de la ayuda estatal declarada ilegal.
Interpretación del término "espera" de la Disposición Adicional Cuarta: efectos del auto de homologación
Sentencia 41/2019 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 10ª, de 24 de enero de 2019. Ponente: María Begoña Pérez Sanz.
Esta apelación trae causa de una demanda presentada por Eraikuntza-Birgaikuntza Artapena, S.L.U. ("EBA") contra Kutxabank, S.A. ("KUTXA") por entender que la negativa de KUTXA a emitir nuevos avales constituía un incumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de refinanciación del Grupo San José homologado por el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra. KUTXA se opuso alegando que la obligación de prestar avales no podía extendérsele puesto que no había firmado el acuerdo de refinanciación y, por tanto, estaba únicamente vinculada, en virtud de la extensión de efectos, a la prórroga de los avales ya otorgados.
La discusión se centra sobre la interpretación del término "espera" que EBA considera equivalente a la prórroga del contrato. Según esta interpretación, el contrato de línea de avales estaba vigente y KUTXA estaba obligada a emitirlos. Ésta última considera, en cambio, que los términos "espera" y "prorroga de un contrato", no son equivalentes, que la prórroga del contrato excede de la medida de espera y que el "efecto prórroga" no puede extenderse a los acreedores disidentes
La Audiencia Provincial de Madrid, confirmando la sentencia de instancia, considera correcta la interpretación gramatical de los términos de la DA ,4ª que son claros: la espera no se ha interpretado nunca en nuestro ordenamiento como la prórroga del vencimiento de los contrato, sino sólo como la posposición de la posibilidad de exigir el crédito. No estando prevista en la DA4ª la prórroga de un contrato como parte de los efectos del acuerdo de refinanciación que pueden extenderse, solo cabe desestimar la demanda.
Anulación de los acuerdos de ampliación de capital llevados a cabo por la concursada sin autorización de la administración concursal
Sentencia 432/2018 de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4ª, de 28 de diciembre de 2018. Ponente: Antonio Miguel Fernández-Montells Fernández.
Una persona física declarada en concurso acuerda y suscribe, como socia y administradora única, una serie de ampliaciones de capital en violación de lo dispuesto en el artículo 40.7 de la Ley Concursal.
La administración concursal solicita la nulidad de los acuerdos de ampliación de capital por ser acordados y ejercitados por la concursada intervenida sin haber solicitado su autorización y conformidad, lo que se acuerda en primera instancia y se confirma por la Audiencia (salvo por la condena en costas).
Se rechaza la solicitud de la SAREB para que se considerase contra la masa el desembolso post concursal por ejecución de un aval otorgado antes del concurso
Sentencia 680/2018 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 21 de diciembre de 2018. Ponente: Enrique García García.
SAREB solicitó la modificación de los textos definitivos de Reyal Urbis, S.A. para que se reconociese como contra la masa un crédito por importe de 9.114.872,03 euros que había heredado de NCG Banco, S.A. El crédito derivaba del tramo de una financiación sindicada otorgada antes del concurso que consistía, básicamente, en la prestación de un aval ante Ercros Industrial, S.A. El aval se ejecutó después del concurso y de ahí vino la disposición de fondos.
El juez del concurso desestimó la pretensión y la Audiencia Provincial de Madrid confirma ese criterio. Considera que el crédito era parte de una operación más compleja que pretendía afianzar a la concursada en el cumplimiento de obligaciones y, por tanto, todos los elementos de esa operación deben recibir un tratamiento unitario. El crédito al recobro de NCG Banco, S.A. es concursal y estaba consolidado en el concurso, así que esa misma consideración debe tener una vez que SAREB se subroga en el mismo. Y recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2012 ha declarado que los afianzamientos generan créditos concursales aunque el desembolso, como causa mediata del pago efectuado, sea posterior al concurso.
Adicionalmente, la Audiencia Provincial de Madrid analiza dos temas procesales:
(i)	En su opinión, pueden ser revisadas en segunda instancia, a través de la apelación directa, las resoluciones de incidentes concursales promovidos durante la fase común o la de convenio, cuando se detecten situaciones en las que los recursos contra esa clase de resoluciones judiciales, por determinadas circunstancias, no fueran a poder ya encauzarse por la vía indirecta del artículo 197.4 de la Ley Concursal. Por ejemplo, cuando el informe de la modificación concursal es contrario a la modificación del listado y el solicitante plantea un incidente.
(ii)	Sin embargo, no cabe recurrir a la vía del artículo 97 bis de la Ley Concursal para tratar de modificar el listado definitivo de acreedores excluyendo del mismo un crédito concursal y conseguir su reconocimiento como contra la masa. Al no impugnarse en plazo el informe de la administración concursal, el crédito se consolidó como concursal. Se hubiera podido discutir su cuantía porque aparecía calificado como contingente, pero no su tratamiento.
Autonomía de la reclamación frente al fiador solidario aunque el deudor principal esté en concurso
Sentencia 433/2018 de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 6ª, de 27 noviembre de 2018. Ponente: Elena Rodríguez-Vigil Rubio.
En primera instancia se desestima la reclamación ante la jurisdicción ordinaria contra el fiador persona física de las obligaciones de una sociedad en concurso. El juez de primera instancia entendía que la competencia para declarar la resolución del contrato afianzado y la determinación de las cantidades a restituir correspondía al juez del concurso y que hasta ese momento no cabía dirigir reclamación frente a los fiadores.
La Audiencia Provincial de Asturias acoge el recurso de la entidad afianzada y condena al fiador al pago de la cantidad reclamada. Cabe reclamar el cumplimiento forzoso de la fianza en los términos pactados en el contrato y de conformidad con el artículo 1124 del Código Civil sin necesidad de exigir la previa resolución del contrato de arrendamiento financiero ante el juez del concurso: "La acción ejercitada contra la fiadora solidaria es independiente de la que corresponde al acreedor contra el arrendatario, deudor principal, y respecto a la que no tiene fuerza atractiva alguna la competencia que al juez del concurso corresponde en cuanto a la acción entablada contra la entidad en concurso". Recuerda la Audiencia que el Tribunal Supremo ya ha dicho en varias ocasiones que la fianza no se ve alterada por el concurso (por todas, vid la sentencia de 7 de mayo de 2009) y que esa doctrina se recoge en el artículo 135 de la Ley Concursal.
No se rescinde la venta de un negocio por precio inferior a mercado porque, entre otras cosas, estaba hipotecado
Sentencia 1086/2018 de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 14 noviembre de 2018. Ponente: Purificación Martorell Zulueta.
El supuesto de hecho que resulta en esta sentencia es bastante complejo. Pero, básicamente, la persona física luego concursada compró una oficina de farmacia y varios inmuebles pidiendo financiación y dando hipoteca. En el contexto de la crisis financiera empieza a no poder cumplir y decide aportar los inmuebles hipotecados a una sociedad que constituye con otras sociedades de las que era administradora. Unos meses después, personalmente y como representante de la nueva sociedad, vende a un tercero la oficina de farmacia y los inmuebles por un precio inferior al de mercado. Además, acuerda con la entidad financiera acreedora la obtención de un nuevo préstamo, la cancelación de la hipoteca sobre su vivienda, la liberación de sus padres como fiadores solidarios y el otorgamiento por parte de sus padres de hipoteca sobre otros bienes.
Pese a que parece darse por acreditado que el precio que se pagó por los bienes era inferior al de mercado, la Audiencia Provincial de Valencia decide no acoger la reintegración. Considera que la operación tiene que analizarse en su conjunto y que los bienes vendidos, como estaban hipotecados respecto a obligaciones incumplidas, eran susceptibles de ejecutarse y no se hubieran integrado en la masa. En concreto dice la Audiencia que: "El hecho de que el precio fuera inferior al valor de mercado, si bien puede constituir un indicio, no implica de forma automática la apreciación de perjuicio para la masa activa del concurso, pues se ha de atender a las circunstancias concretas del caso". En el caso, el precio se justifica porque la vendedora estaba muy presionada al haber comprometido su patrimonio personal y el de sus padres, por la caída de precios derivados de la crisis y porque la farmacia cuando se vendió llevaba unos meses cerrada. No se aprecia mala fe del comprador ni de la entidad financiera. Respecto a la entidad financiera se toma en consideración que aunque participó en las negociaciones de la venta, vio limitadas las garantías iniciales como resultado de la operación.
La comunicación del artículo 5 bis de la Ley Concursal no suspende el lanzamiento
Auto del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de Madrid, de 5 de marzo de 2019. Ponente: Francisco Javier Vaquer Martín.
Una sociedad solicita la suspensión del lanzamiento del local en el que desarrolla su actividad por haber realizado una comunicación de negociaciones del artículo 5 bis de la Ley Concursal.
El juzgado entiende que no procede la suspensión de la ejecución del desahucio y lanzamiento por falta de competencia objetiva y funcional. La suspensión de ejecuciones del artículo 5 bis de la Ley Concursal nada tiene que ver con la suspensión de un lanzamiento por terminación de un contrato de arrendamiento. El artículo 5 bis de la Ley Concursal busca suspender ejecuciones sobre el patrimonio del deudor en pago de deudas que alterarían la par conditio creditorum, pero el inmueble de que el deudor es poseedor es de titularidad ajena y el deudor lo posee en virtud de un contrato que se resuelve. En nada afecta esto al patrimonio del deudor, por lo que resulta también improcedente la declaración de necesidad o afección a que se refieren los artículos 5bis.4 y 56.5 de la Ley Concursal.
El artículo 94.5 de la Ley Concursal prevé la tasación de los inmuebles como tales, no como negocio en explotación
Sentencia 6/2019 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos, de 8 de enero de 2019 Ponente: Íñigo Herrero Elejalde.
Se desestima la solicitud de modificación del inventario en relación a la valoración de un hotel y la calificación del crédito garantizado con hipoteca sobre el mismo.
Dispone el artículo 94.5 de la Ley Concursal que, a los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en aseguramiento de los créditos que gocen de privilegio especial, fijándose éste en nueve décimos del valor razonable de los bienes sobre los que recae la garantía y estableciéndose, en el caso de inmuebles, que el valor razonable será el resultante del informe emitido por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro del Banco de España.
En el caso, el acreedor hipotecario, disconforme con la valoración, aporta una nueva que tiene en cuenta el valor del inmueble en explotación. No es por tanto una tasación actualizada sino una valoración nueva utilizando métodos de valoración distintos de los previstos en la ley. El artículo 94.5 de la Ley Concursal prevé la valoración del inmueble y no la de la "explotación hotelera", por lo que debe desestimarse la impugnación de la lista de acreedores.
Sentencia 718/2018 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Toledo, de 31 de octubre de 2018. Ponente: Arancha Martín de la Cruz.
La administración concursal solicitó que se declarase culpable el concurso de Ansatrafo, S.L. señalándose a Teodosio como cómplice del afectado. La administración concursal imputa a la concursada una transferencia injustificada de fondos a Teodosio, hijo del administrador social, entendiendo que concurre la presunción prevista en el artículo 164.2, 4º de la Ley Concursal, concretamente, un alzamiento de bienes destinado a ocultar el patrimonio del deudor e impedir la eficacia de un embargo.
El artículo 166 de la Ley Concursal requiere que los cómplices hubieran cooperado con el deudor con dolo o culpa grave para que concurra tal complicidad. La administración concursal imputa a Teodosio una conducta omisiva, cual es permitir el ingreso sin justificación en su cuenta corriente de fondos desviados por su padre (administrador único de la sociedad) sin proceder a su reintegro. Así, se entiende que la falta de reintegración del importe transferido facilito el alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores de la concursada. Cabe mencionar que, en aplicación del artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la falta de comparecencia de Teodosio permite tenerlo por confeso en todo aquello que le perjudique, como es el conocimiento de la transferencia con ánimo de perjudicar a los acreedores de la concursada.
Subasta anterior al concurso con decreto de adjudicación posterior. No se inscribe sin pronunciamiento del juez del concurso sobre la no afección de los bienes
La Dirección confirma en esta resolución el rechazo a inscribir un decreto de adjudicación derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria al encontrarse la sociedad en concurso.
En el caso, el decreto se había dictado una semana después de que el Registro notificase al juzgado de primera instancia la anotación de la declaración de concurso. Es irrelevante que la subasta se practicase antes de la declaración de concurso porque conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, en las ejecuciones judiciales el cumplimiento de la teoría del título y el modo tiene lugar con la aprobación del resultado de la subasta. Por tanto, para poder inscribir sería necesario que se aportase testimonio de la resolución del juez del concurso que declarase que el bien ejecutado no es necesario para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor.
Aunque la Dirección no la incluye entre los fundamentos de derecho, hay una previa resolución de 8 de octubre de 2012 en un caso similar en la que resolvió igual.
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References: artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 59
 artículo 176
 artículo 176
 artículo 91
 artículo 91
 artículo 176
 artículo 16
 artículo 40
 artículo 197
 artículo 97
 resolución 
 artículo 1124
 resolución 
 artículo 135
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 90
 artículo 94
 artículo 164
 artículo 166
 artículo 304
 resolución 
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