Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-609-10.htm
Timestamp: 2018-12-12 08:24:09+00:00

Document:
C-609-10
Sentencia C-609/10
ACUERDO DE COOPERACION LABORAL Y CANJE DE NOTAS ENTRE CANADA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Contenido resulta acorde a los preceptos constitucionales
ACUERDO DE COOPERACION LABORAL Y CANJE DE NOTAS ENTRE CANADA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Cumplimiento del procedimiento legislativo previsto en la Constitución Política y en la Ley 5 de 1992
ACUERDO DE COOPERACION LABORAL ENTRE CANADA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Trámite legislativo/ ACUERDO DE COOPERACION LABORAL Y CANJE DE NOTAS ENTRE CANADA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Iniciación del trámite en el Senado de la República
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Características/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Examen de fondo es exclusivamente jurídico
De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la sentencia C-468 de 1997, dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.En cuanto al control por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas de aprobación legislativa en la formación de la ley aprobatoria en el Congreso. Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado. Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado. En cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior, para determinar si las primeras se ajustan o no a la Constitución Política. Dicho examen de fondo es exclusivamente jurídico y por lo tanto no comprende cuestiones de conveniencia, oportunidad, utilidad y eficiencia.
ACUERDO DE COOPERACION LABORAL ENTRE CANADA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Cumplimiento de obligaciones/CONVENIO INTERNACIONAL DE TRABAJO-Determinación de los que hacen parte del bloque de constitucionalidad
El tratado se encuentra acorde con la Constitución al cumplir con los principios de reciprocidad y respeto de la soberanía (Artículos 9 y 226 de la CP) que deben regir el desarrollo de las relaciones internacionales. Todas sus cláusulas prevén obligaciones recíprocas para las Partes. De otra parte, el acuerdo reafirma el respeto al principio de soberanía al reiterar que nada de lo dispuesto en su texto se interpretará en el sentido de facultar a las autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas al cumplimiento de la legislación laboral en el territorio de la otra Parte. Para la Corte, las obligaciones establecidas en el Acuerdo en materia de protección de los derechos laborales resultan acordes con la Constitución, en particular con el artículo 9 Superior que consagra como fundamentos del manejo de las relaciones exteriores, la soberanía nacional y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. En relación con este punto, el Acuerdo reitera el compromiso de Colombia por honrar sus obligaciones ante la OIT, en materia de derechos laborales y sindicales. Con lo cual resulta compatible con lo que establecen los artículos 9 y 53 de la Carta. Adicionalmente, y como quiera que en relación con varios de los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia, la Corte ha afirmado que forman parte del bloque de constitucionalidad, ya sea para señalar que forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, o para plantear que integran el bloque de constitucionalidad en virtud del inciso segundo del art. 93 de la CP, estos convenios también tendrán carácter normativo obligatorio para las obligaciones que surgen del Acuerdo de Cooperación Laboral. En esa medida, las disposiciones del Acuerdo son compatibles con lo que establece el artículo 93 de la Carta. Las disposiciones del Acuerdo relativas a los derechos laborales y sindicales son también armónicas con lo que establecen los preceptos constitucionales consagrados en los artículos 25 que garantiza el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; 39 que protege la libertad de asociación sindical; 55 que consagra el derecho de negociación colectiva y 56 que garantiza el derecho a la huelga. Las obligaciones que surgen del Acuerdo para las Partes se armonizan igualmente con el mantenimiento y la adopción de nuevos compromisos internacionales en materia laboral y aseguran el respeto a las obligaciones asumidas por las Partes ante la OIT, y al comprometerse las Partes a no adoptar medidas que impliquen dejar de aplicar leyes o reglamentos desarrollados para garantizar tales derechos, o incumplir con las responsabilidades asumidas ante la OIT, se rechaza la posibilidad de reducir los estándares de protección de estos derechos como un medio legítimo para aumentar la competitividad, y se garantiza la armonía de los compromisos adquiridos en el Acuerdo con otras obligaciones internacionales adquiridas por Colombia en la materia, de manera acorde con lo que establecen los artículos 9, 224, 226 y 227 de la Carta.
ACUERDO DE COOPERACION LABORAL ENTRE CANADA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Objeto
Para la Corte es claro, que el objeto del Acuerdo no es regular directamente los derechos fundamentales de los trabajadores sino hacer explícito en un tratado de naturaleza comercial una serie de garantías laborales para asegurar el reconocimiento y protección de los principios y derechos laborales internacionalmente reconocidos. De esta forma si no están mencionados todos los derechos y garantías laborales no quiere decir que estos estén excluidos del tratado y no sean parte de las obligaciones estatales pactadas en el tratado. Debe recordarse que no es el reconocimiento expreso lo que permite señalar que se está frente a un derecho fundamental (art. 94 superior). Este es el caso del derecho a la seguridad social en cuanto a pensiones (vejez, invalidez, y sobrevivencia) y salud. El presente acuerdo no indica nada concreto al respecto, pero al referirse en su objetivo a la obligación de proteger los derechos laborales se encuentran incluidos los derechos referentes a salud y pensión, presente en los ordenamientos jurídicos de cada una de las partes. Esta misma regla aplica a todos los derechos y medidas consagrados en las recomendaciones de la OIT sobre trabajadores migrantes y la Ley 146 de 1994.
Referencia: expediente LAT-357
Revisión de la Ley 1359 de 2009, del 25 de noviembre de 2009, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil diez (2010)
en el proceso de revisión constitucional de la Ley 1359 de 2009, del 25 de noviembre de 2009, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
Con base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 3 de diciembre de 2009, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió copia auténtica de la Ley 1359 de 2009, de noviembre 25 de 2009, para efectos de su revisión constitucional.
La Magistrada Sustanciadora, mediante auto de 22de enero de 2010, avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de varias pruebas. Recibidas éstas, ordenó continuar el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores.
A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme su publicación en el Diario Oficial Año CXLIV. N. 47.545, del 26 de noviembre de 2009, pág. 28.
“Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
Visto el texto del “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio de la cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, que a la letra dice:
“ACUERDO DE COOPERACION LABORAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y CANADA
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA y CANADA, en adelante referidas como las “Partes”:
REAFIRMANDO las obligaciones de ambos países como miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus compromisos con la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998) (Declaración de 1998 de la OIT
APOYANDOSE en las instituciones y mecanismos vigentes en Colombia y Canadá para lograr las metas económicas y sociales mencionadas;
Artículo 1: Obligaciones Generales
1. Cada Parte asegurará que sus leyes, reglamentos, y prácticas correspondientes, contengan y provean protección a los siguientes derechos y principios internacionalmente reconocidos:
(f) otorgar a los trabajadores migrantes la misma protección legal que a los nacionales de la Parte, respecto a las condiciones de trabajo, y
2. En cuanto a que los principios y derechos enunciados anteriormente se relacionan a la OIT, los subpárrafos (a) a (d) se refieren sólo a la Declaración de la OIT de 1998, mientras que los que se enuncian en los subpárrafos (e) y (f) están relacionados más estrechamente con el Programa de Trabajo Decente de la OIT.
Artículo 2: No Derogación
Cada Parte asegurará que no dejará de aplicar o de otra forma dejar sin efecto, ni ofrecerá dejar de aplicar o de otra forma dejar sin efecto su legislación laboral de una manera que debilite o reduzca la observancia de los derechos laborales internacionalmente reconocidos señalados en el Artículo 1, como una forma de incentivar el comercio entre las Partes, o como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio.
Artículo 3: Medidas de Aplicación Gubernamental
(b) monitorear el cumplimiento e investigar las presuntas violaciones, incluso mediante inspecciones “in situ”;
1. Cada Parte garantizará que los procedimientos mencionados en el Artículo 3 (1) (b) y (e) y en el Artículo 4, sean justos, equitativos y transparentes, y con este propósito, dispondrá que:
Artículo 6: Información y Conocimientos Públicos
Artículo 7: Consejo Ministerial
Artículo 8: Mecanismos Nacionales
Artículo 9 Actividades de Cooperación
Artículo 10: Comunicaciones Públicas
Artículo 11: Consultas Generales
PROCEDIMIENTO DE REVISION DE OBLIGACIONES
Artículo 12: Consultas Ministeriales
Artículo 13: Panel de Revisión
(ii) incumplimiento de sus obligaciones bajo los Artículos 1 y 2 relacionados con la Declaración de 1998 de la OIT.
Artículo 14: Panelistas
Artículo 15: Conducción de la Revisión
Artículo 16: Información para el Panel de Revisión
Artículo 17: Informe Preliminar
(b) su determinación sobre si la Parte que es objeto de la revisión ha tenido un incumplimiento a través de un patrón persistente de omisión de hacer cumplir efectivamente su legislación laboral o un incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con los Artículos 1 y 2 relacionados con la Declaración de 1998 de la OIT, o cualquier otra determinación solicitada requerida en los términos de referencia; y
(a) las Reglas Modelo de Procedimiento dispongan otro periodo; o
(b) el panel considere que no podrá presentar su informe dentro de los 120 días, en cuyo caso podrá prorrogar el periodo por 60 días adicionales, notificando por escrito a ambas Partes y explicando las razones de la extensión.
4. Los panelistas podrán formular opiniones separadas sobre asuntos en que no se haya podido alcanzar un acuerdo unánime. Sin embargo, el panel no mencionará cuáles panelistas son de opinión mayoritaria y cuáles de opinión minoritaria.
5. Cualquiera de las Partes podrá remitir observaciones por escrito al panel sobre el informe preliminar, dentro de los 30 días siguientes a la presentación del informe, o cualquier otro periodo que las Partes acuerden.
Artículo 18 Informe Final
Artículo 19: Cumplimiento del Informe Final
Artículo 20: Revisión del Cumplimiento
(a) no logran llegar a un acuerdo sobre un plan de acción, de conformidad con el Artículo 19, dentro de los 60 días de recibido el informe final; o
Artículo 21: Revisión de Conformidad
Artículo 22: Principio de Aplicación
Artículo 23: Derechos de Particulares
Artículo 24: Protección de Información
Artículo 25: Cooperación con Organismos Internacionales y Regionales
Artículo 26: Definiciones
No se considerará que una Parte ha incurrido en omisiones “en la efectiva aplicación de su legislación laboral” o en cumplimiento del Artículo 3o en el caso particular en que la acción o inacción por parte de los funcionarios o entidades de dicha Parte:
“días” significa días calendario, incluyendo fines de semana y festivos.
“empresa” significa cualquier entidad constituida conforme a la legislación aplicable, tenga o no fines de lucro, y sea de propiedad privada o gubernamental, incluyendo cualquier sociedad, fideicomiso, participación, empresa de propietario único, coinversión u otra asociación;
“legislación laboral” significa leyes, reglamentos y jurisprudencia, según corresponda, que implementen y protejan los principios y derechos laborales establecidos en el Artículo 1o;
“nacional” significa:
“patrón persistente” significa una conducta de acción o inacción sostenida o recurrente empezando después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo y no incluye un caso aislado o particular;
“persona” significa una persona natural, una empresa o una organización de empleadores o trabajadores.
“provincia” significa una provincia de Canadá, e incluye el Territorio del Yukón, los Territorios del Noroeste y Nunavut y sus sucesores; y
“territorio” significa:
Artículo 27: Anexos
Artículo 28: Idiomas Oficiales
Artículo 29: Entrada en Vigor
Artículo 30: Enmiendas
Artículo 31: Denuncia
HECHO por duplicado en Lima el día 21 del mes de noviembre de 2008, en español, inglés y francés. Todos los textos son igualmente auténticos”.
“ACTIVIDADES DE COOPERACION
1. La siguiente lista de áreas de cooperación directamente relacionadas con las obligaciones bajo este Acuerdo, que las Partes podrán desarrollar de acuerdo con el Artículo 9:
(d) la eliminación de las peores forma de trabajo infantil: Legislación y prácticas relacionadas con el cumplimiento del Convenio No. 182 de la OIT;
3. Al identificar las áreas de cooperación laboral y fortalecimiento de capacidades, y llevar a cabo actividades de cooperación, cada Parte podrá considerar los puntos de vista de los representantes de los trabajadores y empleadores, así como a los otros miembros del público”.
“COMUNICACIONES PÚBLICAS
(i) Que una solución ante tribunales nacionales haya sido intentada o perseguida y que cualquier comunicación pública relacionada con estos procedimientos internos pendientes, normalmente no será aceptada, en tanto dichos procedimientos sean consistentes con el Artículo 5;
(d) que la notificación pública de la aceptación para revisión y publicación del informe final indicará cómo tener acceso a cualquier respuesta de la otra Parte”.
“PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS PANELES DE REVISION
(b) las reglas, para efectos del Artículo 16, que disponen que las presentaciones escritas sólo se pueden hacer con base en los términos y las condiciones que pueda especificar el panel, y que las personas que procuran presentar información oral en el sentido del párrafo 2 del Artículo 16 sólo podrán hacerlo si el panel determina que dicha información puede asistir al panel en el desempeño de sus funciones; y,
“Examinar, a la luz de las disposiciones relevantes de este Acuerdo, si la Parte que ha sido objeto de una reclamación ha tenido, en asuntos relacionados con el comercio, un patrón persistente de omisión en la aplicación efectiva de la legislación laboral o ha omitido el cumplimiento de las obligaciones bajo los Artículos 1 y 2 relativos a la declaración de la Declaración de 1998 de la OIT, y emitir las conclusiones, determinaciones y recomendaciones de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 17.”
“CONTRIBUCIONES MONETARIAS
2. En la fecha que el panel determine el monto de la contribución monetaria bajo el Artículo 20 (2), o en cualquier momento posterior, la Parte solicitante podrá solicitar por escrito a la otra Parte el pago de la contribución monetaria. Las contribuciones monetarias serán pagada en dólares de los Estados Unidos o su equivalente en la moneda de la Parte reclamada, en pagos trimestrales iguales comenzando a los 60 días siguientes a que la Parte solicitante haya presentado la solicitud y terminando el día que el panel haya determinado de conformidad con el Artículo 21(2).
(a) Colombia podrá presentar ante un Tribunal de jurisdicción competente una copia certificada de la determinación del panel bajo el Artículo 20(2), solo si Canadá no cumpliera con la determinación prevista en el Artículo 20(4), dentro de los 180 días a que esta haya sido emitida.
4. En Colombia los procedimientos para hacer cumplir las contribuciones monetarias serán los siguientes: si Colombia no cumpliera con la determinación prevista en el Artículo 20(4), dentro de los 180 días a que esta haya sido emitida, la determinación del panel en Colombia se deberá ejecutar:
5. Cualquier modificación de las Partes en los procedimientos adoptados y mantenidos por cada una de ellas de conformidad con este Artículo que tengan como efecto socavar las disposiciones de este Artículo será considerado una violación a este Acuerdo”.
“EXTENSION DE LAS OBLIGACIONES
4. A más tardar en la fecha en que se convoque al panel de acuerdo con el Artículo 13, en relación con un asunto que se encuentre dentro del ámbito del párrafo 3 de este Anexo, Canadá deberá notificar por escrito a Colombia si cualquier recomendación de un panel en un informe en virtud del Artículo 18 o cualquier contribución monetaria impuesta por el panel bajo el Artículo 20(2), con respecto a Canadá debe dirigirse a Su Majestad en representación de Canadá o a Su Majestad en representación de la provincia en cuestión.
DM.OAJCAT. No.10621
Bogotá, D. C., 20 de febrero de 2009
Tengo el agrado de dirigirme a Su Excelencia en la oportunidad de hacer referencia a la Nota No 084 del 18 de febrero de 2009, en la que informa que se han advertido errores técnicos y de traducción en las versiones en inglés, francés y castellano del “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008. Así mismo en la mencionada Nota, considerando la naturaleza técnica y material de los errores, se propone a la República de Colombia su corrección según se estipula en el “ANEXO” del mencionado Acuerdo, propuesto conjuntamente con la Nota antes citada.
Sobre el particular, cumplo con informar a Su Excelencia que el Gobierno de la República de Colombia encuentra que los errores indicados son de recibo, y que los términos en que deben ser corregidos conforme aparece en el citado “ANEXO” son apropiados. En consecuencia, su Nota y la presente, junto con el “ANEXO” adjunto a las mismas, constituyen un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, relativo a las correcciones de errores técnicos y de traducción en las versiones inglés, francés y castellano de Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia del 21 de noviembre de 2008.
Ministro de Relaciones Exteriores”.
“ACUERDO DE COOPERACION LABORAL ENTRE CANADA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuando se habla de textos auténticos se debería decir “castellano” y no “español”.
Nota No 084
La Embajada del Canadá presenta su más atento saludo al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia – Oficina Jurídica– y tiene el honor de referirse a Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia, hecho en Lima el 21 de noviembre de 2008.
La Embajada del Canadá se vale de la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia –Oficina Jurídica– las seguridades de su más alta y distinguida consideración.
Bogotá, 18 de febrero de 2009”.
Artículo 1o. Apruébese el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Luís Guillermo Plata Páez”.
“Nota No 084
(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde”.
“Artículo 1o. Apruébese el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de 2009.
III. INTERVENCION DE LOS MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
En carta dirigida a esta Corporación el 1 de febrero de 2010, Margarita E. Manjarrez Herrera, actuando en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, como coordinadora del Área de Tratados, solicitó declarar exequible la Ley 1359 de 2009. Para tal fin se refirió a los antecedentes de la norma, la celebración, suscripción y aprobación del acuerdo, y el desarrollo de principios constitucionales por la ley estudiada.
Como antecedentes indicó que este acuerdo de cooperación laboral se encuentra directamente ligado con el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Colombia y Canadá. Esto debido a que el acuerdo laboral corresponde a los compromisos de protección al derecho al trabajo en las relaciones comerciales que el Tratado de Libre Comercio fomente.
Este Ministerio afirmó que la celebración, suscripción y aprobación del contrato fue realizado por persona idónea y cumplió con los trámites de una ley ordinaria. La aprobación ejecutiva del Presidente fue dada el 24 de marzo de 2009 y la sanción presidencial el 25 de noviembre de 2009.
El Ministerio también indicó que el presente acuerdo desarrolla varios de los principios constitucionales contenidos en los artículos 9, 44, 53, 150, numeral 16, 226 y 227. Esto en razón a que facilita la integración de los Estados, desarrolla el principio de reciprocidad y posee mecanismos para garantizar su rigurosidad y cumplimiento.
Para el Ministerio, el objetivo del acuerdo es lograr el cumplimiento de los derechos laborales consagrado en nuestra constitución en los artículos 25, 39 y 53, a saber: el derecho al trabajo, las garantías del derecho a la asociación, las libertades sindicales, y el trabajo en condiciones dignas y justas.
De esta forma, mediante la cooperación internacional se logra aumentar los niveles de cumplimiento de los estándares laborales, se da aplicación a los principios de la OIT y se logra combatir el dumping social.
2. Intervención del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Luís Guillermo Plata Páez, como Ministro de Comercio Industria y Turismo, mediante comunicación del 15 de marzo de 2010, solicitó a esta Corte declarar exequible la Ley 1359 de 2009. La intervención del Ministerio consideró los siguientes elementos: competencia para la negociación, relación entre el Acuerdo de Cooperación Laboral y el TLC, contenido el acuerdo de cooperación laboral, conveniencia del acuerdo, cumplimiento de los preceptos constitucionales.
Sobre la competencia para desarrollar el acuerdo, el Ministerio indica que en aplicación del Decreto 4712 de 2007, se conformó un equipo negociador. Tal equipo estuvo conformado por funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Ministerio de la Protección Social y del Ministerio de Relaciones Exteriores. La negociación del Acuerdo Cooperación Laboral inició en la segunda de las tres rondas realizadas para las negociaciones del TLC con Canadá, en la ciudad de Ottawa, Canadá. La última ronda se llevó a cabo en la ciudad de Lima-Perú del 19 al 24 de noviembre.
Finalmente, la suscripción del tratado se realizó el 21 de noviembre de 2009, en la ciudad de Lima, Perú, por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en uso de los plenos poderes conferidos por el Presidente de la República, el 18 de noviembre de 2008.
El Ministerio indicó que existe una relación de dependencia entre el acuerdo de cooperación laboral y el tratado de libre comercio celebrado con Canadá, ya que este último tiene por motivación fortalecer la relación comercial, la diversificación de mercados y el aumento de las exportaciones que tiene por consecuencia la generación de empleos productivos y mejor remunerados y por ende la definición de obligaciones laborales.
El Ministerio describe el contenido del acuerdo de Cooperación Laboral y señala como objetivo principal “garantizar la efectiva inclusión de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores en la legislación interna de las Partes y hacer cumplir dicha legislación, buscando proteger a los trabajadores en sus derechos laborales fundamentales, desde un enfoque cooperativo.”
Se señaló que el acuerdo era conveniente para nuestro país en razón a que “crea bases sólidas para trabajar conjuntamente en la protección de los trabajadores, aplicando efectivamente la legislación laboral de cada Parte referida a los Principios y Derechos Fundamentales del trabajo de la Declaración de la OIT. Otorga a los trabajadores migrantes la misma protección legal que a los nacionales respecto de sus condiciones laborales”. Adicionalmente, se señaló que el acuerdo crea una “estructura institucional sólida para la búsqueda de soluciones de consenso entre las Partes, mecanismo de solución de controversias, eventuales multas, se establecen áreas para programas de cooperación, línea de actividades de cooperación.”
En cuanto al cumplimiento de los preceptos constitucionales reitera la competencia del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Presidente de la República para efectos de la negociación y suscripción de tratados internacionales, y en este caso particular, la negociación y suscripción del Acuerdo de Cooperación Laboral con Canadá.
Al referirse al trámite de la ley aprobatoria indicó que “este se sujetó a la Constitución Política y a las normas de procedimiento señaladas en la Ley 5 de 1992, pues, se observaron en forma debida los plazos que deben existir entre los debates adelantados, se cumplió con las mayorías requeridas para la aprobación del proyecto en cada una de las sesiones en Senado y Cámara y llevaron a cabo los debates requeridos y se hicieron las respectivas publicaciones de las ponencias.”
Para el Ministerio los principios constitucionales de internacionalización de las relaciones económicas establecidos en los artículos 226 y 227 son desarrollados mediante el presente acuerdo en razón a que, según el Ministerio, es el mecanismo más eficaz para desarrollar políticas como la transformación de la economía colombiana a las necesidades del mundo globalizado.
Al respecto el Ministerio afirmó: “los acuerdos internacionales como el acuerdo en estudio, fomentan las oportunidades comerciales que se materializan en oportunidades para los empresarios y los trabajadores. La competencia que se deriva de la liberalización del comercio contribuye a que las empresas deban alcanzar altos estándares de competitividad y productividad, mayor capacitación y calificación de la mano de obra y mejores condiciones laborales, lo cual también repercute en mejores condiciones de vida para los colombianos y refuerza los principios constitucionales.” Así las cosas, para el Ministerio este acuerdo pone en evidencia el esfuerzo del Estado colombiano por internacionalizar sus relaciones económicas y sociales, para el fortalecimiento de los lazos con las demás naciones del mundo en los términos que establecen los artículos 226 y 227 de la Constitución Política.
En lo concerniente al desarrollo de los principios constitucionales de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, el Ministerio afirmó que el acuerdo cumple con estos principios constitucionales “toda vez que la totalidad de las disposiciones del Acuerdo se basan un sistema de compromisos mutuos, lo cual refleja un tratamiento equitativo que a su vez implica reciprocidad.”
El artículo 9 de la Constitución Política también es aplicado al ser la celebración del acuerdo consecuencia del principio de la autodeterminación de los pueblos, siendo así manifestación del postulado de la soberanía nacional y de la decisión unilateral del Estado Colombiano de asumir obligaciones internacionalmente y ejercer derechos en los términos establecidos en dicho Acuerdo.
Por otro lado, el Ministerio manifestó que el proceso de negociación del Acuerdo el Gobierno Nacional se desarrolló acorde con los principios de transparencia y participación de la sociedad civil. En cumplimiento del artículo 9, del Decreto 4712 de 2007, en el marco de las negociaciones del TLC, entre Colombia y Canadá y de los acuerdos de Cooperación Laboral y Ambiental que se negociaron paralelamente al TLC se habilitaron escenarios de participación para la sociedad civil colombiana, tales como reuniones previas a cada una de las rondas con representantes de la sociedad civil, reuniones posteriores a cada una de las rondas con la sociedad civil y el sector privado, habilitación del Cuarto de al Lado[1], información en la página web, cuarto de lectura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Información a representantes sindicales, reuniones con grupos técnicos e información a las entidades territoriales.
Respecto al desarrollo de los principios y derechos fundamentales de la declaración de la OIT, el Ministerio señaló que las obligaciones incorporadas en el Acuerdo refuerzan las garantías que a nivel constitucional y mediante tratados internacionales se les ha reconocido a los trabajadores colombianos especialmente las relacionadas con los principios y derechos fundamentales de la OIT. Afirma igualmente que las garantías del debido proceso y el derecho de defensa establecidos en el artículo 29 de la Constitución Política se materializan al incorporar garantías procesales y la facultad que tiene todas las personas dentro de un proceso público, a ser oídas, pedir o controvertir pruebas, hacer uso de los recursos que la ley otorga, ante tribunales competentes, entre otras garantías, con la tranquilidad de que serán juzgados y sancionados de conformidad con las leyes existentes.
En esa medida, el Ministerio considera desarrollos de los principios del debido proceso y del derecho a la defensa, la creación de un Consejo Ministerial, como mecanismo institucional que pretende asegurar la efectiva administración del Acuerdo. Según el Ministerio, la creación de este mecanismo no tiene contradicción alguna con la Constitución Política y es un mecanismo ya usado en diferentes convenios y tratados y declarado exequible por la Corte.
En opinión del Ministerio, el Mecanismo de Solución de Controversias establecido en el acuerdo es un desarrollo de los principios de debido proceso y derecho a la defensa. Lo anterior por cuanto permite el establecimiento de un panel arbitral imparcial y calificado, con funciones transitorias, al igual que ocurre con el arbitraje en virtud del cual se les entrega a los particulares la función de administrar justicia, también de forma transitoria. De esta forma se considera una aplicación concreta del artículo 116 de la Constitución Política.
Sobre las cláusulas sobre enmiendas, entrada en vigor y terminación del acuerdo, el Ministerio indica que los artículos del Acuerdo que aluden a las enmiendas, entrada en vigor, terminación y adhesión al mismo por terceros países, están plenamente sometidos a la Constitución Política, pues en virtud del artículo 9, en concordancia con los artículos 189 numeral 2, y 224 a 227, fueron negociados por el Gobierno Nacional bajo el ejercicio pleno de la soberanía nacional y en virtud del principio de autodeterminación de los pueblos. Resalta igualmente que la posibilidad de enmienda contemplada en el acuerdo resulta armónica con el numeral 10 del artículo 241 y con los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos, pues cada Estado debe resolver sus propios asuntos y de tomar las decisiones que crean convenientes.
El artículo 29 del Acuerdo establece que si bien el Acuerdo de Cooperación Laboral es autónomo, está ligado estrechamente con el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Canadá y Colombia, pues el mismo es desarrollo del Capítulo Laboral del TLC, de tal manera que si el TLC no entra en vigor no se cumple la obligación de entrada en vigor de este Acuerdo. Esto acorde con lo establecido en el artículo 24 numeral 1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1986, donde se expresa que “Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores”.
Aplicando el artículo 54 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, donde se indica que a voluntad de las partes se podrá negociar la terminación de los Acuerdos de la manera que consideren necesario según sus intereses, en el acuerdo estudiado se estableció ‑en el artículo 31‑ que el mismo permanecería mientras subsista el Acuerdo de Libre Comercio, y, así mismo, si “se rescindiera el TLCCo, cualquiera de las Partes podrá denunciar este Acuerdo dando notificación por escrito a la otra parte. La denuncia tendrá efectos 14 días después de la recepción de la notificación escrita.”
En cuanto a los canjes de notas diplomáticas entre Colombia y Canadá, se tiene que estos se originaron a causa de la presencia de errores mecanográficos y de traducción en el Acuerdo después de su suscripción. Por lo tanto, estos no afectaron el contenido material del texto y fueron aceptados por Colombia el 20 de febrero de 2009.
El canje de notas como tal constituye un acuerdo o tratado internacional entre los mismos gobiernos firmantes del Acuerdo, pero cuyo nacimiento a la vida jurídica en el plano internacional se encuentra íntima e inexorablemente ligado a éste último. En consecuencia, la entra en vigor del Canje de Notas ocurre en la misma fecha, y de manera concurrente con este Acuerdo. Así las cosas, según el Ministerio, se encuentra acorde a la Constitución y debe ser declarado exequible, al igual que la totalidad del acuerdo analizado.
El Procurador General de la Nación, mediante oficio del 22 de abril de 2010, rindió el concepto No. 4949, en el cual se pronuncia sobre la constitucionalidad de la Ley 1359 de 2009, y sobre el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia”, y solicita declarar su exequibilidad.
El análisis formal se refirió a la adopción del acuerdo y el trámite del proyecto legislativo, el cual fue encontrado ajustado a derecho.
En cuanto a lo material, indicó que este acuerdo, al regular las condiciones labores de canadienses en Colombia o de colombianos en Canadá, promueve la internacionalización de las relaciones labores en un contexto donde la liberalización del comercio impulsa la competencia y hace elevar los estándares de competitividad y productividad que hacen necesario una mejor capacitación y mano de obra, y en consecuencia crear mejores condiciones laborales, que es el objetivo de este acuerdo, de la misma forma el presente Instrumento Internacional impulsa y promueve canales de cooperación y desarrollo entre los Estados firmantes.
Para la Procuraduría, esta internacionalización de las relaciones laborales se desarrolla en aplicación de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, donde la cooperación internacional es utilizada para aumentar los niveles de cumplimiento de los estándares laborales. De esta forma se desarrolla lo establecido en los artículos 226 y 227 Superiores.
En concepto del Procurador, el acuerdo tampoco lesiona el artículo 9 de la Constitución Nacional, debido a que la soberanía nacional no se afecta ya que la aplicación del acuerdo está acorde con el ordenamiento jurídico. El artículo 29 de la Constitución Política también es respetado al garantizar el acuerdo el acceso a la justicia por parte de los trabajadores y establecer tribunales competentes, procedimientos laborales justos y equitativos y el respeto del derecho de defensa como protección al debido proceso.
Conforme a lo anterior, el Procurador en su concepto afirmó: “Así las cosas podemos concluir que las obligaciones en materia laboral asumidas en el Acuerdo no limitan de manera alguna los derechos laborales de los trabajadores y en consecuencia se ajusta a los preceptos constitucionales porque su contenido desarrolla y respeta los mandatos plasmados en la Carta Política, pues busca salvaguardar los intereses superiores del Estado dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia nacional.”
1.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la sentencia C-468 de 1997,[2] dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva,[3] pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
1.2. En cuanto al control por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas de aprobación legislativa en la formación de la ley aprobatoria en el Congreso.
1.3. Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado.[4] Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.[5]
1.5. Dicho examen de fondo es exclusivamente jurídico y por lo tanto no comprende cuestiones de conveniencia, oportunidad, utilidad y eficiencia, como lo ha resaltado la Corte y se reitera en el apartado 4.2.1 de la sentencia C-750 de 2008 sobre el TLC.
1.6. Adicionalmente, respecto de los tratados como el presente, la Corte ha resaltado que como el control constitucional que ejerce es abstracto y previo, es imposible anticipar todas las hipótesis de aplicación y de interpretación del mismo,[6] por lo cual sólo ante una contradicción evidente y puntual con la Carta procede la declaratoria de inconstitucionalidad del aparte correspondiente del tratado. No obstante, a medida que éste es desarrollado y aplicado por medio de diversos actos en el ámbito colombiano - expedidos por los órganos competentes, cuyas atribuciones constitucionales se mantienen incólumes - tales actos pueden ser objeto de control constitucional por vía de los mecanismos existentes en el ordenamiento jurídico, como se señala en los apartados 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4 de la sentencia C-750 de 2008 sobre el TLC. Por lo tanto, esta Corte puede ejercer plenamente sus competencias sobre tales actos, para verificar su conformidad con la Carta a la luz del bloque de constitucionalidad, como se advierte en el apartado 4.2.8 de la sentencia mencionada. No obstante, esta posibilidad no implica que la Corte Constitucional, juez de la validez constitucional, se convierta en un juez de la armonización interpretativa de diversos tratados.
2. La revisión formal de la Ley 1359 de 2009
2.1. Remisión de la ley aprobatoria y canje de notas por parte del Gobierno Nacional
El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación, el 3 de diciembre de 2009 la Ley 1359 de 2009, sancionada por el Presidente el 25 de noviembre de 2009,[7] por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia” del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia, de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, es decir, dentro del término de los seis días que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo. Sobre este punto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito de fecha 1 de febrero de 2010, recibido el 5 de febrero de 2010, manifestó que el Presidente de la República confirió plenos poderes al Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luís Guillermo Plata Páez, para que en representación del gobierno nacional procediera a la suscripción del Acuerdo de Cooperación, dando así cumplimiento a lo que establece el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.[8]
El 31 de marzo de 2009, el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva al “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia.”
De igual forma, ordenó someter al Congreso la aprobación de estos dos instrumentos internacionales. Para tal fin, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo, presentaron a consideración del Congreso el Acuerdo de Cooperación y el Canje de Notas en mención.
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1359 de 2009
De conformidad con la documentación que obra en el expediente, el Proyecto de Ley 1359 de 2009, 281 Senado, 331 de 2009 Cámara agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República.
2.4.1. El trámite del Proyecto de Ley 1359 de 2009, 281 Senado, 331 de 2009 en las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y Cámara
El Proyecto de Ley 281 de 2009 Senado fue presentado el 1 de abril de 2009 ante la Secretaría del Senado de la República por los Ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Araujo Perdomo; de Comercio, Industria y Turismo, Luís Guillermo Plata Páez; de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga; de Agricultura, Andrés Felipe Arias; de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt; de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Francisco Lozano; de Comunicaciones, María del Rosario Guerra y de Cultura, Paula Marcela Moreno. El texto original junto con la respectiva exposición de motivos, fueron publicados en la Gaceta del Congreso de la República No. 188 de 2009.[9]
En respuesta al mensaje de urgencia del gobierno nacional presentado el 28 de abril de 2009[10], las Mesas Directivas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, mediante las Resoluciones No. 177 de 5 de mayo de 2009[11] y No. MD 0938 del 5 de mayo de 2009[12] respectivamente, autorizaron la realización de sesiones conjuntas de la Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes de Senado y Cámara para debatir y aprobar el Acuerdo de Cooperación Laboral y el Canje de notas.
La ponencia conjunta correspondió a los Senadores de la República Darío Angarita Medellín Coordinador Ponente; Luz Elena Restrepo B. Nancy Patricia Gutiérrez C., Carlos Emiro Barriga P., Mario Varón Olarte, Cecilia López, Alexandra Moreno P., Jesús Enrique Piñacué y a los Representantes a la Cámara, Manuel José Vives, Pablo E. Salamanca, Héctor Javier Osorio, Julio Gallardo A., Roosvelt Rodríguez, Pedro Pablo Trujillo, Luís Felipe Barrios, Silfredo Morales A., Fabiola Olaya, Pedro Nelson Pardo y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 328 de 19 de mayo de 2009.[13]
Las Comisiones Segundas Conjuntas realizaron dos debates temáticos los días 12 y 26 de mayo de 2007.[14] El Proyecto de Ley 281 de 2009 Senado fue anunciado el 20 de mayo de 2009 para ser votado en la próxima sesión, indicando que ésta se realizaría el próximo martes, 26 de mayo, a las 9:30 a.m.[15] El anuncio previo exigido en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 lo hizo el Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República, por instrucciones del Presidente de las Comisiones Segundas Conjuntas, en los siguientes términos:
“COMISION SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
“Sesión Ordinaria Miércoles
“20 de mayo de 2009
“POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMISION SEGUNDA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, ANUNCIO DE DISCUSION Y VOTACION DE PROYECTOS DE LEY PARA LA PROXIMA SESION (ARTICULO 8, ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2003).
“2. Proyecto de ley número 281 de 2009 Senado y 331 de 2009 Cámara, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia.
“Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores, de la Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo.
Ponentes: honorables Senadores Darío Angarita Medellín (Coordinador), Carlos Emiro Barriga Peñaranda y Mario Varón Olarte (Coordinadores Alternos), Cecilia López Montaño, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Luz Elena Restrepo Betancur, Alexandra Moreno Piraquive y Jesús Enrique Piñacué Achicué.
“Publicaciones: Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 188 de 2009.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 328 de 2009.
Lo que propongan los honorables Senadores"
“Está leído el Orden del Día, señor Presidente.
“El señor Presidente pide anuncio de proyectos de ley para la próxima sesión.
“El señor Secretario: Por instrucciones del señor Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión de acuerdo al artículo 8, del Acto Legislativo número 01 de 2003.
“Proyecto de ley número 281 de 2009 Senado y 331 de 2009 Cámara, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia.
“Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores; de la Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo.
“Ponentes: honorables Senadores: Darío Angarita Medellín (Coordinador), Carlos Emiro Barriga Peñaranda y Mario Varón Olarte (Coordinadores Alternos), Cecilia López Montaño, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Luz Elena Restrepo Betancur, Alexandra Moreno Piraquive y Jesús Enrique Piñacué Achicué.
“Publicaciones: Proyecto de ley: Gaceta del Congreso 188 de 2009.
“Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 328 de 2009.
“Me permito aclarar, señor Presidente, que fuera de esta publicación estas ponencias han sido enviadas el día de hoy, a consideración de los honorables Senadores de la Comisión por vía electrónica a través de Internet a sus correos electrónicos”.
“Han sido hechos todos los anuncios para la próxima sesión de la Comisión Segunda el Senado y para la próxima sesión de las Comisiones Segundas Conjuntas Constitucionales de Senado y Cámara de Representantes.”
“El señor Presidente, Manuel Ramiro Velásquez Arroyave: (…) Terminamos la sesión y convocamos para sesión conjunta el próximo martes a las 9:30 a. m. con el fin de iniciar el trámite de los proyectos de TLC con Canadá y luego el día miércoles, repetimos, 8:00 a. m., ascensos militares y policiales a grados de General y Almirantes, para luego Superintendencia de Seguridad Privada.
“Se da por terminada la sesión.”
En la Cámara de Representantes, en la sesión de mayo 20 de 2009[16], también se realizó el anuncio de las sesiones conjuntas a realizar al Proyecto de Ley número 281 de 2009 Senado y 331 de 2009 Cámara, así:
ACTA NUMERO 32 DE 2009
“En consideración el Orden del Día propuesto, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada ¿La aprueban los honorables Representantes? Quedamos pendiente de la aprobación, una vez se haya constituido el quórum. Siguiente punto del orden del día.
“Hace uso de la palabra la secretaria de la Comisión doctora Pilar Rodríguez Arias: Sí señor Presidente. Anuncio de proyectos para aprobación en primer debate. Señor Presidente, según lo ordenado por usted y para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto legislativo número 01 de 2003 hago el siguiente anuncio de proyectos de ley para la próxima sesión de Comisión.
“Acorde con lo ordenado con usted, también procedo a realizar anuncio del siguiente proyecto de ley para ser debatido y votado en la próxima sesión conjunta de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara.
“Proyecto de Ley número 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia, hecho en Lima, Perú el 21 de noviembre de 2008 y el canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales y el acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia.
“Igualmente este proyecto de ley está en la Gaceta del Congreso número 328 de 2009 y también será debatido y votado en la próxima sesión conjunta de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara.
“Efectuados los anuncios ordenados por usted señor Presidente
“Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Pedro Pablo Trujillo Ramírez: Agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes y el sitio le estaremos anunciando, ya que hemos tenido inconvenientes. Igualmente le comunicamos que la sesión será conjunta con Senado.
“Se levanta la sesión a las 10:40 a. m.”
Según certificación del Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República,[17] se dio cumplimiento al inciso 1 del artículo 156 del Reglamento, enviando la ponencia para primer debate dentro del plazo establecido. Adicionalmente, no se utilizó el mecanismo autorizado por el inciso 2º del artículo 156 del Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992), dado que la ponencia fue publicada en tiempo. El día 26 de mayo de 2009, se hace entrega a los Senadores del ejemplar de la Gaceta No. 328 de 2009, donde se encuentra publicada la ponencia para primer debate.
El Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, en constancia de fecha 29 de enero de 2010, recibida por la Corte el 2 de febrero de 2010,[18] certifica que el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate en sesiones conjuntas el 26 de mayo de 2009.
Por otro lado, según certificación del Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes,[19] se dio cumplimiento al inciso 1 del artículo 156 del Reglamento, se envío la ponencia para primer debate dentro del plazo establecido. Adicionalmente, no se utilizó el mecanismo autorizado por el inciso 2º del artículo 156 del Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992), dado que la ponencia fue publicada en tiempo. El día 26 de mayo de 2009, se hace entrega a los Representantes del ejemplar de la Gaceta No. 328 de 2009, donde se encuentra publicada la ponencia para primer debate.
El Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en constancia de fecha 27 de enero de 2010, recibida por la Corte el 8 de febrero de 2010,[20] certifica que el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate en sesiones conjuntas el 26 de mayo de 2009.
Acerca del quórum deliberatorio y decisorio informó que al no haber existido solicitud de verificación del mismo durante la discusión del proyecto de ley No. 281/09 Senado 331/09 Cámara, este quedó integrado por once (11) de los trece (13) Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, con la constancia de voto negativo del Honorable Senador Jesús Enrique Piñacué Achicué.
El Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes expresó que el proyecto de ley estudiado fue aprobado por unanimidad en votación ordinaria, con la asistencia de 18 Honorables Representantes el día 26 de mayo de 2009 en sesión conjunta.[21] Todo lo anterior según consta en las Actas Conjuntas No. 05 de mayo 12 de 2009 y 06 de 26 de mayo de 2009, publicados en las Gacetas No 918 de 2009 y No 919 de 2009.
2.4.2. El trámite en la Plenaria del Senado de la República del Proyecto de ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado
La ponencia para segundo debate ante la Plenaria Senado fue presentada por los senadores Darío Angarita Medellín, Coordinador Ponente, Luz Elena Restrepo B., Nancy Patricia Gutiérrez C., Carlos Emiro Barriga P., Mario Varón Olarte, Cecilia López, Alexandra Moreno P., Jesús Enrique Piñacué y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 410 de 2 de junio de 2009.[22]
Para dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, el proyecto de ley fue anunciado previamente para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República en la sesión del 17 de junio de 2009, tal como consta en el Acta No. 62 de la fecha, la cual fue publicada en la Gaceta de Congreso No. 773 de 25 de agosto de 2009. El anuncio se realizó en los siguientes términos:
“Con la venia de la presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Armando Benedetti Villaneda: (…)
“Señor Presidente, mire los proyectos para discutir y votar en la próxima Sesión Plenaria del Senado de la República son los siguientes:
“● Proyecto de ley número 281 de 2008 Senado y 331 de 2009 Cámara , ¿por medio de la cual se aprueba el acuerdo de cooperación laboral entre la República de Colombia y Canadá¿ suscrito en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el ¿Canje de notas¿ que corrige ¿el Acuerdo de Cooperación Laboral entre la ¿República de Colombia y Canadá¿ del 18 de febrero de 2009 y el 20 de febrero de 2009, respectivamente.
“Siendo las 11:57 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día jueves 18 de junio de 2009, a las 10 a. m.”
El proyecto de ley fue debatido y aprobado el 18 de junio de 2009, como consta en el Acta No. 63 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 835 de 2 de septiembre de 2009. La aprobación fue de 98 honorables senadores asistentes y no hubo constancia de votos negativos, ni solicitud de votación nominal.
2.4.3. El trámite del Proyecto de Ley 331 de 2009, 281 de 2009 Senado en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
La ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes fue presentada por los representantes Manuel José Vives Henríquez, Ponente Coordinador, Pablo Enrique Salamanca Cortés, Héctor Javier Osorio Botello, Julio E. Gallardo Archbold, Roosvelt Rodríguez Rengifo, Pedro Pablo Trujillo Ramírez, Luís Felipe Barrios Barrios, Silfredo Morales Altamar, Fabiola Olaya Rivera, Representante a la Cámara, Ponentes y publicada en la Gaceta del Congreso No. 435 del 5 de junio de 2009, en sentido favorable.
El proyecto de ley fue anunciado por primera vez para ser “debatido y aprobado en la próxima sesión” por la Cámara de Representantes en la sesión ordinaria del día miércoles 11 de agosto de 2009, según consta en el Acta No. 195 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 1051[23] de 2009. El anuncio se hizo en los siguientes términos:
“Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C.: Señor Presidente, se ha desintegrado el quórum decisorio, de acuerdo al resultado. Con su venia, se autorizan los proyectos para el día de mañana. El señor Presidente autoriza que se anuncien 15 proyectos de ley.
“Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor James Britto Peláez: 15 proyectos para el día de mañana vamos anunciar o para la próxima reunión. Se les informa a los Parlamentarios que mañana habrá Plenaria desde las tres de la tarde para aprobar proyectos. Por favor señor Secretario, anunciar los proyectos.
“Subsecretaria General, doctora Flor Marina Daza Ramírez: Sí Presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la Sesión Plenaria del día miércoles 12 de agosto año 2009, o para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos.
“Proyecto de ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de cooperación laboral entre la República de Colombia y Canadá suscrito en lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas” que corrige “el acuerdo de cooperación laboral entre la República de Colombia y Canadá, el 18 de febrero de 2009 y el 20 de febrero de 2009, respectivamente.”
“Señor Presidente, han sido anunciados los proyectos de ley, según el Acto Legislativo 1 de julio 3 de 2003, en su artículo 8°.
“Se levantó la sesión plenaria a las 7:47 p. m. y se convocó para el día miércoles 12 de agosto de 2009 a las 3:00 p. m.”
El miércoles 12 de agosto de 2009,[24] ocurre la discusión del Proyecto de Ley de ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado. En este debate se discutieron tres proposiciones: 1. Archivo del Proyecto, que obtuvo tres votos a favor y 82 en contra; 2. Aprobar la Proposición con la que termina el informe, es decir dar segundo debate al proyecto de ley, que obtuvo 85 votos por el Sí y 4 votos por el no; y 3. Aprobar que el proyecto se convirtiera en ley de la República, que fue votado positivamente por 86 representantes y negativamente por 4.
2.4.4. El cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en el trámite legislativo la Ley 1359 de 2009
De acuerdo con la descripción anterior, el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia” y la Ley que los aprobó surtieron el procedimiento previsto en la Constitución y la ley.
2.4.4.1. Iniciación del trámite en el Senado.
De conformidad con lo que señala el artículo 154 de la Constitución, los proyectos de ley que se refieran a relaciones internacionales deben iniciar su trámite en el Senado de la República. Sin embargo, en el caso bajo estudio, esta regla debe ser examinada a la luz de lo que establece el artículo 163 de la Carta.
La posibilidad de llevar a cabo un debate conjunto de las comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes en proyectos que tienen exigencias especiales en relación con su iniciación (CP, Art. 154.) ha sido reconocida por esta Corte en múltiples oportunidades.[25] En la sentencia C-058 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis), al estudiar el trámite de una ley que decretaba impuestos, la Corte afirmó que la realización conjunta del primer debate de un proyecto tributario no quebranta la prevalencia de la Cámara de Representantes en cuanto al trámite de las iniciativas en materia tributaria.
La Corte Constitucional también ha señalado que no se desconocen los artículos 154 y 163 de la Carta cuando como resultado de un mensaje de urgencia y de la realización del primer debate de un proyecto de ley aprobatoria de un tratado en sesiones conjuntas, se altera el orden de prelación de las cámaras.[26] En la sentencia C-369 de 2002, (MP: Eduardo Montealegre Lynett),[27] esta Corporación señaló al controlar el tratado que “la exigencia establecida en el artículo 154 constitucional sobre la iniciación del trámite legislativo de los proyectos de ley relativos a relaciones internacionales no permite desconocer otras competencias constitucionales, como la del gobierno para solicitar un trámite de urgencia, que altera el trámite correspondiente del proyecto. (…) “la posible simultaneidad del segundo debate hace que no exista la prelación temporal de una cámara sobre la otra, prelación que sí se da en el trámite legislativo típico. La eliminación de esta prevalencia es perfectamente concordante con el diseño del sistema bicameral colombiano, en el cual cada cámara tiene similares funciones, y no existe entonces prevalencia funcional de una sobre otra. De otro lado, cuando el legislador orgánico autorizó la posibilidad de llevar a cabo los debates en las plenarias de cada cámara de manera simultánea, tuvo en cuenta que en casos en los que el debate se torna complejo, debe ser eliminada la prelación usual de una cámara sobre otra, ya que tras la deliberación conjunta de las comisiones, los debates y la aprobación en las plenarias pueden terminar en momentos distintos.”
A la luz de lo que establecen los artículos 154 y 163 Superiores, la Corte ha entendido que si ha habido sesión conjunta de las comisiones debido a un mensaje de urgencia, la exigencia constitucional de iniciar el trámite en una de las cámaras legislativas, “se circunscribe sólo a comenzarlo o promoverlo, y no a que éste sea integralmente terminado, por la sencilla razón de que iniciar un trámite no es lo mismo que terminarlo.” Por tanto, la obligación de iniciar el trámite en el Senado no puede significar que deba dársele curso a la totalidad del segundo debate en el Senado, antes de que el proyecto pueda ser tramitado en la Cámara de Representantes. (…) Es innegable entonces que si debido a un mensaje del gobierno para solicitar el trámite de urgencia, las comisiones permanentes de ambas cámaras sesionan conjuntamente, se cumple la primera etapa, y con ésta el requisito constitucional de iniciar el trámite en el Senado”.[28] En esa medida, un proyecto de ley aprobatoria de tratado debatido y aprobado en las comisiones conjuntas respectivas, puede ser aprobado en simultáneo en las Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, o primero en la Plenaria de la Cámara de Representantes y luego en la Plenaria del Senado de la República, sin que ello implique un desconocimiento del artículo 154 de la Carta.
Así ha sucedido con varios tratados cuyas leyes aprobatorias fueron declaradas exequibles por la Corte. Por ejemplo, en la sentencia C-1022 de 1999, al revisar la Ley 539 de 1999, aprobatoria del Tratado de delimitación marítima entre Colombia y Honduras, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate en sesiones conjuntas el 2 de diciembre de 1999, posteriormente fue aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes el 10 de diciembre de 1999 y en el Senado de la República, el día 13 de diciembre de 1999. En esa ocasión la Corte Constitucional afirmó que “conforme a las pruebas incorporadas al presente expediente, la Corte concluye que la Ley No 539 del 13 de diciembre de 1999 no presenta ningún vicio en su formación”.[29]
Algo similar ocurrió en la sentencia C-864 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil), en donde luego de aprobarse el día 8 de junio de 2005 el proyecto de ley aprobatoria en primer debate en las sesiones conjuntas de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, el proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 27 de septiembre de 2005, y por la Plenaria del Senado el día 29 de noviembre de 2005.[30] En sentido similar se pueden consultar las sentencias C-750 de 2008 (MP: Clara Inés Vargas Hernández, SV: Jaime Araujo Rentería), C-751 de 2008 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa, SV: Jaime Araujo Rentería), y C-446 de 2009 (MP: Mauricio González Cuervo)
En el caso bajo estudio, el proyecto de ley, fue presentado el 1 de abril de 2009[31] ante la Secretaría del Senado de la República los Ministros de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, Comercio Industria y Turismo y Protección Social, Diego Palacio Betancourt.
Ante el mensaje de urgencia, de fecha 24 de abril de 2009 y radicado en la Secretaría del Senado el 28 de abril de 2009,[32] el proyecto fue debatido en las Comisiones Segundas en Sesiones Conjuntas entre el 12 y el 26 de mayo y votado y aprobado el día 26 de mayo de 2009, primero en la Comisión Segunda del Senado y luego por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Posteriormente, fue aprobado el 12 de agosto de 2009 en la Plenaria de la Cámara de Representantes, y el 18 de junio de 2009 en la Plenaria del Senado de la República.
Como el debate en comisiones se realizó de manera conjunta, el proyecto pasó simultáneamente a ambas cámaras y, luego, fue aprobado primero en la Senado y luego en la Cámara de Representantes.
Por lo tanto, el Proyecto de Ley que culminó con la aprobación de la Ley 1359 de 2009 cumplió efectivamente el requisito del artículo 154 de la Carta al iniciar su trámite en el Senado.
2.4.4.2. Términos que deben mediar entre debates cuando ha habido sesiones conjuntas
Según el artículo 160 de la Carta, los términos que deben mediar para las respectivas aprobaciones de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente es de 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, es de15 días. No obstante, tal como lo ha sostenido de manera reiterada la Corte Constitucional, la solicitud de trámite de urgencia del gobierno altera el rito ordinario de las leyes en el Congreso.[33]
Cuando el mensaje de urgencia propicia la sesión conjunta de las comisiones, no es imperativo que medien 15 días entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, pues la Ley 5ª de 1992 establece que las comisiones podrán aprobar simultáneamente el proyecto (art. 183). Sobre el tema la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que “si bien entre la aprobación del Proyecto Ley en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días (CP art. 160), la deliberación conjunta de las respectivas Comisiones permanentes de las dos Cámaras para darle primer debate, de producirse como consecuencia del mensaje de urgencia del Presidente de la República (CP art. 163), hace innecesario el cumplimiento de dicho término”.[34]
Dado que la solicitud de trámite de urgencia lo que busca es reducir el tiempo que se emplea en el procedimiento legislativo ordinario, el período de reflexión de 15 días requerido por el Constituyente para la consideración de la ley en formación entre una y otra cámara legislativa, resulta innecesario cuando dos comisiones homólogas de una y otra cámara agotan conjuntamente el primer debate. “En el trámite de urgencia, si la iniciativa -sin excepcionar los proyectos de ley relativos a los tributos- se aprueba conjuntamente por las Comisiones respectivas en primer debate, lo que sigue es el segundo debate en cada una de las Cámaras, siempre que medie un lapso no inferior a ocho días”.[35]
En el asunto bajo estudio, el proyecto de ley fue (i) aprobado en primer debate por las Comisiones Segundas de Senado y Cámara reunidas en Sesiones Conjuntas el día 26 de mayo de 2009. Posteriormente fue aprobado en segundo debate (ii) por la Plenaria del Senado el día 18 de junio de 2009; y (iii) por la Plenaria de la Cámara de Representantes el día 12 de agosto de 2009. Es decir que en la aprobación del proyecto de ley entre primer debate en las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes y el segundo debate en la Plenaria de cada Cámara mediaron más de 15 días, tal como lo ordena la Constitución.
2.4.4.3. Publicaciones oficiales.
El artículo 157, numeral 1 de la Constitución señala la obligación de realizar la publicación oficial por el Congreso del proyecto y de la ponencia antes de darle curso en la comisión respectiva.[36] Estas publicaciones se cumplieron así:
a) Publicación del texto original del proyecto, junto con la respectiva exposición de motivos en la Gaceta del Congreso de la República No.188 de 2009.
b) La ponencia conjunta para el primer debate en las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y Cámara se publicó en la Gaceta del Congreso No. 328 de 19 de mayo de 2009 y el proyecto fue debatido y aprobado en dichas sesiones conjuntas el 26 de mayo de 2009.
c) Para segundo debate en el Senado de la República, la ponencia se publicó el 2 de junio de 2009 en la Gaceta del Congreso No. 410 de 2009, y fue debatido y aprobado el 18 de junio de 2009.
d) En la Cámara, la ponencia para segundo debate se publicó el 5 de junio de 2009 en la Gaceta del Congreso No. 435 de 2009 y se debatió y aprobó el 12 de agosto de 2009.
2.4.4.4. Quórum y mayorías.
En cuanto al quórum decisorio del artículo 146 de la Constitución, según sendas certificaciones de los Secretarios del Senado y de la Cámara, las votaciones se dieron por mayoría, estando reunido el quórum requerido, conforme a la exigencia constitucional. En la Gaceta del Congreso No. 919 de 2009, donde fueron publicadas las sesiones conjuntas de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara en las que se realizó la votación del proyecto, consta que esta votación fue efectuada sin que ninguno de los congresistas solicitara la verificación del quórum decisorio ni de las mayorías. Según certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto fue aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de 11 de los 13 Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado.[37] Igualmente, según certificación del Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara, el proyecto fue aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de 18 de los 18 Representantes[38] que conforman la Comisión Segunda de la Cámara.
En cuanto al segundo debate ante las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes en las Gacetas del Congreso 835 de 2009 y 1010 de 2009, respectivamente, donde fueron publicadas dichas sesiones consta que la votación del proyecto ante cada una de las plenarias se hizo de manera nominal y que el proyecto fue aprobado por mayoría simple. Según certificación del Secretario General de la Cámara de Representantes, el informe con que termina la ponencia fue aprobado con el voto negativo de Silva Meche Jorge J., Legro Segura River, Obando Ordóñez Pedro Y Polaco J. Orsina, su articulado fue aprobado nominalmente por 79 votos por el sí y 4 votos por el no. El título del proyecto fue aprobado por votación ordinaria.
Por su parte, el Secretario General del Senado de la República certificó que el articulado del proyecto fue aprobado en bloque, mediante votación nominal con un resultado de 98 votos por el Sí, sin constancia de votos negativos.
2.4.4.5. Anuncio previo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2003
Acerca del cumplimiento del requisito del anuncio previo de que trata el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Carta,[39] la Corte Constitucional ha señalado en varias oportunidades que esta disposición ordena (1) que la fecha de votación de los proyectos de ley sea previamente anunciada; (2) que el anuncio de tal votación se realice en sesión distinta a la de la sesión en que es sometido a su aprobación; y, (3) que la votación debe surtirse el día en que se anuncie.[40]
En el asunto bajo revisión, encuentra la Corte que el requisito del anuncio previo de que trata el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 también se cumplió. Los anuncios previos se realizaron de la siguiente manera:
(i) Anuncio para primer debate en las Comisiones Segundas Conjuntas: El proyecto de ley fue anunciado el 20 de mayo de 2009[41], en la comisión segunda constitucional permanente del Senado, para ser discutido y votado en la próxima sesión, y al final de la sesión se precisó que se citaba “para el próximo martes”,[42] y el proyecto fue votado y aprobado efectivamente el 26 de mayo de 2009. En las Comisiones Segundas Conjuntas del Senado y de la Cámara de Representantes el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió a cabalidad por las siguientes razones:
(a) el anuncio lo hizo el Secretario de la Comisión respectiva por instrucciones de los Presidentes de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara;
(b) se empleó la expresión “anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley para la próxima sesión (Artículo 8° del Acto Legislativo de 2003)” para señalar expresamente para qué estaban siendo convocados los congresistas.
(c) El anuncio se hizo para la “próximo sesión,” una fecha determinable que permitía a los congresistas saber cuándo exactamente tendría lugar la votación y para qué estaban siendo convocados. Al final, el Presidente de la Cámara levanta la sesión y dice: “y convocamos para sesión conjunta el próximo martes a las 9:30 a.m con el fin de iniciar el trámite de los proyectos de TLC con Canadá”, por lo que para los congresistas era clara en qué sesión se llevaría a cabo el debate y votación del proyecto.
(d) La votación se hizo efectivamente en la siguiente sesión. En el caso bajo estudio, el Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes luego de informar que en la próxima sesión se votaría el Proyecto de Ley, señaló al final de la sesión que se citaba para el próximo martes, por lo cual, para los miembros de las Comisiones Segundas Conjuntas, era claro cuándo sería discutido y votado el proyecto.[43] Por lo tanto el anuncio previo se hizo de manera clara de acuerdo a la exigencia constitucional.
(ii) Anuncio para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República. El proyecto fue anunciado el 17 de junio de 2009, para “discutir y votar en la próxima sesión”. El proyecto fue efectivamente votado y aprobado en esa sesión. Por lo tanto, el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las exigencias constitucionales:
(b) se empleó la expresión “(…) de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán en la próxima sesión” para señalar expresamente para qué estaban siendo convocados los congresistas.
(c) El anuncio se hizo para la “próxima sesión,” una fecha determinable. Al final de la sesión, el Presidente de la Cámara levanta la misma y precisa: “(…) se convoca para el día jueves 18 de junio de 2009, a las 10:00 a.m.”. Es decir que el anuncio inicialmente hecho para una fecha determinable, fue precisado para una fecha determinada, por lo que para los congresistas era claro en qué sesión se llevaría a cabo el debate y votación del proyecto.
(d) La votación se hizo en sesión posterior a aquella en que se realizó el anuncio previo y en la fecha prevista para ello, tal como había sido informado. En este caso, el anuncio previo se hizo el día miércoles17 de junio de 2009[44] y la votación del proyecto se realizó el día jueves 18 de junio de 2009,[45] tal como había sido informado a los congresistas, cumpliendo con las exigencias constitucionales.
(iii) Anuncio para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes: El proyecto fue anunciado el 11 de agosto de 2009, para ser “aprobado” al día siguiente. El proyecto fue efectivamente votado y aprobado en la sesión del 12 de agosto. Por lo tanto, el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las exigencias constitucionales:
(b) En cuanto a los términos empleados para hacer el anuncio, el Secretario de la Cámara dice “15 proyectos para el día de mañana vamos anunciar o para la próxima reunión. Se les informa a los Parlamentarios que mañana habrá Plenaria desde las tres de la tarde para aprobar proyectos. (…) se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del día miércoles 12 de agosto año 2009 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos”.[46] i bien no emplea explícitamente la palabra votación, señala expresamente el contexto de ese anuncio previo, por lo cual, era posible inferir que se estaba convocando a la Plenaria de la Cámara a la votación de los proyectos de ley mencionados.
(c) El anuncio se hizo para la “sesión plenaria del día miércoles 12 de agosto de 2009, o para la siguiente sesión plenaria,” una fecha determinable que permitía a los congresistas saber cuándo exactamente tendría lugar la votación y para qué estaban siendo convocados. Al final, el Presidente de la Cámara levanta la sesión y dice: “y se convocó para el día miércoles 12 de agosto de 2009 a las 3:00 p.m.”, por lo que para los congresistas era clara en qué sesión se llevaría a cabo el debate y votación del proyecto.
(d) La votación se hizo en sesión posterior a aquella en que se realizó el anuncio previo y en la fecha prevista para ello, tal como había sido informado. En este caso, el anuncio previo se hizo el día martes 11 de agosto de 2008 y la votación del proyecto se realizó el día miércoles 12 de agosto de 2009, tal como había sido informado a los congresistas, cumpliendo con las exigencias constitucionales.
Resalta la Corte que en ninguna de las etapas de la formación de este proyecto se interrumpió la secuencia de anuncios, citaciones y votaciones. El Secretario, autorizado por el Presidente de cada célula legislativa, (i) anunció que el proyecto de ley sería considerado en la próxima sesión o en una fecha determinable; (ii) especificó el número o el nombre del proyecto de ley correspondiente al “Proyecto de ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de cooperación laboral entre la República de Colombia y Canadá suscrito en lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas” que corrige “el acuerdo de cooperación laboral entre la República de Colombia y Canadá, el 18 de febrero de 2009 y el 20 de febrero de 2009, respectivamente,” y (iii) la votación del proyecto se llevó a cabo en las sesiones señaladas en el anuncio previo.
Por lo tanto, tanto para los congresistas de la correspondiente célula legislativa, como para los ciudadanos que tenían interés en influir en la formación de esta ley, la fecha en que se haría la votación del proyecto era claramente determinable y futura, lo cual asegura que los fines de este requisito constitucional se cumplieron a cabalidad.
En consecuencia, concluye la Corte Constitucional que desde el punto de vista formal, la Ley 1359 de 2009 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Carta Política y en la Ley 5ª de 1992 y por lo tanto será declarada exequible.
3. La revisión del Acuerdo Laboral y del canje de notas desde el punto de vista material
La revisión constitucional que debe realizarse a los tratados debe verificar que, en el cumplimiento de la misión de internacionalizar las relaciones económicas y sociales, se hayan respetado las instituciones y principios de nuestro ordenamiento constitucional. Es así que el contenido del acuerdo internacional no debe afectar el principio de separación de funciones, la dignidad del hombre, los derechos y libertades fundamentales y demás valores que hacen vigente el Estado Social de Derecho, todo esto enmarcado en los principios de reciprocidad y respeto de la soberanía, que orientan las relaciones internacionales.
Teniendo en cuenta que la materia de este acuerdo es laboral, debe examinarse si el acuerdo respeta el derecho al trabajo, en el sentido que lo contempla la Constitución Nacional, es decir como un valor constitucional con efectos vinculantes, como principio fundamental del Estado, como derecho fundamental y como obligación social.
Así mismo, el Acuerdo debe respetar otros tratados internacionales que hayan sido ratificados por Colombia en relación con la protección a los trabajadores migrantes, así como con los convenios internacionales de la OIT que hayan sido incorporados a nuestro ordenamiento interno.[47]
Con el fin de examinar la constitucionalidad de estos instrumentos internacionales, a continuación se hará una breve descripción del contenido de los mismos para luego contrastarlos con la norma constitucional.
3.1. Contenido del Acuerdo y del Canje de notas objeto de revisión
En este acuerdo los Estados se comprometen a proteger y cooperar para ampliar y hacer efectivos los derechos básicos de los trabajadores a propósito de las oportunidades económicas creadas por el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y Canadá. De esta forma se busca desarrollar el recurso humano, protección de los derechos básicos de los trabajadores, cooperación entre trabajadores y empleadores. El presente acuerdo surge dentro del contexto de la búsqueda de crear aéreas de libre comercio entre Colombia y Canadá, al considerar que a la par de fortalecer un proceso de integración económica era necesario asegurar el reconocimiento de principio y derechos laborales, de tal forma que el impulso de las relaciones económicos no significara una reducción de los derechos de los trabajadores, especialmente los trabajadores migrantes.
El acuerdo se encuentra estructurado en cinco partes: I: Obligaciones Generales, II: Mecanismo Institucionales, III: Procedimiento de Revisión de Obligaciones, y IV: Disposiciones Generales y V: Disposiciones Finales
En la Primera Parte se establecen como obligaciones generales de los Estados Parte, las de asegurar que en sus leyes, reglamentos y prácticas correspondientes contenga y provean protección a los siguientes derechos y principios:
Estos principios no pueden ser dejados sin efectos e implican que cada parte promoverá la aplicación de su legislación laboral creando y sosteniendo alternativas como las inspecciones laborales, las labores de monitoreo y los comités de empleadores y trabajadores, los mecanismos de resolución de conflictos y los procedimientos sancionatorios en caso de violaciones a la legislación laboral. De igual forma, las Partes se comprometen a que sus normas laborales tengan difusión y publicidad, permitiendo la participación efectiva para la proposición de observaciones por parte de los interesados en una norma particular. El Acuerdo también busca garantizar el acceso a procedimientos legales ante un tribunal competente para aplicar la ley laboral de la Parte y hacer efectivos los derechos laborales, mediante la adopción de las debidas garantías procesales tales como la imparcialidad, el derecho a la defensa, la publicidad, la gratuidad y la existencia de recursos judiciales efectivos en contra de las decisiones.
Los objetivos generales de este acuerdo se instrumentalizan a partir de medidas de aplicación gubernamental (Artículo 3 del Acuerdo) que corresponden a mecanismos que vigilan el cumplimiento del tratado in situ, fomentan la creación de comités de empleadores y trabajadores y el uso de mecanismos de resolución de conflictos. En el mismo sentido, en el artículo 6 del acuerdo, se fomenta la publicidad y difusión de las normas laborales y proyectos de las mismas estando abierto a la participación del público y de organizaciones laborales que quieran participar en el proceso de formulación de las mismas o de cualquier aspecto relacionado con el acuerdo. También es obligación de las partes determinar la formulación de actividades de cooperación como elemento esencial para aumentar los niveles de cumplimiento de los estándares laborales y la creación de Consejos ministeriales que evalúen el estado de cumplimiento del acuerdo.
En la Segunda Parte, el acuerdo crea los mecanismos institucionales para la ejecución del tratado. De esta forma crea un consejo ministerial para el seguimiento del tratado, prevé la elaboración de planes de cooperación entre las partes y mecanismos para atender las opiniones de organizaciones laborales con el fin de garantizar la participación efectiva del público y de los gremios laborales. También se crean puntos de contacto en los ministerios de asuntos laborales para la entrega de información, coordinación de actividades y programas, y la atención de solicitudes de consultas generales de aplicación del tratado, las cuales podrán ser realizadas por cualquier parte y deberán versar sobre la aplicación del acuerdo.
La Tercera Parte del acuerdo contiene el procedimiento a seguir en caso de incumplimientos del tratado. Este inicia cuando la respuesta dada a las consultas generales realizadas por una Parte, no satisface al Estado consultante. En este caso deberán recurrir al nivel ministerial donde se deberá estudiar el caso y agotar todos los esfuerzos para la consolidación de un acuerdo. Si este no se logra, el caso pasará a ser estudiado por un panel de revisión, cuyos integrantes deberán ser expertos en el tema y totalmente independientes.
Este panel presentará un preinforme que buscará recoger las observaciones de cada una de las Partes y que podrá ser modificado, especialmente cuando el incumplimiento del acuerdo haya cesado. Una vez recogidas las observaciones presentará un informe final con conclusiones, recomendaciones y un plan de acción al respecto que deberá ser acatado por las partes. Si este informe no es cumplido se podrá imponer una sanción monetaria que será destinada para el apoyo de iniciativas laborales que el Consejo de Ministros determine.
La Cuarta Parte del Acuerdo, denominada disposiciones generales, trae criterios para la interpretación del acuerdo y algunas definiciones técnicas para definir el alcance de ciertos términos. En cuanto a los criterios de interpretación, el acuerdo establece que (1) ninguna disposición del tratado podrá interpretarse como una autorización para intervenir en asuntos internos de la otra Parte, mediante la aplicación de la legislación laboral de una Parte en el territorio de la otra; (2) ninguna de las Partes podrá juzgar a la otra, bajo su propia jurisdicción cuando la otra Parte haya actuado en forma inconsistente con el Acuerdo; (3) las partes deberán mantener la reserva de información que se determine como confidencial; y (4) no se considerará que se ha incurrido en incumplimientos del acuerdo cuando: (i) la acción sea producto de un ejercicio razonable de las autoridades en acciones judiciales e investigaciones, (ii) resulten decisiones tomadas de buena fe, (iii) fueron producto de estados de emergencia.
La Quinta Parte del Acuerdo corresponde a las disposiciones finales. En esta se indica que el acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la segunda notificación o en la fecha en la cual entre en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia. Así mismo, se indica que este acuerdo permanecerá en vigor mientras el TLCO continúe en vigor, y que es procedente la denuncia por mutuo acuerdo entre las partes. De la misma forma se establece la posibilidad de formular enmiendas, la consideración de los anexos como parte del acuerdo y los idiomas oficiales del Tratado.
En cuanto al Canje de notas entre Canadá y Colombia, que hacen parte del Acuerdo de Cooperación Laboral bajo estudio, éste solo se refiere a la corrección de errores de traducción y mecanográficos y no a modificaciones sustanciales del acuerdo, en particular por el empleo del término “español”, en lugar de la expresión “castellano” para referirse a uno de los idiomas oficiales del Acuerdo. En esa medida no existe ninguna incompatibilidad entre este Canje de Notas y la Carta Política de Colombia.
3.2. El contenido del Acuerdo de Cooperación Laboral y del Canje de Notas resulta acorde a los preceptos constitucionales
El tratado se encuentra acorde con la Constitución al cumplir con los principios de reciprocidad y respeto de la soberanía (Artículos 9 y 226 de la CP) que deben regir el desarrollo de las relaciones internacionales. Todas sus cláusulas prevén obligaciones recíprocas para las Partes. De otra parte, el acuerdo reafirma el respeto al principio de soberanía al reiterar que nada de lo dispuesto en su texto se interpretará en el sentido de facultar a las autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas al cumplimiento de la legislación laboral en el territorio de la otra Parte.
Para la Corte, las obligaciones establecidas en el Acuerdo en materia de protección de los derechos laborales resultan acordes con la Constitución, en particular con el artículo 9 Superior que consagra como fundamentos del manejo de las relaciones exteriores, la soberanía nacional y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. En relación con este punto, el Acuerdo reitera el compromiso de Colombia por honrar sus obligaciones ante la OIT, en materia de derechos laborales y sindicales. Con lo cual resulta compatible con lo que establecen los artículos 9 y 53 de la Carta.[48]
Adicionalmente, y como quiera que en relación con varios de los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia, la Corte ha afirmado que forman parte del bloque de constitucionalidad,[49] ya sea para señalar que forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto,[50] o para plantear que integran el bloque de constitucionalidad en virtud del inciso segundo del art. 93 de la CP,[51] estos convenios también tendrán carácter normativo obligatorio para las obligaciones que surgen del Acuerdo de Cooperación Laboral. En esa medida, las disposiciones del Acuerdo son compatibles con lo que establece el artículo 93 de la Carta.
Las disposiciones del Acuerdo relativas a los derechos laborales y sindicales son también armónicas con lo que establecen los preceptos constitucionales consagrados en los artículos 25 que garantiza el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; 39 que protege la libertad de asociación sindical; 55 que consagra el derecho de negociación colectiva y 56 que garantiza el derecho a la huelga.
Las obligaciones que surgen del Acuerdo para las Partes se armonizan igualmente con el mantenimiento y la adopción de nuevos compromisos internacionales en materia laboral y aseguran el respeto a las obligaciones asumidas por las Partes ante la OIT, y al comprometerse las Partes a no adoptar medidas que impliquen dejar de aplicar leyes o reglamentos desarrollados para garantizar tales derechos, o incumplir con las responsabilidades asumidas ante la OIT, se rechaza la posibilidad de reducir los estándares de protección de estos derechos como un medio legítimo para aumentar la competitividad,[52] y se garantiza la armonía de los compromisos adquiridos en el Acuerdo con otras obligaciones internacionales adquiridas por Colombia en la materia, de manera acorde con lo que establecen los artículos 9, 224, 226 y 227 de la Carta.
Para la Corte es claro, que el objeto del Acuerdo no es regular directamente los derechos fundamentales de los trabajadores sino hacer explícito en un tratado de naturaleza comercial una serie de garantías laborales para asegurar el reconocimiento y protección de los principios y derechos laborales internacionalmente reconocidos.[53] De esta forma si no están mencionados todos los derechos y garantías laborales no quiere decir que estos estén excluidos del tratado y no sean parte de las obligaciones estatales pactadas en el tratado. Debe recordarse que no es el reconocimiento expreso lo que permite señalar que se está frente a un derecho fundamental (art. 94 superior).[54]
Este es el caso del derecho a la seguridad social en cuanto a pensiones (vejez, invalidez, y sobrevivencia) y salud. El presente acuerdo no indica nada concreto al respecto, pero al referirse en su objetivo a la obligación de proteger los derechos laborales se encuentran incluidos los derechos referentes a salud y pensión, presente en los ordenamientos jurídicos de cada una de las partes. Esta misma regla aplica a todos los derechos y medidas consagrados en las recomendaciones de la OIT sobre trabajadores migrantes y la Ley 146 de 1994.
En cuanto a los mecanismos de revisión del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Acuerdo, la Corte encuentra que resultan acordes con los artículos 9, 226 y 227 de la Carta, como quiera que se hacen sobre la base del respeto al principio de soberanía nacional y de reciprocidad, y están orientadas a fomentar la cooperación entre las Partes de tal manera que sea posible avanzar cada vez en el cumplimiento de las obligaciones de respeto a los derechos laborales. Esta estructura institucional se encuentra acorde con el ordenamiento constitucional porque permite la elección de panelistas imparciales, el derecho a la defensa y obtener una solución que busque la aplicación del tratado y no solamente dirimir una controversia. En consecuencia, se logra la mejora de las condiciones laborales.
En cuanto al Canje de notas,[55] encuentra la Corte que este no introduce variaciones sustanciales al cuerpo del Acuerdo, sino que se orienta a que se emplee técnicamente la denominación de uno de los idiomas oficiales del Acuerdo, y en esa medida no implica ninguna contradicción con la Carta.
Por lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad del “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y del “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1359 de 2009, del 25 de noviembre de 2009, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
[1] Mecanismo mediante el cual la sociedad civil recibía información permanente y actualizada de las negociaciones.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-468 de 1997 (MP: Alejandro Martínez Caballero). Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta Corporación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-378 de 1996 (MP: Hernando Herrera Vergara); C-682 de 1996 (MP: Fabio Morón Díaz); C-400 de 1998 (MP: Alejandro Martínez Caballero); C-924 de 2000 (MP: Carlos Gaviria Díaz); C-206 de 2005 (MP: Clara Inés Vargas Hernández); C-176 de 2006 (MP: Álvaro Tafur Galvis); C-958 de 2007 (MP: Jaime Córdoba Triviño); C-927 de 2007 (MP: Humberto Antonio Sierra Porto); C-859 de 2007 (MP: Mauricio González Cuervo); C-464 de 2008 (MP: Jaime Araujo Rentería); C-387 de 2008 (MP: Rodrigo Escobar Gil); C-383 de 2008 (MP: Nilson Pinilla Pinilla); c-189 de 2008 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa); C-121 de 2008 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra).
[3] Ver Corte Constitucional, Sentencias C-468 de 1997 (MP: Alejandro Martínez Caballero); C-376 de 1998 (MP: Alejandro Martínez Caballero); C-426 de 2000 (MP: Fabio Morón Díaz); C-924 de 2000 (MP: Carlos Gaviria Díaz).
[4] Según lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento del Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales se tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la ley en el Senado de la República, artículo 154, CN) y en el reglamento sobre la posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales (art. 217 de la Ley 5ª de 1992). En relación con esta posibilidad, en la Sentencia C-227 de 1993 (MP: Jorge Arango Mejía), la Corte señaló que durante el trámite de un proyecto de ley que aprueba el tratado, pueden presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios Internacionales.
[5] El artículo 19 de la Convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata (...)”. En la práctica las soluciones convencionales son diversas: ciertos tratados prohíben cualquier tipo de reservas (como la Convención de Montego Bay de 1982 sobre el Derecho del Mar o las convenciones de Nueva York y Río de Janeiro sobre Diversidad Biológica y Cambios Climático); otros autorizan las reservas sobre ciertas disposiciones únicamente (por ejemplo el artículo 42 de la Convención sobre Refugiados de 1951) y algunos excluyen ciertas categorías de reservas (como el artículo 64 de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe las reservas de carácter vago). De manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas finales del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por los demás Estados (Artículo 20 párrafo 1 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986).
[6] Estas hipótesis aumentan y se hacen más complejas en abstracto, en razón de los problemas que se presentan en la traducción, en ocasiones meramente textual, de conceptos que tienen significación distinta en el ordenamiento jurídico de los Estados parte.
[7] Cuaderno 1, pág. 44.
[8] Adoptada como legislación interna mediante Ley 32 de 1985.
[9] Gaceta del Congreso No 188 de 2 de abril de 2009, pp.1-17.
[10]Cuaderno 2. Pág 112.
[11] Cuaderno 2 Pág. 102.
[12] Cuaderno 2 Pág. 104.
[13] Gaceta del Congreso No. 328 del 19 de mayo de 2009, pp. 5-9.
[14] Gacetas del Congreso No.918 y 919 de 2009, Actas Sesiones Conjuntas No. 05 (12 de mayo de 2009); 06 (26 de mayo de 2009).
[15] Gaceta del Congreso No. 951 de 2009, pp. 2, 3 y 31.
[16] Gaceta del Congreso No 546 de 2009. Acta No. 32 de 2009.
[17] Cuaderno 4 Folio 1.
[18] Cuaderno 4 Folio 2.
[19] Cuaderno 4 Folio 1.
[20] Cuaderno 5 Folio 1.
[21] Ibíd, Folio 2.
[22] Gaceta del Congreso No 410 de 2009, pp. 10 a 13.
[23] Gaceta del Congreso No. 1051 Pág. 10 y 68.
[24] Gaceta del Congreso No. 1010 Págs. 46-52.
[25] En la sentencia C-955 de 2000 (MP: José Gregorio Hernández Galindo), la Corte dijo que “no existe norma superior que establezca un trámite especial para la aprobación de normas tributarias, en cuya virtud se excluya respecto de ellas la eventualidad de las sesiones conjuntas”... En la sentencia C-058 de 2002 (MP: Álvaro Tafur Galvis), al estudiar el trámite de una ley que decretaba impuestos, la Corte afirmó que la realización conjunta del primer debate de un proyecto tributario no quebranta la prevalencia de la Cámara de Representantes en cuanto al trámite de las iniciativas en materia tributaria. En la sentencia C-369 de 2002 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), la Corte resaltó que “la Constitución únicamente ordena que el trámite de los proyectos aprobatorios de tratados sea iniciado en el Senado, pero no está exigiendo que el proyecto sea aprobado integralmente en el Senado antes de que pueda ser tramitado y aprobado en la Cámara de Representantes, pues si existe mensaje de urgencia, y el proyecto es debatido simultáneamente en las dos comisiones permanentes, entonces nada en la Carta impide que la Comisión de la Cámara o la Plenaria de esa Corporación aprueben el proyecto respectivo previamente a su aprobación en el Senado.”
[26] Ver entre otras las sentencias, C-1022 de 1999 (MP: Alejandro Martínez Caballero), C-864 de 2006 (MP: Rodrigo Escobar Gil).
[27] C-369 de 2002 (MP: Eduardo Montealegre Lynett, AV: Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett, SV: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño y Clara Inés Vargas Hernández).
[28] Sentencia C-369 de 2002 (MP: Eduardo Montealegre Lynett, AV: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett y Álvaro Tafur Galvis).
[29] C-1022 de 1999 (MP: Alejandro Martínez Caballero), mediante la cual se declaró que tanto la Ley 589 de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre Delimitación Marítima entre la República de Colombia y la República de Honduras”, firmado en San Andrés el 2 de agosto de 1986”, como el tratado eran exequibles.
[30] C-864 de 2006 (MP: Rodrigo Escobar Gil), mediante la cual se declaró que la Ley 1000 de diciembre 30 de 2005, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de complementación económica suscrito entre los Gobiernos de la República de Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay, de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR y los Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, Países miembros de la Comunidad Andina y el Primer Protocolo Adicional Régimen de solución de controversias’ suscrito en Montevideo-Uruguay a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004)” y el tratado eras exequibles.
[31] Cuaderno 2, Fl. 201.
[32] Mediante Resolución No. MD 0939 de 2009, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Representantes autorizó sesiones conjuntas de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara. Así mismo, el Senado de la República expidió la Resolución 177 el 05 de mayo de 2009 autorizando las sesiones conjuntas.
[33] Ver entre otras, las sentencias C-025 de 1993 (MP: Eduardo Cifuentes Muñoz); C-955 de 2000 (MP: José Gregorio Hernández Galindo); C-058 de 2002 (MP: Álvaro Tafur Galvis); C-369 de 2002 (MP: Eduardo Montealegre Lynett); C-846 de 2006 (MP: Rodrigo Escobar Gil).
[34] Ver sentencia C-025 de 1993 (MP: Eduardo Cifuentes Muñoz).
[35] Sentencia C-025 de 1993, fundamento 37.
[36] Constitución Política, Artículo 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: ║ 1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva. (…)”
[37] Oficio remitido por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Senado de la República de fecha 29 de enero de 2010 y radicado el 3 de febrero de 2010. Cuaderno 4 Fl.2.
[38] Oficio remitido por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de fecha 27 de enero de 2010 y radicado el 8 de febrero de 2010.
[39] El artículo 160 de la Constitución fue adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de fecha 3 de julio de 2003 así: “Artículo 8°. El artículo 160 de la Constitución Política tendrá un inciso adicional del siguiente tenor: ║ Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
[40] Véase entre muchas otras las sentencias C-644 de 2004 (MP: Rodrigo Escobar Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes); C-549 de 2006 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa); C-172 de 2006 (MP: Jaime Córdoba Triviño); C-241 de 2006 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra) y los Autos 038 de 2004 y 089 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[41] Gaceta del Congreso 951 de 2009.
[42] Gaceta del Congreso No. 951 de 2009. Pág 31.
[43]Gaceta del Congreso No. 546 de 2009.
[44] Gaceta del Congreso No. 773 de 2009.
[45] Gaceta del Congreso No. 835 de 2009.
[46] Gaceta del Congreso No. 1051 de 2009.
[47] Tal es el caso, por ejemplo, de la Ley 146 de 1994 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares", hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990”, junto con los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento promulgados por la OIT y recomendaciones 86 y 151 del mismo órgano. (Declaración de 1998 de la OIT). En relación con la protección de los derechos de los trabajadores migrantes existen otros convenios y recomendaciones de la OIT de los cuales Colombia no es parte: el Convenio No 97 sobre los trabajadores migrantes (revisado), de 1949, el Convenio No 143 sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), de 1975, la Recomendación No 61 sobre los trabajadores migrantes de 1939, la Recomendación No 62 sobre los trabajadores migrantes (colaboración entre Estados), de 1939, la Recomendación No 100 sobre la protección de los trabajadores migrantes (países insuficientemente desarrollados), de 1955, la Recomendación No 151 sobre los trabajadores migrantes de 1975 y el Acuerdo tipo sobre las migraciones temporales y permanentes de trabajadores, con inclusión de la migración de refugiados y personas desplazadas.
[48] De conformidad con lo establece el artículo 53 de la Constitución “[l]os convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna.” Colombia ha ratificado los siguientes Convenios de la OIT: C1 Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919; C2 Convenio sobre el desempleo, 1919; C3 Convenio sobre la protección a la maternidad, 1919; C4 Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919; C6 Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919; C8 Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920; C9 Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920; C11 Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921; C12 Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921; C13 Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921; C14 Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921; C16 Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921; C17 Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925; C18 Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925; C19 Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925; C20 Convenio sobre el trabajo nocturno (panaderías), 1925; C21 Convenio sobre la inspección de los emigrantes, 1926; C22 Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926; C23 Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926; C24 Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927; C25 Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927; C26 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928; C174 Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993; C29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930; C30 Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930; C52 Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936; C167 Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988; C170 Convenio sobre los productos químicos, 1990; C80 Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1946; C81 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947; C87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; C88 Convenio sobre el servicio del empleo, 1948; C95 Convenio sobre la protección del salario, 1949; C98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; C99 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951; C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951; C101 Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952; C104 Convenio sobre la abolición de las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1955; C105 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957; C106 Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957; C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; C116 Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1961; C129 Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969; C136 Convenio sobre el benceno, 1971; C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973; C144 Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976; C151 Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 C154 Convenio sobre la negociación colectiva, 1981; C 159 Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983; C160 Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985; C161 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985; C162 Convenio sobre el asbesto, 1986; C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
[49] Ver por ejemplo, la sentencia SU-995 de 1999 (MP. Carlos Gaviria Díaz, AV: Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que se concedió el amparo solicitado por numerosos docentes de un municipio que reclamaban el pago de sus salarios y prestaciones sociales. En esta ocasión, se recurrió a un convenio del trabajo para interpretar el contenido del vocablo salario, con el fin determinar la amplitud de la protección que pueden recibir a través de la acción de tutela los funcionarios que no han recibido los pagos que les corresponden. En la sentencia C-567 de 2000 (MP. Alfredo Beltrán Sierra, SPV: José Gregorio Hernández Galindo, Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis, AV: Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa) entre otras decisiones, se declaró la inconstitucionalidad de una norma que prohibía la coexistencia de dos o más sindicatos de base en una misma empresa. En la sentencia se indicó que “la Corte, al avocar el tema, sólo puede realizar el examen de las normas legales impugnadas frente a la Constitución, y también, en este caso, al Convenio 87 de la OIT., que según jurisprudencia de la Corporación, hace parte del denominado ‘bloque de constitucionalidad’ (sentencias T-418 de 1992; C-225 de 1995; y, T-568 de 1999, entre otras).” En la sentencia C-797 de 2000 (MP. Antonio Barrera Carbonell, SPV Antonio Barrera Carbonell, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo; Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo y Alfredo Beltrán Sierra; Eduardo Cifuentes Muñoz, Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis; y Fabio Morón Díaz), se invocó el convenio 87 al juzgar la constitucionalidad de múltiples normas del Código Sustantivo del Trabajo que habían sido acusadas, en lo esencial, de desconocer la libertad de los sindicatos para dictar autónomamente sus estatutos y establecer su forma de organización y funcionamiento, al igual que su derecho a obtener de manera automática su personería. Varias de las normas acusadas fueron declaradas inexequibles. A manera de ejemplo, en la sentencia se declaró inconstitucional la norma que regulaba la elección de las directivas sindicales, porque “de acuerdo con el artículo 3 del Convenio 87 a las organizaciones sindicales les asiste el derecho de elegir libremente sus representantes, e igualmente les corresponde, a través de sus estatutos fijar las reglas de juego, concernientes con el proceso de elección de los miembros de las juntas directivas.” En la sentencia C-1491 de 2000 (MP. Fabio Morón Díaz, AV: Cristina Pardo Schlesinger), que declaró la constitucionalidad de la norma que prohíbe suscribir o prorrogar pactos colectivos en las empresas cuyos sindicatos agrupen más de la tercera parte de los trabajadores, se declaró exequible el segmento normativo acusado del artículo 70 de la Ley 50 de 1.990, “por no ser violatorio de los artículos 13, 39, 55, 92 y 93 Superiores, así como por no contradecir las Convenciones 87 y 98 de la OIT., que conforman, se reitera, el bloque de constitucionalidad, según lo ha precisado y reiterado múltiples veces esta Corporación, entre otras, en las sentencias C-385/2000, C-797/2000, T-441/92, SU-342/95, C-567/2000.” En la sentencia C-551 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett, SPV: Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández), que versó sobre la ley 796 de 2003, por la cual se convocó al referendo sobre el proyecto de reforma constitucional, la Corte acudió a distintos convenios al efectuar el juzgamiento de algunas normas de la ley, para determinar si representaban una sustitución de la Constitución, para lo cual eran relevantes los tratados que integran el bloque de constitucionalidad. Las mencionadas normas fijaban topes máximos a las pensiones con cargo a recursos públicos, eliminaban los regímenes pensionales especiales, determinaban la edad mínima para jubilarse, ordenaban la revisión de las pensiones otorgadas en contra del ordenamiento vigente y congelaban por un período determinado los sueldos y pensiones pagados con recursos públicos. Por lo tanto, procedió también a analizar las normas a la luz de los convenios sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes (convenio 128) y sobre la negociación colectiva (convenios 98, 151 y 154), de informes de la Comisión de Expertos de la OIT y de casos adelantados ante el Comité de Libertad Sindical, para concluir finalmente que las normas juzgadas no constituían una sustitución de la Constitución.
[50] Así se hizo en la sentencia C-170 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil), que declaró inexequible varias normas del Código del Menor que contemplan que, excepcionalmente, determinadas autoridades podrían permitir el trabajo de niños mayores de 12 años, luego de obtener el concepto favorable del defensor de familia. En la sentencia se expresó en relación con los convenios 138 y 182 de la OIT: “19. En desarrollo de estas últimas disposiciones, es decir, de los artículos 93 y 94 de la Carta Fundamental, la Corte Constitucional ha reconocido que las normas contenidas en la Convención sobre los Derechos de Niño (Ley 12 de 1991), el Convenio 138 sobre la “Edad Mínima de Admisión de Empleo” (Ley 515 de 1999) y el Convenio 182 sobre la “Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación” (Ley 704 de 2001), forman parte del bloque de constitucionalidad strictu sensu y, por lo mismo, no sólo sirven de parámetros de validez constitucional de los preceptos legales, sino que también tienen fuerza vinculante.(...) “27. En este orden de ideas, los parámetros de validez del trabajo infantil y, por ende, la normatividad referente al señalamiento de la edad mínima para acceder a la vida productiva, tienen su determinación en un marco constitucional compuesto por el preámbulo y los artículos 44, 45, 67, 93 y 94 del Texto Superior, en armonía con las disposiciones previstas en la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991) y en los Convenios No. 138 sobre la “Edad Mínima de Admisión de Empleo” (Ley 515 de 1999) y No. 182 sobre la “Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación” (Ley 704 de 2001), ambos proferidos por la OIT.”
[51] Así se hizo en la sentencia C-038 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett, SPV individual Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández, AV de Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño), que versó sobre la demanda de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley 789 de 2002, que reformaban el Código Sustantivo del Trabajo. En la sentencia se expresó: “20- Ahora bien, y conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corte, para determinar cuáles son esos principios constitucionales mínimos del trabajo que deben ser respetados por cualquier reforma laboral, es necesario tomar en cuenta también los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad. En particular, en esta materia tienen mucha importancia los límites y deberes al Estado impuestos por los convenios de la OIT ratificados por Colombia, por el PIDESC, y por el Protocolo de San Salvador, todos los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con lo ordenado por el artículo 93 de la Carta, que establece que los “derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” En la sentencia C-035 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte Constitucional expresó lo siguiente acerca de los convenios de la OIT y el bloque de constitucionalidad: “...esta Corporación igualmente ha reconocido que dada la naturaleza abierta e indeterminada de las normas constitucionales, es una labor compleja para el legislador desentrañar el sentido y finalidades de cada institución jurídica que pretende regular. ║ “Sin embargo, de igual manera se ha reiterado, que el legislador puede acudir a los Convenios proferidos al amparo de la Organización Internacional del Trabajo, para encontrar en ellos guías ineludibles que le permitirán establecer, si la regulación que se pretende realizar se adecua o no a la finalidad que se persigue con cada acreencia laboral o prestación social y, adicionalmente, si las condiciones impuestas logran asegurar su adquisición, goce y disfrute al amparo de los hechos que le sirven de fundamento. ║ “Por ello, en varias oportunidades, esta Corporación le ha concedido a los convenios y tratados internacionales del trabajo, la naturaleza de normas constitutivas del bloque de constitucionalidad por vía de interpretación, cuyo propósito consiste precisamente en servir de herramienta para desentrañar la naturaleza abierta e indeterminada de los conceptos jurídicos previstos en el Texto Superior... ║ (...) “Para desentrañar el límite máximo que tiene el legislador para proceder a su establecimiento, los Convenios Internacionales de protección al trabajador se convierten en la herramienta apropiada para precisar el contenido abierto e indeterminado que en dicha materia reviste la Constitución Política (C.P. art. 93, inciso 2°) Luego, y en virtud de lo previsto en los artículos 5° y 11° del Convenio 132 de la O.I.T., es indiscutible que cualquier plazo que fije el Congreso de la República, en ningún caso, puede superar el lapso de seis (6) de prestación de servicios para tener derecho a vacaciones pagadas de forma proporcional.”
[52] C-751 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[53] C-750 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[55] La nota del Gobierno de Canadá dice en lo pertinente lo siguiente:
(Firma embajador de Canadá)
La nota del gobierno colombiano aceptando la corrección dice, en lo pertinente, lo siguiente:
Sobre el particular, cumplo con informar a Su Excelencia que el Gobierno de la República de Colombia encuentra que los errores indicados son de recibo, y que los términos en que deben ser corregidos conforme aparece en el citado “ANEXO” son apropiados. En consecuencia, su Nota y la presente, junto con el “ANEXO” adjunto a las mismas, constituyen un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, relativo a las correcciones de errores técnicos y de traducción en las versiones inglés, francés y castellano de Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia del 21 de noviembre de 2008. (…)”
(Firma del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia)

References: artículo 241
 artículo 241
 artículo 9
 artículo 93
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 Resolución 
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