Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDB20110712026536.CODI.%29
Timestamp: 2019-12-12 23:38:58+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 265-36, de 12/07/2011
Núm. 265-36
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, del Dictamen emitido por la Comisión de Interior sobre la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, así como de los escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2011.-P. A. El Secretario General para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Comisión de Interior a la vista del Informe emitido por la Ponencia, ha examinado la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, cuya aprobación final fue avocada por el Pleno del Congreso de los Diputados en su reunión del día 10 de noviembre de 2010, por lo que tiene el honor de elevar al Excmo. Sr. Presidente de la Cámara el siguiente
El valor de la memoria como la garantía última de que la sociedad española y sus instituciones representativas no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida, sufrieron heridas físicas o psicológicas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista. El Estado salvaguarda así el recuerdo de las víctimas del terrorismo con especial atención a su significado político, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente. La significación política de las víctimas exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. El recuerdo es así un acto de justicia y a la vez un ins
trumento civilizador, de educación en valores y de erradicación definitiva, a través de su deslegitimación social, del uso de la violencia para imponer ideas políticas.
Las víctimas del terrorismo constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático. Simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Los poderes públicos garantizarán que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad. Por ello esta Ley, a través de su sistema de ayudas, prestaciones y condecoraciones, quiere rendir un especial reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas de España por la eficacia siempre demostrada en la lucha contra la amenaza terrorista y porque, lamentablemente, son las que han aportado el mayor número de víctimas mortales y de heridos tanto en los ataques terroristas cometidos en territorio nacional como en los perpetrados por el terrorismo internacional. Este homenaje no sería genuino ni completo si, al mismo tiempo, no se reconoce el papel que han desempeñado las familias de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, del Ejército, de la Ertzaintza "Mossos d'Esquadra", o de las policías locales, víctimas todos de atentados terroristas. El esfuerzo, la resistencia, el coraje y la dignidad demostrada en estos difíciles años son, sin duda alguna, un ejemplo de civismo y de compromiso con la democracia, la Constitución y sus valores.
La Ley se inspira igualmente en el principio de igualdad, estableciendo criterios que garanticen un trato más equitativo en orden a la compensación, evitando en todo caso respuestas desiguales ante supuestos similares. Al mismo tiempo, completa la regla general de la territorialidad a los efectos del reconocimiento subjetivo de la condición de víctima con el principio de la ciudadanía. La incorporación normativa de este principio lleva a proteger también a los españoles que sufran atentados terroristas fuera de España y de la Unión Europea con independencia de que éstos vayan dirigidos o no contra "intereses españoles", sean realizados por bandas que operen habitualmente en España o afecten a operaciones de paz y de seguridad en el exterior.
Esta concepción integral de la atención a las victimas del terrorismo no sería completa si solo se hubiera proyectado hacia el futuro. Por ello la ley contempla su aplicación retroactiva a todos los actos acaecidos a partir de 1 de enero de 1960 y abre su aplicación retroactiva para quienes en aplicación de la legislación anterior hayan podido recibir en concepto de ayudas o indemnizaciones cuantías inferiores a las que la presente Ley establece.
En primer lugar se ha procedido a unificar en esta Ley las prestaciones que hasta el momento actual venían reguladas de manera diferenciada en las leyes anteriores, a la vez que se ha incrementado su importe. Se mantiene el principio de asunción por parte del Estado del abono de las indemnizaciones fijadas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil señalando una cuantía específica para los supuestos de fallecimiento, gran invalidez, invalidez en sus diferentes
grados y lesiones no invalidantes, de manera que todas las víctimas tengan garantizado un mismo trato indemnizatorio, evitando con ello posibles diferencias de trato económico ante situaciones iguales. Todo ello sin perjuicio de que las víctimas conservan el ejercicio de acciones civiles para poder reclamar a los responsables de los delitos las diferencias que se puedan derivar en el supuesto de que las indemnizaciones fijadas pudieran ser superiores a las asumidas por el Estado.
El Título Quinto está destinado en su totalidad a proteger a las víctimas y a sus familias en el ámbito
procesal. Junto con las ayudas para una asistencia jurídica especializada, se consagra el denominado principio de mínima lesividad en el desarrollo del proceso penal, de manera que no se vean obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusados y que eviten las manifestaciones, signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas, para prevenir una victimización secundaria.
Capitulo Cuarto. Actuaciones en materia de vivienda.
Disposición adicional quinta (nueva). Competencias autonómicas.
Disposición adicional sexta (nueva). Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo.
Disposición adicional séptima (nueva). Actualización de las indemnizaciones por daños físicos y psicofísicos.
Disposición final segunda (nueva). Consideración de las Asociaciones de Víctimas como asociaciones de utilidad pública.
Disposición final tercera (nueva). Consignación económico-presupuestaria de la Ley.
Disposición final cuarta (antes segunda). Normas supletorias.
1. Esta Ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia, y verdad. Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político. Dignidad, simbolizando en las víctimas la defensa del Estado democrático de Derecho frente a la amenaza terrorista. Justicia, para resarcir a las víctimas, evitar situaciones de desamparo y condenar a los terroristas. Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos humanos que suponen las acciones terroristas.
La presente Ley será de aplicación, a quienes sufran la acción terrorista, definida ésta como la llevada a cabo
por personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública.
6 (nuevo). Los familiares de los fallecidos hasta el segundo grado de consanguinidad, y las personas que, habiendo sido objeto de atentados terroristas, hayan resultado ilesas, a efectos honoríficos y de condecoraciones, sin derecho a compensación económica alguna.
c) Los españoles víctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional, no comprendidos en los apartados precedentes, tendrán derecho a percibir exclusivamente la ayuda fijada en el artículo 2 de esta Ley.
- Incapacidad permanente parcial: 125.000 euros
5. Cuando las personas a las que se refiere el apartado 3 hubieren percibido la ayuda por daños personales,
conforme a lo previsto en el artículo 17 de esta Ley, la cuantía del abono extraordinario por parte del Estado se extenderá únicamente a la diferencia existente entre la cantidad fijada como responsabilidad civil en sentencia firme, con los límites del apartado anterior, y la cantidad percibida como ayuda por los daños personales.
4 (nuevo). El reconocimiento de esta ayuda no producirá efectos en otras legislaciones específicas.
1. En las viviendas habituales de las personas físicas serán indemnizables los daños sufridos en la estructura,
instalaciones y mobiliario que resulte necesario reponer para que recuperen las condiciones anteriores de habitabilidad, excluyendo los elementos suntuarios. En las viviendas que no tengan el carácter de residencia habitual, el resarcimiento comprenderá el cincuenta por ciento de los daños, con el límite por vivienda que se determine reglamentariamente.
(Nuevo) En los casos de daños psicológicos, el plazo de un año empezará a contar desde el momento en el que existiera un diagnóstico acreditativo de la causalidad de la secuela.
2. Para la calificación de las lesiones a efectos indemnizatorios será preceptivo el dictamen emitido por un equipo de valoración de incapacidades cuya
composición se determinará reglamentariamente según el sistema sanitario del solicitante de la indemnización. En dichos equipos se integrará, en todo caso, un representante del Ministerio del Interior vinculado con la atención a las víctimas del terrorismo.
1. Las personas a que se refieren el artículo 4 en sus apartados 1 y 2 podrán recibir ayudas específicas destinadas a financiar tratamientos médicos, prótesis e
intervenciones quirúrgicas, siempre que se acreditare la necesidad actual de ellos, que tuviesen vinculación con el atentado terrorista y que no hubieran sido cubiertos bien por un sistema público o privado de aseguramiento, bien por el régimen público de resarcimientos o ayudas a las víctimas de actos terroristas.
Específicamente, el Ministerio de Justicia establecerá una Oficina de Información y Asistencia a las Victimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional.
Artículo 50 bis (nuevo). Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo.
- Establecer cauces de información a la víctima acerca de todo lo relacionado con la ejecución penitenciaria, hasta el momento del cumplimiento íntegro de las penas. Particularmente, en los supuestos que supongan concesión de beneficios o excarcelación de los penados.
2. Esta acción honorífica se otorga, con el grado de Gran Cruz, a titulo póstumo, a los fallecidos en actos terroristas, y, con el grado de Encomienda, a los heridos y secuestrados en actos terroristas.
5 (nuevo). La concesión de una condecoración no comportará por sí misma derecho a las indemnizaciones previstas en esta Ley.
Artículo 55 bis (nuevo). Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
Se velará por destacar la presencia protocolaria y el reconocimiento social de las victimas del terrorismo en todos los actos institucionales que les afecten.
4 (nuevo). Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores, por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los Tribunales de justicia que sean competentes.
Fallecimiento ;250.000,00
Gran Invalidez ;500.000,00
Incapacidad Permanente Absoluta ;180.000,00
Incapacidad Permanente Total ;100.000,00
Incapacidad Permanente Parcial ;75.000,00
Incapacidad temporal.;IPREM/día × 2, hasta el límite de 18 mensualidades.
Secuestro.;IPREM/día × 3, hasta el límite de lo establecido en este anexo para la Incapacidad Permanente Parcial.
El Gobierno apoyará e impulsará la aprobación de la Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo, redactada en colaboración con todas
las asociaciones de víctimas del terrorismo del ámbito europeo.
Las ayudas e indemnizaciones reguladas en esta Ley serán objeto de actualización periódica conforme a las previsiones contenidas en las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.
2. En el plazo de un año, la Administración General del Estado establecerá los criterios esenciales para la elaboración de los protocolos de actuación para situaciones derivadas de un atentado terrorista. Igualmente, en dicho plazo, impulsará y coordinará la elaboración, ejecución y difusión de esos protocolos de actuación por parte del conjunto de Administraciones Públicas competentes en la materia.
a. Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los términos definidos por el artículo 31.3 de esta Ley, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de víctimas del terrorismo, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la familia, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a la personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2011.-La Presidenta de la Comisión, Carmen Hermosín Bono.-La Secretaria de la Comisión, Meritxell Cabezón Arbat.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo establecido en el artículo vigente del Reglamento de la Cámara, solicita el mantenimiento de enmiendas presentadas a la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo que no han sido incorporadas al dictamen de la comisión para su defensa ante el Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2011.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Doña Mercè Pigem i Palmés, en su calidad de Ponente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) para la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, comunica mediante el presente escrito su deseo de mantener para su defensa ante el Pleno de la Cámara las enmiendas números 86, 116, 99,1, 103 y 105 que no hayan sido aceptadas en ponencia o en comisión, y que no hayan sido retiradas, de las presentadas a dicha proposición de ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2011.-Mercè Pigem i Palmés, Diputada.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos Berruezo, de conformidad con el artículo 117 del Reglamento de la Cámara, solicita el mantenimiento de las enmiendas presentadas por Nafarroa Bai, no incorporadas al Dictamen de la Comisión sobre la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, para su debate y votación en el Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2011.-Uxue Barkos Berruezo, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), por el presente solicita el mantenimiento de las enmiendas números 78, 80, 81 y 83 por él presentadas al articulado de la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo para su debate y votación en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2011.-Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Unión Progreso y Democracia, de conformidad con el artículo 117 del Reglamento de la Cámara, solicita el mantenimiento de todas las enmiendas presentadas por esta Diputada no incorporadas al Dictamen de la Comisión sobre la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo para su debate y votación en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2011.-Rosa María Díez González, Diputada.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

References: artículo 97
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 4

Artículo 50

Artículo 55
 artículo 31
 artículo 117
 artículo 117