Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as2015201135.html
Timestamp: 2019-03-21 05:49:07+00:00

Document:
as2015201135
Auto Supremo: 1135/2015 - L
Expediente: LP - 139 - 11 – S
Partes: Pedro Vidangos Ramírez y María Isabel Tabera Hiestand c/ Juan
Carlos Pozo Uría y María Julia Montaño de Pozo
Proceso: Cumplimiento de contrato de compraventa bajo alternativa de
resolución del mismo, restitución de dinero y resarcimiento de
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y la forma de fs. 353 a 355, interpuesto por Cristian Wilson Tarifa Foronda en representación de Juan Carlos Pozo Uría contra el Auto de Vista N° 126, de 14 de abril de 2011, de fs. 344 a 348, pronunciado por la Sala Civil Primera de la (entonces) R. Corte Superior de Justicia de ciudad de La Paz (ahora Tribunal Departamental de Justicia), dentro el proceso de cumplimiento de contrato de compraventa bajo alternativa de resolución del mismo, restitución de dinero y resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Pedro Vidangos Ramírez y María Isabel Tabera Hiestand en contra de Juan Carlos Pozo Uría y María Julia Montaño de Pozo, la contestación de fs. 361 a 364 y vta., el Auto de concesión de fs. 368, los antecedentes del proceso, y;
El Juez Segundo de Partido en lo Civil-Comercial de la ciudad de La Paz, pronunció Sentencia N° 55, de fecha 13 de febrero de 2006, de fs. 277 a 282 y vta., falla declarando IMPROBADA la demanda de fs. 19 a 22, interpuesta por Pedro Vidangos Ramírez y María Isabel Tabera Hiestand.
Contra dicha Resolución, Pedro Vidangos Ramírez y en representación de su esposa María Isabel Tabera Hiestand interpone recurso de apelación de fs. 289 a 291 y vta., que mereció el Auto de Vista S-234, de fecha 08 de junio de 2006 que declara la NULIDAD de obrados, Resolución que fue recurrido de casación interpuesto por Maria Julia Montaño de Pozo de fs. 313 a 314 y vta., así como también interponen recurso de casación Pedro Vidangos Ramírez y María Isabel Tabera Hiestand de fs. 319 a 322, mismo que mereció el Auto Supremo Nº 80, de fecha 11 de marzo de 2011, que ANULA el Auto de Vista, disponiendo que previo sorteo y sin espera de turno pronuncie nuevo Auto de Vista con el principio de pertinencia, no obstante de dar cumplimiento a la Resolución dispuesta por el Tribunal Supremo, emite nuevo Auto de Vista N° 126, de 14 de abril de 2011, de fs. 344 a 348, pronunciado por la Sala Civil Primera de la (entonces) R. Corte Superior de Justicia de ciudad de La Paz (ahora Tribunal Departamental de Justicia), que REVOCA en parte, la Sentencia apelada, Resolución que dio lugar al recurso de casación interpuesto por Cristian Wilson Tarifa Foronda en representación de Juan Carlos Pozo Uría, el mismo que merece el presente análisis y consideración.
Refiere que la Resolución emitida fue dictada por un Tribunal incompetente, toda vez que el Auto Supremo ordena que previo sorteo y sin espera de turno pronuncie nuevo Auto de Vista, esta disposición señala que debería ser sorteado a otra sala y no nuevo sorteo de vocal, tampoco tiene sentido de que se sortee nuevo vocal relator, cuando son las mismas personas quienes dictaron el Auto de Vista anulado, sin embargo, al haber sido sorteado a la misma sala y con los mismos vocales ya habrían dado juicio de valor sobre el asunto aunque no entraron al fondo del asunto el Tribunal de alzada sigue teniendo el mismo criterio de la ilegalidad de las pruebas presentadas en el proceso, más aun que la providencia de fs. 342 fue notificada en el tablero de notificaciones evitando toda forma de recusación al Tribunal de alzada, infringiendo de esta manera los arts. 122, 73 y 74 de la ley 1455, normas referidas al sorteo de causas y no de vocales.
Impugna el Auto de Vista sosteniendo que en el considerando III num. 5) y 6) se avocan a demostrar la ilegalidad de las pruebas literales presentadas por el ahora recurrente a fs. 188, indicando que las mismas fuesen ilegales, cuando el propio Tribunal Supremo determino que dichas pruebas son perfectamente legales, que corresponden hacer una valoración de las mismas y en realidad fue el fundamento para anular lo obrado, ahora bien el art. 258 del ritual civil, exige que el recurso de casación se cite la norma violada y se explique en qué consistiría esa violación y en obediencia a dicha norma corresponde indicar que a fs. 188 a fs. 191, cursan fotocopias legalizadas de piezas procesales dentro de una medida preparatoria de demanda, en contra del demandante que corresponde a reconocimiento de firmas y rubricas del documento privado de venta de inmueble en el que se establece el verdadero precio de venta del Departamento, es decir, de $us. 47.560.oo a fs. 189 cursa la Resolución de la Juez Primero de Partido en materia Civil que dispone el reconocimiento de firmas y rubricas de Pedro Vidangos Ramírez, por otro lado a fs. 190 cursa el informe de la Auxiliar del Juzgado de Partido Primero en lo Civil, en la que se establece que se ha sobre escrito con marcador negro sobre la firma de Pedro Vidangos en documento privado de fs. 188 y a fs. 191 la propia secretaria del Juzgado Primero de Partido, establece que el documento de fs. 188 a tiempo de su presentación no tenía ningún borrón y que luego apareció sobre borrado con marcador de esta manera se habría transgredió el art. 1311 del Código Civil.
Por lo que concluye peticionando a la (entonces) Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia) case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo declaren subsistente la Sentencia Resolución Nº 55/06, es decir declarando improbada la demanda.
La jurisprudencia sentada por la ex Corte Suprema de Justicia con la que se comparte criterio, ha establecido que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una Sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el art. 258 num. 2) del mismo cuerpo legal, referidos a la obligación que tiene el recurrente de citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado art. 258 num. 2). De ahí que, el recurso de casación está sometido a requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del art. 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.
A tal efecto, diremos que los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. Por lo que de acuerdo a lo establecido por el art. 253 en sus numerales 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre una determinada norma jurídica, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos.
De otro lado, cuando se recurre de casación en la forma cuando se han violado las formas esenciales del proceso, existiendo para tal efecto un catálogo de siete numerales señalados en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil; es decir tiene por objeto anular la Resolución indebida, siempre y cuando se hayan verificado vicios o procedimientos violatorios a las reglas determinadas por ley.
Como se manifestó de manera precedente si planteado el recurso de casación en el fondo y en la forma éste no cumple con los requisitos formales previstos en el art. 258 num. 2) del adjetivo Civil, éste impide se abra la competencia del Tribunal Supremo.
En el sub lite, el recurrente no especifica de manera concreta sus reclamos, sin embargo hace una relación cronológica de los hechos que se suscitaron en el transcurso del proceso, no dando a entender que es lo que se acusa o de qué forma se estaría vulnerando algún derecho, solo de manera genérica señala la violación del art. 1311 del Código Civil, no fundamentando de manera clara y concreta esa aseveración, más aun que en el recurso de casación en la forma no contiene un petitorio concreto y preciso de lo que se quiere, solamente en la parte final del recurso indica interponer recurso de casación en el fondo y en la forma argumentos insuficiente para considerarlo en casación.
Por otra parte respecto a la valoración de la prueba, el recurrente no cumple con lo normado en el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, no indica cual el error de hecho o de derecho que hubiese cometido los Tribunales de instancia, sólo de manera general refiere que no se habrían valorado las pruebas de fs. 188 a 191 y de fs. 243 a 246, sin embargo de ello el Ad quem en el Auto de Vista consideró dichos medios de prueba, no asignando a los mismos el valor probatorio por no cumplir con lo establecido por el art. 331 del Código de Procedimiento Civil, sobre el cual el recurrente debió acusar el valor legal y la magnitud del contenido de los mismos; al efecto corresponde señalar que el recurrente no precisa en términos claros y concretos, en qué consistirían esos errores, qué ley o leyes fueron violadas o aplicadas falsa o erróneamente o en qué consiste la violación, falsedad o error que acusa, limitándose solamente a señalar que las decisiones asumidas en la Litis, se basa en el criterio que asume el Tribunal de Alzada, al señalar la ilegalidad que contuviera las pruebas adjuntas de reciente obtención al proceso, aspecto insuficiente para entrar a considerar cual el error en la valoración de las mismas, además no señala de qué manera la errónea apreciación de la prueba tuviera incidencia decisiva en la Resolución del fondo de la causa; finalmente, el recurrente termina peticionando “case el Auto impugnado y deliberando en el fondo declaren subsistente la Sentencia Resolución Nº 55/06, es decir declarando improbada la demanda”, petición totalmente incoherente conforme a lo explicado líneas arriba, donde se estableció la diferencia del recurso de casación en el fondo con él de forma, aspecto no tomado en cuenta por el recurrente al momento de concretar su petición, hechos que hacen ver la deficiencia con que fue planteado el recurso, de lo que se concluye que el recurrente no cumple con las formalidades de orden legal, lo que imposibilita al Tribunal de casación considerar y resolver el mismo, correspondiendo emitir Resolución en la forma prevista en los arts. 271 num. 1) y 272 del Adjetivo Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo y la forma de fs. 353 a 355, interpuesto por Cristian Wilson Tarifa Foronda en representación de Juan Carlos Pozo Uría contra el Auto de Vista N° 126, de 14 de abril de 2011, de fs. 344 a 348, pronunciado por la Sala Civil Primera de la (entonces) R. Corte Superior de Justicia de La Paz (ahora Tribunal Departamental de Justicia), Con costas.
Se regula honorario del abogado del demandante en la suma de Bs.1.000.-

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 artículo 250
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