Source: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=355&lang=es
Timestamp: 2017-09-24 17:26:49+00:00

Document:
Ficha Técnica: Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay
Ahorristas del Banco de Montevideo
Alicia Barbani Duarte, María del Huerto Breccia Farro
Estado Demandado: Uruguay
El caso se refiere la responsabilidad internacional del Estado por la falta en proporcionar a un grupo de ahorristas del Banco de Montevideo una audiencia imparcial y un recurso adecuado para sus reclamos en relación con la transferencia de sus fondos.
Convención Americana: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 21 (Derecho a la propiedad privada) , Artículo 24 (Igualdad ante la ley) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 8 (Garantías Judiciales)
Los hechos del presente caso se desarrollan en un contexto de extrema dolarización del sector bancario uruguayo. El 21 de diciembre de 2002 el Poder Legislativo de Uruguay aprobó la Ley No. 17.613 titulada “Fortalecimiento del Sistema Financiero”, con la cual se buscaba atender diversas situaciones surgidas como consecuencia de la crisis bancaria. El 31 de diciembre de 2002 el Banco Central dispuso la disolución y liquidación del Banco de Montevideo.
Se transfirieron los fondos del Banco de Montevideo al Trade and Commerce Bank en las Islas Caimán sin haber consultado a un grupo de ahorristas. Debido a esta situació, solicitaron ante la Comisión Asesora creada en virtud de la Ley No. 17.613 una audiencia. Asimismo trataron de interponer un recurso administrativo y judicial. Sin embargo, no tuvieron mayor éxito.
- Fecha de presentación de la petición (12.587): 12 de octubre de 2003
- Fecha de informe de admisibilidad (123/06): 27 de octubre de 2006
- Fecha de informe de fondo (107/09): 9 de noviembre de 2009
- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 16 de marzo de 2010
- Petitorio de la CIDH: La CIDH presentó la demanda en este caso con el objetivo de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de las presuntas víctimas.
- Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes coincidieron, en general, con las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana. Adicionalmente estimaron violado el derecho reconocido en los artículos 21 y 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado.
- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 21 y 22 de febrero de 2011
15. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención para conocer el presente caso, en razón de que el Uruguay es Estado Parte de la Convención Americana desde el 19 de abril de 1985 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte en esa misma fecha.
I. Derechos a las garantías judiciales, la protección judicial y la igualdad ante la ley, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos
1.1. Derecho a ser oído y debidas garantías judiciales
116. El artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está compuesto de un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos.
117. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar “las debidas garantías” que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso. El incumplimiento de una de esas garantías conlleva una violación de dicha disposición convencional.
119. Las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad pública adopte decisiones que determinen tales derechos, tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria.
120. El Tribunal ha desarrollado el derecho a ser oído protegido en el artículo 8.1 de la Convención, en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones, el cual en cierto tipo de procesos debe ejercerse de manera oral. Asimismo, al pronunciarse sobre la observancia de las garantías del debido proceso en la investigación de violaciones de derechos humanos, la Corte ha indicado que implica el deber estatal de garantizar que las víctimas o sus familiares tengan “amplias posibilidades de ser oídos” “en todas las etapas de los respectivos procesos, [de manera que] puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones”.
122. El examen requerido en el presente caso amerita que la Corte precise el alcance del derecho a ser oído establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Ese derecho implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Esto último no significa que siempre deba ser acogido sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido.
124. El Tribunal hace notar que los hechos del presente caso se refieren a procedimientos administrativos y judiciales dirigidos, respectivamente, a aplicar y revisar la aplicación del artículo 31 de la Ley 17.613. (…)
128. El Tribunal resalta que no surge del acervo probatorio que a través de los recursos de la justicia ordinaria que resolvían las demandas contra el Banco de Montevideo se pudiera aplicar el artículo 31 de Ley 17.613 y realizar las determinaciones en él dispuestas (…). Tales determinaciones debían realizarse por el órgano administrativo encargado del referido procedimiento, que fue especialmente creado para atender los reclamos de las personas que alegadamente cumplían con los requisitos de dicha norma. (…)
136. A partir de dichos antecedentes, este Tribunal considera que para garantizar que efectivamente los peticionarios fueran oídos en sus reclamos, a través de este procedimiento especial, era necesario que el órgano encargado de resolver las peticiones pudiera analizar el consentimiento de forma completa, porque la ausencia de consentimiento era un requisito determinante para acceder a los derechos contemplados en el artículo 31 de la Ley 17.613. Dicho análisis incluye la valoración de todos los alegatos de los peticionarios que significaran una afectación al consentimiento, tales como los vicios que lo pudieran invalidar y la falta de información veraz y completa por parte de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera. Ese análisis debió tomar en cuenta no sólo aquellos elementos que permiten construir el consentimiento, tales como un contrato de administración de inversiones o instrucciones particulares para la transferencia, sino también aquéllos que lo podrían invalidar o afectar, como lo serían los alegados vicios al consentimiento.
137. La Corte considera que, de haberse realizado un análisis completo del consentimiento al resolverse las peticiones presentadas al amparo del artículo 31 de la Ley 17.613, el resultado de las decisiones desestimatorias podría haber sido otro.
138. Al respecto, el Tribunal estima relevante hace notar que hubo procesos judiciales en donde se demandó ante la jurisdicción ordinaria al Banco de Montevideo (…). En esos procesos los tribunales no aplicaban el artículo 31 de la Ley 17.613, sino que resolvían demandas interpuestas por, inter alia, daños y perjuicios o incumplimiento de contrato. Para resolver las pretensiones de los demandantes, esos tribunales ordinarios realizaron un análisis de los alegados vicios al consentimiento y el deber de informar adecuadamente por el Banco de Montevideo, lo cual fue determinante en la constatación de la existencia o ausencia de consentimiento (…). Resulta relevante destacar que en los casos de presuntas víctimas en los cuales se condenó al Banco de Montevideo en la jurisdicción ordinaria debido a vicios del consentimiento o faltas de consentimiento, dichos tribunales consideraron que tales situaciones se configuraron por razones tales como que durante el proceso de formación de su consentimiento el Banco de Montevideo no había informado suficientemente a los peticionarios o porque no existía una instrucción o autorización general dada por el cliente para que el banco actuara en su nombre como comisionista (…). Asimismo, en al menos otros seis casos ante la jurisdicción ordinaria en los que no se condenó al Banco de Montevideo, igualmente los tribunales analizaron el deber del referido banco de brindar información veraz y completa a sus clientes (…). Este análisis efectuado por los tribunales de la jurisdicción ordinaria confirma la relevancia del análisis completo del consentimiento.
139. En cuanto a la creación del procedimiento del artículo 31 de la Ley 17.613 en la vía administrativa, resulta importante destacar que, al presentarse el proyecto de la mencionada ley a la Cámara de Senadores, se explicó que la idea de incluir tal artículo era precisamente evitar que las personas que iban a ser protegidas por dicha norma tuvieran que “seguir pleiteando con el propósito de defender sus derechos”. La Corte entiende que a través de dicho procedimiento se buscaba evitar que los posibles beneficiarios tuvieran que recurrir a los órganos judiciales para ver amparados sus derechos, facilitando que sus peticiones fueran resueltas de forma más expedita por un órgano administrativo con el conocimiento técnico requerido para el análisis de la situación. (…)
141. En virtud de que en el presente caso ha quedado acreditado que el órgano administrativo decidió no analizar los elementos que podrían invalidar o afectar el consentimiento, la Corte considera que ello significó un análisis incompleto del tercer requisito del artículo 31 de la Ley 17.613, que incidió directamente en la decisión de acoger o no las peticiones de las presuntas víctimas. Cualquier determinación de que había consentimiento sin tener en cuenta elementos que lo pudieran afectar o invalidar, tales como los alegados vicios al consentimiento y la falta del deber de informar de forma completa y veraz, era incorrecta.
142. El Tribunal concluye que el procedimiento administrativo especial resultó inefectivo, a la luz de lo que se tenía que determinar (…), debido a que el Banco Central realizó un examen incompleto del fondo de las peticiones, por lo cual el Estado incurrió en una violación del ámbito material del derecho a ser oído protegido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de las 539 personas que interpusieron una petición bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, indicadas en el Anexo sobre víctimas de la presente Sentencia.
174. El Tribunal recuerda que mientras la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos contenidos en la Convención Americana, el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”. Si se alega que un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, el hecho debe ser analizado bajo el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si por el contrario la alegada discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna, el hecho debe examinarse bajo el artículo 24 de la misma.
175. En el presente caso, la Corte observa que las representantes alegaron un supuesto tratamiento arbitrario y discriminatorio por parte del órgano administrativo encargado de resolver sus peticiones bajo el artículo 31 de la Ley 17.613. Tal alegada discriminación debe ser analizada bajo el deber genérico de respetar y garantizar los derechos convencionales sin discriminación, reconocido por el artículo 1.1 de la Convención Americana.
176. En primer término, la Corte se remite a lo previamente resuelto con respecto a la alegada “presunción del consentimiento y criterios descalificantes” (…). La Corte determinó que no se había configurado una violación a las debidas garantías en virtud de una alegada aplicación preferencial de un nuevo criterio en beneficio de las personas relacionadas con los 22 casos aceptados (…). El Tribunal recuerda que concluyó que lo que la Comisión y las representantes identifican como un “nuevo criterio” aplicado en beneficio de 22 casos aceptados por el Directorio del Banco Central, se trató en realidad del análisis de la ausencia del consentimiento, el cual lograron probar respecto de tres situaciones distintas (…). Tal como quedó explicado, en la mayoría de esos casos aceptados se tuvo por probado que los peticionaros procuraron no renovar su participación en el certificado de depósito (…).
177. Por tanto, la Corte determinó que, al haber aceptado los referidos 22 casos, no se configuró una violación al debido proceso en perjuicio de las presuntas víctimas en este proceso. Consecuentemente, la Corte concluye que tal actuar no configura un tratamiento arbitrario y discriminatorio, puesto que se trató del análisis de los requisitos dispuestos en el artículo 31 de la Ley 17.613 y no de un nuevo criterio aplicado sólo en beneficio de algunos peticionarios.
178. No obstante tal conclusión general, la Corte resalta que, a través del procedimiento especial ante el Banco Central, se debían determinar los derechos individuales de una cantidad considerable de personas que debían probar que se encontraban en la situación estipulada en el artículo 31 de la Ley 17.613. Este procedimiento fue creado especialmente para determinar esos derechos, después de lo cual dejaría de existir. Por tanto, era obligación del Estado asegurar que todos obtuvieran un pronunciamiento debidamente motivado, de forma tal que permitiera constatar que los criterios para determinar la configuración de los requisitos establecidos por el mencionado artículo 31 fueron aplicados de manera objetiva a todos los peticionarios.(…)
179. La Corte pasará a analizar si se configuró un trato arbitrario o discriminatorio respecto de presuntas víctimas cuyas peticiones hubieren sido rechazadas, a pesar de haberse encontrado en los mismos supuestos de ausencia de consentimiento que los 22 casos aceptados por haber procurado no renovar o retirar sus fondos. Lo que corresponde determinar es si alguna de las cuatro personas señaladas por las representantes como presuntas víctimas de un tratamiento arbitrario y discriminatorio se encuentran en los mismos supuestos que fueron determinantes para la aceptación de cualquiera de los referidos 22 casos. La Corte advierte que para que se configure un tratamiento arbitrario o discriminatorio no basta con la sola coincidencia en uno y otros casos de elementos tales como los contratos de administración de inversiones, instrucciones particulares o estados de cuenta no objetados, puesto que en los casos aceptados habría otros supuestos que fueron considerados determinantes para concluir que había ausencia de consentimiento.
185. (…) [C]on respecto al alegado trato discriminatorio por aplicación de un nuevo criterio en 22 casos que fueron aceptados, la Corte concluye que el actuar del Banco Central no constituyó un tratamiento arbitrario y discriminatorio, puesto que su aceptación se basó en el análisis de los requisitos dispuestos en el artículo 31 de la Ley 17.613 y no en la aplicación de un nuevo criterio en beneficio de algunos peticionarios. Por consiguiente, el Estado no violó el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma por dichos motivos. En cuanto al alegado trato arbitrario o discriminatorio recibido por cuatro presuntas víctimas identificadas por las representantes, el Tribunal concluye que no cuenta con la prueba suficiente para determinar la existencia de dicho trato arbitrario o discriminatorio respecto del señor Oscar Pivovar y la señora Alba Fernández. Asimismo, la Corte concluye que se configuró un trato arbitrario o discriminatorio en perjuicio de las víctimas Alicia Barbani Duarte y Jorge Marenales, puesto que el Estado no garantizó una debida motivación de las resoluciones del Banco Central correspondientes a sus peticiones bajo el artículo 31 de la Ley 17.613 que permitieran constatar que los criterios para determinar la configuración del requisito de la ausencia del consentimiento fueron aplicados de manera objetiva, lo cual constituye una violación del derecho a un tratamiento sin discriminación, en relación con la garantía procesal de una debida motivación, protegidos en los artículos 1.1 y 8.1 de la Convención Americana, en perjuicio de la señora Alicia Barbani Duarte y del señor Jorge Marenales.
1.2. Alegada falta de información en materia probatoria
189. La Corte ha constatado que para la resolución del procedimiento especial creado mediante el artículo 31 de la Ley 17.613, se aplicaría la normativa vigente para la atención de peticiones ante el Banco Central del Uruguay. La resolución del Directorio del Banco Central que, en cumplimiento del referido artículo 31, constituye la Comisión Asesora expresamente establece que “[e]n la sustanciación de las reclamaciones [ante la Comisión Asesora] se observarían los principios generales de actuación administrativa recogidos en el Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay”, así como que “[l]a prueba se valorar[ía] de conformidad con las reglas contenidas en el Código General del Proceso”.
190. Efectivamente, tal como alega el Estado, de conformidad con la referida normativa que regulaba el procedimiento, los peticionarios tenían al menos tres oportunidades de ofrecer prueba: al presentar su petición, al conferirles vista del proyecto de resolución denegatoria elaborado por la Comisión Asesora y si presentaban un recurso de revocatoria (…). Podían ofrecer cualquier tipo de prueba, la cual era admitida, salvo que fuera consideraba inadmisible por inconducente, impertinente o contraria a la ley. Si se ofrecía prueba testimonial, el peticionario tenía la carga de la comparecencia del testigo y de acompañar el pliego de su interrogatorio (supra párr. 88).
191. Por tanto, la Corte estima que carece de fundamento lo alegado por las representantes, ya que no existía justificación para pretender exigir que la Comisión Asesora o el Directorio del Banco Central informaran de forma particular a los peticionarios sobre la posibilidad de presentar testigos en apoyo a sus peticiones, ya que la regulación de la prueba que podían presentar se encontraba en normas de carácter general y públicas. Más aún, la Corte resalta que dichas normas aplicables al referido procedimiento estaban expresamente indicadas precisamente en la resolución de constitución de la Comisión Asesora.
192. En relación con las alegadas violaciones por incumplimiento de normas internas en materia de valoración probatoria, la Corte advierte que no le corresponde entrar a determinar si el valor otorgado por el órgano administrativo a la prueba testimonial en los 22 casos aceptados es adecuado según la normativa interna. Asimismo, la Corte se remite a lo resuelto con anterioridad en cuanto a que en los casos aceptados el requisito que se tenía por acreditado con dicha prueba no era uno nuevo sino el de ausencia de consentimiento (…).
193. Las personas aceptadas en esos 22 casos no son presuntas víctimas ante este Tribunal, por lo cual la Corte no puede entrar a analizar sus procedimientos salvo que ello fuera necesario para determinar un tratamiento desigual con respecto a las presuntas víctimas violatorio de la Convención Americana. En este caso, la Comisión Interamericana y las representantes no han alegado que el órgano administrativo hubiere otorgado un tratamiento distinto a declaraciones propuestas por las presuntas víctimas, sino que pretenden que esta Corte realice un análisis aislado de la prueba rendida en 22 casos de personas que no son presuntas víctimas.
194. A partir de las anteriores consideraciones, la Corte concluye que no se configuró una violación de la Convención Americana con base en la alegada falta de información en materia probatoria.
2.1. La acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
200. La Corte ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Parte de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes. En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque falten los medios para ejecutar sus decisiones o por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia. Así, el proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento.
201. De otra parte, como lo ha señalado anteriormente el Tribunal, al evaluar la efectividad de los recursos incoados en la jurisdicción contencioso administrativa nacional, la Corte debe observar si las decisiones tomadas en aquélla han contribuido efectivamente a poner fin a una situación violatoria de derechos, a asegurar la no repetición de los actos lesivos y a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos protegidos por la Convención. El Tribunal no evalúa la efectividad de los recursos interpuestos en función a una eventual resolución favorable a los intereses de la víctima.
202. La Corte considera que, para resolver la controversia entre las partes sobre la efectividad de la protección judicial en el presente caso, requiere realizar algunas consideraciones relevantes respecto de la extensión de la revisión que debe proporcionar un recurso judicial para que sea efectivo, de conformidad con el artículo 25 de la Convención.
203. Este Tribunal se referirá a algunos factores relevantes tratándose de casos como el presente, en donde se somete a los órganos judiciales el conocimiento de una decisión administrativa previa que se alega violatoria de los derechos de una presunta víctima. Para ello, la Corte toma en cuenta el desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte Europea de Derechos Humanos sobre esta materia. Al respecto, el Tribunal considera que resulta importante analizar factores tales como: a) la competencia del órgano judicial en cuestión; b) el tipo de materia sobre la cual se pronunció el órgano administrativo, teniendo en cuenta si ésta involucra conocimientos técnicos o especializados; c) el objeto de la controversia planteado ante el órgano judicial, lo cual incluye los alegatos de hecho y de derecho de las partes, y d) las garantías del debido proceso ante el órgano judicial. Sobre esto último, la Corte ha establecido, a través de su jurisprudencia reiterada, que para que se preserve el derecho a un recurso efectivo, en los términos del artículo 25 de la Convención, es indispensable que dicho recurso se tramite conforme a las reglas del debido proceso, consagradas en el artículo 8 de la Convención.
204. Este Tribunal coincide con la Corte Europea, en términos generales, en entender que existe una revisión judicial suficiente cuando el órgano judicial examina todos los alegatos y argumentos sometidos a su conocimiento sobre la decisión del órgano administrativo, sin declinar su competencia al resolverlos o al determinar los hechos. Por el contrario, esta Corte estima que no hay una revisión judicial si el órgano judicial está impedido de determinar el objeto principal de la controversia, como por ejemplo sucede en casos en que se considera limitado por las determinaciones fácticas o jurídicas realizadas por el órgano administrativo que hubieran sido decisivas en la resolución del caso.
205. En el presente caso se encuentra probado que contra la decisión firme del Directorio del Banco Central, que resolvía una petición del artículo 31 de la Ley 17.613, se podía interponer un recurso judicial de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que 39 presuntas víctimas lo interpusieron y todas ellas obtuvieron una decisión adversa por parte de dicho tribunal (…).
207. Al respecto, como ha sucedido en otros casos, la Corte se encuentra imposibilitada de realizar un análisis de los casos correspondientes a esas 39 presuntas víctimas en el proceso contencioso administrativo debido a la limitada prueba aportada al respecto. Ante esta Corte solamente fueron aportadas 22 decisiones judiciales que resuelven demandas de 28 presuntas víctimas, pero no fueron aportadas las demandas ni tampoco los expedientes judiciales. Por ello, seguidamente, la Corte analizará la efectividad de la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con base en las sentencias aportadas, la normativa interna y el peritaje sobre la materia.
208. En cuanto a la competencia del órgano judicial en cuestión, resulta relevante que el artículo 23 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo establece que son objeto de la acción de nulidad “[l]os actos administrativos unilaterales, convencionales o de toda otra naturaleza dictados con desviación, abuso o exceso de poder, o con violación de una regla de derecho, considerándose tal, todo principio de derecho o norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual”. Tomando en cuenta lo anterior y los demás elementos probatorios aportados ante esta Corte, el Tribunal observa que a través de la acción de nulidad las presuntas víctimas podían solicitar la revisión de la aplicación realizada por el órgano administrativo de los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley 17.613, alegando que era contraria a lo estipulado en dicho artículo, o en otra norma o principio de derecho. De las sentencias presentadas ante esta Corte se evidencia que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no declinó su competencia para resolver ninguno de los alegatos y argumentos presentados en esos casos. (…)
210. A este respecto, resulta relevante destacar que la Corte Europea ha considerado que el recurso es efectivo por contar con una revisión judicial suficiente aun cuando el órgano judicial no estuviere facultado para analizar todos los aspectos de una decisión administrativa, si aquél es capaz de anular dicha decisión bajo distintos supuestos, entre ellos una incorrecta interpretación de los hechos o de la ley. Igualmente, este Tribunal se ha pronunciado sobre un caso en el cual el recurso judicial disponible era un recurso de nulidad, encontrando que el mismo resultaba idóneo para la protección de los derechos violados en dicho caso.
211. Por tanto, la Corte concluye que, en el presente caso, el recurso de nulidad podría haber representado un recurso efectivo, en la medida en que la anulación de la decisión administrativa permitiera amparar a las presuntas víctimas contra el acto violatorio de sus derechos. En el presente caso, para que el recurso de nulidad fuera efectivo éste tendría que conllevar tanto la anulación del acto como la consecuente determinación o, de ser el caso, el reconocimiento de los derechos establecidos a través del artículo 31 de la Ley 17.613. El único caso que fue resuelto favorablemente por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue el de dos personas que no son presuntas víctimas en el presente caso, y aunque fue aportada la sentencia no se presentó información sobre las consecuencias de la anulación de la decisión administrativa en relación con el reconocimiento de los derechos otorgados por el artículo 31 de la Ley 17.613.
212. El Tribunal no cuenta con los elementos necesarios para analizar si en la ejecución de una sentencia que resuelva un recurso de nulidad, específicamente relacionada con la aplicación del artículo 31 de la Ley 17.613, se podría haber configurado una inefectividad del mismo, lo cual podría suceder si solamente se anula el acto administrativo y no se determinan o reconocen los derechos establecidos en dicha norma.
213. De acuerdo a las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el hecho de que el recurso judicial disponible fuera un recurso de nulidad no ha configurado una violación del derecho a la protección judicial en el presente caso. (…)
218. Además, el Tribunal observa que en otras 11 de las sentencias aportadas, que resuelven las acciones de nulidad, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo analizó los requisitos estipulados en el artículo 31 y su aplicación por el Banco Central, pero los alegatos presentados sobre vicios del consentimiento o la falta del deber de informar no fueron materia de una verificación para comprobar si se habían configurado o no. De esta forma, el tribunal encargado de resolver el recurso judicial incurrió, al igual que el órgano administrativo (…), en un examen incompleto de las peticiones sometidas a su conocimiento. (…)
220. Por tanto, la Corte concluye que el Estado no garantizó a los demandantes en esos 11 casos (supra párr. 218) un recurso judicial que los amparara, de forma efectiva, contra la violación al ámbito material de su derecho de ser oído ante el órgano administrativo, para la determinación de los derechos otorgados en el artículo 31 de la Ley 17.613. En consecuencia, la Corte declara que el Uruguay violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Daniel Dendrinos Saquieres, Fabiana Lijtenstein, Jean Leroy, Martín Guerra, María Ivelice Gigli Rodríguez, Leandro Rama Sienra, Clara Volyvovic, Pablo Raúl Roure Casas, Marta Rodríguez Lois, Ángel Notaro, Alba Bonifacino y Thomas Máximo Neuschul.
2.2. Otros presuntos recursos judiciales disponibles
226. Teniendo en cuenta lo alegado por el Estado y el respaldo probatorio aportado al respecto, lo que la Corte puede entrar a analizar en el presente caso sobre los alegados recursos es si estos permitían a los tribunales que los resolverían considerar la materia objeto de la controversia en el presente caso. Para pronunciarse sobre ello, la Corte recuerda que a través del artículo 31 de la Ley 17.613 se disponía que a quienes cumplieran con los requisitos establecidos en dicha norma se debían otorgar dos derechos: (i) el reconocimiento como acreedor del Banco de Montevideo o del Banco La Caja Obrera, por lo cual pasaban a ser cuotapartistas del Fondo de Recuperación Bancaria del respectivo banco, y (ii) el derecho a recibir por parte del Estado un complemento a su cuotaparte (…). En contraste, las acciones civiles contra el Banco de Montevideo a las cuales hace referencia el Estado solamente podían dar como resultado la determinación del derecho a ser reconocido como acreedor de dichos bancos, por lo cual pasarían también a ser cuotapartistas del Fondo de Recuperación, pero no siempre por el monto que alegaban fue transferido sin su consentimiento, sino muchas veces por el monto que el respectivo tribunal fijara como indemnización por el incumplimiento de alguna obligación del banco. Si bien dichas acciones permitían un análisis del consentimiento de los demandantes así como de la falta del deber de brindar información veraz y completa por parte del Banco de Montevideo, la Corte resalta que del acervo probatorio no surge que a través de tales recursos que resolvían las demandas contra el Banco de Montevideo se pudiera aplicar el artículo 31 de Ley 17.613 y realizar las determinaciones en él dispuestas, ni revisar la actuación del órgano administrativo que se alegó violatoria de las garantías del debido proceso.
227. En este sentido, la Corte considera que la anterior conclusión se encuentra confirmada por la propia afirmación del Estado cuando sostuvo que “ningún pronunciamiento (aun aquéllos que han sido favorables a la pretensión deducida confiriendo a la parte actora la calidad de acreedor del Banco de Montevideo S.A.) sostiene que los actores fueran ahorristas de[l] Banco de Montevideo S.A., […] sino que [… s]e trata de condenas al pago de todo o parte de las sumas invertidas en concepto de daños y perjuicios, pero no implican reconocimiento alguno de la calidad de ahorristas de[l] Banco de Montevideo S.A. y –por lo tanto- no cuestionan ni contradicen lo resuelto por el Banco Central del Uruguay en aplicación del citado art. 31 de la Ley No. 17.613”. Asimismo, refiriéndose a las sentencias firmes que han acogido demandas indemnizatorias contra el Banco de Montevideo, el Estado afirmó que a quienes obtuvieron esos fallos favorables “no se les abonó […] el beneficio –con recursos estatales- del art. 27 de la Ley No. 17.613”.
228. El hecho que algunas presuntas víctimas hicieran uso de esas vías judiciales, y que hubieran obtenido sentencias favorables, no significa que estos recursos eran efectivos en el presente asunto. Ello solo evidencia la búsqueda por parte de estas presuntas víctimas de medios alternativos que les permitieran amparar judicialmente al menos parte de los derechos dispuestos en el artículo 31 de la Ley 17.613.
229. Con base en las anteriores consideraciones, la Corte concluye que estas acciones ante la jurisdicción ordinaria no otorgaban todos los derechos dispuestos a través del referido artículo 31, ni revisaban o modificaban la decisión adoptada por el órgano administrativo, por lo cual no pueden ser considerados como recursos efectivos para la materia objeto de este caso. (…)
III. Derecho a la propiedad privada, en relación con la obligación de garantizar los derechos
236. La Corte reitera que las presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de otros derechos distintos a los ya comprendidos en la demanda mientras ello se atenga a los hechos ya contenidos en la demanda y se realice en el momento procesal oportuno (…).
237. Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Asimismo, la Corte ha protegido a través del artículo 21 convencional los derechos adquiridos, entendidos como derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas.
238. En el presente caso la Corte no se ha pronunciado con respecto a si las presuntas víctimas cumplen o no con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley 17.613 para acceder a los derechos establecidos a través de dicha norma, ya que no le corresponde realizar tal determinación. Además, todas las decisiones administrativas y judiciales internas en relación con tales derechos han sido desestimatorias de las pretensiones de las presuntas víctimas. A diferencia de otros casos en que la Corte ha resuelto una violación del artículo 21 en relación o derivada de las violaciones declaradas de los artículos 8 y 25, en el presente caso no existe una decisión interna ni una determinación por parte de esta Corte en cuanto a que efectivamente a las presuntas víctimas les asistiere la razón en sus reclamos sobre los derechos a que se refiere dicho artículo 31. Por consiguiente, la Corte no encuentra elementos para declarar una violación del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El Estado debe garantizar que las víctimas de este caso o sus derechohabientes puedan presentar nuevas peticiones respecto de la determinación de los derechos establecidos a través del artículo 31 de la Ley 17.613 sobre el Fortalecimiento del Sistema Financiero, las cuales deberán ser conocidas y resueltas, en un plazo de tres años, con las debidas garantías por un órgano que tenga la competencia necesaria para realizar un análisis completo de los requisitos dispuestos en dicha norma.
- El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 252 de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la misma.
- El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 260 y 272 de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, por concepto de indemnización por daño inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, según corresponda.
- El Estado es responsable por la violación del derecho a ser oído, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las 539 personas que interpusieron una petición bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, indicadas en el Anexo de la presente Sentencia.
- El Estado es responsable por la violación del derecho a un tratamiento sin discriminación, en relación con el derecho a la garantía procesal de una debida motivación, protegidos en los artículos 1.1 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Alicia Barbani Duarte y Jorge Marenales.
- No existen elementos para constatar la alegada violación del derecho a un tratamiento sin discriminación, en relación con el derecho a la garantía procesal de una debida motivación, consagrados en los artículos 1.1 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Oscar Eduardo Pivovar Vannek y Alba Fernández.
- El Estado no violó el derecho al debido proceso, establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la alegada “presunción del consentimiento” por aplicación de “criterios descalificantes”, la alegada aplicación arbitraria de un nuevo criterio y la alegada falta de información en materia probatoria.
- El Estado es responsable por la violación del derecho a la protección judicial, consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Daniel Dendrinos Saquieres, Fabiana Lijtenstein, Jean Leroy, Martín Guerra, María Ivelice Gigli Rodríguez, Leandro Rama Sienra, Clara Volyvovic, Pablo Raúl Roure Casas, Marta Rodríguez Lois, Ángel Notaro, Alba Bonifacino y Thomas Máximo Neuschul.
- No ha encontrado elementos para declarar una violación del derecho a la propiedad privada, protegido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- No procede emitir un pronunciamiento sobre la alegada violación del derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
-Fecha: 26 de junio de 2012
- Solicitud: Los representantes de las víctimas detectaron que tres personas no deberían estar incluidas en la misma ni ser beneficiarios de los derechos que les corresponden en virtud de determinadas situaciones que especificaron.
(i) Rechazar la solicitud de interpretación de sentencia presentada por las señoras Alicia Barbani Duarte y María del Huerto Breccia, por considerar improcedente la pretención de excluir como víctimas a tres personas declaradas como tales en la Sentencia de 13 de octubre de 2011, en los términos de los párrafos 13 a 26 de la presente Sentencia.
(ii) Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Sentencia a la República Oriental del Uruguay, a las representantes de una parte de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

References: Artículo 1
 Artículo 21
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 62
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
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 artículo 8
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
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 artículo 8
 artículo 1
 artículo 31
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 1
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 artículo 31
 artículo 1
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 artículo 8
 artículo 1
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 resolución 
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 artículo 25
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 artículo 23
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 artículo 25
 artículo 1
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
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 artículo 21
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 artículo 8
 artículo 1
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 artículo 8
 artículo 25
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 artículo 21
 artículo 24