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Por qué los problemas de delincuencia en Chile parecen menores que los de otros países latinoamericanos? 5 factores a considerar
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Inmaculada Aguilera Sánchez
1 Por qué los problemas de delincuencia en Chile parecen menores que los de otros países latinoamericanos? 5 factores a considerar Liza Zúñiga Collado 1 ELABORADO PARA EL SEMINARIO The Other Side of the Story: Explaining Low Rates of Crime and Violence in Chile, Costa Rica, Nicaragua, and Uruguay 26 de junio 2013 Woodrow Wilson International Center for Scholars Washington D.C. 1 Cientista Político, Departamento de Análisis Criminal, Carabineros de Chile; Miembro de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL).Las opiniones vertidas en el documento son de exclusiva responsabilidad de la autora.2 Ante el llamado a reflexionar del porqué algunos países de América Latina tienen mejores condiciones de seguridad pública que el promedio de la región he decidido plantear, a modo de ensayo y de manera breve, lo que a mi juicio son los elementos que mejor ayudan a comprender esta diferencia para el caso chileno. En el entendido de que puede haber otros elementos, los cinco que se pasa a detallar, no constituyen de manera alguna una lista exhaustiva, pero son los que me parecieron más relevantes en comparación a otros casos y en ellos mismos está la amenaza respecto de cuán sostenible y perdurable sería esta situación de privilegio en el contexto latinoamericano. Tipo de violencia Una de las razones que sitúan a Chile como un país seguro en el contexto latinoamericano es que el tipo de violencia y la magnitud de los delitos son menores. La mayoría de los delitos conocidos en el sistema son los llamados delitos contra la propiedad y en menor medida los definidos como delitos violentos contra las personas, esto tiene implicancias importantes, por ejemplo, en que las personas tienen mayor probabilidad de ser víctima de un hurto o del robo del vehículo que de ser agredidas físicamente. Este panorama lo muestran tanto la victimización declarada como los casos policiales conocidos por Carabineros. En ambas fuentes de datos se observa una disminución generalizada el Grafico 1. Porcentaje de hogares victimizados según delito Durante los últimos 12 meses, usted o algún miembro de su hogar fue víctima de algunos de estos delitos? Hurto Robo por sorpresa Robo con fuerza en la vivienda Robo con violencia o intimidación Delitos económicos Lesiones Delitos de soborno o corrupción Fuente: ENUSC3 Tabla 1. DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL SEGÚN CASOS POLICIALES DELITOS VIOLENTOS % Cambio Robo con violencia % Robo con intimidación % Robo por sorpresa % Lesiones % Homicidios % Violaciones % Total % DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD % Cambio Robo de vehículo % Robo de objeto o desde vehículo % Robo en lugar habitado % Robo en lugar no habitado % Otros robos con fuerza % Hurtos % Total % Fuente: Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD), Carabineros de Chile. Los problemas no serían menores, sino diferentes pues, a pesar de las cifras, el 70 por ciento de las personas cree que la delincuencia ha aumentado, el 40 por ciento cree que será víctima de un delito en los próximos 12 meses y la delincuencia está en el tercer lugar entre los principales problemas del país (12,8 por ciento). Es decir, se mantiene la disyuntiva que Chile presenta desde que se realizan estas mediciones: una baja tasa de delitos violentos, pero alta inseguridad y temor al delito. La expresión de la violencia es distinta, principalmente porque el crimen organizado tiene menor presencia y desarrollo. Así por ejemplo, la violencia homicida no está relacionada en su mayoría con narcotráfico o ajustes de cuentas, que existen pero no es lo habitual ni perceptible para todos. Las estadísticas de Carabineros confirman una tasa de homicidios baja y estable en los últimos cuatro años. El cálculo, realizado a base de víctimas en casos policiales, alcanzó la tasa de 3,7 el y, en el 2012 una tasa de 3,1. La baja del 2010 es coincidente con una baja general de la delincuencia, atribuida por el efecto del terremoto de febrero de ese año 3. En tanto el descenso del 2012 coincide con una gran disminución en la victimización general medida por la ENUSC (26,3 por ciento) lo cual pudo haber tenido también un reflejo en los homicidios. Al observar los distintos tipos de homicidios resulta que la mayoría se concentra en homicidio simple, con un 65,5 por ciento, seguido del homicidio en riña o pelea, con 16 por ciento. Entre las características del delito se puede señalar que, a diferencia del resto de Latinoamérica, se registra mayor uso de armas blancas en lugar de armas de fuego. Se trata de una característica que se mantiene en los cuatro años ( ): en el año 2012 se mantiene en un 17,5 por ciento el uso de armas de fuego y en un 33 por ciento de arma blanca. Si bien en los partes policiales no se puede distinguir siempre un móvil por ser el primer momento de recolección 2 En base a la población proyectada del CENSO En el Ministerio del Interior se analizaron los datos de casos policiales y en las regiones más afectadas por el terremoto hubo una baja considerable de las cifras. Al respecto ver: González, P., Zamorano, C. y Acevedo, S. El efecto terremoto 27/F en la disminución de delitos en Chile. Presentado en el VII Congreso Nacional de investigación sobre violencia y delincuencia, Fundación Paz Ciudadana, Santiago de septiembre de Disponible en: 24 de información en aquellos donde sí se distingue, se puede señalar que la mayor parte tiene que ver con amenazas o venganza y con motivos sentimentales. Cabe destacar que en muy pocos casos el móvil del homicidio fue el robo, indicador claro de que la violencia homicida, en la mayoría de los casos, tampoco no parece estar relacionada con los delitos contra la propiedad.de acuerdo a los datos policiales, no se puede decir que haya un clima de violencia homicida, sino más bien son casos aislados que corresponden a riñas entre conocidos, amigos o parientes, siendo menos los casos relacionados a venganzas, extorsiones u otros. Las características similares en edad y nivel de estudio de los involucrados en estos hechos sugieren que probablemente los homicidios se producen entre grupos de pares, donde tanto víctimas como agresores son jóvenes, aunque en el rango etario de 15 a 29 años hay un mayor porcentaje de agresores que de víctimas: 57 por ciento versus 48 por ciento. Además, muchos de los agresores son conocidos de la víctima o simplemente no hay relación. En el caso de las mujeres es diferente, porque muchas de ellas son víctimas de femicidios por parte de sus parejas o ex parejas, donde no sólo hay una relación conocida con el agresor, sino que también sube el rango de edad. Otro aspecto a destacar es el mayor uso de armas blancas y el espacio público como escenario preferente de este tipo de delito, especialmente entre hombres. Si a ello se suma que muy pocos homicidios tienen como móvil el robo, más bien la mayoría son homicidios simples o en riñas y que suelen ocurrir de noche y los fines de semana, entonces podemos concluir que no se trata de una violencia privada, ni estructural (provocada por grupos, pandillas o crimen organizado). Se trata más bien de una violencia homicida de carácter circunstancial e inorgánico que no responde a grupos ni estructuras, sino a rencillas y problemas de convivencia. Medición del delito El año 2003 fue la primera vez que se realizó la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), un instrumento que permite medir la victimización, el nivel de denuncias y la sensación de temor. Con el tiempo la encuesta ha ganado espacio, se realiza anualmente y es esperada por todos los actores del sistema para definir o dar una nueva dirección a sus acciones. Este es un avance sustantivo respecto de los otros países latinoamericanos, pues se trata de una medición que se ha institucionalizado en el Ministerio del Interior, no depende de fondos internacionales y por lo tanto, es de carácter permanente. Además, estos indicadores de victimización permiten conocer mejor el fenómeno y que la toma de decisiones se realice con mejor información. A lo anterior se suma la iniciativa del Banco Unificado de Datos (BUD) llevada adelante por el Ministerio del Interior que, de concretarse, permitiría realizar un seguimiento al funcionamiento de todo el sistema, desde la detección del delito por las policías, pasando por la investigación hasta la condena. Si bien aún no se concreta, este proyecto es una muestra más de que la medición del delito ha pasado a tener un rol relevante en la política pública de seguridad en Chile. Al realizarse será también una muestra de confianza interinstitucional, pues implica que cada órgano del sistema de seguridad pone a disposición su propia información con un fin superior. La ENUSC además es acompañada por esfuerzos privados, como el de la Fundación Paz Ciudadana, que también realiza anualmente un índice, lo cual es un aporte a la discusión y 35 seguimiento de la situación de seguridad pública en el país y permite apreciar si los diversos instrumentos de medición muestran un panorama similar. En la contraparte, hay fenómenos que no se están midiendo, por ejemplo, aún falta conocer más sobre violencia sexual. En los llamados delitos de mayor connotación social (DMCS) se cuenta la violación, pero no se considera el abuso, el cual en países desarrollados a los que aspira llegar Chile sí se suma a las estadísticas. El análisis del delito de violación debe ser enmarcado dentro de lo que se denomina violencia sexual. Al respecto, tanto la OEA como Naciones Unidas utilizan la definición de violación como el acceso carnal sin consentimiento, similar a la definición adoptada por el Código Penal chileno que, además del uso de la fuerza e intimidación, agrega los casos en que la víctima esté incapacitada de oponerse o tenga un trastorno mental. Otras definiciones desde la criminología abarcan un continuo de diferentes comportamientos (abuso o acoso sexual, llamadas obscenas, violencia doméstica, violación, incesto, entre otros), aunque no necesariamente una gradualidad. En este sentido la violencia sexual puede ser entendida como: Cualquier acto físico, visual, verbal o sexual que es experimentado por una persona, en el momento o más tarde, como una amenaza, invasión o abuso que tiene el efecto de herir o degradar al a persona, o quitar su habilidad para controlar el contacto íntimo (adaptado y traducido de Kelly, 1998, 41) 4. La violación y el abuso sexual son reconocidas desde hace mucho como violencia sexual, pero con el fin de entenderla precisamente como un continuo, es que recientemente se han incluido el acoso sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y el tráfico y trata con fines de explotación sexual. Si bien algunas de estas últimas agresiones mencionadas no corresponden a la realidad chilena al menos no con una presencia notoria es un concepto que vale la pena tener en cuenta al momento de analizar la violencia sexual como un todo y no restringido a la violación, pues de la definición dependerá también la medición y tratamiento del problema. Según los registros de Carabineros que por cierto pueden no estar mostrando toda la magnitud del problema pero entregan un indicio la violencia sexual en su conjunto ha experimentado un aumento 5, especialmente en los años 2008 y Dicho incremento se ha concentrado especialmente en los abusos sexuales, que representan al 2012 el 78 por ciento de los delitos de connotación sexual. La violación en tanto, ha alcanzado el 20 por ciento y ha ido disminuyendo como porcentaje del total. 4 Borwn, Jennifer y Walklate, Sandra.(Eds). Handbook on sexual violence. Routledge, New York, En el caso de Chile, los delitos recogidos por Carabineros que abarcarían el continuo de violencia están representado en 23 tipos de delitos sexuales que pueden ser agrupados en 8 grandes categorías, a saber: abuso sexual, producción, almacenamiento o comercialización de material pornográfico, prostitución de menores, violación, trata de personas, sodomía, incesto y estupro. 4 6 Grafico 2. Total delitos de violencia sexual a 2012 considera el primer semestre. De todos los grupos, sólo dos concentran la mayor cantidad de registros: los abusos y las violaciones, aunque desde el 2005 a la fecha, las violaciones han disminuido como porcentaje del total, aumentando los abusos. Grafico 3. Proporción de delitos de violencia sexual más representativos Total abusos Total violaciones Total estupro 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 26% 27% 26% 25% 25% 23% 22% 20% 73% 72% 72% 73% 72% 75% 76% 78% a 2012 considera el primer semestre. La violencia sexual es sólo un ejemplo de delito que podemos estar pasando por alto o prestando menos atención de la necesaria. Tampoco conocemos con precisión la relación migración-delito, o etnia-delito, los delitos de carácter racial u homofóbico tampoco están siendo analizados 6. Cabe la pregunta entonces, es momento de analizar la definición de delitos de mayor connotación social?, para quiénes son de mayor connotación?, cómo incluir la violencia sexual en la encuesta de victimización?, cómo avanzar hacia distinciones étnicas en la medición del delito y la victimización? Son preguntas que en estos momentos no está 6 Sólo existe un antecedente de un estudio sobre migración que abarcó un módulo sobre seguridad. Ver Subsecretaría del Interior (2008). Estudio migración, equidad de género y seguridad pública. Disponible en: 57 recogiendo ni la ENUSC, ni los registros policiales, ni otros instrumentos y que de hacerlo, cambiarían nuestra idea respecto del nivel de seguridad del país. Política pública relativamente estable Si bien, como sucede en todos los países, cada gobierno tiene su propia impronta, los grandes lineamientos de la política de seguridad han sido los mismos en los últimos tres gobiernos, a saber: prevención, control y sanción, información y reinserción. Lógicamente con matices, énfasis y nombre distintos, pero las líneas gruesas de lo que debe intervenirse para avanzar en materia de seguridad ya se han instalado. El reconocimiento de la carencia de un espacio articulador de las diversas iniciativas que desarrollaba el gobierno en la temática y por ende de mecanismos de evaluación de las mismas propició a comienzos del año 2004 el desarrollo de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC). Así se marcó el inicio de un proceso cuyo objetivo era el diseño de una política de Estado para abordar una de las principales preocupaciones ciudadanas que permitiera dar respuesta a las necesidades de seguridad de la ciudadanía y disminuir la utilización política del problema. Fue convocada una mesa de trabajo compuesta por representantes de instituciones sectoriales del Estado, Diputados y Senadores miembros de las respectivas Comisiones de Seguridad Ciudadana, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Centros de Estudio, expertos individuales, delegados de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales. El trabajo realizado por esta mesa dio origen a un documento base de la PNSC donde se establecieron los criterios ordenadores, el horizonte estratégico y los objetivos del Estado en la materia. Los objetivos generales de la PNCS fueron definidos en su documento base como: Fortalecer y potenciar la capacidad de la familia para promover conductas prosociales y disminuir la violencia Fortalecer y potenciar la capacidad de la escuela para promover conductas prosociales y disminuir la violencia Fortalecer la integración social y desarrollar comunidades fuertes Crear o recuperar espacio público urbano para generar ciudades amables y acogedoras Promover el acceso a la justicia Fortalecer y modernizar la gestión policial Fortalecer la confianza ciudadana y disminuir el temor al delito mediante la provisión de servicios públicos oportunos y eficaces Mejorar los sistemas de acopio y análisis de la violencia, los delitos y el temor Dentro de los criterios orientadores de la PNCS se encuentran el respeto a los derechos humanos; la búsqueda de eficiencia y coherencia; la focalización de tareas; la definición territorial de los marcos de acción; la coproducción de la seguridad por parte de diferentes instituciones y organismos públicos y privados; la participación ciudadana, la integralidad, gradualidad e igualdad; y, finalmente, la necesidad de seguimiento y evaluación de las acciones y programas emprendidos. Algo muy similar planteaba posteriormente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ( ), cuyos principios orientadores fueron la integralidad, la focalización, la territorialidad, la participación ciudadana, el seguimiento y la evaluación. 68 La PNCS planteaba que el Estado debía cumplir determinadas tareas en materia de criminalidad, violencia y temor, las que se dividían en cuatro grandes áreas: prevención, control, desarrollo institucional y desarrollo de información y tecnologías. Concordante con esto, la Estrategia en su eje de integralidad plantea que la multicausalidad del delito da origen a los 6 ejes de acción que articularon la Estrategia: institucionalidad, información, prevención, control y sanción, rehabilitación/reinserción social y asistencia a víctimas. Aquí aparece por primera vez el tema de la atención a víctimas, que tomaría más fuerza en el siguiente gobierno. Por último, el Plan de Seguridad Pública Chile Seguro ( ) se propuso reducir en 15 por ciento la victimización por hogares, siguiendo con los lineamientos de las anteriores políticas se ha planteado 6 áreas de trabajo. La primera es la prevención, que se plantea como objetivo reducir los factores de riesgo que causan el comportamiento delictivo, así como promover factores protectores, en tanto la prevención social se focalizaría en personas vulnerables, en el sistema escolar y en la violencia intrafamiliar. La segunda es protección, está enfocada en la prevención situacional, interviniendo características del entorno y situaciones o circunstancias que facilitan el delito. La tercera es la sanción, cuyo objetivo aquí es mejorar la eficacia del sistema de persecución penal. La cuarta es definida como apoyo, brindando asistencia reparadora a las víctimas de delitos. Por último, la quinta es rehabilitar para prevenir la reincidencia. Política Nacional de Seguridad Ciudadana (2004) Principios orientadores: Respeto a los derechos humanos. Búsqueda de eficiencia y coherencia Focalización de tareas Definición territorial de los marcos de acción Coproducción de la seguridad por parte de diferentes instituciones y organismos públicos y privados Participación ciudadana Integralidad, gradualidad e igualdad Seguimiento y evaluación de las acciones y programas emprendidos. Tabla 2. Estrategia Nacional de Seguridad Pública ( ) Principios orientadores Integralidad Focalización Territorialidad Participación ciudadana Seguimiento y la evaluación Ejes: Institucionalidad Información Prevención Control y sanción Rehabilitación y reinserción social Asistencia a víctimas Plan Chile Seguro ( ) Ejes: Prevenir Proteger Sancionar Apoyar Rehabilitar Ejes transversales: Gestión eficiente de la información. Ejecución de programas a nivel local Si bien lo anterior da la impresión de cierta continuidad, el riesgo asociado es la falta de innovación, que se repitan programas similares con distinto nombre, en definitiva, que se reiteren errores porque no se alcance a medir y evaluar con el debido tiempo. Posiblemente la falta de evaluación es la mayor deuda de la política pública de seguridad chilena: no sabemos con certeza qué funciona, qué no y por qué. 79 Factores institucionales La creación de una subsecretaría con competencias exclusivas en la prevención del delito y la instalación de una comunidad de seguridad, similar a la comunidad de defensa que se creó luego del retorno a la democracia para el tema relaciones civiles-militares, son elementos que fortalecen al sector en su conjunto. Las reformas constitucionales del 2005 pusieron término luego de 14 años de negociaciones políticas a algunos de los enclaves autoritarios. Se modificó el Artículo 90 de la Constitución, eliminándose el rol de garantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y se modificó la dependencia de las policías de Carabineros e Investigaciones desde el Ministerio de Defensa, por un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Igualmente, se modificó el Artículo 93, terminando la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del Director General de Carabineros. El nuevo artículo estableció que el Presidente podrá llamarlos a retiro antes de completar su respectivo periodo, bastando para ello la dictación de un decreto fundado y un informe previo al Senado. El Artículo 95, relativo al Consejo de Seguridad Nacional, fue modificado para dar paso a un órgano solamente asesor, sin facultad para adoptar acuerdos, con cuatro integrantes civiles (Presidente de la República, del Senado, de la Corte Suprema y Contralor) y cuatro uniformados (Comandantes en Jefe y General Director de Carabineros), que sólo puede ser convocado por el Presidente. Del mismo modo fue reformada la composición del Senado mediante un artículo transitorio, suprimiéndose los senadores designados y vitalicios a partir del 10 de marzo del 2006, terminando así toda representación no electa. Al igual que en el caso de las Fuerzas Armadas, el cambio más relevante para las policías radica en las modificaciones constitucionales del año Los dos cambios más importantes respecto del control civil fueron el término de la inamovilidad del General Director de Carabineros y el traspaso de las policías al Ministerio del Interior. Este último tardó seis años en concretarse porque implicaba una reforma a la cartera de Interior que funcionaba basada sólo en decretos, sin una ley orgánica. El proyecto de ley ingresó al Senado el 16 de junio de 2006 como mensaje del Ejecutivo proponiendo que, además de sus funciones tradicionalmente establecidas, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública fuera colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias. Finalmente, la Ley que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (organismo desconcentrado, en remplazo de CONACE) fue promulgada el 9 de febrero de Este cambio responde principalmente a dos necesidades. La primera era terminar con la doble dependencia de las policías, pues dependían administrativamente del Ministerio de Defensa, pero operativamente del Ministerio del Interior. Segundo, en la última década ha habido una tendencia regional en América Latina de crear ministerios abocados especialmente a la temática de seguridad ciudadana, respondiendo con ello a la relevancia que la seguridad tiene hoy para la ciudadanía. Al respecto, un importante aspecto a destacar es que se modifica artículos de la Ley Orgánica de Carabineros, cambiando la expresión defensa nacional, por interior y seguridad pública, es decir, haciendo una clara distinción entre defensa nacional y seguridad pública. Sin embargo, su mayor importancia radica en que institucionaliza la seguridad más allá de la esfera policial, enfatizando el rol de las autoridades políticas y civiles, y generando un mayor equilibrio entre políticas de control y de prevención. Así por ejemplo, la nueva ley señala que 810 una de las funciones del Ministerio será Proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Seguridad Pública Interior, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente, tanto a nivel nacional como regional y comunal (Art. 3, a), quedando con ello institucionalizado el proceso de formulación de una política pública en la materia. Asimismo, señala que debe evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas de seguridad pública a cargo de las instituciones policiales (Art. 3, j), reforzando la idea el rol de supervisión del accionar policial. El nuevo Ministerio tiene a su cargo la gestión de los asuntos y procesos administrativos que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública requieran para el cumplimiento de sus funciones y tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones seguirán rigiéndose por sus respectivas leyes orgánicas. Poniendo aún más el énfasis en la despoliciación de la seguridad pública la ley crea una instancia intersectorial, reconociendo que son múltiples las instituciones que intervienen en el problema: el Consejo Nacional de Seguridad Pública e Interior y los Consejos Regionales de Seguridad Pública e Interior serán órganos consultivos para el Ministerio y las Intendencias en la elaboración e implementación de la Política Nacional de Seguridad Pública. El fortalecimiento del nivel central de decisiones en materia de seguridad pública, no ha tenido una contraparte en el nivel local, pues los municipios carecen de competencias en esta materia y sólo aquellos con más recursos han logrado mantener áreas u oficinas de seguridad ciudadana. Bajo nivel de corrupción, política en general y policial en particular, pero en la contraparte, falta más transparencia en las policías, cuestión que no se soluciona con el STAD, que se considera como rendición de cuentas. Buenos indicadores sociales y políticos El último elemento a considerar es la situación general del país en relación a la estabilidad y al nivel de desarrollo. Si bien la desigualdad y el problema de distribución del ingreso se mantienen, existen una serie de indicadores que sitúan a Chile como un país destacado en el continente. En diversos indicadores el país aparece como el mejor de América Latina, lo que lleva a la pregunta con quién debemos entonces compararlo? Para ello se realizó una agrupación de países tomando como referencia el Índice de Desarrollo Humano del PNUD; el Índice Global de Paz (GPI por su sigla en inglés) que elabora el Institute for Economics and Peace; y el Índice de Gobernabilidad del Banco Mundial. En primer lugar se configuró una sola tabla con todos los índices para cada país. Los que tenían más países eran el IDH y el índice de Gobernabilidad, por lo tanto, para ajustarlo a la cantidad de datos del GPI, fueron eliminados del listado pequeños estados del Caribe, de Oceanía, más Belice, Surinam, Corea del Norte y Somalia (estos dos últimos tampoco contaban con registro en el IDH), con ello se llegó a una base de datos de 156 Estados. En segundo lugar, por medio del programa RapidMiner se procedió a crear 5 grupos de países. Para crear los grupos se estandarización los índices de cada país, asignando 0 al país que tenía el menor índice y 1 al país que tenía el mayor índice, por cada uno de los 8 índices. Luego se crearon 5 cluster, utilizando el método de Distancia Euclidiana. Como resultado Chile se ubica en el cluster 1, es decir, que en cuanto a nivel de desarrollo humano, paz y gobernabilidad, se encuentra en el mismo rango que Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, España, 911 Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza. Grafico 2. Promedios de índices normalizados por clúster (representados en líneas) Grafico 3. Índices normalizados de los países, según cluster al que pertenecen. 1012 Lo anterior es una muestra de la buena evaluación de Chile y la posición privilegiada en la región, acercándose a la meta de ser un país desarrollado. Sin embargo, ninguno de esos índices está enfocado en victimización u otras variables propias de la seguridad ciudadana 7 y si bien no es posible comparar las encuestas de victimización, cuando se observan las mediciones de los países que están en el mismo cluster que Chile, resulta que sus niveles de victimización son más bajos que los chilenos. No obstante las dificultades para comparar, se puede señalar, por ejemplo, que la victimización en Canadá (25 por ciento en ) y Suecia (24 por ciento el ) fue algo más baja que la actual en Chile (26 por ciento el 2012), en tanto en Suiza el robo de bienes personales, alcanza al 5 por ciento de victimización ( ), similar al 4,6 por ciento de robo por sorpresa en Chile. En cambio en lugares como Australia, la victimización es más baja (3 por ciento en delitos contra las personas y 2,9 por ciento en hogares para el período ) y lo es más aún en Francia (0,5 por ciento de victimización personal y 7,5 por ciento por hogares en ). Como contraparte, la violencia desatada en el control del orden público, particularmente frente a manifestaciones y protestas sociales y en el conflicto Estado-mapuche, es un riesgo para que Chile mantenga esta posición de privilegio. El control policial ejercido en esos casos ha tenido consecuencias debido al exceso de uso de la fuerza y denuncias relacionadas a derechos humanos. La disputa entre el derecho a manifestarse y la libre circulación genera tensiones cada vez que hay protestas, ya sea en espacios públicos (calles, plazas y parques) o privados (escuelas, universidades, empresas, etc.). En la zona mapuche en tanto, el gobierno ha incrementado la presencia policial, aumentando la resistencia de las comunidades en conflicto. Esto tiene un impacto en la imagen, la credibilidad y la confianza ciudadana en la policía, cuestión que hasta el momento ha sido una fortaleza respecto de otras policías latinoamericanas. 7 El GPI se realiza por medio de un panel de expertos y considera, entre otras variables, el nivel de criminalidad percibida, la tasa de homicidios, la tasa de reclusos, el número de oficiales de policía, el nivel de crimen violento y el acceso a armas. 8 Perrault, Samuel y Brenna, Shanon. Criminal victimization in Canada, Juristat, 2010, vol. 30. N. 2. Disponible en: 9 English summary of Brå report 2011, The Swedish Crime Survey Disponible en: 10 Killias, Martin, Staubili, Silvia, Biberstein, Lorenz, Bäzinger, Matthias e Iadanza, Sandro. Sondage au sujet des expériences et opinions sur la criminalité en Suisse. Analyses dans le cadre du sondage national de victimisation Universität Zürich. Institut de Criminologie. Disponible en: 11 Australian Bureau of Statistics. Disponible en: 12 La Criminalidad en Francia. Informe del Observatorio Nacional de la Delincuencia y de las Respuestas Penales Documentos relacionados
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 Artículo 93
 Artículo 95
 Resolución 
 Artículo 28
 RESOLUCIÓN 
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