Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5984
Timestamp: 2019-11-15 12:36:29+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 17/2007
ECLI:ES:TC:2007:17
En el recurso de amparo núm. 2192-2003, promovido por doña Aránzazu Hernáez Ferreras, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Mónica de la Paloma Fente Delgado y bajo la asistencia del Letrado don Juan Miguel Delgado Ocejo, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 11 de marzo de 2003, que resuelve el recurso de suplicación núm. 155-2003 formulado contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao, de 6 de noviembre de 2002, recaída en los autos sobre despido núm. 498-2002. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha comparecido la empresa Telefónica Publicidad e Información, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Alberto Alfaro Matos y con el Letrado don Enrique J. Gómez Sanz. Ha sido Ponente la Presidenta doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado ante este Tribunal con fecha de 14 de abril de 2003 se interpuso el recurso de amparo del que se ha hecho mención en el encabezamiento, por considerar que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE).
a) La recurrente en amparo ha venido trabajando para la empresa Telefónica Publicidad e Información, S.A., desde el 1 de julio de 2001 con categoría profesional de “promotor de entrada”, a través de un contrato formalizando al amparo del art. 2.1 f) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (LET), y del Real Decreto 1438/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas. La duración de tal contrato era de seis meses, con un periodo de prueba de dos meses.
b) Antes de la finalización de la duración del citado contrato, la empresa le comunicó a la recurrente con fecha 18 de octubre de 2001 la posibilidad de convertir su relación laboral de carácter especial en otra común al amparo de la disposición adicional primera del convenio colectivo de empresa, lo que se llevaría a efecto con fecha 1 de noviembre siguiente, al formalizarse un contrato de trabajo ordinario por tiempo indefinido en el que se estableció un nuevo periodo de prueba (dos años conforme al convenio colectivo).
c) La recurrente ha estado embarazada en dos ocasiones, las cuales terminaron en aborto, en marzo y en mayo de 2002. En el año 2002 ha estado de baja en cuatro ocasiones en los meses de enero, febrero, marzo y mayo, estando nuevamente embarazada a fecha 10 de julio de 2002.
d) Con fecha 3 de junio de 2002 la empresa comunicó a la demandante de forma escrita que con fecha 17 de junio de 2002 quedaría extinguido el contrato de trabajo suscrito entre las partes por no superación del periodo de prueba.
e) La recurrente formuló demanda por despido contra la empresa en la que solicitaba la declaración de su nulidad (subsidiariamente de su improcedencia) por considerar que el verdadero motivo de la extinción de su contrato fueron sus bajas laborales durante ese año causadas por las complicaciones de sus dos embarazos y posteriores abortos, siendo despedida cuando se encontraba nuevamente embarazada. La demanda dio lugar a los autos núm. 498-2002 seguidos ante el Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao.
f) Por Sentencia de ese Juzgado de 6 de noviembre de 2002 se desestimó la demanda de despido al entender que de la prueba practicada no se desprendía la existencia de un comportamiento empresarial atentatorio de los derechos fundamentales de la trabajadora demandante, ni una resolución contractual efectuada en fraude de ley, sino acordada al amparo de la facultad que le otorga al empresario el art. 14 LET por no superación del periodo de prueba.
g) Contra la anterior Sentencia la demandante interpuso recurso de suplicación (núm. 155- 2003) en el que solicitó, además de la revisión de los hechos probados, la declaración de la nulidad de su despido o, en su caso, de su improcedencia. Por lo que aquí interesa, la calificación del despido como nulo se fundamenta en dos motivos, de un lado, en la infracción del art. 55 LET, ya que fue despedida cuando se encontraba embarazada; de otro lado, en el art. 14 CE y la doctrina recogida en la STC 94/1984, sustentando la lesión sobre dos argumentos, en primer lugar, sobre la base de que su despido obedeció a las bajas laborales ocasionadas por sus dos embarazos y abortos consecutivos y, en segundo lugar, en que la aparente motivación de la decisión empresarial de despedirla por su bajo rendimiento chocaba con el hecho de que otros trabajadores que se encontraban en esa misma situación de baja producción no hubiesen sido cesados, por lo que el despido vulneraba el principio de igualdad.
h) El recurso fue estimado parcialmente por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 11 de marzo de 2003. Comenzando por el examen de la pretensión de declaración de nulidad del despido, la Sala la rechaza, en primer lugar, al no haber quedado acreditado que el embarazo de la recurrente comenzara el día 7 de junio de 2002, circunstancia que hacía inaplicable el art. 55.5 apartado b) LET (en su redacción dada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras).
3. La recurrente en amparo denuncia la vulneración del art. 14 CE al considerar que el cese en su puesto de trabajo constituye una discriminación por razón de sexo. En este sentido, tras exponer la doctrina constitucional relativa a la inversión de la carga de la prueba en los casos de invocación de un derecho fundamental (con cita de la STC 17/2003, de 30 de enero), afirma que en el caso de autos la empresa demandada no ha cumplido con su carga de la prueba al no acreditar que los motivos del despido fueran ajenos a las bajas laborales de la trabajadora causadas por sus embarazos y sucesivos abortos. En este sentido, afirma que la empresa debería haber demostrado la existencia de un bajo rendimiento laboral de la recurrente derivado de su propia incapacidad personal, y no de los periodos de baja sufridos por la misma, y que resulta contrario al principio de no discriminación por razón de sexo sancionar a la trabajadora por las ventas que no ha podido realizar durante sus periodos de incapacidad temporal derivados de riesgo durante el embarazo y abortos. Es decir, entiende que resulta tan discriminatorio despedir a una personas por estar embarazada como despedirla por causar repetidas bajas laborales por motivo de sucesivos abortos o debido al riesgo en las fases iniciales de sus embarazos.
Considera, asimismo, que constituye también otro indicio de discriminación el contenido del informe de resultado de ventas consolidadas correspondientes a la oficina a la que pertenecía, contenido que se da por reproducido en los hechos probados. Tal informe pone de manifiesto que aún cuando la mayor parte de los trabajadores relacionados no han llegado a cubrir los objetivos de ventas, e, incluso, parte de ellos han obtenido resultados inferiores a los de la demandante, sólo ella ha sido despedida.
En este sentido, se especifica que en la parte del informe correspondiente a “páginas amarillas”, de los 9 trabajadores reflejados, 6 no cubren objetivos de ventas, y 1 de ellos tiene resultados inferiores a la demandante; en la parte correspondiente a “páginas blancas”, de los 9 trabajadores reflejados, 7 no cubren los objetivos, y 3 de ellos tienen resultados inferiores a los de la demandante. Señala, asimismo, que resultan inadmisibles las consideraciones de la Sala para no tener en cuenta tales datos, es decir, de un lado, que no constan acreditadas las medidas adoptadas con esos trabajadores, y, de otro, que la extinción conectada con bajo rendimiento por causa de enfermedad no vulnera derechos fundamentales. Afirma al respecto que es a la empresa a la que corresponde probar que a los demás trabajadores no les ha dado trato diferenciado (inversión de la carga de la prueba), y que la “enfermedad” de la demandante está íntimamente ligada a su condición sexual, por lo que si la extinción es la baja y la baja tiene por causa su condición sexual (embarazo, aborto), el despido es discriminatorio.
4. Por providencia de 19 de abril de 2004 la Sección Segunda acordó la admisión a trámite la demanda y en aplicación del art. 51 LOTC acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y al Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao para que remitiesen las correspondientes actuaciones, interesándose al propio tiempo que se emplazase a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción de la recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
5. Con fecha de 6 de septiembre de 2004 se presenta escrito por el que el Procurador de los Tribunales don Alberto Alfaro Matos se persona en nombre de la empresa Telefónica Publicidad e Información, S.A.
6. Por diligencia de ordenación de 20 de septiembre de 2004 se tienen por recibidos los testimonios de las actuaciones y el escrito del citado Procurador de los Tribunales, a quien se tiene por personado y parte en la representación que ostenta. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se da vista de las actuaciones del presente recurso de amparo por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que dentro de dicho término pudiesen presentar alegaciones.
7. Con fecha de 11 de octubre de 2004 presenta su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal. En primer término, precisa que aunque la recurrente sólo impugna la Sentencia recaída en sede de suplicación, al ser ésta confirmatoria de la Sentencia de instancia en el extremo de denegar la existencia de la vulneración constitucional, también dicha resolución debe entenderse cuestionada conforme a reiterada doctrina constitucional.
8. Con fecha de 15 de octubre de 2004 presenta su escrito de alegaciones la representación procesal de la empresa Telefónica Publicidad e Información, S.A., en el que sostiene la inadmisibilidad del recurso por falta de agotamiento de la vía previa conforme al art. 44.1 a) y 50.1 a) LOTC al no haber formulado la recurrente recurso de casación para la unificación de doctrina contra la resolución judicial impugnada, a pesar de que existen pronunciamientos judiciales (de los que aporta copia con el escrito) que, a su juicio, resultan contradictorios con ella. Por otro lado, y en cuanto al fondo, niega que se haya producido la lesión constitucional que se denuncia al considerar que la recurrente lo que pretende es que se revisen los hechos probados y que se efectúe una nueva ponderación de los mismos en sede de amparo, pretensión a la que este Tribunal no puede acceder dado que tal valoración le resulta vedada conforme al art. 44.1 b ) LOTC.
9. Con fecha de 20 de octubre de 2004, cumplimentando el trámite de alegaciones conferido, la parte recurrente presenta escrito por el que se ratifica íntegramente en las formuladas en su demanda de amparo.
10. Por providencia de 25 de enero de 2007 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 29 del mismo mes y año, día en que se inició el trámite que ha finalizado el día de la fecha.
1. Como ha quedado expuesto en los antecedentes de esta Sentencia, en el presente caso se cuestiona por la recurrente en amparo la extinción de su contrato de trabajo por falta de superación del periodo de prueba debido a la disminución de su rendimiento profesional, al considerar que esa decisión empresarial, respaldada por los órgano judiciales, vulnera el derecho a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) al tener por causa sus sucesivas bajas en el trabajo ocasionadas por sus embarazos y ulteriores abortos.
2. Antes de entrar a analizar el fondo de la queja invocada, resulta necesario dar respuesta a la alegación planteada por la empresa comparecida en este proceso constitucional en relación con la concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a ) LOTC, de falta de agotamiento de la vía judicial previa por no haberse interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina contra la Sentencia de suplicación recurrida en amparo. Este Tribunal ha reiterado que la especial naturaleza de dicho recurso, condicionado legalmente a la concurrencia de rígidos requisitos de admisión sobre identidad y contradicción, determina que su interposición no resulte siempre preceptiva para dar por agotada la vía judicial, siendo únicamente exigible, a los efectos de la subsidiariedad del amparo, cuando no quepa duda respecto de su procedencia. Además, se ha destacado que corresponde a quien pretende hacer valer su no interposición como motivo de inadmisibilidad acreditar la posibilidad de recurrir a esta extraordinaria vía en el supuesto concreto (por todas, SSTC 153/2004, de 20 de septiembre, FJ 2; y 192/2006, de 19 de junio, FJ 2), lo que en este caso no ha ocurrido.
3. Entrando a enjuiciar el fondo de la queja que contiene la demanda de amparo, dado que la parte recurrente se considera discriminada por razón de sexo al haber sido despedida por causa de las bajas laborales que su estado de gestación le produjo, se hace preciso recordar que, como este Tribunal ha tenido ocasión de mantener, tal tipo de discriminación no comprende sólo aquellos tratamientos peyorativos que encuentren su fundamento en la pura y simple constatación del sexo de la persona perjudicada.
También engloba estos mismos tratamientos cuando se funden en la concurrencia de condiciones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una relación de conexión directa e inequívoca (por todas, recogiendo doctrina precedente, SSTC 175/2005, de 4 de julio, FJ 3; 182/2005, de 4 de julio, FJ 4, y 214/2006, de 3 de julio, FJ 3). Tal sucede con el embarazo, elemento o factor diferencial que, en tanto que hecho biológico incontrovertible, incide de forma exclusiva sobre las mujeres (SSTC 173/1994, de 7 de junio, FJ 2; 20/2001, de 29 de enero, FJ 4; 41/2002, de 25 de febrero, FJ 3; 17/2003, de 30 de enero, FJ 3; 98/2003, de 2 de junio, FJ 4; 175/2005, de 4 de julio, FJ 3; 214/2006, de 3 de julio, FJ 3; y 342/2006, de 11 de diciembre, FJ 3). Partiendo de que los tratos desfavorables en el trabajo basados en el embarazo, al afectar exclusivamente a la mujer, constituyen una discriminación por razón de sexo proscrita por el art. 14 CE, la doctrina de este Tribunal ha estimado diversos recursos de amparo por este motivo también en relación con decisiones no causales, a saber, en concreto sobre resolución del contrato de trabajo en periodo de prueba (SSTC 94/1984, de 16 de octubre, y 166/1988, de 26 de septiembre), o la no renovación de contrato de trabajo temporal (STC 173/1994, de 7 de junio).
4. Conforme a nuestra doctrina anteriormente sintetizada nos corresponde determinar si las resoluciones judiciales impugnadas vulneran el principio de discriminación por razón de sexo, analizando para ello, a la vista de las circunstancias del caso concreto, si la trabajadora recurrente en amparo aportó indicios de discriminación suficientes y si, en tal supuesto, como consecuencia de la inversión de la carga de la prueba, la empleadora cumplió con su obligación de rebatirlos justificando que su actuación fue absolutamente ajena a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales.
5. En contra de lo mantenido por las Sentencias impugnadas, hemos de afirmar —coincidiendo con lo manifestado por el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones— que el despido de la recurrente ha de calificarse de nulo por discriminatorio, dado que ha aportado indicios racionales de discriminación por motivo de embarazo que la empresa demandada no ha rebatido. Ciertamente, se impone tal conclusión teniendo en cuenta, en primer término, cuál ha sido la sucesión de los hechos y la coincidencia temporal entre las bajas relacionadas con el estado de gestación de la recurrente y la decisión empresarial de extinguir su contrato por falta de superación del periodo de prueba. A partir del relato de hechos probados se comprueba que antes de que finalizase el contrato de trabajo de carácter temporal que unía a las partes, la empresa ofreció a la recurrente la conversión de su relación laboral especial en común, suscribiendo, para ello, un contrato de trabajo ordinario por tiempo indefinido con fecha 1 de noviembre de 2001. Tras la celebración de este segundo contrato, consta como hecho probado que la recurrente se quedó embarazada en dos ocasiones sucesivas que concluyeron con sendos abortos, uno en el mes de marzo y el otro en mayo de 2002. Asimismo, tal y como se comprueba del examen de las actuaciones (documentos núms. 11 y 12 de la parte actora), esos dos embarazos de la recurrente provocaron la sucesión de una serie de bajas laborales. Ciertamente, figuran partes de baja del Servicio Vasco de Salud por “amenaza de aborto” de 28 de febrero de 2002; por “embarazo de riesgo” de 6 de mayo de 2002, y partes de confirmación de baja de 10 y 17 de mayo, así como de 31 de ese mes por “cirugía de ovario derecho y embarazo de riesgo”, y de 1 de junio de 2002 por “quiste ovárico derecho y aborto espontáneo”. Dos días después a este último parte de confirmación de baja, es decir, el día 3 de junio de 2002, la empresa comunicó a la recurrente la extinción de su contrato por falta de superación del periodo de prueba.
6. A la vista del panorama indiciario existente, y aunque le correspondía a la empresa la carga de probar que los hechos motivadores de su decisión fueron legítimos y ajenos al móvil de discriminación que se le imputaba, los órganos judiciales no exigieron tal acreditación a la empresa, obviaron los indicios de discriminación alegados, e incluso, imponiéndole la carga de la prueba a la recurrente, le reprocharon su falta de actuación probatoria al no acreditar cuál había sido el trato dispensado por la empresa a otras trabajadoras que a pesar de tener igual rendimiento no habían sido despedidas.
7. Todo lo anterior nos conduce a concluir que la empresa demandada no ha acreditado la existencia de causa alguna, fundada y real, que hubiera permitido destruir la apariencia discriminatoria creada y alcanzar la necesaria convicción de que su decisión fue ajena a todo propósito atentatorio del derecho fundamental al no tener por causa el estado de embarazo de la recurrente. Esa ausencia de prueba trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por la demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho garantizado en el art. 14 CE. En consecuencia, hemos de concluir que las Sentencias impugnadas no cumplieron las exigencias de la doctrina constitucional sobre la distribución de la carga de la prueba en estos supuestos, y lesionaron, por tanto, el derecho a la no discriminación por razón de sexo de la recurrente (art. 14 CE) en tanto que no repararon la lesión denunciada.
Otorgar el amparo solicitado por doña Aránzazu Hernáez Ferreras y, en consecuencia:
2º Anular las Sentencias de 6 de noviembre de 2002 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao y de 11 de marzo de 2003, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (recaídas en los autos sobre despido núm. 498-2002).
3º Declarar la nulidad de su despido.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 2192-2003
Promovido por doña Aránzazu Hernáez Ferreras frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, en grado de suplicación, declaró improcedente su despido por Telefónica Publicidad e Información, S.A.
Se enjuicia si el despido de una trabajadora embarazada, por no superar el período de prueba, es discriminatorio.
Se otorga el amparo, reconociéndose el derecho a la no discriminación por razón de sexo de la recurrente. Siempre que se aporte un panorama indiciario suficiente y razonable que pruebe que una extinción contractual puede enmascarar una lesión de derechos fundamentales, incumbe al empresario la carga de la prueba. En este caso, el despido debe calificarse como nulo, se han aportado indicios racionales de discriminación por motivo de embarazo que la empresa no ha rebatido, y que los órganos judiciales no sólo no le han exigido probar, sino que además, le impusieron a la trabajadora.
Se vulnero el derecho a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) de la recurrente en el despido, pues la empresa demandada no ha acreditado la existencia de causa alguna, fundada y real, que hubiera permitido destruir la apariencia discriminatoria creada y alcanzar la necesaria convicción de que su decisión fue ajena a todo propósito atentatorio del derecho fundamental [FJ 7].
Aunque los trastornos y complicaciones del embarazo pueden implicar una incapacidad laboral, constituyen riesgos inherentes al embarazo, y por lo tanto, comparten la especificidad de este estado, por lo que supone una discriminación directa por razón de sexo, el despido motivado por la disminución del rendimiento de una mujer trabajadora derivada de su estado gestacional (STJCE de 30 de junio de 1998 caso Brown) [FJ 6].
La discriminación entre sexos, prohibida por el art. 14 CE, comprende aquellos tratamientos peyorativos que se fundan no sólo en la simple constatación del sexo de la víctima, sino en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca, como sucede con el embarazo, elemento o factor diferencial que incide de forma exclusiva sobre las mujeres (STC 175/2005) [FJ 3].
Doctrina constitucional sobre la inversión de la carga de la prueba en los casos que se alega que determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva de derechos fundamentales del afectado (SSTC 17/2003, 41/2002) [FJ 4].
Cuando el trabajador aporta un indicio razonable de que la extinción contractual puede enmascarar una lesión de derechos fundamentales, incumbe al empresario acreditar que su decisión obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio del derecho de que se trate [FJ 3].
Artículo 14 (discriminación por sexo), ff. 1, 7
Derecho a la pruebaDerecho a la prueba, ff. 3 a 6
Discriminación por razón de sexoDiscriminación por razón de sexo, ff. 3, 4, 5, 6
Despido nuloDespido nulo, ff. 3 a 5
EmbarazoEmbarazo, f. 3
Indicios de discriminaciónIndicios de discriminación, f. 6

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 14