Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-425930310
Timestamp: 2019-02-21 20:46:59+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 1104/08 de Corte Constitucional, 6 de Noviembre de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 425930310
Actor: Alberto Ruiz Llano
Demandado: AlcaldÍa Municipal de OrocuÉ y la Sociedad Inversiones los Cedros S.a.
Expediente: 1965949
Derecho al debido proceso de parte dentro de un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho de predio rural resuelto por la alcaldía municipal accionada, entidad que, a su juicio, incurrió en vía de hecho por carecer de competencia para conocer el asunto; realizar el proceso de conformidad con las normas aplicables para juicios de lanzamientos por ocupación de predios urbanos, entre otras falencias. Solicita se deje sin efectos la providencia emitida por dicho ente. No obstante, con anterioridad se había interpuesto una acción de tutela con análogo propósito, el actor reitera su petición. La actuación temeraria en la acción de tutela. Se recordó que, para que se configure este fenómeno, es necesario que exista identidad de partes, de causa petendi y de objeto. Así mismo, se hizo refernecia a las circunstancias exceptivas del establecimiento de esta figura. Revisados los elementos propios de cada tutela, se determinó que, pese a que la argumnetación en una y otra es estructuralmente la misma, los hechos constitutivos de cada acción comprenden una realidad fáctica distinta. En razón de ello, se descartó la incidencia de temeridad. Naturaleza jurisdiccional de las decisiones proferidas por las autoridades de policía en procesos posesorios. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración jurisprudencial. Proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho de predios urbanos y rurales. El poder de policía. Sobre este punto se dijo que este proceso es de naturaleza preventiva, no delcarativa de derechos, por tanto, en él no se controvierte no se protege el derecho de dominio. Proceso judicial de lanzamiento por ocupación de hecho en predio rural. Normatividad al respecto. Después de verificado el lleno de los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se estudió el caso concreto. De dicha evalución se coligió que la alcaldía accionada no incurrrió en vicio alguno, pues tenía competencia y siguió el procedimiento previsto para el efecto. Negada
Sentencia citada en: 131 sentencias, un artículo doctrinal
T-1104-08 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-1104/08
Acción de tutela instaurada por A.R.L. contra la Alcaldía Municipal de Orocué y la sociedad Inversiones Los Cedros S.A.
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados H.A.S.P., quien la preside, J.A.R. y C.I.V.H., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
en el proceso de revisión de los fallos de tutela dictados el 8 de febrero de 2008 en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué y el 1° de abril de 2008, en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, en la acción de tutela instaurada por A.R.L. contra la Alcaldía del Municipio de Orocué y la sociedad Inversiones Los Cedros S.A.
El 23 de marzo de 2007, la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., interpuso en su contra ante la Alcaldía del Municipio de Orocué, querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho respecto del inmueble denominado La Macumba, hoy Hacienda El Caimán, ubicada en la Vereda El Palmarito Jurisdicción Rural del Municipio de Orocué Casanare, la cual fue inadmitida por auto de la misma fecha, argumentando la prescripción de la acción policiva por no haberse presentado dentro de los 30 días previstos en el Código de Policía de Casanare y el Código Nacional de Policía.
Mediante providencia del 13 de abril de 2007, la Alcaldía del Municipio de Orocué admitió la querella y fijo fecha y hora para la práctica de la diligencia de lanzamiento, al encontrar que habiendo acaecido los hechos el 15 de marzo de 2007, no podía operar la prescripción como inicialmente la había decretado. En la misma providencia anotó que el procedimiento que aplicaría sería el previsto en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, los artículos 1, 2, 3 y 6 del Decreto 992 de 1930.
Explica el ciudadano demandante que, en la diligencia de lanzamiento presentó oposición argumentando que se encuentra en dicho predio, toda vez que le compró el 50% al señor C.A.M., en el mes de enero del año 2002 y para tal fin le hizo entrega de la suma de $450.000.000.oo, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción por el vendedor, quedando un saldo por cancelar.
Adicionalmente asegura que, cuando le solicitó al señor C.A. la respectiva escritura del predio éste sorpresivamente quiso arrebatarle de manera violenta la posesión que este ejercía sobre el inmueble, hecho que fue impedido por la Fiscalía 17 Seccional de Orocué, quien el día 31 de julio de 2003, mediante resolución judicial ordenó al señor A. mantener el estado de las cosas con lo cual el accionante continuó ejerciendo actos de señor y dueño sobre el citado predio.
Afirma que no obstante lo anterior, en el año 2004 el señor C.A. expulsó a los administradores y trabajadores que tenía a cargo, razón por la que formuló en su contra ante el Juzgado Promiscuo de Orocué, demanda ordinaria de A.P., que actualmente se encuentra en curso.
Sostiene que además de lo anterior, en el mes de julio de 2003 el señor C.A. lo denuncio penalmente por el delito de hurto de varias cabezas de ganado, proceso que mediante providencia proferida el 20 de diciembre de 2005 por la Fiscalía 68 de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de Bogotá, confirmada el 22 de febrero de 2007 por la Fiscalía 29 Delegada ante el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, culminó en la preclusión de la investigación en su favor, al encontrar que el accionante no era un simple administrador sino socio del denunciante, que entre los dos existió una sociedad de hecho que no ha sido liquidada y que los conflictos entre ellos, surgieron del incumplimiento de las partes en el manejo y administración de la finca según lo pactado convencionalmente.
También argumentó el señor R.L. en la diligencia de lanzamiento, que la venta de la finca que hizo el señor C.A. a la Sociedad Inversiones Los Cedros S.A., mediante las escrituras públicas No.746 y 747 de fecha 18 de febrero de 2002 de la Notaría 18 del Círculo de Bogotá, es ficticia por cuanto: (i) nunca le hizo entrega real y material del inmueble al comprador, (ii) la denuncia penal que interpuso C.A. contra el accionante se hizo en el año 2003, es decir 15 meses después de llevarse a cabo la venta; (iii) a la fecha de la diligencia de lanzamiento  11 de mayo de 2007 -, el ganado que se encuentra en la finca aún aparece marcado con el hierro del señor C.A.; (iv) la maquinaria es de su propiedad y no de la sociedad demanda; y (v) para el año 2002, fecha en que se hizo la venta, quien se encontraba en el inmueble era él y no la sociedad Inversiones Los Cedros S.A.
De las pruebas ordenadas y practicadas dentro de la diligencia, destaca el interrogatorio de parte de la representante legal de la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., por cuanto allí afirma que él fue administrador de la finca de febrero de 2002 hasta enero de 2003, que tienen en la actualidad 1700 cabezas de ganado y que el hierro que ha venido utilizando la sociedad es Z0D9 y un círculo con una K en el centro, que es el mismo que utilizaba el señor C.A..
Afirma que habiendo sido suspendida la diligencia de lanzamiento para continuarla el 23 de mayo de 2007, presentó el día anterior solicitud de nulidad de todo lo actuado, teniendo en cuenta el concepto emitido por la Procuraduría Judicial Agraria de Boyacá, dentro de un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, del cual se desprende que la Alcaldía Municipal no es la autoridad competente para el trámite y desarrollo del proceso de Lanzamiento por Ocupación de Hecho de predios AGRARIOS, toda vez que el competente para conocer de dicha acción es el Juez Agrario de la respectiva localidad, el cual teniendo en cuenta que no se ha creado, conoce el Juez Civil del Circuito de la respectiva Jurisdicción.
La solicitud de nulidad fue resuelta negativamente por la administración municipal, argumentando para ello lo previsto en el artículo 6° del Decreto 747 de 1992, y en los artículos 674 y 675 del antiguo Código de Policía de Casanare, normatividad que no fue enunciada al momento de admitir la querella, con lo cual sostiene que se cambió el procedimiento inicialmente ordenado y no se hizo la adecuación pertinente.
Estima que tanto la providencia que admite la querella policiva como la que resuelve la nulidad, violan el derecho al debido proceso puesto que en su criterio la autoridad competente para conocer del juicio de lanzamiento por ocupación de hecho de predios agrarios o rurales es el J.A., cargo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 270 de 1996 será ejercido en su defecto por el Juez Civil del Circuito del lugar donde se hallen ubicados los bienes (art. 23 Numerales 9 y 1º del C.P.C.).
Para fundamentar lo anterior, sostiene que el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, atribuye como autoridad competente para el trámite de lanzamiento por ocupación de hecho al Jefe de Policía y el artículo 1° de su Decreto reglamentario 992 de 1930, determina que el competente es el Alcalde Municipal. Posteriormente, el artículo 16 de la Ley 200 de 1936, en concordancia con el artículo 63 de su Decreto Reglamentario 59 de 1938, establecen que el competente para conocer del lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales es el Juez de Tierras creado en esa misma Ley, cargo que fue suprimido con la expedición del artículo 31 la Ley 4 de 1943 y luego restablecido por los artículos 3 al 5 del Decreto 2303 de 1989 como Jueces Agrarios, a los que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 98 se les atribuyó el conocimiento de este tipo de procesos.
Agrega que es erróneo considerar como lo hace la administración municipal que la Alcaldía del Municipio de Orocué es competente para conocer de la querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, en virtud de lo previsto en el Decreto 747 de 1992, norma que resulta aplicable mientras se pone en marcha la jurisdicción agraria creada por el Decreto 2303 de 1989, toda vez que dicha norma se refiere exclusivamente a la invasión de predios rurales que estén ocasionando la alteración del orden público interno, y la conducta que no puede ser atribuida al accionante puesto que la ocupación de un predio agrario sin consentimiento de su propietario, poseedor o tenedor, no implica alteración de orden público.
Comenta además que contra la providencia de mayo 25 de 2007 que resolvió negativamente la nulidad planteada y ordenó la continuidad de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho para el 1° de junio de 2007, interpuso una acción de tutela con efectos transitorios para evitar un perjuicio irremediable, la cual mediante providencia del 22 de junio de 2007, tuteló el derecho al debido proceso, declaró la nulidad de todo lo actuado por la Alcaldía Municipal de Orocué y ordenó cesar todo procedimiento dentro de la acción de lanzamiento, teniendo en cuenta que en efecto el funcionario competente para conocer de la Acción de Lanzamiento por Ocupación de Hecho de predios agrarios es el Juez del Circuito de la respectiva ubicación del inmueble objeto de lanzamiento.
Impugnada la decisión ante el Juez Promiscuo del Circuito de Orocué, quien se declaró impedido para conocer del asunto, el Juez Civil del Circuito de Yopal al que le correspondió por reparto, mediante providencia del 22 de junio de 2007, revocó la decisión de primera instancia declarando improcedente la acción de tutela, diciéndole a la parte actora que tiene otro mecanismo para decidir su conflicto y más exactamente la Jurisdicción Administrativa (Numeral 3 Artículo 134B C.C.A.), sin que hubiera analizado el trasfondo del asunto como era la determinación de la competencia en cabeza de la Alcaldía Municipal. Indica sobre el particular, que la Corte Constitucional ha sido reiterativa en sostener que los actos proferidos por las autoridades de policía en los procesos policivos no son actos administrativos objeto de revisión ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Afirma que la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., una vez conoció el fallo de primera instancia de la acción de tutela, presentó ante el Juez Promiscuo del Circuito de Orocué, demanda de Lanzamiento por Ocupación de Hecho en su contra, la cual le fue notificada el 17 de septiembre de 2007.
Resuelta la acción de tutela, la Administración Municipal ordenó la reanudación de la diligencia de lanzamiento para el 21 de noviembre de 2007, con base en lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Policía de Casanare y en el Decreto 747 de 1992, contra la cual interpuso recurso de reposición, en el que plateó la existencia del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho ante el Juez del Circuito de Orocué y un conflicto de jurisdicción, el cual, pese a que el competente para resolverlo es el Consejo Superior de la Judicatura, fue negado por auto de la misma fecha.
Fue así como, en la diligencia de lanzamiento continuó con el interrogatorio de la representante de la sociedad accionada, quien además de lo dicho en la diligencia inicial, afirmó que la denuncia penal en su contra por el hurto de ganado, fue interpuesta por el señor C.A. por cuanto para el 2 de julio de 2003, era él quien administraba la finca. Adicionalmente se abstuvo de recibir el interrogatorio de parte de los socios inscritos de la sociedad accionada, pese haberlo ordenado en su oportunidad, pero continuó con la ratificación de las declaraciones extraproceso allegadas a la diligencia por la parte querellante y ordenó continuar con los testimonios solicitados por el accionante, los cuales no habían sido decretados y por tanto no fue posible solicitar su comparecencia. Por último, el despacho consideró agotada la etapa probatoria y corrió traslado a las partes para presentar los alegatos de conclusión, sin que las demás pruebas ordenadas se hubieren practicado.
Surtido lo anterior, la administración municipal profirió el fallo ordenando el lanzamiento, el cual carece de análisis probatorio y fundamentos jurídicos, toda vez que de acuerdo a lo observado en todo el trámite del proceso se pudo constatar que mi representado había ingresado al inmueble con anterioridad a la fecha enunciada por el querellante y con plena autorización del propietario y poseedor del inmueble señor C.A.M..
Considera el actor que la decisión de la administración municipal vulnera sus derechos fundamentales, va en contravía del ordenamiento constitucional y procesal y configura una clara vía de hecho, puesto que no debió ser despojado de la posesión real y material que demostró ostentar desde hace aproximadamente cinco años. Para sustentar sus afirmaciones, presenta los siguientes argumentos:
- Incurre en un defecto sustantivo por cuanto se fundamenta en una norma evidentemente inaplicable, ya que admitió la querella policiva amparada en la Ley 57 de 1905 y su Decreto Reglamentario No.992 de 1930, normas que se refieren única y exclusivamente a los juicios de lanzamiento por ocupación de hecho de predios urbanos. Para luego fundamentarla en el Decreto No.747 de 1992, el cual únicamente puede ser usado cuando se presenten situaciones de alteración del orden público interno, o cuando se presentan invasiones masivas, situaciones que no se dan en el presente caso.
- En segundo lugar, la decisión recae en un defecto fáctico al carecer de apoyo probatorio que permita la aplicación de la norma en la que sustenta la decisión, toda vez que del conjunto de pruebas se establece sin lugar a duda que el accionante era la persona que venía ejerciendo la posesión, por cuanto contrató empleados, efectuó mejoras, mantenimiento de cercas y edificaciones, a diferencia de la parte querellante que no pudo demostrar no obstante tener las escrituras que le transfirieron el dominio. Además cuando decide reingresar a la casa principal de la finca El Caimán o Macumba, no era la primera vez que lo hacía, tan es así que allí tenía su casa permanente de habitación debidamente amoblada por el, la casa de sus administradores y la casa de huéspedes.
Considera también que la orden de lanzamiento no analizó la prueba documental aportada por el accionante en la querella policiva, entre otras razones al no tener en cuenta que la Fiscalía concluyó que él era socio de C.A. en la posesión y explotación económica de la finca y por tanto no se puede sostener que para la fecha en que decidió reingresar a la casa principal fuera un invasor, al encontrarse legitimado por el negocio que hiciera con su socio para usar el inmueble.
Alega que la sociedad accionada no desvirtuó ninguna de las pruebas aportadas por el accionante en la diligencia, toda vez que no intervino en el proceso penal para reclamar las 600 cabezas de ganado que dicen se sustrajo de la finca, ni en el proceso de amparo a la posesión que inició en contra de C.A. por los actos perturbatorios de la posesión cometidos contra él en el año 2004. Tampoco ha cambiado el hierro con el que marca el ganado, dejando según lo confesó en la diligencia de interrogatorio el que usaba el señor A. y adicionalmente, nunca ha ejercido los actos posesorios propios de dueño que dice haber realizado, por cuanto siempre hasta el 15 de marzo de 2007, lo hizo el señor C.A.M. y no la susodicha sociedad, la cual por tanto carecía de legitimación en la causa por activa para instaurar y llevar hasta el final la presente querella policiva.
- Estima que el funcionario que expidió la decisión carece en forma absoluta de competencia, puesto que le corresponde al J.A. de la respectiva localidad y en su defecto al Juez Civil del Circuito. Además, ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, cursa un proceso judicial de lanzamiento por ocupación de hecho, previsto en el Decreto 2303 de 1989, promovido por la misma sociedad aquí demandada, con lo cual encontrándose trabada la litis entre las mismas partes y por el mismo asunto, es la justicia ordinaria la que debe resolver el asunto.
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado dentro de la querella policiva instaurada por la sociedad inversiones Los Cedros S.A., contra el señor A.R.L. y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS.
Ordenar a la Alcaldía Municipal de Orocué Casanare, que en término improrrogable de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, realice las actividades administrativas necesarias para volver las cosas al estado en que se encontraban cuando sin tener competencia para ello y violando el debido proceso, lanzo el día 21 de noviembre del año 2007, del predio denominado El Caimán y/o Macumba a los querellados.
Advertir a la Alcaldía Municipal de Orocué Casanare que se abstenga de realizar conductas como las que sirvieron de causa a la presente tutela, so pena de las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato.
- Resolución proferida el 20 de diciembre de 2005 por la Fiscalía 68 Seccional de Bogotá, mediante la cual decretó la preclusión respecto de A.R.L., de la investigación por el delito de hurto por la denuncia presentada en su contra por el señor C.A.M. al encontrar que la conducta investigada no es constitutiva del delito investigado.(fl. 47).
- Demanda agraria de perturbación de la posesión presentada por el señor A.R.L. en contra del señor C.A.M., ante el Juez Promiscuo del Circuito de Orocué. (fl. 62).
- Certificación expedida el 22 de mayo de 2007, por el Secretario del Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, en la que consta que ante ese despacho cursa el proceso ordinario agrario radicado bajo el No.2005-0052-00, siendo demandante el señor A.R.L. y demandado C.A.M., respecto del predio El Caimán o la Macumba, que en la actualidad cursa la etapa probatoria. (fl. 68).
- Querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, presentada el 22 de marzo de 2007, ante el Alcalde Municipal de Orocué por la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., contra el señor A.R.L.. (fl.69).
- Escritura de venta No.746 de febrero 18 de 2002, celebrada entre C.A.M. & Cía S. en C. e Inversiones Los Cedros S.A., respecto del predio S.J. ubicado en la vereda El Palmarito de Orocué. (fl. 87).
- Escritura de venta No.747 de febrero 18 de 2002, suscrita entre C.A.M. & Cía S. en C. e Inversiones Los Cedros S.A., respecto del predio la Macumba #1 y # 2 ubicado en Orocué. (fl. 87).
- Acta de continuación de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de fecha 21 de noviembre de 2007, mediante la cual el Alcalde del Municipio de Orocué ordena el lanzamiento del predio La Macumba del señor A.R. . (fl.95).
- Folio de matrícula inmobiliaria del predio S.J. en la que consta la inscripción de la venta realizada por escritura pública No.746. (fl.111).
- Certificación expedida el 19 de noviembre de 2007, por el Secretario del Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, en la que consta que ante ese despacho cursa el proceso Agrario de Lanzamiento por Ocupación de Hecho radicado bajo el No.2007-0046-00, promovido por Inversiones Los Cedros S.A. contra el señor A.R.L., respecto del predio El Caimán o la Macumba, admitida el 25 de julio de 2007, el cual en la actualidad cursa la etapa de instrucción. (fl.112).
- Memorial presentado personalmente el 4 de febrero de 2008 por la apoderada del señor A.R.L., para anexar al Juez Promiscuo Municipal de Orocué fotocopia informal de la sentencia proferida en segunda instancia el 10 de septiembre de 2007, por el Juzgado Civil del Circuito de Yopal dentro de la primera acción de tutela instaurada por el señor R.L. contra la Alcaldía de Orocué y la sociedad Inversiones Los Cedros S.A. (fl.123)
- Oficio DG. O.A.J. No.875, de fecha 5 de junio de 2007, suscrito por el J. de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento de Casanare. (fl.150).
- Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá, expedido el 1° de febrero de 2008, en el que consta que la sociedad Inversiones Los Cedros S.A. fue constituida el 11 de enero de 2002, que en la actualidad no se ha disuelto y que la Gerente y representante legal es L.M.C.R.. (fl. 193).
- Demanda de tutela presentada ante el Juez Promiscuo Municipal de Orocué por el señor A.R.L. contra la Alcaldía Municipal de Orocué y la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., contra las resoluciones mediante las cuales admitió la querella policiva, ordenó la práctica de la diligencia de lanzamiento, resolvió la nulidad planteada por el querellado y negó el recurso de reposición interpuesto contra nulidad. (fl. 210)
- Sentencia proferida el 22 de junio de 2007 por el Juzgado Promiscuo Municipal, mediante el cual en primera instancia tuteló el derecho al debido proceso y de defensa del señor A.R.L. y ordenó la nulidad de todo lo actuado dentro de la querella policiva instaurada en su contra por la sociedad Inversiones Los Cedros S.A. que cursó ante la Alcaldía Municipal de Orocué. (fl.33 cuaderno 2).
Alcaldía Municipal de Orocué.
En respuesta a la acción de tutela, el Alcalde (E) del Municipio de Orocué, allegó copia de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho iniciada el 11 de mayo de 2007 y reanudada el 21 de noviembre del mismo año, así como de las demás actuaciones procesales practicadas dentro de la querella policiva. De la misma forma informó: que la Administración Municipal se abstiene de realizar cualquier comentario, respecto a los hechos y peticiones de la Acción de Tutela, toda vez que se está adelantando un procedimiento para verificar la legalidad o no de la actuación que hiciera la Administración anterior y en consecuencia nos abstenemos (sic) a lo que resulte aprobado (sic) en el trámite de la presente acción. Además como quiera que su despacho conoce de manera detallada los pormenores de los hechos expuestos por el accionante en otra acción de tutela solo resta esperar a esta Administración, su pronunciamiento frente a la cual se tomaran las decisiones que en derecho corresponda.
Sociedad Inversiones Los Cedros S.A.
La representante legal de la sociedad Inversiones Los Cedros S.A. a través de apoderado judicial, dio respuesta mediante escrito enviado por correo certificado y presentado de manera extemporánea ante el Juzgado de conocimiento en el que señaló que la acción de tutela es temeraria toda vez que ante el mismo juzgado con anterioridad se presentó otra acción contra las mismas partes, por los mismos hechos y las mismas consideraciones, si se tiene en cuenta que lo que el accionante ha venido alegando en la demanda de tutela anteriormente presentada y en la que ahora presenta, es la falta de jurisdicción que le atribuye a la autoridad de Policía que practica un lanzamiento por ocupación de hecho en predio rural, siendo competente en su criterio solamente el J.A..
Sobre el particular manifiesta que muchos de los hechos relacionados por el actor en la demanda de tutela no corresponden a la realidad, han sido tergiversados y se refieren a situaciones que demuestran lo contrario de lo que se afirma. Así por ejemplo, precisó que la querella policiva presentada a raíz de la invasión del 15 de marzo de 2007, nada tiene que ver con lo acontecido en el mes de julio de 2003, cuando se presentó la perturbación de la posesión por parte del señor R..
También afirma que no es cierto que en virtud de la providencia proferida por la Fiscal 17 Seccional de Orocué el 31 de julio de 2003, mencionada en el numeral 6° del escrito, el señor R.L. haya continuado ejerciendo actos de señor y dueño en el predio, ya que por el contrario a partir del hurto de ganado y del denuncio penal, el señor R. no volvió a intervenir para nada en la finca, hasta el 15 de marzo de 2007, cuando procedió a invadirla.
Estima que no es cierto que la Fiscal 29 Delegada ante el Tribunal al confirmar la decisión adoptada por la Fiscalía 68 concluya que los señores C.A. y A.R. eran socio ni que en la diligencia de lanzamiento que se llevó a cabo el 11 de mayo de 2007, se hubiera corroborado que la maquinaria allí encontrada fuera de propiedad del accionante, puesto que lo único que se hizo fue dejar constancia de que la relacionada por el querellado se observaba en el lugar indicado.
Mediante sentencia proferida el 8 de febrero de 2008, el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué, amparó el derecho al debido proceso del actor y ordenó declarar la nulidad de toda la actuación adelantada por la tutelada dentro del referido proceso, quedando las cosas en la misma situación en que se encontraban antes de iniciarse el reseñado trámite policivo. Ofíciese a la Alcaldía Municipal de Orocué, para que en el término de 48 horas, restituya al tutelante la posesión y demás derechos que ostentaba sobre el predio La Macumba y El Caimán, hasta la fecha en que fue lanzado de allí
Para fundamentar su decisión, sostiene que en razón a que de conformidad con lo previsto en el artículo 98 del Decreto 2303 de 1989, por medio del cual se creó la jurisdicción agraria, corresponde a los jueces agrarios conocer de los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho, es claro se incurrió en una vía de hecho por defecto orgánico, pues la actuación adelantada por la Alcaldía de Orocué en el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho se llevó a cabo con carencia absoluta y evidente de competencia y por ese conducto se vulneró el derecho al debido proceso del accionante.
Por último, estimó que no es posible afirmar que su despacho esté incurriendo en desacato, respecto de lo resuelto en un asunto similar por el Juzgado Civil del Circuito de Yopal, pues dicho despacho no tocó el trasfondo del tema planteado como lo es la naturaleza agraria del conflicto, limitándose a indicar la existencia de otro medio de defensa judicial ante la jurisdicción administrativa.
En escrito posterior presentado ante el Juzgado, concluye que el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho de inmueble rural o urbano, continúa siendo un procedimiento asignado al Alcalde Municipal donde se encuentre ubicado el inmueble, la Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930 continúan siendo aplicables en cuanto se refiere a los procedimientos que el Alcalde Municipal debe seguir para restablecer la posesión a todo aquel que por algún medio le ha sido quitada en todo o en parte y dicha actuación no conlleva al fenómeno de cosa juzgada, ni de la imposibilidad de adelantar acciones judiciales posteriores, lo anterior por cuanto se trata de establecer en un momento dado una situación a su estado anterior con el objeto de proteger a los particulares y evitar posibles situaciones de orden público.
Vigilancia especial de la Procuradora judicial Ambiental y Agraria
Lo anterior, por cuanto una vez revisado el expediente encontró la Procuradora la existencia de una acción de tutela impetrada por el señor A.R.L. contra la Alcaldía Municipal de Orocué, por las decisiones policivas adoptadas dentro de la querella promovida por la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., fallada en primera instancia el 22 de junio de 2007, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué, que tuteló el derecho al debido proceso del actor y declaró la nulidad de todo lo actuado, la cual fue revocada mediante providencia del 10 de septiembre de 2007, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Yopal.
las partes comprometidas en la segunda Acción de Tutela, son las mismas que intervinieron en la primera. En igual forma, los hechos aducidos y las razones jurídicas explicadas, son iguales en uno y otro caso, para llevar a concluir al Juez Promiscuo Municipal con fecha 8 de febrero de 2008, exactamente como lo hizo en el fallo de 22 de junio de 2007, sin tener en cuenta que el mismo fue revocado por el Juzgado Civil del Circuito de Yopal con fecha 10 de septiembre de 2007.
Se ha incurrido entonces expresamente, en la consideración del numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y en tal caso, se trata de una nulidad que no es saneable. El Juez Promiscuo Municipal de Orocué carecía totalmente de competencia para conocer de la Acción de Tutela propuesta, pues estaba procediendo contra providencia ejecutoriada del superior reviviendo un proceso legalmente concluido y pretermitiendo la respectiva instancia.
Mediante Sentencia proferida el 1º de abril de 2008, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, confirmó el fallo de primera instancia tras considerar previamente que la intervención de la Procuradora Agraria en el trámite de la acción de tutela se desnaturaliza por completo, habida consideración a que el caso que aquí ocupa la atención del despacho posee las connotaciones propias de materia constitucional y lejos está de tratarse de una acción de índole agraria, pese a que la fuente de la que se predica emana la vulneración de los derechos constitucionales que se imputa, sea de tal naturaleza.
De otra parte estima que aunque se aceptara la legitimidad de la Procuraduría Agraria para actuar en esta acción, el incidente de nulidad propuesto por ella no puede prosperar por cuanto la causal invocada contenida en el numeral 3º del artículo 140 del C.P.C., exige que se trate de una providencia ejecutoriada, lo que no se puede afirmar del fallo cuestionado proferido en primera instancia en esta acción, toda vez que no existe constancia que advierta que la Corte Constitucional profirió fallo de revisión o que el Juez hubiese tomado la decisión de no someterlo al control constitucional. Por tanto, sostiene que no se ha incurrido en la causal de nulidad invocada, pues se contrarían los principios de ejecutoria y cosa juzgada, con lo cual el análisis de los demás argumentos expuestos para sustentar la pretendida nulidad resulta estéril y por tanto, el incidente de nulidad propuesto quedaría desprovisto plenamente de piso jurídico.
En relación con los argumentos expuestos por los impugnantes relacionados con la falta de competencia de la administración municipal para conocer de la acción policiva, estima que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2303 de 1989, artículo 2°, numeral 6°, en concordancia con el artículo 98 y con base en lo explicado por el Procurador Agrario de Boyacá en concepto de mayo de 2003, la competencia para conocer del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho es del J.A. y en su defecto del Juez Civil del Circuito por disposición del artículo 202 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Por lo anterior, concluye que no le asiste razón alguna a los recurrentes en esta acción, cuando afirman que el J. de primera instancia actuó equivocadamente e incurrió con su fallo en un desconocimiento de la Ley.
Explica que dentro de las acciones policivas existentes, de conformidad con lo previsto en el articulo 125 del Decreto 1135 de 1970, la acción por perturbación de la posesión o de la tenencia, busca proteger al poseedor o tenedor que ha sido molestado en la tranquila posesión o tenencia de un inmueble, ya sea rural o urbano o agrario y la competencia está en cabeza del Alcalde o inspector de Policía. En cambio, para la acción por despojo, el procedimiento aplicable es el lanzamiento por ocupación de hecho, en cuyo caso es importante distinguir si el predio es agrario o no, pues dependiendo de ello varía el procedimiento y la competencia, de tal forma que si es de naturaleza agraria debe imprimirse su trámite de conformidad con los artículo 98 y siguientes del Decreto 2303 de 1989, cuya competencia recae en la justicia ordinaria; ahora, si el predio no es de tal naturaleza (agraria) de acuerdo a las previsiones de la Ley 57 de 1905 y su decreto reglamentario 992 de 1930 la competencia recae sobre las autoridades de policía.
Por lo anterior, concluye que el procedimiento aplicado por la Alcaldía Municipal de Orocué en la querella policiva fue equivocado pues ante la certeza de la naturaleza agraria del predio ha debido darse aplicación en forma preferente a lo dispuesto en el Decreto 2303 de 1989 en su artículo 98 y siguientes y no al del Decreto 747 de 1992 que la Alcaldía prefirió, pues como quedó atrás suficientemente sentado, su aplicación por parte de las autoridades de policía sólo es procedente en los eventos en que por razón de la invasión masiva se subvierta el orden público en la región, circunstancia fundamental que no tiene de ocurrencia en el caso sub  judice. Adicionalmente afirma que la acción de tutela resulta procedente por cuanto la decisión impugnada se adecua típicamente a la vía de hecho por defecto orgánico, por violación del debido proceso.
El señor A.R.L. presentó acción de tutela contra la orden de lanzamiento por ocupación de hecho proferida por el Alcalde del Municipio de Orocué, dentro de la querella policiva instaurada en su contra por la Sociedad Inversiones Los Cedros S.A. para lograr la restitución de la finca El Caimán, cuya posesión alega en virtud de la venta que le hiciera el señor C.A.M. mediante escrituras públicas registradas en el año 2002.
Consta en el expediente que el señor R.L. presentó oposición dentro de la diligencia de lanzamiento practicada por la Alcaldía Municipal de Orocué el 11 de mayo de 2007, argumentando para ello tener la posesión de la finca por haberle comprado en enero de 2002 el 50% de la misma al señor C.A., quien después de varios intentos, en el año 2004 le arrebató la posesión de manera violenta con la expulsión de los administradores y trabajadores que él había contratado. Ante el despojo de la posesión el accionante formuló ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, demanda ordinaria de amparo posesorio, contra el señor C.A. que actualmente se encuentra en curso. Además éste hecho ocasionó que el señor C.A. formulara en su contra denuncio penal por el hurto de ganado, el cual culminó con la preclusión de la investigación a favor de A.R.L., al encontrar que la conducta es atípica por haberse demostrado la existencia de una sociedad de hecho no liquidada entre los señores A.R.L. y C.A.M.. En virtud de las decisiones tomadas en estas sentencias y con ayuda de la fuerza de policía, el 15 de marzo de 2007 el señor A.R.L. entra en posesión de la finca.
Contra la negativa de la nulidad, del recurso interpuesto y la orden de admitir la querella y fijar fecha y hora para la práctica de la diligencia de lanzamiento, emitidas por la Alcaldía Municipal de Orocué, el señor A.R.L. presentó acción de tutela, que fue concedida en primera instancia en sentencia del 22 de junio de 2007 proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué, quien declaró la nulidad de todo lo actuado al encontrar que el competente para conocer de esta acción es el Juez del Circuito y no la Alcaldía Municipal, la cual fue revocada en segunda instancia por el Juez Civil del Circuito de Yopal, por considerar que el actor cuenta con otro mecanismo ante la jurisdicción contencioso administrativa para decidir su conflicto. Con ocasión de esta acción, la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., presentó también demanda agraria de lanzamiento por ocupación de hecho, la cual cursa actualmente ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué.
La actuación temeraria en la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
El artículo 38 del Decreto-ley 2591 de 1991 señala que Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la temeridad se ha entendido como la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso.[1]
Ahora bien, para declarar la configuración de la temeridad el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de tres requisitos determinantes: (i) que exista identidad en los procesos, lo cual significa que el proceso fallado con antelación y el proceso propuesto al juez tienen una triple identidad[6], esto es, en ambos se identifican las mismas partes, la misma solicitud y las mismas razones de dicha solicitud; (ii) que el caso no sea un caso excepcional explícitamente determinado por la ley o la jurisprudencia, como uno que no configura temeridad. Esto es, casos frente a los cuales se ha autorizado la procedencia del proceso propuesto a pesar del fallo anterior con el cual guarda identidad. Y (iii) que de presentarse una demanda de tutela que pretenda ser distinta a una anterior con la que guarda identidad, a partir de una argumentación diferente, se demuestre por parte del juez que el proceso propuesto y la tutela anterior se reducen a unas mismas partes, una misma solicitud y unas mismas razones.
Se debe señalar, que la verificación de este requisito coincide con la prohibición general de que se de un nuevo pronunciamiento por parte del juez, sobre un proceso que guarde identidad jurídica - en el sentido explicado- con uno anteriormente decidido. Ya que según lo establecido por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada().
Sobre el particular esta corporación ha considerado que: En efecto, para que sea válida la imposición de una sanción por violar la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es indispensable dentro del mismo proceso tutelar, agotar un incidente que permita comprobar la mala fe o la conducta maliciosa del accionante contraria a la moralidad procesal.[17]
La demanda de tutela fallada en primera instancia el 22 de junio de 2007, fue interpuesta por el actor a través de apoderada judicial contra las resoluciones proferidas por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROCUÉ, a través de las cuales admite una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho y ordena la práctica de la diligencia, resuelve una solicitud de NULIDAD, presentada por la suscrita, y así mismo niega el RECURSO DE REPOSICIÓN que se presentara, todas referidas dentro de la Querella Policiva Radicada bajo el No. 001  2007, adelantada por la Empresa INVERSIONES LOS CEDROS S.A. contra A.R. LLANO y demás personas indeterminadas, por considerar que las providencias mencionadas incurrieron en una vía de hecho, vulnerando, en mi sentir, el debido proceso. (fl.210).
El fundamento de la acción de tutela consistió en que la ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROCUÉ no tiene competencia ni jurisdicción para conocer del proceso de Lanzamiento por Ocupación de Hecho de predios RURALES. (fl.210).
En el escrito de demanda se solicitó ordenar la suspensión inmediata del trámite de la Querella Policiva de Lanzamiento por Ocupación de Hecho instaurado por Inversiones Los Cedros S.A. a través de apoderado en contra del S.A.R.L. y demás personas indeterminadas, la cual está conociendo la Administración Municipal (fl.228).
5. La acción de LANZAMIENTO POR OCUPACIÓN DE HECHO tal como de uno y otro lado se ha expuesto con apoyo de la legislación que ha regulado la materia, realmente se concluye que ha sido una acción netamente de carácter policivo, pues así lo consagró el legislador a través de la Ley 57 de 1905 y posteriormente mediante su decreto reglamentario No. 992 de 1930, instrumentos estos que dotaron a la autoridad policiva de un mecanismo ágil, breve y sumario para actuar frente a los casos de ocupaciones de hecho a la persona de la tenencia material de un predio, sin su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente. Bajo los parámetros de tales ordenamientos se enmarcaba la competencia de las autoridades policivas en el conocimiento de los conflictos de tal naturaleza.-
Lo anterior vario sustancialmente ante el advenimiento de la Jurisdicción Agraria. En efecto, con la expedición y vigencia del Decreto 2303 de 1989 el legislador creó y organizó la jurisdicción agraria fijando no solo la competencia funcional de los órganos llamados a ejercerla sino también el trámite que deberá seguirse u observarse en los procesos que específicamente contempla, eventos que conducen a afirmar que dicho estatuto regula íntegramente los asuntos litigiosos de naturaleza agraria hasta el punto que frente a dicha jurisdicción se deroga toda disposición que le sea contraria. En suma, el estatuto agrario vino a sustraer del conocimiento de las autoridades policivas todos los conflictos de su naturaleza.
8.- Establecidos tales hechos y concretado el caso a las decisiones policivas contra las que se dirige la tutela, o sea las proferidas por el Alcalde Municipal de Orocué y de que antes se ha hecho mención, se advierte que afinque se encuentran sustentadas tanto fáctica como jurídicamente, lo evidente, claro y cierto es que ante la carencia de competencia funcional resultan abiertamente violatorias del derecho al debido proceso y por ende el de defensa del accionante. (fl. 39 y 40 Cd.2)
Por su parte mediante providencia dictada el 10 de septiembre de 2007, el Juzgado Civil del Circuito de Yopal, revoco la decisión de primera instancia al considerar que el actor tenía a su alcance otro mecanismo de protección judicial de los derechos fundamentales que considera conculcados, como era la vía judicial ordinaria a través del ejercicio de las acciones respectivas ente la jurisdicción de lo contencioso administrativo, especialmente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (Numeral 3° Art.134B C.C.A.), estos sí, mecanismos judiciales especiales e idóneos para conjurar eventuales vulneraciones de los derechos fundamentales con ocasión de procedimientos administrativos. (fl.61 Cd.2).
La demanda de tutela admitida el 28 de enero de 2008 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué, fue interpuesta por el actor a través de apoderada judicial contra la orden de Lanzamiento por Ocupación de Hecho proferida por la Administración Municipal ALCALDÍA DE OROCÚE CASANARE dictada dentro de la Querella Policiva Radicada bajo el No. 001  2007, adelantada por la Empresa INVERSIONES LOS CEDROS S.A. contra A.R. LLANO y demás personas indeterminadas proferida el 21 de Noviembre del año 2007, respecto del predio denominado La Macumba hoy Hacienda el Caimán, ubicado en Jurisdicción Rural Vereda El Palmarito del Municipio de Orocué Departamento de Casanare, por considerar que dicha orden constituye una evidente vía de hecho, vulnerando, en mi sentir los derechos fundamentales del debido proceso, derecho al trabajo, a la igualdad consagrados en los Artículos 29, 25, y 13 respectivamente. (fl.1).
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado dentro de la querella policiva instaurada por la sociedad inversiones Los Cedros S.A., contra el señor A.R.L. y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS
Advertir a la Alcaldía Municipal de Orocué Casanare que se abstenga de realizar conductas como las que sirvieron de causa a la presente tutela, so pena de las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato. (fl.22)
El Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué, mediante sentencia proferida el 8 de febrero de 2008 concedió la tutela del debido proceso del señor A.R.L. y ordenó declarar la nulidad de todo la actuación adelantada por la Alcaldía Municipal de Orocué y además que restituya al tutelante la posesión y demás derechos que ostentaba sobre el predio La Macumba y El Caimán, hasta la fecha en que fue lanzado de allí. (fl.182).
que con la actuación de la administración municipal, se incurrió en una vía de hecho por defecto orgánico, pues la actuación adelantada por la Alcaldía de Orocué en el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho se llevó a cabo con carencia absoluta y evidente de competencia y por ese conducto se vulneró el derecho al debido proceso del accionante. (fl.180).
En cuanto a la temeridad el juzgado manifestó que no se puede afirmar su existencia puesto que el Juzgado Civil del Circuito de Yopal que denegó la tutela solicitada, no tocó el trasfondo del tema como es la naturaleza agraria del conflicto, limitándose a indicar la existencia de otro medio de defensa judicial ante la jurisdicción administrativa. (fl.181).
Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué que en Sentencia proferida el 1º de abril de 2008, consideró que ante la certeza de la naturaleza agraria del predio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de Decreto 2303 de 1989, la competencia para conocer del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho es del J.A. y en su defecto al Juez Civil del Circuito.
En relación con la temeridad advierte que no obstante que en las dos tutelas a que se alude actúan las mismas partes y el trámite cuestionado es justamente el mismo de lanzamiento por ocupación de hecho, los hechos en que se fundan y las razones jurídicas que se plantean difieren en uno y otro caso y en consecuencia se infiere que no son idénticas las acciones. (fl.88 Cd2). Concluye afirmando que en cuanto persista la vulneración de los derechos fundamentales del actor, podrá acudir a esta vía constitucional cuantas veces lo considere necesario.
De conformidad con lo anterior, encuentra la Sala que existe identidad de partes, toda vez que en ambas acciones de tutela, el demandante es el señor A.R.L. y las demandas son la Alcaldía Municipal de Orocué y la sociedad Inversiones Los Cedros S.A.
Respecto de la argumentación se observa que si bien en la segunda acción de tutela el demandante menciona otras irregularidades como la errada normatividad aplicable al procedimiento y la falta de apreciación del material probatorio, el fundamento de las dos acciones de tutela es el mismo puesto que se circunscribe a que la Alcaldía Municipal de O. no tiene competencia ni jurisdicción para conocer del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho tratándose de predios rurales, toda vez que por disposición legal, le compete a los jueces agrarios y en su defecto a los Jueces Civiles del Circuito.
Naturaleza jurisdiccional de las decisiones proferidas por las autoridades de policía en procesos posesorios. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración Jurisprudencial.
El artículo 86 del texto constitucional consagra el derecho a acudir, por medio de la acción de tutela, ante instancias judiciales para obtener protección de sus derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Agrega la disposición que en ciertos casos procede el mecanismo de amparo en aquellas hipótesis en las cuales no exista una relación horizontal entre los particulares y resulte conculcado o esté en peligro un derecho fundamental, encargando a la Ley el desarrollo específico de estos supuestos en los cuales la petición de amparo no se dirige contra un órgano estatal.
Para llenar de contenido esta disposición es necesario remitirse al artículo 113 superior, el cual establece: Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Esta disposición constitucional define la estructura básica del poder público y, al mismo tiempo, precisa las autoridades en contra de las cuales se puede dirigir la pretensión de protección de derechos fundamentales contenida en una acción de tutela; una de ellas, como es obvio, es el conjunto de autoridades que conforman la rama judicial.
Así pues, en el supuesto en que una decisión adoptada por cualquier autoridad judicial, bien sea mediante sentencia o auto, se aparte de lo dispuesto por la Constitución o la Ley, tal providencia debe ser revisada en el marco del mismo proceso judicial ante el J. que ha adoptado la decisión o ante el superior jerárquico, lo cual garantiza el cumplimiento del derecho fundamental de acceso a la justicia consagrado en el artículo 249 de la Constitución.
Considerar que respecto de ciertas autoridades públicas hay campos vedados a los cuales no puede acceder la acción de tutela cuando se presenta una violación de un derecho fundamental que no puede ser enmendada por medio de ningún otro mecanismo judicial implica una inaceptable violación de lo establecido en el artículo 5° del texto constitucional, según el cual se reconoce primacía a los derechos fundamentales. La existencia de tales reductos o actuaciones exentas de control por vía de tutela es contraria, además, al propósito que el artículo 2° superior asignó a las autoridades de la República, en el cual se destaca la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional a la luz de la protección de los derechos fundamentales de las partes. Exigencia que busca evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento apto para involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[27].
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial existentes para dirimir la controversia, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[28].
Que la acción de tutela sea interpuesta en un término razonable a partir del momento en que se produjo la vulneración o amenaza del derecho fundamental[29], cumpliendo con denominado requisito de la inmediatez. Lo anterior, con el objeto de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, tan caros en nuestro sistema jurídico.
Que la irregularidad procesal alegada tenga un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que conculque los derechos fundamentales del actor[30].
Que la parte actora haya advertido tal vulneración de sus derechos fundamentales en el trámite del proceso ordinario, siempre que esto hubiere sido posible[31].
Que no se trate de sentencias proferidas en el trámite de una acción de tutela[32]. De forma tal, que se evite que las controversias relativas a la protección de los derechos fundamentales se prolonguen de forma indefinida.
Proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho de predios urbanos y rurales. El poder de policía.
En Sentencia C-802 de 2002, la Corte Constitucional afirmó que el orden público se refiere a las condiciones necesarias para el desenvolvimiento armónico y pacífico de las relaciones sociales y, en consecuencia, para la realización de los derechos y el cumplimiento de los deberes correlativos. El orden público es un supuesto de la pacífica convivencia, es el escenario de desenvolvimiento normal de las relaciones entre el poder y la libertad. De allí que el concepto de orden público se ligue siempre a las condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad requeridas para el despliegue de la vida en comunidad y para la afirmación de sus miembros como seres libres y responsables.
Las medidas que se profieren tienen carácter provisional, es decir que subsisten mientras el juez competente se pronuncia sobre el fondo de la controversia y se encaminan únicamente al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de los actos de perturbación, es decir al mantenimiento del statu quo.
El Artículo 15 de la Ley 57 de 1905 establece que: Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el J. de Policía ante quien se presente la queja se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro de las cuarenta y ocho horas después de la presentación del escrito de queja; y si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento, ó se ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca".
El Decreto 992 de 1930, Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, establece el trámite que debe darse a un querella que persigue el lanzamiento por ocupación de hecho.
El artículo 2° del Decreto 992 de 1930 establece que la querella debe ser presentada personalmente ante el alcalde y su secretario. La solicitud deberá contener el lleno de los siguientes requisitos, so pena de ser devuelto para que el interesado lo corrija o adicione (Art. 4º):
El nombre del funcionario a quien se dirige.
El nombre del querellante, expresando si lo hace por sí o a nombre de otro, y su estado civil y vecindad.
La persona o personas contra quienes se dirige la acción y su estado civil y vecindad, si fueren conocidos.
La finca que ha sido ocupada de hecho, su ubicación y los linderos y las demás señales que sirvan para identificarla claramente.
La fecha desde la cual fue privado de la tenencia material, o la fecha en que tuvo conocimiento de ese hecho; y
Los títulos en que se apoya para iniciar la acción y los hechos en que funda la queja.
Por su parte, tratándose de bienes rurales, de manera complementaria y armónica con las facultades preventivas y provisionales otorgadas a la policía en el Código Nacional de Policía para evitar la perturbación o preservar la posesión sobre un bien (Decreto 1355 de 1970, arts. 125, 126, 127, 129) o para evitar las vías de hecho (Ley 200 de 1936 , art. 32), el Decreto 747 de 1992 Por el cual se dictan medidas policivas con el fin de prevenir las invasiones en predios rurales que están ocasionando la alteración del orden público interno en algunos departamentos consagra la acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho para la persona que hubiere sido privada de la tenencia material de un bien sin su consentimiento, la cual tiene por objeto restablecer y mantener la situación que existía antes de la invasión (art. 1°).
La acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho en predio rural prevista en la citada normatividad, se consagra sin perjuicio de la acción judicial que se pueda instaurar ante el Juez Agrario hoy Juez Civil del Circuito para que se efectúe el lanzamiento por ocupación de hecho. Las medidas que se dicten serán provisionales y por tanto se mantendrán mientras el J. no decida otra cosa, de manera que no son obstáculo para las que tome el Juez dentro del proceso judicial. (art. 2)
Proceso judicial de lanzamiento por ocupación de hecho en predio rural.
Entre los asuntos sujetos al conocimiento de la jurisdicción agraria en cuanto estén relacionados con actividades o bienes agrarios (art. 2°), se encuentra el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, el cual se adelanta ante los Jueces Agrarios, que se crean mediante la citada disposición. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley 270 de 1996 la jurisdicción agraria será ejercida en su defecto por los Juzgados Civiles del Circuito.[41]
7.2. Precisado lo anterior, corresponde a esta Sala determinar si se ha configurado una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, teniendo en cuenta que el actor considera que la Alcaldía Municipal de Orocué incurrió en una vía de hecho al proferir la orden de lanzamiento decretada mediante providencia del 21 de noviembre de 2007, por: (i) falta de competencia de la Alcaldía Municipal para conocer de los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho de predios agrarios por estar atribuida a los Jueces Civiles del Circuito; (ii) fundamentar inicialmente el procedimiento sobre normas que se refieren a juicios de lanzamientos por ocupación de hecho de predios urbanos (Ley 57 de 1905 y su Decreto reglamentario 992 de 1930) y posteriormente sin mediar explicación alguna aplicar lo previsto en el Decreto 747 de 1992, expedido para casos de invasión de predios rurales y por alteraciones del orden público, sin haberle concedido el derecho a presentar los recurso previstos en el artículo 10 de dicha normatividad; (iii) la Procuraduría Agraria y Ambiental del Departamento solamente intervino en la continuación de la diligencia de lanzamiento y no en la inicial; y (iv) no analizar en su totalidad las pruebas que obran en las diligencias, en especial la relacionada con la sociedad existente entre el actor y el señor C.A..
7.4. Ahora bien, verificadas cada una de las actuaciones llevadas a cabo dentro de la querella policiva de lanzamiento por ocupación de predio rural, adelantada en contra del señor A.R.L., se observa lo siguiente:
- Según acta suscrita el día 11 de abril de 2007, la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho se llevó a cabo con la intervención del Alcalde (E) del Municipio de Orocué, el querellado A.R.L. y su apoderada y el querellante, la representante de la sociedad Inversiones El Cedro S.A., y su apoderada. En la misma acta consta que en dicha diligencia se decretaron y practicaron las pruebas solicitadas por las partes y las que se consideraron de oficio. Adicionalmente a solicitud de las partes, la diligencia fue suspendida para lo cual se fijo el 23 de mayo de 2007, como nueva fecha para su continuación. (fl.77).
- Con fecha 22 de mayo la apoderada judicial del señor A.R.L. presentó ante la Alcaldía solicitud de nulidad de todo lo actuado a partir del auto que admitió la querella aduciendo que carece de validez y legalidad por falta de jurisdicción y competencia. (fl.155).
- El 31 de mayo de 2007, el señor A.R.L. a través de apoderada judicial interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto que rechazó la nulidad planteada. (fl.149)
- Mediante escrito DG.O.A.J.No.875 del 5 de junio de 2007, el J. de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación del Departamento de Casanare, resolvió el recurso de apelación precisando que el municipio es autónomo administrativa y presupuestalmente frente a su propia administración y por tanto el Gobernador del Departamento no es superior J. delA.. Por tanto sostiene que, en los procesos policivos como en el caso de los lanzamientos por ocupación de hecho, el conocimiento le corresponde en forma exclusiva al alcalde en única instancia conforme lo establece el REGLAMENTO POLICIVO Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL DEPARTAMENTO DE CASANARE  en su artículo 426 DEL LIBRO TERCERO, DEL PROCEDIMIENTO, TITULO I, PROCEDIMIENTOS CIVILES DE POLICIA, CAPITULO I LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO EN INMUEBLE URBANO YU RURAL; contra las decisiones del alcalde no cabe recurso alguno (Artículo 432 ibidem). (fl.151).
- Posteriormente, mediante auto de fecha junio 8 de 2007, en acatamiento a lo ordenado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué, la Alcaldía del Municipio de Orocué, suspendió la continuación del trámite de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho que había sido decretada para el 13 de junio de 2007, hasta tanto dicho despacho judicial se pronunciaba respecto de la acción de tutela instaurada por el señor A.R.L. contra la Alcaldía de Orocué. (fl.147)
- Según acta suscrita el día 21 de noviembre de 2007, la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho se continúo con la intervención del Alcalde (E) del Municipio de Orocué, la Procuradora Agraria y Ambiental para el Departamento de Casanare, el querellado A.R.L. y su apoderada y el querellante, la representante de la sociedad Inversiones El Cedro S.A., y su apoderada y además las personas que rindieron declaración. En el acta consta que en dicha diligencia se continuó con el interrogatorio de parte del señor A.R.L. a la representante legal de la sociedad Inversiones Los Cedros S.A. y con la ratificación de las declaraciones de los testigos aportados por ambas partes.
Para tomar la decisión de fondo, el Alcalde Municipal corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y previa valoración de las pruebas aportadas resolvió ordenar el lanzamiento del predio La Macumba del señor A.R.L., advirtiendo en la misma providencia que de acuerdo con el artículo 432 del Código de Policía del Departamento de Casanare, no procede recurso alguno. (fl.95)
en cuanto a las pruebas aportadas por el querellado no demuestran, ni le dan claridad al despacho de la legitimidad que tienen sobre el predio perturbado por el señor A.R.L. y sustenta su derecho en providencia proferida por la fiscalía 29 delegada ante el tribunal del distrito de Bogotá, donde precluyeron la acción penal por el punible de hurto y es de destacar que pronunciamientos de estas autoridades no son el soporte de realizar una invasión del predio, ni otorga el derecho de manera arbitraria recuperar (sic) un perjuicio. Respecto a los recortes de prensa aportados al proceso estos no dan certeza de la calidad de propietario del predio ni del poseedor del mismo. Con respecto a la escritura pública número 00833 del 050503 de la notaría 49 del circulo de Bogotá, esta protocoliza los testimonios rendidos por los señores GUILLERMO CASA CASTALLEDA, M.C.V.A., C.D., G.P.Y.G.R., los hechos manifestados por los exponentes son del año 2003 y no tienen relación con los hechos materia de investigación por parte del despacho. Fotocopia de la carta suscrita por el señor C.A. de fecha 080403, dirigida al señor A.R.L.. El despacho procede a desestimarla teniendo en cuenta que no ofrece elementos que a la certeza del propietario o tenedor del predio objeto del litigio en la actualidad. La guía de movilización 1056 de fecha 150503, la anterior para el despacho no da la certeza, ni la claridad de quien es el poseedor o legítimo propietario en la actualidad del predio en cuestión. Por su parte la accionante aportó a la querella documentos que certifican la propiedad por parte de Inversiones Los Cedros, visibles a folios 15 a 33 C.O., otorgados por la Oficina de Instrumentos Públicos de Orocué, de igual manera el despacho se traslada al folio 76 del C.O.. En cuanto al interrogatorio de parte celebrado por la Dra P.R.L. y absuelto por la representante legal de Inversiones Los Cedros, no da luz meridiana al despacho prueba sumaria sobre la legitimidad de la posesión o tenencia del bien; en la misma mediada (sic) en la declaración rendida por el señor H.R.V. no aporta elementos que con lleven a la certeza de propietario o tenedor del bien en litis(fl.104)
7.5. De conformidad con el anterior recuento, para esta S. resulta claro que la decisión judicial cuestionada por esta vía no incurre en los defectos alegados por el accionante, puesto que contrario a sus afirmaciones, la Alcaldía del Municipio de Orocué al adelantar el trámite policivo y ordenar el lanzamiento por ocupación de hecho era competente para hacerlo y además aplicó el procedimiento previsto tanto en el Decreto 747 de 1992, como en el Código de Policía de Casanare, normas que expresamente contemplan el procedimiento a seguir en casos como el que ocupa la atención de esta Sala, no obstante haber anunciado la aplicación de la Ley 57 de 1905 y su Decreto reglamentario 992 de 1930, normas propias de los procesos policivos de lanzamiento por ocupación de hecho de predios urbanos.
Es de anotar que si bien el Decreto 747 de 1992, fue expedido para conjurar las situaciones de orden público entendido como la circunstancia que altere la tranquilidad ciudadana originadas en las invasiones de los predios rurales como se explicó, también encuentra su motivación en las precisas facultades de policía atribuida a los alcaldes tanto en el articulo 125 del Código Nacional de Policía que permite su intervención en casos de perturbación del derecho a la posesión, como en el artículo 132 de la Ley 200 de 1936, que no obstante preveer la competencia judicial para el lanzamiento por ocupación de hecho, autoriza expresamente la intervención de las autoridades de policía ante la existencia de las vías de hecho, mientras actúa el juez de tierras.
Así, desde el punto de vista interpretativo, es obviamente contrario al principio de autonomía judicial, - uno de los pilares y presupuestos del Estado de Derecho - que el juez de tutela tenga la facultad de dejar sin efecto las decisiones válidamente producidas por otros jueces, con el argumento de una disparidad de criterios en la lectura de una norma.[45]
La vía de hecho -excepcional, como se ha dicho- no puede configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo. Por tanto, mientras se apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente de si otros jueces comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no existe la vía de hecho, sino una vía de Derecho distinta, en sí misma respetable si no carece de razonabilidad. Esta, así como el contenido y alcances de la sentencia proferida con ese apoyo, deben ser escrutados por la misma jurisdicción y por los procedimientos ordinarios, a través de los recursos que la ley establece y no, por regla general, a través de la acción de tutela.
Por lo anterior, no encontrando esta Sala de Revisión que la decisión atacada haya incurrido en una vía de hecho, las sentencias de tutela dictadas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué el 8 de febrero de 2008 que tuteló el derecho al debido proceso del señor A.R.L. y declaró la nulidad de toda la actuación adelantada por la Alcaldía Municipal de Orocué dentro de la Querella policiva instaurada en su contra por la sociedad Inversiones Los Cedros S.A. y por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, el 1º de abril de 2008 que confirmó el fallo de primera instancia serán revocadas, por encontrar que contrario a sus afirmaciones, con la orden de lanzamiento por ocupación de hecho proferida por la Alcaldía Municipal de Orocué ningún derecho fundamental del actor se vulneró.
Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas el 8 de febrero de 2008 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué el 1° de abril de 2008 y en su lugar NEGAR el amparo deprecado por el ciudadano A.R.L..
ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA T-1104 DE 2008 DEL MAGISTRADO J.A.R.
En mi concepto, la tentativa de tratar de eliminar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, es insostenible, tanto desde el punto de vista iusfilosófico, como desde la teoría constitucional, por la contundente razón de que todas las ramas del poder público legislativa, ejecutiva o judicial- tienen tanto el deber de respetar los derechos fundamentales, como también pueden llegar a vulnerar estos derechos, escenario en el cual debe proceder la garantía constitucional de la tutela[46].
Por consiguiente, la procedencia del amparo constitucional de tutela frente a las providencias judiciales, se justifica porque: (i) los derechos fundamentales vinculan por igual a todas las ramas del poder público y demás órganos del Estado; (ii) la justicia prevalece sobre los demás fines del derecho, incluida la seguridad jurídica; y (iii) la acción de tutela procede contra todas las autoridades públicas[49].
El concepto de autoridad pública comprende todas las ramas del poder público y demás órganos que integran el Estado. La Constitución no contempla excepción alguna. De ahí que no sea válido entrar a diferenciar donde no lo hizo el Constituyente. Es más, conforme los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente queda claro que su voluntad estuvo dirigida a que la tutela procediera contra las actuaciones de todas las autoridades públicas[53], incluidos los jueces, y no solo frente a las autoridades administrativas, restricción que fue rechazada por el Constituyente.
Ahora bien, el artículo 11 del decreto 2591 de 1991 establecía:  Caducidad: la acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente. Respecto de este artículo la Corte Constitucional mediante sentencia C- 543 de 1992 analizó su constitucionalidad, dividiendo la argumentación en dos partes así:
a) La limitación en el tiempo de las posibilidades de acudir a la acción de tutela (caducidad); b) El supuesto -del cual parte y al cual se refiere la aludida caducidad- de que es procedente la tutela contra sentencias que pongan fin a un proceso judicial.
La Corte se ocupará de estos dos asuntos de manera independiente, tomando en consideración los argumentos de los actores.
a) Inconstitucionalidad de la caducidad
Resulta palpable la oposición entre el establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuído en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede intentarse "en todo momento", razón suficiente para declarar, como lo hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991. Esta norma contraviene la Carta Política, además de lo ya expuesto en materia de caducidad, por cuanto excede el alcance fijado por el Constituyente a la acción de tutela, quebranta la autonomía funcional de los jueces, obstruye el acceso a la administración de justicia, rompe la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impide la preservación de un orden justo y afecta el interés general de la sociedad, además de lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico.
Ahora bien, en mi concepto el principio de la inmediatez no es aplicable frente a la vulneración efectiva y continuada de los derechos fundamentales, por cuanto si un derecho ha sido y sigue siendo vulnerado en el transcurso del tiempo, esto es, de manera continuada, no se puede alegar de ninguna manera el mero transcurso del tiempo, por largo que este sea, para evitar administrar justicia y restablecer el derecho. Esto sería además de absurdo, inconstitucional, por cuanto nuestra Constitución da prevalencia al derecho material y sustancial, máxime cuando se trata de derechos fundamentales, frente al derecho formal y a las formalidades procesales art. 228 CN-. Baste ilustrar esta situación a través de los delitos continuados, como por ejemplo el delito del secuestro, en el cual por más que se lleve 20 o más años secuestrado, no se puede afirmar de ninguna manera que se haya acabado el secuestro, sino que por el contrario lo que hubo fue una perpetuidad del delito y de la vulneración de los derechos.
[19] Sentencia T - 048 de 1.995 M.P.A.B.C..
[20] El artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 30 de la Ley 446/98, a su vez recientemente modificado por el artículo 1° de la Ley 1107/2006, estipula lo siguiente: Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de la distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. // Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de gobierno. // La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. // Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán control jurisdiccional. (subrayado fuera del texto).
[26] En Sentencia T-774/04 esta Corporación afirmó que este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar () el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.
[35] El artículo 125 dispone: La policía sólo puede intervenir para evitar que perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación.
[36] El artículo 126 establece: En los procesos de policía no se controvertirá el derecho de dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo.
[37] El artículo 127 dispone: Artículo 127. Las medidas de policía para proteger la posesión y tenencia de bienes se mantendrán mientras el juez no decida otra cosa.
[38] El artículo 129 determina: La protección que la policía preste al poseedor, se dará también al mero tenedor.
[41] El artículo 202 consagra: Los Juzgados Agrarios que funcionen actualmente, suspenderán sus labores, tres (3) meses después de la vigencia de la presente ley, hasta cuando entren a operar la totalidad de los Juzgados Agrarios creados por el artículo 9 del Decreto 2303 de 1989. En su defecto, la jurisdicción agraria será ejercida, en primera y única instancia, por los Juzgados Civiles del Circuito correspondiente. // Los despachos judiciales agrarios mencionados, con todo su personal y sus recursos físicos, serán redistribuidos por el Consejo Superior de la Judicatura, conservando su categoría de Juzgado del Circuito, con efectos legales a partir del día siguiente a la suspensión de labores de que se habla en el inciso anterior.//PARAGRAFO. El Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la presente ley, dispondrá todo lo necesario para que la jurisdicción agraria, creada por el Decreto 2303 de 1989, entre a operar en su totalidad con el funcionamiento de todas las Salas Agrarias y Juzgados del Círculo Judicial Agrario allí consagrados.
[42] El artículo 98 del Decreto 2303 de 1989, estipula lo siguiente: Partes. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 984 del Código Civil, la persona que explote económicamente un predio agrario, según el artículo 2o. de la Ley 4a. de 1973 y disposiciones concordantes, que hubiere sido privada de hecho, total o parcialmente, de la tenencia material del mismo, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, podrá pedir al respectivo juez agrario que efectúe el lanzamiento del ocupante.
[43] El artículo 171 dispone: Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán en lo relacionado con la presente legislación agraria las siguientes funciones: // () 2. Tomar parte como agentes del Ministerio Público en los procesos judiciales agrarios que se ventilen ante la Jurisdicción Ordinaria y Contencioso Administrativo. Igualmente será ejercido el Ministerio Público en los procedimientos de carácter administrativo agrario que se adelanten ante las distintas entidades administrativas y de Policía relacionado con asuntos agrarios.
[46] Ver A.R., J., Procedencia de la Acción de Tutela contra providencias judiciales, en III Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, Escuela Judicial R.L.B., 2005.
[49] A.R., J., Procedencia de la Acción de Tutela contra providencias judiciales, en III Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, Escuela Judicial R.L.B., 2005, pág. 192.
[53] A.R., J., Procedencia de la Acción de Tutela contra providencias judiciales, en III Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, Escuela Judicial R.L.B., 2005, pág. 202.
[56] MP. E.C.M..
Sentencia nº 13288 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 18 de Octubre de 2000
Sentencia nº 68001-23-31-000-2004-00176-01 de Consejo de Estado - , de 29 de Febrero de 2012
Sentencia nº 68001-33-31-013-2008-00351-01 de Consejo de Estado - Sección Cuarta, de 25 de Julio de 2013

References: artículo 15
 resolución 
 artículo 6
 artículo 202
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 63
 artículo 31
 Artículo 134
 artículo 429
 Resolución 
 artículo 98
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 2
 artículo 98
 artículo 202
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 38
 artículo 332
 artículo 38
 artículo 98
 artículo 86
 artículo 113
 artículo 249
 artículo 5
 artículo 2
 Artículo 15
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 202
 artículo 10
 artículo 426
 artículo 432
e contrario
 artículo 132
e contrario
 artículo 11
 artículo 86
 artículo 11
 artículo 82
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 125
 artículo 126
 artículo 127
 artículo 129
 artículo 202
 artículo 9
 artículo 98
 artículo 984
 artículo 2
 artículo 171