Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632034.html
Timestamp: 2020-04-07 12:24:15+00:00

Document:
Auto Supremo Nº 34/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-LP.229/2015.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 118 a 121, interpuesto por el Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR) representado por Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 024/2015 de 02 de marzo de 2015, cursante de fs. 115 a 116, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de La Paz, dentro del proceso de reclamación, que sigue Isidro Tonconi Tapia contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 125 a 126, el auto de fs. 127 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso administrativo, la Comisión Nacional de Prestaciones, mediante Resolución Nº 3601 de 10 de junio de 2014 de fs. 73, determinó otorgar a favor de Isidro Tonconi Tapia, el Formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones número 36,438 en el cual se considera un monto de Compensación de Cotizaciones de Bs.265,31.- (doscientos sesenta y cinco 31/100 bolivianos), el que previa aceptación es válido para la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual.
Interpuesto el recurso de reclamación de fs. 81 a 82, por Isidro Tonconi Tapia, la Comisión de Reclamación del SENASIR, pronunció la Resolución Nº 692/14 de 29 de septiembre de 2014 de fs. 93 a 95, que ratificó la Resolución Nº 3601 de 10 de junio de 2014 de fs. 73 emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto SENASIR.
Contra esta resolución a fs. 107, Isidro Tonconi Tapia interpuso recurso de apelación, siendo resuelto mediante Auto de Vista Nº 024/2015 de 02 de marzo de 2015 de fs. 115 a 116, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de La Paz, que revocó la Resolución Nº 692/14 de 29 de septiembre de 2014 de fs. 93 a 95 de los antecedentes, debiendo el SENASIR calificar los aportes realizados por el Sr. Isidro Tonconi Tapia, en base a la documentación adjunta al expediente, conforme se tiene señalado.
El fallo mencionado, motivó el recurso de casación de fs. 118 a 121, interpuesto por el SENASIR representado por Juan Edwin Mercado Claros, bajo los siguientes argumentos:
Acusó que el auto de vista impugnado no consideró íntegramente todos los antecedentes en el marco de la normativa legal vigente y aplicable, ni mucho menos que el SENASIR basa sus actuados dentro de los parámetros técnicos, legales y administrativos enmarcándose en el principio de especialidad, al pretender otorgar un beneficio ilegítimo a favor del interesado en franca violación del art. 24.I de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010 y el art. 1 del Decreto Supremo (DS) Nº 0822 de 16 de marzo de 2011.
Asimismo no consideró que la Compensación de Cotizaciones es el reconocimiento que otorga el Estado a los asegurados por los aportes efectuados al sistema de reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, que son financiados con los recursos del Tesoro General de la Nación y la Densidad de Aportes es el número de años y fracción de ellos, efectivamente cotizados por el asegurado al Sistema de Reparto, Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y Sistema Integral de Pensiones, por lo que mal podría pretender excluir los fundamentos vertidos en el Informe Técnico Nº 463/14 de fs. 91 a 92 y la Resolución Nº 692/14 de 29 de septiembre de 2014, toda vez que dichos informes y certificaciones hacen plena prueba, al ser documentos expedidos de manera oficial conforme su competencia.
Que de manera nominal y superficial el tribunal ad quem toma en cuenta el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), sin embargo, no se puede atribuir al SENASIR su incumplimiento u omisión, y que no se pueden aplicar criterios garantistas de derechos en franco quebrantamiento de la ley particular, mas aun cuando se debe tener presente principios como el de defensa del patrimonio del Estado.
Que, si bien el auto de vista radica su fundamento en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2014, referente a la utilización de documentos cursantes en el expediente, no es menos evidente que dicha disposición sujeta y condiciona su aplicabilidad y certificación extraordinaria a la inexistencia de planillas en los archivos del SENASIR, que en el caso de autos el Informe Técnico 463/14 de 3 de octubre de 2014 de fs. 91 a 92, el Informe de Control 3514 de 30 de septiembre de 2014 de fs. 89 a 90 y Certificación de Salarios y Densidad de años de aporte Cert-04-2014-4617 de 2 de junio de 2014 emitido por el área de certificación CC de fs. 72, se establece la existencia de planillas de la Empresa A.G. MC KEE CO. SUC. BOLIVIA y la Empresa COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE correspondiente a los periodos 08/77 a 12/78 y 05/74 a 03/75 en los que el asegurado Isidro Tonconi Tapia no figura, registrando por el contrario a la persona que responde al nombre de Isidoro Tonconi, sin número de matrícula ni cédula de identidad de fs. 56, documentación contradictoria en los nombres con la prueba presentada, solicitándose presente documental que acredite la modificación judicial y/o administrativa de su nombre, lo que no sucedió.
Que el auto de vista de manera ligera alega que los recibos de fs. 74, 75 y certificado de trabajo de fs. 78 no fueron considerados, sin embargo los mismos certifican a Isidoro Tonconi y no así al interesado, constatan la inexistencia de la relación laboral, al igual que los documentos de fs. 59 y 87; asimismo, se subraya que la aplicación de la normativa extraordinaria con documentación supletoria solo procede ante la inexistencia de planillas, que de los antecedentes existentes el interesado acreditaba la Matricula 50-04-04-TTI y el nombre de Isidro Tonconi Tapia, en contrario a las asignaciones Familiares de fs. 59 y 87, que registran a mayo de 1974 y marzo de 1975 a Isidro Tonconi Tapia, de lo que se infiere que fuera otra persona.
Que el tribunal de alzada incurre en errónea aplicación del art. 14 del DS Nº 27543 toda vez que la norma establece que se valorara documentación a la fecha de publicación del referido decreto, que en el caso concreto no fue cumplido con el asegurado porque presenta documentación sino hasta después de su vigencia, es decir presenta documentos que motivan el auto de vista recurrido, además que el mencionado artículo establece la modalidad de Certificación Extraordinaria a través de documentos respaldatorios bajo presunción juris tantum, no es menos evidente que la señalada disposición legal regula única y exclusivamente tramites del sistema de reparto y no así de compensación de cotizaciones, y que la Resolución Ministerial Nº 50 de fecha 28 de septiembre de 2005 define procedimientos alternativos, previa verificación de planillas, denotando a cuyo efecto que los periodos de mayo de 1969 a octubre de 1978, no pueden ser reconocidos como se pretende por el asegurado al no figurar el mismo en planillas ni contar con documentación idónea para su reconocimiento, por lo que el auto de vista consideró erróneamente el principio de verdad material al existir documentación contradictoria en obrados.
Concluyó solicitando se case el auto de vista impugnado y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 692/14 de fecha 29 de septiembre de 2014.
En relación a que el auto de vista aplicó indebidamente en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2014, referente a la utilización de documentos cursantes en el expediente, sin tomar en cuenta la existencia de planillas de la Empresa A.G. MC KEE CO. SUC. BOLIVIA y la Empresa COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE correspondiente a los periodos 08/77 a 12/78 y 05/74 a 03/75 en los que el asegurado Isidro Tonconi Tapia no figura, registrando por el contrario a la persona que responde al nombre de Isidoro Tonconi, sin número de matrícula ni cédula de identidad de fs. 56, documentación contradictoria en los nombres con la prueba presentada, por lo que se solicitó documental que acredite la modificación judicial y/o administrativa de su nombre
Al respecto cabe señalar que, cursa en el expediente documentación aportada oportunamente por el asegurado en el curso del trámite administrativo como son recibos de sueldos de fs. 74 a75, certificado de trabajo de fs. 78 y otros documentos como certificado de nacimiento y cédula de identidad, por lo que se colige que el asegurado aporto como trabajador de YPFB, desde el 15 de mayo de 1969 hasta octubre de 1978.
Ahora bien, respecto a la documentación presentada, el tribunal ad quem aplicó correctamente el art. 14 del DS N° 27543 de fecha 31 de mayo de 2004, que bajo el nomen juris de utilización de documentos que cursan en el expediente establece que: “En caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles para este propósito serán uno o más de los siguientes: a) Finiquitos,…,c) Boletas de pago o planillas de haberes,…,…”, esta normativa confiere la posibilidad que las certificaciones de las cotizaciones se realicen con documentos supletorios, como se dio en el caso de autos, que si bien no se puede certificar con planillas existentes en el Área de Certificación si se puede con complementarias que consignen los aportes del asegurado, por lo que el argumento de que la documental de fs. 56 no consignaría el nombre del asegurado sino otro, no es argumento válido, toda vez que el error en el nombre consignado en dichas planillas no es atribuible al trabajador asegurado sino a la empresa, a más de que no se requiere de proceso judicial o administrativo alguno, cuando en documentación de la empresa se consigno erróneamente el nombre, por lo que la documentación cursante en el expediente, al tratarse de la misma persona, debieron ser debidamente valorados por las instancias administrativas del SENASIR.
En ese contexto, el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, como ya fue manifestado, otorgó la posibilidad de que se utilice documentación supletoria; concordante con el art. 18 que previó: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. De esta forma y por la normativa citada, de la revisión de obrados se advierte que conforme a la documentación presentada por el asegurado de manera oportuna, el tribunal ad quem dispuso correctamente la revocatoria de la Resolución Nº 692/14 debiendo considerar el SENASIR la calificación de aportes del señor Isidro Tonconi Tapia, en base a dicha documentación.
De igual forma, se debe considerar lo previsto en los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que el principio de verdad material debe prevalecer en la jurisdicción ordinaria, lo que es extensible también a los trámites administrativos, con el objetivo de esclarecer de manera más precisa lo ocurrido en la realidad, los hechos y circunstancias tal como ocurrieron, que permitan sentar la verdad como realmente es y no como se pretende hacerla ver.
En ese contexto a lo manifestado debe agregarse, que conforme a lo dispuesto por el art. 45.I de la CPE, todos los bolivianos tienen derecho al acceso a la seguridad social; el parágrafo II del mismo artículo prescribe que los principios del sistema de seguridad social, entre otros, son el de universalidad, equidad, oportunidad y eficacia; por su parte le parágrafo III reconoce la cobertura de vejez (jubilación) como una de las atendidas por el régimen de seguridad social; finalmente el parágrafo IV establece que el Estado garantiza el derecho a la jubilación; consecuentemente, la jubilación al ser un derecho constitucional garantizado plenamente por el Estado, goza de protección tutelar por parte de los tribunales y jueces, el acceso a la jubilación y el descanso del trabajador por vejez es una situación que el estado tiene que promover y proteger a través de sus instituciones; por esta razón en la especie, ante la inadvertencia de estos preceptos por parte del SENASIR corresponde a las autoridades jurisdiccionales hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso deducido por el SENASIR de fs. 118 a 121.

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