Source: http://opi.ucr.ac.cr/node/937
Timestamp: 2017-09-26 22:01:23+00:00

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Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (marzo-abril, 2017) | Observatorio de la Política Internacional
El accionar del Consejo de Seguridad durante los meses de marzo y abril no mostró variaciones importantes en relación a lo reportado en períodos anteriores: se mantuvo la preponderancia de los asuntos relativos al continente africano en la agenda, un alto número de temas para los que no se tomó ningún tipo de acción, una importante cantidad de sesiones (más del 60%) de tipo informativo y el desacuerdo entre los cinco miembros permanentes para adoptar decisiones e imponer sanciones en aquellas situaciones de conflicto a gran escala.
En este marco, en el período bajo estudio, la situación en Oriente Medio (incluida Palestina), la cuestión en Sudán y Sudán del Sur, y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales figuran entre los temas más vistos, es decir, entre los asuntos para los que más sesionó el Consejo. No obstante, solo para el último de estos se aprobaron medidas (S/RES/2347 (2017)).
La situación en Oriente Medio –incluida Palestina- al tiempo que sigue siendo uno de los tópicos a los que más seguimiento da el Consejo, es también uno de los que más controversias y disensos genera en el seno de este órgano. En esta ocasión, se realizaron ocho sesiones –en su mayoría de tipo informativo- en las que se estudiaron, entre otros, los últimos acontecimientos en relación al conflicto entre Israel y Palestina, y la situación en Siria. Al respecto cabe señalar que Reino Unido, Estados Unidos y Francia presentaron el proyecto S/2017/315 mediante el cual se condenaba el uso de armas químicas del 4 de abril en la zona de Khan Shaykhun, al sur de Idlib, en la República Árabe Siria.
Con la aprobación de este documento se buscaba: i) apoyar a la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ por su sigla en inglés) en la República Árabe Siria y al Mecanismo Conjunto de Investigación de la OPAQ y las Naciones Unidas, para investigar ese incidente y cualquier otro incidente similar; ii) reiterar la necesidad de que los investigadores tengan acceso total a los lugares pertinentes y iii) recordar que todas las partes en Siria están obligadas a cooperar plenamente en este sentido. No obstante, este proyecto no se aprobó pues no contó con el apoyo de la Federación Rusa (votó en contra). Este país argumentó que dado que se estudia la posibilidad de solicitar –conjuntamente con los Estados Unidos- al Director General de la Secretaría Técnica de la OPAQ, Sr. Üzümcü, crear una misión internacional independiente que visite Khan Shaykhun, donde presuntamente se han empleado agentes químicos, y la base aérea de Shayrat, no es conveniente votar y aprobar el proyecto.
Es importante mencionar que además de la Federación Rusa, el Estado Plurinacional de Bolivia votó en contra de este proyecto. Por su parte, la República Popular China se abstuvo. En este último caso se objetó que si bien el proyecto de resolución “contiene un texto que condena el uso de armas químicas que tuvo lugar en Siria y pide una investigación de los casos pertinentes, que es el idioma que China apoya, no hubo consenso con relación algunos otros elementos del texto que debían de ser enmendados”.
Un claro ejemplo de los asuntos tratados por el Consejo en los que no se tomó ningún tipo de acción es la cuestión en Sudán y Sudán del Sur. Pese a que este condenó las violaciones y abusos de los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario, expresó su convicción de que es esencial alcanzar una solución política del conflicto y su apoyo a los esfuerzos regionales e internacionales para encontrar una solución, no se aprobaron medidas tendientes a resolver el conflicto y a garantizar el cumplimiento del Acuerdo para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur. Al respecto se exhortó a las partes involucradas a tomar las siguientes medidas:
Una adhesión inmediata al alto el fuego permanente por todas las fuerzas de las partes en conflicto y todos los demás grupos armados.
Hacer frente con urgencia a las dificultades a que se enfrentan los trabajadores humanitarios en la prestación de asistencia humanitaria en todo Sudán del Sur.
El apoyo incondicional de todas las partes a la labor de las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo de África Oriental (IGAD por su sigla en inglés) para asegurar la aplicación del Acuerdo y el carácter inclusivo del Diálogo Nacional.
La eliminación inmediata de los obstáculos a las operaciones de la UNMISS y el Mecanismo de Vigilancia del Alto el Fuego y los Arreglos Transitorios de Seguridad.
Por último, en cuanto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales los quince miembros del Consejo aprobaron por unanimidad la resolución S/RES/2347 (2017). Bajo dicha resolución se condenó la destrucción ilícita del patrimonio cultural, entre otras cosas la destrucción de lugares y objetos religiosos, así como el saqueo y contrabando de bienes culturales procedentes de yacimientos arqueológicos, museos, bibliotecas, archivos y otros lugares, en el contexto de los conflictos armados, en particular por parte de grupos terroristas. Al mismo tiempo se solicitó a todos los Estados miembros de la organización adoptar las medidas apropiadas para prevenir o contrarrestar el comercio y el tráfico ilícito de bienes culturales y otros artículos de valor científico especial o importancia arqueológica, histórica, cultural o religiosa, entre otras cosas mediante la prohibición del comercio transfronterizo de esos artículos.
Es importante señalar que, esta resolución tiene como referente el reciente fallo de la Corte Penal Internacional, en el que por primera vez se condenó a un acusado del crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra edificios religiosos, monumentos y edificios históricos.
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de siete resoluciones, tres en enero y cuatro en febrero, las cuales fueron:
S/RES/2344 (2017): La situación en Afganistán
S/RES/2345 (2017): No proliferación - República Popular Democrática de Corea
S/RES/2346 (2017): La situación en Somalia
S/RES/2347 (2017): Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
S/RES/2348 (2017): La situación relativa a la República Democrática del Congo
S/RES/2349 (2017): Paz y seguridad en África
S/RES/2350 (2017): La situación relativa al Haití
S/RES/2351 (2017): La situación relativa al Sáhara Occidental
En esta ocasión el Consejo adoptó dos declaraciones de la Presidencia:
S/PRST/2017/4: Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
S/PRST/2017/5: La situación en República Centroafricana
En cuanto al tipo de sesión, un 65% fueron informativas, un 17,5% de adopción, un 12,5% de debate y un 5% privadas. En lo que concierne a la adopción de medidas, en el 65% de las reuniones no se tomaron acciones de ningún tipo (cuadro 1). Es decir, no se presentaron proyectos de resolución ni declaraciones por parte de la presidencia.
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Seguridad, 2017
El programa de trabajo del Consejo de Seguridad incluyó, para los meses de marzo y abril, cinco temas para debate, a saber: i) la situación en Afganistán; ii) mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, iii) no proliferación de armas de destrucción en masa, iv) la situación relativa a Haití y v) la situación en Medio Oriente, incluida Palestina.
A continuación, se presenta una síntesis de las intervenciones, tanto de los cinco miembros permanentes del Consejo, como de los dos países latinoamericanos que integran este órgano como miembros no permanentes (Bolivia y Uruguay) en representación del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), en dos de los temas que fueron motivo de debate.
Los cinco miembros permanentes encomiaron el compromiso y los esfuerzos del Gobierno de Unidad Nacionalpara garantizar un Afganistán democrático, estable y próspero. Al tiempo que reconocieron que, pese a estas acciones, “el deterioro de la situación de seguridad es sumamente preocupante y los ataques de los talibanes y de Daesh siguen afectando sin cesar a la población civil”. A lo que se suma el incremento en 2016 del número de desplazados internos y de refugiados, lo que también plantea un desafío. Por lo que alentaron la coordinación prevista con la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA por su sigla en inglés) para responder a esta crisis migratoria, en particular para prestar asistencia a los refugiados indocumentados, que son el grupo más vulnerable. Asimismo, externaron su preocupación por el crecimiento del Estado Islámico y sus aspiraciones de absorber a otros elementos de la oposición armada.
En tal sentido, reconocieron que para ayudar al Afganistán a responder a estos y otros desafíos, la comunidad internacional debe promover con determinación el proceso de reconciliación nacional, ayudar sustancialmente al Afganistán a mejorar su capacidad de gobernanza y ayudar al Afganistán de manera más efectiva en su integración en el desarrollo regional.
Por su parte, Uruguay y Bolivia respaldaron el trabajo de la UNAMA y manifestaron su apoyo a la recomendación del Secretario General de prorrogar su mandato por un año más. Y reiteraron su apoyo a los esfuerzos de reconciliación y reintegración emprendidos por el Gobierno del Afganistán en el contexto del respeto de su Constitución, la no violencia y el respeto de los derechos de todo el pueblo afgano. Paralelamente, externaron su preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en el país, la cual ha sido calificada por el Secretario General como la peor desde que la UNAMA se encuentra desplegada, habiéndose registrado en el año 2016 el mayor número de víctimas desde 2009 y reconocieron la necesidad de que las Naciones Unidas y la comunidad internacional apoyen al Afganistán, teniendo en cuenta que aún queda un largo camino por recorrer y consolidar una paz duradera y reconstruir el país y que la consolidación de las instituciones democráticas resulta prioritaria para lograr la estabilidad.
La cuestión de Haití
El Consejo de Seguridad celebró la reciente conclusión del ciclo electoral que comenzó hace varios años en Haití y la restauración del orden constitucional que tuvo lugar el 7 de febrero, importante avance en el proceso de estabilización del país. Al tiempo que reconoció que el Gobierno de Haití debe concentrarse en fortalecer su sistema judicial y sus instituciones de derechos humanos para garantizar la estabilidad a largo plazo, así como orientar esfuerzos para proteger los derechos humanos, empoderar a la mujer, ampliar el acceso a la justicia y lograr el desarrollo a largo plazo.
Con respecto al apoyo internacional, se tomó nota de la recomendación del Secretario General de prorrogar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas durante los próximos seis meses y de la reducción gradual del componente militar, que en la actualidad está plenamente dotado de efectivos. Lo que, en opinión de los Estados miembros, debe hacerse de manera prudente para evitar un vacío de seguridad.
Para Uruguay, si bien Haití ha enfrentado enormes dificultades, incluyendo graves desastres naturales, aún debe superar numerosos y complejos desafíos para afianzar su democracia y su estabilidad política, fortalecer el estado de derecho y la policía nacional, proteger los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico y social. Lo que hace indudable que Haití requiere aún de la asistencia de la comunidad internacional para realizar las reformas estructurales necesarias para alcanzar su desarrollo sostenible.
Por su parte Bolivia hizo un llamado a la comunidad internacional para continuar apoyando los esfuerzos de Haití. En tal sentido señaló “es la responsabilidad de todos combatir la pobreza y la injusticia, que son producto de una serie de situaciones que han ido afectando al país, no solo en términos de inestabilidad política y desastres naturales, sino incluso con la misma presencia de las Naciones Unidas en algunos casos (…). Por tanto, es crucial que se sigan asignando recursos a proyectos de impacto rápido, que promuevan la seguridad de los ciudadanos y un marco jurídico eficaz que les otorgue protección y pleno ejercicio de derechos.
Resolución S/RES/2345 (2017) No proliferación - República Popular Democrática de Corea
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actuando en virtud del artículo 41 del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, mediante la resolución RES/2345 (2017) relativa a la no proliferación en el caso de la República Popular Democrática de Corea, decidió:
1. Prorrogar hasta el 24 de abril de 2018 el mandato del Grupo de Expertos enunciado en el párrafo 26 de su resolución 1874 (2009) y modificado en el párrafo 29 de su resolución 2094 (2013), decide que ese mandato se aplicará también a las medidas impuestas en la resolución 2321 (2016), expresa su intención de volver a examinar ese mandato y de adoptar las disposiciones pertinentes en relación con una nueva prórroga a más tardar el 24 de marzo de 2018, y solicita al Secretario General que tome las medidas administrativas necesarias con tal fin;
2. Solicitar al Grupo de Expertos que, a más tardar el 5 de agosto de 2017, presente al Comité un informe de mitad de período sobre su labor, conforme a lo solicitado en el párrafo 43 de la resolución 2321 (2016), solicita también que, tras celebrar deliberaciones con el Comité, el Grupo de Expertos presente su informe de mitad de período al Consejo a más tardar el 6 de septiembre de 2017, solicita además que presente al Comité un informe final con sus conclusiones y recomendaciones a más tardar el 1 de febrero de 2018, y solicita que, tras celebrar deliberaciones con el Comité, el Grupo de Expertos presente su informe final al Consejo a más tardar el 14 de marzo de 2018;
3. Solicitar al Grupo de Expertos que, en un plazo máximo de treinta días después de que vuelva a ser nombrado, proporcione al Comité un programa de trabajo previsto, alienta al Comité a que celebre regularmente deliberaciones sobre dicho programa de trabajo y a que mantenga contactos periódicos con el Grupo de Expertos sobre su labor, y solicita además al Grupo de Expertos que comunique al Comité cualquier actualización de ese programa de trabajo;
4. Instar a todos los Estados, los órganos competentes de las Naciones Unidas y otras partes interesadas a que cooperen plenamente con el Comité establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) y con el Grupo de Expertos, en particular proporcionando cualquier información que posean sobre la aplicación de las medidas impuestas por las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) y 2321 (2016);
5. Seguir ocupándose activamente de la cuestión.
Fuente: Consejo de Seguridad, 2017.

References: resolución 
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Resolución 
 artículo 41
 resolución 
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