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﻿ SENTENCIA S-247 DE FEBRERO 7 DE 1995
SENTENCIA S-247 DE 07 DE FEBRERO DE 1995
CONTENIDO:INDEMNIZACIÓN POR FALLA DEL SERVICIO. LAS PRESTACIONES SOCIALES NO PODRÁN DESCONTARSE DE LA INDEMNIZACIÓN QUE SE RECONOZCA, PORQUE AQUELLAS TIENEN SU CAUSA EN LA LEY EN VIRTUD DEL VÍNCULO JURÍDICO QUE LIGABA AL AGENTE FALLECIDO CON LA ENTIDAD OBLIGADA A SU PAGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCEDENCIA DEL RECURSO DE SÚPLICA, TRÁMITE DEL RECURSO DE SÚPLICA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INDEMNIZACIÓN A LA VÍCTIMA, INDEMNIZACIÓN POR FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:281, MAYO DE 1995 PG. 544
Sentencia S-247 de febrero 7 de 1995
INDEMNIZACIÓN POR FALLA DEL SERVICIO
NO SE DESCUENTA LO PAGADO POR PRESTACIONES SOCIALES
Rad.: S-247
Actor: Mélida Inés Domínguez de Medina y otros
Santa Fe de Bogotá, D.C., siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco.
La apoderada de la Nación —Policía Nacional—, con invocación equivocada de los dispuesto en el artículo 2º de la Ley 11 de 1975, interpuso recurso extraordinario de súplica contra la sentencia de 13 de septiembre de 1991, proferida por la Sección Tercera del Concejo de Estado, por acoger doctrina contraria a la jurisprudencia de esta corporación, con el objeto de que se infirme dicha sentencia “en cuanto al hecho de no haber ordenado deducir del monto de la indemnización total lo reconocido por prestaciones sociales y en consecuencia se emita pronunciamiento de instancia que reemplace a aquella” (fl. 329).
Alega la recurrente que en el fallo se desconoció la jurisprudencia de esta Sala en relación con la indemnización especial “a forfait” o predeterminada por la administración, contenida en las sentencias de 13 diciembre de 1983 y 27 de marzo de 1990, recaídas, en su orden, en los procesos 10807, actora: Martha Lucía Arango viuda de Díaz, Consejero ponente Dr. Enrique Low Murtra y S-021, actora: Esther Bodmer viuda de Garavito, Consejero ponente Dr. Guillermo Chahín Lizcano, en la primera de las cuales, luego de precisarse que cuando el daño se produce en forma independiente a la prestación ordinaria o normal del servicio sino que ha sido causado por fallas del servicio, el funcionario, o el militar en su caso que lo sufre o sus damnificados tienen derecho a ser indemnizados en su plenitud y que “Para evitar enriquecimiento sin causa las prestaciones percibidas por esos hechos deberán descontarse de la indemnización total” (fl. 329), se dispone:
“C) de la suma de los valores que resulten por la liquidación de los perjuicios materiales y morales será necesario restar lo que hayan recibido por concepto de prestaciones laborales. El saldo neto así determinado será la suma a pagar por concepto de indemnizaciones de perjuicios materiales y morales” (fl. 328).
En la sentencia últimamente mencionada, asevera la impugnadora que igualmente se decidió, que:
“6. De la suma de los valores que resulten por la liquidación de perjuicios materiales, en los términos que se detallan en los numerales 2º a 4º precedentes, será necesario restar lo que hayan recibido tanto la cónyuge supérstite como los hijos legítimos del capitán de fragata Jorge Enrique Garavito Martínez a título de compensación por muerte y la suma que exceda de la liquidación por concepto de cesantía sencilla” (fl. 328).
La señora Mélida Inés Domínguez de Medina y otros, en demanda presentada el 12 de mayo de 1988 solicitaron al Tribunal Administrativo de Santander declarar que la Nación Ministerio de Defensa —Policía Nacional—, es administrativamente responsable de los daños y perjuicios que les causó la muerte de su esposo y padre, agente de la Policía Nacional, señor Pedro Jesús Medina Suárez y, como consecuencia, que se ordene a la entidad demandada pagarle la cantidad de un mil gramos de oro puro convertidos en moneda nacional, a título de compensación por el daño moral subjetivo y la indemnización por lucro cesante y daño emergente, en la cuantía que se demuestre en el proceso, o que resulte de la liquidación posterior a la sentencia, o de la aplicación del artículo 107 del Código Penal.
Mediante sentencia de 4 de junio de 1990, el tribunal denegó las súplicas de la demanda, en virtud de que consideró que no se había demostrado la falla del servicio por parte del Estado, puesto que no quedaron plenamente establecidos los elementos estructurales de la responsabilidad contractual estatal frente al particular, ya que si bien, se demostró que al agente Medina Suárez, quien ingresó a urgencias de la Clínica de la Policía en Bucaramanga, con síntomas de dolor abdominal agudo, desespero y deseos de vomitar, se le suministró sulfato de cobre, sustancia que le produjo intoxicación a la cual se atribuye su deceso, lo cierto es que no se encontró debidamente demostrado “con medios suficientes de convicción”, la relación de causalidad entre el hecho referido y el daño o perjuicio causado.
La sentencia suplicada:
La Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo impugnado revocó la decisión del a quo en virtud de que estimó que la falta del servicio se probó suficientemente, acotando sobre el particular que:
“El agente llegó en busca de asistencia médica a la clínica señalada por la organización del servicio para ese efecto. Y pese a haber ingresado con intensos dolores abdominales, ictérico, febril y con otros síntomas alarmantes, el médico disponible y llamado para el efecto, el doctor Ciro Castellanos Duran no solamente se negó a acudir a la clínica, pese a las varias llamadas que se le hicieron, con disculpas impropias de quien desempeña una profesión como la medicina, sino que descargó su rabia contra el enfermero que angustiosamente lo requería, tratándolo soezmente. Y si a lo anterior se suma que ante tal ausencia se le habían asignado esas responsabilidades, para las horas nocturnas, a un lego, se pone de presente todavía más dicha falla. Falla que también se descubre con el tratamiento inadecuado que el enfermero Bernal B. le dio al paciente al suministrarle sulfato de cobre como emético, sin saber el estado de salud que presentaba e ignorando las consecuencias que podría producirle dicha droga” (fls. 313-314).
Luego agrega que “aunque se ignore la dosis que le suministró (los dos médicos declarantes hablan de que el sulfato de cobre solo es tóxico en cantidad exagerada) el acervo probatorio permite inferir que no fue una dosis inocua, dados los síntomas alarmantes que manifestó el paciente después de su ingestión y su desenlace final” (fl. 314) y concluye aseverando que la “la parte demandante para poner en evidencia la falla del servicio probó no solo la conducta negligente y antiética del médico obligado a la atención del paciente y la torpeza del enfermero que lo trató, a falta de alguien idóneo que lo hiciera, sino que también demostró el suministro de una droga probablemente tóxica como es el sulfato de cobre. El mismo doctor Castellanos en su declaración afirma que dadas las condiciones del paciente el suministro del sulfato de cobre no era la conducta adecuada (a fl. 148)”.
“Aquí se pregunta la Sala: ¿debió probar esa misma parte que la dosis fue excesiva y que por eso y solo por eso falleció el agente Medina? La Sala estima que no. La actora al probar el suministro de la droga, por alguien que no tenía los conocimientos médicos suficientes para prever sus consecuencias en una persona que llegó a la clínica con la sintomatología anotada atrás, satisfizo su carga probatoria. Incúmbale entonces a la parte demandada demostrar que la dosis suministrada fue tan pequeña que en ninguna forma pudo desencadenar el síndrome hepatorrenal que figura como causa de la muerte del agente. ¿Lo hizo? No, la defensa de la entidad fue débil, quizás convencida como estaba que el caso era en cierta forma indefensable por el trato inhumano que había recibido el paciente en una de sus clínicas” (fl. 315).
También condenó a la Nación a cancelar a los demandantes los perjuicios morales en concreto y los materiales, de cuyo monto advirtió no debe descontarse el valor de las prestaciones sociales que le fueron reconocidas a los demandantes mediante Resolución 7563 de 1986, porque estas tienen su causa en la ley (D. 2063/64), debido al vínculo jurídico que ligaba al agente fallecido con la entidad y, de ninguna, manera en la falla del servicio a que se hizo referencia.
Como lo ha dicho esta Sala, para que el recurso establecido por la Ley 11 de 1975 sea procedente, se requiere que existía contrariedad entre un fallo proferido por determinada Sección del Concejo y la jurisprudencia de la corporación, pues la finalidad del recurso es unificar la jurisprudencia y evitar decisiones diferentes frente a casos similares, o en otras palabras, el objetivo último del recurso de súplica consiste en la garantía de que sin la aprobación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no es posible acoger doctrina contraria a la jurisprudencia del Concejo de Estado.
Así lo dispuso el artículo 2º de la ley mencionada:
“Habrá recurso de súplica ante la Sala Plena de lo Contencioso respecto del auto interlocutorio o de la sentencia dictados por una de las secciones en lo que, sin la previa aprobación de la Sala Plena, se acoja doctrina contraria a alguna jurisprudencia.
En el escrito en el que se proponga el recurso se indicará precisamente la providencia en donde conste la jurisprudencia que se reputa contraria. El recurso podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto o del fallo”.
Si no obstante esta prohibición, algunas de las secciones procediera a dictar auto interlocutorio o una sentencia en la que se varíe la jurisprudencia anterior del Concejo, las partes o el Ministerio Público pueden interponer el aludido recurso, medio extraordinario de impugnación a través del cual se constaba si en la providencia recurrida se varía la jurisprudencia que cita en su escrito el recurrente.
En el sub lite, como se indicó, se señala como jurisprudencia contrariada la contenida en el fallo fechado el 13 de diciembre de 1983, en el cual la Sala Plena además de declarar responsable a la Nación Colombiana —Ministerio de Defensa— por la muerte por fallas del servicio del capitán piloto Guillermo Enrique Díaz Muñoz y de condenarla a pagar a su cónyuge supérstite y a su hija la indemnización correspondiente, puntualizó: “No obstante, cuando el daño se produce en forma independiente a la prestación ordinaria o normal del servicio sino que han sido causadas por fallas del servicio, el funcionario, o el militar en su caso que las sufre o sus damnificados tienen derecho a ser indemnizados en su plenitud. Para evitar enriquecimiento sin causa las prestaciones percibidas por esos hechos deberán descontarse de la indemnización total” (fl. 339).
De igual modo se estima que la sentencia impugnada desconoció la misma tesis jurisprudencial que se expuso también en el fallo de la Sala Plena calendado el 27 de marzo de 1990, en el cual, tras declarar la responsabilidad de la Nación por el deceso del capitán de fragata Jorge Enrique Garavito Martínez por suministrarle una sustancia tóxica en lugar de una mezcla de glucosa para una curva de glicemia, se dispuso descontar de los valores que resultaran de la liquidación de los perjuicios materiales, lo que la cónyuge supérstite y los hijos legítimos del causante hubieren recibido a título de compensación por muerte y la suma que exceda de la liquidación por concepto de cesantía sencilla.
En la sentencia recurrida se expresó:
“Siguiendo la reiterada jurisprudencia de la corporación, en casos como este el agente o sus damnificados tienen derecho a la indemnización total y no solo a la especial “a forfait” o predeterminada por las leyes laborales que rigen a la institución”.
“En este orden de ideas, las prestaciones reconocidas a la señora Mélida Inés Domínguez de Medina, cónyuge supérstite, y a sus hijos, mediante la Resolución 7653 de 17 de diciembre de 1986 (a fls. 196 y 197) no podrán descontarse de la indemnización que aquí se reconocerá, porque aquellas tienen su causa en la ley (D. 2063/84) en virtud del vínculo jurídico que ligaba al agente fallecido con la entidad obligada a su pago y de ninguna manera en la falla del servicio que se dejó analizado atrás” (fl. 321).
De la revisión de la Resolución 7653 visible a folios 196-197, se desprende que a la señora Mélida Inés Domínguez de Medina en su condición de cónyuge supérstite y de la representante de sus hijos Edisson Javier, Nancy Milena y Nidia Johana Medina Domínguez, se les reconoció la suma de un millón seiscientos setenta y un mil cuarenta y dos pesos con 12 centavos ($ 1.671.042,12) m/cte., por concepto de indemnización por la muerte de su cónyuge y padre, señor Pedro Jesús Medina Suárez y por auxilio de cesantía. Esa suma según el fallo materia de impugnación, no debe descontarse del monto de los perjuicios morales y materiales que les ocasionó el deceso de su cónyuge y padre, pues en virtud de los dispuesto en él, deben cancelársele a dichas personas.
La sentencia suplicada acogió, entonces, una jurisprudencia contraria a la que contienen las providencias traídas a colación por la entidad recurrente, en cuanto no dispuso el descuento de las sumas percibidas por los demandantes por concepto de prestaciones sociales.
Empero, aunque contradice una jurisprudencia anterior, se ajusta a la ley, y por tanto, la Sala estima en este momento que es menester rectificar la jurisprudencia anterior y acoger como nueva doctrina de la corporación la que sostiene la sentencia suplicada, pues es incuestionable que las prestaciones sociales reconocidas a la cónyuge supérstite y demás causahabientes tienen como fuente la relación jurídico laboral del causante con la administración pública, en tanto que la indemnización reconocida en el proceso en cuestión se apoya en la falla del servicio.
De suyo, la relación laboral engendra una serie de derechos autónomos, independientemente de que el funcionario o sus causahabientes, herederos o beneficiarios, según el caso, puedan invocar una indemnización plena y ordinaria de perjuicios en caso de lesión invalidante o de muerte; máxime cuando este resarcimiento pecuniario nada tiene que ver con esa prestación de servicios subordinados.
Por consiguiente, no existe justificación de ninguna clase para ordenar el descuento del valor de las prestaciones sociales reconocidas a la cónyuge supérstite y demás causahabientes del monto de la misma, pues son obligaciones jurídicas con una fuente distinta, enfrente de las cuales no cabe la compensación que se daría al disponer ese descuento.
La Sala estima conveniente, además, ahondar brevemente en esta distinción, para lo cual son procedentes los siguientes razonamientos:
Las prestaciones sociales que le fueron reconocidas a la demandante y a sus hijos, tienen su causa en la ley (D. 2063/84), por virtud del vínculo laboral que existió entre la administración pública y su esposo y padre, respectivamente, como agente de la Policía Nacional; y es importante dejar sentado que debían reconocerse, de conformidad con el artículo 120 de ese ordenamiento, aún en el supuesto de que el causante hubiese fallecido de muerte natural. O sea, que a través de ese reconocimiento no se les está otorgando ninguna indemnización a esas personas, sino simplemente pagándoles unas prestaciones sociales a las que tienen vocación por razón del nexo laboral de su causante.
En cambio, la indemnización de perjuicios que se les reconoció separadamente en el proceso citado, tiene su origen y fundamento en la falla del servicio que produjo la muerte del agente Pedro Luis Medina Suárez.
O sea, que en el primer supuesto la obligación deviene de la ley y se sustenta en la relación laboral del causante; en el segundo, nace de la responsabilidad que le compete a la administración pública en la muerte de aquel, por una falla del servicio. En ese orden de ideas, no es dable el descuento impetrado por la entidad recurrente).
En mérito de lo expuesto, el Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
No se infirma la sentencia proferida el trece (13) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) por la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el proceso instaurado por la señora Mélida Inés Domínguez De Medina y otros, contra la Nación (Ministerio de Defensa - Policía Nacional).
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su reunión del día 31 de enero de 1995.
Magistrados: Diego Younes Moreno—Jaime Abella Zarate—Ernesto Rafael Ariza Muñoz Joaquín Barreto Ruiz—Guillermo Chahín Lizcano—Miren de la Lombana de M.—Clara Forero de Castro—Delio Gomez Leyva— Miguel González Rodríguez— Amado Gutiérrez V.—Luis E. Jaramillo Mejía—Álvaro Lecompte Luna—Carlos A. Orjuela Góngora—Dolly Pedraza de A.—Libardo Rodríguez R.—Yesid Rojas Serrano—Consuelo Sarria Olcos—Miguel Viana Patiño.
Santafé de Bogotá, D.C., diez de febrero de mil novecientos noventa y cinco.
Las razones de mi desacuerdo con el fallo aprobado por la mayoría en el presente proceso son las siguientes:
1. La sentencia reconoce expresamente que “la sentencia suplicada acogió, entonces, una jurisprudencia contraria a la que contienen las providencias traídas a colación por la entidad recurrente, en cuanto no dispuso el descuento de las sumas recibidas por los demandantes por concepto de prestaciones sociales”.
2. No obstante lo anterior, fundamentándose en que la sentencia suplicada “se ajusta a la ley”, la Sala decide rectificar la jurisprudencia anterior y “acoger como nueva doctrina de la corporación la que sostiene la sentencia suplicada” y termina no infirmando la sentencia controvertida.
3. Para el suscrito consejero en el caso de autos debía necesariamente procederse a infirmar la sentencia suplicada por cuanto se reconoce la configuración del supuesto que prevé el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, como objeto del recurso extraordinario de súplica, esto es, que “se acoja doctrina contraria a la jurisprudencia de la corporación”.
4. Como consecuencia de la infirmación de la sentencia, que equivale a hacerla desaparecer jurídicamente, debía procederse, a su vez, a dictar una nueva sentencia de instancia para reemplazar la infirmada), para lo cual debía acometerse el análisis del recurso de apelación y demás elementos propios de la segunda instancia a fin de dictar el nuevo fallo, que sería el acto que, en caso necesario, permitiría rectificar la jurisprudencia si así lo considerara la mayoría de la Sala.
5. Lo anterior sería lo más concordante con el éxito del recurso de súplica, en la medida en que si bien él no garantiza que al recurrente finalmente se le dé la razón en cuanto al fondo del asunto, su éxito se traduce en que la contradicción jurisprudencial abre la puerta para un nuevo estudio de la litis, con la participación de los miembros de la Sala Contencioso Administrativa que no intervinieron en la sentencia infirmada.
Santa Fe de Bogotá, D.C., primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Con el debido respeto por la decisión mayoritaria, mi desacuerdo lo sustento en las razones siguientes:
1) Como lo reconoce la sentencia, en la providencia recurrida se acogió doctrina contraria a la jurisprudencia de la corporación.
2) En lugar de infirmar la sentencia suplicada, por operar el presupuesto previsto en el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, se optó por rectificar la jurisprudencia de la corporación, acogiendo como nueva doctrina la del fallo suplicado.
3) Lo aconsejable hubiera sido, infirmar la sentencia, y en acápite especial acoger como nueva doctrina la del fallo suplicado —que desde luego comparto—, pero no enervar las consecuencias del recurso con el procedimiento adoptado.
Delio Gomez Leyva.
Con el debido respeto por la tesis mayoritaria, considero pertinente hacer algunas precisiones en relación con la denominada indemnización a forfait y la viabilidad de descontarla de la indemnización de perjuicios, que en razón de un daño antijurídico se llegare a reconocer.
La Sala Plena de la corporación ha sostenido al precisar el monto de algunas indemnizaciones, que se debe ordenar el descuento de las prestaciones recibidas por los mismos hechos que originaron el daño. Así, en la providencia invocada por la recurrente, proferida el 27 de marzo de 1990, con ponencia del doctor Guillermo Chahín Lizcano, se dispuso descontar del valor de la liquidación de los perjuicios materiales, lo que la interesada hubiera recibido por compensación por muerte y lo que excediera de la cesantía sencilla, es decir, que ordenó descontar aquellas sumas, diferentes a las prestaciones de carácter laboral a que tenía derecho la cónyuge supérstite.
Es decir, que no se aceptó la tesis de acumular la indemnización integral con las sumas que se habían recibido como consecuencia directa y exclusiva de la muerte, ya que estas tenían por objeto indemnizar el perjuicio, toda vez que habían sido reconocidas de conformidad con las normas que regulan la “muerte en misión de servicio” y no “la muerte simplemente en actividad”. Dichas prestaciones eran la forma como el Estado había indemnizado a los familiares de un servidor que había muerto en misión de servicio, aplicando así la indemnización a forfait, que debía descontarse de la indemnización total, tal como lo dijo la plenaria.
A su vez, dicha providencia de la Sala Plena aceptó la acumulación y no ordenó descontar, el valor que se había reconocido por concepto de pensión mensual de beneficiarios, por considerar que se trataba de un pago originado en un derecho de carácter laboral, el cual no era consecuencia de los mismos hechos que habían originado la indemnización.
A mi juicio, dicha jurisprudencia no ha debido modificarse como lo plantea la providencia a la cual salvé mi voto, en el sentido de afirmar de una manera genérica, que de la indemnización no se deben descontar las prestaciones sociales recibidas por el perjudicado, sin hacer ninguna distinción, toda vez que dentro de esas prestaciones pueden estar incluidas indemnizaciones originadas en los mismos hechos causantes del daño que se indemniza, las cuales sí deben descontarse, para evitar un enriquecimiento ilícito por implicar doble indemnización por los mismos hechos.
En el caso de autos, a la cónyuge supérstite del agente de policía fallecido, se le reconocieron prestaciones por “muerte simplemente en actividad”, como consta a folios 196 y 197 del expediente, lo que indica que solamente se reconocieron las que tenía como causa la vinculación laboral de su fallecido esposo, ajenas a la causa del perjuicio indemnizado y, por lo tanto, de conformidad con lo que ha dicho la jurisprudencia, no debían descontarse.
Pero, lo anterior, no puede generalizarse, pues es imposible que dentro de las prestaciones reconocidas esté incluida una indemnización por los mismos hechos que originan el daño que luego se ordena indemnizar y en este caso sí es procedente su descuento.
En síntesis, del valor de la indemnización, no deben descontarse las prestaciones exclusivamente originadas en la vinculación laboral, pero sí deben descontarse las previstas en la ley como indemnización a forfait, cuando se originan en los mismos hechos que originaron la indemnización reconocida.

References: artículo 2
 artículo 107
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 120
 artículo 130
 artículo 130