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Timestamp: 2018-08-17 10:03:51+00:00

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﻿ SENTENCIA T-1038 DE DICIEMBRE 5 DE 2006
SENTENCIA T-1038 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2006
CONTENIDO:ALCANCE DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL A LA MATERNIDAD. DEBER DE LOS ESTADOS DE CONCEDER ESPECIAL PROTECCIÓN A LAS MADRES DURANTE UN PERIODO RAZONABLE ANTES Y DESPUÉS DEL PARTO ASÍ COMO TAMBIÉN EL RECONOCIMIENTO DE LA LICENCIA CON REMUNERACIÓN O CON PRESTACIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD, LICENCIA DE MATERNIDAD, DERECHO A LA MATERNIDAD, PAGO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD, COTIZACIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD, EJERCICIO DE LA MATERNIDAD
Sentencia T-1038 de diciembre 5 de 2006
Sentencia T-1038 de 2006
Ref.: Expediente T-1409232
Acción de tutela instaurada por Angélica María Parra García contra Sanitas EPS
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por el Juzgado Veintiuno (21) Penal Municipal (en función de control de garantías), del 08 de mayo de 2006, y cuya impugnación fue confirmada por el Juzgado Diecisiete (17) Penal del Circuito, mediante sentencia del 17 de julio de 2006, en el asunto de la referencia.
1. La señora Angélica María Parra García se afilió a Sanitas EPS el 18 de abril de 2005, según formulario único de afiliación 1121299, en calidad de cotizante independiente (cdno. 2, fl. 29).
2. El 20 de diciembre de 2005 dio a luz a su hija a las 37 semanas de gestación, según consta en el certificado de nacido vivo Nº A6793870 (cdno. 2, fl. 29).
3. Solicitó a la EPS Sanitas el reconocimiento económico de la licencia de maternidad, la cual fue negada por cuanto la señora Parra García solo cotizó 35 semanas de las 37 de gestación; cuando la norma exige que se cotice ininterrupidamente durante la totalidad del periodo de gestación, como requisito para el pago de la licencia en cuestión (D. 47/2000, art. 3º, num. 2º) (cdno. 2, fl. 29).
4. En virtud de lo anterior, interpone acción de tutela con el fin que se ordene a la EPS Sanitas pagar la licencia de maternidad que le corresponde. Alega que se vulnera el derecho al mínimo vital tanto de ella como de su hija recién nacida, y el derecho de igualdad, pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha ordenado en otros casos como el de ella, el pago de la licencia de maternidad.
1.Formulario único de afiliación No. 1121299, a la EPS Sanitas, suscrito por la señora Angélica María Parra García, con fecha 18 de abril de 2005 (cdno. 2, fl. 29).
2. Certificado de nacido vivo Nº A6793870, de la Clínica Magdalena del 20 de diciembre de 2005, correspondiente a la hija de la señora Parra García (cdno. 2, fl. 29).
3. Respuesta de la EPS Sanitas, negando la solicitud de reconocimiento económico de la licencia de maternidad (cdno. 2, fl. 29).
4. Escrito de la demanda de tutela instaurada por la señora Parra García contra la EPS Sanitas (cdno. 2, fls. 1 a 5).
5. Sentencias de tutela de primera y segunda instancia del Juzgado Veintiuno (21) Penal Municipal (en función de control de garantías), del 08 de mayo de 2006 (Cdno. 2. fls. 42 a 47), y del Juzgado Diecisiete (17) Penal del Circuito, del 17 de julio de 2006, respectivamente (Cdno. 3, fls. 4 a 6).
La señora Parra García alega que en su embarazo se presentó preeclamcia y que al momento del parto ya había hecho 9 pagos, para que al momento del parto se cumpliera con el requisito de las semanas requeridas para el pago de la licencia de maternidad. Relata que sin embargo, por complicaciones, los médicos decidieron realizar una cesárea. Agrega, que su situación económica es difícil, por cuanto su esposo se encuentra desempleado y recibe ingresos ocasionalmente como independiente. De ahí, que los recursos equivalentes al pago de la licencia resulten esenciales para ella y para su grupo familiar.
El a quo no concedió el amparo, por cuanto consideró que estaba probado que la actora no cumplía con el requisito de haber cotizado la totalidad del tiempo de gestación. Argumentó que no se evidenciaba vulneración del derecho al mínimo vital, en tanto la demandante cuenta con la colaboración de su madre y de su compañero.
El ad quem confirmó el fallo de primera instancia y agregó las condiciones particulares de la señora Parra García, permitían concluir que no existía una situación urgente de amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, entre otras cosas porque entre el momento de la solicitud del reconocimiento económico de la licencia de maternidad y el fallo que resuelve la impugnación de la sentencia que no concedió la tutela en primera instancia, han transcurrido más de seis meses.
Remitido el expediente a esta corporación, mediante oficio de treinta y uno (31) de agosto de 2006, la Sala de Selección Número Ocho dispuso su revisión por la Corte Constitucional.
2. La señora Angélica María Parra García se encuentra afiliada a la EPS Sanitas desde el 18 de abril de 2005, y completó 35 semanas de cotización hasta el 20 de diciembre de 2005, fecha en la cual dio a luz a su hija. En el certificado de nacimiento de la menor en cuestión, se consignó que el alumbramiento se había dado a las 37 semanas de gestación. A su turno, el numeral 2º del artículo 3º del Decreto 47 de 2000, establece que para acceder a los beneficios económicos derivados de la licencia de maternidad la afiliada deberá haber cotizado ininterrumpidamente al sistema durante todo su periodo de gestación. En atención a lo anterior, la EPS negó la solicitud de pago de la licencia a la tutelante, pues al momento del parto solo había cotizado 35 semanas de las 37 que debió cotizar para acceder al mencionado pago de la licencia de maternidad.
3. La Corte Constitucional debe determinar en esta oportunidad si una EPS vulnera los derechos fundamentales de sus afiliadas y de sus hijos menores por no reconocer la prestación legal de licencia de maternidad de las mismas, con fundamento en la ausencia de cotización ante el sistema general de seguridad social en salud —SGSSS— durante una parte del período de gestación.
4. Con el fin de resolver el problema planteado, la Corte (i) estudiará el alcance de la protección constitucional a la maternidad, (ii) reiterará la jurisprudencia constitucional sobre el reconocimiento de la licencia de maternidad y (iii) resolverá el caso concreto.
5. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha resaltado la importancia de la garantía de la protección efectiva de la maternidad. Entre otras, en la Sentencia T-838 de 2006, se ha sistematizado el alcance de dicha garantía. Se sostuvo en dicha providencia que la Constitución Política de Colombia reconoce en su artículo 43 el derecho de la mujer a recibir especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo y después del parto. Y, en la legislación ordinaria esta cláusula ha sido desarrollada en las disposiciones que regulan el sistema de seguridad social integral creado a partir de la Ley 100 de 1993 (1) , en las normas integrantes del Código Sustantivo del Trabajo y en la Ley 82 de 1993 (2) , que establece medidas para la protección de la mujer cabeza de familia.
6. En efecto, de un lado, en virtud del artículo 162 de la Ley 100 de 1993, el plan obligatorio de salud —POS— “permitirá la protección integral de las familias a la maternidad” y según el texto del artículo 207 de la misma ley, el régimen contributivo reconocerá y pagará para los afiliados la licencia por maternidad (3) . De otro lado, de acuerdo con el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 34 de la Ley 50 de 1990 (4) , la madre trabajadora tiene derecho a “doce (12) semanas de licencia remunerada con el salario que esté devengando al entrar a disfrutar del descanso”.
Así pues, con fundamento en la normatividad mencionada, existen al menos dos maneras de realizar la cláusula constitucional de protección a la maternidad prevista en la Constitución. En primer lugar, mediante la prestación de servicios de salud a la mujer en estado de embarazo y a la que ha dado a luz y, en segundo lugar, por razón del reconocimiento de prestaciones económicas a favor de la madre trabajadora.
7. De la misma manera, con fundamento en las garantías constitucionales previstas para la maternidad es posible proteger tanto a la madre como a la criatura que está por nacer. En efecto, dada la inescindible relación entre la mujer y su hija o hijo durante el período de gestación y en el momento del alumbramiento, la atención en salud que reciba la madre afectará necesariamente al bebé. Igualmente, la licencia por maternidad permite garantizar la recuperación de la mujer en el período posparto e igualmente, el sostenimiento de la madre y del bebé así como la atención que este necesita. En consecuencia, la protección a la maternidad conlleva, entre otros, la garantía de derechos tales como la vida digna, el mínimo vital y la salud.
8. Así mismo, diferentes instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de conformidad con los cuales deben interpretarse los derechos constitucionales, según lo establece el inciso segundo del artículo 93 constitucional (5) , reconocen la condición especial de la maternidad y confieren un ámbito de protección a las mujeres en estado de gravidez y a la población recién nacida.
9. Adicionalmente, de conformidad con la normatividad internacional, la atención a la salud de la mujer en estado de gravidez permite brindar protección a los derechos de la niñez. En efecto, en la Convención internacional sobre los derechos del niño (10) , los Estados partes se comprometen a adoptar medidas apropiadas para asegurar atención sanitaria prenatal y posnatal apropiada a las madres.
11. De la misma manera, en la jurisprudencia constitucional ha sido reiterada la protección a la maternidad por cuanto su garantía permite impedir que dicha situación se convierta en un factor de discriminación femenina y que se salvaguarden los derechos de la mujer al libre desarrollo de su personalidad, a su dignidad humana y la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad (C.P., art. 42) (12) .
12. En consecuencia, la protección a la maternidad es un postulado constitucional que ha sido desarrollado en el ámbito legislativo mediante el reconocimiento de prestaciones específicas a la madre gestante que tendrán repercusiones sobre la criatura que está por nacer. La asistencia involucra atención en salud durante el período de gestación y el otorgamiento de auxilios económicos —licencia por maternidad— con posterioridad al parto dirigidas a garantizar la recuperación de la mujer e igualmente su sostenimiento y el de su hijo recién nacido.
Reiteración de jurisprudencia constitucional sobre el reconocimiento de la licencia de maternidad
13. Una de las manifestaciones de la protección a la maternidad consiste en el reconocimiento del derecho a la licencia por maternidad, en el entendido que esta constituye una prestación económica y se encuentra en conexidad con los derechos a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital de la madre y del menor, especialmente cuando la misma representa el único sustento de aquellos durante el período posparto.
La idoneidad de la licencia por maternidad para amparar el derecho al mínimo vital (13) tanto de la mujer como de la criatura que acaba de nacer ha sido establecida en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia. En este sentido, en Sentencia T-664 de 2002 esta corporación señaló “la licencia de maternidad hace parte del mínimo vital, la cual está ligada con el derecho fundamental a la subsistencia, por lo tanto su no pago vulnera el derecho a la vida. La licencia de maternidad equivale al salario que devengaría la mujer en caso de no haber tenido que interrumpir su vida laboral, y corresponde a la materialización de la vacancia laboral y del pago de la prestación económica”.
14. De conformidad con la legislación vigente, la licencia de maternidad es otorgada a la mujer trabajadora previo el cumplimiento de ciertos requisitos, a saber: (i) que aquella haya cotizado durante todo el período de su gestación (15) (ii) que haya cancelado en forma completa el aporte durante el año anterior a la fecha de la solicitud; (iii) que haya cancelado en forma oportuna al menos cuatro aportes durante los seis meses anteriores al momento en el cual se causa el derecho (16) ; (iv) que no se encuentre en mora en dicho momento (17) .
15. Así pues, ante una solicitud de reconocimiento de una licencia de maternidad, las entidades prestadoras de salud del régimen contributivo deben verificar que la trabajadora afiliada cumpla los requisitos aludidos. No obstante, de manera excepcional y de conformidad con las circunstancias de cada caso, es posible otorgar la licencia por maternidad aún cuando algunas de estas exigencias no han sido satisfechas.
En este contexto, en caso de recibir una solicitud de reconocimiento de licencia por maternidad, la EPS no podrá eximirse del pago de la licencia de maternidad cuando observa mora en el pago de las cotizaciones si ha admitido el pago extemporáneo por el empleador, pues en este caso dicha mora no es imputable a la trabajadora.
16. En relación con el período de cotización necesario para alcanzar el reconocimiento de la licencia por maternidad, la jurisprudencia ha afirmado de manera reiterada que la existencia de lapsos no cotizados no autoriza a la EPS a eludir el pago de la prestación económica referida.
En sus consideraciones, esta Corte señaló “la interrupción en el pago de los aportes al sistema, originada en el tiempo de cesación del contrato laboral no constituyen razones suficientes para exonerar a la EPS Salud Total de pagar el derecho económico concomitante con la licencia de maternidad”. E igualmente, agregó “durante su embarazo solo se interrumpieron los aportes por el período comprendido entre la terminación del anterior contrato a término fijo y la nueva vinculación laboral para el año 2005, la Corte estima que tal interrupción no puede generar la pérdida del derecho prestacional derivado de la protección constitucional a la maternidad”.
17. De otro lado, a partir de la Sentencia T-999 de 2003 (18) , se planteó un cambio de jurisprudencia en cuanto a la oportunidad de presentación de la acción de tutela cuando se trata del reclamo de la licencia de maternidad por esta vía. Consideró la Corte que la tesis mantenida previamente, que establecía la garantía de la vigencia de la licencia de maternidad (84 días) como plazo oportuno para interponer la acción de tutela, se convirtió con el tiempo en un formalismo utilizado por las Empresas Promotoras de Salud que hacía nugatoria la protección efectiva de las garantías con las cuales debe contar la mujer durante el embarazo y después del parto, así como el recién nacido. Sobre ese presupuesto, la Corte amplió el término para hacer viable el amparo constitucional al primer año de vida del niño (19) .
18. En conclusión, en sentencias de tutela la Corte ha aplicado de manera prevalente las normas constitucionales para efectos del reconocimiento de la licencia de maternidad. Es por esto que a la luz de la jurisprudencia, la ausencia de cotizaciones ante el sistema de seguridad social durante el período de gestación no constituye una autorización para rehusar el pago de la prestación referida (20) .
En efecto, en casos donde existe una violación al mínimo vital de la madre y del menor, por cuanto aquella es trabajadora y depende para su subsistencia del ingreso que recibe por su labor, la Corte ha otorgado mediante acción de tutela el reconocimiento de la licencia de maternidad aun cuando las cotizaciones ante el sistema integral de seguridad social integral hayan sido realizadas de manera incompleta.
19. La señora Angélica María Parra García cotizó a la EPS Sanitas 35 semanas de las 37 de gestación, razón por la cual la mencionada entidad le negó el reconocimiento económico de la licencia de maternidad. La actora alega que su parto se adelantó y que su situación económica actual implica la necesidad de recibir los recursos correspondientes a la licencia. Por el contrario, el juez de tutela consideró que su deber era atenerse al certificado médico respectivo, en donde consta que el periodo de gestación de la hija de la demandante fue de 37 semanas y, al haber cotizado esta solo 35 semanas, no cumplió con el requisito legal para acceder al beneficio que reclama. De otro lado, argumentó el a quo, y así lo confirmó el ad quem, que de la situación de la señora Parra García no se desprende vulneración de su derecho al mínimo vital ni del de su hija recién nacida, por cuanto su madre y su compañero le colaboran económicamente.
20. Sobre lo anterior, encuentra esta Sala de revisión que el hecho que la tutelante haya cotizado dos semanas menos de lo que duró el periodo de gestación según el certificado médico correspondiente, no es una razón suficiente para negar el reconocimiento del pago de la licencia de maternidad, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, referenciada en el acápite anterior.
21. La demandante manifiesta que los ingresos de su compañero, así como la colaboración de su madre, solventan otras necesidades vitales del núcleo familiar, luego no alcanzan a satisfacer las necesidades propias de la atención de un recién nacido y su madre. El hecho que se pueda determinar que el núcleo familiar al cual pertenece una persona que alega la vulneración de su derecho al mínimo vital, no carece totalmente de ingresos para su sustento, tal como lo analizó el juez de tutela de primera instancia; no permite concluir perentoriamente que dicha persona no vea amenazado o vulnerado su derecho al mínimo vital.
En efecto, las necesidades de una mujer son distintas mientras no se esté en estado de embarazo, y así, los recursos requeridos para satisfacer su mínimo vital. Otro tanto sucede si se trata de una mujer gestante, pues los cuidados especiales propios de dicha condición, modifican no solo las exigencias médicas, sino cuestiones básicas de su subsistencia como por ejemplo su alimentación. Incluso, el mínimo vital de la mujer en estado de gravidez difiere de aquel que se configura cuando esta ha dado a luz recientemente. En el último caso, las necesidades mínimas se incrementan e involucran las garantías concernientes a la protección del menor recién nacido.
22. La Corte Constitucional ha desarrollado la noción de mínimo vital acorde con cada caso concreto, para referirse a la relación entre el contenido del derecho a gozar de las condiciones mínimas de subsistencia, y las distintas necesidades que surgen de las diferentes condiciones en las que se pueden encontrar las personas. Así pues, si bien se pueden identificar derechos básicos referidos a la garantía de subsistencia en condiciones dignas, esto es, un contenido genérico del derecho al mínimo vital; no se puede desconocer que dependiendo de las condiciones que enmarquen la situación de una persona, así mismo variaran las necesidades cuyo carácter resulta básico en relación con dicha subsistencia. Y, en este sentido el contenido del mínimo vital se amplia para cubrir aquellas necesidades, que en otras condiciones o para otras personas no resultarían básicas. Los derechos básicos que van a definir los contornos de la garantía del mínimo vital no son pues un estandar inalterable, sino un análisis cualitativo d qué es lo básico mínimo en cada caso.
Un ejemplo claro de ello es el de la distinta configuración del contenido del derecho al mínimo vital de las mujeres, tal como se expuso, según estén estas en estado de gravidez o no, o según la protección de la maternidad implique el cuidado de su embarazo solamente y del menor por nacer, o de su condición post-parto y del menor recién nacido.
23. La determinación del contenido del derecho al mínimo vital, para la garantía de su protección, ha involucrado dos aspectos principales. En primer término, “[e]l concepto de mínimo vital (…) no puede ser restringido a la simple subsistencia biológica del ser humano, pues es lógico pretender la satisfacción de las aspiraciones, necesidades y obligaciones propias del demandante y su grupo familiar. Como desarrollo de lo anterior, la Corte ha explicado que el mínimo vital no equivale al salario mínimo, sino que depende de una valoración cualitativa (…), atendiendo las condiciones especiales en cada caso concreto” (21) . Y, en segundo lugar, la Corte ha considerado que la vulneración del derecho al mínimo vital se protege mediante la acción de amparo, para evitar que la persona “… sufra una situación crítica económica (…). Con esta referencia se pretende dejar intacta la competencia de la jurisdicción laboral ordinaria, cuando no se trate de situaciones injustificadas, inminentes y graves que hacen urgente la intervención del juez de amparo” (22) .
De hecho, la estructura del derecho al mínimo vital implica per se la consideración de otros derechos fundamentales. Aquellos que conforman la subsistencia digna de las personas, v. gr. alimentación, salud, vivienda, entre otros.
24. Lo anterior, en relación con el caso bajo estudio implica que la evaluación realizada por los jueces de instancia, para determinar la supuesta falta de configuración de vulneración del derecho al mínimo vital, tuvo como punto de partida que las necesidades de la señora Parra García, correspondían a las de una mujer cuya condición no era la de haber dado a luz recientemente.
Para esta Sala de revisión es claro que la situación de la tutelante, demanda la consideración de necesidades básicas que van más allá de las que los jueces de instancia verificaron. Si bien se pudo inferir que el núcleo familiar al que pertenece la actora, no carece de los medios para satisfacer necesidades mínimas de subsistencia, no es menos cierto que la condición de maternidad modifica de plano la valoración de dicha subsistencia. Así, los jueces de tutela deben verificar que la situación económica de la mujer gestante, permita solventar las necesidades propias de dicha condición y no la de una persona que no se encuentra es esta posición, tal como ocurrió en el presente caso.
25. De la información presente en el expediente, la Sala concluye que las posibilidades económicas de la demandante son precarias para la situación particular que debe enfrentar, cual es la de su cuidado y la de su hija recién nacida (23) . Por ello, el desconocimiento del pago de la licencia de maternidad tiene como consecuencia la vulneración de su derecho al mínimo vital y del de su hija recién nacida, por cual se revocará la decisión del juez de tutela y en su lugar se concederá el amparo y se ordenará el pago de la licencia en cuestión.
26. Pese a que la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital de la señora Parra García, es razón suficiente para conceder el amparo, conviene aclarar que esto no significa que los requisitos propios de las normas laborales para reconocer el beneficio del pago de la licencia de maternidad, resulten inocuos. Como se explicó en el fundamento jurídico número 16 de esta sentencia, el requisito consistente en el tiempo total de cotización, en casos en los que esté de por medio la vulneración de los derechos fundamentales de la mujer gestante, no puede valorarse de conformidad con el texto de la norma. Debe por el contrario, ponderarse el tiempo cotizado con el tiempo faltante, y si el último es razonablemente poco respecto del primero, entonces el cumplimiento estricto del requisito no puede tener más peso que los derechos fundamentales de la mujer y del menor recién nacido. Por su puesto, esto excluye aquellas situaciones en las cuales el tiempo cotizado y el tiempo restante no guarden la relación expuesta.
En el caso de la señora Parra García, como se relacionó en los hechos y en las pruebas, fueron dos (2) semanas las que le faltó cotizar; y cotizó un total de treinta y cinco (35). Lo que permite concluir de conformidad con lo expuesto, que en el caso concreto no puede tener más peso exigir una cotización de treinta y siete (37) semanas (que es el tiempo de gestación según el certificado médico correspondiente), que reconocer el pago de la licencia de maternidad con las 35 semanas cotizadas.
1. REVOCAR la sentencia del 17 de julio de 2006, proferida por el Juzgado Diecisiete (17) Penal del Circuito, por la cual negó la tutela promovida por Angélica María Parra García y en su lugar CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la maternidad y los derechos de la niñez.
2. ORDENAR a Sanitas EPS que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de este fallo realice el pago de la licencia de maternidad de la señora Angélica María Parra García.
(10) Consultar artículo 24 de la convención. Asamblea general. Resolución 44 de 1925, anexo, 44 U.N. GAOR Supp. (Nº 49) pág. 167, ONU Doc. A/44/49 (1989), entrada en vigor 2 de septiembre de 1990.
(11) Cfr. Sentencia T- 461 de 2006.
(12) Ver Sentencia T- 674 de 2006.
(15) Ver Decreto 47 de 2000 que en su artículo 3º preceptúa “Períodos mínimos de cotización. Para el acceso a las prestaciones económicas se estará sujeto a los siguientes períodos mínimos de cotización:
(17) Consultar art. 63 del Decreto 806 de 1998 “Por el cual se reglamenta la afiliación al régimen de seguridad social en salud, y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de seguridad social en salud y como servicio de interés general”.
(19) La T-999 de 2003 lo estableció en los siguientes términos: “Adicional a las razones exógenas y ajenas a las madres accionantes, referidas a la demora con la que las empresas promotoras de salud responden las peticiones relativas al pago de la licencia de maternidad, llevando a las interesadas a tener que acudir tardíamente a la acción de tutela con la nefasta consecuencia de que el juez constitucional igualmente desestima sus intereses por oportunidad en la presentación de sus alegatos, cree fundadamente esta Sala que el énfasis en la protección constitucional para casos como el que nos ocupa, es preciso hacerlo en el recién nacido que amerita protección en todos los planos del ser, para permitirle a la madre que pueda demandar en tutela no única y estrictamente dentro del término de la licencia de maternidad sino también dentro del año de protección que la propia Carta concede a los recién nacidos menores de un año aún sin tener un régimen de seguridad social definido (C.P., art. 50). Vale decir, la ius fundamentalidad de la licencia de maternidad se extiende hasta por un año y en ese tiempo se le permite legítimamente a la madre acudir en tutela si así lo desea, para la protección del derecho al mínimo vital de ella y de su hijo. Bajo ese entendido, es innegable que debe darse trámite a una tutela que ha sido presentada aún después del término de la licencia de maternidad, por cuanto existen circunstancias donde la licencia, que se constituye en el salario de la mujer que dio a luz durante el tiempo en que la trabajadora permanece retirada de sus labores, es el único medio de subsistencia en condiciones dignas tanto para la madre como para su recién nacido”. Esta jurisprudencia ha sido reiterada por las sentencias T-1014 de 2003, T-236, T-878, T-922 y T-968 de 2004, T-019, T-574, T-682, T-794, T-825 y T-947 de 2005, entre muchas otras.
(22) SU-995 de 1999, reiterada entre otras en la T-158 de 2006.
(23) A folios 18 y 19 (cdno. 1), la actora declara que su compañero es mesero ocasional y cuando trabaja ininterrupidamente, alcanza unos ingresos de $ 240.000 mensuales. De otro lado, declara que su señora madre tiene ingresos de $ 600.000, con los cuales mantiene la casa en la que vive y a su hermana. La actora por su lado vive en una pieza con su compañero, en un lugar diferente al de su madre y al de los padres del compañero; y además no tiene trabajo en la actualidad.

References: artículo 3
 artículo 43
 artículo 162
 artículo 207
 artículo 236
 artículo 34
 artículo 93
 artículo 24
 Resolución 
 artículo 3