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Timestamp: 2020-02-19 04:41:20+00:00

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Ley : 6227 (372 artículos)
Versión de la norma: 1 de 14 del 02/05/1978
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Artículo 1º.- La Administración Pública estará constituida por el
Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica
y capacidad de derecho público y privado.
1. Las reglas de esta ley regulan la actividad del Estado se aplicarán
también a los otros entes públicos, en ausencia de norma especial para
2. Las reglas que regulan a los otros entes públicos no se aplicarán
al Estado, salvo que la naturaleza de la situación requiera lo
1. El derecho público regulará la organización y actividad de los entes
públicos, salvo norma expresa en contrario.
2. El derecho privado regulará la actividad de los entes que por su
régimen de conjunto y los requerimientos de su giro puedan estimarse como
empresas industriales o mercantiles comunes.
Artículo 4º.- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta
en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para
asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el
régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el
trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.
1.- La aplicación de los principios fundamentales del servicio público
a la actividad de los entes públicos no podrá alterar sus contratos ni
violar los derechos adquiridos con base en los mismos, salvo razones de
2.- En esta última hipótesis el ente público determinante del cambio
o alteración será responsable por los daños y perjuicios causados.
1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo
se sujetará al siguiente orden:
b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad
Centroamericana;
d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los
de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia;
e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los
reglamentos de los entes descentralizados; y
f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y
2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes
descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos
campos de vigencia.
3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos
a las reglas y principios que regulan los actos administrativos.
1. Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los
principios generales de derecho- servirán para interpretar, integrar y
delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el
rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.
2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de
las disposiciones que regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango
3. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado
Artículo 8º.-El ordenamiento administrativo se entenderá integrado por
las normas no escritas necesarias para garantizar un equilibrio entre la
eficiencia de la Administración y la dignidad, la libertad y los otros
1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros
ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma
administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho
privado y sus principios.
2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo
escrito, se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios
generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus
1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor
garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del
respeto debido a los derechos e intereses del particular.
2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas
conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y
sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos
que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma
escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma
1. En caso de urgencia el inferior podrá salvar su responsabilidad aun
si no ha podido enviar sus objeciones por escrito previamente a la
2. En estos casos el inferior podrá hacer verbalmente sus objeciones ante
el inmediato superior, pero se requerirá la presencia de dos testigos.
1. Se considerará autorizado un servicio público cuando se haya indicado
el sujeto y el fin del mismo. En este caso el ente encargado podrá
prestarlo de acuerdo con sus propios reglamentos sobre los demás aspectos
de la actividad, bajo el imperio del Derecho.
2. No podrán crearse por reglamento potestades de imperio que afecten
derecho del particular extraños a la relación de servicios.
1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas
escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho
privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para
2. La regla anterior se aplicará también en relación con los
reglamentos, sea que éstos provengan de la misma autoridad, sea que
provengan de otra superior o inferior competente.
1.- Los principios generales de derecho podrán autorizar implícitamente
los actos de la Administración Pública necesarios para el mejor desarrollo
de las relaciones especiales creadas entre ella y los particulares por
virtud de actos o contratos administrativos de duración.
2.- Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso, podrán
alcanzar hasta la suspensión temporal de los derechos y bienes creados por
la Administración dentro de la relación especial, pero no la negación ni la
supresión de los mismos, ni de los otros propios del particular.
3.- El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la
Administración dentro de este tipo de relaciones.
1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso
concreto, pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el
ordenamiento expresa o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea
eficiente y razonable.
2. El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados
del acto discrecional y sobre la observancia de su límites.
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de
la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica
2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas
de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de
Artículo 17.- La discrecionalidad estará limitada por los derechos
del particular frente a ella, salvo texto legal en contrario.
1. Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos fuere
evidente y manifiesta, podrá declararse por la Administración en la vía
administrativa sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad
señalado en los artículos 19 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, previo dictamen favorable de la Contraloría
2. Cuando se trate del Estado, la declaración de nulidad deberá hacerla
el Consejo de Gobierno. Cuando se trate de otros entes, deberá hacerla el
jerarca respectivo.
3. En ambos casos el dictamen deberá pronunciarse expresamente sobre el
carácter absoluto, manifiesto y evidente de la nulidad.
4. La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo caducará
5. La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este
artículo, sea por omisión de las formalidades previstas, o por no ser
absoluta, evidente y manifiesta la nulidad, será absolutamente nula, y la
Administración estará obligada además al pago de las costas y daños y
perjuicios, todo ello sin mengua de las responsabilidades personales del
servidor agente de conformidad con el párrafo 2º del artículo 199.
6. La pretensión de lesividad no podrá deducirse por vía de
contrademanda.
1. El individuo estará facultado, en sus relaciones con la
Administración, para hacer todo aquello que no le esté prohibido.
2. Se entenderá prohibido todo aquello que impida o perturbe el ejercicio
legítimo de las potestades administrativas o de los derechos del
particular, así como lo que viole el orden público, la moral o las buenas
1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado
a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes.
Artículo 20.- Los preceptos de esta ley no dejarán de aplicarse por
falta de reglamentación sino que ésta será suplida, salvo disposición
expresa en contrario, en la misma forma y orden en que se integra el
ordenamiento escrito.
1. Los órganos constitucionales superiores de la Administración del
Estado serán: El Presidente de la República, los Ministros, el Poder
Ejecutivo y el Consejo de Gobierno.
2.- El Poder Ejecutivo lo forman: El Presidente de la República y el
1. El Consejo de Gobierno estará constituido por el Presidente de la
República y los Ministros, o en su caso, los Viceministros en ejercicio.
2. Podrán asistir también a sus sesiones, con voz pero sin voto, los
Vicepresidentes y las demás personas que el Presidente convoque de
conformidad con el inciso 5) del artículo 147 de la Constitución
1.-Las carteras ministeriales serán:
c) Gobernación, Policía, Justicia y Gracia;
h) Obras Públicas y Transportes;
i) Educación Pública;
j) Salud;
k) Trabajo y Seguridad Social;
l) Cultura, Juventud y Deportes;
y las demás que establezca la ley. Esta indicará en detalle la competencia y organización de cada Ministerio.
2. El Presidente de la República podrá designar Ministros de Gobierno sin Cartera, así como recargar dos o más Carteras en un solo Ministro, o nombrar para desempeñarlas a los Vicepresidentes y a Ministros sin Cartera.
Artículo 24.- La creación, supresión o modificación de los Ministerios
se establecerá por ley distinta a la de presupuesto, sin perjuicio de las
potestades de reglamentación interna del Poder Ejecutivo.
1. El Presidente de la República y el respectivo Ministro ejercerán
las atribuciones que conjuntamente les señala la Constitución Política
2. Salvo lo que dispone la Constitución Política respecto del Poder
Ejecutivo, el Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo
Ministerio, sin perjuicio de la potestad del Presidente de la República
para avocar el conocimiento, conjuntamente con aquél, de cualquiera de
Artículo 26.- El Presidente de la República ejercerá en forma
exclusiva las siguientes atribuciones:
b) Dirigir y coordinar las tareas de Gobierno y de la Administración
Pública central en su total conjunto, y hacer lo propio con la
Administración Pública descentralizada;
c) Dirimir en vía administrativa los conflictos entre los entes
descentralizados y entre éstos y la Administración Central del
d) Resolver los conflictos de competencias que se presenten entre los
Ministerios;
e) Encargar a un Vicepresidente o a un Ministro la atención de otro
Ministerio cuando no haya Viceministro en caso de ausencia o
incapacidad temporal del titular, o de asuntos determinados en caso
de abstención o recusación;
f) Convocar, presidir y levantar las reuniones del Consejo de Gobierno
y dirigir sus deliberaciones;
g) Nombrar las comisiones auxiliares o de trabajo transitorias o
permanentes que estime necesarias; y
1. Corresponderá a los Ministros conjuntamente con el Presidente de la
República las atribuciones que les señala la Constitución y las leyes, y
dirigir y coordinar la Administración, tanto central como, en su caso,
descentralizada, del respectivo ramo.
2. Corresponderá a ambos también apartarse de los dictámenes vinculantes
para el Poder Ejecutivo.
3. Corresponderá a ambos, además, transar y comprometer en árbitros los
asuntos del ramo.
4. La transacción y el compromiso sobre asuntos de derecho público
requerirán aprobación de la Asamblea Legislativa, y los que versen sobre
asuntos de derecho privado y excedan de cien mil colones requerirán
dictamen favorable de La Procuraduría General de la República.
1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo
b) Preparar y presentar al Presidente de la República los proyectos
de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, órdenes y demás actos
que deban suscribir conjuntamente relativos a las cuestiones
atribuidas a su Ministerio;
c) Remitir a la Asamblea Legislativa, una vez aprobados por el
Presidente de la República, los proyectos de ley a que se refiere
el inciso anterior;
d) Agotar la vía administrativa, resolviendo recursos pertinentes,
salvo ley que desconcentre dicha potestad;
e) Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u
organismos de su Ministerio;
f) Plantear los conflictos de atribuciones con otros Ministerios
o con las entidades descentralizadas.
g) Disponer los gastos propios de los servicios de su Ministerio,
dentro del importe de los créditos autorizados, e instar del
Ministerio de Hacienda el trámite de los pagos correspondientes;
h) Firmar en nombre del Estado los contratos relativos a asuntos
propios de su Ministerio; e
i) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.
Artículo 29.- Incumbirá al Consejo de Gobierno:
a) Ejercer las atribuciones que expresamente le fija la Constitución
b) Asesorar al Presidente de la República y, cuando así lo manifieste
éste expresamente, resolver los demás asuntos que le encomiende. En
estos casos, el Presidente podrá revisar de oficio, revocando,
modificando o anulando, lo resuelto. No habrá recurso ante el
Presidente de lo resuelto por el Consejo de Gobierno;
c) Resolver los recursos de revocatoria o reposición procedentes
contra sus resoluciones de conformidad con la ley;
d) Dar la autorización a que se refiere el artículo 15, párrafo 35,
de la Ley de lo Contencioso Administrativo;
e) Formular la declaratoria de lesividad prevista en el artículo 35,
párrafo 2º, de la misma Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, en relación con los actos de la Administración
Central; y
f) Autorizar a los Ministros para separarse de los dictámenes que se
hubieren producido, cuando de otro modo habrían sido vinculantes,
motivando la autorización.
1. Las resoluciones del Consejo de Gobierno, no rechazadas por el
Presidente, serán ejecutadas por éste y el respectivo Ministro.
2. Cuando la resolución del Consejo fuese de la competencia de varios
Ministerios, o de ninguno a juicio del Presidente, será ejecutada con
3. Las resoluciones del Consejo de Gobierno en materia de su competencia
constitucional serán ejecutivas.
Artículo 31.- El Presidente de la República o, en su caso, quien los
sustituya, presidirá el Consejo de Gobierno, con todas las facultades
necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
1. El Presidente podrá conceder participación a sus asesores técnicos o
autorizar a los Ministros para que hagan lo propio con los suyos en los
asuntos de su ramo.
2. Los asesores, como cualquier tercero invitado para fines de consulta,
tendrán voz pero no voto.
1. Habrá un Secretario del Consejo de Gobierno, con las siguientes
c) Dirigir los procedimientos administrativos pendientes ante el
d) Asistir al Presidente como su Secretario Particular en el
desempeño de sus funciones de Presidente del Consejo; y
e) Firmar, comunicar y ejecutar todos los actos relativos al
despacho de los asuntos del Consejo, cuando ello no corresponda al
Presidente y al respectivo Ministro.
2. Para el desempeño de su cargo el Secretario tendrá el personal
auxiliar que indique el respectivo reglamento.
1. El Consejo sesionará ordinariamente al menos una vez por semana, que
fijará el Presidente para cada sesión o por vía general para todas las
sesiones del año, en cuyo caso no habrá necesidad de convocatoria para cada
1. Será potestad exclusiva del Presidente de la República convocar al
Consejo, incluso para el conocimiento de los asuntos de competencia
constitucional del mismo.
2. La convocatoria la hará el Presidente por cualquier medio adecuado
al efecto, según su exclusivo criterio.
1. El Consejo hará quórum con las dos terceras partes de la totalidad
2. En los asuntos que no son de su competencia constitucional el
Consejo podrá celebrar sesión en segunda convocatoria con la mitad de
1. Las sesiones del Consejo serán secretas, salvo que el Presidente
disponga lo contrario.
2. El orden del día será confeccionado exclusivamente por el Presidente
quien pondrá a discusión los temas respectivos en el orden que estime
1. Las deliberaciones del Consejo se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, con las excepciones que se dirán.
2. Cuando un Ministro tuviere recargado otro Ministerio contará con un
solo voto en el Consejo.
Artículo 39.- Sólo podrán adoptarse por mayoría calificada de los
dos tercios de los votos presentes los siguientes acuerdos:
b) Los que correspondan a las atribuciones señaladas por los incisos
1) y 2) del artículo 147 de la Constitución Política, en este último
caso cuando haya de apartarse de la recomendación de la Corte Suprema
de Justicia; y
c) La declaratoria de lesividad prevista por el artículo 35, párrafo
2, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
1. La votación será pública, salvo que el Presidente disponga lo
contrario o que se trate de la apreciación discrecional de cualidades
o actividades de personas, o de asuntos que afecten seriamente el
prestigio o el patrimonio de las mismas, en cuyo caso será secreta.
3. Las abstenciones o los votos en blanco se computarán para efectos
de quórum y para determinar el número de votantes, pero no se podrán
atribuir ni a la mayoría ni a la minoría.
1. Las actas serán firmadas por el Presidente y por el Secretario y deben
ser leídas y aprobadas en la siguiente sesión.
2. Los votos salvados deberán ser consignados y firmados por el
Presidente y el Secretario.
3. Sin el acta debidamente firmada y formalizada, de acuerdo con esta
ley, los acuerdos serán absolutamente nulos.
Artículo 42.- Los acuerdos del Consejo serán ejecutivos y comunicables
desde que se adoptan, salvo si se interpone recurso de revisión contra los
mismos, en cuyo caso adquirirán firmeza con la decisión desestimatoria del
1. Los miembros del Consejo podrán interponer recurso de revisión contra
un acuerdo, pero el mismo sólo será admisible si el Presidente lo apoya.
2. El recurso habrá de resolverse en la siguiente sesión y tendrá
obligada preferencia para su trámite, salvo caso de urgencia, en el cual se
podrá decidir en el acto.
Artículo 44.- Cabrá recurso de reposición o revocatoria contra los
acuerdos del Consejo que lesionan derechos o intereses legítimos, todo
de conformidad con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
1. Las decisiones del Consejo serán publicadas en el Diario Oficial
cuando sean generales o correspondan a la competencia constitucional del
mismo, o notificadas directamente al interesado, en los demás casos.
2. Los actos constitucionales de alcance individual deberán ser,
además, notificados.
3. El acto indebidamente comunicado o no comunicado no obliga al
1. El Consejo podrán reglamentar internamente su funcionamiento dentro
del marco de esta ley.
2. Podrán asimismo constituir comisiones especiales de trabajo,
permanentes o temporales, de su seno o con participación de otros
2. Los Viceministros deberán reunir los mismos requisitos que los
Ministros y tendrán las atribuciones que señalen esta ley y el respectivo
3. Los Viceministros sustituirán en sus ausencias temporales a los
respectivos Ministros, cuando así lo disponga el Presidente de la
4. El Viceministro será el superior jerárquico inmediato de todo el
personal del Ministerio, sin perjuicio de las potestades del Ministro
Artículo 48.- Corresponderá al Viceministro:
a) Ejercer las potestades que le confiere su calidad de superior
jerárquico subordinado;
b) Dirigir y coordinar las actividades internas y externas del
Ministerio, sin perjuicio de las potestades del Ministro al respecto;
c) Ser el centro de comunicación del Ministerio, en lo interno y
d) Realizar los estudios y reunir la documentación necesarios para la
buena marcha del Ministerio;
e) Delegar, avocar, sustituir o subrogar funciones dentro de los
límites de esta ley; y
f) Requerir ayuda de todo el personal del Ministerio para el
1. Cada órgano colegiado tendrá un Presidente nombrado en la forma
prescrita por la ley respectiva o en su defecto por lo aquí dispuesto.
2. Salvo norma contraria, el Presidente será nombrado de entre los
miembros del órgano colegiado, por la mayoría absoluta de ellos y durará
en su cargo un año, pudiendo ser reelecto.
a) Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las
reuniones del órgano, las que podrá suspender en cualquier momento
por causa justificada;
b) Velar porque el órgano colegiado cumpla las leyes y
reglamentos relativos a su función;
c) Fijar directrices generales e impartir instrucciones en
cuanto a los aspectos de forma de las labores del órgano;
e) Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su
caso, las peticiones de los demás miembros formuladas al menos con
tres días de antelación;
f) Resolver cualquier asunto en caso de empate, para cuyo caso
tendrá voto de calidad;
Artículo 50.- Los órganos colegiados nombrarán un Secretario, quien
tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
b) Comunicar las resoluciones del órgano, cuando ello no
corresponda al Presidente; y
Artículo 51.- En caso de ausencia o de enfermedad y, en general,
cuando concurra alguna causa justa, el Presidente y el Secretario de los
órganos colegiados serán sustituidos por el Vicepresidente, o un Presidente
ad-hoc y un Secretario suplente, respectivamente.
1. Todo órgano colegiado se reunirá ordinariamente con la frecuencia y el
día que la ley o su reglamento. A falta de regla expresa deberá reunirse
en forma ordinaria en la fecha y con la frecuencia que el propio órgano
3. Para reunirse en sesión extraordinaria será siempre necesaria una
convocatoria por escrito, con una antelación mínima de veinticuatro horas,
salvo los casos de urgencia. A la convocatoria se acompañará copia del
orden del día, salvo casos de urgencia.
4. No obstante, quedará válidamente constituido un órgano colegiado sin
cumplir todos los requisitos referentes a la convocatoria o al orden del
día, cuando asistan todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.
1. El quórum para que pueda sesionar válidamente el órgano colegiado será
el de la mayoría absoluta de sus componentes.
2. Si no hubiere quórum, el órgano podrá sesionar válidamente en segunda
convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera,
salvo casos de urgencia en que podrá sesionar después de media hora y para
ello será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros.
1. Las sesiones del órgano serán siempre privadas, pero el órgano podrá
disponer, acordándolo así por unanimidad de sus miembros presentes, que
tenga acceso a ella el público en general o bien ciertas personas,
concediéndoles o no el derecho de participar en las deliberaciones con voz
2. Tendrán derecho a asistir con voz pero sin voto los representantes
ejecutivos del ente, a que pertenezca el órgano colegiado, salvo que éste
3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros
4. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el
orden del día, salvo que estén presentes los dos tercios de los miembros
del órgano y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de
1. Caso de que alguno de los miembros del órgano interponga recurso de
revisión contra un acuerdo, el mismo será resuelto al conocerse el acta de
esa sesión, a menos que, por tratarse de un asunto que el Presidente juzgue
urgente, prefiera conocerlo en sesión extraordinaria.
2. El recurso de revisión deberá ser planteado a más tardar al discutirse
el acta, recurso que deberá resolverse en la misma sesión.
3. Las simples observaciones de forma, relativas a la redacción de los
acuerdos, no serán consideradas para efectos del inciso anterior, como
1. De cada sesión se levantará una (sic) acta, que contendrá la indicación de
las personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en
que se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y
resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.
2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa
aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva
sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación
de dos tercios de la totalidad de los miembros del Colegio.
3. Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos miembros que
hubieren hecho constar su voto disidente.
1. Los miembros del órgano colegiado podrán hacer constar en el acta su
voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen,
quedando en tal caso exentos de las responsabilidades que, en su caso,
pudieren derivarse de los acuerdos.
2. Cuando se trate de órganos colegiados que hayan de formular dictámenes
o propuestas, los votos salvados se comunicarán junto con aquellos.
2. Cabrá recurso de apelación exclusivamente cuando otras leyes lo
indiquen.
1. La competencia será regulada por ley siempre que contenga la
atribución de potestades de imperio.
2. La distribución interna de competencias, así como la creación de
servicios sin potestades de imperio, se podrá hacer por reglamento
autónomo, pero el mismo estará subordinado a cualquier ley futura sobre la
3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante reglamento
autónomo, que estará también subordinado a cualquier ley futura.
1. La competencia se limitará por razón del territorio, del tiempo, de la
materia y del grado.
2. Se limitará también por la naturaleza de la función que corresponda a
un órgano dentro del procedimiento en que participa.
1. Para determinar la competencia administrativa por razón del territorio
serán aplicables las normas respectivas de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, en materia civil.
2. Si no son compatibles, será competente el órgano que ha iniciado el
procedimiento, o aquel más próximo al lugar de los hechos que son motivo de
3. Para determinar los otros tipos de competencia se estará a lo que
dispongan las reglas específicas pertinentes.
Artículo 62.- Cuando una norma atribuya un poder o fin a un ente u
órgano compuesto por varias oficinas, sin otra especificación, será
competente la oficina de función más similar, y, si no la hay, la de grado
superior, o la que ésta disponga.
1. Habrá una limitación de la competencia por razón del tiempo cuando su
existencia o ejercicio esté sujeto a condiciones o términos de extinción.
2. No se extinguirán las competencias por el transcurso del plazo señalado
para ejercerlas, salvo regla en contrario.
Artículo 64.- Las competencias por razón del grado y los poderes
correspondientes dependerán de la posición del órgano en la línea
1. Todo órgano será competente para realizar las tareas regladas o
materiales internas necesarias para la eficiente expedición de sus asuntos.
2. La potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al
órgano que tenga funciones de decisión en cuanto a lo certificado o a
su secretario.
1. Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su
cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles.
2. Sólo por ley podrán establecerse compromisos de no ejercer una
potestad de imperio. Dicho compromiso sólo podrá darse dentro de un acto o
contrato bilateral y oneroso.
3. El ejercicio de las potestades en casos concretos podrá estar
expresamente sujeto a caducidad, en virtud de otras leyes.
1. La incompetencia será declarable de oficio en cualquier momento por el
órgano que dictó el acto, por el superior jerárquico o, a instancia de
parte, por la autoridad de contralor.
2. El órgano que en definitiva resulte competente continuará el
procedimiento y mantendrá todo lo actuado, salvo que ello no sea
jurídicamente posible.
Artículo 68.- Cuando la incompetencia sea declarada en relación con
una petición o instancia sujeta a término, se tendrá ésta por presentada en
tiempo si el órgano competente pertenece al mismo Ministerio, tratándose
del Estado, o al mismo ente, tratándose de entidades descentralizadas.
Artículo 69.- El órgano que declina su competencia podrá adoptar las
medidas de urgencia necesarias para evitar daños graves o irreparables a la
Administración o a los particulares, comunicándolo al órgano competente.
Artículo 70.- La competencia será ejercida por el titular del órgano
respectivo, salvo caso de delegación, avocación, sustitución o subrogación,
en las condiciones y límites indicados por esta ley.
1. Los conflictos de competencia entre órganos del Poder Ejecutivo o de
un mismo ente deberán ser resueltos de conformidad con las Secciones II y
III de este Capítulo, y no podrán ser llevados, en ningún caso, a los
2. Con igual limitación que la señalada en el párrafo anterior, los otros
conflictos administrativos entre órganos del Poder Ejecutivo o de un mismo
ente, se resolverán por el superior jerárquico común de los órganos en
conflicto, aplicando en lo demás las disposiciones de la Sección IV de este
3. Los conflictos, incluso de competencia entre entes, serán resueltos de
conformidad con la Sección IV de este Capítulo, en la vía administrativa,
pero cada parte conservará su derecho a la acción contenciosa pertinente.
4. Queda a salvo lo dispuesto en la Sección V de este Capítulo para los
conflictos con los interesados.
Artículo 72.- Todo conflicto entre órganos o Ministerios deberá quedar
resuelto dentro del mes posterior a su planteo. El superior jerárquico
deberá vigilar el procedimiento respectivo para garantizar la celeridad que
requiere la observancia de dicho término.
1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución
de un asunto, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere
competente, si depende del mismo Ministerio.
2. Si se considera igualmente incompetente el órgano que recibe el
expediente, elevará éste ante el superior jerárquico común, a fin de que
decida el conflicto de competencia.
Artículo 74.- El órgano que se estime competente para resolver un
asunto de que conoce otro de igual jerarquía dentro del mismo Ministerio,
lo requerirá de inhibición; y si el requerido se considerare competente, se
procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 75.- El inferior no podrá sostener competencia con superior.
Llegado el caso, se limitará a exponerle las razones que tenga para estimar
que le corresponde el conocimiento del asunto y el superior resolverá lo
procedente, agregando la exposición a sus antecedentes.
Artículo 76.- El órgano administrativo que se estima competente para
la resolución de un asunto del que conoce un órgano de otro Ministerio, o
que se estime incompetente para la resolución del que le ha sido sometido,
y considere competente a un órgano de otro Ministerio, elevará el
expediente mediante resolución fundada, al Ministerio de que depende, a fin
de que decida si remite las actuaciones o requiere de inhibición, según el
caso, al otro Ministerio.
Artículo 77.- Planteado el conflicto positivo o negativo de
competencia, por considerarse competente el otro Ministerio en el primer
caso, o incompetente en el segundo, se elevarán las actuaciones al
Presidente de la República, quien decidirá el conflicto a la mayor
Artículo 78.- Cuando surja un conflicto de competencia o de cualquier
otra naturaleza entre un Ministerio y una institución descentralizada, o
entre éstas, la decisión corresponderá al Presidente de la República.
1. El órgano que quiera plantear un conflicto deberá exponerlo al jerarca
correspondiente, con expresión de pruebas y razones.
2. El jerarca podrá libremente acoger o desechar la petición dentro del
octavo día después de recibida, comunicando su decisión al inferior. 3. Si
la acoge la enviará al Presidente de la República a la brevedad posible,
modificándola en lo que quisiere.
4. El Presidente dará audiencia por un mes a la otra parte y decidirá
en el plazo máximo de un mes, pasada la audiencia dicha, haya sido
contestada o no la audiencia.
5. Si se requiere la evacuación de prueba, el Presidente dispondrá de
un mes más para tal efecto.
Artículo 80.- Si es el Estado el que plantea el conflicto se observará
el mismo trámite anterior.
Artículo 81.- Cuando un interesado estime incompetente a un órgano
administrativo, podrá requerirle en cualquier momento para que declare su
1. El órgano requerido de incompetencia deberá pronunciarse dentro de los
cinco días posteriores al recibo del requerimiento.
2. Si acogiere la gestión se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 76, 79 u 82 según el caso.
3. Si se estimare competente, su decisión será recurrible en la vía
jerárquica por el procedimiento usual.
4. Agotada la vía jerárquica no cabrá acción contenciosa contra la
resolución que fija la competencia salvo el caso del artículo 71.3, pero
dictada que sea la resolución de fondo podrá plantearse la nulidad de ésta
por incompetencia del órgano que la dictó.
5. La falta de decisión en término se considerará como denegación tácita
de la incompetencia.
1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste
y al superior jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley
o por reglamento.
b) Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a
3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído
además, a órdenes, instrucciones o circulares del superior.
4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior
hará presumir la potestad de avocar la misma y a la inversa.
5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de aplicación
restrictiva en contra de la competencia del órgano desconcentrado y las
que crean la desconcentración máxima serán de aplicación extendida en
Artículo 84.- Las competencias administrativas o su ejercicio podrán
ser transferidas mediante:
1. Toda transferencia de competencias externas de un órgano a otro o de
un servidor público a otro, tendrá que ser autorizada por una norma
expresa, salvo casos de urgencia.
2. En toda hipótesis, la norma que autoriza la transferencia deberá tener
rango igual o superior al de la que crea la competencia transferida.
3. No podrán hacerse transferencias por virtud de práctica, uso o
Artículo 86.- No podrán transferirse las competencias de los órganos
constitucionales de la Administración que estén regulados únicamente en la
1. Toda transferencia de competencia deberá ser temporal y salvo el caso
de la suplencia y de la sustitución de órgano, claramente limitada en su
contenido por el acto que le da origen.
2. Toda transferencia de competencia deberá ser motivada, con las
excepciones que señala esta ley.
3. La violación de los límites indicados causará la invalidez tanto
del acto origen de la transferencia, como de los dictados en ejercicio
Artículo 88.- Si en el curso de un expediente se transfiere legalmente
la competencia a otro órgano administrativo, con éste se continuará la
causa, de oficio o a gestión de parte.
1. Todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato
inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza.
2. La delegación no jerárquica o en diverso grado requerirá de otra
norma expresa que la autorice, pero a la misma se aplicarán las reglas
compatibles de esta Sección.
3. No será posible la delegación cuando la competencia haya sido
otorgada al delegante en razón de su específica idoneidad para el cargo.
4. La delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial cuando sea
para un tipo de acto y no para un acto determinado.
Artículo 90.- La delegación tendrá siempre los siguientes límites:
a) La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano
que la ha conferido;
c) No podrá hacerse una delegación total ni tampoco de las
competencias esenciales del órgano, que le dan nombre o que
justifican su existencia;
d) No podrá hacerse delegación sino entre órgano de la misma clase,
por razón de la materia, del territorio y de la naturaleza de la
función; y
e) El órgano colegiado no podrán delegar sus funciones, sino
únicamente la instrucción de las mismas, en el Secretario.
Artículo 91.- El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar
la gestión del delegado y podrá ser responsable con éste por culpa en
la vigilancia. Sólo habrá lugar a culpa en la elección cuando ésta haya
sido discrecional.
Artículo 92.- Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso
el delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver,
limitándose a firmar lo resuelto por aquél.
1. El superior podrá, incluso por razones de oportunidad, avocar la
decisión de asuntos del inmediato inferior cuando no haya recurso
jerárquico contra la decisión de éste y en tal caso la resolución del
superior agotará también la vía administrativa.
2. La avocación no creará subordinación especial entre avocante y
3. El avocado no tendrá ninguna vigilancia sobre la conducta del
avocante ni es responsable por ésta.
4. Cuando se refiera a un tipo de negocio, y no a uno determinado,
deberá publicarse en el Diario Oficial.
6. La avocación no jerárquica o de competencias de un órgano que no
sea el inmediato inferior requerirá de otra ley que la autorice.
Artículo 94.- El órgano delegante podrá avocar el conocimiento y
decisión de cualquier asunto concreto que corresponde decidir al
inferior en virtud de la delegación general.
1. Las ausencias temporales o definitivas del servidor podrán ser
suplidas por el superior jerárquico inmediato o por el suplente que se
2. Si el superior jerárquico no quisiere hacer la suplencia o
transcurridos dos meses de iniciado su ejercicio por él, deberá
nombrarse al suplente de conformidad con la ley.
3. Si la plaza está cubierta por el régimen especial del Servicio
Civil el suplente será nombrado de conformidad con éste; si no lo está
podrá ser nombrado libremente.
1. El suplente sustituirá al titular para todo efecto legal, sin
subordinación ninguna, y ejercerá las competencias del órgano con la
plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen.
2. Toda suplencia requerirá el nombramiento del suplente, con la
excepción prevista en el artículo anterior, en cuanto al superior
jerárquico inmediato.
3. El nombramiento del suplente se hará siempre dejando a salvo la
potestad de nombrar un nuevo titular, sin responsabilidad ninguna para
1. El superior podrá sustituir al inmediato inferior cuando éste omita la
conducta necesaria para el cumplimiento de los deberes de su cargo, pese a
la debida intimación para que los cumpla, sin probar justa causa al
2. Para hacer la intimación bastará el envío de carta certificada al
inferior con tres días de anticipación, advirtiendo la posibilidad de
la sustitución.
1. El Poder Ejecutivo, dentro del ramo correspondiente, podrá remover y
sustituir, sin responsabilidad para el Estado, al inferior no jerárquico,
individual o colegiado, del Estado o de cualquier otro ente
descentralizado, que desobedezca reiteradamente las directrices que aquel
le haya impartido sin dar explicación satisfactoria al respecto, pese a las
intimaciones recibidas. Cuando se trate de directores de instituciones
autónomas la remoción deberá hacerla el Consejo de Gobierno.
2. El servidor o colegio sustituto tendrá todas las potestades y
atribuciones del titular ordinario, pero deberá usarlas para lo
estrictamente indispensable al restablecimiento de la armonía de la
normalidad administrativa, so pena de incurrir en nulidad.
3. Los actos del sustituto, en este caso, se reputarán propios del
ente u órgano que ha sufrido la sustitución, para todo efecto legal.
4. La sustitución regulada por este artículo creará un vínculo
jerárquico entre el Poder Ejecutivo y el sustituto, pero ninguna entre
éste y el sustituto. (*)
5. La sustitución deberá ser precedida por al menos tres intimaciones
instando al inferior a justificar su conducta y a cumplir.
6. El silencio del sustituido será por sí justa causa para la
7. Para hacer la intimación bastará carta certificada, en los términos
señalados en el artículo anterior.
1. Habrá relación de dirección cuando dos órganos de administración
activa tengan diversa competencia por razón de la materia y uno de ellos
pueda ordenar la actividad, pero no los actos, del otro, imponiéndole
las metas de la misma y los tipos de medios que habrá de emplear para
realizarlas, dentro de una relación de confianza incompatible con
órdenes, instrucciones o circulares.
2. La jerarquía implicará la potestad de dirección, pero no a la
1. Cuando un órgano tenga potestad de dirección sobre otro podrá
impartirle directrices, vigilar su cumplimiento y sancionar con la remoción
al titular que falte a las mismas en forma reiterada y grave, sin
justificar la inobservancia.
2. El órgano director no tendrá como tal potestad jerárquica sobre el
dirigido, y éste tendrá en todo caso discrecionalidad para aplicar las
directrices de acuerdo con las circunstancias.
3. El órgano director tendrá también potestad para coordinar al
dirigido con otros, siempre dentro de los límites antes indicados.
Artículo 101.- Habrá relación jerárquica entre superior e inferior
cuando ambos desempeñen funciones de la misma naturaleza y la competencia
del primero abarque la del segundo por razón del territorio y de la
Artículo 102.- El superior jerárquico tendrá las siguientes
a) Dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo
de ejercicio de las funciones por parte del inferior, tanto en
aspectos de oportunidad y conveniencia como de legalidad, sin otras
restricciones que las que se establezcan expresamente;
b) Vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y
conveniencia, y utilizar todos los medios necesarios o útiles para
ese fin que no estén jurídicamente prohibidos;
d) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior
a la ley y a la buena administración, revocándola, anulándola o
reformándola de oficio, o en virtud de recurso administrativo;
e) Delegar sus funciones y avocar las del inmediato inferior, así como
sustituirlo en casos de inercia culpable, o subrogarse a él ocupando
temporalmente su plaza mientras no regrese o no sea nombrado un nuevo
titular, todo dentro de los límites y condiciones señalados por esta
ley; y
f) Resolver los conflictos de competencia o de cualquier otra índole
que se produzcan entre órganos inferiores.
1. El jerarca o superior jerárquico supremo tendrá, además, la
representación extrajudicial de la Administración Pública en su ramo y el
poder de organizar ésta mediante reglamentos autónomos de organización y de
servicio, internos o externos, siempre que, en este último caso, la
actividad regulada no implique el uso de potestades de imperio frente al
2. Cuando a la par del órgano deliberante haya un gerente o funcionario
ejecutivo, éste tendrá la representación del ente o servicio.
3. El jerarca podrá realizar, además, todos los actos y contratos
necesarios para el eficiente despacho de los asuntos de su ramo.
1. En silencio de la ley, el jerarca podrá nombrar, disciplinar y remover
a todos los servidores del ente, de conformidad con los artículos 191, 192
y de la Constitución Política.
2. Cuando exista una articulación entre un jerarca colegiado y otro
unipersonal de tipo ejecutivo, corresponderá al primero nombrar a este
último, a sus suplentes y a los demás altos funcionarios del ente que
indique el reglamento, y corresponderá al jerarca ejecutivo el nombramiento
del resto del personal.
1. La potestad de ordenar y dirigir la conducta del inferior mediante
órdenes, instrucciones o circulares será necesaria y suficiente para la
existencia de la relación jerárquica, salvo limitaciones expresas del
2. Las otras potestades arriba enumeradas podrán darse sin que exista
la jerarquía, pero su presencia hará presumir ésta, salvo que de la
naturaleza de la situación o de su régimen de conjunto se desprenda lo
Artículo 106.-De no excluirse expresamente, habrá recurso
jerárquico contra todo acto del inferior, en los términos de esta ley.
1. Todo servidor público estará obligado a obedecer las órdenes
particulares, instrucciones o circulares del superior, con las limitaciones
que establece este Capítulo.
2. El servidor no estará obligado a obedecer cuando el acto no provenga
de un superior jerárquico sea o no inmediato.
1. Deberá desobedecer el servidor cuando se presente cualquiera de las
a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos
evidentemente extraños a la competencia del inferior; y
b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su
ejecución abuso de autoridad o cualquier otro delito.
2. La obediencia en una cualquiera de estas circunstancias producirá
responsabilidad personal del funcionario, tanto administrativo como civil,
sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda caber.
1. Cuando no se presente ninguna de las circunstancias enumeradas en los
dos artículos anteriores el servidor deberá obedecer aunque el acto del
superior sea contrario al ordenamiento por cualquier otro concepto, pero en
este último caso deberá consignar y enviar por escrito sus objeciones al
jerarca, quien tendrá la obligación de acusar recibo.
2. El envío de las objeciones escritas salvará la responsabilidad del
inferior, pero éste quedará sujeto a inmediata ejecución de lo ordenado.
3. Cuando la ejecución inmediata pueda producir daños graves de imposible
o difícil reparación, el inferior podrá suspenderla, sujeto a
responsabilidad disciplinaria y eventualmente civil o penal si las causas
justificantes resultaren inexistentes en definitiva.
4. Quedará a salvo lo dispuesto por el artículo 81.2 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
1. Es servidor público la persona que presta servicios a la
Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su
organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con
entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado,
permanente o público de la actividad respectiva.
2. A este efecto considéranse equivalentes los términos "funcionario
público", "servidor público", "empleado público", "encargado de servicio
público" y demás similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo
para todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo contrario.
3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o
servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al
1. El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio
entre la Administración y sus servidores públicos.
2. Las relaciones de servicios con obreros, trabajadores y empleados que
no participan de la gestión pública de la Administración, de conformidad
con el párrafo 3º, del artículo III, se regirán por el derecho laboral o
mercantil, según los casos.
3. Sin embargo, se aplicarán también a estos últimos las disposiciones
legales o reglamentarias de derecho público que resulten necesarias para
garantizar la legalidad y moralidad administrativa, conforme lo determine
por Decreto el Poder Ejecutivo.
1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que
satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado
como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los
2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración
Pública cuando pueda estar en conflicto.
3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer
lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el
individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera
1. El servidor público será un servidor de los administrados, en general,
y en particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en
virtud de la función que desempeña; cada administrado deberá ser
considerado en el caso individual como representante de la colectividad de
que el funcionario depende y por cuyos intereses debe velar.
2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor,
considérase, en especial, irregular desempeño de su función todo acto,
hecho u omisión que por su culpa o negligencia ocasione trabas u obstáculos
injustificados o arbitrarios a los administrados.
Artículo 115.- Será funcionario de hecho el que hace los que el
servidor público regular, pero sin investidura o con una investidura
inválida o ineficaz, aun fuera de situaciones de urgencia o de cambios
ilegítimos de gobierno, siempre que se den las siguientes circunstancias:
a) Que no se haya declarado todavía la ausencia o la irregularidad de la
investidura, ni administrativa ni jurisdiccionalmente; y
b) Que la conducta sea desarrollada en forma pública, pacífica, continua
y normalmente acomodada a derecho.
1. Los actos del funcionario de hecho serán válidos aunque perjudiquen
al administrado y aunque éste tenga conocimiento de la irregularidad de
la investidura de aquél.
2. La Administración quedará obligada o favorecida ante terceros por
virtud de los mismos.
Artículo 117.- No habrá relación de servicio entre el funcionario de
hecho y la Administración, pero si el primero ha actuado de buena fe no
estará obligado a devolver lo percibido de la administración en concepto de
retribución y, si nada ha recibido, podrá recuperar los costos de su
conducta en la medida en que haya habido enriquecimiento sin causa, de la
Administración, según las reglas del derecho común.
1. El funcionario de hecho será responsable ante la Administración y ante
los administrados por los daños que cause su conducta.
2. La Administración será responsable ante los administrados por la
conducta del funcionario de hecho.
Artículo 119.- La responsabilidad penal del funcionario de hecho que
fuere usurpador se regulará por el Código Penal.
1. Para los efectos de clasificación y valor, los actos de la
Administración se clasifican en externos e internos, según que vayan
destinados o no al administrado; y en concretos y generales, según que
vayan destinados o no a un sujeto identificado.
2. El acto concreto estará sometido en todo caso al general y el interno
al externo, con la salvedad contemplada en los artículo 126 y 127.
1. Los actos se llamarán decretos cuando sean de alcance general y
acuerdos cuando sean concretos.
2. Los decretos de alcance normativo se llamarán también reglamentos
o decretos reglamentarios.
3. Los acuerdos que decidan un recurso o reclamo administrativo se
llamarán resoluciones.
1. Los actos internos carecerán de valor ante el ordenamiento general
del Estado en perjuicio del particular, pero no en su beneficio.
2. En este último caso el particular que los invoque deberá aceptarlos
3. La violación de los reglamentos internos en perjuicio del particular
causará la invalidez del acto y eventualmente la responsabilidad del Estado
y del servidor público, en los términos de esta ley.
1. Tendrán relevancia externa ante los administrados y los tribunales
comunes, no obstante lo dicho en el artículo anterior, los actos internos
que estén regulados por ley, reglamento u otra norma cualquiera del Estado.
2. Tendrán igual relevancia externa para los servidores de la
Administración los actos internos de ésta que afecten sus derechos en las
relaciones de servicio entre ambos.
Artículo 124.- Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás
disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer
penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares.
1. Las instrucciones y circulares internas deberán exponerse en vitrinas
o murales en la oficina respectiva durante un período mínimo de un mes y,
compilarse en un repertorio o carpeta que deberá estar permanentemente a
disposición de los funcionarios y de los administrados.
2. La infracción a la anterior clasificación carecerá de todo efecto,
pero el desconocimiento del valor y jerarquía de los actos arriba
establecidos producirá nulidad absoluta.
Artículo 126.- Pondrán fin a la vía administrativa los actos emanados
de los siguientes órganos y autoridades, cuando resuelvan definitivamente
los recursos de reposición o de apelación previstos en el Libro Segundo de
esta Ley, interpuestos contra el acto final:
a) Los del Poder Ejecutivo, Presidente de la República y Consejo de
Gobierno, o, en su caso, los del jerarca del respectivo Supremo
b) Los de los respectivos jerarcas de las entidades descentralizadas,
cuando correspondan a la competencia exclusiva o a la especialidad
administrativa de las mismas, salvo que se otorgue por ley algún
recurso administrativo contra ellos;
c) Los de los órganos desconcentrados de la Administración, o en su caso
los del órgano superior de los mismos, cuando correspondan a su
competencia exclusiva y siempre que no se otorgue, por ley o
reglamento, algún recurso administrativo contra ellos; y
d) Los de los Ministros, Viceministros y cualesquiera otros órganos
y autoridades, cuando la ley lo disponga expresamente o niegue todo
ulterior recurso administrativo contra ellos.
Artículo 127.- Cuando el agotamiento de la vía administrativa se
produzca en virtud de silencio u otro acto presunto, la Administración está
siempre obligada a dictar resolución expresa sobre el fondo dentro de los
plazos correspondientes, y aún después, en este caso sin perjuicio del
silencio ni de las responsabilidades consiguientes, dentro del año previsto
por el artículo 37.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Artículo 128.- Será válido el acto administrativo que se conforme
sustancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil
del funcionario que lo dicta.
Artículo 129.- El acto deberá dictarse por el órgano competente y por
el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo
cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de
los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia.
1. El acto deberá aparecer objetivamente como una manifestación de
voluntad libre y consciente, dirigida a producir el efecto jurídico deseado
para el fin querido por el ordenamiento.
2. El error no será vicio del acto administrativo pero cuando recaiga
sobre otros elementos del mismo, la ausencia de éstos viciará el acto,
3. El dolo y la violencia viciarán el actoúnicamente cuando constituyan
desviación de poder.
1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los
cuales se subordinarán los demás.
2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin
embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no creará
discrecionalidad del administrador al respecto y el juez deberá
determinarlos con vista de los otros elementos del acto y del resto del
3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de
éste, será desviación de poder.
1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca
todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no
hayan sido debatidas por las partes interesadas.
2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al
motivo, cuando ambos se hallen regulados.
3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque
sea en forma imprecisa.
4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción
discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de
reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean
legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.
1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en
cuenta para dictar el acto.
2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y
cuando esté regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme
con los conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento.
1. El acto administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que su
naturaleza o las circunstancias exijan forma diversa.
2. El acto escrito deberá indicar el órgano agente, el derecho
aplicable, la disposición, la fecha y la firma, mencionando el cargo del
1. Cuando deba dictarse una serie de actos de la misma naturaleza, tales
como nombramientos, permisos, licencias, etc., podrán refundirse en un sólo
documento que especificará las personas y otras circunstancias que
individualicen cada uno de los actos, y sólo dicho documento llevará la
firma de rigor.
2. Los actos a que se refiere el artículo anterior serán considerados a
todos los efectos, tales como notificaciones e impugnaciones, etc., como
actos administrativos diferenciados.
a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o
denieguen derechos subjetivos;
c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes
o del dictamen de órganos consultivos;
2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca
a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas,
dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la
adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia.
Artículo 137.- Los comportamientos y actividades materiales de la
Administración que tengan un sentido unívoco y que sean incompatibles con
una voluntad diversa, servirán para expresar el acto, salvo que la
naturaleza o circunstancia de éste exijan manifestación expresa.
Artículo 138.- El acto podrá expresarse a través de otro que lo
implique necesariamente, en cuyo caso tendrá existencia jurídica propia.
Artículo 139.- El silencio de la administración no podrá expresar
su voluntad salvo ley que disponga lo contrario.
Artículo 140.- El acto administrativo producirá su efecto después de
comunicado al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en
cuyo caso lo producirá desde que se adopte.
1. Para ser impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, el acto
deberá ser eficaz. En todo caso, la debida comunicación será el punto
de partida para los términos de impugnación del acto administrativo.
2. Si el acto es indebidamente puesto en ejecución antes de ser eficaz
o de ser comunicado, el administrado podrá optar por considerarlo
impugnable desde que tome conocimiento del inicio de la ejecución.
1. El acto administrativo producirá efecto en contra del administrado
únicamente para el futuro, con las excepciones que se dirán.
2. Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado
se requerirá que desde la fecha señalada para el inicio de su efecto
existan los motivos para su adopción, y que la retroacción no lesione
derechos o intereses de terceros de buena fe.
Artículo 143.- El acto administrativo tendrá efecto retroactivo en
contra del administrado cuando se dicte para anular actos absolutamente
nulos que favorezcan a éste; o para consolidar, haciéndolos válidos o
eficaces, actos que lo desfavorezcan.
1. El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado en
perjuicio de derechos subjetivos de terceros de buena fe, salvo
disposición expresa o inequívoca en contrario del ordenamiento.
2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de terceros
de buena fe deberá ser indemnizada en su totalidad, sin perjuicio de la
anulación procedente.
1. Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos
de eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento.
2. Los requisitos de eficacia producirán efecto retroactivo a la fecha
del acto administrativo, salvo disposición expresa en contrario del
3. Cuando el acto requiera autorización de otro órgano la misma deberá
ser previa.
4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta
no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse
ni ejecutarse.
1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a
los Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables,
aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la
responsabilidad que pudiera resultar.
2. El empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin
perjuicio de las otras responsabilidades en que incurra el administrado por
su rebeldía.
3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o
absolutamente nulos y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal
del servidor que la haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes.
Artículo 147.- Los derechos de la Administración provenientes de su
capacidad de derecho público serán también ejecutivos por los mismos medios
que esta Ley señala para la ejecución de los actos administrativos.
Artículo 148.- Los recursos administrativos no tendrán efecto
suspensivo de la ejecución, pero el servidor que dictó el acto, su superior
jerárquico o la autoridad que decide el recurso, podrán suspender la
ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o
difícil reparación.
a) Ejecución forzada mediante apremio sobre el patrimonio del
administrado, cuando se trate de crédito líquido de la
Administración, todo con aplicación de las normas pertinentes del
Código de Procedimientos Civiles sobre embargo y remate, con la
salvedad de que el título ejecutivo podrá ser la certificación del
acto constitutivo del crédito expedida por el órgano competente
para ordenar la ejecución;
b) Ejecución sustitutiva, cuando se trate de obligaciones cuyo
cumplimiento puede ser logrado por un tercero en lugar de
obligado, en cuyo caso las costas de la ejecución serán a cargo de
éste y podrán serle cobradas según el procedimiento señalado en el
inciso anterior; y
c) Cumplimiento forzoso, cuando la obligación sea personalísima,
de dar, de hacer o de tolerar o no hacer, con la alternativa de
convertirla en daños y perjuicios a prudencial criterio de la
Administración, cobrables mediante el procedimiento señalado en el
2. En caso de cumplimiento forzoso la Administración obtendrá el concurso
de la policía y podrá emplear la fuerza pública dentro de los límites de lo
estrictamente necesario. La Administración podrá a este efecto decomisar
bienes y clausurar establecimientos mercantiles.
1. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida
comunicación del acto principal, so pena de responsabilidad.
2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso
3. Las intimaciones contendrán un requerimiento de cumplir, una clara
definición y conminación del medio coercitivo aplicable que no podrá ser
más de uno, y un plazo prudencial para cumplir.
4. Las intimaciones podrán disponerse con el acto principal o
5. Cuando sea posible elegir entre diversos medios coercitivos, el
servidor competente deberá escoger el menos oneroso o perjudicial de entre
los que sean suficientes al efecto.
6. Los medios coercitivos serán aplicables uno por uno a la vez, pero
podrán variarse ante la rebeldía del administrado si el medio anterior no
ha sufrido efecto.
Artículo 151.- Queda prohibida la resistencia violenta a la ejecución
del acto administrativo, bajo sanción de responsabilidad civil, y, en su
caso, penal.
1. El acto administrativo podrá revocarse por razones de oportunidad,
conveniencia o mérito, con las excepciones que contempla esta ley.
2. La revocación deberá tener lugar únicamente cuando haya divergencia
grave entre los efectos del acto y el interés público, pese al tiempo
transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza y demás
circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin.
1. La revocación podrá fundarse en la aparición de nuevas circunstancias
de hecho, no existentes o no conocidas al momento de dictarse el acto
2. También podrá fundarse en una distinta valoración de la mismas
circunstancias de hecho que dieron origen al acto, o del interés público
Artículo 154.- Los permisos de uso del dominio público, y los demás
actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente
a título precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o
conveniencia sin responsabilidad de la Administración; pero la revocación
no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos
un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación.
1. La revocación de un acto declaratorio de derechos subjetivos deberá
hacerse por el jerarca del ente respectivo, previo dictamen favorable de
2. Simultáneamente deberá contener el reconocimiento y si es posible el
cálculo de la indemnización completa de los daños y perjuicios causados,
so pena de nulidad absoluta.
3. En todo caso los daños y perjuicios deberán ser liquidados por la
Administración dentro del mes posterior a la solicitud o recurso del
administrado que contenga la liquidación pretendida por éste.
2. La revocación de actos discrecionales de efecto continuado podrá
hacerse de conformidad con los artículos anteriores.
3. Los actos desfavorables al administrado podrán ser revocados, aun
si ya son firmes para el particular, previo dictamen de la Contraloría
4. La potestad de revocación consagrada en el párrafo anterior caducará
Artículo 157.- En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar
los errores materiales o de hecho y los aritméticos.
1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa
o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio
2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento
3. Las causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones
sustanciales del ordenamiento, incluso las de normas no escritas.
4. Se entenderán incorporadas al ordenamiento, para este efecto, las
reglas técnicas y científicas de sentido unívoco y aplicación exacta, en
5. Las infracciones insustanciales no invalidarán el acto pero podrán
dar lugar a responsabilidad disciplinaria del servidor agente.
1. La nulidad del acto podrá sobrevenir por la desaparición de una de
las condiciones exigidas por el ordenamiento para su adopción, cuando
la permanencia de dicha condición sea necesaria para la existencia de
la relación jurídica creada, en razón de la naturaleza de la misma o por
disposición de ley.
2. En este caso la declaración de nulidad surtirá efecto a partir del
hecho que la motive.
Artículo 160.- El acto discrecional será inválido, además, cuando
viole reglas elementales de lógica, de justicia o de conveniencia, según
lo indiquen las circunstancias de cada caso.
Artículo 161.- No serán impugnables ni anulables por incompetencia
relativa, vicio de forma en la manifestación ni desviación de poder, los
actos reglados en cuanto a motivo y contenido.
Artículo 162.- El recurso administrativo bien fundado por un motivo
existente de legalidad, hará obligatoria la anulación del acto.
1. Los vicios propios de la ejecución del acto inválido se impugnarán
por aparte de los que afecten el acto.
2. Los vicios propios de los actos preparatorios se impugnarán
conjuntamente con el acto, salvo que aquellos sean, a su vez, actos con
efecto propio.
3. Los vicios de los actos de contralor o, en general, de los que
afecten la eficacia del acto en forma desfavorable a éste, se impugnarán
por aparte.
1. La invalidez de un acto no implicará la de los sucesivos en el
procedimiento que sean independientes del inválido.
2. La invalidez parcial del acto no implicará la de las demás partes
del mismo que sean independientes de aquella.
Artículo 165.- La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluto
o relativa, según la gravedad de la violación cometida.
Artículo 166.- Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten
totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o
Artículo 167.- Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto
uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la
realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta.
Artículo 168.- En caso de duda sobre la existencia o calificación
e importancia del vicio deberá estarse a la consecuencia más favorable
a la conservación del acto.
Artículo 169.- No se presumirá legítimo el acto absolutamente nulo,
ni se podrá ordenar su ejecución.
1. El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá
responsabilidad civil de la Administración, y civil, administrativa y
eventualmente penal del servidor, si la ejecución llegare a tener lugar.
2. La ejecución por obediencia del acto absolutamente nulo se regirá
por las reglas generales pertinentes a la misma.
Artículo 171.- La declaración de nulidad absoluta tendrá efecto
puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio
de derechos adquiridos de buena fe.
Artículo 172.- El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a
derecho ni por saneamiento, ni por convalidación.
1.Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos fuere evidente y manifiesta, podrá declararse por la Administración en la vía administrativa sin necesidad de recurrir al contencioso de la lesividad señalado en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, previo dictamen favorable de la Contraloría General de la República.
3.En ambos casos el dictamen deberá pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, manifiesto y evidente de la nulidad.
4. La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo caducará en cuatros años.
5.La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión de las formalidades previstas, o por no ser absoluta, evidente y manifiesta la nulidad será absolutamente nula, y la Administración estará obligada además al pago de las costas y daños y perjuicios, todo ello sin mengua de las responsabilidades personales del servidor agente de conformidad con el párrafo 2° del artículo 199.
6.La pretensión de lesividad no podrá deducirse por vía de contrademanda.
1. La Administración estará obligada a anular de oficio el acto
absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley.
2. La anulación de oficio del acto relativamente nulo será discrecional y
deberá estar justificada por un motivo de oportunidad, específico y actual.
Artículo 175.- Caducará en cuatro años la potestad del administrado
para impugnar el acto absolutamente nulo en la vía administrativa y
jurisdiccional, sin que se apliquen al respecto los plazos normales de
1. El acto relativamente nulo se presumirá legítimo mientras no sea
declarado lo contrario en firme en la vía jurisdiccional, y al mismo y a
su ejecución deberá obediencia todo administrado.
2. La desobediencia o el incumplimiento del acto relativamente nulo
producirá responsabilidad civil y, en su caso penal, del administrado.
Artículo 177.- La ejecución del acto relativamente nulo producirá
responsabilidad civil de la Administración, pero no producirá
responsabilidad de ningún tipo al servidor agente, sino cuando se
compruebe que ha habido dolo o culpa grave en la adopción del acto.
Artículo 178.- La anulación del acto relativamente nulo producirá
efecto sólo para el futuro, excepto cuando el efecto retroactivo sea
necesario para evitar daños al destinatario o a terceros, o al interés
1. Los plazos y legitimación para impugnar el acto relativamente nulo
en la vía administrativa serán los que indique esta ley.
2. Los plazos y legitimación para impugnarlo en la vía jurisdiccional
serán los que señala la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Artículo 180.- Será competente, en la vía administrativa, para anular
o declarar la nulidad de un acto el órgano que lo dictó, el superior
jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud de recurso
administrativo, o el contralor no jerárquico, en la forma y con los
alcances que señale esta ley.
Artículo 181.- El contralor no jerárquico podrá revisar sólo la
legalidad del acto y en virtud de recurso administrativo, y decidirá dentro
del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por el
recurrente, pero podrá aplicar una norma no invocada en el recurso.
1. El Juez no podrá declarar de oficio la invalidez del acto, salvo
que se trate de infracciones sustanciales relativas al sujeto, al
procedimiento o a la forma, casos en los cuales deberá hacerlo.
2. Para efectos de este artículo el sujeto se entenderá como elemento
comprensivo de la existencia del ente y su capacidad, de la existencia
del órgano y su competencia, de los requisitos necesarios para el
ejercicio de ésta y de la regular investidura del servidor público.
3. El Juez podrá controlar de oficio la existencia de todos los
extremos dichos en relación con el sujeto del acto, con la excepción
contenida en el párrafo siguiente.
4. La incompetencia relativa no podrá ser declarada ni hecha valer de
1. La administración conservará su potestad para anular o declarar de
oficio la nulidad del acto -sea absoluta o relativa- aunque el administrado
haya dejado caducar los recursos administrativos y acciones procedentes,
siempre y cuando dicha revisión se dé en beneficio del administrado y sus
2. La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo estará
sujeta a caducidad de cuatro años a partir de la adopción del acto y podrá
ser ejercida por la Administración dentro de juicio pendiente, sin éste o
fuera de éste previo dictamen de la Contraloría General de la República.
3. Fuera de los casos previstos en el artículo 173, la administración no
podrá anular de oficio los actos declaratorios de derechos en favor del
administrado, y para obtener su eliminación deberá recurrir al contencioso
de lesividad previsto en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la
Artículo 184.- No podrá anular de oficio el órgano que ejerce
contralor jerárquico impropio, ni, en general, el que pierde su competencia
con la primera decisión sobre la validez del acto.
Artículo 185.- La autoridad competente podrá anular o declarar la
nulidad del acto, aun si éste ha sido confirmado por el superior o por el
Juez, pero no podrá hacerlo invocando los motivos de hecho o derecho
rechazados por estos últimos.
Artículo 186.- El órgano que declare la nulidad de actuaciones
dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo
contenido hubiera permanecido el mismo de no haberse realizado la
infracción origen de la nulidad.
1. El acto relativamente nulo por vicio y en la forma, en el contenido o
en la competencia podrá ser convalidado mediante uno nuevo que contenga la
mención del vicio y la de su corrección.
2. La convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del acto
1. Cuando el vicio del acto relativamente nulo consista en la ausencia de
una formalidad sustancial, como una autorización obligatoria, una propuesta
o requerimiento de otro órgano, o una petición o demanda del administrado,
éstos podrán darse después del acto, acompañados por una manifestación de
conformidad con todos sus términos.
2. Lo anterior no podrá aplicarse a la omisión de dictámenes ni a los
casos en que las omisiones arriba indicadas produzcan nulidad absoluta,
por impedir la realización del fin del acto final.
3. El saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha del acto
1. El acto inválido, absoluta o relativamente nulo, podrá ser convertido
en otro válido distinto por declaración expresa de la Administración a
condición de que el primero presente todos los requisitos formales y
materiales del último.
1. La Administración responderá por todos los daños que cause su
funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor,
culpa de la víctima o hecho de un tercero.
2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo,
aún cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este
Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal,
se dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente.
Artículo 191.- La Administración deberá reparar todo daño causado a
los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas
durante el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del mismo,
utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea para fines
o actividades o actos extraños a dicha misión.
Artículo 192.- La Administración será también responsable en las
anteriores condiciones cuando suprima o limite derechos subjetivos usando
ilegalmente sus potestades para ello.
1. No habrá responsabilidad por la lesión de intereses legítimos, pero se
indemnizará a quien logre anular la adjudicación de cualquier concurso
público organizado, con el equivalente a la mitad del provecho económico
que hubiere podido derivar razonablemente del acto anulado, si hubiese
sido favorecido con el mismo.
2. La indemnización que prevé este artículo es opcional para el
administrado y excluyentes, si es preferida, de la adjudicación o del acto
favorable pretendido dentro del concurso.
1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su
funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del
administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados
o por la intensidad excepcional de la lesión.
2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños
al momento de su pago, pero no el lucro cesante.
3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por
una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo.
Artículo 195.- Ni el Estado ni la Administración serán responsables,
aunque causen un daño especial en los anteriores términos, cuando el
interés lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, a la
moral o a las buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba
expresamente prohibido antes o en el momento del hecho dañoso.
Artículo 196.- En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo,
evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo.
Artículo 197.- Cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente
morales, lo mismo que por el padecimiento moral y el dolor físico causados
por la muerte o por la lesión inferida, respectivamente.
Artículo 198.- El derecho de reclamar la indemnización prescribirá en
tres años contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad.
1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que
haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con
ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades
que le ofrece el cargo.
2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos
manifiestamente ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta
3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la
Administración se aparte de dictámenes u opiniones consultivos que pongan
en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se llegare a declarar la
invalidez del acto por las razones invocadas por el dictamen.
4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este
artículo se hará sin perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con
la Administración frente al ofendido.
1. Siempre que se declare la invalidez de actos administrativos, la
autoridad que la resuelva deberá pronunciarse expresamente sobre si la
ilegalidad era manifiesta o no, en los términos de artículo 199.
2. En caso afirmativo, deberá iniciar de oficio el procedimiento que
corresponda para deducir las responsabilidades consiguientes.
Artículo 201.- La Administración será solidariamente responsable con
su servidor ante terceros por los daños que éste cause en las condiciones
señaladas por esta ley.
1. El administrado o tercero nunca tendrá derecho a más de una
indemnización plenaria por el daño recibido, y la Administración o el
servidor público culpable podrá rebajar de su deuda lo pagado por el otro,
a efecto de evitar que la víctima cobre lo mismo dos veces.
1. La Administración deberá recobrar plenariamente lo pagado por ella
para reparar los daños causados a un tercero por dolo o culpa grave de
su servidor, tomando en cuenta la participación de ella en la producción
del daño, si la hubiere.
2. La recuperación deberá incluir también los daños y perjuicios causados
a la Administración por la erogación respectiva.
1. La acción de la Administración contra el servidor culpable en los
anteriores términos será ejecutiva y podrá darse lo mismo si el pago hecho
a la víctima es voluntario que si es ejecución de un fallo.
2. En ambos casos servirá como título ejecutivo contra el servidor
culpable la certificación o constancia del adeudo que expida la
Administración, pero cuando haya sentencia por suma líquida la
certificación deberá coincidir so pena de perder su valor ejecutivo.
1. Cuando el daño haya sido producido por la Administración y el servidor
culpable, o por varios servidores, deberán distribuirse las
responsabilidades entre ellos de acuerdo con el grado de participación de
cada uno, aun cuando no todos sean parte en el juicio.
2. Para este efecto deberá citarse, a título de parte, a todo el que
aparezca de los autos como responsable por el daño causado.
1. La sentencia que se dictare en su caso pasará en autoridad de cosa
juzgada, pero no tendrá efecto respecto de los que no hayan sido citados
como parte, aunque su participación en los hechos haya sido debatida en el
juicio y considerada en la sentencia.
2. El servidor accionado que no haya sido citado como parte en el juicio
de responsabilidad podrá discutir no sólo la cuantía de la obligación
resarcitoria sino también su existencia.
Artículo 207.- El Estado no hará reclamaciones a sus agentes, por
daños y perjuicios, pasado un año desde que tenga conocimiento del hecho
dañoso.
Artículo 208.- Cuando el estado sea condenado judicialmente a
reconocer indemnizaciones en favor de terceros, el dicho plazo de un año
correrá a partir de la ejecutoriedad de la fijación de la respectiva
1. El Ministro del cual depende el agente será personalmente responsable,
en lo civil, por el pleno cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
2. Si los responsables fuesen el Presidente de la República y el
Ministro, incumbirá a la Contraloría General de la República velar por el
cumplimiento de los artículos anteriores, también bajo responsabilidad
civil de sus titulares.
1. El servidor público será responsable ante la Administración por
todos los daños que cause a ésta por dolo o culpa grave, aunque no se
haya producido un daño a tercero.
2. Para hacer efectiva esta responsabilidad se aplicarán los artículos
anteriores, con las salvedades que procedan.
3. La acción de recuperación será ejecutiva y el título será la
certificación sobre el monto del daño expedida por el jerarca del ente
1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria
por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya
actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario
más grave previsto por otras leyes.
2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de
sus inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con
dolo o culpa grave.
3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa
de expediente, con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus
derechos y demuestre su inocencia.
Artículo 212.- Cuando el incumplimiento de la función se haya
realizado en ejercicio de una facultad delegada, el delegante será
responsable si ha incurrido en culpa grave en la vigilancia o en la
elección del delegado.
Artículo 213.- A los efectos de determinar la existencia y el grado de
la culpa o negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del
acto al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la
naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiéndose que
cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y más técnicas sus funciones,
en relación al vicio del acto, mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo
1. El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor
cumplimiento posible de los fines de la Administración; con respeto para
los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, de acuerdo
1. El trámite que regula esta ley, se aplicará cuando el acto final haya
de producir efectos en la esfera jurídica de otras personas.
2. El jerarca podrá regular discrecionalmente los procedimientos
internos, pero deberá respetar esta ley.
1. La Administración deberá adoptar sus resoluciones dentro del
procedimiento con estricto apego al ordenamiento y, en el caso de las
actuaciones discrecionales, a los límites de racionalidad y razonabilidad
implícitos en aquél.
2. El órgano administrativo deberá actuar, además, sujeto a las órdenes,
circulares e instrucciones del superior jerárquico, dentro de los límites
Artículo 217.- Las partes tendrán derecho a conocer el expediente con
las limitaciones de esta Ley y a alegar sobre lo actuado para hacer valer
sus derechos o intereses, antes de la decisión final, de conformidad con
Artículo 218.-Las partes tendrán derecho a una comparecencia oral y
privada con la Administración, en que se ofrecerá y recibirá en lo posible
toda la prueba, siempre que la decisión final pueda causar daños graves a
alguna o a todas aquellas, de conformidad con la ley.
1. La Administración podrá prescindir excepcionalmente de los trámites
de audiencia y comparecencia señalados por los artículos 217 y 218,
únicamente cuando lo exija la urgencia para evitar daños graves a las
personas o de imposible reparación en las cosas.
2. La omisión injustificada de dichos trámites causará indefensión y la
nulidad de todo lo actuado posteriormente.
Artículo 220.- El derecho de defensa deberá ser ejercido por el
administrado en forma razonable. La Administración podrá excepcionalmente
limitar su intervención a lo prudentemente necesario y, en caso extremo
exigirle el patrocinio o representación de un abogado, sin llegar a la
supresión de los derechos de audiencia y defensa antes consagrados, fuera
del caso de urgencia previsto por el artículo 219.
Artículo 221.- En el procedimiento administrativo se deberán verificar
los hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y
completa posible, para lo cual el órgano que lo dirige deberá adoptar todas
las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido
propuestas por las partes y aún en contra de la voluntad de éstas últimas.
1. El impulso del procedimiento administrativo se realizará de oficio,
sin perjuicio del que puedan darle las partes.
2. La inercia de la Administración no excusará la del administrado, para
efectos de caducidad del procedimiento.
1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades
sustanciales del procedimiento.
2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta
hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o
cuya omisión causare indefensión.
Artículo 224.- Las normas de este libro deberán interpretarse en forma
favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los
administrados, pero el informalismo no podrá servir para subsanar nulidades
que son absolutas.
1. El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr
un máximo de celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a
los derechos e intereses del administrado.
2. Serán responsables la Administracióny el servidor por cualquier
retardo grave e injustificado.
1. En casos de urgencia y para evitar daños graves a las personas o
irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las
formalidades del procedimiento e incluso crearse un procedimiento
sustitutivo especial.
2. El juez podrá fiscalizar al efecto no sólo la materialidad de los
hechos que motivan la urgencia sino su gravedad y proporcionalidad en
relación con la dispensa o la sustitución de trámites operadas.
1. El órgano director resolverá todas las cuestiones previas surgidas
durante el curso del procedimiento, aunque entren en la competencia de
otras autoridades administrativas; pero deberá consultarlas a éstas
inmediatamente después de surgida la cuestión y el órgano consultado deberá
dictaminar en el término de tres días.
2. La resolución sobre cuestiones previas surtirá efecto únicamente
dentro del expediente y para los fines del mismo.
Artículo 228.- La Administración deberá dar cumplimiento a los actos
administrativos firmes, a cuyo efecto serán aplicables las disposiciones
del capítulo de ejecución de sentencias de la Ley Reguladora de la
1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración,
salvo disposición que se le oponga.
2. En ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán
supletoriamente, en lo que fueren compatibles, los demás Libros de esta
ley, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las
demás normas, escritas y no escritas, con rango legal o reglamentario, del
ordenamiento administrativo y, en último término, el Código de
Procedimiento Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del
1. Serán motivos de abstención los mismos de impedimento y recusación
que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, los que
resultan del artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera de la
2. Los motivos de abstención se aplicarán al órgano director, al de la
alzada y a las demás autoridades o funcionarios que intervengan
auxiliándolos o asesorándolos en el procedimiento.
3. Sin embargo, cuando los motivos concurran en un miembro de un órgano
colegiado, la abstención no se hará extensiva a los demás miembros, salvo
casos calificados en que éstos la consideren procedente.
1. La autoridad o funcionario director del procedimiento en quien se dé
algún motivo de abstención, pondrá razón de ello y remitirá el expediente
al superior de la alzada, quien resolverá dentro de tercer día.
2. Si el superior no acogiere la abstención, devolverá el expediente,
para que el funcionario continúe conociendo del mismo.
3. Si la abstención fuere declarada procedente, el superior señalará
en el mismo acto al funcionario sustituto, que habrá de ser de la misma
jerarquía del funcionario inhibido.
4. Si no hubiere funcionario de igual jerarquía al inhibido, el
conocimiento corresponderá al superior inmediato.
1. Cuando el motivo de abstención afectare al órgano de la alzada, se
procederá en la forma prevista por el artículo anterior, pero la
resolución corresponderá al superior jerárquico respectivo.
2. Si no hubiera superior jerárquico, resolverá el Presidente de la
Artículo 233.- En el caso de que el motivo de abstención concurra
en el Presidente de la República, éste se excusará y llamará a conocer
del asunto al Primer Vicepresidente o, en su caso, al Segundo.
1. Cuando se tratare de un órgano colegiado, el miembro con motivo de
abstención se separará del conocimiento del negocio, haciéndolo constar
ante el propio órgano a que pertenece.
2. En este caso, la abstención será resuelta por los miembros restantes
del órgano colegiado, si los hubiere suficientes para formar quórum; de lo
contrario, resolverá el superior del órgano, si lo hubiere, o, en su
defecto, el Presidente de la República.
3. Si la abstención se declarare con lugar, conocerá del asunto el mismo
órgano colegiado, integrado con suplentes si los tuviere, o con suplentes
designados ad hoc por el órgano de nombramiento.
1. Si el motivo de abstención concurriere en otros funcionarios, se
aplicarán las reglas de los artículos anteriores, en lo que fueren
2. En tales casos, la resolución corresponderá al superior jerárquico
del funcionario inhibido.
1. Cuando hubiere motivo de abstención, podrá también recusar al
funcionario la parte perjudicada con la respectiva causal.
2. La recusación se planteará por escrito, expresando la causa en que
se funde e indicando o acompañando la prueba conducente.
3. El funcionario recusado, al recibir el escrito, decidirá el mismo
día o al siguiente si se abstiene o si considera infundada la recusación,
y procederá, en todo caso, en la forma ordenada por los artículos
4. El superior u órgano llamado a resolver, podrá recabar los informes
y ordenar las otras pruebas que considere oportunos dentro del plazo
improrrogable de cinco días, y resolverá en la forma y términos señalados
en los artículos anteriores.
1. La actuación de funcionarios en los que concurran motivos de
abstención implicará la invalidez de los actos en que hayan intervenido y,
además, dará lugar a responsabilidad.
2. Cuando los motivos de abstención sean los de impedimento previstos
en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o los del
artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera de la República,
la nulidad será absoluta; en los demás casos será relativa.
3. Los órganos superiores deberán separar del expediente a las personas
en quienes concurra algún motivo de abstención susceptible de causar
nulidad absoluta de conformidad con el párrafo anterior.
1. Las resoluciones que se dicten en materia de abstención no tendrán
2. Las que se dicten con motivo de una recusación tendrán los recursos
administrativos ordinarios.
3. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad del órgano de alzada y de
los tribunales, al conocer del acto final, de revisar de oficio o gestión
de parte, los motivos de abstención que hubieren podido implicar nulidad
absoluta, así como de apreciar discrecionalmente los demás.
Artículo 239.-Todo acto de procedimiento que afecte derechos o
intereses de las partes o de un tercero, deberá ser debidamente comunicado
al afectado, de conformidad con esta Ley.
1. Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación
los concretos.
2. Cuando un acto general afecte particularmente a persona cuyo lugar
para notificaciones esté señalado en el expediente o sea conocido por la
Administración, el acto deberá serle también notificado.
2. Cuando se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones al
interesado por culpa de éste, deberá comunicársele el acto por publicación,
en cuyo caso la comunicación se tendrá por hecha cinco días después de ésta
3. Igual regla se aplicará para la primera notificación en un
procedimiento, si no constan en el expediente la residencia, lugar de
trabajo o cualquier otra dirección exacta del interesado, por indicación de
la Administración o de una cualquiera de las partes; caso opuesto, deberá
4. La publicación que suple la notificación se hará por tres veces
consecutivas en el Diario Oficial y los términos se contarán a partir
Artículo 242.- Cuando la publicación supla la notificación se hará
en una sección especial del Diario Oficial denominada "Notificaciones",
clasificada por Ministerios y entes.
1. La notificación podrá hacerse personalmente o por medio de telegrama
o carta certificada dirigida al lugar señalado para notificaciones. Si no
hubiere señalamiento al efecto hecho por la parte interesada, la
notificación deberá hacerse en la residencia, lugar de trabajo o dirección
del interesado, si constan en el expediente por indicación de la
Administración o de una cualquiera de las partes.
2. En el caso de notificación personal servirá como prueba el acta
respectiva firmada por el interesado y el notificador o, si aquél no ha
querido firmar, por este último dejando constancia de ello.
3. Cuando se trate de telegrama o carta certificada la notificación
se tendrá por hecha con la boleta de retiro o el acta de recibo firmada
por quien hace la entrega.
1. Cuando sean varias las partes o los destinatarios del acto, el mismo
se comunicará a todos salvo si actúan unidos bajo una misma representación
o si han designado un solo domicilio para notificaciones, en cuyo caso
éstas se harán en la dirección única correspondiente.
2. Si una sola parte tiene varios apoderados, será notificada una sola
vez, en la oficina señalada de primera.
Artículo 245.- La notificación contendrá el texto integro del acto con
indicación de los recursos procedentes, del órgano que los resolverá, de
aquél ante el cual deben interponerse y del plazo para interponerlos.
Artículo 246.- La publicación que supla la notificación contendrá en
relación lo mismo que ésta contiene literalmente.
1. La comunicación hecha por un medio inadecuado, o fuera del lugar
debido, u omisa en cuanto a una parte cualquiera de la disposición del
acto, será absolutamente nula y se tendrá por hecha en el momento en que
gestione la parte o el interesado, dándose por enterado, expresa o
implícitamente, ante el órgano director competente.
2. La comunicación defectuosa por cualquier otra omisión será
relativamente nula y se tendrá por válida y bien hecha si la parte o el
interesado no gestionan su anulación dentro de los diez días posteriores
3. No convalidarán la notificación relativamente nula las gestiones
de otra índole dentro del plazo indicado en el párrafo anterior.
1. El órgano que dirige el procedimiento podrá citar a las partes o
a cualquier tercero para que declare o realice cualquier acto necesario
para el desenvolvimiento normal del procedimiento o para su decisión
2. El citado podrá hacerse venir por la fuerza pública, si no
compareciere a la primera citación.
3. Podrá comparecer también por medio de apoderado, a no ser que
expresamente se exija la comparecencia personal.
c) El asunto a que se refiere la citación, la calidad en que se
cita a la persona y el fin para el cual se la cita;
d) Si el citado debe comparecer personalmente o puede hacerlo por
medio de apoderado;
e) El término dentro del cual es necesario la comparecencia o bien
el día, la hora y el lugar de la comparecencia del citado o de
su representante; y
f) Los apercibimientos a que queda sujeto el citado, caso de
omisión, con indicación clara de la naturaleza y medida de las
2. Toda citación deberá ir firmada por el órgano director, con indicación
del nombre y apellidos del respectivo servidor público.
1. Toda citación deberá preceder la comparecencia al menos en tres días,
salvo disposición en contrario o caso de urgencia, en el cual podrá
prescindirse del plazo y hacerse venir al citado, con la fuerza pública si
es necesario, en el momento mismo de la citación.
2. El plazo de la citación nunca excederá de quince días hábiles, con las
salvedades de ley.
1. La citación se hará por telegrama o carta certificada dirigida al
lugar de trabajo o a la casa de habitación del citado, salvo caso de
urgencia, en el cual podrá hacerse telefónica u oralmente, dejando
anotación en el expediente.
2. Si es imposible la comunicación por los medios anteriores, sin culpa
de la Administración, podrá hacerse la citación por publicación, en la
forma indicada en los artículos 241 y 242, pero en una columna especial
denominada "Citaciones" e igualmente clasificada.
3. La citación se tendrá por hecha tres días después de la publicación
del último aviso.
Artículo 252.- Si la persona citada no compareciere, sin justa
causa, la Administración podrá citarla nuevamente, continuar y decidir
el caso con los elementos de juicio existentes.
Artículo 253.- Las citaciones a comparecencia oral se regirán por
este Título, con las excepciones que indique esta Ley.
Artículo 254.- Las citaciones defectuosas por omisión de alguno de los
requisitos exigidos por el artículo 249 serán nulos, excepto en el caso del
señalado por el inciso d) del mismo.
Artículo 255.- Los términos y plazos del procedimiento administrativo
obligan tanto a la Administración como a los administrados, en lo que
respectivamente les concierne.
3. Los plazos empezarán a partir del día siguiente a la última
comunicación de los mismos o del acto impugnable, caso de recurso.
4. En el caso de publicaciones esa fecha inicial será la de la última
publicación, excepto que el acto indique otra posterior.
Artículo 257.- El plazo se tendrá por vencido si antes de su
vencimiento se cumplen todos los actos para los que estaba destinado.
1. Los plazos de esta ley y de sus reglamentos son improrrogables, sin
embargo, los que otorgue la autoridad directora de conformidad con la
misma, podrán ser prorrogados por ella hasta en una mitad más si la parte
interesada demuestra los motivos que lo aconsejen como conveniente o
necesario, si no ha mediado culpa suya y si no hay lesión de intereses o
derechos de la contraparte o de tercero.
2. La solicitud de prórroga deberá hacerse antes del vencimiento del
plazo, con expresión de motivos y de prueba si fuere del caso.
1. Los plazos podrán ser suspendidos por fuerza mayor, de oficio o a
2. La alegación de fuerza mayor deberá hacerse dentro de los ocho días
siguientes a su cesación, simultáneamente con el acto impedido por aquélla,
so pena de perder la posibilidad de realizarlo y de sufrir el rechazo de
suspensión solicitada.
3. No será causa de suspensión la que haya servido de motivo a una
prórroga o a un nuevo señalamiento.
4. Se reputará fuerza mayor la negativa o el obstáculo opuestos por la
Administración al examen del expediente por el administrado, si lo han
impedido total o parcialmente, fuera de los casos previstos por el artículo
273. En esta hipótesis se repondrán los términos hasta el momento en que
se produjo la negativa o el obstáculo.
6. Si se acoge la solicitud se repondrá el trámite al momento en que se
inició la fuerza mayor.
1. El procedimiento administrativo deberá concluirse, por acto final,
dentro de los dos meses posteriores a su iniciación o, en su caso,
posteriores a la presentación de la demanda o petición del administrado,
salvo disposición en contrario de esta Ley.
2. Para tramitar la fase de revisión por recurso ordinario contra el
acto definitivo habrá el término de un mes contado a partir de la
presentación del mismo.
3. Si al cabo de los términos indicados no se ha comunicado una
resolución expresa, se entenderá rechazado el reclamo o petición del
administrado en vista del silencio de la Administración, sea para la
interposición de los recursos administrativos procedentes o de la acción
contenciosa en su caso, esto último en los términos y con los efectos
señalados por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Artículo 262.- Los actos de procedimiento deberán producirse dentro
de los siguientes plazos:
a) Los de mero trámite y la decisión de peticiones de ese carácter,
tres días;
b) Las notificaciones, tres días contados a partir del acto de que se
trate o de producidos los hechos que deben darse a conocer;
c) Los dictámenes, peritajes, e informes técnicos similares, diez días
después de solicitados;
d) Los meros informes administrativos no técnicos, tres días después
de solicitados.
1. En el caso de suspensión de plazo por fuerza mayor, o si por
cualquiera otra razón el órgano no ha podido realizar los actos o
actuaciones previstos, dentro de los plazos señalados por los artículos 261
y 262, deberá comunicarlo a las partes y al superior dando las razones para
ello y fijando simultáneamente un nuevo plazo al efecto, que nunca podrá
exceder de los ahí indicados.
2. Si ha mediado culpa del servidor en el retardo, cabrá sanción
disciplinaría en su contra y, si la culpa es grave, responsabilidad
civil ante el administrado tanto del servidor como de la Administración.
1. Aquellos trámites que deban ser cumplidos por los interesados
deberán realizarse por éstos en el plazo de diez días, salvo en el caso
de que por ley se fije otro.
2. A los interesados que no los cumplieren, podrán declarárseles de
oficio o a gestión de parte, sin derecho al correspondiente trámite.
1. Los plazos y términos del procedimiento administrativo, destinados a
la Administración, podrán ser reducidos o anticipados, respectivamente, por
razones de oportunidad o conveniencia, en virtud de resolución que adoptará
el director del procedimiento.
3. La reducción de plazos y la anticipación de términos destinados a
las partes o terceros sólo podrán ser decretadas por el Poder Ejecutivo,
en virtud de razones de urgencia.
1. Los horarios de trabajo de despacho al público en las oficinas de la
Administración se determinarán por decreto y deberán ser coordinados entre
los distintos centros de una misma localidad y ser uniformes en cada uno de
ellos y lo suficientemente amplios para que no perjudiquen a los
2. En cada Despacho regirá la hora dada por el reloj del mismo, o en caso
de servidores sin sede fija o fuera de sede, la de su reloj. En caso de
duda deberá verificarse en el acto, si fuere posible la hora oficial, que
1. Las horas del día en que se dicten los actos administrativos, se
expresarán por sus números de uno a veinticuatro.
2. Normalmente, las actuaciones administrativas se realizarán en día
y hora hábiles.
3. Podrán actuar en día y hora inhábiles, previa habilitación por el
órgano director, todos los funcionarios públicos, cuando la demora pueda
causar graves perjuicios a la Administración o al interesado o hacer
ilusoria la eficacia de un acto administrativo, a juicio del respectivo
4. La habilitación no implicará en ningún caso reducción de plazos ni
anticipación de términos en perjuicio del administrado.
1. La actuación administrativa deberá tener lugar en la sede normal
del órgano y dentro de los límites territoriales de su competencia, so
pena de nulidad absoluta del acto, salvo que éste, por su naturaleza,
deba realizarse fuera de sede.
2. El servidor podrá actuar excepcionalmente fuera de sede por razones
1. Los términos se interrumpirán por la presentación de los recursos
fijados por la ley.
2. No importará que el recurso haya sido interpuesto ante autoridad
incompetente, en los casos previstos por el artículo 68 de esta ley; ni
tampoco que carezca de las autenticaciones, formalidades o especies
fiscales necesarias; ni, en general, que padezca cualquier vicio que no
produzca su nulidad absoluta, a condición de que se subsanen de conformidad
1. La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de
economía, simplicidad, celeridad y eficiencia.
2. Las autoridades superiores de cada centro o dependencia velarán,
respecto de sus subordinados, por el cabal cumplimiento de este precepto,
que servirá tambien de criterio interpretativo en la aplicación de las
1. Las declaraciones de las partes, testigos y peritos, y las
inspecciones oculares, deberán ser consignadas en un acta. El acta deberá
indicar el lugar y la fecha, el nombre y calidades del declarante, la
declaración rendida o diligencia realizada, y cualquier otra circunstancia
2. El acta deberá confeccionarse, leerse y firmarse inmediatamente
después del acto o actuación documentados.
3. El acta, previa lectura, deberá ir firmada por los declarantes, por
las personas encargadas de recoger las declaraciones y por las partes si
quisieren hacer constar alguna manifestación. Si alguno de los declarantes
no quiere firmar o no puede se dejará constancia de ello y del motivo.
4. Cuando las declaraciones y diligencias a que se refiere el párrafo
anterior fueren grabadas, el acta podrá ser levantada posteriormente con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 313.
5. Se agregará al acta, para que formen un solo expediente, todos los
documentos conexos presentados por la Administración, o las partes en
6. El órgano director deberá conservar los objetos presentados
susceptibles de desaparición, dejando constancia de ello en el acta.
Artículo 271.- El acto o la actuación que no requiera ser consignado
según el artículo anterior, se hará constar por medio de simple anotación
en el expediente, firmada y fechada por el servidor que lo ha cumplido o
que ha dirigido su realización.
1. Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho
en cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier
pieza del expediente, así como a pedir certificación de la misma, con las
salvedades que indica el artículo siguiente.
1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda
comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte
o, en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un
privilegió indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la
Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del
2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los
proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y
los dictámenes de éstos antes de que hayan sido rendidos.
Artículos 274.- La decisión que negare el conocimiento y acceso a
una pieza deberá ser suficientemente motivada. Cabrán contra la misma
los recursos ordinarios de esta ley.
Artículo 275.- Podrá ser parte en el procedimiento administrativo,
además de la Administración, todo el que tenga interés legítimo o un
derecho subjetivo que pueda resultar directamente afectado, lesionado o
satisfecho, en virtud del acto final. El interés de la parte ha de ser
actual, propio y legítimo y podrá ser moral, científico, religioso,
económico o de cualquier otra índole.
Artículo 276.- Será coadyuvante todo el que esté indirectamente
interesado en el acto final, o en su denegación o reforma, aunque su
interés sea derivado, o no actual, en relación con el que es propio de la
parte a la que coadyuva.
Artículo 277.- El coadyuvante lo podrá ser tanto del promotor del
expediente como de la Administración o de la contraparte.
Artículo 278.- El coadyuvante no podrá pedir nada para sí ni podrá
cambiar la pretensión a la que coadyuva, pero podrá hacer todas las
alegaciones de hecho y derecho y usar todos los recursos y medios
procedimentales para hacer valer su interés, excepto en lo que perjudique
al coadyuvado.
Artículo 279.- No podrá pedirse nada contra el coadyuvante y el acto
que se dicte no le afectará.
1. Será permitida la intervención excluyente de un tercero, haciendo
valer un derecho subjetivo o un interés legítimo contra una o ambas partes,
siempre que ello no sirva para burlar plazos de caducidad.
2. Será igualmente permitida la intervención adhesiva para hacer valer
un derecho o interés propio concurrente con el de una parte, con
limitación del párrafo anterior.
3. El que intervenga podrá deducir pretensiones propias a condición de
que sean acumulables.
Artículo 281.-El desistimiento de la parte promotora pondrá fin a la
coadyuvancia, pero no a la intervención excluyente o adhesiva prevista por
el artículo 280.
1. La capacidad del administrado para ser parte y para actuar dentro del
procedimiento administrativo se regirá por el derecho común; la de la
Administración de conformidad con las normas de derecho público.
3. La Administración directora del procedimiento estará representada por
el respectivo órgano director.
4. Cuando sea parte la administración actuará por sus representantes de
conformidad con el derecho público que la rige.
Artículo 283.- El poder del administrado podrá constituirse por los
medios del derecho común y, además, por simple carta autenticada por un
abogado, que podrá ser el mismo apoderado, o por la autoridad de policía
del lugar de otorgamiento.
Artículo 284.- El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia
de parte, o sólo a instancia de parte cuando así expresa o inequívocamente
lo disponga al ley.
b) Nombre y apellidos, residencia y lugar para notificaciones de
la parte y de quien la representa;
c) La pretensión, con indicación de los daños y perjuicios que se
reclamen, y de su estimación, origen y naturaleza;
2. La ausencia de los requisitos indicados en los numerales b) y c)
obligará al rechazo y archivo de la petición, salvo que se puedan inferir
claramente del escrito o de los documentos anexos.
3. La falta de firma producirá necesariamente el rechazo y archivo de la
1. La petición será válida sin autenticaciones aunque no la presente
la parte, salvo facultad de la Administración de exigir la verificación
de la autenticidad por los medios que estime pertinentes.
1. Todos los demás defectos subsanables de la petición podrán ser
corregidos en el plazo que concederá la administración, no mayor de diez
1. La petición deberá presentarse al órgano competente o a cualquier otro
subordinado y deberá extenderse recibo, cuya fecha se tendrá como la de
2. La petición podrá presentarse también por medio de telegrama o carta
certificada, en cuyo caso la fecha de presentación será la remisión.
3. Para fijar esta última deberá presentarse abierta la carta y la fecha
de recibo por la Oficina Postal será la de remisión, fecha que deberá
ponerse mediante sello o por cualquier otro medio auténtico y firmado por
el servidor público respectivo, tanto en la nota de recibo como en la
carta, previamente a su clausura y envío.
Artículo 289.- Si desaparece la petición, por extravío, sustracción o
destrucción, podrá ser presentada otra dentro de los quince días
posteriores a la notificación del hecho.
Artículo 290.- La parte promotora podrá cambiar o sustituir la
petición en el curso del procedimiento sin necesidad de instaurar otro,
siempre que lo haga invocando la misma causa, por la que se entenderá el
interés legítimo o el derecho subjetivo y los hechos invocados.
Artículo 291.-Quedará a juicio de la Administración proceder en la
forma que a bien tenga cuando se le formule una petición por persona sin
derecho subjetivo o interés legítimo en el caso.
1. Toda petición o reclamación mal interpuesta podrá ser tramitada de
oficio por la autoridad correspondiente.
2. Sin embargo, la autoridad administrativa no estará sujeta a término
para pronunciar su decisión al respecto, ni obligada a hacerlo, salvo en lo
que respecta a la inadmisibilidad de la petición o reclamación.
3. La Administración rechazará de plano las peticiones que fueren
extemporáneas, impertinentes, o evidentemente improcedentes. La resolución
que rechace de plano una petición tendrá los mismos recursos que la
1. Con la presentación a que se refiere el artículo 285, los interesados
acompañarán toda la documentación pertinente o, si no la tuvieren,
indicarán dónde se encuentra.
2. Deberán, además, ofrecer todas las otras pruebas que consideren
Artículo 294.- Todo documento presentado por los interesados se
ajustará a lo siguiente:
b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su
traducción, la cual podrá ser hecha por la parte.
Artículo 295.- Los documentos agregados a la petición podrán ser
presentados en original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia
simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo
Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.
1. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de
2. La infracción de lo anterior dará lugar a la responsabilidad del
funcionario que la hubiere cometido.
1. La Administración ordenará y practicará todas la diligencias de
prueba necesarias para determinar la verdad real de los hechos objeto del
trámite, de oficio o a petición de parte.
2. El ofrecimiento y admisión de la prueba de las partes se hará con las
limitaciones que señale esta ley.
3. Las pruebas que no fuere posible recibir por culpa de las partes se
declararán inevacuables.
1. Los medios de prueba podrán ser todos los que estén permitidos por
el derecho público, aunque no sean admisibles por el derecho común.
2. Salvo disposición en contrario, las pruebas serán apreciadas de
conformidad con las reglas de la sana crítica.
Artículo 299.- En los casos en que, a petición del interesado, deban
recibirse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la
Administración, ésta podrá exigir el depósito anticipado de los mismos.
Artículo 300.- A los fines de la recepción de la prueba, el órgano
director tendrá las mismas facultades y deberes que las autoridades
judiciales y los testigos, peritos o partes incurrirán en los delitos de
falso testimonio y perjurio, previstos en el Código Penal, cuando se dieren
las circunstancias ahí señaladas.
2. Las declaraciones o informes que rindan sus representantes o
servidores se reputarán como testimonio para todo efecto legal.
4. El órgano director impondrá una multa de quinientos a mil colones al
citado a confesión que no compareciere sin justa causa.
1. Los dictámenes y experimentos técnicos de cualquier tipo de la
Administración serán encargados normalmente a los órganos o servidores
públicos expertos en el ramo de que se trate, sin perjuicio de la
aplicación de las disposiciones del Título Segundo de este libro.
2. Cuando el Estado o un ente público carezca de personal idóneo que otro
tenga, éste deberá facilitarlo al costo y a la inversa.
3. Sólo en casos de inopia de expertos, o de gran complejidad o
importancia, podrán contratarse servicios de técnicos extraños a la
4. Las partes podrán presentar testigos peritos cuyas declaraciones se
regirán por las reglas de la prueba testimonial, pero podrán ser
interrogados en aspectos técnicos y de apreciación.
Artículo 303.- Los dictámenes serán facultativos y no vinculantes,
con las salvedades de ley.
1. No habrá obligación de formular los interrogatorios, confesionales
o de testigos, por escrito ni en forma asertiva.
2. Las preguntas se harán al interesado directamente, por las partes, o
por su apoderado o abogado director, o por la Administración en su caso,
sin mediación pero bajo la dirección y control del órgano director.
3. Quien tenga el turno podrá pedir aclaraciones y adiciones, así como
hacer preguntas para contradecir, inmediatamente después de dadas las
respuestas, sin esperar la conclusión del interrogatorio al efecto.
4. Igualmente deberá intervenir el órgano director por iniciativa
propia, con el fin de que la materia de cada pregunta quede agotada en lo
posible inmediatamente después de cada respuesta.
Artículo 305.- Los terceros tendrán la obligación de exhibir los
objetos o documentos y papeles necesarios para la prueba de los hechos, lo
mismo que de permitir el acceso a sus posesiones, dentro del respeto a los
Artículo 306.- La Administración podrá introducir antes del acto final
nuevos hechos relacionados con los inicialmente conocidos o invocados, pero
en el caso del procedimiento ordinario tendrá que observar el trámite de
comparecencia oral para probarlos.
1. La Administración podrá prescindir de toda prueba cuando haya de
decidir únicamente con base en los hechos alegados por las partes, si los
tiene por ciertos.
2. Deberá tenerlos por ciertos en todo caso si son hechos públicos o
notorios o si constan de sus archivos como son alegados por las partes.
1. El procedimiento que se establece en este Título será de
observancia obligatoria en cualquiera de los siguientes casos:
a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea
imponiéndole obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos,
o por cualquier otra forma de lesión grave y directa a sus derechos o
intereses legítimos; y
b) Si hay contradicción o concurso de interesados frente a la
Administración dentro del expediente.
2. Serán aplicables las reglas de este Título a los procedimientos
disciplinarios cuando éstos conduzcan a la aplicación de sanciones de
suspensión o destitución, o cualesquiera otras de similar gravedad.
1. El procedimiento ordinario se tramitará mediante una comparecencia
oral y privada, ante la Administración, en la cual se admitirá y recibirá
toda la prueba y alegatos de las partes que fueren pertinentes.
2. Podrán realizarse antes de la comparecencia las inspecciones oculares y
3. Se convocará a una segunda comparecencia únicamente cuando haya sido
imposible en la primera dejar listo el expediente para su decisión final, y
las diligencias pendientes así lo requieran.
Artículo 310.- Sólo las partes y sus representantes y abogados podrán
comparecer al acto, fuera de la Administración, pero ésta podrá permitir la
presencia de estudiantes, profesores o científicos, quienes asistirán
obligados por el secreto profesional.
Artículo 311.- La citación a la comparecencia oral deberá hacerse con
quince días de anticipación.
1. La Administración preparará la comparecencia en forma que sea útil,
para lo cual con la citación deberá enumerar brevemente toda la
documentación pertinente que obre en su poder, indicar la oficina en la que
podrá ser consultada y ponerla a disposición de los citados y de las
2. Igualmente la citación prevendrá a las partes que deben presentar toda
la prueba antes o en el momento de la comparecencia, si todavía no lo han
2. Cuando lo fueren, el acta respectiva podrá ser levantado
posteriormente con la sola firma del funcionario director, pero en todo
caso deberá serlo antes de la decisión final. Se conservará la grabación
hasta la conclusión del expediente.
1. El órgano que dirige el procedimiento será el encargado de dirigir la
2. Si el órgano es colegiado, será dirigido por el Presidente o por el
miembro designado al efecto.
1. La ausencia injustificada de la parte no impedirá que la
comparecencia se lleve a cabo, pero no valdrá como aceptación por ella
de los hechos, pretensiones ni pruebas de la Administración o de la
2. El órgano director evacuará la prueba previamente ofrecida por la
parte ausente, si ello es posible.
Artículo 316.- El órgano director podrá posponer la comparecencia si
encuentra defectos graves en su convocatoria o por cualquier otra razón
que la haga imposible.
c) Pedir confesión a la contraparte o testimonio a la Administración,
preguntar y repreguntar a testigos y peritos, suyos o de la
contraparte;
f) Formular conclusiones de hecho y de derecho en cuanto a la prueba
y resultados de la comparecencia.
2. Lo anterior deberá hacerse verbalmente y bajo la sanción de caducidad
del derecho para hacerlo si se omite en la comparecencia.
3. Los alegatos podrán presentarse por escrito después de la
comparecencia únicamente cuando no hubiere sido posible hacerlo en la
Articulo 318.-
1. La comparecencia deberá tener lugar normalmente en la sede del órgano
director, pero si hay que hacer inspección ocular o pericial se podrá
desarrollar en el lugar de ésta.
2. Podrá también llevarse a cabo en otra sede para obtener economía de
gastos o cualesquiera otras ventajas administrativas evidentes, si ello es
posible sin pérdida de tiempo ni perjuicio grave para las partes.
1. Terminada la comparecencia el asunto quedará listo para dictar el acto
final, lo cual deberá hacer el órgano competente dentro del plazo de quince
días, contado a partir de la fecha de la comparecencia, salvo que quiera
introducir nuevos hechos o completar la prueba en cuyo caso deberá
consultar al superior.
2. Este decidirá en cuarenta y ocho horas y si aprueba fijará un plazo
máximo de quince días más para otra comparecencia.
3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los plazos
máximos fijados en los artículos 261 y 263.
Artículo 320.- Cuando no se esté en los casos previstos por el
artículo 308, la Administración seguirá un procedimiento sumario.
1. En el procedimiento sumario no habrá debates, defensas ni pruebas
ofrecidas por las partes, pero la Administración deberá comprobar
exhaustivamente de oficio la verdad real de los hechos y elementos de
juicio del caso.
2. Las pruebas deberán tramitarse sin señalamiento, comparecencia ni
audiencia de las partes.
Artículo 322.- Se citará únicamente a quien haya de comparecer y se
notificará sólo la audiencia sobre la conclusión del trámite para decisión
final, y ésta misma.
Artículo 323.- En el procedimiento sumario el órgano director ordenará
y tramitará las pruebas en la forma que crea más oportuna, determinará el
orden, términos y plazos de los actos a realizar, así como la naturaleza de
éstos, sujeto únicamente a las limitaciones que señala esta ley.
Artículo 324.- Instruido el expediente se pondrá en conocimiento de
los interesados, con el objeto de que en un plazo máximo de tres días
formulen conclusiones sucintas sobre los hechos alegados, la prueba
producida y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones.
Artículo 325.- El procedimiento sumario deberá ser concluido por acto
final en el plazo de un mes, a partir de su iniciación, de oficio o a
1. El órgano director podrá optar inicialmente por convertir en ordinario
el procedimiento, por razones de complejidad e importancia de la materia a
2. A este efecto deberá dar audiencia a las partes y obtener aprobación
del superior.
Artículo 327.- El acto final deberá ajustarse a los preceptos y
limitaciones del Libro Primero de esta ley.
Artículo 328.- En el procedimiento administrativo no habrá lugar a la
imposición de costas a favor o en contra de la Administración ni del
1. La Administración tendrá siempre el deber de resolver expresamente
dentro de los plazos de esta ley.
3. El acto final recaído fuera de plazo será válido para todo efecto
legal, salvo disposición en contrario de la ley.
1. El silencio de la Administración se entenderá positivo cuando así se
establezca expresamente o cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones
que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela.
2. También se entenderá positivo el silencio cuando se trate de
solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones.
1. El plazo para que surja el silencio positivo será de un mes, a partir
de que el órgano reciba la solicitud de aprobación, autorización o licencia
con los requisitos legales.
2. Acaecido el silencio positivo no podrá la Administración dictar un
acto denegatorio de la instancia, ni extinguir el acto sino en aquellos
casos y en la forma previstos en esta ley.
1. Si razones de necesidad o conveniencia evidente exigen que el
procedimiento sea decidido antes de estar listo para el acto final, el
órgano director podrá adoptar una decisión provisional, de oficio o a
instancia de parte, advirtiéndolo expresamente.
2. Dicha resolución podrá ser impugnada y ejecutada por sí misma, esto
último previa garantía de daños y perjuicios si los exigen la
Administración o la contraparte.
3. La resolución provisional tendrá que ser sustituida por la final, sea
ésta revocatoria o confirmatoria.
4. La resolución provisional no interrumpirá ni prorrogará los términos
para dictar el acto final.
1. Cuando un caso pueda ser decidido por materias o aspectos separables y
alguno o algunos estén listo para decisión, el órgano director podrá
pronunciarse sobre dichos aspectos, a petición de parte interesada.
2. La decisión dictada en estas condiciones se considerará provisional en
relación con el acto final y también para efectos de su impugnación y
Artículo 334.- Es requisito de eficacia del acto administrativo su
debida comunicación al administrado, para que sea oponible a éste.
Artículo 335.- La comunicación, sea publicación o notificación, deberá
contener lo necesario de acuerdo con el artículo 249 y, además, las
peticiones, propuestas, decisiones o dictámenes que invoque como motivación
en los términos del artículo 136, párrafo 2.
Artículo 336.- Son aplicables a la comunicación del acto final, en lo
procedente, las mismas normas que rigen la comunicación de los actos de
procedimiento, previos o posteriores a aquél.
2. También podrá todo interesado renunciar a su derecho, cuando sea
Artículo 338.- El desistimiento o la renuncia sólo afectarán a los
interesados que los formulen.
2. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia,
salvo que, habiéndose apersonado otros interesados, instaren éstos la
continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados de una y
3. Si la cuestión suscitada por el expediente entrañare un interés
general, o fuere conveniente sustanciarla para su definición y
esclarecimiento, la Administración limitará los efectos del desistimiento o
la renuncia a sus posibles consecuencias patrimoniales respecto del
interesado, y seguirá el procedimiento en lo demás.
1. Cuando el procedimiento se paralizare por más de seis meses en virtud
de causa imputable al interesado que lo ha promovido, se producirá la
caducidad y se ordenará enviar las actuaciones al archivo, a menos que se
trate del caso previsto en el párrafo final del artículo 339.
2. No procederá la caducidad cuando el interesado ha dejado de gestionar
en virtud de haberse operado el silencio positivo o negativo, o cuando el
expediente se encuentre listo para la resolución final, salvo, en este
caso, que no haya sido presentado el papel sellado prevenido al respecto
por el órgano de la Administración.
Artículo 341.- La caducidad del procedimiento no producirá por sí sola
la caducidad o prescripción de las acciones del particular, pero los
procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de tal caducidad o
Artículo 342.- Las partes podrán recurrir contra resoluciones de mero
trámite, o incidentales o finales, en los términos de esta ley, por motivos
de legalidad o de oportunidad.
Artículo 343.- Los recursos serán ordinarios o extraordinarios. Serán
ordinarios el de revocatoria o de reposición y el de apelación. Será
extraordinario el de revisión.
1. No cabrán recursos dentro del procedimiento sumario, excepto cuando se
trate del rechazo ad portas de la petición, de la denegación de la
audiencia para concluir el procedimiento y del acto final.
2. Si el acto recurrible emanare del inferior, cabrá sólo el recurso de
apelación; si emanare del jerarca, cabrá el de revocatoria.
3. Cuando se trate del acto final del jerarca, se aplicarán las reglas
concernientes al recurso de reposición de la Ley Reguladora de la
4. La revocatoria o apelación, cuando procedan, se regirán por las mismas
reglas aplicables dentro del procedimiento ordinario.
1. En el procedimiento ordinario cabrán los recursos ordinarios
únicamente contra el acto que lo inicie, contra el que deniega la
comparecencia oral o cualquier prueba y contra el acto final.
2. La revocatoria contra el acto final del jerarca se regirá por las
reglas de la reposición de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
3. Se considerará como final también el acto de tramitación que suspenda
indefinidamente o haga imposible la continuación del procedimiento.
1. Los recursos ordinarios deberán interponerse dentro del término de
tres días tratándose del acto final y de veinticuatro horas en los demás
casos, ambos plazos contados a partir de la última comunicación del acto.
2. Cuando se trate de la denegación de prueba en la comparecencia podrán
establecerse en el acto, en cuyo caso la prueba y razones del recurso
podrán ofrecerse ahí o dentro de los plazos respectivos señalados por este
1. Los recursos podrán también interponerse haciéndolo constar en el acta
de la notificación respectiva.
2. Es potestativo usar ambos recursos ordinarios o uno solo de ellos,
pero será inadmisible el que se interponga pasados los términos fijados en
3. Si se interponen ambos recursos a la vez, se tramitará la apelación
una vez declarada sin lugar la revocatoria.
Artículo 348.- Los recursos no requieren una redacción ni una
pretensión especiales y bastará para su correcta formulación que de su
texto se infiera claramente la petición de revisión.
1. Los recursos ordinarios deberán interponerse ante el órgano director
2. Cuando se trate de la apelación, aquél se limitará a emplazar a las
partes ante el superior y remitirá el expediente sin admitir ni rechazar el
recurso, acompañando un informe sobre las razones del recurso.
1. En el procedimiento administrativo habrá en todos los casos una única
instancia de alzada, cualquiera que fuere la procedencia del acto
2. El órgano de la alzada será siempre el llamado a agotar la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 126.
1. Al decidirse el recurso de apelación, se resolverá sobre su
admisibilidad y, de ser admisible, se confirmará, modificará o revocará el
acto impugnado.
2. El recurso podrá ser resuelto aun en perjuicio del recurrente cuando
se trate de nulidad absoluta.
3. Si existiere algún vicio de forma de los que originan nulidad, se
ordenará que se retrotraiga el expediente al momento en que el vicio fue
cometido, salvo posibilidad de saneamiento o ratificación.
1. El órgano director deberá resolver el recurso de revocatoria dentro de
los ocho días posteriores a su presentación, pero podrá reservar su
resolución para el acto final, en cuyo caso deberá comunicarlo así a las
2. El recurso de apelación deberá resolverse dentro de los ocho días
posteriores al recibo del expediente.
1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la
respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes en que
a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de
hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al
b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución
del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible
aportación entonces al expediente;
c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o
testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme
anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el
interesado desconociera la declaración de falsedad; y
d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de
prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y
se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.
Artículo 354.- El recurso de revisión deberá interponerse:
a) En el caso primero del artículo anterior, dentro del año siguiente
a la notificación del acto impugnado;
b) En el caso segundo, dentro de los tres meses contados desde el
descubrimiento de los documentos o desde la posibilidad de
aportarlos; y
c) En los demás casos, dentro del año posterior al conocimiento de la
sentencia firme que los funde.
Artículo 355.- Se aplicarán al recurso de revisión las disposiciones
relativas a recursos ordinarios en lo que fueren compatibles.
1. Para dictar el acto que agota la vía administrativa, será
indispensable que el órgano que lo emita consulte previamente al Asesor
Jurídico de la correspondiente Administración.
2. El acto que agota la vía deberá incluir mención expresa de la consulta
y de la opinión del órgano consultado, así como, en su caso, de las razones
por las cuales se aparta del dictamen, si éste no es vinculante.
3. La consulta deberá evacuarse dentro de los seis días siguientes a su
recibo, sin suspensión del término para resolver.
1. No será necesario agotar previamente la vía administrativa para
accionar judicialmente, inclusive por la vía interdictal, contra las
simples actuaciones materiales de la Administración, no fundadas en un acto
administrativo eficaz.
2. En tales casos, la autoridad judicial podrá inclusive detener prima
facie la actuación impugnada en la forma prevista por la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa para la suspensión del acto
3. En los demás casos no será admisible la vía interdictal.
1. En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de
tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de
plazos preceptivamente señalados u omisión de trámites que puedan
subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.
2. La queja se presentará ante el superior jerárquico de la autoridad o
funcionario que se presuma responsable de la infracción o falta, citándose
el precepto infringido y acompañándose copia simple del escrito.
4. La resolución que recaiga se notificará al reclamante en el plazo de
quince días, a contar desde que se formuló la queja.
Artículo 359.- Si la queja fuere acogida, se amonestará al funcionario
que hubiere dado origen a ella y, en caso de reincidencia o falta grave,
podrá ordenarse la apertura del expediente disciplinario que para tal
efecto determine el Estatuto de Servicio Civil.
Artículo 360.- Si la queja no fuere resuelta en el plazo señalado en
el artículo 358.4, el interesado podrá reproducirla ante la Presidencia de
1. Se concederá audiencia a las entidades descentralizadas sobre los
proyectos de disposiciones generales que puedan afectarlas.
2. Se concederá a las entidades representativas de intereses de carácter
general o corporativo afectados por la disposición la oportunidad de
exponer su parecer, dentro del plazo de diez días, salvo cuando se opongan
a ello razones de interés público o de urgencia debidamente consignadas en
3. Cuando, a juicio del Poder Ejecutivo o del Ministerio, la naturaleza
de la disposición lo aconseje, el anteproyecto será sometido a la
información pública, durante el plazo que en cada caso se señale.
Artículo 362.- En la disposición general se han de consignar
expresamente las anteriores que quedan total o parcialmente reformadas
o derogadas.
1. Los proyectos que deban someterse a la aprobación del Consejo de
Gobierno, se remitirán con ocho días de antelación a los demás Ministros
convocados, con el objeto de que formulen la observaciones pertinentes.
2. En casos de urgencia, apreciada por el propio Consejo, podrá
abreviarse u omitirse el trámite del párrafo anterior.
1. Esta ley es de orden público y deroga las que se le opongan, con las
limitaciones y salvedades que se establecen en los artículos siguientes.
2. En caso de duda, sus principios y normas prevalecerán sobre los de
cualesquiera otras disposiciones de rango igual o menor.
3. Serán también criterios de interpretación de todo el ordenamiento
jurídico administrativo del país.
1. El Libro Primero se aplicará a toda la Administración, desde que entre
en vigencia esta ley, siempre que esa aplicación no produzca efecto
2. Los actos o situaciones válidos, nacidos con anterioridad, continuarán
rigiéndose por la legislación anterior, salvo en cuanto a sus efectos
pendientes, que se ajustarán a esta ley, en cuanto fuere compatible con su
3. Los principios generales del mismo Libro Primero prevalecerán en todo
1. El Libro Segundo regirá, a partir de su vigencia, para todo
procedimiento administrativo, aun aquellos que se encuentren pendientes de
resolución o recurso, con las salvedades y limitaciones del artículo 371.(*)
(*) (NOTA: Debe entenderse 367, ya que esta ley no contiene artículo 371. Las salvedades y limitaciones a las cuales hace referencia este inciso están contempladas en el artículo 367).
2. No obstante, los términos o plazos para trámites pendientes o para la
resolución final, se contarán a partir de la vigencia de esta ley, mientras
ello no implique una prórroga o ampliación de los establecidos en la
legislación anterior, en cuyo caso regirán estos últimos.
1. Se derogan todas las disposiciones anteriores que establezcan o
regulen procedimientos administrativos de carácter general, o cuya
especialidad no resulte de la índole de la materia que rijan.
2. Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a
c) Los contratos de la Administración que lo tengan establecido por
e) Lo concerniente al personal, tanto público como laboral,
regulado por ley o por reglamento autónomo de trabajo, en su caso,
salvo en cuanto a los funcionarios excluidos de esas disposiciones
por motivos de rango o confianza;
g) Los procedimientos relativos a la aprobación, ejecución y
liquidación de presupuestos, y los demás de fiscalización
financiera y contable por parte de la Contraloría General de la
República, cuando estén regulados; y
h) Los demás que el Poder Ejecutivo determine por decreto, dentro
de los tres meses siguientes a la promulgación de esta ley, cuando
existan motivos igualmente justificados que los de los incisos
anteriores, y siempre que estén regulados por ley.
3. Los casos exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose
por sus normas de procedimientos especiales.
1. Se mantienen vigentes, pero como complementarias y subordinados a
ésta, las demás leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento
existentes para materias especiales, a condición de que sean necesarios por
razón de la índole propia de tales materias, conforme lo determine por
Decreto el Poder Ejecutivo.
2. Igualmente, se mantienen vigentes las disposiciones de procedimiento
administrativo contenidas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción
2. La falta de reglamentación no será obstáculo para la aplicación de
3. Los reglamentos generales de procedimiento para toda la Administración
o para cada uno de los Ministerios o entes administrativos, deberán quedar
promulgados dentro del término de seis meses a partir de la vigencia de
4. El mismo término regirá en cuanto a las disposiciones necesarias para
adaptar la organización administrativa a esta ley.
5. Las disposiciones del Poder Ejecutivo de conformidad con éste y los
dos artículos anteriores, se considerarán generales para efectos de esta
ley y de la Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Artículo 370.- Esta ley entrará en vigencia seis meses después de
sus publicación.
Fecha de generación: 18/02/2020 10:41:18 p.m.

References: Artículo 1

Artículo 4

Artículo 8

Artículo 17
 artículo 199

Artículo 20
 artículo 147

Artículo 24

Artículo 26

Artículo 29
 artículo 15
 artículo 35
 resolución 

Artículo 31

Artículo 39
 artículo 147
 artículo 35

Artículo 42

Artículo 44

Artículo 48

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 62

Artículo 64

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 72
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Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76
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 resolución 
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Artículo 77

Artículo 78

Artículo 80

Artículo 81

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 artículo 71
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Artículo 84

Artículo 86

Artículo 88

Artículo 90

Artículo 91

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Artículo 94

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 106
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Artículo 115

Artículo 117

Artículo 119
 artículo 126

Artículo 124

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Artículo 127
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Artículo 128

Artículo 129

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