Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp997-2017-47377-de-febrero-1-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_de29d89c42eb4a32b9ca825c12e9a1b5&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-16 20:52:21+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA SP997-2017/47377 DE FEBRERO 1 DE 2017
SENTENCIA SP997-2017 DE 01 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:PROHIBICIÓN DE TRANSCRIPCIONES, A EXCEPCIÓN DE LAS CITAS O REFERENCIAS APROPIADAS PARA LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN. SE PRECISA SOBRE EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY 906 DE 2004, PUES AUN CUANDO ESA NORMA PROHÍBE “TRANSCRIBIR, REPRODUCIR O VERTER A TEXTO ESCRITO APARTES DE LA ACTUACIÓN”, ES LO CIERTO QUE LA MISMA DISPOSICIÓN EXCEPTÚA “LAS CITAS O REFERENCIAS APROPIADAS PARA LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA DECISIÓN”. DE TODAS MANERAS, EL QUEBRANTAMIENTO DEL CITADO PRECEPTO NO CONFIGURA UN VICIO INVALIDANTE DE LA DECISIÓN, SINO QUE SE TRATA DE UNA REGLA DE COMPORTAMIENTO ESTABLECIDA, COMO LO INDICA LA NORMA, EN DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD Y CELERIDAD CON EL FIN DE RACIONALIZAR LA ACTIVIDAD PROCESAL, CUYO INCUMPLIMIENTO, POR TANTO, SÓLO CONDUCIRÍA A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES DE CARÁCTER DISCIPLINARIO. SE OBSERVA, QUE CUANDO EL RECURRENTE CUESTIONA AL JUEZ POR NO REFERIRSE A TODAS LAS PRUEBAS DEBIDAMENTE RECAUDADAS, DEJANDO ENTREVER LA CONFIGURACIÓN DE UNA MOTIVACIÓN DEFICIENTE O INCOMPLETA, FORZOSO ES SEÑALAR QUE UN VICIO DE ESA NATURALEZA, CONFORME LO TIENE SEÑALADO LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TAMPOCO ACARREA LA INVALIDACIÓN DE LA DECISIÓN, PUES PUEDE SER SUBSANADO POR EL MENCIONADO TRIBUNAL, COMO JUEZ DE SEGUNDO GRADO, CON OCASIÓN DE UN ANÁLISIS PROBATORIO (CSJ SP, 9 NOV. 2016, RAD. 44940).
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE CELERIDAD, PRINCIPIO DE ORALIDAD, TRANSCRIPCIÓN DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL, PROHIBICIÓN DE TRANSCRIPCIÓN DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL, RECURSO DE APELACIÓN, FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA
Sentencia SP997-2017/47377 de febrero 1º de 2017
Rad.: 47377
Decide la Corte la apelación interpuesta por la Fiscalía contra la sentencia del 18 de noviembre de 2015, mediante la cual el Tribunal Superior de Buga absolvió a la doctora M.P.R. respecto del delito de prevaricato por acción agravado.
1. El 27 de marzo de 2009 se produjo la captura de A.F.B.S., guarda de seguridad de la empresa “Experto Seguridad”, en inmediaciones de la zona de filtro de pasajeros del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón situado en Palmira (Valle del Cauca), luego de encontrarse en su poder, al interior de un morral marca Totto, cuatro kilogramos de cocaína.
El fiscal a quien le correspondió la investigación solicitó la respectiva audiencia preliminar. Su realización le correspondió a la doctora M.P.R., Juez Segunda de Control de Garantías de Palmira, quien además se desempeñaba como Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales. La audiencia la llevó a cabo el 28 de marzo de 2009 y en su desarrollo, luego de legalizada la captura y formulada la imputación, profirió medida de aseguramiento de detención preventiva a B.S.
Dos días después la defensa solicitó la programación de audiencia preliminar de sustitución de la medida de aseguramiento. La petición le correspondió nuevamente a la doctora M.P.R., según reparto efectuado el 7 de abril siguiente. La funcionaria realizó la audiencia al día siguiente, en cuyo desarrollo accedió a la pretensión del defensor, sustituyendo la detención intramural por domiciliaria.
2. En audiencia preliminar celebrada el 28 de mayo de 2012 por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Buga, la Fiscalía formuló imputación a M.P.R., por el delito de prevaricato por acción agravado.
En ese sentido, se refirió a la censura que la apelante efectuó a la acusada según la cual, como al imponerle la medida de aseguramiento intramural concluyó que A.F.B.S. representaba un peligro para la comunidad, a efectos de sustituirla por domiciliaria tenía la carga de demostrar lo contrario y, adicionalmente, considerar que aquél defraudó a la comunidad y traicionó la confianza en él depositada, utilizando el cargo de guarda para delinquir, pronóstico que era adverso a los intereses del prenombrado.
Para el Tribunal, al efectuar ese cuestionamiento a la procesada la delegada de la Fiscalía pasó por alto que la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva se fundamentó en elementos materiales de prueba distintos a los considerados cuando la misma se sustituyó y así mismo que mientras en esa primera decisión se analizó la peligrosidad de B.S., en la segunda se ventiló lo relativo a la condición de discapacidad de la menor hija de este.
En opinión del a quo, en el caso decidido por la doctora M.P.R. no se cumplían los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, pues no existía posibilidad de obstrucción a la administración de justicia, ni peligro de reincidencia criminal, como tampoco riesgo de fuga. Más aún, la Fiscalía clausuró toda posibilidad de demostrar el prevaricato cuando renunció a investigar el reparto de ese asunto, verificó la legitimidad del patrimonio de la acusada y omitió examinar los hechos de manera contextual.
De todas maneras, aquí no se configuró el tipo objetivo, porque la funcionaria procesada otorgó la detención domiciliaria al considerar tácitamente y con base en los argumentos expuestos por el defensor solicitante que B.S. ostentaba la condición de padre cabeza de familia y en la época de los hechos estaba vigente la jurisprudencia según la cual, para otorgar ese beneficio, sólo bastaba acreditar la referida condición. Por lo demás, el actual criterio de la Corte dice que “el afecto, el amor, la comprensión, comunicación, protección, educación, orientación” constituyen bienes intangibles con igual o superior nivel de reconocimiento que el aspecto meramente económico. Adicionalmente, reconoce “que no es óbice que el otro cónyuge, compañero (a) permanente mancomunadamente asuman el cuidado de los hijos menores o discapacitados”.
El Tribunal, por último, consideró que de los testimonios rendidos por L.M.L.P., L.M.L.P. y D.A.C. “se colige sin ambages la ausencia de interés o beneficios torticeros de la jueza del caso”. Es decir, “no existe demostración alguna por parte de la Fiscalía, de evidencias que denoten trazas o vestigios de corrupción en el obrar funcional de la acusada en el presente caso”.
Según la recurrente, la Corporación judicial partió de una indebida argumentación y sesgó las pruebas. En particular, se mostró inconforme con la valoración que hizo del testimonio rendido por L.M.L.P., pues se pasó por alto que su práctica se decretó con el fin de introducir los audios de las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, de una parte, y sustitución de medida de aseguramiento carcelaria por domiciliaria, de la otra, pruebas técnicas recogidas por la mencionada investigadora.
De manera que la primera instancia, insistió la recurrente, debió considerar los hechos contenidos en las estipulaciones. Y ello tanto más cuando con la 3ª se fundamentó el dolo en el actuar de la procesada, si se tiene en cuenta que allí quedó demostrado que ella solicitó la remisión de B.S. el 6 de abril de 2009, pese a que el acta de reparto se llevó a cabo al día siguiente, es decir, sabía de antemano que el asunto le sería repartido a su despacho.
No sólo los hechos relacionados con el reparto son jurídicamente relevantes sino también el identificado con el número 12, es decir, aquel en el cual se reseñó que el Juez de Ejecución de Penas, con providencia del 26 de febrero de 2010, ordenó la captura de A.F.B.S., sin que la misma se hubiese hecho efectiva. Es relevante porque a la doctora P.R. se le cuestiona, precisamente, no haber realizado un verdadero pronóstico frente al peligro de fuga de aquél, reproche que resultó cierto porque después de proferida la sentencia, cuando se quiso ejecutar, ya no se encontraba en su domicilio.
Para la impugnante, no es cierto que la Fiscalía le esté arrebatando al juez la facultad de interpretación judicial que ostenta. Y aun cuando en la acusación señaló que la actuación de la procesada “es probablemente contraria a la ley” es porque para ello se exige sólo ese grado de conocimiento. Tampoco es verdad que no se haya señalado la norma transgredida por la funcionaria. En la formulación de la imputación, en el escrito de acusación, en la audiencia de formulación y en el juicio se dejó claro que era el numeral 1º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, no así el numeral 5º que se refiere a la condición de padre cabeza de hogar. La primera de esas normas establece como requisito demostrar que en el domicilio del procesado se cumplen perfectamente los fines de la medida de aseguramiento intramural, estudio no realizado por la doctora M.P., como tampoco el pronóstico basado en el comportamiento familiar, social y laboral del imputado.
En todo caso, B.S. no ostentaba esa condición, porque si bien tenía hijos “coexistían” con ellos su progenitora y, adicionalmente, contaban con un negocio de comidas rápidas. Además, en el juicio se probó que la enfermedad padecida por la menor L.T. requiere tratamiento con medicamentos. El prenombrado, por tanto, no documentó estar a cargo del cuidado de los niños. Por su lado, la funcionaria omitió toda consideración frente al supuesto grado de desprotección de cara al interés superior de los menores. Tampoco reparó en las consecuencias que podían generar en la familia la actividad delincuencial de B.S., ni en la gravedad y el peligro del tráfico de narcóticos en la sociedad y que la forma tan sofisticada como se trató de sacar del país permitía inferir que el imputado formaba parte de una organización criminal.
1. Las razones expresadas en la apelación no constituyen una debida sustentación, pues la Fiscalía, en la primera parte del memorial, se limitó a cuestionar la narración de lo acontecido en el juicio, incluido lo dicho por la testigo L.M.L.P. y a invitar a la Corte a escuchar en forma detenida los registros de esa fase del proceso, abarcando lo referente a los alegatos de conclusión de la Fiscalía.
Según el defensor, los resúmenes efectuados por los jueces en sus sentencias sobre lo declarado por los testigos no constituyen valoración susceptible de cuestionamiento. Además, lo referente a la declarante L.M.L. carece de trascendencia, pues ese testimonio “en esencia fue decretado para la introducción de elementos materiales probatorios que la investigadora había recolectado en el juicio”, cuya autenticidad no fue discutida en la sentencia. Lo que pretende la recurrente es una revisión oficiosa del caso.
Así ocurre con la estipulación 3. Allí se convino la existencia de un proceso penal, pero la apelante pretende se den por probados sus anexos, entre los cuales se encuentra un oficio del 6 de abril “no firmado por nadie” donde se solicita la remisión del procesado para audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento. La Fiscalía pretende de allí deducir el dolo de la acusada, pero lo cierto es que ni ese oficio ni todos los folios del expediente penal anexo ingresaron a la actuación como prueba. Al respecto, el abogado defensor destaca cómo la apelante, cuando declaró la testigo C.A.P., encargada del reparto de las audiencias, guardó silencio sobre el particular y ni siquiera hizo uso del mencionado oficio para refrescarle la memoria o para que lo reconociera en el juicio.
De todas maneras, en el tema del reparto quedó probado en la presente actuación que nada de extraño ni irregular ocurrió en su realización, como lo declaró R.G.S..
En todo caso, en el juicio se probó que la acusada no actuó con dolo, pues el prevaricato se excluye cuando se trata de divergencias de criterios y así ocurrió en el presente caso, conforme lo declaró el doctor L.M.L.P., Procurador Judicial que actuó en la audiencia preliminar en cuyo desarrollo se adoptó la decisión cuestionada a M.P.R.
El derecho a impugnar las decisiones judiciales entraña correlativamente para quien así procede la carga de exponer la respectiva sustentación, pues de no hacerlo obtendrá como sanción la declaratoria de desierto del recurso. Para el cumplimiento de esa obligación le corresponde concretar el tema o aspectos de los que disiente, presentando los argumentos fácticos o jurídicos que lo conducen a cuestionar la determinación impugnada, de manera que no es suficiente con que el recurrente exteriorice inconformidad general con la providencia que impugna(1).
Sin embargo, “la simple creencia de la parte no recurrente de que el recurso no fue debidamente sustentado”(2) no constituye razón suficiente para declararlo desierto, “pues para ello resulta necesario establecer que el impugnante acudió a manifestaciones genéricas que no permiten conocer los puntos de desacuerdo y las razones en que los mismos descansan”(3).
En el presente caso, el Tribunal fundamentó la sentencia básicamente en que, de una parte, la Fiscalía no investigó adecuadamente el delito de prevaricato por acción, ni precisó la norma transgredida por la procesada. De otra parte, en que no se demostró en la actuación el tipo objetivo, porque en el asunto decidido por la acusada no se cumplían los fines constitucionales de la medida de aseguramiento y, de todas maneras, por cuanto concedió la detención domiciliaria al encontrar establecido que el solicitante B.S. ostentaba la condición de padre cabeza de familia, único requisito que la jurisprudencia exigía en ese momento para el efecto. Finalmente, porque no se acreditó que la funcionaria hubiese actuado con dolo.
Adicionalmente, la delegada de la Fiscalía hizo mención a circunstancias que, en su sentir, son demostrativas del dolo y cuestionó al Tribunal por la valoración que asignó al testimonio de L.M.L.P., pasando por alto que su práctica se decretó únicamente con el fin de introducir los audios de las audiencias preliminares relativas al caso de B.S..
De lo anterior se evidencia con claridad que la apelante rebatió el criterio del Tribunal según el cual no se precisó la norma transgredida y, además, ofreció argumentos dirigidos a demostrar que en este caso sí están comprobadas la tipicidad objetiva y subjetiva del delito de prevaricato por acción. Es obvio que con ese planteamiento pretende refutar la afirmación según la cual la Fiscalía no investigó adecuadamente esa conducta punible. Por lo demás, el cuestionamiento relacionado con el testimonio de L.M.L.P. se explica en cuanto la Corporación judicial utilizó esa prueba para concluir, junto con otras, que la acusada no actuó con dolo.
Es cierto sí que la recurrente no dijo nada acerca del argumento del a quo consistente en que en la época de los hechos la jurisprudencia sólo exigía demostrar la condición de padre cabeza de hogar para conceder la detención domiciliaria. Sin embargo, tácitamente lo rebatió cuando expresó razones dirigidas a acreditar que la juez M.P.R. no concedió ese beneficio con fundamento en que el solicitante ostentaba tal calidad y, en todo caso, para demostrar que éste no la tenía.
El reproche penal efectuado a la procesada M.P.R. consiste en que, en su condición de Juez Segunda Penal Municipal de Palmira, sustituyó por domiciliaria la detención intramural que le había impuesto a A.F.B.S., sin que existiera fundamento para ello.
En ese sentido, le censuró a la juez acusada no haber efectuado ese análisis y, más aún, haber pasado por alto que quienes son procesados por delitos de tráfico de estupefacientes, como ocurría con B.S., constituyen un peligro para la comunidad, según así lo había considerado la propia funcionaria cuando impuso la medida de aseguramiento.
Así vista la situación, surge evidente que la norma cuya transgresión se atribuyó a la doctora P.R. no era otra distinta a la contemplada en el numeral 1º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, conforme a la cual “la detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de residencia…:
Y es que cuando el defensor de A.F.B.S. solicitó la sustitución de la medida de aseguramiento invocó, precisamente, el numeral 1º del artículo 314 precitado. Claro que al sustentar la petición adujo que su prohijado “es un hombre de hogar, un padre de familia de dos niños de nombres M.E. y L.T.”. Agregó que la niña tiene una ausencia cerebral y aunque el tratamiento que venía recibiendo le reportó mejoría, la ausencia de su padre la hizo recaer. El abogado soportó su petición con varios elementos probatorios, entre ellos una valoración psicológica en la cual se señalaba:
“… los resultados de la prueba demuestran que la causa - efecto, padre - hija son la fuente de la disfunción emocional y psicoafectivos… es muy aconsejable que la niña esté al lado de su padre biológico el señor A.F.B., para que con ello haya un equilibrio, con las relaciones psicoafectivas - causa - efecto, los cuales nos dejarán como resultado una auto estima, una auto eficacia y una auto definición positiva, en torno al desarrollo de L.T.B.”.
También exhibió un resumen de la historia clínica de la menor, en la cual se registra como padecimiento dislexia y ausencia cerebral. Igualmente, declaración juramentada rendida por Y.V.P., en donde afirmó estar casada con A.F.B.S. desde el 11 de mayo de 2000, de cuya unión nacieron los menores L.T. y M.E..
a juez procesada, al resolver la solicitud, entendió que el defensor de B.S. se centró “en ese interés superior de los niños”. Por tanto, dijo que no se detendría en el delito mismo, es decir, en “la gravedad y modalidad”. Y aun cuando después señaló que el imputado satisfacía los requisitos para cumplir la detención en su residencia, atendida su vida personal, social, laboral y familiar, más adelante fue explícita en afirmar que sustituiría la medida de aseguramiento “por ese interés superior de esos hijos y en especial de L.T. que yo no creo que se pueda mentir en unos documentos porque yo creo que lo último que uno mentiría sería con un hijo que realmente necesita el cuidado de un padre, yo creo que todo trae un traumatismo, pero hoy uno de esos hijos merece que el Estado lo privilegie y yo como juez de garantía voy a privilegiar a ese menor que es L.T.B. para que pueda estar en su casa…”.
Como se observa, aunque el defensor peticionario invocó el numeral 1º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, el sustento que ofreció se apartó por completo de los términos de esa disposición, pues nada dijo acerca de si para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento era suficiente la reclusión en el lugar de residencia, atendidas la vida personal, laboral familiar o social del imputado, sino que se dedicó a señalar que B.S. era “un hombre de hogar, un padre de familia”, con dos hijos menores, uno de los cuales, L.T., padecía una grave enfermedad que a raíz de la ausencia de su padre había empeorado. Incluso, allegó valoración psicológica donde se aconsejaba “que la niña esté al lado de su padre biológico el señor A.F.B.”.
Refuerza la anterior conclusión el hecho de que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, la figura de la detención domiciliaria cuando la madre o el padre son cabeza de hogar ha sido diseñada con un propósito de protección de los intereses de los niños(4). Ello explica por qué el abogado defensor terminó reclamando la sustitución a efectos de garantizar la supremacía de los derechos de la menor hija del imputado.
Y todo indica que así también lo entendió la doctora P.R., quien de entrada puso de presente que el defensor de B.S. centró la solicitud “en ese interés superior de los niños”. Es por ello que, tras hacer mención a los documentos aportados por el profesional peticionario, entre los cuales se encontraba la valoración psicológica referida en precedencia, elementos probatorios a los que asignó credibilidad, manifestó que privilegiaría los derechos de la menor y concedería la sustitución impetrada.
Sea del caso señalar que, como lo reconoció la Sala en CSJ SP, 19 ago. 2015, rad. 45853, la comprensión jurisprudencial de las condiciones para acceder a la prisión domiciliaria (y también a la detención domiciliaria, se añade) ha variado en el tiempo. Así en CSJ SP, 26 jun. 2008, rad. 22.453, decisión reiterada en CSJ SP, 3 jun. 2009, la Corte consideró suficiente, a partir de la interpretación sistemática de lo dispuesto en la Ley 750 de 2002 y en los artículos 314 y 461 de la Ley 906 de 2004, la acreditación de la condición de padre o madre cabeza de familia, sin necesidad de valorar los antecedentes del interesado ni la naturaleza del delito objeto de condena.
La decisión reprochada a la doctora M.P.R. fue emitida el 8 de abril de 2009, es decir, cuando estaba en vigor la línea jurisprudencial según la cual bastaba la demostración de la condición de madre o padre cabeza de hogar para otorgar la detención domiciliaria. Ese criterio, como quedó visto atrás, lo modificó la Corte más de dos años después. Las circunstancias existentes al momento de los hechos, por tanto, no permiten cuestionar a la juez procesada la omisión de analizar aspectos distintos, pues, se reitera, el fundamento con el que, en últimas, concedió la sustitución impetrada se encuentra en armonía con la jurisprudencia entonces vigente.
3. Ahora bien, aun cuando en la acusación no se atribuyó a la doctora P.R. el desconocimiento del numeral 5º de la precitada disposición, la Fiscalía sí lo hizo en la intervención realizada al final del juicio oral, oportunidad en la cual, admitiendo que la juez soportó tácitamente su decisión en el precepto último citado, adujo que el imputado B.S. no ostentaba la condición de padre cabeza de familia, porque sus dos menores hijos tenían a su señora madre, quien los cuidaba y además laboraba en su residencia.
En relación con lo anterior, es necesario acotar que en la decisión del 19 de agosto de 2015, atrás citada, la Sala también encontró que los precedentes jurisprudenciales tanto de la Corte constitucional como de la Corte Suprema emitidos para el año de 2009 con ocasión de la noción de madre cabeza de familia prevista en el artículo 2º de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1232 de 2008, admitían diversas interpretaciones.
Así, tras citar las sentencias SU-388 de 2005, SU-389 de 2005, T-1310 de 2005, T-206, T-592, T-626 y T-971 de 2006, T-837 de 2007 y T-093 de 2009, esta última a propósito de la definición contenida en el Decreto 190 de 2003, reglamentario de la Ley 790 de 2002, la Sala evidenció lo siguiente:
“De los precedentes transcritos es posible realizar varias lecturas, soportar distintas interpretaciones admisibles, una de ellas, que no es posible otorgar el beneficio examinado cuando esté presente en el hogar el compañero o compañera del reo, porque se requiere indefectiblemente su ausencia, o bien su incapacidad física o psicológica para atender las necesidades familiares. Pero también es válido sostener a partir de esos proveídos que el beneficio procede también en el escenario contrario, siempre que exista una “deficiencia sustancial de ayuda” o incapacidad moral del cónyuge para responder afectiva o económicamente por los hijos menores.
Como quedó visto, la doctora M.P.R. concedió la detención domiciliaria a A.F.B.S. al dar crédito a los elementos probatorios aportados por su defensor, entre ellos la valoración psicológica en la cual se indicó que uno de los hijos del imputado, la niña L.T., padecía una grave enfermedad, que había empeorado ante la ausencia de su padre, quien era el que le prodigaba “amor, comprensión, ternura y comunicación”, por cuya razón el psicólogo recomendó “que la niña esté al lado de su padre biológico el señor A.F.B., para que con ello haya un equilibrio, con las relaciones psicoafectivas”.
La funcionaria acusada entendió, entonces, que la ausencia de B.S. como consecuencia de su detención significó el abandono de su hija menor, aunque no desde el punto de vista económico, como que, incluso, uno de los medios de convicción aportados por su apoderado indicaba que su cónyuge, la madre de la niña, atendía con él un negocio de comidas rápidas en su casa, sino en lo que respecta a la asistencia afectiva y emocional, cuya privación le había acarreado el empeoramiento de la enfermedad que padecía.
Como se observa, la juez P.R. aplicó una de las interpretaciones que a la noción de madre o padre cabeza de familia han efectuado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, es decir, aquella según la cual tal condición surge, por sí sola, ante la constatación de que el condenado o procesado es quien provee emocional y afectivamente por los hijos menores o mayores discapacitados, sin importar que el compañero o compañera del reo se encuentren presentes en el hogar.
No es factible, por tanto, considerar manifiestamente contraria a la ley la decisión de la acusada de sustituir la detención preventiva por domiciliaria al entender tácitamente que A.F.B.S. ostentaba la condición de padre cabeza de familia, con fundamento en los elementos probatorios aportados por su defensor, entre ellos, se insiste, una valoración psicológica en la cual se indicaba que aquél era quien le prodigaba atención afectiva y emocional a su menor hija, a tal grado que a raíz de la privación de la libertad de su progenitor la niña recayó en la enfermedad que padecía.
Es cierto que, como lo destacó, igualmente, la Sala en la decisión del 19 agosto de 2015, la Corte Constitucional en la sentencia T-093 del 17 de febrero de 2009 definió los alcances del abandono efectivo con fundamento en las previsiones del Decreto 190 de 2003, reglamentario de la Ley 790 de 2002, a cuyo tenor tiene tal condición la persona “con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada”(5).
No obstante, no puede pasarse por alto que la sentencia de la Corte Constitucional se emitió apenas algo menos de dos meses antes de que la doctora P.R. concediera la detención domiciliaria a B.S., sin que obre en la actuación elemento de juicio alguno indicativo de que ella conocía la existencia de ese pronunciamiento al momento de decidir en el indicado sentido.
Es de anotar, de otra parte, que a través de la estipulación 7 se demostró que quien suscribió la valoración psicológica no ostentaba la calidad de psicólogo. La apelante sostuvo que la juez procesada, cuando sustituyó la medida de aseguramiento, sabía tal situación, conclusión a la que arriba por cuanto la funcionaria hizo referencia a la autenticidad de los documentos aportados, pese a que ni el fiscal ni el Ministerio Público cuestionaron ese aspecto y porque no exigió la prueba del parentesco con el argumento de que en lo último que se puede mentir “es en los hijos”.
De resultar cierto, ello es claro, que la doctora M.P.R. sabía que la valoración psicológica tenía un origen espurio, su decisión sí resultaría manifiestamente contraria a la ley, pues la habría proferido con fundamento en una prueba que de antemano conocía no tenía la capacidad de demostrar el supuesto de hecho que condujo a la sustitución de la medida de aseguramiento.
No obstante, observa la Corte que la inferencia de la apelante es fruto de un razonamiento conjetural edificado a partir de su particular punto de vista, sin que, por ende, se apoye en premisas lógicas y jurídicas. Si la doctora P.R. ostentaba la condición de juez de la República y si, en ejercicio de sus funciones, le correspondía pronunciarse sobre una petición soportada en pruebas documentales, resulta natural y obvio que analizara la autenticidad de las mismas, al margen de la postura asumida por las partes o intervinientes sobre el tema. Por tanto, por el hecho de que procediera de esa manera no es dable deducir, sin más, que la juez conocía que la valoración psicológica era falsa.
Tanto la valoración psicológica como la declaración de la señora Y.V.P., indicaban que la menor L.T.B.V. era hija de A.F.B.S. Con tales elementos probatorios, entonces, era suficiente para dar por acreditado ese hecho y así lo hizo la juez procesada, luego ningún cuestionamiento es factible dirigir contra ella por actuar de dicha manera.
Resulta evidente, por tanto, que en el presente caso no se encuentra demostrado el aspecto objetivo del delito atribuido a la juez M.P.R. Ello resultaría suficiente para confirmar la decisión de primera instancia.
De todas maneras, la Sala tampoco evidencia la demostración de la tipicidad subjetiva. La recurrente predica lo contrario con sustento en dos elementos. En primer lugar, que la doctora P.R. sabía que la valoración psicológica aportada por el defensor de A.F.B.S. era falsa y, en segundo lugar, que ella solicitó la remisión de éste un día antes de que le fuera repartida la petición de sustitución de la medida de aseguramiento.
En cuanto al primero de esos aspectos, ya se dijo que la inferencia de la apelante no se soporta en premisas sólidas sino que es fruto de un razonamiento conjetural. Ahora bien, ciertamente, dentro de la actuación procesal que se adelantó en contra de B.S. consta que su remisión se solicitó mediante oficio del 6 de abril de 2009, pese a que el reparto de la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento se hizo al día siguiente. Ese oficio, contrario a lo que sostiene el defensor de la juez procesada, sí aparece suscrito por ésta(6).
Según ese mismo profesional del derecho, dicho folio no puede ser valorado porque aunque en este caso se estipuló la existencia del proceso que se siguió a B.S., los anexos que hacen parte de ese acuerdo no ingresan a la actuación como prueba. Este argumento no es atendible. La jurisprudencia de la Corte, contrariamente, tiene establecido que los anexos relacionados en las estipulaciones hacen parte de las mismas y, por ende, pueden ser apreciados por el juez, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario (SP, 15 jun. 2016, rad. 47666), lo cual no se hizo aquí.
Por el contrario, en el juicio oral testificó, a instancias de la propia Fiscalía, la señora R.G.S., quien trabajaba para la época de los hechos en el Centro de Servicios Judiciales de Palmira y era la encargada del manejo del reparto de los juzgados de control de garantías. La declarante manifestó que esa labor, en lo relacionado con la solicitud de sustitución de la detención preventiva por domiciliaria formulada por el defensor de A.F.B.S., se hizo de manera absolutamente normal, sin que hubiera observado en las partes interés alguno para que le correspondiera a un determinado juzgado. Más aún, precisó que la doctora M.P.R. no incidió en el reparto de ese asunto.
En consecuencia, se impartirá confirmación a la sentencia absolutoria proferida en favor de la doctora M.P.R.
1 Sentencia de 2 de mayo de 2002, radicación 15262. En el mismo sentido, fallos de 24 de junio de 2003, radicación 19413, y 26 de junio de 2003, radicación 15934, entre otros muchos.
5 Sentencia T-093 de 2009.
6 Folio 418 del cuaderno 2.

References: ARTÍCULO 163
 artículo 314
 artículo 314
 artículo 314
 artículo 314
 artículo 2
 artículo 1