Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&FMT=PUWTXDTS.fmt&QUERY=%28DSCD-12-CO-401.CODI.%29
Timestamp: 2020-05-31 01:13:00+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 401, de 12/12/2017
cve: DSCD-12-CO-401
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 401
- Para orientación política del Gobierno en la definición de la estrategia nacional para el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Presentada por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana, Mixto y por el señor Barandiaran Benito, Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002620) ... (Página2)
- Sobre ayudas de emergencia al pueblo de México por los terremotos sufridos el mes de septiembre de 2017. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002452) ... (Página6)
- Relativa a incluir una cláusula contra los minerales de conflicto en todos los contratos públicos de suministro tecnológico y los criterios de responsabilidad en todos los contratos públicos de servicios y suministros. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002348) ... (Página9)
- Sobre medidas extraordinarias de apoyo, aplicación y puesta en marcha del Plan de acción nacional de empresas y derechos humanos, así como el incremento de medidas de evaluación de impacto relativas a las operaciones de empresas con actividad económica transnacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002623) ... (Página13)
- Relativa a impulsar una mayor coordinación entre las acciones de seguridad y desarrollo en áreas de conflicto. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002399) ... (Página17)
- Sobre el establecimiento de medidas estructurales dirigidas a la mejora del sistema español de cooperación para el desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002408) ... (Página20)
- Sobre la Agenda 2030. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002629) ... (Página25)
- Relativa a solucionar la precariedad en el personal laboral expatriado de la AECID. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002637) ... (Página27)
- PARA ORIENTACIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO EN LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, CIUDADANOS, ESQUERRA REPUBLICANA, MIXTO Y POR EL SEÑOR BARANDIARAN BENITO, VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002620).
La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar con el orden del día, les voy a pedir por anticipado que tengamos todos hoy un poquito de paciencia ya que esta Comisión coincide con otras en las que algunos de ustedes tienen que intervenir, por lo que tendremos que ser más flexibles y en el caso de que cuando llegara el momento de las votaciones no hubiera quorum suspenderíamos durante unos minutos la sesión hasta que se incorporaran los miembros necesarios para proceder a la votación al final. Por otra parte, se ha solicitado que la PNL que va en el punto 6 del orden del día pase al punto 2. ¿Les parece bien? (Asentimiento). También el proponente de la PNL número 2, del Grupo Popular, solicita, si ustedes no tienen inconveniente, que se aplace para la siguiente sesión, que tendrá lugar en el mes de febrero, Dios mediante. ¿De acuerdo? (Asentimiento).
Comenzamos con la PNL que figura en el punto 1 del orden del día, relativa a la orientación política del Gobierno en la definición de la estrategia nacional para el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Ciudadanos, el Grupo de Esquerra Republicana y el Grupo Mixto.
El Grupo Mixto no solicita palabra, por tanto, el señor Barandiaran, del Grupo Vasco, tiene la palabra.
Como creo que algunos de ustedes conocen ya, en principio figuraba tanto en la convocatoria como en el texto publicado el apoyo del Grupo Vasco a esta proposición no de ley, pero ha sido retirada por mi parte la firma que en principio suponía el apoyo. Queremos resaltar, no obstante, que apoyamos el planteamiento de la proposición no de ley, pero cuestiones competenciales nos han llevado no ya a oponernos a la misma, sino a entender que hay determinados parámetros en la propia redacción del texto que nos hacen dudar de su oportunidad con la redacción que actualmente contiene, fundamentalmente basada en la creación de entes estatales, que es a quienes puede corresponder labores de coordinación, pero que sin embargo lo hacen respecto de materias en las que deberían de intervenir, e intervienen de hecho, comunidades autónomas y corporaciones locales, pese a lo cual no figura el órgano estatal ni siquiera a efectos descriptivos, por decirlo de alguna manera. Ese motivo nos ha llevado a dudar de la oportunidad de apoyarla expresamente y por eso hemos retirado nuestra firma. (El señor secretario,
Clemente Giménez, ocupa la Presidencia). No obstante, reiteramos el apoyo a los propósitos de la misma y, evidentemente, al sentido que da la Agenda 2030 a la actuación en materia de cooperación.
El señor SECRETARIO (Clemente Giménez): Muchísimas gracias.
Le corresponde ahora intervenir, porque hoy es un día complicado, al portavoz del Grupo Socialista, señor Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: Muchas gracias, compañeros de la Mesa por vuestra comprensión.
Muy brevemente porque creo que estamos ante una obra colectiva que se ha ido fraguando con muchísimo trabajo, me gustaría reconocerlo y agradecerlo aquí, por parte de todos, en primer lugar de los miembros de la Mesa de la Comisión de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y especialmente de la señora letrada de la Comisión, que ha hecho una labor de empaste, por así decir, con todas las ideas y también con otros textos presentados que han constituido ya jurisprudencia o acervo en el ámbito de la cooperación.
Creo que estamos no ante una unanimidad, como se acaba de ver, pero sí ante un consenso recuperado, me gustaría llamarlo así, en el desarrollo de un nuevo concepto, el de la agenda universal o el de la ayuda universal. Creo que esta iniciativa, firmada por casi todos los grupos y que parte con consenso, va a permitir que esta agenda se desarrolle con el impulso del Congreso de los Diputados, de las Cortes Generales, y advierto que esta proposición tiene que servir también para vigilar, para controlar y para impulsar al Gobierno, sobre todo al grupo de alto nivel y a la embajada especial que se ha aprobado, porque es cierto que vamos retrasados. En el propio texto de la iniciativa se reconoce que vamos retrasados, sobre todo en volumen presupuestario, por tanto, bienvenida esta iniciativa de consenso recuperado sobre una agenda universal que, por otro lado, tendrá que suponer un verdadero impacto, primero en las políticas públicas, segundo, en el quinto plan director, que esperamos ansiosos, y tercero, lo más importante, en la estrategia española de esta agenda y en los Presupuestos Generales del Estado que vendrán en algún momento a esta Cámara y que el anterior interviniente seguro que tiene incluso más influencia que quien les habla en que esta iniciativa tenga un impacto en los Presupuestos Generales del Estado, querido vecino, señor Barandiaran. En cuanto al grupo de alto nivel, solo un par de cosas. Creo que es un punto de inicio. Hace unos días comentaba con la portavoz del Grupo Socialista nuestra extrañeza de que el Gobierno haya incluido a Fomento, teniendo otros ministerios como Energía, Economía, Hacienda, Sanidad. Simplemente quería que quedara reflejado en el "Diario de Sesiones".
Al portavoz del Grupo Vasco le preocupa la cooperación territorial, el papel de comunidades y ayuntamientos; al Grupo Socialista también y creemos que con esta iniciativa lo que se hace es encauzar, impulsar esa participación. Por tanto, se inicia un camino de consenso recuperado esta mañana por la voluntad de todos los grupos, la voluntad de las Cortes Generales que representan al pueblo español, para impulsar la política de cooperación y la Agenda 2030, la Agenda universal de ayuda y de cooperación del Gobierno de España, que, repito, inicia hoy un camino que se tiene que desarrollar con la Estrategia Española, con el V Plan Director, con el desarrollo de los trabajos y sobre todo con los Presupuestos Generales del Estado, que son los que de verdad hablan en términos de volumen de ayuda en nombre de la cooperación española.
El señor SECRETARIO (Clemente Giménez): Muchísimas gracias, señor Luena.
Ahora, recuperando el orden normal, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, presidente en funciones.
En primer lugar, quiero comenzar también mi intervención con las felicitaciones, ya que esta Comisión, ante la falta de inversión o lo que nosotros consideramos que se tiene que producir en materia de cooperación y a la espera de que se aumenten estos presupuestos y de que terminen de concretarse las reformas estructurales de las que estamos pendientes, ha jugado un papel muy importante en la Agenda 2030. Quiero recordar también que se reunieron Mesa y portavoces con muchísimos comparecientes, personas de mucho nivel que han dejado grandísimas aportaciones, muchas de ellas con sistemas de indicadores detallados y con una serie de objetivos desarrollados desde el conocimiento de la política española, de la transversalidad de esta agenda, que tiene 17 objetivos y 169 metas, y de saber que probablemente sea el reto más importante al que nos vamos a enfrentar como país en este momento
de cara al futuro de las generaciones que nos sucedan. Por tanto, en primer lugar, agradecimiento a todos esos comparecientes que nos han dejado tanto conocimiento y han avanzado tanto esta agenda; agradecimiento a la letrada, que ha sido capaz de aguantar sesión a sesión todas las comparecencias y recoger no solamente las aportaciones que han hecho los comparecientes, sino también las aportaciones que han hecho los portavoces de los distintos grupos que han estado en cada una de esas comparecencias, porque eso es el fruto precisamente de esta PNL que se presenta conjuntamente. Sentimos que el Grupo Vasco cuando se presentó el borrador, susceptible de que pudiéramos retocarlo para adecuarlo a un consenso generalizado, en ese momento no se diera cuenta de que ese aspecto que él quería cambiar se podía cambiado; si lo hubiera planteado en ese momento se hubiera retocado en aras de ese consenso. A pesar de ese matiz que ha expuesto el portavoz del Grupo Vasco, entendemos que existe un consenso generalizado en el conjunto de lo que es la Agenda 2030 y en la continuación de los objetivos que tenemos que desarrollar para llevarlo adelante.
Quiero dar las gracias a los miembros de la Comisión, que han asistido estoicamente a todas estas comparecencias, que se hacían casi en semiclandestinidad ya que en ocasiones no estaban recogidas en la agenda del Congreso, y a todos los comparecientes ya que con sus aportaciones esta Comisión ha podido realizar un buen trabajo que ha concentrado la letrada en ese documento que nos dio a todos para que pudiéramos retocarlo en aras de un consenso absolutamente del 100 %, y repito que aunque mi compañero de escaño el señor Barandiaran no lo haya apoyado con su firma, entendemos que está de acuerdo en todo lo demás que no ha manifestado en este momento. A partir de aquí comienza el desarrollo de control de la Agenda 2030 por parte de esta Comisión e intentaremos, por la importancia de la misma, que sea transversal a otras comisiones del Congreso.
El señor SECRETARIO (Clemente Giménez): Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Vera.
La señora VERA RUIZ-HERRERA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, como han hecho el resto de grupos parlamentarios, quisiera reconocer el trabajo de Sara, la letrada de la Comisión, que ha hecho un esfuerzo grande no solamente en reunir puntos de consenso, que yo creo que es importante y además es novedoso, sino también en la organización con las reuniones de la sociedad civil, que han sido fruto de lo que tiene que ser el trabajo en esta Comisión y en el Congreso, que es pactar, reunirse, escuchar con diferentes expertos y grupos de la sociedad civil de diversa índole. En ese sentido, nuestro agradecimiento.
Hace pocos meses aprobamos una propuesta relativamente similar, en la que nos comprometíamos a trabajar en pro de la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, la igualdad y la sostenibilidad y nos parece un buen punto de partida, cómo no, para trabajar, pero nuestro grupo parlamentario tiene algunas críticas que hacer y algunos posicionamientos políticos que marcar. Hace dos años que se aprobaron los objetivos de desarrollo sostenible en la Asamblea General de la ONU, una agenda que fue universal, que fue histórica y que fue novedosa, no solamente por implicar a todos los países en unos objetivos conjuntos, sino también por el procedimiento, que es similar al que ha dado pie a esta PNL, con una participación muy alta de la sociedad civil, como, insisto, deben ser las cosas. A pesar de su importancia, no se está aplicando al mismo ritmo en los 193 países que están comprometidos y están suscritos y España, como no podía ser de otra manera con un Gobierno del Partido Popular, que nunca ha tenido el cumplimiento de los derechos humanos como prioridad en sus políticas, no se queda atrás en los ritmos, en el seguimiento y en la rendición de cuentas. Creo que lo que aún no hemos entendido -no lo ha entendido el Gobierno- es que España está en una situación de urgencia social, que esta agenda hay que aplicarla dentro de nuestras fronteras, aunque estemos en una Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo, y que es desde aquí desde donde tienen que partir las políticas de cambio que nos interesan para luchar contra la desigualdad.
Lo veíamos hace unos días con un informe que publicaba la Comisión Europea, ya ni siquiera lo dicen ONG como Oxfam Intermón o UNICEF, organizaciones con las que por supuesto nos hemos reunido, España en este momento es el tercer país de la Unión Europea con más desigualdad, solamente por detrás de Rumanía y de Bulgaria. España también es el tercer país, por desgracia, con más trabajadores pobres de la Unión Europea. Es decir, aquello de la famosa primavera de la ministra Fátima Báñez se traduce en crear trabajos esclavos e impedir que la gente normal pueda ver esa primavera en
sus bolsillos. La brecha salarial entre hombres y mujeres, que nos parece fundamental y que es uno de los objetivos principales de esta agenda, asciende casi a un 18 % en este país, es decir, nos encontramos con un escenario de absoluta precariedad laboral, de desigualdad y de ausencia de políticas de protección social y de reformas fiscales que reviertan esta situación, con lo cual, mal punto de partida. Por otro lado, y no por ello menos importante, nos hemos quedado absolutamente fuera de la Agenda internacional contra el cambio climático y el calentamiento global, y por supuesto no hemos avanzado absolutamente nada en lo que tiene que ver con políticas de transición energética hacia un nuevo modelo energético; la pobreza energética dentro de nuestras fronteras sigue aumentando y tenemos una de las electricidades más caras de la Unión Europea.
Si hablamos de lo que incumbe a esta Comisión, que son las políticas de cooperación al desarrollo, apaga y vámonos. No nos engañemos ni nos envolvamos en propuestas como estas, que son necesarias y que son bonitas pero que poco tienen de real si tenemos en cuenta que la cooperación para el desarrollo la han recortado ustedes en un 80 %, con lo cual poco podemos hacer. España también suspende en un punto que nos parece fundamental, que es la gestión de los desplazamientos forzosos. La gestión y el incumplimiento de la cuota de refugiados por parte del Gobierno, como saben ustedes, es una absoluta vergüenza, son una vergüenza los CIE, los centros de internamiento para extranjeros, que son absolutas cárceles encubiertas, y también lo es el incumplimiento de la cuota de refugiados que teníamos, ya que ni siquiera llegamos a 500 refugiados acogidos, cuando el compromiso de España era de 17 000. Y si hablamos de la gestión de las migraciones en nuestra frontera sur, de las devoluciones en caliente, etcétera, creo que también tenemos un suspenso. Podría seguir porque son 17 los objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen también cosas como por ejemplo garantizar una educación y una sanidad pública y de calidad, y ya sabemos que se está recortando cada vez más, la calidad se está perdiendo también, por desgracia, y cada vez nos encaminamos más hacia las privatizaciones. Si hablamos de la gestión del agua, otro de los objetivos fundamentales, podríamos hablar de la gestión del Canal de Isabel II, por ejemplo, y tendríamos también algunas críticas que hacer.
No obstante, celebramos que haya voluntad política para empezar a revertir la situación; si queremos que sea así, si realmente es un compromiso, sobre todo por parte del Partido Popular y quienes les sustentan en el Gobierno, me alegro de que exista prioridad y que no se convierta en un papel mojado esta PNL, que, como sabéis, no solamente se puede quedar en la Comisión de Cooperación Internacional, sino que tiene que ser mucho más amplia y mucho más transversal. En ese sentido, solamente quiero señalar un punto en esta propuesta que nos parece peligroso, que no vimos en un principio y que quisiera poner de manifiesto, y es que, como ya han dicho otros grupos parlamentarios, se nombran tres ministerios fundamentales que tienen que estar en el trabajo guía de esta agenda, entre ellos el Ministerio de Fomento, cosa que nos llama la atención, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero se quedan muchos ministerios fuera, como Sanidad, Educación, Hacienda, Empleo e Interior. Nos parece importante señalarlo porque, si no lo hacemos, es posible que quien gobierne, en este caso el Partido Popular pero el día de mañana cualquier otro partido, podría priorizar, en pro de determinados intereses, unos objetivos y dejar fuera otros, lo cual nos parece peligroso y creo que tenemos que hacer un seguimiento importante.
En conclusión, celebramos que hayamos llegado a un consenso, nos parece que es un buen punto de partida, pero tenemos que entender que esto no es una agenda que solamente se aplique de cara al exterior, sino que tenemos que aplicarla dentro, y si queremos combatir la desigualdad, la pobreza, la exclusión social y hacer políticas de sostenibilidad, hay que empezar por descongelar los Presupuestos Generales del Estado, hacerlos más justos, hacer políticas que beneficien a la gente y que no perpetúen las políticas de austeridad que están ustedes haciendo.
El señor SECRETARIO (Clemente Giménez): Muchísimas gracias, señora Vera.
Por el Grupo Popular, señora Elena Bastidas.
El 25 de septiembre de 2015 Naciones Unidas aprueba una resolución sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que iba precedida de una ambiciosa, contundente y significativa declaración de intenciones en su enunciado: transformar nuestro mundo. Esta Agenda 2030, como todos ustedes saben, este plan de acción en favor de las personas, del planeta y la prosperidad, asumido por la comunidad internacional, no podemos ni debemos consentir que se quede solo en una buena declaración de
intenciones ni en hermosas palabras, en sueños reflejados en un documento. Para ello, entre otras cosas, iniciamos hace unos meses una serie de comparecencias de actores fundamentales para la implementación de la agenda, con aportaciones realmente valiosas, a los que desde nuestro grupo parlamentario queremos dar las gracias; trabajos que se han alargado algo más de seis meses y que ha dado como fruto esta PNL consensuada, como recordaba hace un momento. Desde el Grupo Parlamentario Popular, y con toda seguridad desde los distintos grupos políticos aquí representados, queremos verlo reflejado en realidades y todos instamos al Gobierno a que, como dice el texto que hemos consensuado, sea la Agenda 2030 protagonista y eje fundamental de la acción gubernamental. Nuestro grupo político ha sido siempre colaborador activo y efectivo en las actuaciones y propuestas encaminadas a ello por una razón fudamental, porque forma parte de nuestros valores e ideario la esencia de la Agenda 2030, y es que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades con igualdad, dignidad, en entornos saludables y que sean un factor de generación de empleo y de prosperidad. Como en tantos otros retos globales, podremos, como es lógico, tener alguna discrepancia o la coyuntura puede interferir en la implementación de algunas de las acciones concretas, pero una vez más, como lo demuestra que haya sido consensuada ampliamente esta PNL, se pone de manifiesto la voluntad política compartida, e insisto, como dije al inicio de mi intervención, tenemos la oportunidad de hacer realidad o por lo menos sentar las bases para que sea una realidad ese sueño colectivo de transformar nuestro mundo a mejor. No debemos permitir que pequeños matices ralenticen su ejecución, pequeñas discrepancias por distintas interpretaciones, que se queden en nada en comparación con lo grande que estaríamos consiguiendo. Es, sin duda, el mejor legado que podemos dejar a las futuras generaciones; un mundo cada día más justo, más humano, en paz y en un entorno medioambientalmente más saludable. La historia de las naciones está llena de acontecimientos transcendentales para sus pueblos y para la humanidad que un día fueron solo un sueño, un objetivo, un reto, una declaración de intenciones. Desde el Grupo Parlamentario Popular nos unimos con entusiasmo a ser parte de ese reto y nos congratulamos de que, además, sea en sintonía.
Por último, quiero felicitar a mi compañero José María Chiquillo, a todo mi grupo parlamentario por su implicación y compromiso y defensa de la Agenda 2030, así como al resto de portavoces de los distintos grupos parlamentarios por este texto, en el que nos vemos reflejados por las aportaciones de todos nosotros, así como a los 15 comparecientes, y muy especialmente a la letrada, Sara Sieira, por su impagable y enorme labor durante estos más de seis meses. Lógicamente esta PNL no solo va a contar con el voto favorable de mi grupo parlamentario, sino que ese voto será entusiasta.
- SOBRE AYUDAS DE EMERGENCIA AL PUEBLO DE MÉXICO POR LOS TERREMOTOS SUFRIDOS EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número expediente 161/002452).
El señor SECRETARIO (Clemente Giménez): Pasamos al punto número 6, sobre ayudas de emergencia al pueblo de México por los terremotos sufridos el mes de septiembre de 2017, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Bellido.
Han pasado más de tres meses desde la terrible tragedia que asoló México, un fuerte terremoto de 7,1 de magnitud que sacudió el pasado 19 de septiembre el centro y el sur de México, provocando al menos 210 muertos y numerosos daños, y 10 días después otro terrible seísmo en Chiapas, de magnitud 8,2, que causó la muerte de más de 100 personas. En total, según los datos de Cruz Roja Mexicana, más de 360 fallecidos. Desde el primer momento hay que destacar que la ciudadanía española se volcó, se movilizó de manera inmediata, al igual que las organizaciones no gubernamentales españolas que están trabajando en la zona, de las que nos sentimos todos muy orgullosos. Creo que no digo ninguna barbaridad si subrayo que las relaciones históricas con el pueblo mexicano obligan a que nuestro país, España, exprese su solidaridad y su apoyo a este pueblo, que tantas veces ha demostrado su solidaridad con nosotros. Por eso, aunque estamos de acuerdo en que la cooperación española apostara por enfocar en el primer momento de la emergencia sus esfuerzos en el apoyo psicosocial a los niños y niñas que fueron alojados en albergues -nos estamos refiriendo a una aportación de 100 000 euros a través de la ONG Save the Children de la Agencia Española de Cooperación-, consideramos que no se ha hecho
todo lo que se podía hacer. He estado buscando por diferentes vías si hubiera habido alguna aportación extraordinaria desde entonces además de estos 100 000 euros y no la he encontrado. La verdad es que no es fácil conseguir información de la cooperación española, lo cual habla bastante mal de la transparencia, que debe ser uno de los elementos claves en la ayuda a la emergencia y en general de la cooperación al desarrollo. Si solamente se han destinado 100 000 euros desde el Gobierno de la nación, tengo que decirlo así porque así lo siento, es una cantidad ridícula para un pueblo hermano, teniendo en cuenta la tragedia que, como decía al principio, ha sido colosal.
En nuestra proposición no de ley, que, como digo, ya tiene unos meses, proponíamos más recursos y más coordinación, pedíamos destinar ayuda humanitaria suficiente para paliar las dos catástrofes naturales que han afectado gravemente a nuestro país hermano de México y a trabajar de manera coordinada y colaborativa con el resto de instituciones españolas -ayuntamientos, diputaciones, comunidades, los fondos- que pudieran destinar ayuda al país mesoamericano. Y la segunda petición que hacíamos es aplicar políticas de acción humanitaria en la prevención de las catástrofes naturales, como se establece en el marco estratégico de la Sendai, para la prevención de riesgos de desastres, aumentando la resiliencia de la población afectada con el objetivo de prevenir y minimizar el impacto de las catástrofes naturales, haciendo especial hincapié en la infancia como población más vulnerable.
A la luz de los hechos, a la luz de la información disponible, creo que el Gobierno de España no está a la altura de la labor que hacen las organizaciones no gubernamentales, de la labor también de los ciudadanos, que se han volcado desde el principio, y tampoco de las relaciones históricas que nos unen con el pueblo mexicano, por eso queremos solicitar desde el Grupo Parlamentario Socialista al resto de fuerzas parlamentarias que nos ayuden a exigirle al Gobierno de España una mayor dotación, tendría que decir que no solamente para esta catástrofe, sino en general para la ayuda humanitaria, que desde el año 2014 está suspendida, está estancada en tan solo 16,8 millones de euros, que es una cantidad muy pequeña y que tan solo medio millón de euros se hace a través de ONG, según denuncia la coordinadora estatal. Por lo tanto, les pedimos a las fuerzas parlamentarias que nos ayuden a exigir al Gobierno una mayor implicación ante esta catástrofe con recursos y también a que desde aquí mandemos una llamada a la sociedad para que no olvide la situación de México y que entre todos podamos construir eso que decía hace unos instantes la presidenta de esta Comisión de construir un mundo más justo y más humano. Eso, evidentemente, pasa por que se destinen recursos y por que se ayude a quien lo necesita, en este caso el pueblo mexicano.
El señor SECRETARIO (Clemente Giménez): Muchísimas gracias, señor Bellido.
A continuación, interviene por un tiempo de cuatro minutos el portavoz del grupo parlamentario que ha presentado la enmienda. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Arrojo.
Nos parece oportuna, justa, la PNL, se la agradecemos al Grupo Socialista. Simplemente quiero mencionar una cuestión a nivel personal, que creo que sería recogida también por todos los grupos, particularmente por el mío. Cuando pienso en México, que es como mi segunda patria, prácticamente me siento de allí casi también, siempre evoco unas palabras, que las habréis oído unos y otras o más de uno y más de otra, de nuestros abuelos y nuestras abuelas, que en particular me decían: después de la guerra de este país, los que tuvieron que pasar a Francia los encerraron como perros en campos de concentración, los que tuvieron la suerte de poder ir a México los recibieron como hermanos. Pasó en toda América Latina, pero particularmente en México, si ustedes han estado en México lo saben. Es una deuda histórica, emocional, no política, emocional, profundamente emocional con nuestros hermanos de México, lo sería también con nuestros hermanos y hermanas de América Latina en general, todo lo que a ellos y a ellas les pasa nos afecta a nosotros y a nosotras como hermanos y hermanas, pero de manera muy específica en México. Con lo cual, saludo emotivamente y con mucho agradecimiento la propuesta del Grupo Socialista.
Vamos a votar en cualquier caso a favor, pero les sugerimos un pequeño complemento y es que se reseñe en el punto primero que esa ayuda se dirija de manera específica a comunidades y proyectos concretos de poblaciones particularmente vulnerables, lo digo para facilitar lo que luego es seguimiento, constatación y valoración de eficacia. Tengamos en cuenta que, aunque sean países hermanos, sabemos los gravísimos problemas que hay con la corrupción, con el clientelismo, con muchos problemas, que a nosotros también nos afectan, pero es bueno que todos los proyectos de apoyo no sean generalistas, sino
que sean concretos, que se dediquen a poblaciones vulnerables, que sean precisos y que permitan luego hacer una valoración y un seguimiento. Pero, repito, tanto si se acepta este pequeño complemento como si no, votaremos a favor.
El señor SECRETARIO (Clemente Giménez): Muchísimas gracias, señor Arrojo.
Seguidamente harán uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que no hayan presentado enmiendas, por tiempo de tres minutos y de orden de menor a mayor.
¿Por el Grupo Mixto quiere intervenir alguien? (Denegación).
Pasamos al Grupo Ciudadanos. Señor Maura, tiene la palabra.
El señor MAURA BARANDIARÁN: Gracias, presidente.
Intervengo muy brevemente para señalar la conformidad de nuestro grupo con la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, nos parece que es oportuna y nos parece que su texto también es plenamente asumible por nuestro grupo. Entendemos que debería hacerse un mayor apoyo en cuanto a la ayuda a prestar a ese país a los sectores más vulnerables, en concreto al sector de la infancia, a los niños, y nos gustaría también que de alguna manera se prestara especial atención al análisis de las condiciones sísmicas que afectan a ese país para prevenir especialmente situaciones como las que se han provocado y que plantea la propuesta que estamos considerando en este momento.
Por último, quería decirle al proponente, cuando nos pedía, nos reclamaba ayuda a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, que también empiecen ellos a ayudarnos, porque los presupuestos son cosa de todos los grupos de esta Cámara y estoy convencido de que si el Grupo Socialista se aviene a trabajar por los Presupuestos Generales del Estado, seguramente entre todos encontraremos una mejor cantidad para la ayuda a la cooperación al desarrollo y para la cooperación en situaciones como estas. Insisto, los presupuestos no son cosa de algunos grupos de esta Cámara, lo son de todos los grupos.
El señor SECRETARIO (Clemente Giménez): Muchísimas gracias, señor Maura.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular el señor Chiquillo.
El Grupo Parlamentario Popular se felicita por esta iniciativa y, como no podía ser de otra manera, la va a apoyar. Sí que es bien cierto que por el tono y argumentos del que ha propuesto la iniciativa y la ha defendido en esta Comisión, pues igual nos hubiéramos planteado hacer algún tipo de enmienda, porque yo creo que poco ha buscado los datos para hacer una crítica tan simple y tan sencilla como decir que no ha encontrado dotaciones.
En primer lugar, en el Grupo Parlamentario Popular sabíamos que no iba a haber flores a la acción del Gobierno ni en esta cuestión ni en otras, pero en el tema de los tristes terremotos que han azotado a México en septiembre, que han provocado miles de pérdidas de vidas humanas y daños materiales incalculables en diversas infraestructuras de todo tipo y que la sociedad civil, la ciudadanía mexicana, de los Estados más afectados ha sufrido en sus propias carnes, hemos tenido el reconocimiento el Gobierno de España y la sociedad española en su conjunto del propio presidente de la República Mexicana. El señor Peña Nieto reconoció que el primer país en volcarse en la ayuda humanitaria ante la catástrofe fue España, tanto instituciones públicas, con el Gobierno y unidades de emergencia del Gobierno de España, como entes privados que tienen intereses en México y que desde el primer momento se volcaron en esa ayuda humanitaria, la propia embajadora, que la tenemos aquí en esta misma calle, en la Carrera de San Jerónimo, Roberta Lajous, personalmente felicitó y agradeció al Gobierno de España que desde el minuto uno y toda la sociedad civil española se volcara en el apoyo.
Les daré algunos datos respecto a las ayudas de emergencia al pueblo mexicano. El apoyo general de España al Comité Internacional de Cruz Roja, que se enfoca en la protección de inmigrantes centroamericanos, 250 000 euros en 2017, también es relevante, ya que se trata de uno de los grupos más vulnerables en situaciones de desastre. En esta misma línea se ha trabajado con diversas comunidades autónomas y el sector privado en el marco del fondo comunitario para respaldar el trabajo de Acnur en México, con una aportación global en 2017 a día de hoy de más de 400 000 euros. La preparación para catástrofes naturales es una línea permanente de trabajo de la Aecid en toda la región, con especial enfoque en Mesoamérica y en el Caribe, para tal fin se colabora con distintos socios, sobre
todo a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja, con una dotación de 250 000 euros en 2017. La acción humanitaria de Aecid ya ha puesto a disposición de organismos multilaterales y regionales material clave para atender de manera ágil a las poblaciones afectadas por desastres en la zona, a través de Unicef se han canalizado a través de las alianzas público-privadas para el desarrollo acciones concretas en infraestructuras plenamente identificadas, infraestructuras educativas, sanitarias y de vivienda y de recuperación de los medios de vida en diversas zonas afectadas por el desastre natural.
Mencionaré, por último, la iniciativa Start, "chalecos rojos", de la Oficina de acción humanitaria de la Aecid, que pretende mejorar el sistema de respuestas en el sector salud a emergencias provocadas por desastres, que empezará a funcionar en el 2018 y servirá para responder a estas catástrofes naturales, como el terremoto de México, todo ello en el marco de los acuerdos internacionales, como se cita en la PNL, de Sendai para reducción de riesgo de desastres, que ya sigue la línea de la acción del Gobierno de España en el Marco de Acción de Hyogo y de aquellas acciones que la comunidad internacional está impulsando como la iniciativa de Yokohama para un mundo más seguro, directrices que el Gobierno de España ha impulsado desde la acción pública y colaborando con la acción privada, con las prioridades que siempre han caracterizado a la cooperación ante esas situaciones de emergencia, que son prevenir, resistir y en la medida de las posibilidades sanear aquellas infraestructuras afectadas, comprender el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo, invertir en la reducción de esos riesgos y sobre todo la resiliencia, trabajar mejor en los ámbitos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción en educación, sanidad y cultura y no solo dirigido a la infancia, que es importante, a los jóvenes, sino también a mujeres y a discapacitados, tal como esas directrices de organismos internacionales aconsejan y España desde hace años cumple, no solo en México ha cumplido, queda mucho por hacer, pero me quedo con la satisfacción de los reconocimientos del propio Congreso y Senado mexicanos, de la embajadora en España, de que España ha estado a la altura de las circunstancias.
El señor SECRETARIO (Clemente Giménez): Muchas gracias, señor Chiquillo.
Ahora al autor de la iniciativa pregunto si acepta o no la enmienda presentada.
La señora MERCHÁN MESÓN: Sí, la aceptamos.
El señor SECRETARIO (Clemente Giménez): De acuerdo. Muchas gracias.
- RELATIVA A INCLUIR UNA CLÁUSULA CONTRA LOS MINERALES DE CONFLICTO EN TODOS LOS CONTRATOS PÚBLICOS DE SUMINISTRO TECNOLÓGICO Y LOS CRITERIOS DE RESPONSABILIDAD EN TODOS LOS CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002348).
El señor SECRETARIO (Clemente Giménez): Pasamos al punto número 3, proposición no de ley relativa a incluir una cláusula contra los minerales de conflicto en todos los contratos públicos de suministros tecnológicos y los criterios de responsabilidad en todos los contratos públicos de servicios y suministros, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Se han presentado dos enmiendas, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular.
En primer lugar, interviene para la defensa de su iniciativa el portavoz del grupo parlamentario proponente y por un tiempo de cinco minutos, la señora Marta Sorlí.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, president.
Estamos en la era de la información, pero todas las monedas tienen dos caras, los avances tecnológicos en Occidente cuestan millones de vidas en la otra parte del mundo. En Occidente tenemos que luchar aquí por el respeto a los derechos humanos, es fundamental, pero también tenemos que luchar para que esos derechos humanos se respeten en los países productores, por responsabilidad ética, moral y humanitaria necesitamos que los países productores tengan también esas garantías de derechos humanos. (La señora vicepresidenta, Terrón Berbel, ocupa la Presidencia).
El coltán es un mineral fundamental en la tecnología que utilizamos día a día, es un metal de alta conducción y de alta eficacia volumétrica, eso significa que con poca cantidad de coltán conseguimos la misma conducción que con otros minerales, además, es un metal que resiste la corrosión, que es maleable y que resiste tanto las altas como bajas temperaturas, por lo tanto, el coltán se ha convertido en un
mineral fundamental para nuestros aparatos tecnológicos. Pero, como decía, toda moneda tiene dos caras. El Congo representa el 80 % de las reservas de coltán a nivel mundial, el coltán también se produce en otros Estados, como Australia, Brasil o Canadá, pero en el Congo se dan las circunstancias específicas de explotación infantil, de precaria seguridad laboral y de peligrosidad en la extracción de este coltán.
Los móviles, por tanto, los aparatos tecnológicos que nosotros utilizamos en Occidente, vienen en muchas ocasiones fabricados gracias a los conflictos armados, a la sangre y a miles de vidas, es lo que se llama la guerra del coltán y ya se ha cobrado 3 millones de desplazados, 5 millones de muertos y centenares de miles de violaciones a mujeres y niñas, hasta convertir el Congo en el país más peligroso para ser mujer y niña. El Congo, aunque es un Estado rico en cobre, oro, diamantes y, como decía, también en coltán, se ve sometido constantemente a un expolio por parte de Occidente para extraer todos estos minerales. Como decía, toda moneda tiene dos caras y en Occidente debemos legislar para proteger los derechos humanos de los países que nos facilitan estos tipos de minerales, por ética, por moral y por humanidad debemos proteger las vidas de las personas que extraen los minerales que necesitamos en Occidente.
Por eso proponemos que, a la espera del desarrollo de la legislación europea que ya está aprobada, se incluyan cláusulas para controlar los minerales en conflicto en los contratos públicos, así como criterios de responsabilidad social también en los contratos públicos para poder proteger los derechos humanos y la vida de las personas que nos facilitan estos minerales. Desde aquí podemos trabajar para salvar estas vidas, hagamos que esa doble cara de la moneda sea un poco más clara para la gente que vive en los países productores.
La señora VICEPRESIDENTA (Terrón Berbel): Muchas gracias, señora Sorlí.
A continuación, van a intervenir por un tiempo de cuatro minutos los portavoces de los grupos políticos que han presentado enmienda y lo vamos a hacer de orden de menor a mayor.
Por el Grupo Socialista la señora Rominguera.
La señora ROMINGUERA SALAZAR: Gracias, señora presidenta, señorías.
"Se trata del futuro. Muy pronto quien no tenga coltán no tendrá nada que hacer en la industria de las telecomunicaciones [...] Quien controle el Congo, controlará el mercado". Así describe el protagonista de Coltán la novela de Alberto Vázquez-Figueroa, la importancia de este material, al que se atribuye el origen de las guerras étnicas de África central y que ya han causado más de 5 millones de muertos; guerras étnicas, explotación infantil en una zona de África que además es definida por el proyecto Enough como el lugar más peligroso del mundo para una mujer, asegurando que ahí, en la República Democrática del Congo, estamos ante el escenario más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial y todo ello por la riqueza de este territorio, de él se extraen, además del coltán, otras materias primas, como oro, wolframio, diamantes, tantalio, son los llamados minerales de sangre, minerales en conflicto, a los que se refiere esta proposición no de ley que nos trae el Grupo Mixto.
Ciertamente, compartimos, tal y como se desprende de la redacción de esta iniciativa, que la comunidad internacional no es ajena a todo el conflicto que la explotación de estos minerales supone, una explotación sangrienta que está ocasionando millones de muertos y donde los intereses comerciales son muy fuertes, siendo, según este informe al que me refería antes del proyecto Enough, los mismos grupos armados, que obtienen enormes beneficios del comercio de estos minerales, los que llevan a cabo las atrocidades más estremecedoras, porque compiten por el control de las minas más valiosas del territorio. Por ello se requiere una verdadera implicación de los Gobiernos, de la comunidad internacional, una estrategia exhaustiva que termine con el comercio de los minerales de sangre.
Ahora bien, compartiendo la exposición de la situación que la proposición no de ley contiene, a nuestro entender estamos ante una iniciativa sin duda llena de buenas intenciones, pero que estimamos demasiado ambiciosa o tal vez poco definida, porque de su lectura no queda claro hasta qué nivel habría que garantizar la limpieza de los minerales o, mejor dicho, si habría que verificar la de cualquier mineral procedente de zona de conflicto que se incorporara a cualquier producto.
La segunda muestra de indefinición es que no se acota la lista de minerales, si bien esto no es nuevo y es una tendencia seguida por muchas organizaciones que señalan la importancia de una trazabilidad de los minerales utilizados. Además, la proposición no de ley se limita a hacer mención de la directiva impulsada en 2015, pero nada dice sobre el Reglamento de la Unión Europea 2017/821, de 17 de mayo. Este reglamento, que entrará en vigor en 2021, establece una serie de medidas que están destinadas a
la adquisición de una certificación que garantice que ninguna empresa con sede en la Unión Europea importará estaño, wolframio, oro o tantalio procedentes de zona de conflicto. Es un gran paso ya que, pese a lo que inicialmente parecía, sí se logra una lista y una norma de obligado cumplimiento, además del compromiso de reforzar los incentivos para que no solo la importación del mineral o del metal se vea afectada, sino también la importación de los productos elaborados con ellos. No obstante, estimamos que nuestro Gobierno debe desde ya incentivar el cumplimiento voluntario por parte de esas empresas españolas, aun antes de la entrada en vigor de este reglamento, prevista, como decía, para 2021, concienciar a empresas y consumidores de una explotación y un consumo responsable de estos minerales, siendo además fundamental extender las medidas que el reglamento contiene a otros minerales, como el coltán.
Este es el sentido de nuestra enmienda, que entendemos debe ser tenida en cuenta si realmente queremos de un modo riguroso y definido establecer acciones concretas que rompan el vínculo entre el conflicto y el comercio de los recursos naturales.
La señora VICEPRESIDENTA (Terrón Berbel): Muchas gracias, señora Rominguera.
A continuación, y por un tiempo también de cuatro minutos, el señor Blasco por el Grupo Popular.
El señor BLASCO MARQUÉS: Buenos días, presidenta, señorías.
Querría empezar reconociéndole a Compromís la importancia de esta iniciativa. Una PNL es una toma de posición sobre un asunto concreto y yo creo que en esa toma de posición estaremos de acuerdo todos, luego el Gobierno tendrá que regular las condiciones, un poco compartiendo lo que decía la portavoz socialista. Pero, ante lo que sabemos que ocurre en los países afectados por los minerales que llamamos de conflicto, no podemos permanecer impasibles, hay muchos argumentos a favor y nos surge alguna duda, por eso hemos presentado una enmienda. Como argumentos a favor, cabe señalar el hacer frente a la explotación y tráficos ilícitos de los recursos minerales, que es el objeto de la PNL, drenar incluso la financiación de los grupos armados y organizaciones criminales en muchos de estos países, hacer frente a la corrupción sistémica en esos países en muchos niveles, pero, lo más importante, hacer frente a la explotación de las personas y aun más de la explotación infantil. Una cláusula contra los minerales en conflicto en todos los contratos y suministros tecnológicos enviaría una importante señal a los mercados nacional, europeo e internacional y ofrecería el incentivo necesario para que las empresas del sector rastreen adecuadamente sus cadenas de suministro y discriminen el origen de los minerales que emplean en la elaboración de sus productos. Yo creo que también en esto estaremos todos de acuerdo.
Además, el espíritu de esta proposición no de ley entronca perfectamente -también se ha dicho- con la legislación comunitaria y con las directrices de la OCDE, también se ha dicho que las iniciativas europeas no entrarán en vigor hasta 2021 y, por tanto, nosotros en España creo que nos queremos adelantar. En caso de prosperar esta PNL, habrá que adecuar la normativa con posterioridad, pero este adelanto puede ser bueno incluso para las empresas españolas.
Al Grupo Popular le interesa mucho dejar claro que la introducción de una cláusula, y ahora estamos gobernando, contra los minerales en conflicto en todos los contratos públicos de suministro tecnológico es una medida no solo aconsejable, sino necesaria política y socialmente, alineada con los esfuerzos internacionales. Dicho todo esto con claridad, el Grupo Popular tiene una duda, y por eso la enmienda, sobre la viabilidad práctica y la efectividad de lo que ahora estamos hablando. Así vemos que hay cierta inseguridad jurídica si no se detalla muy bien incluso de qué estamos hablando cuando nos referimos a minerales de conflicto, hay que detallar mucho más y yo creo que estaremos a tiempo en el futuro de detallar, de darle contenido jurídico, de dar certeza jurídica a lo que ahora estamos proponiendo. Tampoco se tiene conocimiento de la existencia de ninguna certificación oficial en relación con el empleo de estos materiales, por lo que la certificación del origen de los minerales empleados en la fabricación de los bienes objeto de estos contratos de carácter tecnológico solo podría acreditarse en muchos casos mediante la declaración responsable de las empresas licitadoras y eso resulta difícil de comprobar, solo dejarlo con una declaración responsable es complicado.
Como he dicho al principio, y termino, la proposición no de ley nos parece muy importante, tomamos posición sobre ello y hemos presentado solo una enmienda al punto número uno de la proposición no de ley de Compromís donde dice: "Incluir una cláusula contra los minerales de conflicto en todos los contratos públicos de suministro tecnológico", a lo cual nosotros queríamos añadir, con nuestra enmienda, con una aplicación temporal, que se haga de forma escalonada, para dar esa certeza jurídica. Compromís a su vez
nos propone sobre esta enmienda que digamos: una cláusula de forma inmediata para su aplicación escalonada. Creo que llegaremos a un acuerdo de aquí al final de la Comisión, porque ese es nuestro deseo.
La señora VICEPRESIDENTA (Terrón Berbel): Muchas gracias, señor Blasco.
A continuación, el resto de grupos políticos, por un tiempo de tres minutos y en orden de menor a mayor.
Tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos el señor Clemente.
En primer lugar, quiero agradecer a Compromís que traiga un tema tan serio como los minerales en conflicto, el tema del llamado oro azul. Tal y como está redactada la proposición no de ley, y coincido con los anteriores compañeros que han intervenido, para fijar posición, nosotros nos vamos a abstener. Esperemos que tenga en consideración algún tipo de texto transaccional con las enmiendas que se han presentado porque creemos que le dan un poquito más de concreción.
Ciudadanos apoya la aplicación del Reglamento de la Unión Europea del 17 de mayo del 2017, que establece un control para este comercio para evitar las consecuencias tan lamentables que sabemos que ocurren en estas zonas de conflicto. Es evidente que el objetivo es proteger los derechos humanos, como pretende la filosofía de esta iniciativa, pero sabemos que existen iniciativas legislativas europeas para que se apliquen y dan un tiempo de transición para adaptarse hasta el 2021. Por eso, tal y como está la redacción, ese control y esa cláusula inmediata, coincido con la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, quizá pecaría un poco de bisoñez el intentar regularlo.
De momento nuestra posición sería abstenernos si no aceptan la enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Terrón Berbel): Muchas gracias, señor Clemente.
A continuación, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Fernández Bello.
El señor FERNÁNDEZ BELLO: Moitas grazas, presidenta.
Señorías, en relación con esta PNL de Compromís queremos dejar claro desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea nuestro apoyo a esta iniciativa, que permite debatir sobre un tema opacado desde hace años por los intereses comerciales de las grandes corporaciones de la tecnología móvil.
Detrás de la explotación del mineral coltán en la República del Congo pervive una salvaje explotación laboral y en alto grado infantil, permanece la miseria, la inhumanidad, las violaciones a niñas, a mujeres, las condiciones laborales insalubres y abusivas y se incumplen las más elementales normas internacionales del trabajo y se vulneran las más básicas normas de salud laboral o de derechos humanos. Como bien se explica en el texto expositivo de la proposición de Compromís, desde el inicio de la guerra del coltán, así denominada, se cuentan por millones los desplazados y por millones las personas muertas. Los voraces intereses de las compañías tecnológicas han alimentado en países como el Congo situaciones de explotación cruel indescriptibles y han alimentado la ambición sin escrúpulos. Desde hace unos años y gracias a la labor de organizaciones internacionales que se han implicado en la denuncia de estas situaciones, se ha ido extendiendo la conciencia sobre la injusticia que sufren millones de seres humanos, especialmente, como se ha recordado aquí, mujeres y niñas; ha crecido la reivindicación que reclama a las empresas tecnológicas un compromiso ético, que obliga a que se preocupen por el modus operandi con el cual obtienen dichos minerales, que no miren para otro lado ante el enojoso incumplimiento de las normas laborales internacionales, de las condiciones de salubridad y de la salvaje explotación laboral y abusos sexuales. A este respecto, tímidamente, la Unión Europea ha empezado a reaccionar y en marzo de este año, como sabemos, aprobó un reglamento para que se rompa el vínculo entre el comercio de minerales y los conflictos armados. Aunque viene muy tarde y la norma se va a aplicar a partir del año 2021 -tarde también-, es un pequeño inicio que obligará a importadores europeos de estaño, wolframio, tantalio y oro a comprobar que las materias primas no procedan de zonas en guerra o que se han utilizado para financiar a grupos armados. En fin, la Unión Europea se suma, por fin, a los tibios pasos dados por la Administración Obama para implantar cláusulas a las empresas extractivas de minerales para mitigar
los abusos que se producen en toda la cadena de sumisión, algo que también recuerda Compromís en su iniciativa.
Por todo esto, consideramos muy acertada la PNL de Compromís, aunque en su punto 2 echamos de menos una mayor concreción a la hora de establecer la inclusión de criterios de responsabilidad social en todos los contratos públicos de servicios y suministros, por ejemplo, hubiésemos deseado que se perfilase mejor la propuesta especificando la necesidad de que se cumplan las normas básicas internacionales en el ámbito laboral y de salubridad, que se vigile el cumplimiento de los derechos humanos y se rechace la explotación infantil, la explotación laboral abusiva, así como los abusos sexuales a niñas y mujeres. Quedémonos con el testimonio de muchachos y muchachas del Congo, trabajadores y trabajadoras de minas, que en parte son a cielo abierto y en parte en profundas galerías, y en zonas como Rubaya, donde no hay ni luz y donde en épocas de lluvia la montaña se derrumba y se lleva por delante muchas vidas. Cada día este trabajo esclavo -recordémoslo- se cobra la vida de una media de cuarenta personas. Y no olvidemos que el Congo está considerado por multitud de organizaciones como el peor lugar del mundo para ser niña o mujer. Hablar de la inclusión de criterios de responsabilidad social -y voy acabando- debe remitir a la necesidad de exigir que se cumplan las normativas laborales internacionales, insisto, los derechos humanos, las mínimas condiciones de salubridad y que se proteja a niñas y mujeres para que no continúen siendo objeto de violaciones o de abusos sexuales.
Apoyaremos la proposición de Compromís. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Terrón Berbel): Muchas gracias, señor Fernández Bello.
Le pregunto a la señora Sorlí si acepta o no la enmienda.
La señora SORLÍ FRESQUET: Tengo una duda, porque no sé si las aportaciones del compañero pueden entenderse como una enmienda in voce o no. La intención es trabajar en una transaccional con las dos enmiendas escritas de que disponemos, pero no sé si las aportaciones del compañero pueden ser entendidas como una enmienda in voce o no.
El señor FERNÁNDEZ BELLO: Sí, creo que sí.
La señora SORLÍ FRESQUET: De acuerdo. En ese caso, trabajaremos en un texto transaccional con las aportaciones de todos.
- SOBRE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO, APLICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO EL INCREMENTO DE MEDIDAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVAS A LAS OPERACIONES DE EMPRESAS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA TRANSACCIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM- EN MAREA. (Número de expediente 161/002623).
La señora VICEPRESIDENTA (Terrón Berbel): A continuación, vamos a debatir el punto 7.º del orden del día, sobre medidas extraordinarias de apoyo, aplicación y puesta en marcha del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, así como el incremento de medidas de evaluación de impacto relativas a las operaciones de empresas con actividad económica transnacional. Es una iniciativa del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y para su defensa tiene la palabra la autora de la iniciativa, la señora Vera.
Hace pocos meses aprobamos en esta Comisión una PNL sobre la necesidad de crear un instrumento jurídicamente vinculante para sancionar a las empresas multinacionales que violan los derechos humanos y medioambientales en diferentes países. También aprobamos una iniciativa similar que defendía, valga la redundancia, a los defensores y defensoras de derechos humanos, pero hasta el momento pocos avances hemos visto por parte del Gobierno para consolidar esos cambios; de hecho, está pasando todo lo contrario, estamos viendo cómo el Partido Popular, a través de su grupo en Europa, está intentando paralizar las negociaciones que se están llevando a cabo en Ginebra para crear ese instrumento jurídicamente vinculante que consideramos fundamental y además a finales de julio, casi ya en agosto, se
aprobó de forma opaca, sin consultar con las organizaciones sociales, un nuevo plan para recomendar que se respeten los derechos humanos fuera, pero solamente recomendar, con lo cual se queda muy flojo. Mientras tanto, nuestras empresas multinacionales siguen instalándose en Asia, en África, en América Latina y, con ello, para defender sus intereses económicos y de negocios, están vulnerando los derechos humanos de las poblaciones originarias.
Como decía, ya hemos aprobado en esta Comisión propuestas que son más genéricas pero hoy queremos hablar de un ejemplo concreto y con ello queremos señalar que es muy urgente y necesario tener ese instrumento vinculante. Recientemente, en Guatemala, la ONG Alianza por la Solidaridad y la ONG Madreselva han presentado un documento recopilando 25 000 firmas dirigidas al grupo ACS y al presidente de la compañía, Florentino Pérez, exigiendo que se paralice la construcción de una hidroeléctrica llamada Renace. Ambas ONG han denunciado las consecuencias extremadamente graves que está teniendo en el medioambiente sobre los derechos de las comunidades indígenas la construcción de este complejo, entre otras cosas porque está secando a una velocidad increíble sus ríos que, como sabéis, son la fuente de vida de estas comunidades. Hemos visto cómo más de 29 000 personas de la comunidad indígena kekchí, que viven junto al río del departamento de Alta Verapaz, se tienen que ir en un desplazamiento forzoso porque no pueden vivir de su entorno. Y supongo que no es necesario que recordemos casos como el de la compañera Berta Cáceres, que fue asesinada por liderar un movimiento en defensa de los derechos de su pueblo, de los derechos medioambientales de su tierra y por oponerse de forma muy activa a la construcción de un proyecto que era similar. Por eso pensamos que es muy importante, porque luego nos lamentamos. Pero creo que aprobando este instrumento podríamos prevenir y nuestras empresas -estamos señalando a una española- tienen mucha responsabilidad en prevenir que estas cosas pasen.
En ese contexto, por la urgencia, por la gravedad del asunto, es necesario que apoyemos medidas extraordinarias para aplicar, para concretar y para desarrollar las disposiciones establecidas en actual Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, con la finalidad de garantizar la aplicación de los principios que queremos detallar a continuación.
En su principio rector número 1, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos dice, y leo textualmente: "Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia". En cuanto al acceso a los mecanismos de reparación del mencionado plan, en el principio rector número 25 se dice algo que también consideramos importante resaltar: "Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces". Asimismo, y fuera del marco legal citado con anterioridad, también queremos señalar que España es parte del Convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que en su artículo 7.3 dice lo siguiente: "Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medioambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución o no de actividades mencionadas". Y en el apartado 4 dice: "Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medioambiente de los territorios que habitan".
Se evidencian así los incumplimientos de estos acuerdos adquiridos a través del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, así como del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas. Estamos hablando, insisto, de un caso concreto, una empresa multinacional española, ACS, dependiente del señor Florentino Pérez, que está secando literalmente los ríos y con ello limitando la vida de los pueblos indígenas en Guatemala. Dadas las implicaciones e impactos negativos que este proyecto de inversión tiene y que está creando todo un movimiento social para paralizarlo, a través de este ejemplo concreto queremos resaltar esta PNL y queremos las medidas concretas que creemos se tienen que tomar, no solamente en este caso concreto sino en todo lo que se refiere a las consecuencias de la actividad de nuestras empresas multinacionales en países del sur. Primero, que se establezcan medidas que garanticen la integridad de los pueblos y comunidades afectadas en los movimientos contra la construcción de la hidroeléctrica Renace, y
la señalamos puntualmente. Hemos leído las enmiendas del Partido Socialista y parece que le quita toda la esencia a esta PNL porque estamos señalando, insisto, un caso concreto de violación de derechos humanos por parte de una multinacional española. Segundo, que se van a hacer estudios sobre los impactos sociales, medioambientales y económicos que tendrá la instalación de estas hidroeléctrica y queremos verlos aquí en el Congreso de los Diputados. Tercero, garantizar el despliegue de los mecanismos de reparación, resarcimiento y no repetición adecuados por parte de ACS, dependiente de Florentino Pérez, para la correspondiente restauración, en el cumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto y que se pongan en marcha medidas que eviten la criminalización, por supuesto, de cualquier líder indígena, campesino o cualquier persona que viva en ese entorno por oponerse a la construcción de esta hidroeléctrica, para que, como decía, no tengamos que venir aquí a lamentar más pérdidas, como ya hemos visto por casos similares en América Latina.
La señora VICEPRESIDENTA (Terrón Berbel): Muchas gracias, señora Vera.
A continuación, por el Por el Grupo Socialista, que ha presentado enmienda, y por un tiempo de cuatro minutos, tiene la palabra el señor Lamuà.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Muchas gracias.
Señores de Podemos, iba a empezar de otra manera, pero, respondiendo un poco a la cita y cogiendo el guante, no entendemos muy bien con quiénes han hablado ustedes en las ONG que citan en su parte expositiva. Cuando hemos ido a hablar con ellos nos han dicho que no se habían puesto en contacto con ustedes y el texto que ellos nos han mandado va en la línea que nosotros proponemos en la enmienda. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso cuando uno cita fuentes, porque cuando los diputados o las diputadas de otros grupos van a la fuente y se encuentran que no ha habido ningún tipo de interpelación es, cuando menos, sorprendente.
Lo que les iba a decir al principio es que nosotros estábamos muy contentos de encontrarnos este tema encima de la mesa, saben que es un tema que compartimos en nuestras agendas, y resulta que cuando uno va más allá y empieza a leer la parte expositiva y la dispositiva, se encuentra con una grave decepción; decepción por la manera en cómo se trata el tema y que esperamos que se haya hecho de buena fe y no por retorcer el tema. Porque la manera en cómo ustedes tratan este tema, la manera en cómo redactan sobre todo su parte dispositiva, implicaría que nuestro Gobierno tuviera que tomar medidas en un país tercero, y les cito los mismos epígrafes que ustedes nos traen en la parte expositiva: todos hacen referencia a medidas que deben tomar los propios Gobiernos en su territorio bajo su jurisdicción; no podemos ir a otros territorios, a otros Estados que tienen sus jurisdicciones, a imponer nuestros puntos de vista. Este es el caso de los principios rectores 1 y 25 del Convenio número 169 de la OIT, que usted ya nos ha leído, que precisamente dejan muy claro eso que le estoy diciendo. La interacción internacional con terceros países está muy bien regulada, es de sobra conocida. Y, yendo a la literalidad de lo que usted misma nos ha leído, es imposible cumplir lo que usted luego pide en su parte dispositiva.
Nuestra enmienda lo que pretendía era enmendar el entuerto que hacen ustedes hoy con esta PNL, que impide que un tema que consideramos extremadamente importante y grave, suficiente como para que realmente orientemos al Gobierno de España para que sea un agente de resolución de este conflicto, ustedes hoy posiblemente harán que quede retrasada esta orientación precisamente por cómo lo han enfocado y porque no han querido negociar esta PNL con una enmienda que seguramente sería mucho más agradable para la mayoría de grupos de esta Comisión y que propiciaría que pudiera echar a andar esta proposición y, por lo tanto, orientar al Gobierno de España. Sin embargo, parece que lo que hoy haremos precisamente es entorpecer que esto vaya a pasar.
Acabo. Nosotros de manera inmediata, con los términos que aparecen en nuestra enmienda, con una parte expositiva mucho más acorde con las ONG que están implicadas, con los agentes sociales que están implicados, pasaremos por Registro una PNL para que este tema no quede hoy encima de la mesa y, por torpeza, el Estado español se quede sin proponer una solución y sin ser un agente que verdaderamente solucione un tema muy grave y que preocupa muy mucho a todos los grupos de esta Cámara.
La señora VICEPRESIDENTA (Terrón Berbel): Muchas gracias, señor Lamuà.
A continuación intervendrá el resto de grupos por un tiempo de tres minutos, en orden de menor a mayor. En primer lugar, en nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Clemente.
Cuando leímos el título de la iniciativa, en principio, no podíamos estar en contra. El problema es cuando contrastas el título. Todos podemos estar a favor de la paz en el mundo y cosas así, pero coincido con el anterior compañero que ha hablado en que hay que fijarse en la parte dispositiva. Y es que queda claro en el Plan de Acción Nacional que el nivel de aplicación en España de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos está bastante consolidado. Y Guatemala, como ha dicho mi compañero, es independiente desde hace bastante tiempo.
Estamos de acuerdo en la filosofía de lo que pretende, pero no tenemos estudios de impacto ambiental fehacientes, no tenemos más que lo que dicen las noticias publicadas y lo que dicen las ONG, y no sabemos si es totalmente cierto, más allá del interés que tenga la hidroeléctrica Renace, que será capaz de satisfacer un 15 % de la demanda eléctrica del país.
Evidentemente, nosotros apoyamos los asentamientos de comunidades indígenas, respetamos las diferentes culturas y todas las formas de vida, pero en este caso, por fijar posición, creo que tal como está redactada la proposición, como desconocemos esos estudios de impacto y tiene un carácter plenamente intervencionista que no creo que sea nuestra labor en esta Cámara, nos vamos a abstener.
A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta.
En mi grupo parlamentario, como es tradición, cuando nos encontramos con la responsabilidad de fijar criterio en torno a una iniciativa de cualquiera de los grupos presentes la estudiamos con detalle y me resulta muy placentero y me complace coincidir en la valoración que han hecho los dos grupos que me han precedido en el uso de la palabra. En efecto, el título de la proposición no de ley, el muy largo título de la proposición no de ley, en absoluto se corresponde con la exposición de motivos de la misma y tampoco con la parte dispositiva. Yo creo que realmente eso ya es una señal que resta solvencia, rigor y seriedad al debate.
Por otra parte, si repasamos la parte dispositiva, ya resulta mucho más chocante, y las precedentes intervenciones lo han dejado muy claro. Fíjese que la iniciativa pretende instar al Gobierno -y esta Cámara tiene facultades para instar al Gobierno de España- a que establezca por parte del Gobierno con carácter inmediato medidas de aseguramiento y garantías de respeto a la integridad de los pueblos y comunidades perjudicados, en su caso, por el particular ejemplo que aquí se señala, entiendo que al que le corresponde hacer esto es al Gobierno de Guatemala, no es al Gobierno de España.
A continuación, la segunda consigna del grupo proponente es que se apliquen mecanismos de estudio y evaluación exhaustiva sobre los impactos social, ambiental, económico y de cooperación con los pueblos interesados. De nuevo resulta que es la República de Guatemala a quien corresponde. "Garantizar el despliegue de un mecanismo de reparación". Volvemos de nuevo a extralimitarnos en lo que son las competencias de nuestro Gobierno. Y por último dice: "aplicación de medidas que eviten la criminalización de los líderes indígenas". A esto se le está instando al Gobierno del Reino de España, cuando en realidad es un ámbito de aplicación Gobierno, tal y como la propia proponente de Podemos ha señalado con las citas legales a que ha hecho referencia, de los Gobiernos, que han de velar por lo que ocurre en su territorio y en aquellos territorios sobre los que tengan jurisdicción. Y, que yo sepa -y me remito a la historia-, Guatemala se desliga de España en 1821 y alcanza su plena soberanía en 1847. Por lo tanto, el Gobierno de España no tiene absolutamente ninguna competencia en torno a los cuatro puntos que recoge la parte dispositiva de la iniciativa de Podemos.
Esta Cámara, en mi opinión, debe responder con solvencia a los temas sometidos a debate. Nadie puede reprochar a mí personalmente y a mi grupo que no hayamos dado la cara en multitud de ocasiones por los derechos humanos y las libertades en el continente americano, y no voy a señalar ningún país en concreto porque creo que revisando los registros de la Cámara queda evidente a qué me estoy refiriendo.
Es evidente que una proposición no de ley, tal y como el Reglamento contempla, puede fijar una posición de la Cámara en torno a cualquier asunto que tenga una valoración política -no es el caso de esta- y además puede instar a nuestro Gobierno a que tome determinadas medidas, pero, como digo, siempre en el ámbito de sus competencias. Los colegas de Podemos han presentado una iniciativa que no se ajusta a lo que tiene establecido la Cámara en su Reglamento para proposiciones no de ley. Creo que esta iniciativa carece del rigor que esta Cámara debe tener en sus debates políticos, ya que pretende
hacer una incursión en competencias de la soberanía del pueblo de Guatemala y nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, como sospecho que también los que me han precedido en el uso de la palabra, somos extremadamente respetuosos con la soberanía de países ajenos, de democracias ajenas, puesto que no tenemos ninguna posición de tutela sobre un país soberano como es Guatemala. He dejado muy claro que no se ajusta a derecho. Creo que por responsabilidad en el honor de esta Cámara -quiero emplear el mismo término que ha utilizado la compañera de Podemos-, por responsabilidad en la seriedad del debate político, por responsabilidad en el tiempo que dedicamos aquí a solucionar los problemas de nuestros ciudadanos o los que tienen otros ciudadanos en el mundo, no debemos presentar iniciativas en estos términos, en donde se produce un retorcimiento clarísimo de las competencias del Gobierno, del Reglamento de la Cámara y de nuestro Estado de derecho. Creo que ha quedado absolutamente desacreditada la iniciativa que debatimos por escasa solvencia, escaso rigor y muy poca seriedad en lo que es el debate político. Creo que hacemos un bien a la seriedad y a la solvencia de esta Cámara señalando que mi grupo parlamentario va a votar en contra porque no entendemos que este sea el camino para presentar asuntos en una Comisión que puede tener tanta proyección internacional como es la Comisión en la que hoy estoy interviniendo.
La señora VICEPRESIDENTA (Terrón Berbel): Muchas gracias, señor De Luis.
Le pregunto a la señora Vera si acepta o no las enmiendas presentadas.
La señora VERA RUIZ-HERRERA: No, de momento no las vamos a aceptar. Gracias. (El señor secretario, Clemente Giménez, ocupa la Presidencia).
- RELATIVA A IMPULSAR UNA MAYOR COORDINACIÓN ENTRE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y DESARROLLO EN ÁREAS DE CONFLICTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002399).
El señor SECRETARIO (Clemente Giménez): Pasamos al punto 4 del orden del día, proposición no de ley relativa a impulsar una mayor coordinación entre las acciones de seguridad y desarrollo en áreas de conflicto, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se han presentado tres enmiendas, una del Grupo Parlamentario Ciudadanos, otra de Grupo Socialista y otra del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En primer lugar, para la defensa de su iniciativa, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la portavoz del grupo parlamentario proponente, señora Rojo.
La señora ROJO NOGUERA: Muchas gracias, presidente.
Mi grupo presenta esta proposición no de ley relativa a impulsar una mayor coordinación entre las acciones de seguridad y desarrollo en áreas de conflicto. Tal y como señalamos en la exposición de motivos, el escenario al que nos enfrentamos en el entorno internacional es cada vez más complejo; han cambiado las amenazas, adoptando características transfronterizas y globales; han cambiado los actores, las herramientas, los riesgos y creemos que para responder a esta nueva realidad es necesaria una cooperación entre todos, coordinando acciones a nivel multilateral interdepartamental a corto, medio y largo plazo. Los bajos índices de seguridad física, los problemas de gobernanza y la débil capacidad institucional en muchos países, factores todos ellos que afectan al libre desarrollo de las personas, hacen muy difícil el avance en las materias que constituyen los principales parámetros de los objetivos de desarrollo sostenible y ya estamos viendo el reflejo de todas estas amenazas, solo hace falta que miremos hacia África occidental, que veamos lo que ocurre en países como el Chad, Sudán del Sur, Somalia o Yemen, donde se está viviendo una de las mayores crisis alimentarias mundiales; adicionalmente enfermedades que estaban erradicadas, como la hepatitis o el cólera, han vuelto a surgir; proliferan campos de refugiados sin que exista una autoridad gubernamental y sin que funcionen hospitales, mercados o colegios. A la vista de estas circunstancias, es necesario adoptar un enfoque integral en el que la seguridad y el desarrollo sean tratados de manera coordinada, ya que estamos convencidos de que no puede existir desarrollo sin seguridad y viceversa.
Al final, la cooperación y la seguridad son vectores que se retroalimentan porque está claro que las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones humanitarias, necesitan asegurar sus zonas de trabajo; trabajo que sabemos que incide en la ruptura de ese círculo vicioso que es la pobreza y la guerra. Además, como ya se ha dicho aquí en otras iniciativas que tienen ciertas vinculaciones, la violencia tiene un
gran impacto en cooperación, tanto en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible como a través de su altísimo coste económico, afectando a la población -desgraciadamente, siempre a la población más débil, generalmente niños y a mujeres-, afectando a sus medios de vida e infraestructuras. Desde el punto de vista de la prevención, estamos convencidos de que la realización de los objetivos de desarrollo sostenible deben contribuir a la paz y a la seguridad colectiva e individual en el largo plazo, y aquí quisiera recordar que tanto la política de desarrollo de la Unión Europea como la española, reflejada a través de los distintos planes directores de la cooperación española, tienen como objetivo primordial la erradicación de la pobreza en el contexto de un desarrollo sostenible y además fomentar el buen gobierno, fomentar la democracia y el respeto a los derechos humanos a través de políticas cada día más transparentes. Esto se recoge en el Plan de Acción y del Servicio Exterior del Estado, en la Ley de 25 de marzo. Hay que hacer también una breve mención al V Plan Director, que como ustedes saben está abierto a la incorporación de las lecciones que se han aprendido a lo largo del proceso de debate en los distintos órganos consultivos y de coordinación de la cooperación española que han tenido lugar durante el otoño de este año 2017. De ahí la presentación de esta propuesta, que intenta recoger de manera un tanto sucinta todos los aspectos de los que he hablado. Somos conscientes de que en el Gobierno se contempla y se materializan parte de las acciones que están contenidas en esta proposición no de ley como una de sus prioridades dentro del catálogo de acciones, pero creemos que es importante seguir impulsando la labor del Gobierno como muestra del compromiso del Poder Legislativo y de apoyo a todas aquellas acciones que favorezcan una mejora en la prevención, en la resolución de los conflictos y en la consolidación de la paz.
En relación con las enmiendas, creo que es posible llegar a un acuerdo. Los puntos que plantea la enmienda socialista matizan y complementan lo que señala la iniciativa del Grupo Popular, también la enmienda de Ciudadanos y en algunos aspectos lo planteado en la enmienda de Podemos estaría contemplado también en una posible transaccional.
El señor SECRETARIO (Clemente Giménez): Muchísimas gracias, señora Rojo. Ha bordado usted el tiempo.
A continuación, por un tiempo de cuatro minutos, intervienen los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En primer lugar, de menor a mayor, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Maura.
Aunque la señora Rojo dice que va a intentar una enmienda transaccional, la verdad es que si lo consigue le diré que ha hecho un trabajo de verdadera orfebrería artesanal porque no creo que lo tenga excesivamente fácil a tenor de las distintas enmiendas presentadas, no en el caso de la nuestra, que, como su señoría sabe, es una enmienda de adición que lo que plantea fundamentalmente es subrayar la necesidad de la coordinación en este ámbito. No deberé en todo caso gastar mucho tiempo en señalar la importancia que tiene la iniciativa en la medida en que la situación del personal que desarrolla labores humanitarias en situaciones de conflicto es extraordinariamente difícil; no podemos estar más de acuerdo con el planteamiento genérico de la iniciativa. En todo caso, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la enmienda presentado a esta iniciativa por parte del Grupo de Podemos. A nosotros nos da un poco la sensación de que de lo que se trata es de hacer una especie de disquisición en relación con lo que está bien o está mal. Es evidente que nadie de los que estamos aquí es partidario de las guerras, de las situaciones de conflicto, de las situaciones de violencia, pero existen, y una vez que existen, de lo que se trata es de hacer todo lo posible para que el personal que trabaja en esas zonas de conflicto vea su situación de seguridad, su capacidad de trabajo protegida y no agravada, más allá de la gravedad de la situación en cuanto tal. Simplemente esa pequeña reflexión, porque no estamos en un mundo donde nos gustaría que todo fuera bueno; las cosas son como son, la guerra, el conflicto y la violencia existen y ese tipo de situaciones nos deben llevar a trabajar para que por supuesto se solucionen las causas de las guerras, se solucionen los conflictos, pero al personal que está trabajando en esas zonas hay que protegerle y hay que buscarle la mejor vía para que su situación no quede más agravada de lo que ya viene determinado por la situación en la que se encuentra.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Arrojo.
El señor ARROJO AGUDO: Saludo sinceramente que la PNL que estamos discutiendo nos dé ocasión de debatir una cuestión sustantiva, más allá del resultado final -si se pueden hacer transacciones, encantado-, puesto que, como he dicho en alguna otra Comisión, las PNL que recibimos del Grupo Popular es lo que yo he caracterizado siempre como cajas de colores vacías. Esta no, esta tiene sustancia, está bien, podemos estar de acuerdo o no, pero nos va a servir para debatir algo sustantivo. En ese sentido, gracias, se lo agradezco sinceramente.
Obviamente, coordinar los diversos tipos de medidas y estrategias que podamos desarrollar en nuestra política exterior es en sí bueno, difícil decir que no a la bondad de coordinar nuestras políticas, pero los problemas emergen cuando precisamos los criterios y prioridades que presiden esa coordinación, ahí es donde tenemos las dificultades, y esta PNL, tal y como está redactada, deja bastante clara la prioridad -lo acaba de decir de alguna manera el representante del Grupo Ciudadanos- de la acción militar frente a las acciones de ayuda humanitaria y de desarrollo, que se acaban presentando como complementos de esa estrategia militar, que pasa y es considerada como la clave fundamental para garantizar la seguridad. De hecho, esta visión 'secultista' que se dice últimamente se evidencia de forma clamorosa no ya en la PNL, sino en la política presupuestaria del Gobierno, que dispara los presupuestos dirigidos a la acción militar y hunde el capítulo correspondiente a la acción humanitaria. Obras son amores y no buenas razones. Esta visión, que ensalza, con unas palabras y luego otras, y mitifica la pretendida seguridad desde la acción militar, tuvo y tiene, les recuerdo, señorías, queridos amigos y amigas, su expresión más radical, más fundamentalista en el precepto estratégico del llamado ataque preventivo, que tan desastrosos impactos ha tenido, y en eso creo que hay consenso internacional, en materia de derechos humanos y desarrollo en políticas de paz en los países que fueron víctimas de su aplicación.
Desde nuestro punto de vista, la seguridad debe promoverse desde estrategias de paz -esa es la prioridad-, no con idealismo sino con realismo político, y no poniendo por delante la acción militar. No negamos que en un momento determinado la acción militar sea necesaria, pero no como prioridad, no enfatizando el núcleo duro de la estrategia. En este sentido, nos sentimos, lo digo sinceramente, mucho más identificados con los enfoques que asumió el Gobierno del señor Zapatero, no nos duelen prendas decirlo claramente. Se trata de poner por delante los derechos humanos, la acción humanitaria y de desarrollo como base de esa estrategia de paz, en la perspectiva de promover relaciones de mayor confianza y por tanto de mayor y mejor seguridad. Es un enfoque distinto. En esta línea, las estrategias de acción humanitaria no pueden ser, como he dicho, un simple complemento de la acción militar. No sé si ustedes han estado en ONG y en acciones de acción humanitaria en los conflictos, pero pueden saberlo, deben saberlo, las ONG y las agencias civiles se cuidan muy mucho de desvincularse de la acción militar, demandando una relación, eso sí leal, de mutua información clara con las Fuerzas Armadas, con el fin justamente de evitar que se les relacione como dependientes y vinculados a esas Fuerzas Armadas porque, en suma, esas organizaciones insisten -no lo decimos nosotros, lo dicen ellas-, con razón, en que su trabajo de acción humanitaria, basado en el derecho internacional humanitario, debe llegar a las poblaciones afectadas que estén tanto bajo el control de uno como de otro bando militar.
Saludamos el segundo punto, referido al desarrollo de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, pero, sinceramente, nos extraña que ni siquiera mencionen el segundo plan, que está ya redactado, para desarrollar esta agenda, ni siquiera lo mencionan. Tal vez esa ligereza con la que se pasa por el tema tenga que ver con la profunda incoherencia del Gobierno en esta materia cuando hablamos de presupuestos: ni un euro. Aprovechamos la ocasión para exigirle al Gobierno coherencia respecto a lo que se dice en esa PNL y lo que luego se hace en materia presupuestaria. Desgraciadamente, hasta la fecha, la atención efectiva al desarrollo de la Resolución 1325 de Naciones Unidas no solo está desprovista de fondos en general, sino muy en particular de apoyo a las organizaciones civiles que promueven de forma activa esa resolución. Clamoroso desinterés general del Gobierno que, voy a decirlo, tiene una honrosa excepción en las Fuerzas Armadas, que sí que se preocupan de este tema, sin fondos, pero se preocupan, debo decirlo en honor de las Fuerzas Armadas, ese tema lo contemplan al menos en sus desarrollos.
En suma, señorías, amigos y amigas, echamos en falta la clave de la cuestión. Las políticas de desarrollo, de defensa efectiva de los derechos humanos y de equidad de género deben presidir nuestras políticas públicas, predicar aquí con el ejemplo, no decir lo haremos allá, no aquí, de entrada, y, obviamente, deben ser las que presidan consecuentemente nuestra política exterior como forma de afrontar las causas profundas de los conflictos, en particular de los conflictos armados. Esa es la clave.
El señor SECRETARIO (Clemente Giménez): Muchas gracias, señor Arrojo.
Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista, señor Pons.
El señor PONS SAMPIETRO: Buenos días. Me sumo un poco a lo que comentaba el diputado que me ha precedido, en el sentido de que es una oportunidad esta PNL para hablar sobre temas muy de fondo que, efectivamente, merecerían que le dedicáramos tiempo. Nosotros hemos tratado de complementar, de sumar, y me gustaría hacer algunas reflexiones del por qué. Da la sensación de que, a veces, esta PNL está un poco descompensada o va de un lado para otro, pero vayamos al epicentro, que creo que es el tema clave, que es la relación entre seguridad, cooperación militar, organizaciones civiles, etcétera, dentro de un objetivo mayor, que es lo que plantea la PNL, que son los objetivos 2030, en los que se habla de la búsqueda de la paz universal, de una alianza de colaboración, de preservar las poblaciones civiles, de una agenda de desarrollo, etcétera, pero, claro, lo que dice también la PNL es en qué contexto, y ahí vamos al debate que hemos empezado a abrir. Estamos ante un claro contexto en estos últimos años. Quiero recordar lo que hace una década decía Colin Powell, que afirmaba que la ayuda humanitaria se integraba dentro de la acción militar. Ahí está la clave, cómo hacemos esa separación, sobre todo para que las poblaciones civiles perciban que esa ayuda no está politizada. Es decir, hablamos de gobernanza global, hablamos de cooperación, hablamos de ayuda y protección en conflictos, hablamos de seguridad en unos contextos muy complejos, muy confusos y muy difusos, por tanto, es más necesario que nunca que los roles estén extremadamente claros. (El señor vicepresidente, Lucena López, ocupa la Presidencia).
En el punto 1 creo que es donde está la esencia, la coordinación entre lo militar y lo civil. Para el Grupo Socialista está claro que hay una incompatibilidad entre la conducción de operaciones de guerra y al mismo tiempo que haya organizaciones humanitarias que estén integradas ahí y que se les considere que son ayuda humanitaria, operaciones militares por un lado y operaciones humanitarias por otro. Al final, la ayuda es para preservar un espacio de humanidad con imparcialidad, independencia y multilateralidad no solamente de las organizaciones no gubernamentales, también de las organizaciones multilaterales a las cuales los Estados aportan fondos anualmente. Hay que insistir al Gobierno de España en que -ahí tenemos los casos de Afganistán o de Irak-, aparte de la acción humanitaria, está la reconstrucción del país, la reconstrucción de la democracia, la reconstrucción de la paz. Las operaciones militares se conducen, se llevan a cabo, etcétera, pero cuando hablamos, como dice la PNL, de preservar el derecho internacional humanitario, de ayudar a la coordinación, todos conocemos, por ejemplo el caso de Srebrenica, que se prometió esa protección y no la hubo, o intervenciones militares que se llevan a cabo violando el derecho internacional humanitario. Es difícil conducir una intervención militar y al mismo tiempo proclamarse garante del derecho internacional humanitario. Cuando se conduce una operación militar a veces el factor primario no es dar asistencia humanitaria, y el ejemplo claro es Ruanda. Nosotros hemos intentado dar ese enfoque a la PNL y esperamos que nos acepten esta serie de enmiendas. Está claro que por mucha separación de roles que haya, el conflicto siempre va a estar en tensión; estamos viviendo hoy un conflicto en Europa sobre terrorismo cuyo origen en gran parte viene de esa dificultad que ha habido en los últimos 15 o 20 años de separar actores militares y actores humanitarios en conflictos de gran inestabilidad. Es importante que la Agenda del Desarrollo venga claramente diferenciada, que no tendamos a unir. Creo que en eso se tiene que trabajar.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucena López): Gracias, señor Pons.
Señora Rojo, ¿mantiene la intención de presentar una transaccional?
La señora ROJO NOGUERA: Sí.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucena López): Muy bien. Gracias.
- SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS ESTRUCTURALES DIRIGIDAS A LA MEJORA DEL SISTEMA ESPAÑOL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002408).
El señor VICEPRESIDENTE (Lucena López): Pasamos al punto número 5, proposición no de ley sobre el establecimiento de medidas estructurales dirigidas a la mejora del sistema español de cooperación para el desarrollo, del Grupo Parlamentario Socialista. Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y otra del Grupo Parlamentario Popular.
Para defender la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, señora Merchán.
La señora MERCHÁN MESÓN: Gracias, presidente. Buenos días.
La cooperación para el desarrollo es una política pública y como tal debe ser abordada, forma parte de la acción exterior de nuestro país, de lo que España quiere ser y quiere hacer en el mundo, de cómo nos vemos como país fuera de nuestras fronteras. La cooperación española hace tiempo que dejó de ser una cooperación joven, argumento al que se ha recurrido de manera reiterada en el pasado para justificar algunas de las debilidades identificadas en nuestro sistema. Casi tres décadas de trabajo, de liderazgo en cuestiones como la igualdad de género, gobernabilidad o el derecho humano al agua, y entre todos y todas, unos más que otros, es verdad, conseguimos que la cooperación española fuera reconocida internacionalmente, que este país fuera reconocido por su trabajo en cooperación para el desarrollo. Nuestros cooperantes, sin duda, han sido y son nuestra mejor marca España y gracias a ello tuvimos la silla en el Consejo de Seguridad o fuimos invitados, y ahí seguimos, al G-20. Sin embargo, en los últimos años, bajo la excusa de la crisis económica, no solo se ha jibarizado el presupuesto de esta política pública; recordemos que en 2009 se alcanzó un dato histórico del 0,47 % de la renta nacional bruta para la política de cooperación para el desarrollo y en 2016, sin el famoso Programa de Conversión de Deuda con Cuba, estamos en un triste 0,17. No solo se ha jibarizado el presupuesto, como decía, sino que se ha visto afectado seriamente el sistema que da sostén a la cooperación para el desarrollo. El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, en los diferentes exámenes de pares y en última instancia en el del año 2016, ha insistido en cuestiones como el incremento presupuestario, gestión de AECID, política de personal o la revisión de órganos consultivos, entre otras cuestiones.
La proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista aborda algunas de estas cuestiones señaladas por el CAD. Comenzamos por una obviedad, y es que sin presupuesto no hay política; el presupuesto es lo que evidencia el compromiso político; podemos hacer declaraciones de intenciones sobre prioridades de agenda, pero sin un presupuesto que permita la materialización de estos buenos propósitos nos quedaremos en eso, en propósitos. Esa es una línea roja para este grupo. Lo que se propone cuesta, y cuesta más de lo que hay hoy en día en el presupuesto de cooperación.
La cooperación para el desarrollo no es una política para tiempos de bonanza, entendemos, y así lo asumimos durante nuestro Gobierno, no puede ser ajena a los ajustes que puedan sufrir otras políticas, y quisiera recordar la expresión del presidente Rodríguez Zapatero cuando hablaba de los ajustes, los recortes que se hicieron en cooperación en 2010, y lo comparó con lo que sentía si le hubieran amputado un brazo. España ha recuperado el producto interior bruto de antes de la crisis, cada semana escuchamos que la recuperación ha llegado, que somos prácticamente la locomotora del crecimiento europeo, por tanto, no entendemos que esa recuperación no tenga un reflejo en los presupuestos de cooperación. Por eso nos parece clave que reafirmemos el compromiso que cada uno de nosotros asumió durante la campaña electoral de alcanzar el 0,4 al final de la legislatura y añadimos una reivindicación de las organizaciones de acción humanitaria, la política que más ha sufrido los recortes, reclamando que el 10 % de la AOD, no hablamos de cantidad sino de porcentaje, se destine a ese instrumento. Necesitamos una hoja de ruta realista y al mismo tiempo comprometida de previsibilidad de los recursos. En ese sentido, es clave la ampliación presupuestaria de AECID, que vive una época de serias limitaciones, y que se aborde su contrato de gestión con carácter plurianual.
Otra de los temas sobre los que llamamos la atención es la cooperación delegada. En los últimos años de exiguo presupuesto propio, Aecid, y de ello se presume, ha incrementado los proyectos de cooperación delegada, lo que a priori no es ni bueno ni malo, pero es fundamental saber que no son ayuda española oficial al desarrollo sino que en lenguaje coloquial la Unión Europea subcontrata a instituciones del sistema público de cooperación para ejecutar unos proyectos con sus recursos, pero no son recursos de la cooperación española; es verdad que queda un remanente sobre el que hemos preguntado y la verdad es que hemos obtenido poca información sobre el destino de este remanente. Existen en nuestro país tres instituciones calificadas para ejecutar cooperación delegada, Aecid, Fiiapp y Cofides, puede parecer a priori que existe una división del trabajo, pero no responde a una estrategia, sino que se ha ido haciendo o encajando con la práctica, y esta estrategia es importante también por cuanto debe incluir qué se prevé con esos recursos obtenidos de la gestión de los proyectos, también qué recursos técnicos y humanos se
requiere para ejecutar la cooperación delegada y en un contexto de crecimiento del trabajo de Aecid cómo se va a complementar esta cuestión.
El cuarto punto que presentamos está relacionado con la política de personal. La heterogeneidad del personal de Aecid, cuerpo diplomático, personal funcionario, personal laboral, personal en el exterior, donde también hay diferentes categorías, amerita con urgencia una estrategia de recursos humanos, que va más allá de atender las reivindicaciones justas de los trabajadores y trabajadoras; necesitamos una estrategia de recursos humanos y esta ha sido una constante en las recomendaciones internacionales a nuestro sistema de cooperación, incluso en momentos de crecimiento de AOD también se pusieron limitaciones a la contratación y al incremento de la plantilla pública. También es oportuno señalar que, como sucede en muchos ministerios, Aecid tiene una media de edad muy elevada, que comprometerá el sistema en los próximos años.
Otra de las recomendaciones de las que hablamos fue de la participación y la transparencia. La historia ha confirmado las debilidades de los órganos consultivos, que no requieren una supresión, como alguna vez se ha insinuado, sino una reactivación y una revisión para convertirlos en unos órganos clave en la orientación de la política. El Consejo Interterritorial, Interministerial, el Consejo de Cooperación, máxime además con las evidencias que hemos visto con la Agenda 2030, requieren de esa revisión. Y por último, y no menos importante, como se suele decir, la implicación, las consecuencias que va a tener la aplicación de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, para la Aecid, la desaparición de la Ley de Agencias tiene unas consecuencias directas. Nosotros no vamos a entrar ahora a valorar esa ley, pero sí creemos que es una oportunidad para afrontar la tan anhelada reforma de la Aecid, creemos que es urgente abrir un diálogo sobre el futuro de Aecid en el que participen todos los actores, también los grupos políticos.
Y finalizo ya. Traemos seis puntos muy concretos troncales para el sistema de cooperación. No entramos en las cuestiones de contenido, prioridades que entendemos vamos a debatir sobre el borrador del plan director; ayer se lanzó al Consejo de Cooperación, esperamos poderlo tener como Comisión de Cooperación a la mayor brevedad posible y tenerlo ya de forma oficial, porque está siendo un poco tortuoso este camino del plan director. Las propuestas que presentamos hoy son de otra naturaleza, posiblemente algunas se aborden en el plan director, pero nos parece que desde esta Comisión se tienen que tener claras las prioridades en cuanto a recursos humanos, económicos e institucionales, que son las tres líneas que sustentan esta proposición no de ley y para la que solicitamos y esperamos contar con el apoyo de todos los grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Luena López): Muchas gracias, señora Merchán.
Para defender la enmienda que ha presentado su grupo, tiene en primer lugar la palabra la señora Terrón.
La señora TERRÓN BERBEL: Muchas gracias, señor presidente. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
La iniciativa del Partido Socialista desde luego nos parece interesante porque a rasgos generales subraya la ausencia de un marco estratégico para la política de cooperación al desarrollo, que vaya mucho más allá del propio plan director. La iniciativa también plantea que para 2019 pongamos esa subida al 0,4 % y resulta frustrante leer esto sabiendo que en 2017 deberíamos haber alcanzado el 0,7 %. El caso es que en estos últimos años, y como todos y todas saben, la AOD se sitúa en el 0,12 % de la renta nacional bruta, el nivel más bajo desde los años noventa y nos sitúa a la cola de la comunidad de donantes del CAD, ostentando el vergonzoso puesto 26 de 28, después de que en 2009 estuviésemos en el puesto 11 de este ranking, con un 0,46 % de la renta nacional bruta. Además, Naciones Unidas ha anunciado que el mundo vive la peor crisis humanitaria de la historia y en un momento tan grave, ¿qué hace España o qué hace el Gobierno de España? Vuelve a recortar la ayuda para emergencias, recorta un 85 % desde 2009. Y esta caída es después de que el presidente M. Rajoy se comprometiese ante Naciones Unidas a incrementar la AOD en cuanto España entrase en la senda de crecimiento, pero la AOD sufre una nueva reducción del 11 % y acumula una caída del 73,5 %. Y podemos seguir hablando de promesas incumplidas por parte de este Gobierno con respecto a la política de desarrollo de nuestro país, porque también hoy se vive la crisis de desplazamiento global más grave de la historia, con más de 65 millones de personas obligadas a dejar sus hogares por la violencia.
España se comprometió a acoger 18 000 refugiados aproximadamente, una cifra que desde luego es vergonzosa, sobre todo teniendo en cuenta las cifras globales, pero es que a día de hoy a España solo han llegado 1167 personas. Este fuerte recorte de la AOD tiene además consecuencias graves en la eficacia de esta política, cuyo fin es luchar contra la pobreza y la desigualdad fuera de nuestras fronteras; el poco presupuesto que ha quedado se utiliza principalmente para responder a las contribuciones obligatorias de la Unión Europea y organismos multilaterales, por lo que no responde a una planificación estratégica, ya que la entidad que realmente tiene el mandato de implementar esta política con un plan establecido, que es la Aecid, gestiona solo el 15,7 % de la AOD. Y más consecuencias de no tener un marco estratégico general para la política de cooperación son la incoherencia con otras políticas del Estado, la falta de coherencia, rumbo y prioridades de la propia acción de la política de cooperación variable, que se traduce en falta de consistencia, falta de armonización y falta de cohesión entre programas: en consecuencia, señorías, ineficiencia.
Esta escasa predictibilidad afecta también a nuestra relación con otros donantes, ya sean bilaterales o multilaterales, y con los países socios; traducción, dificulta la complementariedad y cooperación, no solo entre nuestros propios programas, sino también con otros donantes, y por eso es tan positivo trabajar en un marco estratégico.
¿Y qué debería de incluir este documento estratégico de nuestra política de cooperación? Pues más allá de una hoja de ruta financiera, que desde luego es importante para alcanzar nuestros compromisos internacionales y un plan de acción multianual, deberíamos de ser más ambiciosos y dotarnos de un marco general que, uno, fije objetivos de la política de cooperación y que estos estén en sincronía con la Unión Europea. Es decir, reducción de la pobreza y su erradicación a largo plazo, junto con la reducción de las desigualdades y los compromisos internacionales, señorías, por ejemplo, los ODS, permitiendo a España tener una voz solidaria en el mundo y responder a esos objetivos de desarrollo sostenible que son la Agenda 2030 que obliga a los Estados a cumplir objetivos dentro y fuera de sus fronteras; a los Estados, señorías, y también a sus empresas, y eso es lo que nosotros llamamos coherencia de política. Esa hoja de ruta tiene que fijar también la relación con otras políticas del Estado, consagrando la primacía del principio de coherencia para el desarrollo, siendo necesaria una reestructuración profunda de las instituciones responsables de luchar contra la pobreza y la desigualdad y una manera de hacerlo, como reivindican desde las organizaciones y colectivos en este ámbito, es la creación de una vicepresidencia de desarrollo, medioambiente y derechos humanos que se ocupe de la Agenda 2030, incluya la política de cooperación, y, finalmente, que aborde las herramientas e instrumentos de la política de cooperación, que estén alineadas con los principios de eficacia de la ayuda acordados a nivel internacional, eso supone mecanismos de supervisión. Y en este sentido, y termino, urge reforzar el rol de la Aecid tanto con recursos como con una planificación estratégica, especializándose en aquellos sectores donde España pueda tener un valor añadido, como la lucha contra la pobreza, la desigualdad y por la resiliencia de las poblaciones vulnerables. Y, por supuesto, señorías, que no se nos olvide, se debe abandonar la idea de que la cooperación sirva para parar la migración o externalizar fronteras a cambio de fondos.
Hemos presentado una enmienda que esperamos que pueda ser aceptada.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidenta, señorías.
La población española es un ejemplo de compromiso y solidaridad, así que la sensibilización que todas las administraciones, no solo la del Estado, también el resto de niveles de la Administración, han tenido y tienen con la cooperación, es el reflejo de la sensibilización que tiene toda nuestra sociedad. Por ello, lamentamos que una vez más haya grupos políticos que intenten apropiarse de cuestiones como la cooperación, que en nuestra opinión son logros de la sociedad española en su conjunto, no tienen nombres y apellidos. Si a partir de 2011 se redujo el presupuesto en esta materia, saben bien que no fue por falta de voluntad, sino por necesidad, dada la crítica situación económica que vivía nuestro país tras la gestión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Señora portavoz del Grupo Socialista, la crisis no fue una excusa, lamentablemente, fue una realidad. ¿Siguen sin reconocerla?
Mi grupo ha presentado una enmienda que esperamos se pueda aprobar por parte del grupo proponente; en ella instamos al Gobierno por una parte a examinar la apertura de un proceso programado de ampliación presupuestaria en Aecid, que incluya instrumentos de planificación de carácter plurianual,
continuar promoviendo la coordinación y la complementariedad de las entidades acreditadas para gestionar proyectos de cooperación delegada de la Unión Europea, realizar un análisis de necesidades, perfiles y modalidades del personal de la Aecid, tanto en sede como en el exterior, que permita un adecuado desempeño de la actividad de la agencia, articular en toda su amplitud los mandatos de los órganos consultivos de manera que correspondan con una acción eficaz de orientación de la política de cooperación para el desarrollo y realizar las consultas y solicitar los informes previstos por la normativa en vigor sobre el futuro de la Aecid en el marco de la implementación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
No quiero terminar sin recordar tanto al grupo proponente como al resto de grupos que la mejor forma de que la cuantía en esta materia y también en muchas otras importantes pueda aumentar es aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 e insto a sus señorías a que convenzan y dialoguen con sus grupos para que esto sea posible.
A continuación, ¿el Grupo Mixto quiere hacer uso de la palabra? (Pausa).
Entonces, señor Salvador, del Grupo Ciudadanos.
Desde Ciudadanos hemos presentado varias iniciativas al carácter estructural de la cooperación; lo vamos a seguir haciendo y por tanto vemos bien aquellas que presentan los grupos que tienen un grado de sensatez precisamente para poder ser apoyadas.
En esta iniciativa compartimos la necesidad, evidentemente, del incremento del gasto presupuestario, algo que fue un consenso y un acuerdo generalizado de esta Comisión, y de lo que se trata es de que esto se pueda llevar adelante y por tanto al final se vayan viendo esos incrementos hasta llegar al porcentaje que nos comprometimos, repito, como Comisión todos los grupos. Comprendemos el argumento, que compartimos en cierta medida, sobre la cooperación delegada de la Aecid y de otros organismos, porque directamente ya nuestro responsable político ha hablado y siempre contempla esta cooperación delegada como si fuera nuestra propia cooperación, o sea, computándola como tal y realmente es algo que nos viene bien gestionar a nosotros, pero es cierto que nos viene de fuera, podemos contribuir indirectamente, pero en un porcentaje pequeño en proporción a la que realmente se está gestionando en el país.
Esta propuesta básicamente se centra en el tema de la reforma de la Aecid. Nosotros cuestionamos la idoneidad del establecimiento de objetivos comerciales a los directivos de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, Aecid; no entendemos la ausencia de suficientes capacidades de ejecución presupuestaria, la ausencia de una política de las oficinas técnicas y de cooperación, las OTC, o la ausencia de un plan claro para la reestructuración de dicha agencia, tal y como está establecida por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y que ya en este sentido tendría que haber estado puesta encima de la mesa.
Estamos tratando hoy temas vinculados a la Agenda 2030 que tanto inciden en todo esto; veremos después también el V Plan de Cooperación, que estamos esperando como agua de mayo, que esperemos que llegue bastante antes, y estamos hablando también de que hay muchos desajustes en nuestro sistema de cooperación, que no está engrasado con el presupuesto necesario y que hay que acometer muchas reformas al mismo tiempo que conseguir inyectarle esa gasolina por la vía de la financiación que todo el mundo está en este sentido demandando y que nos hará ser un país más digno y tener un mayor liderazgo internacional al apostar por una política que siempre nos ha dado una seña de identidad y que en este momento estamos bastante mal.
Por tanto, quiero propiciar desde el consenso generalizado que hay en esta Comisión, y lo digo dirigiéndome a la señora presidenta, que me está mirando en este momento, que intentemos realmente que se aumente ese presupuesto, que a partir de que consigamos que se aumente ese presupuesto de manera global presionemos a los grupos que se están oponiendo a que salga adelante, porque no se puede tener un discurso de incremento cuando al mismo tiempo después la oposición para la aprobación del presupuesto hace que se tengan que pactar los presupuestos con otros grupos que probablemente en este sentido barran un poquito más para casa por el interés general y por tanto entendemos que esta
política, que es algo que nos tiene que concitar desde el consenso, tiene que verse plasmada de una vez ya en acuerdos concretos que se vayan viendo reflejados en el Boletín Oficial del Estado.
- SOBRE LA AGENDA 2030. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002629).
La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar en estos momentos a la PNL que figura en el número 8, sobre la Agenda 2030, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la que se han presentado dos enmiendas, una del propio grupo proponente y otra del Grupo Parlamentario Popular.
Tanto para la defensa de la propuesta como de su enmienda tiene la palabra, en representación del Grupo Ciudadanos, el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Cuando habíamos presentado y registrado esta propuesta, la habíamos concebido en su momento precisamente como un intento de impulso a la Agenda 2030. En el camino nos encontramos que, debido a las comparecencias que se habían producido, se había desarrollado una PNL conjunta en la que se ha desarrollado con bastante profusión, independientemente de que a partir de ahora nos sirva simplemente como percha para poder cada grupo político poner el nivel de exigencia en cada ámbito que considere oportuno. Por tanto, hemos procedido a presentar nosotros precisamente una enmienda donde quitábamos el punto 1, que pedía elevar el grupo de alto nivel para la Agenda 2030 a una estructura estable dentro del Ministerio, porque está recogido dentro de la PNL que hemos aprobado con una función concreta, o también el punto 3, donde se pedía elaborar de forma participativa desde la estructura del Ministerio de Presidencia y para las administraciones territoriales un plan para abordar la emisión de esta agenda, que también está incluida en esa PNL. Pero asimismo hemos entendido que es oportuno, en primer lugar, pedir y demandar ya que ese V Plan Director esté en breve puesto en ejecución, un plan director que esperamos que sea excelente, por el tiempo que está tardando en elaborarse, por todas las aportaciones que se han podido producir al mismo y que por tanto no sea un plan director más. Esperamos que sea un plan director que encaje perfectamente con la Agenda 2030, con la política exterior, con la política interna y al mismo tiempo también con todos los objetivos para el desarrollo que podamos en este sentido necesitar.
En relación al cómputo del ODS, consideramos importante el reciente comunicado del Comité de Ayuda al Desarrollo, CAD, de la OCDE del 31 de octubre de 2017 sobre las modificaciones, y valoramos el trabajo que se está haciendo para intentar llegar a un consenso y también, evidentemente, pedimos que exista un calendario de trabajo realista para la incorporación precisamente de dicho generador de ese cómputo.
Entendemos también que tenemos que recuperar el protagonismo en América Latina. Nosotros nos vanagloriamos de que tenemos un vínculo con América Latina muy importante, pero no terminamos de ver cuál es nuestro peso cuando hay cosas importantes en América Latina y no se escucha en ese sentido la voz de España. Y pongo varios ejemplos, como la respuesta a la anulación de la Cumbre Unión Europea-Celac, donde no hemos dicho nada, o que en Cuba países como Francia nos hayan tomado claramente la delantera desde hace tiempo, o que la resolución del Parlamento Europeo sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina han tenido que ser impulsadas por un europarlamentario de otro grupo distinto al del propio Gobierno. Por tanto, entendemos que América Latina tiene que ser una prioridad, pero que tenemos que tener un plan para demostrar que esa prioridad se concreta en hechos que también refuerzan nuestra política exterior y esa visualización como potencia en este sentido y como queremos ser en el ámbito de la cooperación.
Evidentemente, cuando decimos abordar sin mayor dilación la reforma estructural de la cooperación española -a lo que me refería antes y que estamos manifestando casi todos los grupos-, hemos añadido un matiz diferenciando también entre estructuras políticas y de gestión, pues en este momento esa línea está un poco difusa, muchas veces se solapa y se va de un lado a otro. Por tanto, entendemos que eso tiene que estar hecho de una manera muy clara.
Sobre la enmienda que ha presentado el Partido Popular, en donde excluía los dos puntos que nosotros hemos quitado, por el motivo obvio de que había que quitarlos; también tras una conversación con la portavoz del Partido Socialista, con Soledad, entendíamos que era lo oportuno. Por tanto, quiero agradecerles tanto al Partido Socialista como al Partido Popular la colaboración para que esta PNL salga
adelante, pero al mismo tiempo para que hiciéramos el ajuste necesario. Aceptamos la propuesta básicamente en todos los puntos, excepto que se elimine "diferenciando estructuras políticas y de gestión", que pedimos que se mantenga dentro del punto 4. Si lo aceptan, aceptaremos esa transaccional, simplemente para mantener lo que ellos han planteado, manteniendo también el que entendemos que tiene que haber una diferenciación entre las estructuras políticas y de gestión.
A continuación, y para la defensa de su enmienda, el señor Moreno.
En primer lugar, el despliegue en España de la Agenda 2030 y la elaboración del V Plan Director de Cooperación para el Desarrollo son los dos retos más inmediatos que tiene el MAEC. No voy a entrar, directamente entrando en el petitum, no voy a comentar el primer punto, que ha sido retirado, como decía el ponente. En el segundo estamos, y coincidimos, totalmente de acuerdo con que es urgente aprobar el V Plan Director de Cooperación Española, 2017-2020, que está actualmente en fase de consulta interministerial, esa fase final de elaboración dentro de la Administración General del Estado y pendiente del trámite parlamentario. El tercer punto ha sido retirado también. En el cuarto punto estamos de acuerdo con la necesidad de la incorporación del apoyo total para el desarrollo sostenible; es una definición, una nueva medida de cómputo que de todas formas estaba previsto que finalizara a mediados de 2017 y todavía no ha concluido, de modo que los debates en el seno del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y de Naciones Unidas aún no están cerrados y se estima que se prolongarán a lo largo del 2018. Una vez esté totalmente definida la medida, se procederá a hacerla operativa en España.
El quinto punto hablaba de recuperar, entendemos que recuperar implica que algo se ha perdido y yo, sinceramente, creo que nunca hemos perdido protagonismo, nuestro primer aliado es la Unión Europea, sin ninguna duda, nuestra política de cooperación no puede y además no se debe entender sin esa dimensión esencial en todos los aspectos, pero a esa Unión Europea hemos trasladado nuestras prioridades, muchas veces incluso en un contexto poco proclive a nuestros propios intereses; se han trasladado y han sido aceptadas por la Unión Europea porque confía en nosotros. Entre ellos, y como ejemplo, la Aecid ha firmado 14 acuerdos de delegación, más de 150 millones de euros, que representan el 40 % de los fondos destinados a Latinoamérica, creo que es un buen indicador, como lo es también el hecho de la negociación de las perspectivas financieras de la Unión Europea del 2014 al 2020 que, en contra de todos los Estados miembros, en contra de todos ellos, conseguimos que algunos países de renta media, especialmente en la región de América Latina, no fuesen graduados, o como el sobre regional para esa zona precisamente que ha pasado de 1700 a 2500 millones, consolidándose como la región con mayor financiación en términos per cápita, o que, empezando casi solos, lográramos el apoyo europeo al proceso de paz de Colombia, que se firmó hace un año exactamente con el fondo fiduciario de la Unión Europea que más apoyos ha tenido, diecinueve Estados miembros en el momento de su firma.
Respecto al último punto, no tenemos ningún inconveniente en esa transaccional para mantener esa precisión de movilidad entre sede y oficinas técnicas de cooperación. Ya se está trabajando en la reforma de la Aecid como consecuencia de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, y a través de esa nueva estructura que el MAEC ha establecido dentro del Ministerio, ya se distingue entre estructura política, que sería la nueva Dirección General de Políticas de Desarrollo, y la estructura de gestión, que sería la Aecid. En relación con la movilidad entre sede y oficinas técnicas de cooperación, y en el marco de la reforma de la Aecid, está previsto que haya un avance en este asunto, proponiendo mecanismos que permitan una movilidad entre sede y terreno para su personal.
Yo no quisiera acabar, porque oímos muchas veces una especie de dogmas que se repiten una y otra vez, sin dirigirme especialmente a usted, señora Vera, del Grupo Podemos porque, claro, usted es periodista, yo creo que es una buena periodista y como periodista se le supone una capacidad de crítica, no sé si de autocrítica, pero capacidad de crítica, cuando se habla de derechos humanos, se habla de recortes, se habla de refugiados, etcétera, me parece muy bien, pero, claro, yo le haría caso a su compañero, el señor Arrojo, que dice que hay que actuar predicando con el ejemplo, no solo allí, allí también, pero aquí también, aquí también, y que además obras son amores y no buenas razones, señor Arrojo, totalmente de acuerdo. Yo, en cuanto acabara esta Comisión, cogería a todo su grupo, me iría a buscar a su compañera la señora Carmena e intentaría poner solución a los cientos de sintecho que tenemos en la ciudad de Madrid día a día y no es una cuestión coyuntural; pase usted por la Plaza Mayor,
yo paso todas las noches, y da pena. Es una responsabilidad de quien dirige esta ciudad. Por lo tanto, está muy bien que hablemos de esto; hay que seguir hablando de cooperación y lo vamos a hacer, y hay que meter más recursos, porque esta es una misión que no solo tiene el Gobierno, el Gobierno tiene que mirarlo a largo plazo, es cierto, y las empresas tienen que hacer su función a nivel internacional con una economía inteligente, baja en emisiones de carbono, justa, que luche contra la desigualdad y sostenible, que no suponga una amenaza para la biodiversidad, pero toda la sociedad se tiene que implicar en eso a nivel planetario, incluyendo nuestra propia ciudad, claro.
Por eso, insisto, es importante hablar de estos temas y es importante actuar con estos temas, porque solucionarlo es responsabilidad de todos nosotros.
Y por último, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, señora Pérez.
En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Salvador. A veces suceden estas cosas, que uno se encuentra con iniciativas que se sobreponen unas sobre otras y quiero darle las gracias, porque hoy precisamente aprobábamos en primer lugar en esta Comisión una iniciativa conjunta de todos los grupos sobre el desarrollo y el cumplimiento de la Agenda 2030 y aunque no tenía mucho sentido incidir, sí que lo tiene porque, señor Salvador, el resto de las iniciativas, de las propuestas concretas que usted hace en el petitum inciden sobre otras decisiones que ya se han tomado en esta propia Comisión, a iniciativa de su grupo o de mi grupo o de otros grupos, pero, en fin, como lo que abunda no daña, siempre que no sea mal o cizaña, y aquí parece ser que hay que insistir continuamente para que se cumpla un día, yo me alegro de lo que acaba de decir el portavoz en cuanto a que está en previsión que tengamos ya por fin el plan de cooperación, que está en previsión que vamos a introducir en el cómputo..., yo me alegro que esté todo en previsión, pero si algún día consiguiéramos tener una concreción de todo eso, y además yo también se lo pido a la señora presidenta, con una buena dotación presupuestaria, pues mejor que mejor. Por tanto, señor Salvador, vamos a apoyar su iniciativa.
Y sobre el punto número 4 sí me gustaría incidir en algo, porque se trata de un nuevo sistema de cómputo que no tiene buena cabida en otros encajes de la iniciativa. El sistema trasciende al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y afecta a todos los actores públicos, esto no tendría por qué ser un problema pues creo que aquí estamos todos por la coherencia de políticas; por tanto, perfecto, pero, según conoce mi grupo, se está realizando ya un estudio sobre este sistema, que va a ser publicado recientemente. Por consiguiente, además de prestar nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo Ciudadanos, nosotros querríamos pedir al resto de los grupos, y a la presidenta específicamente, que una vez presentado este estudio, que está a punto de publicarse, podamos tener en esta Cámara y en esta Comisión en concreto una comparecencia para que nos sea explicado y así tener más claro cómo llevar esa calendarización del mismo que nos propone el Grupo Ciudadanos en su iniciativa.
El autor de la iniciativa, ¿acepta o no las enmiendas presentadas? A tenor de sus intervenciones, señor Salvador, entiendo que ha aceptado las dos enmiendas, la autoenmienda y la del Grupo Parlamentario.
El señor SALVADOR PÉREZ: La del Grupo Parlamentario la he aceptado globalmente, porque no cambia lo que era la nuestra y simplemente mantenemos la parte final, la estructura política y la de gestión.
La señora PRESIDENTA: La acepta. De acuerdo. Se someterá a votación en esos términos.
- RELATIVA A SOLUCIONAR LA PRECARIEDAD EN EL PERSONAL LABORAL EXPATRIADO DE LA AECID. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002637).
La señora PRESIDENTA: Por último, pasamos a la PNL que versa sobre solucionar la precariedad en el personal laboral expatriado de la AECID, que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra la portavoz del grupo proponente, la señora Terrón.
Este 8 de septiembre, el personal laboral expatriado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID, se puso en huelga por la calidad de la cooperación española y por la dignificación de sus condiciones laborales. Los responsables de programas y proyectos de la AECID son los que se encargan de la gestión de los recursos de la cooperación española y también de velar por el buen uso de nuestros fondos de la AOD, nada más y nada menos. Su presencia en los países con los que cooperamos y en numerosos foros internacionales es un importante activo de la acción exterior española y de la imagen de nuestro país en el exterior. Esa también es la marca España. Desde 2007, año de creación de sus plazas como contratados laborales por la Administración, la AECID sigue sin contar con una política de recursos humanos que consolide su cuerpo técnico especializado en cooperación, que establezca su carrera y que reconozca sus necesidades laborales. La ausencia de esta política ha dado lugar a que durante estos diez años su única vía de resolución de conflictos haya sido la judicial, a pesar de las reiteradas llamadas al diálogo y al entendimiento que ha realizado este colectivo.
Desde 2009 han sufrido la práctica congelación de sus salarios, a diferencia del resto del personal funcionario en el exterior, que cuenta con indemnizaciones que corrigen anualmente esa pérdida de poder adquisitivo y de calidad de vida. Su salario, debido a los procesos inflacionarios en los países en los que viven y la fluctuación del tipo de cambio del euro, vale en algunos casos hasta el 60 % menos de lo que valía en 2008. Señorías, no están solicitando un aumento de sueldo, están solicitando la aplicación de las mismas medidas compensatorias que ya están tipificadas y que sirven para otros colectivos de la Administración General del Estado en el exterior. Desde 2012, el Gobierno decretó la anulación del pago de billetes de avión anuales a España para todo el personal exterior -sin distinciones, cierto- y esta medida ha impactado duramente en su colectivo, como es obvio, por la propia precariedad económica. Como consecuencia, para muchos de ellos se ha producido un destierro de hecho y la ruptura de sus lazos con España. En las actuales circunstancias son muy pocos los que pueden permitirse viajar con sus familias una vez al año para ver a sus familiares y amigos. A diferencia de otros colectivos de trabajadoras y trabajadores españoles en el extranjero, a este no se le aplica ninguna de las exenciones fiscales previstas en la ley del IRPF para residentes en el exterior. Señorías, pagan impuestos y no disfrutan de ninguno de los beneficios de los contribuyentes españoles. Están sometidos a un sistema de movilidad entre países que no cuenta con regulación transparente ni incentivos, lo que implica que cada traslado les genere un grave perjuicio económico. Los tribunales, concretamente, han calificado la última rotación obligatoria de responsables de programa realizada por la AECID en 2013 como abusiva y contraria a la buena fe contractual. Quieren un sistema de traslados previsible y no arbitrario. Al respecto y hasta la fecha el diálogo con la Administración se ha mantenido en los juzgados. En estas circunstancias, en los últimos años, el 40 % de la plantilla, como podrán imaginarse, o ha dejado la institución o está buscando hacerlo próximamente por la precariedad laboral y la falta de incentivos profesionales. Además, la movilidad geográfica de este colectivo limita el desarrollo de sus parejas y cónyuges, afectando a su economía y conciliación de la vida familiar y laboral, tanto que hablamos de conciliación. Bien, pues no cuentan con incentivos ni medidas de apoyo. Estas circunstancias, además, se agravan cuando se trata de parejas sin nacionalidad española, que además son bastantes. Trabajan para el Estado español pero sus parejas no pueden acceder a la nacionalidad española porque no están viviendo en España. A diferencia del resto del personal de la Administración española en el exterior, los seguros médicos con los que cuentan solo les cubren en el exterior, precisamente -como saben- donde los sistemas sanitarios son más precarios. En sus circunstancias se hace imposible el uso de la sanidad pública española cuando surgen problemas de salud importantes, porque son difícilmente atendibles en muchos casos en los países donde viven.
En definitiva, lo que plantea esta iniciativa es que el colectivo de responsables de programas y proyectos de la AECID sufre un trato injusto y esto es el reflejo de la escasa calidad de la política de cooperación para el desarrollo en España, que tras veintiséis años nada más y nada menos de pertenencia al Comité de Ayuda el Desarrollo de la AOD sigue sin entrar en un rumbo coherente con los principios internacionales de eficacia, eficiencia y transparencia.
Lo que solicitamos, ya han podido verlo, son tres puntos fundamentales: el establecimiento de un régimen claro y transparente de rotación, indemnizaciones y tiempo de permanencia en el exterior; la promoción de la carrera profesional de su personal y el establecimiento de sistemas de promoción sobre un análisis claro de perfiles de puestos y de valoración del desempeño y la armonización de todos los reglamentos administrativos que se aplican al personal, como empleado público, para funcionar como una sola agencia en una misma Administración pública. Respecto a la transaccional presentada por el Grupo Popular añadiendo el número 3, vamos a aceptarla y vamos a plantearla en esos términos.
A continuación, por petición, dada esa advertencia inicial de coincidencia de Comisiones, vamos a alterar el orden de intervenciones. Correspondía la palabra al proponente de la enmienda, pero va a intervenir, en nombre del Grupo Socialista, la señora Pérez Herráiz.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: Muchas gracias, señora presidenta. Quiero dar las gracias también al resto de los grupos.
En general, no me gusta que se mezclen los derechos de los trabajadores, que por supuesto los tienen y se deben cumplir, con los derechos de las personas a las que se destinan las acciones políticas. El Gobierno del Partido Popular, con la justificación de la crisis, que la hubo, pero también por aplicación de sus prioridades, disminuyó considerablemente la política de cooperación española, y también con este Gobierno se deterioraron las condiciones laborales de las personas que trabajan en cooperación, especialmente en el exterior, que es de lo que trata esta iniciativa. La Ayuda Oficial al Desarrollo Española en los presupuestos para 2017 quedó en el 0,21 %, y eso gracias a comunidades autónomas y entidades locales; si no, sería peor, porque la Administración central sigue reduciendo a pesar de la teórica recuperación económica. También sigue reduciéndose el peso del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en la ayuda; solo gestiona el 25,65 %. La disminución desde 2008 es del 74 %. Es verdad que la crisis fue dura, pero este dato es muy superior a la crisis y en ayuda oficial estamos por detrás de Portugal y Grecia. No creo que sea un comportamiento responsable.
En la exposición de motivos se mencionan algunas de las cuestiones que no están funcionando adecuadamente y que se deberían mejorar: adaptación de retribuciones a las circunstancias del país en el que se trabaja, régimen de promoción laboral y régimen de traslados. Todas estas cuestiones, en nuestra opinión, prueban que se necesita diseñar una estrategia de recursos humanos de la Agencia Española de Cooperación que analice las necesidades y características de los puestos de trabajo, especialmente en el exterior, y qué tipo de relación laboral es precisa para cada uno de ellos, para que además de desempeñar su trabajo puedan desarrollar a lo largo del tiempo su carrera profesional en condiciones similares a las de otros trabajadores. Consideramos también que en algunas cuestiones habría que homologar las características del personal laboral con las de los funcionarios; por ejemplo, no tiene mucho sentido que los funcionarios dispongan del módulo de calidad de vida y los laborales no. Las características que definen las condiciones de vida en los diferentes países son las mismas para los funcionarios que para los laborales.
Votaremos favorablemente su iniciativa, aunque nos parece que el planteamiento, posiblemente por querer concretar demasiado, resulta confuso y, por ejemplo, no tenemos claro a qué se refiere el tercer punto: homologar todas las agencias estatales. Para recuperar la actividad de cooperación que el mundo necesita y en la que España debiera participar, hay que definir adecuadamente las relaciones laborales, para que no dependan, como está sucediendo, de sucesivas sentencias judiciales. De hecho, el examen del Comité de Ayuda al Desarrollo de 2016 establece entre sus recomendaciones la adecuada definición y mejora de la política de recursos humanos de la Agencia Española de Cooperación.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Viso, en nombre del Grupo Popular.
El señor VISO DIÉGUEZ: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Nos toca defender la enmienda propuesta a la PNL presentada por el Grupo Podemos, que se refiere a la precariedad en el personal laboral expatriado de la AECID. La verdad es que una vez que analizamos
la PNL, vemos que en ella entra un poco de todo. En la PNL plantean tres puntos, en los cuales, como dijo la proponente, aceptarán la enmienda.
Nosotros presentamos una enmienda a los dos primeros puntos, que es la que me voy a detener a explicar, que trata de completar y aclarar la petición de cada uno de ellos. En el primer punto, incluimos el apartado de responsables de los programas. Tenemos que aclarar que cuando ustedes hablan de establecimiento de un régimen claro y transparente de rotación, indemnizaciones y tiempo de permanencia en el exterior, se están refiriendo a los responsables de programas. El colectivo de responsables de programas es el único -y eso tiene que quedar claro- de carácter fijo, siendo los responsables de proyectos contratados temporales no fijos en la modalidad de obra o servicio para proyectos concretos. Esta es la clave. Es importante que aclaremos a través de la enmienda qué es responsable de programa y qué no lo es, porque esto implica que estos últimos pueden estar sujetos a rotación y el tiempo de permanencia está determinado -insisto- está determinado por sus propios contratos. Así se recoge en las convocatorias de provisión de estas plazas; en las resoluciones del BOE, tanto en el año 2007 como en el año 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por las que se convoca un proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la categoría de responsable de programas de la AECID. Aquí lo que tenemos que tener claro es que en este punto el apartado de responsables de programas queda claramente identificado.
Si nos vamos al segundo punto, también presentamos una enmienda para aclarar. En este caso tenemos que retirar una serie de apreciaciones que interpretamos. Tenemos que dejar claro que el concepto de responsables de programas sobre análisis de perfiles va de acuerdo con la normativa vigente. El colectivo de responsables de programas que realiza sus funciones en la unidad de cooperación exterior es el único personal desplazado que, por tener carácter fijo, podría tener una carrera profesional como empleado público. Se ha eliminado por tanto, en este caso, lo que ustedes ponían en la PNL: tanto en sede como en el exterior. Aquí entendemos que no procedía, como tampoco la referencia vertical y horizontal, ya que al tratarse de personal laboral está por definir y no está claro -y así lo dice la propia ley- si cabe la carrera profesional horizontal, y al tratarse, por supuesto, de un colectivo único, tampoco está definido el concepto de carrera vertical. Por tanto, no queda otra que añadir a este punto de la PNL lo que nosotros comentamos: de acuerdo con la normativa vigente. Esto es así porque el diseño de la carrera profesional y el sistema de incentivos deben hacerse conforme a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y sus eventuales normas de desarrollo, y para ello nos tenemos que referir al artículo 16.
Por tanto, señorías, presentamos una enmienda a los puntos 1 y 2 y rechazamos el punto 3. Aquí aparece exclusivamente el Ministerio de Hacienda y no procedía en este caso hacer referencia al punto 3, por lo que nuestra propuesta de enmienda es a los puntos 1 y 2. La compañera nos ha dicho que aceptaría la enmienda y, por tanto, analizaremos la idea de voto y la comentaremos al final.
La señora PRESIDENTA: Ahora que felizmente hemos finalizado el orden del día vamos a dar cinco (El señor Maura Barandiarán pide la palabra). Disculpe, señor Maura. Por la prisa de finalizar la Comisión Tiene la palabra.
El señor MAURA BARANDIARÁN: Lamento estorbar el proceso de precipitación que queremos impulsar a la Comisión, pero algo tendré que decir respecto a esta importante proposición no de ley que presenta el Grupo de Podemos, que es a nuestro juicio una crónica de un histórico desencuentro, que dura ya por lo menos diez años, de los responsables de programas de la AECID con los distintos equipos de gestión que ha tenido, es decir, tanto con Gobiernos del Partido Socialista como con Gobiernos del Partido Popular.
Durante los últimos diez años, el colectivo de responsables de programas ha emitido varias cartas al Gobierno sin tener ningún tipo de contestación. Además, durante estos diez años, el personal destinado en los distintos países ha debido hacer frente a situaciones que en algunos países son de inflación extraordinaria prácticamente con los mismos sueldos, sueldos que no han sido revisados en ningún momento. En algunos casos esa insuficiencia o esa reducción, como producto de la situación económica de los países de destino, ha llegado -es, por ejemplo, el caso de Argentina- hasta un 60 %, de manera que estamos hablando de circunstancias que no son en absoluto menores. La rotación de personal entre países también llama la atención, con una cantidad que cobran de 400 euros que no les llega ni siquiera para cambiar de lavadora.
Quizás el supuesto más opinable de la iniciativa que se presenta sea el de cobertura sanitaria, que a nuestro juicio no está bien expresado en la PNL. Es verdad que existe un seguro de desembolso por parte de una empresa privada y, por tanto, en principio la cobertura estaría asegurada, pero no así cuando se trata de la Seguridad Social española, porque muchas veces ni siquiera les da tiempo, en su periodo vacacional, a formalizar la atención sanitaria correspondiente.
La raíz del problema, a nuestro juicio, está en que la AECID no ha conseguido negociar ni imponer desde la creación de los RP un sistema lógico de rotación entre la sede de Madrid y los destinos en países en desarrollo, y el tema de fondo es que la AECID carece de una política de personal seria. Precisamente, a lo que llama esta PNL, entendemos desde el Grupo Ciudadanos, es a una reforma de la AECID.
En todo caso, creemos que los tres puntos que presentan los proponentes son aceptables y nuestro grupo votará favorablemente la consideración de esta iniciativa.
Ahora sí que hemos finalizado felizmente la Comisión. Vamos a hacer un receso de dos minutos, prorrogables por otros dos, para comenzar las votaciones. (Pausa).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a la votación por el orden de las PNL tal como vienen recogidas en el orden del día.
La primera de ellas, sobre la orientación política del Gobierno en la definición de la Estrategia nacional para el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, se va a votar en sus términos.
La número 2 se aplazó para la siguiente Comisión.
Votamos la número 3, relativa incluir una cláusula contra los minerales de conflicto en todos los contratos públicos de suministro tecnológico y los criterios de responsabilidad en todos los contratos públicos de servicios y suministros. Se va votar en los términos de la transaccional.
Pasamos a la siguiente PNL, relativa a impulsar una mayor coordinación entre las acciones de seguridad y desarrollo en áreas de conflicto. Se va votar en los términos de la transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 9.
Votamos la número 5, sobre el establecimiento de medidas estructurales dirigidas a la mejora del sistema español de cooperación para el desarrollo. Se va a votar con la enmienda incorporada del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Votamos la siguiente proposición, sobre ayudas de emergencia al pueblo de México por los terremotos sufridos en el mes de septiembre de 2017. Se vota en los términos de la transaccional.
Proposición que figura como número 7.º del orden del día, sobre medidas extraordinarias de apoyo, aplicación y puesta en marcha del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, así como el incremento de medidas de evaluación de impacto relativas a las operaciones de empresas con actividad económica transnacional. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 14; abstenciones, 12.
Votamos el número 8.º, proposición sobre la Agenda 2030. Se vota en los términos de la transaccional.
Por último, la PNL que figura en el orden del día con el número 9.º, relativa a solucionar la precariedad en el personal laboral expatriado de la Aecid. Se vota en los términos de la enmienda transaccional.
Muchas gracias y, si no nos vemos antes, felices fiestas a todos.

References: resolución 
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 16