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Timestamp: 2019-09-20 05:33:38+00:00

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Resolución de TEAF Álava, 26-06-2009 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 26 de Junio de 2009
Núm. Resolución: R090043
La petición de suspensión de ejecución de la deuda tributaria, formulada en período voluntario de pago, que es denegada por el Tribunal Económico Administrativo, obliga a la Administración a señalar y notificar un nuevo plazo voluntario de ingreso no inferior a un mes. Su falta determina que solo sean procedentes los intereses de demora devengados hasta la denegación, no los posteriores. La sanción no devenga intereses de demora durante el tiempo de revisión administrativa y su ingreso debe realizarse dentro del nuevo plazo señalado.
En Vitoria-Gasteiz, a veintiséis de junio de dos mil nueve. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 60/09, interpuesta por S.A., contra la liquidación de los intereses de demora relativos a la liquidación 2008/300.477 correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2004.
Primero. La última de las liquidaciones mencionadas tiene su origen en el acta de inspección núm. 860 PI, relativa al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2004, y arroja una cantidad a ingresar de 1.302.234,07 € (905.891,03 € en concepto de deuda tributaria y 396.343,04 € en el de sanción). La misma fue notificada a la interesada con indicación de que el plazo para el pago en período voluntario finalizaba el 10 de mayo de 2008.
Contra el citado acto, la representación de la mercantil promovió el 22 de abril reclamación económico-administrativa y el 9 de mayo de 2008 solicitó la suspensión de su ejecución en cuanto a la deuda tributaria -porque la sanción quedó automáticamente suspendida, en virtud de la reclamación formulada-. En garantía de la misma, ofrecía el aval personal de su socia mayoritaria, y, subsidiariamente, hipoteca inmobiliaria sobre una finca cuya tasación era inferior al importe de la deuda tributaria, lo que implicaba una solicitud de suspensión con dispensa parcial de garantías.
Segundo. Este Organismo Jurídico Administrativo remitió, el 15 de mayo de 2008, la petición de suspensión principal formulada por la reclamante al órgano competente para resolverla, quien, en virtud de resolución de 27 de mayo siguiente, la denegó. Contra este último acto la interesada formuló un incidente, en la reclamación económico-administrativa que tenía interpuesta, que fue estimado en parte en virtud de la resolución, de 4 de julio de 2008, que anuló la denegación impugnada y remitió nuevamente el expediente a la Sección del Impuesto sobre Sociedades para que ésta valorara la suficiencia o no del aval aportado.
El 14 de julio siguiente, la citada Sección deniega la suspensión por considerar que la garantía ofrecida es insuficiente. Contra la misma, , S.A (en adelante ), promueve, el 6 de agosto de 2008, un nuevo incidente en la reclamación solicitando que el aval personal ofrecido se considere garantía suficiente o, subsidiariamente, que se acuerde la suspensión con dispensa parcial de garantías.
Tercero.Finalmente, la resolución de 29 de agosto de 2008 -notificada el 12 de septiembre siguiente- desestima la reclamación formulada y confirma los actos impugnados. En virtud de acuerdo de esa misma fecha, notificado también el referido 12 de septiembre, se archiva el incidente planteado contra la denegación de la suspensión por insuficiencia de la garantía ofrecida, e igualmente la solicitud de suspensión con dispensa parcial de garantías. Todo ello porque la suspensión es una medida cautelar tendente a garantizar la efectividad de la resolución que pudiera recaer, lo que carece de sentido cuando ésta ya ha recaído.
El 6 de noviembre siguiente, formula recurso contencioso-administrativo contra la resolución citada y en su primer otrosí solicita la suspensión del acto impugnado.
Cuarto.Contra la liquidación que cifra en 22.726,66 € los intereses devengados, durante el período comprendido entre el 2 de octubre y el 31 de diciembre de 2008, por el impago del importe total de la núm. 2008/300.477, formula la presente reclamación económico-administrativa en la que solicita su anulación, alegando que la ejecución de la deuda tributaria y de la sanción estaba suspendida, porque la suspensión concedida en vía administrativa (tácitamente en cuanto a la deuda tributaria y de forma automática en lo referente a la sanción) debe extenderse a la vía judicial, con ocasión del recurso contencioso-administrativo formulado, hasta que el órgano judicial decida al respecto, lo que, además, señala, ha tenido lugar, en virtud del auto judicial de 20 de enero de 2009.
Quinto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.
Primero. La cuestión controvertida es si la exigencia a de los intereses de demora correspondientes a la liquidación relativa al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2004 y por el período comprendido entre el 2 de octubre y el 31 de diciembre de 2008 es o no conforme a derecho.
Segundo. Para resolver la misma hay que delimitar cada uno de los conceptos sobre los que se han liquidado los intereses de demora impugnados, es decir, es preciso distinguir el régimen aplicable a la deuda tributaria del de la sanción.
En relación al primero de los conceptos indicados, el art. 26.2 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, establece, en relación con el interés de demora, que se exigirá, entre otros, en los siguientes supuestos:
'a) Cuando haya finalizado el plazo establecido para el pago en período voluntario de una deuda resultante de una liquidación practicada por la Administración o del importe de una sanción, sin que el ingreso se hubiera efectuado.
Teniendo en cuenta que el plazo para el pago en período voluntario de la deuda tributaria finalizó el 10 de mayo de 2008, es preciso examinar los efectos que el archivo de la pieza separada de la suspensión -a la que se ha hecho referencia en el Antecedente de Hecho Tercero- tiene en relación con el plazo de ingreso de la deuda tributaria. Al respecto debe decirse que el ordenamiento jurídico aplicable, si bien contempla los efectos de la inadmisión a trámite de una solicitud de suspensión, así como los de su concesión, no recoge los del archivo, que es, sin duda, la vía procedimental adecuada en aquéllos casos, como el presente, en que el fondo de la reclamación económico-administrativa ha sido resuelto en el momento procesal en que debía acordarse sobre la solicitud de suspensión formulada, al haber sido ésta, por su planteamiento, objeto de varias remisiones e incidentes en la reclamación interpuesta.
Así las cosas, lo cierto es: 1º. que el archivo de las actuaciones de la pieza separada exige una previa admisión a trámite de la solicitud efectuada; y 2º. que la concesión de la suspensión, a excepción de la automática, exige un acuerdo, previa valoración de las garantías aportadas, o, en su caso, de los perjuicios alegados. Por ello, excluida la posibilidad de atribuir al archivo los efectos de la inadmisión a trámite de la suspensión solicitada, o incluso los de la concesión de ésta, debe considerarse que el archivo de la pieza separada de la suspensión solicitada, pese a no contener un pronunciamiento expreso acerca de la misma, supuso, en la práctica, su denegación, y, por tanto, a los efectos previstos para la denegación de la suspensión debemos remitirnos.
Tercero. Sentado lo anterior, y dado que el Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero, por el que se regula el Reglamento del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, no contiene una regulación expresa de los efectos de la denegación de la suspensión, para dilucidar la cuestión es preciso acudir al Decreto Foral 65/2008, del Consejo de Diputados, de 1 de julio, que aprueba el Reglamento Regulador de los Procedimientos Especiales de Revisión, del Recurso de Reposición y Reembolso del coste de garantías -que entró en vigor el 22 de julio de 2008-. Y ello, pese a que dicha disposición no está referida al procedimiento económico-administrativo, porque no deja de ser razonable y coherente que la regulación relativa a la suspensión de los actos impugnados en un procedimiento revisor deba inspirarse en principios comunes, máxime si consideramos que la suspensión de la ejecución del acto sólo adquiere virtualidad en el ámbito del recurso de reposición y en el de las reclamaciones económico-administrativas, por lo que carecería de sentido identificar la falta de regulación expresa con la intención del legislador foral de recortar en el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas los beneficios procesales de los que goza el contribuyente en el recurso de reposición.
Así pues, dicha disposición, en su art. 39.1 establece:'si en el momento de solicitarse la suspensión con garantías la deuda se encontrara en período voluntario de pago, con la notificación de su denegación se iniciará el plazo de un mes previsto en el apartado 1 del artículo 61 de la Norma Foral General Tributaria para que dicho ingreso sea realizado.
De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del acuerdo de denegación.'.
En este caso, la suspensión fue formulada, de acuerdo a lo señalado en el Antecedente de Hecho Primero, cuando la deuda se encontraba en período voluntario de pago, por lo que, en aplicación de la normativa expuesta, la notificación del acuerdo del archivo de la pieza separada de suspensión, en cuanto que supuso la denegación de la suspensión con dispensa parcial de garantías solicitada en esta instancia, abrió un nuevo plazo de ingreso de la deuda liquidada que, según el art. 61 de la Norma Foral 6/05, expresado con anterioridad, será el que señale la Administración, sin que en ningún caso pueda ser inferior al mes posterior al de la recepción de la notificación.
En cuanto a los intereses de demora generados durante el tiempo transcurrido entre la solicitud de suspensión efectuada en período voluntario y su denegación, el citado precepto establece su exigencia por un período mínimo -siempre que el ingreso de la deuda tributaria se produzca en el plazo de ingreso abierto con la denegación de la suspensión- que será el comprendido entre el día en que venció el plazo de ingreso en período voluntario y el de la fecha del acuerdo de denegación.
En este supuesto no consta que, con el acuerdo de archivo de la solicitud de suspensión con dispensa parcial de garantías, la Administración Tributaria concediera un nuevo plazo de ingreso de la deuda tributaria, por lo que en aplicación de la normativa transcrita sólo son exigibles los intereses de demora devengados por el tiempo transcurrido entre el 11 de mayo de 2008 -día siguiente al vencimiento de plazo de ingreso de la liquidación en período voluntario- y el 29 de agosto de 2008, que es la fecha del acuerdo del archivo. Con base en lo anterior, la liquidación de intereses por un período posterior al 29 de agosto de 2008 no es conforme a derecho, al no haber constancia de que la Administración Tributaria, con ocasión del archivo de la pieza separada de suspensión, concediera un plazo de ingreso de la deuda tributaria.
Cuarto. En lo que concierne a los intereses de demora correspondientes a la sanción, el art. 218.2 de la Norma Foral 6/05, anteriormente citada, establece que la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos:
b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. (…)'
Así pues, la resolución (de la impugnación de una sanción) que ponga fin a la vía administrativa determina un nuevo plazo de ingreso, que, por remisión expresa del art. 194.2 de la Norma 6/05 -que dispone que 'Será de aplicación a las sanciones tributarias lo dispuesto en el Capítulo IV del Título II de esta Norma Foral (..)'-,es el del art. 61 de la citada Norma, es decir, el que señale la Administración Tributaria, que, en todo caso, no podrá ser inferior a un mes.
Como sucede con el acuerdo de archivo de la solicitud de suspensión con dispensa parcial de garantías, no consta que, con ocasión de la resolución que confirmó la sanción y puso fin a la vía administrativa, la Administración Tributaria señalara a la reclamante, de conformidad al contenido del repetido art. 61 de la Norma 6/05, un plazo de ingreso de la sanción confirmada, por lo que los intereses de demora girados no son ajustados a derecho.
Quinto.Por lo expuesto y razonado, debe estimarse la presente reclamación económico-administrativa y anular el acto impugnado por no ser conforme a derecho, por cuanto no consta que, con ocasión del acuerdo de archivo de la pieza separada de suspensión -en cuanto determinó el archivo de la solicitud de suspensión con dispensa de garantías- y de la resolución que confirmó la sanción y puso fin a la vía administrativa, la Administración Tributaria, de acuerdo al contenido del art. 61 de la Norma Foral 6/05, señalara un plazo de ingreso en período voluntario.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 60/09, interpuesta por , S.A., contra la liquidación de los intereses de demora relativos a la liquidación 2008/300.477 correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2004, RESUELVE ESTIMAR la misma y anular el acto impugnado por no ser conforme a derecho.
Plazo de ingreso de la deuda tributaria
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