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Timestamp: 2019-01-18 20:53:30+00:00

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﻿ SENTENCIA T-453 DE AGOSTO 31 DE 1998
SENTENCIA T-453 DE 31 DE AGOSTO DE 1998
CONTENIDO:ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL MANEJO DE LAS BASURAS LOCALES. DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO, DERECHO A LA SALUD Y DERECHO A LA VIDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, ACCIÓN POPULAR, DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO, DERECHO A LA VIDA, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Sentencia T-453 de agosto 31 de 1998
Ref.: Exp. T-160038
Acción de tutela instaurada por Camilo Augusto Hernández Córdoba contra la Alcaldía del Municipio de Ricaurte, Cundinamarca.
Temas: Derecho a la vida y al medio ambiente sano.
Santafé de Bogotá, treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho.
Dentro del análisis de las consideraciones anteriores y con fundamento en las pruebas recaudadas por esta corporación, debe la Corte determinar si existe o no violación o amenaza de los derechos a la salud y a la vida del actor y de su hijo, frente a las circunstancias que motivaron su solicitud. También será necesario establecer si el mecanismo jurídico para proteger estos derechos es la acción de tutela o las acciones populares, como lo dicen los jueces de instancia, y finalmente determinar cuál es la competencia de las autoridades municipales en el tratamiento y disposición de lo residuos sólidos, en este caso específico.
En este orden de ideas, la Corte estudiará los alcances del derecho a la salud y su protección constitucional, las diferencias entre acción popular y acción de tutela, los demás aspectos relativos al medio ambiente y las atribuciones de las autoridades municipales en el manejo de las basuras locales.
C. Del derecho al medio ambiente sano.
El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo.
En efecto, la protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter de objetivo social, que al estar relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios públicos, la salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, ha sido entendido como una prioridad dentro de los fines del Estado y como un reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos(3) (C.P., art. 366).
En este sentido, el derecho de las personas a disfrutar de un ambiente sano está consagrado en el artículo 79 de la Carta, que hace parte del capítulo tercero de la Constitución, relativo a los “derechos colectivos y del ambiente”, el cual expresa en su parte inicial que:
“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”.
Paralelamente, el Estado, de conformidad con el artículo 80 de la Carta, tiene el deber de realizar la planeación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar así su desarrollo sostenible, conservación y restauración, sin descuidar su deber de prevenir el deterioro ambiental que eventualmente se pueda generar.
Dentro de este esquema de protección deben ubicarse también tal y como lo manifiesta con preocupación, el demandante los ríos, y por consiguiente las cuencas hidrográficas que no sólo son elementos integrantes del medio ambiente y recursos naturales renovables sino que además ostentan la calidad de bienes de uso público, tal como lo establece el Código Civil en su artículo 677 que prevé:
Exceptúase las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad; su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas, y pasan con estos a los herederos y demás sucesores de los dueños”.
Los ríos, tradicionalmente han sido objeto de protección en el ordenamiento jurídico mediante las acciones populares contempladas en el artículo 1005 del Código Civil en la Ley 9ª de 1989 en lo relacionado con la protección del espacio público y bienes de uso público y por el Decreto “2303 de 1989 que creó la jurisdicción agraria, y que permite el ejercicio de la acción popular en favor del ambiente rural y los recursos naturales renovables del dominio público”(4). Hoy pueden ser objeto de las acciones populares claramente reguladas por la Ley 472 de 1998 que desarrolla el artículo 88 de la Constitución y establece en su artículo 4º numeral c) y d) como derechos colectivos susceptibles de protección por esta norma aquellos relativos a la “defensa de los bienes de uso público” y aquellos relacionados con la necesidad de garantizar la “existencia del equilibrio ecológico”, eventos en los cuales se describe una posibilidad clara de protección de los ríos bajo el amparo de esta ley.
De todo lo anterior se desprende que con fundamento en el artículo 88 de la Constitución, el derecho al ambiente sano se ha consagrado en la Carta como un derecho de carácter colectivo, razón por la cual su mecanismo de protección será específicamente el de las acciones populares, salvo en aquellas circunstancias, en las cuales evidentemente se denote el menoscabo de derechos fundamentales, como se verá mas adelante.
D. De las acciones populares y de la acción de tutela.
En reiteradas ocasionales esta corporación ha precisado el alcance de estas acciones, —populares y de tutela—, en atención a la órbita específica de cada una y los aspectos propios de su competencia, de conformidad con los artículos 86 y 88 de la Constitución Política.
Al respecto, las acciones populares han sido consagradas en la Constitución como la vía judicial acertada para proteger los derechos colectivos relacionados con el espacio público, la seguridad, la salubridad y el medio ambiente, entre otros, como se dijo con anterioridad, razón por la cual tales derechos pueden llegar a ser garantizados mediante estas acciones atendiendo los mecanismos debidamente consagrados en la Ley 472 de 1998, que las regula y fija su objeto, principios, jurisdicción y procedimiento. En el caso de la protección de los derechos constitucionales fundamentales, la acción expedita, como es de conocimiento general, será entonces la acción de tutela.
Sin embargo, existen casos en los que por la vulneración o amenaza de derechos colectivos se produce la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En estas circunstancias, la jurisprudencia constitucional ha sido clara al concluir que ante estos eventos resulta viable la acción de tutela(5), siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos y se acredite la real vulneración o amenaza del derecho fundamental, razón por la cual en reiteradas ocasiones esta corporación ha señalado que:
“(...) si una persona individualmente considerada puede probar que la misma causa (perturbación del medio ambiente) está afectando o amenazando de modo directo sus derechos fundamentales o los de su familia, al poner en peligro su vida, su integridad o su salubridad, cabe la acción de tutela en cuanto a la protección efectiva de esos derechos fundamentales en el caso concreto, sin que necesariamente el amparo deba condicionarse al ejercicio de las acciones populares”(6).
En estas condiciones, se ha considerado efectivamente que dada la conexidad del ataque entre derechos colectivos y fundamentales deberá prevalecer la tutela sobre las acciones populares(7), para garantizar la protección de los derechos fundamentales, la unidad de defensa y la economía procesal.
Sin embargo, para que prospere el mecanismo excepcional de la acción de tutela en estos casos, como se dijo con anterioridad.
“(...) es necesario que se pruebe —y de manera fehaciente— que en efecto están en peligro o sufren lesión los derechos fundamentales del accionante. Igualmente deberá acreditarse el nexo causal existente entre el motivo alegado como causante del daño colectivo y el perjuicio o amenaza individual que el peticionario dice afrontar”(8).
En ese orden de ideas, se requiere para el conocimiento de una acción orientada en ese sentido, que exista un daño o amenaza concreta de los derechos fundamentales del solicitante o su familia, una perturbación de derechos colectivos y un nexo causal o vínculo directo entre uno y otro, de manera tal que se pueda determinar directamente que la lesión o amenaza del derecho fundamental es producto de la perturbación de los derechos colectivos.
En el caso que nos ocupa, es posible concluir, con fundamento en el acervo probatorio, que existe una posibilidad material y concreta de la ocurrencia de un daño a la salud del demandante o de su familia, cuyo nexo causal se puede establecer fácilmente al ser reconocidas las características propias del botadero de basura de Ricaurte y la cercanía de las viviendas, no sólo por encontrarse el botadero a cielo abierto y ser los mosquitos y roedores vectores de enfermedades generados en su interior, sino por la duda real de la existencia de residuos peligrosos o tóxicos que con las quemas pueden favorecer la emisión de sustancias que afecten la salud de forma inmediata o crónica, vulnerando derechos fundamentales.
Por estas razones, desde el punto de vista formal, se dan en este caso los presupuestos mínimos para que el juez de tutela entre a determinar si es posible o no conceder el amparo solicitado.
D(sic). Del derecho a la salud.
En reiteradas ocasiones ha admitido esta corporación la posibilidad de proteger el derecho a la salud de las personas, a pesar de no ser considerado un derecho fundamental, en razón a su conexidad directa con el derecho a la vida. Ello implica, sin embargo, el reconocimiento de la salud “como un predicado del derecho a la vida”(9), de manera tal, que atentar contra el primero puede llegar a significar un atentado directo contra el segundo(10). Lo anterior se expresa en la aceptación de que existe un vínculo inescindible entre los anteriores derechos, razón por la cual, ante la presencia de una enfermedad, puede no sólo existir una vulneración de la salud sino paralelamente alguna circunstancia que permitan que de ella se derive una lesión permanente a la calidad de vida de una persona o incluso la muerte, generándose un atentado directo contra el derecho fundamental a la vida antes mencionado.
El concepto y protección del derecho a la vida, en ese orden de ideas, involucra aspectos que se extienden más allá de la posibilidad o no de existencia. En efecto, tal y como se dijo recientemente por esta Sala en la sentencia T-395 de 1998(11).
“(...) el concepto de vida al que en reiteradas ocasiones ha hecho alusión esta corporación no es un concepto limitado a la idea restrictiva de peligro de muerte que daría lugar al amparo de tutela solo en el evento de encontrarse el individuo a punto de fenecer o de perder una función orgánica de manera definitiva; sino que se consolida con un concepto mas amplio a la simple y limitada posibilidad de existir o no, extendiéndose al objetivo de garantizar también una existencia en condiciones dignas. Lo que se pretende entonces, es respetar la situación “existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad”, ya que “al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable”(12), en la medida en que sea posible.
“la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento...”(13).
(...) Esta corporación ha manifestado en otras ocasiones, que la tutela puede prosperar no sólo ante circunstancias graves que tengan la idoneidad de hacer desaparecer en su totalidad el derecho, sino ante eventos que puedan ser de menor gravedad pero que perturben el núcleo esencial del mismo y tengan la posibilidad de desvirtuar claramente la vida y la calidad de la misma en las personas(14), en cada caso específico”(15) (subrayas no son del texto original).
En el mismo sentido, en la sentencia T-260 de 1998(16) se consideró que:
“A juicio de la Corte, para que proceda la tutela en el caso señalado, es necesario que haya certeza sobre el quebrantamiento de derechos fundamentales por la violación o amenaza del derecho a la salud y no una mera hipótesis de ello. Pero esta circunstancia no debe entenderse, tal y como equivocadamente lo supone el a quo en su fallo, en el sentido de que la tutela en estos casos solo es procedente cuando se está al borde de la negación rotunda de los derechos fundamentales comprometidos: en el caso del derecho a la vida, cuando se está en peligro de muerte exclusivamente y, en el evento del derecho a la integridad personal, única y exclusivamente cuando se está en peligro inminente de perder un miembro o de alteración grave e irreversible de una función; estima la Sala que pretender tal cosa sería negar por completo el objetivo médico, que consiste en la recuperación u obtención de la salud, esto último cuando aquélla jamás se ha tenido; y no solamente el objetivo médico, sino también una de las funciones primordiales de la medicina y del sistema de salud colombiano en general, cual es la de prevenir las enfermedades y, ante todo, la muerte” (las negrillas no son del texto original).
Por consiguiente, estima la Corte que las consideraciones de primera y segunda instancia en el caso objeto de esta tutela no tuvieron en cuenta estas apreciaciones, razón por la cual ni siquiera adelantaron las pesquisas necesarias para evaluar la magnitud del riesgo. Como se verá mas adelante la amenaza es real, directa y pone en peligro derechos fundamentales.
De otro modo, en el caso específico de los niños, dado el interés constitucional en su protección, crecimiento y cuidado, y teniendo en cuenta sus condiciones específicas de vulnerabilidad e indefensión, el derecho a la salud en virtud del artículo 44 de la Carta, tal como se señaló en las sentencias T-415 de 1998(17) y SU-225 de 1998, adquiere la categoría de derecho fundamental, situación que autoriza y favorece la protección inmediata de este derecho en los casos de vulneración o amenaza del mismo.
Para esta Corte es claro entonces que el derecho a la vida y el derecho a la salud del que se deriva el primero, pueden ser tutelados ante eventos que claramente impliquen una violación o amenaza a los mismos, según sea el caso.
En circunstancias como la presente, el concepto de amenaza adquiere gran relevancia constitucional, fundamentalmente porque no existe una vulneración expresa del derecho invocado por el actor, pero sí una gran potencialidad y riesgo de afectación de los derechos a la salud y a la vida, del demandante y su hijo.
Para precisar entonces el concepto de amenaza y vulneración, esta Corte ha pronunciado reiteradamente decisiones que hacen alusión a estos contenidos, concluyendo que la vulneración lleva implícito el concepto de daño o perjuicio, mientras que se considera que existe una amenaza sobre un derecho “cuando ese mismo bien jurídico es puesto en trance de sufrir mengua” ya que “la amenaza es una violación potencial que se presenta como inminente y próxima”(18).
En otras ocasiones, esta corporación ha sostenido que:
“Las amenazas únicamente pueden dar lugar a la tutela si son graves y actuales, es decir, si en el caso concreto resulta inminente un daño al derecho fundamental en juego sin que su titular esté en la capacidad de hacer nada para evitarlo y si, además, el peligro gravita sobre el derecho en el momento en que se ejerce la acción, pues de no ser así, ésta podría ser inútil y extemporánea”.
Por consiguiente, podrá el juez llegar al convencimiento de que existe una amenaza, en circunstancias específicas de una persona respecto al ejercicio de un derecho o ante la existencia de signos positivos e inequívocos sobre el designio adoptado por un sujeto capaz de ejecutar actos que configuren la violación de un derecho, o ante la “una omisión de la autoridad cuya prolongación en el tiempo permite que aparezca o se acreciente un riesgo...”(19).
En el caso objeto de esta tutela es clara la existencia de un riesgo, que constituye una amenaza concreta a los derechos fundamentales del actor y de su hijo, producto no sólo de los vectores existentes en el basurero, capaces de causar enfermedades, sino de la duda sobre la existencia de materiales peligrosos en el relleno, que con la exposición al fuego producto de las fogatas de los recicladores, pueden favorecer la emisión de sustancias tóxicas, capaces de generar afecciones agudas o crónicas en las personas. En este orden de ideas, debe entenderse por riesgo, la probabilidad de que un efecto indeseado se produzca en razón a la exposición permanente o no a una situación, efecto que puede concretarse en afecciones de tipo respiratorio actuales o crónicas (es decir cuyos efectos se pueden percibir en el futuro), infecciones, etc.
A este respecto deben tenerse en cuenta los comentarios de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio del Medio Ambiente. En efecto, en lo que tiene que ver con los basureros de carácter municipal, todos los documentos que se presentan en relación con estas materias, hacen énfasis en la necesidad de garantizar un adecuado manejo de los residuos sólidos municipales, precisamente porque se ha detectado de manera contundente y cierta, que los basureros en mal estado, ubicados en zonas inadecuadas y sin un debido seguimiento y control causan impactos no sólo de tipo ambiental, sino específicamente a la salud humana, razón por la cual el riesgo no sólo es palpable, sino que ya ha sido reconocido por los expertos, quienes específicamente a través de la legislación y de programas de manejo adecuado de residuos sólidos municipales, buscan erradicarlo.
Para el caso de la Organización Mundial de la Salud,
“La expresión residuos sólidos incluye los residuos generados en las viviendas, en los procesos de limpieza de los espacios públicos, en la actividad industrial, en la construcción y demolición de infraestructura de edificaciones públicas o privadas y en la carga o descarga de materiales. Igualmente pueden incluirse aquellos residuos sólidos generados en pequeñas factorías industriales (artesanales), los lodos generados en tratamientos de aguas residuales municipales o industriales, la chatarra de maquinaria, entre otros. Por tanto, son todos aquellos residuos que por sus características físicas o acondicionamiento deben manejarse de forma independiente a los residuos líquidos y a las residuos liberados a la atmósfera (...).
Los problemas de manejo de los residuos sólidos no sólo afectan la salud humana sino que, también están relacionados con la contaminación atmosférica, la contaminación de suelos y la contaminación de aguas superficiales (ríos) y aguas subterráneas.
Los principales problemas que genera un inadecuado manejo de los residuos sólidos son (...), los efectos adversos para la salud humana por la proliferación de vectores transmisores de enfermedades. Lo anterior se agrava considerando que, en la mayoría de los centros urbanos del país (hace referencia a Colombia), la disposición de residuos sólidos se realiza de forma indiscriminada: En los sitios de disposición final es común encontrar residuos industriales mezclados con residuos hospitalarios o con los residuos domésticos”. Lo que incrementa el riesgo. Adicionalmente, “(...) en los botaderos a cielo abierto, es evidente la contaminación atmosférica por la presencia de malos olores y la generación de gases y partículas en suspensión producto de quemas o arrastre de los vientos (...) Las quemas no controladas generan cenizas que son arrastradas por el viento, la lluvia u otros agentes y propagan de esta manera la contaminación.
De acuerdo con Minambiente(20) el 91% de los municipios de Colombia dispone sus residuos sin ninguna discriminación (hospitalarios, domésticos e industriales), en sitios a cielo abierto, o los entierra en forma antitécnica(21), lo que sin duda constituye un riesgo para la salud.
De manera más reciente y en el mismo sentido el Ministerio del Medio Ambiente mediante un estudio realizado por la Universidad de los Andes en materia de residuos sólidos conceptuó que:
“Los impactos sobre la salud asociados a los desechos sólidos están ligados especialmente a la presencia de desechos infecciosos contaminados como v. gr. excrementos animales y humanos, secreciones, etc.; a la presencia de sustancias tóxicas v. gr. sustancias cancerígenas de origen industrial, agrícola, insecticidas, rodenticidas, disolventes, pinturas gastadas, drogas vencidas, etc.; y a la posibilidad de que los desechos mismos sirvan para la reproducción de insectos y animales transmisores de enfermedades como las moscas, mosquitos y ratas. Es bien sabido que las moscas se reproducen en grandes cantidades en desechos orgánicos sólidos y semisólidos teniendo un ciclo de vida en la materia orgánica de los residuos, desde huevo hasta adulto, de cerca de una semana. Dichas moscas a su vez son un gran transmisor de enfermedades pues son atraídas indiscriminadamente por los excrementos y la comida humana, contaminándose y contaminando. Existen reportes de transmisión de enfermedades por moscas como la disentería vacilar y amibiana y otras diarreas humanas.
Los mosquitos por su parte se reproducen usando recipientes vacíos presentes en los residuos sólidos en donde se acumula el agua, como llantas usadas, latas, frascos de vidrio, etc., para depositar sus huevos y servir de receptáculo para el crecimiento de la larva. Una vez en forma adulta, los mosquitos transmiten potencialmente enfermedades como la filariásis, la fiebre amarilla, el dengue y la malaria.
Por su parte las ratas igualmente proliferan con la mala disposición de los desechos sólidos municipales pues se alimentan de ellos, y son un gran reservorio de enfermedades como la plaga, el tifo murino, la leptosirosis, la histoplasmosis, la salmonellosis, la triquinosisi, entre otras, que se transmiten al hombre por contacto directo o indirecto a través de mosquitos u otras rutas.
Los impactos a la seguridad personal asociados a los residuos se derivan de la posibilidad de explosiones, fuegos incontrolados; y para las personas involucradas en el reciclaje, problemas adicionales como contusiones, cortadas, pinchazos, quemaduras con residuos irritantes, afecciones respiratorias por el polvo y las emanaciones, entre otras.
La contaminación del aire asociada a los desechos sólidos se deriva por una parte de los olores desagradables que se pueden generar cuando no son manejados apropiadamente y por otra parte de las emanaciones de sustancias tóxicas volátiles usualmente de origen industrial pero también de uso doméstico como pinturas usadas, disolventes, etc.; y finalmente a la posibilidad de tener quemas que aportan humanos y vapores tóxicos al aire”(22).
Por consiguiente no es procedente concluir que no existen factores que acrediten un riesgo a la salud o una amenaza grave de este derecho y en consecuencia a la vida, cuando autoridades como la CAR estiman que debe cerrarse el botadero de basura en razón a su ubicación y condiciones, de salubridad; cuando la autoridad en salud sostiene que los vectores pueden favorecer la aparición de enfermedades y cuando la mayor parte de los expertos reconocen como la amenaza que constituye la inadecuada disposición de estos residuos municipales, para la salud humana.
En ese orden de ideas, para esta corporación luego de hacer el análisis de las implicaciones anteriores y evaluar los conceptos de los expertos, es necesario concluir que hay una amenaza grave y actual sobre el derecho a la salud del actor y de su hijo, en razón a la cercanía de la vivienda del actor al basurero municipal, y la consiguiente potencialidad de riesgo de incidencia de estos vectores, real y concreta, por la presencia permanente de las moscas y mosquitos, del humo producto de la quema de las basuras, por los olores nauseabundos y por la existencia probable de residuos domésticos peligrosos al interior del botadero, que puedan lesionar la salud y vida del actor y su hijo. En ese orden de ideas esta corporación procederá a tutelar el derecho a la salud y vida del menor y de su padre.
E. Responsabilidad de las autoridades municipales en el tratamiento y disposición de residuos.
Como se dijo anteriormente en esta providencia, el Estado tiene la obligación de garantizarle a la colectividad la prestación eficiente de los servicios públicos, el saneamiento ambiental (C.P., art. 49) y el derecho a gozar de un ambiente sano (C.P., art. 79).
En ese orden de ideas se le impone a las autoridades el deber de cuidar de los recursos naturales y de adelantar la planificación necesaria para garantizar los intereses de la comunidad, el bienestar general, la calidad de vida y los derechos fundamentales de los asociados.
Por consiguiente, en el manejo de los residuos sólidos municipales(23) será menester por parte de las autoridades, acatar las normas ambientales y de salud necesarias para garantizar una adecuada gestión de los mismos. Está claro en que en nuestro país, la transición efectiva de los llamados “botaderos de basura” sin ningún cuidado y control, a los llamados “rellenos sanitarios” que pretende la legislación ambiental y de salud, debidamente realizados y técnicamente posibles, es un cambio necesario y paulatino que debe darse, como garantía y protección de los recursos naturales y de los derechos de las personas. Por consiguiente corresponderá a los alcaldes municipales, en cada zona específica adelantar los planes y programas necesarios para materializar esa necesidad.
En el caso específico de esta tutela, es de destacar el interés de la administración municipal por buscar una solución adecuada a la disposición de estos residuos de una manera efectiva, tal y como se denota de las actividades realizadas por el actual alcalde municipal, con el objeto de buscar la mejor solución para esta situación.
Sin embargo, queda claro que en este caso cualquier acción diferente a no retirar el basurero de allí, será insuficiente, teniendo en cuenta que está ubicado en una zona residencial y que no reúne las condiciones técnicas necesarias para que su operación, tal y como lo señala la CAR, que es la entidad competente en fijar las pautas de operatividad de ese basurero. En consecuencia, esta corporación ordenará el cierre y traslado de ese basurero municipal, en un término prudencial, con el fin de evitar al máximo posibles contingencias sanitarias, sin descuidar los derechos fundamentales antes invocados. Por consiguiente, en el intermedio, se ordenará la implementación de un control efectivo de las basuras para evitar que los vectores de incidencia de enfermedades o las que quemas, puedan perjudicar la salud del menor o de su padre.
En mérito de lo anterior, esta Sala de revisión de la Corte Constitucional,
1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Civil, y en su lugar, tutelar los derechos constitucionales fundamentales del señor Camilo Augusto Hernández Córdoba y de su hijo.
2. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Ricaurte, cerrar en el término de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, el basurero municipal de Ricaurte por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y habilitar un relleno sanitario ajustado mínimamente a las normas jurídicas correspondientes y a las consideraciones técnicas que sobre el particular fije la CAR, en un término de un año.
3. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Ricaurte, mientras se produce el cierre definitivo del basurero municipal actual, realizar todas las actividades sugeridas por la CAR para evitar la proliferación de vectores facilitadores de enfermedades y partículas en suspensión, que puedan atentar contra los derechos fundamentales del actor y su hijo, garantizando un control efectivo de los mismos, y erradicando el humo y la quema de residuos en el botadero en mención.
(3) Sentencia T-254 de 1993. Antonio Barrera Carbonell.
(4) Sentencia T-471 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(5) Ver sentencias T-437 de 1992, T-62, T-254, T-320, T-366, T-376 de 1993, T-126 de 1994, T-257 de 1996, SU-257 de 1997, entre otras.
(6) SU-257 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(7) Sentencia T-254 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(8) Sentencia T-539 de 1992.
(9) Sentencia T-484 de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz.
(11) Sentencia 395 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(12) Sentencia T-494 de 1993. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
(13) Sentencia T-597 de 1993. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(14) Sentencia T-260 de 1998. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
(15) Sentencia T-395 de 1998. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
(16) Sentencia T-260 de 1998. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
(17) M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
(18) Sentencia T-096 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(19) Sentencia T-349 del 27 de agosto de 1993.
(20) Colombia, Ministerio del Medio Ambiente. Dirección de asentamientos humanos y población. Reunión nacional de consenso sobre manejo de residuos sólidos y reciclaje. Bogotá. Minambiente. 1995.
(21) Análisis sectorial de residuos sólidos en Colombia y plan regional de inversiones en ambiente y salud. Organización Panamericana de la Salud y OMS BIRF/programa de gestión urbana. Ministerio de Salud de Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Ministerio del Medio Ambiente. Abril 1996.
(22) Manejo integrado de residuos sólidos municipales. Ministerio del Medio Ambiente y facultad de ingeniería de la Universidad de los Andes. 1998.
(23) Nombre técnico utilizado para los residuos de los basureros. Ver informe ibídem.

References: artículo 79
 artículo 80
 artículo 677
 artículo 1005
 artículo 88
 artículo 4
 artículo 88
 artículo 44