Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/Guatemala10.606a.htm
Timestamp: 2017-10-17 12:57:50+00:00

Document:
Guatemala 10.606a - Fondo
42. El Gobierno no ha refutado los hechos denunciados por los peticionarios ni ha proporcionado ninguna información que los contradiga. En sus escritos ha hecho referencia al proceso penal 83-90 y al trámite del mismo.[6] Tomando como base las aseveraciones y los indicios que contiene el expediente, la Comisión llega a la conclusión de que Samuel de la Cruz Gómez fue privado de su libertad y hecho desaparecer por agentes estatales. Esta desaparición nunca ha sido reconocida, y no ha salido a la luz ninguna información adicional con respecto al paradero o a la suerte de la víctima.
43. El delito de desaparición fue tipificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Velásquez Rodríguez, y más tarde codificado en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (que Guatemala ha firmado pero no ha ratificado).[7] La desaparición forzada de seres humanos, en virtud de la cual una persona es llevada detenida y las autoridades niegan ese hecho para ocultar su responsabilidad, "constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención". Caso Velásquez Rodríguez (Fondo), supra, párrafos 155, 181.
45. Toda persona que es hecha desaparecer se ve privada también del derecho de ser llevada sin demora ante un juez y de poner en marcha los procedimientos pertinentes para lograr la revisión de la legalidad de su detención, lo que constituye una violación adicional de las disposiciones del artículo 7 de la Convención Americana. Véase Caso Velásquez Rodríguez (Fondo), supra, párrafo 155. El derecho de petición para la determinación de la legalidad de la detención constituye la garantía fundamental de los derechos constitucionales y humanos de un detenido en caso de privación de libertad llevada a cabo por agentes estatales. "[E]s esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". (Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, el “Habeas corpus bajo suspensión de garantías” (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos"), Ser. A No. 8, párrafo 35).[8]
48. Según lo establecido por la Corte Interamericana, ”La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención...”. Caso Velásquez Rodríguez (Fondo), supra, párrafo 157. Samuel de la Cruz Gómez sigue desaparecido. El Gobierno nunca ha negado que el Sr. de la Cruz fue secuestrado el 12 de julio de 1990 y que no ha sido visto ni se ha oído de él nuevamente. Si bien las autoridades guatemaltecas sabían que había sido visto por testigos estando detenido en manos de agentes estatales, no existe ningún indicio de que hayan tomado medidas para investigar la suerte que ha corrido. En tales circunstancias, la carga de la prueba natural y necesariamente recae sobre el Estado. Véase Caso de Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Ser. C No. 20, párrafos 60, 65.; en que se cita Caso Velásquez Rodríguez (Fondo), supra, párrafos 135-36; Caso Godínez Cruz (Fondo), supra, párrafos 141-42.
56. Como el Estado no reaccionó frente a la desaparición de Samuel de la Cruz Gómez del modo que correspondía, se ha negado justicia a su familia. La familia de la víctima tenía derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido a esta última. Véase, por ejemplo, Informe Anual de la CIDH 1985-86, OEA/Ser.L/V/II.68 doc. 8 rev. 1, 26 de septiembre de 1986, pág. 193. Los familiares también tenían derecho a usar esa información para ejercer su derecho, como sucesores, de procurar reparación del Estado. El Estado de Guatemala estaba obligado a “investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones correspondientes y de asegurar... adecuada reparación”. Caso Velásquez Rodríguez (Fondo), supra, párrafo 174. En el presente caso es evidente, al cabo de siete años de la desaparición de la víctima, que el Estado de Guatemala no cumplió su obligación de proporcionar un recurso legal sencillo, rápido y efectivo a la familia de la víctima para que sus derechos pudieran ser reivindicados.
57. El Sr. de la Cruz fue hecho desaparecer por la fuerza por agentes del Estado, lo que constituye una violación múltiple y continua de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El objetivo de quienes perpetraron el acto de desaparición consiste en actuar al margen de la ley, ocultar todas las pruebas de sus delitos y escapar a toda sanción. Cuando se lleva a cabo una desaparición se eluden los medios de protección básicos establecidos por la ley y la víctima queda sin defensa. Para la víctima, la consecuencia de una desaparición forzada consiste en que se le priva de todo derecho esencial considerado inherente al mero hecho de que se trata de un ser humano. De este modo, el acto de desaparición forzada viola el derecho del individuo conforme al artículo 3 de la Convención Americana "al reconocimiento de su personalidad jurídica".[9]
59. El concepto de derechos y garantías "es también inseparable del sistema de valores y principios que lo inspira" OC-8/87, supra, párrafo 26. Dentro del sistema Interamericano, las violaciones de derechos interrelacionadas que constituyen una desaparición han sido objeto de una condena especial.[10] La Corte Interamericana ha subrayado que: "La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención... significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención". Caso Velásquez Rodríguez (Fondo), supra, párrafo 158. En el período de que se trata, las desapariciones constituían una práctica de los agentes estatales en Guatemala, y ni el Estado ni su sistema judicial las combatieron ni reaccionaron adecuadamente frente a ellas. Véase, por ejemplo, Informe Anual de la CIDH 1989-90, OEA/Ser.L/V/II. rev. 1, Doc. 7, 17 de mayo de 1990, págs. 155-56, 159-60; Informe Anual de la CIDH 1990-91, supra, págs. 476, 479-81; Informe Anual de la CIDH 1991, supra, pág. 217.
60. La primera obligación de cualquier Estado parte de la Convención Americana consiste en respetar los derechos y libertades que en ella se establecen. "[E]s un principio de derecho internacional que el Estado responde por actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del Derecho Interno”. Caso Velásquez Rodríguez, (Fondo), supra, párrafos 170, 166. Tomando como base el expediente y el análisis precedente por ella realizado, la Comisión llega a la conclusión de que Samuel de la Cruz Gómez fue hecho desaparecer por agentes del Estado, y que las autoridades pertinentes no pusieron en marcha una reacción adecuada. Los actos y omisiones de los agentes en cuestión determinaron la responsabilidad directa del Estado.
[6] Véase Caso Velásquez Rodríguez (Fondo), supra, párrafo 138 (en que se indica que el silencio del acusado puede interpretarse como reconocimiento de la verdad de lo aducido, en la medida en que del expediente o de la ley no surja necesariamente lo contrario).
[7] Véase, íd., párrafos 149-58; Caso Godínez Cruz (Fondo), supra, párrafos 157-66; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales (Fondo), supra, párrafos 146-52. Véase también, por ejemplo, Informe Anual de La CIDH 1980-81, OEA/Ser. L/V/II.54, doc. 9 rev. 1, 16 de octubre de 1981, págs. 113-14. El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define la desaparición del modo siguiente:
[8] "Si los funcionarios encargados de los lugares de detención no necesitan presentar al detenido en un breve plazo, pueden con impunidad emplear medios brutales, ya sea con fines de interrogatorio o de intimidación". Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Bolivia, OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 6, 1 de julio de 1981, págs. 41.
[9] Véase, Artículo 1.2 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, en que se caracteriza como desaparición forzada la que coloca a la víctima fuera de la protección de la ley... "le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica...". GA Res. 47/133 del 18 de diciembre de 1992. Véase, en general, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, supra.
[10] La práctica de las desapariciones ha sido caracterizada por la Asamblea General de la OEA como "una afrenta a la conciencia del Hemisferio" y "un crimen de lesa humanidad". Resolución de la Asamblea General 666 (XIII-0/83).

References: artículo 7
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 2
 Artículo 1
 Resolución