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Timestamp: 2019-08-23 00:39:04+00:00

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Sistemas de videovigilancia: "videosupervisión" de Telefónica
Ante las denuncias recibidas por diversas Asociaciones del sector de la seguridad, en relación con la publicidad que Telefónica viene realizando en distintos medios de comunicación sobre un servicio denominado “Videosupervisión” que, básicamente, consiste en instalar cámaras en el interior de los inmuebles para visualización de imágenes en directo a través de Internet, equipando dichas cámaras con sensores, cuya activación es comunicada al titular por correo electrónico o SMS; esta Unidad Central informa de lo siguiente:
Tanto la Ley 23/92, de 30 de Julio, de Seguridad Privada, en su artículo 5, como el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, en su articulo 1, atribuye exclusivamente a las empresas de seguridad “la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad”.
La vaguedad de los términos “aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad” quedó en parte disipada por el artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada, al establecer que “únicamente podrán realizar las operaciones de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad electrónicos contra robo e intrusión y contra incendios las empresas autorizadas, no necesitando estar inscritas cuando se dediquen sólo a la prevención de la seguridad contra incendios”.
Posteriormente, la Orden Ministerial de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, contribuyó a clarificar más la cuestión, al establecer en su apartado vigésimo vigésimo cuarto que “a los efectos de la normativa reguladora de la seguridad privada, se entenderá por sistema de seguridad, el conjunto de aparatos o dispositivos electrónicos contra robo e intrusión, cuya activación sea susceptible de producir intervención policial”.
En esta misma Orden, se dispone que: “su instalación deberá ser efectuada por una empresa de seguridad autorizada para dicha actividad y ajustarse a lo dispuesto en los artículos 40 (aprobación de material), 42 (certificado de instalación) y 43 (revisiones) del Reglamento de Seguridad Privada.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que los equipos de video-vigilancia deben catalogarse como aparatos o dispositivos de seguridad electrónicos, su instalación deberá ser realizada obligatoriamente por empresas de seguridad, cuando concurran las siguientes circunstancias:
Que se trate de aparatos o dispositivos electrónicos, por contraposición a medidas de protección física o de cualquier otro tipo.
Que el objeto de su instalación sea la prevención contra el robo o la intrusión.
Que la activación de tales aparatos o dispositivos sea susceptible de producir intervención policial, independientemente de que el sistema de seguridad se encuentre o no conectado a una central de alarmas.
Así pues los titulares de establecimientos o instalaciones que deseen voluntariamente instalar dichos sistemas de seguridad deberán contratar la instalación y mantenimiento de los mismos con empresas de seguridad autorizadas para la prestación de tales servicios prestación de servicios.
Por otra parte, el mismo artículo 5.1.f) de la Ley de Seguridad Privada y el artículo 1 del Reglamento que la desarrolla establece entre los servicios y actividades que pueden prestar o desarrollar las empresas de seguridad, el de explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma y su comunicación a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos.
El art. 7.1 de dicha Ley, dispone que para la y actividades de seguridad, las empresas de seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un Registro que se llevará en el Ministerio del Interior.
De la información que Telefónica ofrece en su página Web sobre las características, funcionalidades y otros aspectos del servicio de “videosupervisión”, cabe concluir que está ofertando la prestación de servicios de seguridad, que corresponden en exclusiva a empresas de seguridad inscritas y autorizadas para estas actividades, toda vez que:
a) Instala dispositivos que, entre otras funciones, permite la vigilancia y protección de establecimientos o domicilios, a través de un sistema de videovigilancia que se activa por sensores de contacto y movimiento, es decir, un sistema de seguridad contra robo o intrusión, que permite la grabación permanente de imágenes durante el tiempo que contrate el usuario.
b) Se encarga del mantenimiento de la instalación, comprometiéndose a atender las averías en un plazo máximo de 12 horas, salvo la sustitución de las cámaras, que puede alcanzar los 6 días.
c) Procede a la recepción de las alarmas producidas por la activación de los sensores, actuando como una Central de Alarmas, pero sin verificar las señales ni comunicarlas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, informando al usuario a través de e-mail o SMS, quien, en todo caso, sería el encargado de realizar esta comunicación.
Independientemente de los diferentes fines o utilidades que la instalación de un sistema de videovigilancia ofrece, no cabe duda que entre ellos está el de provocar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando se produzca la activación de los sensores de las cámaras ante un posible robo o intrusión y, consiguientemente, la emisión de una señal de alarma.
En la página Web de Telefónica se dice que no es un servicio de seguridad sino de control, porque no está conectado a una empresa de seguridad, afirmación inexacta, ya que el concepto de sistema de seguridad no se define porque quién lo presta, sino por la actividad que éste realiza y que en el caso del servicio “videosupervisión”, sus funciones son claramente de seguridad.
Si se aceptase que no es un servicio de seguridad, que debe prestarse por una empresa de seguridad, nos encontraríamos con que cualquier persona física o jurídica podría realizarlo, sin otra obligación que comunicar las incidencias o eventos al usuario y que éste lo transmitiese a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por todo ello, entiende esta Unidad Central de Seguridad Privada que la “Solución ADSL de Videosupervisión” que está publicitando la empresa Telefónica, es en la práctica un servicio de seguridad de instalación, mantenimiento y centralización de alarmas, necesitando para su prestación la correspondiente habilitación como empresa de seguridad para tales actividades.
Señalar, por último, que de conformidad con el artículo 22.1 a) de la Ley de Seguridad Privada, en relación con el artículo 148.1 a) del Reglamento que la desarrolla, constituye infracción muy grave “la prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la autorización necesaria”.
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References: artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 39
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 148