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Timestamp: 2020-02-26 18:42:47+00:00

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Como la sentencia T-760/2008 Cambió el sistema de salud -
La sentencia T-760 es la compilación de sentencias de tutela en las cuales la Corte Constitucional observó, como el derecho a la salud fue vulnerado, en algunos casos con la negación de un procedimiento médico, en otros con la de un medicamento o la libertad de elección de la entidad encargada de garantizarle el acceso a la prestación de servicio, entre otros.
En el 2008 la corte constitucional a través de la sentencia T-760 ordenó a las entidades responsables de la salud en Colombia corregir las fallas que presentaba el sistema de salud pública. La corte acumuló 22 acciones de tutela, al fallarlas, determinó que esos casos representaban violaciones recurrentes provocadas por problemas estructurales. La sentencia marcó un punto de partida para nuevas transformaciones en el sistema de salud pública
De estas 22 tutelas, 20 fueron interpuestas por los ciudadanos a quienes se le vulneró el derecho a la salud y 2 por la EPS Sanitas en contra del Consejo Superior de la Judicatura y del Ministerio de la Protección Social para solicitar claridad respecto a las reglas de recobro por prestaciones no incluidas en el POS, ante en ese entonces, llamado el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga)
A medida que estas tutelas fueron llegado a la Corte, se fueron acumulando con un doble propósito: tener una muestra lo más comprensiva posible del tipo de problemas que han llevado a los tutelantes a acudir a la justicia constitucional para obtener la satisfacción de sus derechos. De otro lado la acumulación de procesos permite a la Corte analizar diferentes facetas del derecho a la salud y valorar sus implicaciones siempre con la finalidad de garantizar el goce universal, equitativo y efectivo de este derecho.
Como resultado de esta visión de conjunto, tanto de los problemas de regulación como de las facetas del derecho a la salud, la Corte identificó dos tipos de problemas jurídicos a resolver.
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Problemas jurídicos concretos
Desconocer el derecho a la salud especialmente una entidad encargada de garantizar la prestación de los servicios requeridos, cuando no se autoriza a una persona o niños y niñas, por no poder costearlo por si misma, y por el hecho de que no se encuentra incluido en el plan obligatorio de salud o por que la vida o integridad de la persona no dependa de la prestación del servicio.
Desconocer el derecho a la salud especialmente una entidad encargada de garantizar la prestación de los servicios requeridos cuando fue ordenado por un médico que no está adscrito a la entidad respectiva, pero es especialista en la materia y trataba a la persona.
Desconocer el derecho a la salud de una persona, una entidad encargada de garantizar la prestación de los servicios de salud al interrumpir el suministro de estos, porque ya transcurrió un mes luego del momento en que la persona dejó de cotizar, en razón a que ahora es desempleado.
Problemas jurídicos generales
Estos problemas hacen referencia a cuestiones de orden constitucional que tienen que ver con la regulación del sistema de protección del derecho a la salud, que afectan la posibilidad de que éste sea gozado efectivamente por las personas. En total se expidieron16 órdenes de carácter general (puede consultar el documento al final) que le dicen al Estado y a las autoridades en salud como debería operar, y que asuntos deben regularse en el futuro para que el sistema mejore.
La sentencia T-760, es un punto de partida que resume los principales problemas del sistema de Salud desde la Ley 100 de 1993; está sentencia generó una serie de cambios en la estructura del Sistema de Salud, y gracias a ella se empieza a observar a la salud como un derecho fundamental autónomo.
¿Cómo se observaba antes el sistema de salud?
Con la ley 100 de 1993 la salud se observaba como un derecho público obligatorio, es decir se ofrecía, pero no necesariamente se garantizaba; por ende, la gente tenía que recurrir a la justicia para hacerlo valer, mediante mecanismos como la acción de tutela.
La ley 100 de 1993 introdujo cambios sustanciales a la Seguridad Social y al Sistema en Salud, buscando la cobertura de toda la población, pero mantuvo durante muchos años diferencias importantes entre el Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo y subsidiado.
Que ocurría entre 2002-2010
La sentencia T-760 hizo notar que los problemas en el flujo de recursos del sistema de salud podrían hacerlo colapsar; por ello ordenó diversas medidas relacionadas con el tema. Entre 2003 y 2009 el crecimiento anual promedio en el valor de los rembolsos por medicamentos No POS fue de 68%; la magnitud de este problema impulsó al gobierno de Uribe a declarar un “estado de emergencia social”; el Gobierno aprobó varios decretos (algunos muy criticados); sin embargo, no se incluía ningún esfuerzo de regulación a los precios de medicamentos.
Más adelante la Corte Constitucional declaro inconstitucional la emergencia social y recordó su jurisprudencia en el sentido que, sólo es posible recurrir a la emergencia social cuando se está frente a la imposibilidad o insuperable insuficiencia de las instituciones normales para solucionar la crisis que la Corte catalogó como “un problema estructural” y que venía generándose de tiempo atrás.
La Corte Constitucional con la Sentencia T-760 impartió órdenes agrupadas en seis ejes temáticos a la Comisión de Regulación en Salud (CRES) para hacer efectivos los contenidos de la Ley 1122 de 2007, especialmente en cuanto a la cobertura universal y la actualización de los planes obligatorios de salud (POS),
Entre las ordenes se destacan la Unificación de los Planes Obligatorios de Salud de los regímenes Contributivo y Subsidiado para niños y niñas entre los cero y 12 años, y que finaliza en 2012 con la unificación para la población mayor a 18 años y menor a 60 años.
También ordenó a la CRES actualizar anualmente el POS, buscando el acercamiento progresivo de los contenidos de los planes de beneficios de los dos regímenes
En el gobierno de Santos
En este gobierno se adoptaron diversas medidas respecto a la corrupción asociada a los recobros, y en relación con el control de precios de medicamentos. Respecto al tema de corrupción, en mayo de 2011, el Presidente de la República, la Contralora General de la República, el Ministro de Salud y el Director General de la Policía anunciaron al país que durante los últimos años había existido un sistema de corrupción caracterizado entre otros elementos, por el recobro de medicamentos con sobrecostos superiores al 1.000 por ciento a pagos de personas que no estaban identificadas, o no existían y cobros a nombres de otras personas que nunca recibían tratamientos. Ello condujo a intervenciones de control en diversos niveles incluida la reacción del sistema penal y la intervención de algunas aseguradoras por parte de la Superintendencia de Salud
Impactos posteriores al sistema de salud
Bajo el Gobierno de Santos se impusieron diversas reformas al sistema de salud y algunas de las propuestas han estado influenciadas por lo señalado en la sentencia T-760. En particular se destaca la Ley 1438 de 2011 y diversos proyectos de ley estatutaria presentados por el Gobierno y algunos congresistas.
Respecto a la Ley 1438 de 2011, buscaba fortalecer el sistema de salud, mediante medidas como la Atención primaria en salud (APS), mejoramiento en el sistema de información y nuevas funciones a la Superintendencia de Salud. También el hecho que el plan de beneficios debiera actualizarse cada dos años.
Para el 2013 se presentó un nuevo proyecto de reforma que incluye la eliminación de la integración vertical y la disminución de la intermediación financiera por parte de las EPS. En particular las EPS solo serian gestoras de servicios de salud. La afiliación y manejo de fondos estaría a cargo de una nueva entidad estatal. Este proyecto legislativo no prosperó.
Sobre el Plan de Beneficios en Salud PBS
La atención integral del PBS apenas comenzó a realizarse en 2009, quince años después de expedida la Ley 100, en desarrollo de la Sentencia T-760; antes solo se reconocieron algunas inclusiones puntuales derivadas de solicitudes individuales o de agremiaciones.
En cuanto a la Unificación del PBS, la Comisión de Regulación en Salud (C.R.E.S) estableció que a partir del 1 de octubre de 2009 los afiliados al régimen subsidiado con edades entre 0 y 12 años disfrutarían del mismo plan del régimen contributivo. Luego de varias medidas similares en 2012 se puso en marcha la unificación de PBS para toda la población del país.
Siete años después se aprueba la histórica Ley 1751 de 2015 conocida como Ley Estatutaria que garantiza el acceso a la salud como un derecho fundamental.
Paradójicamente aumenta la cobertura, pero sigue habiendo un aumento de las tutelas, como puede verse en la siguiente gráfica
La sentencia T-760 constituye un hito en la historia del Sistema de Salud colombiano, y da cuenta de como ha evolucionado la política pública en salud. Por una parte, la tutela se convirtió en el mecanismo por el cual se busca garantizar el derecho a la salud, en lo que se refiere al acceso. Por otro lado, la Sentencia T-760 se convierte en una expresión del papel que ha jugado la Corte en la construcción de las nuevas políticas públicas
A continuación, algunos avances gracias a la sentencia T-760
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Recordemos que esta carta les permite a los pacientes contar con la información adecuada, y suficiente para el ejercicio de sus derechos como afiliados.
El 20 de enero se expidió la nueva regulación acerca de los lineamientos que deben tener en cuenta las EPS de ambos regímenes, para la elaboración y entrega de la carta de derechos y deberes del paciente en el SGSSS, estipulada en el decreto 229 de 2020.
Obligaciones de entrega y actualización- Resolución 229 de 2020
Las EPS deberán entregar a toda persona al momento de su afiliación la carta de derechos y deberes de la persona afiliada y del paciente, así como la carta de desempeño en forma impresa o, cuando haya dado consentimiento expreso en formato electrónico.
Del mismo modo, las EPS deberán mantener actualizado el enlace donde se accede directamente al contenido de las cartas; en caso de efectuar cambios en el enlace o en el contenido de la carta, estos deberán ser reportados al correo electrónico [email protected] en los tres días hábiles posteriores al cambio de información.
Contenido de la carta de derechos y deberes del paciente –información general
Glosario: Este debe contener definiciones como: Triage, Copago, Presupuesto Máximo, entre otros
Plan de beneficios sus limitaciones y exclusiones
Inexistencia de periodos de carencia: Se debe señalar necesariamente que no hay periodos de carencia
Servicios de demanda inducida
Pagos Moderadores
Red de prestación de servicios
Atención de urgencias: Aquí se debe dar la dirección nombre y teléfonos de las IPS que hacen parte de la red para atención de urgencias
Mecanismos de acceso a servicios
Servicios y tecnologías no incluidos en el plan de beneficios
Transporte e internación
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Estos son algunos de los derechos y deberes que están incluidos en esta nueva Resolución:
Es preciso decir que esta carta debe estar publicada y actualizada en el portal web de la EPS en cuestión, acompañada de la información de su red de prestación de servicios. Después de la actualización el Ministerio de Salud incluirá en su página la carta de cada EPS, para facilitar la búsqueda del paciente que la requiera.
Finalmente, en el caso que la EPS no suministre la carta, se entenderá como una violación al derecho a la libre escogencia, por lo que conforme a lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 1122, este podrá trasladarse sin que le sea aplicable el término mínimo establecido para ejercer el derecho al traslado.
Es importante decir que, la resolución 229 de 2020, deroga la Resolución 4343 de 2012.
Descargue aquí: La Resolución-No.-229-de-2020Descargar
En el marco del libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos el Ministerio de Salud adoptó una política pública de prevención y tratamiento de la infertilidad
En el marco del libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos el Ministerio de Salud adoptó una política pública de prevención y tratamiento de la infertilidad, cuyo objetivo es establecer los lineamientos pertinentes para tratar este padecimiento, la adopción de esta política pública quedó establecida a través de la Resolución 228 de 2020.
Componentes de la política pública sobre Infertilidad en la resolución 228 de 2020
Esta política tiene 5 componentes: investigativo, preventivo, educativo, diagnóstico y tratamiento oportuno y adopción.
Este componente promueve procesos de investigación que aporten a la mayor comprensión, profundización y actualización en temas asociados a las causas, consecuencias y alternativas médicas, científicas y éticas del abordaje integral de la infertilidad con énfasis en la prevención y el tratamiento oportuno.
Fomenta la investigación en el sector público, privado y de la cooperación, sobre las diversas causas de la infertilidad, su prevención y tratamiento.
Este componente, se plantea desde una perspectiva de educación integral para la sexualidad según el momento de vida de cada persona y sus circunstancias. Comprende el desarrollo de capacidades sobre la asunción de modos y estilos de vida saludables como factores protectores, y la comprensión de la importancia que tiene el cuidado de si y el cuidado mutuo. Así mismo comprende entre otros, la información sobre infertilidad y su abordaje terapéutico, su relación con otras patologías, programas y tratamientos y la corresponsabilidad asumida frente a los costos que implican los tratamientos.
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Este componente está orientado al desarrollo integral e interdisciplinario de estrategias de prevención de la , y de las enfermedades y factores asociados a ésta, atendiendo a los modos, condiciones y estilos de vida de las personas por curso de vida y entornos.
Diagnóstico y tratamiento oportuno:
El diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, se realiza a partir de la atención primaria en salud. De este modo la atención inicial se orientará a establecer la etiología de la infertilidad, y una vez realizado el diagnóstico, se preverá un plan integral de cuidado y tratamiento que incluya la intervención por parte de un equipo interdisciplinario, con el fin de brindar soporte frente a posibles efectos emocionales, provocados por las formas de asumir la infertilidad y las consecuencias del tratamiento.
El acceso al tratamiento de la infertilidad implica el cuidado integral a todas las personas en el marco de la atención primaria en salud, principalmente a aquellas personas con intención reproductiva a corto plazo, a las que en la consulta preconcepcional de la ruta materno prenatal se sospeche de infertilidad, salvo que, existan condiciones de excepción establecidas por la normativa vigente o en el lineamiento de atención dictado para este fin, derivado de esta política.
Este componente orienta a las personas infértiles respecto de los requisitos para paternar o maternar a través de la adopción con el propósito que tengan la información suficiente, y sean considerados como alternativa para la crianza de un niño o adolescente a quien el Estado Colombiano, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política Nacional y tratados internacionales, les debe garantizar el derecho a crecer en el seno de una familia garante de derechos.
Gestión para la implementación de la política de infertilidad
Cualificación del talento humano para la prevención y tratamiento de la infertilidad
Fortalecimiento de la calidad en la atención en salud
Inspección, Vigilancia y Control de unidades de biomedicina reproductiva, bancos de gametos y embriones
Seguimiento y evaluación de la implementación de la política
Descargue aquí la Resolución 228 del 2020Descargar
“la reelección para un tercer período como Gerente de una ESE es legalmente improcedente”.
El próximo 1 de abril comenzarán labores formalmente los nuevos gerentes de ESE, ante esta situación han surgido hechos coyunturales como la firma del pacto de transparencia hace pocos días, en este punto es prudente recordar que los gerentes de ESE podrán ser reelegidos por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga al nominador, siempre y cuando este cumpla con los indicadores de evaluación conforme lo señale el reglamento, esto está estipulado en el artículo 28 del Decreto 1122 de 2007.
En este artículo damos a conocer un concepto especializado solicitado por CONSULTORALUD a la Función Pública en el mes de febrero de 2020, que consigna lo siguiente: “la reelección para un tercer período como Gerente de una ESE es legalmente improcedente”.
Soporte Normativo.
La ley 1797 de 2016 establece los parámetros para el nombramiento de gerentes o directores de ESE, estos serán nombrados por el Jefe de la respectiva Entidad Territorial. En el nivel nacional los Gerentes ESE serán nombrados por el Presidente de la República, corresponderá al Presidente de la República, a los Gobernadores y los Alcaldes, dentro de los tres meses siguientes a su posesión, adelantar los nombramientos, con la previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en las normas correspondientes y evaluación de las competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para periodos institucionales de 4 años, el cual empezará con la posesión y culminará 3 meses después del inicio del periodo institucional del Presidente de la República, del Gobernador o del Alcalde. Dentro de dicho periodo, sólo podrán ser retirados del cargo con fundamento en una evaluación insatisfactoria del plan de gestión, por destitución o por orden judicial.
También es preciso decir, que esta misma ley es la que estipula que el nombramiento del gerente o director de ESE es al juicio del jefe estado, y que está ya no se hará a través de una convocatoria abierta o concurso.
Descargue el Concepto especializado de la Función Publica Descargar
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References: Resolución 
 artículo 25
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 28