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Timestamp: 2017-12-15 02:33:40+00:00

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B.O.E. Nº 154 de 26/06/2004
Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalizaciÃ³n de la regulaciÃ³n del salario mÃ­nimo interprofesional y para el incremento de su cuantÃ­a.
El artÃ­culo 35 de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola, ademÃ¡s de afirmar que todos los espaÃ±oles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, reconoce a los trabajadores el derecho a una remuneraciÃ³n suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia.
De acuerdo con dicha previsiÃ³n, el artÃ­culo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, seÃ±ala que corresponde al Gobierno determinar anualmente el salario mÃ­nimo interprofesional (SMI) y establece los factores a tener en cuenta para ello.
La disposiciÃ³n citada constituye la normativa bÃ¡sica en materia de SMI, en cuyo desarrollo se dicta anualmente el correspondiente real decreto por el que se fija su cuantÃ­a para cada ejercicio.
El SMI en EspaÃ±a tradicionalmente ha estado revestido de unas caracterÃ­sticas especiales, lo que le diferencia de los salarios mÃ­nimos vigentes en los paÃ­ses de nuestro entorno y lo hacen difÃ­cilmente comparable con ellos. Estas peculiaridades son fundamentalmente el doble efecto que se le ha atribuido al SMI.
AsÃ­, el SMI tiene, en primer lugar, un efecto directo o estrictamente laboral, atribuido por el artÃ­culo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de servir de suelo o garantÃ­a salarial mÃ­nima de los trabajadores, ninguno de los cuales puede percibir por su trabajo en cualquier actividad un salario por debajo de la cuantÃ­a del SMI, actuando como garantÃ­a mÃ­nima de retribuciÃ³n suficiente.
En este aspecto, la incidencia del SMI es limitada, dado que se aplica a un nÃºmero reducido de trabajadores, los que no estÃ©n cubiertos por la negociaciÃ³n colectiva; ahora bien, para estos trabajadores, el SMI constituye su retribuciÃ³n efectiva y la Ãºnica garantÃ­a de derecho que reconoce nuestra ConstituciÃ³n a una retribuciÃ³n suficiente.
Dentro de este efecto directo o laboral, se incluyen, lÃ³gicamente, los supuestos en que el SMI se utiliza como referente para determinar el salario o retribuciÃ³n de los trabajadores como es el caso, entre otros, de los empleados de hogar, de los penados que realizan actividades laborales en talleres penitenciarios y de los trabajadores con contratos para la formaciÃ³n, o aquellos otros en que sirve para concretar aspectos que estÃ¡n Ã­ntimamente vinculados al salario de los trabajadores, tales como la determinaciÃ³n de las garantÃ­as, privilegios y preferencias del salario, los lÃ­mites de responsabilidad del Fondo de GarantÃ­a Salarial, la garantÃ­a financiera que deben constituir las empresas de trabajo temporal, las bases mÃ­nimas de cotizaciÃ³n a la Seguridad Social, el concepto de colocaciÃ³n adecuada del sistema de protecciÃ³n por desempleo o la cuantÃ­a de la subvenciÃ³n de los costes salariales correspondientes a los puestos de trabajo ocupados por los trabajadores con discapacidad en los centros especiales de empleo y a los referidos a los alumnos trabajadores en los programas de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.
Ahora bien, ademÃ¡s del indicado efecto directo o laboral, el SMI tiene mÃºltiples efectos indirectos que se le han venido atribuyendo en muy diversas normas legales o convencionales, siendo precisamente estos efectos los que han impedido que el SMI haya tenido una evoluciÃ³n mÃ¡s acorde con la exigencia de suficiencia que se recoge en el artÃ­culo 35 de la ConstituciÃ³n. En contraste con la limitada incidencia del SMI en su funciÃ³n de garantÃ­a salarial mÃ­nima, los efectos indirectos del SMI son muy amplios.
AsÃ­, en primer lugar, el SMI se viene utilizando corno indicador de nivel de renta que permite el acceso a determinados beneficios o la aplicaciÃ³n de determinadas medidas. Por ejemplo, en la normativa educativa, para la percepciÃ³n de becas y el pago de tasas; en el Ã¡mbito procesal, para el acceso a los beneficios de la justicia gratuita o la determinaciÃ³n de los anticipos reintegrables; en la normativa de la vivienda, para el acceso a las viviendas de protecciÃ³n oficial y la revisiÃ³n de alquileres, o en la normativa fiscal, para la determinaciÃ³n de los mÃ­nimos exentos fiscales, ingresos de hijos con derecho a deducciÃ³n, tasas, impuesto de transmisiones o determinados tributos locales, entre otros.
Dentro de esta funciÃ³n como indicador del nivel de renta, el SMI se utiliza en el Ã¡mbito sociolaboral como referencia para la determinaciÃ³n de los requisitos de acceso al subsidio por desempleo, al subsidio agrario; a la renta agraria y a la renta activa de inserciÃ³n, entre otros mecanismos de protecciÃ³n.
AdemÃ¡s, en segundo lugar, el SMI se utiliza como parÃ¡metro de referencia para la cuantificaciÃ³n de determinadas prestaciones sociales tales como el subsidio por desempleo, el subsidio agrario, la renta agraria o la renta activa de inserciÃ³n, asÃ­ como la fijaciÃ³n de los topes mÃ­nimos y mÃ¡ximos de la prestaciÃ³n por desempleo de nivel contributivo.
En todos estos casos la repercusiÃ³n sobre el gasto pÃºblico es plena, dado que las citadas prestaciones aumentan sistemÃ¡ticamente en la misma cuantÃ­a que el salario mÃ­nimo interprofesional.
La fijaciÃ³n del SMI corresponde al Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. De acuerdo con dicho precepto legal, el Gobierno fijarÃ¡ cada aÃ±o el SMI, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales mÃ¡s representativas y teniendo en cuenta, para ello, el Ã­ndice de precios de consumo (IPC), la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participaciÃ³n del trabajo en la renta nacional y la coyuntura econÃ³mica general. Asimismo, dicho precepto legal contempla la revisiÃ³n semestral del SMI en el caso de que no se cumplan las previsiones del Ã­ndice de precios.
Pues bien, no obstante dichas previsiones legales, el Gobierno ha venido utilizando en los Ãºltimos aÃ±os como elemento exclusivo para la actualizaciÃ³n del SMI la previsiÃ³n oficial del Ã­ndice de precios de consumo, y no ha procedido a su revisiÃ³n a pesar de que sistemÃ¡ticamente la mayorÃ­a de los aÃ±os se ha venido produciendo una desviaciÃ³n del Ã­ndice real de precios de consumo respecto al previsto por el Gobierno.
Como consecuencia de ello, el crecimiento del SMI durante los Ãºltimos aÃ±os ha sido inferior al que realmente ha tenido el Ã­ndice de precios de consumo, y los trabajadores perceptores del SMI han visto reducida su capacidad adquisitiva. En concreto, la pÃ©rdida del poder adquisitivo que han tenido los perceptores del SMI en el perÃ­odo comprendido entre 1996 y 2004 se estima en torno al 6,6 por ciento.
En el Debate de Investidura celebrado los pasados dÃ­as 15 y 16 de abril de 2004, el Presidente del Gobierno seÃ±alÃ³ que uno de los ejes de la acciÃ³n del Gobierno serÃ­an las polÃ­ticas sociales dirigidas a reforzar la cohesiÃ³n de la sociedad y, en este marco, anunciÃ³ el compromiso del Gobierno de elevar progresivamente el SMI, con el fin de recuperar la capacidad adquisitiva que se ha perdido en los Ãºltimos aÃ±os.
Para ello, se incrementa en este momento la cuantÃ­a del SMI, fiada en el Real Decreto 1793/2003, de 26 de diciembre, en un 6,6 por ciento, que es en lo que se estima la pÃ©rdida del poder adquisitivo en el periodo 1996-2004, quedando por tanto establecida la nueva cuantÃ­a en 16,36 euros/dÃ­a, 490,80 euros/mes Ã³ 6.871,20 euros en cÃ³mputo anual.
La fijaciÃ³n de una nueva cuantÃ­a del SMI se acompaÃ±a del establecimiento de las nuevas bases mÃ­nimas de cotizaciÃ³n en los diferentes regÃ­menes de la Seguridad Social.
Este incremento del SMI se enmarca, ademÃ¡s, dentro de una estrategia que estÃ¡ orientada a dignificar su cuantÃ­a, a recuperar su funciÃ³n estrictamente laboral y a des-vincularlo de otros efectos o finalidades distintas. Por ello, el incremento de la cuantÃ­a del SMI debe ir acompaÃ±ado necesariamente de una racionalizaciÃ³n de su regulaciÃ³n. Ello hace necesario adoptar dos tipos de medidas.
Por una parte, es necesario determinar los supuestos en que se seguirÃ¡ manteniendo la vinculaciÃ³n con el SMI; esta tarea de determinaciÃ³n se hace en el artÃ­culo 1 de este real decreto ley, en el que se establecen los supuestos, que antes se indicaron en este preÃ¡mbulo, en los que el SMI actÃºa como garantÃ­a salarial mÃ­nima de los trabajadores o como referente para determinar la retribuciÃ³n de algunos de ellos o para concretar determinados aspectos que estÃ©n Ã­ntimamente vinculados con el salario; ademÃ¡s, para evitar que se produzcan efectos indeseados, se mantienen vinculados al SMI los requisitos para el acceso y mantenimiento de las prestaciones por desempleo, los requisitos de acceso y, en su caso, mantenimiento de las pensiones de viudedad, orfandad, prestaciones en favor de familiares, prestaciones familiares y por nacimiento o adopciÃ³n del tercer o sucesivos hijos, asÃ­ como el importe de la prestaciÃ³n econÃ³mica por parto o adopciÃ³n mÃºltiples.
Por otra parte, para evitar que en el futuro se siga desvirtuando la finalidad esencial del SMI como garantÃ­a salarial mÃ­nima de los trabajadores, es necesario desvincular del SMI de manera efectiva los efectos o finalidades distintas a la indicada anteriormente. Esta tarea tambiÃ©n se lleva a cabo en el artÃ­culo 1.
Conviene seÃ±alar que, por razones de seguridad jurÃ­dica y para evitar que se produzcan efectos perturbadores en la economÃ­a en general y en la de las Administraciones pÃºblicas, simultÃ¡neamente a la desvinculaciÃ³n de los indicados efectos se crea un indicador pÃºblico de renta de efectos mÃºltiples (IPREM) para su utilizaciÃ³n como indicador o referencia del nivel de renta que sirva para determinar la cuantÃ­a de determinadas prestaciones o para acceder a determinados beneficios, prestaciones o servicios pÃºblicos, que sustituirÃ¡ al SMI en esta funciÃ³n, de forma obligatoria para el caso de las normas del Estado y de forma potestativa para el caso de las comunidades autÃ³nomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que integran la AdministraciÃ³n local.
MenciÃ³n diferenciada merece el tratamiento especial que se da al sistema de protecciÃ³n por desempleo que se traduce en que, con independencia de que las cuantÃ­as de las prestaciones por desempleo, a partir del 1 de julio de 2004, se desvinculan del SMI y, en consecuencia, pasan a estar referenciadas al IPREM, ello se hace de tal forma que permite que el incremento del SMI que se establece en este real decreto ley se extienda tambiÃ©n a los perceptores de prestaciones por desempleo, en particular a los que perciben las cuantÃ­as mÃ­nimas.
Las medidas incluidas en este real decreto ley son el resultado del proceso de consultas desarrollado en el Ãºltimo mes entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales mÃ¡s representativas en el Ã¡mbito estatal: la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de Organizaciones Empresariales, la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de la PequeÃ±a y la Mediana Empresa, la UniÃ³n General de Trabajadores y Comisiones Obreras.
Debe seÃ±alarse, con todo, que la estrategia para dignificar la cuantÃ­a del SMI y para recuperar su funciÃ³n como garantÃ­a salarial mÃ­nima de los trabajadores no se agota con las medidas que se incluyen en este real decreto ley. El Gobierno y los agentes sociales habrÃ¡n de concretar, en el marco del diÃ¡logo social, cuestiones tales como la evoluciÃ³n que vaya a tener el SMI a lo largo de esta legislatura, los criterios que podrÃ­an tenerse en cuenta para la revisiÃ³n del IPREM y la reforma del artÃ­culo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la determinaciÃ³n anual del SMI por el Gobierno y para evitar que se produzcan pÃ©rdidas de su poder adquisitivo. Igualmente, deberÃ¡ analizarse a medio plazo la incidencia que puedan tener en el sistema de protecciÃ³n por desempleo las modificaciones introducidas en dicho sistema por este real decreto ley con vistas a la adopciÃ³n, en su caso, de las medidas correctoras que puedan resultar oportunas.
La importante pÃ©rdida del poder adquisitivo del SMI en el periodo comprendido entre 1996 y 2004, que se valora en un 6,6 por ciento, precisa ser corregida con urgencia, para restituir a los trabajadores perceptores del SMI la mencionada pÃ©rdida y situar su cuantÃ­a en un nivel mÃ¡s digno y mÃ¡s acorde con la evoluciÃ³n que ha tenido el IPC en los Ãºltimos aÃ±os.
La contribuciÃ³n a la efectividad del derecho constitucional del trabajador a una remuneraciÃ³n suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, la reparaciÃ³n de la pÃ©rdida de poder adquisitivo del SMI, su aproximaciÃ³n a una cuantÃ­a mÃ¡s cercana al 60 por ciento del salario medio de los trabajadores tal y como recomienda la Carta Social Europea del Consejo de Europa y, en fin, razones de justicia social constituyen el objetivo principal de las medidas incluidas en este real decreto ley, entendiendo el Gobierno que todas ellas deben ser puestas en prÃ¡ctica con carÃ¡cter inmediato y que responden a las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artÃ­culo 86 de la ConstituciÃ³n para la utilizaciÃ³n del real decreto ley.
En su virtud, haciendo uso de la autorizaciÃ³n contenida en el artÃ­culo 86 de la ConstituciÃ³n, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 25 de junio de 2004,
RacionalizaciÃ³n de la regulaciÃ³n del salario mÃ­nimo interprofesional
ArtÃ­culo 1. DesvinculaciÃ³n del salario mÃ­nimo interprofesional de otros efectos distintos de los laborales.
1. Con el fin de garantizar la funciÃ³n del salario mÃ­nimo interprofesional como garantÃ­a salarial mÃ­nima de los trabajadores por cuenta ajena establecida en el artÃ­culo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y de limitar sus efectos a los estrictamente laborales, a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley dicho salario se desvincularÃ¡ de otros efectos o finalidades distintas de la indicada anteriormente.
2. De acuerdo en el apartado anterior, se mantendrÃ¡ la vinculaciÃ³n con el salario mÃ­nimo interprofesional en los supuestos que se indican a continuaciÃ³n para determinar:
a) El salario del trabajador en los tÃ©rminos y condiciones establecidos en las normas reguladoras de las relaciones laborales de carÃ¡cter especial a que se refiere el artÃ­culo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
b) La retribuciÃ³n del trabajador contratado para la formaciÃ³n, en los tÃ©rminos del artÃ­culo 11.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
c) Las garantÃ­as, privilegios y preferencias del salario establecidas en el artÃ­culo 32 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, asÃ­ como en la legislaciÃ³n procesal civil y en la legislaciÃ³n concursal.
d) Los lÃ­mites de la responsabilidad del Fondo de GarantÃ­a Salarial, en los tÃ©rminos del artÃ­culo 33 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
e) El salario correspondiente a una colocaciÃ³n para que esta sea considerada adecuada a los efectos de la protecciÃ³n por desempleo, segÃºn lo dispuesto en el Ãºltimo pÃ¡rrafo del artÃ­culo 231.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
f) La cuantÃ­a mÃ¡xima del anticipo al que tiene derecho el trabajador que haya obtenido a su favor una sentencia en la que se condene al empresario al pago de una cantidad y contra la que se haya interpuesto recurso, conforme al artÃ­culo 287.3 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.
g) El importe de la garantÃ­a financiera que deben constituir las empresas de trabajo temporal, en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
h) Los lÃ­mites de referencia de las compensaciones mÃ­nimas que corresponden a los socios de trabajo y a los socios de las cooperativas de explotaciÃ³n comunitaria de la tierra, en los tÃ©rminos establecidos, respectivamente, en los artÃ­culos 13.4 y 97.5 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
i) La retribuciÃ³n de los trabajadores declarados en situaciÃ³n de incapacidad permanente parcial que se reincorporen a la empresa, en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 1 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusvÃ¡lidos.
j) La cuantÃ­a de la subvenciÃ³n de los costes salariales correspondientes a los puestos de trabajo ocupados por los trabajadores con discapacidad que presten servicios en los centros especiales de empleo, conforme a lo previsto en la Orden del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesiÃ³n de las ayudas y subvenciones pÃºblicas destinadas al fomento de la integraciÃ³n laboral de los minusvÃ¡lidos en centros especiales de empleo y trabajo autÃ³nomo.
k) La cuantÃ­a de la subvenciÃ³n de los costes salariales derivados de los contratos que se suscriban con los alumnos trabajadores establecida en las siguientes normas:
1.Âª La Orden del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14 de noviembre de 2001, por la que se regulan el programa de escuelas taller y casas de oficios y las unidades de promociÃ³n y desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la concesiÃ³n de subvenciones pÃºblicas a dichos programas.
2.Âª La Orden del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de talleres de empleo, y se establecen las bases reguladoras de la concesiÃ³n de subvenciones pÃºblicas a dicho programa.
3. Asimismo, se mantendrÃ¡ la vinculaciÃ³n con el salario mÃ­nimo interprofesional para determinar:
a) Las bases mÃ­nimas de cotizaciÃ³n en los regÃ­menes de la Seguridad Social, segÃºn lo dispuesto en el artÃ­culo 16 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
b) Los requisitos de acceso y, en su caso, mantenimiento de las pensiones de viudedad, orfandad, prestaciones en favor de familiares, prestaciones familiares y por nacimiento o adopciÃ³n del tercer o sucesivos hijos, asÃ­ como el importe de la prestaciÃ³n econÃ³mica por parto o adopciÃ³n mÃºltiples, establecida en el artÃ­culo 188 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
c) Los requisitos para el acceso y mantenimiento de las prestaciones que integran el sistema de protecciÃ³n por desempleo, en los tÃ©rminos que se determinan en el artÃ­culo 3.1 de este real decreto ley.
ArtÃ­culo 2. Establecimiento de un indicador pÃºblico de renta de efectos mÃºltiples.
1. Para que pueda utilizarse como indicador o referencia del nivel de renta que sirva para determinar la cuantÃ­a de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios pÃºblicos, y pueda sustituir en esta funciÃ³n al salario mÃ­nimo interprofesional, se crea el indicador pÃºblico de renta de efectos mÃºltiples (IPREM).
2. Anualmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se determinarÃ¡ la cuantÃ­a del citado indicador teniendo en cuenta, al menos, la previsiÃ³n u objetivo de inflaciÃ³n utilizados en ella. Con anterioridad a la aprobaciÃ³n del proyecto de Ley anual de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno consultarÃ¡ a las organizaciones empresariales y sindicales mÃ¡s representativas sobre la cuantÃ­a del IPREM.
No obstante lo anterior, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2004, el IPREM tendrÃ¡ las siguientes cuantÃ­as:
d) La cuantÃ­a anual del IPREM serÃ¡ de 6.447 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mÃ­nimo interprofesional en cÃ³mputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantÃ­a serÃ¡ de 5.526 euros.
3. A partir de la entrada en vigor de este real decreto ley, las referencias al salario mÃ­nimo interprofesional contenidas en normas vigentes del Estado, cualquiera que sea su rango, se entenderÃ¡n referidas al IPREM, salvo las seÃ±aladas en el artÃ­culo 1 de este real decreto ley y en sus normas de desarrollo.
4. Las comunidades autÃ³nomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la AdministraciÃ³n local podrÃ¡n utilizar como Ã­ndice o referencia de renta el IPREM, sin perjuicio de su potestad para fijar indicadores propios en el ejercicio de las competencias que constitucionalmente les correspondan.
ArtÃ­culo 3. Sistema de protecciÃ³n por desempleo.
1. De acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 1, se seguirÃ¡n entendiendo referidos al salario mÃ­nimo interprofesional, sin modificaciÃ³n del rÃ©gimen establecido en la normativa correspondiente, los requisitos de rentas y, en su caso, de responsabilidades familiares para el acceso y mantenimiento de las siguientes prestaciones:
a) La prestaciÃ³n por desempleo del nivel contributivo a que se refiere el artÃ­culo 206.1.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relaciÃ³n con el cÃ³mputo de las rentas de los hijos para fijar las cuantÃ­as mÃ¡xima y mÃ­nima de la citada prestaciÃ³n, asÃ­ como en relaciÃ³n con la estimaciÃ³n de responsabilidades familiares a efectos de lo previsto en el artÃ­culo 212.1.b) y c) de dicha ley.
b) El subsidio por desempleo a que se refiere el artÃ­culo 206.1.2.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
c) La renta activa de inserciÃ³n, establecida en la disposiciÃ³n final quinta.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en sus normas de desarrollo.
d) El subsidio por desempleo establecido en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el RÃ©gimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
e) La renta agraria establecida en el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el RÃ©gimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades AutÃ³nomas de AndalucÃ­a y Extremadura.
2. Se entenderÃ¡n referidas al IPREM las cuantÃ­as de Ias prestaciones seÃ±aladas en el apartado anterior, en los siguientes tÃ©rminos:
a) Las cuantÃ­as mÃ¡xima y mÃ­nima de la prestaciÃ³n por desempleo del nivel contributivo, segÃºn lo establecido en el artÃ­culo 211.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacciÃ³n dada por la disposiciÃ³n final primera de este real decreto ley.
b) La cuantÃ­a del subsidio por desempleo, segÃºn lo establecido en el artÃ­culo 217.1 yÂ 2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacciÃ³n dada por la disposiciÃ³n final primera de este real decreto ley.
c) La cuantÃ­a de la renta activa de inserciÃ³n, establecida en la disposiciÃ³n final quinta.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en sus normas de desarrollo, serÃ¡ igual al 80 por ciento del IPREM mensual vigente en cada momento.
d) La cuantÃ­a del subsidio por desempleo establecido en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el RÃ©gimen Especial Agrario de la Seguridad Social, serÃ¡ igual al 80 por ciento del IPREM mensual vigente en cada momento.
e) La cuantÃ­a de la renta agraria establecida en el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el RÃ©gimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades AutÃ³nomas de AndalucÃ­a y Extremadura, serÃ¡ igual al porcentaje siguiente del IPREM mensual vigente en cada momento:
NÃºmero de jornadas reales
3. La referencia al IPREM no supondrÃ¡ modificaciÃ³n alguna del rÃ©gimen establecido en las normas reguladoras de las prestaciones, salvo las derivadas de lo establecido en el apartado anterior.
4. Se mantendrÃ¡ la vinculaciÃ³n con el salario mÃ­nimo interprofesional de la cuantÃ­a de las percepciones que, de acuerdo con el artÃ­culo 38.4 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, modificado por el Real Decreto 1809/1986, de 28 junio, deben garantizarse a los perceptores de prestaciones por desempleo en relaciÃ³n con los trabajos de colaboraciÃ³n social que realicen conforme a lo previsto en el artÃ­culo 213.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Incremento de la cuantÃ­a del salario mÃ­nimo interprofesional
ArtÃ­culo 4. Nueva cuantÃ­a del salario mÃ­nimo interprofesional.
1. Las cuantÃ­as del salario mÃ­nimo interprofesional establecidas en el Real Decreto 1793/2003, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mÃ­nimo interprofesional paraÂ 2004, quedan modificadas en los siguientes tÃ©rminos:
a) El salario mÃ­nimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinciÃ³n de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 16,36 euros/dÃ­a, 490,80 euros/mes Ã³ 6.871,20 euros en cÃ³mputo anual.
b) La cuantÃ­a del salario profesional de los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 dÃ­as en ningÃºn caso podrÃ¡ resultar inferior a 23,24 euros por jornada legal en la actividad.
c) De acuerdo con el artÃ­culo 6.5 del Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, que toma como referencia para la determinaciÃ³n del salario mÃ­nimo de los emplea-dos de hogar que trabajen por horas el fijado para los trabajadores eventuales y temporeros, el salario mÃ­nimo de dichos empleados de hogar serÃ¡ de 3,83 euros por hora efectivamente trabajada.
2. Sin perjuicio de la aplicaciÃ³n de las cuantÃ­as a que se refiere el apartado anterior, la regulaciÃ³n del salarlo mÃ­nimo interprofesional serÃ¡ la establecida en el Real Decreto 1793/2003, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mÃ­nimo interprofesional para 2004.
3. Las cuantÃ­as del salario mÃ­nimo interprofesional que se establecen en el apartado 1 se aplicarÃ¡n desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2004 y se revisarÃ¡n, para 2005 y aÃ±os sucesivos, conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
ArtÃ­culo 5. Bases mÃ­nimas de cotizaciÃ³n de los regÃ­menes de la Seguridad Social.
A partir de la entrada en vigor de este real decreto ley, las bases mÃ­nimas o fijas de los regÃ­menes de la Seguridad Social que a continuaciÃ³n se indican serÃ¡n las siguientes:
Uno. Tope mÃ­nimo de cotizaciÃ³n.â€El tope mÃ­nimo de cotizaciÃ³n para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales serÃ¡ equivalente al salario mÃ­nimo interprofesional vigente en cada momento, incrementado por el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al mensual que perciba el trabajador, sin que pueda ser inferior a 572,740 euros mensuales.
Dos. RÃ©gimen General de la Seguridad Social.â€Las bases mÃ­nimas de cotizaciÃ³n del RÃ©gimen General de la Seguridad Social por contingencias comunes serÃ¡n, para cada grupo y categorÃ­a profesional, las siguientes:
CategorÃ­as profesionales
Bases mÃ­nimas
1 Ingenieros y licenciados, personal de alta direcciÃ³n no incluido en el artÃ­culo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores 799,80
2 Ingenieros tÃ©cnicos, peritos y ayudantes titulados 663,60
11 Trabajadores menores de 18 aÃ±os, cualquiera que sea su categorÃ­a profesional 19,09
Tres. RÃ©gimen Especial Agrario.
1. Las bases mensuales y la cuota fija mensual resultante, aplicables para los trabajadores por cuenta ajena, serÃ¡n las siguientes:
de cotizaciÃ³n
1 Ingenieros y licenciados, personal de alta direcciÃ³n no incluido en el artÃ­culo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores 838,50 96,43
2 Ingenieros tÃ©cnicos, peritos y ayudantes titulados 695,40 79,97
10 Trabajadores mayores de 18 aÃ±os no cualificados 572,70 65,86
11 Trabajadores menores de 18 aÃ±os, cualquiera que sea su categorÃ­a profesional 572,70 65,86
2. Las bases diarias de cotizaciÃ³n por jornadas reales, correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen trabajos agrarios por cuenta ajena, serÃ¡n, para los diferentes grupos de cotizaciÃ³n, las siguientes:
1 Ingenieros y licenciados, personal de alta direcciÃ³n no incluido en el artÃ­culo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores 37,29
2 Ingenieros tÃ©cnicos, peritos y ayudantes titulados 30,92
10 Trabajadores mayores de 18 aÃ±os no cualificados 25,47
11 Trabajadores menores de 18 aÃ±os, cualquiera que sea su categorÃ­a profesional 25,47
Cuatro. RÃ©gimen Especial de Trabajadores AutÃ³nomos.â€En el supuesto de trabajadores incluidos en el RÃ©gimen Especial de Trabajadores AutÃ³nomos de 30 o menos aÃ±os de edad, o de mujeres de 45 o mÃ¡s aÃ±os, a que se refiere la disposiciÃ³n adicional trigÃ©sima quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el lÃ­mite mÃ­nimo de elecciÃ³n de base de cotizaciÃ³n queda situado en 572,70 euros mensuales.
Cinco. RÃ©gimen Especial de Empleados de Hogar.â€La base de cotizaciÃ³n al RÃ©gimen Especial de Empleados de Hogar serÃ¡ de 572,70 euros mensuales.
Seis. RÃ©gimen Especial de Trabajadores del Mar y de la MinerÃ­a del CarbÃ³n.â€Lo previsto en los apartados uno y dos de este artÃ­culo serÃ¡ de aplicaciÃ³n en los RegÃ­menes Especiales de Trabajadores del Mar y de la MinerÃ­a del CarbÃ³n.
Siete. CotizaciÃ³n en los supuestos de contratos a tiempo parcial.
1. La base mÃ­nima de cotizaciÃ³n, a efectos de contingencias profesionales y de otros conceptos de recaudaciÃ³n conjunta, en los contratos a tiempo parcial no podrÃ¡ ser inferior a 2,85 euros por cada hora trabajada.
2. Las bases mÃ­nimas horarias de cotizaciÃ³n por contingencias comunes aplicables a los trabajadores con contratos a tiempo parcial serÃ¡n las siguientes:
1 Ingenieros y licenciados, personal de alta direcciÃ³n no incluido en el artÃ­culo1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores 4,01
2 Ingenieros tÃ©cnicos, peritos y ayudantes titulados 3,32
11 Trabajadores menores de 18 aÃ±os, cualquiera que sea su categorÃ­a profesional 2,85
DisposiciÃ³n transitoria primera. Reglas de afectaciÃ³n de la nueva cuantÃ­a del salario mÃ­nimo interprofesional en los convenios colectivos.
1. Las cuantÃ­as del salario mÃ­nimo interprofesional establecidas en el Real Decreto 1793/2003, de 26 de diciembre, salvo que las partes legitimadas acuerden la aplicaciÃ³n de las nuevas cuantÃ­as del salario mÃ­nimo interprofesional y dado el carÃ¡cter excepcional del incremento establecido por este real decreto ley, continuarÃ¡n siendo de aplicaciÃ³n durante 2004 a los convenios colectivos vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley que utilicen el salario mÃ­nimo interprofesional como referencia para determinar la cuantÃ­a o el incremento del salario base o de complementos salariales.
2. Cuando la vigencia de dichos convenios exceda de 2004, salvo acuerdo en contrario, la cuantÃ­a del salario mÃ­nimo interprofesional se entenderÃ¡ referida, para los aÃ±os siguientes, a la que estaba vigente en la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley incrementada segÃºn la previsiÃ³n u objetivo de inflaciÃ³n utilizados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que deban ser modificados los salarios establecidos en convenio colectivo inferiores en su conjunto y en cÃ³mputo anual a las cuantÃ­as del salario mÃ­nimo interprofesional vigente en cada momento en la cuantÃ­a necesaria para asegurar la percepciÃ³n de dichas cuantÃ­as, siendo de aplicaciÃ³n las reglas sobre compensaciÃ³n y absorciÃ³n que se establecen en los reales decretos por los que anualmente se fija el salario mÃ­nimo.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. No afectaciÃ³n de la nueva cuantÃ­a del salario mÃ­nimo interprofesional en las referencias contenidas en normas no estatales y relaciones privadas.
1. Dado el carÃ¡cter excepcional del incremento establecido por este real decreto ley, las nuevas cuantÃ­as del salario mÃ­nimo interprofesional que se establecen no serÃ¡n de aplicaciÃ³n:
a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley de las comunidades autÃ³nomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que integran la AdministraciÃ³n local que utilicen el salario mÃ­nimo interprofesional como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantÃ­a de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios pÃºblicos, salvo disposiciÃ³n expresa en contrario de las propias comunidades autÃ³nomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla o de las entidades que integran la AdministraciÃ³n local.
b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley que utilicen el salario mÃ­nimo interprofesional como referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicaciÃ³n de las nuevas cuantÃ­as del salario mÃ­nimo interprofesional.
2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, salvo disposiciÃ³n o acuerdo en contrario, la cuantÃ­a del salario mÃ­nimo interprofesional se entenderÃ¡ referida durante 2004 a la que estaba vigente en la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley, incrementada para los aÃ±os siguientes en el mismo porcentaje en que se incremente el IPREM.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que deban ser modificados los salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto y en cÃ³mputo anual a las cuantÃ­as del salario mÃ­nimo interprofesional vigente en cada momento en la cuantÃ­a necesaria para asegurar la percepciÃ³n de dichas cuantÃ­as, siendo de aplicaciÃ³n las reglas sobre compensaciÃ³n y absorciÃ³n que se establecen en los reales decretos por los que anualmente se fija el salario mÃ­nimo.
DisposiciÃ³n final primera. ModificaciÃ³n del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se modifica en los siguientes tÃ©rminos:
Uno. El apartado 3 del artÃ­culo 211 queda redactado del modo siguiente:
Â«3. La cuantÃ­a mÃ¡xima de la prestaciÃ³n por desempleo serÃ¡ del 175 por ciento del indicador pÃºblico de rentas de efectos mÃºltiples, salvo cuando el trabajador tenga uno o mÃ¡s hijos a su cargo; en tal caso, la cuantÃ­a serÃ¡, respectivamente, del 200 por ciento o del 225 por ciento de dicho indicador.
La cuantÃ­a mÃ­nima de la prestaciÃ³n por desempleo serÃ¡ del 107 por ciento o del 80 por ciento del indicador pÃºblico de rentas de efectos mÃºltiples, segÃºn que el trabajador tenga o no, respectivamente, hijos a su cargo.
En caso de desempleo por pÃ©rdida de empleo a tiempo parcial, las cuantÃ­as mÃ¡xima y mÃ­nima a que se refieren los pÃ¡rrafos anteriores se determinarÃ¡n teniendo en cuenta el indicador pÃºblico de rentas de efectos mÃºltiples en funciÃ³n de las horas trabajadas.
A los efectos de lo previsto en este apartado, se tendrÃ¡ en cuenta el indicador pÃºblico de rentas de efectos mÃºltiples mensual, incrementado en una sexta parte, vigente en el momento del nacimiento del derecho.Â»
Dos. Los apartados 1 y 2 del artÃ­culo 217 quedan redactados del modo siguiente:
Â«1. La cuantÃ­a del subsidio por desempleo serÃ¡ igual al 80 por ciento del indicador pÃºblico de rentas de efectos mÃºltiples mensual vigente en cada momento.
En el caso de desempleo por pÃ©rdida de un trabajo a tiempo parcial, dicha cuantÃ­a se percibirÃ¡ en proporciÃ³n a las horas previamente trabajadas, en los supuestos previstos en los pÃ¡rrafos a) y b) del apartado 1.1, y en los apartados 1.2, 1.3 y 1.4 del artÃ­culo 215.
2. No obstante lo anterior, la cuantÃ­a del subsidio especial para mayores de 45 aÃ±os a que se refiere el apartado 1.4 del artÃ­culo 215 se determinarÃ¡ en funciÃ³n de las responsabilidades familiares del trabajador, apreciadas conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del citado artÃ­culo, de acuerdo con los siguientes porcentajes del indicador pÃºblico de rentas de efectos mÃºltiples mensual vigente en cada momento:
a) 80 por ciento, cuando el trabajador tenga uno o ningÃºn familiar a su cargo.
c) 133 por ciento, cuando el trabajador tenga tres o mÃ¡s familiares a su cargo.Â»
Tres. La prestaciÃ³n por incapacidad temporal en el supuesto previsto en el artÃ­culo 222.3, pÃ¡rrafo segundo, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social tendrÃ¡ una cuantÃ­a igual al 80 por ciento del indicador pÃºblico de rentas de efectos mÃºltiples mensual.
DisposiciÃ³n final segunda. Fundamento constitucional.
Este real decreto ley se dicta al amparo del artÃ­culo 149.1.7.Âª, 13.Âª y 17.Âª de la ConstituciÃ³n, que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de legislaciÃ³n laboral, bases y planificaciÃ³n general de la actividad econÃ³mica y legislaciÃ³n bÃ¡sica y rÃ©gimen econÃ³mico de la Seguridad Social.
1. Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecuciÃ³n de este real decreto ley.
2. Las referencias a reales decretos y Ã³rdenes ministeriales incluidas en este real decreto ley se entienden sin perjuicio de la facultad del Gobierno y de los titulares de los departamentos ministeriales de proceder a su modificaciÃ³n o derogaciÃ³n en el ejercicio de la potestad reglamentaria.
El presente real decreto ley entrarÃ¡ en vigor el 1 de julio de 2004.

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