Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520545.html
Timestamp: 2019-03-24 23:31:15+00:00

Document:
as201520545
Auto Supremo: 545/2015 - L Sucre: 14 de Julio 2015 Expediente: LP–65–10–S
Partes: Delia Bustillo Butrón c/ Juan Francisco Prado Crespo
Proceso: Nulidad de Escritura Pública de anticipo de legítima y reivindicación de
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por María Lucy Rodríguez por Juan Francisco Prado Crespo de fs. 368 a 371 y vta., impugnando el Auto de Vista Nº S-81, de fecha 12 de marzo de 2010 de fs. 365 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de Nulidad de Escritura Pública de anticipo de legítima y reivindicación de inmueble, seguido por Delia Bustillo Butrón contra Juan Francisco Prado Crespo, la contestación de fs. 374 a 377 y vta., la concesión de fs. 378, los antecedentes del proceso, y;
El Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, dictó la Sentencia Nº 157, de fecha 04 de mayo de 2009 de fs. 310 a 317, declarando Probada en parte la demanda de fs. 5 a 7 y la aclaración de fs. 10 a 11 en lo que corresponde a la nulidad de la Escritura Pública Nº 2586 de fecha 22 de junio de 1992 y a la cancelación de la partida Nº 01165507 folio real Nº 2.02.0.99.0051661 que registra la titularidad de la totalidad del bien inmueble ubicado en calle Jorge Sainz 1394 de la zona Miraflores, debiendo reponerse la titularidad del referido bien inmueble a nombre de Pedro Espectador Prado Nava y Juan Francisco Prado Crespo e Improbada en cuanto a la reivindicación del bien inmueble ubicado en calle Jorge Sainz Nº 1394 y declara Improbada la demanda reconvencional presentada a fs. 46 a 51 y aclarada a fs. 61 a 62.
Resolución de primera instancia que es apelada por la parte demandada por memorial de fs. 320 a 326 y vta., que mereció el Auto de Vista Nº S-81, de 12 de marzo de 2010, de fs. 365 y vta. Resolución de alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por la parte demandada, que obtiene el presente análisis.
En base a los fundamentos de hecho expuestos, desarrolla los siguientes fundamentos de derecho:
Se han inobservado normas de orden público, en razón de que de oficio tenía que revisar la resolución del inferior, disponiendo la anulación correspondiente, por consiguiente no ha dado cumplimiento a lo normado por los arts. 237 inc. 4) y 15 L.O.J., mucho más si no existe coherencia entre lo peticionado en la demanda y lo resuelto. De igual forma se ha hecho una mala interpretación de lo normado por el art. 1287 C.C., que nada tiene que ver con los defectos de forma de un documento público por falta de firma del notario y los testigos, que además reitera no es objeto de nulidad; por consiguiente ha vulnerado el principio de especificidad previsto por el art. 251.I C.P.C., De igual forma ha inobservado lo normado por los arts. 233 y 237 C.P.C., en razón de que el Tribunal de apelación como órgano judicial de instancia, tiene facultad de apreciar y valorar las pruebas resolviendo el fondo de lo solicitado, a este fin debió establecer si el A quo incurrió en error de hecho (apreciación falsa de un hecho material) o en error de derecho (cuando se ignora el valor que le atribuye la ley a cierta prueba o se asignó un valor distinto). En el caso presente, el A quo no ha valorado la prueba sustancial, de fs. 264 a 265) y el Ad quem ni que decir; por consiguiente no ha realizado una actividad valorativa, desconociendo su propia competencia cual era la de volver a valorar la prueba conforme a derecho, a fin de pronunciar el Auto de Vista correspondiente resolviendo lo principal del litigio, con ello no solo ha lesionado la garantía al debido proceso, sino que han infringido el derecho fundamental a la seguridad jurídica que tienen las partes.
De igual forma no han fundamentado el Auto de Vista, donde debieron exponer los hechos en base a lo peticionado, realizando la fundamentación legal y citar las normas que ha tomado una decisión de hecho, por consiguiente, restringiendo el derecho que tienen las partes de conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido (ratio decidendi que llevó a tomar la decisión), habiendo hecho solo una enunciación de las literales de fs. 119 a 120, 122, para finalmente considerar ilícita la Escritura Pública, por no ser expresión de la verdad, vale decir, se desmarca el tribunal de alzada de su límite de actuación, que se encuentra normado por el art. 236 C.P.C., actúa más allá de sus facultades (sentencia ultra petita), habiendo de esta forma violado lo normado por el art. 236.
Se pregunta cómo un Auto de Vista, puede ser al extremo subjetivo, al atreverse a aseverar que la Escritura Pública sería ilícita, por no ser expresión de la verdad, de dónde sacan semejante aseveración que raya toda lógica, de ser así, se pregunta que esperan para constituirse en parte, de lo que se infiere, que el Tribunal de alzada no se ha dignado siquiera en leer el memorial de apelación, donde faltando a la verdad señalan que su contenido sería un simple análisis y observación de todos los puntos de la Sentencia; empero, no fundamentan su parecer.
Dejan establecido que en el caso presente, no ha existido una correcta aplicación e interpretación de las leyes; por consiguiente, debe dejarse sin efecto el Auto de Vista (casación en el fondo art. 253 incs. 1) y 3) C.P.C.). En cuanto a la casación en la forma (art. 254 inc. 4) C.P.C.), el tribunal de alzada ha sobrepasado los límites de su actuación (art. 236 C.P.C.), al haber determinado que la Escritura Pública sería ilícita, por no ser expresión de la verdad. De igual forma no se ha pronunciado sobre los extremos de la apelación, que de manera clara y por demás precisa, advierten los yerros procedimentales y sustanciales en los cuales ha incurrido el Auto de Vista.
Por todo lo expuesto, solicita que se case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo de la causa declare improbada la demanda principal y probada la demanda reconvencional de reivindicación de los predios que de manera ilegítima viene detentando la adversa, como el pago de daños y perjuicios, con costas y multas.
La parte recurrente si bien refiere que interpone recurso de casación en la forma como en el fondo; sin embargo, de forma incompleta, incongruente e incoherente a lo largo de su recurso acusa indistintamente la infracción de normas adjetivas y sustantivas, por lo que al respecto corresponde hacer las siguientes consideraciones:
Conforme la uniforme jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, el recurso de casación es un recurso extraordinario y excepcional que tiene una doble función, de un lado, la de unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley. Dada su naturaleza jurídica, así como sus raíces históricas, la casación no es una instancia adicional del proceso, sino un recurso extraordinario que tiene por objeto el enjuiciamiento de la Sentencia, y no del caso concreto que le dió origen; de ahí que, tanto la doctrina cuanto la legislación, le reconocen un carácter excepcional a este recurso, toda vez que, en primer lugar, no procede contra toda Sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala en la Ley; y, en segundo lugar, porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio, es decir, la dilucidación de los hechos objeto del litigio, sino que el Tribunal de casación ponga correctivos a la diversidad de las interpretaciones del derecho realizadas por los distintos Jueces o Tribunales de instancia, así como a las transgresiones en que éstos puedan incurrir contra la legislación.
Se dice que el recurso de casación es extraordinario porque debe fundarse en causas taxativamente señaladas por ley; porque en su interposición se exige el cumplimiento de requisitos formales expresamente previstos en la norma (art. 258 del Código de Procedimiento Civil); porque se limita al examen de los errores de derecho en que se hubiera incurrido al dictar la Resolución impugnada y; porque el Tribunal de casación no tiene facultades para hacer una reevaluación de los hechos establecidos por los Jueces de mérito sobre el tema materia de controversia, a efectos de emitir un nuevo juicio o decisión, como lo puede hacer un Tribunal de apelación, estando sus atribuciones determinadas dentro del margen señalado por el propio recurso y los motivos sobre los cuales se fundamenta.
Los errores que dan lugar al recurso de casación pueden ser de naturaleza sustancial o formal, por ello se dice que el error acusado, dependiendo de su naturaleza, puede ser “in procedendo” o “in iudicando”. Respecto al primero, el error procesal, se presenta cuando dentro de un proceso se afecta la aplicación de una norma que asegura el desarrollo armónico, equitativo y justo del íter procesal; por su parte el error material ocurre cuando en la Resolución de la controversia se afecta la norma jurídica sustancial que le conduce a una decisión que no es correspondiente con lo que el sistema jurídico tiene previsto para el caso concreto.
En atención a la naturaleza del error que motiva el recurso de casación, éste puede presentarse como recurso de casación en la forma o como recurso de casación en el fondo; conforme determina el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, que además dispone que ambos deben ser interpuestos simultáneamente en un mismo escrito, empero ello de ninguna manera supone que los motivos que dan lugar a uno u otro recurso se confundan o se expongan en una sola relación, como ocurre en el presente caso, donde de manera indistinta y sin la pertinente diferenciación e individualización y, sin considerar que las normas jurídicas se agrupan en dos categorías, unas que reconocen derechos o imponen obligaciones, en tanto que otras establecen requisitos y contienen reglas que deben observarse para activar y desarrollar la función jurisdiccional del Estado; de ahí que las primeras se llaman normas materiales o sustantivas y las segundas procesales, formales o adjetivas, cuya naturaleza se aprecia independientemente del cuerpo legal en que se encuentren.
De lo mencionado se advierte que existe una diferencia fundamental entre las normas procesales, formales o adjetivas y las normas sustantivas o materiales. Diferencia que resulta trascendental a la hora de interponer el recurso de casación en el fondo o en la forma, pues, para tal efecto resulta necesario realizar una precisa diferenciación entre ambas categorías de normas.
Entre los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa y están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes y menos del juzgador, por expresa determinación del art. 253 en sus numerales 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, cuando indica que, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación a los recurrentes de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida; 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dió la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos, debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado art. 253 del Código de Procedimiento Civil en sus tres ordinales.
Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la Resolución de fondo del litigio, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva el fondo del litigio, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia; en tanto que si se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.
En esa relación, en ningún caso un motivo de casación en la forma dará lugar a la interposición del recurso de casación en el fondo, como tampoco un motivo de fondo resultará idóneo para fundar el recurso en la forma; resultando por ello inadecuada la pretensión de la parte recurrente en sentido de plantear un solo fundamento donde se acusa infracciones en la forma pretendiendo que con este mismo fundamento se resuelva también el fondo de la controversia, planteamiento que demuestra una inadecuada comprensión de la diferencia que revisten las normas procesales y las sustantivas, así como de la distinta naturaleza de los recursos de casación en la forma y en el fondo y de los motivos que dan lugar a uno y otro medio de impugnación.
En ese sentido diremos que la aparente infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, de ninguna manera pueden fundar un motivo de casación en el fondo, como pretende la parte recurrente, toda vez que ese motivo se encuentra expresamente contemplado en la causal de casación de forma prevista por el numeral 4) del art. 254 del Adjetivo civil, referida a la congruencia y pertinencia de la Resolución de alzada.
Ahora bien, en el caso que se analiza, la recurrente en su escrito de casación, cual si se tratara de un memorial de demanda o de alegatos desarrolla los fundamentos de hecho, luego los fundamentos de derecho para finalmente concretar el petitorio, en cuya redacción de contenido incompleto, de manera incongruente e incoherente, indistintamente recurre de nulidad y/o casación, confundiendo de ésta manera estos dos institutos jurídicos, porque ampara su petición tanto en el fondo como en forma, en la misma relación de hechos y de derecho expuestos como fundamentos de agravio, por lo mismo no cumple con el requisito intrínseco de motivación y fundamentación porque no diferencia el error “in iudicando” (recurso de casación en el fondo), del error “in procedendo” (recurso de casación en la forma), tampoco vincula de manera específica los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil. Si bien de forma genérica en el recurso de casación se menciona indistintamente “falta de coherencia entre lo peticionado y lo resuelto”, “mala interpretación del art. 1287 C.C.”, “vulneración del principio de especificidad previsto por el art. 251.I C.P.C.”, “inobservancia de lo normado por los arts. 233 y 237 C.P.C.”, “error de hecho y de derecho en relación a la prueba de fs. 264 a 265”, y “violación del art. 236 del C.P.C.”, empero tampoco motiva ni fundamenta dichas presuntas infracciones adecuadamente, indicando con precisión donde se encontraría la incoherente y la falta de pronunciamiento, ni cuál es la aplicación que pretende respecto a las infracciones acusadas, tampoco en que consiste el error de derecho, porque no especifica los medios probatorios que aportados a obrados el juzgador no le dió la tasa legal que la ley le otorga, menos describe el error de hecho que debe evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, y finalmente no vincula de manera específica los hechos o presuntos agravios denunciados a los presupuestos legales previstos por los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, se evidencia que la recurrente no cumplió con el mandato que impone el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, porque no cita en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, ni mucho menos especifica en qué consiste esa violación, falsedad o error, incumpliendo también de esta manera los requisitos de contenido que debe tener este tipo de recursos, y en su petitorio final de manera incoherente termina solicitando que éste Tribunal en función al recurso de casación en la forma y en el fondo dicte Resolución casando el Auto de Vista, lo que en definitiva hace incongruente el recurso formulado.
De donde se concluye que la parte recurrente ha inobservado los requisitos exigidos por los arts. 253, 254 y 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, a tiempo de la interposición de su recurso, careciendo por ello el recurso de técnica recursiva que impide que se abra la competencia de éste Tribunal para pronunciarse sobre el recurso planteado.
En consecuencia corresponde a éste Tribunal fallar de conformidad a los arts. 271 num. 1) con relación al art. 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 1) y art. 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE, el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 368 a 371 y vta., interpuesto por María Lucy Rodríguez por Juan Francisco Prado Crespo, que recurre del Auto de Vista Nº S-81, de fecha 12 de marzo de 2010 de fs. 365 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior de Justicia de La Paz. Con costas.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 253
 Resolución 
 artículo 254
 Resolución 
 artículo 258
 Resolución 
 Resolución