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Timestamp: 2020-08-03 18:03:57+00:00

Document:
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de abril de 2017 caso omeara carrascal y otros vs. Colombia
Solicitud de sustitución de Olga Lucía Gaitán como perita
Solicitud de la Comisión para formular preguntas respecto a una declaración pericial ofrecida por los representantes
Observaciones realizadas por el Estado a las declaraciones de las presuntas víctimas ofrecidas por los representantes
Observaciones realizadas por el Estado a las pruebas periciales ofrecidas por los representantes
POR TANTO: EL PRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Presuntas víctimas (propuestas por los representantes)
Perito (propuesto por la Comisión)
Peritos (propuestos por los representantes)
Testigos (propuestos por el Estado)
Perito (propuesto por el Estado)
Testigo (propuesto por el Estado)
DE 21 de abril de 2017
CASO OMEARA CARRASCAL Y OTROS VS. COLOMBIA
El escrito de sometimiento del caso y el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”); el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”) de los representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”); el escrito de excepciones preliminares y contestación al sometimiento del caso y al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”) de la República de Colombia (en adelante “Colombia” o “el Estado”), así como los escritos de observaciones a las excepciones preliminares presentados por la Comisión y los representantes.
Las listas definitivas de declarantes presentadas por los representantes, el Estado y la Comisión; las correspondientes observaciones a dichas listas, la solicitud de sustitución de una persona propuesta como perita realizada por los representantes y las correspondientes observaciones a dicha solicitud.
El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de presuntas víctimas, testigos y peritos, se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 46, 47, 49, 50, y 57 del Reglamento del Tribunal.
En la debida oportunidad procesal, la Comisión ofreció un dictamen pericial, los representantes ofrecieron las declaraciones de trece presuntas víctimas y seis dictámenes periciales1 y el Estado ofreció tres testigos y un perito.
La Corte garantizó a las partes el principio de contradicción respecto de los ofrecimientos probatorios realizados en sus escritos de sometimiento del caso, solicitudes y argumentos, y contestación, así como en las respectivas listas definitivas de declarantes.
Colombia objetó el peritaje ofrecido por la Comisión y presentó observaciones relacionadas con cinco de los dictámenes periciales ofrecidos por los representantes de las presuntas víctimas. Asimismo, el Estado presentó objeciones sobre el objeto propuesto por los representantes para las declaraciones de tres presuntas víctimas, objetó parcialmente el objeto propuesto por los representantes para la declaración de otras cinco presuntas víctimas e hizo observaciones, sin objetarla, sobre otra declaración de una presunta víctima. Los representantes y la Comisión expresaron que no tenían observaciones sobre las listas definitivas de declarantes del Estado.
En cuanto a las declaraciones de presuntas víctimas, así como las declaraciones testimoniales y periciales ofrecidas por los representantes y el Estado que no han sido objetadas y cumplen los requisitos reglamentarios para su admisibilidad, esta Presidencia considera conveniente recabarlas. Por ello, admite las declaraciones de las presuntas víctimas Fabiola Álvarez Solano, Héctor Manuel Álvarez Solano, Noel Emiro Omeara Miraval y Manuel Guillermo Omeara Álvarez, propuestas por los representantes; la declaración pericial de Santiago Camargo, propuesta por los representantes; las declaraciones testimoniales de Diego Fernando Rosas Carreño, Iván Augusto Gómez Celis y Claudia Viviana Ferro Buitrago, propuestas por el Estado, y la declaración pericial de Héctor Eduardo Patiño Domínguez, propuesta por el Estado. El objeto de las declaraciones referidas y la modalidad en que serán recibidas se determinarán en la parte resolutiva de esta decisión (infra puntos resolutivos 1 y 5).
A continuación el Presidente examinará en forma particular: a) la admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por la Comisión; b) la solicitud de los representantes de sustitución de una persona propuesta como perita; c) la solicitud de la Comisión para formular preguntas en relación con una declaración pericial ofrecida por los representantes; d) las observaciones realizadas por el Estado a las declaraciones de las presuntas víctimas ofrecidas por los representantes, y e) las observaciones efectuadas por el Estado a algunos peritos ofrecidos por los representantes.
La Comisión ofreció el dictamen pericial de Alejandro Valencia Villa, para que declare sobre “la responsabilidad internacional del Estado derivada de acciones de actores no estatales en supuestos de aquiescencia y colaboración de agentes estatales. Señaló que en particular, analizaría dicha responsabilidad cuando confluye, además de la aquiescencia y colaboración, un incumplimiento del deber de garantía, incluyendo el deber de protección frente a amenazas en contra de un grupo determinado. También analizaría el componente de investigación del deber de garantía y las implicaciones concretas del deber de investigar con debida diligencia frente a hechos interrelacionados en distintos niveles, como los que ocurrieron en el presente caso”. El análisis de los anteriores aspectos estaría permeado por el contexto general de conflicto armado interno en que tuvieron lugar los hechos.
La Comisión consideró que el peritaje ofrecido se refiere a temas de orden público interamericano, toda vez que, según expresó, el caso permitiría a la Corte profundizar su jurisprudencia sobre la responsabilidad internacional del Estado frente a diversos supuestos de colaboración y aquiescencia entre agentes estatales y ciertos actores no estatales. Además, según la Comisión, la Corte podría analizar la existencia de un contexto en una zona determinada de aquiescencia y colaboración y los parámetros de debida diligencia que deben ser observados en un caso con dichas particularidades.
El Estado presentó observaciones al peritaje ofrecido por la Comisión Interamericana, en las cuales manifestó que la Comisión no cumplió con los requisitos reglamentarios, omitiendo justificar la pertinencia de la prueba en cuestión a la luz del orden público interamericano. A su vez, el Estado entendió que el objeto del peritaje hace referencia a asuntos que no resultan de relevancia para el orden público interamericano, por lo que hace al conflicto armado interno, toda vez que la Corte se ha referido a este contexto previamente. Colombia indicó también que el objeto del peritaje plantea asuntos que exceden el objeto de litigio, tal como la alusión al incumplimiento del deber de garantía en lo que respecta a la protección frente a amenazas en contra de un grupo determinado. Además que el objeto del peritaje plantea elementos que van a ser considerados por una perita ofrecida por los representantes.
El Presidente recuerda que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1.f) del Reglamento, la “eventual designación de peritos” podrá ser efectuada por la Comisión Interamericana “cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos”, cuyo fundamento y objeto tienen que ser adecuadamente sustentados2. El sentido de esta disposición hace de la designación de peritos por parte de la Comisión un hecho excepcional, sujeto a ese requisito, que no se cumple por el solo hecho de que la prueba que se procura producir tenga relación con una alegada violación de derechos humanos3.
Esta Presidencia estima que el peritaje de Alejandro Valencia Villa resulta relevante para el orden público interamericano, debido a que implica un análisis y profundización de estándares internacionales frente a diversos supuestos de colaboración y aquiescencia entre agentes estatales y ciertos actores no estatales4. Asimismo, el peritaje propuesto trasciende los intereses específicos de las partes en el proceso y pueden, eventualmente, tener impacto sobre situaciones que se presentan en otros Estados Parte de la Convención5.
En consecuencia, el Presidente admite el dictamen pericial de Alejandro Valencia Villa según el objeto y modalidad determinados en la parte resolutiva de esta decisión.
En su escrito de solicitudes y argumentos los representantes ofrecieron la declaración pericial de la señora Olga Lucía Gaitán, para que declare sobre estándares de debida diligencia en la investigación penal de casos de graves violaciones a los derechos humanos en las que estén involucrados agentes estatales y grupos paramilitares. En su lista definitiva de declarantes confirmaron dicho ofrecimiento. No obstante, el 7 de abril, al presentar observaciones sobre las listas definitivas del Estado y de la Comisión, los representantes informaron que la perita Gaitán no podrá realizar el peritaje, “por la imposibilidad de rendir la experticia que le había sido encargada dentro del lapso de las probables fechas programadas para la Audiencia Pública” y solicitaron su reemplazo por el señor Iván González Amado, manteniendo el mismo objeto del peritaje. En ese acto, presentaron la hoja de vida del señor González Amado, así como un escrito suscrito por la señora Gaitán, en que ella manifestó que “h[a] asumido compromisos académicos y laborales fuera de Colombia que [le] impiden disponer del tiempo y de la capacidad para comparecer como perit[a] y para rendir el dictamen propuesto […] dentro del lapso de tiempo comprendido entre abril y mayo del año en curso”.
Al respecto, el Estado reiteró las observaciones formuladas el 7 de abril de 2017, referidas al objeto del peritaje que rendiría Olga Lucía Gaitán, donde señaló que “una de las partes del peritaje tiene por objeto referirse a cuestiones suficientemente desarrolladas por el Tribunal”. Asimismo manifestó que dos fragmentos del objeto del dictamen, exceden el marco fáctico del caso, y adicionalmente, en una de ellas reproduce parcialmente el trabajo de dos peritos.
La Comisión consideró que teniendo en cuenta la relevancia del objeto de la declaración a ser cubierta por la perita, resultaría útil aceptar la sustitución solicitada por los representantes.
Esta Presidencia advierte que el pedido de los representantes debe ser analizado de acuerdo a lo estipulado en el artículo 49 del Reglamento del Tribunal6. Lo relevante para considerar una solicitud de sustitución “fundada” es que se expliquen los motivos o razones excepcionales por los cuales la persona ofrecida no podrá rendir la declaración7.
En lo que se refiere a la perita Olga Lucia Gaitán, esta Presidencia constata que la solicitud de sustitución observa los requerimientos estipulados en el artículo 49 del Reglamento del Tribunal. En efecto, los representantes proporcionaron una explicación suficiente de los motivos por las cuales la señora Gaitán no podría rendir dictamen pericial y, en su pedido de sustitución, no alteraron el objeto del peritaje originalmente ofrecido. De igual forma se advierte que ni la Comisión ni el Estado se opusieron a tal sustitución.
En razón de lo anterior, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento, se admite la sustitución del peritaje de la señora Olga Lucía Gaitán por el del señor Iván González Amado con el objeto originalmente propuesto.
Dado que se admite la sustitución con el objeto propuesto originalmente, esta Presidencia considera necesario referirse a las observaciones planteadas por el Estado en relación con el mismo. En primer lugar, en cuanto a lo alegado en relación con el hecho de que la materia del peritaje ya ha sido desarrollada por este Tribunal, el Presidente recuerda que como se ha señalado en otros casos, corresponde a cada parte determinar su estrategia de litigio8 y, por ende, las partes tienen la potestad de ofrecer la prueba que estimen pertinente y relevante en el marco del procedimiento ante la Corte9. En segundo lugar, respecto al argumento de que el objeto excede el marco fáctico de este caso, esta Presidencia señala que la Corte en el momento procesal oportuno, determinará los hechos del presente caso, así como las consecuencias jurídicas que se deriven de los mismos, luego de considerar los argumentos de las partes y con base a la evaluación de la prueba presentada, según las reglas de la sana crítica10, toda vez que cuando se ordena recibir una prueba ello no implica una decisión ni un prejuzgamiento en cuanto al fondo del caso11.
En consecuencia, el valor del dictamen pericial admitido será apreciado en la debida oportunidad dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica. El objeto y modalidad se determinará en la parte resolutiva de esta decisión.
La Comisión solicitó la oportunidad verbal o escrita de formular preguntas la señora Olga Lucía Gaitán, cuya declaración pericial, a entender de la Comisión, se relacionaría tanto con el orden público interamericanos como con la materia sobre la cual versa el peritaje ofrecido por la Comisión Interamericana.
El Presidente recuerda que de conformidad con lo establecido en los artículos 50.5 y 52.3 del Reglamento, corresponde a la Comisión fundamentar en cada caso cuál es la vinculación tanto con el orden público interamericano como con la materia sobre la que verse un peritaje ofrecido por la misma, para que la Corte o su Presidencia pueda evaluar la solicitud oportunamente y, si corresponde, autorizar la posibilidad de que la Comisión haga su interrogatorio12.
Esta Presidencia hace notar que el dictamen pericial del señor Iván González Amado, hace referencia a estándares de debida diligencia aplicables en materia de investigación penal, en un caso en que se alegan aquiescencia y colaboración entre agentes estatales y grupos paramilitares. El Presidente estima que el dictamen pericial está relacionado con el orden público interamericano de los derechos humanos. En consecuencia, esta Presidencia considera procedente, conforme a los artículos 50.5 y 52.3 del Reglamento, conceder oportunidad a la Comisión para formular preguntas al perito, específicamente en lo que atañe a temas relacionados con el orden público interamericano.
En su escrito de solicitudes y argumentos los representantes ofrecieron las declaraciones de trece presuntas víctimas, las cuales fueron reiteradas en su lista definitiva de declarantes.
Al momento de realizar observaciones al listado definitivo de declarantes de los representantes, el Estado indicó que no se oponía a que de personas que se indican seguidamente prestaran declaración, pero objetó “parcialmente” el objeto propuesto para las mismas. Así, Colombia presentó objeciones respecto de:
1) Miguel Ángel Álvarez Solano, por tratarse parcialmente de un alegado prejuzgamiento para el Estado, dado que el objeto propuesto se refiere a la existencia de un “daño moral, económico, y psicosocial individual y familiar[, así como] a las medidas de reparación” de los mismos;
2) Clemencia Patricia Álvarez Solano, por referirse parcialmente el objeto propuesto al “contexto de violencia en el Sur del Cesar y [a] la presencia de grupos paramilitares en la región con la anuencia y colaboración de la fuerza pública”, toda vez que el Estado consideró que el perito Santiago Camargo desarrollará ese rubro con una opinión técnica de estos temas y a su vez mencionó que los testigos deben evitar dar opiniones personales, y
3) Carmen Teresa Omeara Miraval, Araminta Omeara Miraval y Ricaurte Omeara Miraval, por referirse parcialmente el objeto propuesto a “autores y móviles del homicidio del señor José Erminso Sepúlveda Saravia”, toda vez que a criterio del Estado, éste no puede ser identificado como presunta víctima, de acuerdo a las reglas procesales del Sistema Interamericano. Adicionalmente, en el caso del señor Ricaurte Omeara Miraval, además de los expuesto, el Estado manifestó que el objeto propuesto para su declaración se refiere también a un alegado “contexto de violencia política […] en Aguachica[,] así como la presencia de paramilitarismo en [el] Sur del Cesar” y que, toda vez que el señor Santiago Camargo, rendirá un dictamen pericial al respecto.
A su vez, por lo que hace a Jaime Antonio Omeara Miraval, el Estado solicitó a la Corte que las declaraciones rendidas relacionadas con “las responsabilidades de agentes de la fuerza pública y los grupos paramilitares”, se den en su condición de testigo de oídas, al no haber estado presente durante la ocurrencia de estos hechos.
Por otra parte, el Estado se opuso a las declaraciones de Damaris Lanziano Lemus, Erminso Sepúlveda Saravia y Maryeny Sepúlveda Chinchilla, toda vez que, según consideró, de manera total los objetos propuestos para las mismas extralimitan el objeto del caso sometido por la Comisión, específicamente en lo que se refiere a la alegada inclusión tardía, a criterio del Estado, de José Erminso Sepúlveda Saravia como presunta víctima y la supuesta ampliación del contexto en lo relativo a las persecuciones de las cuales habría sido víctima el Movimiento de Acción Comunitaria.
Esta Presidencia considera oportuno dejar sentado, en relación con algunas de las observaciones del Estado que objetan parcial o totalmente declaraciones por referirse a presuntas víctimas que, a su criterio, no deben ser consideradas como tales, o respecto de un alegado marco fáctico que no es materia del presente caso, que la determinación de quiénes deben considerarse presuntas víctimas y el marco fáctico del caso, será efectuada en el momento procesal oportuno. Por tanto, el Presidente resuelve admitir las declaraciones de Damaris Lanziano Lemus, Erminso Sepúlveda Saravia y Maryeny Sepúlveda Chinchilla, así como de Carmen Teresa Omeara Miraval, Araminta Omeara Miraval, y Ricaurte Omeara Miraval. Los objetos de tales declaraciones quedan fijados en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra, punto resolutivo 1).
Las otras objeciones del Estado respecto a declaraciones de presuntas víctimas no tienen por finalidad que tales declaraciones sean inadmitidas. Al respecto, la Presidencia considera oportuno recordar que, con base en lo establecido en los artículos 46, 47, 50, 51, del Reglamento, así como en su jurisprudencia constante en materia de prueba y su apreciación13, la Corte examinará y valorará los elementos probatorios en los momentos procesales oportunos, sujetándose a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente teniendo en cuenta el conjunto del acervo probatorio y lo alegado en la causa14.
Se admiten, entonces, las declaraciones de Miguel Ángel Álvarez Solano, Clemencia Patricia Álvarez Solano y Jaime Antonio Omeara Miraval; sus objetos quedan determinados en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 1).
En su escrito de solicitudes y argumentos, los representantes ofrecieron seis dictámenes periciales, los cuales fueron reiterados en su lista definitiva de declarantes.
Al momento de realizar observaciones al listado definitivo de pruebas periciales de los representantes, el Estado cuestionó parcialmente el objeto de los dictámenes de los señores Fernando Ruiz y Carolina Torres, con el argumento de que hacen referencia a daño sufrido por José Erminso Sepúlveda Saravia y familiares. Además, el Estado solicitó que se rechazara totalmente el dictamen del señor Luis Augusto Chávez, por considerar que “no guarda relación con el marco fáctico”.
Por lo que hace a la señora Liz Arévalo, el Estado manifestó que un peritaje debe ser “imparcial y objetivo” y que de aceptarse dicho dictamen, se estaría “prejuzga[ndo] el Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado”.
En cuanto a las objeciones estatales respecto de las declaraciones periciales de Fernando Ruiz, Carolina Torres y Luis Augusto Chávez, caben análogas consideraciones que las expresadas respecto a las objeciones estatales a las declaraciones de presuntas víctimas por estar el objeto propuesto para las mismas relacionado a un marco fáctico o a personas que, según el Estado, no se vinculan con el caso (supra Considerando 29). Por lo tanto, tales declaraciones son admitidas. El objeto de las mismas queda fijado en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 1).
Respecto a la señora Liz Arévalo, aunque el Estado refirió que un peritaje debe ser “imparcial y objetivo”, no afirmó que la persona propuesta como perita carezca de objetividad o sea parcial, sino que entendió que el modo en que está propuesto el objeto del peritaje implica un prejuzgamiento sobre el Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado. Esta Presidencia entiende que el cuestionamiento de Colombia no tiene entidad suficiente para generar la inadmisión de la pericia de la señora Arévalo. Por tanto, se admite su declaración pericial. Sin perjuicio de ello, se tiene en consideración el señalamiento estatal respecto al objeto de la declaración; que queda fijado en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 1).
EL PRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
De conformidad con los artículos 24.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte y con los artículos 4, 15.1, 31.2, 35.1, 41.1, 45, 46, 47, 49 a 56 y 60 del Reglamento del Tribunal,
Requerir, por las razones expuestas en la presente Resolución, de conformidad con el principio de economía procesal y en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 50.1 del Reglamento de la Corte, que las siguientes personas presten sus declaraciones ante fedatario público (affidavit):
Miguel Ángel Álvarez Solano, quien declarará sobre: i) su conocimiento respecto de los alegados crímenes contra Noel Emiro Omeara Carrascal, Manuel Guillermo Omeara Miraval y Héctor Álvarez Sánchez; ii) la respuesta de las autoridades frente a estos hechos, y iii) el presunto daño moral, económico, y psicosocial individual y familiar causado por los hechos y posibles medidas de reparación.
Damaris Lanziano Lemus, quien declarará sobre: i) el conocimiento que tiene del alegado asesinato de su esposo José Erminso Sepúlveda Saravia, particularmente de sus presuntos autores y los supuestos motivos de perpetración; ii) las presuntas actividades políticas del señor Sepúlveda Saravia en el Movimiento Acción Comunitaria (MAC); iii) las alegadas amenazas, hostigamientos y señalamientos que habría sufrido por su activismo, así como por su trabajo y el de su grupo, en la Alcaldía de Aguachica; iv) la presunta respuesta de las autoridades frente a estos hechos, v) los alegados perjuicios económicos, morales y psicosociales de ella y su familia causados por el crimen, al igual que el presunto desplazamiento forzado que debió realizar junto con sus hijos en razón de lo sucedido a su esposo y al Movimiento de Acción Comunitaria, y vi) posibles medidas de reparación.
Carmen Teresa Omeara Miraval, quien declarará sobre: i) su conocimiento de los supuestos autores y móviles del homicidio de José Erminso Sepúlveda Saravia y el atentado sufrido por su padre Noel Emiro Omeara Carrascal, la supuesta desaparición forzada y homicidio de su hermano Manuel Guillermo Omeara Miraval, y el atentado sufrido por Héctor Álvarez Sánchez; ii) las presuntas averiguaciones y pesquisas realizadas personalmente para establecer los responsables de lo sucedido a su familia, así como la presunta respuesta de parte de las autoridades estatales; iii) el alegado desplazamiento forzado que realizó junto con sus sobrinos Manuel Guillermo, Elba Katherine y Claudia Marcela Omeara Álvarez y su cuñada Fabiola Álvarez Solano, iv) los presuntos perjuicios económicos, morales y psicológicos sufridos por los hechos tanto a nivel individual como familiar y v) las posibles reparaciones.
Manuel Guillermo Omeara Álvarez, quien declarará sobre: i) los alegados hechos sufridos por su familia; ii) las presuntas afectaciones económicas, familiares, morales y psicológicas que habría sufrido tanto él como su madre, sus hermanas Claudia Marcela y Elba Katherine Omeara Álvarez en su niñez, al igual que en su desarrollo personal y social por la supuesta desaparición forzada de su padre Manuel Guillermo Omeara Miraval y los presuntos atentados contra sus dos abuelos Noel Emiro Omeara Carrascal y Héctor Álvarez Sánchez, y iii) las posibles medidas de reparación.
Clemencia Patricia Álvarez Solano, quien declarará sobre: i) los presuntos autores y móviles de los tres crímenes sufridos por Noel Emiro Omeara Carrascal, el cuñado de la declarante, Manuel Guillermo Omeara Miraval y el padre de ella, Héctor Álvarez Sánchez, así como sobre sus las supuestas acciones de éste último en Bogotá ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para lograr que se activara la búsqueda de Manuel Guillermo Omeara Miraval; ii) la alegada información que él logró obtener a partir de las acciones de búsqueda referidas; iii) las presuntas consecuencias particulares en la familia tanto a nivel económico como psicológico y moral por los hechos; iv) la presunta respuesta de parte de las autoridades sobre estos hechos; vi) las posibles medidas de reparación, y vii) el alegado contexto de violencia en el Sur del César y, particularmente, la supuesta presencia de grupos paramilitares en la región con la presunta anuencia y colaboración de la fuerza pública allí acantonada, debiendo indicar la declarante por qué medios tuvo conocimiento de los hechos contextuales aludidos.
Araminta Omeara Miraval, quien declarará sobre: i) su conocimiento respecto a los supuestos móviles y autores de los alegados: asesinato de José Erminso Sepúlveda Saravia; atentado del padre de la declarante, Noel Emiro Omeara Carrascal; desaparición forzada y homicidio de su hermano Manuel Guillermo Omeara Miraval, y el atentado contra la vida de Héctor Álvarez Sánchez; ii) la presunta respuesta dada por las autoridades frente a estos hechos; iii) los alegados perjuicios económicos, morales y psicológicos causados por los crímenes en su familia, especialmente haciendo énfasis en el período de convalecencia de su padre Noel Emiro Omeara Carrascal desde la fecha del supuesto atentado, 28 de enero de 1994, hasta su fallecimiento el 26 de julio de 1994, y iv) las posibles medidas de reparación.
Héctor Manuel Álvarez Solano, quien declarará sobre: i) el conocimiento que tiene sobre los alegados crímenes sufridos por Noel Emiro Omeara Carrascal, Manuel Guillermo Omeara Miraval y Héctor Álvarez Sánchez; ii) las presuntas averiguaciones que hizo personalmente el declarante para establecer lo sucedido en los dos últimos casos; iii) la presunta respuesta de las autoridades; iv) las presuntas afectaciones económicas, familiares y morales sufridas a nivel individual y colectivo, y v) las posibles medidas de reparación.
Ricaurte Omeara Miraval, quien declarará sobre: i) los alegados: asesinato de José Erminso Sepúlveda Saravia; atentado del padre del declarante, Noel Emiro Omeara Carrascal; desaparición forzada y homicidio de hermano del declarante, Manuel Guillermo Omeara Miraval, y el atentado contra la vida de Héctor Álvarez Sánchez; ii) la supuesta respuesta obtenida de las autoridades estatales; iii) los presuntos perjuicios económicos, morales y psicológicos padecidos por él y la familia en razón de lo sucedido; iv) posibles medidas de reparación; v) el alegado contexto de violencia política existente en Aguachica para la época, la supuesta presencia del paramilitarismo en la región del Sur del César y las alegadas informaciones que la comunidad daba sobre el apoyo y colaboración de la fuerza pública con los grupos paramilitares, debiendo indicar el declarante por qué medios tuvo conocimiento de los hechos contextuales aludidos.
Noel Emiro Omeara Miraval, quien declarará sobre: i) los alegados perjuicios económicos, morales y psicológicos sufridos a nivel individual y colectivo por él y su familia a causa del atentado sufrido por su padre Noel Emiro Omeara Carrascal y su hermano Manuel Guillermo Omeara Miraval, y ii) las posibles medidas de reparación.
Erminso Sepúlveda Saravia, quien declarará sobre: i) las alegadas afectaciones económicas, sociales y psicológicas provocadas por el alegado asesinato de su padre José Erminso Sepúlveda Saravia; ii) los presuntos efectos ocasionados en su niñez y desarrollo social y familiar tanto personal como de sus hermanos menores de edad al momento de los hechos; iii) el alegado desplazamiento forzado a causa de los hechos; iv) la presunta desestructuración familiar, y v) las posibles medidas de reparación.
Maryeny Sepúlveda Chinchilla, quien declarará sobre: i) los presuntos perjuicios económicos, morales y psicológicos sufridos a nivel individual y colectivo por ella y su familia a causa del alegado asesinato de su padre José Erminso Sepúlveda Saravia, y ii) las posibles medidas de reparación.
Alejandro Valencia Villa, quien rendirá dictamen sobre: i) la responsabilidad internacional del Estado derivada de acciones de actores no estatales en supuestos de aquiescencia y colaboración de agentes estatales; cuando confluye, además de la aquiescencia y colaboración, un incumplimiento del deber de garantía, incluyendo el deber de protección frente a amenazas en contra de un grupo determinado, y ii) el componente de investigación del deber de garantía y las implicaciones concretas del deber de investigar con debida diligencia frente a hechos interrelacionados en distintos niveles, como los que ocurrieron en el presente caso.
Luis Augusto Chávez, administrador público, ex alcalde de San Alberto y ex concejal de San Martín, Departamento del Cesar, quien rendirá dictamen sobre: i) la creación del Movimiento de Acción Comunitaria (MAC), sus orígenes, plataforma política y logros electorales obtenidos en la región del Sur del Cesar, ii) el supuesto contexto de violencia política presente en el Sur del Cesar, con énfasis en los presuntos crímenes cometidos contra miembros del MAC; y iii) las supuestas causas, motivos y actores que habrían sido responsables de los mismos con el fin de establecer sus consecuencias e incidencia en la desaparición de la agrupación política.
Santiago Camargo, economista y directivo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), quien rendirá dictamen sobre: i) el alegado contexto político, económico y social del Sur del César para la década de 1990; ii) la génesis, desarrollo y consolidación que habría tenido el paramilitarismo en el Sur del César, los grupos que lo habrían conformado y sus supuestos objetivos y metas para la década de 1990; iii) los sectores sociales que habían sido más afectados por la violencia paramilitar en ese tiempo, y iv) la alegada colaboración, aquiescencia y apoyo de los organismos de seguridad del Estado acantonados en la región a las estructuras paramilitares de la época, referenciando las supuestas unidades militares y policiales presentes y las formas en que se habrían evidenciado o presentado dichas relaciones entre ambos.
Iván González Amado, abogado especializado en Derecho Penal y Criminología, quien rendirá dictamen sobre: i) los estándares de debida diligencia en la investigación penal de casos de graves violaciones a los derechos humanos en las que estén involucrados agentes estatales y grupos paramilitares; ii) las hipótesis de trabajo, recursos humanos y técnicos que sean indispensables a efectos de lograr la judicialización, en un plazo razonable, de los responsables de crímenes cometidos por esos actores en contextos de violencia masiva y sistemática, los cuales estén interrelacionados por sus autores y/o los vínculos de parentesco, pertenencia a un grupo social u otros factores comunes de las víctimas; y su aplicación al procesamiento del asesinato de José Erminso Sepúlveda Saravia y Noel Emiro Omeara Carrascal, la desaparición forzada y homicidio de Manuel Guillermo Omeara Miraval y el atentado sufrido por Héctor Álvarez Sánchez, y iii) estándares a la luz de las actuaciones judiciales del caso de referencia y se referirá a posibles estándares a tener en cuenta en las eventuales medidas de reparación.
Liz Arévalo, psicóloga, directora de la Corporación Vínculos, quien rendirá dictamen sobre: i) el Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado, consagrado en la Ley No. 1448 de 2011; ii) la existencia, si la hay, de falencias, obstáculos y problemáticas que enfrentan las víctimas del conflicto armado en materia de rehabilitación y atención psicológica, y iii) el funcionamiento del Programa señalado en relación con los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en cuanto a la prioridad, gratuidad, enfoque diferencial y permanencia en el tiempo.
Carolina Torres, psicóloga, quien rendirá dictamen sobre: i) las alegadas afectaciones psicosociales y morales causadas a los familiares de José Erminso Sepúlveda Saravia, Noel Emiro Omeara Carrascal, Manuel Guillermo Omeara Miraval y Héctor Álvarez Sánchez; ii) el supuesto daño colectivo ocasionado a un núcleo familiar amplio compuesto por las tres familias inmediatas de cada uno de ellos, que a su vez tienen relaciones tanto de parentesco como sociales entre sí; iii) las presuntas consecuencias que, para los miembros de las familias en su conjunto, se habrían ocasionado con la perpetración de los presuntos tres crímenes; iv) el estado y condición en que habrían quedado dichas relaciones de parentesco y sociales entre los miembros de la familia con posterioridad a los hechos, y v) las posibles medidas de reparación en esta materia.
Fernando Ruiz, abogado y estadístico, quien rendirá dictamen sobre el supuesto monto del lucro cesante consolidado y futuro ocasionado como daño material sufrido por José Erminso Sepúlveda Saravia, Noel Emiro Omeara Carrascal, Manuel Guillermo Omeara Miraval y Héctor Álvarez Sánchez, de conformidad con sus actividades económicas y/o laborales, su patrimonio y la expectativa de vida probable en Colombia en la fecha en que ocurrieron los hechos.
Iván Augusto Gómez Celis, Fiscal 34, Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, quien declarará sobre: las supuestas actuaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación en el marco de los procesos de Justicia y Paz, con el fin de investigar, juzgar y sancionar a los responsables por los alegados hechos relacionados con los señores Noel Emiro Omeara Carrascal, Manuel Guillermo Omeara Miraval y Héctor Álvarez Sánchez.
Claudia Viviana Ferro Buitrago, Subdirectora General de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, quien declarará sobre: el Programa de Atención Psicosocial que contempla la Ley 1448 de 2011, en particular hará referencia a si existe o no compatibilidad de este programa, tanto en la ley como en la práctica, con los estándares del sistema interamericano en la materia.
Héctor Eduardo Patiño Domínguez, abogado especialista en derecho administrativo, quien rendirá dictamen sobre: i) los parámetros que utiliza la jurisdicción contencioso-administrativa en Colombia para ordenar una reparación por daño material, y ii) el contraste de estos criterios con los fijados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este mismo concepto; pudiendo referirse, a las presuntas víctimas del presente caso para ejemplificar lo antes mencionado.
Requerir al Estado, a los representantes y a la Comisión que, de considerarlo pertinente, en lo que les corresponda y de conformidad con la presente Resolución, en el plazo improrrogable que vence el 28 de abril de 2017, presenten las preguntas que estimen pertinente formular a través de la Corte Interamericana a las presuntas víctimas, testigos y peritos referidos en el punto resolutivo 1. Las declaraciones y peritajes requeridos en el punto resolutivo 1 deberán ser presentados a más tardar el 16 de mayo de 2017.
Requerir a los representantes, a la Comisión y al Estado que coordinen y realicen las diligencias necesarias para que, una vez recibidas las preguntas, si las hubiere, los declarantes propuestos incluyan las respuestas respectivas en sus declaraciones rendidas ante fedatario público, de conformidad con el párrafo considerativo 1 de la presente Resolución.
Disponer que, una vez recibidas las declaraciones y peritajes requeridos en el punto resolutivo 1, la Secretaría de la Corte los transmita a los representantes, a la Comisión y al Estado para que, si lo estiman necesario y en los que les corresponda, presenten sus observaciones a dichas declaraciones y peritajes, a más tardar con sus alegatos u observaciones finales escritos.
Convocar a los representantes, al Estado y a la Comisión Interamericana, a una audiencia pública que se celebrará los días 25 de mayo de 2017, a partir de las 15:00 horas y 26 de mayo de 2017 a partir de las 9:00 horas, durante el 118 Período Ordinario de Sesiones, por realizarse en la ciudad de San José, Costa Rica, para recibir sus alegatos finales orales y observaciones finales orales, respectivamente, sobre las excepciones preliminares, eventuales fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de las siguientes personas:
Jaime Antonio Omeara Miraval, quien declarará sobre: i) los presuntos crímenes que sufrieron su padre Noel Emiro Omeara Carrascal, su hermano Manuel Guillermo Omeara Miraval y el suegro de éste, Héctor Álvarez Sánchez; ii) las supuestas averiguaciones y actividades que emprendió la familia para el esclarecimiento de los hechos relacionados con su padre y hermano; iii) la presunta respuesta que recibió de las autoridades colombianas; iv) los presuntos daños económicos, físicos, psicosociales y morales sufridos, v) las posibles medidas de reparación, y vi) las alegadas responsabilidades de agentes de la fuerza pública y los grupos paramilitares; debiendo indicar el declarante por qué medios tuvo conocimiento de las mismas.
Fabiola Álvarez Solano, quien declarará sobre: i) el conocimiento que tiene sobre los supuestos tres crímenes que sufrieron su suegro Noel Emiro Omeara Carrascal, su esposo Manuel Guillermo Omeara Miraval y su padre Héctor Álvarez Sánchez, ii) las presuntas causas y móviles de su perpetración, así como de sus autores; iii) la alegada respuesta del Estado frente a estos hechos, así como sobre el aducido desplazamiento forzado que debió realizar junto con sus tres hijos de Aguachica hacia Bucaramanga; iv) los presuntos daños físicos, morales, psicológicos y económicos por lo acontecido tanto a nivel individual, familiar y social, y v) las posibles medidas de reparación.
Diego Fernando Rosas Carreño, Fiscal 66 especializado adscrito a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, quien declarará sobre las alegadas actuaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación con el fin de investigar, juzgar y sancionar a los responsables por los hechos relacionados con los señores Noel Emiro Omeara Carrascal, Manuel Guillermo Omeara Miraval y Héctor Álvarez Sánchez.
Requerir al Estado que facilite la salida y entrada de su territorio de los declarantes, si residen o se encuentran en él, quienes han sido citados en la presente Resolución a rendir declaración en la audiencia pública en este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 del Reglamento de la Corte.
Solicitar a los representantes y al Estado que notifiquen la presente Resolución a las personas por ellos propuestas, que han sido convocadas a rendir declaración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2 y 50.4 del Reglamento.
Informar a los representantes y al Estado que deben cubrir los gastos que ocasione la aportación o rendición de la prueba propuesta por ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento.
Requerir a los representantes y al Estado que informen a las personas convocadas para declarar que, según lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento, el Tribunal pondrá en conocimiento del Estado los casos en que las personas requeridas para comparecer o declarar no comparecieren o rehusaren deponer sin motivo legítimo o que, en el parecer de la misma Corte, hayan violado el juramento o la declaración solemne, para los fines previstos en la legislación nacional correspondiente.
Informar a los representantes, al Estado y a la Comisión Interamericana que, al término de las declaraciones rendidas en la audiencia pública, podrán presentar ante el Tribunal sus alegatos finales orales y observaciones finales orales, respectivamente, sobre las excepciones preliminares, eventuales fondo y reparaciones y costas en este caso.
Informar a los representantes, al Estado y a la Comisión Interamericana que cuentan con un plazo hasta el 26 de junio de 2017 para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con las excepciones preliminares, eventuales fondo y reparaciones y costas. Este plazo es improrrogable.
Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución a los representantes, a la República de Colombia y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1 Los representantes ofrecieron a tres testigos en el escrito de solicitudes y argumentos, mismos que no fueron confirmados en la lista definitiva de declarantes de 27 de marzo de 2017, por lo que esta Presidencia entiende que los representantes desistieron de su ofrecimiento.
2 Cfr. Caso Pedro Miguel Vera Vera y otros Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte de 23 de diciembre de 2010, Considerando 9, y Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Convocatoria de audiencia. Resolución del Presidente de la Corte de 11 de abril de 2017. Considerando 18.
3 Cfr. Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte de 10 de diciembre de 2015, Considerando 19, y Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala, supra, Considerando 18.
4 Esta Presidencia recuerda que ya ha tenido la oportunidad en múltiples ocasiones de recibir pericias sobre las temáticas del dictamen y se ha manifestado en diversas ocasiones en materia de responsabilidad cuando confluye aquiescencia y colaboración estatal. Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 111; Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párrs. 78, 100, 148, 155, 156, 157 y 158; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párrs. 126 y 140, y Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párrs. 125.1, 125.25 y 133.
5 Cfr. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Resolución del Presidente de 27 de enero de 2012. Considerando 9, y Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala, supra, Considerando 19.
6 Dicha norma estipula lo siguiente: “[e]xcepcionalmente, frente a solicitud fundada y oído el parecer de la contraparte, la Corte podrá aceptar la sustitución de un declarante siempre que se individualice al sustituto y se respete el objeto de la declaración, testimonio o peritaje originalmente ofrecido”.
7 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Resolución del Presidente de la Corte de 10 de septiembre de 2010, Considerandos 8 y 10, y Caso Genoveva y otros (Favela Nova Brasilia) Vs. Brasil. Convocatoria de audiencia. Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte de 4 de agosto de 2016.
8 Cfr. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Convocatoria de audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte de 18 de marzo de 2009. Considerando 30, y Caso Yarce y otras Vs. Colombia. Convocatoria de audiencia. Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte de 26 de mayo de 2015. Considerando 45.
9 Esta Presidencia reitera lo señalado en la cita pie de página 4.
10 Cfr. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Convocatoria de audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte de 22 de diciembre de 2009. Considerando 14 y Caso Yarce y otras Vs. Colombia, supra, Considerando 45.
11 Cfr. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia, supra, Considerando 27, y Caso Yarce y otras Vs. Colombia, supra, Considerando 38.
12 Cfr. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Resolución del Presidente de la Corte de 14 de abril de 2011. Considerando 25, y Caso Herzog y otros Vs. Brasil. Convocatoria de audiencia. Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte de 7 de abril de 2017, Considerando 13.
13 Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 51.
14 Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia, supra, Considerando 14, y Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Convocatoria de audiencia. Resolución del Presidente de la Corte de 21 de noviembre de 2016, Considerando 15.
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asuntos -> Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de agosto de 2016
asuntos -> Caso alvarado espinoza y otros
asuntos -> Resolución del Presidente de la corte Interamericana de Derechos Humanos dE 14 de febrero de 2019

References: artículo 35
 artículo 49
 artículo 49
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 Resolución 
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 artículo 50
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 artículo 26
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 artículo 50
 artículo 60
 artículo 54
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