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Timestamp: 2020-06-02 21:39:27+00:00

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Sentencia nº 122 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Abril de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 283457587
Número de Expediente: CC03-0002
Magistrado Ponente Doctor R.P.P..
En fecha 20 de diciembre de 2002, Juzgado Vigésimo Quinto, en funciones de control, del área Metropolitana de Caracas, planteó conflicto de competencia, de conocer, al Juzgado Militar Segundo de Primera Instancia Permanente de Caracas, de la investigación (fase preparatoria) iniciada contra el ciudadano E.T.P. por un allanamiento practicado en su residencia y remitió las actuaciones a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, invocando el artículo 80 del Código Orgánico Procesal Penal. Señala que, siendo el ciudadano E.T.P., un civil sólo puede ser juzgado por la jurisdicción ordinaria.
Por su parte, el Juzgado Militar Segundo de Primera Instancia Permanente de Caracas, se declaró igualmente competente para conocer de la investigación, iniciada por la Fiscalía Militar Primera, por el mismo allanamiento practicado en la residencia del nombrado ciudadano E.T.P., remitiendo también las actuaciones a esta Sala de Casación Penal a los fines previstos en los artículos 79 y 80 del Código Orgánico Procesal Penal. Refiere que la investigación versa sobre presuntos hechos que la Fiscalía Militar precalificó como instigación a la rebelión militar y abuso de autoridad, señalando en los mismos como imputados al ciudadano E.T.P. y a los oficiales del ejército Coronel Yussepe J.P.C. y Mayor O.J.S.. Destaca el juzgado castrense que “... esa investigación previa tiene por objeto establecer la ocurrencia de los hechos, su adecuación a un tipo penal, verificar si es procedente el ejercicio de la acción penal y lograr la identificación o individualización de los autores o partícipes, es decir, en caso de sospechas de acciones punibles el Fiscal Militar tiene la obligación de efectuar las indagaciones y, una vez concluída la investigación preliminar debe, en sus respectivos casos, ejercer la acción penal mediante acusación, ordenar el archivo de las actuaciones o solicitar al Juez de Control el sobreseimiento de la causa”.
El día 17 de enero de 2003, se asignó la ponencia al Magistrado Dr. R.P.P. quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
En fecha 29 de enero de 2003, el abogado J.C.G.C., defensor del ciudadano E.T.P., solicitó la nulidad del acta del allanamiento practicado, en fecha 04 de noviembre de 2002, en la residencia de su defendido por vicios procesales que afectan su validez, como lo es el no habérsele permitido a su defendido, durante el allanamiento, poder estar asistido de abogado, no haber estado presente en el acto los testigos que se señalan en el acta correspondiente y por incompetencia del tribunal que ordenó el allanamiento. Asimismo solicitó que la “causa” incoada contra su defendido sea separada de la seguida contra los oficiales Coronel (EJ) Yussepe J.P.C. y el Mayor (EJ) O.J.S.A. y, se declare competente, para conocer de la misma, a un tribunal de la jurisdicción penal ordinaria.
Ambos tribunales que plantean el conflicto se arrogan la competencia de conocer de una investigación que se encuentra en la fase preparatoria del proceso: “una investigación seguida contra el ciudadano E.T.P....” (señala el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia de la jurisdicción ordinaria); “... la investigación adelantada por la Fiscalía Primera Militar” (refiere el Juzgado Militar).
Por las razones expuestas este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara improcedente el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgados Vigésimo Quinto de Primera Instancia en lo Penal y el Juzgado Militar Segundo de Primera Instancia Permanente de Caracas y, a su vez, declara nulo el acto de allanamiento de morada practicado en la residencia del ciudadano E.T.P..
RPP/jz Exp. N° CC-2003-002
El Juzgado Vigésimo Quinto en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, planteó conflicto de competencia de conocer al Juzgado Militar Segundo de Primera Instancia Permanente de Caracas de la investigación, en fase preparatoria, seguida contra el ciudadano E.T.P., en tanto el Juzgado Militar se declaró igualmente competente para conocer de ese asunto. En su escrito dirigido a esta Sala, el defensor del ciudadano E.T.P., abogado J.C.G., CEBALLOS, solicitó se declare a los tribunales y fiscales del Ministerio Público de la jurisdicción penal ordinaria, competentes a los fines de la prosecución de los actos de investigación que se adelantan contra su defendido. Pero esta Sala Penal en una decisión sorpresiva de la mayoría estableció que los conflictos de competencia no pueden ser planteados antes de la fase intermedia del proceso. Previamente la Sala ha expresado en su decisión: “Ambos tribunales que plantean el conflicto se arrogan la competencia de conocer una investigación que se encuentra en la fase preparatoria del proceso:...”, luego en la dispositiva declara improcedente el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en lo Penal y el Juzgado Militar Segundo de Primera Instancia Permanente de Caracas y, a su vez, declara nulo el acta de allanamiento de morada practicado en la residencia del ciudadano E.T.P..
...Durante la fase preparatoria, ante el juez de control, y en las demás fases del proceso, ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas, las partes podrán oponerse a la persecución penal, mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento: (...) 3. La incompetencia del tribunal...
Del informe del tribunal penal ordinario se constata que ante la jurisdicción especial militar al ciudadano E.T.P., “...se le sigue causa por estar presuntamente incurso en la comisión del delito de Instigación a la Rebelión Militar, de conformidad con lo establecido en el artículo 481 en concordancia con el artículo 476 ordinal 1° ambos del Código Orgánico de Justicia Militar...”.
...Como se denota de la trascripción anterior se evidencia quiénes son las personas que según la Ley que establece el ámbito de la competencia de acción a los cuales debe de manera exclusiva circunscribirse los Tribunales de la Jurisdicción Militar, y es así que en ninguna oportunidad se establece que los Juzgados Militares puedan juzgar a civiles, salvo aquellos que están indicados expresamente en dichos numerales, el ciudadano E.T.P., no está incluido en ninguno de los señalados...
Por su parte, el Juzgado Militar Segundo de Primera Instancia Permanente de Caracas, a cargo del Mayor (AV) ciudadano R.D.G.C., se declaró competente y en su informe expuso las razones siguientes:
...Por consiguiente, al constituir los delitos militares de instigación a la rebelión militar y abuso de autoridad, delitos de naturaleza militar, previstos y sancionados, en el Código Orgánico de Justicia Militar, encontrarse presuntamente involucrados efectivos militares en servicio activo y civiles, sometidos a la jurisdicción de los Tribunales Militares en razón de lo dispuesto en los artículos 124 ordinal 1° ejusdem y 212 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, y darse los supuesto previstos en el ordinal 2° del artículo 123 del Código Orgánico de Justicia Militar, cuando dispone que la jurisdicción militar comprende las infracciones militares cometidas por militares y civiles, conjunta o separadamente; se considera que el caso en estudio debe ser conocido y decidido por la Jurisdicción Penal Militar, la cual está asistida de motivos reales de competencia y no por la jurisdicción penal ordinaria...
El General de Brigada (EJ) ciudadano J.L.P., de acuerdo con los ordinales 1° y 2° del artículo 55 del Código Orgánico de Justicia Militar, el 5 de septiembre de 2002, mediante oficio N° MD-DS-2002, le ordenó al Fiscal General Militar ante la Corte Marcial lo siguiente:
...la Apertura de la Investigación en contra de los ciudadanos: coronel (EJ) YUSSEPE J.P.C., titular de la cédula de identidad N° 7.324.312, plaza de la Segunda División de Infantería y MAYOR (EJ) O.J.S.A., titular de la cédula de identidad N° 5.985.837, plaza del Servicio de Policía Militar, por la presunta comisión de Hechos Punibles de Naturaleza Penal Militar...
El 20 de septiembre 2002, el Teniente de Navío J.G.P.A., Fiscal Militar, le solicitó al ciudadano Mayor (Av) ciudadano R.D.G., Juez Militar Segundo de Primera Instancia Permanente de Caracas, lo siguiente:
...la imposición de la Privación Judicial Privativa de Libertad en contra de los ciudadanos CORONEL (EJ) YUSSEPE J.P.C., y el Mayor (EJ) O.J.S.C., de conformidad con los artículos 250, 252 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal por la comisión de los delitos militares INSTIGACIÓN A LA REBELIÓN y el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, todos del Código Orgánico de Justicia Militar (...) Asimismo solicito se libre la Orden de Aprehensión en contra del Mayor (EJ) O.J.S.A., en virtud que el mismo se encontraba citado para el día 18 de septiembre del presente año, para rendir declaración, no asistiendo a la misma según se desprende de acta policial N° 214.02 emanada de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar, de lo cual se anexa copia...
Cursa en la pieza N° 1 del expediente (folios 161-162), un acta del 3 de octubre de 2002, en la cual se constata la declaración del ciudadano J.J.C., en la que expuso lo siguiente:
...al llegar al sector nos estaba esperando el Doctor E.T.P. y el señor G.G. (...) el Doctor TEJERA habló de su gabinete de Gobierno, me entregaron una carpeta que señalaba los días de transición, estaban por fases y por grupos de fechas-hora de trabajo, antes, durante y después del golpe...
...De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 202, 210 y 211, del Código Orgánico Procesal Penal, aplicables en la jurisdicción militar por mandato expreso de los artículos 20 y 592 del Código Orgánico de Justicia Militar, se autoriza a la ciudadana TENIENTE DE NAVÍO ANIOLE INFANTE BEBERAGGI, FISCAL MILITAR SEGUNDA DE LA JURISDICCIÓN DEL C.D.G.P.D.C., para que ese Despacho Fiscal o los funcionarios de la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar, quienes actuarán conjuntamente con los funcionarios adscritos a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Estado (DISIP), practiquen INSPECCIÓN O REGISTRO en la siguiente dirección: Quinta La Fronda, Sector La Fronda, calle ciega Oripoto, Estado Miranda, donde se presume que se reúnen civiles y militares con el objeto de planificar un atentado contra la integridad física del ciudadano C.G., Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien se encuentra de visita en nuestro país. Dicha orden se expide en razón de investigación penal militar que adelanta la Fiscalía Militar Segunda de la jurisdicción del C. deG.P. deC., según Orden de Apertura N° MD-MS-2002 de fecha 5 de septiembre de 2002, emanada del ciudadano General de Brigada (EJ) Ministro de la Defensa...
El hogar doméstico, el domicilio y todo recinto privado de persona es inviolable. No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano.
Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constarán, detalladamente en el acta
En la presente causa, la jurisdicción militar inició una investigación y con ocasión de esa investigación autorizó una orden de inspección o registro en el domicilio del ciudadano E.T.P., quien para ese entonces no era imputado. Tal autorización expresó los motivos para ello y a la cual asistieron los funcionarios de las dependencias autorizadas en la orden, así como los ciudadanos R.A.A.T. y L.A.G.A., en su condición de testigos.
BELTRÁN HADDAD (DISIDENTE)

References: artículo 80
 artículo 481
 artículo 476
 artículo 123
 artículo 55
 artículo 47