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Timestamp: 2019-09-16 14:37:11+00:00

Document:
PETICIÓN DE HERENCIA / REIVINDICACIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA LA MASA HERENCIAL / FRUTOS CIVILES
EFECTOS JURÍDICOS DE LA INVALIDEZ E INEFICACIA DEL TRABAJO DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA SUCESIÓN
SALA FAMILIA SALA QUINTA DE DECISIÓN Magistrado ponente
INTERDICCIÓN JUDICIAL / INCAPACIDAD METAL
REINTEGRO DE TRABAJADORA EN ESTADO DE EMBARAZO
RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO / ACTIVIDAD PELIGROSA
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO / EFICACIA DE CONTRATOS A TÉRMINO FIJO / CONTRATO REALIDAD / DESPIDO DE TRABAJADORA EN ESTADO DE EMBARAZO
TRABAJADORES DEL BANCO CAFETERO / INCREMENTOS SALARIALES
CONTRATO REALIDAD / COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO / INTERMEDIACIÓN LABORAL / BUENA FE
CONTRATO DE TRABAJO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SOLIDARIDAD / BUENA FE / INDEMNIZACIÓN MORATORIA
PRESCRIPCIÓN MESADAS PENSIONALES / PENSIÓN DE VEJEZ LEY 71 DE 1988
DESPIDO ILEGAL Y DESPIDO INJUSTO / VIGENCIA DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-10-004-2007-00495-01
ACTOR: WILLIAM FERNANDO SOLANO
DEMANDADO: JOSÉ AUGUSTO QUINTERO ZAMBRANO REPRESENTADO LEGALMENTE POR NINA RUTH ZAMBRANO BAYONA
Esta Sala comparte, la afirmación realizada por la apelante en el sentido de que el bien al que nos hemos referido en el párrafo anterior es reivindicable, y que, por lo tanto, debe ser devuelto por el tercero, pero para ello, en las pretensiones de la demanda debe realizarse tal pedimento, pues, como ya quedó dicho, no es cierto lo afirmado por el recurrente que el señor ZOCIMO CALDERÓN TORRES, haya sido vinculado conforme al artículo 1325 del Código Civil, pues dicha norma establece que el heredero en acción de petición de herencia podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre las cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por ellos. Esa fue la tesis central que expuso el sentenciador de primer grado y que comparte plenamente esta Sala.
La Sala encuentra fundamento en la censura del recurrente frente a la falta del pronunciamiento expreso del Juez respecto de la mala fe del demandado, ZÓCIMO CALDERÓN TORRES, habiendo sido probada. En efecto, la mala fe del demandado se encuentra acreditada, como lo sostiene el apelante cuando en el interrogatorio de parte confiesa conocer la existencia del proceso de filiación del menor ANDRÉS FELIPE GÓMEZ CONTA, aspecto que es refrendado por la otra demandada, ALICIA CORTES DE CASTAÑEDA, su suegra. Igualmente, se encuentra acreditada la mala fe, por la prueba testimonial de HUGO ZULUAGA COVALEDA, quien afirmó haber acompañado en una oportunidad a la progenitora del demandante para llegar a un acuerdo con la demandada, respecto de la herencia, siendo atendido por los demandado ALICIA CORTES DE CASTAÑEDA y ZOCIMO CALDERÓN TORRES, junto con un abogado que los representaba.
Como consecuencia de lo anterior, se adicionará el fallo declarando la ineficacia del negocio jurídico de compraventa celebrado entre ALICIA CORTES DE CASTAÑEDA y ZÓCIMO CALDERÓN TORRES, recogido en la Escritura Pública No. 0470 del 7 de Septiembre de 2007 de la Notaría Única del Círculo de Palermo – Huila.
Lo anterior no significa, que deba ordenarse le reivindicación del bien relicto, pues como se señaló anteriormente, el demandante, no solicitó la reivindicación del aludido inmueble, por lo tanto, mal podría ordenarse sin quebrantar el principio de contradicción y el derecho de defensa del demandado, a quien se convocó al proceso sin deprecar contienda jurídica respecto de la reivindicación tantas veces referida. Así mismo, se reitera, se incurriría en un fallo incongruente al fallar el juez extra o ultra petita, siendo que, de acuerdo con el principio dispositivo, la demanda y la contestación marcan los estrictos límites dentro de los cuales se va a mover la actividad jurisdiccional.
Neiva, once (11) de marzo de dos mil diez (2010)
RADICACIÓN NÚMERO: 41001 31 10 005 2008 00114 01
ACTOR: MIRYAM MERCEDES CONTA
DEMANDADO: ALICIA CORTES DE CASTAÑEDA Y OTRO
Examinado el recaudo probatorio encuentra la Sala que en el sub judice, se practicó el dictamen pericial de facultativo especialista en psiquiatría, en el cual se analiza, los antecedentes personal y familiares del interdicto, las características de la enfermedad padecida por el interdicto, su etiología, condiciones de adaptación, manejo y tratamiento y roles del individuo, en el que se concluye que sufre de retardo mental moderado, con edad mental entre 5 y 7 años, etiología multifactorial debido a epilepsia y esta a su vez por patología perinatal, semidependiente en sus actividades básicas cotidianas (bañarse, comer, vestirse) y dependiente en su discurrir cotidiano (salir a la calle, de compras, usar teléfono), indica el diagnostico que, el interdicto no sabe leer ni escribir, no conoce los números, no dibuja la figura humana, ni realiza operaciones matemáticas sencillas conclusiones a las cuales arribo la psiquiatra mediante técnicas d entrevista clínica, examen mental y revisiones del expediente, luego cumple con las normas regulativas sobre el proceso de interdicción establecidas en la ley 1306 del 2009, en su artículo 28 que dispone “en todo proceso de interdicción definitiva se contará con un dictamen completo y técnico sobre la persona con discapacidad mental absoluta, realizado por un equipo interdisciplinario del modo que lo establece el inciso 2 del artículo 16 de esta ley. En dicho dictamen se precisaran, la naturaleza de la enfermedad, su posible etiología y evolución, las recomendaciones de manejo y tratamiento y las condiciones de actuación o roles de desempeño del individuo”.
Por mandato del art 52 de la ley 1306 de 2009, por tratarse de una persona no sometida potestad parental, se le debe designar un curador que se haga cargo de su cuidado personal y de la administración del patrimonio. En el sub judice, el fallador designo como curadora a la señora Inés Garzón Aroca, Hermana del discapacitado, quien al tenor del numeral 2 del art 68 ibídem, se encuentra legitimada para ello, amén de que los familiares la señalaron como la persona más idónea para tales fines. Por lo anterior esta magistratura se aviene a lo decidido por el a quo en este sentido.
RADICACIÓN NÚMERO: 41-001-31-10-004-2006-00514-01
ACTOR: CECILIA GARZÓN AROCA
DEMANDADO: EDUARDO GARZÓN AROCA
En el caso bajo examen a folio 62 del cuaderno principal, obra oficio dirigido a la trabajadora por parte del empleador, calendado el 27 de junio de 2005, en el cual informa la no prorroga del contrato individual de trabajo y que en consecuencia por expiración del plazo pactado lo da por terminado a partir del 4 de agosto de 2005, por lo tanto no esta incurso el patrono en ninguna de las causales de terminación injusta del contrato de trabajo.
En lo concerniente a la estabilidad reforzada de la trabajadora, establecida en el artículo 35 de ley 50 de 1990, la ineficacia del despido se estructura en los contratos de duración indefinida, como así lo ha señalado la jurisprudencia. Por lo anterior esta Sala encuentra ajustada a derecho la decisión adoptada por el a quo de denegar la petición de reintegro y el pago de salarios y prestaciones, así como la indemnización por despido.
Por supuesto, en la especie de responsabilidad por actividades peligrosas, imputado por entero el daño a la conducta de un solo sujeto, sea o no dolosa o culposa, éste será exclusivamente responsable de su reparación; siendo imputable a la conducta de ambos, sea o no dolosa o culposa, cada uno será responsable en la medida de su contribución y, tales aspectos, los definirá el juzgador de conformidad con las reglas de la experiencia y la sana crítica, asignando, en todo o en parte, a uno o a ambos sujetos su responsabilidad según su participación, para cuyo efecto, el ordenamiento jurídico le atribuye al juez amplitud en la valoración de las probanzas, en todo cuanto respecta la determinación de la responsabilidad e incidencia de las conductas concurrentes.”
De la investigación de la A.R.P., se concluye sin lugar a dudas que el empleador incurrió en culpa. En primer lugar por cuanto adquirió materia prima defectuosa, consistente en productos químicos, sin exigir a su proveedor la ficha técnica completa del acido sulfúrico; y en segundo lugar, porque no se evidenció un sistema de desfogue en el dosificador, es más, al ser avisado por parte de la trabajadora de las condiciones anormales de la materia prima adquirida (color, olor, viscosidad), el empleador le ordenó hacer uso del mismo.
Siendo en este caso del resorte del empleador y no del trabajador, la adquisición de productos químicos con su respectiva ficha técnica, para el uso de los trabajadores, quienes aunque teniendo conocimientos científicos no pueden determinar prima facie las características de los productos adquiridos por su empleador; al no haber exigido este a su proveedor la descripción del producto mediante la ficha técnica, es que se configura su responsabilidad naciendo la obligación de reparar el daño causado por su conducta omisiva.
Neiva, veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010)
RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-05-001-2008-00063-01
ACTOR: ANDREA DEL PILAR SUAREZ GÓMEZ
DEMANDADO: QUÍMICA INTERGRADA S.A QUINSA
De todo lo anterior queda revelado que la empresa COMFAMILIAR del Huila se valió de modalidades contractuales que no estaban permitidas y prevaliéndose de su poder subordinante utilizó la empresa TEMPOSUR con el inequívoco propósito de violar el mínimo de garantías y derechos irrenunciables de la trabajadora, en otras palabras, la utilizó como mampara para hacerle fraude a la Ley, en un esfuerzo por ocultar, a toda costa, la verdadera realidad de la relación sustancial que ató a las partes, haciéndole esguince a la aplicación de la convención colectiva de trabajo de que es beneficiaria la demandante, pues probado está que en un comienzo COMFAMILIAR contrató de manera directa y a término fijo a la actora (01 de julio de 1999 al 30 de junio de 2000), aún cuando este hecho esta prohibido por la norma convencional como se expuso en líneas anteriores, y dentro del periodo en que prestó sus servicios a la demandada hubo épocas en la que estuvo vinculada de manera directa por ésta, así se desprende de los contratos individuales de trabajo que obran a folios 18, a 25 del cuaderno del juzgado.
Del examen de la prueba vertida en el proceso se concluye que a la trabajadora ha de considerársele como administradora, pues las pruebas documentales que así lo acreditan obran a folios 55, 56, 62, 68, 70, 71, y 75, a 83. El cruce de correspondencia entre las partes y también entre la demandante y los proveedores del supermercado de Garzón, reflejan a las claras su indiscutible condición. Es que al examinar el folio 55 se observa que la demandante participó, cuando se desempeñaba como auxiliar administrativo, en un concurso de méritos interno para desempeñarse como administradora de los puntos de venta de COMFAMILIAR sede Garzón, siendo seleccionada para ocupar dicho cargo como se dijo con anterioridad.
De lo que se concluye que en casos como el que nos ocupa, se considera que la mujer gestante que ha sido despedida, aún así, continúa vinculada a su actividad laboral y se le deben cancelar los salarios y prestaciones causados desde el momento del despido y hasta el momento de su reintegro.
Por lo anterior, y haciendo uso de las facultades ultra y extrapetita de que está envestida esta colegiatura, se declarará sin efecto el despido. En el caso particular no cabe duda que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, la Sala se puede pronunciar fallo ultra y extra petita, si se reúnen las condiciones expresadas en la jurisprudencia, esto es, que los hechos que originen dicho pronunciamiento hayan sido discutidos en primera instancia y que estén debidamente probados.
RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-05-003-2008-00388-01
ACTOR: MARÍA CRISTINA QUINTERO CÓRDOBA
DEMANDADO: COMFAMILIAR HUILA
Hechas las anteriores precisiones, esta Sala considera que el proveído de primera instancia, deberá mantenerse incólume, comoquiera que con lo referido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para casas similares, se tiene los trabajadores de la entidad demandada, tienen la facultad de empleados particulares, por lo que no los cobija las disposiciones de la Ley 4 de 1992, que son aplicables solamente para los empleados públicos.
Refiere el recurrente, que la calidad de los trabajadores del Banco Cafetero, ya ha sido discutida en providencias de esta Sala, y que en estas se ha expresado que los servidores de esta entidad, se rigen por el régimen laboral de los empleados particulares, lo que no quiere decir, que aunque la entidad deje de ser pública, sus trabajadores pierden la condición de trabajadores oficiales. En efecto, esta Sala ha indicado en anteriores oportunidades lo manifestado por el recurrente en su escrito de apelación, con la diferencia que en aquellos casos, se trato el reconocimiento de una pensión, para lo cual era necesario, indicar el régimen aplicable para de aquel trabajador, en aspectos como el de la edad de jubilación y ley adaptable para el reconocimiento de una pensión, cuestión ésta totalmente diferente a la planteada en el presente caso, comoquiera acá se busca el reconocimiento de unos emolumentos o incrementos salariales, casos similares a la múltiple jurisprudencia antes reseñada.
Hechas las anteriores consideraciones, deberá esta Sala, confirmar en su integridad la sentencia del 15 de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, comoquiera que se probó que el demandante cuenta con la calidad de empleado particular, haciendo inaplicable el incremento salarial establecido para los servidores públicos, y que la entidad demandada, pagó oportunamente el incrementó conforme a la normativa vigente, los salarios de la demandante, durante el periodo que estuvo ésta vinculada como trabajadora.
RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-05-002-2008-00403-00
ACTOR: MARIA DE LOS ANGELES FERNANDA CELIS ROJAS
En el caso examinaremos si no obstante lo anteriormente señalado, quienes realmente se vincularon en la relación laboral que aquí se demanda, fueron la SOCIEDAD CLÍNICA EMCOSALUD S.A. y la señora, SANDRA DÍAZ. Al respecto, en la prueba documental, esta Sala encuentra que, las tres personas jurídicas nombradas tienen socios comunes así como representante legal. En efecto, el representante legal de la SOCIEDAD CLÍNICA EMCOSALUD S.A., es el señor ABEL FERNELY SEPÚLVEDA RAMOS, en ella aparece como miembro de su junta directiva en carácter de principal el señor, JOSÉ NELSON FLÓREZ MONTERO; el representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD “POR SU SALUD C.T.A.” es el señor, JOSÉ NELSON FLÓREZ MONTERO; y el órgano directivo de dicha cooperativa está presidido por un Consejo de Administración en el que aparece como principal el señor, ARNULFO SEPÚLVEDA RAMOS. Así mismo, la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD LTDA., “EMCOSALUD LTDA.”, tiene como representante legal, a ABEL FERNELY SEPÚLVEDA RAMOS.
De lo cual infiere sin ninguna duda la Sala que se trata de la unión de un grupo de empresarios que adopta diversas formas de asociación para perseguir beneficios tributarios como es el caso de las cooperativas y de paso, vulnerar los derechos de los trabajadores en un manejo preconcebido para desconocer los salarios y prestaciones que de conformidad a las normas legales les corresponden a quienes allí trabajan.
Refuerza la tesis de la Sala, el hecho de que las tres personas jurídicas tienen su sede en un mismo edificio que pertenece a la SOCIEDAD CLÍNICA EMCOSALUD S.A., la cual según el demandante es el verdadero patrono. En efecto, a folios 36 y 37 del cuaderno 1, aparece el certificado de tradición del inmueble donde funciona la clínica, donde aparece la dirección calle 5 #6-67, esa misma dirección tiene su domicilio las COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD “POR SU SALUD C.T.A.”, la misma SOCIEDAD CLÍNICA EMCOSALUD S.A. y la EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD “EMCOSALUD LTDA.
En síntesis, el contrato de asociación global de SANDRA DÍAZ, con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD “POR SU SALUD C.T.A.”, no resulta vinculante, y por tanto esta magistratura no la considera asociada a dicha cooperativa; esta en realidad fungió como simple intermediaria de la SOCIEDAD CLÍNICA EMCOSALUD S.A.
En el caso bajo examen, es evidente que la SOCIEDAD CLÍNICA EMCOSALUD S.A., incurrió en mala fe, al utilizar las formas asociativas permitidas por nuestra legislación para violar la ley por los flancos, vulnerando las garantías laborales, de sus trabajadores, pues como quedó suficientemente planteado la creación de las cooperativas, EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD “EMCOSALUD LTDA” y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD “POR SU SALUD C.T.A.”, tenía como fin obtener beneficios tributarios y vulnerar los derechos de los trabajadores tal como quedó evidenciado en la Resolución 141 de 2005, emanada del Ministerio de la Protección Social – Dirección Territorial Huila, y del análisis en conjunto de las pruebas practicadas en este proceso.
Neiva, once (11) de febrero de dos mil diez (2010)
RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-05-003-2008-00611-01
ACTOR: EUCARID RAMÍREZ RODRÍGUEZ Y OTROS
DEMANDADO: SOCIEDAD CLÍNICA EMCOSALUD S.A., EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD LTDA “EMCOSALUD LTDA.” y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD “POR SU SALUD C.T.A”
Vistas las anteriores consideraciones de la Corte Constitucional, y teniendo encuentra la prueba testimonial y documental antes referida, no cabe duda para la Sala, que ente el demandante y la Empresa se Servicios Públicos demandada, se llevó a cabo una relación de índole laboral, con el lleno de los elementos y requisitos para ella; que no es valida la excusa de la celebración de un contrato de prestación de servicios cuando en la realidad lo que se sostenía era un contrato de estirpe laboral y que la demandada con la sola exhibición del contrato celebrado entre las partes, no puede desconocer la realidad latente en el caso bajo examen.
Así las cosas, respecto del primero de los problemas jurídicos planteados, se exonerará a la demandada MUNICIPIO DE ALTAMIRA, del pago de las acreencias laborales ante la no concurrencia de los elementos del contrato de trabajo, y se confirmará la condena impuesta a la E.S.P.D. de ALTAMIRA, por las razones indicadas en precedencia.
Así las cosas, y observado que efectivamente el demandado acudió a cooperativas para contratar al señor CALDERÓN FIGUEROA, no está llamado a prosperar la petición de revocatoria de la indemnización moratoria, con base en lo señalado por la Jurisprudencia Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia reseñada. Así las cosas respecto de este punto de confirmará la sentencia de primera instancia.
Neiva, tres (3) de mayo de dos mil diez (2010)
RADICACIÓN NÚMERO: 41298-31-05-001-2009-00029-01
ACTOR: ROQUE CALDERÓN FIGUEROA
DEMANDADO: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALTAMIRA – HUILA
El apoderado de la parte demandante sostiene que como el ultimo acto administrativo proferido por la entidad demanda ocurrido el 22 de enero de 2007, es desde esa fecha en que se debe tomar el termino prescriptivo, que por lo tanto al haberse presentado la demanda del 30 de enero de 2009, no había operado el fenómeno anteriormente referido.
La sala no comparte el criterio anteriormente planteado pues ello equivaldría a que el titular del derecho pudiera auto habilitarse solicitando el pago de una prestación prescrita, como ocurre en el caso bajo examen, a de mas el articulo 489 del C.S.T, establece que el término de prescripción se interrumpe por una sola vez, el cual principia contarse a partir del reclamo y por un lapso igual.
Efectuó cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales para pensión, en calidad de Trabajadora Independiente, desde el 01 de septiembre de 2002 hasta el 30 de junio de 2004, lo cual arroja un total de 660 días de cotización
Para un total de 6.681 días que equivalen a 20 años, 2 meses y 21 días, que corresponden a 1.040 semanas, validas para pensión; de donde surgen de manera indiscutible que la señora Alma Doris Gutiérrez de Moreno, ha cumplido con el tiempo de semanas cotizadas, para hacerse acreedor a la pensión por aportes y en lo que concierne a la edad acreditado está por la partida eclesiástica de nacimiento que en la actualidad tiene una edad de 73 años cumplidos; razón por la cual se llenarían las exigencias de la ley 71 de 1988 para acceder a la pensión por aportes.
Por último cave destacar que tratándose de una pensión por aportes corresponde a las respectivas cajas de previsión expedir los bonos pensionales, para la concurrencia en la pensión de jubilación, mas sin embargo como lo ha sostenido la jurisprudencia corresponde a la entidad administradora en este caso el I.S.S adelantar las acciones concernientes a la solicitud de sus bonos y no es asunto que le corresponda al aspirante a pensionado.
Neiva, veintiséis (26) de marzo de dos mil diez (2010)
RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-05-001-2009-00054-01
ACTOR: ALMA DORIS GUTIÉRREZ DE MORENO
Censura el recurrente la distinción hecha por el a quo, entre despido ilegal y despido injusto, considerando un exabrupto afirmar que lo ilegal sea justo.
En verdad el sentenciador de primer grado se refiere de manera diamantina a dos fenómenos jurídicos regulados por dos normas distintas, el primero que se refiere a la causal de despido injusto, a la cual nos hemos venido refiriendo en párrafos anteriores, y el segundo, al deber por parte del patrono de dar aviso previo o preaviso al trabajador, de acuerdo al artículo 7 del Decreto 2351 de 1965.
En consecuencia desde la óptica de la justicia objetiva, ningún reparo merece la decisión de Juez de primera instancia, teniendo en cuenta que no incurrió en error en la aplicación del derecho para este caso concreto y su decisión se apoyó en la jurisprudencia vigente, por lo que en cuanto a este punto se confirmará la sentencia recurrida.
En síntesis, la circunstancia de que el artículo 9 parágrafo tercero la Ley 797 de 2003, señale que es justa causa para despedir, el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación, no implica de suyo, que derogue la exigencia legal del preaviso contemplada en el inciso último del artículo 62 del .C.S.T., razón por la cual por este aspecto, también se confirmará la sentencia apelada.

References: ARTÍCULO 62
 artículo 1325
 artículo 28
 artículo 16
 artículo 35
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 62