Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/001.html
Timestamp: 2020-07-12 17:06:13+00:00

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BOC - 2020/076. Viernes 17 de Abril de 2020 - Anuncio 1315
BOC Nº 76. Viernes 17 de Abril de 2020 - 1315
1315 ORDEN de 14 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos, en el ámbito del Departamento, durante la vigencia del estado de alarma.
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BOC-A-2020-076-1315. Firma electrónica - Descargar
Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Gobierno de España, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional, con una duración inicial de 15 días naturales. Mediante Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, previa autorización del Congreso de los Diputados, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2020, se acordó la prórroga del estado de alarma, hasta las 00:00 horas del día 12 de abril próximo. Posteriormente y mediante Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, ha sido prorrogado nuevamente el estado de alarma hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias".
Además, y en lo que al sector primario se refiere, el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece en sus artículos 10.1, 15 y 18.2, que las actividades del mismo forman parte de la cadena de abastecimiento alimentario y, por tanto, su actividad debe garantizarse durante el estado de alarma. Concretamente su artículo 15, que contempla una serie de medidas para garantizar el abastecimiento alimentario, determina en su apartado 1.a) que "las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar. a) el abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimentos desde el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino".
La difícil situación por la que atraviesa la sociedad canaria en particular, una vez decretado el estado de alarma, propicia que, desde las administraciones públicas, se deban de tomar medidas de carácter extraordinario para garantizar la prestación de los servicios de primera necesidad que la sociedad requiere. Dentro de estos servicios están los encargados de garantizar el abastecimiento, es decir, la producción, distribución y venta de productos alimenticios de los que ha de proveerse al mercado, todo ello con las debidas garantías sanitarias y de calidad dentro de la cadena alimentaria.
Los productos de la agricultura, la ganadería y la pesca son esenciales en la alimentación. Son productos de primera necesidad sobre los que debe haber una garantía de abastecimiento en nuestros mercados, para lo cual se debe apoyar la producción agrícola, ganadera y pesquera en todos sus niveles y, evidentemente y a tal fin, al sector primario productivo, mediante la continuación de aquellos procedimientos que permitan a dicho sector cumplir el citado objetivo, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades económicas que atraviesa como consecuencia de la declaración del estado de alarma, debido a la imposibilidad de colocar sus productos, como tradicionalmente lo venía haciendo, en empresas de restauración y de hostelería.
Por su parte, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, y respecto a la suspensión de plazos administrativos, el artículo 16 del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19, establece:
Por otro lado, hay que tener en cuenta el apartado 1 de la Disposición adicional octava del Real Decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, relativa a la ampliación del plazo para recurrir, según el cual:
Teniendo en cuenta lo anterior, sin perjuicio de una posible ampliación posterior, es preciso determinar, en el ámbito de este Departamento, aquellos procedimientos cuya tramitación se deba iniciar o continuar por concurrir alguna de las razones previstas en los apartados 3 y 4 de la citada Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que lo justifique y sin que sea prevista la conformidad de la persona o personas interesadas en los mismos.
Así, se incluye en el Anexo 1 el listado de procedimientos cuyo inicio y/o continuación se permite de forma motivada y en el Anexo 2 el listado de procedimientos en los que se deja sin efectos, también por causas motivadas, la suspensión de los plazos administrativos, por concurrir, respectivamente, los supuestos previstos en los apartados 4 y 3 de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Asimismo, es preciso que, en aquellos procedimientos competencia de este Departamento en los que haya operado el silencio administrativo positivo por haber transcurrido ya con anterioridad a la declaración del estado de alarma el plazo establecido para su resolución y notificación sin que se hubiera llevado a cabo la misma, se permita dictar la correspondiente resolución expresa confirmatoria de dicho silencio positivo.
Por otro lado, con el fin de garantizar el funcionamiento básico de los servicios públicos, se podrá iniciar y/o continuar con la gestión ordinaria de todos los procedimientos administrativos de competencia de este Departamento, en aquellos trámites de iniciación, ordenación, instrucción y finalización, en los que no intervengan interesados ni resulten afectados sus derechos o intereses.
Se ha previsto que la presente Orden surta efectos desde su fecha, permitiendo así desde ese momento que los centros gestores realicen los trámites necesarios para iniciar o continuar los procedimientos a los que se refiere. No obstante, los citados centros directivos deberán notificar esta Orden a las personas interesadas y mencionarla en todos los actos administrativos que dicten. Al propio tiempo se prevé su publicación en el tablón de edictos electrónico y en la web del Departamento, así como en el Boletín Oficial de Canarias para general conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por razones de interés público.
En virtud de lo anteriormente expuesto, vistas las propuestas de los centros directivos del Departamento, y en uso de las competencias atribuidas por los artículos 6.2 y 16 del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19,
Primero.- Acordar el inicio y/o continuación, mientras esté vigente el estado de alarma, de los procedimientos administrativos de competencia de este Departamento que figuran en el Anexo 1 a esta Orden, por los motivos que se expresan en el mismo.
Segundo.- Dejar sin efecto, mientras esté vigente el estado de alarma, con el objeto de evitar perjuicios graves en los derechos e intereses de las personas interesadas, siempre que estas manifiesten su conformidad, la suspensión de los plazos administrativos relativos a los procedimientos administrativos de competencia de este Departamento que figuran en el Anexo 2 de esta Orden, por los motivos que se expresan en el mismo.
Tercero.- Durante la vigencia del estado de alarma podrán ampliarse o modificarse, de forma motivada, los procedimientos contenidos en los Anexos 1 y 2 de esta Orden.
Cuarto.- Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, en todos los procedimientos competencia de este Departamento en los que haya operado el silencio administrativo positivo por haber transcurrido ya con anterioridad a la declaración del estado de alarma el plazo establecido para su resolución y notificación sin que se hubiera llevado a cabo la misma, se podrá dictar la correspondiente resolución expresa confirmatoria de dicho silencio positivo.
Quinto.- Asimismo, con el fin de garantizar el funcionamiento básico de los servicios, durante la vigencia del estado de alarma, se podrá iniciar y/o continuar con la gestión ordinaria de los procedimientos administrativos de competencia de este Departamento, en aquellos tramites de iniciación, ordenación, instrucción y finalización, en los que no intervengan interesados ni resulten afectados sus derechos o intereses.
Sexto.- En los actos administrativos que se dicten en los procedimientos cuyo inicio o continuación se acuerdan en esta Orden, se deberá hacer mención a la misma.
Séptimo.- En el pie de recurso de los actos administrativos que se dicten en los procedimientos cuya continuación o inicio se permite de conformidad con esta Orden, de los que pudieran derivarse efectos desfavorables o de gravamen para las personas interesadas, se hará constar que, de conformidad con la Disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso.
Octavo.- La presente Orden surtirá efectos desde la fecha que se dicte y mientras se mantenga el estado de alama. No obstante, será comunicada a los centros directivos del Departamento, que deberán notificarla a los interesados en cada procedimiento.
Noveno.- Publicar dicha Orden para general conocimiento en el tablón de edictos electrónicos y en la web del Departamento, así como en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación y/o publicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CUYO INICIO Y/O CONTINUACIÓN SE AUTORIZA DE FORMA MOTIVADA EN EL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
La difícil situación por la que atraviesa la sociedad canaria en particular, una vez decretado el estado de alarma, propicia que, desde las administraciones públicas, se deban de tomar medidas de carácter extraordinario para garantizar la prestación de los servicios de primera necesidad que la sociedad requiere y, evidentemente y a tal fin, al sector primario productivo, mediante la continuación de aquellos procedimientos que permitan a dicho sector cumplir el citado objetivo, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades económicas que atraviesa como consecuencia de la declaración del estado de alarma, debido a la imposibilidad de colocar sus productos, como tradicionalmente lo venía haciendo, en empresas de restauración y de hostelería.
Teniendo en cuenta la motivación general expuesta, que resulta de aplicación a todos los procedimientos que se relacionan a continuación, excepto los relativos a las ayudas a la comercialización local de flores y plantas vivas recolectadas en Canaria y a la comercialización fuera de Canarias de plantas ornamentales, flores y esquejes de la campaña 2019 (Acción I.1 y I.2 del POSEI) y las ayudas de acción social 2019 al personal del Departamento, así como la motivación particular, que se especifica para cada procedimiento, se considera indispensable iniciar y/o continuar con la tramitación de los siguientes procedimientos administrativos:
a) Las subvenciones o ayudas previstas en la Medida I (apoyo a la producción vegetal) y en la Medida III (apoyo a la producción animal) del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSE), para la campaña 2019, que se indican a continuación:
Por otra parte y respecto a las ayudas a la comercialización local de flores y plantas vivas recolectadas en Canaria (Acción I.1) y a la comercialización fuera de Canarias de plantas ornamentales, flores y esquejes (Acción I.2), la continuación de los trámites de dichas subvenciones encuentra su justificación en la necesidad de ayudar al citado subsector, que atraviesa una situación económica delicada, debida a la declaración del estado de alarma, como quiera que no puede comercializar sus producciones, lo que le ha llevado a prácticamente a la paralización de su actividad, solo puede seguir acometiendo las imprescindible para el mantenimiento de las explotaciones agrícolas donde se cultivan estas producciones.
b) Las subvenciones reguladas en la Orden de 15 de septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de determinadas subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural de la región de Canarias, para el periodo 2014-2020, referidas al ejercicio de 2020, y que se indican a continuación:
c) Subvenciones 2019 destinadas a abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola:
d) Inscripción, modificación y cancelación en los registros agrícolas siguientes:
* Registro Vitícola de Canarias, regulado en la Orden de 19 de marzo de 2002, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se regulan los procedimientos de consulta, modificación de datos e inclusión de parcelas de viñedo en el Registro Vitícola.
Motivación particular: la motivación particular que justifica la necesidad de iniciar y/o continuar los trámites en relación con dichos registros, es que su inscripción, modificación y cancelación viene exigida en la normativa reguladora de los mismos y por tanto resulta indispensable para llevar a cabo la actividad productiva o comercializadora agrícola. Además, respecto al registro vitícola y de explotaciones agrarias prioritarias, la inscripción en dichos registros es requisito o criterio de preferencia para la obtención de determinadas subvenciones que tramita este Departamento, posibilitando el acceso a beneficios fiscales en el caso de las explotaciones agrarias prioritarias.
B) En el ámbito de la competencia de la Dirección General de Ganadería.
b) Inscripción, modificación y cancelación en los registros siguientes:
c) Expedición de guías sanitarias para el movimiento de animales, regulado en la Orden de 23 de diciembre de 1999, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se regulan las condiciones administrativas y sanitarias en el movimiento de animales en la Comunidad Autónoma Canaria.
d) Autorización de establecimientos, plantas y explotadores en materia de subproductos de origen animal, y los productos derivados, no destinados a consumo humano (SANDACH), regulados en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
a) Subvención directa al Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) con la finalidad de atender los gastos derivados de la realización de pruebas de laboratorio de detección de ciguatoxina en muestras de peces:
Motivación particular: la motivación particular que justifica la necesidad de iniciar y/o continuar los trámites en relación con dichas autorizaciones, es la necesidad de determinar con seguridad la presencia y evolución de la toxina denominada ciguatoxina en las especies susceptibles de ser portadoras al objeto de preservar la salud de los consumidores, así como de evitar las repercusiones que para el sector pesquero pudiera tener la paralización de las capturas que, por especie y peso, hayan de someterse a las referidas pruebas de laboratorio las actuaciones que, en prevención de intoxicaciones en humanos con la toxina de la ciguatera, realiza la Dirección General de Pesca en coordinación con la Dirección General de Salud Pública en los puntos de primera venta de pescado en el ámbito del archipiélago, a través del Protocolo de 31 de agosto de 2018, establecido para la detección de esa toxina en aquellas especies de peces posibles portadoras de las mismas que reúnen unas determinadas condiciones de tamaño/peso previamente determinadas, que se encuentra en continua revisión.
b) Subvenciones a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar destinadas a gastos corrientes, reguladas en la Orden de 30 de abril 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las cofradías de pescadores, sus federaciones y Cooperativas del Mar destinadas a inversiones en equipamiento y/o gastos corrientes:
c) Procedimiento de convocatoria/gestión de las subvenciones a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar destinadas a inversiones en equipamiento, reguladas en la Orden de 30 de abril 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las cofradías de pescadores, sus federaciones y Cooperativas del Mar destinadas a inversiones en equipamiento y/o gastos corrientes:
d) Subvenciones para la Aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local, destinadas a "Aumentar el empleo y la cohesión territorial" (Prioridad 4 del Programa Operativo para España período 2014-2020 con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca). Convocatoria 2020:
e) Subvención directa a los puntos de primera venta destinadas a la financiación de los gastos destinados a la comercialización de productos de la pesca frescos:
Motivación particular: la motivación particular que justifica la necesidad de iniciar y/o continuar los trámites de dichas subvenciones, es que los productos de la pesca son esenciales en la alimentación. Son productos de primera necesidad sobre los que debe haber una garantía de abastecimiento en nuestros mercados. Para garantizar esa trazabilidad y el control integral de la producción y comercialización de los productos pesqueros, estos deben pasar por la Primera Venta a través de los Establecimientos Autorizados a tal efecto. En la Comunidad Autónoma Canaria, hay actualmente 35 Establecimientos Autorizados o Puntos de Primera Venta de Fresco autorizados, que desarrollan una actividad de interés público, y en la mayoría de los casos, están vinculados a una Cofradía de Pescadores. Con el estado de alarma han sufrido una merma importante de ingresos, pero han de seguir prestando el servicio, de interés público, vinculado a la primera venta que hemos señalado.
a) Aportaciones dinerarias a favor del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias e Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, destinadas a financiar los gastos corrientes y de capital de los Organismos Autónomos, durante el ejercicio 2020:
b) Aportación dineraria a favor de la empresa pública Gestión del Medio Rural, S.A.U., destinada a financiar los gastos corrientes durante el ejercicio 2020:
c) Procedimiento de concesión de Ayudas de Acción Social 2019 al personal del Departamento:
Motivación: la motivación que justifica la necesidad de continuar los trámites en relación con dichas ayudas, es que las mismas se consideran indispensable para la protección del interés general, teniendo en cuenta la propia finalidad y objeto de las mismas, y ello porque las referidas ayudas fueron convocadas por Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se establecen las bases que han de regir las convocatorias, el reconocimiento y el abono de las ayudas de acción social en el ámbito de los entes del sector público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se determina el plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2019 (BOC nº 83, de 2 de mayo), referente a gastos realizados por el personal en el año 2018, lo que justifica la necesidad de continuar con los trámites finales para proceder al abono, que debió producirse al año siguiente al del gasto, esto es durante el ejercicio 2019. No obstante la resolución de dicho procedimiento no ha podido llevarse a cabo debido a que el mismo ha quedado suspendido como consecuencia de que el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de octubre de 2019, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad nº 5531-2019, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 47.1 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, invocando el artículo 161.2 de la Constitución, hasta que se dicta, con fecha 13 de febrero de 2020, la Sentencia del citado Tribunal.
d) Recursos administrativos, de reposición o de alzada, en materia de subvenciones, o en otras materias pero que dan lugar al otorgamiento de estas, interpuestos con anterioridad a la declaración del estado de alarma, que deban ser resueltos de forma estimatoria, total o parcialmente, es decir, con efectos favorables para las personas interesadas:
Motivación particular: la motivación particular que justifica la necesidad de continuar los trámites en relación con dichos recursos, es que la continuación y finalización de estos procedimientos, esto es, la estimación total o parcial de la pretensión de los recurrentes, redundaría, de conformidad con lo exigido en el citado apartado 4 de la mencionada Disposición adicional tercera, en un claro beneficio para el interés general, al evitar perjuicios a los agentes de dicho sector, minimizando así el impacto económico y social de la pandemia del COVID 19, calificando por tanto dichos procedimientos de esenciales y básicos para la protección de aquel.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS, EN MATERIA DE SUBVENCIONES, COMPETENCIAS DE ESTE DEPARTAMENTO, QUE HAYAN SIDO O SEAN PRESENTADOS POR SEDE ELECTRÓNICA DURANTE EL PERÍODO DEL ESTADO DE ALARMA.
Recursos administrativos en materia de subvenciones, competencias de este Departamento, que hayan sido o sean presentados por sede electrónica durante el período del estado de alarma, en los que proceda la estimación total o parcial de la pretensión del interesado, siempre que este haya presentado o presente su conformidad a la tramitación de los mismos.
Motivación: durante el estado de alarma, debe admitirse que las personas interesadas pertenecientes a este sector esencial de nuestra economía, con el objetivo de evitar perjuicios graves en sus derechos e intereses legítimos, opten por interponer los medios de impugnación que el ordenamiento jurídico les otorga, a través de la sede electrónica del Departamento, siempre que manifiesten su conformidad a la tramitación de estos, y con no suspender el plazo legalmente establecido para su resolución, confiando en que su pretensión le sea estimada. Cabe recordar, en relación a este supuesto, que el efecto útil de la suspensión decretada para los procedimientos administrativos que figuran el citado Real Decreto, no es otra que garantizar los derechos de los particulares, y que tal medida es una respuesta ante una situación excepcional, orientada a garantizar la funcionalidad de los procedimientos, para que sean legales y eficaces. Nada debe impedir, por tanto, la decisión adoptada por aquellos, al considerar que lo mas beneficioso para sus intereses es que tal suspensión no opere y que, consecuentemente, el procedimiento de su recurso se inicie, instruya y finalice, con la legítima aspiración de que su pretensión sea satisfecha. Ello siempre condicionado a que tal renuncia a la referida suspensión no perjudique a terceros (artículo 6.2 del Código Civil) y sea conforme al principio de igualdad que conforma nuestro ordenamiento jurídico.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 15
 artículo 16
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 45
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 47
 artículo 161