Source: https://www.aireg.es/2014/05/
Timestamp: 2020-04-08 19:27:30+00:00

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AIRE » 2014 » mayo: Asociación Independiente de Registradores
Campo agradece a notarios y registradores la prestación de servicios esenciales durante la pandemia para la protección de la seguridad jurídica
​El Gobierno solicita al Congreso de los Diputados la prórroga del Estado de alarma hasta el 26 de abril
El Instituto de Crédito Oficial y las entidades financieras firman los convenios de colaboración de la Línea de Avales, que cubrirá créditos concedidos desde el pasado 18 de marzo
CEPYME pregunta a las pymes sobre la eficacia de las medidas del Gobierno
«Instamos al Gobierno a dotar de una renta garantizada o de un subsidio temporal a las personas que no tienen ningún tipo de protección económica»
Catedral de San Patricio. New York. 2019
Comunicado CEOE Cepyme del 4 de abril
La aplicación oficial de autodiagnóstico, AsistenciaCOVID-19, disponible ya en cinco nuevas comunidades autónomas
El Tribunal Supremo desestima medida cautelar pedida por Abogados Cristianos en una querella contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus
El número de licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de Castilla-La Mancha en marzo de 2020 aumenta un 96,3 % respecto al mismo mes del año anterior
Bomberos New York. Hook & Ladder 8
Los datos PMI Servicios y el IPI intensifican la caída del PIB y sitúan las tasas intertrimestrales en el -0,18% el primer trimestre y el -1,61% en el segundo trimestre
La Comisión de Seguimiento recomienda el uso de medios telemáticos en los pasos a disposición judicial
Museo de Historia Natural de New York. Akeley Hall of African Mammals
Las Cámaras de Comercio atienden a 25.000 empresas semanales desde la declaración del estado de alarma
DataCOVID, un estudio de movilidad de la población para contribuir a la toma de decisiones ante el coronavirus
Las Palmas de Gran Canaria. Playa de las Alcaravaneras.
El Banco de España extiende a las entidades de crédito bajo su supervisión directa la recomendación del BCE sobre la distribución de beneficios
La Sanidad sólo contrata 7.000 de los 50.000 profesionales prometidos para afrontar el COVID-19 y no compensa las más de 12.000 bajas por contagios
Calle de Lepanto. Madrid
CEOE pide nuevas medidas para evitar el cierre de empresas tras la escalada del desempleo
El COVID19 provoca el mayor shock sobre el empleo en la historia de nuestro país
En el Central Park. New York
Buzón especial para denuncias y consultas relacionadas con la pandemia – COVID-19
La UE debe aprobar sin demora medidas para proteger a la ciudadanía
Ministerio de Justicia. Dirección General
Justicia garantizará los servicios esenciales de registros y notarías para el mantenimiento de la actividad económica durante el estado de alarma
Defensa ha ayudado a poner en funcionamiento 16 hospitales de campaña
Preguntas y respuestas sobre la prohibición temporal de fecha 16/03/2020 de incremento de posiciones cortas netas en acciones admitidas a cotización en centros de negociación para los que la CNMV es autoridad competente
Calle del Prado. Madrid
Nota informativa sobre el uso de la flexibilidad prevista en la normativa contable ante el shock causado por el COVID-19
¿Cuáles son las actividades que sí se consideran esenciales y deben seguir en funcionamiento entre el 30 de marzo y el 9 de abril?
Cómo se aplicará la paralización de la actividad no esencial y cómo se recuperará el permiso
Las Palmas de Gran Canaria. Vista de la playa de las Canteras
Concluye la primera fase de la liberación del Segundo Dividendo Digital
La Policía Nacional interviene en la caída de un chiringuito financiero neerlandés con ramificaciones en España
Detalle de edificio en Canalejas. Madrid
El Gobierno prorroga la suspensión de desahucios hipotecarios en el caso del colectivo vulnerable y amplía su alcance
Calle de Santo Tomás. Madrid
Desplome del Dow Jones
Ardilla. Central Park. New York
Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus COVID-19
Plaza de Santa Cruz. Madrid
El BCE anuncia la adopción de medidas operativas de carácter preventivo en relación con el coronavirus
Cine Ideal. Madrid
El juez Llarena confirma la petición al Parlamento Europeo de suspender la inmunidad de Puigdemont
El G-20 aprecia signos de un repunte del crecimiento económico mundial en 2020 y 2021 y se compromete a acelerar los trabajos para un acuerdo global en materia de fiscalidad internacional
New York 5.12.19
Declaración del Comité Monetario y Financiero Internacional sobre el coronavirus
Atardecer en Madrid desde la calle Princesa
El Gobierno adopta un anteproyecto de ley que mejora el gobierno corporativo de las empresas cotizadas y su acceso a la financiación
Coronavirus. Comunicado CEOE y Cepyme
El Vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea desestima la demanda de medidas provisionales formulada por el Sr. Junqueras i Vies
Camino de Santiago. Cee. En ruta hacia Finisterre
Los tribunales españoles deberán asegurarse del carácter claro y comprensible de las cláusulas de contratos de préstamo hipotecario que establezcan la aplicación de un tipo de interés variable basado en el índice de referencia de las cajas de ahorros
En la provincia de León
Campo reclama a los operadores jurídicos que garanticen el derecho a comprender
Asuntos Económicos y Transformación Digital amplía el ámbito de actuación del Programa de Extensión de Banda Ancha a nuevas zonas elegibles
In memoriam. Ayo Garvalena
Las Palmas de Gran Canaria. Vista panorámica desde el extremo de la playa de las Canteras
CEOE y Cepyme advierten de que la reforma de la subcontratación de Trabajo desborda lo laboral e impactará en el modelo productivo
Dolores Delgado toma posesión de su cargo de fiscal general del Estado
El Gobierno aprueba un proyecto de ley que refuerza la seguridad jurídica en el uso de servicios electrónicos de confianza
Archivo de mayo de 2014
El BCE, que vigilará las operaciones de 130 entidades europeas a partir de noviembre, estima que cada una pagará entre 0,7 y dos millones de euros
EP Madrid 27/05/2014 publico.es
El BCE estima que las entidades de crédito de mayor tamaño pagarán alrededor de 15 millones de euros en concepto de tasa anual por su supervisión directa en 2015, con la que el organismo pretende recuperar los gastos que implican sus nuevas funciones desde noviembre de este año. En un comunicado, el organismo liderado por Mario Draghi aclara que la cifra exacta no podrá confirmarse hasta el próximo año. En un análisis preliminar, estima que la tasa anual que una entidad supervisada directamente tendría que satisfacer oscilaría entre los 150.000 euros y los 15 millones. La mayoría pagará entre 0,7 y dos millones de euros.
Además, el BCE calcula que el 75% de las entidades de menor tamaño sujetas a una supervisión indirecta abonaría entre 2.000 y 7.000 euros al año, en tanto que las de mayor tamaño de esta categoría pagarían unos 200.000 euros. Los gastos derivados de la supervisión bancaria ascenderán a unos 260 millones en 2015, según las estimaciones preliminares del supervisor europeo.
El BCE ha publicado este martes un proyecto de reglamento del organismo sobre las tasas de supervisión para consulta pública. La consulta se ha iniciado hasta el próximo 11 de julio. El BCE asumirá la competencia de supervisión de las entidades de crédito de la zona del euro en noviembre de 2014 como parte del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). El MUS supervisará directamente hasta 130 entidades y trabajará con las autoridades nacionales competentes para la supervisión de las entidades de menor tamaño.
Los documentos de consulta, que comprenden el proyecto de reglamento del BCE sobre las tasas de supervisión, una nota explicativa y una lista de preguntas y respuestas, se han publicado en la sección ‘Banking Supervision’ del sitio web del BCE. El BCE celebrará una audiencia pública sobre los documentos de consulta el 24 de junio de 2014 en su sede en Fráncfort.
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El Banco de España alerta al sector del retraso en realizar sus tasaciones
En una reunión celebrada el viernes pasado
El Banco de España obliga a Sareb a volver a tasar su carga inmobiliaria
Ángeles Gonzalo Alconada – Madrid 28-05-2014 cincodias.com
El Banco de España ha avisado a las entidades del retraso que llevan en las nuevas tasaciones de activos que deben realizar como preludio al examen que llevará a cabo el BCE. El objetivo es despejar las dudas sobre la salud de la banca europea. Las tasaciones, que afectan a unos 15.000 créditos, deben entregarse el 30 de mayo, fecha “improrrogable”, según el supervisor. El BCE amenaza con penalizar a los grupos que se demoren.
El pasado viernes fue un día intenso en el Banco de España. Mientras que los consejeros delegados de prácticamente todas las entidades financieras españolas se reunían por la tarde con la vicepresidenta del consejo de supervisión del Mecanismo Único y miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, Sabine Lautenschläger, en los majestuosos salones del edificio de la madrileña calle Alcalá, 48, los directivos del también Banco de España mantenían reuniones one to one con los responsables de riesgo de estos mismos bancos.
Y así, mientras que Lautenschläger comunicaba a cada entidad el nuevo inspector del BCE que se les había asignado como consecuencia de la supervisión única europea que comenzará a funcionar en noviembre, los directivos del Banco de España alertaban a las entidades financieras sobre el retraso que mantienen en las entregas de las nuevas tasaciones de activos, sobre todo inmobiliarios, y que afectan a más de 15.000 créditos.
El pasado 2 de abril el supervisor reclamó información actualizada a la banca sobre los activos inmobiliarios con menos de un año de antigüedad –no anteriores al 1 de enero de 2013–. El objetivo es poner al día las tasaciones vinculadas al ladrillo correspondientes a las garantías de cerca de 15.000 créditos que forman parte de la muestra seleccionada para el examen que realizará el BCE sobre la calidad de los activos (AQR) de las instituciones y de los test de estrés.
En esta comunicación, el Banco de España facilitó dos fechas clave para la entrega de estos datos. La primera se fijó para finales de abril, fecha en la que debían haber entregado las tasaciones de mayor tamaño de la muestra. Y la segunda tanda estaba prevista para el viernes 30 de mayo. Pero ante la lentitud y, sobre todo, la complejidad de llevar a cabo estas nuevas tasaciones el organismo que encabeza José María Linde olvidó la primera fecha para comunicar a los bancos que todo había que entregarse a finales del presente mes. Pese a ello, las entidades financieras han avanzado poco, lo que ha llevado al supervisor a alertar a los bancos sobre dicha demora en una serie de reuniones que mantuvo individualmente con las firmas financieras.
Los directivos del Banco de España fueron más lejos, al comunicar al sector que algunos bancos solo habían realizado el 10% de las tasaciones que deben realizar. En estas reuniones el supervisor apremió a la banca a agilizar estas tasaciones y les aseguró que el BCE –futuro responsable de velar por la salud de la banca europea– no estaba dispuesto a prorrogar el plazo de entrega, explican varias fuentes financieras.
Explicó también que el Banco Central Europeo les había transmitido su intención de que la entidad que no cumpliese con el calendario establecido podría ser penalizada, según fija ahora la nueva normativa de supervisión única europea. Los bancos sí han remitido a los auditores contratados por el Banco de España los expedientes de riesgos.
El calendario del Banco Central Europeo marca también como fecha clave el próximo 12 de junio, límite en el que los auditores deben tener en su poder todos los expedientes de la banca. No solo fueron malas noticias las que transmitió el Banco de España a las firmas supervisadas.
Les comunicó un cambio positivo para aminorar ligeramente los potenciales riesgos de la banca en sus créditos con empresas. A partir de ahora pueden incluir las garantías con las que cuentan sus créditos a empresas, ya que hasta ahora solo podían restar de los potenciales riesgos los colaterales inmobiliarios. El problema es que este cambio supone una nueva revisión de estos créditos, lo que puede retrasar más las tasaciones, explican fuentes bancarias.
A pesar del retraso en la entrega de las nuevas revisiones de activos, sobre todo inmobiliarios, que sufre la banca española, la banca francesa y alemana es la que sale peor parada, ya que la demora de sus tasaciones es muy superior a la de la banca española.
Unas duras exigencias para despejar dudas
Las nuevas tasaciones deben cumplir una serie de duras exigencias. Una de ellas es que una misma entidad no podrá encargar a una misma tasadora más del 40% del conjunto de las nuevas valoraciones requeridas. Ello obliga a que cada banco contrate un mínimo de tres firmas. En estas reuniones el Banco de España también insistió en un mensaje que lleva tiempo predicando, la capitalización. El supervisor considera que la banca nacional debe mejorar sus ratios de solvencia con más capital, ya que este es el principal requerimiento de los test de estrés. No en vano, Sabine Lautenschläger declaró el viernes en Madrid que sería “de suma importancia responder rápidamente, rigurosamente y de forma consistente cuando haya faltas significativas de capital” en una entidad financiera una vez se conozcan los resultados de las pruebas a finales de octubre.
Informe sobre el anteproyecto de ley del código mercantil. Consejo de Ministros. 30 mayo 2014
Enlace a La Moncloa.
Informe sobre el anteproyecto de ley del código mercantil
Moderniza la legislación relativa al mercado y sustituye al Código de Comercio vigente que se promulgó en 1885
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de los ministros de Justicia y de Economía sobre el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil que sustituirá al Código de Comercio que está vigente desde 1885. El texto, en el que ha trabajado la Comisión General de Codificación desde 2006, se considera esencial para hacer efectiva la unidad de mercado en el ámbito jurídico-privado mediante la legislación mercantil que la Constitución atribuye al Estado.
La promulgación de un Código Mercantil que acabe con la dispersión existente en la materia era una reclamación histórica de los operadores económicos y contribuirá a la recuperación de la actividad económica al incrementar la seguridad jurídica. Ello se conseguirá mediante la actualización de las normas existentes, la regulación de las realidades que no contaban con una propia y la coordinación de todo el conjunto normativo. Compila las numerosas leyes que se han ido promulgando sobre el mercado desde hace casi 130 años, como algunos tipos de contratos y las normas sobre contabilidad de los empresarios
1.726 artículos
Para redactar los 1.726 artículos de que consta el texto examinado hoy por el Consejo de Ministros se ha tenido en cuenta la experiencia acumulada por los distintos operadores y los ordenamientos de los países de nuestro entorno, así como los trabajos de la Comisión de las Naciones Unidad para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) y del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), dada la importancia del comercio internacional.
El Código Mercantil se estructura en un título preliminar, en el que se delimita la materia mercantil, y siete libros: el primero delimita el régimen jurídico de la empresa y la responsabilidad del empresario, así como el Registro Mercantil; el siguiente se centra en las sociedades mercantiles; el tercero regula el derecho de la competencia y la propiedad industrial; el de las obligaciones y los contratos mercantiles en general es el cuarto y se complementa con el quinto, referido a los contratos en particular; el sexto es el de los títulos valores e instrumentos de pago y de crédito; y el séptimo establece un régimen general de prescripción y caducidad de las obligaciones mercantiles.
Delimitación de la materia mercantil
En el título preliminar se señala que el mercado se concibe como el ámbito donde se cruzan ofertas y demandas de bienes y servicios mediante relaciones jurídico-privadas que son objeto de una regulación especial. Los protagonistas de ese tráfico se clasifican en productores de bienes y prestadores de servicios, que son los operadores del mercado sujetos al Código, y los consumidores.
A partir de ahí, el estatuto mercantil se configura como el conjunto de normas que establecen derechos y obligaciones para los empresarios en función de la titularidad jurídica de una empresa y de la actividad que realiza para el mercado. Engloba, igualmente, las normas sobre régimen jurídico-privado de la empresa, responsabilidad y representación de su titular, registro mercantil y contabilidad, así como, en su conjunto, el derecho de sociedades mercantiles.
Del empresario y de la empresa
El concepto «empresario» es entendido en un sentido amplio. Abarca a los agrícolas y artesanos, pero también se considera operadores de mercado a las personas que ejercen actividades intelectuales, liberales, científicas y artísticas siempre que sus bienes o servicios se destinen al mercado. Incluye a todas las personas jurídicas que ejerzan actividades previstas en el Código, como asociaciones y fundaciones, y a entes sin personalidad jurídica.
Se regula también la responsabilidad patrimonial del emprendedor de responsabilidad limitada, que incluye la exclusión de su vivienda habitual de la responsabilidad por la realización de actividades económicas, según lo previsto en la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, de 27 de septiembre de 2013.
Dentro de la representación mercantil se incluye a los auxiliares del empresario (empleados) y a los apoderados generales y singulares, en función de si sus apoderamientos se extiendan a todas las actividades o sólo a determinados actos del tráfico de la empresa.
Fondo de comercio y concurso de acreedores
La empresa es una organización de elementos diversos de la que resulta un nuevo valor: el fondo de comercio. Los bienes inmuebles e instalaciones en los que el empresario realiza su actividad se definen como establecimientos y se distingue el principal (centro de las operaciones desarrolladas) de las sucursales (dotadas de una representación permanente y de autonomía de gestión), y de los demás establecimientos secundarios o accesorios.
Una de las novedades que incluye el Código Mercantil se da en los concursos de acreedores, al regular la transmisión de la empresa como conjunto y, salvo pacto en contrario o falta de conformidad de la contraparte, comprenderá la cesión de contratos celebrados en el ejercicio de la actividad empresarial, la cesión de créditos generados en ese ejercicio y la asunción por el adquirente de las deudas que resulten de la documentación contable y empresarial, de las que el transmitente responderá solidariamente.
De las sociedades mercantiles
El libro segundo del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil regula las disposiciones generales aplicables a todas las sociedades mercantiles, para diferenciar las dos grandes categorías de sociedades: las de personas y las de capital. En cada una de ellas se distinguen disposiciones comunes y disposiciones propias o especiales de un tipo concreto, como las sociedades comanditarias, en las de personas, y las sociedades limitadas y anónimas, en las de capital. En éstas también se incorporan las normas relativas a la sociedad anónima europea domiciliada en España, a la emisión de obligaciones y a la sociedad comanditaria por acciones.
Junto a este marco sistemático básico, se ordenan un conjunto de materias, como las cuentas anuales, la modificación de los estatutos, las modificaciones estructurales y la separación y exclusión de socios. También se regula la disolución, liquidación y extinción de las sociedades mercantiles, las sociedades cotizadas y las uniones de empresas.
Entre las disposiciones generales destacan el establecimiento del principio de igualdad de trato de los socios en condiciones idénticas, la regulación de la página web corporativa o el dominio electrónico de la sociedad. Se ha puesto especial cuidado en la regulación de los modos de adopción de los acuerdos sociales, incluyendo su impugnación como derecho de la minoría, y la administración de la sociedad. Sobre esta última cuestión se han incorporado las reglas básicas sobre capacidad para ser administrador, competencia orgánica y poder de representación.
En la regulación de las sociedades de capital se ha invertido, a favor de la sociedad limitada, el orden de preferencia en la utilización práctica de los tipos societarios de capital. Además, muchas de las normas reguladoras se aplicarán indistintamente, tanto a la sociedad anónima, como a la limitada.
Se pretende una mayor correspondencia entre el capital de la sociedad y la estructura societaria elegida. Por ello para la sociedad limitada se mantiene en tres mil euros la cifra de capital social mínimo, mientras que en la sociedad anónima se ha elevado al doble, 120.000 euros.
Con el objetivo de solventar las dificultades para proceder a la extinción de la sociedad liquidada en caso de falta de activo, se ha dispuesto un procedimiento más ágil que permite, todavía en el ámbito societario -no concursal y, por tanto, con menores costes-, constatar si hay posibilidades de reintegración patrimonial o de cobertura del déficit que justifiquen una declaración de concurso o si, por el contrario, debe procederse a la extinción y cancelación registral de la sociedad.
También se ocupa de las asociaciones y foros de accionistas; las reglas de la solicitud pública de representación; el conflicto de intereses; las clases de consejeros; los requisitos para la acumulación de cargos y su duración; la cualificación del consejero independiente; las comisiones internas del consejo; las especialidades en materia de retribución o los instrumentos especiales de información societaria.
El régimen de las uniones de empresas, las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas adquiere en este anteproyecto relevancia normativa. El concepto de grupo de sociedades se basa en el criterio del control; es decir, por subordinación o de estructura jerarquizada, con sociedad dominante y sociedades dependientes o dominadas. No obstante, no se prescinde de la existencia de grupos por coordinación en los que dos o más sociedades independientes actúan bajo una dirección única.
Del derecho de la competencia y de la propiedad industrial
El Anteproyecto comprende, en su libro tercero, la regulación de la competencia en el mercado. Incluye, por primera vez, determinadas normas ordenadoras de la actividad empresarial en el mercado -de manera coordinada con la Ley de Defensa de la Competencia del 3 de julio de 2007, a la que se remiten-, y normas de conducta dirigidas a empresarios y profesionales, pero también a cualesquier entidad que, como la Administración, participe en el mercado. Asimismo, incorpora las normas sobre acciones y sobre algunos aspectos del procedimiento civil que hoy se contienen en la Ley de Competencia Desleal, del 10 de enero de 1991.
Por otro lado, destaca la incorporación en el Anteproyecto de Ley de normas de la propiedad industrial, en tanto que instrumento indispensable para el funcionamiento de la economía de mercado basada en el principio de libre competencia.
De las obligaciones y de los contratos mercantiles en general
La necesidad de modernizar este sector de la actividad mercantil ha hecho que el Anteproyecto establezca, en su libro cuarto, unas normas generales que han de aplicarse a las obligaciones y contratos mercantiles. Como regla general tienen una eficacia dispositiva y sólo serán imperativas en los casos en que así se disponga expresamente. Están inspiradas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa de Mercaderías de 11 de abril de 1980, en los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) y en los trabajos de la Comisión Landó sobre el Derecho Europeo de los contratos.
Estas disposiciones regulan las distintas fases de la vida del contrato, desde la fase precontractual, no contemplada en nuestro derecho positivo actual, hasta la extinción e incumplimiento del contrato, pasando por la perfección, la modificación, la interpretación y el cumplimiento del mismo.
Como aspectos jurídicos importantes de la contratación moderna el Código Mercantil incluye, además, las previsiones referidas a las Condiciones Generales de la Contratación y a las Cláusulas de Confidencialidad y Exclusiva.
De los contratos mercantiles en particular
El libro quinto incluye un amplio número de contratos mercantiles que se celebran habitualmente en el tráfico económico para impulsar la seguridad jurídica a través del establecimiento de un régimen jurídico previamente conocido. No obstante, algunos se regulan por primera vez a nivel legislativo, como los financieros o los de prestación de servicios informáticos.
Igualmente, se mantiene la posibilidad de considerar como mercantiles, en virtud del principio de libertad de pactos, otros tipos contractuales que se producen en el mercado. A esos contratos atípicos se les aplicarán las normas sobre obligaciones y contratos mercantiles en general previstos en el libro cuarto del Anteproyecto.
De los títulos valores e instrumentos de pago y de crédito
Factura aceptada, valores mobiliarios y tarjetas
La modernización que se opera en el régimen legal del cheque, el pagaré y la letra de cambio se incorpora también a la factura aceptada. Se lleva a cabo la simplificación de este régimen mediante la supresión de las copias de las letras de cambio y la eliminación de la figura de la intervención. Y, sin perjuicio de las especialidades, se prevé un único régimen jurídico del libramiento, la transmisión, el aval, el pago y la falta de pago de estos títulos.
De la prescripción y de la caducidad de las obligaciones mercantiles
Asimismo, es la primera vez que se regula con carácter general la caducidad en sus aspectos fundamentales: efectos, validez o nulidad de los pactos sobre ella y determinación de cuándo procede su aplicación de oficio.
CCOO amenaza a Gallardón con una huelga en la Administración de Justicia si privatiza el Registro Civil
El sindicato asegura que el Ministerio de Justicia está realizando un inventario detallado de los registros civiles.
E.B. / 28-05-2014 elboletin.com
El sindicato de CCOO ha denunciado el «encabezonamiento» del Ministerio de Justicia en «privatizar» el Registro Civil y ha lamentado que no haya hecho ninguna lectura del resultado de las elecciones europeas, donde los ciudadanos han dado un «contundente y rotundo» rechazo a la «política de privatizaciones» del Partido Popular.
La plataforma sindical dice en un comunicado haber tenido conocimiento de que los secretarios judiciales han recibido una encuesta de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, donde se les pide en el «corto» plazo de cinco días, un inventario detallado de los registros civiles, que especifique el «número de tomos, su grosor medio, el espacio que ocupan, la cantidad de inscripciones que se realizan mensualmente e incluso datos de los propios edificios en donde se ubican los mismos».
El CSI-F, por su parte, asegura que ese inventario sobre los Registros Civiles se ha confirmado al hacerse de una manera “opaca”, además de que ese trabajo fue adjudicado a una empresa privada.
Fuentes del Ministerio de Justicia citadas por Europa Press han confirmado que el departamento ha pedido datos para hacer un inventario sobre los documentos y tomos digitalizados, como hizo el anterior Gobierno, pero han precisado que no tiene nada que ver con la decisión que finalmente se adopte sobre la encomienda del Registro Civil.
No hablar de ello en campaña electoral
CCOO ha advertido en el comunicado de que una privatización supondría la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo y ha amenazado con convocar una huelga a nivel nacional en toda la Administración de Justicia si esta se produce. El sindicato defiende que este servicio público continúe en este ámbito asumido por funcionarios.
Para el sector de la Administración de Justicia de CCOO, «resulta curioso que esta información se solicite inmediatamente después de las elecciones europeas, pese a todo el tiempo que se lleva hablando de la privatización de los registros civiles, en una clara maniobra del Ministerio de que su encabezonamiento con la privatización del Registro Civil no perjudicase al Partido Popular en la reciente cita electoral».
¿Cuánto dinero puedes ahorrar si amortizas hipoteca?
29/05/2014 – Cristina Casillas – finanzas.com
Lo primero de todo es tener en cuenta que aunque la hipoteca sea solo de 150.000 euros, los intereses que pagaremos al banco elevará la deuda hasta los 237.527 euros
Con el euríbor en mínimos la idea de amortizar hipoteca se aleja. La cuota hipotecaria ya no aprieta tanto y hace que tus finanzas vivan un cierto desahogo. Sin embargo, amortizar hipoteca nos permite ahorrar dinero por dos vías. Por un lado, pagamos menos intereses por nuestra deuda hipotecaria al banco y, por otro lado, podemos optar al cien por cien de la deducción por vivienda si la adquirimos antes del 31 de diciembre de 2012 (el 15% de un máximo de 9.040 euros).
Y aunque el índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas se encuentra por debajo del 0,60% en tasa diaria, cuando la recuperación europea sea un hecho y la inflación esté más que controlada, el euríbor volverá a normalizarse.
Así, ¿cuánto dinero podremos ahorrar si realizamos amortizaciones para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años? Lo primero de todo es tener en cuenta que aunque la hipoteca sea solo de 150.000 euros, los intereses que pagaremos al banco elevará la deuda hasta los 237.527 euros, suponiendo que el euríbor alcance un valor medio del 3% durante los 25 años y la cuota se situaría en los 791,76 euros. Es decir, puede que ahora esté más bajo, pero puede que dentro de 10 años escale hasta el 5,4% como ocurrió en el verano de 2008.
El hecho de que el sistema bancario español se base en el modelo francés hace que se ahorre más dinero cuanto antes amorticemos anticipadamente. Es decir, pagaremos menos intereses a los tres años que a los 20. Además, reducir plazo es mejor que reducir capital: los intereses se reducen más al quitar tiempo.
Por ejemplo, cuando llevamos tres años de hipoteca habríamos pagado 28.503,19 euros y todavía quedaría una deuda de 138.531 euros. Si anticipamos 20.000 euros y reducimos capital el crédito se rebajaría hasta los 118.531 euros y la cuota hipotecaria pasaría de los 791,76 euros a los 675,84 euros. La deuda total de crédito más intereses ascendería a 206.925 euros.
En el caso de que apostáramos por reducir plazo, pasaríamos de 22 años a 19 años, la cuota se situaría en 743 euros y el costo total del crédito se elevaría hasta los 197.915 euros.
Si decidimos amortizar esa misma cantidad, 20.000 euros, pero cuando la vida de la hipoteca ya tiene 10 años, habremos pagado 95.010,63 euros, y quedará todavía una deuda de 107.039 euros. Si amortizamos capital, reduciríamos la hipoteca hasta los 87.039 euros, la cuota sería de 643,82 euros y el total a pagar sería de 204.745,63 euros.
En el caso de reducir plazo, restarían 12 años, frente a 15, con una cuota de 762,05 euros y un total de 204.745,63 euros.
Pero además, reducir cuota es conveniente para aquellos a los que les cueste llegar a fin de mes o quieren ir más holgados, mientras que reducir plazo es la fórmula ideal para los que vayan holgados y quieran reducir el coste total de la vivienda y zanjar su deuda cuanto antes.
El FMI recomienda a España quitas a la deuda de empresas viables y subir el IVA
El Fondo reitera su consejo de reducir diferencias entre indefinidos y temporales con el fin de impulsar la contratación
Economía | 27/05/2014 lavanguardia.com
Washington. (Europa Press).- La recuperación de la economía española iniciada en la segunda mitad de 2013 ha ganado fuerza en el primer trimestre de 2014, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recomienda adoptar medidas que permitan trasladar al mercado laboral esta mejoría, incluyendo la adopción de quitas en la deuda de empresas viables, liberalizar servicios y reducir regulación interna, así como impulsar la recaudación mediante subidas de impuestos indirectos con el fin de rebajar el déficit y la deuda.
«España ha superado el bache», destaca la institución internacional en las conclusiones preliminares de su evaluación anual de la situación de la economía española, conocida como ‘Artículo IV’, donde expresa su confianza en que la recuperación «continuará a medio plazo».
En este sentido, el FMI sostiene que «comienzan a dar fruto» las decisiones adoptadas en materia de ajustes, pensiones e impuestos con el objetivo de preservar de cara al futuro el sistema de bienestar del país, así como las medidas para el saneamiento de la banca, lo que mejora las condiciones de préstamo, mientras que la reforma laboral ha permitido transformar la destrucción de empleo en «creación de puestos de trabajo». «Estos esfuerzos colectivos han mejorado sustancialmente las perspectivas de creación de empleo y mejora de los estándares de vida», apunta el FMI, que advierte de que «sin estos esfuerzos, la recesión aún podría continuar y el desempleo subiría».
El pasado mes de abril, la institución dirigida por Christine Lagarde mejoró en tres décimas su previsión de crecimiento de la economía española para 2014 y en otras dos la de 2015, hasta el 0,9% y el 1% respectivamente.
Quitas a las empresas viables
No obstante, a pesar de la mejoría registrada, el FMI subraya en su radiografía de la economía española que el país debe perseverar en sus esfuerzos para lograr una recuperación «inclusiva» fuerte y duradera en la que el empleo pueda beneficiarse de las mayores oportunidades de trabajo. Así, la institución considera prioritario ayudar a las empresas a crecer, contratar e invertir, para lo que recomienda establecer procedimientos que alivien la presión de la deuda sobre aquellas firmas operativamente viables. «Reduciendo la tensión financiera de estas empresas y permitiéndoseles crecer saldrían ganando todas las partes», apuntan los autores del informe, que sugieren fijar un «código voluntario de conducta» que facilitara la reestructuración de la deuda de empresas viables y en el que también debería participar el Gobierno con la reestructuración de la deuda fiscal y de la Seguridad Social.
Asimismo, esta reducción de la deuda debería facilitarse también mediante el establecimiento de un marco de insolvencia enfocado a las pymes, incluyendo empresarios individuales, que permitiera a los endeudados poder empezar de nuevo.
En cuanto a la banca, el FMI considera que las entidades deben continuar con el saneamiento e sus balances a través de la captación de capital, más que por la reducción del crédito, para lo que sugiere limitar el pago de dividendos en metálico y de ‘bonus’, así como profundizar en la reducción de costes.
Liberalizar servicios
Por otro lado, el análisis del FMI considera también prioritario la reducción de las barreras regulatorias que afectan a la eficiencia de la actividad económica y la creación de empleo, lo que contribuiría a mejorar la competitividad de la economía española. Asimismo, la institución internacional subraya la importancia de remitir «sin más retrasos» al Parlamento una «ambiciosa» normativa de liberalización de los servicios profesionales que sea aprobada sin otorgar ningún tratamiento especial a intereses particulares.
Reducir la protección de los indefinidos
Por otro lado, el FMI vuelve a señalar al Gobierno la importancia de alcanzar un mejor equilibrio entre la protección de los contratos indefinidos y la precariedad de los temporales con el fin de estimular la contratación y la inversión por parte de las empresas en su capital humano. «Lograr un mejor equilibrio entre los altamente protegidos contratos indefinidos y la precariedad de los temporales incrementaría la contratación indefinida y estimularía que las empresas invirtieran más en sus trabajadores», apunta la institución. Además, el Fondo apuesta por facilitar individualmente a las empresas adaptar la remuneración que ofrecen a sus condiciones específicas, lo que permitiría a las empresas en dificultades seguir abiertas y se traduciría en una menor pérdida de empleos.
En cuanto a la evolución del déficit y la deuda pública, el informe del FMI advierte de la necesidad de llevar a cabo un proceso de consolidación «gradual» que minimice el impacto de los ajustes en la creación de empleo. En este sentido, el ‘Artículo IV’ señala la inminente reforma fiscal como una oportunidad crucial de lograr proteger los servicios públicos mediante un incremento de la recaudación, para lo que recomienda subir los impuestos indirectos, incluyendo la subida de impuestos especiales y tasas medioambientales, así como reduciendo el rango de productos que se benefician de un IVA superreducido. «Esto debería venir acompañado de medidas claramente identificadas para proteger a los más vulnerables», añade la institución, que recomienda reducir las contribuciones sociales a las empresas con el fin de estimular la contratación de los trabajadores menos cualificados, así como un recorte gradual del impuesto a los ingresos empresariales, combinado con la reducción de exenciones y beneficios.
Justicia encarga a El Corte Inglés un inventario de los libros del Registro Civil
Reformas de Gallardón El ministerio envía un cuestionario para saber el estado de conservación de los libros
El sindicato CSIF cree que la operación es un paso más en la privatización de los registros
M. F. Madrid 28 mayo 2014 – elpais.com
La dirección general de Registros y Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha enviado una comunicación a todos los registros civiles del país para hacer inventario de los libros, físicos y digitalizados, que acumulan en sus estanterías desde hace más de un siglo. Para ello, el Ministerio ha adjudicado el contrato, por 119.000 euros, a la empresa informática de El Corte Inglés.
Justicia ha enviado un cuestionario a los registradores en el que pregunta, entre otras cosas, por el estado de conservación de los libros anteriores a 1950, el número de tomos, su grosor o el número de metros que ocupan en sus estanterías. El inventario sobre la información de los nacimientos, defunciones, matrimonios o tutelas ha disparado la alarma entre los sindicatos, que temen que sea una «maniobra previa», a la privatización del Registro Civil.
El CSIF ha exigido por escrito al ministerio que explique una medida que consideran «inaudita e incomprensible», que en su opinión «arroja serias dudas sobre el tratamiento de datos muy sensibles y deriva medios públicos a una empresa privada». Fuentes de Justicia recuerdan sin embargo que ese inventario no tiene relación con la reforma de los registros y que hace tiempo que estaba prevista. Durante meses, el ministerio negoció con el colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles para delegar en él la gestión del Registro Civil. Desde el pasado mes de marzo las negociaciones están rotas, pero los sindicatos creen que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón no ha abandonado su idea inicial. CSIF pide un cambio legal para que los propios funcionarios puedan certificar cualquier inscripción y «evitar así la temida privatización».
CC OO también ha denunciado que esta decisión oculta «intenciones privatizadoras», que buscan eliminar «más de 5.000 puestos de trabajo y el desmantelamiento de un servicio público que todos los españoles debemos utilizar».
El Registro Civil, que realiza cada año 1,4 millones de trámites en toda España (unos obligatorios para los ciudadanos, como las inscripciones de nacimiento y defunción, y otros voluntarios, como los cambios de apellidos).
Estadística de Hipotecas. Marzo 2014. Datos provisionales
El número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad en marzo1 es de 16.625, un 2,0% más que en el mismo mes de 2013
El importe medio de dichas hipotecas aumenta un 5,6% en tasa anual y se sitúa en 102.397 euros
El importe medio de las hipotecas inscritas en los registros de la propiedad en marzo de 2014 (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente), se sitúa en 137.845 euros, un 22,7% superior al del mismo mes de 2013.
En el caso de viviendas, se registran 16.625 hipotecas, un 2,0% más que en marzo de 2013. El importe medio es de 102.397 euros, con un aumento anual del 5,6%.
Enlace al Instituto Nacional de Estadística
800.000 familias han dejado de pagar su hipoteca desde 2008
Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (Afes)
Cálculo realizado a partir de los datos de 2013 publicados por el Banco de España de créditos en mora (más de 300.000) y de las ejecuciones hipotecarias en marcha (200.000)
Más de 300.000 habrán perdido su casa habitual a finales de 2014, prevé este colectivo
La asociación lamenta que sólo en el 33% de casos se llegó a la dación en pago en 2013
‘ Somos conocedores de que no existen soluciones mágicas a este tipo de problemas’
Madrid 22/05/2014 elmundo.es
La crisis sigue haciendo estragos. Sobre todo entre los hipotecados. Según la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (Afes), hasta 800.000 familias han dejado de pagar su deuda hipotecaria al banco desde el inicio de la crisis. Este colectivo estima esta cifra sumando los datos oficiales publicados por el Banco de España (BE) sobre créditos en mora (más de 300.000) y ejecuciones hipotecarias (200.000). A los que añade las 300.000 familias que ya han perdido su vivienda.
«El pronóstico que hizo Afes en 2012 se corrobora tras la cifra que ha dado el BE estimando que casi 50.000 familias perdieron su vivienda en 2013. Pero si proyectamos esta magnitud desde el año 2008, podemos confirmar el dato que en su día apuntó esta asociación augurando que a finales de 2014 más de 300.000 familias perderían su vivienda habitual», indica este colectivo en un comunicado.
La asociación admite que las medidas destinadas a proteger a los deudores hipotecarios han permitido que miles de familias puedan permanecer en sus hogares hasta 2015, al permitir seguir en alquiler durante dos años aceptada la dación en pago, y que al mismo tiempo «han causado un efecto de relajación frente al miedo a dejar de pagar los créditos». Además, señala que «sólo los que se pueden acoger a la moratoria son vistos con buenos ojos por la banca dado que no les recorta el montante de las deudas y tan sólo retrasa la adjudicación de unos inmuebles que tienen una difícil salida en el actual mercado inmobiliario».
Otro de los aspectos que no recoge el informe del BE, según Afes, es el rotundo fracaso del Fondo Social de Viviendas -adjudicó 780 pisos en 2013-. «Se empezó la casa por el tejado. No se tenían que haber buscado viviendas, ya que éstas sobran. Se tendría que haber buscado a las familias que son susceptibles de obtener un hogar a través de una iniciativa como ésta», afirma Carlos Baños, presidente de la asociación.
El rescate financiero impulsó las daciones en 2012, pero después…
Respecto a las daciones en pago o lo que es lo mismo saldar la deuda con la entrega de la vivienda, el BE indica que sólo se alcanzó en una de cada tres ejecuciones (33%), menos que el porcentaje del 38% computado en 2012. Según Afes, la explicación de esta bajada se debe a que fue en el año 2012, cuando se produjo el rescate financiero de algunas entidades que se nacionalizaron y estos bancos trasladaron sus activos dañados a la Sareb con el fin de que dejaran de perjudicar sus balances.
Afes apuesta por la mediación como modelo de resolución, intentando explicar a las partes que una ejecución hipotecaria no conviene a ninguna de ellas, buscando acciones que todos pueden emprender para sumar en la búsqueda de una alternativa que, si bien no va a solucionar el origen del impago, si va a dejar en mejor situación a los deudores y a los acreedores.
«Somos conocedores de que no existen soluciones mágicas a este tipo de problemas, pero tras participar en más de 7.000 casos, también somos conscientes de que tal y como se está actuando no es el mejor camino. Ya han quedado en una situación de exclusión socioeconómica más de 300.000 familias en este país y podrían duplicarse si no emprendemos iniciativas diferentes a las que se aplican actualmente. El Estado no se puede permitir la sangría social, económica y política que está constituyendo la mora hipotecaria», concluye Baños.
Más menores en exclusión
27/05/2014 elconfidencial.com
El 20,4% de la población española, uno de cada cinco habitantes, vive por debajo del umbral de la pobreza, frente al 20,8% de 2012, un descenso que no responde a una mejora de la situación sino que se explica porque al disminuir los ingresos de la población también lo hace el límite que marca el riesgo de pobreza.
Además, esa mínima reducción de la tasa también se explica por el efecto de la estabilidad de los ingresos de los mayores de 65 años (cuyo riesgo de pobreza se reduce en 2,1 puntos hasta el 12,7%), ya que sus pensiones permanecen estables pese a los menores ingresos del resto de la población.
Por el contrario, la de los menores de 16 años se elevó hasta el 26,7%, lo que indica que más de uno de cada cuatro niños residentes en España está en riesgo de pobreza, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, el porcentaje de la población española que vive en riesgo de pobreza (20,4%) se eleva hasta el 27,3% si se utiliza el indicador AROPE (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.
Este indicador, además del riesgo de pobreza, tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la carencia material severa, como no poder ir de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, no poder tener coche, lavadora o teléfono, o no disponer de 650 euros para gastos imprevistos, entre otros factores.
Según el INE, en 2013 los ingresos que marcan el umbral de pobreza de una persona se situó en 8.114 euros, y en 17.040 para los hogares compuestos por dos adultos y dos menores, frente a los 8.321 y 17.473 euros, respectivamente, de 2012. En 2012 (año al que corresponden los datos de la encuesta de 2013) los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de 26.775 euros, un 3,5 % menos que un año antes, una cifra que ya acumula cuatro bajadas consecutivas desde los 30.045 euros que percibían en 2008.
La encuesta arroja otros datos preocupantes como que el 16,9% de los hogares llega a fin de mes con «mucha dificultad», un porcentaje que ha crecido en 3,4 puntos, al tiempo que el 41% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Casi la mitad de los hogares (45,8%) no puede ir de vacaciones ni una semana al año y el 9,3 % tiene retrasos en los pagos relacionados con su vivienda (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad…), un porcentaje que, como todos los anteriores, ha aumentado respecto a 2012.
La formación también influye en la tasa de riesgo de pobreza que afecta al 25,1% de la población con educación primaria o inferior y se reduce hasta el 8,5 % en quienes tienen educación superior. En 2013, el 38% de las personas que vivían en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo también estaba en riesgo de pobreza.
En el caso de los parados el riesgo de pobreza afectaba al 39,9% mientras que en los ocupados se reduce al 11,7%. Según la nacionalidad, la tasa se situó en el 16,5% para los españoles, en el 35,1% para los extranjeros de la Unión Europea y en el 47,8% para quienes no eran de la UE.
El INE explica en la encuesta que, si se imputa a cada hogar un cálculo aproximado de un pago mensual de alquiler o hipoteca, la tasa general de pobreza se reduce al 18,7% en 2013 (6,8% para los mayores de 65 y 27,2% para los menores de 16 años).
Por comunidades autónomas las tasas de riesgo de pobreza más elevadas corresponden a Castilla-La Mancha (31,3%), Extremadura (30,9%) y Andalucía (29,1%), y las más bajas a Navarra (9,9%), País Vasco (10,5%), Madrid (13,4%) y Cataluña (13,9%).
El INE explica que en la ECV difundida este martes se ha modificado el método de cálculo de los ingresos del hogar de modo que ahora se incluyen los datos que las Administraciones tienen de los ciudadanos, y se han actualizado las cifras desde 2009, por lo que no se pueden establecer comparaciones con ejercicios anteriores. «La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad, no mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población», explica el INE.
La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para un notario de Marratxí
V.M. | Palma | 22/05/2014 ultimahora.es
La Fiscalía reclama una condena de cuatro años y medio de prisión para un notario de Marratxí, Pedro Luis Gutiérrez Moreno, por delitos de estafa y falsedad en un juicio que se celebrará la próxima semana en la Audiencia.
Junto al notario se sentarán en el banquillo el vendedor de una decena de viviendas instaladas en un local comercial que, según el ministerio público son completamente ilegales. A éste se le reclaman ocho años de cárcel. El tercer acusado es un arquitecto técnico, quien también habría participado en la trama.
De acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, los hechos se remontan al año 2005. Un pintor había adquirido un local comercial y construyó en él diez viviendas sin intervención de ningún técnico, sin licencia de obra y contra el planeamiento urbanístico. Algunas de ellas tienen apenas 26 metros cuadrados. Para darles apariencia de legalidad contactó con el notario que, según el fiscal, otrogó una escritura pública que no se correspondía a la situación de la vivienda y que las daba una existencia contraria a la ley. El notario rechaza los hechos y defiende su inocencia.
El Banco de España encarga a Deloitte las reclamaciones por las cláusulas suelo
En 2013 estas ascendieron a 16.000
Agencias Madrid 27-05-2014 cincodias.com
El Banco de España ha contratado a la consultora Deloitte para gestionar su servicio de reclamaciones por las cláusulas suelo de las hipotecas, una decisión que ha sido criticada por los consumidores, que creen que supondrá un perjuicio para los clientes.
En un comunicado remitido hoy, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha denunciado que con esta “privatización”, las reclamaciones de los consumidores serán tramitadas por una consultora “con intereses privados”, que tiene entre sus clientes a la mayoría de los bancos españoles.
Adicae ha lanzado esta crítica después de que el Banco de España adjudicara el pasado 12 de mayo las reclamaciones por las cláusulas suelo a Deloitte, un servicio por el que la consultora cobrará 825.964 euros, más el correspondiente IVA, según informó el organismo que dirige Luis María Linde.
La asociación considera que tras el encargo a Deloitte, ha quedado demostrada la “ineficacia” del supervisor para dar salida a las más de 16.000 reclamaciones presentadas en 2013 por las cláusulas suelo, pero que la situación no debe solucionarse privatizando su gestión.
En este sentido, Adicae aboga por “impulsar un giro radical en la orientación de la supervisión bancaria” en España, que propicie un nuevo marco de relaciones con los clientes y una adecuada atención a los “crecientes conflictos” que llegan al Banco de España.
Los agentes inmobiliarios aconsejan a los particulares vender «ya» sus propiedades
Los profesionales del sector aseguran que los precios ni se van a reducir más ni subirán y en dos o tres años la vivienda de segunda mano deberá competir con nuevas de más calidad
Torrevieja d. p. 24.05.2014 | diarioinformacion.com
El 70% de negocios ha cerrado y la demanda se ha reducido a la quinta parte
«Que vendan ya». Esa es la recomendación del sector de los inmobiliarios a los particulares que hayan pensado o tengan previsto poner su vivienda a la venta. «Los pisos no van a bajar más de precio pero tampoco subirán a corto plazo», advierte Ulrich Brack, presidente de la Asociación Inmobiliaria de la Vega Baja (Asivega).
Y además, si no se venden ahora, valora, esas propiedades de segunda mano deberán competir en el mercado dentro de dos o tres años y ya más devaluadas, con las viviendas de nueva planta que se están construyendo y con mejores calidades que las levantadas antes del «boom». Un sector, el de la vivienda turística de segunda mano, que tiene en Torrevieja una de las principales ofertas del país, y que ayer organizaba unas jornadas de formación en el Centro de Desarrollo Turístico de la ciudad. «Que vendan y confíen en un profesional porque durante el «boom» los particulares ponían un cartel en el balcón y a la semana tenía demanda. Ahora no».
Para Asivega los propietarios deben ser conscientes de que el precio que ellos pagaron por la vivienda no es el actual. «Un particular no es objetivo a la hora de fijar el precio. Debe confiar en un profesional para fijar ese precio y que le encuentre un comprador. El inmobiliario no vende casas. El único que puede hacerlo es el propietario». La única forma de vender es ser «muy atractivo en precio», indican las mismas fuentes, porque la demanda es escasa.
El mercado de segunda mano sigue siendo el más importante para estos profesionales porque las docena de empresas que están construyendo viviendas nuevas tienen sus propias redes de comercialización. La segunda mano, con una oferta apabullante, ha liderado, ahora, y también durante la crisis, el número de operaciones de compraventa. Algo que se refleja, por ejemplo, en el incremento del impuesto de plusvalías en el municipio, con más de 13 millones de euros de recaudación en 2013, dos más de los previstos en los presupuestos.
Eso sí, los precios han caído en siete años un 40%, en cifras oficiales y hasta el 60%, en algunos casos. El 70% de las oficinas inmobiliarias de Torrevieja y Orihuela Costa se han quedado por el camino; en especial, las británicas y muchas españolas. Ese hueco, explica Ulrich, lo están llenando, aunque muy poco a poco, comercializadoras escandinavas y rusas y con un potencial mucho menor que en el mercado previo a la crisis.
Los «inmobiliarios» se manejaban antes de la debacle de finales de 2007 con un mercado potencial de compradores enorme de 110 millones de clientes –España, Reino Unido e Irlanda–. «Por eso se vendió tanto». Esa demanda se ha reducido a una quinta parte y se limita al público escandinavo –Noruega, Finlandia y Suecia–, Bélgica y, en menor medida, Holanda y Rusia –este último con menor relevancia de la que se proyecta–. «Hoy en día el que más ayuda necesita es el vendedor. No tiene las posibilidades de antes. Estamos al otro lado de la curva. Mucha oferta y muy poca demanda», aclara Asivega y en definitiva, los precios solo subirán cuando la demanda sea más grande que la oferta.
La Comunidad de Madrid tiene avanzado el decreto que regulará el alquiler vacacional de viviendas particulares
26/05/2014 realestatepress.es
La Viceconsejera de Turismo de la Comunidad de Madrid, Carmen González, ha señalado que el decreto por el que se regulará el alquiler vacacional de viviendas de particulares se encuentra “bastante avanzado”.
González ha calificado este proyecto como “polémico y difícil”. inicialmente el proyecto de ley contemplaba la necesidad de una licencia de actividad quesolo otorga a inmuebles terciarios, algo imposible de cumplir por parte de los propietarios de un apartamento turístico
Según la viceconsejera hay que establecer “unas normas mínimas de regulación” que englobe un mismo marco normativo para todos, asimismo ha adelantado la dificultad de que esta nueva normativa sea capaz de satisfacer todos los intereses, grupos hoteleros y asociaciones de alquiler vacacional.
La Asociación de Gestores de Viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid, Asotur, alerta de que si se aprueba esta ley no la podrán cumplir, con lo que se corre el riesgo de hacer opaco un negocio que genera un impacto económico importante en Madrid
El Gobierno de la nación publicó el pasado junio pasado una ley de alquiler que limita el derecho de alquilar una vivienda para uso turístico, al dejar de estar de estar protegida de forma uniforme en toda España por la ley de arrendamientos urbanos, LAU, para pasar a regirse por las normativas turísticas de cada una de las 17 comunidades autónomas.
Así, la Comunidad de Madrid ha publicado un borrador que pretende “establecer unos mínimos requisitos tendentes a proteger los derechos de los usuarios turísticos” que decidan optan por el alquiler de una vivienda vacacional y “acabar con situaciones de intrusismo y competencia desleal”.
El banco Lloyds pone límite las hipotecas para contener la subida de precios de la vivienda en Reino Unido
Hasta cuatro veces los ingresos
El banco Lloyds pone límite las hipotecas para contener la subida de precios de la vivienda en UK
21/05/2014- teinteresa.es
El precio medio de una vivienda en Londres es de 560.000 libras, para lo que se necesita contar con un salario, único o combinado, de 126.000.
Hasta ahora, los bancos han ofrecido hipotecas que suponían hasta seis veces los ingresos de los prestatarios, que no pueden hacer frente a ellas.
Última hora Uno de los principales bancos prestamistas de Reino Unido ha anunciado este martes que tomará medidas drásticas sobre los grandes préstamos hipotecarios. La razón por la que la entidad bancaria Lloyds ha tomado esta decisión es el temor ante la posibilidad de que el mercado inmobiliario se descontrole en Londres, donde los precios de las viviendas están aumentando 21 veces más rápido que en otras partes del país.
Lloyds, que controla cerca de un cuarto de las hipotecas del país, ha decidido poner un límite a los préstamos de más de 500.000 libras esterlinas con efecto inmediato, a menos de que el préstamo sea inferior a cuatro veces los ingresos del prestatario, según recoge el británico ‘Daily Mail’. Este límite se aplicará también en las filiales Halifax, Bank of Scotland y al Scottish Widows Bank.
Esto quiere decir que para que una persona pueda acceder a un préstamo de esta cuantía debe contar con un sueldo de 125.000 libras anuales. A finales de 2013, el precio medio de una vivienda en la capital británica estaba en torno a las 560.000 libras: para que una persona o una pareja pueda acceder a una hipoteca con Lloyds se necesitaría un salario combinado de 126.000 libras.
Tradicionalmente, en Reino Unido ha concedido préstamos que suponían entre tres y cuatro veces los ingresos de los salarios, individuales o conjuntos, para firmar una hipoteca. Sin embargo, en los últimos años anteriores a que estallara la crisis financiera, en 2008, no era raro que los bancos ofrecieran préstamos que suponían hasta seis veces los salarios.
Ahora, tras aumentar la cantidad de “megahipotecas”, provocada por la explosión de los precios de la vivienda tanto en Londres como en el sur del país, han causado que los bancos ofrezcan a los potenciales compradores hipotecas a las que no pueden enfrentarse.
HP despedirá a 16.000 empleados más para remontar las cuentas
En un inicio la compañía pensaba despedir a 34.000 trabajadores como parte de su reforma corporativa
Economía | 23/05/2014 – lavanguardia.com
San Francisco (Portaltic/Reuters) Hewlett-Packard Co tiene planes de recortar otros 16.000 puestos de trabajo, además de los 34.000 anunciados, intensificando el programa de la presidenta ejecutiva, Meg Whitman, para reformular al fabricante de ordenadores personales y aliviar la presión sobre los márgenes de rentabilidad.
La compañía informó el jueves de una caída del uno por ciento en sus ventas trimestrales, un descenso mayor del esperado en momentos en que lucha por mantener su posición en un mercado menguante, al tiempo que protege sus márgenes. El resultado es el undécimo descenso trimestral consecutivo de ventas de HP.
Las acciones de HP cerraron con una baja del 2,3 por ciento, a 31,78 dólares, después de que la compañía publicara involuntariamente el resultado en su página web más de media hora antes del cierre del mercado bursátil. HP, en cuyas operaciones globales trabajan más de 250.000 empleados, en un inicio pensaba despedir a 34.000 como parte de su reforma corporativa.
El jueves anunció que estimaba que necesitaba eliminar entre 11.000 y 16.000 puestos más, diseminados en varios países y áreas de negocios. Whitman dijo que HP sigue encontrando áreas para mejorar en la amplia cartera de la compañía, que incluye computación, redes, almacenamiento y programas. Sin embargo, los trabajos de investigación -vitales para la innovación y el crecimiento a largo plazo- seguirán creciendo.
HP busca recortar más en «áreas que no son centrales para las agendas de clientes e innovación», dijo la líder de la compañía en una entrevista, antes que en áreas como investigación. «No es eso lo que hacemos aquí. Miren el gasto en Investigación y Desarrollo, que está subiendo», dijo. La compañía de Silicon Valley intenta reducir su dependencia de los ordenadores personales y avanzar hacia equipamiento computacional y equipos de redes para empresas, parte del esfuerzo de Whitman para detener los declives en los ingresos y generar crecimiento en el principal fabricante de computadoras del mundo.
La empresa reportó ventas de 27.300 millones de dólares para el segundo trimestre, que terminó el 30 de abril, algo menos que los 27.410 millones de dólares que esperaba Wall Street. Whitman dijo que China seguía siendo una región desafiante, aunque los ingresos desde ese país crecieron en el trimestre. Compañías estadounidenses como International Business Machines Corp y Cisco Systems Inc han culpado por sus recientes desempeños deslucidos al rechazo contra firmas estadounidenses en China, luego de las acusaciones de espionaje hechas por Estados Unidos.
El jueves, la compañía pronosticó ganancias anuales de 3,63 a 3,75 dólares por acción, en comparación con la estimación de Wall Street de 3,71 dólares. La firma reportó ganancias netas ajustadas de 88 centavos por acción en el segundo trimestre fiscal, un alza del uno por ciento respecto al año anterior y casi al mismo nivel del promedio de expectativas de analistas.
La Audiencia Provincial, Sección número 5, de Palma de Mallorca confirma la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca, declarando abusiva en un contrato de préstamo hipotecario la cláusula de procedimiento extrajudicial ante notario.
En dicha Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca se dice: …
8. Pues bien, la conclusión de este Juzgador no puede ser otra que la de que efectivamente existe una diferencia de tratamiento entre uno y otro procedimiento y que esa diferencia de tratamiento es injustificada. Además, esta conclusión puede mantenerse tanto con la redacción vigente del artículo 129 de la LH en el momento de formalizarse el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, como en la actual redacción. En efecto, si atendemos al informe redactado por el CGPJ de 25 de julio de 2013, encontraremos razonamientos a propósito de la posible abusividad de una cláusula que recoja una remisión a la venta extrajudicial que este Juzgador comparte. Así, señala que:
a) » Dicha diferencia reside, principalmente, en la facultad que el artículo 552.1 de la LEC confiere al órgano judicial, al disponer que «Cuando el Tribunal aprecie que alguna de las cláusulas incluidas en el Título ejecutivo de las citadas en el artículo 557.1 puede ser calificada como abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en el plazo de los cinco días siguientes, conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3º». Dicho mandato habilita al tribunal para apreciar «ex officio» la existencia de cláusulas abusivas y, en caso de confirmar tal apreciación, tras el trámite contradictorio previsto en el artículo último citado, resolverá bien decretando la improcedencia de la ejecución, bien acordando su despacho pero sin aplicar aquellas estipulaciones consideradas abusivas «. » La posible apreciación de oficio de las cláusulas abusivas no obsta para que la parte pueda suscitar tal circunstancia, como motivo de oposición, al amparo de lo estatuido en el artículo 695.1.4º de la LEC, con las consecuencias derivadas, en caso de que prospere la oposición, que contempla el artículo 695.3 de la LEC (sobreseimiento de la ejecución o inaplicación de la cláusula abusiva)». «El artículo 129 de la LH y los proyectados preceptos reglamentarios concordantes prevén, por una parte, que el notario advierta a los interesados sobre el posible carácter abusivo de alguna de las cláusulas y, por otro lado, impone la suspensión del procedimiento cuando se acredite que alguno de los intervinientes haya interesado del juez competente tal declaración, conforme al procedimiento previsto en el artículo 695.1.4º de la LEC. Si bien las modificaciones introducidas constituyen un avance respecto de la situación precedente, lo cierto es que el modelo previsto para la venta extrajudicial sólo permite que el órgano judicial pueda pronunciarse sobre el carácter abusivo de alguna de las estipulaciones cuando el interesado suscite tal pretensión -como motivo de oposición- pero no contempla la posibilidad de que el órgano judicial pueda apreciar esa circunstancia de oficio, ya que la venta forzosa no se sustancia en sede judicial. Además, aunque el hecho de que el notario pueda advertir sobre la existencia de cláusulas abusivas merece una valoración positiva, no deben pasar inadvertidas las dificultades que se entrevén para su aplicación efectiva, pues, por un lado, o bien el notario se vería obligado a emitir un juicio de valor sobre el clausulado que obra en la escritura autorizada por un compañero de profesión o, en su caso, dada la modificación que el Proyecto establece para la determinación del notario hábil, pudiera ser que el propio notario que autorizó la escritura fuera el que, a la postre, tuviera que pronunciarse sobre la existencia de cláusulas abusivas».
b) «Otro aspecto, cuya importancia no es desdeñable, radica en las consecuencias de la apreciación del carácter abusivo de una o varias cláusulas. Mientras que en el seno del procedimiento de ejecución judicial, o bien determina el sobreseimiento -para el caso de que la cláusula sea fundamento de la ejecución- o la inaplicación de la estipulación declarada abusiva -en cualquier otro caso-, para la venta extrajudicial se prevé la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria para dilucidar el carácter abusivo de las cláusulas constituyan el fundamento de la oposición o la determinación de la cantidad exigible, pero sólo se proscribe la prosecución del procedimiento cuando el pacto declarado abusivo sea fundamento de la ejecución y, sin embargo, nada se dice cuando la estipulación abusiva no afecte al desarrollo de la venta extrajudicial, en sí misma considerada, pero sí a otros aspectos, tales como la cuantía objeto de reclamación o el importe de los intereses exigibles «.
9. En otras palabras, debe considerarse que existe una diferencia de tratamiento, por cuanto que ambos procedimientos no colocan en igualdad de condiciones al consumidor para hacer efectiva la protección dispensada por la Directiva 93/13, ya que:
a) La venta extrajudicial se revela como un perfecto mecanismo para eludir el control de oficio de las cláusulas abusivas consagrado por la doctrina del TJUE (casos Océano, Mostaza Claro, Pannon, etc.), ya que dicho mandato se dirige fundamentalmente a los jueces y magistrados europeos como jueces comunitarios. Es más, el sistema diseñado por el legislador español impide que el notario efectúe ese control de oficio, inaplicando sin más una cláusula contractual, limitando la legislación hipotecaria su actuación a advertir de la presencia de dichas cláusulas para que los interesados puedan comparecer ante los Tribunales para lograr la efectiva protección.
b) La suspensión de la venta extrajudicial requiere del previo ejercicio ante el órgano jurisdiccional de la pretensión de nulidad por abusividad de una cláusula, lo que denota una merma del derecho que consagra la STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso Mohamed Aziz), de ver suspendido su procedimiento en el mismo momento en el que se plantee el debate del control de contenido. A diferencia del procedimiento judicial, en el que la suspensión es automática ex artículo 695 de la LEC, en el caso de la venta extrajudicial se requiere una actuación activa del consumidor mediante la presentación de una demanda ante los Tribunales y la solicitud de la adopción de una medida cautelar consistente en la suspensión del procedimiento de venta extrajudicial. En este sentido, el contenido del artículo 236 ñ del RH es revelador, ya que ni siquiera contempla que el Notario suspenda el procedimiento por el planteamiento del debate sobre la abusividad de una cláusula contractual.
c) Por último, tampoco puede considerarse desdeñable los diferentes efectos que tiene la declaración de nulidad de una cláusula abusiva en uno y en otro procedimiento, ya que, mientras en el procedimiento judicial puede determinar o bien el sobreseimiento del procedimiento judicial de ejecución cuando la declaración de nulidad afecte a una cláusula contractual fundamentadora de la ejecución, o bien la eliminación de la cláusula declarada abusiva con el posible efecto arrastre de la nulidad a la totalidad del contrato si éste no pudiera subsistir sin dicha cláusula (STJUE de 14 de junio de 2012 (Caso Banesto contra J. C. )), en el supuesto de la venta extrajudicial, la declaración judicial de nulidad de una cláusula contractual únicamente puede extender sus efectos a la venta extrajudicial cuando afecta al fundamento de la ejecución, pero no cuando afecta a elementos accesorios no contaminantes de la venta extrajudicial, lo que desde luego no garantiza que el consumidor no vaya a ver mermado sus derechos, incluso pese a la declaración de nulidad de una cláusula contractual.
Puede considerarse que la estipulación número 11 del es abusiva porque concurren los elementos o requisitos de esta abusividad:
a) Que se trate de condiciones generales predispuestas y destinadas a ser impuestas en pluralidad de contratos, sin negociarse de forma individualizada: el predisponente no ha desplegado prueba alguna en este sentido, debiendo pechar con las consecuencias de la falta de prueba.
b) Que en contra de las exigencias de la buena fe causen un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones derivados del contrato: ya he argumentado que la remisión de la estipulación número 11 al procedimiento de venta extrajudicial supone una merma de los derechos del consumidor y de la protección otorgada por la Directiva 93/13 y que la diferencia de tratamiento entre el procedimiento judicial y extrajudicial no tiene justificación.
c) Que el desequilibrio perjudique al consumidor : también he argumentado el perjuicio que supone para el consumidor no poder disponer de la totalidad de los mecanismos de protección dispensados por la Directiva 93/13 en el momento de la celebración del contrato, e incluso en el momento presente.
14. La consecuencia de lo anterior es que procede declarar la nulidad de la estipulación número 11 del contrato por ser abusiva. Dicha declaración de nulidad, al tenor del artículo 10 de la LCGC y de la Directiva 93/13, interpretada por el TJUE, no supone la nulidad de la totalidad del contrato, salvo cuando el mismo no pueda subsistir sin dicha cláusula (STJUE de 14 de junio de 2013 (caso Banesto contra J. C.)), cosa que no ocurre en el caso presente. Al contrario, la eliminación de la remisión a la venta extrajudicial permitirá acudir al procedimiento más garantista judicial”.
Los administradores de fincas se oponen a la expropiación de las terrazas
El Consejo General cree que la Ley de Telecomunicaciones atenta contra la propiedad privada
Sandra López Letón Madrid 21 mayo 2014 – elpais.com
La nueva Ley de Telecomunicaciones, en vigor desde el pasado 9 de mayo, atenta contra la propiedad privada al permitir la expropiación forzosa de las azoteas de los edificios para servicios de comunicaciones electrónicas, según denuncia el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Rechaza que los operadores puedan disponer de estos espacios privativos sin que tengan que obtener licencia de obra ni realizar estudios de impacto ambiental, como era necesario antes. Actualmente, solo precisan de un plan de despliegue o instalación de red en la zona que posibilite el permiso del Ministerio de Industria para colocar la antena en la azotea elegida por la operadora.
«No se entiende que la nueva Ley de Telecomunicaciones no regule el potencial peligro que puede comportar para la salud de los ciudadanos y no tenga en cuenta que supone un sobrepeso excesivo para la estructura del inmueble que conducirá a un deterioro de todo el edificio, además de los perjuicios para los propietarios de las viviendas más cercanas al cableado eléctrico, que verían como su inmueble se deprecia por esta circunstancia», denuncian en el Consejo. Por ello, los administradores de fincas colegiados han solicitado la intervención del defensor del pueblo para que denuncie en el Parlamento este articulado. Además, se comprometen a vigilar que la nueva ley se lleve a efecto «con el máximo rigor y respeto a la propiedad privada».
Y si se produce la expropiación de la cubierta, elemento común por naturaleza, sería necesario un cambio del título constitutivo incompatible con los enunciados de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
Estas lagunas legales, no previstas por la nueva norma, posibilitan el que la comunidad de propietarios se oponga a la instalación alegando razones de imprevisión que chocan con los enunciados de la LPH.
La segunda oportunidad hipotecaria
La ley procesal y la ley hipotecaria impide que se altere ese régimen de endeudamiento futuro
España está muy por detrás de otros países con sistemas que permiten a los deudores empezar de nuevo
Cristina Borrallo Fernández, experta independiente (iAhorro.com) 20 mayo 2014 – elpais.com
La pérdida de poder adquisitivo de las familias, así como las pérdidas en las cuentas anuales de muchas empresas (especialmente pymes), está conllevando está generando multitud de impagos, endeudamientos progresivos y que nuestros Juzgados se vean colapsados con ejecuciones constantes por parte de la banca.
La situación social resulta alarmante para algunos y preocupante para la gran mayoría. Empresas en caída libre con falta de financiación externa, familias endeudadas con falta de ingresos y de expectativas futuras a corto plazo, se ven asumidos en un escepticismo personal y social que les impiden tener una opción de futuro.
Todo se está cuestionando, desde nuestras instituciones hasta nuestro arte, se está enjuiciando en una atmósfera enrarecida.
Los problemas son técnicamente determinables, en relación con el endeudamiento personal y empresarial. Contamos con un sistema procesal e hipotecario en nuestro país que dificulta la posibilidad de viabilidad futura para el endeudado, especialmente para la persona física.
Tenemos un sistema completamente arcaico, que determina una responsabilidad personal universal para quien en un momento de su vida se encuentra con un dilema, llamémoslo bache, económico.
El ejemplo más claro de ello es la postura en la que el deudor persona física se encuentra tras un procedimiento de ejecución hipotecaria. La finca gravada con hipoteca se realiza en pública subasta, acogiéndose el procedimiento a un porcentaje bastante bajo (60%-70% de su valor a efectos de tasación). Si no se cubre la deuda con el banco con la cantidad obtenida en subasta, continúa el procedimiento contra los titulares de la hipoteca o avalistas, en función del artículo 1911 del código civil. Tanto la ley procesal (art. 579 LEC) en ese sentido, como la ley hipotecaria que refrenda tal concepto en su artículo 105, impide que se altere ese régimen de endeudamiento futuro.
Por lo tanto, el deudor pierde la finca pero continua debiendo a la entidad bancaria el resto de la deuda que no se ha podido cubrir con la subasta de la finca. Esa deuda le perseguirá ad eternum, es decir, seguirán contra el resto de su patrimonio (otras fincas, bienes muebles, incluso su salario, según el artículo 607 LEC).
Sin embargo, en la propia ley hipotecaria (art. 140 LH) se permite que la deuda se ciña exclusivamente a la vivienda, siendo esta la única que garantice la obligación. No obstante, este artículo jamás se aplica, siendo un precepto vacío en nuestro sistema jurídico (los bancos no lo aplican, los notarios no lo mencionan en el momento de la firma y nuestro Gobierno no lo fomenta en momentos como el actual).
En ese sentido, España está muy por detrás de otros países de nuestro entorno occidental. Estados europeos como Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido o Irlanda cuentan con sistemas denominados de “segunda oportunidad”, sistemas que permiten a los deudores, dentro de los requisitos de cada legislación, empezar de nuevo tras una fallida en este tipo de negocios jurídicos, condonar deudas, evitar el impago de forma preventiva, medidas de transición en los pagos, o implantar sistemas de refinanciación y reestructuración reales.
En países no europeos, como el caso de Estados Unidos, también existe es régimen, bajo la denominación de “ejecución estratégica” o “Nonrecourse debt”. Si bien cada Estado Federal tiene su propio mecanismo y con muchos matices, tienen como elemento común esta posibilidad. Se entrega la vivienda hipotecada al banco y se salda la deuda, por imposibilidad sobrevenida en el pago debido a la situación económica personal del deudor. En nuestro país existe la descafeinada dación en pago, no siendo una disposición imperativa, sino un mandato abierto a aquellas entidades que quieran ofrecerlo a sus clientes.
Por lo tanto, ¿qué puedo hacer si tengo problemas para pagar la hipoteca? Nuestras leyes dan poco margen de actuación al respecto y las medidas a tomar no son reparativas. Las mismas las podríamos dividir en medidas antes del impago, medidas durante los primeros impagos y medidas una vez iniciada la ejecución hipotecaria.
Las primeras son medidas básicamente negociadoras. Aquí sería oportuno llegar a refinanciar la hipoteca, tratando de adaptar las cuotas mensuales de la misma al activo de la familia, por ejemplo, a través de carencias de capital o ampliaciones en el plazo de devolución de la totalidad del préstamo.
Por el contrario, si ya estás en los primeros impagos, y no puedes ponerte al día, tienes que tener presente que el banco a las tres cuotas impagadas (tras la reforma de la ley hipoteca 1/2013) iniciará un procedimiento de ejecución hipotecaria. Tratar de ponerte al día y refinanciar la hipoteca, con las medidas anteriormente mencionadas, parece ser la única solución.
Si finalmente se han acumulado suficientes cuotas como para que el banco inicie el proceso o ya estás en él, tienes básicamente dos opciones. La primera es una pseudopción en nuestro sistema, pues es pagar las cuotas que debes y ponerte al día. La segunda es personarte en el procedimiento judicial y tratar de rebajar la deuda al máximo. El capital debido siempre será exigible, por lo tanto, aquí solo podrás atacar los intereses de demora aplicables o la existencia de cláusulas abusivas, como pueden ser determinadas cláusulas suelo.
En el caso de las empresas, encontramos una dicotomía en el sistema. Las sociedades sí tienen la responsabilidad limitada. Es decir, la empresa debe hacer frente de las deudas, pero las mismas no arrastraran el patrimonio de los socios ni administradores (si no avalaron con su patrimonio las deudas sociales, como muchas pymes en las que existe confusión de patrimonio entre la sociedad y el administrador o socios), si las mismas cumplen con las obligaciones legales de forma minuciosa, como es disolver y liquidar a tiempo o declararse en concurso de acreedores una vez detectada la insolvencia. Precisamente estas excepciones permiten que en la práctica se abra la vía antes citada.
Visto todo esto parece ser que nos encontramos ante un sistema jurídico profundamente obsoleto, las normas no cubren las necesidades sociales y están muy lejos de representar a familias y empresas.
Deberían tomarse medidas de reforma social profundas. Es cierto que el sistema bancario es necesario para la riqueza de un país, pero no puede primar su salvaguarda cuando ello conlleva intrínsecamente síntomas de fracaso y exclusión social de muchas familias, pues deja de cumplir la eficiencia para la cual ha sido creado.
Por lo tanto, son necesarias reformas legales, básicamente en nuestro sistema hipotecario, que permitan que negocios jurídicos como la búsqueda de financiación externa para la adquisición de vivienda (derecho constitucional que todo ciudadano tiene) o la innovación de muchos empresarios no se convierta en la condena del deudor cuando la pérdida de su empleo, fomentada por la falta de diligencia de los gobernantes de turno, le impida pagar religiosamente un préstamo o cuando un proyecto empresarial no se materializa con éxito. Ejemplo de medidas sería la implantación de un sistema real de dación en pago o un sistema de valoración de los bienes inmuebles ejecutados en el que ninguna vivienda pudiera ser ejecutada por debajo del porcentaje de la valoración de la tasación inicial del inmueble en cuestión.
Todo esto no es demagogia, es una realidad. Este desconcierto continuo ha pasado a ser una realidad tangible y mesurable. Estas personas afectadas ya no creen en lo que algunos pocos profesan sobre las mejoras de la economía, y en el porvenir de un país, del cual ya se sienten lejos.
Por lo tanto, es hora de gestar algo original, tanto social como jurídico que permita reavivar el espíritu de multitud de familias arrastradas al caos. El hombre no es un aparato panestésico, sino que es capaz de convertir de nuevo el caos en estructura, por lo tanto, puede que sea hora de dejar de ver el espectáculo como un público masa, es decir, como objetos fabricados en serie y nos dediquemos a innovar, convirtiéndonos en espectadores activos de nuestra sociedad.
¿Por qué recurren los particulares a una agencia inmobiliaria para vender o comprar su casa?
Alfa Inmobiliaria analiza el trasfondo del ‘Abstenerse Agencias’
Buscan, sobre todo, el posicionamiento de la compañía en internet y dar con el precio justo
Ven irrelevante que el agente tenga oficina a pie de calle y la actualización de su formación
Valoran por encima de todo la presencia de un profesional en el momento de la escritura
20/05/2014 elmundo.com
Recurrir a una agencia inmobiliaria para comprar o vender una casa por parte de un particular tiene sus partidarios y sus detractores. Alfa Inmobiliaria, la mayor red española de comercialización de inmuebles y suelo residencial, ha buscado las causas de este afecto y desafecto hacia la intermediación profesional, los servicios que más y menos se valoran de una compañía inmobiliaria, a través de una encuesta a más de 300 clientes.
Entre los principales pros, el vendedor particular recurre a una agencia por la gran importancia que otorga al posicionamiento propio de la compañía en internet, al asesoramiento legal y fiscal que le aporte el agente desde el comienzo del servicio hasta el momento de la escritura ante notario y la ayuda relacionada con identificar el precio justo de su propiedad en el momento de la operación. «Unos servicios por los que sí pagan gustosamente los honorarios de una agencia», según Alfa Inmobiliaria.
No dudarían en eliminar gestiones si con ello redujeran los costes de la intermediación.
En el lado opuesto, el propietario valora escasamente, según Alfa Inmobiliaria, la ayuda que una agencia pueda prestarle a la hora de realizar los trámites necesarios ante las administraciones públicas y contratación de suministros. Al igual que tampoco cree relevante que el agente tenga o no oficina a pie de calle. Por ello, los consultados no dudarían en eliminar estas gestiones si con ello pudieran reducir los costes de la intermediación.
Respecto a los particulares que ‘tiran’ de agencia para buscar su nueva casa, el aspecto menos valorado es el relacionado con la actualización de la formación. Según el estudio de Alfa Inmobiliaria, tan sólo un 24% es partidario de que la compañía forme y actualice permanentemente los conocimientos de sus agentes. «Paradójicamente», aclaran desde esta firma, «valoran por encima de todo la presencia de este consultor en el momento de la escritura notarial y asesoriamiento legal y fiscal que le aporte durante todo el proceso (de la compraventa)».
Nuevo servicio ‘Particular Vende Inmueble’
Partiendo de estas conclusiones, Alfa Inmobiliaria destaca, como adaptado a la realidad, su novedoso servicio ‘Particular Vende Inmueble’, que consiste en vender el piso de particular a particular bajo su asesoramiento. Es decir, publicita la vivienda con los datos de contacto del propietario de tal modo que es éste el que controla la atención telefónica, las visitas a la vivienda con el dossier que le da Alfa Inmobiliaria, etc. Y también es el que negocia contando con la ayuda de un asesor de la red.
«Somos conscientes de que existe un importante número de posibles compradores que evitan adquirir una vivienda a través de una agencia inmobiliaria pues entienden, erróneamente, que esta conlleva una serie de gastos añadidos que encarecerán el precio final» afirma Jesús Duque, Vicepresidente de la red Alfa Inmobiliaria.
Más de 40 reclamaciones a la regulación catastral de Morón en la primera semana
diariodemoron.com 21/05/14
El proceso de regularización catastral puesto en marcha en Morón de la Frontera por la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha recibido en la primera semana de envíos de propuestas más de 40 reclamaciones de propietarios de inmuebles, que advierten errores en el resultado del plan de inspección extraordinario llevado a cabo por esta dirección general.
Los errores alegados son varios, destacando las divergencias entre los datos sobre las construcciones que aparecen en el estudio realizado por Dirección General del Catastro y los que realmente tienen los inmuebles, incluso dándose el caso de edificaciones que aparecen con más metros construidos de los que tiene el solar donde se ha edificado.
La formulación de las reclamaciones y las peticiones de información están saturando el servicio del Punto Municipal de Información Catastral, ya que los vecinos afectados tienen un plazo de 15 días para realizar alegaciones y pese a que la labor investigadora ha sido realizada por una empresa privada, son los funcionarios municipales de este departamento los que atienden las reclamaciones.
La banca nacionalizada perderá 200 millones al año en comisiones por dejar de gestionar los activos de la Sareb
vozpopuli.com 20 mayo 2014
La sociedad que preside Belén Romana iniciará a final de mes una subasta para externalizar a fondos inmobiliarios la comercialización de los créditos e inmuebles recibidos de la banca. El conocido como ‘banco malo’ pretende cerrar la adjudicación tras el verano, entre septiembre y octubre próximos. KPMG y Ernst&Young asesoran a la Sareb en este proceso.
Las nueve entidades cedentes de activos a la Sareb dejarán de comercializar los inmuebles y carteras de préstamos traspasados a finales de año, una vez que expire el contrato de ‘servicing’ entre los bancos y la institución presidida por Belén Romana. La Sareb abrirá a finales de mes el bautizado como ‘Proyecto Íbero’ por el que externalizará la gestión de sus 50.000 millones en activos entre las entidades cedentes y los fondos inmobiliarios especializados, según confirmaron a Vozpópuli fuentes del sector. El conocido como ‘banco malo’ pretende cerrar la adjudicación tras el verano, entre septiembre y octubre próximos.
La medida supondrá una reducción de ingresos para Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia, Caixabank (como comprador de Banco de Valencia), BMN, Liberbank, Caja 3, CEISS y Sabadell (adquiriente del Banco de Gallego). En 2013, estas nueve entidades recibieron 200 millones en concepto de comisiones por la comercialización de los activos que previamente habían traspasado a la Sareb para limpiar su balance de ladrillo. Pese a que las entidades cedentes han sido invitadas al concurso parece improbable que puedan volver a ser adjudicatarios ya que la mayoría han traspasado a sus gestores inmobiliarios tras las ventas de sus respectivas plataformas de gestión del ladrillo a fondos especializados.
El plan de la Sareb es aprovechar precisamente la entrada de nuevos operadores especializados en la gestión inmobiliaria en el mercado español para dar un nuevo impulso y aumentar la calidad de la gestión. “El precio del servicio no será más bajo del que se venía pagando en la actualidad (esos 200 millones en comisiones) pero sí redundará en una mayor calidad”, explican estas fuentes.
El ‘Proyecto Íbero’ contempla la reducción de las firmas comercializadoras, desde las nueve actuales, hasta un entorno de cuatro o cinco. La intención es que las firmas elegidas sean muy heterogéneas para que haya compañías especializadas en la gestión de las carteras de préstamos y sus colaterales, frente a otras más específicas que se dediquen a la comercialización de la panoplia de inmuebles que integran el balance de la Sareb. “Algunas de estas firmas tendrán que ser lo más parecido a un banco para gestionar el enorme volumen de créditos (actualmente conforman el 70% de los activos del grupo) que tiene la Sareb”, detallan estas fuentes.
Todos estos fondos o compañías de gestión inmobiliaria tendrán que venir asociado a un banco, que será quiénes tengan que cumplimentar las labores administrativas asociadas a los recobros de los préstamos. Así, parece probable que Bankia puje junto a Cerberus, a quien traspasó la plataforma y el personal de Bankia Habitat; Catalunya Caixa junto a Blackstone o BMN en asociación de Centerbridge. Los otros fondos especializados que entrarán en liza serán Apollo (comprador de Altamira, del Santander), TPG (nuevo dueño de Servihabitat de La Caixa) o Värde Partners-Kennedy Wilson, que llegó a un acuerdo con el Popular para adquirir la plataforma de Aliseda.
La Sareb ha contratado a KPMG y Ernst&Young para que le asesoren en este proceso. La primera auditora ejercerá de asesor global del proceso y ayudará a la institución presidida por Belén Romana en la selección de ofertas. Ernst&Young, por su parte, será la firma encargada de gestionar todo el conflicto de intereses que pueda surgir en un proceso en el que estará presente todo el sector financiero. Esta auditora ha diseñado, junto a la Sareb, los criterios de selección y vigilará cada una de las fases del proceso, antes de emitir un examen final.
La duración de los contratos de gestión será distinta en función de cada negociación, aunque no se firmarán por menos de tres años, se escalonarán para que no confluyan todos en su vencimiento.
X Men coming
Consejo de Ministros. 23 mayo 2014
Economía y Competitividad lamoncloa.es
Aprobado el proyecto de ley para la mejora del gobierno corporativo de las empresas
La junta de accionistas aprobará la política de remuneraciones con carácter vinculante, al menos, cada tres años.
Se reduce del 5 por 100 al 3 por 100 el capital necesario para ejercer los derechos de las minorías.
El cargo de administrador deberá ejercerse por un período máximo de cuatro años, frente a los seis actuales.
Se establecerá un objetivo de representación en los consejos de administración para el sexo con menos presencia.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, cuyo fin es mejorar el gobierno corporativo de las empresas. La norma fue sometida al trámite de audiencia tras su aprobación por el Gobierno en primera vuelta el pasado diciembre, en ella se abordan aspectos como las remuneraciones de los consejeros, la duración de su mandato, los nombramientos, las situaciones de conflictos de interés y los deberes de lealtad y diligencia de los administradores, entre otros aspectos.
El Proyecto de Ley incorpora propuestas de modificaciones normativas planteadas por la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo. Esta comisión fue creada por un Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2013 con el objetivo de elaborar un estudio sobre las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo e impulsar las iniciativas al respecto.
La Comisión publicó sus conclusiones el pasado 14 de octubre e incorporó como anexo una serie de propuestas normativas concretas de reforma de la vigente Ley de Sociedades de Capital. Las modificaciones de esta norma inciden sobre todo en las sociedades cotizadas, aunque también se introducen novedades de calado en todas las sociedades. Estas modificaciones son las siguientes:
1. Competencias de la junta general de accionistas
a) Todas las sociedades
Intervención en asuntos de gestión y operaciones esenciales: Se permite a la junta impartir instrucciones de gestión salvo disposición contraria de los estatutos. Asimismo, se atribuye a la Junta la decisión sobre operaciones esenciales (aquellas en las que el volumen supere el 25 por 100 del total de activos del balance).
Votaciones: Se deberán votar separadamente las propuestas de acuerdo para aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes.
Conflictos de interés entre accionistas: Se propone extender a todas las sociedades la prohibición de voto del socio que resulte beneficiado en casos muy claros de conflicto de interés.
Impugnación de acuerdos sociales:
Desaparece la distinción entre acuerdos nulos (infracción de un precepto legal) y anulables (otras infracciones).
Se amplía el plazo de impugnación desde los cuarenta días a un año.
En cuanto a la legitimación, se exige al menos el 1 por 100 del capital para poder ejercer la acción de impugnación (en la actualidad varía según se trate de acuerdos nulos o anulables). En las sociedades cotizadas este porcentaje será del uno por mil.
b) Sociedades cotizadas
Derechos de los accionistas: Se reduce del 5 por 100 al 3 por 100 el capital social necesario para ejercer los derechos de minoría.
Asistencia a la junta general: Se reduce el número máximo de acciones que se podrían exigir para poder asistir a la junta desde el uno por mil a mil acciones.
Fraccionamiento y voto divergente: Las entidades que actúen por cuenta de diversas personas podrán fraccionar y delegar el voto. Sería el caso de inversores extranjeros que efectúan sus inversiones a través de una cadena de intermediarios financieros que actúan como titulares fiduciarios por cuenta del inversor último.
Derecho de información: Se propone rebajar el plazo máximo en el que los accionistas pueden solicitar información de siete a cinco días antes de la celebración de la junta.
Asociaciones y foros de accionistas: Se establece la inscripción en un registro especial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el cumplimiento de una serie de obligaciones contables y de información.
2. Administración de la sociedad
Deberes y régimen de responsabilidad de los administradores:
Se tipifican de forma más precisa los deberes de diligencia y lealtad y los procedimientos que se deberían seguir en caso de conflicto de interés.
Se amplía el alcance de la responsabilidad, más allá del resarcimiento del daño causado, incluyendo la devolución del enriquecimiento injusto. Se facilita la interposición de la acción social de responsabilidad al reducir la participación necesaria (del 5 al 3 por 100 en cotizadas) y permitiendo su interposición directa (sin esperar a la junta) en caso de infracción del deber de lealtad.
Competencias del consejo de administración: Se incluye un nuevo artículo con las facultades indelegables del consejo, con el fin de reservarle las decisiones correspondientes al núcleo esencial de la gestión y supervisión de la sociedad.
Composición: Los procedimientos de selección de consejeros facilitarán el nombramiento de consejeras.
Presidente y consejero ejecutivo: Cuando ambos cargos recaigan en una misma persona, el nombramiento del presidente del consejo requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del consejo. Además se deberá nombrar entre los independientes un consejero coordinador (lead independent director) al que se faculta para solicitar la convocatoria del consejo, ampliar el orden del día, coordinar a los consejeros no ejecutivos y dirigir la evaluación del presidente.
Evaluación del consejo y sus comisiones: El consejo de administración deberá realizar una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus comisiones.
Comisión de nombramientos y retribuciones: Los consejos de administración deberán de forma imperativa constituir una comisión de nombramientos y retribuciones. La comisión de nombramientos y retribuciones establecerá un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborará orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
Competencias: Se incluyen como competencia indelegable del consejo, dentro de la política de control y gestión de riesgos, los riesgos fiscales, es decir, la aprobación de las inversiones u operaciones que tengan especial riesgo fiscal y la determinación de la estrategia fiscal de la sociedad.
Duración del cargo de administrador: Se propone que el periodo máximo de cada nombramiento no exceda de cuatro años, frente a los seis actuales.
3. Retribución de los consejeros
Referencias programáticas: La remuneración de los administradores deberá ser razonable, acorde con la situación económica de la sociedad y con las funciones y responsabilidades que les sean atribuidas. El sistema de remuneración deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad de la sociedad en el largo plazo.
Consejeros delegados: Se clarifica el régimen de retribuciones por el ejercicio de facultades ejecutivas de los consejeros. En esos casos se deberá firmar un contrato con el consejero que incluirá los distintos conceptos retributivos. Se aprobará por una mayoría cualificada del consejo y la abstención de los interesados.
Política de remuneraciones: Deberá ser aprobada por la junta (voto vinculante), previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, al menos cada tres años. Esta política contendrá, al menos:
La remuneración total a los consejeros por su condición de tales.
El sistema de remuneración de los consejeros ejecutivos: descripción de los componentes, cuantía global de la retribución fija anual y su variación en el período de referencia, los parámetros de fijación de los restantes componentes y todos los términos y condiciones de sus contratos como primas, indemnizaciones, etcétera.
El consejo decidirá la distribución individual, siempre dentro de la política de remuneraciones.
Cualquier modificación requerirá aprobación de la junta y no podrá realizarse pago alguno mientras no haya sido aprobado por la junta.
Informe anual sobre remuneraciones: Seguirá siendo sometido a voto consultivo de la junta pero, en caso de voto negativo, deberá realizarse una nueva propuesta de política de remuneraciones.
4. Otras modificaciones
Se obliga a publicar en la memoria de las cuentas anuales el período medio de pago a los proveedores. Las sociedades que no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas publicarán, además, esta información en su página web, si la tienen.
Igualmente, las sociedades anónimas cotizadas deberán publicar en su página web el periodo medio de pago a sus proveedores.
Escolanía Escorial. Himno nocturno de Hansel y Gretel
La banca se queda con casi 50.000 viviendas por impago, un alza del 11% frente a 2012
Más desahucios pese a la nueva ley
Los acuerdos y las daciones en pago pierden peso tras el cambio normativo
Álvaro Romero – Madrid 19 mayo 2014 – elpais.com
La peor crisis que ha sufrido España en más de medio siglo deja un reguero de historias con nombre propio entre las que los desahucios ocupan un lugar destacado. Durante el pasado año, 38.961 familias perdieron su vivienda habitual por no pagar la hipoteca, según los datos que publicó este lunes el Banco de España. La cifra, que se incluye dentro de otra más amplía que son las cerca de 50.000 viviendas, incluidas segundas residencias, que han pasado a manos de la banca en 2013 por los mismos motivos, constata que, de momento, ni la nueva ley hipotecaria ni el fin de la recesión han atajado por ahora el fenómeno.
Frente a 2012, el balance del organismo que dirige Luis Linde muestra un avance del conjunto de las entregas del 11%. En el caso de los desahucios realizados sobre primeras viviendas, la cifra revelada por las propias entidades al supervisor prácticamente iguala a la de un año antes. Y eso pese a que desde mayo está en vigor la nueva ley hipotecaria que, en teoría, iba a frenar las ejecuciones al aplazar los lanzamientos en las familias más vulnerables.
A este respecto, la nueva normativa tampoco ayudó a fomentar los acuerdos entre hipotecados y entidades y que concluyen en lo que el Banco de España denomina entrega voluntaria. Según la estadística, bajan un 9,1% hasta los 17.907 procesos, con lo que su peso relativo frente al total de desahucios de primera vivienda baja del 50% de 2012 al 46% a lo largo de 2013. El resto fueron las 21.054 ejecuciones dictadas por la justicia. En la mayor parte de los casos, los hipotecados habían dejado ya vacía la vivienda en el momento de la entrega judicial, pero en 1.668 desalojos de la vivienda habitual (y en 392 de otras viviendas) aún estaba ocupada. La policía solo intervino en 147 casos (93 de ellos correspondientes a vivienda habitual), menos de la mitad que en 2012.
Una de las opciones reclamadas desde colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros movimientos sociales, ha sido la dación en pago, que tampoco avanza al quedarse fuera de la ley y ser una mera recomendación tras los cambios normativos del Ejecutivo. Así, la posibilidad de saldar la deuda con la entrega de la vivienda solo se alcanzó en una de cada tres ejecuciones (33%), menos que el porcentaje del 38% computado en 2012.
Desde el sector financiero, un portavoz de la patronal AEB destacó precisamente la capacidad de acuerdo que ha demostrado la banca pese a la escalada de la morosidad en las hipotecas, que está en el 5,67%.
Frente a esta cifra, recordaron que los desahucios apenas representan el 0,77% de las hipotecas, lo que significa que “las entidades facilitan soluciones a ese 5% de deudores” que no pagan. Entre ellas, desde la asociación aseguran que los bancos y antiguas cajas “están dejando vivir por un módico alquiler” a las familias desahuciadas, aunque todavía no cuentan con estadísticas que refrenden esta tesis.
Desde la PAH, sin embargo, no ven ningún motivo para el optimismo. “Son unas cifras alarmantes sin comparación en toda la UE”, denunció Lucía Martín, una de las portavoces de la plataforma. En su opinión, el hecho de que no se hayan reducido de forma drástica los desahucios constata que la nueva norma “no ha tenido ningún efecto positivo” ya que, según argumentó, “solo busca las refinanciaciones”. La PAH, asimismo, arremetió contra el fiasco que, para ellos, ha supuesto el fondo social de viviendas y que, frente a un parque de 6.000 casas vacías apenas ha dado alojamiento a unas 800 familias.
La asociación de usuarios de banca Adicae, por su parte, puso el foco en que “un 26% de las 17.907 entregas voluntarias de viviendas en 2013 conllevan el mantenimiento de deudas perpetuas tras la pérdida del inmueble”, lo que condena a los afectados de por vida.
Alemania ultima la expulsión de parados españoles
Pretende poner coto al llamado ‘turismo social’
Rosalía Sánchez especial para El Mundo Berlín 21/05/2014 elmundo.com
El consejo de ministros del gobierno alemán ya tiene listo el proyecto de ley que aprobará en una de sus próximas sesiones y que contempla la expulsión del país de los inmigrantes europeos parados que lleven seis meses en el país sin haber encontrado empleo.
Amparándose en la necesidad de luchar contra el abuso del Estado de Bienestar, Alemania criminaliza lo que se ha venido denominando en el discurso político el ‘turismo social’ (‘Sozialturismus’) y establece, entre otras drásticas medidas, la prohibición de volver a entrar en Alemania a quien haya efectuado declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades alemanas, falta que en adelante será castigada con severas multas o incluso con penas de hasta tres años de prisión.
El portavoz en materia de Interior de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Stephan Mayer, ha calificado el proyecto de ley que ya ha sido filtrado a los medios de comunicación como «consecuente», en referencia a la gran afluencia de inmigrantes europeos que están entrando en el país.
Alemania, de hecho, se ha convertido en el segundo destino más popular para los inmigrantes después de Estados Unidos, cuando en 2009 ocupaba todavía el noveno puesto, según los datos de la OCDE.
A pesar de que estas medidas son justificadas en el debate público por los abusos que mayoritariamente infringen al sistema social alemán ciudadanos búlgaros y rumanos o procedentes del Este de Europa, afectará también a miles de españoles que escapan de los estragos de la crisis financiera de la zona euro.
Alemania supera ya a Canadá y Australia como lugar de llegada en busca de nuevas oportunidades y la llegada de inmigrantes está aumentando a un ritmo del 38% anual, según el experto de la OCDE Thomas Liebig.
Los inmigrantes procedentes de otros países europeos en busca de trabajo son los que más influyen en la cifra y este proyecto de ley apunta a que quienes se hayan desplazado a Alemania con el único objetivo de beneficiarse de las prestaciones o de buscar trabajo quedan excluidos del sistema social y después expulsados del país, a fin de evitar que Alemania tenga que soportar una carga excesiva carga social que corresponde a los países de origen.
Rebelión contra los apartamentos turísticos ilegales
Planes de las autonomías para atajar el fraude
Carlos Molina Madrid 19-05-2014 cincodias.com
La denuncia recurrente de los hoteleros parece que por fin ha calado entre las comunidades autónomas, las administraciones que tienen competencias en materia turística. Desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos se calcula que hay medio millón de apartamentos ilegales en España, una situación intolerable por la competencia desleal que representa frente a la oferta reglada y por la cantidad de impuestos que deja de recaudar el Estado y que se pierden en el terreno de la economía sumergida.
La primera en atender las reclamaciones de los empresarios fue Cataluña, que a lo largo de 2012 puso en marcha un proceso informativo en ayuntamientos y empresas sobre la regularización de las plazas hoteleras. Así se informó que todos estos establecimientos tendrían que estar dados de alta en un registro y por lo tanto pagar la tasa turística que se cobra en Cataluña, que oscila entre los 0,75 euros y los 2,5 euros en función de la categoría del establecimiento. En un año se ha logrado regularizar 25.690 viviendas de uso turístico que representan 153.055 plazas. Sin embargo, un informe del gobierno autonómico reconoce que el proceso apenas ha empezado y que puede haber hasta medio millón de plazas más sin regularizar. Los que no lo hagan se exponen a sanciones y las empresas que las publiciten a través de Internet se exponen a su cierre.
Andalucía fija que la reserva para alojarse no superará en ningún caso el 30% del total
La iniciativa de Cataluña ha calado entre el resto de grandes comunidades autónomas. Andalucía ya ha pactado con los empresarios un borrador de real decreto, cuya tramitación está prevista que concluya a finales de este ejercicio. En esta normativa se establece la obligatoriedad de que todos los establecimientos de uso turístico estén inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, un trámite gratuito y que culmina con una declaración responsable. La inscripción le otorga un número de identificación que debe aparecer en todas las promociones y publicidades que realiza. El texto considera viviendas de uso turístico todas aquellas “ubicadas en inmuebles levantados en suelo con uso residencial, excepto las rurales, que ofrezcan alojamiento de forma habitual y con fines turísticos”. Los que no lo hagan se exponen a multas que oscilan entre 2.000 y 150.000 euros. El borrador también establece unos mínimos para los apartamentos: las habitaciones deberán tener ventilación directa al exterior, los inmuebles que se alquilen entre abril y octubre tendrán que tener sistemas de refrigeración adecuados, un botiquín o un extintor. Los propietarios no podrán exigir más de un 30% de señal.
El objetivo es acabar con una oferta ilegal que supone, según cálculos empresariales, el 20% de las plazas que se comercializan. Buena prueba de ello es que el pasado ejercicio se levantaron 683 actas de infracción a través de los expedientes abiertos por la Junta de Andalucía. La existencia de esta economía “alternativa” es especialmente llamativa en la Costa del Sol, en la que se estima que hay más de 50.000 apartamentos sin declarar.
Otra autonomía que tiene avanzado un texto para regular la ocupación en viviendas turísticas es Madrid. Los dos principios rectores del borrador, que podría aprobarse en junio, son garantizar los derechos de los usuarios y evitar la competencia desleal. La normativa que prepara el gobierno de Ignacio González establece que las viviendas no podrán ser alquiladas por habitaciones y que se podrá establecer un período mínimo de estancia. Los propietarios podrán empezar a alquilar la vivienda una vez que la registren ante la Comunidad (con una declaración responsable es suficiente) y no todos deberán contar con una licencia municipal específica. La norma, a la espera de que pueda sufrir modificaciones posteriormente, da libertad a los municipios para cobrar o no cobrar la tasa.
Fabra se une a Montoro para destapar el fraude
La Consejería de Turismo de la Comunidad Valenciana ultima una campaña de inspecciones para tratar de destapar alquileres irregulares y acabar con la oferta ilegal de apartamentos turísticos que se ofertan a través de las principales páginas de internet, como Booking o Homeaway. Fuentes del Gobierno valenciano reconocen que el principal objetivo es que todas las viviendas que tengan usos turísticos estén inscritas en el registro autonómico de apartamentos, en vigor desde 2009, en el que apenas se han registrado propietarios, puesto que el trámite no era obligatorio si solo se alquila.
La estrategia del Ejecutivo presidido por Alberto Fabra pasa por intensificar la colaboración con la Agencia Tributaria para cruzar datos sobre las empresas que estén dadas de alta para evitar posibles irregularidades y sacarlas de la economía sumergida.
El Gobierno regulará a los administradores concursales para controlar sus honorarios
Eduardo Segovia 21/05/2014 elconfidencial.com
El Gobierno ha decidido «dar una vuelta» a la regulación de los administradores consursales debido a los elevados honorarios que perciben y a los fallos del sistema actual para elegirlos. Así lo ha adelantado hoy Vicente Martínez Pujalte, portavoz de Economía del PP en el Congreso, en unas jornadas organizadas por PwC. Esta reforma se incluirá dentro de la Ley de Reestructruración y Refinanciación que se está tramitando en el Parlamento, y contará con el apoyo del PSOE. De esta forma, se pretende poner fin a casos como el de Martinsa-Fadesa, que asegura que ha pagado más de 20 millones por este concepto.
En el sector existe unanimidad respecto a que hay que terminar con un sistema oscuro controlado por un coto cerrado que se presta a prácticas poco éticas. Todo lo cual conduce a la idea generalizada de que ser administrador judicial es un «chollo». Según ha anunciado Pujalte, la nueva norma va a cambiar el sistema de «elección, remuneración y supervisión» de los administradores. En las jornadas también estaba presente Valeriano Gómez, el homónimo de Pujalte en el PSOE, quien ha anunciado su disposición a pactar esta reforma puesto que comparte el diagnóstico.
Según el portavoz popular, «ahora mismo, la forma de maximizar el beneficio del administrador es que el concurso se alargue todo lo posible», lo que eterniza estos procesos para desesperación de las empresas y de los acreedores. «O que acabe en liquidación», ha añadido Gómez. El problema es que «deben coincidir los intereses del administrador concursal con los de la empresa, cosa que no siempre sucede», en palabras del susecretario de Economía, Miguel Temboury.
Un informe de PwC titulado ‘Temas candentes de las reestructuraciones financieras’, elaborado por Enrique Bujidos, insiste en la necesidad de esta reforma y va más allá, al solicitar la creación de un colegio de administradores con unos requisitos de acceso al mismo y unas tarifas profesionales razonables, así como que existan consejos de acreedores en cada concurso que supervisen la actividad del administrador.
Martinsa asegura haber pagado 20 millones
El sistema actual fija los honorarios de los administradores en función de la deuda de las empresas que entran en concurso. Eso explica que se disparen en el caso de Martinsa-Fadesa, el mayor concurso de la historia de España con un pasivo de 7.000 millones. Su presidente, Fernando Martín, asegura haber pagado más de 20 millones a los distintos administradores de este proceso, y protesta porque el sistema actual ha alargado artificialmente su concurso. «Hay que aprobar una ley que permita poder salir del concurso», añadió en el mismo acto.
Ése es otro de los grandes problemas del sistema actual: a pesar de las reformas que se han introducido en los últimos años, el 90% de los concursos termina en liquidación. De ahí que el Ejecutivo vaya a extender a los concursos las mismas reglas de mayorías que establece la nueva norma para que todos los acreedores tengan que sumarse obligatoriamente a los acuerdos preconcursales. Asimismo, pretende dar cierta retroactividad a la norma para que afecte a las empresas que actualmente están en concurso o incluso con convenio de acreedores, una especie de «repesca» para asegurar su continuidad.
El Banco de España obliga a la Sareb a volver a tasar sus inmuebles y créditos
Moncho Veloso. Madrid 21/05/2014 – abc.es
La dirección del banco malo reformuló el plan de negocio de la entidad al poco de su creación. Más tarde revisó el valor de sus casi 200.000 activos, tarea que requirió de 24 firmas asesoras, 1.000 expertos y un año de trabajo. Ahora, el Banco de España obliga a la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) a volver a tasar todos los créditos e inmuebles que absorbió de bancos y cajas con ayudas públicas. Las posibles pérdidas que detecte tras ese ejercicio, según impone el supervisor en un proyecto de circular que acaba publicar, se cargarán contra la cuenta de resultados de la entidad, que cerró 2013, su primer año de actividad, con unas pérdidas de 261 millones.
BFA-Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia Banco, Banco de Valencia, Ceiss, BMN, Liberbank, Caja 3 y Banco Gallego trasparon a la Sareb, como se llama el banco malo, un total de 197.474 activos, entre viviendas, suelo y créditos a la promoción y construcción inmobiliaria, valorados inicialmente en 50.449 millones de euros. Sin embargo, y según fuentes financieras consultadas por ABC, la urgencia con que se creó este vehículo a finales de 2012 hizo que el precio de muchos de esos activos, pese a traspasarse ya con un notable descuento respecto a su valor en libros, no estuviesen del todo ajustados a los precios de mercado.
El Banco de España, a través de la circular con que impone este nuevo ejercicio, para el que la Sareb deberá contar con firmas externas independientes, obliga al banco malo a retasar esos activos teniendo en cuenta «la evolución de los precios de mercado y la realización de los activos conforme a los horizontes temporales previstos en el plan de negocio».
Además, incluye una serie de limitaciones —por ejemplo, el uso de muestras para valorar carteras de activos similares— que pretende acercar aún más el precio contable al del mercado. Incluso exige que se dé un valor cero, por ejemplo, a aquellos préstamos hipotecarios sin garantía que encadenen ya 18 meses de impago y a las acciones o títulos de empresas en concurso de acreedores.
Menos de tres años de plazo
La entidad presidida por Belén Romana dispone ahora de menos de tres años para completar esa revisión. Antes de que acabe este ejercicio, la Sareb deberá haber retasado el 30% del importe de sus activos, el 60% antes del 31 de diciembre de 2015 y la totalidad de sus carteras al cierre de 2016.
Por todo ello, esta norma, que obliga además a la Sareb a evaluar al cierre de caja ejercicio la necesidad de efectuar correcciones en el valor de sus activos, podría hacer que la sociedad incurra en millonarias pérdidas, pese a que su intención era ganar ya dinero a partir de este año.
Se encuentra usted en los archivos de AIRE de mayo de 2014.

References: artículo 129
 artículo 552
 artículo 557
 artículo 561
 artículo 695
 artículo 695
 artículo 129
 artículo 695
 artículo 695
 artículo 236
 artículo 10
 artículo 1911
 artículo 105
 artículo 607