Source: https://www.scribd.com/doc/184101892/Quera-Lt
Timestamp: 2016-07-26 22:38:57+00:00

Document:
UploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicEditors' Picks BooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks AudiobooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks ComicsHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsValiant ComicsZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreLOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LAJURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL: UNA MUESTRA DEL PROCESO
DE ARMONIZACIÓN EUROPEA EN MATERIA
Profesora Titular interina de Derecho Constitucional
I. El proceso europeo de armonización en
materia de derechos y libertades.
II. Participación de la jurisprudencia consti-
tucional en el proceso de armonización
III. Categorización de los usos del TC del
canon europeo.
La finalidad principal de estas páginas es mostrar de qué manera y con
qué intensidad sigue el Tribunal Constitucional (TC) la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Se parte de una concep-
UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 20, 2007, pp. 435-470.
1 El presente artículo se enmarca en un trabajo de investigación más amplio que supuso el
objeto de la tesis doctoral «Los efectos interpretativos de las sentencias del tribunal europeo de de-
rechos humanos. Especial consideración a la jurisprudencia del tribunal constitucional» dirigida
por el Dr. E. Albertí Rovira y defendida en febrero de 2006 en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Barcelona. Aquella investigación, al igual que este trabajo, ha sido realizado en el
marco del proyecto «El impacto del tratado constitucional europeo sobre la constitución interna»
(SJE2005-08578), cuyo investigador principal es el Dr. E. Albertí.
ción todavía hoy minoritaria entre la doctrina que defiende la obligatoriedad
jurídica de los efectos interpretativos de las sentencias del Tribunal de Estras-
. En efecto, la naturaleza obligatoria de las sentencias de TEDH alcan-
za no sólo a sus efectos directos sino también a sus efectos indirectos o in-
terpretativos que pueden identificarse con aquellos que superan el concepto
de ejecución stricto sensu de las sentencias del TEDH. Esto efectos interpre-
tativos son en gran parte responsables del proceso de armonización que lleva
a cabo el TEDH a través de su jurisprudencia. Es un hecho incontestable que
las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, y más concretamente el desarrollo
de los derechos y libertades convencionales y los criterios aplicados en la in-
terpretación de aquellos, son utilizadas como canon, guía o instrumento in-
terpretativo por las jurisdicciones internas en sus decisiones. Ahora bien,
queda por averiguar cual es el uso real que hacen los jueces nacionales del
canon europeo como herramienta hermenéutica. En esta línea se enmarcan
las páginas que siguen donde pretende ofrecerse un análisis detallado de la
utilización que nuestro Tribunal Constitucional ha hecho en los últimos años
del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y, particularmente, de
la jurisprudencia del TEDH como cánones interpretativos. Como eje de esta
explicación se presenta una propuesta de categorización de los usos inter-
pretativos que el TC ha dado al canon europeo que pretende facilitar la
comprensión de cual es el alcance real de la incidencia del acquis conven-
tionnel en el desarrollo del catálogo de derechos y libertades de nuestra
Constitución y, mediatamente, de qué forma participa nuestro TC en el pro-
ceso de armonización del que, como se acaba de decir, son responsables en
buena medida los efectos interpretativos de las SSTEDH.
I. EL PROCESO EUROPEO DE ARMONIZACIÓN EN MATERIA
Gran parte de la doctrina admite hoy que la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos desempeña, además de una función de de-
sarrollo del Convenio Europeo, una función armonizadora de los derechos
fundamentales en el ámbito europeo
. Para comprender el alcance de la fun-
436 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
2 Esta afirmación debe ser, por supuesto, puesta en relación con toda una serie de argu-
mentos y elementos relativos a la efectividad de la defendida obligatoriedad jurídica que, como se
advertía en la nota anterior, no pueden ser expuestos en este momento.
3 Por ejemplo, M. DELMAS-MARTY, « Le rôle du juge européen dans la renaissance du jus
commune— Signification et limites », en P. MAHONEY, F. MATSCHER, H. PETZOLD, L. WILD-
HABER, Protection des droits de l’homme : la perspective européenne / Protecting Human Rights
: the European perspective. Mélanges à la mémoire de/Studies in memory of Rolv Ryssdal, Colonia,
2000, p. 412; igualmente, H. SCHERMERS, «A European Supreme Court», en P. MAHONEY, F.
MATSCHER, H. PETZOLD, L. WILDHABER, Protection des droits de l’homme : la perspective eu-
ropéenne / Protecting Human Rights : the European perspective. Mélanges à la mémoire de/Studies
in memory of Rolv Ryssdal, Colonia, 2000, p. 1273, o G. COHEN-JONATHAN, « La Convention eu-
ción armonizadora de la jurisprudencia de Estrasburgo debe tenerse en
cuenta, en primer lugar, que el CEDH ha pretendido erigirse en el estándar
mínimo europeo en materia de derechos y libertades. Esto es así porque el
CEDH es —al menos lo era en su origen— un texto de mínimos
, constituido
por un catálogo limitado de derechos y libertades y, además, representa el
nivel mínimo de garantía europeo, tal y como prescribe la cláusula de ga-
rantía mínima recogida en el art. 53 CEDH. En segundo lugar, el europeo es
un sistema que asume la diversidad de los Estados que lo conforman. De he-
cho, el pluralismo es una de las bases sobre las que se asienta el CEDH ya
que recoge en su propio redactado cláusulas que permiten que la diferencia
, que las distintas tradiciones jurídicas nacionales sean res-
La consecuencia lógica de la existencia de tal estándar mínimo europeo y
de la asunción del pluralismo sobre el que se asienta el CEDH supone
aceptar que el sistema europeo de garantía implica un proceso de armoni-
zación en materia de derechos y libertades, y no de uniformización; de he-
cho, todavía hoy no puede afirmarse que exista un ius commune europeo de
. En este contexto, el CEDH y la jurisprudencia del
TEDH se erigen en un parámetro de mínimos y de reglas interpretativas de
resolución de conflictos que todos los Estados parte deben respetar por ser,
precisamente, el espacio que reconocen como común al ratificar el CEDH.
En definitiva, a diferencia de la función uniformadora del Derecho comuni-
tario que desempeña el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en
el ámbito de la Unión Europea
, especialmente a través de la cuestión pre-
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 437
ropéenne des droits de l’homme et les systèmes nationaux des États contractants », en Mélanges
en l’honneur de Nicolas Valticos: Droit et justice, Paris, 1999, p. 392; por último, J. ANDRIANT-
SIMBAZOVINA, « La Cour Européenne des Droits de l’home à la croisée des chemins. Réflexions
sur quelques tendances de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme de
1999 à 2002 », Cahiers de Droit Européen, 2002, núm. 5-6, p. 745.
4 En algunas cuestiones, como acertadamente señala V. FERRERES COMELLA, «El juez nacional
ante los derechos fundamentales europeos. Algunas reflexiones en torno a la idea de diálogo», en A.
SAIZ ARNAIZ (Dir.) y M. ZELAIA GARAGARZA (Coord.), Integración europea y poder judicial, Oña-
ti, 2006, p. 236, el CEDH gracias al desarrollo que de él ha hecho el TEDH ha superado con creces
aquellas previsiones minimalistas de alguno de los Estados fundadores del Consejo de Europa.
5 M. DELMAS-MARTY, «Pluralisme et traditions nationales», en P. TAVERNIER, (ed.): Quelle
Europe pour les droits de l’homme? La Cour de Strasbourg et la réalisation d’une«union plus
étroite», Bruselas, 1996, p. 83.
6 A este respecto, véase, por ejemplo, M. DELMAS-MARTY, « Le rôle du juge européen... », op.
cit., p. 398. La inexistencia del ius commune se atribuye, por lo general, a la heterogeneidad toda-
vía hoy persistente en el entorno europeo, tal y como han puesto de relieve, entre otros, M. DEL-
MAS-MARTY, « Pluralisme et traditions nationales», op. cit., pp. 81-82, J. A. CARRILLO SALCEDO, J.
A.: El Convenio europeo de derechos humanos, Madrid, 2003, p. 33. Íntimamente relacionado con la
inexistencia de un ius commune europeo en materia de derechos fundamentales está la igualmen-
te inexistente opinión pública europea, situación puesta de manifiesto recientemente por V. FE-
RRERES COMELLA, «El juez nacional...», op. cit., p. 239.
7 A este respecto V. FERRERES COMELLA, «El juez nacional...», op. cit., pp. 242-243, señala
que la necesidad de «asegurar la uniforme aplicación del Derecho Comunitario» es una de las dos
razones que justifican el carácter vinculante de la jurisprudencia del TJCE.
, el TEDH a través de sus sentencias desempaña una función armo-
nizadora de los sistemas de garantía existentes en Europa, incluido el propio
sistema de protección de derechos y libertades fundamentales del ordena-
miento comunitario.
Consecuencia del proceso de armonización es que la exigencia derivada
del art. 1 CEDH de conformidad de los ordenamientos jurídicos internos con
el aquis conventionnel, constituido por el CEDH y la jurisprudencia del
TEDH, deba entenderse en términos de compatibilidad
. La identidad podría
exigirse, en su caso, respecto de un texto único e inmutable; sin embargo, la
existencia del TEDH y la función de desarrollo que este realiza implica que el
entendimiento de los derechos y libertades del CEDH, del estándar europeo,
experimente cambios. La compatibilidad debe ser entendida en este contexto
como principio de no contradicción de las medidas estatales con el estándar
mínimo generado por el CEDH y la jurisprudencia del TEDH, tal y como se
deduce del art. 53 CEDH. Asimismo, la compatibilidad, y no la identidad o la
conformidad stricto sensu, hace efectivo el principio de subsidiariedad del sis-
tema europeo y respeta el margen de apreciación unido a aquel principio
porque se permite a los Estados parte elegir los medios para cumplir efecti-
vamente con las obligaciones derivadas de la ratificación del CEDH sin que
esto suponga menoscabar la efectividad del sistema; todo ello sin perjuicio de
que el Tribunal de Estrasburgo tenga la última palabra sobre la potencial con-
tradicción entre las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y el es-
tándar europeo. El parámetro de mínimos fijado desde Estrasburgo podrá ser
siempre superado pero nunca rebajado por los Estados
438 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
8 Para una completa explicación del papel de la cuestión prejudicial en su doble función
como garante del mantenimiento de la uniformidad del Derecho comunitario y como vía indirecta
de protección de los derechos fundamentales en el ámbito comunitario puede verse X. GÓMEZ
SANZ y S. RIPOL CARULLA, «Cuestiones de política judicial y proceso europeo de integración ju-
rídica», en A. SAIZ ARNAIZ (Dir.) y M. ZELAIA GARAGARZA (Coord.), Integración europea y po-
der judicial, Oñati, 2006, pp. 25 y ss.
9 Así lo ha entendido A. SAIZ ARNAIZ, La apertura constitucional..., op. cit., pp. 221-222,
quien diferencia entre la conformidad como deducibilidad o identidad de contendido de la
conformidad como compatibilidad o no contradicción en los contendido.
10 En este sentido debe señalarse que los tribunales internos en la resolución de un caso
concreto podrán modificar el criterio establecido por Estrasburgo en casos análogos. En este caso
el tribunal nacional debería hacer un especial esfuerzo por motivar esta separación del canon eu-
ropeo, entre otras razones, porque de esta manera en el supuesto de que el asunto llegara final-
mente a Estrasburgo se ofrecerían a este Tribunal los elementos argumentativos oportunos que
podrían llevarle a no declarar vulnerado el CEDH e, incluso, a hacerle recapacitar sobre los cri-
terios aplicados hasta el momento en asuntos similares al encausado. Se asegura así, además, el
diálogo entre jurisdicciones necesario en el actual escenario europeo de concurrencia de sistemas
de protección de los derechos y libertades fundamentales. Es cierto que la jurisprudencia del
TEDH genera efecto de cosa interpretada con carácter vinculante pero esto no significa que los cri-
terios y contenidos fijados por el Tribunal de Estrasburgo sean inamovibles. Como se ha explicado
más arriba, el propio sistema de garantía asume y respeta la diversidad sobre la que se asienta.
Sobre estas cuestiones véase R. BUSTOS GISPERT, «La función jurisdiccional en escenario de
pluralismo constitucional», en A. SAIZ ARNAIZ (Dir.) y M. ZELAIA GARAGARZA (Coord.), Inte-
En este proceso de armonización es un elemento esencial el uso que las
jurisdicciones internas hacen del canon europeo y muy especialmente de las
sentencias del Tribunal Europeo como herramientas hermenéuticas. La utili-
zación de la jurisprudencia del TEDH como instrumento interpretativo de sus
propios catálogos internos de derechos y libertades se debe, en unos casos, a
la existencia de una norma interna que prevea la necesidad de interpretación
conforme con el estándar europeo. Este sería el caso de España donde el art.
10. 2 de la Constitución Española (CE) claramente establece la obligación de
interpretación conforme y que supone el ejemplo paradigmático de este tipo
de apertura al Derecho internacional. En otros casos, en cambio, se deberá al
cumplimiento de la obligación general derivada del art. 1 CEDH de compati-
bilidad con el estándar europeo compuesto tanto por el CEDH como por la
jurisprudencia del TEDH.
En cualquier caso, si bien es cierto que puede afirmarse que existe un se-
guimiento generalizado del canon europeo por las jurisdicciones internas,
debe tenerse en cuenta que dicho seguimiento es desigual en su intensidad
Precisamente es en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, en la ju-
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 439
gración europea y poder judicial, Oñati, 2006, pp. 216-230, quien señala algunas de las conse-
cuencias que producen los conflictos que se generan en este nuevo escenario de pluralismo en el
que los distintos niveles jurisdiccionales están obligados a convivir.
11 Para valorar la efectividad real de la jurisprudencia del TEDH en los ordenamientos jurí-
dicos deben valorarse tanto los condicionantes inherentes al sistema como los condicionantes
propios de los distintos sistemas jurídicos de los Estados parte.
Los condicionantes inherentes al sistema son, por una parte, la continuidad y la previsibili-
dad, elementos que favorecerán el diálogo que existe entre Estrasburgo y las jurisdicciones na-
cionales en el proceso de armonización en los mínimos. Por otra parte, la jurisprudencia del
TEDH debe caracterizarse por las notas de claridad y calidad, elementos que pueden verse da-
ñados por el excesivo casuismo del TEDH en la resolución de demandas y por el afán de pro-
ductividad de los jueces europeos, respectivamente. Siempre teniendo en cuenta que gran parte
de responsabilidad en el diálogo Estrasburgo-Estados parte está en los jueces internos, el binomio
claridad-calidad supone que las autoridades judiciales en la aplicación diaria de los derechos fun-
damentales, ya sea del CEDH o de sus propios catálogos de derechos, puedan conocer y enten-
der cual es la doctrina que emana de Estrasburgo, haciendo innecesaria una reinterpretación de
lo dicho por el TEDH.
En cuanto a los condicionantes inherentes a los distintos ordenamientos jurídicos debe se-
ñalarse, como punto de partida, que las autoridades internas hacen un seguimiento desigual de la
jurisprudencia del TEDH. Varios han sido los elementos estudiados por la doctrina para justificar
tal diversidad: la incorporación en el ordenamiento jurídico interno del CEDH; la posición que
ocupa el CEDH en el sistema de fuentes de los distintos Estados parte; la existencia de una de-
claración de derechos y su complitud; la consolidación de estos derechos en los sistemas internos
que suele estar unido a la consolidación del propio sistema constitucional; la presencia más o me-
nos explícita en las constituciones de cláusulas de apertura al Derecho internacional; por último,
las opciones de política judicial de los órganos nacionales. Sin embargo, ninguna de estas con-
diciones es por sí sola determinante de la mayor o menor incidencia que la jurisprudencia de Es-
trasburgo ejerza en los distintos ordenamientos. El mayor o menor seguimiento que los jueces ha-
gan de la jurisprudencia europea tendrá que ver, más bien, con la aplicación efectiva que los
jueces hagan del CEDH y la relación que entable con las leyes internas, incluso con la existencia
en el ordenamiento interno de un catálogo de derechos y de su contenido y, sobre todo, del gra-
do de desarrollo que aquel disfrute.
risprudencia del TC en donde se aprecia un nivel de compatibilización mayor
respecto del canon europeo.
II. PARTICIPACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
EN EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN EUROPEO
Se parte, pues, de que el TC hace un uso frecuente del CEDH y del TEDH
como instrumentos interpretativos
y de que, en principio, tal uso se debe a
la obligación de resultado impuesta por el art. 10. 2 CE. Ahora bien para co-
nocer cual es la utilización real del canon europeo por parte del TC en su ju-
risprudencia relativa a derechos fundamentales debe llevarse a cabo un aná-
lisis en detalle y profundidad de sus sentencias. En las próximas páginas se
ofrecen las conclusiones alcanzadas al respecto tras el análisis de las senten-
cias dictadas por el TC durante los años 1999 a 2004, etapa que puede reco-
nocerse como de consolidación de la jurisprudencia constitucional
, y de en-
440 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
12 Merece la pena recordar ahora que en este trabajo no se aborda la compleja cuestión de
la ejecución de las sentencias del TEDH en el ordenamiento jurídico español y, más concreta-
mente, la postura adoptada por el TC sobre dicha cuestión. Señalaré ahora tan sólo que, como es
sabido, en nuestro ordenamiento no existe ningún mecanismo legal de ejecución stricto sensu de
las sentencias del Tribunal de Estrasburgo más haya del pago de la satisfacción equitativa en su
caso establecida por el TEDH. Hasta hace poco tiempo parecía que podía afirmarse que el TC se
reconocía competente, bajo unas condiciones muy específicas, para ejecutar las sentencias del
TEDH en tanto que el legislador no previera una vía concreta para ello (así lo había defendido en
el trabajo A. QUERALT JIMÉNEZ, El Tribunal de Estrasburgo: una jurisdicción internacional para
la protección de los derechos fundamentales, Valencia, 2003, pp. pp. 227-229, en nota a pie). Sin
embargo, en las SSTC 313/2005 y 197/2006 el Tribunal Constitucional hace una aplicación tan su-
mamente restrictiva, y un tanto forzada a mi modo de ver, de los criterios sentados en la STC
245/1991, sobre todo en lo relativo al concepto de lesión actual del derecho, que parecería que
el TC, sin reconocerlo expresamente, renuncia a la posibilidad de ejecutar las decisiones de Es-
trasburgo, sean cuales sean las circunstancias del caso. Además, la posición mantenida hasta aho-
ra por el TC respecto de la posibilidad de utilizar el procedimiento de revisión penal como me-
canismo de ejecución de las SSTEDH en tanto no haya una vía legalmente prevista a tal fin
parece haber sido modificada en la STC 240/2005 en la que parece que sólo se prevé que pueda
considerarse como «hecho nuevo» (art. 954. 4 LECrim) una STEDH dictada en un procedimiento
distinto. Esta parece ser también la percepción del Magistrado P. PÉREZ TREMPS tal y como se
desprende de su Voto Particular concurrente a la STC 197/2006, con la salvedad hecha de que
considera que la nueva posición del TC no debe entenderse como «doctrina» en tanto que se en-
cuentra recogida como obiter dictum. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que estas últimas
sentencias no aclaran, más bien al contrario, cual es la respuesta que deben esperar los recu-
rrentes en amparo que intenten que se ejecute una sentencia de Estrasburgo dictada a su favor.
13 La categorización que aquí se propone fue construida en su momento sobre el análisis
empírico de las sentencias del TC dictadas entre los años 1999-2004; con el objeto de no desna-
turalizar las conclusiones alcanzadas se ha optado en este momento por no entrar a examinar de
forma pormenorizada las sentencias dictadas en los años 2005 y 2006. En cualquier caso, un es-
tudio aproximativo a estas últimas decisiones permite afirmar que la actividad del TC en estos dos
últimos años sigue las pautas marcadas en la categorización propuesta. De hecho, en las próxi-
mas páginas se incluyen datos sobre la jurisprudencia más reciente del TC que así lo pone de ma-
tre las que puede destacarse una propuesta de categorización de los usos que
el TC realiza del canon europeo. Como se ha anunciado en la presentación
de este trabajo, esta categorización pretende, además de poner de manifiesto
el seguimiento real que nuestra jurisdicción constitucional hace del canon eu-
ropeo en el desarrollo de los derechos y libertades reconocidos en la Consti-
tución, mostrar de qué manera participa en el proceso europeo de armoni-
zación en materia de derechos fundamentales
1. ALGUNAS REFERENCIAS NUMÉRICAS
Cuantitativamente el estudio de la jurisprudencia constitucional revela
que el TC hace referencia expresa a los instrumentos de interpretación euro-
peos casi en un 19% de las sentencias dictadas entre los años 1999-2004, y en
casi un 21% de las sentencias dictadas en amparo. Esta cifra supone un au-
mento notable respecto de la etapa anterior, si se tiene en cuenta que entre
los años 1981 y 1997 sólo en el 10% de las sentencias dictadas por el TC se
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 441
14 En la realización de esta categorización han resultado imprescindibles los datos aportados
y las conclusiones alcanzadas por otros autores en trabajos previos, véase, E. GARCÍA DE EN-
TERRÍA, (coord.), E. LINDE, L. I. ORTEGA, M. SÁNCHEZ MORÓN, Eficacia de la Convención en
el Derecho Español, en El sistema europeo de protección de los derechos humanos. Estudio de la
Convención y de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Madrid, 1983; D.
LIÑÁN NOGUERAS, «Efectos de las STEDH...», op. cit., pp. 355 y ss.; C. FERNÁNDEZ CASADE-
VANTE, La aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España, Madrid, 1988; J.
DELGADO BARRIO, «Proyección de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
en la Jurisprudencia española», RAP, 1989, núm. 119; E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «El valor en De-
recho español de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», BICAM, núm. 1,
1987; M. A. APARICIO PÉREZ, «La cláusula interpretativa del artículo 10. 2 de la Constitución es-
pañola, como cláusula de integración y apertura constitucional de los derechos fundamentales»,
Revista jueces para la Democracia, núm. 6, 1989, pp. 7 y ss.; F. REY MARTÍNEZ, «El criterio in-
terpretativo de los derechos fundamentales conforme a las normas internacionales (Análisis del
art. 10. 2 CE)», Revista General de Derecho, núm. 537, 1989; E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «Valeur de
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme en droit espagnol», en F. MATS-
CHER, y H. PETZOLD (eds.): Protecting human rights: the European dimension: studies in honour
of Gérard J. Wiarda. Protection des droits de l’homme: la dimension européenne: mélanges en
l’honneur de Gérard J. Wiarda, Colonia, 2.ª ed, 1990; A. CARRILLO SALCEDO, «España y la pro-
tección de los derechos humanos: el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tri-
bunal Constitucional españo»l, en AV, Vol. 32, núm. 2, 1994; L. MARTÍN-RETORTILLO, «La recep-
ción por el Tribunal Constitucional de la Jurisprudencai del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos», en La Europa de los Derechos Humanos, Madrid, 1998; VVAA, Informe realizado por
la Delegación española del Tribunal Constitucional sobre «Protection constitutionnelle et protec-
tion des droits de l’homme: concurrence ou complémntarieté?», en IX Conférence des cours
constitutionnelles européennes, París, 1993, pp. 267-312; J. M. CASTELLÀ ANDREU, «El art. 10. 2
de la Constitución como canon de interpretación de los Derechos Fundamentales», en M. A. APA-
RICIO PÉREZ (coord.), Derechos constitucionales y formas políticas. Actas del Congreso sobre de-
rechos constitucionales y Estado Autonómico, Barcelona, 2001, pp. 141-164; especial referencia
debe realizarse a A. SAIZ ARNAIZ, La apertura constitucional al derecho internacional europeo
de los derechos humanos. El art. 10. 2 de la CE, Madrid, 1999.
hacía mención expresa de fuentes internacionales (no sólo del CEDH y del
TEDH) y concretamente un 13% de los recursos de amparo.
Desde una perspectiva cualitativa el análisis de las sentencias estudiadas
pone de relieve, entre otros, la notable incidencia del canon europeo en las
sentencias de Pleno en las que se resolvía un recurso de amparo. En 25 de las
34 sentencias en amparo dictadas por el Pleno entre 1999 y 2004 se utilizan los
instrumentos ofrecidos por el sistema europeo de garantía como herramientas
interpretativas de los derechos fundamentales afectados; lo que supone un
73,52% de los casos, esto es, en 3 de cada 4 SSTC.
Este dato cuantitativo res-
pecto de las sentencias de Pleno adquiere especial relevancia porque, como es
sabido, es precisamente en este tipo de decisiones en las que suelen tratarse
los temas más delicados y son también las sentencias de Pleno las encargadas
de introducir los cambios de criterio en la jurisprudencia del Tribunal.
Los siguientes cuadros pueden ayudar a entender la incidencia cuantitati-
va de las referencias a los instrumentos europeos en las sentencias del TC
(1999-2004):
442 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
15 En 2005 fueron avocados tres recursos de amparo al Pleno del TC: en dos ellos se inclu-
yen referencias al canon europeo (STC 123/2005 y STC 292/2005). En 2006, en cambio, en nin-
guno de los tres recursos de amparo resueltos por el Pleno del TC aparece el uso del canon eu-
ropeo como instrumento interpretativos; aparecen en cambio referencias al Derechos Comunitario
y a decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la STC 16/2006.
16 Incluidas las sentencias dictadas por el Pleno.
1999 242 38
2000 312 57
2001 240 48
2002 239 60
2003 230 39
2004 255 49
TOTAL 1.518 292 19,24 %
1999 221 36 10
2000 280 52
2001 222 47
2002 223 656
2003 207 36
2004 195 47
TOTAL 1.348 274 20,33 %
SSTC con
ref. europeas
SSTC en amparo
con ref. europeas
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 443
en R.I.
TOTAL 64 8 12,50%
1999 6 1 0
2000 35 3
2004 46 2
TOTAL 106 10 9,43 %
2001 14 12
TOTAL 34 25 73,52 %
SSTC de Pleno
2. VIRTUALIDAD PRÁCTICA DEL ART. 10. 2 CE
Al hilo del estudio de las sentencias seleccionadas se han obtenido igual-
mente relevantes resultados respecto de la virtualidad práctica del art. 10. 2
CE, dicho de otro modo, respecto de cual es su utilización e incidencia en la
relación que se establece entre el canon europeo y el canon constitucional.
En primer lugar, el estudio empírico confirma la indudable naturaleza obli-
gatoria de dicho precepto en el que efectivamente se recoge un mandato di-
rigido a los aplicadores del Derecho que impone la utilización del estándar in-
ternacional como instrumento interpretativo en materia de derechos
fundamentales. Este mandato, sin embargo, no puede ser entendido en nin-
gún caso como un instrumento a través del que el canon europeo pueda con-
vertirse en parámetro autónomo de control constitucional
Dicho lo anterior, y partiendo de que el art. 10. 2 CE contiene un manda-
to de interpretación conforme, el valor interpretativo del CEDH y de la juris-
prudencia del TEDH es el mismo tanto si su utilización viene precedida del
art. 10. 2 CE como si no lo hace. Tanto es así que en muchas ocasiones, la re-
ferencia explícita de la cláusula de apertura internacional queda en una mera
formalidad y aparece como un recordatorio esporádico del mandato de in-
terpretación conforme o, en algunos casos, como una forma de justificación
de la utilización de los instrumentos europeos. En ningún caso la mención ex-
presa del art. 10. 2 CE varía la intensidad con la que el TC utiliza el canon in-
terpretativo europeo. De hecho, la referencia explícita del art. 10. 2 CE sólo se
produce en un 22% de los casos, lo que indica la escasa entidad material que
en sí misma posee la cita del art. 10. 2 CE. Con esto quiere decirse que la sig-
nificación y relevancia de esta cláusula de apertura no está en si es más o me-
nos aludida por los aplicadores del Derechos sino en su propia incorporación
en la CE y en la utilización generalizada por parte del TC de los tratados in-
ternacionales como instrumentos interpretativos en materia de derechos fun-
damentales, lo que supone el cumplimiento de su mandato.
Ahora bien, debe advertirse en relación con el proceso de armonización
antes presentado que el Tribunal Constitucional además de utilizar como
instrumento interpretativo el canon europeo ratificado en virtud de la obli-
gación prescrita en el art. 10. 2 CE, utiliza igualmente el canon europeo no ra-
tificado por España aplicación que desborda el alcance del art. 10. 2 CE. Esta
actitud del TC responde más bien a la consideración del estándar europeo en
su conjunto, lo que implica tener en cuenta tanto el CEDH y los Protocolos
ratificados por España como los Protocolos no ratificados (todavía) por nues-
tro Estado. El Tribunal Constitucional actúa de esta forma porque, como se
mostrará con ejemplos concretos más abajo, reconoce aquellos textos como
parte integrante del estándar común europeo que el TEDH se encarga de de-
sarrollar. Este fenómeno puede tomarse como prueba clara de que la virtua-
lidad interpretativa de las sentencias del TEDH supera la cuestión relativa a la
posición del CEDH y de los Protocolos adicionales en los ordenamientos ju-
rídicos de los Estados parte y a las cláusulas de apertura internacional que
aquellos pudieran contener. Es cierto que el establecimiento de cláusulas de
444 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
17 Diferente sería que fuera interpuesto ante el TC un recurso de amparo por la vulneración
de un derecho de la sección 1.ª del capítulo 2.ª del Título I con el alcance resultante de su in-
terpretación conforme, en virtud del art. 10. 2 CE, con el CEDH y la jurisprudencia del TEDH.
apertura internacional facilitará la utilización de los textos europeos como ins-
trumentos interpretativos por parte de las jurisdicciones nacionales, como
demuestra claramente el caso español. Sin embargo, dicho elemento no pue-
de considerarse como determinante. Lo cierto es que la compatibilización en-
tre cánones responde, no siempre conscientemente, al reconocimiento de la
obligación general derivada del CEDH de interpretación conforme el acquis
conventionnel y de la posición del TEDH como intérprete supremo del canon
europeo. El efecto de cosa interpretada que deriva de las sentencias del
TEDH alcanza así tanto a los intérpretes internos del CEDH como a los apli-
cadores de los catálogos constitucionales de derechos fundamentales.
3. CAUSAS PARA EL USO DEL CANON EUROPEO
En numerosas ocasiones ha sido puesto de manifiesto por la doctrina que
más allá del cumplimiento del mandato que contiene el art. 10. 2 CE no se co-
nocen las causas concretas que en cada caso lleva a una Sala o al Pleno del
TC a apoyar de manera más o menos intensa sus argumentaciones jurídicas
en los instrumentos europeos
; no existe, en palabras de Saiz Arnaiz, una for-
mulación teórica que de respuesta a este fenómeno
. El análisis empírico de
las sentencias del TC permite, eso sí, intuir cuales son las principales causas,
no siempre explicitadas, que suelen llevar al TC a utilizar el canon europeo
como instrumento interpretativo. Parece claro, de entrada, que subyace a
todas las sentencias la voluntad del Tribunal de mostrar la sintonía generali-
zada de su doctrina con el estándar europeo que representan el CEDH y la ju-
risprudencia del TEDH; en definitiva, el TC busca poner de manifiesto la com-
patibilidad entre el nivel de garantía reconocido por nuestro sistema de
derechos fundamentales y el acquis conventionnel. Así se deduce del uso ma-
yoritario que el TC hace de las referencias a los instrumentos europeos cuya
función se limita a mostrar el acuerdo existente entre su jurisprudencia, la ya
consolidada, y el desarrollo que el Tribunal de Estrasburgo hace del Conve-
nio. La intención última de esta actitud sea quizá evitar una sentencia contra
España declarativa de la violación del CEDH tras la interposición de una de-
manda ante el sistema de garantía europeo por un recurrente en amparo dis-
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 445
18 A este respecto L. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, «La recepción por el Tribunal Consti-
tucional de la jurisprudencia del TEDH», RAP, núm. 137, 1995, pp. 12 y 13, señalaba que la fas-
cinación que demostró el TC por la jurisprudencia del TEDH en sus primeros años de actividad
se debía fundamentalmente a que el CEDH aparecía como un sistema completo, esto es, un ca-
tálogo de derechos acompañado de un mecanismo de garantía de estos derechos que los inter-
pretaba y desarrollaba; segundo, el TEDH aparecía en el escenario europeo como una instancia,
que si bien no era permanente, estaba conformada por juristas de reconocido prestigio profe-
sional en sus países de origen y contaba con 30 años de experiencia jurisdiccional. Tenían muy
pocos casos y, por tanto, las SSTEDH se caracterizaban por ser de mucha calidad, claras y muy
19 A. SAIZ ARNAIZ, La apertura constitucional..., op. cit., p. 167.
conforme con la solución adoptada por el TC para su asunto. Recuérdese que
el TEDH tiene la última palabra sobre la compatibilidad con el CEDH de las
medidas adoptadas por las autoridades estatales.
Ahora bien, además de esta voluntad de sintonía con el canon europeo,
de las sentencias constitucionales se destilan otras causas concretas que pa-
recen inspirar el uso de las referencias europeas por parte del intérprete su-
premo de la Constitución.
En primer lugar, puede mencionarse la complejidad de un determinado
asunto, complejidad generalmente asociada a los hechos de los que aquel trae
causa. En estos supuestos el TC debe identificar los distintos elementos en jue-
go y para ello es de gran utilidad contar con un referente europeo que le ofre-
ce los criterios aplicados en casos similares. La situación descrita se produce a
menudo en asuntos relativos a una colisión entre los derechos del art. 18. 1 CE
y las libertades del art. 20. 1 CE
. El uso del canon europeo aparece, igual-
mente, ante la falta de precedente claro en la jurisprudencia constitucional lo
que provoca que el Tribunal se apoye en el referente que le proporciona el ca-
non de Estrasburgo para encontrar soluciones a situaciones análogas
se explicita el uso del canon europeo por la mayor persuasividad que ofrece a
los argumentos esgrimidos y, a la postre, a la decisión finalmente adoptada por
el TC; la mayor persuasividad que parecen ofrecer las referencias al CEDH o a
la jurisprudencia del TEDH suele aprovecharse en asuntos especialmente sen-
sibles por la expectación o repercusiones jurídicas, sociales e incluso políticas
que puede provocar el fallo de la sentencia constitucional
, incluidas en este
apartado determinadas restricciones a los derechos y libertades
. Asimismo, es
abundante la referencia al CEDH y a la jurisprudencia europea en aquellos su-
puestos en los que es necesario dotar de contenido aprehensible a distintos
conceptos jurídicos abiertos que se encuentran en la delimitación de alguno de
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Por último, y sin ánimo de exhaustividad, otra de las causas que parecen
originar la alusión a los instrumentos europeos como herramientas interpre-
tativas es, precisamente, la necesidad de compatibilizar la doctrina del TC con
el estándar europeo que, en ocasiones, evoluciona antes que el estándar
constitucional, al menos el estándar reconocido por el Tribunal Constitucio-
. En estos casos, la compatibilización supone descubrir una facultad, ga-
rantía o posición jurídica de un derecho fundamental hasta entonces no ex-
plicitada por la jurisprudencia constitucional.
446 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
20 Por todas, STC 76/2002, F. J. 2.
21 Un caso claro es la STC 48/2003, sentencia que resolvía el recurso de inconstitucionalidad
promovido por el Gobierno Vasco contra diferentes artículos de la LO 6/2002, de 27 de junio, de
22 Por ejemplo, STC 36/1999 y STC 155/2002.
23 STC 154/2002, respecto de los testigos de Jehová.
24 Vid. A. QUERALT JIMÉNEZ, «The access to justice in Spain», en The protection of Human
Rights in Europe: National and European Judge, ERPL/REDP, vol. 13, no. 2, summer/été, 2001,
En cualquier caso debe tenerse en cuenta que las causas que acaban de
sugerirse como la razón que lleva la TC a usar el canon europeo pueden, en
ocasiones, concurrir en una misma sentencia
, sin que pueda determinarse en
la mayoría de los casos si es una de ellas o varias conjuntamente las que lle-
varon al TC a explicitar el uso de las referencias a los instrumentos europeos.
Sólo en el último de los supuestos expuestos, la compatibilización del están-
dar constitucional con el europeo, el TC identifica en ocasiones tal finalidad
como la causa que motivó el uso del canon europeo
III. CATEGORIZACIÓN DE LOS USOS DEL TC DEL CANON
Antes de entrar en la exposición de la categorización que aquí se propo-
ne deben realizarse una serie de advertencias que favorecerán una ajustada
comprensión de la intensidad real de la influencia del canon europeo en la ju-
risprudencia del TC en materia de derechos fundamentales. En primer lugar,
únicamente son susceptibles de estudio las referencias explícitas al canon eu-
ropeo y no aquellas que por encontrarse ya integradas en el parámetro cons-
titucional pueden entenderse presentes únicamente de forma implícita. En se-
gundo lugar, debe señalarse que la aparente forma con la que venga
presentada la referencia al o a los instrumentos interpretativos europeos no
determina, tampoco, el uso que de ellos vaya a hacerse; en otras palabras, lo
aparentemente intenso o abundante de una cita no condiciona la incidencia
real de la utilización del canon europeo como instrumento interpretativo en la
. En efecto, la realidad es que en la mayoría de sen-
tencias estudiadas el Tribunal se limita a reiterar los argumentos jurídicos ya
consolidados en su doctrina y con ellos las referencias europeas que han que-
dado integradas en el parámetro constitucional o, simplemente, en el esterio-
tipo de argumento jurídico que el TC aplica en ocasiones de manera mecáni-
ca. Esta situación se agrava ya que, en ocasiones, el Tribunal cita la
jurisprudencia del TEDH sin reparar en los matices que cada decisión pueda
presentar. Se produce, igualmente, una cierta tendencia a la actualización
constante de las referencias jurisprudenciales europeas que, respondiendo a
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 447
25 Por ejemplo, puede ocurrir que la persuasividad se presente conjuntamente con la au-
sencia de precedentes constitucionales claros en asuntos especialmente sensibles; por ejemplo, la
ya citada STC 48/2003.
26 Cabe apuntar, igualmente, que por lo general el TC no se siente vinculado por las refe-
rencias a los instrumentos europeos que las partes del proceso, públicas y particulares, aporten
en sus alegaciones.
27 Véase, por ejemplo, STC 19/1999, F. J. 5.
aquella actitud poco delicada, no siempre se corresponden con exactitud
con los hechos estudiados en el amparo.
2. PROPUESTA DE CATEGORIZACIÓN DE LOS USOS INTERPRETATIVOS
DEL CANON EUROPEO
La categorización propuesta distingue entre usos que el TC hace del canon
europeo como instrumento interpretativo y formas en las que aquellos usos se
manifiestan. Entre los usos que se proponen como ejes de la categorización se
da una relación de gradación en su intensidad. Los usos sobre los que se
construye la propuesta de categorización son los siguientes: el canon europeo
como argumento de autoridad ad abundantiam, el canon europeo como ar-
gumento de autoridad complementario, la incorporación de pautas interpre-
tativas y la incorporación de contenidos; por último, la muestra del desarrollo
incipiente del ius commune europeo en materia de derechos y libertades.
2.1. El argumento de autoridad
El uso más corriente y abundante de las referencias a los instrumentos eu-
ropeos, ya sea al CEDH y/o a la jurisprudencia del TEDH, es el argumento de
autoridad: en estos casos la cita de los instrumentos europeos, más o menos
detallada, tiene como finalidad esencial mostrar la conformidad del estándar
constitucional con el estándar europeo, siempre entendiendo conformidad
como compatibilidad. Dentro de este uso de los instrumentos europeos como
herramientas interpretativas puede hacerse una gradación que va desde la cita
del CEDH y/o de la jurisprudencia del TEDH como mero argumento de au-
toridad ad abundantiam, que se suma a los argumentos propiamente cons-
titucionales y que no aporta materialmente nada a los motivos jurídicos ofre-
cidos por el TC respecto de una determinada cuestión, hasta un argumento
de autoridad complementario que no incorpora nuevos contenidos a la juris-
prudencia del TC pero, además de mostrar la conformidad con el estándar fi-
jado en Estrasburgo, refuerza especialmente la argumentación o razonamien-
to elaborados por el TC; en este último caso, las referencias a los instrumentos
europeos cuentan con un valor añadido propio como se mostrará en breve.
Prácticamente todos los derechos fundamentales de la Sección 1.ª del Ca-
pítulo 2.º del Título I de la CE se han visto afectados por el uso del canon eu-
ropeo como argumento de autoridad. Puede destacarse el uso del CEDH y la
jurisprudencia del TEDH respecto de los derechos y libertades reconocidos en
los arts. 18 y 20 CE y, especialmente, respecto de los conflictos entre ellos. Se-
guramente, la razón por la que el TC utiliza frecuentemente en estos casos el
canon europeo como herramienta interpretativa está en la variedad de solu-
ciones que pueden ofrecerse según sean los hechos concurrentes. Asimismo,
el estudio revela que las referencias a los instrumentos europeos tanto como
448 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
argumento de autoridad ad abundantiam como complementario son fre-
cuentes en relación con las garantías aplicables en el orden penal, esencial-
mente las recogidas en los arts. 17 y 24 CE.
A. Argumento de autoridad ad abundantiam
Dentro de la primera categoría, el argumento de autoridad ad abundan-
tiam, aparecen diferentes formas de cita o referencia a las herramientas ofre-
cidas por el sistema europeo de garantía de los derechos fundamentales; todas
son redundantes; su supresión no supondría una pérdida materialmente rele-
vante en la argumentación jurídica del TC. Esta circunstancia se produce sobre
todo en relación con derechos fundamentales respecto de los que existe una
jurisprudencia constitucional consolidada y respecto de los que la verdadera
adecuación a Estrasburgo o incorporación desde Estrasburgo se produjo en la
primera jurisprudencia constitucional. En la actualidad la cita de los referentes
europeos puede considerarse más bien como una cláusula de estilo. En efec-
to, una aproximación primera y superficial a las sentencias constitucionales
ofrece una muy positiva opinión de la actitud del TC respecto del canon eu-
ropeo ya que aquel sigue explicitando con notable frecuencia la influencia del
estándar europeo en sus decisiones pese a que, tras casi 25 años de funcio-
namiento, cuenta ya con una consolidada jurisprudencia respecto de la gran
mayoría de derechos fundamentales. Sin embargo, un estudio algo más dete-
nido de la jurisprudencia constitucional de los últimos años permite apreciar
que el TC hace un uso un tanto mecánico de la jurisprudencia del TEDH,
coincidiendo con un uso igualmente mecánico de la propia jurisprudencia
constitucional. Esta circunstancia, por otra parte, no es extraña a los órganos
jurisdiccionales, nacionales o internacionales, que, en general, con el paso del
tiempo adoptan ciertas fórmulas argumentativas que aplican sucesivamente
para dar respuesta a cuestiones que se repiten ante ellos una y otra vez. En
cualquier caso, en relación con el canon europeo, la situación descrita pro-
voca que aquel pierda la intensidad con la que en su momento incidió en la
jurisprudencia constitucional y pase a ser, como se dijo unas líneas más arriba,
un argumento ad abundantiam.
En cuanto a las formas en las que aparece este uso, la más común es la
manifestación de la sintonía entre estándar europeo y constitucional que
pretende demostrar a través de determinadas fórmulas y expresiones la coin-
cidencia del criterio constitucionalmente adoptado con el existente en el sis-
tema europeo, unas veces con CEDH y, en la mayoría de casos, respecto de
. Normalmente se acompaña de la cita de sen-
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 449
28 Entre muchos otros, por ejemplo, «en el mismo sentido...» (STC 14/1999), «criterio este que
también fue uno de los que tuvo en mente el TEDH...» (STC 276/2000), «de conformidad con...»
(STC 38/2002).
tencias dictadas por el Tribunal Europeo, aunque en ocasiones la referencia al
sistema europeo es más general y se cita únicamente el CEDH o se hace una
referencia genérica a la jurisprudencia del TEDH. En ocasiones la muestra de
sintonía con el sistema europeo de garantía se produce mediante la trascrip-
ción de una STC anterior, que debilita si cabe todavía más la intensidad del
uso del referente europeo. Otra forma es la cita sucesiva de decisiones cons-
titucionales y europeas, fórmula ampliamente extendida en la jurisprudencia
constitucional que consiste en citar a modo de apoyo al argumento esgrimido,
una o varias sentencias del TC y continuación una o varias sentencias del
. Por lo general, a diferencia de lo que ocurre en otros casos, el TC no
acompaña la cita de las decisiones europeas de ninguna cláusula que expli-
que o adelante el uso de dichas decisiones como instrumento interpretativo,
sino que simplemente las incorpora en el texto. En otras ocasiones, el TC ma-
nifiesta la conformidad del sistema constitucional de garantía con el estándar
europeo mediante la cita, y en ocasiones la trascripción, de alguno de los pre-
ceptos del CEDH —también del PIDCP y, en menor medida de la DUDH—
prescindiendo de referencias a la jurisprudencia del TEDH o de la cita de al-
guna de sus sentencias
. Si bien es cierto que en la primera etapa de desa-
rrollo de la jurisprudencia constitucional la cita del CEDH podía suponer la in-
corporación de nuevas facultades o elementos no expresamente previstos por
el sistema constitucional de derechos fundamentales, en la actual etapa de
consolidación constitucional la utilización de los textos internacionales se ha
convertido en una mera cláusula de estilo. En ocasiones la manifestación del
argumento interpretativo ad abundantiam aparece con la cita autónoma
del CEDH o de una STEDH lo que responde, por lo general, a una elección
aleatoria del ponente. Esta forma podría hacer pensar que la referencia euro-
pea funciona como parámetro interpretativo único, sustituyendo o colabo-
rando, en su caso, con el parámetro constitucional
. Sin embargo, la realidad
demuestra que se trata, más bien, de licencias estilísticas en las que la cita del
Convenio o de la jurisprudencia del TEDH se limita a reiterar una estructura
ya repetida o una doctrina constitucional plenamente asumida. Por último, el
argumento ad abundantiam aparece en otras ocasiones en forma de remi-
sión a sentencias dictadas por el TC con anterioridad en las que aparecían re-
ferencias al CEDH o a la jurisprudencia de Estrasburgo. Este es, sin duda, uno
de los supuestos en los que la sintonía general de la jurisprudencia del TC
con el estándar europeo se hace más patente puesto que en muchas ocasio-
nes el TC a través de la remisión admite, no siempre expresamente, «haber
hecho suya» en un momento anterior la jurisprudencia del TEDH respecto de
un determinado aspecto relativo a un derecho fundamental
450 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
29 Entre muchos otros, por ejemplo, 74/1999, 134/1999, 192/1999, 187/1999, 102/2000,
179/2000, 212/2000.
30 Entre muchos otros, por ejemplo, STC 32/1999, F. J. 3, STC 124/2000, F. J. 5; como ejem-
plo más reciente, STC 292/2005 (Pleno), F. J. 3.
31 Entre muchos otros, por ejemplo, STC 127/2000, F. J. 3, STC 11/2000, F. J. 4.
32 Por ejemplo, STC 174/2001, F. J. 3.
B. Argumento de autoridad complementario
A diferencia del argumento ad abundantiam, el complementario destaca
porque, pese a no suponer la incorporación de nuevos elementos en la con-
figuración de los derechos fundamentales, su utilización sí implica un valor in-
terpretativo relevante en el sentido de que refuerza efectivamente una deter-
minada argumentación vertida por el TC, corroborando su propia posición.
Incluso formalmente el argumento complementario se caracteriza por un estilo
más depurado por parte del TC que hace un esfuerzo por escoger los ele-
mentos más destacables del canon europeo para plasmarlos en sus sentencias.
Así, el TC suele escapar de las estructuras argumentativas sucesivamente re-
petidas en decisiones anteriores, incluidas en ellas las referencias a los ins-
trumentos europeos, e intenta buscar los referentes que más se ajusten a sus
necesidades, afinando algo más en la elección de las decisiones europeas. Por
lo general no se recurre a la lista de decisiones ya elaboradas y asociadas por
grupos a los distintos elementos que configuran los derechos fundamentales
sino que son escogidas de forma novedosa. En algunos casos podría afir-
marse, incluso, que el TC realiza no sólo un test de constitucionalidad de las
medidas adoptadas por los poderes públicos que supuestamente lesionan los
derechos fundamentales, sino que, además, lleva a cabo un test de conven-
cionalidad. Esto es así porque el argumento de autoridad complementario se
mueve en un terreno que va desde la corroboración de la posición adoptada
por el TC hasta la aplicación, como mínimo aparentemente, de una doble test
de validez compuesto por la aplicación del test de constitucionalidad y, pos-
teriormente, por la comprobación de que la medida analizada también supe-
ra el test de convencionalidad.
La utilización del argumento de autoridad complementario por parte del
TC suele venir justificada por las causas exógenas que se señalaron más arri-
ba. La concurrencia de estas causas provoca que el Tribunal deba hacer un
esfuerzo argumentativo y justificativo superior al que realiza cuando resuelve
asuntos respecto de los que existe jurisprudencia constitucional ampliamente
consolidada y que no presentan especial complicación ni fáctica ni jurídica.
La exteriorización de este uso se produce, igualmente, a través de distintas
formas. En primer lugar, se observa la realización de un test de conformidad
mediante el que el TC muestra la coincidencia de sus criterios con los aplica-
dos en Estrasburgo
. En estos casos el TC hace un esfuerzo por señalar la sin-
tonía de sus puntos de partida con el CEDH y los criterios concretamente apli-
cados con la jurisprudencia del TEDH eligiendo, asimismo, aquellas sentencias
que pudieran parecer más pertinentes a los argumentos defendidos. Otra
forma de exteriorización es la de utilizar las sentencias del TEDH como pre-
cedente para asuntos de complejidad fáctica
. Se trata de supuestos en los
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 451
33 Por ejemplo, STC 219/2001, F. J. 7.
34 Por ejemplo, STC 204/2001, F. J. 5.
que concurren distintas variables y dependiendo de cómo estas aparezcan o
se combinen, la solución a adoptar podrá variar sustancialmente. En estos ca-
sos de elevado casuismo el TC utiliza la jurisprudencia del TEDH como
ejemplo de las posibles soluciones existentes para cada combinación de ele-
mentos: la jurisprudencia del TEDH facilita la labor del TC al ofrecerle una
suerte de precedente al que recurrir en aquellos casos en los que no existe
una respuesta inequívoca. Por lo general esta forma es utilizada por el TC en
asuntos en los que debe resolverse un conflicto entre las libertades de infor-
mación y expresión y los derechos al honor y a la intimidad; también en ca-
sos relativos al derecho al juez imparcial y a la presunción de inocencia.
Mayor intensidad interpretativa presenta la forma que aquí se identifica
como la presentación en paralelo del canon constitucional y del canon euro-
. El resultado de esta forma de presentación del argumento de autoridad es
que aparece como parámetro conjunto para valorar la adecuación del acto im-
pugnando al sistema constitucional de derechos fundamentales. Tanto es así
que en algunos supuestos, la presentación en paralelo del estándar constitu-
cional y del estándar europeo ha pasado a formar parte de la doctrina del TC
de forma que es la combinación de ambos estándares la que conforma el blo-
que de criterios jurídicos aplicables a una determinada situación. La última for-
ma identificada a través de la que suele exteriorizarse el uso del canon europeo
como argumento de autoridad complementario es la guía interpretativa
forma es poco común y es utilizada excepcionalmente por el TC sobre ele-
mentos relativos a un derecho fundamental respecto del que existe ya una cier-
ta jurisprudencia constitucional pero que no está suficientemente consolidada.
De hecho, en ocasiones puede confundirse, debido a su fuerte incidencia en los
argumentos jurídicos del TC, con otra categoría distinta, la incorporación del ca-
non europeo. El elemento que las diferencia es, seguramente, el hecho de que
el Tribunal Constitucional utilice el canon europeo como herramienta interpre-
tativa respecto de una línea jurisprudencial ya iniciada por lo que, en este caso,
el canon europeo contribuye al desarrollo de aquella. En cambio, la incorpo-
ración del canon europeo implica la introducción de un elemento interpretativo
o material relativo a un derecho fundamental hasta entonces inexistente en la
doctrina constitucional que supone un cambio en su jurisprudencia.
2.2. La incorporación del estándar europeo en el estándar
Una vez expuestas las distintas formas en las que aparecen las referencias
a los instrumentos europeos en su uso como argumento de autoridad pasan a
explicarse las dos categorías en las que se produce una auténtica incorpora-
452 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
35 Un claro ejemplo de esta forma es la STC 136/1999, F. J. 24.
36 Claros exponentes son la STC 147/1999, F. J. 4, y la STC 41/2001, F. J. 6.
ción del canon europeo en el canon constitucional, pasando aquel a integrar
este último de ahí en adelante. No se trata, al menos no formalmente, de apli-
car directamente el CEDH interpretado por el TEDH sino que, más bien, rein-
terpretar la Constitución de conformidad con la doctrina europea en virtud del
mandato del art. 10. 2 CE. En estos casos, pues, el canon europeo desempeña
una función integrativa a través de la que se asumen elementos relativos a los
derechos fundamentales hasta entonces ignorados por la jurisprudencia cons-
titucional. Además, este tipo de fenómeno cobra mayor trascendencia si te-
nemos en cuenta que, como se dijo más arriba, la asunción en sentido estric-
to del canon europeo se produce en sentencias de amparo dictadas por el
Pleno del TC. De hecho, es precisamente la necesidad de compatibilizar el es-
tándar constitucional con el estándar europeo el que provoca en la mayoría
de casos la reconsideración del criterio jurisprudencial seguido hasta el mo-
mento por el Tribunal Constitucional.
Cabe distinguir dos tipos de integración: la asunción de criterios interpre-
tativos y la asunción de contenidos. En cualquiera de los dos supuestos un
cambio de rumbo doctrinal motivado por la necesidad de compatibilizar el es-
tándar constitucional de garantía con el estándar europeo supone, por una
parte, reconocer el carácter evolutivo del CEDH, que es regularmente actua-
lizado por la jurisprudencia del TEDH, y, por otra, la obligación que implica
para los Estados actualizar, asimismo, sus sistemas de forma que sean com-
patibles con el estándar europeo. A esta tarea contribuye el TC mediante su
jurisprudencia cuando modifica sus propios criterios para adecuarlos a los es-
tándares fijados en Estrasburgo. Unas veces la reacción jurisprudencial del TC
será rápida y en otras no tanto, debido, en parte, a la necesidad de cambios
normativos previos. Por otra parte, la asunción de criterios europeos supone
igualmente un paso decidido en favor de la armonización europea en materia
de derechos fundamentales, finalidad a la que, como se mostró más arriba, el
TEDH contribuye de manera determinante con sus sentencias.
Por último, debe ponerse de relieve que es en este fenómeno de incor-
poración de contenidos y criterios interpretativos europeos donde se observa
una utilización notable del canon europeo no ratificado por el Estado español,
fundamentalmente del Protocolo núm. 7 al CEDH, como demuestra la juris-
prudencia relativa a la prohibición constitucional de bis in idem y las senten-
cias dictadas respecto del derecho al doble grado de jurisdicción penal. Esta
circunstancia es la que, en parte, ha permitido construir una tercera categoría
en los usos que el TC hace del canon europeo: la muestra del desarrollo in-
cipiente de un Ius commune europeo en materia de derechos fundamentales,
categoría que será explicada en la parte final de este artículo.
A. Incorporación de criterios interpretativos
En este caso no se trata de importar nuevas facultades o elementos de los
derechos fundamentales no considerados o no aceptados por la jurispruden-
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 453
cia constitucional hasta el momento, sino de adoptar bien una nueva regla in-
terpretativa respecto del análisis de la constitucionalidad de una determinada
medida que supuestamente lesiona un derecho, bien una nueva regla de re-
solución de conflictos entre derechos fundamentales.
Lo cierto es que este tipo de incorporación no es fácilmente identificable
pues ya de por sí determinar meridianamente cuales son los métodos inter-
pretativo de un órgano jurisdiccional no es tarea sencilla y, además, en este
caso, aparece la dificultad añadida de que los métodos utilizado por el Tribu-
nal Europeo son deudores, en muchos casos, de los métodos utilizados por los
Tribunales Constitucionales o Supremos de los Estados parte debido, princi-
palmente, a la subsidiariedad del sistema europeo de garantía
. De hecho, la
interacción entre jurisdicciones nacionales/constitucionales y europea(s) a la
que llevamos asistiendo en las últimas décadas difícilmente permite hablar de
orígenes indiscutibles de determinados criterios interpretativos. Sí puede, en
cambio, establecerse en la jurisprudencia del TEDH el origen de determinados
métodos de análisis interpretativo, sobre todo aquellos que tienen que ver con
las restricciones de derechos previstas en los segundos párrafos de los arts. 9,
10 y 11 CEDH: las limitaciones permitidas únicamente serán legítimas si son
necesarias en una sociedad democrática y están previstas en una ley.
Pueden ofrecerse dos ejemplos relativos a la asunción constitucional de los
criterios europeos lo que no necesariamente deba ser entendido como correcta
asunción o aplicación de aquellos. En la STC 2/2003
, por ejemplo, puede afir-
marse que se produjo un correcto entendimiento del canon europeo relativo al
bis in idem. En la citada sentencia el TC invocaba los textos internacionales de
referencia en esta materia, que son el art. 14. 7 PIDCP —que se limitaba a
transcribir— y el art. 4 Protocolo núm. 7, convertido en referente indiscutible
en esta sentencia. En el F. J. 2 el Pleno del Tribunal Constitucional se refería
expresamente a su intención de revisar la doctrina constitucional relativa al bis
in idem mantenida hasta el momento
y elaboraba un listado de cuales eran
los elementos respecto de los que se iba a producir el cambio anunciado:
«la competencia de este Tribunal para revisar el pronunciamiento de los ór-
ganos judiciales sobre la existencia de identidad como presupuesto de apli-
cación de la interdicción constitucional de incurrir en «bis in idem», ya sea sus-
tantivo o procesal, pues la triple identidad delimita el contenido del derecho
fundamental —F. 5»; c) «la doctrina sobre la reiteración punitiva —bis— cons-
454 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
37 En este sentido, M. A. EISSEN, « L’interaction des jurisprudences constitutionnelles natio-
nales et de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme », en D. ROUSSEAU
Y F. SUDRE, Conseil Constitutionnel et Cour Européene des Droits de l’Homme, París, 1990, p. 140;
C. GREWE, Le juge constitutionnel et l’interprétation européenne », en F SUDRE (dir.),
L’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruselas, 1998, p. 200.
38 STC 2/2003, de 16 de enero.
39 SSTC 177/1999, de 11 de octubre, y 152/2001, de 2 de julio. Sobre los elementos esen-
ciales de dicha jurisprudencia véanse, J. J. QUERALT JIMÉNEZ, El principio non bis in idem, Ma-
drid, 1992, pp. 9-38, y, 38-55 (selección de jurisprudencia del TC); M. PÉREZ MANZANO, La
prohibición constitucional de incurrir en bis in idem, Valencia, 2002, pp. 23-42.
titucionalmente prohibida por el art. 25.1 CE, considerando que la vulneración
del derecho fundamental en su vertiente material requiere la efectiva reitera-
ción sancionadora y no basta la mera declaración de imposición de la sanción
—F. 6—»; d) «la relevancia del órgano sancionador que conoce de los hechos
en primer lugar, afirmando la competencia exclusiva de la jurisdicción penal
para sancionar en estos casos de concurrencia aparente de infracciones ad-
ministrativa y penal —F. 9—».
Pues bien, cabe afirmar respecto de los tres elementos mencionados que
el TC llevó a cabo una correcta identificación y utilización de los criterios in-
terpretativos utilizados por el Tribunal de Estrasburgo en esta materia. Así, el
TC, siguiendo el mismo método que el TEDH, se declaró competente para va-
lorar la existencia de la triple identidad de elementos que debe concurrir para
poder hablar, en su caso, de bis in idem. A continuación, el TC incorporó una
novedad respecto de su jurisprudencia anterior: para que se produzca la
violación del derecho fundamental a no sufrir bis in idem (art. 25. 1 CE) la su-
perposición o adición de sanciones debe ser efectiva. No basta, pues, la
mera declaración de imposición de sanción, sino que se exige que el sancio-
nado/condenado haya sufrido materialmente el exceso punitivo que prohíbe
el derecho al ne bis in idem. Esta es, precisamente, la línea interpretativa se-
guida por el TEDH en este tipo de asuntos. Por último la STC 2/2003 ofrece
un ejemplo de que el criterio de conformidad con el estándar europeo exigi-
do por el art. 10. 2 CE y por el propio CEDH debe ser entendido como com-
patibilidad y no como identidad. En este concreto supuesto, el TC se decidió
por dotar de prelación al orden penal frente al administrativo, haciendo uso
de la facultad de elección reconocida por el TEDH en la sentencia Fischer
contra Austria:
«al alcance del derecho reconocido en el art. 4 del Protocolo 7 CEDH, pues el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su Sentencia de 29 de mayo de
2001, caso Franz Fischer c. Austria (pár. 31) ha sostenido que los Estados par-
te del Convenio europeo de derechos humanos conservan libertad para «re-
gular cuál de las dos infracciones ha de ser perseguida»»
Consecuentemente con la naturaleza subsidiaria del sistema europeo de
garantía, en aquellos elementos relativos al alcance de los derechos funda-
mentales respecto de los que la jurisprudencia del TEDH hubiera permitido
un margen de apreciación mayor a los Estados, la compatibilidad se entenderá
cumplida con la no oposición de las medidas internas al estándar europeo; en
cambio, en aquellos supuestos en los que el margen de actuación de los Es-
tados sea menor o prácticamente inexistente la compatibilidad tiende a la
identidad de contendidos. Pues bien, como muestra el fragmento aludido por
el TC de la sentencia Franz Fischer contra Austria puede afirmarse que en el
aspecto concreto de la determinación de la prelación entre órdenes sancio-
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 455
40 STC 2/2003, F. J. 10.
nadores se reconoce libertad de elección a los Estados
. Es compatible, en-
tonces, con el CEDH la solución dada por el TC respecto de la sanción que
debe prevalecer en caso de duplicidad sancionatoria administrativa y penal.
Ocurre, en cambio, que en ocasiones el TC atribuye a la doctrina de Es-
trasburgo un alcance menor, esto es, más restringido que el reconocido ver-
daderamente por el Tribunal Europeo. Esta situación puede provocar un po-
tencial ataque al CEDH, puesto que el art. 53 de este texto prescribe que la
garantía europea nunca podrá aplicarse en detrimento del nivel de garantía re-
conocido en un ordenamiento jurídico interno y, por tanto, tampoco se per-
mite asumir interpretaciones más restrictivas y, por ende, contrarias al pará-
metro fijado en Estrasburgo. Esta situación se produjo en la Sentencia de
Pleno 49/1999, de 5 de abril, sobre el secreto de las comunicaciones.
La STC 49/1999 suponía, en principio, la incorporación en la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional de la doctrina contenida en la STEDH caso
Valenzuela Contreras contra España, de 30 de julio de 1998. Como es sabido
en la sentencia Valenzuela Contreras el TEDH repasaba su doctrina relativa a
las garantías que deben concurrir para que una ingerencia en las comunica-
ciones sea considerada legítima; concretamente: primero, la necesidad de una
habilitación legal de la ingerencia, segundo, que aquella ley —formal o ma-
sea accesible y previsible. Estas características inherentes a la ley
que regula la interferencia en el ejercicio del secreto de las comunicaciones
deberán ser especialmente garantizadas en aquellos supuestos en los que la
actuación pública se produzca sin conocimiento del titular del derecho, cir-
cunstancia que se produce, por ejemplo, en fase de instrucción de determi-
nados delitos. En la sentencia del caso Valenzuela Contreras el TEDH, en
aplicación de los citados criterios, declaró vulnerado art. 8 CEDH debido a la
falta de calidad de la ley habilitante, sin perjuicio de que el TEDH recono-
456 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
41 Puede añadirse que el caso del art. 4 Protocolo núm. 7 debe ser encuadrado en una fran-
ja en la que todavía los Estados cuentan con bastante libertad porque, entre otras cosas, así lo
permite el propio precepto. Se trata, además, de un Protocolo facultativo al CEDH al que todavía
no se han adherido todos los Estados lo que seguramente empuja al TEDH a no marcar unos per-
files excesivamente rígidos para que los Estados aun reticentes acaben ratificándolo y puedan to-
dos estar al nivel exigido desde Estrasburgo. A estas razones, S. HUERTA, «El contenido debilita-
do del principio europeo de legalidad penal (art. 7 CEDH y art. 4 Protocolo núm. 7», en J.
GARCÍA ROCA y P. SANTOLAYA (coords.): La Europa de los Derechos. El Convenio Europeo de
Derechos Humanos, Madrid, 2005, p. 482, añade que la jurisprudencia del TEDH respecto del art.
4 Protocolo núm. 7 ha sido hasta el momento bastante comedida en el sentido de que aplica un
concepto de bis in idem bastante restrictivo; esta parece ser la postura del propio Tribunal de Es-
trasburgo: STEDH Göktan contra Francia, pár. 46.
42 A este respecto cabe señalar que el concepto de legislación utilizada por el TEDH en es-
tos supuestos es muy amplio, ya que se toma también en consideración la práctica de los tribu-
nales. En este caso se tomó como referencia, entre otras, el Auto del Tribunal Supremo de 18 de
junio de 1992 en un asunto de narcotráfico en el que se había producido a la intervención de las
comunicaciones de los encausados. El TS en aquella ocasión, tras reconocer que la legislación de
la LECrim era insuficiente, reinterpretó la ley de conformidad con la jurisprudencia del TEDH a
ciera los esfuerzos del juez instructor por garantizar al máximo el derecho al
secreto de las comunicaciones, que según el gobierno español suponía anti-
ciparse a las SSTEDH casos Huvig y Kruslin de 1997. En cualquier caso, se-
gún el TEDH la actuación judicial no convertía en previsible la normativa le-
gal existente en el momento de los hechos. Así pues, el TEDH consideró
insalvable la falta de calidad de la ley señalando esta circunstancia como cau-
sa de la violación del art. 8 CEDH.
En 1999 el TC parecía firmemente convencido de la necesidad de incor-
porar el test sobre la calidad de la ley desarrollado por el TEDH y aplicarlo en
el análisis de la normativa española existente en esta materia. Pues bien, tras
el examen conjunto de la normativa vigente en el momento de producirse los
hechos objeto del recurso de amparo y de los criterios relativos a la calidad
de la ley desarrollados por el TEDH y, en concreto, los plasmados en el
STEDH caso Valenzuela Contreras, el TC acaba reconociendo que aquella
normativa no cumplía con los requisitos mínimos fijados por el TEDH:
«Estamos en presencia de una vulneración del art. 18.3 CE, autónoma e inde-
pendiente de cualquier otra: la insuficiencia de la ley, que sólo el legislador
puede remediar y que constituye, por sí sola, una vulneración del derecho
fundamental. Eso es así porque la insuficiente adecuación del ordenamiento a
los requerimientos de corteza crea, para todos aquellos a los que las medidas
de intervención telefónica pudieran aplicarse, un peligro, en el que reside pre-
cisamente dicha vulneración (Sentencia del TEDH caso Klass)»
En definitiva, en la sentencia 49/1999 se reconocía que de conformidad
con el estándar europeo el ordenamiento jurídico español padecía una evi-
dente insuficiencia legislativa en materia de secreto de las comunicaciones
Ahora bien, sin perjuicio de este reconocimiento, el TC continuó con el exa-
men del caso, y se centró en el estudio de las garantías que debían acompa-
ñar a la autorización, en su caso prórroga, judicial de las escuchas telefónicas.
Se producía, así, una incompatibilidad manifiesta entre los criterios interpre-
tativos aplicados por el TEDH en el análisis del respeto de las garantías del
derecho al secreto de las comunicaciones y los criterios aplicados por el TC.
En efecto, en aquel momento, tal y como demuestra el caso Valenzuela, el
TEDH en una situación similar, una vez constatada la insuficiencia legislativa,
directamente hubiera pasado a declarar la vulneración del art. 8 CEDH. Esta
fue, por cierto, la posición que mantuvo en el asunto Prado Bugallo contra
España, de 18 de mayo de 2003. Cierto es también que la responsabilidad pri-
mera de adecuar el régimen jurídico de las escuchas en España es del legis-
lador y no del TC; recae sobre el primero la obligación de resultado derivada
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 457
43 STC 49/1999, F. J. 5.
44 En la STC 26/2006, F. J. 5, el Tribunal afirmaba que en tanto no exista en España una re-
gulación adecuada al CEDH será suya la función de «suplir las insuficiencias apreciadas en el pre-
cepto legal citado hasta que se produzca la necesaria intervención del legislador».
del art. 46. 1 CEDH
de modificar la legislación vigente y proceder a la com-
patibilización con el acquis conventionnel
Tras la STEDH Prado Bugallo el Tribunal Constitucional resolvió otro
asunto relativo a las escuchas telefónica en la STC 184/3003. De nuevo en esta
decisión, el Constitucional acudió al examen de la decisión judicial de inter-
venir las comunicaciones pese a constatar la insuficiencia legislativa en este
materia y pese a que el TEDH por dos veces hubiera puesto de manifiesto di-
cha situación declarando vulnerado el art. 8 CEDH. En este caso la coinci-
dencia de criterio respecto de la calidad de la ley fue absoluta, pero, en cam-
bio, los resultados fueron bien distintos.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, no debe ocultarse que igual que los he-
chos causantes de la STC 49/1999 y de la STEDH Prado Bugallo contra Espa-
ña, los hechos de los que traía causa la STC de 2003 eran anteriores al cono-
cidísimo Auto del TS de 1992 sobre el caso Naseiro. Esta coincidencia temporal
debe ser destacada porque precisamente el tiempo en que se produjeron los
hechos parece ser el punto de inflexión que ha hecho modificar a TEDH sus
criterios sobre la calidad de la ley española en materia de escuchas telefónicas.
En efecto, el TEDH, en la decisión de inadmisibilidad del asunto Abdulkadir
Coban contra España
, parece haber reconocido que el art. 579 LECrim, tras la
modificación de 1988
, completado por la jurisprudencia del TS —iniciada con
el Auto TS de 1992, caso Naseiro
— y la jurisprudencia del TC, sintetizada en
la STC 49/1999 (así lo dice el TEDH), respecto de las garantías que deben
cumplirse en toda intervención legítima de las comunicaciones hacen las veces
de habilitación legal cierta y previsible respecto de aquellas interceptaciones de
las comunicaciones producidas parece que con posterioridad a 1992. Así
pues, cabe entender que a partir de ahora, aquellos asuntos que lleguen a Es-
trasburgo relativos a las escuchas telefónicas que traigan causa de hechos aca-
ecidos con posterioridad al Auto de 1992 serán inadmitidos en aquello que
afecte a la calidad de la ley como garantía del derecho al secreto de las co-
municaciones. A este respecto cabe criticar que el TEDH haya llevado a cabo
458 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
45 Según la doctrina mayoritaria toda sentencia del Tribunal de Estrasburgo estimatoria ge-
nera una obligación de resultado al Estado demandado, así, P. A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Las
obligaciones de los Estados en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Madrid,
1987, p. 73 y ss.; R. RYSSDAL, RYSSDAL, R.: «The enforcement system set up under the European
Convention on Human Rights», en M. K. BULTERMAN y M. KUIJER (ed.), Compliance with
judgments of international courts: proceedings of the symposium organized in honour of professor
Henry G. Schermers, Mordenate College and the Department of International Public Law of Leiden
University, La Haya-Boston, 1996, p. 51. Recientemente entre nuestra doctrina, cfr. L. M. DIEZ-
PICAZO GIMÉNEZ, Sistema de derechos fundamentales, 2.ª ed., Madrid, 2005, p. 157; F. J.
RODRÍGUEZ PONTÓN, La articulación de las garantías administrativas y jurisdiccionales en el
sistema del CEDH, CIZUR Memor, 2005, p. 30.
46 Adaptación al castellano de la expresión utilizada por F. SUDRE, Droit Européen et nter-
national des droits de l’homme, París, 6.ª ed. refondue, 2003, «puesta en compatibilidad».
47 Decisión de inadmisibilidad de 25 de septiembre de 2006, Sección Quinta.
48 Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo.
49 Auto de 18 de junio de 1992, Sala Segunda del TS.
este cambio de parecer jurídico en una decisión de inadmisibilidad, y no en
una sentencia de Sala desestimatoria en la que se hubiera puesto de manifiesto
expresamente el inicio de una nueva línea jurisprudencial en esta materia. El
TEDH antepone en ocasiones sus problemas estructurales, esto es la acumu-
lación de demandas, a la calidad y claridad de su jurisprudencia, circunstancia
que no escapa a las críticas de algunos sectores doctrinales
B. Incorporación de contenidos
La asunción del estándar europeo puede generar dos resultados distintos:
en unos casos, la incorporación del estándar europeo provocará el descu-
brimiento de una facultad o dimensión relativa a un derecho fundamental re-
conocido en la Constitución no exteriorizada hasta el momento. En otras
ocasiones, la recepción del estándar europeo supone, más bien, el reconoci-
miento de nuevas garantías a través de un giro jurisprudencial provocado por
la asunción del canon europeo.
La línea divisoria entre ambos fenómenos, incluso entre estos fenómenos
y el de incorporación de criterios interpretativos, no es en absoluto de fácil
identificación. Es cierto que el encuadrar una sentencia del TC en una sub-
categoría o en otra ayuda a entender las influencias del canon europeo en la
jurisprudencia constitucional. Ahora bien, lo que realmente subyace a todas
ellas y es esta, por ello, la conclusión en mayúsculas de estas páginas, es que
sea una nueva facultad, una nueva dimensión, una nueva garantía o una nue-
va interpretación lo cierto es que la modificación en la jurisprudencia consti-
tucional se debe a la asunción por el TC de los criterios utilizados por el Tri-
bunal de Estrasburgo en sus sentencias.
Entrando en el análisis concreto de los casos estudiados y utilizándolos
como muestra de la forma en la que el TC usa el canon europeo, respecto del
periodo estudiado cabe afirmar que se ha producido una correcta adopción del
canon europeo en la STC 167/2002 relativa a las garantías de inmediación y
contradicción en segunda instancia penal. En esta sentencia el TC reconocía que
la razón para modificar su doctrina anterior era la necesidad de adaptar más es-
trictamente la interpretación constitucional del derecho fundamental a un pro-
ceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) al art. 6. 1 CEDH según ha sido in-
terpretado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Hasta la STC 167/2002 de Pleno, el TC había considerado, no sin algún
, que la valoración de la prueba en segunda instancia po-
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 459
50 Sobre la importancia de mantener una jurisprudencia de calidad, véase, por todos, J. P.
COSTA, J-P. : «La Cour européenne des droits de l’homme : vers un ordre juridique européenne ?»,
en VV. AA. : Mélanges en Hommage à Luis Edmond Pettiti, Bruselas, 1998, p. 203 ; especialmente
críctico es J. CALLEWAERT en su trabajo, «La Convention Européenne des droits de l’homme en-
tre effectivité et prévisibilité», en VV.AA.: Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire.
Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruselas, 2000, pp. 93-108.
51 Por ejemplo, Auto 220/1999, de 20 se septiembre.
día producirse sin la participación de la persona absuelta o condenada en pri-
mera instancia. En cambio, en la jurisprudencia del TEDH viene siendo una
constante desde la STEDH caso Ekbatani contra Suecia, de 26 de mayo de
1988, que el derecho a un proceso con todas las garantías exige que en la se-
gunda instancia penal se celebre una nueva audiencia de los interesados en
aquellos supuestos en que el Tribunal competente deba entrar a conocer de
cuestiones de Derecho y de hecho y, en su caso, proceder a una apreciación
global sobre la inocencia/culpabilidad de la persona condenada/absuelta en
primera instancia. Así, si el Tribunal ad quem tiene capacidad para valorar de
nuevo los hechos probados en primera instancia el TEDH exige que la nueva
valoración de la prueba se practique de nuevo ante aquel, lo que supondrá
escuchar al acusado/condenado como mínimo, pero no sólo, ya que también
puede ser que el Tribunal ad quem considere necesario que ante él se prac-
tiquen otras pruebas, como las declaraciones de testigos o peritos. Por otra
parte, los criterios fijados por la jurisprudencia del TEDH se aplican igual-
mente en aquellos supuestos en los que tras una sentencia absolutoria en pri-
mera instancia, en apelación el Tribunal competente dicta una sentencia con-
denatoria, como sucedió, por ejemplo, en el asunto Constantinescu contra
Rumania, sentencia de 27 de junio de 2000. Este era, precisamente, el supues-
to de hecho que había dado lugar al recurso de amparo resulto por la STC
167/2002. Así pues, desde la citada sentencia constitucional el respeto de la in-
mediación y la contradicción en segunda instancia a través de la celebración de
una vista oral en la que el juez valore, como mínimo, las pruebas personales de
manera directa es una garantía propia del derecho a un proceso con todas la
garantías en aquellos supuestos en los que el Tribunal ad quem entre a valorar
la inocencia o culpabilidad del condenado/absuelto en primera instancia.
En otras ocasiones el TC atribuye a la jurisprudencia del TEDH un alcan-
ce que no se corresponde con el realmente reconocido por aquel a un de-
terminado derecho. La situación no resulta preocupante cuando la falta de co-
rrespondencia se produce por exceso ya que puede considerarse que
independientemente de esta circunstancia existe una relación de compatibili-
dad entre estándares. Tal situación se produjo en la STC 91/2000, relativa a las
garantías en la extradición del condenado en rebeldía. En esta sentencia el TC
llevó a cabo una interpretación de las garantías del art. 6 CEDH más exigente
que la establecida por el TEDH. Mientras que la jurisprudencia del TEDH
muestra que lo esencial es garantizar el derecho de defensa, ejercida en per-
sona o bien mediante un letrado, según el TC la barrera de lo permisible por
el derecho a un proceso con todas las garantías está en garantizar en algún
momento que el acusado/condenado pueda personarse ante un juez y que
este, en su presencia, revise de nuevo los hechos
Como ejemplo de una supuesta incorporación del canon europeo en el ca-
non constitucional se ofrece la STC 119/2001. En esta sentencia el TC afirmaba
460 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
52 Esta misma doctrina fue aplicada también en las SSTC 162/2000 y 163/2000.
haber incorporado una nueva dimensión del derecho a la intimidad desarro-
llada por el TEDH que supone el reconocimiento de que determinados ele-
mentos medioambientales puedan vulnerar los derechos fundamentales del art.
18 CE. Sin embargo, el estudio de esta sentencia constitucional y de otras dic-
tadas con posterioridad pone de manifiesto que el Tribunal Constitucional in-
trodujo en el canon europeo incorporado un elemento suplementario en el test
de constitucionalidad aplicado en el control de la actividad del poder público
que no es requerido en el test de convencionalidad aplicado por el TEDH, el
daño efectivo en la salud del perjudicado, que grava doblemente la situación
de las víctimas de estas vulneraciones. En efecto, se obliga a las personas afec-
tadas, primero, a demostrar que efectivamente se producen niveles excesivos
de ruido, y, segundo, a demostrar la causalidad entre los ruidos excesivos y un
daño efectivo en su salud
. De esta forma, toda la carga de la prueba recae so-
bre la víctima de la supuesta vulneración del derecho a la intimidad. Por el
contrario, el TEDH centra su análisis en la comprobación de la actitud de la
Administración pública responsable. Primero, lleva a cabo una aproximación
objetiva a las circunstancias del caso y, una vez constatados los ruidos excesi-
vos, verifica cuales son las obligaciones de la Administración y cual fue su ac-
tuación. Comprueba el incumplimiento de la Administración y da por cerrado
el asunto. No exige nexos de causalidad entre ruidos y daños alegados; sólo
comprueba si las autoridades públicas han cumplido con sus deberes objetivos
de control sobre las actividades que provocan las inmisiones.
Como podrá entenderse, la supuesta incorporación del canon europeo
en la STC 119/2001 contrariaba, además, el art. 10. 2 CE y podía convertirse
potencialmente en una violación del CEDH —como efectivamente puso
de manifiesto una vez más el TEDH en las sentencia Moreno Gómez contra
España de 2004
—, ya que no se llevó a cabo una interpretación compati-
ble con el Convenio Europeo, en tanto que no se respetó el estándar míni-
mo establecido por Estrasburgo. El TC introdujo un elemento en el test de
compatibilidad con los derechos fundamentales de la Constitución que res-
tringía el derecho del particular o, dicho de otra forma, establecía un re-
quisito que gravaba la situación del particular frente a la Administración pú-
2.3. Muestras del desarrollo incipiente de un ius commune europeo
Se ha mencionado ya que entre la doctrina europea la opinión mayorita-
ria es que todavía hoy no existe un ius commune europeo en materia de de-
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 461
53 En este caso, el Tribunal Constitucional no reconoció suficiente prueba de la existencia de
los ruidos el hecho de que la calle de la demandante hubiera sido declarada por el Ayuntamiento,
entre otras, Zona Acústicamente Saturada.
54 STEDH de 16 de noviembre de2004.
rechos y libertades. La mayoría de autores coinciden, igualmente, en consi-
derar que sí empiezan a aparecer ya algunos elementos claves en la elabora-
ción del Derecho Común europeo
. A esta tendencia es sin duda sensible
nuestro Tribunal Constitucional que ha plasmado en sus sentencias su consi-
deración respecto del canon europeo como estándar mínimo europeo y la
identificación de aquel canon como la opinio communis europea en materia
de derechos fundamentales. Otra muestra más de esa sensibilidad a favor de
la armonización en materia de derechos y libertades se materializa en el uso
como instrumentos interpretativos que el TC ha hecho de los conceptos au-
tónomos desarrollados por el TEDH en su jurisprudencia.
A. El canon europeo como estándar mínimo común en Europa
Como se acaba de mencionar el TC reconoce explícitamente en sus sen-
tencias, por lo menos respecto de algunas materias, que la jurisprudencia del
TEDH debe ser considerada como el estándar mínimo aplicable en materia de
derechos y libertades. Así se ha encargado de reiterarlo el TC, por ejemplo, en
sus decisiones relativas a dilaciones indebidas, materia en la que se produce
el fenómeno de reiteración de estructuras argumentativas explicado más arri-
ba y que, por tanto, provoca que el reconocimiento del CEDH y la jurispru-
dencia del TEDH como estándar mínimo europeo sea una afirmación bastante
462 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
55 Así, por ejemplo, M. DE SALVIA, « L’élaboration d’un « ius commune » des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dans la perspective de l’unité européenne : l’ouvre ac-
complie par la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme », en F. MATSCHER,
y H. PETZOLD (eds.): Protecting human rights: the European dimension: studies in honour of Gé-
rard J. Wiarda. Protection des droits de l’homme: la dimension européenne: mélanges en l’ de Gé-
rard J. Wiarda, Colonia, 2.ª ed, 1990, p. 556, en 1990 advertía como a través de la jurisprudencia
de los órganos de control europeos empezaban a tomar forma los contornos del ius commune
europeo, principalmente debido a lo que este autor denominó el efecto didáctico de las senten-
cias del TEDH, expresión equivalente a la utilizada en este trabajo de función desarrolladora de
la jurisprudencia del TEDH, plasmada claramente por el TEDH en su sentencia Irlanda contra Rei-
no Unido de 1978. En cualquier caso, la doctrina mayoritariamente reconoce que los Estados par-
te del CEDH han reconocido que todos ellos comparten una serie de valores y creencias comu-
nes respecto del respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas, cuya
salvaguardia han dejado en manos del TEDH; en este sentido, por ejemplo, G. COHEN-JONAT-
HAN, « La CEDH... », op. cit, p. 391, y, entre nosotros, F. RODRÍGUEZ PONTÓN, F. J.: La arti-
culación..., op. cit., p. 31.
56 Por ejemplo, STC 58/1999, F. J. 6:
«Desde tales premisas este Tribunal ha fijado los términos en los que deben enjuiciarse los
retrasos judiciales en coincidencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos sobre el art. 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en «un tiempo ra-
zonable»), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el art. 24.2 CE
[STEDH...]. Siguiendo dicha doctrina...».
Igual afirmación aparece, por ejemplo, en las SSTC 124/1999, 230/1999 y 220/2004, todas
ellas relativas a la violación del derecho a no sufrir dilaciones indebidas.
Esta idea de estándar común mínimo ha sido igualmente explicitada en
varias sentencias relativas a los procesos de extradición pasiva, por ejemplo la
STC 87/2000, F. J. 5, y ha cobrado un especial relevancia en la STC 91/2000 a
la que se aludió más arriba. En esta sentencia el TC se hacía eco de la doc-
trina de los efectos ad extra de los derechos fundamentales desarrollada des-
de sus inicios por el TEDH. Admitida la virtualidad extraterritorial del alcance
de los derechos fundamentales, el TC advierte que no todos los derechos
constitucionales o, mejor dicho, no todas las facultades o posiciones jurídicas
de estos derechos pueden ser vulnerados indirectamente, sino que sólo aque-
llos que formen parte del contenido absoluto del derecho que se define,
fundamentalmente, a través de su inherencia a la dignidad humana. En ese
proceso de determinación —expresión utilizada literalmente por el TC— de
los derechos inherente a la dignidad de la persona, revisten especial relevan-
cia «la Declaración Universal de Derechos Humanos y los demás tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, a
los que el art. 10.2 CE remite como criterio interpretativo de los derechos fun-
damentales». Y, dentro de los tratados internacionales a los que se ha reco-
nocido la importante función hermenéutica de determinar el contenido de los
derechos fundamentales, goza de una situación «singular [e]l Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos, dado que su cumplimiento está sometido al control
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a quien corresponde concretar el
contenido de los derechos declarados en el Convenio que, en principio, han de
reconocer, como contenido mínimo de sus derechos fundamentales, los Estados
signatarios del mismo»
De la lectura de las líneas trascritas se extraen como mínimo las cuatro
conclusiones siguientes: en Europa existe una comunidad que comparte unos
valores e intereses, entre los que está la protección de los derechos funda-
mentales; por ello, los tratados internacionales, a través del art. 10. 2 CE, sir-
ven para determinar cual es el contenido de aquellos derechos compartidos
por todos en aquella comunidad y que es pues el contenido mínimo e irre-
nunciable; el CEDH es especialmente relevante por la existencia del TEDH,
que lo desarrolla y actualiza; el bloque de convencionalidad formado por el
CEDH y la jurisprudencia del TEDH suponen el contenido mínimo de los de-
rechos fundamentales que deben respetarse en todos los Estados parte.
Se confirma de esta forma el carácter privilegiado del que gozan el CEDH
y principalmente la jurisprudencia del TEDH en la determinación del conte-
nido de los derechos constitucionales a través de su interpretación. Igual-
mente, el párrafo trascrito supone una clara prueba del reconocimiento ex-
plícito de que el desarrollo jurisprudencial que el Tribunal de Estrasburgo ha
hecho de los derechos y libertades del CEDH se erige en el estándar mínimo
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 463
57 STC 91/2000, F. J. 7.
B. Muestra de la opinio communis europea en materia de derechos
El TC expresamente ha tomado el acquis conventionnel compuesto por el
CEDH y la jurisprudencia del TEDH como el reflejo de la opinión común eu-
ropea acerca del estado de los derechos fundamentales. Así, por ejemplo, en
la STC 116/1999, que resolvía el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley
35/1988 sobre Técnicas de Reproducción Asistida
, al hilo de la discusión so-
bre la idea de familia amparada por la Constitución, el TC afirmaba que:
«[...] quizá la prueba más palpable de esa necesaria diferenciación de planos y,
por ende, de la autonomía de significado que adquiere el instituto de la fa-
milia en su concepción estrictamente jurídica, lo constituya el hecho común-
mente aceptado de que los hijos adoptivos se integren y constituyan una fa-
milia, aunque sus padres legales no se correspondan con los biológicos
(véanse, en este sentido, las Sentencias del TEDH de 13 de junio de 1979
(asunto Marckx) 26 de mayo de 1994 (asunto Keegan v. Irlanda) y la de 27 de
octubre de 1994 (asunto Catharina Kroon, Ali Zerrouk y Sami M’Hallem-Driss
v. Países Bajos). No existe, por lo tanto, una obligada correspondencia entre
las relaciones paterno-filiales jurídicamente reconocidas y las naturales deri-
vadas de la procreación (SSTC 289/1993 y 114/1997) ni, como queda dicho el
concepto constitucional de familia se reduce a la matrimonial (SSTC 184/1990
y 222/1992)»
Aunque en referencia al Estatuto del Consejo de Europa, merece la pena
citar la STC 73/2000
, F. J. 11:
«Sentado lo anterior podemos ya pasar a considerar si se produce una lesión del
art. 24.1 CE, en los supuestos aquí considerados, esto es, aquéllos en los que los
efectos obstativos de una Ley o del régimen jurídico en ella establecido para
una concreta materia fuese, precisamente, el de hacer imposible que un deter-
minado fallo judicial se cumpla. Pues aun siendo indudable que la Constitución
reconoce al legislador un amplio margen de libertad al configurar sus opciones,
no es menos cierto que también le somete a determinados límites. Y en lo que
aquí interesa, no sólo al genérico límite antes aludido de la interdicción de la ar-
bitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE) y al que impone al principio de
igualdad (art. 14 CE) sino también al límite que se deriva del art. 24.1 CE. Lo
que se corresponde, como antes se ha dicho, con la importancia que posee el
464 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
58 Concretamente, por la supuesta vulneración de los artículos 9, 10, 15, 39 y 81 de la CE.
59 STC 116/1999, F. J. 13.
60 STC de Pleno en la que se resolvía una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la
Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en relación con varios preceptos
de la Ley Foral de Navarra 9/1996, de Espacios Naturales Protegidos de dicha Comunidad, en lo
que afectaban a la presa de Itoiz. La cuestión se planteó por presunta vulneración del principio
de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y del derecho fundamental a obtener
la tutela efectiva de Jueces y Tribunales en su vertiente de ejecución de las resoluciones judicia-
les firmes; el TC desestimó la cuestión.
logro de una tutela judicial efectiva y el cumplimiento de las resoluciones judi-
ciales firmes en un Estado de Derecho como el que ha configurado nuestra
Constitución en su art. 1.1 y constituye, además, patrimonio común con otros Es-
tados de nuestro entorno europeo —art. 3 en relación con el art. 1 a) del Estatuto
del Consejo de Europa, hecho en Londres el 5 de mayo de 1949—».
Como puede observarse, el TC toma como referente del patrimonio co-
mún europeo el Estatuto del Consejo de Europa. Como es sabido, el Conve-
nio de Roma en 1950 fue elaborado precisamente como instrumento para la
realización del Estado de Derecho común a las sociedades democráticas que
conforman el Consejo de Europa.
Tal es el convencimiento del TC sobre el hecho de que el acquis con-
ventionnel es la muestra de la opinio communis del estado de los derechos
fundamentales en Europa que ha tomado también como referente europeo
textos no ratificados todavía por el Estado español, concretamente, el Proto-
colo adicional núm. 7 al Convenio. Es más, ha utilizado este texto no ratifi-
cado en detrimento de otros textos internacionales relativos a los mismos de-
rechos sí ratificados por el Estado español, concretamente el PIDCP. Y, todavía
más, el Protocolo núm. 7 ha sido el responsable del cambio de rumbo juris-
prudencial respecto, por ejemplo, del derecho a no padecer bis in idem,
cambio realizado, como se dijo más arriba, en una sentencia del Pleno del Tri-
bunal Constitucional. ¿Cuál es el motivo que lleva al Tribunal Constitucional
ha dejar de lado el PIDCP, aquí su art. 14. 7, para utilizar el art. 4 Protocolo
núm. 7? La respuesta la ofrece propio TC: dicho Protocolo «constituye un ade-
cuado marco de referencia en cuanto expresivo de un modelo jurídico-cons-
titucional común en nuestro entorno».
Desde la perspectiva europea, este modelo jurídico-constitucional está inte-
grado por el CEDH, todos los Protocolos adicionales al CEDH y la jurispruden-
cia del TEDH. Todos estos instrumentos conforman, pues, el acquis conven-
tionnel por lo que a todos afecta la obligación general que deriva del CEDH y
que subyace al sistema de protección europeo de compatibilizar los estándares
nacionales con el estándar europeo, más allá de las obligaciones concretas im-
puestas por las cláusulas constitucionales de apertura internacional respecto de
la utilización de los textos ratificados como herramientas hermenéuticas. El sis-
tema europeo de garantía de los derechos fundamentales ha cobrado tal im-
portancia y tal fuerza en los últimos años que la obligación derivada del art. 46
CEDH puesta en relación con el deber general del art. 1 CEDH se han conver-
tido en una obligación de resultado que supera las previsiones internas relativas
a la interpretación conforme. Estas, en su caso, ayudan a la compatibilización
pero no son, por lo que demuestra la realidad, indispensables
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 465
61 En 2004, el TC dictó la sentencia 169/2004, F. J. 3, en relación al derecho a no padecer bis
in idem, en la que se refiere expresamente a la falta de ratificación del Protocolo núm. 7 al
CEDH, sin conceder a este hecho mayor relevancia respecto de la posibilidad de utilizarlo
como canon interpretativo en virtud del art. 10. 2 CE:
Tanto es así que el TC se siente legitimado, incluso, para escoger el refe-
rente europeo en detrimento del internacional que le ofrece le PIDCP en una
materia tan importante como es el derecho al doble de grado de jurisdicción
Las sentencias dictadas a este respecto
suponen un supuesto específico en
tanto que ponen de manifiesto como el estándar internacional, compuesto por
el PIDCP —texto ratificado por España— y la labor jurisprudencial del Comi-
té de Derechos Humanos, es prácticamente ignorado por el TC
466 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
«El elemento de la firmeza de la Sentencia impeditiva de la celebración de un nuevo juicio se
destaca en los textos internacionales que ex art. 10.2 CE deben operar como elemento interpre-
tativo de los derechos fundamentales, como es el caso del art. 14.7 del Pacto internacional de de-
rechos civiles y políticos, de 16 de diciembre de 1966 ( RCL 1977, 893), y del art. 4.1 del Proto-
colo núm. 7 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, de 22 de noviembre de 1984, suscrito, aunque no ratificado por Espa-
ña. De modo que no existe impedimento constitucional de principio para que una Sentencia pe-
nal absolutoria, si la legalidad infraconstitucional lo permite, pueda ser objeto de recurso de ape-
lación, para que por ello pueda ser anulada en la apelación y para que consecuentemente
pueda celebrarse un segundo juicio penal respecto del acusado» (cursiva añadida).
62 Los problemas respecto del derecho al doble grado de jurisdicción reconocido en el art.
14. 5 PIDCP se han producido en situaciones en las que el demandante absuelto en primera ins-
tancia fue condenado en segunda instancia, sin que cupiera posterior recurso contra dicha con-
dena. Muy polémica es, igualmente, la cuestión relativa a la casación penal que, como es sabido,
es un medio de impugnación extraordinario que persigue la anulación de la decisión judicial re-
currida; únicamente puede ser interpuesto por una serie de motivos tasados que responden a la
existencia de vicios en la aplicación o interpretación de las normas de Derecho material o pro-
cesal. Así pues, en principio a través del recurso de casación no cabe aducir cuestiones de hecho.
Por último, también ha planteado problemas de compatibilidad con el estándar internacional la
circunstancia de que los aforados, y aquellos incursos en sus mismas causas, no tengan derecho
a la revisión de una potencial condena dictada por el Tribunal Supremo en única instancia.
63 STC 120/1999 (Sala 2.ª), STC 133/2000 (Sala 1.ª), STC 91/2002 (Sala 2.ª), STC 64/2001 (Ple-
no), STC 65/2001 (Pleno), STC 66/2001 (Pleno), STC 70/2002 (Sala 1.ª); recientemente, esta
doctrina ha sido reiterada respecto del recurso penal de casación en la STC 123/2005 (Pleno) y en
la STC 116/2006 (Sala 1.ª).
64 La STC 116/2006 es una excepción a la actitud mantenida por el TC hasta la fecha. En
esta sentencia de 2006 el TC hizo una recopilación de algunos de los más recientes dictámenes
del Comité de Derechos Humanos para reforzar su postura relativa a la compatibilidad de la ca-
sación penal prevista en nuestro ordenamiento jurídico con el art. 14. 5 PIDCP. Aunque no es
ahora el momento de hacer un análisis exhaustivo de las decisiones del Comité citadas por el TC
sí cabe señalar que, pese a lo que se deriva del F. J. 6 de la STC 116/2006, no puede afirmarse ta-
jantemente que el Comité de Derechos Humanos haya modificado su criterio respecto de la ca-
sación penal española; los Dictámenes dictados por el Comité en los años 2005 y 2006 se limitan
a reconocer que en los casos concretamente estudiados el Tribunal Supremo había realizado una
valoración de la prueba suficientemente detallada y no se había quedado únicamente en el aná-
lisis de las cuestiones jurídicas (por ejemplo, caso Carvallo Villar contra España, de 21 de no-
viembre de 2005; caso Oubiña Piñeiro contra España, de 11 de agosto de 2006). Por otra parte,
no debe olvidar el TC que si bien en los casos citados el Comité de Derechos Humanos ha re-
conocido una actuación del Tribunal Supremo en casación conforme con el art. 14. 5 PIDCP, en
otros Dictámenes relativos al derecho al doble grado de jurisdicción sigue recordando que las
condenas penales dictadas en segunda instancia también deben poder ser sometidas a una revi-
sión integral en la que se estudien las cuestiones de hecho (por ejemplo, caso Gomaríz Valera
contra España, de 26 de agosto de 2005; caso García Sánchez y González Clares contra España,
de 15 de noviembre de 2006).
estándar europeo conformado por el Protocolo núm. 7 al CEDH, pese a no
haber sido ratificado por el Estado español, porque resulta mucho más «com-
prensivo» con el régimen español en materia de doble grado de jurisdicción.
En efecto, la doctrina coincide en admitir que del art. 14. 5 PIDCP y de los
dictámenes elaborados por el Comité de Derechos Humanos se deriva el re-
conocimiento del derecho a la doble instancia, que exige que ante el Tribunal
superior se lleve a cabo un nuevo juicio
; en cambio, de la jurisprudencia del
TEDH y del propio redactado del art. 2. 1 Protocolo núm. 7 se deriva la exi-
gencia de que la decisión condenatoria dictada por el juez de instancia sea re-
visada por un Tribunal superior, siendo libre el legislador nacional para de-
terminar los supuestos, requisitos y concretos medios de impugnación
existentes para cada resolución
. Por último, el Protocolo núm. 7 excluye una
serie de decisiones condenatorias del ámbito del derecho al doble grado de
jurisdicción: la condena dictada en segunda instancia contra la absolución del
juez a quo y la condena dictada en única instancia por el más alto órgano ju-
risdiccional del Estado
Quizá debería recordar el Tribunal Constitucional lo que él mismo tantas
veces y con tanta vehemencia ha puesto de relieve: el CEDH y la jurispru-
dencia del TEDH se erigen en estándar mínimo europeo. Este mínimo que de-
berá ser garantizado en todos los Estado parte del CEDH puede ser, obvia-
mente, superado. De hecho podría incluso afirmarse que una interpretación
conforme con el art. 14. 5 PIDCP y con los Dictámenes del Comité de Dere-
chos Humanos llevarían a dotar de un mayor nivel de garantía al derecho a la
doble instancia en España. En este caso, podría llegarse a la conclusión de
que el art. 10. 2 CE en tanto que obliga al TC a interpretar los derechos de la
Constitución de conformidad con los textos internacionales ratificados por el
Estado español, provoca que el derecho a la doble instancia pueda gozar en
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 467
65 A. SAIZ ARNAIZ, «El derecho fundamental al recurso en el orden penal y la interpretación
del artículo 24. 1 CE de conformidad con el Derecho internacional y europeo de los Derechos
humanos (especial referencia a la situación de los aforados y a los supuestos de conexidad): un
ejemplo de desafortunada jurisprudencia constitucional», REDEur, enero-marzo, núm. 5, 2003, pp.
66 Veáse ARANGÜENA FANEGO, C.: «El derecho al doble grado de jurisdicción en el orden
penal», en J. GARCÍA ROCA y P. SANTOLAYA (coords.): La Europa de los Derechos. El Convenio
Europeo de Derechos Humanos, Madrid, 2005, p. 255. Igualmente, así lo explicita la propia ju-
risprudencia del TEDH, por ejemplo, en su sentencia caso Müller contra Austria, de 5 de octu-
A este respecto también debe tenerse en cuenta el Informe Explicativo redactado por el Co-
mité de expertos que elaboró el Protocolo núm. 7 que reconoce en su pár. 18 libertad a los Es-
tados para decidir si el recurso debe implicar el conocimiento de cuestiones de hecho, de Dere-
cho o de ambos aspectos de la causa; esta ambigüedad ha sido criticada por distintos autores
véase, por todos, P. VAN DIJK Y G. J. H. VAN HOOF, Theory and practice of the European Con-
vention on Human Rights, La Haya, 1998, p. 686.
67 El Comité de Derechos Humanos ha reiterado su posición respecto de la falta de com-
patibilidad con el art. 14. 5 PIDCP del régimen previsto en nuestro ordenamiento para el enjui-
ciamiento de los delitos cometidos por los aforados en su Dictamen Oliveró Capellades contra Es-
paña, de 8 de agosto de 2006.
España de una protección mayor a la reconocida por el Protocolo núm. 7 al
CEDH y la jurisprudencia del TEDH; dicho de otro modo, si el TC hace uso
del mandato del art. 10. 2 CE y utiliza el PIDCP y los dictámenes del Comité,
el nivel de protección del derecho a la doble instancia será mayor que el re-
conocido actualmente. Partiendo de esta premisa, el propio CEDH, mediante
lo previsto en su art. 53, estaría prohibiendo a lo tribunales españoles optar
por una herramienta hermenéutica —el Protocolo núm. 7 y la correspondiente
jurisprudencia del TEDH— que limita el (potencial) mayor alcance de la ga-
rantía de un determinado derecho fundamental. Este tipo de casos, sin em-
bargo, no pueden a día de hoy llegar al conocimiento del TEDH porque la
utilización del Protocolo núm. 7 por la jurisdicciones españolas, al no haber
sido ratificado por España, no es susceptible de control europeo.
C. Los conceptos autónomos del canon europeo
El CEDH es un instrumento jurídico vivo y, aunque influenciado por
ellos, autónomos del devenir de los sistemas internos de garantía. Esta realidad
queda plasmada en el fenómeno de los conceptos autónomos. Sabemos que
el CEDH es aplicado por el TEDH respecto de todos los Estados parte con or-
denamientos y tradiciones jurídicas muy diversos y que, además, en cada uno
de estos Estados el CEDH es aplicado por gran variedad de autoridades; es
más, el propio sistema de garantía parte y acepta la heterogeneidad sobre la
que construye. Pues bien, la utilización por el TEDH de los conceptos autó-
nomos ha favorecido determinantemente el fenómeno de la armonización del
estándar europeo en este escenario heterogéneo ya que aquellos permiten do-
tar de un contenido y alcance propio a los elementos configuradores de los
derechos y libertades convencionales, con independencia de cual sea su re-
conocimiento (en ocasiones, inexistencia) y alcance en los sistemas internos
de garantía. Además, el recurso de los conceptos autónomos evita una apli-
cación desigual del CEDH en los territorios que abarca, y, garantiza, a la pos-
tre, la efectividad del sistema
La técnica de los conceptos autónomos son una muestra de la función ju-
risprudencial del TEDH de interpretar y desarrollar el CEDH de forma autén-
tica; en este caso, el TEDH dota de un contenido concreto a determinadas fór-
mulas o conceptos abiertos que pasan a formar parte del CEDH. En este caso
puede afirmarse, sin duda, que el significado del CEDH queda establecido por
el TEDH y que es ese significado el que las autoridades nacionales de todos
los Estados parte deben otorgar a los distintos preceptos convencionales
cuando se dispongan a aplicar el CEDH o cuando lo utilicen como instru-
mento interpretativo de su propio catálogo de derechos fundamentales. Todo
468 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
68 P. VAN DIJK Y G.J.H. VAN HOOF, Theory and practice..., op. cit., p. 77, nota a pie núm. 17.
ello independientemente de quien fuera el Estado demandado en el asunto en
cuestión. Cuando el TEDH reconoce un contenido propio a un determinado
término del CEDH tal actuación afecta a las autoridades nacionales de todos
los Estados parte porque, como se acaba de decir, el TEDH es el intérprete
auténtico del CEDH. Así lo muestra la práctica del propio TEDH que para uti-
lizar y aplicar a los conceptos de tribunal, derechos y obligaciones civiles, ley,
etc., recogidos en el CEDH se remite a su propia jurisprudencia
. La consi-
deración de los conceptos autónomos como integrados en el propio CEDH lo
demuestra igualmente la práctica de los tribunales internos quienes, al refe-
rirse al CEDH y al significado de su texto toman como auténtico el contenido
dotado por el TEDH a la fórmula o concepto en cuestión. Es más, en ocasio-
nes, las jurisdicciones internas utilizan los conceptos autónomos como refe-
rentes incontestables, en tanto que aceptados comúnmente en el entorno eu-
ropeo, para la interpretación de sus propios catálogos de derechos. Prueba de
ello es, sin duda, el uso normal que el Tribunal Constitucional español hace
Los resultados expuestos en las páginas anteriores sobre la participación
del Tribunal Constitucional en el proceso de armonización europeo en mate-
ria de derechos fundamentales permiten ofrecer algunas consideraciones fi-
nales desde una doble perspectiva, europea e interna.
Desde una perspectiva europea, cabe afirmar que si bien la actitud de TC
responde en principio al cumplimiento del mandato de interpretación con-
forme del art. 10. 2 CE, sin embargo, la utilización que el TC realiza de textos
europeos no ratificados por España y la jurisprudencia del TEDH que los de-
sarrolla es una nueva demostración de que del art. 1 CEDH deriva una obli-
gación general de interpretación conforme, entendiendo conformidad como
compatibilidad, que hace posible el proceso europeo de armonización en ma-
teria de derechos y libertades fundamentales. Esto viene a coincidir con la
postura adoptada por otros Tribunales Constitucionales europeos que utilizan
el canon europeo como instrumento interpretativo de sus propios catálogos
de derechos sin que exista en sus respectivos ordenamientos una cláusula de
apertura internacional como la prevista por el art. 10. 2 CE.
Desde la perspectiva interna, se ha mostrado como el Tribunal Constitu-
cional utiliza el canon europeo como instrumento interpretativo de manera or-
dinaria. El canon europeo es utilizado como argumento de autoridad y como
fuente de criterios interpretativos y de nuevas facultades y garantías de los de-
LOS USOS DEL CANON EUROPEO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL... 469
69 STEDH Weeks contra Reino Unido, de 2 de marzo de 1987, respecto del concepto «tri-
bunal» del art. 5. 4 CEDH (pár. 61); STEDH Stubbings y otros contra Reino Unido, de 22 de oc-
tubre de 1996, respecto del concepto de respeto de vida privada (pár. 61); otros muchos ejemplos
podrían ser ofrecidos.
rechos fundamentales reconocidos en la Constitución. De hecho, el canon eu-
ropeo es en ocasiones el responsable de los cambios jurisprudenciales que
aparecen en las sentencias de Pleno en los recursos de amparo. Así pues, des-
de la dimensión interna sí puede afirmarse que el art. 10. 2 CE ha provocado
que el test de compatibilidad con el canon europeo pueda entenderse inte-
grado en el análisis de constitucionalidad —no siempre explícitamente—
que el Tribunal Constitucional utiliza en sus decisiones. En definitiva, quizá
haya llegado el momento de reconocer que el CEDH y la jurisprudencia del
TEDH forman parte de una suerte de bloque de constitucionalidad en materia
de derechos fundamentales formado por la Constitución, por la jurisprudencia
del TC y por el acquis conventionnel. Desde luego, esto es lo que se deduce
de la práctica jurisdiccional del Tribunal Constitucional.
ABSTRACT. It is an incontestable fact that domestic judges use the Strasbourg
case law as an interpretative tool when applying the Convention or even its
own catalogue of rights; however, it is still necessary to establish the real
impact of the European jurisprudence. This article seeks to show how the case
law of the Spanish Constitutional Court has been influenced by the European
canon. With this aim the work exposes the main conclusions achieved through
the exhaustive analysis of the Constitutional judgements delivered from 1999 to
2004. This study relies on a proposal of categorisation of the interpretative uses
given by the Constitutional Court to the European canon. Each of the categories
provides by itself enough evidence of the participation of our Constitutional
Court in the harmonization process lead by the Strasbourgh Court in the
great Europe.
470 ARGELIA QUERALT JIMENEZ
More From This User107070418 Educacion Superior en El Peru Retos Para El Aseguramiento de La CalidadOrientación de la organización Matris, silabos y sesión de aprendizaje OK.ppt03025-2013-HD Resolucion.pdfMedidas Cautelares en el SIDHtesis.precacion,riesgo.pdfBiosimilars_Whitepaper.pdfTesis sobre principio precautoriooms.2002.pdfInforme del grupo de expertos sobre el principio precautorioVol 14 No 12 09.TushnetToroAja Reforma Capitulos 1 2 y 4 (1)De Carreras Reformarbloque.constitucionmalidadUruenaCaso.parotParamio La Izquierda y El Populismo (1)Comité.DiscrimiancionRacialinterpretacion.derechobrasil01 Ingo Wolfang Sarlet Derechos Sociales Prestaciones01 Ingo Wolfang Sarlet Derechos Sociales PrestacionesPatriotismo Constitucional y Patriotismo - Claves 2002Coleccion-Jorge-Carpizo-–-XXXIII-–-Laicidad-y-justicia-constitucional-–-Leonardo-García-JaramilloPobreza Globalizacion y Derecho
Quera Lt by Natalia Torres Zuniga1 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 resolución

 artículo 24