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Timestamp: 2020-08-12 21:21:15+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2015-00047/22658 DE DICIEMBRE 13 DE 2017
SENTENCIA 2015-00047 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:PAGO DE LO NO DEBIDO EN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. SE ESTABLECE QUE EL PAGO DE LO NO DEBIDO SE CONFIGURA CUANDO SE HAYA EFECTUADO PAGOS CON CARGO A ALGUNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O SE REALICEN SIN QUE EXISTA CAUSA LEGAL PARA HACER EXIGIBLE SU CUMPLIMIENTO. POR ELLO, PARA QUE UN PAGO EN MATERIA DE IMPUESTOS SE PUEDA CATALOGAR COMO DE LO NO DEBIDO, SE REQUIERE: 1. HABER REALIZADO EL PAGO, 2. AUSENCIA DE CAUSA LEGAL PARA PAGAR, 3. ERROR DE HECHO O DE DERECHO DE QUIEN HIZO EL PAGO Y 4. AUSENCIA DE OBLIGACIÓN QUE PERMITA A LA ADMINISTRACIÓN RETENER LO PAGADO. POR ELLO, EL ARTÍCULO 850 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DISPONE QUE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEBE DEVOLVER OPORTUNAMENTE A LOS CONTRIBUYENTES LOS PAGOS EN EXCESO O DE LO NO DEBIDO, QUE HAYAN EFECTUADO POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS, CUALQUIERA QUE FUERE EL CONCEPTO DEL PAGO, SIGUIENDO EL MISMO PROCEDIMIENTO QUE SE APLICA PARA LAS DEVOLUCIONES DE LOS SALDOS A FAVOR. EN CONSECUENCIA, SI POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS REALIZARON UNOS PAGOS COMO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, PERO EN LA BASE DE LIQUIDACIÓN, SE DEFINIERON UNA SERIE DE EROGACIONES, QUE NO CONSTITUYEN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOMETIDO A LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, LA ENTIDAD DEBE DEVOLVER A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, DICHAS SUMAS CON LOS RESPECTIVOS INTERESES MORATORIOS, COMO UN PAGO DE LO NO DEBIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, PAGO DE LO NO DEBIDO, DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, BASE GRAVABLE DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, CONTRIBUCIÓNES ESPECIALES A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Sentencia 2015-00047/22658 de diciembre 13 de 2017
Radicado: 25000-23-37-000-2015-00047-01 (22658)
Demandante: Isagén S.A. ESP
Referencia: Medio de control nulidad y restablecimiento del derecho.
Temas: Contribución especial año 2014
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la Sala determina lo siguiente:
• Si se incurrió en falsa motivación.
• Si procede la excepción de inconstitucionalidad.
• Si hubo pago de lo no debido.
• Si las cuentas del grupo 75 costos de operaciones, incorporadas a la liquidación de la contribución para el año gravable 2014, responden al concepto de gastos de funcionamiento previsto en la precitada disposición, servicios personales (7505), generales (7510) y honorarios (7542).
Para entender la causal de nulidad por falsa motivación, es necesario indicar que los actos administrativos en su contenido se distinguen por sus elementos, a saber: los sujetos, objeto, causa o motivo, finalidad, formalidad y mérito. En relación con la motivación, la jurisprudencia constitucional, ha explicado en detalle su significado, en los siguientes términos:
“(...) La motivación del acto, contenida dentro de lo que usualmente se denomina “los considerandos” del acto, es una declaratoria de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación, o sea los motivos o presupuestos del acto; constituye por lo tanto la fundamentación fáctica y jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad. De la motivación solo puede prescindirse en los actos tácitos, pues allí no hay siquiera una manifestación de voluntad; salvo en ese caso, ella es tan necesaria en los actos escritos como en los actos verbales.
Por tratarse de una enunciación de los hechos que la administración ha tenido en cuenta, constituye frente a ella un “medio de prueba en verdad de primer orden”, sirviendo además para la interpretación del acto (...)”(25).
En este orden de ideas, según los antecedentes jurisprudenciales, la motivación de los actos administrativos tiene fundamento en el principio de publicidad establecido por el artículo 209 de la Constitución Política, como uno de los principios que orientan la función administrativa. Particularmente, la motivación es aquella en la que se plasman las razones de hecho y de derecho que dan lugar a la decisión que se expide.
Para establecer si se incurre en esta causal de nulidad del acto administrativo, se hace necesario examinar los antecedentes fácticos y jurídicos del mismo, para llegar a concluir que existe una incongruencia entre los motivos invocados por el funcionario y la decisión final. Así, habrá falsa motivación cuando al analizar el acto administrativo se evidencia la divergencia entre la realidad fáctica y/o jurídica con los motivos esgrimidos en el acto administrativo.
Desde hace varios años esta corporación ha manifestado que para que haya lugar a la declaración de falsa motivación “es necesario que los motivos alegados por el funcionario que expidió el acto, en realidad no hayan existido o no tengan el carácter jurídico que el autor les ha dado, o sea que se estructure la ilegalidad por inexistencia material o jurídica de los motivos, por una parte, o que los motivos no sean de tal naturaleza que justifiquen la decisión tomada”(26).
Adicionalmente la jurisprudencia, en lo relativo a la revisión judicial de la falsa motivación de un acto administrativo, ha señalado que quien aduce que se ha presentado dicha causal “tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos(27)”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a analizar, el argumento en que se sustenta la SSPD, según el cual existe un marco legal (principio de legalidad) que faculta a la superintendencia demandada para la imposición y cobro de la contribución en comento.
Para el efecto, es necesario afirmar que luego de que se propusieran los recursos de reposición y en subsidio de apelación por parte de Isagén S.A. ESP, contra la liquidación oficial 20145340019036 proferida por la SSPD, dentro de las cuales se estipulara y pusiera de conocimiento los pronunciamientos del Consejo de Estado sobre casos con similares hechos, para sostener y deprecar la nulidad de los actos administrativos sorteados, se precita que la SSPD pasa por alto dichos planteamientos.
Por consiguiente, la SSPD está integrando la base gravable con las cuentas del grupo 75, que fueron expresamente excluidas en los fallos judiciales citados(28).
Así las cosas, sin controvertir las funciones de la SSPD encontrándose dentro de los marcos constitucionales, se aclara que la Sala declara no probada lo que la demandada denominó como excepción de falsa motivación, gracias a que se está desconociendo el alcance de las decisiones del Consejo de Estado, razón por la cual no existe indicio de la carencia de motivación por parte Isagén S.A. ESP.
Excepciones de inconstitucionalidad del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994 (reiteración(29))
Sea lo primero precisar que, en estricto rigor, la autoridad administrativa no puede justificar la legalidad de un acto alegando que la ley que le sirve de sustento es contraria a la Constitución Política, pues, en realidad, es contradictorio. Lo pertinente sería que quien invoque la excepción de inconstitucionalidad de una norma sea el demandante, no el demandado, la autoridad administrativa, por cuanto es la primera que debe acatar el ordenamiento jurídico (C.P., art. 6º).
“La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la superintendencia y de las comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente”, (resalta la Sala).
En lo que interesa a este asunto, el artículo 338 de la Constitución Política prevé que, si bien la creación de las tasas y contribuciones compete a las leyes, ordenanzas y acuerdos, estas normas pueden permitir que las tarifas de dichos tributos sean fijadas por las autoridades administrativas. Y que dichas tarifas deben cobrarse a los contribuyentes para recuperar los costos de los servicios que tales autoridades presten, si es una tasa, o como participación en los beneficios que les proporcionan, si se trata de una contribución.
La tarifa máxima de la contribución especial es el 1% “del valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la superintendencia” (L. 142 /94, art. 85.2, inc. segundo).
Así mismo, en cuanto al argumento de que la ley limitó la base de liquidación de la contribución especial a rubros que son insuficientes para recuperar los costos en que incurre la superintendencia por la prestación de los servicios de inspección, vigilancia y control, se advierte que el análisis de dicho argumento es propio del debate legislativo exclusivo del Congreso, como titular de la potestad tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política.
Se señala, que el pago de lo no debido se configura cuando se hayan efectuado pagos con cargo a alguna autoridad administrativa, o cuando el pago se ha efectuado sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento.
1. Haber realizado el pago.
2. Ausencia de causa legal para pagar.
3. Error de hecho o de derecho de quien hizo el pago.
4. Ausencia de obligación que permita a la administración retener lo pagado.
Después de encontrarse los hechos demostrados conforme a lo planteado anteriormente, es obligación de la administración devolver el pago de lo no debido, dado que de no acceder a la solicitud reteniendo dicho dinero, estaría incurriendo en enriquecimiento sin causa a favor del Estado.
Como para el evento en estudio se trata de un pago efectuado por actos administrativos proferidos por la SSPD, sobre la liquidación de la contribución especial a cargo Isagén S.A. ESP, por el año 2014, la parte accionante realiza un primer pago conforme a la Resolución SSPD 20131300047415 de 14 de noviembre de 2013 por valor de $26.005.000, y posteriormente por la contribución especial 20145340019036 otro pago por valor de $38.736.000 el 30 de septiembre de 2014(30).
En el momento de la ocurrencia de los hechos, se pudo constatar que Isagén S.A. ESP, efectúa la cancelación de los dineros ya expuestos, debido a que en ese momento existían actos administrativos obligatorio para sí, sin embargo dicha empresa al agotar la vía administrativa continua su incansable lucha en la vía gubernativa para lograr ser excluido de la base gravable de la contribución especial, las cuentas pertenecientes al grupo 75, habiendo pagado en exceso según sus fundamentos, valores que ya fueron decantados por el Consejo de Estado con anterioridad, razón por la cual la SSPD excediendo su facultad impositiva, al liquidar dicha contribución en la forma ya citada en apartes anteriores, encontrándonos sin duda alguna frente a un típico “Pago de lo no debido”, cuya devolución procede sin requerir corrección alguna a las declaraciones presentadas(31).
Base gravable de la contribución especial a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios(32).
La contribución especial establecida en el artículo 85 de la Ley 142 de1994 tiene como finalidad recuperar los costos del servicio de control y vigilancia que presta la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Dicha norma dispone lo siguiente:
Dentro de esa clasificación, el grupo 75 - costos de producción, incluía las cuentas 7505: Servicios personales, 7510: Generales, 7515: Depreciaciones,7517: Arrendamientos,7520: Amortizaciones, 7525: Agotamiento, 7530: Costo de bienes y servicios públicos para la venta, 7535: Licencias, contribuciones y regalías, 7536: Consumo de insumos indirectos, 7540: Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones, 7542: Honorarios, 7545: Servicios públicos, 7550: Materiales y otros costos de operación, 7555: Costo de pérdidas en prestación del servicio de acueducto, 7560: Seguros, 7565: Impuestos y tasas, 7570: Órdenes y contratos por otros servicios, 7595: Transferencia mensual de costos por clase de servicio.
El inciso sexto de la descripción de la clase 5 - gastos, transcrito párrafos atrás, fue anulado por la Sala mediante sentencia del 23 de septiembre de 2010, Exp. 16874, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, con fundamento en lo siguiente:
La noción de gastos de funcionamiento debe incluir las erogaciones causadas(33) o pagadas durante el período contable que estén relacionadas con la prestación de los servicios públicos de cada ente prestador, lo que implica que no hagan parte de tales gastos los recursos que el ente destine para otros efectos, tales como, servicios de la deuda e inversión.
En tales condiciones, para la Sala, le asiste razón al actor al considerar que lo previsto en el inciso 6º de la descripción de la clase 5 - gastos y en las cuentas del grupo 75 de la Resolución 20051300033635 de 2005 vulnera lo dispuesto en el artículo 85 numeral 85.2 inciso 2º de la Ley 142 de 1994, pues los gastos de funcionamiento solo deben referirse a aquellos que tengan una relación directa o indirecta, pero eso sí, necesaria e inescindible(34) con la prestación de los servicios sometidos a la vigilancia, control, inspección y regulación de los entes encargados de tal función constitucional y legal.
Por todo lo anterior, el aparte demandado de la Resolución 20051300033635 de 2005 vulnera lo señalado en el artículo 85.1 inciso 2º de la Ley 142 de 1994, al incluir dentro de la base gravable de las contribuciones a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las Comisiones de Regulación, todas las cuentas de la clase 5 - gastos, así como las cuentas del grupo 75 - costos de producción, pues, como se explicó, no todas las cuentas de gastos allí previstas encuadran dentro del concepto “gastos de funcionamiento” que expresamente señaló el legislador”(35).
Teniendo en cuenta los anteriores criterios jurisprudenciales, la sentencia del 20 de octubre de 2017, Exp. 22067(36), anuló parcialmente el artículo 2º de la Resolución SSPD - 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, en cuanto adicionó a la base de liquidación de la contribución especial por el año 2014, las cuentas 7505 “servicios personales”, 7517 “arrendamientos” 7540 “órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones”, 7550 “materiales y costos de operación” y 7570 “órdenes y contratos por otros servicios”(37), con base en las cuales se liquidó la contribución discutida por la demandante.
“(...) es claro que la inclusión de los costos de producción (grupo 75 del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios) dentro de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio regulado que hizo la Resolución SSPD - 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, es contraria al artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, dado que amplía la base gravable del tributo con erogaciones que hacen parte de los gastos de funcionamiento de las entidades vigiladas”.
Y la sentencia del 8 de noviembre de 2017, Exp. 21885(38), anuló las restantes cuentas enunciadas en el precitado artículo 2º de la Resolución SSPD - 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, con base en las cuales se liquidó la contribución discutida por la demandante, es decir, las cuentas 7510 (generales), 753508 (licencia de operación del servicio), 753513 (comité de estratificación), 7542 (honorarios), 7545 (servicios públicos) y 7560 (seguros).
De acuerdo con el artículo 2º de dicha resolución, las erogaciones que constituyen los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio sometido a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que integran la base de liquidación para la contribución especial de la vigencia 2014, una vez aplicado el test de validación, se encuentran contenidas en las cuentas 51 gastos de administración (menos impuestos, tasas y contribuciones - 5120), 7505 Servicios personales, 7510 - Generales, 7517 - Arrendamientos, 753508 - Licencia de operación del servicio, 753513 - Comité de estratificación, 7540 - Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones, 7542 - Honorarios, 7545 - Servicios públicos, 7550 - Materiales y otros costos de operación, 7560 - Seguros, 7570 - Órdenes y contratos por otros servicios.
La Resolución 20145340019036 del 9 de junio de 2014, por su parte, liquidó la contribución con base en la sumatoria de cada una de las cuentas mencionadas, la cual arrojó una base gravable de $ 6.962.111.709.
No obstante, ante la nulidad parcial del artículo 2º de la Resolución 20141300018055 del 29 de mayo de 2014, declarada por las sentencias del 20 de octubre de 2017, Exp. 22067(39), y 8 de noviembre del mismo año, Exp. 21885(40), y teniendo en cuenta que al momento de expedirse dichos fallos no se encontraba consolidada la actuación discutida, las cuentas 7505, 7510, 7517, 753508, 753513, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560 y 7570 deben excluirse de la base gravable de la contribución especial del año 2014.
Cuenta Concepto Liquidación Isagén(41) Liquidación SSPD Liquidación tribunal Liquidación Consejo de Estado
51 Gastos de administración 5.730.436.661 5.730.436.661 5.730.436.661 5.730.436.661
5120 Impuestos tasas y contribuciones (211.682.337) -211.682.337 -211.682.337 -211.682.337
7505 Servicios personales -1.292.838.785 1.292.838.785 0 0
7510 Generales -13.214.093 13.214.093 0 0
7540 Arrendamientos 0 0 0
7542 Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones 0 0 0 0
7545 Honorarios -137.304.507 137.304.507 o 0
7550 Servicios públicos 0 0 0 0
7560 Materiales y costos de operación 0 0 0 0
7570 Seguros 0 0 0 0
753508 Órdenes y contratos por otros servicios 0 0 0 0
753513 Licencias de operación de servicio 0 0 0 0
Comité de estratificación 0 0 0 0
Total base 5.518.754.324 6.962.111.709 5.518.754.324 5.518.755.000
Total contribución porcentaje 0.9299% 51.318.896 64.741.000 51.318.896 51.318.896
Total a pagar 51.318.896 64.741.000 51.318.896 51.318.896
Saldo a favor 13.422.104 13.422.104
De esta manera, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y, que declaró como restablecimiento del derecho que Isagén S.A. ESP, solo está obligada a pagar la suma de $51.318.896, por concepto de la contribución especial del año 2014, prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, ordenando en igual medida a la SSPD, devolver la suma de $13.422.104 a Isagén S.A. ESP, con los intereses moratorios correspondientes conforme al artículo 192 del CPACA.
El tribunal actualizó el mayor valor pagado ($13.422.104) a la fecha de la sentencia de primera instancia. No obstante, ese mayor valor que ha de devolverse, debe actualizarse de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA(42), a la fecha de ejecutoria de la presente providencia(43).
En consecuencia, la suma que se ordena devolver, esto es, $13.422.104, debe ajustarse tomando como base el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA asimismo, respecto de la suma actualizada proceden intereses moratorios, en los términos del artículo 192 y 195 ibídem.
VH = VA x (IPC Actual /IPC Anterior)
Va = 13.422.104 x(138,32 (noviembre de 2017) / 117,68 (octubre 2014))
Va = 15.776.219
Conforme con los artículos 188 del CPACA y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.
“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción” (resalta la Sala).
Respecto a la condena en costas de que trata el Código General del Proceso, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente(44):
"La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365(45). Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366(46), se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra” (resalta la Sala).
En este caso, una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas. Por lo tanto, no se condena en costas.
MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia del 19 de mayo de 2016, que queda así:
Primero: CONFÍRMASE el numeral PRIMERO y el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia apelada.
Tercero: MODIFÍCASE el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia apelada que quedará así:
b) ORDÉNESE a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, devolver a la Isagén S.A. ESP, trece millones cuatrocientos veintidos mil ciento cuatro pesos ml ($13.422.104), suma que deberá ser indexada de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la sentencia. Dicha suma devengará intereses de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
Cuarto: No se condena en costas en esta instancia.
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-250 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de junio de 1989, C.P. Álvaro Lecompte Luna.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 1999, expediente: 3.443, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa.
28 Folios 20 a 25 c.u.
29 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 11 de mayo de 2017, número interno 20179, Consejero Ponente Dr. Milton Chávez García
30 Folio 123 c.u.
31 Sentencias Consejo de Estado: Septiembre 3 de 2009, exp. 16347 y noviembre 11 de 2009, exp. 16567, M.P. Hugo Fernando Bastidas B; 16 de julio de 2009, exp. 16655 y 13 de agosto de 2009, exp. 16569 M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; agosto 6 de 2008, exp. 17403 M.P. William Giraldo G.
32 Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 29 de noviembre de 2017, exp. 22655 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
33 Nota de la cita jurisprudencial. El numeral 4.2.7.2 de la Resolución 20051300033635 de 2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contenido dentro de las normas técnicas generales establece la “contabilidad de causación o por acumulación” según el cual “los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios deben reconocer en el periodo en el cual se realizan los hechos financieros y económicos, y no cuando se pague o se reciba el efectivo o su equivalencia”.
34 Bajo este criterio la Sala, en sentencias del 17 de abril de 2008, Exp. 15771, M.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa y del 4 de febrero de 2010, Exp. 17206, M.P. Dr. William Giraldo Giraldo, ha analizado si los gastos de pensiones, como gastos de funcionamiento, son inherentes al servicio prestado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios obligada al pago de la contribución especial y ha señalado que "aunque el gasto de pensiones no tenga una relación directa con el cometido estatal de prestación del servicio público, sí sirve de apoyo para el cumplimiento de la misión y por tal razón es un gasto de funcionamiento”.
35 Reiterada entre otras, en las sentencias del 12 de noviembre de 2015, Exp. 21737, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de 11 de mayo de 2017, Exp. 20179, C.P. Dr. Milton Chaves García y de 20 de octubre de 2017, Exp. 22067, M.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, según las cuales los costos de producción y los gastos de funcionamiento no asociados al servicio sometido a vigilancia de la superintendencia, no hacen parte de la base gravable de la contribución especial.
36 M.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.
37 De acuerdo con ello, el texto del artículo parcialmente anulado quedó así: "Artículo 2º—Base para la liquidación de la contribución especial. Las erogaciones que constituyen los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio sometido a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que integran la base de liquidación para la contribución especial de la vigencia 2014, una vez aplicado el test de validación, se encuentran contenidas en las siguientes cuentas:
7542 -Honorarías
7560 -Seguros".
38 M.P. Dr. Milton Chaves García.
39 M.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.
40 M.P. Dr. Milton Chaves García.
41 Folios 41 a 42 c.u.
42 Artículo 187 del CPACA prevé que: (...) “Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor”.
43 En el mismo sentido, las sentencias de 29 de septiembre de 2015. Exp. 20874, de 25 de abril de 2016, Exp. 21246, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, y de 56(sic) de mayo de 2016, Exp. 21714, M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
44 Cfr. la Sentencia C-157/13, M.P. Mauricio González Cuervo, en la que se declaró exequible el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, bajo el entendido de que tal sanción —por falta de demostración de los perjuicios—, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.
45 Se transcribe el artículo 365 del CGP.
46 Se transcribe el artículo 366 del CGP.

References: ARTÍCULO 850
 artículo 209
 artículo 85
 artículo 338
 artículo 338
 Resolución 
 artículo 85
 Resolución 
 artículo 85
 Resolución 
 artículo 85
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 85
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 85
 artículo 192
 artículo 187
 artículo 187
 artículo 192
 artículo 365
 artículo 366
 artículo 192
 Resolución 
 Artículo 187
 artículo 206
 artículo 365
 artículo 366