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Timestamp: 2019-12-06 05:10:36+00:00

Document:
BOCG. Senado, apartado I, núm. 14-65, de 09/02/2011
cve: BOCG_D_09_14_65
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 9 enmiendas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.
Palacio del Senado, 4 de febrero de 2011.—El Portavoz, Pío García-Escudero Márquez.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Seis.
Se propone modificar el texto del apartado seis del artículo primero del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, que añade un nuevo apartado 3 al artículo 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tendrá la siguiente redacción:
«3. Si de la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es correcta, el secretario judicial comunicará esta circunstancia al Juez, quien, mediante auto, informará de ello al peticionario, planteándole aceptar o rechazar un requerimiento de pago por un importe menor al demandado, que se especifique en esta resolución.
En la propuesta, se deberá informar al peticionario de que si en un plazo no superior a 10 días no envía la respuesta o la misma es de rechazo, se desestimará íntegramente la petición.»
Mejor redacción. También se pretende unificar las normas del procedimiento monitorio con las disposiciones del reglamento cuya aplicación ocupa al Proyecto de Ley.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Siete.
Se propone modificar el texto del apartado siete del artículo primero del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, que añade una disposición final vigésimotercera nueva a la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificando el apartado 1 que tendrá el siguiente texto:
«1. La jurisdicción y la competencia objetiva para la expedición de un requerimiento europeo de pago, regulado en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, de lo Mercantil o de lo Social.
La competencia territorial se determinará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y, en lo no previsto, con arreglo a la legislación procesal española.
Las cuestiones de jurisdicción o competencia que pudieran surgir serán resueltas conforme a las reglas de la presente ley.»
El proceso monitorio europeo no se limita a deudas de naturaleza civil, sino que se extiende a las derivadas de relaciones mercantiles y laborales, por lo que la atribución exclusiva al orden civil pudiera pugnar con lo previsto en la LOPJ al determinar tanto el ámbito objetivo de la jurisdicción social (artículo 9.5: «las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho»), como el de la jurisdicción internacional de los Tribunales de este orden jurisdiccional (artículo 25: «En el orden social, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes: 1.º En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo (...) cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios, o de celebración del contrato»); y tratándose de créditos de derecho mercantil derivados de las materias a las que se refiere el artículo 87 ter LOPJ, la competencia objetiva debería residenciarse en los Juzgados de lo Mercantil, no únicamente por la atribución genérica de la materia mercantil a estos Juzgados, sino también por la disposición específica sobre competencia del artículo 86 ter, apartado 3, que asigna a estos Juzgados la competencia para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras, cuando éstas versen sobre materias de su competencia.
Por tanto, se sugiere que se incluya la mención de los Juzgados de lo Social respecto a las reclamaciones derivadas de contratos de trabajo y a los Juzgados de lo Mercantil en relación con las reclamaciones de créditos derivados de relaciones jurídicas que sean de su competencia.
Se propone modificar el texto del apartado siete del artículo primero del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, que añade una disposición final vigésima tercera nueva a la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificando el párrafo primero del apartado 8, que tendrá el siguiente texto:
«8. En el caso de que se presente escrito de oposición en el plazo señalado, el secretario judicial comunicará al demandante que ha de instar la continuación del asunto por el procedimiento que corresponda con arreglo a las normas procesales españolas, en atención a la relación jurídica de la que se deriva el crédito pecuniario objeto de reclamación. La presentación de la oposición implicará la terminación del procedimiento monitorio.»
En coherencia con la enmienda presentada al apartado siete del artículo primero del proyecto de ley que modifica al apartado uno de la disposición final vigésima tercera (nueva) de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Mejora técnica: la presentación de la oposición trae aparejada la terminación del proceso monitorio.
Se propone modificar el texto del apartado siete del artículo primero del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, que añade una disposición final vigésima tercera nueva a la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificando el párrafo primero del apartado 9, que tendrá el siguiente texto:
«9. La competencia para la revisión de un requerimiento europeo de pago corresponde al órgano jurisdiccional que lo haya expedido. Sin perjuicio de lo que dispongan los Reglamentos Comunitarios, el procedimiento para la revisión de un requerimiento europeo de pago por las causas previstas en el artículo 20.1 del Reglamento (CE) n.° 1896/2006, se tramitará y resolverá de conformidad con lo previsto para la rescisión de sentencias firmes a instancia del litigante rebelde en los artículos 501 y concordantes de esta ley.»
Se propone modificar el texto del apartado siete del artículo primero del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, que añade una disposición final vigésima tercera nueva a la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificando el apartado 13, que tendrá el siguiente texto:
«13. La competencia para la ejecución en España de un requerimiento europeo de pago que haya adquirido fuerza ejecutiva corresponderá, según sea el caso, al Juzgado de Primera Instancia, de lo Mercantil o de lo Social del domicilio del demandado.
Igualmente, les corresponderá la denegación de la ejecución del requerimiento europeo de pago, a instancia del demandado, así como la limitación de la ejecución, la constitución de garantía o la suspensión del procedimiento de ejecución a que se refieren los artículos 22 y 23 del Reglamento (CE) 1896/2006.»
Se propone modificar el texto del apartado siete del artículo primero del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, que añade una disposición final vigésima tercera nueva a la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificando el apartado 15, que tendrá el siguiente texto:
«15. Cuando deba ejecutarse en España un requerimiento europeo de pago, el demandante deberá presentar ante el Juzgado de Primera Instancia, de lo Mercantil o de lo Social competente, una traducción oficial al español y, en su caso, además, a la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales de dicho requerimiento, certificada en la forma prevista en el artículo 21 del Reglamento (CE) 1896/2006.»
Mejora técnica: el precepto se adecua a la previsión contenida en el artículo 231.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Ocho.
Se propone modificar el texto del apartado ocho del artículo primero del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, que añade una disposición adicional vigésima cuarta nueva apartado 8, que tendrá el siguiente texto:
«8. Sin perjuicio de lo que dispongan las normas contenidas en el Reglamento (CE) 1896/2006, los procedimientos de ejecución en España de las sentencias dictadas en otros Estados miembros de la Unión Europea que pongan fin a un proceso europeo de escasa cuantía se regirán por lo dispuesto en esta ley.»
Se subraya el carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Se propone modificar el texto del apartado ocho del artículo primero del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, que añade una disposición adicional vigésima cuarta nueva a la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificando el apartado 9, que tendrá el siguiente texto:
«9. Cuando deba ejecutarse en España una sentencia dictada en otro Estado miembro de la Unión Europea que ponga fin a un proceso europeo de escasa cuantía, el demandante deberá presentar ante el Juzgado de Primera Instancia, de lo Mercantil o de lo Social competente, una traducción oficial al español o a la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales del certificado de dicha sentencia, certificada en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (CE) 861/2007.»
Al artículo 2. Modificación del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Se propone una enmienda de adición en el apartado Dos, de este artículo del proyecto, que afecta al número 1 del apartado tres del artículo 35 de la Ley 53/2002, de tal forma que, donde se indicaba:
«Dos. En el número 1 del apartado tres del artículo 35 la actual letra b) pasa a ser letra c) y se añade una nueva letra b) con la siguiente redacción:
b) La presentación de la demanda de juicio ordinario en caso de oposición del deudor, en los supuestos de procedimiento monitorio y proceso monitorio europeo por los que se haya satisfecho la tasa.»
«Dos. En el número 1 del apartado tres del artículo 35 la actual letra b) pasa a ser letra d) c) y se añaden dos una nuevas letras b) y c) con la siguiente redacción:
c) b) La presentación de la demanda de juicio ordinario en caso de oposición del deudor, en los supuestos de procedimiento monitorio y proceso monitorio europeo por los que se haya satisfecho la tasa.»
La creación del procedimiento monitorio tenía por objetivo facilitar el trámite judicial al acreedor en la recuperación de deudas que se encontraban debidamente documentadas y donde no se preveía oposición alguna del deudor, despachándose de modo inmediato la ejecución correspondiente, por lo que la carga de trabajo del órgano jurisdiccional disminuía notablemente respecto de los procedimientos ordinarios.
El creciente incremento de la morosidad en la sociedad española ha hecho que las reclamaciones por impagados aumenten considerablemente y que las deudas, especialmente en el ámbito del crédito al consumo, sean de pequeña y, en ocasiones, de escasa cuantía. La actual tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional supone la aplicación de un coste fijo, en función de cada clase de proceso, además de una cantidad que resulta de aplicar a la base imponible un determinado porcentaje que, en el caso de los procedimientos monitorios, es del 0.5 % Esta tasa perjudica particularmente aquellos procedimientos de menor cuantía, donde puede llegar a suponer una media de entre el 7 y el 10 % del total de la deuda,
siendo que para reclamaciones de cantidad de, por ejemplo 200 euros, la tasa se situaría en 91 euros, es decir un 45,5 % del total de la deuda reclamada. La imposición de esta tasa en la presentación inicial del procedimiento monitorio supondría una grave penalización en las pretensiones del acreedor que declinaría el inicio de actuaciones judiciales en la recuperación de su crédito y un beneficio al deudor que terminaría comprobando cómo para pequeñas deudas no se inicia actuación judicial alguna.
Finalmente consideramos que el límite de los 30.000 euros (cantidad inicialmente prevista antes de la modificación por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre) sería la barrera que marcaría que una tasa no suponga una traba importante en el ejercicio de la tutela judicial efectiva, y supondría mantener la situación anterior al incremento del límite cuantitativo de la aplicación del procedimiento monitorio.
Ha de hacerse notar que esta tasa no se aplica a este tipo de procedimientos en ninguno de los países de la Unión Europea.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 3 enmiendas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.
Palacio del Senado, 4 de febrero de 2011.—El Portavoz, Ramón Aleu i Jornet.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Cinco.
Enmienda de modificación del artículo 1. Cinco. del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, que quedará redactado como sigue:
Mejora técnica para que en las averiguaciones sobre el domicilio o residencia del deudor se tengan en cuenta las previsiones del artículo 156 de la LEC que atribuye al Secretario Judicial estas competencias.
Esmena de modificació de l’article 1. Cinc. del Projecte de Llei de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, per facilitar l’aplicació a Espanya dels processos europeus monitoris i d’escassa quantia, que quedarà redactat d’aquesta manera:
Cinc. S’afegeix un últim paràgraf a l’article 813 amb la següent redacció:
«Si, després de la realització de les corresponents indagacions pel Secretari Judicial sobre el domicili o residencia, aquestes són infructuoses o el deutor és localitzat en un altre partit judicial, el
jutge dictarà aute que donarà per acabat el procés, fent-hi constar aquesta circumstància i reservant al creditor el dret a instar de nou el procés davant el Jutjat competent.»
Millora tècnica perquè en les indagacions sobre el domicili o residència del deutor es tinguin en compte les previsions de l’article 156 de la LEC que atribueix al Secretari Judicial aquestes competències.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Siete.
Enmienda de modificación del artículo 1. Siete. del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, por el que se añade una nueva disposición final vigésima tercera, cuyo apartado 15 quedará redactado de la siguiente manera:
«15. Cuando deba ejecutarse en España un requerimiento europeo de pago, el demandante deberá presentar ante el Juzgado de Primera Instancia competente una traducción oficial de dicho requerimiento, certificada en la forma prevista en el artículo 21 del Reglamento (CE) 1896/2006, al castellano o a la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma en que resida el Juzgado de Primera Instancia competente, de acuerdo con el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.»
En cualquier caso es de aplicación el artículo 231 de la LOPJ, que en su apartado 4. prevé expresamente que «(…) los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia». Como, sin duda, es de aplicación en un texto legislativo la denominación que la Constitución da a la lengua oficial del Estado en su artículo 3.1 que reza literalmente: «El castellano es la lengua española oficial del Estado.»
Esmena de modificació de l’article 1. Set. del Projecte de Llei de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, per facilitar l’aplicació a Espanya dels processos europeus monitoris i d’escassa quantia, amb el qual s’afegeix una nova disposició final vigèsima tercera, l’apartat 15 de la qual quedarà redactat de la següent manera:
«15. Quan s’hagi d’executar a Espanya un requeriment europeu de pagament, el demandant haurà de presentar davant el Jutjat de Primera Instància competent una traducció oficial d’aquest requeriment, certificada en la forma prevista en l’article 21 del reglament (CE) 1896/2006, al castellà o a la llengua oficial pròpia de la Comunitat Autònoma en què resideixi el Jutjat de Primera Instància competent, d’acord amb l’article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.»
En qualsevol cas és d’aplicació l’article 231 de la LOPJ, que en el seu apartat 4 preveu expressament que «(...)els documents presentats en l’idioma oficial d’una comunitat autònoma tenen, sense necessitat de traducció al castellà, validesa i eficàcia plenes». Com, sens dubte, és d’aplicació en un text legislatiu la denominació que la Constitució dóna a la llengua oficial de l’Estat en el seu article 3.1 que diu literalment: «El castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat.»
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Ocho.
Enmienda de modificación del artículo 1. Ocho. del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, por el que se añade una nueva disposición final vigésima cuarta, cuyo apartado 9 quedará redactado de la siguiente manera:
«9. Cuando deba ejecutarse en España una sentencia dictada en otro Estado miembro de la Unión Europea que ponga fin a un proceso europeo de escasa cuantía, el demandante deberá presentar ante el Juzgado de Primera Instancia competente una traducción oficial de dicho requerimiento, certificada en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (CE) 861/2007, al castellano o a la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma en que resida el Juzgado de Primera Instancia competente, de acuerdo con el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.»
Esmena de modificació de l’article 1. Vuit. del Projecte de Llei de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, per facilitar l’aplicació a Espanya dels processos europeus monitoris i d’escassa quantia, amb el qual s’afegeix una nova disposició final vigèsima tercera, l’apartat 15 de la qual quedarà redactat de la següent manera:
«9. Quan s’hagi d’executar a Espanya una sentència dictada en un altre Estat membre de la Unió Europea que posi fi a un procés europeu d’escassa quantia, el demandant haurà de presentar davant el Jutjat de Primera Instància competent una traducció oficial d’aquest requeriment, certificada en la forma prevista en l’apartat 2 de l’article 21 del Reglament (CE) 861/2007, al castellà o a la llengua oficial pròpia de la Comunitat Autònoma en què resideixi el Jutjat de Primera Instància competent, d’acord amb l’article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.»
En qualsevol cas és d’aplicació l’article 231 de la LOPJ, que en el seu apartat 4 preveu expressament que «(...) els documents presentats en l’idioma oficial d’una comunitat autònoma tenen, sense necessitat de traducció al castellà, validesa i eficàcia plenes». Com, sens dubte, és d’aplicació en un text legislatiu la denominació que la Constitució dóna a la llengua oficial de l’Estat en el seu article 3.1 que diu literalment: «El castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat.»
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 7 enmiendas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.
Palacio del Senado, 4 de febrero de 2011.—El Portavoz, Jordi Vilajoana i Rovira.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Siete.
Adicionar un párrafo al final del apartado 1 de la Disposición vigésima tercera nueva contenida en el apartado Siete del artículo 1 del referido texto.
Siete. Se añade una nueva disposición vigésima tercera con la siguiente redacción:
La jurisdicción y la competencia objetiva para la expedición de un requerimiento europeo de pago, regulado en el Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, de lo Mercantil o de lo Social.»
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Ocho.
1. Corresponde (…) julio de 2007.
La competencia (…) procesal española.
Se aplicará a los asuntos transfronterizados en materia civil y mercantil, cuando el valor de una demanda, excluidos los intereses, gastos y costas, no rebase los 2.000 euros en el momento en que el órgano jurisdiccional competente reciba el formulario de demanda.»
En el apartado 1 de la citada Disposición final no se establece expresamente la cuantía a la que se refiere este tipo de proceso, limitándose la norma al concepto de «escasa cuantía», sin mayor especificación.
La redacción del precepto debería ceñirse a lo dispuesto en el Reglamento CE 861/1997 del Parlamento Europeo y del Consejo, y en concreto la delimitación de su ámbito de aplicación.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Apartado nuevo.
«Artículo 1. Modificación de la Ley 1/200, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Apartado nuevo. Se modifica el apartado 4 del Artículo 7, con la siguiente redacción:
4. Por las personas jurídicas comparecerán sus representantes legales o las personas apoderadas por la sociedad, con tal que el poder que ostenten conste inscrito en el Registro Mercantil [o en el Registro que pueda corresponder].»
La propia exposición de motivos de la ley reconoce que el proceso monitorio es un cauce, para que el crédito dinerario líquido tenga una protección rápida y eficaz de muchos justiciables y, en especial, de profesionales y empresarios medianos y pequeños.
La exigencia de que sea el legal representante de la entidad quien interponga la demanda de este tipo de procedimiento hace que en la práctica sea inviable, ya que el consejero delegado u otro administrador de una sociedad, no puede en muchísimos casos presentar dicha documentación ante el Juzgado, lo que va en contra del espíritu de la norma, que busca un procedimiento rápido y eficaz.
Así pues, si bien el artículo 128 de la Ley de Sociedades Anónimas, indica que la representación de la sociedad en juicio y fuera de él corresponde a los administradores en la forma determinada por los estatutos, el artículo 141.1º.último inciso de dicha norma, establece que los administradores pueden apoderar a cualquier persona para representar a la sociedad, por lo dicha representación ha de ser considerada válida para poder interponer este tipo de procedimiento.
Apartado nuevo. Se modifica el apartado 2 del Artículo 23, con la siguiente redacción:
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán los litigantes comparecer por si mismos, pudiendo las personas jurídicas comparecer por medio de sus representante legales o apoderados, con tal que conste inscrita en el Registro Mercantil dicha representación:
1. (…)Igual.
2. (…)Igual.
3. (…)Igual.»
«Artículo 1. Modificación de la Ley 1/200, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Apartado nuevo. Se adiciona un nuevo párrafo en el Artículo 779 con la siguiente redacción:
La tramitación del procedimiento tendrá carácter preferente y deberá realizarse en el plazo de seis semanas desde la fecha en que se hubiere iniciado.»
Los procedimientos de protección a la infancia se hallan regulados en dos fases; la primera fase en la cual la administración autonómica que ostenta las competencias en dicha materia, en base al interés del menor, puede actuar sin procedimiento reglado y en un término muy breve, sin necesidad de justificar jurídicamente su actuación, únicamente en base a informes sociales que determinarán si el menor se halla en peligro o bien a través de cualquier profesional que detecte un posible riesgo para el menor. Dicha actuación implica la emisión de una resolución o varias y su ejecución inmediata, sin posible suspensión de la misma.
La resolución y ejecución, por tanto es inmediata, sin que Juez alguno pueda entrar a valorar la adecuación y la prueba por la que se justifican las actuaciones administrativas, bajo el prisma de las garantías que imperan en nuestro estado de derecho y las garantías procesales que imperan en nuestros procedimientos judiciales.
Por ello, deviene absolutamente prioritario que la revisión judicial en esta materia, sea rápida y eficaz, para validar o invalidar las actuaciones en tiempo adecuado a la vida del menor.
Apartado nuevo. Se modifica el Artículo 780 con la siguiente redacción:
1. Igual (…).
2. Igual (…).
3. El secretario judicial reclamará de la entidad administrativa un testimonio completo del expediente, que deberá ser aportado en el plazo de 5 dias. La entidad administrativa deberá, sin necesidad de requerimiento alguno, aportar al tribunal, las actualizaciones que vayan realizándose en el expediente del menor.
4. Recibido el testimonio del expediente administrativo, el Secretario judicial dispondrá de un plazo de 48 horas para emplazar al actor por diez días para que presente la demanda, que se tramitará con arreglo a lo previsto en el artículo 753».
5. Se fijará un plazo máximo para dictar Sentencia en los procedimientos de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de 5 días a contar desde que se haya practicado la totalidad de la prueba propuesta y admitida en el procedimiento.
A petición de quien promueva el procedimiento o del Ministerio Fiscal o de quien acredite un interés legítimo, el juez podrá adoptar las medidas provisionales que estime pertinentes, en cualquier momento del proceso.»
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. Dos.
Modificar el número 1 del apartado 3 del artículo 35, contenido en el apartado Dos del Artículo 2 del referido texto.
«Artículo 2. Modificación del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del orden Social.
El creciente incremento de la morosidad en la sociedad española ha hecho que las reclamaciones por impagados aumenten considerablemente y que las deudas, especialmente en el ámbito del crédito al consumo, sean de pequeña y, en ocasiones, de escasa cuantía. La actual tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional supone la aplicación de un coste fijo, en función de cada clase de proceso, además de una cantidad que resulta de aplicar a la base imponible un determinado porcentaje que, en el caso de los procedimientos monitorios, es del 0,5 % Esta tasa perjudica particularmente aquellos procedimientos de menor cuantía, donde puede llegar a suponer una media de entre el 7 y el 10 % del total de la deuda, siendo que para reclamaciones de cantidad de, por ejemplo 200 euros, la tasa se situaría en 91 euros, es decir un 45,5 % del total de la deuda reclamada. La imposición de esta tasa en la presentación inicial del procedimiento monitorio supondría una grave penalización en las pretensiones del acreedor que declinaría el inicio de actuaciones judiciales en la recuperación de su crédito y un beneficio al deudor que terminaría comprobando cómo para pequeñas deudas no se inicia actuación judicial alguna.
Artículo 1 GP Popular en el Senado (GPP) 1
GP Popular en el Senado (GPP) 2
GP Popular en el Senado (GPP) 3
GP Popular en el Senado (GPP) 8
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 13
Artículo 2 GP Popular en el Senado (GPP) 9

References: artículo 107
 artículo 107
 Artículo 1
 artículo 815
 artículo 107
 Artículo 1
 artículo 87
 artículo 86
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 231
 artículo 107
 Artículo 1
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 107
 artículo 107
 Artículo 1
 artículo 1
 artículo 156
 artículo 107
 Artículo 1
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 231
 artículo 231
 artículo 3
 artículo 107
 Artículo 1
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 231
 artículo 107
 artículo 107
 Artículo 1
 artículo 1
 artículo 107
 Artículo 1
 artículo 107
 Artículo 1
 Artículo 7
 artículo 128
 artículo 141
 Artículo 23
 Artículo 779
 resolución 
 resolución 
 Artículo 780
 artículo 753
 artículo 107
 Artículo 2
 artículo 35
 Artículo 2
 artículo 35

Artículo 1

Artículo 2