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Timestamp: 2020-01-21 03:29:24+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 122, de 22/11/2001
Año 2001 VII Legislatura Núm. 122
Sesión plenaria núm. 117
celebrada el jueves, 22 de noviembre de 2001
- Real Decreto-Ley 15/2001, de 2 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de transporte aéreo. «BOE», núm. 264, de 3 de noviembre de 2001. (Número de expediente 130/000024.) . . .
(Página 6157)
Declaración institucional . . . (Página 6166)
- Proyecto de Ley de Marcas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 33-1, de 9 de marzo de 2001. (Número de expediente 121/ 000033.) . . . (Página 6166)
- Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 41-1, de 29 de junio de 2001. (Número de expediente 121/000041.) . . . (Página 6171)
- Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 19.945.098.263 pesetas (119.872.454,79 euros), para atender insuficiencias de crédito producidas en ejercicios anteriores por la compensación de intereses de préstamos a la construcción naval. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 42-1, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 121/000042.) . . .
(Página 6185)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 6157)
Real Decreto-ley 15/2001, de 2 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de transporte aéreo ... (Página 6157)
El señor ministro de Fomento (Álvarez-Cascos Fernández), solicita en nombre del Gobierno la convalidación del Real Decreto-ley 15/2001, de 2 de noviembre. Manifiesta que la regularidad y la seguridad del transporte comercial revisten en la actualidad una trascendencia realmente singular a la hora de defender con eficacia un valor de relevancia constitucional como es el derecho de los ciudadanos a la libre circulación, a desplazarse tanto por el territorio nacional como por el extranjero, lo que es aplicable también a los legítimos intereses económicos de los consumidores y de los usuarios, con una muy especial concreción en el transporte aéreo. Explica a continuación la situación creada a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre y las razones por las que el Gobierno entendía que, en el ámbito del ordenamiento jurídico interno y sin menoscabo alguno de la normativa contenida en el Reglamento 95/1993 de la Unión Europea, era necesario en este momento introducir una defensa adicional del principio de libre competencia, con el consiguiente beneficio para los intereses de los consumidores, penalizando por la vía de sanciones pecuniarias de carácter disuasorio las prácticas que más flagrantemente vulneran los objetivos que alumbraron en su día el propio reglamento europeo anteriormente citado.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 15/2000, de 2 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de transporte aéreo, se aprueba la convalidación por 189 votos a favor, uno en contra y 98 abstenciones.
Sometida a continuación a votación la tramitación del Real Decreto- ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 110 votos a favor, 177 en contra y una abstención.
La señora presidenta da lectura a una declaración institucional contra la violencia hacia las mujeres, con motivo del día 25 de noviembre, declarado por Naciones Unidas día internacional contra la violencia de género, que es aprobada por asentimiento.
Enmiendas del Senado . . . (Página 6166)
Proyecto de ley de marcas . . . (Página 6166)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
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Unida; y los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Navarrete Merino, del Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Marcas.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 6171)
Proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación . . .
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Pajín Iraola, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación, así como de los diferentes artículos del dictamen de la Comisión.
Votación de conjunto . . . (Página 6184)
Sometido a votación de conjunto, por tener carácter de orgánico, el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación, se aprueba por 192 votos a favor, 104 en contra y cuatro abstenciones.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 19.945.098.263 pesetas (119.872.454,79 euros), para atender insuficiencias de crédito producidas en ejercicios anteriores por la compensación de intereses de préstamos a la construcción naval . . . (Página 6185)
No habiendo petición de palabra por parte de ningún grupo parlamentario, se procede directamente a su votación.
Sometido a votación el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 19.945.098.263 pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en ejercicios anteriores por la compensación de intereses de préstamos a la construcción naval, se aprueba por 295 votos a favor.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos la mañana.
- REAL DECRETO-LEY 15/2001, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TRANSPORTE AÉREO. (Número de expediente 130/000024.)
Punto VI del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 15/2001, de 2 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materias de transporte aéreo.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Con la venia, señora presidenta.
Señorías, la regularidad y la seguridad del transporte comercial revisten en la actualidad una transcendencia realmente singular a la hora de defender con eficacia un valor de relevancia constitucional como es el derecho de los ciudadanos a la libre circulación, a desplazarse tanto por el territorio nacional como por el extranjero.
Esta trascendencia también es aplicable al principio en cuya virtud los poderes públicos han de garantizar la defensa de la seguridad y de los legítimos intereses económicos de los consumidores y de los usuarios. Estos valores tienen una muy expresa concreción en el transporte aéreo, uno de los sistemas de transporte más cómodo, más seguro y más rápido que hoy existe. Para conseguir el objetivo de prestar a la sociedad un servicio de transporte aéreo cómodo, seguro, rápido y eficiente España, en el marco de la Unión Europea, ha optado desde hace años por acometer las
reformas estructurales necesarias para liberalizar y abrir sus mercados; en suma, ha optado por la competencia transparente y en igualdad de condiciones entre las compañías privadas en el mercado.
Los resultados de esta opción están, creo, a la vista de todos: nunca el transporte aéreo había tenido unos crecimientos cuantitativamente tan espectaculares y continuados y nunca había sido tan asequible para los pasajeros, como nunca habían existido las múltiples posibilidades que la competencia en este mercado hoy ofrece a todos.
Sobre la situación descrita han impactado los excepcionales acontecimientos criminales del pasado 11 de septiembre. Así ha sido reconocido expresamente en las conclusiones del Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea celebrado el 16 de octubre de 2001, el cual asimismo recoge el requerimiento de ciertas aerolíneas de flexibilidad en la aplicación de las normas comunitarias, especialmente las relacionadas con la protección de la libre competencia en el sector del transporte aéreo y del Reglamento 95, de 18 de enero de 1993, que fija normas comunes en materia de asignación de franjas horarias en atención a la desaceleración transitoriamente producida en la demanda. Ahora bien, los efectos de los excepcionales acontecimientos criminales aludidos no pueden confundirse con los resultados de gestiones ineficaces anteriores a esa fecha ni tampoco con la ligera desaceleración en los crecimientos previstos, que ya se había comenzado a producir levemente con anterioridad. En concreto, las compañías aéreas de la Asociación Europea de Aerolíneas, que representa a las mayores compañías aéreas europeas, registraba una caída de 1,4 puntos en sus coeficientes de ocupación en el periodo enero-septiembre del presente año y una reducción del tráfico de pasajeros del 0.9 por ciento en el mismo periodo, tendencia que, evidentemente, se ha agudizado desde septiembre, mes en el que las compañías asociadas a la AEA reflejaron una caída de 6.8 puntos en el coeficiente de ocupación y del 11.9 del tráfico de pasajeros registrados.
Por lo que se refiere al sector nacional del transporteaéreo, en España no puede hablarse de un escenario de crisis, como lo demuestra el comportamiento del tráfico interior y la menor exposición de las compañías españolas a las rutas más afectadas por los acontecimientos del 11 de septiembre, tratándose, en todo caso, de un periodo de dificultades en el ámbito de la seguridad, que está en vías de superación mediante la adopción de nuevas medidas que pretenden renovar la confianza necesaria del viajero y facilitar su retorno a este modo de transporte.
Por otro lado, y con anterioridad incluso a dicha evolución, la situación de varias compañías aéreas europeas era delicada, de forma que los acontecimientos del 11 de septiembre sólo han venido a certificar su desaparición, no sin que antes se hayan intentado algunas maniobras de salvación que, por entrar dentro del capítulo de ayudas de Estado, están siendo investigadas por la Comisión. Estas circunstancias explican el hecho de que la parte de la industria que mejor ha sabido adaptarse a las condiciones del mercado no comparte la posición del resto y, por tanto, quiere evitar que los presentes acontecimientos se utilicen indebidamente para negarles el acceso a los grandes aeropuertos europeos mediante una aplicación demasiado relajada del concepto de la flexibilidad de las reglas de uso de las franjas horarias o slots, permitiendo el acaparamiento de las mismas y la perpetuación de una situación contraria a los objetivos que dieron razón de ser al Reglamento 95/93 y que no es más que la defensa de la libre competencia en los aeropuertos congestionados.
En España se han producido modificaciones en la programación de algunas compañías aéreas, recibidas con especial sensibilidad por las comunidades autónomas insulares debido a la dependencia del transporte aéreo de esas comunidades con el resto del territorio nacional y a la importancia del mismo como soporte del sector turístico, motor fundamental de la economía de estas comunidades. No obstante, la gran preocupación que dichos ajustes han provocado en las Islas por la posible falta de alternativas, agravada por la no devolución de franjas horarias, slots, que se facilitaría a su vez por la antes mencionada flexibilidad en la interpretación de la regla «úsalo o piérdelo» en que se basa el vigente derecho comunitario regulador de la utilización de los slots, ha movido al Gobierno a impulsar una respuesta urgente, dirigida a confirmar con rotundidad, en estos momentos en que los ciudadanos observan con aprensión estos movimientos de algunas compañías aéreas, la validez de las posibles alternativas a los servicios cancelados y, por lo tanto, de los objetivos de estimulación de la libre competencia recogidos en el propio Reglamento comunitario 95/93.
La medida requería su implantación de forma urgente, como lo mencionó el último Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea, dada su trascendencia para la adopción de una postura que incida eficazmente en la presente temporada de invierno 2001- 2002, iniciada el pasado 28 de octubre, campaña en la que se han previsto los recortes de programación y cuyas posibles alternativas quedarían desvirtuadas al no tener asegurada la continuidad en la próxima temporada, pues, de mantenerse el concepto de derecho histórico y excesivamente flexible al uso por aquellas compañías que, habiendo cancelado el slot en la presente temporada, pudieran reclamarlo para la próxima temporada de invierno 2002-2003, se provocaría la discontinuidad de los servicios de aquellas otras compañías aéreas que los hubiesen iniciado en esta temporada con los slots asignados provenientes de aquellos cancelados. En definitiva, el Gobierno considera esencial y urgente luchar contra prácticas como los acaparamientos de franjas horarias para impedir que opere la competencia y evitar que las compañías beneficiadas por tales acaparamientos puedan incrementar la cancelación
de sus operaciones sin riesgo alguno de que las franjas no utilizadas puedan ser eficazmente asignadas a otras compañías competidoras, con la consiguiente repercusión negativa para el viajero, que se vería perjudicado por la mayor incertidumbre en la continuidad de unos vuelos más fácilmente cancelables si las reservas no responden a las expectativas de las compañías.
Por las razones expuestas, el Gobierno entiende que, en el ámbito del ordenamiento jurídico interno y sin menoscabo alguno de la normativa contenida en el Reglamento 95/93 de la Unión Europea, resultaba preciso en este momento introducir una defensa adicional del principio de libre competencia, con el consiguiente beneficio para los intereses de los consumidores, penalizando por la vía de sanciones pecuniarias de carácter disuasorio las prácticas que más flagrantemente vulneran los objetivos que alumbraron en su día el propio reglamento europeo anteriormente citado. Esta iniciativa se encuentra también plenamente conforme con sugerencias de la propia Comisión Europea, en el sentido que se adopten medidas nacionales obligatorias sobre imposición de multas o sanciones periódicas a las compañías que abusen de sus franjas horarias, y que pueden verse en su reciente propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 95/93, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios. Sobre este particular conviene recordar que las corrientes de tráfico entre España-Reino Unido y España- Alemania son las más importantes del continente europeo y que ambos Estados, Reino Unido y Alemania, además de Francia, disponen ya de eficaces mecanismos sancionadores por el incumplimiento de los preceptos contenidos en el Reglamento 95/93. La inexistencia de un eficaz régimen sancionador de estas infracciones en España originaba situaciones de cierta indisciplina en nuestros aeropuertos y, a su vez, un deterioro de la calidad del servicio prestado por las compañías cumplidoras, en especial las españolas, que son las que más operan en nuestros aeropuertos, haciéndoles perder competitividad de modo injusto, perjudicando en definitiva a todos los viajeros de los aeropuertos más utilizados de AENA, manifestándose con especial virulencia en los principales de la red así como en los turísticos, debido a que era más rentable incumplir la norma en los aeropuertos españoles que en los de otros países europeos de donde procedían o a donde se dirigían los mismos vuelos. Por lo demás, no es aventurado pensar que este desequilibrio podía haberse incrementado en las actuales circunstancias. Por lo tanto, había llegado el tiempo oportuno en el que el Gobierno consideró necesaria y urgente la adopción de este tipo de medidas también en España con las previsiones incluidas en este real decreto-ley, que pretende reforzar la posición jurídica del poder público responsable dotándole del mínimo de instrumentos legales que en este momento y por esta vía de urgencia se han juzgado imprescindibles.
En consecuencia, la norma que ahora se sujeta a convalidación de esta Cámara establece como medidas de carácter organizativo la determinación de los aeropuertos de interés general coordinados y de los totalmente coordinados y se definen los órganos competentes para variar dicha determinación, el Ministerio de Fomento, así como para establecer la capacidad de estos aeropuertos y realizar la coordinación de los mismos, atribuida a AENA, todo ello a efectos de asignación de franjas horarias para el movimiento de aeronaves. Como medidas para favorecer la competencia se tipifican y sancionan pecuniariamente los siguientes hechos: la falta de devolución por las compañías aéreas de las franjas horarias que no vayan a utilizar, impidiendo su reasignación a otras compañías; las operaciones realizadas sin asignación previa de franja horaria o efectuadas fuera de la franja correspondiente; el intercambio fraudulento entre compañías de las citadas franjas horarias y la omisión de la obligación de información completa y veraz debida a la autoridad aeronáutica sobre estas cuestiones. De esta manera, lo que realmente se está haciendo es reforzar los medios para poder conseguir una aplicación más eficaz del Reglamento 95/93 de la Unión Europea, complementándolo con un régimen sancionador que únicamente pretende contribuir, primero, a facilitar la óptima utilización de las capacidadesdisponibles en aquellos aeropuertos con problemas de congestión; segundo, facilitar la utilización de slots por una compañía aérea que desee operar en dicha hora cuando el slot no esté siendo utilizado debidamente por otra compañía aérea, según exige el Reglamento 95/93; tercero, incrementar la calidad de los servicios aeroportuarios y por tanto el servicio recibido por compañías aéreas y usuarios; y cuarto, contribuir a la salvaguarda de un nivel razonable de competencia en los aeropuertos congestionados.
Finalmente, no hay que olvidar que gracias a estas medidas los recortes de vuelos inicialmente anunciados con las islas han tenido un alcance muy limitado y en ningún caso van a suponer aislamiento o pérdida sensible de accesibilidad a la red. Pero es que además ya se tiene la experiencia de que la mejor solución en estos casos es el recurso a políticas de apoyo a los residentes que incentivan la demanda de transporte aéreo y no interfieren en la competencia entre compañías aéreas, así como a los mecanismos de mercado en el reparto de slots, y no a innecesarias declaraciones de obligaciones de servicio público que conducen al establecimiento de rigideces, incluidos los monopolios, en el acceso al mercado de nuevas compañías y dificultades para el desarrollo de los tránsitos turísticos, todo lo cual repercute finalmente de forma negativa en la calidad de los servicios y en la accesibilidad de los enlaces que se desean proteger. Asimismo, me parece obligado señalar desde esta tribuna algunos de los efectos beneficiosos
que ya ha aportado esta disposición desde su entrada en vigor como es la devolución, a fecha 15 de noviembre pasado, de más de 8.000 slots por las principales compañías aéreas nacionales, de los cuales más de 2.300 corresponden al aeropuerto Madrid-Barajas y más de 2.000 al de Barcelona, lo que dicho en términos de operaciones de vuelos significa que han quedado disponibles slots suficientes para operar siete vuelos adicionales diarios desde Madrid y seis vuelos adicionales diarios desde Barcelona. También cabe citar la reducción de los recortes en relación con los previamente anunciados, pues estos han coincidido con la entrada en vigor de la presente disposición y no es muy arriesgado afirmar la existencia de una relación causaefecto en este caso.
Por todas estas razones, solicito a la Cámara la convalidación del presente real decreto-ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El Bloque Nacionalista Galego va a dar su apoyo a la convalidación de este real decreto-ley y lo hace porque efectivamente servirá para que se defienda la seguridad y los intereses económicos de consumidores y usuarios en este aspecto de las comunicaciones. También lo hacemos -y nos llama la atención que no se haya hecho antes- porque el real decreto impide restricciones excesivas para los operadores que no son dominantes. Por lo tanto, beneficia la libre competencia y además establece una posición jurídica clara del poder público responsable en esta materia. Por fin empezamos a aceptar que no podemos tener situaciones claramente desreguladas como había hasta ahora en terrenos tan sensibles como el del transporte aéreo. Por otra parte, las normas de carácter organizativo y sancionadorprevistas son también asumibles desde nuestro punto de vista, porque cuando se establece la diferencia de los aeropuertos de interés general entre los coordinados y los totalmente coordinados se hace sobre la base de criterios objetivos relativos a la intensidad de tráfico, y además no se considera que sea una situación estática, como muy bien deja claro el artículo 1.2, sino que es variable en función del cambio del tráfico aeroportuario. Saludamos que se asignen franjas horarias por la autoridad pública de AENA y que sea designada una persona coordinadora de esta asignación, así como que todo sea supervisado por la autoridad pública que representa la Dirección General de Aviación Civil. En definitiva, pensamos que muchas franjas horarias se pueden devolver por no ser debidamente utilizadas y, en caso de que no se haga, deben de ser sancionadas como establece el real decreto-ley. Desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego estas son cuestiones suficientes para avalar la convalidación de este real decreto-ley.
Mi grupo va votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley, y yo diría que, más que por las razones, por supuesto aceptadas, de su exposición de motivos o preámbulo, por lo que acaba de decir aquí el señor ministro de Fomento, Álvarez-Cascos, con un análisis crítico, real y auténtico de la situación en que venían desempeñándose los servicios aeronáuticos de las compañías comerciales de aviación civil, sobre todo en los tramos Península- Canarias. Como el señor ministro también se ha referido al hecho insular, tanto para el archipiélago de Canarias como para el de Baleares, esa sensibilidad está explicada.
Con respecto a nuestra comunidad autónoma, el sistema aeroportuario canario movió el año pasado cerca de 30 millones de pasajeros. Eso significa un 25 por ciento del total de pasajeros movidos en los aeropuertos de toda la red aeroportuaria española, Península, archipiélagos, Ceuta y Melilla. En el tráfico interinsular se han movido casi 9.400.000 pasajeros. Si esos pasajeros se ven afectados por unas maniobras contrarias a los principios de libre competencia, lo que llamaríamos una picaresca de uso de determinadas compañías aéreas cuyos directores de operaciones, si no tienen aviones llenos hasta más allá del 75 por ciento de los asientos disponibles para pasajeros, recurren a la suspensión o cambios horarios de estos vuelos, no es lo mismo la repercusión que van a tener esas suspensiones y esos cambios en el tráfico archipiélagos-Península/ Península/archipiélagos que dentro de la propia Península, donde hay otras alternativas de transporte.
Al amparo de este real decreto-ley que estamos convalidando hoy aquí, pero al amparo también del Reglamento 95/93 del Consejo de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, afortunadamente se ha hecho una graduación de las cuatro sanciones posibles, todas dentro del principio de legalidad, y nosotros queremos aquí pedir al señor ministro de Fomento que traslade un mensaje de Coalición Canaria a los organismos supervisores, tanto AENA como la Dirección General de Aviación Civil, en el sentido de que comenzamos por pedir a la Administración, representada en este momento por el señor ministro de Fomento, que se aplique la sanción máxima cuando las compañías produzcan
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alteraciones en el tráfico Península-archipiélagos/ archipiélagos-Península.
De los cuatro grados de sanciones que se establecen en el real decreto-ley, ordenadas cuantitativamente, en el límite máximo se contempla el caso, en primer lugar, de aquellas compañías que no hagan uso del slot o de la franja horaria asignada y no la devuelvan.
Dado que la horquilla es entre un millón de pesetas y 15 millones, pedimos que se les aplique el tope máximo, 15 millones, porque no causa el mismo perjuicio dejar en Barajas a un pasajero del puente aéreo con Barcelona o en Barcelona con relación a Madrid que dejar en tierra a unos pasajeros que no tienen otra alternativa de transporte entre los archipiélagos y cualquiera de los grandes núcleos de negocios, sociales o comerciales de la Península. Por tanto, que se les aplique la máxima sanción. El segundo grado es el cuarto del artículo 3.º del real decreto-ley, y se refiere a aquellos cambios de cromos, verdadero compadreo entre compañías, que son los intercambios de franjas horarias entre ellas sin conocimiento de la Dirección General de Aviación Civil o de AENA. Aquí la horquilla va entre tres millones y diez millones y pedimos que se aplique también el máximo correspondiente.
El tercer grado se refiere a aquellas compañías que operan en horas o slots no autorizados por la autoridad competente, y tiene una horquilla entre medio millón de pesetas y cinco millones. Y el cuarto grado, que es el segundo del real decreto, sobre las responsabilidades de compañías aéreas, se refiere a aquellas que operen sin tener una concesión de franja horaria o slot, en el argot técnico que se emplea en el lenguaje aeroportuario. Por tanto, queremos dejar aquí reflejada la petición de que se les aplique, dentro de la horquilla de las sanciones posibles, la máxima cantidad a la que se compromete el artículo 3.º de este real decreto-ley.
Esperemos que tanto la Dirección General de Aviación Civil como AENA lleven a rajatabla la aplicación de este real decreto-ley. Parece ser que las medidas disuasorias (el señor ministro de Fomento acaba de anunciar aquí que ya ha habido devoluciones de franjas horarias asignadas a determinadas compañías) se pueden aplicar con resultados.
En esto tiene que tener el ciudadano usuario del transporte aéreo español una seguridad en los órganos supervisores, AENA y Dirección General de Aviación Civil. Los usuarios estamos cansados de las tomaduras de pelo de determinadas compañías con las suspensiones de vuelo que realizan, alegando unas causas, supuestamente técnicas, que ningún pasajero tiene capacidad técnica y administrativa de comprobar. Cuando se anuncia por los altavoces que se suspende un determinado vuelo y se altera un recorrido concreto, alegando causas técnicas, se produce una auténtica estafa a los derechos de los pasajeros. Los servicios oficiales tienen que dar una garantía de estos derechos. Por eso apoyamos al señor ministro de Fomento y a los dos organismos encargados de la supervisión de estos servicios para que este real decreto favorezca la defensa de la libre competencia entre compañías y acabe con tanta situación irregular. Los organismos oficiales son los que pueden comprobar si verdaderamente existen causas técnicas justificadas en la alteración de líneas, vuelos y horarios y hacerlas compatibles con los derechos de los ciudadanos.
Nos congratulamos de que el Gobierno haya reaccionado rápidamente con este real decreto-ley y por eso, señora presidenta, nuestro voto va a ser a favor de su convalidación.
Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo simplemente para anunciar nuestro voto favorable a este decreto-ley, que si bien lo encontramos un tanto escaso en sus determinaciones, esperamos que sirva para corregir la discrecionalidad con que hasta la fecha se han concedido por parte de AENA los slots de entrada en aeropuertos, jugando a favor de ciertos intereses de determinadas compañías. Esperamos que lo que parece que impregna este decreto-ley de justicia entre todas las explotadoras en beneficio de los usuarios se reduzca también en una menor discrecionalidad y una mayor racionalidad en la administración de los slots de entradas en los aeropuertos españoles.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Señora Urán.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida también va a apoyar favorablemente este real decretoley. Entre otras cosas, señorías, porque nuestro grupo parlamentario siempre ha sido crítico con las totales desregulaciones que se estaban produciendo, si no de una manera real en cuanto a la legislación, sí de una manera práctica en los aeropuertos españoles durante los últimos tiempos.
Bienvenido sea que el Gobierno haya pretendido, al menos, mantener algún tipo de control sobre los mercados y sobre los intereses generales de los usuarios del transporte aéreo. Bienvenido, por lo tanto, este realdecreto, que si bien no parece ser la solución de todos los problemas que en estos momentos pueda haber en cuanto a competencia, respeto y servicio público en las franjas horarias, fundamentalmente en las islas, que son las que se pueden ver más perjudicadas por estas
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situaciones, sí al menos intenta paliar en cierta medida las deficiencias que se puedan producir por el abuso de las compañías aéreas.
Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con este real decreto- ley, con independencia de la situación que se haya podido crear con respecto a la desaparición de vuelos que comunican las islas Canarias o las Islas Baleares con la Península. El señor ministro hacía en su intervención una llamada a la obligación de mantener el servicio público y aludía a otro tipo de medidas que podrían solucionar el problema creado. Tenemos que decirle también, señor ministro, que precisamente las llamadas al cumplimiento y a la obligatoriedad del servicio público son las que tienen que hacer reaccionar al Gobierno para que no solamente se preste un servicio que facilite la movilidad a los ciudadanos y ciudadanas que viven fuera de la Península, en las islas, sino para que también sea un servicio público de calidad que permita la movilidad con seguridad y en las condiciones de comodidad más adecuadas para las personas, ya que ello, señor ministro, no siempre se produce ni en condiciones de seguridad -eso se ve por los accidentes de transporte aéreo que están ocurriendo en las ciudades de Ceuta y Melilla- ni de comodidad. Señor ministro, no hace falta que le explique lo que significa viajar en avión en clase turista durante unas horas. Las condiciones de comodidad no son las más idóneas, pero aún así, señor ministro, bienvenido sea este real decreto.
En este real decreto se establecen las sanciones por infracciones o por el no cumplimiento de la normativa por parte de las compañías aéreas. Señor ministro, usted ha dicho que dichas sanciones iban a tener un carácter disuasorio y la verdad es que yo no lo tengo claro, ya que no son lo suficientemente duras. Por ejemplo, a compañías aéreas que, a pesar de la crisis en el sector, siguen teniendo buenos beneficios económicos se les puede poner una multa de entre 1.000.000 y 15.000.000 de pesetas o, yéndonos a un extremo más bajo, la multa puede ser de entre 250.000 y 750.000 pesetas por una infracción administrativa. Pueden ustedes penalizar económicamente a las compañías infractoras, pero desde luego no creo que eso sea disuasorio y que vaya a hacer mella en los recursos económicos de las compañías aéreas. Nos hubiera gustado que la cuantía de las multas hubiera sido más alta -ustedes en eso son más conservadores que nosotros-, pero no nos vamos a oponer por esta circunstancia. No creemos que consigan disuadir con esas cantidades, pero al menos tendrán ustedes la posibilidad de penalizar a las compañías infractoras y de hacerlas pagar, esperando que en esos casos se apliquen las franjas más altas de las sanciones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también va a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de transporte aéreo.
De la exposición de motivos se pueden extraer unas cuantas frases -algunas ya las ha repetido el señor ministro- que justifican la acción a tomar en el momento de la votación. Por ejemplo, que la regularidad y la seguridad del transporte comercial aéreo revisten en los momentos que vivimos una trascendencia realmente singular. Que son evidentes el impacto y las repercusiones de todo orden que han motivado los hechos del 11 de septiembre, principalmente en el tema aéreo. O que el Consejo de Transportes y Telecomunicaciones, celebrado en Luxemburgo el día 16 de octubre de 2001, hace mención a todo ello en el documento de conclusiones, así como a la flexibilidad que ciertas compañías solicitan en la aplicación de la normativa para la próxima temporada de invierno. Es evidente que hace falta una previsión y un control sobre la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios, ya que si los slots solicitados no se usan ello lleva a una situación que resta posibilidades a otras compañías.
Es decir, que este mal uso no puede implicar restricciones a otros operadores en detrimento de la libre competencia. Y al final siempre llegamos al mismo sitio, que son los intereses de los consumidores y usuarios.
Así pues, a nosotros nos parece bien que este real decreto regule esta situación. En realidad lo que pretende es reforzar la posición jurídica de la potestad pública para tener coherencia a la hora de adoptar medidas que sean obligatorias para las compañías.
Por ello nosotros vamos a apoyar el real decreto. De todas maneras, posiblemente el portavoz que intervenga después con su fácil y docta exposición -que lo es y mucho- nos hablará de la necesidad de una ley aeronáutica o de seguridad y tengo que decir que estamos en una fase inicial de una gran obra. Hay que esperar a que mejoren las circunstancias, sabemos que la Administración legislativa prácticamente siempre va por detrás de las necesidades de la sociedad, es difícil encontrar una legislación que recoja la problemática de la sociedad de una manera real y en este caso procede esperar para que en un futuro, cuando tengamos la experiencia suficiente para superar todas estas circunstancias, originadas el 11 de septiembre, que ya llevaban tiempo gestándose, lleguemos a establecer, si no una ley de aeronáutica o de seguridad aérea, sí un compendio que coordine todas las normativas que existen sobre el transporte aéreo. Por lo tanto, es un buen paso el que damos hoy convalidando el real decreto y esperamos que sea dentro de esta fase inicial para llegar a tener una normativa completa, no diré perfecta, pero verdaderamente buena.
Señor ministro, señorías, en la exposición de motivos de este real decreto titulado pomposamente: por el que se adoptan medidas urgentes en materia de transporte aéreo, se reconoce textualmente el derecho fundamental de los ciudadanos a la libre circulación y el principio rector de la política social y económica, en cuya virtud los poderes públicos han de garantizar la defensa de la seguridad y de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios.
También se reconoce que son evidentes el impacto y las repercusiones de todo orden en la situación del sector aéreo que han representado los excepcionales acontecimientos sucedidos el día 11 de septiembre.
Nos encontramos con que el contenido de los artículos de este real decreto no refleja la problemática que existe hoy en día y no aporta soluciones positivas ante una evidente crisis del transporte aéreo español.
Este real decreto lo único que hace es establecer un régimen sancionador con el que penalizar a aquellas compañías aéreas que hagan un mal uso de las franjas horarias asignadas previamente.
Señorías, en reiteradas ocasiones durante la pasada legislatura el Grupo Parlamentario Socialista presentó el establecimiento de mecanismos sancionadores para la recuperación de los slots y de las franjas horarias, recibiendo el rechazo del grupo mayoritario y de los grupos que le apoyan. Esto consta en el «Diario de Sesiones» e incluso está recogido en las propuestas de resolución que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en los años 1998 y 1999, a raíz del debate sobre el estado de la Nación. El Gobierno del Partido Popular después de cinco años no ha ejercitado su responsabilidad derivada de los contenidos del Reglamento comunitario 95/93. Este diputado se lo ha vuelto a leer, pero no es cuestión de hacer referencia a ninguno de sus contenidos.
Como ha dicho el ministro de Fomento, los gobiernos del Reino Unido, de Alemania y de Francia han establecido en los últimos seis años la normativa reguladora y sancionadora para ejercer una responsabilidad derivada del reglamento comunitario sobre uso de las franjas horarias. Ahora nos encontramos con una grave crisis en el sector del transporte aéreo español y el Gobierno únicamente trae un real decreto-ley con cinco artículos que requieren ese rango, por cuanto conllevan el establecimiento de medidas sancionatorias y coercitivas para las compañías aéreas tal como se establece claramente.
Los cinco artículos de este real decreto se refieren a la determinación de los aeropuertos de interés general totalmente coordinados, a la capacidad y coordinación a efectos de la fijación de franjas horarias, supervisión de la asignación de franjas horarias y de las programaciones de vuelo, responsabilidades de las compañías aéreas, graduación de las sanciones, procedimiento sancionador y multas coercitivas. Y, señor ministro, nada más. Esto es lo que da de sí el real decreto-ley, que lo podían haber hecho en junio de 1997, en septiembre de 1998, en enero de 1999, que lo debían haber hecho en los años anteriores.
Ahora, de pronto, lo presentan como consecuencia de que han quedado en situación de evidencia ante los restantes gobiernos comunitarios, con una evidente negligencia del funcionamiento de una Dirección General de Aviación Civil de la que aquí nadie habla, una Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, bajo su responsabilidad, escueta, pálida, sin personalidad, carente de potencia gestora para hacer un seguimiento del control de la seguridad en los aeropuertos, del control en la inspección de las aeronaves, en la expedición de títulos, certificados y licencias a todos los profesionales de la aeronáutica, una Dirección General de Aviación Civil que no controla como ente regulador al ente regulado que es AENA porque con cuatro funcionarios no puede hacer más allá de lo que escasamente hace. En lugar de traer un real decreto-ley potente en una situación de crisis, no para echarle una mano a las compañías aéreas, ya que los lobbies aeronáuticos tendrán que defenderse como empresas, sino para la defensa del bien público, para la prestación adecuada de unos servicios correctos en el transporte aéreo, usted nos trae un real decreto-ley con un título pomposo y con un escuálido contenido.
El Grupo Parlamentario Socialista, señor ministro, se va abstener, aun entendiendo que es necesario un régimen sancionador. Por eso no vamos a votar en contra ni hemos consumido el turno en contra, pero con nuestra abstención queremos poner de manifiesto que es una escuálida medida. Señor ministro, vuelvo a reiterar que se debía haber hecho en los últimos seis años. Ahora lo hacen como consecuencia de impulsos de los acuerdos del Consejo de Ministros de Transportes que ha puesto de manifiesto que el Gobierno español es negligente en la utilización de los slots y en el mecanismo de regulación de los mismos. Señor ministro, en los aeropuertos españoles es necesaria la figura de un coordinador absolutamente independiente. Nuestra pregunta es, ¿se encuentra garantizada la independencia del coordinador con respecto a las funciones reguladoras del ministerio? Le aseguramos, señor ministro, que la debilidad del coordinador se pone en tela de juicio con los contenidos de este real decreto-ley.
Si este real decreto-ley se tramitase como proyecto de ley, que así lo solicitaremos, haríamos una serie de propuestas en las enmiendas pertinentes. Propuestas en positivo, porque ¿qué pensarán los usuarios españoles ante la convalidación de este real decreto-ley -pomposo, repito- de medidas urgentes en el sector aéreo?
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Los ciudadanos españoles se preguntarán en qué me beneficiará lo que está aprobando el Pleno del Congreso de los Diputados en el día de hoy. Los ciudadanos españoles han comprobado, en primer lugar, que, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, las compañías aéreas españolas han encarecido el coste de cada tramo en ocho euros automáticamente, y el Ministerio de Fomento mirando hacia otro lado.
En segundo lugar, se ha comprobado que las compañías españolas acaban de poner en marcha expedientes de regulación de empleo que van a dejar en el paro a más de 5.000 trabajadores de tierra y de aire. ¿O es que se debe mirar hacia otro lado y no adoptar medidas? Las compañías españolas tan tomado decisiones dirigidas a reducir el número de vuelos en un 10 por ciento aproximadamente y el Ministerio de Fomento mirando hacia otro lado. Las compañías españolas que prestan servicio con lugares singulares del Estado español, como, por ejemplo, con Melilla, cuando el avión no se llena no sale y no hay un mecanismo sancionador contra esa compañía que en régimen de monopolio presta el servicio con Melilla. ¿Qué ocurre con los vuelos interinsulares en Baleares, que han experimentado un debilitamiento evidente y dentro de la comunidad canaria, que ya lo analizaremos en comisión, y así sucesivamente? Los ciudadanos españoles se preguntan en qué me va a beneficiar. Es decir, resulta que el Gobierno hace lo que tenía que haber hecho y contra lo que no nos vamos a oponer, pero lo está haciendo mal, a destiempo y con un mecanismo discutible.
El Gobierno recupera más de 8.000 slots, y le damos nuestra enhorabuena. Ahora, el Ministerio de Fomento ya dispone de esos slots para proporcionarlos a otras compañías para que presten el servicio, pero esas compañías no se dirigen al ministerio para decirle: Señor ministro, deme el slot que usted retiró a la compañía A, a la que ha sancionado, que yo voy a prestar el servicio; eso no se está produciendo. ¿Por qué? Porque hay un debilitamiento de las compañías.
El Ministerio ya tiene 8.000 slots disponibles en la mesa de trabajo.
Toquen la campana y digan: ¿Quién los quiere? No los quiere nadie, porque hay una evidente crisis. No engañemos a los ciudadanos, no hagamos loas a un micro real decreto de régimen sancionador, señor ministro, que no va a aportar nada a la grave crisis del transporte aéreo español. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) Nosotros estimamos -porque es la voluntad mayoritaria de quienes nos gobiernan- que no se va a tramitar como proyecto de ley. Caso de que no fuera así queremos dejar muy claro que presentaremos enmiendas con la redacción adecuada, para potenciar un plan nacional de seguridad aeroportuaria y de aviación civil, que contemple con el mayor rigor posible todas aquellas medidas y todos aquellos mecanismos destinados a la protección de los aeropuertos, aeronaves e instalaciones aeroportuarias.
Señorías, aquí hay un problema de fondo: la desconfianza en ciertos segmentos de la población a volar. Hay que hacer que esa desconfianza vaya disminuyendo y eso sólo lo puede hacer la Administración pública española. Señor ministro, ¿sabe usted lo que han notado los usuarios de los aeropuertos? Encarecimiento de las tasas, como está recogido en los Presupuestos Generales del Estado. ¿Qué han notado en lo que se refiere a la seguridad? Fíjese usted qué salto de gigante. ¿Qué han hecho el Gobierno, el Ministerio de Fomento y usted, como responsable, en lugar de propiciar un plan nacional de seguridad aeroportuaria, que es lo que debería haber venido aquí? Han quitado aquellos cuchillos de punta fina que se ofrecían a los usuarios de clase preferente para cortar la carne y los han sustituido por cuchillos de plástico. Eso es todo lo que han hecho ustedes en seguridad aeroportuaria. No es una broma ni una caricatura, es una realidad. No existe un plan nacional de seguridad aeroportuaria, tampoco existe un plan nacional que conlleve la potenciación del transporte aéreo como una de las fórmulas básicas para posibilitar la cohesión territorial y la igualdad entre todos los españoles, residan donde residan.
He oído aquí intervenciones acerca de que es malo el servicio público. La declaración de servicio público, tal como indica una directiva comunitaria del año 1992, en el puente aéreo Madrid- Barcelona, no es adecuada, ya que hay libre competencia, pero dígales eso a los ciudadanos de Melilla, que están trinando con el mal servicio que se les proporciona allí. ¿Por qué no declarar servicio público una ruta muy singular del Estado español? Señor ministro de Fomento, cuando usted era vicepresidente y figura relevante del Gobierno -como lo sigue siendo-, en el mes de agosto del año 1998, el Consejo de Ministros aprobó un largo acuerdo, publicado el mismo mes en el Boletín Oficial del Estado, declarando 14 rutas de interés público en la comunidad canaria entre las diferentes islas. Si ese Consejo de Ministros tomó esa decisión, ¿por qué no se ha continuado y se ha desarrollado, como se ha hecho hoy, en el Boletín Oficial del Estado, con la convocatoria, para cinco años, de rutas de interés público en el sector marítimo, con nueve rutas: Barcelona-Palma de Mallorca, Cádiz-Tenerife, etcétera?
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Segura, le recuerdo que debe concluir.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
Con ello ni se violenta normativa comunitaria, ni se potencia un mecanismo que atente contra la libre competencia.
El Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá y pedirá su tramitación posterior como proyecto de ley, para convertir este micro real decreto en una auténtica norma que sirva a los intereses ciudadanos.
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La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Segura.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortíz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, la posición de mi grupo, que es lo que voy a exponer a partir de este momento, es evidentemente favorable a la convalidación del decreto-ley, no sólo por razones obvias de soporte y de apoyo al Gobierno, sino por auténtica convicción. La exposición de motivos y la intervención del señor ministro me permitirían hacerles gracia de cualquier tipo de argumentación, pero la intervención del señor Segura, inevitablemente, hará que mi intervención no tenga la brevedad ni el tono ni el contenido que debería tener.
El señor Segura, fiel a sí mismo, fiel a sus obsesiones y fijaciones, ha vuelto a pretender que en cualquier minuto, en cualquier instante, se haga un debate en amplitud sobre la navegación aérea, sucumbiendo al recuerdo de una proposición no de ley de la que fue autor en el año 1998, recordando la necesidad y la urgencia de una ley nueva de navegación aérea, repitiendo los argumentos a los que nos hizo asistir en un debate reciente en comisión, el pasado 26 de septiembre, en el que creo que el señor ministro -que estuvo espléndido y no es coba, ministro- hizo una exposición muy clara de lo que este Gobierno ha hecho en materia de normativa aérea y de derecho aeronáutico, poniendo en evidencia que el señor Segura corre la tentación continua y permanente de la prisa y de la anticipación -como le decía el señor ministro- al plantear una ley de navegación aérea con un proyecto que, por cierto, tiene procedencia de gobiernos anteriores, cuando en Europa se está debatiendo el cielo único europeo y cuando hay reglamentos en proceso muy importantes.
Señor Segura, no sucumba más al recuerdo. No se mueva en el mundo de los recuerdos. Por cierto, desde su obsesión por los recuerdos, no ha arremetido contra una etapa que le es conocida, la que va de 1982 a 1996. ¿Qué recuerda S.S. de esa época, en términos normativos, de la prisa por su ley de navegación aérea y por la renovación integral del derecho aeronáutico? Sólo desde esa obsesión por los recuerdos se explican -y quiero tener un tono más moderado que S.S.- esos epítetos, esos adverbios, que ha utilizado, por ejemplo, pomposamente, para referirse al título del decreto, que es absolutamente claro y neutral y que persigue un objetivo muy puntual y muy concreto: ocuparse de la problemática de los acaparamientos y de las infracciones en materia de franjas horarias, de los famosos slots, pura y simplemente.
Es en otros entornos, en el entorno internacional, en el entorno comunitario, en el entorno del propio Gobierno, donde están en proceso normas de más fuste y de más amplitud para dar cumplimiento a la necesidad cierta de revisar nuestra normativa de derecho aeronáutico. El señor Segura -no quiero personalizar mi intervención en él, pero es casi inevitable- nuevamente incurre en el mundo de las paradojas. Es curioso que mientras el Grupo de Izquierda Unida comulga con el decreto, con sus objetivos y con el respeto a los principios que le sirven de base, la libre competencia y el derecho de los usuarios, S.
S., paradójicamente, se sigue manifestando en el mundo de la intervención y del monopolio, porque la obligación del servicio público no es más que un regreso a la técnica o a la óptica del monopolio.
Por lo demás, señor Segura, tenga la seguridad de que el Ministerio de Fomento va a encontrar coordinador o coordinadores y que la Dirección General de Aviación Civil y AENA van a actuar con independencia, cosa que no sucedía en otros tiempos en los mismos entornos. No tenga dudas y no cuestione la preocupación por la independencia. Y no diga que el Gobierno está mirando a otro lado cuando en la pasada legislatura y en ésta, en términos de normativa comunitaria, se han incorporado a nuestro ordenamiento los reglamentos comunitarios, se ha respetado la normativa OACI y la normativa JAR incluso en decretos del Gobierno de este mismo año, el año 2001, que han arrancado del Ministerio de Fomento. No entiendo, señor Segura -y le hablo como amigo-, la falta de valentía de su grupo de no votar favorablemente el decreto-ley y anunciar su abstención. Afortunadamente, el resto de la Cámara está en clara coincidencia y consenso con los objetivos que persigue el decreto- ley.
No hay mucho más que decir. La posición de mi grupo es plenamente favorable, con convicción, a la convalidación del decreto-ley y, como S.S. ha anticipado, no a su tramitación como proyecto de ley, pero no por decisión gratuita sino por razones claras y precisas. En primer lugar, el decreto-ley tiene un contenido específico: abordar y afrontar el problema de los abusos, acaparamientos, transmisiones fraudulentas, etcétera, en materia de franjas horarias. Se refiere a este tema y sólo a este tema. Como dijo el ministro en su intervención en Comisión, es necesario llegar incluso a un texto refundido en materia de normativa aérea. Todo se hará, señor Segura, no sucumba a la prisa. En segundo lugar, por estar en elaboración ese conjunto de normas más amplias y de sentido más general, hay que esperar a ellas y a las decisiones de los órganos comunitarios, como ha apuntado también el portavoz de Convergència i Unió.
Consiguientemente, a la luz de ese microdecreto al que se ha referido S.S., no es el momento más oportuno ni la mejor forma de abordar los temas que a S.S. tanto le preocupan de una reforma en profundidad del derecho aeronáutico. En consecuencia, mi grupo votará favorablemente la convalidación y en contra de la tramitación como proyecto de ley.
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La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Ortiz. (La señora Presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/2001, de 2 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de transporte aéreo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 189; en contra, uno; abstenciones, 98.
Señorías, sometemos a votación la tramitación del Real Decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 110; en contra, 177; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la petición de tramitación como proyecto de ley.
La señora PRESIDENTA: Señorías, dos cuestiones. En primer lugar, anuncio a la Cámara que la votación de conjunto del proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación no se producirá antes de las once de la mañana. Asimismo, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios se ha hecho llegar a la presidencia la siguiente declaración institucional contra la violencia hacia las mujeres.
El Pleno del Congreso de los Diputados, con motivo del día 25 de noviembre, declarado por Naciones Unidas día internacional contra la violencia de género, considera que esta violencia adquiere diferentes formas, desde los malos tratos psicológicos y físicos hasta las mutilaciones genitales y el tráfico de mujeres y niñas; violencia de género que es la expresión más agresiva de un orden social que responde a comportamientos derivados de las relaciones de poder que históricamente han diferenciado a hombres y mujeres. Señala que la violencia de género es un obstáculo para los objetivos de igualdad y desarrollo individual de las personas y viola el disfrute de los derechos y libertades fundamentales. Considera que este día, 25 de noviembre, tiene que ser un día especialmente dedicado a las mujeres y niñas que viven en Afganistán y que han visto eliminados todos sus derechos como seres humanos. Por unanimidad, todos los grupos políticos manifiestan su más enérgico rechazo ante las situaciones de violencia de género que vienen padeciendo las mujeres, compromiso del Congreso de los Diputados para contribuir con cuantas iniciativas se puedan desarrollar con el fin de crear un ambiente de tolerancia cero capaz de producir un inequívoco rechazo social del agresor y un claro apoyo a las mujeres víctimas, y su apoyo especial para que en la nueva situación política que se produzca en Afganistán el Gobierno que resulte se comprometa a respetar y garantizar los derechos de las mujeres y de las niñas, derechos a la educación, a la sanidad, al trabajo y derecho a su libertad, así como a su presencia institucional ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.-Prolongados aplausos.)
- PROYECTO DE LEY DE MARCAS. (Número de expediente 121/000033.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de marcas. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor González de Txabarri. (Rumores.) Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio al objeto de poder continuar con el debate. (Pausa.) Adelante, señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) va a votar favorablemente las enmiendas que el Senado ha remitido a esta Cámara en relación con este proyecto de ley de marcas, dado que los cambios que se producen por las enmiendas del Senado coinciden básicamente con las posiciones que al respecto ha mantenido el Grupo Parlamentario Vasco en los trámites pertinentes a este proyecto de ley, concretamente la referencia a los registros que llevan consigo todo este tipo de proyectos de ley, los procedimientos habituales a través de los cuales las empresas tienen que realizar sus trámites. Es un debate muy reiterativo en esta Cámara, sobre todo en este tipo de proyectos de ley donde comprobamos muchas veces con estupefacción cómo las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco son rechazadas en la medida que piden los cumplimientos de las previsiones estatutarias en relación con estos temas, de forma que sean las comunidades autónomas las competentes en el sostenimiento de estos registros, en este caso de la Oficina Española de Patentes, de manera que con un procedimiento cooperativo se pueda articular en el conjunto del Estado un sistema de registros que mantenga los títulos competenciales en términos ajustados y un procedimiento cooperativo de interrelación en el conjunto del Estado. Este es el dibujo que asume la Oficina Española de Patentes tras su paso por el Senado, a pesar de que los argumentos que se sostuvieron en los trámites del Congreso por la mayoría parlamentaria eran los contrarios. Es un modelo que tanto en las leyes de cooperativascomo en la Ley de propiedad intelectual se ha
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venido sosteniendo y, desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Vasco, debía ser el modelo de común aceptación en referencia a este tipo de registros, ya que estamos articulando un Estado con comunidades autónomas competentes en estas materias que se encuentran interrelacionadas entre sí, de forma que el concepto de sede social, de ventanilla o de registro pueda ser debidamente articulado.
En consecuencia, mostramos nuestra satisfacción porque estas enmiendas reflejan la posición que el Grupo Parlamentario Vasco ha sostenido en relación con estas materias. El resto de enmiendas, unas que son de corrección técnica-gramatical y otras que matizan determinados procedimientos en la línea de la exposición que he realizado, marcan con mayor rigor los objetivos de la ley y, en consecuencia, vamos a votarlas favorablemente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar a favor de las enmiendas que se han introducido en el Senado.
Creemos que el texto que salió de esta Cámara, sin ser deficiente, podía mejorarse sustancialmente. En relación con una de las enmiendas presentadas, aunque no se recogió por el Senado tal y como mi grupo parlamentario la defendía aquí en el Congreso y el Grupo Mixto en el Senado, creemos que es importante que por fin el grupo mayoritario y el Gobierno hayan decidido establecer una diferenciación entre la marca notoria y la marca renombrada, como se venía reclamando por distintos grupos parlamentarios y por algunas asociaciones empresariales que manifestaban su desacuerdo a la hora de plantear que se quedara sólo y exclusivamente como marca notoria y no se hiciera especial hincapié en la marca renombrada, que era lo que en nuestra legislación estaba acuñado desde hace más tiempo y con una mayor tradición y conocimiento. Por tanto, señorías, creemos que el texto ha sido mejorado en el Senado y que esta mejora ha introducido modificaciones que nosotros compartíamos en el debate en el Congreso, pero lamentamos que el Grupo Parlamentario Popular, con su mayoría, en esta ocasión vaya a frustrar las felicitaciones que nos estábamos dando por esa mejora en el texto votando en contra de muchas de las incorporaciones que se han hecho por el Senado y que van a dejar el texto como salió del Congreso, lo cual no es lo más aceptable ni lo más asumible. Por ello nuestro grupo parlamentario votará a favor de todas las enmiendas.
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Silva.
Mi grupo también va a votar a favor de las enmiendas que han sido introducidas en el Senado y que en buena parte culminan un proceso de negociación de algunas de las enmiendas presentadas precisamente por Convergència i Unió.
El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència y Unió se fijó en sus más de setenta enmiendas a la Ley de Marcas cinco objetivos fundamentales. Por un lado, salvaguardar las competencias autonómicas, tal y como habían sido definidas por la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, muy especialmente en materia de rótulo de establecimiento. En este ámbito, las negociaciones iniciadas en el Congreso con el compromiso de continuarlas en el Senado han fructificado precisamente en la enmienda que se introduce a la disposición transitoria tercera, punto 2, letra a), que permite que las comunidades autónomas con competencia en la materia puedan no sólo recibir las solicitudes de renovación de los rótulos de establecimiento, sino también resolverlas, registrarlas y percibir la tasa correspondiente. En segundo lugar, nos marcábamos como objetivo fundamental evitar y reducir las confusiones no ya entre los nombres comerciales y las marcas, sino entre éstos y las denominaciones de las personas jurídicas y los nombres de registro de Internet o incluso las denominaciones de origen. En esta cuestión, desde nuestro punto de vista, el proyecto de ley salió del Congreso satisfactoriamente. El tercer objetivo era modificar el procedimiento de registro. Un cuarto grupo de enmiendas pretendía garantizar la protección de la marca y del nombre comercial a través de una diferente regulación de las acciones judiciales, de los recursos contenciosoadministrativo, del arbitraje y de las acciones de nulidad y caducidad. Finalmente, un último apartado, al que ha hecho referencia también la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, quería establecer la distinción entre marca notoria y marca renombrada, distinción que fue negada en el Congreso y que se ha incorporado en el Senado a través de las enmiendas a los artículos 8.2, 8.3 y 42.2 y a la disposición adicional decimocuarta. También nos debemos congratular de que se haya introducido en el Senado una enmienda a la disposición adicional cuarta respecto al carácter parcialmente inhábil de los sábados, que deriva también de una enmienda que fue presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso. Por tanto, tres de los cinco grupos de enmiendas que ya habíamos negociado muy ampliamente en el Congreso han recibido acogimiento en el Senado. En consecuencia, debo manifestar nuestra satisfacción por el comportamiento
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que ha tenido el grupo mayoritario de la Cámara, mayoritario también en el Senado, que ha permitido culminar esas negociaciones. Por ello procederemos a votar favorablemente las enmiendas introducidas en el Senado. Algunas de estas enmiendas no tienen un contenido de fondo sustancial y lo que hacen es hacer más explícitas, sin entrar en el fondo, las competencias de las comunidades autónomas. Ello basta por sí sólo para que procedamos a votar a favor, sin perjuicio de que reconozcamos que en su gran mayoría tampoco se produce una ampliación competencial por razón de fondo, por lo que votaremos favorablemente todas estas enmiendas con independencia de su origen. En cualquier caso, quiero remarcar la mejora que se produce en el Senado respecto, como decía anteriormente, del registro de las renovaciones de los rótulos de establecimiento, que había sido ampliamente demandado por nuestro grupo, así como la distinción entre la marca notoria y la marca renombrada. Por tanto, tras manifestar esta satisfacción, procederemos a votar favorablemente.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, estamos hoy en el último momento de la tramitación parlamentaria de un intento, que considero parcialmente abortado, de modificación y actualización de la precedente Ley de Marcas. Es un intento normativo que merecía una culminación más feliz. Los ciudadanos, sin distinción de edades ni de estatus económico y social, buscan determinadas marcas y esto es lo que confiere seriedad e importancia al texto cuya tramitación culminamos hoy, porque las marcas son un intangible de la vida económica y social del país y son también un intento loable de tratar de acreditar la calidad de determinados productos y servicios. Sin embargo, se ha desaprovechado la oportunidad de regular, por ejemplo, los establecimientos de Todo a 100, que son una especie de marca no inscrita; se ha desaprovechado la oportunidad de llevar a cabo una regulación normativamente más intensa y menos esquelética que la que actualmente existe en materia de franquicia; se ha desaprovechado la oportunidad de que las marcas de garantía garanticen efectivamente la calidad de determinados productos y servicios y se ha invertido el orden lógico de lo que tiene que ser la protección de las marcas colectivas.
En las modificaciones introducidas por el Senado hay elementos que hemos de saludar de manera satisfactoria, enmiendas que vamos a apoyar, aunque nos consta que algunas de ellas, muy importantes, no van a ser votadas favorablemente por el Grupo Popular, como es acabar con la anomalía -por mucho que tenga entidad diplomática o entidad internacional- de la expresión «establecimiento serio y efectivo», que en España se traduciría como establecimiento que no puede ser tomado en broma, lo cual sí es una broma en el lenguaje jurídico. Nos parece más acertada la enmienda del Senado que propone llamarlos «establecimientos permanentes».
Ahora el Grupo Popular dirá que el tratado que hace referencia a estas cuestiones habla de «establecimientos serios y efectivos», como si la traducción a nuestro idioma tuviera que ser rigurosamente literal.
Esta ley que vamos a aprobar es poco moderna al no admitir, por ejemplo, en la época en que nos encontramos, que el sonido pueda ser un elemento distintivo de unos productos o servicios a no ser que estén representados gráficamente, es decir, a través del pentagrama.
Hoy cabe la reproducción del sonido por diferentes medios, sin acudir a las famosas fusas y semifusas. Se continúa sin entender cuál es la distinción entre la marca en general y la marca notoria y renombrada.
En el Senado se ha hecho un loable intento de aproximación, frustrado en su propósito, respecto de las concepciones que teníamos los diferentes grupos parlamentarios sobre esta materia. Se ha puesto la palabra renombrada junto a notoria, pero a costa de perder nitidez en los conceptos, porque ahora resulta que todas las marcas, incluidas las notorias, son renombradas, con lo cual esto se convierte en algo sin mucha trascendencia jurídica. Además, no se entiende cuál es la distinción entre la marca notoria y la marca renombrada. La marca notoria va contra el principio de prioridad en el registro, mientras que la marca renombrada va en contra del principio de prioridad en el registro y también contra el principio de especialidad. En las enmiendas a los artículos 8 y 34 nos vamos a abstener porque no compartimos la confusa doctrina que se contiene sobre esta cuestión a la que acabamos de hacer alusión.
Respecto a la enmienda al artículo 9, parece que el nombre comercial, la razón social o la denominación social sólo fueran características de la designación de las personas jurídicas. Por consiguiente, esa enmienda no la vamos a votar a favor. Tampoco vamos a votar a favor, aunque haya sido fruto de una laboriosa negociación, la expresión «designación comercial» porque no está definido. Cuando en una norma se introduce un término jurídico no acompañado de su definición o no definido por el uso incontestable que se haga de él se introduce confusión. Por consiguiente, esta enmienda la vamos a votar en contra. La enmienda al artículo 16.2 la votaremos favorablemente porque se refiere a la admisión expresa de las solicitudes que se presentan en las diferentes oficinas con competencia para ello. Esta resolución, si no fuera explícita, tendría que ser implícita y nos parece más respetuoso con los derechos del interesado que haya una resolución expresa de admisión de las solicitudes y documentación que las acompaña.
No vamos a votar favorablemente la enmienda alartículo 29.3 porque, aunque en el fondo no sea así,
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parece que hay mayor esmero jurídico en las notificaciones cursadas a través del representante que en las que se cursen directamente al interesado.
Votaremos de una manera testimonial en contra de la enmienda al artículo 46, porque estamos en desacuerdo con ella pues no introduce una modificación sustancial respecto del texto del artículo remitido por el Congreso, y porque estamos en desacuerdo también con el texto que en su día se remitió por el Congreso. Nos parece que el hecho de que no se obligue a todos los partícipes comuneros de una marca a litigar conjuntamente va en contra de un litis consorcio necesario, en el que los efectos de cosa juzgada se van a producir para las partes que no hubieran litigado. De acuerdo con la doctrina de nuestro Código Civil, sería obligatorio que en este caso existiera un litis consorcio. Vamos a votar asimismo en contra de la enmienda a la disposición adicional tercera, apartado 1, porque no respeta el principio de reserva de ley orgánica. Y vamos a votar en contra de la enmienda a la disposición adicional octava, porque es poco respetuosa con la propaganda oficial que se viene haciendo por el Gobierno acerca de la sociedad de la información y del conocimiento, que es más de la información que del conocimiento porque el conocimiento, entre otros el humanístico, se está perdiendo, pero además porque en el texto remitido por el Congreso se daba un plazo de dos años para que se adecuasen a los soportes electrónicos las actuaciones de las oficinas que intervienen en materia de marcas. Se ha suprimido el plazo de dos años, con lo cual se ve que el tan cacareado Plan Info es pura propaganda panfletaria.
Para terminar, lamentamos que se haya tirado por la ventana el principio de realidad social en materia de rótulos de establecimientos, que, además de ser una creación autóctona del derecho español, resulta que van a seguir existiendo como actualmente o en mayor número, pero se van a quedar huérfanos de regulación con un traje que no es a la medida, que es el de la marca de servicios.
Se ha desaprovechado también la oportunidad de rebajar las tarifas y se ha dado una manifiesta falta de fe del grupo mayoritario en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya que en el texto que ahora nos llega desde el Senado se habla del Ministerio en el que estuviera encuadrada la Oficina Española de Patentes y Marcas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Navarrete.
Grupo Parlamentario Popular. Señor Fernández de Troconiz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nos encontramos hoy, como ya se ha dicho, en el último escalón que ha de seguir la ley de marcas para que vea su luz en el Boletín Oficial del Estado. He de decirles que desde mi grupo parlamentario estamos enormemente satisfechos tanto por el contenido del proyecto de ley, en su día ley, como por la tramitación parlamentaria que se ha seguido. A lo largo de esta tramitación parlamentaria se ha hecho un gran esfuerzo de transacción y de consenso por el Grupo Parlamentario Popular -y he de decir que también por los demás grupos parlamentarios- para conseguir un texto homogéneo, compacto y fundamental y en el que esencialmente ha lucido una vez más el acuerdo mayoritario de la Cámara, por supuesto independientemente de los matices y de las discordancias que puedan existir.
Hay algunas enmiendas del Senado, sin embargo, con las que no podemos estar de acuerdo. Sí estamos de acuerdo con las que se refieren a concordancias gramaticales o a correcciones de estilo que en su día se hicieron en la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero hay una serie de enmiendas que rompen el conjunto homogéneo de reparto de competencias establecidas entre el Estado y las comunidades autónomas en las transacciones realizadas en su día en el Congreso. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con estas enmiendas que el Senado introduce. Y he de remitirme, para no alargar mi intervención de esta mañana, a aquellas mismas argumentaciones, porque no son sino repetición de las enmiendas en su día debatidas y rebatidas en la Comisión de Ciencia y Tecnología, y ahora los argumentos han de ser lógicamente iguales. Nos referimos básicamente a que la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente la anterior Ley de Marcas no contemplaba estos extremos. Sin embargo hay también algunos tratados internacionales que expresamente establecen la competencia específica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, a pesar de lo cual, y a pesar de lo que ha dicho mi querido amigo el señor González de Txabarri, en el Congreso sí que transigimos en muchas enmiendas para dar un componente más armónico y mucho más participativo a las comunidades autónomas en materia de modificación de marca, renovación de marca y transmisión de marca. Hemos de estar de acuerdo con esta distinción que en su día estuvimos viendo en profundidad en el Congreso con relación a la marca notoria y la marca renombrada, distinción que a mi juicio no sirve absolutamente para nada por cuanto una marca renombrada es una marca notoria conocida por todo el público en general y en esa medida carece de sentido darle un apelativo específico, sin perjuicio de lo cual y puesto que no existe una oposición social a la distinción y sin embargo sí existe un empuje muy importante y un sentido social también importante a que se distinga entre marca notoria y marca renombrada, a los efectos de que exista armonía social en materia de marcas y los que se dedican y se protegen a través de este sistema de propiedad industrial, los productos obtenidos por su ingenio, su trabajo,
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su esfuerzo, por eso, vamos a votar a favor de las enmiendas que se refieren a la distinción entre marca notoria y marca renombrada.
Cosa bien distinta sería si, en vez de distinguir entre marca notoria y marca renombrada, se estableciese un procedimiento especial y específico de marca como notoria o como renombrada, sistema que se ha implantado en multitud de ocasiones en el seno de la asociación mundial de la propiedad industrial y que nunca ha dado frutos, dada la enorme dificultad de prueba que tiene. Estamos hablando de una prueba a nivel administrativo entre marca notoria y marca renombrada.
Hemos de votar por esto necesariamente en contra de las enmiendas al artículo 3.1 y 5.1.i). También hemos de hacerlo, de acuerdo con el señor Navarrete, con relación al artículo 9.1.d), en cuanto introduce un concepto jurídico ajeno a nuestro derecho cual es el de designaciones sociales, pues no sabemos exactamente a qué puede referirse. Votaremos en contra, de acuerdo con las argumentaciones antes señaladas, señora presidenta, en relación con el artículo 16.2 -no así a su apartado primero- y lógicamente a toda la numeración correlativa que se establece a partir de la modificación que realiza el Senado en el apartado segundo del artículo 16. Hemos de votar necesariamente en contra del artículo 26, en lo que se refiere al título y a la entradilla, también conocida por preámbulo. Asimismo votaremos en contra de los artículos 29.1, 32.1, 33.2, y del 50 en sus apartados 2 y 5 así como al artículo 57 en su apartado segundo. Y en materia de disposiciones adicionales, votaremos en contra de la disposición adicional quinta en lo referente a la entradilla o preámbulo y de la disposición adicional octava, apartado primero. Tal vez podríamos plantearnos un voto en contra de la disposición transitoria octava, cosa que no vamos a hacer en la medida en que nos comprometimos en el Congreso a que, en materia de rótulos de establecimientos, intentaríamos dar cabida y entrada a las comunidades autónomas para que tuviesen competencia en esta materia, cosa que se ha realizado en el Senado con la enmienda que se introduce en la disposición transitoria citada. A efectos de que no exista confusión al respecto, en el artículo 29 sí votaremos a favor de la modificación que se realiza al apartado tercero en lo que se refiere a la enmienda del Senado.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, he de decirles que siento por el Senado la misma simpatía que por Ricardo Damer muestra el marqués de Bradomín cuando está por tierras mejicanas. A pesar de esto, no es que sirva en absoluto para sacarnos una espina con relación a este voto en contra -que tal vez se pueda considerar masivo- de las enmiendas del Senado. Tal vez se deba a que el Senado incurrió en un error al realizar la votación favorable a estas enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco reiterando las que en su día presentó en el Congreso. En Comisión fueron todas rechazadas y no ocurrió así en el Pleno de la Cámara.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández de Troconiz.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de marcas. En primer lugar, las enmiendas al artículo 3, apartado 1; 16, apartado 2; artículo 26 y artículo 29, apartado 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 123; en contra, 165.
Votamos a continuación las enmiendas al artículo 11, apartado 5; artículo 16, apartado 1; artículo 42, apartado 2; 43, apartado 3; 91, apartado 1; disposiciones adicionales cuarta; decimotercera, apartados 1, 2 y 3; decimocuarta; decimoquinta; disposición derogatoria única, apartado 2 c) y disposiciones finales primera, segunda y tercera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 289.
Enmiendas a los artículos 5, apartado 1 i); 9, apartado 1 d); 32, apartado primero; 33, apartado segundo; 50, apartados 2 y 5; 57, apartado 2; y disposiciones adicionales quinta y octava, apartado primero.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 27; en contra, 262.
Enmiendas al artículo 29, apartado 3; 46, apartado primero; disposición adicional tercera, apartado 1; disposición transitoria tercera, apartado 2 a).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 196; en contra, 93.
Enmiendas al artículo 8, apartados 2, 3 y 4, y al artículo 34, apartado 2.c).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 192; en contra, uno; abstenciones, 96.
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Votamos a continuación las enmiendas a la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 288.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 287; en contra, uno; abstenciones, dos.
(Número de expediente 121/000041.)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Núñez. (Rumores.-Pausa.) Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio y con diligencia.
Adelante, señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero dar primero por defendidas las enmiendas presentadas por los restantes miembros del Grupo Mixto, concretamente por el señor Puigcercós, por el señor Saura y por la señora Lasagabaster. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) Voy a detenerme brevemente en la defensa de las enmiendas presentadas por este portavoz andalucista relativas al derecho de asociación que desde nuestro punto de vista tienen los militares. Señorías, el artículo 22 de la Constitución reconoce el derecho de asociación a todos los ciudadanos españoles, refiriéndose las únicas limitaciones a los objetivos de las asociaciones, si son ilícitos, y en ningún caso a la condición personal de los que se asocian. Según la Constitución, la única limitación que tienen los militares se refiere a la sindicación, a los sindicatos. Por tanto, hemos presentado una enmienda en la que pedimos que se admita que los militares pueden asociarse en defensa de sus derechos sociales, económicos y profesionales, sin más limitación que la recogida en la Constitución respecto a que no pueden pertenecer a estructuras sindicales. Nos parece, señorías, que lo contrario sería conculcar la Constitución. Sería una discriminación en razón de que nadie puede ser discriminado por su condición y, evidentemente, una de las condiciones que tenemos los ciudadanos es la profesión. Este derecho está reconocido en otros países de la Unión Europea, por lo que a estas alturas nos parece que también debería estar contemplado en nuestra legislación.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
Para la defensa de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Señoras y señores diputados, no sé cuantas veces habré hecho uso de la palabra en ponencia, en Comisión y Pleno, para defender unas ya tradicionales enmiendas solicitando la anulación del artículo 181 de las Reales Ordenanzas en aquellos aspectos que vienen a interpretar, con una literatura ambigua, que los militares de las Fuerzas Armadas españolas no tienen derecho de asociación. Hemos presentado enmiendas para que se haga un reconocimiento expreso de este derecho constitucional señalado en el artículo 22 de la Constitución española. A este aspecto recogido en esta ley orgánica reguladora del derecho de asociación se dirigen las dos enmiendas, números 43 y 59, que mi grupo ha mantenido para su debate y votación en este trámite del Pleno de la Cámara.
La enmienda 43 pretende la supresión lisa y llana del apartado c) del artículo 3 de este proyecto de ley, porque este apartado viene a decir que los miembros de las Fuerzas Armadas o de los institutos armados de naturaleza militar habrán de atenerse a lo que dispongan las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y el resto de sus normas específicas para el ejercicio del derecho de asociación. Mi grupo entiende que esto infringe y conculca el derecho que el artículo 22 de la Constitución española concede a todos los ciudadanos, sean de paisano o sean de uniforme, como los militares.
Aquí hay una contradicción jurídica tremenda. Estamos discutiendo el texto de una ley orgánica reguladora del derecho de asociación. Y el derecho es orgánico, porque está recogido en el artículo 22 de la Constitución. Si este proyecto de ley se aprueba manteniendo el apartado c), resulta que, como este apartado está remitiendo el derecho a la ley que aprobó las Reales Ordenanzas, está diciendo que son una ley orgánica. Se está remitiendo un derecho a una ley ordinaria, una ley ordinaria que ha sido puesta en tela de juicio por la fecha en que
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se firmó por Su Majestad el Rey y que aparece publicada meses después de publicarse la Constitución española. En las Reales Ordenanzas hay unas referencias expresas, en número de cinco o seis, precisamente a la Constitución española y mantiene un artículo 181 evidentemente inconstitucional. Nosotros entendemos que una ley orgánica no puede remitir a una ley ordinaria el reconocimiento de un derecho que viene regulado por ley orgánica en razón del artículo 22 de la Constitución española. Nosotros vamos a pedir -y lo anuncio ya, señor presidente- votación separada del apartado c) del artículo 3 de este proyecto de ley.
Se ha introducido una figura espuria y extraña entre lo que es un sindicato y lo que es una asociación. Ha habido alegaciones de los que se oponen al derecho de asociación recurriendo a un verdadero esperpento terminológico, que es la agrupación o entidad parasindical. No existe esa figura en el ordenamiento jurídico español, o se es sindicato o se es asociación, pero las asociaciones tienen un régimen muy constreñido, muy reservado y muy restringido.
La Ley orgánica de libertad sindical dice claramente que los militares no podrán sindicarse. Efectivamente, y nosotros lo defendemos también. Yo defiendo el derecho de asociación y estoy en contra del derecho de sindicación porque no es ningún derecho, porque no está reconocido para militares ni en la Constitución ni en la Ley orgánica de libertad sindical. Por otra parte, la Ley orgánica de libertad sindical al excluir a los militares viene también a definir unas potestades, prerrogativas o figuras que definen la naturaleza competencial de los sindicatos remitiéndoles precisamente a los derechos de huelga que están en el artículo 28.2 de la Constitución española, a la negociación colectiva, artículo 37.1 de la Constitución española, y al conflicto colectivo, que lo administran también los sindicatos, recogido en el artículo 37.2 de la Constitución española. Por tanto, el tema está claramente delimitado.
No se trata de entidades sindicales a las que se les puede negar el derecho constitucional recogido en el artículo 22 para constituirse como asociación.
Al mismo tiempo, estamos predicando un mensaje a la sociedad española de cultura de defensa. Pero, ¿qué instrumentos se van a emplear para la cultura de defensa? Súmense todos los que haya constitucionalmente, desde programas para escolares, publicaciones, etcétera, hasta aquellos que pretenden generar una idea que es necesaria. Ahora que se habla de patriotismo constitucional resulta que excluimos del derecho de asociación, recogido en el artículo 22 de la Constitución, a los militares que tienen unos deberes de custodia de la seguridad y de la defensa de la nación española, del Reino de España como Estado soberano, que no van a poder ejercer el derecho de asociación, cuando puede ser un instrumento más para que se haga llegar a estratos de la sociedad española una cultura de defensa, aparte de que puede ser verdaderamente un reservorio de ideas que inspiren la todavía nonata administración del reservismo español en las Fuerzas Armadas, fuerzas cada vez más reducidas en cuanto a sus efectivos de servicio activo y de tropa fundamentalmente. Ahora resulta que vamos a desaprovechar una energía vital de los que han sido militares de servicio activo y que con las nuevas leyes son considerados militares en la reserva o en el retiro.
¿Es que vamos a discriminar un derecho de asociación entre militares en activo, militares en la reserva o militares en el retiro? Esto tiene que administrarse. Cuando he defendido mis enmiendas siempre he dicho que tendrá que ser el Ministerio de Defensa quien después de reconocido este derecho redacte el reglamento correspondiente. Aquí no se está pidiendo que las asociaciones militares queden en un limbo de indeterminación de exigencias reglamentarias en cuanto a la manera de asociarse o al número de asociados mínimos que debe tener una asociación para no crear unos reinos de taifas, una serie de miniasociaciones inoperativas por sí mismas, salvo que tengan una especialidad muy determinada, muy científica, muy cultural, para que tengan plenamente reconocido el derecho de asociación de militares escritores o de militares dedicados a una actividad artística determinada como tienen otras profesiones. Estas miniasociaciones, aunque sean minoritarias, son específicas y tienen que estar reconocidas frente a otras asociaciones de ámbito general que pudiera haber.
Se han producido dos hechos importantes, señorías. Uno, que la Cámara portuguesa acaba de aprobar dos leyes orgánicas, la Ley orgánica 3/ 01, que reconoce el derecho de los militares portugueses a la asociación profesional, y la Ley orgánica 4/01 del Parlamento portugués, que viene a reconocer derechos fundamentales de los militares portugueses. Hasta Portugal, Estado minoritario en cuanto a aportación de Fuerzas Armadas a la estructura de la OTAN, se ha adelantado democráticamente a esta Cámara en regular un derecho para el cual están en este momento perfectamente dotados una serie de componentes de las Fuerzas Armadas de países democráticos de Occidente pertenecientes a la Alianza Atlántica.Lo que va a ocurrir es que cuando los compañeros militares de los distintos países hablen entre sí en los cuarteles generales de la OTAN, el pobre militar español dirá: Yo no tengo reconocido el derecho de asociación por mis leyes orgánicas, pese a lo que dice la Constitución española.
Además de este derecho comparado con la vecina nación hermana de Portugal que cito hoy, debido a la demora en traer al Pleno esta votación del poryecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación por circunstancias procesales, afortunadamente se acaba de dictar por el Tribunal Constitucional una sentencia magistral al respecto. La sentencia, dictada con fecha 30 de octubre y publicada el día 2 del actual mes de noviembre, viene a decir que ha concedido el amparo
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que le presentó una asociación de militares españoles, denominada Hermandad del personal militar en situación ajena al servicio activo -porque era con la legislación profesional anterior- y en su nombre su presidente, el señor Conde Monje. El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que en su fallo reconoce que se ha vulnerado el derecho de la asociación de la hermandad recurrente a estar en el Registro de Asociaciones. Esta sentencia anula las resoluciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de marzo y septiembre de 1991, así como la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Primera, de septiembre de 1992, y la sentencia de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Supremo, Sección Séptima, de 30 de junio de 1997, y ordena la inscripción en el Registro de Asociaciones de la modificación estatutaria aprobada por la hermandad. A esto se ha sumado un voto particular del magistrado del Tribunal Constitucional, don Julio Diego González Campos, que es magistral. Estando de acuerdo plenamente y habiendo firmado la sentencia del Tribunal Constitucional, viene a decir, a más de, que se implica que el artículo 181 de las Reales Ordenanzas, que interpreta que se prohíbe la asociación a los militares, es inconstitucional. Dice que en las razones que alega para causas jurídicas el Tribunal Constitucional está implícita la conculcación del artículo 22 de la Constitución española por una aplicación restrictiva y extraña del artículo 181 de las Reales Ordenanzas. Sencillamente pide que se reconozca la diferencia que existe entre una asociación y un sindicato. Una asociación reivindicativa no existe entre nuestras figuras jurídicas; se es reivindicativo cuando se es sindicato, pero se es otra cosa cuando se es asociación cooperadora y colaboradora del ordenamiento legal. Por tanto, este voto particular del magistrado González Campos cuestiona la constitucionalidad del artículo 181.1 de las Reales Ordenanzas y acaba de abrir la modificación que se tendrá que producir a estos efectos.
Por lo demás, señor presidente, mi grupo va a votar favorablemente el resto de la ley, porque entiende que es una buena ley. Mi grupo quiere reconocer la colaboración y el entendimiento que ha habido con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don José Antonio Bermúdez de Castro, respecto a las múltiples enmiendas que ha presentado Coalición Canaria. Había un afán de consenso que ha contribuido a un perfeccionamiento de la ley. El texto articulado se ha podido instrumentalizar gracias a la encomiable labor realizada por el letrado de nuestra Comisión, don Manuel Fraile Crivillés, que quiero reconocer aquí. Él ha sabido poner nuestras ideas en correcta literatura castellana para que el derecho tuviera una expresión clara y contundente. Mi grupo va a votar el resto de la ley y por supuesto su carácter orgánico, porque en ello está la base de que una cosa orgánica tiene que respetar la remisión a leyes orgánicas y constitucionales.
Nuestras enmiendas, que fueron plenamente aceptadas -y lo saben bien el señor Bermúdez de Castro, el señor letrado y los compañeros que estuvieron en la ponencia y en la Comisión-, han contribuido a ser principio inspirador entre los registros nacionales y autonómicos de asociaciones y a la conexión entre los registros tanto nacionales como autonómicos, no ya por la coordinación que se pretendía al principio, sino por una vía de cooperación y colaboración, que es muy buena para la salud política del Estado de las autonomías en relación con la Administración central. Hemossuprimido las referencias a aportaciones condicionales en las asociaciones, que hubieran introducido sombras de duda en la intencionalidad de las aportaciones que hubieran sido condicionales a determinados fines previsiblemente espurios. Hemos consolidado el principio de la audiencia previa a los asociados cuando haya que determinar un trámite restrictivo. Hemos permitido que las asociaciones puedan tener dos años de plazo para adaptar la parte de sus estatutos contemplada en la legislación actual a ésta, que es innovadora. Pensemos en tantas asociaciones de vecinos que no tienen una asistencia letrada ni jurídica y que tienen que estar preguntando, démosles dos años para hacer las cosas bien.
El régimen interno de las asociaciones queda muy bien estructurado, ordenado y clarificado para que no haya usos espurios del mismo.
Creemos que es una gran ventaja haber incluido la figura de las confederaciones y uniones de asociaciones, porque esto también vertebra la sociedad civil, vertebra al Estado, a las provincias dentro de una comunidad autónoma, a unas comunidades autónomas con otras, y supone un resultado de Estado con la suma de las asociaciones que desde un ámbito local, provincial, autonómico, regional o estatal, tienen que esta aquí.
Creemos -mi grupo lo considera así y así lo vamos a votar- que es un magnífico avance, una ley orgánica muy buena, que va a ordenar y regular un sector tan importante para la convivencia nacional y para hacer valer sus derechos ante las administraciones públicas como son las asociaciones que regula esta ley. Por lo demás, repito, mi grupo mantiene las dos enmiendas que se refieren al derecho constitucional, a nuestro juicio, de los militares que con su servicio a España sirven a la Constitución. Quien tiene que defender la Constitución y participar de ella tiene que considerarse parte activa y positiva en la misma.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pajín.
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La señora PAJÍN IRAOLA: Señor presidente, señorías, es la tercera vez que subo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para defender un nuevo marco regulador del derecho de asociación y, con ello, un nuevo modelo de vertebración social, fundamental para el avance de nuestra democracia.
En abril lo hacía para defender un proyecto de ley orgánica del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo debate en la Cámara fue abortado por la mayoría absoluta del Partido Popular, que impidió su toma en consideración. A finales de septiembre presentábamos una enmienda a la totalidad con texto alternativo y, en coherencia con aquella proposición de ley, al proyecto presentado en esta Cámara por el Gobierno. Hoy tengo que decir que estamos debatiendo un proyecto de ley, mejorado después de la aceptación de algunas enmiendas parciales y fruto del debate durante la ponencia desarrollada en la Comisión Constitucional. Sin embargo y a pesar de los cambios que el proyecto ha experimentado en la fase de ponencia, el Gobierno, a nuestro modo de ver, ha dibujado a través de esta ley, de este nuevo marco normativo, el modelo de participación social que está practicando desde el Gobierno y que no comparte el Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, no compartimos algunos aspectos de fondo de esta ley, aunque sí coincidimos en otros. Coincidimos, por ejemplo, en los avances que se han producido en la ponencia, gracias a la incorporación de varias enmiendas, tanto de otros grupos parlamentarios como del Grupo Parlamentario Socialista, todas ellas encaminadas a asegurar un mayor funcionamiento democrático de las asociaciones y una mayor transparencia en su funcionamiento interno.
En ese apartado creo que la ley es aceptable porque garantiza el funcionamiento y el respeto de los valores democráticos de las asociaciones. Sin embargo, demás de los aspectos de fondo, más ideológicos y que tienen que ver con cómo entendemos la capacidad de intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos la izquierda y la derecha, nos parecen especialmente graves los aspectos que deja fuera esta ley y que no desarrolla en su articulado. Decía ayer un compañero en esta Cámara que esta ley pasará a la historia no por lo que dice sino por lo que no dice. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que el Gobierno ha desaprovechado la ocasión de convertir el nuevo marco legal en un auténtico instrumento de fomento a la participación ciudadana y al desarrollo del asociacionismo en nuestro país.
Además, la ley tiene grandes lagunas y deja sin solucionar algunos aspectos fundamentales para el funcionamiento interno de las asociaciones como, por ejemplo, la capacidad de retribución de los cargos directivos, que si bien queda expresada en el artículo 10, ese derecho se vuelve a limitar en el artículo 30. Señorías, el proyecto de ley que estamos debatiendo favorece unas formas de participación en detrimento de otras. Favorece a la Iglesia católica, en detrimento de otras confesiones; favorece a un modelo de asociación, en detrimento de múltiples modelos; favorece las actividades de acción social de unas pocas grandes organizaciones, en detrimento de la mayoría de las más de 240.000 asociaciones que están inscritas actualmente en el registro de Interior. Además de esto, esta ley, que no recoge todas las aspiraciones del movimiento asociativo, otorga garantía legal a un tipo de relación entre las ONG y el Gobierno, a nuestro modo de ver no suficientemente transparente y sin suficientes mecanismos de control en las subvenciones y ayudas públicas. Por eso esta ley puede dar lugar a múltiples picarescas regulando asuntos que debieran ser abordados en otras leyes, como las relaciones entre las asociaciones prestadoras de servicios y el propio Estado. Señorías, no vale sólo con firmar convenios, el Gobierno tiene que saber que es necesario, además, regular unos principios y unos requisitos previos. Señorías, queda de manifiesto que la pretensión del Gobierno con esta ley no ha sido sólo elaborar un nuevo marco legal que regule el derecho de asociación de una manera aséptica. Ha querido regular también el modelo de organizaciones y el modelo de participación que defiende el partido del Gobierno y que está plasmado en su acción de Gobierno desde el año 1996. El modelo que defendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista difiere bastante del modelo que nos presenta esta ley del Gobierno, y por eso les adelanto que el Grupo Parlamentario Socialista tendrá que votar en contra de esta ley.
Señor presidente, señorías, me voy a referir sólo a tres aspectos por los que el proyecto de ley nos parece corto y alejado de la realidad social que pretende regular. En primer lugar, pensamos que el Gobierno podría haber aprovechado este momento para modificar lo que se aprobó en la reciente Ley de extranjería, que restringe el ejercicio del derecho de asociación a los extranjeros que viven en nuestro país. El Grupo Parlamentario Socialista piensa que esta ley debía incluir a todas las personas que viven en nuestro país, independientemente de su nacionalidad o de su situación administrativa, porque estamos ante un derecho fundamental y un derecho humano esencial. No entendemos que una persona que esté aquí trabajando, tenga o no los papeles en regla, no pueda asociarse a un club deportivo, a una asociación cultural o a cualquier ONG, y además creemos que esto es inconstitucional, como sostuvimos en el recurso de inconstitucionalidad que presentamos en su día a la Ley de extranjería. Señorías, la limitación del ejercicio de este derecho fundamental a estos extranjeros es contraria al Convenio europeo de los Derechos Humanos de 1950, donde se establece claramente el derecho de asociación de todas las personas, sin ningún tipo de limitación, y esta regulación es contraria también a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea aprobada por unanimidad por el Parlamento Europeo. Esta Carta de Derechos Fundamentalesdice claramente que todas las personas, sea
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cual sea su condición o su situación, tienen una serie de derechos fundamentales, entre los que está el derecho de asociación. Esta ley nace coja, señorías, porque deja sin este derecho a decenas o a centenares de personas en nuestro país y, además de estar coja, es inoperante ante la realidad evidente de los hechos. Señorías, los inmigrantes, los extranjeros que llegan a nuestro país se encierran en las iglesias, se asocian y se unen para defender unos intereses comunes, independientemente de su situación legal. Y ante esas situaciones, ¿qué estamos haciendo? Se lo voy a decir a los señores del Partido Popular: estamos mirando hacia otro lado.
Un segundo aspecto importante que no recoge esta ley es el derecho de asociación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, como también ha puesto de manifiesto el portavoz de Coalición Canaria. Creemos que el derecho de asociación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil no queda garantizado. El Grupo Parlamentario Socialista tiene su propia idea del derecho de asociación de estos colectivos profesionales, que además se debatirá cuando tratemos otras iniciativas legislativas que traeremos a esta Cámara. No obstante, aun entendiendo que no tendría sentido entrar en esa ley a regular el derecho de asociación de los miembros de las Fuerzas Armadas, sí consideramos que hay que distinguir entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y que hay que hacer un reconocimiento del derecho profesional de la Guardia Civil, ya que es un cuerpo de seguridad que realiza funciones civiles, aunque tenga un estatuto disciplinario militar. Además no hay nada en la Constitución española que impida este derecho de asociación profesional. Tener un derecho de asociación profesional no es lo mismo que el derecho de asociación sindical, es algo bien diferente y hubiera sido una buena oportunidad, perdida por el Gobierno, que esta antigua reivindicación de la Guardia Civil fuera tenida en cuenta en la ley, simplemente con el reconocimiento de derecho de asociación profesional aunque su regulación se remita a una regulación específica.
Otro de los aspectos de la ley al que me gustaría referirme hoy es una modificación que ha introducido una enmienda el Grupo Popular y que tiene que ver con dejar fuera de esta ley a las asociaciones civiles de la Iglesia católica. Ya manifestamos en la ponencia, señorías, que nos parece impropia e injustificada y que realmente no alcanzamos a saber el objeto real de esta enmienda incorporada al artículo 1. Es un aspecto importante que modifica la actual situación de estas asociaciones y no comprendemos la justificación de la excepción que se pretende. El argumento esgrimido por el Grupo Parlamentario Popular en la ponencia fue la vigencia del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede del año 1979, aunque este argumento no se sostiene. En dicho acuerdo, en el párrafo 4 de ese artículo 1, se dice que el Estado reconoce la personalidad jurídica civil, por un lado, a órdenes y congregaciones religiosas y, por otro, a asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas que son las que nos interesan a los efectos de esta ley. Respecto de las primeras no tenemos nada que decir, porque tienen su regulación por el derecho canónico, pero de las segundas, de las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas dice estrictamente el Acuerdo entre España y la Santa Sede que podrán adquirir la personalidad jurídica civil con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento del Estado mediante la inscripción en el correspondiente registro. Por tanto, si se excluye a estas asociaciones de esta ley se está contradiciendo precisamente lo que dice el concordato. Está claro que el Acuerdo Estado-Santa Sede obliga a lo contrario, a que se rijan por el ordenamiento civil, por este proyecto de ley que hoy debatimos, cuando se trate de asociaciones con personalidad jurídica civil y no entendemos, por esta razón, la excepción que ha incorporado el Grupo Popular.
Señorías, esta situación puede dar lugar a la ausencia de control de estas asociaciones que, además, se benefician de importantes ayudas y subvenciones públicas. Esto supone también una importante discriminación con respecto a otras confesiones religiosas porque se deja al margen de esta regulación a las asociaciones civiles de la Iglesia católica, pero, ¿qué hay de las asociaciones civiles de la iglesias mormona, musulmana, judía o de otras? Estas asociaciones de la Iglesia católica no tendrán, según esta nueva ley, que estar sujetas a los principios democráticos y de transparencia que se exigen al resto de organizaciones sociales. En cambio, tal y como están las cosas actualmente, podrán competir en las mismas condiciones en el reparto de subvenciones públicas.
Estos tres aspectos son sólo tres de los puntos importantes por los que no podemos apoyar este proyecto que, además, adolece de un apartado de fomento del asociacionismo suficientemente desarrollado.
Esta ley no garantiza mecanismos de fortalecimiento e independencia del sector con respecto a las administraciones públicas ni tampoco avanza en cauces de participación institucional de las asociaciones.
Lamentamos que no hayan sido tenidas en cuenta las propuestas realizadas por el Grupo Parlamentario Socialista, una y otra vez, dirigidas a un mayor fomento del asociacionismo y a garantizar su independencia. Lamentamos que el Gobierno no haya aceptado nuestras propuestas para la creación de consejos de participación ciudadana, de planes plurianuales para el fomento del asociacionismo ni la creación de un consejo superior de asociaciones como órgano consultivo.
Señorías, créanme que lamentamos profundamente no poder compartir este proyecto de ley, dada la trascendencia social y el derecho fundamental que regula. Hubiera sido deseable que fuera aprobado hoy por unanimidad y con el consenso de todos los grupos parlamentarios, sin excepción, representados en esta Cámara.La gente, señorías, quiere romper barreras entre gobernantes
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y gobernados y desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos entendido desde el inicio de esta tramitación que esta ley debía enmarcar las líneas mínimas que dieran cuerpo al derecho de asociación recogido en el artículo 22 de nuestra Constitución y, al mismo tiempo, dar respuesta al artículo 9.2 de nuestra Carta Magna.
Nuestro objetivo era ofrecer un amplio marco de fomento de la participación ciudadana en los asuntos de la vida pública, porque estamos convencidos de que es una necesidad para fortalecer nuestra democracia y un deber para los partidos políticos, que deben hacer todo lo posible para fomentar una ciudadanía cada vez más activa.
Señorías, hace más de un año que los medios de comunicación de todo el mundo nos han llamado la atención sobre el nacimiento de una nueva conciencia ciudadana mundial capaz de movilizar a miles de personas de todo el mundo cada vez que se desarrolla un encuentro internacional de los Estados, los gobiernos y las instituciones más poderosas del mundo. Esta masa ciudadana reivindica más participación, reivindica ser escuchada y que los poderes públicos, los Estados, las instituciones, los políticos y los gobernantes tengan en cuenta sus propuestas para gobernar el mundo. Me estoy refiriendo a los llamados grupos alternativos que han surgido al albor del proceso político de la globalización y que como ejemplo me sirven para decir hoy en este debate que no podemos estar al margen de lo que nos plantea la ciudadanía. No sólo no podemos quedar al margen de las reivindicaciones ciudadanas, señorías, sino que no estaremos actuando correctamente si no somos capaces de establecer marcos adecuados que fortalezcan los cauces institucionales de participación de los ciudadanos y del Gobierno en sus propios asuntos. Les voy a poner tres ejemplos concretos: Esta misma semana conocíamos que el Consejo Asesor del Medio Ambiente, un órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente regulado por real decreto, ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo porque no se ha reunido ni una sola vez en cuatro años, a pesar de que su normativa establece que debe reunirse al menos una vez cada tres meses. Hace unos meses, y hoy volvemos a leerlo en la prensa, algunas organizaciones presentaban también un recurso por la constitución del Foro de la inmigración que había hecho el Gobierno saltándose todo el procedimiento establecido. Asimismo, hemos asistido recientemente al desplante de la coordinadora de las ONG para el desarrollo...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Pajín, le rogaría fuera concluyendo.
La señora PAJÍN IRAOLA: Sí, ya acabo.
Decía que hemos asistido recientemente al desplante de la coordinadora de las ONG para el desarrollo, ante el cambio arbitrario que quería imponer el Gobierno sobre su composición y sus funciones.
Estos hechos, señorías, que ya advertimos en la ponencia, no son sino reflejo de una forma de entender la participación ciudadana y la importancia de los cauces institucionales de interlocución del Gobierno con la sociedad civil y son, desde luego, unas formas de entender la participación que difieren por completo de las que defendemos desde el Grupo Socialista y que pretendíamos, desde el principio, instaurar con esta ley mediante un marco objetivo de regulación que permitiera más independencia y más fortalecimiento del tercer sector en nuestro país.
Señorías, no es por la participación, no es por el fortalecimiento del sector, no es por la mejora de nuestra democracia por lo que ha apostado el Gobierno en esta ley, que no podemos sino votar en contra desde el Grupo Socialista si queremos mantener nuestra coherencia con un modelo abierto, activo y de participación. Créanme, señores del Partido Popular, que me hubiera gustado repetir las palabras del portavoz de Coalición Canaria en un consenso que siempre hemos pedido en esta Cámara. Lo pedimos cuando dimos el primer paso presentando una proposición de ley, lo pedimos cuando presentamos el texto alternativo y lo hemos pedido en la ponencia. Agradezco el talante durante el trabajo en la ponencia, pero tengo que decirles que hay encima de la mesa dos modelos de participación radicalmente diferentes y tenemos una ley que a día de hoy restringe los derechos de cientos de personas en nuestro país y que no puede compartir el Partido Socialista. Esperemos que a partir de ahora y en el desarrollo de su reglamento podamos llegar a un mayor acuerdo por el bien de la democracia y por el bien del asociacionismo en este país.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pajín. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
Señorías, comparezco en el Pleno para expresar la posición del Grupo Vasco en relación con el dictamen emitido por la Comisión constitucional acerca del proyecto de ley orgánica del derecho de asociación. El proyecto que debatimos viene a responder, aunque con algún retraso, a una demanda planteada en numerosas ocasiones por un amplio haz de organizaciones sociales y políticas, así como por un gran número de los grupos parlamentarios de esta Cámara en las numerosas iniciativas que se han venido presentando a lo largo de los años en relación con el desarrollo de este derecho fundamental. Se trata de una demanda plenamente justificada, pese al amplio periodo de tiempo transcurrido desde la aprobación de la Constitución. Lo cierto es que el artículo 22 que reconoce el derecho de asociación no había sido objeto de un desarrollo directo actualizado, coherente y acorde con las obligaciones que a la regulación del hecho asociativo impone a unEstado social y democrático de derecho.
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El hecho de que el Tribunal Constitucional calificase como pasividad del legislador estatal hacía que la regulación legal del hecho asociativo corriera a cargo de una ley preconstitucional, la Ley de 24 de diciembre de 1964. En aquellas comunidades autónomas que habían traducido responsablemente normas legislativas o competencia exclusiva sobre determinado tipo de asociaciones se realizaría a cargo de unas leyes autonómicas, necesariamente limitadas en su contenido material, dado que la capacidad del legislador autonómico para incidir en el régimen jurídico de las asociaciones no incluye la definición legal de las facultades que conforman el derecho fundamental ni la concreción de sus límites; algo que, como es sabido, está constitucionalmente reservado al legislador orgánico.
Incluso el Tribunal Constitucional había enjuiciado en tono crítico el indefinido panorama jurídico, provocado por la actitud reservada y pasiva que el legislador estatal había venido manteniendo en relación con este tema al denotar que la ley de 1964 -inspirada en unos principios distintos e incluso antagónicos en muchos de sus contenidos a los principios constitucionales- no podía cumplir la función de desarrollar el derecho de asociación como género, estableciendo una regulación troncal nuclear que hubiera de ser necesariamente respetada por las legislaciones especiales que incidieran sobre este derecho fundamental. El tema no es intrascendente, porque el derecho de asociación constituye una de las libertades públicas capitales de la persona y es un componente esencial de las democracias participativas y pluralistas, de suerte que una defectuosa o insuficiente regulación de su contenido y ejercicio constituye una fuerte distorsión en el marco de un Estado democrático.
Como ya expuse en el debate del proyecto en la Comisión constitucional, la posición del Grupo Vasco en relación con las diferentes iniciativas que se han presentado en la Cámara durante esta legislatura sobre el derecho de asociación ha obedecido a una línea coherente y clara; ha estado presidida en todo momento por el empeño en favorecer la pronta aparición de una norma que pusiese fin, definitivamente, a la escandalosa e incomprensible inactividad que el legislador estatal había presentado en esta materia. Guiado por este criterio, el Grupo Vasco apoyó hacia el mes de mayo del año 2000 la proposición no de ley que instaba al Gobierno a abordar con la máxima celeridad el desarrollo normativo de este derecho fundamental, y apoyó el pasado 24 de abril la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista que regulaba este derecho fundamental; pero ni presentó enmienda a la totalidad a este proyecto de ley ni prestó apoyo explícito a las que se presentaron por considerar - y reproduzco literalmente palabras pronunciadas por este portavoz ante este Pleno- la necesidad de dotar de un desarrollo armónico y coherente al artículo 22 de la Constitución, después de más de 20 años de inactividad del legislador estatal en esta materia.
Esto debe imponerse ante unas deficiencias del proyecto que, pese a ser importantes y numerosas, cabe confiar en que irán enderezándose durante la tramitación del proyecto. Nuestro planteamiento -que viene apostando desde hace muchos años por dotar lo antes posible al fenómeno asociativo, y singularmente al derecho de asociación, de una regulación actualizada, clara y acorde con las exigencias del sistema democrático- queda fehacientemente acreditado en el hecho de que fue la formación política que sustenta nuestro grupo parlamentario la que impulsó hace más de una década la aprobación de la primera ley posconstitucional que regulaba las asociaciones, la Ley vasca 3/1988, de 12 de febrero, de las asociaciones.
Finalmente, por tanto, el proyecto tan añorado y tantas veces reclamado en esta Cámara y en la sociedad por parte de los diferentes grupos sociales y políticos ha llegado a la Cámara y viene a cubrir una laguna real de nuestro ordenamiento jurídico que efectivamente, como he puesto de manifiesto, planteaba graves problemas de seguridad jurídica. Su objetivo es doble: por una parte, aborda el desarrollo del derecho fundamental de asociación del artículo 22 de la Constitución, y hay que decir que la abundante jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional durante los últimos años en relación con el alcance y contenido de este derecho fundamental prácticamente ha reducido el quehacer del legislador orgánico a una tarea de sistematización de los ya bastante sólidos y completos postulados que el alto tribunal viene manteniendo en relación con este derecho. Por otra parte, el proyecto de ley establece las normas que corresponde dictar al Estado en materia de asociaciones en el ámbito del régimen jurídico de las asociaciones. El referente fundamental en el que se basa para ello es la doctrina fijada por la muy conocida sentencia 173/1988, de 23 de julio, dictada, como se sabe, en recurso de inconstitucional interpuesto contra la Ley vasca de asociaciones. En el debate de totalidad del proyecto el Grupo Vasco anunció la presentación de una amplia batería de enmiendas parciales al articulado de la ley con la esperanza explícitamente manifestada de que no cayeran en saco roto, y en efecto ha presentado un total de 34, un número sólo superado por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, que presentó una más y desde luego bastante superior al que presentaron otros grupos parlamentarios, incluso algunos de ellos de entre los que enmendaron a la totalidad el proyecto de ley.
Como señalé en el debate en Comisión, se trataba de enmiendas de muy diferente contenido y significación, algunas tenían un carácter eminentemente técnico -en la medida en que en la regulación de un derecho fundamental tan básico en el sistema democrático y tan vinculado a la libertad como el de asociación puede hablarse de contenidos estricta y exclusivamente técnicos-, otras revestían una significación fundamentalmentecompetencial y había un tercer grupo de enmiendas
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que afectaban a la configuración del haz de derechos, de facultades y limitaciones que incluye el propio derecho de asociación. Pues bien, como señalaba también en Comisión, la inmensa mayoría de las enmiendas presentadas por el grupo al que represento han sido aceptadas e incorporadas al texto del proyecto que es objeto de debate; no todas, pero sí -insisto- la gran mayoría. En algunos casos la aceptación ha sido total, en otros lo la ha sido de forma parcial porque su incorporación al texto del proyecto se ha articulado a través de transacciones realizadas con otras enmiendas planteadas por otros grupos parlamentarios. A veces el texto se ha asumido en su literalidad, otras en su espíritu o quizás, para decirlo más precisa y exactamente, han sido aceptadas en su sentido y significado; sea de uno u otro modo, lo cierto es que el grueso de las enmiendas que el Grupo Vasco planteó en su día forman parte ya del texto del proyecto que hoy debatimos. El texto resultante, el que incorpora el dictamen de la Comisión no es el texto ideal del Grupo Vasco, no es el que nosotros hubiésemos promovido, pero es el resultado de una transacción en la que gran parte de nuestras pretensiones han sido atendidas y se encuentran integradas de una u otra manera, bien sea en su literalidad o bien sea en su espíritu, en los contenidos normativos del proyecto que ahora debatimos.
De entre las enmiendas que retiramos en el trámite de Comisión quisiera hacer referencia expresa a una, la número 26, con el fin de precisar y aclarar el sentido con el que adoptamos la decisión de retirarla. Su retirada no significa que nos apartemos del modelo de cooperación interinstitucional que postula la jurisprudencia constitucional que se cita en esta enmienda; antes al contrario -lo dije ya en Comisión-, consideramos que este modelo encierra en buena parte la pauta en torno a la cual ha de articularse la colaboración interadministrativa en el Estado autonómico. La hemos retirado porque consideramos que el supuesto de hecho sobre el que opera esta jurisprudencia, que citábamos en la justificación de la enmienda, es que el Estado carezca de título competencial para intervenir en determinada materia y pretenda sustituir esa falta de título competencial, ese defecto de norma habilitante por una apelación a la supraterritorialidad, por una apelación a la necesidad de que los problemas a resolver necesiten una solución supracomunitaria. Es decir, en ocasiones el Estado justifica la intervención en determinadas materias utilizando la supraterritorialidad como un título competencial implícito. Eso es lo que queríamos combatir con esta enmienda, pero evidentemente no es el caso al que se refiere el proyecto de ley que tratamos, ya que en el ámbito de las asociaciones no nos encontramos ante una materia en la que el Estado carezca de título competencial.
Señor presidente, concluyo mi intervención con una referencia expresa a dos cuestiones que, aun no siendo absolutamente nucleares en el contenido de la ley, han adquirido un protagonismo importante en el debate. La primera se refiere al tratamiento que los extranjeros reciben en el proyecto. Algunos grupos han propuesto legítimamente incluir en el proyecto una previsión específica derogatoria o modificatoria de la Ley orgánica 8/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En los numerosos debates que se han sucedido durante los dos últimos años en torno al régimen jurídico de los extranjeros en España el grupo al que represento ha venido manteniendo inalterablemente que el régimen de reconocimiento de derechos y libertades de los extranjeros en España que apoya es el previsto en la Ley orgánica 4/2000, que, como se sabe, sólo limitaba a los extranjeros no residentes el ejercicio de este derecho cuando se trataba de promover la constitución de asociaciones. Nuestra posición es exactamente la misma, no ha variado en absoluto, y además adelanto que apoyaremos cualquier iniciativa que aspire a reformar la Ley orgánica 8/2000, para restablecer en este punto el régimen que establecía la ley que la precedió, la Ley orgánica 4/2000. El instrumento normativo que ha de fijar el régimen de disfrute de derechos y libertades por parte de los extranjeros es la ley orgánica específicamente destinada a este fin por el ordenamiento jurídico, primero la Ley orgánica 4/2000, modificada por la Ley 8/2000. Por ello, el desacuerdo con el contenido de la Ley orgánica 8/2000 no tiene por qué determinar una posición contraria al contenido normativo del proyecto que hoy debatimos, que tal y como está redactado a nuestro juicio es claramente inocuo. Su artículo 3 reconoce expresamente el derecho de asociación a todas las personas físicas, sin limitación de ningún tipo, por tanto incluidos los extranjeros sin autorización de estancia o residencia, aunque a renglón seguido especifica que el ejercicio -no la titularidad del derecho, sino su ejercicio- podrá estar sujeto a alguna condición legal. De existir la condición legal, esta no resulta de este proyecto de ley, sino que está impuesta por la ley orgánica específicamente destinada a este fin. Esta ley es perfectamente compatible, tal y como está, con la Ley 8/2000 o con la Ley 4/2000; la que hay que modificar es la Ley 8/2000 para volver al régimen que establecía la Ley 4/2000, esa es la que hay que modificar. Una posición contraria a la Ley 8/2000 no significa necesariamente estar en contra de esta ley, que como digo puede coexistir perfectamente con la una y con la otra.
La segunda cuestión hace referencia al régimen de las asociaciones religiosas de la Iglesia católica. No me voy a extender porque he agotado mi tiempo. Es algo que surgió en Comisión sorpresivamente de la mano del Grupo Socialista. Hemos analizado la cuestión y la regulación tal como está en el proyecto es conforme con el acuerdo para asuntos jurídicos suscrito por el Estado español con la Santa Sede con fecha 3 de enero de 1979. Es posible que se replantee la existencia de esos acuerdos parciales; se puede discutir sobre si es pertinente o no ese tratamiento específico de la Iglesia católica, pero nosotros consideramos que esta regulación,
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tal y como está recogida en el proyecto, es respetuosa con ese tratado internacional, y evidentemente a través de una ley orgánica no pueden desconocerse los compromisos adquiridos por el Estado en virtud de un tratado internacional.
Anuncio el voto favorable del Grupo Vasco al proyecto de ley, que es resultado de un esfuerzo importante de consenso, de un esfuerzo por el entendimiento de los grupos políticos que estábamos representados en la ponencia. Agradezco el criterio abierto y tolerante del portavoz del Grupo Popular, en contraste con actitudes de otros portavoces en otras comisiones que me ha tocado padecer, y la ayuda inestimable del letrado de la Comisión, cuyas aportaciones técnicas, siempre bien atinadas, han sido fundamentales para la mejora del texto.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señor presidente.
Señorías, una descoordinación administrativa, imputable solamente a mi grupo, me impide defender hoy las enmiendas; no obstante, aparte de agradecer a la Mesa el esfuerzo que hizo en su momento, sí quisiera dejar clara la postura de mi grupo parlamentario.
Como han dicho anteriormente portavoces de otras fuerzas parlamentarias, ha habido una vacatio legis de esta Cámara sobre esta materia durante mucho tiempo, y en virtud de esa vacatio legis se llega a un proyecto de ley orgánica interesante; pero ya que se ha esperado tantos años hubiera sido deseable que fuera más rico y que tocara muchos más frentes, más alternativas y más espacios. Aunque hay que reconocer que ha mejorado bastante una vez que ha pasado el trámite de ponencia y Comisión, con la incorporación de enmiendas de distintos grupos parlamentarios, sigue siendo un reglamento meramente ordenancista de lujo el que hoy se pretende aprobar en esta Cámara.
Con ser importante e interesante que se vaya adecuando a los marcos constitucionales, sin embargo, consideramos que eso posiblemente hubiera pasado en el desarrollo normativo de cualquier actividad gubernamental. Nosotros echamos de menos, como han dicho también otros portavoces, que en estos momentos de la más baja afiliación y actuación asociativa en el Estado español se hubiera presentado un proyecto de ley que promocionara, desarrollara y alentara -pero alentara no solamente con bellas palabras, sino también con elementos de apoyo- el desarrollo asociativo, máxime cuando, independientemente de lo que ha dicho la portavoz socialista respecto a que se está produciendo un nuevo movimiento asociativo en torno a la globalización, no es menos cierto que se están encendiendo luces de alarma después del 11 de septiembre por actuación de diversos gobiernos y ahí están las medidas antiterroristas. Se están planteando recortes de las libertades y se está produciendo una cultura de interiorización de las actividades de los ciudadanos y ciudadanas, con una mayor tendencia al individualismo, algo así como: gane usted en seguridad, aunque pierda en libertad; todo lo cual -insisto- lleva a una mayor interiorización y al abandono de la labor asociativa.
Nosotros tenemos tres bloques de desacuerdo respecto al texto que sale de la Comisión y que se trae hoy a votación, aparte de la situación general que nos llevó a presentar en su día una enmienda a la totalidad. Está en primer lugar el hecho de que esperábamos que se recuperara lo que se retrocedió en el golpe de moviola que se produjo en la última reforma de la Ley de inmigración; la situación no ha empeorado, indiscutiblemente porque era difícil empeorar, pero no ha mejorado. En segundo lugar, después de la última sentencia del Tribunal Constitucional del día 2 de este mes, quizá no era este proyecto la ubicación más adecuada de los derechos reconocidos a los militares y a otras fuerzas de seguridad, pero sin duda sí hubiera sido el sitio en el que se hiciera un reconocimiento general del derecho de asociación. Por lo tanto, anunciamos que vamos a votar a favor de las enmiendas de Coalición Canaria y del Grupo Andalucista.
En tercer lugar, y como ha dicho la portavoz socialista, sacar de esta ley asociaciones religiosas ligadas a la Iglesia católica es cuando menos conflictivo, sobre todo teniendo en cuenta que se hace a la hora de los deberes pero no parece que se haga a la hora de los derechos y prebendas, lo que no nos parece conveniente. Por eso, aun reconociendo que ha significado un avance el paso por ponencia y Comisión, como seguimos manteniendo los déficit que tiene esta ley, vamos a votar en contra por entender que ha sido una gran ocasión perdida en estos momentos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario se felicita por este trámite que no sólo supone la aceptación por parte del Pleno del proyecto enviado por el Consejo de Ministros en el debate de totalidad que tuvimos hace ya algunas semanas, sino un paso hacia el Boletín Oficial del Estado, digámoslo así, aunque falte todavía el trabajo de nuestros compañeros del Senado y, si cabe, la revisión del mismo por parte del Pleno de esta Cámara. Se felicita nuestro grupo porque con este proyecto de ley que estamos debatiendo se va a cubrir un vacío normativo que, como se ha puesto de manifiesto repetidamente desde esta misma tribuna en los últimos años, más bien nos avergonzaba a todos ya que desde la perspectiva
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de derechos fundamentales, si la memoria no me falla, que no lo creo, era el único que estaba regulado por una norma preconstitucional. Por lo tanto, nos alegramos de estar ya en un trámite casi definitivo o al menos muy avanzado y que tiene además entre sus antecedentes no pocas iniciativas de nuestro grupo parlamentario, tanto en esta legislatura como en la precedente, y otras muchas propuestas venidas de otros grupos parlamentarios en debates alrededor de esta cuestión, que -reitero-, y estoy seguro que comparten, no es precisamente menor.
Nuestro grupo se felicita además porque en el preámbulo hay un reconocimiento -y fue un acierto de la ponencia y en este caso una aportación positiva del Grupo Parlamentario Popular encabezado por el señor Bermúdez de Castro, a quien agradecemos su predisposición al diálogo constructivo, beneficioso para el conjunto del proyecto legislativo- explícito a aquellos parlamentos autonómicos -no se mencionan pero es evidente que son el catalán y el vasco, el vasco y el catalán- que en el marco de sus competencias, las que marca su propio estatuto de autonomía, se adelantaron al legislador estatal respecto de asociaciones cuya tutela, por decirlo de alguna manera, tutela estatutaria en cuanto a competencia, les corresponde. Esto es bueno porque es honesto reconocer que alguien se anticipó al propio legislador estatal -repito- en el propio ámbito de sus competencias autonómicas, en este caso el Parlamento vasco y el Parlament de Cataluña. Además nuestro grupo parlamentario quiere dejar constancia de su reconocimiento a la labor de la ponencia, también lo ha hecho la digna portavoz del Grupo Parlamentario Socialista aunque sea desde la discrepancia del modelo asociativo que propugna este grupo, según hemos podido oír; pero se ha reconocido que ha habido un trabajo muy positivo de la ponencia que informó el proyecto venido del Consejo de Ministros. En este caso he de citar que las enmiendas más sustantivas de nuestro grupo parlamentario -aquellas que incidían en el cuerpo del texto enviado por el Gobierno- han sido incorporadas de una manera literal o bien han sido transaccionadas con otros grupos, en todo caso el espíritu está ahí y en muchísimas ocasiones no sólo el espíritu sino la letra en su forma literal. Me atrevo a decir que ha habido en la fase de ponencia un trabajo de mejora técnica y sistemática por el cual nos hemos de felicitar y agradecer al propio letrado, el señor Fraile, que nos acompañó en esa mejora técnica y sistemática del proyecto legislativo; se hizo siempre, y se ha mantenido en la fase de Comisión, desde el respeto, intentamos que escrupuloso -quizás hemos tenido algún olvido que en todo caso en el Senado rectificaríamos-, a los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas en función de sus respectivos estatutos de autonomía, manejando así lo que son los preceptos orgánicos -de hecho, se regula un derecho fundamental-, lo que son los preceptos básicos y lo que van a ser los preceptos ordinarios; por tanto, legislación a modificar, al menos potencialmente, por los parlamentos autonómicos en el ámbito de sus competencias. Nos congratulamos, señor presidente, señorías, de que este proyecto venga a superar un vacío normativo, que lo haga desde una perspectiva, desde una visión de conjunto -discrepancias al margen-, desde una voluntad muy generalizada para cubrir ese vacío y con un consenso bastante destacable.
El señor Mardones en representación del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria nos ha recordado esta mañana que hay una sentencia relativamente reciente, de octubre, que nos indica que puede haber asociaciones en ámbitos sectoriales tan importantes como el militar.
Ciertamente en la sentencia se introduce una gran novedad, no sólo de posibilidad legislativa, sino también de concepto político hasta el día de hoy. Se ha tratado en muchísimas ocasiones del asociacionismo militar desde la aprobación de la Constitución y, si no recuerdo mal, incluso en los propios debates constitucionales. Nuestro grupo nada tiene que objetar obviamente a una sentencia del Tribunal Constitucional. Siempre nos ha parecido bien que la gente se pueda asociar para unos fines que en el marco de la Constitución son útiles al conjunto de la ciudadanía y a cada uno de los grupos que la integran. Como se dice en el propio preámbulo de este proyecto legislativo y como se señala en sus preceptos correspondientes, este es un proyecto que tiende a globalizar el derecho a la asociación desde el respeto a la particularidad de ese derecho aplicado a sectores específicos, entre ellos el militar o el relativo a jueces y magistrados o al deporte, pongamos por caso para citar algunos. Por tanto, las enmiendas de grupos parlamentarios como el de Coalición Canaria o del señor Núñez, del Grupo Mixto, o del Grupo Parlamentario Socialista son enmiendas que nosotros vamos a respetar desde la abstención, ya que no nos oponemos a lo que proponen, puesto que tienen hoy ya un amparo constitucional en el sentido más positivo del término, pero creemos en el diseño que entre todos hemos hecho de este proyecto legislativo, aunque vía modificación sectorial se puede introducir lo que el Tribunal Constitucional ha dejado ya claro y rotundamente nítido. No es necesario introducirlo en una ley que tiene sus objetivos muy fijados en el propio preámbulo y muy concretados en sus primeros artículo. Es un proyecto que no niega lo que dice el Tribunal Constitucional, por supuesto; proyecto que en el futuro no va a negar, todo lo contrario, posibles reformas legales en esos ámbitos sectoriales. Por tanto, nuestra votación va a ser la abstención antes de conocer esa sentencia y respetarla, porque en el modelo diseñado no cabe la introducción sectorial de esta cuestión.
Nada más, señor presidente, señorías. Sólo deseo reiterar que nos congratulamos de que este proyecto esté ya en una fase muy avanzada y que finalmente un derecho básico tenga una regulación acorde con la Constitución.
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El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor LópezMedel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, señorías, es un orgullo para todo demócrata contribuir al desarrollo de la Constitución, en la cual, sin perjuicio de que puede ser considerada como un todo, es indudable que existen partes que adquieren singular relevancia. Para el Grupo Parlamentario Popular eso es lo que sucede con el título I, el más amplio, en el que se regula una materia que está íntimamente enraizada en la esencia de la democracia: los derechos fundamentales de la persona.
Hace apenas 20 días aprobamos definitivamente en esta Cámara una ley que da cumplimiento al mandato pendiente del artículo 29 de la Constitución y que regula el derecho de petición. Hoy, sin perjuicio del trámite del Senado, hacemos lo propio con otro derecho fundamental pendiente y respecto del cual el artículo 22 ordenaba ya en 1978 que se elaborase una ley, ley que no ha llegado hasta ahora, que es precisamente la ley reguladora del derecho de asociación. Uno y otro derecho estaban regulados en normas preconstitucionales que databan de 1960 y 1964 respectivamente. Por ello, como decía, aun con retraso, complementamos ahora el desarrollo de la Constitución respecto de los derechos que estaban pendientes de regulación. Y lo hemos hecho, señorías, al menos por nuestra parte, con actitud de apertura, con la disposición de aceptar ideas de los otros, desde el convencimiento de que en esta materia, al igual que en todas, nadie puede tener el monopolio de la razón, sino que hay que aceptar las ideas de los otros.
Esta apertura, esta disposición por parte del grupo mayoritario, el Grupo Popular, ha tenido reflejo en el texto que hoy vamos a aprobar, dado que han sido numerosísimas las enmiendas de todos los grupos políticos que se han incorporado; disposición de apertura que anunciamos en su momento y que hemos cumplido creo que con amplitud.
En este punto permítanme hacer una referencia especial a todos los ponentes, aunque de forma específica al señor Bermúdez de Castro, al igual que agradecer la intervención del señor letrado en sus labores de asesoramiento. Quisiera mostrar mi agradecimiento especialmente a aquellos grupos que más se han implicado, a aquellos grupos que más han trabajado por mejorar el proyecto de ley, a aquellos grupos que van a votar afirmativamente el trabajo realizado, me refiero concretamente a Coalición Canaria, Grupo Vasco y Convergència i Unió.
En cambio, señorías, permítanme manifestar una valoración diferente respecto de la actitud de otros grupos. El señor Rejón, de Izquierda Unida, afirmaba hace un momento que le hubiera gustado que se mejoraran determinados aspectos y que era esta -así la ha calificado desde esa tribuna- una ocasión perdida. Sin embargo, yo lamento recordar y poner de relieve en esta Cámara que después de prorrogarse cuatro veces el plazo de enmiendas al articulado Izquierda Unida presentó sus enmiendas fuera de plazo. No obstante, la Mesa de la Cámara, con mayoría absoluta del Partido Popular, con benevolencia, acordó admitirlas a trámite. Se celebraron cuatro reuniones de la ponencia al objeto de informar el proyecto. A ninguna de ellas vino ningún representante de Izquierda Unida. Con posterioridad se reunió la Comisión Constitucional al objeto de dictaminar el proyecto de ley y todavía estamos esperando la presencia de algún representante de Izquierda Unida. Este ha sido el gran interés que ha tenido este grupo por esta ley, por lo que lamentamos que este texto se califique como ocasión perdida.
Permítanme asimismo referirme de una manera especial al Grupo Socialista, que en la tramitación de esta ley para nosotros ha tenido una actitud profundamente decepcionante. Sabía desde hace tiempo que el Gobierno estaba elaborando una ley de asociaciones, que llevaba más de dos años en la tarea y que había dado amplia difusión a los borradores para facilitar la participación del movimiento asociativo.
Pues bien, el Consejo de Ministros, en enero de este año, cerró el texto, aprobó el anteproyecto y acordó su remisión al Consejo General del Poder Judicial para su informe. En apenas mes y medio el Grupo Socialista presentó con gran premura una proposición de ley cuyo texto no era en buena parte sino una copia descarada del proyecto que ya estaba elaborando el Gobierno. Señorías, en aquel momento el Grupo Socialista tenía afán de protagonismo. Incluso cuando llegó a este Pleno el debate de totalidad del proyecto de ley se atrevió a presentar una enmienda a la totalidad, a pesar de que reconocía -lo hacía también en el texto de su enmienda- que el proyecto del Ejecutivo era en su conjunto similar a su iniciativa, recogiéndose también en buena medida -así se decía- las posiciones del movimiento asociativo. Esta similitud, a pesar de esa incomprensible enmienda a la totalidad, hizo, como no podía ser de otra manera, que el Grupo Socialista presentara pocas enmiendas, siendo concretamente el grupo que menos enmiendas presentó de todo el arco parlamentario, notablemente bastantes menos que el propio Grupo Popular. De los 40 artículos que contiene el proyecto de ley, 30 -esto es, un 75 por ciento- no fueron objeto de enmienda por parte del Grupo Socialista.
En cuanto a los 10 artículos restantes, se han incorporado al trabajo en ponencia diversas propuestas que formuló dicho grupo. Por todo ello, muy mal se entiende que el Grupo Socialista no dé su voto afirmativo a este proyecto de ley, aunque la sensación que hemos tenido y que hoy confirmamos es que ha podido más el afán de protagonismo, el afán de querer monopolizar una idea de progresismo creando un supuesto modelo diferente que no es tal y mostrando una aparente disconformidad, como si en el fondo no aceptaran, después de haber estado gobernando durante 14 años, que haya sido un Gobierno del Partido Popular el que ha tenido la iniciativa y ha regulado un derecho fundamental como es el de asociación. Además, siento
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especialmente que se hayan centrado más en lo que nos separa que en lo que nos une, a pesar de ser mucho. Aun cuando esta ley afecta a más de 240.000 asociaciones de todo tipo -culturales, filantrópicas, ecologistas, de mujeres, etcétera-, sin embargo parece que se refugian exclusivamente en tres colectivos concretos para no dar su apoyo a la ley, dando en definitiva la espalda a estas miles de asociaciones que llevan muchos años esperando este texto. El portavoz del Grupo Socialista se ha referido específicamente a la Iglesia católica y yo quiero decirles una cosa muy clara. Con esta ley no se les da absolutamente ningún privilegio. La exclusión de las asociaciones de la Iglesia católica se predica de otro tipo de asociaciones: los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las federaciones deportivas, las asociaciones de consumidores y usuarios y cualesquiera otras -como es el caso- que estén reguladas por leyes especiales. En segundo lugar, en el proyecto de ley ya se excluía del ámbito de aplicación a la Iglesia católica en general y eso no fue objeto de enmienda por parte del Grupo Socialista, que aceptaba la asociación respecto a la Iglesia. Y en tercer lugar, con la redacción que tiene el texto que hoy aprobamos no se modifica la situación actual; se pretende mantener la realidad que hoy existe y lo hacemos no porque nos guste más o menos, sino porque está así recogido en un tratado que es posterior a la Constitución. Ese tratado son los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, que obligan también al legislador.
Otro de los aspectos aducidos por los que se oponen a este texto se refiere al asociacionismo de los militares y de la Guardia Civil.
Quiero decir muy claro y muy fuerte que con esta ley no se está prohibiendo el asociacionismo de estos colectivos de profesionales y que en todo caso debería ser objeto de regulación en la normativa sectorial específica. Si hay alguien que desde hace mucho tiempo viene sobresaliendo en defensa de estos derechos respecto a estas personas es el señor Mardones. Yo me uno a la valoración positiva que él hacía hoy aquí y también en la Comisión Constitucional, en la medida en que el texto que hoy aprobamos no cierra las puertas respecto a lo que el Tribunal Constitucional ha dicho en un recurso de amparo en un caso concreto. Además de no recogerse el sentido prohibitivo que estaba contenido en uno de los primeros borradores que se elaboraron -es por tanto un paso adelante-, se establece lo que es adecuado en técnica jurídica, esto es, la remisión a la normativa sectorial específica. En todo caso, me permito llamar la atención sobre el hecho de que en el año 1999, es decir, hace poco más de dos años, en esta Cámara se aprobó la Ley reguladora del personal de la Guardia Civil. En dicha ley el Partido Socialista votó de forma favorable el carácter militar de este instituto armado, pero observamos ahora la pirueta o el cambio que en apenas dos años han hecho respecto a su posición.
A propósito de los extranjeros y con la mayor brevedad procedo a señalar lo siguiente. En el año 1985 la mayoría absoluta del Partido Socialista aprobaba una ley de extranjería que, en materia de derechos fundamentales, era bastante más restrictiva que la ley vigente que impulsó el Partido Popular.
Incluso el Tribunal Constitucional tuvo que declarar como restrictiva y contraria a la Constitución la regulación que se hacía de determinados derechos, entre ellos, curiosamente, la regulación que el Partido Socialista había hecho del derecho de asociación de los extranjeros, por lo que les pediría por favor que no nos den lecciones en esta materia. En todo caso, quiero poner de relieve algo importante que es que la enmienda que han presentado más que una enmienda entendemos que, al menos en este punto, es un auténtico misil al recurso de inconstitucionalidad que ustedes presentaron.
Quiero decir que mantienen el discurso -también la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista cuando tiene ocasión- de que el derecho de asociación es un derecho fundamental que no admite -como decía aquí hace un momento la señora Pajín- ningún tipo de limitación. Por ello su enmienda es contraria a esto. ¿Por qué? Porque la enmienda que ustedes han presentado dice en la motivación -leo literalmente- que sólo podrán constituir asociaciones los extranjeros residentes en España. Yo les pregunto: ¿Por qué están negando el derecho de promover asociaciones a los extranjeros que no tienen el permiso de residencia, esos extranjeros que, como usted señalaba hace un momento, se reúnen en iglesias o en otros centros para debatir su situación? Si es un derecho fundamental que no admite ningún tipo de modulación o de limitación, yo les pregunto por qué en su enmienda no les reconocen ese derecho. En cualquier caso, al igual que sucede con el tema de los militares, esto debería ser objeto de una legislación específica y no de ésta.
Señorías, hay que resaltar más lo que nos une a todos, que es mucho, que lo que nos separa. Hay muchas razones para votar afirmativamente este proyecto de ley. Además de las anteriormente señaladas quiero destacar ahora muy brevemente las siguientes. En primer lugar, porque el texto que hoy vamos a aprobar refuerza la vinculación del asociacionismo con el principio de participación y su conexión con el artículo 9.2 de la Constitución. Sin perjuicio de afirmar y de reconocer que también existen otros mecanismos de participación política, económica, cultural y social, para el Grupo Parlamentario Popular las asociaciones constituyen un cauce idóneo para impulsar el progreso, desde la idea de que una democracia avanzada se construye cada día y entre todos. En segundo lugar, vamos a votar favorablemente este texto porque se fortalece la libertad de las asociaciones en su configuración interna, se huye de intervencionismos administrativos innecesarios y sólo se establece con carácter imperativo una serie de reglas básicas como el fortalecimiento de la exigencia de un funcionamiento democrático, como la no admisión de discriminación por razón de género o de minoría étnica, o la novedad -que ahora se recoge- de que las asociaciones celebren al menos una asamblea cada año. Con todo ello pretendemos
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dar más viveza y más dinamismo a las asociaciones y fortalecer la participación interna, porque entendemos que esto robustece el asociacionismo. En tercer lugar, lo vamos a votar favorablemente porque en este texto que hoy debatimos se respeta profundamente la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, relaciones que en este texto son presididas -al igual que sucede en muchas otras áreas- por los principios de cooperación y colaboración entre las instituciones públicas competentes. Además quiero destacar que con esta ley se establece la obligatoriedad de que existan consejos sectoriales como órganos de participación, como órganos de consulta y como órganos de relación entre las administraciones públicas y las asociaciones. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se refería a algunas de ellas como el Foro para la Inmigración o el Consejo de Cooperación. Sin perjuicio de las cuestiones que pueden plantearse con motivo del orden del día o del funcionamiento interno, lo cierto, señorías, es que el Foro para la Inmigración o el Consejo de Cooperación no existían hace apenas cinco años, ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha creado estos órganos específicos como cauce de cooperación.
Por todas estas razones -y concluyo ya, señor presidente- el Grupo Parlamentario Popular va a votar de forma favorable y de modo entusiasta este proyecto de ley remitido por el Gobierno, porque se trata del desarrollo de la Constitución y específicamente de un derecho fundamental, por el alto grado de aceptación de ideas y propuestas de todos los grupos, por el respeto al sistema autonómico, por el fortalecimiento de la democracia interna de las asociaciones y porque constituye un mecanismo de participación de la sociedad.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López-Medel.
(Aplausos.- La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas al proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto correspondientes al señor Núñez Castain.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 113; en contra, 170; abstenciones, 15.
Enmiendas números 116 y 119, del señor Puigcercós.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, cuatro; en contra, 275; abstenciones, 20.
Enmiendas números 115, 120 y 125, del señor Puigcercós.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, dos; en contra, 273; abstenciones, 25.
Resto de enmiendas del señor Puigcercós.
Enmiendas números 97 y 109, del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 101; en contra, 173; abstenciones, 25.
Enmiendas números 100, 101, 102 y 110, del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, tres; en contra, 174; abstenciones, 122.
Resto de enmiendas del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, dos; en contra; 174; abstenciones, 122.
Iniciamos la votación de las enmiendas de la señora Lasagabaster.
En primer lugar, las números 66, 70 y 80.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 107; en contra, 175; abstenciones, 18.
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Enmiendas números 63, 67, 68, 69, 75, 82 y 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, ocho; en contra, 175; abstenciones 116.
Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, tres; en contra, 271; abstenciones, 25.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. En primer lugar, la número 43.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 17; en contra, 171; abstenciones, 111.
Enmienda número 59, asimismo del Grupo de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 16; en contra, 170; abstenciones, 113.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 157 y 158.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 100: en contra, 171; abstenciones, 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 101; en contra, 187; abstenciones, 12.
Iniciamos la votación del dictamen. En primer lugar, votamos el artículo 3.c) Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 192; en contra, 107; abstenciones, una.
Votamos los siguientes artículos: artículo 1, resto del artículo 3, artículo 6.j), artículo 11, artículo 16, artículo 24, artículo 25, artículo 29 y artículo 30.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 191; en contra, 106; abstenciones, tres.
Artículos números 19 y 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 197; en contra, seis; abstenciones, 97.
Votamos a continuación el resto del dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 196; en contra, 103; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: A continuación, vamos a proceder a la votación de conjunto por tener carácter orgánico el proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300;a favor, 192; en contra, 104; abstenciones, cuatro.
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- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 19.945.098.263 PESETAS (119.872.454,79 EUROS), PARA ATENDER INSUFICIENCIAS DE CRÉDITO PRODUCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA COMPENSACIÓN DE INTERESES DE PRÉSTAMOS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL. (Número de expediente 121/000042.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar el siguiente punto del orden del día: Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 19.945.098.263 pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en ejercicios anteriores por la compensación de intereses de préstamos a la construcción naval.
Se ha indicado a esta presidencia que ningún grupo quería intervenir.
Por tanto, vamos a someter a votación directamente el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido proyecto de ley.

References: real decreto 
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 resolución 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 9
 artículo 16
 resolución 
 artículo 46
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 26
 artículo 57
 artículo 29
 artículo 3
 artículo 26
 artículo 29
 artículo 11
 artículo 16
 artículo 42
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 34
 artículo 22
 artículo 181
 artículo 22
 artículo 3
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 181
 artículo 22
 artículo 3
 artículo 28
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 181
 artículo 22
 artículo 181
 artículo 181
 artículo 10
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 9
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 3
 artículo 29
 artículo 22
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 11
 artículo 16
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 29
 artículo 30