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Los costes fiscales de las costas | Espacio Tributario
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Los costes fiscales de las costas
Publicado el 21 junio, 2016 por SIGA
En los días pasados diversos colectivos se han pronunciado en torno a las consecuencias en el IRPF de la percepción de costas judiciales (véase, por ejemplo, la advertencia del sindicato GESTHA sobre que “ganar un juicio conlleva mayores cargas en el IRPF”). Ya la cuestión había suscitado tiempo atrás cierta polémica en relación con el IVA, aunque la situación había sido pacificada por la Dirección General de Tributos por medio de la consulta vinculante nº V2579-0 de 30 de noviembre de 2007, afirmando que las costas son indemnizaciones no sujetas al impuesto. Pero la tributación de las costas ha adquirido una inusitada actualidad por la existencia de procesos masivos que se vienen ganando con condena en costas a favor del vencedor del pleito, especialmente en algunos casos (preferentes, convertibles, acciones de Bankia…) de gran impacto mediático.
Por ello, y en relación con las costas y el IRPF, conviene recordar varias cosas. En primer lugar, que el artículo 394,1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. En segundo lugar, y según el artículo 241 de la misma ley, las costas incluyen los honorarios de la defensa y de la representación técnica. Esto es; la parte que haya visto totalmente desestimadas sus pretensiones, hará frente al pago de los gastos de la defensa de la parte vencedora en el proceso.
Surge entonces la duda sobre la naturaleza de esas costas, que es necesario disipar para resolver el problema de su tributación en el IRPF. Duda que se resume en la siguiente pregunta: el que paga costas a la parte vencedora, incluyendo los gastos de abogado ¿retribuye o indemniza? La respuesta parece obvia: no puede haber retribución porque entre la parte condenada en costas y la defensa no hay una relación contractual, por lo que no hay nada que retribuir. El Tribunal Supremo, en este sentido, ha señalado que aunque la obligación de pago sea de la parte condenada, la relación del abogado es única y exclusivamente con su cliente (sentencias del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2000 y 25 de febrero de 2003).Y sobre todo, porque las costas son un crédito a favor de la parte vencedora, no a favor de su abogado, que, precisamente por ello, no estará obligado a expedir factura al vencido condenado en costas. El deber de pagar los honorarios profesionales es del vencedor para con su letrado
Parece pues, que las costas son una indemnización percibida por el que las cobra y satisfecha por la parte condenada. Desde la perspectiva del IPRF, la incorporación de este crédito al patrimonio del vencedor constituye una ganancia de patrimonio de acuerdo con el artículo 33.1 de la Ley del IRPF, pues se trata de una variación en el valor del patrimonio del contribuyente que se pone de manifiesto con ocasión de una alteración en su composición. Sería una ganancia que no deriva de la transmisión de un elemento patrimonial, por lo que su importe se incluye en la base general y tributa a la tarifa general del impuesto.
Si en esto no hay demasiadas dudas, la controversia se desplaza a la cuestión de la cuantía gravada. En virtud de lo dicho, el importe de la ganancia asciende a la cantidad percibida, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley del IRPF. La cuestión es si, percibidas las costas, y gravadas las mismas como ganancia patrimonial, debe computarse una correlativa pérdida por el pago de las retribuciones al abogado por parte del litigante vencedor. La lógica impone una respuesta positiva, teniendo en cuenta que los gastos de asistencia letrada son indispensables para obtener una sentencia condenatoria y por tanto, para surja el derecho a cobrar costas.
No obstante, la postura de la Agencia Tributaria es que la retribución al letrado por el vencedor del pleito es, como todo los pagos a profesionales, una pérdida patrimonial “debida al consumo”, no deducible en los términos del artículo 33,5 de la Ley del IRPF (entre otras, consulta V1356-12, de 22 de junio de 2012).
Sin embargo, la Dirección General de Tributos considera, por el contrario, que el pago de costas por el condenado sí constituye para este una pérdida patrimonial (consulta (V1374-14) de 20 de mayo de 2014). Y ello es así aun en el caso muy frecuente de que sean los abogados los que cobren directamente las costas de la parte contraria. El motivo no puede ser más sorprendente: por el “carácter ajeno a la voluntad del consultante que tiene el pago de estas costas, lo que excluye su posible consideración como un supuesto de aplicación de renta al consumo del contribuyente”.
Ello en la práctica supone una enorme injusticia, pues la parte vencida en el pleito deduce la cantidad pagada, aunque la satisfaga al abogado de la parte vencedora. Y el vencedor tendrá que declarar unas costas cuyo importe real, frecuentemente, desconoce. Y cuando es él el que cobra, tributa por la totalidad de las costas percibidas, aunque esa cuantía se destine al pago del abogado.
A diferencia de lo que ocurre cuando el pago tiene lugar por la parte vencida, el que ha ganado un pleito (por ejemplo, a un banco por preferentes o acciones) no puede deducir el pago a su abogado porque ello se considera un consumo. Tal calificación no puede ser compartida. Desconoce el sentido último del concepto “consumo” como aplicación voluntaria de renta a necesidades privadas, en el que no encaja, por ejemplo, la necesidad de pagar a un abogado para recuperar unas preferentes. Si para la Administración, la razón de considerar una pérdida como debida al consumo es la voluntariedad de la misma, es evidente que destinar pagos a un abogado o procurador para obtener una sentencia condenatoria no tiene nada de “voluntario”.
Realmente, la postura de la Dirección General de Tributos es muy desafortunada, ya que aplica un criterio que ya utilizó, por ejemplo, para las subvenciones del Plan PIVE (consulta V3286-13, de 7 de noviembre de 2013): se tributa por el total de la indemnización sin deducir el valor del vehículo entregado para el desguace porque la pérdida generada por dicha entrega es una pérdida patrimonial debida al consumo. Sin embargo, en nada se parece la pérdida producida por la entrega de un bien de consumo duradero (aunque dicha entrega sea un requisito legalmente exigido para percibir la subvención) con el pago de los honorarios al letrado, por la parte vencedora en el pleito. Primero, porque la asistencia letrada es requisito procesal imprescindible para la obtención de una sentencia condenatoria. Y segundo, y esto es lo más importante, porque según el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas incluyen los honorarios de la defensa y de la representación técnica. Esto es; una parte importante de la indemnización no incrementa el patrimonio del vencedor en el pleito porque está afectada al pago de honorarios profesionales.
Frente a ello podemos proponer dos soluciones:
- La primera, que no hay propiamente indemnización sino restitución, porque las costas estarían compensando el pago de abogado y procurador del vencedor del pleito. Y, por tanto, no habría ganancia patrimonial.
- La segunda, que las costas se traducen en un derecho de crédito frente a la otra parte del pleito. Este derecho por un importe determinado tendría un valor de adquisición, equivalente a la cuantía de los gastos procesales, incluidos honorarios de abogado y procurador. Por eso, solo debe considerarse ganancia patrimonial el exceso de lo percibido respecto a tales gastos.
Todo lo contrario: hacer que quien percibe una indemnización que está afectada en todo o en parte al pago de los honorarios de su letrado tenga que tributar por la misma cuando no tiene su titularidad jurídica definitiva, se parece mucho al gravamen de una manifestación ficticia de capacidad económica. Y eso es algo que nuestro Tribunal Constitucional ha repudiado en más de una ocasión.
César García Novoa.
Catedrático de Dcho. financiero y Tributario de la Univ. de Santiago de Compostela.
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References: artículo 394
 artículo 241
 artículo 33
 artículo 48
 artículo 33
 artículo 241