Source: https://es.scribd.com/doc/53024808/3/Sin-Carta-Organica-no-hay-Autonomia
Timestamp: 2016-02-11 02:35:21+00:00

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El presente documento pretende establecer las diferencias
sustanciales entre el contenido conceptual y filosófico del
régimen autonómico de la nueva Constitución Política del
Estado y las distorsiones peligrosas y anti autonomistas
generadas y definidas por la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización; reivindicando el carácter del Estado
autonómico y la naturaleza jurídica constitucional de las
autonomías municipales en sentido que debe ser el marco
constitucional, como regla suprema del país, el que se constituya
en la base sustantiva para que bolivianos y bolivianas
entendamos e implementemos el régimen autonómico y
podamos impugnar todo lo que sea contrario al mandato
constitucional mediante los recursos constitucionales previstos
en nuestro ordenamiento jurídico para así poder llegar a un
escenario de ejercicio pleno de las facultades y potestades
Por ello, para comprender un tema tan fundamental para el
país y el futuro de los gobiernos locales debe efectuarse un
análisis cuidadoso, objetivo, constructivo y sin prejuicios. Una
mejor comprensión del tema exige abordarlo en tres
Una primera dimensión, referida a la constitucionalización de
las autonomías municipales y la importancia significativa que
adquiere su concepto, alcance y naturaleza jurídica a partir
de la nueva Constitución Política del Estado.
Una segunda dimensión, que tiene que ver con la realidad
fáctica del proceso autonómico a partir de los elementos
complejos y contradictorios introducidos mediante la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización que, en la mayoría
de los casos, contraviene el espíritu mismo de la Constitución
Política del Estado y puede generar un peligroso escenario de
paralización en la aplicación de los principios autonómicos.
Una tercera dimensión, referida a la inexistencia de cualquier
vestigio de autonomía municipal antes de la aprobación de
la Carta Orgánica Municipal por parte de cada entidad municipal
II. CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA
La autonomía de los gobiernos municipales en Bolivia no es
nueva, tiene una larga y rica historia que no se puede, ni se
debe, soslayar. Cada momento histórico se constituyó en
periodos de aprendizaje y construcción colectiva. Y, sin duda,
el periodo iniciado en abril del 1994, con la Ley de Participación
Popular y concluido también en abril, pero del 2010, es el
periodo más importante en la vida municipal nacional.
Para los gobiernos municipales bolivianos, el proceso
municipalista fue un importante y complejo proceso de
construcción permanente de democracia municipal, un proceso
absolutamente creativo, de
innovación constante e incansable.
En este marco, la nueva Constitución
Política del Estado marca un hito
definitiva de las autonomías
municipales dentro la realidad
política, cultural, económica, social
e histórica del país, un hito histórico
al que los Gobiernos Municipales
aspiraban, después del éxito político
e institucional logrado en más de
16 años de experiencia municipal.
A diferencia del resto de las
entidades autonómicas territoriales,
la autonomía municipal vive un autentico proceso de transición
constitucional: de una identidad expresada en la reforma
constitucional de 1995, soporte jurídico en la construcción de
la democracia municipal que posibilitó que más de 300
Gobiernos Municipales alcancen un grado de desarrollo político,
institucional y democrático sin parangón en el país, a un
nuevo modelo, superior, de autonomía municipal contemplada
en la nueva Constitución Política del Estado.
Esta transición constitucional se expresa en dos figuras que
marcarán historia en la vida municipal: Por un lado, la definición
del artículo Nº 269 de la Constitución Política del Estado
(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO) que considera al
municipio como unidad territorial que forma parte de la
organización territorial del país y, por otro lado, el
reconocimiento de la condición autonómica a todos los
Gobiernos Municipales sin necesidad de cumplir los requisitos
y procedimientos obligatorios
establecidos para otras entidades
territoriales subnacionales; es decir
que, por mandato del articulo 33 de
la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización (LMAD), los 337
municipios actuales, además de todos
aquellos municipios que vayan a
crearse en el futuro tienen
automáticamente el carácter de
La autonomía municipal de la que
partimos es aquella que la reforma
constitucional de 1995 redefinió en
su naturaleza y alcance, cuyo
propósito central fue constitucionalizar la nueva realidad
municipal emergente con la Ley de Participación Popular de
20 de abril de 1994 por un lado y, por otro lado, cambiar la
visión municipal del contenido de la Constitución Política del
Estado de 1967, adecuándola al contexto político del momento
y modernizando la filosofía de las instituciones municipales.
El artículo 200º de la anterior Constitución Política del Estado
definió la autonomía municipal en los siguientes términos
“I. El gobierno y la administración de los municipios están a
HOY EL MUNICIPIO ESTA PREPARADO
PARA EL NUEVO MODELO DE ESTADO
CON AUTONOMÍAS, ES UNA UNIDAD DE
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL
ESTADO, SU RÉGIMEN SE SUSTENTA EN
EL PRINCIPIO DE AUTOGOBIERNO, EL
LEGISLATIVAS Y LA ASIGNACIÓN DE
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS; Y HOY,
COMO AYER, EL MUNICIPIO COMO
UNIDAD TERRITORIAL CONTRIBUYE AL
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL
ESTADO DEFINIDOS EN LA NUEVA
cargo de Gobiernos Municipales autónomos y de igual jerarquía.
En los cantones habrá agentes municipales bajo supervisión
y control del Gobierno Municipal de su jurisdicción. II. La
autonomía municipal consiste en la potestad normativa,
ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción
y competencia territoriales. III. El gobierno municipal está a
cargo de un concejo y un alcalde”.
Este mandato fue expresado en el artículo cuarto de la Ley
2028 o Ley de Municipalidades que sostiene que la autonomía
municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora
ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el Gobierno
Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las
competencias establecidas por Ley y su ejercicio se produce
- La libre elección de las autoridades municipales;
- La facultad de generar, recaudar e invertir recursos;
- La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones
determinando así las políticas y estrategias municipales;
- La programación y ejecución de toda gestión jurídica,
administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social;
- La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la
presente Ley y de sus propias Ordenanzas y Resoluciones y…
- El conocimiento y Resolución de controversias relacionadas
con el ejercicio de sus potestades normativas, ejecutivas,
administrativas y técnicas, mediante los recursos administrativos
previstos en la Ley y las normas aplicables.
- Modelo de Estado unitario y descentralizado donde el
Gobierno Municipal se constituye en una instancia estatal que
ejerce sus atribuciones en el ámbito de su jurisdicción territorial
como producto de la transferencia y delegación de competencias
del Gobierno Central; es decir que la entidad municipal actúa,
en la práctica, como una extensión administrativa del poder
ejecutivo en el cumplimiento de distintos fines estatales y bajo
un régimen jurídico municipal especializado - Ley de
Municipalidades y otras normas conexas.
- El rasgo principal de la autonomía se asienta en la potestad
normativa mediante la dictación de Ordenanzas y Resoluciones
que determina las políticas y estrategias municipales; es decir
que la capacidad de regulación del municipio se restringe a
estas normativas.
- La autonomía alcanza a la entidad municipal denominada
Gobierno Municipal en su condición de persona jurídica de
derecho público, para administrar los asuntos municipales de
interés de la población de su jurisdicción y dirigir la gestión
pública municipal en el marco de los limites establecidos por
la Constitución Política del Estado y el conjunto de leyes y
disposiciones legales que forman parte del ordenamiento
- Constitucionalmente no se vincula o identifica con un territorio
determinado y preciso. El territorio municipal, sección de
provincia, es reconocido como jurisdicción de la autonomía
municipal mediante una Ley que determina la base física y
geográfica en la que el Gobierno Municipal se asienta y ejerce
- La conformación del Gobierno Municipal se personifica en
un Alcalde y un Concejo Municipal como servidores públicos
de carácter electivo y responsables de Gobernar y administrar
En síntesis, la autonomía municipal de la que partimos es
aquella que ha logrado, en los últimos 16 años, construir y
- una democracia municipal actualmente compuesta por 337
- jurisdicciones territoriales gobernadas por sus respectivos
gobiernos municipales democráticos;
- un sistema de administración y gestión municipal eficiente;
- vigencia de una estructura de control social participativo y
un régimen administrativo, financiero y hacienda municipales
- una aplicación del sistema de planificación participativa
municipal con resultados altamente positivos y mecanismos
de participación ciudadana institucionalizados.
Estos entre otros que hoy son la base de la nueva autonomía
La nueva autonomía municipal
La nueva autonomía municipal es un triunfo de los ciudadanos
y ciudadanas que conforman las sociedades locales de todos
los municipios de Bolivia. Este triunfo se expresa en la definición
del modelo de Estado descrito en la nueva Constitución Política
del Estado cuyo articulo primero proclama el principio de
autonomías indicando que “Bolivia se constituye en un Estado
independiente, soberano, democrático, intercultural,
descentralizado y con autonomías”
El aporte de las autonomías municipales al nuevo modelo de
Estado tiene que ver con la capacidad política de los gobiernos
locales de haberse constituido en la célula estatal básica de
la democracia y en el espacio público, (no sólo cercano a la
gente, sinó, fundamentalmente, el hogar de los ciudadanos
y ciudadanas), donde se tejen las aspiraciones, objetivos y
proyectos de vida comunes.
Hoy el municipio esta preparado para el nuevo modelo de
Estado con autonomías, es una unidad de la organización
territorial del Estado, su régimen se sustenta en el principio
de autogobierno, el ejercicio de facultades legislativas y la
asignación de competencias exclusivas; y hoy, como ayer, el
municipio como unidad territorial contribuye al cumplimiento
de los fines del Estado definidos en la nueva Constitución
III. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA AUTONOMÍA
Para entender bien la nueva autonomía municipal, es necesario
partir de dos mandatos constitucionales, que en realidad son
los que configuran el Estado autonómico.
- Por un lado se tiene el artículo 269 de la Constitución Política
del Estado que define la organización del Estado y reconoce
al municipio como parte de dicha organización en su condición
de unidad territorial y base física y geográfica del ejercicio
de la autonomía municipal, es decir, se trata de la jurisdicción
territorial donde el Gobierno Municipal Autónomo ejerce su
- Por otro lado el Artículo 272 de la Constitución Política del
Estado que define el alcance y contenido de la autonomía…
“La autonomía implica la elección directa de sus autoridades
por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus
reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del
gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y
competencias y atribuciones”.
Estos dos mandatos fundamentales dan lugar a la estructuración
de la naturaleza constitucional, jurídica y política de la
Definición y ejercicio de la autonomía municipal
A pesar de la enorme producción teórica generada en estos
más de 16 años de éxito municipalista, los bolivianos no
hemos logrado acuñar una definición clara y precisa de lo
que es “autonomía municipal”; en realidad ni siquiera tenemos
un concepto definitivo de “autonomía municipal”, la
interpretación anterior provenía del artículo 200 de la anterior
Constitución Política del Estado que es, en realidad, un conjunto
de mandatos constitucionales que caracterizan a los Gobiernos
Municipales Autónomos.
Definir la autonomía municipal es súmamente importante,
sobre todo para un Estado que ha asumido el modelo de
autonomías en su estructura política y fundamentalmente
para los 337 municipios que son el espacio de construcción
democrática más exitosa en la historia de nuestro país y cuyas
experiencias, prácticas, aportes y contribución a lograr el
bienestar común de los ciudadanos es incuestionable.
Tener una definición precisa y clara de la autonomía municipal,
permitirá dimensionar fácticamente la concepción
constitucional, el objeto de su existencia y la función que
cumple dentro de los fines del Estado. En ese contexto, el
tema de la definición no es un problema mecánico de
conceptualización, es la construcción del instrumento básico
para que los ciudadanos y ciudadanas entendamos,
comprendamos y nos empoderemos cotidianamente de nuestra
realidad autonómica municipal.
Del contenido constitucional podemos inferir que “autonomía
municipal es el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de
una unidad territorial, municipio en nuestro caso, para
autogobernarse a través de una entidad territorial autónoma
denominada Gobierno Municipal que ejerce su poder publico
mediante sus facultades legislativa, fiscalizadora y ejecutiva
en el ámbito de las competencias asignadas por la norma
suprema del Estado y como parte de la organización territorial,
contribuye al cumplimiento de los principios, valores y fines
establecidos por la carta magna del país”.
La correcta definición de autonomía municipal permitirá
comprender y actuar en el contexto de tres aspectos del
En primer lugar posibilita comprender los alcances establecidos
en el artículo 9 de la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización referidos al ejercicio de la autonomía
municipal a través de:
- La libre elección de autoridades por sus ciudadanas y
- La potestad de crear, recaudar y/o administrar tributos e
invertir sus recursos de acuerdo a la Constitución Política del
- La facultad legislativa, determinando así las políticas y
estrategias de su gobierno autónomo.
- La planificación, programación y ejecución de su gestión
política, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural
- El respeto a la autonomía de las otras entidades territoriales,
previstos en la presente Ley y las normas aplicables.
- La gestión pública intercultural, abierta tanto a las diferentes
culturas de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, como a las personas y colectividades que no
comparten la identidad indígena.
En segundo lugar, permite precisar los límites del ejercicio de
la autonomía municipal y las garantías para ese ejercicio
protegidas por la Constitución Política del Estado.
En tercer lugar, es un factor determinante en la construcción
del imaginario colectivo que tiene que ver con los elementos
jurídicos, políticos, institucionales y técnicos que conforman
Elementos constitutivos de la autonomía municipal
Podemos establecer que la autonomía municipal esta integrada
por los siguientes elementos constitutivos: Territorio,
Autogobierno, Población y Poder público
Territorio - municipio
De modo general diremos que “el territorio municipal es la
base física y geográfica donde se asienta y ejerce su poder la
entidad denominada Gobierno Autónomo Municipal”.
Se conoce también como “la jurisdicción territorial donde se
ejercen las competencias asignadas por la Constitución Política
del Estado y el ámbito donde se limita la atribución de la
autoridad municipal”.
Como toda la institucionalidad municipal, el territorio municipal
ha sufrido transformaciones de acuerdo a cada momento
histórico y político que atravesó nuestra institucionalidad
democrática. Podemos reconocer esta trayectoria como una
autentica evolución positiva hasta alcanzar el estado de modelo
más adecuado y acorde a nuestra realidad y que, sin duda,
refleja la nueva Constitución Política del Estado.
La jurisdicción territorial de los Gobiernos Municipales
Autónomos es producto del artículo 12 de la Ley de Participación
Popular que establece que la jurisdicción territorial del Gobierno
Municipal abarca a la sección de provincia, respondiendo a
la división política del país establecida en el artículo 108 de
la anterior Constitución Política del Estado. Este precepto es
formalizado y conceptualmente dimensionado por la Ley de
Municipalidades Nº 2028 cuyo artículo tercero definió al
municipio como “unidad territorial, política y
administrativamente organizada, en la jurisdicción y con los
habitantes de la sección de provincia, base del ordenamiento
territorial del Estado unitario y democrático boliviano, cuyo
gobierno y administración se ejerce por un Gobierno Municipal”.
Hoy el municipio tiene una nueva categoría constitucional y
reemplaza a la sección de provincia como ámbito geográfico
y jurisdicción territorial municipal de conformidad con lo que
dispone el artículo 269 de la nueva Constitución Política del
Estado al determinar que el MUNICIPIO forma parte de la
organización territorial del Estado, al igual que los
Departamentos, Provincias y Territorios Indígenas Originarios
Campesinos y en consecuencia se constituye en la base física
y geográfica de la Autonomía Municipal y el Gobierno Municipal
Se trata del reconocimiento constitucional del municipio como
una de las cuatro unidades que integran la organización
territorial del Estado, una novedad fundamental y
absolutamente determinante para el futuro de la autonomía
municipal que, transcendiendo su finalidad autonómica, toma
un papel de alta importancia en toda la estructura política y
En ese contexto, no existe posibilidad constitucional de
supresión o modificación del municipio como unidad territorial;
las figuras de creación, modificación o delimitación de la
misma dependen de la “voluntad democrática de sus
habitantes” de acuerdo al mandato del articulo 269 parágrafo
segundo de la carta magna; esto, a diferencia del pasado en
el que una Ley de la República podía modificar una sección,
sin que exista vinculación entre el pronunciamiento ciudadano
y la voluntad del legislador.
Se trata de una verdadera garantía constitucional para el
municipio por cuanto es la
voluntad democrática de sus
habitantes la que define si se
crea una unidad territorial
municipal nueva, modifica una
existente o la delimita.
El autogobierno consiste en el
derecho de los habitantes de
un municipio de elegir a sus
nombrar a los responsables de
la dirección de su autonomía
municipal; la doctrina la
reconoce como autonomía
política por cuanto son los
propios componentes de la
sociedad local y no otros u
otras instancias estatales, los que nombran sus autoridades.
Es un rasgo importantísimo de la nueva autonomía municipal,
tiene que ver con el principio de autogobierno reconocido por
la Constitución e implica la facultad de los ciudadanos y
ciudadanas de constituir su propio Gobierno Municipal
Autónomo de forma directa y mediante el voto en elecciones
La elección de sus autoridades esta regulada por el sistema
de gobierno definido en el Capitulo Tercero de la Constitución
Política del Estado que establece, en su parágrafo segundo,
que el gobierno se ejerce a través de representantes elegidos
mediante voto universal, directo y secreto, conforme a Ley,
es decir que el sistema representativo es la base de la
constitución del Gobierno Autónomo Municipal el cuál, a su
vez, esta integrado por un
Concejo Municipal y un Órgano
Ejecutivo, presidido por la
Alcaldesa o el Alcalde elegidos
en listas separadas y de forma
directa por el soberano.
El principio de autogobierno
comprende también el derecho
del soberano de revocar el
mandato de sus autoridades
municipales cuando haya
transcurrido al menos la mitad
del periodo de funciones. Esta
figura no es procedente en el
último año de la gestión de
cinco años. La revocatoria del
mandato reemplaza al conocido
y cuestionado procedimiento de
censura constructiva de
competencia del Concejo Municipal devolviéndole de esta
forma al soberano la facultad de cesar en sus funciones al
representante elegido en las urnas antes del cumplimiento
del periodo constitucional de su mandato.
La población es la base sustancial de la autonomía municipal,
es la que está asentada en el espacio físico que es el territorio
PARECERÍA QUE EN EL TEMA DE LA CARTA
ORGANICA ES DONDE SE ENCUENTRA LA MAYOR
TRAMPA DE LA INTENCIÓN CENTRALISTA Y ANTI
AUTONOMISTA DEL GOBIERNO NACIONAL, POR
LO QUE EL CONJUNTO DE COMPLICACIONES Y
DIFICULTADES PARA LA FORMULACIÓN Y
APROBACIÓN DE ESTA NORMA FUNDAMENTAL
AUTONÓMICA ES LA DEMOSTRACIÓN DE ELLO
Y NO SE TRATA DE UNA CASUALIDAD, ES LA
PROPIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LA FUENTE PRINCIPAL DE LA IMPOSIBILIDAD DE
DOTARSE DE CARTAS ORGÁNICAS EN EL CORTO
O MEDIANO PLAZO, CONSOLIDÁNDOSE
SISTEMÁTICAMENTE CON LA LEY MARCO DE
municipal. Constituye el elemento sustancial de la autonomía
municipal por cuanto no es posible siquiera imaginar un
municipio sin población así como es imposible imaginar un
Estado sin población.
La población de un municipio esta en el origen mismo de este,
pues la unión de las personas desde su fase más inicial da
origen al municipio; el municipio es una respuesta a la necesidad
de esa población de satisfacer sus necesidades, esta idea es
expresada de forma contundente e incuestionable por
Tocqueville cuando establece que ''La comuna es la única
asociación que existe también en la naturaleza y que,
dondequiera que se encuentren hombres reunidos, se forma
por sí misma una comuna. La sociedad comunal existe, pues,
en todos los pueblos, cualquiera sean sus usos y sus leyes; es
el hombre quien hace los reinos y crea las repúblicas; la
comuna parece salir directamente de las manos de Dios''.
Por lo expuesto, el factor población es vital para la autonomía
municipal: tiene que ver con la fuente de la constitución de
los órganos de gobierno de la autonomía municipal, la
distribución de recursos de coparticipación de los ingresos
nacionales, la contribución por impuestos locales; sin embargo,
no queda claro cuál es el factor que determina la pertenencia
de la población a una autonomía municipal u otra.
Existen varios factores jurídicos y sociológicos que acreditarían
esa pertenencia tales como el lugar de nacimiento, el domicilio,
el registro electoral, la contribución impositiva, el censo de
población etc.; sin embargo, debido a la gran movilidad de
las personas y dadas las migraciones cada vez más intensas,
el valor muy relativo de los mismos es evidente.
Además, con relación a la población y el régimen autonómico
existen otros elementos que precisar, por ejemplo que la
población de la autonomía municipal no es exclusiva de ella,
también integra simultáneamente, y desde su base territorial,
la autonomía departamental e incluso la autonomía regional,
exceptuando solamente el ser parte de la autonomía indígena.
Por ello, la importancia de definir la pertenencia de los
individuos a una autonomía municipal es un tema que queda
pendiente de precisar jurídica y técnicamente.
El poder público es ejercido mediante las facultades legislativa,
reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por los órganos del
gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción,
competencias y atribuciones; así dispone el artículo 12 de la
Ley Marco de Autonomías y Descentralización en su numeral
segundo, cuando señala que la autonomía se organiza y
estructura su poder público a través de los órganos legislativo
y ejecutivo, y estos órganos públicos cumplen sus funciones
en el marco de los principios de independencia, separación,
IV. CRÍTICAS A LA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS
Es por demás evidente que la autonomía municipal en la
Constitución Política del Estado representa un avance
fundamental en el concepto; sin embargo, un conjunto de
regulaciones contenidas en la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización pareciera estar orientado a dificultar el
normal desarrollo del proceso autonómico, con el propósito
de conducir de forma inevitable a la aplicación de la
denominada “normativa supletoria del nivel central” y
desconocer el carácter de las autonomías municipales.
También es cierto que, a pesar de nuestra mirada crítica y
reflexiva sobre dicha norma, la misma esta vigente, aprobada
por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional e
imposible de ser modificada en el corto o mediano plazo.
Surge, entonces, un desafío para las autonomías municipales:
el de construir el proceso desde una perspectiva positiva y en
base al marco legal vigente, recurriendo de forma imaginativa
a los mecanismos legales y constitucionales que nos otorga
nuestro ordenamiento jurídico; todo con el propósito de
precautelar el régimen autonómico y lograr una aplicación
ordenada y coherente de la autonomía en el marco de los
Como señalamos precedentemente, la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización vuelve complejo el proceso
autonómico introduciendo aspectos y figuras confusas,
contradictorias y atentatorias al espíritu de la Constitución
Política del Estado. Los agravios al orden constitucional vienen
desde el principio de la normativa, cuando se establece un
objeto y define un alcance más allá de los autorizados por la
- En cuanto al objeto regulado en el artículo segundo de la
Ley Marco de Autonomías y Descentralización, por mandato
constitucional expreso y de forma obligatoria, éste debió
contener única y exclusivamente las figuras contenidas en el
art. 271 de la Constitución Política del Estado; sin embargo,
de forma arbitraria e incorrecta sostiene que las regulaciones
contenidas en el artículo 269 de la carta magna también
forman parte de su objeto.
- De igual forma, el artículo 271 de la Constitución Política
del Estado identifica que el alcance de la regulación de la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización es: el procedimiento
para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas,
la transferencia y delegación competencial, el régimen
económico financiero y la coordinación entre el nivel central
y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas.
Sin embargo, a estos cuatro aspectos se adicionan otras tres
figuras no autorizadas por la Constitución Política del Estado:
las bases de la organización territorial del Estado, el marco
general de la participación y el control social en las entidades
territoriales autónomas y la suspensión temporal y destitución
de autoridades electas departamentales, regionales y
municipales, que forman parte de otras normativas especificas,
distintas a la Ley Marco.
Podemos finalizar diciendo que será el control constitucional
el que se pronuncie al respecto como guardián de la
Todo el Capitulo I del Titulo II de la Ley Marco de Autonomías
y Descentralización - Bases de la Organización Territorial,
específicamente lo expresado en los artículos 14.- Finalidad
de la organización territorial; 15.- Conformación de nuevas
unidades territoriales; 16.- Modificación y delimitación de
unidades territoriales y 17.- Conflicto de límites, vulneran de
modo expreso y evidente lo establecido en el artículo 269 de
la Constitución Política del Estado, son figuras que debieron
ser parte de otra Ley Especial cumpliendo el mandato
constitucional, que además es reconocida expresamente por
la propia Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Conversión de autonomía
En cuanto a las disposiciones que regulan la organización
territorial, podemos encontrar varias contradicciones e
incoherencias tanto con la Constitución como dentro de la
misma Ley Marco de Autonomías y Descentralización: el artículo
15/IV de la Ley Marco dispone la conversión de un municipio
en autonomía indígena originaria campesina sin que esta
mutación implique la creación de una nueva unidad territorial;
sin embargo, el artículo 16/IV de la misma norma establece
que los municipios pueden adoptar la cualidad de autonomía
indígena originaria campesina y, en consecuencia, modificar
su condición de unidades territoriales a la categoría de territorio
Enorme confusión la que nos plantean dichas disposiciones,
cuando ambas figuras, conversión o adopción, tienen la misma
finalidad: convertir al municipio en Autonomía Indígena, que
ejerce su poder público en la unidad territorial indígena
originaria campesina en el marco del articulo 269 de la
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. En virtud a ello, esta
transformación de naturaleza de unidad territorial es automática
cuando cumple las condiciones y requisitos legales, no existe
la figura de autonomía indígena que ejerza su poder público
en una unidad territorial distinta de la que establece la
Además, la Constitución Política del Estado en su art. 294,
parágrafo segundo, es clarísima al sostener que la decisión
de convertir un municipio en autonomía indígena originario
campesina se adoptará mediante referendo previo cumplimiento
de los requisitos y condiciones establecidos por ley, es decir,
aquellos requisitos que están previstos para la modificación
de las unidades territoriales.
Igualmente, contradice evidentemente el articulo 15/IV de la
Ley Marco que reconoce que el gobierno autónomo indígena
originario campesino es el órgano público en el caso de los
territorios indígena originario campesinos, municipios y regiones
que hayan accedido a la autonomía indígena originaria
Aquí podemos evidenciar otra vulneración a la Constitución
Política del Estado que en su art. 269, parágrafo segundo
dispone que: la creación, modificación y delimitación de las
unidades territoriales se hará por voluntad democrática de
sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en
la Constitución y la ley, es decir, que es la población del
municipio la que debe pronunciarse respecto a su condición
territorial, sin embargo el articulo 18/III de la Ley Marco infiere
que la decisión popular es mediante referéndum y la
convocatoria a referendo se realizará únicamente a los
habitantes de las áreas urbanas y/o de comunidades, según
corresponda, sobre el área territorial en disputa.
Suspensión y destitución de autoridades electas
Contenida en el titulo noveno de la Ley Marco de Autonomías
(suspensión temporal y destitución de autoridades electas
departamentales, regionales y municipales) arts. 144 al 149,
como se podrá compulsar estas figuras con el texto del art.
271 de la Constitución Política del Estado, no forman parte
de su contenido y en virtud de ello no son constitucionales.
Además, de manera sorprendente, se habilita la normativa del
nivel central como “norma supletoria de las autonomías”, en
franca vulneración de todos los principios constitucionales
que caracterizan el Estado Autonómico:
- Reconcentra la facultad legislativa de las autonomías
municipales para el nivel central, por cuanto el cumplimiento
de las disposiciones jurídicas son de carácter obligatorio y no
potestativo, es decir, que el nivel central legislara en materia
de competencias exclusivas de la autonomía municipal para
su cumplimiento obligatorio.
- Vulnera de modo temerario el principio establecido en el
artículo 140/I de la Constitución Política del Estado que dispone
expresamente lo siguiente “Ni la Asamblea Legislativa
Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación
o reunión popular de ninguna clase, podrán conceder a órgano
o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las
establecidas en esta Constitución”. La habilitación de la
normativa supletoria del nivel central, no es otra cosa que
una facultad extraordinaria que la Ley Marco de Autonomías
y Descentralización otorga a los órganos públicos del nivel
central para legislar las competencias exclusivas de la autonomía
- El articulo 12 / III de la Constitución Política del Estado
señala que las funciones de los órganos públicos no pueden
ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre si, por
lo que al facultar al órgano legislativo del nivel central el
ejercicio supletorio de la facultad legislativa para regular
competencias exclusivas de las autonomías municipales de
responsabilidad y función indelegable de los Órganos
Legislativos de la autonomía municipal, no esta haciendo otra
cosa que reuniendo funciones para si, afectando claramente
funciones de otro órgano público.
- Atenta la naturaleza jurídica del alcance constitucional de
los artículos 270 y articulo 271 de la Constitución Política del
Estado, por cuanto desconoce expresamente los principios de
la organización territorial del Estado y los elementos básicos
que configuran la definición de autonomía como son el
autogobierno y las facultades legislativas, reglamentaria,
fiscalizadora y ejecutiva, sustancia y esencia de la autonomía
El articulo 15 parágrafo tercero de la Ley Marco establece que
para la creación de nuevos municipios se requiere una base
demográfica mínima de 10.000 habitantes. Esta disposición
se constituye en un estimulo para la división de los municipios,
proliferación de nuevos municipios y un uso político, abusivo
e incluso interesado de esta figura que facilitara la manipulación
de importantes centros poblacionales sobre todo de las
ciudades capital donde el Gobierno no tenga el control de la
administración edil.
En las versiones de proyecto de Ley a esta figura se le
denominaba armonización legislativa, que fue ampliamente
rechazada por ser atentatoria a la autonomía municipal y se
impuso la misma bajo el nomen juris de compatibilización
legislativa. ¿En que consiste la misma y cual es su efecto
contra el régimen autonómico? Esta contenida en el artículo
68 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y
consiste en la facultad que tiene la Asamblea Legislativa
Plurinacional de establecer mediante leyes principios para
compatibilizar la normativa de las entidades autónomas cuando
estas sean dispares afectando derechos constitucionales o
agravien el interés general.
A simple vista parecería visibilizarse la mano bondadosa y la
parte altruista desinteresada del nivel central, pero no, el
trasfondo de la disposición es más que peligrosa para la
vigencia de la autonomía municipal, innecesaria por lo demás,
por existir un ordenamiento jurídico constitucional que
precisamente protege de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales y repara de forma efectiva el interés general
de la comunidad. Ahí tenemos los amparos constitucionales
para la tutela de los derechos ciudadanos, recursos de nulidad,
recurso de inconstitucionalidad para proteger el interés general.
Respecto al régimen competencial establecido en la Ley Marco
de Autonomías y Descentralización se advierten aspectos
indudablemente positivos por la identificación precisa de las
competencias que le corresponden a los órganos públicos, sin
embargo otros elementos regulados podrían complejizar de
modo importante la intención positiva de las disposiciones.
Debemos señalar que la Ley Marco es una norma aprobada
por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional y
cualquier modificación requiere similar requisito, situación
muy poco probable de darse sin la existencia de pactos no
solo al interior de dicho órgano legislativo sino con los actores
El hecho de que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
remita muchísimos asuntos y competencias para que sean
regulados posteriormente por leyes especiales, denota la falta
de claridad sobre distribución de competencias a las entidades
V. CARTA ORGÁNICA
Es determinante para el ejercicio efectivo y cierto de la
autonomía municipal la aprobación de las Cartas Orgánicas
y dada la mínima importancia y valoración asignadas a las
mismas por parte del Constituyente y el Legislador, parecería
que en este tema es donde se encuentra la mayor trampa de
la intención centralista y anti autonomista del gobierno
nacional, por lo que el conjunto de complicaciones y dificultades
para la formulación y aprobación de esta norma fundamental
autonómica es la demostración de ello y no se trata de una
casualidad, es la propia Constitución Política del Estado la
fuente principal de la imposibilidad de dotarse de Cartas
Orgánicas en el corto o mediano plazo, consolidándose
sistemáticamente con la Ley Marco de Autonomías y
Es por demás llamativo que la norma suprema del Estado y
menos la Ley Marco no hayan definido con precisión jurídica
y conceptual la naturaleza y valor jurídico de las Cartas
Orgánicas para las autonomías municipales, cuya concepción
se reduzca a señalar lo que infiere el artículo 275 de la CPE
de manera aislada “…entrará en vigencia como norma
institucional básica de la entidad territorial mediante referendo
aprobatorio en su jurisdicción”. Mucha más crítica es la
situación cuando el artículo 60 de la Ley Marco de Autonomías
y Descentralización que establece la naturaleza jurídica de las
entidades autónomas no se refiera a las Cartas Orgánicas y
únicamente establezca el carácter jurídico de los Estatutos
Esta notoria, preocupante y gravísima omisión respecto a la
definición de la naturaleza jurídica y valor constitucional de
las Cartas Orgánicas puede afectar sustancialmente la condición
autonómica de los Gobiernos Municipales, toda vez que se
trata de la máxima normativa autonómica donde se concentre
todos los principios y facultades constitucionales otorgadas
a las entidades autónomas. No se trata de un asunto menor
sino del núcleo jurídico garantista de la voluntad soberana de
la población que ha decidido constituirse en autonomía bajo
los preceptos de la Constitución Política del Estado.
La naturaleza jurídica de las Cartas Orgánicas, garantiza que
el conjunto de mandatos constitucionales se cumplan del
modo que establece la Constitución y se convierte en una
protección constitucional para evitar vulnerar el Estado
Autonómico; permite accionar en defensa jurídica de los
principios constitucionales que conforma el Estado de Derecho
y el respeto de la soberanía popular expresada en las urnas.
De igual forma la Carta Orgánica es la materialización del
principio constitucional previsto en el artículo 276, en virtud
del cual la naturaleza de la autonomía municipal se expresa
en la insubordinación ante el nivel central y otras entidades
autónomas por la igualdad de rango constitucional en la
que ese encuentran como parte del Estado Autonómico e
integrante de la organización territorial del Estado bajo
prerrogativas y funciones definidas.
En ese orden, la definición de la naturaleza jurídica de las
Cartas Orgánicas es sustancial para ejercicio pleno de la
autonomía municipal, por cuanto es la norma suprema del
municipio en el que se asienta todo el contenido, alcance,
límites, garantías, elementos, fines y condiciones normadas
en la Constitución y el ordenamiento jurídico ordinario.
Un efecto de la ausencia de una definición constitucional
precisa de la Carta Orgánica, es la inexistencia evidente de
un vinculo constitucional necesario, obligatorio y natural que
debería establecerse entre la definición constitucional de
autonomía, los elementos que caracterizan al régimen
autonómico, el catalogo de competencias, régimen financiero
con las Cartas Orgánicas, toda vez que estas definiciones
constitucionales por mandato de la propia Constitución Política
del Estado con carácter de reserva autonómica deberían
reproducirse en dicho instrumento de acuerdo a la realidad
de cada autonomía municipal, es decir, que debió reconocerse
como norma suprema municipal a las Cartas Orgánicas y no
solo como “norma institucional básica” sin la asignación de
la categoría de la principal norma en la jerarquía de legislación
La ausencia de un vinculo jurídico constitucional de las Cartas
Orgánicas con todo el contenido de la autonomía esta
claramente expuesta en el artículo 302 de la CPE que se refiere
a las competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales
señalando como facultad de “Elaborar su Carta Orgánica
Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos en
esta Constitución y la Ley”, es decir, sin asignarle el valor
jurídico ni jerárquico alguno a la máxima norma de la autonomía
Otro aspecto complejo tiene que ver con el proceso de
elaboración de la Carta Orgánica, si bien tres aspectos del
mismo esta plenamente identificados tales como la facultad
del Concejo Municipal de aprobar el proyecto de dicha norma
por dos tercios de los votos del total de miembros; el control
de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional y
el pronunciamiento ciudadano en el referéndum aprobatorio
como dispone el artículo 275 de la CPE, sin embargo es
necesario advertir que la elaboración debe ser de “carácter
participativo” condición recogida como mandato constitucional
y ratificado como figura legal en el artículo 53 de la Ley Marco
de Autonomías y Descentralización.
El carácter participativo en la elaboración de la Carta Orgánica
al que se refiere la Constitución solo es un enunciado y no es
suficiente para determinar su contenido y cual es el alcance
de la participación de la población en el proceso de elaboración.
Considerando que la Carta Orgánica una norma constitutiva
y la más importante en la jerarquía normativa de la autonomía
municipal, para su validez jurídica y evitar la impugnación
constitucional por este concepto, es importante definir el
alcance legal de la participación ciudadana en la elaboración
Participar significa muchas cosas y el carácter participativo
del proceso también, pero fundamentalmente se debe responder
a un sin numero de interrogantes que hagan valido el proceso
y otorguen una legitimidad incuestionable a la Carta Orgánica.
Estas interrogantes tienen que ver con el hecho de que cual
es la instancia participativa legal y legitima para pronunciar
el resultado final del proyecto? Quienes son los participantes,
como se los elije y en función de que criterios democráticos?
Existe una normativa que regule todo este proceso participativo?
entre otros, estos aspectos no los resuelve la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización cuando este era el tema
principal de regular y no otros ajenos a su competencia como
se ha podido evidenciar previamente.
Elaboración potestativa
El artículo 61 parágrafo tercero de la Ley Marco de Autonomías
y Descentralización dispone que la elaboración de la carta
orgánica es potestativa, en realidad se trata de una figura que
sentencia peligrosamente la Autonomía Municipal, toda vez
que si no se cuenta con este instrumento la normativa que
rige la autonomía municipal es la NORMA SUPLETORIA DEL
Pero no es casual la incorporación de esta figura en la Ley
Marco, forma parte del esquema centralista de cooptar y
controlar la autonomía municipal bajo otros medios como es
la aplicación en estos casos de la normativa supletoria del
nivel central. Asumir la opción potestativa de la elaboración
de las cartas orgánicas es simplemente hacerle el juego al
poder central y liquidar la autonomía municipal, en virtud que
sin cartas orgánicas no existe autonomía municipal consagrada
Esta disposición no solo que contradice el espíritu de la
autonomía contenida en la Constitución que define a las
Cartas Orgánicas como la norma institucional básica de la
entidad autónoma y contradice el propio artículo 61 antes
señalado que sostiene en su primera parte que “es la norma
a través de la cual se perfecciona el ejercicio de su autonomía”,
en términos sencillos y concretos sin Carta Orgánica
simplemente no existe autonomía municipal y los Gobiernos
Municipales y las poblaciones de los municipios que no cuente
con su norma municipal están sentenciados a depender del
En cuanto al control de constitucionalidad de las Cartas
Orgánicas, este es sin duda un requisito previo al Referéndum
Municipal y consiste básicamente en la facultad que tiene el
Tribunal Constitucional para determinar si el contenido de
esta normativa autonómica no vulnera la Constitución Política
del Estado, el ordenamiento jurídico nacional y se sujeta de
modo estricto al marco normativo autonómico.
En este tema es necesario precisar algunos aspectos sustanciales
para la viabilidad de las autonomías municipales, advirtiendo
que pueden surgir dificultades insalvables de no asumirse
medidas necesarias para facilitar y agilizar el proceso de
aprobación de las Cartas Orgánicas municipales.
Se debe reconocer que los actuales miembros del Tribunal
Constitucional no tienen la competencia para ejercer el control
constitucional de las Cartas Orgánicas y en consecuencia
corresponde a los nuevos magistrados ha elegirse de forma
directa de conformidad con la Constitución Política del Estado
esta tarea. La elección de los nuevos magistrados debería
producirse en el mes de diciembre de 2010 por mandato
constitucional, sin embargo mediante Ley de la Republica esta
elección ha sido postergada hasta el mes de junio del año
2011, es decir, que hasta esta fecha ninguna entidad
autonómica podrá ingresar al Tribunal Constitucional tramite
de control constitucional de su Carta Orgánica, a este tiempo
se debe sumar inevitablemente el referido a la etapa de
organización de los nuevos Magistrados y reglamentación
para el tratamiento de estos casos.
La situación se vuelve más incierta aun, si tomamos en cuenta
que el control constitucional se debe ejercer a 335 Cartas
Orgánicas, 9 Estatutos Autonómicos y seguro un número
importante de normas pertenecientes a las Autonomías
La sola presentación de la Carta Orgánica al Tribunal
Constitucional, de ninguna manera es garantía de que la
misma sea declara constitucional y las posibilidad de
observaciones, cuestionamientos e impugnaciones puede
retrasar considerablemente el propósito de contar con nuestras
Cartas Orgánicas.
VI. PROCESO PACEÑO
Como es de conocimiento público, la autonomía municipal de
La Paz ha iniciado su proceso de formulación de su Carta
Orgánica en abril de 2009 y concluido el segundo semestre
del mismo año. Este proceso participativo se ha caracterizado
por ser altamente positivo en cuanto a sus resultados,
metodología y acuerdos logrados por la paceñidad, sin embargo
su realización es anterior a la promulgación a la Ley Marco
de Autonomías y Descentralización y otras normas jurídicas
vinculantes al régimen de autonomías plantea, aspecto que
plantea la necesidad de adecuar dichos resultados a las nuevas
El proceso paceño, se ha sustentado legalmente en la decisión
del H. Concejo Municipal de La Paz que en fecha dos de abril
de 2009 emitió la Ordenanza Municipal No.184/2009 en
virtud del cual dispone aprobar las normas y reglas para
garantizar el existo del proceso. Por una lado, la Ordenanza
Municipal antes mencionada autoriza iniciar el proceso
participativo de elaboración del Proyecto de Carta Orgánica
del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de acuerdo con
el marco normativo establecido en la Ley Nº 3942, Constitución
Política del Estado y la Norma de Participación Ciudadana en
la Gestión del Gobierno Municipal de La Paz - Ordenanza
Municipal G.M.L.P. Nº 069/2006 de 14 de marzo de 2006 y
por otro lado, aprueba el Reglamento para la Elaboración
Participativa del Proyecto de Carta Orgánica del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz, el que se constituye en el
instrumento jurídico municipal ordenador del proceso, que
contiene entre otras disposiciones referidas a la participación
ciudadana, ejes temáticos, tiempo de duración del proceso
Como resultado final del proceso, se tiene el DOCUMENTO
REFERENCIAL: CARTA ORGANICA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ
emanado de la II Asamblea del municipio. Este documento
presenta un conjunto de particularidades a ser destacadas
para la continuación del proceso:
- Su contenido denota el establecimiento de principios, valores,
reglas y demandas consensuadas, producto de la aprobación
del conjunto de ciudadanos y ciudadanas participantes del
- Es el resultado de un proceso participativo, donde los paceños
y paceños expresaron a través de sus representantes sociales
sus demandas, aspiraciones, objetivos comunes y definieron
la visión y misión municipal.
- El documento presenta una estructura de contenidos que
refleja de manera amplia las posiciones ciudadanas en diferentes
temas y áreas municipales.
- Lo más importante del documento implica la materialización
de acuerdos ciudadanos sobre la organización institucional,
objetivos ciudadanos y mecanismos de aplicación de normas
para la relación entre el municipio y la ciudadanía.
A partir del 4 de abril de 2010, el Gobierno Municipal de La
Paz cuenta con nuevas autoridades municipales, tanto a nivel
del Ejecutivo Municipal como del Órgano Legislativo, empero
la característica central implica que las nuevas autoridades
municipales inician sus funciones y cumplen su mandato de
cinco años bajo un régimen constitucional de autonomía
diferente, cuya principal responsabilidad es la de implementar
la autonomía municipal en el ámbito del territorio del municipio
de La Paz y la formulación de la Carta Orgánica.
De esta nueva realidad jurídica, política e institucional, es
preciso tener plena conciencia que son dos los desafíos de
alta responsabilidad para las nuevas autoridades del municipio
de La Paz en este proceso implican:
- La implementación y puesta en práctica de la nueva Autonomía
Municipal establecida en la Constitución Política del Estado,
desarrollando todos los mandatos constitucionales y
construyendo la nueva institucionalidad municipal mediante
la Carta Orgánica municipal.
- Procurar una transición institucional y jurídica ordenada
hacia la nueva autonomía municipal, sin afectar los derechos
ciudadanos y la institucionalidad municipal construida durante
años de democracia municipal.
Consideramos que la siguiente hoja de ruta debería marcar
el camino de la continuidad de la elaboración de la Carta
Orgánica Municipal de La Paz.
Redacción del proyecto de Carta Orgánica
Comprende la redacción del Proyecto de Carta Orgánica del
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en base al
DOCUMENTO REFERENCIAL CARTA ORGANICA DEL
MUNICIPIO DE LA PAZ, emergente del proceso participativo
realizado, que contiene la visión y misión del Municipio, además
de los acuerdos y consensos alcanzados en la II Asamblea de
La Consulta Ciudadana es el proceso participativo, que tiene
el propósito de presentar y debatir el proyecto de Carta
Orgánica con los ciudadanos y ciudadanas paceñas, a efectos
de complementar, enriquecer, consensuar temas, validar
contenidos y retroalimentar con aspectos no considerados en
el proyecto de Carta Orgánica. Esta consulta debe garantizar
la mayor participación de actores sociales organizados en
diferentes expresiones, organizaciones vecinales, organizaciones
sectoriales, organizaciones privadas, entidades públicas
vinculadas al que hacer municipal y todos ciudadanos y
ciudadanas del municipio.
Esta actividad de carácter obligatorio comprende la remisión
al Tribunal Constitucional Plurinacional del proyecto de Carta
Orgánica, el seguimiento y monitoreo de su tratamiento a
efecto de atender aspectos que pudieran ser observados por
dicho Tribunal y lograr el pronunciamiento constitucional del
proyecto que habilita a la realización del Referéndum Municipal.
Referéndum Municipal Aprobatorio
Una vez que el Tribunal Constitucional emita su
pronunciamiento respecto del proyecto de Carta Orgánica
estableciendo su constitucionalidad, corresponde la fase del
Referéndum Municipal a este efecto deberá definirse un
cronograma en coordinación con el órgano electoral desde la
convocatoria, difusión o socialización del proyecto de Carta
Orgánica, debate público, acto de votación y pronunciamiento
del resultado por la Corte Electoral. Simultáneamente se
deberá trabajar e implementar una estrategia participativa
con la paceñidad para lograr el respaldo y aprobación
altamente mayoritaria de la norma autonómica más importante
del Gobierno Autónomo de La Paz.
CONCEJAL ASIGNADA AL MACRO DISTRITO PERIFÉRICA
Participación juvenil en la construcción
de la Carta Orgánica de La Paz
La participación ciudadana ha sido siempre una característica
de la ciudad de La Paz que ha ido fortaleciendo el desarrollo
del Municipio. Por esta razón, el Concejo aprobó hace cuatro
años la Ordenanza 069/06 que instituye aquélla en el marco
de las Asambleas del Municipio de La Paz.
Al momento se han llevado a cabo dos asambleas: la Primera
Asamblea del Municipio analizó y evaluó en octubre de 2008
la Gestión del alcalde Juan Del Granado; posteriormente el
2009 se inicio el proceso de elaboración de la Carta Orgánica,
norma básica institucional que tiene el objetivo de afirmar la
La travesia de la participación de los jóvenes en la II Asamblea
del Municipio, se inicio con la posibilidad otorgada por la
Ordenanza Municipal 184/09 que determinó la participación
de las y los jóvenes a ser electos entonces por Macro distrito
y Distritos Rurales: finalmente, de 2 a 6 resultaron elegidos
en las Casas de la Juventud de cada Macro distrito y Distritos
Rurales, haciendo un total de 54 asambleístas jóvenes.
Tal Ordenanza establecía asimismo que dentro de la Directiva,
un joven o una joven debía ocupar la primera Vicepresidencia
de esa Asamblea, posibilitando la interacción de los 54
asambleístas con todo el proceso de elaboración de esta
Además, se incorporó a un representante juvenil en la palestra
de la dirección de un espacio tan importante de participación
social como fue la II Asamblea, ratificando la confianza en la
juventud para que en algún momento de ausencia del
presidente nato, el Alcalde, el representante juvenil pueda
dirigir la Asamblea desde la primera Vicepresidencia.
Desde la convocatoria, las y los jóvenes generaron alta
expectativa, especialmente por medio de los Encuentros de
Identidades Juveniles y a partir del III Encuentro que abordó
el análisis especifico de la elaboración de la Carta Orgánica,
priorizando la incorporación de sus necesidades.
Es así que esta participación en el ámbito de las decisiones
municipales data desde hace mucho tiempo, de manera que
al socializar sus posibilidades y su importancia, algunas y
algunos que pudieron ser electos en sus Macro Distritos, la
asumieron con mayor compromiso.
HITOS DEL AVANCE
El primer encuentro con las y los posibles asambleístas, fue
el simulacro de la II Asamblea del Municipio que se llevó a
cabo en las instalaciones de la Facultad de Derecho, lugar
donde al final del trabajo en mesas evaluamos de forma
positiva nuestra participación, con un alto conocimiento de
la actividad municipal.
Otro hito significativo fue la asamblea electoral de las y los
54 jóvenes asambleístas electos por Macro, quienes por medio
de una elección nominal de entre seis postulantes, definieron
por mayoría la elección de Silvia Tamayo.
Este proceso se inició lleno de esperanzas pero también con
mucho trabajo cooperativo, conformándose un equipo de
líderes con responsabilidades compartidas y un cronograma
de actividades para el fortalecimiento de los conocimientos
en la normativa, estructura y competencias del Gobierno
Los talleres fueron una estrategia sumamente útil para este
equipo: muchos se llevaron a cabo en oficinas del Defensor
de Pueblo y algunas reuniones se realizaron en la oficina de
un aliado natural, el concejal Martin Rengel, proveniente de
Comenzamos revisando nuestra Constitución Política del
Estado y todo lo relativo a las competencias del Municipio,
enfatizando de manera particular
en los derechos y deberes de las y
Desde ese instante generamos
interesantes alianzas, más que todo
con el sector de mujeres, con las
que encontramos algunas metas
comunes; entre ellas, la real
de los sectores mal llamados
“vulnerables”.
Como jóvenes, construimos un
documento en base al 3er Encuentro
de Identidades Juveniles, que nos
sirvió de bitácora de movimiento para la lucha de la
incorporación de las mismas.
La conformación de la Escuela Superior de Formadores en
Artes Integrales (ESFAI -un grupo de jóvenes que tienen como
labor principal concientizar a la población mediante el teatro
en sala y calles, títeres, pintura, música, danza, Art. 95 CPE),
fue una de las primeras demandas, junto al reconocimiento
al trabajo artístico no profesionalizado, para la promoción de
Entre otras, se solicitó también:
PARTICIPACION CIUDADANA, CONTROL SOCIAL Y
Respetar y promover la participación política de las y los
jóvenes en todos los espacios de decisión municipal, haciendo
posible la participación basados en la equidad de género y
generacional, según el Art 144 CPE
Respetar y constituir la creación del
“Consejo Macrodistrital
Cuyos integrantes deberán
representar a los niños y
organizaciones que trabajen para el
desarrollo de su Macro distrito, con
EN LA RECAPITULACIÓN DE LA
HISTORIA DE BOLIVIA, LAS Y LOS
JÓVENES SIEMPRE HAN PARTICIPADO
EN LA REIVINDICACIÓN DE LOS
DERECHOS, EN ESPECIAL EN LA ÉPOCA
DE LA DICTADURA DONDE MUCHOS
PERDIERON LA VIDA, GENERANDO EN
OTROS LA NECESIDAD DE SER
PARTICIPES DEL CAMBIO Y
TRANSFORMACIÓN DE UN ESTADO
PATRIARCAL, DISCRIMINADOR Y
ADULTO CENTRISTA.
Reconocer y consolidar la creación de los “Consejos Juveniles
Macro Distritales” que serán parte del Consejo Macro Distrital
Macro Distritales”
Promover y garantizar la creación de las “Secretarias de la
Juventud Comunitaria” en cada Distrito del Municipio Paceño.
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y
OTRAS DEMANDAS INCORPORADAS
Establecimiento de un régimen de equidad social, de género
Jerarquización de la Unidad de la Niñez, Adolescencia y
Juventud, convirtiéndose una Dirección de Juventud.
Temáticas de salud y educación, la posibilidad de ampliación
de las competencias asignadas por la CPE.
Creación de un mecanismo para la efectivizar de la coordinación
entre las competencias concurrentes y compartidas con otros
SALUD, EDUCACION
Creación de un Centro Municipal de reinserción social para
infractores juveniles. (contar con un espacio diferenciado de
los centros penitenciarios existentes
Creación de centros o institutos municipales de enseñanzas
técnicas para adolescentes y jóvenes en todos los distritos.
Gestionar por parte del GAMLP la implementación de forma
obligatoria de la atención multidisciplinaria (Psicolog@ y
Trabajadora@ Social) con calidad y calidez y diferenciada para
jóvenes y adolescentes en general, en todos los centros
Implementar a través del gobierno municipal la actualización,
capacitación y sensibilización del personal de salud diferenciada
para adolescentes en salud sexual, salud reproductiva, ITS,
VIH/Sida, especialmente en programas de prevención y
erradicación de todas las formas de la violencia y discriminación.
Implementar asimismo mediante el GAMLP, comités juveniles
de vigilancia de los servicios de salud.
COMUNICACIÓN, SEGURIDAD CIUDADANA
Lo mismo, una estrategia de comunicación e información para
socializar a la población del municipio de La Paz, sobre los
servicios de salud para adolescentes y jóvenes.
Igualmente, implementar espacios físicos especializados de
atención diferenciada para adolescentes y jóvenes.
Impulsar, también mediante el GAMLP proyectos para la
gestión e implementación de un seguro municipal para jóvenes
Dotar de personal capacitado para la atención de casos de
violencia sexual, especialmente asegurar la permanencia de
un médico forense en todos los distritos, para brindar la
asistencia profiláctica (Anticoncepción de emergencia y
prevención de VIH/SIDA)
Fortalecimiento especifico, asignando mayores recursos
económicos, para el equipamiento y mejoramiento de las
Casas de la Juventud como espacios de integración y educación
para las y los jóvenes.
Conformación de un Comité de vigilancia estudiantil avalado
por el GMLP para el control del uso y acceso de la
infraestructura, servicios y centros educativos para las y los
Implementar por la misma vía un departamento de Psicología
y Trabajo Social en todos los establecimientos educativos con
jóvenes profesionales, que puedan ejecutar convenios de
prácticas con la Universidad
TRANSPORTE, DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO
Igualmente, medidas de transporte estudiantil municipal, ya
sea un transporte especializado o el pasaje estudiantil municipal
accesible a la economía estudiantil y universitaria.
Implementación de brigadas escolares obligatorias en todos
Implementación de proyectos de incorporación laboral de
jóvenes egresados y profesionales y técnicos dentro del GMLP.
Implementación obligatoria de las brigadas escolares.
El GMLP creara mecanismos de sanción para aquellos
transportistas en caso de maltrato a niñez, juventud, mujeres,
Efectivizar la Jerarquización de la Unidad de la Niñez,
Adolescencia y Juventud, convirtiéndose esta en Dirección de
Juventud, que deberá estar conformada por personal con
experiencia en el trabajo juvenil y en coordinación directa con
organizaciones de la sociedad civil que trabajan de forma
específica con esta población
Creación de un mecanismo para la coordinación efectiva entre
la Dirección de la Juventud y la Comisión de Desarrollo Humano
en relación al Consejo de la Juventud, el mismo deberá ser
representativo y generador de nuevos liderazgos juveniles.
ORGANIZACIÓN, DERECHOS, ELEGIBILIDAD
Fortalecimiento de las casas de la juventud con mayor
coordinación y mayor asignación de presupuesto para la
ejecución de actividades coordinadas y dirigidas por
organizaciones juveniles que asumirán la administración de
las mismas de forma equitativa y representativa de las
Organizaciones Juveniles de los Macrodistritos reconocidos y
registrados en cada una de estas casas.
Creación de un ente fiscalizador y regulador municipal de los
derechos laborales de las y los jóvenes.
Incorporación de las y los jóvenes en el ámbito productivo y
laboral, con políticas municipales especificas
Participación política del 50 % de jóvenes mujeres y hombres
con equidad de género, en la elección de autoridades en todos
los espacios de toma de decisiones.
Representación política asegurada en las planchas con
estructura binominal incorporando en las mismas el 50 % de
candidatas y candidatos jóvenes con equidad de género.
Cumplimiento e implementación en el nivel municipal del Art.
144 que garantiza el ejercicio de ciudadanía a la población
DERECHOS DEBERES Y GARANTIAS
El municipio debe garantizar el trabajo de las y los jóvenes
bajo principios de la seguridad social y con privilegios en los
horarios de trabajo y priorizando los horarios de estudio,
garantizando la estabilidad laboral, salario justo y derecho a
todos los beneficios sociales a corto y largo plazo, sin ningún
También debe apoyar toda iniciativa empresarial que garantice
la creación de fuentes de empleo para jóvenes. Y acordar
convenios laborales, empresariales, productivos; con empresas
del Estado y sector privado.
Crear políticas y leyes municipales para la participación a
programas a planes de vivienda social dirigida a las y los
jóvenes y a sus dependientes. para poder acceder a una
Garantizar a las y los jóvenes el acceso gratuito a servicios de
salud, suministrando medicamentos de primera necesidad,
garantizar un trato humanitario y digno, que preserve la salud
física y psicológica de las y los jóvenes.
Garantizar la creación de mecanismos de información y
participación plena de las y los jóvenes en todos los niveles
de organización municipal, de participación en los Concejos
Municipales, juntas vecinales, elaboración de los Poas, PDMS
y otras instancias que la ley otorgue.
Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos,
principalmente los derechos sexuales y derechos reproductivos,
a través de información y acceso a servicios dirigidos por y a
Que toda persona natural o jurídica, organización social
juvenil que represente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes
pueda solicitar Garantías constitucionales, para poder interponer,
la garantía de acción popular, ante órgano jurídico
correspondiente, para el cumplimiento de las leyes municipales.
Es deber de las y los jóvenes hacer respetar sus derechos,
cumplir las leyes municipales y cuidar el patrimonio tangible
e intangible del Municipio de La Paz.
Lograr un municipio con visión juvenil de progreso y con
equidad social de género y generacional, que respete las
distintas y diversas expresiones de la juventud en el marco
del respeto y ejercicio de los derechos humanos, con el fin de
construir un municipio inclusivo, con un desarrollo integral,
LOS JOVENES EN LA II ASAMBLEA
La sesión inaugural de la II Asamblea del Municipio se llevo
a cabo en el auditorio del Banco Central con una participación
de más de 400 asambleístas entre los que se encontraron
nuestros 54 asambleístas juveniles.
En este primer encuentro las y los asambleístas se fueron
dividiendo en 14 comisiones; algunas subdivididas en mesas
de trabajo, muy relacionados a las oficialías y estructura del
Cada comisión se reunió en instalaciones de la Facultad de
Derecho y generó sus mecanismos de organización y directiva
con base en la Constitución Política del Estado y las
competencias delegadas al nivel Municipal, Art. 302
Las y los jóvenes generamos estrategias de información y en
unidad y constante coordinación decidimos participar en todas
las comisiones, sin dejar de lado la mesa de juventudes, pero
creyendo en la posibilidad de transversalizar las necesidades
de la población juvenil que actualmente asciende a más del
50 % de la población del municipio de La Paz.
Las y los jóvenes nos distribuimos en cada comisión y cada
jornada de las sesiones por comisión decidimos reunirnos a
mediodía en el patio de la mencionada facultad.
Esto nos ayudó a ir ajustando estrategias de participación y
cabildeo con los demás asambleístas y nos permitió
cohesionarnos para que en momentos de resistencia o incluso
actitudes adulto centristas, hiciéramos fuerza para fortalecer
Como asambleístas jóvenes nos fuimos uniendo mediante el
trabajo constante de la revisión paulatina de los documentos
que se fueron emitiendo en este proceso.
A esto se le sumó la generación de una camaradería vinculada
a las diversas miradas y realidades de distint@s jóvenes, con
particularidades y diversidades que enriquecieron la posibilidad
de asentar nuestras acciones no sólo en la Carta Orgánica
sino también en la conformación posterior con una mirada
nacional del “Movimiento Juvenil La Paz”.
La II Asamblea del Municipio tuvo en todo su desarrollo una
serie de escenarios, en los que los protagonistas principales
fueron las y los ciudadan@s del municipio de La Paz,
ciudadan@s con un alto compromiso, por lo menos los que
pudieron consecuentemente entregarse al seguimiento y
desenvolvimiento de este trabajo.
Las y los jóvenes en este punto jugaron un rol impactante no
sólo para las organizaciones de la sociedad civil si no también
para las autoridades que pudieron reconocer el hecho de que
en particular fueron las mujeres y las y los jóvenes quienes
resaltaron en este proceso.
En la recapitulación de la historia de Bolivia, las y los jóvenes
siempre han participado en la reivindicación de los derechos,
en especial en la época de la dictadura donde muchos perdieron
la vida, generando en otros la necesidad de ser participes del
cambio y transformación de un estado patriarcal, discriminador
y adulto centrista.
Las y los jóvenes se fueron adentrando en la participación
política y por mi experiencia reconozco que la única manera
de abrir más brechas de inclusión es arriesgándose y
demostrando en la práctica que las y los jóvenes son confiables
y pueden incorporarle nuevas visiones.
A partir de este espacio mi persona fue invitada a participar
en el proceso electoral para elegir las autoridades del Municipio
de La Paz, en mi calidad de candidata a concejala, alcanzando
esta responsabilidad mediante el voto directo de la población.
Ahora, como integrante del Concejo, reconozco que los logros
de esta II Asamblea no se limitaron a la construcción del
Anteproyecto de Carta Orgánica.
Se logró también consolidar una solida relación entre jóvenes
de organizaciones sociales, y la proyección de líderes juveniles
con la posibilidad de interactuar y agendar necesidades que
no sólo se minimizan en su cotidiana existencia, sino que
pretenden aportar al desarrollo del Municipio.
CONCEJAL ASIGNADO AL MACRODISTRITO SAN ANTONIO
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References: artículo 200
 Resolución 
 artículo 269
 Artículo 272
 artículo 200
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 108
 artículo 269
 artículo 12
 artículo 269
 artículo 271
 artículo 269
 artículo
15
 artículo 16

artículo 140
 artículo
68
 artículo 275
 artículo 60
 artículo 276
 artículo 302
 artículo 275
 artículo 53
 artículo 61
 artículo 61