Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0024&from=DA
Timestamp: 2020-08-14 21:46:29+00:00

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El reglamento contempla las demandas en materia de obligaciones transfronterizas de pensión alimenticia derivadas de las relaciones familiares. Establece normas comunes para toda la Unión Europea (UE) que tratan de garantizar el cobro de los créditos alimentarios, incluso cuando el deudor o el acreedor se encuentren en otro país de la UE.
Reglamento (CE) no4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.
El presente reglamento establece una serie de medidas que permitan facilitar el pago de los créditos alimenticios en situaciones transfronterizas. Estos créditos se derivan de la obligación de ayudar a los miembros de su familia. Por ejemplo, pueden adoptar la forma de una pensión alimenticia que se paga a un niño o la expareja tras un divorcio.
El reglamento se aplica a las obligaciones de alimentos derivadas de las relaciones de:
matrimonio o afinidad.
La jurisdicción competente para decidir en materia de obligaciones alimentarias es:
la jurisdicción del lugar de residencia habitual del demandado o el acreedor; o
la jurisdicción competente para examinar una acción relacionada con el estado de las personas (un divorcio, por ejemplo) o relacionada con la responsabilidad parental, cuando esté asociada una demanda relativa a una obligación alimentaria (siempre que esta competencia no se base únicamente en la nacionalidad de una de las partes).
Salvo los litigios relativos a la obligación de alimentos respecto a un menor de edad inferior a 18 años, las partes podrán, según ciertas condiciones, atribuir de común acuerdo la competencia a un órgano jurisdiccional o a los órganos jurisdiccionales de un país de la UE para resolverlo.
Será competente el órgano jurisdiccional de un país de la UE ante el cual comparezca el demandado, excepto si éste pretende impugnar su competencia.
Si no se cumple ninguna de las condiciones antes mencionadas, el litigio podrá interponerse, según ciertas condiciones, ante los órganos jurisdiccionales de un país de la UE en el que residan las dos partes.
Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, la demanda podrá interponerse ante el órgano jurisdiccional de un país de la UE con el que el asunto presente un vínculo suficiente si el procedimiento no puede razonablemente interponerse en un país con el que el litigio tiene un estrecho vínculo.
Si el acreedor sigue viviendo en el país de la UE en el cual se ha dictado la resolución en materia de obligaciones de alimentación, el deudor no podrá, salvo excepciones, iniciar un procedimiento para modificarla en ningún otro país de la UE. Sin embargo, el acreedor podrá aceptar que otro órgano jurisdiccional conozca del recurso.
Si un procedimiento concerniente a las mismas partes y con el mismo objeto y la misma causa se presentase ante los órganos jurisdiccionales de distintos países de la UE, será competente el órgano jurisdiccional ante el cual se interpuso primero.
Independientemente del órgano jurisdiccional competente en el fondo, se pueden presentar medidas provisionales y cautelares ante todo órgano jurisdiccional de todo país de la UE.
Las resoluciones en materia de obligaciones de alimentos dictadas por un país de la UE deben ser reconocidas en otros países de la UE sin que sea necesario procedimiento especial alguno.
La inmensa mayoría de los países de la UE está vinculada por el Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias.
Aunque la resolución sea dictada por un Estado vinculado por el Protocolo de la Haya de 2007, no podrá impugnarse su reconocimiento.
En aquellos casos en los que la resolución es dictada por un Estado no vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007, su reconocimiento podrá revocarse en ciertos casos y solo podrá ponerse en ejecución en otro Estado si se ha obtenido en dicho Estado una declaración que constate la fuerza ejecutiva.
En cualquier caso, el órgano jurisdiccional de origen podrá otorgar fuerza ejecutiva a una resolución con carácter provisional. En aquellos casos en los que la resolución deba ejecutarse en un país de la UE distinto de aquél en que fue dictada, su fuerza ejecutiva se regirá por la ley de tal país de la UE.
No podrá revisarse el fondo de la resolución dictada en un país de la UE en el país de la UE en el que se solicite el reconocimiento, la fuerza ejecutiva o la ejecución.
Para las demandas presentadas en relación con las obligaciones de alimentos a favor de una persona menor de 21 años y que se deriven de una relación paterno-filial, se podrá facilitar una asistencia jurídica gratuita, siempre que se solicite mediante las autoridades centrales.
Todo país de la UE deberá designar una autoridad central encargada de asistir a las partes para fijar y garantizar el cobro de la pensión alimenticia. En particular, transmitirán y recibirán las demandas previstas por el reglamento y adoptarán todas las medidas apropiadas para introducir o facilitar la introducción de los procedimientos necesarios.
Las autoridades centrales cooperan entre sí, fomentan la cooperación entre autoridades competentes de su país y buscan soluciones a las dificultades que puedan darse en la aplicación del presente reglamento. Pueden recurrir para ello a la Red judicial europea en materias civil y mercantil.
El presente reglamento sustituye las disposiciones en materia de obligaciones de alimentos del Reglamento (CE) no 44/2001 relativo a la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. También sustituye al Reglamento (CE) no 805/2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, excepto para los títulos ejecutivos europeos relativos a obligaciones de alimentos emitidas por países de la UE no vinculados por el Protocolo de La Haya de 2007.
El presente reglamento será de aplicación a partir del 18 de junio de 2011.
Reglamento (CE) no4/2009
DO L 7 de 10.1.2009
Decisión 2006/325/CE del Consejo, de 27 de abril de 2006, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [Diario Oficial L 120 de 5.5.2006].
Decisión 2009/451/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2009, relativa a la intención del Reino Unido de aceptar el Reglamento (CE) no4/2009 del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos [Diario Oficial L 149 de 12.6.2009].
Decisión 2011/220/UE del Consejo, de 31 de marzo de 2011, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia [Diario Oficial L 93 de 7.4.2011].
De conformidad con esta decisión, el 6 de abril de 2011, la UE firmo el Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007, por el que se establece un sistema mundial de cobro de deudas alimentarias entre las partes contratantes.
Decisión 2011/432/UE del Consejo, de 9 de junio de 2011, sobre la aprobación, en nombre de la Unión Europea, del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia [Diario Oficial L 192 de 22.7.2011].
Decisión 2014/218/UE del Consejo, de 9 de abril de 2014, por la que se modifican los anexos I, II y III de la Decisión 2011/432/UE del Consejo sobre la aprobación, en nombre de la Unión Europea, del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia [Diario Oficial L 113 de 16.4.2014].
De conformidad con estas Decisiones, la Unión depositó su instrumento de aprobación del Convenio el 9 de abril de 2014. Este Convenio entra en vigor en todos los países de la UE, excepto Dinamarca, el 1 de agosto de 2014. El Convenio ofrece un marco global para abordar cuestiones relacionadas con las obligaciones de alimentos con otros Estados miembros no de fuera de la UE que sean Parte de este.

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