Source: https://www.scribd.com/doc/113152978/Lectura-8-Contrato-Sobre-Obras-Intelectuales-CORREGIDA
Timestamp: 2017-04-30 21:36:53+00:00

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ScribdBrowseInterestsCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinLectura 8 - Contrato Sobre Obras Intelectuales CORREGIDAUploaded by alebarbero0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMÓDULO 3 CONTRATOS SOBRE OBRAS INTELECTUALESEn el estudio de este tipo de contratos encontramos un elemento muy particular que no estaba necesariamente presente en los contratos analizados en los Módulos 1 y 2, el elemento extra patrimonial que, como veremos, reviste una importancia trascendente en los contratos relacionados con el intelecto en general. En efecto, si nos situamos frente a una visión meramente económica, vamos a ver que los bienes que se relacionan directamente con el ánimo de lucro son aquellos denominados materiales, sin embargo los bienes inmateriales (que se relacionan directamente con los contratos que analizaremos a continuación), han ido ganando presencia en la escena económica, con una gran participación. La noción de bienes inmateriales es muy amplia y abarcativa, quedando comprendidos dentro de su espectro tanto diseños, bienes culturales, ideas patentables y modelos de invención. Podemos inferir sin dificultad, que es a través de estos bienes intangibles que se centra el desarrollo tecnológico y económico de los países en la era moderna, donde para ello necesariamente la educación desempeña un rol clave, debiendo ser prioridad de todo país que desea progresar seriamente y a largo plazo. Para dar una idea del amplio campo de actuación que tienen estos bienes inmateriales, protegidos por las leyes que más adelante trataremos, mencionaremos algunas aplicaciones: • • Derechos de autor: aplicados a la música, literatura, pintura, escultura entre otros. Informática y software: donde la creatividad es el límite, en efecto la velocidad de desactualización de tecnologías es cada vez mayor, como así también las aplicaciones novedosas en distintas ramas y actividades. Biotecnología: desarrollo científico constante
Podemos referir que, en el ámbito bajo estudio, han existido distintas etapas de protección jurídica, que han ido desde entender que los bienes intelectuales encuadraban en el Derecho de Propiedad, pero con un objeto particular que resultaba inmaterial; pasando por entender que se trata de derechos personales, donde el autor era el centro de interés del Derecho; para llegar finalmente a considerar que se trata de una disciplina autónoma, tanto desde el punto de vista legal como conceptual. En mérito de esta última concepción podemos definir los ejes legales de protección, a saber: • • El autor como creador intelectual de la obra. Monopolio de explotación de las obras limitado temporalmente.
Valga destacar que si bien nuestro ordenamiento jurídico concentra la protección en los puntos que acabamos de referir, otros ordenamientos (como el anglosajón) concentran sus esfuerzos en la protección de la obra, independientemente de la figura del autor, ejemplo de ello es la figura del copyright.
Materia: Derecho Privado IV Profesor: Sebastián Vanella Godino
En la actualidad y atento la participación de este tipo de derechos en la circulación económica, existe una gran dedicación por parte de las empresas en el desarrollo de este tipo de actividades. En efecto, es común que empresas de envergadura destinen recursos a la Investigación y Desarrollo (comúnmente conocidas en el ámbito empresario como I + D), para lograr distintos objetivos de mercado. Ahora bien, volviendo a los bienes inmateriales, de esencial importancia en los contratos analizados en este módulo, podemos caracterizar los mismos, como aquellos que emergen de la creación humana y carecen de sustancialidad o materia. Esa inmaterialidad se transformará en materialidad sólo al momento de que se plasmen en algún elemento, a través de una impresión, edición o cualquier otro medio que lo haga reproducible, siendo justamente a partir de este momento donde se viabiliza su explotación comercial. Con la explotación comercial, surge además la necesidad de proteger esa obra intelectual, para que sea oponible a terceros, que pueden fácilmente copiarla y obtener beneficios, sin haber incurrido en los gastos de I + D, por ejemplo. Es allí donde llega en auxilio nuestro ordenamiento jurídico brindando un amplio marco normativo de protección, a saber: • • • • • Derecho de propiedad: cuyo interés de protección es el uso de la obra y la exclusión de terceros a través de su oponibilidad. Derecho personal del autor: surge de los contratos que éste celebre, no es oponible a terceros, sólo a quienes participan de la relación contractual. Ámbito extracontractual: por medio del cual responden los terceros que vulneren la propiedad del autor. Derechos personalísimos: sólo cuando la obra sea expresión de la personalidad del autor. Ámbito penal: si se llegase a la configuración de algún tipo delictivo.
En cuanto al primer punto, tenemos dos ámbitos específicos de aplicación: • • La propiedad industrial Los derechos intelectuales
Ahora bien, debemos comprender que dentro del ámbito de estudio que nos encontramos, vale a decir los derechos de autor, existen dos esferas de igual importancia, que conviven y son reconocidas por el Derecho, uno de ellos relacionado con el ámbito no económico o extra patrimonial; el otro por el contrario relacionado con la faz de la explotación económica o patrimonial. Valga destacar que es justamente ésta última la que puede recaer en objeto de algún contrato. ¿Qué debemos entender por obra intelectual? La respuesta nos la brinda el Art. 1 de la Ley 11.723 y modificatorias, que reza: “…es toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción”.
La última parte de la definición es clave, en cuanto es el mismo Derecho que solicita que la obra tenga algún medio que la vuelva reproducible, vale a decir que la idea que se ha pergeñado, deber encontrarse plasmada en algún medio que permita su “tangibilidad”. Sin embargo, la obra intelectual debe reunir aún otras características, cuales son: • Originalidad: en cuanto a su forma de reproducción, en su forma de expresión, ya que las ideas en sí mismas, pueden circular libremente, diferenciándose en cuanto al método o medio que utiliza el autor reproducirlas. Para lograr la protección de la explotación comercial, no puede consistir en una combinación de elementos existentes. • Significación: lo que significa ni más ni menos que debe tratarse de algo de cierta entidad, de cierto peso para la sociedad. No necesariamente algo trascendente, más bien si un cierto nivel de importancia. Debemos aclarar que para que nuestro ordenamiento jurídico ampare una determinada obra, basta con que ésta no sea una copia de otra y que además, importe una construcción intelectual significativa. La novedad implicará que estamos frente a un invento, y de ello podrá resultar su patentabilidad, pero para lograr el amparo de la Ley no es requisito. Veamos ahora algunas de las obras dignas de protección para nuestro Derecho positivo, a saber: • • • • • • • • • • Escritos de toda naturaleza o extensión. Obras científicas, literarias, artísticas o dramáticas. Composiciones musicales o dramáticos musicales. Obras cinematográficas, coreográficas. Dibujos, pinturas, esculturas, arquitectura. Modelos artísticos. Impresos, planos y mapas Fotografías Imagen fotográfica Bases de datos
Adentrándonos en el ámbito del derecho de autor, vemos que a él corresponde la titularidad de la obra, a sus herederos, y a todo aquel tercero que, con permiso del autor, traduzca, refunde, adapte, modifique o transporte la obra. El derecho en cabeza del o de los titulares de la obra, comprende la posibilidad de disponer de la misma, en distintas formas, ya sea publicándola, ejecutándola o exponiéndola en general al público; asimismo enajenarla o adaptarla, y es por intermedio de esta facultad, que el autor podrá contratar libremente, aprovechando la faz patrimonial del derecho bajo estudio. Podemos afirmar entonces que el autor puede: • • • • Excluir a todo aquel que intente o pretenda utilizar su obra con fines comerciales. Impedir que la obra se modifique, en cuanto a sus aspectos sustanciales. Tiene el derecho de editar la obra, poniéndola a disposición del público. Explotar la obra en cualquier forma.
Modificar la obra, por ejemplo, para insertarla en algún mercado específico. Disponer de la obra, ya sea de manera gratuita u onerosa, a su criterio.
La totalidad de los derechos que a manera de ejemplo acabamos de referir, forman parte de la faz económica y por lo tanto, son libremente transmisibles, y aún más, al no tratarse de cuestiones de orden público, pueden incluso renunciarse o limitarse en el tiempo. Distinta es la suerte de la faz extra patrimonial, del cual el autor no puede ser jamás despojado, revistiendo las características de imprescriptible, inalienable e irrenunciable. La propiedad intelectual sobre las obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor. En los casos de obras en colaboración, este término comenzará a contarse desde el 1 de enero del año siguiente al de la muerte del último colaborador. Para las obras póstumas, el término de setenta años empezará a correr a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor. Un caso que puede presentarse y que también está contemplado en la Ley es aquel en que un autor falleciere sin dejar herederos y se declarase vacante su herencia, los derechos que a aquél correspondiesen sobre sus obras pasarán al Estado por todo el término de Ley, sin perjuicio de los derechos de terceros. Pero aún respecto de los derechos de los herederos o derechohabientes, la Ley prevé que éstos no podrán oponerse a que terceros reediten las obras del causante cuando dejen transcurrir más de diez años sin disponer su publicación. Tampoco podrán oponerse los herederos o derechohabientes a que terceros traduzcan las obras del causante después de diez años de su fallecimiento. En estos casos, si entre el tercero editor y los herederos o derechohabientes no hubiera acuerdo sobre las condiciones de impresión o la retribución pecuniaria, ambas serán fijadas por árbitros. Otro tema de interés es aquel en que la propiedad intelectual recae sobre obras anónimas pertenecientes a instituciones, corporaciones o personas jurídicas, en tales casos la misma durará cincuenta años contados desde su publicación. Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos, comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo hasta mil palabras de obras literarias o científicas u ocho compases en las musicales y en todos los casos sólo las partes del texto indispensables a ese efecto. Quedando comprendidas en esta disposición las obras docentes, de enseñanza, colecciones, antologías y otras semejantes. Una cuestión que vale la pena destacar es cuando las inclusiones de obras ajenas resulten o sean la parte principal de la nueva obra, podrán los tribunales fijar equitativamente en juicio sumario la cantidad proporcional que les corresponde a los titulares de los derechos de las obras incluidas. Todas las disposiciones que estamos analizando son igualmente aplicables a las obras científicas, artísticas y literarias, publicadas en países extranjeros, sea cual fuere la nacionalidad de sus autores, siempre que pertenezcan a naciones que reconozcan el derecho de propiedad intelectual.
Para asegurar la protección de la Ley argentina, el autor de una obra extranjera sólo necesitará acreditar el cumplimiento de las formalidades establecidas para su protección por las leyes del país en que se haya hecho la publicación. La protección que la Ley argentina acuerda a los autores extranjeros, no se extenderá a un período mayor que el reconocido por las Leyes del país donde se hubiere publicado la obra. Si tales leyes acuerdan una protección mayor, regirán los términos de la Ley argentina vigente. Destacamos, por cuanto es un caso digno de mención que los discursos políticos o literarios y en general las conferencias sobre temas intelectuales, no podrán ser publicadas si el autor no lo hubiere expresamente autorizado. Los discursos parlamentarios no podrán ser publicados con fines de lucro, sin la autorización del autor. Queda exceptuada en estos supuestos la información periodística. Adviértase que los artículos no firmados, colaboraciones anónimas, reportajes, dibujos, grabados o informaciones en general que tengan un carácter original y propio, publicados por un diario, revista u otras publicaciones periódicas por haber sido adquiridos u obtenidos por éste o por una agencia de informaciones con carácter de exclusividad, serán considerados como de propiedad del diario, revista, u otras publicaciones periódicas, o de la agencia. Las noticias de interés general podrán ser utilizadas, transmitidas o retransmitidas; pero cuando se publiquen en su versión original será necesario expresar la fuente de ellas. Los autores de colaboraciones firmadas en diarios, revistas y otras publicaciones periódicas son propietarios de su colaboración. Si las colaboraciones no estuvieren firmadas, sus autores sólo tienen derecho a publicarlas, en colección, salvo pacto en contrario con el propietario del diario, revista o periódico. ¿Qué sucede respecto de los retratos fotográficos, que tanta polémica generan y han generado en nuestro país? Pues bien, el retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto, del padre o de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre, o los descendientes directos de los hijos, la publicación es libre. La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios. Pero debe tenerse presente, que la Ley dispone que sea libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público. Cuando las personas cuyo consentimiento sea necesario para la publicación del retrato fotográfico o de las cartas sean varias y haya desacuerdo entre ellas resolverá la autoridad judicial, siendo ésta la solución más acorde. En cuanto al plazo, téngase presente que respecto de las obras fotográficas la duración del derecho de propiedad es de VEINTE (20) años a partir de la fecha de la primera publicación. Nada impide que el autor o sus derechohabientes puedan enajenar o ceder total o parcialmente su obra. Esta enajenación es válida sólo durante el término establecido por la Ley y confiere a su adquirente el derecho a su aprovechamiento económico sin poder alterar su título, forma y contenido.
Pero, atento hemos referido anteriormente, aunque el autor enajenare la propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho a exigir la fidelidad de su texto y título, en las impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudónimo como autor. Pero atención, que la enajenación o cesión de una obra literaria, científica o musical, sea total o parcial, debe inscribirse en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual, sin cuyo requisito no tendrá validez. La enajenación o cesión de una obra pictórica, escultórica, fotográfica o de artes análogas, salvo pacto en contrario, no lleva implícito el derecho de reproducción que permanece reservado al autor o sus derechohabientes. En cuanto a la enajenación de planos, croquis y trabajos semejantes, no da derecho al adquirente sino para la ejecución de la obra tenida en vista, no pudiendo enajenarlos, reproducirlos o servirse de ellos para otras obras. Estos derechos quedan reservados a su autor, salvo pacto en contrario. Se ha incorporado recientemente dentro del ámbito de la protección de la Ley, la explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de computación incluirá entre otras formas los contratos de licencia para su uso o reproducción.
La forma de llevar adelante la explotación comercial del derecho de autor, es por intermedio del contrato de edición, que viene definido como aquel contrato en el que el titular del derecho de propiedad sobre una obra intelectual, se obliga a entregarla a un editor, para que éste la reproduzca, difunda y la venda. Estas tres actividades, en su conjunto, son las propias de la actividad del editor, pese a tratarse de tres procesos distintos. • • • Reproducción: trata básicamente de la “impresión” de la obra, donde se la inserta en un soporte tangible. Difusión: actividades de promoción en general Venta: aunque el editor no se compromete a un resultado específico, se trata de una obligación de medios, donde deberá poner sus “mejores esfuerzos” para lograr el éxito comercial de la obra. Es el autor quien tiene en su cabeza una obligación de resultado, y que consiste básicamente en realizar la obra y entregarla.
Una cuestión relevante es el hecho de que puede pactarse un precio, a través de las ventas efectivas que se realicen, lo que aleja las dudas en cuanto a la locación de obra, ya que estamos frente a un contrato de naturaleza más compleja, donde existen obligaciones recíprocas para las partes. Si el autor estuviese contratado de manera permanente, debiendo entregar sus obras, a cambio de un precio, independientemente de las cantidades de obras a entregar, estaríamos frente a una clara locación de servicios o bien una relación de dependencia, ajustada a la normativa laboral.
Puede ocurrir también, que se celebre un contrato que abarque sólo la actividad de impresión de la obra, sin que haya ningún tipo de distribución, ni promoción alguna. En este caso estamos frente a una locación de obra. Por último también puede suceder que exista sólo una actividad de distribución, donde tampoco existiría el contrato bajo análisis, limitándose el distribuidor a colocarlo en los puntos de venta. Es común que en el mismo contrato de edición se prevea cual va a ser el número de ediciones que durará la relación contractual, e incluso en cuantos ejemplares consistirá cada una de ellas. Si nada de esto estuviese estipulado en el contrato, se estará, como sucede habitualmente, a los usos y costumbre del lugar. Valga destacar que su falta de previsión en el contrato, no acarrea consecuencias jurídicas como la nulidad, el contrato será igualmente válido. Derechos y obligaciones del autor: • • • • Realizar la obra Entregar la obra Colaboración Garantía de autenticidad y disfrute
Derechos y obligaciones del editor: • • • • Pagar el precio de la obra Imprimir, distribuir y vender la obra Colaboración Información
En cuanto a los riesgos por pérdida o deterioro, podemos afirmar que el momento que define la asignación de la asunción de los riesgos es el de la entrega de la obra misma. En efecto, desde ese momento se transmite el control de la obra, por lo que, como puede ya inferirse, previamente a la entrega los riesgos serán a cargo del autor, mientras que con posterioridad caerán en cabeza del editor. Para los casos de fuerza mayor o caso fortuito, la doctrina manifiesta mayoritariamente la falta de responsabilidad, extinguiéndose el contrato por imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato. Extinción del contrato: • • Venta de las ediciones convenidas: el contrato se ha cumplido, agotando su objeto. Las partes se deberán eventualmente las rendiciones de cuenta que correspondieren. Pérdida de la obra: a los fines de determinar la responsabilidad, remitimos a los conceptos anteriormente vertidos.
Resolución: frente al incumplimiento de una de las partes, la parte cumplidora podrá resolver el contrato, debiendo regirse por las disposiciones propias de los contratos en general. Vencimiento del plazo resolutorio: libremente las partes pueden acodar sujetar la duración del vínculo a una fecha determinada, acaecida la misma se extingue el contrato. Muerte o incapacidad de las partes: Si se produce la muerte del autor, previo a la entrega de la obra, el contrato se extingue, sin ningún derecho a indemnización por parte del editor. En lo que atañe a la incapacidad, ésta comprenderá no sólo la demencia, sino cualquier incapacidad física que impida al autor desarrollar la obra pactada. Curioso es el caso de que la muerte del autor acontezca con la obra ya próxima a finalizar, en cuyo caso los herederos no podrán obligar al editor a un pago parcial, por una obra inconclusa. Si los herederos continúan y finalizan la obra, el editor podrá publicarla, en cuyo caso estaremos frente a un nuevo contrato. Quiebra del editor: en dicha situación es posible pedir la resolución del contrato, sin embargo si el síndico de la quiebra, podrá solicitar autorización judicial para que el contrato se cumpla, según la conveniencia de los acreedores del editor. Supresión de la obra: el autor podrá incluso suprimir la obra, extinguiendo el contrato, sin perjuicio de la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios que hubiese ocasionado al autor.
Veamos ahora algunos conceptos de interés de la Ley 11.723 y modificatorias, referidas a la inscripción de la obra y sus eventuales sanciones Entre otras cuestiones importantes, ¿Cómo debemos proceder para inscribir una obra? La misma deberá presentarse en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual, donde deberá depositar el editor de las obras comprendidas en el artículo 1° tres ejemplares completos, dentro de los tres , meses siguientes a su aparición. Si la edición fuera de lujo o no excediera de cien ejemplares, bastará con depositar un solo ejemplar. En el mismo término y condiciones deberán respetarse las presentaciones para las obras impresas, provenientes de país extranjero, pero que tuvieren editor en la República, los plazos se contarán desde el primer día de ponerse en venta en territorio argentino. Para el caso de pinturas, arquitecturas, esculturas, etcétera, el depósito consistirá en un croquis o fotografía del original, con las indicaciones suplementarias que permitan identificarlas. Para películas cinematográficas, el depósito consistirá en una relación del argumento, diálogos, fotografías y escenarios de sus principales escenas y finalmente para los programas de computación, consistirá el depósito de los elementos y documentos que determine la reglamentación. Valga destacar que esta última parte incorporada por Art. 5° de la Ley N° 25.036 , (publicada en el B.O. 11/11/1998). A toda persona que se presente a inscribir una obra con los ejemplares o copias respectivas, le será entregado un recibo provisorio, con los datos, fecha y circunstancias que sirven para identificar la obra, haciendo constar su inscripción.
Una de las actividades a desarrollar por el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, consiste en publicar diariamente en el Boletín Oficial, la nómina de las obras presentadas para su inscripción, además de las actuaciones que la Dirección estime necesarias, con indicación de su título, autor, editor, clase a la que pertenece y demás datos que las individualicen. Pasado un mes desde la publicación, sin haberse deducido oposición, el Registro las inscribirá y otorgará a los autores el título de propiedad definitivo si éstos lo solicitaren. Para aquellos casos en que existiese algún reclamo, éste deberá realizarse dentro del plazo de un mes, y se levantará un acta de exposición, de la que se dará traslado por cinco días al interesado, debiendo el Director del Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, resolver el caso dentro de los diez días subsiguientes. Dicha resolución podrá apelarse al ministerio respectivo, dentro de otros diez días y la resolución ministerial no será objeto de recurso alguno, salvo el derecho de quien se crea lesionado para iniciar el juicio correspondiente. ¿Qué consecuencias trae la falta de inscripción? Pues bien la falta de inscripción trae como consecuencia la suspensión del derecho del autor hasta el momento en que la efectúe, recuperándose dichos derechos en el acto mismo de la inscripción, por el término y condiciones que corresponda, sin perjuicio de la validez de las reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra publicación hechas durante el tiempo en que la obra no estuvo inscripta. Es importante destacar que no se admitirá el registro de una obra sin la mención de su "pie de imprenta". Se entiende por tal, la fecha, lugar, edición y la mención del editor. Ahora bien, en la misma Ley se establecen además cuáles serán las sanciones, frente a los distintos incumplimientos, veamos algunos de ellos a continuación: Para aquellos casos en que se defrauda en cualquier forma los derechos de propiedad intelectual reconocidos por la Ley, se reprimirá con la pena establecida por el artículo 172 del Código Penal. Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se consideran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece, además del consecuente secuestro de la edición ilícita: a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes. b) El que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada, ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto. c) El que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente su texto. d) El que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente autorizados. La Ley prevé también la posibilidad de lograr medidas preventivas, efectivamente los jueces podrán, previa fianza, de los interesados, decretar preventivamente la suspensión de un espectáculo teatral, cinematográfico, filarmónico u otro análogo; el embargo de las obras
denunciadas, así como el embargo del producto que se haya percibido por todo lo anteriormente indicado y toda medida que sirva para proteger eficazmente los derechos que ampare esta Ley. Ninguna formalidad se ordena para aclarar los derechos del autor o de sus causahabientes. En caso contestación, los derechos estarán sujetos a los medios de prueba establecidos por las Leyes vigentes. En cuanto a la posibilidad de iniciar acciones en el ámbito civil, podemos afirmar que en todo juicio motivado por esta Ley, ya sea por aplicación de sus disposiciones, ya como consecuencia de los contratos y actos jurídicos que tengan relación con la propiedad intelectual, regirán, fuera de las medidas preventivas, en que se establece para las excepciones dilatorias en los respectivos códigos de Procedimientos, en lo Civil y Comercial, con las siguientes modificaciones: a) Siempre habrá lugar a prueba a pedido de las partes o de oficio pudiendo ampliarse su término a 30 días, si el juzgado lo creyere conveniente, quedando firme a esta resolución; b) Durante la prueba y a pedido de los interesados se podrá decretar una audiencia pública, en la sala del tribunal donde las partes, sus letrados y peritos expondrán sus alegatos u opiniones. Esta audiencia podrá continuar otros días si uno sólo fuera insuficiente. c) En las mismas condiciones del inciso anterior y cuando la importancia del asunto y la naturaleza técnica de las cuestiones lo requiera, se podrá designar un jurado de idóneos en la especialidad de que se tratare, debiendo estar presidido para las cuestiones científicas por el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas o la persona que éste designare, bajo su responsabilidad, para reemplazarlo; para las cuestiones literarias, el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras; para las artísticas, el Director del Museo Nacional de Bellas Artes y para las musicales, el Director del Conservatorio Nacional de Música. Complementarán el jurado dos personas designadas de oficio. El jurado se reunirá y deliberará en último término en la audiencia que establece el inciso anterior. Si no se hubiere ella designado, en una especial y pública en la forma establecida en dicho inciso. Su resolución se limitará a declarar si existe o no la lesión a la propiedad intelectual, ya sea legal o convencional. Esta resolución valdrá como los informes de los peritos nombrados por partes contrarias, cuando se expiden de común acuerdo. Es de destacar que el cargo de jurado será gratuito y se les aplicarán las disposiciones procesales referentes a los testigos. A continuación y a los fines de concluir nuestro análisis, con una aplicación práctica de nuestros tribunales nacionales, proponemos la lectura del siguiente documento. Archivo enviado desde Abeledo Perrot OnLine 17/ 01/ 2008 RUT_080107_ONL.zip 70039555.txt Ver otros sumarios y texto completo Citar Lexis Nº 70039555
Tribunal: C. Nac. Com., sala E Fecha: 13/04/2007 Partes: Margulis, Alexander M. v. Editorial Atlántida S.A. DERECHOS INTELECTUALES - Transmisión - Contrato de edición - Incumplimiento - Resolución del contrato
Expediente: 39.056/01 Buenos Aires, abril 13 de 2007 1ª.- ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 538/52? 1ª cuestión.- El Dr. Arecha dice: 1.- Alexander M. Margulis demandó por resolución contractual y cobro de daños y perjuicios a Editorial Atlántida SA. refirió haber celebrado el 14/10/1999 un contrato de edición respecto de una obra de su autoría titulada "Gilda", cediendo los derechos para traducirla, editarla, publicarla y distribuirla por siete años y tres más, salvo que mediara decisión en contrario de alguna de las partes; se estipuló que debía entregar el texto completo a mas tardar el 1/3/2000 y que la primera edición saldría a la venta en 'septiembre del 2000'" -fecha coincidente con un aniversario de la interprete Gilda-. En retribución, se determinó a favor del autor el 10% del precio de tapa sobre ejemplares vendidos, previéndose diversos anticipos (cláusula n. 7.2). Hubo también acuerdo sobre derechos subsidiarios y cinematográficos y de televisión (cláusula n. 9). Dijo Margulis, que recibió los pagos de los anticipos comprometidos y que, por su parte, cumplió con la entrega de la obra conforme lo convenido; no obstante, sostuvo que la que incumplió fue la editorial, por lo cual en agosto de 2000 registró la obra a su nombre y, como pasado el tiempo previsto no se publicaba, el 31/10/2000 hizo saber a la accionada que, conforme a la cláusula n. 14, disponía la resolución del contrato de edición e intimaba a la devolución del material entregado reclamando los daños y perjuicios estimados en $ 58.000, referidos al lucro cesante, a su afectación como escritor y la pérdida de posibilidad de publicar la misma obra en otra editorial; a lo cual agregó, el haber quedado privado de la posibilidad de editar la obra cinematográfica. Respondió Editorial Atlántida SA.; formuló negativa detallada de los hechos aunque no desconoció el contrato de edición. Argumentó que el actor sostuvo contar con una obra que, sin embargo, dijo luego que, tras la firma del contrato debió trabajar seis meses en su elaboración lo que resultaba contradictorio; seguidamente, manifestó que el material entregado presentaba importantes deficiencias -errores, problemas de desarrollo temporal y falta de corrección-; no obstante, la editorial, interesada en el proyecto, cumplió con el pago de los anticipos comprometidos confiando en que la obra seria debidamente adecuada, pero ello no ocurrió, por lo que ante ese incumplimiento el actor no pudo exigir la resolución del contrato. Señaló asimismo, que Margulis no obtuvo las conformidades necesarias para la publicación como se estipuló en el contrato de acuerdo al Art. 31 ley 11723, todo lo cual impidió la publicación de la obra. Además sostuvo que
Margulis procedió indebidamente al rescindir el contrato, pues incumplió con dar el plazo previsto en el Art. 1204 CCiv. Negó haber incurrido en mora y ser responsable de los daños y perjuicios que se reclaman. 2.- La sentencia de fs. 538/552 admitió parcialmente la demanda; declaró resuelto el contrato de edición y condenó a Editorial Atlántida SA. a pagar al actor $ 35.897,40 en concepto de daños y perjuicios, con más sus intereses. Tal decisión se basó en: i) no admitir la defensa de non adimpleti contractus opuesta por la demandada, pues no acreditó que el incumplimiento atribuido al actor tuviera entidad como para oponer esa excepción; ii) en cuanto a las conformidades de terceros para incluir ciertas publicaciones -fotos y documentos- en la obra que debía tener complementación ilustrativa, si bien surge que no fueron dadas, consideró que su obtención no pesaba sobre el actor; iii) en orden a la resolución se juzgó intrascendente la falta de fijación de plazo para el cumplimiento en la intimación, pues era evidente que la editorial no deseaba cumplir, de manera que ese requerimiento en los términos de la cláusula n. 14.2. -b- del contrato era una formalidad innecesaria y; iv) como consecuencia, admitió los daños y perjuicios por lucro cesante hasta la suma de $ 35.897,40 tomando como pie los ejemplares vendidos por otra editorial de un libro sobre similar temática, con una deducción del 30% considerando los efectos de la posible co-existencia de dos obras sobre el mismo tema en el mercado y su incidencia sobra las ventas, aplicando a tal efecto el Art. 165 CPCCN. y desestimó los restantes rubros. 3.- Apelaron ambas partes; fundaron sus recursos y, respectivamente, respondieron los traslados que fueron dispuestos. Margulis cuestiona la cuantificación de los daños y la desestimación de la reparación por su calidad de escritor. Pide asimismo, se fije plazo para la restitución del material que entregó a la editorial. Por su lado, Editorial Atlántida SA., en lo principal, reprocha de autocontradictoria el pronunciamiento: específicamente en lo atinente al material de ilustración de la obra y las conformidades requeridas para su edición cuya consecuencia de la omisión se hace recaer sobre la editorial, cuando era obligación del actor obtenerlas. También sostiene que la resolución dispuesta del contrato fue indebida y sin cumplir lo pactado en la cláusula n. 14 del contrato. Por último, cuestiona la valoración de la prueba para la determinación de los daños y perjuicios, señalando las diferencias entre la publicación proyectada y que formalizó otra editorial que fue tomada como parámetro para cuantificar la indemnización, como también no haber deducido de la condena los anticipos pagados por la editorial a Margulis. 4.- teniendo en cuenta esas quejas, es necesario iniciar la consideración de los agravios que Editorial Atlántida SA. levanta contra la admisión parcial de la sentencia reprochándola de autocontradictoria y de la indebida resolución del contrato dispuesta por el actor. Seguidamente, de corresponder y en modo conjunto -por ser materia común a ambos recursos-, podrán atenderse a los agravios de las partes relativos a las indemnizaciones de los daños y perjuicios. 5.- a) La primera de las cuestiones es la referida a determinar sobre la parte del contrato recaía la obligación de obtener las conformidades de los terceros que pudieran estar afectados por la publicación. Afirma la editorial que ello recaía sobre el actor. El contrato que vinculó a las partes no ha sido desconocido y contiene -en mi parecer- suficientes elementos como para resolver el punto; así resulta de la cláusula n. 10 en la que queda convenido que el autor garantiza al editor que "...todo el material incluido en la obra cuenta con los debidos
derechos para su edición, publicación, traducción y comercialización en los términos del presente contrato". Tal garantía dada por el autor, se refería al material a incluir en la obra, cuya obtención requería del trabajo de investigación que importaba recabar material y documentos vinculadas a la intérprete -Gilda- (testimonio de H. A. Caligaris de fs. 439/40), como lo corrobora el hermano de la cantante, el Sr. O. M. Bianchi a fs. 437, al indicar que el actor le requirió material vinculado a su hermana, incluso fotos, para ser reproducidos en la obra que elaboraba. A su vez, la negativa de los derechohabientes en dar el consentimiento surge nítida de lo declarado por Bianchi en fs. 438 al manifestar que no se daría conformidad (fs. 438 respuesta 9na.), según había dispuesto el padre de un hijo menor de la cantante fallecida. La circunstancia de que hubieran mediado reuniones con personal de la editorial (ver testimonio de M. I. Toyos en fs. 444), no puede considerarse que modificara lo que las partes habían convenido, en todo caso se trató de la colaboración también interesada de la editorial para poder dar curso a la edición de la obra cumpliendo los requisitos de la ley 11723 en sus Arts. 31 a 33 ; pero no significó alterar lo acordado en la ya transcripta cláusula n. 10, en la cual el actor asumió una obligación accesoria referida al objeto del contrato (Aras. 523 y 524 CCiv.), que significó su compromiso de lograr ese necesario consentimiento; fue una obligación de hacer del actor referida a un acto de un tercero, cuyo incumplimiento produjo efectos sobre el deudor -el Sr. Margulis - , que así incumplió lo pactado (Art. 628 CCiv.) En consecuencia, si el actor -autor- garantizó que el material incluido -fotos y documentos- estaba en condiciones debidas para su edición, la no obtención del "consentimiento" no puede serle reprochada a la editorial, de manera que no cabe interpretar que medió incumplimiento de la demandada en tal sentido, por lo cual resulta admisible el primer agravio de la demandada. 5.- b) Ingresando ahora a la resolución contractual debo formular una primera observación: el actor decidió resolver el contrato por carta documento fechada el 31/10/2000; no obstante, esa resolución del contrato constituye objeto de esta demanda. En esas condiciones, si el contrato estaba resuelto, la demanda interpuesta con el mismo fin puede interpretarse como una aceptación por parte del actor, de que el diferendo en torno a la procedencia o no de la rescisión fuere resuelta judicialmente. Margulis sostuvo haber resuelto el contrato por incumplimiento de la demandada con fundamento en la cláusula n. 14 cuando ya se encontraba vencido el plazo previsto para el lanzamiento de la obra (ver carta documento copiada en fs. 279 y la que reitera la resolución de fs. 281). La aludida cláusula n. 14, en su apart. 2 estableció "Previendo el presente contrato la realización de prestaciones recíprocas, el incumplimiento de una de las partes otorgará a la otra el derecho a optar por: a) exigir el cumplimiento de la obligación en mora, o b) dar por rescindido el presente contrato previa intimación a cumplir por un plazo ni inferior a cuarenta y ocho (48) horas...". El actor optó por rescindir atribuyendo incumplimiento a la editorial y no la intimó a cumplir en las 48 horas, sino que lisa y llanamente dispuso la rescisión. Se trata en el caso de un contrato con pacto comisorio expreso, de manera que la primera cuestión a resolver es si el actor estaba en condiciones de requerir esa resolución del contrato. Editorial Atlántida SA. había pagado al actor todos los anticipos comprometidos y además de invocar que el trabajo entregado adolecía de defectos que esperaba fueran corregidos -cuestión que no quedó aquí demostrada-, lo cierto es que pesaba sobre el autor la obtención de los
consentimientos para la utilización de material fotográfico y documental que pudiera afectar a terceros y, como se ha dicho, ese consentimiento no fue obtenido, de manera que mal podía la demandada editar el libro; era de alguna manera hacerla incurrir en una ilicitud de la que podría resultar responsable frente a los terceros que pudieran considerarse lesionados en sus derechos (conf. C. Nac. Civ., sala A, del 18/12/1986 en "López Villarino v. Editorial Inédita S.A. y otros", sala H, del 15/4//2004 en "Bocarena, Orlando v. Diario Clarín"; sala E del 4/10/1996 en "Carrizo, José O. v. Editorial Atlántida "). De ese modo, el autor -Sr. Margulis - al disponer la resolución del contrato, se encontraba incurso en incumplimiento al no haber obtenido el consentimiento de los terceros, que constituía la vía por la cual garantizó los derechos correspondientes en los términos de la ya referida cláusula n. 10. Siendo así, y por aplicación del Art. 1201 CCiv., no pudo el actor rescindir el contrato como lo hizo. En consecuencia, no corresponde considerar que el actor se encontrara en posición de poder ejercer la facultad resolutoria del contrato, pues había incumplido con la obligación asumida en la cláusula n. 10.3. Se agrega que tampoco la intimación fijó plazo como el pactado para requerir el cumplimiento (cláusula n. 14), el que -teniendo en cuanta la resolución pretendida por vía extrajudicial-, debió haber sido respetada conforme a lo pactado (Art. 1197 CCiv.), pues en ese tiempo, el intimado puede esgrimir los derechos de su parte y, en su caso, resistir la pretensión de su contrario -como de hecho ocurrió en el caso- (conf. Ramella, A. E., "La resolución por incumplimiento", Ed. Astrea, 1979, p. 193). Las mismas conclusiones son extensibles a lo que ha sido en el pleito: el actor no demostró haber cumplido las obligaciones a su cargo -las de la cláusula n. 10.3- lo que constituía impedimento para que la editorial pudiera a su vez editar la obra. En esas condiciones, la pretendida resolución deviene improcedente (Aras. 1201 y 1204 CCiv.). Concluyo en base a lo expuesto, que el actor no estuvo en posición de poder ejercer la facultad resolutoria al cursar la comunicación del 31/10/2000, ni al interponer la demanda atribuyendo a la demandada haber incumplido sus obligaciones contractuales. 6.- Lo que ha sido tratado aquí determina que he de proponer la renovación de la sentencia en su aspecto principal, de modo que, al no proceder la pretendida resolución del contrato, el reclamo de daños y perjuicios deviene improcedente y resulta innecesario atender los agravios que se refieren a esas indemnizaciones (conf., Corte Sup., del 17/4/1986 en "Financiera Cautela S.A. v. Res. 700 del B.C.R.A."). 7.- Propongo revocar la sentencia e imponer las costas de ambas instancias al actor que resulta vencido (Aras. 68 y 279 CPCCN.). El Dr. Sala dice: Comparto los fundamentos vertidos por el juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. El Dr. Ramírez adhiere a los votos anteriores. Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: admitir las quejas principales de la demandada y, consecuentemente, revocar la sentencia de fs. 538/52 rechazándose la demanda promovida por Alexander M. Margulis contra editorial Atlántida S.A., con costas de ambas
instancias a cargo del actor que resulta vencido (Aras. 68 y 279 CPCCN.).- Martín Arecha. Ángel O. Sala.- Rodolfo Ramírez. (Sec.: Sebastián Sánchez Cannavó). DERECHOS INTELECTUALES AR_JA004 JJ Texto Completo JUSTICIA NACIONAL EN LO COMERCIAL JUSTICIA NACIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL
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