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Timestamp: 2016-09-29 18:41:39+00:00

Document:
Publicado en BOE n�m. 217 de 06 de Septiembre de 2014
Vigente desde 7/Septiembre/2014
�Modificaci�n de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
�Medidas de saneamiento en situaciones preconcursales
�Establecimiento de un portal de acceso telem�tico
�Comisi�n de seguimiento de pr�cticas de refinanciaci�n y reducci�n de sobreendeudamiento
�Negociaci�n en sistemas multilaterales de negociaci�n de los fondos de titulizaci�n de activos dirigidos a inversores institucionales
�R�gimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitaci�n a la entrada en vigor de este real decreto-ley
�Limitaci�n a la homologaci�n judicial
�R�gimen de los convenios concursales
�R�gimen transitorio en los procedimientos de ejecuci�n
�Modificaci�n del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio
�Modificaci�n de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci�n y resoluci�n de entidades de cr�dito
R Congreso de los Diputados 25 Sep. 2014 (Acuerdo de convalidaci�n del RDL 11/2014 de 5 Sep., medidas urgentes en materia concursal) Ocultar / Mostrar comentarios V�ase Res. 25 septiembre 2014, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci�n del Acuerdo de convalidaci�n del R.D.-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal (�B.O.E.� 2 octubre).
V�ase Res. 25 septiembre 2014, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci�n del Acuerdo de convalidaci�n del R.D.-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal (�B.O.E.� 2 octubre).
El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciaci�n y reestructuraci�n de deuda empresarial flexibiliz� el r�gimen de los convenios pre-concursales de acuerdo con algunas premisas b�sicas. La primera de ellas es considerar que la continuidad de las empresas econ�micamente viables es beneficiosa no s�lo para las propias empresas, sino para la econom�a en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo. La segunda de las premisas era acomodar el privilegio jur�dico a la realidad econ�mica subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios carentes de fundamento ven�a a ser el obst�culo principal de los acuerdos pre-concursales. La tercera de las premisas era respetar en la mayor medida posible la naturaleza jur�dica de las garant�as reales (pero siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su verdadero valor econ�mico).
Este real decreto-ley aborda la extensi�n de las premisas anteriores al propio convenio concursal.
Adem�s de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisi�n del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitaci�n del proceso concursal, bien cuando la liquidaci�n del concursado sea inevitable, est�n dificultando su venta.
Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en �ltima instancia la misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuaci�n de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no s�lo en beneficio de la propia empresa, sino tambi�n de sus empleados y acreedores y de la econom�a en general.
La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un �nico art�culo, dividido a su vez en tres apartados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal) relativos al convenio concursal y a la fase de liquidaci�n, as� como a otros preceptos de la misma ley �ntimamente relacionados con dichos aspectos.
Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones an�logas a las de la disposici�n adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacci�n dada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo) relativas a la valoraci�n de las garant�as sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los art�culos 90 y 94 de la Ley Concursal. De este modo se sigue manteniendo una regla que parece no solo la m�s razonable desde el punto de vista econ�mico sino que tambi�n es una s�ntesis de las reglas vigentes en nuestro derecho acerca de la purga de las garant�as posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la atribuci�n del eventual sobrante en caso de ejecuci�n por parte de alguno de los titulares de garant�as reales. Parece, en efecto, dif�cil cuestionar que para obtener el verdadero valor de una garant�a es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que �sta recae el importe de los cr�ditos pendientes que gocen de garant�a preferente sobre el mismo bien. Tambi�n parece una regla de prudencia reducir dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garant�a, de hacerse efectiva, requerir� la ejecuci�n del bien o derecho sobre el que est� constituida, lo cual entra�a unos costes y dilaciones que reducen el valor de la garant�a en, al menos, dicho porcentaje.
Pi�nsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los cr�ditos privilegiados pueden multiplicarse ad infinitum cuando su garant�a recae sobre un mismo bien, sin que el valor de dicho bien se vea en absoluto incrementado. Por poner un ejemplo pr�ctico, hoy por hoy es posible tener cinco hipotecas de 100 sobre un bien que vale 100, lleg�ndose as� al absurdo de tener un pasivo privilegiado a efectos concursales por 500 garantizados por un bien que vale 100. No debe olvidarse, por otro lado, que uno de los principios que debe necesariamente regir el concurso es el de pars conditio creditorum y que la extensi�n indefinida de los privilegios es una contradicci�n palmaria de dicho principio. Adem�s, el resultado pr�ctico es que los acreedores que se benefician de dichas garant�as �nicamente tendr�n un derecho de abstenci�n que en nada beneficiar� al convenio y a la continuidad de la empresa, y que en ning�n caso garantizar� el cobro efectivo de su deuda, menos a�n si el concursado debe ir a liquidaci�n. T�ngase en cuenta que, en caso de liquidaci�n o incluso de ejecuci�n singular del bien hipotecado, el acreedor recibir� como mucho el valor de la garant�a. Del resto de cr�dito no cubierto por la garant�a, no cobrar� m�s que aquella parte que hubiera quedado indemne en el convenio, aunque muy probablemente menos en un contexto de liquidaci�n y no de empresa en funcionamiento.
Tampoco puede considerarse que la determinaci�n del valor de la garant�a sea un recorte del cr�dito garantizado. Es simplemente una valoraci�n diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio. No se pone en cuesti�n el derecho principal, sino que se permite aclarar qu� parte del mismo se beneficiar� del derecho accesorio y cu�l no, debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda al cr�dito seg�n su naturaleza.
En segundo lugar, otra modificaci�n relevante en materia de convenios concursales es la ampliaci�n del qu�rum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo ten�an. Si las medidas adoptadas en materia de valoraci�n de garant�as deben conducir ya de por s� a la ampliaci�n de dicho qu�rum, tambi�n deber�n hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de cr�dito con posterioridad a la declaraci�n de concurso (exceptuando siempre a los que tengan una vinculaci�n especial con el deudor). Hasta ahora s�lo se les reconoc�a derecho de voto cuando la adquisici�n hubiese sido a t�tulo universal, como consecuencia de una realizaci�n forzosa, o (a partir de 2012) cuando se tratase de entidades financieras sujetas a supervisi�n.
La prevenci�n que exist�a anteriormente respecto a estos acreedores es que dicha adquisici�n pod�a esconder alg�n tipo de fraude que se quer�a desincentivar mediante la privaci�n del derecho de voto. Pero el fraude no puede estar en adquirir algo (en este caso un derecho de cr�dito) a un precio menor que aqu�l por el que se pretenda vender o realizar, puesto que esto es al fin y al cabo lo propio de la actividad econ�mica de mercado. El verdadero problema estriba en que el adquirente se haya concertado con el deudor para defraudar al resto de acreedores. Por ello se reforma no solamente el art�culo 122 sino tambi�n el 93 para hacer un listado m�s amplio de personas especialmente vinculadas con el deudor que, por esta raz�n, tendr�n la condici�n de acreedores subordinados y carecer�n en consecuencia de voto en la junta de acreedores.
El atribuir derecho de voto a los acreedores que adquieran sus cr�ditos con posterioridad a la declaraci�n de concurso tiene un efecto adicional que debe reputarse beneficioso para el resto de acreedores: fomentar la existencia de un mercado de dichos cr�ditos que les permita obtener liquidez, en una situaci�n de concurso de su deudor, sin tener que esperar a la liquidaci�n final. Ser� el propio acreedor cedente el que valore si el sacrificio o descuento exigido para ello es aceptable y ser� el acreedor cedido, habitualmente especializado en este tipo de adquisiciones, el que sufra el riesgo que la adquisici�n y subsiguiente tramitaci�n del concurso conllevan.
En tercer lugar, se introducen determinadas previsiones adicionales respecto a los efectos del convenio en el art�culo 100. Al igual que se hace en la disposici�n adicional cuarta, se se�ala que los acuerdos de aumento de capital requeridos cuando se trate de capitalizaci�n se adoptar�n con las mismas mayor�as previstas en dicha disposici�n adicional. Tambi�n se efect�a una remisi�n al r�gimen general de transmisi�n de unidades productivas a lo dispuesto en el art�culo 146 bis, lo que implica, con determinadas excepciones, su adquisici�n libre de obligaciones preexistentes impagadas. Adem�s se facilita la cesi�n en pago de bienes con determinadas cautelas destinadas a evitar comportamientos fraudulentos.
El cuarto aspecto de las modificaciones de los convenios concursales se refiere a las votaciones y mayor�as en el convenio y a la ampliaci�n de la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en determinadas circunstancias. Se levanta la limitaci�n general que con anterioridad exist�a para los efectos del convenio (quitas del 50 por ciento y esperas de cinco a�os) pero para superar dichos l�mites se exige una mayor�a reforzada del 65 por ciento. Se introduce igualmente la regla ya aprobada respecto a los convenios pre-concursales en lo referente a las mayor�as m�ximas exigibles para los pactos de sindicaci�n, que ser� del 75 por ciento (art�culo 121.4).
Y finalmente se introduce una previsi�n novedosa (nuevo art�culo 134.3), que tambi�n tiene precedente en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, sobre la posibilidad de arrastre de determinados cr�ditos con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garant�a. Aunque para ello se exige un doble requisito: adem�s de unas mayor�as a�n m�s reforzadas, el que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase, introduci�ndose por primera vez en nuestro �mbito concursal esta consideraci�n que ya tiene precedentes en derecho comparado, y en los acuerdos pre-concursales de la disposici�n adicional cuarta que afectan a los acreedores de pasivos financieros. Para ello se distinguen cuatro clases de acreedores, cada uno de los cuales re�ne caracter�sticas propias que justifican un tratamiento espec�fico en el seno del concurso. En primer lugar, los acreedores de derecho laboral; en segundo lugar, los acreedores p�blicos; en tercer lugar, los acreedores financieros; y finalmente, el resto (entre los cuales deber�n incluirse de forma principal a los acreedores comerciales).
La decisi�n adoptada por las mayor�as cualificadas exigidas puede verse como un sacrificio del acreedor que se ve arrastrado, lo cual es cierto, pero tambi�n desde un punto de vista positivo como un menor sacrificio del resto de acreedores que acuerdan el arrastre. Lo amplio de las mayor�as cualificadas exigidas implica necesariamente que se trate de acuerdos fundamentados y acordes con la realidad del concursado y de sus acreedores. Pi�nsese adem�s que si el 60 o 75 por ciento de los acreedores (seg�n los casos) acuerdan para sus cr�ditos privilegiados determinados sacrificios que parezcan imprescindibles para la viabilidad de la empresa y para recobrar la mayor parte posible del cr�dito pendiente, dichas medidas habr�n de ser tanto m�s duras si el 40 o 25 por ciento restante de los acreedores, respectivamente, no resultan vinculados por el acuerdo mayoritario. Parece que lo cualificado de las mayor�as y el hecho de que cada uno acordar� para s� mismo el menor de los sacrificios posibles es garant�a suficiente de que los acuerdos no se adoptar�n con la finalidad de lesionar los intereses de estos acreedores. Esta imposibilidad de lesi�n se ve reforzada por el establecimiento de las cuatro clases de acreedores antes citadas de manera que en ning�n caso podr�n imaginarse concertaciones de unos acreedores para perjudicar los de otra clase, especialmente los laborales o los p�blicos que, por su naturaleza, merecen una especial tutela.
Al igual que en el apartado 11 de la disposici�n adicional cuarta y con el fin de respetar en la mayor medida posible el verdadero valor de la garant�a, se establece en el art�culo 140 que si, llegado el caso, el acreedor con privilegio (que hubiera votado a favor de un convenio o se hubiera visto arrastrado por �l) tiene que ejecutar la garant�a, se har� con el montante total obtenido que no exceda del cr�dito originario. Hay que insistir en el hecho de que todas las medidas introducidas en este real decreto-ley y en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, respecto al valor de las garant�as tienen su efectividad en relaci�n con el procedimiento concursal pero no implican alteraci�n de las garant�as registradas ni de las reglas establecidas para su ejecuci�n fuera del concurso.
Adicionalmente, se introducen determinadas especialidades en materia de insolvencia de empresas concesionarias de obras y servicios p�blicos, o contratistas de las administraciones p�blicas. En la actualidad existe un gran n�mero de empresas adjudicatarias de contratos administrativos en situaci�n concursal. Razones urgentes de inter�s p�blico orientadas al aseguramiento y mantenimiento de la prestaci�n de los servicios p�blicos hacen necesario articular soluciones que permitan dar continuidad a la actividad objeto del contrato, en beneficio de los adjudicatarios, los terceros que se benefician de la ejecuci�n de los contratos administrativos y de la administraci�n p�blica. Estas soluciones pasan por arbitrar una f�rmula conjunta para todos los procesos concursales que implica la presentaci�n de propuestas de convenio que puedan afectar a todas estas entidades. En este sentido, razones de agilidad y econom�a procesal y de consecuci�n de una garant�a de �xito de la soluci�n concebida, aconsejan la tramitaci�n acumulada de todos los procesos concursales declarados en relaci�n con tales entidades.
Las especialidades de la legislaci�n administrativa de contratos del sector p�blico, tanto general como sectorial, y la necesaria interrelaci�n con las formas de desenvolvimiento y terminaci�n del procedimiento concursal establecidas en la Ley Concursal, hacen necesario que se establezca un r�gimen especial aplicable a los concursos de las empresas concesionarias de obras y servicios p�blicos y contratistas de la administraci�n p�blica, cuya ubicaci�n legislativa debe situarse tanto en la legislaci�n administrativa reguladora de los contratos administrativos (tanto general como espec�fica), como en la Ley Concursal, a trav�s de una nueva disposici�n adicional segunda.ter que recoge las especialidades concursales en la materia.
La propia Ley Concursal, en su art�culo 67, remite los efectos de la declaraci�n de concurso en el caso de los contratos administrativos celebrados por el deudor con las administraciones p�blicas a su legislaci�n espec�fica. Asimismo, debe recordarse que las competencias del juez del concurso y su preceptiva intervenci�n en el procedimiento concursal deben respetar las competencias de los �rganos administrativos en lo relativo a este tipo de contratos y los procedimientos de car�cter administrativo con ellos relacionados.
En materia de liquidaci�n se modifican determinados preceptos del cap�tulo II del t�tulo V de la Ley Concursal con el objeto de facilitar el desarrollo de esta fase de procedimiento concursal. Se trata, como se ha expuesto previamente, de garantizar en lo posible la continuaci�n de la actividad empresarial, facilitando, fundamentalmente, la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas.
As�, se introduce la subrogaci�n ipso iure del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente (art�culo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exenci�n de responsabilidad por deudas previas, salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores.
Tambi�n se introducen en el art�culo 148 previsiones adicionales respecto a la cesi�n en pago o para pago y una previsi�n novedosa consistente en que el juez pueda acordar la retenci�n de un diez por ciento de la masa activa destinado a satisfacer futuras impugnaciones. Esta previsi�n deber�a conducir a una agilizaci�n de la fase de liquidaci�n.
El art�culo 149 tambi�n resulta modificado, con el fin de introducir determinadas reglas supletorias relativas a la enajenaci�n de unidades productivas, especialmente en lo referente a las reglas de purga o subsistencia de las posibles garant�as reales a las que pudiesen estar sujetos todos o algunos de los bienes incluidos en dicha unidad.
Por �ltimo, se aborda una modificaci�n del art�culo 167 que clarifica las dudas interpretativas existentes en torno al t�rmino �clase�. Este t�rmino puede implicar en una interpretaci�n estricta, una referencia a la �clasificaci�n legal� de los respectivos cr�ditos, en los t�rminos establecidos en los art�culos 89 a 92 de la Ley Concursal, de suerte que solamente cuando todos y cada uno de los acreedores clasificados en el proceso concursal de la misma manera queden afectados por las quitas y esperas inferiores a lo que dispone el precepto, no proceder� la formaci�n de la secci�n de calificaci�n. Sin embargo, la pr�ctica judicial ha venido a darle un sentido m�s gen�rico, incluyendo en tal �clase� a un grupo de acreedores que re�nan caracter�sticas comunes aunque tal grupo no comprenda a todos los de la misma clasificaci�n concursal, a los efectos del tratamiento otorgable en la secci�n de calificaci�n respecto a propuestas de convenio no gravosas.
Habida cuenta que el art�culo 94.2, en la redacci�n dada por este real decreto-ley, incorpora una nueva definici�n del t�rmino �clase� aplicable, conforme al art�culo 134, a los supuestos en que el convenio llegara a arrastrar a acreedores privilegiados y no exclusivamente a los ordinarios, es imprescindible aclarar, para evitar mayores dudas, que la menci�n que se efect�a en el art�culo 167 debe entenderse tambi�n referida a esta definici�n, que afecta a una pluralidad de acreedores beneficiados por la soluci�n concursal lo suficientemente amplia como para hacer equivalente el tratamiento a efectos de la secci�n de calificaci�n.
La parte final de este real decreto-ley consta de cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposici�n derogatoria �nica y cinco disposiciones finales.
La disposici�n adicional primera aclara que las actuaciones que se deriven de la aplicaci�n del art�culo 5 bis y de la disposici�n adicional cuarta de la Ley Concursal tendr�n la consideraci�n de medidas de saneamiento a los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.
La disposici�n adicional segunda prev� la creaci�n de un portal de acceso telem�tico para facilitar la enajenaci�n de empresas que se encuentren en liquidaci�n o de sus unidades productivas.
La disposici�n adicional tercera establece la creaci�n de una Comisi�n de seguimiento de pr�cticas de refinanciaci�n y reducci�n de sobreendeudamiento, con funciones de verificaci�n del cumplimiento de las medidas adoptadas por este real decreto-ley y de propuesta al Gobierno de modificaciones normativas para facilitar la reestructuraci�n preconcursal o concursal de deuda de empresas econ�micamente viables.
La disposici�n adicional cuarta resuelve las dudas interpretativas sobre la negociaci�n de los valores emitidos por un fondo de titulizaci�n de activos dirigidos exclusivamente a inversores institucionales, que s�lo podr�n ser objeto de negociaci�n en un sistema multilateral de negociaci�n en el que la suscripci�n y negociaci�n de valores est� restringida a inversores cualificados.
Las disposiciones transitorias primera a tercera regulan el r�gimen transitorio de determinados preceptos contenidos en este real decreto-ley.
La disposici�n transitoria cuarta determina los procedimientos de ejecuci�n en tramitaci�n a los que resultan aplicables las modificaciones introducidas por la disposici�n final tercera en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La disposici�n final primera ampl�a, ante su inminente finalizaci�n, la vacatio legis prevista en la disposici�n transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, respecto al derecho de separaci�n en caso de falta de distribuci�n de dividendos.
La disposici�n final segunda matiza, con el objeto de evitar interpretaciones restrictivas, que los cr�ditos transmitidos a la Sociedad de Gesti�n de Activos Procedentes de la Reestructuraci�n Bancaria (SAREB) se tendr�n en consideraci�n a efectos del c�mputo de las mayor�as necesarias para adoptar los acuerdos regulados en la disposici�n adicional cuarta de la Ley Concursal.
La disposici�n final tercera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario podr� interponer recurso de apelaci�n contra el auto que desestime su oposici�n a la ejecuci�n, si �sta se fundaba en la existencia de una cl�usula contractual abusiva que constituya el fundamento de la ejecuci�n o la cantidad exigible.
Por �ltimo, las disposiciones finales cuarta y quinta regulan, respectivamente, los t�tulos competenciales en virtud de los cuales se adopta el real decreto-ley, y su entrada en vigor, que tendr� lugar el d�a siguiente al de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art�culo 86 de la Constituci�n como presupuesto habilitante para recurrir a esta figura normativa.
La urgencia viene determinada por la necesidad de garantizar la plena coherencia del conjunto de la normativa concursal despu�s de las novedades introducidas en el r�gimen de los acuerdos de refinanciaci�n por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo.
Al igual que en la fase preconcursal, la viabilidad futura de parte del tejido empresarial que est� o que estar� de forma inminente en concurso depende, en gran medida, de la flexibilizaci�n del convenio concursal tanto por lo que se refiere a su contenido como por la extensi�n de sus efectos. Con las modificaciones introducidas, las empresas y sus acreedores contar�n con m�s instrumentos de reestructuraci�n y refinanciaci�n de la deuda. Adem�s, la extensi�n de efectos a todos los acreedores privilegiados, si concurren las mayor�as previstas por clases, garantizar� un sacrificio proporcional de todos ellos facilitando el saneamiento financiero de las empresas que podr�n de este modo continuar con su actividad empresarial.
De no abordarse esta modificaci�n, se mantendr� el concurso como lo que es en la actualidad en la mayor�a de los casos, es decir, un proceso de liquidaci�n ordenada del patrimonio del deudor y no una alternativa real para reestructurar la deuda y asegurar la viabilidad de las empresas.
Tambi�n resulta imprescindible acometer con la mayor celeridad posible las modificaciones que introduce este real decreto-ley en la fase de liquidaci�n concursal. La eliminaci�n de determinados obst�culos que est�n surgiendo en la transmisi�n de las unidades productivas, supondr� un incentivo inmediato para la adquisici�n de empresas o ramas de negocio permiti�ndose as� el mantenimiento de la actividad empresarial y, por ende, de puestos de trabajo.
En su virtud, en uso de la autorizaci�n contenida en el art�culo 86 de la Constituci�n, a propuesta del Ministro de Econom�a y Competitividad, previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 5 de septiembre de 2014,
Modificaci�n de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes t�rminos:
1. Se a�ade un apartado 3 en el art�culo 90, en los siguientes t�rminos:
�3. El privilegio especial solo alcanzar� la parte del cr�dito que no exceda del valor de la respectiva garant�a que conste en la lista de acreedores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del art�culo 94. El importe del cr�dito que exceda del reconocido como privilegiado especial ser� calificado seg�n su naturaleza.�
2. Se modifican los apartados 1 y 2 del art�culo 93, que quedan redactados en los siguientes t�rminos:
�1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural:
1.� El c�nyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos a�os anteriores a la declaraci�n de concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que convivan con an�loga relaci�n de afectividad o hubieran convivido habitualmente con �l dentro de los dos a�os anteriores a la declaraci�n de concurso.
2.� Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que se refiere el n�mero anterior.
3.� Los c�nyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.
4.� Las personas jur�dicas controladas por el concursado o por las personas citadas en los n�meros anteriores o sus administradores de hecho o de derecho. Se presumir� que existe control cuando concurra alguna de las situaciones previstas en el art�culo 42.1 del C�digo de Comercio.
5.� Las personas jur�dicas que formen parte del mismo grupo de empresas que las previstas en el n�mero anterior.
6.� Las personas jur�dicas de las que las personas descritas en los n�meros anteriores sean administradores de hecho o de derecho.
2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jur�dica:
1.� Los socios y, cuando �stos sean personas naturales, las personas especialmente relacionadas con ellos conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de cr�dito, sean titulares directa o indirectamente de, al menos, un 5 por ciento del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociaci�n en mercado secundario oficial, o un 10 por ciento si no los tuviera.
2.� Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jur�dica y los apoderados con poderes generales de la empresa, as� como quienes lo hubieren sido dentro de los dos a�os anteriores a la declaraci�n de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendr�n la consideraci�n de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciaci�n previsto por el art�culo 71 bis o la disposici�n adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relaci�n con el plan de viabilidad.
3.� Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios comunes, siempre que �stos re�nan las mismas condiciones que en el n�mero 1.� de este apartado.�
3. Se modifica el apartado 2 y se a�ade un apartado 5 en el art�culo 94 con la siguiente redacci�n:
�2. La relaci�n de los acreedores incluidos expresar� la identidad de cada uno de ellos, la causa, la cuant�a por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los cr�ditos reconocidos de que fuere titular, sus garant�as personales o reales y su calificaci�n jur�dica, indic�ndose, en su caso, su car�cter de litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusi�n del patrimonio del deudor principal. Los acreedores con privilegio general o especial respectivamente, deber�n estar incluidos en las siguientes clases:
1.� Laborales, entendi�ndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos los vinculados por la relaci�n laboral de car�cter especial del personal de alta direcci�n en lo que exceda de la cuant�a prevista en el art�culo 91.1.�
2.� P�blicos, entendi�ndose por tales los acreedores de derecho p�blico.
3.� Financieros, entendi�ndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que est�n o no sometidos a supervisi�n financiera.
4.� Resto de acreedores, entre los cuales se incluir�n los acreedores por operaciones comerciales y el resto de acreedores no incluidos en las categor�as anteriores.
Se har�n constar expresamente, si las hubiere, las diferencias entre la comunicaci�n y el reconocimiento y las consecuencias de la falta de comunicaci�n oportuna.
Cuando el concursado fuere persona casada en r�gimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se relacionar�n separadamente los cr�ditos que solo pueden hacerse efectivos sobre su patrimonio privativo y los que pueden hacerse efectivos tambi�n sobre el patrimonio com�n.�
�5. A los efectos del art�culo 90.3, se expresar� el valor de las garant�as constituidas en aseguramiento de los cr�ditos que gocen de privilegio especial. Para su determinaci�n se deducir�n, de los nueve d�cimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que est� constituida la garant�a, las deudas pendientes que gocen de garant�a preferente sobre el mismo bien, sin que en ning�n caso el valor de la garant�a pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del cr�dito privilegiado ni al valor de la responsabilidad m�xima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado.
a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el �ltimo trimestre anterior a la fecha de declaraci�n de concurso, de conformidad con la certificaci�n emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate.
b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasaci�n homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de Espa�a.
c) En caso de bienes distintos de los se�alados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoraci�n generalmente reconocidos para esos bienes.
Los informes previstos en las letras b) y c) no ser�n necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de declaraci�n de concurso, ni cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electr�nico o imposiciones a plazo fijo.
Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes, deber� aportarse nuevo informe de experto independiente.
En el caso de que la garant�a a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumar� la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer p�rrafo de este apartado, sin que el valor conjunto de las garant�as pueda tampoco exceder del valor del cr�dito del acreedor correspondiente.
En caso de garant�a constituida en proindiviso a favor de dos o m�s acreedores, el valor de la garant�a correspondiente a cada acreedor ser� el resultante de aplicar al valor total del privilegio especial la proporci�n que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, seg�n las normas y acuerdos que rijan el proindiviso.�
4. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del art�culo 100, que quedan redactados en los siguientes t�rminos:
�1. La propuesta de convenio deber� contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas.
2. La propuesta de convenio podr� contener, adem�s, proposiciones alternativas para todos o algunos de los acreedores, con excepci�n de los acreedores p�blicos. Entre las proposiciones alternativas, se podr�n incluir las ofertas de conversi�n del cr�dito en acciones, participaciones o cuotas sociales, obligaciones convertibles, cr�ditos subordinados, en cr�ditos participativos, en pr�stamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o caracter�sticas distintas de la deuda original.
En caso de conversi�n del cr�dito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalizaci�n de cr�ditos deber� suscribirse por la mayor�a prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y an�nimas en los art�culos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del art�culo 301.1 del citado texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entender� que los pasivos son l�quidos, est�n vencidos y son exigibles.
Tambi�n podr�n incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenaci�n, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jur�dica determinada, que se regir�n por lo dispuesto en el art�culo 146 bis.
Las proposiciones incluir�n necesariamente la asunci�n por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En estos casos, deber�n ser o�dos los representantes legales de los trabajadores.
3. En ning�n caso la propuesta podr� consistir en la liquidaci�n global del patrimonio del concursado para satisfacci�n de sus deudas, ni en la alteraci�n de la clasificaci�n de cr�ditos establecida por la ley, ni de la cuant�a de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusi�n, escisi�n o cesi�n global de activo y pasivo de la persona jur�dica concursada.
S�lo podr� incluirse la cesi�n en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuaci�n de la actividad profesional o empresarial y que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el art�culo 94, sea igual o inferior al cr�dito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deber� integrar en la masa activa. Si se tratase de bienes afectos a garant�a, ser� de aplicaci�n lo dispuesto por el art�culo 155.4.
En ning�n caso se impondr� la cesi�n en pago a los acreedores p�blicos.�
5. Se a�ade un p�rrafo final al apartado 4 del art�culo 121, en los siguientes t�rminos:
�En caso de acuerdos que, tras la declaraci�n del concurso, sigan sujetos a un r�gimen o pacto de sindicaci�n, se entender� que los acreedores votan a favor del convenio cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo en r�gimen de sindicaci�n, salvo que las normas que regulan la sindicaci�n establezcan una mayor�a inferior, en cuyo caso ser� de aplicaci�n esta �ltima. Esta previsi�n se aplicar� para el c�mputo de las mayor�as necesarias para la aprobaci�n del convenio y para la extensi�n de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes.�
6. Se modifica el apartado 1 del art�culo 122, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�1. No tendr�n derecho de voto en la junta los titulares de cr�ditos subordinados incluidas, en particular, las personas especialmente relacionadas que hubiesen adquirido su cr�dito por actos entre vivos despu�s de la declaraci�n de concurso.�
7. Se modifica el art�culo 124, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Art�culo 124
Mayor�as necesarias para la aceptaci�n de propuestas de convenio 1. Para que una propuesta de convenio se considere aceptada por la junta ser�n necesarias las siguientes mayor�as:
a) Si hubiera votado a favor del mismo, al menos, un 50 por ciento del pasivo ordinario, quedar�n sometidos a las quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del cr�dito; a las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco a�os; o, en el caso de acreedores distintos de los p�blicos o los laborales, a la conversi�n de deuda en pr�stamos participativos durante el mismo plazo.No obstante lo dispuesto en el p�rrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago �ntegro de los cr�ditos ordinarios en plazo no superior a tres a�os o en el pago inmediato de los cr�ditos ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, ser� suficiente que vote a su favor una porci�n del pasivo superior a la que vote en contra. A estos efectos, en los supuestos de propuesta anticipada y de tramitaci�n escrita, los acreedores deber�n, en su caso, manifestar su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en el art�culo 103 y en los plazos, seg�n sea el caso, de los art�culos 108 y 115 bis.
b) Si hubiera votado a favor del mismo un 65 por ciento del pasivo ordinario, quedar�n sometidos a las esperas con un plazo de m�s de cinco a�os, pero en ning�n caso superior a diez; a las quitas superiores a la mitad del importe del cr�dito, y, en el caso de acreedores distintos de los p�blicos o los laborales, a la conversi�n de deuda en pr�stamos participativos por el mismo plazo y a las dem�s medidas previstas en el art�culo 100.
2. Lo dispuesto en este art�culo se entender� sin perjuicio de las mayor�as adicionales que, para la extensi�n de sus efectos a acreedores privilegiados, sean exigibles conforme a lo previsto en el art�culo 134.�
8. Se a�ade un apartado 3 al art�culo 134, en los siguientes t�rminos:
�3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores privilegiados quedar�n tambi�n vinculados al convenio cuando concurran las siguientes mayor�as de acreedores de su misma clase, seg�n definici�n del art�culo 94.2:
a) Del 60 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el art�culo 124.1.a).
b) Del 75 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el art�culo 124.1.b).
En el caso de acreedores con privilegio especial, el c�mputo de las mayor�as se har� en funci�n de la proporci�n de las garant�as aceptantes sobre el valor total de las garant�as otorgadas dentro de cada clase.
En el caso de los acreedores con privilegio general, el c�mputo se realizar� en funci�n del pasivo aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase.�
9. El apartado 4 del art�culo 140 queda redactado en los siguientes t�rminos:
�4. La declaraci�n de incumplimiento del convenio supondr� la resoluci�n de �ste y la desaparici�n de los efectos sobre los cr�ditos a que se refiere el art�culo 136.
No obstante lo anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que hubiesen quedado vinculados al convenio por aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 134.3 o que se hubiesen adherido voluntariamente al mismo, podr�n iniciar o reanudar la ejecuci�n separada de la garant�a desde la declaraci�n de incumplimiento y con independencia del eventual inicio de la fase de liquidaci�n. En este caso, el acreedor ejecutante har� suyo el montante resultante de la ejecuci�n en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso.�
10. Se introduce una disposici�n adicional segunda ter en los siguientes t�rminos:
�Disposici�n adicional segunda ter
R�gimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obras y servicios p�blicos, o contratistas de las administraciones p�blicas En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios p�blicos o contratistas de las administraciones p�blicas, se aplicar�n las especialidades que se hallen establecidas en la legislaci�n de contratos del sector p�blico y en la legislaci�n espec�fica reguladora de cada tipo de contrato administrativo.
Asimismo, en estos concursos se acordar� la acumulaci�n de los procesos concursales ya iniciados cuando se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo ser presentadas las propuestas de convenio por las administraciones p�blicas, incluidos los organismos, entidades y sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de ellas. Podr� condicionarse la aprobaci�n de la propuesta de convenio presentada en cada uno de los procedimientos concursales a la aprobaci�n de las propuestas de convenio presentadas en los restantes procedimientos concursales acumulados seg�n lo establecido en esta disposici�n.
La competencia para la tramitaci�n de los concursos acumulados a los que se refiere esta disposici�n se regular� conforme al art�culo 25 bis.3 de la presente ley.�
Dos. Modificaciones en materia de liquidaci�n.
1. Se a�ade un �ltimo p�rrafo en el art�culo 43.3, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�En el caso de transmisi�n de unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al concursado se estar� a lo dispuesto por el art�culo 146 bis.�
2. Se a�ade un n�mero 5.� al apartado 2 del art�culo 75, en los siguientes t�rminos:
�5.� Valoraci�n de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la integran bajo la hip�tesis de continuidad de las operaciones y liquidaci�n.�
3. Se a�ade un art�culo 146 bis con la siguiente redacci�n:
�Art�culo 146 bis
Especialidades de la transmisi�n de unidades productivas 1. En caso de transmisi�n de unidades productivas, se ceder�n al adquirente los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resoluci�n no hubiera sido solicitada. El adquirente se subrogar� en la posici�n contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte. La cesi�n de contratos administrativos se producir� de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P�blico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
2. Tambi�n se ceder�n aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones.
3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no ser� aplicable a aquellas licencias, autorizaciones o contratos en los que el adquirente haya manifestado expresamente su intenci�n de no subrogarse. Ello sin perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de sucesi�n de empresa.
4. La transmisi�n no llevar� aparejada obligaci�n de pago de los cr�ditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisi�n, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese disposici�n legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 149.2.
La exclusi�n descrita en el p�rrafo anterior no se aplicar� cuando los adquirentes de las unidades productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado.�
4. Se a�aden los apartados 5 y 6 al art�culo 148 con el siguiente contenido:
�5. Salvo para los acreedores p�blicos, en el plan de liquidaci�n podr� preverse la cesi�n de bienes o derechos en pago o para pago de los cr�ditos concursales, con las limitaciones y el alcance previsto, respecto a los bienes afectos a una garant�a, en el apartado 4 del art�culo 155.
6. El juez, de oficio o a instancia de parte, podr� acordar la retenci�n de hasta un 10 por ciento de la masa activa del concurso en una cuenta del juzgado. Este montante, que se utilizar� para hacer frente a las cantidades que resulten a deber a determinados acreedores, seg�n los pronunciamientos judiciales que se emitan en los recursos de apelaci�n que pudieran interponerse frente a actos de liquidaci�n. Dicha cantidad se liberar� cuando los recursos de apelaci�n hayan sido resueltos o cuando el plazo para su interposici�n haya expirado. La parte del remanente que haya quedado libre tras la resoluci�n o expiraci�n del plazo de interposici�n de los recursos, ser� asignada de acuerdo con el orden de prelaci�n legalmente establecido, teniendo en cuenta la parte de cr�ditos que ya hubieren sido satisfechos.�
5. Se modifica el art�culo 149, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Art�culo 149
Reglas legales supletorias 1. De no aprobarse un plan de liquidaci�n y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las operaciones de liquidaci�n se ajustar�n a las siguientes reglas:
1.� El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenar� como un todo, salvo que, previo informe de la administraci�n concursal, el juez estime m�s conveniente para los intereses del concurso su previa divisi�n o la realizaci�n aislada de todos los elementos componentes o s�lo de algunos de ellos.La enajenaci�n del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se har� mediante subasta. No obstante, el juez podr� acordar la realizaci�n a trav�s de enajenaci�n directa o a trav�s de persona o entidad especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la administraci�n concursal, considere que es la forma m�s id�nea para salvaguardar los intereses del concurso. La transmisi�n mediante entidad especializada se realizar� con cargo a las retribuciones de la administraci�n concursal.Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deber�n ser dictadas previa audiencia, por plazo de quince d�as, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo previsto en el apartado 4 del art�culo 148. Estas resoluciones revestir�n la forma de auto y contra ellas no cabr� recurso alguno.
2.� En el caso de que las operaciones de liquidaci�n supongan la modificaci�n sustancial de las condiciones de trabajo de car�cter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensi�n o extinci�n colectivas de las relaciones laborales, se estar� a lo dispuesto en el art�culo 64.
3.� Los bienes a que se refiere la regla 1.�, as� como los dem�s bienes y derechos del concursado se enajenar�n, seg�n su naturaleza, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. Para los bienes y derechos afectos a cr�ditos con privilegio especial se aplicar� lo dispuesto en el art�culo 155.4, salvo que estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto, en cuyo caso se estar� a las siguientes reglas:
a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garant�a, corresponder� a los acreedores privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha constituido la garant�a suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida.Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garant�a, calculado conforme a lo dispuesto en el art�culo 94 ser� necesario que manifiesten su conformidad a la transmisi�n los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de ejecuci�n separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisi�n y que pertenezcan a la misma clase, seg�n determinaci�n del art�culo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garant�a que no quedase satisfecha tendr� la calificaci�n crediticia que le corresponda seg�n su naturaleza.Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garant�a, no ser� preciso el consentimiento de los acreedores privilegiados afectados.
b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garant�a, subrog�ndose el adquirente en la obligaci�n del deudor, no ser� necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando excluido el cr�dito de la masa pasiva. El juez velar� por que el adquirente tenga la solvencia econ�mica y medios necesarios para asumir la obligaci�n que se transmite.
4.� En caso de enajenaci�n del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la misma mediante subasta se fijar� un plazo para la presentaci�n de ofertas de compra de la empresa, que deber�n incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa declarada en concurso para la conservaci�n en funcionamiento de la actividad hasta la adjudicaci�n definitiva, as� como la siguiente informaci�n:
a) Identificaci�n del oferente, informaci�n sobre su solvencia econ�mica y sobre los medios humanos y t�cnicos a su disposici�n.
b) Designaci�n precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos en la oferta.
c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garant�as aportadas. En caso de que se transmitiesen bienes o derechos afectos a cr�ditos con privilegio especial, deber� distinguirse en la oferta entre el precio que se ofrecer�a con subsistencia o sin subsistencia de las garant�as.
Si la transmisi�n se realizase mediante enajenaci�n directa, el adquirente deber� incluir en su oferta el contenido descrito en esta regla 4.�
5.� No obstante lo previsto en la regla 1.�, entre ofertas cuyo precio no difiera en m�s del 10 por ciento de la inferior, podr� el juez acordar la adjudicaci�n a esta cuando considere que garantiza en mayor medida la continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de trabajo, as� como la mejor satisfacci�n de los cr�ditos de los acreedores.
2. Cuando, como consecuencia de la enajenaci�n a que se refiere la regla 1.� del apartado anterior, una entidad econ�mica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad econ�mica esencial o accesoria, se considerar�, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesi�n de empresa. En tal caso, el juez podr� acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuant�a de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenaci�n que sea asumida por el Fondo de Garant�a Salarial de conformidad con el art�culo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podr�n suscribir acuerdos para la modificaci�n de las condiciones colectivas de trabajo.
3. En el auto de aprobaci�n del remate o de la transmisi�n de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordar� la cancelaci�n de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de cr�ditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al art�culo 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen.�
6. Se modifica el art�culo 155.2, que quedar� redactado en los siguientes t�rminos:
�2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos se�alados en el apartado 1 del art�culo 56 o subsista la suspensi�n de la ejecuci�n iniciada antes de la declaraci�n de concurso, conforme al apartado 2 del mismo art�culo, la administraci�n concursal podr� comunicar a los titulares de estos cr�ditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realizaci�n de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opci�n, la administraci�n concursal habr� de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortizaci�n e intereses vencidos y asumir� la obligaci�n de atender los sucesivos como cr�ditos contra la masa y en cuant�a que no exceda del valor de la garant�a, calculado de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 94. En caso de incumplimiento, se realizar�n los bienes y derechos afectos para satisfacer los cr�ditos con privilegio especial.�
Tres. Modificaciones en materia de calificaci�n.
1. Se modifica el art�culo 167, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�1. La formaci�n de la secci�n sexta se ordenar� en la misma resoluci�n judicial por la que se apruebe el convenio, el plan de liquidaci�n o se ordene la liquidaci�n conforme a las normas legales supletorias.
Por excepci�n a lo establecido en el apartado anterior, no proceder� la formaci�n de la secci�n de calificaci�n del concurso cuando tenga lugar la aprobaci�n judicial de un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el art�culo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus cr�ditos o una espera inferior a tres a�os, salvo que resulte incumplido.
La secci�n se encabezar� con testimonio de la resoluci�n judicial y se incorporar�n a ella testimonios de la solicitud de declaraci�n de concurso, la documentaci�n aportada por el deudor, el auto de declaraci�n de concurso y el informe de la administraci�n.
2. En caso de reapertura de la secci�n de calificaci�n por incumplimiento de convenio, se proceder� del siguiente modo, a los efectos de determinar las causas del incumplimiento y las responsabilidades a que hubiere lugar:
1.� Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificaci�n, en la misma resoluci�n judicial que acuerde la apertura de la liquidaci�n por raz�n del incumplimiento del convenio se ordenar� la reapertura de la secci�n, con incorporaci�n a ella de las actuaciones anteriores y de la propia resoluci�n.
2.� En otro caso, la referida resoluci�n judicial ordenar� la formaci�n de una pieza separada dentro de la secci�n de calificaci�n que se hallare abierta, para su tramitaci�n de forma aut�noma y conforme a las normas establecidas en este cap�tulo que le sean de aplicaci�n.�
Medidas de saneamiento en situaciones preconcursales A los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica, las actuaciones que se deriven de la aplicaci�n del art�culo 5 bis y de la disposici�n adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendr�n la consideraci�n de medidas de saneamiento. Ser�n de aplicaci�n a estas actuaciones los mismos efectos que establece para la apertura de concurso el cap�tulo II del t�tulo I de dicho Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.
Establecimiento de un portal de acceso telem�tico En el plazo de seis meses, se crear� en el �Bolet�n Oficial de Estado� un portal de acceso telem�tico en el que figurar� una relaci�n de las empresas en fase de liquidaci�n concursal y cuanta informaci�n resulte necesaria para facilitar su enajenaci�n.
Comisi�n de seguimiento de pr�cticas de refinanciaci�n y reducci�n de sobreendeudamiento 1. Se crea la comisi�n de seguimiento de pr�cticas de refinanciaci�n y concursales.
2. La comisi�n estar� integrada por los siguientes miembros permanentes:
a) Dos nombrados por el Ministerio de Econom�a y Competitividad, uno de los cuales asumir� la presidencia.
b) Dos nombrados por el Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumir� las funciones de secretar�a.
c) Uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas.
e) Uno nombrado por el Ministerio de Industria, Energ�a y Turismo.
f) Uno nombrado por el Banco de Espa�a.
3. El presidente de la comisi�n, en atenci�n a las materias a tratar en las reuniones, requerir�, por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de los miembros de la comisi�n, la intervenci�n de representantes de otros departamentos ministeriales que pudieran resultar interesados, de los sectores que se vean afectados por las medidas o de otras personas que, por en atenci�n a sus conocimientos t�cnicos, se estime precedente.
4. La comisi�n tendr� atribuidas las siguientes funciones:
a) Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas por este real decreto-ley en materia concursal y de refinanciaci�n preconcursal de deuda y sobre la evoluci�n del endeudamiento del sector privado y sus implicaciones macroecon�micas.
b) Evaluar su aplicaci�n y, en su caso, proponer al Gobierno las reformas que resulte conveniente acometer para facilitar la reestructuraci�n preconcursal o concursal de deuda de empresas econ�micamente viables.
c) Verificar el cumplimiento de los c�digos de buenas pr�cticas que se puedan adoptar en materia de refinanciaci�n preconcursal de deudas.
5. La comisi�n de seguimiento determinar� sus normas de funcionamiento y se reunir� cada vez que sea convocada por su presidente, por propia iniciativa o a instancia de cuatro de sus miembros. Estar�, asimismo, facultada para establecer su propio r�gimen de convocatorias.
6. La comisi�n podr� solicitar, directamente o a trav�s de alguno de sus miembros, la informaci�n relativa a acuerdos de refinanciaci�n y reestructuraci�n preconcursales y procesos concursales que considere necesaria para el adecuado ejercicio de esta funci�n.
7. Con periodicidad anual, la comisi�n elaborar� un informe sobre el resultado del ejercicio de sus funciones que deber� remitirse al Gobierno y a la Comisi�n de Econom�a y Competitividad del Congreso de los Diputados.
Negociaci�n en sistemas multilaterales de negociaci�n de los fondos de titulizaci�n de activos dirigidos a inversores institucionales Cuando los valores emitidos por un fondo de titulizaci�n de activos se dirijan exclusivamente a inversores institucionales, la transmisi�n de los mismos s�lo se podr� realizar entre inversores pertenecientes a dicha categor�a, y solo podr�n ser objeto de negociaci�n en un sistema multilateral de negociaci�n en el que la suscripci�n y negociaci�n de valores est� restringida a inversores cualificados.
R�gimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitaci�n a la entrada en vigor de este real decreto-ley 1. Lo dispuesto en los n�meros 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del apartado uno y en los n�meros 2, 5 y 6 del apartado dos del art�culo �nico ser� de aplicaci�n a los procedimientos concursales en tramitaci�n en los que no se haya emitido el informe de la administraci�n concursal.
2. Lo dispuesto en los n�meros 1, 3 y 4 del apartado dos del art�culo �nico ser� de aplicaci�n a los procedimientos concursales en tramitaci�n en los que no se haya iniciado la fase de liquidaci�n.
3. Lo dispuesto en el n�mero 5 del apartado uno del art�culo �nico y en el n�mero 1 del apartado tres del art�culo �nico ser� de aplicaci�n a todos los procedimientos concursales en tramitaci�n en los que no se hubiese votado una propuesta de convenio.
4. Lo dispuesto en el n�mero 10 del apartado uno del art�culo �nico resultar� de aplicaci�n a todos los contratos administrativos que no se hayan extinguido, cualquiera que sea su fecha de adjudicaci�n, con independencia de la fase en que se hallen los procedimientos concursales.
Igualmente, lo dispuesto en el n�mero 8 del apartado uno del art�culo �nico ser� aplicable a los procedimientos concursales a que se refiere el p�rrafo anterior en los que no se hubiera abierto la fase de liquidaci�n.
Cuando en los procedimientos a que se refiere este apartado hubiera precluido el plazo legalmente establecido para presentar propuesta de convenio pero a�n no se hubiera abierto la fase de liquidaci�n, o se hubiera iniciado el c�mputo de dicho plazo, el Juez del concurso dictar� resoluci�n concediendo nuevo plazo para presentar propuestas de convenio.
Limitaci�n a la homologaci�n judicial A los deudores que hubieran celebrado acuerdos de refinanciaci�n homologados judicialmente durante el a�o anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no les ser� de aplicaci�n la limitaci�n de un a�o prevista en el apartado 12 de la disposici�n adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para solicitar una nueva homologaci�n judicial.
R�gimen de los convenios concursales 1. Los convenios concursales aprobados en aplicaci�n de la normativa que deroga este real decreto-ley deber�n cumplirse �ntegramente.
2. En caso de incumplimiento en los dos a�os siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el deudor o los acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al tiempo del incumplimiento podr�n solicitar la modificaci�n del convenio con aplicaci�n de las medidas introducidas por este real decreto-ley. La solicitud deber� acompa�arse de una propuesta de modificaci�n.
3. De la solicitud se dar� traslado, seg�n los casos, al deudor y a los acreedores que no la hubieran formulado para que en el plazo de diez d�as manifiesten si aceptan o se oponen a la modificaci�n propuesta. Para entenderse aceptada la modificaci�n, deber�n adherirse los acreedores que representen las siguientes mayor�as de pasivo:
1.� El 60 por ciento para adoptar las medidas previstas en el art�culo 124.1.a).
2.� El 75 por ciento para adoptar las medidas previstas en el art�culo 124.1.b).
1.� El 65 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el art�culo 94.2 para la modificaci�n de las medidas previstas en el apartado a) 1.� anterior.
2.� El 80 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el art�culo 94.2, para la modificaci�n de las medidas previstas en el apartado a) 2.� anterior.
El c�mputo de las anteriores mayor�as se calcular� de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del art�culo 134.
4. El juez dictar� sentencia aprobando o denegando la modificaci�n del convenio en el plazo de 10 d�as. Solo podr� aprobar la modificaci�n cuando las medidas propuestas garanticen la viabilidad del concursado.
Si se aprobase la modificaci�n, sus efectos se extender�n a los acreedores con cr�ditos privilegiados u ordinarios que no se hubiesen manifestado a favor de la misma y a los acreedores subordinados.
5. Lo previsto en esta disposici�n no ser� aplicable a los acreedores p�blicos, que quedar�n excluidos del c�mputo y de las mayor�as previstas en este precepto.
R�gimen transitorio en los procedimientos de ejecuci�n 1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la disposici�n final tercera del presente real decreto-ley ser�n de aplicaci�n a los procedimientos de ejecuci�n iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en posesi�n del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el art�culo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. En todo caso, en los procedimientos de ejecuci�n en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto desestimatorio a que se refiere el p�rrafo primero del apartado 4 del art�culo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacci�n dada por este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondr�n de un plazo preclusivo de un mes para formular recurso de apelaci�n basado en la existencia de las causas de oposici�n previstas en el apartado 7.� del art�culo 557.1 y en el apartado 4.� del art�culo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho plazo se computar� desde el d�a siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
3. La publicidad de la presente disposici�n tendr� el car�cter de comunicaci�n plena y v�lida a los efectos de notificaci�n y c�mputo de los plazos previstos en el apartado 2 de esta disposici�n, no siendo necesario en ning�n caso dictar resoluci�n expresa al efecto.
Derogaci�n normativa Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.
Modificaci�n del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio La disposici�n transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda redactada en los siguientes t�rminos:
�Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2016, la aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 348 bis de esta ley.�
Modificaci�n de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci�n y resoluci�n de entidades de cr�dito Se a�ade una nueva letra k) al art�culo 36.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci�n y resoluci�n de entidades de cr�dito, con la siguiente redacci�n:
�k) Los cr�ditos transmitidos a la Sociedad de Gesti�n de Activos Procedentes de la Reestructuraci�n Bancaria se tendr�n en cuenta, a efectos del c�mputo de las mayor�as indicadas en la disposici�n adicional cuarta de la Ley Concursal, aun cuando la Sociedad de Gesti�n de Activos Procedentes de la Reestructuraci�n Bancaria tuviera la consideraci�n de persona especialmente relacionada con el deudor conforme al apartado 2 del art�culo 93 de la Ley Concursal.�
Modificaci�n de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil El apartado 4 del art�culo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado en los siguientes t�rminos:
�4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecuci�n, la inaplicaci�n de una cl�usula abusiva o la desestimaci�n de la oposici�n por la causa prevista en el apartado 1.4.� anterior, podr� interponerse recurso de apelaci�n.
Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposici�n a que se refiere este art�culo no ser�n susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribir�n exclusivamente al proceso de ejecuci�n en que se dicten.�
T�tulo competencial 1. La modificaci�n de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, contenida en el art�culo �nico de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.6.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaci�n mercantil y de legislaci�n procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Aut�nomas.
2. Las disposiciones adicionales primera a cuarta se dictan al amparo del art�culo 149.1.6.�, 11.� y 13.�, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia legislaci�n mercantil, de ordenaci�n de cr�dito, banca y seguros y bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica.
3. Las dem�s modificaciones de textos legales contenidas en las disposiciones finales primera a tercera del presente real decreto-ley se amparan en el t�tulo competencial establecido en la norma objeto de modificaci�n.
Entrada en vigor Este real decreto-ley entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.

References: Real Decreto 
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