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200C2016 sala de lo penal de la corte suprema de justicia
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MARCOS BLADIMIR R. V.
RESUELVE: DECLÁRASE NO HA LUGAR
200C2016
SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; San Salvador, a las ocho horas y treinta minutos del día diez de agosto de dos mil dieciséis.
La presente resolución es emitida por la Magistrada Doris Luz Rivas Galindo y los Magistrados José Roberto Argueta Manzano y Leonardo Ramírez Murcia, para resolver el recurso de casación interpuesto por el imputado MARCOS BLADIMIR R. V., contra la sentencia pronunciada por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente, a las doce horas y treinta y cinco minutos del día seis de abril del presente año, mediante la cual se confirma la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de La Unión, en el proceso penal instruido en su contra, procesado por el delito de EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, Art. 214 relacionado con el Art. 24 ambos del Código Penal, en perjuicio de la víctima identificada con la clave "Polo".
Intervienen, además los licenciados Luis Antonio Contreras, en calidad de agente auxiliar del Fiscal General de la República y Wilfredo Martínez Santiago, como defensor particular.
PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción de Santa Rosa de Lima conoció de la audiencia preliminar contra el referido imputado, una vez concluida la misma, remitió las actuaciones al Tribunal de Sentencia de La Unión para la realización de la correspondiente vista pública, dictando sentencia condenatoria el seis de noviembre de dos mil catorce, resolución que fue apelada por el licenciado Wilfredo Martínez Santiago, defensor particular del acusado, ante la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente, que declaró inadmisible el recurso por extemporáneo, habiendo la Sala -ante el recurso interpuesto por el citado defensor- casado dicho proveído y ordenado el reenvío de la causa.
Actualmente se conoce del recurso de casación interpuesto por el imputado R. V., contra la resolución que confirma la sentencia condenatoria del Tribunal de Sentencia de La Unión, emitida por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente.
Ante este punto, es preciso aclarar, que consta en el proceso que con fecha veintiuno de agosto de dos mil quince, la Magistrada licenciada Doris Luz Rivas Galindo conoció del recurso de casación presentado por el licenciado Wilfredo Martínez Santiago, en calidad de defensor particular, en el proceso penal seguido en contra de Marcos Bladimir R. V., procesado por el delito de Extorsión en Grado de Tentativa, en perjuicio de la víctima con clave "Polo"; ocasión en la cual se resolvió -en la causa tramitada en esta sede bajo el número de referencia 71C2015- casar el auto que declaró inadmisible el recurso de apelación, por considerar que el escrito presentado se encontraba dentro del plazo correspondiente y se ordenó remitir el proceso a la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente, para que efectuara un nuevo examen de admisibilidad y de resultar admisible el recurso se pronunciara sobre el fondo de la pretensión.
Respecto a lo anterior, es oportuno acotar, que anteriormente la Sala conformada por los Magistrados Licenciada Doris Luz Rivas Galindo, y Licenciados Ricardo Alberto Iglesias Herrera y Sergio Luis Rivera Márquez, emitió un pronunciamiento en el proceso seguido en contra del citado imputado; tal circunstancia no prohibe el examen de la pretensión que ahora se plantea por parte de dicho procesado, pues, como se ha dejado establecido en párrafos precedentes, la resolución impugnada en aquel momento fue una declaratoria de inadmisibilidad por extemporaneidad, por tanto, como puede colegirse, en la decisión respecto del primer recurso no se emitió pronunciamiento sobre aspectos de fondo del proceso instruido contra R. V., sino que únicamente se analizó el cumplimiento del plazo legal para la interposición del recurso de apelación.
De ahí, que en el caso de autos se considera innecesario el diligenciamiento de una excusa, por cuanto para arribar a la conclusión, por aquel primer incidente, si bien se examinó el contenido del escrito de casación interpuesto en esa ocasión, se hizo para verificar si el recurso de apelación fue presentado dentro del término requerido por la ley, lo que sin duda alguna no afecta la imparcialidad de la magistrada licenciada Rivas Galindo al conformar este tribunal.
Cabe aclarar, que únicamente se menciona el nombre de la Magistrada licenciada Rivas Galindo por haber variado la conformación de la Sala.
SEGUNDO.- La Cámara pronunció resolución en los términos siguientes: "...FALLA: A) CONFIRMASE la SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA venida en apelación ...y la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN, a MARCOS BLADIMIR R. V.... por el delito de EXTORISÓN -EN GRADO DE TENTATIVA­(Art. 214 relacionado con el Art. 24 Pn.), en perjuicio de la víctima identificada con la clave "POLO"...". (Sic)
TERCERO.- Al agotar el estudio de naturaleza formal ordenado por los Arts. 483 y 484 del Código Procesal Penal, esta Sala constata que se han cumplido los requisitos de tiempo y forma, así como el de impugnabilidad objetiva y subjetiva, por tratarse de una sentencia dictada en segunda instancia, respecto de la cual se encuentra en desacuerdo el imputado. Al anterior acervo, se agrega que el libelo puntualiza el motivo de reclamo y cita las normas presuntamente quebrantadas; en consecuencia, deberá admitirse y decidirse.
CUARTO.- El recurrente denuncia como motivo: ""VICIO DE LA SENTENCIA" Ad, 478 numeral 3 Pr. Pn.­-- Este vicio consiste en LA INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN RESPECTO A LA INOBSERVANCIA EN EL FALLO DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA CON RESPECTO A MEDIOS O ELEMENTOS PROBATORIOS DE VALOR DECISIVO". (Sic).
QUINTO.- Una vez interpuesto el memorial por la parte interesada, tal como lo dispone el Art. 483 Pr. Pn., se emplazó al licenciado Luis Antonio Contreras, quien actúa en calidad de agente auxiliar del Fiscal General de la República a fin de que emitiera su opinión técnica. Sin embargo, omitió pronunciarse al respecto.
El impugnante alega como único motivo la falta de fundamentación de la sentencia por inobservancia de las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. En sustento de su alegato afirma que el tribunal de alzada sigue la misma idea del A quo, al no motivar de una forma lógica y concatenada la resolución, pues, parte de una sola prueba para confirmar la pena impuesta, cuando debió analizar toda la aportada durante el juicio; tampoco le otorga una valoración a lo establecido por la defensa como lo es la prueba de descargo, porque si se aplica el método de la inclusión mental hipotética de la prueba de descargo se puede arribar a una conclusión distinta a la condena.
Por otra parte, dice el recurrente, que no es un solo un yerro el cometido por el A quo al indicar que los hechos sucedieron el catorce de enero de dos mil catorce, cuando supuestamente ocurrieron en una fecha diferente, es decir, el trece de enero de dos mil trece, tal como lo ha expresado la Cámara, que trata de sustituir o subsanar ese equívoco de forma antojadiza, considerándolo como un error material, de naturaleza no sustancial en el proceso.
Al respecto, esta Sala estima que lleva razón el Ad quem al haber desestimado los reclamos alegados, pues, quedó evidenciado que el A quo valoró la prueba aportada al proceso -entre ellas, las declaraciones de los testigos de descargo- indicando las razones por la cuales esas deposiciones no le merecieron fe y, para ello, se remite al apartado denominado: "SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL IMPUTADO", -el cual es trascrito en la sentencia de alzada en la parte intitulada "CONSIDERACIONES DE ESTE TRIBUNAL" Romano IV- apreciación que es compartida por el Ad quem al concluir:
"V. Al revisar el análisis del juzgador respecto a la prueba de descargo, se advierte que contrario a lo expresado por el impetrante el Sentenciador efectuó una valoración de las declaraciones de los señores Francisco Evelio V., Elmer Osmín V. A., y Julio Orlando P. R.... de los cuales consideró que se han limitado a pretender demostrar que el procesado fue detenido en un lugar completamente distinto a donde acaeció el suceso criminal y que el testigo fue detenido el catorce de enero de dos mil trece a las siete u ocho de la noche, por lo tanto se desvirtúa el argumento sostenido por el quejoso; concluyéndose sobre este punto, que ha existido una valoración en su totalidad de la prueba documental, testimonial y pericial, ofrecida por el ente acusador y por el defensor particular del enjuiciado.­-- ... En lo relativo al testimonio de la señora Rosalvy Elizabeth V., señaló los motivos del porqué la deposición rendida no le merece credibilidad, de igual forma consideró que la declaración del testigo Carmen E. V., no merecía valor por desconocer sobre los hechos..." (Sic).
Lo anterior, lo asevera la Cámara después de haber transcrito lo resuelto por el A quo, donde se dijo que la testigo Rosalvy Elizabeth V., no le resultó creíble ya que menciona que fue detenida por cómplice y que la dejaron libre ese día; que los otros testigos se limitaron a tratar de demostrar que el acusado fue detenido en un lugar distinto de donde sucedió el hecho y específicamente Carmen E. V., dijo en relación a los hechos no saber nada; los cuales no le merecen fe, al contarse con otros elementos de prueba que acreditan la responsabilidad del imputado, como la documental, pericial y testimonial aportada al juicio, con la cual se ha acreditado la existencia del delito como la participación del acusado.
Aunado a lo anterior, también se tiene que en la resolución de primera instancia, el sentenciador acreditó dentro de los elementos probatorios, que fueron base para atribuir la conducta delictiva al imputado: Actas de Denuncia y ampliación de la misma interpuesta por la víctima, con la cual se estableció la forma y lugar como sucedió la intimidación y la exigencia económica que le estaban realizando a cambio de no atentar contra la vida de ésta; Acta de Seriado de dinero donde se deja constancia de la entrega del dinero efectuado por la víctima y facilitados para formar el paquete a entregar; Acta de Dispositivo de Seguimiento y Entrega Controlada de dinero, donde consta la forma como el investigador del caso coordina con personal de investigaciones para proceder a la captura del imputado; Formulario de Cadena de Custodia donde se deja constancia de la custodia del objeto incautado al acusado, Acta de, captura legal y remisión del procesado, para acreditar que los agentes captores lo detuvieron dentro del término de flagrancia logrando incautarle un teléfono celular; Acta de Inspección Ocular Policial del lugar donde se cometió el delito en comento; Bitácoras de llamadas del número telefónico de donde llamaban a la víctima, así como del teléfono de la misma parte ofendida. Análisis telefónico de vaciado de información y cruce de llamadas del móvil incautado al imputado.
Los anteriores elementos probatorios valorados por el Juez de Primera Instancia, aunado a las declaraciones de los testigos de cargo, permitieron arribar al estado de certeza sobre la conducta ilícita del imputado, lo cual fue avalado por la Cámara al retomar las razones del A quo para desvirtuar la falta de fundamentación de la sentencia alegada por el impugnante, sin que se observe por este tribunal infracción a las reglas de la lógica, psicología o experiencia común, ni explica el recurrente en qué sentido habrían resultado infringidas las mismas. Tampoco precisa de qué manera, al hacer un ejercicio de inclusión mental hipotética, las declaraciones de los testigos de descargo podrían necesariamente modificar las consecuencias incriminatorias establecidas con la prueba documental, pericia) y testimonial aportada al caso.
No debe olvidarse, como lo ha señalado con acierto la doctrina que: "Se debe distinguir, sin embargo, la falta de motivación de la "simple insuficiencia de motivación", que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces, La ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es sólo imperfecta, o defectuosa. Tampoco la anula un error no esencial." (De la Rúa, Fernando. La Casación Penal, pag. 113).‑
Por otra parte, cabe aclarar que esta Sala no puede asignarle un valor diferente a la prueba examinada por los tribunales de instancia, pues a éstos compete analizarla, de conformidad con las reglas de la sana crítica racional y asignarle el valor que corresponda, pero este tribunal no puede incursionar en ese proceso, salvo controlar que se respeten esas reglas, como ya se dijo.
Ahora, con relación al equívoco en la fecha en que sucedió el hecho, es evidente, como lo considero la Cámara, que obedece a un simple error material que en nada afecta lo resuelto. Ello, porque al remitirse a los pasajes del proceso, se tiene que el requerimiento fue presentado el diecisiete de enero de dos mil trece, adjuntándose con éste las diligencias iniciales de investigación, donde se encuentran agregadas las actas de: captura del imputado, seriado de entrega de dinero, denuncia de la víctima, dispositivo policial y nombramiento de defensor, las cuales están fechadas catorce de enero de dos mil trece.
También se cuenta con el dictamen de acusación de Fs. 58, que refiere en el apartado denominado "RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS" que el ilícito inicia el "once de enero del corriente año", cuando la víctima recibe una llamada telefónica amenazándolo si no entregaba cierta cantidad de dinero y más adelante dice que proceden a la captura el catorce de enero de dos mil trece, dictamen que se encuentra fechado veintiocho de mayo del citado año, entendiéndose que cuando dice corriente año, se refiere al dos mil trece. Asimismo, se tienen las declaraciones de los testigos que manifiestan que el hecho y las actuaciones respecto al ilícito atribuido al imputado se realizaron en el año dos mil trece. Asimismo, se tienen las declaraciones de los testigos que manifestaron que el hecho y las actuaciones respecto al ilícito atribuido al imputado se realizaron en el año dos mil trece.
No obstante lo anterior, el A quo menciona en una parte de la sentencia, que el hecho inicia el "once de enero del corriente año", lo que podría dar lugar a entender que es en el año que se emite la sentencia -dos mil catorce-; sin embargo, tal circunstancia no podría generar ninguna duda ni desventaja para el imputado, pues desde el inicio del procedimiento se tiene claro que el delito acusado y por el cual fue procesado dio inicio en el año dos mil trece, así ha quedado evidenciado con la prueba documental, pericia! y con lo dicho por los testigos en la audiencia de vista pública, dato que además se extrae de otros apartados de la sentencia, por lo que se puede derivar con exactitud el año en que ocurrió. Coligiéndose que es un simple error material, del que no se puede derivar ningún agravio, al versar sobre una imprecisión que no tiene la importancia que se le ha querido dar en el recurso, razón por la cual, el equívoco no es de tal magnitud que provoque un estado de duda, quedando claro entonces, que la citada inexactitud, carece de fuerza como para desvirtuar el hecho, tampoco desmerita la esencia de la imputación y no es capaz de generar alguna nulidad, dado que no perjudica al justiciable, porque no causa ningún menoscabo a sus garantías.
Únicamente resta recordar, que el análisis de la sentencia debe ser completo, a efecto de arribar a una comprensión unitaria y no parcial de los hechos atribuidos y las pruebas que lo respaldan, por ser ésta una unidad lógico-jurídica, cuyo correcto entendimiento sólo se logra de manera integral, porque es un todo armónico que no puede ser vista en forma aislada.
En ese orden de ideas, es procedente desestimar el reclamo invocado por el recurrente.
De acuerdo a lo apuntado en los acápites precedentes, disposiciones legales citadas y artículos 50 Inc. 2° literal a), 147, 452, 453, 478, 480 y 484 Pr. Pn, esta Sala RESUELVE:
DECLÁRASE NO HA LUGAR a casar el recurso de casación interpuesto, por no haberse demostrado el vicio alegado: inobservancia de las reglas de la sana crítica con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo.
Oportunamente, remítanse las actuaciones al tribunal de origen, para los efectos legales subsiguientes, tal como lo indica el Art. 484 Pr. Pn.
D. L. R. GALINDO -------J. R. ARGUETA.-----------L. R.MURCIA-------- PRONUNCIADO POR LA MAGISTRADA Y LOS MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN. --------ILEGIBLE. --------SRIO.-----------RUBRICADAS---------.

References: resolución 
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e contrario
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