Source: http://composi.info/elaboracion-de-informe-sombra-sobre-la-convencion-de-los-derec.html?page=5
Timestamp: 2019-01-17 01:17:43+00:00

Document:
2.15 Protección de la integridad personal (CDPD, artículo 17) - Elaboracion de informe sombra sobre la convencion...
2.16 Libertad de desplazamiento y nacionalidad CDPD, artículo 18)
2.17 Derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad (CDPD, artículo 19)
Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (CDPD, artículo 21)
2.15 Protección de la integridad personal (CDPD, artículo 17)
El artículo 17 de la Convención establece el derecho de toda persona con discapacidad a que se respete su integridad física y mental. Para asegurar este derecho los Estados deben adoptar medidas para proteger a las personas con discapacidad de tratamientos médicos (o de otra índole) administrados sin el consentimiento pleno e informado de la persona discapacitada; proteger a las niñas y mujeres de la esterilización o aborto forzados; garantizar la existencia, composición y funcionamiento de organizaciones de exámenes independientes que se encarguen de garantizar el cumplimiento de este derecho, a través de diversos programas y medidas.
Las disposiciones señaladas en los artículos 14 al 18 de la Convención, leídas de manera articulada, se relacionan de manera especial con el trato a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Por ello, constituye un gran reto para el Perú el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos civiles.
A este respecto, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión el año 2004, orientada a determinar la situación de las personas con discapacidad psicosocial, internadas en los establecimientos de salud mental104. Mediante ella se constato que los servicios de salud mental en nuestro país responden prevalentemente a un modelo de atención intramural o ultra institucionalizado. Modelo que restringe la atención de los problemas psíquicos de un modo aislado del entorno socio ambiental. Se trata de un modelo médico, no social; y, en esa medida, constituye un modelo contrario al enfoque de derechos de las personas con discapacidad psicosocial puesto que se trata de un modelo que pretende rehabilitar aislando a las personas de su propio entorno familiar y comunal. No existiendo en la actualidad voluntad política para disponer recursos alternativos extra hospitalarios insertos en la comunidad, que sirvan de base para implementar el modelo de rehabilitación comunitaria.
Al respecto, la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo de mayo a diciembre de 2004, aplicada en seis establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA) y dos de ESSALUD, le permitió constatar la existencia de los siguientes problemas:
La ausencia del consentimiento de los/las pacientes para su internamiento y la inexistencia de formatos de hospitalización. Algunos ni siquiera cuentan con formatos de hospitalización que puedan ser utilizados por los familiares.
La falta de verificación sobre la existencia de un/a curador/a al momento del internamiento
La carencia de un órgano de revisión de las órdenes de internamiento
En relación al derecho a un trato digno, el informe observó que las instalaciones de tres de los seis establecimientos del MINSA supervisados (Hospital Hipólito Unanue, Hospital Víctor Larco Herrera y CREMI) eran bastante deficientes y se encontraron en mal estado.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo detectó un considerable número de pacientes institucionalizados/as en situación de “N.N.” o que carecía de documento nacional de identidad; y que la evaluación médica de los pacientes se realizaba de manera irregular. En cuanto al personal que quedaba a cargo de los servicios después de las dos de la tarde (turnos de tarde y noche), por lo general, éste resultaba insuficiente. En el momento de la supervisión de la Defensoría del Pueblo, sólo el Instituto Honorio Delgado–Hideyo Noguchi, el Hospital Valdizán, el Hospital Rebagliati y el servicio de pacientes agudos del Hospital Larco Herrera, contaban con un número de auxiliares de enfermería que permitía cubrir las necesidades del servicio.
En general, los protocolos de atención prevén únicamente la necesidad de solicitar el consentimiento informado de los/las familiares de los/las pacientes, que no se cumplen; y pocas veces se considera el derecho de los/las pacientes a recibir información y a dar su propio consentimiento. Tampoco se alude a la necesidad de respetar su privacidad y admitir los pedidos que pudieran formular para someter las decisiones médicas a una segunda opinión, entre otros derechos.
Ninguno de los hospitales que emplea la terapia electro convulsiva (ECT) la practica con anestesiólogos y relajantes musculares, salvo en casos excepcionales, sobre todo, cuando se trata de ancianos o personas con riesgo de fracturas y/o de hemorragia endocraneana. De los seis establecimientos donde se practica la ECT, únicamente el Instituto Honorio Delgado–Hideyo Noguchi y el Hospital Valdizán poseen equipos modernos, abastecidos con mecanismos que permiten controlar la intensidad y el tiempo de las descargas de corriente alterna, y controlar sus efectos electroencefalográficos. Los demás hospitales practican dicha terapia con equipos antiguos, de más 20 años, e incluso con equipos “artesanales”, los que ofrecen mayores probabilidades de fallas en el procedimiento y de efectos adversos en los/las pacientes.
Con relación al respeto al derecho a la privacidad, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento que en el Hospital Honorio Delgado el personal de enfermería permanece presente durante las visitas de los/las familiares. Ello, según explicó el personal de salud, tiene por objeto tomar conocimiento del tipo de relación que existe entre los/las pacientes y sus familiares. Según se señaló, luego de la visita se explica a los/las familiares cómo deben hacer para relacionarse con los/las pacientes; y se les informa sobre los motivos por los cuales éstos/as adoptan determinadas conductas.
Respecto a la posibilidad que tienen los/las pacientes de mantener comunicaciones privadas mediante los servicios de correspondencia, la Defensoría del Pueblo pudo constatar que en ninguno de los hospitales supervisados los/las pacientes pueden enviar cartas.
Mental Disability Rights International (MDRI) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) realizaron una investigación entre octubre del 2002 y febrero del 2003 sobre la situación de la salud mental en el Perú105, encontrando varias violaciones graves a los derechos humanos de las personas con discapacidad mental; entre ellas, trato inhumano y degradante al interior de las instituciones; discriminación en la provisión de los servicios sociales y de salud; incumplimiento del consentimiento informado; y violaciones al derecho a la integración comunitaria, entre otras.
La investigación mencionada señala que las familias pueden jugar un rol importante en lograr la integración comunitaria, sin embargo, sin los servicios y el apoyo apropiados, las familias serán incapaces de facilitar la integración comunitaria real de sus familiares con discapacidad.
En su “Informe Adición, Misión al Perú” (E/CN.4/2005/51/Add.3)106 presentado por el Sr. Paul Hunt, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, acuso, en referencia a la Salud Mental en nuestro país, la existencia de importantes disparidades entre los objetivos oficiales y las obligaciones nacionales e internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos, por un lado, y la realidad de los servicios sanitarios que se prestan a las personas con discapacidad sicosocial, por otro. Observó, asimismo, que la prestación de servicios de salud mental está muy centralizada, de modo que es inaccesible para una gran parte de la población, proporcionada mayoritariamente en grandes instituciones psiquiátricas, lo que deniega a las personas con discapacidad sicosocial los derechos a ser tratados y atendidos en comunidad en la que viven, así como de vivir y trabajar en ella, en la medida de lo posible.
El Relator Especial también mostró preocupación por la vulnerabilidad de los usuarios de los servicios psiquiátricos; en particular, los que están internados en grandes hospitales psiquiátricos, que sufren la violación de varios de sus derechos humanos al ser atendidos en ellos. Al visitar el Hospital Víctor Larco Herrera y presenció algunos de estos problemas; asimismo, obtuvo información sobre prácticas y condiciones en otras instituciones que, al parecer, están reñidas con el derecho a la salud y otros derechos humanos.
Una situación especialmente grave en este campo se ha presentado al promulgarse la Ley Nro. 29737 que, a través de una modificación a la Ley General de Salud introducida por su artículo 1107, permite el internamiento involuntario de personas con trastornos mentales, sin fijar los supuestos en que esto se podría dar, delegando tales precisiones a lo que diga un reglamento que aun no ha sido aprobado. Dicha disposición contraviene frontalmente lo establecido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en sus artículos 12 y 17 referidos al derecho de las personas con discapacidad a la igualdad ante la ley y a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás personas, respectivamente.
El inciso 1) del artículo 2 de la Constitución peruana reconoce el derecho de toda persona a su identidad. El inciso 11 del mismo artículo, el derecho “a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería”; y el 21, el derecho a la nacionalidad, agregando que “Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República”.
El artículo 18 de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, por su parte, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la libertad de circulación y de elección del lugar de residencia, así como a una nacionalidad. Para garantizar este derecho los Estados deben adoptar medidas legislativas o administrativas para asegurar el derecho de las personas con discapacidad a adquirir una nacionalidad y a no ser privadas de ella, así como su derecho a entrar o salir del país según su propio deseo; asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad recién nacidos sean inscritos inmediatamente después de su nacimiento y se les dé un nombre y una nacionalidad.
El Estado peruano, mediante el Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (RENIEC), dispuso la emisión gratuita del Documento Nacional de Identidad (DNI), así como de todos los procedimientos registrales previstos en el Texto Único de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444), relacionados con la emisión del DNI, que invoquen las personas con discapacidad, en virtud de la Resolución Jefatural N° 599-2004-JEF/RENIEC publicada en el diario oficial el 02 de octubre del 2004, precisada luego por la Resolución Jefatural Nº 183-2006-JEF/RENIEC publicada en el mismo diario el 29 de marzo 2006.
Para tal fin, las personas con discapacidad deben acreditar su condición a través del certificado de discapacidad, copia certificada de la Resolución de Inscripción en el CONADIS, constancia emitida por el Colegio de Educación Especial o Constancia Médica de Discapacidad.
Los registros civiles no tienen ninguna restricción en inscribir, darle un nombre y nacionalidad a todos los recién nacidos, incluidos los recién nacidos portadores de alguna limitación o discapacidad. No obstante, en la medida en que estos registros carecen de un ítem en el que se pueda poner el tipo de discapacidad que afecta al niño inscrito, no es posible obtener datos agregados sobre la prevalencia de discapacidades en nuestra sociedad. Además, cabe hacer notar que a las personas con discapacidad intelectual se les excluye del padrón electoral.
En materia de migraciones, las personas con discapacidad no tienen formalmente ninguna restricción para trasladarse de un lugar a otro, siempre que tenga todos sus documentos en regla. Del mismo modo, tampoco existe ningún tipo de restricción para que puedan adquirir la nacionalidad peruana; ni impedimentos para salir o entrar del país.
Empero, las principales limitaciones a la libertad de circulación que sufren las personas con discapacidad provienen de las abundantes barreras existentes en materia de accesibilidad en los ámbitos urbanístico, arquitectónico y de transporte. Y tal como se ha sido señalado anteriormente, todavía son muchas las personas con discapacidad del país que carecen de la posibilidad de circular libremente por las calles, o de ingresar a oficinas públicas, privadas, instituciones culturales y religiosas.
El desplazamiento de las PCDs en medios de transporte interprovincial y local es extremadamente complejo dado que se carece de vehículos adaptados o simplemente los transportistas urbanos no recogen PCDs; las rampas, cuando existen, no son adecuadas y pocas; y son extraordinariamente escasos los semáforos sensoriales. Las PCDs y sus familias se ven usualmente obligados, además, a desplazarse de su tierra para acceder a servicios públicos esenciales.
Cabe señalar, asimismo, que la Ley de Extranjería (Decreto Legislativo N° 703) y el Reglamento de la Ley de Nacionalidad (Decreto Supremo N° 004-97-IN) imponen requisitos discriminatorios que afectan a las personas con discapacidad. Así por ejemplo, el artículo 28 del Decreto Legislativo N° 703 establece que “Los extranjeros que padezcan alienación mental, parálisis, ceguera, sordomudez, que no puedan valerse por sí mismos podrán ingresar al país si son acompañados o recibidos por personas que se responsabilicen por ellos (…)108. Y el articulo 20.d del Reglamento de la Ley de Nacionalidad, por su parte, dispone que para adquirir la nacionalidad peruana por matrimonio, ejerciendo el derecho de opción, se requiere, entre otros requisitos, “[…] No tener enfermedades infectocontagiosas, y estar en pleno uso de sus facultades mentales”109.
El artículo 19 de la Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a vivir en forma independiente y a participar en la comunidad. Para garantizar este derecho los Estados deben promover la existencia de sistemas de vida independiente, incluida la posibilidad de disponer de asistentes personales, en el caso de quienes los requieran; la existencia de servicios de apoyo domiciliarios que permitan a las personas con discapacidad poder vivir en su comunidad; la existencia y diversidad de opciones en materia de servicios residenciales que permitan diversas fórmulas de vida, incluyendo viviendas compartidas y protegidas que tengan en cuenta el tipo de discapacidad; y la promoción de la máxima accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios e instalaciones comunitarias de que dispone la población en general.
No obstante, debido a sus condiciones socioeconómicas, la mayor parte de las personas con discapacidad en el Perú no acceden a los servicios básicos que necesitan en igualdad de condiciones que las demás personas sin discapacidad, lo que aumenta la precariedad de su nivel de vida.
Un ejemplo de lo anterior fue puesto en evidencia en la información contenida en el “Reporte Estadístico de la Discapacidad en el Perú 1999-2000”, MINSA, abril del año 2003110 que puso en evidencia cómo los servicios existentes en materia de atención a la salud de las personas con discapacidad son manifiestamente insuficientes, lo que redunda en la exclusión de estos en el acceso a tales servicios. Servicios que, además, son de carácter institucionalizado, y tienen un enfoque individual y médico, en contraposición a la moderna manera del enfoque social y de promoción de su inclusión social. El carácter limitado de este tipo de atención puede advertirse en el registro de 951 personas con discapacidad mental institucionalizadas que la Defensoría del Pueblo consigno en su Informe Defensorial 140 sobre Salud Mental111.
Infortunadamente pues, no se diseñan ni implementan masivamente en el Sector Salud programas comunitarios para la atención personalizada y domiciliaria que permitan a las personas con discapacidad incluirse en sus propias comunidades. Como consecuencia de ello se invisibiliza a estas personas dentro de sus propias comunidades, y no se fomenta su participación en el desarrollo concertado del desarrollo local.
Como se sabe, la rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia de desarrollo comunitario dirigida a la rehabilitación, el fomento de la igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas con discapacidad. Y ella viene aplicándose en nuestro país, gracias al esfuerzo conjunto de las propias personas con discapacidad, de sus familias, organizaciones y comunidades, así como – cuando ello ocurre - de los pertinentes servicios gubernamentales y no gubernamentales que desarrollan su labor en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo social, etc.
Esta estrategia comunitaria, sin embargo, bien podría ser una de las alternativas a aplicar a fin de dar cumplimiento a la Convención en la medida en que sus objetivos son los de asegurar que las personas con discapacidad puedan desarrollar al máximo sus capacidades físicas y mentales, tener acceso a los servicios y a las oportunidades ordinarios, y ser colaboradores activos dentro de la comunidad y de la sociedad en general. Permitiría, además, impulsar a las comunidades a promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad mediante transformaciones en ella misma a través, por ejemplo, de la eliminación de barreras para la participación.
Aunque en el seno del Estado, especialmente a través del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud y también de ESSALUD, se llevan a cabo algunos programas de rehabilitación basada en la comunidad que significan un servicio para las personas con discapacidad, estos no se desarrollan necesariamente de acuerdo con las características que son propias del modelo de rehabilitación basada en la comunidad, las mismas que incluyen la capacitación y transferencia de capacidades a promotores propios de la comunidad; el empoderamiento y participación de las propias personas con discapacidad y de sus familiares en la conducción y evaluación de las actividades, etc.
Las organizaciones de personas con discapacidad han sido enfáticas en señalar que no se garantiza en general el derecho de las PCDs a tener vida independiente: por ejemplo, muchas instituciones públicas y no pocas privadas carecen de rampas y otros medios de acceso; las PCDs casi no acceden al mercado de trabajo y, como consecuencia de ello, tampoco pueden acceder con base a sus ingresos a una vivienda por no cumplir con los requisitos que usualmente se requieren para ello. Los servicios de salud domiciliaria se otorgan sólo a asegurados, lo que excluye a muchas personas con discapacidad que no han podido acceder al seguro.
Entre las razones para sostener esto, se ha referido que en los casos en que puede hablarse de una cierta independencia, esta es sólo parcial porque depende de la discapacidad y el recurso económico disponible por el interesado. Además, en muchos casos la mayoría de PCDs depende del apoyo de los familiares cercanos; los que, usualmente, carecen de recursos económicos suficientes para contratar un asistente para ellas. Y en el caso de las PCDs que consumen medicamentos, muchas veces estos son comprados por sus familiares, de modo que por esta vía se refuerza una condición concreta de dependencia económica.
Los numerales 4 y 5 del artículo 2 de la Constitución del Perú amparan las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, así como el derecho de toda persona, incluyendo las personas con discapacidad, a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido112.
Por su parte, el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a las personas con discapacidad a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas mediante cualquier forma de comunicación que elijan. Para asegurar este derecho, los Estados partes deben adoptar medidas legislativas y de otra índole para asegurar que la información dirigida al público en general sea accesible a las personas con discapacidad de manera oportuna y sin un costo adicional, así como para que, en todas las interacciones oficiales y para acceder a la información, las personas con discapacidad puedan utilizar su medio preferido de comunicación, por ejemplo, el lenguaje de signos, el Braille, formas aumentativas y alternativas de comunicación y otros formatos accesibles.
Los Estados deben asegurar que las entidades privadas y los medios de difusión proporcionen información y servicios en formatos accesibles para las personas con discapacidad evitando que el sector privado bloquee o restrinja el acceso a la información en formatos alternativos; así como que el grado de accesibilidad de los medios de difusión y los sitios web públicos que cumplan las normas de la Web Accessibility Initiative (WAI) (Incitativa sobre accesibilidad de la Web). Deben, asimismo, adoptar medidas legislativas y de otra índole en relación con el reconocimiento oficial del(los) lenguaje(s) de signos.
El Estado peruano ha dado algunos pasos importantes en esta dirección. Por ejemplo, mediante la aprobación de la Ley Nº 274715 del 5 de junio de 2001, Ley de uso de Medios Visuales Adicionales en Programas de Televisión y de Servicio Público por Cable para personas con Discapacidad por Deficiencia Auditiva, por medio de la cual se dispuso que los programas informativos educativos y culturales de producción nacional, transmitidos por el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), incorporaran medios de comunicación visual adicional en los que se utilice lenguaje de señas o manual y textos, para la comunicación y lectura de personas con discapacidad por deficiencia auditiva. Dispuso, asimismo, que los programas informativos, educativos y culturales de producción nacional, transmitidos mediante radiodifusión por televisión y de servicio público por cable, incorporen optativa y progresivamente el uso de medios visuales adicionales.
Por medio de la Ley Nº 28530 (Ley de Promoción de Acceso a Internet para PCDs y de adecuación del espacio físico en cabinas públicas de Internet), del 24 de mayo del 2005, se declaró de interés social la promoción del acceso al uso de internet y de las
tecnologías de la información a las personas con discapacidad y la progresiva eliminación de las barreras físicas y tecnológicas que impidan su integración a la Sociedad de la Información y su reinserción al mercado laboral113, quedando la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y los Gobiernos Locales, de manera coordinada, encargados de adoptar las políticas necesarias para promover, fomentar, capacitar y educar a la población con discapacidad en materias y actividades relacionadas con el acceso y uso de internet114.
Dicha norma dispuso que las entidades públicas y las universidades incorporaran en sus páginas web o portales de internet opciones de acceso para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la información que contienen; y que las personas naturales o jurídicas privadas que presten servicios de información al consumidor y otros servicios a través de páginas web o portales de internet incorporen en los mismos opciones de acceso para personas con discapacidad visual115.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento queó encargado de adecuar las normas técnicas NTE U.190 “Adecuación urbanística para personas con discapacidad” y NTE A.060 “Adecuación arquitectónica para personas con discapacidad”116, a lo que disponían los artículos 43117 y 44118 de la Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, incorporando las medidas de adecuación progresiva del espacio físico que deben cumplir todos los proveedores de servicio de acceso a internet, sean personas naturales o jurídicas, para el acceso de personas con discapacidad. Adecuación que se estableció seria progresiva y proporcional en función a las posibilidades económicas de los proveedores.
Los artículos 5 y 6 de la norma acotada, dispusieron igualmente que el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones - INICTEL, en coordinación con el CONADIS y otras entidades públicas o privadas, se encargará de capacitar a personas con discapacidad, así como a las personas encargadas de administrar cabinas públicas de servicio de acceso a internet en el uso de programas o software especiales; y, asimismo, que el Ministerio de Educación, en coordinación con CONADIS, con el objeto de lograr el acceso universal de los estudiantes con discapacidad de los diferentes niveles de educación, promueva la celebración de convenios institucionales con entidades públicas o privadas, a fin de incentivar el desarrollo de políticas favorables que faciliten su acceso universal a internet.
A través la Resolución Ministerial Nº 126-2009-PCM de la Presidencia del Consejo de Ministros se aprobaron un conjunto de lineamientos para la accesibilidad de las PCDs a las páginas web y aplicaciones para telefonía móvil para las instituciones públicas del Sistema Nacional de Informática.
El 21 de mayo del 2010 se introdujo en la normatividad peruana la Ley Nº 29535, mediante la cual se dio reconocimiento oficial y regular a la lengua de señas peruanas para las personas con discapacidad auditiva. Iniciativa legislativa que facilitará el aprendizaje del lenguaje de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas119.
Mediante la Ley N° 29524, del 9 de mayo del 2010, se reconoció a la sordoceguera como una discapacidad única y regular y establecieron disposiciones para su atención en todo el territorio nacional. Cabe anotar que con la aprobación de la referida ley, las empresas que contraten personas sordociegas se encontraran inmersas en los beneficios contenidos en el Decreto Supremo Nº 001-2003-TR, (Creación de Registros de Empresas Promocionales para Personas con discapacidad) y en la Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento el Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH.
No obstante estos esfuerzos, el Estado vienen fallando en su obligación de promover una extensión de estos avances en las entidades privadas que están sometidas a su jurisdicción; tal como ocurre, por ejemplo, en los aeropuertos, donde no existen medios alternativos de comunicación que permitan a las PCDs acceder a la información que les permita utilizar adecuadamente los servicios aeroportuarios o viajar solas.
Las organizaciones de personas con discapacidad refieren que la información pública no es difundida en lenguajes alternativos; que la Ley Nro. 29535 no se implementa y que las solicitudes de información por parte de las PCDs a las instituciones públicas no son atendidas.

References: artículo 17
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 1107
 artículo 2
 artículo 18
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 21
 Resolución