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Timestamp: 2020-07-10 04:19:47+00:00

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﻿ Sentencia SU-617 de septiembre 5 de 2013
SENTENCIA SU-617 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS DENTRO DE UN CONCURSO DE MÉRITOS. SE UNIFICA LAS DECISIONES ADOPTADAS EN DIFERENTE SENTIDO POR LOS JUECES DE INSTANCIA, EN RELACIÓN CON ACCIONES DE TUTELA INSTAURADAS CONTRA EL ICFES, POR PARTICIPANTES EN UN CONCURSO DE MÉRITOS PARA PROVEER EMPLEOS VACANTES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DIRIGIDAS A PROCURAR AMPARO PARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL TRABAJO Y AL DEBIDO PROCESO. EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO POR LAS ENTIDADES PARA RESPONDER LAS PETICIONES INDIVIDUALES Y LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, EN FORMA COLECTIVA Y MEDIANTE COMUNICADO NO VULNERA DERECHOS COMO EL DE PETICIÓN Y EL DEBIDO PROCESO YA QUE SU PROCEDER RESPONDE A LA OBLIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADELANTAR SUS TAREAS CON EFICIENCIA, ECONOMÍA Y CELERIDAD, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 209 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, SIENDO VÁLIDA ESA NOTIFICACIÓN GENERAL. POR OTRA PARTE, ES IMPORTANTE REITERAR, COMO LO EXPLICÓ EL ICFES EN EL COMUNICADO DE SEPTIEMBRE 8 DE 2009, QUE EL MATERIAL DEL EXAMEN (CUADERNILLO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS) EMPLEADO EN EL CONCURSO DOCENTE ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO POR PARTE DE LOS CONCURSANTES MIENTRAS TRANSCURRE LA PRUEBA, RESERVA QUE ESTÁ CONSAGRADA EN LA CITADA LEY 1324 DE 2009 (ART. 4º), LO CUAL JUSTIFICA QUE LA ENTIDAD ENCARGADA DE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN PUEDE NEGAR LA SOLICITUD ELEVADA, SITUACIONES EN LAS CUALES ES PROCEDENTE EL MECANISMO PREVISTO POR LA LEY 57 DE 1985.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, CONCURSO DE MÉRITOS, CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DOCENTE
REVISTA TUTELA N°:172 DE ABRIL DE 2014, PÁG.553
Sentencia SU-617 de septiembre 5 de 2013
Bogotá, D. C., cinco de septiembre de dos mil trece.
Mediante Auto de junio 24 de 2010, la Sala Sexta de Selección decidió acumular entre sí los expedientes T-2687745, T-2692360 y T-2695840, y repartirlos al despacho del magistrado sustanciador, por presentar unidad de materia, para ser fallados en una sola sentencia; posteriormente, la Sala Séptima de Selección, acumuló en julio 7 del mismo año, los expedientes T-707153, T-2709527 y T-2712179, que correspondieron por reparto al despacho de la magistrada María Victoria Calle Correa.
En sesión de septiembre 6 de 2010, la Sala Plena con fundamento en el inciso 1º del artículo 54A del Reglamento Interno de la Corte, modificado por el Acuerdo 1 de diciembre 3 de 2008, dispuso que esas acciones presentadas contra el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, en adelante ICFES, fueran falladas por ella, mediante sentencia de unificación.
Previamente, debe precisarse que si bien los asuntos bajo estudio en el presente juicio fueron expuestos mediante demandas separadas, estas coinciden en sus aspectos esenciales: supuesto fáctico transgresor, material probatorio acopiado, entidad legitimada en la causa por pasiva(1), derechos fundamentales invocados y fundamentación jurídica empleada por los demandantes, razón por la cual, con fines de claridad expositiva y coherencia argumentativa, procederá a realizar un recuento en bloque sobre los hechos, diferenciando algunos elementos propios de cada caso, de ser ello necesario.
Expediente Demandante Demandado
1 T-2687745 Doris Marcela Morales Hoyos ICFES
2 T-2692360 Norma Constanza Zabaleta Romero ICFES
3 T-2695480 Maribel Restrepo Tobón ICFES
4 T-2707153 Fabiola Huertas Forero ICFES
5 T-2709527 Alba Cecilia Forero Rojas ICFES
6 T-2712179 Luz Adela Zapata Correa ICFES
7 T-2715828 Adriana Alexandra Rodríguez Olaya ICFES
8 T-2724245 Gabriel Almendrales Jiménez ICFES
9 T-2724671 María Dolores Gómez Torres ICFES
10 T-2727100 María Doris Agudelo Villar ICFES
11 T-2727958 Yudis Díaz Palomino ICFES
12 T-2728741 Pedro Triana Triana ICFES
13 T-2736427 Paola Mosquera Martínez ICFES
14 T-2736428 Eduard Mosquera Mena ICFES
15 T-2737154 Luz Ángela Suárez Rodríguez ICFES y CNSC
16 T-2739475 Nilda Dangelly Bermeo Dorado ICFES y CNSC
17 T-2771202 José Montero Eskbenzon ICFES
18 T-2771203 Martha Lucía Patiño Jaramillo ICFES
19 T-2771433 Claudia Marcela Valbuena Isaza ICFES
20 T-2771484 Oneida González Parra ICFES y CNSC
21 T-2773068 Nydia Marlen Rodríguez Muñoz ICFES
22 T-2773225 Rafael Antonio Forero Ortiz ICFES
23 T-2774829 Wilson Hernández Benítez ICFES y CNSC
24 T-2775886 Aura María Gómez Rivera ICFES y CNSC
25 T-2777850 Flor Stella Abril Nova ICFES
26 T-2779882 Julieth Paola Garcés Posada ICFES
27 T-2781408 Gloria Sánchez Neira ICFES
28 T-2781409 Luz Mery Molina Almanza ICFES
29 T-2783291 Jesús Antonio Buitrago Torres ICFES
3.1. En los procesos sub examine, los actores manifestaron, básicamente, que se inscribieron a concurso abierto de méritos para proveer empleos vacantes de docentes y directivos docentes, de instituciones educativas oficiales en entes territoriales, dentro de las convocatorias 56 a 122 de 2009 de la CNSC.
3.2. Señalaron que en julio 5 de 2009 presentaron la prueba de aptitudes y competencias básicas, aplicada por el ICFES, compuesta por 100 preguntas, así: 40 de aptitud numérica, 30 de aptitud verbal y cuarenta 40 (sic) de competencias básicas, para un resultado final ponderado de esos componentes. Agregaron que dicha prueba tenía carácter eliminatorio y que el puntaje aprobatorio era de 60/100 para docentes y de 70/100 para directivos docentes.
3.3. Indicaron que al estar inconformes con los resultados obtenidos en dicha prueba(2), presentaron sendas reclamaciones ante el ICFES, en forma separada, entidad que sin embargo las resolvió conjuntamente en septiembre 8 de 2009, explicando: “Uno de los procesos posteriores a la aplicación de las pruebas consiste en revisar las preguntas reportadas como inconsistentes o dudosas por quienes presentaron el examen, a través del formulario dispuesto para tal fin en cada uno de los salones de aplicación. Si como producto de la revisión de dichas preguntas, se comprueban las inconsistencias reportadas, se procede a la eliminación de las mismas y a su exclusión del proceso de calificación”(3).Refirió además: “Para el caso de la prueba aplicada el 5 de julio de 2009, el ICFES eliminó de la calificación las preguntas 39 y 47 de la prueba de aptitud numérica”.
T-2687745 “Respondí 15 preguntas afirmativas de las 28 preguntas calificadas cuyo resultado sería 53.55 y no de 52.11, como se muestra en el informe de resultados, porque 3.57 x 15 = 53.55” (fl. 4 cdn. inicial respectivo).
T-2695480 “Respondí 17 preguntas afirmativas de las 28 preguntas calificadas cuyo resultado sería 56.66 y no de 56.59, como se muestra en el informe de resultados, porque 3.57 x 17 = 56.66” (fl. 4 cdn. inicial respectivo).
T-2724245 “Respondí 18 preguntas afirmativas de las 28 preguntas calificadas cuyo resultado sería 64.25 y no de 60.71, como se muestra en el informe de resultados, porque 3.57 x 18 = 64.25” (fl. 4 cdn. inicial respectivo).
T-2712179 “Si mi resultado en la prueba de aptitud numérica fue de 56.56 y dicho resultado lo divido por 3.333 me informa el número de respuestas acertadas que corresponden a 16.96 y si a ese resultado le sumo dos preguntas más, me daría un total de 18.96 preguntas acertadas que multiplicadas por 3.333 que valen cada una de las preguntas tendría un resultado de 63.226 en la prueba de aptitud numérica que sumado a la de aptitud verbal y a la de competencias me daría un resultado de más de 60 puntos que me permiten continuar en el proceso de la convocatoria y hacer parte del listado de elegibles” (fl. 3 cdn. inicial respectivo).
T-2728741 “Si mi resultado en la prueba de aptitud numérica fue de 61.10 y dicho resultado lo divido por 3.333 me informa el número de respuestas acertadas que corresponden a 18 y si a ese resultado le sumo dos preguntas más, me daría un total de 20 preguntas acertadas que multiplicadas por 3.333 que valen cada una de las preguntas tendría un resultado de 66.66 en la prueba de aptitud numérica que sumado a la de aptitud verbal y a la de competencias me daría un resultado de más de 60 puntos que me permiten continuar en el proceso de la convocatoria y hacer parte del listado de elegibles. Lo mismo sucedería si, partiendo de que al anular las 2 preguntas quedaría un valor para cada pregunta acertada de 3.57 que multiplicado por el número de respuestas que fue de 71.4 también daría más del 60 por ciento que también me habilita para continuar en el concurso” (fl. 3 cdn. inicial respectivo).
T-2736427 “Si mi resultado en la prueba de aptitud numérica fue de 60.19 y dicho resultado lo divido por 3.333 me informa el número de respuestas acertadas que corresponden a 18.05 y si a ese resultado le sumo dos preguntas más, me daría un total de 20.05 preguntas acertadas que multiplicadas por 3.333 que valen cada una de las preguntas tendría un resultado de 66.82 en la prueba de aptitud numérica que sumado a la de aptitud verbal y a la de competencias me daría un resultado de más de 60 puntos que me permiten continuar en el proceso de la convocatoria y hacer parte del listado de elegibles. Lo mismo sucedería si, partiendo de que al anular las 2 preguntas quedaría un valor para cada pregunta acertada de 3.57 que multiplicado por el número de respuestas que fue de 21.43 también daría más del 60 por ciento que también me habilita para continuar en el concurso” (fls. 2 y 3 cdn. inicial respectivo).
T-2775886 “Si mi resultado en la prueba de aptitud numérica fue de 56.65 y dicho resultado lo divido por 3.333 me informa el número de respuestas acertadas que corresponden a 17 y si a ese resultado le sumo dos preguntas más, me daría un total de 19 preguntas acertadas que multiplicadas por 3.333 que valen cada una de las preguntas tendría un resultado de 63.32 en la prueba de aptitud numérica que sumado a la de aptitud verbal y a la de competencias me daría un resultado de más de 60 puntos que me permiten continuar en el proceso de la convocatoria y hacer parte del listado de elegibles” (fl. 3 cdn. inicial respectivo).
T-2779882 “Si mi resultado en la prueba de aptitud numérica fue de 59.16 y dicho resultado lo divido por 3.333 me informa el número de respuestas acertadas que corresponden a 17.74, y si a ese resultado le sumo dos preguntas más, me daría un total de 19.74 preguntas acertadas que multiplicadas por 3.333 que valen cada una de las preguntas tendría un resultado de 65.79 en la prueba de aptitud numérica que sumado a la de aptitud verbal (57.06), y a la de competencias básicas (59.21), me daría un resultado de 60.68 puntos que me permiten continuar en el proceso de la convocatoria y hacer parte del listado de elegibles. Lo mismo sucedería si, partiendo de que al anular las 2 preguntas quedaría un valor para cada pregunta acertada de 3.57 que multiplicado por el número de respuestas acertadas que fue de 21.31, también daría más del 60 por ciento que también me habilita para continuar en el concurso” (fls. 5 y 6 cdn. inicial respectivo).
T-2781409 “Si mi resultado en la prueba de aptitud numérica fue de 55.63 y dicho resultado lo divido por 3.333 me informa el número de respuestas acertadas que corresponden a 16.69, y si a ese resultado le sumo dos preguntas más, me daría un total de 18.69 preguntas acertadas que multiplicadas por 3.333 que valen cada una de las preguntas tendría un resultado de 62.29 en la prueba de aptitud numérica que sumado a la de aptitud verbal (57.06), y a la de competencias básicas (59.21), me daría un resultado de 60.68 puntos que me permiten continuar en el proceso de la convocatoria y hacer parte del listado de elegibles. Lo mismo sucedería si, partiendo de que al anular las 2 preguntas quedaría un valor para cada pregunta de 3.57 que multiplicado por el número de respuestas acertadas que fue de 18.69, también daría más del 60 por ciento que también me habilita para continuar en el concurso” (fl. 3 cdn. inicial respectivo).
3.7. Las razones por las cuales los actores estimaron vulnerados sus derechos al debido proceso y al trabajo, las ubican fundamentalmente bajo tres argumentos. En primer lugar, no se les informó antes de publicar los puntajes obtenidos que habían sido eliminadas las preguntas 39 y 47 del componente de aptitud numérica, situación que les impidió controvertir tal decisión. En segundo término, la prueba no fue calificada siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 1º de la Ley 1324 de 2009(4). Tercero, el ICFES erró al manifestar que anuló las preguntas 39 y 47, ya que estas no existían, pues la prueba de aptitud numérica solo tenía 30 preguntas.
B. Documentos relevantes cuya copia obra en los expedientes
1. Acuerdo 29 de marzo 25 de 2009 (“Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer los empleos vacantes de docentes y directivos docentes de instituciones educativas oficiales del Departamento de Antioquia”).
3. Convenio interadministrativo Nº 100, suscrito entre la CNSC y el ICFES, en abril 20 de 2009.
1.1. Mediante escritos de contenido similar, la jefe de la oficina asesora jurídica del ICFES se opuso a las pretensiones de los demandantes, indicando que las acciones eran improcedentes por cuanto los peticionarios disponían de otros medios de defensa judicial para controvertir la legitimidad y validez del concurso. Para sustentar sus afirmaciones invocó previamente que el marco normativo del concurso dispuesto para las convocatorias 56 a 122 de 2009, está compuesto por los Decretos-Ley 1278 de 2002 y 3982 de 2006.
1.2. Expuso que acorde con el artículo 3º del Decreto 3982 de 2006, al ICFES le corresponde diseñar, elaborar y aplicar las pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas de los concursos para docentes, así como calificar y divulgar los resultados obtenidos por los concursantes, en concordancia con el artículo 15 del Decreto 2232 de 2003.
El resultado final del concurso obtenido por cada aspirante, se expresará en escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales”.
1.4. Con relación a la regulación de la CNSC sobre la ponderación de pruebas, indicó que se halla en el artículo 19 del Acuerdo 29 de 2009, expedido dentro del contexto normativo previsto en el Decreto 3982 de 2006, que atribuye al ICFES la competencia para agotar la primera etapa del concurso, que es la prueba de aptitudes, la cual comprende: aptitud numérica, aptitud verbal y de competencias básicas, con carácter eliminatorio y clasificatorio, para docentes con la aprobación de 60 puntos sobre cien 100 (sic), con valor en el concurso de 55%, y para directivos docentes con 70 puntos sobre 100, con valor en el concurso de 45%; para efectos de la ponderación, señaló haber estimado el número de preguntas que conformaba cada uno de los componentes de la prueba (aptitud numérica, verbal y de competencias básicas).
1.5. Indicó que para instituir el proceso de selección, en consenso con la CNSC, estableció el documento técnico denominado “Guía de contenido mínimo para los manuales de procesamiento y reportes”; en el numeral 5 de dicho documento se implementó que el promedio de la prueba se establecería según el tamaño relativo de cada componente, es decir, para aptitud verbal y matemática se ponderaría por 3 respectivamente, y las competencias específicas por 4; para obtener el promedio se realizaría la suma de los valores ponderados de habilidad, y se dividiría entre el número total de ponderación, que para el caso es 10.
1.6. Manifestó además que el procedimiento de calificación de las pruebas aplicadas fue aprobado mediante Acta de Reunión Nº 1 de agosto 13 de 2009, suscrita entre el ICFES y la CNSC, y que a la luz de este, el ejercicio de ponderación propuesto por los demandantes carece de validez, toda vez que dos preguntas, específicamente la 39 y la 47, no fueron consideradas en la evaluación porque, según advertencias de los participantes, estuvieron mal formuladas, lo cual conllevó a la modificación de los factores de ponderación.
1.7. En cuanto al cálculo que realizaron los accionantes de la ponderación de sus puntajes, sostuvo que erraron al atribuir a todas las respuestas el mismo valor, ya que la calificación se realizó a partir del modelo de Rasch, el cual “asigna, con base en la totalidad de las respuestas de todos los evaluados, no solo las habilidades de estos sino también, simultáneamente y en la misma escala, la dificultad de cada una de las preguntas aplicadas. Como resultado de esta doble asignación la habilidad de un evaluado que tiene N respuestas correctas corresponde al nivel de dificultad de la N-ésima pregunta, cuando estas se ordenan por su dificultad. La habilidad de un evaluado no resulta de esta forma proporcional al número de respuestas que responde correctamente; por lo tanto no es correcto multiplicar por un número de puntos el número de respuestas correctas para obtener el puntaje de los evaluados como hacen los demandantes”.
1.9. En torno al derecho al trabajo que reclaman los accionantes, afirmó que la adquisición de la condición de participante en un proceso de selección, como el referido, no otorga derecho a acceder a los cargos públicos vacantes, pues para ello es necesario agotar todas las etapas del concurso, superar las pruebas y los puntajes requeridos y, finalmente, conformar la lista de elegibles; hasta tanto ocurra todo esto, los participantes solo tendrán una mera expectativa de continuar en el concurso.
1.10. Frente a la solicitud de varios de los actores para que el material del examen (cuadernillo y hojas de respuesta) fuera entregado para realizar la recalificación, indicó que este tiene un carácter confidencial y de uso exclusivo de los concursantes, acorde con la Ley 1324 de 2009. Así, concluyó que las pretensiones de los actores deben ser negadas, al haberse actuado conforme a los lineamientos establecidos por las normas vigentes.
2.2. Manifestó que según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, la CNSC celebró con el ICFES el Convenio interadministrativo Nº 100 de 2009 para la realización de las pruebas de aptitudes, competencias básicas y prueba psicotécnica de las convocatorias 56 a 122 para proveer cargos docentes y directivos docentes. Entre las obligaciones del ICFES está procesar los resultados, al igual que calificar y entregar la correspondiente base de datos a la CNSC para su verificación y publicación, recibir los informes de la aplicación entregados por los delegados y atender las reclamaciones.
Exp. Accionante Accionado Primera instancia Segunda instancia
1 2687745 Doris Marcela Morales Hoyos ICFES Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión. Febrero 19 de 2010.
Con presunción de veracidad, en cuanto el ICFES contestó tardíamente. Ordena el incremento (6.666%) al puntaje total del examen por la eliminación de dos preguntas, y por ende, la recalificación de este hasta 60 puntos como máximo, con las consecuencias que acarree el nuevo resultado. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Abril 29 de 2010.
2 2692360 Norma Constanza Zabaleta Romero ICFES Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva. Abril 30 de 2010.
3 2695480 Maribel Restrepo Tobón ICFES Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión. Abril 20 de 2010.
4 2707153 Fabiola Huertas Forero ICFES Juzgado Primero de Familia de Neiva. Mayo 13 de 2010.
5 2709527 Alba Cecilia Forero Rojas ICFES Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bucaramanga. Mayo 4 de 2010.
6 2712179 Luz Adela Zapata Correa ICFES Juzgado Promiscuo Municipal de Caicedo, Antioquia. Mayo 18 de 2010.
7 2715828 Adriana Alexandra Rodríguez Olaya ICFES Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B. Mayo 12 de 2010.
8 2724245 Gabriel Almendrales Jiménez ICFES Tribunal Administrativo de Antioquia. Abril 26 de 2010.
9 2724671 María Dolores Gómez Torres ICFES Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva. Junio 10 de 2010.
10 2727100 María Doris Agudelo Villar ICFES Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá. Mayo 7 de 2010.
Considera que hubo falta de inmediatez en la presentación de la tutela, puesto que pasaron ocho meses desde la publicación de los resultados. No obstante, CONCEDE el derecho de petición y ordena responder la solicitud de revisión del examen. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Junio 9 de 2010.
11 2727958 Yudis Díaz Palomino ICFES Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta. Mayo 18 de 2010.
12 2728741 Pedro Triana Triana ICFES Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá. Mayo 26 de 2010.
13 2736427 Paola Mosquera Martínez ICFES Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo, Antioquia. Mayo 20 de 2010.
14 2736428 Eduard Mosquera Mena ICFES Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo, Antioquia. Mayo 27 de 2010.
15 2737154 Luz Ángela Suárez Rodríguez ICFES y CNSC Tribunal Administrativo de Boyacá. Abril 29 de 2010.
16 2739475 Nilda Dangelly Bermeo Dorado ICFES y CNSC Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de La Plata, Huila. Mayo 6 de 2010.
En protección al principio de la autonomía administrativa y por falta de inmediatez. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. Junio 18 de 2010.
17 2771202 José Montero Eskbenzon ICFES Juzgado Cuarenta y cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá. Junio 4 de 2010.
Con presunción de veracidad, en cuanto el ICFES contestó tardíamente. Ordena la adición de 6.666 puntos a la calificación del examen de la accionante (sic) que sería el valor de las dos preguntas que fueron excluidas. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Junio 30 de 2010.
18 2771203 Martha Lucía Patiño Jaramillo ICFES Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá. Junio 4 de 2010.
En cuanto al derecho de petición (revisión de los resultados). Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Segunda, Subsección A. Julio 13 de 2010.
19 2771433 Claudia Marcela Valbuena Isaza ICFES Juzgado Doce Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá. Junio 23 de 2010.
No encuentra vulneración a derechos fundamentales, porque el modelo de calificación que fue utilizado atribuye valores diferentes a cada respuesta según su complejidad, lo cual el actor no tuvo en cuenta y la petición de recalificación fue resuelta mediante comunicado en la página web de la entidad. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B. Julio 29 de 2010.
“Es del caso precisar que si bien esta Sala anteriormente venía acogiendo lo dicho por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en esta oportunidad se aparta de esta tesis, dado que el ICFES presentó un informe a través del cual explicó el método que utilizó para calificar las pruebas realizadas (…) y desvirtuó la regla de tres simple empleada por el demandante (…)”. No se asumen como acertadas las preguntas que fueron excluidas ya que a estas nunca se les dio un valor ni se tuvieron en cuenta al momento de la calificación.
20 2771448 Oneida González Parra ICFES y CNSC Juzgado Cuarenta y cuatro Civil del Circuito de Bogotá. Julio 14 de 2010.
21 2773068 Nydia Marlen Rodríguez Muñoz ICFES Juzgado Treinta y uno Administrativo del Circuito de Bogotá. Junio 21 de 2010.
No se pueden tener como acertadas las preguntas que fueron excluidas ya que a estas nunca se les dio un valor ni se tuvieron en cuenta al momento de la calificación. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. Julio 22 de 2010.
22 2773225 Rafael Antonio Forero Ortiz ICFES Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Mayo 7 de 2010.
No encuentra vulneración al debido proceso en la metodología utilizada para calificar (Método de Rasch) ya que las preguntas eliminadas no se tuvieron en cuenta para la determinación del puntaje de cada concursante. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Julio 7 de 2010.
23 2774829 Wilson Hernández Benítez ICFES y CNSC Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Junio 1º de 2010.
La actuación del ICFES se ajustó a la normatividad general del concurso de docentes y a la convocatoria. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Julio 14 de 2010.
24 2775886 Aura María Gómez Rivera ICFES y CNSC Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Manizales. Mayo 21 de 2010.
Existen otros medios de defensa judicial y no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil Familia. Junio 24 de 2010.
25 2777850 Flor Stella Abril Nova ICFES Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá. Junio 21 de 2010.
Considera que no se vulnera el derecho al trabajo ya que el concurso genera una mera expectativa. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. Julio 23 de 2010.
La actuación del ICFES se ajustó al procedimiento previsto y les dio igual trato a todos los concursantes.
26 2779882 Julieth Paola Garcés Posada ICFES Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo, Antioquia. Junio 22 de 2010.
27 2781408 Gloria Sánchez Neira ICFES Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá. Mayo 12 de 2010.
Por otro lado, las peticiones presentadas por los concursantes, fueron resueltas de manera conjunta en la página web de la entidad. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. Junio 30 de 2010.
28 2781409 Luz Mery Molina Almanza ICFES Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá. Junio 9 de 2010.
Existen otros medios de defensa judicial y no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Tercera, Subsección B. Julio 28 de 2010.
29 2783291 Jesús Antonio Buitrago Torres ICFES Juzgado Treinta y cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá. Junio 8 de 2010.
El accionante pudo acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que la causa del daño está contenida en un acto administrativo. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D. Julio 29 de 2010.
2.1. Señalaron que el amparo era improcedente para resolver el conflicto, por cuanto no avizoraron un perjuicio irremediable, no solo atendiendo la falta de inmediatez, sino por la existencia de otro mecanismo judicial idóneo, a saber, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ante el cual ningún accionante demostró que generaría una carga excesiva por sus condiciones especiales, para que fuese procedente acudir a la tutela.
2.1.1. Indicaron que los actores interpretaron en forma errónea la respuesta a las reclamaciones dada por el ICFES, pues allí se expresó que la prueba de aptitud numérica estaba conformada por 30 preguntas, y en ningún momento que su numeración correspondía de la 1 a la 30, por lo que no puede tacharse como indicio de falsedad el haber señalado que las preguntas eliminadas fueron la 39 y la 47, mucho menos atendiendo que el examen contenía 100 preguntas.
2.2.3. Por otro lado, dichas providencias coincidieron en denegar el amparo del derecho al trabajo, pues en la etapa del concurso en la cual se encontraban los participantes, solo se materializaba una mera expectativa.
La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas en los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, además, por su propia determinación de asumir el conocimiento, en aplicación de lo previsto en el artículo 54A del Acuerdo 5 de 1992, Reglamento Interno de la Corte Constitucional(5).
Tercera. Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a los actos administrativos de trámite proferidos en un concurso de méritos
“En situaciones relacionadas con la amenaza o vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de actos administrativos, normativamente la tutela es un mecanismo viable de protección en virtud del artículo 86 de la Carta, y según lo previsto en los artículos 6(6), 7(7) y 8(8) del Decreto 2591 de 1991(9). No obstante, esta corporación ha considerado en general, como regla, que la tutela es improcedente en contra de actos administrativos teniendo en cuenta que existen normalmente otros mecanismos ordinarios de defensa judicial que resultan aptos para asegurar la protección de los derechos alegados(10), como pueden ser las acciones contencioso administrativas. Sin embargo, estas consideraciones no son óbice para que en ciertas situaciones la Corte Constitucional haya considerado procedente la tutela como mecanismo transitorio o principal —según el caso—, ante actuaciones administrativas que hayan implicado para las personas afectadas un perjuicio irremediable. Ello ha ocurrido especialmente en aquellas ocasiones en las que la acción de tutela es el único medio del que dispone una persona para evitar un perjuicio irremediable(11), o en circunstancias en las cuales la acción de tutela es el único medio idóneo de protección del derecho invocado(12)”.
De otra parte, el perjuicio irremediable está circunscrito al grave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergables, para neutralizar, cuando ello sea posible, la violación del derecho. Así fue precisado en la Sentencia T-225 de junio 15 de 1993, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa(13):
D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, esta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social”.
Ahora bien, sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a los actos administrativos de trámite(14), es importante precisar con respecto a su definición que estos no expresan en conjunto la voluntad de la administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas.
Según lo dispuesto por el inciso final del artículo 50 del anterior C.C.A.(15), “son actos definitivos que ponen fin a la actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla”. En tal virtud, según lo ha entendido la jurisprudencia, los actos de trámite dan impulso a la actuación preliminar de la administración, o disponen u organizan los elementos de juicio que se requieren para que esta pueda adoptar, a través del acto principal o definitivo, la decisión sobre el fondo del asunto.
Dentro de los actos excluidos de la jurisdicción contenciosa, en principio, se pueden distinguir los actos de trámite de los actos definitivos. El acto de trámite no incide en la decisión de la misma que haya de tomarse, tiene en cuenta aspectos de puro procedimiento”(16).
Partiendo del supuesto de que el acto de trámite o preparatorio no contiene propiamente una decisión en la cual se expresa en concreto la voluntad administrativa y que su control jurisdiccional se realiza conjuntamente con el acto definitivo, podría pensarse que la acción de tutela solo es de recibo en relación con este último, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (C. P., art. 86 inciso 3º y D. 2591/91, art. 8º).
No obstante, a juicio de esta Corte, aunque en principio no procede la tutela contra los actos de trámite o preparatorios, que simplemente se limitan a ordenar que se adelante una actuación administrativa dispuesta por la ley, de manera oficiosa por la administración, en ejercicio del derecho de petición de un particular o cuando este actúa en cumplimiento de un deber legal (C.C.A., art. 4º), excepcionalmente, algunos actos de trámite o preparatorios, pueden conculcar o amenazar los derechos fundamentales de una persona, en cuyo caso, sería procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo.
‘-Esta clase de actos no son susceptibles de acción contenciosa administrativa y, en tal virtud, no existe medio alternativo de defensa judicial que pueda ser utilizado para amparar los derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados de manera inmediata’.
— Según el art. 209 de la C.P., ‘La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (...)’ y el artículo 29 de la C.P., garantiza el debido proceso en las actuaciones administrativas. La tutela contra actos de trámite que definen una cuestión esencial dentro de la actuación administrativa, a la manera de una medida preventiva, como se explicó antes, persigue la finalidad de que las actuaciones administrativas adelantadas con anterioridad a la adopción de la decisión final se adecuen a los mencionados principios y aseguren el derecho de defensa de los administrados. De esta manera, se logra la efectividad de los derechos de los administrados en forma oportuna, se les evita el tener que acudir necesariamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para obtener su protección, a través de la impugnación del acto definitivo y, consecuencialmente, se conjura la proliferación de los procesos ante dicha jurisdicción, lo cual indudablemente redunda en beneficio del interés público o social”.
Cuarta. Los concursos de méritos para proveer cargos de docentes y directivos docentes. La convocatoria como norma reguladora
Así, la Corte en la Sentencia SU-133 de abril 2 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, señaló: “La finalidad del concurso estriba en últimas en que la vacante existente se llene con la mejor opción, es decir, con aquel de los concursantes que haya obtenido el más alto puntaje. A través de él se evalúa y califica el mérito del aspirante para ser elegido o nombrado”. Por tanto, el mérito es la condición esencial para el ingreso, permanencia y promoción en la función pública, bajo el régimen jurídico que corresponde fijar al legislador, quien señala, además, el sistema de nombramiento, los requisitos y condiciones para determinar los méritos y calidades de los aspirantes, así como las causales de retiro del servicio oficial.
Uno de los fines esenciales que pretende ser realizado por medio de la aplicación de las disposiciones contenidas en tal estatuto consiste en garantizar “que la docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente”(17).
En la Sentencia T-588 de junio 12 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, esta corporación afirmó que las disposiciones del estatuto docente se encaminan a asegurar que los profesionales que ocupan tales plazas son, de manera efectiva, las personas que han acreditado las más altas calidades para desempeñarse en tales cargos. Además: “Dicho objetivo, que se predica en términos generales de la provisión de cargos de toda la administración, adquiere especial importancia en el caso de la docencia, debido a su definitiva influencia en la formación de ciudadanos, razón suficiente para avanzar en el propósito cardinal del estatuto consistente en la profesionalización de la comunidad educativa”.
De tal manera, el estatuto prevé el sistema de ingreso, permanencia y ascenso por medio de la valoración de aptitudes, experiencia y competencias básicas de los docentes. En él se define el concurso para ingreso al servicio educativo estatal, como un proceso de evaluación de aptitudes que termina con la elaboración de un listado de elegibles dispuestos ordenadamente según el resultado obtenido por los candidatos que hayan participado. Con la conformación de las listas se busca garantizar disponibilidad permanente para la provisión de vacantes en atención a la demanda del servicio educativo(18).
Por su parte, en desarrollo de las facultades de reglamentación otorgadas al Gobierno Nacional en el estatuto docente(19), fue expedido el Decreto Reglamentario 3982 de 2006, que estableció el procedimiento de selección mediante concurso para la carrera docente.
En Sentencia T-256 de junio 6 de 1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell, esta Corte señaló claramente la necesidad de respetar las bases del concurso:
“(…) al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquella; es decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o manipula los resultados del concurso, falta a la buena fe (C. P., art. 83), incurre en violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular de aquella”.
Adicionalmente, en los artículos 6º, 7º, 8º y 9º del Decreto Reglamentario 3982 de 2006, se determinó la necesidad de (i) divulgar la convocatoria a través de medios masivos que garanticen su amplia difusión; (ii) los requisitos para participar en el concurso; (iii) la forma de hacer la inscripción y (iv) el valor de los derechos de la participación.
Por su parte, el artículo 10 determinó que la prueba de aptitudes y competencias básicas tiene por objeto establecer niveles de dominio sobre la idoneidad profesional básica, como también las concepciones del aspirante frente al conocimiento de la disciplina y las respectivas funciones. Por su parte, la prueba psicotécnica valorará las actitudes, habilidades, motivaciones e intereses profesionales de los aspirantes, en la realización directa de los procesos pedagógicos o de gestión institucional. También consagró claramente que los aspirantes han de presentar las pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas en una misma oportunidad.
La publicación de resultados de las pruebas que se practiquen tiene la finalidad de dar impulso y continuidad al proceso, más no la de definir el resultado del concurso de méritos. Al respecto, el Consejo de Estado señaló que “las publicaciones de los resultados del concurso, son determinaciones que constituyen actos de trámite, los cuales fueron expedidos dentro de la actuación propia del concurso y las determinaciones que en ellos se adoptan, se realizan justamente para impulsar y dar continuidad al proceso propio de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las entidades involucradas”(20).
Con relación a la facultad del ICFES para la aplicación de las pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas en el concurso docente, el Decreto 2232 de agosto 8 de 2003(21) señala en el artículo 3º numeral 13 que corresponde al ICFES desarrollar la fundamentación teórica, así como diseñar, aplicar y elaborar instrumentos de evaluación para el ingreso de docentes y directivos docentes al servicio de educación estatal, de acuerdo con las orientaciones que para el efecto defina el Gobierno Nacional.
Cabe señalar que para las convocatorias 56 a 122 del concurso de méritos para docentes y directivos docentes, el ICFES y la CNSC suscribieron el Convenio administrativo (sic) Nº 100 de abril 20 de 2009, en el cual se indica que la primera entidad, por su experiencia y capacidad tecnológica, operativa y administrativa está en condiciones de contribuir a la realización del concurso de carrera docente, participando en la aplicación de las pruebas de aptitudes, de competencias básicas y psicotécnicas. Además entre las obligaciones del ICFES está: “(…) 3. De acuerdo con los lineamientos básicos que se han desarrollado para este tipo de pruebas el instituto elaborara los instrumentos que permitan la evaluación de los docentes y directivos docentes a los diferentes cargos a los que están aspirando. 4. Elaborar la guía de orientación de las pruebas en concordancia con el marco de fundamentación conceptual de las mismas (…) 9. Efectuar la lectura de las hojas de respuesta y adelantar la resolución de inconsistencias”.
El modelo general considera que la respuesta a un ítem solo depende de la interacción entre la habilidad del sujeto y la dificultad del ítem, es decir, de θ y de b. La curva característica del ítem (CCI) viene dada por la función logística, y el único parámetro de los ítems que se tiene en cuenta es b, el índice de dificultad. No se hacen hipótesis globales sobre el patrón de respuestas de un grupo, ni sobre la adivinación sistemática. Por el contrario, se plantea que la adivinación es un patrón personal y puede ser detectada en función del ajuste o desajuste de las respuestas de una persona al modelo. Esta misma hipótesis aplica para los ítems. La medida de una persona es independiente de la prueba empleada y la calibración del ítem es independiente de la población que lo aborda. La ecuación 1 expresa el modelo.
Este modelo genera calificaciones consistentes con el número de respuestas correctas y permite conocer la confiabilidad y validez del proceso de evaluación y de los instrumentos utilizados (pruebas de aptitudes y de competencias específicas). El modelo de crédito parcial propuesto es coherente con el marco teórico utilizado”.
○ Antes de iniciar el procesamiento para el análisis de ítem es necesario eliminar los ítems identificados como dudosos en el proceso de aplicación, en caso de que sea necesario y se haya obtenido esta información.
○ Procesar cada prueba por separado (aptitud verbal, aptitud numérica, competencias específicas, psicotécnica, por separado) en, por lo menos, dos ocasiones sucesivas: la primera para identificar los valores de depuración y la segunda para obtener los primeros valores para el análisis de ítem. Si es necesario, y luego de un análisis preliminar, se volverá a procesar la información eliminando los ítems, de cada prueba, que sea necesario.
○ Se eliminan los ítems que sea necesario luego del proceso de análisis de ítem y reportados por la coordinación del grupo de evaluación de educación.
○ Con los ítems que quedan, luego del análisis de ítem se procede a la calificación de los concursantes”.
Los actores interpusieron las acciones de tutela para solicitar que se ordene al ICFES recalificar las pruebas que atendieron en julio 5 de 2009, dentro del concurso abierto de méritos para proveer empleos vacantes de docentes y directivos docentes, de instituciones educativas oficiales en entes territoriales, dentro de las convocatorias 56 a 122 de 2009 de la CNSC.
Argumentan los actores que el instituto accionado vulneró sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso (en algunos casos fueron además invocados los derechos de petición e información) que, según afirman, fueron desconocidos toda vez que, en primer lugar, no se les informó antes de publicar los puntajes obtenidos que habían sido eliminadas las preguntas 39 y 47 del componente de aptitud numérica, situación que les impidió controvertir tal decisión. En segundo término, aducen que la prueba no fue calificada siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 1º de la Ley 1324 de 2009. Tercero, el ICFES erró al expresar que anuló las preguntas 39 y 47, pues la prueba de aptitud numérica solo tenía 30 preguntas.
5.3. El ICFES consideró inexistente la vulneración de los derechos fundamentales aducidos, pues actuó conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional y la CNSC; por tanto, cumplió lo dispuesto en el Decreto 3982 de 2006, el Acuerdo 29 de 2009, el documento técnico denominado “Guía de contenido mínimo para los manuales de procesamiento y reportes” y el Convenio interadministrativo Nº 100 de 2009.
— El artículo 10 del Decreto Reglamentario 3982 de 2006, señala que la selección debe realizarse mediante pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas, diseñadas y aplicadas por el ICFES.
— El artículo 13 del Decreto Reglamentario 3982 de 2006 dispone, en cuanto a la valoración de las pruebas, antecedentes y entrevista, que los resultados que obtengan los aspirantes a cargos de docentes y directivos docentes del servicio educativo estatal, se expresarán en una calificación numérica en escala de 0 a 100 puntos, con una parte entera y dos decimales para su registro y clasificación.
— El numeral 3.13 del Decreto 2232 de 2003 señala que corresponde al ICFES desarrollar la fundamentación teórica, y diseñar, aplicar y elaborar instrumentos de evaluación para el ingreso de docentes y directivos docentes al servicio de educación estatal, de acuerdo con las orientaciones que para el efecto defina el Gobierno Nacional.
— Por su parte, el numeral 15.11 refiere la facultad de dicha entidad para desarrollar, adaptar e implementar modelos para el procesamiento y análisis de los resultados de los instrumentos de evaluación; el 15.12 la de procesar y analizar los resultados aplicando los instrumentos de evaluación de la calidad de la educación, de acuerdo con los modelos psicométricos adoptados; y el 15.14 la potestad de establecer los procedimientos estandarizados para los diferentes procesos adelantados, de acuerdo con los principios y métodos adoptados por el ICFES.
— El Convenio interadministrativo Nº 100 de abril 20 de 2009, prevé que el ICFES, por su experiencia y capacidad tecnológica, operativa y administrativa, está en condiciones de contribuir a la realización del concurso de carrera docente, participando en la aplicación de las pruebas de aptitudes, de competencias básicas y psicotécnicas. Además, entre las obligaciones de dicho instituto se incluyó que “para este tipo de pruebas el instituto elaborará los instrumentos que permitan la evaluación de los docentes y directivos docentes a los diferentes cargos a los que están aspirando”, además de “la guía de orientación de las pruebas en concordancia con el marco de fundamentación conceptual de las mismas” y “9. Efectuar la lectura de las hojas de respuesta y adelantar la resolución de inconsistencias”.
— La guía de contenido mínimo para los manuales de procesamiento y reportes elaborada por el ICFES en agosto 13 de 2009 y aprobada por la CNSC, indica que la teoría psicométrica a utilizar en la calificación de las pruebas, es la misma “que se usa para calificar las pruebas de los exámenes de Estado. Se trata de un modelo estadístico sofisticado, conocido en la literatura como modelo de Rasch, que asigna un puntaje con base en la totalidad de las respuestas de todos los evaluados, no solo las habilidades de estos sino también, y simultáneamente y en la misma escala, la dificultad de cada una de las preguntas aplicadas. Como resultado de esta doble asignación la habilidad de un evaluado que tiene N respuestas correctas corresponde al nivel de dificultad de la N-ésima pregunta, cuando estas se ordenan por su dificultad. La habilidad de un evaluado no resulta de esta forma proporcional al número de respuestas que responde correctamente; por lo tanto no es correcto multiplicar por un número de puntos el número de respuestas correctas para obtener el puntaje de los evaluados”(22).
— En la Guía de contenido mínimo se establece el análisis de ítem, que consiste en la eliminación de la información que introduzca ruido a los valores de análisis, para lo cual es necesario eliminar los ítems identificados como dudosos en el proceso de aplicación, en caso de que sea necesario y se haya obtenido esta información.
Por el contrario, resulta errada la forma de calificación propuesta por los actores, dado que ni en la convocatoria, ni en los Decretos 1278 de 2002 y 3982 de 2006, ni en el Convenio interadministrativo Nº 100 de abril 20 de 2009, ni en la guía de contenido mínimo para los manuales de procesamiento y reporte se encuentra contemplada disposición alguna que permita esa forma de promediar los puntajes obtenidos. Lo cierto es que los actores no aprobaron una de las pruebas programadas, al no superar el puntaje mínimo exigido.
Por otra parte, es importante reiterar, como lo explicó el ICFES en el comunicado de septiembre 8 de 2009, que el material del examen (cuadernillo de preguntas y respuestas) empleado en el concurso docente es confidencial y de uso exclusivo por parte de los concursantes mientras transcurre la prueba, reserva que está consagrada en la citada Ley 1324 de 2009 (art. 4º), lo cual justifica que la entidad encargada de suministrar la información puede negar la solicitud elevada, situaciones en las cuales es procedente el mecanismo previsto por la Ley 57 de 1985(23).
“ART. 21.—La administración solo podrá negar la consulta de determinados documentos o la copia o fotocopia de los mismos mediante providencia motivada que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales pertinentes. Si la persona interesada insistiera en su solicitud, corresponderá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos decidir en única instancia si se acepta o no la petición formulada o si se debe atender parcialmente.
Ante la insistencia del peticionario para que se le permita consultar o se le expida la copia requerida, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al Tribunal para que este decida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Se interrumpirá este término en el caso de que el Tribunal solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir y hasta la fecha en la cual los reciba y oficialmente”.
Por lo precedentemente anotado, en ningún caso obra mérito para acceder a la protección constitucional instada y, en consecuencia, serán confirmadas las sentencias objeto de revisión que acertadamente negaron la tutela impetrada y, consecuentemente, revocadas las que concedieron el amparo(24).
VIGÉSIMO CUARTO: CONFIRMAR el fallo adoptado en julio 14 de 2010 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, que a su turno confirmó el emitido en junio 1º de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Segunda, Subsección D, denegando la tutela pedida por el actor Wilson Hernández Benítez (expediente T-2774829).
(1) En algunos casos, aunque las demandas fueron dirigidas contra el ICFES, se vinculó a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC.
(2) La publicación de resultados se efectuó en agosto 21 de 2009.
(3) Comunicado publicado por el ICFES en septiembre 8 de 2009, consultar en: www.icfes.gov.co.
(4) Ley 1324 de julio 13 de 2009: “ART. 1º—Parámetros y criterios. El Estado en el ejercicio de su función suprema de inspección y vigilancia de la educación tiene el deber de valerse de exámenes de Estado y otras pruebas externas, para medir el nivel de cumplimiento de sus objetivos y buscar el mejoramiento continuo de la educación. La evaluación realizada a través de los exámenes de Estado y otras pruebas externas será practicada bajo los siguientes principios: independencia, igualdad, comparabilidad, periodicidad, reserva individual, pertinencia y relevancia. Es deber del Estado y de todos los miembros de la comunidad educativa propiciar y facilitar las evaluaciones pertinentes, con respeto a los mismos principios enunciados en el inciso anterior y a las garantías y límites previstos en la Constitución y esta ley”.
(5) “Cuando a juicio de la Sala Plena, por solicitud de cualquier magistrado, un proceso de tutela dé lugar a un fallo de unificación de jurisprudencia o la trascendencia del tema amerite su estudio por todos los magistrados, se dispondrá que la sentencia correspondiente sea proferida por la Sala Plena (…)”.
(6) “Art. 6º Decreto 2591 de 1991. ‘La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos mecanismos será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante” (la subraya fuera del original).
(7) “Dice el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991: ‘Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la ejecución del acto concreto que lo amenace o vulnere’ (Subraya fuera del original)”.
(8) “Dice el artículo 8º del decreto 2591 de 1991: ‘Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso’ (subraya fuera del original)”.
(9) “Sentencia T-007 de 2008. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa”.
(10) “Sentencia T-007 de 2008. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa”.
(11) “Ello se ha presentado, por ejemplo, en casos en que se produce una discriminación en concursos públicos y en el acceso a cargos de esta naturaleza, que compromete seriamente la confianza de los particulares en el Estado (C. P., art. 83); el derecho de acceder en igualdad de condiciones a los cargos públicos (C. P., arts. 13 y 40), el debido proceso (C. P., art. 29) y el derecho al trabajo (C. P., art. 25). La cuestión a resolver, en estos casos, es constitucional. De otra parte, el mecanismo ordinario que podría ser utilizado, no es plenamente idóneo para resarcir los eventuales daños. En consecuencia, la tutela se concede como mecanismo principal para evitar la lesión de los derechos fundamentales involucrados. Sobre este particular pueden revisarse las sentencias T-100 de 1994, M. P. Carlos Gaviria Díaz; T-256 de 1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell; T-325 de 1995 M. P. Alejandro Martínez Caballero; T-389 de 1995, M. P. Fabio Morón Díaz; T-455 de 1996 y T-083 de 1997, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU--133 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo”.
(12) “Sentencia T-007 de 2008. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa”.
(13) Reiterada entre otras en las sentencias T-377 de mayo 11 de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-500 de junio 29 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-576A de julio 25 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y T-067 de febrero 12 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(14) Ver SU-201 de abril 21 de 1994 y T-420 de agosto 13 de 1998, en ambas M. P. Antonio Barrera Carbonell; T-961 de octubre 7 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-123 de febrero 22 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis; T-945 de diciembre 16 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo; T-1012 de diciembre 7 de 2010, M. P. María Victoria Calle Correa; y T-050 de febrero 5 de 2013, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
(15) El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011), indica en su artículo 43: “Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”.
(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 19 de 2004, expediente 12279, con ponencia del Consejero Ramiro Saavedra Becerra, en la que esa corporación se inhibió de fallar de fondo en un asunto sometido a su consideración, pues la demanda pretendía la nulidad de un acto considerado por la Sala como de trámite.
(17) Art. 1º Decreto 1278 de 2002.
(18) En Sentencia C-208 de marzo 21 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, se declaró la exequibilidad del Decreto-Ley 1278 de 2002, “siempre y cuando se entienda que el mismo no es aplicable a las situaciones administrativas relacionadas con la vinculación, administración y formación de los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales ubicados en territorios indígenas que atienden población indígena, con la aclaración de que, mientras el legislador procede a expedir un estatuto de profesionalización docente que regule de manera especial la materia, las disposiciones aplicables a los grupos indígenas serán las contenidas en la Ley General de Educación y demás normas complementarias”.
(19) Estas facultades fueron otorgadas en el parágrafo del artículo 9º del Decreto 1278 de 2002, de la siguiente forma: “PAR.—El Gobierno Nacional reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas del concurso, la elaboración de las pruebas de selección y señalará los puntajes correspondientes para la selección y clasificación, determinando cuáles de ellas admiten recursos y su procedimiento”. Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-734 de agosto 23 de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
(20) Octubre 11 de 2007, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado, asunto de radicación Nº 23001-23-31-000-2007-00329-01(AC).
(21) “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y se dictan otras disposiciones”.
(22) Comunicado del ICFES “en cumplimiento de la Resolución 353 del 26 de marzo de 2010 (…) para dar respuesta conjunta a las numerosas reclamaciones, recursos, derechos de petición y demás escritos recibidos (…) relacionadas con los resultados del componente de aptitud numérica de la prueba aplicada por el ICFES el 5 de julio de 2009”. Está en negrilla y subrayado en el texto original.
(23) Ver Sentencia T-487 de junio 21 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(24) Cfr. lo sintetizado en el acápite “Decisiones judiciales objeto de revisión” de este fallo.

References: ARTÍCULO 209
 artículo 54
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 15
 artículo 19
 artículo 30
 artículo 54
 artículo 86
 artículo 50
 artículo 29
 artículo 10
 artículo 3
 resolución 
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 13
 resolución 
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 43
 artículo 9
 Resolución