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Timestamp: 2017-10-23 00:48:02+00:00

Document:
Sentencia Civil Nº 67/2010, AP - Valencia, Sec. 6, Rec 750/2009, 02-02-2010 | Iberley
Sentencia Civil Nº 67/2010, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 6, Rec 750/2009 de 02 de Febrero de 2010
Sentencia Civil Nº 401/2011, AP - Valencia, Sec. 6, Rec 163/2011, 17-06-2011
Órden: Civil Fecha: 17/06/2011 Tribunal: Ap - Valencia Ponente: Mestre Ramos, Maria Num. Sentencia: 401/2011 Num. Recurso: 163/2011
Sentencia Civil Nº 220/2010, AP - Valencia, Sec. 6, Rec 45/2010, 16-04-2010
Órden: Civil Fecha: 16/04/2010 Tribunal: Ap - Valencia Ponente: Mestre Ramos, Maria Num. Sentencia: 220/2010 Num. Recurso: 45/2010
Sentencia Civil Nº 112/2011, AP - Valencia, Sec. 6, Rec 836/2010, 25-02-2011
Órden: Civil Fecha: 25/02/2011 Tribunal: Ap - Valencia Ponente: Mestre Ramos, Maria Num. Sentencia: 112/2011 Num. Recurso: 836/2010
Sentencia Civil Nº 355/2011, AP - Valencia, Sec. 6, Rec 66/2011, 06-06-2011
Órden: Civil Fecha: 06/06/2011 Tribunal: Ap - Valencia Ponente: Mestre Ramos, Maria Num. Sentencia: 355/2011 Num. Recurso: 66/2011
Sentencia Civil Nº 333/2011, AP - Valencia, Sec. 6, Rec 237/2011, 27-05-2011
Órden: Civil Fecha: 27/05/2011 Tribunal: Ap - Valencia Ponente: Mestre Ramos, Maria Num. Sentencia: 333/2011 Num. Recurso: 237/2011
Caso práctico: IVA: Ejecuciones de obras de albañilería, fontanería y carpintería, colocación de suelos en vivienda, reparación y renovación de puertas y reparación y renovación de armarios.
PLANTEAMIENTO Tipo impositivo aplicable a las ejecuciones de obras: Ejecuciones de obras de albañilería, fontanería y carpintería, colocación de suelos en vivienda, reparación y renovación de puertas y reparación y renovación de armarios.RE...
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 29/05/2012
Núm. Resolución: 5658
Resolución Vinculante de DGT, V1775-10, 30-07-2010
Órgano: Sg De Impuestos Sobre Las Personas Jurídicas Fecha: 30/07/2010
Resolución de TEAF Bizkaia, 13410, 19-11-2014
Resolución de TEAF Bizkaia, 12973, 21-03-2013
Ponente: Mestre Ramos, Maria
Núm. Sentencia: 67/2010
Núm. Recurso: 750/2009
Núm. Cendoj: 46250370062010100100
ROLLO DE APELACION 09-0750
SENTENCIA Nº67
En la ciudad de Valencia a dos de febrero del año dos mil diez.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados anotados al margen, siendo ponente María Mestre Ramos, ha visto el presente recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 27 de mayo de 2009 dictada en AUTOS DE PROCESO ORDINARIO 1081-07 tramitados por el Juzgado de Primera Instancia Dieciocho de los de Valencia.
Han sido parte en el recurso, como APELANTE-DEMANDANTE LA ENTIDAD MERCANTIL RAMON LLOSA SA representada el Procurador de los Tribunales DOÑA PILAR MORENO OLMOS asistido de Letrado DON VICENTE MARTINEZ FERRER; como APELADA-DEMANDADA-IMPUGNANTE DOÑA Lidia representada por el Procurador de los Tribunales DOÑA MAR RUIZ ROMERO y asistida por el Letrado DON DAVID SANCHEZ GUARDIOLA.
PRIMERO.- La Sentencia de fecha 27 de mayo de 2009 contiene el siguiente Fallo:"Que desestimando la demanda, formulada por RAMÓN LLOSA, S.L., representada por la Procuradora Sra. Moreno Olmos; contra Dª Lidia , representada por la Procuradora Sra. Hidalgo Cubero, debo absolver y absuelvo a dicha demandada de los pedimentos accionados en su contra. Todo ello con expresa imposición a la parte demandante de las costas procesales.
Que desestimando la demanda reconvencional, formulada por Dª Lidia , representada por la Procuradora Sr. Hidalgo Cubero contra RAMÓN LLOSA, S.L., representada por la Procuradora Sr. Moreno Olmos; contra, debo absolver y absuelvo a dicha demandada de los pedimentos accionados en su contra. Todo ello con expresa imposición a la parte demandada reconvincente de las costas procesales."
SEGUNDO.- La Sentencia dictada estableció que estamos en presencia de un arrendamiento de obra del art.1544 CC y se fijan las consideraciones jurídicas del mismo, si bien nos encontramos con un arrendamiento de obra con suministro de materiales aunque no procede incluir la "cámara fotográfica"
En primer lugar respecto de la cuantía reclamada en la demanda ha sido especialmente complejo analizar la cuantía total de la obra y los importes alegados por la demandante porque no coinciden los mismos que se alegan en los escritos presentados con los documentos aportados.
Así la demandante ha realizado erróneamente la suma ya que debería haber excluido el importe de la cámara fotográfica por lo que la cantidad a sumar al presupuesto inicial es de 23.086 euros.
Posteriormente se manifiesta que por la demandante y los testigos Sr. Edemiro y Sala que la demandada reclama rebaja en el presupuesto por defectos de medición que ascendía a 9.636,73 euros, cantidad que hay que deducir del presupuesto inicial que ascendía a 45.342 euros, no se entiende el redondeo a 9699 euros por lo que el extraño redondeo responde a tener que cuadrar las cantidades.
Así mismo respecto a restar el importe de obras no finalizadas que según Don. Edemiro era de 7.126,15 euros y no de 8.266,33 como afirma la actora.
Según la actora la cantidad de 28.658 euros importe de reforma de la cocina, se llega restando de 35.643 euros la cantidad de 8.266,33 sin embargo ambas cifras son erróneas.
Además discrepancia en cuanto a la rebaja por defectos de medición.
Dada la discrepancia fundamental entre ambas partes, no se ha acreditado la existencia y conformidad de la demandada con un presupuesto previo y ello por los grandes errores en las cuantías, por no estar firmado el presupuesto por la demandada, por no aportarse presupuesto con todas las cuantías, ni se acredita que las partidas reclamadas estén dentro de los precios normales del mercado.
Entrando en el ámbito de la reconvención la demandada alega exceptio non rite adimpleti contractus, fijadas las consideraciones de ésta causa y reclamándose la cantidad de 8.620,49 euros no queda acreditado pues lo aportado no es informe pericial ni se ha probado los mismos.
Se imponen las costas atendiendo al principio de vencimiento.
TERCERO.- Notificada la Sentencia, LA ENTIDAD MERCANTIL RAMON LLOSA SA previa preparación interpuso recurso de apelación alegando, en síntesis, como cuestión previa que los documentos acompañados a la demanda nos da el importe total de la obra.
Alegando error en la valoración de la prueba pues en primer lugar la demandante no debe probar la existencia de un presupuesto por obras no superior a 20.000 euros sino la demandada que lo alega. Y además la demandada ha entregado cantidades por mas de 42.000 euros luego es absurdo decir que asciende el presupuesto a 20.000 euros. Además los empleados de la demandante ratificaron el importe de 52.319 euros o 51744 euros sin cámara.
En segundo lugar la demandada no alego existencia de presupuesto escrito sino reforma verbal.
En tercer lugar de los documentos aportados se desprende que la demandada le queda por abonar la cantidad de 8.732,42 euros, no se tiene que acreditar que sean precios de mercado.
Se confeccionó presupuesto por 35.643€ y se le descontó trabajos no realizados por importe de 7126,15 euros como la pintura que sin embargo es reclamada en la reconvención.
El importe del aire acondicionado se encuentra dentro de la obra.
No se deben estimar los motivos de oposición: nos encontramos ante un contrato que engloba un arrendamiento de obra mas una venta de productos y ello no esta impedido. El precio de la obra era muy superior a 20.000 euros.
Es indiferente que la obra comenzara en julio o en agosto. Aplica caprichosamente una inexistente cláusula penal y fija a su antojo una indemnización.
Solicitando la revocación parcial de la sentencia en cuanto sea estimada íntegramente la demanda condenando a la demandad a abonar la cantidad de 8.732,42 euros
CUARTO.- El Juzgado dio traslado a la parte contraria, DOÑA Lidia que presentó escrito de oposición al recurso de apelación y de impugnación de la sentencia alegando, en síntesis, que del informe acompañado ha quedado acreditado la existencia de numerosas deficiencias en la obra ejecutada y que han sido reparadas por el testigo-perito, Sr. Íñigo .
El propio testigo de la actora, Sr. Sala manifestó haber realizado fotografías de las deficiencias en la obra.
Solicitando sea estimada la impugnación formulada.
QUINTO.- Las pruebas que se han practicado en primera instancia y que son objeto de nueva valoración por el Tribunal han sido:
4.-Pericial.
SEXTO.- Recibidos los autos por este Tribunal, se señaló el día 13 de enero de 2.010 para deliberación y votación,que se verifico quedando seguidamente para dictar resolución.
SEPTIMO.- Se han observado las prescripciones legales.
PRIMERO.- La cuestión planteada por la parte apelante, LA ENTIDAD MERCANTIL RAMON LLOSA SA virtud del recurso de apelación es si procede condenar a la demandada a abonar la cantidad de 8.732,42 euros.
Y la cuestión planteada por la parte impugnante, DOÑA Lidia es resolver si procede condenar a la ENTIDAD MERCANTIL RAMON LLOSA SA a abonarle la cantidad de 8620,49 euros por deficiencias en ejecución de obra.
SEGUNDO.- Entrando a conocer del recurso de apelación interpuesto por la ENTIDAD MERCANTIL RAMON LLOSA SA que postula se revoque la sentencia de primera instancia en el sentido de que sea estimable su pretensión de reclamación de cantidad que por importe de 8.732,42 euros se efectúa a la demandada en base a los trabajos consistente en ejecución de obra realizados en la vivienda de la demandada.
Si partiendo del artículo 1091 del Código Civil regulador de las obligaciones que nacen de los contratos establece:
"las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos"
y de él nace la trascendencia del contrato como fuente de las vinculaciones obligatorias que deriva directamente de su acogimiento como tal en las previsiones del ordenamiento y, en concreto, en las contenidas en el precepto aludido y reiteradas en los artículos 1254,1258 y 1278 . Así, la vinculación obligatoria que el contrato supone para los contratantes sólo puede tener entre ellos una "fuerza de ley" si se atemperan al concluirlo a los límites que la verdadera ley impone a la autonomía de su voluntad, resultando sobre todo de la regla del artículo 1255 pero también, sin sobrepasar el ámbito disciplinar del mismo CC, de los artículos 6-3,1.102, 1.116, 1256, 1271, 1272, 1275 y 1276 .
Ahora bien, hay que tener en cuenta que si los contratos deben cumplirse a tenor de los mismos, ello debe ir unido a las normas sobre interpretación de los contratos que implican que si los términos del contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes pero no si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de aquellos, en cuyo caso el contrato no habrá de cumplirse según su tenor sino que prevalecerá la intención de los contratantes sobre sus palabras(Sentencia Tribunal Supremo 26-enero-1981);y hay que tener en cuenta la admisión, muy cautelosa de la jurisprudencia de la modificación de la regulación contractual, ya sea por atender al hecho de la variación imprevisible de las circunstancias objetivas que alteran sustancialmente la base del negocio existente en el momento de contratar(STS23-noviembre-1962 y 2-febrero-1966),ya por considerar que debe entenderse implícitamente puesta, al margen del tenor del contrato o de la expresión de la voluntad contractual, una cláusula rebus sic stantibus que autorizaría la modificación(STS 23-marzo-1963,28-enero-1970,31 -marzo- 1960,entre otras) ,o bien teniendo en cuenta ambos criterios.
Si partiendo del principio de la carga de la prueba contenido en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que nos dice:
"2.Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda ,según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención;3.Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior ",
Y que implica que en los procesos como el que nos ocupa que están estructurados en base al principio de alegación de parte ,son éstas quienes realizan la actividad probatoria necesaria para conseguir la certeza de los hechos por ella alegados; implica pues que los hechos constitutivos son de cargo del actor y los demás lo son del demandado y ello nace del propio derecho material que se compone de una serie de normas y contranormas que recíprocamente constituyen la base de las alegaciones de las partes, nace de la misma existencia de las normas y contranormas que conlleva que el actor tiene la carga de probar todos los elementos que componen el supuesto de hecho de la norma en que basa su pretensión por lo que debe acreditar no solo el nacimiento del derecho sino la persistencia del mismo o de la relación jurídica en el tiempo porque no ha habido pago o porque o ha habido condonación o cualquier otra causa que conforme al CC extingue la obligación frente a lo que el demandado debe acreditar la extinción del derecho a lo largo del tiempo, que cargue por un principio de justicia distributiva, con la prueba de aquellos elementos del supuesto de hecho de la norma alegada por el actor que pueden significar, en cuanto existentes, la extinción del derecho pretendido por el actor.
Y partiendo de lo dicho por este tribunal respecto a la credibilidad de los testigos, entre otras, según la Sentencia, dictada en el rollo de apelación 05-0599 en fecha de 15 de noviembre de 2005 :
CUARTO.- Conforme dispone la LEC en su Artículo 376 "Los tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado". Por ello, al apreciar la credibilidad de los testigos, debe tenerse en cuenta:
Su independencia, que se acredita no sólo por no hallarse afectados por las generales de la ley, sino también por no tener escrúpulo alguno en ignorar o negar preguntas que, aún siendo favorables a la parte que le hubiera propuesto, no respondieran a la verdad o fueran desconocidas por el testigo.
Su razón de ciencia. Aunque no ha de confundirse la razón de ciencia -que es el porqué se conoce lo que se afirma (haber presenciado el hecho, haber oído contarlo, haber visto documentos relativos a él, etcétera)- con la ubicación desde la que el testigo presencial adquiere el conocimiento de ese hecho.
La coherencia, claridad y rotundidad de sus respuestas.
Que el mero hecho de que se trate de familiares, amigos, compañeros o conocidos de las partes no elimina, sin más, su capacidad probatoria; cierto que deben extremarse las cautelas al valorar este tipo de testigos, pero cuando son los únicos de que dispone la parte, cuando no son tachados por la contraria, cuando ésta trata de matizar su declaración mediante su interrogatorio, y cuando la prueba se practica con el más escrupuloso respeto al principio de contradicción, no resulta razonable negar por principio credibilidad a esas declaraciones testificales, porque ello sería tanto como condenar de antemano a la parte, en cuanto que se le privaría de la única prueba posible para adverar su versión de los hechos.
El resultado del resto de las pruebas.
Las reglas de la sana crítica, que deben ser entendidas como las más elementales directrices de la lógica humana.
No está sujeta a reglas legales de valoración.
El testimonio de un solo testigo o el testimonio de un testigo susceptible de ser tachado pueden inducir válidamente a formar el convencimiento del Juez sobre la veracidad de sus datos, objeto de prueba."
CUARTO.- Entrando a conocer del recurso de apelación interpuesto por la entidad mercantil actora debemos resolver si procede condenar a la parte demandada a abonar la cantidad de 8.732,42 euros.
En un primer orden de consideraciones debemos fijar que la relación contractual entre las partes lo fue de un contrato verbal sobre ejecución de obra, ejecución de obra consistente en reforma de la vivienda así como la adquisición de muebles y electrodomésticos.
Y diremos que contrato verbal por cuanto si bien la parte actora apelante ha aportado varios presupuestos no es menos cierto que ninguno de ellos se encuentra firmado por la demandada.
Sin embargo la no existencia de un previo presupuesto suscrito por la parte actora y la demandada no es impedimento para fijar la concreta obra ejecutada, los concretos electrodomésticos vendidos así como el mobiliario colocado todo ello con destino a la vivienda sita en Valencia, AVENIDA000 numero NUM000 ,piso NUM001 .
Y así el Tribunal valorando la prueba practicada llega a la convicción de:
1º)que la actora instaló el aire acondicionado y que el precio fue 7.980 euros(factura folio 8 de las actuaciones).
2º)que la actora aporto electromésticos por importe de 3072 euros(factura folio 9 de las actuaciones).
3º)que la actora coloco el mobiliario de cocina por importe de 8762,58 euros(factura folio 10 actuaciones).
4º)que la actora coloco la bancada de cocina por importe de 2.297 euros. Factura folio 11 de las actuaciones.
5º)que la actora vendió una encimera por importe de 975 euros(Factura folio 12).
6º)y que la actora efectuó unos trabajos de albañilería que si bien inicialmente fueron de 35.643 euros (presupuesto aportado) se le descontó diversas partidas por importe de 7.125 euros referidos a partidas no ejecutadas; quedando posteriormente como importe la cantidad de 28.518 euros y no la cantidad de 28.658 euros que fija la actora.
Y ello por cuanto todo lo contenido en las facturas ha quedado acreditado que se instalo y ejecuto en la vivienda referida-vía la practica de la prueba testifical(empleados de la entidad actora),de la propia documental (albaranes y facturas aportadas por la actora)y de los interrogatorios practicados; así como que es cierto que la demandada entrego cantidades pero no eran como cantidades que cerraban la liquidación o daban pro concluido el pago de la deuda sino que las mismas eran entregadas a cuenta pues así se desprende de los propios documentos adjuntos al escrito de contestación donde se hace constar "a cuenta".
De todo ello se considera que el contrato de ejecución de obra mas los elementos anejos como pudieron ser electrodomésticos y mobiliario ascendió en total a la cantidad de 51.744,58 euros ,y si frente a ello la parte demandada ha abonado la cantidad de 43.011,58 euros resultando que se adeuda por el contrato de obras mas los materiales aportados la cantidad de 8.733 euros pero como se reclama la cantidad de 8.732,42 euros deberá estar el tribunal a lo pedido.
QUINTO.- Entrando a conocer de la impugnación formulada por la parte demandada-reconviniente la misma postula que sea estimada la pretensión reconvencional por la que se condene a la entidad mercantil Ramón Llosa SL a abonarle la cantidad de 8 620,49 euros en concepto del importe en subsanar las deficiencias.
En un principio el tribunal debe considerar ante lo resuelto por la juzgadora de instancia que el documento obrante al folio 56 y 57 de las actuaciones consistente en "listado de deficiencias" y "factura de reparación" deben ser considerados como prueba pericial dado que se trata de la fijación por una persona, conocedora de la construcción y ejecución de obras, que aporto al Tribunal, unos conocimientos. Por lo que debemos aplicar el artículo 438 LEC y valorarla según los criterios de valoración de toda prueba pericial, que ha fijado este tribunal entre otras, en la Sentencia dictada en el rollo de apelación 657/2002 hemos dicho que:
"La valoración de la prueba pericial debe hacerse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: a) Que la función del perito es la de auxiliar al Juez, ilustrándole sin fuerza vinculante sobre las circunstancias del caso, pero sin negar en ningún caso al juzgador la facultad de valorar el informe pericial (Sentencias, entre otras, de 30 de marzo de 1984 y 6 de febrero de 1987 ).
b)Que ni los derogados artículos 1242 y 1243 del Código Civil , ni el también derogado art.632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ,ni ahora el artículo 348 de la vigente LEC 2.000 ,tienen el carácter de valorativos de prueba, pues la prueba pericial es de libre apreciación por el Juez(Sentencias, entre otras, de 17 de junio,17julio y 12 de noviembre de 1988,11 de abril y 9 diciembre de 1989,9 de abril de 1990 y 7 de enero 1991.
c)Que el proceso deductivo del Juzgador "a quo" no puede chocar de una manera evidente y manifiesta con el raciocinio humano, sus apreciaciones han de guardar coherencia entre si, no pueden vulnerar la sana crítica, estableciendo conceptos fácticos distintos de los que realmente se han querido llevar a los autos, o provocando alteraciones que impliquen cambio de la "causa petendi".
d)No existen normas legales sobre la sana crítica( Sentencias, entre otras muchas, de 10junio1992 y 10 de noviembre de 1994 ."
Y debiendo valorarse dicha pericial así como no aportando la parte demandante-reconvenida prueba en contrario que desvirtúe el contenido del mismo, el tribunal considera que de dicha prueba, desde luego se desprende que la ejecución de la obra llevada a cabo por la parte demandante no se acomodo en su totalidad y en la parte que ejecuto a una buena diligencia o buena praxis constructiva. Debiendo incluirse todos los conceptos, a excepción de lo relativo a la pintura y trabajos previos que la parte reconvenida no ejecuto.
Deberá asumir dicho incumplimiento por la parte reconvenida sin embargo no cabe estimar la totalidad que en cuantía de 8620,49 euros se reclama no solo por cuanto se observa de los documentos aportados-folios 56 y 57 una divergencia entre unos defectos y los que consta como reparados pues existen solo algunas coincidencias y por otra parte existen trabajos no realizados por la reconvenida, se considera que el importe a fijar por el tribunal será del 50% de la cantidad reclamada por lo que se estima parcialmente la reconvención condenando a la parte demandante-reconviniente a abonar la cantidad de 4310,2 euros.
SEXTO.- En materia de costas procesales, y en virtud del art. 394 en relación con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no procede hacer expresa imposición ni a la parte apelante ni a la parte impugnante, debiendo cada parte abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad.
En primera instancia de conformidad con el artículo 394 LEC se imponen a la demandada las causadas por la demanda principal; y no se hace expresa imposición respecto a la demanda areconvencional debiendo cada parte abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Y en atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia en nombre de S. M. EL Rey y por la autoridad conferida por la Constitución aprobada por el pueblo español
1º)Estimar el recurso de apelación interpuesto por la ENTIDAD MERCANTIL RAMON LLOSA SA.
2º)Estimar parcialmente la impugnación formulada por DOÑA Lidia .
3º)Revocar la Sentencia de fecha 27 de mayo de 2009 y en consecuencia:
A)ESTIMAMOS LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA ENTIDAD MERCANTIL RAMON LLOSA SA Y CONDENAMOS A DOÑA Lidia A ABONAR A LA PARTE ACTORA LA CANTIDAD DE OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS EUROS (8.732,42 EUROS)POR EL PRINCIPAL MAS INTERESES DESDE LA INTERPELACION JUDICIAL HASTA EL PAGO.
B)ESTIMAMOS PARCIALMENTE LA DEMANDA RECONVENCIONAL INTERPUESTA POR DOÑA Lidia Y CONDENAMOS A LA ENTIDAD MERCANTIL RAMON LLOSA SA A ABONAR A LA RECONVINIENTE LA CANTIDAD DE CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON DOS CENTIMOS DE EURO(4.310,2 EUROS)POR EL PRINCIPAL MAS LOS INTERESES DESDE LA INTERPELACION JUDICIAL.
4º)En esta alzada no se hace imposición de costas; en primera instancia se imponen a la demandada las causadas por la demanda principal; y no se hace expresa imposición a la parte reconvincente por su demanda reconvencional.

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 1091
 artículo 1255
 artículo 217
 Artículo 376
 artículo 438
 artículo 348
 artículo 398
 artículo 394