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Timestamp: 2017-08-18 12:29:50+00:00

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﻿ Auto 41215 de junio 5 de 2013
AUTO 41215 DE 05 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE PERSONA DESMOVILIZADA INDIVIDUALMENTE– LEY DE JUSTICIA Y PAZ. LA SITUACIÓN DE QUIENES SE DESMOVILIZARON INDIVIDUAL Y VOLUNTARIAMENTE, PARA EFECTOS DE LA SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, NO ES DIFERENTE A LA DE QUIENES ESTANDO PRIVADOS DE LA LIBERTAD LO HICIERON COLECTIVAMENTE, SU DISTINCIÓN APUNTA EXCLUSIVAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD EN UNO Y OTRO CASO, CONFORME CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DE LA LEY 975 DE 2005. EN LA INDIVIDUAL EL DESMOVILIZADO DEBERÁ SUMINISTRAR INFORMACIÓN QUE CONDUZCA AL DESMANTELAMIENTO DEL GRUPO AL QUE PERTENECÍA, PUES SOLAMENTE CUMPLIDO ESTE REQUISITO EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL LO POSTULARÁ A SER BENEFICIARIO DE LA PENA ALTERNATIVA, COMO EXPRESAMENTE LO DISPONE EL PARÁGRAFO 2° DEL ARTÍCULO 5° DEL DECRETO 3391 DE 2005.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY DE JUSTICIA Y PAZ, MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, PENA ALTERNATIVA, PERSONA DESMOVILIZADA, BENEFICIOS DE LA PERSONA DESMOVILIZADA
Auto 41215 de junio 5 de 2013
1. Acorde con lo dispuesto en los artículos 26 [modificado por L. 1292/2012, art. 27] y 68 de la Ley 975 de 2005, en concordancia con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la decisión de la magistrada de control de garantías de justicia y paz del Tribunal Superior de Bucaramanga que negó la sustitución de la medida de aseguramiento deprecada por el postulado Félix María Quintero Carrillo.
2. El problema jurídico por resolver se concreta a establecer si Félix María Quintero Carrillo, quien se desmovilizó de manera individual y voluntaria al amparo de la Ley 782 de 2002 el 18 de noviembre de 2003 y posteriormente, el 4 de octubre de 2004, fue privado de la libertad para cumplir una pena de 28 años por el delito de secuestro extorsivo, tiene derecho a la sustitución de la medida de aseguramiento impuesta dentro del proceso de justicia y paz, para el cual fue postulado por el Gobierno Nacional el 7 de noviembre de 2007.
El artículo 18A de la Ley 975 de 2005, introducido por el artículo 19 de la Ley 1292 de 2012, dispone:
Félix María Quintero Carrillo, al amparo de esta disposición, solicitó ante la magistrada de control de garantías del Tribunal Superior de Bucaramanga la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, bajo el supuesto que con fundamento en la Ley 782 de 2002, se desmovilizó estando en libertad el 18 de noviembre de 2003, y fue capturado el 4 de octubre de 2004 para purgar una condena de 28 años de prisión.
Así, sostuvo debe tenerse en cuenta, de un lado, que se desmovilizó estando en libertad y de otro, lleva privado de esta más de ocho años, por lo cual satisface las exigencias de la disposición transcrita; además, en su caso es inaplicable el parágrafo de la misma, el que señala que cuando el postulado estaba privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término de ocho años se contabiliza a partir de su postulación a los beneficios consagrados en la ley de justicia y paz.
Lo anterior porque su desmovilización fue individual y voluntaria, el grupo al cual perteneció nunca lo hizo colectivamente.
3. Los argumentos expuestos por los recurrentes para convencer que el postulado tiene derecho al beneficio regulado en el artículo 18A de la Ley 975 de 2005, no convencen, pues al analizar dicha disposición no se desprende que la privación de libertad, después de la desmovilización individual adquiera la entidad de generar los efectos que reclaman.
El lapso de ocho años de privación de la libertad para que dentro del proceso transicional el postulado tenga derecho a la sustitución de la medida de aseguramiento impuesta, no debe ser subsiguiente a la desmovilización individual, sino a partir del momento que este hecho adquiere relevancia jurídica en el proceso transicional, esto es, cuando el Gobierno Nacional postula al desmovilizado a ser beneficiario de la pena alternativa de la Ley 975 de 2005, porque considera entregó información que, en la medida de sus posibilidades de cooperación, contribuyó al desmantelamiento de la organización armada ilegal a la cual perteneció, tal como lo dispone el parágrafo 2º del artículo 5º del Decreto 3391 de 2006(1).
La inmediatez entre el acto de desmovilización y la privación de la libertad, legalmente no puede tener el efecto que señalan los recurrentes, cuya aplicación conllevaría al absurdo de que, por ejemplo, quienes se desmovilizaron para los fines de la Ley 782 de 2002 [amnistía e indulto] en enero de 2003, y un mes después fueron encarcelados y condenados por hechos no cobijados en dicha ley pero relacionados con su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, en enero de 2013, cuando el Gobierno Nacional los postula, superados ampliamente los ocho años de privación efectiva de la libertad, automáticamente tendrían derecho a que en el proceso transicional, luego de la formulación de imputación, se les impusiera una medida de aseguramiento no privativa de la libertad o a la sustitución de esta, en caso de cumplir los demás requisitos, lo que vendría a constituir un empleo perverso de la ley de justicia y paz, con la afectación que esa circunstancia generaría frente a los fines de verdad, justicia y reparación.
Es que, frente a las formas de desmovilización previstas en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005, no es cierto como lo afirman los recurrentes, que el inciso 1º del artículo 18A ibídem haga mención exclusiva a la individual, cuando lo que se desprende de su contenido es una referencia a la situación particular que cada uno de los integrantes de los grupos organizados armados al margen de la ley tenía para el momento en que se verificó la desmovilización. Por esta razón, en el parágrafo de dicha disposición, se indica que en los casos en que el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término previsto en el numeral 1º de su inciso primero, será contado a partir de la postulación a los beneficios de la citada ley.
Luego la situación de quienes se desmovilizaron individual y voluntariamente, para efectos de la sustitución de la medida de aseguramiento, no es diferente a la de quienes estando privados de la libertad lo hicieron colectivamente, su distinción apunta exclusivamente al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad en uno y otro caso, conforme con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005. En la individual el desmovilizado deberá suministrar información que conduzca al desmantelamiento del grupo al que pertenecía, pues solamente cumplido este requisito el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa Nacional lo postulará, como expresamente lo dispone el parágrafo 2º del artículo 5º del Decreto 3391 de 2005.
Por esto la Corte en auto de 6 de marzo del año en curso, precisó:
“Entonces, la misma Ley 975 de 2005, modificada y adicionada por la Ley 1592 de 2012, establece el parámetro para determinar si la entrega, para efectos de los beneficios allí contemplados, se produjo en libertad o no. Dicho baremo lo constituye la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al que perteneció el postulado, que para el caso examinado, bloque central Bolívar, se concretó el 12 de diciembre de 2005.
Adicionalmente, dado que salir en libertad será uno de sus principales intereses, es posible canalizar ese interés en un incentivo para la contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad y de reparación de las víctimas. Y, al mismo tiempo, desincentivar el deseo de tramitar su caso a través de la justicia ordinaria, donde la posibilidad de las víctimas de conocer la verdad se reduce”(2).
Como se ve, el cómputo de 8 años de privación de la libertad efectuado por los legisladores para considerar la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad se hace desde época posterior a la suscripción de la Ley 975 de 2005, coincidiendo con las desmovilizaciones de los grupos armados organizados al margen de la ley ocurridas a finales del año 2005 y durante el año 2006”(3).
Y más adelante, luego de rememorar lo considerado por la Sala en auto de 24 de febrero de 2009, dentro del radicado No. 30999, puntualizó:
“En ese orden, no puede asimilarse, como lo pretenden los impugnantes, la dejación de armas individual acaecida al amparo de la Ley 782 de 2002 con la desmovilización efectuada a la luz de la Ley 975 de 2005 porque cada una obedece a un marco normativo diferente y da paso a prerrogativas diversas con disímiles consecuencias jurídicas.
Así, la Ley 782 permite acceder a los beneficios de indulto, amnistía, resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación del procedimiento, según sea el caso, respecto de los delitos políticos cometidos con ocasión de la pertenencia a un grupo armado ilegal, más no así respecto de los punibles de naturaleza común, los cuales deben investigarse y juzgarse por la justicia permanente. Esa es la expectativa razonable generada en quienes voluntariamente deciden dejar las armas y someterse a ese régimen jurídico”.
“Por su parte, la Ley 975 permite a las personas que el gobierno nacional postule, obtener una pena alternativa de hasta 8 años de prisión por todos los delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal, siempre y cuando contribuyan efectivamente al esclarecimiento de la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, sin distingo de la naturaleza de los delitos concretados.
De esta forma, los ordenamientos jurídicos no son iguales, al punto que para acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005 los aspirantes a la misma, así hubiesen dejado las armas en vigor de la Ley 782 de 2002, deben manifestar por escrito su interés de participar en ese trámite, requieren estar certificados como miembros de una organización al margen de la ley y, además, tienen que ser postulados por el gobierno nacional”.
Estas razones, per se, descartan la posibilidad de aplicar el principio de favorabilidad, alegado por el postulado, en cuanto que, como se colige, se trata de legislaciones complementarias, con supuestos fácticos y consecuencias jurídicas disímiles.
4. De otra parte, oportuno es señalar que la Corte en la decisión de 14 de febrero del año en curso, al conocer por vía de apelación de la decisión que negó la primera solicitud de sustitución de medida de aseguramiento presentada por el postulado, no hizo nada diferente a resolver sobre el objeto del recurso, centrado en la carga que corresponde al postulado y su defensor de acreditar el cumplimiento de los requisitos para sustituir la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, acompañando los documentación que debe provenir de los organismos estatales respectivos, sin que ello implique consejo o insinuación para el postulado o su defensor, como lo entendió este último.
5. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión recurrida porque el postulado no ha cumplido ocho años de privación de la libertad, contabilizados desde cuando el Gobierno Nacional materializó la postulación.
1. CONFIRMAR la decisión del 16 de abril de 2013 emitida por la Magistrada de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga.
(1) “Los miembros de grupos armados al margen de la ley, que se hallaren privados de la libertad, y se hubieren desmovilizado previamente de conformidad con la Ley 782 de 2002, podrán solicitar ante el Ministerio de Defensa Nacional su postulación, siempre y cuando entreguen información que, en la medida de sus posibilidades de cooperación, contribuya al desmantelamiento de la organización armada ilegal a la que pertenecían”.
(2) Exposición de motivos de las modificaciones introducidas por los ponentes el 8 de octubre de 2012 en el segundo debate en el Senado al proyecto de Ley 193 de 2011; Gaceta del Congreso de la República 681 de 2012.
(3) Radicación 40603.

References: ARTÍCULO 5
 artículo 32
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 5
 artículo 18
 artículo 5
 resolución