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Timestamp: 2020-01-28 00:28:55+00:00

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SALTA – Servicios Públicos. Sistema medidos de agua potable. Medidores. | ecofield
El Expediente Ente Regulador Nº 267-29.862/12; caratulado: “Aguas del Norte. Procedimiento de detección y regularización de fraude domiciliario en sistema medido”; el Decreto Provincial Nº 3652/10, la Ley 6835; el Acta de Directorio Nº 26/15 y
Que en el marco de las presentes actuaciones, mediante Resolución Ente Regulador Nº 363/15, por las razones de hecho y derechos allí expuestas, este Organismo puso a consideración el proyecto de “Reglamento de Fraude al Medidor”, para que las personas interesadas formulen dentro del plazo de treinta días corridos, opiniones, comentarios y sugerencias a dicho proyecto, en los términos del Art. 12º de la Ley 6.835.
Que el dictado del proyecto en cuestión se enmarcó en las facultades conferidas al ENRESP por los Arts. 1º, 3º y 10º de la Ley 6835 y fue publicado en el Boletín Oficial N° 19.537, de fecha 12 de mayo del corriente año (conf. copia de fs. 224/251).
Que en virtud de que el plazo establecido en la Resolución mencionada se encuentra vencido, corresponde entonces considerar las observaciones formuladas al proyecto de reglamento en análisis, continuando de esa manera con el procedimiento establecido en la ley ut supra citada.
Que en tal sentido, corresponde señalar que del cotejo de las presentes actuaciones, surge que quien formuló presentación fue la Prestadora Aguas del Norte S.A. – Compañía Salteña de Agua y Saneamiento, en adelante CoSAySa- (conf. fs. 159/160 y 162). Que tomada la intervención que corresponde a la Gerencia Jurídica, la misma se aboca al análisis y tratamiento de las observaciones, sugerencias y recomendaciones realizadas, incorporando en tal examen, el análisis efectuado al respecto sobre los temas de su incumbencia por la Gerencia Económica de este ENRESP (fs. 164/164vta.).
Que cabe precisar de manera previa, que de conformidad con lo establecido por el art. 12° de la ley 6835, las observaciones que se analizarán, serán aquellas consideradas conducentes y útiles al perfeccionamiento del proyecto de norma reglamentaria que se propicia dictar.
Que con el objeto de individualizar en debida forma el reglamento en examen, resulta conveniente modificar el título originariamente propuesto quedando el mismo de la siguiente manera: “Reglamento de Procedimiento de Detección y Regularización de Fraude al Sistema Medido de Agua Potable”, correspondiendo además, precisar en el artículo primero la mención de “servicio de agua potable” al referir al medidor. Que en otro orden, surge que la Prestadora solicita se amplíe la definición de fraude al servicio medido (art. 1º), requiriendo que tal concepto alcance también a la segunda o más conexiones no declaradas, que abastezcan un inmueble que se factura bajo sistema medido.
Que al respecto, la Gerencia Jurídica entiende que no corresponde realizar tal incorporación en forma expresa, atento a que tales supuestos de hecho, en cuanto acciones tendientes a impedir el correcto registro de los consumos reales y efectivos del medidor de un inmueble, resultan comprendidas en la definición dada en el artículo 1º, por cuanto refiere a “toda acción u operación” efectuada a tal fin.
Que seguidamente CoSAySa, sobre el art. 2º punto 2) -referente a las actas técnicas-, sugiere que se contemple el supuesto en que el Usuario se niega a recibir copia del acta, y se considere como válido en este caso, dejar sentado el motivo de la no entrega y proceder a dejar la misma en el lugar destinado para la correspondencia o bajo puerta, detallando el motivo. Agrega que debe ser en el mismo momento, para que el Usuario posea el plazo correspondiente, para presentar su descargo o disconformidad.
Que al respecto, la Gerencia Jurídica considera aconsejable incorporar en la reglamentación objeto de marras, el caso de negativa del Usuario u otra persona del inmueble a recepcionar el acta de infracción y asimismo estima procedente, salvar la omisión de prever el procedimiento a seguir por el notificador de la Empresa, en caso no encontrarse el Usuario al momento de entrega del acta, siendo ésta recibida por un tercero.
Que en orden a ello, la Gerencia de mención sugiere incorporar en el art. 2°, dos nuevos puntos, que contemplen los supuestos fácticos mencionados, tomándose por analogía, a los fines de la resolución de tales cuestiones, lo pertinente del criterio contenido en el art. 149º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Salta (ley 5348), para las notificaciones de los actos administrativos.
Que en ese orden, se sugiere incorporar al art. 2º, los siguientes párrafos: (1) “En caso de que el Acta no fuere recibida personalmente por el Usuario, el notificador deberá dejar constancia de ello en la copia, con más el numero de documento de identidad y el vínculo o relación entre la persona que la reciba y el destinatario”; y (2) “En caso de negativa del Usuario a recibir el Acta, o cuando no se encuentre en el lugar de notificación, y ninguna de las otras personas de la casa quieran recibirla, el personal de la Prestadora procederá a dejarla en el buzón o bajo puerta, dejando constancia de ello en todos los ejemplares”.
Que sobre el punto 8 del art. 2° del Proyecto, CoSAySa solicita, se fije a los 20 días de cada mes, como fecha para la remisión de la información allí requerida, a fin de unificar tal envío, con los correspondientes a las auditorías mensuales de facturación, padrón, deuda y programa de derroche.
Que la Gerencia Económica de este ENRESP, no formula objeción al cambio de fecha propuesto por CoSAySa, por lo que la Gerencia Jurídica considera procedente modificar el plazo de remisión, en tal sentido.
Que en este punto, cabe señalar que se realizó una modificación de oficio en el punto 8 del art. 2°, respecto del plazo reconocido a los Usuarios para interponer su disconformidad con lo actuado por la Prestadora, en el marco del procedimiento de aplicación del presente reglamento, dejándose de lado la propuesta originaria de aplicar los términos de la Resolución Ente Regulador Nº 818/05 (Reglamento para el tratamiento de reclamos), y fijándose un término especial de cinco (05) días para ello, tal como se previó oportunamente en el procedimiento de control de derroche. Ello en virtud de que la temática y procedimiento fijado, así lo ameritan.
Que por otra parte, la Prestadora refiere a la forma de calcular el “consumo presunto” (art. 3º), alegando que en muchos casos de fraude al servicio medido, resulta inconsistente tomar de referencia el promedio de consumos históricos, ya que los mismos pueden estar afectados por la irregularidad en la conexión. Por ello, sugiere que tal consumo se determine con la proyección de los consumos posteriores a la regularización del fraude detectado, tomando la determinación del consumo de los 7 primeros días posteriores a la regularización y mediante una estimación lineal a 30 días. Agrega que en caso de que la determinación del consumo presunto según el criterio propuesto, presente alguna inconsistencia, se tomará el consumo equivalente a Renta Fija, según los parámetros reales del inmueble.
Que al respecto, la Gerencia Económica en su dictamen de fs. 164, si bien comparte la necesidad de modificar la modalidad de cálculo del consumo presunto, por las razones invocadas por CoSAySa, disiente en cuanto a la fórmula propuesta para tal fin, sugiriendo que dicho consumo se determine teniendo como base el consumo de los 30 (treinta) días posteriores a la detección de la irregularidad y no siete, por cuanto es un periodo poco representativo de los consumos del usuario.
Que en orden a ello, la Gerencia Jurídica, procedió a reformular la redacción del artículo en cuestión, proponiendo la siguiente:
“ART. 3º: A los fines de la determinación del consumo presunto a facturar, por el periodo en que se detecta la irregularidad, el prestador, tomando como base los valores tarifarios vigentes, utilizará el consumo real de los 30 (treinta) días posteriores a la regularización de la situación constatada.
En caso de que la determinación del consumo presunto, según la fórmula establecida en el párrafo precedente, presente alguna inconsistencia, se tomará del consumo equivalente a Renta Fija, según los parámetros reales del inmueble.
Si el tiempo de la afectación de la facturación por la irregularidad verificada, excede el periodo en que se constató, a los fines de la facturación, el prestador, una vez aplicado el procedimiento para determinar el consumo presunto, refacturará desde el inicio de la irregularidad, hasta el periodo de su detección, lapso éste que no podrá ser superior a un (01) año”
Que CoSAySa sugiere además, que en el art. 4°, se incorporen, los casos de Usuarios que se oponen a la “instalación de un nuevo medidor en un inmueble en zona de micromedición que facture con renta fija”; y a la “instalación de un nuevo medidor en aquel inmueble que por la actividad que desarrolle, demande importantes volúmenes de agua, a fin de racionalizar el consumo y lograr un uso adecuado del recurso”.
Que al respecto, la Gerencia Jurídica considera, que no resulta procedente tal sugerencia, por cuanto las conductas allí indicadas no se corresponden con el objeto de la reglamentación ni con el alcance dado a la definición de “fraude al sistema medido”, por el art. 1° del proyecto en examen.
Que en ese sentido, el presente reglamento regula las conductas de Usuarios que se encuentran bajo el régimen de sistema medido y ejecutaron acciones tendientes a evadir fraudulentamente la aplicación de dicho sistema, sea manipulándolo, deteriorándolo, realizando un by pass u otras conexiones paralelas a aquella en la que está el medidor, etc..
Que tales acciones son imposibles de verificarse en aquellos Usuarios que aún no cuentan con medidor, como resultan ser los supuestos planteados por CoSAySa en el punto en análisis.
Que sumado a ello, cabe recordar que el caso de Usuarios, que encontrándose bajo Sistema Renta Fija, se oponen a la instalación de su “primer medidor”, se encuentra regulado expresamente en la Resolución Ente Regulador Nº 249/03, la cual dispone que ante la negativa del Usuario a la instalación del medidor (entiéndase el primero), la Prestadora deberá proceder a restringirle el servicio en el momento de comenzar la facturación y cobro del mismo por el Sistema Medio, en la zona en la que se encuentre el Usuario, siendo todos los cargos y gastos en que se incurra, exclusiva responsabilidad de este último. Establece a su vez, el art. 3° de la misma, que la acción descripta precedentemente procederá, cuando previa y fehacientemente se haya notificado al Usuario de tal metodología y se le hubiere conferido un plazo no menor a 10 (diez) días corridos, para expresar su voluntad al respecto.
Que en consecuencia, el caso de “mantenimiento de la oposición” a la instalación del primer medidor, deberá ser objeto de análisis y/o revisión en el marco de lo regulado por la Resolución citada y no en la presente.
Que por otra parte, la Prestadora consecuente con su propuesta de modificar la fórmula para el cálculo del consumo presunto, señala que en aquellos casos de Usuarios a quienes se hubiere detectado una acción de fraude e incurrieran en oposición o negativa a la regularización y/o reinstalación de medidor, contemplados en el art. 4º, no es factible realizar una proyección de consumos posteriores, por lo cual considera que el cálculo de tal consumo debería realizarse considerando los promedios de consumos análogos de periodos anteriores o el equivalente a la renta fija. Sugerencia ésta, que es aceptada por la Gerencia Económica de este ENRESP (conf. fs. 164/165).
Que en consecuencia, la Gerencia Jurídica, compartiendo el criterio de la Gerencia Económica, procedió a modificar los términos del artículo en cuestión, conforme la siguiente redacción:
“Artículo 4°.- Reinstalación del medidor. Oposición de los Usuarios. En caso de que los Usuarios infractores se opusieren a la reinstalación del micromedidor y/o a la realización de las tareas de regularización de la conexión, el prestador deberá proceder a restringirle el servicio y a facturarle el consumo presunto, tomando para ello, el promedio de consumo correspondiente al mismo período de los dos (02) años anteriores a la restricción del servicio; y si éstos no están disponibles, se facturará con el Sistema de Renta Fija; con más un cargo adicional del 30% (treinta por ciento) sobre la facturación mensual resultante, hasta tanto cese la negativa u oposición a la reinstalación del medidor.
La restricción y aplicación del cargo adicional procederá, siempre y cuando, previa y fehacientemente, se hubiere notificado al Usuario de tal metodología y se le haya otorgado un plazo no menor a tres (03) días, para expresar su voluntad al respecto. En tal notificación, deberá a su vez, hacerle conocer al Usuario, la normativa que sustenta la obligatoriedad del Sistema Medido y lo pertinente de la presente reglamentación (lo subrayado es parte nueva).
Que en otro orden, respecto del art. 7º del proyecto, la Prestadora solicitó que se eleve el valor del coeficiente de actualización (CACppd) al 200% del valor actual. Ello así, por cuanto según se desprende del proyecto de procedimiento, la sanción que se aplica a un Usuario que incurre en fraude, es similar a la sanción que se aplica a otro que incurre en un derroche, pero el accionar fraudulento reviste mayor gravedad.
Que al respecto, la Gerencia Económica expresa que no coincide con la Prestadora, ya que el último rango de sanción por derroche (de $466,75) se tomó como el primero del fraude y se va incrementando en los casos de reincidencia, considerando en consecuencia que resultan razonables los montos establecidos en el proyecto.
Que por su parte, la Gerencia Jurídica agrega, que sin perjuicio de utilizarse el mismo coeficiente de actualización (CACppd=3.38), en los casos de fraude al servicio medido, teniendo presente la mayor gravedad de los supuestos, se ha incrementado la cantidad de “veces” “p” (p=1.382) a utilizar en la fórmula; siendo de 100 veces p, para la primera infracción (sanción=$466,75), 120 para la segunda (sanción $560.53) y 150 para la tercera y subsiguientes infracciones (sanción=$700.67); con lo cual, los valores finales de la sanción a aplicar, resultan superiores a los previstos en el régimen de control de derroche, sosteniéndose en consecuencia, la procedencia de la redacción del artículo 7º, conforme se propuso por este ENRESP originariamente.
Que sin perjuicio de ello, en miras de brindar una mayor y más clara información a los Usuarios del servicio, corresponde en este punto, agregar en forma expresa, como párrafos finales del articulo en examen, el concepto que corresponde a “p”, y el valor asignado al coeficiente de actualización (CACppd), ambos términos utilizados en la fórmulas para la determinación de las sanciones aplicables, establecidas en el artículo 7º.
Que finalmente, corresponde expedirse sobre la sugerencia formulada por CoSAySa, mediante nota Nº 967/15 de fecha 08/07/2015, a través de la cual solicita agregar a la definición de fraude al servicio medido, aquellos casos de Usuarios que no cuentan con la conexión independiente pero se abastecen desde inmuebles vecinos que si cuentan con medidor instalado.
Que al respecto de tal presentación, la Gerencia Jurídica entiende que la misma se vincula con la temática de autos, y que no obstante haberse realizado fuera del plazo de 30 días corridos, establecido por el art. 12° de la Ley 6835, para emitir opiniones, comentarios o sugerencias; a fin de no dejar ninguna observación sin el debido tratamiento, se procede a su análisis.
Que en ese sentido, respecto de los Usuarios que cuentan con servicio medido y proveen agua a un inmueble vecino, se tiene que tal conducta resulta prohibida por el art. 28º del Decreto Nº 3652/10, cuyo inc. e), entre otras obligaciones de los Usuarios, dispone: “No podrán ceder agua a terceros, bajo ningún concepto, gratuita o remuneradamente, ya sea con carácter permanente o temporal, siendo responsables de todo evento que se produzca en su suministro, por sí o por cualquier otra persona que de él dependa, salvo las prolongaciones internas debidamente autorizadas”.
Que en el caso de que dicha provisión de agua, importe a su vez, fraude al sistema medido de facturación, queda la misma comprendida por las previsiones del artículo 1º del reglamento objeto de autos y por las demás disposiciones que conforman la misma.
Que respecto del inmueble vecino, la Prestadora, en el mismo acto de constatación, lo intimará fehacientemente para que a su exclusivo cargo, proceda a la regularización de su conexión, con la colocación del medidor correspondiente, en la medida que las condiciones técnicas existentes lo permitan (conf. art. 10 inc. a) Decreto N°3652/10).
Que en orden a tales consideraciones, la Gerencia Jurídica dictamina que corresponde incorporar un nuevo artículo, en tal sentido.
Que por último, se incorporan dos artículos en la parte final del reglamento, determinando el alcance y los plazos dado para la interposición de los recursos de Aclaratoria y Apelación, que proceden contra las resoluciones emitidas por el ENRESP sobre cuestiones vinculadas con la presente reglamentación.
Que finalizado el análisis de las opiniones, comentarios y sugerencias, conducentes y necesarias al objeto de la reglamentación, la Gerencia Jurídica procede a adjuntar el Proyecto de “Reglamento de Procedimiento de Detección y Regularización de Fraude al Sistema Medido de Agua Potable”, para su conocimiento, aprobación final y puesta en vigencia, conforme los considerandos precedentes.
Que a tal fin, se recuerda que tal reglamentación busca terminar con conductas contrarias a la normativa vigente, a garantizar la efectiva implementación del sistema medido, previsto como obligatorio por la normativa actual (conf. arts. 2°, 4° inc c), 6°, 9 inc. c) y 28°, todos del Decreto 3652/10), a asegurar el control efectivo de los consumos, en miras a la preservación del recurso y garantizar la sustentabilidad de la prestación que se hace del mismo (conf. art. 42º de la Constitución Nacional).
Que a su vez, la Ley 6835, cabe recordar en este punto, que la Ley 6835 en su art. 1º, ha investido a este ENRESP “de las potestades necesarias y suficientes para tender a la regulación de todos los servicios públicos de jurisdicción provincial…”; otorgándole para ello una serie de potestades:
a) Reglamentarias,
b) Tarifarias,
c) Jurisdiccionales,
c) Sancionatorias,
d) Ablatorias y
e) Implícitas (conf. art 2º y 3º).
Que en ese contexto, en particular, el art. 10º inc. b) -entre las funciones del Directorio-, establece que se encuentra facultado para “dictar los reglamentos necesarios para asegurar el cumplimiento de los servicios y la calidad, eficiencia, salubridad, continuidad y seguridad de las prestaciones propias de los mismos, con especial referencia a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales; la medición y facturación de los consumos; el control y uso de medidores; las interrupciones y restablecimiento de servicios, el acceso a los inmuebles de los usuarios;..”.
Que al respecto de la facultad reglamentaria propia de este ENRESP, el artículo 12º de la ley 6835, establece que: “El Ente deberá publicar en el Boletín Oficial de la Provincia los proyectos de normas reglamentarias de significativa importancia que se proponga emitir. A partir de tal publicación, todos los interesados podrán hacer llegar al Ente durante los treinta días corridos contados desde la publicación, las opiniones, comentarios y sugerencias que les mereciese el proyecto. El Ente hará mención a las principales opiniones, comentarios y sugerencias en los considerandos de las normas reglamentarias. El Ente podrá prescindir de tal procedimiento invocando razones de interés público.”.
Que de la normativa citada, la Gerencia Jurídica entiende, que es legalmente procedente y necesario, que el Directorio proceda a la aprobación del Proyecto de Reglamentación anexo, el cual contiene todas aquellas consideraciones y conclusiones vertidas en el presente.
Que asimismo, atento a la naturaleza reglamentaria de las disposiciones aquí propuestas, corresponde se publique la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, por el término 01 (un día) y se disponga su entrada en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación.
Que el Directorio del ENRESP, toma conocimiento de las actuaciones de la referencia, debate el tema y decide por unanimidad emitir resolución adhiriendo en todos sus términos al Dictamen Jurídico y Económico antes desarrollados, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.
Que por todo lo expuesto, y de conformidad a lo establecido en la Ley 6.835, sus normas complementarias y concordantes, este Directorio se encuentra facultado para el dictado del presente acto.
El Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos resuelve:
Art. 1º – Aprobar el “Reglamento de Procedimiento de Detección y Regularización de Fraude al Sistema Medido de Agua Potable”, que como anexo forma parte de la presente, en los términos, con los alcances y por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.
Art. 2º – Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, por el término de un (01) día, de conformidad con los considerandos de la presente.
Art. 3º – Disponer la entrada en vigencia del Reglamento aprobado en el art. 1º, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un todo de acuerdo con el art. 12º de la Ley 6835; y por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
Art. 4º – De forma.
ANEXO (formato PDF) – “Reglamento de Procedimiento de Detección y Regularización de Fraude al Sistema Medido de Agua Potable”
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