Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-02184-de-diciembre-6-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f14bbd001dcc014ae0430a010151014a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-18 18:22:03+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2001-02184 de diciembre 6 de 2013
SENTENCIA 2001-02184 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL DERIVADA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. CUANDO EL DAÑO SE PRODUCE EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO, EN ZONA DE CONFRONTACIÓN, A UNA PERSONA AJENA, SE IMPONE LA OBLIGACIÓN AL ESTADO DE INDEMNIZAR, POR CUANTO, ES A LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA A QUIEN SE HA CONFIADO LA PROTECCIÓN DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO, MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA DE SER ELLO NECESARIO Y EL MONOPOLIO DE LAS ARMAS. ES PROCEDENTE LA INDEMNIZACIÓN DE TODA CLASE DE SITUACIONES QUE GENEREN PERJUICIOS MORALES, DENTRO DE LOS QUE SE INCLUYE LA PÉRDIDA DE BIENES MATERIALES, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN PRUEBAS QUE LO PERMITAN ESTABLECER.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, FUERZA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, POBLACIÓN CIVIL, CONFLICTO ARMADO
Sentencia 2001-02184 de diciembre 6 de 2013
Rad.: 19001-23-31-000-2001-02184-01 (29258)
Actor: Antonio José Guzmán
La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(2), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación.
Entonces, como la presente demanda se formuló el 19 de diciembre de 2001, por hechos acaecidos el 16 de noviembre anterior, resulta claro que el término de caducidad no se completó y que, por tanto, procede pronunciarse sobre el fondo del sub lite.
Corresponde a la Sala determinar la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por los daños causados al señor Antonio José Guzmán, a raíz del ataque guerrillero de que fuera objeto la población de Bolívar (Cauca), el 16 de noviembre de 2001, por cuanto la demandada manifiesta que el ataque fue indiscriminado y su actuación diligente, dentro de lo posible.
De estructurarse la responsabilidad, la Sala deberá proceder a la indemnización de los perjuicios de orden material e inmaterial, teniendo en cuenta para el efecto, que el demandante ha manifestado que estos últimos, a diferencia de los considerado por el a quo, se acreditaron debidamente en el proceso.
De conformidad con las pruebas aportadas al plenario, se tienen probados los siguientes hechos relevantes para resolver la controversia:
— Se conoce que el señor Antonio José Guzmán adquirió los derechos sobre el inmueble identificado con la matricula inmobiliaria 122-0006931, ubicado entre la carrera 5ª con calle 6ªdel municipio de Bolívar (Cauca). De ello da cuenta la escritura pública 168 del 8 de septiembre de 1958, suscrita en la Notaria Única del Circulo de Bolívar (Cauca), registrada el 11 de septiembre de ese mismo año ante la Oficina de Instrumentos Públicos de esa misma municipalidad (fls. 3 a 8, cdno. 1-copias). En este inmueble el actor residía junto a su familia y también explotaba actividades de comercio (declaraciones de Raquel Bermeo Aguilar, María del Rosario Aguilar, Sara Raquel Aguilar Bermeo, Mario Humberto Aguilar Bermeo, Clemencia Bermeo, Jorge Enrique Papamija Buitrón y Augusto Bolivar Hoyos, fls. 30 a 33 vto., 51 a 54 y 63 y 64, cdno. pbas.).
— Se encuentra establecido que el 16 de noviembre de 2001, el municipio de Bolívar (Cauca) fue objeto de una incursión guerrillera, en la que resultaron damnificados varios moradores del ente territorial, esto fue informado por el alcalde del lugar así:
“Me permito informar que efectivamente el día 16 de noviembre de 2001, se presentó una incursión guerrillera en la cabecera municipal de Bolívar Cauca, que trabajo grandes pérdidas para los moradores del municipio.
Los sitios afectados fueron el Banco Agrario, la Casa de la Cultura donde estaba funcionando la policía y viviendas particulares”.
— Se sabe que el inmueble en mención fue impactado como consecuencia del enfrentamiento entre miembros de la subversión y la Policía Nacional. Así lo hicieron saber quiénes rindieron declaración dentro del trámite del proceso:
La señora Raquel Bermeo de Aguilar, cuñada del demandante y residente del municipio de Bolívar (Cauca) sostuvo:
“Si claro que la conozco, es la misma en donde el señor Antonio José Guzmán tiene la vivienda y el negocio. Es una casa de dos plantas en la primera planta funcionaba el almacén y en la segunda planta la vivienda. Estos hechos se dieron el 16 de noviembre de 2001 en horas de la noche a raíz de los enfrentamientos se averiaron las paredes, los techos y la mercancía en su totalidad, porque los cilindros los colocaban allí al pie de la puerta de la residencia, este enfrentamiento fue entre la Policía y los guerrilleros (...)” (fls. 30 y 31, cdno. pbas. declaración rendida ante el Juez Primero Promiscuo Municipal de Timbío, comisionado para el efecto).
Asimismo, los señores María Rosario, Sara Raquel y Mario Humberto Aguilar, quienes se refirieron al demandante como su tío político, al respecto manifestaron:
“Lo que pasó fue que a mediados de noviembre de 2001 la guerrilla de las FARC incursionó en la población, hasta las once de la mañana estuvieron en la población, hicieron explotar muchas bombas pero una muy poderosa, muy fuerte frente a la Policía, la Policía respondió con fusiles y granadas, en esa oportunidad salió toda la población e impidió que secuestraran la policía, en la casa de mi tía todavía hay una cama con los huecos de un disparo que atravesó desde los pies hasta la cabecera de la cama (...) los daños consisten en agrietamiento total de las paredes, las puertas y las ventanas de (sic) aflojaron y los vidrios se quebraron, por supuesto no hay ni uno, los techos y cielorrasos se desfondaron, ellos tuvieron que acondicionarla en algo para seguir viviendo, pero toda la casa constituye un grave peligro, con otra explosión me imaginó que esa casa desparece (...)” (fls. 31 vto. y 32, cdno. pbas. declaración rendida ante el Juez Primero Promiscuo Municipal de Timbío, comisionado para el efecto).
“... la casa sufrió mucha avería, las paredes agrietadas, las vitrinas y las ventanas todas se quebraron, el cielorraso y el techo se cayó, ellos medio arreglaron para seguir viviendo allí y tiene el almacén pero muy poco de lo que había antes, todo deteriorado, muy feíto, además es mucha la mercancía que perdieron o se dañó especialmente en la toma del 16 de noviembre de 2001 porque desde el almacén le tiraban cilindros bomba a la Policía porque allí es una esquina y la policía les contestaba con proyectiles de fusil, eso fue horrible (...) (fls. 32 vto. a 34, cdno. pbas.-declaración rendida ante el Juez Primero Promiscuo Municipal de Timbío, comisionado para el efecto).
“...Sírvase informar al tribunal todo cuanto le conste y sepa sobre los hechos ocurridos el 16 de noviembre de 2001, en la cabecera municipal de Bolívar (Cauca) en los cuales resultó afectada la vivienda del señor Antonio José Guzmán. CONTESTÓ: lo que puedo dar fe es que durante esta toma con la colocación de cilindros, lanzamientos de granadas y otros artefactos explosivos entre la guerrilla y la policía y contra la Caja Agraria que está ubicada en el parque principal la cual colinda con las paredes de la casa de habitación del señor Antonio Guzmán, resultaron averiadas tanto los cimientos como paredes, vidrios y tejas de la casa del señor Antonio José Guzmán (...) (fls. 32 vto. a 34, cdno. pbas. declaración rendida ante el Tribunal Administrativo del Cauca).
Por su parte, la señora Clemencia Bermeo Sanboni sobre el particular manifestó:
“(...) PREGUNTADO. Sírvase informar al tribunal todo cuanto le consta y sepa sobre los hechos ocurridos el 16 de noviembre del año 2001, en la cabecera municipal de Bolívar Cauca en los cuales resultó afectada la vivienda del señor Antonio José Guzmán. CONTESTÓ: lo que puedo decir es que como vivo en un barrio bastante retirado del centro de la ciudad en donde vive el señor Antonio José Guzmán en el municipio de Bolívar-Cauca, ese día escuche llena de pánico las descargas de una guerra al otro día fui a ver el deterioro que había sufrido la casa de don Antonio y que todavía existen los daños que le causó la guerrilla. PREGUNTADO: Sírvase informar al Tribunal cual fue la afectación que tuvo la casa de propiedad del señor Antonio José Guzmán en el municipio de Bolívar Cauca. CONTESTÓ: especialmente los techos y parte de las paredes eso es lo que puedo decir al respecto (...) (fls. 53 y 54 cdno. pbas.- declaración rendida ante el Tribunal Administrativo del Cauca).
Sobre estos mismos hechos declaró el señor Jorge Enrique Papamija Buitrón, quien relató:
PREGUNTADO: Indique al Juzgado si se ha enterado que dicho señor tenga alguna clase de bien inmueble en esta población? CONTESTÓ: Sí señor la casa está ubicada al lado del Banco Agrario de Colombia. PREGUNTADO: Indique al Juzgado si se ha enterado usted que dicha vivienda hubiere sufrido alguna clase de deterioro o daños? CONTESTÓ: Sí sufrió daños a consecuencia de la toma guerrillera, la última y en lo que yo me di cuenta se le dañaron las puertas, ventanas, estructura de paredes que se vieron seriamente averiadas, el piso del segundo piso que era en madera. La pared del lado de abajo que queda contigua a la antigua Caja Agraria, hoy Banco Agrario, se dañó por la onda explosiva, el cielorraso eso entre lo que recuerdo. PREGUNTADO: Cree usted que dicho ataque guerrillero iba dirigido a dicha vivienda? CONTESTÓ: No, eso fue el ataque a la Policía y las explosiones para robar el Banco Agrario (...) (fl. 63 vto., cdno. pbas.- declaración rendida ante el Juez Civil del Circuito de Bolívar-Cauca, comisionado para el efecto).
El señor Augusto Bolívar Hoyos también se refirió a la destrucción del inmueble del demandante, en los siguientes términos:
“PREGUNTADO: Indique al Juzgado si sabe si dicho señor posee alguna clase de bienes inmuebles en esta población? CONTESTÓ: Sí tiene una casa de habitación que está contigua al Banco Agrario. PREGUNTADO: Se ha dado cuenta usted si dicha vivienda ha sufrido alguna clase de daño, deterioro o averías? CONTESTÓ: Sí, con la toma guerrillera del 17 de noviembre de 2001 y por esta (sic) inmediatamente al Banco Agrario, el cual fue atacado, tiene varias averías. Tiene hundimiento de pisos, fractura de paredes, cielorraso. PREGUNTADO: Cree usted que dicho ataque guerrillero iba dirigido específicamente a la casa del señor Antonio José Guzmán? CONTESTÓ: No, iba dirigido contra el Banco Agrario, sino que por las explosiones en el Banco y como consecuencia de ellas, sufrió daños la casa (...) (fl. 64, cdno. pbas. declaración rendida ante el Juez Civil del Circuito de Bolívar-Cauca, comisionado para el efecto).
La Sala advierte que dentro de los anteriores deponentes se encuentran los señora Raquel Bermeo de Aguilar quien manifestó ser cuñada del actor y los señores María Rosario, Sara Raquel y Mario Humberto Aguilar, quienes se refirieron al actor como su tío político, declaraciones que en relación a su parentesco o cercanía con los demandantes se encuentran en los supuestos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil.
Así las cosas, corresponde, en adelante, determinar si los hechos que han resultado probados son suficientes para comprometer la responsabilidad del Estado en los términos establecidos en el artículo 90 constitucional, es decir, si el señor Antonio José Guzmán está obligado a soportar el daño infundido y, de no ser ello así, establecer la responsabilidad.
La Sección Tercera(3), dada la necesidad de privilegiar los principios de solidaridad y equidad frente a las víctimas del conflicto armado interno(4) que históricamente ha vivido el país y, dados los daños infringidos a los asociados, en razón del mismo, ha destacado el deber general del Estado de procurar, en la medida de lo posible, el imperio de las instituciones y de reparar cuando los derechos e intereses particulares resultan afectados, porque el daño se hubiera podido evitar o repeler y, en todo caso, porque las víctimas tenían que haber sido advertidas, protegidas y en general excluidas de la confrontación.
Bajo esta línea argumentativa y con el fin de garantizar la vigencia del Estado social de derecho, fórmula política que reclama especialmente por el enaltecimiento de la dignidad humana, con apoyo del artículo 90 constitucional reiteradamente se ha dispuesto la reparación de los daños causados a los particulares en el marco del conflicto armando, con fundamento en el deber a cargo de las autoridades públicas de proteger a la población civil.
Este contexto y el acervo probatorio que reposa en el plenario permiten establecer, a diferencia de lo señalado por la parte demandada, que los daños causados al señor Antonio José Guzmán han de imputársele, como lo resolvió el a quo, comoquiera que el patrimonio del antes nombrado no tendría que resultar afectado, en razón de una confrontación bélica que le es ajena, así la demandada haya actuado con diligencia y el grupo insurgente dado lugar a la confrontación, cualquiera fueran sus móviles, pues lo cierto tiene que ver con que, sin perjuicio de las medidas dirigidas a repeler el ataque para mantener el orden público y proteger a los habitantes del lugar en su vida y bienes, las mismas respecto del actor y su patrimonio resultaron insuficientes.
En el proceso se encuentra probado (i) que el día 16 de noviembre de 2001, un grupo subversivo incursionó al municipio de Bolívar (Cauca) y se enfrentó contra los miembros de la Policía Nacional; (ii) que, a consecuencia del ataque, resultó afectado el inmueble identificado con la matricula inmobiliaria 122-0006931, ubicado entre la carrera 5a con calle 6a del municipio de Bolívar (Cauca), de propiedad del actor, donde además residía con su familia y tenía sus negocios (iii) que la afectación del citado inmueble, como es natural, le generó perjuicios al demandante.
Así las cosas y dado que el daño se produjo en el marco del conflicto armado, en zona de confrontación, siendo por lo mismo el actor ajeno del que el señor Guzmán es ajeno, se impone la obligación de disponer su indemnización, por cuanto, es a la Nación-Ministerio de Defensa a quien se ha confiado la protección de los habitantes del territorio, mediante el uso de la fuerza de ser ello necesario y el monopolio de las armas.
En ese orden, no son de recibo los argumentos de la entidad recurrente, fundados en que el ataque no se dirigió contra la estación de la Policía y en que su comportamiento se enmarcó en lo posible, ya que en situaciones de confrontación bélica previsibles, el Estado está obligado a proteger efectivamente a la población civil, lo contrario sería desconocer los dictados del artículo 2º del estatuto constitucional. Sin que lo anterior comporte el desconocimiento de la acción insurgente, a todas luces reprochable a la luz del derecho internacional humanitario.
Al respecto cabe tener presente que razones de justicia imponen reconocer el estado de indefensión de la población civil, en las zonas en las que actúa la insurgencia y así mismo disponer la reparación de los daños causados, cuando menos, que la protección constitucional de la que son titulares no resulte imposible o devengue en insuficiente.
Se trata, como puede observarse de hacer efectiva la cláusula general de responsabilidad establecida en el artículo 90 de la Carta Política, a cuyo tenor “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas” en el entendido de que no se trata sino de hacer efectivos los derechos de las víctimas a ser restablecidas en sus derechos y garantías constitucionales.
Así las cosas, encontrándose probado que el día 16 de noviembre de 2001 el señor Antonio José Guzmán sufrió una afectación en su patrimonio que no está obligado a soportar, en el marco de una confrontación armada, entre un grupo insurgente y la entidad pública demandada, se confirmará la sentencia impugnada.
Establecida la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y dado que la decisión del a quo fue apelada por las dos partes(5), la Sala procederá de acuerdo a la realidad procesal al reconocimiento de los perjuicios solicitados en el libelo, teniendo en cuenta especialmente la postura planteada por la parte demandante en relación con los perjuicios de carácter moral.
6.1. Acreditación de perjuicios morales.
En la demanda el actor solicitó el reconocimiento de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el trauma que le generó la pérdida de su patrimonio familiar.
La jurisprudencia de esta Corporación ha llegado hasta aceptar que es procedente la indemnización de toda clase de situaciones que generen perjuicios morales, dentro de los que se incluye la pérdida de bienes materiales, siempre y cuando existan pruebas que lo permitan establecer. Sobre el particular se ha indicado:
“...la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso. Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba...”(6).
Y en similares términos, se ha expresado:
“Solicita la parte demandante que se reconozca perjuicios morales a favor de los demandantes en atención al ‘profundo dolor y trauma síquico que produce el hecho de ver destruirse su casa de habitación, la cual ha conseguido con el esfuerzo y el trabajo de toda su vida’. En cuanto atañe específicamente a la procedencia del daño moral por la pérdida de bienes, cabe precisar que esta Corporación ha encontrado posible su reconocimiento y así lo manifestó en sentencia del 5 de octubre de 1989: (...) En relación con la prueba de ese daño moral, ha recalcado la Sala que: ‘... la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente —y en consecuencia, para considerarlo indemnizable— con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública.’...”(7)
En efecto, como se verá a continuación algunos de los deponentes manifestaron que el señor Antonio José Guzmán y su grupo familiar sufrieron por la pérdida de su vivienda, la que era su lugar de habitación y el lugar destinado también para adelantar actividades que les permitían el sustento, fruto de toda una vida de trabajo, por lo cual, se llega a la convicción que padecieron daño moral.
La señora Raquel Bermeo de Aguilar declaró:
“Además, la familia Guzmán ha sufrido sicológicamente la pérdida de sus bienes, aguantar toda una noche debajo de una escalera el traqueo de las blaas (sic) y los cilindros, ellos tuvieron que hacerse tratamiento porque no hacían sino llorar y llorar no podían creer que se hubiera terminado en una noche lo que habían construido con el esfuerzo de toda una vida y todavía no se reponen de la pesadilla (...) (fls. 30 vto. y 31).
La señora María del Rosario Aguilar señaló:
Ellos además de las pérdidas materiales que soportaron también sufrieron mucho por eso mismo, se enfermaron de ver terminado todo el esfuerzo de toda su vida y les tocó con todo y miedo regresarse a vivir en su casa porque no tenía donde más ir, fue mucho lo que sufrieron moralmente (...) (fls. 30 vto. y 31).
La señora Sara Raquel Aguilar, al respecto manifestó:
Sufrieron mucho don Antonio José está muy afectado quedo sordo y además muy triste viendo acabar todo el fruto de su trabajo de toda su vida, han llorado mucho por todo esto...Eso es de aclarar, que eso es lo material y el dolor físico que han sentido eso es grave con decirle que ellos vinieron a Popayán y precisamente ese día celebraban el cumpleaños de Popayán y quemaron un castillo y esa pólvora sonaba y pobrecitos salieron a perderse que porque los estaban persiguiendo que se habían entrado a Popayán y así enfermos, otro golpe de esos o se desquician o se mueren (...) (fls. 33 y 33 vto.).
Conforme a lo expresado en la sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha considerado que la valoración del perjuicio le corresponde al juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado.
Por lo anterior es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor del peticionario, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(8), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia...”(9), más no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto se sustenta en los medios probatorios que obran en el proceso, relacionados con las características del perjuicio y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad.
Teniendo en cuenta las consideraciones presentes y dado que se encuentran debidamente acreditado el padecimiento moral, se condenará a la demandada, a pagar la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Antonio José Guzmán(10).
La parte demandante solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente por la afectación del inmueble, la destrucción de los enseres y gastos de abogado y otros que aparecieran probados en el proceso.
Para acreditar el valor de los daños causados en el inmueble, el a quo decretó dictamen pericial, el cual fue practicado y presentado ante el tribunal el 13 de febrero de 2001 por los ingenieros civiles Oscar Armando Chávez Martínez y Russvelt Mauricio Collazos. A su vez dicho dictamen fue objeto de complementación el 28 de abril de 2003 por solicitud de la parte demandada.
En el dictamen los expertos, luego de hacer una descripción sobre el inmueble(11) y su ubicación, describieron los daños así:
Fisuramiento de muros construidos en bloque de cemento repellado y pintados.
Fisuramiento en elementos estructurales de la vivienda como son vigas de carga y columnas de 0.25 x 0.25 metros de sección.
Destrucción parcial del cielo raso en hojas de asbesto cemento plano.
Ruptura total de los vidrios de puertas y ventanas.
Daño en el portón metálico de la fachada principal.
La reparación de estos daños fue avaluada en $ 18.642.840 y se soportó en el siguiente presupuesto:
Item Descripción Und. Cant. V/unitar V/total
Columna 0.25 x 0.25 en concreto 3.000 P.S.I. M.L 5 $ 42.800 $214.000
Viga de amarre de entrepiso 0.20 x 0.20 M.L 5 $ 65.300 $326.500
Acero de Refuerzo Vigas y Columnas K.G 92 $2.520 $231.840
II. Mampostería y repellos
Muro en bloque de cemento M2 100 $35.100 $3.510.000
Repellos sobre muros 1:4 M2 200 $12.350 $2.470.000
III. Cubierta
Cielo Raso en Asbesto Cemento M2 235 $39.800 $9.353.000
IV. Pintura 200
Pintura y estuco sobre muros M2 $4.850 $970.000
V. Carpintería metálica
Portón mtálico 2.50 x 3.00 UND. 1 $600.000 $600.000
Vidrios de 4 mm M2 30 $32.250 $967.500
Total presupuesto $18.642.840
Con la aclaración del dictamen pericial se precisó i) los daños causados al inmueble fueron parciales y no afectaron la utilización de la edificación; ii) la ubicación y linderos del bien; iii) la determinación de las cantidades de obra e ítems requeridos para reparar los daños previa la revisión detallada de la edificación y medición directa de las partes afectadas y iv) los precios de los materiales y mano de obra. Esto último, previa investigación de los costos en el municipio de Bolívar (Cauca).
Según lo dispone el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, el juez debe valorar la firmeza, precisión, calidad de los fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Bajo los anteriores parámetros, frente al dictamen rendido se advierte lo siguiente:
El concepto analizado fue rendido por dos profesionales en la ingeniería civil, personas que cuentan con la experiencia y experticia para hacer el análisis de los daños ocasionados a una edificación y estimar los costos de la reparación de la misma. En esa medida la apreciación y valoración en cuanto denota conocimiento y fundamentación en las obras por realizar con las mediciones y presupuesto, elaborado previo estudio del mercado en el municipio de Bolívar tendrá que ser acogida.
Es que, el dictamen pericial ofrece la suficiente credibilidad ya que se evidencia la utilización de métodos adecuados para la estimación de los reales costos de la obra, así como, una idoneidad en las personas designadas como auxiliares de la justicia, lo que permite tomarlo como base para reconocer los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente correspondientes a la reparación del bien, en un total de $18.642.840 suma que deberá ser actualizada a la fecha de esta sentencia.
La actualización ser hará con aplicación de la siguiente fórmula:
Rh: Valor indemnización debida o consolidada
Ipc (f): Último índice de precios conocido (oct./2013)
Ipc (i): Índice de precios a la fecha de la realización del dictamen pericial (feb./2003)
Por otra parte, la Sala negará los demás conceptos solicitados como parte del daño emergente, es decir, el costo de los bienes muebles y enseres y los honorarios de abogado.
Los primeros porque si bien algunos testigos dan cuenta de la existencia de que en el establecimiento de comercio ubicado en el primer piso se contaba con mercancías y esto es lo que de ordinario ocurre, lo cierto es que nada indica que los mismos sufrieron daños con la incursión guerrillera, pues siendo para el efecto la sola manifestación de la demanda insuficiente.
Finalmente, sobre los honorarios de abogado no se cuenta con ningún elemento de prueba, por lo que se tratarían de aquellos en los que se incurrió por el trámite de este proceso, pretensión a la que no se accederá toda vez que constituye una carga que los demandantes deberán asumir, pues como se indica a continuación no se impondrá condena en costas.
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa tal comportamiento, razón por la cual no se impondrá dicha condena.
1. MODIFICAR la sentencia del 29 de julio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, la cual quedará así:
“1. DECLÁRASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional administrativa y patrimonialmente responsable por la afectación del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 122-0006931, ubicado entre la carrera 5a con calle 6a del municipio de Bolívar (Cauca).
2. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, a pagar a favor del señor Antonio José Guzmán, por concepto de perjuicios morales, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria del presente fallo.
3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, a pagar al señor Antonio José Guzmán la suma de veintinueve millones setenta y siete mil ciento trece pesos $ 29.077.113.
4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda”.
(2) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en 2001 fuera conocida por esta corporación, debía superar la suma de $ 26.390.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones fue estimada por la parte actora en $130.000.000 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente (valor del inmueble).
(3) En esta sentencia se realizó una recorrido por la evolución jurisprudencial que han tenido los daños causados a víctimas de atentados terroristas, puntualizándose entre otros aspectos, en la necesidad de resaltar los principios de solidaridad y equidad frente a la aplicación de los diferentes conceptos jurídicos con los cuales se atribuye responsabilidad al Estado. (C.E., Secc. Tercera, sent. Abr. 19/2012, exp. 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), C.P. Hernán Andrade Rincón).
(4) En lo que concierne a la definición de Conflicto Armado Interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” - Informe 55/97, Caso 11.137 - Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997, lo definió de la siguiente manera:
(5) De acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, cuando ambas partes apelan el superior resolverá la segunda instancia sin limitaciones. El inciso primero de dicho enunciado normativo prevé: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, expediente AG-2002-00226. C.P. Ricardo Hoyos.
(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 20.109. C.P. Hernán Andrade Rincón.
(8) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “... descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodean los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad...” (sent. jun. 16/94, exp. 7445, M.P. Juan de Dios Montes Hernández). Igualmente pude verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 14726, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.
(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 13.232, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 30 de enero de 2013, expediente 29733, C.P. Enrique Gil Botero. En esta sentencia se reconoció a los demandantes 50 smlmv por la destrucción de su casa de habitación, ocurrida el 10 de agosto de 1999, en el atentado perpetrado por un grupo guerrillero contra la Estación de Policía ubicada en el municipio de Campamento (Antioquia).
(11) Los peritos manifestaron que el inmueble en su primer nivel tiene un local comercial con bodega pequeña y baño, en el segundo piso existen tres alcobas, una sala, un comedor, una cocina y un patio o terraza.

References: artículo 217
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 2
 artículo 90
 artículo 106
 artículo 16
 artículo 241
 artículo 55
 artículo 357