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Timestamp: 2018-06-24 01:46:29+00:00

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Real Decreto 867/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 432/2000, de 31 de marzo, por el que se regula el cómputo en el Régimen de Clases Pasivas del Estado de los períodos reconocidos como cotizados a la Seguridad Social en favor de los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica, secularizados - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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REAL DECRETO 867/2010, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 432/2000, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA EL CÓMPUTO EN EL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO DE LOS PERÍODOS RECONOCIDOS COMO COTIZADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN FAVOR DE LOS SACERDOTES Y RELIGIOSOS O RELIGIOSAS DE LA IGLESIA CATÓLICA, SECULARIZADOS (BOE DEL 14)
Artículo único. Modificación del Real Decreto 432/2000, de 31 de marzo
Segunda. Aplicación a otras situaciones
En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Economía y Hacienda, a propuesta conjunta de la Ministra de la Presidencia y del Ministro de Trabajo e Inmigración, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de julio de 2010, dispongo:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 432/2000, de 31 de marzo, por el que se regula el cómputo en el Régimen de Clases Pasivas del Estado de los períodos reconocidos como cotizados a la Seguridad Social en favor de los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica, secularizados.-El Real Decreto 432/2000, de 31 de marzo, por el que se regula el cómputo en el Régimen de Clases Pasivas del Estado de los períodos reconocidos como cotizados a la Seguridad Social en favor de los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica, secularizados, queda modificado como sigue:
«Artículo 1. Ámbito de aplicación.-El presente real decreto será de aplicación a las pensiones del Régimen de Clases Pasivas que, en propio favor o en el de sus familiares, cause el personal incluido en el ámbito del Título I del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril, que hubiera ostentado la condición de sacerdote o religioso o religiosa de la Iglesia Católica, así como de miembro laico de alguno de los institutos seculares de la Iglesia Católica que figuren inscritos en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, que, en la fecha de 1 de enero de 1997, estuviera secularizado, hubiera cesado en la profesión religiosa o como miembro de dichos institutos seculares».
En pensiones a favor de familiares la solicitud de uno de los interesados bastará para la aplicación de la totalización de períodos en todas las pensiones derivadas del mismo causante».
«3. Cuando con la suma de los períodos de servicios al Estado y, en su caso, los de cotización efectiva y los asimilados a cotizados de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 no se alcance el período mínimo de cotización exigido para causar derecho a la pensión de jubilación, con carácter excepcional y en la medida necesaria para completar dicho período mínimo, podrán reconocerse, como cotizados a la Seguridad Social, los períodos en los que los interesados desarrollaron su actividad religiosa fuera del territorio español, siempre que acrediten que dicha actividad se prestó para el instituto religioso o secular al que pertenecían en ese momento y exclusivamente bajo las órdenes de sus superiores».
«A esos exclusivos efectos, los períodos de ejercicio del ministerio sacerdotal se considerarán como de servicios prestados en el mismo grupo profesional que resulte de la aplicación de las citadas tablas a los períodos de profesión religiosa o a los de miembro laico de un instituto secular de la Iglesia Católica».
«1. En los supuestos de reconocimiento del derecho a pensión de jubilación o retiro, o de mejora de la anteriormente reconocida, el interesado vendrá obligado a abonar una parte de su importe total, exclusivamente por los años de ejercicio del ministerio sacerdotal, de profesión religiosa o de miembro laico de un instituto secular de la Iglesia Católica que se computen y calculada según las siguientes normas:».
«1. El procedimiento para el reconocimiento de los beneficios regulados en el presente real decreto se iniciará a solicitud del interesado, que deberá acompañar una certificación en la que se especifiquen los períodos asimilados a cotizados reconocidos y, en su caso, los de cotización efectiva, emitida por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social del lugar de residencia del interesado o, de residir en el extranjero, por la correspondiente a la localidad en que el causante del derecho ejerció el ministerio sacerdotal o profesión religiosa al momento de su secularización, o como miembro laico de un instituto secular de la Iglesia Católica, al momento de su cese».
Disposición transitoria primera. Situaciones anteriores.-1. Podrán solicitar la aplicación del cómputo de los períodos reconocidos como cotizados a la Seguridad Social en favor de los miembros laicos de los institutos seculares de la Iglesia Católica, en los términos establecidos en el Real Decreto 432/2000, de 31 de marzo, y la consiguiente revisión de sus pensiones, los actuales perceptores de pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado que acrediten las condiciones exigidas en el apartado uno del artículo único del presente real decreto.
Disposición transitoria segunda. Aplicación a otras situaciones.-No obstante lo dispuesto en el apartado uno del artículo único de este real decreto, los funcionarios encuadrados en el ámbito de aplicación de la legislación del Régimen de Clases Pasivas del Estado vigente a 31 de diciembre de 1984, o sus derechohabientes en caso de fallecimiento, que no hubieran causado pensión por dicho Régimen, o por cualquier otro de la Seguridad Social, podrán solicitar la aplicación del beneficio reconocido en los apartados uno y tres del artículo único del presente real decreto, siempre que sea anterior al hecho causante de su eventual derecho a pensión.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.-Se faculta a la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda y al Ministro de Trabajo e Inmigración, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones generales que sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.-El presente real decreto entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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