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Timestamp: 2020-02-23 12:40:02+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 293/10 de Corte Constitucional, 21 de Abril de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 210785923
Control de constitucionalidad sobre la ley que aprueba la “convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” adoptada por la asamblea general de las naciones unidas el 13 de diciembre de 2006, ley 1346 de julio 31 de 2009. La corte realiza las respectivas consideraciones sobre su competencia en el examen de constitucionalidad en materia de tratados y leyes aprobatorias de tratados, se realiza la revisión formal de la ley aprobatoria, se concluye que en cuanto al trámite legislativo la norma debe ser considerada exequible, luego se realiza el análisis sobre el contenido y estipulaciones del instrumento internacional, se concluye que la ley se encuentra ajustada a los preceptos constitucionales, por lo tanto se decide declararla exequible.
Sentencia citada en: 162 sentencias, 20 artículos doctrinales
C-293-10 Sentencia C-293/10 Sentencia C-293/10
Revisión de la Ley 1346 de julio 31 de 2009, Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
El día 11 de agosto de 2009 el S. Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1346 de julio 31 de 2009, Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Mediante providencia de septiembre 1° de 2009, el Magistrado sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto y solicitó oficiar a los S.s Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que enviaran los antecedentes legislativos correspondientes.
El texto de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y de la ley aprobatoria objeto de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario Oficial No. 47.427, de julio 31 de 2009:
LEY 1346 DE 2009
Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Visto el texto de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, que a la letra dice:
Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de esta y del Estado, y de que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones,
La comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el B., la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
Por lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;
Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;
Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
Por diseño universal se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2° de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado.
Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en B. y en formatos de fácil lectura y comprensión;
Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su consentimiento.
Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de esta;
Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el B., los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;
Facilitar el aprendizaje del B., la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;
A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o B. y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.
P. a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población;
P. los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;
P. esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando estos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable;
I. que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
V. por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;
Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención, y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, en asociación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con discapacidad.
V. por que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad;
Se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, el Comité) que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación.
Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la presente Convención. Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en consideración la disposición que se enuncia en el párrafo 3o del artículo 4° de la presente Convención.
La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el S. General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidatos en un plazo de dos meses. El S. General preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así propuestas, con indicación de los Estados Partes que las hayan propuesto, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.
El S. General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del Comité con arreglo a la presente Convención y convocará su reunión inicial.
Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que la Asamblea General decida, tomando en consideración la importancia de las responsabilidades del Comité.
Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del S. General de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado Parte de que se trate.
El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando preparen informes para el Comité, lo hagan mediante un procedimiento abierto y transparente y tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4° de la presente Convención.
El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las recomendaciones que estime oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se trate. Este podrá responder enviando al Comité cualquier información que desee. El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más información con respecto a la aplicación de la presente Convención.
El S. General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de todos los Estados Partes.
El S. General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes en un plazo que no superará los seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida la Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas por el S. General.
El S. General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.
Por organización regional de integración se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido competencia respecto de las cuestiones regidas por la presente Convención. Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de competencia.
Las referencias a los Estados Partes con arreglo a la presente Convención serán aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y presentarlas al S. General de las Naciones Unidas. El S. General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el S. General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el S. General a la Asamblea General para su aprobación y posteriormente a los Estados Partes para su aceptación.
Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al S. General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el S. General haya recibido la notificación.
Autorizado. S. a la consideración del honorable Congreso de la República para los efectos Constitucionales
(Fdo.) F.A.P..
Artículo 1o. Apruébase la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7a de 1944, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
O.I.Z..
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7a de 1944, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
H.F.A.S..
E.O.D..
DIEGO PALACIO BETANCOURT
Realiza comentarios específicos frente a varias de las estipulaciones de esta convención. Así por ejemplo, destaca la importancia de cláusulas como la 8ª, que imponen al Estado la obligación de adoptar medidas conducentes a un cambio de mentalidad de la ciudadanía sobre el concepto de discapacidad y el alcance de los derechos de las personas que padecen alguna de tales situaciones, e incluye también algunas reflexiones sobre la conformación y funciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por último, incorpora algunos comentarios sobre los artículos finales de la convención, relativos a su entrada en vigencia, la formulación de reservas o enmiendas y su eventual denuncia por parte de los Estados partes, los cuales considera procedentes y adecuados frente a este tipo de tratados.
Inicialmente, el Jefe del Ministerio Público examina de manera prolija y detallada el trámite cumplido ante el Congreso de la República por el proyecto de ley 152 de 2008 Senado  208 de 2008 Cámara, que vino a convertirse en la Ley 1346 de 2009, cuya constitucionalidad ahora se revisa. Como resultado de este análisis, señala que el proceso legislativo adelantado cumplió con todas las exigencias constitucionales existentes en relación con un proyecto de este tipo, por lo que a este respecto la ley examinada debe ser declarada exequible.
Competencia de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados
La revisión formal de la Ley aprobatoria
El Gobierno Nacional remitió a esta Corporación el 11 de agosto de 2009, copia de la Ley 1346 de julio 31 de 2009, Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Carta, dentro del término de los seis (6) días siguientes a su sanción, previsto en la citada disposición constitucional.
A este respecto, y según lo informó a esta corporación el Ministerio de Relaciones Exteriores, la convención cuya aprobación se formaliza mediante la Ley 1346 de 2009 fue suscrita el día 30 de marzo de 2007 por la doctora C.B. de B., quien para esa fecha se desempeñaba como E.J. de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, y a quien el Presidente de la República confirió plenos poderes para este efecto, según nota suscrita por aquél y por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores el día 29 de marzo de 2007, cuya copia se adjuntó al expediente.
El proyecto fue presentado a consideración del Senado de la República por los Ministros de Relaciones Exteriores, J.B.M., de Hacienda y Crédito Público, O.I.Z. y de la Protección Social, D.P.B. el día 10 de septiembre de 2008.
La ponencia para primer debate, fue presentada por el Senador J.C.G. y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 709 de octubre 10 de 2008, páginas 4 a 7. En lo que tiene que ver con el anuncio previo del proyecto, la comunicación de fecha septiembre 7 de 2009 enviada por el S. General de la Comisión Segunda del Senado informa que este proyecto fue anunciado en la sesión del día 15 de octubre de 2008, según consta en el acta 16 de esa fecha, la cual aparece publicada en la Gaceta 448 de junio 8 de 2009.
En lo que tiene que ver con los términos de este anuncio, según se observa en la referida acta 16, el proyecto fue mencionado junto con todos sus datos identificadores, en el primer lugar de una lista de seis proyectos, leída poco antes del levantamiento de las respectiva sesión, previamente a la cual el S. de la Comisión informó: Siguiendo instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República. Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley, para la próxima sesión, de acuerdo al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003, se anuncian además de los ya anunciado (sic) anteriormente.
De otra parte, agotada la lista de proyectos, y después de haberse reiterado el propósito de ese aviso, se anunció que el Señor Vicepresidente, S.J.C.G. informa que se levanta la sesión y se cita para el próximo martes 21 de octubre a las 9 de la mañana, muchas gracias a todos.
Se observa entonces que el anuncio constitucionalmente requerido se hizo en términos suficientemente claros y explícitos, lo que a juicio de la Corte permitió que sus destinatarios (los miembros de la comisión) se enteraran de manera clara y precisa del objeto de tal anuncio, conforme a lo reiteradamente planteado por la jurisprudencia de esta corporación. De otra parte, y en lo que atañe a la fecha en la que debería tener lugar la votación anunciada, se hizo alusión a la próxima sesión fórmula de determinabilidad igualmente aceptada por la Corte, por cuanto además, la convocatoria realizada antes de levantarse la sesión precisó la fecha de esta última.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el mismo Senador Clopatofsky Ghisays, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 738 de octubre 22 de 2008, en las páginas 14 a 19. El anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante la sesión del día 12 de noviembre de 2008, según consta en el acta 25 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 110 de 2009. En esta última acta se observa que también este anuncio se hizo en términos suficientemente claros, ya que, de una parte, se hizo expresa alusión al Acto Legislativo 01 de 2003 (por el cual se introdujo este requisito), se habló de proyectos que se discutirán y aprobarán en la siguiente sesión, se identificó claramente el proyecto en cuestión (en el 12° lugar de una lista de 20 proyectos) y, finalmente, al concluir la sesión se convocó de manera inequívoca para el día martes 18 de noviembre de 2008 a las 2:00 p. m.. Por ello se considera que este anuncio es concordante con la votación posteriormente realizada en la fecha anunciada.
De otra parte, según lo informó el 14 de septiembre de 2009 el S. General del Senado, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate con la asistencia de 97 de los senadores que conforman esa cámara legislativa en la sesión plenaria realizada el martes 18 de noviembre de 2008. Información que es concordante con lo que consta en el acta 26 de la plenaria del Senado, publicada en la Gaceta 111, de marzo 12 de 2009.
La ponencia para primer debate fue presentada por el R.J.B.P., a quien fue repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 887 de diciembre 3 de 2008, páginas 3 a 20.
De la lectura de esta acta se concluye que, también en este caso, el anuncio cumplió los requisitos necesarios, por cuanto estuvo enmarcado por la prevención de que se hacía el anuncio de proyectos para la próxima sesión, y la reiteración, en el sentido de que este anuncio se hace para dar cumplimiento al Acto Legislativo número 1 de 2003, en su artículo 8°. De otra parte, al concluir la sesión, el Presidente de la misma, R.P.P.T.R. convocó la siguiente sesión en estos términos: Les agradecemos mucho, honorables Representantes, nos veremos el próximo martes, se está por definir la hora, dependiendo de las instalaciones locativas que podamos conseguir a través de la Presidencia de la Cámara.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por los Representantes J.B.P. y H.J.O.B. y fue publicada en la Gaceta Nº 290 de mayo 8 de 2009, en las páginas 1 a 20.
Según se comprueba con la lectura de la citada acta, el referido anuncio fue suficientemente claro, pues antes de concluir la respectiva sesión, la Secretaria expresó: Señor presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la sesión Plenaria del próximo martes 26 de mayo de 2009, o para la siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de ley o de acto legislativo, de acuerdo al Acto Legislativo 01 de julio 3 del 2003. A continuación, se leyeron un total de 86 proyectos, encontrándose en 76° lugar el Proyecto 208 de 2008  Cámara, que es aquel que una vez aprobado vino a convertirse en Ley 1346 de 2009.
Frente al trámite cumplido en las cámaras legislativas por el Proyecto de Ley 152 de 2008  Senado / 208 de 2008 Cámara, que posteriormente vino a convertirse en Ley 1346 de 2009, la Corte observa lo siguiente:
Análisis material sobre el contenido y estipulaciones del instrumento internacional aprobado mediante Ley 1346 de 2009.
Dentro de este marco conceptual, la Convención define como propósito, en su artículo 1°, promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. El texto del tratado evita incorporar una definición de discapacidad, pero a continuación el mismo artículo describe y presenta como destinatarios de sus disposiciones a todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Así las cosas, la suscripción de esta convención con la activa participación del Estado colombiano resulta claramente encuadrada dentro del marco axiológico de la Constitución de 1991, y en especial de sus artículos 13 y 47. En efecto, la primera de estas normas establece el principio de igualdad y la obligación estatal de crear y promover las condiciones para que ésta sea real y efectiva, en particular frente a aquellas personas que por su condición () física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, al paso que la segunda contempla expresamente el deber de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes deberá prestarse la atención especializada que requieran. En la misma línea cabe mencionar también los artículos 54 y 68 de la Carta, los cuales contienen previsiones especiales relacionadas con la adaptación laboral y la educación especial de los minusválidos y personas con limitaciones físicas.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha tenido además frecuente oportunidad de realzar, frente al análisis de situaciones concretas conocidas durante la revisión de fallos de tutela[5], el gran interés que para el Constituyente tuvo la plena y efectiva protección de los derechos de estas personas, resaltando la necesidad de que, mediante acciones afirmativas, el Estado garantice que su especial condición no implique para ellos limitaciones en el ejercicio de los derechos y en la accesibilidad a las prestaciones y servicios de los que normalmente disfrutan la generalidad de las personas. En el ámbito normativo es pertinente anotar que pese a la gran importancia que tienen los derechos de las personas con discapacidad, el desarrollo existente en el derecho interno colombiano es aún incipiente, destacándose especialmente la Ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones, y frente a situaciones específicas la Ley 324 de 1996 Por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda, y más recientemente la Ley 1275 de 2009 Por medio de la cual se establecen lineamientos de Política Pública Nacional para las personas que presentan enanismo y se dictan otras disposiciones
El artículo 24 reitera que todas las personas discapacitadas tienen derecho a la educación, sin discriminación y en condiciones de igualdad. Plantea la necesidad de que en este caso la educación esté especialmente dirigida a descubrir y potencializar los talentos y destrezas de estas personas y a proveerles habilidades necesarias para la vida en sociedad, acordes a sus condiciones. Se menciona por ejemplo, el aprendizaje del B. (para las personas ciegas), del lenguaje de señas (para las personas sordas), y en general, de los lenguajes y técnicas de comunicación que resulten apropiadas frente a las limitaciones y capacidades de las distintas personas. También se contempla la obligación de que en las instalaciones educativas se realicen ajustes razonables, a fin de garantizar el acceso de las personas con discapacidad.
Los países miembros tendrán la obligación (art. 35) de presentar ante este Comité informes periódicos, elaborados con la activa participación de representantes de la población discapacitada, en relación con las medidas adoptadas en cumplimiento de los compromisos asumidos en desarrollo de la Convención, así como de los avances y demás aspectos relevantes observados en relación con la situación de los discapacitados en el respectivo Estado. Respecto de tales informes, el Comité podrá (art. 36) pedir informaciones adicionales y formular observaciones o sugerencias. Se prevé también la obligación de dar amplia difusión a los informes que cada país presente al Comité, tanto dentro de su territorio, como fuera de él, en este último caso por conducto del S. General de las Naciones Unidas. Por su parte, el Comité tiene también (art. 39) la obligación de presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe bianual sobre sus actividades y sobre los avances y/o dificultades observados en la ejecución de los compromisos acordados por esta Convención.
De otro lado, está prevista también la existencia de la Conferencia de las Partes, órgano que a manera de Asamblea General reúne a los representantes de todos los Estados miembros, y que será el encargado de elegir a los integrantes del Comité a que se ha hecho referencia. El artículo 40 prevé que este cuerpo se reunirá con una periodicidad mínima de cada dos (2) años a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Convención, o en forma extraordinaria, en ambos casos previa convocatoria del S. General.
En la parte final del texto, los artículos 41 a 50 contienen las cláusulas atinentes a los aspectos operativos y de vigencia de este tratado, incluyendo: lo relativo al depositario, que será el S. General de las Naciones Unidas (art. 41); la regla sobre fecha a partir de la cual la Convención estará abierta para la firma (art. 42); la sujeción a ratificación posterior a la firma o la posibilidad de adhesión para los Estados que no la hubieren firmado (art. 43); las reglas sobre entrada en vigor (art. 45) y sobre formulación de reservas (art. 46); la iniciativa y procedimiento previsto para las posibles enmiendas al texto de la Convención (art. 47), las cuales serán decididas por la Conferencia de las Partes; la posibilidad de denuncia y las reglas aplicables a ella (art. 48); la orden de que el texto de la Convención se distribuya en formatos accesibles (art. 49), y la regla sobre validez de los textos auténticos en seis distintos idiomas (art. 50), uno de los cuales será la versión española.
De igual manera resalta la Corte que, pese al considerable y ambicioso alcance de los compromisos que a través de esta Convención pretenden asumir los Estados respecto de los derechos sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidad, las condiciones en que tales obligaciones quedan planteadas permiten descartar cualquier posible objeción sobre su exequibilidad. Ello por cuanto, conforme al artículo 4° de la Convención, tales compromisos se atenderán de manera progresiva, con el objeto de que las personas discapacitadas logren a través del tiempo el pleno ejercicio de todos sus derechos, para lo cual los Estados miembros adoptarán medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles. Como puede apreciarse, estos parámetros aseguran la racionalidad de los esfuerzos asumidos en cumplimiento de esta Convención, toman en cuenta las condiciones de restricción presupuestal que en todos los Estados son inherentes a la acción pública, y son congruentes con el principio de ampliación progresiva de los derechos sociales, que es característico de la Constitución Política de 1991.
Primero: Declarar EXEQUIBLE la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1346 de julio 31 de 2009, Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
C., notifíquese, comuníquese insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
[1] Ver sentencia C-468 de 1997 (M.P.A.M.C.. Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta corporación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-682 de 1996 (M.P.F.M.D., C-924 de 2000 (M.P.C.G.D.) y C-718 de 2007 (M.P.N.P.P.).
[3] Las anteriores enumeraciones no agotan el conjunto de pronunciamientos y/o tratados internacionales sobre el tema de la discapacidad. La Corte hizo un recuento aún más exhaustivo de tales documentos en el Auto A-006 de 2009 (M.P.M.J.C.E.) en el que analizó la problemática especial de las personas víctimas de desplazamiento forzado que además padecen alguna discapacidad.
[4] M.P.M.G.C..
[8] Ver DÍEZ-PICAZO. L.M.S. De Derechos Fundamentales, Segunda Edición. T.C., Madrid, 2005. En el derecho constitucional español se habla especialmente de acción positiva, siendo el término acción afirmativa una traducción casi literal del inglés del término original affirmative action.

References: artículo 241
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 40
 artículo 4