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Timestamp: 2017-07-23 06:41:06+00:00

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Índice sistemático Sinopsis artículo 49
Pocos antecedentes pueden encontrarse de este artículo en el derecho comparado, que realmente se reducen al artículo 38 de la Constitución italiana, al Preámbulo de la Constitución francesa de la IV República, declarado vigente por la Constitución de1958, y al artículo 71 de la Constitución portuguesa, que tanta influencia ha tenido en la formulación que hace nuestra Constitución de buena parte de los llamados derechos sociales. Mayor número de remisiones se pueden encontrar en textos de organismos internacionales, como pueden ser las Declaraciones de la ONU de Derechos del Deficiente Mental (1971) y la de los Derechos de los Minusválidos (1975), así como la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961. También es de tener en cuenta el Convenio nº 128, de 29 de junio de 1967, de la Organización Internacional del Trabajo relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes. No hay precedentes directos en el derecho constitucional español.
La protección específica de las personas con discapacidades como objeto directo de tutela, que se planteó en el art. 42 del Anteproyecto constitucional y quedó prácticamente definido en el texto propuesto por la Ponencia del Congreso, no fue apenas objeto de debate en el proceso constituyente, cosa lógica si se tienen en cuenta dos cosas: primero, la sensibilidad general e indiscutible, incluso aunque fuese en términos puramente políticos, hacia el reconocimiento constitucional de este sector específico de la población española; en segundo lugar, el significado del art. 49 como estricto derecho social, es decir como precepto "voluntarista" que expresa el sentimiento de solidaridad a seguir por los poderes públicos en su función asistencial, pero que no configura en absoluto un derecho subjetivo.
El desarrollo del mandato contenido en el art. 49 se centra, pues, en la batería de políticas asistenciales a los minusválidos adoptadas y normadas por los poderes públicos, políticas que se proyectan en una pluralidad de ámbitos bien diferenciados (laborales, culturales, vivienda, educación, ocio, deportes, etc), de los que sólo haremos referencia a los más significativos.
Los beneficiarios del art. 49 son los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos en razón de la existencia de una deficiencia que les impide o dificulta su inserción normal en las relaciones vitales habituales de la vida social. De la misma manera que es irrelevante que la deficiencia sea de nacimiento o sobrevenida, también es irrelevante, a los efectos de la protección que ofrece este precepto, que la causa de la dificultad de inserción provenga de un defecto físico o sensorial o de un problema psíquico, ya que lo que se valora es la existencia cierta de la minusvalía. La Organización Mundial de la Salud publicó en 1976 el documento sobre Clasificación Internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, diferenciando cada uno de los supuestos y entendiendo por minusvalía la "situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desempeño de un papel que es normal en su caso, en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales"; parece evidente que el sentido que dan los constituyentes a los titulares de los derechos que se consagran en el art. 49 coincide básicamente con la definición de la OMS. La determinación de quiénes sean esos poderes públicos implicados deriva, como en tantas otras materias, del reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En principio estamos ante un supuesto de competencias compartidas desde el momento en que el mandato del art. 49 se canaliza por una parte por medio de prestaciones de la Seguridad Social, cuya competencia corresponde al Estado (art. 149.1.17ª), y por otra por acciones de asistencia social, función que han asumido las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos en virtud del art. 148.1.20ª, y ello sin perder de vista las facultades que en dicha asistencia social pueden corresponder, por vía de ordenación, gestión o ejecución, a las Corporaciones locales.
En 1981, poco después de aprobada la Constitución, se intentó presentar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que no llegó a tramitarse ante la oposición del Gobierno por considerar inasumible el coste de su financiación. Posteriormente se aprobó la Ley 13/ 1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos; esta Ley, de ya dilatada vigencia, establece el marco legal protector referido a las personas con minusvalías, así como el procedimiento de evaluación de las minusvalías concretas en función de las cuales las personas que las padecen se convierten en titulares de la protección específica que otorga la Ley. La Ley se compone de diez títulos, una transitoria, dos adicionales y ocho finales, de las cuales la última es propiamente derogatoria, sigue la siguiente sistemática: Título I. Principios generales [arts. 1 a 6]; Título II. Titulares de los derechos [art. 7]; Título III. Prevención de las minusvalías [arts. 8 a 9]; Título IV. Del diagnóstico y valoración de las minusvalías [arts. 10 a 11]; Título V. Sistema de prestaciones sociales y económicas [arts. 12 a 17]; Título VI. De la rehabilitación [arts. 18 a 36]; Título VII. De la integración laboral [arts. 37 a 48]; Título VIII. De los servicios sociales [arts. 49 a 53]; Título IX. Otros aspectos de la atención a los minusválidos [arts. 54 a 64]; Título X. Gestión y financiación [arts. 65 a 66].
A los efectos de la ley, según su art. 7, se consideran minusválido toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. La protección que otorga la Ley se puede catalogar como protección directa, en forma de prestaciones sociales y económicas (asistencia sanitaria y farmacéutica, rehabilitación médico- funcional, recuperación profesional, subsidios en concepto de ingresos mínimos, de ayuda de terceras personas, de movilidad, servicios de atención integral domiciliaria, etc.); protección por medio de la integración laboral (ayudas de empleo a trabajadores minusválidos, reservas de puestos de trabajo en empresas, creación de centros especiales de empleo); y protección genérica (supresión de barreras arquitectónicas, vivienda, residencias especializadas). Lógicamente, todas las previsiones de la Ley 13/ 1982 han precisado desarrollo posterior para poder ser efectivas. Es necesario, además, tener en cuenta que parte de este desarrollo se ha asumido por las Comunidades Autónomas, aunque no de forma exclusiva dada la reserva que establece el art. 149.1.17ª CE.
Aun manteniéndose la vigencia de la citada ley de 1982, en los últimos años se ha hecho un importante esfuerzo en materia de integración social de la discapacidad. Prueba de ello es la promulgación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Como señala su Exposición de Motivos, transcurridos más de veinte años desde la promulgación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, sin poner en cuestión su vigencia, se considera necesario promulgar otra norma legal, que la complemente y que sirva de renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad. Dos razones justifican esta nueva Ley: la persistencia en la sociedad de desigualdades, pese a las inequívocas proclamaciones constitucionales y al meritorio esfuerzo hecho a partir de aquella Ley, y, lo que es más importante todavía, los cambios operados en la manera de entender el fenómeno de la «discapacidad» y, consecuentemente, la aparición de nuevos enfoques y estrategias: hoy es sabido que las desventajas que presenta una persona con discapacidad tienen su origen en sus dificultades personales, pero también y sobre todo en los obstáculos y condiciones limitativas que en la propia sociedad, concebida con arreglo al patrón de la persona media, se oponen a la plena participación de estos ciudadanos. En esta perspectiva se mueven dos estrategias de intervención relativamente nuevas y que desde orígenes distintos van, sin embargo, convergiendo progresivamente. Se trata de la estrategia de «lucha contra la discriminación» y la de «accesibilidad universal».
La ley se inspira en los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. A los efectos de esta Ley, tienen la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. En todo caso, se consideran afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100 los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad (art. 1.2 de la ley).
La sistemática de la ley se desarrolla en tres capítulos, cuatro disposiciones adicionales y trece disposiciones finales.
En el capítulo I se recogen las disposiciones generales de la Ley que se refieren a su objeto, quiénes son los titulares de los derechos y los principios que la inspiran. Es preciso señalar en este primer capítulo la definición de "igualdad de oportunidades" como el resultado de sumar la ausencia de discriminación con las medidas de acción positiva. También se contienen en él los ámbitos en los que son aplicables las medidas de garantía. La Ley ha procurado, siguiendo las tendencias internacionales más actuales, fijar los ámbitos materiales más relevantes para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos con alguna discapacidad.
El capítulo II incluye el establecimiento de medidas para garantizar que el derecho a la igualdad de oportunidades sea efectivo. Se tipifican, sin desarrollar su alcance, las grandes categorías de esas medidas, y se autoriza al Gobierno para ese desarrollo progresivo, que hay que poner en conexión con las fases y calendario recogidos en las disposiciones finales.
El capítulo III instituye una serie de medidas para llevar a cabo una política de equiparación, más allá de las que se reconocen en el capítulo II. Estas medidas son básicamente de dos tipos: de fomento y de defensa. El fomento contempla medidas de sensibilización, de fomento del desarrollo tecnológico y fondos para el desarrollo conjunto con otras Administraciones de proyectos innovadores, que se articularán y desarrollarán mediante planes estatales de accesibilidad y de no discriminación. Entre las medidas de defensa, por su sencillez, rapidez y comodidad para las partes, se potencia el recurso al arbitraje para dirimir la resolución de conflictos que puedan surgir.
Las personas que hayan sufrido discriminación basada en la discapacidad han de disponer de una protección judicial adecuada que contemple la adopción de las medidas necesarias para poner fin a la vulneración del derecho y restablecer al perjudicado en el ejercicio de aquél. Con esta misma finalidad de asegurar un nivel de protección más efectivo, se legitima a las personas jurídicas que estén legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos para que puedan intervenir en procesos en nombre del demandante y con su consentimiento.
La disposición adicional primera recoge la modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, para el establecimiento del derecho a excedencia por cuidado de un familiar que no pueda valerse por sí mismo y no realice actividad remunerada, entre otros, por motivos de discapacidad. La disposición adicional segunda modifica la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en el mismo sentido que el expuesto en el párrafo anterior, que, tras la Ley 53/2003, de 10 de diciembre del empleo público de discapacitados, dictada con el objetivo de procurar el cumplimiento de la anterior, hoy se recoge en los mismos términos en el Estatuto Básico del Empelado Público 7/2007 de 12 de abril. La disposición adicional tercera, siguiendo y profundizando la línea de la vigente Ley 15/1995, de 30 de mayo, de límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, para obligar a la comunidad de propietarios a la realización de obras de accesibilidad en elementos comunes a favor de personas con discapacidad, y con el límite de que tales no excedan del importe de tres mensualidades; en caso contrario, únicamente serán exigibles si han sido aprobadas por acuerdo con la mayoría correspondiente. La disposición adicional cuarta modifica la disposición adicional sexta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en relación con la supresión de la disminución de la capacidad de trabajo en la determinación de grado mínimo de minusvalía concerniente a las medidas de fomento del empleo y las modalidades de contratación. Y en fin, para garantizar el establecimiento de las medidas determinadas por esta Ley, se contienen en las disposiciones finales mandatos explícitos de desarrollo y aplicación en fases y tiempos. Precisamente por mandato de la disposición final undécima se promulgó la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
No puede dejar de mencionarse que uno de los más destacables desarrollos de la ley 51/2003 es el operado por Ley 27/2007, de 23 de octubre, de Signos, que Reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Importante esfuerzo de protección a la discapacidad se opera igualmente por ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Esta ley despliega sus efectos no sólo sobre el colectivo de discapacitados, sino también fundamentalmente sobre el de personas mayores, y por tanto se configura como un desarrollo no sólo del art. 49 de la Constitución, sino también del 50, como señala la ley en su Exposición de motivos. La Ley establece un nivel mínimo de protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado. Asimismo, como un segundo nivel de protección, la Ley contempla un régimen de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás prestaciones y servicios que se contemplan en la Ley. Finalmente, las Comunidades Autónomas podrán desarrollar, si así lo estiman oportuno, un tercer nivel adicional de protección a los ciudadanos. Para una exposición algo más detenido del contenido de esta ley, vçéase el Comentario al art. 50 de la Constitución.
Debe asimismo destacarse el importante esfuerzo tuitivo de la discapacidad operado la Ley 1/2009, de 25 de marzo de reforma de la Ley de 8-6-1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18-11-2003, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad. También mencionar la Ley 6/2006, de 24 de abril de modificación de la Ley 37/1992, de 28-12-1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), para la clarificación del concepto de vehículo destinado al transporte de personas con minusvalía contenido en la misma ley.
Entrando en las medidas de protección que podrían resultar más destacables, uno es el que afecta a las prestaciones pecuniarias de la Seguridad Social. En primer lugar, el sistema de pensiones de invalidez no contributivas (reguladas por Ley 26/ 1990, de 20 de diciembre, desarrollada por el Real Decreto 357/ 1991, de 15 de marzo) se consagra en los arts. 144 a 149 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, especificando el Real Decreto 1971/ 1999, de 23 de diciembre, el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía; el citado Real Decreto atribuye el derecho a este tipo de pensiones a las personas afectadas por minusvalía o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65 por ciento.
También tenía este sentido de prestación específica la derivada del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), de larga trayectoria normativa. La Ley de 1 de septiembre de 1939 sustituyó el régimen de capitalización en el retiro obrero por el de pensión fija, creada en concepto de subsidio de vejez, como fórmula de incremento del seguro de vejez que asegurase un retiro suficiente. Esta Ley fue desarrollada por la Orden de 2 de febrero de 1940, que amplió el subsidio al supuesto de invalidez absoluta para el trabajo, siendo el Decreto de 18 de abril de 1947 el que creó la Caja Nacional del Seguro de Vejez e Invalidez y preparó un sistema de protección para este último riesgo; es este sentido, son de interés la Orden de 18 de junio de 1947 y el Decreto ley de 2 de septiembre de 1955.La incidencia de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966 en el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez supuso la aprobación del Decreto 1564/ 1967, de 6 de julio, que regulaba las situaciones derivadas de la extinción del citado Seguro. La Ley General de la Seguridad Social de 1974 culmina el proceso y reconoce, en la Disposición transitoria segunda, el derecho a causar prestaciones del SOVI, con arreglo a las condiciones exigidas en la extinta legislación del mismo y siempre que los interesados no tuviesen derecho a ninguna otra pensión a cargo de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social (situación transitoria que se aclara en la Circular 66/ 1982, de 22 de junio; en el mismo sentido de apreciar la incompatibilidad de las pensiones del SOVI y las del régimen general de la Seguridad Social se pronuncia el Tribunal Constitucional en su STC 121/ 1984, de 12 de diciembre, FJ 2). En este ámbito, no obstante, se ha producido un overruling de la doctrina del Alto Tribunal, por efecto de la Ley 9/2005, de 6 de junio, Ley para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social. También es destacable la Sentencia 142/1990, de 20 de septiembre por la que se reconoce la inconstitucionalidad del mencionado decreto de 1955 en cuanto excluye a los viudos (pues el Decreto sólo protegía a las viudas).
En el orden laboral el art. 41 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos establece que aquellos que por la naturaleza o las consecuencias de sus minusvalías no puedan, provisional o definitivamente, ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales, deberán ser empleados en Centros Espaciales de Empleo, regulando un esquema de derechos y deberes laborales que intenta ser lo más aproximado posible al de las relaciones laborales comunes, teniendo en cuenta, como es lógico, las peculiaridades de las condiciones de los minusválidos. Esta relación laboral específica viene definida en el Real Decreto 1368/ 1985, de 17 de julio. La Disposición adicional segunda de la Ley General de la Seguridad Social determina la protección de los trabajadores minusválidos en los Centros Espaciales de Empleo incluidos en el régimen de la Seguridad Social. Por su parte el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero regula los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
Por otra parte, la acción tuitiva sobre este sector se complementa con una serie de medidas encaminadas a fomentar la incorporación laboral de las personas con minusvalías, entre las que hay que tener en el cupo de reserva de plantilla que la Ley de Integración Social de los Minusválidos impone a las empresas con más de 50 trabajadores fijos, y la Ley 53/2003, de 10 de diciembre del Empleo público de discapacitados que hoy forma parte de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto básico del Empleado público (cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública)
En relación con la gestión de las medidas de integración social de los minusválidos, el Real Decreto 1023/ 1976, de 9 de abril, crea el Real Patronato de Educación Especial, que sufrirá una serie de modificaciones posteriores derivadas de la Ley 13/ 1982; a partir del Real Decreto 1475/ 1986, de 11 de julio, pasará a denominarse Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, transformándose en un órganos colegiado de la Administración General del Estado (Real Decreto 2021/ 1997, de 26 de diciembre. Posteriormente la Ley 14/ 2000,, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, crea con el nombre de Real Patronato sobre Discapacidad un organismo autónomo para promover la aplicación de conocimientos científicos y desarrollos técnicos a las acciones públicas y privadas sobre discapacidad, así como para canalizar la colaboración entre las distintas Administraciones y entre éstas y el sector privado. En la Exposición de motivos se justifica la necesidad de esta nueva ley por los cambios que se han registrado como consecuencia de una serie de factores; en primer lugar, el incremento del movimiento asociativo de las personas con discapacidad, que impone una colaboración institucionalizada entre aquellas asociaciones y la Administración del Estado a través del Consejo Estatal de las Personas con discapacidad; el segundo factor a considerar son las transferencias de las políticas sociales a las Comunidades Autónomas y la participación creciente de las Administraciones locales, que impone la necesidad de planificar minuciosamente la colaboración entre las tres Administraciones implicadas. El Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad creado para hacer frente a la nueva problemática se aprueba por Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto.
No es el Patronato el único organismo de gestión; el Real Decreto ley 36/ 1978, de 16 de noviembre crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) como entidad gestora de la Seguridad Social a nivel nacional con la finalidad de dirigir su acción a las personas mayores, personas con discapacidad y solicitantes de asilo. El INSERSO sufrirá los cambios que se derivan del proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas que culmina prácticamente en 1998 cuando todas asumen las competencias que les corresponden en estos ámbitos asistenciales. La consecuencia será que el INSERSO se transforma en el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) ampliando sus competencias a materia de inmigración (Real Decreto 140/ 1997, de 31 de enero).La asunción por parte del Ministerio del Interior de las competencias asignadas al IMSERSO en materia de inmigración conllevará la necesidad de modificar la estructura y funciones del organismo para adaptarlo a la nueva situación y evitar duplicidad en la gestión, lo que se hace en el Real Decreto 238/ 2002, de 1 de marzo, Estructura orgánica y Funciones del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) en un intento de lograr la mayor eficacia social y de responder a la descentralización funcional. La estructura actual del Instituto se rige por el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Tras su adscripción a diversos departamentos (Trabajo y Asuntos sociales, Educación, política social y deporte), actualmente el IMSERSO toma el nombre de Instituto de Mayores y Servicios Sociales y queda adscrito, por el art. 12.4 del Real Decreto 263/2011, de 28 de febrero, al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. El IMSERSO se configura como una entidad gestora de la Seguridad Social como entidad de Derecho público y cuyos fines básicos son la gestión de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, así como la de los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de Seguridad Social para las personas mayores y personas con discapacidad; en relación con estas últimas corresponde también al IMSERSO el seguimiento de la gestión de las prestaciones económicas derivadas de la Ley de Integración Social de los Minusválidos.
Dentro de las políticas sectoriales, la referida a la vivienda puede tener un significado especial en cuanto incide en la necesidad de garantizar el acceso y habitabilidad de la misma a las personas minusválidas, lo que puede suponer imponer unas determinadas cargas bien a los vecinos del inmueble, bien a los constructores. La normativa básica referida a la accesibilidad y condiciones de las viviendas para adaptarlas a las necesidades especiales de los minusválidos la encontramos, en primer lugar, en el Real Decreto 355/ 1980, de 25 de enero, sobre reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos y en el Real Decreto 248/ 1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de aquella reserva. La Orden de 3 de marzo de 1981 establece las características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección especial.
Finalmente la Ley 3/ 1990, de 31 de junio, que modifica la Ley 49/ 1969, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, impone determinadas obligaciones a las comunidades de vecinos (accesibilidad, rampas, medidas de los ascensores, etc.) cuando una persona minusválida habite alguno de los pisos. En el mismo sentido, el art. 24 de la Ley 29/ 1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y la Ley 15/ 1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas. Ya se ha mencionado la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal Ley 49/1960, de 21 de julio efectuada por ley 51/2003 en su DA tercera, para obligar a la comunidad de propietarios a la realización de obras de accesibilidad en elementos comunes a favor de personas con discapacidad, y asimismo debe mencionarse el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, que modifica el Código Técnico de la Edificación en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
En el ámbito de la educación, es destacable que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que señala que las Administraciones educativas desarrollarán para el ámbito de su competencia distintos aspectos señalados en la misma, entre ellos la atención al alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo, como establece el artículo 71.2 de la Ley Orgánica, y este desarrollo se opera en el ámbito estatal por el Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, por el que se regulan la admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados, los requisitos que han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil y la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.
Por último, las políticas sociales de la Unión Europea inciden en el ámbito de las políticas sociales relacionadas con los minusválidos; aunque no se alude en el derecho comunitario originario de forma directa a la discapacidad, se contempla en el Título X del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en la redacción dada por el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 la acción comunitaria en relación con las políticas sociales. Por ejemplo es destacable la Directiva 2000/78/CE para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual.
En derecho internacional deben citarse el Instrumento de ratificación de 23 de noviembre de 2007, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y de su protocolo facultativo adjunto de 30 de marzo de 2007.
En materia de jurisprudencia constitucional, pueden citarse las Sentencias 62/2008 de 26 de mayo (igualdad y no discriminación por motivos de discapacidad), 269/1994 de 3 de octubre (en materia de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad) y 141/2003 de 14 de julio (tutela judicial efectiva y cálculo de pensiones de invalidez).
Por lo que se refiere a la bibliografía, consultar documento adjunto. Sinopsis realizada por:

References: artículo 49
 artículo 49
 artículo 38
 artículo 71
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