Source: https://un.op.org/es/node/2294
Timestamp: 2019-03-23 15:55:14+00:00

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La Situación De Los Derechos Humanos En Papúa, Indonesia | Dominicos por la justicia y la paz
La Situación De Los Derechos Humanos En Papúa, Indonesia
Franciscans International, una organización no-gubermental con estatuto consultivo general con el Consejo Económico y Social junto con otras organizaciones no-gubermentales con estatuto consultivo especial con el Consejo Económico y Social incluyendo Catholic Institute for International Relations, el Consejo Mundial de Iglesias, Diakonie, Dominicos por Justicia y Paz, Forum Asia, Pax Christi International y Pax Romana, en cooperacion con Central Missionary Board Netherlands, Cordaid, Geneva for Human Rights, ICCO, Justitia et Pax Netherlands, Kerkinactie, Office for Justice and Peace Jayapura, Office for Justice and Peace Merauke, Office for Justice and Peace Sorong y United Evangelical Mission ofrecemos este comunicación escrita al Comisión de Derechos Humanos con referencia a la situación de derechos humanos en los ámbitos de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales en la Provincia de Papua, Indonesia. El contenido se refiere en particular a los ultimos12 meses (Enero 2004-Enero 2005).
Reconocemos el progreso logrado por el gobierno en facilitar el derecho del pueblo a participar en el gobierno y en elecciones libres. Tres elecciones consecutivas, una vuelta de elecciones parlamentarias y dos vueltas de elecciones presidenciales han tenido lugar con éxito en condiciones libres y seguras.
Reconocemos también el hecho de que hay más papús legisladores, tanto al nivel del distrito como provincial. Sin embargo, notamos en Mímica, Jayawijaya, Manokwari y Nabire la tendencia de parte de algunos candidatos y partidos políticos de usar cualquier modo que sea para presionar la Comisión de Elección Regional (Komisi pemilihan Daerah/KPUD) para asegurar sus puestos en los parlamentos de distrito. Su falta de éxito no exonera su conducta. Esta situación no sólo ha resultado en un conflicto político que continúa en varios distritos, pero también ha impedido que los parlamentos de distrito y provinciales sirvan los intereses del pueblo.
En otras áreas, estamos seriamente preocupados por la información recibida de contrapartes de la práctica de tortura, detención arbitraria y desplazamiento cometidos según se dice por el aparato de seguridad, a pesar de la adopción por Indonesia durante la 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de las Resoluciones nos. 39 (1), 41 (2), 55(3). Los informes de matanzas extra-judiciales en las aldeas de Mariedi, Distrito Bintuni donde el proyecto BP Tangguh Gas es ubicado, y en Mulia, Distrito de Puncak Jaya, también nos preocupa seriamente. En Maradi, cinco personas fueron matadas a tiros por la policía y dos fueron heridas y acusadas de traición y de ser miembros del Movimiento Libre Papúa (OPM). Estas personas en verdad estaban pidiendo compensación justa por sus derechos territoriales de la companía forestal Dayanti. En Mulia, la situación sigue sin claridad después de la matanza de un sacerdote del lugar, Elisa Tabuni, por las fuerzas de seguridad que causó desplazamiento, miedo y terror. Los líderes religiosos han urgido repetidamente al Parlamento Provincial (DPRD) de pedir a la Comisión Nacional de Indonesia de Derechos Humanos (KOMNAS HAM) a hacer una investigación rigurosa, pero hasta la fecha no se ha tomado ninguna acción.
Puncak Jaya ilustra la gravedad de la situación general. También debemos enfatizar que la situación en Wamena Occidental no ha recuperado de la severa operación de rastreo conducida dos años antes.
En los últimos doce meses, el estigma de separatismo se impone regularmente sobre cualquier individuo o institución que las fuerzas de seguridad consideran ser sospechosos. El sistema judicial se ha probado incapaz de convocar procesos justos debido a la influencia dominante del aparato de seguridad. Esto fue ilustrado por los procesos de los sospechados en el caso Wamena y el caso Bolakme donde la corte castigó severamente a los sospechados a pesar de pruebas poco sólidas.
Defensores de derechos humanos en Papúa también están amenazados. El Instituto por Derechos Humanos y Cabildeo (ELSHAM), Aliansi Demokrasi Papua (ALDP) (7), la Fundación TRITON y la Oficina por Justicia y Paz Sorong (8) son entre aquellos que han sido criminalizados o detenidos arbitrariamente por causa de su trabajo de proteger y promover los derechos humanos en diferentes partes de Papúa.
De los muchos casos de derechos humanos conocidos, hasta la fecha es sólo el caso Abepura de 2000 (9) que ha sido presentado en la corte permanente de derechos humanos en Macasar, habiendo sido pendiente durante más de tres anos en la oficina del Procurador General. Mientras esto es progreso, debe notarse que solamente dos sospechosos han sido procesados por el Procurador General, mientras KOMNAS HAM había listado 25 sospechosos en su investigación. Además, durante el proceso legal el panel de jueces rechazó la demanda de las víctimas (10) de compensación, diciendo que tal demanda no es regulada por Ley 26/2000 en la Corte de Derechos Humanos.(11) Por lo tanto, a pesar del apoyo de Indonesia por la Resolución CHR 2004/33 (12), nos preocupa que esta corte está corriendo el riesgo de perpetuar lo que parece ser un ciclo irrompible de impunidad en Indonesia. Basamos nuestra preocupación sobre el hecho que tribunales humanos ad hoc (Tanjung Prior y Timor Leste) finalmente exculparon a los principales responsables. Sin una fuerte voluntad política de parte del nuevo gobierno, los informes de Wasior (13) (13 de junio de 2001) y Wamena (14) (4 de Abril de 2003), como resultado de la investigación KOMNAS HAM que han sido subministrados al Procurador General para acción judicial, parecen que podrían correr la misma suerte.
Mientras reconocemos el progreso logrado por el nuevo gobierno democráticamente elegido en establecer la sucursal de Komnas HAM en Papúa el 10 de enero 2005 y el Majelis Rakyat Papúa cumpliendo con las provisiones de la Ley Especial de Autonomía para Papúa (Reglamento Gubernamental 54/2004), se debe tomar en cuenta las siguientes necesidades.
A pesar de la Decisión de la Corte Constitucional No. 018/PUU-I/2003 del 11 de noviembre 2004, el conflicto de la división de la provincia continúa desde que la Corte anuló la base legal de Irian Jaya Occidental pero al mismo tiempo reconoció la existencia de esta provincia junto con la Provincia de Papúa. Esta confusión sobre la implementación de la ley especial de autonomía sigue sin resolución, ya que el reglamento gubernamental 54/2004 sobre el Consejo del Pueblo Papu (Majelis Rakyat Papúa/MRP) estipula que el MRP, el gobierno provincial y el parlamento provincial tienen que resolver el problema en conjunto con el gobierno central. (15) No parece que el gobierno central quiere ocuparse del problema.
A pesar de la existencia de la Ley Especial de Autonomía, Papúa siempre es clasificado en el penúltimo lugar en el Índice de Desarrollo Humano de 2004, a pesar de que su producto interno bruto regional es clasificado en tercer lugar en Indonesia, basado en ingresos de nuestros ricos recursos naturales. (16) Está situación no es diferente de la que Papúa enfrentó en 1999 antes de la implementación de la Ley Especial de Autonomía. Entre 26 distritos y 2 municipalidades EN PAPÚA, Jayawijaya es clasificado el último en lo que concierne el Índice HDI en Papúa como también en toda Indonesia. Nuestras contrapartes informan que todos sectores en Jayawijaya se están viniendo abajo: médicos especializados han salido de la ciudad; funcionarios públicos, profesores, parlamentarios locales han estado en huelga protestando de sueldos no pagados; y hasta la comunidad comercial organizó una protesta para llamar la atención a la deuda sin pagar del gobierno del distrito. A pesar de misa en Wamena insistiendo sobre la justicia (17) y acción apropiada para resolver la empeorando situación, el descuido del gobierno sigue.
Dada su baja clasificación HDI, el informe 2004 de UNDP identifica claramente que ingresos adecuados no son invertidos en servicios públicos. Nuestras contrapartes están pidiendo explicaciones por este descuido indisculpable. El gobierno reconoce que la corrupción es un problema serio en Indonesia, y la lucha contra la corrupción forma parte del compromiso del nuevo gobierno. Sin embargo, acción para investigar tales alegatos (por ejemplo, corrupción a nivel provincial de Papúa, en el Parlamento Provincial de Papúa y en la oficina del Distrito de Jayawijaya) tarda.
Con relación a los ingresos de recursos naturales, notamos que los derechos del pueblo indígena a beneficiar de los ingresos son a menudo violados. Conflicto entre el pueblo indígena y el sector comercial es perpetuado por la falta de una estructura legal para proteger los derechos del pueblo indígena. En la práctica, mientras el sector comercial apela a la ley del estado, el pueblo indígena confía en la ley de costumbre. Esta falta de armonía resulta a menudo en violaciones de los derechos humanos. Ejemplos son casos en Mariedi-Bintuni (2004) y Assue-Mappi (2004). (19).
Es corriente también que el desarrollo comercial de estas regiones resultan en el fomento de la prostitución, y casos crecientes del tráfico en mujeres y jóvenes. En su vez, esto ayuda la rápida expansión del pandémico VIH/SIDA en Papúa. Un problema social relacionado es el crecimiento del alcoholismo, que en su vez afecta considerablemente el número de casos de violencia contra mujeres y niños, como también bajos niveles de salud en general. Esta situación sigue descuidada por el gobierno.
Los temas que hemos enfatizado ilustran la gravedad de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales que afectan negativamente el pueblo indígena en Papúa. Creemos que este es un proceso destructivo y degenerativo que poco a poco pero sistemáticamente está destruyendo un pueblo entero. Es urgente que el gobierno establezca mecanismos legales localmente que puedan garantizar los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo papú. Firmar los Convenios Internacionales sobre derechos Económicos, Sociales y Culturales, como también el Convenio sobre derechos Civiles y Políticos, sería un paso bien recibido para remediar esta situación atroz. Esto sería el comienzo de la implementación de la Ley Especial de Autonomía 21 de 2001.
Nuestras contrapartes en Papúa siguen totalmente comprometidos a construir Papúa como ‘una tierra de paz – libre de violencia, opresión y angustia.’ (20) Reconocen declaraciones del gobierno y el aparato de seguridad de estar dispuestos a participar en actividades de paz tales como el día conmemorativo del 5 de Febrero. (21) Están pidiendo que instituciones del estado tomen acción sobre las injusticias sociales y las violaciones de derechos humanos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales.
Como organizaciones no gubernamentales, con contrapartes en Papúa, llamamos a la Comisión de Derechos Humanos a:
Instar al gobierno de Indonesia a aplicar un enfoque basado en derecho al desarrollo en la implementación de la ley especial de autonomía.
Instar el gobierno de Indonesia a proteger los derechos del pueblo indígena en Papúa
Otorgar el apoyo necesario al gobierno de Indonesia para promover la paz y resolver el conflicto con recurso a los mecanismos proveídos por la Ley Especial de Autonomía.
Otorgar el apoyo necesario al gobierno de Indonesia para mantener el imperio de la ley para luchar contra tanto la impunidad como la corrupción desenfrenada.
Instar al gobierno nuevamente elegido democráticamente a ratificar todos los principales tratados internacionales de derechos humanos.
Instar al gobierno de Indonesia a cooperar plenamente en la aplicación de los Procedimientos Especiales, invitando y proporcionando acceso sin restricciones a los distintos lugares, tanto particulares como comunitarios, en Papua y en otras partes de Indonesia, a los mecanismos temáticos, en particular a aquellos que han solicitado reiteradamente invitaciones pero que todavía no han recibido el permiso para realizar las visitas, como es el caso del Relator Especial en materia de tortura, el Representante Especial del Secretario General en materia de defensores de derechos humanos, y el Relator Especial en materia de violencia ejercida sobre mujeres, sus causas y sus consecuencias. (22)
Resolución 2004/39: Detención Arbitraria
Resolución 2004/41: Tortura y otro tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante.
Resolución 2004/55: Personas desplazadas internamente
Informe de la Oficina de Justicia y Paz de la Diócesis Católica de Sorong, 6 de Abril 2004.
De acuerdo al informe de Amnistía Internacional, Diciembre 2004
Carta de los Líderes de las Iglesias al Parlamento Provincial, 3 noviembre 2004 (www.hampapua.org/skp/skp04/app-36i.pdf) y la carta de los líderes religiosos de Papúa, 14 de diciembre 2004.
En un informe escrito, la Oficina por Justicia y Paz de la Diócesis Católica de Jayapura (SKP Jayapura) y ALDP han presentado este caso a la atención del Representativo Especial del Secretario General de las UN sobre Defensores de Derechos Humanos.
Carta del Obispo de Sorong, Muy Reverendo Hilarion Datus Lega, al Jefe de Policía de Papúa, 14 de julio 2004 (www.hampapua.org/skp/skpo4/app-31i.pdf).
El caso Abepura es el caso de tortura, matanzas extrajudiciales y detención arbitraria cometidos por la policía de Papúa el 7 de diciembre 2000 a civiles y estudiantes viviendo en Abepura que causó desplazamiento general.
Indonesia apoyó la Resolución CDh 2004/34: El derecho a restitución, compensación y rehabilitación por víctimas de graves violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales.
SKP Jayapura conjunto con Franciscanos Internacionales han traído este caso a la atención del Rapporteur Especial de las UN en la independencia de jueces y abogados (www.hampapua.org/skp/skp04/app-29e.pdf)
Resolución 2004/33: Independencia e imparcialidad de la judicatura, jurados y asesores y la independencia de abogados
Se afirma que 18 policia han cometido abusos en el sub-distrito de Wasior en que 4 civiles fueron matados, una fue violada, cinco desaparecieron y muchos más fueron torturados – véase informe al Procurado General de Indonesia por Komnas Ham, septiembre 2004.
Komnas Ham en el mismo informe de septiembre 2004 nombra 168 miembros de los militares como responsables por asaltos en aldeas en el sub-distrito de Wamena en los cuales 9 civiles fueron matados, 38 torturados, 15 detenidos arbitrariamente y miles desplazados en campos de refugiados en los que otros 42 murieron de agotamiento y hambre.
REGULACIÓN GUBERNAMENTAL 54/2004 ARTÍCULOS 73, 74, 75.
UNDP et al., 2004, Nacional Human Development 2004; THE Economics Democracy, Financing human development in Indonesia, Jakarta: BPS, Bappenas, UNDP.
Indonesia adopta la Resolución CDH 2004/27: El derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel de salud física y mental y Resolución 2004/7: Derecho a desarrollo.
UNDP et al., 2004, pp. 11-12.
Oficina Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Merauke, 2004. Bisnis Grau dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Orang Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue, Kabupaten Mappi, Papua Selatan (Sandlewood business and its impact on the livelihood of the Awyu and Wiyagar tribes in Sub-District of Assue, District of Mappi, Southern Papua), Merauke: Oficina Justicia y Paz de Merauke (www.hampapua.org/skp/skp06/var-05i.pdf).
Tom Beanal, vice-presidente del Consejo Presidio de Papúa y líder tribal del Amungme, diciembre 1 2002.
Cenderawasih Pos diario, 6 de febrero 2004.
Documento E/CN.4/2004/56 par 5: Informe del Rapporteur Especial sobre Tortura y otro tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante.

References: Resolución 

Resolución 

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