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Timestamp: 2020-05-31 04:56:49+00:00

Document:
Sentenza 16 novembre 1993, n.340/1993 - Olir
Data: 16 novembre 1993
Enti ecclesiastici e patrimonio, Edilizia di culto, Strumenti urbanistici
Chiesa cattolica, Enti, Illegittimità, Equiparazione, Violazione, Contratto, Principio, Legge, Locazione urbana, Rescissione, Enti pubblici, Agevolazione probatoria, Aconfessionalità
1. Este Tribunal sólo puede decidir respondiendo a las razones por las que los órganos judiciales vienen a dudar, en un caso concreto, de la conformidad con la Constitución de una norma con rango de Ley (STC 126/1987) [F.J. 4]. 2. No toda desigualdad de trato legislativo en la regulación de una materia entraña una vulneración del derecho fundamental a la igualdad ante la Ley del art. 14 C.E., sino únicamente aquellas que introduzcan una diferencia de trato entre situaciones que puedan considerarse sustancialmente iguales y sin que posean una justificación objetiva y razonable. Por lo que dicho precepto constitucional, en cuanto límite al propio legislador, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación objetiva y razonable. A lo que cabe agregar que también es necesario, para que la diferencia de trato sea constitucionalmente lícita, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal diferenciación sean proporcionadas a la finalidad perseguida por el legislador, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. Exigiendo el principio de igualdad, por tanto, no sólo «que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida por el legislador» (STC 110/1993) [F.J. 4]. 3. Al determinar que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", cabe estimar que el constituyente ha querido expresar, además, que las confesiones religiosas en ningún caso pueden trascender los fines que les son propios y ser equiparadas al Estado, ocupando una igual posición jurídica; pues como se ha dicho en la STC 24/1982, el art. 16.3 C.E. «veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales». Lo que es especialmente relevante en relación con el art. 76.1 L.A.U. dado que este precepto ha llevado a cabo precisamente una equiparación de la posición jurídica de la Iglesia con el Estado y los otros entes de Derecho público en materia de arrendamientos urbanos [F.J. 4]. 4. La noción de «intereses generales» que incorpora el art. 103.1 C.E., que también figura en otros preceptos constitucionales limitativos de derechos (así, en los arts. 33.3 y 128.1 y 2 C.E.) constituye una habilitación general para la intervención de las distintas Administración públicas en defensa de dichos intereses, incluso cuando estos inciden sobre intereses particulares. De donde se sigue que la ley puede establecer la legitimidad de una actuación de las Administraciones públicas distinta de la prevista en el régimen general de una materia «exceptio salus publicae causa» siempre que la misma sea necesaria para servir los intereses generales [F.J. 5]. 5. Es indudable que en el presente caso la contienda procesal ante el Juez civil ha de girar, exclusivamente, sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos y trámites que la Ley de Arrendamientos Urbanos establece en el art. 76. 1, «in fine», el carácter jurídico público legalmente atribuido a la corporación arrendadora y la existencia de la declaración ministerial de necesidad de la ocupación (art. 76.2) y también, según la doctrina mayoritaria, sobre los concernientes al orden de selección de las viviendas y locales de negocios (arts. 64 y 72) y a la obligación del arrendador de ocupar los desalojados dentro de un determinado plazo (arts. 68.1 y 75.1) así como de no arrendarlos o ceder su goce o uso a un tercero hasta transcurrido cierto tiempo (arts. 68 y 75.2). Por consiguiente, pudiendo debatirse todas estas cuestiones en el proceso, cuyo objeto y las pretensiones que en él cabe deducir se encuentran así legalmente delimitadas, únicamente respecto de estas cuestiones -y no de la excluida «ex lege» de la eventual controversia de las partes- se ha de predicar la exigencia constitucional derivada del art. 24.2 C.E. Por lo que no cabe estimar, en definitiva, el desequilibrio procesal contrario al principio de «igualdad de armas» que los órganos judiciales promovientes de las cuestiones y el Ministerio Fiscal imputan al precepto aquí examinado en relación con el mencionado art. 24.2 C.E. [F.J. 5]. La norma, contenuta nella Legge sugli Affitti Urbani, che dispone la equiparazione della Chiesa cattolica agli enti di diritto pubblico al fine di agevolare la rescissione del contratto di locazione, è illegittima per contrasto con il principio costituzionale di aconfessionalità dello Stato (art. 16, co. 3, CE). Invero, l’enunciato per cui "nessuna confessione avrà carattere di religione di stato", impedisce che le confessioni religiose possano trascendere i fini che sono loro propri ed essere equiparate allo Stato o agli enti pubblici, non rilevando a tal fine il dovere costituzionale di cooperazione del potere pubblico con la Chiesa Cattolica e con le altre confessioni religiose.
Tribunal Constitucional, SENTENCIA 340/1993, 16 de noviembre 1993
(«BOE» núm. 29510-12-1993)
SALA: Pleno: Excmos. Sres. Rodríguez-Piñero, López, García-Mon, de la Vega, Díaz, Rodríguez, Gimeno, Gabaldón, González, Cruz y Viver.
La cuestión trae causa del juicio de cognición núm. 60/88, instado por el Arzobispado de Toledo en demanda de resolución de contrato de arrendamiento frente a don Juan Pos Dionisio y don Juan José Pina Peña, inquilinos de sendas viviendas propiedad del demandante. En el Auto de planteamiento, el Juzgado comienza por señalar que, a tenor del art. 76.1 L.A.U., «cuando el Estado, la Provincia, el Municipio, la Iglesia Católica y las Corporaciones de derecho público tengan que ocupar sus propias fincas para establecer sus oficinas o servicios no vendrán obligados a justificar la necesidad…», precepto al que se acoge el Arzobispado para instar la resolución por denegación de prórroga de los contratos de arrendamiento, alegando al efecto que «la Diócesis de Toledo precisa el inmueble para la correcta y adecuada realización de las funciones que le son propias y más especialmente para la ubicación en el mismo de estudios especiales que han de impartirse a los alumnos del Seminario Mayor Santa Leocadia"». De todo lo cual «se infiere que el núcleo de la cuestión radica en determinar si la parte demandante ha probado o no a lo largo del proceso… la necesidad de usar y ocupar las fincas litigiosas pues, caso de estimarse acreditado tal extremo será irrelevante la presunción de necesidad iuris et de iure que le otorga el art. 76.1 L.A.U., y por tanto intrascendente dicho precepto para la resolución del proceso, en tanto que, faltando esta prueba, el contenido del fallo penderá enteramente de aquella presunción…». Examinadas las pruebas (diversos documentos, confesión judicial de los demandados y reconocimiento judicial de las fincas arrendadas y, parcialmente, de dos inmuebles destinados por el Arzobispado a residencia e instrucción de seminaristas), «y no resultando acreditada la necesidad que sostiene ostentar el Arzobispado… de ocupar las fincas arrendadas a los interpelados, es por lo que puede concluirse que la declaración judicial de resolución de los correlativos contratos, está en función exclusiva de que se aplique o no la presunción definida en el cuestionado art. 76.1 L.A.U., de relevancia decisiva, por todo ello, en el fallo decisorio» (razonamiento jurídico 1.).
A continuación, el Auto del Juzgado procede a «examinar la adecuación entre la norma jurídica cuestionada y el precepto constitucional que se dice vulnerado, y que sería en este supuesto el principio de igualdad de los españoles ante la ley definido en el art. 14 C.E., especialmente en cuanto proscribe toda discriminación por razón de religión -sin olvidar la concordancia de su texto con otros artículos del propio cuerpo, como los 16.1, 9.2 y 24.1 que consagran, respectivamente, la aconfesionalidad del Estado Español, la obligación de los poderes públicos de promover la efectiva igualdad de los individuos y la interdicción de la indefensión, que se verían afectados indirectamente a través del ataque al principio de igualdad- y en tal sentido se observa cómo el tan repetido art. 76.1 L.A.U. otorga una posición de privilegio a la Iglesia Católica, en cuanto arrendadora de inmuebles urbanos, equiparándola al Estado, entidades públicas territoriales y Corporaciones de derecho público frente a las personas físicas o jurídico-privadas que, en idéntica situación y precisando de las fincas cedidas en arrendamiento, deben soportar la carga de probar la necesidad de ocuparlas por imperativo de los arts. 63 y 70 de la misma Ley; y si bien esta desigualdad de trato para los particulares frente al Estado y Entes públicos, puede responder a circunstancias objetivas ligadas a la utilidad o interés general y aparecer, por tanto, plenamente acorde con el significado no material que el Tribunal Constitucional asigna en numerosas Sentencias (v. gr. 8/1986 ó 20/1986) al principio de igualdad, no es menos cierto que en las apuntadas resoluciones, como también en la STC 125/1986, sienta que dicho principio comporta la imposibilidad de que reciban un trato jurídico diferenciado situaciones jurídicas -ahora, sujetos de derecho- que han de ser reconocidas como iguales por coincidir en ellas los mismos elementos o por carecer de trascendencia aquellos que permitieron considerarlos como distintos", y es contemplando este razonamiento cuando aparecen indicios de desigualdad discriminatoria en la norma cuestionada, que asigna a la Iglesia Católica una posición singularizada frente al resto de las confesiones religiosas, como también frente a cualesquiera otras entidades privadas con independencia de su proyección sociológica e índole de sus fines y, a mayor abundamiento, una posición parificada a la del Estado; por todo lo cual, entendiendo el juzgador que el privilegio… de que disfruta la Iglesia Católica merced al art. 76.1 L.A.U. puede ser contrario a lo dispuesto en el art. 14 C.E., es por lo que estima procedente plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional».
A) El Auto de planteamiento de la cuestión arranca de una premisa de dudosa corrección que consiste en identificar el art. 76.1 L.A.U. como una presunción iuris et de iure. Lo que el precepto establece, más que una presunción inatacable de verdad sobre la existencia de necesidad por efecto de su mera declaración, es una dispensa de la necesidad de prueba: «… no vendrán obligados a justificar la necesidad…», dice el precepto en su apartado primero, que pasa además a calificarlo como un «beneficio» en su apartado segundo. Una dispensa de la prueba con preconstitución legal de unos efectos semejantes a los que derivarían de la práctica de aquélla con resultado positivo puede juzgarse, en efecto, como una presunción legal, dado que la ley define precisamente las presunciones legales por el efecto que producen, consistente en dispensar de toda prueba a los favorecidos por ellas (art. 1.250 C.C.). Ahora bien, cosa muy distinta es que el precepto encarne una presunción iuris et de iure, que sólo aparecerá cuando la ley, excepcionalmente, imponga expresamente la prohibición de que se practique prueba en contrario (art. 1.251 C.C.). Fuera de ese caso las presunciones admiten tal prueba, como con toda claridad determina el art. 1.251 C.C. y como sucede prototípicamente en la norma cuestionada, donde no existe ninguna prohibición legal de practicar prueba en contrario.
El citado procedimiento civil fue instado por la Tesorería General de la Seguridad Social, que interpuso demanda de juicio de desahucio de vivienda contra don Juan Miguel Zubeldía Aramburu al amparo de los arts. 62.1 y 76 L.A.U., alegando básicamente necesidad de espacio para descongestionar los servicios existentes y atender al incremento de los mismos con sus correspondientes funcionarios. En el Auto de planteamiento de la cuestión, el Juez proponente inicia su razonamiento recordando la jurisprudencia constitucional sobre el derecho proclamado en el art. 24.1 C.E., el cual comporta que en todo proceso judicial ha de respetarse el derecho de defensa contradictoria entre las partes mediante la oportunidad dialéctica de alegar y justificar sus derechos e intereses. Además, el principio de distribución de la actividad probatoria (art. 1.214 C.C.) resulta piedra angular en cualquier procedimiento en que se sustancien pretensiones al amparo de la legislación civil. El art. 76.1 L.A.U., en el que el Estado, Provincia, Municipio, Iglesia Católica y Corporaciones de Derecho Público no vienen obligadas a justificar la necesidad, contraponiéndose al principio general del art. 1.214 C.C. y al expresado más específicamente en el art. 63.1 L.A.U., «supone un desequilibrio favorable a la Administración Pública en la dinámica procesal probatoria, básica para que el órgano jurisdiccional considere como dados unos hechos alegados y emita el pronunciamiento correspondiente en función de la pretensión ejercitada, incrementando el esfuerzo acreditativo de una de las partes procesales; a tales consideraciones se une el propio ámbito trascendente de la ley que sirve de marco a tal art. 76.1, con consecuencias sociales que son fáciles de imaginar dado que la respuesta del ordenamiento jurídico en tal parcela es la privación de la facultad de utilización de la vivienda, resulta ésta que ha de servir para reforzar aun más si cabe los principios de bilateralidad, contradicción y reparto de la carga de la prueba».
El citado procedimiento civil fue instado por la Tesorería General de la Seguridad Social, que interpuso demanda de juicio de desahucio de vivienda, fundada en el art. 62.1, en relación con el art. 76 L.A.U., contra doña Luisa Palazón Díaz, alegando «necesidades de espacio, las de descongestionar los servicios existentes y atender al incremento de las mismas con sus correspondientes funcionarios». En el Auto de planteamiento de la cuestión, el Juez proponente reitera la argumentación empleada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1.254/90.
La cuestión trae causa del recurso de apelación núm. 13-26/91, dimanante del juicio de cognición núm. 461/90, procedente del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de La Coruña, sobre resolución de contratos de arrendamiento, seguido a instancia de la Tesorería General de la Seguridad Social contra don Alberto Aller Martínez y otros. En el Auto de planteamiento de la cuestión se dice que ésta «se concreta en el art. 76 L.A.U., en tanto que en su párrafo 1. dispone que no vendrán obligados a justificar la necesidad y en el segundo que gozan del beneficio de exención de prueba bastando que la declaración de necesidad se haga por el Ministro correspondiente; respecto al precepto constitucional que se supone infringido, el art. 14 en tanto proclama el principio de igualdad ante la Ley y el art. 24 al recoger la tutela judicial efectiva, la proscripción de la indefensión y el derecho a un proceso con todas las garantías pudiendo utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa; y, justificándose en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión, porque de bastar la declaración ministerial de necesidad, sería preceptiva la estimación de la demanda en cuanto a la concurrencia de tal causa de denegación de prórroga, mientras que, en otro supuesto, procedería el estudio y resolución concreto de si realmente en el caso presente la Entidad Pública arrendadora precisa para su propio uso las viviendas arrendadas».
A) El carácter tuitivo de la legislación arrendaticia urbana se manifiesta con especial vigor en la prórroga del contrato locativo establecida en el art. 57 L.A.U., dada su obligatoriedad para el arrendador y su carácter potestativo para el inquilino o arrendatario. Si bien dicha legislación admite, como excepción a la prórroga legalmente impuesta, entre otros supuestos, el que aquí importa de necesitar el arrendador para sí la vivienda o local de negocio, o para que la ocupen sus ascendientes o descendientes (art. 62.1). En tal caso, cuando se trate de una vivienda, la «necesidad» de la ocupación -concepto que ha sido definido por la jurisprudencia como «lo equidistante entre lo obligado stricto sensu y lo que es mera conveniencia» STC 134/1990, fundamento jurídico 3.) – habrá de justificarse por el arrendador (art. 63.1), aunque -sin perjuicio de aquellos otros casos en que se demuestre- se presumirá la necesidad cuando la persona para la que se reclame la vivienda se halle en alguna de las circunstancias que se determinan en el art. 63.2; y, en cambio, se presumirá, salvo prueba en contrario, no acreditada la necesidad de la ocupación cuando se den las circunstancias que la Ley señala en el art. 63.3. Tratándose de un local de negocio, también habrá de justificarse, «debidamente la necesidad de la ocupación» (art. 70.1). No obstante, de este régimen general de justificación de la necesidad de la ocupación se aparta precisamente el art. 76 L.A.U., al disponer los núms. 1 y 2 de este precepto -a los que exclusivamente se refieren las presentes cuestiones de inconstitucionalidad- lo siguiente:
C) Si se consideran los antecedentes del precepto cuestionado, puede establecerse que esta diferenciación subjetiva en la posición del arrendador se introdujo en nuestro ordenamiento por el Real Decreto-ley de 17 de diciembre de 1924, que estableció un supuesto de excepción a la prórroga legal, distinto y autónomo respecto al de necesidad del arrendador o de sus ascendientes o descendientes [art. 5, inciso A)]. Supuesto que permitía denegar dicha prórroga «en los casos de expropiación forzosa por utilidad pública y en los que el Estado, Provincia o Municipio necesiten ocupar sus propios bienes para ejecutar proyectos de interés general, teniendo derecho el inquilino a las indemnizaciones marcadas en el inciso A) de este artículo» [art. 5, inciso F)]. No obstante, con la Ley de Bases de Arrendamientos Urbanos de 31 de diciembre de 1946, esta regulación inicial se modifica en un triple sentido en virtud de la Base VIII-16: en primer lugar, se suprime el supuesto de la expropiación forzosa como causa de denegación de la prórroga, sin duda por entender que ya estaba contemplado en la legislación administrativa sobre esta materia. En segundo lugar, manteniendo la referencia a la necesidad de la ocupación de los propios bienes por el Estado, la Provincia y el Municipio, el supuesto se amplía para incluir a las «Corporaciones de Derecho público». Finalmente, si por razones sistemáticas esta excepción a la prórroga se integra en el supuesto general de la necesidad del arrendador de ocupar la vivienda o el local de negocio, para sí o para sus descendientes o ascendientes, la Ley de Bases de 1946 introduce una diferencia en cuanto a la justificación de tal necesidad, en favor de los Entes públicos allí mencionados, al establecer que éstos «…no vendrán obligados a justificar la necesidad». Expresión que se ha mantenido en las disposiciones posteriores en materia de arrendamientos urbanos (art. 100 del Texto Articulado de 1947, Base 8. 15 de la Ley de Bases de 22 de diciembre de 1955 y art. 76 del Texto Articulado de 1956), de donde pasa al art. 76 L.A.U. hoy vigente.
A) En atención a los propios términos en los que se ha invocado el art. 14 C.E. en el planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad, es de observar que aunque el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia de La Coruña (cuestión de inconstitucionalidad 2.631/91) se refiere a la contradicción del art. 76.1 y 2 L.A.U. con el «principio de igualdad ante la Ley», dicha referencia no va acompañada de ulterior fundamentación. Lo que impide conocer su alcance a los fines del presente proceso constitucional, dado que este Tribunal sólo puede decidir respondiendo a las razones por las que los órganos judiciales vienen a dudar, en un caso concreto, de la conformidad con la Constitución de una norma con rango de Ley (STC 126/1987, fundamento jurídico 3.). En cambio, en la cuestión planteada por el Juzgado de Distrito núm. 1 de Toledo, la vulneración del art. 14 C.E. -con independencia de la conexión, que también se invoca, con los arts. 9.2, 16.1 y 24.1- obedece, según el Auto de planteamiento, a que el art. 76.1 L.A.U. otorga una posición de privilegio a la Iglesia Católica «frente a las personas físicas o jurídico-privadas que, en idéntica situación y precisando de las fincas cedidas en arrendamiento, deben soportar la carga de probar la necesidad de ocuparlas por imperativo de los arts. 63 y 70 de la misma Ley». Y aun cuando se admite que esa desigualdad de trato para los particulares frente a los Entes públicos puede responder a circunstancias objetivas ligadas a la utilidad o el interés general y, por tanto, ser conformes con el significado que este Tribunal asigna al principio de igualdad, se afirma que este principio prohíbe que reciban un trato jurídico diferenciado situaciones jurídicas que han de ser reconocidas como iguales. Existiendo, por tanto, elementos discriminatorios en la norma cuestionada, al atribuir a la Iglesia Católica «una posición singularizada frente a cualesquiera otras entidades privadas con independencia de su proyección sociológica e índole de sus fines y, a mayor abundamiento, una posición parificada al Estado…».
Hecha esta precisión ha de indagarse, en primer término, si este «beneficio de exención de prueba» posee una justificación conforme con la Constitución, para lo que han de tenerse en cuenta dos extremos contenidos en el propio precepto impugnado. De un lado, el carácter de Administraciones Públicas de los Entes a los que se atribuye el beneficio. De otro -como ha sido señalado por el Abogado del Estado- la concreta finalidad de la exención de prueba, que sólo opera cuando dichos Entes «tengan que ocupar sus propias fincas para establecer sus oficinas o servicios» y no en otros supuestos. A lo que cabe agregar que entre ambos datos jurídicos existe una íntima conexión, lo que nos sitúa directamente ante uno de los elementos que caracterizan a la Administración Pública en nuestra Constitución:que «sirve con objetividad los intereses generales» (art. 103.1 C.E.).
« Legge 26 novembre 2000 » Istruzione 14 maggio 2004

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