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Timestamp: 2019-07-18 21:38:51+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 167, de 30/05/2002
Año 2002 VII Legislatura Núm. 167
Sesión plenaria núm. 161
celebrada el jueves, 30 de mayo de 2002
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de los excelentísimos señores Diputados.
(Número de registro 078635.) ... (Página 8422)
- Real Decreto-ley 3/2002, de 10 de mayo, por el que se autoriza la incorporación y afectación de remanentes de crédito para atender al pago de indemnizaciones derivadas de la aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo ("BOE" núm. 113, de 11 de mayo de 2002). (Número de expediente 130/000028.) ... (Página 8422)
- Real Decreto-ley 4/2002, de 10 de mayo, por el que se aprueban medidas complementarias a las establecidas por el Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales acaecidas el 31 de marzo de 2002 en Santa Cruz de Tenerife y en San Cristóbal de la Laguna (isla de Tenerife). ("BOE" núm. 113, de 11 de mayo de 2002). (Número de expediente 130/000029.) ... (Página 8424)
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Designación de miembros del Consejo de Coordinación Universitaria.
- Designación de miembros del Consejo de Coordinación Universitaria.
(Número de expediente 276/000005.) ... (Página 8429)
- Proposición de Ley Orgánica de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 234-1, de 26 de abril de 2002. (Número de expediente 124/000004.) ... (Página 8430)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 8422)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de excelentísimos señores Diputados ... (Página 8422)
Continúa la sesión con carácter público.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 8422)
Real Decreto-ley 3/2002, de 10 de mayo, por el que se autoriza la incorporación y afectación de remanentes de crédito para atender al pago de indemnizaciones derivadas de la aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo ... (Página 8422)
El señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) manifiesta que es un honor para él defender la convalidación del Real Decreto-ley 3/2002, de 10 de mayo, por el que se autoriza la incorporación y afectación de remanentes de crédito para atender al pago de las indemnizaciones derivadas de la aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, porque es el instrumento a través del cual el Estado, y por lo tanto toda la sociedad española, rinden homenaje de honor y reconocimiento a todos aquellos que han sufrido la violencia terrorista. Explica el contenido del Real Decreto-ley y finaliza su intervención diciendo que el sacrificio de las víctimas del terrorismo nunca podrá ser compensado, pero se quiere con estas indemnizaciones manifestar al menos el reconocimiento expreso y público de la sociedad española a unos valores democráticos defendidos con el testimonio de su sufrimiento e incluso de su propia vida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2002, de 10 de mayo, por el que se autoriza la incorporación y afectación de remanentes de crédito para atender al pago de indemnizaciones derivadas de la aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, se aprueba por 225 votos a favor y una abstención.
Real Decreto-ley 4/2002, de 10 de mayo, por el que se aprueban medidas complementarias a las establecidas por el Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales acaecidas el 31 de
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marzo de 2002 en Santa Cruz de Tenerife y en San Cristóbal de la Laguna (isla de Tenerife) ... (Página 8424)
El señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) defiende el Real Decreto-ley 4/2002, de 10 de mayo, que viene a completar las medidas de carácter urgente y extraordinario tomadas por el Gobierno con ocasión de las lluvias torrenciales sobre Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna el pasado 31 de marzo, que se plasmaron en el Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril. Este Real Decreto-ley incluye las ayudas correspondientes a los ayuntamientos afectados para reparar sus infraestructuras en función de la valoración de daños efectuada, valoración que en el momento de la promulgación del primer real decreto-ley no estaba terminada. Se trata, en definitiva, explica, de cumplir con el principio de solidaridad establecido por la Constitución, a fin de contribuir a normalizar la vida cotidiana de las personas que se vieron afectadas por aquellos hechos mediante la reparación y puesta en marcha de los servicios más básicos y esenciales de sus localidades.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2002, de 10 de mayo, por el que se aprueban medidas complementarias a las establecidas por el Real Decreto 2/2002, del 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales acaecidas el 31 de marzo de 2002, en Santa Cruz de Tenerife y en San Cristóbal de La Laguna (isla de Tenerife), se aprueba la convalidación por 277 votos a favor y una abstención.
Designación de miembros del Consejo de Coordinación Universitaria ...
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El señor secretario (Oliart i Pons) da lectura al criterio trasladado por la Comisión Consultiva de Nombramientos, favorable a la idoneidad de las candidaturas para acceder a los cargos correspondientes.
Por los señores secretarios se procede al llamamiento de las señoras y de los señores diputados, que depositan su papeleta en la urna.
Terminado el escrutinio la señora presidenta proclama el resultado de la votación: 274 votos a favor de don Francisco del Águila Giménez; 267 votos a favor de don Francisco Javier Fernández Buey; 273 votos a favor de don José González Delgado; 273 votos a favor de don Luis Núñez Ladeveze; 274 votos a favor de don Jesús Gil Roales Nieto; 273 votos a favor de doña María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos, y 273 votos a favor de don José Antonio Samper Padilla, resultando elegidos miembros del Consejo de Coordinación Universitaria los siete candidatos propuestos por la Comisión consultiva.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ...
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Proposición de ley orgánica, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... (Página 8430)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sánchez Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición de ley orgánica de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la corrección técnica que ha sido anunciada en el debate, en una sola votación por tratarse de trámite de lectura única, se aprueba por 278 votos a favor y una abstención.
Votación de conjunto ... (Página 8435)
Sometida la proposición de ley orgánica a votación final de conjunto, por tener carácter orgánico, se aprueba por 276 votos a favor y cuatro abstenciones.
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- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 078635.)
- REAL DECRETO-LEY 3/2002, DE 10 DE MAYO, POR EL QUE SE AUTORIZA LA INCORPORACIÓN Y AFECTACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO PARA ATENDER AL PAGO DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 32/1999, DE 8 DE OCTUBRE, DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (Número de expediente 130/000028)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2002, de 10 de mayo, por el que se autoriza la incorporación y afectación de remanentes de crédito para atender al pago de indemnizaciones derivadas de la aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Para la presentación del real decreto tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Recuerdo, una vez más, a aquellos diputados que vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan en silencio, a ser posible, y el resto ocupe sus escaños. (Rumores.) Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo. (Pausa.) Adelante, señor ministro.
Señorías, tengo el honor de presentar para su convalidación el Real Decreto-ley 3/2002, de 10 de mayo, por el que se autoriza la incorporación y afectación de remanentes de crédito para atender al pago de las indemnizaciones derivadas de la aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Como SS.SS. conocen, esta ley, la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, aprobada por unanimidad, es el instrumento a través del cual el Estado y, por lo tanto, toda la sociedad española rinden homenaje de honor y reconocimiento a todos aquellos que han sufrido la violencia terrorista. En la ley se reconoce el derecho de estas víctimas del terrorismo a ser resarcidas o indemnizadas en función de la responsabilidad civil por la cual el Estado ha decidido asumir el pago de las indemnizaciones que les son debidas por los autores y demás responsables de los actos terroristas.
Así, la Ley 9/2000, de 22 de diciembre, concedió un crédito extraordinario por importe de 280.218.035 euros para el pago de las indemnizaciones previstas en la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo por actos o hechos terroristas que hubieran acaecido entre el 1 de enero del año 1968 y la entrada en vigor de la ley, es decir, el 9 de octubre de 1999. La cuantificación del importe del crédito extraordinario se basó en las estimaciones elaboradas por el Ministerio del Interior. Este crédito se concedió al presupuesto del Ministerio del Interior, que es el competente para gestionar y conceder las indemnizaciones descritas, dado que no se disponía de datos concretos sobre los posibles beneficiarios. Esta norma prevé la ampliación de este crédito extraordinario dadas las dificultades para determinar el número total de beneficiarios. También dispone que los remanentes del crédito se incorporarán al ejercicio inmediatamente siguiente. Así se hizo en el año 2001, cuando se añadieron a los presupuestos del Ministerio del Interior remanentes de crédito por importe de 11.917.515.508 pesetas. Las leyes de medidas fiscales, administrativas y de orden social de diciembre de 2000 y 2001 ampliaron sucesivamente el ámbito de aplicación de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo a los años 2001 y 2002. Tal como se ha indicado, a 31 de diciembre de 2001 existe remanente de 40.395.775,75 euros del crédito extraordinario concedido en su momento.
Dado que las obligaciones a las que inicialmente daba cobertura han sido prácticamente atendidas en su totalidad, se ha considerado que este remanente debe destinarse a las obligaciones surgidas o que puedan surgir hasta 31 de diciembre del año 2002. Para ello es necesario declarar previamente su incorporación y su afectación a esta finalidad concreta, lo que se lleva a cabo mediante la promulgación del presente real decreto-ley.
Señorías, el sacrificio de las víctimas del terrorismo nunca podrá ser compensado, pero con estas indemnizaciones queremos al menos manifestar el reconocimiento expreso y público de la sociedad española a unos valores democráticos defendidos con el testimonio de su sufrimiento e incluso de su propia vida.
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¿Turno en contra del real decreto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
Mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley para hacer causa con el fondo, dado que, aunque se trata de un decreto, como acaba de señalar el ministro de Hacienda, señor Montoro, estamos hablando de una afectación de remanentes de crédito y de su incorporación en las obligaciones de tipo político, moral y de solidaridad que tienen los grupos de esta Cámara. En este caso, me adhiero una vez más a la letra y al espíritu de la Ley 32/1999, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Si ahora es necesario discutir acerca de una cuestión puramente presupuestaria de remanentes de crédito para reforzar las necesidades que se deriven de la aplicación de esta ley y las que traen causa de ella, del año 2001 y del actual ejercicio presupuestario, qué mejor testimonio de solidaridad que trasladar esos remanentes de crédito a la finalidad específica, puesto que son créditos con una aplicación concreta. De ahí nuestra satisfacción por apoyar la convalidación de este real decreto-ley.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
Intervengo para anunciar el voto favorable a la convalidación de este decreto-ley por los mismos motivos que ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, así como por la propia intervención del señor ministro. Saben SS.SS. el enorme interés que tenemos todos los grupos parlamentarios en ofrecer a las víctimas del terrorismo una atención suficiente. Precisamente esa es la razón por la que procederemos a votar favorablemente esta convalidación.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señoras diputados, en el inicio de esta sesión a esta temprana hora de la mañana mi grupo parlamentario quisiera plantear dos cuestiones, una de índole constitucional y otra de índole más bien moral. En este caso se dan circunstancias de urgente necesidad para que el Gobierno dictase disposiciones legislativas como la que ha presentado hoy el ministro de Hacienda en esta Cámara. Siendo estas disposiciones de naturaleza y carácter provisional, procede su convalidación, a la que mi grupo votará positivamente. La motivación de esta disposición es algo más que de carácter presupuestario, es el intento del conjunto de las fuerzas democráticas de establecer un resarcimiento moral a favor de aquellas personas que han sido víctimas de la violencia a lo largo de un período dilatado de tiempo en la sociedad española. Por lo tanto, esto significa algo más que una ampliación del período de vigencia de las disposiciones establecidas en la Ley 32/1999, de 8 de octubre, algo más que la incorporación de unos remanentes al presupuesto del Ministerio del Interior para que cubran obligaciones que pudieran surgir de aquí al 31 de diciembre. Es el acto de solidaridad que el conjunto de fuerzas democráticas y esta Cámara quieren poner de relieve y trasladar a la sociedad española, en particular a aquellas personas que llevan siendo víctimas, ellos y sus deudos, de una violencia irracional.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular también va a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley referido a la solidaridad con las víctimas del terrorismo, que se inscribe en la política global del Gobierno, política que cuenta con el respaldo del conjunto de la sociedad española. La pieza clave, y ya ha sido citada aquí, es la Ley 32/1999, de 8 de octubre, que fue aprobada con el apoyo unánime y sin enmiendas por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara para rendir testimonio de honor y reconocimiento a las personas que han sufrido la violencia terrorista. En cumplimiento de esta ley y de las medidas que en ellas se recogen se aprueba por Ley 9/2000, de 22 de diciembre, un crédito extraordinario precisamente para hacer frente a las indemnizaciones como una mera compensación material, siendo conscientes de que jamás se podrá compensar plenamente todo el sacrificio que han sufrido y siguen sufriendo las víctimas del terrorismo. Ese crédito extraordinario se destinaba precisamente - así lo ha señalado el ministro de Hacienda- al pago de indemnizaciones por actos o hechos causantes que hubieran acaecido entre el 1 de enero de 1968 y la entrada en vigor de la ley, que tenía lugar el 9 de octubre de 1999. Con posterioridad, esas indemnizaciones se han hecho
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extensivas a los hechos acaecidos hasta el 31 de diciembre de 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2002. Pues bien, este real decreto-ley incorpora ese remanente del crédito extraordinario aprobado como remanentes al cumplimiento de obligaciones surgidas con posterioridad. Para ello es necesario autorizar su incorporación al presupuesto vigente, siendo necesaria una norma con rango de ley.
Pues bien, vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley expresando, eso sí, el deseo de que ese espíritu de consenso con el que se aprobó la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo sea el que guíe los trabajos futuros que realicemos los grupos parlamentarios en esta materia, tratando de contribuir a ese homenaje a las víctimas del terrorismo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Torme.
Señorías, vamos a proceder a la votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2002, de 10 de mayo, por el que se autoriza la incorporación y afectación de remanentes de crédito para atender al pago de indemnizaciones derivadas de la aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 225; abstenciones, una.
Señorías, anuncio a la Cámara que la votación de conjunto, por tener carácter orgánico, de la proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se producirá antes de las once de la mañana.
- REAL DECRETO-LEY 4/2002, DE 10 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A LAS ESTABLECIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 2/2002, DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES ACAECIDAS EL 31 DE MARZO DE 2002 EN SANTA CRUZ DE TENERIFE Y EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (ISLA DE TENERIFE). (Número de expediente 130/000029)
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2002, de 10 de mayo, por el que se aprueban medidas complementarias a las establecidas por el Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales acaecidas el 31 de marzo de 2002 en Santa Cruz de Tenerife y en San Cristóbal de la Laguna.
Señorías, el pasado 31 de marzo Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna vivieron una grave situación motivada por lluvias torrenciales cuya fuerza e intensidad provocaron importantes y cuantiosos daños materiales, y lo que fue peor, pérdida de vidas humanas. La especial gravedad de los acontecimientos supuso en aquel momento la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente por parte del Gobierno, que se plasmaron en el Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, sometido también en su momento al trámite de convalidación por esta Cámara y que fue aprobado por unanimidad. Se trataba entonces de dar una respuesta lo más inmediata posible a una situación que así lo requería, y por ello esa normativa fue elaborada y aprobada con la máxima celeridad que los plazos permiten, dando prioridad absoluta a la concesión de ayudas tanto personales como para vivienda, enseres y vehículos. El objetivo no era otro que contribuir en lo posible a la rápida recuperación de la normalidad en la vida de los ciudadanos afectados por este suceso. Esa celeridad implicó que se dejase para un momento posterior, tal y como ya anunció entonces el Gobierno, otra normativa que incluiría las ayudas correspondientes a los ayuntamientos afectados para reparar sus infraestructuras en función de la valoración de daños que se efectuase, valoración que en el momento de aprobarse la primera norma aún no habían finalizado. Así, una vez concluida la necesaria tarea de valoración y conociéndose ya sus resultados, se hace necesaria esta norma que viene a complementar a aquella, el Real Decreto-ley 4/2002, de 10 de mayo, de medidas complementarias de las contenidas en el Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, que hoy tengo el honor de someter a la convalidación de esta Cámara.
Las medidas concretas contenidas en la normativa que hoy presenta el Gobierno son las siguientes. En primer lugar, el Estado podrá conceder la subvención de hasta el 50 por ciento a los proyectos que ejecuten los ayuntamientos afectados, que tengan como finalidad la reparación o restitución de las instalaciones y servicios básicos como alumbrado, abastecimiento de agua, alcantarillado, tratamiento de residuos, extinción de incendios, transporte de viajeros, etcétera. Se incluyen los proyectos que ejecute el Cabildo Insular de Tenerife para reparar la red de carreteras de su titularidad. La única condición, lógicamente, es que la ejecución de todos estos proyectos sea necesaria a causa de las trombas de agua producidas el pasado 31 de marzo. En segundo lugar, en esta norma se faculta al Ministerio de Administraciones Públicas para proponer el pago de las subvenciones a las que me acabo de referir, así
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como para establecer el procedimiento de concesión y su seguimiento y control. Por otra parte, se concede un crédito extraordinario en el vigente presupuesto de gastos del Estado por un importe total de 18 millones de euros para la reparación de daños e infraestructuras de carácter local. Dicho crédito extraordinario se financiará mediante deuda pública, y los remanentes resultantes del mismo se incorporarán al presupuesto del siguiente ejercicio.
En definitiva, señorías, se trata, como en otras ocasiones, de cumplir con el principio de solidaridad establecido por nuestra Constitución, a fin de contribuir a normalizar la vida cotidiana de las personas que se vieron afectadas por estos hechos, mediante la reparación y puesta y marcha de los servicios más básicos y esenciales de sus localidades.
¿Turno en contra del decreto? (Pausa.)
¿Grupos que desean intervenir?
En primer lugar y por parte de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, desde mis primeras palabras anuncio que Coalición Canaria va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto ley. En primer lugar, justificando su urgencia, que ya se había visto cuando el pasado 18 de abril debatíamos en esta Cámara la convalidación del Real Decreto-ley de 5 de abril, del que éste trae causa; este portavoz, en nombre del Grupo de Coalición Canaria expresó su satisfacción y apoyo a la norma, que se había hecho urgentemente en el Consejo de Ministros del día 5 de abril.
También vamos a votar favorablemente porque el Gobierno de la Administración general del Estado, el Gobierno central, después de los compromisos adquiridos in situ por el propio vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, señor Rajoy, y el ministro de Administraciones Públicas, que colegiadamente ratificó el Consejo de Ministros del 5 de abril, aprobó aquellas medidas urgentes, a las que se dio un carácter prioritario, para atender los daños personales, en enseres, en viviendas y en vehículos. Se reflejó ya en el texto el compromiso de que se iba a atender las valoraciones, que con tiempo era necesario hacer, de infraestructuras, de servicios, de los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, así como las que afectaban a la red viaria del cabildo insular. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón ocupa la Presidencia.)
Queremos destacar aquí y en este momento, por parte de Coalición Canarias, la satisfacción por que se hayan respetado escrupulosamente los acuerdos conjuntos que se habían hecho entre la Administración general del Estado, el Gobierno autónomo de Canarias, las autoridades y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo insular de Tenerife, al amparo de unas buenas relaciones políticas, de un entendimiento de solidaridad, que han sido conjuntamente desarrollados ahí.
Ahora, el ministro de Hacienda señor Montoro nos ha hecho la exposición de los fundamentos en derecho que vienen a satisfacer aquellos compromisos políticos adquiridos, repito, entre ambas administraciones, central y autonómica y vemos que se han respetado escrupulosamente. Por el Gobierno central se trae un compromiso con cargo a los presupuestos del Estado y asignado al Ministerio de Administraciones Públicas, con una dotación -va ser atendida por deuda pública, lo cual nos parece un sistema correcto dentro de las normas de la Ley General Presupuestaria- de 18 millones de euros, lo que va a permitir atender el 50 por ciento de subvención del coste de las obras que se pudieran considerar en estos servicios municipales afectados, así como en la red viaria del Cabildo Insular de Tenerife. Se hace al amparo de la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley 7/1985 y también al amparo del Estatuto de Autonomía de Canarias. Se ha expuesto aquí la situación de equilibrio entre estas facultades que tiene la Administración general del Estado, repito, por la Ley, 7/1985, Ley de Bases de Régimen Local, más la Ley General Presupuestaria, más las competencias que da la Constitución española al Gobierno central para tomar estas decisiones, armonizadas con las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Queremos mostrar también nuestra satisfacción y apoyar el concepto exigible de urgencia para la ratificación de esta decisión del Consejo de Ministros de este nuevo real decreto-ley, porque creemos que se ha hecho una gran labor de coordinación entre los técnicos destacados por la Administración central, sobre todo del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría, Dirección General de Protección Civil, de organismos presupuestarios y del Ministerio de Administraciones Públicas.
Mi grupo quiere agradecer expresamente al ministro de Hacienda señor Montoro, las facilidades obtenidas para instrumentalizar presupuestariamente esta actuación -recurso de deuda pública, dotación de 18 millones de euros- que va a permitir que el Ministerio de Administraciones Públicas pueda, rápidamente, en coordinación con las autoridades autonómicas, insulares y municipales de Tenerife, hacer los pagos conforme a las evaluaciones que los equipos técnicos han venido desarrollando, digamos, en un tiempo récord. En el anterior decreto-ley ya se justificaba que se había dado prioridad a la solución de los problemas humanos y de daños en sus enseres personales, y que había que esperar un tiempo razonable a que los técnicos pudieran cuantificar los daños en infraestructuras.
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Señoras y señores diputados, señora presidenta, señor ministro de Hacienda, Coalición Canaria muestra su satisfacción por que se cierre de una vez esta tramitación para que, con carácter de urgencia y cuanto antes, se puedan atender estas necesidades. Confiamos en que se mantenga el buen entendimiento técnico-administrativo entre los responsables de ambas administraciones para que, pronto, realizadas las obras, las certificaciones del 50 por ciento de subvención que vaya a dar la Administración a través del Ministerio de Administraciones Públicas, encuentren una satisfacción como la que nosotros tenemos en este momento al dar nuestro voto para la convalidación de este real decreto-ley.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista va a dar su voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley, en primer lugar, por estimar que tiene carácter urgente y, en segundo lugar, por estimar que sus contenidos se adaptan globalmente a las necesidades de actuaciones infraestructurales derivadas de las desgracias acaecidas en la isla de Tenerife el día 31 de marzo pasado, pero queremos exponer algunas reflexiones.
Hoy, 30 de mayo, cuando la Comunidad Autónoma de Canarias celebra el Día de Canarias, aprobado así por el Parlamento, nosotros hubiésemos querido tener que intervenir en esta sesión plenaria glosando otras circunstancias derivadas de 20 años de autonomía. Precisamente en este año 2002 se celebra en Canarias, con diferentes actos, los 20 años de la autonomía de Canarias. Lamentablemente, en este Día de Canarias, el Congreso de los Diputados convalida un real decreto-ley que tiene su origen en una circunstancia desgraciada; no obstante, la componente positiva, sin duda alguna, es la de la reacción del Gobierno a la hora de dar solución a los problemas que se generaron en aquella triste circunstancia.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha querido diferenciar con absoluta nitidez las actitudes de los diferentes grupos parlamentarios, las iniciativas que promueven los grupos parlamentarios en esta Cámara, la riqueza de las aportaciones de los grupos parlamentarios a través de sus portavoces de la actuación gubernamental. En ese sentido, hoy tenemos la satisfacción de ver culminado un proceso cuya línea directriz diseñamos desde este grupo parlamentario en el ejercicio de nuestra labor de oposición. Esa línea directriz figura claramente recogida dos días después de los acontecimientos producidos aquel día 31 de marzo y se recoge en el Boletín Oficial de Las Cortes Generales del día 5 de abril.
Concretamente, señorías, en el Boletín del Congreso de los Diputados del día 5 de abril se recogen las proposiciones no de ley de los diferentes grupos parlamentarios expresando qué estimaba cada uno de ellos que debiera hacer el Gobierno.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a la elaboración de un real decreto-ley sobre un programa extraordinario y urgente para reponer los daños causados por el temporal que asoló parte de la isla de Tenerife los días 31 de marzo y 1 de abril pasado. Leo textualmente este real decreto-ley, que dice: Después de la exposición de motivos justificativa del mismo, deberá contener, al menos, un conjunto mínimo de artículos que afecten a las siguientes actuaciones. Recogíamos estas actuaciones en diez propuestas de artículos que deberían integrar ese real decreto-ley. Se trataba, pues, de una proposición no de ley en la que decíamos que el Gobierno deberá elaborar un real decreto-ley que contenga, al mínimo, las siguientes iniciativas, entre las que proponíamos, en el punto tercero, daños en infraestructuras municipales o insulares. Decíamos: a los proyectos que ejecuten las referidas entidades locales en los términos municipales o núcleos de población a los que hace referencia el artículo anterior, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios contemplados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, y a la red viaria dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, se les aplicará el trámite de urgencia, pudiendo concedérseles por el Estado una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste. Éste era el punto tercero que debería integrar, según nuestro criterio, el necesario real decreto-ley que tendría que elaborar el Gobierno; un real decreto-ley, como decíamos, que debería contener, como mínimo, diez puntos. En los puntos siguientes cuantificábamos cantidades orientativas.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria presentó una proposición no de ley en la que proponía instar al Gobierno a la aprobación de un real decreto-ley con carácter urgente, adoptando las medidas necesarias de todo tipo, adecuadas a la legislación vigente, y dotaciones presupuestarias, etcétera.
El Grupo Parlamentario Popular presentó otra proposición no de ley con una propuesta de resolución en la que se instaba al Gobierno a que, en colaboración con las otras administraciones públicas competentes y tras la valoración necesaria, se proceda a adoptar las medidas oportunas.
Eran tres proposiciones no de ley distintas, la del Grupo Parlamentario Socialista seriamente vertebrada, con propuestas concretas, y las de los restantes grupos, según sus criterios respectivos, eran generalistas, típicas, de las que se producen permanentemente.
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Al margen de intervenciones histriónicas que se produjeron en los debates correspondientes, a las que este diputado no quiso ni referenciar, se produjo con posterioridad una actuación del Gobierno que nosotros hemos apoyado. Fue un real decreto-ley que aprobamos al que dimos nuestro voto favorable en su integridad. Decía en ese momento que aquel era un real decreto-ley incompleto, que debía haber traído tres o cuatro artículos sucesivos en los que se recogiesen las actuaciones en materia de infraestructuras, y hoy viene este real decreto-ley en materia de infraestructuras. Nosotros lo vamos a votar favorablemente pero, señorías, nos preocupan las cantidades, nos preocupa que no sea un crédito ampliable, que sea un crédito de 18 millones de euros. No vamos a pedir, para no alargar el trámite, su tramitación posterior en forma de proyecto de ley, pero si así se hiciera pediríamos que fuese un crédito ampliable.
Señorías, señor ministro, que obviamente no estima oportuno prestar atención a la intervención de este diputado, en mis manos tengo la documentación dimanada por el Cabildo Insular de Tenerife, por el Ayuntamiento de Santa Cruz y por el Ayuntamiento de La Laguna. La Empresa Municipal de Aguas del municipio de Santa Cruz de Tenerife ha hecho una valoración de las obras de reparación de las instalaciones de saneamiento afectadas por las lluvias para la zona centro del municipio, los barrios periféricos y todo un conjunto de actuaciones, cifrada en alrededor de 6 millones de euros. Este es el listado que obra en mi poder y está a disposición de aquellos señores diputados que sintiesen curiosidad al respecto.
En segundo lugar, en otro listado que también obra en mi poder y a disposición de quienes quisieran conocerlo, el servicio técnico de carreteras, por acuerdo de los órganos de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, ha cifrado los daños causados por el temporal en 31 millones de euros por reparaciones de muros en distintas carreteras, en los tramos Los Rodeos-Guamasa, Santa Cruz-Polígono de Güímar, Santa Cruz-encauzamiento del Barranco de Santos, drenaje del paso inferior en el enlace de San Benito, canalización del Polígono Costa Sur, carretera insular de San Andrés a las Canteras, en el Bailadero, etcétera. Por último, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha cifrado los daños en unos 2.500 millones de pesetas, con una serie de actuaciones. Por último, las actuaciones en el municipio de La Laguna son de inferior cantidad.
Debería ser un crédito ampliable a efectos de poder dar atención a las necesidades que indican los servicios técnicos. Ojalá, señorías, el Gobierno pueda establecer un mecanismo para dar satisfacción financiera a esas necesidades que indican los servicios técnicos.
Termino señora presidenta. Asimismo, obra en poder de este grupo parlamentario, y consiguientemente de este diputado y a disposición de los restantes diputados que puedan tener interés, un informe de 45 folios que hemos leído con mucho interés a efectos de no tener una intervención literaria, hueca y de rutina. Este grupo parlamentario ha estudiado el informe del municipio de Santa Cruz de Tenerife y del estudio del conjunto de esos informes manifestamos, en primer lugar, nuestra preocupación por la cuantía; en segundo lugar, la satisfacción por que el real decreto-ley al menos va a permitir, una vez que se elabore el convenio que han de suscribir formalmente la Administración general del Estado y el Gobierno de Canarias y a su vez en un segundo convenio el Gobierno de Canarias con los ayuntamientos, vertebrar el mecanismo de actuación. Ojalá este mecanismo se ponga en marcha de la forma más rápida posible.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista vota favorablemente este real decreto-ley, si bien con la cautela y la preocupación dimanadas del hecho de que no sea un crédito ampliable y la cuantía no dé satisfacción íntegra a todas las necesidades recogidas por los servicios técnicos e institucionales. El Grupo Parlamentario Socialista siente la satisfacción de que el Gobierno ha venido siguiendo la línea directriz que señaló en la proposición no de ley del 5 de abril recogida en el "Diario de Sesiones". En consecuencia, hemos votado favorablemente el primer real decreto-ley y votamos este segundo con la cautela que acabo de expresar.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mato.
El señor MATO ADROVER: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna en un día especial para todos los canarios.
Hoy, 30 de mayo, como ha dicho el portavoz socialista, celebramos el Día de Canarias, una comunidad autónoma cuyo estatuto de autonomía cumple 20 años y que nos ha permitido profundizar, desde estas islas alejadas, en nuestro autogobierno dentro de una España que confía plenamente en sus comunidades autónomas.
Por otra parte, y siguiendo el recuerdo de las víctimas y de tantas familias que hace dos meses perdieron sus enseres, sus viviendas y sus vehículos, tengo que mostrar agradecimiento por haberme dado la posibilidad de intervenir, en nombre de mi grupo, en la convalidación de este real decreto. Les voy a decir por qué. Cuando uno milita en un partido político que, además, tiene responsabilidades de Gobierno, una de las mayores satisfacciones que puede tener es comparecer en esta Cámara ante la opinión pública y decir claramente que el Gobierno del Partido Popular cumple, ese mismo Gobierno al que ayer la oposición trataba -evidentemente sin conseguirlo- de poner en evidencia, ese Gobierno que ha cumplido total y absolutamente
con sus compromisos con Canarias y con los canarios. Buena prueba de ello es este Real Decreto que hoy convalidamos.
Tras las lluvias del pasado 31 de marzo, el Gobierno decidió, con una celeridad reconocida por todos, poner los medios para paliar los daños, en la medida de lo posible, y aprobó el Real Decreto 2/2002, cuyas previsiones se han ido ejecutando de la manera más eficaz. Estas previsiones culminaron con la firma del convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias y va a permitir a los afectados recibir las ayudas e indemnizaciones de la forma más inmediata. Además, ha puesto de manifiesto nuevamente que el Gobierno de España antepone el bienestar de los ciudadanos a cualquier protagonismo que pudiera corresponderle y ha cedido al Gobierno de Canarias toda la ejecución efectiva de lo dispuesto en el real decreto-ley.
Si analizamos el real decreto, en cuya explicación se ha extendido el señor Segura, vemos que la comisión técnica mixta se ha reunido en cuatro ocasiones desde su constitución el 10 de abril. En cuanto a las ayudas excepcionales por daños personales, todos los expedientes están finalizados. Se han aprobado 310 expedientes en Santa Cruz de Tenerife, con ayudas excepcionales para viviendas y enseres valoradas en más de dos millones de euros, otros 52 expedientes en La Laguna por un importe de 141.800 euros y la reposición de 15 viviendas. Por lo que respecta al realojo, se está produciendo y será el Gobierno de España el que asuma en su totalidad los gastos durante tres meses. En cuanto a los vehículos, se han presentado 913 reclamaciones, 300 en proceso de pago, teniendo en cuenta que hay que estudiar los expedientes con sumo cuidado porque podría producirse una duplicidad de pago entre el Consorcio de Seguros y aquellos que tienen seguro privado concertado. Por lo que respecta a las líneas preferenciales de crédito ICO, ya se ha firmado un convenio con once entidades bancarias interesadas. A eso hay que añadir los gastos de emergencia -que también ha planteado algún portavoz- como labores de desescombro, aguas, alcantarillado y que han ascendido a más de tres millones de euros en el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz y un millón y medio en el caso del Cabildo, a lo que se sumará 1.400.000 euros para 700 familias afectadas, que han sido también asumidos en su totalidad por el Gobierno de España, y ese 50 por ciento que contempla el nuevo real decreto-ley. He hecho referencia a las ayudas y actuaciones que se han efectuado en relación con el Real Decreto-ley 2/2002, porque el Real Decreto-ley 4/2002, que hoy procedemos a convalidar, es de medidas complementarias al primer decreto.
Entrando en este decreto-ley que se somete a la convalidación de la Cámara, creemos que ha sido una nueva prueba de la eficacia y la solidaridad del Gobierno. Para dotar de normalidad a las zonas afectadas en el menor tiempo posible, se han establecido medidas que permiten dotar a las corporaciones locales de los medios económicos necesarios para acometer la reparación y reposición, en su caso, de las infraestructuras de titularidad, más allá de los gastos de emergencia efectuados con anterioridad y a los que ya me he referido.
El Gobierno se comprometió, en primer lugar, a ayudar a las personas y a reparar los daños urgentes que habían sufrido esas personas, porque entendía que lo fundamental en aquel momento era adoptar medidas para ayudar a esas personas sin esperar a valoraciones en infraestructuras, que sin duda alguna retrasarían en el tiempo esas ayudas tan necesarias para los afectados. Una vez realizada esa valoración pormenorizada de daños, se aprueba inmediatamente el real decreto complementario, que contempla una cuantía de 18 millones de euros para que la Administración general del Estado financie hasta el 50 por ciento de los proyectos y obras a realizar para la reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de las corporaciones locales en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Quiero subrayar los términos establecidos en esa ley por lo que inmediatamente voy a manifestar. Recuerdo bien las palabras del señor Segura en aquellas intervenciones, tanto con motivo de la convalidación del real decreto como de la defensa de la proposición no de ley, que hoy ha repetido. La verdad, al margen de la nostalgia del señor Segura por esa proposición no de ley que pudo ser y no fue y al margen de la discrepancia evidente que podamos tener o de la satisfacción que le produce al señor Segura, portavoz socialista, creer que el Gobierno ha actuado gracias a esa proposición no de ley del Grupo Socialista, recuerdo bien que también le dijimos en aquel momento: ustedes están manifestando que este real decreto-ley es incompleto porque faltan las infraestructuras locales e insulares, pero es absurdo cuantificar ahora mismo cuando no tenemos la valoración de los daños; se hará inmediatamente después de la valoración para poder adecuar las cuantías a los daños producidos. En vista de que el Grupo Socialista no ha podido hacer ni un solo reproche sensato sobre la celeridad y sobre la actuación del Gobierno, dice hoy que las cuantías son insuficientes o que han quedado cuestiones no incluidas en el real decreto-ley, y ha dado unas cifras el señor Segura que yo le concreto más. La valoración completa que se ha hecho de los daños es de 42 millones de euros en total. Si tenemos en cuenta que el Gobierno de España pone 18 millones de euros y es un 50 por ciento de lo que tienen que poner las otras administraciones, tenemos 36 millones de euros. Faltarían 6 según las consideraciones que haría el señor Segura, pero ahora voy a lo que establecía la Ley de Bases de Régimen Local. Muchas de las obras que hay que efectuar por daños que se han incluido y efectuado no son incluibles en modo alguno en esa legislación, por lo que que no serían susceptibles de asumir.
Quiero decir claramente que el Gobierno de España no sólo ha actuado con celeridad, no sólo ha actuado con generosidad, sino que ha actuado con la sensatez propia de analizar los datos y poner las cuantías necesarias para satisfacer todos los daños. Repito, el Gobierno de España incluso ha asumido el satisfacer cantidades por algunos conceptos que no estaban incluidos en el primer real decreto-ley, como puede ser el realojo de las personas afectadas por la destrucción de sus viviendas, al margen de las cuantías ya previstas, así como esas obras de emergencia social, al margen de ese acuerdo entre instituciones del Gobierno de Canarias -ayuntamientos, cabildo- y Gobierno de España.
No me queda más que manifestar una duda. No sé si lo que ha hecho el señor Segura, el Grupo Socialista, en esta Cámara hoy ha sido un reproche o una felicitación, pero entiendo que ha sido felicitación porque desde luego argumentos para el reproche no había ni uno solo. Termino felicitando al Gobierno en el Día de Canarias por haber afrontado una situación de catástrofe como la vivida en Tenerife hace dos meses con la rapidez y la decisión con la que lo ha hecho.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mato. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Sometemos a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2002, de 10 de mayo, por el que se aprueban medidas complementarias a las establecidas por el Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales acaecidas el 31 de marzo de 2002 en Santa Cruz de Tenerife y en San Cristóbal de La Laguna (isla de Tenerife).
(Número de expediente 276/000005)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Designación de miembros del Consejo de Coordinación Universitaria.
De acuerdo con el procedimiento establecido, el secretario primero de la Cámara va a dar lectura al criterio trasladado por la Comisión consultiva de Nombramientos, favorable a la idoneidad de las candidaturas para acceder a los cargos correspondientes.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Acordada por la Comisión consultiva de Nombramientos la comparecencia personal ante la misma de los candidatos propuestos para la elección de 7 miembros del Consejo de Coordinación Universitaria, don Francisco Javier Fernández Buey, don José Antonio Samper Padilla, don Jesús Gil Roales-Nieto, don José González Delgado, don Luis Núñez Ladeveze, doña María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos y don Francisco del Águila Giménez, dicha comisión celebró sesión el día de la fecha en la que comparecieron tales candidatos, expresando unánimemente los representantes presentes de los grupos parlamentarios pertenecientes a los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista y Federal de Izquierda Unida su criterio favorable a la idoneidad de aquellos para acceder a los cargos referidos. Palacio del Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2002.
De acuerdo con el procedimiento, correspondería en su caso, si algún grupo parlamentario así lo desea, proceder a la presentación de las candidaturas. ¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso de ese turno? (Pausa.)
Recuerdo a SS.SS. que el sistema de votación es el de papeleta. Sus señorías serán llamadas a votar por parte de los secretarios de la Cámara y cada diputado podrá escribir hasta un máximo de siete nombres de los incluidos en la candidatura correspondiente a la elección de miembros del Consejo de Coordinación Universitaria.
Iniciamos la votación. (Pausa.)
(Por los señores secretarios de la Mesa se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, que depositan su papeleta en la urna preparada al efecto.)
La señora PRESIDENTA: ¿Hay algún diputado o diputada en el hemiciclo que no haya sido llamado a votar? (Pausa.) Insisto, señorías, ¿hay algún miembro de la Cámara que no haya emitido su voto? (Pausa.) Muchas gracias.
Iniciamos el recuento. (Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, el resultado de la votación es el siguiente: Votos emitidos, 277; votos a favor de don Francisco del Águila Giménez, 274; votos
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a favor de don Francisco Javier Fernández Buey, 267; votos a favor de don José González Delgado, 273; votos a favor, de don Luis Núñez Ladeveze, 273; votos a favor de don Jesús Gil Roales-Nieto, 274; votos a favor de doña María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos, 273; votos a favor de don José Antonio Samper Padilla, 273; votos nulos, tres.
Por tanto, han resultado elegidos miembros del Consejo de Coordinación Universitaria los siete candidatos que habían sido propuestos por la Comisión consultiva.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. (Número de expediente 124/000004).
La señora PRESIDENTA: Punto X del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No se han presentado enmiendas a esta proposición de ley.
¿Turnos a favor? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la señora Uría.
Tenemos delante de nosotros la toma en consideración de una iniciativa cuyo origen remoto es un informe de los servicios jurídicos del Senado entendiendo que existía una cierta condición de inferioridad en relación con las personas aforadas, diputados o senadores, en cuanto al momento en el que tienen conocimiento de que se dirigen frente a ellos acciones penales. Su origen más próximo es una proposición de todas las formaciones políticas en el Senado que, dicho sea con absoluta certeza, fue presentada por el Grupo Popular y recibió luego la firma de cortesía de las demás formaciones políticas, porque precisamente popular era el senador que en aquel momento estaba atravesando por una circunstancia como la que he descrito como origen remoto de la iniciativa.
Mi grupo, siguiendo con esta idea de cortesía que inspiró la norma y con la idea de supuesta indefensión en relación con el momento en que un diputado o un senador tiene conocimiento de que frente a él se dirigen acciones penales, va a votar a favor de la iniciativa que, sin embargo, le suscita algunas dudas sobre su corrección técnica e incluso sobre si añade algo a lo ya previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Pensamos que la proposición podría entenderse -si se me permite lo que se pueda entender como una cierta petulancia- técnicamente inviable. Creemos que el derecho de defensa comienza desde el momento mismo en que se imputa judicialmente a una persona la eventual comisión de un ilícito penal y, según el artículo 71.2 de la Constitución, los senadores y los diputados no podrán ser inculpados ni procesados sin autorización de la Cámara respectiva.
A estos efectos, los conceptos imputación o inculpación son intercambiables o equivalentes. Se trata de que ningún órgano judicial pueda considerar a un aforado eventual partícipe en un ilícito penal sin la previa autorización de la Cámara. Visto así, es claro que un diputado o un senador no puede, en ningún caso, verse en la necesidad de ejercer su derecho de defensa antes de la intervención autorizante del Senado o del Congreso, por lo que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta resulta, desde nuestra perspectiva, innecesaria, aunque, repito, si se le dio el visto bueno en el Senado, si nuestra propia formación política la avaló, tampoco tenemos inconveniente en avalarla en esta Cámara.
Otra cosa sería que un aforado pueda intervenir como testigo, obligatoria o voluntariamente, antes de ser formal y judicialmente inculpado o imputado. Pero esto no implica ejercicio del derecho de defensa estrictamente hablando, porque no hay una atribución formal por el órgano judicial de una presunta comisión de un ilícito. Esta consideración podría llevarnos a aplicar a los senadores y diputados lo dispuesto ya en el párrafo segundo del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero sólo este apartado, no el resto del precepto.
Ahora bien, si lo que se quiere es ser respetuoso con la finalidad y el sentido del artículo 71.2 de la Constitución, habría una solución mejor, la de interpretar que la admisión judicial de una querella o de una denuncia, de la que resulte la imputación de un ilícito penal respecto de un diputado o de un senador, requiere ya -esa admisión- la previa autorización del Congreso o del Senado. Esta solución es la que sería verdaderamente útil para evitar la interposición de denuncias o querellas torticeras que buscasen obstaculizar el funcionamiento del sistema parlamentario. Por el contrario, permitir que un aforado intervenga como testigo o como simple declarante porque se ha formulado una denuncia o interpuesto una querella contra él, ya tiene de por sí, porque esta es la realidad, unas implicaciones mediáticas que ocasionarían los perjuicios que el 71.2 intenta evitar.
Dicho precepto constitucional -que es ahí donde radica el problema-creemos que ha de interpretarse en un sentido flexible, en el sentido de buscar el significado que mejor consiga su finalidad, y así ha de entenderse que la autorización cameral se requiere no sólo para una imputación judicial formal, sino para cualquier actuación judicial que pueda implicar a un aforado en la comisión de un delito, incluida muy especialmente la admisión de una querella o la iniciación de oficio de
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actuaciones judiciales en virtud de denuncia. Sobre esto, esta diputada tiene algo escrito y creemos que el lugar adecuado para hacer este desarrollo del artículo 71.2 de la Constitución sería el propio Reglamento de la Cámara; Reglamento que siempre está previsto para cada legislatura y que, luego, no llega nunca a buen puerto. Creemos que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no soluciona nada, es un precepto inútil, y que es por la vía del Reglamento de la Cámara y la adecuada interpretación del 71.2 por donde deberían ir las cosas.
Hay otra observación más que me gustaría efectuar y es la de si esta iniciativa debe revestir o no carácter orgánico. Desde nuestra perspectiva, rotundamente no. Una y otra vez ha dicho el Tribunal Constitucional que las normas procesales no son materia de ley orgánica, y así tuvimos ocasión de debatirlo ampliamente en esta Cámara cuando, con ocasión del debate de la Ley de Enjuiciamiento Civil, su disposición transitoria para permitir la entrada en vigor fue, por algunas formaciones políticas, tachada de tener el carácter de orgánico. Repito, hubo amplio debate, en el que creemos quedó acreditado, con jurisprudencia constitucional reciente, que las normas procesales no son derechos fundamentales y, por tanto, no requieren desarrollo orgánico. El derecho de defensa sí es un derecho fundamental y es de configuración legal, pero la ley que lo configura, repito -el Tribunal Constitucional lo ha dicho infinitas veces-, no es ley orgánica. La referencia que se hace en el informe de los servicios jurídicos de la Cámara respecto de los artículos 520 y 526 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en efecto sí fueron aprobados por ley orgánica, no sirve para este caso, porque en esos supuestos, en los dos preceptos, se está hablando de supuestas limitaciones al derecho de defensa o a la libertad, puesto que en un caso se permite la prórroga de la detención incomunicada por más tiempo del constitucionalmente previsto y en el otro se está hablando de la limitación del derecho a la defensa letrada que uno elija, imponiendo un letrado de oficio. En esos casos, evidentemente, tratándose de perfilar en sentido negativo o en sentido limitativo unos derechos fundamentales, sí que es preceptiva la ley orgánica. En el caso actual simplemente se dice cómo debiera articularse ese derecho de defensa, en modo alguno se regula su núcleo esencial y, por tanto, creemos que la proposición que viene del Senado es, simple y llanamente, una ley ordinaria.
Si lo que se pretende es petrificar, en algún sentido, el ordenamiento jurídico e intentar su organicidad, a lo mejor hubiese sido más sugerente ir por la vía del artículo 23 y no por la del derecho de defensa, intentando sostener que quizá la petición de suplicatorio integra el derecho fundamental del derecho al cargo que contiene el artículo 23.1.º y, por ahí, haber intentado esa rigidez que se pretende dar a la norma.
Desde nuestra perspectiva, también hubiese sido una construcción extraordinariamente alambicada. Desde luego, volvemos a pronunciarnos en el sentido de que solamente se está tratando de decir cómo se va a ejercitar el derecho de defensa en relación con personas aforadas, en modo alguno de un desarrollo esencial de este derecho, y creemos que la ley es, simple y llanamente, ordinaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias por su benevolencia, señora presidenta, para suplir el primer momento de ausencia de este diputado en el turno reglamentario.
Intervengo brevemente para informar a la Cámara, señora presidenta, que vamos a votar favorablemente esta proposición de ley que nos llega del Senado. Este diputado, como portavoz de Coalición Canaria, forma parte de la Comisión del Estatuto del Diputado de esta Cámara y a lo largo de las legislaturas habíamos venido mostrando, digamos, nuestra preocupación y nuestra reflexión, y así también lo ha puesto el Senado de manifiesto con esta iniciativa, al observar la sorpresa con que se recibía en la Cámara, y por el diputado afectado, la solicitud de un suplicatorio del Tribunal Supremo.
Muchas veces, tanto el diputado afectado como la Comisión del Estatuto del Diputado, por tanto la Cámara, tenían conocimiento de esto por los medios informativos. Éstos daban como primicia informativa que el Tribunal Supremo, habiendo aceptado a trámite una querella presentada por cualquier persona física o jurídica donde estuviera implicado por cualquier razón un diputado o senador, hacía la solicitud del suplicatorio directamente a la Cámara sin lo que era derecho de otro ciudadano, como reconoce nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 118. Esta modificación, con el artículo 118 bis, viene sencillamente a igualar en derechos, ante la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a un parlamentario, diputado o senador, con cualquier ciudadano normal que se ve afectado como demandado o implícito en una querella por vía criminal presentada por persona física o jurídica. El trámite para el resto de los ciudadanos españoles, fuera de su condición de parlamentario, conllevaba una audiencia previa para manifestar su parecer ante la querella que trataba de implicarle o imputarle su pertenencia en un supuesto acto delictivo. Creíamos que esta omisión debía ser corregida por vía legal. Los últimos suplicatorios que entraron en la alta Cámara, en el Senado, han hecho propicia la circunstancia de hacer esta demanda.
Que quede bien claro ante la opinión pública que no se trata de abogar por una prerrogativa, por un tratamiento especial de favor a la condición de diputado; sencillamente se trata de que sea considerado como un
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ciudadano más que, ante una querella, tiene derecho a la audiencia previa para expresar, ante el magistrado o juez, su parecer respecto a la misma, negar los hechos, atenerse a la defensa de sus derechos, etcétera.
Esta proposición es lógica y necesaria, por eso, señora presidenta, mi grupo la va a votar favorablemente.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, voy a intervenir con brevedad para manifestar el apoyo de mi grupo parlamentario a esta proposición de ley que simplemente viene a corregir lo que ante el común de los ciudadanos aparece como un privilegio, que la mayoría de las veces se vuelve en contra de los propios diputados y diputadas, así como de los senadores y senadoras.
Además, es una proposición de ley que, como dice su propia exposición de motivos, no entra en colisión con la Constitución. Estamos hablando de imputar, no de inculpar ni de procesar, por tanto, el previo conocimiento, como cualquier otro ciudadano, de que a uno le quieren buscar las cosquillas, en algunos momentos puede evitar sorpresas, incluso la propia información que pudiera dar esa persona aforada frenaría el proceso buscado con afán de notoriedad.
Como decía al principio que iba a intervenir con brevedad, damos nuestro voto favorable a esta proposición de ley.
Ciertamente, el Tribunal Constitucional ha asentado reiteradamente la tesis de que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal, es una prerrogativa vinculada a la función que el diputado realiza en una Cámara, pero lo que resulta curioso es que lo que no es un privilegio personal se ha acabado transformando en una auténtica carga para el diputado y, en última instancia, en una disminución de su estatus jurídico y de su estatus procesal.
El planteamiento de la reforma queda meridianamente claro si atendemos a la sentencia del Tribunal Constitucional 14/2001, de 4 de junio, sentencia de la que se hace eco la Fiscalía General del Estado, en su memoria del año 2001, cuando pone de manifiesto este supuesto. La reforma que se pretende, esto es, la plena aplicación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a diputados y senadores, lo es también absolutamente sin demérito del funcionamiento de la institución del suplicatorio y, por tanto, de lo dispuesto en el artículo 71.2 de la Constitución ¿De qué se trata, señorías? Se trata de que desde que una denuncia o una querella contra un diputado o senador es admitida a trámite hasta el momento en el cual este diputado o senador declara en la condición de imputado con abogado, hay una cantidad de instrumentos y de elementos procesales que podrían permitir que este diputado o este senador no llegase a tener que declarar como imputado y no se solicitara su suplicatorio con todo lo que ello implica desde el punto de vista de transcendencia mediática y de incidencia en su actividad política. Lo que pretende esta reforma es que un diputado o un senador respecto del cual se admite a trámite una querella o una denuncia pueda, primero, comparecer por escrito en el juzgado antes de ser citado a declarar como imputado y efectuar por escrito las alegaciones pertinentes. Permite que pueda interponer un recurso contra la admisión a trámite de la querella o de la denuncia; que pueda proponer la realización de testimonios, pruebas documentales y periciales antes de que él mismo deba comparecer a declarar en condición de imputado y, por tanto, asistido de abogado.
Podría declarar como testigo, incluso como testigo cualificado, en ese caso asistido de abogado. Por tanto, lo que permite es que esta Cámara o el Senado tengan que valorar y pronunciarse respecto a su suplicatorio únicamente en aquellos supuestos en los cuales las diligencias efectuadas como consecuencia de esa querella o denuncia, de esa actuación procesal contra un diputado o un senador, hubiesen aportado al juez correspondiente los indicios racionales de criminalidad que exigirían la declaración del diputado como imputado. Es algo que queda meridianamente claro. Así lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia que citaba de 4 de julio del año 2001 y, por tanto, tiene mucho que ver también con el momento procesal en el cual cabe solicitar el suplicatorio: única y exclusivamente para que el diputado pueda declarar en condición de imputado ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
Es una norma que acaba con diferentes interpretaciones jurídicas. Algunos dirán que es innecesaria. En cualquier caso, lo que pretende es unificar o garantizar una interpretación correcta del ordenamiento jurídico. El diputado o senador podrá interponer recurso contra la admisión a trámite de la querella, podrá solicitar la práctica de diversas diligencias y sólo en aquellos momentos en los cuales entienda el órgano jurisdiccional correspondiente que deba declarar como imputado, es cuando entrará en funcionamiento la institución del suplicatorio. En última instancia, se trata de garantizar el principio de contradicción para el diputado o para el senador, igual que lo hay para el resto de los ciudadanos, antes de que se vea obligado a declarar como imputado. Es una reforma muy correcta, que equipara
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el estatus procesal del diputado o el senador al del resto de los ciudadanos y, por tanto, es una reforma que deberemos apoyar. Quizá en otro momento nos debamos plantear también su incidencia en otro tipo de actuaciones procesales como son las de la Fiscalía, que precisamente se caracterizan por la inexistencia de ese principio de contradicción.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Garrido.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Señora presidenta, con su permiso.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente la proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concretamente la propuesta de redacción de un nuevo artículo 118 bis de dicha ley procesal penal, en cuya formulación y redacción mi grupo ha intervenido muy activamente. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es una norma preconstitucional, nada menos que de 14 de septiembre de 1882, y su articulado ha sido modificado en un total de 50 ocasiones, dándose la circunstancia de que después de aprobada nuestra Constitución se han aprobado numerosas leyes orgánicas y ordinarias que tenían por objeto la modificación de alguno de sus preceptos. Y si bien es cierto que han predominado las de carácter orgánico, no por ello han quedado excluidas las reformas mediante ley ordinaria. Ello hace que debamos abandonar los criterios formales como prioritarios para orientarnos sobre la naturaleza de la modificación legislativa que se propone en este caso y, por ello, es necesario acudir a criterios materiales para conocer la naturaleza jurídica que tiene dicha modificación y, sobre todo, atendiendo a su contenido. Discrepamos de lo manifestado por la señora Uría en lo que respecta al carácter procesal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que podría hacernos pensar que ese carácter excluye su naturaleza orgánica.
El Tribunal Constitucional, en sentencia de 14 de febrero de 1986, pone de manifiesto que tendrán carácter orgánico aquellas normas procesales que en particular supongan el desarrollo de algún otro derecho fundamental, en especial, los previstos en el artículo 24.2 de la Constitución española. Lo anteriormente expuesto nos lleva afirmar que el derecho de defensa y la posibilidad de actuar en el procedimiento, supone un desarrollo de este derecho fundamental. Igualmente, podemos afirmar en lo que respecta al derecho a ser informado de la acusación, aspecto este que se recoge en el vigente artículo 118.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se produce un desarrollo también directo de un derecho fundamental de los recogidos en el artículo 24.2, que avala la consideración de orgánica de la proposición de ley que hoy estudiamos.
Hasta aquí la justificación de la naturaleza jurídica de la proposición de ley que analizamos. He de referirme ahora al contenido concreto del artículo 118 bis y, sobre todo, a su justificación, que, por cierto, se relata perfecta, detalladamente y con mucha precisión en la exposición de motivos de la proposición de ley. Como el resto de las señorías que me han precedido en el uso de la palabra, he de apresurarme a manifestar que la presentación de esta proposición de ley, con la modificación procesal que comporta, no supone ningún privilegio ni prerrogativa de los parlamentarios, sino simplemente una garantía para el buen funcionamiento del Estado de derecho. En esto coincidimos no sólo diputados y senadores sino también el propio Tribunal Supremo que, a través de la Sala segunda, ha aludido en repetidas ocasiones a inseguridad, falta de certeza que se impone en esta cuestión, situación de incertidumbre contraria a las elementales exigencias de derecho, etcétera. Como decían los senadores, señores Prada Presa y García Miralles, es raro que en el Parlamento hagamos cosas, se analicen o se debatan cuestiones que nos afectan a nosotros, a los parlamentarios. Pero nuestra responsabilidad nos obliga a comprobar en qué medida las leyes procesales son adecuadas en su regulación a la normativa constitucional vigente. La realidad nos demuestra que los parlamentarios no tienen conocimiento previo de la existencia de denuncias o querellas que se formulan contra ellos y que dan lugar a la apertura de diligencias penales, que se concretan en un proceso y lo adquieren a través de la solicitud de suplicatorio; en otros casos, la mayoría de las veces diría yo, a través de los medios de comunicación. He de resaltar igualmente que en todas estas ocasiones a los diputados y senadores no se les da traslado de las denuncias o querellas, no pueden ver las actuaciones y, por lo tanto, declarar ante el juez o proponer pruebas y asistir a la práctica de las mismas.
Es curioso que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo insisten reiteradamente en que la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero son prerrogativas parlamentarias, pero a la hora de abordarlas casi siempre le dan un tratamiento como si de verdaderos privilegios se tratara. La prerrogativa del fuero es bastante más común en nuestro ordenamiento de lo que en principio pudiera parecer, aunque sólo se cuestiona cuando afecta a diputados y senadores que, dicho sea de paso, se les reconoce expresamente en la Constitución española. Pero los jueces tienen fuero propio, tanto en el Supremo como en los distintos tribunales superiores de justicia, y se les garantizan los derechos como a cualquier ciudadano, aunque el tribunal competente no sea el juez de instrucción de su pueblo. Por ejemplo, el señor Gómez de Liaño, desde la presentación de una querella, fue parte siempre, y por ser entonces juez de la Audiencia Nacional, fue competente el Tribunal Supremo. En definitiva, parece que los diputados y senadores son de peor condición y no les alcanza
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el que puedan ejercitar los derechos y garantías que les reconoce el artículo 24.2 y que se refieren al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia del letrado, a ser informado de la acusación que se formule contra ellos en un proceso público con todas las garantías y no a un proceso mediático previo, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa y a la presunción de inocencia.
Como muy bien se explica -decía antes- en la exposición de motivos, la aprobación de este nuevo artículo 118 bis de la ley procesal va a impedir la proliferación de querellas y denuncias mediáticas y la consiguiente e injustificada elevación de suplicatorios que a partir de ahora se podrán evitar al poder, los diputados y senadores, ejercer su derecho de defensa en el sentido más amplio. Como queda refrendado por los servicios jurídicos de ambas Cámaras, la inclusión de este nuevo artículo no vulnera ningún precepto constitucional, en concreto, el artículo 71.2 que, como SS.SS. saben, establece que durante el período de su mandato los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización en la Cámara respectiva. La propuesta que se formula tiene un antecedente parcial en la práctica seguida por el Tribunal Supremo, en su Sala segunda, de admitir la declaración voluntaria del aforado, asistido de abogado y representado por procurador, sin necesidad de elevar el correspondiente suplicatorio a las Cámaras. Esta decisión de la Sala segunda del Tribunal Supremo servirá, según la exposición de motivos, para evitar el riesgo de autorizar una primera instrucción por el juez que inicialmente conoció del proceso y que podría desembocar en una inculpación material del aforado, vulnerando tanto el fuero parlamentario como la garantía de la inmunidad. En definitiva, como dice el profesor de derecho procesal Moreno Catena, lo que se pretende evitar es que la situación del parlamentario pueda recordar lo que determinaba aquel viejo proceso inquisitivo del Estado absoluto, que en su forma más aguda y radical supone la situación de una persona que se sabe sometida a un proceso pero ignora de qué se le acusa.
A modo de conclusión, podríamos decir que resulta una necesidad imperiosa desarrollar el artículo 71 de la Constitución española desde parámetros constitucionales y en especial los cauces procesales, para exigir la responsabilidad penal de diputados y senadores sin menoscabo alguno de los derechos constitucionales.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez Garrido.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueso.
Señoras y señores diputados, el Grupo Popular va a votar a favor de la proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En primer lugar, quiero proponer una corrección técnica para los servicios técnicos de la Cámara, con el fin de que no haya una confusión entre la exposición de motivos y el artículo 118 bis que se reforma, que diría: artículo único, se introduce un nuevo artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el texto que figura en la proposición de ley.
Dicho esto, todos los grupos, tanto en el Senado como en esta Cámara, han hecho sus aportaciones al planteamiento presentado por el Grupo Parlamentario Popular del Senado, todas ellas muy loables y muy positivas, mediante la inclusión de un nuevo artículo 118 bis para la imputación de diputados o senadores del siguiente tenor: Del mismo modo que en el artículo anterior, se procederá cuando se impute un acto punible contra un diputado o senador, los cuales podrán ejercitar su derecho de defensa en los términos previstos en el artículo anterior, y todo ello sin perjuicio de lo previsto en los artículos 71.2 y 3 de la Constitución española.
El artículo 118 de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé el derecho al conocimiento inmediato de las actuaciones procesales por los presuntamente inculpados de un delito y su derecho a la defensa desde que se les comunique la existencia de un procedimiento por imputación de un acto punible. El artículo 71 de la Constitución, en su apartado 2, dispone que durante el período de su mandato los diputados y senadores gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. La inmunidad es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que por manipulaciones políticas se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y se altere indebidamente su composición y funcionamiento. Al servicio de este objetivo se establece la autorización del órgano parlamentario para proceder contra sus miembros, que es un instrumento propio y característico de la inmunidad cuyo campo de actuación se limita al proceso penal.
La proposición de ley justifica la reforma propuesta indicando que se advierte que los diputados y senadores o no tienen conocimiento previo de procedimientos que les afectan y lo adquieren a través de la solicitud del suplicatorio o de los medios de comunicación o, conociendo la existencia del procedimiento, no saben exactamente de qué se les acusa.
Los diputados y senadores que han pasado por el trámite de la solicitud de un suplicatorio se quejan de no haber podido en ningún momento
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anterior a la elevación del mismo ofrecer su versión de los hechos al juez instructor y poder, en consecuencia, defenderse. A veces se enteran de las actuaciones judiciales que se siguen contra ellos a través de los medios de comunicación. Ha sido frecuente la presentación de querellas o denuncias contra diputados o senadores contra los que se persigue conseguir un efecto o repercusión mediática, inmediatamente alcanzada, con la simple presentación de la denuncia o de la querella, ampliada de forma considerable cuando se produce la solicitud del suplicatorio por parte del presidente del Tribunal Supremo, reunida previamente la Sala segunda. La garantía institucional de la inmunidad parlamentaria que el artículo 71 de la Constitución incorpora de acuerdo con nuestra tradición se desnaturaliza, agravándose la situación cuando, recibido los autos en el Tribunal Superior, y con la solicitud del suplicatorio a la Cámara de la que forma parte, es llamado a declarar el parlamentario.
Inmediatamente después se archivan o sobreseen las actuaciones judiciales por falta de contenido delictivo de la querella o de la denuncia.
El suplicatorio no es un derecho subjetivo del parlamentario sino que pertenece a la Cámara como tal institución, y la proposición de ley que hoy vamos a aprobar pretende establecer la posibilidad de personarse en el procedimiento penal antes de la propuesta, antes de la petición del suplicatorio, es decir, se abre una puerta que hoy está cerrada y que está causando mucho daño personal y político. La petición de autorización para proceder, que supone el suplicatorio, constituye en ocasiones una especie de apariencia de culpabilidad que se origina en los medios de comunicación. Esta situación podría evitarse si los parlamentarios tuvieran la oportunidad de personarse en la causa abierta y ofrecer su versión de los hechos, incluso proponer pruebas, antes de que el juez dicte una resolución formal de inculpación, constituya o no formalmente un auto de procesamiento. Es raro que en el Parlamento hagamos cosas y se analicen o se vean cuestiones que nos afectan a nosotros mismos, a los parlamentarios, pero nuestra responsabilidad nos obliga a comprobar en qué medida las leyes procesales son adecuadas en su regulación a la normativa constitucional que está vigente.
La regulación legal de la garantía del aforamiento de diputados y senadores se encuentra en un marco normativo confuso. Por un lado, están los artículos 303.5, 309, 750 a 756 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1912, los artículos 20.2 y 21 del Reglamento del Congreso de los Diputados, y el 22 del Reglamento del Senado. Este marco normativo es en su mayor parte preconstitucional y esto provoca y comporta inseguridad jurídica. El Tribunal Constitucional ha señalado esta circunstancia manifestando la inseguridad jurídica que genera la inadecuación de la vieja normativa hoy existente sobre la regla procesal del aforamiento de diputados y senadores. Para una interpretación coherente y sistemática de esta institución debe haber una pronta acción del legislador y debemos responder aplicando lo dispuesto en el artículo 118 -al que he hecho referencia al principio de mi intervención- de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, estableciendo que se debe poner en inmediato conocimiento la admisión de la querella, denuncia, o cualquier actuación procesal y aportar los documentos, proponer pruebas y practicar las diligencias probatorias tanto ante el juez de instrucción ordinario como ante el magistrado de la Sala segunda del Tribunal Supremo una vez que los autos hayan sido remitidos; todo ello sin necesidad de esperar a la solicitud y obtención del suplicatorio. Téngase en cuenta que la autorización parlamentaria se requiere para procesar, pero no para imputar. En definitiva, consideramos que los diputados y senadores deben tener a través de este texto conocimiento de modo inmediato de las imputaciones que pudieran hacérseles y poder ejercitar este derecho de defensa desde que se les comunique la existencia de la imputación de un acto punible. Es plenamente consecuente con las previsiones constitucionales sobre los derechos fundamentales previstos en el artículo 25. En el propio artículo que se propone se respetan estas previsiones constitucionales específicas para diputados y senadores.
Por todo ello, señora presidenta, señorías, vamos a votar favorablemente esta proposición de ley.
Sometemos a votación el texto de la proposición de ley orgánica de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la corrección técnica que ha sido anunciada en el debate, en una sola votación por tratarse de trámite de lectura única.
La señora PRESIDENTA: A continuación, sometemos a votación final de conjunto, por tener carácter orgánico, la proposición de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 276, en contra, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada al haberse superado la mayoría exigida.

References: Real Decreto 
 real decreto 
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 artículo 26
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
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 artículo 71
 artículo 118
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 23
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 artículo 118
 artículo 118
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 artículo 71
 artículo 118
 artículo 24
 artículo 118
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 artículo 118
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 artículo 71
 artículo 118
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