Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-571-de-octubre-26-de-1992?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414ef3f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-15 08:18:22+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA T-571 DE OCTUBRE 26 DE 1992
SENTENCIA T-571 DE 26 DE OCTUBRE DE 1992
CONTENIDO:DERECHO A LA SALUD. CARÁCTER FUNDAMENTAL
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA SALUBRIDAD PÚBLICA, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:253 DE ENERO DE 1993, PÁG.76
Sentencia T-571 de octubre 26 de 1992
CARACTER FUNDAMENTAL
EXTRACTOS: «En la Constitución de 1991 la salud superó el concepto tangencial que de asistencia pública hacía referencia la Carta de 1886. Esto se manifestó a través de diferentes artículos de la Constitución, entre los cuales sobresalen los siguientes: artículo 13 (protección especial a los débiles); artículo 44 (derecho fundamental a la salud de los niños); artículo 49 (atención a la salud y al saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado); artículo 64 (acceso progresivo de los trabajadores agrarios a los servicios de salud) y el artículo 78 (protección de la salud de los consumidores).
En el artículo 49 de la Carta Fundamental se señala que la salud es un servicio público a cargo del Estado, garantizándose en él a todas las personas el acceso al mismo, para la promoción, protección y recuperación de este derecho. Se agrega que corresponde al poder público organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio de salud a los habitantes, establecer políticas para que los particulares presten este servicio, y definir las competencias a cargo de los distintos órdenes. La norma defiere a la ley la definición de las circunstancias en que la salud será gratuita y obligatoria.
La orientación del constituyente de 1991 muestra una marcada tendencia a que el Estado enmarque gran parte de sus políticas y acciones en encontrar soluciones a las dificultades económicas y sociales en la protección de los servicios públicos de las salud y a proveer esas necesidades por cuanto a raíz de la expedición de la nueva Carta Política, hemos hecho el tránsito de un estado de derecho a uno social de derecho, en donde la organización política tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas y sociales, y las desventajas de diversos sectores o personas de la población, prestándoles asistencia y protección. El estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance.
Relación del derecho a la salud con otros derechos fundamentales
El derecho a la salud contiene una serie de elementos, que se enmarcan, en primer lugar como un resultado-efecto del derecho a la vida, de manera que atentar contra la salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida. El reconocimiento del derecho a la salud prohíbe conductas de los individuos que causen daño a otro, imponiendo a éstos las sanciones y responsabilidades a que haya lugar. Por ello se afirma que el derecho a la salud es un derecho fundamental.
Con esta perspectiva, la vida deja de ser un derecho que obliga únicamente al Estado, y pasa a involucrar a todos los estamentos sociales más allá de la sanción penal del homicidio. De manera consecuente, el artículo 95 de la Carta incluye entre los deberes de los colombianos el de “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
Los derechos prestacionales en la Constitución y el carácter asistencial de la salud
La doctrina ha denominado a las obligaciones públicas del Estado “prestaciones constitucionales”, una de cuyas manifestaciones principales son los derechos fundamentales de prestación.
Los derechos prestacionales de rango constitucional tienen una estrecha relación con los derechos sociales, económicos y culturales del Capítulo 2o Título II de la Constitución, pero no se identifican con ellos. También los derechos de libertad pueden tener un contenido prestacional.
En términos generales el término prestacional de un derecho está dado por su capacidad para exigir de los poderes públicos y en ocasiones de los particulares, una actividad de hacer o dar, derivada del mismo texto constitucional. Si la prestación contenida en el derecho constitucional se identifica con el fin o valor de la igualdad perseguido por el derecho, aquella constituye un “derecho constitucional prestacional”; mientras que si el objetivo primordial del derecho es la simple abstención de los poderes públicos, los derechos correspondientes carecen de contenido prestacional.
Y una de esas obligaciones públicas del Estado es la resultante del artículo 49 de la Constitución: “La atención de la salud ... son servicios públicos a cargo del Estado”. Concordante con esta disposición existe la obligación del Estado, en virtud de lo dispuesto en el inciso 3o del artículo 13 de la Carta, de “proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta ...”.
Esto genera consecuentemente el deber “prestacional” a cargo del Estado de brindar la atención de la salud, y el derecho en favor del particular de exigirlo dentro de unos lineamientos que la propia Constitución señala.
De otra parte otros elementos integrantes de este derecho le imprimen un carácter asistencial, ubicándolo dentro de las funciones del estado social de derecho, donde éste adquiere un carácter de “estado de prestaciones y de redistribución con fines de asistencia social obligatoria”. Se producen importantes repercusiones en la relación Estado-ciudadano, fortaleciendo la condición de este último frente al primero, por cuanto como se afirmaba anteriormente, su reconocimiento impone acciones concretas a fin de prestar el servicio público correspondiente, para asegurar de esa manera el goce y disfrute de los servicios de asistencia médica, hospitalaria, farmacéutica y de laboratorio.
La peticionaria considera vulnerado además de su derecho a la salud, el derecho a la igualdad y a la protección especial del Estado por amenazar el Hospital Universitario de Caldas negarse a continuar prestando el servicio médico-asistencial requerido.
El Tribunal Administrativo de Caldas al analizar este aspecto precisó que es obligación del Estado, según el sentir del constituyente de 1991, proteger especialmente a las personas que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y que debe también prestar la atención en salud garantizándola como un servicio público tendiente a la protección y recuperación de la misma. Esto implica derechos de las personas exigibles al Estado con el carácter de fundamentales. Y tales derechos se ven amenazados con la decisión del hospital conforme a las circunstancias descritas.
Este derecho no otorga la facultad a todas las personas de exigir directamente y sin tener en cuenta las circunstancias especiales del caso una prestación económica del Estado. Aunque del análisis de los deberes sociales del Estado a que se refiere el artículo 2o de la Carta se desprende que el Estado está obligado a promover la igualdad real y efectiva frente a la distribución de los recursos económicos y las oportunidades, ello no será posible mientras no se den las circunstancias económicas, sociales y políticas necesarias, dentro de una realidad que como la colombiana no lo permite. Y especialmente cuando ella depende de la concreción de una serie de medidas, programas y reglamentacioens a que se refieren las disposicions objeto del presente estudio (C.P. artículo 13 inciso 3o y artículo 49).
Nos encontramos en un estado social de derecho al cual le compete proveer lo que sea necesario para realizar la prestación de los servicios públicos a su cargo, como lo es según el artículo 49 de la Constitución, el de la salud. Pero de acuerdo con la ley, el Estado no es sólo social, también es de derecho y en esta materia de servicios de atención médica, es la misma Constitución Nacional la que dispone que “la ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria”.
Si ello es así, no puede desconocerse el expreso mandato constitucional del deferido artículo 49, según el cual “la ley determinará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria”.
Así las cosas, no es jurídicamente posible afirmar que el Estado colombiano está obligado a la inmediata prestación de todos los servicios requeridos por el paciente, de manera gratuita y naturalmente oportuna, porque no existe aún norma que así lo disponga».
(Sentencia T-571 de octubre 26 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Sanín Greiffenstein).

References: artículo 13
 artículo 44
 artículo 49
 artículo 64
 artículo 78
 artículo 49
 artículo 95
 artículo 49
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 49