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Timestamp: 2020-04-03 01:41:27+00:00

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Leyes - DPO & it law
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By Fernando Ramos No comments yet La Casa de Papel
La Sección 3ª del Juzgado de lo Mercantil de Madrid ha publicado con fecha 13/11/2019, la Sentencia Nº 392/2019, en la que se desestima la demanda interpuesta por Globo Media a Álex Pina y su productora, La Raspa Producciones, por un supuesto incumplimiento de contrato.
Glomedia demanda a Álex Pina y La Raspa por incumplimiento del contrato firmado en abril de 2016 al no presentarles con anterioridad el proyecto de la serie de TV “La Casa de Papel” y empezar a preparar para Atresmedia la mencionada Serie. Según el contrato del 2016 Globo Media incluía una cláusula de prioridad o preferencia sobre las creaciones de Álex Pina.
Álex Pina es un guionista y productor español que ha mantenido con Globo Media una relación profesional durante años, firmando varios contratos desde el año 1998 hasta el año 2016, siendo el objeto de estos la elaboración, desarrollo, producción y coordinación de proyectos audiovisuales.
En el último contrato firmado por las partes, el 21 de abril de 2016, con el mismo objeto de producción ejecutiva de proyectos audiovisuales, se incluía la posibilidad de que terceras personas, trabajadores de la productora La Raspa, pudieran participar como guionistas o productores, no teniendo que ser Álex Pina quien realizara esos trabajos personalmente. Además, se estableció un régimen de prioridad y preferencia para Globomedia sobre las creaciones de Álex Pina y su productora, La Raspa.
Sin embargo, el demandado, con una nueva productora creada el 13 de julio de 2016, , creó otro proyecto para Atresmedia, La Casa de Papel (originalmente Los Desahuciados), sin presentarlo antes a Globo Media, a pesar del régimen de prioridad y preferencia establecido en el contrato firmado unos meses antes.
Como establece la sentencia, es obvio que el proyecto otorgado a Atresmedia fue concebido y preparado durante la vigencia del contrato, por lo que la falta de ofrecimiento constituiría un incumplimiento del contrato de prestación de servicios, si atendemos a las cláusulas de prioridad y preferencia incluidas en el mismo.
Sin embargo, el juzgado de lo Mercantil hace una interpretación de la cláusula de prioridad y preferencia del contrato desestimando las pretensiones de Globomedia establecidas en la demanda.
El último contrato firmado con Globomedia, establecía que Álex Pina y sus productoras podían utilizar a terceras personas para prestar sus servicios, incluso simultáneamente a otros operadores, lo que permitiría trabajar en otros proyectos al demandado, aunque fuera para otros operadores. Por otra parte, el Juez establece que la prioridad o preferencia establecida en el contrato no significa exclusividad, como sí podían incluir contratos anteriores. La Sentencia establece que “prioritario” no significa que se debieran presentar los proyectos a Globo Media en primer lugar, pudiendo presentarlos a otros tras el rechazo de ésta, si no que “prioritario” debe referirse a la distribución del tiempo y atención necesarios para realizar sus proyectos.
Por lo tanto, dada la interpretación del juez sobre la prioridad, La Raspa no tenía obligación de someter a Globo Media la posibilidad de asumir todos sus proyectos, por lo que no puede considerarse que se produjera un incumplimiento contractual por el hecho de ofrecer a Atresmedia la producción audiovisual de La Casa de Papel.
Esta sentencia, contra la que cabe recurso, pone de manifiesto la necesidad de redactar unas cláusulas claras y precisas en los contratos, que eviten una interpretación contraria a los intereses de la productora.
By administrador No comments yet LOPDGDD
Fernando Mª Ramos, socio Director de DPO&IT Law, fué invitado a participar en el programa El Gato al Agua para hablar sobre la aplicación de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD).
(a partir del minuto 51:25)
La Fiscalía General del Estado establece en su Circular 1/2016 los criterios para valorar la eficacia de las Políticas de Responsabilidad Penal Corporativa
By Fernando Ramos No comments yet Circular 1/2016, Fiscalía General del Estado, Responsabilidad Penal Corporativa
La Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas de acuerdo con la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015. A través de esta Circular se pretende dar instrucciones a los Fiscales sobre como deben de aplicar la mencionada reforma y lo que es quizás más importante, cómo deben de valorar la eficacia de las Políticas de Responsabilidad Penal Corporativa implantadas por las Empresas para que sean consideradas como una eximente de su responsabilidad penal.
Si bien hasta el momento no hay muchos pronunciamientos en los tribunales de lo dispuesto en el art. 31 bis, ter, quater y quinquies y el posible efecto que la reforma va a tener en la gestión de las Políticas de Responsabilidad Penal Corporativa. (Hasta el momento se han dictado resoluciones como la de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 2ª, resolución 313/2015 de 25 de mayo de 2015, en la que se absuelve a una empresa de compra y venta de oro y joyas, o la reciente sentencia de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo num. 514/2015 de 2 de sepriembre rec.111/2015) es interesante identificar en la Circular 1/2016 que reglas van a ser aplicadas por los fiscales en la valoración de los modelos de gestión o Políticas RPC.
En este sentido consideramos interesantes destacar los siguientes aspectos de l Circular 1/2016:
Condiciones y Requisitos la Políticas de Responsabilidad Penal Corporativa
Las Políticas de RPC deben de ser claras, precisas y eficaces, redactas por escrito, y que se encuentren adaptados a la empresa y sus concretos riesgos. No basta la existencia del Programa o Política RPC, será necesario acreditar su adecuación para prevenir el delito concreto que se haya cometido (no es suficiente copiar programas de otras empresas o sectores)
Necesario identificar y gestionar adecuadamente los riesgos estableciendo las medidas para neutralizarlos. Las Políticas deben permitir identificar, gestionar, controlar y comunicar los riesgos reales y potenciales derivadas de la actividad empresarial.
El análisis del riesgo debe de identificar y evaluar el riesgo por tipos de clientes, países o áreas geográficas, productos, servicios operaciones. tomando en consideración variables como el propósito de la relación de negocio, su duración o el volumen de operaciones.
Es importante la existencia de aplicaciones informáticas que controlen procesos internos de negocia de la empresa. (La aplicación o ERP de la empresa debe ser robusta y mínimamente auditada)
Garantizar altos estándares éticos en la contratación de directivos y en el nombramiento de los miembros de los órganos de administración (tener en cuenta la trayectoria profesional del aspirante).
Las Políticas de Responsabilidad Penal Corporativa deben posibilitar la detección de conductas criminales, a través de canales de denuncias, debiendo contar con una regulación protectora del denunciante facilitando a éste último comunicar incumplimientos varios con las debidas garantías de confidencialidad.
Existencia de un código de conducta en el que se establezcan claramente las obligaciones de los directivos y empleados, y las sanciones por incumplimiento, debiendo incluir aquellas conductas que contribuyan a impedir o dificultar el descubrimiento de la conducta delictiva, así como la sanción del deber específico de poner en conocimiento del órgano de control los incumplimientos detectados.
La Política de RPC deberá incluir una verificación periódica o revisión del modelo de gestión.
La exención de la pena sólo se dará si los autores lo cometieron eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y control.
El Órgano de Control de las Políticas de Responsabilidad Penal Corporativa. Respecto al órgano específico de la persona jurídica con funciones de control y supervisión interna de las Políticas RPC, destaca los siguientes puntos:
Debe de ser un órgano específico con poderes autónomos de iniciativa y control, creado específicamente para asumir este función.
Dependiendo del tamaño de la persona jurídica podrá estar constituido por una o varias personas con suficiente formación y autoridad.
Deberá participar en la elaboración de las políticas RPC y asegurar su buen funcionamiento estableciendo sistemas de auditoría, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de los requisitos de las Políticas RPC.
Deberá contar de personal con los conocimientos y experiencia profesional suficientes, disponer de medios técnicos adecuados así como tener acceso a los procesos internos, información necesaria y actividades de las personas jurídicas para garantizar una amplia cobertura de la función encomendada.
Posibilidad de externalización de las actividades propias del Órgano de control como la formación y auditoría.
Garantizar la independencia del Órgano de control a través de su separación operacional con el órgano de administración de la Empresa.
Criterios para valorar la Eficacia de las Políticas de Responsabilidad Penal Corporativa
La implantación de las Políticas RPC no puede ser usada por la Empresa para eludir la responsabilidad y que se constituya como un salvoconducto de impunidad de la Persona Jurídica.
Las Políticas RPC no sólo tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa si no promover una verdadera cultura ética empresarial. Deben de expresar un compromiso corporativo que realmente disuada las conductas criminales en beneficio de la Empresa.
Las certificaciones sobre idoneidad del modelo expedidas por terceros podrán apreciarse como un elemento adicional de cumplimiento, pero en modo alguno acreditan la eficacia de la Política RPC ni sustituyen la valoración del órgano judicial.
Compromiso y apoyo de la alta dirección de la Empresa. Implicación del Consejo de Administración y de los principales ejecutivos. Se presumirá que el programa no es eficaz si un alto responsable de la Empresa participó, consintió o toleró el delito.
Existencia de altos estándares éticos en la contratación y promoción de directivos y empleados.
La capacidad de detección de los incumplimientos será un elemento sustancial para la eficacia de las Políticas RPC. Concesión de especial valor a la Política RPC si el delito ha sido puesto en conocimiento por la Empresa.
Se podrá poner en entredicho la Política RPC a tenor de la gravedad de la conducta delictiva, el alto número de empleados implicados, la baja intensidad del fraude empleado para eludir la Política RPC o la frecuencia y duración de la actividad criminal.
La firmeza en la respuesta de la empresa ante vulneraciones precedentes transmite a los empleados un mensaje claro de intolerancia antes conductas no éticas.
Valoración de las actuaciones llevadas a cabo por la persona jurídica tras la comisión del delito, como la sanción disciplinaria, la revisión de la Política de Responsabilidad Penal Corporativa introduciendo las modificaciones necesarias para su correcta adecuación, la reparación del daño, colaboración activa en la investigación o la aportación al procedimiento de la investigación interna, revelan un correcto nivel de compromiso ético de la Empresa. Operarían en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación y actitud obstructiva o con colaboración con la justicia.
Consideramos por tanto que toda Organización que implante una Política de Responsabilidad Penal Corporativa deberá verificar que sus modelos de gestión y control cumplen con los criterios de valoración sentados por la Cricular 1/2016, y de esta forma garantizar la exención de responsabilidad penal en los supuestos de comisión de delitos cometidos por directivos y empleados en beneficio de la Empresa.
El Tribunal Supremo declara abusiva la cláusula en el contrato de Trabajo por el que se obliga al trabajador a facilitar el número de móvil o correo electrónico a efectos de comunicaciones o notificaciones entre las partes
By Fernando Ramos No comments yet Cláusulas abusivas, Contrato de trabajo, Tribunal Supremo
La Cláusula en concreto introducida era la siguiente:
«ambas partes convienen expresamente que cualquier tipo de comunicación relativa a este contrato, a la relación laboral o al puesto de trabajo, podrá ser enviada al trabajador vía SMS o vía correo electrónico, mediante mensaje de texto o documento adjunto al mismo, según los datos facilitados por el trabajador a efectos de contacto. Cualquier cambio o incidencia con respecto a los mismos, deberá ser comunicada a la empresa de forma fehaciente y a la mayor brevedad posible».
Según la Ley Orgánica de Protección de datos y en concreto según el art. 6.2 de la LOPD se establece que los datos de los trabajadores no necesitan consentimiento siempre y cuando se refieran al contrato y sean necesarios para si mantenimiento
No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; ………
De forma similar a como podría ocurrir con la imagen, o con el tratamiento de sus datos para el envío de comunicaciones comerciales de terceros, el dato del móvil o del correo electrónico personal, no son datos necesarios para el mantenimiento o cumplimiento del contrato de trabajo, por tanto requerirán del consentimiento previo del trabajador.
Incluir dicho consentimiento en el contrato de trabajo implica a juicio del Tribunal Supremo un abuso ya que el trabajador es la parte más débil del contrato y que, al ser incluida por la empresa en el momento de acceso a un bien escaso como es el empleo, puede entenderse que su consentimiento sobre tal extremo no es por completo libre y voluntario. Por ello dictamina que la cláusula es nula, por atentar contra un derecho fundamental, y «debe excluirse de los contratos de trabajo».
Se aprueba por el pleno del Senado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
By Fernando Ramos No comments yet LECri, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Senado, Tecnologías de la Información y Comunicación
Las principales novedades introducidas la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -LECri- son las relativas a la introducción de nuevas medidas de investigación tecnológicas que permitan adecuar la labor de investigación de los Jueces y Policía Judicial a las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación.
Además se intenta limitar los plazos para la instrucción de determinadas medidas de investigación evitando procesos de instrucción interminables, se transpone la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la asistencia letrada y se sustituye la palabra “imputado” por las palabras “investigado y encausado”.
Respecto a ésta última novedad, consideramos que dicha sustitución del vocablo “imputado” es un acierto, ya que en determinadas ocasiones “imputado” parece conllevar implícitamente la comisión del delito, cuando en realidad se está aludiendo a la persona sobre la que tan sólo recaen meras sospechas de la comisión del delito y es por ello por lo que resulta investigado. De ahí que el término investigado haga referencia a la persona sometida a investigación y el término encausado haga referencia a la persona que tras la investigación del juez ha sido imputada formalmente en la comisión de un hecho delictivo concreto que deberá resolverse el Juicio Oral.
No obstante, el grueso de la reforma viene a modernizar la justicia permitiendo la entrada de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la investigación judicial. Así en la Reforma se abordan medidas de investigación como:
La apertura de la correspondencia, privada, postal y telegráfica.
La posibilidad de intervenir y registrar las comunicaciones realizadas a través del teléfono o cualquier medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual.
La incorporación al proceso de los datos obrantes en archivos automatizados de prestadores de servicios de comunicación.
El acceso por los agentes de policía al IMSI, IMEI dirección IP y otros elementos de identificación de una determinada tarjeta o terminal.
La captación y grabación de comunicaciones orales abiertas mediante el empleo de dispositivos electrónicos.
La captación de imágenes en lugares o espacios públicos.
La utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización.
El registro de dispositivos informáticos de almacenamiento masivo.
Algunas de estas medidas de investigación están causando mucho revuelo entre activistas y organizaciones como la Plataforma en defensa de la libertad de información, los cuales consideran que es una ley genérica que puede dar lugar a medidas desproporcionadas por parte del gobierno.
Sin embargo, si bien es cierto que en determinados casos la media tecnológica pudiera llegar a ser desproporcionada, no es menos cierto que la mayoría de la medidas vienen a modernizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la actividad investigadora de los jueces y la policía.
La ley de Enjuiciamiento Civil fue promulgada en el siglo XIX y suplía su inoperancia en la actual Sociedad de la Información y Comunicación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, por tanto es un acierto por parte del legislador modernizar la investigación criminal y otorgar mejores herramientas de investigación a los jueces y tribunales.
Con su aprobación las actuaciones y herramientas tecnológicas utilizadas por los criminales para encubrir la comisión de delitos podrán ser investigadas por jueces y tribunales con mayor precisión y eficacia garantizando en muchos casos la condena de estos últimos y por tanto una mayor eficacia en la actual Sociedad de la Información y Comunicación del Poder Judicial y por tanto del Estado de Derecho.
En sucesivos post analizaremos las distintas medidas tecnológicas introducidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sus distintas aplicaciones prácticas para la investigación del delito por parte del Juez y de la Policía Judicial.
El TSJ de la Comunidad de Madrid confirma el despido de un trabajador al constatar la empresa a través de cámaras de videovigilancia ocultas la sustracción de productos por parte de un trabajador
By Fernando Ramos No comments yet Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, videovigilancia
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha dictado sentencia el 9 de febrero de 2015 confirmando el despido de un trabajador al constatar la empresa la sustracción de determinadas prendas y complementos mediante la instalación temporal de cámaras de videovigilancia.
Esta sentencia del TSJ de Madrid se aparta de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional STC 29/2013 (cuyo análisis ya publicamos en nuestro Blog). Dicha doctrina ha sido aplicada recientemente por la sentencia de 13 de mayo de 2014 del Tribunal Supremo que consideraba ilícita la prueba obtenida mediante cámaras de videovigilancia permanentes para el despido disciplinario por incumplimiento de las obligaciones laborales.
A diferencia de la Doctrina comentada, la sentencia del TSJ de Madrid se aparta de dicha doctrina por los siguientes motivos:
A diferencia de las anteriores sentencias existe una sospecha previa fundada de la sustracción de determinadas prendas y objetos por parte de los trabajadores.
El sistema de videovigilancia instalado es de carácter temporal y puntual, no utilizándose por tanto para el control laboral los sistemas de videovigilancia destinados a garantizar la seguridad del entorno físico y personal de la empresa.
Adicionalmente en la sentencia del TSJ se informó al Comité de Empresa de la instalación temporal y puntual del sistema de videovigilancia, cumpliendo con el art. 65.f) del Estatuto de los trabajadores que exige la información consulta con los representantes de los trabajadores en el caso de la implantación y revisión de los sistemas de control del trabajo.
Por tanto podemos confirmar que en determinados supuestos excepcionales en los que existen sospechas fundadas de la existencia de determinados actos ilícitos cometidos por los trabajadores de la empresa, es posible la instalación temporal y puntual de cámaras de videovigilancia sin la información previa a los trabajadores a través de carteles informativos, siempre y cuando se cumplan los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad sentados por la Doctrina del Tribunal Constitucional, especialmente en su sentencia 186/2000.
Es por tanto muy importante analizar cada caso concreto, e identificar si las circunstancias se ajustan a los principios sentados por el Tribunal Constitucional, debiendo en su caso preconstituir prueba sobre las sospechas previas fundadas de la comisión de los actos ilícitos por parte de los trabajadores, instalar cámaras de videovigilancia de forma temporal y puntual, e informar de todo el proceso a los representantes de los trabajadores.
Nuevos delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas
By Fernando Ramos No comments yet Delitos, Ley Orgánica 10/1995, penal
El 29 de enero de 2015, tuvo entrada en el Senado, el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, relativo al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
En el senado se van introducir ciertas mejoras, se han presentado 7 propuestas de veto y 1.044 enmiendas, de las cuales el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 91.
Esas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que presumimos prosperarán, tienen poca afección en relación a los nuevos tipos delictivos que puede cometer una persona jurídica, que presenta el texto aprobado en el congreso.
De manera que salvo sorpresa, la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal que finalmente se apruebe en el congreso, establecerá los nuevos tipos delictivos para los que está prevista la responsabilidad de las personas jurídicas que se detallan a continuación y que podemos clasificar en
Delitos totalmente nuevos para nuestro ordenamiento.
Nuevas formas delictivas de delitos ya existentes.
Delitos ya existentes para los que no se había previsto la responsabilidad de las personas jurídicas, hasta ahora.
Delitos para los que la reforma supone una mejora técnica.
1.- Nuevos delitos en el Código Penal, para los que, además, estará prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas serán:
Financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 bis)
Será constitutivo de delito recibir donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, de carácter anónimo, finalista o revocables; o que procediendo de una misma persona física o jurídica, superen los 100.000 euros anuales en dinero o, siendo en especie, su valor exceda de dicho importe y no se haya expedido certificación en la que se haga constar, además de la identificación del donante, el documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado haciendo mención expresa del carácter irrevocable de la donación.
Recibir financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos que superen el importe de 100.000 euros.
Entregar donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos indicados.
Las penas previstas para la persona jurídica serán:
Multa del triplo al quíntuplo del valor de la donación o aportación
Llama la atención que la reforma,no haya incluido este delito en el listado del nuevo artículo 127 bis. Este nuevo artículo establece el denominado “decomiso ampliado”, que se caracteriza, precisamente, porque los bienes o efectos decomisados provienen de otras actividades ilícitas del sujeto condenado, distintas a los hechos por los que se le condena y que no han sido objeto de una prueba plena. El decomiso ampliado ya fue introducido en nuestro Derecho por la Ley Orgánica 5/2010 para los delitos de terrorismo y los cometidos por grupos u organizaciones criminales. La reforma lo extiende a otros supuestos en los que, según la Exposición de Motivos de la Ley de Reforma, es frecuente que se produzca una actividad delictiva sostenida en el tiempo de la que pueden derivar importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, prostitución, explotación y abuso de menores, falsificación de moneda, corrupción en el sector privado, delitos informáticos, cohecho, malversación o delitos patrimoniales cometidos con profesionalidad). Sin embargo, parece que la financiación ilegal de partidos políticos, no suele ser una actividad sostenida en el tiempo o de la que se puedan derivar importantes beneficios. Afirma también, la Exposición de Motivos, que el decomiso ampliado permitirá a los jueces y tribunales, en los supuestos de condenas por delitos que normalmente generan una fuente permanente de ingresos, ordenar el decomiso de bienes y efectos del condenado procedentes de otras actividades delictivas. Sin embargo, de nuevo parece que la financiación ilegal de los partidos no puede guardar conexión con otras actividades ilícitas que generen bienes y efectos.
2.- Nuevas formas delictivas de delitos ya existentes en el Código Penal y para los que estaba ya prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, serán:
La Trata de seres humanos (art. 177 bis)
La trata de seres humanos será también delito cuando se realice mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima.
La Frustración de Ejecución (arts. 257 a 258 ter)
La nueva redacción del Código Penal, mantiene el capítulo dedicado a las Insolvencias punibles, pero extrae del mismo y reubica, en un nuevo capítulo, Capítulo VII, del Título XIII, del Libro II, el delito de alzamiento de bienes y demás delitos de frustración de las ejecuciones.
Además de esta reubicación se prevén tres nuevos tipos:
Presentar, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución, una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, dilatando, dificultando o impidiendo la satisfacción del acreedor.
Dejar de facilitar la relación de bienes o patrimonio, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo.
Hacer uso de bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido constituidos en depósito sin estar autorizado para ello.
Las penas previstas para la persona jurídica son:
Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años
Los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas restrictivas de derechos recogidas en las letras b a g del apartado 7 del artículo 33.
Insolvencia punible (arts. 259 a 261 bis)
Como ha quedado dicho, la nueva redacción del Código Penal, mantiene el capítulo dedicado a las Insolvencias punibles, ahora Capítulo VII bis, del Título XIII del Libro II, si bien lo reforma por completo.
Así se distinguen dos grupos de delitos en función de si existe o no procedimiento concursal en curso:
Encontrarse en una situación de insolvencia actual o inminente sin haberse admitido a trámite la solicitud de concurso.
Ocultar, destruir, causar daños o realizare cualquier otra actuación que no se ajuste al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y que disminuya el valor de elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.
Realizar actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.
Realizar operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.
Simular créditos de terceros o reconocer créditos ficticios.
Participar en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.
Incumplir el deber legal de llevar contabilidad, llevar doble contabilidad, o cometer en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
Destruir o alterar los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
Ocultar, destruir o alterar la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.
Formular las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.
Realizar cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.
Favorecer a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial.
Estando admitida a trámite la solicitud de concurso:
Realizar cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley.
Presentar en procedimiento concursal, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel.
Las penas para la persona jurídica seguirán siendo las mismas.
Daños informáticos (arts. 264 a 264 quater)
Junto con las ya existentes, se introducen una nuevas conductas delictivas mediante las que obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informático ajeno, sin estar autorizado y de manera grave. En concreto, destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica.
Se contempla, así mismo, dos nuevos tipos delictivos:
Producir, adquirir para su uso, importar o, de cualquier modo, facilitar a terceros, un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer alguno de los delitos de daños informáticos; sin estar debidamente autorizado y con la intención de facilitar la comisión de alguno de esos delitos.
Producir, adquirir para su uso, importar o, de cualquier modo, facilitar a terceros una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información; sin estar debidamente autorizado y con la intención de facilitar la comisión de alguno de esos delitos.
Se modifica la pena de multa para la persona jurídica, que hasta la reforma es únicamente proporcional al perjuicio causado.
Tras la reforma se contempla la pena de multa por cuota diaria disyuntivamente de una endurecida multa proporcional al perjuicio causado, si de ésta resultara una cantidad superior. Así se establecen las penas de:
Delitos relativos a la propiedad intelectual (arts. 270 a 272)
La reforma realiza una mejora técnica de los tipos ya existentes e introduce los siguientes nuevos tipos delictivos:
Facilitar, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, el acceso o la localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas ilícitamente en Internet, se modo activo y no neutral, sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero.En particular, ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios
La distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional de una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios; con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero.
Favorecer o facilitar la realización de esas conductas eliminando o modificando, sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, las medidas tecnológicas eficaces incorporadas por éstos con la finalidad de impedir o restringir su realización.
Exportar o almacenar intencionadamente ejemplares de las obras o prestaciones literarias, artísticas o científicas, o de su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, incluyendo copias digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente.
Importar intencionadamente estos productos sin dicha autorización, cuando estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.
Fabricar, importar, poner en circulación o poseer, con una finalidad comercial, cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones frente a su reproducción, plagio, distribución o comunicación pública.
En cuanto a las penasa imponer a la persona jurídica, se mantiene la pena de multa proporcional, al beneficio obtenido y favorecido, pero se incluye, como novedad, el “beneficio que se hubiera podido obtener”. Esa proporción será del doble al cuádruple si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años, y del doble al triple en el resto de los casos. Sin embargo, suponemos que por error, en el primer caso la multa será del doble al cuádruple beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener, desapareciendo la posibilidad respecto del beneficio “favorecido”, que en cambio se mantiene para el segundo caso.
Relativos a la propiedad industrial (arts. 274 a 276)
Se mantiene la regulación en materia de patentes pero se reforma sustancialmente en materia de marcas.
Así será delito:
Fabricar, producir o importar, con fines industriales o comerciales, productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas; con conocimiento de su registro y sin consentimiento del titular del derecho.
Ofrecer, distribuir, o comercializar al por mayor, con fines industriales o comerciales, productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado; con conocimiento de su registro y sin consentimiento del titular del derecho.
Ofrecer, distribuir, o comercializar al por menor, o prestar servicios o desarrollar actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado; con conocimiento de su registro y sin consentimiento del titular del derecho.
Reproducir o imitar un signo distintivo idéntico o confundible con un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, para su utilización para la comisión de esos delitos
La venta ambulante u ocasional de aquellos productos.
En materia de producciones vegetales las variedades objeto de delito serán las protegidas tanto por la ley nacional como por la de la Unión Europea.
En materia de denominaciones de origen o indicaciones geográficas no hay cambios.
En cuanto a las penas a imponer a la persona jurídica, son las mismas que en los delitos contra la propiedad intelectual.
Delitos de corrupción en los negocios (arts. 286 bis a 286 quinquies)
La sección denominada “De la corrupción entre particulares”, pasará a denominarse, “De la corrupción en los negocios.
Se realiza una mejora técnica de los tipos existentes y en especial de materia de corrupción en el deporte, en la que se prescinde del concepto genérico “profesional”, entrando al detalle y así será delito la corrupción destinada a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva en la que la mayor parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad; o competición deportiva calificada en el calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de que se trate.
Por otra parte, la reforma introduce en esta sección, un nuevo delito de corrupción en la realización de actividades económicas internacionales:
Corromper o intentar corromper, por sí o por persona interpuesta, a una autoridad o funcionario público en beneficio de estos o de un tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto, mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o ventaja indebidos, pecuniarios o de otra clase, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades económicas internacionales.
La reforma endurece la pena por cuota diaria para la persona jurídica e introduce la imposición disyuntiva de multa proporcional al beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si de ésta resultara una cantidad superior, y así se impondrán a la persona Jurídica:
Se mantiene la posibilidad de que los jueces y tribunales puedan, asimismo, imponer las penas privativas de derechos recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente(arts. 325 a 328)
Se mantienen los tipos existentes con ciertas mejoras técnicas, salvo el delito de establecimiento de depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos, que desaparece como tal.
Además se incluye un Delito menos grave:
Provocar o realizar directa o indirectamente, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como captar de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.
3.- Delitos ya existentes o nuevas formas delictivas de los mismos, para los que no estaba prevista, hasta ahora, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, serán:
Delitos contra la salud pública (arts. 359-366)
Elaborar, sin la debida autorización, sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o despacharlos o suministrarlos, o comerciar con ellos.
Despachar o suministrar sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, con la debida autorización para su tráfico, sin cumplir con las formalidades previstas en las Leyes y Reglamentos respectivos.
Fabricar, importar, exportar, ofrecer, suministrar, intermediar, comercializar, ofrecer o poner en el mercado, o almacenar con estas finalidades medicamentos, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación, que carezcan de autorización, o productos sanitarios que no dispongan de los documentos de conformidad exigidos por las disposiciones de carácter general, o que estuvieran deteriorados, caducados o incumplieran las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, y con ello se genere un riesgo para la vida o la salud de las personas.
Elaborar o producir siempre que estuvieran destinados al consumo público o al uso por terceras personas, y generen un riesgo para la vida o la salud de las personas:
un medicamento, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación; una sustancia activa o un excipiente de dicho medicamento.
un producto sanitario, así como así como los accesorios, elementos o materiales que sean esenciales para su integridad
presentando engañosamente, su identidad, incluidos, en su caso, el envase y etiquetado, la fecha de caducidad, el nombre o composición de cualquiera de sus componentes, o, en su caso, la dosificación de los mismos;
su origen, incluidos el fabricante, el país de fabricación, el país de origen y el titular de la autorización de comercialización o de los documentos de conformidad;
datos relativos al cumplimiento de requisitos o exigencias legales, licencias, documentos de conformidad o autorizaciones;
o su historial, incluidos los registros y documentos relativos a los canales de distribución empleados.
Alterar, al fabricarlo o elaborarlo o en un momento posterior, la cantidad, la dosis, la caducidad o la composición genuina, según lo autorizado o declarado, de cualquiera de los anteriores, de un modo que reduzca su seguridad, eficacia o calidad, generando un riesgo para la vida o la salud de las personas.”
Elaborar cualquier documento falso o de contenido mendaz referido a un medicamento o a cualquiera sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales o materiales referidos, incluidos su envase, etiquetado y modo de empleo, para cometer o facilitar la comisión de esos delitos.
Importar, exportar, anunciar o hacer publicidad, ofrecer, exhibir, vender, facilitar, expender, despachar, envasar, suministrar, incluyendo la intermediación, traficar, distribuir o poner en el mercado cualquiera de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales referidos, con conocimiento de su falsificación o alteración, generando un riesgo para la vida o la salud de las personas
Adquirir o tener en depósito con la finalidad de destinarlos al consumo público, al uso por terceras personas o a cualquier otro uso que pueda afectar a la salud pública, los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales referido.s
Expender o despachar medicamentos deteriorados o caducados, o que incumplan las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, o sustituir unos por otros, poniendo en peligro la vida o la salud de las personas.
Prescribir, proporcionar, dispensar, suministrar, administrar, ofrecer o facilitar, sin justificación terapéutica, a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos.
Ofrecer en el mercado, los productores, distribuidores o comerciantes, productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
Fabricar o vender, los productores, distribuidores o comerciantes, bebidas o comestibles destinados al consumo público, y nocivos para la salud, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
Traficar, los productores, distribuidores o comerciantes, con géneros corrompidos, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
Elaborar o comerciar, los productores, distribuidores o comerciantes, con productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la salud, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
Ocultar o sustraer, los productores, distribuidores o comerciantes, efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados, para comerciar con ellos, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
Adulterar con aditivos u otros agentes no autorizados susceptibles de causar daños a la salud de las personas los alimentos, sustancias o bebidas destinadas al comercio alimentario.
Administrar a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas, o en dosis superiores o para fines distintos a los autorizados.
Sacrificar animales de abasto o destinar sus productos al consumo humano, sabiendo que se les ha administrado las sustancias mencionadas.
Sacrificar animales de abasto a los que se hayan aplicado tratamientos terapéuticos mediante sustancias mencionadas.
Despachar al consumo público las carnes o productos de los animales de abasto sin respetar los períodos de espera en su caso reglamentariamente previstos.
Envenenar o adulterar con sustancias infecciosas, u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud, las aguas potables o las sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.
Las penas a imponer a la persona jurídica serán:
Multa de uno a tres años, o del doble al quíntuplo del valor de los medicamentos, materias, sustancias, productos, elementos, materiales, alimentos o bebidas o del beneficio que se hubiera obtenido o podido obtener, aplicándose la cantidad que resulte más elevada.
Falsificación de moneda. (art. 386)
Alterar la moneda o fabricar moneda falsa.
Introducir en el país o exportar moneda falsa o alterada.
Transportar, expender o distribuir moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad.
Tener, recibir u obtener moneda falsa para su expedición o distribución o puesta en circulación.
Expender o distribuir moneda falsa, recibida de buena fe después de constar su falsedad.
Se establece para la persona jurídica la multa del décuplo al triple del valor aparente de la moneda.
Estos delios de falsificación de moneda son los únicos,de entra aquellos por los que puede responder penalmente una persona jurídica, e en los que los que no se prevé junto la pena de multa la posibilidad de que los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
Este olvido viene dado, a mi juicio, por un error de sistemática en la reforma, que se conforma con la existencia en la actual versión, y que se mantiene, de la posibilidad de imponer consecuencias accesorias, con el contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33, a las empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones, incluso de carácter transitorio, a las que pertenezca el culpable. Las diferencias son sutiles pero importantes,de una parte no se trataría de penas sino de consecuencias accesorias y de otra no cabría la Disolución de la persona jurídica, letra b) del apartado 7 del artículo 33.
Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. (arts.510 y 510 bis)
1-. Fomentar, promover o incitar, públicamente, directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
Producir, elaborar, poseer con la finalidad de distribuir, facilitar a terceras personas el acceso, distribuir, difundir o vender escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
Negar, trivializar gravemente o enaltecer, públicamente, los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltecer a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.
Lesionar la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de un grupo, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
Producir, elaborar, poseer con la finalidad de distribuir, facilitar a terceras personas el acceso, distribuir, difundir o vender escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de un grupo, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.
Enaltecer o justificar por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución
4.- Delitos para los que ya está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a los que la reforma no afecta o solo supone una mejora técnica.
A.- Mejoras técnicas:
Prostitución y corrupción de menores (arts. 187 a 189 bis)
Se mejoran técnicamente estos delitos.
En especial se entra al detalle de conceptos genéricos como la explotación de la prostitución o la pornografía infantil.
Se entenderá, en todo caso, que hay explotación de la prostitución cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Se considera pornografía infantilo en cuya elaboración hayan sido utilizados personas con discapacidad necesitadas de especial protección:
Se mantienen las mimas penas de multa y restrictivas de derechos.
Delitos contra el mercado y los consumidores (arts. 278 a 286)
La reforma afecta únicamente a las penas, en la misma forma que ya se ha señalado respecto de los delitos contras la propiedad intelectual y de corrupción el sector privado.
Cohecho y tráfico de influencias (arts. 420 a 430)
Las únicas novedades son la inclusión entre los participantes en el ejercicio de la función pública a los administradores concursales y la extensión de los tipos a la función pública desarrollada fuera de España.
B-. Permanecen sin novedad:
Tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 bis)
Descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 a 197 ter y 197 quinquies)
Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (art. 318 bis)
Estafa(arts. 248 a 251 bis)
Contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319)
Relativo a las radiaciones ionizantes. (art. 343)
Riesgo de estragos. (art. 348)
Tráfico de drogas. (arts. 368 y 369 bis)
Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis)
Divulgación de Patente Secreta (art. 277 bis)
Captación de fondos para el terrorismo (art. 576 bis)
Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 309 y 310 bis)
Delitos contables (art. 310 y 310 bis)
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References: resolución 
 artículo 127
 artículo 33
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