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La oralidad y la publicidad en el proceso penal
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Lunes, 09 de Noviembre de 2009 15:39
José Virgilio Valerio y Darío Tagua
Nos proponemos como objetivo de este trabajo hacer un análisis de la realidad del sistema procesal penal de Mendoza, a fin de establecer no sólo la necesidad de introducir ese mandato en este sistema, sino también la conveniencia de ello, profundizándolo e implementándolo en las etapas en las que no lo está, haciendo así realidad, derechos y garantías fundamentales derivados del sistema acusatorio consagrado en nuestro ordenamiento jurídico argentino.-
Mendoza, noviembre de 2009.-
La oralidad y la publicidad en el proceso penal conforme a nuestro ordenamiento jurídico constitucional
Por José V. Valerio * y Darío L. Tagua **
Transitando la segunda etapa del Proyecto de Investigación sobre el Sistema Acusatorio en Mendoza, vivenciamos la metodología de la oralidad en la experiencia chilena, comprobando que la misma es un verdadero motor de cambio, no solamente desde las prácticas procesales, sino fundamentalmente desde la cultura y la mentalidad, generando buenas prácticas en todos los sujetos del proceso.-
Entonces, el planteo que nos hicimos, fue, analizar si en el ordenamiento jurídico argentino está prevista la aplicación de la oralidad en el proceso penal, y en ese caso, existe el deber de dictar normas procesales que la establezcan.-
Puntualmente, la primera lectura de las normas que nos rigen, nos mostró claramente, que existe como imperativo de nuestro sistema jurí-dico penal, la oralidad y la consiguiente publicidad en la actuación de un proceso penal.-
De esta forma, nos proponemos como objetivo de este trabajo hacer un análisis de la realidad del sistema procesal penal de Mendoza, a fin de establecer no sólo la necesidad de introducir ese mandato en este sistema, sino también la conveniencia de ello, profundizándolo e implementándolo en las etapas en las que no lo está, haciendo así realidad, derechos y garantías fundamentales derivados del sistema acusatorio consagrado en nuestro ordenamiento jurídico argentino.-
El punto de partida de nuestra investigación, está dado por el escenario posterior a la implementación en Mendoza de un nuevo código procesal penal (Ley 6730) que, en su exposición de motivos, trasluce la deci-sión fundamental de introducir un proceso penal de tipo acusatorio, pero en definitiva, el modelo seguido, muta esa decisión por normas que dejan a mitad de camino ese objetivo.-
En este sentido, nos encontramos, con una etapa de investiga-ción penal preparatoria, llevada a cabo en forma escrita, estrictamente formalizada, que no elimina la delegación de funciones, y está plagada de posibles incidencias, oposiciones y posteriores recursos, por lo que queda muchas veces a merced de la buena predisposición y lealtad procesal de las partes, que no se transforme el caso penal a resolver, en lo más insigni-ficante del expediente ; resultando en definitiva una tramitación que insume tiempos realmente innecesarios para resolver, en relación con la naturaleza de los actos a cumplir, lo que implica a su vez, un costo irrazonable para el Estado.-
Nótese a modo de ejemplo, que con violación a derechos y ga-rantías constitucionales, con la aplicación de nuestra ley adjetiva sobre la prisión preventiva, se llega al absurdo que para resolverla, el juez sólo atien-de lo dicho por una de las partes, es decir, los argumentos del Ministerio Público. Básicamente, el juez de garantías cuando dicta una prisión preventiva, lo hace sin escuchar los argumentos del imputado y su defensa, violándose de esta forma el derecho perfecto a defender la libertad, establecido en el art. 8 de la Constitución de Mendoza, como asimismo se hace imposible la determinación del peligro de eludir la acción de la justicia -que no esté relacionada con causales objetivas- sin la intervención del imputado, máxime cuando el art. 281 del C.P.P., en el párrafo segundo, le otorga el derecho de requerir al Juez, que examine su situación al amparo de la regla consistente en que la restricción a libertad, sólo se impondrá en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley.-
Algo similar ocurre en el trámite previsto en el art. 345 del CPP, para el denominado “control jurisdiccional”, en tanto el imputado le solicita directamente al Juez de Garantías que examine su situación respecto a su libertad, por la aplicación de los arts. 281, 2° párrafo, 292, 295, y el Juez resuelve a través de un trámite escrito, sin que la parte contraria (Ministerio Público Fiscal) sea escuchada antes de ello.-
Igualmente, con violación a las reglas de los principios de celeridad y economía procesal, y al principio de proporcionalidad y finalidad de los actos procesales, en los actos preliminares del juicio oral, también se realiza un procedimiento escrito, con plazos excesivos y/o estériles con relación a la naturaleza de los actos a cumplir, como son los previstos para notificar la clasificación de la causa, período de citación a juicio y ofrecimiento de prueba, el que se realiza por escrito por cada parte, con remisión del expediente, con resoluciones también escritas con las correspondientes notificaciones por escrito en caso de su rechazo, lo que implica un desgaste innecesario de tiempo, horas hombre, insumos, etc..-
En este entendimiento, concluimos que en la interpretación literal de la ley procesal, su práctica reviste violación de derechos y faltas a las garantías constitucionales consagradas para las partes, tales como una excesiva e innecesaria duración de los procesos, no respetar la intervención del imputado o del Ministerio Público, la falta de inmediación, contradicción e igualdad de armas, de oralidad y su consiguiente publicidad de los actos procesales .-
A su vez, a estos problemas antes descritos, se le agregan una serie de incidencias, oposiciones, discrepancias y recursos, que se materializan por escrito, y que multiplican considerablemente los tiempos del proceso penal, lo que se traduce en su conjunto en desmedro de la sociedad toda. Precisamente, este es un punto muy importante con relación a la sensación de falta de respuesta rápida de la justicia, en tanto, se ven a diario, las planillas de antecedentes de imputados con numerosas causas en trámite sin sentencia firme que defina su situación procesal como inocente o culpable, o resolución que disponga archivo de la causa, o la suspensión de la persecución penal o del juicio a prueba, es decir una pronta resolución del caso con relación al conflicto originado, lo que a su vez genera una serie de consecuencias, que culminan con una sensación que trasluce la sentencia popular “entran por una puerta y salen por otra sin que les pase nada”.-
III. Análisis del problema desde la perspectiva constitucional:
Los problemas sintéticamente enunciados, deben ser analizados mediante la lógica jurídica, desde el marco jurídico institucional de nuestro ordenamiento jurídico constitucional.-
En este sentido, se ha dicho que se debe concretar la existencia de un proceso “según constitución”, lo que significa reconocer la concepción ideológica de la Carta Magna y estructurar un modelo procesal que la respete, por lo que un código de procedimientos penales debe “reglamentar” las pautas que sobre el particular prevé la Constitución. Por ello es tan importante establecer cuál es el sistema que la Constitución Nacional, al estructurar políticamente al Estado, eligió para los juicios penales .-
Al respecto se debe decir en primer lugar, que no cabe duda que la organización política argentina se ha fundamentado, en un sistema democrático republicano, con un enjuiciamiento acusatorio, tal como surge de todo el contexto de la Constitución Nacional.-
Ello se ve ratificado cuando se prevé expresamente la intervención de jurados en los procesos penales, el que se presenta como para-digma del modelo acusatorio. La referencia constitucional a los jurados, debe entenderse como la adhesión a un método oral porque no se puede imaginar jurados en un procedimiento escrito.-
La Constitución se encarga de consagrar con suficiente claridad y concreción los lineamientos básicos que toda ley procesal nacional o provincial debe respetar para comulgar con la filosofía republicana y liberal que inspiraron el contexto general de la misma, y la ley procesal no puede apartarse de los principios consagrados constitucionalmente, sean expresos o consecuenciales.-
Por esta razón, el grupo de principios fundamentales establecidos con respecto al enjuiciamiento penal y a todo lo relacionado con el mismo constituyen normas irrenunciables e indisponibles, tanto por los particulares como por el propio Estado.-
En esta línea de pensamiento, para poder efectuar una interpretación sistemática y armónica del ordenamiento jurídico, desarrollaremos cuatro puntos que se encuentran relacionados:
1°) El juicio por jurados:
Esta institución republicana, ha sido consagrada en nuestra Constitución Nacional en tres normas:
a. En la parte dogmática, dentro del capítulo Primero de Declaraciones, derechos y garantías, más precisamente en el art. 24, cuando dis-pone: “El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados”.-
Esta norma constitucional, impone al Congreso de la Nación la obligación de promover el establecimiento del juicio por jurados, lo cual, condiciona los actos del Congreso hacia el futuro.-
b. Dentro de la parte orgánica, referida a las autoridades de la Nación (poderes constituidos), y relacionada con la obligación del Congreso de promover entre otros el juicio por jurados, dentro del título del Gobierno Federal, en la Sección del Poder Legislativo, en el capítulo Cuarto de atribuciones del Congreso, en el inc. 12 del art. 75, se dispone: “Corresponde al Congreso: 12. Dictar.....leyes generales para toda la Nación....., y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados”.-
No es posible otra interpretación, que aquella que entiende que el Congreso de la Nación, dicta leyes en las que requiere el establecimiento del juicio por jurados a las provincias, porque la Constitución le ha impuesto en el art. 24 la obligación de promover el establecimiento de esta institución.-
En abono de esta interpretación, y a discrepancia de aquellos que entienden, que el Congreso de la Nación puede dictar un Código Procesal Penal o una ley de Juicios por Jurados, con validez para la Nación y las Provincias, basta recurrir al art. 126 de la C.N., donde entre las prohibiciones a las Provincias de no ejercer el poder delegado a la Nación, en ningún caso, se menciona ni los códigos procesales, ni la ley de juicio por jurados, y en cambio prohíbe expresamente a las Provincias además de dictar códigos después que los haya sancionado el Congreso de la Nación, como dictar leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de monedas o documentos del Estado.-
La consecuencia jurídica de estas normas, es la anticipada, es decir, que la ley de juicio por jurados que puede dictar el Congreso de la Nación, solamente puede ser en la jurisdicción federal o nacional, pero en ningún caso en la provincial, aunque sí tiene la obligación de sancionar leyes promoviendo y requiriendo a las provincias, el establecimiento del juicio por jurados.-
c. Finalmente, también en la parte orgánica, pero ya en la sec-ción Tercera del Poder Judicial de la Nación, en el capítulo Segundo de atri-buciones del Poder Judicial, en el art. 118 se establece: “Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados, se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución...”.-
De acuerdo al lugar en que se encuentra esta norma (título del Gobierno Federal), debe entenderse que sólo se refiere a los juicios criminales ordinarios de competencia del Gobierno Federal, porque no puede establecerse una norma que impone obligación a las provincias, en una disposi-ción contenida en un acápite referido al Gobierno Federal, pero sin perjuicio de ello, resulta indiscutible la voluntad constitucional del establecimiento de estos juicios, tanto en la Nación como en las Provincias.-
Ahora bien, con relación al tema que estamos analizando, lo importante no es la discusión sobre la conveniencia o no de la instauración del juicio por jurados, sino que lo establecido por nuestra Constitución res-pecto al juicio por jurados, indudablemente debe entenderse como adhesión a la oralidad para los juicios penales ordinarios, en tanto, no se puede imaginar un juicio por jurados con un procedimiento escrito, y el juicio por jurados, tiene como presupuesto jurídico e institucional, el sistema acusatorio.-
2°) El Juicio Político:
Esta otra institución está prevista en el art. 53 de la Constitu-ción Nacional en cuanto refiere: “Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al Presidente, Vicepresidente, al Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes”.-
Y en el art. 59, al disponer que: “Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el Presi-dente de la Nación, el Senado será presidido por el Presidente de la Corte Suprema. NInguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”.-
De ello surgen palmariamente, dos notas características de nuestro sistema acusatorio: la separación de la función de acusar de la de juzgar, y la otra, es la publicidad, y por ende, la oralidad en el procedimiento, en tanto es inimaginable, que esas sesiones de la Cámaras sean llevadas a cabo por escrito.-
Cabe agregar en esta línea de pensamiento, que de los arts. 60 y 115 de la Constitución Nacional, surge establecida también en el área de la responsabilidad penal común, la secuencia diferenciada de “acusación, juicio y castigo”.-
3°) Del debido proceso, que según la Corte Suprema deriva del art. 18 de la Constitución Nacional.-
Con ello relacionamos la cuestión de la jerarquía constitucional o no del principio de inmediación, ligado al concepto del “debido proceso”, es decir, proceso con todas las garantías. Al respecto, en la doctrina se afirma sin discusión, que el principio de inmediación resulta vulnerado cuando el tribunal no pondera por sí mismo y en forma directa la prueba, es decir, cuando admite, sin comprobación posible, el punto de vista de un tercero que no compareció en el juicio, y se infiere que el principio de inmediación tiene relación con la garantía del juez predeterminado por la ley, en tanto el juez que tiene que haber percibido directamente la prueba es el que tiene que dictar sentencia, y sólo éste es el juez predeterminado por la ley; y un juez que introduce, en su ponderación de la prueba, la obtenida mediante su subrogación por otro, reemplaza la convicción del juez predeterminado por la ley por la de otro juez u otra persona (por ejemplo, un funcionario).
Asimismo, el respeto de las formas esenciales del juicio requiere necesariamente de la realización de los principios constitucionales. En éste sentido el principio acusatorio limita el rol del juez estrictamente al de juzgar y le impide convertirse en un representante de las partes, y exige como garantías mínimas la igualdad de armas, la inmediación, la contradicción y la publicidad de las actuaciones.-
El debido proceso en su aspecto procesal, ha sido ubicado en la noción que el Estado tiene el deber de otorgar notificación razonable y una oportunidad de ser escuchados a los individuos o grupos cuyos inter-eses en la vida, libertad o propiedad pueden ser adversamente afectados por acción estatal. En ese sentido, la garantía de un debido proceso debe concretarse de tal forma que a los individuos les sea otorgada una audiencia abierta ante un juez imparcial, en tanto es fundamental en ella, que se asegure a las personas la oportunidad de ser escuchadas.-
4°) A todo ello se agrega, que un sistema democrático requiere un proceso penal que comparta sus valores, para asegurar la libertad y el efectivo respeto de todos y cada uno de los derechos fundamentales, y podemos afirmar en ese sentido, que un proceso penal conforme al sistema acusatorio es el único compatible con la dimensión sustancial de la democracia, comportándose como insustituible herramienta de concreción de derechos fundamentales. Sin este tipo de proceso, el hombre no se le asegura ni su libertad, ni la igualdad jurídica, ni los demás derechos inalienables.-
Puntualmente, el respeto a la dignidad humana fundamental en un sistema democrático, se refleja en un proceso acusatorio merced al ejercicio del derecho de defensa, en tanto la igualdad de armas entre las partes (principio angular del sistema acusatorio), posibilita una discusión sin preferencias ni privilegios que beneficien a una de las partes en detrimento de su oponente, y de esta forma, el rico y el pobre, el fuerte y el débil, cuentan con idénticas oportunidades de actuar, defenderse y ser oídos, en condiciones de igualdad.-
En igual sentido, el diálogo, elemento imprescindible en la democracia, también es fundamental en el sistema acusatorio, y se concreta en el contradictorio entre las partes, que implica a su vez que deban ser escuchadas por la autoridad antes de pronunciarse sobre lo discutido.-
IV. Conclusiones del análisis desde la perspectiva constitucional:
A esta altura podemos afirmar entonces, que la oralidad y la publicidad, como pilares fundamentales del sistema acusatorio establecido por nuestro marco constitucional, se erigen en garantías de justicia para el interesado con control del respeto de las garantías de todas las partes, es decir, en el proceso penal, una garantía para el imputado pero también para cualquier miembro de la sociedad que esté relacionado de algún modo con ese proceso.-
A ello se agrega, que la oralidad y la publicidad son garantías de transparencia en el proceso penal, y por ello contribuyen efectivamente al “afianzamiento de la justicia” proclamado en nuestro Preámbulo, lo que obedece a su vez, a la propia esencia del régimen republicano de gobierno impuesto por el art. 1 de la Constitución Nacional, en cuanto a que todos los representantes del pueblo (funcionarios públicos) sean responsables de sus actos ante el pueblo soberano (el representado). Ello así, la responsabilidad de los jueces como integrantes del Poder Judicial, se hace efectiva cuando sus actos son públicos, es decir, cuando los ciudadanos tienen la posibilidad de asistir a las audiencias donde se lleven a cabo actos significativos con relación al proceso.-
En este sentido, la oralidad y la publicidad son garantías de justicia establecidas también en beneficio de la colectividad jurídicamente organizada, imprescindible para el afianzamiento del supremo valor dispuesto por la Constitución Nacional en su art. 1, para que otorgue la luz necesaria a los procesos, impidiendo que el procedimiento se desenvuelva en el misterio, generando la posibilidad de sospecha o de arbitrio.-
Cabe aclarar, que la auténtica publicidad (popular) no se satisface con la publicidad relativa (de pares), ésta última propia de los sistemas escritos de enjuiciamiento que tiende sólo a la comunicación procesal, asegurando la bilateralidad y la intervención de los sujetos de la relación procesal, mas no propicia el control del pueblo de los actos de los gobernantes, que es lo que requiere el régimen republicano de gobierno.-
V. Análisis desde la perspectiva del derecho internacional:
Ahora bien, es en el derecho internacional de los derechos humanos, que a través de los tratados ha alcanzado jerarquía constitucional en nuestro país, donde para darle contenido al concepto de debido proceso, además de establecer dicho enunciado general, se han preocupado por suministrar requisitos básicos mínimos, que deben estar presente dentro de ése concepto, surgiendo allí claramente la obligatoriedad de introducir la oralidad y publicidad en el proceso penal como garantías constitucionales para todos los actores del proceso.-
La Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 10 determina, que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igual-dad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.-
La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, establece en el segundo párrafo del art. 26 que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas.”
El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone, como parte de las garantías judiciales, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo ra-zonable por un juez competente, independiente e imparcial, y dispone que el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.-
El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial…”.
VI. Necesidad y conveniencia de introducir la oralidad y la publicidad en el proceso penal con su implementación en todas las etapas:
De esta forma no pueden quedar dudas, tanto por la referida interpretación del ordenamiento jurídico que emerge de nuestra normativa constitucional, como de lo establecido concretamente en los tratados internacionales con rango constitucional; que es un derecho de toda persona en la tramitación de un proceso penal, el de ser oída públicamente, es decir en audiencia oral y pública, por lo que resulta obligatoria su implementación en todas las etapas del proceso penal como garantía que asegure esos derechos.-
Con ello, los jueces asumirían personalmente su responsabili-dad y su función, teniendo como objetivo a la oralidad y publicidad como un instrumento que facilita la consecución de principios constitucionales básicos y garantías del moderno proceso penal.-
Para ello, se requiere que el método de resolución de todos los conflictos que se generen en las etapas del proceso penal y que involucren derechos de los intervinientes, se realice mediante el sistema de audiencias orales, con la presencia ininterrumpida del juez en dichas audiencias y que sea éste quien resuelva de manera oral y pública la controversia específica, asegurando de ese modo que se permita a las partes controvertir la informa-ción y argumentos presentados por la contraria, adquiriendo el juez el prota-gonismo que le corresponde en la resolución de los conflictos sociales de índole penal, dejando de lado las delegaciones de las tareas jurisdiccionales, como ocurre en los sistemas escritos o mixtos, lo que haría a su vez, que los ciudadanos perciban a los jueces en el ejercicio de sus funciones.-
En estos tiempos, es necesario que la justicia penal se administre de frente a la comunidad, ya no solo en las etapas de juicio, sino también en el resto de las etapas del procedimiento penal. De este modo, la ciudadanía puede apreciar la forma en que los jueces ejercen sus funciones, evitando o al menos poniendo en evidencia los excesos, los abusos, la falta de idoneidad o la impunidad, a lo que ayuda también la publicidad de las audiencias, como elemento vinculado directamente con la esencia de nuestro sistema democrático, superando verdaderamente de esta forma, las prácticas tradicionales del sistema inquisitivo.-
A su vez, el principio de inmediación, pilar del sistema acusato-rio, por el que el juez debe configurar su juicio sobre la base de la impresión personal que ha obtenido del acusado, las partes y de los medios de prueba; está relacionado con la circunstancia que durante todo el proceso, las partes deben poder ejercer una activa participación fiscalizadora, especialmente para vigilar el respeto a las garantías procesales, y es precisamente la orali-dad y la publicidad las formas de establecer una actividad controladora de las decisiones judiciales en ese sentido.-
Además, se resalta la oralidad y la publicidad del proceso penal como garantías para el individuo que interviene en un proceso penal, con relación a que la intervención del juez no se ve supeditada, necesariamente, a lo que surge de un expediente donde se amontonan numerosos papeles, sino a la realidad del proceso, el cual, caracterizado por la inmediación entre el juez y los intervinientes del proceso, hace que las decisiones se adopten sobre la base de la discusión que se presenta en las audiencias orales, y con inmediatez, con la posibilidad de concentración de distintos actos, salvaguardando la intervención de las partes en condiciones de igualdad.-
En este contexto, la fundamentación de lo resuelto puede hacerse oralmente con la participación de todas las partes intervinientes y con sustento en las alegaciones planteadas en la audiencia, plasmándola en un acta o en una grabación de audio y/o video, que permita que la decisión pueda ser revisada por un superior. Puntualmente, la exigencia de fundamentación de la decisión que motiva la imposición de medidas cautelares no disminuye con la realización de una audiencia oral, sino que, por el contrario, se refuerza dicha garantía y se amplía la posibilidad de defensa ante el propio juez competente.-
De esta forma, en base las consideraciones expuestas, de las que se infiere la obligatoriedad de garantizar la oralidad y la publicidad en todas las etapas del proceso penal, surge palmariamente la necesidad de introducir interpretaciones a nuestra ley procesal, y en su caso reformas, que aseguren el cumplimiento de ello.-
El procedimiento penal es perfectible y por ello se deben bus-car propuestas concretas para cambiar un sistema procesal penal lento, caro, saturado, que no es útil para la sociedad; mediante una interpretación o reformas del actual articulado del Código, que permitan oralizar distintas etapas procesales de manera que se dejen atrás verdaderamente, la escritura, el secreto, la falta de inmediación con la prueba y con las partes, y la no contradicción entre éstas.-
Ahora bien, la oralidad y publicidad sólo son compatibles con un debate que respetando las formas esenciales del juicio, sea a su vez, sencillo y ágil, superándose así ritos innecesarios, generadores de innumerables nulidades e incidentes procesales. Para ello se requiere de una actitud responsable de las partes y de sus abogados. Así como de mayores controles en orden a la conducta de éstos por parte del órgano jurisdiccional, del Ministerio Público, y de los respectivos colegios profesionales o instituciones que deban ejercer el pertinente control.-
Puntualmente, si no hay oralidad, el juicio se transformaría en un juicio leído, si no hay inmediación no habría una real fase probatoria, y si no hay concentración no sería posible un juicio racional y célere.-
En cuanto a la publicidad, ella coloca en el proceso un sujeto que se denomina “público”, a los efectos que controle la actividad que cumplen las autoridades del Estado en la recepción de las pruebas y en el pronunciamiento de la sentencia, y consiste exactamente, en que las audiencias se realicen a puertas abiertas, para que el público pueda ver y oír lo que ocurre en ese acto, sin afectar por supuesto, la facultad disciplinaria que ejerce el tribunal en la sala de audiencias frente a incorrecciones (del público o de las partes), y a cada caso particular, conforme lo previsto en la ley. Basta conque exista la posibilidad de la asistencia del público.-
Por eso propugnamos el fortalecimiento y la implementación durante todo el procedimiento penal, de la oralidad y la publicidad, partiendo de la premisa que éstas permitirían simplificarlo, acelerando su desarrollo de forma tal que las etapas procesales se fueran cumpliendo, ininterrumpida-mente, pasándose a la siguiente fase sin necesidad de complicados trámites o formalidades, a través de la concentración de actos procesales.-
En este entendimiento sostenemos, que la adopción de decisiones que afecten derechos de las partes debe ser fruto de la oralidad y la publicidad, a fin de asegurar la existencia de un intercambio verbal, del contradictorio y de la percepción directa de los argumentos y actitudes de las partes, como garantías de justicia y de defensa para los intereses de los intervinientes en un proceso penal.-
En consecuencia, luego de los razonamientos expuestos, arri-bamos a la indisputable conclusión, que una interpretación acorde con el principio acusatorio que inspiró nuestro Código Procesal Penal, conforme al marco constitucional fijado al respecto, y de acuerdo a los establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, conlleva que la oralidad y la publicidad dejan de ser derechos y garantías reservadas para la etapa del juicio oral, para consagrarse como derechos y garantías intrínsecas a todo el proceso penal, resultando de esa forma congruente con los principios esenciales que rigen el sistema acusatorio, como la igualdad de armas, la contradicción, la inmediación con los elementos de la causa y con las partes, y, en definitiva, la potenciación del derecho de defensa de los intereses de las partes, y la eficiencia y celeridad del proceso a través de la concentración de actos.-
* Juez de la Segunda Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza.-
** Juez del Tercer Juzgado Correccional de la Primera Circunscripción Judi-cial de la Provincia de Mendoza.-
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Clariá Olmedo, J., Tratado de Derecho Procesal Penal, Ediar, Buenos Aires, 1962, t. I.-
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References: resolución 
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