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Timestamp: 2019-05-26 17:53:08+00:00

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Desvinculadas irregularmente por denunciar: El caso de dos ex académicas de la U. de O'Higgins » La Clave
Desvinculadas irregularmente por denunciar: El caso de dos ex académicas de la U. de O’Higgins
A fines del 2018 la desvinculación irregular de dos académicas de la recientemente inaugurada Universidad de O’Higgins se hacía pública. Hoy, a cinco meses de su despido, ¿qué ocurrió con el caso de las doctoras Karina Bravo y Vania Figueroa? Una de las aristas del mismo, relaciona lo vivido por las académicas con el mediático “Desastre de Rancagua”.
Primera gran crisis de la Universidad de O’Higgins
El ojo público supo de su desvinculación luego de que el lunes 10 de diciembre de 2018, casi finalizando el año académico en la entidad, variados carteles aparecieran en dependencias de la Escuela de Salud del plantel: «Porque nosotrxs hacemos la UOH exigimos la reincorporación [sic] Dra. Karina B. y Dra. Vania F.»
Así, fines de 2018 la Universidad de O’Higgins vivía su primera gran crisis, la cual se centró en la desvinculación irregular de las dos académicas del plantel, las dudas del proceso evaluativo de desempeño y el rol jugado por quienes Bravo denunció seis meses antes por hostigamiento laboral.
«Esto ha sido un freno para mi avance en la academia»
El 1 de agosto del 2017 ingresaba como académica Karina Bravo, doctora en Neurociencia de la Universidad de Santiago de Chile, diplomada en Docencia universitaria y quien cursó una pasantía en la Universidad de Iowa, Estados Unidos. Diez meses después, Bravo realizó una denuncia al interior del plantel contra sus dos jefaturas directas, Rubén Alvarado, Director de Instituto de Ciencias de la Salud y Soledad Burrone, Directora de Escuela de Salud y Jefa de Carrera de Medicina debido a hostigamiento laboral.
Ajustándose a lo establecido en el Protocolo de actuación frente a denuncias sobre vulneración de derechos como acoso o discriminación arbitraria de la Universidad de O’Higgins, la doctora Bravo realizó su denuncia, de manera confidencial. Dentro de la denuncia, especifica que en múltiples ocasiones vivió «hostigamiento reiterado presencial», «acusaciones reiteradas de Rubén» (contra ella), «conjunto de mails fuera del horario laboral, incluyendo la madrugada y fines de semana», el no contar con condiciones mínimas para trabajar, falta de gestión de solicitudes realizadas por Bravo, tales como la compra de computador para su desempeño laboral y actividades propuestas por la docente (actividad con Backyard Brains y gestión de permiso para Summit Global STEM Alliance 2018), ofensas como «pobre criatura», «suspensión transitoria de asignaturas» a dictar por Bravo, exceso de carga docente, tope de horarios para realizar asignaturas (tenía clases con Medicina y Terapia ocupacional en los mismos horarios, de 8.30 a 16.30 y 8.30 a 13.30, respectivamente), bloqueo de entrada de clases, entre otras situaciones.
La denuncia, según indica el protocolo de la UOH, debió permanecer confidencial mientras se realizaba la investigación, no obstante, según palabras de Bravo, se filtró, provocando un tenso ambiente laboral y ataques públicos hacia su persona.
«Me acogí al protocolo interno de vulneración de derechos en junio 2018 por hostigamiento laboral, ahí finalmente el 22 de noviembre 2018 me informan que se sobreseyeron las acusaciones. Sin embargo, el proceso fue viciado, ya que al momento de dar yo mi declaración se cuestionaron mis preceptos y fundamentos«, manifiesta Karina Bravo, quien agrega que el sumario se basó en cuestionamientos personales hacia ella, en vez de realizarlo parcialmente.
Tal como explica la denunciante, el 22 de noviembre, luego de una investigación sumaria encargada a través de la Resolución Exenta N°784 a Cristina Fierro, Directora de la Calidad y Acreditación de la Universidad de O’Higgins, se sobreseyó la misma al «no haberse acreditado infracción de un deber o vulneración de los derechos de la Srta. Bravo, por parte de los denunciados».
«Esto ha sido un freno para mi avance en la academia, sin embargo, no se ha mellado mi curiosidad para seguir investigando en mi área, ni mi pasión por la docencia de calidad», enfatiza Bravo.
«Quedarme callada habría sido una canallada»
Por su parte, la doctora en Ciencias, Vania Figueroa, quien también trabajaba en el Instituto de Ciencias de la Salud, apoyó a su colega, declarando a su favor. «Todo el 2018 el clima laboral fue muy tenso, con constante malos entendidos y el hostigamiento hacia la doctora Bravo era constante, por lo que ella decide realizar la denuncia. Después de la denuncia el ambiente fue peor, ella estaba siendo constantemente ignorada y yo comencé a experimentar hostigamiento directo también, aunque ahora que lo veo en retrospectiva, yo también fui constantemente ignorada en mis solicitudes, pero como estaba tan enfocada en sacar adelante mi investigación no lo vi claramente en ese momento», expresa Figueroa, quien agrega que «se suponía que la investigación sumaria que se instruyó en respuesta a la denuncia de la doctora Bravo era confidencial, pero se filtró y en poco tiempo casi toda la universidad sabía y rumoreaba al respecto. Otros (as) colegas habían visto las situaciones de hostigamiento hacia la doctora Bravo, las comentaban, pero tenían miedo de hablar e ingenuamente pensaban que con esta investigación se iban a terminar estas situaciones».
En tanto, además de apoyar a su colega, anteriormente Figueroa también tuvo problemas. Según explica, en las condiciones para su incorporación como académica, la Universidad de O´Higgins le aseguró que contaría con laboratorios para investigar y «lo mismo se le aseguró a todos los investigadores (as) contratados (as). Sin embargo esto no ocurrió y hasta la fecha la UOH no cuenta con laboratorios de investigación, salvo un equipo de alta gama que fue adquirido con un proyecto Mineduc en el que participamos la doctora Bravo y yo».
Frente a dichas circunstancias, y luego de adjudicarse -en octubre de 2017- el Proyecto de Inserción en la Academia de Conicyt (PAI-CONICYT), Figueroa consiguió que le prestasen un laboratorio en la Universidad de Valparaíso para desarrollar sus experimentos. No obstante, debido a la carga docente que tenía en Rancagua, en ocasiones se le dificultaba viajar a la costa, por lo que le solicitó a la dirección el Instituto de Ciencias de la Salud contratación de personal de apoyo para supervisar experimentos cuando ella se ausentara: «después de mucha insistencia, bastante situaciones de desidia y torpeza en la gestión, tanto de la Dirección de Instituto de Salud, como las Vicerrectorías, recién seis meses después de hecha la solicitud, pude contar con ayuda técnica. Cabe señalar que por bases de Conicyt, la universidad estaba obligada a proveer infraestructura y personal de apoyo. Yo estaba haciendo un enorme esfuerzo personal para suplir la falta de infraestructura, por lo que proporcionar personal de apoyo en cumplimiento de las bases era lo que la UOH debía hacer», señala Figueroa.
Anteriormente, el equipo de dicha entidad también enfrentó problemas con los laboratorios de docencia, instancia en la que se vieron en la obligación de prescindir de actividades prácticas en sus cursos: «la mayoría de las y los académicos estaban molestos con las deficiencias de gestión, el ambiente era muy estresante, un completo caos, dónde cada uno intentaba hacer su trabajo de la mejor forma, a pesar de que las autoridades constantemente no canalizaban ni gestionaban adecuadamente soluciones a las necesidades y requerimientos de las y los académicos para cumplir con sus funciones», sentencia Figueroa.
A fines de noviembre, después de realizada la investigación sumaria, el proceso de la denuncia contra Burrone y Alvarado resultó sobreseído, y el viernes 7 de diciembre, a ambas académicas se les avisó, mediante correo electrónico, sobre su despido. El mail procedía de la cuenta de Javier Pino, Vicerrector de Gestión de la UOH.
«Me han preguntado muchas veces si estoy arrepentida de haber apoyado a mi colega y la respuesta es la misma, por ningún motivo, yo fui testigo del hostigamiento, quedarme callada habría sido una canallada, algo completamente contrario a mis valores, no podría ser cómplice pasiva de una situación tan injusta, menos de una abierta discriminación de género», enfatiza Figueroa.
Respecto al proyecto PAI-Conicyt adjudicado por Figueroa, se dictaminó el término anticipado del mismo, respecto a lo que la afectada manifiesta que «recibir esta resolución fue devastador para mí, me quedo sin proyecto por el incumplimiento de la UOH, pero esta no tiene ninguna sanción salvo devolver el dinero».
En marzo de este año, Figueroa interpuso una denuncia de tutela laboral contra su ex empleador, la Universidad de O’Higgins, en la cual se declara que los hechos «vulneran gravemente su garantía de no discriminación, su derecho a la integridad psíquica, su derecho a la honra privada y pública».
¿Desvincular a quien denuncia?
«Cumplo con notificar la no renovación de su designación a contrata de acuerdo a lo dispuesto en la resolución Exenta N°1483/2018 de la Universidad de O’Higgins, que adjunto”, se leía en el correo enviado a ambas académicas para informarles sobre su salida del plantel.
«Era tan evidente la animadversión de los directivos de salud hacia la doctora Bravo que un momento sospeché que la despedirían, le comenté a ella mi temor, lo que no sospechaba era que yo también sería despedida», expresa Figueroa.
Posterior a la comunicación de la no renovación de sus contratos, Figueroa expresa que la Asociación de Funcionarios de la UOH les brindó su apoyo, el cual consistió en la reevaluación de los despidos y la elaboración de un petitorio a Rectoría cuestionando los motivos por los que Rubén Alvarado, Director del Instituto de Salud y Soledad Burrone, Directora de la Escuela de Salud, y quienes fueron denunciados por la doctora Karina Bravo por hostigamiento laboral, participaron de las evaluaciones de desempeño utilizadas para desvincular a ambas académicas.
Dentro de lo acontecido con la desvinculación, las académicas acusan que no se realizó el debido proceso, puesto que no cumplieron con los treinta días de anticipación fijados por la Ley 18.834 para avisar término de contrato, y tampoco se adjuntaron en la resolución los análisis de desempeño mencionados, lo que no permitió conocer los parámetros de evaluación ni impugnar los mismos. No supimos por qué nos despedían y no pudimos defendernos», explica Figueroa, quien solicitó los documentos, a lo que el Vicerrector de Gestión respondió citándola a reunión, en la cual, se leyeron tres análisis de desempeño, los cuales, en palabras de la académica, eran «uno más absurdo que el anterior, básicamente eran juicios de valor sin parámetros objetivos, así eran los informes de la Directora de Escuela (Burrone), del Director de Instituto (Alvarado) y del Director de Investigación, todos decían que tenía mal desempeño en investigación y docencia, a pesar de tener dos proyectos de investigación adjudicados, uno Conicyt y otro Mineduc, y ser una de las profesoras con mejores evaluaciones docentes con notas 6.5, 6.7 y 6.8».
Por su parte, Bravo explica que «las motivaciones no son el desempeño, sino represalias por iniciar el sumario, para nosotras y toda la comunidad universitaria». Según la académica, la no entrega de los mencionados análisis de desempeño es un acto «clandestino», «arbitrario», ya que las evaluaciones sólo fueron aplicadas a ellas, a ningún otro miembro de la comunidad académica e «ilegal, [porque] no se acoge a Ley 19.880 de Estatutos Administrativos Públicos».
En el artículo 14 del Protocolo de actuación frente a denuncias sobre vulneración de derechos como acoso o discriminación arbitraria de la Universidad de O’Higgins se lee: «Se prohíbe toda medida de disuasión, censura o reprimenda contra personas por denunciar acoso laboral, acoso sexual o discriminación arbitraria».
«Antes de la denuncia, la institución debe tener un staff de recursos humanos lo suficientemente capacitado con la confianza con los trabajadores para abordar el tema antes de que la denuncia se genere», expresa María Paz Aylwin, psicóloga laboral, quien agrega enfatiza que un buen clima laboral es fundamental y que es importante «validar siempre el sentir del trabajador: por lo general cuando un trabajador se queja de un problema, el mismo se repite en otras personas. Nunca hay que poner en duda el sentimiento del trabajador, independiente de que sea cierta o no la demanda por acoso, por ejemplo». Respecto a la filtración de la denuncia realizada por Bravo, la psicóloga expresa que «se genera un impacto psicológico potente porque hay un sentimiento de persecución organizacional, donde [la persona] no se siente cómoda en el lugar de trabajo y prestarle apoyo es muy difícil porque se siente observada. Una filtración es grave y puede desencadenar estrés y depresión laboral».
Según la Dirección del Trabajo, la inserción laboral de las mujeres en el área laboral es tardía y una de las «más bajas de América Latina»: un 36,2% de la fuerza laboral corresponden a mujeres, quienes se desempeñan en empleos con «menor calificación y remuneración». En tanto, según cifras de la Encuesta Nacional de Corporación Humanas, un 87% de las mujeres perciben discriminación, la cual llega a un 88,2% en el área laboral. Al hablar de salario, en caso de mujeres con estudios de postgrado, estas perciben 36,8% menos que sus pares con la misma preparación educacional.
«Existe un componente de discriminación de género, junto a la intersección a discriminación profesional (no somos médicos con Vania y otros colegas dentro del Instituto de Salud de la UOH), discriminación por edad, me dijeron que era muy joven para las actividades que propuse complementar, por ejemplo participar en la acreditación de Medicina, entre otros», expresa Karina Bravo.
Ambas académicas acudieron a la Comisión de Mujer e Igualdad de Género tanto del Senado, como de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se les concedió una audiencia pública. Una de las acciones tomadas por la Comisión, fue entrevistar al Rector de la UOH, Rafael Correa, quien señaló que “recibí del director del Instituto de Salud los informes respectivos de estas dos académicas. Son informes totalmente distintos, porque uno se refiere a su actividad de investigación, a su productividad científica del instituto; el otro se refiere a su desempeño docente. Ambos informes me evidenciaron que estábamos frente al caso de dos académicas que no tenían la voluntad o la capacidad, pero yo mejor diría la voluntad, porque la capacidad sí la tienen, de poder llegar a ascender en la carrera académica y hacer una carrera académica en la Universidad de O’Higgins”.
«¿En qué universidad se mide la voluntad? Estas declaraciones generaron una ola de cartas a los diarios de claustros completos de programas de doctorados, así como también cartas y columnas de opinión de académicas (os) rechazando estas declaraciones», sentencia Figueroa.
«Me parece preocupante que una universidad pública tenga ese actuar, y sobre todo por las máximas autoridades que tuvieron un silencio cómplice con aquellos académicos que, ocupando cargos, tuvieron situaciones de acoso y agresión», expresa Gael Yeomans, Diputada del Frente Amplio e integrante de dicha comisión, quien agrega que «las acciones que tomamos fueron oficiar para que nos dieran detalles de la investigación, seguido de cuáles son los motivos de los despidos porque eso ni siquiera estaba notificado a las profesoras y cuestiones mínimas de todo procedimiento. Hasta ahora, hemos recibido respuestas totalmente insatisfactorias, y hemos oficiado nuevamente, esperando que las que nosotras solicitamos sean acogidas en su totalidad».
Respecto a la arista de género, la Diputada expresa que «esa violencia no es casual que la sufran mujeres producto de un acoso laboral y ahí se ve también cómo autoridades que son hombres y por su situación de poder, ejercen un grado de influencia en decisiones internas respecto al futuro de sus carreras. Las universidades deberían responder a principios que son claros: proteger derechos de las mujeres en su trabajo y de todo trabajador».
Por su parte, la Red de Investigadoras, definida como una «asociación de personas, que promueven la equidad de género en la investigación en todos los ámbitos del conocimiento» y a la cual ambas académicas pertenecen, emitió una declaración a la que se sumaron más de 800 personas.
En medio del desastre de Rancagua
Luego de la denuncia interpuesta al interior de la Universidad de O’Higgins, Karina Bravo interpuso un recurso de protección contra el plantel. El 4 de marzo se llevó a cabo el litigio, fallando a favor de la universidad. Quien efectuó la resolución es el hoy cuestionado y suspendido Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, acusado de tráfico de influencias y nepotismo. Además de rechazar el recurso de protección de Karina Bravo, Vásquez revocó el arraigo nacional de Natalia Compagnon, sobreseyó definitivamente a Sebastián Dávalos, y junto a Emilio Elgueta, otro de los ministros suspendidos de sus labores en la Región de O’Higgins, revocaron la prisión preventiva de Óscar Muñoz, ex canciller del Arzobispado de Santiago, investigado por presuntos abusos sexuales a menores de edad, otorgándole arresto domiciliario nocturno.
«Me llama la atención que el fallo salió dos horas después del litigio, y es copia de lo presentado por la UOH», señala Bravo. Por su parte, Vania Figueroa manifiesta una opinión similar: «el fallo salió un par de horas después de la audiencia de alegatos, algo muy inusual, y dicho fallo tenía párrafos muy similares a los alegatos presentados por la UOH. Sin embargo, quiero ser muy clara en señalar que no tengo ningún antecedente que dé cuenta que el fallo en contra del recurso interpuesto por mi colega es un fallo viciado».
Este hecho se inserta en lo que ha sido denominado como el «desastre de Rancagua», una serie de acontecimientos que ha afectado a la Corte de Apelaciones de Rancagua y que comenzó con la suspensión de tres ministros: Emiliano Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez. A la fecha, se suma que el persecutor y Fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional, Sergio Moya, denunció a Emiliano Arias, Fiscal Regional, por tráfico de influencias, además de aparecer los nombres del Alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, del Ministro del Interior, Andrés Chadwick y del Senador Juan Pablo Letelier. Respecto a este último, se hizo pública una reunión entre él y el Fiscal Nacional, Jorge Abbot, en la cual el senador habría manifestado preocupación debido a, según consigna CNN, las “públicas diferencias que han mantenido algunos ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua con el fiscal regional de la misma región (Emiliano Arias)”, puesto que Arias se encontraba investigando nombramientos ilegales contra Elgueta y Vásquez. Posteriormente, Abbot removió de la causa al persecutor. Ante esto, Letelier respondió que no realizó gestiones para defender a los jueces.
En tanto, y paralelo a lo ocurrido con dicha situación, cuando las académicas presentaron su caso en la Comisión de Mujer e Igualdad de Género del Congreso, quien llevó la sesión en el Senado fue el Juan Pablo Letelier, quien no es integrante de la misma (compone las comisiones de Defensa Nacional, Gobierno, Descentralización y Regionalización, Especial Mixta de Presupuestos, Trabajo y Previsión Social, Transportes y Telecomunicaciones, y Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos.
Versión de la UOH
Para la realización de este reportaje, se solicitó la versión de la Universidad de O’Higgins. Jorge Zapata, Director de Comunicaciones del plantel, manifestó que no responderían con más que la declaración enviada en un principio a diversos medios de comunicación, la cual establece que: la UOH informó el despido a las dos académicas y dicha decisión «fue adoptada teniendo en cuenta los intereses superiores de esta casa de estudios»; Bravo y Figueroa «están en su pleno derecho de ejercer los recursos administrativos y demás que consideren pertinentes»; y que al «tratarse de temas que conllevan juicios de valor respecto de personas naturales, la Universidad considera que no debe tratarlos a través de los medios de comunicación social, sino por los canales administrativos y procesales que las investigadoras decidan recorrer».
#EmilianoElgueta #KarinaBravo #MarceloAlbornoz

References: Resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 resolución