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Timestamp: 2020-07-12 20:14:59+00:00

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El trib. de Casación no es alzada de las medidas cautelares en las causas del fuero de menores (pcia. Bs. As.).
Derecho Penal Juvenil	- Jurisprudencia Provincial
Causa N°35.865, caratulada “C., L. M. s/recurso de casación (art. 417 C.P.P.)”.
Sala II del Tribunal de Casación Penal de la pcia. de Buenos Aires. rta. 24 de abril 2009.
C.35865
En la ciudad de La Plata, a los 24 días del mes de abril de dos mil nueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Jorge Hugo Celesia y Carlos Alberto Mahiques (art. 451 in fine del C.P.P., según ley 13.812), con la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en la causa N°35.865, caratulada “C., L. M. s/recurso de casación (art. 417 C.P.P.)”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MAHIQUES – CELESIA.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón resolvió con fecha 30 de septiembre de 2008 rechazar el habeas corpus articulado por el doctor Carlos Alberto Miceli a favor de L. M. C., con costas.
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación el señor defensor oficial departamental de referencia, doctor Carlos Miceli.
Cumplidos los trámites de rigor, esta causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que el Tribunal decidió tratar y votar las siguientes cuestiones:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Mahiques dijo:
I) El impugnante denunció la violación y errónea aplicación de los artículos 14, 16, 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; como así también la errónea aplicación de los artículos 43 y 95 de la ley 13.634; 4 inciso 2º de la ley 12.059; y 144, 157, 158, 163 y ss. del Código Procesal Penal.
Señaló que el menor L. C. se encuentra privado de su libertad desde el 6 de julio de 2007, sujeto a prisión preventiva en orden a los delitos de robo agravado por el uso de armas, robo agravado por el uso de armas tentado, y homicidio ‘criminis causa’ tentado, encontrándose aún el proceso seguido al nombrado en estado de sumario, sin que se haya deducido acusación fiscal.
Destacó que lejos se encuentra el proceso de alcanzar el dictado de una sentencia definitiva que ponga fin a la situación de detención cautelar, la cual excedió ya el plazo máximo de duración de ciento ochenta días, establecido en el artículo 43 de la ley 13.634.
Adujo que lo resuelto por la Cámara importó la violación de las garantías de pronto juzgamiento y de libertad durante el proceso, destacando que las demoras que conllevan estos autos no son imputables a su asistido, resultando propias del trámite de la causa.
Por otro lado, sostuvo que los derechos reconocidos por las leyes 13.634 y 26.061 se encuentran plenamente vigentes, indicando en el caso de la primera de ellas que lo que no ha adquirido vigencia es la implementación de la totalidad de los órganos del fuero minoril, por cuestiones físicas que en nada se relacionan con la validez temporal de dicho cuerpo normativo.
El recurrente consideró que, según lo establecido en el artículo 95 de la ley 13.634, los procesos de transición, o sea, tramitados bajo el régimen de la ley 3.589, deberán adecuarse a la normativa contenida en la ley 13.634 y sus modificatorias, en particular salvaguardando las garantías allí consagradas y atendiendo el interés superior del niño, y sin perjuicio de que no se implemente el Fuero de Responsabilidad Minoril.
Dijo finalmente que resulta vulneratoria del principio de igualdad ante la ley la conclusión de que la ley 13.634 no tiene vigencia en el departamento judicial de Morón, destacando una vez más que lo que no la tiene es la implementación de los órganos en ella establecidos. Añadió que la decisión en cuestión implica que existan dos ordenamientos distintos dentro de la provincia de Buenos Aires, y que según la ubicación territorial los menores sometidos a proceso en otros departamentos judiciales contarán con mayores garantías respecto del encarcelamiento preventivo.
II) Ahora bien, a los efectos de determinar la admisibilidad formal de este recurso, debo comenzar señalando que, según surge claramente de la fecha de detención consignada por la propia parte -2/7/2007- la causa seguida contra el menor L. M. C. se encuentra sometida al procedimiento establecido en la ley 3.589, ello en virtud de lo establecido en el artículo 95 de la ley 13.634 (texto según ley 13.797, art. 1º), que dispone que las causas en trámite y las que se inicien hasta el 1º de junio de 2008 continuarán sustanciándose, hasta su finalización, según lo dispuesto en la citada ley 3.589 y sus modificatorias.
Siendo ello así, cabe recordar que, según lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 12.956, en las causas penales correspondientes al Fuero de Menores, regulado por el decreto ley 10.067/83 (T.O. decreto 1304/95, se continuarán aplicando supletoriamente las disposiciones de la ley 3.589, mientras dure la vigencia de dicho decreto ley. Mencionaré además que la aplicación supletoria del anterior código de forma y del decreto ley 10.067/83 a las causas tramitadas ante el Fuero de Menores ya había sido fijada a través de las leyes 12.160, 12.339, 12.505, 12.666, 12.772, 13.064 y 13.162. De tal manera, en lo que hace al instituto del habeas corpus, rigen el caso los artículos 403 y concordantes de dicho ordenamiento procesal.
Por otra parte, no debe obviarse que en el régimen establecido en el Capítulo VII “De los recursos” del referido Decreto Ley 10.067/83 se encuentra excluido el Tribunal de Casación Penal, no encontrándose allí previsto el recurso de casación.
III) Es atinente asimismo mencionar que la ley 13.634, que regula el proceso bajo el cual tramitarán las causas correspondientes al Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, no prevé la posibilidad de interponer recurso de casación contra las resoluciones que hayan sido dictadas en dichas causas, ni prevé la intervención del Tribunal de Casación Penal en tales procedimientos.
Así surge claramente de la armónica lectura del artículo 18 de la citada ley 13.634, que prevé cuáles son los órganos judiciales que integran el Fuero de la Responsabilidad Juvenil, omitiendo toda mención al Tribunal de Casación Penal; como así también de los artículos 26, 59, 60 y 61 de dicho cuerpo legal, que al fijar el régimen recursivo, hacen expresa alusión al recurso de apelación y a la acción de revisión, en los cuales entenderán las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal departamentales.
A su vez, en el artículo 61 ‘in fine’ de la ley 13.634 se establece expresamente que la decisión que se dicte como consecuencia del recurso de apelación allí previsto “será considerada sentencia definitiva a los efectos de la interposición de los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte de Justicia”.
Por otra parte, la no intervención de este Tribunal de Casación Penal en las causas tramitadas bajo este régimen legal surge también clara de los propios fundamentos de la ley 13.634, pues allí, al delinearse la conformación del nuevo fuero minoril, es notoria la falta de mención de este órgano. Allí se dice: “En lo que respecta a la Justicia Penal de la Niñez, se dispone que estará a cargo de las actuales cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal, los tribunales Penales del Niño (que se integran solo para juzgar causas penales graves), los juzgados Penales del Niño, los juzgados de Garantías del Niño y el Ministerio Público del Niño”.
Queda así en claro que en el marco de los carriles de impugnación ordinarios la interposición del recurso de casación en los procesos tramitados ante el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil resulta inadmisible, quedando abierta solamente la vía de los recursos extraordinarios por ante la Suprema Corte de Justicia previstos en la Constitución Provincial (artículos 161 inciso 3°, 172 y 216 de dicho cuerpo normativo).
IV) Ciertamente no ignoro que en el supuesto que nos ocupa la intervención de esta sede casatoria es intentada con sustento en lo establecido en el artículo 417 del Código Procesal Penal. La cuestión a decidir es entonces si dicho cauce procesal torna admisible la impugnación intentada.
Amén del concreto contenido que respecto del instituto del habeas corpus determina el artículo 403 del Código de Procedimientos Penales (ley 3.589), ya he señalado a su vez en varias oportunidades que aunque a través de la reforma operada al Código Procesal Penal mediante la ley 13.252 se ha reincorporado a nuestro ordenamiento procesal provincial la posibilidad de que las resoluciones de los jueces naturales de la causa puedan ser impugnadas mediante el habeas corpus, este instituto no puede funcionar de una manera tal que implique una irrazonable duplicación de las vías recursivas contra una idéntica resolución judicial.
Y por cierto, debe evitarse que su utilización por las partes pueda llevar a una desnaturalización de la estructura de aquellos procesos que son previstos bajo regímenes especiales, como son, sin lugar a dudas, los correspondientes a causas seguidas ante los Fueros de Menores (decreto ley 10.067/83) o de la Responsabilidad Penal Juvenil (ley 13.634).
V) Así entonces, una interpretación armónica y teleológicamente direccionada de las normas procesales en juego me llevan a la convicción de que, cuando se trata de causas tramitadas ante los Fueros de Menores o de la Responsabilidad Penal Juvenil, deben quedar excluidos del ámbito de revisión ante el Tribunal de Casación Penal, en los términos del artículo 417 del ordenamiento ritual, aquellos casos en los que a través del recurso allí previsto se pretenda impugnar un pronunciamiento del juez natural de la causa, tal como ocurre en el caso que nos ocupa, donde se cuestiona la detención cautelar del imputado por considerar irrazonable su duración.
Lo contrario importaría, insisto, dejar en la práctica sin efecto la decisión legislativa de excluir a este Tribunal de Casación Penal de las instancias de revisión de las decisiones judiciales adoptadas en las causas seguidas contra menores de edad, según surge de las disposiciones previstas en los especiales regímenes consagrados tanto en el decreto ley 10.067/83 como en la ley 13.634.
Nótese, recapitulando, que la idea de nuestro legislador provincial de que el Tribunal de Casación Penal no tenga competencia para intervenir en la revisión de las decisiones judiciales adoptadas en las causas penales seguidas contra menores de edad, que ya se verificaba en el anterior régimen aplicable, ha sido reafirmada al establecer las particularidades del nuevo sistema, actualmente vigente.
En puridad, la única experiencia legislativa de nuestra provincia en la cual se preveía al recurso de casación en los procedimientos tramitados ante el fuero minoril fue la de la ley 12.607 (que lo establecía en su artículo 156). No obstante, es sabido que ese cuerpo normativo nunca tuvo efectiva vigencia, ya que tras las sucesivas suspensiones en su aplicación –iniciadas con el dictado del acuerdo 292/2000 por parte de nuestra Suprema Corte, y ratificadas luego a través de las leyes 13.064 y 13.162-, dicha ley fue finalmente derogada por el artículo 67 de la ley 13.298.
Así entonces, no parece razonable que una línea directriz tan claramente trazada pueda ser soslayada simplemente echando mano del instituto del habeas corpus, para así tornar operativa la cláusula impugnativa contenida en el artículo 417 del código de rito –según ley 11.922 y sus modificatorias- y provocar la intervención de esta sede.
VI) No huelga a esta altura del análisis recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la inconsecuencia no se supone en el legislador y por ello se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todos con valor y efecto (Fallos 310:195). Además, que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema del que forma parte, es la consideración de sus consecuencias (Fallos 310:267).
VII) De tal manera, he de postular al acuerdo la inadmisibilidad del recurso de casación en trato, aunque sin imposición de costas, ya que el propio contenido de las normas en juego muestran que la defensa tenía una razón plausible para litigar ante esta instancia (artículos 405 –según ley 13.252-, 417, 421, 450 –según ley 13.812-; 465 inciso 2º, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 403 y ccdtes. de la ley 3.589; 1º de la ley 12.956; 49 y ccdtes. del decreto ley 10.067/83; 18, 26, 59, 60, 61 y 95 de la ley 13.634; 161 inciso 3°, 172 y 216 de la Constitución de la Provincia).
A la primera cuestión el señor juez doctor Celesia dijo:
Adhiero al voto del señor juez doctor Mahiques, en igual sentido y por sus mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Mahiques dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde rechazar por inadmisible el recurso de casación interpuesto, sin costas (artículos 405 –según ley 13.252-, 417, 421, 450 –según ley 13.812-; 465 inciso 2º, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 403 y ccdtes. de la ley 3.589; 1º de la ley 12.956; 49 y ccdtes. del decreto ley 10.067/83; 18, 26, 59, 60, 61 y 95 de la ley 13.634; 161 inciso 3°, 172 y 216 de la Constitución de la Provincia).
A la segunda cuestión el señor juez doctor Celesia dijo:
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal resuelve:
I) RECHAZAR POR INADMISIBLE, sin costas en esta instancia, el recurso de casación interpuesto por el señor defensor oficial departamental, doctor Carlos Alberto Miceli, contra el pronunciamiento dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón con fecha 30 de septiembre de 2008, por el cual se resolvió rechazar el habeas corpus articulado por dicho letrado a favor de L. M. C.
Rigen los artículos 405 –según ley 13.252-, 417, 421, 450 –según ley 13.812-; 465 inciso 2º, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 403 y ccdtes. de la ley 3.589; 1º de la ley 12.956; 49 y ccdtes. del decreto ley 10.067/83; 18, 26, 59, 60, 61 y 95 de la ley 13.634; 161 inciso 3°, 172 y 216 de la Constitución de la Provincia.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente devuélvase a la instancia de origen.
CARLOS ALBERTO MAHIQUES – JORGE HUGO CELESIA
Ante mi: Gonzalo Santillán Iturres

References: in fine
 artículo 43
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 61
in fine
 artículo 417
 artículo 403
 resolución 
 artículo 417
 artículo 156
 artículo 67
 artículo 417