Source: http://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/w3-article-104855.html
Timestamp: 2018-06-18 00:01:03+00:00

Document:
ORD. N°0273/003 - DT - Normativa 3.0
asociación funcionarios, financiamiento y administración, fiscalización, autonomía sindical,
K. 13767(2445)/14
S/K. (2456)/2013
ORD. Nº273/003/
MAT.: Asociación de funcionarios; Financiamiento y Administración; Fiscalización; Autonomía Sindical
RDIC.: Sin perjuicio de las facultades que la ley Nº19.296 ha otorgado a la Dirección del Trabajo respecto de las organizaciones regidas por ese cuerpo legal, no corresponde a este Servicio fiscalizar la administración financiera de aquellas, sino a sus propios asociados, los que, en virtud del principio de autonomía sindical, consagrado por la Constitución Política de la República y en los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT, deben efectuar dicha supervisión de carácter patrimonial, a través de sus asambleas y comisiones revisoras de cuentas, quedando a salvo, naturalmente, el derecho que les asiste —en caso de surgir alguna controversia sobre la materia al interior de la organización— de someter el asunto a conocimiento de los Tribunales de Justicia.
ANT.: 1)Dictámenes N°s. 91.038, de 21.11.2014 y 39.037, de 03.06.2014, de Contraloría General de la República.
2)Ord. N°4414, de 10.11.2014, de Jefe Dpto. Jurídico.
3)Instrucciones, de 27.10.2014, de Jefe Dpto. Jurídico.
4)Ord. N°1289, de 14.04.2014, de Director del Trabajo, dirigido al Contralor General de la República.
5)Instrucciones, de 27.01.2014 y 10.03.2014, de Jefa Unidad de Dictámenes e Informes en Derecho.
6)Pase Nº185, de 25.10.2013, de Jefa Dpto. Relaciones Laborales.
7)Oficio Nº2.943, de 09.08.2013, de Contraloría Regional de Los Ríos.
8)Ords. N°s.612, de 16.10.2013 y 439, de 15.07.2013, de Director Regional del Trabajo de Los Ríos.
FUENTES: Ley N°19.296, artículos 14, 48 y 64. Constitución Política de la República, artículo 19 N°19. OIT, Convenios 87 y 151.
CONCORDANCIA: Dictamen N°4910/327, de 20.11.2000.
SANTIAGO, 20 de enero de 2015
REGIÓN DE LOS RÍOS/
Mediante oficio N°612, citado en el antecedente 8), remitido por el Departamento de Relaciones Laborales, requiere que esta Dirección emita un informe en relación al pronunciamiento emanado de la Contraloría Regional de los Ríos, contenido en el oficio Nº2.943, de 09.08.2013, en el que se hace presente a este Servicio su obligación de revisar, de oficio o a petición de parte, los libros de contabilidad de las asociaciones de funcionarios regidas por la ley N°19.296; ello atendidas las amplias facultades que al efecto le otorgan los artículo 48 y 64 del referido cuerpo legal y lo sostenido en el mismo sentido por la Contraloría General de la República.
Tal pronunciamiento de la aludida repartición, obedece a que el requerimiento efectuado ante la oficina regional que Ud. dirige, para que se practique una auditoría a una asociación de funcionarios, fuera denegado, en atención a la jurisprudencia vigente de este Servicio sobre el particular.
Ahora bien, este Servicio, mediante dictamen Nº4910/327, de 20.11.2000 y ordinarios Nºs. 1894, de 07.05.2008 y 631, de 05.02.2008 —y sobre la base de lo dispuesto en el artículo 64 de la citada ley 19.296—, ha sostenido que corresponde a la Dirección del Trabajo la fiscalización de las asociaciones, federaciones y confederaciones creadas al amparo de la citada ley, facultad que se encuentra circunscrita solo a dicho marco legal, por lo que no resulta pertinente fiscalizar ni emitir pronunciamiento alguno respecto de la aplicación que las organizaciones en referencia hagan de sus estatutos o reglamentación interna, salvo en el caso del artículo 10 de la citada ley Nº19.296 o cuando los referidos cuerpos reglamentarios de dichas asociaciones contravengan las disposiciones legales pertinentes.
Es así que en cumplimiento de dicha facultad legal de fiscalización, esta Dirección interviene —a través de las Inspecciones del Trabajo—, en la constitución de tales organizaciones gremiales, examinando su legalidad y la de los estatutos aprobados por sus socios, además de mantener el registro actualizado de cada asociación y emitir los correspondientes certificados de vigencia o de caducidad de las mismas.
Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, en lo que concierne al alcance de las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo, respecto del patrimonio y, en general, del funcionamiento de las asociaciones de funcionarios, cabe hacer presente que, en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 19 Nº19 de la Constitución Política de la República, que garantiza la autonomía sindical y a los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT, sobre “Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación”, “Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva” y “Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública”, respectivamente, dichas facultades se ejercen ponderadamente, teniendo siempre en consideración el principio de libertad y autonomía de que gozan estas organizaciones.
Así, los números 1 y 2 del artículo 3 del Convenio Nº87, de la OIT, sobre libertad sindical, disponen:
La tesis expuesta resulta coincidente, por lo demás, con la intención manifestada por el legislador, quien, en virtud de las modificaciones introducidas al Código del Trabajo, mediante la ley Nº 19.759, de 2001, derogó similares normas aplicables a las organizaciones sindicales, que otorgaban facultades de fiscalización a este Servicio en materia patrimonial, reconociendo de este modo, claramente, el principio de autonomía sindical.
En efecto, a través del primero de los citados dictámenes, dicho Organismo de Control sostiene: «…en conformidad con lo manifestado por esta Contraloría General en el dictamen N°39.037, de 2014, y en armonía con los oficios N°s. 3054 y 4070, ambos de 2013, de la Dirección del Trabajo —tenidos a la vista al emitir dicho pronunciamiento—, los conflictos internos que afecten a una asociación de funcionarios deberán ser resueltos por la misma organización, de acuerdo con los mecanismos establecidos en sus propios estatutos y, en defecto de ello, sometiendo el asunto a los tribunales de justicia.
«Al respecto, la precitada disposición del convenio internacional prescribe que “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción”, añadiendo su número dos que “Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.
«De tal modo, atendido que la supervisión de la administración financiera de las organizaciones de funcionarios es un asunto de orden interno, en concordancia con el aludido dictamen N°39.037, de 2014, de este Ente Contralor, es dable concluir que no corresponde a la Dirección del Trabajo efectuar una fiscalización sobre esa materia, por lo que se reconsideran en ese sentido los dictámenes N°s. 28.535 y 60.130, ambos de 2008, y 66.625, de 2009, de este Organismo de Control, así como el oficio N° 2.943, de 2013, de la Contraloría Regional de Los Ríos».
En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales y supranacionales citadas, jurisprudencia administrativa invocada y consideraciones expuestas, cumplo con informar a Ud. que sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que la ley Nº19.296 ha otorgado a la Dirección del Trabajo respecto de las organizaciones regidas por dicho cuerpo legal, son sus propios asociados los que, en virtud del principio de autonomía sindical, consagrado por la Constitución Política de la República y en los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT, deben supervisar la administración financiera de aquellas, a través de sus asambleas y comisiones revisoras de cuentas, quedando a salvo, naturalmente, el derecho que les asiste —en caso de surgir alguna controversia sobre la materia al interior de la organización— de someter el asunto a conocimiento de los Tribunales de Justicia.
Concordancias directas:ordinario 1894 de 07.05.2008dictamen 273/3 de 20.01.2015dictamen 4910/327 de 20.11.2000ordinario 631 de 05.02.2008
Referencias legales: constitucion, articulo 19 19convenio 151 de la oitconvenio 87 de la oitley 19.296, articulo 14ley 19.296, articulo 48ley 19.296, articulo 64

References: artículo 19
 artículo 48
 artículo 64
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 3