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Timestamp: 2018-07-19 02:11:19+00:00

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Nota Tributaria - Sentencia C-447 de 2015. Expediente D-10487. - Demanda de Inconstitucionalidad - Demanda de Omisión Legislativa - Requisitos para su Procedencia - Falta de Certeza y Suficiencia de los Cargos por Omisión Legislativa Relativa contra el Artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan otras disposiciones - Garantías Reales en Procesos de Liquidación Judicial. FALLO: INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión “En todo caso, lo establecido en el presente artículo no aplicará en detrimento de derechos pensionales” contenida en el artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, por ineptitud sustantiva de la demanda. Con Salvamentos de Voto de los Magistrados Myriam Avila Roldán y Alberto Rojas Ríos. (Comunicado de Prensa). - Corte Constitucional. - M.P. Mauricio González Cuervo. - - Norma Demandada: Artículo 52 Ley 1676 de 2013 (Parcial), por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan otras disposiciones. - Los demandantes solicitaron a la Corte declarar inexequible la expresión acusada del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, por considerar que se configuraba una omisión legislativa relativa violatoria de la prevalencia de los derechos de los niños (art. 44 C.Po.) y de las garantías laborales mínimas que consagra el estatuto del trabajo (art. 53 C.Po.). // Al entrar a establecer el problema jurídico a dilucidar, la Sala Plena encontró que la demanda no cumplía con los requisitos establecidos por la ley y desarrollados por la jurisprudencia, para asumir un estudio y decisión de fondo, por un cargo de omisión legislativa relativa. // Al respecto, el Tribunal constitucional reiteró, que cuando se plantea una demanda de inconstitucionalidad que se fundamenta en una pretendida omisión legislativa, para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo es necesario que se trate de una omisión relativa, no absoluta, y que la demanda se dirija contra las normas de las cuales se extraiga en forma directa la materia que ha sido omitida por el legislador. La jurisprudencia ha señalado que cuando se trate de una demanda por omisión legislativa, como presupuesto para el ejercicio del control de constitucionalidad, es necesario el cumplimiento de cinco condiciones, la primera de las cuales es la de que (i) exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo y (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta. // En el caso concreto, la Corte constató que los demandantes no cumplieron con esas exigencias argumentativas para predicar la existencia de una omisión legislativa relativa, toda vez que no identificaron con claridad el contenido normativo vinculado con la omisión que alegan y no precisaron con suficiencia en qué consiste esa deficiencia normativa, su alcance y consecuencias inconstitucionales. En particular, el demandante asume que la disposición legal acusada ha cambiado la prelación legal de créditos regulada en el Código Civil sin que explique de manera pertinente y suficiente las razones para llegar a esa conclusión, razones por las cuales lo que procede es la inhibición para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la presunta omisión legislativa relativa aducida por los demandantes.
Sentencia C-447 de 2015. Expediente D-10487. Corte Constitucional. Demanda de Inconstitucionalidad - Demanda de Omisión Legislativa - Requisitos para su Procedencia - Falta de Certeza y Suficiencia de los Cargos por Omisión Legislativa Relativa contra el Artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan otras disposiciones - Garantías Reales en Procesos de Liquidación Judicial. FALLO: INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión “En todo caso, lo establecido en el presente artículo no aplicará en detrimento de derechos pensionales” contenida en el artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, por ineptitud sustantiva de la demanda. Con Salvamentos de Voto de los Magistrados Myriam Avila Roldán y Alberto Rojas Ríos. (Comunicado de Prensa). M.P. Mauricio González Cuervo. Norma Demandada: Artículo 52 Ley 1676 de 2013 (Parcial), por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan otras disposiciones. Los demandantes solicitaron a la Corte declarar inexequible la expresión acusada del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, por considerar que se configuraba una omisión legislativa relativa violatoria de la prevalencia de los derechos de los niños (art. 44 C.Po.) y de las garantías laborales mínimas que consagra el estatuto del trabajo (art. 53 C.Po.). // Al entrar a establecer el problema jurídico a dilucidar, la Sala Plena encontró que la demanda no cumplía con los requisitos establecidos por la ley y desarrollados por la jurisprudencia, para asumir un estudio y decisión de fondo, por un cargo de omisión legislativa relativa. // Al respecto, el Tribunal constitucional reiteró, que cuando se plantea una demanda de inconstitucionalidad que se fundamenta en una pretendida omisión legislativa, para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo es necesario que se trate de una omisión relativa, no absoluta, y que la demanda se dirija contra las normas de las cuales se extraiga en forma directa la materia que ha sido omitida por el legislador. La jurisprudencia ha señalado que cuando se trate de una demanda por omisión legislativa, como presupuesto para el ejercicio del control de constitucionalidad, es necesario el cumplimiento de cinco condiciones, la primera de las cuales es la de que (i) exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo y (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta. // En el caso concreto, la Corte constató que los demandantes no cumplieron con esas exigencias argumentativas para predicar la existencia de una omisión legislativa relativa, toda vez que no identificaron con claridad el contenido normativo vinculado con la omisión que alegan y no precisaron con suficiencia en qué consiste esa deficiencia normativa, su alcance y consecuencias inconstitucionales. En particular, el demandante asume que la disposición legal acusada ha cambiado la prelación legal de créditos regulada en el Código Civil sin que explique de manera pertinente y suficiente las razones para llegar a esa conclusión, razones por las cuales lo que procede es la inhibición para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la presunta omisión legislativa relativa aducida por los demandantes.
Sentencia C-449 de 2015. Expediente 10587. Corte Constitucional. Tasas - Tasas Retributivas y Compensatorias - Tasas Medio Ambientales - Determinación de los Costos y Beneficios - Facultad del Ministerio del Medio Ambiente para Definir las Bases de Depreciación y los Costos para la Determinación de las Tarifas de las Tasas por Contaminación Ambiental. FALLO: Declarar EXEQUIBLES, por el cargo examinado, las expresiones: “Para la definición de los costos y beneficios de que trata el inciso 2o. del artículo 338 de la Constitución Nacional”; “El Ministerio del Medio Ambiente teniendo en cuenta los costos sociales y ambientales del daño, y los costos de recuperación del recurso afectado, definirá anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo de la depreciación”; y “el Ministerio del Medio Ambiente aplicará el siguiente método en la definición de los costos sobre cuya base hará la fijación del monto tarifario de las tasas retributivas y compensatorias”, contenidas en los incisos tercero y cuarto del artículo 42 de la Ley 99 de 1993. (Comunicado de Prensa, pag. 4). M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Norma Demandada: Artículo 42 Ley 99 de 1993. (Parcial). De conformidad con el artículo 338 de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que puede delegarse excepcionalmente a una autoridad administrativa, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la fijación de la tarifa de las tasas, siempre que las corporaciones de representación popular fijen de manera previa el sistema y el método para determinarla. Recordó que esta concesión, parte de la premisa de que tanto el sistema como el método deben ser lo suficientemente claros y precisos para evitar que los órganos de representación popular desatiendan un expreso mandato superior, más no por ello tienen que hacer una descripción detallada o rigurosa de cada uno de los elementos y procedimientos a tener en cuenta para fijar la tarifa, puesto que en tal caso la facultad constitucional de las autoridades administrativas perdería su razón de ser. Se trata de competencias compartidas, donde el Congreso, las asambleas y los concejos señalan los elementos estructurales del sistema y el método tarifario del tributo, mientras que las autoridades administrativas desarrollan los parámetros previamente dispuestos. Al mismo tiempo, reafirmó que el Estado puede trasladar a las personas el costo de la prestación de determinados servicios mediante la imposición de tasas (arts. 95.5 y 338 de la C.Po.).// Para la Corte, el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, en lo acusado, reúne los elementos de predeterminación del tributo denominado como tasas de contaminación ambiental, como quiera que estableció directamente la base gravable (depreciación de los recursos naturales ocurrida por una determinada actividad, que incluye daños sociales y ambientales) y el sistema y método para la fijación de la tarifa de la tasa. Precisó, que el demandante confunde la base gravable con la base sobre la cual se hará el cálculo de la depreciación, por lo que no está difiriendo al Ministerio del Ambiente la definición de la base gravable de las tasas retributivas y compensatorias. Al Ministerio le corresponde articular los criterios previamente establecidos en la ley para efectos de fijar el valor a cobrar según lo distinto factores y las variables de cada caso, los cuales varían con el transcurso del tiempo y por razón de la ubicación geográfica de los ecosistemas. // Por consiguiente, la Corte encontró ajustado a la Constitución la definición que anualmente hace el Ministerio del Ambiente de las bases del cálculo de los costos de depreciación de os recursos naturales por contaminación y la correspondiente fijación del monto tarifario de las tasas retributivas y compensatorias. // El magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, se reservó la eventual presentación de una aclaración de voto.
Sentencia C-492 de 2015. Expedientes D-10559 Y 10581. Fallo. Corte Constitucional. Impuesto Mínimo Alternativo Nacional IMAN - Determinación de la Renta Gravable Alternativa - Extensión de Exenciones Tributarias en Impuestos de Período - Impuesto Mínimo Alternativo de Empleados, Trabajadores por Cuenta Propia - Impuesto sobre la Renta - Deducciones - Deducción de Contribuciones a Fondos de Pensiones de Jubilación e Invalidez y Fondos de Cesantías - Incentivo al Ahorro a Largo Plazo para el Fomento de la Construcción - Cuentas AFC - Determinación de la Renta para Servidores Públicos Diplomáticos, Consulares y Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores - Clasificación de las Personas Naturales en Categorías Tributarias - Sistemas de Determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios para Personas Naturales Empleados - Impuesto Mínimo Alternativo Simple IMAS - Firmeza de la Liquidación Privada - Tabla de Retención en la Fuente para Ingresos Laborales Gravados - Tarifa Mínima de Retención en la Fuente para Empleados - Principios Constitucionales Tributarios - Principio de Progresividad Tributaria - Principio de Justicia Tributaria - Principio de Equidad Tributaria - Mínimo Vital - Conservación del Derecho y Supremacía Constitucional - Aplicación de las Normas Tributarias en el tiempo - Impuesto de Período - Antecedentes Legislativos de la Ley 1607 de 2012 - Límites a la potestad de configuración de la ley tributaria. Con Salvamentos de Voto de los Magistrados: Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Gloria Stella Ortiz Delgado. FALLO: Primero.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados, los artículos 3, 4 y 7 (parciales), de la Ley 1607 de 2012 ‘por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones’. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, el artículo 10 (integral) de la referida Ley, en concordancia con la reforma introducida por el artículo 33 de la Ley 1739 de 2014, en el entendido de que a partir del periodo gravable siguiente a aquel en que se expide este fallo, el cálculo de la renta gravable alternativa para empleados, obtenida en virtud de los sistemas IMAN e IMAS-PE, debe permitir la sustracción de las rentas de trabajo exentas, en los términos previstos por el artículo 206-10, primera frase, del Estatuto Tributario, una vez se detraigan del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los conceptos permitidos por el artículo 332 del Estatuto. M.P. María Victoria Calle Correa. Normas Demandadas: Artículos 3, 4 y 7 (parciales), y 10, 11, 13 y 14 (integrales) de la Ley 1607 de 2012 ‘por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones’. Para garantizar el principio de supremacía constitucional, en armonía con el de conservación del derecho, la Corte declarará exequibles por los cargos examinados los artículos 3, 4 y 7 (parciales), de la Ley 1607 de 2012. El artículo 10 (integral) será declarado exequible, con la condición de que el cálculo de la renta gravable alternativa para empleados, obtenida en virtud de los sistemas IMAN e IMAS-PE, permita la sustracción de las rentas de trabajo exentas, en los términos previstos por el artículo 206-10, primera frase, del Estatuto Tributario. Aunque esta decisión se funda en que la regulación, según su contenido, está llamada a interferir en el mínimo vital de los contribuyentes con niveles medios de renta, y amenaza entonces su goce efectivo, la Corte no tiene competencia para introducir diferencias en el universo de beneficiarios de la exención, y debe extenderla hacia todos los empleados obligados a aplicar el IMAN, con impactos porcentuales equivalentes (25%, y en los términos del Estatuto). Esta decisión se justifica a la luz del principio de progresividad tributaria, en tanto no afecta el carácter progresivo del sistema de renta (CP art 363). De otro lado, como el contenido de ese mismo numeral remite a una regulación conformada por la posibilidad de descontar costos, deducciones y otras rentas exentas, que es extraña a la configuración del IMAN, en el condicionamiento se consignará también la previsión de que la exención porcentual del artículo 206-10, prima frase, del Estatuto, se aplica una vez se detraigan del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los conceptos permitidos por el artículo 332 ídem, relativos al sistema IMAN. Ahora bien, en vista de que esto supone introducir un cambio, en virtud de la Constitución, a la estructura de un impuesto de periodo, debe tenerse en consideración lo previsto en el artículo 338 Superior. Este dice que las normas atinentes a tributos de periodo “no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después”. Si bien esta disposición textualmente parece aplicar solo a la entrada en vigencia de normas contenidas en leyes, ordenanzas o acuerdos, lo cierto es que en observancia de los principios de planeación, presupuestal y de sostenibilidad fiscal (CP arts. 339 y ss., y 334) el estándar allí definido debe tomarse en consideración al momento de extender en una decisión de control constitucional, y por mandato de la Constitución, una exención sobre una especie tributaria que antes no la consagraba. En efecto, en esos casos la Corte Constitucional debe garantizar al mismo tiempo los principios de supremacía de la Constitución (CP art 4) y conservación del derecho (CP art 1), sin que esto implique un alto sacrificio en la planeación, el presupuesto de las rentas públicas y la sostenibilidad fiscal, por lo cual es entonces necesario armonizarlos por la vía de modular los efectos de la decisión en el tiempo. 60. La jurisprudencia constitucional, por ejemplo en las sentencias C-586 de 2014, C-1021 de 2012, C-748 de 2009 y C-183 de 1998, ha seguido la regla general, de acuerdo con la cual las sentencias que declaran condicionalmente exequibles o inexequibles normas tributarias surten efectos desde el momento en que se profiere el fallo que así lo declara, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de Administración de Justicia”. En algunas ocasiones, no obstante, en el campo específico de las amnistías tributarias, la Corte ha diferido en el tiempo los efectos de las sentencias que declaran inexequibles estos beneficios, de suerte que las mismas empiecen a regir en el ejercicio fiscal siguiente al del fallo, por considerar que así lo exigen los postulados constitucionales de buena fe y seguridad jurídica. Así lo ha hecho, por ejemplo, en sentencias C-833 de 2013, C-1115 de 2001, C-992 de 2001 y C-511 de 1996. 61. La Sala considera que es preciso observar una orientación similar a esta última en el presente caso, en cuanto se trata de extender una exención tributaria en impuestos de periodo, no solo porque es una aplicación razonable de un mandato constitucional (CP art 337), sino además porque permite armonizar de modo plausible el principio de supremacía constitucional, con los de planeación, presupuesto y sostenibilidad fiscal. Por tanto, en la parte resolutiva la Corte Constitucional señalará además que -mientras no haya una medida legislativa sobre la materia que respete los parámetros aquí señalados y se enmarque en el orden constitucional- esta decisión empezará a regir a partir del periodo gravable siguiente al de este fallo, y que se declara en el subsiguiente.
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References: Artículo 52
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 artículo 338
 artículo 42
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 artículo 338
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 artículo 10
 artículo 33
 artículo 206
 artículo 332
 artículo 10
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 332
 artículo 338
 artículo 45