Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=680367
Timestamp: 2019-05-19 07:27:00+00:00

Document:
SOLIDARIDAD CON PRESIDENTE DEL SENADO ANTE FILTRACIÓN DE ANTECEDENTES CONTENIDOS EN INVESTIGACIÓN RESERVADA
FERIADOS EN REGIONES DE LA ARAUCANÍA Y DE TARAPACÁ POR VISITA DE PAPA FRANCISCO
ACCIONES PREVENTIVAS ANTE INCENDIOS FORESTALES DE TEMPORADA ESTIVAL
INFORMACIÓN SOBRE EXPROPIACIONES A RAÍZ DE NUEVO TRAZADO DE CARRETERA DE LA FRUTA. OFICIOS
PREOCUPACIÓN POR FALTA DE RECURSOS PARA PROFESORES EN CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN FERNANDO. OFICIOS
DÉFICIT DE RECURSOS EN DIRECCIÓN DE SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS. OFICIO
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR BIANCHI, CON LA QUE DA INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1269 DEL CÓDIGO CIVIL EN LO RELATIVO AL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (11.506-07)
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY N° 21.020, SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA, EN LO RELATIVO A LA ESTERILIZACIÓN DE PERROS DE RAZA (11.507-11)
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 5° Y 5°A DE LA LEY N° 17.798, SOBRE CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS, EN LO CONCERNIENTE AL PORTE DE ARMAS CON FINES DEPORTIVOS (11.508-02)
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORAS MUÑOZ Y VON BAER Y SEÑORES ALLAMAND, BIANCHI, CHAHUÁN, COLOMA, DE URRESTI, GARCÍA, GARCÍA-HUIDOBRO, GIRARDI, GUILLIER, HARBOE, HORVATH, LAGOS, MATTA, NAVARRO, OSSANDÓN, PROKURICA, QUINTANA, QUINTEROS, POR MEDIO DEL CUAL, SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE, SI LO TIENE A BIEN, SE SIRVA ENVIAR UN PROYECTO DE LEY QUE EXTIENDA EL OTORGAMIENTO DE LA GRATIFICACIÓN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE AUTORIDADES A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE CARABINEROS Y DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES QUE CUMPLAN ESTA LABOR (S 1.954 -12)
Antonio Carlos Horvath Kiss
Sesión 62ª, en miércoles 22 de noviembre de 2017
(De 16:18 a 18:18)
Solidaridad con Presidente del Senado ante filtración de antecedentes contenidos en investigación reservada..............................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara feriado el 17 de enero de 2018 para la Región de La Araucanía y el 18 de enero de 2018 para la Región de Tarapacá, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa Francisco (11.350-06) (se aprueba en general y en particular)...................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA (9.689-21) (queda pendiente la discusión particular)...................................................................
Acciones preventivas ante incendios forestales de temporada estival (Observaciones del Senador señor Navarro)................
Información sobre expropiaciones a raíz de nuevo trazado de Carretera de la Fruta. Oficios (Observaciones del Senador señor García-Huidobro)..............
Preocupación por falta de recursos para profesores en Corporación Municipal de San Fernando. Oficios (Observaciones del Senador señor García-Huidobro)..........................................................................................
Déficit de recursos en Dirección de Dirección de Servicio de Salud O'Higgins. Oficio (Observaciones del Senador señor García-Huidobro).......
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia , señor Gabriel de la Fuente Acuña; de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma, y de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga Vicuña.
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 12 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 59ª y 60ª, ordinarias, en 7 de noviembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
Con el primero retira y hace presente la urgencia del inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental para la tramitación del oficio con el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Director de la Empresa Televisión Nacional de Chile al señor Jorge Andrés Richards Rojas, por el período que indica (boletín N° S 1.940-05).
Con los doce siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
2) El que instaura el 12 de marzo de cada año como Día Nacional del Trabajador Papelero (boletín N° 8.875-13).
3) El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines N°s 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).
4) El que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín N° 9.914-11).
5) El que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez (boletín N° 10.315-18).
6) El que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (boletín N° 10.482-21).
7) El que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua (boletín N° 10.683-06).
8) El que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas (boletín N° 10.687-06).
12) El que modifica la ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de eliminar la distinción entre empleados y obreros (boletines N°s 11.053-13 y 11.103-13, refundidos).
Con los cuatro últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
2) Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Israel sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera" (boletín Nº 10.207-10).
4) Proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional (boletín N° 10.372-03).
-Inciso primero del artículo 196 ter de la ley N° 18.290, de Tránsito, en relación con la ley Nº 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
-Artículos 195, inciso tercero, parte final, y 196 ter de la ley N° 18.290, de Tránsito.
Da respuesta a requerimiento, formulado en nombre del Senador señor Navarro, relativo a las medidas preventivas adoptadas para evitar la ocurrencia de incendios forestales durante el próximo verano.
Informa solicitud, expedida en nombre del Senador señor García, acerca de la instalación de una sede del Servicio Médico Legal en la ciudad de Victoria.
Del señor Intendente de Fiscalización de la Superintendencia de Pensiones:
Responde petición, efectuada en nombre del Senador señor De Urresti, referente al proceso de calificación de invalidez de persona individualizada.
Da respuesta a planteamiento, enviado en nombre del Senador señor Bianchi, sobre la calificación de invalidez de persona individualizada.
Del señor Jefe de la División de Atención y Servicios al Usuario de la Superintendencia de Pensiones:
Contesta requerimiento, formulado en nombre del Senador señor García, acerca de la suspensión del pago de pensión de invalidez consultada.
Remite informes sobre la evaluación de la muerte regresiva de la araucaria araucana y de la estrategia de gestión de incendios en Chile de la FAO, consulta realizada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio :
Anexa respuesta a solicitud, enviada en nombre de la Senadora señora Allende, para informar sobre la contratación de servicios para la implementación del proyecto SIDRA, de registro clínico electrónico integrado.
Del señor Presidente del Directorio de Codelco:
Atiende solicitud del Senador señor Araya, relativa al cumplimiento de los contratos colectivos de trabajo indicados.
De las Comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones en la normativa educacional (boletín N° 11.471-04) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas (boletín N° 10.526-06) (con urgencia calificada de "simple").
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de "simple":
-El que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Israel sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera" (boletín Nº 10.207-10).
-El que aprueba el "Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Entidad Binacional para el Proyecto `Túnel Internacional Paso de Agua Negra' (EBITAN)", suscrito en Santiago el 6 y 9 de enero de 2017 (boletín N°11.218-10).
Del Senador señor Bianchi, con la que da inicio a un proyecto de ley que modifica el artículo 1269 del Código Civil en lo relativo al plazo de prescripción de la acción de petición de herencia (boletín Nº 11.506-07).
Dos del Senador señor Chahuán, con las que inicia los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica el artículo 25 de la ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, en lo relativo a la esterilización de perros de raza (boletín Nº 11.507-11).
2) El que modifica los artículos 5° y 5°A de la ley N° 17.798, sobre control de armas y explosivos, en lo concerniente al porte de armas con fines deportivos (boletín Nº 11.508-02).
De los Senadores señoras Muñoz y Von Baer y señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Matta, Navarro, Ossandón, Prokurica, Quintana y Quinteros, por medio del cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, se sirva enviar un proyecto de ley que extienda el otorgamiento de la gratificación especial de protección de autoridades a todos los funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones que cumplan esta labor (boletín N° S 1.954-12).
Del Senador señor Pizarro, para salir del país a contar del día 23 del presente mes.
Del Senador señor Walker (don Ignacio), para ausentarse del país a contar del día 26 de noviembre.
Durante el transcurso de la Cuenta llegan a la Mesa los siguientes documentos:
Con el que retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (boletín N° 10.584-07).
Con el que señala que tomó conocimiento de que el Senado desechó las enmiendas propuestas por esa Corporación al proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (boletín N° 10.584-07), con urgencia calificada de "simple", y comunica la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto.
--Se toma conocimiento y se manda adjuntar el documento a sus antecedentes.
Tiene la palabra el Senador señor Montes, sobre la Cuenta.
Señor Presidente, quiero solicitar dos cosas.
En primer lugar, en el segundo punto del Orden del Día está el proyecto sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano. Ayer solicitamos que no se viera hoy, sino el próximo martes, porque la Ministra del ramo se encuentra con la señora Presidenta , al parecer en el sur.
En segundo lugar, recién se dio cuenta de un informe sobre una iniciativa miscelánea relativa a la Ley de Inclusión que es fundamental aprobar luego, ya que el plazo para su aplicación es el 31 de diciembre. Entonces, no deberíamos atrasarnos. Me gustaría saber cuál es la razón por la que no está dentro de las materias a tratar. Es muy urgente despacharla, pues establece la posibilidad de arriendo bajo ciertas condiciones, flexibilizando la situación, en fin.
Si el proyecto no está aprobado y operativo antes del 31 de diciembre, va a regir la ley actual, que es distinta. Y por eso, señor Presidente, pido, si es posible, ponerlo en tabla el día de hoy.
El señor PÉREZ VARELA .- Señor Presidente , la bancada de Senadores de la UDI respalda las palabras que ha expresado el Senador Pizarro en representación del Partido Demócrata Cristiano.
Sin duda, cuando hoy leímos la prensa y se hablaba de una filtración de información, desde la fiscalía, en contra del Senador Andrés Zaldívar, fue impactante. Que el Presidente del Senado , la segunda autoridad del país, sea acusado de un delito a través de un medio de comunicación, producto de una filtración originada en la fiscalía, es, indudablemente, algo que impacta. Y creo que todos los chilenos que hoy han leído la prensa, han escuchado la radio o han visto distintos medios de comunicación se han impactado, porque es un hecho especialmente grave y delicado.
Lo segundo, luego de leer el texto y revisar cada uno de los episodios que se filtraron, es que uno queda con la impresión de que debe venir una segunda parte donde verdaderamente aparezcan los hechos delictivos. Seguramente en la edición de mañana se precisarán los hechos constitutivos de delito, porque aquí -he leído la noticia varias veces- no hay absolutamente nada, salvo lo que una autoridad (un Senador, en este caso) realiza cuando una persona, una institución o un familiar le pide llevar a cabo algún tipo de gestión, en que no resuelve absolutamente nada, sino que, simplemente, coloca los datos en conocimiento de la autoridad a la que le corresponde decidir.
Creo que aquí se ha traspasado todo límite: en primer lugar, con la actuación de la fiscalía, y en seguida, al tratar de involucrar en delitos a personas destacadas y honorables.
Se nos va a acusar, sin duda, de que estamos haciendo una defensa corporativa, de que estamos tratando de defendernos entre nosotros. Pero le quiero decir, señor Presidente, que muchos de los miembros de mi bancada y de mi partido han sido objeto de filtración de informaciones absolutamente falsas, desdorosas, persecutorias y agravantes durante largo tiempo. Y hemos debido enfrentar el problema. Sin embargo, no nos gusta que lo que nos hacen a nosotros se lo hagan a otros.
Sin duda, el hecho que hoy se le imputa al Senador Andrés Zaldívar, con quien discrepamos, con quien competimos en actos eleccionarios y con quien nos encontramos en bancadas distintas, es absolutamente falso. En titulares se le imputa un delito inexistente, y así se desprende de la lectura de la nota.
El llamar al jefe de la Policía de Investigaciones para ver si una persona es o no trasladada no sé en qué parte será delito. El director de la institución verá si aquella cumple con los requisitos o no.
Repito que el acto de llamar no me parece un delito, y lo mismo en un tema de migración.
Nosotros estamos en permanente contacto con la ciudadanía, la cual nos demanda ese tipo de acciones. A lo mejor la gente no tiene ninguna posibilidad de obtener una respuesta, y somos el vínculo para lograrlo. Y, sobre las transcripciones, en ninguna parte el Senador Zaldívar dice que esto se resuelva de la forma que él señala, sino que se pone a disposición de la autoridad.
Por lo tanto, queremos sumarnos al reclamo frente a esta práctica de la fiscalía, que no sé si irá a terminar. Con ese tipo de actuaciones, la fiscalía claramente pone en duda en un vasto sector de ciudadanos la manera en que actúa, la manera en que realiza su deber institucional, al filtrar información para denostar a las personas, y, en este caso, a personas que presiden instituciones serias.
Aquí nadie está por que no se nos investigue. Queremos que se investigue todo lo que corresponda cuando se crea que hemos cometido un delito. Pero utilizar filtraciones para denostar a las personas me parece un hecho grave, que lamentablemente ha llegado para quedarse, y lo debemos enfrentar con seriedad.
La fiscalía le debe una explicación al Senado. El Fiscal Nacional debe entregarla, y no basta con que se anuncie un sumario porque verdaderamente esta es una práctica demasiado extendida, reiterada y repetida.
Creo que lo de hoy día superó todos los límites. Porque no hay ningún indicio de veracidad en lo que se denuncia. Aquí se falta a la verdad. Y, como se utiliza el poder de un órgano que tiene el monopolio de la persecución criminal para buscar denostar a personas, cualquiera que sea su investidura, nosotros levantamos la voz, reclamamos y solicitamos a la fiscalía que cese en ese actuar, que claramente altera toda norma de decencia.
Vaya nuestra solidaridad al Senador Zaldívar y también al Senado, porque estamos hablando del Presidente de esta Corporación . Sin duda, hoy, a lo largo y ancho de Chile, a través de los medios de comunicación, una vez más se ha puesto en duda la honorabilidad del Senado con hechos absolutamente falsos, que no reúnen ninguna condición de veracidad.
Considero lo anterior extraordinariamente grave. Si nuestra Corporación va a llevar adelante acciones de carácter legal, como expresaba el Senador Pizarro, nosotros las compartiremos y apoyaremos. Y ojalá que busquemos incesantemente a quiénes han hecho que esta práctica supere todos los límites aceptables.
Señor Presidente , como bancada del Partido Socialista solidarizamos absolutamente con el señor Presidente del Senado , y amigo, Andrés Zaldívar .
Es inaceptable lo que hoy hemos leído en la prensa. Es inaceptable porque parece que se quiere destruir las instituciones del Estado. Acá se ha afrentado contra la segunda autoridad más importante del país, que es el Presidente del Senado . Y quienes conocemos la infamia, la mentira y la persecución no podemos aceptar que se vuelva a las mismas prácticas de épocas pasadas, como lo ha expresado el Senador Pizarro .
Por eso, nuestra solidaridad como socialistas es absoluta con don Andrés Zaldívar .
No podemos permitir que se siga persiguiendo a miembros del Senado. No podemos permitir que, sobre la base de falsedades, se los enjuicie públicamente o se los lleve al patíbulo, cuando ni siquiera se han efectuado las investigaciones correspondientes.
Por eso, estimado Senador señor Andrés Zaldívar reciba toda nuestra solidaridad, nuestra amistad y nuestro apoyo. Estaremos con usted, porque se lo merece no solo como Presidente del Senado , sino también como persona, como caballero y como hombre que durante toda su vida pública ha demostrado una tremenda humanidad y cabalidad.
Así que reciba nuestro respeto en nombre de toda la bancada Socialista.
Señor Presidente , en nombre del Comité de Senadores del Partido Por la Democracia, inicio mis palabras manifestando toda nuestra solidaridad y respaldo a don Andrés Zaldívar Larraín , hombre de vasta trayectoria, conocida a nivel nacional, y que no ha escatimado esfuerzos para llegar a acuerdos muchas veces poco entendidos, pero muy necesarios para la estabilidad y la paz de nuestro país.
A continuación, deseo hacer una breve reflexión.
Soy de aquellas personas que valoran el sistema procesal penal, y me ha correspondido hacer tremendos esfuerzos por apoyar la labor del Ministerio Público. Sin embargo, con la misma fuerza quiero expresar que estamos en presencia del hecho más grave que se haya conocido en la reforma procesal penal desde su instalación.
En el marco de una investigación desformalizada respecto de una persona determinada, se violan las comunicaciones privadas de un tercero. Luego, sin contentarse con ello, se solicita la ampliación de la medida intrusiva, y dentro de esta petición se hace referencia a información residual, es decir, a antecedentes que no forman parte de la investigación. Y eso se manda y se filtra, lo que causa un daño irreparable.
Esa conducta es constitutiva de delito. Porque, efectivamente, existe una mala utilización de una medida intrusiva.
Permítanme recordar cuando con el entonces Diputado Jorge Burgos fuimos los únicos que levantamos la mano para reclamar en la Cámara de Diputados cuando el Ministerio Público, con el anterior Fiscal Nacional, adquirió una máquina para interceptar llamadas telefónicas.
En esa ocasión manifestamos que no era adecuado que aquella la tuviera dicha institución, por ser parte interesada en el proceso. Debe haber controles interinstitucionales.
La inviolabilidad de las comunicaciones está consagrada en la Constitución. Admite límites, ¡sí, claro!, la seguridad, por ejemplo. Pero cuando existen fundamentos. Sin embargo, cuando se violan las comunicaciones de la segunda autoridad de la República, no siendo investigado directamente, sino que a partir de la comunicación con un tercero, realmente me permito dudar de la intencionalidad tenida a la vista al momento de concretar esa acción.
Señor Presidente , los episodios de filtraciones han sido permanentes. Algunos intentamos en su minuto, con la impopularidad que implicó, que a los abogados defensores se les aplicaran las mismas normas que a los jueces. Se acusó que ello era una "ley mordaza", y muchos de ustedes se arrepintieron. Nuestro objetivo era justamente este: evitar que terceras personas filtraran información y generaran un daño irreparable.
¿Será el mismo diario el que diga mañana que la información no era adecuada? ¿Lo informará en el titular y no en la página de deportes, abajo, en una esquina?
Esta situación es muy delicada. Lo que debería ocurrir es que se ejercieran las responsabilidades en el Poder Judicial , porque alguien subió al Sistema de Información de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ) algo que no debía; en el Ministerio Público, por dos razones: porque alguien filtró la información -eventualmente; hay que determinarlo-, o porque se invocó información residual.
¿Qué tiene que ver que un Senador llame a alguien para recomendar una terna de no sé qué? ¿Qué tiene que ver eso con la investigación? ¡Nada!
En las investigaciones formalizadas, donde se intervienen los teléfonos, se utiliza la información relativa a lo que se investiga y es obligatorio borrar el resto. Aquí no solo no se borró, sino que el fiscal argumentó, para extender la interceptación, con información residual.
Y luego se dice que es "constitutivo de delito" llamar por teléfono a alguien para pedirle que reciba a otra persona.
Señor Presidente , en ese caso, todas las autoridades del país, incluidos los fiscales, serían actores de hechos delictuales. ¿Cuántas veces se le pide a un fiscal determinada gestión, que probablemente puede hacer? ¿Cuántas veces nos solicitan a nosotros interceder ante la autoridad pública no para beneficio propio, sino para solucionarle un problema a la ciudadanía?
¿Cree alguien que un ciudadano de la comuna de Ránquil, en la Región de Ñuble, tiene acceso a una autoridad nacional si no es a través de su parlamentario?
Pero si la esencia del rol del legislador no solo es legislar, sino representar. ¿Y no es una forma de representar el hacer presente a la autoridad lo que los ciudadanos quieren? O cuando recibimos a un gremio que plantea reivindicaciones y nosotros las exponemos acá, en el Hemiciclo, ¿no es acaso en cumplimiento del rol de la representación?
¡También lo es, pues!
Entonces, cuando alguien cree que hacer una gestión es constitutivo de delito me surge la duda.
¿No ha llamado nunca algún fiscal a alguien para pedirle apoyo ante la corte de apelaciones respectiva para ser Fiscal Regional?
¡O Nacional!
¿Eso es malo? No. Es adecuado y está bien, porque resulta legítimo conocer quiénes son, lo cual no significa jamás -¡jamás!- que se intente el aprovechamiento de esa situación.
Con el mismo cariño y respeto que le tengo y le he tenido siempre al Ministerio Público, creo que esto debe ser aclarado a la brevedad y determinarse las responsabilidades, para que no se enlode a toda una institución por una actitud imprudente e inadecuada que genera un daño irreparable a la reputación de un hombre de Estado, de un hombre de la república.
Don Andrés Zaldívar Larraín , en nombre del Comité de Senadores del Partido Por la Democracia, reciba nuestro respeto y solidaridad.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, no haré uso de la palabra por razones de seguridad personal.
Señor Presidente , Honorable Senado, quien conoce la trayectoria de Andrés Zaldívar ; quien conoce su pasado intachable y su contribución a nuestra democracia; quien conoce además su actuar en la vida pública y privada no puede darle ningún crédito a las informaciones vertidas en los medios de comunicación; más aún, cuando en virtud de una filtración sobre una interceptación telefónica a la segunda autoridad del país se usa información residual para ampliar los plazos de dicha interceptación en una investigación desformalizada.
Estamos hablando de la segunda autoridad del país; estamos hablando del Presidente del Senado . Nadie está exento de ser investigado, lo cual es legítimo en una democracia. Pero una cosa muy distinta es que finalmente se le trate de imputar un acto delictual, respecto del que no hay ningún antecedente, de acuerdo a las informaciones vertidas, que permitan acreditar algún grado de responsabilidad en esa materia.
Cómo se van dañando nuestras instituciones y cómo se va generando un manto de sospecha acerca de la acción de un Poder del Estado al dañar la imagen del Presidente del Senado .
Quiero decir que el Presidente de la Corporación, como persona, cuenta con toda nuestra solidaridad, y como Senadores nos vemos obligados a actuar en consecuencia para restablecer el honor de esta institución.
Señor Presidente , en representación de los Senadores de Renovación Nacional, quiero partir por solidarizar con don Andrés Zaldívar Larraín , quien ha sido objeto de una acción que no cabría si no calificar de infame, porque en rigor eso es lo que estamos analizando ahora, desde mi perspectiva.
El Senador Harboe explicó adecuadamente cuáles eran -por decirlo en forma benévola-, desde el punto de vista jurídico, los excesos que se habrían cometido en esta situación; y el colega Pérez Varela fue lo suficientemente elocuente para exponer que, de la lectura de la información disponible, nada permite, bajo ningún atisbo, concluir que era necesaria tal medida intrusiva, y mucho menos que un Senador de la república, un hombre al que el país le debe numerosos servicios, deba ver hoy día en el titular de un diario: "Andrés Zaldívar es indagado como imputado por caso de tráfico de migrantes y cohecho".
Esa es una aseveración extraordinariamente infame.
En consecuencia, junto con señalar nuestro repudio, lo que corresponde no solo es recabar las responsabilidades, sino preguntarse qué hay detrás de esto.
Señor Presidente , ¿estamos frente a un acto de imprudencia de la fiscalía? ¿Aquí hay imprudencia? ¿Es una falta de criterio? ¿Se trata acaso -por qué no pensarlo- de una represalia?
Todo el mundo sabe que hace algunas semanas el Presidente del Senado tuvo una legítima controversia con la fiscalía respecto de ciertos antecedentes solicitados a esta Corporación.
Entonces -insisto-, ¿esto obedece al descriterio de un fiscal? ¿Es una imprudencia? ¿Es una represalia? ¿Se trata del ánimo deliberado de dañar a una institución?
Esas son las preguntas que, en definitiva, quedan arriba de la mesa y deben absolverse.
Sobre las filtraciones ya se ha dicho que se han transformado en un instrumento para litigar y para dañar a las personas y a las instituciones.
Yo considero fundamental que se produzca una reacción.
Tal como aquí se ha señalado, algunos podrán acusarnos de que esta es una defensa corporativa. Pero me parece que no lo es, sino una defensa justa frente a una acción que -insisto- yo califico de infame.
En consecuencia, manifiesto nuestra completa solidaridad con el Presidente del Senado .
Señor Presidente , la verdad es que yo esperaría una respuesta de Jorge Abbott , Fiscal Nacional, frente a un hecho reiterativo: las filtraciones.
Le ha tocado a la UDI, les ha tocado a otros.
En definitiva, se ha vuelto algo permanente que los documentos se filtren, sin ninguna investigación para determinar quiénes son los responsables.
Eso daña gravemente la credibilidad del Ministerio Público, de los fiscales, y también perjudica el combate esencial que tal organismo debe sostener contra la delincuencia, el narcotráfico, y, en último término, hacia los que atentan contra la sociedad.
Quienes hacen estas filtraciones sin duda tienen más bien un móvil político, porque si quieren perseguir a los delincuentes, ahí están.
La demanda ciudadana es contra la delincuencia. Entonces, por cierto hay un móvil político.
¿De qué se trata? De ablandar al Presidente del Senado para que permita la entrega de los informes que habían sido retrasados o denegados.
¡Algún motivo hay!
Tal vez sea un enroque consistente en dispararle a uno para conseguir lo otro.
Yo solo quiero recordar que, como legisladores, debemos tener la mayor de las capacidades para prevenir este tipo de hechos.
Quiero señalar a la Sala que el 22 de junio de 2011 dos suboficiales de Carabineros, Esteban Infante Alcaíno y Claudio Cofré Soto , además del periodista Patricio Mery y del abogado Rubén Jerez , entregaron su testimonio en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde señalaron que había escuchas por parte de la DIPOLCAR, mediante dispositivos técnicos especializados para captar conversaciones o comunicaciones de carácter privado, respecto de aparatos móviles de diversos parlamentarios del país. Entre ellos, mencionaron al Diputado Aguiló y al Senador que habla.
Yo presenté un recurso de protección en contra de aquello, el cual finalmente fue rechazado por la Corte Suprema.
Por cierto, es necesario investigar. Los fiscales poseen facultades. La pregunta que surge es quién fiscaliza a los fiscales, porque estas atribuciones, que se establecieron en pos del bien común, han de tener un límite, pues también puede ser sobrepasada la justicia.
Señalé hoy día en la mañana en la prensa que sobre este tema se debe exigir, por parte del Senado, la mayor transparencia del Ministerio Público y no tengo ninguna duda de que el Senador Zaldívar va a ponerse a disposición para aclarar todos los hechos que sean necesarios, sin ningún tipo de petición de trato privilegiado o de discriminación positiva.
Los hechos mencionados son graves porque dañan no solo al Senador Zaldívar, no solo a la Cámara Alta, sino a la política en general. Ellos vienen a consolidar lo que la ciudadanía crecientemente ha venido diciendo, en el sentido de que la política en sí es un lugar oscuro, perverso. Y el afianzamiento de esta imagen, agravada por circunstancias como las descritas, va en contra, finalmente, de la democracia, de la credibilidad de las instituciones.
Yo solo espero que haya una respuesta formal del Ministerio Público -no sé si los Comités lo acordaron así- y del Fiscal Nacional, Jorge Abbott , dada la implicancia de los acontecimientos.
Me pregunto: ¿habrán pinchado también el teléfono de la Presidenta Bachelet , si le espían el celular a la segunda autoridad del país? Es posible que la Primera Mandataria haya recibido cierta llamada y, en el curso de alguna investigación, le hayan pinchado el teléfono y grabado conversaciones con carácter de Estado, reservadas. ¿O han interceptado diálogos del Presidente Piñera , respecto de los conflictos internacionales que Chile libra con Bolivia y con Perú?
¿Es posible que el Ministerio Público pueda acceder a esa información y luego ser filtrada, atacando gravemente el interés nacional?
Se abre un debate nuevo, por cuanto la información residual puede estar diversificada en elementos que son de carácter de Estado.
¿Quién establece el criterio de qué es información residual y qué puede ser divulgado?
Porque, si se trata de las autoridades máximas del país y de asuntos de carácter secreto, por el bien de la seguridad nacional, ahí tiene que existir un límite. Y es un tema que deberemos discutir, porque tratándose del Presidente del Senado , cualquiera que fuere, del partido que sea, efectivamente no puede ser filtrada información residual en materia de seguridad nacional.
Ese un tema de reflexión.
Yo exijo, señor Presidente, que el señor Fiscal Nacional aclare estos hechos.
Y exijo del Senado no una actitud corporativa, sino una postura esclarecedora, por el bien público, por la credibilidad de este Poder del Estado.
Señor Presidente , yo pensaba guardar silencio, pero no puedo hacerlo porque las muestras de solidaridad y respaldo me obligan a darles las gracias a todos y a cada uno de ustedes.
Por ningún motivo quiero que el asunto se trate como una defensa corporativa.
Voy a asumir esta defensa sin fueros y sin privilegios, igual que cualquier ciudadano, para demostrar realmente que lo que se ha hecho conmigo hoy día es una infamia, una injuria incalificable.
Quien sea su autor, ojalá que el día de mañana pueda responder. Pero el daño que ha provocado, tanto en mi persona como en mi familia, es irreparable. Yo lo reconozco.
No soy la única víctima de esto. Aquí ya se ha dicho: el procedimiento de filtrar información acerca de procesos que están recién iniciándose para determinar qué sucedió realmente ya es casi una cosa reiterativa.
No voy a pronunciarme más sobre eso. Pero, en verdad, resulta doloroso, cuando uno ha entregado su vida al servicio público, recibir el pago que hoy día estoy recibiendo.
No me van a amilanar ni a doblegar. He pasado otras circunstancias, no tan dolorosas como la presente, pero voy a salir adelante. Y voy a salir adelante no solo por mí, sino porque realmente me siento parte de esta Corporación. Soy quien los representa hoy día, y espero nunca defraudarlos.
Lo que les puedo decir es que tengo mis manos limpias. Ojalá que algún día el daño que se me hizo realmente pueda ser reparado con la misma intensidad con que se me provocó.
Por lo tanto, muchas gracias. Y les insisto: voy a asumir el asunto en términos personales, agradeciendo la solidaridad de ustedes. Y veremos con el tiempo -espero que así sea- que lo que les he señalado es realmente la verdad.
Entiendo que el Senador señor Pizarro hizo un planteamiento más bien institucional, que no se contrapone con lo manifestado por el Senador señor Zaldívar .
Si le parece a la Sala, se llevará adelante, ya que fue la petición de todos los Comités.
Tiene la palabra, sobre la Cuenta, la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, solo quiero decir que no damos la unanimidad para tratar el proyecto de ley que introduce diversas modificaciones en la normativa educacional.
Pero tiene "discusión inmediata".
La pusieron recién ayer.
Hay el planteamiento de poder ver la iniciativa miscelánea sobre educación que se halla con "discusión inmediata".
Por eso debe discutirse hoy.
Reglamentariamente, se tiene que ver.
No, porque se puso recién ayer la "discusión inmediata".
Hay plazo todavía.
Al no darse la unanimidad, no se puede tramitar hoy.
Entonces, tendremos que citar a sesión para el lunes, porque ese día vence la urgencia.
Cite para cuatro horas más, señor Presidente .
Punto de Reglamento.
Señor Presidente , cuando se fija una "discusión inmediata", entiendo que es atribución del Presidente de la Corporación organizar el debate. Perfectamente podemos construir un acuerdo. No entiendo bien cuál es la motivación de fondo, no de forma, de la Senadora que ha puesto la objeción a que veamos el proyecto sobre tabla ahora.
Si no, podemos pedir que se cite una hora antes de la sesión de mañana. Pero, cuando hay "discusión inmediata", la práctica ha sido siempre que la Mesa pueda ordenar la tabla a su parecer, para buen funcionamiento nuestro. Y tenemos la Ley de Presupuestos mañana. Por eso formulo la consulta.
¿Cuál es el motivo de la objeción? ¿Puede explicar la Senadora Von Baer, para entender mejor?
En realidad, se necesita el acuerdo unánime para poder acoger el planteamiento, y no ha habido unanimidad.
En ese caso, propongo que tratemos el proyecto mañana antes del inicio de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, en sesión de 15 a 16.
Cite a las 15.
Me gustaría que existiera consenso al respecto.
Si no, voy a citar de 15 a 16 a objeto de poder despachar el proyecto, ya que me lo está pidiendo la mayoría del Senado.
Solo quiero solicitarle a la Senadora Ena von Baer -por su intermedio, señor Presidente - que nos explique cuál es la motivación de la UDI para impedir el debate y la votación del proyecto hoy día. Porque se va a realizar la discusión mañana, de todas maneras.
¿Hay algún asunto estratégico de fondo? Lo consulto para entender mejor. ¿O es que hoy no hay suficientes Senadores de la UDI? A ver si logramos comprender si se trata de un tema técnico-administrativo más que de fondo, o de ambos, porque el proyecto se va a votar mañana.
La Nueva Mayoría ha hecho uso de este recurso innumerables veces: pedir la postergación del debate porque no están todos sus parlamentarios. Pero sería bueno que la señora Senadora lo explicitara, porque solo se limitó a plantear una solicitud, sin fundamentarla.
Antes de que se retiren de las tribunas, quisiera saludar a una delegación de chilenos residentes en Córdoba, Argentina, invitados por la Cancillería, y que llevan largo tiempo fuera del país.
Quiero recordarles a los señores Senadores que este proyecto de ley misceláneo está con "discusión inmediata".
Además, tenemos que despachar el proyecto de Ley de Presupuestos entre mañana, a partir de las 4 de la tarde, y el viernes. Y el lunes seguramente va a haber trámite de Comisión Mixta.
Señor Presidente , solicito que se autorice fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil. Proponemos el lunes 27.
Señor Presidente , el Senador Navarro preguntaba por el fundamento de nuestra decisión. Esta no tiene nada que ver con la presencia o no de los Senadores de la UDI. Tiene que ver con el hecho de que el Ejecutivo en algún minuto nos pidió apurar este proyecto, pero para nosotros existe una diferencia de fondo, pues implica una doble sanción para los colegios que no pasen a ser sin fines de lucro.
Nosotros consideramos que debiera aplicarse una sanción o la otra, porque les retienen la subvención y, además, les quitan el reconocimiento oficial.
No estamos de acuerdo con eso.
En su minuto, entendíamos que había una suerte de consenso en el sentido de que no se iba a dar esa doble sanción. Por eso facilitamos el trámite en la Comisión de Educación. Sin embargo, eso se modificó en la Comisión de Hacienda.
Por lo tanto, ya no facilitaremos el trámite; tan simple como eso.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación .
Señor Presidente, por su intermedio, quisiera saludar a todos los parlamentarios.
La verdad de las cosas es que esta iniciativa ya se discutió tanto en la Cámara de Diputados como en las Comisiones de Educación y de Hacienda del Senado, y tiene un plazo complejo: el 31 de diciembre.
Si no hiciéramos nada, la ley vigente obligaría al Ministerio no solo a retener la subvención, sino que a poner fin al reconocimiento oficial de los colegios.
Y como podría ocurrir que un número pequeño o grande de colegios no se hubiesen pasado antes del 31 de diciembre, lo que estamos haciendo -y es lo que quisiéramos explicar acá- es, justamente, generar una oportunidad para que durante los seis meses posteriores puedan traspasarse desde una personalidad jurídica con fines de lucro a otra sin fines de lucro.
Solamente tenemos como instrumento para presionar la retención de la subvención, que está establecida en la ley actual, y que queremos mantener.
La idea es que entre enero y febrero, si algún sostenedor no hizo este traspaso, lo haga. Si no, no recibirá la subvención escolar.
Lo que estamos impidiendo es justamente lo expresado por la Senadora: que se le borre la existencia al colegio. Porque habría cinco, diez, veinte, cien colegios en los cuales no tendríamos qué hacer con los niños el día de mañana.
Por lo tanto, el tema es al revés: es una urgencia que hay que resolver.
Hemos llamado a todos los sostenedores a hacer el trámite lo antes posible. Pero en la eventualidad de que alguno no lo hiciera, porque está esperando otra legislación o por la razón que sea, estaríamos obligados a cancelarle el reconocimiento oficial, lo que dejaría a los niños sin una alternativa distinta.
Perdón que adelante este debate, pero parece que se está entendiendo mal. La urgencia es tener el 31 de diciembre todos los instrumentos, para que no dejemos a ningún niño sin colegio.
Señor Presidente , es bien importante asumir que este proyecto es producto de una moción de los Senadores Araya, Ignacio Walker, Zaldívar y de quien habla, en que le pedíamos al Gobierno buscar una forma de resolver problemas que había en la Ley de Inclusión. Y uno de esos problemas era el cambio de propiedad, que no permitía en muchos casos realizarse.
Nosotros proponíamos un sistema de arriendo regulado, dado que las contabilidades -que se están construyendo a partir del 1° de enero-, los estados financieros permitirían controlar los arriendos.
Eso es una parte de este proyecto.
Pero, además, estamos planteando, a iniciativa del Ejecutivo, que debe haber un plazo mayor -porque estamos muy encima de la fecha límite- para que aquellos establecimientos que no hayan entrado al sistema sin fines de lucro lo puedan hacer en los seis meses siguientes.
Y habrá una retención de todas maneras, porque, como decía la señora Ministra , el 31 de diciembre dejarán de tener la autorización para operar como colegios y de recibir la subvención.
¡Sería una crisis muy grande!
En cambio, con el texto que se propone se permite a esos colegios seguir funcionando; y, si bien se les va a retener la subvención, tendrán seis meses para regularizar su situación.
¿Cuántos colegios son? De los 5.862 que existen hoy día en este sector, hay 4.000 que ya están de distinta manera en esto, y hay 1.800 que no. Algunos han declarado que quieren hacerlo -1.000, si no recuerdo mal-, y hay otros que están pendientes.
Con los arriendos, por un lado; y dando esta flexibilidad, por el otro, creemos que se podrá regularizar la situación.
Le digo a la Senadora Von Baer que nosotros no queremos que haya una crisis. Pero, si no tomamos estas medidas, la habrá el 31 de diciembre.
Nos interesa que exista flexibilidad para que el Ministerio tenga la facultad de generar mecanismos que permitan transitar a un sistema sin fines de lucro de la mejor manera posible.
Señor Presidente , aunque siento que estamos anticipando la discusión de mañana, al escuchar algunas de las intervenciones se me vino a la memoria una frase que Felipe González alguna vez soltó, refiriéndose a un ministro : "Es genial para resolver los problemas que él mismo crea".
Ese es el verdadero problema, porque resulta que desde que se aprobó esta ley, como Oposición le hicimos presente al Ejecutivo durante años -¡durante años!- que la forma en que se estaba reglamentando iba a terminar en una situación crítica. Se los advertimos una y otra vez. Presentamos proyectos de acuerdo, presentamos iniciativas; se lo explicamos al Gobierno y le dijimos: "No se va a cumplir el plazo, y va a haber miles de colegios que van a enfrentar una situación crítica".
Pues bien, no obstante que se les advirtió con todo el tiempo del mundo, a última hora traen una solución que mañana esperamos poder explicar al conjunto de la Sala por qué nos parece incorrecta y, a la inversa, por qué nos parece correcta la solución a que habíamos arribado en la Comisión de Educación y que fue modificada en la Comisión de Hacienda.
¡Pero por qué bloquean el debate; podríamos resolver eso ahora!
¡Decida usted, señor Presidente!
Aprovecho de saludar al Instituto Abdón Cifuentes de San Felipe, que nos visita esta tarde.
Señores Senadores, mañana podríamos tener una sesión especial de 15 a 16 horas para tratar esta materia. El problema es que debemos dedicarnos al trámite del proyecto de Ley de Presupuestos, para despacharlo entre jueves y viernes. Y también tenemos una "discusión inmediata" que vence el lunes.
Entonces, pregunto: ¿cómo compatibilizamos ambas cosas?
Senador señor Allamand, entiendo su punto. Usted sabe que observé, junto con otros Senadores, en forma transversal, que este asunto debería haberse resuelto de otra manera en su tiempo. No se hizo, pero más vale tarde que nunca, para evitar una situación de mayor conflicto.
Por lo tanto, les pido que me ayuden a buscar un mecanismo que nos permita salir del zapato chino en que estamos metidos.
Nosotros habíamos dado una salida, pero el Gobierno dijo que no.
Yo les propondría tratar el proyecto mañana, en sesión de 3 a 4 de la tarde, distribuyendo el tiempo disponible por Comité, en los términos de la hora de Incidentes, y votando al término de las intervenciones.
Usted es el Presidente. Entonces, puede citar.
Tratemos de arreglar la cuestión de aquí a mañana.
La señora VON BAER.- El Gobierno presiona y nosotros presionamos de vuelta: así funciona, señor Senador.
Nosotros, de buena fe, en la Comisión de Educación accedimos a no ejercer nuestro derecho: entendimos que habíamos llegado a un acuerdo. Sin embargo, lo concordado se cambió en la Comisión de Hacienda.
¡Qué quieren que hagamos!
No sé si entendimos de forma distinta. En todo caso, en la Comisión de Educación facilitamos el trámite de un punto en el que no estábamos de acuerdo; se votó de cierta manera, y dijimos "Okay. Está bien".
Ahora se me formula una pregunta.
Usted, señor Presidente , tiene pleno derecho a citar: ¡cite!
Por cierto, señora Senadora, tengo ese derecho. Pero el problema radica en que para darle salida al proyecto debemos tener una discusión reglada: esto es lo que le estoy planteando.
De aquí a mañana arreglamos la cuestión.
Bueno: citaré para mañana, de 3 a 4 de la tarde.
Porque a las 4 deberemos comenzar el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos.
El señor Secretario dará cuenta de un informe que acaba de llegar.
En este momento la Mesa ha recibido el siguiente documento:
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara feriados el 17 de enero de 2018 para la Región de La Araucanía y el 18 de enero del mismo año para la Región de Tarapacá, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa Francisco.
Esa iniciativa tiene urgencia calificada de "discusión inmediata", que vence el lunes.
Propongo que tratemos dicho proyecto hoy, en el primer lugar de la tabla.
Conforme a lo resuelto por la Sala, corresponde discutir el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara feriados los días 17 y 18 de enero de 2018 en la Región de La Araucanía y en la de Tarapacá, respectivamente, con motivo de la visita del Papa Francisco, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.350-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
La Comisión de Gobierno discutió esta iniciativa en general y en particular y acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes -Senadores señores Bianchi, García y Quinteros-, proponerle al señor Presidente que en la Sala se considere del mismo modo.
"Si le parece", Presidente .
¿Habría acuerdo para aprobar en general y particular la iniciativa?
Señor Presidente , creo haber sido el único parlamentario que hace dos a tres semanas votó en contra de la exención tributaria planteada para las empresas al objeto de que financiaran la venida del Papa. Tengo el mayor respeto por él, pero, en mi concepto, tal franquicia no correspondía.
Yo preguntaba si el Santo Padre venía al país como Jefe del Estado Vaticano o como líder religioso. Me parece importante clarificar esta situación, pues, teniendo Chile un Estado laico, no podemos generar ese tipo de discriminaciones. Y lo digo también con el respeto que merecen las demás religiones.
Cuando han venido otros líderes espirituales, como el Dalai Lama, ¿se han dispuesto exenciones tributarias para contribuir al financiamiento de sus visitas? Entiendo que no.
Creo en la igualdad ante la ley y en el respeto de un Estado laico. Pero, a mi entender, la exención en comento constituye una anomalía. Así lo argumenté al votar el proyecto pertinente, que además, dicho sea de paso, preveía la condonación de impuestos en materia de traspaso de parques nacionales, en fin.
Hoy día se está avanzando en la declaración de feriados para dos regiones que visitará el Papa. Creo que eso también envuelve una discriminación, incluso con respecto a los católicos que quieran ver al Sumo Pontífice, pues irá solo a esas regiones.
Ahora, me parece sorprendente que no esté acá el Ejecutivo para ratificar algo que se nos planteó: que no íbamos a tener más feriados regionales.
Hoy día estamos ante un abuso a ese respecto, pues existe una infinidad de feriados regionales sin ninguna articulación.
Se había establecido que a partir de los últimos feriados, que se aprobaron hace un par de semanas, lo siguiente iba a ser la articulación de feriados dentro de las competencias de los gobiernos regionales, a propósito de lo que planteamos en la iniciativa correspondiente.
Entonces, hay que ser coherente. Pero en este caso ello no ocurre. Primero, porque se aprobó una exención tributaria para facilitar que las empresas terminen siendo contribuyentes en la visita papal.
Que yo sepa -lo dije en mi argumentación-, las empresas no tienen creencias religiosas. Sus propietarios, sus accionistas, sí. Y si ellos quieren contribuir a la venida del Papa, perfecto: ¡métanse la mano al bolsillo y contribuyan! Pero no pidan que lo haga el Estado de Chile, que tiene muchas necesidades.
Por eso, señor Presidente, en cuanto a los dos feriados que se nos proponen, pienso que caemos nuevamente en una contradicción.
Quien quiera ir a ver al Papa dispone de todas las posibilidades.
En 1987, siendo estudiante, tuve la oportunidad de ver a un papa. Fuimos a La Bandera, en Santiago, a reclamarle al Sumo Pontífice de aquel momento para que se respetaran los derechos humanos en Chile; para que se liberara a los presos políticos; para que se terminara con la dictadura, y para que se pusiera fin a la tortura que sufrían miles de chilenos.
Sin tener creencia religiosa, ahí estuvimos, por el respeto que el Santo Padre infundía como autoridad espiritual. Pero no recuerdo que, aun existiendo una dictadura, se haya establecido aquel tipo de franquicias tributarias.
Entonces, quiero ser coherente. No me parece adecuada la exención tributaria que se aprobó: constituye un error y genera desigualdad ante la ley.
Considero que los dos feriados que se plantean ahora también provocan una distorsión.
En efecto, los católicos de las regiones aledañas que con legítimo derecho quieran ir a ver al Papa no podrán hacerlo.
Desde el punto de vista de los plazos legales, en los tribunales existirá un enorme inconveniente.
La creencia religiosa -reitero- es individual. Por tanto, los católicos que quieran ver al Santo Padre deberán hacerlo de acuerdo a sus posibilidades. No tiene por qué haber días feriados.
Señor Presidente , la aprobación de este proyecto de ley, que declara feriados tanto en la Región de Tarapacá como en la de La Araucanía con motivo de la visita del Papa Francisco, si bien puede interpretarse como un acto de homenaje, de reconocimiento a la persona del Santo Padre -además, me parece bien que así sea: ¡qué duda cabe de que se trata de un líder mundial que honra a Chile con su visita!-, también se halla dirigida a la adopción de medidas conducentes a una buena organización, a dar mayor tranquilidad a toda la ciudadanía, a garantizar el mejor funcionamiento de los servicios públicos.
Por ejemplo, en Temuco se espera la llegada de alrededor de 800 mil personas. Eso significa copar la capacidad de las carreteras; implica que todo el sistema de salud esté disponible para otorgar atención a quienes la requieran debido al calor, a las aglomeraciones, a los largos viajes realizados, etcétera.
Además, se prevé que arriben a esa ciudad del orden de 200 mil personas provenientes del sur de Argentina. De manera que el funcionamiento del Servicio de Aduanas, de la Policía Internacional, en fin, será muy muy importante.
Entonces, la declaración mediante ley de la república de los feriados propuestos tiene por finalidad -repito- que ambas regiones funcionen de manera adecuada y que los servicios públicos concentren toda su atención en la visita del Santo Padre .
Al revés de lo que se plantea, para muchos funcionarios y para numerosos empleados particulares esos días no van a ser necesariamente feriados, ya que, sin ninguna duda, varios tendrán que trabajar. La idea es que hagan un alto todas las actividades que puedan hacerlo. Ello, con el propósito de garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables para el éxito de la visita del Santo Padre , quien (reitero) es un líder mundial espiritual, pero también un Jefe de Estado.
Por las razones expuestas, esta mañana los integrantes de la Comisión de Gobierno del Senado aprobamos esta iniciativa.
Yo fui Alcalde de Temuco cuando Juan Pablo II visitó esa ciudad, hace alrededor de 30 años. Por tanto, sé del esfuerzo y de la organización que demanda una visita de tal índole.
En consecuencia, creo que hacemos bien al declarar los feriados regionales que se proponen tanto para la Región de Tarapacá cuanto para la de La Araucanía.
Señor Presidente, el 14 de octubre de 1999 aprobamos la Ley de Culto -lleva el N° 19.638-, que busca establecer la igualdad de todas las iglesias frente al Estado de Chile.
Con este proyecto, que declara dos feriados por la visita del Santo Padre , se establecen un principio de desigualdad y un principio de privilegio.
La verdad de las cosas es que, como se recordó aquí, no se ha declarado feriado en nuestro país con motivo de las visitas de otras autoridades religiosas mundiales.
Por consiguiente, quiero decir que si mediante ley se establecen discriminaciones, tratos desiguales o tratos privilegiados (así sucede en este caso), ello atenta básicamente contra la Ley de Culto.
Cuando aprobamos esa Ley expresamos: ¡Por primera vez en Chile, todas las iglesias tienen el mismo derecho frente al Estado y no podrán ser objeto de discriminación alguna!
Entonces, yo le pregunto al Ejecutivo -este proyecto fue presentado por varios Diputados, pero tiene patrocinio gubernativo- si habrá el mismo trato cuando nos visite una autoridad de la Iglesia evangélica, que convoca y ha demostrado muy claramente que es parte masiva de las creencias religiosas existentes en Chile.
Cuando se votó la iniciativa sobre exención tributaria para las donaciones destinadas a financiar la visita papal hice referencia a la menor recaudación fiscal derivada de esa medida, que ascenderá a cerca de 600 millones de pesos.
O sea, el Estado de Chile contribuirá con 600 millones de pesos a financiar esa visita, pero se puso en cuestión el financiamiento para la catedral evangélica. Y, hasta la fecha, el Gobierno -me habría gustado que hoy hubiera estado alguno de sus representantes- no ha dado el visto bueno.
Se trata de un proyecto legítimo y financiado. Fue aprobado (digámoslo con nobleza) durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, no se ha concretado.
Más allá de los incidentes ocurridos en septiembre último en la catedral evangélica, que condeno, ya son demasiadas las señales en torno a un principio que aprobamos en este mismo Parlamento: igualdad de todos los credos religiosos ante la ley frente al Estado.
Tratándose de beneficios tributarios, se establecen a favor de la Iglesia católica; en el caso de los días feriados, se declaran a raíz de la visita del Santo Padre , quien es el Jefe del Estado Vaticano.
¡Eso vulnera el principio que consagramos!
Sobre esta materia, me parecería adecuada la existencia de una ley genérica que previera la posibilidad de, en determinadas condiciones, optar a feriados legales con motivo de la visita de autoridades religiosas.
Sin embargo, aquí estamos haciendo una ley especialísima que terminará siendo discriminatoria.
Por eso, señor Presidente , no voy a aprobar esta iniciativa.
Las bancadas de enfrente y varias otras han votado en contra de los feriados, argumentando en forma dura contra ellos. Pero esta tarde, o no han hecho uso de la palabra, o van a pronunciarse a favor.
A mi entender, cuando existe el mismo principio debe existir el mismo voto.
En tal sentido, quienes han cuestionado feriados por fiestas religiosas en el norte de Chile y votado en contra podrían tener una actitud similar en esta ocasión, pues un feriado en Iquique y otro en Temuco alteran el desenvolvimiento de las regiones pertinentes y tienen impacto económico: este ha sido el argumento de muchos Senadores en otras ocasiones.
Yo, sobre la base del principio consagrado en la Ley de Culto, creo que este proyecto genera discriminación. Ello, salvo que se disponga que, en todo caso, cuando autoridades religiosas de carácter mundial visiten Chile podrá declararse feriado a petición de cierto número de parlamentarios u otras autoridades.
No obstante, nada de eso se consigna. O sea, si viene una autoridad que interprete al mundo evangélico, no habrá feriado en Chile.
Solicito autorización para que me remplace en la testera el Honorable señor Patricio Walker.
--Pasa a presidir la sesión, en carácter de Presidente accidental, el Senador señor Patricio Walker.
Señor Presidente , estimados colegas, me sorprenden profundamente algunas de las opiniones que hemos escuchado aquí, en la Sala. Ello, no porque yo no sea tolerante a la diversidad. Al interior del Partido Socialista, como va a quedar en evidencia, hay diferencias de opinión en esta materia, por cuanto estamos ante la visita no solo de un Jefe de Estado , sino también de un líder espiritual, pero no cualquiera -yo no soy católico practicante-: se trata de un líder espiritual que además incide en la constitución de buena parte de la identidad de Chile y del resto de América Latina.
Es evidente esa afirmación. Y quedará reafirmada por los cientos de miles de personas que van a peregrinar para acompañar al Papa Francisco en su visita a nuestro país.
Por ende, respecto al proyecto de ley en sí, que es el asunto en discusión, quiero manifestar que le daré mi absoluto respaldo, tal como lo hará la mayoría de los demás Senadores del Partido Socialista, pues entendemos que está de por medio la visita de un Jefe de Estado de la que nos sentimos honrados como nación.
Valoramos el rol de la Iglesia católica y en particular del papa en la mantención de la paz entre Chile y Argentina, que en un momento casi se quebrantó. Creemos que esa mediación marcó positivamente un hito de nuestra historia.
Apreciamos, por cierto, el papel desempeñado por la Iglesia católica en épocas oscuras y difíciles de nuestro país durante la dictadura y en la lucha por la recuperación de la democracia.
Más aún, en el mundo de hoy, en que ha habido afirmaciones del papa Francisco más tolerantes que en otras eras de la Iglesia católica y manifestadas en diferentes encíclicas, es del todo conveniente, del todo legítimo, permitir que los chilenos escuchen el mensaje de quien viene en un viaje pastoral y de Estado.
Otros podrán plantear la discusión acerca de cómo se obtienen los recursos necesarios, pero deseo hacer presente, de la misma forma, que el Estado cubano ayudó a financiar toda la visita del papa por comprender perfectamente el valor de ella para ese país y su interés nacional, como lo representa ahora para nosotros el que vaya a acompañarnos.
En aras de la tolerancia, del respeto a la diversidad, de la inclusión, me parece del todo correcto, necesario, legítimo, positivo, declarar feriado para facilitar las cosas en las dos regiones que lo recibirán.
Por ende, voy a votar a favor.
Es cierto que se podría abrir debate con relación a otros líderes espirituales que han venido a Chile y a cuál debe ser nuestra política de Estado en la materia. Pero esa es harina de otro costal.
No cabe duda del peso de la Iglesia católica en nuestra identidad nacional, en nuestro país, en los chilenos, que en su gran mayoría se reconocen cristianos, y entre ellos, católicos, por lo que me parece correcto dar todas las facilidades para que la visita sea completamente exitosa. Y los cientos de miles de personas que acompañarán esta peregrinación no van a hacer más que demostrar que el Congreso y el Gobierno han actuado bien en la propuesta que nos ocupa.
Estamos discutiendo si se aprueban o no los feriados para las regiones a las que irá el Santo Padre, quien representa, a mi juicio, a una buena parte de la ciudadanía que es creyente y católica, no necesariamente a la generalidad. No todos van a participar en las actividades en Iquique y en Temuco.
Pero, como es natural, independientemente de los debates que podamos sostener respecto de cómo se financia y quiénes aportan, existe un problema de seguridad. Creo que ello resulta obvio con motivo de un encuentro de 500 mil, 700 mil u 800 mil personas que se estima que se registrarán en Temuco y de otras tantas en Iquique. Estas ciudades y regiones no podrán actuar con normalidad frente a la gran cantidad de concurrentes.
Por lo tanto, con prescindencia de quién se trate, la convocatoria de centenares de miles de ciudadanos exigirá, evidentemente, tomar medidas de seguridad, prevenir lo que pueda ocurrir y fijar feriados, para que los servicios públicos y la comunidad se organicen y sea posible recibir la visita y llevar a cabo las actividades en las mejores condiciones. Las razones de seguridad bastan para aprobar la medida que nos ocupa.
--Por 20 votos contra 2 y un pareo, se aprueba en general y en particular el proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Letelier, Montes, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA), con segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "simple"..
Sesiones 71ª, en martes 29 de noviembre de 2016 (queda para segunda discusión en general); 72ª, en 30 de noviembre de 2016 (queda aplazada la votación en general); 73ª, en 13 de diciembre de 2016 (se aprueba en general).
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 10, 14, 15 y 16 permanentes y segundo y tercero transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de enmiendas. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Debe dejarse constancia del respecto de los artículos 14, número 1, y 16 permanentes, normas de rango quorum orgánico constitucional que requieren 21 votos para ser acogidas.
El órgano técnico realizó diversas modificaciones al texto sancionado en general, las cuales fueron acordadas por unanimidad, con excepción de dos que serán puestas en discusión y votación oportunamente.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia y efectuó una enmienda por unanimidad en el artículo primero transitorio del texto despachado por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Cabe recordar que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
De dichas enmiendas, las recaídas en los artículos 3o, 6o y 7o permanentes requieren 21 votos para su aprobación, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
Además, con el mismo quorum debe ser acogido en particular el artículo 9o, en el cual recayó una modificación acordada solo por mayoría de votos que se verá oportunamente.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto sancionado en general; las enmiendas realizadas por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura; la modificación introducida por la Comisión de Hacienda y el proyecto que quedaría de ser acogidas las modificaciones.
De consiguiente, se pueden aprobar desde ya las enmiendas unánimes que no exigen un quorum especial.
--Se aprueban las modificaciones acordadas por unanimidad que no requieren un quorum especial.
Puede intervenir el Honorable señor Quinteros para informar.
Señor Presidente , el objetivo del proyecto es "Crear una institución con cobertura nacional que, a través de sus oficinas regionales, contribuya a mejorar la capacidad productiva y comercial de los sectores de la pesca artesanal y de la acuicultura a pequeña escala, otorgando apoyo a estos sectores en casos de catástrofe e impulsando a su vez, obras de desarrollo de infraestructura con el fin de fomentar y promover el desarrollo productivo de sus beneficiarios.".
Para el cumplimiento de lo anterior se prevé que el INDESPA contribuya a mejorar la capacidad productiva y/o comercial de los sectores de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala; proporcione asistencia técnica y capacitación en aspectos productivos y de comercialización; ayude a fortalecer el desarrollo integral y armónico de caletas artesanales; apoye a los sectores de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala, en casos de catástrofe y/o emergencia declarada por la autoridad competente; facilite el acceso al crédito mediante la articulación pública y privada; desarrolle obras de infraestructura de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala, y coordine, ejecute y/o financie, según corresponda, la acción del Estado orientada a dichos objetivos.
Los principales beneficiarios son pescadores artesanales con inscripción vigente en el Registro Pesquero Artesanal , micro y pequeños acuicultores, y organizaciones constituidas exclusivamente por pescadores artesanales o acuicultores de pequeña escala.
El proyecto considera, como presupuesto inicial, la cantidad de 16 mil 115 millones de pesos, y de 25 mil 459 millones en régimen, a los tres años de entrada en vigencia de la ley.
En cuanto a aspectos destacados, cabe hacer presente que en este momento existen dos fondos en la materia, uno administrado por la Subsecretaría de Pesca (FAP), y otro, por SERNAPESCA (FOPA). La iniciativa propone eliminarlos para constituir el organismo público llamado "INDESPA".
Se contempla también la posibilidad de hacer convenios con el gobierno regional, con CONADI, con INDAP, con CORFO, con SERCOTEC y con los municipios, para poder generar un símil de los PRODESAL. Así, el INDESPA colocará recursos y el municipio podrá poner otros tantos, por ejemplo, para levantar oficinas de asesoría técnica a los pescadores artesanales en las distintas comunas.
La nueva institucionalidad generará más contrataciones, porque a los 91 funcionarios que considera el proyecto original se agregan los que actualmente están en los distintos programas que se ejecutan en regiones con cargo a los convenios de los gobiernos regionales y, además, aquellos que formen parte de los convenios con los municipios, o con CORFO, o con SERCOTEC, o con CONADI o con quienes se logre articular la figura.
Con el objeto de precisar el campo de acción del INDESPA, se incorporó al inciso primero del artículo una clara definición de los objetivos del Instituto, a saber: "fomentar y promover el desarrollo de la pesca artesanal, de la acuicultura de pequeña escala y sus beneficiarios.", en el marco de la sustentabilidad de la actividad.
2° En concordancia con la modificación, se reformuló el artículo 3o en la forma en que aparece explicitado en el informe.
Se precisó el rol de facilitador del acceso a crédito que tendrá el organismo, como también se incorporó la interacción con personas públicas y privadas para la consecución de sus fines.
Para el otorgamiento de beneficios, se contempló en el texto que "El reglamento establecerá los parámetros de objetividad y publicidad de dichos instrumentos o beneficios, con excepción de situaciones de emergencia reguladas por la ley.".
Velando por la transparencia, se incluyó la publicidad de las actas del Consejo Directivo y se ordena que estén disponibles en su sitio web.
Por último, cabe hacer notar que se complementan los motivos de exclusión de los beneficios que otorga el Instituto y que quedan establecidos en el artículo 13.
El proyecto fue acordado en sesiones celebradas los días 3, 10 y 17 de mayo recién pasado, con la asistencia de las Honorables señoras Goic , Muñoz y Von Baer y de quien habla.
Se pondrán en discusión las proposiciones que registraron un pronunciamiento de mayoría.
Es para una cuestión reglamentaria, señor Presidente. No hay nadie del Ejecutivo.
Se ha pedido que pueda asistir a la sesión el Subsecretario de Pesca .
El Gobierno planteó no solo el proyecto de INDESPA, sino también el envío de la iniciativa sobre la pequeña y la mediana acuiculturas, la de los mitílidos y la de los bentónicos.
Por eso, es muy importante la presencia del señor Subsecretario, para el efecto de cualquier aclaración.
Toda la base del texto en debate dice relación con una organización particular para los distintos tipos de cultivo en el mar.
Entiendo que ya entró el Subsecretario, a quien podremos preguntarle en el transcurso del debate.
Desde luego, interesa que el señor Berazaluce esté presente.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura formula una proposición que no exige un quorum especial, pero que acordó solo por mayoría, con los votos a favor de las Honorables señoras Goic y Von Baer y del Senador señor Quinteros , y la abstención de la Honorable señora Muñoz .
La recomendación es para sustituir el inciso tercero del artículo 13, con lo cual el inciso cuarto pasaría a ser séptimo, por los siguientes:
"No podrán acceder a beneficios del Indespa quienes hayan incumplido las obligaciones adquiridas con el Servicio u otras instituciones públicas, a través de las cuales se gestionen proyectos dirigidos a los beneficiarios de aquél.
"El reglamento establecerá los procedimientos destinados a aplicar dicha exclusión, la que inhabilitará a los afectados para solicitar nuevos beneficios hasta por un plazo de dos años, desde que sea determinada por resolución fundada del Director.
"La exclusión establecida en el inciso primero no se aplicará a quienes postulen a beneficios otorgados en programas motivados en una catástrofe o emergencia declarada por decreto supremo conforme a lo establecido en la ley N° 16.282.
"Tampoco se otorgarán beneficios a quienes hayan sido sancionados por infringir la Ley General de Pesca y Acuicultura mediante resolución judicial y, o administrativa que se encuentre a firme. Lo anterior no será aplicable a quienes incurran en las infracciones señaladas en el artículo 116 de dicho cuerpo legal, salvo que éstas sean cometidas en pesquerías en estado de sobreexplotación o colapsadas.".
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación, sin limitarse, por cierto, el tiempo de los señores Senadores.
Señor Presidente, quiero partir por consignar que la pesca requiere una nueva ley. Lo hemos dicho y reiterado.
Ojalá quien aspire a conducir Chile desde la Moneda tenga muy claro que el cuerpo legal vigente no ha resuelto ninguno de los problemas. Por el contrario, los agudizó: concentró en siete familias la propiedad del mar.
Mientras seguimos reforzando la idea de que tiene que haber más institucionalidad en el sector, sigo convencido de que se necesita un Ministerio del Mar. Para administrar un recurso que nos pone como quinto país pesquero en el mundo no basta, sin duda, una Subsecretaria en el Ministerio de Economía. La sede de la nueva Cartera se hallaría, por cierto, en Valparaíso.
En tal sentido, el INDESPA será el organismo que ayudará al desarrollo de la pesca artesanal.
Esta entidad sustituye actuales fondos de apoyo. Pero el mecanismo por el cual serán entregados estos fondos debe ser transparente, que no plantee ninguna discriminación.
Al respecto, me parece excesivo lo establecido en el nuevo inciso tercero en cuanto a que no podrán acceder a los beneficios de INDESPA quienes hayan incumplido las obligaciones adquiridas con el Servicio u otras instituciones públicas.
¿Qué instituciones públicas? ¿Cuáles? ¿Incumplimiento con el Servicio de Salud, en un proceso judicial abierto? ¿Tienen que ser todas las instancias con resolución judicial a firme? ¿No hay motivos excepcionales?
Señor Presidente , considerando la informalidad -todos los cercanos a la pesca artesanal lo saben- de los pescadores artesanales, que no tienen seguro de vida, que no cotizan previsionalmente, que no tienen acceso a la salud, que tienen un nivel educativo propio de una actividad que les ha impedido seguir estudios normales, establecer una limitante a un beneficio puede generar discriminación.
Con mi equipo jurídico estamos evaluando si la norma que hoy día se nos propone es constitucional o no, por cuanto genera una discriminación arbitraria a un sector de los pescadores o a hechos que pudieran ser no constitutivos de incumplimiento.
Es más, el inciso siguiente señala que "El reglamento establecerá los procedimientos destinados a aplicar dicha exclusión, la que inhabilitará a los afectados para solicitar nuevos beneficios hasta por un plazo de dos años".
Nuevamente el Senado se ahorra el debate de hacer una buena ley y delega en un reglamento a la Subsecretaría de Pesca la definición de cuáles van a ser las limitantes al derecho de un beneficio del Estado.
Esto es caer nuevamente en una fórmula de discriminación.
¿Cuál va a ser ese reglamento? ¿A qué región o a qué sector de pescadores va a afectar más o menos?
No pongo en cuestión ni la honorabilidad ni la capacidad profesional de la Subsecretaría de Pesca. Solo digo que si vamos a hacer una ley que establece sanciones fuertes, graves, como inhabilitar, impedir el acceso a un beneficio, esto tendría que estar incluido en la ley. Debiéramos haber efectuado un debate acerca de cuáles son las causales por las que no se puede acceder a los beneficios del INDESPA y no dejar esa definición a un reglamento que, a todas luces, puede ser muy discrecional, ¡muy discrecional!, como suelen ser los reglamentos elaborados por el Ejecutivo en torno a temas que debieran ser materia de ley.
Establecemos un beneficio -INDESPA-, pero les quiero informar a los pescadores artesanales de Chile que un reglamento, no esta ley, determinará quiénes podrán acceder a él.
¡Eso no me parece!
No es un problema con el Subsecretario. Mi planteamiento apunta a que cuando legislemos nos hagamos responsables de lo que estamos aprobando.
Por último, señor Presidente , quiero señalar que en cuanto a las resoluciones judiciales por infringir la Ley General de Pesca ha habido un cuestionamiento permanente a otro proyecto de ley, que penaliza, criminaliza a la pesca artesanal respecto de la llamada "pesca ilegal". Me preocupa mucho que, no habiendo una resolución definitiva sobre ese proyecto de ley, estemos estableciendo que los incumplimientos a la Ley General de Pesca puedan limitar o impedir el acceso a estos beneficios.
Las leyes deben hacerse para que se respeten y otorguen beneficios. Pero el proyecto del INDESPA parte señalando a quiénes no les va a entregar dicho beneficio, dejándolo en manos de un reglamento y teniendo presente una normativa muy compleja, que es la legislación que penaliza la pesca ilegal.
Pido una aclaración al Ejecutivo .
Si le parece a la Sala, tiene la palabra el señor Subsecretario.
Estamos en votación, señor Presidente.
Tiene razón, Su Señoría. Lo único que el señor Subsecretario podría hacer es rectificar hechos hasta por dos minutos.
Yo he hecho afirmaciones que pueden ser rectificadas.
Podría hablar hasta dos minutos para rectificar hechos, salvo que la Sala autorizara para que pueda explicar y responder.
El señor BERAZALUCE ( Subsecretario de Pesca y Acuicultura).-
Gracias, señor Presidente . Por su intermedio, quiero responder al Honorable señor Navarro .
Lo que hace el artículo 13 es, justamente, sancionar a quienes han recibido recursos y beneficios del INDESPA y no han cumplido de manera correcta con una rendición de esos programas.
Nosotros pensamos que cuando hablamos de recursos públicos debemos tener una seriedad y una responsabilidad que va más allá de lo que nos impone la ley. Por lo tanto, lo que hemos hecho en esta iniciativa es indicar que las personas que incumplen las rendiciones -y esos criterios van a estar en el reglamento- no podrán acceder a beneficios.
Se establece una excepción dentro del mismo artículo 13 para quienes se ven victimizados por alguna catástrofe, caso en el cual quienes tienen una sanción pueden acceder de todas maneras a beneficios del INDESPA.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente accidental ).
- Terminada la votación.
--Se aprueban los nuevos incisos tercero a sexto del artículo 13, propuestos por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (16 votos a favor y uno en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Montes, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Votó en contra el señor Navarro.
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Zaldívar.
¿Quedó aprobado todo el proyecto de INDESPA, señor Presidente?
No, hay algunas normas de quorum especial que se verán en una próxima sesión porque no tenemos 21 votos en este momento.
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Minería y Energía, pido un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la ley Nº 20.571 con el objeto de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer aplicables sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país (boletín N° 8.999-08), hasta el lunes 11 de diciembre a las 12 horas.
Al señor Comandante en Jefe de la Armada, consultándole si ha dispuesto CAMBIO EN VALOR DE PRESTACIONES MÉDICAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD INSTITUCIONALES.
Y al señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social , pidiéndole informar sobre DERECHO A JUBILACIÓN POR INVALIDEZ DE SEÑORA MARÍA SOLEDAD VEGA VEGA y acerca de DERECHO A BONO POR HIJO VIVO DE DOÑA MARÍA MÓNICA RIQUELME SANDOVAL, PENSIONADA POR VEJEZ EN 2011.
Al señor Presidente del Consejo Directivo del BancoEstado , planteándole necesidad de INSTALACIÓN DE SERVIESTADO Y AMPLIACIÓN DE HORARIO DE ATENCIÓN EN CIUDAD DE VICTORIA (Región de La Araucanía).
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Atacama , consultándole sobre ENTREGA DE TÍTULO GRATUITO DE DOMINIO A DOÑA GLADYS FLORES CORTÉS EN COMUNA DE CHAÑARAL.
En los tiempos de los Comités Partido PAIS y Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
Señor Presidente, se avecina la temporada de verano y nuevamente el fantasma de los incendios forestales acecha a cientos de miles de familias a lo largo del sur de Chile, de las zonas forestales.
He insistido durante todo el año con el señor Ministro de Agricultura , Carlos Furche ; con el señor Director Nacional de CONAF , Aarón Cavieres , respecto de que los incendios forestales, en un verano que ya parte de manera clara y concreta muy caluroso, con humos y fuegos que ya han aparecido en diversas regiones de nuestro país, no requieren únicamente la contratación del Supertanker. No solo se necesita adquirir más helicópteros o más aviones. ¡Se requiere un carácter preventivo y comunitario!
He planteado en esta misma Sala, en reiteradas ocasiones, la necesidad de programas de prevención con el apoyo de la comunidad.
En la Región del Biobío miles de familias estuvieron cercadas por incendios. Esos niños y esas familias sufrieron el terror de estar rodeados por un cordón de fuego. Muchos niños aún no se recuperan del shock emocional de haber pasado una, dos, tres noches sin saber si su casa iba a arder, si su familia iba a poder conservar la vida. Hablo de Florida, hablo de Penco, hablo de Hualqui.
Señor Presidente , vastos sectores de reservas naturales, como San Fabián de Alico, fueron arrasados. Me refiero a bosque nativo. Vinieron brigadas de muchos países (de Brasil, de Venezuela). Tuvimos mucho apoyo internacional. Pero -reitero- se requiere un carácter preventivo.
El verano pasado murieron en Portugal 47 personas atrapadas en sus vehículos porque el fuego cruzó la carretera y no pudieron escapar.
Pregunto de manera responsable, como lo he hecho durante todo este año en oficios dirigidos a la autoridad pertinente, inclusive a la ONEMI: ¿cuáles son las medidas que las carreteras concesionadas del sur de Chile están tomando para evitar que pase lo que ocurrió en Portugal, es decir, que se desate un incendio forestal, que las llamas crucen completamente la carretera y los vehículos no puedan salir del cordón de fuego?
De aquel incendio persiste todavía la imagen de las barreras de las carreteras concesionadas abajo; con el fuego a 600 metros; con un humo denso que impedía que los conductores vieran; conductores pasando por encima y por el lado. O sea, se vivieron situaciones de pánico.
Todavía no recibo respuesta de las concesionarias de carreteras sobre las medidas preventivas ante una situación de emergencia como la que he señalado.
Del mismo modo, señor Presidente, he tomado contacto con Forestal Arauco -al menos con ella-, porque muchos de sus predios están al lado de comunidades agrícolas o urbanas, las cuales se han organizado -como Cosmito o San Carlos- con brigadas de bomberos.
No ha habido ningún apoyo de las forestales, ni tampoco del Gobierno, para que los vecinos se autoprotejan, consolidando unidades bomberiles capaces de actuar en primera línea hasta la llegada de los bomberos o de los brigadistas de CONAF o de las empresas forestales. No ha habido ni ha existido apoyo.
He sostenido que se requiere una franja de protección. Ahí está mi proyecto de ley sobre el particular que presenté hace 4 o 5 años, y este Senado no ha tenido la capacidad para discutirlo y aprobarlo. Debemos generar una franja de protección en torno al cordón urbano. ¡En Penco los bosques están encima de las casas, a 10 metros de ellas!
Señor Presidente , el verano pasado junto a 19 mineros de la mina de carbón Santa Ana de Curanilahue echamos abajo cientos de árboles con sus motosierras. En esa ocasión aprendí a manejar una motosierra Stihl 365. Con mucho orgullo debo señalar que los mineros, con sus propios equipos, fueron a solidarizar con vecinos incluso de la provincia de Ñuble.
Hasta hoy las forestales no han limpiado la faja ni han entendido que en los últimos metros -mi proyecto de ley habla de 500 metros; abramos el debate con 500; quizás pueden ser 200- deben colocar otras especies. Nadie les está expropiando su propiedad privada. Decimos que hagan otro tipo de plantación, incluso agrícola o frutícola, en lugar de colocar pinos y eucaliptos de 35 o 40 metros. Esa faja es lo que protegerá realmente y evitará que el fuego atraviese las carreteras o llegue encima de las viviendas.
He insistido en ello.
Entregué una carpeta a las juntas de vecinos de mi Región y de regiones aledañas que contiene un informe completísimo sobre cómo hemos tratado este tema. Porque a la hora de exigir responsabilidades, ¿qué se nos dice?: "A nosotros nadie nos ha protegido".
La autoridad está a la espera de que el incendio se desate; las empresas forestales tienen seguros comprometidos, de modo que aquí las únicas que pierden son las familias, como ocurrió con las que fueron arrasadas por los incendios del verano pasado en Quillón, en Florida, en que experimentaron pánico y terror.
Señor Presidente , le he solicitado al Ejecutivo que patrocine un proyecto de ley de mi autoría que presenté hace 4 años, que introduce un capítulo especial en el Código del Trabajo en relación con los brigadistas forestales. Porque ellos desempeñan un trabajo pesado, de alto riesgo, y debe ser altamente profesionalizado, por lo que ha de estar protegido por la legislación. Y, al mismo tiempo, tiene que contar con una certificación.
Esto lo digo responsablemente.
He discutido con la CORMA de mi Región respecto al proyecto que establece condiciones de certificación. Porque hoy día los brigadistas forestales no se encuentran certificados por ninguna entidad nacional ni internacional. Se nos señala, de manera real, que las normas por las que se rigen obedecen a estándares internacionales. Entonces, si las normas y niveles con que se prepara a nuestros brigadistas -entregándoles teléfonos satelitales, ropa de protección y capacitación previa en caso de situaciones de emergencia- son de estándar internacional, ¿por qué no los certificamos?
Señor Presidente , se requiere certificación.
No es posible que un hombre experimentado quede al frente de una brigada de 10 voluntarios, de los cuales 3, 4 o 5 no tienen experiencia o solo cuentan con una escasa experiencia de 2 a 3 años. Las brigadas forestales, para meterse al corazón del fuego, deben estar acreditadas y poseer cierto rango. Así como en los niveles de salvataje hay rangos para actuar en casos de emergencia, las citadas brigadas forestales también debieran tener rango.
Deseo volver al tema del despeje de las áreas aledañas.
Señor Presidente , si el fuego amenaza nuevamente las casas de las comunas de mi Región, vamos a actuar y vamos a echar abajo los árboles. Ya se lo advertimos a las forestales: "Si ustedes no cortan los árboles, lo harán los vecinos". Y yo los voy a apoyar.
¿Y por qué lo haré? Porque no puede ser que las casas se quemen porque las empresas forestales hacen un cálculo de si les conviene cortar o no un centenar de árboles. ¡Tienen millones! ¡Más de un millón de hectáreas, de los 2,5 millones de pinos y eucaliptos del sector forestal, están en mi Región!
No estamos en contra de la industria forestal.
Existe un problema en el sentido de determinar por qué se han secado muchos esteros, muchas fuentes de agua, muchas captaciones de agua, lo cual ha dejado sin agua a comunidades rurales. Ese es un debate aparte. Las forestales sostienen que los pinos y los eucaliptos no son los responsables. Pero los vecinos alegan que desde que crecieron los eucaliptos ya no hay agua superficial ni agua subterránea, ni mucho menos vertientes. Por tanto, no se dispone de agua para combatir el fuego.
Señor Presidente , el Gobierno debe entregarnos la información. En consecuencia, pido que se oficie sobre el particular a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que sigue siendo un híbrido.
Al respecto, recuerdo que el Tribunal Constitucional dictaminó que CONAF debe transformarse en un órgano público, dejando de ser lo que es hoy: un híbrido, una institución privada que recibe fondos públicos. Y si no se dispuso su término fue porque existe una necesidad actual y concreta. Pero se trata de un órgano que está actuando al margen de la Constitución. Requerimos una CONAF pública. ¡Una CONAF pública, ahora! Para que sea financiada por el Estado para proteger el bosque nativo de las plantaciones forestales artificiales que realizan las empresas privadas, y también para proteger las viviendas.
Este verano será complejo. Ya apreciamos las altas temperaturas. Y los vecinos de los sectores afectados observan que las forestales no han cortado un solo árbol. Y los mismos árboles que estaban amenazando sus viviendas hoy día permanecen allí.
Una vez terminado el proceso eleccionario, volveremos a trabajar en la Región, a impulsar nuestro proyecto de ley sobre la franja de protección y nuestra iniciativa que busca incluir a los brigadistas forestales en el Código del Trabajo. La idea es que sean profesionales permanentes que durante el invierno desempeñen tareas de prevención, de limpieza con las propias comunidades.
Este año no hubo labores de prevención ni de limpieza. Es decir, vamos a seguir actuando sobre hechos consumados. ¡Si hay fuego, entonces, hay que ir a apagarlo! ¿Y quiénes ganan con eso? Los que arriendan los aviones cisternas. Porque, en definitiva, siempre hay alguien que gana. Las forestales tienen seguros contratados. Pero las casas no están aseguradas; las vidas de las personas no están aseguradas.
Señor Presidente , yo reclamo de la ONEMI, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa Nacional toda la información relativa al rol de participación, de colaboración que las ramas de la Defensa puedan prestar este verano a las brigadas forestales. Reclamo que se nos informe sobre todas las medidas preventivas, no acerca de la contratación de aviones. Además, quiero conocer los datos respecto a los presupuestos.
Ahora que estamos fijando el Presupuesto de la nación voy a exigir que el Ministro de Agricultura y el Director Nacional de la CONAF nos indiquen cuál es el presupuesto que queda para este año y que se contempla para el próximo destinado a prevención. ¡Prevención! ¡Principio precautorio! ¡"Corta el árbol antes"!
Voy a dar un ejemplo duro. Cuando atropellan a un niño en una esquina, al otro día instalan el semáforo. Los vecinos han estado 10 años pidiendo el semáforo, pero alguien tiene que perder la vida para que lo pongan. En materia forestal está ocurriendo exactamente lo mismo.
Por eso, solicito que se oficie a los Intendentes de las Regiones Séptima, Octava y Novena ; a los Directores Regionales de CONAF; a la ONEMI nacional, respecto de las medidas preventivas y de los recursos económicos, materiales y humanos disponibles; a las concesionarias de las carreteras; al Ministerio de Obras Públicas; a la Dirección de Concesiones, a fin de que nos remitan los antecedentes que han hecho llegar las concesionarias para prevenir y establecer medidas precautorias en caso de incendio y de que el fuego llegue a la carretera.
Ha concluido su tiempo, señor Senador. Tiene un minuto más para que pueda terminar.
Puedo parecer majadero, pero estoy transmitiendo lo que vivió la gente en el Maule, en el Biobío y en La Araucanía, que es pánico y terror. Y estoy transmitiendo la sensación de que no ha habido medidas visibles.
Si hay medidas administrativas concretas, las quiero conocer.
La gente observa que los pinos y los eucaliptos no han sido cortados y siguen allí amenazantes. Y si se produce un incendio, el fuego va a atacar nuevamente sus viviendas. Eso significa que no se ha hecho la pega.
Señor Presidente, exijo un informe general de los organismos que he mencionado, ojalá, a la brevedad. Si no se procede como corresponde, nuevamente recurriremos de protección ante los tribunales. Alguien tiene que defender a la gente, y esa labor les corresponde a los tribunales de justicia, para que se haga justicia. Afuera de estos no dice: "Tribunales de Derecho", sino "Tribunales de Justicia". Y a ellos concurre la gente para recibir justicia. Es decir, justicia para proteger su vida, sus viviendas.
El señor WALKER ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro en el tiempo del Comité Partido Unión Demócrata Independiente.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero solicitar que se mande un oficio a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas para que informe acerca de todas las expropiaciones que se han realizado con motivo del nuevo trazado de la Carretera de la Fruta. Según los antecedentes de que disponemos, muchas de ellas no van a generar ningún efecto sobre el referido proyecto.
Por lo tanto, me importa mucho saber la cantidad de recursos involucrados y qué se piensa hacer con las franjas que fueron expropiadas, las que no tendrán ninguna utilidad en el nuevo trazado de dicha carretera.
Por otro lado, quiero consultarle al Ministerio del Medio Ambiente si en esta materia hay un estudio de impacto ambiental. Se habría llamado a licitación, pero sin este análisis resulta complejo, pues ello puede retrasar por mucho tiempo el inicio de las obras.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor García-Huidobro, conforme al Reglamento.
En segundo lugar, señor Presidente , hay una preocupación bastante grande respecto de la situación que aqueja a los profesores de la Corporación Municipal de San Fernando.
Veintiún colegios estuvieron paralizados hace un tiempo, luego de lo cual se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo con el fin de traspasar los recursos necesarios.
La verdad es que preocupa mucho la situación que se viene hacia delante. Me da la impresión de que los recursos no van a alcanzar hasta fin de año.
Por ello, pido que se remita un oficio al Ministerio de Educación con el objeto de que se entregue una solución a lo señalado.
También solicito oficiar a la Corporación Municipal de San Fernando o al municipio mismo para que informe respecto de la deuda que mantiene con los profesores hasta la fecha.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del Senador señor García-Huidobro, conforme al Reglamento.
Por último, señor Presidente , deseo consultarle al Ministerio de Salud por el déficit que existe hoy día en la Dirección de Servicio de Salud O'Higgins.
Según la información de que disponemos, alrededor de 16 mil millones de pesos es el monto que cubre hasta el mes de octubre. Me gustaría saber si dicha Cartera ha entregado recursos adicionales con el fin de poder terminar el año y pagarles a los proveedores más necesarios (en materia de alimentación, fármacos, etcétera).
Además, se han estado derivando pacientes a ciertos lugares y tampoco se ha cancelado lo que corresponde por esos servicios.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor García-Huidobro, conforme al Reglamento.
Los Comités Partido Demócrata Cristiano e Independiente, Partido Renovación Nacional y Partido Socialista e Independiente no harán uso de sus respectivos tiempos.
La acción de petición de herencia ("actio petitio hereditatis") se ha tratado, en la doctrina, como la acción que ejercita el heredero frente a quien detenta la herencia, dicha definición doctrinaria se ha complementado por la jurisprudencia, al definirla como aquella que "ejercita la persona que pretende que se le declare heredera y se le atribuya la cuota que le corresponde en la herencia frente a quien posee los bienes como si fuera dueño".
Dentro de la misma línea se ha definido a esta acción por la doctrina como "Aquella que le corresponde al dueño de una herencia contra el que la está poseyendo invocando a su vez la calidad de heredero, para que se le reconozca genuina condición de heredero y se le restituyan los bienes que conforman la herencia".
En la vida común no son pocas las situaciones en que en materia sucesoria se producen situaciones injustas y abusivas por parte de ciertos herederos en perjuicio de otros.
Todo lo anterior tiene sentido ya que nuestro sistema sucesorio es de difícil conocimiento y entendimiento para el común de la población, lo que genera muchas veces que personas por ignorancia o desconocimiento o buena fe, no ejercen en forma correcta ni oportuna sus derechos hereditarios, frente a otros herederos reales o falsos, quienes aprovechándose de las circunstancias y la ignorancia de los legítimos herederos se apropian de cosas ajenas, y muchas veces de considerables sumas de dinero, que generalmente incluyen bienes raíces de un no despreciable valor.
Respecto a la prescripción de la acción de petición de herencia se ha afirmado que al igual que la acción reivindicatoria, esta "no se extingue por su no ejercicio, sino que, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 2517 del Código de Bello, prescribe conjuntamente con el derecho real de herencia al que atañe".
Por tanto, dicha acción se extinguiría a consecuencia de la pérdida del derecho de herencia, y este derecho se perderla cuando otro lo adquiere por prescripción. Es decir, la acción de petición de herencia se extinguiría por la prescripción adquisitiva del derecho de herencia.
Esta especial regulación de la prescripción de la acción de petición de herencia se explica puesto que de acuerdo a los principios que guían la legislación civil, estando la herencia en manos de un falso heredero o del que aparenta serlo y si transcurren 5 o 10 años, el derecho real de herencia pasará a manos de este falso heredero del que aparenta serlo y con esta titularidad, que adquiere por prescripción adquisitiva el derecho real de herencia pues este poseedor transcurrido los plazos de prescripción, adquiere la legitimación activa para ejercer la acción de prescripción, de acuerdo al Artículo número 2517 del código civil.
Sin embargo dichas normas que configuran la esencia del sistema de nuestro Código Civil, reconoce una doble afirmación para el caso de la acción de petición de herencia pues existe una norma expresa en el Código civil que señala que "El derecho de petición de herencia expira en 10 años".
Dicha norma es el artículo 1269 del código Civil.
Pues bien, en nuestra oficina parlamentaria son muchos casos que recibimos, con personas que han sido defraudados en sus legítimos derechos hereditarios por personas que en forma hábil e incluso de mala fe han burlado sus legítimos derechos.
Muchas de estas situaciones se provocan también porque en zonas extremas no todas las personas pueden estar presentes para hacer los trámites pues están en otra región o fuera del país, y sucede que al momento de querer hacer valer su derecho, el paso del tiempo ha extinguido su posibilidad de ejercer cualquier acción pues ha prescrito.
Por esto mediante este proyecto de ley queremos proponer aumentar dicho plazo de prescripción de esta acción desde los 10 años en que actualmente se extingue a 30 años.
Creemos que el plazo de 30 años es más que suficiente para asegurar a cualquier heredero poder reclamar justamente y a tiempo sus derechos hereditarios, que tienen relación directa con el patrimonio familiar.
Por las razones anteriores es que venimos en presentar el siguiente;
Artículo Único: Sustitúyase el artículo 1269 del Código Civil por el siguiente:
Art. 1269. El derecho de petición de herencia expira en treinta años. Pero el heredero putativo, en el caso del inciso final del artículo 704, podrá oponer a esta acción la prescripción de 20 años.
Con fecha 2 de agosto de 2017, fue publicada la ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, que fue objeto de un extenso debate, desde su ingreso a tramitación en el año 2009, y que incluyó tres trámites constitucionales y la conformación de una Comisión Mixta, como asimismo el control preventivo en el Tribunal Constitucional, antes de su promulgación.
Dentro de sus disposiciones, una que ha sido objeto de cuestionamiento, es el inciso quinto del artículo 25 del mencionado texto legal, que establece: "Los dueños de criaderos y los vendedores de mascotas o animales de compañía, de la especie canina y felina, deberán esterilizarlos antes de su entrega a cualquier título, a menos que el adquiriente sea otro criadero debidamente establecido e inscrito en el registro pertinente."
A este respecto, cabe señalar que durante su trámite en la Cámara de Diputados, se hizo una reserva de constitucionalidad de dicha norma, por parte del Diputado Sergio Gahona, al señalar textualmente: "Señor Presidente, hago expresa reserva de constitucionalidad respecto del inciso quinto del artículo 25. Me parece que, conforme a su actual redacción, resulta desproporcionado, ya que impone una medida extrema e innecesaria para lograr los fines del proyecto. Me baso en lo que ha sido la jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional en esta materia, fundada en lo que dispone el número 26° del artículo 19 de la Constitución Política, en relación con la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria."
Durante el trámite de control preventivo del proyecto ante dicha magistratura, si bien en la sentencia rol 3489-2017, se dejó constancia que el referido artículo 25, no tiene rango de norma orgánica constitucional, y por tanto no se encuentra sujeta al control preventivo pertinente, los Ministros Iván Aróstica, María Luisa Brahm y Cristián Letelier, votaron en contra de la mencionada decisión, señalando en lo pertinente lo siguiente:
"Al hacer obligatoria la esterilización de los animales, previo a su entrega a cualquier título por los dueños de criaderos y vendedores, la norma excluye a un importantes número de criadores que efectúan su actividad económica a pequeña escala, en el contexto de un mercado limitado, en que la oferta y demanda del mismo es circunscrita a un reducido público interesado en la misma. Ello es importante en torno
un valor que el Constituyente busca reafirmar en virtud de la enunciada garantía constitucional: la libre iniciativa económica. Con la redacción del proyecto y la exigencia que éste efectúa en torno a la esterilización obligatoria de mascotas y animales de compañía, se priva al propietario del legítimo derecho que éste ostenta de iniciar su propio emprendimiento, al reducir los ejemplares disponibles para cruza, requisito inequívoco para quien desee desarrollarse en la actividad económica en cuestión."
Asimismo, en el considerando 6° de su voto disidente, los mencionados Ministros, consignaron: "Que, lo anterior engloba la afectación de otra garantía fundamental, cual es, aquella comprendida en el artículo 19, numeral 24° constitucional: el derecho de propiedad. Al adquirir una mascota o animal de compañía, ya infértil, se afecta la capacidad de goce y disposición de los animales, cuestión que en caso alguno se encuentra dentro de las hipótesis que la Carta Fundamental tolera para su restricción. Peor aún, tal como fue discutido en el Congreso Nacional, la esterilización provoca importantes deficiencias fisiológicas en los animales (fojas 122, intervención del H. Diputado señor Farías), que no pueden soslayarse al momento de efectuar un análisis global del proyecto en examen de cara su contraste con las garantías constitucionales consagradas en el Texto Fundamental. Si bien son comprensibles los fines que el proyecto busca resguardar, las restricciones para lograrlo se tornan excesivas y por ello, en contrarias a la Constitución Política en los términos ya enunciados."
Ahora bien, sin perjuicio de los vicios de constitucionalidad que los integrantes del Tribunal Constitucional dejaron constancia en su fallo, es del caso destacar que existen otros antecedentes de orden práctico que hacen inviable dicha norma.
En efecto, en lo que respecta a determinadas especies caninas, que participan de competencias deportivas, se les debe llevar un registro genealógico, lo que está normado por estándares internacionales, no permitiéndose que un ejemplar castrado o esterilizado participe en esas actividades deportivas.
En tal virtud, estimamos que esta norma que impide la legítima reproducción de las mencionadas especies, afectando -como bien lo señalara el voto disidente en el fallo ya aludido- la capacidad de goce y disposición de esos animales, no debe aplicarse a los perros de raza inscritos en las organizaciones que mantengan el registro genealógico de las razas caninas en el país.
Artículo único: Modifíquese el inciso quinto del artículo 25 de la ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, agregándose a continuación de su punto final, la siguiente oración:
"Esta disposición no será aplicable a los perros de raza inscritos en las organizaciones que mantengan el registro genealógico de las razas caninas en el país."
El texto actual del artículo 10 de la ley N° 17.798, establece: "El que, contando con la autorización a que se refiere el artículo 4°, entregare a un menor de edad alguno de los elementos señalados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2°, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. La misma sanción se impondrá al que, teniendo dicha autorización, permitiere que un menor de edad a su cargo tenga en su poder alguno de los elementos antes mencionados."
Si bien es cierto que la idea matriz de esta disposición, tal como se planteó en las discusiones que dieron origen a la señalada modificación, era evitar que delincuentes, principalmente pertenecientes a organizaciones ligadas al tráfico de drogas, usaran a menores de edad como "soldados" aprovechando la inimputabilidad de estos últimos, lo cierto es que en la práctica esta disposición termina de raíz con cualquier tipo de deporte de alto nivel relacionado con el tiro deportivo, dado que un joven podría comenzar su entrenamiento legalmente recién a los dieciocho años, edad con la que resulta muy difícil llegar a un nivel competitivo internacional y mucho menos olímpico. Debemos tener presente que una de las trece medallas olímpicas que ha obtenido Chile en toda su historia proviene de estos deportes.
Una situación similar sucede con la caza, la que sólo puede ser enseñada a mayores de edad, eliminando por completo la posibilidad de que los padres traspasen a sus hijos las tradiciones, respeto por la naturaleza y responsabilidad, valores tan asimilados por quienes practican la caza.
De esta forma, con la ley actualmente vigente, cualquier padre, que sea legalmente dueño de un arma inscrita y con todos sus permisos al día, arriesga una pena privativa de libertad si enseña a su hijo a disparar, ya sea con fines deportivos o cinegéticos, aun cuando lo haga en un ambiente controlado y con todas las medidas de seguridad propias de dichas actividades.
En igual pena incurrirá el padre de familia que, teniendo un arma legalmente inscrita para la defensa del hogar, enseñe a sus hijos menores de dieciocho años sobre la correcta y segura utilización de ésta, lo que aparte de la sanción penal, conllevará el desconocimiento e ignorancia de los menores y demás miembros de la familia, lo que aumenta el riesgo de ocurrencia de accidentes.
Es del caso señalar que, la Ley de Control de Armas y Explosivos, en su artículo 5° A sí contempla la forma de que un menor pueda inscribir un arma y así practicar el tiro, lo que reafirma el espíritu de la ley de permitir que menores de edad practiquen actividades relacionadas con el tiro, al prescribir: "Las autoridades señaladas en el artículo 4° sólo permitirán la inscripción de una o más armas cuando su poseedor o tenedor cumpla con los siguientes requisitos: a) Ser mayor de edad. Se exceptúan de este requisito los menores de edad que se encuentren registrados como deportistas, debidamente autorizados por sus representantes legales, para el solo efecto del desarrollo de dichas actividades. En este caso, el uso y transporte de las armas deberá ser supervisado por una persona mayor de edad, quien será legalmente responsable del uso y transporte de las mismas;"
Estimamos que si bien el texto de esta norma se inspira en una noble finalidad, en la práctica resulta discriminatorio y muy poco aplicable, puesto que obliga a cualquier padre que pretenda iniciar a su hijo en el tiro deportivo, a inscribirlo en un club y comprarle un arma con todos los costos asociados que esto involucra y trámites inherentes. Además, se discrimina a aquel padre que quiere iniciar a su hijo menor de edad en la caza, pues la norma indica que solo se permitirá a aquellos menores registrados como deportistas.
A lo anterior, debe agregarse que tal tramitación se requiere solo para poder comprarle un arma al menor y comenzar a instruirlo en la práctica deportiva, corriendo el riesgo de que toda esa inversión se vea desperdiciada si el menor no quisiera seguir practicando, ya que antes de inscribir un arma de fuego a nombre de este, es ilegal entregarle un arma, aunque sea con fines de enseñanza.
Tal situación ciertamente deja fuera a gran parte de las personas que, aun cuando quiera cumplir a cabalidad la ley, simplemente no cuenta con los recursos económicos para inscribir a su hijo en un club de tiro, comprarle un arma e inscribirla recién para poder enseñarle alguna de las disciplinas del tiro deportivo.
A fin de corregir esta situación se propone modificar la ley actual, con el fin de permitir que adultos responsables (padres, tutores, curadores o instructores de tiro), que sean propietarios de armas de fuego o instructores no propietarios, que se encuentren acreditados, sean o no deportistas o cazadores y sin antecedentes penales por delitos que merezcan una pena aflictiva, puedan, en un ambiente controlado y con todas las medidas de seguridad contempladas en la ley y las buenas prácticas de la
actividad, iniciar a menores de edad bajo su responsabilidad en la práctica del tiro defensivo, deportivo o de la caza.
Siguiendo el aforismo jurídico "quien puede lo más, puede lo menos" sobre esto no se puede perder de vista que, un menor adulto puede adquirir un arma de fuego, ingresar a un club de tiro, autorizado por quien civilmente tiene su cuidado y a contrario sensu, siendo lo menos; el mismo menor, no puede practicar el uso de un arma de fuego supervisado por un adulto, lo que resulta un total contrasentido que debe ser corregido. A mayor abundamiento, nótese que, un joven de 17 años de edad, puede ingresar a la Escuela de Carabineros, lugar dónde rápidamente se les familiariza con el uso de armas de fuego.
Finalmente es necesario hacer notar el riesgo de ser asaltados que corren deportistas y cazadores al iniciar o terminar sus actividades, posibilitando a que delincuentes, que conocen la ubicación de clubes, que escuchan los disparos o bien conocen los lugares habituales, rurales o apartados destinados a la caza y que, de acuerdo a la actual ley, deportistas y cazadores deben transportar sus armas en cajas, no adosadas al cuerpo y apartadas de la munición, los transforma en un blanco muy apetecido para delincuentes que ven en ellos una manera fácil de hacerse de armas y municiones.
A fin de subsanar esta situación se propone establecer un permiso excepcional de porte de arma, adosado al cuerpo o de entre las ropas, cargadas, condicionado al trayecto de ida y regreso, desde su domicilio al club o clubes de tiro o lugar de caza, pudiendo en este último caso portar además un arma corta durante la actividad cinegética y así evitar un posible riesgo de asalto para robar armas.
Para los efectos antes señalados, se hace necesario modificar los artículos 5° y 5° A de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos.
Artículo único: Modifíquese la ley N° 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, de la siguiente forma:
a) En el inciso undécimo de su artículo 5°, agréguese a continuación de su punto final, la siguiente oración: "En forma excepcional, dicho permiso de transporte, incluirá la autorización para que, el deportista o cazador pueda portar un arma cargada y adosada al cuerpo, cuando se trate de deportistas o cazadores acreditados, y el arma se porte desde su domicilio hasta el o los clubes de tiro que habitúa concurrir por la actividad o competencias deportivas o lugar de caza y de regreso de los mismos a su domicilio"
b) En el literal a) del artículo 5° A, agréguese al final del punto y coma (;), que se reemplaza por un punto seguido (.), la siguiente oración: "De igual modo, los dueños de armas, que sean deportistas o cazadores e instructores de tiro, en ambos casos que se encuentren debidamente acreditados, podrán iniciar e instruir en la práctica del tiro defensivo, deportivo o en la casa, bajo su responsabilidad, a aquellos menores que se encuentren sometidos a su patria potestad, o respecto de los cuales su representante legal los hubiere autorizado debidamente mediante poder notarial extendido al efecto, a fin de que éstos accedan en su oportunidad a la respectiva acreditación."
1.- En nuestro país, el resguardo de la vida e integridad física de ciertas autoridades con perfil de riesgo, como el Presidente de la República, los Jefes de Estado extranjeros en visita, algunos senadores, algunos diputados, algunos jueces, algunos fiscales, entre otras figuras, ha sido entregada a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Ambas instituciones cumplen esta labor de resguardo a través de sus respectivos Departamentos de Protección de Personas Importantes (PPI), cuyo personal es imprescindible para que las autoridades bajo su protección puedan desarrollar sus funciones en un marco de tranquilidad, normalidad y permanente resguardo.
Se estima que el número de escoltas dependientes de las Fuerzas de Orden y Seguridad supera la cifra de 100 personas, mientras que quienes lo hacen sujetos a la Policía de Investigaciones serían aproximadamente 38 funcionarios.
2.- En virtud de la Ley N° 20.801, que aumenta las plantas de personal de Carabineros de Chile y modifica las normas que indica, publicada el 31 de diciembre de 2014, se estableció una gratificación especial, en su artículo 4°, denominada "de protección de autoridades", la que fue incorporada como literal g) al artículo 51 del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.
Gracias a esta modificación legal, el personal de fila de Orden y Seguridad perteneciente a la dotación del Departamento de Protección de Personas Importantes -además de las dotaciones de Guardia de Palacio, del Grupo Escolta Presidencial y del Departamento de Seguridad Presidencial-, y que adicionalmente preste efectivamente servicios del artículo 3°, inciso sexto, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, podrá percibir una gratificación especial equivalente al 20% del sueldo base más la diferencia por goce de sueldos superiores.
Cabe indicar que los servicios del artículo 3°, inciso sexto, de la Ley Orgánica de Carabineros, y que deben ser efectivamente prestados, no se refieren a cualquier labor realizada por estos funcionarios, sino que específicamente aquellos que corresponden a "la protección de la persona del Presidente de la República y de los Jefes de Estado extranjeros en visita oficial, como asimismo la seguridad del Palacio de Gobierno y de la residencia de estas autoridades".
Como resultado de la Ley N° 20.801 se han generado dos categorías de funcionarios del Departamento de Protección de Personas Importantes. El primero corresponde a todo el personal del departamento de PPI de la Policía de Investigaciones y, también, la gran mayoría del personal del departamento de PPI de Carabineros, quienes no prestan servicios de resguardo de la persona y residencia del Presidente y de los Jefes de Estado extranjeros en visita. La segunda categoría, más privilegiada, es exclusivamente el personal del departamento de PPI de Carabineros que presta efectivamente servicios de "protección de la persona del Presidente de la República y de los Jefes de Estado extranjeros en visita oficial, como asimismo la seguridad del Palacio de Gobierno y de la residencia de estas autoridades". Estos últimos tienen derecho a percibir la gratificación especial equivalente al 20% del sueldo base más la diferencia por goce de sueldos superiores.
Adicionalmente, existen algunos funcionarios que aún cuando no pertenecen al Departamento de Protección de Personas Importantes, cumplen también una función de resguardo de autoridades con perfil de riesgo. Tal es el caso de los funcionarios de la Dirección General de Grupo de Escoltas y de la Brigada Presidencial de La Moneda, quienes se encuentran en la misma situación del primer grupo descrito precedentemente, que no gozan de la gratificación especial del 20% del sueldo base.
3.- Al efectuar un juicio de valor sobre la diferenciación antes expuesta, que da por resultado la coexistencia de dos categorías de funcionarios, en ambos casos dedicados a la protección de ciertas personas, ellas reciben un tratamiento diferenciado, distinción que parece injusta y arbitraria, carente de un fundamento fáctico razonable. Esto porque ambas categorías de funcionarios requieren la misma preparación profesional para desempeñar su cometido; asimismo, cada uno de ellos entrega en la práctica el mismo servicio de protección; y, por último, ellos ponen en riesgo de igual manera su vida e integridad física, con el propósito de resguardar la vida de un tercero constituido en dignidad o autoridad.
Frente a situaciones como la descrita, en la tradición del derecho se recurre al aforismo que señala, con una sabiduría acumulada de siglos, que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición.
En consecuencia, como no existen diferencias sustanciales en las funciones que justifiquen el pago de la gratificación especial del 20% a un grupo de escoltas de personas importantes y no al otro, lo más lógico y coherente es que al grupo menos privilegiado se le extienda el mismo beneficio, a fin de satisfacer un estándar de tratamiento legal igualitario y no discriminatorio. Esto incluye al personal del Departamento PPI de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, así como también a los funcionarios de la Dirección General de Grupo de Escoltas y de la Brigada Presidencial de La Moneda. A una función de la misma naturaleza, sobre todo por las especiales características en que se desarrolla su actividad, es razonable que le corresponda una misma remuneración final.
4.- No cabe duda que la extensión de esta gratificación especial de "protección de autoridades", contenida en el artículo 51, literal g), del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, es una materia que el artículo 65 de la Constitución Política reserva a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en donde los parlamentarios tienen limitación constitucional expresa para originar una moción en dicho sentido.
Por ello, es menester que el Poder Ejecutivo materialice el envío de un proyecto de ley que tenga por objeto hacer extensivo dicho beneficio a todo el personal que cumpla funciones de protección de personas importantes, sean de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, y que no se encuentre prestando los servicios del artículo 3°, inciso sexto, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.
Por las razones previamente expuestas, proponemos a este Honorable Senado el siguiente
En orden a solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien dentro del ejercicio de sus facultades constitucionales de carácter privativo, envíe un mensaje por el que extienda la "Gratificación Especial de Protección de Autoridades", del artículo 51, letra g), del Estatuto del Personal de Carabineros de
Chile, a todos los funcionarios que cumplan funciones de protección de personas importantes (PPI), ya sean de la Policía de Investigaciones como de Carabineros, que hoy se encuentran excluidos del goce de ese beneficio por no encontrarse prestando efectivamente los servicios específicos del inciso sexto, artículo 3°, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros
(Fdo.): Adriana Muñoz D’Albora, Senadora.- Ena von Baer Jahn, Senadora.- Andrés Allamand Zavala, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- Alfonso de Urresti Longton, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Alejandro Guillier Álvarez, Senador.- Felipe Harboe Bascuñán, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Manuel Antonio Matta Aragay, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- , Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.

References: ARTÍCULO 1269
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