Source: https://es.scribd.com/doc/157605995/Tema-4-Proceso-civil-Jurisdiccion-y-competencia-Oposiciones-Gestion-Procesal-promocion-interna
Timestamp: 2016-02-12 06:35:50+00:00

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Tema 4 - Proceso civil. Jurisdicción y competencia (Oposiciones Gestión Procesal, promoción interna)
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OPOSICIONES AL CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA (Turno de Promoción interna) Últimas actualizaciones:  Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.  Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 2/26 ‐ I ‐ JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 1.‐ JURISDICCIÓN Concepto y caracteres La jurisdicción puede ser definida como el Poder Judicial, integrado por Jueces y Magistrados, a quienes, por su independencia y sumisión a la Ley y al Derecho, la soberanía nacional le ha otorgado en exclusiva la potestad jurisdiccional y, en consecuencia, expresamente les ha legitimado para la resolución jurídica, motivada, definitiva e irrevocable de los conflictos, para la protección de los derechos subjetivos, el control de la legalidad y la complementación del ordenamiento jurídico La jurisdicción es, pues, una potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por jueces y magistrados independientes, que tienen por objeto la realización del Derecho en el caso concreto, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. La Constitución establece los principios reguladores de la actividad jurisdiccional y en ella se sienta la unidad del Poder Judicial del Estado, manteniéndose la especialidad de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio. ‐ UNIDAD: Conforme al art. 117.5 CE, el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La jurisdicción es una potestad que emana de la soberanía estatal, y por lo tanto, el Estado es el único titular de la jurisdicción. Dado que el Estado es uno, la jurisdicción sólo puede ser una, salvo que se trate de un Estado federal. Así lo proclama el art. 3 LOPJ al decir que la jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en la propia Ley. En la organización judicial española, la jurisdicción se divide en cuatro órdenes jurisdiccionales: ‐Civil: examina los litigios cuyo conocimiento no venga expresamente atribuido a otro orden jurisdiccional. ‐Penal: corresponde al orden penal el conocimiento de las causas y juicios criminales. ‐Contencioso‐administrativo: trata del control de la legalidad de la actuación de las administraciones públicas y las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se dirijan contra las mismas. ‐Social: que conocen de las pretensiones que se ejerciten en la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales entre trabajador y empresario con ocasión del contrato de trabajo, como en materia de negociación colectiva, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral. ‐ EXCLUSIVIDAD: Conforme al art. 117.3 CE (cuyo tenor literal se recoge en el art. 2.1 LOPJ), el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. La exclusividad quiere decir, por una parte, que el Estado detenta el monopolio judicial, ya que es el único titular del poder Judicial y sólo él puede atribuir la potestad jurisdiccional a los órganos jurisdiccionales encargados de ejercerla; y por otra parte, estos órganos jurisdiccionales no pueden desempeñar otras funciones que no sean las de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ‐ INDEPENDENCIA: Es un carácter esencial de la jurisdicción, de forma que si la jurisdicción no fuese independiente no sería jurisdicción. Según el art. 117.1 CE: “la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del h
Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 3/26 poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Extensión y límites de la jurisdicción La jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español, en la forma establecida en la Constitución y en las leyes. Extensión y límites del orden jurisdiccional civil. Señala el art. 36 LEC que la extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte. Y el art. 21 LOPJ establece que los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas. No obstante, no conocerán de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de Derecho Internacional Público A los efectos de la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, se entiende por: a) Inmunidad de jurisdicción: prerrogativa de un Estado, organización o persona de no ser demandado ni enjuiciado por los órganos jurisdiccionales de otro Estado. b) Inmunidad de ejecución: prerrogativa por la que un Estado, organización o persona y sus bienes no pueden ser objeto de medidas coercitivas o de ejecución de decisiones dictadas por los órganos jurisdiccionales de otro Estado. 1) Competencia exclusiva El art. 22 LOPJ dispone que, con carácter exclusivo, los Tribunales españoles serán competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias: a) Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en España. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igualmente competentes los órganos jurisdiccionales españoles si el demandado estuviera domiciliado en España, siempre que el arrendatario sea una persona física y que éste y el propietario estén domiciliados en el mismo Estado. b) Constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos. c) Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español. d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro. e) Reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero. 2) Competencia por sumisión a los tribunales españoles Por otra parte, el art. 22 bis LOPJ, establece que en aquellas materias en que una norma expresamente lo permita, los Tribunales españoles serán competentes cuando las partes, con independencia de su domicilio, se hayan sometido expresa o tácitamente a ellos. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 4/26 En esta clase de procesos que, por razón de la materia, se permite a las partes elegir a los tribunales españoles cuando existe un elemento de internacionalidad: a) Se entenderá por acuerdo de sumisión expresa aquel pacto por el cual las partes deciden atribuir a los Tribunales españoles el conocimiento de ciertas o todas las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. b) Y se considerará sumisión tácita y serán competentes los Tribunales españoles cuando comparezca ante ellos el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia. 3) Competencia por domicilio del demandado en España Sigue el art. 22 ter LOPJ relacionando las competencias en el orden civil y, al respecto, señala que, en materias distintas a las contempladas en el art.22, es decir, las que de modo exclusivo corresponde conocer a los tribunales españoles, y si no mediare sumisión a los nuestros tribunales en aquellas materias en las que se permite ésta, de conformidad con el art. 22 bis, los tribunales españoles resultarán competentes cuando el demandado tenga su domicilio en España. Se entenderá, a los efectos de este artículo, que una persona física está domiciliada en España cuando tenga en ella su residencia habitual. Se entenderá que una persona jurídica está domiciliada en España cuando radique en ella su sede social, su centro de administración o administración central o su centro de actividad principal. En caso de pluralidad de demandados, serán competentes los Tribunales españoles cuando al menos uno de ellos tenga su domicilio en España, siempre que se ejercite una sola acción o varias entre las que exista un nexo por razón del título o causa de pedir que aconsejen su acumulación. 4) Competencia por venir determinado el fuero territorial de los tribunales españoles Los arts. 22 quáter y 22 quinquies establecen, también en defecto de los criterios anteriores (competencia exclusiva o por sumisión), la competencia de los tribunales españoles en determinadas materias, que son las siguientes: Art. 22 quáter: a) En materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiera tenido su último domicilio en territorio español o tuviera nacionalidad española. b) En materia relacionada con la capacidad de las personas y las medidas de protección de las personas mayores de edad o de sus bienes, cuando estos tuviesen su residencia habitual en España. c) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio y sus modificaciones, siempre que ningún otro Tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o cuando hayan tenido en España su última residencia habitual y uno de ellos resida allí, o cuando España sea la residencia habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, cuando en España resida uno de los cónyuges, o cuando el demandante lleve al menos un año de residencia habitual en España desde la interposición de la demanda, o cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España al menos seis meses antes de la interposición de la demanda, así como cuando ambos cónyuges tengan nacionalidad española. d) En materia de filiación y de relaciones paterno‐filiales, protección de menores y de responsabilidad parental, cuando el hijo o menor tenga su residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España o, en todo caso, al menos desde seis meses antes de la presentación de la demanda. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 5/26 e) En materia de adopción, en los supuestos regulados en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional. f) En materia de alimentos, cuando el acreedor o el demandado de los mismos tenga su residencia habitual en España o, si la pretensión de alimentos se formula como accesoria a una cuestión sobre el estado civil o de una acción de responsabilidad parental, cuando los Tribunales españoles fuesen competentes para conocer de esta última acción. g) En materia de sucesiones, cuando el causante hubiera tenido su última residencia habitual en España o cuando los bienes se encuentren en España y el causante fuera español en el momento del fallecimiento. También serán competentes cuando las partes se hubieran sometido a los Tribunales españoles, siempre que fuera aplicable la ley española a la sucesión. Cuando ninguna jurisdicción extranjera sea competente, los Tribunales españoles lo serán respecto de los bienes de la sucesión que se encuentren en España. Art. 22 quinquies: a) En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligación objeto de la demanda se haya cumplido o deba cumplirse en España. b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español. c) En las acciones relativas a la explotación de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en territorio español. d) En materia de contratos celebrados por consumidores, estos podrán litigar en España si tienen su residencia habitual en territorio español o si lo tuviera la otra parte contratante; esta última solo podrá litigar en España si el consumidor tiene su residencia habitual en territorio español. e) En materia de seguros, cuando el asegurado, tomador o beneficiario del seguro tuviera su domicilio en España; también podrá el asegurador ser demandado ante los Tribunales españoles si el hecho dañoso se produjere en territorio español y se tratara de un contrato de seguro de responsabilidad o de seguro relativo a inmuebles, o, tratándose de un seguro de responsabilidad civil, si los Tribunales españoles fueran competentes para conocer de la acción entablada por el perjudicado contra el asegurado en virtud de lo dispuesto en la letra b) de este artículo. f) En las acciones relativas a derechos reales sobre bienes muebles, si estos se encontraren en territorio español al tiempo de la interposición de la demanda. 5) Competencia para adoptar medidas El art. 22 sexies atribuye a los Tribunales españoles la competencia cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España. Además, serán también competentes para adoptar estas medidas si lo son para conocer del asunto principal. 6) Apreciación de oficio de la competencia Los Tribunales españoles apreciarán, de oficio o a instancia de parte, su competencia (art. 22 octies). No serán competentes los Tribunales españoles en aquellos casos en que los fueros de competencia previstos en las leyes españolas no contemplen dicha competencia Los Tribunales españoles se declararán incompetentes si su competencia no estuviera fundada en las disposiciones de las leyes españolas, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 6/26 2.‐ COMPETENCIA Concepto La potestad jurisdiccional, como hemos visto, es única y se ejerce por el Estado, exclusivamente a través de los Juzgados y Tribunales. El principal fundamento de la competencia es la multiplicidad de órganos jurisdiccionales. La diversidad, variedad y pluralidad de órganos jurisdiccionales explica la existencia de criterios de atribución de la competencia Según GOMEZ ORBANEJA, la competencia puede definirse como el conjunto de procesos (procedimientos judiciales) en que un tribunal puede ejercer su jurisdicción. Por tanto, podemos considerar la competencia como la participación que un órgano jurisdiccional tiene en el Poder Judicial, por la que queda legitimado para ejercer su jurisdicción respecto de un tipo concreto de asuntos. Los criterios determinantes de la competencia en el orden civil (y en los demás órdenes jurisdiccionales) son tres: a) Competencia objetiva: señala a qué clase de órgano jurisdiccional corresponde el conocimiento del proceso en primera instancia. El criterio objetivo atiende a la naturaleza del objeto del proceso. b) Competencia territorial: señala, de entre los órganos con la misma competencia objetiva, el de la demarcación territorial concreta al que corresponde conocer del proceso. c) Competencia funcional: señala, con respecto a un proceso en primera instancia, qué órgano debe conocer de las distintas fases que puede tener el proceso, es decir, fija el Juzgado o Tribunal que debe conocer de los recursos, del proceso de ejecución, de las cuestiones incidentales, etc…. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 7/26 ‐ II ‐ ACUMULACIÓN DE ACCIONES Y DE PROCEDIMIENTOS: CONCEPTO. 1.‐ CONCEPTO El objeto del proceso se identifica con la pretensión, de forma que cada pretensión origina un proceso distinto. Sin embargo, cuando se da algún tipo de relación entre dos o más pretensiones, la ley permite que puedan tramitarse en un mismo procedimiento, lo que se denomina acumulación, resolviéndose en una sola sentencia todas las pretensiones acumuladas. La LEC contempla la cuestión de la acumulación diferenciando entre acumulación de acciones y acumulación de procedimientos. La acumulación de acciones es la posibilidad de que el demandante pueda ejercitar distintas acciones (pretensiones) en una sola demanda, evitando tener que interponer una demanda por cada acción que ejercita y, en consecuencia, la tramitación de distintos procesos, al tramitarse uno solo como consecuencia de la interposición de una sola demanda. La acumulación de procesos supone la tramitación en un solo procedimiento de distintas demandas que han dado lugar a sendos procesos ya incoados, para evitar sentencias contradictorias entre ellos. 2.‐ LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES (arts. 71 a 80) Efectos de la acumulación Si se admite la acumulación de acciones el efecto principal será que todas las acumuladas se discutirán en un mismo procedimiento y se resolverán en una sola sentencia. Acumulación objetiva de acciones El actor puede acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes títulos siempre que no sean incompatibles entre sí. Será incompatible este ejercicio simultáneo de dos o más acciones en un mismo juicio y no podrán, por tanto, acumularse cuando se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, de suerte que la elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra u otras. Sin embargo, el actor podrá acumular eventualmente acciones entre sí incompatibles, con expresión de la acción principal y de aquella otra u otras que ejercita para el solo supuesto de que la principal no se estime (es decir, se ejercitan subsidiariamente). Acumulación subjetiva de acciones Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o de la causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos. Admisibilidad de la acumulación de acciones. Para que sea admisible la acumulación de acciones será preciso: 1º Que el Tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de la acumulada o acumuladas. Sin embargo, a la acción que haya de sustanciarse en juicio ordinario podrá Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 8/26 acumularse la acción que, por sí sola, se habría de ventilar, por razón de su cuantía, en juicio verbal. 2º Que las acciones acumuladas no deban, por razón de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo. 3º Que la ley no prohíba la acumulación en los casos en que se ejerciten determinadas acciones en razón de su materia o por razón del tipo de juicio que se haya de seguir. También se acumularán en una misma demanda distintas acciones cuando así lo dispongan las leyes. Si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente, el Secretario judicial
requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de cinco días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda. La acumulación de acciones sobrevenida Supone el ejercicio de una pretensión una vez iniciado un proceso. Las nuevas pretensiones pueden ser formuladas por el actor mediante la ampliación de la demanda y por el demandado mediante reconvención. ‐ Ampliación de la demanda: Cuando las nuevas pretensiones son formuladas por el actor, existe la denominada ampliación de demanda. El plazo para ampliar la demanda formulada se extiende hasta que el demandado formule contestación, o hasta que transcurra el plazo en que debió hacerlo, sin que conteste, que constituye el momento preclusivo. ‐ Reconvención: Cuando las nuevas pretensiones son formuladas por el demandado, se produce la llamada reconvención, que consiste en deducir una pretensión por el demandado frente al actor en el escrito de contestación, pretensión que será ejercitada y resuelta en el mismo proceso. 3.‐ LA ACUMULACIÓN DE PROCEDIMIENTOS (arts. 74 a 98 de la LEC) La finalidad de la acumulación de procesos es conseguir que los distintos procesos ya iniciados se sigan en uno solo y que sean terminados, por tanto, por una sola sentencia. Legitimación para solicitar la acumulación de proceso y casos en que procede La acumulación podrá ser solicitada por quien sea parte en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende o será acordada de oficio por el Tribunal, siempre que se esté en alguno de los siguientes casos previstos en art. 76 LEC: 1º Que la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro. 2º Que entre los objetos de los procesos de cuya acumulación se trate exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con 1
De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a partir de la entrada en vigor de la misma, todas las referencias que se contengan en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como en otras normas jurídicas, a Secretarios judiciales y Secretarios sustitutos, deberán entenderse hechas, respectivamente, a Letrados de la Administración de Justicia y Letrados de la Administración de Justicia suplentes Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 9/26 pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes. 3º Cuando se trate de procesos incoados para la protección de los derechos e intereses colectivos o difusos que las leyes reconozcan a consumidores y usuarios. 4º Cuando el objeto de los procesos a acumular fuera la impugnación de acuerdos sociales adoptados en una misma Junta o Asamblea o en una misma sesión de órgano colegiado de administración. En este caso se acumularán todos los procesos incoados en virtud de demandas en las que se soliciten la declaración de nulidad o de anulabilidad de dichos acuerdos, siempre que las mismas hubieran sido presentadas en un periodo de tiempo no superior a cuarenta días desde la presentación de la primera de las demandas. 5.º Cuando se trate de procesos en los que se sustancie la oposición a resoluciones administrativas en materia de protección de un mismo menor, tramitados conforme al artículo 780, siempre que en ninguno de ellos se haya iniciado la vista. En todo caso, en los lugares donde hubiere más de un Juzgado que tuviera asignadas competencias en materia mercantil, en los casos de los números 3.º y 4.º, o en materia civil, en el caso del número 5.º, las demandas que se presenten con posterioridad a otra se repartirán al Juzgado al que hubiere correspondido conocer de la primera. Procesos acumulables. Salvo lo dispuesto en el artículo 555 LEC sobre la acumulación de procesos de ejecución, sólo procederá la acumulación de procesos declarativos que se sustancien por los mismos trámites o cuya tramitación pueda unificarse sin pérdida de derechos procesales, siempre que concurra alguna de las causas que establece la Ley. Se entenderá que no hay pérdida de derechos procesales cuando se acuerde la acumulación de un juicio ordinario y un juicio verbal, que proseguirán por los trámites del juicio ordinario, ordenando el tribunal en el auto por el que acuerde la acumulación, y de ser necesario, retrotraer hasta el momento de contestación a la demanda las actuaciones del juicio verbal que hubiere sido acumulado, a fin de que siga los trámites previstos para el juicio ordinario. Cuando los procesos estuvieren pendientes ante distintos tribunales, no cabrá su acumulación si el tribunal del proceso más antiguo careciere de competencia objetiva por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer del proceso o procesos que se quieran acumular. Tampoco procederá la acumulación cuando la competencia territorial del tribunal que conozca del proceso más moderno tenga en la Ley carácter inderogable para las partes. Para que sea admisible la acumulación de procesos será preciso que éstos se encuentren en primera instancia, y que en ninguno de ellos haya finalizado el juicio a que se refiere el artículo 433 LEC (en ese acto se practican las pruebas en el juicio ordinario y finalizado, quedan los autos conclusos para dictar sentencia). Improcedencia de la acumulación de procesos. Excepciones. No procederá la acumulación de procesos: a) cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes pueda evitarse mediante la excepción de litispendencia. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 10/26 b) cuando, instada la acumulación por la parte, no se justifique que, con la primera demanda o, en su caso, con la ampliación de ésta o con la reconvención, no pudo promoverse un proceso que comprendiese pretensiones y cuestiones sustancialmente iguales a las suscitadas en los procesos cuya acumulación se pretenda. Si los procesos cuya acumulación se pretenda fueren promovidos por el mismo demandante o demandado reconviniente, solo o en litisconsorcio, se entenderá, salvo justificación, que pudo promoverse un único proceso y no procederá la acumulación. Lo anterior no será de aplicación a los procesos incoados para la protección de los derechos e intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios cuando la diversidad de procesos no se hubiera podido evitar mediante la acumulación de acciones o el llamamiento a otros interesados. Proceso en el que se ha de pedir o acordar de oficio la acumulación. La acumulación de procesos se solicitará siempre al Tribunal que conozca del proceso más antiguo, al que se acumularán los más modernos. De incumplirse este requisito, el Secretario judicial dictará decreto inadmitiendo la solicitud. Cuando la acumulación deba acordarse de oficio, corresponderá al Tribunal que conozca del proceso más antiguo ordenar la acumulación. La antigüedad se determinará por la fecha de la presentación de la demanda, debiendo presentarse con la solicitud de acumulación el documento que acredite aquella fecha. Si las demandas se hubiesen presentado el mismo día, se considerará más antiguo el proceso que se hubiera repartido primero. Si, por pender ante distintos Tribunales o por cualquiera otra causa, no fuera posible determinar cuál de las demandas fue repartida en primer lugar, la solicitud podrá pedirse en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende. Solicitud de la acumulación de procedimientos. La LEC establece dos procedimientos para realizar la acumulación de procesos, que se diferencian por razón de si los procesos en acumulación se encuentran ante el mismo tribunal ante el que se pide la acumulación, o bien ante distintos tribunales. A) ACUMULACIÓN DE PROCESOS PENDIENTES ANTE UN MISMO TRIBUNAL Solicitud Cuando los procesos se sigan ante el mismo tribunal, la acumulación se solicitará por escrito, en el que se señalarán con claridad los procesos cuya acumulación se pide y el estado procesal en que se encuentran, exponiéndose asimismo las razones que justifican la acumulación. Esta solicitud de acumulación no suspenderá el curso de los procesos que se pretenda acumular, aunque el Tribunal deberá abstenerse de dictar sentencia en cualquiera de ellos hasta que decida sobre la procedencia de la acumulación. El tribunal por medio de auto rechazará la solicitud de acumulación cuando no contenga los datos exigidos o cuando, según tales datos, la acumulación no fuere procedente por razón de la clase y tipo de los procesos, de su estado procesal y demás requisitos procesales establecidos en los artículos anteriores. Sustanciación y decisión del incidente de acumulación de procesos. Recursos. Solicitada en forma la acumulación de procesos, el Secretario judicial dará traslado a las demás partes personadas y a todos los que sean parte en cualquiera de los procesos cuya Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 11/26 acumulación se pretende, aunque no lo sean en aquél en el que se ha solicitado, a fin de que, en el plazo común de 10 días, formulen alegaciones acerca de la acumulación. Transcurrido dicho plazo, o recibidas las alegaciones, cuando todas las partes del incidente estuvieren conformes con la acumulación, el Tribunal, si entendiere que concurren los presupuestos necesarios, acordará la acumulación, dentro de los 5 días siguientes. Cuando entre las partes no exista acuerdo, o cuando ninguna de ellas formule alegaciones, el Tribunal resolverá lo que estime procedente, otorgando o denegando la acumulación solicitada. Contra el auto que decida sobre la acumulación solicitada solo cabrá recurso de reposición. Acumulación de oficio Cuando la acumulación fuera promovida de oficio, el Tribunal dará audiencia por un plazo común de 10 días a todos los que sean parte en los procesos de cuya acumulación se trate, a fin de que formulen alegaciones. Efectos del auto que deniega la acumulación. Cuando se deniegue la acumulación, los juicios se sustanciarán separadamente. El auto que deniegue la acumulación condenará a la parte que la promovió al pago de las costas del incidente. Efectos del auto que otorga la acumulación. Aceptada la acumulación, el tribunal ordenará que los procesos más modernos se unan a los más antiguos, para que continúen sustanciándose en el mismo procedimiento y se decidan en una misma sentencia. Si los procesos acumulados no estuvieran en la misma fase dentro de la primera instancia, el Secretario judicial acordará la suspensión del que estuviera más avanzado, hasta que los otros se hallen en el mismo estado. B) ACUMULACION DE PROCESOS PENDIENTES ANTE DISTINTOS TRIBUNALES Solicitud Cuando los procesos se sigan ante distintos tribunales, la acumulación se solicitará por escrito, en el que se señalarán con claridad los procesos cuya acumulación se pide y el estado procesal en que se encuentran, exponiéndose asimismo las razones que justifican la acumulación, debiendo indicar, además, el tribunal ante el que penden los otros procesos cuya acumulación se pretende. La solicitud o inicio de actuaciones de oficio para la acumulación de procesos no suspenderá el curso de los procesos afectados, salvo desde el momento en que alguno de ellos quede pendiente sólo de sentencia. En tal caso se suspenderá el plazo para dictarla. No obstante lo anterior, el Tribunal podrá acordar la suspensión del acto del juicio o de la vista a fin de evitar que la celebración de dichos actos pueda afectar al resultado y desarrollo de las pruebas a practicar en los demás procesos. Sustanciación Tan pronto como se pida la acumulación el Secretario judicial dará noticia de este hecho, por el medio más rápido, al otro Tribunal, a fin de que se abstenga en todo caso de dictar sentencia o pueda decidir sobre la suspensión (del acto del juicio o de la vista), hasta tanto se decida definitivamente sobre la acumulación pretendida. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 12/26 El Secretario judicial dará traslado a las demás partes personadas de la solicitud de acumulación para que, en el plazo común de 10 días, formulen alegaciones sobre la procedencia de la acumulación, y tras ello resolverá el Tribunal en el plazo de 5 días. Efectos del auto rechazando la solicitud Cuando la acumulación se deniegue, se comunicará por el Secretario judicial al otro Tribunal, que podrá dictar sentencia o, en su caso, proceder a la celebración del juicio o vista. Contenido del auto que declara procedente la acumulación de procesos. Cuando el tribunal estime procedente la acumulación, mandará en el mismo auto dirigir oficio al que conozca del otro pleito, requiriendo la acumulación y la remisión de los correspondientes procesos. A este oficio acompañará testimonio de los antecedentes que el mismo tribunal determine y que sean bastantes para dar a conocer la causa por la que se pretende la acumulación y las alegaciones que, en su caso, hayan formulado las partes distintas del solicitante de la acumulación. Recepción del requerimiento de acumulación por el Tribunal requerido y vista a los litigantes. Recibidos el oficio y el testimonio por el Tribunal requerido el Secretario judicial dará traslado de ellos a los litigantes que ante el Tribunal hayan comparecido. Si alguno de los personados ante el Tribunal requerido no lo estuviera en el proceso ante el Tribunal requirente, dispondrá de un plazo de 5 días para instruirse del oficio y del testimonio en la Oficina judicial, y para presentar escrito manifestando lo que convenga a su derecho sobre la acumulación. Resolución sobre el requerimiento de acumulación. Transcurrido el plazo de 5 días, el tribunal dictará auto aceptando o denegando el requerimiento de acumulación. Si ninguna de las partes personadas ante el tribunal requerido se opusiere a la acumulación o si no alegaren datos o argumentos distintos de los alegados ante el tribunal requirente, el tribunal requerido se abstendrá de impugnar los fundamentos del auto requiriendo la acumulación relativos a la concurrencia de los requisitos establecidos para otorgarla, y sólo podrá fundar su negativa al requerimiento en que la acumulación debe hacerse a los procesos pendientes ante el tribunal requerido. Efectos de la aceptación de la acumulación por el tribunal requerido. Aceptado el requerimiento de acumulación, el Secretario judicial lo notificará de inmediato a quienes fueren partes en el proceso seguido ante el Tribunal requerido, para que en el plazo de 10 días puedan personarse ante el Tribunal requirente, al que remitirá los autos, para que, en su caso, sigan su curso ante él. Acordada la acumulación de procesos, el Secretario acordará la suspensión del curso del proceso más avanzado hasta que el otro llegue al mismo estado procesal, momento en que se efectuará la acumulación. Efectos de la no aceptación de la acumulación de procesos por el tribunal requerido. Cuando el tribunal requerido no acepte el requerimiento de acumulación por estimarla improcedente o por creer que la acumulación debe hacerse a los que pendan ante él, lo comunicará al tribunal requirente y ambos deferirán la decisión al tribunal competente para dirimir la discrepancia. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 13/26 Será competente para dirimir las discrepancias en materia de acumulación de procesos el tribunal inmediato superior común a requirente y requerido. Sustanciación y decisión de la discrepancia ante el tribunal competente. Tanto el tribunal requirente como el requerido remitirán a la mayor brevedad posible al tribunal competente testimonio de lo que, para poder resolver la discrepancia sobre la acumulación, obre en sus respectivos tribunales. El tribunal requirente y el requerido emplazarán a las partes para que puedan comparecer en el plazo improrrogable de 5 días ante el tribunal competente y alegar por escrito lo que consideren que conviene a su derecho. El tribunal competente decidirá por medio de auto, en el plazo de 20 días, bien ordenar la acumulación, bien denegarla. Contra el auto que se dicte no se dará recurso alguno. Acumulación de más de dos procesos. Requerimientos múltiples de acumulación. Cuando un mismo Tribunal fuera requerido de acumulación respecto de dos o más procedimientos seguidos en distintos Juzgados o Tribunales, por el Secretario judicial se remitirán los autos al superior común a todos ellos y lo comunicará a todos los requirentes para que se difiera la decisión a dicho superior. En este caso, los tribunales requirentes remitirán a la mayor brevedad posible al tribunal competente testimonio de lo que, para poder resolver la acumulación, obre en sus respectivos tribunales, emplazarán a las partes para que puedan comparecer en el plazo improrrogable de 5 días ante el tribunal competente y alegar por escrito lo que consideren que conviene a su derecho. El tribunal competente decidirá por medio de auto, en el plazo de 20 días. Prohibición de un segundo incidente de acumulación. Suscitado incidente de acumulación de procesos en un proceso, no se admitirá solicitud de acumulación de otro juicio ulterior si quien la pidiera hubiese sido el iniciador del juicio que intentara acumular. El Secretario judicial rechazará mediante decreto dictado al efecto la solicitud formulada. Si, a pesar de la anterior prohibición, se sustanciase el nuevo incidente, tan pronto como conste el hecho el Tribunal declarará la nulidad de lo actuado a causa de la solicitud, con imposición de las costas al que la hubiere presentado. C) ACUMULACION DE PROCESOS SINGULARES A PROCESOS UNIVERSALES Con carácter general serán acumulables los procesos singulares a los universales (concursales y sucesorios) ante el tribunal en que se siga el proceso universal, salvo cuando sólo se persigan bienes hipotecados o pignorados, que no cabrá acumulación. En estos casos, la acumulación debe solicitarse ante el tribunal que conozca del proceso universal, y hacerse siempre, con independencia de cuáles sean más antiguos, al proceso universal. Esta acumulación, cuando proceda, se regirá por las normas que hemos visto antes, con las especialidades establecidas en la legislación especial sobre procesos concursales y sucesorios. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 14/26 ‐ III ‐ LA TRAMITACIÓN DE LAS CUESTIONES DE JURISDICCIÓN Y DE COMPETENCIA. 1.‐ LAS CUESTIONES DE JURISDICCIÓN Extensión y límites del orden jurisdiccional civil. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 22) y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte. Falta de competencia internacional Los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes: 1ª Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución conforme a las normas del Derecho Internacional Público. 2ª Cuando, en virtud de un tratado o convenio internacional en el que España sea parte, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado. 3ª Cuando no comparezca el demandado emplazado en debida forma, en los casos en que la competencia internacional de los tribunales españoles únicamente pudiera fundarse en la sumisión tácita de las partes. Falta de jurisdicción y abstención de los tribunales civiles. Los tribunales de la jurisdicción civil habrán de abstenerse de conocer cuando estimen que el asunto que se le somete corresponde a: a) la jurisdicción militar b) una Administración pública c) al Tribunal de Cuentas (cuando actúe en sus funciones contables o cuando ejerza funciones jurisdiccionales; en este último supuesto se entenderá integrado en el orden contencioso‐administrativo) d) los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria. Apreciación de la falta de competencia internacional y de jurisdicción. La abstención por falta de competencia internacional y de jurisdicción puede ser apreciada de oficio o a instancia de parte: a) De oficio: el tribunal, de oficio, podrá declarar la falta de competencia internacional o jurisdicción con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, tan pronto como sea advertida. b) A instancia de parte: el demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje o mediación la controversia. CUESTIONES PREJUDICIALES a) Prejudicialidad penal (art. 40) Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal. En el caso a que se refiere el párrafo anterior, no se ordenará la suspensión de las actuaciones del proceso civil sino cuando concurran las siguientes circunstancias: Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 15/26 1ª Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil. 2ª Que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil. Esta suspensión se acordará, mediante auto, una vez que el proceso esté pendiente sólo de sentencia. Sin embargo, la suspensión que venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados se acordará, sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre aquel delito, cuando, a juicio del tribunal, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto. No obstante, en este caso no se acordará por el Tribunal la suspensión, o se alzará por el Secretario judicial la que aquél hubiese acordado, si la parte a la que pudiere favorecer el documento renunciare a él. Hecha la renuncia, se ordenará por el Secretario judicial que el documento sea separado de los autos. Las suspensiones por prejudicialidad penal se alzarán por el Secretario judicial cuando se acredite que el juicio criminal ha terminado o que se encuentra paralizado por motivo que haya impedido su normal continuación. Si la causa penal sobre falsedad de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por resolución en que se declare ser auténtico el documento o no haberse probado su falsedad, la parte a quien hubiere perjudicado la suspensión del proceso civil podrá pedir en éste indemnización de daños y perjuicios, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes. Contra la resolución que deniegue la suspensión del asunto civil se podrá interponer recurso de reposición. La solicitud de suspensión podrá, no obstante, reproducirse durante la segunda instancia y, en su caso, durante la tramitación de los recursos extraordinarios por infracción procesal o de casación. Contra el auto que acuerde la suspensión se dará recurso de apelación y contra los autos dictados en apelación acordando o confirmando la suspensión se dará, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal. Contra la resolución del Secretario judicial que acuerde el alzamiento de la suspensión podrá ser interpuesto recurso directo de revisión. b) Cuestiones prejudiciales no penales de los órdenes contencioso‐administrativo y social (art. 42) A los solos efectos prejudiciales, los tribunales civiles podrán conocer de asuntos que estén atribuidos a los tribunales de los órdenes contencioso‐administrativo y social, pero sus decisiones no surtirán efecto fuera del proceso en que se produzca. Sin embargo, cuando lo establezca la ley o lo pidan las partes de común acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra, el Secretario judicial suspenderá el curso de las actuaciones, antes de que hubiera sido dictada sentencia, hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta, en sus respectivos casos, por la Administración pública competente, por el Tribunal de Cuentas o por los Tribunales del orden jurisdiccional que corresponda. En este caso, el Tribunal civil quedará vinculado a la decisión de los órganos indicados acerca de la cuestión prejudicial. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 16/26 c) Prejudicialidad civil (art. 43) Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial. Contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de reposición, y contra el auto que acuerde la suspensión cabrá presentar recurso de apelación. 2.‐ LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA Las cuestiones de competencia entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden jurisdiccional se resolverán por el órgano inmediato superior común, conforme a las normas establecidas en las leyes procesales. En la resolución en que se declare la falta de competencia se expresará el órgano que se considere competente. No podrán suscitarse cuestiones de competencia entre Jueces y Tribunales subordinados entre sí. El Juez o Tribunal superior fijará, en todo caso, y sin ulterior recurso, su propia competencia, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de diez días. Acordado lo precedente, recabarán las actuaciones del Juez o Tribunal inferior o le remitirán las que se hallare conociendo. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 17/26 ‐ IV ‐ LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES: OBJETIVA, FUNCIONAL Y TERRITORIAL, LOS FUEROS LEGALES DISPONIBLES E INDISPONIBLES. CONCEPTO Y TRAMITACIÓN 1.‐ LA COMPETENCIA OBJETIVA Según MORENO CATENA, la competencia objetiva determina, en razón del objeto del proceso que se propone por el actor en su demanda, cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer del procedimiento en primera instancia, dentro de los tribunales que aparecen la organización judicial. PREDETERMINACIÓN LEGAL DE LA COMPETENCIA. La Ley de Enjuiciamiento Civil no define la competencia, aunque precisa su finalidad al decir en su art. 44 que para que los tribunales civiles tengan competencia en cada caso, se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley y anteriores a la incoación de las actuaciones de que se trate. JUZGADOS Y TRIBUNALES COMPETENTES Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales. La competencia objetiva, pues, se atribuye con carácter general a los Juzgados de Primera Instancia (arts. 85 LOPJ y 45 LEC), salvo que concurra alguno de los tres criterios especiales de atribución de la competencia objetiva: por razón de la materia, por razón de la persona, por razón de la cuantía. a) Criterio especial por razón de la materia. La competencia objetiva por razón de la materia está prevista en varios supuestos legales: ‐ Los Juzgados de lo Mercantil, cuyas competencias, además del proceso concursal, incluyen el enjuiciamiento en primera instancia de los procesos que se promuevan en relación con las materias previstas en el art. 86.ter.2 LOPJ: demandas en relación con competencia desleal, propiedad industrial e intelectual, publicidad; demandas en materia de transportes, demandas del ámbito del Derecho Marítimo; demandas relativas a condiciones generales de contratación, etc. ‐ Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que tendrán las competencias en el orden civil en los casos y cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 87.ter.; se trata de supuestos de procedimientos civiles de una determinada naturaleza (básicamente procesos de familia) en los que concurre con una situación de violencia de género (la ley marca los presupuesto que deben concurrir: imputación de una de las partes, diligencias abiertas como consecuencia de un conflicto de esta naturaleza). ‐ Los Juzgados de Primera Instancia. Por razón de la materia, conforme al art. 98 LOPJ, tal como prevé el art. 46 LEC, podrán existir Juzgados de Primera Instancia a los que se les haya atribuido con carácter exclusivo el conocimiento específico de determinada clase de asuntos (como, por ejemplo, los procesos de familia a los denominados Juzgados de Familia); en tales casos, extenderán su competencia, exclusivamente, a los procesos en que se ventilen aquéllos, debiendo inhibirse a favor de los demás tribunales competentes, cuando el proceso verse sobre materias diferentes. Si se planteara cuestión por esta causa, se sustanciará como las cuestiones de competencia. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 18/26 b) Criterio especial por razón de la persona. Se trata de los supuestos de responsabilidad civil por hechos realizados en el desempeño de sus cargos por las autoridades aforadas señaladas en los arts. 56.2º y 3º, 61 y 73.2.a LOPJ. Se otorga competencia objetiva, por razón de la persona, a: ‐ la Sala Primera del Tribunal Supremo ‐ las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Art. 56 LOPJ La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá: (…) 2º. De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y Presidente y Consejeros de una Comunidad Autónoma, cuando así lo determine su Estatuto de Autonomía. 3º. De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos. Art. 61 LOPJ 1. Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá: (…) 3.º De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los Presidentes de Sala o contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Sala de dicho Tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. Art. 73 LOPJ 1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Civil: 2. (…) a) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo. b) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones. c) Criterio especial por razón de la cuantía. La última excepción a la competencia general de los Juzgados de primera instancia viene dada por el criterio de la cuantía del proceso, que atribuye la competencia objetiva a los Juzgados de Paz cuando tal cuantía no supere los 90€. A los Juzgados de Paz, por tanto, corresponde el conocimiento, en primera instancia, de los asuntos civiles de cuantía no superior a 90 euros que no estén atribuidos a un órgano jurisdiccional distinto por razón de la materia o de la persona. APRECIACIÓN DE LA FALTA DE COMPETENCIA OBJETIVA DE OFICIO Y A INSTANCIA DE PARTE. Las normas reguladoras de la competencia objetiva son de ius cogens, de forma que su alteración podría afectar al principio del juez legal. Para asegurar su efectividad, se prevé un control de oficio por el propio órgano, así como un control por las partes. La falta de competencia objetiva se apreciará de oficio, tan pronto como se advierta, por el tribunal que esté conociendo del asunto. Cuando el tribunal que conozca del asunto en segunda instancia o en trámite de recurso extraordinario por infracción procesal o de casación entienda que el tribunal ante el que se Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 19/26 siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus acciones ante la clase de tribunal que corresponda. En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el Secretario judicial dará vista a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días, resolviendo el Tribunal por medio de auto. El auto que declare la falta de competencia objetiva indicará la clase de tribunal al que corresponde el conocimiento del asunto. El demandado podrá denunciar la falta de competencia objetiva mediante la declinatoria. 2.‐ COMPETENCIA TERRITORIAL Las normas o criterios de competencia territorial son una exigencia de la existencia de una pluralidad de órganos jurisdiccionales de la misma clase. La competencia territorial tiene como finalidad determinar, de entre todos los órganos de la misma clase competentes objetivamente, cuál debe conocer de un asunto. Desde el otro punto de vista, la competencia territorial estaría conformada por los procesos de los, que por razón de su circunscripción territorial, puede conocer un determinado Juzgado o Tribunal. Los criterios o normas que utiliza la Ley para fijar las reglas de competencia territorial se denominan fueros. Se puede decir que los fueros pueden ser convencionales o legales, según el vínculo con una circunscripción territorial se establezca conforme a la voluntad de las partes o por la Ley. ‐ fueros convencionales: es la voluntad de las partes la que determina el tribunal territorialmente competente (sumisión expresa y sumisión tácita) ‐ fueros legales: es la ley quien realiza esta determinación. La ley establece un orden de prelación entre los distintos fueros a aplicar: 1. En primer lugar debe tenerse en cuenta la voluntad de las partes, las cuales, mediante la sumisión, determinarán la competencia territorial en el caso concreto. 2. A falta de fuero convencional, o estando éste prohibido, debe acudirse a los fueros legales; primero a los especiales, que son los que se aplican inmediatamente después de comprobarse la falta de fuero convencional; y después al general. FUEROS CONVENCIONALES: LA SUMISIÓN EXPRESA Y TÁCITA En cuanto al fuero convencional, el instrumento de las partes para elegir la competencia territorial es la sumisión, que puede ser expresa o tácita. a) La sumisión expresa (art. 55 LEC) Es una declaración de voluntad extraprocesal, por la que las partes de un negocio jurídico fijan de mutuo acuerdo la circunscripción cuyos tribunales hayan de conocer de los litigios que puedan originarse con ocasión de dicho negocio. Cuando en dicha circunscripción existan varios tribunales de la misma clase, el reparto de los asuntos determinará a cuál de ellos corresponderá su conocimiento, sin que las partes puedan someterse a un concreto tribunal con exclusión de los otros. Se trata de un pacto, que se suele incorporar a los contratos como una cláusula de los mismos. La sumisión expresa exige la renuncia expresa de cada uno de los contratantes a su fuero propio, y la determinación exacta del juzgado o tribunal al que se someten. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 20/26 b) La sumisión tácita (art. 56 LEC) Sería el efecto que la ley reconoce a determinadas actuaciones procesales, por virtud del cual dichas actuaciones determinan automáticamente la atribución de la competencia territorial al órgano de que se trate. Las actuaciones a las que la ley reconoce este efecto son: 1. El demandante, por el mero hecho de acudir a los tribunales de una determinada circunscripción interponiendo la demanda o formulando petición o solicitud. 2. El demandado, por el hecho de hacer, después de personado en el juicio tras la interposición de la demanda, cualquier gestión que no sea la de proponer en forma la declinatoria. También se considerará tácitamente sometido al demandado que, emplazado o citado en forma, no comparezca en juicio o lo haga cuando haya precluido la facultad de proponer la declinatoria. c) Prohibiciones a la sumisión La Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque contempla la posibilidad de sumisión de los litigantes, contiene numerosas prohibiciones: ‐ En los casos en que la Ley atribuye imperativamente la competencia bien prohibiendo expresamente la sumisión, o bien estableciendo la obligación que tiene el juez de examinar de oficio la competencia. ‐ En los casos a que se refiere el art. 52 LEC (casos sometidos a fueros especiales). ‐ En los juicios verbales, monitorios o cambiarios. ‐ Si está contenida en un contrato de adhesión, o en un contrato que tenga condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios. ‐ Cuando se haga a un Tribunal que no tenga competencia objetiva para conocer del asunto de que se trate. FUEROS LEGALES: LOS FUEROS ESPECIALES Y GENERALES Cuando las partes no se someten, expresa o tácitamente, a un juzgado o tribunal, bien porque no lo estiman oportuno, o bien porque la ley lo prohíbe, entran en juego los llamados fueros legales: los especiales y los generales. Los fueros especiales se regulan en el art. 52 LEC, que contiene 16 reglas cuyo objeto es determinar el juez competente en cada caso, teniendo en cuenta la pretensión que se ventila en el proceso. A falta de fueros especiales, rigen las reglas de los fueros generales contenidas en los artículos 50, 51 y 53. A) FUEROS GENERALES 1.‐ Fuero general de las personas físicas (art. 50) Para las personas físicas, y si la ley no dispone otra cosa, será competente el tribunal del domicilio del demandado y si no lo tuviere en España, será Juez competente el tribunal correspondiente a la residencia que éste tuviera en el país. Si tampoco tiene residencia en España, puede ser demandado en el lugar en el que se encuentre, dentro del territorio nacional, o en el lugar donde haya tenido su última residencia. Si no se diera ninguna de las circunstancias anteriores, podrá el sujeto ser demandado ante el tribunal que corresponda al domicilio del demandante. Cuando se trate de empresarios o profesionales, en litigios derivados de su actividad, también podrán ser demandados en el lugar donde desarrollen dicha actividad. Si la actividad es desarrollada en varios lugares, será competente el tribunal de cualquiera de ellos, a elección del demandante. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 21/26 2.‐ Fuero general de las personas jurídicas y entes sin personalidad (art. 51) Para las personas jurídicas el fuero es, en principio, el de su domicilio legal. Sin embargo, podrán ser también demandadas en el lugar donde hubiera nacido la relación jurídica que da lugar al litigio o donde deba surtir efecto, siempre que allí tuviera el demandado un establecimiento abierto al público o un representante autorizado para comparecer en nombre de la entidad. Los entes sin personalidad pueden ser demandados en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en que desarrollen su actividad. 3.‐ Fuero territorial del Estado Las Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas establece que para el conocimiento y resolución de los procesos civiles en que sean parte el Estado, los Organismos públicos o los órganos constitucionales, serán en todo caso competentes los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia, en Ceuta o en Melilla. Esta norma se aplicará con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento. 4.‐ En los casos de acumulación de acciones y en caso de pluralidad de demandados (art. 53 LEC). Acumulación de acciones: Será tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás; en su defecto, el tribunal que deba conocer del mayor número de las pretensiones acumuladas; y en último término, el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente. ‐ Cuando concurra litisconsorcio pasivo, y la competencia territorial, conforme a las reglas generales, pudiera corresponder a los jueces de más de un lugar, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección del demandante. B) FUEROS ESPECIALES Pero, como ya hemos dicho, la LEC en su art. 52 establece que no se aplicarán los fueros generales anteriores y se determinará la competencia de acuerdo con lo establecido en el propio artículo, en los casos siguientes: 1°. En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre inmuebles es competente el Juzgado de situación de la cosa. Si fueran varias fincas o una sola situada en diversos partidos judiciales, será competente el de cualquiera de ellos, a elección del demandante. 2°. En las demandas sobre presentación y aprobación de las cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos será tribunal competente el del lugar donde deben presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del mandante, poderdante o dueño de los bienes, o el del lugar donde se desempeñe la administración, a elección del actor. 3°. En las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores, será tribunal competente el que lo sea para conocer, o esté conociendo, de la obligación principal sobre que recayeren. 4°. En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante. 5°. En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a la asistencia o representación de incapaces, incapacitados o declarados pródigos, será competente el tribunal del lugar en que éstos residan. 6°. En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, será Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 22/26 competente el tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate. 7°. En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, será competente el tribunal del lugar en que esté sita la finca. 8°. En los juicios en materia de propiedad horizontal, será competente el tribunal del lugar en que radique la finca. 9°. En los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor será competente el tribunal del lugar en que se causaron los daños. 10°. En materia de impugnación de acuerdos sociales será tribunal competente el del lugar del domicilio social. 11º. En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, será competente el tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante. 12°. En los juicios en materia de competencia desleal, será competente el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante. 13°. En materia de patentes y marcas, será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia. 14°. En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativa, de cesación o de retractación, será competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, el de su domicilio; y si el demandado careciere de domicilio en el territorio español, el del lugar en que se hubiera realizado la adhesión. 15°. En las tercerías de dominio o de mejor derecho que se interpongan en relación con un procedimiento administrativo de apremio, será competente el tribunal del domicilio del órgano que acordó el embargo, sin perjuicio de las especialidades previstas para las administraciones públicas en materia de competencia territorial. 16º. En los procesos en los que se ejercite la acción de cesación en defensa de los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, será competente el Tribunal del lugar donde el demandado tenga un establecimiento, y, a falta de éste, el de su domicilio; si careciere de domicilio en territorio español, el del lugar del domicilio del actor. Cuando las normas anteriores no fueren de aplicación a los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiación, así como en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente, o el que corresponda conforme a las normas de los artículos 50 y 51, a elección del demandante. Cuando las normas anteriores no fueren de aplicación a los litigios derivados del ejercicio de acciones individuales de consumidores o usuarios será competente, a elección del consumidor o usuario, el tribunal de su domicilio o el tribunal correspondiente conforme a los artículos 50 y 51 Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 23/26 APRECIACIÓN DE OFICIO DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL. Cuando la competencia territorial venga fijada por reglas imperativas, el Secretario judicial examinará la competencia territorial después de presentada la demanda y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si entiende que el Tribunal carece de competencia territorial para conocer del asunto, dará cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda mediante auto, remitiendo, en su caso, las actuaciones al Tribunal que considere territorialmente competente. Si fuesen de aplicación fueros electivos se estará a lo que manifieste el demandante, tras el requerimiento que se le dirigirá a tales efectos. ALEGACIÓN DE LA FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL. Fuera de los casos en que la competencia territorial venga fijada por la ley en virtud de reglas imperativas, la falta de competencia territorial solamente podrá ser apreciada cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima en el juicio propusieren en tiempo y forma la declinatoria. CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA TERRITORIAL. Si la decisión de inhibición de un tribunal por falta de competencia territorial se hubiere adoptado en virtud de declinatoria o con audiencia de todas las partes, el tribunal al que se remitieren las actuaciones estará a lo decidido y no podrá declarar de oficio su falta de competencia territorial. Si la decisión de inhibición por falta de competencia territorial no se hubiese adoptado con audiencia de todas las partes, el tribunal a quien se remitieran las actuaciones podrá declarar de oficio su falta de competencia territorial cuando ésta deba determinarse en virtud de reglas imperativas. La resolución que declare la falta de competencia mandará remitir todos los antecedentes al tribunal inmediato superior común, que decidirá por medio de auto, sin ulterior recurso, el tribunal al que corresponde conocer del asunto, ordenando, en su caso, la remisión de los autos y emplazamiento de las partes, dentro de los diez días siguientes, ante dicho tribunal. 3.‐ COMPETENCIA FUNCIONAL: La competencia funcional tiene su fundamento en la participación, dentro de un mismo proceso, de diversos órganos judiciales. Esta participación puede tener lugar, por ejemplo, a través del recurso de apelación de la sentencia o de la interposición del recurso de casación. La determinación de la competencia funcional se hará en función de dos datos: órgano que conozca en primera instancia y cauce procedimental de que se trate. La competencia funcional es derivada, derivada de la competencia objetiva y territorial del órgano jurisdiccional que conoce del proceso en primera instancia. La competencia funcional se regula por normas de ius cogens, y por tanto indisponibles por las partes. En el proceso civil hay funciones de primera instancia, funciones de apelación y funciones de casación que se atribuyen a Juzgados o Tribunales distintos. La competencia funcional indica el órgano judicial que ha de conocer de incidencias, recursos, segunda instancia y recursos extraordinarios, así como de las medidas cautelares y de la ejecución de las sentencias. Es decir, conduce a la determinación del concreto órgano jurisdiccional al que corresponde conocer de aquellas materias, como consecuencia de un proceso ya iniciado. Salvo disposición legal en otro sentido, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 24/26 providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare. APRECIACIÓN DE OFICIO DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS RECURSOS. No serán admitidos a trámite los recursos dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos. No obstante lo anterior, si admitido un recurso, el tribunal al que se haya dirigido entiende que no tiene competencia funcional para conocer del mismo, dictará auto absteniéndose de conocer previa audiencia de las partes personadas por plazo común de diez días. Notificado el auto a que se refiere el apartado anterior, los litigantes dispondrán de un plazo de 5 días para la correcta interposición o anuncio del recurso, que se añadirán al plazo legalmente previsto para dichos trámites. Si sobrepasaren el tiempo resultante sin recurrir en forma, quedará firme la resolución de que se trate. LA DECLINATORIA El mecanismo previsto por la Ley y que puede ser usado por el demandado y los que sean parte legítima en el proceso para denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores, o para denunciar la falta de competencia de todo tipo, es la declinatoria. El sistema de la declinatoria convierte a la competencia en una cuestión incidental de previo pronunciamiento. Quiere decir que, cuando se plantea la declinatoria, ésta debe ser resuelta por el juez de forma previa a cualquier otra cuestión. Presentación La declinatoria se propondrá ante el mismo tribunal que esté conociendo del pleito y al que se considere carente de jurisdicción o de competencia. No obstante, la declinatoria podrá presentarse también ante el tribunal del domicilio del demandado, que la hará llegar por el medio de comunicación más rápido posible al tribunal ante el que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de remitírsela por oficio al día siguiente de su presentación. La declinatoria se habrá de proponer dentro de los 10 primeros días del plazo para contestar a la demanda, y surtirá el efecto de suspender, hasta que sea resuelta, el plazo para contestar y el curso del procedimiento principal, suspensión que declarará el secretario judicial. En los procesos de ejecución, el ejecutado podrá impugnar la competencia del tribunal proponiendo declinatoria dentro de los 5 días siguientes a aquél en que reciba la primera notificación. La presentación de la declinatoria surtirá el efecto de suspender, hasta que sea resuelta, el curso del procedimiento principal. Esta suspensión la acordará el Secretario judicial. La suspensión no obstará a que el tribunal ante el que penda el asunto pueda practicar, a instancia de parte legítima, cualesquiera actuaciones de aseguramiento de prueba, así como las medidas cautelares de cuya dilación pudieran seguirse perjuicios irreparables para el actor, salvo que el demandado prestase caución bastante para responder de los daños y perjuicios que derivaran de la tramitación de una declinatoria desprovista de fundamento. Tramitación Al escrito de declinatoria habrán de acompañarse los documentos o principios de prueba en que se funde. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 25/26 Los demás litigantes dispondrán de un plazo de 5 días, contados desde la notificación de la declinatoria, para alegar y aportar lo que consideren conveniente para sostener la jurisdicción o la competencia del tribunal. Presentados los escritos de alegaciones o transcurrido el plazo, el tribunal decidirá la cuestión dentro del quinto día siguiente mediante auto. Si a través de la declinatoria se denuncia la falta de competencia territorial, deberá indicarse en el escrito el tribunal al que, por considerarse territorialmente competente, habrían de remitirse las actuaciones. En estos supuestos, el actor, al impugnarla, podrá también alegar la falta de competencia territorial del tribunal en favor del cual se pretendiese declinar el conocimiento del asunto. Decisión de la declinatoria Si se desestima la declinatoria, el proceso sigue su curso Ahora bien, si la declinatoria es estimada, según cual haya sido el fundamento de la misma, el tribunal deberá acordar, mediante auto: 1.‐ Abstenerse de conocer y sobreseer el proceso si: a) si entendiese que carece de jurisdicción internacional (por corresponder el conocimiento del asunto a los tribunales de otro Estado). b) si la declinatoria se fundó en haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediación. 2.‐ Abstenerse de conocer, sobreseer el proceso y señalar a las partes ante qué órganos han de usar de su derecho: a) Si considera que carece de jurisdicción por corresponder el asunto de que se trate a los tribunales de otro orden jurisdiccional. b) Si considera que carece de competencia objetiva 3.‐ Abstenerse de conocer del asunto y remitir las actuaciones al juez que resulte competente con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante él en el plazo de diez días, si considera que carece de competencia territorial. La remisión de los autos deberá realizarse  Si la competencia territorial viene dada por la ley, el juez debe someterse a los criterios legales.  Si la competencia territorial no está sujeta a normas imperativas, el juez debe someterse a la decisión del promotor de la declinatoria. RECURSOS EN MATERIA DE COMPETENCIA INTERNACIONAL, JURISDICCIÓN, SUMISIÓN A ARBITRAJE O MEDIACIÓN Y COMPETENCIA OBJETIVA. Cabrá recurso de apelación contra el auto absteniéndose de conocer por: a) falta de competencia internacional, b) falta de jurisdicción (por pertenecer el asunto a tribunal de otro orden jurisdiccional) c) haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediación d) falta de competencia objetiva Sin embargo, en los mismos supuestos del párrafo anterior (falta de competencia internacional, etc…), sólo cabrá recurso de reposición contra el auto por el que se rechace la cuestión de competencia, sin perjuicio de alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelación contra la sentencia definitiva. RECURSOS EN MATERIA DE COMPETENCIA TERRITORIAL. Jurisdicción y competencia Tema 4 http://justiciaoposicionesblog.wordpress.com/ 26/26 A diferencia de las anteriores cuestiones de competencia, contra los autos que resuelvan sobre la competencia territorial no se dará recurso alguno. En los recursos de apelación y extraordinario por infracción procesal sólo se admitirán alegaciones de falta de competencia territorial cuando, en el caso de que se trate, fueren de aplicación normas imperativas. 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