Source: http://parcan.es/pub/ds.py/2017/61/29/
Timestamp: 2018-01-18 17:28:53+00:00

Document:
Diario de Sesiones 61/2017, de fecha 7/2/2017 - Punto 29 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 61/2017, de fecha 7/2/2017 - Punto 29
9L/C-0692 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS, SOBRE LA SITUACIÓN TRAS LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS RELATIVA AL CONCURSO PÚBLICO PARA OTORGAR LICENCIAS A LAS EMISORAS DE FM.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Proseguimos con el orden del día.
Vemos, si les parece bien, la última comparecencia, que está acumulada, son la 651 y la 692, del Grupo Nacionalista Canario y de Podemos, sobre sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación con el recurso contra el decreto que resuelve el concurso público para otorgar licencias de radio; y sobre la situación tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias relativa al concurso público para otorgar licencias a las emisoras de FM.
Comienza el Grupo Nacionalista Canario con cinco minutos. Señor Ruano.
El señor RUANO LEÓN: Señor presidente, señorías, señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Solicitamos esta comparecencia ya a finales del pasado año, vinculada al que ha sido, sin duda, un proceso complicado, y sigue siendo un proceso complicado, desde el punto de vista de los hechos y también desde el punto de vista de la tramitación jurídico-administrativa.
Estamos ante un escenario en el cual, teniendo en cuenta que se aprueba una ley estatal de telecomunicaciones en el 2010 que cambia el panorama del modelo concesional del espectro radioeléctrico por un modelo de autorizaciones, se exige que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, procedan a realizar un concurso para la adjudicación de esas autorizaciones, en la medida en que el espectro presenta un menor número de posibilidades que el que da la demanda, por el conjunto de operadores de radio que quieren operar en ese espectro.
Hay que decir que el plan técnico estatal es un plan que elabora, como su propio nombre indica, plan técnico nacional, plan técnico estatal, en 2006 el Ministerio, entonces Ministerio de Industria. Y en ese escenario la capacidad de la comunidad autónoma se ve reducida, por tanto, a la adjudicación del número de frecuencias que están establecidas en el plan técnico. Consecuentemente, el Gobierno, el Gobierno anterior, el Gobierno de la legislatura 2011-2015, tras la convocatoria que realiza la Viceconsejería de Comunicación, procede a convocar el concurso de las licencias de radio, la transformación en autorizaciones. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).
Y lo cierto es que la regulación de un panorama complicado, complejo, como es el del espectro, con muchas operadoras que ya venían operando desde un ámbito, digamos, de alegalidad, puesto que no había una regulación específica, ocupando un espacio y con grandes problemas desde el punto de vista de la compatibilidad entre unas radios y otras precisamente porque utilizaban a veces frecuencias que resultaban concurrentes en un espacio determinado...
Siendo esto así, el concurso que se convoca por decreto del Gobierno, el Decreto 30/2012, de 4 de abril, acaba produciendo la organización, a través de la mesa de contratación, de la mesa de adjudicación, un conjunto, un baremo, de desarrollo de las bases. Y lo que se ha venido a decir por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es que esas bases de desarrollo o esa normativa específica de desarrollo no es contraria a derecho de forma general y simplemente lo que viene a decir la sentencia que trata este asunto es que esos subcriterios aprobados por la mesa técnica deben estar acordes con las bases de la convocatoria y, consecuentemente, procede a la anulación de determinados aspectos de esos criterios establecidos por la mesa, y mandata que se retrotraiga el concurso hasta el momento de la propia elaboración de esos criterios.
Lo que queremos conocer, consejero, es el porqué de la actuación del Gobierno, por qué el Gobierno no recurrió esa decisión judicial y en qué escenario nos encontramos ahora. Creemos que es un asunto muy relevante. Nuestra capacidad política es limitada porque está vinculada al espectro radioeléctrico aplicado dentro del marco del plan técnico estatal y, sin embargo, necesitamos orientar las decisiones del nuevo Gobierno, vinculadas a cómo va a afrontar este Gobierno el proceso de reiniciación del concurso en la fase en la que mandata el Tribunal Superior de Justicia que se realice. Es decir, no se trata de hacer un nuevo concurso sino de ver, a partir del momento que dicen los tribunales, cómo va a operar el Gobierno de aquí en adelante.
El Grupo Podemos, que también es el autor de la otra iniciativa acumulada. Señor Déniz.
Aprovechando que ahora todos estamos en la oposición, pues, me parece que este puede ser un pleno propicio para sacar adelante algunas iniciativas y algunos problemas que algunos colectivos han venido planteando durante bastante tiempo, por ejemplo el de las torretas. Por cierto, que nadie nunca antes habló de las torretas de Vilaflor y a lo mejor un día tendríamos que hablar de esta cuestión.
Efectivamente, señor Ruano, yo no le digo que el problema no haya sido complejo, pero decir que el fallo de la comisión que baremó las ofertas que se presentaron a concurso se debió a que era muy complejo no es así, porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias una de las cosas que planteó fue que, y es que, efectivamente, el baremo se alteró a mitad de concurso. El baremo se alteró. Y todo el mundo que hemos estado en algunos procesos de baremación para plazas de contratación, por ejemplo, algunas ofertas, sabemos que el baremo no se puede alterar. Cuando se da la convocatoria, el baremo es el que es y ese no se puede alterar, y mucho menos a mitad del proceso y cambiar la puntuación. Eso fue lo que sucedió y eso es lo que el Tribunal Superior de Justicia ha dicho. Por lo tanto, en fin, seamos más, más realistas.
Yo creo que lo que hubo aquí fue, en el concurso del 29 de julio de 2010, convocado por el Gobierno de Canarias, fue fundamentalmente un proceso bastante irregular, que ha dado lugar a numerosas interposiciones y numerosos recursos administrativos y judiciales. ¿Fruto de qué?: de la falta de ecuanimidad en el examen de las ofertas y la valoración de las candidaturas de los licitadores. Todo esto debió hacerse sin dejar lugar a arbitrariedades y a errores, como ha sido. De hecho, ustedes saben que numerosos procesos judiciales han emanado de todo ese concurso. Y además hay bastantes fallos y gente que está imputada, gente que pertenecía a la Viceconsejería de Comunicaciones y Relaciones con los Medios está imputada y va a sentarse en el banquillo por esta cuestión. O sea, por lo tanto, no fue solamente una cuestión complicada.
A nosotros, en fin, nos agrada que el Gobierno no presente recurso a la sentencia del Tribunal Constitucional, porque entendemos que entre otras cosas el Gobierno reconoce que se cometieron errores. Y nosotros decimos: ¿hubo directrices?, porque en ese concurso se benefició claramente a unas radios, a unos licitadores, amigos del Gobierno, claramente, además se les favoreció, por ejemplo, con 32 licencias a una sola empresa, 32 licencias, lo cual favoreció totalmente el monopolio, y se castigó a otras. Nosotros lo que queremos saber es en qué situación van a quedar ahora estas que han sido castigadas, es la cuestión, y qué tipo de concurso se va a hacer. Porque los errores que se cometieron fueron fundamentalmente contra las radios críticas con la política del Gobierno, radios que emitían programas con los cuales el Gobierno no estaba muy a gusto. Oye, yo les digo una cosa, señores del Gobierno: si no les gusta la radio, apáguenla o cambien de emisora, lo que no se puede hacer es perseguir constantemente a esta gente. Yo hago lo mismo: cuando no me gusta una radio, cambio de emisora. Yo les recomiendo Radio 3 o Radio Clásica. Pero lo que no se puede hacer es instigar un proceso de persecución, con multas de 100 000 euros. Actualmente tenemos tres radios con multas de 100 000 euros, gente que se ha arruinado y gente que tuvo que cerrar la emisora. Se cometieron numerosas anomalías. Por ejemplo, el artículo 28.3 de la Ley 7/2010 decía que era obligado incluir la experiencia y la solvencia y resulta que una de las consecuencias de ese concurso fue que a algunas empresas -amigas del Gobierno, por supuesto- se les otorgaron 32 licencias. Una empresa que después fue declarada insolvente en el procedimiento abreviado 89/2011, declarada insolvente una empresa a la que en el concurso se le dieron 32 licencias. Yo creo que ahí hubo directrices claras de beneficiar.
Se condenó a emisoras locales, se condenó a emisoras locales por motivos...; por ejemplo, se les ha acusado de que no eran lo suficientemente canarias. Por ejemplo, a la radio Onda Tagoror, de nuestro estimado amigo, amigo de todos ustedes también, Sito Simancas, se le dijo, a una radio de toda la vida y un poquito más allá, se le llegó a decir que su radio no era lo suficientemente canaria, y se lo dijo un alto representante del Gobierno canario, se le dijo, cuando resulta que a este señor se le había dado esa misma semana la Medalla de Canarias por haber contribuido a crear Canarias, y resulta que su radio no era lo suficientemente canaria, de La Gomera, y se le cerró. Eso no es un error porque el problema era muy complejo, señoría, eso fue claramente... Y además su emisora se le dio a una radio peninsular, Kiss FM, que además no contrata y...
La señora PRESIDENTA: Se acabó el tiempo, señor Déniz.
El Gobierno, señor consejero. Doce minutos.
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes a todos.
Antes de entrar en materia, permítanme una breve referencia a los antecedentes, que creo que conocen pero es bueno para situar en qué términos se da la sentencia, las varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Estaba recordando el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario la Ley General de Comunicación Audiovisual, en el año 2010, y la aprobación en Canarias del Decreto 80/2010, sobre servicios de comunicación audiovisual. Las concesiones de radio, como ustedes saben, a partir de ese momento se convertían en licencias con una vigencia de quince años. Y este nuevo marco regulador transformó las licencias de 43 a las 44 concesiones existentes, quedando extinguida una de ellas.
Posteriormente, también en el año 2010, en el verano del 2010, mediante resolución del viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, se convocó el concurso público para el otorgamiento de nuevas licencias, adecuándose en la planificación que se realizó al real decreto por el que se aprobó el plan técnico nacional. Y finalmente, en abril del año 2012, se resolvió el concurso convocado por el Gobierno.
Y, efectivamente, entraron lo que es... en este caso la sentencia. Permítanme que haga referencia a la Sentencia del 24 de junio de 2016, de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. Dictó esa sentencia y debo decir también que hasta el día de hoy han sido notificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias 28 sentencias que afectan a 135 frecuencias de las 156 licencias adjudicadas por el Gobierno de Canarias en el año 2012. La sentencia se centra, con carácter general, en si los criterios de valoración aprobados por la mesa son ajustados a las bases publicadas con la convocatoria del concurso y si su aprobación con posterioridad a la apertura del sobre número 1 ha tenido incidencia en la valoración de las proposiciones. El Tribunal Superior de Justicia ordena retrotraer las actuaciones hasta la segunda fase del procedimiento, esto es, la constitución de la mesa, pero teniendo en cuenta y conservando la apertura del sobre número 1 y admisión de licitadores y la apertura del sobre número 2, con el propósito, tal y como establece la sentencia, de que se proceda a una nueva valoración, ahora sin consideración a los subcriterios anulados, sin perjuicio de que la mesa pueda, en cuanto a actos de preparación de su fase valorativa y con la finalidad de propiciar un trato igualitario a todos los licitadores, aprobar otros que se ajusten a las bases, motivando las puntuaciones otorgadas en la forma también señalada y resolviendo sobre las propuestas de adjudicación de las licencias.
Por lo tanto, señorías, en definitiva, los pronunciamientos de la sentencia entienden contrario a las bases la introducción por la mesa de algunos de los subcriterios, los que supone vulneración, según el tribunal, de la vinculación legal que tiene el concurso con las bases, y la procedencia de retrotraer las actuaciones a la fase de constitución de la mesa y evaluación de las ofertas.
Una vez analizado y estimado el contenido de la Sentencia 291/2016, primera de las notificadas, junto con las restantes 27, el Gobierno participó del criterio de las consideraciones expresadas por los servicios jurídicos para no interponer recurso de casación contra esa sentencia y los posteriores contenidos que pudieran verse en otras sentencias de características similares.
En definitiva, lo que hace esa sentencia es que en el... (ininteligible) número 7, del 8 de abril de 2011, utilizado por la mesa que trató el concurso, lo que hace es que hay cuatro subcriterios que el tribunal considera que no están ajustados a las bases y, por lo tanto, los anula. Como los anula, puede y nos hace retrotraer, es posible que, no teniendo en cuenta esos cuatro criterios, puedan ser adjudicatarias en esa nueva revisión otras emisoras o las mismas emisoras. Eso no lo podemos presuponer en este momento.
Y, por lo tanto, estamos en esa fase. Estamos en la fase, señorías, de hacer lo siguiente: una vez que el Gobierno ha decidido no recurrir en casación, lo que ha hecho el Gobierno es empezar a trabajar en el cumplimiento exacto de la sentencia. ¿Qué es lo que está haciendo? Por una parte, ha empezado a preparar lo que será la nueva mesa que dé continuidad al concurso en el momento procedimental que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y para eso ya se están pidiendo, bueno, ya hay algunas personas nombradas, de la Intervención General, de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y faltan algunas personas de lo que es el servicio -saben ustedes que la Viceconsejería de Comunicación está en Presidencia del Gobierno-, pues, funcionarios de, en este caso, de Presidencia del Gobierno para completar lo que sería la mesa. Una vez constituida la mesa, se hará un planning de trabajo. Acuérdense de que hay que trabajar con miles de documentos y de que hay que retrotraer el expediente al momento procedimental que dice la sentencia del tribunal. Por lo tanto, un planning de trabajo para que las personas, las personas que presentaron, se presentaron al concurso sepan exactamente cuáles son los tiempos aproximados en los que se puede dictar una resolución por parte de la mesa y, por lo tanto, una nueva adjudicación de esas frecuencias de radio. Y paralelamente a esto ya se ha firmado el planning de lo que es la inspección técnica en Canarias y, por lo tanto, solo falta su publicación en los boletines correspondientes.
Y decirles también que se ha abierto una vía de negociación por parte de la comunidad autónoma con el Estado, que por lo visto está dando los frutos adecuados, precisamente también para abrir esa vía que permita resolver los problemas que tenemos aquí, en Canarias, de cuántas emisoras caben realmente, y a ver si hay posibilidades de ampliar el espectro y que, por lo tanto, den más frecuencias a Canarias.
Esto es lo que puedo concluir en estos momentos. Y, por lo tanto, lo que les estoy comentado y resumo es, acatamiento de la sentencia, cumplimiento de la sentencia, retrotraer el expediente al momento que dice la sentencia, preparar la nueva mesa que va a adjudicar ese procedimiento y hacer el planning con el cual todas las personas que se presentaron a ese concurso sepan en un tiempo cierto cuándo va a haber una nueva resolución de la adjudicación de las frecuencias.
Tiempo ahora de intervención para el resto de los grupos. Comenzamos por el Grupo Mixto. Señora Mendoza, por tiempo de cuatro minutos.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Está claro que toda resolución de concurso público entraña dificultades y con más razón en este caso, pues está en juego la supervivencia de medios de comunicación. Y, por tanto, hay que tener especial cuidado para no causar perjuicios y mucho menos causar injusticias como las que desafortunadamente se produjeron en la resolución de junio del 2016.
Como sabemos, el 29 de julio de 2010 el Ejecutivo regional convocó el concurso público para el otorgamiento de 156 licencias. Se presentaron nada menos que 642 ofertas. Esto evidencia que las empresas entendieron la convocatoria como una gran oportunidad y una nueva etapa. Se venía a dar respuesta a la demanda de las radios comerciales en Canarias. Sin embargo, como todos ya sabemos, el resultado no fue tan positivo como se esperaba. Hasta la fecha han sido notificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias alrededor de veintidós sentencias y aún hay más casos pendientes de resolución que afectan a 132 frecuencias. Eso era lo que yo tenía entendido. Se obliga a la comunidad autónoma a volver a valorar las ofertas, sin tener en cuenta los criterios o subcriterios anulados en relación con las bases, y adjudicar de nuevo las licencias radiofónicas, con la motivación y explicación oportuna, ciñéndose a la legalidad.
Cabe la posibilidad, por tanto, de que se modifiquen todas o gran parte de las adjudicaciones, que la ejecución de la sentencia, como en sus propios términos indica, podría producir que se mantuviera la concesión otorgada o bien que hubiera un resultado distinto que corregiría la actuación erróneamente realizada. Tenemos que ser conscientes de que en este caso, al ser por irregularidades del Gobierno, las licencias que sean retiradas, esas radios van a pedir responsabilidad patrimonial a la comunidad autónoma, y hablamos de mucho dinero.
Agrupación Socialista Gomera quiere hacer hincapié en que los criterios por los que se debe regir todo concurso público son los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, y a estas alturas creo que ya deberíamos tenerlo claro. Y es necesario posibilitar también que se pueda competir en igualdad, sin excluir a las pequeñas y medianas empresas radiofónicas, que no pueden asumir un alto coste y que, sin embargo, han sido la voz de su territorio, como sucede con la radio Onda Tagoror, en La Gomera. Y es que tengo que nombrarla, ya la ha nombrado el señor Déniz. Pero, miren, ha sido una radio que en La Gomera es conocida más bien por ser la voz de la isla. Toda una vida dedicada a la radio; pues, se queda fuera por baja puntuación. De acuerdo, se acepta, ¿pero no creen que es injusto que a otra radio -no voy a decir el nombre, aunque ya el señor Déniz lo ha dicho- le den licencia en la isla con las condiciones, entre otras, de que tiene que tener estudios en las localidades en las que se le dé licencia? A día de hoy esos estudios no existen. Otra era contratar un número determinado de personas; tampoco existen, no están contratadas. Y una radio como la de Onda Tagoror, que sí cumplía con esos requisitos y que tenía unos estudios en la isla y que contrataba gente, a día de hoy esa radio tiene las puertas cerradas.
Y no quiero terminar sin recordar, que ya lo han dicho, que, tal y como ha dicho el señor Déniz -creo que fue-, que esa radio que hoy está cerrada obtuvo el Premio Canarias de Comunicación 2015. Es un poco contradictorio. Además que la señal que está actualmente, que se produce actualmente en La Gomera, no se produce en La Gomera, se emite en La Gomera pero ni siquiera se produce en La Gomera.
Resalto, asimismo, la obligación de hacer cumplir la ley audiovisual y subrayo, por último, la importancia del sector radiofónico en nuestro archipiélago, una trascendencia que lleva a Agrupación Socialista Gomera a confiar en un nuevo reparto.
Turno ahora para el Grupo Nueva Canarias. Señor Rodríguez, cuatro minutos.
Es evidente, y aquí lo hicimos constar en más de una ocasión algunos de los portavoces, que ese fue un concurso chapucero. No había que ser adivino para saber que se iba a judicializar y tampoco había que ser adivino para concluir que el Gobierno iba a salir malparado. El tiempo, a los que decían que nos adelantábamos a los acontecimientos, que éramos unos agoreros, nos dio la razón. Como pasó también con las TDT. Y hay que decir que detrás de esta decisión está el mismo partido y el mismo gobierno.
Yo soy plenamente consciente de que el espacio radioeléctrico tiene que ser transferido en su totalidad a nuestra comunidad, y no, como ocurre ahora, solo una parte, para poder dar respuesta al conjunto de las necesidades. Pero, sin perjuicio de que en ese terreno se tenga que avanzar, se tenga que conquistar más autonomía política en la materia -que desde mi organización política defendemos-, cuando se tienen responsabilidades hay que gestionarlas bien y yo creo que el concurso ha sido un desastre y ahora vamos a ver las consecuencias.
Porque hubo una adjudicación, que ahora está cuestionada -es cierto que no el conjunto de la convocatoria sino su baremación- pero hubo adjudicatario. Algunos, no muchos, según me dicen, cumplieron con los requerimientos cuando se obtiene una concesión de estas características, y es cumplir con un plan que va desde las instalaciones al personal, a la producción. Yo le pregunto: ¿cuántos de los adjudicatarios han cumplido con su deber? Porque hay algunos que nada hicieron a pesar de tener la adjudicación; es más, andan vendiendo y negociando con esas autorizaciones. ¿Qué pasa, señor consejero, con las autorizaciones concedidas y sus obligaciones?, ¿qué inspección ha hecho el Gobierno en esta materia?, ¿tiene usted un balance de quién cumplió, de quién no cumplió, si siguen en manos de los adjudicatarios o han cambiado de manos? Primera consideración.
Segunda. Hubo gente que se presentó y fue excluida, como la radio aquí citada; hubo gente que se presentó y fue excluida, pero luego, en un proceso de inspección yo creo que altamente sospechoso, fueron sancionados. Qué casualidad, las pequeñas radios sancionadas -mañana lo veremos en una PNL del Grupo Socialista- son radios razonablemente independientes. ¿Qué va a pasar con esos expedientes?, aunque tenemos alguna noticia de su paralización, que aquí defendimos también con pasión algunos, con poca respuesta por parte del Gobierno.
Y la última consideración, porque el tiempo es escaso: si el Gobierno ha valorado la posibilidad de reiniciar el proceso. Sé que hay derechos adquiridos, sé que la sentencia se refiere a lo que se refiere, pero sería muy interesante volver a empezar. Es fácil de enunciar y más difícil de ejecutar. Pero si esta posibilidad la ha considerado el Gobierno y la ha descartado por razones legales, me gustaría también saberlo.
Pero, en definitiva, me interesa que me diga qué pasa con los adjudicatarios, qué pasa con las sanciones y qué pasa con los derechos adquiridos, porque el que invirtió, si el baremo le excluye, va a reclamar, como ha dicho la señora portavoz del Grupo Mixto; qué va a ocurrir con estas cuestiones y qué balance hace por parte de los servicios jurídicos de los daños patrimoniales que pudiera generar semejante chapuza.
Turno ahora para el Grupo Popular, el señor Jorge.
El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Gracias, presidenta.
Desde el escaño quiero intervenir de manera breve, porque los anteriores intervinientes han expresado con claridad cuáles han sido las motivaciones, en fin, el recorrido que ha tenido el concurso del espacio radioeléctrico en Canarias.
Nosotros no somos partidarios, señor consejero, el Grupo Popular, de sacar un nuevo concurso. De lo que somos partidarios es de que se cumplan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, las distintas sentencias que se han ido realizando, y volver a baremar de acuerdo con los criterios que la propia sentencia dice y con los criterios que el propio pliego establecía inicialmente, porque ha quedado demostrado, de acuerdo con la sentencia, que se modificaron los criterios de valoración tras la apertura de las plicas, se alteraron los criterios técnicos después de analizar las ofertas, se incumplieron los principios de transparencia y de igualdad de trato a los solicitantes y no existió una motivación detallada en la adjudicación de las mismas.
Señor consejero, yo, a diferencia de otros, no quiero, ni lo voy a hacer, prejuzgar la actuación del Gobierno de Canarias en este tema, ni siquiera lanzar veladas acusaciones respecto de la actitud del Gobierno en relación con favorecer a unas o a otras empresas, porque, como no lo tengo contrastado, no me parece adecuado hacer eso en sede parlamentaria, pero sí que, después de la petición de comparecencia de Coalición Canaria y de Podemos, comparecencias, por cierto, pedidas hace más de seis meses a esta Cámara, bueno, pues, me gustaría que el Gobierno, usted como representante del Gobierno en este caso, nos diga o nos profundice, porque algo nos ha adelantado en su primera intervención, qué es lo que va a hacer al respecto de las sentencias.
Nos ha dicho, si no me equivoco, que se está preparando una nueva mesa para darle continuidad al concurso. ¿Hay alguna persona de ellas que vaya a repetir, de la mesa que estaba anteriormente, en la nueva mesa? En fin, por información tenerla.
El planning de trabajo en relación con, en fin, el desarrollo del trabajo, para volver a baremar los miles y miles de documentos al respecto.
Me interesa destacar también y que profundice en el planning de inspección técnica que usted también mencionó en su intervención.
Y, finalmente, también la negociación con el Estado respecto a la posibilidad de obtener mayores frecuencias.
Y, finalmente, me gustaría, y lo enlazo con una PNL que hay mañana, me gustaría conocer cuál es su opinión al respecto de intentar que aquellas empresas radiofónicas que no tienen ánimo de lucro puedan tener una salida, digamos, al espectro radiofónico sin necesidad de concurso alguno.
Grupo Socialista, señora González.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña Ana): Gracias, presidenta.
De todos es conocido que cada vez que tanto a nivel nacional como a nivel autonómico se abre el melón de la concesión de las nuevas licencias, bien de televisión o bien de radio, se reabre un tiempo de polémica, porque muchos son los intereses que confluyen en dichos procesos, económicos, empresariales y a veces, para mal, hasta políticos. Como Canarias no es inmune a esto, a estas circunstancias, también aquí se ha desatado la polémica con ocasión del concurso público sobre el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en nuestra comunidad.
Y las cosas se hicieron mal, las cosas se hicieron mal por Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias, hasta tal punto que el partido que represento se ausentó en ese Consejo de Gobierno donde se trató este tema en la legislatura pasada, como es público y notorio.
Y al final de un largo recorrido, señor Román, el tiempo nos ha dado la razón, y es por eso que hoy estamos discutiendo sobre este tema en dos comparecencias y mañana defenderé una proposición no de ley que tratará de paliar los efectos negativos de las cosas mal hechas. Sí, señorías, cosas mal hechas y sin sentido. Sin sentido en el proceder e incoherencia manifiesta y alarmante de la máxima autoridad de Canarias, el señor Clavijo, que el 31 de enero del presente año intervenía en una radio de Lanzarote, denominada O2 Radio, cediéndole una entrevista cuando esa radio ha sido objeto de una sanción firme, mediante la resolución número 41, de fecha 19 del 11 de 2015, en cuantía de 120 000 euros, por emitir sin licencia y tras haber sido previamente apercibida hasta en tres ocasiones. Y para más inri, y a diferencia de otras, sin ni siquiera haber participado en su día en el concurso de radio de todos conocido. ¿Y cómo puede explicarse esto?: pues desde la perspectiva de "yo ordeno machacar a unos y legitimar a otros". ¿O es de recibo que el señor Clavijo intervenga en una radio sancionada y que emite ilegalmente según su propio Gobierno?
Señorías, lo expuesto ha venido a ser refrendado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que en múltiples sentencias ha venido a tumbar el mencionado concurso, puesto que aquellos que tenían que velar por la pulcritud legal del mismo, lejos de hacerlo, introdujeron, sorpresivamente, unas modificaciones de las bases mediante extraños subcriterios, que contaminaron por ilegal la posterior decisión, anulada por la justicia. Y tal fue así que mayor... la menor prueba de ello fue la propia reacción del Gobierno ante el varapalo judicial, que fue ninguna, de no recurrir y acatar la sentencia.
Pues muy bien, habiendo transcurrido esto y todo lo que conlleva, porque habrá que revisar el concurso con la posibilidad de que partes que no obtuvieron licencia ahora puedan tenerla o de otras que la obtuvieron puedan perderla, lo cierto es que entre todos debemos hacer un esfuerzo por buscar una solución justa y equitativa para darle un impulso a nuestro sector audiovisual, sin atajos, sin trampas, con la mayor de las transparencias y rectitud en el proceder, reactivando nuestra demanda ante el Estado para que se asigne a Canarias un mayor número de frecuencias que pudieran dar cabida a aspiraciones planteadas, como desde el Partido Popular se hizo en su día, y para ello contarán con el Partido Socialista. Si quieren nuestra colaboración la tendrán, pero si, por el contrario, alguien piensa que puede volver a la senda de la discriminación con base en "a este sí porque nos trata bien o porque es de los nuestros" o "a este no porque nos critica o es dueño o es próximo a un partido", como único criterio de valoración para la concesión, ahí nos va a tener en contra al Partido Socialista, aquí y donde haga falta.
Grupo proponente, Grupo Nacionalista, señor Ruano, por tiempo de once minutos.
Consejero, quisiera por lo menos que en esta comparecencia, con la dificultad del asunto desde el punto de vista de su solución final, porque desde el punto de vista temporal, cuando se constituya una nueva mesa de evaluación y proceda según lo que ha mandatado el Tribunal Superior de Justicia, el proceso sigue siendo un proceso complicado, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los derechos adquiridos, algunas personas lo han dicho y en fin... Pero sí quisiera dejar muy claro, muy claro, básicamente por la intervención del portavoz de Podemos... -no sé si es de Podemos o de Sí se Puede, si ahora es lo mismo o no, en fin-, pero el portavoz de Podemos nos decía que el planteamiento era beneficiar a amigos y lamentablemente la portavoz del Grupo Socialista también acabó con esa aseveración. Solo quiero decirles que este proceso, que ha sido muy complejo, tuvo también una fase de prejudicialidad penal, es decir, llegó a producirse, llegaron a producirse querellas por parte de radios o de titulares de empresas de radio que se consideraban perjudicados, y eso fue resuelto y archivado en la jurisdicción penal, tal como consta en la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la primera, la que citó el consejero, que al final se ha reproducido en treinta y pico ocasiones. El auto es de sobreseimiento del 20 de noviembre de 2014 y, por tanto, está meridianamente claro que no hay un problema de esa naturaleza en este concurso.
Es más, cuando se lee la sentencia a la que se refería el consejero -que es posiblemente la más importante, desde el punto de vista de su contenido, es la que fija la jurisprudencia en la cual se apoya el conjunto de las sentencias posteriores-, viene a decir, en resumen, que se impugna el Decreto 30/2012, de 4 de abril -por tanto, un decreto de la pasada legislatura autonómica, no de esta-, y en la resolución se dice, o en los fundamentos jurídicos de la sentencia se dice que ya la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2011 admite la posibilidad de que se desarrolle con posterioridad a la apertura de los sobres una serie de criterios. Eso está admitido por la jurisprudencia, es posible hacerlo. Lo que viene a decir la sala del Tribunal Superior de Justicia es que no es posible que esos subcriterios puedan ser contradictorios con las bases y, tal y como dijo el consejero de Presidencia, el tribunal considera que cuatro de esos subcriterios son contrarios a las bases y, consecuentemente, declara no ajustados a derecho esos subcriterios, y de ahí deriva la necesidad de retrotraer el concurso hacia la fase de constitución de una nueva mesa de evaluación. Que puede elaborar unos nuevos subcriterios, lo único es que estarán condicionados obviamente por las bases, que se conocen como la ley del concurso, y naturalmente a partir de esa nueva definición se produce la adjudicación.
Desgraciadamente, yo creo que... no lo sé, en fin, no es mi función aquí hacer ese papel, pero la pregunta del señor Rodríguez al consejero sobre la posibilidad de que se reiniciara el concurso en su totalidad parece muy difícil desde el punto de vista de los derechos que se han planteado por el conjunto de empresas de radio que concursaron.
Tenemos una preocupación que compartimos con el portavoz de Podemos, el señor Déniz, en relación con la cuantía de las sanciones, es decir, cuál es el marco de autonomía del que disponemos en materia de telecomunicaciones para poder establecer alguna normativa diferente, propia, si tenemos capacidad, si el grado de autonomía que podemos tener en materia de telecomunicaciones nos permite establecer normativa propia. ¿Por qué digo eso?, porque es que el marco de aplicación de las sanciones, a aquellas radios que continuaron emitiendo, que están fuera del concurso y, por tanto, fueron sancionadas, es el que está establecido en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, la ley estatal. Y es la ley estatal la que fija la cuantía de las sanciones en unos importes realmente elevados: cuando son muy graves, en casos radiofónicos, van de 100 001 euros a 200 000 euros, cuando son sanciones por faltas graves en materia radiofónica van de 50 001 a 100 000 y, cuando son leves, van hasta 50 000 euros, en el caso de las infracciones en materia radiofónica. Existe ya la posibilidad de plantear quizás, comprobar cuál es el grado de autonomía que podamos tener de cara a una regulación específica. Creo que merece la pena que exploremos esa posibilidad, nuestro grupo lo va a hacer, con el propósito de conformar una proposición de ley, si finalmente alcanzamos la consecuencia, con el dictamen que obviamente dependerá del Consejo Consultivo, para ver si tenemos capacidad política para tener un marco propio que impida que se puedan producir sanciones que pueden resultar confiscatorias desde el punto de vista del funcionamiento de un medio; es decir, si al final una pequeña radio comete una infracción muy grave y le meten 100 000 euros de multa, obviamente no va a poder, no solo no puede afrontar la sanción sino que obviamente es confiscatoria de la propia actividad, y eso vamos a valorarlo, vamos a verlo, vamos a estudiarlo.
Por tanto, en este momento, nosotros dijimos casi al principio de la legislatura, en el debate de investidura, y lo hemos dicho, y no nos duelen prendas reconocerlo, que hemos hecho muchísimas cosas bien hechas para Canarias, pero también se han cometido errores. Este concurso, desde el punto de vista de su resultado, no ha sido un buen concurso, porque no ha producido los efectos que se buscaban, en un marco que desde los años 80 venía operando en un régimen, algunos de legalidad y otros de alegalidad, de un panorama radiofónico lleno de emisoras, sobre todo de naturaleza local, que tenían que ser reguladas y en ese marco tendrían que cumplir el plan técnico estatal y el Gobierno de Canarias proceder a la articulación de un concurso que les diera cabida. Y realmente el propósito más lógico era que tuviera la capacidad aquel concurso de dar entrada a aquellos que venían ya emitiendo. Esto ocurre como ocurre a veces, por ejemplo, en temas tan controvertidos como las oposiciones a la Administración pública, donde hay funcionarios interinos que tienen, después de mucho tiempo, una expectativa de quedarse en la Administración y que pueden resultar desplazados ante procedimientos de nuevas oposiciones o concursos. De igual manera opera un modelo que tiene que regularlo dentro de un marco limitado del espectro que fija el Estado y que en este momento el Gobierno intenta ordenar.
Por tanto, lo primero que queremos decir es que felicitamos al Gobierno por la decisión de no enturbiar más las cosas, no producir recurso de casación frente a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y reemprender de nuevo el camino allí donde ha dicho el Tribunal Superior de Justicia que hay que reemprenderlo.
Esperamos, por tanto, que eso represente un avance. Creemos que eso puede facilitar algunas cosas, si bien no sabemos si esa va a ser la solución que hace cuatro años, cinco años, es decir, por lo menos antes de la propia convocatoria del concurso por el Decreto 2012, hubiera sido la deseable. Lo cierto es que los hechos se han producido y ahora intentamos paliar esos hechos conforme a una nueva etapa en la cual hemos definido que no procede el planteamiento del recurso de casación y, por tanto, el Gobierno debe cuanto antes conformar esa mesa de evaluación y proceder conforme ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Turno ahora para otro grupo proponente, señor Déniz.
El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Bueno, en primer lugar aplaudo la autocrítica, señor Ruano. No solamente lo agradezco yo sino yo creo que la gente, o sea, la que más ha sido perjudicada en el concurso, dichoso concurso, porque ya, insisto, hay personas que tienen sobre sí, pues, en fin, una confiscación de sus bienes y multas de 100 001 euros y hay gente que lo ha pasado bastante mal... Entonces yo creo que esta gente, en fin, también está aplaudiendo, en fin, la autocrítica del Gobierno. Efectivamente, yo soy de los que creo que tampoco lo han hecho todo mal, pero, efectivamente, esta es de las cosas que se hicieron bastante mal, y creo que ahora tenemos nosotros, ustedes, fundamentalmente el Gobierno, también la obligación de enmendar esta situación en los términos.
La sentencia es bastante clara, dice que se modificaron los criterios de valoración en contra de lo establecido en las bases, y esos criterios se modificaron una vez abierta la primera plica. ¿Entienden? Entonces, yo no sé lo que ustedes plantearon antes pero yo creo que los criterios de valoración nunca se pueden modificar cuando el concurso está en marcha. Entonces, en ese sentido, señor Jorge, es en el que yo y muchas radios y muchos afectados decimos que efectivamente aquí se ha beneficiado a unos y se ha perjudicado a otros. En ese sentido, por ejemplo, tenemos una consecuencia inmediata de todo este asunto, que es el monopolio tan grande, en detrimento de la pluralidad informativa, porque no puede ser -y miren ustedes el dato- que 12 empresas acumulen 121 adjudicaciones de las 156 posibles. Es decir, 12 empresas tienen 121 adjudicaciones de las 156 posibles. Entonces, señor Barragán, usted no puede decir que en Canarias no hay el suficiente... bueno, estaba por discutirlo, si hay o no hay el suficiente espacio radioeléctrico para todas. Haberlo lo había, lo que pasa es que digamos que se concentró. Yo no sé si puede haber más o menos, pero evidentemente el poco disponible se ha concentrado de manera, en fin, desproporcionada y yo creo que malintencionada en unas más que en otras. Y por eso, señor Jorge, es la manera en que nosotros sospechamos que aquí hubo bastante beneficio. Por ejemplo, a dos empresas de las que se han, digamos, nombrado aquí, y yo la he nombrado. A Kiss FM, por ejemplo, se le dieron 32 licencias, 32 licencias, una empresa que incumple claramente las bases del concurso, que era tener un estudio por cada licencia y también contratadas personas. Entonces tienen un repetidor en Tenerife, desde la península ibérica transmiten música y están trabajando, no han contratado a nadie y con un repetidor están mandando música para toda Canarias. ¿Eso es nacionalismo? Entonces, si eso es nacionalismo, usted se explicará entonces la desafección tan grande y tan profunda que algunas personas tienen y duden del nacionalismo de ustedes. Porque es que además de las empresas sancionadas ninguna es de fuera, todas son canarias, curiosamente. Radio San Borondón, Radio Murión en La Palma, Radio San Borondón, en toda Canarias, y Onda Herreña, todas son canarias, son las sancionadas. Es que, ¡hombre!, ¡por favor! Entonces de qué estamos hablando, ¿de nacionalismo?, ¿de protección de lo nuestro? ¿De qué? No lo entiendo, sinceramente, y mucho menos lo entiende esta gente.
Además, después, más tarde, en vez de inspeccionar a las empresas adjudicadas por ver si cumplían o no cumplían, por ejemplo, como lo que he dicho, si cumplían o no cumplían con lo que se adjudicó, no lo han hecho. Ninguna se ha inspeccionado, todo lo contrario, se ha perseguido a las radios que no tenían licencia y se las sigue persiguiendo. Entonces yo creo que aquí, de esta comparecencia, tiene que salir una cosa clara, y es que cese ya el hostigamiento contra estas tres radios citadas y en la medida de lo posible también se reparen los daños de otras radios que, no siendo críticas, fundamentalmente con la política del Gobierno... Y también con la política nuestra, ¿eh? No se crean ustedes que solamente algunas radios han criticado al Gobierno: a mí me han criticado en alguna radio y ya les digo, no me gustaba y la apagaba; bueno, a veces incluso también la dejaba para ver lo que estaban diciendo. Digo, bueno, pero, oiga, eso es así, la libertad de información es que es así y es la libertad de expresión, ¿me explico? Es decir, en vez de inspeccionar a las que se adjudicaron para ver si cumplieron el contrato, lo que hicieron fue seguir hostigando a estas tres radios citadas. Entonces yo creo que ustedes tienen que enmendar esta situación.
Por todo ello, nosotros entendemos que si el Gobierno no recurre la sentencia, la sentencia es firme. Luego, entonces, la adjudicación anterior es nula, es decir, o todas las radios que están emitiendo actualmente en Canarias son legales o todas son ilegales. Por lo tanto, no hay radios ilegales actualmente. Es lo que estoy planteando. La sentencia es firme; luego, el concurso fue invalidado; luego, no hay radios legales y radios ilegales, y esto hay que resolverlo.
Nosotros creemos que tiene que procederse a una revisión de oficio donde las sanciones impuestas... Las sanciones -es una cuestión en la que nosotros mañana también, en la propuesta del Partido Socialista, vamos a incidir bastante- tienen que revisarse de oficio. No tiene sentido mantener las sanciones cuando, por culpa del Gobierno anterior, todas las emisoras que no tenían licencia, desde el 89, son ilegales. Le recuerdo a usted que el viceconsejero anterior se va a sentar en el banquillo de los acusados por sancionar selectivamente a unas emisoras y a otras no. No es culpa de las emisoras que carezcan de licencia puesto que, insisto, el concurso fue nulo.
Por lo tanto, yo entiendo, y el Grupo Podemos entiende, que este Gobierno tiene que suspender de inmediato las sanciones. Y esa es la alegría más grande que ustedes le pueden dar a toda la gente, no solamente a los que oyen la radio sino a la gente que a duras penas sigue emitiendo y a los que tuvieron que cerrar la radio, como por ejemplo Onda Herreña. Creo que es una buena noticia que ustedes, ya que estamos hoy de buenas noticias -contra las torretas, todo el mundo y demás-, pues, también podemos nosotros rectificar, y ustedes creo que tienen que rectificar.
Además nosotros entendemos que tiene que convocarse un nuevo concurso, un nuevo concurso que además contemple otro tipo de bases. Por ejemplo, que no favorezca el monopolio en ningún caso; es decir, una de las bases de este concurso tiene que ser que no se favorezca el monopolio. Y además entendemos nosotros que en este concurso deberían fijarse, digamos, criterios que distingan y que, digamos, fomenten, que distingan las radios públicas de las privadas y también de las comunitarias, porque hay radios comunitarias que no tienen ningún tipo de fin de lucro, que tienen una función social muy importante en Canarias. Estoy hablando de Radio Pimienta, en La Orotava, estoy hablando de la histórica y querida Radio Guiniguada, en Gran Canaria. Estoy hablando de este tipo de radio que cumple un servicio social y que no tiene la capacidad para competir en un concurso en igualdad de condiciones con otras radios con un potencial económico importante. Entonces me parece que en este concurso tiene que distinguirse este tipo de criterio, los tres criterios.
En definitiva, en fin, lo que decimos es que me gustaría que el señor consejero ahora nos respondiera, a toda la ciudadanía de Canarias, oyentes o no oyentes, en qué quedan las multas. Es decir, si ese concurso se va a hacer, y ustedes pueden estudiar los criterios que yo les he mencionado, y fundamentalmente si las multas se les van a quitar. Para decirlo claramente, las multas, expedientes sancionadores o como ustedes quieran, pero de manera que todos lo entendamos. Me gustaría que el consejero dijera que, en consecuencia con el no recurso del Gobierno a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, este Gobierno retira las sanciones a las radios citadas.
Para cerrar esta comparecencia, el señor consejero. Doce minutos.
Voy a ver si soy capaz de responder a algunas de las cuestiones que se han planteado. Y digo voy a ver si soy capaz, porque hay algunas cuestiones que se han planteado que hasta que no se resuelva el recurso es imposible de saber.
¿Empezar un nuevo concurso, es decir, tenemos una sentencia que nos dice "retrotraiga usted ese concurso a este momento procedimental, que es donde lo tiene que colocar", y nos proponen que hagamos un nuevo concurso y no cumplamos la sentencia? Es decir, nosotros tenemos ahora mismo una sentencia que dice, "oiga, colóquese aquí; usted ha tenido cuatro criterios o subcriterios por parte de la mesa que no se ajustan a derecho, que se no ajustan a las bases del concurso, elimínelos, haga otros nuevos si quiere, dentro de la potestad que tiene la mesa, pero esos no los puede utilizar, y, por lo tanto, vuelva a adjudicar las frecuencias en base a los criterios o las bases del concurso". Eso es lo que nos está diciendo el tribunal que hagamos. Nosotros hemos dicho: "pues, no recurrimos en casación y nos vamos a ese momento procedimental", y he explicado antes que ya estamos intentando poner la mesa en marcha y paralelamente el plan de inspecciones.
Plan de inspecciones, que me preguntaban antes, el señor portavoz del Partido Popular creo que me hacía una referencia al plan de inspecciones. Espero que salga publicado muy pronto porque está firmado ya. ¿Y qué significa el plan de inspecciones? Antes se estaban haciendo también inspecciones que ponían en duda... y saben ustedes que algunas de las recurrentes, a las denuncias que se hacían o a los expedientes sobre las denuncias que se hacían por parte de la Administración, se decía que se carecía de un plan de inspecciones, que no se sabía exactamente cómo tenían que hacerse esas inspecciones. Bueno, se ha hecho un plan de inspecciones para que todo el mundo sepa exactamente qué se puede inspeccionar. Y después habrá un plan más específico, año por año, de cuáles son las medidas que se toman año por año por parte de los servicios de la comunidad autónoma a la hora de desarrollar ese plan de inspecciones, sin perjuicio obviamente de las denuncias que en cada momento es posible que presenten algunos ciudadanos u otras empresas que se ven lesionados por los derechos de las otras empresas. Pero eso es lo que hemos hecho en ese sentido.
Me hace gracia el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos cuando ustedes, que presumen de no estar con temas de islas, no estar con temas... sino que los ciudadanos son lo más importante, nosotros, que aquí hemos actuado sin tener en cuenta esas claves que usted dice, nacionalistas, sino el que tiene derecho como ciudadano o como empresario, si tiene derecho, aplicarles los puntos que dice la base del concurso y si sale elegido uno, pues, sale elegido y si sale elegido otro, pues, sale elegido otro. Esas son las condiciones que ponemos. Pero sabe usted también cómo fue el concurso, fue por lotes. Es decir, no sé si tiene en la cabeza que cada frecuencia es una emisora de radio; es decir, hubo emisoras que se presentaron a varias frecuencias, porque intentaban hacer una radio insular, hubo emisoras que solo se fueron al ámbito local y hubo emisoras que presentaron proyectos de ámbito archipielágico, y con base en eso y con base en lo que presentaron, había frecuencias que iban consiguiendo para poder retransmitir. Si no, sabe usted perfectamente que es imposible. Por eso a lo que usted llama concentración de frecuencias en una sola empresa depende de a qué concurso se presentó.
Vamos a continuar con algunas de las observaciones que se han hecho. Me preguntaban por las sanciones. Mire, la comunidad autónoma, de las emisoras que usted ha nombrado, la única que estaba afectada por el concurso, San Borondón, que tenía efectivamente una sanción impuesta, el Gobierno la ha suspendido, como consecuencia de esta sentencia. El resto, si no estaban presentadas al concurso, que estuvieran sujetas por el concurso sino por otro tipo de inspecciones, pues, mañana tienen ustedes una PNL y, con base en lo que valoren en la PNL, y dentro de la legalidad, veremos qué se puede hacer, para no meterme en lo que es el trabajo parlamentario y, por lo tanto, en lo que ustedes, sus señorías, puedan decidir mañana en esa PNL. Pero, en lo que afecta al concurso, la emisora a la que le afectaba el concurso, tan pronto como el Gobierno decidió no recurrir en casación, por lo tanto, aceptar y acatar la sentencia, como esa emisora podía ser una de las adjudicatarias como consecuencia de la revisión, se le ha suspendido la sanción hasta tanto se vea la nueva resolución del concurso.
Nos habla también, dice, "oye, ¿se ha inspeccionado a todas las emisoras...?". Ha habido inspecciones durante este tiempo. Aquí, en este Parlamento, hemos tenido debates sobre las inspecciones que ha hecho el Gobierno de Canarias a unas u otras emisoras, dependiendo de si esa emisora se movía más por los ámbitos parlamentarios. Su señoría puede coger el Diario de Sesiones de la pasada legislatura y tiene usted literatura, ¿no?, suficiente sobre temas de las sanciones que ponía el Gobierno de Canarias a las distintas emisoras o a empresas con frecuencias de radio.
Y después me quiero centrar en dos preguntas que también me han hecho que me parecen interesantes. El Gobierno lo que ha iniciado con el Gobierno del Estado son los contactos para establecer un marco de colaboración y de coordinación, cada uno en sus competencias, con una agenda que contempla desde la protección activa del espectro, es decir, ponernos de acuerdo en cómo debe funcionar, y la complementariedad de la potestad sancionadora de ambas administraciones, y que tiene mucho que ver con lo que ha dicho el señor Ruano sobre la experiencia que está habiendo ya en comunidades autónomas... Antes esto era inviolable, eso no se podía tocar, eran las sanciones del Estado, pero se ha abierto una vía jurídica que nos podría permitir que a nuestras concesiones, a las que son las frecuencias que nosotros damos aquí, poder aplicarles un tipo de sanciones distinto que no son las del Estado, y se abre una posibilidad ahí, como ha dicho el señor Ruano.
Y después plantear también que, dentro de esta relación, se han planteado las frecuencias que no son comerciales, y lo ha intentado meter -y discúlpeme que le haga la aclaración-... La idea de estas frecuencias no es de las emisoras como Radio ECCA o algunas de las que usted ha nombrado, esas no tienen una vocación comercial, ¿no? El problema que tenemos con la Ley General de Comunicación, como usted sabe, el artículo 32, y creo recordar que también era la disposición transitoria decimocuarta, decía que -cuando salió la ley- todo este espectro, de lo que ellos llamaban un sector no lucrativo, sin ánimo de lucro, tendría que desarrollarse con un reglamento posterior. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que ese reglamento no se ha desarrollado por el Estado, y otra de las cosas que estamos insistiendo ahora mismo con el Estado para resolver, de alguna manera, si no está el reglamento, alguna solución jurídica que le permita al Estado resolver el problema que tenemos ahora con Radio ECCA. Radio ECCA, que seguramente conocen ustedes, todas sus señorías, la tremenda labor que hace, la tenemos ahora denunciada por parte del Estado, en una inspección precisamente de frecuencias, porque dicen que las frecuencias en las que está emitiendo no son las correctas. No se puede presentar absolutamente nada y tenemos un problema de que o cierran en este caso en la isla de Tenerife o buscamos una solución jurídica con el Estado que les permita seguir emitiendo, en este caso las clases que emite a través de sus frecuencias. Por lo tanto, estamos trabajando en todas esas líneas para resolver el problema.
Pero, señorías, lo importante, lo importante para todos los operadores, primero, el Gobierno ha decidido no recurrir en casación; segundo, el Gobierno ha puesto en marcha el cumplimiento estricto de la sentencia; tercero, paralelamente se ha abierto un plan de inspecciones, un plan público, que todo el mundo conozca, para que todo el mundo sepa cómo se va a operar en las inspecciones en la Comunidad Autónoma de Canarias; cuarto, se ha abierto una línea de negociación con el Estado para resolver algunos temas de frecuencias, pero también para las emisoras -he contado específicamente el caso más sangrante, de Radio ECCA-, para ver cómo buscamos una solución para las emisoras que son no lucrativas, en el caso de Canarias. Y creo que con eso estamos dando una parte de cumplimiento de la sentencia y otra parte que nada tiene que ver con la sentencia, pero que también es para facilitar lo que puede ser el futuro del espacio de frecuencias de emisoras de radio en Canarias.
Hemos concluido esta comparecencia y también por hoy.
Se suspende la sesión y la reanudamos mañana a las nueve horas, señorías, nueve horas.
(Se suspende la sesión a las veintiuna horas y tres minutos).
9L/C-0692 Sobre -Gobierno-, sobre la situación tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias relativa al concurso público para otorgar licencias a las emisoras de FM.

References: artículo 28
 resolución 
 real decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 32