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Timestamp: 2019-02-19 11:54:58+00:00

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JURISPRUDENCIA DEL 5 DE MARZO 2010
Escrito por TRES PIES
Jueves, 11 de Marzo de 2010 14:55
VALOR PROBATORIO INFORME POLICIAL JURISPRUDENCIA DEL 5 DE MARZO DEL 2010
Proceso n.° 24954
Aprobado Acta No.360
Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de MAURICIO CHAPARRO BOSCH contra la sentencia de segundo grado de 28 de junio de 2005 mediante la cual el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la emitida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado del mismo Distrito Judicial, por cuyo medio lo condenó, conjuntamente con Johan Antonio Jaimes Quitián, como coautores del delito de lavado de activos.
El aspecto fáctico fue presentado por el Tribunal así:
“Con la ayuda de la Policía Nacional, a través de arduas investigaciones y seguimientos se encontró una organización criminal dedicada al ingreso de divisas ilegales al país, utilizando para ello maletas de doble fondo, burlando así los controles de seguridad de los aeropuertos.
“Tal actividad delictual funcionaba gracias a la distribución de funciones entre varias personas, quienes se encargaban cada una de realizar un oficio diferente, tales como el de encontrar a quienes ingresarían el dinero, utilizando contactos, además de apoyo humano y técnico de la labor.
“De las investigaciones e interceptaciones de comunicaciones, se conoció que ANTONIO PUERTAS y KARINA CUBILLOS, pretendían ingresar al país divisas, siendo capturados en situación de flagrancia; logrando colegir igualmente, que las personas afectadas en el proceso; MAURICIO y JOHAN participaban en la organización no sólo como correos humanos, sino también eran los encargadas de conseguir personas que viajaran e ingresaran el dinero, quienes al verse descubiertos huyeron de la justicia.”
Con base en los informes de policía judicial del Grupo de Investigaciones Financieras de la Dirección de Policía Antinarcóticos, la Fiscalía General de la Nación adelantó la respectiva indagación preliminar y dispuso abrir formal investigación penal en contra de Jaime Andrés Galán Piñeros, Juan Carlos Hernández Neira, Ilich Jaimes Quitián, Guillermo Huertas Fajardo y Marelbys del Carmen López Jiménez, a quienes mediante providencia de 22 de abril de 2003, una vez los escuchó en indagatoria, les resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva, sin derecho a la libertad provisional, como probables coautores del delito de lavado de activos —respecto de la última se predicó su participación solamente como cómplice—.
También fueron vinculados a la instrucción a través de declaración de persona ausente MAURICIO CHAPARRO BOSCH y Johan Antonio Jaimes Quitián y por proveído de 4 de agosto de 2003 se los afectó con la misma medida cautelar de carácter personal y por el referido ilícito.
Ante la manifestación de los procesados Jaime Andrés Galán Piñeros, Juan Carlos Hernández Neira, Ilich Jaimes Quitián y Guillermo Huertas Fajardo de acogerse a los beneficios de la sentencia anticipada, una vez se cumplieron las respectivas diligencias de formulación y aceptación de cargos, se rompió la unidad procesal y prosiguió el diligenciamiento respecto de MAURICIO CHAPARRO BOSCH, Johan Antonio Jaimes Quitián y Marelbys del Carmen López Jiménez.
Cerrada la instrucción, el mérito probatorio fue calificado el 14 de enero de 2004 con resolución de acusación por el referido delito de lavado de activos contemplado en el artículo 323 de la Ley 599 de 2000, manteniendo en relación con la procesada la imputación a título de cómplice.
En firme la calificación el 9 de febrero de 2004, una vez se aceptó el desistimiento del recurso de apelación promovido por el apoderado de Marelbys del Carmen López, la fase del juicio la adelantó el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, despacho que luego de surtir el acto público de juzgamiento, mediante sentencia de 28 de enero de 2005 absolvió a la citada enjuiciada del cargo formulado, pero condenó a MAURICIO CHAPARRO BOSCH y Johan Antonio Jaimes Quitián como coautores del delito objeto de acusación, a las penas principales de ochenta y cinco (85) meses de prisión y multa de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como a la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena aflictiva de la libertad.
En virtud del recurso de apelación presentado por la representante de la Fiscalía y los defensores de ambos procesados, el Tribunal Superior de Bogotá por decisión de 28 de junio de 2005 confirmó la condena.
El apoderado de CHAPARRO BOSCH impugnó de manera extraordinaria con la respectiva demanda de casación, declarada ajustada a los requerimientos legales y sobre la cual se recibió el concepto del Ministerio Público.
Al amparo de la causal primera de casación, el libelista formula dos cargos, en orden jerárquico, por violación indirecta de la ley sustancial.
Primer Cargo (principal): error de hecho por falso juicio de identidad
Refuta al Tribunal por haber edificado la decisión de condena en un solo indicio de responsabilidad en contra de su asistido catalogándolo como plena prueba, cuando en criterio del defensor, no se trataba de un indicio necesario, específico o unívoco.
En este sentido, señala que la transliteración de las grabaciones de las llamadas telefónicas, sin la comprobación espectográfica de la voz de su asistido, resultaba insuficiente para considerarlo como coautor del delito de lavado de activos, por ello, estima que se incurrió en un falso juicio de identidad ante la errada conexión entre el hecho indicado y el hecho indicador, pues no era jurídicamente posible de las grabaciones inferir que él era quien hablaba por teléfono.
Para el censor, no hay elemento de convicción acerca del acuerdo
previo o la existencia de relaciones de asociación de CHAPARRO BOSCH con quienes incurrieron en el delito, ni prueba indirecta para deducir su participación en el mismo.
De otro lado, aduce que el Tribunal en contravía de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 504 de 1999 indebidamente valoró los “informes de inteligencia” como si se tratara de versiones recibidas por los funcionarios de policía judicial, cuando simplemente se trataba de algo escuchado en entrevistas extraprocesales, las cuales al ser plasmadas por escrito quedaban sujetas a los prejuicios y errores de quienes los suscribieron.
Tras citar como infringidos los artículos 9 y 323 del Código Penal, 232, 233, 284, 286, 286 y 287 de la Ley 600 de 2000, solicita a la Sala casar el fallo a fin de absolver a su defendido.
Segundo Cargo (subsidiario): “Desconocimiento del principio in dubio pro reo”
Denuncia que el Tribunal infringió el principio in dubio pro reo, por
cuanto no están acreditados los presupuestos de certeza requeridos por el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal.
Resalta la deficiente investigación en la cual no se logró identificar a los jefes o cabecillas de la red criminal, ni tampoco se allegó una declaración de testigo que ofrezca serios motivos de credibilidad, ni indicio grave del cual se pueda inferir más allá de toda duda razonable que su asistido participó en algún grado en el delito investigado.
En concepto del demandante, en contra de su asistido sólo media una simple sospecha, pues el indicio construido acerca de su posible vínculo con Jaime Galán y sus amigos es apenas tangencial y por lo mismo resulta equívoco e impide predicar con certeza su responsabilidad penal.
Insiste en que al no demostrarse plenamente que la voz grabada de las llamadas telefónicas correspondiera a CHAPARRO BOSCH no podía imputársele el delito, por ello, estima que el Tribunal debió reconocer la existencia de dudas y aplicar en su favor el principio in dubio pro reo.
Por último, asevera que “concurrieron al proceso pruebas que tienden a demostrar su inocencia y que no fueron debidamente apreciadas por los juzgadores de instancia.”
En consecuencia, insta a la Corte a casar la sentencia y absolver a su defendido del delito imputado.
El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal sugiere a la Sala no casar el fallo por razón de los cargos formulados, luego de analizarlos de manera conjunta ante la identidad que exhiben.
Acerca del reparo relacionado con la apreciación de las grabaciones de las llamadas telefónicas y su transliteración, de las cuales se infiere judicialmente la participación de MAURICIO CHAPARRO BOSCH, sin que mediara la respectiva comprobación espectográfica con su voz, señala el Procurador que la postura del libelista sólo responde a un cuestionamiento del mérito probatorio otorgado en las instancias a la prueba de cargo.
Explica que el censor entremezcla las modalidades de error de derecho por falso juicio de legalidad y convicción cuando indica que los "informes de inteligencia" fueron valorados como versiones recibidas por el funcionario de policía judicial en desconocimiento de la prohibición legal prevista en el artículo 50 de la Ley 504 de 1999), conjugando ataques relativos a la producción y aducción de las grabaciones de las llamadas telefónicas a través de los respectivos informes.
Así las cosas, aduce que en este caso los juzgadores con una valoración racional de las pruebas establecieron con certeza que CHAPARRO BOSCH participó activamente en la organización criminal como coautor, pues conocía los movimientos de la asociación y compartía su forma de operar, al punto que obtuvo beneficios económicos por ello, sin que pudiera acreditar el origen lícito de los varios bienes que figuran a su nombre como automóviles de lujo, inmuebles y un negocio de comidas rápidas.
Para el Procurador, en el diligenciamiento se acreditó que los destinatarios de las divisas incautadas eran Jaime Andrés Galán Piñeros y Juan Carlos Hernández Neira, quienes comandaban la organización al ser propietarios y representantes legales de establecimientos comerciales en Colombia, tales como "Best de Colombia", "La Trocha" y otros dedicados a la comercialización de alimentos, actividades con las cuales pretendían ocultar el origen ilícito del dinero.
Por lo expuesto, estima que en esta sede extraordinaria no puede el libelista pretender que la Corte descubra oficiosamente la falta de certeza para condenar a partir de la sugerencia según la cual la investigación dejó vacíos al no haberse realizado la prueba de espectrografía para el reconocimiento de voz del procesado, puesto que al regir el principio de libertad probatoria, los hechos y circunstancias relevantes para la solución del caso podían probarse por cualquier medio.
Si bien el recurrente, con el fin de mudar el fallo condenatorio para su defendido, denuncia bajo la causal primera de casación dos cargos por violación indirecta de la ley sustancial, la identidad en sus argumentos y su única pretensión de absolución hacen aconsejable abordar el respectivo estudio de manera conjunta.
El defensor muestra su desacuerdo por haberse edificado el fallo en prueba indirecta construida a partir de las grabaciones de las llamadas telefónicas interceptadas y su transliteración, porque en su parecer, al no mediar la respectiva comprobación espectográfica con la voz de MAURICIO CHAPARRO BOSCH, tal indicio carecía de univocidad.
La Corte ha insistido en que dada la compleja construcción de la prueba circunstancial, pues mediante un proceso lógico deductivo, a partir de una regla de la experiencia y la comprobación de un hecho indicador se infiere la existencia de otro, su ataque en casación ha de ser suficientemente claro respecto del momento o paso en el cual recae el yerro probatorio; los medios que acreditan el hecho indicador, el nexo inferencial o su fuerza de convicción, aspecto último que requiere también acreditar si el error judicial se presentó en el proceso de valoración conjunta al apreciar la articulación, convergencia y concordancia de los varios indicios entre sí, o entre éstos y las restantes pruebas.
En este caso, a pesar de que el libelista denuncia un falso juicio de identidad en la inferencia indiciaria al estimar que de la transliteración de las grabaciones de las conversaciones telefónicas no se podía inferir que uno de los interlocutores era su defendido, se equivoca en la modalidad del yerro fáctico, por cuanto al versar en el proceso intelectivo del juzgador se trataría de un falso raciocinio, por ello le competía demostrar que las deducciones judiciales no se ajustan a los parámetros del sistema de apreciación racional de las pruebas, esto es, no son coherentes como enseña la lógica, se alejaron de los principios que se aplican en un espacio teórico específico propio de la observación científica, o no son acordes con los juicios que se forman a partir de comportamientos sometidos a una identidad circunstancial, propios de las reglas de la experiencia.
Además de lo anterior, no logra acreditar una situación fáctica que condicione dejar de aplicar las normas sustanciales que definen la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el delito de lavado de activos así como el grado de participación atribuido a CHAPARRO BOSCH, las cuales sustentaron el fallo de condena.
Efectivamente, desconoce que el Juzgador estructuró varios indicios a partir del parentesco de CHAPARRO BOSCH con su hermanastro Jaime Andrés Galán Pineros —Jefe de la organización delincuencial y quien fue primeramente vinculado al proceso, acogiéndose luego a la figura de la sentencia anticipada—, relación de la cual se sirvió aquél para integrar tal agrupación, pues no sólo la cercanía y trato entre ellos permitía deducir el conocimiento de las acciones delictivas de su consanguíneo, sino porque en múltiples ocasiones concurrió a la casa de éste para reunirse también con Ilich y Johan Jaimes Quitián y con Juan Carlos Hernández, todos vinculados penalmente.
El Tribunal destacó las grabaciones de las llamadas telefónicas legalmente interceptadas y las correspondientes transliteraciones las cuales permitían deducir el planeamiento y ejecución de actividades del blanqueo de divisas, incluso aparecía una comunicación en la cual Marelbys del Carmen López, empleada doméstica de Jaime Galán Piñeros —a la postre utilizada para las mismas tareas al figurar como propietaria de un vehículo marca Audi S-3, estimado aproximadamente en $116.000.000,oo.—, hablaba con MAURICIO CHAPARRO BOSCH y éste le daba la orden de llevar una maleta al mismo lugar donde generalmente las llevaba Jaime Galán Piñeros, que no era otro sino la residencia de Guillermo Huertas, lugar donde las acondicionaban para crear un compartimiento especial a fin de facilitar el transporte del dinero.
Precisamente, Guillermo Huertas en la indagatoria admitió su participación en los hechos al aclarar que en efecto laboraba para Jaime Andrés Galán Piñeros efectuando los arreglos necesarios en maletas para proveerlas de un doble fondo, así como las refacciones o mantenimiento que requirieran, además, en la diligencia de registro y allanamiento del inmueble que habitaba se halló cantidad de material relacionado y un maletín provisto de doble fondo.
El recurrente denuncia la infracción del principio in dubio pro reo, pero no evidencia el estado de incertidumbre que arrojaría el material probatorio impeditivo para predicar la responsabilidad penal de su asistido en el delito contra el bien jurídico del orden económico y social que le fuera imputado, sin que en tal propósito tampoco colabore el simple enunciado acerca de que “concurrieron al proceso pruebas que tienden a demostrar su inocencia y que no fueron debidamente apreciadas por los juzgadores de instancia,” en cuanto no identifica los elementos de convicción omitidos, ni mucho menos su trascendencia frente al fallo de condena.
Bajo tal óptica, la Corte destaca el legal adelantamiento de las diligencias, pues inicialmente el Grupo de Investigaciones Financieras de la Dirección de Policía Antinarcóticos desde el 30 de septiembre de 2002 solicitó al Fiscal Veintitrés de la Unidad Nacional de Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos que adelantaba un proceso contra la ciudadana mexicana Jacqueline Aguirre Araque, la interceptación de varios abonados telefónicos, entre ellos los pertenecientes a Jaime Andrés Galán Piñeros, por tener alguna relación con lo allí investigado.[1] Por ello, mediante proveído de 30 de septiembre siguiente se autorizó tal procedimiento, una vez se enteró del mismo a la Dirección Nacional de Fiscalía en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 301 de la Ley 600 de 2000.[2]
En desarrollo de tal labor se vio la necesidad de su prórroga respecto de algunas líneas telefónicas, la exclusión de unas y la inclusión de otras y ante los resultados arrojados que evidenciaban la existencia de una organización dedicada al ingreso de divisas a nuestro país, provenientes del exterior, utilizando para ellos maletas acondicionadas previamente para su camuflaje a fin de evadir los controles establecidos por las autoridades en los aeropuertos, mediante resolución de 13 de marzo de 2003 se comisionó al Grupo de Apoyo de la Policía Judicial Antinarcóticos para realizar “labores de verificación de la información allegada al proceso, así mismo para que desarrolle otras labores de inteligencia que ayuden a dar sustento a la presente investigación.”[3]
Seguidamente, el 14 del mismo mes y año se solicitó al mismo grupo judicial establecer la plena identidad de quienes eran mencionados en las correspondientes grabaciones telefónicas, así como su localización, sitio en el organigrama respectivo, así como en el árbol genealógico dado que algunos tenían vínculos familiares, acreditar la real actividad económica, los bienes que figuraran de su propiedad, su participación en empresas, y si presentaban incremento patrimonial por justificar, entre otras.[4]
En principio se logró la captura a Fabian Puertas y Karina Cubillos cuando pretendían ingresar al país divisas, luego se aprehendió a Jaime Andrés Galán Piñeros, Juan Carlos Hernández Neira, Ilich Jaimes Quitián, Guillermo Huertas Fajardo y Marelbys del Carmen López Jiménez, para finalmente vincular a través de persona ausente a MAURICIO CHAPARRO BOSCH y Johan Antonio Jaimes Quitián al no ser posible su comparecencia, pese a las órdenes de captura libradas en su contra.
Precisamente, Marelbys del Carmen López Jiménez en su injurada dijo conocer a MAURICIO CHAPARRO BOSCH por ser medio hermano de su patrón Jaime Andrés Galán Pineros, y al serle puestas de presente las grabaciones de las conversaciones telefónicas reconoció en ella su voz, admitiendo también que su jefe le prestó una maleta a MAURICIO CHAPARRO y ella tuvo que llevársela hasta la casa de Guillermo Huertas, quien como se anotó, era el encargado de adecuarles un doble fondo para facilitar y ocultar el transporte de divisas.
También ella reconoció haber visto escrito en unas hojas en la habitación de su empleador los nombres de Fabián Puerta y Karina Cubillos en las cuales se mencionaba algo de su detención en el aeropuerto con dólares, lo que ratificaba la relación entre todos los procesados.
A su turno, el juzgador tuvo en cuenta la gran cantidad de bienes que figuran a nombre de MAURICIO CHAPARRO BOSCH, persona que no tenía una fuente legal de ingresos que soportara tal cúmulo de activos, además, su registro migratorio con cien (100) salidas del país desde 1995 a 2003 también permitían deducir su compromiso en el transporte de las divisas.
La valoración conjunta y concatenada de los varios indicios que permitió advertir una concordancia y convergencia, llegándose del grado de probabilidad de certeza racional de que MAURICIO CHAPARRO BOSCH era miembro activo de la red delincuencial dedicada al blanqueo de divisas, pues a esa cadena circunstancial se unió la admisión de responsabilidad por parte de otros procesados permitiendo acreditar la existencia de una organización delincuencial en la cual sus integrantes cumplían específicas funciones; unos dedicados a conseguir a las personas que viajarían a traer las divisas como “correos humanos” otros a realizar las reservas aéreas y tiquetes respectivos, así como el realizar los ajustes a las maletas para su funcionalidad subrepticia, todo ello encaminado para facilitar la entrada al país de dineros de origen ilícito.
Tampoco le asiste razón al censor cuando afirma que el Tribunal desatendió lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 504 de 1999 al valorar los “informes de inteligencia” como si se tratara de versiones recibidas por los funcionarios de Policía Judicial, puesto que no identifica los informes a los que se refiere.
En efecto, en el expediente obran múltiples informes acerca de las labores de investigación adelantadas, las llamadas reportadas por los abonados telefónicos interceptados legalmente, la transliteración de las grabaciones telefónicas, los que establecen la identidad de los miembros de la organización, sus lazos de familiaridad y jerarquía, así como la relación de sus bienes, y el registro migratorio de los mismos.
El defensor no especificó si se trataba de los informes correspondientes a las labores previas de pesquisa y verificación, las cuales pueden ser adelantadas por los miembros de la Policía Judicial para indagar sobre una noticia criminal, pudiendo recibir exposiciones o entrevistas de carácter informal de quienes pueden suministrar algún dato y clasificar la información de utilidad tendiente a su posterior judicialización, o si por el contrario se trabada de los informes a través de los cuales se daba cumplimiento a la comisión conferida por el Fiscal en su función de colaboración para con la administración de justicia.
Además de lo expuesto, el precepto citado por el demandante no resultaba aplicable, porque dada la ocurrencia de los hechos (2002) el diligenciamiento se rituó bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000.
Si pretendía reprochar el valor probatorio otorgado a los informes de policía judicial, debió plantear el cargo como un error de derecho por falso juicio de convicción.
Evidentemente, el artículo 50 de la Ley 504 de 1999 modificó el artículo 313 del Decreto 2700 de 1991 al introducir un inciso relacionado con que: "En ningún caso los informes de Policía Judicial y las versiones suministradas por los informantes tendrán valor probatorio en el proceso", disposición que fue encontrada ajustada al mandato superior por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-392 del 6 de abril de 2000.
En esa misma línea, el legislador estableció en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000 que las exposiciones escuchadas por funcionarios de policía judicial en las labores previas de verificación "no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación".
A este respecto, la Sala ha precisado que: “La ley, en algunos casos, por razones de distinta índole, autoriza la práctica de una determina prueba, pero limita su eficacia probatoria, expresión que en dogmática casacional significa que la prueba es jurídicamente válida, pero solo tiene vocación probatoria para ciertos efectos. En materia penal un ejemplo típico de esta modalidad de tasación probatoria se encuentra en las regulaciones contenidas en los artículos 50 de la ley 504 de 1999 y 314 del Código de Procedimiento Penal, ... Como puede verse, la ley autoriza a los organismos de policía judicial realizar entrevistas y obtener exposiciones de informantes, pero introduce restricciones a la aptitud probatoria de estos elementos de juicio al disponer que solo pueden ser tenidos en cuenta como criterio orientador de la investigación, lo cual significa que pueden ser utilizados como guía o referente para buscar nuevas pruebas, o lograr su autorización, mas no como evidencia de la responsabilidad penal de la persona implicada por ellos, en ningún momento procesal, ni en la sentencia, ni en decisiones precedentes”[5]
En este caso, si se tratase de una tarifa legal negativa al otorgarle el juzgador valor demostrativo a un elemento de convicción que la ley se lo niega, específicamente por la validez jurídica suprimida por el legislador a los informes de policía judicial, desconoce el censor que la inicial solicitud de interceptaciones telefónicas motivó la apertura de diligencias previas las cuales estuvieron en todo momento bajo la dirección del Fiscal, funcionario que expresamente comisionó a los miembros de la policía judicial para adelantar diligencias necesarias a fin de identificar el modus operandi y a miembros de la red, actuación que en consecuencia estuvo debidamente autorizada.
Los informes que dieron cuenta del compromiso de MAURICIO CHAPARRO BOSCH en la red dedicada al lavado de activos fueron corroborados por los funcionarios encargados de adelantar la comisión, además, su contenido encontró eco en la admisión de responsabilidad de los otros procesados al clarificar la división de tareas al interior de la red, por ello el Tribunal concluyó que las grabaciones de las conversaciones telefónicas comprometían la responsabilidad penal de CHAPARRO BOSCH “quien participaba dentro de la organización criminal como correo humano, trasportando divisas extranjeras al interior del país camufladas en maletas de doble fondo, tal y como se demuestra con las interceptaciones realizadas, que obran como indicios y tienen mérito probatorio, de las cuales se desprende el interés de mandar arreglar una valija hasta el punto de pagar un extra por la urgencia de tener que viajar al día siguiente, así como también se infiere de varias declaraciones en donde se señala que aquél iba en reiteradas ocasiones al apartamento de quien fuera su hermanastro JAIME GALÁN, jefe de la banda delincuencial, donde era obvio que conociera las conductas ilegales de su pariente y hubiera cooperado para también verse favorecido con las utilidades del negocio y así comprar bienes indiscriminadamente.”
"Todo esto se colige no de una sino de varias conversaciones en donde Mauricio establecía estrecho vínculo con las personas pertenecientes a la organización, además los registros de entradas y salidas del país, confirman que aquél servía de transportador de las divisas, por lo tanto estas afirmaciones no son producto como quiere hacer ver el apoderado de conjeturas y suposiciones, debidas al parentesco existente entre Jaime Galán y Mauricio Chaparro Bosch".
Vista así la realidad del fallo, carece de fundamento la pretensión del censor, por lo tanto, los cargos serán desestimados.
NO CASAR el fallo por razón de los cargos formulados en la demanda presentada por el defensor de MAURICIO CHAPARRO BOSCH.
Comisión de servicio Permiso
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANES
[1] Folio 1 Cuaderno Original N° 1
[2] Folios 2 y 4 íbidem
[3] Folio 222 ídem
[4] Folio 223 ídem
[5] Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 6 de octubre de 2005. Radicación 21196.
Última actualización el Jueves, 02 de Diciembre de 2010 14:02

References: resolución 
 artículo 323
 artículo 50
in dubio
in dubio
 artículo 232
in dubio
 artículo 50
in dubio
 artículo 301
 resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 313
 artículo 314