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Timestamp: 2020-01-26 12:59:35+00:00

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El blanqueo imprudente: algunas reflexiones sobre normativa de prevención y deber de cuidado.
EEduardo Demetrio Crespo
El blanqueo imprudente: algunas reflexiones sobre normativa de prevención y deber de cuidado(**)
Por Eduardo Demetrio Crespo(*)
El art. 301.3 CP castiga el blanqueo de dinero si los hechos se realizan por imprudencia grave con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo. El tipo de blanqueo imprudente fue introducido mediante LO 8/1992, de 23 de diciembre, y resulta, sin duda, una cuestión controvertida hasta qué punto un delito eminentemente doloso puede cometerse de manera imprudente sin violentar principios básicos[1].
Como destaca la doctrina especializada, se trata de una figura no contemplada por las convenciones de la ONU sobre la materia, tales como la Convención de Viena de 1988, la Convención de Palermo de 2000 o la de Mérida de 2003, estableciendo solo que los Estados pueden adoptar medidas complementarias más severas. En el Convenio de Estrasburgo de 1990 y en el de Varsovia de 2005 del Consejo de Europa, sí se muestra interés, en cambio, por la penalización de formas de “conocimiento potencial” de la procedencia de los bienes, si bien con carácter facultativo. Una excepción a la tendencia general es también el Reglamento Modelo sobre delitos de lavado de dinero de la OEA[2].
II. Estructura del tipo
Técnica de remisión del art. 301.3 CP a los apartados 1 y 2 del mismo precepto
Cumplimiento formal con el art. 12 CP
En opinión de FABIÁN, el artículo 301.3 CP cumple solo formalmente con el art. 12 CP, según el cual “las acciones y omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley”, pero al coste de trasladar al operador jurídico la obligación de realizar un esfuerzo interpretativo semejante al requerido por las cláusulas generales[3].
Dudas sobre el alcance típico
Además, cabe preguntarse sobre qué elementos del tipo objetivo del delito doloso de blanqueo se proyecta la imprudencia: ¿solo sobre el conocimiento del origen ilícito o también sobre los actos mismos de conversión, trasmisión, etc. de los bienes? La doctrina dominante se centra en el primer aspecto y no en el segundo. FABIÁN estima al respecto que la formulación del art. 301.3 en términos tan genéricos permitiría entender que la imprudencia se proyecta además sobre la propia conducta, de modo que “cabría imaginar que este precepto también castigue a quienes, por ejemplo, realizan sin querer –pero quebrantan su deber objetivo de cuidado- actos de conversión o trasmisión de bienes de origen criminal; o también a quienes, siendo garantes, incumplan negligentemente sus deberes de supervisión que les sean inherentes y no eviten que se produzcan”[4].
Limitación de la posibilidad de realización por vía imprudente de algunas de las modalidades de blanqueo del art. 301.1 CP que conlleva una específica intencionalidad dolosa de ocultar el origen delictivo de los bienes.
Se ha dicho que el art. 301.1 es inidóneo para fundamentar el blanqueo imprudente, si bien esto no significaría una restricción esencial del ámbito de lo punible, puesto que las conductas allí descritas no son “una tentativa del art. 301.2”[5].
Sin embargo, desde otra perspectiva, se afirma que en realidad no se trata de que el sujeto actúe con cuidado, sino de que omita el comportamiento imprudente en el mismo sentido exigido a los comportamientos dolosos. Así, para CALDERÓN, lo que hay que someter a consideración es que el sujeto destinatario de la norma de determinación no debe realizar comportamientos que superen el nivel de riesgo permitido y que dicha superación se concrete en el resultado[6].
Si se sigue esta línea de razonamiento se allanan buena parte de los problemas a los que hay que enfrentarse en este espinoso asunto, dado que desde esta consideración dogmática de la imprudencia –que habría que someter en cualquier caso a comprobaciones ulteriores- se llega a la conclusión de que “en el delito imprudente no existe un concreto deber objetivo de cuidado”, sino que se cumplimenta el tipo objetivo cuando se supera el nivel de riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico, como también sucede en los tipos dolosos[7].
Deber de cuidado exigible y sujeto activo[8]
Delimitación por arriba: dolo eventual
Se admite en general su existencia por doctrina y jurisprudencia, que lo ha considerado compatible con las expresiones “sabiendo” y “a sabiendas”. Eso equivale a que, como señala BLANCO, “se afirma el conocimiento cuando el autor ha podido representarse la posibilidad de la procedencia ilícita”[9].
Se usa en este ámbito por el Tribunal Supremo la construcción de la “ignorancia deliberada”, según la cual se actuaríaqueriendo desconocer los elementos del tipo objetivo, pero teniendo el poder y el deber de conocerlos[10]. En estos casos es fácilmente aplicable la solución de la imprudencia por infracción de un deber de cuidado, pero también la del dolo eventual cuando la probabilidad de que se trate de bienes de origen delictivo es muy alta. Ahora bien, teniendo en cuenta que la regulación administrativa define deberes de examen e investigación cuya infracción puede dar lugar a casos de imprudencia o dolo eventual, se discute sobre la posibilidad de generar una estructura de imputación intermedia que apele a la ignorancia deliberada en sentido estricto[11].
La doctrina jurisprudencial expuesta se reitera en la reciente STS 970/2016, de 21 de diciembre, de la que reproducimos a continuación un extracto:
«Sobre el dolo en el delito de blanqueo se pronuncia la Sentencia 1349/2005, de 17 de noviembre, en la que se declara que el dolo se concreta en la intención del sujeto de realizar la acción típica consistente en la adquisición, conversión o transmisión de bienes procedentes de hechos delictivos, en este caso contra la salud pública, con la finalidad de encubrir su origen. Y queel conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes empleados en la adquisición, es un elemento subjetivo del delito que normalmente puede fijarse mediante un proceso de inducción, que no implican presunción, sino su acreditación con arreglo a las reglas de la lógica a partir de unos hechos acreditados. Llamados doctrinalmente juicios de inferencia, resultan de los hechos externos y son susceptibles de impugnación cuando su conclusión no resulte lógica o sea contraria a las normas de la ciencia o de la experiencia.
En la Sentencia 33/2005, de 19 enero, se expresa que no se exige un dolo directo, bastando el eventual o, incluso, es suficiente situarse en la posición de ignorancia deliberada, es decir, quien pudiendo y debiendo conocer la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se mantiene en situación de no querer saber, pero no obstante presta su colaboración, se hace acreedor a las consecuencias penales que se deriven de su antijurídico actuar (SSTS, 236/2003 de 17 de febrero, 628/2003 de 30 de abril o 785/2003 de 29 de mayo).
Respecto de la conducta de blanqueo de capitales cometida por imprudencia, la Sentencia 1034/2005, de 14 de septiembre, expresa que en el tipo subjetivo se sustituye el elemento intelectivo del conocimiento, por el subjetivo de la imprudencia grave. En este tipo no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles y los que, incluso, en ciertas formas de actuación como la que hoy analizamos, le imponían normativamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos cuando su procedencia no estuviere claramente establecida.
En los tipos previstos en nuestro Código, incurre en responsabilidad incluso quien actúa con ignorancia deliberada (willful blindness), respondiendo en unos casos a título de dolo eventual, y en otros a título de culpa. Y ello, tanto si hay representación, considerando el sujeto que es posible la procedencia delictiva de los bienes y, pese a ello, actúa confiando en que no se producirá la actuación o encubrimiento de su origen, como cuando no existe tal representación, esto es, que no se prevea la posibilidad de que se produzca un delito de blanqueo, pero debiendo haber apreciado la existencia de indicios reveladores del origen ilegal del dinero. Existe así un deber de conocer, que impide cerrar los ojos ante las circunstancias sospechosas (STS 1257/2009, de 2-12)»[12].
Delimitación por abajo: imprudencia grave
No es fácil distinguir la imprudencia grave de la leve, especialmente cuando se trata de particulares, que no están sujetos a deberes de cuidado específicamente tasados, como ocurre con los sujetos obligados por la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo[13]. Como no podía ser de otro modo, el fallo debe motivar de manera suficiente y clara la decisión adoptada.
CALDERÓN ha afirmado que sería preferible hablar simplemente de imprudencia y que, en todo caso, a la hora de medir la gravedad deben tenerse en cuenta dos aspectos, uno cualitativo y otro cuantitativo[14]. En el primer sentido, se trataría de un comportamiento exageradamente irreflexivo, que se produce porque el sujeto no ha tenido para nada en cuenta las circunstancias que hubieran permitido evitar el resultado. En el segundo, habría que tomar en consideración el grado de posibilidad que el sujeto tenía de evitar la producción del resultado[15].
¿Delito común o especial?
Si la delimitación del “cuidado debido” depende en cada caso de si se trata o no de un “sujeto especialmente obligado”, resulta fundamental la cuestión de si estamos ante un delito común o especial.
La tesis del delito especial parte de la base de que un deber de cuidado con relación a la tutela del bien jurídico del art. 301.3 CP no incumbe a todos los ciudadanos con carácter general, sino solo a “sujetos especialmente obligados” [16] y, por otro lado, se aduce que lo contrario vulneraría el principio de taxatividad.
El problema que de ahí deriva para los ciudadanos no especialmente obligados es que solo les afectaría una posible imputación doloso-eventual, cuando, como advierte FABIÁN, “de existir reglas de cuidado que les fueran aplicables, tal vez podría haberse calificado su comportamiento como imprudente”[17].
Si siguiéramos este punto de vista, el papel de la normativa de prevención para la delimitación del cuidado debido sería de enorme trascendencia, puesto que la aplicación del tipo dependería en realidad del marco delimitado por aquella, por cuanto la adopción o no adopción de las medidas allí indicadas marcará a su vez la superación del nivel de riesgo permitido que cumplimenta a nivel de imputación objetiva la realización del tipo. De hecho se ha afirmado que “la función político-criminal más relevante del tipo imprudente de BdeC consiste en operar como un refuerzo jurídico-penal de los deberes de colaboración que deben cumplir los profesionales, directivos y empleados del sector privado”[18]. En este sentido, la ley administrativa operaría prácticamente como ley de ejecución del tipo penal.
Se pueden distinguir, en general, deberes de diligencia respecto al cliente, deber de informar al Estado operaciones sospechosas, deber de abstenerse de ejecutar operaciones sospechosas, deber de confidencialidad o prohibición de revelar al cliente o a terceros que se ha informado al Estado o que se está investigando una operación y deber de conservar documentos requeridos en cumplimiento del deber de diligencia respecto al cliente y respecto a los negocios y transacciones realizadas, establecer políticas y procedimientos de control interno para asegurar el cumplimiento de los deberes mencionados[19]/[20].
Sin embargo, tal restricción no se deduce del precepto del Código Penal, por lo que una parte de la doctrina lo encuentra aplicable sobre la base de una infracción del deber de cuidado determinada por la falta de adecuación de la conducta al criterio de la normal inteligencia de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia[21]. En realidad, el alcance de la prohibición del precepto no excluye a los particulares, sino que, como advierte DÍAZ MAROTO, el art. 301.3 no hace referencia alguna al sujeto activo, por lo que habría que aceptar que configura un subtipo que puede cometer cualquiera dado que, además, los tipos dolosos a los que se remite el imprudente son delitos comunes[22].
Sin perjuicio de que parece lógico que sean sujetos especialmente obligados los “llamados” a incurrir en esta modalidad de blanqueo, mientras el legislador no reforme el tipo para configurarlo de manera expresa como un “tipo especial”, cualquier ciudadano puede cometerlo. Así lo entiende asimismo la jurisprudencia, como p.ej. declara la ya citada STS 970/2016, de 21 de diciembre, en la que puede leerse:
«Y a pesar de las divergencias existentes al respeto en la doctrina, puede concluirse que el supuesto previsto en el art. 301.3 del Código Penal es un delito común, de manera que puede ser cometido por cualquier ciudadano, en la medida en que actúe con falta del cuidado socialmente exigible para evitar el daño al bien jurídico protegido. Nuestra reciente sentencia 749/2015, de 13 de noviembre, destacaba que el art 301.3 no hace referencia alguna al sujeto activo, por lo que ha de aceptarse que configura un subtipo que puede cometer cualquier individuo. Dado que los tipos dolosos a los que se remite el imprudente son tipos comunes, sin diferenciación expresa del legislador, no resulta congruente configurar la modalidad imprudente como delito especial, de suerte que este delito no tiene por qué ser cometido exclusivamente por aquellos a quienes la ley les impone medidas de prevención ante el blanqueo de capitales, sino que lo pueden cometer cualquier particular que deba ser más cuidadoso en el manejo de fondos, ante el dato de que el dinero pudiera proceder de una actividad delictiva.
Aplicada la anterior doctrina al caso analizado, no puede sino desatenderse el motivo. La sentencia de instancia describe una conducta que, aunque el tribunal no califica de dolo eventual, sí que considera reprochable a título de culpa, por considerar quela recurrente pudo fácilmente representarse que pudieran utilizarse fondos delictivos y que se produciría la ocultación de su origen. Frente a un recurso que fluctúa argumentativamente entre dos situaciones totalmente incompatibles, pues tanto afirma que la actuación de la recurrente de constituir una sociedad es un acto neutro (que considerado aisladamente no le permitía percibir el riesgo de quebranto al bien jurídico), como sostiene que creía en la legitimidad de los negocios de Rogelio, (evidenciando con ello que conocía toda la realidad negocial que giró alrededor de la constitución de la entidad Bell Brogit), lo cierto es que la realidad en la que se asienta la sentencia de instancia permite apreciar en su actuación una desatención -grave y profunda- de los indicios reveladores de que podía realizarse una conducta de blanqueo de capitales»[23].
2.4 Incumplimiento de normativa administrativa y tipo imprudente
No existe, en todo caso, ningún automatismo entre incumplimiento de normativa administrativa y realización del tipo. Al respecto señala FABIÁN que “ni la mera infracción de normativa administrativa constituye necesariamente un supuesto de blanqueo imprudente, ni el escrupuloso cumplimiento de todas y cada una de ellas garantiza -en tanto aceptemos la discutible conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo en un reciente pronunciamiento- que un sujeto obligado no pueda ser condenado por este delito, dado que los deberes contenidos en las normas preventivas son eminentemente formales”[24]. Respecto de la primera parte de esta afirmación no parecen alzarse mayores objeciones. En este sentido dice CALDERÓN que, en efecto, “no toda previsibilidad que produce un ataque a un bien jurídico es típica”, sino que debe verificarse que se han traspasado determinados límites: p.ej. no hay tipicidad cuando el sujeto no ha creado un peligro jurídicamente relevante, de la misma manera que quien obra suponiendo que los demás cumplirán con sus deberes en virtud del principio de confianza, no infringe la norma. Esto se debe a que el incumplimiento de la norma se agota en la evitabilidad individual o cumplimiento personal de la prohibición[25]. Sí sería altamente problemática, en cambio, la segunda parte, ya que, en virtud de la teoría de los actos neutrales, aquel profesional que cumple escrupulosamente las normas de prevención no debería responder penalmente[26].
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(**) Texto de la ponencia presentada en el V Congreso sobre Prevención y Represión del blanqueo de dinero celebrado en Santiago de Compostela los días 20-21/07/2017.
(*) Universidad de Castilla-La Mancha
[1] Cfr., entre otras referencias, Bajo Fernández, M., «El desatinado delito de blanqueo de capitales», en M. Bajo Fernández & S. Bacigalupo (Eds.), Política criminal y blanqueo de capitales, Madrid et al.: Marcial Pons, 2009, p. 18; Bermejo, M.G., Prevención y castigo del blanqueo de capitales. Un análisis jurídico-económico, Madrid et al.: Marcial Pons, 2015, pp. 325 y ss.; Blanco Cordero, I.,El delito de blanqueo de capitales, 3ª ed., Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2012, pp. 724 y ss; Díaz-Maroto y Villarejo, J., El blanqueo de capitales en el Derecho español, Madrid: Dykinson, 1999, pp. 30 y ss.; Fabián Caparrós, E., El delito de blanqueo de capitales, Madrid: Colex, 1998, pp. 415 y ss; Ib., «Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales», en Iustitia, nº 8, 2010, pp. 59-86; Ib., «Oportunidad político-criminal y viabilidad dogmática del delito imprudente de blanqueo de capitales», en I. Berdugo Gómez de la Torre & A.E. Liberatore S. Bechara (Coord.), Estudios sobre la corrupción: una reflexión hispano-brasileña, 2013, pp. 353 y ss; Gómez Iniesta, D., El delito de blanqueo de capitales en Derecho español, Barcelona: Cedecs, 1996, pp. 54 y ss; Palma Herrera, J.M., Los delitos de blanqueo de capitales, Madrid: Edersa, 2000, pp. 587 y ss.
[2] Fabián Caparrós, E., «Algunas observaciones…», Op.cit, p.65; Ib., «Oportunidad político-criminal…», Op.cit, pp. 356 y ss.
[3] Fabián Caparrós, E., «Algunas observaciones…», Op.cit, p.67.
[4] Fabián Caparrós, E., «Algunas observaciones…», Op.cit, p.69; Ib., «Oportunidad político-criminal…», Op.cit, pp. 362.
[5] Fabián Caparrós, E., «Algunas observaciones…», Op.cit, p. 70.
[6] Calderón Tello, L.F., El delito de blanqueo de capitales: problemas en torno a la imprudencia y la receptación, Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2016, p. 91.
[7] Calderón Tello, L.F., El delito de blanqueo de capitales…, Op.cit, p. 99.
[8] No entraremos aquí en la especial problemática de las personas jurídicas como sujeto activo del blanqueo y, en particular, de la modalidad imprudente. Sobre ello, Cfr.: Blanco Cordero, I., El delito de blanqueo de capitales, Op.cit, pp. 845 y ss; Abel Souto, M., «Las reformas penales de 2015 sobre blanqueo de capitales», RECPC, nº 19, 2017 (en prensa).
[9] Blanco Cordero, I., El delito de blanqueo de capitales, Op.cit, p. 686; Arias Holguín, D.P., Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales (Art. 301 CP), Madrid: Iustel, 2011, pp. 327 y ss.
[10] Bermejo, M.G., Prevención y castigo…, Op.cit, p. 329; Blanco Cordero, I., El delito de blanqueo de capitales, Op.cit, pp. 691 y ss; Fabián Caparrós, E., «Algunas observaciones…», Op.cit, p. 73.
[11] Bermejo, M.G., Prevención y castigo…, Op.cit, p. 332.
[12] Las cursivas son mías.
[13] Respecto a las novedades en este punto de la Directiva 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, Cfr.: Lombardero Expósito, L. M., El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales, Barcelona, Bosch, 2015, pp. 116 y ss.
[14] Calderón Tello, L.F., El delito de blanqueo de capitales…, Op.cit, pp. 148-149.
[16] Según el art. 2 de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo son sujetos obligados, entre otros, a) las entidades de crédito; b) las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente; c) las empresas de servicios de inversión; d) las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora; e) las entidades gestoras de fondos de pensiones; f) las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora; g) las sociedades de garantía recíproca; h) las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico; i) las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda; j) los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia; k) las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como las personas que, sin haber obtenido autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la Disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero; l) los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles; m) los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales; n) los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles; ñ) los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos, sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria; o) las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a terceros: (…); p) los casinos de juego; q) las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos; r) las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades; s) las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio; t) las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago; u) las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios; v) las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos establecidos en el artículo 34; w) las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos establecidos en el artículo 38; x) las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39; y) los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40.
[17] Fabián Caparrós, E., «Algunas observaciones…», Op.cit, p.78.
[18] Bermejo, M.G., Prevención y castigo…, Op.cit, p. 325.
[19] Bermejo, M.G., Prevención y castigo…, Op.cit, p. 243.
[20] El Capítulo II de la mencionada Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismorelaciona en la Sección 1ª del Cap. II las llamadas medidas normales de vigilancia debida, entre las que figuran la identificación formal de cuantas personas físicas o jurídicas quieran establecer relaciones de negocio o intervenir en cualquier operación (art. 3), así como la identificación del titular real (art. 4), la obtención de información acerca del propósito e índole prevista de la relación de negocios (art. 5) y seguimiento continuo de la relación de negocios (art. 6), aplicando estas últimas (arts. 4 a 6) en función del riesgo y dependiendo del tipo de cliente, relación de negocios, etc., y con independencia de cualquier excepción o umbral cuando concurran indicios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo o cuando existan dudas sobre la veracidad o adecuación de los datos obtenidos previamente (art. 7). De acuerdo al art. 8 los sujetos obligados pueden recurrir a terceros sometidos a la misma norma para la aplicación de las medidas de diligencia debida, con excepción del seguimiento continuo de la relación de negocios, lo que no los exime de responsabilidad puesto que “los sujetos obligados mantendrán la plena responsabilidad respecto de la relación de negocios u operación, aun cuando el incumplimiento sea imputable al tercero, sin perjuicio en su caso de la responsabilidad de éste”. Por su parte, la Sección 2ª establece medidas simplificadas de diligencia debida y la Sección 3ª medidas reforzadas de diligencia debida. Estas últimas son aplicables en todo caso al ámbito de la banca privada, servicios de envío de dinero y operaciones de cambio de moneda extranjera, pudiendo concretarse también reglamentariamente en áreas de negocio que presenten un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
[21] Aránguez Sánchez, C., El delito de blanqueo de capitales, Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 284.
[22] Díaz Maroto y Villarejo, J., «Sección 21. Receptación y blanqueo de capitales», en F. Molina Fernández (Coord.), Memento Práctico Penal 2017, Madrid: Francis Lefebvre, 2016, p. 1379.
[23] Las cursivas son mías.
[24] Fabián Caparrós, E., «Algunas observaciones…», Op.cit, p. 81.
[25] Calderón Tello, L.F., El delito de blanqueo de capitales…, Op.cit, p. 103.
[26] Sobre este complejo problema, entre otras referencias, Cfr.: Pérez Manzano, M., «Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales», en Bajo Fernández, M. & Bacigalupo, S. (Eds.), Política criminal y blanqueo de capitales, Madrid et al.: Marcial Pons, 2009, pp. 169-206; Cuenca García, Mª J., «Reflexiones sobre los actos neutrales y la cooperación delictiva desde los criterios de la imputación objetiva», RP, nº 32, 2013, pp. 141-152.
Citar: elDial.com - DC24D1

References: artículo 301
 artículo 1
 artículo 34
 artículo 38
 artículo 39
 artículo 40