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Timestamp: 2019-12-15 05:20:10+00:00

Document:
BOCG. Senado, apartado I, núm. 190-1387, de 17/05/2013
cve: BOCG_D_10_190_1387
Con fecha 17 de mayo de 2013, ha tenido entrada en esta Cámara el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, relativo al Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.
Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordena la remisión de este Proyecto de Ley a la Comisión de Educación y Deporte.
Declarado urgente, se comunica, a efectos de lo dispuesto en el artículo 135.1 del Reglamento del Senado, que el plazo para la presentación de enmiendas terminará el próximo día 21 de mayo, martes.
Palacio del Senado, 17 de mayo de 2013.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
La promulgación de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, supuso un hito fundamental en la historia de la lucha contra el dopaje en nuestro ordenamiento jurídico. Dicha norma contenía un completo sistema de disposiciones que conceptuaban el dopaje como una lacra que afectaba a diversos bienes jurídicos dignos de protección como eran la salud de los deportistas, el juego limpio en el deporte y la dimensión ética del mismo. Esta norma contenía también importantes disposiciones relacionadas con la protección de la salud, que ahora el legislador entiende que se deben reforzar, profundizando en la línea emprendida en la anterior norma. La evolución de las prácticas detectadas en materia de dopaje ha hecho necesario introducir un conjunto de modificaciones de índole legal que garanticen los instrumentos necesarios para combatir de la manera más eficaz posible esta lacra que afecta al mundo del deporte.
Asimismo, se prevé que la Agencia pueda asumir las competencias sancionadoras propias de las Comunidades Autónomas en los casos en que estas lo decidan, previa la conclusión del correspondiente convenio de colaboración, y se contempla que entre los órganos de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte figure un órgano de coordinación con las Comunidades Autónomas y que esa participación se extienda a los deportistas a través de un órgano específico en su estructura. Finalmente,
la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte sigue siendo el órgano encargado de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el poder judicial.
La Ley también incluye otras obligaciones clásicas en esta materia, como las que se imponen en materia de localización habitual de los deportistas y en materia de comunicación de los tratamientos médicos que estén siguiendo en el momento de someterse un control de dopaje. Además, se establece la posibilidad de realizar controles a los deportistas con licencia extranjera que se encuentren en España, prevé los controles que se realicen en las competiciones internacionales que se celebren en nuestro país, así como los que puedan realizar las organizaciones internacionales antidopaje a deportistas con licencia española.
En segundo lugar, la Ley determina que la franja horaria en la que no podrán realizarse controles quedará comprendida entre las once de la noche y las seis de la mañana. Esta medida contribuye a reforzar la seguridad jurídica y a garantizar el debido descanso nocturno y la intimidad de los deportistas. Ahora bien, en línea con lo que dispone el Código Mundial Antidopaje, la norma no puede ser tan rígida que no permita alterar este régimen en casos excepcionales. Por esta razón, de acuerdo con el Código y
con las debidas garantías, será posible la realización de controles fuera de este horario en casos debidamente justificados, de tal modo que dicha justificación, junto con el principio de proporcionalidad de esta medida, supondrá una adecuada coordinación entre la protección de los derechos legítimos de los deportistas y la necesaria eficacia de las normas jurídicas de lucha contra el dopaje.
En segundo lugar, se establece la tipificación de las infracciones en materia de dopaje, de manera que sean ajustadas a lo establecido en el Código Mundial Antidopaje. En este punto específico procedía, en línea con la posición del Consejo de Estado, mejorar la redacción de los tipos infractores especialmente en lo que se refiere a dos materias, las tentativas, que ahora se describen de manera sistemática, y la presencia de criterios de valoración de la prueba dentro de la definición de los tipos infractores. En este aspecto, se ha hecho un esfuerzo para que esta circunstancia no se produzca respecto de las infracciones muy graves, aunque respecto de la infracción correspondiente a la presencia de sustancias específicas,
a la utilización, uso o consumo de las mismas, o a su posesión, la demostración de determinados aspectos por parte del deportista se configura, de conformidad con lo dispuesto en el Código Mundial Antidopaje, como un elemento diferenciador con las infracciones muy graves. Además, como novedad añadida, se incluye un nuevo tipo infractor, por incumplir las obligaciones relacionadas con la confidencialidad de la planificación.
La Ley aplica el sistema de reconocimiento mutuo de resoluciones que establece el Código Mundial Antidopaje, con la novedad, en este punto de la posibilidad de que la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte pueda no reconocer dichas resoluciones cuando sean contrarias a los principios del Código Mundial Antidopaje o cuando se hayan dictado por órgano incompetente. Del mismo modo se produce una remisión al artículo 955 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que se refiere al reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Finalmente, se establece una regla largamente solicitada al legislador cuál es la posibilidad de privación del apoyo financiero o de las ayudas públicas relacionadas con la actividad deportiva de los infractores.
Dentro de esta Sección se encuentra otra de las novedades relevantes de la presente norma, en el artículo 33, que bajo la rúbrica de colaboración con las autoridades judiciales, diseña un sistema de
colaboración entre las autoridades judiciales, competentes para instruir a los procedimientos penales derivados de la posible comisión del delito establecido en el artículo 361 bis del Código Penal y las autoridades administrativas encargadas de la tramitación de los procedimientos sancionadores en materia de dopaje.
Por otro lado, para conseguir el efecto exigido por el Código Mundial Antidopaje, se establece que la condena por la comisión del delito establecido en el artículo 361 bis el Código Penal supondrá de forma automática, como consecuencia asociada al delito, la imposibilidad de ejercer los derechos derivados de la licencia federativa, por un periodo equivalente al que resultaría si lo que se hubiera cometido fuera una simple infracción administrativa.
Este sistema, similar al de países como Gran Bretaña, se determinará conforme a lo que establezcan las federaciones internacionales y está establecido con el fin de no imponer reglas de competencia a las federaciones internacionales y de permitir que sean estas las que, en definitiva, establezcan su propio
sistema. Además, en este último caso, la normativa aplicable será la propia de las federaciones internacionales correspondientes, normalmente el Código Mundial Antidopaje.
El Título III se ocupa de las políticas públicas de control y supervisión de los productos susceptibles de producir dopaje. Diferencia dos Capítulos, el primero de ellos rubricado medidas de control y supervisión de productos, medicamentos y complementos nutricionales, en el que se establecen medidas específicas que tienen por finalidad garantizar el adecuado control por parte de las autoridades públicas de los productos susceptibles de producir dopaje en el deporte. Estas medidas contribuyen a conocer los productos dopantes de que disponen las entidades deportivas, así como el ciclo productivo y de distribución de este tipo de productos fabricados en España. Éstas medidas se complementan con la potestad que se atribuye a ciertas entidades de inspeccionar los botiquines o demás lugares donde puedan encontrarse las sustancias prohibidas incluyendo, finalmente, la posibilidad de decomisar los productos, sustancias e instrumentos empleados o que se puedan emplear con la finalidad de causar dopaje.
La Ley se completa con cuatro disposiciones adicionales que califican a la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte como organización nacional antidopaje, prevén la adaptación de estatutos y reglamentos federativos, establecen el cambio de denominación de la Agencia, y suprimen y ajustan las referencias normativas del Comité Español de Disciplina Deportiva y la Junta de Garantías Electorales, tras la creación del Tribunal Administrativo del Deporte; dos disposiciones transitorias, relativas a los procedimientos disciplinarios en curso y a las habilitaciones para los controles de dopaje; una disposición derogatoria; y seis disposiciones finales que se refieren a la habilitación competencial, a la descripción de los preceptos orgánicos de la Ley, al desarrollo reglamentario de la norma, a la posibilidad de modificar los anexos por orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la creación del Tribunal Administrativo del Deporte, con modificación del artículo 84 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, a la modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a la derogación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la Seguridad Ciudadana, y a la entrada en vigor de la Ley.
En definitiva, esta nueva Ley constituye un intento de modernizar la regulación anterior, con el fin permitir que nuestro ordenamiento jurídico se adapte íntegramente a las normas internacionales de lucha contra el dopaje, y representa un avance notable en la concepción de la protección de la salud de los deportistas, elemento fundamental por el que están obligados a velar todos los poderes públicos.
3. Los deportistas calificados oficialmente como de nivel internacional o que participen en competiciones internacionales están sometidos a las normas y procedimientos de la Federación Internacional correspondiente y de la Agencia Mundial Antidopaje, incluyendo los referentes al pasaporte biológico, si existiesen. Ello se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de someterlos a controles de
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de esta Ley. La definición de deportista de nivel internacional se contiene en el anexo I de esta Ley.
1. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte es una Agencia Estatal de las previstas en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de servicios públicos, y se configura como el organismo público a través del cual se realizan las políticas estatales de protección de la salud en el deporte y, entre ellas y de modo especial, de lucha contra el dopaje y de investigación en ciencias del deporte.
En su órgano colegiado de dirección participaran, en todo caso, los agentes del deporte y, dentro de los mismos, específicamente, las federaciones deportivas.
7. En su condición de organismo especializado en la investigación, control y realización de la política de dopaje la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte se configura como el organismo público estatal de asesoramiento y colaboración con las fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, con la policía judicial y con los demás Poderes Públicos con competencias relacionadas con su ámbito de actuación y, a requerimiento de éstos, con los jueces y tribunales.
8. Los miembros de los órganos mencionados en el presente artículo y de todos los demás que puedan existir en el seno de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte se designarán conforme a criterios de profesionalidad y amplio reconocimiento en el mundo del deporte y de la lucha contra el dopaje, así como de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas objetivas, debidamente motivadas.
En todo caso, la formulación de dichas políticas debe realizarse en el marco de los compromisos internacionales asumidos por el Reino de España y en los Tratados y Convenios que sean de aplicación en España.
1. Los clubes, organizaciones, grupos y demás entidades deportivas a la que se refiere el Título III de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, o que participen en actividades o competiciones deportivas organizadas en el marco de la citada Ley, están obligados a llevar un libro, debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y del que exista garantía de su integridad en el que harán constar los tratamientos médicos y sanitarios que hayan prescrito sus facultativos a los deportistas bajo su dirección, siempre que aquellos autoricen dicha inscripción.
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte podrá complementar o sustituir el libro registro por procedimientos centralizados de base de datos con utilización de las nuevas tecnologías de la información e identificación electrónica, como la firma digital y los sistemas de historia electrónica única y centralizada.
Cualquier procedimiento médico, terapéutico o sanitario que se vaya a prescribir o aplicar a un deportista sujeto al ámbito de aplicación de esta Ley y que se considere dopaje incluso si es objeto de una autorización de uso terapéutico deberá seguir un procedimiento de consentimiento informado que se
regulará reglamentariamente y del que se guardará copia en el libro registro. Cada actuación sanitaria deberá ser refrendada por la firma del deportista como garantía de que se ha realizado dicha actuación y se ha autorizado el asiento en el libro registro.
En caso de que se haya expedido una autorización por parte de un organismo internacional a un deportista con licencia federativa para participar en competiciones de ámbito estatal, el deportista o la persona que se designe para ello está obligado a remitir una copia a la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte para su registro, desde el inicio de la validez de la misma. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte coordinará la información con la Agencia Mundial Antidopaje en lo que se refiere con las autorizaciones de uso terapéutico.
Los órganos disciplinarios deportivos no podrán considerar válidas las autorizaciones de uso terapéutico que no se encuentren debidamente registradas en la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte o de las que ésta obtenga la constancia suficiente a través de la Agencia Mundial Antidopaje.
a) El conjunto de actividades materiales realizadas por médicos, facultativos especialistas en análisis clínicos o personal sanitario habilitado por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte si se trata de extracciones de sangre, o por personal debidamente habilitado por la misma Agencia si se trata de controles referentes a otros parámetros biológicos,, cuya finalidad sea comprobar la presencia o no de alguna sustancia prohibida susceptible de producir dopaje o de la utilización de un método no reglamentario, detectados mediante procedimientos estandarizados en una muestra extraída a tal efecto.
2. Se entiende por controles y actividades de protección de la salud, a los efectos de esta Ley, el conjunto de actuaciones que la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte establezca para
mejorar, controlar y prevenir los efectos contrarios a la salud que pueda producir la actividad deportiva, prevenir los accidentes deportivos o minimizar los efectos de éstos.
c) El incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos médicos y a la comunicación que está obligado el deportista a proporcionar a la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte en caso de obtención de autorizaciones para el uso terapéutico a que hace referencia el artículo 17.2 de esta Ley, así como la vulneración de lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Ley.
a) Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en la letra a), b), c), d), e), f), m) y n) del apartado primero del artículo 22, se impondrá la suspensión de licencia federativa por un período de dos años, y multa de 3.001 a 12.000 euros.
b) Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras g), h), i) j) y k) del apartado primero del artículo 22, se impondrán las sanciones de suspensión de licencia federativa por un período de cuatro años a inhabilitación de por vida para obtener la licencia y multa de 3.001 a 12.000 euros.
a) Por la comisión de las infracciones graves previstas en la letra a) y c) del apartado segundo del artículo 22 de esta Ley, se impondrá la sanción de uno a dos años de suspensión de licencia federativa y multa de 1.500 a 3.000 euros. El período de suspensión será de un mínimo de un año y de un máximo de dos años. La determinación se hará teniendo en cuenta el grado de culpabilidad del deportista con aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.5.e), cuando en las referidas conductas esté involucrado un menor de edad, o en caso de reincidencia, la sanción pecuniaria únicamente podrá tener carácter accesorio y se sancionará con multa de 40.000 a 400.000 euros.
a) Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras b), c), d), e) y f) del apartado primero del artículo 22, se impondrá suspensión de licencia federativa o inhabilitación para el desempeño de cargos deportivos por un período de dos años y multa de 10.001 a 100.000 euros.
b) Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras g), h), i) y j) del apartado primero del artículo 22, se impondrán las sanciones de suspensión de licencia federativa o inhabilitación para del desempeño de cargos deportivos por un período de cuatro años a inhabilitación de por vida, y multa de 10.001 a 100.000 euros.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.5.e), en caso de que la infracción se cometa contra un menor de edad, la sanción será, además de la multa de 40.000 a 400.000 euros la inhabilitación de por vida.
a) Por la comisión de las infracciones graves previstas en la letra a) y c) del apartado segundo del artículo 22 de esta Ley, se impondrán las sanciones de suspensión de licencia federativa o inhabilitación
para el desempeño de cargos deportivos por un período de uno a dos años, y multa de 5.001 a 50.000 euros.
b) Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras g), h), i) y j) del apartado primero del artículo 22, se impondrán las sanciones de suspensión de licencia federativa o inhabilitación para su obtención por un período de cuatro años a inhabilitación de por vida, y multa de 10.001 a 100.000 euros. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.5 e), en caso de que la infracción se cometa contra un menor de edad, la multa será de 40.000 a 400.000 euros y se impondrá la inhabilitación de por vida.
a) Por la comisión de las infracciones graves previstas en la letra a) y c) del apartado segundo del artículo 22 de esta Ley, se impondrán las sanciones de suspensión de licencia federativa o inhabilitación para su obtención por un período de uno a dos años, y multa de 5.000 a 50.000 euros.
b) La admisión voluntaria de la comisión de conductas constitutivas de infracción de las normas antidopaje por parte de un deportista o de la persona responsable de la infracción, hecha ante el órgano competente antes de haber recibido cualquier tipo de notificación que pudiera manifestar la posible exigencia de responsabilidad por los tales hechos, siempre que la confesión sea la única prueba de la infracción en dicho ese momento.
En caso de que la infracción en la que concurran las circunstancias atenuantes fuera la segunda cometida por el infractor, el periodo de suspensión aplicable se fijará en primer lugar de acuerdo con el artículo 28 de esta Ley y sobre el periodo que corresponda se aplicará la correspondiente reducción. Tras
la aplicación de las circunstancias atenuantes, el periodo de suspensión será, al menos, de la cuarta parte del periodo de suspensión que debería aplicarse en caso de no concurrir atenuante alguna.
e) Que en el caso de las infracciones previstas en las letras g) e i) del apartado primero del artículo 22 el sujeto infractor haya cometido la infracción sobre un menor de edad. En los casos previstos en los artículos 24.1.a), 25.1.b) y 26.1.b) no se aplicará esta circunstancia agravante y la sanción a aplicar será la prevista en estos preceptos.
3. El producto de las multas recaudado por el procedimiento previsto en el apartado anterior constituye un ingreso de derecho público que se afecta al cumplimiento de los fines de investigación y que permitirán generar en el presupuesto de la Agencia los créditos necesarios para el desarrollo de dicha actividad, cuya realización material se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en esta Ley.
2. Fuera del caso mencionado en el párrafo anterior, en caso que un deportista haya cometido una infracción de las previstas en la presente Ley, durante un acontecimiento deportivo, o en relación con el
mismo, el órgano competente deberá anular todos los resultados obtenidos por dicho deportista en ese acontecimiento deportivo. Dicha anulación supondrá la pérdida de todas las medallas, puntos, premios y todas aquellas consecuencias necesarias para eliminar cualquier resultado obtenido en dicho acontecimiento deportivo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el deportista demuestre que no concurrió por su parte culpa o negligencia alguna en la conducta infractora, sus resultados individuales en el resto de competiciones distintas a aquella en la que se produjo la infracción no serán anulados, salvo que los resultados obtenidos en esas competiciones pudieran estar influidos por la infracción cometida.
4. En los deportes de equipo, siempre y cuando dos o más de sus miembros hayan cometido una infracción en materia de dopaje durante el periodo de celebración de una competición, y con independencia de las sanciones que puedan corresponder en virtud de lo dispuesto por el artículo 23 y siguientes de la presente Ley, los órganos disciplinarios deberán pronunciarse sobre la procedencia de alterar, en su caso, el resultado de los encuentros, pruebas, competiciones o campeonatos. Para ello ponderarán las circunstancias concurrentes y, en todo caso, la participación decisiva en el resultado del encuentro, prueba o competición de quienes hayan cometido infracciones en materia de dopaje y la implicación de menores de edad en las referidas conductas.
4. Las personas que sean sancionadas por la comisión de cualquier infracción de las normas antidopaje, salvo las establecidas en la letra b) del apartado segundo del artículo 22, se verán privadas de
la totalidad del apoyo financiero otorgado directamente por las Administraciones Públicas o por cualquier entidad en la que participe una Administración Pública o de cualesquiera otras ventajas económicas o beneficios fiscales relacionadas con su práctica deportiva que pudiera obtener de aquellas. La recuperación de las cantidades obtenidas se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo, en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o en cualesquiera otras formas permitidas por el ordenamiento jurídico.
En caso de que el proceso penal finalice con una condena firme por la comisión de un delito previsto en el artículo 361 bis del Código Penal, la misma llevará aparejada automáticamente, como medida asociada, la suspensión de la licencia federativa por el mismo plazo establecido en la presente Ley para las infracciones administrativas equivalentes, incluso en caso de reincidencia. Dicha medida será adoptada por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte una vez tenga conocimiento de la condena. En este caso ya no será posible sancionar a quien haya sido afectado por la medida asociada,
siempre que entre el delito y la infracción administrativa se aprecie que existe identidad de hechos, sujetos y fundamento.
5. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte podrá solicitar que le sean remitidos aquellas diligencias de instrucción practicadas que sean necesarias para la continuación de los procedimientos sancionadores. Dicha petición será resuelta por el Juez de instrucción, previa audiencia de los interesados, en el plazo de 20 días. En dicha audiencia los interesados podrán solicitar que sean también remitidos los documentos que les puedan beneficiar. La resolución del Juez será plenamente respetuosa con el principio de proporcionalidad, entregando a la Administración, mediante resolución motivada, únicamente las diligencias que la aplicación de tal principio autorice.
La responsabilidad sancionadora se extinguirá:
4. Cualquier parte del periodo de suspensión podrá ser reintegrado, si el deportista u otra persona no proporciona finalmente la ayuda sustancial recogida en los apartados anteriores. A estos efectos, el plazo de prescripción de las sanciones se entenderá suspendido hasta que el órgano competente se pronuncie sobre la existencia de los ilícitos mencionados en el apartado primero de este artículo.
3. La instrucción y resolución de los expedientes disciplinarios que, por incumplimiento de las prescripciones de la presente Ley, proceda llevar a cabo y que afecten a directivos de las federaciones
deportivas españolas, ligas profesionales y, en su caso, entidades con funciones análogas, corresponderá en única instancia administrativa al Tribunal Administrativo del Deporte.
4. Si un deportista u otra persona se retiran poniendo fin a su actividad deportiva en el transcurso de un procedimiento sancionador en materia de dopaje, el órgano competente para conocer del mismo seguirá manteniendo su competencia para llevarlo a término. Si la retirada se produce antes del inicio de un procedimiento sancionador en materia de dopaje, conocerá de dicho procedimiento sancionador el órgano competente en el momento de comisión de la infracción de las normas antidopaje.
No obstante lo anterior, podrán denunciarse ante la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte aquellos hechos que proporcionen indicios de la comisión de presuntas conductas o prácticas de dopaje. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte establecerá un procedimiento para
mantener en secreto la identidad del denunciante frente a todos cuantos intervengan en los procedimientos disciplinarios y en las actuaciones previas a los mismos. El denunciante no será considerado parte en el procedimiento sancionador.
a) Un resultado analítico adverso en un control de dopaje constituirá prueba de cargo o suficiente a los efectos de considerar existentes las infracciones tipificadas en el artículo 22.1.a) y b) de esta Ley. A estos efectos se considerará prueba suficiente la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: que en el análisis de la muestra A del deportista se detecte la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores, si el deportista renuncia al análisis de la muestra B y ésta no se analiza; que el análisis de la muestra B confirme la presencia de la sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores detectados en el análisis de la muestra A del deportista.
8. Las sanciones impuestas por los órganos disciplinarios competentes son inmediatamente ejecutivas desde la fecha en que se notifique la resolución sancionadora, salvo que el órgano que deba conocer de los recursos contra dicha resolución acuerde su suspensión. Las suspensiones de las licencias cobrarán efecto por el mero hecho de su notificación en forma al sujeto afectado, sin necesidad de actos
concretos de ejecución. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte deberá notificar las resoluciones sancionadoras en un plazo de 15 días. El retraso en la notificación no afectará a la validez de la resolución dictada. En el caso de que una sanción de inhabilitación llegase a prescribir en los casos del artículo 35, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte procederá disciplinariamente contra los responsables de dicha falta de notificación.
En caso que se adopte la suspensión provisional prevista en el artículo 38 de esta Ley, la duración de la misma se deducirá del plazo total de suspensión finalmente impuesto, siempre y cuando se respete dicha suspensión. No tendrá ningún efecto sobre el plazo final a cumplir el hecho que el deportista u otra persona hayan dejado voluntariamente de competir o haya sido suspendido por su propio equipo.
La publicación se referirá sanciones firmes y únicamente contendrá los datos relativos al infractor, especialidad deportiva, precepto vulnerado y sanción impuesta. No contendrá datos sobre el método o sustancia empleada salvo que resulte completamente imprescindible.
a) Las que determinen la comisión de infracciones antidopaje, ya impongan una sanción o resulten absolutorias,
b) Las que archiven cualquier procedimiento seguido por infracción de las normas previstas en la presente Ley, bien por motivos formales o bien por causas de fondo, determinando la no continuación del procedimiento,
c) Las que declaren el quebrantamiento de una sanción, incluyendo el incumplimiento de la prohibición de participación durante la suspensión,
d) Las que fijen la incompetencia del órgano que las dicta,
e) Las que impongan una suspensión provisional,
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1, las resoluciones dictadas en relación con deportistas que por ser calificados oficialmente como de nivel internacional no estén incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley o las que se dicten en el marco de una competición internacional, podrán ser
recurridas ante el órgano y con arreglo al sistema de resolución de conflictos previsto en la normativa de la Federación Internacional correspondiente.
5. El recurso especial en materia de dopaje en el deporte se tramitará conforme a las reglas establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común para el recurso de alzada con las siguientes especialidades:
2. Cuando la competencia para la realización de las medidas anteriores corresponda a las Comunidades Autónomas, la Agencia Española actuará coordinadamente con éstas y a través de los mecanismos de cooperación que se determinen.
2. A tales efectos, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte facilitara a las referidas entidades los criterios, estudios, estadísticas y, en general, cuanta información tenga, para contribuir, con ello, al logro de una protección más eficaz y más especializada de tales deportistas.
Artículo 49. Tarjeta de Salud de los deportistas de alto nivel o de carácter profesional.
2. Los términos de este Programa se determinarán reglamentariamente y en su establecimiento se fomentará la participación voluntaria de los Centros que componen la RED a que se refiere el artículo 44.2, de las Asociaciones de Deportistas, las Federaciones Deportivas, Mutualidades y de las demás entidades públicas o privadas que tengan interés en colaborar en el Proyecto.
2. Estos controles se centraran, especialmente, en los deportistas de mayor riesgo según determine el Plan de Apoyo a la Salud y en los de mayor nivel deportivo.
4. Las personas que participen en los controles de dopaje que no estén mencionados en los apartados anteriores de este artículo, o en el artículo anterior, tendrán la misma obligación de sigilo y secreto respecto de los datos o informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones. La infracción
de esta obligación será sancionada, a instancias del Consejo Superior de Deportes, por el Tribunal Administrativo del Deporte y será comunicada a los respectivos Colegios Profesionales a los efectos disciplinarios oportunos, sin que en ningún caso puedan sancionarse disciplinariamente los hechos que hayan sido sancionados administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
Medidas de control y supervisión de productos, medicamentos, complementos nutricionales
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Servicios de Inspección Sanitaria del Estado así como los órganos de las Comunidades Autónomas que tengan atribuida la competencia, por su propia
iniciativa o a instancia de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, podrán inspeccionar los botiquines y demás instrumentos que permitan custodiar o albergar los productos y sustancias susceptibles de dar un resultado analítico adverso en un control de dopaje, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en los casos en que sea aplicable.
Las personas así sancionadas no podrán ejercer cargos deportivos o médicos en cualquier entidad relacionada con el deporte, obtener licencia deportiva o habilitación equivalente, ni ejercer los derechos derivados de la licencia deportiva por un período coincidente con la duración de la sanción de inhabilitación que les correspondería de haber sido titulares de la licencia federativa.
A los efectos previstos en el Código Mundial Antidopaje y de la normativa interna de la AMA la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte tendrá la consideración de organización nacional antidopaje y ejercerá las competencias que le correspondan en aquel ámbito.
2. Todas las referencias contenidas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, o en otras normas al Comité Español de Disciplina Deportiva y a la Junta de Garantías Electorales se entenderán hechas al nuevo Tribunal Administrativo del Deporte.
Los procedimientos disciplinarios en materia de represión del de dopaje en el deporte, que hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley, se regirán por la normativa anterior, salvo que el interesado opte voluntariamente por la aplicación de la presente Ley.
1. Queda derogada la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte; así como el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la Seguridad Ciudadana, en cuanto a la referencia que hacía a las letras p) y q) del artículo 23 de dicha Ley Orgánica; y todos los preceptos de normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
d) El artículo 52 que se dicta al amparo del artículo 149.1.7 y 18 de la Constitución en lo que se refieren respectivamente al régimen laboral de los empleados público y al régimen estatutario de los funcionarios públicos.
El artículo 84 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, queda redactado en los siguientes términos:
2. El procedimiento de tramitación y resolución de los expedientes de que conozca el Tribunal Administrativo del Deporte se ajustará a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo las consecuencias derivadas de la violación de las reglas de juego o competición, que se regirán por las normas deportivas específicas.
3. El Tribunal Administrativo del Deporte se compone de siete miembros independientes e inamovibles. En el ejercicio de sus funciones no podrán recibir orden o instrucción alguna de ninguna autoridad pública o de otra persona.
Los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte serán designados por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes de entre personas que tengan la categoría de Catedrático, Magistrado excedente, Fiscal excedente o de entre funcionarios de cuerpos del Subgrupo A1 del artículo 76 de la Ley 7/2007, 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, para cuyo acceso sea requisito necesario el Título de licenciado o grado en Derecho. Igualmente podrán formar parte del Tribunal, abogados en ejercicio que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con el deporte. Los miembros del Tribunal se designarán asegurando el cumplimiento del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas objetivas, debidamente motivadas.
La duración del mandato de los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte será de seis años y no podrán ser reelegidos. La renovación se producirá parcialmente cada tres años. La primera renovación de los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte alcanzará a tres de los miembros, designados por sorteo. La siguiente comprenderá los cuatro restantes. En caso de que la renovación alcanzase al Presidente o al Vicepresidente se procederá a una nueva designación de entre todos sus miembros. El Tribunal Administrativo del Deporte estará asistido por un Secretario que será el Abogado del Estado que designen de común acuerdo la Abogacía General del Estado y el Consejo Superior de Deportes.
Las funciones de los miembros del Tribunal serán compatibles con el desempeño de sus actividades profesionales y se realizarán, en todo caso, a tiempo parcial y con la duración determinada antes señalada.
4. Reglamentariamente se establecerá la composición, organización y funcionamiento del Tribunal Administrativo del Deporte bajo los criterios de mayor simplificación y reducción del gasto posible.
5. Los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte serán independientes en el ejercicio de sus funciones y sólo podrán ser removidos por las siguientes causas:
6. Las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte agotan la vía administrativa y se ejecutarán a través de la correspondiente Federación deportiva, que será responsable de su estricto y efectivo cumplimiento.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
1. Acontecimiento (deportivo): Serie o parte de las competiciones que se desarrollan bajo la dirección un único organismo deportivo que adopta las reglas de participación y organización del mismo.
— Acontecimiento estatal: Se considera como tal aquel acontecimiento que, estando incluido en los correspondientes calendarios de las Federaciones Deportivas Españolas, y siempre que los mismos no tengan la condición de acontecimiento internacional por participar en el mismo deportistas de nivel internacional o cuando las federaciones internacionales organicen las mismas o encomienden o autoricen su realización.
9. Convención de la UNESCO: Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte adoptada durante la 33ª sesión de la Asamblea General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005 que incluye todas y cada una de las enmiendas adoptadas por los Estados Partes firmantes de la Convención y por la Conferencia de las Partes signatarias de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte.
12. Deportista: Cualquier persona que participe en un deporte a nivel internacional o estatal, así como cualquier otro competidor en el deporte que esta sujeto a la jurisdicción de cualquier signatario o a otra organización deportiva que acepte el Código.
17. Grupo de seguimiento: Grupo de deportistas de alto nivel identificados por cada federación internacional u organización nacional antidopaje, y que están sujetos a la vez a controles en competición y fuera de competición en el marco de la planificación de controles de la federación internacional o de la organización nacional antidopaje en cuestión. Cada federación internacional deberá publicar una lista en
la que figuren los deportistas incluidos en su grupo de seguimiento, ya sea indicando su nombre o estableciendo criterios específicos y definidos claramente.
25. Organización antidopaje: Un signatario que es responsable de la adopción de normas para iniciar, poner en práctica o forzar el cumplimiento de cualquier parte del proceso de control antidopaje. Esto incluye, por ejemplo, al Comité Olímpico Internacional, al Comité Paralímpico Internacional, a otras organizaciones responsables de grandes acontecimientos deportivos que realizan controles en acontecimientos de los que sean responsables, a la AMA, a las federaciones internacionales, y las organizaciones nacionales antidopaje.
30. Posesión: Posesión física o de hecho (que sólo se determinará si la persona ejerce un control exclusivo de la sustancia o método prohibidos o del lugar en el que se encuentren la sustancia o método prohibidos); dado, sin embargo, que si la persona no ejerce un control exclusivo de la sustancia o método prohibido o del lugar en el que se encuentre la sustancia o método prohibido, la posesión de hecho sólo se apreciará si la persona tuviera conocimiento de la presencia de la sustancia o método prohibido y tenía la intención de ejercer un control sobre él; por lo tanto, no podrá haber infracción de las normas antidopaje sobre la base de la mera posesión si, antes de recibir cualquier notificación que le comunique una infracción de las normas antidopaje, la persona ha tomado medidas concretas que demuestren que ya no tiene voluntad de posesión y que ha renunciado a ella declarándolo explícitamente ante una organización antidopaje. Sin perjuicio de cualquier otra afirmación en contrario recogida en esta definición, la compra (incluso por medios electrónicos o de otra índole) de una sustancia o método prohibido constituye posesión por parte de la persona que realice dicha compra.
33. Sistema de información establecido por la Agencia Mundial Antidopaje: se trata de una herramienta para la gestión de bases de datos situada en un sitio web para introducir información, almacenarla, compartirla y elaborar informes con el fin de ayudar a las partes interesadas y a la AMA en sus actividades contra el dopaje junto con la legislación relativa a la protección de datos.
Dicho sistema lleva, en la actualidad, nombre «Anti-Doping Administration and Management System» (ADAMS).

References: artículo 104
 artículo 135
 artículo 955
 artículo 33
 artículo 361
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 artículo 84
 artículo 17
 artículo 55
 artículo 22
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 artículo 27
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 artículo 28
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 artículo 35
 artículo 38
 artículo 37
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Artículo 49
 artículo 44
 artículo 8
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 52
 artículo 149
 artículo 84
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 artículo 76