Source: https://www.consulta.tse.go.cr/actas/2017/104-2017-del-5-de-diciembre-de-2017.html
Timestamp: 2018-01-17 05:05:47+00:00

Document:
TSE, Acta 104-2017
ACTA N.º 104-2017
Sesión ordinaria celebrada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas del cinco de diciembre de dos mil diecisiete, con asistencia de los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González –quien preside–, Eugenia María Zamora Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Zetty María Bou Valverde y Luis Diego Brenes Villalobos.
A) Informe de la sumaria del Padrón Nacional Electoral del cierre definitivo para las Elecciones Presidenciales de 2018. Del señor Javier Vega Garrido, Contralor Electoral, se conoce oficio n.° CE-579-2017 del 30 de noviembre de 2017, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Para los fines de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil, y para que se sirva elevarlo al Superior, me permito informar que por medio del Oficio PE-0414-2017, el Lic. Carlos Arguedas Rojas, Jefe de la Sección Padrón Electoral, remitió a esta Contraloría los archivos que contienen el resumen del Padrón Nacional Electoral hasta el 3 de noviembre de este año, correspondiente al cierre definitivo para las elecciones nacionales que se celebrarán el 4-2-2018, según se muestra a continuación:
PADRÓN NACIONAL ELECTORAL OCTUBRE 2017
3.222.993
TOTAL PADRÓN NACIONAL ELECTORAL DEFINITIVO ELECCIONES PRESIDENCIALES 2018
Por su lado, esa información también fue cotejada con lo comunicado al Tribunal por el Lic. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General del Registro Civil en el anexo al Oficio DGRC-1151-2017, conocido en el Artículo Segundo de la sesión ordinaria No.102-2017, celebrada el 28 de los corrientes, de ahí que la verificación de los movimientos reportados resultó satisfactoria.".
B) Fechas relevantes del cronograma electoral para las elecciones presidenciales y legislativas de 2018. Se dispone: Hágase del conocimiento de los Poderes de la República, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República, de la Defensoría de los Habitantes, de los partidos políticos, de las Direcciones institucionales, del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas –a este último para su difusión– el siguiente recordatorio de las fechas más relevantes para el mes de enero de 2018, según el cronograma de las elecciones presidenciales y legislativas aprobado por este Tribunal:
"ENERO 2018
A) Renuncia de funcionaria de la Oficina Regional de Pérez Zeledón. De la señora Jocelyn Brown Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-3535-2017 del 28 de noviembre de 2017, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Para conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones, remito la nota recibida el pasado 24 de noviembre en este despacho, suscrita por la señorita Stephanie Méndez Gutiérrez, funcionaria destacada en la oficina regional de Pérez Zeledón, a través de la cual manifiesta su renuncia al puesto que ocupa interinamente como Asistente Administrativo 2, por los motivos que se sirve exponer.
La servidora Méndez Gutiérrez ha laborado para la institución desde el 1° de febrero del 2013 y solicita que la separación de su cargo sea efectiva a partir del 1° de diciembre del año en curso. Para la fecha de su cese de funciones tiene un poco más de 4 años de laborar para la institución, por lo que debía presentar su renuncia con un mes de antelación y con ello dar de esa forma el preaviso correspondiente, de acuerdo con el artículo 28 del Código de Trabajo. Sin embargo, no cumplió con tal preaviso por cuanto presentó la renuncia en este departamento el pasado 24 de noviembre.
En este sentido, tal preaviso podría presumirse innecesario de conformidad con lo indicado en oficio ORPZ-1049-2017 del 27 de noviembre, suscrito por la Licda. Yudleny Brenes Fonseca, Jefa de la Oficina Regional de Pérez Zeledón y recibido por correo electrónico ese mismo día, en el cual manifiesta que “…para esta oficina regional no se presenta ninguna afectación o inconveniente el que se haga efectiva la renuncia de dicha funcionaria.”
Asimismo, la funcionaria solicita que le sean pagados los extremos laborales a que tiene derecho.".
Se dispone: Tener por presentada la referida renuncia. Por los términos en que esta se presenta, comuníquese a los señores Director Ejecutivo y Director General del Registro Civil, a fin de que estudien los hechos que se refieren y tomen las medidas pertinentes. ACUERDO FIRME.
B) Informe del señor Alejandro Robles Leal sobre permiso de estudio. Del señor Alejandro José Robles Leal, Letrado de este Tribunal, se conoce memorial del 29 de noviembre de 2017, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Después de un cordial saludo me permito señalar que, según lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones en el acuerdo adoptado en el apartado B) del artículo segundo de la sesión n.° 72-2011, celebrada el 4 de agosto de 2011, a través del cual se me concedió, a título de beca, un permiso con goce de salario para cursar, entre octubre de 2011 y mayo 2012, el postgrado de “Máster Oficial en Derecho Constitucional”, impartido por la Universidad de Sevilla, el cual fue prorrogado, por acuerdo adoptado en el apartado A) del artículo segundo de la sesión n.° 20-2012, celebrada el 1.° de marzo de 2012, y teniendo en cuenta las condiciones estipuladas en el respectivo contrato de formación académico, procedo a informarles que he finalizado satisfactoriamente todas las etapas y requisitos indispensables para conclusión de ese postgrado, cuyo título fue expedido el 13 de marzo de 2015 por la Universidad de Sevilla, y su reconocimiento y equiparación en nuestro país, efectuado el 26 de octubre de 2017 por la Universidad de Costa Rica.
No omito manifestar que, como trabajo final de graduación de ese postgrado, presenté el trabajo intitulado “La reforma constitucional por la vía referendaria en Costa Rica”, cual fue posteriormente adaptado y publicado por el sello editorial IFED-TSE.
Frente a esto, dejo rendido el informe respectivo, junto con las copias fotostáticas que acreditan el título de Máster Oficial en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla y la equiparación del grado y título por parte de la Universidad de Costa Rica, no sin antes exponer mis más sinceras muestras de agradecimiento al Tribunal Supremo de Elecciones, a los Señores Magistrados y a las Señoras Magistradas, quienes me ofrecieron su confianza para el desarrollo de ese proyecto académico.".
Se dispone: Con profundo agrado por los logros alcanzados por el señor Robles Leal, que sin duda redundarán en beneficio de la institución, se toma nota de la referida comunicación. Póngase en conocimiento del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME.
C) Trámites de la Comisión de Dedicación Exclusiva. De la señora Jocelyn Brown Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° CDE-0141-2017 del 29 de noviembre de 2017, recibido el siguiente día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"En sesión número 21-2017 celebrada el 24 de noviembre, la Comisión de Dedicación Exclusiva conoció las solicitudes que presentaron dos personas funcionarias quienes laboran para la institución a efectos de ser incorporadas al Régimen de Dedicación Exclusiva o bien para que se ajuste el beneficio que por ese concepto perciben. Ellas estiman cumplir con los requisitos y reunir las condiciones establecidas para lo que solicitan, siendo que con tal propósito aportan los documentos necesarios a fin de demostrarlo.
En cuanto a dichas solicitudes, las cuales corresponden a quienes se indican en el cuadro que se muestra más adelante, luego de los estudios pertinentes considera esta comisión que en efecto son procedentes, pues se trata de personal que se encuentra nombrado en puestos para los cuales se requieren los grados académicos de bachillerato o licenciatura, condición que ambas personas poseen en diferentes disciplinas.
D) Informe sobre periodo de prueba negativo. De la señora Jocelyn Brown Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-3569-2017 del 1.° de diciembre de 2017, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual somete a consideración de este Tribunal gestión relativa a resultado negativo de período de prueba, por lo que propone el regreso del funcionario en cuestión a la plaza que anteriormente ocupaba.
E) Aclaración sobre propuesta de nombramiento interino. Del señor Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General del Registro Civil, se conoce oficio n.° DGRC-1189-2017 del 1° de diciembre de 2017, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"En relación con lo dispuesto por el Superior mediante acuerdo adoptado en el artículo segundo de la sesión ordinaria n.° 103-2017, celebrada el 30 de noviembre de 2017, comunicado mediante oficio n.° STSE-2138-2017 de la misma fecha, referido a una propuesta de nombramientos interinos en distintas oficinas del Registro Civil, muy respetuosamente me permito aclarar que, de conformidad con lo manifestado por la señora Jocelyn Brown Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, mediante oficio n.° RH-3575-2017 de fecha 1° de los corrientes, sobre el nombramiento propuesto para la plaza número 101923, sí se realizó el respectivo estudio de inopia para este tipo de puestos.
Por lo anterior, me permito proponer que se autorice el nombramiento de la citada plaza, conforme se propuso, en la persona que ocupa el primer lugar en la siguiente terna:
Fecha de rige: a partir del día siguiente a la firmeza del acuerdo y hasta el 31- DIC de 2017 o hasta que regrese su propietaria. La jefatura respectiva recomienda a quien ocupa el primer lugar de la terna. No se omite indicar que para este puesto se realizó un estudio de inopia a lo interno de la institución, dando como resultado que actualmente no hay funcionarios /as interesados /as en ocupar el cargo de manera interina.
Se dispone: Nombrar a quien se propone en primer lugar en la referida terna, conforme se sugiere, con la observación según la cual eventuales prórrogas deben ser expresamente autorizadas por este Tribunal. ACUERDO FIRME.
F) Informe sobre modificaciones al Manual Descriptivo de Clases de Puestos. Del señor José Francisco Rodríguez Siles, Director Ejecutivo, se conoce oficio n.° DE-3805-2017 del 30 de noviembre de 2017, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual propone modificaciones al Manual Descriptivo de Puestos.
G) Observaciones a la instrucción de procedimientos administrativos. De la señora Mary Anne Mannix Arnold, Inspectora Electoral, se conoce oficio n.° IE-807-2017 del 1.° de diciembre de 2017, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Visto el acuerdo que se comunica mediante oficio STSE-2067-2017, de 21 de noviembre de 2017, en forma respetuosa solicito al Tribunal se reconsidere lo que allí se ordene y se valore la posibilidad de adoptar, en su lugar, las medidas administrativas que aquí se proponen.
Según el acuerdo adoptado en el artículo tercero de la sesión ordinaria n.° 100-2017, de 21 de noviembre de 2017, el Tribunal ordenó a la Inspección Electoral y a las Direcciones institucionales, con base en lo que dispone el párrafo segundo del artículo 685 del Código de Trabajo, que “cuando se decrete la apertura de un procedimiento disciplinario en contra de algún funcionario electoral, pongan en conocimiento de los departamentos de Contaduría y Recursos Humanos tal situación. Esas dependencias, de inmediato, tomarán nota de la comunicación a fin de que, si se presenta la renuncia o jubilación del servidor, se suspenda el trámite de pago de cesantía que pudiere corresponderle, hasta tanto no se concluya con el respectivo proceso sancionatorio”.
El párrafo del artículo 685 del Código de Trabajo establece que “Los procesos disciplinarios pendientes contra un servidor público que renuncie o se jubile deberán continuar y se suspenderá el pago de la cesantía que pudiera corresponderle, la cual solo se hará efectiva cuando se declare la improcedencia del despido sin responsabilidad para la parte empleadora.”
La solución que establece el Tribunal presenta varios problemas de índole práctica, entre ellos, los siguientes:
1.- Tanto el Departamento de Contaduría como el Departamento de Recursos Humanos, a partir de este acuerdo, deberán implementar bases de datos con la información que suministra la Inspección Electoral y las Direcciones, lo que implica una duplicidad de archivos, documentos que además se deberán actualizar constantemente, también por duplicado.
2.- Las distintas Direcciones y la Inspección Electoral deberán actualizar constantemente, y por duplicado, - mediante un oficio para Recursos Humanos y otro para la Contaduría- la información que alimentaría las bases de datos tanto de la Contaduría como del Departamento de Recursos Humanos.
3.- Deberá aclararse que la comunicación se hará una vez notificada la apertura de un procedimiento a las partes y no antes de que éstas se enteren de la existencia de un procedimiento en su contra.
4.- De lo dispuesto por el Tribunal surge una obligación concomitante para las Direcciones y, sobre todo, para el propio Tribunal, que consiste en actualizar la información que se haya enviado a la Contaduría y a Recursos Humanos, tan pronto como la resolución final adquiera firmeza. Todo ello también por duplicado. De igual manera, la Contaduría y el Departamento de Recursos Humanos estarán en la obligación de actualizar constantemente las bases de datos, en tiempo real, a fin de no incurrir en error a la hora de “suspender el trámite de pago de la cesantía que pudiere corresponderle” a los funcionarios, hasta tanto no se concluya con el respectivo proceso sancionatorio.
5.- La enorme mayoría de los funcionarios contra quienes se tramitan procedimientos administrativos, no están prontos a renunciar o a jubilarse. Esto hace que el trasiego de información que ordena el Tribunal constituya un esfuerzo innecesario para todas las partes involucradas. Además, solo un porcentaje mínimo de los procedimientos administrativos disciplinarios concluyen con una sanción de despido sin responsabilidad patronal, que es el supuesto que regula el artículo citado del Código Laboral.
6.- En todo caso, este flujo de información hacia distintos despachos, podría poner en riesgo, innecesariamente, la confidencialidad de los procedimientos, por lo que es necesario establecer protocolos para el manejo de la información que se le suministraría a la Contaduría y a Recursos Humanos y velar porque tales disposiciones se cumplan a cabalidad.
7. El Tribunal no aclara cuál es la instancia competente para “suspender” el trámite del pago de la cesantía, -la Contaduría o el Departamento de Recursos Humanos-Tampoco indica el fundamento legal para asignar tal competencia, en tanto es el propio Tribunal el competente para autorizar el pago de las prestaciones de ley.
A fin de evitar los inconvenientes apuntados, en forma respetuosa me permito sugerir que, con el fin de cumplir con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 685 del Código de Trabajo, se establezca un sistema de consulta más eficiente.
Corresponde al Departamento Legal elaborar el borrador de la resolución de pago de prestaciones en caso de renuncia o jubilación de las personas funcionarias. Luego de consultar el tema con el Lic. Ronny Jiménez Padilla, Jefe de dicho Departamento, considero que resulta viable, pragmático y reguarda [sic] en mejor medida la confidencialidad de los procedimientos disciplinarios, el que sea esa instancia – el Departamento Legal- quien consulte puntualmente a la Inspección Electoral, a la Dirección respectiva y al propio Tribunal en los casos que corresponda, si se encuentra en trámite algún procedimiento administrativo disciplinario en contra de la persona a la que por renuncia o jubilación, le podría corresponder el pago de las prestaciones de ley y sea el propio Departamento Legal el que recomiende al Tribunal suspender el trámite del pago, -únicamente en cuanto al auxilio de cesantía-, en tanto concluye el procedimiento disciplinario respectivo.".
Se dispone: Con fundamento en lo expuesto por la señora Mannix Arnold, aprobar conforme ésta propone, por lo que se tiene por modificado el referido acuerdo en tal sentido. ACUERDO FIRME.
H) Informe sobre periodo de prueba negativo. De la señora Jocelyn Brown Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-3587-2017 del 4 de diciembre de 2017, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual somete a consideración de este Tribunal gestión relativa a resultado negativo de período de prueba, por lo que propone el regreso de la funcionaria en cuestión a la plaza que anteriormente ocupaba.
A) Informe sobre el Sistema de Verificación de Identidad (VID). De los señores Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General de este Tribunal, Dennis Cascante Hernández, Director General de Estrategia Tecnológica y Luis Guillermo Chinchilla Mora, Oficial Mayor del Departamento Civil, se conoce oficio n.° DGET-270-2017 del 29 de noviembre de 2017, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual –según lo ordenado en el acuerdo del artículo cuarto de la sesión ordinaria n.º 70-2017, celebrada el 22 de agosto de 2017- rinden informe relativo a los resultados de la investigación realizada por el Consejo Superior Notarial de la Dirección Nacional de Notariado, relativo al funcionamiento del Sistema de Verificación de Identidad (VID) y con fundamento en una serie de consideraciones, literalmente concluyen y recomiendan:
"C. En conclusión:
Una vez realizadas las aclaraciones del caso con respecto a lo señalado en su oficio n.° DNN-CSN-279-2017, estimamos los suscritos que por las fundamentaciones expuestas, existen condiciones tecnológicas, legales y jurídicas que sustentan suficiente y razonablemente el Sistema VID como una herramienta tecnológica idónea para constatar inequívoca y objetivamente la identidad de las personas ciudadanas costarricense y, por consiguiente, útil para corroborar la identidad de la ciudadanía costarricense (ver resolución n.° 2357-E8-2015 de las 11:35 horas del 25 de mayo de 2015, publicada en La Gaceta n.° 140 del 21 de julio de 2015, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones).
D. Recomendación:
Por lo tanto, respetuosamente instamos al estimable Consejo Superior Notarial de la Dirección Nacional de Notariado, a continuar utilizando el VID como la herramienta tecnológica adecuada para que los notarios públicos puedan constatar inequívocamente la identidad de las personas costarricenses que soliciten sus servicios notariales; claro está, lo anterior sin perjuicio de las mejoras indicadas en este informe, las cuales se van implementar en la segunda versión del VID que se pretende liberar en el segundo semestre del 2018.
De esta manera, se continuaría dando fiel cumplimiento de la “Declaración conjunta1 entre el Tribunal Supremo de Elecciones y la Dirección Nacional de Notariado a propósito de lo dispuesto en resolución judicial número 085-2015-VI-BIS”, de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo circuito Judicial de San José.".
Se dispone: Tener por rendido el informe, cuya conclusión y recomendación se acogen. Hágase del conocimiento de la señora Presidenta del Consejo Superior Notarial de la Dirección Nacional de Notariado, en atención a su oficio n.° DNN-CSN-279-2017. ACUERDO FIRME.
A) Corrección sobre gastos conexos en misión internacional de acompañamiento. Se dispone: Corregir los acuerdos de los artículos sétimo y único de las sesiones ordinaria n.° 98-2017 y extraordinaria n.° 99-2017, celebradas por este Tribunal el 16 y 20 de noviembre de 2017, respectivamente, en el sentido de que la persona designada para atender la respectiva misión de acompañamiento correrá por su cuenta con el pago del respectivo tiquete aéreo. Tome nota para lo de su cargo la Contaduría. ACUERDO FIRME.
A) Consulta legislativa del proyecto de ley de “Creación del distrito 6° del Cantón de Liberia, San Roque”, expediente n.° 20.510. De la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, se conoce nuevamente oficio n.° CG-243-2017 del 29 de noviembre de 2017, recibido –vía correo electrónico– el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
Sobre el particular resulta necesario indicar que este mismo proyecto fue consultado mediante oficio CG-187-2017 del 19 de octubre de 2017, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, siendo que el texto de la iniciativa fue analizado y conocido por este Tribunal en el artículo quinto, inciso b) de la sesión ordinaria número 91-2017, celebrada el 31 de octubre de 2017, ocasión en la que este Tribunal en lo que interesa indicó:
“Como lo sugiere su nombre, el citado proyecto tiene por objeto la creación del distrito 6° San Roque, a partir de la segregación del distrito Liberia –distrito primero del cantón de Liberia-, considerando entre otras cosas, la importancia que le otorga la ley municipal a los concejos de distrito en relación con las autoridades nacionales y cantonales, obligadas a respetar y hacer cumplir las decisiones de los concejos, generan el interés de la creación de este barrio como distrito, de manera que sus habitantes puedan tener verdadera representación y decisión sobre las políticas y decisiones puntuales que en estos órganos se generan; de ahí la necesidad de contar con una representación directa dentro de la Municipalidad, a través de regidores, síndicos y concejo de distrito, para fomentar el desarrollo del sector.
Con base en las razones antes expuestas, este Tribunal objeta la iniciativa legislativa consultada, en los términos y con las consecuencias señaladas en el artículo 97 constitucional. ACUERDO FIRME.”
Al advertir que se trata del mismo proyecto, reiteramos el criterio expuesto en el acuerdo parcialmente transcrito, en el sentido que este Tribunal objeta la iniciativa legislativa consultada, en los términos y con las consecuencias señaladas en el artículo 97 constitucional. ACUERDO FIRME.
1 Firmada a las once horas del 21 de setiembre de 2016, y aprobada previamente por ese Consejo mediante acuerdo n.° 2016-024-011 tomado en la sesión ordinaria n.° 04-2016.

References: artículo 18
 artículo 28
 artículo 685
 artículo 685
 resolución 
 artículo 685
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 97
 artículo 97