Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/95span/cap.III.peru10.559a.htm
Timestamp: 2017-10-19 16:16:13+00:00

Document:
Informe Anual 1995 - Capitulo III Peru 10.559a
El presente caso fue denunciado ante las instancias competentes de la jurisdicción interna del Estado emplazado. En efecto, tal como se ha señalado más arriba, varias denuncias fueron interpuestas ante el Ministerio Público en atención al doble papel que este órgano autónomo cumplía de acuerdo con la Constitución Política del Perú del año 1979; vale decir, en atención a su rol protector de los derechos y libertades ciudadanos consagrados por el ordenamiento jurídico‑constitucional, y en atención a su rol acusatorio como titular de la acción penal ante el órgano jurisdiccional. Pese a que las investigaciones del Ministerio Público han establecido que los sucesos de Chumbivilcas, expresados en torturas seguidas de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas, son atribuibles a una patrulla del Ejército peruano, comandada por un oficial con rango de Teniente, hasta la fecha no se ha formalizado la denuncia ante el juez penal para que inicie investigación. Cabe anotar que de acuerdo al sistema procesal penal vigente en el Perú y a la ley orgánica del Ministerio Público, para que el fiscal --en tanto titular de la acción penal‑‑ pueda accionar ante el Poder Judicial, debe satisfacer tres requisitos concurrentes: i) que el hecho denunciado constituya delito; ii) que la acción penal no haya prescrito; iii) que se haya individualizado a los presuntos responsables. Si el hecho constituye delito y la acción penal no ha prescrito pero no se ha podido individualizar al responsable, entonces el Fiscal debe archivar provisionalmente la investigación. En el presente caso han transcurrido más de cinco años y, hasta la fecha, la denuncia fiscal no se ha formalizado, entre otras razones, porque las autoridades militares, dependientes del Poder Ejecutivo se niegan a identificar a los oficiales responsables de los sucesos de Chumbivilcas.
En atención a lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión considera que el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, en orden a la investigación de los sucesos e individualización de los responsables, han sido ineficaces, y que el tiempo transcurrido sin que se haya impulsado la investigación a cargo de las autoridades del Estado peruano configura la situación de retardo injustificado en la decisión de los mencionados recursos. Por otra parte, al adoptar las leyes 26479 y 26492 el Estado peruano ha renunciado unilateralmente a su deber de investigar y sancionar los crímenes que afectan derechos fundamentales como es, en el presente caso, el derecho a la vida, en violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[51] Por lo expuesto, la Comisión considera que la petición formulada reúne los presupuestos de admisibilidad requeridos por la Convención Americana y por el Reglamento de la Comisión.
Cuando se produjeron los hechos que han sido materia de investigación por la Comisión, en el Perú estaba vigente la Constitución Política de 1979, la cual restringía la aplicación de la pena de muerte para los casos de traición a la patria en caso de guerra internacional (artículo 235).[52]
Conforme a las disposiciones constitucionales del Estado peruano y a las internacionales que forman parte de su derecho interno,[53] se puede entender que fuera de los límites impuestos por los supuestos normativos de la pena de muerte y de la defensa legítima en los casos de conflictos armados o de graves disturbios interiores que pongan en peligro la vida y los demás derechos fundamentales de las personas, cualquier ejecución practicada por agentes del Estado encargados de mantener y preservar el orden interno ha de considerarse arbitraria.
Declarar que la práctica de la desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad.[54]
Estos procedimientos crueles e inhumanos constituyen no sólo una privación arbitraria de la libertad, sino también un gravísimo peligro para la integridad personal, la seguridad y la vida misma de la persona. Coloca, por otra parte, a la víctima en un estado de absoluta indefensión con grave violación de los derechos de justicia, de protección contra la detención arbitraria y el proceso regular.[55]
La Corte Interamericana por su parte ha señalado que la desaparición forzada de personas implica "con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención".[56]
Conforme a lo anterior, para que se configure una detención seguida de desaparición deben concurrir los siguientes elementos, a saber: i) que haya una detención en los términos antes mencionados; ii) que sea practicada por agentes del Estado o por grupos irregulares (paramilitares o parapoliciales) que actúen con la aquiescencia de las autoridades estatales o bajo su control operativo, y iii) que el confinamiento de la víctima sea sistemáticamente negado por las autoridades responsables del orden público.[57]
De acuerdo a la práctica de la Comisión, una detención arbitraria o ilegal queda configurada en base a tres supuestos a saber: i) cuando la detención es practicada al margen de los motivos que válidamente estipula la ley (detención totalmente extralegal); ii) cuando se ha ejecutado sin observar las normas exigidas por la ley, y iii) cuando se ha incurrido en desviación de las facultades de detención, es decir, cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley (detención para fines impropios): la Comisión ha señalado también que la detención para fines impropios es en sí misma un castigo o pena que afecta, además, la naturaleza democrática del Estado y una vulneración del principio de la separación de poderes en tanto implica el ejercicio por el poder administrador de facultades propias del órgano jurisdiccional.[58]
Asimismo, debe tenerse en cuenta el marco constitucional, vigente al momento de los hechos, en materia de libertad individual y de atribuciones de los órganos de control penal con referencia a la detención de las personas. En efecto, de acuerdo a la Constitución Política de 1979, se establecía en el artículo 2.20.g que nadie podía ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. En el presente caso, según aparece en la descripción de los hechos, las personas afectadas fueron detenidas sin que mediara orden judicial y sin que existiera delito flagrante, pues se sabe que en todos los casos los efectivos militares consumaron los arrestos por la mera sospecha de que se trataba de campesinos que apoyaban a los grupos subversivos, sin contar con prueba alguna ni indicio razonable sobre la dicha sospecha. A mayor abundamiento, es menester señalar nuevamente que en la zona de Chumbivilcas no había declaración formal del estado de emergencia que pudiera justificar una detención para investigar sin que mediara orden judicial ni delito flagrante. En este sentido, estas detenciones son arbitrarias y violatorias de las normas que garantizan un debido proceso en la medida en que ninguna de estas personas fue puesta a disposición del juez competente, en el supuesto de que hubiesen sido responsables de la comisión de algún delito.[59]
Por los motivos señalados en los párrafos precedentes, la Comisión considera que tanto el derecho a la libertad personal que garantiza el artículo 7 de la Convención Americana, los derechos a la vida y a la integridad personal previstos en los artículos 4 y 5 de la Convención, respectivamente, así como las normas que reconocen y garantizan el derecho al debido proceso, previstas en el artículo 8 de la Convención, han sido vulnerados por las autoridades militares del Estado peruano, en perjuicio de las personas que en el presente caso han sido calificadas como detenidas‑desaparecidas, habiéndose incumplido con la obligación de respetar y garantizar estos derechos por las autoridades del Gobierno peruano, prevista en el artículo 1.1 de la Convención Americana.
El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.[60]
(el deber de investigar) debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.[161]
Los oficiales militares, dependientes del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa, obligados a dar cuenta de estos ­hechos y de identificar a los responsables para que sean puestos a disposición del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional, lejos de realizar una investigación ordenada a esos fines han negado sistemáticamente los hechos y no han aportado la información necesaria exigida por los fiscales a cargo de la investigación. El ocultamiento de la información, así como la información confusa proporcionada, pone de manifiesto que las autoridades competentes del Poder Ejecutivo del Perú no han investigado seriamente los hechos denunciados.
... el silencio del demandado o su contestación elusiva o ambigua pueden interpretarse como aceptación de los hechos de la demanda, por lo menos mientras lo contrario no aparezca de los autos o no resulte de la convicción judicial.[62]
[51] A los pocos días de entrar en vigor la ley 26479, la Juez que investigaba la masacre ocurrida en Barrios Altos en 1992, declaró inaplicable a ese caso el (continúa) (Continuación) Artículo 1 de la mencionada Ley por inconstitucional. El Estado peruano aprobó entonces una nueva ley (Nº 26492) supuestamente interpretativa de la Ley de Amnistía. Esta ley interpretativa dispone que la Ley de Amnistía no atenta contra la Constitución ni contra los Tratados internacionales sobre derechos humanos y que, en consecuencia, la Ley de Amnistía es de aplicación obligatoria y no revisable en vía judicial.
[52] La actual Constitución del Perú, vigente desde el 31 de diciembre de 1993, ha ampliado las causales de aplicación de la pena de muerte. En efecto, la nueva Carta Constitucional admite la pena de muerte por los delitos de terrorismo y traición a la patria, tanto en conflictos internacionales como en conflictos armados internos.
[53] Perú es Estado parte en los Convenios de Ginebra de 1949, así como en sus Protocolos Adicionales de 1977.
[54] Resolución 666 (XIII-0/83).
[55] Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "Diez Años", p. 317.
[56] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 27 de julio de 1988, párr. 155.
[57] Véase al respecto: Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la Asamblea General el 9 de junio de 1994.
[58] Comisión Interamericana: Informe Anual 1980-81, p. 118; Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile (1985), p. 138, párr. 100; Diez Años, p. 319; Informe Argentina (1980), pág. 291, apartado A (a) (b).
[59] Conforme a la Constitución de 1977, artículo 231, en estado de emergencia se podía restringir el derecho a la libertad individual.
[60] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 174.
[61] Ibidem, párr. 177.
[62] Ibidem, párr. 138.

References: artículo 4
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 1
 Artículo 1
 Resolución 
 artículo 231