Source: https://tc.vlex.es/vid/supuesta-vulneracion-derecho-tutela-643731353
Timestamp: 2020-07-14 06:24:32+00:00

Document:
STC 91/2016, 9 de Mayo de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 643731353
Número de Recurso: 2772-2014
Una compañía eléctrica recurrió una resolución de la Comisión Nacional de la Energía, en la que se aprobó una liquidación provisional de las obligaciones tributarias correspondientes a las actividades reguladas del sector eléctrico. Dicho recurso fue inadmitido por la Audiencia Nacional, al entender que esa liquidación provisional no era susceptible de impugnación en vía contencioso-administrativa. Se deniega el amparo. La Sentencia concluye que no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, ya que las resoluciones impugnadas se ajustan al canon constitucional exigible para decidir la inadmisión. De un lado, el razonamiento judicial estaba suficientemente motivado y no resultaba arbitrario o irrazonable, pues no partía de premisas inexistentes o extravagantes ni incurría en quiebras lógicas. De otro lado, tampoco se realizó una interpretación excesivamente rigorista ni desproporcionada, puesto que no se ocasionó a la mercantil recurrente un perjuicio económico grave o de difícil reparación. La especial trascendencia constitucional reside en que el asunto tratado trasciende del caso concreto y plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 5 de mayo de 2014, el Procurador de los Tribunales don José Luis Martín Jaureguibeitia, en nombre y representación de Iberdrola, S.A., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales referidas en el encabezamiento.
Iberdrola, S.A., interpuso recurso contencioso-administrativo por el procedimiento ordinario contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de Energía que aprobó la liquidación provisional núm. 14 de las actividades reguladas del sector eléctrico del ejercicio 2011, correspondiente al periodo de facturación desde el 1 de enero de 2011 al 29 de febrero de 2012 (en lo sucesivo liquidación 14-2011). En ella se establecía una obligación de abono de 142.324.943,30 € por parte de Iberdrola, S.A., en concepto de “liquidación de la diferencia provisional a cuenta para la financiación del déficit”, conforme a lo previsto en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. La demandante sostenía que imponer la carga de financiación del déficit de tarifa exclusivamente a las cinco empresas del sector que señala la norma (entre ellas Iberdrola, S.A.) lesiona el derecho a la igualdad ante la ley, reconocido por el art. 14 CE y por el Derecho comunitario europeo. Alegaba asimismo la vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), de los principios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento, reconocidos por el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, y de diversas directivas europeas.
Tramitado dicho recurso ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con núm. 3134-2012, la Abogacía del Estado opuso en su contestación a la demanda la causa de inadmisibilidad del art. 69 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), en relación con el art. 25.1 de la misma Ley, por entender que la liquidación provisional impugnada es un acto irrecurrible.
Por Auto de 27 de febrero de 2013, confirmado en reposición por Auto de 18 de mayo de 2013, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estimó la alegación previa de la Abogacía del Estado, declarando la inadmisibilidad del recurso deducido contra la liquidación 14-2011, conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 69 c) LJCA. Considera la Audiencia Nacional, con apoyo en la jurisprudencia que cita (Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2006 y 27 de junio de 2012) que la liquidación provisional, por su propia naturaleza, no es una resolución definitiva en vía administrativa, porque calcula la cantidad a pagar en función de previsiones estimativas que habrán de ser corregidas en la liquidación definitiva que ha de practicarse a partir de los desajustes reales, siendo esa liquidación definitiva la que será recurrible en vía contencioso-administrativa, en cuanto ultima el proceso de liquidación. Rechaza asimismo que la inadmisión del recurso lesione el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción, en contra de lo alegado por la demandante.
Contra los referidos Autos la sociedad mercantil demandante interpuso recurso de casación (núm. 2074-2013), en el que se razonaba que la inadmisión del recurso contencioso-administrativo deducido contra la liquidación 14-2011 se basa en una interpretación de la legalidad procesal lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción, así como de la doctrina constitucional relativa al mismo.
Por Sentencia de 14 de marzo de 2014 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación. El Tribunal Supremo confirma el criterio sentado por la Audiencia Nacional en los Autos recurridos. Señala, con cita de anteriores pronunciamientos, que la cuestión de fondo planteada por la demandante ya ha sido resuelta por la Sala en los procesos sustanciados por la vía del proceso de protección de derechos fundamentales. Por lo que toca al presente caso, seguido por el cauce del procedimiento ordinario, considera el Tribunal Supremo que la liquidación provisional girada por la Comisión Nacional de Energía, aunque tenga contenido decisorio y sea inmediatamente ejecutiva, no es una resolución que ponga fin a la vía administrativa, pues su contenido se encuentra subordinado a lo que finalmente resulte de la liquidación definitiva, esta sí recurrible en vía contencioso-administrativa. La liquidación 14-2011 es a cuenta de la definitiva y la circunstancia de la imputación efectiva de las diferencias entre la liquidación provisional y la definitiva en el año que se concreten (en un ejercicio posterior al que se refiere la liquidación provisional, por tanto) no basta para trasmutar la naturaleza provisional de la liquidación 14-2011. No puede pues considerarse como un acto definitivo y firme en vía administrativa a efectos de su recurribilidad ante la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 LJCA.
La demanda de amparo se fundamenta en un único motivo, la vulneración del derecho de la sociedad demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso a la justicia, en relación con la doctrina constitucional que insta a los órganos judiciales a interpretar todas las normas del ordenamiento jurídico en el sentido más a la efectividad de este derecho fundamental (cita, entre otras, las SSTC 55/1997 , de 17 de marzo; 75/2008 , de 23 de junio; 168/2003 , de 29 de septiembre; 327/2005 , de 12 de diciembre; 23/2011 , de 14 de marzo, y 209/2013 , de 16 de diciembre). En este mismo sentido invoca la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentada en las Sentencias de 28 de octubre de 1998, asunto Pérez Rada Cavanillas c. Reino de España ; de 28 de octubre de 2003, asunto Stone Court Shipping Company, S.A., c. Reino de España ; y de 15 de diciembre de 2009, asunto Llavador Carretero c. Reino de España .
Asimismo, la demandante de amparo sostiene que en este caso no se trata únicamente de que las resoluciones judiciales impugnadas hayan vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente de acceso a la justicia, sino que plantea una cuestión que reviste especial trascendencia constitucional a la luz de los criterios a los que se alude en la STC 155/2009 , de 25 de junio, FJ 2.
Mediante providencia de 6 de julio de 2015 la Sala Primera de este Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, “apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto” y porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica [STC 155/2009 , FJ 2 g)]. Por ello, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), ordenó requerir atentamente a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para que en el plazo de diez días remitieran, respectivamente, certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 2074-2013 y al recurso contencioso-administrativo núm. 3134-2012, interesándose al propio tiempo el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en ese procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo desean, en el presente recurso de amparo.
Mediante diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de 1 de septiembre de 2015 se tuvo por personado y parte al Abogado del Estado. Asimismo se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y se procedió, conforme a lo establecido en el art. 52.1 LOTC, a dar vista de las actuaciones por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal, a la representación procesal de la sociedad mercantil demandante de amparo y al Abogado del Estado, para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
El Ministerio Fiscal presentó el 30 de septiembre de 2015 su escrito de alegaciones en el que, tras exponer detalladamente los antecedentes del asunto, procede a analizar el contenido de la vulneración constitucional denunciada por la sociedad demandante de amparo. El Fiscal realiza una detallada exposición sobre el régimen legal de financiación del déficit del sistema eléctrico o déficit de tarifa que da lugar a la liquidación provisional que la demandante pretende impugnar en vía contencioso-administrativa; concretamente, por aplicación de la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril. Esa regulación impone nominalmente a cinco empresas del sector eléctrico, entre ellas Iberdrola, S.A., la obligación de financiar el déficit de tarifa en determinados porcentajes.
El Abogado del Estado dio cumplimiento al trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en este Tribunal el 30 de septiembre de 2015, en el que solicita que, previa apertura del trámite de audiencia del art. 84 LOTC, se declare la pérdida sobrevenida de objeto del recurso de amparo o, subsidiariamente, se desestime este.
Subsidiariamente, interesa que se desestime el recurso de amparo, por entender que las resoluciones judiciales impugnadas han llevado a cabo una interpretación del requisito de admisibilidad previsto en el art. 25.1 LJCA que, a la luz de la doctrina constitucional (cita las SSTC 231/2012 , de 19 de diciembre, y 164/2014 , de 7 de octubre, por todas) no puede considerarse rigorista ni desproporcionada, lo que permite descartar la pretendida vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la vertiente de acceso a la justicia. Reproduciendo la fundamentación de diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo a los que se remite la Sentencia impugnada en amparo, señala el Abogado del Estado que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han considerado de forma razonada que la liquidación provisional es un acto de trámite o no definitivo, no susceptible por tanto de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa por la vía ordinaria, sin que el efecto ejecutivo de la liquidación impugnada invalide su carácter provisional, a cuenta de la futura liquidación definitiva que se dicte, esta sí recurrible en vía contencioso-administrativa en todo caso.
La representación procesal de Iberdrola, S.A., presentó su escrito de alegaciones en este Tribunal el 30 de septiembre de 2015, ratificándose en las alegaciones formuladas en su escrito de demanda.
Mediante providencia de 18 de enero de 2016 la Sala Primera de este Tribunal, a la vista de lo alegado por el Abogado del Estado, acordó conceder a las partes personadas y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días, con arreglo a lo dispuesto en el art. 84 LOTC, para alegar lo que estimen pertinente sobre la eventual pérdida de objeto del recurso de amparo.
Por providencia de 5 de mayo de 2016, se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 9 del mismo mes y año.
El objeto del presente recurso de amparo es determinar si las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el derecho de la sociedad demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, por haber inadmitido su recurso contencioso-administrativo interpuesto por la vía del procedimiento ordinario contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Energía que aprobó la liquidación provisional núm. 14-2011, valiéndose de una interpretación irrazonable y desproporcionada del art. 25.1, en conexión con el art. 69 c), de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA).
Antes de abordar el examen de la queja formulada por la demandante debemos descartar que se haya producido la pérdida sobrevenida de objeto del recurso de amparo que alega el Abogado del Estado por satisfacción extraprocesal de la pretensión deducida en el proceso a quo , con fundamento en el hecho de que la cantidad a cuyo abono venía obligada la demandante por la liquidación provisional 14-2011, más los intereses legales correspondientes, le ha sido ya satisfecha íntegramente por la Administración.
Entrando ya en el examen de fondo del asunto, es preciso traer a colación el canon del enjuiciamiento constitucional del problema, que se encuentra establecido en la reiterada doctrina sentada a partir de la temprana STC 19/1981 , de 18 de junio. Conforme a esta consolidada doctrina constitucional, el primer contenido del derecho a obtener la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24.1 CE es el acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser parte en un proceso para poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una resolución judicial motivada y fundada en Derecho sobre las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso, si bien ese derecho queda igualmente satisfecho si el órgano judicial, por concurrir una causa legal apreciada razonadamente, dicta una resolución de inadmisión.
Asimismo este Tribunal ha destacado reiteradamente que la trascendencia que para la tutela judicial tienen estas decisiones de denegación de acceso a la jurisdicción implica que su control constitucional ha de realizarse de forma especialmente intensa, de modo que más allá de la verificación de que no se trata de resoluciones arbitrarias, manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente, tal control procede a través de los criterios que proporciona el principio pro actione , entendido no como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan, sino como la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican (entre otras muchas, SSTC 88/1997 , de 5 de mayo, FJ 2; 63/1999 , de 26 de abril, FJ 2; 45/2002 , de 25 de febrero, FJ 2; 79/2005 , de 2 de abril, FJ 2; 327/2006 , de 20 de noviembre, FJ 3; 28/2009 , de 26 de enero, FJ 2, y 209/2013 , de 16 de diciembre, FJ 3).
En el presente caso, como se ha expuesto con más detalle en el relato de antecedentes, ha quedado acreditado que la sociedad demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo por el procedimiento ordinario contra la resolución de la Comisión Nacional de Energía que aprobó la liquidación 14-2011. En la misma se establecía una obligación de abono de 142.324.943,30 € por Iberdrola, S.A., en concepto de “liquidación de la diferencia provisional a cuenta para la financiación del déficit”, conforme a lo previsto en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. La demandante sostuvo como motivo principal de impugnación que la imposición de la carga de financiar el déficit de tarifa exclusivamente a las cinco empresas del sector que señala la norma (entre ellas Iberdrola, S.A.) es contraria al derecho a la igualdad ante la ley, reconocido por el art. 14 CE y por el Derecho comunitario europeo.
En atención a lo expuesto debe concluirse que las resoluciones judiciales impugnadas no han vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción, toda vez que no puede considerarse que la decisión de inadmisión del recurso contencioso-administrativo por ella interpuesto, por el procedimiento ordinario, contra la resolución administrativa que aprobó la liquidación provisional 14-2011, resulte arbitraria, irrazonable, rigorista o desproporcionada.
Del mismo modo, sin perjuicio de que los órganos judiciales pudieran haber realizado una interpretación de la causa de inadmisión apreciada más favorable al principio pro actione , como sostiene la demandante de amparo, dado que este principio no impone necesariamente la selección de la interpretación de la legalidad ordinaria más favorable a la admisión del recurso contencioso-administrativo, no cabe concluir que la interpretación de los arts. 25.1 y 69 c) LJCA llevada a cabo en las resoluciones impugnadas resulte rigorista ni desproporcionada. Los órganos judiciales, al señalar que es la liquidación definitiva del ejercicio 2011 la que será recurrible en vía contencioso-administrativa (siendo entonces cuando la demandante podrá hacer valer cuantas alegaciones estime oportunas contra lo que considera indebida imposición de la obligación de financiar el déficit de tarifa), están poniendo de manifiesto que la decisión de inadmisión no implica que se imposibilite a la demandante la satisfacción de la pretensión que intentaba hacer valer en vía judicial, al impugnar la liquidación provisional 14-2011 por los cauces del proceso ordinario.
STS 483/2009, 7 de Julio de 2009

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