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Timestamp: 2018-08-21 11:49:19+00:00

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Bogotá, catorce (14) de diciembre de dos mil (2000). Referencia: Expediente N
Bogotá, catorce (14) de diciembre de diciembre de dos mil (2000).
Referencia: Expediente No. 5388
Por cuanto esta Corporación, mediante fallo de 16 de febrero de 2000 casó la sentencia de 7 de octubre de 1993 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en el proceso ordinario de Luis Gonzaga Gutiérrez Hernández contra José Antonio Londoño Ramírez, corresponde ahora en sede de instancia dictar la que debe reemplazar la del tribunal, para desatar el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de primer grado proferida el 16 de diciembre de 1992 por el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio (Caldas) .
1. Tal como los resumió la Corte en aquella oportunidad, el proceso tuvo origen en demanda en que se solicita la declaración de que el actor, juntamente con los sucesores tanto de Francisco Javier Marín Toro como de Martha Rosa Toro viuda de Marín, en su condición de comuneros y poseedores regulares del predio "El Plan", ubicado en la vereda La Miel del municipio de Marmato (Caldas), "tienen mejor derecho a adquirir el dominio por prescripción, que el demandado señor JOSE ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ", y que éste, subsecuentemente, como "poseedor" irregular y de mala fe que es, sea condenado a restituirlo con los frutos calculados desde el año 1981 ó, en su defecto, desde la contestación de la demanda.
2. La causa petendi, también ya resumida anteriormente, es como sigue:
a) En la mortuoria de Ramón Antonio Marín Torres se adjudicó a Martha Rosa Toro viuda de Marín, y a Francisco Javier y María Emma Marín Toro, según sentencia aprobatoria de la partición calendada el 14 de abril de 1971, "el pleno dominio y posesión material" del predio en disputa, el cual aparece debidamente especificado en el hecho primero de la demanda.
b) La precitada María Emma vendió a Luis Gonzaga Gutiérrez, según escritura pública No. 71 de 18 de julio de 1988, de la notaría de Marmato "el derecho de dominio o posesión material" que le correspondió; acto escriturario que fue inscrito en el registro inmobiliario.
c) "Hace aproximadamente diez años el señor José Antonio Londoño Ramírez se encuentra posesionado del inmueble a que se refiere el hecho primero de la demanda, sin reconocer dominio ajeno. A esta posesión material llegó por cuanto el señor Israel Marín Torres le entregó el bien -sin tener ningún derecho sobre él- dizque en pago de una deuda pero sin documento que así lo acredite y sin ningún título escriturario ni promesa de venta.
d) El título de "dominio" invocado por el demandante no ha sido cancelado y continúa vigente.
e) En el certificado de tradición, así como en la hijuela misma, consta que el causante Ramón Antonio "no tuvo sobre el inmueble título escriturario inscrito adquisitivo de dominio, sino que lo adquirió por posesión quieta y pacífica de más de veinte (20) años".
De modo que ni sus herederos ni el demandante Gonzaga "pueden considerarse como titulares del derecho real de dominio sobre el inmueble, pero sí son poseedores con justo título inscrito del inmueble y se encuentran en mejores condiciones de adquirir el dominio por prescripción ordinaria adquisitiva, con mejor derecho a la dicha adquisición que el demandado, quien es poseedor irregular por carecer de justo título y sin buena fe. Por esa razón, a aquellos la ley sustantiva les concede la acción reivindicatoria en la modalidad de publiciana".
3. El demandado contestó con expresa oposición a las pretensiones. Exigió entonces la prueba de las condiciones como dice el actor que Londoño entró a poseer el inmueble.
Excepcionó así: prescripción de la acción publiciana, dado que posee el inmueble desde el año 1981 "sin ser perturbado por la parte demandante", amén de que cuando Israel se lo entregó le hizo creer que era el verdadero dueño mediante posesión de más de veinte años. "Esto significa que la comunidad que se formó con la adjudicación de la herencia, en ningún momento llegó a tener la posesión material de la propiedad y por esta razón no se preocupó de recuperarla, pues no podía recuperar lo que no perdió o no se le quitó". Vino hacerlo pasados los diez años de posesión del demandado, cual se confiesa en el precitado hecho sexto de la demanda.
Pidió adicionalmente el reconocimiento eventual de las mejoras que especificó.
II. La sentencia del Juzgado
Adelantado el trámite litigioso, la primera instancia terminó con sentencia mediante la cual el juez desestimó las pretensiones y condenó en costas al demandante. Para tal negativa amparose en que “1°, no se identificó el bien en debida forma, excluyendo los lotes de todos los poseedores y 2°, habiendo identificado una porción del bien mayor que la poseída por el demandado, no se demandó a todos los poseedores, por lo que el Juzgado, identificado con los argumentos del apoderado de la parte demandada, concluye que aquí se presenta el fenómeno jurídico de ‘falta de legitimación de la causa por pasiva’ ”.
Se duele el recurrente de que las apreciaciones del juez no coinciden con la realidad procesal, si se miran las constancias dejadas por el juzgado en el acta de inspección judicial, tales como que “dentro de este predio se excluye una mejora que fue autorizada por los anteriores dueños a Rafael Zapata”, allí descrita por sus medidas, linderos y cultivos; otra constancia de que en la cabecera del predio inspeccionado “existe una pequeña plaza o espacio público atravesado por el camino que conduce de la Frisolera al caserío La Miel, rodeado por las siguientes casas de habitación, cuyos propietarios u ocupantes o poseedores son: Israel Marín, , Fabriciano Rendón Angel, Alejandrina Marín, Carlos Marín, Lía Cañaveral, Ignacio Sánchez”.
Destaca luego el apelante la expresa constancia del juez en el sentido de que “el inmueble anteriormente descrito coincide en todas sus partes con el descrito en el hecho primero de la demanda, lo mismo que con el bien relacionado en el literal ‘A’ de la hijuela Nro. dos (2) de la partición de la sucesión de Ramón Antonio Marín Torres, con el descrito en la escritura 071 del 18 de octubre de 1978 …, con el inmueble que se relaciona en el certificado de tradición …”; de lo cual concluye que el inmueble sí es identificable y hay plena concordancia entre el inspeccionado y aquel a que se refieren los títulos escriturarios en los cuales ampara la comunidad su posesión regular. Agrega más adelante que “no existen varios poseedores en proindiviso del inmueble objeto del litigio, sino uno solo, a quien se demandó”; reitera que existe identidad entre lo que se pretende y lo poseído, y termina alegando que con las apreciaciones del juez no se podía llegar a una sentencia de mérito, sino por mucho a una inhibitoria, porque no se le pueden cerrar para siempre las puertas a quien pudiera enderezar el entuerto que se predica; sin embargo, lo que solicita es revocar el fallo y en su lugar hacer las declaraciones deprecadas en la demanda.
Visto que la acción ejercida es la publiciana, reglada por el artículo 951 del Código Civil y con las características referidas al despachar el recurso de casación, hácese preciso notar que el actor tiene la carga de demostrar que, siendo un poseedor regular en vía de usucapir, perdió la posesión.
Cuanto a la posesión regular, sabido es que se configura, de una parte, con la existencia de la posesión material, y de otra, con que su adquisición haya surgido de justo título y con buena fe inicial.
Elemento el primero, que halla suficiente presencia en los autos con las versiones de los testigos, principalmente de las que recoge el cuaderno número 3, que, como se consigna a continuación, dieron cuenta de la posesión material ejercida por los premencionados comuneros para los cuales se demanda, a través de la explotación agrícola del predio mediante el cultivo de café y plátano básicamente y, en general, en la conservación del inmueble desde que murió el causante Ramón Antonio Marín. En efecto:
Roberto Elías Zapata, de 53 años de edad, agricultor de la misma vereda La Miel, en agosto de 1992 rindió testimonio de que conoce a las partes, el predio y los antecedentes del litigio; a los comuneros los conoció “porque cuando yo vine a esa vereda hace unos veinte años fui vecino de ellos y ahí vivo todavía”. Cuando el testigo llegó a la vereda, Martha Rosa Toro de Marín, Francisco Javier y María Emma Marín Toro estaban disfrutando la finca “hasta la muerte de Martha Rosa quien murió primero y después murió Javier, y luego pasó a manos de Emma Marín, hasta hace aproximadamente un año que murió, pero antes en el 82 hicieron el préstamo .. y de ahí para acá la viene disfrutando el señor José Antonio Londoño … Ellos también recogían el café, desyerbaban, arreglaban el plátano y mantenían la finca en muy buen estado” (Fls. 11 a 13).
José Ignacio Sánchez Ríos, de 64 años y de la misma vereda, al punto expuso en 1992 que 15 años atrás conoció a los referidos comuneros, y unos 10 años que José Antonio Londoño posee la finca; que aquéllos tuvieron la posesión del predio antes de llegar José Antonio, “ellos cultivaban plátano, café, caña” (Fls. 13 y 14).
Elibardo Antonio Ramírez Ríos, de 60 años, agricultor, dijo que había vivido en la casa de la finca de la litis por cuenta de Israel Marín, cuando en una ocasión llegó éste con José Londoño haciendo un negocio, a causa del cual tuvo que desocupar y allí quedó el agregado de Londoño; “eso fue a principios del año 82, porque el 15 de agosto de 1981 yo vivía ahí todavía”; agrega que distinguió a Martha Rosa, Francisco Javier y María Emma unos 18 ó 20 años atrás, quienes poseyeron la finca, no sabe cuántos años, “pero Ramón Marín el viejo era el propietario de esa tierra, él falleció, siguió Ramón Marín hijo y fallecido él Marín hijo, siguió poseyendo Martha Rosa Toro, yo no conozco de los años atrás, conocí desde unos veinticinco años para acá”, y relata cómo los comuneros ejecutaban sus actos de posesión a través de Israel Marín, cultivando y cogiendo los frutos de café y plátano (Fls. 16 y 17).
Justo Pastor Salazar, de 72 años, agricultor de la misma vereda, dijo haberse conocido “desde toda la vida, hemos sido vecinos toda la vida” con Marta Rosa, Francisco Javier y María Emma, quienes desde hace mucho tiempo fueron los poseedores de la finca, “pues desde que falleció Ramón Marín, padre de ellos, pasó a manos de ellos, no sé cuántos años, … cultivaban café y plátano” (Fls. 17 a 19).
Gerardo Gómez Osorio, de 64 años, agricultor de allá mismo, narró que conocía a los prenombrados comuneros desde 25 años atrás por vivir todos en la prenombrada vereda, y antes de que José Antonio ocupara la finca, ellos la disfrutaron “más o menos o más de veinte años” con mejoras de café y plátano” (Fls. 19 y 20).
Cumple decir que lo así relatado por estos testigos merece credibilidad, comoquiera que por fuera de ser responsivos, exactos y completos, ninguna otra probanza los desmiente, y al contrario, las hay corroborando su dicho, como ocurre con el testimonio de Israel Marín recogido a instancia del propio demandado y quien fuera principal protagonista de los hechos que dieron origen a que Londoño Ramírez entrara a ocupar la finca: “él me prestó a mí –dijo- doscientos mil pesos, para yo pagar una deuda que tenía, eso fue en el año 82, me parece que fue; … que yo le entregara la finca para él así pagarse la plata, … y entonces como la finca no era mía sino de la señora de nombre María Emma Marín, yo le comenté a mi señora, entonces ella me dijo que no hiciera ese negocio…” (Fls. 109 a 111 del C. 4).
Fácil resulta, pues, deducir que la comunidad sobre el predio integrada por los susodichos Martha Rosa Toro, Francisco Javier y María Emma Marín entró en posesión de la finca una vez fallecido su esposo y padre Ramón Marín, cuyo deceso, según los documentos acompañados con la demanda (fls. 2 a 9 del C. 1), ocurrió en todo caso antes del 8 de abril de 1970; quedando de paso al descubierto que la misma posesión se extendió hasta 1981, ya que fue a inicios de 1982 desde cuando Londoño entró a ocupar el predio desplazándolos.
De otra parte, aparece también acreditado el elemento adquisición de la posesión del bien mediante justo título y de buena fe, porque, en primer lugar, destácase cómo respecto del bien litigado, a más de ser punto pacífico, hallado por el juzgador de instancia sin reparo alguno, es de ver que conforme a los artículos 764 y 765 del Código Civil obra en el expediente el acto de partición herencial que expresa la adjudicación del “pleno dominio y la posesión” del bien que venía detentando el causante por más de veinte años “con carácter de dueño”.
En efecto, dice a la letra el trabajo partitivo que “para los coasignatarios reconocidos, a saber: doña Marta Rosa Toro vda. de Marín como cónyuge sobreviviente del causante Ramón Antonio Marín Torres, con derecho a recibir gananciales; y para los herederos Francisco Javier y María Emma Marín Toro como hijos legítimos … se les cubre esta hijuela adjudicándoles lo siguiente: el pleno dominio y posesión, en comunidad y en proindiviso entre los mismos y en proporción igual a sus respectivos derechos, de un lote de terreno llamado El Plan, (….). Adquirió el causante por posesión mayor de veinte años, con explotación económica continua y sin interrupción, con carácter de dueño”; acto que fue aprobado por sentencia de 14 de abril de 1971 y registrado en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria (Fls. 2 a 9 y 17 respectivamente, del cuaderno 1). María Emma posteriormente vendió sus derechos a Luis Gonzaga Gutiérrez, de ahí que este último pida para la comunidad singular así formada.
Obsérvese cómo el precepto legal últimamente citado refiere que son justo título traslaticio de dominio “los actos legales de partición”. Tal es la ocurrencia de autos, pues como se acaba de reseñar, en el acto partitivo de la herencia de Ramón Marín se adjudicó “el dominio y la posesión” sobre el inmueble que había adquirido el causante por posesión de más de veinte años, cuestión que, conforme a jurisprudencia, da pie para pensar que le pertenecía. (Al respecto puede verse la sentencia de casación civil de 30 de julio de 1996, Exp. 4514).
De esta manera, los adjudicatarios del bien en los términos que dan cuenta los autos, se constituyen legítimamente en la parte activa del proceso como poseedores a quienes les asiste justo título.
Y en segundo lugar, la buena fe, que, se memora, es la "conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio", se presume, salvo norma expresa en contrario (artículos 768 y 769 in fine), presunción que aquí no aparece infirmada.
Ahora bien. Tocante a la posesión actual del demandado, según se vio al despachar el recurso extraordinario, fue confesada sin atenuantes por él, siendo esa precisamente la razón por la cual se casó el fallo del tribunal; quiso Londoño afrontar la litis en esas condiciones. Resta al respecto únicamente considerar el argumento que, a decir del a quo, hiere la pretensión, consistente en que no se identificó el bien en debida forma porque en el mismo se hallaron otras personas ocupándolo parcialmente.
Al punto dijo el juzgador de primer grado que, conforme a la inspección judicial, en el predio se hallaron varios lotes "poseídos" por Rafael Zapata, Lía Cañaveral, Israel Marín, Fabriciano Rendón, Alejandrina Marín, Carlos Marín e Ignacio Sánchez, cuestión que halló corroborada con el dictamen pericial. No se apoyó más que en esas dos probanzas.
Sin embargo, al otear la inspección judicial, no se advierte cuál elemento de juicio pudo llevar al juzgado a calificar a dichas personas como poseedoras, por supuesto que ni a ellas mismas se les tomó el parecer en orden a pesquisa semejante; ninguna averiguación seria se hizo al respecto; antes bien, es manifiesto que el propio sentenciador lo ignoró a la sazón, pues no se explica entonces cómo habló con ambivalencia. Porque, evidentemente, al referirse a las casas halladas con ocasión de la diligencia de inspección, así expresó: "cuyos propietarios u ocupantes o poseedores son: …"; de donde se patentiza que quedó por definirse la real calidad con que allá se encontraban las relacionadas personas.
Y, de otro lado, es claro que del simple croquis de la pericia, el otro soporte del juzgado, no puede extraerse con certeza el elemento sicológico que caracteriza a un poseedor.
Una y otra prueba, entonces, carecen por completo de virtualidad para derribar la reiterada confesión del demandado de ser poseedor de todo el bien; ni en el expediente obra elemento capaz de ello. Punto en el que, por consecuencia, se equivocó el sentenciador de primera instancia.
Total, queda establecida plenamente tanto la posesión perdida de la parte actora como la actual del demandado.
Por lo demás, desde que la pretensión tiene por objeto la persecución directa de un bien en concreto, y éste viene perfectamente señalado por sus especificaciones y linderos, que fue el mismo hallado por el juez en la inspección judicial y por los peritos en su dictamen, libre éste de todo reparo, la singularidad e identidad del mismo saltan a la vista. Identidad que igualmente aparece corroborada con la confesión del demandado de ser el poseedor, porque como tiene dicho la Corte, “si con ocasión de la acción reivindicatoria (o la publiciana, agrégase ahora) el demandado confiesa ser poseedor del bien perseguido por el demandante…, esa confesión, apareja dos consecuencias probatorias: a) el demandante queda exonerado de demostrar la posesión y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido, b) el juzgador queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesión”1.
Reúnense así en autos los cuatro presupuestos de la acción publiciana, que determinan un fallo estimativo de las pretensiones, a saber, posesión regular del bien en cabeza del demandante, posesión actual por el demandado, identidad del bien poseído con el que es perseguido por el demandante, y cosa singular o cuota proindiviso en cosa singular como objeto del proceso.
Acción de naturaleza eminentemente ordinaria la que aquí se tramita, que ni con mucho se observa extinguida por prescripción como lo propone el demandado, pues a términos del artículo 2536 del Código Civil, la misma prescribe en veinte años, los cuales estaban lejos de cumplirse a la presentación de la demanda (4 de octubre de 1991) si en cuenta se tiene que tan sólo diez años escasos antes fue cuando la comunidad actora perdió la posesión del predio a manos precisamente del demandado, por haberlo recibido de un tercero que nada tenía qué ver con la propiedad sobre el mismo y a virtud de negociación también ajena a la comunidad.
Recuérdese, además, que conforme al artículo 2538 Ib., la acción por la cual se reclama mejor derecho en este caso se extinguiría solamente por la prescripción adquisitiva del mismo derecho por parte del demandado, pues como lo tiene precisado la Corte, “es el poseedor quien primeramente, en un orden lógico, adquiere el dominio mediante usucapión, y es el propietario quien sufre la extinción, en consecuencia. Si el uno no gana la propiedad, el otro no la pierde. De modo que si se alega que la acción reivindicatoria ha expirado por la prescripción, es tanto como decir que el poseedor ha usucapido el dominio, hasta entonces amparado por ella: el derecho –se repite- no desaparece para el titular sino por adquirirlo el poseedor mediante la mencionada forma adquisitiva”2.
Criterio reiterado en decisiones más recientes, como en aquella en la cual se indica que “lo anterior traduce que en un sentido lato es muy de notar la interdependencia que existe entre ambas prescripciones de cara al derecho de dominio, al punto que hablándose de una, por contrapartida se cita a la otra. Así, quien resiste la reivindicación sobre la base de estimar que al demandante se le extinguió el derecho sobre la cosa por el transcurso del tiempo, está aludiendo, necesariamente, que tal extinción se produjo porque de su parte adquirió el derecho sobre ella, por supuesto que, quepa repetirlo una vez más, el dominio no se extingue por el simple hecho de dejar de ejercitarse”3.
Y resulta que el demandado de autos ostentaba tenencia a lo sumo de 10 años sin amparo en posesión regular, por la absoluta carencia de justo título de adquisición, que ni por asomo le daba posibilidad, al tiempo de la demanda, para aspirar a usucapir el bien, como quiera que en situación tal necesitaba haber arribado a los 20 años y juntar los demás requisitos que para el buen suceso exige la ley (art. 2531 Ib.). De ahí que el demandado no hubiera pretendido la usucapión, y por contera que la acción del demandante no se haya extinguido.
Y al pasar a las restituciones mutuas, encuéntrase que Londoño es poseedor de mala fe, comoquiera que el material probatorio, en particular las atestiguaciones de Roberto Elías Zapata, José Ignacio Sánchez, Elibardo Antonio Ramírez e Israel Marín Torres, da cuenta de que la detentación del bien la inició aquél mediante una relación de tenencia, concretamente, en razón de la entrega que del predio le hiciera este último testigo para que de su explotación económica se cancelara una obligación que había contraído en frente de Londoño por préstamo de dinero. No como el demandado dice, sin demostrarlo, que posee el bien por haberlo comprado precisamente a Israel Marín Torres; o lo que es lo mismo, sin acreditar ningún título, así fuere aparente o putativo de la pregonada adquisición, como para de allí inferir que hubo conciencia o convencimiento de haber adquirido la cosa por medio legítimo y libre de todo vicio, tal cual está definida la buena fe (art. 768 Ib.). Por modo que Londoño recibió el inmueble a título de mera tenencia, calidad que posteriormente intervirtió por la de poseedor, en actitud que la ley (regla 3ª del artículo 2531 del Código Civil) erige en presunción de posesión de mala fe, la cual en esta litis no fue desvirtuada.
En tales condiciones, el demandado ha de restituir frutos del predio en la forma que indica el inciso primero del art. 964 ejusdem, es decir, todos los que los demandantes hubiesen podido percibir desde que el demandado entró en poder del bien; la misma mala fe que a la vez lo priva del reconocimiento de las mejoras útiles que alegó, a saber, árboles cafetos, matas de plátano, un poyo de cemento y adobe, un beneficiadero con carro y casilla para el café y servicios sanitarios, avaluadas todas por $330.000 (Fl. 35 del cuaderno 5) al tenor de lo estatuido por el art. 966 del citado cuerpo normativo, sin perjuicio de que pueda retirar los materiales correspondientes, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la finca reivindicada y que los demandantes rehúsen pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados, conforme al artículo 968 Ib.
En relación con los frutos, bien se ve en el expediente (Fls. 29 a 32 y 42-43 del C. 3, y 54 a 57 y 69-70 del C. de Pruebas de la Corte) que los mismos fueron objeto de avalúo pericial, así: los correspondientes a los años 1981 a 1992 por la suma de $5’993.520, y los de 1993 hasta lo transcurrido del año 2000 por $16’908.690; en total, $22’902.210 netos, vale decir, abonados ya los gastos ordinarios invertidos en su producción; el cual en esencia se acogerá, visto que es claro, preciso, detallado, rendido con las suficientes explicaciones y sin haber sufrido objeción por error grave de ninguna de las partes interesadas; sólo que debe restársele el valor neto correspondiente a los frutos de 1981 ($239.120) en razón de haber quedado demostrado que el demandado entró al predio a partir de 1982 y no desde el anterior año, y así el neto final a reconocer por este concepto es de $22’663.090.
Síguese de todo lo anterior, que se debe revocar la sentencia del a quo para acoger, en esencia, la pretensiones del demandante, declarar no probada la excepción propuesta por el demandado y condenarlo en costas de ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia de 16 de diciembre de 1992 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio (Caldas), y en su lugar,
1. Declárase no probada la excepción de prescripción extintiva de la acción publiciana, propuesta por el demandado.
2. Próspera como aparece la acción publiciana, condénase a José Antonio Londoño Ramírez a restituir a la comunidad conformada por Luis Gonzaga Gutiérrez Hernández, sucesores de Francisco Javier Marín Toro y sucesores de Martha Rosa Toro Vda. de Marín, el inmueble denominado El Plan, ubicado en la vereda La Miel del municipio de Marmato (Caldas) descrito y alinderado en el primer hecho de la demanda que dio origen a este proceso, una vez quede ejecutoriada esta providencia.
3. Condénase a José Antonio Londoño Ramírez a pagarle a la mencionada comunidad la suma de veintidos millones seis cientos sesenta y tres mil noventa pesos ($22’663.090) por concepto de frutos del predio.
4. Deniégase el reconocimiento de mejoras al demandado por ser poseedor de mala fe, sin perjuicio del derecho que le asiste de retirar los materiales con que las hizo, como lo dispone la ley.
JORGE ANTONIO CASITLLO RUGELES
1 Cas. Civ. de 14 de marzo de 1997, exp. 3692
2 Cas. Civ. de 9 de octubre de 1963
3 Cas. Civ. de 9 de marzo de 1995, Sent. 35

References: artículo 951
in fine
 artículo 2536
 artículo 2538
 artículo 2531
 artículo 968