Source: http://derechointernacionalcr.blogspot.mx/2017/03/crisis-politica-en-venezuela-reacciones.html
Timestamp: 2018-05-21 05:23:45+00:00

Document:
Derecho Internacional Público. Costa Rica: CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA: REACCIONES EN AMÉRICA LATINA
CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA: REACCIONES EN AMÉRICA LATINA
Crisis política en Venezuela: reacciones oficiales en América Latina
A raíz de dos decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que han sido interpretadas como el levantamiento de la inmunidad de los integrantes de la Asamblea Nacional de Venezuela y como un traslado al TSJ de potestades que son exclusivas del Poder Legislativo, son varios los Estados de América Latina en haber externado su profunda preocupación en estos últimos días. Se trata de decisiones judiciales adoptadas el 29 y otra el 27 de marzo, las cuales han originado una gran preocupación dentro y fuera de Venezuela.
Al tratarse de un tema muy polémico, a continuación remitiremos al lector a la parte dispositiva de ambas sentencias del TSJ, así como al enlace en el que pueda leerlas de forma completa. Posteriormente, procederemos a compilar los diversos comunicados de prensa oficiales emitidos por varios Estados de América Latina, reproduciéndolos de forma integral.
El trasfondo económico de una de las decisiones judiciales
Nótese que la decisión del TSJ del 29 de marzo (véase texto completo) respondió a una demanda planteada al TSJ por los abogados de la empresa pública petrolera venezolana PDVSA solicitando qué hacer ante la imposibilidad de que se adopte una ley para aprobar nuevos contratos en materia de concesión petrolera. En la parte dispositiva final de esta decisión del TSJ, con fecha del 29 de marzo del 2017, se lee que:
1.- Se declara COMPETENTE para conocer la presente demanda de interpretación constitucional. 2.- ADMITE la demanda incoada, la resuelve de mero derecho y declara la urgencia del presente asunto. 3.- RESUELVE, con carácter vinculante y valor erga omnes, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada. 4.- Declara la Omisión Inconstitucional parlamentaria y, en consecuencia, esta Sala dispone: 4.1.- Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, esta Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo. 4.2.- Resolviendo la interpretación solicitada del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, la Sala decide que la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones. 4.3.- Sobre la base del estado de excepción, el Jefe de Estado podrá modificar, mediante reforma, la norma objeto de interpretación, en correspondencia con la jurisprudencia de este Máximo Tribunal (ver sentencia n.° 155 del 28 de marzo de 2017). 4.4.- Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho. 5.- Se ordena notificar de la presente decisión al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. 6.- Ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo sumario deberá señalar: “Sentencia de la Sala Constitucional que declara que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo”. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017). Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.
Véase nota de la BBC y de Gestión (Perú), entre las pocas notas de prensa informando del trasfondo económico de este asunto, al que, como se apreciará a continuación, los demás Estados han prestado poca atención.
Con relación a la situación de PDVSA y de las concesiones petroleras en Venezuela, también se puede señalar un hecho pocamente divulgado en medios de prensa internacionales: durante este mes de marzo del 2017, el mismo Centro Internacional de Arreglo de Diferencias entre Inversionista Extranjero y Estado (más conocido por sus siglas CIADI - o "ICSID" en ingles), revocó la sentencia de agosto del 2016 en la que se condenaba a Venezuela a pagar, a través de PDVSA más de 1.411 millones de US$ a un consorcio de empresas petroleras norteamericanas. Este laudo arbitral del 2016 (véase texto) se considera como el que fija el mayor monto compensatorio jamás ordenado a un Estado por parte del CIADI, por lo que su revocatoria constituye un gran alivio para Venezuela (véase nota de Gestión sobre el laudo arbitral de marzo del 2017 anulando el anterior contra Venezuela): como suele a veces suceder, la prensa especializada en temas económicos no consideró de mayor relevancia informar sobre esta revocación ordenada por el CIADI en favor de Venezuela.
En su laudo revocatorio del 9 de marzo del 2017 (véase texto completo) el CIADI señala que: "188. En consecuencia, el Comité ad hoc llega a las siguientes conclusiones: a) El Tribunal se extralimitó manifiestamente en sus facultades al sostener que el derecho general internacional y, concretamente, el derecho consuetudinario internacional, regulaban la determinación y el cálculo de la compensación adeudada a las Partes Mobil por la expropiación de su inversión en el Proyecto Cerro Negro, en lugar de la aplicación de las disposiciones del TBI. b) Las porciones del Laudo que supuestamente se basan en la existencia, sin perjuicio del TBI, de una obligación justiciable de Venezuela frente a las Partes Mobil con respecto a la compensación adeudada por la expropiación de su inversión en el Proyecto Cerro Negro no expresan los motivos en los que se fundan. 76 c) Las porciones del Laudo que pretenden desestimar completamente la potencial relevancia, a los efectos de aplicar las disposiciones del TBI, de las disposiciones sobre compensación que integran la inversión de las Partes Mobil en el Proyecto Cerro Negro no cuentan con el respaldo de un análisis y se basan en razonamientos contradictorios, por lo cual no expresan los motivos en que se fundan" (pp.76-77).
Foto del diputado venezolano Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, rompiendo una copia de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia durante una rueda de prensa, extraída de artículo de prensa.
La sentencia sobre inmunidad parlamentaria
En la otra decisión del TSJ dada a conocer el pasado 27 de marzo (véase texto completo), el TSJ responde a una solicitud de un diputado contra la iniciativa de varios de sus colegas de activar la Carta Democrática de la OEA: como bien se sabe, este instrumento interamericano adoptado el 11 de setiembre del 2001 en Lima (véase texto) ofrece la posibilidad a la OEA de acompañar a Estados cuando en ellos se produzca una ruptura del orden constitucional. Los artículos 17 a 20 revisten especial interés al precisar las competencias del Secretario General de la OEA y la necesidad de contar con la anuencia de las autoridades del Estado, entre otros aspectos.¿Puede el Secretario General activar este mecanismo contra la voluntad del Estado afectado? Es ahí donde las discrepancias inician entre los 34 Estados miembros de la OEA.
Se lee en la parte final dispositiva de la sentencia del TSJ de Venezuela con fecha del 27 de marzo del 2017 que:
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la jurisdicción constitucional como máxima instancia de resguardo de la Constitución, así como en aras de mantener las medidas indispensables para el restablecimiento del orden constitucional administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
1.- Que ES COMPETENTE para conocer y decidir el presente recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO, actuando en su carácter de Diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y Coordinador del Bloque Parlamentario de la Patria, por el Estado Bolívar, asistido por el abogado Miguel Bermúdez, ya identificado contra “el acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 21 de marzo de 2017, llamado ‘Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela’…”.
2.- ADMITE el recurso de nulidad interpuesto en contra del acto parlamentario celebrado el 21 de marzo de 2017.
3.- DECLARA DE MERO DERECHO la resolución del presente recurso de nulidad.
4.- DECLARA la NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD “(d)el acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 21 de marzo de 2017, llamado ‘Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela’…”.
5.- Se INICIA DE OFICIO el proceso de control innominado de la constitucionalidad respecto de los actos señalados en la presente decisión, cuyo expediente iniciará con copia certificada de la misma.
5.1.- Se DECRETAN LAS SIGUIENTES MEDIDAS CAUTELARES: 5.1.1.- Se ORDENA al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que, en atención a lo dispuesto en el artículo 236.4, en armonía con lo previsto en los artículos 337 y siguientes eiusdem (ver sentencia n.° 113 del 20 de marzo de 2017), entre otros, proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar-), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos; todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente. 5.1.2.- Se ORDENA al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en detrimento de los principios democrático y de igualdad a lo interno de las mismas, sin que por ello se deje de reconocer la digna acción de los Estados que han defendido de manera gallarda los principios del derecho internacional y que, por tanto, han defendido la posición de la República Bolivariana de Venezuela, así como en otras oportunidades han reivindicado los derechos de otras naciones que también han sido arbitrariamente asediadas al igual que nuestra Patria, por denunciar las injusticias que a diario se cometen en el sistema internacional por parte de acciones injerencistas. Y así garantizar, conforme a nuestra tradición histórica, los derechos humanos sociales inherentes a toda la población, en especial, de los pueblos oprimidos. 5.2.- Se ORDENA notificar de la presente decisión al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al Presidente del Consejo Moral Republicano, al Procurador General de la República y a la Fiscal General de la República. A tales fines, remítase a los respectivos funcionarios, copia certificada de la presente decisión. 5.3.- Se ORDENA notificar a los interesados mediante cartel. 5.4.- ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de continuar con la tramitación del recurso.
6.- Ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo sumario deberá señalar: “Sentencia de la Sala Constitucional que declara la nulidad por inconstitucionalidad del acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 21 de marzo de 2017, sobre la pretendida Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA e inicia proceso de control innominado de la constitucionalidad frente a las acciones posteriores que también atentan contra la independencia, soberanía y otros derechos irrenunciables de la Nación”. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017). Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.
La valoración de la Fiscal General de Venezuela
Al ser divulgadas, ambas decisiones fueron calificadas por la misma Fiscal General de la República en Venezuela como una verdadera "ruptura del orden constitucional", recordando las raices de la actual Constitución adoptada en 1999 (véase declaraciones en este video). En su alocución, esta alta funcionaria del aparato estatal venezolano hizo un llamado a la reflexión, lo cual podría originar un intenso diálogo entre las instituciones venezolanas, en particular entre sus tres poderes, en aras de resolver paulatinamente la crisis suscitada.
Como es lo usual desde hace ya varios años, el debate entre entidades venezolanas es objeto de valoraciones más allá del territorio venezolano, tal y como lo veremos a continuación.
Un Secretario General de la OEA activo e innovador
A penas conocidas estas dos decisiones del TSJ, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció lo que denominó un "auto golpe" y solicitó una convocatoria urgente del Consejo Permanente de dicha organización (véase comunicado de prensa del 30 de marzo). El valorar como "auto golpe" la situación en Venezuela constituye en sí un juicio de valor sobre la situación imperante dentro de uno de los Estados Miembros de la OEA que, usualmente, los Secretarios Generales de una organización internacional evitan externar públicamente. En mayo del 2016 un inédito comunicado de prensa del Secretario General innovó aún más en relación a la forma, al permitirse algunas familiaridades con el Jefe de Estado de Venezuela (véase texto).
No se tiene registrado precedente alguno de una reunión del Consejo Permanente convocada en forma urgente a raíz de decisiones de justicia adoptadas en uno de los Estados Miembros de la OEA. Sobre este aspecto en particular, agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables - y siempre atentos - lectores sobre el punto de saber si asistimos (o no) a una verdadera innovación por parte del Secretario General de la OEA en la materia.
Posterior al comunicado del máximo titular de la OEA, el pasado 31 de marzo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas externó su preocupación por la separación de poderes en Venezuela (véase comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas, titulado:"Zeid insta a Venezuela a mantener la separación de poderes".
Las reacciones oficiales de algunos Estados de América Latina
Desde hace varios años, la situación política en Venezuela ha dado lugar a diversas declaraciones conjuntas de Estados del hemisferio americano. El año 2016 inició con un fuerte intercambio de comunicados entre Costa Rica y Venezuela, que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 1).
En la OEA, la diplomacia venezolana se ha enfocado en evitar que el Consejo Permanente haga suyas las recomendaciones del Secretario General de la OEA, obteniendo en su lugar declaraciones de carácter general como la adoptada en noviembre del 2016 por el Consejo Permanente, apoyando el proceso de diálogo en Venezuela (véase texto). Anterior a ello, siempre en el seno del Consejo Permanente de la OEA, una propuesta de Venezuela logró modificar una propuesta de varios Estados que buscaban un texto mencionando la Carta Democrática: el 1ero de junio del 2016, se adoptó un texto respaldando la institucionalidad venezolana sin mención alguna a la Carta Democrática (véase texto repoducido al final de esta nota).
En otro episodio, una osada iniciativa de la diplomacia de Panamá ante la OEA en marzo del 2014 fue hábilmente contrarrestada por Venezuela, no sin antes anunciar Caracas el rompimiento unilateral de las relaciones diplomáticas con Panamá: el texto finalmente adoptado a raíz de la iniciativa de Panamá incluyó una nota separada en pié de página de Panamá y otra mucho más extensa de ... Estados Unidos (Nota 2).
Estos reiterados intentos de unos y los resultados adversos obtenidos (igualmente reiterados) en el seno de la OEA explican que vean el día cada cierto tiempo declaraciones conjuntas sobre la situación política venezolana, suscritas por un grupo de Estados. La última de ellas, es la firmada por 14 Estados el pasado 23 de marzo del 2017 (véase texto), antecedida por varias otras que se suscribieron en el año 2016 por un número igual o menor de Estados (Nota 3).
Con relación a las dos precitadas decisiones del TSJ, una de las primeras reacciones provino del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, cuyo comunicado oficial se leyó (véase texto) el pasado 29 de marzo, con el título siguiente: "Recientes desarrollos en Venezuela", señalando que:
29 Marzo 2017 Información para la Prensa N°: 097/17
El Gobierno argentino ve con gran preocupación la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que limita las facultades de la Asamblea Legislativa y restringe la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos por el voto popular.
La Argentina reivindica la importancia de la plena vigencia en Venezuela del Estado de Derecho y de los principios democráticos, entre ellos los principios fundamentales de la separación de poderes y el respeto por la libre expresión de las ideas.
Reafirmando lo manifestado en la Declaración del 23 de marzo que Argentina suscribiera junto a otros estados de la región, reitera que el diálogo y la concertación política son los únicos caminos para resolver la situación de crisis que afronta el hermano pueblo venezolano e insta a su Gobierno a retomar dicho diálogo con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El Gobierno argentino reitera su disposición a colaborar con el pueblo y el Gobierno de Venezuela en el camino al restablecimiento de la paz social en ese país, en el marco del pleno respeto a las instituciones democráticas.
Información para la prensa Nº 097/17"
Por parte de Brasil, su Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado con fecha del 30 de marzo que:
Nota 98 Sentencias del Tribunal Supremo de Venezuela
30 de marzo del 2017 - 16:51 El Gobierno brasileño rechaza el veredicto del Tribunal Supremo (TSJ) de Venezuela que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas, en una clara violación del orden constitucional. También ve con gran preocupación la sentencia de ese Tribunal que suspendió arbitrariamente la inmunidad de los parlamentarios venezolanos.
El pleno respeto del principio de independencia de los Poderes es esencial para la democracia. Las decisiones del TSJ viola este principio y alimentan la radicalización política en el país.
Ante de los últimos acontecimientos, Brasil pide a todos los agentes pertinentes a la ponderación. Reiteramos que el diálogo efectivo y de buena fe es la solución más adecuada para la recuperación de la normalidad institucional en Venezuela. Destacamos que la responsabilidad primera de cambiar el rumbo de la crisis es hoy del propio Gobierno de Venezuela.
El Gobierno brasileño continuará a coordinarse regionalmente, con todos los interesados, para examinar la preocupante situación en Venezuela".
Por parte de la diplomacia de Colombia, la cual ha procedido a llamar a consulta a su Embajador en Caracas (véase nota de prensa), se leyó en un comunicado del 30 de marzo del 2017 que:
Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia sobre la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela 30/03/2017
Por parte de Costa Rica se leyó el siguiente comunicado con fecha del 30 de marzo del 2017:
Costa Rica considera inadmisible suspensión de poderes constitucionales a la Asamblea Nacional en la República Bolivariana de Venezuela PUBLICADO EL 30/03/2017 05:42 PM
El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, declaró la nulidad de los acuerdos de la Asamblea Nacional y revocó las inmunidades a sus miembros. Además, eliminó los poderes constitucionales de esa Asamblea, en violación del principio de separación e independencia de los poderes del Estado.
Costa Rica considera que estas decisiones son inadmisibles y decepcionantes, por ser contrarias a la esencia de la democracia y, aceleran el deterioro de la gobernabilidad democrática en ese país.
Desde hace mucho tiempo, la comunidad internacional hace esfuerzos de buena fe para atender esa crítica situación. Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia atentan contra el espíritu constructivo de las seis declaraciones conjuntas emitidas por varios países, entre ellos Costa Rica sobre los desafíos de la gobernabilidad democrática en la República Bolivariana de Venezuela, del 23 de marzo del 2017, 1 y 15 junio del 2016, 11 de agosto del 2016, 21 de octubre del 2016 y 16 de noviembre del 2016.
Las democracias deben garantizar y fortalecer, la separación e independencia de los poderes del Estado, los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
Costa Rica considera que es en la Organización de Estados Americanos donde debe encontrarse una solución justa, pacífica y afianzada en la fuerza del multilateralismo. Desde esta perspectiva, ratifica su disposición de continuar decididamente los esfuerzos para que, en el seno de ese foro, se atienda y solucione sin demora alguna la muy grave situación en ese país hermano, al amparo de los instrumentos jurídicos y diplomáticos aplicables.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México señaló en su comunicado del 30 de marzo que:
Acontecimientos recientes en Venezuela Comunicado No. 127.-
El gobierno de México reafirma su disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales en ese país
Con relación a Panamá, su diplomacia circuló este comunicado de prensa con fecha del 30 de marzo del 2017:
Comunicado del Gobierno de Panamá sobre situación en Venezuela
1691 734 Jueves, 30 de Marzo de 2017
Por su parte, la diplomacia de Perú se manifestó en los siguientes términos, procediendo a retirar "de manera definitiva" a su Embajador en Caracas:
El Perú condena la ruptura del orden democrático en Venezuela
MRELima, 30 de marzo de 2017 Comunicado Oficial 007 - 17
El Gobierno del Perú condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la Asamblea Nacional, arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela.
La decisión adoptada por el mismo Tribunal el 27 de marzo, que otorga al Presidente de Venezuela facultades que corresponden constitucionalmente a otros poderes del Estado, es un flagrante quebrantamiento del orden democrático en ese país.
La separación, independencia y respeto recíproco de los poderes públicos es un elemento esencial de la democracia representativa, que todos los miembros de la Organización de los Estados Americanos se encuentran obligados a respetar.
Frente a la gravedad de estos hechos, el Gobierno del Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su Embajador en la República Bolivariana de Venezuela.
Al mismo tiempo, la Cancillería peruana ha iniciado consultas con países miembros de la Organización de los Estados Americanos para que, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela. Dicha ruptura es incompatible con las normas del sistema interamericano.
Por su parte, Uruguay divulgó el pasado 31 de marzo el siguiente comunicado de prensa: "Situación en Venezuela COMUNICADO DE PRENSA Nº 17/17
En relación a los hechos de público conocimiento ocurridos en Venezuela, se informa que el Gobierno del Uruguay se encuentra evaluando la situación en forma coordinada con otros países de la región a efectos de emitir un comunicado conjunto al respecto, el que será difundido públicamente en las próximas horas.
Montevideo, 31 de marzo de 2017"
Con relación a Chile, no se ha circulado comunicado oficial por parte de su aparato diplomático. No obstante, ha trascendido en medios de prensa que su Presidenta procedió a llamar a consulta a su Embajador en Caracas (véase nota de prensa).
Breves apuntes sobre la llamada a consulta de un embajador
Como bien se sabe, la llamada a consulta del máximo representante de un Estado en otro forma parte del abanico de posibilidades que tienen los Estados para externar su profunda preocupación ante una situación de hecho que consideren preocupante, inaceptable o bien claramente ofensiva. En abril del 2016, España recurrió nuevamente a esta técnica ante declaraciones oficiales del Presidente de Venezuela consideradas ofensivas (véase nota de prensa).
Tuvimos la oportunidad de explicar el alcance de esta figura con ocasión de la llamada a consulta de varios representantes de América Latina en Israel, a raíz de la ofensiva militar israelí en Gaza (véase nuestra modesta nota publicada en DIPúblico, Argentina).
Reacciones colectivas a solicitud de Reunión Extraordinaria del Secretario General de la OEA
En el caso de Venezuela, al momento de redactar esta nota, no se ha logrado aún conocer de manifestaciones oficiales hechas en forma individual a la solicitud de convocatoria de una reunión urgente en el seno de la OEA por parte de su activo Secretario General.
Los Cancilleres de los Estados Miembros del MERCOSUR adoptaron un comunicado conjunto (véase texto) el pasado 1 de abril, sin aludir a la Carta Democrática (ni tan siquiera a la OEA), exigiendo a las autoridades de Venezuela restablecer los equilibrios existentes entre los tres poderes. Esta declaración conjunta llama a la autoridades venezolanas a concretar medidas de manera concertada con la oposición venezolana.
De igual forma, y con las mismas omisiones, el mismo 31 de marzo, los Estados miembros de la UNASUR suscribieron la siguiente declaración conjunta:
Comunicado conjunto de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay 31/03/2017
Los países de la región reiteramos el urgente llamado a que el Gobierno de Venezuela avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición, con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas. Al reiterar nuestra disposición de cooperar con el pueblo y el Gobierno de Venezuela en todo lo que pueda contribuir a una solución pacífica y definitiva de sus conflictos sociales, humanitarios y económicos, hacemos un llamado por el pronto restablecimiento del orden democrático en ese país para bien de todo el pueblo hermano de Venezuela. Seguiremos pendientes de lo que sucede en Venezuela para adoptar otras decisiones político-institucionales colectivas que correspondan.
Viernes, 31 de marzo de 2017".
El pasado 31 de marzo, un comunicado de la OEA indicaba que 20 Estados solicitaron una nueva reunión sobre Venezuela (véase texto), la cual fue suspendida horas antes de iniciar, el mismo Lunes 3 de abril por la Presidencia de turno del Consejo Permanente de la OEA, la cual recae en Bolivia en el mes de abril del 2017 (véase nota de prensa). Dicha suspensión fue objeto de una protesta por parte de Costa Rica (Nota 4). Esta suspensión repentina fue levantada a raiz de una no menos repentina gestión realizada por Honduras, al convocar en horas de la tarde la reunión del Consejo Permanente de la OEA, contando con la presencia de la Canciller de Argentina y del Vice Canciller de Costa Rica. Los delegados de Bolivia y Venezuela denunciaron la maniobra, interrumpiendo la intervención inicial de la jefa de la diplomacia de Argentina. El delegado de Nicaragua consideró esta reunión irregular, al igual que sus homólogos de Venezuela y de Bolivia. Remitimos a esta breve nota nuestra que reproduce al final la resolución adoptada por el Consejo Permanente de la OEA, con la ausencia de los delegados de Venezuela y Bolivia, y la abstención expresada de los delegados de Bahamas, Belize, El Salvador y República Dominicana.
Por el momento, se contabilizan dos llamadas a consulta de un embajador latinoamericano acreditado en Caracas (Colombia y Chile) y el retiro definitivo de un embajador (Perú): este último retiro obedece posiblemente al vehemente cruce de comunicados entre Venezuela y Perú a raíz de declaraciones de la Canciller de Venezuela consideradas en Lima como ofensivas, hechas con ocasión del viaje del Presidente de Perú a Washington (véase breve nota en este mismo sitio del 8/03/2017).
--Notas--
Nota 1: Veáse nuestro breve análisis al respecto: BOEGLIN N., "La reacción de Venezuela al comunicado emitido por Costa Rica: breves observaciones", Ius360, 25 de enero del 2016, disponible aquí.
Nota 2: Véase nuestra modesta nota sobre este episodio entre Panamá y Venezuela acaecido en marzo del 2014: BOEGLIN N., "La crisis diplomática entre Panamá y Venezuela: un breve balance", Informa-tico, 13 de marzo del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase declaración conjunta del 26 de octubre del 2016, adoptada en Santo Domingo, República Dominicana y suscrita por 13 Estados; así como el comunicado conjunto del 22 de octubre del 2016 suscrito por 12 Estados (véase texto). Anterior a estos, hay que referir a una declaración conjunta suscrita esta vez por 15 Estados el 10 de agosto del 2016 (véase texto). No se conoce de algún análisis que compare las variaciones sufridas en cuanto al número de suscriptores de un texto a otro, la inclusión o no de Estados Unidos, así como la variada forma de titular estos textos colectivos. No cabe duda que un ejercicio comparativo minucioso entre estos textos arrojaría algunas luces sobre las intenciones de sus autores.
Nota 4: El mismo 3 de abril se leyó en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica que: "Costa Rica protesta por suspensión de encuentro de Consejo Permanente de la OEA PUBLICADO EL 03/04/2017 11:35 AM
El Gobierno de Costa Rica expresa su más enérgica protesta e insatisfacción por la decisión de la Presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que desde hoy asumió el Estado Plurinacional de Bolivia, de suspender la Sesión del Consejo convocada el viernes anterior bajo la presidencia de Belice, para discutir la gravísima situación en la República Bolivariana de Venezuela.
La reunión que estaba pactada para este lunes, a las 2 p.m. (hora de Washington D.C.). Costa Rica reitera la necesidad impostergable de que se tenga la sesión extraordinaria del Consejo Permanente".
Publicado por Curso de Derecho Internacional. Costa Rica en 9:14
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References: artículo 33
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 236
 resolución