Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520432.html
Timestamp: 2019-03-20 07:20:14+00:00

Document:
as201520432
Auto Supremo: 432/2015
Beni:16 de junio 2015
Expediente: B-7-15-S
Partes: Eduardo Chávez Vaca.c/Natividad Chávez Urquiza.
Distrito:Beni.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 519 a 522, interpuesto por Lucia Chávez Saucedo contra el Auto de Vista Nº 06/2015 de 12 de enero de 2015, cursante de fs. 512 a 513 y vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica, Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, en el proceso ordinario de Usucapiónseguido por Eduardo Chávez Vacacontra Natividad Chávez Urquiza, la contestación de fs. 531 a 533 y vta., la concesión de fs. 537, los antecedentes del proceso, y;
El JuezTercero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Trinidad- Benidictóla Sentencia Nº 039/2014 de 12 de septiembre de 2014, cursante de fs. 490 a 491 y vta., declarando Probada la demanda de fs. 6 a 7 interpuesta por Eduardo Chávez Vaca, disponiendo que en ejecución de sentencia se libre minuta de venta judicial, perfeccionando su derecho.
Resolución de primera instancia que es apelada por la tercerista Lucia Chávez Saucedo, mediante escrito de fs. 498 a 502, que merece el Auto de Vista Nº 06/2015 de 12 de enero de 2015, cursante de fs. 512 a 513 y vta., que confirma totalmente la Sentencia apelada. Resolución de alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por la referida tercerista Lucia Chávez Saucedo, que obtiene el presente análisis.
Acusa que el Auto de Vista no se circunscribe a los puntos apelados, porque no considera los arts. 134, 135, 136, 137 y 138 del Código Civil que establecen que la posesión para fundar usucapión no debe ser clandestina, ilegal o ilícita y que dichas normativas exigen también que para la procedencia de la usucapión que el inmueble este abandonado por su titular, y tampoco se pronunció sobre los actos de dominio ejercitados por la propietaria Natividad Chávez Urquiza, tales como el haber acudido el 14 de noviembre de 2006 a la H. Alcaldía Municipal a solicitar que le titule su inmueble vía adjudicación, no observado entonces por el demandante, es más cuando intentó usucapir salió en su defensa de la demandada, sin alegar jamás ningún derecho de posesión o de propiedad sobre el terreno objeto de litis, sobre estos puntos no se pronunció y incurrió en una violación del art. 236 del CPC, lo que lo hace nulo de pleno derecho; señala al respecto las Sentencias Constitucionales Nº 0670/2004-R, Nº 0670/2006-R, Nº 0863/2003-R, Nº 905/06-R, Nº 717/06-R y el A.S. Nº 83 de 30-V-80.
Agrega que el Auto de Vista impugnado carece de la debida motivación y fundamentación y por ello viola el debido proceso, situación que implica que el fallo carezca de validez legal, por violación del derecho a la defensa que el “art. 119-II” proclama como inviolable, al efecto señala también la SC Nº 1369/2001-R de 19 de diciembre y SCP Nº 0450/2012 de 29 de junio, siendo esta deficiencia una causal más para la anulación del Auto de Vista.
1. Refiere que el Ad quem incurre en interpretación errónea o aplicación indebida de la ley cuando dice que el abandono del inmueble por sus propietarios no fue punto de hecho a probarse que fuera consignado en el Auto que trabó la relación procesal, y como no lo fue, no era necesario que se pruebe tal hecho, criterio que jurídicamente resulta aberrante, pues para que proceda la usucapión, el bien debe estar efectivamente abandonado por su propietario, si no lo está, simple y llanamente no hay usucapión, incurriendo de ésta manera el Tribunal de segundo grado en la causal de casación prevista por el art. 253-1) del Código de Procedimiento Civil.
2. Acusa que se demostró de manera contundente que el inmueble siempre estuvo bajo el dominio real y efectivo de su propietaria Natividad Chávez Urquiza, dominio que queda demostrado por el pedido de titulación que hizo a la Alcaldía Municipal, el 14 de noviembre de 2006 y que culminó el 11 de mayo de 2010 con la adjudicación correspondiente, conforme lo demuestra la Escritura Pública Nº 107/2010 debidamente inscrita en Derechos Reales, y demás documentos que cursan de fs. 13 a 23, en este trámite Eduardo Chávez Vaca no se opuso ni dijo absolutamente nada, su silencio constituye un reconocimiento del derecho de propiedad y efectivo dominio de Natividad Chávez Urquiza sobre el inmueble; otro acto de dominio efectivo, ejercido por la demandada sobre el inmueble, es el apoyo que Eduardo Chávez Vaca prestó a Natividad Chávez Urquiza en el pleito que sostuvo Natividad con ella, pleito en el que Eduardo Chávez Vaca sirvió de testigo y como tal le dijo al Juez que ella trataba de apropiarse del terreno de su tía Natividad.
Como podrá verse, nunca el terreno estuvo abandonado ni por Natividad Chávez Urquiza ni por ella en los últimos 10 años, ella lo ha defendido a brazo partido y en esa defensa, la ayudó Eduardo Chávez Vaca. Estos hechos demuestran que el inmueble nunca estuvo abandonado y si no estuvo abandonado no procede la usucapión. Lamentablemente, ni la sentencia ni el Auto de Vista han valorado las pruebas con la objetividad y probidad que correspondía y por eso han determinado reconociendo derecho de propiedad por usucapión a Eduardo Chávez Vaca.
Acusa que el Auto de Vista no hace una valoración de la posesión ejercida por Eduardo Chávez Vaca y sobre la propietaria del terreno Natividad Chávez Urquiza, lo único que dice es que no existe duda que ella es la propietaria del inmueble pero omite valorar los actos de dominio ejercidos por ella con el apoyo de Eduardo Chávez Vaca, quien nunca dijo, tener algún derecho de posesión o de propiedad sobre el terreno.
3. De otro lado, refiere que el Auto de Vista si bien reconoce que ella tiene una sentencia ejecutoriada que le reconoce derecho de propiedad sobre el inmueble en cuestión, pero dice que esos fallos judiciales carecen de eficacia jurídica para acreditarle como propietaria porque no están inscritos en Derechos Reales, razonamiento que constituye un error, pues una sentencia ejecutoriada es plena prueba (fs. 460 a 477).
4. Otro error en la apreciación de las pruebas que comete el Auto de Vista es el de afirmar que las facturas de energía eléctrica que corren de fs. 257 a 290, son una prueba más de que Eduardo Chávez Vaca era poseedor del inmueble, sin que tenga relevancia jurídica el hecho de que esas facturas estén a nombre de la propietaria del inmueble, no obstante acreditarían la posesión aludida por el actor, cuando más bien son la prueba de que este señor era un detentador, porque si fuera poseedor por lo menos tendría las facturas a su nombre, lo que es una herejía jurídica. Si como dice el Auto de Vista, al fallecimiento de Luzgardo Chávez Urquiza ocurrido el año 2000, el demandante Eduardo Chávez Vaca pasó a ser poseedor del terreno, entonces porque no ejerció algún acto a título de poseedor o dueño, por ejemplo, haciéndose instalar el servicio de energía eléctrica, este servicio lo instaló Natividad Chávez Urquiza el año 2006 conforme la prueba documental de fs. 257 y las facturas pagadas por este concepto. Queda claro que el Auto de Vista incurrió en error en la apreciación de las pruebas y aplicación del derecho.
Por lo que en conclusión, queda demostrado la casación en la forma y en el fondo, y por ello solicita a este Tribunal Casar el Auto de Vista, y deliberando en el fondo declare improbada la demanda de usucapión, si acaso no opta por la anulación del mismo.
1.Sobre su denuncia de falta de pronunciamiento sobre los agravios deducidos en apelación incurriendo de esta manera en la violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, y en relación a su acusación de que el Auto de Vista impugnado carece de la debida motivación y fundamentación.
Al respecto corresponde referir que al percatarse la ahora recurrente que el Auto de Vista no cumplía con la respuesta a los agravios deducidos en apelación, le correspondía al respecto activar su derecho de explicación y complementación conforme establece el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, al no haber procedido así su derecho hubiera precluído.
Por otra parte, corresponde tambiénreferir que la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, ha señalado que la motivación y fundamentación de una Resolución, no necesariamente implica que su exposición sea exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación implica que la Resolución sea clara y concisa donde se exponga las razones determinativas que justifican la decisión asumida; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte resolutiva del fallo.
Ahora bien, de la revisión de la Resolución de alzada, se evidencia que el Ad quem, en la primera parte del considerativo I del Auto de Vista recurrido, se remite a los agravios que fueron fundamento del recurso de apelación, y en una segunda parte del mismo considerando desarrolla su análisis en relación a dichos puntos, por lo que también resuelve sobre los mismos aspectos que fueron motivo de impugnación, cumpliendo de ésta manera con el art. 236 del adjetivo civil y de consiguiente con el principio de pertinencia y congruencia extrañado, no siendo en consecuencia necesario disgregar por separado los aspectos reclamados si la respuesta engloba de manera complementaria la contestación a la impugnación, como sucede en el caso de Autos.
De donde se infiere que el Auto de Vista recurrido se circunscribe a la expresión de agravios que hubo sido detallado en el memorial de apelación, porque resuelve sobre los mismos puntos, habiendo observado de esta manera la pertinencia que establece el art. 236 con relación al art. 227 del Código de Procedimiento Civil y el principio de congruencia, siendo además que la Resolución de alzada en su razonamiento, tiene la suficiente claridad y cuenta con una aceptable motivación y fundamentación que la sustenta, dando cuenta de las razones por las cuales arriba a dicho entendimiento, aspecto que permite comprender razonablemente los alcance del fallo, resultando por consiguiente infundado el agravio denunciado.
Por lo referido, el recurso de casación en la forma interpuesto por la recurrente se enmarca en lo determinado por el art. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
1.Sobre su denuncia de interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, porque para que proceda la usucapión el bien debe estar efectivamente abandonado por su propietario, causal de casación prevista por el art. 253-1) del Código de Procedimiento Civil.
1.1.En relación a la infracción acusada, corresponde referir que el art. 138 del Código Civil preceptúa que “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años”. Asimismo el art. 87 del mismo sustantivo civil establece que la posesiónes el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador, a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por sí mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; ademásconforme ha orientado la doctrina,para la procedencia de la pretensión de usucapión decenal o extraordinaria, se deben cumplir con ciertos requisitos que son necesarios, es decir, que deben concurrir los dos elementos de la posesión, que son: el corpus, que es la aprehensión material de la cosa y, el animus, que se entiende como el hecho de manifestarse como propietario de la cosa, posesión que debe ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida por más de diez años; elementos que la diferencian del resto de las figuras jurídicas como la detentación, ocupación y otros que solo constituyen actos de tolerancia que no fundan posesión; con relación a la detentación, el art. 89 del Código Civil, señala que: “Quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real…”.
En consecuencia de lo examinado se colige que para la procedencia de la usucapión se hacenecesario demostrarla posesión efectiva del bien inmueble por más de diez años con la concurrenciade los dos elementos de la posesión que son: el corpus y el animus, además se debe demostrar que dicha posesión ha sidoejercitada de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida.
1.2.Ahora bien, en relación al efectivo dominio referido por la ahora recurrente corresponde concretar que ha momento de la interposición de la presente demanda, esto es en fecha 27 de septiembre de 2012 (fs. 7 vta.) se encontraba vigente la ley Nº 2028, Ley de Municipalidades de 28 de octubre de 1999, que en la segunda parte del art. 131 disponía:“…No procederá la usucapión de bienes de propiedad municipal o del Estado...”. En ese antecedente de la minuta de fecha 08 de febrero de 2010 que se encuentra inserta en del Testimonio de la Escritura Pública Nº 107/2010 de fecha 06 de abril de 2010 (fs. 13 a 15), prueba literal que no ha sido objetada por la parte actora, se conoce que la Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de la Santísima Trinidad - Beni, en mérito a Resolución Municipal, ha adjudicado el lote de terreno objeto de la presente causa, a favor de Natividad Chávez Urquiza por la suma de Bs. 45.761.00, habiendo ésta última registrado su derecho propietario en el registro de Derechos Reales en fecha 11 de mayo de 2010 (fs. 23, 334), fecha desde la que se hace oponible frente a terceros conforme establece el art. 1538 del Código Civil.
En consecuencia, de la relación precedentemente efectuada se conoce que hasta fecha 08 de febrero de 2010, la propiedad correspondía a la Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de Trinidad,porque el lote de terreno se encontraba en proceso de adjudicación,de consiguiente hasta dicha fechano se podía demandar la usucapión de dicho predio porque la demanda en contra de su titular (la H. Alcaldía Municipal)era improcedente por mandato de la segunda parte del art. 131 de la Ley Nº 2028; sin embargo, habiendo la ahora demandada recién efectivizado su registro en Derechos Reales en fecha11 de mayo de 2010 al momento de la interposición de la demanda, esto es en fecha 27 de septiembre de 2012, no ha transcurrido el término establecido por el art. 138 del Código Civil de consiguiente tampoco se ha operado el plazo para la usucapión.
2. De otro lado,en relación a su denuncia de error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas por parte del Tribunal Ad quem; debemos manifestar que es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia.
En la especie, la parte actora argumenta su pretensión de usucapión decenal, refiriendo que al fallecimiento del presunto “poseedor” del bien inmueble objeto de litigio, Luzgardo Chávez Pedraza (abuelo del actor), quien habría fallecido en el mes de julio de 2000, sin que empero exista prueba idónea de su deceso, funda en dicho hecho la “interversión” de su título de ocupante a poseedor;sin embargo, este extremo no es evidente, porque conforme se conoce de las literales adjuntas al presente caso de autos, del proceso de “usucapión decenal o prescripción adquisitiva” seguida por Lucia Chávez Saucedo en contra de Luzgardo Chávez Flores (padre de Natividad Chávez Urquiza, fs. 70 a 127, 131 a 193), el actor ha permitido y consentido la regularización del trámite de adjudicación municipal de terreno urbano cuyo inicio se remontaría al 14 de noviembre de 2006, conforme se infiere del memorial de “solicitud de actualización y regulación de trámite de adjudicación de terreno urbano” de fecha 15 de abril de 2009,donde precisamente no objeta el referido tramite de adjudicación municipal, en cuyo curso entre otros actuados se ha realizado la inspección en situ y se ha librado lacorrespondiente publicación de prensa a objeto de la notificación a terceros interesados sobre el trámite de adjudicación que realizaba la adjudicataria ahora demandada, el mismo que ha sido comunicado y difundido por medio de la prensa oral por tres veces consecutivas, concluyéndose en dicho trámite que el terreno solicitado se encontraba ocupado con la casa de vivienda de propiedad de la señora Natividad Chávez Urquiza en la cual vivía con su familia, trámite que se constituye en un acto perturbador de la presunta posesión que refiere el actor al tenor de losarts. 135 y 136 del Código Civil en relación con los arts. 1503 y 1505 del mismo código, resultando de consiguiente eficaz dicho acto para la interrupción de la pretendida prescripción adquisitiva al existir un reconocimiento tácito del derecho que alegaba entonces la ahora demandada;lo propio acontece en ladenuncia penal instaurado por Lucia Chávez Saucedo en contra de Natividad Chávez Urquiza por el “presunto delito de estafa” (fs. 52 a 55, 194 a 201, 366 a 369, 372 a 376), de donde se conoce que el ahora actor, en dicha denuncia penal,en fecha 23 de septiembre de 2011al prestar su declaración informativaconfiesa espontánea que la propietaria de dicho predio es su tía Natividad Chávez Urquiza, reconociendo de esta manera expresamente la titularidad de la demandada sobre el bien inmueble motivo de litis;pruebas documentales que han sido ratificadas por la confesión provocada de la parte actora (fs. 354 a 355 y vta.), persistiendo de ésta manera además su calidad de simple detentador sobre el bien inmueble, confesión que tiene el valor legal establecido por el art. 404 parágrafos Idel Código de Procedimiento Civil,considerada además como prueba tasada por el valor probatorio que le otorgan los arts. 1321 y 1323 del Sustantivo Civil y que según Alsina: “basta por sí sola para considerar acreditados los hechos litigados, sin buscar más elementos de juicio”, de donde se infiere que el referido demandante ingresó al bien inmueble objeto de litigio en calidad de ocupante, es decir en calidad de detentador de la propietaria precedentemente referida, si bien con la prueba documental (fs. 304 a 314, 382 a 387)e informe pericial de fs. 394 a 423,acredita que ante el fallecimiento de su abuelo continuo ocupandoel bien inmueble, empero el mismo continuódetentando la propiedad en favor del titular de dicho predioconforme se conoce de la prueba precedentemente examinada, lo que es ratificado por el certificado de fs. 374, literales que conforme al principio de comunidad de la prueba se encuentran corroboradas por la prueba testifical de descargo (fs. 455 a 457 y vta.)así como de la tercerista de dominio excluyente (fs. 357 a 361 y vta.), quienes refieren que el referido actor no ocupó el bien inmueblede manera continua;medios probatorios que no son desvirtuados por las certificaciones de fs. 291 a 293, y 320 que han sido obtenidas unilateralmente y que entran en contradicción al corresponder a dos juntas vecinales distintas, ni por el acta de inspección judicial (fs. 364 y vta.) que solo ratifica la ocupación del bien inmueble por parte del actor, ni mucho menos por las declaraciones testifical de cargo (fs. 345 a 353) que no se refieren de manera específica a la posesión aludida por el actorsino simplemente al tiempo de vivencia en dicho domicilio en su calidad de nieto, y entran en evidente contradicción al manifestarque conocen que Doña Natividad regularizó el derecho propietario de dicho lote de terreno, empero no conocen a que título su presentante habita dicho inmueble,lo que les resta credibilidad porque en definitiva no son concordantes en tiempos, hechos y lugares.
No obstante, del análisis precedentemente referido, se concluye la calidad de simple detentador de la parte actora, toda vez que conforme a la “teoría de la interversión del título” no ha demostrado con prueba idónea cuando su título de detentadorha cambiado al de poseedor, más aún si ha reconocido que el derecho propietario sobre el bien inmueble motivo de litigio y de consiguiente la posesión corresponde a la ahora demandada, dando plena vigencia de ésta manera al derecho propietario de la misma.Por lo que corresponde corregir la decisión de los de instancia.
3.En relación a su denuncia de que se reconoce que tiene una sentencia ejecutoriada a su favor pero que ese fallo carece de eficacia jurídica; al respecto, muy al margen de que dicha sentencia ha sido inscrita con posterioridad a la iniciación de la presente causa en Derechos Reales, corresponde referir que dicho proceso de cumplimiento de contrato sustanciado por Lucia Chávez Saucedo en contra de Natividad Chávez Urquiza, no tiene como fin cuestionar o contrariar la presunta posesión alegada por el actor, por lo mismo no tiene la eficacia jurídica que busca la ahora recurrente.
4. Sobre su denuncia de error en la apreciación de las pruebas que comete el Auto de Vista al afirmar que las facturas de energía eléctrica que corren de fs. 257 a 290 son una prueba más de que Eduardo Chávez Vaca era poseedor del inmueble.
Corresponde especificar que las facturas por servicio de electricidad se encuentran a nombre de la ahora demandaday son de data reciente, gestiones 2007 a 2012 (fs. 259 a 290),por otra parte,el recibo de fs. 257 y los requisitos de instalación de fs. 258, solo ratifican lo razonada en el punto 2 del presente considerando donde se ha concretado que el actor reconoce la titularidad de la demandada Natividad Chávez Urquiza sobre el bien inmueble motivo de litigio y de consiguiente la correspondiente posesión ejercida por la misma sobre el referido bien, toda vez que dicho trámite se encuentra a su nombre, pruebas documentales que en última instancia no demuestran que el actor hubo “intervertido” su título de detentador a poseedor durante el tiempo de la posesión que alega, máxime si tampoco se ha operado el plazo para la prescripción adquisitiva,extremo estos que han sido incorrectamente valorados por los Tribunales de instancia.
Por las razones expuestas, corresponde a este Tribunal emitir resolución en sujeción a lo determinado por el art. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.Inum. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 num. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso de casación en la forma de fs. 519 a 522de obrados, y en aplicación de los arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, respecto al recurso de casación en el fondo,CASA el Auto de Vista Nº 06/2015 de 12 de enero de 2015, cursante de fs. 512 a 513 y vta., y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la demanda de usucapión decenal o extraordinaria interpuesta por Eduardo Chávez Vaca, asimismo se deja sin efecto la orden de librar minuta de venta judicial.

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