Source: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02003L0006-20110104
Timestamp: 2017-11-21 16:08:22+00:00

Document:
Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado)
2003L0006 — ES — 04.01.2011 — 002.001
(DO L 096, 12.4.2003, p.16)
DIRECTIVA 2008/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 2008
Visto el dictamen del Banco Central Europeo ( 3 ),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado ( 4 ),
Un auténtico mercado único de servicios financieros es crucial para el crecimiento económico y la creación de empleo en la Comunidad.
Un mercado financiero integrado y eficiente requiere integridad del mercado. El buen funcionamiento de los mercados de valores y la confianza del público en los mercados son requisitos imprescindibles para el crecimiento económico y la riqueza. El abuso del mercado daña la integridad de los mercados financieros y a la confianza del público en los valores y productos derivados.
La Comunicación de la Comisión de 11 de mayo de 1999 titulada «Aplicación del marco para los mercados financieros: Plan de acción», define una serie de actuaciones necesarias para realizar el mercado único de los servicios financieros. El Consejo Europeo de Lisboa de abril de 2000, solicitó la ejecución de este plan de acción antes del fin de 2005. El plan de acción subraya la necesidad de elaborar una Directiva contra la manipulación del mercado.
En su reunión de 17 de julio de 2000, el Consejo estableció un Comité de Sabios sobre la regulación de los mercados europeos de valores mobiliarios. En su informe final, el Comité de Sabios propuso la introducción de nuevas técnicas legislativas basadas en un planteamiento de cuatro niveles, a saber, principios marco, medidas de aplicación, cooperación y ejecución. El nivel 1, la Directiva, debe limitarse a principios «marco» de ámbito general, mientras que el nivel 2 debe contener medidas técnicas de aplicación que serán adoptadas por la Comisión con la asistencia de un comité.
La Resolución del Consejo Europeo de Estocolmo de marzo de 2001 respaldó el informe final del Comité de Sabios y el planteamiento a cuatro niveles para aumentar la eficacia y transparencia del proceso normativo de la legislación comunitaria sobre valores.
La Resolución del Parlamento Europeo de 5 de febrero de 2002 sobre la aplicación de la legislación en el marco de los servicios financieros también respaldaba el informe del Comité de Sabios, sobre la base de la declaración solemne formulada ante el Parlamento ese mismo día por la Comisión y de la carta de 2 de octubre de 2001 dirigida por el Comisario encargado del Mercado Interior a la presidencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre las garantías para la intervención del Parlamento Europeo en este procedimiento.
Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ( 5 ).
De acuerdo con el Consejo Europeo de Estocolmo, las medidas de aplicación del nivel 2 deben emplearse con mayor frecuencia, para garantizar que las disposiciones técnicas pueden actualizarse en función de la evolución del mercado y de la supervisión, debiendo establecerse plazos para todas las fases de trabajo del nivel 2.
El Parlamento Europeo debe disponer de un plazo de tres meses desde la primera transmisión de un proyecto de medidas de aplicación para permitirle examinarlas y emitir su dictamen. No obstante, en casos urgentes y debidamente justificados, este plazo podrá abreviarse. Si, dentro de este período, el Parlamento aprueba una resolución, la Comisión debe volver a someter a examen el proyecto de medidas.
La evolución técnica y financiera supone mayores incentivos, medios y oportunidades para el abuso del mercado a través de los nuevos productos, las nuevas tecnologías, actividades transfronterizas cada vez más frecuentes, e Internet.
El actual marco jurídico comunitario de protección de la integridad del mercado está incompleto. Los requisitos legales varían de un Estado miembro a otro, sembrando a menudo la incertidumbre entre los agentes económicos respecto de conceptos, definiciones y ejecución. En algunos Estados miembros no existe legislación alguna que aborde las cuestiones de la manipulación de precios y de la difusión de información engañosa.
El abuso del mercado consiste en operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado. El objetivo de la legislación contra las operaciones con información privilegiada es el mismo que el de la legislación contra la manipulación del mercado: garantizar la integridad de los mercados financieros comunitarios y aumentar la confianza de los inversores en dichos mercados. Es por tanto aconsejable adoptar unas normas combinadas para combatir tanto las operaciones con información privilegiada como la manipulación del mercado. Una sola Directiva asegura en la Comunidad el mismo marco para la asignación de responsabilidades, la ejecución y la cooperación.
Habida cuenta de los cambios sobrevenidos en los mercados financieros y en la legislación comunitaria desde la adopción de la Directiva 89/592/CEE del Consejo, de 13 de noviembre de 1989, sobre coordinación de las normativas relativas a las operaciones con información privilegiada ( 6 ), dicha Directiva debe reemplazarse para asegurar la coherencia con la legislación contra la manipulación del mercado. También es necesario adoptar otra directiva para evitar la existencia en la legislación comunitaria de lagunas que puedan utilizarse para realizar conductas ilícitas, y que socavarían la confianza pública, perjudicando así al buen funcionamiento de los mercados.
La presente Directiva obedece a las preocupaciones manifestadas por los Estados miembros tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en relación con la lucha contra la financiación de las actividades terroristas.
Las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado impiden la total y adecuada transparencia del mercado, que es un requisito previo de negociación para todos los agentes económicos que participan en los mercados financieros integrados.
La información privilegiada es toda información de carácter concreto, que no se haya hecho pública y que se refiera directa o indirectamente a uno o varios emisores de instrumentos financieros o a uno o varios instrumentos financieros. La información que pueda tener un efecto significativo en la evolución y la formación de los precios de un mercado regulado como tal puede considerarse como información relacionada indirectamente con uno o más emisores de instrumentos financieros, o con uno o varios instrumentos financieros derivados con ellos relacionados.
En cuanto a la información privilegiada, deben tenerse en cuenta los casos en que la fuente de la información privilegiada no sea una profesión o función, sino las actividades delictivas cuya preparación o ejecución puedan tener efectos significativos en los precios de uno o más instrumentos financieros o en la formación de los precios del mercado regulado como tal.
La utilización de la información privilegiada puede consistir en la adquisición de instrumentos financieros o en la realización de actos de disposición sobre los mismos cuando la parte de que se trate conozca, o hubiera debido conocer, que la información que está en su posesión es información privilegiada. A este respecto, las autoridades competentes deben considerar qué es lo que una persona normal y razonable conoce o hubiese debido conocer en esas circunstancias. Además, el mero hecho de que los creadores de mercado, los organismos autorizados a actuar como contrapartida, o las entidades autorizadas a actuar por cuenta propia o de terceros que dispongan de información privilegiada se limiten, en los dos primeros casos, a continuar sus negocios legítimos de compraventa de instrumentos financieros o, en el último caso, a ejecutar una orden diligentemente, no debe considerarse que constituye en sí mismo utilización de tal información privilegiada.
Los Estados miembros deben combatir la práctica denominada front running, incluida la relacionada con los instrumentos derivados sobre materias primas, cuando constituye abuso de mercado con arreglo a las definiciones contenidas en la presente Directiva.
La persona que efectúa transacciones u órdenes de realizar operaciones que constituyen manipulaciones del mercado puede demostrar que sus motivos para efectuar estas transacciones o estas órdenes de realizar operaciones eran legítimos y que las transacciones u órdenes se ajustaban a prácticas aceptadas en el mercado regulado en cuestión. Aún así pueden imponerse sanciones cuando la autoridad competente pruebe que ha habido otras razones, ilegítimas, tras esas transacciones u órdenes de realizar operaciones.
La autoridad competente puede proporcionar orientación sobre las materias reguladas por la presente Directiva, como la definición de información privilegiada sobre instrumentos derivados sobre materias primas o la aplicación de la definición de prácticas de mercado aceptadas en relación con la definición de manipulación de mercado. La orientación será conforme con las disposiciones de la Directiva y las normas de desarrollo adoptadas de acuerdo con el procedimiento de comitología.
Los Estados miembros deben poder elegir la forma más adecuada de regulación de las personas responsables de la elaboración o difusión de análisis relativos a instrumentos financieros, de los emisores de instrumentos financieros o de las personas que elaboren o difundan otra información por la que se recomiende o se proponga una estrategia de inversiones, incluidos los mecanismos adecuados de autorregulación, que deben ser notificados a la Comisión.
La divulgación de información privilegiada por los emisores a través de sus sitios de internet debe ser conforme a las normas de transferencia de datos personales a terceros países con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos ( 7 ).
La divulgación rápida y adecuada de información al público aumenta la integridad del mercado, mientras que la divulgación selectiva por los emisores puede llevar a una pérdida de confianza de los inversores en la integridad de los mercados financieros. Los agentes económicos profesionales deben contribuir a la integridad del mercado de distintas maneras. Entre estas medidas pueden figurar, por ejemplo, la elaboración de «listas grises», la existencia de «franjas horarias para realizar transacciones» (window trading) aplicables a las categorías sensibles del personal, la aplicación de códigos de conducta internos y la creación de «murallas chinas». Las medidas preventivas de estas características sólo podrán contribuir a la lucha contra los abusos de mercado si se aplican con determinación y si se controlan adecuadamente. El control adecuado de la ejecución implicaría, por ejemplo, la designación de responsables de su cumplimiento en el seno de los organismos afectados, así como la realización de controles periódicos a cargo de auditores independientes.
Los medios de comunicación actuales permiten garantizar una mayor equidad en el acceso a las informaciones financieras entre los profesionales de los mercados financieros y los inversores particulares, aunque, por otra parte, aumentan el riesgo de que se difundan informaciones falsas o engañosas.
Una mayor transparencia de las transacciones efectuadas por personas que ejercen competencias de dirección en entidades emisoras y, en su caso, por personas estrechamente vinculadas con estas, constituye una medida preventiva contra el abuso del mercado. La publicación de dichas transacciones, al menos de forma individual, también puede ser un elemento de información de gran valor para los inversores.
Los agentes del mercado deben contribuir a prevenir el abuso de mercado y adoptar disposiciones estructurales encaminadas a prevenir y detectar las prácticas de manipulación del mercado. Dichas disposiciones podrían incluir requisitos sobre transparencia de las transacciones efectuadas, información plena sobre los acuerdos en materia de regularización de precios, un sistema justo de casación de órdenes, la introducción de un sistema eficaz de detección de órdenes atípicas, unos sistemas de fijación de precios de referencia de los instrumentos financieros suficientemente robustos y normas claras relativas a la suspensión de las transacciones.
Los Estados miembros deben interpretar y aplicar la presente Directiva de manera coherente con los requisitos para una regulación efectiva que proteja los intereses de los titulares de valores negociables que comporten derechos de voto en una sociedad (o que puedan comportar tales derechos como consecuencia de su ejercicio o conversión) cuando ésta reciba una oferta pública de adquisición u otra propuesta de cambio de control. En especial, la presente Directiva no impide de ningún modo que un Estado miembro establezca las medidas que considere necesarias a este propósito.
El acceso a la información privilegiada de otra empresa y el uso de la misma en el contexto de una oferta pública de adquisición con el fin de obtener el control de dicha empresa o de proponer una fusión con la misma no debe considerarse en sí mismo como constitutivo de abuso de información privilegiada.
La adquisición o la cesión de instrumentos financieros supone necesariamente la decisión previa de adquirir o ceder por parte de la persona que efectúa una de estas operaciones, por lo que el hecho de realizar dicha adquisición o cesión no debe considerarse en sí mismo como constitutivo de abuso de información privilegiada.
No deben considerarse información privilegiada los análisis y las estimaciones elaborados a partir de datos públicos y, por lo tanto, cualquier operación efectuada sobre la base de este tipo de análisis o estimación no debe considerarse en sí misma como constitutiva de abuso de información privilegiada con arreglo a la presente Directiva.
No deben ponerse límites a los Estados miembros, al Sistema Europeo de Bancos Centrales, a los bancos centrales nacionales, a los demás organismos oficialmente designados, o a las personas que actúen en su nombre, a la hora de aplicar políticas monetarias, de tipo de cambio o de gestión de la deuda pública.
La estabilización de instrumentos financieros o la negociación con acciones propias en programas de recompra pueden ser legítimas, en determinadas circunstancias, por razones económicas, y no deben por tanto considerarse en sí mismas como abuso del mercado. Deben elaborarse unas normas comunes para proporcionar una orientación práctica.
El creciente alcance de los mercados financieros, la rapidez de los cambios y la gama de nuevos productos y novedades requieren una amplia aplicación de la presente Directiva a los instrumentos financieros y a las técnicas afectadas, con objeto de garantizar la integridad de los mercados financieros de la Comunidad.
El establecimiento de unas condiciones de igualdad en los mercados financieros de la Comunidad requiere una aplicación geográfica amplia de las disposiciones cubiertas por la presente Directiva. Por lo que se refiere a los instrumentos derivados no cotizados en bolsa pero incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, cada Estado miembro debe tener competencia para sancionar las actividades realizadas en su territorio o en el extranjero que se relacionen con los instrumentos financieros subyacentes que coticen en un mercado regulado situado en su territorio, o que opere en él, o para los que se haya presentado una solicitud de cotización en ese mercado regulado. Cada Estado miembro debe ser asimismo competente para sancionar las conductas realizadas en su territorio en relación con instrumentos financieros subyacentes que coticen en un mercado regulado de un Estado miembro, o para los que se haya presentado una solicitud de cotización en ese mercado.
La multiplicidad de autoridades competentes en los Estados miembros, con distintas responsabilidades, puede crear confusión entre los agentes económicos. Debe designarse en cada Estado miembro una autoridad competente única que asuma, por lo menos, la responsabilidad final de supervisar el cumplimiento de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva, así como la colaboración internacional. Esta autoridad debe tener carácter administrativo, a fin de garantizar su independencia frente a los agentes económicos y evitar conflictos de intereses. Con arreglo a la legislación nacional, los Estados miembros deben asegurar una financiación adecuada de la autoridad competente. Esta autoridad debe disponer de mecanismos adecuados de consulta sobre posibles modificaciones de la legislación nacional, como un comité consultivo integrado por representantes de los emisores, los prestadores de servicios financieros y los consumidores, para mantenerse plenamente informada de sus opiniones e intereses.
La eficacia de la supervisión quedará garantizada mediante un conjunto mínimo común de competencias e instrumentos eficaces de los que se debe dotar la autoridad competente de cada Estado miembro. Las empresas del mercado y todos los agentes económicos deben contribuir también, a su respectivo nivel, a la integridad del mercado. En este sentido, la designación de una autoridad competente única en materia de abuso de mercado no excluye los vínculos de colaboración entre esta última y las empresas del mercado, o la delegación a dichas empresas bajo la responsabilidad de la autoridad competente, con vistas a garantizar una supervisión eficaz del cumplimiento de las disposiciones que se adopten a tenor de la presente Directiva.
Para garantizar la suficiencia de un marco comunitario contra el abuso del mercado, cualquier infracción de las prohibiciones o de los requisitos fijados con arreglo a la presente Directiva deberá ser detectada y sancionada rápidamente. Para ello, las sanciones deben ser suficientemente disuasorias y guardar relación con la gravedad de la infracción y con los beneficios obtenidos, y ejecutarse en forma coherente.
El creciente número de actividades transfronterizas requiere una mayor cooperación y un conjunto completo de disposiciones para el intercambio de información entre las autoridades nacionales competentes. La organización de la supervisión y de las competencias de investigación en cada Estado miembro no debe obstaculizar la colaboración entre las autoridades nacionales competentes.
Dado que el objetivo de la acción propuesta, a saber, evitar el abuso del mercado en forma de operaciones con información privilegiada o de manipulación del mercado, no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.
De vez en cuando pueden ser necesarias orientaciones técnicas, así como medidas de desarrollo de las normas establecidas en la presente Directiva, con objeto de tener en cuenta los nuevos avances de los mercados financieros. Así pues, la Comisión debe estar autorizada a adoptar normas de desarrollo, siempre que éstas no modifiquen los elementos esenciales de la presente Directiva y la Comisión actúe de acuerdo con los principios establecidos en ella, previa consulta al Comité europeo de valores establecido por la Decisión 2001/528/CE de la Comisión ( 8 ).
En el ejercicio de sus competencias de ejecución de conformidad con la presente Directiva, la Comisión debe respetar los siguientes principios:
— la necesidad de garantizar la confianza de los inversores en los mercados financieros mediante el fomento de unos niveles elevados de transparencia en estos últimos,
— la necesidad de proporcionar a los inversores una amplia gama de inversiones competitivas y un nivel de información y protección a la medida de sus circunstancias,
— la necesidad de garantizar que las autoridades reguladoras independientes apliquen coherentemente las normas, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia económica,
— la necesidad de elevados niveles de transparencia y consulta a todos los participantes en el mercado, así como al Parlamento Europeo y al Consejo,
— la necesidad de fomentar la innovación en los mercados financieros, a fin de que sean dinámicos y eficientes,
— la necesidad de garantizar la integridad del mercado mediante un control firme y que reaccione ante las innovaciones financieras,
— la importancia de reducir el coste del capital y de aumentar las posibilidades de acceso al mismo,
— el equilibrio entre costes y beneficios para los participantes en el mercado (incluidas las pequeñas y medianas empresas, así como los pequeños inversores) en todas las medidas de aplicación,
— la necesidad de fomentar la competitividad internacional de los mercados financieros de la Unión Europea (UE) sin perjuicio de la necesaria ampliación de la cooperación internacional,
— la necesidad de situar en pie de igualdad a todos los participantes en el mercado mediante el establecimiento de unas normas con vigencia en toda la UE cada vez que sea necesario,
— la necesidad de respetar las diferencias en los mercados nacionales cuando no perjudiquen indebidamente a la coherencia del mercado único,
— la necesidad de asegurar la coherencia con otras normas comunitarias en este ámbito, puesto que los desequilibrios en la información y la falta de transparencia pueden poner en peligro el funcionamiento de los mercados y, sobre todo, perjudicar a los consumidores y a los pequeños inversores.
La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios establecidos en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, especialmente en su artículo 11, y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. A este respecto, la presente Directiva no impide en modo alguno a los Estados miembros la aplicación de sus normas constitucionales relativos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en los medios de comunicación.
— que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de instrumentos financieros, o
— que aseguren, por medio de una persona o de varias personas que actúen de manera concertada, el precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivel anormal o artificial,
— actuación de una persona o de varias concertadamente para asegurarse una posición dominante sobre la oferta o demanda de un instrumento financiero con el resultado de fijación, de forma directa o indirecta, de precios de compra o de venta o de otras condiciones de transacción no equitativas,
— venta o compra de instrumentos financieros en el momento de cierre del mercado con el efecto de inducir a error a los inversores que actúan basándose en las cotizaciones de cierre,
— aprovecharse del acceso ocasional o periódico a los medios de comunicación tradicionales o electrónicos exponiendo una opinión sobre un instrumento financiero (o, de modo indirecto, sobre su emisor) después de haber tomado posiciones sobre ese instrumento financiero y haberse beneficiado, por lo tanto, de las repercusiones de la opinión expresada sobre el precio de dicho instrumento, sin haber comunicado simultáneamente ese conflicto de intereses a la opinión pública de manera adecuada y efectiva.
— Las definiciones relativas a la manipulación del mercado se adaptarán de forma que se garantice que se pueden incluir nuevos modos de comportamiento que correspondan en la práctica a los tipificados como manipulación del mercado;
— valores negociables, según lo definido en la Directiva 93/22/CEE, del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables ( 9 ),
— participaciones de un organismo de inversión colectiva,
— instrumentos del mercado monetario,
— contratos de futuros financieros, incluidos los instrumentos equivalentes liquidados en efectivo,
— contratos futuros sobre tipos de interés,
— permutas de tipo de interés, de divisa y de participaciones,
— opciones destinadas a la compra o venta de cualquiera de los instrumentos previstos en estas categorías, incluidos los instrumentos equivalentes que requieran pago en efectivo, en particular las opciones sobre divisas y sobre tipos de interés,
— instrumentos derivados sobre materias primas,
— cualquier otro instrumento admitido a negociación en un mercado regulado de un Estado miembro o para el cual se haya presentado una solicitud de admisión a negociación en dicho mercado;
5. «prácticas de mercado aceptadas»: prácticas que pueden esperarse razonablemente en uno o más mercados financieros y que están aceptadas por la autoridad competente de conformidad con las directrices adoptadas por la Comisión con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 17, apartado 2 bis;
La Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (en lo sucesivo, «la AEVM»), creada mediante el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 10 ), podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución para garantizar unas condiciones uniformes de aplicación de los actos adoptados por la Comisión de conformidad con el presente artículo en relación con las prácticas de mercado aceptadas.
Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el apartado 2 de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1095/2010.
7) autoridad competente: la autoridad competente designada con arreglo al artículo 11.
Para tener en cuenta la evolución de los mercados financieros y asegurar la aplicación uniforme de la presente Directiva en la Comunidad, la Comisión deberá adoptar medidas de ejecución con respecto a los puntos 1, 2 y 3 del presente artículo, ►M1 ————— ◄ ►M1 Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 17, apartado 2 bis. ◄
10. Para tener en cuenta la evolución técnica de los mercados financieros y garantizar la aplicación uniforme de la presente Directiva, la Comisión adoptará, ►M1 ————— ◄ medidas de ejecución en lo que respecta a:
— las modalidades técnicas de la apropiada divulgación pública de información privilegiada a que se refieren los apartados 1 y 3,
— las modalidades técnicas del retraso de la divulgación pública de información privilegiada a que se refiere el apartado 2,
— las modalidades técnicas para favorecer un enfoque común en la aplicación de la segunda frase del apartado 2,
— las condiciones en las que los emisores, o las entidades que los representen, confeccionarán una lista de las personas que trabajan para ellos y que tienen acceso a información privilegiada, mencionada en el apartado 3, así como las condiciones conforme a las que ha de actualizarse dicha lista,
— las categorías de las personas sujetas al deber de divulgación a que se refiere el apartado 4 y las características de una transacción, incluida su magnitud, que motivan dicho deber, así como las modalidades técnicas de declaración a la autoridad competente,
— las modalidades técnicas, para las diferentes categorías de personas a que se refiere el apartado 5, de la presentación correcta de los análisis y demás información en la que se recomiende una estrategia de inversión y de la revelación de sus intereses o conflictos de intereses según lo mencionado en el apartado 5. Dichas modalidades tendrán en cuenta las normas, incluida la autorregulación, aplicables a la profesión de periodista,
— las modalidades técnicas según las cuales las personas a las que se refiere el apartado 9 deberán informar a las autoridades competentes.
Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 17, apartado 2 bis.
11. La AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución para garantizar condiciones uniformes de aplicación de los actos adoptados por la Comisión de conformidad con el apartado 10, párrafo primero, guión sexto.
Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1095/2010.
►M2 1. ◄ Las prohibiciones establecidas en la presente Directiva no se aplicarán a las operaciones con acciones propias en programas de recompra ni a la estabilización de un instrumento financiero, siempre que la operación se realice de acuerdo con las medidas de ejecución ►M1 ————— ◄ . ►M1 Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 17, apartado 2 bis. ◄
2. La AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución para garantizar unas condiciones uniformes de aplicación de los actos adoptados por la Comisión de conformidad con el apartado 1.
5. Los Estados miembros facilitarán cada año a la AEVM información agregada relativa a las medidas administrativas y las sanciones impuestas de conformidad con los apartados 1 y 2.
Cuando la autoridad competente haya divulgado públicamente una medida administrativa o una sanción, notificará simultáneamente ese hecho a la AEVM.
Cuando una sanción publicada haga referencia a una empresa de inversión autorizada de conformidad con la Directiva 2004/39/CE, la AEVM añadirá la referencia a la sanción publicada en el registro de empresas de inversión establecido en virtud del artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2004/39/CE.
1. Las autoridades competentes cooperarán con la AEVM a efectos de la presente Directiva, de conformidad con el Reglamento (UE) no 1095/2010.
2. Las autoridades competentes proporcionarán sin demora a la AEVM toda la información necesaria para que cumpla sus obligaciones de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) no 1095/2010.
— la comunicación de la información pueda ir en perjuicio de la soberanía, la seguridad o el orden público del Estado miembro objeto de la solicitud,
— se haya incoado un procedimiento judicial por los mismos hechos y contra las mismas personas ante las autoridades del Estado miembro objeto de la solicitud,
— haya recaído sentencia firme sobre los mismos hechos y respecto de las mismas personas en el Estado miembro al que se dirige la solicitud.
Sin perjuicio del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), una autoridad competente a cuya solicitud de información no se dé curso dentro de un plazo razonable o cuya solicitud se rechace podrá hacer constar ante la AEVM este incumplimiento o el hecho de que no se haya dado curso a la solicitud en un plazo razonable. En las situaciones mencionadas en la primera frase, la AEVM podrá actuar de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) no 1095/2010, sin perjuicio de las posibilidades de denegación de una solicitud de información previstas en el párrafo segundo del presente apartado y de la posibilidad de que la AEVM actúe de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) no 1095/2010.
Sin perjuicio del artículo 258 TFUE, una autoridad competente a cuya solicitud de que se inicie una investigación o de autorización para que sus agentes acompañen a los de la autoridad competente de otro Estado miembro no se dé curso dentro de un plazo razonable o cuya solicitud sea rechazada podrá hacer constar ante la AEVM este rechazo o el hecho de que no se haya dado curso en un plazo razonable a su solicitud. En ese caso, la AEVM podrá actuar de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) no 1095/2010, sin perjuicio de las posibilidades de denegación de una solicitud de información previstas en el párrafo cuarto del presente apartado y de la posibilidad de que la AEVM actúe de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) no 1095/2010.
5. A fin de asegurar condiciones uniformes de aplicación ejecución de los apartados 2 y 4, la AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución sobre los procedimientos y formularios para el intercambio de información y para las inspecciones transfronterizas según lo previsto en el presente artículo.
Se confieren a la Comisión competencias para adoptar los proyectos de normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1095/2010.
2 bis. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
3. A más tardar el 31 de diciembre de 2010 y a continuación cada tres años como mínimo, la Comisión revisará las disposiciones relativas a sus competencias de ejecución y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento de dichas competencias. El informe examinará, en particular, la necesidad de que la Comisión proponga modificaciones destinadas a garantizar una delimitación pertinente de las competencias de ejecución que le han sido atribuidas. La conclusión relativa a la necesidad o no de introducir una modificación se acompañará de una exposición de motivos detallada. En caso necesario, el informe se acompañará de una propuesta legislativa destinada a modificar las disposiciones relativas a la atribución de competencias de ejecución a la Comisión.
Antes del 1 de diciembre de 2011, la Comisión examinará los artículos 1, 6, 8, 14 y 16 y presentará, si ha lugar, las propuestas legislativas adecuadas para hacer posible la plena aplicación, en lo que respecta a la presente Directiva, de los actos delegados a que se refiere el artículo 290 TFUE y de los actos de ejecución a que se refiere el artículo 291 TFUE. Sin perjuicio de las medidas de ejecución que ya se hayan adoptado, las competencias atribuidas a la Comisión en el artículo 17 para adoptar medidas de ejecución que sigan vigentes tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa dejarán de aplicarse el 1 de diciembre de 2012.
La Directiva 89/592/CEE, así como el apartado 1 del artículo 68 y el apartado 1 del artículo 81 de la Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos valores ( 11 ), quedan derogados a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva.
( 1 ) DO C 240 E de 28.8.2001, p. 265.
( 2 ) DO C 80 de 3.4.2002, p. 61.
( 3 ) DO C 24 de 26.1.2002, p. 8.
( 4 ) Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de marzo de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 19 de julio de 2002 (DO C 228 E de 25.9.2002, p. 19) y Decisión del Parlamento Europeo de 24 de octubre de 2002 (no publicada aún en el Diario Oficial).
( 5 ) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
( 6 ) DO L 334 de 18.11.1989, p. 30.
( 7 ) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
( 8 ) DO L 191 de 13.7.2001, p. 45.
( 9 ) DO L 141 de 11.6.1993, p. 27; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 290 de 17.11.2000, p. 27).
( 10 ) DO L 331 de 15.12.2010, p. 84.
( 11 ) DO L 184 de 6.7.2001, p. 1.

References: artículo 251
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 35
 artículo 258
 artículo 19
 artículo 17
 artículo 258
 artículo 19
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 290
 artículo 291
 artículo 17
 artículo 68
 artículo 81