Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2002/A033-02.htm
Timestamp: 2018-12-15 11:44:55+00:00

Document:
A033-02
Auto 033/02
JUEZ DE TUTELA-Participación comprometida y responsable en el trámite de la acción
La decisión judicial producto de la aplicación del trámite de tutela requiere de una participación comprometida y responsable por parte del juez de tutela, quien es el llamado a evaluar en su integralidad las condiciones fácticas y jurídicas que componen la controversia. Para la Corte Constitucional resulta claro que en el presente caso, el juez de instancia omitió vincular a la legítima parte pasiva y con ello, cumplió de manera exigua y poco efectiva la acción de administrar justicia máxime, cuando se trata de una persona de escasos recursos que padece una enfermedad terminal. De conformidad con los principios que inspiran la Carta Política el juez del Estado social de derecho no puede convertirse en un simple tramitador de peticiones sino se encuentra compelido a producir decisiones proporcionales, armónicas y racionales como única fuente de la efectiva seguridad jurídica.
Referencia: expediente T-548301
Acción de tutela interpuesta por Teresa Vargas Marles contra el Hospital Universitario del Valle.
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jaime Córdoba Triviño -Presidente de la Sala-, Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra, procede a revisar el fallo de tutela proferido por el Juez 4º Civil Municipal de Cali, de fecha 29 de noviembre de 2001, mediante el cual se resolvió negar la acción de tutela presentada por la señora Teresa Vargas Marles contra el Hospital Universitario del Valle.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Dos (2) de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, mediante auto del cuatro (04) de febrero del 2002, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto Ley 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional entra a considerar la sentencia proferida por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cali, de fecha 29 de noviembre de 2001.
La señora Vargas Marles solicita se ordene por medio de un fallo de acción de tutela al Hospital Universitario del Valle que le proporcione los medicamentos necesarios para que se le aplique el procedimiento de quimioterapia y le continúen suministrando los otros medicamentos que el tratamiento de su enfermedad requiera.
La señora Teresa Vargas Marles padece de cáncer y se encuentra afiliada al SISBEN (Sistema de selección de beneficiarios para programas sociales) interpone acción de tutela contra el Hospital Universitario del Valle porque considera que la entidad de salud ha puesto en peligro sus derechos a la vida, a la integridad física y a la salud debido a que se niega a aplicarle el tratamiento de quimioterapia ordenado por el médico y al suministro del medicamento necesario para tratar su enfermedad.
En respuesta al amparo formulado, el apoderado judicial del Hospital Universitario del Valle expresa que la entidad de salud no se ha negado en ningún momento a prestar el servicio requerido, que tan sólo le solicitó a la accionante que aportara el medicamento necesario para el tratamiento de quimioterapia, el cual debía suministrarle una ARS (Administradora del Régimen Subsidiado de Salud) o una EPS (Empresa Promotora de Salud), a la que la Secretaría de Salud Municipal la hubiere afiliado.
El tratamiento de quimioterapia es un procedimiento ambulatorio y por ello, el medicamento debe ser suministrado por la ARS o la EPS a la que el paciente esté afiliado, en tanto que el Hospital Universitario del Valle es una IPS (Intitución Prestadora de Salud) el cual cumple con prestar la atención al paciente, conforme lo establece la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
En el fallo de 29 de noviembre de 2001 el Juez 4° Civil Municipal de Calí, niega el amparo solicitado porque considera que el Hospital no está obligado a proporcionar los medicamentos necesarios para el tratamiento de cáncer de seno, que padece la accionante y que, ella debe acudir ante la Secretaría de Salud Municipal para ser inscrita en una ARS o en una EPS. De otra parte manifiesta el juez de tutela que “como se pudo verificar telefónicamente con Salud Pública Municipal, a la señora Vargas Marles no se le ha asignado una ARS o EPS y ella tampoco lo ha solicitado..” [1]. Subrayado fuera del texto.
La Constitución Política en su artículo 86 creó la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario de protección y defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, la condición de preferente y sumario no significa que el juez de conocimiento en pro de la efectividad y rapidez del fallo se abstenga de desplegar todas las medidas necesarias –jurídicamente posibles- para conjurar la vulneración de los derechos fundamentales, como tampoco, significa que el fallador deba producir todo tipo de órdenes sin fundamento jurídico en aras de absolver afirmativamente las pretensiones de los accionantes.
La condición preferente y sumaria de la acción de tutela significa, en especial, que el juez de conocimiento debe emplearse a fondo en la identificación de la totalidad de los aspectos que componen la litis, para que el fallo sea realmente una garantía efectiva de los derechos fundamentales y producto de una actuación ágil y oportuna.
En el presente caso, el Juez de tutela a pesar de constatar que existe una vulneración al derecho a la vida y el derecho a la salud, omite vincular al legitimo contradictor[2] o a la parte que por legitimación pasiva debe concurrir al proceso y no notifica a la Secretaría de Salud Municipal a pesar de identificar a esta entidad, como la posible responsable de la afiliación de la accionante a una Empresa Prestadora de Salud. Esta forma de proceder, desconoce el principio de efectividad de la acción y dilata injustificadamente la solución al problema planteado.
La Corte Constitucional en forma reiterada ha insistido en el deber que tiene el juez de tutela de cumplir con los principios básicos del procedimiento y entre ellos, se encuentra el de integrar la parte que tiene un legítimo interés en la causa y la parte de la que se presume su responsabilidad. En este sentido ha dicho:
“Por ello la Corte Constitucional ha venido reconociendo la necesidad de que el juez competente integre al sujeto pasivo de la acción, de oficio, si así lo requiere el proceso, para evitar que la producción de fallos inhibitorios defraude la pronta y efectiva administración de justicia y la confianza puesta en sus funcionarios por los individuos que se someten a ella.
“En una de tales oportunidades, la Sala Quinta de Revisión de esta Corporación sostuvo:
‘Cuando la acción se dirige contra un sujeto distinto, mal podría prosperar la tutela, aunque, si en el caso concreto el término lo permite, una vez se ha percatado de la situación, bien puede el juez de oficio, antes de resolver, vincular al proceso a la persona o entidad contra la cual ha debido obrar el demandante, otorgándole suficientes elementos de defensa dentro del mismo, con arreglo a la garantía constitucional. Sólo en ese evento podría otorgarse el amparo contra ella.” (Sentencia T-578/97)
“Y en el mismo sentido, se pronunció en otra oportunidad la Corte, así:
‘La característica de informalidad, a la que se acaba de aludir a propósito de la acción de tutela, tiene complemento necesario en los poderes reconocidos a los jueces encargados de su conocimiento, poderes encaminados, en el aspecto que se examina, a recoger los datos preliminares que le permitan al funcionario judicial proveer acerca de la defensa, garantía y efectividad de los derechos constitucionales fundamentales, objetivo prioritario que guió al Constituyente en el diseño y consagración de la acción de marras como instrumento de inmediata y eficaz protección de los derechos constitucionales fundamentales, finalidad que se vería burlada si, al momento de asumir el conocimiento de un caso concreto se la rodeara de exigencias o requisitos limitantes de su ejercicio, trámite o decisión, contrarios por lo demás a la filosofía que la inspiró. Dentro de este amplísimo contexto cabe plantear la problemática a la que se ha aludido más arriba, originada en la equivocada mención de autoridades, órganos o personas como causantes de la violación o amenaza de vulneración de un derecho constitucional fundamental. Considera la Sala que una situación de tal tipo impone al juez una actitud en extremo diligente orientada a la solución de tan delicado asunto, así pues, cuando sobre el particular se cierna duda podrá recurrir al solicitante para que en el término previsto en el artículo 17 del decreto 2591 de 1991 proceda a corregir la solicitud en el sentido de salvar el inconveniente presentado o requerir del órgano o de la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud, los informes pertinentes con miras a dilucidar si entre la vulneración o amenaza del derecho puesta a su conocimiento y el órgano, autoridad o persona a la que se le atribuye, existe la relación necesaria que permita la imputación de la acción o la omisión conculcadora. Consciente el fallador de la actual vulneración de un derecho constitucional fundamental o de su evidente amenaza y de que tal hecho no puede ser atribuíble al órgano, autoridad o persona que aparece mencionado en la solicitud, lejos de rechazarla de plano, ha de desplegar actuación suficiente y eficaz tendiente a crear certeza acerca del llamado a responder por su presunta actuación u omisión. Una vez llegado a la convicción sobre la persona, autoridad u órgano presuntamente violador, el juez debe tomar las providencias necesarias para vincularlo a la actuación adelantada, ya que conforme al artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 "todas las providencias que se dicten en el trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes o a los intervinientes", y explica la norma que "para este efecto son partes la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la acción..." y lo más importante, "el juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa (Se subraya), postulado de enorme trascendencia por cuanto a la autoridad, persona u órgano así llamado ha de garantizársele la protección procesal necesaria.
‘Considera esta Sala de Revisión que aun cuando la duda e incluso la certeza acerca de la equivocación en que ha incurrido el accionante, le asistan al juez desde un primer momento, de todos modos se habrá de proveer sobre la notificación a la autoridad, persona u órgano al que el peticionario haya atribuido la vulneración o amenaza de su derecho constitucional fundamental porque su comparecencia a la actuación se torna indispensable no sólo para garantizarle el derecho de defensa que le corresponde, sino también para hacer claridad sobre la eventual duda que, finalmente, puede resultar infundada y, además, porque en caso de no serlo, su concurso es necesario en orden a establecer quien pudo vulnerar o amenazar el derecho; es probable que el órgano, autoridad o persona inicialmente implicada demuestre simplemente su ajenidad, desvinculándose de tal modo; pero también lo es que además señale a otro órgano, autoridad o persona como causante del agravio, caso en el cual se procederá en la forma indicada más arriba.’ (Sentencia T-091/93)”.[3]
De otra parte, debe la Corte Constitucional expresar su rechazo a la práctica informal de pruebas y reiterar que la condición sumaria del trámite de la acción no significa vulneración al debido proceso. De la equivocada interpretación de la eficiencia y celeridad [4] del amparo, el juez deduce una práctica superficial y poco garantista que afecta la resolución plena y total del problema jurídico planteado.
Conforme a lo dicho, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional declarará la nulidad de lo actuado, siguiendo la jurisprudencia reiterada de esta Corporación en el sentido de que en la acción de tutela, amén del breve plazo en que debe decidirse, no es posible desconocer el debido proceso[5] y por ello, se ordenará al Juez 4° Civil Municipal de Cali que integre, en el caso sub judíce, vincule a la parte legítima en causa pasiva y con ello, notifique a la Secretaría de Salud Municipal de la acción de tutela interpuesta por la señora Teresa Vargas Marles.
Primero. Dejar sin efecto la providencia del 26 de noviembre de 2001, proferida por el Juzgado 4° Civil Municipal de Cali, así como de todas las actuaciones surtidas desde el auto admisorio de la presente tutela fechado el 19 de noviembre de 2002, y en consecuencia ABSTENERSE de efectuar la revisión de fondo del fallo en cuestión, por cuanto se advierte la existencia de una nulidad que afecta todo lo actuado.
Segundo. ORDENAR al Juzgado 4° Civil Municipal de Cali que imparta el trámite judicial correspondiente a la primera instancia, subsanando la irregularidad expuesta, y proceda a fallar de conformidad con el procedimiento establecido.
Tercero. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior se ordena que por Secretaría General de esta Corporación se devuelva el expediente al Juzgado 4° Civil de Municipal de Cali.
[2] Cuando el juez de tutela considere -según el análisis de los hechos y de la relación entre las funciones que se cumplen o las actividades que se desarrollan y la invocada vulneración o amenaza de derechos fundamentales (nexo causal)- que la demanda ha debido dirigirse contra varias entidades, autoridades o personas, alguna o algunas de las cuales no fueron demandadas, aquél está en la obligación de conformar el legítimo contradictorio, en virtud de los principios de oficiosidad e informalidad que rigen la acción de tutela. Auto 055 de 1997.
[3] Auto 081 de 2001. Mediante ésta providencia, la Sala Sexta de Revisión declaro la nulidad de lo actuado en el caso de una persona con VIH que demanda a la Secretaria Departamental porque el Hospital no le proporciona los medicamentos necesarios. El juez de tutela decide negar el amparo después de escuchar al representante de la Secretaría y concluir que el actor debió demandar al hospital y no al ente oficial.
[4] Principios rectores de la acción de tutela definidos en el artículo 3° del Decreto Ley 2591 de 1991.
[5] Consultar, entre otros, los autos números: 27 del 1º de junio de 1995, M.P: Dr. Jorge Arango Mejía y 050 del 3 de octubre de 1996, M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

References: artículo 34
 artículo 86
 artículo 17
 artículo 5
 resolución 
 artículo 3