Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-III/2014/as201411251L.html
Timestamp: 2020-03-29 06:35:13+00:00

Document:
as201411251L
AUTO SUPREMO Nº 251/2014
Expediente: 248/09 La Paz
Parte acusadora: Ministerio Público y Raúl Antequera Torrez y Bertha Quisbert de Antequera
Parte imputada: Ernesto Correa Ibarra
Delito: Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidentes de Tránsito y Conducción Peligrosa de Vehículo
El Recurso de Casación planteado por Ernesto Correa Ibarra de fs. 354 a 361, impugnando el Auto de Vista N° 82 de 14 de agosto de 2009 cursante de fs. 328 a 330 de obrados, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Raúl Antequera Tórrez y Bertha Quisbert de Anmtequera contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidentes de Tránsito y Conducción Peligrosa de Vehículo, previstos y sancionados por los arts. 261 y 210 del Código Penal, los antecedentes; y,
Con base a la Acusación Fiscal y Particular, previa la sustanciación del juicio oral, el Juzgado Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, mediante Sentencia Nº 04 de 19 de enero de 2009, cursante de fs. 269 a 278, resolvió fallar declarando a Ernesto Correa Ibarra, Absuelto de pena y culpa de la comisión de los delitos de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidentes de Tránsito y Conducción Peligrosa de Vehículo, previstos y sancionados por los arts. 261 y 210 del Código Penal, con relación al 363 num. 2) del Código de Procedimiento Penal, sin costas por ser excusable, por las características y resultado del accidente de tránsito ocurrido.
Que, ante esta Sentencia, Raúl Antequera Tórrez y Bertha Quisbert de Antequera de fs. 296 a 304 vta. interpusieron Recurso de Apelación Restringida, mismo que previo cumplimiento del procedimiento establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el 14 de agosto de 2009 (fs. 328 a 330), la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dictó Auto de Vista Nº 82/2009, por el que se Anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, de conformidad al art. 413 del Código de Procedimiento Penal.
Notificadas que fueron las partes con el Auto de Vista, Ernesto Correa Ibarra, mediante memorial presentado el 11 de septiembre de 2009 (fs. 354 a 361), interpuso Recurso de Casación contra el Auto de Vista precitado de acuerdo a los siguientes argumentos.
I.- El Auto de Vista es Arbitrario, Inconsistente y Ultra Petita, no se aplicó los principios de: probidad, honestidad, legalidad, eficacia debido proceso e igualdad.
II.- El Auto de Vista es emitido en inobservancia e infracción del art. 398 del Código de Procedimiento Penal, porque no se circunscribe a los aspectos cuestionados de la Sentencia, al respecto señaló los siguientes precedentes:
Auto Supremo Nº 401 de 18 de agosto de 2003
Auto Supremo Nº 409 de 19 de agosto de 2003
Auto Supremo Nº 175 de 15 de mayo de 2006
Sentencia Constitucional Nº 1358/2002-R de 11 de noviembre
Sentencia Constitucional Nº 322/1999-R
Sentencia Constitucional Nº 103/2001-R
Sentencia Constitucional Nº 727/2001-R
Sentencia Constitucional Nº 982/2002-R
Al respecto solicitó a este Tribunal porque se enmiende lo manifestado en el Auto de Vista porque el mismo resulta ultra petita, que afecta al juicio de derecho, al control de legalidad, que aspectos que rigen la tramitación en materia penal.
El Auto de Vista careció de las previsiones contenidas en los arts. 123 y 124 del Código de Procedimiento Penal, al introducir razonamientos que ninguna de las partes solicitó vulnerando el art. 398 del Código ya referido.
III.- Refirió el Auto Supremo Nº 401 de 18 de agosto de 2003, referido al debido proceso y a la seguridad jurídica.
IV.- Si bien se puede aplicar el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, sin embargo ordenar la reposición del juicio oral significa atentar contra el principio de celeridad.
V.- Se debe tener en cuenta los arts. 115, 109 de la Constitución Política del Estado y se tener en cuenta que el Auto de Vista señaló que la nulidad de la Sentencia se debe porque se afectó el principio de continuidad, sin embargo todas las suspensiones se encuentran debidamente fundamentadas conforme las previsiones del art. 335 del Código de Procedimiento Penal
VI.- El Cuadro realizado por los Vocales de la Sala Penal Tercera no se encuentra debidamente sustentado, porque falta a la verdad y no observa lo establecido en el art. 158 de la Constitución Política del Estado, así como el art. 51 y 398 del Código de Procedimiento Penal.
VII.- Los Autos Supremos señalados en el Auto de Vista carecen del respectivo análisis de los mismos y del porque su aplicación, sin precisar la analogía de los componentes fácticos (refiriéndose a los Autos Supremos Nº 37 de 27 de enero de 2007 y Nº 239 de 1 de agosto de 2005).
VIII.- El Auto de Vista no se pronunció respecto de todos los puntos apelados, aspecto que constituye un vicio absoluto insubsanable que atenta al derecho a la defensa y al debido proceso al respecto señaló:
Sentencia Constitucional Nº 1369/2001-R de 19 de diciembre, referida a la motivación de los fallos judiciales.
La Doctrina Legal Aplicable del Auto Supremo Nº 314 de 25 de agosto de 2006, referido a la vulneración del debido proceso.
Auto Supremo Nº 5 de 26 de enero de 2007, referido a la exigencia de la motivación.
Auto Supremo Nº 340 de 28 de agosto de 2006, referido a los defectos absolutos insubsanables previstos en el art. 169 num. 3) del Código de Procedimiento Penal.
Solicitó, se conceda su Recurso de Casación y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, para que pronuncien uno nuevo en base a las formalidades de Ley.
No invoco precedente contradictorio alguno, teniendo en cuenta que no interpuso recurso de apelación restringida porque la Sentencia le fue favorable.
Que, de conformidad al Auto Supremo Nº 210 de 25 de agosto de 2014, se dispuso la Admisión del Recurso de Casación para ingresar al análisis y consideración del Auto de Vista recurrido, la invocación de los precedentes contradictorios en su Recurso de Casación a fin de establecer la posible contradicción en la que hubiese incurrido el Tribunal de Alzada al momento de emitir la Resolución objeto de análisis, así como la supuesta existencia de defectos absolutos, por lo que al respecto se deben tener en cuenta los siguientes argumentos de orden legal:
Con relación a las Sentencias Constitucionales invocadas, se debe tener en cuenta que las mismas no tienen calidad de precedente contradictorio, así lo determinó la uniforme jurisprudencia de este Máximo Tribunal de Justicia en los Autos Supremos Nº 141 de 10 de marzo de 2004; 153 de 17 de marzo de 2003; 339 de 7 de junio de 2004; 59 de 5 de febrero de 2004; 132 de 18 de mayo de 2006, de la Sala Penal Segunda y 117-I de 31 de enero de 2007 de la Sala Penal Primera: “…Que en el caso de autos, del examen de los actuados procesales, se establece que el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida así como el recurso de casación deducido no ha invocado ningún precedente válido, pues las sentencias constitucionales cuyas fotocopias adjunta, no son precedentes al tenor del art. 416 del Procedimiento Penal, en consecuencia el recurso deducido no cumple con los requisitos formales exigidos para su admisión previstos en los arts. 416 y 417 del referido Código; omisión que no puede suplirse de oficio por ser base y sustento legal para la procedencia del recurso de casación…”.
Respecto de que el Auto de Vista es Arbitrario, Inconsistente y Ultra Petita, se debe tener en cuenta lo siguientes:
El Auto de Vista resolvió Anular totalmente la Sentencia apelada disponiendo la Reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, por las constantes suspensiones de la audiencia en las que se hubiera infringido los arts. 330, 334 y 335 del Código de Procedimiento Penal.
Al respecto el Tribunal de Alzada no tomo en cuenta que desde el punto de vista doctrinal, las nulidades –según expone JORGE CLARIÁ OLMEDO- consisten en la invalidación de actos cumplidos e ingresados al proceso sin observarse las exigencias legales impuestas para su realización, en tal sentido, no todo defecto o no toda irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento produce la nulidad y para declarar dicha nulidad se debe tomar en cuenta determinados principios como: no hay nulidad sin texto, vale decir, que la irregularidad de la que adolece el acto debe estar sancionada de manera expresa, pero además debe tener trascendencia, es decir, que el vicio debe ser de tal magnitud que impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido en orden al derecho o garantía que se dice violado; pero además las nulidades deben ser interpretadas de manera restrictiva a efectos de evitar se desvirtúe el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica y finalmente debe tomarse en cuenta el interés, pues no hay nulidad por la nulidad misma en sentido de que la nulidad puede ser pronunciada cuando el incumplimiento de las formas se traduce en un efectivo menoscabo a los intereses de la defensa. Exacerbar privilegios o garantías constitucionales en una incorrecta aplicación, daña el supremo interés u orden público afectando la seguridad del cuerpo social.
En lo que hace a los recesos de la audiencia del juicio oral como causa de interrupción de la misma, los Tribunales deberán considerar en atención al principio de continuidad la reanudación inmediata del juicio en las horas hábiles posteriores a la determinación del receso y ante la imposibilidad fáctica de hacerlo en espacios cortos de tiempo justificar en derecho dicha imposibilidad, consecuencia de ello, la reanudación de audiencias que no son inmediatas en tiempo en relación a la última actuación, no implica la infracción del principio de continuidad si existe motivo legítimo que impide la reanudación inmediata de la audiencia del juicio oral y se encuentra debidamente justificada en causas de fuerza mayor y dentro del plazo máximo establecido para la suspensión de audiencias, ocurriendo lo propio cuando se trate del señalamiento de nueva audiencia por los motivos de suspensión que sobrepasen los diez días fundados en circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que justifiquen dejar en suspenso el plazo establecido en el art. 336 del Código de Procedimiento Penal.
Siendo obligación inexcusable el demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponerse la nulidad de actos procesales, el Tribunal de Alzada a tiempo de resolver el Recurso de Apelación Restringida fundada en la infracción del principio de continuidad del juicio oral, deberá realizar el examen y ponderación de todas y cada una de las determinaciones de receso y suspensión de audiencias dispuestas por la autoridad jurisdiccional en el caso concreto, para establecer de manera fundada y motivada si se transgredió o no el principio de continuidad, para ello, en principio se debe verificar y examinar la clase y la medida de esas demoras a efecto de valorar si la misma afecta al principio de inmediación, sea por evidenciarse la dispersión de la prueba o bien porque la demora imposibilitó al Tribunal de Juicio pronunciar la Sentencia de mérito en base a la relación directa tenida con la prueba, teniendo un efecto determinante en el fallo.
Los errores o inobservancias del procedimiento, serán calificados como lesivos a la Garantía del debido proceso y, consiguientemente, anulables, sólo en aquellos casos en los que tengan trascendencia, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material y además sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro, no teniendo ningún sentido disponer se subsanen los defectos procedimentales en los que habría incurrido, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante el acto, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado, al respecto existe un entendimiento respaldado por los Autos Supremos Nº 201 de 28 de marzo de 2007, Nº 106 de 25 de febrero de 2011, 384 de 30 de octubre de 2012, entre otros.
Con relación al Auto Supremo Nº 37 de 27 de enero de 2007 y Auto Supremo Nº 239 de 1 de agosto de 2005, debe quedar claro que el mismo fue modificado por el Auto Supremo Nº 106 de 25 de febrero de 2011, cuya Doctrina Legal Aplicable señala: “(…) si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema establece entre otros en el Auto Supremo No. 37 de 27 de enero de 2007, que por mandato del art. 335 y 336 del Código de Procedimiento Penal, es posible suspender la audiencia del juicio oral únicamente por una vez y por el lapso no mayor a 10 días, y que en los casos de suspensiones sucesivas procede la nulidad de obrados; no es menos evidente que dicho entendimiento debe ser modulado, para evitar dilaciones innecesarias en el proceso. De ahí que en los casos en los que a solicitud de partes, se suspende la audiencia del juicio oral por más de una vez, excepcionalmente, el Tribunal de Alzada podrá ingresar al análisis de fondo, con la finalidad de no restringir el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la defensa, como acontece en autos y en aplicación al principio de celeridad procesal, cuando a su criterio pese a las suspensiones reiteradas del A-quo, no se presente dispersión de la prueba y no sea necesaria la realización de un nuevo juicio.
Del Análisis de los antecedentes y los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, se tiene lo siguiente:
Auto Supremo Nº 314 de 25 de agosto de 2006
Auto Supremo Nº 340 de 28 de agosto de 2006
Se debe tener en cuenta que el Auto de Vista a efectos de disponer la anulación del proceso penal y ordenar la tramitación de un nuevo juicio; no consideró ni resolvió todas las denuncias formuladas en el recurso de apelación restringida que planteó el impetrante, circunstancia que delimita la competencia del Tribunal de Alzada a efectos de pronunciar la Resolución respectiva, conforme establece el art. 398 del Código de Procedimiento Penal.
Al no haberse pronunciado el Tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el ahora recurrente, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta táctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.
Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra el derecho a la defensa, al debido proceso, y al recurso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse.
El Tribunal de Alzada se encuentra en el deber de circunscribir su resolución a los puntos impugnados, la omisión de uno de ellos vulnera el derecho a la defensa, razón por el que es de imperativo cumplimiento el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal.
Por otro lado es preciso establecer que el Tribunal de Alzada de acuerdo a la jurisprudencia de este Máximo Tribunal de Justicia, respecto de la labor que debe ejercer Tribunal de Alzada y el Tribunal de Sentencia, se debe tener en cuenta, que: el Tribunal de Sentencia con la facultad que le confirió los arts. 171 y 172 del Código de Procedimiento Penal, judicializó durante el juicio oral las pruebas que consideró convenientes y relacionadas a la causa como se señala precedentemente, valorándolas de acuerdo a la sana crítica y conforme a lo previsto en el art. 365 del Código de Procedimiento Penal, al considerar que la prueba era suficiente para generar en el Juez la convicción sobre la responsabilidad penal de los imputados.
En ese orden el Auto de Vista recurrido, al haber anulado totalmente la Sentencia, con el argumento de que el A-quo incurrió en violación de los arts. 330, 334 y 335 del Código de Procedimiento Penal, apartándose de lo previsto por el art. 413 parte final, que le faculta al Tribunal de Apelación de acuerdo a su sano entender, y cuando sea evidente que para dictar una nueva Sentencia no sea necesario la realización de un nuevo juicio, que el Tribunal de Alzada en tales casos, debe resolver directamente. Asimismo, el Tribunal, sin anular la Sentencia recurrida, podrá realizar una fundamentación complementaria. Caso contrario se desnaturaliza la concepción del Recurso de Apelación, puesto que se convertiría en una instancia sin facultades para corregir los errores de derecho, únicamente con facultades para remitir a juicio de reenvió, lo que resulta un contrasentido con lo previsto en los arts. 413 parte in fine del Código de Procedimiento Penal.
En ese sentido el Auto de Vista recurrido olvidó que la interpretación de la legalidad ordinaria es labor de los Jueces, quienes deben concebir un entendimiento que guarde relación con los derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado y las normas procesales al respecto, como la celeridad, el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia, a que tienen derecho las partes en litigio. Pues lo que pretende el Procedimiento Penal es que los procesos concluyan dentro de los plazos previstos en él. Un entendimiento diferente como el del Auto de Vista recurrido, genera indefectiblemente retardación de justicia. Optando por la nulidad de obrados, cuando por determinación de las normas señaladas es posible resolver el caso directamente, conforme señala la amplia jurisprudencia al respecto. Este entendimiento jurisprudencial se ve manifestado en el Auto Supremo No 73 de 10 de febrero de 2004, Auto Supremo Nº 356 de 4 de julio de 2011, entre otros.
En ese entendido el Tribunal de Alzada puede obrar de acuerdo a la prueba ya valorada por el juez, que cursa en obrados condenando por algunos delitos y absolviendo por otros sin que ello signifique revalorización de la prueba, sino una rectificación y readecuación del entendimiento de las mismas al caso concreto, en cumplimiento al principio de celeridad previsto en la Constitución Política del Estado. Tomando en cuenta que la Sentencia fue dictada por el Juez que tuvo contacto directo con las pruebas aportadas, por lo que cualquier omisión en ella es subsanable en el Recurso de Apelación, sin que ello importe revalorización de la prueba.
En el mismo sentido se tiene el Auto Supremo No. 479 de 8 de diciembre de 2005 que señala en partes pertinentes que: Resulta perjudicial y contradictorio contra el principio de celeridad que rige el juicio oral público y contradictorio el anular la Sentencia indebidamente por defectos que hayan sido convalidados por las partes. Más aún cuando existe error "injudicando" en la Sentencia impugnada en apelación restringida que fácilmente puede ser subsanado anulando la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia y dictando una nueva de acuerdo a ley.
Asimismo el Auto Supremo No. 472 de 8 de diciembre de 2005, Y el Auto Supremo No. 373 de 6 de septiembre de 2006 que refiere que los defectos absolutos deben ser corregidos de oficio por el Tribunal de Apelación o de Casación.
Resultando evidente la falta de fundamentación en el fallo y en consecuencia la existencia de los defectos absolutos mencionados, correspondiendo dictar doctrina legal aplicable.
Respecto de la falta de pronunciamiento de todos los puntos apelados, en base a lo fundamentado, no existió defecto absoluto o vicio procesal alguno, que amerite la reposición del juicio oral, lo que nos lleva a concluir que el Tribunal de Apelación aplicó indebidamente las previsiones contenidas en el art. 413 del Código de Procedimiento Penal; asimismo, el Tribunal de Alzada incumpliendo sus obligaciones señaladas en el ordenamiento jurídico penal y desconociendo su propia competencia, omitió pronunciarse sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el art. 398 del citado compilado procesal, pues los Tribunales de Alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. Por lo que la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto no validable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
Respecto del principio de continuidad, el sistema procesal penal al que se adscribe el Código de Procedimiento Penal, encuentra sustento en principios procesales que orientan la nueva concepción filosófica del proceso penal entre ellas el principio de continuidad de la audiencia del juicio oral que concibe la realización de los actos propios del juicio de manera ininterrumpida en sesiones consecutivas hasta su conclusión como regla expresa que materializa el principio señalado; sin embargo, esta regla halla excepciones a este principio procesal en la suspensión de la audiencia del juicio por causas expresamente regladas en el art. 335 del Código de Procedimiento Penal, pero además con un tiempo máximo de suspensión establecido en el primer párrafo del art. 336 del mismo cuerpo legal.
Los errores o inobservancias del procedimiento, serán calificados como lesivos a la Garantía del debido proceso y, consiguientemente, anulables, sólo en aquellos casos en los que tengan trascendencia, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material y además sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro, no teniendo ningún sentido disponer se subsanen los defectos procedimentales en los que habría incurrido, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante el acto, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado.
De acuerdo a la uniforme jurisprudencia, la valoración de los hechos como de la prueba bajo los Principios de Inmediación y Contradicción constituye una atribución del Juez o Tribunal de Sentencia, en ese contexto, el Tribunal de Alzada lo que debe realizar es la identificación de la falta, la impericia o arbitrariedad del Juez o Tribunal de instancia la valoración de los hechos y de las pruebas, observando las reglas de la sana crítica que estén explicadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la posibilidad de lograr la convicción en las partes, más allá de la duda razonable, en ese sentido, el Tribunal de Alzada debe controlar que la Sentencia apelada tenga el sustento fáctico, con una argumentación con base jurídica coherente, respetando siempre la normativa procesal y constitucional, aspecto extrañado en el Auto de Vista.
La interpretación de la legalidad ordinaria es labor de los Jueces, quienes deben concebir un entendimiento que guarde relación con los derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado y las normas procesales al respecto, como la celeridad, el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia, a que tienen derecho las partes en litigio. Pues lo que pretende el Procedimiento Penal es que los procesos concluyan dentro de los plazos previstos en él. Un entendimiento diferente como el del Auto de Vista recurrido, genera indefectiblemente retardación de justicia. Optando por la nulidad de obrados, cuando por determinación de las normas señaladas es posible resolver el caso directamente.
Un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, constituye un defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicación del art. 419 del citado Código, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas, sean subsanadas.
La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212, dispone conforme al art. 419 del Código de Procedimiento Penal, respecto del recurso planteado por Ernesto Correa Ibarra, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nº 82 de 14 de agosto de 2009 cursante de fs. 328 a 330 de obrados, disponiendo que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, sin espera de turno, previo sorteo emita nueva Resolución conforme a la Doctrina Legal Aplicable.
Magistrada Relatora Dra. María Lourdes Bustamante Ramírez

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