Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2012/05/
Timestamp: 2018-11-15 12:54:32+00:00

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POLITICA Y DERECHO: mayo 2012
Las manifestaciones y las elecciones pueden anudarse de manera virtuosa, pero no son una y la misma cosa.
Las marchas y mítines que han protagonizado jóvenes universitarios en los últimos días son manifestaciones críticas hacia los políticos en general y hacia Enrique Peña Nieto en particular; apuntan contra el comportamiento de los medios masivos de comunicación, especialmente contra la televisión; expresan un malestar difuso pero auténtico, son una bocanada de aire participativo que hace estallar la abulia y la indiferencia. De inmediato han recibido una vasta atención de los medios y un respaldo considerable entre los comentaristas.
Las concentraciones combinan el júbilo y las ganas de pronunciarse, fomentan entre los participantes lazos solidarios, un sentido de pertenencia a una comunidad que se piensa en expansión, generan un espíritu de cuerpo que pone sobre la mesa nuevos (o viejos) temas que reclaman respuestas específicas. Son expresivas de un estado de ánimo e inyectan a la vida política y a las campañas en curso un dinamismo multiplicado.
Tendrán que precisar sus exigencias y buscar fórmulas que les permitan hacer realidad sus anhelos. Pero por lo pronto, han logrado no pocas cosas: una visibilidad pública importante, una vía para el quehacer político de miles de jóvenes universitarios, "posicionamientos" de partidos y candidatos en relación a sus proclamas, y por lo pronto, el compromiso de Televisa primero y TV Azteca después de trasmitir el segundo debate presidencial a través de los canales 2 y 13 (los de mayor cobertura). Esto último no resulta baladí. Por el contrario, es un triunfo significativo luego de las respuestas cínicas e insensibles que la trasmisión del primer debate encontró en TV Azteca.
Están llamando ahora a convertirse en observadores electorales. Una tarea fundamental que sirve para inhibir conductas irregulares, para detectar eventuales anomalías pero también para certificar cuando las cosas se hacen y salen bien. Ver y analizar el padrón, el proceso de sorteo y capacitación de los funcionarios de casilla, la instalación de las urnas, el cómputo de los votos, el funcionamiento del PREP, entre otros eslabones, puede servir para despejar múltiples fantasías y también para dar fe de eventuales actos anómalos.
Ahora bien, las movilizaciones suelen también producir un efecto alucinante. Algunos de sus promotores y militantes (acompañados por no escasos comentaristas) pueden llegar a considerarse como los voceros de las aspiraciones de la sociedad, como representantes de los sentimientos profundos del país. En el espejo no sólo se ven a ellos mismos sino a una sociedad a la que supuestamente encarnan. Y es quizá en ese terreno donde el desencuentro entre movilizaciones y comicios puede resultar mayor.
Para decirlo de otra forma: los jóvenes movilizados representan, en principio, a los jóvenes movilizados. Eso no es minusvaluar su importancia, menos despreciar sus potencialidades. Pueden crecer, afinar sus demandas, incidir en las elecciones, modular las campañas, modificar situaciones, y súmele usted. Pero no deberían pensar que representan a ese amasijo de intereses e ideologías enfrentadas al que llamamos sociedad. Porque la nuestra, con 112 millones de habitantes y casi 80 millones de votantes, es por su propia naturaleza plural, diferenciada, masiva y contradictoria y sus filias y fobias no pueden ni deben alinearse en una sola dirección.
Trato de explicarme. Si México fuera Guanajuato, la próxima Presidenta sería Josefina Vázquez Mota; si el país fuera el Estado de México, el titular del Poder Ejecutivo sería Enrique Peña Nieto; y si fuera el Distrito Federal, no hay duda de que sería Andrés Manuel López Obrador. Pero México es la suma de esas tres entidades y de otras 29. Otro ejemplo: según la encuesta de Reforma publicada el 4 de mayo, si los votantes fueran solo los jóvenes estudiantes de nivel superior, es probable que ganara AMLO; pero si además votaran los jóvenes con niveles de escolaridad inferiores entonces quizá el triunfador sería EPN (por supuesto las "cosas" pueden cambiar, para eso son las campañas). Pues de la misma manera, a la voz que se expresa en las marchas y mítines, hay que sumar la de un archipiélago de grupos, grupitos y grupotes, ciudadanos y ciudadanas, que tienen idearios y posiciones distintas. Porque aunque hable Perogrullo, no sobra repetir que en México coexisten muy diferentes sensibilidades y que a ellas pretende ofrecer un cauce la fórmula electoral.
Esa es la marca fundamental de una elección. A ella concurren hombres y mujeres, jóvenes y viejos, empresarios y trabajadores, ricos y pobres, movilizados y pasivos, derechosos e izquierdosos -y siga usted colocando parejas sin imaginación ninguna-, que en un día determinado cuentan lo mismo: un hombre un voto. Se trata de una fenomenal construcción civilizatoria: una fórmula pacífica a través de la cual una sociedad compleja y diferenciada logra elegir a sus gobernantes y legisladores.
Haciendo una remembranza de mis lecturas, recuerdo haber visto en casa un antiguo libro que tenía mi madre llamado “El Fistol del Diablo” escrito por Manuel Payno. Había sido entregado por semanas en toda la República y a Querétaro. Me contaba mi madre, el deseo de las gentes que esperaban con mucho interés la entrega semanal. Me fascinó el libro y recuerdo los exámenes finales del primer año de secundaria en que poco me preparaba para ellos, con tal de dedicar el resto de mi tiempo a leer “El Fistol del Diablo”.
Después llegó a la única librería de Ensenada, un libro extraordinaio “Sinuhé El Egipcio” de Mika Waltari, ese libro fue la novela más importante de mis años de finales de secundaria, la leí muchas veces y después procuré leer todas las novelas del finlandés Mika Waltari. No los he vuelto a ver en las librerías salvo el libro de Sinuhé que lo volví a leer en estos años y claro, no es lo mismo leer una novela en la secundaria a leerla a los setenta y cuatro años de edad. Me gustó mucho otra vez, le encontré detalles formidables, quien que lo haya leído no recuerda a “Nefer, Nefer, Nefer”. Yo sí, porque lo relaciono con alguien que conozco, a quien le digo ¡Hola Nefer, Nefer, Nefer! Después de estos episodios de las novelas de Milka Waltari, cayó en mis manos la primera novela de ficción científica de un colección española que comenzaba con aquel libro famoso de “Yo, robot” y después un buen número de novelas de ficción científica que leí durante mis estudios universitarios. Además, muchos otros relacionados con los premios Nóbel que pedía prestados en la Biblioteca Central de la Universidad.
Actualmente soy abogado, ministro en retiro que lee todos los libros de historia que puede. Tal vez sea porque a la hora de decidirme por una carrera profesional, en lugar de elegir historia, preferí derecho. En el segundo año de los estudios profesionales, en aquel entonces no se estudiaba por semestre sino por año, el profesor de derecho procesal, el doctor Medina Lima, director del seminario correspondiente en la Facturad de Derecho, nos exhortaba a los alumnos de la siguiente manera: —“¡Si quieren ser abogados váyanse a los despachos a practicar la carrera, será la única forma en que lo logren!”— Todos mis compañeros fueron a los despachos, yo no, en lugar de pedir un lugar como “pasante”, lo que hice fue visitar la Biblioteca Central de la Universidad y pedir prestadas novelas, todos los premios Nóbel y otras novelas como “La Montaña Mágica” de Thomas Mann, fascinado con las historias de los grandes escritores. Después descubrí a los escritores norteamericanos y creo haber leído todos los libros de James A. Michener, comenzando con una extraordinaria novela llamada “The Source” que en el fondo es una historia del pueblo judío. Treinta años después se hizo una edición de “The Source”, la compré porque la había leído en los días en que elaboraba mi tesis profesional.
Me gustan los libros, son una sociedad encantadora. Cuando entra uno a un cuarto y lo encuentra lleno de libros, aún sin sacarlos de los anaqueles, ya parecen hablarnos, dando la bienvenida. Parecen decirnos que tienen algo dentro de sus cubiertas que puede ser bueno, y que están deseosos de entregárnoslo. Debemos darles la gran importancia que merecen.
Esta semana en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvimos la Acción de Inconstitucionalidad 9/2012, y en el mismo sentido se falló un grupo de acciones de inconstitucionalidad -por ser todas ellas similares en cuanto a la norma jurídica impugnada y el argumento de inconstitucionalidad esgrimido-, en las que se analizó la constitucionalidad del pago de derechos por el servicio de alumbrado público que prestan los municipios.
La norma impugnada en la Acción de Inconstitucionalidad 9/2012, esto es el artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio San Juan del Río, Querétaro, establece el pago de derechos por el servicio de alumbrado público en favor del municipio, tomando en cuenta para ello las características de los predios, como la superficie del terreno y de la construcción, el uso o destino del predio y su valor catastral, lo que a juicio de la Procuradora General de la República, promovente en el asunto, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, por no guardar la base del tributo relación alguna con el costo del servicio de alumbrado público, sino con la capacidad económica del contribuyente.
Desde la perspectiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto resultó bastante más complejo de lo que parecía, porque en realidad incumbe no sólo a los municipios contendientes, sino que atañe la problemática de cómo sufragar los servicios de alumbrado público que prestan los municipios.
Ello ya que el análisis de proporcionalidad tributaria en materia de derechos por servicios lo ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en función de servicios divisibles, en los que el servicio que presta el Estado es individualizado, determinado y concreto en relación con el usuario, por lo que el Máximo Tribunal de nuestro país ha señalado que la proporcionalidad en ese tipo de servicios consistirá en que exista una relación entre el costo del servicio y la cuota a pagar en términos de la intensidad del uso.
Sin embargo, el servicio de alumbrado público es indivisible en unidades de consumo o de uso por habitante, ya que es indeterminable quién aprovecha o se beneficia más del servicio, por lo que al no poder vincular el costo del servicio con el usuario, el legislador debe basarse en elementos ajenos a la prestación del servicio para la individualización del costo, y vincularlo con alguna actividad o acto que realice el sujeto.
De lo anterior se advierte que al acudir a elementos ajenos a la prestación del servicio de alumbrado público para diferenciar el pago del tributo, como lo es la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, el análisis de constitucionalidad del tributo por alumbrado público no puede hacerse como si se tratara de un servicio divisible en que el pago de derechos se justifica por la recepción de un servicio.
Así, de un análisis más profundo a la problemática planteada, se advierte que por la naturaleza del servicio de alumbrado público, al tratarse de un servicio indivisible, la única forma en que los municipios pueden sufragar los gastos es mediante impuestos, ya que son dichas contribuciones las que se destinan a financiar los gastos públicos indivisibles, como el caso de agua potable.
En este mismo sentido, si se observa el derecho comparado se puede constatar que varios países del mundo, optan por los impuestos como vía de financiamiento para proveer el servicio municipal de alumbrado público. En los países desarrollados los parlamentos han consolidado el impuesto a los vehículos automotores -el equivalente a nuestra tenencia federal-, como un impuesto municipal de gran rendimiento, que permite a los ayuntamientos sufragar el alumbrado público y otros servicios municipales indivisibles. En dichos países el impuesto municipal a los vehículos automotores se ha convertido en el impuesto de mayor rendimiento, inclusive desplazando al impuesto predial.
Si bien la resolución en torno a la Acción de Inconstitucionalidad 9/2012, no modificó el criterio por unanimidad de votos que sostuvimos los ministros integrantes del Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 10/2006, en cuanto a que la única forma en que se pueden financiar los gastos generados por el alumbrado público es mediante derechos, no cabe duda que la discusión que se presentó el pasado 28 de mayo en torno a la Acción de Inconstitucionalidad 9/2012 deja abierta la polémica e invita a un análisis a fondo sobre la problemática.
Me parece un desatino, si es que no algo peor, la invitación que el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, les ha hecho a los jóvenes universitarios del movimiento "Yo soy 132"-no importa que ellos lo hayan sugerido-, en el sentido de que tomen un curso en materia electoral. ¿Así que para ejercer su derecho a la crítica y a la participación política y democrática, que en rigor es lo que quieren y reclaman, deben tomar un curso? ¡Absurdo! Ellos no piden prepararse en materia electoral, que de hecho no es necesario para emitir su voto el día primero de junio, ni tampoco solicitan ser funcionarios de casilla. Lo que reclaman como ciudadanos y universitarios es que los medios de comunicación, y en especial las grandes empresas emisoras de televisión, sean imparciales en este proceso y no manipulen a la opinión pública. Quieren limpieza en el proceso electoral para que ellos y todo el pueblo de México tengamos opciones y programas políticos bien estructurados, sobre todo después, a prácticamente un mes del primer domingo de julio, de un debate famélico y de una serie de spots que en realidad no dicen nada o dicen muy poco, con excepción a mi juicio de los de López Obrador. Los jóvenes de "Yo soy 132" no piden otra cosa.
Ahora bien, es imposible saber con precisión si fue el consejero presidente del IFE o los jóvenes universitarios quienes tuvieron la iniciativa de plantear lo de los cursos, pero el hecho es que ellos se han convertido en un factor real de influencia política en el actual proceso electoral. Sin embargo todo se reduce al voto, al derecho a votar, y a que las elecciones se desarrollen en un entorno de equidad y libertad, lo que no está sucediendo desde el punto de vista de los jóvenes y de millones de mexicanos. Al efecto no se pierda de vista que abundan -y no salen en las encuestas- quienes por desidia simplemente reciben el mensaje electoral de los candidatos sin analizarlo siquiera. La negligencia y la inercia los cubren con su manto obscuro de apatía ciudadana. La dejadez y la falta de vigor y de energía política los conducen como una nave a la deriva. Llegarán al primero de julio con un rostro de profunda insatisfacción civil. ¡Allá ellos! Pero hay otra clase de ciudadanos, de electores, que no desean depositar su voto en la urna del olvido o de la trampa. Somos los auténticos demócratas, no importa la edad que tengamos, guiados por el espíritu de la verdad política, siempre insatisfechos con el circo electoral, con la simulación, con el cúmulo de promesas como fruta podrida de piñatas que penden de cuerdas flojas y amañadas. Pero la democracia no es una olla panzuda donde quepan la indiferencia, el tedio y hasta el frívolo capricho. Por eso les asiste toda la razón a los jóvenes de "Yo soy 132", y por eso no deben aceptar ser nada más observadores. En principio no está mal, pero es que ellos ya son mucho más que observadores. Son, repito, un factor real de influencia política, y por cierto no poca. ¿Para qué quedarse en meros observadores cuando se han vuelto críticos eficienteas a los que su alteza de miras, y su falta de compromiso que ata y envuelve, les ha ganado la aprobación y el aplauso general? Que utilicen en cambio su fuerza limpia y su poder transparente para hacer de la crítica una fórmula política. Su simple presencia, dentro de las reglas de ética que ellos mismos se han impuesto, acompañada de opiniones y análisis universitarios, le dará a la campaña electoral un nuevo aire que mucho necesita. En ello no hay demagogia sino compromiso universitario. Lamento que la UNAM no haya sido protagonista de este evento del "Yo soy 132", siéndolo en cambio y desde sus más altos niveles académicos la Ibero y la La Salle. Sin embargo la UNAM está presente, ¡cómo no iba a estarlo!, con el impulso generoso y patriótico de sus estudiantes. Y esto es lo que importa, la sola presencia que sin agresiones ni violencias verbales enciende una luz en las horas tan obscuras por las que atraviesa México.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 17:22 No hay comentarios:
Junto con la disposición a participar en la observación, en las redes sociales empiezan a surgir dudas sobre la credibilidad de las elecciones (ya se alerta del riesgo de un algoritmo en las computadoras) y en la efervescencia de las marchas se ha llegado a decir: "si hay imposición, habrá revolución". Es entonces buen momento para hacer recuento de algunos de los instrumentos de confianza de que disponemos para asegurar que sea el voto ciudadano, nada más, el que decida quién ha de gobernar y de llegar a los puestos de representación.
¿Quién vota? Sólo ciudadanos que se registraron en el padrón y que recogieron su credencial de elector. A diferencia del pasado, la lista de electores no la conforma el gobierno, sino una autoridad autónoma, el IFE, bajo la vigilancia de los partidos en cada distrito electoral (300 en el país), en cada estado y a nivel nacional. Así, no hay ni "rasurados" (gente borrada del padrón arbitrariamente) ni "muertos votantes" (podrá votar sólo la persona que se presente con su credencial con fotografía para evitar suplantaciones), y nadie puede votar dos veces porque el pulgar del elector se marca con líquido indeleble.
¿Cómo se realiza el cómputo oficial de votos? Por ley, el miércoles siguiente a la jornada electoral empieza el cómputo en los distritos. Aunque se llama "cómputo" no se hace en un sistema informático sino que, en los Consejos Distritales del IFE (donde tienen voto seis ciudadanos independientes y están representados todos los partidos), se van revisando y sumando una a una las actas de escrutinio y cómputo de las casillas del distrito en sesiones públicas. Al terminar la revisión de todas las casillas del distrito se obtienen los resultados del mismo. La suma de los 300 distritos nos da al ganador de la elección. No puede haber algoritmo que cambie la sumatoria hecha ante los ojos de todos los partidos, coaliciones, medios de comunicación, observadores y ciudadanía.
Como en ninguna época de la lucha por el derecho a la información, confluyen en el momento actual de México varios movimientos ciudadanos que han colocado la necesaria democratización de los medios de comunicación como uno de los mayores pendientes del proceso democrático en general. El movimiento de Javier Sicilia planteó ayer como uno de sus cuatro ejes centrales la reforma de los medios. Los estudiantes del movimiento interuniversitario que despertó la protesta juvenil en la Ibero convirtieron la añeja demanda en su agenda esencial. Y el pasado 28 de mayo la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) convocó a la presentación de la “Coalición Ciudadana Democracia y Medios” (CCDM), conformada por más de 100 organizaciones civiles y 180 personalidades, entre las que destacan activistas, periodistas, académicos, actores, cineastas y legisladores. La Amedi exige a los partidos políticos una explicación de las razones y/o compromisos que los han llevado a engrosar la telebancada y también han convocado a que la y los candidatos a la Presidencia de la República expliciten sus compromisos con la agenda del derecho a la información, pues nunca como ahora es clara la exigencia social, y, paradójicamente, el tema sigue siendo tabú en las presentaciones y discursos de los candidatos.
En los últimos años los mexicanos hemos sido testigos del empoderamiento de los medios electrónicos en nuestro país, particularmente del duopolio televisivo, Televisa y TV Azteca, que se han convertido en un poder fáctico capaz de doblegar y chantajear a la clase política y a nuestras instituciones, así como a colocar sus intereses en la agenda nacional cuando así les ha convenido. Esa influencia ha producido el vergonzoso fenónemo de la telebancada, que no es otra cosa mas que un conjunto de personeros que, vinculados directamente con las televisoras, trabajan exactamente como sus empleados dentro del Congreso federal para conseguir más privilegios o para frenar proyectos reformadores en la materia.
La Coalición Ciudadana Democracia y Medios a la que ha convocado la Amedi Es puntual en este sentido: “el ejercicio de ese poder (que es al mismo tiempo económico, político y simbólico) carente de regulación les facilita la posibilidad de imponer sus privilegios y de desafiar a los poderes institucionales que tanto trabajo le ha costado a la sociedad controlar con base en criterios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.”
La telebancada, dicen, “es el reflejo de cómo un poderoso y selecto grupo vinculado a la comunicación masiva utiliza una de las instituciones del Estado para defender sus intereses particulares, pasando sobre los derechos humanos del resto de la ciudadanía.”
En este sentido, este grupo de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el derecho a la información han centrado sus exigencias en cuatro acciones que debieran ser llevadas al nivel de políticas públicas:
1.- Realizar una reforma legislativa que limite el acaparamiento de los medios de comunicación, fomente el pluralismo con medios públicos, indígenas, sociales y comunitarios, y la calidad en los medios de comunicación
2.- Crear una verdadera agenda digital que incluya el acceso universal a banda ancha para todos y todas las mexicanas, una política integral de televisión digital que garantice el acceso y redistribución del nuevo dividendo digital
3.- Salvaguardar el trabajo periodístico con medidas efectivas para acabar con la impunidad en contra de periodistas y medios de comunicación, garantizar sus derechos y que las empresas mediáticas asuman sus obligaciones laborales y de capacitación para los trabajadores de la información.
4.- Garantizar el fortalecimiento de la producción nacional independiente nacional, regional y local, así como el pleno respeto de los derechos de las audiencias y de los sectores prioritarios para el país: mujeres, niñez, pueblos indígenas.
El mismo lunes la CCDM publicó un desplegado en el que plantea siete preguntas a los candidatos presidenciales, centradas en los cuatro puntos anteriores, y que van encaminadas a conocer cuáles son sus propuestas en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, comunicación social gubernamental, protección a periodistas, producción nacional, regional y local, reforma electoral, así como en las acciones concretas con un Congreso que estará integrado por legisladores directamente vinculados con los intereses de las televisoras (el desplegado puede ser consultado en www.javiercorral.org o www.telecracia.org). Quedan de esta manera emplazados a comunicar sus propuestas puntuales en la materia y la Amedi se ha comprometido a dar seguimiento a lo que respondan.
El escenario es propicio, los dueños del duopolio han cedido, por lo pronto, a transmitir en sus principales canales el próximo debate presidencial, lo cual se antoja una victoria de este grupo de jóvenes que así lo habían exigido en su pliego petitorio, sin embargo, una larga batalla falta por dar que puede estar enmarcada, sin duda alguna, por los cuatro puntos planteados por la Coalición Ciudadana Democracia y Medios: telecracia no es democracia.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 16:04 No hay comentarios:
Partidos y candidatos están viendo la próxima elección, no a la próxima generación, como ya quedó establecido en estas planas. Sin embargo, cabe apuntar que la próxima generación parece estar viendo solamente el momento, no su futuro, que, a querer y no, pasa por las siguientes elecciones. Muchos temas que afectan el presente y el futuro de los jóvenes evolucionarán en los siguientes seis años, en buena medida, en función del resultado de la próxima elección.
Retomo los datos publicados el domingo en Enfoque: 24.5 millones de electores entre 18 a 29 años; 3.5 millones entre 18 a 21 años, que pueden votar por primera vez, otros 10.5 millones que podrán votar por vez primera para Presidente. El dato que preocupa: 65 de cada 100 jóvenes, entre 20 a 29 años, no acudieron a las urnas en elecciones anteriores. Son los que más se abstienen.
Hay alguna información, proveniente del IFE y de estudios o encuestas, pero sabemos poco sobre preferencias juveniles a la hora del voto. Los expertos sostienen que, por la "ley de los grandes números", ese segmento (30.3% del universo de electores) debe observar la regla de que "las partes tienden a comportarse como el todo"; es decir que, salvo que se presente algún evento que sesgue su comportamiento, los jóvenes distribuyen su voto de manera similar al resto de electores. El "evento portador de futuro" sería que voten en mayor porcentaje que el resto.
La importancia de que los jóvenes voten en 2012 estriba en la calidad que su masiva participación daría al resultado de las elecciones del domingo 1o. de julio, federales y locales. Si en 1994 los jóvenes que, mayoritariamente, fueron a votar dieron un chance a la paz, este año su masiva participación daría al futuro Presidente, y a los próximos diputados y senadores, no sólo la fortaleza de la próxima generación, sino también un contexto de exigencia que no podrán ignorar.
Por esa calidad que los jóvenes pueden imprimir a la jornada electoral es que debemos imaginar, cuanto antes, múltiples vías y acciones para estimular su votación, respetando su movilización. Con una sola recomendación -de mi parte-: aislar a quienes ya buscaron, y buscarán, generar incidentes violentos.
Pongo sobre la mesa las siguientes propuestas concretas:
- Que partidos y candidatos utilicen parte de los siguientes mensajes en TV y radio para explicar sus propuestas y compromisos frente a los jóvenes, con referencia explícita a lo que éstos demandan en sus movilizaciones.
- Que el IFE haga lo propio con sus mensajes en esos medios, para explicar la importancia de la participación de los jóvenes y llamarlos a votar; que promueva foros y mesas para que expresen sus opiniones y críticas frente a la calidad de las elecciones; que acuerde el monitoreo de la cobertura en TV y radio, en cantidad y calidad, de la movilización juvenil, por estar directamente relacionada con las campañas electorales en curso.
- Que los cuatro candidatos presidenciales propongan al IFE un cambio en el formato del segundo debate (10 de junio) para que estudiantes de educación superior (de universidades públicas y privadas) formulen, directamente y con entera libertad, sus preguntas, sin más restricción que el respeto personal a cada candidato; Javier Solórzano, conductor ya aprobado, daría la palabra a estudiantes y candidatos, garantizando el respeto entre todos. Los detalles para decidir cuántos jóvenes y de qué universidades son múltiples, pero si ellos contribuyen a resolverlos, será más fácil. Y que el debate se transmita por cadena nacional.
- Que los candidatos promuevan encuentros con jóvenes, de manera directa, sin más condiciones que las necesarias para el diálogo civilizado y respetuoso; con la agenda, previa o espontánea, que los jóvenes decidan plantearles, y que el IFE promueva la difusión más amplia de esos encuentros, en la red de televisoras y radiodifusoras públicas; y si las privadas quieren cubrirlo, bienvenidas.
Pasemos, desde este lado de la barrera, del aplauso a la mirada crítica; ayudemos a que la nueva generación decida participar en las urnas. Dejemos para después las evocaciones históricas y las comparaciones forzadas.
Si los jóvenes quieren decidir sobre su futuro, que de la movilización pasen a la elección, que voten, para que la primavera dé paso a un verano democrático.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 16:00 No hay comentarios:
Los jóvenes llegaron a las primeras planas. Ocupan ahora un espacio en el debate público que siempre debió ser suyo, pues una sociedad que se preocupa por su futuro inmediato debe escuchar con atención las inquietudes de sus elementos más activos.
Pero la historia reciente nos muestra que la voz de los jóvenes se ha escuchado poco y en forma intermitente. En lo que va del siglo, no han sido esos grupos de edad quienes encabezan las principales reivindicaciones democráticas y sociales. Los espacios de participación alcanzados a lo largo de la transición democrática mexicana han sido aprovechados sólo parcialmente por una juventud apática. De hecho, no sólo la voz ha sido subutilizada. También el voto. Los estudios de participación que en 2003 y 2009 realizó el IFE muestran que los grupos de 20-24 años y 25-29 son los que menos votan. En 2009 alcanzaron niveles de abstención de 64.6% y 65.6%, respectivamente.
Si se considera que los jóvenes son el grupo poblacional de mayor tamaño (28.3% del listado nominal), se puede advertir que buena parte del declive en los niveles de participación electoral proviene, precisamente, de que los jóvenes no han acudido a las urnas. Entre 1994 y 2009, los niveles de participación cayeron 32 puntos porcentuales.
No es casual ese escepticismo. La juventud mexicana —y la de casi toda Latinoamérica— ha visto cómo el frágil desarrollo económico que se va alcanzando es excluyente. Ha descubierto que aunque los niveles de escolaridad sean cada vez mayores el valor relativo de los títulos académicos decrece día a día. Hoy, ser bachiller o licenciado no garantiza el acceso a un trabajo remunerado.
Según refleja el Informe 2011 de Latinobarómetro, uno de cada cinco jóvenes en el subcontinente no estudia ni trabaja. Ello explica que, en sólo un año, el apoyo a la democracia haya caído en 14 países latinoamericanos (en México disminuyó 9%). De ahí la importancia del momento actual, pues el proceso electoral en curso generó una coyuntura favorable para la expresión de las inquietudes de los jóvenes. En las marchas recientes ha habido muchos elementos: filias y fobias hacia candidatos, reclamos de mayor apertura en los medios y demandas por la apertura de espacios de participación dentro y fuera de los partidos y las instituciones.
Lo que aglutina a estos jóvenes es eso y más. Tales demandas son la punta de un iceberg en el que caben anhelos profundos de una generación que quiere propiciar cambios estructurales que lleven a recobrar sus expectativas sobre el porvenir. De cara a esos objetivos tan trascendentes es imperdonable que no se usen los canales formales de participación ciudadana. En las democracias modernas, el voto es la más contundente forma de expresión de mayorías y minorías. Desperdiciarlo cuando las necesidades de la población van al alza, es un contrasentido.
Las "primaveras" de Egipto y Túnez y su antecesora, la primavera de Praga, fueron construidas por individuos y grupos que no tenían opciones democráticas para expresar puntos de vista y demandas sociales. Su poder transformador radicó, precisamente, en su capacidad de usar los canales existentes para propiciar cambios fundacionales. Ése no es el caso de México. Aquí, la voluntad de los jóvenes no ha logrado plasmarse en votos. No obstante el peso relativo hoy de ese grupo en la lista nominal, éste ha sido apático ante la opción electoral. Ha desaprovechado su oportunidad histórica de definir mayoritariamente el programa de gobierno que mejor le convenga. Los jóvenes pueden definir elecciones y no lo han hecho.
Sólo en la medida en que los mexicanos alcancemos una participación electoral ejemplar este 1 de julio podremos pensar en un movimiento de alcances históricos. Mientras tanto, estaremos en riesgo de ser percibidos como meros trending topics.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 15:41 No hay comentarios:
El gran éxito del movimiento juvenil hasta ahora ha sido que ha desenmascarado el mito de la supuesta transición democrática en México. A pesar de décadas de valientes luchas por elecciones más libres y limpias, así como una enorme inversión en la construcción de instituciones electorales, siguen siendo los poderes fácticos y no la ciudadanía quienes eligen a los gobernantes
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 20:25 No hay comentarios:
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 20:23 No hay comentarios:
Extraviada en el laberinto de novedades legales (spots que con prisa inaudita se bajan del aire; extravagantes procedimientos de sanción; pautas televisivas y miles de órdenes para que los promocionales de partidos sean transmitidos con precisión cronométrica; cosecha variopinta de reglamentos para toda ocasión; el acuerdo y el montaje de debates entre candidatos, etcétera) la discusión sobre los comicios en México ha perdido de vista lo absolutamente medular: el padrón electoral que soportará toda la elección dentro de 33 días. Por eso, vale la pena recordar que:
1) El padrón define la más básica de las condiciones democráticas: quiénes pueden votar (y también quiénes pueden ser votados) en las elecciones por los cargos que integran los poderes de la República. En otras palabras: el padrón delimita la auténtica comunidad política del país.
2) En esta ocasión, el universo de los que pueden votar, alcanza los 79 millones 454 mil 802 ciudadanos. Parece una obviedad decir que se trata de la lista nominal más alta de la historia, pero no lo es tanto, pues en los últimos cuatro años, el IFE tuvo que dar de baja “automáticamente” a 22 millones 715 mil personas registradas (credenciales “03”, ¿recuerdan?).
Las credenciales de esos ciudadanos provenían de la emisión más antigua (de 1991-97), así que bajar y luego volver a subir a tantos millones de personas, pero con sus datos plenamente actualizados, constituyó un desafío de la mayor importancia. Incluso entrañaba el riesgo de ofrecer en 2012 una lista menor que la de 2009. No obstante, el IFE pudo superar esa montaña de datos y ciudadanos, y desde el 3 de julio de 2009 pudo atender ¡34 millones 684 mil 285 trámites!
3) Gracias a este inmenso trabajo, el padrón con el que votaremos es el más exacto –el que refleja mejor a los ciudadanos reales y sus domicilios reales- desde que el instrumento con fotografía se constituyó por primera vez, en 1994.
4) Dos datos son muy elocuentes de la calidad del registro de electores: el porcentaje de la población de 18 años o más que hoy por hoy está empadronada, alcanza el 97.6 por ciento. Y algo más: en sólo seis años (del 2006 a marzo de este año) el Instituto actualizó los datos del 87.8% de la Lista Nominal. O sea: casi 9 de cada diez ciudadanos tiene una credencial para votar prácticamente nueva.
5) El padrón sigue siendo el instrumento más auditado y revisado por los partidos políticos en 333 Comisiones en todo el país, además de ser sometido a nueve intensas pruebas de calidad y a la evaluación de un comité científico, integrado para estudiarlo desde casi cualquier ángulo (geográfico, demográfico, informático, estadístico). En este año, los partidos políticos se pusieron especialmente exigentes y observaron 2 millones 697 mil 198 registros. El IFE atendió y analizó todos los casos, sin excepción, pero sólo 26 mil 201 de sus observaciones resultaron pertinentes. Esto quiere decir que los partidos, a través de sus profesionales dedicados a la supervisión del padrón, encontraron alguna irregularidad en el 0.03 por ciento del listado. El 99.97 por ciento restante demostró su confiabilidad.
6) No sorprende entonces, que el padrón haya sido aprobado por unanimidad en el Consejo General del IFE, con la aceptación de todos los partidos políticos, el jueves pasado. Tomen nota: es todo un evento de certeza y de confianza para las elecciones por venir.
7) Pero hay algo aún más interesante: el padrón electoral refleja bastante bien la nueva demografía nacional –la del siglo XXI- y sus tendencias fundamentales. Resulta que la migración interna, la que traslada gente de un estado a otro, es el hecho más definitorio de nuestra modernidad. Según el Inegi, entre el año 2000 y el 2010, la movilidad interestatal de la población mexicana alcanzó un saldo neto de 27.7%, es decir, 30 millones de personas se largaron de su entidad y mudaron su domicilio. Esto sin contar los aproximadamente 10 millones de mexicanos de 18 años o más que decidieron irse al extranjero.
8) Esta dramática movilidad (más dramática en el D.F., que es el campeón expulsor de población de la República en la última década, con 841 mil 523 ciudadanos menos), se refleja bastante bien en el padrón electoral nacional.
En las entidades expulsoras muchas credenciales de elector se han ido acompañando el viaje migratorio de su dueño (Guerrero, Zacatecas, Distrito Federal, Chihuahua y Michoacán). Y al revés: a las entidades receptoras llegan credenciales válidas con los nuevos habitantes (Baja California Sur, Querétaro, Yucatán, Estado de México). Esta acelerada y masiva movilidad representa el gran desafío del IFE y de su padrón en el presente.
9) Al mismo tiempo, la lista nominal está sometida a otra enorme presión, ésta, de carácter legal: a partir del año 2009 las credenciales caducan, cada diez años perderán vigencia y el IFE no tendrá más remedio que sacarlas de la circulación. Esto implica que, periódicamente, el IFE deberá convocar e ir en busca de las decenas de millones de personas con credenciales viejas, provenientes de una generación anterior. Un enorme esfuerzo, sí, pero que garantiza una sistemática y masiva actualización de facto (tu credencial deja de tener validez cada diez años, pase lo que pase).
10) Así, el esqueleto de las elecciones de julio, en México, está listo. Y con él, un montón de piezas democráticas que dependen directamente: el número de boletas; la cantidad y la ubicación de las casillas; el tamaño de los distritos; el número de capacitadores electorales; el número de ciudadanos que cuidarán las casillas; el registro de nuevos partidos y la ratificación de los existentes; el financiamiento futuro de los partidos políticos… Todo, depende del Padrón Electoral y de su confiabilidad. Valía la pena recordarlo.
La acusación que fiscales federales de Estados Unidos interpusieron el pasado 22 de mayo en contra del ex gobernador priísta de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en la que afirman que éste recibió millones de dólares en sobornos de los grupos del crimen organizado y los invirtió en bienes raíces en Texas, señala de manera inevitable el inicio de una nueva etapa de la lucha contra el narcotráfico, quizá la más importante y largamente esperada: el combate a la corrupción política.
Esta etapa no la inició Mario Villanueva, pues aunque siga en la cárcel y sea también un ex gobernador del PRI, su juicio y el proceso de extradición que lo llevó a Estados Unidos en junio de 2010, no condujo a una red mayor de complicidades políticas, ni tampoco se demostró el financiamiento con esos recursos ilícitos de su campaña electoral o la de otros candidatos de su partido. Acusado de brindarle protección al cártel de Amado Carrillo desde que era secretario de gobierno —en la administración de Pedro Joaquín Coldwell, actual líder nacional del PRI—, Villanueva es icono de la narco-política, pero no detonó el desmantelamiento.
Tomás Yarrington es otra cosa: siendo uno de los hijos predilectos del PRI, del que apenas en enero pasado salieron en su defensa los máximos jerarcas de ese partido, y gustaba presumir de su amistad con Enrique Peña Nieto, es investigado formalmente por el gobierno estadounidense por sus presuntos nexos con el narcotráfico y por lavado de dinero, y lo que resulta más delicado, se le vincula con Osiel Cárdenas, ex líder del cártel del Golfo, extraditado a Estados Unidos, con base en las evidencias que los departamentos de Justicia y del Tesoro entregaron a fiscales federales para acusarlo de ser su socio.
Yarrington no es un personaje menor en la política: estuvo como uno de los precandidatos del PRI a la Presidencia de la República cuando formó parte del Tucom (Todos Unidos contra Madrazo) en 2005. En este sentido un ex integrante del cártel del Golfo declaró en Estados Unidos que Osiel financió en 2005 a Yarrington en ese proyecto, para disputarle la candidatura al tabasqueño. Según el testimonio, Osiel habría ordenado a sus socios, Eduardo Costilla, El Coss, y Heriberto Lazcano, El Lazca, enviaran varios millones de dólares para la precampaña, apostándole así que de llegar a la Presidencia, Cárdenas Guillén sería auxiliado para escapar de prisión.
Aunque aún no hay cargo penal iniciado, ya se ordenó la confiscación de propiedades contra el ex mandatario. Las propiedades que las autoridades de EU intentan decomisar son un condominio en la Isla South Padre y una propiedad de 18.6 hectáreas en San Antonio. De acuerdo con los documentos interpuestos, Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para “convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero”.
La investigación contra Tomás Yarrington toma como uno de sus elementos el testimonio de un testigo protegido, quien señala a Peña Argüelles como el conducto entre políticos mexicanos, en particular Yarrington y los jefes de Los Zetas, Miguel Treviño Morales y Heriberto Lazcano.
El Departamento de Justicia presentó la solicitud de confiscación, luego de acusar a Fernando Alejandro Cano Martínez, empresario originario de Ciudad Victoria, de conspirar para establecer ocho empresas en Texas para lavar el producto de sobornos pagados por el cártel del Golfo a altos funcionarios y candidatos, para garantizar protección a la organización en Tamaulipas desde 1998.
Se presume que, de acuerdo con el expediente criminal B-12-435 de la Corte del Distrito Sur de Texas, esta red de corrupción se lavó activos por alrededor de 20 millones de dólares, a través de al menos 14 cuentas bancarias abiertas en México y Estados Unidos.
En el expediente se detalla que los sobornos “fueron pagados directamente a funcionarios corruptos de alto nivel y candidatos oficiales, así como a sus respectivos aliados, entre ellos autoridades policiacas y personas del sector justicia en el estado de Tamaulipas”.
La DEA cuenta con evidencia que liga las operaciones del empresario Fernando Alejandro Cano con Yarrington y otros implicados.
Las acusaciones contra Yarrington tienen sus primeros antecedentes en noviembre de 2011, cuando el cadáver de Alfonso Peña Argüelles, un ex colaborador del ex gobernador de Tamaulipas, fue encontrado en una vía pública en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Junto al cuerpo se encontró un mensaje firmado por Los Zetas, quienes acusaban al hermano de Peña Argüelles de haber lavado dinero para Yarrington.
El asunto fue cobrando una mayor dimensión cuando el pasado 30 de enero la PGR tuvo que confirmar que existía una investigación en curso contra tres ex gobernadores priistas de Tamaulipas (Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores), por supuestos vínculos con el crimen organizado, delitos contra la salud, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al día siguiente, luego de que se diera a conocer la información de la averiguación previa contra los tres ex gobernadores de Tamaulipas, mediante un comunicado el PRI calificó como “uso faccioso de la justicia” la difamación y “la filtración mal intencionada de posibles investigaciones”, recuerda que estas estrategias son ilegales y “corresponden a prácticas de un gobierno autoritario”. De hecho el PRI interpuso el 3 de febrero una denuncia contra quien resultara responsable de haber filtrado esta información, la cual debió haberse mantenido como reservada.
En este recurso se argumentaban violaciones a la protección de datos personales, a la presunción de inocencia y a la administración de justicia. Las únicas personas que pueden tener acceso a la investigación federal son las que están involucradas en ella, aseguró Raúl Cervantes, secretario jurídico del CEN del PRI.
A principios de año la dirigencia del PRI y su candidato, Enrique Peña Nieto, acusaron que existía un manejo faccioso de la ley con el fin de desprestigiar políticamente al partido. En un evento público en Ciudad Victoria, Peña Nieto mostró su apoyo, particularmente, a Manuel Cavazos Lerma; expresó: “No dejaremos que amenazas a partir de actos o de prácticas autoritarias pongan en riesgo la democracia de nuestro país”.
Pero toda vez que las investigaciones se enderezaron desde Estados Unidos, rápidamente se deslindaron. Mediante boletín aclararon: “el PRI reitera ante la opinión pública su posición en el sentido que el señor Yarrington debe afrontar su responsabilidad individual ante la justicia del país que lo acusa”. El presidente del CEN del PRI solicitó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que sesione a la brevedad a efecto de proceder, de conformidad con estatutos del partido, a la suspensión de la militancia de Yarrington.
Sin embargo, más allá del deslinde, que acontecen cada tercer día en las últimas semanas dentro de la campaña presidencial, es indiscutible que este asunto vuelve a colocar al PRI como el gran señalado en el fenómeno de la narco-política. No sólo las declaraciones de encumbrados miembros de ese partido así lo han hecho ver, sino las estadísticas donde se concentran los mayores problemas del fenómeno delincuencial.
Según cifras del gobierno federal, los estados donde se han registrado más hechos violentos en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, del 2006 a 2012, son Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Veracruz y San Luis Potosí, todos gobernados por el PRI. En febrero pasado, Estados Unidos emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos para que evitaran viajar a los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán y Nuevo León, todos bajo gobiernos priístas.
De acuerdo con el Reporte de la asociación México Evalúa los estados cuya incidencia delictiva está por encima de la media nacional son: Durango, Chihuahua, Morelos, Baja California, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Aguascalientes, Michoacán, San Luis Potosí, Nuevo León, DF y Quintana Roo. Y prácticamente en estos mismos estados son donde se concentran Los Zetas, que lidera Heriberto Lazcano, El Lazca.
Estos hechos y el caso de Tomás Yarrington nos recuerda una de las declaraciones más estrujantes que ha conocido la opinión pública en voz de otro distinguido personaje: el ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo. En conferencia ante estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ex mandatario priista aseguró que durante los regímenes priístas, el Presidente tenía un fuerte control sobre las rutas del narcotráfico que impedía el ataque a la población civil y la violencia que hoy vive México.
Tal cual, dijo: "De alguna manera se tenía resuelto el problema del tránsito (de la droga), pero había un control y había un Estado fuerte y un Presidente fuerte y una procuraduría fuerte y había un control férreo del Ejército. De alguna manera les decían: 'Tú pasas por aquí, tú por aquí, tú por aquí', pero no me toques aquí estos lugares", expresó en su ponencia. Sócrates Rizzo aseguró que el control terminó con las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes no supieron escuchar consejos sobre cómo se hacían las cosas en años anteriores, lo que desató la violencia".
Sostengo que ni más ni menos, eso podría suceder de regresar el PRI a la Presidencia de la República. Y la verdad es que para muestra, ya son muchos botones.
Todo empezó el viernes 11 de mayo, en la Universidad Iberoamericana, donde las acciones de los priistas enardecieron a los estudiantes: primero, los jóvenes partidarios de Enrique Peña Nieto llegaron desde las 8:00 de la mañana, aunque la conferencia estaba programada para las 10:00, con el fin de ocupar más y mejores lugares; después, cuando los ánimos se empezaron a caldear a raíz de las protestas contra el candidato presidencial priista por parte de otro grupo de jóvenes, la diputada Carolina Viggiano los encaró y acusó de ser “operadores de López Obrador”, y más adelante el mismo candidato los desafió al recrear palabras de Gustavo Díaz Ordaz respecto a los acontecimientos de 1968 y asumir “personalmente” la decisión de utilizar la fuerza pública “para restablecer el orden y la paz” en San Salvador Atenco.
Pero la cadena no se detuvo allí, pues todavía se sumaron acusaciones de los dirigentes del PRI y del PVEM en el sentido de que los jóvenes que participaron en la protesta eran operadores del candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, y, para colmo, las televisoras, particularmente Televisa, decidieron minimizar el incidente y difundir información que los estudiantes consideraron manipulada para proteger al candidato tricolor.
La respuesta no se hizo esperar: Los jóvenes primero colocaron un video en la red para demostrar que sí eran estudiantes de la Universidad Iberoamericana, con nombre, imagen y credencial que los acreditaba, lo cual detonó la solidaridad de miles de universitarios de diversas casas de estudios que se unieron a su indignación.
En el transcurso de la semana que inició el lunes 14 de mayo se dieron algunos enfrentamientos entre seguidores de Peña Nieto y jóvenes que mostraban su desacuerdo con el priista en Saltillo, Coahuila y Córdoba, Veracruz; y el mismo candidato señaló en Ciudad del Carmen, el jueves 17, que “la estrategia de la izquierda (…) es buscar la agresión y provocar al partido…”.
Al día siguiente, viernes 18, miles de jóvenes realizaron una cadena humana en la Universidad Iberoamericana y marcharon a Televisa Santa Fe, mientras cientos de jóvenes del ITAM hacían lo mismo de sus instalaciones hasta Televisa San Ángel. Los estudiantes tomaron las calles para exigir a los medios electrónicos dejar de manipular la información; eran alumnos de universidades privadas (Iberoamericana, ITAM, Anáhuac, Tecnológico de Monterrey y La Salle, entre otras), pero también de la UNAM y el Politécnico. Los unía su lucha en contra de la cerrazón de las televisoras y la manipulación informativa.
Los manifestantes aclararon que son apartidistas y se deslindaron de la marcha anti-Peña convocada para el sábado por grupos ajenos a este movimiento; al igual que de la realizada el lunes 21, de apoyo a López Obrador, en la Plaza de las Tres Culturas. Así, hasta esos momentos parecía haber tres movimientos claramente diferenciados. Sin embargo, en las marchas realizadas el miércoles 23, convocadas por los estudiantes de la Ibero, no pudieron controlar las protestas anti-Peña, con lo cual parecen confundirse estos dos movimientos, que claramente se separan del llamado “Morenaje” (Movimiento de Regeneración Nacional Jóvenes y Estudiantes) que apoya a AMLO.
Los que más convocatoria tuvieron fueron los antipeñistas, que de acuerdo con las cifras del diario capitalino Reforma lograron reunir a 46 mil manifestantes en el Distrito Federal y a unos 8 mil en 18 ciudades del país.
Por su parte, los primeros manifestantes (en torno a los hechos de la Ibero) se esmeran en proyectar una imagen de respeto y enarbolan un código de ética de cuatro puntos: apartidistas, pacíficos, respetuosos del espacio público y de las vialidades; y buscan centrar sus demandas en democratizar los medios, masificar el uso del internet, crear la figura del ómbudsman en los medios de comunicación, que se transparenten los códigos de ética de los mismos, proteger a los periodistas, que haya apertura informativa en televisión abierta, y diálogo público y abierto con las televisoras.
La aparición de este movimiento, cuando en todo el mundo los jóvenes utilizan las redes sociales para movilizarse, tiene todos los ingredientes para ampliarse y trascender las contiendas electorales. No obstante, la confusión del mismo con las acciones partidistas y meramente coyunturales puede minarlo. Todavía es muy pronto para atisbar su futuro, pero ya le dio un giro a unas campañas electorales que no lograban prender el ánimo ciudadano.
La cadena de errores que cometieron Peña Nieto, su equipo de campaña y sus promotores (léase las televisoras) puede ser el detonador que esperaban sus opositores (particularmente López Obrador) para empezar a cerrar la brecha que hoy todavía los separa; pero además puede ser la chispa que finalmente logre acabar con el duopolio televisivo, abrir nuevos espacios en la televisión mexicana y masificar el acceso a internet, aunque este segundo objetivo requiere que los jóvenes se mantengan ajenos a los intereses partidistas, que hoy seguramente los acechan, ansiosa y desesperadamente, con una visión egoísta y cortoplacista.
Los jóvenes universitarios tienen que aprovechar el proceso electoral para fortalecer su movimiento, pero no dejarse envolver en las contiendas partidistas. Esto significa utilizar el momento pero trascenderlo, con objetivos de mayor alcance e impacto que los que hoy enarbolan los candidatos y dirigentes partidistas.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 20:14 No hay comentarios:
Las campañas en curso, de manera lenta pero sistemática, envuelven a la sociedad en su dinámica. A estas alturas son pocos los que no conocen los nombres de los candidatos y cada vez son más los que de manera intermitente o metódica comentan y/o discuten los eventos del día a día. De manera organizada y espontánea, por vías públicas y opacas, se van conformando grandes constelaciones -formales e informales- a favor y en contra de los diversos candidatos y partidos. Los comicios ordenan las opciones, los alineamientos, las fobias y las esperanzas de ese amasijo de intereses y pasiones al que llamamos por economía de lenguaje sociedad.
La pluralidad que tiñe nuestra convivencia encuentra un cauce para su expresión y recreación, para su convivencia y competencia, y la vida pública se carga de política. Aparecen planteamientos y diagnósticos, tomas de posición y críticas a los adversarios, y la "cosa pública" por un momento parece que en efecto nos incumbe a todos. Esa mecánica electoral resulta virtuosa y debiera acostumbrarnos a comprender que en la sociedad coexisten sensibilidades, puntos de vista, ideologías e intereses diversos, legítimos y obligados a encontrarse y a rivalizar.
Bajo el manto electoral se producen movilizaciones estudiantiles a favor de Andrés Manuel López Obrador y también en contra de Enrique Peña Nieto. Han tomado el espacio público para dar visibilidad a sus convicciones y reclamos. Han proclamado su inconformidad con el seguimiento de las campañas por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Se han plantado a las puertas de Televisa y reclamado un trato equilibrado hacia los contendientes. Desatan la controversia y no sólo eso: también las ilusiones y fantasías de muchos y la preocupación de algunos otros. Animan sin duda la contienda, le inyectan sentido, malestares y propuestas.
En ese marco se llevó a cabo una "Cumbre Ciudadana" los días 21 y 22 de mayo en el Palacio de Minería de la Ciudad de México. Decenas de organizaciones decidieron reunirse para discutir una agenda y plantearle a los poderes constitucionales y a los candidatos una serie de reclamos, reivindicaciones y medidas que juzgan pertinentes. Y los cuatro presidenciables acudieron a la cita y se comprometieron a responder. El esfuerzo es relevante por diferentes motivos.
Primero. La diversidad de organizaciones que convocaron al mismo. Desde DHP hasta Alianza Cívica, pasando por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Mexicanos Primero, México Unido Contra la Delincuencia, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Transparencia Mexicana, hasta sumar 300. Son expresión de las ansias participativas de una cadena de asociaciones.
Segundo. La variedad de temas que preocupan a los participantes. La defensa y expansión de los derechos humanos, el acceso a la información pública, la equidad de género, la atención a la niñez, la preservación de los recursos naturales, los derechos de los consumidores, el desvelo por la seguridad pública, la exigencia de una educación de calidad, y muchos otros, son los temas que han puesto en marcha esas agrupaciones y que expresan la amplia y diversificada agenda que les da vida.
Tercero. La pluralidad política que se expresa a través de ellas y su vocación por conjugarla. No exagero si digo que bajo ese manto coexisten personas y asociaciones con muy diversas ideologías y orientaciones políticas. Si uno cometiera la impertinencia de preguntarles por quién van a votar, seguramente recibiría respuestas variadas. Y ello fue parte del atractivo de la reunión. Un esfuerzo convergente en épocas en las que de manera natural se colocan sobre la mesa las diferencias. La Cumbre intenta tejer una agenda abarcadora sostenida por una pluralidad política.
Cuarto. El aliento por trascender el plano testimonial. Al tejer la red que dio paso al evento, los convocantes asumieron que su agregación podría incrementar su poder. Miguel Treviño, del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, así lo dijo: "Al final, nos falta amarrar. Nos quedamos cortos a la hora de hacer política. No sabemos imponer costos al incumplimiento de nuestros interlocutores... No salimos lo suficientemente a la calle y cuando lo hacemos, a veces no tenemos claro para qué".
Quinto. La pertinencia de la agenda. Los temas no podían ser más expresivos y relevantes: "Fortalecimiento de la sociedad civil organizada. Reforma política y participación ciudadana. Transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y medios. Inclusión, cohesión social y comunitaria. Educación de calidad. Empleo digno y desarrollo económico sustentable y Seguridad ciudadana y derechos humanos".
Las relaciones entre las instituciones del Estado y la sociedad organizada no son un juego de suma cero (lo que gana uno lo pierde el otro). Por el contrario, a mayor sociedad organizada el Estado democrático será más fuerte y sólo un Estado democrático es capaz de cobijar y auspiciar el fortalecimiento de la sociedad civil.
Aunque el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó el 16 de mayo un nuevo acuerdo para realizar un conteo rápido de la jornada electoral del 1 de julio y difundir sus resultados, sólo se sabrá si esto procede cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva los recursos que se interpondrán en contra del mismo.
La incertidumbre se genera por tres razones: una, las impredecibles e inconsistentes interpretaciones de la normatividad que hace el TEPJF; dos, la resolución del mismo TEPJF sobre el primer acuerdo del consejo; y tres, las disposiciones que los legisladores introdujeron en la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en 2008. En el presente artículo se abordarán los dos últimos puntos, pues el primero es tan grave y los ejemplos al respecto tan variados que bien vale la pena un análisis por separado.
Al anular el primer acuerdo, los tres magistrados que votaron a favor del proyecto que presentó el magistrado Constancio Carrasco mostraron su ignorancia (junto con el ponente) sobre asuntos fundamentales del proceso electoral. La primera muestra de su desconocimiento se dio al señalar que el conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) “persiguen idéntico propósito” y “tienen objetivos comunes; en concreto, conocer una estimación preliminar de los resultados de la votación de la elección de presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, basados en una inferencia estadística referida a la tendencia de la votación”. Nada más alejado de la realidad.
Más adelante, en la sentencia afirman: “Ambos sistemas se diseñaron para informar al público sobre el flujo del acumulado de la votación conforme se reciben los paquetes electorales en los Consejos Distritales de los comicios de la elección de presidente de la República, mediante la captura y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo levantadas por las mesas directivas de casilla instaladas durante la jornada electoral”. Otra vez se equivocan.
El objetivo del conteo rápido es el que indican en el primer párrafo; y el del PREP, el que mencionan en el segundo. Como puede verse, tanto los procedimientos como los objetivos son muy diferentes: el conteo rápido se consigue a partir de los resultados obtenidos en casillas seleccionadas mediante un procedimiento estadístico cuyo objetivo es estimar el resultado final; en el caso del PREP, el flujo lo determinan una serie de factores que nada tienen que ver con procedimientos científicamente probados. Se trata de factores como la cercanía de las casillas al Consejo Distrital; la cifra de electores que sufragaron en cada casilla y el horario en que lo hicieron; el número de elecciones que se realizó en cada entidad (en aquellas donde hay elecciones concurrentes –que pueden ser para presidente, gobernador, diputados y ayuntamientos– se retrasa el cierre de las casillas); las facilidades de transporte, etcétera. Y el objetivo del PREP no es hacer una estimación del resultado final, sino simplemente difundir información pública en tiempo real.
Esta confusión de conceptos, procedimientos y objetivos llevó a los magistrados a una conclusión totalmente equivocada: “Por tanto, la coexistencia de los procedimientos señalados puede provocar especulación, habida cuenta que los procedimientos de estimación muestral probabilísticos llevan implícito cierto grado de incertidumbre, por el margen de error a que están sujetos dichos conteos de votos estimatorios; de ahí que para privilegiar los principios de certeza y objetividad es indispensable evitar la propagación de datos preliminares y/o probabilísticos que puedan ser contradictorios”.
Lamentablemente, este es el precedente, y con su resolutivo el TEPJF prácticamente le está diciendo al IFE: “Tienes que optar por uno de los dos procedimientos, pero no puedes realizar ambos”.
Después, en un comunicado de prensa (no en una resolución del pleno) el tribunal abrió la puerta para un nuevo acuerdo a condición de que se precisaran más los criterios para seleccionar la muestra de casillas. Esto fue lo que hizo el Consejo General del IFE en el acuerdo del pasado miércoles. Sin embargo, un comunicado de prensa no es ningún precedente, como sí lo es una resolución votada en el pleno; así que no se sabe cuál de los dos criterios aplicará el TEPJF.
Además, en la última reforma los legisladores introdujeron un cambio que se refiere a una atribución del consejero presidente, la cual queda sujeta a la interpretación del TEPJF.
Antes, el inciso “k” del párrafo primero del artículo 83 del Cofipe señalaba: “Los resultados de dichos estudios (conteos rápidos) sólo podrán ser difundidos cuando así lo autorice el Consejo General”. Y, por ello, desde el año 2000, en el mismo acuerdo donde se autorizaba la realización de los conteos rápidos había también un punto que autorizaba su difusión.
Pero ahora el inciso “l” del párrafo 1 del artículo 119 dice: “Los resultados de dichos estudios deberán ser difundidos por el consejero presidente, previa aprobación del Consejo General, después de las 22:00 horas del día de la jornada electoral”.
El punto 10 del proyecto de acuerdo que se aprobó el miércoles pasado sí incluía este “previo acuerdo del Consejo General”; sin embargo, en la mesa del consejo se eliminó dicha frase y quedó simplemente: “Se instruye al consejero presidente del Consejo General a que dé a conocer a la opinión pública, una vez que tenga el informe del Comité Técnico, los resultados del conteo rápido…”.
Aunque este punto, con una redacción muy similar, no fue impugnado en el acuerdo de marzo, se puede anticipar que sí se impugnará en esta ocasión, y el tribunal tendrá que interpretar si esta nueva redacción implica que la autorización se tiene que hacer el mismo día de la jornada electoral o se puede adelantar, como ha sido la tradición. Si la interpretación del TEPJF es la primera, se puede vaticinar un reality show la noche del domingo 1 de julio, pues sea cual fuere el resultado de la elección y, por ende, el conteo rápido, habrá partidos que se opondrán a la difusión de los resultados, tal como ocurrió el domingo 21 de agosto de 1994, a pesar de que las cifras oficiales favorecían ampliamente al candidato tricolor.
De ser así, el resultado electoral no se conocerá (como es la intención del conteo rápido) entre las 10:00 y las 11:00 de la noche, sino en las primeras horas del día siguiente, una vez que se agote una larga y seguramente folclórica discusión en la mesa del Consejo General del IFE.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 14:53 No hay comentarios:

References: artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 83
 artículo 119