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Monitoreo 23 de enero de 2014 | Q MEDIOS ITESO
Monitoreo 23 de enero de 2014
Hoy no hubo notas relacionadas con Quid en Proyecto Diez, Publimetro, Mural, La Crónica de Hoy Jalisco, El Occidental, El Informador, El Nuevo Mexicano, Aristegui Noticias, Unión Jalisco y 24 Horas.
La crisis de los medios públicos en México
Cientos de ideas superfluas, estúpidas, engreídas, profundas e interesantes circulan en el chismógrafo informativo llamado Tuiter. El constante filtro para atrapar contenido de mi interés es constante. Hace unos días vi pasar un tuit del Director General de Animal Político, Daniel Moreno, dónde decía: “Hoy es el último programa de Expediente Animal…” (Programa fruto de la alianza entre esa casa editorial y el IMER que estuvo al aire por dos años). La noticia era mala. Expediente Animal era un espacio en la radio pública que aportaba contenido diverso. Obvio, dado como se dan las conversaciones en Tuiter, interpelé al Director ¿Por qué es el último programa? La respuesta no me dejó nada tranquilo, me dijo “A nosotros nos dijeron que querían cancelar el convenio con Animal Político y q lo mismo harían con otros. Así”. Se perdía un espacio por la discrecionalidad y opacidad de una decisión de las autoridades del IMER. Imposible juzgar si la decisión es acertada o errónea dado que no hay elementos para el análisis. Por lo tanto, debemos de pensar lo peor; es decir, la intención es cerrar espacios informativos, críticos y plurales. La exdirectora del Instituto, Ana Cecilia Terrazas, quien cuenta con una opinión favorable por su desempeño al frente del IMER, buscó incansablemente abrir espacios a voces y contenidos diversos dentro de la barra programación. La política del gobierno para con el IMER cambió con el cambio de sexenio, ya no fue la busca de esa pluralidad—muchas veces crítica del gobierno—sino reflejar su delirio por el consenso, ahora discursivo. Al parecer no estamos reparando en el retroceso que esto representa. Personas expertas en comunicación han señalado por muchos años la tragedia de no contar con verdaderos medios públicos en México, pues como es sabido un sistema de medios público y plural tiene una relación estructural con la democracia. Incasablemente se ha señalado que los medios con los que contamos son gubernamentales (aunque su fachada intente demostrar lo contrario); es decir, siguen una línea editorial no en busca del servicio público de la información sino como un brazo más de la comunicación social gubernamental. La red de medios que viven del dinero público en México es una de las más grandes del mundo. Cada estado de la República cuenta con televisión y radio gubernamental. ¿Queremos hablar de una tercera cadena con penetración nacional? Ahí está. En julio del 2013, Emilio Chauyffet nombró a Carlos Lara Sumano como director del IMER. Poco alboroto causó la designación de un priísta de cepa en el instituto de la radio pública. Me parece que la designación de Lara Sumano ejemplifica muy bien el uso que el gobierno priísta federal quiere dar a las frecuencias de la radio pública. Y si me permite el reduccionismo, el objetivo es claro: quitar espacios críticos para gozar de un mayor control de lo que se dice. El origen de Carlos Lara puede dar sustento a esta legítima duda que planteo. Lara Sumano es contador de profesión estuvo a su cargo durante siete años (1995 a 2002), al cual fue designado por Ernesto Zedillo siguiendo la vieja práctica priísta de agasajar con puestos a las personas que hubieran participado en las áreas de radio y televisión durante la campaña presidencial. Antes de llegar al IMER, Lara fue Coordinador de Medios Electrónicos de Comunicación Masiva en la Secretaría de Información y Propaganda del PRI. Después de ser el director más longevo del IMER, y con la llegada de los panistas, en 2006 Lara Sumano se incorporó al sector privado como asesor de la presidencia en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y en 2009 fue contratado por ese organismo como director general. En resumen, del PRI al IMER, del IMER a la CIRT, de la CIRT al IMER. Tenemos dos evidencias, el nombramiento de un priísta con ideas viejas sobre el papel de los medios públicos en la democracia (su ausencia del plan de trabajo sostiene esta hipótesis), y la perdida de espacios de medios independientes, organizaciones de la sociedad civil entre otros. Ante dicha evidencia, parece que una vez más damos por perdidos los medios públicos. Aunque parece verdad de Perogrullo hay que recordar que los medios son públicos no porque sean del gobierno sino porque nos pertenecen a todos y su responsabilidad es hacia sus audiencias. Hoy, esa pérdida no solamente es la cancelación de espacios y cambios en su programación, o no en bajo la dirección de Lara cuyo proyecto se trata de subastar comercialmente espacios de la radio pública a privados; la renuncia contundente a la aspiración de un sistema de medios públicos. Tal vez como nunca han pertenecido a la sociedad, por eso otorgamos un permiso implícito a los gobernantes de turno para que controlen sin contrapeso el destino de los medios públicos, de usar lo que es de todos para su beneficio. Ahora bien, el momento es crucial para revivir este tema y retirar ese permiso implícito e involucrarnos en una importante discusión que se avecina por motivo de la reforma en materia de telecomunicaciones. En breve, la reforma prevé un “organismo público” que habrá de encargase de la radiodifusión estatal. Así como se lee, significa la concentración del poder de los medios públicos—que en realidad son gubernamentales—en un organismo. El panorama sin duda es sombrío. El pesimismo tiene sustento, en ningún lugar dónde observo encuentro una voluntad política para crear verdaderamente una red de medios públicos. Observo un sistema volcado a los medios comerciales para mayor impacto de la propaganda gubernamental y dentro de esta realidad comercial y política entre medios y gobierno, la idea de fortalecer los medios públicos para proveer de información a la ciudadanía que no tenga fines políticos ni comerciales, es decir, información de interés público, está completamente ausente. En los próximos meses se discute las leyes secundarias en telecomunicaciones, decenas de temas de transcendencia indudable para la democracia serán abordados. Uno de ellos es claramente los medios públicos. Hay detalles importantes que se habrán de observar, sin duda, pero en aras del espacio, la nueva legislación de medios públicos –si quiere ser verdaderamente de transcendencia y buscar fortalecer las audiencias, el derechos a la información y la democracia- debe de contemplar tres puntos fundamentales: 1) Autonomía editorial basada en directrices, estatutos y órganos de gobierno; 2) Independencia financiara para la producción de calidad, operación sostenida e inversión en tecnología. Es preciso liberar a los medios de los caprichos de los diputados. La inversión tiene que ser cuantiosa y sostenida, solo así se reflejará un verdadero interés en los medios públicos. Recuerden que los gobernadores aproximadamente gastaron en 2013 4.518 millones de pesos en publicidad oficial; y por último 3) garantizar una transparencia y rendición de cuenta de sus decisiones. La discusión sobre este fundamental tema es ahora. Ya perdimos Expediente Animal, el noticiero de Mario Campos o “El fin del mundo” de Rulo. Podremos perder mucho más, créanme. La oportunidad en el Congreso está para crear por primera vez medios públicos en México y de esta manera cambiar el panorama de los medios en nuestro país, o recorrer otra vez el camino de la simulación. Es cierto que no veo en ninguna parte la voluntad para este trascendental y fundamental cambio, para ello tendrían que cambiar los priístas que gobiernan este país, pero, al mismo tiempo, debemos de retirar como sociedad, ese permiso tácito de que pueden hacer lo que gusten con los medios que viven de nuestro dinero.
La Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) define el espectro radioeléctrico como “el espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 Gigahertz (Ghz)”. Como recurso estratégico que es, además de escaso y estrictamente necesario para los servicios móviles actuales, su asignación es uno de los pilares para lograr los objetivos de cobertura, convergencia y competencia que busca el gobierno.
Adicionalmente, esta Ley indica en su artículo 23 que la SCT podrá cambiar o reasignar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionadas, entre otras razones, por la introducción de nuevas tecnologías. Dadas las recomendaciones de diversos organismos internacionales, que han declarado que algunas frecuencias son óptimas para otorgar servicios de banda ancha móvil de nueva generación, diversos países, entre los que se encuentran EU, Inglaterra, Canadá, Chile y Brasil, han optado por implementar políticas públicas para la reasignación del espectro radioeléctrico, con miras a promover un uso y aprovechamiento más eficiente del mismo, en beneficio de la población.
Con ello, no sólo se beneficia a los consumidores mediante tecnologías más eficientes a menores precios, sino que el acceso generalizado de la población a estos servicios permite obtener mayores ganancias a los operadores, además de contribuir a la reducción de la brecha digital, aumentando por consiguiente el bienestar social.
En México, la reforma constitucional en telecomunicaciones dicta como prerrogativa del Instituto Federal de Telecomunicaciones la supervisión y planeación del espectro radioeléctrico, con el objetivo de asegurar su óptimo aprovechamiento. Para ello deberá elaborar un registro de atribución de frecuencias, en donde se mantengan actualizados los usos y límites que el mismo Instituto determine, como instrumento de control de la concentración nacional y regional del espectro.
Finalmente, se establece en la reforma la realización de un Programa Nacional de Espectro, a cargo del Ejecutivo federal, el cual ordenará una asignación eficiente de frecuencias, especialmente en las bandas de 700 Mhz y 2.5 Ghz, con miras a empatar con la innovación tecnológica, la creación de servicios de comunicación avanzados y la promoción de la competencia.
Todas estas acciones y procedimientos están encaminados a lograr un uso más eficiente del espectro, lo que representa una gran oportunidad para ampliar la cobertura y competencia en la provisión de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Una óptima atribución de frecuencias, mediante las licitaciones correspondientes, se traduce en mayores beneficios para los consumidores, en términos de cobertura, calidad y precio de los servicios.
Legislación secundaria en telecomunicaciones
Critica Barbosa que energética y Telecom vayan a San Lázaro
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, criticó que desde el Ejecutivo se intente que San Lázaro sea la Cámara de origende las leyes secundarias energética y de telecomunicaciones, y que para ello se haga uso de la facultad presidencial de iniciativa preferente, que obliga al Congreso a dictaminarlas en dos meses.
Ambos temas van a San Lázaro porque allí encuentran más comodidad para sacar los temas, dijo Barbosa, al ratificar que su bancada será vigilante de que en la norma legal las reforma constitucionales eviten agregar beneficios al capital privado, en perjuicio del interés de la nación.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Jorge Luis Preciado (PAN), dijo que hasta el momento ese órgano de gobierno del Senado no ha recibido ninguna información referente a los turnos de envío y de la facultad de ‘etiquetar’ proyectos con el trato preferente.
Desde luego, dijo Preciado, el jefe del Ejecutivo tendría la facultad de seleccionar la Cámara de origen y de proponer las iniciativas preferentes que él considere.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Raúl Cervantes (PRI), afirmó que al momento la instancia que preside no ha recibido ninguna información respecto de los turnos de las iniciativas de leyes que pueda enviar el Ejecutivo.
El senador perredista Miguel Barbosa dijo que en la Junta de Coordinación Política de los diputados se manejó el martes que las iniciativas de reforma secundaria en materia energética y de telecomunicaciones serán turnadas a San Lázaro.
“Ese es el planteamiento que traen en temas tan profundos, tan complejos”, dijo Barbosa, y añadió que se prevé que la reforma secundaria en materia política sea enviada al Senado, pero no como iniciativa preferente.
El caso ya se ventiló incluso al interior de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, reiteró, y con ello se propone que a más tardar en 60 días se tengan aprobadas las leyes secundarias en energía y telecomunicaciones.
Qué dijo quién en el foro de la legislación secundaria en Telecom
Gilardo López
Durante la inauguración del foro “Retos de la nueva legislación secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión”, el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Federico José González Luna Bueno (PVEM), afirmó que “la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones sería letra muerta si la legislación secundaria no se instrumenta y encamina debidamente. Este es el gran reto al que ahora enfrenta el Congreso de la Unión”. Dijo que la reforma, publicada el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, significa un cambio de gran profundidad en torno al marco jurídico en esta materia.
Dicho marco legal, señaló, se orienta en la promoción de la competencia de manera clara y decidida, que se compromete a incrementar y promover el acceso del mayor número de personas a las nuevas tecnologías de la información, a los servicios de telecomunicaciones y a la radiodifusión.
“Nuestro país acusa retrasos importantes y es a partir de esta reforma constitucional que deben resolverse”, acotó.
En su turno, el secretario de la Comisión de Comunicaciones, diputado Eligio Cuitláhuac González Farias (PRI), dijo que es en esta reforma donde la Cámara de Diputados se ocupará de fortalecer los derechos vinculados a la libertad de expresión, información y el derecho a las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Además, impulsará los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, promoverá las medidas de fomento a la competencia en televisión abierta y restringida, radiotelefonía fija y móvil, y servicios de datos y telecomunicaciones.
Coincidió en que el foro servirá como herramienta a la reglamentación secundaria de al menos ocho leyes, que se reformarán en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
“Dará a los diputados instrumentos y conocimiento sobre las experiencias en este ramo de países de América Latina y de los actores de la sociedad civil”, abundó.
De la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (Ahciet), el consultor del gobierno de Chile, Pablo Bello Arellano, destacó que México requiere mayor acceso a la banda ancha, así como generar una inversión de 8 mil 500 millones de dólares al año para alcanzar a los países desarrollados.
En América Latina, continuó, se necesitan 44 mil millones de dólares al año en inversión sectorial, esto es, para el caso de México, un incremento de más de 6 por ciento anual, por lo que la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión contribuirá de manera significativa.
Señaló que México es el segundo país de América Latina que más invierte en esta materia, por lo que es indispensable que en la discusión de las leyes secundarias, se considere la generación de competencia a nivel nacional de redes en distintas capacidades de cobertura, calidad, introducción de nuevos servicios, tecnologías y precios.
En su momento, representantes de distintas asociaciones afines al tema coincidieron en fortalecer al órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para poner en marcha y garantizar las nuevas disposiciones de la reforma en la materia.
Plantearon legitimar al IFT, consolidar sus atribuciones para velar por los derechos del consumidor en cuanto al acceso a la información, las tecnologías y la calidad en los contenidos audiovisuales, además de asegurar la transparencia en sus operaciones para tener certeza y equidad al momento de conceder nuevas señales de radio y TV.
Propusieron asegurar que el IFT tenga plena facultad y autonomía para establecer sanciones cuando se incurra en faltas a los reglamentos, como en el caso de los monopolios y la competencia desleal de compañías de telecomunicaciones.
En su participación, Ángel Guillermo Martínez, miembro de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), sostuvo que el impulso a este medio digital tendrá repercusiones en el desarrollo social y la competitividad empresarial.
Dentro de las propuestas de la Amipci, destaca la eliminación del IEPS a las telecomunicaciones, así como la tasa cero de IVA en dispositivos como tabletas, teléfonos inteligentes y computadoras. Esto, con la intención de dar más acceso a la población mexicana a nuevas tecnologías y, por ende, a la información.
También para el desarrollo de la infraestructura para expandir la ciber red, y homologar los requisitos y trámites para instalar sistemas de distribución de Internet a nivel federal, estatal y municipal.
En tanto, Scott Robinson, miembro de AlConsumidor A.C., consideró que en la próxima negociación de las leyes secundarias en el ramo, “el interés del público está en juego”, por lo que, entre otras cosas, se tiene que poner énfasis en el acceso a la información, al igual que en la protección de información personal.
Planteó la creación de un programa permanente para que el IFT pueda desarrollar e investigar nuevas tecnologías de comunicación, en conjunto con la iniciativa privada, asociaciones civiles y la comunidad académica.
Sugirió que el mismo organismo lleve a cabo investigaciones de mercado para evaluar el desempeño de estos y encontrar nuevas oportunidades en el área de telecomunicaciones.
En su intervención, el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Agustín Ramírez Ramírez, recordó que “no se ha encontrado la fórmula para reglamentar el derecho a la información”. “No le hemos encontrado la cuadratura al círculo”, agregó.
Esto, dijo, se da por la presión de los consorcios mediáticos “que sólo velan por los intereses económicos, y por décadas ha prevalecido la voracidad de la ganancia, por encima del interés público”.
“Los contenidos en televisión abierta avasallan cualquier posibilidad para que el ser humano pueda tener un desarrollo intelectual suficiente que lo haga digno de su naturaleza racional. Entretener mediocremente parece ser la consigna ante la complacencia del poder público”, advirtió.
Ante esto, calificó la reforma en telecomunicaciones como un triunfo de la sociedad civil, ya que de ésta ha venido, en las tres últimas décadas, el impulso por un cambio normativo para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Francisco González Garza, de la Asociación Civil a Favor de lo Mejor, hizo hincapié en el cuidado de los contenidos en TV para proteger la integridad de los niños, ya que en nuestro país, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este sector pasa en promedio más de mil 569 horas al año frente al televisor.
Refirió que en países como España, Francia e Inglaterra hay instituciones encargadas de revisar la programación y fijar las sanciones correspondientes cuando se atenta contra la integridad del menor, además de que en estas naciones se han establecido horarios en los que se prohíben contenidos violentos, degradantes y sexistas.
Estas atribuciones, indicó, deben ser dadas al Ifetel, autoridad que también establecería y supervisaría los códigos éticos de la programación, emprendería “campañas de alfabetización mediática” (para educar a padres respecto al cuidado de los infantes frente a la TV), clasificaría adecuadamente los contenidos y establecería mecanismos de escucha a los ciudadanos, para atender quejas respecto de la programación, entre otros aspectos.
“Hay tendencias a que el IFT no regule estos puntos y que se relegue la labor a la Secretaría de Gobernación, como hasta ahora. Desde nuestro punto de vista es un error, porque en la Segob no se cumple la tarea que se tiene por ley”, sentenció.
En tanto, José Antonio García Herrera, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), demandó a los legisladores federales que el marco jurídico secundario de la reforma constitucional se base en la coordinación y responsabilidad con la propia industria para no perder el objetivo de lograr mejores precios, calidad y competencia, a fin de beneficiar a los usuarios.
Urgió a admitir la inversión privada que garantice no sólo recursos económicos, sino tecnológicos, y aliente la obligación de compartir redes troncales, a fin de impulsar el desarrollo de las empresas de forma organizada y en igualdad de condiciones. Pidió regular al sector para que no existan preferencias.
García Herrera advirtió la falta de un programa para acceder a la radio digital, al prevalecer muchas estaciones de AM que no tienen recursos, ni financieros ni técnicos, para la frecuencia de FM, por lo que pidió la creación de un plan que identifique plazos y costos, así como reglas claras en la licitación de frecuencias radiofónicas para alentar una verdadera competencia.
Afirmó que las leyes secundarias en telecomunicaciones darán certidumbre a los inversionistas, por lo que “es fundamental tener las reglas del juego lo más rápido posible para identificar los nichos de competencia”. Se pronunció por el respeto al derecho de autor, al calificarlo como fundamental para alentar la creatividad e innovación.
Por su parte, el doctor en Economía, Ernesto Piedras Feria, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), sugirió incluir en las leyes secundarias la experiencia de los demás países en las dos últimas décadas en el sector, para fomentar una “regulación asimétrica” que incluya infraestructura, tarifas accesibles, balance de cobertura y compartir información. “Sólo así se superará el rezago, pues hemos sido incompetentes para generar competencia”, aseguró.
El doctor Piedras Frías indicó que todavía existen 68 millones de mexicanos que están desconectados de la Internet, es decir, casi dos terceras partes no pueden buscar empleo, descargar libros, acceder a la salud o a la educación; “están excluidos de estos beneficios”.
Dijo que la OCDE cuantifica una merma de 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país por la falta de inserción de la población a los avances digitales.”Significa que se tiene una desventaja para aprovechar oportunidades potenciales de desarrollo”, que urge revertir, apuntó, sobre todo porque 90 por ciento del intercambio comercial de México se realiza con naciones miembros de la OCDE.
En representación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Eduardo Ruiz Vega mencionó que deberá emitirse una nueva ley secundaria convergente que funda en una sola lo que hasta hoy han sido dos ordenamientos, la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 y la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995.
Pidió que la CIRT participe en la definición de los nuevos usos del espectro, en lo público y social, así como conocer de qué manera se impulsará la digitalización de las redes de televisión y radiodifusión sonora.
Por parte del Congreso Nacional de Comunicación Indígena, Melquiades Rosas Blanco expresó que es necesario garantizar el espectro no sólo para la radiodifusión indígena, sino para cualquier esquema de telecomunicación, así como mecanismos para medios no indígenas y esquemas de fomento a medios de comunicación en esas comunidades.
De igual forma, dijo, solicitamos la participación en el órgano regulador, con el propósito de lograr un mejor ejercicio de nuestros derechos culturales y el pleno ejercicio de la comunicación.
Actores preponderantes en radiodifusión y telecomunicaciones
Piden ya regular a Telmex
Rafael Aveces
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) ya puede emitir desde ahora reglas asimétricas en contra de Teléfonos de México (Telmex) y su subsidiaria Telnor, por su dominancia en algunos servicios, señalan expertos.
“No hay que esperar, a Telmex ya se le puede aplicar el articulo 63 de la todavía vigente Ley Federal de Telecomunicaciones que dice que el Ifetel puede emitir (desde ahora) regulación asimétrica en materia de tarifas, información y calidad en el servicios”, afirmo Miguel Flores Bernés, ex comisionado del pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC).
Víctor Pavón-Villamayor, experto en competencia económica, dijo que una regulación asimétrica por actos de dominancia es más severa, que la que se podría aplicar por preponderancia en su mercado a una empresa.
El pasado 13 de diciembre, el pleno del regulador confirmó que ambas empresas son dominantes en los mercados de enlaces dedicados en larga distancia internacional y enlaces dedicados para interconexión.
Operadores de telecomunicaciones especulan con la venta de activos
La apuesta de los inversionistas, explicó, será por empresas que estén desarrollado su negocio de provisión de banda ancha, dado que en el mercado la demanda es alta y se verá favorecida con la reforma.
El consejo de administración de Telmex y el gobierno federal ya recibieron la solicitud para dividir a la empresa, por lo que solo se espera la autorización de ambas instancias para proceder, aseguró a MILENIO Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas.
Además de esas solicitudes, confirmó el líder sindical, la empresa ya está desincorporando otros activos (de los cuales no dio detalle), pues en respuesta a la posibilidad de que el Ifetel la declare preponderante en el mercado, su mejor opción es que el gobierno acepte que le devuelva aquellos usuarios que se encuentran en las poblaciones con al menos 500 habitantes y con ello cumplir con la ley, a fin de evitar sanciones económicas.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tiene el mandato constitucional de poner obligaciones específicas, y en su caso sanciones, a las empresas que sean preponderantes en el mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que realiza una investigación a Telmex y Televisa.
“No deberían dársele sanciones a Telmex porque le pueden costar su viabilidad, por ello buscan que el gobierno autorice esa devolución de clientes, ya que de esta forma dejaría de estar en falta ante las autoridades”, comentó.
La semana pasada, el diario El Financiero afirmó que Telmex busca dividir la empresa para evitar las sanciones que le serían impuestas a raíz de la reforma en telecomunicaciones; sin embargo, la empresa desmintió dicha información, al asegurar que la división es únicamente para negocios inmobiliarios y de arrendamiento de equipo.
No obstante, Hernández Juárez comentó, sin concluir la frase: “Yo te podría decir que sí tiene que ver con telecomunicaciones, pero no tengo…”
Mencionó que ha escuchado versiones de que la empresa pretende devolver al gobierno entre 2 y 3 millones de clientes; “supongo que en el oficio donde hacen la solicitud ellos dijeron eso.
“Pero en mi opinión son 6 millones los que tendrían que dejar de atender, básicamente a ellos (la empresa) les interesa quedarse con los clientes que tienen banda ancha, que son los que le dejan 70 por ciento de los ingresos”.
Agregó que el sindicato ha levantado la voz para decir que no aceptarán que el gobierno imponga sanciones económicas, ya que además del daño que se puede causar, tanto a los trabajadores como a los usuarios, hay poderosos elementos jurídicos que respaldan el error que se cometería con ello.
Aclaró que en la reforma constitucional al sector de las telecomunicaciones, gracias a la intervención del secretario del Trabajo y del Presidente de la República, se logró incluir el artículo 18 transitorio que dice: “Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley”.
En el título de concesión de Telmex, que ahora forma parte de América Móvil; se indica que no habrá despidos de personal y se respetará escrupulosamente el contrato colectivo y al sindicato como representante de los trabajadores.
“Como empleados nos meteríamos todos en la empresa que quede, e incluso cabe la posibilidad de fusionarnos con América Móvil y encontrar ahí respuestas para lo que significa el problema laboral, pero lo primero que buscamos es que haya viabilidad para que se mantenga la operación como está”, comentó Hernández Juárez.
Aseguró que la compañía sabe que son un aliado fundamental, aunque ha querido minimizar su presencia e incluso si por algún motivo no quisieran su apoyo ellos lucharían por que quede a salvo la empresa.
LA SCJN atrae demanda de indígenas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un caso que involucra cuestiones de derechos humanos y acceso a la información, ya que una comunidad indígena entabló un juicio contra Teléfonos de México (Telmex) porque no quiere instalarles telefonía fija y solo les ofrece internet de banda ancha.
Este será el primer caso que resuelva la Corte con la reciente reforma a la Ley de Amparo, pues analizará si Telmex tiene la calidad de autoridad responsable al prestar servicios deficientes a la ciudadanía.
Las reformas a la mencionada ley establecen que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuando afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
Los integrantes de la comunidad se quejan de la omisión de garantizar la prestación continua y permanente del servicio de telefonía fija, en virtud de la interrupción del servicio, así como del incumplimiento a la reinstalación del mismo; de igual manera, la omisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de proteger y garantizar los derechos de los integrantes de dicha comunidad, toda vez que la misma no supervisó de manera diligente la prestación de los servicios de telefonía fija concesionados a dicha empresa.
Publicación de información fundamental, Itei
Guadalajara sí cumple con publicación de información fundamental: Itei
El ayuntamiento de Guadalajara ha cumplido con la publicación de información fundamental a la que está obligado a dar a conocer a los ciudadanos, afirmaron hoy autoridades del Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei).
Esto en respuesta a las declaraciones hechas por la fracción de regidores panistas en el gobierno municipal, en las que aseguraron que la institución solapaba la opacidad en la administración del alcalde priista, Ramiro Hernández García.
Este Instituto actúa con estricto apego a la Ley en cuanto a cada uno de sus procedimientos. Cualquier ciudadano que se encuentre inconforme con las resoluciones del Instituto de Transparencia, está en su derecho de hacer valer los medios jurídicos que crea convenientes”, dijo la presidenta del organismo, Cynthia Cantero Pacheco.
El regidor del PAN en Guadalajara, Mario Salazar Madera dijo el martes pasado que en siete meses, el Itei no ha resuelto el procedimiento administrativo en contra de Nancy Paola Flores Ramírez, titular de la Unidad de Transparencia del municipio.
El consejero del Itei, Vicente Ontiveros mencionó que el instituto resolvió en 2013 a favor del propio Salazar Madera. Explicó que el caso tuvo dos vertientes: una enfocada a obligar al ayuntamiento de Guadalajara a publicar la información fundamental (como los cheques a proveedores, de nómina, entre otros datos) y otra dirigida a sancionar administrativamente a Flores Ramírez.
El primer procedimiento, recordó, fue resuelto y obligó al gobierno municipal a publicar la citada información. “Se dio por cumplida la resolución, se le dio la razón al regidor del PAN y luego se abrió un procedimiento de responsabilidad administrativa que aún continúa”, dijo el consejero.
De acuerdo con Ontiveros, “lo más probable” es que la titular de la Unidad de Transparencia en Guadalajara reciba una amonestación pública que no es más que la primera llamada de atención que hace el Itei a un sujeto obligado.
Luego de esa tarjeta amarilla, el Instituto está facultado para solicitar una multa económica o un arresto administrativo, si el caso lo amerita.
Cynthia Cantero aseguró que en un 70 por ciento de los casos, los sujetos obligados siempre cumplen con las resoluciones del Itei, derivadas de los recursos de transparencia que pueden solicitar los ciudadanos.
En la sesión ordinaria de este miércoles, los consejeros del Itei impusieron una amonestación pública al alcalde del municipio de La Barca, el panista Eduardo Espinoza Salazar, por incumplir con la publicación de información fundamental del ayuntamiento que preside.
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en Canal 21
Asamblea Legislativa del DF, a televisión abierta
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) transmitirá sus sesiones por televisión a través de uno de los subcanales del Canal 21 operado por el gobierno capitalino. Así lo establece el convenio que la ALDF y el gobierno de Miguel Ángel Mancera firmaron el lunes.
No se tiene aún fecha para el inicio de esas transmisiones, pero el convenio es una muestra de cómo las entidades gubernamentales pueden aprovechar las posibilidades tecnológicas de la televisión digital (TDT) para que dos o más entidades públicas puedan transmitir su programación en el ancho de banda de un canal.
La TDT permite la multiprogramación, es decir, la posibilidad de que en un ancho de banda de 6 MHz —lo que ocupa un canal de televisión en el espectro radioeléctrico—, puedan transmitirse varios subcanales con programación diferente. En el caso del convenio entre la ALDF y el GDF, la programación de aquella se transmitirá a través del Canal 21.2 (uno de los subcanales del 21).
Todavía faltan varios pasos para que las transmisiones comiencen. El primero es licitar la compra de equipo por valor de 8 millones de pesos. Luego vendrá la negociación entre grupos parlamentarios para asignar sus tiempos y al final se definirá una programación que, además de las sesiones, incluirá “contenidos culturales, educativos y de contacto ciudadano”, informó Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF.
Frecuentemente se dice que las transmisiones de los debates parlamentarios a través de la tv constituyen soporíferos de alta concentración y que son, además, inútiles. Aburridos pueden ser, pero inútiles no.
Las transmisiones del Canal del Congreso de la Unión desde las cámaras de Diputados y de Senadores han mostrado su utilidad, en primer lugar como un servicio a la ciudadanía, pero también como proveedores de audio y video para los diferentes medios de información. A través de esas transmisiones los ciudadanos hemos seguido debates históricos, como el de la reforma energética recientemente.
Los debates parlamentarios difícilmente generan un rating elevado, pero un país democrático o que aspira a serlo tiene obligación de ofrecer a aquellos ciudadanos interesados en seguir esas discusiones la posibilidad de hacerlo, no importa si son mil o dos mil.
¿Canal ciudadano?
En el caso de los debates la agenda es cada vez más importante e interesante. Asuntos como la legalización de la mariguana —que de aprobarse colocaría al DF en la vanguardia de la lucha mundial contra el narcotráfico por métodos no violentos— tendrían que ser transmitidos en directo por televisión. Hubiera sido excelente que el canal de la ALDF se inaugurara con ese debate, pero, según se rumora, la iniciativa al respecto podría ser presentada la próxima semana, así que no podrá ser.
Sin embargo, el Canal 21, operado por el Gobierno del DF, debería transmitir en vivo ese debate y dar al asunto una amplia cobertura.
Por cierto, el proyecto de abrir uno de los subcanales del 21 para la ALDF fue presentado a Mancera a mediados del año pasado junto con otra propuesta: la de crear un “canal ciudadano”, también a través de un subcanal, con una programación de alta calidad. La propuesta fue presentada por el periodista Virgilio Caballero con el apoyo de intelectuales y trabajadores de medios como Elena Poniatowska, Epigmenio Ibarra, Humberto Musacchio, Jorge Saldaña y Pablo González Casanova, entre otros.
El canal para la ALDF está en marcha. ¿Mancera dirá que sí al ciudadano?
Microonda: Canal 45 y Encinas
Y hablando de multiprogramación, televisión digital y debates parlamentarios, el nuevo presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Alejandro Encinas Rodríguez, senador del PRD, dijo al tomar posesión el martes pasado que uno de sus propósitos es lograr que ese canal se transmita en tv abierta.
Debe recordarse que el Canal del Congreso transmite actualmente solo en televisión de paga; sin embargo, tiene ya asignada una frecuencia abierta —XHHCU TDT, Canal 45 del DF—, pero no ha iniciado transmisiones por esa vía debido, presumiblemente, a falta de presupuesto.
Hace dos años, el 8 de febrero de 2012, la extinta Cofetel autorizó al Congreso de la Unión un esquema de multiprogramación para colocar en el Canal 45 de la Ciudad de México al Canal del Congreso en alta definición (HDTV), así como un subcanal para la Cámara de Senadores y otro para la de Diputados, ambos con calidad estándar (SDTV).
Alejandro Encinas durará un año en el cargo. Veremos si consigue todo esto.
Investigación contra Sigrid Artz
A un año de la investigación contra la comisionada del IFAI, Sigrid Artz, no hay conclusión: Laveaga
A un año de la denuncia presentada contra la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Sigrid Artz, por conflicto de intereses, el comisionado presidente, Gerardo Laveaga, aseguró que “le inquieta que el Órgano de Control no tenga una conclusión de la investigación” por lo que espera que se resuelva a la brevedad.
“Me inquieta porque ya paso un año, ayer se cumplió justamente un año que se hizo formalmente la denuncia. Yo no estoy diciendo que vayan rápido o que vayan lentos, simplemente que ha pasado un año desde que se hizo la denuncia”, dijo.
En conferencia por su primer informe de labores, indicó que él no puede hacer más “pues les encantaría ser su jefe y decirle tienes siete días pero el proceso de investigación no es su competencia”.
“Es algo que a mí me inquieta, me parece que es algo que tiene que resolverse a la brevedad posible con la información que tenga el Órgano Interno de Control. Me queda muy claro que el Órgano Interno de Control debe tomarse su tiempo, yo le he preguntado muchas veces al integrante del OIC y me dice: estamos revisando, estamos investigando. Yo no puedo hacer mucho más, me encantaría ser su jefe y decirle tienes siete días, pero no puedo hacer eso, ni me atrevería a hacerlo, no es mi competencia, es un campo completamente distinto. Y lo que yo les digo, es lo que él me dice a mí: estamos estudiando, estamos revisando”, explicó.
Asimismo, recordó que hace un año cuando fue nombrado comisionado presidente “lo nombraron de flojo y que desconocía la materia” pero en 2013 fue el comisionado que más asuntos desahogó y “fue el año en donde cambio la historia del IFAI porque se revocaron más asuntos y se le dijo a la autoridad, lo que tú estás haciendo no es correcto, hazlo de nuevo y hazlo bien”.
Tan sólo en 2013 se ganaron 78 por ciento de los juicios de amparo cuando en 2012 apenas fueron el 55 por ciento.
Comunicado de José Manuel Mireles
José Manuel Mireles desmiente a quienes lo acusan de haber estado preso por narcotráfico. Asegura que quieren dañar su imagen como si fuera un político, pero que esa estrategia no va a funcionar
“Hay muchas formas de denostar la imagen de alguien, lo malo es que me están utilizando como si fuera un político. Yo no soy político, no tengo miedo a la prensa”
José Manuel Mireles podrá tenerle miedo a muchas cosas, pero a la prensa no.
Ayer, en entrevista con Carmen Aristégui, uno de los líderes de las autodefensas en Michoacán desmintió la información publicada por Excélsior, en la que se le acusa de haber sido arrestado en 1991 por delitos contra la salud.
Mireles aseguró el señalamiento de su supuesto expediente criminal es un intento por denostarlo “como si fuera un político”.
“Hay muchas formas de denostar la imagen de alguien, lo malo es que me están utilizando como si fuera un político. Yo no soy político, no tengo miedo a la prensa”, dijo.
El 17 de enero, el diario Excélsior citó expedientes judiciales según los cuales José Manuel Mireles fue arrestado por elementos de la desaparecida Policía Judicial Federal (PJF) en posesión de 86 kilos de mariguana, empaquetados en diez costales.
En la publicación, se detalló que Mireles fue detenido en 1988 y sentenciado a siete años de prisión en 1991 por delitos contra la salud en su modalidad de siembra, cultivo, cosecha y posesión de mariguana.
La nota del diario agrega que fue liberado en 1992 luego de que las autoridades penales de Michoacán concluyeran que mostraba “adecuada readaptación”.
Según el diario, un documento judicial señala que Mireles ingresó al penal de Uruapan, Michoacán, el 18 de noviembre de 1988, oficio firmado por el juez segundo de primera instancia en materia penal, Alejandro Pardo Ontiveros. Su estatus era de “primodelincuente”, publicó el Excélsior.
En la entrevista para MVS, el líder del grupo de autodefensa en Tepalcatepec dijo que “jamás” estuvo preso por narcotráfico y descalificó el expediente.
“Para mí nomás es un papel con fotos y todo”, señaló.
Mireles reconoció que estuvo muchas veces en prisión, pero nunca, por nada relacionado con el narcotráfico.
Narró su primer encarcelamiento, cuando tenía 12 años y estaba jugando al billar. Más tarde fue apresado 90 días por ostentarse como médico cirujano en Estados Unidos sin tener la acreditación que exigen las autoridades locales, recordó.
“Allá es delito comercial, porque en Estados Unidos cada estado es independiente en la cuestión de salud, y si yo no me doy de alta en el estado y ando presumiendo que soy doctor sin tener el permiso de la barra de médicos estás cometiendo un delito comercial”, indicó Mireles en la entrevista con Aristégui.
Sin embargo, negó haber estado preso siete años en alguna ocasión.
“Jamás en la vida y menos por narcotráfico”, recalcó.
Mireles señaló que trabajó como jefe de control y regulación sanitaria para la Secretaría de Salud de Michoacán, en donde tenía a cargo hacer los dictámenes de cocaína y mariguana todos los días.
“Por eso es que en mi oficina había (drogas)… se tenían que juntar las muestras de no sé, un mes, dos meses y luego ir a quemarlas al aeropuerto”, detalló.
Manipularon su mensaje
José Manuel Mireles también habló de aquel mensaje que leyó el 13 de enero y que fue transmitido en televisión nacional.
Ese en el que, asegura, condicionaba el desarme a la detención de los principales líderes del cártel de Los Caballeros Templarios.
En la entrevista, transmitida en CNN en Español, Mireles señaló que supuestos funcionarios del Gobierno Federal manipularon su comunicado para que pareciera que él llamaba al desarme de las autodefensas.
El líder de las autodefensas afirmó que él jamás solicitó el desarme y que sus palabras fueron utilizadas de manera distinta a lo que él pretendía informar.
Recalcó que solo fue transmitida una parte en la que aceptaba el emplazamiento del Gobierno a que las autodefensas volvieran a sus comunidades.
“No nos gusta que usen nuestras propias palabras para otra cosa. Jamás voy a convocar al desarme a menos que se cumplan las peticiones que hemos hecho desde hace 10 meses, que se restablezca el Estado de Derecho”, añadió a Noticias MVS.
Felicita Ifai a EPN y al Congreso por validar reforma constitucional en transparencia
México, DF. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) felicitó al presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso de la Unión por la reforma a ese instituto, de la que hoy se emitió la declaratoria de constitucionalidad.
En este sentido, el presidente del Ifai, Gerardo Laveaga, expresó que el comportamiento de los gobernadores en algunos estados como “señores feudales” se acabará porque ahora, habrá más sectores interesados en contribuir en la construcción de sus municipios, de sus entidades.
También consideró que los cuatro comisionados actuales deberían continuar en el Ifai porque tienen visiones distintas de la realidad y se complementan. “Me asustaría que todos fuéramos activistas, o que todos fuéramos académicos o que todos fuéramos abogados porque entonces sería una visión muy predecible, una visión muy manejable”.
Dijo que esta modificación constitucional afectará a 110 millones de mexicanos de todos los estratos sociales, de todas las formaciones, de todas las visiones, de todos los partidos. “Saldremos ampliamente beneficiados”, aseguró.
Al término de la sesión plenaria, Lavega advirtió que “vienen tiempos complicados” y añadió que el Ejecutivo tendrá los tiempos que él considere necesarios para promulgar esta reforma.
Por otro lado, confesó que le inquieta que ya pasó un año de que se hizo la denuncia por la que la Secretaría de la Función Pública inició una investigación por el presunto conflicto de interés en que habría incurrido la comisionada Sigrid Arzt.
Augura IFAI ratificación de cuatro comisionados ante el Senado
El comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, Gerardo Laveaga, espera que los cuatro integrantes del pleno del IFAI soliciten al Senado de la República concluir su encargo ahora que entré en vigor la reforma en transparencia, “ya que son plurales con visiones muy distintas de la realidad y eso complementa”.
Al dar a conocer su primer informe de actividades, indicó que “asustaría que todos fueran activistas o académicos o abogados porque entonces sería una visión muy previsible y manejable”.
“Si me preguntan si debieran quedarse los cuatro que estamos, yo les digo que sí. Yo estoy convencido que los cuatro debemos quedarnos, yo siempre tengo algo que aprender de la visión de unos y de otros, a veces no la comparto, pero a veces me han obligado a cambiar de puntos de vistas y a veces yo les he obligado a cambiar los puntos de vista de ellos. Ese es el gran secreto de una institución democrática, la pluralidad”, detalló.
Asimismo, indicó que no han recibido ninguna queja por la publicación de la lista de deudores del Sistema de Administración Tributaría “ya que no es el IFAI el órgano para recibirlas sino la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Creo que no es al IFAI, yo creo que ya acudieron a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, más que al IFAI. En todo caso, yo creo que sí pueden acudir a las CNDH, el IFAI no tendría mucho que decir al respecto, salvo que hubiera datos privados en posesión de particulares. En fin, podíamos darle un sesgo. No, no hemos tenido quejas”, explicó.
Por último, indicó que en breve presentará su opinión con respecto a la reforma al artículo 69 del Código Fiscal que obliga al SAT a publicar la lista de deudores y de condonaciones.
Celebra Laveaga avance en rendición de cuentas
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) celebró la declaratoria de constitucionalidad que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio a la reforma en transparencia porque con ello se empodera al ciudadano y se somete a la rendición de cuentas a sindicatos y a los gobernadores.
“Esta reforma le da un enorme poder a la ciudadanía, empodera a la sociedad civil sobre las instituciones públicas, sobre sus recursos. De ahí la felicitación que quiero hacer primero al presidente (Enrique Peña Nieto) por presentarla y, segundo, a la Cámara de Diputados y de Senadores por haberla aprobado”, dijo el comisionado presidente del IFAI Gerardo Laveaga.
Al término de la sesión de ese instituto, Gerardo Laveaga hizo un balance de su primer año al frente de la dependencia y expresó que lamentablemente durante su gestión una de las cosas de más le frustró fue que en muchos estados los gobernadores siguen teniendo un comportamiento “de señores feudales”, pero en materia de rendición de cuentas esto se va a acabar.
Se terminará con actitudes feudales: IFAI
Ciudad de México.- Gerardo Laveaga, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), expresó su beneplácito por la declaratoria de Reforma Constitucional en materia de transparencia, emitida, este miércoles, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dijo que “empoderará a la ciudadanía y se terminará con la actitud de muchos gobernadores, que siguen teniendo un comportamiento de señores feudales”.
En entrevista, al concluir la sesión pública del IFAI, Laveaga agregó, “en materia de transparencia, esto se va a acabar y cuando la gente empiece a ver cómo se hacen las cosas, quién las mueve, cuánto se gasta, esto va a tener que cambiar, porque con la información, va a haber cada vez más personas interesadas en participar.
“Porque con la información, habrá más sectores dispuestos a contribuir en la construcción de sus municipios, de sus entidades federativas y, claro, de la Federación, porque algo que me sigue frustrando, es que en muchos estados de la República, muchos gobernadores siguen teniendo un comportamiento de señores feudales.
“Y un logro importante, los sindicatos serán sujetos obligados, deberán rendir cuentas, porque la democracia tiene grados, cuanto más personas participan en una decisión, esta es más democrática, cuando menos personas participan en una decisión, la que sea, es menos democrática.
Esta reforma le está dando un enorme poder a la ciudadanía, está empoderando a la sociedad civil, le está dando un gran poder sobre las instituciones públicas, sobre sus recursos, de ahí la felicitación que quiero hacer, primero al Presidente por presentarla y segundo, a la Cámara de Senadores y de Diputados por haberla aprobado.
“Vienen tiempos complicados, yo no quisiera hacer ningún exhorto adicional, el señor Presidente tendrá los tiempos que él considere necesarios, para promulgarla, algunos analistas apuestan a que sea la próxima semana, hay quienes dice que serán 15 días, pero bueno, en cuenta haya sido promulgada, esto nos va afectar a los 110 millones de mexicanos, todos, de todos los extractos sociales, de todas la formaciones, de todos los partidos, pienso que saldremos ampliamente beneficiados.
Laveaga hizo un reconocimiento a la visión y el compromiso del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como a la responsabilidad de los senadores y de los diputados federales y locales por aprobar una reforma “que elevará, sin lugar a dudas, los niveles democráticos de México.
“Concibo al IFAI como un órgano del Estado, como un tribunal de legalidad, que debe caracterizarse por el rigor en sus resoluciones, por su valentía y su serenidad y en ese sentido, la reforma impactará en la vida de todos los mexicanos, porque representa un paso fundamental en el empoderamiento de la ciudadanía en la construcción de un México más inclusivo, más plural y más democrático”.
IFAI llama a dependencias ampliar criterios de búsqueda
El IFAI llamó a las dependencias gubernamentales a que amplíen sus criterios de búsqueda de información al atender las solicitudes de la ciudadanía, y no quedarse sólo en las declaraciones de inexistencia.
Al resolver un recurso de revisión contra la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), indicó que en aras de la transparencia es necesario no ser tan rigoristas, limitando la búsqueda.
La comisionada ponente Sigird Artz planteó que un particular solicitó un diagnóstico, estudio o censo de cuántas viviendas en el país están construidas en zonas de riesgo y por tanto son más vulnerables a desastres naturales.
En la solicitud de información pide, además, el porcentaje que representan dichas viviendas con respecto al total nacional y su distribución por entidad federativa.
En respuesta, la Sedatu informó al particular que turnó la solicitud a la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y a la Dirección de Ordenamiento Territorial de Atención a Zonas de Riesgo, las cuales negaron tener esos datos, y se le pidió al Comité de Información se declarara la inexistencia.
El IFAI encontró que la dependencia creó y mantiene una vinculación directa con las autoridades locales para concientizarlas sobre la necesidad de trabajar en la reducción de riesgos a través de acciones y obras para desincentivar la ocupación en esas áreas.
Además, de conformidad con los criterios de selección establecidos en las reglas de operación del programa, los municipios prioritarios son aquellos que se ubiquen con un índice de riesgo global alto o muy alto de acuerdo con la relación al índice general.
De igual forma, se localizó un documento denominado Informe de la Evaluación Específica de 2012-2013, en el que se hace referencia a las cifras de municipios y estados beneficiados para atender y mitigar esos riesgos ante los desastres naturales, y en el Informe de Labores del mismo año también hay datos al respecto.
Por tal motivo, el IFAI resolvió revocar la inexistencia invocada por la Sedatu y le instruyó a realizar una nueva búsqueda exhaustiva.
Al respecto, el comisionado presidente, Gerardo Laveaga, subrayó que “el carácter tan restrictivo, la interpretación tan restrictiva que hizo la Sedatu de la solicitud y, bueno, a veces es muy importante que se amplíe”.
En otro asunto, el pleno del IFAI revocó la respuesta del Sistema de Administración Tributaria (SAT) sobre una solicitud de información de los bienes que haya embargado o adjudicado por motivos de deudas fiscales a personas físicas y morales en el municipio de Culiacán, Sinaloa.
El instituto ordenó al SAT buscar en las administraciones locales para ofrecer la información al particular que la solicitó.
Reforma política y de transparencia ya son constitucionales
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ricardo Anaya Cortés, emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma político-electoral y de la reforma de transparencia y las turnó al Ejecutivo federal para su promulgación.
Durante la sesión de este miércoles, Anaya Cortés dio a conocer al Pleno, que la reforma política fue avalada por 18 Congresos estatales: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
El diputado panista señaló que también fueron 18 los estados que avalaron la reforma en materia de transparencia que dota de autonomía plena al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Las entidades que avalaron las modificaciones los artículos 6, 73, 76, 89, 105, 108, 111 y 122 de la Constitución fueron los siguientes: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, México, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.
El próximo 1 de febrero inicia el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXII Legislatura, y durante el mismo, el Congreso de la Unión deberá aprobar las modificaciones a la legislaciones secundarias que sean necesarias para hacerlas compatibles con los cambios constitucionales aprobados.
Multan a PVEM por opacidad
El Instituto Federal Electoral (IFE) formalizó la multa por 59 mil 820 pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por violar sus obligaciones en materia de transparencia y no entregar información que debe ser pública.
El IFE consideró improcedente aumentar la sanción, como lo propuso el PRD, por reincidencia del PVEM en esa falta, pues aunque se integraron cinco expedientes en el Órgano Garante del Instituto, en realidad se trató de una sola infracción, explicó la consejera María Marván.
En 2011, un ciudadano planteó al PVEM un centenar de solicitudes de información sobre datos del manejo de sus archivos.
Sin embargo, valoró el Órgano del IFE, en algunos casos la información no se obtuvo pues se requirió a comités municipales inexistentes. En otros casos, pidió al PVEM el calendario para establecer las fechas en las que contaría con la información, pero el partido no respondió.
Como publicó EL UNIVERSAL, el caso surgió hace dos años y medio y ya se ha valorado en el Comité de Información del IFE, su Órgano Garante de Transparencia, la Comisión de Quejas del Instituto, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Fue ante los magistrados electorales que el PVEM alegó, en 2013, que la Ley Federal de Transparencia —expedida hace casi 11 años y obliga a responder solicitudes de información a los ciudadanos—, era “muy reciente” y aún no la conocía.
Abate rezago de quejas
En la sesión, el IFE también impuso una multa por 342 mil pesos al PRI por infringir las leyes electorales en la transmisión de spots en Sonora, durante 2013, en los que acusó al mandatario panista Guillermo Padrés de “robar” dinero público.
La sanción original por 753 mil pesos se redujo, pues se valoraron los alegatos del representante del tricolor ante el Instituto, José Antonio Hernández Fraguas, quien expuso que su partido no incumplió una orden de retiro de ese tipo de expresiones, por lo que no incurrió en desacato, falta por la que se proponía un castigo por un monto de 410 mil pesos, que no procedió.
En sus resoluciones, el IFE remitió al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes una queja presentada por el Partido Acción Nacional contra el gobernador de esa entidad, Carlos Lozano de la Torre, por la presunta violación a la ley por la transmisión de mensajes en los que, desde el 9 de enero pasado, difunde logros en las negociaciones con el magisterio local.
Con el paquete de procedimientos especiales y ordinarios resueltos ayer, 37 en total, algunos rezagados desde 2009, el IFE desahogó quejas y se dieron pasos para abatir el rezago de expedientes y abrir la transición al Instituto Nacional de Elecciones (INE), celebró el presidente del Consejo General del IFE, Lorenzo Córdova.
Entre los asuntos desechados se consideró que no incurrieron en infracciones electorales el ex presidente Felipe Calderón, la ex candidata Josefina Vázquez Mota; el ex titular de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero; y el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto.
El mismo día en que el Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma en materia de transparencia –que obligará a rendir cuentas a los gobernadores en México–, el Instituto Federal Electoral (IFE) sumó otro caso a la cauda de desilusiones ciudadanas: se declaró “incompetente” para sancionar a Manuel Velasco Coello, por abuso de autopromoción en su Primer Informe de Gobierno. En los 12 primeros meses de su administración, el Gobernador de Chiapas, miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sólo destacó por ser protagonista de las portadas de revistas del corazón, en las que apareció junto a su novia Anahí, una cantante y actriz de Televisa. No conforme, el político que administra el estado con mayor pobreza y pobreza extrema del país, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), desplegó en el Distrito Federal y en varios estados del centro del país una campaña millonaria –con el uso de recursos públicos, por supuesto– para promocionar sus supuestos logros en Chiapas; aunque los espectaculares, posters en parabuses, anuncios en la prensa nacional y en la televisión abierta poco hablaban de la entidad y, en cambio, destacaban su rostro y nombre. La queja contra Velasco Coello fue promovida por el Partido Acción Nacional (PAN) ante el IFE, con el argumento de que el Gobernador chiapaneco violó los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 228 numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). El artículo 228, párrafo 5 del Cofipe regula la propaganda gubernamental como estipula el artículo 134 de la Constitución, específicamente el informe anual de labores de los servidores públicos, restringiendo su difusión al ámbito geográfico del servidor público en cuestión. Y, obviamente, los habitantes de la Ciudad de México y de los estados del centro del país vieron con claridad que esa normatividad fue notoriamente violada por Velasco, al difundir su informe de labores en medios de circulación nacional y en entidades que nada tienen qué ver con su ámbito geográfico. Sin embargo, ayer, el consejero presidente del IFE, Lorenzo Córdova Vianello, y los consejeros Benito Nacif Hernández, Marco Antonio Baños Martínez y María Marván Laborde, argumentaron que ante la ausencia de una regulación clara sobre la competencia del IFE en ese tipo de casos, sólo se puede actuar conforme a los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El Tribunal Electoral ha establecido que el IFE puede intervenir si se dan cinco supuestos, entre ellos que esa difusión afecte a un proceso electoral federal, lo que a su juicio “no es el caso”. “Nunca antes se habían presentado tantos informes como desde que se aprobó la reforma 2007-2008, o una manera de utilizar esta ventana del 228 para defraudar a la ley”, reconoció Córdova Vianello, quien coincidió con los demás consejeros en el sentido de que se ha abusado de la difusión de informes de gobierno, pues ha sido pretexto de funcionarios para promoverse. Aun así resolvieron que en el caso del Gobernador chiapaneco el asunto deberá ser resuelto por el órgano electoral local. De nuevo, entonces, el IFE se declara “incompetente” frente a pruebas evidentes de abusos del presupuesto público para la autopromoción de los políticos, estén o no en una campaña electoral. No es la primera vez que ese instituto se refugia en los recovecos de la ley para no poner orden y castigar esos excesos. Por desgracia hay decenas y decenas de casos que se han sumado a lo largo de la última década que, además, han contribuido a ahondar la desconfianza ciudadana en ese organismo. “Incompetente”, por el lado de la ley, e inútil frente a las denuncias ciudadanas en contra del abuso de un gobernante inmoral –un señorito que toma el presupuesto de los más pobres del país para sólo promocionar su cara–, el IFE aplicó a los mexicanos otra dosis de desilusión y desencanto.
Competencia en empresas de streaming
Arrecia Amazon competencia de TV en EU
Amazon, el mayor mercado virtual, está negociando con los propietarios de contenidos multimedia con el fin de ofrecer un servicio de televisión de paga a través de internet en Estados Unidos.
La iniciativa de la empresa de Jeff Bezos coincide con otras similares anunciadas por Sony, Verizon y la empresa de chips Intel, y le harían la competencia, principalmente a los servicios de televisión de paga por cable y satélite, donde lideran empresas como Comcast y Time Warner.
Actualmente, Amazon ofrece a sus clientes de Estados Unidos un servicio de suscripción de sus contenidos audiovisuales, el Prime Instant Video, en donde por 79 dólares al año se tiene acceso ilimitado a sus 41 mil películas y teleseries, en competencia abierta con Netflix y Hulu.
La empresa planea vender un decodificador para la descarga de películas en los televisores del hogar, según fuentes de las negociaciones.
Los ingresos de los servicios digitales de video aumentaron un 30 por ciento en Estados Unidos en 2013 hasta alcanzar los 8 mil millones de dólares, mientras que los ingresos de la televisión tradicional subieron un 4.9 por ciento, a 150 mil millones.
Los ingresos se dispararon 24 por ciento hasta mil 180 millones de dólares, superior a la previsión de mil 170 millones, desde los 945.2 millones de dólares del mismo periodo de hace un año.
Competencia en televisión de paga
Televisa apostará más a TV de paga en 2014
23 de enero de2014
Este año Grupo Televisa se enfocará más a sus negocios de televisión de paga, vía satelital y de cable,además de telecomunicaciones, incluyendo la telefonía, ante las futuras regulaciones que se prevén para su unidad de radiodifusión, anticiparon analistas.
El negocio de la televisión satelital de Televisa representó en 2013 cerca de 22 por ciento de sus ingresos totales, con una base de suscriptores de 5.9 millones. Este segmento mantuvo una tasa de crecimiento anual de casi 30 por ciento en los últimos cinco años, según Montserrat Antón, analista de Invex.
La administración de la televisora considera que el crecimiento podrá mantenerse en un ritmo similar al actual en los próximos cuatro años, cuando se podría alcanzar una penetración de TV de paga en México de cerca de 65 por ciento.
Sin embargo, el reto no sólo estará en crecer la base de clientes, sino en mejorar el consumo promedio por usuario, mediante la migración de estos a paquetes de canales más rentables.
Por su parte, el negocio de telecomunicaciones, el cual incluye su asociación con Iusacell y que hasta 2013 representó 23 por ciento de sus ingresos consolidados, es otra de las unidades con alto potencial de crecimiento. Televisa opera las marcas de Cablemás, Cablevisión, TVI y Bestel, con una cobertura de entre 20 y 25 por ciento de los hogares en México. La base de suscriptores asciende a 4.9 millones de clientes y creció a ritmos anuales de 20 por ciento en los últimos cinco años.
Manuel Jiménez, analista de Banorte-Ixe, estimó que Televisa reportará en 2014 un alza anual de 6.3 por ciento en sus ingresos consolidados para facturar 77 mil 841 millones de pesos. En tanto, la contribución de los negocios de Sky, Cable y Telecomunicaciones a las ventas ascendería a 44.3 por ciento.
Competencia en comunicación móvil
Anticipa Yahoo mas usuarios móviles
El grupo de internet estadounidense Yahoo, que está perdiendo posiciones en el mercado, prevé que este año el número de usuarios de sus servicios en teléfonos móviles supere el de las computadoras de escritorio, dijo hoy su directora ejecutiva, Marissa Mayer, en el Foro Económico Mundial de Davos.
“A finales de año tendremos más usuarios en móviles y más tráfico de internet en móviles que en PC”, dijo Mayer en un foro sobre el “Nuevo contexto digital”.
Este contexto está marcado por el rápido crecimiento de la utilización de internet en móviles y tabletas, que ha relegado a las computadoras tradicionales.
Mayer llegó a Yahoo en 2012 procedente de Google para asumir las riendas del gigante en declive con la misión de recuperar su posición.
Ha multiplicado las compras de empresas innovadoras, como el blog Tumblr, pero no ha logrado mantener su lugar de número dos en el mercado publicitario estadounidense.
Para llevar a cabo su misión y colocar de nuevo a Yahoo en el pelotón de cabeza necesita rodearse y contratar a buenos profesionales, dijo Mayer en la sesión en el que también participaron directivos de empresas como Cisco o AT&T.
Telefonía móvil debilita ‘su señal’ en México
El mercado de la telefonía móvil, que en México vale 31 mil 606 millones de dólares, observa una desaceleración en su crecimiento. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el tercer trimestre del 2013 esta industria reportó un crecimiento de 13.1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año previo.
Esta tasa es la más baja que se ha reportado desde el segundo trimestre de 2005, cuando se tuvo un avance de 36.1 por ciento.
Entre 2007 y 2008 el indicador registró un máximo histórico con alzas de hasta 60.3 por ciento.
Los expertos atribuyeron la falta de dinamismo en dicho segmento a diversos factores, pero sobre todo, a la escasez de incentivos del Estado hacia la industria para invertir en zonas menos rentables.
Clara Luz Álvarez, experta en telecomunicaciones, consideró que el mercado mexicano puede retomar su dinamismo de antaño debido a que la penetración de telefonía móvil aún es baja frente a otros países de América Latina.
“Si el plan de la red mayorista funciona (red troncal de CFE y banda de 700 MHz), me parece que la penetración podría llegar a más de 98 por ciento”, dijo la excomisionada de Cofetel.
En México, 86.9 de cada 100 habitantes tienen una línea telefónica móvil, mientras que en Brasil, el indicador supera el 100 por ciento.
En contraparte, el mercado de servicios de banda ancha ha reportado altas tasas de crecimiento, así como los de valor agregado.
Amparo de comunidad indígena contra Telmex
SCJN atrae amparo de indígenas contra Telmex
Silvia Otero y Carlos Sánchez Rangel
Una comunidad indígena de Hidalgo acusa a la empresa y a la Secretaría de Comunicaciones por el deficiente servicio de telefonía que recibe
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para resolver el amparo que promovió una comunidad indígena del estado de Hidalgo contra Telmex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por el deficiente servicio de telefonía que recibe, por lo que deberá determinar si el caso es procedente y si la empresa vulnera los derechos humanos de los quejosos.
El caso es relevante además, pues a la luz de la nueva Ley de Amparo, en el fondo los ministros del Alto Tribunal tendrán que resolver si un particular -en este caso la empresa telefónica- puede ser señalado como autoridad responsable en un juicio de esta naturaleza.
Debido a que este caso tiene “aspectos que son de interés y trascendencia porque los problemas jurídicos que presentan son excepcionales, relevantes y novedosos para el sistema jurídico nacional”, la SCJN decidió por unanimidad atraer el caso para emitir una resolución.
Los indígenas Hñähñu de la comunidad de San Ildefonso, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la empresa concesionaria de telecomunicaciones, en el que “adujeron violación, por parte de la primera, a los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información, igualdad ante la ley, y al trabajo de los integrantes de la comunidad, derivado de la omisión de garantizar la prestación continua y permanente del servicio de telefonía fija, en virtud de la interrupción del servicio así como del incumplimiento a la reinstalación del mismo”.
El recurso también se interpuso contra la SCT por “la omisión de proteger y garantizar los derechos de los integrantes de dicha comunidad, toda vez que la misma no supervisó de manera diligente la prestación de los servicios de telefonía fija concesionados a dicha empresa, en términos de lo señalado por el artículo 1 de la Constitución”, violando así los preceptos de la Carta Magna.
En el análisis de este expediente los ministros estarán en condiciones de determinar “si es factible que los particulares que prestan un servicio público, como en el caso particular, vulneran los derechos humanos de las personas a quienes prestan ese servicio y, en consecuencia, si tales actos son susceptibles de reclamarse a través del juicio de amparo”.
Analiza Corte si Telmex es autoridad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá si las empresas de telecomunicaciones pueden ser consideradas como autoridades contra las cuales los ciudadanos pueden promover juicios de amparo.
La Segunda Sala de la Corte ejerció hoy su faculta de atracción para revisar un recurso con el que Teléfonos de México (Telmex) impugnó la decisión de un juez federal de Hidalgo, quien aceptó tener a la empresa como autoridad demandada en un amparo promovido por indígenas otomíes.
Alejandro Jiménez López, Juez Cuarto de Distrito en Hidalgo, admitió a trámite el amparo de los otomíes de la comunidad de San Ildefonso con base en la nueva Ley de Amparo, vigente desde abril de 2013, que señala que dicho juicio procede contra particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
Los indígenas sostuvieron que Telmex–la principal proveedora de telefonía rural del País–, violó sus derechos a la libertad de expresión, acceso a la información, igualdad ante la ley, y al trabajo, derivado de la omisión de garantizar la prestación continua y permanente del servicio de telefonía fija, en virtud de la interrupción de éste, así como del incumplimiento a la reinstalación del mismo.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también fue demandada, por no vigilar el cumplimiento de las condiciones de la concesión de la empresa.
Si la Corte confirma la admisión del amparo y acepta que las telefónicas ejercen funciones de autoridad, revolucionaría la forma en que se desahogan las diferencias con sus clientes, quienes actualmente sólo pueden acudir a la Profeco o al litigio civil para desahogar sus inconformidades.
Para una empresa, ser considerada autoridad en un amparo es muy diferente a litigar una demanda civil, a la que acude en igualdad de circunstancias que su contrincante.
Por ejemplo, las autoridades que incumplen una suspensión dictada en amparo pueden ser acusadas penalmente, y las que incumplen una sentencia de fondo pueden ser destituidas y consignadas por el delito de abuso de autoridad.
Desde que entró en vigor la nueva ley, tribunales federales ya han admitido amparos en los que se señalan como autoridades responsables a universidades y hospitales privados, que ejercen funciones previstas en las leyes Generales de Educación y Salud.
Amparo frente a Iusacell
México, DF. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo promovido por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), relacionado con la defensa de derechos de los consumidores en materia de telefonía celular que demandan resarcimiento de daños y perjuicios por fallas de calidad en el servicio que sufrieron durante el año 2010, por parte de la empresa Iusacell.
La Profeco ejerció la acción de grupo para demandar, vía juicio ordinario civil, diversas prestaciones a Iusacell, como: Indemnización, no inferior al 20 por ciento sobre el monto correspondiente al tiempo que no se disfrutó del servicio contratado y que fue pagado en su totalidad por el consumidor.
Inicialmente, un juez condenó a Iusacell al resarcimiento del daño causado; ambas partes interpusieron recurso de apelación, mismo que resolvió un tribunal unitario en el sentido de revocar el fallo, argumentando que “las fallas en el servicio por parte del proveedor no rebasaron los límites establecidos en el Plan Técnico Fundamental de Calidad de las Redes del Servicio Local Móvil emitido por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
La Profeco impugnó la resolución, la cual fue admitida por la primera sala con el objeto de fijar criterios para definir los mecanismos de defensa de derechos de consumidores en materia de telefonía celular y las consecuencias que tenga el que una empresa de telefonía móvil incurra en conductas irregulares por transgredir cláusulas del contrato de adhesión celebrado con los consumidores.
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References: artículo 23
 artículo 18
 artículo 69
 artículo 228
 artículo 228
 artículo 134
 artículo 1