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BOE.es - Documento BOE-A-2016-299
Documento BOE-A-2016-299
Sala Segunda. Sentencia 250/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6810-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).
«BOE» núm. 10, de 12 de enero de 2016, páginas 1878 a 1884 (7 págs.)
BOE-A-2016-299
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6810-2014 promovida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el art. 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha intervenido el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal.
a) La Federación de Escuelas Agrarias de Andalucía, titular de un centro docente privado, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 27 de febrero de 2013, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se resuelve la solicitud de renovación del concierto educativo con dicho centro docente privado, a partir del curso académico 2013-2014. Dicha orden denegaba el concierto educativo para el referido centro docente por no cumplir presuntamente con lo establecido en el art. 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), en lo que se refiere a la no discriminación por razón de sexo.
e) Mediante escrito de 19 de septiembre de 2014, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto y atendiendo solo a los aspectos formales, el Ministerio Fiscal expresó la procedencia de plantear la cuestión. El Letrado de la Junta de Andalucía, mediante escrito presentado el 30 de septiembre de 2014, consideró que procedía el planteamiento de la cuestión, al estimar que el art. 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, infringe el art. 81.1 CE, así como los arts. 9.3, 14, 66.2 y 134 CE.
a) Relativa a la reserva a ley orgánica de la regulación de los aspectos esenciales de un derecho fundamental. Entiende el órgano judicial que no se había puesto en duda el sistema de la educación diferenciada hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica de educación, en cuyo artículo 84.3 se prohíbe expresamente en el régimen de admisión de alumnos la discriminación por razón de sexo. Dicho precepto, conforme a la interpretación realizada por el Tribunal Supremo, comporta que la educación separada por sexos dejó de estar autorizada para los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Asimismo pone de relieve que en la reforma de la Ley Orgánica de educación se ha introducido, en el art. 84.3 lo siguiente: «No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960».
b) Relativa a los límites constitucionales de la ley de presupuestos. La doctrina constitucional (STC 76/1992) establece los límites de las leyes de presupuestos, distinguiendo entre (i) el contenido necesario y (ii) el eventual, posible y no necesario, para el que se requiere la relación directa con los gastos e ingresos que integran el presupuesto o con los criterios de política económica de la que el presupuesto es instrumento. El precepto impugnado podría no cumplir los límites establecidos, en cuanto no contiene una previsión de gastos e ingresos; sería dudoso que, aun cuando pueda tener una relación directa con los ingresos o gastos del Estado, sea complemento necesario para su mejor inteligencia.
4. Mediante providencia de 20 de enero de 2015, el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Tercera, acuerda admitir a trámite la presente cuestión y, conforme a lo dispuesto en el art. 10.1 c) LOTC, deferir a la Sala Segunda el conocimiento de la misma; dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes; comunicar esta resolución a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Andalucía, con sede en Sevilla, a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.3 LOTC, permanezca suspendido el proceso hasta que este Tribunal resuelva definitivamente la presente cuestión y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
5. El Presidente del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado el 30 de enero de 2015, comunicó a este Tribunal que la Mesa de la Cámara adoptó el acuerdo de personarse en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Lo mismo hizo el Presidente del Senado por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 4 de febrero de 2015.
6. El 10 de febrero de 2015 se personó en el proceso el Abogado del Estado e interesó la desestimación de la cuestión por las razones que a continuación se resumen.
El Abogado del Estado parte de la consideración de que el Auto de planteamiento de la cuestión solo desarrolla de manera mínima la vulneración del art. 81.1 CE. A su juicio, no puede sostenerse que el art. 17.8 de la Ley 17/2012 suponga una innovación normativa que afecte al núcleo esencial del derecho fundamental a la educación, conforme a la doctrina constitucional. En su opinión, el art. 17 de la Ley 17/2012 lo que hace es concretar, para el ejercicio 2013, las previsiones de los arts. 116 y ss. LOE; estos preceptos no tienen carácter orgánico, por lo que menos pueden tenerlo las previsiones dictadas en su desarrollo, que, tienen además un carácter temporal limitado al ejercicio 2013. El cuestionado artículo 17.8 establece una concreción necesaria del ámbito subjetivo de los conciertos para la aplicación de las previsiones presupuestarias. Si bien admite que el precepto se dicta en un momento en que la jurisprudencia del Tribunal Supremo entendió que los centros con educación diferenciada vulneraban el principio de igualdad en su vertiente relativa a la no discriminación por razón de sexo ex art. 84.3 LOE y no podían por ello ser beneficiarios de conciertos educativos, lo cierto es que la Ley Orgánica de educación no contenía una previsión expresa al respecto. En su opinión, el artículo 17.8 no introduce una previsión sustantiva contraria o diferente al art. 84.3 LOE, aunque lo interprete de una manera diferente al Tribunal Supremo. Esta diferente interpretación, al entender dentro del ámbito subjetivo de los conciertos los centros con educación diferenciada, no invade el ámbito de ley orgánica, en cuanto no supone el desarrollo del núcleo esencial del derecho a la educación. Finalmente, alega que la modificación de la Ley Orgánica de educación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que precisa que no se puede entender por discriminación por razón de sexo la escuela diferenciada y afirma que los centros de educación diferenciada tienen derecho, si cumplen con las condiciones legales, a concierto para su financiación, sólo aclara o interpreta las previsiones de la redacción anterior del art. 84.3 LOE. Concluye que la previsión del art. 17.8 de la Ley 17/2012 no afecta a la reserva de ley orgánica, por lo que este motivo debe ser rechazado.
7. El 27 de febrero de 2015 presentó sus alegaciones la Fiscal General del Estado, interesando la desestimación de la cuestión por las razones que se resumen a continuación.
En cuanto al fondo del asunto, considera, en primer lugar, que el art. 17.8 de la Ley 17/2012 no vulnera el art. 134. 2 CE, conforme a la doctrina constitucional. La regulación prevista en el citado precepto no puede ser escindida de su contexto, constituido no sólo por los números 1 a 7 del artículo 17, sino también por los anexos IV y V de esa misma Ley. La norma cuestionada, en cuanto dispone que dicha regulación es plenamente aplicable a la financiación de todos los centros concertados, incluidos los de educación diferenciada que escolarizan alumnos de un solo sexo, no hace sino extender a estos una serie de disposiciones que obedecen sin ningún género de dudas al «contenido propio» o «núcleo esencial» del presupuesto.
En efecto, en la citada STC 234/2015, FJ 2, apreciamos que en la explicación de la dependencia del fallo del proceso a quo de la validez constitucional de la norma cuestionada que realiza el órgano judicial «no ha tenido en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en relación con la aplicación temporal de la redacción dada al art. 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), por el art. único.71 LOMCE. Conforme a esta disposición transitoria “Los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la renovación del concierto educativo o reducido las unidades escolares concertadas por el único motivo de ofrecer educación diferenciada por sexos podrán solicitar que se les aplique lo indicado en el artículo 84.3 de esta Ley Orgánica para el resto del actual período de conciertos en el plazo de dos meses desde su entrada en vigorˮ. En relación con ello la nueva redacción del art. 84.3 LOE señala expresamente que “En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdadˮ. Dado el tenor de tales preceptos, es claro que pudieran resultar directamente aplicables a un supuesto de hecho como el considerado en el caso a quo, cuyo objeto es una Orden autonómica de 27 de febrero de 2013, por la que se deniega la solicitud de renovación del concierto educativo con un centro docente privado, a partir del curso académico 2013-2014, precisamente por no cumplir con lo establecido en la redacción anterior del art. 84.3 LOE, en lo que se refiere a la no discriminación por razón de sexo al no comprometerse a escolarizar alumnado de ambos sexos. Pese a que la LOMCE entró en vigor a los veinte días de su publicación en el “Boletín Oficial del Estadoˮ, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2013 y, por tanto, ya estaba vigente el 14 de octubre de 2014, momento en el que se acuerda plantear la cuestión dictando el correspondiente Auto, el órgano judicial no hace referencia alguna a este precepto en su argumentación, ni tampoco a las razones por las que, en su defecto, entiende que no es de aplicación al caso que ha de resolver».
DICTADA en la Cuestión 6810-2014, (Ref. BOE-A-2015-597).

References: artículo 17
 artículo 84
 artículo 2
 resolución 
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 84