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Timestamp: 2019-08-22 22:21:09+00:00

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Uploaded by Luis Miguel Sánchez
Lic. Clay Petter Cabrera Tuanama
Procesos s Conceptos básicos de seguridad y
Procesos La seguridad multidimensional: soporte
teórico y metodología de medición
La selva amazónica La seguridad
Fin del poder arbitral de las fuerzas armadas y
paso a una visión multidimensional de la seguridad y defensa nacional
Del El actual sistema de seguridad y
De Los controles democráticos del sistema de seguridad y defensa
La crisis del sistema de inteligencia y el establecimiento de controles
Evolución de la doctrina de seguridad y defensa
Los nuevos paradigmas del desarrollo, la
La seguridad en el continente americano
Metodología y teoría para el análisis del sistema
interamericano de seguridad
El sistema interamericano de seguridad en el
siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX
Las nuevas amenazas y otros desafíos a la seguridad constituyen problemas complejos que requieren respuestas multisectoriales, complementadas por la sociedad civil, todos ellos actuando en su ámbito de responsabilidad de conformidad con el ordenamiento jurídico. Esta es la base de la integración entre el Estado y la sociedad en todos los campos de la actividad nacional, particularmente en lo político, económico, social, científico-tecnológico y ecológico.
En este contexto, el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional instituido por Ley en el Perú comprende, además de sus órganos componentes, a todos los organismos públicos, personas naturales y jurídicas de nacionalidad peruana, entre las que se encuentran las que tienen como finalidad y objetivos la educación en todos y cada uno de los niveles y modalidades del Sistema Educativo en el Perú, incluyéndose a la Universidad como
institución y en forma individualizada, razón por la cual se instituye que la educación en los aspectos referidos es obligatorio.
TÍTULO II DEL ESTADO Y LA NACIÓN CAPÍTULO I DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO
descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.
Artículo 45°. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.7 Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.
Artículo 46°. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.
Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.
Artículo 50°. Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.
las formas en que se adquiere o recupera la
Artículo 54°. El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.
Artículo 163o.- El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.
Artículo 164o.- La dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a través de un sistema cuya organización y cuyas funciones determina la ley. El Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional. La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos de la defensa nacional.
Artículo 165o.- Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución. Artículo. 166º.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.
Artículo 167º.- El Presidente de la Republica es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Artículo 168º.- Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la Defensa Nacional, de acuerdo a ley.
Artículo 169º.-Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional.7o de la Constitución.
¿Qué entendemos cuando hablamos de Estado Nación? ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es la defensa? ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en el Estado Nación? ¿Existe un método para un efectivo control civil de las Fuerzas Armadas? Todas estas preguntas son centrales para quienes quieren trabajar en la temática de defensa y constituyen motivo de debate permanente en todos los países
Como concepto, el Estado recoge la experiencia histórica asociada con el desarrollo y la organización de la vida social, política, económica y cultural de Europa occidental en los últimos cuatrocientos años. Este término expresa y captura un fenómeno universal, como es la tendencia de las sociedades del
mundo a organizarse territorialmente, bajo la dominación de un poder político que cuenta con la capacidad y el derecho para movilizar los medios de cohesión necesarios para mantener el orden. De esta observación evidente, podemos entonces inferir los tres elementos que definen a un Estado: territorio, población y gobierno.
Los Estados son entidades político-legales con un gobierno soberano que ejerce autoridad suprema sobre una población relativamente fija, que reside dentro de unas fronteras territoriales definidas y que no reconoce una autoridad superior dentro y fuera de ellas. Sólo mediante una pérdida absoluta o irremediable de uno de sus elementos constitutivos, el Estado desaparece, pero para que esto no suceda éste ostenta el monopolio legítimo del uso de la fuerza.
Dicho de otra forma, el Estado tiene como finalidad última asegurar su propia existencia y continuidad mediante la protección permanente de su integridad territorial, su independencia política y la seguridad de sus habitantes. Para ello, el Estado puede, en caso de ser necesario, recurrir al uso de la fuerza a través de los instrumentos creados para tal fin, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, a fin de preservar sus elementos constitutivos. La selección del instrumento a utilizarse dependerá en gran medida de la cultura estratégica de cada país (entendida como la relación histórica con el uso de la fuerza para la solución de conflictos externos e internos) y de la coyuntura en términos de apoyo societario a dicho uso junto a las fortalezas y debilidades del Estado. También se debe considerar la naturaleza de la amenaza que se cierna sobre el Estado, para que independientemente de su origen externo o interno se la enfrente con los instrumentos adecuados. Así por ejemplo si hay una amenaza externa sanitaria por una pandemia serán los instrumentos de la política sanitaria los que la deban
enfrentar independientemente que todas las demás capacidades estatales, incluso las referidas al uso de la fuerza deban apoyar a las políticas que conducirá el ministerio de salud. Este problema de la naturaleza de la amenaza y los instrumentos adecuados para enfrentarla muchas veces se olvida cuando se hace referencia a las misiones secundarias de las instituciones militares y/o policiales.
Usualmente, existe una tendencia bastante generalizada a utilizar algunos términos intercambiables entre sí como sinónimos: Estado, gobierno, nación y país. Aun cuando con frecuencia utilizamos indistintamente estos términos, no significan estrictamente lo mismo y para efectos de este trabajo es preciso diferenciarlos. Según criterios técnicos, el término Estado se refiere al ente político-legal; gobierno, alude a la organización político-institucional; nación, se refiere al ente cultural o social; y país implica una entidad geográfica. Como vemos, al definir Estado, gobierno, nación y país, la distinción no es meramente semántica, sino que reviste una importancia real para los estudiosos de las relaciones internaciones, el derecho y las ciencias políticas.
Desde esta perspectiva y en interés de ampliar el marco conceptual, puede afirmarse que por gobierno ha de entenderse la existencia de una organización
política capaz de establecer y mantener el orden interno y facultado para participar en las relaciones internacionales de forma
independiente, y constituye el centro desde el cual se ejerce el poder político en una sociedad. A diferencia del carácter Permanente del Estado, el gobierno es transitorio y su durabilidad depende del
Alta capacidad de regulación social.
Características del Estado Nación
Integración social y territorial de su espacio.
nivel de satisfacción de la sociedad con su gestión y de la vigencia del periodo para el cual ha sido conformado.
El concepto de nación describe a una agrupación de seres humanos que tienen y comparten una experiencia histórica común a partir de los mismos valores, costumbres, tradiciones y características (idioma, raza, religión, cultura, entre otros), pero sobre todo unidos por un sentimiento común de tener un mismo destino. Confundir al Estado con la nación sería un error que llevaría a errores aún más graves, ya que históricamente han existido y existen Estados que comprenden varias naciones: la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Yugoslavia son prueba de ello. Así como también encontramos naciones divididas en dos o más Estados, siendo en su momento la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana uno de los ejemplos más representativos.
No obstante, la diferencia entre Estado y Nación, ambos conceptos no son del todo excluyentes entre si y, por el contrario, su grado de compenetración y complementariedad ha dado paso a un tercer concepto, el de Estado Nación o Estado Nacional. Este concepto expresa el modelo de organización política
surgido en Europa a partir del Siglo XVI y que se consolidó entre finales del Siglo XIX e inicios del XX. La característica fundamental de este tipo de Estado es su tendencia a organizar las demandas y aspiraciones de la población que habita en su delimitación territorial, dentro de un sentido de identidad colectiva fundamentado en una estructura común de derechos y Obligaciones. En este sentido, el concepto de Estado Nación expresa el resultado de dicha tendencia; es decir, muestra la consolidación de una sociedad nacional que comparte un conjunto de derechos y obligaciones ciudadanos, así como de una entidad que, en su estructura y funcionamiento, responde a esos derechos y obligaciones. Los rasgos distintivos del Estado Nación son: su alta capacidad de regulación social, la integración social y territorial de su base espacial, y su soberanía externa frente a cualquier otro actor.
El sistema político internacional se concibe como un sistema de Estados Naciones yuxtapuestos y se distingue por la vigencia del principio de anarquía, puesto que no existe en él una instancia superior a las unidades (Estados Naciones) que lo componen, dotada de la capacidad coercitiva necesaria para prevenir el uso de la fuerza, o la amenaza de su uso, por parte de cualquiera de ellos con el fin de someter o destruir a otro. Dado que, por definición, el Estado posee el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de su territorio, constituye entonces el actor fundamental dentro del sistema internacional. Y dado que bajo el imperio de la anarquía cada Estado sólo puede contar con la certeza de sus propios recursos para garantizar su existencia como unidad política independiente, la seguridad y en particular la propia supervivencia constituyen la preocupación central de todo Estado.
Partiendo de esta premisa, el interés primario de cualquier Estado Nación es garantizar su propia supervivencia política, lo cual implica, cuando menos, preservar el control institucional sobre su delimitación territorial. Para ello debe
disponer de los instrumentos institucionales necesarios para el logro de dicho interés y es ahí donde aparecen las Fuerzas Armadas como una estructura permanente del Estado, a la cual se le confía la administración y el ejercicio del uso de la fuerza para enfrentar, neutralizar y eliminar cualquier amenaza que ponga el peligro el interés primario del Estado Nación. En resumen, el monopolio del uso legítimo de la violencia sigue estando bajo el control del Estado, por lo que en situaciones de conflicto, las Fuerzas Armadas constituyen el último recurso para que un país pueda imponer su voluntad y defender sus intereses.
Tradicionalmente las amenazas a la supervivencia del Estado Nación han sido percibidas en lo esencial como amenazas militares externas, representadas por ejércitos regulares de otros Estados. Por ende, los medios más idóneos para neutralizarlas han sido también los de carácter militar. Bajo esta lógica, aquellas amenazas surgidas al interior de las fronteras del Estado Nación, vinculadas más a la seguridad de sus habitantes y sus bienes, y representadas por actores de naturaleza no estatal, históricamente han sido del resorte de las Fuerzas de
Seguridad. En otras palabras, no todas las amenazas a la seguridad son de carácter externo, y si lo son, quien las encarna no suele ser otro Estado, sino actores privados. Además, no se trata precisamente de amenazas militares, ni ponen necesariamente en riesgo la integridad territorial del Estado. Por lo anterior, los medios militares no siempre son los más eficaces para enfrentarlas. En consecuencia, algunos temas esenciales en materia de seguridad están sujetos a debate, como por ejemplo: qué o quién debe ser protegido, de qué o de quién, y a través de qué medios. Es importante recalcar que en la actualidad la ausencia aparente de enemigos visibles no invalida la existencia de las Fuerzas Armadas.
Hay dos conceptos que deben definirse a fin de que sirvan como referencia de orientación. El primero es el de seguridad, que puede aplicarse a todos, desde el individuo hasta la familia, el grupo, la sociedad y por supuesto, el Estado. Todo concepto de seguridad va asociado, en contraposición, al concepto de riesgo, amenaza y conflicto. La búsqueda de la seguridad es una aspiración de todos, pero fundamentalmente es la búsqueda razonable de un punto de equilibrio dentro de la escala de prioridades entre la seguridad del Estado, la de la sociedad, la de la familia y la del individuo. Esta búsqueda no debe romper el punto de equilibrio, a fin de evitar que, por buscar la seguridad del Estado, se sacrifique la de la sociedad, la del individuo, o viceversa.
El segundo es el de defensa, que va íntimamente vinculado a la seguridad. Este concepto está más orientado a la consecución de algunas de las acciones para mantener la seguridad y por ello, se ve más asociado al elemento territorial como espacio físico, a la población como elemento social y a las instituciones como elemento estructural.
Etimológicamente, seguridad deviene de la acepción latina securitas, que a su vez deriva del adjetivo securus, compuesto per se, y cura, es decir, cuidado o procuración, sin temor. En este sentido, seguridad implica la certeza de que todo funciona coordinadamente en un determinado campo de la actividad humana, con plena capacidad para prevenir, responder, enfrentar y neutralizar con éxito situaciones adversas, tales como carencias, vulnerabilidades, discrepancias, contradicciones, resistencias y presiones reales o potenciales. Es, por tanto, una condición de relativa garantía ante determinadas amenazas o riesgos. En términos generales y con relación al Estado como actor principal de la sociedad internacional, la seguridad puede definirse como una condición en donde existe
una percepción de ausencia relativa de peligros, riesgos o amenazas de origen exterior e interior en el logro de los intereses nacionales.
Los intereses nacionales son los principios y aspiraciones esenciales para la existencia del Estado Nación y, por tanto, el resultado de un amplio consenso social. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua expresan sus deseos y necesidades más importantes y se asocian directamente a la independencia, soberanía, autodeterminación, integridad territorial, la paz, la democracia, el Estado social de derecho y el desarrollo humano Sostenible, manteniendo una ante cualquier otro propósito. Sobre permanencia en el tiempo 1 .
A lo largo de la segunda mitad del Siglo XX, el concepto de seguridad y las
diversas categorías o enfoques que lo definen se han modificado. La evolución más significativa se expresa en la transición
conceptual de una seguridad centrada en el Estado y con preeminencia de lo político y lo militar, a una seguridad cuyo eje central es el ser humano —seguridad humana—. Se habla entonces, de una seguridad que antepone la dignidad, el respeto y los derechos del ser humano dignidad, el respeto y los derechos del ser humano ante cualquier otro propósito. Sobre este principio, se entiende la seguridad desde una perspectiva multidimensional en función del individuo; atendiendo a los ámbitos de la seguridad
Dependiendo del origen de la amenaza, la seguridad puede dividirse en:
Seguridad externa. La ONU la define como la situación en la cual los estados se sienten libres de amenaza militar, presión política o coerción económica para seguir libremente su propio camino de desarrollo, y se asocia a la posibilidad o existencia de conflictos básicamente interestatales y a las Fuerzas Armadas como instrumento de acción.
Seguridad interna. Es la condición que requiere asegurar los mecanismos para prevenir, luchar y neutralizar las amenazas, que generadas dentro del país, atentan contra la vida y los bienes de los ciudadanos y el goce de sus libertades, derechos y garantías. Se vincula a los niveles de delincuencia común, violencia urbana y rural; siendo las fuerzas de seguridad las llamadas a intervenir.
económica, jurídica, política, alimentaria, en salud, ambiental, personal y de la comunidad, todas interrelacionadas y complementarias entre sí.
Las mayores amenazas a la seguridad hoy día van mucho más allá de las guerras de agresión entre Estados y provienen tanto de actores estatales como no estatales, afectando así la seguridad tanto de los Estados como de los seres humanos. Al respecto, se identifican al menos seis dimensiones básicas de la seguridad: militar, política, económica, social, jurídica y de medio ambiente. La dimensión militar hace referencia tanto a los aspectos objetivos, como a las capacidades militares de los Estados, y a los aspectos subjetivos o perceptivos que éstos tienen unos de otros. La dimensión política tiene que ver con la estabilidad del Estado, su sistema de gobierno y las bases internas de su
legitimidad. La seguridad económica está relacionada con la capacidad de
acceder a los recursos, a las finanzas y a los mercados, necesaria para mantener niveles aceptables de bienestar y de poder del Estado. La seguridad social se refiere a la capacidad de las sociedades para hacer frente a las amenazas y vulnerabilidades que afectan su cultura y su identidad como comunidad. La seguridad medioambiental se entiende como la capacidad para mantener y preservar las condiciones de nuestro entorno
que permiten la vida de todos los seres del planeta, así como el uso racional y adecuado de los recursos naturales 2 .
En consecuencia, el concepto de seguridad ha reorientado su atención de una concepción de seguridad de ámbito restringido y particular, asociada a la seguridad del Estado y por ende a la conservación de su soberanía,
Dimensión militar.
Dimensiones básicas de la Seguridad
independencia política e integridad territorial, a una definición más amplia e integral donde la persona humana es el eje
transversal. Así, en la década del ochenta y particularmente de los noventa, el debate sobre la seguridad internacional se amplió incorporando categorías tales como: seguridad global, seguridad democrática y seguridad humana.
En la actualidad, existen dos transformaciones básicas en el papel del Estado que inciden de manera directa en el tema de la seguridad y en el papel de las Fuerzas Armadas: la introducción del ciudadano como destinatario del orden internacional y la transformación en cuanto a la naturaleza de las guerras y los conflictos. La globalización ha hecho del orden internacional un concepto dinámico en donde los Estados ya no son el único actor y destinatario, sino que deben promover los derechos de los ciudadanos, su bienestar y su libertad personal. Por otro lado, el orden internacional ya no se limita a la ausencia de guerras entre Estados. Las guerras también han cambiado radicalmente. En su gran mayoría ya no son, ni serán, entre Estados. Los conflictos contemporáneos son intra estatales y sus causas tienen un carácter étnico, religioso o de lucha por la autodeterminación, entre otros. En general, los cambios descritos tienden a reducir el papel de las Fuerzas Armadas como factor decisivo de la seguridad. Ello es así debido a la ampliación del campo de las amenazas, que inutiliza en muchos casos la solución militar por la dramática reducción del Estado como agente que amenaza a los demás Estados y por el hecho de que muchas de las intervenciones previsibles serán más complejas que las puramente militares, implicando dimensiones de policía y de construcción de la nación (nation building).
Por defensa ha de entenderse una de las políticas públicas tendiente a garantizar la seguridad del Estado, a través de la ejecución de un conjunto de medidas y acciones destinadas a superar las amenazas y riesgos que requieran el empleo de las capacidades militares. La defensa nacional es la capacidad del Estado de proteger adecuadamente sus intereses nacionales contra las amenazas de origen externo o interno, en caso necesario mediante el uso de la fuerza armada. En la época de la Guerra Fría, se definía per se a la defensa como toda acción o medida para alcanzar la seguridad, sin embargo con la multidimensionalidad de la seguridad hoy aceptada, aquella definición resulta incompatible con el funcionamiento del Estado democrático pues implicaría una especie de tutela (como de hecho se daba en esa época) del área de defensa sobre el resto de las áreas gubernamentales.
La literatura especializada en asuntos estratégicos indica que la defensa tiene una condición de externalidad en tanto se constituye en ella, como misión, la capacidad de construir y ejecutar respuestas específicas frente a amenazas externas que busquen vulnerar la supervivencia y viabilidad del Estado Nación. Como tal, la defensa nacional se define también como el marco en que se desarrollan las condiciones para resguardar los intereses nacionales y como un factor más que contribuye a generar la condición de seguridad de un país. En este nivel, la defensa nacional pasa a ser un componente que vela por la seguridad externa, prevé las amenazas y enfrenta los conflictos interestatales a través de la organización de los recursos e instituciones del Estado.
El concepto de defensa al igual que el de seguridad, también ha
•La defensa es un bien público puro.
• Es un servicio que el Estado provee a la
• No es un fin en sí mismo, sino un servicio.
Sufrido importantes modificaciones. En síntesis, la defensa constituye una de las áreas estratégica de conducción política del Estado, destinada a enfrentar las amenazas externas mediante acciones diplomáticas, militares, económicas e internas. Este concepto involucra al Estado y a la sociedad en su conjunto, y es concebido como un instrumento eficaz de disuasión, prevención y respuesta para garantizar de modo permanente la soberanía e independencia nacional y la integridad territorial 3 . Dicho de otra forma, en un Estado la defensa nacional es un esfuerzo integral de todos sus componentes encaminado a asegurar y preservar los intereses nacionales cuando para ello se requieran de las capacidades militares.
Está interrelacionada con las demás políticas públicas en el mismo sentido con que la política de educación genera las bases para una buena inserción laboral de la población, incidiendo por lo tanto en la política económica y de trabajo. En la Guerra Fría Ideológica se había caído en que TODO era defensa (la copa de
leche en la escuela que iba a permitir tener un buen soldado o el tractor con que el agricultor cosechaba) Esto produjo un enorme daño a las propias capacidades militares de los países pues quien se ocupa de todo no es eficaz en nada.
La defensa debe ser vista como un bien público puro, es decir, un servicio que sólo el Estado es capaz de proveer a la sociedad. Por tanto, la defensa no es un fi n en sí mismo, sino un servicio. Una de las principales complejidades en la planificación de la seguridad es proveer o producir defensa de manera eficaz y eficiente. Dicha complejidad se debe principalmente al hecho que la defensa es un bien público puro, por su naturaleza no excluible y no rival; es decir, que por una parte es deber del Estado proveer la defensa a todos los ciudadanos sin excepción; y por otro, se trata de una obligación indelegable. Adicionalmente, los compromisos del Estado en materia de seguridad internacional y la interdependencia sistémica global, propias de la situación geopolítica actual, hacen que la defensa sea un bien público internacional. Por tanto, es una función primaria del Estado, el que debe coordinar y armonizar las múltiples actividades propias para producir el bien público denominado defensa.
Las decisiones en cuanto a la defensa implican que la sociedad debe tratar de resolver los interrogantes básicos acerca de cuánto del gasto en defensa es suficiente, cuánto es necesario y cuánto es posible. El concepto de costo de oportunidad es el que está implícito en la mayoría de las decisiones en relación al gasto en defensa. Por tanto, una forma de evaluar dicho gasto es compararlo con los bienes y servicios que una sociedad está dejando de producir por generar defensa. Sin embargo, este tipo de análisis requiere ser complementado con una evaluación de la necesidad, los objetivos y los beneficios de la defensa para la sociedad, a fin de poder determinar la pertinencia de su producción.
La defensa puede ser analizada como función, como organización, como conjunto normativo, o como desafío económico.
Función. Se refiere al conjunto de actividades cuyo efecto es salvaguardar un determinado bien; explica el quehacer de la defensa.
Organización. Alude a la estructura de medios materiales y humanos que materializan la defensa y explica cómo se conforma el sistema de defensa.
 Conjunto normativo. Corresponde a las políticas, leyes, planes y reglamentos que apuntan a
hacer armónico y coherente el accionar de la defensa, y explica la manera en que se materializa la defensa.
Desafío económico. Se refiere a la relación entre múltiples necesidades y recursos escasos, explica el cuánto invertir en la defensa.
Fuente: VELA, Manolo y LAZO Aracely. Seguridad, Defensa y Política de Defensa: Alcances, Límites y Relaciones. Cuadernos de Seguridad y Defensa 4. FLACSO Guatemala. Guatemala, 2003. p. 12.
Para el liderazgo político civil, la formulación de una política de defensa tradicionalmente ha representado un tema exótico, hasta irrelevante y reservado. Esta realidad ha sido motivada, entre otros factores, por la errónea percepción de que los temas de defensa son materia propia de los militares; un interés casi inexistente por parte de la sociedad civil de participar en el debate y la discusión de los aspectos relativos a la defensa; la prioridad excesiva que el liderazgo político ha concedido a la agenda económica y social en detrimento de los asuntos de defensa; y la desconfianza del estamento militar respecto a la inclusión de civiles en los procesos de toma de decisiones en materia de defensa.
consecuentemente de la gestión pública, exigen la elaboración de instrumentos que permitan
gobernabilidad del sector defensa
Premisas para una eficaz
Existencia de políticas públicas debidamente
•Capacidad de conducción para implementarlas de
eficaz, eficiente y transparente.
Ordenar coherentemente las acciones del gobierno en todas aquellas áreas que requieran de su intervención, con la finalidad de facilitar la toma de mayores y mejores decisiones políticas y técnicas en espacios de tiempo relativamente cortos, así como con el objetivo de disponer de un referente básico para evaluar las metas alcanzadas y la efectividad de las mismas y medir sobre la base de criterios objetivos la eficiencia del gasto público en un determinado sector. En síntesis, la modernidad gubernamental requiere, por un lado, de la existencia de políticas públicas debidamente explicitadas y, por el otro, de una capacidad de conducción para implementarlas de manera eficaz, eficiente y transparente. De esta realidad no escapa el sector defensa.
Entre sus definiciones, la política de defensa se concibe como el conjunto de criterios o principios sobre los que el Estado organiza y asegura la defensa nacional, con el objetivo de preservar su
independencia y soberanía nacional, y la Política
amenazas reales o potenciales.
Conjunto de criterios o principios sobre los que el Estado busca organizar y asegurar la defensa nacional, con el objetivo de preservar su integridad territorial e independencia política frente a amenazas reales o potenciales
Una línea metodológica coherente indica que el estudio razonado de los diferentes de los diferentes escenarios de la defensa, tanto a nivel internacional, hemisférico, como subregional, constituye el punto de partida del proceso de elaboración de la política de defensa nacional, pues del análisis político-estratégico resultante se deriva la identificación y enumeración de los riesgos y amenazas que ponen en peligro la seguridad del Estado y sus intereses nacionales. Sobre la base de esta información previa, se determinan las estrategias de respuesta del Estado a esos riesgos y amenazas, en función de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el país.
de defensa hace referencia
estructura y organiza su defensa nacional basado en la percepción de riesgos y amenazas, potenciales o reales a su seguridad y en atención a una evaluación minuciosa de todas las capacidades objetivas y subjetivas que configuran su poder nacional.
En vista de que su conceptualización, aplicación y resultado trasciende períodos, yendo más allá de la temporalidad de un gobierno, la política de defensa debe procurar alcanzar un grado alto de consenso entre todas las fuerzas políticas y con la sociedad, sin que ello pretenda negar la permanente existencia de diferentes concepciones ideológicas igualmente valederas, para establecer diferentes políticas públicas, tal como se ve en los países centrales. En consecuencia, su formulación pasa por lograr el máximo consenso de las fuerzas políticas, económicas y sociales del país, a fi n de asegurar una condición de legitimidad básica para su implementación efectiva. Corresponde al Ministerio de Defensa la conducción de un proceso participativo e incluyente que brinde la oportunidad a los diversos sectores de la sociedad de plantear sus observaciones, inquietudes y perspectivas en torno a la defensa nacional.
Por otra parte, uno de los desafíos que plantea la elaboración y gestión de la política de defensa es establecer claramente definida su imprescindible articulación con la política exterior, ya que ambas tienen por objeto el resguardo y preservación de los más altos intereses de la nación, resultando por tanto en la complementariedad de sus decisiones y acciones. Asimismo, es imperativo enfatizar en la correspondencia necesaria entre la política de defensa y la política económica, sobre todo si acotamos dos consideraciones importantes. En primer lugar, que para su ejecución la política de defensa debe tener una traducción presupuestaria, es decir que para producir el bien público puro defensa nacional, el gobierno requiere invertir una cantidad de recursos determinada; y en segundo, la política económica que establece los recursos que el gobierno es capaz de poner a disposición del sector defensa para generar ese bien público.
Finalmente, de la política de defensa se desprende la política militar, la que es esencialmente técnica y tiende a garantizar e incrementar la eficiencia de la
Fuerzas Armadas partiendo de su organización, funcionamiento, tradición, doctrina y valores
Criterios elementales para el proceso de formulación de la política de defensa
La política de defensa será al igual que toda política pública más eficaz cuando más apoyo tenga de todas las fuerzas políticas y sociales. Es necesario explicitar su proceso de elaboración involucrando a los diversos actores del tejido social, que con su participación legitiman el conjunto de responsabilidades y compromisos que se adoptan.
La formulación de la política de defensa se hace en tiempos de paz, cuando la tranquilidad y la ponderación otorgan la posibilidad de desarrollar una visión estratégica y de largo plazo.
La política de defensa y seguridad debe ser armónica y coherente con el desarrollo general del Estado. La tendencia a sobredimensionar estatal, institucional, presupuestaria o militarmente, generan inercias difíciles de revertir y han producido experiencias en las que la pérdida de legitimidad de la función defensa ha sido muy grave. Por esto debe tener un carácter realista, correspondiente con las posibilidades del país y las características del entorno.
Por orden conceptual e instrumental, lo primero que hay que encarar es la estructuración del sistema de defensa, para que sobre éste se elabore una política de defensa nacional. La política de defensa nacional establecerá una política que orientará, enmarcará y controlará el tipo de organización militar que necesita el país.
La defensa y la seguridad deben ser concebidas como parte de un conjunto coordinado de voluntad política y los escasos recursos económicos disponibles. Junto al dispositivo militar otros recursos de poder no militar deberán armonizarse en un todo coordinado y altamente eficiente.
Fuente: ESCOBAR S. Santiago. La política de defensa como política de Estado. En: Nueva Sociedad, Nº 139, julio-agosto 1995. Buenos Aires, 1995. pp. 70-79.
Relaciones cívico-militares y democracia
Desde la perspectiva de la defensa nacional, el control civil de las Fuerzas Armadas es un tema que ha preocupado recurrentemente a los estudiosos de las ciencias políticas. Platón sostenía que la vida en sociedad requería de guardianes para defender al Estado de enemigos externos y hacer cumplir la ley. Para la segunda mitad del primer siglo de nuestra era, Juvenal 4 se preguntaba: “¿Quién vigilará a los vigilantes?” A los guardianes se les daba el poder (saber) para ser salvadores y no destructores del Estado. En el campo militar, como asegura Herman Heller en su Teoría del Estado 5 , ese despliegue unitario de acción fue posible gracias a una organización racional y planificada que provenía de un centro de mando, simbólicamente establecido en la fi gura del monarca o el jefe de estado. A mediados del siglo XX, Samuel Huntington presentó en su El soldado y el Estado 6 , un clásico controversial para la reflexión acerca del control civil de los militares.
4 Décimo Junio Juvenal, poeta latino (¿60-140?), cuyas Sátiras constituyen una
aguda crítica contra los vicios de la Roma imperial.
HELLER, Herman (1934). Teoría del Estado. Editorial Comares. Madrid, 2004.
A pesar de las numerosas críticas y de las nuevas teorizaciones, el texto de Huntington sigue siendo, a pesar de su carácter controversial, importante referente de este debate. Él parte de una conjetura elemental: un gobierno democrático debe arbitrar el control civil sobre los militares, y su tesis situó en la agenda política el control sobre quienes detentan el monopolio de la fuerza pública.
El concepto de democracia implica que los gobernantes son los representantes legítimos del pueblo y que es el pueblo quien tiene el poder supremo. Por consiguiente, ningún sector del Estado puede estar excluido de su control. Las decisiones en el ámbito de la defensa afectan la vida de los habitantes y el destino de los recursos públicos. Los civiles tienen una responsabilidad muy importante en este proceso, una responsabilidad que históricamente ha sido descuidada, al no preocuparse por la definición de las políticas de defensa. En ocasiones, los civiles han pensado, y las Fuerzas Armadas ayudado a este pensamiento, que los asuntos de seguridad y defensa son sólo para los uniformados y ellos son los encargados de determinar la organización, la política, los planes. Esto no debe ser así, más aún si se quiere que los militares sigan políticas conformes con los deseos de la sociedad.
Si se pretende realizar un seguimiento de la evolución democrática de un país, resulta indispensable analizar las relaciones civiles-militares, ya que en dicha evolución el proceso de creación de instituciones y mecanismos democráticos de control juega un papel esencial. Como afirma el ex Ministro de Defensa de España, Narcis Serra I Serra “son muchos los estudiosos de los procesos de transición que otorgan una importancia decisiva al control militar en la explicación de su éxito o fracaso” 7 . Adam Przeworski, afirma que “el marco institucional en el que se ejerce el control civil sobre las Fuerzas Armadas constituye el punto neurálgico para la consolidación democrática” 8 .
En el mismo sentido se expresa J. Samuel Valenzuela al referirse al período de consolidación democrática:
“Colocar a los militares bajo la autoridad del gobierno elegido es una condición clave para facilitar la consolidación democrática. En la medida en que los gobiernos elegidos no tienen éxito en sus intentos de subordinar a los militares, la autonomía militar resultante es contraria a la consolidación de la democracia puesto que sería, en la concepción indicada anteriormente, un dominio reservado que contiene un ingrediente fundamental del poder del Estado: la fuerza de las
HUNGTINTON, Samuel P. (1957). El Soldado y el Estado. Editorial Emece. Buenos Aires, 1995.
armas. En este caso, reducir la autonomía militar es un ingrediente indispensable para la consolidación” 9 .
considerable simplificación
permitiría definir
democrática como el período en que los
militares dejan de intervenir en la política. Por su parte, la consolidación democrática se produce cuando el poder
Transición democrática: periodo donde los militares dejan de intervenir en política.
Consolidación democrática: el poder civil define la política de seguridad y defensa y dirige a las fuerzas armadas.
seguridad y defensa y a dirigir efectivamente a las Fuerzas Armadas.
Para referirse a la consolidación democrática, el control institucionalizado de las Fuerzas Armadas no es condición suficiente, puesto que también se da en regímenes autoritarios. No obstante, resulta una condición necesaria. Sin control democrático sobre las Fuerzas Armadas, es decir, sin relaciones democráticas entre civiles y militares, no hay verdadera democracia. La rendición de cuentas de todas las administraciones y el cumplimiento de las directrices emanadas del gobierno, son un ejercicio cotidiano en una democracia estable. Un Estado de derecho admite, sin embargo, distintos niveles de autonomía militar, lo que hace que el tema del control de las Fuerzas Armadas sea un aspecto permanente, aún en las democracias consolidadas, porque en ellas subsisten elementos que mantienen diversos niveles de tensión entre militares y civiles.
Como se puede apreciar, el debate en torno a las relaciones entre civiles y militares ha evolucionado de forma paralela al proceso de desarrollo democrático. Carlos Barra china lo resume asegurando que “Si en un primer momento los teóricos se preocuparon por la intervención de los militares en el mundo político, porque ello ponía en peligro a unas incipientes democracias, y más tarde se preocuparon por definir las características de una profesión que sometida al control civil no debía ser contradictoria con la democracia, en la actualidad se está empezando a cuestionar finalmente, en la lógica de lo que la ciencia de la administración desarrolla para otras áreas de política, el estudio de la gestión de la defensa, su administración y sus políticas. Uno de los temas que se trabajan desde esta perspectiva es el sentido o el significado de que profesionales con perfiles civiles se incorporen a trabajar en los ministerios de defensa, lo que está empezando a llegar con diferentes niveles de respuesta a los responsables de los ministerios de defensa” 10 .
10 BARRACHINA LISON, Carlos. La participación de civiles en los ministerios de defensa. Trabajo presentado para el Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad (REDES). Santiago de Chile, 2003. pp. 2-3. Disponible en: htt
p://www.ndu.edu/chds/redes2003/
Academic-Papers/2.Civil-Mil-Relations/3.Civilian-Roles-DefenseI/1.%20Barrachina-fi nal.doc
No obstante, la realidad que se vive en muchos países sugiere al menos dos obstáculos más o menos evidentes. Por el lado de la sociedad, hasta que una democracia está consolidada la sociedad no logra entender la importancia de organizar y normar todo de acuerdo con dicho proceso democrático. En otras palabras, cuando el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones, educación y salud por ejemplo ¿Cómo va a creer el ciudadano en la idea de que es esencial que las Fuerzas Armadas se enmarquen dentro del proceso democrático? Normalmente no es una cuestión que tenga que ver sólo con las Fuerzas Armadas sino que es fruto de la debilidad de las instituciones del Estado y de la actitud indiferente de los dirigentes y de la clase política en general.
Del lado de los militares, se han logrado significativos avances hacia la definición de un concepto más profesional de las Fuerzas Armadas, pero todavía de manera muy lenta. Los militares tienden a considerarse una institución con autonomía, intereses y roles propios dentro del marco institucional del Estado. Pero en las democracias estables, los uniformados son una parte más de la administración del Estado, como lo son los maestros o los médicos. Por tanto, requiere tiempo y un programa progresivo de transformación de la mentalidad militar, aceptando que son útiles cuando formando parte de la administración del Estado están especializadas en asuntos de defensa y en el uso de la fuerza del propio Estado.
Diferentes autores han definido la estructura de la defensa en un Estado de derecho. Resumiendo alguna de esas posiciones se reconoce, primero, que es preciso establecer una cadena de mando clara, que se inicia con el Presidente como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y que mediatiza sus mandatos a través del Ministro de Defensa civil. Segundo, se destaca el rol del Parlamento en la determinación de las misiones militares en supervisar la implementación de las políticas de defensa, en la asignación del presupuesto y en la aprobación de leyes para el sector defensa. Tercero, elaborar una política de defensa que establezca el tamaño de las Fuerzas Armadas, el presupuesto requerido por el sector y el equipamiento que requieren las fuerzas, entre otras. Y en cuarto, está la obligación de difundir esta política pública y de promover su conocimiento hacia el resto de la sociedad.
Diferenciar los conceptos de seguridad y defensa en su sentido clásico, es decir, la seguridad como una condición a alcanzar y la defensa como un medio para lograrla, ya no parece representar un problema esencial para los tomadores de decisión y los estudiosos de la materia. Asimismo, se reconoce con claridad que ambos términos tienen como sujeto de referencia original al Estado, actor que detenta el monopolio del uso de la fuerza en interés de garantizar su integridad territorial, su independencia política y la protección de su población.
No obstante, la evolución del concepto de seguridad, particularmente en las dos últimas décadas, plantea nuevos retos en lo fundamental para los operadores políticos respecto a la definición de doctrinas y planes de defensa. Al respecto, la Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre de 2003, oficializó la adopción de un nuevo y vasto concepto de seguridad que amplía la definición tradicional a partir de la incorporación de nuevas amenazas, desafíos y otras preocupaciones, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. O sea, casi todos los problemas pueden ser considerados ahora una potencial amenaza a la seguridad.
El tratamiento de una diversidad de temas bajo la óptica de la seguridad abre las puertas para la “securitización” de las agendas políticas, sociales, económicas. De igual forma, la formulación amplia y difusa del concepto de seguridad de la OEA tiende a diluir las líneas divisorias entre los conceptos de defensa nacional y seguridad pública. La consecuencia práctica de este proceso es la alteración de las funciones tradicionales de las fuerzas armadas para implicarlas en cuestiones de seguridad interior. Esta situación podría fortalecer una tendencia hacia la militarización de la seguridad interna, lo que a su vez atentaría contra los esfuerzos hasta ahora realizados por afianzar el principio de subordinación de las fuerzas armadas a las instituciones civiles democráticamente constituidas.
En ese sentido, el principal reto para la clase política pasa por diseñar políticas y estrategias de seguridad y defensa que guarden un adecuado equilibrio entre este nuevo concepto multidimensional de seguridad y los roles y misiones que en la práctica cumplen las fuerzas armadas y de seguridad, a fi n de evitar la “securitización” de problemas de orden político, socio-económico o medioambiental y, peor aún, la militarización como una respuesta para confrontarlos.
En cuanto al tema de las relaciones cívico-militares, a pesar que en el continente americano se han logrado avances significativos en lo referido a la creación de Ministerios de Defensa, formación de civiles en los temas de defensa y disminución del carácter deliberativo de las fuerzas armadas en los asuntos políticos, todavía falta mucho por hacer para alcanzar un verdadero control civil objetivo sobre el estamento militar. En otras palabras, es hora de pasar decididamente de la transición democrática a la consolidación democrática en el sector defensa.
La existencia de instituciones funcionando correctamente, con procedimientos transparentes y de rendición de cuentas es un indicio para evaluar la calidad de las democracias. Sobre el particular, no ha existido una inversión estatal suficiente para contrarrestar la tradición de autonomía militar que ha caracterizado a las sociedades del hemisferio, por lo que las autoridades políticas deben mostrar una mayor voluntad y un firme compromiso para diseñar y poner en práctica una serie
de mecanismos que les permitan, no sólo asumir con eficiencia y efectividad la conducción de la defensa, sino también vencer la natural resistencia de los cuerpos castrense hacia la supervisión y el liderazgo civil.
Normalmente los sectores políticos han visto la subordinación militar sólo bajo ciertos parámetros simbólicos o de carácter administrativo como el control de ascensos militares, nombramientos o rendición de informes; dejando de lado aspectos mucho más substantivos como dirigir la formulación de las políticas y planes de defensa nacional, aprobar y supervisar el gasto militar y su ejecución, controlar los servicios de inteligencia, decidir sobre el diseño, tamaño y tipo de fuerzas, participar en el despliegue estratégico de fuerzas, entre otros. Tal vez sea hora que el liderazgo civil comience a apropiarse de estas facultades que le deben ser propias y entienda que para que exista un efectivo control civil sobre las fuerzas armadas, se necesita mucho más que la autorregulación militar.
En el presenta capítulo, se analiza el concepto de poder, y se trata de establecer sus orígenes etimológicos, asimismo se trata de ver cómo una realidad como el poder, ha sido históricamente
Utilizado de formas distintas para consolida una situación deseada por sus poseedores.
El análisis sociológico del poder, es importante, toda vez que permite una comprensión del fenómeno político llamador poder, y en nombre del cual los hombres luchan por conseguirlo democráticamente dentro de las reglas de juego constitucionales, en cambio hay quienes pretenden capturarlo o detentarlo por la vía de facto e inclusive recurriendo a la violencia política.
EL PODER ETIMOLOGIA Y CONCEPTO DE PODER
En el análisis sociológico, con reiterada frecuencia se utiliza el concepto poder, asimismo, políticos, gobernantes y organizaciones partidarias democráticas aspiran llegar al poder, mientras que otros grupos también políticos prefieren capturar el poder, pero ¿Qué es el poder?, ¿de dónde viene este concepto? La cratología ciencia del poder dice que el vocablo proviene del latín potere, que significa expedita la facultad o potencia de hacer una cosa. En una acepción moderna, C.J Friedrich expresa que el poder significa dominio, señorío, capacidad, capacidad de mandar o ejecutar algo. Asimismo el poder implica relación; en consecuencia, es la capacidad de decisión sobre otro, vale decir, expresa superioridad. En buena cuenta el poder no se da en abstracto, se da como un hecho concreto; asimismo como situación concreta supone una relación de partes, en la que quien acepta la orden del mando, al admitirla y cumplirla se coloca por debajo del titular del poder.
estiman que el poder es el mando y la otra
el que obedece.
El Poder expresa dos situaciones.
 La capacidad de imposición de la voluntad y,
El procedimiento que se puede
usar para que dicha imposición sea factible, el que puede ser legal o ilegal. Según la definición de Weber, al poder sólo le interesa el resultado.
Jellineck y Timashef
tiene dos condiciones. Una
obediencia. Quiere
relación de partes. Hay un manda y un sujeto pasivo,
La clásica definición de poder de Max Weber en Economía y Sociedad, cuando afirma que el poder es la capacidad de una persona para imponer su voluntad, independientemente del modo como lo haga, revela la existencia de una relación entre un sujeto activo y otro pasivo. También Max Weber pone de manifiesto, que el poder en cuanto capacidad de imposición de voluntad no necesariamente se ciñe o toma en cuenta las normas existentes y aceptadas en la sociedad, si no que puede hacer uso de mecanismos informales e inclusive recurrir al empleo de la fuerza para la obtención de obediencia.
Un estudio del poder como Robert A. Dahl señala de un modo grafico que en el poder se da la siguiente relación.
“A tiene poder sobre B en la medida en que logre que B haga algo que no haría de otro modo”
La fórmula que desarrolla se expresa del siguiente modo,
P= P1 - P2
“Donde P1 representa la probabilidad de que B ejecute las instrucciones de A, mientras que P2 simboliza la probabilidad de que B las ejecutara de todos modos”
Finalmente cabe indicar, que si el poder implica obediencia por parte del sujeto pasivo, también cabe la posibilidad de que el sujeto pasivo del poder, se resista a obedecer, cuestionando la inicial supremacía del titular del poder. De esta resistencia puede resultar que el sujeto pasivo se convierta en sujeto activo viceversa.
Como se acaba de ver, el poder se da en la sociedad, como consecuencia de las relaciones que se entablan entre los hombres, quiere decir que el poder no se da
ESTRUCTURA Y CARACTERISITICAS DEL PODER
TITULAR DEL PODER  Sujeto Activo
 Ordena o manda
Implica superioridad
SUBORDINADO DEL PODER Sujeto Pasivo . Obedece . Implica Subordinación
La obediencia por parte del Sujeto Pasivo puede ser desacatado o puede resistirse a obedecer. De esta resistencia podría resultar que el sujeto Pasivo se convierta en Sujeto Activo y viceversa
espontáneamente, ni es algo estático y amorfo, sino que por el contrario el poder se da dentro de un contexto social de terminado. El poder, se hace, se crea y se procura conseguirlo y mantenerlo, como afirma J. Blanco, el poder inscrito en la sociedad, aflora por el consenso, por el pacto previo del que lo posee y lo sufre. Es generalmente un acuerdo de voluntad táctico aunque a veces reviste formas y actitudes extrema.
De lo afirmado se infiere que el origen del poder descansa en la naturaleza humana, ya que el poder, entendido como la capacidad de hacerse obedecer,
conlleva la obediencia y la conformidad, el titular del poder, mejor dicho, el que controla el poder puede hacer uso de dos medios que se encuentran a su alcance:
la fuerza y la habilidad. En el primer caso, recurre a medios coactivos para imponer voluntad y en el segundo, recurre a su conocimiento, su ingenio, su experiencia para obtener obediencia o sumisión. En cualquiera de estos casos, el poder se origina en lo inmediato, en la propia naturaleza humana.
Hasta aquí, hemos procurado mantener el manejo del concepto poder, como una resultante de la relación de dos personas, pero la realidad no es así, es mucho más compleja, porque el poder es casi una exclusividad del Estado como lo es también de los partidos políticos que aspiren conquistar el poder.
del poder, se encuentra
enmarcado dentro de la estructura del Estado, surgiendo las denominaciones del Poder Estatal y el Poder Político, que dicho sea de paso no significa lo mismo, como veremos más adelante.
Retomando el problema del origen del poder y considerando que los teóricos del mismo, se han ocupado por esclarecer el tema del origen del poder estatal cabe aquí presentar dos grandes argumentos a la fecha diseñados sobre el asunto que nos ocupa: uno es la Teoría Teológica- Divina y el segundo es la teoría Voluntarista.
Teoría Teológica-Divina
Quienes sostienen el origen divino del poder, indican que este, proceso de Dios, este argumento que sirvió para justificar y legitimar las monarquías de la Edad Media, no hacen otra cosa que señalar que las raíces del poder se encuentra en Dios, y que el Todopoderoso lo otorga a los gobernantes. Este argumento, ha sido extraído de las Sagradas Escrituras y concretamente del Nuevo Testamento al reproducir pasajes y frases como el siguiente:
“Estando Jesucristo ante Pilatos; éste le dice: “¿No ves que está en mi mano el
crucificarte y en mi mano salvarte?”, a lo que Jesucristo replicó: “No tendrías poder legítimo sobre mí si no te fuera dado de arriba”.
De igual manera, en la Epístola a los romanos, San Pedro alude directamente el respeto y obediencia que se debe tener al poder, en razón a que el poder emana de Dios: estad todos sometidos – dice San Pablo- a las autoridades superiores. Pues no hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Así pues, sentencia- quien se enfrenta a la autoridad, se enfrenta al orden establecido por Dios. Argumento similar se encuentra también en
San Pedro en la Epístola a los elegidos de la dispersión del Ponto Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia.
También el teólogo como San Agustín en su conocida obra Civitas Dei reitera que todo poder y toda autoridad tiene su origen en Dios; añade inclusive que los tiempos de todos los reyes y reinos están dispuestos y ordenados por decreto y potestad de Dios. Otro teólogo como Santo Tomas, argumenta más sobre el poder que viene de Dios, y sostiene que el poder lo da Dios al Estado para su bien común; quiere decir, que el poder no es de una persona, mucho menos propiedad de nadie. Hasta aquí un apretado resumen del argumento sobre el origen divino y sobrenatural del poder, sostenido por los defensores de la monarquía absoluta.
De acuerdo a este enfoque, el Poder del Estado no procede de la voluntad de Dios sino de la voluntad de los hombres. Esta teoría voluntarista es sostenida por los defensores de la soberanía popular y cuenta entre sus principales teóricos a Rousseau, Kant, Hobbes y Locke. Específicamente se admite que los hombres nacen libres e iguales y poseedores de poder, en este sentido, Rousseau idea la figura del “Contrato Social”, según el cual cada ciudadano poseedor de un poder personal e individual, decide voluntariamente delegarlo, cederlo a una autoridad
suprema como el Estado.
Como este Estado o autoridad suprema representa la “voluntad general”, el poder individual de los ciudadanos se concentra en él, por un acto de delegación. Pero esta delegación no es indeterminada, porque así como voluntariamente el pueblo delego su poder, así también la voluntad del pueblo puede ser revocarla. Concluye Rousseau que la soberanía de la voluntad del pueblo no se puede enajenar, el poder puede ser sólo delegado.
Este concepto behaviorista del poder es el que ha inspirado a las constituciones liberales y siguen vigentes en la mayoría de países, cuando afirman que el poder emana del pueblo, inclusive se indica que quienes ejercen el poder lo hacen como representantes del pueblo y su desempeño se ciñe a los límites que señalan las leyes.
Ahora bien, aceptando como valido el segundo enfoque del origen y legitimidad del poder, dicha legitimidad implica una adecuación al ordenamiento jurídico. En este caso, un poder legítimo es aquel que está enmarcado dentro de las normas del derecho, significa así mismo que el poder y el derecho se complementan, porque este último empieza a fijar los límites del poder y a reglamentar los alcances del mismo. Un poder legítimo, obtiene la obediencia del gobernado,
quien de un modo voluntario y espontáneo se somete a él, pero puede que éste poder legítimo incurra en arbitrariedades, en cuyo caso va perdiendo su legitimidad formal. De igual manera, un poder ilegitimo, o nacido por accidentes de facto, basa su autoridad o se sostiene fundamentalmente por el empleo de la fuerza y la violencia. La “obediencia” del pueblo en este caso, es el resultado del temor al uso arbitrario del poder que haga su detentor.
Reconocer la legitimidad del poder, significa aceptar la validez de un poder que se ha sometido a las leyes; este hecho significaría aceptar como legitimo a todo poder sometido a la ley, sin embargo, hay muchas expresiones del poder que aun cuando estando revestidas de legalidad, son injustos y no buscan el bienestar de la colectividad sino de unos cuantos que controlan el poder. En esta figura de injusticia no sólo pueden caer algunos gobiernos democráticos que en el ejercicio del poder se vuelven despóticos o nepotistas, sino también en ella incurren con mayor frecuencia las dictaduras de izquierda o de derecha, civiles militares. Por otro lado, el poder también se legitima de un modo fáctico, cuando por la acción de gobierno, un grupo que detenta el poder es merecedor de la aceptación y reconocimiento de la colectividad nacional a pesar de que en su origen dicho poder no se ha instalado por vía electoral.
Pero al margen de esta consideración, así como se ha reconocido que existe una teoría teológica- divina y otra voluntarista sobre el origen del poder, así también se desprenden de estas dos teorías dos argumentos de legitimación:
Según el enfoque teológico-divino, en tanto el poder lo otorga Dios, su legitimidad se basa en este hecho, más aún, porque como argumentan los clásicos teólogos de la iglesia cristiana, ya que Dios es el creador del poder, será legítimo todo poder que se encuentre referido y avalado por Dios. Este pensamiento fue hecho suyo, por las monarquías absolutistas anteriores a la Revolución Francesa. Para el enfoque voluntarista, el poder será legítimo, siempre y cuando provenga del pueblo. En este caso el poder se pone al servicio del hombre en una búsqueda permanente del bienestar general.
Establecer los límites y alcance del poder político, han constituido preocupaciones que datan desde muy antiguo. Así Aristóteles observaba que el poder incita la ambición y aumenta las pretensiones; dando a entender, que en aquella época los titulares del poder cometían con frecuencia excesos que no tenían límites. De igual manera, en el siglo XIX el Barón de Acton, señalaba que el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Estas afirmaciones, ilustran históricamente que los titulares del poder han hecho por lo regular uso ilimitado y abusivo del poder. En este sentido, tanto en la Época Esclavista como en la Edad Media. El poder de los gobernantes era absoluto y casi no tenía límites porque disponían de la vida de sus esclavos y sus siervos. Sin embargo, en la Edad Media, el poder del rey sólo se ejercía sobre las cosas materiales y temporales, ya que a este poder se oponía el poder de la iglesia, que era de carácter espiritual e intelectual, toda vez que en aquella época era depositaria de la cultura en los monasterios y universidades. El poder y legitimidad de los reyes dependían del reconocimiento de la iglesia cristiana; en este caso el poder del rey era relativamente limitado, ya que a él sólo se oponía el poder del Papa.
Con el advenimiento de la Revolución Francesa y el desarrollo del pensamiento de Rousseau y Montesquieu, entre otros, el poder empieza a tener límites más precisos. En primer término, se estima que el poder no se concentra en una persona, ni su autoridad viene de Dios, sino de la voluntad de los hombres que acuerdan elegir a sus representantes y el poder que durante la monarquía se concentraba en una persona, hoy se secciona en tres partes equilibradas y conforman el poder ejecutivo, el poder legislativo, y el poder judicial. Estos poderes se caracterizarán por su independencia, ya que se estima que no hay mejor garantía contra el abuso del poder que el equilibrio y contrapeso de poderes. En L” esprit des lois, Montesquieu, afirma que la mejor limitación del poder será la competencia de otro poder y agrega: “para que no se pueda abusar del poder es preciso, que por la disposición de las cosas, el poder frente al poder. Una constitución puede ser tal, que nadie esté obligado a hacer las cosas no preceptuadas por la ley, y a no hacer las permitidas”. A partir de estas ideas, en el mundo contemporáneo, las constituciones que normarla vida de las personas y del gobierno, no hacen otra cosa que reiterar que los límites del uso del poder son aquellos aprobados y recogidos en las constituciones, todo lo demás que puede ocurrir es un abuso del poder.
pensar que un poder limitado o divido sea un poder
débil, muy por el contrario, la limitación a la que se hace mención aquí, se refiere
exclusivamente a evitar los desvaríos y excesos del poder. En este sentido como afirman los juristas, no existe contradicciones entre poder
con autoridad y poder con límites de competencia. C. Ruiz del Castillo en su Manual de Derecho Político sostiene que el poder, tal
como es entendido contemporáneamente en las constituciones occidentales, se da dos tipos de limitaciones:
Ejercicio del Poder Ilimitado
El Poder del Rey era
El poder está limitado
absoluto y su empleo
ilimitado sobre cosas
temporales. El único poder que se
cual dependía era el
NOTA: actualmente hay 2 tipos de limitaciones que tiene el poder
a) Una limitación
Constitución dada la existencia e
independencia de otros poderes.
b) Una limitación técnico-jurídica, que surge de la necesidad de que los distintos
poderes colaboren en el funcionamiento del aparato estatal.
Una limitación política que se produce como efecto mecánico de la existencia de varios poderes y una limitación técnico-jurídica que surge de la necesidad de que los distintos poderes colaboren en las mismas funciones y contribuyan de este modo a la unidad de la decisión.
Vamos a distinguir cuatro tipos de poder: poder social, poder político, poder del
Estado y poder Nacional.
Es la primera forma concreta, porque como ya
el poder sólo se
expresa a partir de una relación entre dos o más partes. Defínase entonces el poder social como la capacidad en cualquier relación de exigir los servicios o la colaboración de los demás. El poder social se da en la relación de los seres humanos, en la que uno obtiene obediencia del otro, si tal obediencia no se da no existe el poder. Como recuerda Max Weber, el poder es la
posibilidad de ser obedecido.
El poder político se halla institucionalizado en el Estado y es privativo de él, los grupos políticos, partidos o asociaciones políticas entran en competencia para conseguir el poder político. También se caracteriza por hacer prevalecer su potencia o autoridad frente a cualquier otro tipo de poder, en este sentido el poder político es el único que reserva para sí el ejercicio de coerción, si el caso lo requiere para imponer su autoridad. Igualmente se define como el principio motor que dirige un grupo humano y establece el orden necesario para conducirlo a su
fin, en esta definición se distinguen tres partes: el poder como impulso,
l fin como
término y la orden como instrumento y nexo. Cabe decir que el poder político como manifestación ordenadora también genera dos tipos de órdenes, el orden jurídico mediante las llamadas funciones legislativas, ejecutiva y judicial, o denominadas también funciones del Estado y el orden convivencial por el cual los grupos humanos se interrelacionan en la sociedad y viven en armonía.
Poder der Estado.
Para organizarse así como para mantener el orden y en última instancia para subsistir, el Estado necesita del poder. Ya que un Estado sin poder, es un Estado vacío, inerte, sin posibilidad de supervivencia; en este sentido, el poder es un requisito necesario para el Estado. Esto equivale a decir, donde está el Estado, está el poder.
J. Blanco Ande sostiene que el poder en el Estado es un atributo absolutamente imprescindible para la existencia y la supervivencia de la sociedad política, toda vez que ésta no puede desarrollar su actividad, ni hacer cumplir las leyes, ni sancionar los delitos, ni garantizar el orden ciudadano, ni oponerse por la fuerza a un presunto rival que pretende apoderarse de su territorio, sino tiene poder.
El poder del Estado, como expresión de la sociedad política está delimitado por tres aspectos. Por su esfera, vale decir por una comunidad política territorial, por su orden, definido por un bien público de paz y de condiciones para el desarrollo de la vida personal y la consecución del bien común; y por la preminencia de su poder, por el cual se superpone a los demás poderes.
El poder nacional es una aplicación del concepto poder, que se hace extensivo para referirse al poder que posee un Estado- nación, en este sentido el Poder Nacional es la capacidad que tiene un Estado-Nación para imponer su voluntad y satisfacer sus objetivos. En este caso, el concepto implica la
existencia de una relación que se da entre un Estado respecto a otro, en la que uno de ellos de acuerdo con su capacidad económica, tecnológica, agropecuaria, militar o social puede imponerse a otro Estado, ya por la vía de la persuasión, negociación o por el empleo de la fuerza militar.
Internacionales, el poder nacional tiene tres manifestaciones. La influencia o uso inconsciente del poder que consiste en el efecto que causa el propio poder en
otros Estados cuando no lo emplea deliberadamente; la presión o uso consciente del poder sin llegar al empleo de la fuerza; y la fuerza, o sea el uso de medidas coercitivas físicas y militares. El poder nacional, es una categoría de análisis que se puede apreciar en cuatro dimensiones: a) el poder económico, b) el poder sicosocial, c) el poder político, d) el poder militar. En estas cuatro dimensiones del poder nacional, está involucrada la posibilidad de la medición cuantitativa y cualitativa y cómo a partir de ese conocimiento el país del que se trate puede imponer condiciones a los demás.
Es la primera forma de
El poder político se halla -
poder en la que a
institucionalizado en el
organizarse, así como
partir de la relación
y es privativo
entre las partes una
instancia para subsistir
El Poder Nacional tiene
de ellas obtiene de
necesita del poder.
cuatro dimensiones;
la otra obediencia
El poder en el Estado es
Poder sicosocial.
En este sentido el poder
político es el único que
amenaza externa.
LA SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL: SOPORTE TEÓRICO Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN
LOS CAMBIOS CONCEPTUALES DEL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD
I. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO A LA SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL
A. LA SEGURIDAD COMO RESPUESTA A AMENAZAS
El Estado es una institución que surgió en Europa en el siglo XVI, y desde sus orígenes ha tenido que hacer frente a riesgos y amenazas propias de la época. El Estado, en este periodo de su desarrollo, tuvo como características la territorialidad, por tanto el ejercicio de su soberanía era principalmente territorial. Este hecho hizo que se requiriera contar con una institución especializada que defendiera al Estado de las amenazas, que por lo regular provenía de sus vecinos quienes ambicionaban ampliar sus espacios geográficos o contar con acceso a recursos estratégicos para su continuidad. Desde ese modo, surgió la necesidad de contar con los iniciales ejércitos de tierra y paralelamente con la marina de guerra; con el devenir del progreso, la ciencia y la tecnología se incorporó la aviación. En unos casos los Estados desarrollaron y aplicaron políticas expansionistas que afectaban la soberanía territorial y los que tenían menos poder, desarrollaron políticas de defensa de su soberanía territorial. Otros Estados, se declararon neutrales pero no dejaron de contar con fuerzas militares de tierra, mar y aire, a las que se les pasó denominar Fuerzas Armadas. Estas instituciones por mandatos de las constituciones tuvieron como finalidad primordial la defensa de la soberanía territorial. También hay que destacar que en los países de mayor desarrollo de Europa y América del Norte estas instituciones militares tuvieron siempre clara neutralidad, frente a la política y su subordinación con relación a las autoridades representativas nacidas del voto popular.
En Latinoamérica, sin embargo, no ocurrió lo mismo. En casi todos los casos, las fuerzas armadas, asumieron roles protagónicos en la actividad política y en la conducción del Estado, con lo cual distorsionaron su función. Esto se expresó a través de la instalación de dictaduras y/o protección y sostenimiento de gobiernos autoritarios, que por décadas bloquearon toda posibilidad de perfeccionamiento de la democracia y de los partidos políticos. La presencia militar en la conducción del Estado se realizó bajo la modalidad de golpe de Estado, en unos casos a través
de caudillos militares, que resultó ser la mecánica usada durante el siglo XIX y las cuatro primeras décadas del siglo XX. En el último tercio del siglo XX, los golpes de Estado propiciados por militares fueron justificados como movimientos institucionales, en la que la corporación militar decidía capturar el poder en defensa de la “soberanía” y contra el “entreguismo” en el que supuestamente incurrían los gobiernos democráticos conducidos por civiles.
En el hemisferio americano, las amenazas a la seguridad tuvieron varios momentos: por ejemplo en el siglo XIX cuando la Santa Alianza conformada por la pentarquía europea integrada por Francia, Prusia, Austria, Rusia y Gran Bretaña pretendió recuperar sus colonias perdidas. La respuesta la dio el presidente norteamericano James Monroe en 1823 con la tesis de América para los Americanos, que fue un discurso pronunciado en el Congreso de los Estados
Unidos. En aquella oportunidad, el presidente manifestó que no permitiría una incursión europea en América más aun de aquellos Estados que ya habían sido reconocidos como independientes. La respuesta a esta amenaza fue militar.
Posteriormente, entrando a la cuarta década del siglo XX, otra amenaza llega nuevamente de Europa, esta vez representada por la pretensión nazi de dominar el mundo, la respuesta a esta amenaza, también fue militar. Incluso se creó en 1942 la junta Interamericana de Defensa (JID), con el propósito de planificar la defensa militar del continente frente al avance nazi. Cabe recordar que la JID según su acta de fundación, debió durar hasta el fin de la guerra, la Segunda Guerra Mundial concluyó en 1945 y la JID es un supérstite, que a partir de 2006 ha sido incorporada a la OEA como una institución militar que debe asesorar en cuestiones militares a dicha organización regional.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la unión de Repúblicas Socialista Soviética ya constituida en la segunda potencia militar del mundo después de Estados Unidos, inició una política de apoyo a los movimientos de liberación nacional en África y Latinoamérica. Fue una pugna principalmente ideológica entre ambas potencias que duraron cuarenta y seis años. Este periodo de confrontación
se conoce con el nombre de la Guerra Fría y culminó con la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Durante la etapa de confrontación, Estados Unidos desarrolló una política de contención que comprendió básicamente una posición militar, convirtiendo a las fuerzas armadas de la región en instituciones anticomunistas y defensoras militares del Estado a través de la doctrina de Seguridad Nacional.
CARACTERÍSTICAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO
Como se aprecia hasta aquí, las repuestas a las amenazas que vivieron los Estados del continente en diversos momentos del proceso histórico, se caracterizaron porque predominó la visión militar y por tanto unidimensional de la seguridad como se presenta en el cuadro N° 1 El Estado se constituyó en la institución a la que había que defender no importando si el poblador era víctima de las acciones que adoptaba el Estado en su defensa. En este período los gobiernos autoritarios civiles y militares del continente consideraban que las demandas sociales y la exigencia por la práctica de libertades políticas ponían en riesgo su estabilidad y gobernabilidad.
PREDOMINIO DE LA SEGURIDAD MILITAR DEL ESTADO EN LOS SIGLOS XIX Y XX
En 1823 el
América se encuentra dentro de ese proyecto
Revolución cubana que se declara marxista. La Unión Soviética a través de Cuba fomenta vía la lucha
de gobiernos con posiciones antinorteamerican as Se instalan dictaduras de derecha Los procesos electorales y los
armada acabar
oligárquicos de
que reciben las
Unidos las convierten en instituciones anticomunistas Las reclamaciones populares son consideradas amenazas a la seguridad del
Los reclamos y las protestas de la población solía ser considerados como desestabilizadores y en más de un manual sobre seguridad e inteligencia de la región se consignaba que quien protestaba y reclamaba se constituía en un enemigo del Estado. Y por supuesto, el tratamiento que recibían los grupos de oposición muchas veces se traducía en encarcelamientos, pérdida de sus puestos de trabajo, asesinatos, y también muchos eran deportados. En buena cuenta, en nombre del Estado se institucionalizó la violación de los derechos humanos.
Esta visión militar y unidimensional de la seguridad del Estado, dio pie al surgimiento de golpes de Estado para “salvar la democracia y las buenas costumbres”, que según esta visión se veían amenazados. Los gobiernos autoritarios que se instalaron en la región dan fe de este hecho, y es el periodo en el que más violaciones de los derechos humanos se produjeron. Los reclamos internacionales no surtían efecto porque recién se convierten en políticas de protección a partir de los años 90 del siglo XX, cuando se considera que el Estado no expresa voluntad de las necesidades poblacionales y más bien debe proteger al ciudadano y no reprimirlo. A partir de este año la visión sobre la seguridad comienza a cambiar como se presenta en el gráfico N° 1.
C. EL NUEVO PARADIGMA DEL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL
Al concluir la guerra fría se produce también en los centros académicos una revisión de los conceptos y de la doctrina de seguridad. En el cambio que se va a producir juega un papel destacado el aporte de Amartya Sen (1990), quien en su obra Desarrollo y Libertad, señala que el desarrollo no es fin sino un medio para que la persona humana alcance más libertades. Amartya Sen realiza un cuestionamiento a los anteriores paradigmas del desarrollo, que se limitan a
destacar el crecimiento económico sin tener un mínimo de consideración por lo que viene ocurriendo con la naturaleza y el futuro de las nuevas generaciones.
El desarrollo dice Sen, exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad, tales como la pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas, las privaciones sociales, el abandono de los servicios públicos, la intolerancia o exceso de intervención de los gobiernos represivos. En este nuevo paradigma del desarrollo y la seguridad, añade Sen, la falta de libertades está asociada directamente con la pobreza. En consecuencia dicho status de pobre:
1. Priva a los hombres de un nivel de nutrición suficiente,
2. Impide poner remedio a las enfermedades tratables,
3. Dificulta vestir dignamente,
Impide tener una vida aceptable,
Dificulta disponer de agua limpia o de servicios de saneamiento.
De esta manera el desarrollo debe garantizar cinco tipos de libertades:
1. Libertades políticas
2. Servicios económicos
3. Oportunidades sociales
4. Garantías de transparencia y
5. Seguridad protectora
Finaliza Sen señalando que, cada una de estas libertades y oportunidades contribuye a mejorar la capacidad general de una persona, y también puede contribuir a complementarse entre ellas. Para los efectos de este trabajo, merece destacar provisionalmente el concepto de seguridad protectora. Ya no se habla de la seguridad nacional, sino de la seguridad protectora. Este concepto en sus mayores alcances será explicado más adelante puesto que difiere totalmente de su antecesor, la seguridad nacional, que terminó siendo la seguridad del gobernante y de su régimen autoritario que actuaban en nombre del Estado, de las buenas costumbres y tradiciones que ellos decían presentar.
Hay que destacar que estas cinco libertades le dan al concepto de Desarrollo su naturaleza multidimensional. Pero el hecho de tener varias aristas no interrumpen su unidad, es decir, resulta un concepto indivisible. La separación que se hace en cinco tipos de libertades, obedece únicamente a cuestiones académicas, metodológicas y de trabajo. Gráfico N° 2
GRÁFICO N°2 EL DESARROLLO ES UN CONCEPTO MULTIDIMENSIONAL QUE GARANTIZA CINCO
EFECTOS DEL PENSAMIENTO DE AMARTYA SEN EN TORNO AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD
El pensamiento de Amartya Sen fue aplicado en espacios académicos y organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Su efecto más inmediato se produjo en la divulgación y adopción por Naciones Unidas de las ideas que han configurado un nuevo paradigma del desarrollo y la seguridad donde el centro de la preocupación estatal los constituye la persona humana. Las siguientes publicaciones recogen esta propuesta:
Informe sobre el Desarrollo Humano. Naciones Unidas, 1994
La Responsabilidad de proteger. Informe de la comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados. 2001
Seguridad Humana Ahora. Comisión Intergubernamental sobre Seguridad Humana. S. Ogata y A. Sen. 2003
Seguridad Humana, Prevención de conflictos y Paz. UNESCO. Francisco Rojas Aravena
Promover la Seguridad Humana: Marcos Éticos, normativos y educacionales en América Latina y el Caribe. UNESCO. 2005
El reconocimiento del carácter multidimensional de la seguridad, se pone de manifiesto en los siguientes documentos aprobados por los representantes de los Estados miembros de la región:
El Acuerdo de Bridgetown que define el carácter multidimensional de la seguridad el 2002, y
La Declaración sobre Seguridad en las Américas, realizada en México el 2003.
A. NACIONES UNIDAS Y EL DESARROLLO HUMANO En 1994 Naciones Unidas publica el documento titulado Informe del Desarrollo Humano que propiciará el cambio más significativo en la concepción del desarrollo y la seguridad como se aprecia en el cuadro N°2. Señala que en el futuro los conflictos ya no serán necesariamente entre Estados sino que éstos se producirán al interior de los mismos por las crecientes disparidades sociales y privaciones económicas de la que serán objeto las personas. Es en esas circunstancias que habrá que buscar y garantizar la seguridad de las personas, y ello sólo será posible si se promueve el desarrollo y no se recurre al empleo de las armas para contener y reprimir las demandas sociales de la población. Reconoce que la seguridad en su aceptación inicial estuvo asociada a la seguridad territorial; para lo cual, las fuerzas armadas de cada país, Requerían contar con armas que les permitieran sentirse protegidas del Estado vecino que ambicionaba sus riquezas y sus recursos. Esta visión militar de la seguridad, no permitió apreciar que la mayoría de las personas poseían un sentimiento de inseguridad relacionada a su vida cotidiana. En tal sentido, a la persona le interesa garantizar su empleo, garantizar sus ingresos, garantizar su salud, garantizar su vivienda, garantizar la seguridad del medio ambiente, tener seguridad con relación al delito, entre otras cosas inmediatas requeridas por la población. A todo esto se denomina seguridad humana. Por eso Naciones Unidas señala que la batalla se tiene que dar en dos frentes: El primer frente es de la seguridad, en el que la victoria significa libertad con relación al miedo de perder o no tener acceso a los aspectos que resultan vitales para su vida y la de su familia. El segundo frente es el económico-social, que significa la victoria de la libertad sobre la miseria. Sólo la victoria en ambos frentes, reconoce el Informe de Naciones Unidas, garantizará al mundo una paz duradera.
Por eso plantea, que hablar de la seguridad humana es pertinente a todas las personas del mundo, ya que nadie puede ser indiferente frente al hambre, la enfermedad, la presencia de estupefacientes, porque se trata de amenazas reales que cada vez más van en aumento. Tampoco pueden ser indiferentes a las amenazas frente al empleo, el conflicto étnico, la desintegración social, el terrorismo, el narcotráfico. Dentro de esta argumentación, Naciones Unidas establece que la seguridad, significa estar libres de las constantes amenazas del hambre, la enfermedad, el delito, la represión. Igualmente significa, protección contra las perturbaciones repentinas y perjudiciales que afecten la libertad de las personas. Por eso es que estas amenazas no están limitadas a un solo país, atraviesa todo el planeta y a todas las sociedades; en tal sentido, su tratamiento tiene que involucrar a todos los Estados y a todas las organizaciones. Porque si alguien se sintiera ajeno a todo ello, los medios de comunicación universales y en tiempo real, se encargan de mostrar toda la miseria humana hasta lograr la sensibilización para dar solución a ese problema que atenta contra la seguridad de personas.
CUADRO N° 2 RELACIONES Y DIFERENCIAS ENTRE EL DESARROLLO HUMANO Y LA
a. Concepto amplio orientado a expandir opciones y oportunidades.
a. Enfoca los riegos, peligros y amenazas para el desarrollo de las personas
b. Evalúa el acceso a los servicios y bienes públicos.
b. Evalúa el nivel de confianza que la gente tiene de los servicios y bienes públicos.
c. Garantiza a la persona mayores libertades.
c. Se da énfasis en lo que puede perder.
Fuente: La Seguridad Humana Ahora. Comisión Intergubernamental sobre Seguridad Humana. S. Ogata y A. Sen. 2003.
B. NUEVO PARADIGMA DEL DESARROLLO El nuevo paradigma del desarrollo, ubica a la persona humana en el centro de las preocupaciones del Estado. Desde esta perspectiva el desarrollo se admite como un medio y no como un fin, pero que además debe proteger las oportunidades de las generaciones presentes y futuras, para los cual es necesario respetar los recursos naturales de los que dependen todos los seres vivos. En este paradigma el desarrollo permite que las personas amplíen plenamente su capacidad humana y sobre todo aprovechen al máximo esa capacidad en las esferas económicas, sociales, políticas y culturales. El Informe de Naciones Unidas, señala que “… en última instancia, la absorción de las sociedades y la capacidad de sustento de la naturaleza, acelera el crecimiento
económico y lo traduce en mejoras de las vidas humanas, sin destruir el capital natural necesario para proteger las oportunidades de futuras generaciones”
Esta nueva concepción del desarrollo requiere por otro lado, establecer relaciones de cooperación entre los Estados, generar menos desconfianza entre ellos y propiciar una relación positiva y constructiva. En esta nueva concepción, sentencia el informe, “… La coparticipación económica se basará en los interese compartidos y no en la caridad, se entablarán relaciones de cooperación en lugar de crearse enfrentamientos, se compartirán equitativamente las oportunidades de los marcados y no se establecerán medidas proteccionistas”.
C. LAS NUEVAS DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD
Para Naciones Unidas el concepto de seguridad en el siglo XXI tiene que cambiar. Ello quiere decir que la seguridad territorial que antes se presentaba como la única alternativa, ahora sin dejar de desaparecer, tiene que incorporar la seguridad de la población. Por eso señala que las amenazas a la seguridad son variadas (Gráfico N° 3) y cabe identificar siete tipos que por ahora son las más sustantivas:
GRÁFICO N°3 SIETE DIMENSIONES DE LAS SEGURIDAD HUMANA QUE EL ESTADO
La seguridad económica, está asociada a la posibilidad que la persona cuente con un ingreso básico apropiado como producto de su trabajo productivo remunerado que le debe permitir satisfacer sus necesidades fundamentales.
La seguridad alimentaria, se refiere a que cada persona tenga la posibilidad no sólo de contar con un empleo remunerado sino que a partir de él pueda adquirir alimentos básicos para su existencia personal y familiar.
La seguridad en materia de salud, comprende evitar que la persona sea amenazada por enfermedades o epidemias que quebranten su salud o reduzcan su esperanza de vida.
La seguridad ambiental , está vinculada a la existencia de amenazas a la vida y la naturaleza como producto de la industrialización creciente de los últimos cuatro siglos, así como por el crecimiento demográfico incesante.
Seguridad personal, es lo que Amartya Sen denominó seguridad protectora. La seguridad personal asume las siguientes formas:
a) Amenazas del Estado, cuando practica la tortura física, principalmente en Estados autoritarios.
b) Amenazas de otros Estados, cuando se propician guerras de diverso origen y naturaleza.
enfrentamientos étnicos.
d) Amenazas de individuos o pandillas contra otros individuos o grupos, que son ejercidas por delincuentes juveniles, principalmente.
e) Amenazas dirigidas contra las mujeres, como producto de violaciones o violencia doméstica.
f) Amenazas
g) Amenazas contra la propia persona, propiciada por el consumo de drogas o el recurso del suicidio.
Seguridad de la comunidad, cuando en las comunidades tradicionales se sojuzga a las personas o se abusa cruelmente de las mujeres y niños.
Seguridad política, está referida a los casos en los que los derechos políticos fundamentales de la persona son violentados por gobiernos autoritarios de cualquier signo ideológico, no sólo porque los reprimen, limitan su libertad, sino porque provocan desapariciones de personas y no permiten la renovación democrática del poder.
D. LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER En esta nueva concepción del desarrollo y la seguridad, hay también un cambio con relación a la soberanía del Estado, puesto que desde sus orígenes la soberanía del Estado estuvo asociada a la defensa territorial. Después de la segunda Guerra Mundial y de modo especifico después del fin de la Guerra Fría, la noción de soberanía en el plano interno se entiende como la capacidad de tomar decisiones imperativas con relación a la población, pero que esta capacidad no es absoluta sino que está limitada y regulada por la Constitución y más aún por el ejercicio equilibrado del poder que practican los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, pero al que se añade el control que ejerce la sociedad organizada y la prensa a través de diversos mecanismos como la exigencia de transparencia y la rendición de cuentas. Todo este ejercicio limitado
soberanía al interior del Estado y sus
instituciones, conlleva la obligación de respetar y proteger. A esto es lo que Amartya Sen llamó la seguridad protectora; en este sentido, el Estado está hecho y estructurado para proteger a las personas y no para usar todo su poder
en contra de los derechos fundamentales de la persona humana. Por eso es que las siete seguridades que comprende la Seguridad Humana: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad y la seguridad política, constituyen responsabilidades orientadas a brindar bienestar y seguridad a la población de los países.
Como se señala en el informe de la Comisión Internacional sobre intervención y soberanía de los Estados (2001), el concepto de la soberanía como responsabilidad, es significativo por tres razones: primero, porque las autoridades estatales son responsables de proteger la seguridad y la vida de los ciudadanos, así como garantizar su bienestar; en segundo término, porque las autoridades políticas nacionales son también responsables ante sus ciudadanos y ante la comunidad internacional, y en tercer lugar, es importante porque los agentes del Estado son responsables de sus actos y por tanto han de rendir cuentas de sus actos u omisiones. Toda esta nueva argumentación, está dejando atrás la cultura de la impunidad que bajo la soberanía del Estado escondía a muchos infractores de los derechos de las personas.
Este tránsito cualitativo entre la seguridad del Estado y la Seguridad Humana, es el más importante que se ha producido en los últimos tiempos y está permitiendo que los Estados empiecen a replantear sus sistemas educativos y sobre todo el tratamiento que deben dar a las personas, incluso a los más avezados delincuentes. El Estado está para proteger y no para reprimir a la población que demanda atención a sus necesidades vitales.
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Artículo 167

Artículo 168

Artículo 169