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Buenas Prácticas Regulatorias para la Remediación de la Contaminación Tóxica Heredada - PDF
Buenas Prácticas Regulatorias para la Remediación de la Contaminación Tóxica Heredada
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José Miguel Páez Duarte
1 Buenas Prácticas Regulatorias para la Remediación de la Contaminación Tóxica Heredada2 Contact: For questions, comments and feedback, please contact: Blacksmith Institute 475 Riverside Drive New York, NY (212) This report is available online at3 Índice Agradecimientos Introducción Resumen Ejecutivo 1. Evaluación Inicial E Identificación De Sitios Contaminados (a) Definición Clara Basada En Niveles Específicos De Contaminantes (b) Inventario De Sitios Contaminados 2. Mecanismos Para Detectar E Investigar La Contaminación (a) Exigencia De Realizar Investigaciones Para Obtener Autorizaciones Gubernamentales (b) Exigencia De Realizar Investigaciones Cuando Se Llevan A Cabo Operaciones Comerciales (c) Requisitos Informativos 3. Incentivos Para La Remediación Voluntaria (a) Exención De Responsabilidad (b) Beneficios Fiscales (c) Subsidios (d) Otros Incentivos 4. Elementos Clave De Un Proceso Claro Y Eficaz (a) Definición Clara De Los Responsables (b) Designación De Un Solo Organismo Con Competencia En El Proceso De Remediación (c) Procedimientos Claros Y Coherentes Para La Obtención De Las Autorizaciones Necesarias Y Las Aprobaciones Definitivas (d) Estándares De Descontaminación De Aplicación General O Tablas De Consulta (e) Procedimientos Adecuados E Instalaciones Para La Eliminación De Materiales Contaminados (f) Monitoreo Post-Remediación 5. Mecanismos Para El Análisis Y El Debate Públicos (a) Análisis Y Debate Públicos De La Normativa Propuesta (b) Análisis Y Debate Públicos De Los Planes De Remediación Propuestos 6. Mecanismos Eficaces Para El Tratamiento De Sitios Contaminados Abandonados (a) Búsqueda Proactiva De Sitios Contaminados (b) Metodología Clara Para Priorizar La Remediación De Los Sitios En Peores Condiciones (c) Disponibilidad De Fondos Para Actividades De Remediación (d) El Seguro Ambiental Como Un Mecanismo Para Prevenir El Abandono De Sitios Contaminados Conclusión4 Agradecimientos El Blacksmith Institute y el Cyrus R. Vance Center for International Justice desean expresar su agradecimiento a todos los abogados y despachos de abogados por su trabajo en este informe, aportado en todos los casos en forma gratuita. Sin la generosa entrega de su tiempo y conocimientos especializados, este informe no habría sido posible. Abogados coordinadores en los Estados Unidos de América Jeffrey Gracer y Devin McDougall Sive, Paget, & Riesel, P.C. (Estados Unidos de América) Clea Bowdery Cyrus R. Vance Center for International Justice (Estados Unidos de América) Abogados pro bono en Latinoamérica Angeles Murgier y Guillermo Malm Green Brons & Salas Abogados (Argentina) Paulina Sandoval Carey y Cía. Ltda. (Chile) Jessica Villaverde Gálvez, Carlos de Icaza Aneiros, Martha Barajas Guevara e Alejandro Castelló Pasquel Creel, Garcia-Cuellar, Aiza, y Enriquez (México) Julián Ruiz Sáez Ferrere Abogados (Uruguay) Renata Soares Piazzon y Jéssica Teijido Melo Lobo & de Rizzo Advogados (Brasil) Ana María Arbeláez Mejía Macías Gómez y Asociados Abogados S.A.S (Colombia) Carmen Maria Villaran, Alberto Delgado e Alberto Ventura Miranda & Amado Abogados (Perú) Nuestro sincero reconocimiento también a Juriscribe por la traducción de este informe al español. Exclusión de responsabilidad: El contenido de este informe tiene meros fines informativos. Ni este informe ni los abogados que lo han preparado proveen asesoramiento legal ni profesional de ninguna otra índole ni opiniones sobre hechos o cuestiones específicas; la distribución de esta publicación a cualquier persona tampoco implica el establecimiento de una relación abogado-cliente. Los despachos de abogados que han contribuido a la confección de este informe no asumen responsabilidad alguna en relación con el uso del mismo.5 Introducción Blacksmith Institute Cyrus R. Vance Center for International Justice El Blacksmith Institute tiene el orgullo de presentar el informe adjunto sobre leyes y políticas orientadas a promover la remediación de sitios contaminados en Latinoamérica. Al cumplir con nuestra misión de abordar la contaminación tóxica que amenaza a la salud humana en todo el mundo, la experiencia ha demostrado que la ley puede ser una eficaz herramienta en la promoción de actividades de descontaminación y rehabilitación de sitios contaminados. Una ley bien diseñada puede acelerar las tareas de remediación y rehabilitación y prevenir la contaminación, mientras que un marco legal poco claro o incompleto puede dificultar el proceso. Confiamos en que los ejemplos e ideas recogidos en este informe, provenientes de naciones de toda Latinoamérica, representarán un aporte de utilidad al debate sobre leyes y políticas que faciliten la descontaminación de sitios contaminados que amenazan a la salud pública. El Cyrus R. Vance Center for International Justice tiene el agrado de emitir el presente informe, producto de la colaboración prestada por abogados de ocho naciones distintas. Hemos tenido la fortuna de contar con el aporte, como asesores del proyecto, de abogados con destacadísimas competencias, enriquecidas por su trabajo diario en el desempeño profesional privado en diversas ciudades de Latinoamérica. Su generosidad al compartir sus conocimientos ha sido crucial para la elaboración de este informe. Este proyecto pone claramente de manifiesto la potencia que puede tener una red de abogados de distintas jurisdicciones dispuestos a prestar sus servicios en forma gratuita para enfrentar los desafíos ambientales de nuestra época y para apoyar la tarea de ONG ambientalistas internacionales, regionales y nacionales. Richard Fuller Presidente y Fundador, Blacksmith Institute Jeff Gracer Presidente, Subcomisión de Sostenibilidad Ambiental del Vance Center6 Resumen Ejecutivo La conciencia medioambiental desempeña un papel cada vez más importante en las decisiones gubernamentales y empresarias en todo el mundo, incluida Latinoamérica. No obstante, muchos países vienen luchando desde hace años para hacer frente a la herencia dejada por prácticas históricas que han generado peligrosos niveles de contaminación en el medio ambiente, con su posible secuela de graves daños para la salud en el largo plazo, e incluso de muerte. Los niños y las mujeres, especialmente aquellas en edad reproductiva, se encuentran particularmente en riesgo de sufrir daños provocados por la exposición a la contaminación tóxica, problema este que ha despertado un reconocimiento cada vez más intenso en la comunidad científica. Las primeras leyes y reglamentaciones dictadas en la materia resultaron, a menudo, insuficientes para impedir o remediar esta clase de situaciones. Como consecuencia, hay muchos sitios contaminados en Latinoamérica y otras regiones que todavía no han sido identificados, y son menos aún lo que han sido objeto de investigación o remediación. En los Estados Unidos de América, el gobierno se propuso abordar estos problemas mediante la sanción, en 1980, de la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act) (CERCLA), una ley nacional también conocida como el programa Superfund. El objetivo básico de la CERCLA era engañosamente simple: exigir a aquellas entidades que fueran las principales responsables de la contaminación de un sitio que procedieran a su remediación. Sin embargo, a raíz de la complejidad del proceso y de la falta de claridad respecto de ciertas etapas clave, se han gastado ingentes cantidades de tiempo y dinero en litigios y negociaciones, en lugar de destinárselos a la efectiva investigación y remediación de sitios contaminados. Especialmente en los primeros años del programa Superfund, la descontaminación de numerosos sitios se vio afectada por dilatadas negociaciones con organismos gubernamentales acerca del alcance y la duración de las investigaciones en los sitios, así como por la falta de claridad en cuanto a las normas de descontaminación aplicables. En parte como reacción frente a esta problemática, muchos estados de los Estados Unidos de América aprobaron sus propias leyes de remediación, orientadas a racionalizar y simplificar el proceso de descontaminación ambiental en los sitios bajo su respectiva jurisdicción. En algunos estados, también se sancionaron leyes que exi- Regulatory Best Practices for Remediation of Legacy Toxic Contamination 67 gen la investigación y remediación de sitios toda vez que se compran y venden instalaciones industriales, así como cuando estas instalaciones están en proceso de desmantelamiento. Estas innovaciones a nivel de los estados resultaron ser tan eficaces que el gobierno federal ha adoptado algunas de ellas o bien ha implementado reformas similares. En Latinoamérica, la ola de democratización de mediados de la década de los ochenta alentó reformas legales en los noventa en las que se incorporaba un marcado enfoque ambientalista. Mediante las reformas constitucionales operadas en muchos países, se incluyeron disposiciones específicas que garantizan el derecho de todos los ciudadanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Un proceso de reforma aún más amplio trajo aparejada la sanción de modernas leyes ambientales y la creación de organismos reguladores en materia ambiental. A lo largo de los años, se han dictado normas más detalladas, emanadas de organismos de nivel federal, estatal o provincial y, en algunos casos, local, que han tenido una activa participación en la implementación de esas normas. El presente estudio responde a un encargo del Blacksmith Institute, una organización internacional sin fines de lucro dedicada al abordaje de problemas de contaminación tóxica en países de bajos y medianos ingresos. Se analizan aquí una serie de leyes y reglamentaciones en materia de remediación ambiental de siete países de Latinoamérica, y se identifican prácticas que han demostrado ser particularmente efectivas. Estas buenas prácticas pueden reducirse a seis principios rectores con miras a un estudio y un debate más profundos, al tiempo que las leyes de remediación ambiental se aplican, perfeccionan y modifican en toda Latinoamérica: 1. Fijar pautas numéricas claras para establecer que un sitio se encuentra contaminado. Si bien suele definirse a un sitio contaminado Blacksmith Institute GAHP CYRUS R. VANCE CENTER FOR INTERNATIONAL JUSTICE 78 como aquel en el que la contaminación está presente en niveles que pueden representar una amenaza para la salud humana y el medio ambiente, resulta útil sancionar normas que especifiquen cuáles son esos niveles, de modo tal que los sitios en los que la contaminación alcance o supere esos niveles puedan identificarse rápidamente como candidatos para una investigación y remediación más intensas, tomando como base, si es necesario, el riesgo de exposición de las poblaciones vulnerables. 2. Utilizar disparadores comerciales para identificar sitios contaminados. Debería exigirse una evaluación de la contaminación histórica existente cuando quienes proponen un proyecto solicitan permisos para la radicación de instalaciones (o modificaciones a permisos ya concedidos), cuando se compran y venden instalaciones industriales y cuando se procede al desmantelamiento de estas. Estos disparadores comerciales facilitarán la identificación de sitios contaminados en el momento mismo en que se desarrolla una actividad comercial, cuando también es más probable que haya fondos disponibles para la investigación y la remediación. 3. Generar incentivos para la remediación voluntaria. Las leyes y reglamentaciones deberían incentivar a los particulares a abordar, en forma voluntaria, el problema de la contaminación heredada en sitios de su propiedad u operados por ellos, o bien en sitios que tengan pensado adquirir. Estos incentivos pueden consistir en la resolución de las cuestiones de responsabilidad que pesen sobre el propietario de un sitio, exenciones de responsabilidad para potenciales adquirentes, exenciones y créditos fiscales, subsidios para la remediación y otros incentivos gubernamentales. 4. Diseñar un proceso de remediación claro y eficaz. Uno de los obstáculos más significativos para la descontaminación ambiental es la falta de certeza en materia de normas de descontaminación aplicables, junto con la complejidad del proceso y la participación de una multiplicidad de organismos públicos entre los que existe o puede plantearse un conflicto de competencia. La experiencia demuestra que la publicación de estándares de descontaminación, la existencia de un proceso sencillo de articulación con las autoridades, y una orientación clara respecto de qué organismo tiene competencia en una determinada operación de descontaminación estimulan una participación más amplia del sector privado. 5. Ofrecer verdaderas oportunidades de análisis y debate en el seno de la comunidad. Las reglamentaciones y prácticas en materia de descontaminación ambiental a menudo se ven favorecidas con el aporte de aquellos miembros de la comunidad empresaria a quienes se requerirá la realización de tareas de descontaminación y el de miembros de la comunidad que viven en Regulatory Best Practices for Remediation of Legacy Toxic Contamination 89 las cercanías de sitios contaminados. Los planes de remediación también tienen posibilidades de ser más pragmáticos y de adecuarse mejor al verdadero riesgo existente si están sujetos a un proceso previo de análisis y debate dentro de la comunidad. 6. Generar mecanismos eficaces para el tratamiento de sitios abandonados. Los sitios que no son objeto de una explotación comercial o de remediación voluntaria pueden convertirse en los más problemáticos para las autoridades de gobierno. Los gobiernos deberían considerar la creación de un registro de tales sitios de modo tal que se los pueda identificar para su investigación y evaluar como posibles candidatos para una futura remediación.. Deberían definirse prioridades entre esos sitios a los fines de la descontaminación, sobre la base de una metodología clara establecida por el gobierno y orientada a tratar en primer término a aquellos que representen el riesgo más agudo. Para la remediación de esos sitios, se puede disponer de financiación pública mediante la instauración de acciones legales contra los anteriores titulares y operadores o bien, si no puede encontrarse a un responsable, mediante algún otro mecanismo de financiación que resulte adecuado según el caso. Para evitar la existencia de futuros sitios huérfanos, puede exigirse la contratación de seguros ambientales a los responsables de actividades susceptibles de tener un impacto en el medio ambiente. conjunto de prácticas que ya han sido adoptadas en una o más naciones de Latinoamérica y que han demostrado su eficacia, dado que gran parte de esta información solo se encuentra disponible en algunos países en particular pero no se dispone de amplio acceso a ella en más de una jurisdicción. Al elaborar esta síntesis plurinacional de innovaciones en el espectro latinoamericano, nuestro equipo de abogados pro bono ha contribuido a identificar una paleta de opciones para la implementación de nuevas reformas en toda la región. Confiamos en que este informa sea de utilidad para los gobiernos, las empresas, las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos al tiempo que todos los sectores de la sociedad trabajan para combatir la contaminación tóxica heredada y para prevenir la presencia de niveles peligrosos de contaminación en el futuro. Este informe no pretende ofrecer todas las respuestas ni presentar un enfoque de aplicación universal en todos los países. Cada país deberá evaluar la conveniencia y utilidad de poner en práctica estas sugerencias. No obstante, el objetivo de este informe es proveer una síntesis de un Blacksmith Institute GAHP CYRUS R. VANCE CENTER FOR INTERNATIONAL JUSTICE 910 1 Evaluación Inicial e Identificación de Sitios Contaminados Un aspecto inicial de importancia crítica a los fines de una política de remediación es la identificación de sitios que se consideran contaminados según el significado de este término en la normativa ambiental aplicable. Es conveniente definir pautas claras para la especificación de niveles de determinados contaminantes que, según se prevé, puedan traer aparejada esa caracterización, así como establecer procedimientos claros para la evaluación de sitios contaminados y para la definición de prioridades entre ellos de acuerdo con la amenaza que representen. La experiencia demuestra que contar con una base de datos o inventario de sitios contaminados constituye una herramienta de utilidad para la realización y el seguimiento de actividades de remediación. (a) Definición clara basada en niveles específicos de contaminantes Si se cuenta con una definición legal exhaustiva de qué constituye un sitio contaminado, sobre la base de niveles mínimos específicos para cada contaminante, los organismos reguladores tienen una herramienta para identificar, rápida y eficazmente, aquellos sitios que justifican una investigación más profunda. Por ejemplo, la legislación puede definir a un sitio contaminado simplemente como un sitio donde se advierte la presencia de sustancias por encima de los niveles establecidos en la normativa aplicable, independientemente del sector industrial o del área geográfica dentro del país. A su vez, la normativa puede contener una lista de sustancias potencialmente dañosas y definir qué nivel de cada una de esas sustancias es aceptable para el suelo (e, idealmente, para las aguas subterráneas y otros medios ambientales también), teniendo en cuenta, preferentemente, el uso efectivo o propuesto de la tierra. Esta metodología específica, objetiva y fundada en valores predeterminados presenta significativas ventajas respecto de los criterios narrativos amplios que se refieren en forma genérica a sitios que representan un peligro para la salud pública y el medio ambiente. Se pueden diseñar reglas aún más detalladas para que los expertos en cuestiones técnicas de los organismos de que se trate cuenten con la flexibilidad regulatoria que necesitan para elaborar, y luego modificar, las listas publicadas de sustancias peligrosas y de niveles que se consideran tales de acuerdo con los últimos estudios científicos. En Brasil, por ejemplo, ciertas reglamentaciones a nivel de los estados definen a un sitio contaminado como el área donde los niveles de contaminantes superan los valores legales aplicables establecidos para el Regulatory Best Practices for Remediation of Legacy Toxic Contamination 1011 (b) Inventario de sitios contaminados Para poder hacer un seguimiento de las condiciones de los sitios y priorizar la remediación de los más peligrosos, es conveniente que los gobiernos lleven un inventario actualizado de sitios contaminados. El contar con un registro de sitios contaminados o potencialmente contaminados constituye un primer paso clave, ya que permite a los gobiernos planificar una eficiente asignación de recursos actuales o futuros a la investigación y remediación de los sitios que mayor riesgo representan. suelo, que se especifican en una reglamentación por separado. Una vez que se ha identificado a un sitio como contaminado, se pueden evaluar los riesgos que este representa para la salud humana y el medio ambiente en función de las condiciones propias del sitio, para así confeccionar un plan adecuado de remediación. Brasil, por ejemplo, ha elaborado una serie de directrices técnicas de alcance nacional para la evaluación de sitios contaminados. Cuando se advierte la posible existencia de contaminación, el organismo ambiental competente con jurisdicción en el sitio realiza una evaluación preliminar de este, y si los resultados arrojan que hay contaminación, se lleva a cabo un estudio detallado, junto con una evaluación de riesgos, para determinar si existe una amenaza para la salud pública. En la práctica, esta normativa se ha aplicado con mayor regularidad en el estado de São Paulo. En México también se han establecido lineamientos de alcance nacional en los que se especifican umbrales de muestreo que definen si un sitio se considera contaminado. Por ejemplo, en Brasil, el estado de São Paulo lleva un inventario con abundante información sobre cada sitio, recogida por autoridades estaduales y locales. En Perú, el organismo gubernamental a cargo de la regulación del sector minero tiene un sitio en Internet en el que se pueden consultar los sitios contaminados por la actividad minera. En Chile, el organismo de control ambiental lleva un inventario general de sitios contaminados en todos los sectores de la industria. De modo similar, la ley mexicana prevé la creación de un Inventario Nacional de Sitios Contaminados, si bien este inventario no ha tenido plena implementación práctica. Algunos gobiernos han decidido brindar acceso público, en forma total o parcial, a sus bases de datos. Por ejemplo, el inventario del estado de São Paulo es de acceso público a través de su sitio en Internet. En Perú, el inventario de sitios contaminados por la actividad minera también puede consultarse en un sitio de Internet de acceso público. En Chile, el inventario no está disponible para su consulta por el público, pero puede llegar a estarlo en el futuro y, en principio, podrían formularse pedidos de información conforme a las leyes de libertad de información vigentes en ese Blacksmith Institute GAHP CYRUS R. VANCE CENTER FOR INTERNATIONAL JUSTICE 1112 país. En México, la base de datos del Sistema de Información de Sitios Contaminados (SISCO) se pretende hacer pública en un futuro próximo con información de los sitios potencialmente contaminados y los comprobados como contaminados. La concesión de un acceso público irrestricto a estos inventarios tiene ventajas y desventajas, y cada gobierno ha adoptado una postura diferente en este sentido. Además de brindar a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil información que estas pueden usar para ayudar a prevenir la exposición humana a sustancias peligrosas, una ventaja de hacer pública esta información es que las empresas pueden sentirse incentivadas a cooperar con las autoridades y a llevar a cabo tareas de remediación en forma voluntaria, para así realzar su imagen corporativa positiva y minimizar la publicidad negativa. Sin embargo, también hay desventajas, como por ejemplo, el riesgo de que la información pública acerca de un sitio contaminado, dada a conocer prematuramente, lleve a la estigmatización del sitio, lo cual puede, a su vez, dificultar las actividades de rehabilitación. Regulatory Best Practices for Remediation of Legacy Toxic Contamination 1213 2 Mecanismos para Detectar e Investigar la Contaminación Los sitios contaminados en algún momento indefinido del pasado representan un enorme desafío para los gobiernos y comunidades que quieren verlos remediados, en especial cuando las empresas responsables de la contaminación han dejado de operar desde hace tiempo o, en algunos casos, han caído en quiebra. La remoción de la contaminación en estos sitios es beneficiosa para una amplia gama de grupos de interés, con ventajas que van desde mejoras en la salud hasta el desarrollo económico, pero la remediación integral de sitios abandonados puede complicarse por la falta de fondos, y otros problemas. Pueden ponerse en marcha mecanismos legales para asegurar que la contaminación salga a la luz al momento en que se venden y desarrollan empresas y propiedades, esto es, cuando el costo de la investigación y de la remediación puede incluirse en la operación de que se trate. Como ejemplos de estos mecanismos legales, podemos mencionar la obligatoriedad de una investigación como condición para la obtención, renovación o modificación de un permiso para operar; la exigencia de una investigación exhaustiva toda vez que un sitio potencialmente contaminado se transfiere a un nuevo dueño u operador o se procede a su desmantelamiento; y la exigencia de que se informe de inmediato a las autoridades competentes acerca de la existencia de contaminación y la liberación de sustancias peligrosas. Una vez que la contaminación llega a conocimiento de las autoridades por cualquiera de estas vías, se la puede registrar y catalogar adecuadamente en bases de datos gubernamentales con independencia del estado de la operación o de la titularidad de dominio, para que no quede en el olvido ni se la ignore. (a) Exigencia de realizar investigaciones para obtener autorizaciones gubernamentales Cuando una empresa construye nuevas instalaciones o inicia una nueva explotación, es más probable que tenga tanto el capital como la motivación para seguir adelante con el proyecto aun si se detecta la existencia de contaminación que pueda requerir tareas de remediación. Para aprovechar este ímpetu inicial, algunos gobiernos exigen a la entidad que solicita un permiso u otra autorización necesaria que lleve a cabo pruebas de suelo o de aguas subterráneas o que investigue de algún otro modo las condiciones del sitio. Al exigirse a la entidad que investigue y trate la contaminación como condición previa para la obtención de un permiso para operar, la remediación pasa a ser parte de los costos de la actividad comercial. Blacksmith Institute GAHP CYRUS R. VANCE CENTER FOR INTERNATIONAL JUSTICE 1314 En el caso de proyectos de desarrollo residencial, estas exigencias representan un mecanismo lógico de protección de la salud y la seguridad de las personas y familias que eventualmente vivirán en el emprendimiento o que lo utilizarán con fines recreativos, así como de los trabajadores de la construcción y de empresas de servicios públicos y demás personas que visiten o trabajen en el lugar. Lo mismo puede decirse de los emplazamientos industriales, donde las exigencias en términos de investigación y remediación contribuyen a garantizar que los trabajadores y visitantes actuales y futuros no estarán expuestos a sustancias peligrosas. La realización de estudios durante la etapa inicial de obtención de permisos también marca un punto de referencia para el sitio y clarifica la responsabilidad por contaminación preexistente: el anterior operador o propietario no podrá alegar que la contaminación ha sido causada por el nuevo operador si se la descubre antes del comienzo de la nueva actividad. Además, los estudios de referencia deben incluir información acerca de la situación inicial en términos de salud de las comunidades potencialmente afectadas y sobre los potenciales impactos en la salud asociados con la contaminación. Los gobiernos también pueden exigir la realización de investigaciones durante el proceso de renovación o modificación de un permiso existente. Si se detecta la existencia de contaminación en este contexto, se le puede exigir a la empresa que se ocupe del problema, para lo cual es probable que tenga fondos provenientes de sus operaciones en curso. La responsabilidad de la empresa por la contaminación también debe ser clara (partiendo de la base de que se efectuó un estudio de referencia al momento de otorgarse el permiso inicial para las actividades en el sitio), de modo tal que los recursos puedan asignarse a una descontaminación inmediata y efectiva y no a una batalla legal en la que se discuta la responsabilidad. Varios países de Latinoamérica requieren la realización de investigaciones en el transcurso del proceso para la obtención de permisos. Por ejemplo, en Brasil, si la autoridad concedente del permiso sospecha que en un sitio puede haberse desarrollado una actividad con potencial contaminante, está facultada a exigir una investigación sobre la existencia de contaminación en el sitio como condición para la obtención del permiso. La ley chilena también dispone que las autoridades emisoras de permisos ambientales pueden, cuando así lo estimen apropiado, exigir al proponente de un proyecto que investigue la posible existencia de contaminación en el sitio. En el Perú, existen normas de reciente aprobación que exigen a los solicitantes de permisos para operar la realización de estudios de referencia del suelo, así como la inclusión en sus permisos de información relativa a las sustancias generadas por sus actividades. Asimismo, los titulares de permisos en el Perú que ya tienen actividades en curso deben efectuar un estudio de referencia y actualizar los permisos existentes antes de marzo de (b) Exigencia de realizar investigaciones cuando se llevan a cabo operaciones comerciales Tal como ocurre en el contexto de la solicitud de permisos, es más probable que las empresas privadas tengan la motivación y los fondos para investigar y ocuparse de la contaminación al momento de llevar a cabo una operación comercial de trascendencia, como puede ser la transferencia del dominio o el traspaso de las actividades a otra entidad. Cuando la titularidad o el control de un sitio cambian de manos, ya sea mediante una fusión, la venta de acciones, la compra de activos u otra operación, al menos una de las partes tendrá recursos financieros suficientes y disponibles para emprender tareas de remediación si se advierte la Regulatory Best Practices for Remediation of Legacy Toxic Contamination 1415 existencia de contaminación. Así, la exigencia de investigar y remediar antes de una adquisición, desinversión u operación similar puede representar una poderosa herramienta para la detección y el tratamiento de contaminación que, de lo contrario, no recibiría atención. En aquellos países donde la ley no impone el requisito de la investigación, a menudo se la lleva a cabo como parte del proceso de auditoría o due diligence previo al cierre de una operación. No obstante, en las jurisdicciones donde no existen exigencias claras en materia de información, puede quedar abierto el interrogante de si la ley exige la notificación a las autoridades y la subsiguiente remediación. Por lo demás, hay operaciones que no conllevan la realización de estudios ambientales de importancia como parte de ese proceso de due diligence, con lo cual la contaminación en sitios más pequeños y menos significativos puede permanecer inadvertida cuando se producen cambios de titularidad. En los Estados Unidos de América, los gobiernos de algunos estados, tales como Nueva Jersey, Connecticut e Indiana, han aprobado leyes que contemplan estas operaciones disparadoras de investigaciones. Los críticos de estas leyes observan que esta clase de restricciones a las transferencias pueden obstaculizar la actividad comercial y complicar las transacciones. Una manera posible de atender a esta preocupación es permitir que la descontaminación se lleve a cabo después del cierre de la operación. Con este enfoque, solo se exige que se informe de la operación a la autoridad regulatoria ambiental, sin necesidad de ninguna aprobación previa. La ventaja de este enfoque es que permite generar información acerca de la presencia efectiva o potencial de contaminación y, al mismo tiempo, mantener flexibilidad en cuanto al proceso de remediación y minimizar los trámites necesarios para el cierre de la operación. Un sistema similar se ha adoptado en México con respecto a la venta de activos que incluyen tierras contaminadas. Si bien no hay ninguna obligación legal expresa de investigar la propiedad objeto de la transacción, el propietario que tenga conocimiento efectivo de la existencia de contaminación debe notificarlo a la autoridad ambiental y obtener el permiso de esta antes de transferir la titularidad de dominio al nuevo propietario, quien también debe ser informado de la contaminación. Así, cuando la contaminación se conoce o detecta durante el proceso de due diligence, las partes de la transacción deben determinar, antes de completar la operación, cuál de ellas asumirá la responsabilidad de la remediación y de presentar un plan de remediación para su aprobación por la autoridad ambiental, plan que puede presentarse antes o después de consumada la operación. De este modo, la autoridad ambiental puede asegurarse, antes del cierre de la operación, de que hay una parte que se hará cargo de la remediación de las tierras y del problema de la contaminación, para luego supervisar las tareas de remediación que se realicen. Aun cuando no se produzca una transferencia de dominio, es recomendable que la obligación de llevar a cabo una investigación exhaustiva se genere también cuando una entidad se propone discontinuar sus actividades en un sitio. De esta manera se impide que la contaminación se descubra recién después de que la empresa responsable ha abandonado la jurisdicción, se ha quedado sin dinero para afrontar la remediación del sitio o bien queda fuera del alcance de las autoridades por otros motivos. En la Argentina, por ejemplo, cuando se produce el cese de ciertas actividades industriales o cuando se las transfiere a un tercero, debe Blacksmith Institute GAHP CYRUS R. VANCE CENTER FOR INTERNATIONAL JUSTICE 1516 y gravedad de las circunstancias que generan la obligación de informar. Se puede, por ejemplo, especificar el contaminante o clase de contaminante y/o el volumen del derrame o del vertido que debe informarse. Los requisitos informativos deberían establecer también con claridad el plazo dentro del cual debe procederse a informar, contado a partir de la detección del derrame o del vertido, de modo que las empresas puedan diseñar protocolos internos de emergencia y actuar en consecuencia. realizarse una auditoría de cierre. Esta auditoría de cierre debe estar integrada por una descripción de las instalaciones y de las actividades que allí se desarrollan, muestreo y análisis del suelo y de las aguas subterráneas, un estudio hidrogeológico, y medidas de prevención y control de la contaminación. Si la auditoría revela que se han provocado daños significativos al medio ambiente, el actual titular está obligado a su recomposición antes de abandonar el sitio. (c) Requisitos informativos Los requisitos informativos son un importante mecanismo legal para proporcionar información acerca de la contaminación a los organismos gubernamentales que pueden abordar por sí mismos el problema de la contaminación o bien exigir a otros que lo hagan. Un problema habitual que plantean estos requisitos es que una redacción vaga o amplia puede provocar confusión en cuanto a cuáles son las circunstancias precisas que generan la obligación de informar y cuándo debe elaborarse el informe. Una solución es que los requisitos en materia de información sean tan específicos como sea posible respecto de la naturaleza Muchos países han adoptado algún tipo de requisito en materia de información, pero no todos establecen con precisión cuándo es obligatorio informar. Por ejemplo, la ley argentina exige que toda persona que tenga conocimiento de que un sitio está contaminado lo informe a la autoridad de aplicación competente. En el Perú, las normas del sector minero exigen que los propietarios u operadores de sitios, así como cualquier otra persona o entidad que tenga conocimiento acerca de un área contaminada (definida como pasivo ambiental ), informe de esa contaminación a las autoridades. En el estado brasileño de São Paulo, la normativa requiere que todo aquel que sea titular o esté en posesión de tierras contaminadas, o sea responsable de la contaminación, lo informe a la autoridad ambiental pertinente si la contaminación pone en riesgo la salud humana o el medio ambiente. La ley chilena impone requisitos informativos para determinados tipos de actividades e instalaciones, como en el caso de combustibles líquidos, rellenos sanitarios, servicios de manipulación de residuos peligrosos, y explotaciones que generan 12 toneladas o más de residuos tóxicos al año. Regulatory Best Practices for Remediation of Legacy Toxic Contamination 1617 3 Incentivos para la Remediación Voluntaria Otro mecanismo potencialmente muy eficaz para inducir la descontaminación de sitios es la creación de incentivos para la remediación voluntaria. Con esta modalidad, se aprovechan la información, los recursos y la creatividad de actores del sector privado que tal vez no han contaminado los sitios pero desean desarrollarlos. Asimismo, las empresas que han heredado sitios contaminados o bien los han contaminado en el pasado y ahora desean remediarlos pueden emprender acciones en cooperación con el gobierno en lugar de esperar a que se dicte una medida que los obligue a la remediación. Las leyes pueden elaborarse de modo tal de proveer una amplia variedad de incentivos para la descontaminación. Por ejemplo, pueden eximir a los sujetos que no han contaminado y que remedian un sitio en forma voluntaria de ciertos tipos de responsabilidades legales que podrían caberles. Los gobiernos pueden otorgar a estos sujetos beneficios fiscales, subsidios y otros tipos de incentivos, como el reconocimiento público, para estimular así la remediación. (a) Exención de responsabilidad Algunos países de Latinoamérica ofrece la exención de responsabilidad como un incentivo para la descontaminación voluntaria. Al evitarse una cos- tosa contienda en torno a la responsabilidad, este mecanismo permite preservar los recursos públicos. Por ejemplo, en Chile, en circunstancias específicas, el gobierno concede la exención de ciertos tipos de responsabilidad, además de la exención del requisito de obtener algunos tipos de autorizaciones gubernamentales, cuando los sujetos responsables de la contaminación u otra clase de violaciones a la normativa asumen voluntariamente la responsabilidad emergente en lugar de discutirla. De modo similar, en el Perú, el gobierno exime de ciertas responsabilidades a los sujetos que remedian voluntariamente sitios contaminados por la actividad minera. (b) Beneficios fiscales Otra herramienta para incentivar la descontaminación consiste en conceder a los sujetos que emprenden determinadas actividades de descontaminación una reducción en los impuestos que adeudan. Si bien este mecanismo puede traer como consecuencia una disminución en los ingresos públicos, lo cual tiene el mismo efecto que aumentar el gasto público, la propuesta de reducir impuestos puede resultar políticamente más atractiva que la de aumentar el gasto. Una desventaja de este tipo de medidas es que el beneficio resultante Blacksmith Institute GAHP CYRUS R. VANCE CENTER FOR INTERNATIONAL JUSTICE 1718 de reducir impuestos puede ser difícil de transferir entre partes que quizás estén sujetas a distintas cargas fiscales, lo cual puede tornar algo más complicado monetizar el incentivo para obtener financiación. En los Estados Unidos de América, varios estados otorgan incentivos fiscales para la investigación y remediación de sitios. El estado de Nueva York tiene un programa por el cual determinados sujetos que desean desarrollar un sitio donde el desarrollo es complicado por la presencia efectiva o potencial de contaminantes pueden deducir de sus impuestos ciertos gastos específicos relacionados con la investigación y remediación del sitio. Estas deducciones de impuestos cubren no solo los costos de investigación y remediación, sino también los de desarrollo del sitio. El estado de Nueva Jersey concede reducciones impositivas por un importe igual al de ciertos gastos específicos de descontaminación. En el pasado, el gobierno federal de los Estados Unidos también ha dispuesto la concesión de un incentivo fiscal similar con fines de remediación. (c) Subsidios Los gobiernos también pueden incentivar la descontaminación mediante el otorgamiento directo de subsidios en dinero a quienes investigan y remedian sitios contaminados. La ventaja de este sistema es que se provee un incentivo pecuniario de inmediata disponibilidad, que puede utilizarse para contribuir a la financiación de actividades de descontaminación antes de que estas se inicien. Sin embargo, los subsidios requieren un gasto público adicional, que puede resultar difícil concertar y sostener. En el Perú, el gobierno provee al otorgamiento de subsidios a organizaciones no gubernamentales que emprenden la remediación de sitios con- taminados por la actividad minera. En los Estados Unidos de América, el gobierno federal (así como el de algunos estados) tiene un programa por el cual los sujetos que deseen realizar actividades de investigación o remediación pueden presentar una solicitud (d) Otros incentivos Los gobiernos gozan de amplia latitud para diseñar incentivos que podrían alentar la investigación y remediación de sitios contaminados. Por ejemplo, en el Perú, el gobierno ha estructurado una serie de novedosos incentivos en el sector minero, tales como la aplicación de gastos de remediación para compensar compromisos de producción y la posibilidad de emitir bonos de responsabilidad social ambiental. La ley peruana también contempla la posibilidad de que los sitios con determinadas características donde en el pasado se desarrollaron explotaciones mineras y que han sido remediados sean declarados Áreas de Conservación Ambiental Minera. Se trata de un estatus especial de uso de la tierra que permite a quien ha llevado a cabo la remediación utilizar la tierra con fines de lucro en actividades turísticas, recreativas u otras específicamente autorizadas. Las leyes peruanas también establecen (si bien todavía no se ha implementado) la creación de un registro de buenas prácticas e infractores ambientales, donde se deja constancia del historial de cumplimiento ambiental de una persona o entidad para futura referencia de las autoridades, lo cual incentiva a los actores a procurarse un historial de conductas positivas en términos regulatorios. Además, el Ministerio del Ambiente tiene un programa para la entrega de premios de ecoeficiencia empresarial como un mecanismo de promoción de buenas prácticas ambientales. Regulatory Best Practices for Remediation of Legacy Toxic Contamination 1819 4 Elementos Clave de un Proceso Claro y Eficaz Algunos de los impedimentos más serios para una efectiva remediación de sitios contaminados radican en la complejidad y escasa claridad del proceso. Cuando las empresas temen que se embarcarán en un proceso que no tiene fin y que no puede entenderse ni cuantificarse, es menos probable que emprendan actividades de remediación en forma voluntaria. Afortunadamente, es mucho lo que pueden hacer tanto el legislador como los organismos del Ejecutivo para aliviar estas preocupaciones, simplificando y clarificando el proceso de remediación. (a) Definición clara de los responsables La falta de claridad acerca de quién tiene la responsabilidad de remediar la contaminación en un sitio puede constituir un grave impedimento para la acción. Para reducir el grado de incertidumbre y evitar prolongadas contiendas legales al inicio, muchos países han aprobado leyes que establecen la responsabilidad objetiva y solidaria por la contaminación ambiental. Esta responsabilidad se puede imputar a los actuales propietarios de sitios contaminados (aun si no fueron ellos quienes causaron la contaminación), así como también a los anteriores propietarios y operadores involucrados en la actividad contaminante. Responsabilidad objetiva significa que el estado puede declarar responsable a un sujeto con independencia de que este haya tenido o no culpa en la causación de la contaminación. Responsabilidad solidaria significa que el estado puede dirigirse contra una cualquiera de las entidades responsables y exigirle que inicie de inmediato la remediación. En la mayoría de las jurisdicciones del continente americano, el sujeto declarado responsable frente al estado respecto de una actividad de remediación tiene derecho a iniciar acciones legales contra otros responsables para reclamarles su parte de los costos de descontaminación en función de su contribución al problema. En Brasil, la ley impone responsabilidad objetiva y solidaria por la contaminación a cualquier persona directa o indirectamente involucrada en las actividades que la causaron. En el estado de São Paulo, la responsabilidad puede extenderse a la entidad o persona (incluidos sus sucesores) responsables de causar la contaminación, al propietario, al titular del derecho de superficie, al poseedor de la propiedad y a cualquier otra persona que directa o indirectamente obtenga un beneficio económico de ella. De modo similar, en México, se impone la responsabilidad objetiva y solidaria a los propietarios y poseedores de tierras con suelo contaminado, con independencia de la existencia de culpa. Blacksmith Institute GAHP CYRUS R. VANCE CENTER FOR INTERNATIONAL JUSTICE 1920 Este tratamiento de la responsabilidad ofrece la ventaja de que promueve una inmediata y efectiva remediación por parte del sujeto que, según el estado entiende, está en mejores condiciones de proveer a ella, al tiempo que respeta el principio de que el que contamina, paga. Tal vez lo más importante es que permite reducir la incertidumbre y preservar recursos para actividades efectivas de remediación que, de lo contrario, podrían terminar malgastados en discutir la responsabilidad. No obstante, debe asegurarse que los organismos de gobierno hagan un uso acertado de su criterio al elegir a los sujetos más adecuados a quienes imponer la responsabilidad, sobre la base de la información disponible. (b) Designación de un solo organismo con competencia en el proceso de remediación El proceso de solicitud de aprobación de un plan de remediación, de implementación de actividades de remediación y de obtención de la autorización definitiva del sitio remediado puede ser ineficaz, lento e innecesariamente gravoso si son demasiados los organismos públicos que participan en la toma de decisiones, especialmente en áreas donde hay conflictos de competencia o competencias superpuestas. En cambio, el proceso de remediación avanza con mayor agilidad cuando el sujeto responsable de la remediación interactúa con un solo organismo gubernamental o bien con unos pocos. Al limitarse la supervisión gubernamental a un solo organismo, el sujeto a cargo de la remediación adquiere una mayor certeza acerca del proceso, sabe a quién dirigirse cuando se plantean dudas o problemas, y está menos expuesto a recibir instrucciones contradictorias o duplicadas. Por su parte, el gobierno se beneficia del ahorro de tiempo y recursos y de la concentración del conocimiento especializado en una dotación más acotada de personal. En México, por ejemplo, la competencia sobre la remediación de sitios contaminados está concentrada en el gobierno federal, que tiene a su cargo la aprobación y supervisión de actividades de remediación. Un organismo federal examina y da el visto bueno a los planes y, eventualmente, aprueba las descontaminaciones ya terminadas, mientras que otro se encarga de realizar inspecciones para verificar el cumplimiento con la ley y las normas aplicables. De modo similar, Chile cuenta con un sistema unitario de remediación de sitios contaminados por el cual un único organismo se encarga de ordenar y supervisar tareas de descontaminación. En el caso de sitios abandonados, el Ministerio del Ambiente ha creado recientemente un programa específico para establecer prioridades entre los sitios y tratar el problema de la contaminación. (c) Procedimientos claros y coherentes para la obtención de las autorizaciones necesarias y las aprobaciones definitivas La incertidumbre y la ineficiencia también pueden evitarse si se establecen procedimientos coherentes y simples para su observación por los sujetos que emprenden tareas de remediación y por los funcionarios de gobierno. Cuando se establecen los requisitos procedimentales en documentos de acceso público, como por ejemplo, normas publicadas, tanto quienes realizan actividades de remediación como los funcionarios tienen expectativas más claras acerca de qué debe hacerse y de cuánto tiempo puede esperarse razonablemente que lleve cada etapa. También es útil contar con lineamientos técnicos de acceso público respecto de diversos aspectos del proceso de remediación, tales como la elaboración del plan de remediación y el contenido que este debe tener, la metodología y las directrices que han de seguirse para el muestreo y análisis, y la información acerca de consulto- Regulatory Best Practices for Remediation of Legacy Toxic Contamination 20 Mostrar más
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 resolución 
 Artículo 14
 ARTÍCULO 502
 Artículo 14
 Artículo 17
 Artículo 1
 Artículo 11
 Artículo 6
 Artículo 14
 Artículo 1
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 1

Resolución 
 Artículo 25
 Resolución 

Resolución 
 Artículo 12
 REAL DECRETO 

REAL DECRETO