Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810317.html
Timestamp: 2019-11-20 04:48:06+00:00

Document:
as201810317
AUTO SUPREMO Nº 317/2018-RRC
Expediente : Santa Cruz 119/2017
Parte Acusadora : Martina García Merma
Parte Imputada : María Araceli Mercado Núñez
Por memorial presentado el 4 de julio de 2017, cursante de fs. 338 a 342, María Araceli Mercado Núñez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 26/2017 de 19 de mayo, de fs. 326 a 335, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Sana Cruz, dentro del proceso penal seguido por Martina García Merma contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).
Por Sentencia 2/2017 de 26 de enero (fs. 288 a 300), el Juez Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a María Araceli Mercado Núñez, autora de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de dos años y cuatro meses de reclusión, con costas procesales, más la reparación de daños civiles.
Contra la mencionada Sentencia, la imputada María Araceli Mercado Núñez (fs. 304 a 308 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 26/2017 de 19 de mayo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 787/2017-RA de 17 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Falta de resolución expresa sobre el primer motivo de la apelación restringida, debido a que al momento de presentar dicho recurso se observó defectos y vicios del Auto que resuelve el incidente de exclusión probatoria de oficio, porque rechazó la prueba documental (fs. 27 a 29 y fs. 29 a 30) por haber sido ofrecida en copias simples, sin considerar que su autoridad al admitir la querella dispuso la remisión en fotocopias legalizadas al Notario de Fe Pública 42, mediante oficio 296/2014 de 25 de septiembre, que cursa en fotocopias legalizadas del expediente (fs. 65 a 71), al respecto con relación al fundamentación que hace referencia el Auto de Vista señala que no es sustentable, porque aun siendo fotocopias simples no podrían ser excluidos; ya que, existe doctrina legal que establece que las fotocopias simples deben ser valoradas; aspecto que, generó la vulneración de los arts. 8, 9, 171, 172 y 216 del CPP, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8.2 inc. a), d) y c) de la D.H.D.H. relacionados con el derechos a la defensa, 123 y 124 del CPP, relacionados con la garantía de la motivación escrita de las resoluciones judiciales; en ese sentido, este primer motivo de su recurso de apelación no fue resuelto por el Tribunal de alzada al dictar el Auto de Vista objeto del presente recurso.
La recurrente solicita se declare fundado su recurso, disponiendo que el Tribunal de alzada pronuncie nueva Resolución absolviendo los agravios reclamados.
Mediante Auto Supremo 787/2017-RA de 17 de octubre, cursante de fs. 356 a 359, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por la recurrente María Araceli Mercado Núñez, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.
Por Sentencia 2/2017 de 26 de enero, el Juez Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a María Araceli Mercado Núñez, autora de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de dos años y cuatro meses de reclusión, con costas procesales, más la reparación de daños civiles, bajo los siguientes hechos probados:
Conforme a la documental adjunta y producida en Juicio, se evidenció que a fs. 2 a 5 existiría un Testimonio extendido por las oficinas de DD.RR. de 29 de enero de 1999, que en su cláusula segunda Antonio Cuba Sierra da mediante venta real y definitiva a Domingo Zarate Apaza dos lotes de su propiedad, que existe un certificado de Folio Real donde se evidencia que existe una anotación preventiva a favor de Martina García Merma de dicho lote de terreno, a fs. 7 un certificado catastral a nombre de Domino Zarate Apaza, formularios de pago de impuestos municipales, minuta de transferencia suscrita entre Domingo Zarate Apaza, Benita Serrudo Quespi de Zarate y Martina García Merma, de 5 de noviembre de 2009, a fs. 10 formulario de reconocimiento de firmas, documento aclarativo y formulario de reconocimiento de firmas cursante a fs. 11 a 13, que acreditan el derecho real del bien inmueble a favor de Martina García Merma.
De la declaración de los testigos de cargo Agustina Choque Chocaya, Esteban Merma Díaz, Rony Daniel Rivero y Pablo Rivera Ávila, colige, que la acusada María Araceli Mercado Núñez procedió a embardar el lote de terreno en litigio, evitando el ingreso a la querellante.
Notificada con la Sentencia María Araceli Mercado Núñez, formuló recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos vinculados al motivo de casación:
“DEFECTOS O VICIOS DEL AUTO QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE EXCLUSIÓN PROBATORIA DE OFICIO: El fundamento de la resolución es que la Prueba Documental (fs. 27 a 28 y fs. 29 a 30), por haber sido ofrecidos en COPIAS SIMPLES, sin considerar que su autoridad al admitir la querella dispuso la Remisión en FOTOCOPIAS LEGALIZADAS al Notario de Fe Pública No. 41, mediante OFICIO No. 296/2014 de 25 de septiembre de 2014, que cursa a fs. 64 y las Fotocopias Legalizadas (fs. 65 a 71) del Cuaderno Procesal”; afirma que no existe Resolución motivada que resuelva la exclusión probatoria de oficio, más que el acta de registro del juicio, por lo que recurre a la decisión producida y registrada en el acta; ya que, existe la reserva de recurrir, pues la Sentencia simplemente haría una referencia al trámite de la exclusión, sin motivarla. Añade, que la prueba excluida de oficio atenta su derecho a la defensa, en razón a que beneficiarían su defensa; ya que, demuestran que su persona solo compró un lote de terreno y quienes le transfieren la posesión son sus vendedores José Luís Vega Tapia y Susi Payares Chávez, por lo que no se le puede atribuir el Despojo, cuando nunca tuvo la intensión de apoderarse del inmueble, considerando que el delito es Doloso. Además, solo por el hecho de ser fotocopias simples no podían ser excluidos, resultándole la exclusión de oficio no fundamentada, no existiendo argumento alguno para excluir, en razón a que dio curso a través de un oficio al Notario de Fe Pública la remisión de fotocopias legalizadas, la que fue cumplida.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos vinculados al motivo de casación:
Con relación al Defecto o Vicio del Auto que resuelve el incidente de Exclusión probatoria dictado de oficio por el Juez inferior: 1. Deja claramente establecido, que la defensa de la acusada María Araceli Mercado Núñez no ofreció ni produjo en juicio oral ninguna prueba de descargo; y, 2. Las pruebas excluidas de oficio signadas con los números 27, 28, 29 y 30 fueron ofrecidas y producidas en juicio por el abogado de la querellante Martina García Merma, las cuales de la revisión del acta de continuación de juicio oral de 6 de septiembre de 2016 (fs. 232 a 233 vta.), estableciendo que dichas pruebas fueron excluidas correctamente al amparo del art. 333 inc. 2) del CPP; toda vez, que son declaraciones testificales y por ser fotocopias simples, no habiendo interpuesto ningún recurso la parte querellante contra esa resolución judicial que excluyó en juicio sus pruebas de cargo ofrecidas; siendo también, que en sentencia fue ratificada y nuevamente fundamentada esa Resolución de exclusión probatoria por el Juez inferior. Por lo que, al estar correctamente fundamentada dicha exclusión confirma la misma, tomando en cuenta también que la acusada no tiene la legitimidad para solicitar se deje sin efecto la exclusión de pruebas de cargo que fueron ofrecidas por la parte querellante; puesto que, en su oportunidad conforme a procedimiento y dentro del término establecido por ley debió ofrecer sus propias pruebas de descargo o adherirse a las ya ofrecidas, pero de ninguna manera tratar de que el Tribunal de alzada se pronuncie sobre resoluciones que no reclamaron en su debido momento.
VULNERACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA
En el presente caso, este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización admitió el segundo motivo del recurso de casación, a los fines de evidenciar si el Auto de Vista impugnado no se pronunció respecto al primer motivo de su recurso de apelación restringida, referido a la observación de defectos y vicios del Auto que resolvió el incidente de exclusión probatoria de oficio; en cuyo efecto, corresponde resolver la problemática planteada.
Conforme el desarrollo jurisprudencial de este Tribunal, cuando una autoridad jurisdiccional no se pronuncia sobre las denuncias planteadas, incurre en el defecto de incongruencia omisiva; aspecto que, incumple el art. 398 del CPP, que establece: “Los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”; entendiéndose que la congruencia exigible, comprende en la obtención de una respuesta razonada a los planteamientos de las partes, en cuyo mérito el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, en su apartado III.1, asumió el siguiente entendimiento: “…la autoridad jurisdiccional al no pronunciarse sobre el contenido de las pretensiones solicitadas por el denunciante incurre en una incongruencia omisiva o fallo corto (citra petita o ex silentio); sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita”, sentando como doctrina legal aplicable que: “(…) En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría que estamos ante la existencia de una incongruencia omisiva (citrapetita o ex silentio),es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal”.
Consiguientemente, los Tribunales de alzada a momento de emitir sus fallos deben tener presente que su función de controlador debe abocarse a responder a todos los puntos denunciados por los recurrentes, lo contrario implicaría incurrir en incongruencia omisiva, vulnerando el debido proceso e incumpliendo la exigencia prevista en el art. 398 del CPP.
Sintetizada la denuncia en la que alega, que el Auto de Vista recurrido no se pronunció de forma expresa respecto al primer motivo de su apelación, referido a la observación de defectos y vicios del Auto que resolvió el incidente de exclusión probatoria de oficio; ya que, rechazó la prueba documental de (fs. 27 a 29 y fs. 29 a 30) por haber sido ofrecida en copias simples, sin considerar que al admitirse la querella se dispuso la remisión en fotocopias legalizadas al Notario de Fe Pública mediante oficio 296/2014 de 25 de septiembre, que cursa en fotocopias legalizadas del expediente (fs. 65 a 71), pues considera, que aun siendo fotocopias simples no podían ser excluidos, que así lo establecería la doctrina legal, por lo que acusa se vulneró su derecho a la defensa, relacionada con la garantía de la motivación.
Ingresando al análisis del presente recurso, conforme se precisó en los antecedentes procesales, ante la emisión de la Sentencia condenatoria, la imputada formuló recurso de apelación restringida donde evidentemente como primer agravio denunció: “DEFECTOS O VICIOS DEL AUTO QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE EXCLUSIÓN PROBATORIA DE OFICIO: El fundamento de la resolución es que la Prueba Documental (fs. 27 a 28 y fs.29 a 30) por haber sido ofrecidos en COPIAS SIMPLES, sin considerar que su autoridad al admitir la querella dispuso la Remisión en FOTOCOPIAS LEGALIZADAS al Notario de Fe Pública No. 41, mediante OFICIO No. 296/2014 de 25 de septiembre de 2014, que cursa a fs. 64 y las Fotocopias Legalizadas (fs. 65 a 71) del Cuaderno Procesal”. Añadiendo, que la prueba excluida de oficio, atenta su derecho a la defensa, en razón a que beneficiarían su defensa, pues demostrarían que su persona solo compró un lote de terreno y quienes le transfieren la posesión son sus vendedores José Luís Vega Tapia y Susi Payares Chávez; que por el solo hecho de ser fotocopias simples no podían ser excluidos; respecto a lo cual, conforme se extrajo en el acápite II.3 de esta Resolución, el Tribunal de alzada abrió su competencia y desestimó el reclamo, puntualizando dos aspectos: primero.- que la defensa de la acusada María Araceli Mercado Núñez no ofreció ni produjo en juicio oral ninguna prueba de descargo; y, segundo.- que las pruebas excluidas de oficio signadas con los números 27, 28, 29 y 30 fueron ofrecidas y producidas en juicio por el abogado de la querellante, las cuales de la revisión del acta de continuación de juicio oral de 6 de septiembre de 2016 (fs. 232 a 233 vta.), establecería que fueron excluidas correctamente al amparo del art. 333 inc. 2) del CPP; toda vez, que serían declaraciones testificales y por ser fotocopias simples, no interponiendo ningún recurso la parte querellante contra esta resolución que excluyó en juicio pruebas de cargo, que en sentencia había sido ratificada y nuevamente fundamentada por el Juez inferior. Por lo que, al encontrar correctamente fundamentada la exclusión, confirmó la misma, añadiendo además, que la acusada no tenía legitimidad para solicitar se deje sin efecto la exclusión de pruebas de cargo que fueron ofrecidas por la parte querellante, que en su oportunidad conforme a procedimiento y dentro del término establecido por ley debió ofrecer sus propias pruebas de descargo o adherirse a las ya ofrecidas y de ninguna manera tratar de que el Tribunal de alzada se pronuncie sobre resoluciones que no reclamaron en su debido momento.
De esa relación necesaria de antecedentes, se evidencia que el Auto de Vista recurrido de ninguna manera incurrió en falta de resolución expresa respecto al primer reclamo del recurso de apelación restringida como alega la recurrente; por el contrario, de manera expresa respondió, que la denuncia no tenía mérito; toda vez, que la recurrente no ofreció ni produjo en juicio oral ninguna prueba de descargo, que las pruebas excluidas de oficio fueron ofrecidas y producidas por la parte querellante, encontrando dicha exclusión correcta y debidamente fundamenta por lo que confirmó la misma; explicándole además el Tribunal de alzada, que la acusada no tenía legitimidad para solicitar se deje sin efecto la exclusión de pruebas de cargo, que en el término establecido por ley debió ofrecer sus propias pruebas de descargo o adherirse a las ya ofrecidas, lo que no había ocurrido; argumentos que evidencian que el punto extrañado por la recurrente, sí fue resuelto de manera expresa por el Tribunal de apelación; consecuentemente, no se advierte vulneración a su derecho a la defensa relacionado con la garantía de la motivación de las resoluciones judiciales; puesto que, el Auto de Vista recurrido no incurrió en el defecto de incongruencia omisiva, que fue explicado en el acápite III.1 de este Auto Supremo; pues circunscribió su Resolución a los aspectos reclamados por la recurrente en la formulación de su recurso de apelación, por lo que el presente recurso deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Araceli Mercado Núñez.

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