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Timestamp: 2019-08-20 19:47:30+00:00

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Prevención de riesgos laborales. Medidas de emergencia y riesgo grave e inminente - Informativo Jurídico
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D. Juan Carlos Bajo Albarracín. Profesor , en la Obra Big Data Jurist Ver Perfil
D. Luis Alberto López Martínez. Director , en la Obra Big Data Jurist Ver Perfil
De conformidad con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, una emergencia es “Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva.
Pero si vemos la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una emergencia es “Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata”
La emergencia aparece cuando, en la combinación de factores conocidos (por ejemplo, una emergencia por incendio sabemos a priori que existe un material combustible, una fuente de ignición, oxigeno), surge un fenómeno o suceso que no se esperaba (por ejemplo, un cortocircuito eléctrico), eventual, inesperado (por ejemplo, fallo en un diferencial) y desagradable por causar daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
En España dos circunstancias han influido ampliamente en las medidas de emergencia desarrolladas por las administraciones públicas: el incendio del Hotel Corona de Aragón (1979) con 78 muertos y el accidente del Camping de los Alfaques en 1978 con 243 muertos.
Estás circunstancias desencadenaron la necesidad de establecer criterios para la implantación de medidas de emergencia en locales de pública concurrencia, empresas, centros de trabajo, etc. por ello, nos encontramos que ya en 1979 se publicó la Orden de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos. No obstante, algunas ciudades ya disponían, a partir de 1976, de sus propias ordenanzas contra incendios que afectaban entre otras, a la actividad hotelera.
Entre la normativa estatal de carácter general se introdujo en 1982 es de aplicación la Norma Básica de la Edificación Condiciones de Protección contra incendios en los Edificios (NBE-CPI 82) y como guía de referencia para la elaboración de planes de emergencia (no de obligado cumplimiento) se publicó el “Manual de Autoprotección para el Desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y de Evacuación en Locales y Edificios”. Orden 29-11-1984. BOE 16-06-1985.
A partir de ese momento se han ido publicando y modificando la legislación necesaria para desarrollar todos los aspectos relacionados con las medidas de emergencia, que, en la actualidad, se encuentra en la siguiente relación:
Ley 17/2015, de 9 de julio, Ley del Sistema Nacional de Protección Civil
Real decreto 407/1992, de 24 de abril, Norma Básica de Protección Civil
Real decreto 393/2007, de 23 de marzo, Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. (Real decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real decreto 393/2007)
Real decreto 1378/1985, de 1 de agosto, Medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Ley 31/195, de prevención de riesgos laborales
Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, Incendios Forestales
Resolución de 5 de mayo de 1995, ampliada por la Resolución de 17 de septiembre de 2004 de la Secretaría de Estado de Interior, Riesgo Sísmico
Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, Riesgo Volcánico
Real Decreto 1053/2015, de 20 de noviembre, Riesgo de Maremotos
Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, Riesgo de Inundaciones
Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, Riesgo Radiológico
Riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas
Real Decreto 1196/2003, de 10 de septiembre, Riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas
Riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril
Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, Riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril
Si nos centramos en las emergencias y sus medidas de emergencia fuera del ámbito de emergencias nacionales o catástrofes y de aplicación general debemos tener en cuenta:
Artículo 20, de la Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, establece la obligatoriedad de que todo centro de trabajo prevea las medidas de emergencias y más concretamente:
Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación
Designar el personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobar periódicamente su correcto funcionamiento.
Gestión y coordinación con los Servicios de ayuda externa
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se “aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que pueden dar origen a situaciones de emergencia” Exigida como norma mínima o supletoria y sin perjuicio de lo establecido en la Ley 31/1995. Definido en su Anexo I, el ámbito de aplicación:
Actividades con reglamentación sectorial especifica.
Actividades industriales, de almacenamiento y de investigación. Establecimientos en los que intervienen sustancias peligrosas, almacenamiento de productos químicos, en los que intervienen explosivos, de gestión de residuos peligrosos, minería, utilización de “Organismos modificados genéticamente”, “Materias biológicas peligrosas.
Actividades de infraestructura de transporte. Túneles, puertos comerciales, aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias
Actividades de infraestructuras energéticas Instalaciones nucleares y radiactivas, Presas y embalses.
Actividades de espectáculos públicos y recreativos. En espacios cerrados: edificios cerrados con capacidad o aforo para más de 2.000 personas, o con altura de evacuación superior a 28 m (9 plantas). Instalaciones cerradas o desmontables o de temporada con capacidad o aforo igual o superior a 2.500 personas. Al aire libre: con capacidad o aforo igual o superior a 20.000 personas.
Actividades industriales, de almacenamiento y de investigación.
Establecimientos en los que intervienen sustancias peligrosas, según reglamentación “accidentes graves”.
Actividades de almacenamiento de productos químicos, acogidas a ITC APQ 1 a 8, según cantidades.
Instalaciones de utilización de “Organismos modificados genéticamente”.
Instalaciones de tratamiento de “Materias biológicas peligrosas.
Conato de emergencia: este tipo de emergencia no denota gran preocupación ya que es posible controlarla y dominarla con métodos sencillos y de forma rápida, por parte del personal instruido y con medios provistos en diferentes centros. Dentro de esta categoría podría ser incluido incendios pequeños los que pueden controlarse con extintores existentes en cualquier tipo de lugar público o algún accidente que solamente precise elementos que pueden encontrarse en un botiquín regular.
Conato de emergencia: Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del área o sector.
Emergencia parcial: Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los equipos especiales de emergencia del sector. Los efectos de la emergencia parcial quedarán limitados a un sector y no afectarán a otros sectores colindantes ni a terceras personas.
Emergencia general: Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores.
La emergencia general supone la evacuación de las personas de todos los sectores de la empresa.
Pautas de actuación ante una emergencia
Los pasos a seguir ante una emergencia serán:
Alerta: trata de dar aviso de forma rápida y eficaz y poner en acción a los equipos que tienen la misión de primera intervención.
Alarma: da la orden a todo el personal que no tiene una misión asignada en la evacuación, de manera que se dirijan al punto de encuentro fijado de antemano.
Intervención: es la actuación de forma eficaz para el control y mitigación de la causa que ha provocado la emergencia.
Apoyo: es el auxilio de los equipos de intervención tras la comunicación de la emergencia a los servicios de ayuda exterior.
Una vez realizado el Plan de Emergencia es necesario implantarlo, es decir que todo el mundo lo conozca y sepa perfectamente cómo reaccionar en caso de emergencia, tanto en lo referido a la organización como en las funciones que han de desempeñar, así como para detectar anomalías en la Plan.
Algo fundamental para comprobar la eficacia de nuestro plan de emergencia es la realización de un simulacro general de emergencia. Se efectuará un simulacro de emergencia periódicamente, del cual se deducirán las conclusiones precisas encaminadas a lograr una mayor efectividad y mejora del plan.
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Un Simulacro General de Emergencia es la simulación de una situación que, degradada a lo largo del tiempo, obligue a la declaración de todos los Niveles de Emergencia y a la actuación total de la organización para hacer frente a la emergencia.
Las empresas deben realizar un Plan de Emergencia, pero no debe hacerse simplemente en el cumplimiento de una legislación más o menos restrictiva, sino en el convencimiento de que es el mejor medio para estar preparados ante cualquier emergencia que tenga lugar en nuestras instalaciones.
Diferencia entre un plan de emergencia y un plan de autoportección
La primera diferencia existente es que el Plan de Emergencias está regulado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en su artículo 20), donde se especifica que “el empresario teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá: analizar las situaciones de emergencia; Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores; Designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas, el cual deberá ser formado; Y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de dicho plan.”
Mientras que el Plan de Autoprotección, está regulado por el Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección. Este Decreto regula que “el titular de la actividad deberá: elaborar el Plan de Autoprotección de acuerdo con el contenido mínimo especificado en el anexo II; desarrollar las actuaciones para la implantación y mantenimiento de la eficacia del Plan e informar y formar al personal.”
El Plan de Emergencias está regulado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por tanto, se debe aplicar a todas las empresas con trabajadores contratados por cuenta ajena.
Sin embargo, el Plan de Autoprotección, se aplica solamente a determinadas empresas. Únicamente a aquellas que desarrollen alguna de las actividades que se especifican en el anexo I del RD 393/2007.
Para la elaboración del Plan de Emergencias no existe un criterio especificado sobre su contenido, mientras que, para la elaboración de un Plan de Autoprotección, hay que seguir el contenido regulado en el Real Decreto 393/2007, el cual debe estar paginado.
Como particularidad, hay que citar que el plan de emergencia constituye una de las partes incluidas dentro del plan de autoprotección.
Mientras que el plan de emergencias no necesita aprobación de ningún tipo, el plan de autoprotección requiere la aprobación de la Autoridad Competente de cada Comunidad Autónoma, es decir, que los datos de los planes de autoprotección que sean relevantes para la protección civil (como mínimo los datos referidos en el anexo IV de la Norma Básica de Autoprotección), deberán ser inscritos en un registro administrativo.
Para la elaboración de planes de autoprotección corresponde a la Administración Pública competente determinar el perfil o la titulación del redactor del Plan de Autoprotección a la vista de su trayectoria profesional o formativa. Por ende, la norma solo especifica que deberán ser redactados y firmados por un técnico competente capacitado.
Se entiende por riesgo grave e inminente aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
Se considera riesgo grave e inminente aquellas situaciones en las que se den los siguientes requisitos (OHSAS):
Debe haber un riesgo de muerte o lesión física grave. “Lesión física grave” significa que una parte del cuerpo es dañada de tal manera que no se puede utilizar o cuyo uso es incompleto. Por ejemplo, una máquina que no cumple la normativa de prevención y carece de marcado CE, y la cual ha ocasionado algún accidente anteriormente.
En el caso de un riesgo de salud debe haber una expectativa razonable de la existencia de substancias peligrosas u otros riesgos a la salud, y que las exposiciones a estos disminuirían la vida o causarían una seria reducción en la capacidad física o mental. El daño causado por el riesgo de salud no tiene que evidenciarse inmediatamente. Por ejemplo, ante la demolición de una casa sospechar la presencia de amianto.
El peligro debe ser inmediato o inminente. Esto significa que se debe creer que la muerte o una lesión física grave ocurrirá en poco tiempo.
La Ley de Prevención obliga al empresario a adoptar las medidas preventivas oportunas ante cualquier situación de riego «grave e inminente», no obstante, esta ley también ampara al trabajador de manera que reconoce el derecho de este a paralizar su trabajo o actividad cuando se presente este tipo de riesgo (art. 21 de la Ley 31/95).
Dos son las condiciones que debe reunir un riesgo para que pueda ser considerado grave e inminente: (LPRL, art. 4.4.)
Que esa exposición suponga un daño grave para la salud de los trabajadores, aunque este daño no se manifieste de forma inmediata.
La paralización de la actividad ante esta situación debe ser inmediata y puede llevarse a cabo de distintas maneras:
En estos dos últimos casos, el acuerdo de paralización debe ser comunicado inmediatamente a la empresa y a la Autoridad Laboral, la cual lo ratificará o anulará en 24 horas. La paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente es un derecho de los trabajadores y el hecho de impedirlo por parte de la empresa se considera infracción muy grave y así se recoge en el texto refundido de la Ley de Infracciones y sanciones del Orden Social (RD 5/2000 art. 13).
El trabajador que por motivos justificados se viera obligado a ejercer este derecho no podría ser sancionado por ello, no obstante, si se demuestra que el trabajador paraliza la actividad actuando de mala fe sí podría ser sancionado.
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Resolución 
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Artículo 20

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