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Timestamp: 2020-01-17 16:31:29+00:00

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Contra la dictadura constitucional y por la democracia participativa
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11. LA DICTADURA CONSTITUCIONAL SANTANISTA
VI. LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL BOSCHISTA
VII. DICT ADURA CONSTITUCIONAL BALAGUERISTA
1- Porque lesiona los derechos fundamentales.
2- Porque condiciona la separación de las funciones del Estado.
3- Porque reduce el Poder Constituyente a la esfera del Poder constituido
5- Pero además del dictatorial, la Constitución vigente, carece de legitimidad
8- Aun cuando parezca contradictorio, la Constitución vigente, además, inconstitucional
II. Crecimiento económico con igualdad social.
III. Inclusión social y materialización de derechos.
IV. Saneamiento de la administración publica.
I- Contra la dictadura Constitucional
Ciudadanos y ciudadanas por la Democracia han provocado un gran revuelo con su reiteración de que la Constitución vigente contiene consagraciones dictatoriales, contra las cuales llama a luchar y evitar su consolidación, para ello busca por todos los medios lícitos, la derrota de la candidatura Presidencial y vice Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), partido que promovió y defendió a ultranza dichas consagraciones en la última Asamblea Revisora de la Constitución.
El propósito del presente trabajo no es otro que persuadir a sus lectores de los objetivos de Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia, de más en mas convertido, en Frente Político y Social de lucha por la democracia participativa y contra la dictadura constitucional.
Además, se tiene un especial interés en probar que la dictadura constitucional no es una invención de Leonel Fernández sino una corriente, principalmente latinoamericana, a través de la cual el presidencialismo busca crear un instrumento aniquilador del Estado de Derecho y la soberanía popular, esa dictadura está establecida en la propia Constitución vigente embellecida con un ropaje de retorica democrática.
A partir de la amplitud de propósitos que nos anima y de la escasa capacidad de síntesis que poseemos, nuestra exposición escrita se ha disparado más allá de lo deseado. Junto a esta inevitable introducción se entendió necesario un espacio dedicado a la tiranía, en vista de la confusión que hemos constatado entre los conceptos dictadura y tiranía. El resto del trabajo viene sugerido por la convicción de que la vida republicana en el país esta marcada por siete figuras políticas, el tratamiento de cuyas ejecutorias dictatoriales o democráticas no podíamos obviar. Son ellos Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heureaux, Rafael Leonidas Trujillo, Juan Bosch, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández.
Estamos conscientes de los obstáculos a vencer antes de que el contenido de estos artículos- penetren en la conciencia ciudadana: primero que todo la idea inducida en el seno del pueblo de que la Constitución es un texto para abogados y políticos; en segundo lugar, creencia generalizada de que la Constitución es un pedazo de papel, conquista diabólica de Joaquín Balaguer el que, refleja una lectura interesada de la conocida hipótesis del francés Ferdinand Lassalle. Este, al hacer la afirmación citada, se refería exclusivamente a las constituciones antidemocráticas; en tercer lugar el carácter no cotidiano de la conceptualización que estamos empleando, las que pueden provocar un rechazo automático del lector no informado y en cuarto lugar, la ausencia de conciencia por parte de la ciudadanía de que ella es la soberana, por lo que debe interesarse en los temas constitucionales para saber, no sólo defenderlos cuando son avanzados, sino cuestionarios cuando no lo son; más aun, aprender a formularios con criterios propios.
La dictadura constitucional es un fenómeno que tiene carácter formal y que puede o no tener repercusión material. Es una situación plasmada en la Constitución y que puede o no traducirse en acciones materiales afectando los derechos y garantías individuales y sociales de la ciudadanía, es decir el Estado de derecho.
Sobre la dictadura constitucional, por cuanto se le confunde con la tiranía y también con algunas corrientes democráticas, es necesario poner en claro algunas de sus características y modalidades.
Ayudara en este propósito buscar el auxilio de sus precursores.
Históricamente el primero parece ser Carl Schmitt, que en su obra La Dictadura, a comienzos del siglo pasado, la clasifica en dos tipos: la dictadura Comisarial que es la que otorgan los mandatarios (presidentes, militares, etc.) y la soberana, que es la otorgada por el pueblo. Schrnitt, además, nos deja ver claramente la diferencia entre dictadura y tiranía... " para la República, la dictadura debió ser justamente una cuestión vital. Porque el dictador no es un tirano y la dictadura no es algo así como una forma de dominación absoluta, sino un medio peculiar de la Constitución republicana para preservar la libertad".
En los años 70 del siglo pasado encontramos dos autores más que se interesan por la dictadura constitucional, en obras publicadas en el mismo año de 1974: el mexicano Diego Valadés, autor de "Dictadura Constitucional en América Latina", quien propone que"... si por democracia constitucional se entiende la separación del ejercicio de las funciones estatales, la delimitación exacta de las garantías que corresponden a los individuos y a la sociedad, la referencia programática a una distribución equilibrada de la riqueza, por dictadura constitucional debemos entender la serie de mecanismos que la propia Constitución establece, y que tiene como resultado la supresión virtual de la separación en el ejercicio de las funciones estatales y suspensión de las garantías individuales y sociales".
Por su parte, el español Eduardo Haro Tecglen en su obra "Diccionario Político", recuerda que: la dictadura constitucional puede dividirse por su carácter en "constitucionales: previstas por la Constitución, que determina cuales de sus artículos, cuales de sus garantías para el ciudadano pueden ser suspendidas en determinados casos
(Estado de excepción, de urgencia o de alarma, ley marcial, etc.). "La soberana", "inconstitucional", que es aquella que se considera como sin limite en el tiempo, anula el orden anterior, construye su propia legalidad y sus instituciones".
Más adelante, en el 2006, el italiano Antonio Negri se ocupa de aspectos relevantes de la dictadura constitucional en su trabajo "Gobierno y Gobernanza" un incluido en su antología "La Fabrica de Porcelana."No es casual que la dictadura (es decir, la modernidad tardía, el totalitarismo" se presente como una función que no es democrática, es cierto, pero que no deja de ser constitucional".
La tarea es ardua pero indesligable, porque, el nuestro es un compromiso patriótico con la creación permanente y sistemática de una masa critica ciudadana que se identifique como titular de la soberanía popular, defensora del Estado de derecho y del Poder constituyente.
1- DICTAIDURA CONSTITUCIONAL y TIRANÍA
A diferencia de la dictadura constitucional, que siempre ha de estar consagrada en la Constitución, especificando cuales y por cuanto tiempo se suspenden los derechos y garantías ciudadanos, la tiranía nunca esta ni puede estarlo consagrada en la Constitución ni en la ley, por ello es siempre inconstitucional e ilegal.
Ahora bien, cuando se ha hecho la distinción entre dictadura congresualista y dictadura presidencialista entonces resulta lógico que así como la primera modalidad dictatorial (conocida también como dictablanda) no contiene una propensión a la tiranía, la modalidad presidencialista, por el contrario, tiende hacia ella porque se basa en una excepcionalidad repetitiva del contenido de la anterior y diferente sólo en la forma. Con ella, el Ejecutivo busca zafarse de la supeditación al Congreso, para poder actuar de forma unilateral, en base a sus propios intereses. Y además mantener amenazado o vulnerado el Estado de derecho de manera permanente y si tiene que iniciar sus acciones excepcionales, poder suspenderla, sólo cuando su arbitrio se lo aconseje.
Como veremos a seguidas esa es la situación que ha predominado en los diferentes períodos republicanos que ha tenido el país:
1.Durante la primera República (desde 1844 a 1861, es decir, 17 años), se registraron sólo dos breves períodos, uno de diez meses, entre Febrero y Diciembre de 1854 y otro de 7 meses, entre Febrero y Septiembre de 1858. El primero corresponde a la Constitución de Febrero de 1854 y el segundo, a la conocida como Constitución de Moca (recuérdese bien, en 17 años de supuesta República democrática, más de fueron de dictaduras presidencialistas).Todas tiranía.
2. Durante la Segunda República (desde 1865 hasta 1916 -51 años-) se registra sólo un periodo de 31/2 Y años entre, 1877 y Mayo de 1880, cuando el Presidente Meriño, encargado del Ejecutivo impone el denominado. Decreto de San Fernando, poniendo en receso el Congreso Nacional, decretando la supresión de los derechos individuales, incluyendo el derecho a la vida, algo que formalmente no había ocurrido antes.
En la Constitución de 1881, se reintroduce la dictadura presidencialista, que se prolonga hasta la de 1907. Aun cuando la de 1908 restablece la denominada dictablanda congresualista, la Convención Dominico Americana de ese año condiciona el cuadro completo del Estado de Derecho, hasta producirse la intervención armada en 1916.
3. Durante la Tercera República (1924-1965 -41 años-), sólo el periodo de 6 años entre 1924 y 1930 Y los 7 meses presididos por el Presidente Juan Bosch, es decir, 6 años y 7 meses, predomina la denominada dictablanda. El resto, 34 años y 3 meses padecimos la dictadura en el plano formal pero en el plano material la tiranía. Ello así porque el trujillato se inició y terminó como tiranía. y entre 1961 y 1963, el Consejo de Estado rompió el más elemental equilibrio para un Estado de Derecho, ejerciendo las atribuciones de la Función Legislativa y la Función Ejecutiva.
4. Durante la Cuarta República (1966-2012 -46 años-) no se registra un sólo día de dictablanda pues la Asamblea Nacional, constituida en Asamblea Revisora, en 1966, consagró una dictadura presidencialista unilateral mas directa y tiránica que las anteriores, al otorgarle al Ejecutivo, a través del articulo 55.8 capacidad para emprender acciones de policía sin sujeción al Congreso Nacional mas allá de las subordinadas que le confería.
Ese mismo numeral del artículo 55 se mantuvo intacto hasta 2010 cuando en la Constitución vigente aparece maquillado como el literal h del artículo 128.
Sumados, los años de independencia formal del país de 1844 hasta hoy tenemos 168. De ellos, sólo durante 11.7 años, no hemos tenido dictadura presidencialista u ocupaciones extranjeras. No es digno de recordarse.
En la historia republicana de Santo Domingo puede decirse que la dictadura constitucional ha sido la norma y quien sabe si por ello hemos terminado identificando la dictadura constitucional que nos han impuesto los tiranos con la democracia representativa anómala que debemos llamar nuestra.
Históricamente la dictadura constitucional aparece conectada a los estados de Excepción declarados frente a situaciones extraordinarias, como levantamientos internos, invasiones, etc. Las primeras medidas consistieron en la supresión de las garantías individuales y sociales. Estos estados de excepción siempre fueron declarados por el órgano representativo del pueblo (Congreso, parlamento, etc.). y el Ejecutivo podría declarado sólo cuando aquel órgano estaba en receso. Con el tiempo, la dictadura constitucional fue tomando cuerpo como un Estado de excepción permanente, pues el Ejecutivo se las arregló para que la Constitución le otorgara capacidad para tomar medidas similares al Estado de excepción pero sin estar supeditado al órgano legislativo. La Constitución consagraba el Estado de excepción a la manera tradicional y en otra parte le confería capacidad al Presidente de la República para suprimir las garantías individuales y sociales. Para ello no necesitara la acción previa del Congreso Nacional ni contraía ninguna responsabilidad por los resultados de sus acciones.
De alguna manera aquí se arrastra una gran influencia de la Monarquía constitucional, dentro de la cual el monarca, que es el Ejecutivo, no incurre en responsabilidad por sus medidas antidemocráticas.
A Santo Domingo penetra esta figura a través de la Constitución monárquica de Cádiz de 1812, la cual en su Artículo 168, establece que: "la persona del rey (encama al Poder Ejecutivo. LG) es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Y en el 170 "la potestad de hacer ejecutar las leyes, reside exclusivamente en el rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.
Bien leído este texto deja ver su influencia en el artículo 210 de la Constitución Dominicana de 1844: "durante la guerra actual y mientras no este firmada la paz, el Presidente de la República puede libremente organizar el Ejercito y Armada, movilizar las guardias nacionales, y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación; pudiendo en consecuencia, dar todas las ordenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna".
Este artículo, impuesto -como se sabe- por Santana a los constituyentes de San Cristóbal estatuía un Estado de excepción diferente al que establecía la misma Constitución en otra parte. El articulo 94, ordinal décimo quinto por ejemplo, mandaba "conceder al Poder Ejecutivo, en tiempo de guerra, cuantas facultades extraordinarias juzgue necesario para la seguridad pública, detallándolas en cuanto sea posible, y circunscribiendo el tiempo en que debe usar de ella. El artículo 102 de la misma Constitución, sobre las atribuciones del Presidente de la República completa el 94: 13° "en los casos de conmoción interior a mano armada, que amenace la seguridad de la República, y en los casos de una invasión exterior y repentina usar de las facultades que le haya conferido el Congreso Nacional" para tomar todas aquellas medidas no contrarias a la Constitución que exija la conservación de la cosa pública, de que, dará detalladas cuenta al Congreso tan luego como se reúna".
El famoso artículo 210 era de la incumbencia exclusiva del Ejecutivo a diferencia de los ya citados que como se ha visto supeditaban el Estado de excepción al Congreso.
Durante 10 años, hasta Febrero de 1854 ese artículo fue usado para desconocer los derechos fundamentales de todos los opositores a Santana y muchos patriotas pagaron con sus vidas esa condición, María Trinidad Sánchez, por Ejemplo.
La Constitución de Febrero de 1854 desecho el artículo 210 reservando al Congreso Nacional la resolución de estados extraordinarios y transfiriéndole al Presidente de la República cuando aquél estuviera en receso. Con ello reproducía las consagraciones de la de San Cristóbal.
Por entender que con el texto aprobado en Febrero de 1854 no se podía gobernar, el Presidente Santana lo desconoció en Diciembre del mismo año. Con lo que respecta al Estado de excepción la nueva Constitución fue dictatorial de manera directa, más aun que la de 1844, pues desconocía el papel del Congreso Nacional para las situaciones extraordinarias internas. De esta manera el artículo 35 sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo en su numeral 22 establecía la misma exoneración de responsabilidad que el 210 en una relación invertida.".....podrá tomar todas aquellas que crea indispensable para la conservación de la República, Las autoridades que procedan a la ejecución de ellas, serán responsables de los abusos que se Cometieren". Es decir, el Ejecutivo, que es quien toma las medidas pero no las ejecuta queda cubierto por el manto de la irresponsabilidad.
El Presidente Santana, como otros autócratas que continuaron su obra fue dictador después de ser Presidente, pero tirano, lo fue desde antes y después de serlo.
III. LA DICTADURA CONSTITUCIONAL DE BUENAVENTURA BAEZ y ULISES HEUREAUX
Si hubiera de escribirse la História de la dictadura constitucional en el país, ella podría levantarse sobre el entrelazamiento de seis artículos, entre los cuales los más recordados son el 210 de la Constitución de San Cristóbal, el 35.22 de la Constitución de diciembre de 1854, y el 55.8 de la Constitución balaguerista de 1966. Sin embargo, existen otros 3 (el 74.5 de la Constitución de 1865, el 54 de la Constitución de 1881 y el 128.h de la Constitución vigente), que, guardando la exigencias de cada momento histórico conserva el mismo contenido dictatorial.
Si fuéramos a completar el análisis de la dictadura con el de la tiranía, algo que procede 100% que, sería imprescindible ocupamos del artículos 39, no de Constitución alguna, sino de los Estatutos del Trujillista Partido Dominicano, el que aniquilaba, además de los derechos ciudadanos, el carácter representativo del régimen republicano y el Estado de derecho. Todo ello será reseñado al momento de referimos al Trujillato.
Estos 6 artículos constitucionales, más el artículo estatutario forman una especie de cadena de 6 eslabones antagónicos al Estado de derecho.
Sin que pretendamos que cada ciudadano se convierta en un especialista que retenga esta historia, instamos a que cualquier interesado pueda tener acceso a la de esa cadena.
Buenaventura Báez y Ulises Heureaux, hasta cierto punto, no fueron más que canalizadores de la cultura dictatorial entronizada por Pedro Santana.
Báez aprendió a gobernar (1849-1853) al amparo del artículo 210, no obstante que en el día a día de esta primera gestión respetó la supremacía de la Función Legislativa. No así en la segunda, cuando provoco la llamada Revolución de Julio, empinado desde el artículo 35.22 de la Constitución de Diciembre de 1854.
Más adelante y como una de las paradojas de la historia política dominicana, inmediatamente después de la epopeya restauradora logra que la Constitución de 1865 consagre en su artículo 74.5 la misma figura de la dictadura presidencialista unilateral de la tercera Constitución Santanista. Es decir, la situación excepcional provocada por una guerra o asonada interior a mano armada es enfrentada por el Ejecutivo, sin ninguna mediación de la Función Legislativa: artículo 74 "son atribuciones del Poder Ejecutivo: 5ta. Disponer de las guardias nacionales para la seguridad interior de las Provincias y fuera de ella, en caso de guerra o conmoción interior".
Procede recordarlo, es una violación al Estado de derecho más grave que la provocada por el artículo 210 de la Constitución de San Cristóbal, porque en ésta, aunque de manera subordinada, el Congreso gozaba de una incidencia consagrada en la propia Constitución tal y como ya fue visto.
Tres años después, en 1868, Báez logra el restablecimiento parcial de la Constitución de Diciembre de 1854 y en 1872 de manera completa.
La dictadura constitucional de Ulises Hereaux, no encontró, como la de Báez, un punto de apoyo santanista de manera directa, pero contó, además de la cultura inspirada por nuestros dos primeros caudillos, con antecedentes de mucha calidad: primero, el denominado Decreto de San Fernando del 30 de Mayo de 1880 a través del cual el Presidente Fernando Arturo de Meriño se autoproclamaba dictador suspendiendo el Congreso y el Estado de derecho completo incluida la garantía a la vida.
Es importante recordar que el Padre Meriño actuaba respondiendo al manifiesto de Octubre 6 de 1879 con firmas de representantes liberales de todo el país encabezado por el propio General Gregorio Luperón .
Procede recordar, además, que es Gregorio Luperón quien emplea por primera vez (entre nosotros) el concepto dictadura constitucional refiriéndose justamente al artículo 35.22 de la Constitución de Diciembre de 1854 restaurada por el Presidente Cesáreo Guillermo y la cual calificaba de despótica.
En segundo lugar, la Constitución de 1881, rompiendo la supremacía de la Función Legislativa, iniciada en 1877 en lo tocante a la suspensión de la garantía ciudadana, reinició el otorgamiento de capacidad preponderante al Ejecutivo para realizarlo sin ninguna sujeción al Congreso. El canal empleado era el famoso artículo 54, en los casos de rebelión a mano armada: "En los casos de rebelión armada, el Poder Ejecutivo, además de las garantías que le faculta suspender el artículo anterior, podrá decretar otras medidas de carácter transitorio que sean necesarias al orden publico". La diferencia esencial entre el este artículo 54 y el 53, que le otorga la supremacía al Congreso, es que en éste se habla de revolución a mano armada y en el 54 se habla de rebelión a mano armada.
El diferendo radica en que el 53 reconoce la supremacía del Congreso y el 54 se lo otorga al Ejecutivo como un poder unilateral.
El contenido del Art. 54 objeto de la crítica sistemática por parte de los liberales durante todo el reinado de Lilís, fue reiterativo en sus Constituciones de 1887 y 1886.
Debe recordarse que todas las acciones tiránicas de Santana, de Báez o de Lilís no estaban amparadas en estos artículos ni en ley alguna y es la gran diferencia a establecer entre la dictadura constitucional y la tiranía.
v. DICTADURA CONSTITUCIONAL TRUJILLISTA.
En su expresión literal hasta 1955 la de Trujillo es una dictablanda, aunque en su expresión material, en los hechos, fue siempre, desde el inicio hasta el final una tiranía. Hasta ese momento todos los textos constitucionales mantuvieron la supremacía del Congreso Nacional para la supresión de las garantías individuales y sociales en todos los casos de situaciones excepcionales a que se refieren los textos trujillista de 1934, 1942 Y 1947.
De manera similar a Pedro Santana, Trujillo inició su protagonismo Ejecutivo, no como dictador sino como tirano, aplastando, mediante la persecución, el asesinato, el destierro, el despojo económico, el desprestigio, etc. desde el mismo 1930 a todos sus opositores. Al tiempo que desconocía las autoridades electorales que emitieron un veredicto adverso a su supuesto triunfo electoral; la acción represiva de la famosa 42, el Servicio Secreto, la Policía Nacional y el Ejército Nacional no dejaron espacios ciudadanos opuestos sin amedrentar o aniquilar.
Por ello puede afirmarse que antes de constitucional, la de Trujillo fue una autocracia partidaria y personal.
Autocracia partidaria. La dictadura trujillista en su dimensión partidaria constituyó la gran base para la dimensión personal y constitucional. Es útil recordar que esa dictadura partidaria no tuvo su base ni en la Constitución, ni en la Ley, ni en Decreto alguno o Resolución, sino en las grandes convenciones de ciudadanos, deslumbrados, atemorizados y al mismo tiempo, esperanzados en el progreso general del país. Por su deslumbramiento convirtieron a Trujillo en un monarca sin corona, en un autócrata incontrovertible, todo establecido en los Estatutos y la Declaración de Principios del Partido Dominicano. Tres artículos de ese documento permiten entender la matriz de la autocracia partidaria trujillista:
"El Partido Dominicano se ha constituido para colmar un patriótico anhelo de superación cívica del pueblo dominicano y como fuerza política para obtener y cumplir el credo renovador del Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina."
El Partido Dominicano "declara y reconoce como único Jefe supremo al Generalísimo y Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, por que él encarna los ideales de todos los dominicanos con pensamientos nobles y porque sus ejecutorias tienen tal alcance dominicanista y tal proyección en la historia".
" ... Los candidatos seleccionados para cargos electivos... al aceptar su postulación... deberán enviar por escrito sus renuncias respectivas, sin fecha, al jefe del Partido".
Se trata, como se ha dicho del aniquilamiento del principio de representatividad que rige la República Democrática. Ello significaba la subordinación absoluta de la Función Legislativa. Por ello a Trujillo no le era necesaria ninguna consagración de su predominio sobre el Congreso. Lo que otros autócratas conseguían a través de la dictadura, Trujillo lo aseguraba tiránicamente.
Autocracia personal. Somos del parecer de que así como de la autocracia partidaria se basa en convenciones ciudadanas aterrorizadas, intimidadas, etc. la autocracia personal de Trujillo podría conectarse a leyes, decretos, resoluciones, etc.
A partir de sus espantosas campañas de intimidación y destrucción de toda oposición, pero también de sus ejecutorias económicas, políticas y culturales la persona de Rafael Trujillo dejó atrás la de todos los tiranos anteriores, en reconocimientos, homenajes, a través de leyes, decretos, resoluciones, etc. : en 1932 es reconocido como Benefactor de la Patria; en 1934 como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Santo Domingo; en 1936, se le otorga su nombre a la ciudad capital; en ese año es declarado a nivel continental como Campeón del Anticomunismo, era un premio a la promulgación de su primera ley anticomunista; en 1938 es nombrado gran Protector de la Universidad de Santo Domingo, Generalísimo y Gran Maestro de la República Dominicana; en ese mismo año el Presidente recién elector Pipi Troncoso expide su Decreto No. 2, donde declara que Rafael Trujillo tiene las mismas prerrogativas que un Presidente de la República privilegio que alcanza a su esposa ya su madre.
Igualmente puede afirmarse que este poder partidario y personal tenía por base, además del terror generalizado, la supremacía económica frente a todo el empresariado y el sometimiento ideológico. Como tirano, había superado todos los records continentales, combinando acciones criminales estremecedoras tanto en el país como en el extranjero, pero en realidad donde comienza la dictadura constitucional es el año 1955 cuando la constituyente de ese año enaltece su partido, su era (la era de Trujillo) y su persona. Veamos:
El artículo 106, sacraliza el Partido Dominicano como agente de civilización para el pueblo dominicano.
Artículo 107, consagra la alta protección del Estado para el patrimonio a las personas que hayan ejercido o ejerzan la Presidencia o la Vice Presidencia de la República, así como el de sus viudas y herederos.
Artículo 112. Declara a la Era de Trujillo, como el periodo en que se consolida la nacionalidad y realiza el pueblo dominicano sus más legítimas aspiraciones de paz y bienestar económico y social. Este mismo artículo lo declara Padre de la Patria Nueva.
Autocracia partidaria, autocracia personal y dictadura constitucional, pueden dar una idea de cómo siempre que la dictadura pueda calificarse de presidencialista ella misma contiene una inducción desde y hacia la tiranía.
Si bien al nombre de Juan Bosch debe adscribirse la paternidad de la DICTADURA CON RESPALDO POPULAR, que, en la cosmovisión de Fidel Castro se trataría de una dictadura democrática, aquí nos limitamos a presentar la idea de que la democracia constitucional, en el país, advino y desapareció con la Constitución de 1963.
Consideramos que en el texto de esa Constitución se contiene lo más avanzado de las constituciones liberales anteriores, no sólo en la experiencia dominicana (las constituciones de Febrero de 1854, la de 1858, la de 1965 y la de 1916). También los grandes textos liberales extranjeros se 'reflejan en sus contenidos: la Constitución Mexicana de 1917, la Constitución Alemana de 1921, la Constitución Cubana de 1940, y otras.
Al mismo tiempo sirvió de inspiración para las propuestas constitucionales más democráticas posteriores a ella.
A nuestro parecer la clave del texto boschista está en la plasmación del Estado de derecho dentro de la concepción hostosiana, que tanto preocupo a Juan Bosch:
"Ese Estado (el Estado Republicano (L.G.) tiene por fundamento un pacto constitucional, es decir, un contrato bilateral entre el individuo y la sociedad, expreso en una ley primera o fundamental en la cual constan las facultades y capacidades que se reserva para su ejercicio directa el individuo, y los que la sociedad se reserva para ejercerlos por medio del Estado.
Derechos y poderes son también las reservas que hace la sociedad, pero con una diferencia. Mientras que el individuo se reserva todos sus derechos humanos, porque sin ellos no puede realizar su destino, la sociedad no delega en el Estado otros derechos que los necesarios para hacer efectivas las funciones del poder que se le encarga realizar".
Esa superioridad de los derechos del individuo frente a las funciones del Estado, está consagrada en la Constitución del 1963 legitimada por el hecho de ser el resultado más democrático del Poder Constituyente. Pero además esa superioridad esta consagrada a lo largo de su articulado, principalmente en el que se refiere a la soberanía popular, a la garantía de los derechos fundamentales, a la separación de las funciones estatales y al desarrollo.
Si fuera necesario avalar la afirmación de que esta Constitución fundamenta la democracia constitucional participativa en el país podría recurrirse a ocho artículos de trascendente significado, los artículos:
1. b, Sobre la “participación de todos en la organización política, económica y social del país”.
16, Sobre la participación preponderante de los nacionales en todo trabajo.
19, Sobre la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa donde trabajan.
81, Sobre la protección de los derechos humanos basada en la legitimidad de la resistencia ante su violación.
84, Sobre la declaración de orden público para la persecución de las infracciones de los derechos humanos.
93, Sobre la soberanía popular y nacional.
128.7, Sobre la supeditación al Congreso Nacional del alcance de los estados de excepción.
152, Sobre la autonomía municipal.
Puede observarse en los artículos citados el carácter democrático-participativo de la Constitución de 1963, a partir de la viabilidad de su materialización a través de canales ciudadanos, como los establecidos en los artículos 81 y 84.
Se nos puede preguntar por que no se ha tratado hasta aquí la dictadura congresualista y presidencialista que ha sido el hilo conductor de las reflexiones anteriores.
Creemos que se nos puede dispensar haber dejado para ultimo lo que antes tratamos de primero por estar convencidos de que la importancia que se le otorga en la Constitución de 1963 a las garantías de los derechos fundamentales a la separación de las funciones estatales y al desarrollo económico, permite clasificarlo como dictablanda a partir de los artículos 114 y 128 ambos con preeminencia del Congreso Nacional.
En cuanto a la repercusión futura de la Constitución de 1963, la más completa y mejor estructurada la encontramos en las propuestas de mayor nivel de consenso de la Consulta Popular:
1- Participación directa de la ciudadanía en los procesos constitucionales, en particular la iniciativa constitucional a través del plebiscito.
2- Consagración en la Constitución .de la revocación de mandatos.
3- La reelección Presidencial en base a una sola respotulación consecutiva.
4- Establecimiento en la Constitución de un 50% como el tope de participación política de la mujer dominicana.
5- La selección de los miembros de la Cámara de De Cuentas a cargo del Congreso Nacional.
6. La designación de los miembros de la Junta Central Electoral por el Consejo Nacional de la Magistratura.
7 - Composición del Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo no sólo representantes de los tres poderes del Estado.
8- Realización de la reforma constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
Para entender la magnitud de la dictadura constitucional balaguerista recogida en la Constitución del 1966, ayuda sensiblemente adentramos en la dictablanda de Juan Bosch, plasmada en la Constitución de 1963.
Decimos dictablanda para asociar la Constitución boschista a la de Febrero de 1854, a la de Moca de 1858 y a las 4 que tuvimos entre los años 1877 y 1880; a la de 1916 y a la horacista de 1924 a 1934. Como se recuerda denominamos dictablanda, siguiendo una tradición latinoamericana que denomina así aquellos regímenes republicanos donde los estados de excepción son enfrentados por la Función Legislativa y cuando ella está en receso, por la Ejecutiva, pero siempre con la supremacía de los representantes del pueblo.
Como se detalló antes, la citada Constitución es la primera y única en el país donde el Estado de derecho es consagrado, sin ninguna formulación retórica: En su artículo 81 proclama la legitimidad de la resistencia frente a la violación de cualquiera de los derechos humanos consignados en la Constitución. Además, en el artículo 84 declara de orden público la capacidad de la ciudadanía para perseguir las infracciones a esos derechos. Completa el cuadro de defensa al Estado de derecho la especificación del carácter no limitativo de la enumeración de los derechos fundamentales por lo que puede incluirse en ese catálogo cualesquiera otros que sean el resultado de la soberanía del pueblo y del régimen democrático.
El retroceso indicado permite catalogar el de Joaquín Balaguer como el clásico Estado de deberes en el cual están consagrados formalmente los derechos y libertades pero sin garantías para su cumplimiento. Y esta característica le viene dada como herencia del golpe de Estado contra Juan Bosch de 1963. Sus precursores en el manifiesto que sustentó el cuartelazo condenaron abiertamente el Estado de derecho, para defender, quien sabe si por instinto oligárquico, un Estado de deberes. Porque muchos bien intencionados lo dudan se reproduce a continuación: “El régimen que nos gobernaba decía ser un Estado de derecho. Nosotros queremos transformarlo en un Estado de deberes pues, que, de los deberes cumplidos, salga el verdadero Estado de derechos".
La Constitución de 1966 es la primera, después de la de 1907, que en el siglo pasado consagra los deberes ciudadanos, ampliando significativamente el catálogo tradicional.
Por todo ello, su carácter dictatorial es tan patente, aun cuando contiene muchos e inteligentes juegos retóricas democráticos.
La dictadura constitucional presidencialista de tipo lilisista, había sido desechada desde 1908, cuando, como se expresó, el constituyente de ese año se decide por la dictablanda de manera exclusiva.
Por ello, es tan chocante el artículo 55.8 de la Constitución balaguerista al consagrar acciones de policía, a favor del Presidente de la República en situaciones excepcionales ampliamente descritas en el citado numeral 8.
"En caso de violación de las disposiciones contenidas en los apartados a) y d) del inciso 10 del artículo 8 de esta Constitución, que perturben o amenacen perturbar el orden público, o la seguridad del Estado o el funcionamiento regular de los servicios públicos o de utilidad pública o impidan el desenvolvimiento de las actividades económicas, el Presidente de la República adoptará las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias para conjurar la emergencia y de las medidas adoptadas".
El texto reproducido, que junto a normas de un régimen republicano, aunque conservador, convierte a la Constitución de 1966 y al balaguerato en una dictadura constitucional presidencialista.
Con este artículo como fundamento, con el que no sólo se enfrentaron huelgas y paros de trabajadores y patronos sino también toda insurgencia contra la práctica tiránica de Balaguer principalmente durante los doce años, a través de la famosa banda colorada y de su recordada cúpula de generales que diezmaron completamente el Estado de derecho y la vida de decenas de luchadores de renombre (Guido Gil, Gregario García Castro, Orlando Martínez, Narciso González, etc.) y miles de ciudadanos y ciudadanos menos conocidos.
Este cuadro sirve para recordar la diferencia entre “dictablanda” y dictadura.
Como se dijo antes, el Estado de excepción supeditado al Congreso Nacional llega hasta 1966 la Constitución de ese año es la que vuelve a la tradición santanista y lilicista de sobreponer en artículos o numerales diferentes a la capacidad congresual de declararlo temporalmente la del Ejecutivo para mantenerlo permanentemente.
La Constitución de 1966 en su articulo 55, numeral 7 reproduce el contenido de la Constitución trujillista sobre los Estados de excepción agregando lo atinente a las zonas de desastres. Todo ello subordinando a la del Congreso Nacional. No obstante, el numeral 8 refiriéndose al Congreso solo para informar, como lo hacia la santanista y la lilicista al Congreso las medidas adoptadas:
"En caso de la violación de las disposiciones contenidas en los apartados a) y d) del inciso 10 del articulo 8 de la Constitución, que perturben o amenacen perturbar el orden público, o la seguridad del Estado o el funcionamiento regular de los servicios públicos o de utilidad pública o impidan el desenvolvimiento de las actividades económicas, el Presidente de la República adoptará las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias para conjurar la emergencia, debiendo informar al Congreso de esa emergencia y de las medidas adoptadas".
Es este texto que junto a normas de un régimen republicano, aunque conservador, convierte a la Constitución de 1966 y al balaguerato en una dictadura constitucional. Claro las fechorías de la banda colorado, los asesinatos atribuidos a los incontrolables, los asesinatos selectivos como los de Guido Gil, Gregorio García Castro, Orlando Martínez, Narciso Gonzáles (ampliar) y los miles de ciudadanos que cayeron durante los 22 años de gestión balagueriana no son actos dictatoriales sino, abiertamente tiránicos.
VIII. DICTADURA CONSTITUCIONAL LEONELIST A.
Si el balaguerista puede catalogarse como Estado de deberes, en lugar de un Estado de derecho, el de la Constitución de 2010 puede calificarse de Estado reto rico de derecho. No solo porque las garantías a los derechos fundamentales en esa constitución están formuladas de manera incompleta, sino porque aquellas que contiene, son ineficaces por su carácter genérico o contradictorio con otros artículos.
Como veremos, la Constitución del 2010 es dictatorial en muchos sentidos. A seguidas nos referimos a cuatro casos y otros cuatro vicios que los refuerzan:
La lesión a los derechos fundamentales está consagrada en el literal (h) del Art. 128 dedicado a las atribuciones del Presidente de la República:
"Adoptar las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias en caso de violación de las disposiciones del articulo 62, numeral 6 de esta Constitución que perturben o amenacen el orden publico, la seguridad del Estado, el funcionamiento regular de los servicios públicos o de utilidad publica, o impidan el desenvolvimiento de las actividades e económicas y que no constituyan los hechos previstos en los artículos 262 al 266 de esta Constitución".
Para entender el carácter dictatorial del literal (h), invitamos al lector a que, previamente nos dispense un esfuerzo adicional reteniendo el contenido del Art. 62, que se refiere a los derechos de los trabajadores, a la huelga y a los patronos al paro. La petición es de rigor porque el literal (h) se refiere principalmente a la suspensión de esos dos derechos.
Por otro lado la naturaleza viciosa del literal que estamos comentando, se palpa plenamente si retiene también el hecho de que los Art. 262 a 266 se refieren ampliamente a la suspensión de derechos en caso de Estado de defensa, de Conmoción Interior o de emergencia. En estos artículos están incluidos los derechos que consagra el artículo 62.
Ahora bien, lo que busca el literal h, del Art. 68 es autorizar al Presidente de la República a suspender las actividades derivadas de esos derechos en cualquier momento, sin que, como en el caso de los Art. 262 a 266 sea inaprensible subordinar su acción al Congreso Nacional, ahí reside el carácter dictatorial del literal (h) del Art. 68.
En la integración que establece para el Consejo Nacional de Magistratura (Art.178 sobredimensionando el alcance de las funciones ejecutivas en la selección de los integrantes de las Altas Cortes y otros mandatarios indirectos.
3- Porque reduce el Poder Constituyente a la esfera del Poder constituido, cuando en su Art. 120.1, otorga capacidad a la Asamblea Nacional para asumir la condición de Asamblea revisora o Constituyente
4- Porque vulnera el derecho al sufragio, al prohibir la revocación del mandato, recurso considerado por todas las Constituciones liberales como correlativo a aquel derecho.
5- Pero además del dictatorial, la Constitución vigente, carece de legitimidad, al desechar propuestas fundamentales de la Consulta Popular, que lograron grados significativos de consenso.
6- Es abiertamente regresiva, en relación a la Constitución anterior del 2002 en aspectos esenciales.
7- Está afectada por el vicio de ilegalidad, pues la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional para conocer del Proyecto presentado por el Ejecutivo al , Congreso Nacional, fue modificado en su forma y en su fondo, violando el derecho de iniciativa que corresponde al Presidente de la República.
8- Aun cuando parezca contradictorio, la Constitución vigente, además, inconstitucional, pues viola provisiones y costumbres consagradas en la Constitución del 2002 cuando se refiere a una nueva Constitución.
9- Y por último la Constitución vigente es violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, al desconocer su Art. Ese instrumento jurídico consagra la participación del pueblo en la Dirección de los Asuntos Públicos. Además desconoce la formulación genérica sobre el Derecho a la vida.
Toda esta argumentación, no se plantea hoy por primera vez, fue planteada por el autor y muchos otros críticos, antes, durante e inmediatamente después de la aprobación de la Constitución vigente, pero la corporación partidaria peledeista no hizo ningún caso.
La diferencia que se estableció antes entre las acciones dictatoriales y las abiertamente tiránicas realizadas por los gobiernos de Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer procede también incluirla en la valoración que estamos haciendo de la Constitución vigente.
En ese sentido en la condición de dictatoriales que se le atribuye a la Constitución del 2010, no caben:
a) La negativa del gobierno a aplicar las leyes aprobadas por el Congreso Nacional, como la que establece el 4% del PBI para la Educación Pre Universitaria y el 5% del Presupuesto Nacional para la Educación Superior;
b) Las acciones policiales que desembocan cotidianamente en muertes de ciudadanos; supuestamente el intercambio de disparos.
c) Tampoco las acciones de peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito comprobado, también cotidianamente en el país.
d) Tampoco las grandes campañas que presenciamos a nivel nacional promoviendo la reelección del Presidente Fernández, estando prohibida en la Constitución la repostulación inmediata de un Presidente.
e) Tampoco la permisividad rayana en la complicidad frente al tráfico de drogas en el ambiente militar y policial; tampoco la permisividad con las fechorías del sicariato y muchísimo menos, las connivencias de sectores estatales con acciones de corrupción por integrantes eminentes del gobierno.
f) Las anteriores no son acciones dictatoriales; se trata abiertamente tiránicas.
IX- DICTADURA CONSTITUCIONAL.
El proceso de la dictadura constitucional presentado hasta aquí ha pasado inadvertido para muchos dominicanos al margen de su seriedad y talento. La clave para entenderlo, podría estar en que lo dictatorial se ha identificado con lo tiránico, y lo peor, nuestros tiranos -en realidad sus intelectuales orgánicos- se las han arreglado para que sus ejecutorias autocráticas sean asimiladas por el pueblo llano como democráticas. Ello así aunque cada uno de esos períodos tiránicos fueron caracterizados críticamente por intelectuales orgánicos de signo contrario. En lo que sigue transcribimos algunas de esas caracterizaciones en palabras de: Eugenio María de Hostos, Wenceslao Vega B., Juan Manuel Pellerano Gómez, Julio Genaro Campillo Pérez, Rafael J. Castillo y otros:
Sobre la centralización de la actividad económica, política y social: "Desde Perú a Guatemala, desde Bolivia a la República Dominicana, desde Uruguay hasta Honduras, desde Paraguaya Costa Rica, el gobierno central es el único gobierno, el Ejecutivo es el centro de todos los poderes, el jefe del Ejecutivo es el centro de toda la maquina administrativa, y todo, vida nacional, vida provincial, vida municipal, todo esta pendiente de la voluntad siempre desconocida o siempre incierta del que centraliza la actividad económica, política y social". Eugenio María de Hostos. Lecciones de Derecho Constitucional.
Sobre los intereses de clase: "El derecho, como superestructura impuesta por las clases que detentan el poder, sirve sólo a los intereses de esa clase, por mas democrática y humanitaria que parezca la legislación. Cuando la ley claramente tiende a asegurar esos intereses, su letra es obedecida por los encargados de aplicarla, pero cuando ella perjudica el dominio de esa clase, sus jueces y gobernantes se encargan de tergiversarla o tornarla letra muerta. Esto es tan cierto en la Española del Siglo VXI como en la República Dominicana del Siglo XX". Wenceslao Vega B. Historia del Derecho Colonia Dominicano.
Sobre el ideal del Estado de derecho:"La Constitución de San Cristóbal que organiza el Estado Dominicano consagra en preceptos jurídicos el ideal de los Trinitarios, aun no alcanzado. Es un bello anhelo en cuanto elabora la teoría de un Estado de Derecho. La práctica en casi siglo y medio de vida republicana revela que los dominicanos hemos vivido la perversión de ese ideal".
Juan Manuel Pellerano Gómez. Constitución y Política.
Sobre las administraciones liberales: "Las tiranías y las dictaduras han creado gobiernos estables, manteniendo inflexible el principio de autoridad en medio de una opinión pública sumisa y pasiva, mientras que las administraciones liberales han resultado efímeras en su mayoría y siempre agobiadas por desaforadas exigencias, irrespetuosas críticas e injustas resistencias”.
Julio G. Campillo Pérez. Elecciones Presidenciales Dominicanas.
El despotismo atribuye al Presidente de la República una preeminencia y un poder monárquicos:
"( ..... ) Todas nuestras Constituciones han adolecido del mismo gravísimo defecto de llevar en sí mismas los elementos generadores del despotismo ( ... ) atribuyendo al Presidente de la República una preeminencia y un poder monárquicos. ( .... )”.
Rafael J. Castillo. El Debate Constitucional y el Medio Dominicano.
Opiniones parecidas las encontramos en Juan Bosch (La Dictadura con Respaldo Popular). Juan Isidro Jiménez Grullón (La República Dominicana, una Ficción). Rafael Taveras (Refundar La República), José Francisco Peña GÓmez. la reelección. Fracaso de la Democracia Representativa a la Luz del Derecho Constitucional). El propio Presidente Fernández ha hablado de la tiranía de la mayoría).
Para vincular todas estas caracterizaciones por su base entendemos muy útil volver ala cadena de artículos que describimos al inicio como fundamento constitucional de la dictadura presidencialista, pero ahora vista retrospectivamente. Partiríamos del artículo 128. h de la Constitución vigente hacia el celebre articulo 55.8 balaguerista, del que es una repetición en el contenido. Debe recordarse que el paradigma del presidencialismo que ambos artículos patrocinan no es otro que el artículo 39 del primer Estatuto y Declaración de Principios del Partido Dominicano de 1931.
Para entender cabalmente en el articulo 54 de la Constitución de 1881, importantes sostén del presidencialismo lilisista también ayuda la retrospección, porque en el esta contenido, aunque con mayor alcance, el articulo 74.5 de la constitución de 1865.
Este volver hacia atrás permite constatar que los anteriores artículos no son más que versiones depuradas de los dos santanista - baecista 35.22 de la Constitución de Diciembre de 1854 y el pinero del presidencialismo dictatorial 210 de la Constitución de San Cristóbal.
Ojala el pueblo dominicano pueda recibir la explicación de esa cadena o por muchas vías y repetidas veces para ver si logra superar esa especie de sortilegio le impide saberse el soberano y por ello entregar esa condición al Presidente de turno a cambio de las dádivas envenenadas del c1ientelismo, del transfurismo, la compra de lealtades, tal y como se ha visto desde la tragedia del articulo 210 de Santana hasta la farsa del 128.h de Leonel Fernández.
X- LA DICTADURA CONSTITUCIONAL.
A partir de esta visión retrospectiva nos permitimos avanzar algunas metas, con sus dos naturales acentos: Por la democracia participativa y Contra la dictadura Constitucional.
I: Por la democracia participativa, con metas de mediano y largo plazo. Ellas se conectan a tres fuentes: la Constitución de 1963, la Consulta Popular para la Reforma Constitucional del 2006 y la Propuesta de Pacto de Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia.
a) De la Constitución de 1963 tomamos sus consagraciones reforzadoras del Estado de derecho:
Participación de todos en la organización política, económica y social del país.
Participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa donde trabajan.
Protección de los derechos humanos basada en la legitimidad de la resistencia ante su violación.
Declaración de orden público para la persecución de las infracciones a los derechos humanos.
La soberanía popular y nacional.
Supeditación al Congreso Nacional del alcance de los estados de excepción .
Puede observarse en los artículos citados el carácter
democrático-participativo de la constitución de 1963, a partir de la viabilidad de su materialización a través de canales Ciudadanos.
b). De la Consulta Popular para la Reforma Constitucional, las principales propuestas de amplio consenso que fueron desechadas por el Presidente Fernández y sus consejeros.
Participación directa de la ciudadanía en los procesos constitucionales, en particular la iniciativa constitucional a través del plebiscito.
Consagración en la Constitución de la revocación de mandatos.
La reelección Presidencial en base a una sola respotulación consecutiva.
7- Composición del Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo no sólo representantes de los tres poderes del Estado.
c). Del Pacto por la Democracia transcribimos un extracto.
Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia, pretende constituir un frente político y social que con independencia y con una vocación mas allá de la coyuntura electoral, tiene la firme decisión de lucha por la democracia participativa contra el continuismo, no importa signo o color, así como por la libertad plena del ejercicio de los derechos políticos, sociales, culturales y de credo.
I-Reforma política.
• Iniciar la reforma política del Estado con el fin de desmontar la dictadura constitucional. El candidato ganador se compromete a someter, juntamente con las organizaciones sociales, un proyecto de ley de reforma constitucional que introduzca la figura de la constituyente.
• Impulsar la descentralización del Estado mediante la aplicación de la normativa que establece la transferencia del 10% del presupuesto a los municipios.
• Colocar con el desarrollo de un sistema electoral que garantice la competencia política, en igualdad condiciones.
• Lograr un crecimiento económico con inclusión social que cree empleos de calidad.
• Ejecutar políticas de inversión que limiten las diferencias regionales.
• Garantizar la infraestructura y proveer los servicios básicos que sirven de apoyo a la producción a todos los niveles, como es el caso particular de la energía eléctrica.
• Impulsar una política de promoción y protección en salud basada en derechos.
• Cumplir la Ley General de Educación en calidad y otorga en el presupuesto de 2013, al sector educativo, al menos el 4% producto interno bruto para la educación inicial, básica y media, así como el 1 % para la educación superior.
• Cumplir con la Ley de Seguridad para garantizar el acceso de la población a los servicios de salud y al régimen de pensiones.
• Preservar los recursos naturales, estableciendo políticas claras y transparentes de explotación de los recursos mineros e industriales.
• Combatir corrupción y la impunidad.
• Garantizar la independencia del Ministerio Público.
• Garantizar la independencia de los órganos de control del Estado.
• Aplicar de manera irrestricta la Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.
• Aplicar la Ley de función Pública y la Carera de Administración.
• Garantizar que recursos destinados a la cultura.
• Erradicar la practica policial de ajustamiento extrajudiciales, violación de los derechos humanos y asumir el compromiso de crear y poner en marcha una política de seguridad ciudadana que refuerce el Estado de Derecho.
Hemos dejado para el final lo más importante y difícil al mismo tiempo: la canalización del Pacto por la Democracia en este momento preelectoral y electoral. Difícil e importante por dos razones: 1. Por el tipo de estrategia electoral desplegada por los partidarios de la dictadura constitucional y el corporativismo partidario contra el Partido Revolucionario Dominicano, única fuerza que puede, en estos momentos, derrotarlo. Para ellos el candidato perredeista Ing. Hipólito Mejía, es incapaz de gobernar por una serie de razones acomodadas a sus intereses. Al mismo tiempo todo aquel que lo apoya es objeto de su desdén cuando no de su burla.
Por otro lado los partidos denominados emergentes consideran que apoyar a cualquiera de los dos partidos que polarizan la situación es fortalecer la partidocracia que nos desgobierna.
De ahí que la posición de Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia obliga a exponerse a un fuego cruzado sin que le importe a los contestatarios que en sus documentos se haya planteado con toda claridad su condición de frente político y Social por la Democracia Participativa y contra la Dictadura Constitucional ni que en los mismos documentos quede claro que el apoyo al candidato del Partido Revolucionario no es ni incondicional ni indefinido y que además, la propuesta de pacto alcanza también a las fuerzas alternativas tal y como se expresa en comunicaciones a cada una de ellas de fecha 5 de Mayo del 2012.
Ahora bien, el por qué votamos y promovemos a Hipólito Mejía para la Presidencia de la República lo hemos explicado en diversos escenarios (Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís, Mao, Valverde, San Pedro de Macorís y en el Distrito Nacional). Promovemos a Hipólito Mejía no sólo porque es el único de los candidatos opositores que podría derrotar la dictadura constitucional sino porque, aunque perdiere su futuro está inevitablemente ligado a un acercamiento a la sociedad política y civil, en razón de que el PLD tiene el monopolio de la Función Legislativa, la Función Judicial, las Altas Cortes. etc.
Pero además, para llevar a la Constitución la parte de la Consulta Popular desechada por el PLD, el Partido Revolucionario y su candidato, que ya plantearon la necesidad de la Asamblea Nacional Constituyente, son aliados de un gran potencial.
Por lo demás, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia se autoconfieren la capacidad para ejercer el derecho al sufragio en base a sus valoraciones y perspectivas futuras, amén de que ambas están claramente formuladas como un movimiento no coyunturalista.
Desde el momento en que el Ing. Hipólito Mejía firmó con nosotros el Pacto por la Democracia, no sólo votaremos por él -lo repetimos- también haremos campaña a su favor. Al mismo tiempo ayudaremos a la ciudadanía a defender su voto frente a tantos rumores e indicios de expectativas fraudulentas.
La asimilación al pueblo, como nunca antes, es crucial para quienes estamos en contra de la dictadura constitucional. Ello así porque enfrentamos una campaña viciada, no sólo por el uso y abuso de los recursos del Estado por la corporación gobernante y el monopolio casi absoluto de los medios de difusión, la compra de lealtades a todo lo ancho de la sociedad, sino la inversión monetaria en el desenvolvimiento de la campaña, rebasando las dos terceras parte de lo gastado por todos los partidos.
En esta situación, sólo el pueblo puede derrotar la dictadura constitucional que de más en más, se embarca en acciones tiránicas.

References: artículo 55
 artículo 128
 Artículo 168
 artículo 210
 artículo 102
 artículo 210
 artículo 210
 resolución 
 artículo 35
 artículo 210
 artículo 35
 artículo 74
 artículo 74
 artículo 210
 artículo 35
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 106

Artículo 107

Artículo 112
 artículo 81
 artículo 84
 artículo 55
 artículo 8
 artículo 62
 artículo 128
 artículo 39