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Timestamp: 2020-08-13 23:14:44+00:00

Document:
STC 361/1993, 3 de Diciembre de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 58122441
STC 361/1993, 3 de Diciembre de 1993
Número de Recurso: 2645/1992, 2646420/1993 (acumulados)
Sentencia citada en: 53 sentencias, 17 artículos doctrinales
De conformidad con una reiterada doctrina de este Tribunal, el principio constitucional de igualdad exige, en primer lugar, que las diferenciaciones normativas no establezcan como criterio de diferenciación alguno de los expresamente vedados por el propio art. 14 C.E.;en segundo lugar, que esas diferenciaciones respondan a un fin constitucionalmente válido para la singularización misma; en tercer lugar, que exista coherencia entre las medidas adoptadas y el fin perseguido y, especialmente, que la delimitación concreta del grupo o categoría así diferenciada se articule en términos adecuados a dicha finalidad; y, por fin, que las medidas concretas o, mejor, sus consecuencias jurídicas sean proporcionadas al referido fin (STC 158/1993) [F.J. 2]2. Así como la amnistía eliminó la responsabilidad y los efectos penales y, en general, sancionatorios por la comisión de ilícitos de intencionalidad política (SSTC 122/1984, 76/1986 y 147/1986, entre otras), la regulación ahora en cuestión no pretende ya remover las consecuencias jurídicas de la condena o de la sanción, sino compensar en alguna medida perjuicios que se derivaron de una privación de libertad, durante determinado tiempo, por hechos de aquella intencionalidad. Ya la STC 76/1986 se ha referido a la legitimidad del reconocimiento de derechos económicos que responden a una voluntad de reparar en lo posible las consecuencias que para muchos ciudadanos tuvo la guerra civil y las situaciones de desventaja y los perjuicios ocasionados por esa tragedia, facilitando la plena reincorporación social de los que durante muchos años se mantuvieron fieles a unas ideas y a unos compromisos que el nuevo orden constitucional ha podido acoger y garantizar (STC 76/1986) [F.J. 2].3. La disposición adicional décimo octava de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, sólo concede derecho a indemnización a quienes, habiendo sufrido prisión por tres o más años, tenían sesenta y cinco años, o edad más avanzada, el 31 de diciembre de 1990. La Ley atribuye sólo este derecho económico a quienes habían ya superado los cincuenta y dos años de edad en el momento en que se dictó la legislación de amnistía (Ley 46/1977, de 15 de octubre), esto es, a personas que por su edad se encontraban, cuando la amnistía les reintegró la plenitud de sus derechos, en condiciones que pudieron y pueden presumirse difíciles para reincorporarse, también en plenitud, a la vida laboral y profesional, dificultades que, por lo mismo, pesaron presumiblemente menos sobre quienes se beneficiaron de la amnistía con inferior edad. La legislación de amnistía, al eliminar los efectos jurídicos de las penas impuestas (arts 6, 7 y 8 de la Ley 46/1977), situó ya a quienes las sufrieron en condiciones de reincorporarse, en plenitud de derechos y con normalidad, a la actividad laboral y profesional, pero las posibilidades de reintegración no fueron las mismas según la edad que en aquel momento tuvieran los afectados [F.J. 3].
El Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Presidente; don Luis López Guerra, Vicepresidente; don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Eugenio Díaz Eimil, don Alvaro Rodríguez Bereijo, don Vicente Gimeno Sendra, don José Gabaldón López, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón y don Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REYla siguienteSENTENCIA
El 4 de noviembre de 1992 tuvieron entrada en este Tribunal cuatro cuestiones de inconstitucionalidad (núms. 2.645, 2.646, 2.647 y 2.648/92) planteadas por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en las que se cuestiona la constitucionalidad de la Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, por referencia al principio de igualdad (art. 14 C.E.), «en cuanto establece como requisito para obtener la indemnización en ella reconocida, haber cumplido o haber podido cumplir, caso de fallecimiento, la edad de sesenta y cinco años en 31 de diciembre de 1990».
Las actuaciones en cuyo curso se han promovido estas cuatro cuestiones se originaron en otros tantos recursos contencioso-administrativos promovidos contra Resoluciones de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, que desestimaron peticiones de indemnización por años de prisión con fundamento, en todos los casos, en que «con la documentación aportada por el solicitante y en atención a la fecha de nacimiento del causante, no se acredita que el mismo tuviera o hubiese llegado a tener cumplidos sesenta y cinco años a 31 de diciembre de 1990 (...), como requisito imprescindible para causar derecho a la indemnización en favor del propio causante, o de quien acredite ser cónyuge viudo». En todas estas Resoluciones se añadió -tras lo expuesto- que, apreciada tal falta de acreditación, «no se considera necesario que se acrediten aquellos otros que conjuntamente (...) son exigidos por la normativa reguladora del derecho a percibir una indemnización por haber estado tres años en situación de privación de libertad en establecimientos penitenciarios (...)». Los recurrentes promovieron contra estas denegaciones los correspondientes recursos, tramitados, todos ellos, por el cauce especial de la Ley 62/1978. En las respectivas demandas se argumentó que las denegaciones recaídas lesionaban el derecho a la igualdad de los interesados (art. 14 C.E.), al motivarse en un criterio (no haber cumplido sesenta y cinco años de edad los peticionarios a 31 de diciembre de 1990) carente de fundamento objetivo. Comoquiera que tal criterio es el establecido en la Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, las demandas defendieron también la inconstitucionalidad de este texto legal. Se adujo también la supuesta vulneración de otros derechos fundamentales (arts. 17.1 y 33.3 C.E.). Por providencias de 4 de septiembre, la Sección acordó oír a las partes personadas sobre la pertinencia de plantear, en los respectivos procesos, cuestión de inconstitucionalidad.
(...) que ante situaciones iguales, haber sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios durante tres o más años, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1967 (sic), establece como único elemento diferenciador (...) el haber cumplido o hubiera podido cumplir la edad de sesenta y cinco años el 31 de diciembre de 1990, generando así un tratamiento desigual e injusto entre los que hubieran o no cumplido dicha edad en la fecha citada, sin que se mencionen en la propia Ley o se derivan de su examen motivos objetivos y razonables que pudieran justificarla, pues los de carácter económico y social (...) no determinan que el límite de edad se fije en los sesenta y cinco años (...), pues ni es razón que coincida normalmente con la edad de jubilación ni que a partir de dicha edad las personas se encuentren en una situación económica más apremiante ya que puede resultar que otras de menor edad se hallen también en la misma situación, piénsese caso de enfermedad o incapacidad, e incluso más precaria que los mayores de sesenta y cinco años, por lo que de ser esa finalidad la perseguida por el legislador bien pudiera acudir a otros elementos para determinar los beneficiarios en atención a su capacidad económica (...).
Por providencias de 17 de noviembre de 1992, se acordó por las Secciones correspondientes admitir a trámite las cuestiones de inconstitucionalidad 2.645, 2.646, 2.647 y 2.648/92, dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, a efectos de que pudieran personarse y formular alegaciones, y publicar la incoación de las cuestiones en el «Boletín Oficial del Estado». En la providencia por la que se admitió a trámite la última de estas cuestiones se dispuso, asimismo, oír a las partes sobre la acumulación de todas ellas.
La Abogacía del Estado solicitó se procediera a la acumulación de todas las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 83 de la LOTC.
Mediante escrito registrado el día 3 de diciembre de 1992 compareció la Fiscalía General del Estado. Tras señalar la conveniencia de que se acumularan todas las cuestiones, formuló sobre ellas alegaciones en los términos que a continuación se resumen:
Por Auto de 15 de diciembre de 1992 acordó el Pleno del Tribunal acumular las cuestiones 2.646, 2.647 y 2.648 de 1992, a la cuestión 2.645 del mismo año.
Con Fecha 8 de enero de 1993 presentó sus alegaciones la Abogacía del Estado en los términos que a continuación se resumen:
El 5 de enero de 1993 tuvo entrada en este Tribunal la cuestión de inconstitucionalidad 12/93, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en la que se cuestiona también la constitucionalidad de la Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, por referencia al principio de igualdad (art. 14 C.E.), «en cuanto establece, como requisito para obtener la indemnización en ella reconocida, haber cumplido o haber podido cumplir la edad de sesenta y cinco años a 31 de diciembre de 1990» (de la parte dispositiva del Auto mediante el que la cuestión se suscita).
Las actuaciones en cuyo curso se ha promovido esta cuestión se originaron en recurso contencioso-administrativo especial (Ley 62/1978) promovido contra Resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, que desestimó la petición de indemnización formulada, a título de viuda del causante, por determinada persona. Aquella resolución denegatoria se fundamentó en la consideración de que «con la documentación aportada por el solicitante y en atención a la fecha de nacimiento del causante, no se acredita que el mismo tuviera o hubiese llegado a tener cumplidos sesenta y cinco años a 31 de diciembre de 1990 (...), como requisito imprescindible para causar derecho a la indemnización en favor del propio causante, o de quien acredite ser su cónyuge viudo». La interesada promovió contra esta Resolución recurso contencioso-administrativo especial, invocando, entre otras citas constitucionales, el principio constitucional de igualdad (supuestamente contrariado por el criterio de la edad, en este caso) y solicitando la estimación de su pretensión indemnizatoria o, subsidiariamente, la promoción de cuestión de inconstitucionalidad sobre el precepto legal impeditivo de tal estimación.
Tras oír a las partes sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad, mediante Auto de 18 de diciembre de 1992 la Sala acordó plantear la cuestión. En dicha resolución, luego de exponer los antecedentes del caso, identificó el órgano judicial la disposición legal cuestionada, precisó la relevancia del problema de constitucionalidad para la resolución del pleito y fundamentó, en fin, la posible vulneración por el precepto cuestionado del art. 14 de la Constitución. Tal vulneración la apreció la Sala -en síntesis- tanto en atención a la «desigualdad en el tratamiento de situaciones objetivamente iguales», como en virtud de la «desvinculación legal del requisito de la edad en caso de fallecimiento del interesado» (pues la Ley nada exige en orden a la edad del cónyuge supérstite del causante) y a la vista, en fin, de la «imposibilidad de configurar la indemnización como ''ayuda de carácter asistencial» (con la que sería coherente la exigencia de determinada edad), pues su finalidad sería, más bien, «la satisfacción que el Estado social y democrático de Derecho debiera en todo caso ofrecer a quienes, por haber sido condenados por la comisión de delitos de índole política, sufrieron una injusta privación de libertad durante la vigencia de regímenes no democráticos, atendidos los Textos Internacionales sobre Derechos Humanos». Observó junto a ello la Sala que «el pretendido carácter asistencial de la indemnización no resulta legalmente permisible derivarlo de la norma cuestionada, por cuanto que la Ley 18/1984, de 8 de junio (...), subsumió dicha naturaleza al regular el ''reconocimiento como años trabajados a efectos de Seguridad Social de los períodos de prisión sufridos como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía (...)».
Por providencia de 12 de enero de 1993 acordó la Sección Primera admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, dar traslado de las actuaciones recibidas al Congreso de los Diputados, al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, para que pudieran personarse y efectuar las alegaciones oportunas, y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
El Presidente del Senado comunicó el Acuerdo de dicha Cámara en orden a que se tuviera a la misma por personada en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la LOTC. El Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el Acuerdo de dicha Cámara según el cual aun cuando el Congreso no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, ponía a disposición del Tribunal las actuaciones propias que pudiera precisar.
Presentó sus alegaciones la Fiscalía General del Estado en los términos que a continuación se resumen:
A diferencia de las otras cuestiones de inconstitucionalidad, la denegación de la indemnización solicitada lo fue porque el causante no tenía o hubiese tenido sesenta y cinco años cumplidos el 31 de diciembre de 1990, alegando la recurrente, desde el primer momento, que «tampoco se les reconoce la indemnización a quienes cumplan la edad de sesenta y cinco años con posterioridad a la fecha indicada»; en lo expuesto en el Auto de planteamiento entra, sin duda, esta hipótesis, única a la que se refieren las presentes alegaciones (se reitera lo dicho en las alegaciones anteriores respecto a la no inconstitucionalidad de la disposición cuestionada en cuanto a que el beneficio no se disponga, con independencia de la edad, para todos los que hubieran sufrido privación de libertad por el tiempo marcado).
Mediante escrito registrado el día 1 de febrero de 1993 presentó sus alegaciones la Abogacía del Estado, que pueden resumirse como sigue. La cuestión plantea la duda de inconstitucionalidad respecto al requisito de la edad de sesenta y cinco años cumplidos a 31 de diciembre de 1990, debiendo señalarse que el Tribunal a quo, a diferencia de lo que ocurría en las cuestiones anteriores, niega que la finalidad de la norma sea atender situaciones de necesidad.
Mediante Auto de 9 de febrero de 1993 acordó el Pleno acumular la presente cuestión de inconstitucionalidad a las ya acumuladas y registradas con los núms. 2.645, 2.646, 2.647 y 2.648 de 1992.
El día 16 de febrero de 1993 se registró en este Tribunal (420/93) un Auto, y las actuaciones adjuntas, mediante el cual la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid promovió cuestión de inconstitucionalidad sobre la Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, por posible vulneración de lo dispuesto en el art. 14, en relación con los arts. 1.1 y 9, todos de la Constitución.
Los antecedentes y la fundamentación de esta resolución son, en síntesis, los siguientes:
La persona recurrente solicitó en su día de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (Ministerio de Economía y Hacienda) le fuera reconocido derecho a percibir la indemnización establecida por la Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. Dicha solicitud fue denegada por la referida Dirección General por causa de no contar el peticionario con el requisito legal de tener cumplidos sesenta y cinco años a 31 de diciembre de 1990. Contra la citada resolución administrativa se interpuso por la representación del recurrente recurso contencioso-administrativo especial (Ley 62/1978), aduciendo, en lo que aquí importa, que la denegación de su petición entrañaba vulneración del principio constitucional de igualdad. El recurso se tramitó ante la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano judicial que, mediante providencia de 9 de diciembre de 1992, acordó oir al recurrente, al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado para que pudieran alegar acerca de la conveniencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre la Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, por posible infracción de lo dispuesto en el art. 14 de la Constitución, «al excluir de las indemnizaciones otorgadas a los que sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, a los que no hubieran cumplido los sesenta y cinco años de edad antes del 1 de enero de 1991». Deducidas las alegaciones por las partes y por el Ministerio Fiscal, el órgano judicial dictó Auto, el 5 de febrero de 1993, disponiendo plantear la presente cuestión de inconstitucionalidad.
En la fundamentación jurídica del Auto por el que la cuestión se promueve se interpretó el sentido de la Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, en el marco de la legislación sobre amnistía, y se precisó que «en el supuesto de autos, la causa de la denegación de la indemnización al recurrente ha sido el hecho de no haber alcanzado aquella edad en la mencionada fecha (nació el 16 de agosto de 1936) y es éste el requisito que plantea dudas sobre su conformidad con el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el art. 14 de la Constitución» (fundamento jurídico 3.). Para el órgano judicial, la limitación legal en atención al requisito de haber cumplido sesenta y cinco años en 31 de diciembre de 1990 no podría justificarse en atención al criterio de que la Ley procura tan sólo indemnizar a quienes hubieran participado de manera activa en la Guerra Civil, toda vez que «los hechos por los que se ha de haber sufrido prisión son todos los incluidos en el ámbito de aplicación en la Ley 14/1977 (...) y haber sufrido prisión por ellos y tener cumplidos sesenta y cinco años antes del 1 de enero de 1991, no implica, necesariamente, haber participado en la pasada contienda». Tampoco, a juicio de la Sala, puede entenderse que la indemnización en cuestión tenga una finalidad asistencial, ligada a la edad de jubilación, «pues dicha cobertura se satisface, entre otras, con la Ley 18/1984, porque se concede al cónyuge supérstite sin exigencia de edad ni de la condición de pensionista, y porque sólo se otorga a los que en la referida fecha tengan o hayan cumplido sesenta y cinco años, excluyendo a los que sucesivamente vayan alcanzando esa edad» (fundamento jurídico 4.). En atención a todo ello se acordó promover la cuestión con cita del art. 14 de la Constitución, en relación con lo dispuesto en los arts. 1.1 y 9 de la misma Norma fundamental.
Por providencia de 2 de marzo de 1993 el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, dar traslado de la misma al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, para que pudieran personarse y formular las pertinentes alegaciones, oír a los anteriores sobre la acumulación de la presente cuestión a las ya acumuladas 2.645, 2.646, 2.647 y 2.648/92 y 12/93, y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
El Presidente del Congreso de los Diputados comunicó al Tribunal el Acuerdo de la Mesa de dicha Cámara según el cual, aun cuando el Congreso no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, ponía a disposición del Tribunal las actuaciones propias que pudiera precisar. El Presidente del Senado comunicó al Tribunal el Acuerdo de la Mesa de dicha Cámara en orden a que se tuviera a la misma por personada en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la LOTC.
En su escrito de alegaciones la Abogacía del Estado reitera, sin variación sustancial, lo argumentado ante las anteriores cuestiones de inconstitucionalidad ya acumuladas. Se concluyó, por ello, con la petición de que se dictara sentencia que declarase que la norma cuestionada no es contraria al art. 14 de la Constitución. Mediante otrosí se solicitó se acordara la acumulación de la presente cuestión a las cuestiones 2.645, 2.646, 2.647, 2.648/92 y 12/93.
La Fiscalía General del Estado, interesó se acumulara la presente cuestión a las referidas cuestiones ya acumuladas y remitiéndose a lo expuesto en sus anteriores dictámenes ante tales cuestiones.
Mediante Auto de fecha 20 de abril de 1993, acordó el Pleno del Tribunal acumular la presente cuestión de inconstitucionalidad a las ya acumuladas 2.645, 2.646, 2.647, 2.648/92 y 12/93.
Mediante providencia de 1 de diciembre de 1993, se señaló para deliberación y votación de las presentes cuestiones el día 3 siguiente.
Antes de iniciar la resolución de las cuestiones de inconstitucionalidad aquí acumuladas es preciso delimitar con claridad su objeto, esto es, identificar la regla legal controvertida y determinar cuál sea el reproche de invalidez formulado contra ella.
Todas las cuestiones de inconstitucionalidad se dicen planteadas sobre la Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de aprobación de los Presupuestos del Estado para el mismo año. Dicha Disposición adicional (bajo la rúbrica «Indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía»), se compone de seis apartados, así numerados. Vistos los Autos de planteamiento y sus antecedentes, la duda de constitucionalidad puesta de manifiesto por los juzgadores a quo afecta sólo, sin embargo, al núm. 1 de la propia Disposición, cuyo texto es el siguiente:
Quienes hubieran sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios durante tres o más años, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, y tengan cumplida la edad de sesenta y cinco años en 31 de diciembre de 1990, tendrán derecho a percibir por una sola vez una indemnización de acuerdo con la siguiente escala
(un millón de pesetas -añade la norma- por tres o más años de prisión y doscientas mil pesetas «por cada tres años completos adicionales»).
Lo que se tacha de inconstitucional en todos los Autos de planteamiento es el inciso del precepto transcrito en el que la Ley atribuye el derecho a esta indemnización sólo a quienes, además de haber sufrido prisión por tres o más años, «tengan cumplida la edad de sesenta y cinco años en 31 de diciembre de 1990», determinación ésta que estiman discriminatoria los Tribunales a quo. En los Autos que han dado inicio a estos procesos nada se dice en contra de la otra exigencia presente en este primer apartado de la Disposición adicional decimoctava (el requisito de que la privación de libertad se haya prolongado «durante tres o más años») ni nada, tampoco, frente a los demás apartados de la propia Disposición adicional
Que la norma cuestionada introduce una diversificación entre todos cuantos padecieron prisión durante tres o más años por hechos luego amnistiados, y en función de la edad y del momento en que la cumplieron, es bien patente. También lo es que dicha diferenciación resulta susceptible de enjuiciamiento, como aquí se pide, a la luz del principio constitucional de igualdad.
Aunque legalmente vengan denominadas como «indemnizaciones», estas prestaciones, a cargo de los Presupuestos públicos, no pueden calificarse técnicamente de resarcimiento de daños por un funcionamiento anormal de la Administración Pública, de la Justicia o por un error judicial (art. 121 C.E.). Son, más bien, prestaciones establecidas graciablemente por el legislador, de acuerdo a una decisión política que, como sugiere el Abogado del Estado, ha de relacionarse con la legislación sobre amnistía, pese al distinto sentido de una y otra normativa.
Así como la amnistía eliminó la responsabilidad y los efectos penales y, en general, sancionatorios por la comisión de ilícitos de intencionalidad política (SSTC 122/1984, 76/1986 y 147/1986, entre otras), la regulación ahora en cuestión no pretende ya remover las consecuencias jurídicas de la condena o de la sanción sino compensar en alguna medida perjuicios que se derivaron de una privación de libertad, durante determinado tiempo, por hechos de aquella intencionalidad. Ya la STC 76/1986 se ha referido a la legitimidad del reconocimiento de derechos económicos que responden a una voluntad de reparar en lo posible las consecuencias que para muchos ciudadanos tuvo la guerra civil y las situaciones de desventaja y los perjuicios ocasionados por esa tragedia, facilitando la plena reincorporación social de los que durante muchos años se mantuvieron fieles a unas ideas y a unos compromisos, que el nuevo orden constitucional ha podido acoger y garantizar (STC 76/1986, fundamento jurídico 2.).
Por de pronto, ha de tenerse en cuenta que una es la lógica o razón de ser de la amnistía -de alcance necesariamente universal, para todos cuantos padecieron condena penal o sanción por los hechos a los que se refiere la Ley 46/1977- y otra la de una regulación, como la cuestionada, que tiene un alcance prestacional de contenido económico, y que por ello mismo ha de responder a apreciaciones de carácter general en la selección de los beneficiarios, necesariamente limitados en función de los recursos disponibles. Se ha de recordar que este Tribunal, y en relación con prestaciones sociales que tienen fundamento constitucional en el art. 41 C.E., ha reconocido un amplio margen de libertad al legislador al tratarse del reparto de recursos económicos necesariamente escasos en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades y deberes de los grupos sociales (SSTC 65/1987, fundamento jurídico 17; 134/1987, fundamento jurídico 5.; 97/1990, fundamento jurídico 3.; 184/1990, fundamento jurídico 3.). Este margen ha de ser aún mucho más amplio cuando, como aquí ocurre, ni siquiera se trata de estos derechos de prestación establecidos en desarrollo de la Constitución, aunque ese margen haya de respetar en todo caso los criterios de razonabilidad y no arbitrariedad que se deducen también del art. 14 C.E..
Según el Abogado del Estado, la atribución del derecho a indemnización tan sólo a quienes hubieran cumplido determinada edad (sesenta y cinco años) en cierta fecha (31 de diciembre de 1990) se justifica en el propósito legislativo de compensar a quienes vieron afectado de modo especial su propio «desarrollo personal, profesional, laboral o económico», no solo por el tiempo de la duración de su pérdida de libertad, sino también por la edad en que la sufrieron y, al mismo tiempo, por la edad en la que pudieron ver recobradas las libertades democráticas y por ello ser plenamente rehabilitados.
SENTENCIA 361/1993, de 3 de Diciembre, del Pleno del Tribunal constitucional en las Cuestiones de Inconstitucionalidad 2645/1992, 2646/1992, 2647/1992,...
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STSJ Comunidad de Madrid 306/2007, 11 de Abril de 2007

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