Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/Mexico11.520a.htm
Timestamp: 2018-10-17 16:11:08+00:00

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Mexico 11.520a - Fondo
56. En relación a este planteamiento la Comisión considera que si bien el Ejecutivo del Estado de Guerrero cumplió "parcialmente" con las recomendaciones emanadas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe de fecha 14 de agosto de 1995, entre las que podemos mencionar el nombramiento de un Fiscal Especial que continúe con la tramitación de la averiguación previa iniciada con motivo de los hechos de Aguas Blancas, el informe conclusivo de dicha investigación no fue del todo compartido por la comunidad guerrerense, misma preocupación que demostró el Ejecutivo Federal al ejercer el recurso de solicitud contemplado en el artículo 97 de la Constitución Política de México. En efecto, el Ejecutivo Federal señala en la petición hecha a la Suprema Corte de Justicia que "a pesar de la intervención de diversas autoridades competentes para conocer del asunto en el ámbito de sus atribuciones y de los resultados a los que se ha arribado hasta la fecha, subsiste en la comunidad nacional un sentimiento de preocupación por el cabal esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus consecuencias conforme a la ley".[8] Sobre el particular comentó la Suprema Corte que, "de la exposición de hechos especialmente de esta última apreciación que hace el Ejecutivo Federal, se llega a la convicción de que se han intentado todos los medios ordinarios para determinar la responsabilidad penal de los autores de los hechos referidos, sin haber obtenido un resultado satisfactorio para la sociedad y sin que se haya establecido hasta ahora si tales hechos constituyen o no violaciones graves de garantías individuales ni quiénes son los responsables...".[9] De lo antes señalado se desprende que el mismo Gobierno Federal reconoce ante la Suprema Corte de Justicia que las investigaciones realizadas hasta ese momento, no habían sido lo suficientemente comprensivas como para determinar todos los responsables de los hechos de Aguas Blancas.
D.- También debe tomar noticia de esta resolución el Gobernador en funciones del Estado de Guerrero, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, mediante copias de la misma.
63. Con respecto al plazo razonable existen antecedentes en la jurisprudencia de órganos internacionales, de acuerdo con los cuales se ha considerado, a la luz de las circunstancias particulares de cada caso, los siguientes criterios: la complejidad del litigio; la conducta de los demandantes y de las autoridades judiciales, y la forma como se ha tramitado la etapa de instrucción del proceso.[10]
67. En el caso en cuestión, se ha demostrado la falta de voluntad hasta la fecha, tanto del Ministerio Público Estatal para ejercer las acciones penales respectivas en contra del ex-Gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el ex-Secretario General de Gobierno, Rubén Robles Catalán, el ex-Procurador General de Justicia del Estado, Antonio Alcocer Salazar, y el ex-Director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy, así como del Ministerio Público Federal, para ejercer su competencia de atracción, en base a la decisión de la Suprema Corte de Justicia; todo esto, pese al cúmulo indiciario que sindica a estos ex funcionarios del Gobierno del Estado de Guerrero con presuntas responsabilidades en los hechos ocurridos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. En este sentido, la Comisión considera que, debido al monopolio exclusivo y excluyente que posee el Ministerio Público en el sistema jurídico mexicano para el ejercicio de la acción penal, los derechos de los particulares deben asegurarse en forma adecuada y efectiva, para que esta competencia sea ejercida conforme a la ley, y no con arbitrariedad, para garantizar el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25 de la Convención Americana. Al respecto, ya la Comisión ha señalado que "el monopolio del ejercicio de la acción penal que tiene asignado el Ministerio Público en México exige la conformación de una institución independiente y autónoma, profesionalizada, eficiente e imparcial".[11]
69. Asimismo, la Comisión considera que en el presente caso, a pesar de las notables iniciativas del Presidente de México y la decisión de la Suprema Corte de Justicia, ha faltado también por parte de los órganos legislativos la voluntad política necesaria para sancionar a todos los culpables. En ese sentido se puede expresar que, a pesar de las pruebas existentes, de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del sentimiento de preocupación existente en el Gobierno Federal y en la comunidad mexicana en general por el desarrollo de las investigaciones,[12] las cámaras legislativas tanto federal como del Estado de Guerrero, negaron la solicitud de juicio político presentada por el Partido de la Revolución Democrática en contra del ex-gobernador Figueroa Alcocer.
88. El hecho de existir casos en trámite, en los cuales la Comisión se ha puesto a disposición de las partes para iniciar un procedimiento de solución amistosa sin haberse resuelto las cuestiones de admisibilidad, reafirma el argumento de que antes de elaborar un informe de esta naturaleza, deben analizarse las circunstancias particulares de cada caso, pues como ya se señaló, existen casos en donde las cuestiones previas de admisibilidad y las de fondo se encuentran sobrepuestas, lo que no permite elaborar un informe previo de admisibilidad, razón por la cual, en seguimiento de la práctica adoptada por la Comisión de ponerse a disposición de las partes para solucionar los casos en forma amistosa, en algunas ocasiones la Comisión realiza su propuesta antes de la definición de los aspectos de admisibilidad del caso. Ejemplo de ello son entre otros, los informes 38/96, 11/96 y 32/96, publicados por la Comisión en su informe anual de 1996. Sin perjuicio de lo expresado, el artículo 45 del Reglamento de la Comisión, confiere a ésta la potestad de ponerse a disposición de las partes, en cualquier etapa del examen de una petición, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto.
96. En reiteradas oportunidades, la Comisión ha mostrado su satisfacción por la adición en la Constitución mexicana del artículo 21; sin embargo, si bien ello ha significado un gran avance, dicha norma no ha podido ser aplicada debidamente en la práctica, por su falta de reglamentación, razón por la cual, como lo afirma el Estado, algunos tribunales han sustentado tesis contradictorias sobre el particular, lo que no ha permitido configurar por vía jurisprudencial la certeza de un recurso judicial efectivo, ni ha ayudado a brindar una verdadera seguridad jurídica. Sobre ese particular ya la Comisión ha señalado que "el planteamiento hecho por el Gobierno mexicano tendiente a lograr la aplicación del artículo 21 de la Constitución Federal de México no es procedente, en virtud de que el recurso disponible debe gozar de las características de ser sencillo, rápido y efectivo en los términos del artículo 25 de la Convención Americana, puesto que a pesar de haber privado en algunos casos una interpretación que permite el ejercicio del amparo indirecto, la misma no ha sido aceptada de forma pacífica y generalizada en los tribunales mexicanos, más aún, como lo ha señalado el Gobierno de México, existe otra interpretación totalmente opuesta sobre el particular, conforme a la cual el recurso al cual hace referencia el artículo 21 constitucional, debe ser objeto de reglamentación legal".[13] En consecuencia, el hecho de no haberse reglamentado dicho artículo, viola expresamente el artículo 2 de la Convención Americana, puesto que no se han tomado las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivos los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención.
[8] Suprema Corte de Justicia de México, expediente 3/96, 23 de abril de 1996, página 17.
[9] obcit. pp.17.
[10] Véase por ejemplo: CIDH, Resolución Nº 17/89 Informe Caso Nº 10.037 (Mario Eduardo Firmenich), en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1988-1989, página, 38; Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Caso "Konig", sentencia del 28 de junio de 1978, Series A Nº 27, páginas 34 a 40, párrafos 99, 102-105 y 107-111; Caso Guincho, Sentencia del 10 de julio de 1984, Serie A, Nº 81, página 16, párrafo 38, Unión Alimentaria Sanders S.A., Sentencia del 7 de julio de 1989, Serie A, Nº 157, página 15, párrafo 40; Caso Buchholz, Sentencia del 6 de mayo de 1981, Serie A, Nº 42, página 16, párrafo 51, páginas 20-22, párrafos 61 y 63; Case Kemmache, Sentencia del 27 de noviembre de 1991, Serie A, Nº 218, página 27, párrafo 60.
[11] Comunicado emitido por la CIDH el 24 de julio de 1996, al final de su visita in loco realizada a México.
[12] Petición realizada el 4 de marzo de 1996 por el Ejecutivo Federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ejerza sus facultades constitucionales como ombudsman.
[13] Informe Anual de la CIDH 1996, página 584, párrafo 38.

References: artículo 97
 resolución 
 artículo 25
 resolución 
 artículo 45
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 25
 artículo 21
 artículo 2
 Resolución