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Timestamp: 2018-03-20 00:46:56+00:00

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Publicado en BOTHA núm. 21 de 20 de Febrero de 2017
Artículo 4 Portal de Gobierno Abierto
CAPÍTULO II. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA FORAL
SECCIÓN PRIMERA. planificación, evaluación previa e información sobre la acción de gobierno
Artículo 5 Plan de Gobierno
Artículo 6 Evaluación previa de impacto de anteproyectos de norma foral y actuaciones significativas
Artículo 7 Definición y procedimiento de evaluación previa de impacto de anteproyectos de norma, planes estratégicos y actuaciones significativas
Artículo 8 Seguimiento de la implementación del Plan de Gobierno
SECCIÓN SEGUNDA. evaluación de resultados y de impactos normativos acumulados
Artículo 11 Criterios
Artículo 12 Alcance
SECCIÓN TERCERA. evaluación de la calidad de los servicios públicos del sector público foral
Artículo 13 Finalidad y concepto
SECCIÓN CUARTA. Publicidad de las evaluaciones
Artículo 14 Publicidad de la evaluación
SECCIÓN QUINTA. fomento de la planificación y evaluación y publicidad de estos procesos
Artículo 15 Cultura de planificación y evaluación
Artículo 16 Integración del conocimiento científico y experto en la evaluación de políticas públicas
CAPÍTULO III. TRANSPARENCIA DEL SECTOR PÚBLICO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
Artículo 17 Principio de máxima accesibilidad
Artículo 18 Naturaleza, calidad y efectos de la información publicada o suministrada
Artículo 19 Incumplimientos del presente capítulo relativo a la transparencia del sector público del Territorio Histórico de Álava
SECCIÓN SEGUNDA. publicidad activa
Artículo 20 Concepto de publicidad activa
Artículo 21 Obligaciones
Artículo 22 Información institucional, organizativa, de planificación y patrimonial
Artículo 23 Información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Norma Foral
Artículo 24 Información de relevancia jurídica
Artículo 25 Información sobre contratación, convenios y subvenciones
Artículo 26 Información económica, financiera, presupuestaria y estadística
Artículo 27 Ampliación de las obligaciones de publicidad activa
Artículo 28 Publicidad de la evaluación de la transparencia y acceso a la información pública
Artículo 29 Incorporación progresiva de contenidos e histórico de la publicidad activa
SECCIÓN TERCERA. derecho de acceso a la información pública
Artículo 30 Ejercicio del derecho de acceso a la información pública
Artículo 31 Limitaciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública
Artículo 32 Procedimiento de acceso
Artículo 33 Subsanación de solicitudes de información defectuosas
Artículo 34 Reglas especiales en la aplicación de las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso
Artículo 36 Materialización del acceso a la información pública
SECCIÓN CUARTA. organización
Artículo 37 Unidades departamentales de información
Artículo 38 Coordinación entre departamentos
SECCIÓN QUINTA. promoción y fomento de la transparencia
Artículo 39 Transparencia y organización foral
Artículo 40 Transparencia y ciudadanía
CAPÍTULO IV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROCESOS PARTICIPATIVOS
Artículo 41 Finalidad y articulación de la participación
Artículo 42 Condición de personas interesadas y procesos participativos
Artículo 43 Grupos representativos de intereses diversos del Territorio Histórico de Álava
Artículo 44 Registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía y de grupos representativos de intereses diversos del Territorio Histórico de Álava
Artículo 45 Principios inspiradores del sector público foral en el ámbito de la participación ciudadana
Artículo 46 Garantías comunes de los diferentes procedimientos e instrumentos participativos
Artículo 47 Instrumentos de participación y colaboración ciudadana
Artículo 48 Medidas de fomento de la participación
Artículo 49 Informe de participación y colaboración ciudadana
SECCIÓN SEGUNDA. derechos concretos de participación ciudadana
Artículo 50 Derecho a participar en el diseño de políticas públicas, en la evaluación de resultados y en la de calidad de los servicios públicos
Artículo 51 Derecho a formular alegaciones y observaciones en los trámites de exposición pública
Artículo 52 Derecho a promover iniciativas reglamentarias
Artículo 53 Derecho a participar en la elaboración de disposiciones de carácter general
Artículo 54 Derecho a formular propuestas de actuación o sugerencias para mejorar la calidad de los servicios públicos
Artículo 55 Derecho a solicitar la colaboración del sector público del Territorio Histórico de Álava en actividades ciudadanas
SECCIÓN TERCERA. rendición social de cuentas
Artículo 56 Concepto de rendición social de cuentas
Artículo 57 Fines de la rendición social de cuentas
Artículo 58 Objeto de la rendición social de cuentas Serán objeto de rendición social de cuentas
SECCIÓN CUARTA. consultas populares
Artículo 60 Concepto y contenido de las consultas populares
Artículo 61 Iniciativa para la realización de consultas populares
Artículo 62 Acuerdo sobre la celebración de consultas populares
Artículo 63 Personas legitimadas para participar en consultas populares
Artículo 64 Publicación y efectos de los resultados de las consultas populares
SECCIÓN QUINTA. empoderamiento de la ciudadanía
Artículo 65 Concepto y finalidad del empoderamiento
Artículo 66 Sujeto del empoderamiento
Artículo 67 Escuelas de empoderamiento
Disposición adicional primera Reclamaciones contra resoluciones dictadas en solicitudes de acceso a información pública
Disposición adicional segunda Atribución de competencias en materia de transparencia y participación ciudadana
Disposición adicional tercera Colaboración con las Cuadrillas y los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava
Disposición adicional cuarta Referencias al Consejo de Diputados
Disposición final primera Modificación de la Norma Foral 7/2008, de 18 de febrero, reguladora de los registros de actividades y de bienes y de intereses de la Diputación Foral de Álava
Disposición final segunda Simplificación normativa y mejora de la calidad de la regulación
Disposición final tercera Aplicación progresiva de la presente Norma Foral
Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 8 de febrero de 2017, han aprobado la siguiente norma foral:
Norma Foral 1/2017, de 8 febrero, de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del sector público del Territorio Histórico de Álava.
El sector público del Territorio Histórico de Álava se encuentra inmerso en un proceso dirigido a la implantación y consolidación de un nuevo modelo de gobernanza, cuyo propósito es el logro de un desarrollo social, económico e institucional, promoviendo un equilibrio entre la acción de gobierno, la sociedad civil y la actividad social y económica. Se pretende consolidar el principio de la soberanía y derecho democrático de la ciudadanía a participar, abriendo con ello un conjunto de fórmulas novedosas que permitan entender no sólo la actuación y organización de la administración, sino también su interacción con la ciudadanía considerando a ésta como primer referente y al gobierno como copartícipe y responsable.
Este cambio conlleva la necesaria configuración de un sector público foral más abierto y accesible a la ciudadanía, pero también más diligente y eficaz, requisitos esenciales del gobierno democrático, de la estabilidad social y del desarrollo económico. Surge así la necesidad de implantar algunos principios de gobernanza comúnmente aceptados: planificación y evaluación, transparencia y participación, como procesos y dinámicas garantes de la soberanía ciudadana, del derecho a un gobierno y a una administración democrática.
El desarrollo de ese triángulo conceptual que conforman la evaluación de políticas públicas, la transparencia y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, pretenderá lograr una ciudadanía informada, participativa, activa y corresponsable, partiendo de la premisa de que ninguno de esos principios puede funcionar o sostenerse por sí solo, sin los otros. Así, la evaluación es necesaria para dar sentido a la transparencia, a la que dota de contenidos, y que de otra manera estaría vacía. La transparencia, a su vez, es una premisa necesaria de la participación, que se vería privada de datos y elementos esenciales para el debate, que por tanto se tornaría irrelevante, de hallarse frente a una administración opaca. Y, finalmente, tanto la transparencia como la participación ciudadana son instrumentos indispensables de una evaluación real del impacto de las políticas públicas, que resultaría incompleta, si no fuera objeto de las consultas que se determinen, para el cumplimiento de los fines que esta Norma se propone y que estarían dirigidas a las personas destinatarias de las normas y los programas públicos, o si no se acompañase del necesario contraste de información manejada.
Es por ello que la Norma Foral toma plena conciencia de la importancia de la transparencia y la participación ciudadana, que constituyen una pieza fundamental para el establecimiento de una sociedad democrática avanzada. Así, se profundiza en la transparencia de la actuación de los poderes públicos, entendida como uno de los instrumentos que permiten que la democracia sea más real y efectiva. Ésta no debe quedar reducida al mero ejercicio periódico del derecho de sufragio activo. Nuestro ordenamiento jurídico exige que se profundice en la articulación de los mecanismos que posibiliten el conocimiento por la ciudadanía de la actuación de los poderes públicos, de los motivos de dicha actuación, del resultado del mismo, y de la valoración que todo ello merezca.
Así, la planificación y evaluación suponen una herramienta de carácter estratégico y operativo imprescindible para el funcionamiento del sector público. La planificación fija sus objetivos y define los procedimientos adecuados para alcanzarlos, es la guía para que la organización obtenga y aplique los recursos para lograr los objetivos y para que se tomen decisiones congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos y pueda controlarse el logro de los objetivos organizacionales. Se pretende que toda la información que se genera con esta actividad sea puesta a disposición de la ciudadanía por lo que es preciso establecer formalmente la obligación de elaborar esa planificación y su evaluación posterior.
Por otro lado, sin olvidar la referencia normativa de carácter internacional del Convenio número 205 del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, que establece las normas mínimas inspiradas en las experiencias y prácticas de los estados miembros, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ha venido a incrementar y reforzar, con carácter básico, la transparencia en la actividad pública.
A estos efectos, la transparencia de la actividad pública se entiende en su doble vertiente: la publicidad activa, esto es, el compromiso, la recopilación y difusión proactiva por publicar de forma periódica y actualizada las obligaciones de información pública relevante destinada a trasladar a la ciudadanía la actividad, en su más amplio alcance, de la administración pública foral y de las entidades del sector público foral al efecto de mejorar la rendición de cuentas de los poderes; por otro lado, como derecho subjetivo de todas las personas de acceder a dicha información.
Por último, completando el triángulo básico de la buena gobernanza, se regula la participación ciudadana, entendida como un instrumento que facilita la implicación proactiva y soberana de la sociedad civil en el quehacer del sector público del Territorio Histórico de Álava y que impulsa una necesaria cohesión en la sociedad plural actual como factor esencial que defiende valores democráticos como la tolerancia, la integración, la solidaridad y la igualdad y favorece una mayor eficacia y legitimidad de la acción política y administrativa al incorporar en las políticas públicas toda la riqueza que representan los conocimientos, criterios y experiencias de la ciudadanía. Para ello, se deben instaurar instrumentos que permitan a la ciudadanía manifestar sus opiniones, iniciativas, sugerencias y preocupaciones a los poderes públicos, contrastar diferentes puntos de vista e intereses, posibilitar el debate, a la vez que facilitar al sector público foral la comunicación de su acción de gobierno a la ciudadanía.
Además, siendo consciente de las limitaciones y obstáculos existentes para la participación social de las mujeres y de la necesidad de impulsar su contribución al desarrollo de una sociedad democrática, en pie de igualdad con respecto a los hombres, todas las medidas contempladas en la presente Norma Foral tienen el objetivo transversal de promover y garantizar una participación ciudadana equitativa entre mujeres y hombres. Así, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres ( artículos 14.11, 15 y 20) y en la Ley vasca 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres (artículos 3 y 23), esta Norma se ha planificado de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a fin de promover una participación ciudadana equilibrada entre mujeres y hombres y guiada por el objeto de la igualdad de género.
Así las cosas, al objeto de construir un modelo de gobierno y administración pública que genere confianza en la ciudadanía e incentive su participación, garantizando su derecho a ser informados y, en consecuencia, permitiendo el control de la actuación pública y la exigencia de responsabilidades, en ejercicio de la competencia exclusiva que el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en su artículo 37.3.a), reconoce y atribuye a los órganos forales en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones, se aprueba esta Norma Foral de la transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del sector público del Territorio Histórico de Álava, compuesta de 67 artículos estructurados en cuatro capítulos, cuatro disposiciones adicionales, una transitoria y cinco disposiciones finales, determinando la última su entrada en vigor tras su publicación en el BOTHA.
Tras establecer el Capítulo I el objeto, ámbito de aplicación y fines de la Norma, el Capítulo II, sobre la planificación y evaluación de las políticas públicas, parte del Plan de Gobierno que se ha de elaborar de conformidad con el programa de gobierno definido por la o el Diputado General. A partir de esta pieza esencial se incorporan procedimientos evaluativos cuyos resultados y los datos en los que se base la planificación contribuyan a facilitar procesos de deliberación y decisión más consistentes, materializando el principio de objetividad y transparencia.
El Capítulo III versa sobre la transparencia de la actividad pública en su doble vertiente, como publicidad activa y como acceso a la información. Así, partiendo del principio de máxima accesibilidad, es decir, de la regla general de transparencia o acceso, siendo excepción su denegación o limitación, regula en su Sección segunda, de manera extensa la publicidad activa mientras que en la tercera se dedica al derecho de acceso a la información pública, de máxima accesibilidad y carácter universal.
En lo relativo a la organización, la Sección cuarta, además de determinar las funciones relacionadas con la transparencia, identifica los órganos y servicios responsables y establece el deber de máxima colaboración, todo ello sin olvidar que la disposición adicional primera completa el control de la transparencia previendo la próxima regulación, vía reglamentaria, del órgano encargado de la resolución de las reclamaciones potestativas, previas a la impugnación en vía contencioso-administrativa, del sector público foral del Territorio Histórico de Álava.
Finalmente el Capítulo IV, dedicado a la participación ciudadana y a los procesos participativos, adopta una perspectiva flexible y adaptable, ya que, teniendo en cuenta la cantidad y variedad de las figuras participativas que existen, es preferible establecer las condiciones y garantías básicas que debe reunir cualquier proceso participativo, antes que establecer un catálogo cerrado de figuras participativas. Se crea un registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía y de grupos representativos de intereses diversos del Territorio Histórico al objeto de habilitar un cauce preferente y un derecho de alerta temprana para la ciudadanía y los grupos interesados.
Asimismo conviene destacar la introducción de la figura del derecho a promover iniciativas reglamentarias ciudadanas, siguiendo el esquema y aprovechando las garantías ya previstas en la Norma Foral 15/1986, de 4 de julio, reguladora de la iniciativa normativa popular ante las Juntas Generales de Álava.
En este capítulo se encuadran las acciones y dinámicas de empoderamiento ciudadano para asegurar la participación plena de todas las personas ciudadanas. Así, su sección tercera se dedica a la rendición social de cuentas, instrumento articulador tanto de la transparencia como de la participación ciudadana, con el objeto de informar y someter a evaluación de la ciudadanía las actuaciones de las instituciones forales.
A continuación, la sección cuarta regula la consulta ciudadana, estableciendo las condiciones de los contenidos y sujetos con derecho al ejercicio de estos procesos. Por último, la quinta desarrolla los mecanismos a disposición de la ciudadanía para impulsar el empoderamiento ciudadano, como una manera progresiva de estructurar el Territorio Histórico.
De las disposiciones de la parte final merece destacarse asimismo la disposición adicional cuarta al modificar la denominación del máximo órgano colegiado de gobierno de la Diputación Foral que, en castellano, Consejo de Diputados, invisibiliza a las mujeres, y, por tanto, no es acorde con el cumplimiento efectivo del principio de igualdad. También merece una referencia expresa la disposición final tercera que, tras indicar la necesaria revisión y simplificación del ordenamiento jurídico foral, recoge ya la primera medida a adoptar para acometer ese proceso de consolidación legal, consistente en una autorización parlamentaria de refundición de una pluralidad de normas forales para dotarlas de mayor claridad y coherencia.
Esta Norma Foral tiene por objeto regular en el ámbito del sector público del Territorio Histórico de Álava la transparencia y publicidad de la actividad administrativa, el buen gobierno y las condiciones de ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la evaluación de políticas públicas, y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, del Territorio Histórico de Álava.
La presente Norma persigue los siguientes fines:
a) Ser un instrumento de supervisión y control por parte de la ciudadanía de la gestión del gobierno y las políticas públicas, materializándose con hechos concretos que serán desarrollados en el artículo 20 y siguientes de esta Norma Foral.
b) Informar a la ciudadanía sobre la planificación del gobierno y sus compromisos estratégicos consolidando el principio de publicidad activa.
c) Promover el acceso de la ciudadanía a la información pública que obre en poder de la Administración foral y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes.
d) Favorecer, en la ciudadanía y en el sector público del Territorio Histórico de Álava, la generación de una cultura y hábitos de participación corresponsable en los asuntos públicos, mediante consultas u otros mecanismos, promoviendo el empoderamiento de los sectores con más dificultades para ejercer estas dinámicas.
e) Impulsar la evaluación de las políticas públicas, en cuanto a la obligación de evaluar y la obligación de comunicar los resultados de esa evaluación.
1. Esta Norma Foral se aplicará a:
a) La Administración General, que se identifica con la Diputación Foral y sus diferentes órganos.
c) Las entidades públicas forales de derecho privado.
d) Las sociedades públicas forales.
e) Las fundaciones del sector público foral.
f) Los consorcios del sector público foral.
2. Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, las y los adjudicatarios de los contratos del sector público del Territorio Histórico de Álava, y demás sujetos obligados de conformidad con la legislación básica en materia de transparencia de la actividad pública y con el alcance previsto en dicha normativa, deberán suministrar a la entidad de las enumeradas en el apartado anterior con la que guarden relación, a requerimiento de la misma, toda la información que necesite para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el capítulo III.
3. También resultarán de aplicación las normas de publicidad activa del capítulo III a:
a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales que desarrollen su actividad en el ámbito del Territorio Histórico de Álava y sean perceptores de subvenciones con cargo a fondos públicos propios del sector público foral o de cualquiera de las entidades del sector público foral alavés.
b) Las entidades privadas que durante un ejercicio presupuestario perciban de las entidades del sector público foral ayudas o subvenciones públicas en una cuantía total superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 por ciento del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública foral, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros.
1. La página de acceso al portal aparecerá por defecto en euskera, presentando la opción de elegir el idioma castellano u otros si los hubiese.
2. El Portal de Gobierno Abierto es la dirección electrónica disponible a través de redes públicas de telecomunicaciones y se constituye como elemento permanente de interacción entre el sector público del Territorio Histórico de Álava y la ciudadanía, encaminada a la gestión participada y corresponsable en la acción pública donde se materializan los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas.
3. Tiene por finalidad:
a) Poner a disposición del público la información sujeta a las obligaciones de publicidad activa conforme a la presente Norma Foral, en origen o mediante enlaces a las correspondientes páginas de internet de los distintos sujetos enumerados en el artículo 3.1.
b) Promover la escucha activa de la ciudadanía y el diálogo entre ésta y el sector público foral con el fin de poder encaminar la actuación pública hacia sus demandas.
c) Canalizar la participación y la implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos, con el fin de poder colaborar y ser parte activa en la gobernanza del Territorio Histórico de Álava.
d) Identificar las necesidades de la población y facilitar herramientas para hacer efectiva la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
4. El Portal, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Diputación Foral de Álava, no tendrá la consideración jurídica ni técnica de sede electrónica, y contará con las características y mecanismos adecuados para garantizar la accesibilidad universal, la neutralidad tecnológica, la interoperabilidad, la calidad y reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización. Asimismo, los documentos deberán ser subidos a la web en diferentes formatos editables.
A estos efectos, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la información pública se haga disponible paulatinamente en bases de datos electrónicas de fácil acceso y comprensión.
5. Se utilizará un lenguaje no discriminatorio, que visibilice a mujeres y hombres; y en los contenidos de la información y en las imágenes que, en su caso, acompañen a dichos contenidos, se deberá garantizar un tratamiento equilibrado, igualitario, plural y no estereotipado y que refleje adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social, política, económica y cultural. Todos los datos referidos a personas, de los que sean responsables las entidades incluidas en el artículo 3.1 de esta Norma, se reflejarán desagregados por sexo.
6. El Portal de Gobierno Abierto será accesible a través del portal institucional de la Diputación Foral de Álava.
7. El Portal de Gobierno Abierto podrá contener, asimismo, los enlaces a los respectivos portales de transparencia de las cuadrillas, ayuntamientos y el resto de sujetos y entidades del Territorio Histórico con obligaciones de publicidad activa impuestas por la normativa que les sea de aplicación.
Además, la Diputación Foral de Álava podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa.
8. Trasparencia colaborativa
a) El Portal de Transparencia, sede electrónica o página Web de las entidades sujetas a la presente Norma Foral, además de contener la información pública establecida en los artículos anteriores, establecerán espacios dirigidos a garantizar la escucha activa, identificar las necesidades de la población y facilitar herramientas para hacer efectiva la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos
b) Asimismo, la Diputación Foral y las entidades del sector público foral de Álava promoverán a través de los medios electrónicos canales de participación de la ciudadanía en la identificación, elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas forales.
c) El Portal de Transparencia o las sedes electrónicas o páginas web facilitarán la evaluación de la calidad de los servicios públicos forales por la ciudadanía.
9. Reutilización de la información y apertura de datos
a) Las entidades a las que se extiende el ámbito de aplicación de esta Norma, al efecto de generar valor, fomentarán la apertura de los datos públicos y la reutilización de la información pública con pleno respeto a las restricciones que se establezcan en la normativa que sea de aplicación en el sector público.
b) Salvo supuestos tasados reglamentariamente, se promoverá la reutilización libre de los datos sin someterla a solicitud previa ni sujetar su ejercicio a licencia o autorización previa. Por tanto, se facilitará su redistribución, reutilización y aprovechamiento en un formato digital estandarizado y abierto.
PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA FORAL
planificación, evaluación previa e información sobre la acción de gobierno
1. Con el fin de proyectar en el tiempo la acción de gobierno, socializarla y establecer las bases de su compromiso y responsabilidad ante la ciudadanía, la Diputación Foral de Álava, de conformidad con el programa de gobierno definido por la o el Diputado General, elaborará cada legislatura, en el plazo máximo de un año desde la constitución del Gobierno Foral, un Plan de Gobierno con contenido abierto que, al menos, deberá identificar los objetivos estratégicos perseguidos, las actividades, acciones y actuaciones significativas, medios y plazos para alcanzarlos, así como los órganos responsables de su ejecución.
2. Dentro de las actividades para alcanzar los objetivos perseguidos deberán identificarse los proyectos de norma foral, los planes estratégicos y las actuaciones significativas. A los efectos de esta Norma Foral se entiende como:
a) Planes estratégicos a aquellos que tratan de dar respuesta a las principales necesidades o problemas de la ciudadanía y que están vinculados con las prioridades políticas establecidas en las previsiones de la Diputación, pudiendo necesitar una coordinación interdepartamental, interinstitucional o una impronta innovadora en la actuación pública, y requiriendo además un seguimiento pormenorizado y una evaluación de sus resultados e impacto.
b) Actuaciones significativas son aquellas iniciativas de carácter variado que, procediendo de prioridades ciudadanas o políticas, por sí mismas representan un avance cualificado en los compromisos formulados por la Diputación, pudiendo abarcar, entre otros, disposiciones normativas, cambios organizativos, proyectos de inversión o programas experimentales.
3. El Plan de Gobierno se remitirá a las Juntas Generales de Álava para su conocimiento, y se publicará tanto en el BOTHA como en el Portal de Gobierno Abierto regulado en el artículo 4, para lo que se realizarán diversas versiones públicas de esa información que resulten accesibles y relevantes a la diversidad de la ciudadanía.
1. Se someterán a evaluación previa de impacto todos los anteproyectos de norma foral, planes estratégicos del Plan de Gobierno y aquellas actuaciones significativas para las que así se determine.
2. Además de las evaluaciones preceptivas señaladas en el apartado 1, la Diputación Foral determinará anualmente una relación de actuaciones públicas significativas que, como mínimo, deberán ser evaluadas, en función de la mayor probabilidad, profundidad o extensión de los posibles impactos, de la mayor incertidumbre sobre sus probables consecuencias o de la mayor relevancia del problema al que hagan frente.
3. Respecto al resto de la actividad administrativa, los propios departamentos o entes del sector público foral podrán someter a evaluación aquellas otras intervenciones públicas de su competencia que estimen conveniente, en función de la no existencia de evaluaciones o datos previos sobre los que basar una decisión.
1. A los efectos de esta Norma se entenderá por evaluación previa de impacto el proceso sistemático de observación, medida, análisis e interpretación de información obtenida de forma exhaustiva y ordenada, encaminado a la estimación cualitativa y, siempre que sea posible, cuantitativa, de los costes y beneficios económicos, sociales, culturales y medioambientales probables de las distintas opciones de política pública para alcanzar un juicio propositivo o valorativo basado en evidencias, respecto de su diseño, puesta en práctica e impacto, que informe la decisión a adoptar por el órgano competente. Siempre que sea posible, la evaluación previa considerará también la interacción de las intervenciones públicas previstas con otras en vigor o que vayan a ser plausiblemente adoptadas, considerando su efecto conjunto.
2. El alcance, la profundidad y el nivel de análisis de cada evaluación será determinado por el departamento competente para proponer o llevar a cabo la intervención pública. La evaluación debe prever un abanico de opciones a disposición de la Administración entre las que siempre se incluirá la de no intervención o no modificación de la situación existente.
3. El proceso de evaluación habrá de ser llevado a cabo de forma transparente y comprensible y pública.
4. Un comité formado por representantes de todos los departamentos afectados por el problema abordado o por la acción proyectada y presidido por el departamento competente para proponer o llevar a cabo la intervención pública será el encargado de supervisar e impulsar el procedimiento, y de aprobar el informe de impacto resultante, que podrá eventualmente recomendar la necesidad de una evaluación más profunda. En ese comité participarán también aquellos encargados de impulsar líneas transversales de la acción política.
5. Dentro de las posibilidades técnicas existentes, el informe de impacto explicitará la posible distribución social y territorial de los impactos, la evolución en el tiempo de sus estimaciones, así como el plazo en el que se estima serán apreciables los efectos positivos o negativos previstos o, en su caso, aquél que eventualmente habría de servir de base para el seguimiento y la evaluación de resultados e impactos reales, conforme a lo previsto en los artículos siguientes. Tendrán especial consideración aquellos referidos al impacto de género, diversidad funcional y equilibrio territorial.
1. De acuerdo con lo previsto en el Plan de Gobierno, el Gobierno Foral aprobará, semestralmente en el caso de los anteproyectos de norma foral y, anualmente en el caso de los planes estratégicos y de las actuaciones significativas, un documento de seguimiento en el que se especificará el grado de avance de cada uno de ellos y las modificaciones que, a la luz del análisis de los avances logrados durante su ejecución, se deseen introducir sobre lo planificado, con el fin de incorporar mejoras y reorientar los medios activados, tales como incorporaciones o bajas en medios humanos, materiales, financieros y reprogramaciones temporales. Sobre dichos documentos se informará en los mismos términos y condiciones establecidos respecto al Plan de Gobierno.
2. De igual modo anualmente, el gobierno foral, elaborará un informe acerca del cumplimiento del plan de gobierno, en el que, como mínimo, se especificará el grado de cumplimiento de los indicadores señalados en el artículo 5.
evaluación de resultados y de impactos normativos acumulados
1. La evaluación de resultados es un proceso sistemático de observación, análisis e interpretación de un plan estratégico o actuación pública significativa, para obtener un juicio valorativo de su diseño, funcionamiento, resultados y efectos, basado en evidencias. La finalidad de la evaluación es ser útil a la sociedad, como instrumento de mejora de la calidad y la eficacia de los servicios públicos.
3. La evaluación conseguirá el fomento del aprendizaje y la innovación, la potenciación de la transparencia mediante la rendición de cuentas y, así, el aumento del nivel de confianza en la administración pública.
4. Cuando sea preciso, se procederá a la evaluación de resultados de los impactos normativos acumulados de conjuntos de normas que afecten a sectores determinados, con la finalidad de racionalizar y reducir conjuntos de normas excesivos, mediante la simplificación, codificación, refundición y consolidación de textos legales, o la reducción del volumen legislativo mediante la eliminación de preceptos y normas forales obsoletas, a fin de garantizar la calidad de las normas, su claridad, concreción y comprensibilidad.
En el sector público foral se impulsará una cultura de responsabilidad y control de la acción pública, estableciendo para ello las medidas necesarias para el desarrollo e implantación de un sistema de evaluación de resultados que, como instrumento de buen gobierno, de mejora continua, con los siguientes objetivos:
c) Implantar indicadores de gestión en la Administración foral que permitan conocer el impacto de una determinada política pública.
d) Promover la calidad y la mejora continua de los servicios públicos.
e) Reforzar la cultura de responsabilidad entre los órganos gestores de los planes y programas públicos.
1. La evaluación de resultados seguirá los criterios siguientes:
d) Impacto generado por la aplicación del plan o actuación significativa.
2. Además de estos criterios, se pueden aplicar otros factores de análisis como la coherencia, la equidad, la capacidad de respuesta, la conveniencia, la cobertura y la rentabilidad, así como el grado de satisfacción y apoyo ciudadano, que se aplicarán con flexibilidad en cada caso concreto.
3. La evaluación de resultados la realizará el departamento competente en el diseño y ejecución de la política pública en cuestión a través de medios propios o mediante contratación externa.
1. Serán objeto de evaluación de resultados los planes estratégicos del Plan de Gobierno y aquellas actuaciones públicas significativas para las que se ha determinado una evaluación previa de impacto, una vez que hayan sido ejecutadas.
2. Dentro del contenido mínimo de las evaluaciones de resultados, que es variable en función de la naturaleza o forma del plan estratégico o actuación pública de la que se trate, se ha de incluir el grado de cumplimiento de los objetivos y previsiones previos y de la causa de las eventuales desviaciones. En los casos que tengan incidencia en la ciudadanía recogerán la opinión y valoración que ha merecido para la ciudadanía la actuación sujeta a evaluación. Asimismo, se ha de tener en cuenta las interacciones con otras actuaciones públicas adoptadas coetánea o paralelamente, que hayan podido afectar al resultado, separando, siempre que sea posible, los efectos de unas y otras.
evaluación de la calidad de los servicios públicos del sector público foral
1. La evaluación de calidad de los servicios públicos tiene como finalidad proporcionar información para la toma de decisiones y fomentar la transparencia mediante la información y difusión pública del nivel de calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía, recogiendo sus opiniones, así como aumentar el grado de eficiencia en la labor administrativa incrementando la productividad mediante el uso óptimo y asignación adecuada de los recursos.
2. La evaluación de la calidad de los servicios públicos comprende el análisis sistemático y continuado del servicio público prestado, considerando, tanto el análisis de la demanda, la detección de necesidades de las diversas personas usuarias, sus opiniones, propuestas y críticas, y los niveles de prestación de los servicios en relación con las expectativas de la ciudadanía.
3. Los departamentos forales determinarán los servicios públicos de su competencia que estimen conveniente evaluar, teniendo en cuenta las demandas y necesidades de la ciudadanía.
4. La medición de la calidad de los servicios públicos requerirá la previa fijación de compromisos y de sus correspondientes indicadores, y se realizará sobre los siguientes elementos:
a) Los procedimientos administrativos y los procesos de prestación de los servicios públicos.
b) Los resultados de la actividad del órgano evaluado en relación con los compromisos previamente asumidos y con las expectativas de las personas.
c) El grado de conformidad y satisfacción de las personas y/o colectivos concernidos.
5. La evaluación de la calidad se realizará mediante la aplicación de modelos de gestión de calidad reconocidos y comúnmente aceptados que permitan la comparación de los resultados entre los distintos órganos administrativos y el intercambio de experiencias.
6. La evaluación se articulará en el nivel de autoevaluación por medios propios o mediante las contrataciones que sean precisas, con pleno respeto de la participación ciudadana prevista en el artículo 50 de esta Norma.
Publicidad de las evaluaciones
1. En aplicación del principio de publicidad activa reseñado en esta Norma y con respecto a las evaluaciones a realizar en virtud de lo dispuesto en este capítulo, la Diputación Foral de Álava pondrá en conocimiento de la ciudadanía de modo accesible y con diversidad de formatos comunicativos tanto los procesos de evaluación como los resultados que se obtengan de los mismos, sin más limitaciones que las previstas en la normativa vigente. Todas las evaluaciones se publicarán al menos en el Portal de Gobierno Abierto.
2. De conformidad con el derecho a participar en la evaluación de resultados y de calidad de los servicios públicos previsto en esta Norma, en cada proceso de evaluación se habilitará un período de escucha y/o consulta a la ciudadanía que posibilite su evaluación y participación. El resultado de dichas consultas y audiencias públicas deberá formar, en todo caso, parte del contenido del documento de evaluación. Deberá motivarse, en su caso, la omisión de este trámite.
fomento de la planificación y evaluación y publicidad de estos procesos
1. Con el objeto de materializar los principios recogidos en esta Norma, el sector público del Territorio Histórico de Álava adoptará medidas que fomenten en su organización una cultura de planificación y evaluación, para lo que informará, sensibilizará y formará al personal a su servicio, generará redes de conocimiento y equipos de colaboración y compartirá o desarrollará herramientas técnicas que faciliten su implementación.
2. En el desarrollo de dicha labor, el sector público del Territorio Histórico de Álava ha de utilizar preferentemente parámetros, indicadores, programas, herramientas informáticas y demás recursos analíticos homologables con los desarrollados a nivel estatal y europeo, al objeto de facilitar un mayor intercambio de información y la mejor evaluación de los impactos territoriales de las políticas adoptadas en distintos niveles políticos.
1. Las entidades integrantes del sector público alavés se valdrán, prioritariamente, de las capacidades técnicas y científicas de su organización y, cuando ello sea posible conforme a la normativa de contratos públicos, de las instituciones académicas o de investigación existentes.
Asimismo, dentro de las posibilidades presupuestarias existentes, se fomentará la investigación al objeto de determinar las oportunidades o riesgos relevantes para las decisiones de diseño de las políticas públicas.
2. En la incorporación del conocimiento técnico y científico en los procesos evaluadores y de planificación se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la relevancia, la credibilidad, el soporte empírico y la validez interna o consistencia de las diferentes teorías científicas conflictivas, así como la aplicabilidad al caso concreto y contexto específico de la política gubernamental proyectada, que sea predicable de las mismas.
Además, se asegurará su plasmación de forma comprensiva y pertinente, acercando sus aportaciones en los procesos participativos y de consulta ciudadana.
TRANSPARENCIA DEL SECTOR PÚBLICO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
Partiendo del principio de máxima accesibilidad a la información pública, la regla general debe ser la transparencia o el acceso y, la excepción, su denegación o limitación. Cualquier excepción ha de venir impuesta por una disposición con rango de ley o por la protección de algún derecho fundamental, e interpretarse en su aplicación de forma restrictiva y más favorable a la divulgación o el acceso a la información de que se trate. A tal efecto, se utilizarán las técnicas de disociación de datos personales y de acceso parcial a la información siempre al servicio del principio de máxima accesibilidad.
1. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el artículo 3 de esta Norma Foral que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
2. La información pública ha de ser veraz, objetiva y actualizada, y adecuada al cumplimiento de los fines de la transparencia; y se facilitará de la forma que resulte más comprensible en formatos de fácil lectura y comprensión, inteligibles, sencillos y con mensajes entendibles por el conjunto de la ciudadanía.
3. La información pública divulgada o suministrada con base en la presente Norma Foral tendrá los únicos efectos jurídicos de cumplir con las obligaciones de publicidad activa y de hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso.
Los incumplimientos reiterados de las obligaciones de publicidad activa y/o de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública tendrán la consideración de infracción administrativa en los términos que establezca la normativa básica, a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
Se entiende por publicidad activa el compromiso, la recopilación y difusión proactiva por publicar de forma periódica y actualizada las obligaciones de información pública relevante destinadas a trasladar a la ciudadanía la actividad en su más amplio alcance de la Administración Pública Foral y de las entidades del sector público foral al efecto de mejorar la rendición de cuentas de los poderes públicos.
1. La Diputación Foral y las demás entidades del artículo 3.1 de esta Norma publicarán o difundirán, a iniciativa propia y de manera gratuita, la información pública cuyo contenido se detalla en los artículos 22 a 26. Dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos obligados. Asimismo los órganos de gobierno de las entidades del sector público foral podrán ampliar las obligaciones de publicidad activa contempladas en el presente capítulo.
También, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, será objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la información una vez hayan sido notificadas a las personas interesadas.
2. Deberá proporcionarse información permanentemente actualizada, atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate.
3. La publicación se efectuará de manera clara y estructurada, segura y comprensible, garantizando especialmente la no discriminación tecnológica con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
Toda la información estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
4. La información se difundirá preferentemente a través de medios telemáticos e informáticos, principalmente a través del Portal de Gobierno Abierto regulado en el artículo 4. Dicha información se podrá reutilizar dentro de los límites establecidos en la normativa vigente en materia de reutilización de la información del sector público y, para ello, se ofrecerá, siempre que sea técnicamente posible, en formatos electrónicos que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento.
5. Toda la información pública se difundirá en euskera y castellano.
6. Serán de aplicación, en su caso, las limitaciones y excepciones al derecho de acceso a la información pública prevista en la legislación básica y, especialmente, las derivadas de la protección de datos de carácter personal y de protección de los derechos fundamentales. En todo caso, la información a que se refieren los artículos 22 a 26 se elaborará y presentará de tal forma que las limitaciones referidas no sean obstáculo para su publicación. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, sólo se publicará previa disociación de dichos datos.
1. La Diputación Foral y las demás entidades del artículo 3.1 de esta Norma publicarán la siguiente información institucional y organizativa:
c) Su estructura organizativa, con un organigrama actualizado que identifique a las personas responsables de los diferentes órganos.
e) El número de personas empleadas: retribuciones anuales totales por tramos, niveles y puestos de trabajo; porcentaje de personal fijo y de personal temporal; puestos de responsabilidad; perfiles lingüísticos asignados y porcentaje de acreditados; y número de cargos de confianza, asesoramiento o asistencia de libre nombramiento y cese. Todos estos datos se ofrecerán desagregados cada uno de ellos por sexo.
f) La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de las necesidades de personal, y los procesos de selección.
g) El número de personas liberadas institucionales existentes, agrupados según la organización sindical a la que pertenezcan, y el cómputo anual de horas empleadas.
h) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados y empleadas públicas.
i) Relación de asesores y cargos de confianza nombrados por los sujetos señalados en el artículo 3.1, así como sus ceses, con indicación de su adscripción orgánica y de sus funciones.
j) Informe anual sobre los recursos contencioso-administrativos presentados.
k) Cualesquiera otros datos que dichas personas deseen hacer constar.
2. La Administración Foral y los organismos autónomos forales publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, y las acciones, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y los resultados obtenidos deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica, junto con los indicadores de medida y valoración.
Asimismo se publicarán, de forma sistemática, las evaluaciones a las que esta Norma obliga, sin más limitaciones que las previstas en la legislación vigente.
3. La Diputación Foral de Álava publicará, además, la siguiente información:
a) La relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostente algún derecho real, con indicación del uso o servicio al que están destinados; y el departamento o ente al que están adscritos, o entidad a la que están cedidos.
b) Una relación con los datos básicos de las entidades públicas y privadas en las que tienen participación, con especificación del tipo de participación, y el correspondiente enlace a sus páginas web.
1. En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa foral reguladora de los Registros de Actividades y de Bienes y de Intereses de la Diputación Foral de Álava, se publicará, como mínimo, la siguiente información:
b) Los sueldos o retribuciones de cualquier naturaleza que perciban anualmente, y las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
e) Según lo dispuesto en la normativa reguladora de los Registros de Actividades y de Bienes y de Intereses de la Diputación Foral de Álava, los datos de las declaraciones de bienes e intereses que son objeto de publicación en el BOTHA y la información semestral que se remite a las Juntas Generales de Álava sobre el número y tipo de declaraciones recibidas, el número de cargos que no han cumplido con la obligación de declarar, y su identificación. En todo caso se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
f) La agenda institucional de actividades, especificando la de la o el Diputado General y la de los demás integrantes del Consejo de Gobierno Foral, con indicación, al menos, de las reuniones o encuentros con personas o entidades inscritas en el registro a que se refiere el artículo 44.
g) Dentro del mes siguiente a que tenga lugar cualquier viaje de carácter internacional efectuado por la o el Diputado General y demás miembros del Consejo de Gobierno Foral en ejercicio de sus funciones, con indicación del objeto del mismo.
La Diputación Foral de Álava, en el ámbito de sus competencias, publicará:
a) Los proyectos de norma foral, de decretos forales normativos y de decretos normativos de urgencia fiscal así como las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de esos textos normativos, todo ello tras su aprobación por el Consejo de Gobierno Foral.
b) Los proyectos de decretos forales de naturaleza reglamentaria cuya iniciativa le corresponda se harán públicos en el momento en que se sometan al trámite de audiencia o de información pública. En el caso de que no procedan esos trámites de audiencia o información pública, se publicarán cuando se solicite el dictamen de la Comisión Consultiva de la Administración Foral de Álava, dándose publicidad a dicho dictamen una vez haya sido emitido.
c) La memoria y conclusiones del proceso de participación ciudadana, si lo hubiere.
d) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación.
e) Los órdenes del día del Consejo del Gobierno Foral, con carácter previo, y los extractos de todos los acuerdos adoptados en él en el plazo de setenta y dos horas.
f) La normativa vigente del Territorio Histórico de Álava, la cual se mantendrá permanentemente actualizada y a disposición de la ciudadanía.
g) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
La Diputación Foral y las demás entidades incluidas en el artículo 3.1 de esta Norma deberán publicar la siguiente información:
1. En relación con su actividad de contratación:
a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, importes de licitación y adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de participantes en el procedimiento de contratación, y la identidad de la persona o entidad adjudicataria, las cláusulas sociales, y entre éstas, las de igualdad incorporadas. Serán objeto de publicación, asimismo, las modificaciones y prórrogas; y las decisiones de desistimiento del procedimiento de adjudicación, y de renuncia a la celebración de los contratos.
La publicación de la información relativa a los contratos menores se realizará bimensualmente.
b) También se publicarán las entidades y los órganos de contratación, con indicación de su teléfono, direcciones postales y electrónicas, composición de las mesas de contratación, así como sus actas y resoluciones.
c) Los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de los contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
2. En cuanto a los convenios:
a) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, prestaciones convenidas, los sujetos obligados a su realización y, en su caso, obligaciones económicas convenidas, y las cláusulas sociales, y entre éstas, las de igualdad incorporadas
b) La relación de las encomiendas de gestión suscritas, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas o entidades adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
3. En cuanto a las subvenciones:
a) Las subvenciones y ayudas concedidas con indicación de la convocatoria, o la resolución de concesión en el caso de subvenciones excepcionales, su importe, objetivo o finalidad y personas beneficiarias y las cláusulas sociales, y entre éstas, las de igualdad incorporadas
1. La Diputación Foral y las demás entidades enumeradas en el artículo 3.1 de esta Norma deberán hacer pública la información con repercusión económica o presupuestaria que se indica a continuación:
a) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible de su estado de ejecución, con el mayor detalle posible de todas y cada una de dichas partidas. La publicidad de la ejecución presupuestaria será mensual en el caso de la Diputación Foral de Álava y sus organismos autónomos mientras que para el resto de entidades enumeradas en artículo 3.1 la publicación será trimestral.
b) Las cuentas anuales que deban rendirse, y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización que los órganos de control externo realicen sobre dichas cuentas.
c) Anualmente se publicarán los siguientes indicadores financieros y presupuestarios, referidos al último presupuesto liquidado:
- Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado/nº habitantes).
- Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios/Derechos reconocidos netos totales)
- Proporción que representa la Necesidad/Capacidad de financiación de la Diputación Foral en términos de Contabilidad Nacional sobre los Ingresos financieros o sobre el Producto Interior Bruto (PIB) provincial.
- Ingresos fiscales por habitante.
- Inversión por habitante.
- Periodo medio de cobro.
- Endeudamiento por habitante.
- Endeudamiento relativo, calculado como el porcentaje que representa el total de la deuda y préstamos a largo plazo sobre los ingresos corrientes.
- Periodo medio de pago de facturas.
- Plazo medio anual de realización de devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondientes al Registro de Devoluciones Mensuales.
2. La Diputación Foral de Álava publicará, además:
a) La información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
b) La información básica relacionada con sus ingresos y gastos: ingresos tributarios; gasto e inversión por habitante y por municipio; y cumplimiento de los periodos de pago a proveedores.
c) La información básica sobre la financiación del sector público foral, con indicación de los diferentes instrumentos de financiación.
d) El endeudamiento de la Diputación Foral de Álava, su evolución temporal, plazos y características básicas, endeudamiento por habitante y endeudamiento relativo; y las operaciones de endeudamiento autorizadas a sus sociedades mercantiles.
e) Los avales concedidos por la Diputación Foral de Álava conforme al artículo 100 de la Norma Foral 53/1992, de 18 diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del Territorio Histórico de Álava.
f) El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional, haciendo constar el soporte y el medio de comunicación elegidos.
1. En aras de una mayor transparencia en la actividad del sector público foral se fomentará la inclusión de cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía. En este sentido, deberá incluirse aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Foral publicará, en la medida que las posibilidades técnicas y jurídicas lo permitan, toda la información que se haya facilitado en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
1. En el primer trimestre del año natural, el departamento de la Diputación Foral de Álava que tenga atribuida la coordinación en materia de transparencia elaborará un informe sobre la actividad desarrollada en cumplimiento del Capítulo III de la presente Norma Foral durante el año natural inmediatamente anterior.
2. Dicho informe contendrá, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de cada departamento de la Diputación Foral de Álava y el resto de entes del sector público foral.
b) Contenidos más consultados del Portal de Gobierno Abierto.
c) Ejercicio del derecho de acceso a la información pública ante los sujetos enumerados en el artículo 3.1 y a nivel de cada servicio dentro de la Diputación Foral de Álava: número de solicitudes presentadas; número de solicitudes resueltas; plazo medio de resolución; número de solicitudes estimadas totalmente, parcialmente o con oposición de terceras personas; número de solicitudes desestimadas e inadmitidas; causas de estimación parcial o con oposición de terceras personas, de desestimación y de inadmisión; información solicitada con más frecuencia; y perfil de la persona solicitante (tramo de edad, sexo, e idioma utilizado en la solicitud)
d) Sugerencias de modificación de la normativa foral en materia de transparencia.
3. A los efectos previstos en el apartado anterior, los departamentos de la Diputación Foral de Álava y el resto de sujetos enumerados en el artículo 3.1 deberán remitir al departamento que tenga atribuida la coordinación en materia de transparencia la información que ésta les requiera para la elaboración del informe, dentro de los dos primeros meses del año.
4. Tras la presentación del citado informe al Consejo de Gobierno Foral, éste lo remitirá a las Juntas Generales de Álava y será publicado en la Plataforma de Gobierno Abierto prevista en esta Norma Foral.
1. Los sujetos enumerados en el artículo 3.1 adoptarán las medidas oportunas para asegurar la progresiva incorporación al Portal de Gobierno Abierto de la información sujeta a publicidad activa de la manera más amplia y sistemática posible.
2. El Portal de Gobierno Abierto regulado en el artículo 4 mantendrá un histórico de la información que se vaya publicando y que deja de ser actual.
3. El Consejo de Gobierno Foral desarrollará reglamentariamente los tiempos de incorporación, mantenimiento y eliminación de la información del Portal de Gobierno Abierto.
Todas las personas podrán ejercer el derecho de acceso a la información pública ante los sujetos enumerados en el artículo 3.1. El ejercicio de este derecho, incluido el procedimiento, se regirá por lo establecido en la legislación básica y por lo previsto en el presente capítulo.
1. El derecho de acceso a la información pública se limitará o denegará por las causas y en los términos previstos en la legislación básica.
2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias de cada caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado que justifique el acceso.
3. En todo caso, las limitaciones al ejercicio del derecho de acceso sólo serán de aplicación durante el periodo de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que las justifique.
4. Se podrá denegar el acceso a la información, siempre de forma motivada y tras ponderar los intereses en conflicto, en los siguientes supuestos que se acredite un perjuicio real y efectivo sobre alguno de los siguientes ámbitos:
b) Prevención, investigación y sanción de ilícitos penales o de infracciones administrativas, siempre que estas últimas sean graves o muy graves.
c) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
d) Secreto profesional y propiedad intelectual e industrial.
e) Protección del medio ambiente
f) Los intereses económicos y comerciales
g) La confidencialidad de los datos de carácter comercial o industrial.
h) La igualdad de las partes en los procesos judiciales.
i) La vida privada.
j) La protección de los menores.
k) La protección de personas con capacidad legal modificada.
5. La aplicación de estos límites deberá ser proporcionada y ajustada a la finalidad que se deba preservar, de acuerdo con lo previsto en la presente Norma Foral y en la legislación general que sea de aplicación
1. Para la presentación electrónica de las solicitudes de acceso dirigidas a cualquiera de las entidades enumeradas en el artículo 3.1 de esta Norma, se habilitará el correspondiente recurso en el Portal de Gobierno Abierto regulado en el artículo 4. Asimismo, estará disponible en dicho portal un modelo normalizado de solicitud para facilitar, en todo caso, el ejercicio de este derecho.
2. En cualquier caso las solicitudes de acceso a la información pública podrán realizarse por escrito en papel, siendo digitalizadas por la propia Administración o entidad.
Además la solicitud podrá cursarse oralmente en las oficinas del Registro y Atención Ciudadana de la Diputación Foral de Álava.
3. En el ámbito de la Diputación Foral, la solicitud se tramitará por las unidades administrativas a las que se atribuya dicha función en el respectivo decreto foral de estructura orgánica y funcional. Si se encuentra en poder de varios departamentos, corresponderá la tramitación a la unidad administrativa del departamento que la haya elaborado o generado en su integridad o parte principal.
A estos efectos, los servicios y los departamentos prestarán la máxima colaboración y darán la máxima prioridad a las peticiones que reciban de la unidad administrativa tramitadora.
4. En el caso de las demás entidades del sector público, las solicitudes se tramitarán por la unidad administrativa del departamento al que estén adscritos en virtud del decreto foral de estructura orgánica y funcional, a la que prestarán la máxima colaboración y con la máxima prioridad.
5. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, las solicitudes se tramitarán por la unidad administrativa del departamento con el que se encuentren vinculadas.
6. En el caso de que la entidad a la que se solicita la información no fuera depositaria de la misma y la fuera otra de las entidades que integran el sector público del Territorio Histórico de Álava, remitirá la solicitud en el plazo de diez días a aquella entidad, con suspensión del plazo para responder, y dará cuenta de su remisión a la persona solicitante. La entidad receptora de la remisión habrá de tramitarla y resolverla conforme a las previsiones de esta Norma.
1. Si la solicitud de acceso fuera defectuosa o estuviera formulada de manera imprecisa, se advertirá al solicitante de tal circunstancia con expresión de las causas por las cuales se considera ambigua o dudosa, concediéndole un plazo máximo de diez días hábiles para su subsanación ofreciéndole asistencia para la concreción de la solicitud.
2. Dicha subsanación implicará la suspensión del plazo para dictar resolución.
3. Transcurrido el plazo de diez días sin haber subsanado la solicitud se procederá a su archivo por desistimiento. Esto no será obstáculo para presentar una nueva solicitud.
1. Serán de aplicación las causas de inadmisión de solicitudes de acceso previstas en la legislación básica.
2. Se seguirán las siguientes reglas en la aplicación de las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso previstas en la legislación básica:
a) De acuerdo con el principio de máxima accesibilidad recogido en el artículo 16, las causas de inadmisión se interpretarán de forma restrictiva.
b) Cuando no se admita la solicitud porque la información está en curso de elaboración o publicación general, la resolución de inadmisión deberá especificar el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición.
c) Los informes preceptivos no tendrán la consideración de información de carácter auxiliar o de apoyo.
d) Cuando la información solicitada pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente, no se considerará reelaboración de la información.
1. Será competente para la resolución de la solicitud el o la titular del departamento que la ha tramitado de conformidad con lo previsto en el artículo 32.
2. La resolución de la solicitud deberá notificarse en el plazo máximo de un mes desde su recepción. Dicho plazo podrá ampliarse por igual periodo en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requieran. En este supuesto, dentro de los primeros diez días, deberá comunicarse a la persona solicitante la ampliación del plazo y el motivo que la justifica.
3. Si la información que se facilita ha sido elaborada o generada en parte por otra administración o entidad ajena al ámbito de aplicación de la presente Norma Foral, en la resolución se señalará tal circunstancia, y se indicará la fuente o fuentes originarias de la información.
4. Con carácter general, la notificación de la resolución estimatoria irá acompañada de la información solicitada o del acceso inmediato a dicha información, salvo que concurra alguna causa legalmente prevista que demore el acceso o las características de la información o de la forma o formato de acceso no permitan dicha inmediatez. Si no se accede inmediatamente a la información, la resolución recogerá expresamente cuándo y cómo se materializará tal acceso, que será, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.
5. Frente a la resolución presunta o expresa, y de conformidad con lo establecido en la legislación básica, se podrá formular una reclamación con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, ante el órgano al que se refiere la disposición adicional primera.
1. Con carácter general, la información pública solicitada se suministrará en la forma y formato, elegidos por la persona solicitante y, en su defecto, se facilitará, preferentemente, por vía electrónica, siempre que sea posible.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se podrá dar acceso a la información en forma y formato distintos a los señalados por la persona solicitante en los siguientes casos:
a) Cuando la información ya ha sido publicada y sea de fácil acceso, en cuyo caso la resolución podrá limitarse a indicar cómo acceder a ella, sin menoscabo para el ciudadano que o no disponga de la tecnología necesaria, en su caso, o de los conocimientos técnicos necesarios para el acceso a la misma.
b) Cuando el acceso “in situ» pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original.
3. La Diputación Foral y las demás entidades enumeradas en el artículo 3.1 de esta Norma procurarán conservar la información pública que obre en su poder en formas o formatos de fácil reproducción y acceso mediante telecomunicaciones informáticas o por otros medios electrónicos.
4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, si se materializa mediante la expedición de copias o la transposición a un formato diferente al original, se podrá exigir el pago de una cantidad que no exceda de su coste real, de conformidad con lo que establezca la regulación correspondiente.
5. En el Portal de Gobierno Abierto, regulado en el artículo 4, se hará público el listado de tasas y precios que sean de aplicación y los supuestos en los que no se exigirá pago alguno. Para dar la respuesta necesaria a la ciudadanía sin acceso al Portal se habilitarán otros canales de comunicación que hagan llegar la misma a toda la ciudadanía del Territorio Histórico.
1. En el ámbito de la Diputación Foral, dentro de cada departamento, corresponderán a las unidades administrativas a la que se atribuyan en el respectivo decreto foral de estructura orgánica y funcional, todas o alguna de las siguientes funciones en relación con la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública:
a) Recabar la información sujeta a publicidad activa y difundirla a través del Portal de Gobierno Abierto.
d) Elaborar la información sobre el cumplimiento de la presente Norma Foral dentro de su departamento, para el informe anual previsto en el artículo 28.
2. El resto de los servicios del departamento prestarán la máxima colaboración a la unidad administrativa referida en el apartado anterior, y con la máxima prioridad.
3. Cada servicio será responsable de facilitar la información pública en su poder objeto de publicidad activa o de una solicitud de acceso, a la unidad administrativa encargada en su departamento de la transparencia o, en su caso, directamente a la persona solicitante de la información.
1. Las personas responsables de las unidades administrativas mencionadas en el artículo anterior se reunirán, con la periodicidad que estimen oportuno, para la puesta en común, valoración y coordinación de las actuaciones realizadas y a realizar en materia de publicidad activa y acceso a la información pública, y para fijar criterios homogéneos en la implantación de la transparencia.
En particular, se reunirán para aprobar el informe que ha de elaborar el departamento que tenga atribuida la coordinación en materia de transparencia en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28.
2. Las reuniones las convocará el departamento que tenga atribuida la coordinación en materia de transparencia.
promoción y fomento de la transparencia
1. Atendiendo al necesario y gradual cambio que, en el desarrollo de las funciones administrativas, conlleva la transparencia, las entidades del sector público foral promoverán programas que, tras analizar el impacto que sobre las estructuras administrativas, procedimientos y sistemas de trabajo tiene la política de transparencia, propongan soluciones organizativas con la finalidad de que las estructuras organizativas se adecuen al cumplimiento de los objetivos establecidos en esta Norma Foral.
2. Asimismo, la Diputación Foral promoverá programas de formación, desarrollo de competencias y aprovechamiento en materia de transparencia, dirigidos tanto al personal directivo como al personal al servicio de las entidades del sector público foral alavés.
1. Con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre sus propios derechos, en particular sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se elaborará una guía explicativa y se promoverán campañas de sensibilización dirigidas a las entidades y a la ciudadanía del Territorio Histórico de Álava.
2. Las dudas y consultas planteadas en relación al ejercicio del derecho de acceso a la información pública serán atendidas por el departamento de la Diputación Foral que tenga atribuida la coordinación en materia de transparencia.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROCESOS PARTICIPATIVOS
1. El presente capítulo tiene por objeto establecer y regular las condiciones que promuevan y garanticen la más amplia participación ciudadana, sea de forma individual o colectiva, en las políticas públicas del Gobierno Foral, así como la participación en los ámbitos político, cultural, económico y social del Territorio Histórico de Álava.
2. La citada participación tiene como finalidad la mejor satisfacción de las necesidades que precisan de una intervención pública y la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos.
3. En ningún caso, el ejercicio de tales formas de participación podrá menoscabar las facultades de decisión que legalmente corresponden a los órganos administrativos, representativos o de gobierno que en cada caso sean competentes.
4. Lo previsto en este capítulo no sustituye, en ningún caso, ni afecta a cualquier otra disposición que amplíe los derechos de participación o colaboración ciudadanas reconocidos por la normativa vigente. Igualmente, el contenido de este capítulo no supone alteración de la participación ciudadana que se promueva o se lleve a cabo por otras vías y con otros fines.
5. Quedan excluidos en todo caso del ámbito de aplicación de este capítulo:
a) Aquellas disposiciones, planes o programas en que se acuerde su tramitación o aprobación por razones de urgencia.
b) Los que tengan exclusivamente un carácter organizativo, procedimental o análogo así como las disposiciones que regulen órganos, cargos o estructuras orgánicas de la Diputación Foral de Álava y demás integrantes del sector público foral.
1. En el ejercicio de los derechos que en materia de participación se recogen en esta Norma, las entidades integrantes del sector público del Territorio Histórico de Álava deberán garantizar el cumplimiento del principio de accesibilidad asegurando, asimismo, las condiciones de inclusión social y plena de la ciudadanía a través de la promoción de la igualdad de trato entre los ciudadanos y ciudadanas, así como de los diversos colectivos y grupos sociales, permanentes o no, que manifiesten interés.
A tal fin, se articularán procesos participativos que, mediante su difusión pública, posibiliten el debate y contraste desde diferentes puntos de vista e intereses, busquen consensos y motiven sus conclusiones y las decisiones adoptadas.
2. A los efectos del procedimiento correspondiente para el que se prevé el trámite participativo tienen la condición de personas interesadas las personas y grupos que reúnan las condiciones recogidas en la normativa básica reguladora del procedimiento administrativo común.
En este sentido, podrán tener condición de interesadas las entidades, asociaciones, organizaciones sociales o grupos, así como las plataformas, foros o redes ciudadanas que, constituidas circunstancialmente, carezcan de personalidad jurídica, siempre que cumplan los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior o los demás recogidos en la presente Norma.
En todo caso, tendrán esa consideración las entidades inscritas en el Registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía y de grupos representativos de intereses diversos del Territorio Histórico de Álava previsto en esta Norma que, conforme a su ámbito declarado, han de tomar parte en el proceso participativo.
3. Al inicio del procedimiento correspondiente para el que se prevé el trámite participativo, la entidad del sector público del Territorio Histórico de Álava promotora de la iniciativa, deberá determinar de forma anticipada y provisionalmente, sin perjuicio de la acreditación de ulteriores interesados, los ciudadanos y ciudadanas y grupos que tienen la condición de personas interesadas a los efectos del trámite de audiencia.
4. Respecto a los procedimientos en los que este capítulo reconoce derecho de participación, y salvo que otra norma disponga otra cosa, el derecho de participación puede limitarse sólo a las personas interesadas.
Asimismo, serán de aplicación las disposiciones contenidas en este capítulo a los siguientes grupos representativos de intereses diversos:
a) Entidades colectivas: personas jurídicas, sin ánimo de lucro, cualquiera que sea su forma jurídica y su naturaleza, que tengan como fin la defensa de intereses colectivos o de sus asociados o asociadas, ya sean de carácter general o sectorial, que desarrollen sus actividades en el Territorio Histórico de Álava.
b) Grupos de interés: organizaciones y personas, sea cual sea su estatuto jurídico, que se dedican profesionalmente como parte de su actividad a influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración de las políticas o disposiciones o en la aplicación de las mismas y en las tomas de decisiones del sector público foral y que desarrollen sus actividades en el Territorio Histórico de Álava.
c) Grupos de reflexión: instituciones académicas y de investigación que desarrollen sus actividades en el Territorio Histórico de Álava.
1. Se crea el Registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía y de grupos representativos de intereses diversos del Territorio Histórico de Álava en el que, en secciones separadas, se inscribirán voluntariamente:
a) Las entidades y grupos a que hace referencia el artículo anterior que deseen participar en los procesos participativos en este capítulo en representación de los intereses colectivos, de sus asociados o asociadas, de clientes, académicos o científicos que en su caso constituyan el objeto de su participación.
b) Los ciudadanos y ciudadanas, entidades, asociaciones, organizaciones sociales, grupos, plataformas, foros o redes ciudadanas que compartan ese mismo interés.
2. Todos ellos determinarán, junto con los demás requisitos que sean necesarios para su inscripción, los ámbitos sectoriales generales, territoriales o no, en los que sus intereses se manifiestan.
3. La inscripción en el Registro implica la comunicación temprana y detallada de cualquier proceso participativo de los recogidos en esta Norma al objeto de ejercitar plenamente los derechos igualmente recogidos, sin que ello suponga la exclusión de otros grupos o entidades representativas de intereses no inscritas.
4. La participación en dicho procesos no sustituye el trámite de audiencia pública en los supuestos en los que este trámite sea preceptivo conforme a la normativa correspondiente y esas personas o grupos representativos tengan, con arreglo a esa normativa, la condición de interesados.
5. El Registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía y de grupos representativos de intereses diversos del Territorio Histórico de Álava tiene carácter público. Estará adscrito al departamento competente en materia de participación ciudadana.
6. Reglamentariamente se determinarán los requisitos de inscripción, el contenido de sus asientos, las formas de acceso y coordinación con los departamentos promotores de cada iniciativa que justifique la participación de los grupos inscritos.
El sector público del Territorio Histórico de Álava, en la promoción de la participación ciudadana, deberá guiarse por los siguientes principios:
b) Impulsar una participación ciudadana equilibrada entre mujeres y hombres y guiada por el objeto de la igualdad de género.
c) Promover y desarrollar mecanismos que fomenten la participación ciudadana, individual o colectiva, en las políticas públicas con carácter previo a la toma de decisiones.
d) Crear las condiciones que sean necesarias para facilitar y garantizar la participación ciudadana.
e) Impulsar instrumentos de participación ciudadana mediante canales de comunicación que permitan interactuar y facilitar el diálogo entre el sector público foral y los ciudadanos y ciudadanas y a estos últimos entre sí.
f) Desarrollar procesos de participación ciudadana atendiendo a la naturaleza de las políticas públicas.
g) Estimular y poner en marcha fórmulas de colaboración entre el sector público foral y la ciudadanía.
h) Fomentar y fortalecer el tejido asociativo en Álava, como expresión colectiva del compromiso de la ciudadanía.
1. Para asegurar la efectividad de la participación, las personas y grupos participantes en los procedimientos participativos deben contar con las siguientes garantías:
a) Tener la posibilidad de conocer con suficiente antelación de los procedimientos de su interés que puedan tramitarse y de los cauces participativos habilitados en los mismos.
b) Conocer los fines y alcance que se pretenden con el proceso participativo, así como la forma de participar.
c) Formular alegaciones, observaciones y propuesta de alternativas cuando estén aún abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la decisión sobre políticas públicas programas o disposiciones de carácter general.
d) Por parte del sector público foral, garantía de confidencialidad de la identidad de la persona participante, cuando ésta así lo solicite y ello sea posible en función del instrumento participativo empleado. Esto no será de aplicación a los grupos representativos de intereses a que se refiere esta Norma.
e) Conocer los grupos y, al menos de forma resumida, las personas que han tomado parte en el proceso participativo y las principales aportaciones que se realizan.
2. Con el mismo fin, se les reconocen los siguientes derechos:
a) A que sus alegaciones, observaciones y propuestas sean consideradas y tenidas debidamente en cuenta por la entidad pública correspondiente, junto con los demás intereses públicos afectados.
b) A que les sea notificado o se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que han participado. En la expresión de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada se ha de incluir la información relativa al proceso de participación pública y el modo en que hayan sido tenidas en cuenta las aportaciones de los participantes o los motivos de su rechazo.
3. Lo previsto en este artículo no supone ninguna limitación de cualquier otra disposición que amplíe el régimen de ejercicio de los derechos de participación ciudadana reconocidos en esta Norma Foral.
1. Los derechos y garantías reconocidos en este capítulo se materializan por medio de diferentes instrumentos participativos, destinados a legitimar, encauzar y estructurar la participación, sin discriminación, de las personas interesadas, de los grupos representativos de intereses diversos y de la ciudadanía en general. A estos efectos, se fomentará activamente la implicación de aquellos sectores sociales en los que se haya constatado una mayor dificultad en orden a su participación y colaboración en los asuntos públicos.
2. Con este objetivo la Diputación Foral de Álava fomentará el uso de instrumentos variados, pudiendo incluir, entre otros, las encuestas, los sondeos, los foros de consulta, los espacios de debate y consulta, consultas no refrendarias generales o sectoriales, las consultas abiertas, los paneles ciudadanos, los jurados ciudadanos, procesos de deliberación participativa y cuantos instrumentos resulten adecuados.
Todos ellos podrán a su vez organizarse presencialmente, o a través de tecnologías de la comunicación que resulten idóneas, además de las ya existentes en internet y de otras como las desarrolladas para dispositivos de telecomunicaciones móviles.
3. Con pleno respeto a lo dispuesto en la presente Norma Foral, se desarrollarán reglamentariamente las reglas aplicables a cada instrumento y, también, los criterios para utilizar el instrumento de participación y colaboración ciudadana que resulte más efectivo en cada caso, tratando de llegar al máximo de población y grupos sociales de interés, con el menor coste posible, y de forma proporcionada a la importancia y complejidad del plan, programa o proyecto.
4. En todo caso los foros de consulta, dinamizados voluntariamente por la ciudadanía, podrán ser de carácter territorial, adaptándose a la actual organización del Territorio Histórico de Álava en cuadrillas, o de carácter sectorial, sobre asuntos de interés para toda la población del Territorio.
Podrán participar en los mismos la ciudadanía, a nivel individual o a través de colectivos representativos de sus intereses, personal experto en las materias a tratar en los foros así como representantes de los grupos políticos con representación en las Juntas Generales de Álava, estos últimos en calidad de oyentes.
1. Las entidades integrantes del sector público del Territorio Histórico de Álava promoverán y llevarán a cabo programas de sensibilización y formación tanto para la ciudadanía como para el personal a su servicio, con el fin de fomentar el asociacionismo entre la ciudadanía, la participación ciudadana y las prácticas colaborativas privadas o público-privadas para el desarrollo comunitario, en los que se integrará la perspectiva de género, con el fin de dar a conocer los procedimientos e instrumentos de participación y promover su utilización.
2. Con ese mismo fin, el departamento competente en materia de participación ciudadana realizará y promoverá programas de formación para la ciudadanía y las entidades ciudadanas, prestando especial atención a los derechos, garantías e instrumentos regulados en esta Norma. Entre otros, se impulsarán recursos específicos para facilitar el acceso y la comprensión de la participación ciudadana en la planificación y evaluación de políticas e impactos.
3. El sector público del Territorio Histórico de Álava fomentará la participación mediante medios electrónicos y el desarrollo de la Administración electrónica. A tal efecto, además de los instrumentos deliberativos presenciales, fomentará el desarrollo y uso de las tecnologías de la información y la comunicación que resulten idóneas en internet u otros entornos virtuales. En todo caso se atenderá a aquellos sectores de la ciudadanía con más dificultades de participación.
1. El departamento competente en materia de participación ciudadana elaborará un informe anual sobre los instrumentos de participación ciudadana desarrollados para el cumplimiento de esta Norma y de la práctica en el uso de los mismos por los entes que conforman el sector público del Territorio Histórico de Álava.
El informe contendrá la información relevante para evaluar el grado de participación ciudadana, los medios empleados y su resultado, y considerará cuantas medidas fuesen necesarias a fin de implementar procesos de mejora en los instrumentos de participación ciudadana, haciendo, en su caso, sugerencias de modificación de la normativa al respecto.
Para su elaboración el resto de departamentos de la Diputación prestarán la máxima colaboración con la unidad administrativa encargada del mismo y con la máxima prioridad.
2. Tras la presentación del citado informe al Consejo de Gobierno Foral, éste lo remitirá a las Juntas Generales de Álava y será publicado en la Plataforma de Gobierno Abierto prevista en esta Norma Foral.
1. Se establecerán los medios necesarios para que la ciudadanía pueda realizar aportaciones en la fase de diseño de políticas públicas.
2. Las entidades que integran el sector público del Territorio Histórico de Álava fomentarán la participación de la ciudadanía, consultando de manera periódica y regular sobre su grado de satisfacción respecto de los servicios públicos prestados y sobre la evaluación de resultados, en la forma prevista en esta Norma.
A los resultados de estas consultas se les deberá dar la máxima publicidad a través de todos los soportes utilizados por la Administración para la difusión de su actividad.
Una vez finalizado dicho período de información pública, deberá emitirse un informe en el que se dará debida cuenta de las actuaciones realizadas en relación con las alegaciones y observaciones presentadas.
1. Las ciudadanas y ciudadanos inscritas en el censo electoral del Territorio Histórico de Álava así como los grupos representativos de intereses diversos inscritos en el Registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía y de grupos representativos de intereses diversos del Territorio Histórico de Álava, tienen derecho a promover iniciativas reglamentarias sobre materias que afecten a sus derechos e intereses legítimos, colectivos, de sus asociados o de aquellos a los que representan.
2. Quedan exceptuadas aquellas materias que en la Norma Foral 15/1986, de 4 de julio, se excluyen, a su vez, de la posibilidad de tramitación a través de la iniciativa normativa popular.
3. Antes de iniciar la recogida de declaraciones de apoyo a una iniciativa ciudadana propuesta, los promotores deben registrarla ante el departamento de la Diputación Foral competente en materia de participación ciudadana, mediante la presentación de un escrito que contendrá el texto propuesto, acompañado de las mismas memorias e información requeridas para las iniciativas normativas populares, además de acreditar, en el caso de los grupos representativos de intereses regulados en esta Norma, la representatividad del colectivo en cuyo nombre actúen. No obstante, incluso en este último caso serán de aplicación todas las exigencias previstas en la Norma Foral 15/1986, de 4 de julio, reguladora de la iniciativa normativa popular ante las Juntas Generales de Álava, en relación a la composición, responsabilidades, derechos de subsanación o de retirada de la iniciativa y demás aspectos relativos a la comisión promotora de la iniciativa.
4. En el plazo de treinta días a partir de la recepción de la información contemplada en el apartado anterior, el departamento de la Diputación Foral competente en materia de participación ciudadana:
a) Registrará y hará pública la iniciativa ciudadana propuesta con un número de registro único.
b) Remitirá una confirmación a la comisión promotora.
c) Cuando así lo estime oportuno, podrá recabar de los distintos departamentos de la Diputación Foral, los estudios e informes que sean precisos y, en particular, los relativos a la admisibilidad de la iniciativa, la factibilidad de las normas o a su coste.
d) Elevará una propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno Foral con el contenido indicado en el apartado siguiente.
5. A la vista de los estudios e informes, la Diputación examinará la documentación remitida y, en el plazo de otros treinta días a partir del registro, se pronunciará sobre su admisibilidad a los efectos de su tramitación conforme a lo previsto en esta Norma, sobre la base de las causas de inadmisibilidad previstas por la Norma Foral 15/1986.
La resolución adoptada, junto a los estudios e informes recabados, será notificada, a todos los efectos, a la Comisión Promotora, informando en su caso de las razones de inadmisión, si la hubiere, y de todos los posibles recursos judiciales y extrajudiciales que tiene a su disposición la Comisión Promotora. Esta resolución será también publicada en el BOTHA, así como en el registro de iniciativas ciudadanas referido en el apartado anterior, indicando la fecha en que ha sido notificada a la Comisión promotora.
6. Admitida la proposición, el departamento de la Diputación Foral de Álava competente en materia de participación ciudadana lo comunicará a la Junta Electoral Provincial, a los efectos de que pueda disponer medidas para supervisar la regularidad del procedimiento de recogida de firmas, conforme a lo dispuesto en la Norma Foral 15/1986.
7. Recibida por la Diputación Foral la certificación acreditativa de haberse obtenido el mínimo número de firmas exigido por la Norma Foral 15/1986, dará traslado al departamento competente en la materia objeto de la iniciativa ciudadana para que, en el plazo de un mes desde dicha recepción, se inicie la tramitación.
A partir de dicho inicio, el texto, traducido a las dos lenguas oficiales, seguirá la tramitación prevista para los proyectos de disposición aprobados previamente, evacuándose los trámites de negociación, audiencia y consulta que procedan.
8. Antes de que el proyecto de disposición de carácter general se someta a la aprobación del órgano competente, quienes lo promuevan tendrán la posibilidad de presentar la iniciativa ciudadana en una audiencia pública en la que podrán expresar su opinión sobre las modificaciones propuestas por los diferentes organismos y agentes consultados a lo largo del procedimiento.
9. A la vista de los trámites efectuados y de los informes, consultas, audiencias y demás trámites evacuados, el departamento responsable de la tramitación, someterá a la aprobación del órgano competente una propuesta en la que:
a) Propondrá la aprobación del texto articulado como disposición de carácter general, con las modificaciones que a la vista del procedimiento estime oportunas o, en su caso, la toma en consideración como proyecto de norma foral.
b) Propondrá el rechazo de la iniciativa ciudadana.
10. La decisión tomada por el órgano competente sobre la iniciativa será comunicada a quienes lo promuevan.
11. Los gastos realizados por la comisión promotora en la difusión de la proposición y en la recogida de firmas serán resarcidos cuando, reuniendo los requisitos exigidos en la Norma Foral 15/1986, sea admitida de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.
1. La Diputación Foral de Álava mantendrá canales de recepción de aportaciones o sugerencias para que las personas interesadas y los grupos representativos de intereses diversos puedan interactuar con el departamento promotor de las disposiciones de carácter general. Tales aportaciones y sugerencias deberán ser remitidas en cualquier momento anterior al trámite de audiencia o información pública y serán tenidas en cuenta por el órgano encargado de la tramitación, que podrá asumirlas o rechazarlas motivadamente y, posteriormente, ponerlas en conocimiento de quienes las han promovido.
2. Lo previsto en el párrafo anterior no sustituye al trámite de audiencia pública en los supuestos en los que sea preceptivo de acuerdo con la normativa de aplicación, ni atribuye a quien participa la condición de persona interesada en el procedimiento.
1. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a formular propuestas de actuación, mejoras o sugerencias en relación con el funcionamiento de los servicios que presta el sector público del Territorio Histórico de Álava.
2. Las entidades integrantes del sector público foral habilitarán fórmulas para hacer efectivo este derecho y promoverán el reconocimiento público de aquellas iniciativas que hayan posibilitado una mejora de los servicios prestados.
1. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a solicitar la colaboración del sector público foral para la realización de actividades sin ánimo de lucro que fomenten la participación ciudadana en el ámbito del Territorio Histórico de Álava.
2. La solicitud será remitida al departamento competente por razón de la materia o, subsidiariamente, al departamento competente en materia de participación ciudadana. A dicha solicitud, se adjuntará, entre otros, una memoria explicativa de la actuación que se pretende realizar y de la forma de realizarla.
3. Además de la solicitud de colaboración, los promotores de la actividad deberán recabar los permisos necesarios para la misma en los casos en que sean exigibles según la normativa vigente.
4. El órgano competente del departamento, a la vista de la solicitud presentada, analizará la idoneidad y viabilidad de la actuación propuesta y resolverá motivadamente, determinando el tipo de colaboración y, en su caso, la cuantía de ayuda para el desarrollo de la actividad, si procede su concesión, con respeto en este último caso de las normas sobre materia subvencional y, en particular, de lo previsto por la Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava.
5. Con el fin de implantar o desarrollar la actividad propuesta, la aportación de las entidades integrantes del sector público foral para el establecimiento o desarrollo de la actuación propuesta podrá consistir, entre otras, en patrocinio de la misma; cesión de bienes públicos, temporal u ocasional; ayuda técnica para la realización de la actividad; ayuda a la difusión y conocimiento de la actuación a través de los distintos canales de comunicación institucionales; premios, reconocimientos o menciones u otras medidas similares.
Las ciudadanas y ciudadanos, de forma interactiva, tanto individual como colectivamente, podrán solicitar la rendición de cuentas a las instituciones públicas del sector público foral que administren recursos públicos y/o presten servicios públicos, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la normativa foral.
La rendición social de cuentas, al objeto de informar y someter a evaluación de la ciudadanía las actuaciones de las instituciones forales, tiene como finalidades específicas:
- Acercar el debate y la evaluación de la gestión institucional.
- Estimular la participación y empoderamiento de la ciudadanía sobre las decisiones de las instituciones.
- Desarrollar procedimientos de exigibilidad y ejecución de la rendición de cuentas ante la ciudadanía
1. El Plan de Gobierno así como los posibles planes que afecten a todo el Territorio Histórico.
2. Presupuesto aprobado y ejecutado.
3. Información sobre contratación de obras y servicios.
4. Adquisición y/o enajenación de los recursos públicos y bienes que dependen del ámbito institucional correspondiente.
5. Las decisiones adoptadas como consecuencia de consultas populares.
6. Otros aspectos que la ciudadanía estime oportunos someter a rendición de cuentas.
Para llevar a efecto la rendición de cuentas se regulará, vía reglamentaria, un procedimiento sistemático, deliberado, interactivo y universal, que permita informar y someter a evaluación diversas actuaciones del sector público del Territorio Histórico de Álava.
1. El asunto que dé origen a la celebración de la consulta, independientemente del resultado de la misma, no podrá ser sometido a una nueva consulta en los mismos términos en los dos años siguientes.
2. Las consultas populares, forma de participación ciudadana, constituyen un instrumento de expresión de la opinión y posicionamiento de la ciudadanía del Territorio Histórico de Álava, en su conjunto o de forma limitada a alguna parte del mismo, sobre asuntos del ámbito de las competencias forales exclusivas.
3. En la planificación de las consultas populares se desarrollarán las medidas necesarias para impulsar la participación equilibrada de mujeres y hombres.
1. Las consultas populares podrán ser promovidas por las Juntas Generales y por la Diputación Foral de Álava.
2. Asimismo las consultas populares podrán realizarse a iniciativa de las personas empadronadas en el Territorio Histórico de Álava, siempre que representen, al menos, el diez por ciento de las personas residentes en el Territorio Histórico de Álava o en el municipio o cuadrilla determinada que resulte afectado de forma especialmente relevante por la política o decisión a adoptar por la Diputación Foral de Álava. En todo caso, dichas personas proponentes serán mayores de dieciocho años.
3. Cuando la cuestión objeto de la consulta afecte a más de un municipio o cuadrilla, el punto anterior será de aplicación en todo el territorio afectado.
1. En los supuestos en los que la iniciativa para la realización de consultas populares corresponda a personas empadronadas en el Territorio Histórico de Álava, la Diputación Foral resolverá sobre la iniciativa en el plazo de tres meses. El acuerdo deberá ser motivado indicando, en caso de rechazo de la iniciativa, las razones por las que la Diputación Foral no considera oportuna la realización de la consulta popular, entre las cuales puede estar que atente contra la igualdad de mujeres y hombres.
2. En cualquier caso, el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral por el que se aprueba la realización de una consulta popular deberá contener los términos exactos de la consulta, plasmados en una o varias preguntas redactadas de forma inequívoca a fin de que los participantes se puedan pronunciar en sentido afirmativo o negativo.
Asimismo indicará el procedimiento técnico de consulta que se vaya a utilizar, el ámbito territorial afectado, el momento temporal de realización, así como otras características, técnicas o de otro tipo, que sean relevantes por el tipo de consulta a realizar, sin discriminación de las personas interesadas.
3. El acuerdo por el que se aprueba la realización de una consulta popular sobre una decisión o política a adoptar por la Diputación Foral no condicionará el funcionamiento y actuaciones de las entidades del sector público foral.
Podrán ser convocadas a participar en las consultas populares todas las personas mayores de 16 años empadronadas en el ámbito territorial afectado por el objeto de la consulta.
1. Realizada una consulta popular prevista en esta Norma, la Diputación Foral deberá publicar los resultados que se hayan obtenido, desagregando los datos por sexo y utilizando un lenguaje que visibilice a mujeres y a hombres.
2. En el plazo de tres de meses desde la celebración de una consulta popular, la Diputación Foral deberá adoptar un acuerdo en el que precise la forma en que los resultados obtenidos afectan a la decisión o política a adoptar. Concretamente, la Diputación Foral deberá establecer si los resultados obtenidos a través de la consulta suponen la renuncia al proyecto, su modificación, la presentación de un proyecto alternativo o si, por el contrario, pretende continuar con el proyecto en los mismos términos en que fue propuesto.
Dicho acuerdo deberá ser motivado y publicado en el BOTHA y en el Portal de Transparencia.
1. A los efectos de esta Norma se entienden por empoderamiento los procesos individuales y/o colectivos orientados a fortalecer las capacidades de la sociedad y de todas las personas que la componen y a fomentar la participación de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos.
2. La Diputación Foral de Álava podrá contribuir, mediante la dotación de recursos específicos, a dichos procesos, en los que se garantizará una participación igualitaria y el pleno ejercicio de la responsabilidad ciudadana, facilitando el acceso a la ciudadanía con mayores dificultades de participación.
Es sujeto de empoderamiento cualquier persona residente en el Territorio Histórico de Álava que se inscriba en los procesos de empoderamiento.
1. Los espacios participativos cuya finalidad sea impulsar los procesos de capacitación en el ejercicio del derecho a la participación podrán denominarse escuelas de empoderamiento, que tendrán un carácter activo, abierto y cercano.
2. Las escuelas de empoderamiento podrán crearse a iniciativa popular o institucional, con la finalidad de:
a) Fomentar intercambios sociales y el sentido participativo de la ciudadanía en los asuntos públicos del territorio, con el objetivo de construir una sociedad participativa.
b) Desarrollar procesos formativos y de sensibilización que activen la ciudadanía y las entidades participativas con competencias sociales.
c) Realizar estudios de utilidad social sobre la realidad de la participación, la democracia y la convivencia en Álava.
d) Crear y dinamizar espacios de reflexión y encuentro de la ciudadanía activa, las entidades sociales y las instituciones públicas.
e) Fortalecer la cooperación entre la institución foral y las entidades sociales comprometidas con la mejora de la participación ciudadana y la convivencia.
f) Garantizar procesos de cogestión de las Escuelas de Ciudadanía con las entidades sociales comprometidas activamente con los procesos de participación democrática y acción social.
3. En todo caso dichas escuelas deberán observar en su funcionamiento los valores de globalidad, democracia, participación, igualdad, interculturalidad, inclusividad, solidaridad, medio ambiente, innovación y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
Para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que en esta materia se realicen frente a las resoluciones adoptadas por cualquiera de las entidades del sector público foral del Territorio Histórico de Álava se crea el Consejo Foral de Transparencia cuya composición y régimen de funcionamiento serán aprobados por el Consejo de Gobierno Foral en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Norma Foral, respetando en su composición el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres.
1. El decreto foral de determinación de los departamentos de la Diputación Foral de Álava y de sus áreas de actuación y funciones atribuirá expresamente la competencia de la coordinación en materia de transparencia y participación a uno de los departamentos.
2. Asimismo, los decretos forales de estructura orgánica y funcional de los Departamentos determinarán las unidades administrativas encargadas de ejercer las funciones establecidas en esta Norma Foral.
La Diputación Foral de Álava, colaborará con las Cuadrillas y los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava, para el desarrollo de las obligaciones establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información y Buen Gobierno o que la complemente o sustituya, mediante la correspondiente ayuda técnica y en su caso, mediante la suscripción de los convenios correspondientes.
Se modifica la denominación del máximo órgano colegiado de gobierno de la Diputación Foral de Álava que pasa a denominarse “Consejo de Gobierno Foral”.
En los textos de la normativa foral todas las menciones a “Consejo de Diputados” quedan sustituidas por “Consejo de Gobierno Foral”.
Calendario de aplicación de la regulación de esta Norma en materia de planificación y evaluación.
Se establece el siguiente calendario de aplicación de la regulación de esta Norma Foral en materia de planificación y evaluación, reguladas en el capítulo segundo:
a) En el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta Norma, serán exigibles las actuaciones previstas en los artículos 5 y 6.1, sobre plan de gobierno y evaluación previa de impacto.
a) En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Norma, la Diputación Foral determinará una relación de actuaciones públicas significativas que deban ser evaluadas, en los términos del artículo 6.3.
Uno. Se modifica el artículo 2 de la Norma Foral 7/2008, de 18 de febrero, reguladora de los registros de actividades y de bienes y de intereses de la Diputación Foral de Álava, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 2 Obligados a presentar declaraciones
Están obligados a presentar declaración de actividades y declaración de bienes e intereses la o el Diputado General y demás miembros del Consejo de Gobierno Foral, los directores y las directoras de los departamentos, organismos autónomos y sociedades públicas forales, directores y directoras gerentes de fundaciones del sector público del Territorio Histórico de Álava y las demás personas a las que por Norma Foral se les imponga dicha obligación.»
Dos. Se modifica el artículo 16 de la Norma Foral 7/2008, de 18 de febrero, reguladora de los registros de actividades y de bienes y de intereses de la Diputación Foral de Álava, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 16 Información a las Juntas Generales
La Diputación Foral de Álava facilitará semestralmente a las Juntas Generales la siguiente información:
b) Número e identificación de cargos que no han cumplido con la obligación de declarar.»
1. Como manifestación específica de los principios de transparencia y de seguridad jurídica, la Diputación Foral de Álava acometerá una revisión, simplificación y, en su caso, consolidación normativa de su ordenamiento jurídico, con el fin de conseguir un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo por parte de la ciudadanía, con las adaptaciones necesarias para hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres y la extensión de un uso no sexista del lenguaje.
2. Ante la necesidad de abordar desde ya este proceso de consolidación legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y siguientes de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava, se autoriza al Consejo de Gobierno Foral para aprobar, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Norma Foral, textos refundidos que integren, debidamente regularizados, aclarados y armonizados, las Normas que se enumeran a continuación, así como las disposiciones que las hayan modificado:
a) Norma Foral 64/1989, de 20 noviembre, de Tasas y Precios Públicos.
b) Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales
c) Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
d) Norma Foral 43/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Actividades Económicas
e) Norma Foral 44/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
f) Norma Foral 45/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
g) Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
h) Norma Foral 14/1997, de 24 de abril, reguladora del Plan Foral de Obras y Servicios y de otros Instrumentos de la Cooperación de la Diputación Foral de Álava a las obras y servicios de las Entidades Locales.
i) Norma Foral 19/1997, de 30 junio, reguladora del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales de Álava.
3. Asimismo, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la presente Norma Foral, el Consejo de Gobierno Foral aprobará unas directrices de técnica normativa que establecerán pautas y criterios homogéneos con el objeto de mejorar la claridad y calidad de las normas y contribuir de esta manera a que sean más fáciles de entender.
1. El Portal de Gobierno Abierto regulado en el artículo 4 estará operativo en los términos previstos en la legislación básica en el plazo de 9 meses a contar desde la entrada en vigor de la presente Norma Foral. La incorporación del resto de contenidos al Portal de Gobierno Abierto se realizará de manera progresiva, en función de las disponibilidades técnicas y presupuestarias de los sujetos obligados.
2. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Norma se regularán procedimientos específicos para articular los diferentes instrumentos de participación y colaboración ciudadana.
3. Las solicitudes de acceso a la información pública presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Norma Foral que estén pendientes de resolver se tramitarán con arreglo a la normativa aplicable en el momento de su presentación. En todo caso, estas solicitudes se resolverán por el diputado o diputada competente, y aplicando, en la medida de lo posible, el principio de máxima accesibilidad y la regulación prevista en la presente Norma Foral, y en la legislación básica.
Colaboración: Un gobierno colaborativo implica y compromete a la ciudadanía y demás agentes en el propio trabajo de la Administración. La colaboración supone la cooperación no sólo con la ciudadanía, sino también con las empresas, agentes sociales, colectivos, asociaciones y todos los agentes existentes en el territorio, y permite el trabajo conjunto dentro de la propia administración entre su personal empleado y con otras administraciones.
Consulta popular: La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que opera como un espacio para invitar a las personas a participar e incorporar sus opiniones para el mejoramiento de la gestión pública. No compromete obligatoriamente a la institución, pero sí pretende generar una respuesta de la institución pudiendo incluirlas respuestas y compromisos derivados de los planteamientos surgidos durante la consulta.
Empoderamiento: Proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo, como grupo social, para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. Si bien el empoderamiento es aplicable a todos los grupos vulnerables o marginados, su nacimiento y su mayor desarrollo teórico se ha dado en relación a las mujeres.
Foro: Tipo de reunión, normalmente dirigida por un moderador, donde distintas personas conversan en torno a un tema de interés común. Esencialmente es una técnica oral, realizada en grupos. También es aquel espacio que se utiliza como escenario de intercambio entre personas que desean discutir sobre problemáticas específicas o todo tipo de temas. En este sentido, un foro es una técnica de comunicación, bien en un espacio físico, bien en un entorno virtual.
Información pública: Cualquier contenido o documento, independientemente de su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en la presente Norma, vinculado a la actividad pública o a la gestión, en sentido amplio, de fondos públicos. Quedan expresamente incluidos dentro de esta definición los informes y documentos preparatorios y los derivados de órganos consultivos, las actas de reuniones de liberatorias y las comunicaciones internas referidas expresamente a la actividad pública.
Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
Participación: Un gobierno participativo favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas públicas y anima a la Administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia de la ciudadanía. Por tanto, impulsa acciones y orienta actuaciones que aumentan el protagonismo e implicación de la ciudadanía en asuntos públicos y compromete con mayor intensidad a las fuerzas políticas con sus conciudadanos.
Publicidad activa: la obligación de las personas y entidades a las que hacen referencia el artículo 3 de hacer pública por propia iniciativa, en los términos previstos en la presente Norma, de forma permanente, veraz y objetiva la información pública de relevancia que garantice la transparencia de su actividad.
Rendición social de cuentas: Mecanismo no electoral, vertical, de control de instituciones forales, que descansa en acciones dirigidas a asegurar la responsabilidad y receptividad de las instituciones forales.
Reutilización de la información: el uso por los ciudadanos y las ciudadanas de información y datos que obran en poder de las entidades públicas para propiciar que se generen nuevas utilidades, productos o servicios.
Solicitante: cualquier persona física o jurídica, que soliciten información pública, requisito suficiente para adquirir, a efectos de lo establecido en el capítulo tercero, la condición de persona interesada.
Transparencia: Un gobierno transparente fomenta y promueve la rendición de cuentas de la Administración ante la ciudadanía y proporciona información sobre lo que está realizando y sobre sus planes de actuación. Las administraciones públicas deben permitir el acceso a esta información pública de manera sencilla y clara, permitiendo de esta manera que la ciudadanía pueda realizar un control de la acción de gobierno, así como crear valor económico o social a partir de los datos públicos ofrecidos libremente por la Administración.
Vitoria-Gasteiz, a 8 de febrero de 2017

References: Artículo 4

Artículo 5

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Artículo 7

Artículo 8

Artículo 11

Artículo 12

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Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

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Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67
 artículo 37
 resolución 
 artículo 20
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 50
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 44
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 100
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 16
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 28
 artículo 28
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 4
 artículo 3