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Timestamp: 2018-12-11 04:39:37+00:00

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El patrimonio de familia, su incidencia fiscal y su relación con el mínimo vital. – Roberto Valenzuela Lozano
El patrimonio de familia, su…
ContabilidadLeyes
“La familia es el núcleo de la civilización.”
La familia constituye el núcleo elemental de toda sociedad, siendo por ello necesario protegerla, así, las leyes procuran velar por su seguridad, ya que justo de esta depende el correcto funcionamiento de las más elementales formas de solidaridad humana y se erige como la principal guiadora y creadora de nuestros quehaceres humanos, teniendo como objetivo proteger todos los ámbitos que rodean a la familia a través de las instituciones jurídicas necesarias.
Para el estado reviste particular importancia el cuidado y protección de la familia, así las disposiciones constitucionales y legales emitidas con ese propósito son consideradas de orden público y de interés social. En este contexto, el estado reconoce derechos a los individuos para que con base en dicho reconocimiento prevalezca en armonía la familia, así, a manera de ejemplo, reconoce el derecho a la salud, a la educación, a tener una vivienda digna, a la libertad de culto, a la libertad de asociación, a dedicarse libremente a la profesión, industria comercio o trabajo que desee y al libre desarrollo de la personalidad jurídica, este último derecho fundamental, como lo refiere el magistrado Germán Eduardo Baltazar Robles, recoge la idea de los atributos de la personalidad, conforme a lo siguiente:
“La personalidad jurídica se manifiesta a través de los denominados atributos de la personalidad, que son:
Capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad, estado civil y;
Patrimonio; es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona; en tiempos antiguos se consideraban sólo los derechos y obligaciones susceptibles de ser apreciados en dinero, pero se ha reconocido también que existen derechos y obligaciones que no son susceptibles de valuación económica; en estos casos se habla de patrimonio moral.”[i]
Como el título del presente artículo lo refiere, nos avocaremos al estudio del patrimonio; y en adición a la definición que antecede, otros autores lo conceptualizan como “el conjunto de poderes y deberes apreciables en dinero que tiene una persona. Se utiliza la expresión poderes y deberes en razón de que no solo los derechos subjetivos y las obligaciones pueden ser estimadas en dinero, sino también lo son las facultades, las cargas y en algunos casos el ejercicio de la potestad que se traduce en un valor pecuniario”.[ii]
Más cercano al concepto de patrimonio de la familia es el siguiente: “Patrimonio de familia es el conjunto de bienes afecto a un fin, que pertenece a algún miembro de la familia y la beneficia y en ocasiones a un tercero”.[iii]
De las definiciones previas, podemos establecer que el patrimonio comprende dos elementos, a saber:
El activo. – Representado por el conjunto de bienes y derechos susceptibles de ser apreciados en numerario.
El pasivo. – Se integra por el conjunto de obligaciones contraídas.
Al ser la familia el pilar de toda sociedad, el estado busca la salvaguarda y protección del ámbito patrimonial, a través de su tutele constitucional y legal, reconociendo el derecho a su constitución, su organización y protección; lo anterior encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos 27 fracción XVII, tercer párrafo y 123 fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porciones normativas que son del tenor literal siguiente:
Atendiendo al mandato constitucional, los códigos civiles de cada entidad federativa, establecen las bases, montos y procedimientos para su constitución, en este orden de ideas, el Código Civil Para el Distrito Federal[iv], dispone que el patrimonio familiar es una institución de interés público, que tiene como objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la familia y sostener el hogar; tal patrimonio se integra por los siguientes bienes:
La casa habitación;
El mobiliario de uso doméstico y cotidiano;
Una parcela cultivable o los giros industriales y comerciales cuya explotación se haga entre los miembros de la familia, y
Los utensilios propios de su actividad, siempre y cuando no exceda su valor, de la cantidad máxima fijada por el mismo ordenamiento legal.
Con el objeto de proteger jurídica y económicamente a la familia, la legislación faculta para constituir el patrimonio familiar a los siguientes miembros, la madre, el padre o ambos, cualquiera de los cónyuges o ambos, cualquiera de los concubinos o ambos, la madre soltera o el padre soltero, las abuelas, los abuelos, las hijas y los hijos o cualquier persona que quiera constituirlo.[v] El efecto de su constitución, consiste en que todos los bienes que quedan afectos al mismo, pasan a ser copropiedad de la familia según el número de familiares beneficiados;[vi] otro efecto de su constitución, y quizá el más relevante, consiste en que los bienes afectos son inalienables, imprescriptibles y no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno desde su inscripción ante el registro público de la propiedad.[vii]
En este sentido se pronuncia la siguiente tesis:
Registro: 2003097
Tesis: I.3o.C.77 C (10a.)
Página: 2047
PATRIMONIO DE LA FAMILIA. TUTELA CONSTITUCIONAL Y LEGAL.
El artículo 123, apartado A, fracción XXVIII, constitucional dispone: “Artículo 123. … XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios.”; además el artículo 727 del Código Civil para el Distrito Federal señala: “Los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables, imprescriptibles y no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno.”. De la interpretación literal de dichos preceptos constitucional y legal, resulta que un inmueble que se encuentre afectado a un patrimonio familiar es inembargable, con independencia de quien lo haya constituido, puesto que lo que regula la norma es que una vez constituido un patrimonio familiar no estará sujeto a embargo, por sus características de inalienable, entendiéndose por dicho vocablo, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que son bienes que se encuentran fuera del comercio por disposición legal, obstáculo natural o convención, y es imprescriptible, lo que implica que la propiedad no se puede perder por el paso del tiempo.
Amparo en revisión 199/2011. Sergio García Rivas. 20 de octubre de 2011. Mayoría de votos. Disidente: Benito Alva Zenteno. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano Suárez Reyes.
Lo resaltado es propio.
Con el fin de no caer en una situación ruinosa y que con ello la familia carezca de lo mínimo necesario para su sobrevivencia, el propósito de la constitución del patrimonio de familia es garantizar una protección mínima necesaria para su conservación, en ese sentido, el valor límite para su formalización será una cantidad equivalente a $2,399,364.00 susceptible de actualizarse conforme al índice inflacionario. Los miembros de la familia que quieran constituir el patrimonio lo harán a través de un representante común, por escrito al Juez de lo Familiar, designando con toda precisión los bienes muebles e inmuebles, para la inscripción de éstos últimos en el Registro Público de la Propiedad; el Juez lo aprobará emitirá los oficios correspondientes para ordenar que se hagan las inscripciones correspondientes en el mencionado registro.
Es importante señalar que la constitución del patrimonio de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores so pena de anularse para hacer frente al cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad a su constitución.
La constitución del patrimonio, ¿tiene algún efecto fiscal?
La obligación de pagar impuestos emana de lo estatuido en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna, que constriñe a todos los mexicanos a contribuir con los gastos públicos de la Federación, Entidades Federativas, Ciudad de México y de como de los municipios en forma proporcional y equitativa según lo dispongan las leyes.
La determinación de las contribuciones le corresponde al contribuyente, debiendo cumplir en los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, el incumplimiento puede traer como consecuencia el pago de actualizaciones y recargos, y en caso de ser requerido por la autoridad recaudadora, la imposición de sanciones económicas.
El estado, al amparo de las facultades conferidas en el artículo 16 de la propia Carta Magna, puede efectuar revisiones sobre la contabilidad de los contribuyentes, lo anterior con la finalidad de verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones fiscales, dichas facultades deben ejercerse apegándose a los límites que le impone el propio ordenamiento constitucional, así como el Código Fiscal de la Federación.
Derivado del ejercicio de las facultades de comprobación establecidas en el numeral 42 del ordenamiento legal en cita, la autoridad puede determinar créditos de carácter fiscal, otorgándose al gobernado, a través de la garantía de audiencia consagrada en el cardinal 14 de la Constitución, la oportunidad de defenderse a través de interposición de los medio ordinarios y extraordinarios de defensa, siendo los primeros el recurso de revocación y el juicio de nulidad, en tanto que los segundos comprenden al juicio de amparo.
En caso de que se hayan hecho valer los medios de defensa y los resultados no hayan favorecido los intereses del contribuyente, o bien no se haya interpuesto medio de defensa alguno en los plazos previstos para ello, el crédito fiscal adquiere firmeza y con ello la facultad de la autoridad tributaria para llevar a cabo el cobro coactivo del crédito fiscal mediante el procedimiento administrativo de ejecución, en cuyo caso pueden hacer la extracción de bienes para rematarlos y con el producto hacer efectivo el crédito fiscal.
No obstante, lo anterior, el artículo 157 del código tributario federal, exceptúa de embargo a los siguientes bienes:
Artículo 157.- Quedan exceptuados de embargo:
II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo a juicio del ejecutor. En ningún caso se considerarán como de lujo los bienes a que se refieren las demás fracciones de este artículo, cuando se utilicen por las personas que, en su caso, las propias fracciones establecen.
VI.Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras.
XIII. Los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, conforme a lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Así, la legislación tributaria, atendiendo y respetando el mandato constitucional estatuido en los ya referidos numerales 27 y 123, exceptúa de embargo al patrimonio de familia constituido con base en las disposiciones legales civiles, debiendo cumplir con la formalidad de estar inscrito ante el Registro Público pues justo este acto es el que le dota de las características de inalienable, imprescriptible e inembargable.
En ese sentido se pronuncia la siguiente tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa:
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 13. Agosto 2012. p. 259
PATRIMONIO FAMILIAR CONSTITUIDO POR BIENES INMUEBLES. ES INEMBARGABLE A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, NO A PARTIR DE QUE SE INICIA EL TRÁMITE JUDICIAL PARA SU CONSTITUCIÓN.- Tomando en consideración las reglas aplicables en tratándose de embargo de bienes, tenemos que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 155, fracción IV y 156 del Código Fiscal de la Federación, si bien procede el embargo sobre bienes inmuebles, también lo es que el artículo 157, fracción IX del mismo ordenamiento legal, exceptúa de embargo, el patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Por lo tanto, es infundado el agravio expuesto por la actora en su escrito inicial de demanda, el cual radica en que para hacer valer la inembargabilidad de sus bienes inmuebles, toma como base la fecha en que tuvo conocimiento o se manifestó conocedor del crédito fiscal a su cargo, señalando que el procedimiento para la constitución del patrimonio familiar se inició antes de que el crédito fuera hecho del conocimiento del hoy actor. Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 157, fracción IX del Código Fiscal de la Federación, la inembargabilidad de bienes inmuebles que forman parte del patrimonio familiar constituido como tal, tiene efectos contra terceros, a partir de su fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, no así desde su fecha de iniciación del trámite judicial, como indebidamente lo interpreta la parte actora. (61)
Juicio Contencioso Administrativo No. 1805/06-05-03-8.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de agosto del 2006, por unanimidad de votos. – Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera. – Secretario: Lic. Aurora Máyela Galindo Escandón.
El patrimonio de familia y el derecho al mínimo vital.
El derecho al mínimo vital no se encuentra establecido de manera textual en el orden jurídico nacional, tal concepto tiene su génesis en diversos ordenamientos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Carta de la Organización de los Estados Americanos y el Protocolo de San Salvador , las disposiciones mencionadas muestran una tutela al goce de prestaciones o servicios e ingresos mínimos, que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como también, la satisfacción de las necesidades básicas, lo cual ha sido reconocido y denominado como mínimo vital.
Al igual que en el entorno internacional, en el orden jurídico interno es un derecho atípico en virtud de no encontrarse reconocido de manera expresa en norma alguna, no obstante, lo anterior la Constitución contiene varias disposiciones que sostienen el derecho al mínimo vital, entre otros los artículos 1, 3, 4, 6, 13, 25, 26, 27, 28, 31, fracción IV, y 123.
Lo anterior ha sido reconocido por el Poder Judicial al emitir la siguiente tesis:
Lo anterior encuentra sustento en el siguiente criterio.
Registro: 172545
Tesis: 1a. XCVII/2007
Página: 793
El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean.
Lo anterior deja de manifiesto que el derecho al mínimo vital consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma que incluye las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria. Estas condiciones mínimas que también deben permitir desarrollar un plan de vida autónomo y la participación activa en la sociedad son entre otros: alimentación, vestido, trabajo, salario digno, transporte, educación, vivienda, salud, seguridad social, cultura y medio ambiente sano.
Así las cosas, el objeto del derecho al mínimo vital comprende una serie de medidas de diversa índole, positivas o negativas que buscan evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Por tanto, este derecho tiene el fin de garantizar que la persona no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses.
El patrimonio de familia se constituye como la garantía mínima de protección que tiene una familia, su formalización ante un juez de lo familiar, y su posterior inscripción ante el Registro Público, pues una vez que queda inscrito no podrá ser embargado.
Es recomendable verificar los textos de los Códigos Civiles de cada estado, ello en virtud de que cada uno le da matices que hacen que en algunos casos existan sutil diferencia, pero en otros casos la diferencia si es significativa y digna de ser considerada como una buena opción.
L.C. Blanca Bazán J.
Socia directora de MBR Fiscali, S.C.
blanca.bazan@mbrfiscal.com
[i] Baltazar Robles Germán Eduardo, Derechos humanos, derechos fundamentales, juicio de amparo y reparación integral del daño. Editorial, Complejo educativo de desarrollo Integral, México, 2015
[ii] Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Diccionario Jurídico Mexicano Editorial Porrúa, México, 2001.
[iii] Baqueiro Rojas Edgard, Buenrostro Báez Rosalía. Derecho de Familia y Sucesiones. Editorial Harla, México, 1994.
[iv] Artículo 723 del Código Civil Para el Distrito Federal.
[v] Artículo 724 Ibídem
[vi] Artículo 725 Ibídem
[vii] Artículo 727 Ibídem
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References: artículo 123
 artículo 727
 artículo 31
 artículo 16
 artículo 157

Artículo 157
 artículo 157
 artículo 157
 Artículo 723
 Artículo 724
 Artículo 725
 Artículo 727