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Hernando rosero cifuentes
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TUTELA PRIMERA INSTANCIA No. 47109
Aprobado Acta No. 083
Bogotá D.C., marzo dieciocho (18) de dos mil diez (2010).
Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela que promueve a través de apoderado el ciudadano HERNANDO ROSERO CIFUENTES, contra las Fiscalías 253 Seccional de Bogotá y 11 Delegada ante el Tribunal Superior de la misma ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS Y TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Según lo refieren las diligencias, con ocasión de la denuncia formulada
por HERNANDO ROSERO CIFUENTES en contra de ANA CLEMENCIA GARZÓN RINCÓN, la Fiscalía inició la correspondiente investigación por la presunta comisión del delito de falso testimonio.
Es así que, con resolución del 24 de mayo de 2006 la Fiscalía 253 Seccional de Bogotá adscrita a la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual y Otras Garantías precluyó la investigación a favor de la prenombrada, tras advertir que no se satisfacen los requisitos del artículo 397 del C.P.P. y en cambio lo que surge es la duda probatoria respecto de las pretensiones discutidas.
Contra la anterior decisión el apoderado de la parte civil interpuso recurso de apelación, por lo que la Fiscalía 11 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá mediante decisión del 4 de diciembre de 2009 resolvió confirmarla.
Agotado lo anterior, HERNANDO ROSERO CIFUENTES en su condición de denunciante y parte civil dentro de las diligencias reseñadas acude por conducto de apoderado al mecanismo excepcional en cuanto considera, se incurrió en una vía de hecho al precluir la investigación a favor de ANA CLEMENCIA GARZÓN RINCÓN.
Como sustento de la demanda el libelista expone las incidencias
fácticas que dieron origen a la actuación penal, al tiempo que precisa, la Fiscalía de primera instancia emitió resolución preclusiva haciendo caso omiso de las circunstancias contradictorias que se desprenden de la versión e indagatoria rendidas por la sindicada, decisión que fuera confirmada en sede de apelación tras desestimar totalmente los argumentos expuestos al momento de sustentar la impugnación, todo lo cual permite afirmar que se incurrió en defecto fáctico por carecer de sustento probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal.
Con base en lo expuesto, demanda el amparo para la garantía fundamental al debido proceso y en tal virtud se adopten los correctivos del caso para reanudar la investigación.
TRAMITE DE LA ACCIÓN
Por auto del 10 de marzo de 2010, se avocó el conocimiento de la demanda y se dispuso remitir copia de la misma a los despachos judiciales accionados para que ejercieran el derecho de contradicción.
Frente a tal requerimiento, la Fiscalía 253 Seccional de Bogotá allega el expediente contentivo de las diligencias.
A su turno, la Fiscalía 11 Delegada ante el Tribunal Superior de
Bogotá adjunta a la respuesta copia de la resolución proferida en segunda instancia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 1, numeral 2 del
Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la presente demanda de tutela, en tanto lo es, entre otra, en relación con la decisión adoptada por la Fiscalía 11 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, de la cual es su superior funcional.
Referente a la acción pública que nos ocupa ha de precisarse que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De tal suerte que, cuando no exista otro medio de defensa judicial para buscar la eficacia del derecho atacado o amenazado, surge la acción de tutela como única medida a disposición del titular de aquél, con el fin de llevar a la práctica la garantía que en abstracto le ha conferido la Constitución.
En torno al caso particular que concita la atención de la Sala, la solicitud de amparo promovida por el ciudadano HERNANDO ROSERO CIFUENTES, se orienta a trastocar la firmeza de la preclusión de la investigación proferida a favor de ANA CLEMENCIA GARZÓN RINCÓN.
En este orden de ideas, emerge trascendente precisar acerca de la temática planteada mediante sentencia C-534 del 1º de octubre de 1992 por la Corte Constitucional, cuando declaró inexequible, entre otros, el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, y por ello, resulta improcedente dirigir esta acción contra sentencias ejecutoriadas o providencias que pongan término a un trámite judicial, en atención a que, por sus especiales características de subsidiariedad y residualidad no puede ser ejercitada como mecanismo para conseguir la intervención del juez constitucional a fin de derribar la res iudicata que aquellas adquieren, dado que tal pretensión desnaturaliza su esencia y socava postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcionales que rigen la actividad de los funcionarios judiciales de conformidad con la preceptiva contenida en el artículo 228 de la Carta Política.
Así entonces, tal postulado general, que no es absoluto, puede ser exceptuado en la medida que el mecanismo constitucional se puede ejercitar contra decisiones que hayan logrado su consolidación con abierto desmedro de derechos fundamentales derivados del proceder antijurídico del funcionario judicial, que actúa sin sujeción al ordenamiento, comportamiento que se ha entendido tiene su fuente en el vicio denominado vía de hecho, siendo que, en tales circunstancias el amparo constitucional resulta imprescindible para obviar la materialización de un perjuicio irremediable, razón por la cual la medida que se adopte tiene una vigencia estrictamente temporal.
Contrastado lo anterior con el problema jurídico que plantea la demanda, advierte la Sala que la decisión censurada, en cuanto atañe a precluir la investigación adelantada contra ANA CLEMENCIA GARZÓN RINCÓN, cuenta con una motivación razonable, apoyada en la valoración de las pruebas obrantes en aquella actuación, y a la vez expone los motivos por los que se consideró que en el caso de estudio al no hallar estructurados los elementos del delito de falso testimonio, como lo exige el artículo 442 del Código Penal, se impone precluir la investigación de conformidad con lo consagrado en los artículos 39 y 399 del C.P.P.
Es así que resulta evidente, el tema de discusión propuesto en la demanda constitucional está circunscrito a un asunto de interpretación normativa y valoración probatoria en punto de la decisión que los funcionarios accionados adoptaron en soberano ejercicio de su autonomía, al conocer de las diligencias adelantadas contra la prenombrada ciudadana, ponderación realizada dentro del criterio de la libre apreciación de la prueba, limitada eso sí, por las reglas de la sana crítica, circunstancia que imposibilita al juez de tutela para inmiscuirse en lo que, sin lugar a dudas, es tema propio y exclusivo de las autoridades competentes que actúan como jueces naturales.
Amén de lo anterior, y en el mismo orden de ideas, la presente acción de tutela es improcedente, porque la resolución que precluyó la investigación hizo tránsito a cosa juzgada material, lo cual impide retomar la de la actividad investigativa sobre el mismo asunto, salvo que la autoridad competente disponga lo contrario, exclusivamente como resultado de una acción de revisión, cuando concurran las exigencias de los artículos 220 y siguientes del Código de Procedimiento Penal.
Así las cosas, para la Sala la improcedencia de la presente acción de tutela es la decisión que corresponde adoptar, habida cuenta que no se evidencia quebranto de los derechos fundamentales invocados por el accionante, quien tuvo a su alcance los mecanismos de defensa judicial al interior del proceso, aunado que no se vislumbran actuaciones que configuren una verdadera e inocultable vía de hecho en la decisión reprochada, al punto que sea el juez de tutela el llamado a intervenir para impedir la trasgresión de derechos fundamentales que surjan con ocasión de tal irregularidad.
Razones suficientes para negar el amparo que se reclama.
1. NEGAR las pretensiones de la demanda de tutela promovida a través de apoderado por el ciudadano HERNANDO ROSERO CIFUENTES, por las razones expuestas en la anterior motivación.
3. DEVOLVER a la Fiscalía 253 Seccional de Bogotá la actuación que en calidad de préstamo fue enviada para el estudio constitucional.
4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez se encuentre en firme el fallo.

References: resolución 
 artículo 397
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 40
 artículo 228
 artículo 442
 resolución