Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v3193-18-14-12-2018-1479301
Timestamp: 2019-02-18 02:09:38+00:00

Document:
Resolución Vinculante de DGT, V3193-18, 14-12-2018 | Iberley
Núm. Resolución: V3193-18
Ley 29/1987 art. 6 , 20-2-c y DA Segunda
Primera: Si es de aplicación la normativa autonómica de la Comunidad de Madrid.
Segunda: Aplicación de la reducción prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Adquisición mortis causa de participaciones de una entidad holding residente en la Federación Rusa. El causante tiene su residencia en la Federación Rusa y tributa en España por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio, en cuanto es titular de otros bienes y derechos situados en nuestro país distintos de las participaciones de que se trata, entre ellos participaciones en entidades residentes en España que forman parte del holding. Los consultantes, los hijos del causante, son residentes en la Comunidad de Madrid.
En el caso planteado, en el que el causante sería residente en la Federación Rusa, conforme a lo anteriormente expuesto, en la adquisición por sucesión “mortis causa” por unos sujetos pasivos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones residentes en España–y, por tanto, sujetos a obligación personal–deberán presentar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por los bienes que adquieran, con independencia del lugar donde estos se encuentren situados y tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en la que residan, en este caso, según manifiestan, la Comunidad de Madrid.
Respecto a la segunda cuestión planteada, el artículo 20.2.c) de la LISD establece que:
«c) En los casos en los que en la base imponible de una adquisición “mortis causa” que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, o el valor de derechos de usufructo sobre los mismos, o de derechos económicos derivados de la extinción de dicho usufructo, siempre que con motivo del fallecimiento se consolidara el pleno dominio en el cónyuge, descendientes o adoptados, o percibieran éstos los derechos debidos a la finalización del usufructo en forma de participaciones en la empresa, negocio o entidad afectada, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible, con independencia de las reducciones que procedan de acuerdo con los apartados anteriores, otra del 95 por 100 del mencionado valor, siempre que la adquisición se mantenga, durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo.
En los términos establecidos por los apartados 2.c) y 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, respectivamente para transmisiones “mortis causa” e “inter vivos”, será preciso, en consecuencia, que concurran los requisitos establecidos en el precepto reproducido directamente en la entidad cuyas participaciones se transmiten. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, parece desprenderse de los términos del escrito de consulta que en el momento de la transmisión, el padre y causante, titular del capital social de la entidad residente en la Federación Rusa, y en la que ejerce funciones directivas por la que percibe una contraprestación que representará más del 50 por 100 de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal, no tributa en relación con las mismas en el Impuesto sobre el Patrimonio español, sino por obligación real respecto a otros bienes y derechos. En consecuencia, si no existe sujeción al Impuesto sobre Patrimonio español por razón de la titularidad de dichas participaciones, tampoco podrá tener derecho a la exención en el impuesto patrimonial.
Consecuentemente, cuando se produzca el fallecimiento, no procederá la reducción prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, dado que, como es sabido, la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio en condición “sine qua non” para su aplicación.
Cuarta: Los consultantes deberán presentar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por los bienes que adquieran, con independencia del lugar donde estos se encuentren situados y tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en la que resida, en este caso la Comunidad de Madrid. Al no ser el causante residente en ninguna Comunidad Autónoma de España y no existir punto de conexión con ninguna de ellas, tal y como establece el artículo 32 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de la Comunidades Autónomas de régimen común, y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, el organismo competente para la exacción del impuesto es la Administración Central del Estado, esto es, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en concreto, la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, Departamento de Sucesiones de no Residentes (C/ Infanta Mercedes, nº 49. Madrid; registro en C/ Lérida, nº 32-34).
Quinta: No será de aplicación la reducción del artículo 20.2 c) de la LISD, al no cumplir el causante los requisitos que establece el artículo 4. Ocho. Dos de la Ley 19/1991 respecto a las participaciones que se quieren transmitir.

References: artículo 20
 artículo 20
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 32
 artículo 20
 artículo 4