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Timestamp: 2019-01-20 01:44:24+00:00

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﻿ SENTENCIA SL13529-2016/44494 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2016
SENTENCIA SL13529-2016 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL Y LA ENFERMEDAD PROFESIONAL DEBE SER DEMOSTRADA. CUANDO LA ENFERMEDAD NO ESTÁ INCLUIDA EN LA TABLA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, DEBE EXISTIR UNA RELACIÓN DE CAUSA-EFECTO ENTRE EL FACTOR DE RIESGO Y LA PATOLOGÍA, PARA QUE SEA RECONOCIDA COMO TAL. LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS DEBE SER SUFICIENTE PARA CAUSAR LA ENFERMEDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:SALUD OCUPACIONAL, RECURSO DE CASACIÓN, ENFERMEDAD NO PROFESIONAL, ENFERMEDAD PROFESIONAL, TABLA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Sentencia SL 13529-2016/44494 de septiembre 14 de 2016
SL13529-2016
Rad.: 44494
Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de octubre de 2009, en el proceso que Fabián Erney Herrera Alarcón adelanta contra la junta nacional de calificación de invalidez y la ARP Instituto de Seguros Sociales, actualmente Positiva Compañía de Seguros S.A.
Con tal propósito formula cuatro cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados por la ARP Instituto de Seguros Sociales, actualmente Positiva Compañía de Seguros S.A.
Por razones metodológicas, la Sala comenzará por el estudio del cargo tercero, luego el primero y por último se analizaran conjuntamente los cargos segundo y cuarto.
VI. Cargo Tercero
Por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida, le atribuye a la sentencia impugnada la transgresión de los artículos 11 del Decreto 1295 de 1994, 2º y 3º del Decreto 1832 de 1994, 41 de la Ley 712 de 2001, 25 y 35 del Decreto 2463 de 2001, 233, 236, 237, 238, 240, 241 y 243 del CPC, 53 de la CP y 21 del CST.
Aduce que la infracción legal denunciada es consecuencia de dos errores de hecho, que identifica y sustenta por separado, así:
1. No haber dado por demostrado, a pesar de estarlo, que el demandante se encontraba expuesto a riesgos químicos en su ambiente de trabajo que causaron la enfermedad.
Sostiene que este yerro fáctico es producto de la falta de valoración de la decisión del 29 de enero de 2001, a través de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la ARP Seguro Social (fl. 18, cdno. 2); la historia clínica del 19 de julio de 1989; la valoración médica realizada por el neumólogo Iván de Jesús Baños Álvarez (fl. 39, cdno. 1); el diagnóstico del médico Eduardo de Zubiría de 30 de mayo de 2002 (fl. 39, cdno. 1); la certificación del médico general Fabián Herrera Alarcón de 30 de mayo de 2002 (fl. 40, cdno. 1); las declaraciones de Pablo Antonio Martínez Ortíz (fls. 89-91, cdno. 4), Gladys Esther Torres Ortega (fls. 81-83, cdno. 4), Jorge Eliecer Gaitán Peluffo (fls. 85-87, cdno. 4) y Santiago Fernando Sánchez Gómez (fls. 83-85); el testimonio de Armando Arcila Rodríguez (fl. 79 c. pruebas), y el estudio de puesto de trabajo elaborado por el ISS. Asimismo, por la errada valoración del dictamen del Instituto de Medicina Legal.
Para demostrar su acusación y de forma adicional al resumen que hace de cada una de las pruebas atrás enunciadas, sostiene que el Tribunal únicamente valoró el dictamen del Instituto de Medicina Legal, toda vez que en su criterio, las demás pruebas corresponden a estudios aportados por el demandante. Asegura que el estudio de puesto de trabajo y los dictámenes de la Junta Regional aducidos por la ARP Seguro Social, acreditan que hubo exposición a riesgos laborales. Señala que esto mismo se infiere de los testimonios y el concepto del Instituto de Medicina Legal, donde “en la conclusión tiene que estuvo expuesto mi poderdante, dictamen que NO hace un análisis real de causa-efecto y si se le da una interpretación errada al hecho de no existir exámenes pre ocupacionales o mediciones ambientales”.
Sostiene que el juez de alzada debió analizar las anteriores pruebas y estudiar críticamente los dictámenes idóneos. Así, señala que los dictámenes de la Junta Regional son “valiosos” ya que consagran una ponencia y discusión, y por ley, las juntas están integradas por profesionales especialistas en salud ocupacional, capacitados en deficiencia, minusvalía y discapacidad. A lo que agrega que el Instituto de Medicina Legal no es una entidad idónea para establecer el origen de las contingencias, pues según la normativa vigente solo dilucida la clase de lesión o afectación, los días de incapacidad y las posibles secuelas.
Insiste en que el Tribunal no apreció los dictámenes de la Junta Regional y no estudió el proferido por la Junta Nacional, con el propósito de establecer coincidencias o puntos de encuentro entre ambos. Afirma que “al darle la mayor apreciación a la experticia del Instituto de Medicina Legal el Juzgador no hace un análisis de la existencia o inexistencia de la relación causa efecto entre la patología diagnosticada a mi mandante y los riesgos a que estuvo expuesto en su trabajo o de la existencia de pruebas que demostraran que mi mandante antes de ingresar a la actividad laboral se encontrara enfermo de la función pulmonar, o que existan mediciones ambientales que demuestran fehacientemente que no fue suficiente la exposición a los riesgos”.
2. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que no existe prueba de la relación causal entre la patología que sufre mi mandante y los riesgos laborales a los que estuvo expuesto, al acoger en su integridad el dictamen de medicina legal que no hace un estudio serio al respecto.
En sustento de su acusación, alude a la decisión del 29 de enero de 2001, a través de la cual la Junta Regional de Bolívar resuelve el recurso de reposición interpuesto por la ARP Seguro Social y al dictamen del Instituto de Medicina Legal. En torno a estos elementos de prueba, sostiene que si bien es cierto de su contenido no se infiere la suficiencia en la exposición, también lo es que dicha circunstancia redunda en favor del demandante, “toda vez que según la norma al existir prueba de la insuficiencia exposición tumba la teoría de la causalidad que establece el artículo 3º del decreto 1832 de 1994”.
En armonía con lo anterior, asevera que el Tribunal al aceptar lo señalado por el Instituto de Medicina Legal en relación con la escasa exposición a los riesgos laborales, obvió tener de presente que el demandante estuvo en contacto con elementos químicos por más de 18 años en diferentes empresas navieras, donde realizó actividades de cargue y descargue de productos y materiales, tales como hidrocarburos y sus derivados. De igual modo, le atribuye no haber tenido en cuenta que la ausencia de mediciones ambientales que desvirtúen la suficiente exposición, debía ser resuelta favorablemente al trabajador; adicionalmente, le increpa no haber advertido que cuando empezó sus labores se encontraba en perfecto estado de salud.
Al oponerse a la prosperidad del cargo, el demandado manifiesta que el recurrente alude a la validez de una evidencia, no obstante que el cargo está orientado por la vía indirecta. Con todo, asegura que el recurrente pasa por alto que los jueces gozan de libertad de valoración probatoria, la que, salvo que se demuestre la existencia un error ostensible, debe respetarse.
1. La observación formal que le imputa el recurrente al cargo es acertada, puesto que la vía indirecta no es el camino correcto para plantear cuestionamientos relacionados con la competencia o idoneidad profesional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para dictaminar el origen de la invalidez de una persona.
Por tal razón, los argumentos del censor, en los que enuncia las funciones legales del citado instituto y coloca en tela de juicio la pericia de sus profesionales, son inadmisibles en la modalidad de ataque en casación que escogió, dado que acá solo tienen cabida reflexiones probatorias o fácticas.
2. Lo mismo debe decirse en cuanto al segundo error de hecho, en el que inadecuadamente su alude a la favorabilidad normativa en aquellos eventos en que existe contacto con sustancias químicas, pero dicha exposición es insuficiente. En efecto, este razonamiento conduce inmediatamente a un problema jurídico consistente en establecer si el simple contacto o exposición no prolongada con materiales peligrosos es suficiente para predicar la existencia de un nexo de causalidad entre el factor de riesgo y la enfermedad. Ahora, la evacuación de un problema de esta naturaleza solo tiene cabida en un escenario jurídico propiciado por un ataque en casación por la vía directa.
3. Vale igualmente destacar que la acusación se construye en torno a pruebas no calificadas en casación, tales como los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los conceptos médicos y testimonios. A este respecto, es preciso tener en cuenta que con arreglo al artículo 7º de la L. 16/1969, únicamente son pruebas admisibles en casación el documento, la inspección judicial y la confesión.
Por último, debe subrayarse que el discurso del recurrente en casación no se encuentra firmemente encaminado a la demostración de un error de hecho manifiesto, ostensible e inobjetable, sino a persuadir a la Sala para que asigne un mayor mérito probatorio a determinadas pruebas por encima de otras.
En este punto cabe recordar que conforme al artículo 61 del CPT y S.S., los jueces de instancia gozan de la facultad de apreciar libremente los medios de convicción para formar su convencimiento acerca de los hechos controvertidos, con fundamento en las pruebas que más los induzcan a hallar la verdad. Y salvo que sus apreciaciones se alejen de la lógica de lo razonable o atenten marcadamente contra la evidencia, la Corte no puede invadir y contraponer su propio criterio valorativo al de los juzgadores, ya que, de hacerlo, incurriría en una violación al ámbito de libertad de apreciación probatoria que el orden jurídico les otorga.
En estas condiciones, el Tribunal tenía la plena potestad de ponderar y sopesar los medios de convicción legalmente allegados al proceso y, con base en ello, asignar un mayor o menor mérito probatorio a unas pruebas por sobre otras, tal como ocurrió con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al que el citado juez plural le imprimió mayor fuerza para demostrar los hechos de interés al proceso.
Ahora bien, el deber de la Corte de respetar las conclusiones que los jueces de instancia obtengan con base en la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, es más patente en este asunto en el que existía un cúmulo de pruebas que apuntaban en distinta dirección, unas en favor del origen profesional de la enfermedad y otras en apoyo de su origen común. Esto quiere decir que la decisión informada del tribunal de inclinarse en pro de lo que acreditaba varias o una de ellas, salvo que estuviera provista de errores graves y manifiestos, tiene que ser respetada en casación.
Acusa al fallo impugnado de haber transgredido, por la vía directa y en el concepto de infracción directa, el artículo 11 del Decreto 1295 de 1994, los artículos 2º y 3º del Decreto 1832 de 1992, 25 y 35 del Decreto 2463 de 2001.
Argumenta que el Tribunal no aplicó el artículo 11 del Decreto 1295 de 1994, que establece la contingencia de la enfermedad y su profesionalidad con los parámetros de la presunción de legalidad y teoría de la causalidad.
Señala que el juzgador desconoce que la disposición en cita se inserta dentro del concepto de profesionalidad, lo que significa que la patología se puede originar como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo, o por el medio ambiente donde se ha obligado a trabajar y donde se encuentran los riesgos biológicos y químicos. Aclara que en el primer caso la causalidad es directa y en el segundo, indirecta o por la exposición al medio ambiente.
Explica que la presunción de legalidad está definida en el parágrafo primero, y la teoría de la causalidad en el parágrafo segundo, en el que se expresa que en los casos en que una patología no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se demuestre su relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como tal.
De la mano con lo precedente, afirma que el Tribunal desconoció los artículos 2º y 3º del Decreto 1832 de 1994, que igualmente establecen, en relación con la teoría de la causalidad, que si el padecimiento no está en la tabla de enfermedades, pero es consecuencia del factor de riesgo, debe ser reputado como profesional; y, a su vez, fijan los factores a identificar para determinar la relación causa-efecto.
Finalmente, asegura que el juez de segundo grado no citó ni aplicó lo previsto en el literal b) del artículo 25 del Decreto 2463 de 2001, que consigna las pruebas que deben ser tenidas en cuenta para calificar la enfermedad, cuyo texto transcribe.
El demandado sostiene que el recurrente, no obstante encaminó su cargo por la vía directa, “discutió respecto de las pruebas y del principal presupuesto fáctico del Tribunal: que la enfermedad del actor era de origen común”.
El Tribunal no infringió la regla jurídica conforme a la cual, en los casos en que una dolencia no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se demuestre su relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como tal. Lo anterior comoquiera que la citada corporación no encontró probado el nexo de causalidad entre la exposición a los agentes químicos o biológicos nocivos para la salud y la patología del demandante.
Debe subrayarse que si bien el parágrafo 1º del artículo 11 del D. 1295 de 1994 —actualmente declarado inexequible por la Sentencia C-1155 de 2008—, cuyo contenido es idéntico al del artículo 2º del D. 1832 de 1994, ordena reconocer el origen laboral a las enfermedades ocasionadas por exposición a sustancias químicas o físicas dañinas, así no estén en la tabla oficial de enfermedades, ello es a condición de que exista una relación de causa-efecto entre el factor de riesgo y la patología.
El fallo impugnado no reconoció implícita o explícitamente, ni encontró acreditado la existencia de ese nexo de causalidad. Es más, el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que tuvo en cuenta el Tribunal para solucionar el caso, deja en claro: (i) que el demandante, según la información disponible, no tuvo contacto con los productos a transportar; (ii) no estaba demostrada la existencia de “un factor epidemiológico que permita establecer la fibrosis pulmonar como una enfermedad profesional de presentación en marinos”; (iii) “a pesar del relato del trabajador acerca de un episodio de exposición aguda, no se encuentra documentación del mismo”; (iv) debía tenerse en cuenta “la multiplicidad de causa de la fibrosis pulmonar, distintas de la exposición laboral”, y (v) “no hay suficiente evidencia para demostrar la existencia de un factor de riesgo ocupacional causal de su enfermedad”.
En estas condiciones, es fácil percatarse de que el recurrente parte de una premisa falsa, esto es que el juez de segundo grado dio por probada la exposición del demandante a los factores químicos, cuando en realidad ocurrió todo lo contrario. Por esto mismo, cualquier raciocinio de la Sala encaminado a dilucidar si la insuficiencia de la exposición conduce o no a calificar de profesional la enfermedad, cae en el vacío, puesto que no está probada la presencia de un factor de riesgo causal ocupacional como tampoco la efectiva exposición del demandante a ese riesgo.
Con todo, es oportuno poner de relieve que la lectura que el recurrente hace del artículo 3º del D. 1832 de 1994 es equivocada, debido a que con arreglo a esta disposición, no existe una relación causa-efecto entre los factores de riesgo presentes en el sitio de trabajo con la enfermedad diagnosticada cuando se determine “que la exposición fue insuficiente para causar la enfermedad”.
Finalmente, la censura no aporta argumentos concretos, útiles y certeros que justifiquen la presunta violación del literal b) del artículo 25 del Decreto 2463 de 2001 por parte del juez de alzada. Además, no son claras las circunstancias jurídicas en que pudo haberse incurrido en la transgresión de una disposición legal que simplemente contiene un listado de los documentos que el interesado debe presentar ante las juntas de calificación de invalidez para obtener un pronunciamiento respecto al origen de su enfermedad.
Por la vía directa, le endilga a la sentencia recurrida la violación medio de los artículos 233, 238, 240, 241 y 243 del CPC, en relación con los artículos 174, 177 y 178 del mismo estatuto y 51, 60 y 145 del CPT y S.S., lo que condujo al quebrantamiento de la ley sustancial por interpretación errónea del artículo 11 del Decreto 1295 de 1995 y 2º y 3º del Decreto 1832 de 1994.
En un acápite denominado pruebas, menciona y resume las siguientes elementos de juicio: autos del 8 de julio y 26 de agosto de 2008 del Tribunal (fls. 577, 594 y 595), dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal (fls. 602618), tabla de calificación de pérdida de capacidad laboral (fl. 619), examen psiquiátrico practicado por el mismo instituto (fls. 620-627), auto del 22 de octubre de 2009 (fl. 654) y sentencia del tribunal (fls. 655-670).
Para demostrar su acusación sostiene que el juez de segunda instancia infringió la ley procesal y aplicó equivocadamente el artículo 82 del CPT y SS, al decretar una prueba pericial sin constituirse en audiencia de trámite. Al respecto cita un pasaje de la sentencia CSJ SL, 16 feb. 1998, rad. 10313.
A continuación, indica que el dictamen pericial estaba sujeto a las reglas de contradicción y valoración, de donde se sigue que el Tribunal no podía basarse en esta prueba al momento de emitir su decisión. En respaldo de su discurso, cita un extracto de la providencia CSJ SL, 10 jul. 2007, rad. 30961.
Por la vía indirecta, le atribuye a la sentencia impugnada la aplicación indebida de los artículos 2º, 10, 48, 54, 51, 52, 87, 60, 83 y 84 del CPT y SS, 174, 175, 178, 179, 177, 183, 187, 188, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 y 243 del CPC, “por cuanto la prueba pericial decretada de oficio en segunda instancia […] no se le corrió traslado a las partes para solicitar aclaraciones, correcciones, complementación o dar la posibilidad de objetar dicha prueba por error grave conforme al procedimiento y formalidades establecidas en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, la prueba no fue controvertida, ni se garantizó el debido proceso, por lo tanto se afectó la ley probatoria y la validez de la prueba pericial”.
Añade que la expresada infracción legal condujo al quebrantamiento de los artículos 11 del Decreto-Ley 1295 de 1994 y 2º y 3º del Decreto 1832 de 1994 y, de consiguiente, se incurrió en el error de hecho de “haber establecido, sentenciado o fallado el Honorable Tribunal por un peritaje que requería una determinada solemnidad para su validez”. Antes de su demostración, cita y resume las mismas pruebas del cargo tercero.
En el acápite que intitula demostración del cuarto cargo, la censura señala que el sentenciador cometió el error de hecho de dar por demostrado, sin estarlo, que conforme al dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la enfermedad del demandante es de origen común.
Reseña que el tribunal decretó y obtuvo una prueba de oficio, sin haberla colocado a disposición de las partes para efectos de su contradicción, por lo que se infringieron los artículos 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 y 243 del CPC. Aduce que con esta omisión se violó el derecho de defensa y el debido proceso, en detrimento de la ley probatoria, el artículo 29 de la CP y la validez de esta prueba. En apoyo de lo cual reproduce unos apartes de la sentencia CSJ SL, 11 sept. 2007, rad. 30961.
Por último, se sostiene que si bien el tribunal puede decretar de oficio todas las pruebas que estime pertinentes, ello no lo exime de la obligación de hacerlo en audiencia pública en la que las partes tengan la oportunidad de conocerlas y controvertirlas.
En cuanto al cargo segundo el opositor manifiesta que se consignan reflexiones en torno a las pruebas, no obstante que se encamina por la vía directa; y respecto al cuarto, asegura que alude a la validez de la prueba, a pesar de su orientación fáctica.
En cuanto al cargo cuarto, la Sala concuerda con el opositor en el sentido que el recurrente no podía elevar cuestionamientos relacionados con la validez de las pruebas en una acusación orientada por la vía indirecta, a menos que para la verificación de la violación de la ley sea indispensable remitirse a ellas y analizar su contenido con el objeto de constatar un posible error en su lectura, que condujo a la infracción de normas procesales y, consecuencialmente, a la transgresión de disposiciones sustanciales.
No obstante lo anterior, esta deficiencia no impide el estudio de los argumentos de la censura comoquiera que ellos también fueron reproducidos en la acusación segunda, esta sí orientada por la vía directa.
Ahora, el opositor también dirige una observación formal contra este cargo, dado que, a su modo de ver, involucra aspectos de valoración probatoria; sin embargo, tal reparo es infundado, puesto que la alusión que el recurrente hace a las pruebas es con el propósito de significar que está conforme con los autos y con lo que objetivamente se encuentra incorporado en el expediente. De ahí que el discurso de sustentación del cargo sea netamente jurídico y no aborde aspectos relacionados con los hechos o la valoración de las pruebas.
Dicho esto, encuentra la Sala que los motivos de inconformidad de la censura son dos: uno relacionado con la violación legal del tribunal de constituir una audiencia de trámite para el decreto de pruebas y otro atinente a su omisión de poner a disposición de las partes los elementos de juicio acopiados en la segunda instancia en aras de garantizar el principio de contradicción.
Para dar una respuesta es oportuno recordar que por línea de principio, el recurso de casación no está instituido para solucionar defectos o irregularidades procesales acaecidas en las instancias, cuando ellas han podido ser subsanadas por las partes a través de los recursos, remedios y herramientas que los sistemas procesales colocan a su disposición. En sentencia CSJ SL, 12 sept. 2008, rad. 32385, la Corte indicó que este medio de impugnación extraordinario no es el estadio “para que las partes solucionen fallas procedimentales o de práctica de las pruebas, que pudieron subsanarse efectiva y útilmente por medio de los instrumentos procesales de que se dispone durante el trámite ordinario en las instancias” y en CSJ SL, 10 jun. 2009, rad. 33304, explicó que “las cuestiones estrictamente procesales encuentran en las instancias su escenario natural de debate y definición, a través de los mecanismos previstos en las normas de enjuiciamiento”.
A la luz de lo anterior, es palmario que la omisión del tribunal de decretar la prueba pericial en audiencia y no por fuera de ella, podía ser alegada ante esa corporación en el momento en que dispuso decretar, a través de auto, la mencionada prueba. En esa oportunidad pudo el demandante poner de presente esta situación que solo hasta ahora se considera irregular.
En cuanto a la omisión del juez de alzada de correr traslado a las partes del dictamen pericial, cabe señalar que bien pudo alegarse antes de que el Tribunal dictara sentencia. Sobre todo, cuando esta prueba no ingresó subrepticiamente ni a escondidas al proceso, puesto que, por un lado, el actor la conoció al momento en que se decretó de oficio por la magistrada ponente, y por otro, la valoración médica contó con su intervención el 3 de diciembre de 2008, de manera que tenía pleno conocimiento de su existencia.
Ahora bien, la mencionada prueba fue recibida por el Tribunal el 1º de septiembre de 2009 y este colegiado citó a audiencia de decisión mediante auto del 22 de octubre de ese año, lo que quiere decir que el demandante, conocedor de la existencia de esta prueba y de su efectiva práctica, debió manifestarse y solicitarle a esta corporación que le corriera traslado para pronunciarse al respecto.
Todo lo anterior conduce a la Sala a concluir que si bien se presentó una irregularidad en las instancias, dado que conforme al artículo 243 del CPC, en armonía con el 238 de la misma obra, de la pericia “se correrá traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán pedir que se complemente o aclare, u objetarlo por error grave”, tal pretermisión legal quedó saneada en virtud de que la parte accionante, quien sabía a ciencia cierta de la existencia de esta prueba, no alegó nada al respecto.
Por lo anterior, los cargos no tienen asidero.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante y en favor de Positiva Compañía de Seguros S.A. Se fijan como agencias en derecho la suma de $3.250.000, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia dictada el 30 de octubre de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral que Fabián Erney Herrera Alarcón adelanta contra la junta nacional de calificación de invalidez y la ARP Instituto de Seguros Sociales, actualmente Positiva Compañía de Seguros S.A.

References: artículo 3
 artículo 7
 artículo 61
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 25
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 25
 artículo 11
 artículo 82
 artículo 238
 artículo 29
 artículo 243
 artículo 366