Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2010-0036-de-julio-19-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8b8556058f67e0cce0430a010151e0cc&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-16 14:21:07+00:00

Document:
﻿ Auto 2010-0036 de julio 19 de 2010
AUTO 2010-0036 DE 19 DE JULIO DE 2010
CONTENIDO:SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CONTRARIO A LO DISPUESTO EN LA LEY. PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN PARA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TERCER CANAL DE TELEVISIÓN DE OPERACIÓN PRIVADA DE CUBRIMIENTO NACIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONCESIÓN DE CANAL DE TELEVISIÓN, OFERENTE, SELECCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, PLIEGO DE CONDICIONES, LICITACIÓN DE CANAL PRIVADO DE TELEVISIÓN
Auto 2010-0036 de julio 19 de 2010
Rad.: 11001-03-26-000-2010-0036-00 (38.924)
Acción pública de nulidad con solicitud de suspensión provisional.
Por ende, el uso del mecanismo previsto en la licitación de la referencia (subasta ‘ascendente’ del artículo 72 de la Ley 1341) exige pluralidad de interesados, circunstancia esta que no se presentaría si solo se presenta un oferente o se habilita a un único proponente como se autoriza indebidamente en los pliegos de la licitación 02 de 2010. Ello es así, porque es evidente que lo que la Ley 1341 de 2009 pretende con la habilitación de la subasta, es que las ofertas se conformen mediante un sistema de ‘conformación dinámica’, porque no de otra forma se podrían cumplir los fines enunciados de ‘maximizar los recursos para el Estado’.
La Sala es competente para pronunciarse en única instancia acerca de la solicitud de admisión de la demanda y de la medida cautelar de suspensión provisional, por tratarse de una demanda interpuesta en ejercicio de la acción pública de nulidad, dirigida contra actos administrativos precontractuales expedidos por una autoridad del orden nacional como lo es la Comisión Nacional de Televisión (CCA, arts. 128, num. 1º y 154 y Ac. 55/2003, art. 13, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado).
“ART. 87.—Modificado. Decreto 2304 de 1989, artículo 17. Modificado. Ley 446 de 1998, artículo 32. De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado este, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato (...)”.
En este sentido conviene precisar que si bien en el presente caso en el expediente no obra constancia alguna acerca de la fecha exacta de publicación de los actos demandados —publicación que si se realizó y se efectuó a través del portal único de contratación, amén de que la naturaleza de tales actos permite descartar, en principio, la procedencia o la necesidad de que su respectiva eficacia estuviere sometida a su comunicación o a su notificación, actuaciones estas respecto de las cuales tampoco existe acreditación alguna—, lo cierto es que aun en el evento de tomar como punto de partida, para el cómputo del término de caducidad de la acción de nulidad, la fecha de expedición de la demandada Resolución 2010-380-000481-4, la cual no podría ser posterior en modo alguno a la publicación del también demandado pliego de condiciones, comoquiera que la publicación de dicho Pliego se ordenó realizar en el portal único de contratación, precisamente, a través del artículo tercero de la referida Resolución 2010-380-000481-4, aun en ese evento, bueno es precisarlo, hay lugar a concluir que la demanda correspondiente fue presentada en tiempo.
Ciertamente, si se asume que —como lo evidencia y lo señala el texto mismo de la Resolución 2010-380-000481-4—, la expedición del demandado acto administrativo que ordena la apertura de la licitación pública 002 de 2010 tuvo ocurrencia el día 7 de mayo del presente año, se tiene entonces que el plazo de los 30 días que la ley establece para que opere la caducidad de la acción de nulidad —30 días que naturalmente deben considerarse hábiles, de conformidad con lo previsto en CPC, art. 121(3) y C.C., art. 70 subrogado por el CRPM, art. 62(4)— es un plazo que vencía a la media noche del día 23 de junio de 2010 y dado que la demanda se radicó antes de que feneciere dicho término, concretamente durante el transcurso del señalado 23 de junio, es dable concluir entonces que la acción se ejerció de manera oportuna.
— En primer lugar, porque no deja de resultar extremadamente llamativo y hasta incongruente verificar que antes de que se hubiere ordenado siquiera la apertura de la licitación pública 002 de 2010, ya se hubiere anunciado, divulgado y/o publicitado, de manera formal y oficial, la apertura de una licitación cuya orden no se había impartido aun, puesto que, bueno es reiterarlo, dicha decisión únicamente se adoptó con posterioridad a esas fechas, esto es en mayo 7 de 2010;
— En segundo lugar porque resulta evidente que aunque las fechas aludidas son anteriores a la fecha de expedición de la resolución demandada, mal podría computarse la caducidad de la acción de nulidad impetrada contra dicho acto administrativo desde antes de que el mismo fuere proferido;
— En tercer lugar, porque aun en el evento en que se llegare a considerar que la publicación del acto administrativo demandado, por medio del cual se ordenó la apertura de la referida licitación 002 de 2010, se cumpliere únicamente a través de los avisos que se dispone incluir en diarios de amplia circulación, aun así habría que concluir que en el presente caso no operó la caducidad de la acción que se ha ejercido, puesto que en tal hipótesis habría que asumir también que tal publicación únicamente quedaría completa cuando se divulgaren todos los avisos, incluido el tercero —de otra manera carecería de sentido que se ordenaren todos ellos, puesto que con el de una sola fecha bastaría—, y ocurre que la fecha señalada para el último y tercer aviso se previó para el día 10 de mayo —con posterioridad a la expedición de la resolución demandada—, por manera que si a partir de ese último día se contabilizare el término de los 30 días, naturalmente se mantendría inmodificable la conclusión anunciada en el sentido de que la demanda se presentó, en este caso, dentro de la oportunidad establecida en la ley.
En relación con la ilegalidad del acto, el Consejo de Estado(6) ha precisado que esta debe ser evidente y deducible de la sola comparación entre el acto demandado y el ordenamiento jurídico superior que se indicó como infringido en la solicitud o a través de documentos públicos.
Para establecer si los actos demandados vulneran el ordenamiento jurídico superior, es necesario analizar el contenido de estas así como de la norma legal que se señala como infringida:
Publicación de avisos en diarios de amplia circulación Publicación Nº 1: 20 de abril de 2010
Audiencia de riesgos (num. 4.2 del pliego) 10 de mayo de 2010 a las 8:30 a.m.
Audiencia de aclaraciones del pliego (num. 4.3 del pliego) 18 de mayo de 2010 a las 8:30 a.m.
Fecha límite para recibir preguntas y solicitudes de aclaración del pliego (num. 4.1 del pliego) 25 de mayo de 2010
Audiencia de cierre de la licitación y apertura del sobre Nº 1 (num. 4.5 del pliego) 3 de junio de 2010 a las 4:00 p.m.
Publicación del informe de verificación y evaluación y plazo para presentar observaciones (nums. 4.6.1 y 4.6.2 del pliego) 28 de junio de 2010 al 6 de julio de 2010
Publicación de las observaciones presentadas al informe de verificación y evaluación y plazo para presentar contra observaciones (num. 4.6.3 del pliego) 7 de julio de 2010 al 9 de julio de 2010
Audiencia de subasta presencial y adjudicación (num. 4.9.1 del pliego) 22 de julio de 2010 a las 8:30 a.m.
ART. 4º—De conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 5º del Decreto 2474 de 2008, convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan control social sobre el proceso contractual de que trata la presente resolución.
ART. 5º—Integrar el comité evaluador y asesor, compuesto por la secretaría general —quien lo coordinará— y los jefes y subdirectores de cada una de las siguientes dependencias: subdirección de asuntos legales, subdirección técnica y de operaciones, subdirección administrativa y financiera, oficina de planeación, oficina de regulación de la competencia, y oficina de contenidos y defensa del televidente, o por quienes hagan sus veces, el cual, de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 12 del Decreto 2474 de 2008, verificará y evaluará las propuestas conforme a los términos y condiciones previstos en el pliego de condiciones.
3.2.1.2. El pliego de condiciones de la licitación pública 002 de 2010 y sus adendas modificatorias.
El presente proceso de selección se realizará bajo la modalidad de licitación pública prevista en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 48 de la Ley 182 de 1995, así como con lo expuesto en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 7 de octubre de 2009 (rad. 1966), y se adjudicará mediante el mecanismo de subasta de conformidad con el artículo 72 de la Ley 1341 de 2009”.
De conformidad con lo establecido en la Ley 182 de 1995, en particular en su artículo 48, y de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos 001 y 002 de 2008 de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión, solo podrán participar en la licitación y presentar propuestas las personas jurídicas que se encuentren debidamente calificadas, clasificadas e inscritas en el RUO para aspirar a ser operadores privados comerciales del servicio público de televisión en el nivel de cubrimiento nacional. De conformidad con lo anterior, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 182 de 1995, los actuales concesionarios de canales de televisión de operación privada de cubrimiento nacional no podrán participar en el presente proceso licitatorio.
El ofrecimiento más favorable para la Comisión Nacional de Televisión se determinará por la ponderación de los elementos de calidad y precio de conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 3º del artículo 12 del Decreto 2474 de 2008.
El proponente que oferte la menor suma de dinero en su primera oferta económica para competir y ser elegido no podrá presentar nuevas ofertas, salvo en el evento en que, de acuerdo con el informe final de verificación y evaluación, solo existan dos (2) proponentes habilitados. Los demás proponentes habilitados podrán presentar hasta dos nuevas ofertas económicas para competir y ser elegido en los términos previstos en el numeral 4.9.1 de este pliego de condiciones.
Con la presentación de cada oferta económica para competir y ser elegido en la audiencia de subasta presencial y adjudicación, el proponente se obliga por ese solo hecho al pago de esa nueva oferta, la cual se entiende que reemplaza en un todo cualquier otra oferta económica presentada por el mismo proponente, bajo el entendido que nunca podrá desmejorarse la anterior oferta presentada.
Se entenderá que existe un empate cuando dos o más proponentes habilitados ofrezcan idéntica suma de dinero en su primera oferta económica para competir y ser elegido. En este caso, la determinación de cuáles son los dos (2) proponentes habilitados que pueden presentar nuevas oferta(s) económica(s) para competir y ser elegido, se hará así:
En caso que aplicado este criterio dos proponentes ofrezcan la suma más baja, y por ende subsista un empate entre ellos dos, este se dirimirá por sorteo mediante balotas a favor del proponente empatado que saque la balota con el número más alto. De igual manera, cuando presentada la nueva oferta económica para competir y ser elegido, se presente un empate entre los tres (3) proponentes habilitados, el empate se dirimirá por sorteo mediante balotas a favor de los dos (2) proponentes habilitados que saquen las balotas con los dos números más altos.
En el evento en que solo resulte un proponente habilitado, y si la Comisión Nacional de Televisión decidiera adjudicar a este la concesión, dicho proponente acepta por el solo hecho de la presentación de la propuesta, que pagará por concepto de su oferta económica para competir y ser elegido el diez por ciento (10%) del precio base de la concesión. En tal evento, el precio de la concesión será de $ 113.749.900.000, que corresponde al precio base de la concesión de $ 103.409.000.000 más $ 10.340.900.000, por concepto de la oferta económica para competir y ser elegido” (fls. 57 a 185).
Respuesta: las prohibiciones contenidas en el artículo 56 de la Ley 182 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 335 de 1996, no son causales de inhabilidad para contratar sino que comportan la imposibilidad de ser simultáneamente titular de más de una concesión de televisión.
Por tanto, quienes en la actualidad son concesionarios de espacios de televisión, o de canales locales, o socios de estos, podrán participar en el proceso de adjudicación de un tercer canal de televisión nacional de operación privada, pero deberán renunciar a las concesiones de las cuales sean titulares en caso de resultar adjudicatarios.
(...) Como se observa en su título, el artículo está dirigido a establecer reglas para los procesos de asignación del espacio electromagnético cuando existe pluralidad de oferentes. Su observancia es obligatoria, pues la ley utiliza la expresión “deberán”.
(...) Para ello, el artículo obliga en primer lugar a que previamente al inicio del proceso contractual se determine si existe o no un número plural de interesados, lo cual, en caso de la televisión, se logra con la exigencia de inscripción previa en el RUO (art. 182-a(10)).
(...) En el mismo sentido, conforme a la doctrina económica, la subasta no se identifica necesariamente con un sistema de pujas sucesivas, que es solo uno de los varios modelos de adjudicación o de compra de un bien por “subasta”; lo que caracteriza dicho mecanismo, como indica la sentencia en cita, es la venta o adquisición de un bien en razón del precio ofrecido, ya sea en uno solo o en varios ofrecimientos(11).
(...) Por tanto, para la Sala es claro que el artículo en cuestión no impone la obligación de adjudicar por subasta el servicio de televisión (da esa alternativa si se considera viable) y mucho menos deroga los criterios de adjudicación que se establecen en la Ley 182 de 1995 para la concesión de canales nacionales de operación privada.
(...) Visto lo anterior, la confrontación del artículo 72 de la Ley 1341 de 2009 con lo que dispone la Ley 182 de 1995 respecto al procedimiento y criterios que deben usarse para adjudicar el servicio de televisión, lleva a la Sala a las siguientes conclusiones:
(...) En consecuencia, el uso de la subasta solo podría hacerse, de considerarse conveniente a juicio de la Comisión Nacional de Televisión y dentro de la autonomía y margen de apreciación que le concede la Constitución y la ley(14), una vez estuvieran satisfechas las necesidades relacionadas con la verificación de las condiciones técnicas, profesionales y de idoneidad de los eventuales concesionarios, así como “la capacidad de los oferentes para ofrecer una programación más ventajosa para el interés público, con el fin de salvaguardar la pluralidad de ideas y corrientes de opinión, la necesidad de diversificación de las informaciones” y “el número de horas de programación ofrecida, mayor número de horas de programación nacional y la viabilidad económica de programación del servicio” (L. 182/95, art. 48, lits. b, l y n).
(...) En este esquema, la Sala considera que en caso de empate, donde ya se daría por sentado que ambas propuestas serían técnicamente elegibles y se encontrarían en las mismas condiciones en cuanto a las calidades de los aspirantes y de la programación ofrecida, sería posible analizar la conveniencia y viabilidad de usar mecanismos para maximizar el precio que se recibiría por la concesión, entre ellos, precisamente, la subasta.
“1. ¿La pluralidad a la que se refiere el concepto, se predica respecto del número de inscritos en el RUO, respecto del número de proponentes, entendiendo por estos, aquellos que presentan propuesta al término del plazo de la licitación (al cierre de la misma), o respecto del número de proponentes hábiles”.
Respuesta. En la medida que la actual inscripción en el RUO se encuentre dentro del período de vigencia, no se haya anulado o suspendido y sus titulares no hubieren solicitado su retiro o cancelación, no existiría ningún impedimento para acudir a ese registro, en los términos de la Ley 182 de 1995.
4. ¿Habría lugar a la aplicación de la previsión normativa prevista del artículo 90 del Decreto 2474 de 2008, en el evento en que solo se presente una propuesta en el proceso de licitación que se establece en el pliego de condiciones publicado el día 29 de octubre de 2009 y en las adendas expedidas, en particular las adendas 2 y 3?
Explicó que si bien el artículo 90 del Decreto 2474 de 2008 faculta a las entidades para adjudicar el contrato a un único oferente, lo cierto es que dicha disposición legal alude a la subasta inversa —en el caso de la concesión del tercer canal la subasta es ascendente— y esa posibilidad es la última opción y la residual a la cual debe acudir la administración, la cual solo resulta viable luego de agotados todos los recursos para garantizar la participación de varios proponentes. En todo caso, concluyó que para efecto de la adjudicación del tercer canal, las disposiciones legales aplicables son las especiales:
“(...) Como ya se mencionó y se explicó suficientemente en el concepto cuya ampliación se solicita, el proceso de selección y adjudicación de los canales de televisión nacional abierta debe responder en cualquier caso, tanto a los criterios de escogencia señalados en la Ley 182 de 1995 (art. 48, lits. b, l y n referentes a la calidad de las propuestas y de los contenidos ofrecidos), como a los fines de maximización de los recursos del Estado establecidos de manera general para todas las concesiones de explotación del espacio electromagnético, según lo dispuso el artículo 72 de la Ley 1341 de 2009.
(...) Por tanto, dicho registro le permite conocer de antemano a la Comisión Nacional de Televisión, si existe o no pluralidad de interesados en participar en la adjudicación de los canales nacionales de operación privada, lo cual se complementa con la obligación que en ese sentido está prevista en el artículo 72 de la Ley 1341 de 2009, que señala:
(...) Precisamente, en el caso consultado, el proceso contractual, tanto en su concepción inicial, como con la adopción posterior del mecanismo de subasta para el desempate entre oferentes, está cimentado en la fijación por parte de la CNTV de un precio base para participar(17), a la espera siempre de que los interesados compitan sobre ese valor con ofertas que lo superen en una o varias posturas, de manera que la adjudicación se logre, en cualquier caso, por un precio mayor al estimado inicialmente en el pliego de condiciones, lo que, como pasa a verse, requiere pluralidad de oferentes.
(...) Pero, si solo existe un oferente y este de antemano sabe que no habrá competencia (porque es el único inscrito en el RUO o porque los demás interesados se retiran del proceso contractual antes de vencerse el plazo para presentar ofertas), es claro que aquel no tendría ningún interés en hacer un ofrecimiento por encima del precio base o a lo sumo por ese valor más uno (x + 1), lo cual le bastaría para cumplir, formalmente, con la exigencia del pliego de condiciones de presentar una oferta económica para competir y ser elegido que sea superior al precio inicial propuesto por la CNTV; no obstante, es claro que en ese escenario se desvanecerían los propósitos del respectivo proceso contractual y se estaría renunciando por anticipado a una oferta real y efectiva por encima del precio base que se ha fijado.
Además, en la medida en que el proceso contractual del tercer canal también está estructurado para que los aspectos técnicos y de programación (no solo los económicos) se mejoren por los proponentes a partir de la expectativa de competencia entre ellos(18), el hecho de hacer una licitación con un oferente único al que le bastaría conformarse con los requerimientos mínimos del pliego, afectaría también la calidad de la propuesta que se espera, que, como señaló la Sala, debe ser igualmente tenida en cuenta por la CNTV por mandato de la Ley 182 de 1995.
Numeral 4.11. del pliego de condiciones Artículo 72 de la Ley 1341 de 2009
“4.11. Obligatoriedad de la oferta para el proponente habilitado único.De conformidad con el artículo 90 del Decreto 2474 de 2008, la Comisión Nacional de Televisión podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una propuesta, y esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, y siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en el pliego.En el evento en que solo resulte un proponente habilitado, y si la Comisión Nacional de Televisión decidiera adjudicar a este la concesión, dicho proponente acepta por el solo hecho de la presentación de la propuesta, que pagará por concepto de su oferta económica para competir y ser elegido el diez por ciento (10%) del precio base de la concesión. En tal evento, el precio de la concesión será de $ 113.749.900.000, que corresponde al precio base de la concesión de $ 103.409.000.000 más $ 10.340.900.000, por concepto de la oferta económica para competir y ser elegido. “ART. 72.—Reglas para los procesos de asignación de espectro con pluralidad de interesados.Con el fin de asegurar procesos transparentes en la asignación de bandas de frecuencia y la maximización de recursos para el Estado, todas las entidades a cargo de la administración del espectro radioeléctrico incluyendo al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión Nacional de Televisión, deberán someterse a las siguientes reglas:Previamente al proceso de otorgamiento del permiso de uso del espectro radioeléctrico de asignación o de concesión de servicios que incluya una banda de frecuencias, se determinará si existe un número plural de interesados en la banda de frecuencias correspondiente.En caso de que exista un número plural de interesados en dicha banda, y con el fin de maximizar los recursos para el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, se aplicarán procesos de selección objetiva entre ellos la subasta.Apartes tachados inexequibles y subrayados condicionalmente exequibles(20) Cuando prime el interés general, la continuidad del servicio, o la ampliación de cobertura, el ministerio podrá asignar los permisos de uso del espectro de manera directa.
De la comparación entre el aparte del pliego de condiciones acusado y la norma superior que se indica transgredida, la Sala advierte que mediante el demandado pliego de condiciones la Comisión Nacional de Televisión contempla y/o autoriza la adjudicación de la concesión a través del mecanismo de subasta aún cuando solo hubiere un único proponente habilitado, circunstancia que contraría abiertamente lo dispuesto por la ley.
Basta recordar el contenido del numeral 1.7 del pliego de condiciones de la licitación pública en mención, para concluir que la Comisión Nacional de Televisión previó y escogió el mecanismo de la subasta como aquel aplicable para la adjudicación y destacó que, para tal efecto, se tendría en cuenta lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto que esa corporación emitió el 7 de octubre de 2009, según el cual, como ya se mencionó, resulta necesaria y obligatoria la pluralidad de ofertas desde el inicio del procedimiento administrativo de la licitación pública e incluso hasta el cierre de la licitación misma.
El presente proceso de selección se realizará bajo la modalidad de licitación pública prevista en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 48 de la Ley 182 de 1995, así como con lo expuesto en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 7 de octubre de 2009 (rad. 1966), y se adjudicará mediante el mecanismo de la subasta de conformidad con el artículo 72 de la Ley 1341 de 2009” (resaltado por fuera del texto original).
2. NOTIFICAR PERSONALMENTE al señor director de la Comisión Nacional de Televisión en los términos del artículo 150 del Código Contencioso Administrativo.
Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio—Gladys Agudelo Ordóñez—Mauricio Fajardo Gómez.
(1) La Sala precisó en la sentencia del 24 de junio de 2004, Expediente 15.235, C.P. Ricardo Hoyos Duque, que el pliego de condiciones es “un acto administrativo, que cuando contiene cláusulas violatorias de la ley de contratación que restrinjan ilegalmente la participación de los oferentes o que de alguna manera se conviertan en un obstáculo para la selección objetiva, es posible demandarlo en acción o de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho en defensa de la legalidad que debe presidir toda actuación administrativa, tal como lo establece el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo con las modificaciones que le introdujo el artículo 32 de la Ley 446 de 1998”. Puede consultarse igualmente la sentencia del 11 de diciembre de 2003, Expediente 15.796, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(2) Acerca del alcance y de sentido del texto que corresponde al artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, en los términos en los cuales quedó después de la modificación que al mismo introdujo el artículo 32 de la Ley 446, expedida en el año de 1998, se pueden consultar, entre otras providencias, las siguientes: i) Sentencia del 13 de diciembre de 2001. Expediente: 19.777. Actor: Sociedad Arias Serna y Saravia S.A. C.P. Ricardo Hoyos Duque. ii) Auto del 7 de octubre de 2004. Expediente: 26.649. C.P. María Elena Giraldo Gómez. iii) Auto del 7 de octubre de 2004. Expediente: 26.649. C.P. María Elena Giraldo Gómez. iv) Auto del 2 de agosto de 2006. Expediente 30.141. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. v) Sentencia del 29 de junio de 2000. Expediente: 16.602. C.P. María Elena Giraldo Gómez; vi) Auto del 23 de mayo de 2002. Expediente: 22.049. C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(4) “ART. 70.—subrogado. CRPM, artículo 62. Suspensión de los plazos. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.
“ART. 139.—Modificado Decreto 2304 de 1989, artículo 25. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, si son del caso; y los documentos, contratos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder (...). Deberá acompañarse también el documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona (...) y la prueba de la existencia y representación de las personas jurídicas distintas de las de derecho público que intervengan en el proceso. (...) Deberá acompañarse copias de la demanda y sus anexos para la notificación de las partes”.
(6) Sección Primera. Auto del 17 de noviembre de 1988. También pueden consultarse las siguientes providencias: 30 de enero de 1992. Expediente: 7089 C.P. Julio César Uribe Acosta; 4 de marzo de 1994. Expediente: 8470. C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
(8) También puede consultarse el auto del 7 de octubre de 2004. Exp: 26.649. C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(9) Concepto 1966 del 5 de octubre de 2009. Expediente: 2009-0049. C.P. William Zambrano Cetina.
(10) ART. 182— (...) “a) Solo podrán participar en la licitación respectiva y celebrar contratos, las personas que se encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas con anterioridad a la apertura de la licitación en el registro único de operadores del servicio de televisión, que estará a cargo de la Comisión Nacional de Televisión y cuya reglamentación corresponderá a la junta directiva de esta.
Esta vigencia solo se exigirá para participar en la licitación o la celebración del contrato o licencia respectiva. Los factores calificados del registro, no podrán ser materia de nuevas evaluaciones durante el proceso licitatorio; (...)” Concordante con el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, que establece que en tratándose de cualquier tipo de concesiones no se requiere el registro único de proponentes y que en tal caso cada entidad cumplirá con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes.
(11) Así, la doctrina distingue cuatro tipos básicos de subasta: Subasta con sobre cerrado a primer precio: el comprador solo puede realizar una oferta, sin conocer cuál es el precio que ofrecen los demás; es decir, que “cada uno de los postores sabe cuánto valora el bien, pero ignora la valoración de los otros” (Singer, Marcos, 2002). La adjudicación se hace a la oferta más alta. En este esquema, pujar alto para estar por encima de las otras propuestas (que se desconocen) supone aumentar la probabilidad de ganar, pero se asume pagar un precio alto por el bien ofrecido. Según Riascos Villegas “en esta subasta los agentes observan su valoración (información) y hacen una oferta. Gana el que ofrece más alto y paga por lo ofertado” (Introducción a la Teoría de las subastas, 2008, Universidad de los Andes).
Cada una de estas subastas es a su vez susceptible de muchas variantes (al respecto pueden verse, entre otros, Usategui, José María; Subastas, señales y otras respuestas a las asimetrías de información, Universidad del País Vasco, 2003, página 23-26; Singer Marcos, Una introducción a la teoría y práctica de las subastas, Revista Abante, volumen 5, 2002; Mavila Daniel, Las subastas, Instituto de Investigación, Facultad de Ingeniería Industrial UNMSM, 2003; Millán Placi María Florencia, Aplicación de la teoría de las subastas, www.aaep.org.ar/espa/anales/PDF_02/millan.pdf; Aparicio Roqueiro Carlos, La regulación de las OPA, regulación europea y ofertas sobre empresas; Comisión Nacional del Mercado de Valores, monografía Nº 20, Madrid, 2007; Durá Juez Pedro, Teoría de las subastas y reputación del vendedor, Comisión Nacional del Mercado de Valores monografía 3, Madrid, 2003).
(12) “ART. 2º—De las modalidades de selección.La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento” (se resalta).
(14) Sobre las competencias de la Comisión Nacional de Televisión en materia contractual, en concreto para adjudicar los contratos de concesión y reglamentar las respectivas licitaciones puede verse la Sentencia del 14 de agosto de 2008 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, en la que se rechazó la nulidad de la reglamentación expedida por esa comisión para el registro único de operadores del servicio público de televisión en la modalidad de servicio de televisión por suscripción”. El Consejo de Estado recuerda que el artículo 33 de la Ley 80 de 1993 establece que “los servicios de televisión se concederán mediante contrato, de conformidad con las normas legales y disposiciones especiales sobre la materia” y que a su vez el artículo 5º de la Ley 182 de 1995 dispone que a la CNTV le corresponderá reglamentar el otorgamiento y prórroga de las concesiones para la operación del servicio, así como “los requisitos de las licitaciones, contratos y licencias para acceder al servicio”. En Sentencia C-949 de 2001 la Corte Constitucional declaró exequible el aparte subrayado anteriormente: “por lo que respecta al parágrafo del artículo 33 de la Ley 80 de 1993, la acusación será desestimada, pues tal como se determinó en acápite precedente, la competencia del Congreso de la República para dictar un estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional, conforme a lo preceptuado en el inciso final del canon 150 superior, no comporta la obligación para el legislador de adoptar un estatuto único mediante la modalidad legislativa de las leyes estatutarias o de las leyes marco reguladas en los artículos 150-19 y 152 del ordenamiento fundamental, sino la de expedir una ley ordinaria contentiva de principios y reglas destinadas a orientar la actividad contractual del Estado (...) De igual forma, podía el legislador por medio del parágrafo impugnado preservar la especialidad de las normas que regulan la contratación de los servicios de televisión. Las anteriores consideraciones son suficientes para declarar la constitucionalidad del parágrafo demandado en relación con los cargos imputados por el actor”. Igualmente, puede verse Sentencia C-351 de 2004.
(15) Concepto 1966 del 5 de octubre de 2009. Expediente: 2009-0049. C.P. William Zambrano Cetina.
(20) Apartes tachados declarados INEXEQUIBLES, y apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-403 según comunicado de prensa de la Sala Plena de 26 de mayo de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa, ‘en el entendido de que la posibilidad de asignación directa de la banda solo podrá extenderse por el término estrictamente necesario para que la administración convoque un proceso de selección objetiva’.

References: artículo 72
 artículo 17
 artículo 32
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 48
 artículo 72
 artículo 48
 artículo 56
 artículo 12
 artículo 56
 artículo 13
 artículo 72
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 72
 artículo 72
 Artículo 72
 artículo 90
 artículo 2
 artículo 48
 artículo 72
 artículo 150
 artículo 87
 artículo 32
 artículo 87
 artículo 32
 artículo 62
 artículo 25
 artículo 6
 artículo 33
 artículo 5
 artículo 33