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Timestamp: 2018-03-23 01:29:56+00:00

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Sindicato Mexicano de Electricistas (Blog): 18-feb-2014
Plan de Acción actualizado al 17 de Febrero de 2014
Martes 18 de febrero de 2014, p. 12
La marcha se inició en el kilómetro 35 de esa carretera y llegó hasta los límites de los municipios de Lerma y San Mateo Atenco, por el kilómetro 52. Metros más adelante, la policía estatal salió al encuentro de los manifestantes.
Unos 600 efectivos antimotines de la policía estatal intentaron impedir el paso a los maestros que se dirigían a Toluca, pero cuando éstos se comprometieron a no bloquear la vialidad, sino caminar por uno de los tres carriles de la carretera, los dejaron pasar sin mayor incidente.
Los profesores advirtieron que sólo suspenderían su protesta si dialogaban con el gobernador Eruviel Ávila Villegas, pero al final aceptaron entrevistarse con el secretario general de Gobierno, Efrén Rojas Dávila, en un punto intermedio entre Toluca y La Marquesa, y la movilización concluyó en Lerma al filo de las 17:30 horas.
En ese contexto, el primer cuadro de Toluca quedó ayer en punto de las 6 de la mañana totalmente bajo control del Estado Mayor Presidencial, que junto con el Ejército y la Marina resguardará todos los inmuebles donde se desarrollará la cumbre, a la que acudirán el presidente Enrique Peña Nieto, su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper.
Las calles del centro toluqueño fueron cerradas a la circulación vehicular, y hay restricciones para el paso peatonal, ya que para ingresar al polígono de seguridad se requiere identificación y justificar la visita, además de someterse a una revisión física que realizan policías y soldados, luego de pasar por arcos detectores de metal.
Mientras, en el municipio de Chalco, el gobernador Ávila Villegas aseguró que siete de cada 10 estadunidenses y ocho de cada 10 mexicanos ven con buenos ojos el intercambio comercial entre México, Canadá y Estados Unidos.
Los ferrocarriles están a punto del descarrilamiento total. En la imagen, Ferrovalle, empresa ubicada en TlalnepantlaFoto Luis Humberto González /Archivo
Martes 18 de febrero de 2014, p. 5
Las concesionarias del ferrocarril Kansas City Southern y Ferromex (Union Pacific) iniciaron un proceso de chantaje a las grandes empresas a las que ofrecen el servicio de transporte de carga, para que a su vez presionen al Senado a no aprobar la minuta de la Ley del Servicio Ferroviario, informó el diputado Abel Guerra Garza (PRI)
El legislador, quien presentó la iniciativa de reforma en diciembre, dijo: ‘‘Llamaron a los empresarios importantes de Nuevo León y les advirtieron que si la reforma pasa, ya no les darán el servicio. Cementos Mexicanos (Cemex) ya no usa el ferrocarril por el chantaje del que son víctimas’’.
Sin embargo, el senador consideró que la minuta será ratificada por el Senado, porque hay una corriente de la iniciativa privada interesada, ‘‘aunque no faltará algún palero. A los diputados panistas, los empresarios los llamaron para aprobar la enmienda, porque serán los más beneficiados con la reforma’’, expresó en entrevista con La Jornada.
Explicó que en los títulos de concesión, las empresas aceptaron cualquier reforma legal del Congreso. ‘‘No estamos haciendo nada al margen de ellos, que conocen el contenido de los títulos’’, afirmó.
‘‘La reforma de la década de los 90 modificó el artículo 28 de la Constitución para que los ferrocarriles pasaran de servicio estratégico a prioritario, y en la concesión se dividió el país en tres territorios. Aunque originalmente no fueron los concesionarios, sino empresas que ya desaparecieron, Kansas City Southern controla dos y Union Pacific, o Ferromex, uno’’, explicó.
–¿El título de concesión es demasiado laxo como para que impongan sus tarifas?
–Exactamente. Lo que no entiendo es el pataleo, porque también en el título se explica que la concesión es a 50 años, pero solamente 30 son de exclusividad territorial, y ya pasaron 20.
–¿Las nuevas vías pueden ser de carga o pasajeros? –se le preguntó enseguida.
–Así lo indica la ley. Kansas City Southern trata de confundir con el argumento de que en la misma vía de carga no pueden pasar trenes de pasajeros. Obvio, no es la intención, y por razones de logística, horarios...
‘‘Todas las obras anunciadas por el gobierno son en vías nuevas, no vinculadas a los derechos de paso. También se tiene que dar el servicio de interconexión, como obligación de los concesionarios a permitir el paso y el arrastre de cualquier otro permisionario o concesionario.
‘‘Actualmente, quien quiera llevar una carga de Yucatán a Chihuahua debe contratar con distintas empresas. Lo que se quiere es contar con permisionarios que ofrezcan servicios sin estar sujetos a sus tarifas.’’
–¿Actualmente operan como monopolio?
–Exacto: tanto las empresas Kansas como Ferromex tienen un territorio limitado.
‘‘Actúan como monopolio, y el ejemplo es que si el gobierno de Nuevo León quiere hacer una vía, Kansas recurre al amparo aduciendo su exclusividad territorial. La reforma pretende recuperar la vocación logística del ferrocarril para otros mercados, pero con un ferrocarril que no colabora no se puede competir. El ferrocarril no puede quedarse al margen del proceso reformador.’’
–¿Y si del Senado les devuelven la minuta por esas presiones?
–Ello es remoto. Pero vamos a suponer que se frena. Seguirá el monopolio 10 o 12 años más. Aun así, la ‘‘exclusividad territorial’’ se acaba en ese mismo periodo y de todos modos enfrentarán la competencia –consideró.
‘‘Las empresas actúan con soberbia. Al día siguiente que se anunció la red de trenes de pasajeros advirtieron que no (correrían) por sus vías. En primera, no son de ellos, sino de la nación, y no es la idea usar sus vías.
‘‘Son tan soberbios que no ven que en la cámara hay casi 120 ex alcaldes que los padecimos. En Estados Unidos el ferrocarril sigue siendo estratégico en su Constitución. Se permite la participación del capital privado, pero con muchas restricciones. Aquí se privatizaron en una época en la que la tendencia era la contraria. Zedillo y sus colaboradores no lo vieron así.’’
Corte suspende acuerdo judicial que favorecía a Televisa en su litigio con Dish
MÉXICO, D.F. (apro).- La ministra Olga Sánchez Cordero admitió a trámite la controversia constitucional promovida por la presidencia de la República y por lo pronto suspendió el acuerdo de un juez civil del Distrito Federal que frenó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para pronunciarse sobre la retransmisión de canales abiertos en los sistemas de cable.
El acuerdo del juez 32 de lo civil en el Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, anunciado la semana pasada, queda sin efectos hasta que la Corte resuelva si procede el recurso constitucional. En caso de que lo admita, el acuerdo seguirá suspendido hasta la solución definitiva del juicio constitucional.
El presidente Enrique Peña Nieto interpuso la controversia el pasado jueves por considerar que el juez, como integrante del Poder Judicial del DF, invadió las facultades que le corresponden al Ejecutivo Federal.
A través de la consejería jurídica, Peña Nieto se inconformó ante el acuerdo del juez, quien le negó al IFT la facultad de decidir sobre el llamado must carry-must offer, el principio que permitiría que los canales abiertos públicos concesionados a Televisa y TV Azteca sean retransmitidos de forma gratuita por las televisoras de cable.
El acuerdo del juez respondió a la petición de Televisa como parte de la controversia que mantiene con la empresa Dish. En el juicio, el oligopolio argumenta que busca la defensa de los derechos de autor.
El Ejecutivo federal argumenta que la decisión es parte de las facultades que tiene el IFT con base en el artículo 62 de la Constitución Política. El Instituto, sin embargo, es un ente autónomo, por lo que la ministra Sánchez Cordero deberá analizar si la presidencia de la República tiene representación jurídica para interponer el recurso.
Suspende ministra resolución de juez que negó a Ifetel facultades de retransmisión
Jesús Aranda, Víctor Ballinas y Miriam Posada García
Martes 18 de febrero de 2014, p. 23
La ministra Olga Sánchez Cordero admitió la controversia constitucional que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en contra del acuerdo emitido por el juez 32 de lo Civil del Distrito Federal, que determinó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de los canales de televisión abierta a través de canales de televisión restringida.
Sánchez Cordero concedió la suspensión de la resolución del juez 32 de lo civil del Distrito Federal por considerar que dicha sentencia invadía incluso atribuciones exclusivas de la Suprema Corte. Sin embargo, el Ifetel tendrá que esperar a que la Corte resuelva el fondo de la controversia para determinar si Dish puede retransmitir o no las señales de televisión abierta de Televisa y Tv Azteca.
Anoche, a través de un comunicado, la Presidencia de la República informó haber sido notificada del acuerdo emitido por la ministra Sánchez Cordero, mediante el cual se acepta la controversia presentada por el presidente Peña Nieto.
La demanda presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República fue admitida a trámite el pasado jueves por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza, quien ese mismo día la turnó a Sánchez Cordero, quien este lunes admitió la demanda y emplazó al Ejecutivo federal, al Ifetel y al juez 32 de lo Civil del Distrito Federal para que aleguen lo que a su derecho corresponda.
Sánchez Cordero no tiene fecha límite para presentar ante el pleno de ministros su proyecto de dictamen ya que, trascendió, en su demanda Peña Nieto no solicitó a la Corte que se agilizara la resolución de la controversia.
El pasado jueves, la Consejería de la Presidencia de la República interpuso la controversia constitucional contra el juez que negó al Ifetel las facultades para resolver sobre la retransmisión en televisión de paga de los contenidos de la televisión abierta, por considerar que el juzgador local invadió las facultades constitucionales del instituto al no permitirle que resolviera sobre el diferendo entre Televisa y Tv Azteca con Dish por el llamado must carry y must offer.
En tanto, el senador del PRD, Zoé Robledo, denunció que el Congreso hizo un exhorto al Ifetel, el 29 de enero, para que hiciera uso de sus facultades y resolviera de manera prioritaria la preponderancia de los agentes económicos en el mercado de telecomunicaciones involucrados directa e indirectamente en la retransmisión de señales radiodifundidas , pero inexplicablemente la mesa directiva de la Comisión Permanente lo turnó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Añadió que la SCT me respondió, pues fui yo quien promovió el exhorto al Ifetel, que no era competente como dependencia, ya que el Ifetel es órgano autónomo. Claro, eso lo sabemos, por eso el Congreso aprobó el exhorto al Ifetel, no a la SCT .
Por ello, cuestionó el senador del PRD, queremos saber por qué se le envió a la SCT el oficio que era para el Ifetel , y hacemos un llamado a la SCT para que nos muestre el oficio que recibió, o si la respuesta que nos hizo llegar la hizo de manera oficiosa o la atrajo por alguna otra razón .
No se violan derechos autorales con la retransmisión: Bauer
El apoderado legal de Dish, Peter Bauer, señaló que con la retransmisión de programas de Televisa no se violan sus derechos autorales y tampoco se invade el mercado publicitario. Indicó que en el litigio promovido por Televisa en contra de Dish a través del juzgado 32 de lo civil no se defienden los derechos de autor de cantantes, músicos o actores en general, sino los de la televisora como productora de contenidos, y destacó que si bien la Constitución protege los derechos de autor, también instruye con precisión al Ifetel sobre la retransmisión de señales.
En respuesta a la postura que fijó Televisa en entrevista radiofónica con Multivisión el viernes pasado, Peter Bauer dijo por el mismo medio que la táctica de Televisa de recurrir a un litigio para detener el trabajo del Ifetel es similar a la que se usó en 2010 con la licitación 21, cuando se puso en jaque la capacidad del Estado para asignar espectro . Añadió que lo que se verá en adelante será una estrategia para retrasar todo lo que a Televisa no le convenga, y adelantar los temas de telecomunicaciones donde la empresa tiene todo que ganar .
Bauer señaló que es cierto que en el litigio con Televisa un tribunal colegiado señaló que el juzgado 32 tiene facultades para resolver sobre derechos autorales pero, puntualizó, se trata de un caso de 2011, antes de la reforma constitucional mediante la cual se creó el Ifetel como organismo autónomo con facultades otorgadas por la Constitución, por lo que el juez 32 ha sido temerario al afirmar que el Ifetel no puede ordenar la retransmisión de señales, y lo responsabilizó de tener una conducta contumaz .
Explicó que Televisa no puede alegar afectación a los derechos de autor ni a sus intereses económicos con la retransmisión de señales o contenidos, porque no hay explotación comercial. “No existe tal porque la Constitución estableció como parámetros para la retransmisión la gratuidad, integridad y simultaneidad, incluyendo la publicidad. Y esa publicidad le genera ingresos a Televisa, Azteca y a cualquiera en los mismos términos porque a final de cuentas en televisión abierta los anunciantes le pagan a las televisoras por cada televidente que mira sus comerciales. Así hay 2.5 millones de telehogares que ya no ven la tele con antena de conejo y la ven a través de Dish, esos millones cuentan para las tarifas publicitarias que se le pagan a Televisa y Tv Azteca, no se violan derechos autorales. No se viola la Constitución”.
Pide Televisa correcta aplicación de la reforma constitucional
Televimex, filial de Televisa para la transmisión de contenidos en televisión abierta, señaló al Ifetel que en los lineamientos para la aplicación del must carry y must offer se hace una incorrecta interpretación del mandato constitucional y se tiene un inadecuado concepto de señal y territorio nacional , por lo que no puede ordenar la retransmisión de los canales 2 y 5 de esa empresa.
En un documento que Televimex presentó al Instituto Federal de Telecomunicaciones como parte de la consulta pública sobre los lineamientos generales para el cumplimiento del must carry y must offer, el representante de la empresa, Joaquín Balcárcel Santa Cruz, señaló que su representada se manifiesta a favor de la correcta aplicación de la reforma constitucional a telecomunicaciones, y argumentó que la interpretación legal que se da en los lineamientos es incorrecta y conlleva serias distorsiones a la normatividad vigente .
La SCJN avala al IFT frente a litigio con Televisa
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano regulador del sector, obtuvo el 17 de febrero un triunfo jurídico frente a la estrategia dilatoria de Grupo Televisa para la definición del asunto del must carry y must offer.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional interpuesta vía el Ejecutivo Federal el pasado 13 de febrero y otorgó la suspensión de los actos del juez 32 de lo civil del DF, que había señalado que IFT no “tenía facultades” para definir la retransmisión gratuita de las señales de televisión abierta en la industria de la televisión restringida.
La ministra Olga Sánchez Cordero dictó dos acuerdos: el primero para admitir la controversia y el segundo para conceder “la suspensión en contra de los actos reclamados del juez trigésimo segundo de lo civil del Distrito Federal” basándose en el argumento de que el IFT es el responsable de definir este tipo de políticas.
La conserjería jurídica del Ejecutivo Federal emitió un comunicado en el que establece que “con esta resolución, el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrá ejercer sus atribuciones constitucionales, sin perjuicio de que la controversia constitucional siga su trámite hasta que la Suprema Corte de Justicia dicte la sentencia respectiva”.
La especialista Irene Levy, presidenta de Observatel, consideró que el IFT ya podrá reanudar con la discusión que quedó suspendida el pasado 12 de febrero por la notificación de este juez que favorecía la causa de Grupo Televisa en contra del Grupo Dish, compañía que reclama la retransmisión de los canales de televisión abierta.
Televisa y TV Azteca se han opuesto a las medidas aplicadas por Grupo Dish argumentando que se violan derechos de autor en la retransmisión de sus señales. El IFT deberá resolver también sobre esta materia.
La disputa por el must offer y el must carry se agudizó en vísperas de que se discuta en el Congreso la ley secundaria de la reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones y en medio de un presunto pacto entre el Ejecutivo federal y Televisa para que esta legislación no afecte los intereses de la compañía de medios de comunicación más grande del país.
Martes 18 de febrero de 2014, p. 15
Con el objetivo de resolver el conflicto en la mina El Coronel, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) determinó que esta semana se lleve a cabo un recuento, en el que 776 mineros de Grupo Frisco decidirán a qué sindicato desean pertenecer: al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Sntmmssrm), que preside Napoleón Gómez Urrutia, o al de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que encabeza Isaías González Cuevas.
El sindicato nacional de mineros solicitará la presencia de observadores internacionales en el recuento, igual que representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas y de diputados del estado.
Este gremio indicó que esta votación, se realizará el próximo 21 de febrero por acuerdo entre la empresa, la representación sindical y las autoridades laborales, lo que es un hecho positivo para solucionar el conflicto.
Según refirió, el problema surgió en mayo del año pasado, cuando los trabajadores de Grupo Frisco –empresa del consorcio de Carlos Slim– protestaron debido a que la misma se negó a pagar utilidades, con el argumento de que no había, cuando el grupo había reportado precisamente enormes ganancias a la Bolsa Mexicana de Valores.
Se considera que incluso la mina El Coronel es la segunda productora de oro del país, por lo que en este conflicto los trabajadores acordaron realizar dos paros de labores. El primero de ellos duró 67 días –del 29 de mayo al 5 de agosto– y se levantó luego de que la Secretaría del Trabajo prometió que se resolvería esta situación, indicó el sindicato nacional de mineros
No obstante, ante el incumplimiento de la dependencia, los trabajadores realizaron otro paro de 22 días en noviembre y diciembre de 2013, el cual fue levantado luego que la empresa convino en realizar el recuento y pagar 100 por ciento de los salarios caídos y prestaciones, para normalizar las relaciones laborales.
El yacimiento es propiedad de Carlos Slim
De esta forma, el próximo viernes se verificará el recuento, con voto libre y secreto, y los trabajadores elegirán el sindicato de su preferencia, el cual será el único y legítimo representante de los mineros, por lo que administrará el contrato colectivo de trabajo.
El sindicato expuso que los mineros de El Coronel le han manifestado a esta organización que repudian al gremio de la CROC y a sus dirigentes por ser aliados de la empresa y enemigos de ellos, ya que esta central ni siquiera conocía el contrato colectivo . Asimismo, los trabajadores tampoco quieren a Carlos Pavón, porque saben que está de parte de los patrones.
También demanda que se respete el voto libren y secreto, que es un derecho auténtico de democracia que dignifica el sindicalismo mexicano, tan desprestigiado por líderes corruptos que sirven más a los patrones que a los obreros, los cuales han establecido los contratos colectivos de protección patronal, ya denunciados ante la Organización Internacional del Trabajo .
Discriminan a alumno mazateco en el colegio La Salle de Seglares
La página web de La Salle de Seglares.
MÉXICO, D.F. (apro).- El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) confirmó que personal docente del Colegio La Salle de Seglares ejerció discriminación contra un niño de cinco años y su madre, ambos de la comunidad mazateca de Oaxaca.
Según el expediente COPRED/Q/01-2014, Gloria Cabrera Reyes, quien labora como trabajadora doméstica, tuvo que sacar de la escuela a Francisco ante el hostigamiento que sufría por parte de sus compañeros y maestros.
Antes de renunciar, Francisco cursaba el tercer grado de preprimaria, pero su origen mazateco lo convirtió en el centro del hostigamiento y de discriminación de sus compañeros de pupitre, de las maestras y hasta de las autoridades de ese colegio.
En el aula los niños lo molestaban. Le decían que no pertenecía a esa escuela. Las “misses” lo sacaban del salón con el argumento de que no debía estar ahí. A los otros niños les daban los libros abiertos en la página donde iban a trabajar, pero a él se lo aventaban para que la buscara solo.
Un día, su “abuelita”, la señora Silvia González, quien asumió su tutoría, no pudo ir a recoger al menor a la escuela. Entonces, su madre, Gloria Cabrera Reyes, mazateca que labora como trabajadora doméstica en casa de la familia González, fue por él.
Ahí comenzó también la discriminación hacia ella por parte de las maestras y las autoridades del plantel. Por ejemplo, la profesora de inglés le dijo que su hijo no sabía nada de ese idioma, que mejor lo sacara de esa escuela privada y lo metiera a una pública.
A la hora de la salida, Francisco era el último en aparecer por la puerta, ya que todos los demás niños habían subido a las camionetas de lujo de sus padres.
Las autoridades de la escuela pidieron a la señora González sacar al menor del plantel. La psicóloga institucional le sugirió que “viera la realidad del niño y de su madre”, ya que ésta “ni siquiera habla bien español”, por lo que no podía apoyarlo.
Aun así, ella decidió que se quedara y aseguró que el menor está bajo su tutoría, la de su esposo y sus hijos y que entre todos podían apoyarlo.
Pero el maltrato a Francisco continuó y las maestras lo sacaban del salón sin razón aparente. Sus calificaciones bajaron de nivel, empezó a tener síntomas de ansiedad y miedo a quedarse solo. Un día, de plano, le dijo a su madre que ya no quería ir a la escuela.
A finales del año pasado y mientras se echaron a andar las investigaciones del Copred y la PGJDF, Francisco ingresó a otro plantel.
La titular del Copred, Jacqueline L’Hoist cuenta: “Me dicen que está muy contento, que entra corriendo a la escuela, feliz, lleva muy buenas calificaciones y las autoridades de la escuela no tienen observaciones de otro tipo de conductas del niño”.
A raíz de lo sucedido, Silvia González, la tutora del menor, interpuso una queja el 21 de octubre de 2013 ante la Copred por el trato discriminatorio contra Francisco y su madre.
El Consejo inició el seguimiento y pidió la intervención de instancias públicas y de salud para revisar la afectación psicológica que pudo haber sufrido Francisco por la experiencia vivida.
Como una medida reivindicatoria y de reparación del daño, exhortó al Colegio a implementar acciones de sensibilización orientadas a promover un trato igualitario y de no discriminación con la comunidad escolar y personal docente.
También invitó a los representantes de la escuela para dialogar y buscar una solución. Estos acudieron a las reuniones conciliatorias, pero se negaron a reconocer los actos de discriminación.
La presidenta del Copred asegura en entrevista: “Estoy cierta que no es una política de la escuela (El Colegio La Salle de Seglares) esa conducta, pero sí de dos de sus maestras”.
Refiere que las autoridades del plantel hicieron propuestas a la mamá de Francisco para dar más atención a su hijo en el mismo plantel, pero “si no se reconoce de fondo que hubo discriminación, no puede hablarse de una reparación del daño. No podemos regresar a una persona violentada al mismo espacio donde ha sido violentada si éste no lo reconoce”.
Según Jacqueline L’Hoist, toda esta información jurídica fue entregada al procurador capitalino, Rodolfo Ríos, para que sirva de sustento en la averiguación previa FNNA/D/T3/00467/13-12, que se abrió de oficio por el delito establecido en el artículo 206 del Código Penal para el DF.
“Con esta información, el procurador y la fiscalía de atención al menor determinarán si tienen suficientes elementos para armar el expediente y turnarlo al Tribunal (Superior de Justicia del DF) y que el caso proceda”, dijo.
Los alumnos y las maestras
Según la página de internet del Colegio La Salle de Seglares, fundado hace 50 años, esta organización ha preparado “un alto número de generaciones, de los cuales hemos visto desarrollarse en altos cargos de prestigiadas empresas”.
Su ideario es: “proporcionar una educación integral, compartiendo una educación cristiana del ser, como persona individual, social y trascendente, inspirado en los principios educativos de San Juan Bautista de La Salle”. Sin embargo, en el caso de Francisco, nada de esto se aplicó.
Harán campaña contra el rechazo
Según el informe anual 2013 del Copred, entre los principales motivos de discriminación en el DF está el origen étnico y nacional, con 6% del total. Le anteceden el estar embarazada, la orientación sexual y la discapacidad.
El documento presentado el 21 de enero pasado, reportó que del 100% de las quejas tramitadas ante el Consejo por discriminación en el trabajo, 3% fueron por origen étnico y nacional.
El caso de Francisco significó la primera opinión jurídica emitida por el Copred en este año relacionada con discriminación por etnia. Sin embargo, no es el primero que se presenta en escuelas de la ciudad de México.
En noviembre del 2013, Angelina, mixteca originaria de Guerrero, de 16 años, denunció que durante los dos últimos años había sido víctima de discriminación y bullying por parte de sus compañeros de la Secundaria Técnica número 42, ubicada en la colonia Morelos del barrio de Tepito.
Insultos, destrozos de sus pertenencias y hasta que le echaran orines en los baños del plantel, eran las agresiones cotidianas. Un día, las humillaciones pasaron a los golpes. Entonces, ella y su madre decidieron denunciar penalmente los hechos.
Además de la escuela, ambas tuvieron que enfrentar doble discriminación pues cuando intentaron denunciar las agresiones de los estudiantes, en la agencia 50 del Ministerio Público la hicieron esperar casi un día entero.
Para prevenir y disminuir estos casos, el Copred informó que ya trabaja en la elaboración de una campaña pública y permanente en la que el gobierno del DF “visibilice entre la población que vive y transita por la Ciudad de México, los valores y derechos de las diversas poblaciones indígenas residentes en la capital del país”.
La campaña estará basada en los artículo 28, Fracción III y VII, y en el 37 Fracción X de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.

References: artículo 28
 artículo 62
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 206
 artículo 28