Source: http://www.libertadidioma.com/20191009.htm
Timestamp: 2020-05-30 02:26:41+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Miércoles 9 Octubre 2019
Amando de Miguel Libertad Digital 9 Octubre 2019
OKDIARIO 9 Octubre 2019
EDITORIAL Libertad Digital 9 Octubre 2019
Estaba cantado que los irresponsables y electoralistas viernes sociales con los que Pedro Sánchez quería comprar el voto de cara a las elecciones de abril nos iban a pasar factura, tal y como ha venido a demostrar la inquietante noticia de que el gasto público ha crecido al mayor ritmo de la última década y de que, como consecuencia de ello, el déficit, lejos de reducirse, ha aumentado hasta junio un 18% interanual. Pero el todavía presidente en funciones está decidido a seguir en esa temeraria y demagógica senda de despilfarro con vistas a los comicios del 10 de noviembre. Así lo acreditan hechos tan recientes como su insensata e insostenible promesa de subir las pensiones en diciembre y su no menos caciquil y vergonzoso compromiso de reducir el número de peonadas para cobrar el PER.
Lo más bochornoso de todo es que mientras el presidente en funciones sigue tirando sin recato alguno de la chequera del contribuyente presente y futuro para comprarse la poltrona, su ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, tiene la insuperable desfachatez de pedir austeridad y ajustes en el gasto a la Junta de Andalucía para atajar un déficit que, para colmo, procede de cuando gobernaban allí los socialistas y la propia Montero y su efímero sucesor Antonio Ramírez de Arellano ejercieron de consejeros de Hacienda de Susana Díaz.
Precisamente para atajar esa larga herencia socialista de déficit y endeudamiento públicos, el Gobierno regional andaluz de PP y Cs pudo sacar adelante –gracias a Vox– el pasado junio unos Presupuestos que, por primera vez, metían la tijera en el gasto improductivo y suntuario, al tiempo que erradicaban el enorme entramado de chiringuitos que el PSOE había erigido en forma de redes clientelares. Y todo ello mientras no solo se mantenía sino que se incrementaba el gasto destinado a educación, sanidad o dependencia.
Que un partido como el socialista andaluz, que, sin entrar en la insuperable corrupción que ha protagonizado, no es menos insuperable ejemplo de gasto incontrolado y de desajustes de las cuentas públicas, votara en julio contra esos Presupuestos autonómicos y contra la denigrada austeridad del PP no fue una sorpresa. Pero que ahora venga la ministra de Hacienda de Sánchez y exconsejera andaluza de Hacienda exigiendo a la Junta contención para corregir el desajuste dejado por los propios socialistas demuestra que, con los socialistas, ni la subida de impuestos, ni el déficit, ni el endeudamiento ni, menos aun, la desfachatez conocen límites.
Pablo Molina Libertad Digital 9 Octubre 2019
Editorial El Mundo 9 Octubre 2019
Pablo Planas Libertad Digital 9 Octubre 2019
Editorial ABC 9 Octubre 2019
Sánchez desoye los avisos de crisis
larazon 9 Octubre 2019
Si bien no sería justo atribuir exclusivamente la desaceleración que vive la economía española a la crisis política, lo cierto es que los meses de Gobierno socialista se han caracterizado por la paralización de los programas de reforma y el incremento del gasto público no inversor, lo que se ha traducido en un retorno a viejos desequilibrios que creíamos superados. Por supuesto, no ha hecho falta que los organismos económicos internacionales y las instituciones reguladoras de los mercados encendieran las luces rojas de alarma para que el ciudadano del común tomara conciencia de los riesgos de una nueva recesión y obrara en consecuencia, como demuestran las actuales altas tasas de ahorro de los hogares españoles y la consiguiente caída del consumo interno.
Sin embargo, nada de esto parece hacer mella en el candidato del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, inmerso en una rueda de promesas electorales de corte clásico –desde el incremento de las pensiones a la subida del salario mínimo, pasando por la reducción del número de peonadas para cobrar el PER– que, de hacerse efectivas, supondrían más gasto público, sólo sufragable desde el aumento de la deuda o de una mayor presión fiscal sobre los sectores productivos del país.
Que el resto de los candidatos de izquierdas, ahora envueltos en su propia guerra interna, se apunten con entusiasmo a esta subasta de ofertas no nos causa la menor extrañeza, pero que desde posiciones del centro derecha, a cuyos representantes se presupone mejor preparados para la gestión del dinero público y, en el caso del PP, sobradamente curtidos tras gobernar en medio de la peor crisis financiera internacional de las últimas décadas, eludan el fondo del asunto y otorguen con su silencio sí es preocupante.
Comprendemos que, en vísperas de una cita con las urnas, a nadie le apetezca hacer el papel de Casandra, pero el panorama que presentan, con coincidencia tozuda, los gabinetes de análisis de las grandes instituciones internacionales, no es, precisamente, augurio de días plácidos para el futuro inquilino de La Moncloa. Ayer, sin ir más lejos, la OCDE alertaba de que la economía española se estaba desinflando a mayor ritmo que la Eurozona, con una caída de los indicadores compuestos de 22 décimas, lo que supone el menor nivel desde 2013. Simultáneamente, la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, ponía el acento en el riesgo de un brusco frenazo del crecimiento mundial y denunciaba la práctica paralización del comercio internacional a causa de la guerra de aranceles declarada por Estados Unidos. Un conflicto absurdo desde cualquier punto de vista que, según cálculos de Georgieva, puede costar 637.000 millones de euros, sin contrapartida alguna. De hecho, el déficit de la balanza comercial estadounidense sigue aumentando, pese a la batería de medidas proteccionistas puesta en marcha por el presidente Donald Trump.
Y en España, debería ser de la máxima preocupación la continua pérdida de peso de nuestro sector industrial, que ha pasado de representar el 18,7 por ciento del PIB en 2000 al 16, 2 por ciento, en 2018, y que, sin duda, se verá afectado por la crisis manufacturera alemana. Aunque hay que confiar en que, al final, se impondrá la sensatez, el voluntarismo no sirve para afrontar, ni siquiera, el mejor de los posibles escenarios. Con el agravante, de que España presenta ya una deuda pública cercana al cien por cien del PIB, es decir, sin el margen de endeudamiento que había en la recesión de 2009, y que la competitividad de nuestras empresas ya sufre bastante por los excesos fiscales, el alto precio de la energía y el endeudamiento. Pero hay elecciones. Mal momento para hablar de lo que se debe, y, al final, habrá que hacer.
El progresivo enfriamiento económico -el FMI vaticinó ayer un frenazo económico mundial, y la OCDE que España se fatiga el doble que la Eurozona- obliga a nuestro país a revisar sus previsiones y aplicar las reformas necesarias para amortiguar un cambio de ciclo cuyas consecuencias dependen en buena parte de las iniciativas que, ya sin margen para la demagogia, adopte el Ejecutivo. Lejos de proponer a la sociedad medidas acordes con este contexto, Pedro Sánchez insiste en perpetuar su política, basada en lo que denomina «reversión de los recortes». Más gasto, en definitiva, en vísperas de un etapa de desaceleración y menos ingresos.
Tras anunciar para este mes de diciembre una subida de las pensiones ligada al IPC de 2020, el Gobierno socialista se reserva otro golpe de efecto electoralista, dirigido a otro de los sectores del electorado que, junto los pensionistas, más votos le pueden proporcionar en las elecciones del 10-N. En este caso se trata de una subida salarial de al menos el 2 por ciento para los empleados públicos, brindis cuya irresponsabilidad es directamente proporcional a su electoralismo. Si el coste del incremento de las pensiones, tasado en mil millones euros, representaría un nuevo golpe a las cuentas de la Seguridad Social -que cerrará este ejercicio con un déficit de 18.000 millones de euros, inasumible sin una reforma integral del sistema de pensiones-, el incremento del salario de los funcionarios que prepara el Gobierno en funciones, basado en un acuerdo suscrito por el Ejecutivo de Rajoy y los sindicatos en tiempos de fuerte crecimiento, incide en la senda del populismo económico con que Sánchez vende su candidatura electoral para mantenerse en el poder. Cuando la economía española no ha terminadó aún de curar las heridas que dejó la crisis de hace una década, Sánchez planea otra sangría.
Ignacio Camacho ABC 9 Octubre 2019
Para saber con quién quiere pactar Sánchez hay que mirar su programa. El económico y el social, sobre todo, porque sobre el principal problema político de España, el conflicto de Cataluña, no va a ofrecer mucho más que diálogo, cumplimiento de la ley y otros mantas abstractos. Ese programa se resume en una sola palabra: gasto. Subida unilateral e inmediata de las pensiones -una promesa que viola directamente el Pacto de Toledo, urdido a instancias ¡¡del PSOE!! para apartar este asunto de la lucha electoral-, ampliación del subsidio agrario, dentista, guardería y carreras gratis, incremento del salario mínimo. Y una «fiscalidad más progresiva», eufemismo que significa que todo eso, más lo que irá anunciando, sólo se puede pagar exprimiendo más nuestros bolsillos. El Gobierno no va a cometer el error de negar la desaceleración como Zapatero; al contrario, ha empezado a utilizar los síntomas de retroceso como pretexto para extender las coberturas subvencionales y preparar una nueva elevación de impuestos. La «respuesta progresista a la crisis», ojo al concepto, reformulación en lenguaje posmoderno del viejo ideal socialista de hacer que medio país trabaje para el otro medio.
Con ese proyecto no puede aliarse más que con los partidos de izquierda. Ése sigue siendo su plan, más un entendimiento con los nacionalistas que deberá empezar por la gestión penitenciaria -y puede que legislativa- de la inminente sentencia. El presidente confía en que la candidatura-satélite de Errejón muerda escaños a Iglesias y obligue a éste a aflojar su posición de fuerza. Si aun así no le alcanza, tratará de que las élites empresariales y financieras presionen a Rivera y/o a Casado para que se avengan a facilitar su investidura bajo amenaza de colapso del sistema. Pero gobernar, lo que se dice gobernar, si es que eso le interesa, nunca ha pensado hacerlo de otra manera que con sus socios de moción -«la banda», ¿se acuerdan?-, y el incauto que albergue otra idea tendrá que responsabilizarse de las consecuencias.
El supuesto giro al centro no es más que una estrategia propagandística de ocupación de espacios mediante la impostura de un perfil moderado. La verdadera identidad ideológica de un partido o de un líder se aprecia en su modelo social, en su criterio tributario, en su planteamiento territorial -es decir, su relación con la soberanía nacional- y en su percepción sobre el papel del Estado. Y en ninguno de esos ámbitos se parece el plan sanchista al del PP o al de Ciudadanos: mala noticia para los zahoríes del Gran Pacto. Claro que la coaliciones las imponen los resultados, pero sobre la base de que cada parte ceda en algo. A tenor de la campaña presidencial, tan desdeñosa con sus posibles aliados, el consenso se antoja una aspiración ilusoria, un anhelo nostálgico que enfrenta el consejo de la experiencia con la tentación del autoengaño.
Juan Ramón Rallo elconfidencial 9 Octubre 2019
El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado en campaña electoral mercadeando con las pensiones: “Este mismo mes de diciembre, actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real”. Se trata de una petición recurrente entre ciertos colectivos de pensionistas: derogar el índice de revalorización de las pensiones —que limita la actualización de estos ingresos a un 0,25% anual mientras los gastos de la Seguridad Social superen sus ingresos— para volver a vincular las rentas de los pensionistas al IPC. Albricias. ¿Acaso los pensionistas pueden cantar victoria? No lo parece. El anuncio de Sánchez contiene una doble trampa: en el corto plazo, no está prometiendo nada verdaderamente sustancial; en el largo plazo, sigue manteniendo el mismo compromiso vacío de ocasiones anteriores.
Primero, cuando Sánchez anuncia que revalorizará las pensiones de 2020 de acuerdo con el IPC real, lo que está afirmando es que, por un lado, incrementará en diciembre de 2019 las pensiones según su previsión de inflación para 2020 y, por otro, que en noviembre de 2020 compensará a los pensionistas por cualquier error de cálculo en su estimación. ¿Y qué estimación de inflación tomará el Gobierno para el próximo año? No lo sabemos, pero debería ser muy baja. La inflación interanual hasta septiembre apenas asciende al 0,1% y, si la economía sigue desacelerándose durante los próximos meses, será complicado que la inflación se dispare. De hecho, en diciembre de 2018, el Gobierno revalorizó las pensiones un 1,6% de cara a 2019, pues pensaba que esa iba a ser la inflación de este año: la realidad, como decimos, es que de momento los precios solo han subido un 0,1%, de modo que lo lógico sería que los pensionistas devolvieran la diferencia entre la inflación prevista y la real. Evidentemente no lo harán, pero habida cuenta del muy reciente y muy caro error de cálculo del Ejecutivo, el porcentaje de subida aplicado de cara a 2020 debería ser muy modesto.
Segundo, Sánchez continúa prometiendo genéricamente que quiere ligar las pensiones al IPC, pero no explica cómo quiere lograrlo. Sin ir más lejos, en un reciente informe del Banco de España (que ya tuvimos ocasión de comentar el lunes pasado), el organismo estimaba que el gasto en pensiones se dispararía más de tres puntos del PIB en el año 2050 en caso de que lo reindexáramos al IPC.
Revalorización de las pensiones al IPC.
Esta brecha, superior a tres puntos del PIB, no es una brecha en absoluto sencilla de financiar, pues equivale a aproximadamente la mitad de la recaudación anual del IVA. De hecho, si Sánchez pretendiera realmente cubrirla con ingresos adicionales para volver sostenible el sistema público de pensiones… ¡no necesitaría cargarse el índice de revalorización de las pensiones! Recordemos que este indicador únicamente limita el alza de estos ingresos al 0,25% anual si los gastos de la Seguridad Social superan los ingresos: en caso de que sean los ingresos los que superen los gastos —como debería suceder si el PSOE realmente quisiera elevar las pensiones según el IPC de un modo financieramente sostenible—, entonces el índice de revalorización no solo autoriza a elevar las pensiones de acuerdo con el IPC —o incluso por encima del IPC—, sino que impone esa elevación de un modo automático. Por tanto, si Sánchez no explica cómo sufragar semejante medida y si, para más inri, aboga por cargarse sin necesidad alguna el índice de revalorización, es que en el fondo no pretende reformar la Seguridad Social para que las pensiones se actualicen de manera sostenida al IPC: como mucho, aspirará a repartir entre los pensionistas algún aguinaldo electoralista a costa de endeudar a los contribuyentes traspasando el resultante agujero financiero a los gobiernos venideros.
En definitiva, por mucho que nuestra casta política simulara crear el Pacto de Toledo para rechazar la instrumentación política de las pensiones, con el paso de los años todos han terminado arrojándoselas a la cabeza. No es de extrañar: los pensionistas constituyen un caladero de casi 10 millones de votos que resulta demasiado tentador para nuestros prohombres sedientos de poder. El candidato Sánchez tan solo constituye la (pen)última manifestación de esta obscena propaganda política dirigida a engañar a los pensionistas para apropiarse de su voto: la nada para el próximo año y el humo para los siguientes.
Luis Ventoso ABC 9 Octubre 2019
Como vivimos en un país dicharachero y anumérico no se ha hecho ni caso. Pero la semana pasada el Banco de España lanzó su enésima alerta sobre que el sistema de pensiones puede irse al carajo si no se toman medidas ya. El modelo actual entrará en coma con el aumento de la esperanza de vida y la incorporación de la enorme generación de los babyboomers (nuestros padres eran más valientes y menos egoístas que nosotros y se atrevían a tener hijos, que pronto se convertirán en un aluvión de pensionistas a los que habrá que pagar). Cada vez habrá más beneficiarios y si no se hace nada la factura resultará una losa insoportable. Es una sencilla cuestión matemática: la población mayor de 65 años supone hoy el 30% del total, pero en 2050 será más de la mitad. El gasto en pensiones contributivas suponía en 2007 el 7,4% del PIB. Hoy ya es el 10,6%, y seguirá subiendo. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno de Sánchez para hacer frente a tan agudo problema contable? Pues disparar el gasto en pensiones referenciándolas al IPC, cuando el país simplemente no se lo puede permitir. Tal es la promesa electoral con que ha abierto la semana el eventual presidente (y ningún partido se ha atrevido a señalar lo evidente, que es un disparate, porque las verdades incómodas no dan votos).
A pesar de los clímax demoscópicos de Tezanos, parece que la jugada de repetir las elecciones podría salirle rana al PSOE. Cunde cierto nerviosismo en Moncloa y Ferraz, porque los escaños vaticinados por el MasterChef del CIS todavía no florecen. Así que Sánchez se ha visto forzado a aparecer hasta en la sopa. Sin que haya comenzado la campaña, sale a dos mítines y una entrevista por día. Se trata de una estrategia legítima. Lo que ya no es normal es que todos los españoles le paguemos su propaganda, y eso es exactamente lo que está sucediendo. Fiel a aquella memorable máxima de la filósofa Carmen Calvo («el dinero público no es de nadie»), Sánchez está comprometiendo el gasto público de manera irresponsable con el objetivo de comprar votos. Cada día un obsequio. Subida de las pensiones con el IPC. Subida salarial para los funcionarios. Más subsidios para el campo andaluz y extremeño, haciendo así justo lo contrario de lo que hay que hacer (en lugar de ir desmontando una subcultura de la subvención que adormece la iniciativa, lo que hace para asegurarse votos cautivos es cebarla todavía más a costa de los impuestos de todos).
Supone una gamberrada antidemocrática que un presidente en funciones dispare el gasto público para pagarse su campaña disparando con pólvora del rey. Y muestra nulos escrúpulos al hacerlo justamente cuando la OCDE advierte que la economía española se está debilitando más que la de la eurozona y cuando el FMI vislumbra una crisis global. A Sánchez solo le importa el buen futuro... de Sánchez, no hay más. Pero volverá a ganar si el voto de la oposición no se reagrupa, en lugar de dilapidarse en populismos efectistas de desahogo grande y utilidad canija.
Ramón Pérez-Maura ABC 9 Octubre 2019
Europa vive secuestrada por un Brexit que no termina de concretarse y que ocupa toda la atención de los medios de comunicación. Nadie es consciente de muchas otras cosas que siguen ocurriendo, algunas extremadamente positivas. El pasado 19 de septiembre se adoptó en el Parlamento Europeo una resolución de enorme trascendencia histórica que no ha merecido hasta ahora una línea en los medios de comunicación ni un comentario en las tertulias políticas al rojo vivo. El Parlamento Europeo ha condenado al nazismo y al comunismo. Sí, el santificado comunismo ha sido al fin puesto en el mismo pedestal y condenado con igual firmeza. Exacatamente la misma para los dos totalitarismo que el 23 de agosto de 1939 firmaron un pacto de no agresión, el llamado Pacto Molotov-Ribbentrop, que desató la Segunda Guerra Mundial. Porque la Unión Soviética de Stalin desencadenó aquella barbarie por su alianza con los nazis y ocupó Polonia con ellos.
La resolución recuerda que algunos países fueron capaces de promover la reconciliación al final del conflicto, pero «otros países europeos se mantuvieron bajo dictaduras -algunas bajo directa ocupación o influencia soviéticas- durante medio siglo y siguieron siendo privadas de libertad, soberanía, dignidad, derechos humanos y desarrollo socioeconómico». Eso era el resultado del comunismo.
La resolución afirma que «Rusia sigue siendo la mayor víctima del totalitarismo comunista y que su desarrollo a un estado democrático se verá obstruido mientras el gobierno, la elite y la propaganda políticas sigan blanqueando los crímenes comunistas y glorificando el régimen totalitario soviético». Un régimen que tiene la momia de Lenin en un mausoleo en la Plaza Roja y al que agradeceríamos al doctor Sánchez que nos aclare si es que la Rusia de Putin no es una dictadura o si Lenin no fue un tirano sanguinario. Como dice que no hay ninguna democracia que exalte dictadores muertos...
El doctor Sánchez debería tomar buena nota y aplicar el punto 18 de la resolución que señala «la existencia en espacios públicos de estados miembros de monumentos y memoriales (parques, plazas, calles, etc.) glorificando regímenes totalitarios, lo que abre la vía para la distorisión de hechos históricos sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la propagación del sistema político totalitario». ¿Por qué la ley de la memoria histórica protege ese totalitarismo? El Parlamento Europeo no ha condenado el franquismo -que no fue nazismo ni fascismo- pero sí ha condenado el comunismo. A ver si Sánchez se pone a ello y desmantela el monumento a las Brigadas Internacionales que hay en la Complutense y en Vicálvaro. Fueron una brigadas reclutadas por Stalin entre los miembros del Komintern que agrupaba a partidos comunistas de medio mundo. En la Universidad Complutense de Madrid hay una escultura que exalta a esos genocidas y en el distrito madrileño de Vicálvaro, además de haber un monumento a aquellos comunistas, éste está situado en la Plaza de las Brigadas Internacionales.
Es sabido que el comunismo ha producido muchos más muertos que ninguna otra ideología. Se estima en 25 millones los muertos causados por el nazismo -uno solo sería ya demasiado- mientras que el balance de los muertos del comunismo en 1998 se cifraba en cien millones y sigue sumando veinte años después. Pero se le puede exaltar.
Liberal Enfurruñada okdiario 9 Octubre 2019
Melitón Cardona ABC 9 Octubre 2019
Por lo que respecta al lugar de la reinhumación, se priva a la familia de disponer del uso de una sepultura de la que es legítima propietaria. Se argumenta que «inhumar los restos de Francisco Franco en un lugar preferente de la Cripta de la Catedral de la Almudena (...) podría alterar el valor de culto y de patrimonio cultural del que actualmente goza» cuando cualquiera que haya visitado el lugar sabe que no se trata de un lugar «preferente» pues es una sepultura nada conspicua, a ras del suelo y en una nave lateral.
También es muy discutible la manera con que se despacha el delicado tema de la inviolabilidad del recinto sagrado afirmando que decae «en la medida en que su respuesta (la del prior del Valle) a la solicitud de autorización... ampara su negativa en la oposición de los familiares».
Melitón Cardona es Ministro plenipotenciario jubilado
El Supremo contesta a la familia Franco que su sentencia en la que avala la exhumación "es clara"
Miguel Ángel Pérez Libertad Digital 9 Octubre 2019
La Sala de lo Contencioso-Administrativo afirma en un auto que la aclaración sobre la sentencia que solicitan los recurrentes "no es necesaria".
El Tribunal Supremo contesta a la familia de Francisco Franco que su sentencia del pasado 24 de septiembre en la que avala la exhumación del Valle de los Caídos "es clara". En un auto de 4 páginas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo afirma que la aclaración sobre la sentencia que solicitan los recurrentes "no es necesaria". Esta decisión del Supremo supone un paso más hacía la exhumación, aunque todavía el camino no está despejado del todo.
La familia del dictador solicitaba la semana pasada una aclaración a la Sala Tercera del Supremo sobre la sentencia que avaló el decreto del Gobierno para trasladar los restos al cementerio de El Pardo-Mingorrubio. El objetivo era que el tribunal concretase si el Ejecutivo podía exhumar a Franco sin el consentimiento del prior de la comunidad benedictina. A su juicio, la autorización del prior es preceptiva, pero querían que el Supremo se lo aclarase, y en el caso de que el consentimiento del prior fuese necesario y éste se negase, quieren saber qué pasos jurídicos habría que dar.
En su auto de este miércoles, el Supremo recuerda a la familia Franco que "efectivamente, el acuerdo de 15 de marzo de 2019, cuya parte dispositiva reproduce la sentencia, dice que 'se solicitará la correspondiente autorización eclesiástica'. Y lo dice porque con anterioridad había sido denegada por el Prior Administrador la que se había pedido. También reproduce la sentencia los términos de la negativa que no fue absoluta sino condicionada a lo que resolviera esta Sala. Por eso, la sentencia, tiene por decaída esa denegación".
"En fin, como sin duda conoce la parte recurrente, a ningún otro órgano judicial distinto de esta Sala corresponde conocer de las actuaciones del Consejo de Ministros, ni de la ejecución de esta sentencia", concluye el auto del Supremo..
Tras conocerse el auto del Supremo, en una carta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, el prior, Santiago Cantera, ha advertido que no permitirá el acceso a la basílica para la exhumación del dictador hasta que el Supremo responda a sus alegaciones.
Posteriormente, el Gobierno recordaba al prior del Valle de los Caídos que el Vaticano ya ha manifestado en varias ocasiones que no se opondrá a la exhumación de Franco de la basílica y que su traslado está plenamente avalado por una sentencia del Tribunal Supremo.
Los recursos pendientes y el juez Yusty
Por otro lado, el Supremo todavía tiene que decidir sobre la suspensión cautelar que el propio tribunal dictó en junio contra el acuerdo del Gobierno para sacar al dictador del Valle de los Caídos y que aún pesa sobre el resto de recursos todavía no resueltos. En su sentencia, el tribunal desestimaba de pleno el recurso de los nietos de Franco contra la exhumación de su abuelo, aunque éste no fue el único recurso que se presentó contra los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para exhumar al dictador. También recurrieron la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.
Dichos recursos siguen vivos en el tribunal y sobre ellos pesa la suspensión cautelar de la exhumación que el Supremo acordó hace meses en lo que dictaba sentencia. Por lo tanto, el levantamiento de estas medidas cautelares es requisito imprescindible para proceder a sacar a Franco. Previsiblemente, la decisión del Supremo en la que levantará la suspensión cautelar es inminente.
Por último, la Abogacía del Estado también ha pedido al Supremo una certificación de su sentencia para remitirla al juez José Yusty, titular del juzgado de lo Contencioso nº 3 de Madrid, que tiene paralizada de manera cautelarísima la licencia de obras para levantar la losa de la tumba de Franco en el Valle. Un procedimiento paralelo al del Supremo, pero que también supone un escollo a la exhumación del dictador.
Carlos Cuesta okdiario 9 Octubre 2019
El prior del Valle de los Caídos advierte que ‘no autoriza’ el acceso a la basílica para la profanación de la tumba de Franco
Redacción eltorotv.com 9 Octubre 2019
El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha advertido al Gobierno que no permitirá el acceso a la basílica para la profanación de la tumba de Francisco Franco hasta que el Tribunal Supremo responda a sus alegaciones.
En una carta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, Cantera afirma que la «Abadía no autoriza el acceso a la basílica con la finalidad de acceder a una ‘res sacra'». El prior advierte que la sentencia del Tribunal Supremo «no resuelve» las alegaciones que han presentado y sería una «vulneración de la libertad religiosa» pretender «actuar en un lugar sagrado» sin contar con la «preceptiva autorización eclesiástica».
La misiva ha sido registrada este miércoles y responde a la anterior carta enviada por Calvo el pasado 3 de octubre en la que se concedió cinco días a la Abadía para responder si permitía la exhumación de Franco. En este contexto, Cantera alega que la decisión del Supremo se ha producido en un procedimiento en el que la Abadía «no ha sido parte» y por ello no «resuelve las alegaciones esenciales» planteadas en su recurso.
El prior recuerda que en su demanda esgrimían «vulneraciones de los derechos fundamentales» y afirma que la «última palabra» corresponde al Tribunal Constitucional y después al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. «El sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa, en modo alguno, renuncia a los recursos que el ordenamiento nos ofrece ante una violación de derechos fundamentales», apunta.
Por ello, advierte que se sigue negando a facilitar la profanación de la tumba, ya que «no existe consentimiento de la familia y se mantienen los principios religiosos y morales». Además, subraya que a lo largo de este procedimiento se han visto «agravadas las razones de su negativa».
«Si autorizáramos ahora la exhumación no solo dejaríamos sin finalidad legítima los recursos de amparo que, sin duda, se producirán sino que careceríamos de justificación para oponernos -como nos opondremos- a la exhumación -anunciada en los escritos del Estado- de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la Abadía», ha añadido.
ENRIQUE GIMBERNAT El Mundo 9 Octubre 2019
El PP y C’s dejan solo a Vox exigiendo que se derogue la dictadura del catalán en las aulas de Baleares
Vox se ha quedado solo en el Parlamento de Baleares exigiendo que se deroguen todas las normas que durante los últimos años han terminado expulsando el idioma español de las aulas en beneficio del catalán. Ni siquiera el PP y Ciudadanos han salido en apoyo de la iniciativa parlamentaria del partido de Santiago Abascal, en cualquier caso abocada al fracaso ya que el centroderecha está en minoría.
La Cámara regional que dominan el PSOE, Podemos y los pancatalanistas de Més ha rechazado este martes una moción de Vox que solicitaba derogar "toda la normativa que ha permitido la eliminación" del castellano de las aulas y comenzar la redacción de una nueva que "permita la libre elección de lengua en todos los niveles educativos" en colegios e institutos.
Presentada por el portavoz de Vox, Jorge Campos, la moción sólo ha conseguido el apoyo de los tres diputados de Abascal. Ha cosechado 33 votos en contra y 19 abstenciones, en la que se han situado los diputados del PP y Ciudadanos.
Durante el debate de la moción, la diputada del PP Núria Riera ha afirmado que "no todo pasar por derogar sino por revisar". "Eso es más propio de una actitud antisistema que no cree en la Constitución", ha añadido.
En la misma línea se ha manifestado Ciudadanos justificando su abstención en el hecho de que la moción de Vox no era sólo contra la inmersión lingüística, "sino que trataba otros muchos asuntos que no tenían nada que ver con la lengua, como la regulación de los profesores interinos o el pin parental". La formación naranja ha propuesto, por tanto, votar los puntos de la moción por separado, a lo que Vox se ha opuesto. "Nosotros estamos en contra de la inmersión lingüística y la libre elección de lengua va en nuestro programa", han explicado después de la votación fuentes de Ciudadanos a OKDIARIO.
Los socialistas, a través de su diputado Enric Casanova, han asegurado la iniciativa de Vox sólo pretendía desencadenar "la crispación y reventar el sistema educativo". En la misma línea se han manifestado el resto de sus socios de Gobierno. Gloria Santiago, de Podemos, ha tildado la iniciativa de "un peligro para el sistema educativo". Desde Més per Mallorca, Joan Collet ha afirmado que los diputados de Vox "son unos pesados". Y por Més per Menorca, Patrícia Font ha asegurado que la iniciativa pretendía "destruir todo lo que se ha hecho".
La socialista Francia Armengol gobierna Baleares desde 2015 gracias a un acuerdo de coalición con Podemos y las formaciones nacionalistas del Més. Durante su gestión, ha fomentado la exigencia del catalán en el ámbito de la sanidad pública y la enseñanza.
El decreto que regula el conocimiento de catalán para trabajar en la sanidad pública no impide obtener una plaza en oposiciones sin saber la lengua cooficial, pero es obligatorio para optar a traslados y cobrar los pluses de carrera profesional. En estos casos, los médicos y enfermeros deben tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería y celadores el nivel A2 (básico). Esta dictadura lingüística está provocando un éxodo considerable entre los profesionales de la Medicina.
Por su parte, el Reglamento de usos lingüísticos de la Universidad de Baleares (UIB) establece el catalán como "lengua propia" con carácter de "lengua oficial" y, como tal, determina que debe tener "un uso prioritario". Advierte a los docentes de que "el catalán es la lengua oficial propia de la Universidad de las Islas Baleares y, en consecuencia, la comunidad universitaria se ha de esforzar por hacerla vehículo preferente de enseñanza"
Gonzalo Quintero Olivares elconfidencial 9 Octubre 2019
El Tribunal Supremo ha condenado a penas de entre 1 año y 6 meses de prisión, y 9 años y 6 meses a los 8 acusados en el denominado ‘caso Alsasua’ por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y/o amenazas, reduciendo las penas impuestas previamente por la Audiencia Nacional.
EFE elconfidencial 9 Octubre 2019
El Colegio de Médicos de Barcelona critica el "escrache inadmisible"; Mos Movem ve "uso del idioma como arma política" y Albert Rivera denuncia "totalitarismo puro e intolerable"
Ignasi Jorro cronicaglobal 9 Octubre 2019
Tormenta política por el acoso independentista a una médico interina del CAP Les Corts que se ciñó al castellano durante una visita a una madre y una hija. El Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) ha detectado un "escrache inadmisible" y la plataforma Mos Movem, que defiende la libre elección de lengua en sanidad, ha lamentado el "uso del idioma como arma política". Ciudadanos ha dado un paso más. Su presidente, Albert Rivera, ha detectado "totalitarismo puro e intolerable" en el asedio a la doctora de urgencias.
La primera en reaccionar a la intimidación desplegada por el ultra Santiago Espot fue Mos Movem. La plataforma balear que luchó contra el decreto que impone el catalán como un requisito para trabajar en la sanidad pública del archipiélago avisó ayer de que "un grupo independentista, encabezado por el empresario Santiago Espot, irrumpe en un centro médico de Barcelona para exigir el cese de una doctora por humillar a una paciente. Una prueba más de la utilización del idioma como arma política". Ya el miércoles, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha detectado "totalitarismo puro" en el episodio. "Unos radicales separatistas acosan al director de un centro de salud porque una doctora atendió en español a un paciente. Esta gente no puede campar a sus anchas. El Estado tiene que actuar para proteger la libertad de todos. Ya basta", ha tuiteado el también candidato a presidente del Gobierno en las elecciones del próximo 10 de noviembre.
"Escrache inadmisible"
El Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) también ha reaccionado, aunque sin anunciar acciones legales. Su presidente, el independentista Jaume Padrós, ha recordado que "ya me manifesté en nombre del COMB que este tipo de escraches son inadmisibles. Ni juicios paralelos ni somatenes. Si hay alquna queja, solo la paciente o su tutor, llegado el caso, son las personas válidas para vehicularlas mediante un método garantista". En diversos tuits en su cuenta oficial en la red de microblogging, Padrós ha restado importancia al incidente. "Los hay que, sin representar a nadie, viven de crear un falso conflicto que acaba siendo pintoresco y lamentable. No lo categoricemos más, por favor", ha opinado.
Según el también facultativo, "todos los profesionales del CAP Les Corts son ejemplares. Este año cumplen 25 años de gran servicio a las personas. Y el Colegio decidió distinguirlos como equipo de excelencia en 2019". No ha dado muestras Padrós de que el Colegio, de afiliación obligatoria, se disponga a emprender medidas para defender a la médico interina.
Irrumpen en el ambulatorio y en Salud
Las tres muestras de rechazo se han sumado a otras, como las de los diputados Toni Cantó o Carina Mejías, o el electo en la cámara catalana Jorge Soler, también médico. El galeno y diputado ha mostrado "todo su apoyo" a la sanitaria. "Los camisas pardas acosando a un director de un centro de salud de Barcelona porque una doctora de su equipo habla en castellano y le piden que la despida. Qué tristeza ver a lo que ha llevado el odio nacionalista", lamentó Soler el martes.
Cabe recordar que Espot y los ultraderechistas del MIC no solo irrumpieron en el ambulatorio en el que trabaja la doctora (el lunes), sino que también se personaron (el martes) en la sede del Departamento catalán de Salud en Travessera de les Corts. Allí exigieron la destitución de la médico. La Consejería que dirige Alba Vergés (ERC) aún no ha aportado su versión oficial sobre el caso, aunque Montserrat Sagalés, subdirectora general de Ordenación y Servicios, recibió a Espot y los ultras.
El separatista Santiago Espot y una decena de sus seguidores irrumpen en un ambulatorio de la capital catalana para amedrentar al director sanitario.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 9 Octubre 2019
Episodio de matonismo lingüístico en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Les Corts, en Barcelona, ambulatorio que comparte edificio con la consejería de Sanidad. Un grupo de individuos encabezados por Santiago Espot, conocido por organizar los abucheos al Rey y al Himno Nacional en las finales de la Copa, irrumpe en las instalaciones y amenaza al director médico por un supuesto caso de discriminación lingüística.
Una mujer ha denunciado en los medios de comunicación nacionalistas que una doctora les atendió a ella y a su hija, una discapacitada de 26 años, en español porque no entendía el catalán. Según la versión de la denunciante, ella tuvo que hacer de traductora porque su hija solo sabe hablar en catalán. La doctora, asegura esta madre, las humilló.
Conocida la denuncia, Espot hizo un llamamiento para reclutar una brigada con la que presentarse en el ambulatorio y amenazar a sus responsables. Así, una partida de una decena de individuos irrumpió en el centro y exigió hablar con el máximo responsable. El director no tuvo más remedio que hacer frente a Espot y sus seguidores en las dependencias del ambulatorio.
De entrada, Espot le recriminó haber incumplido las leyes lingüísticas de Cataluña. Las imágenes del incidente constan en este hilo de Twitter:
Santiago Espot: Por lo bajo, se ha vulnerado la ley de política lingüística del 98 artículo 11 y el artículo 33 del Estatuto de Autonomía. Sabemos que la madre presentó una queja y todavía no se le ha respondido.
- Médico: No es verdad
- Una mujer que acompaña a Espot: ¿Se ha echado a la persona investigada?
- Médico: No, en absoluto, solo faltaría.
- Otro acompañante de Espot: ¿Solo faltaría?
- Médico: Esta chica (en alusión a la doctora) entiende perfectamente el catalán.
- Mujer: "Entonces se nos está reconociendo que tenía ganas de humillar a la persona.
- Médico: Si me dejan hablar yo se lo agradeceré. Si no me dejan hablar, entonces no pasa nada. Aquí no se ha discriminado a nadie.
- Espot: ¿Es mentira lo que dice la madre?
- Médico: Como mínimo nuestra versión no es esa y ustedes, con todo el respeto, se están convirtiendo en un tribunal.
- Miembro del grupo de Espot: De la inquisición...
- Médico: Ni tan solo quieren escuchar la versión de los profesionales afectados. Nuestra versión es muy sencilla. Evidentemente no entraré en detalles de lo que pasó en una entrevista clínica porque como ustedes comprenderán solo lo saben las personas que estuvieron presentes. Lo que sí que les explicaré es que nuestros profesionales, nosotros tenemos profesionales en formación muchos de ellos extranjeros que vienen de otros países. Todos saben que tienen la obligación de lo más rápidamente posible poder entender las lenguas oficiales de aquí. Nunca hemos tenido ningún problema en este sentido.
- Espot: ¿Entonces por qué denunció la madre?
- Médico: No tengo ni idea. Intentaré hablar con ella.
- Espot: Cuando los medios les piden su versión ustedes no responden.
- Médico: Nadie nos ha pedido nuestra versión.
Colonos y abuelos que mueren en castellano
En ese punto, Espot insiste en que los medios de comunicación han intentado recabar la versión de los médicos del centro y el director del ambulatorio insiste en que eso no es cierto. Espot se ofende y exige a gritos que le deje hablar, que ahora le toca a él. Y afirma:
"Doctor Benavent, esto es una puñetera (inaudible). Aquí vienen médicos con el ánimo del colonizador a menospreciarnos. Este es un país donde no te puedes morir ni en catalán. Muchos de nuestros abuelos catalanoparlantes las últimas palabras que escucharán serán en lengua castellana. Por tanto, los catalanes somos muy generosos. Dejad que hablen en castellano... Fíjese si somos generosos, pero que nos humillen en nuestra casa como esta médico a esta madre, eso no lo toleraremos más. Veo que usted no da las explicaciones oportunas. Ya iremos allá donde sea necesario. Eso no se vuelve a repetir aquí. Eso no se volverá a repetir aquí, se lo aseguro".
Esta secuencia ha sido difundida a través de dos mensajes en Twitter por el Movimient Identitari Català, una organización separatista de extrema derecha que se define como "cultural" y afirma luchar por "una Cataluña libre y catalana".
Espot, por su parte, ha aprovechado su tribuna en el digital independentista El món (mundo) para llamar "mengeles" a los médicos del citado CAP, tachar a la médico incriminada de "perversa doctora rojigualda" y afirmar que "constatamos que tampoco hay piedad para los catalanes discapacitados si sospechan que no quieren ser españoles". Espot afirma también que ha hablado con la consejera de Salud, la republicana Alba Vergés, para que adopte medidas.
D. B. elconfidencial 9 Octubre 2019
Crítica unánime de Cs, PP y Societat Civil, y silencio en el independentismo: "Actúan de forma coactiva y violenta".
Cristian Campos elespanol 9 Octubre 2019
Las reacciones al vídeo del MIC (Movimiento Identitario Catalán) en el que un grupo de radicales encabezado por Santiago Espot irrumpe en un Centro de Atención Primaria (CAP) del barrio de Les Corts de Barcelona son contundentes. Excepto en el independentismo, que ha optado por el silencio.
Las imágenes, en las que puede verse a los radicales acosar y amenazar a Jaume Benavent, gerente del centro, para que despida a una doctora que atendió a una paciente en español y a la que califican de "extranjera colonizadora", han retrotraído a la mayoría de los líderes políticos y civiles consultados por EL ESPAÑOL a épocas predemocráticas.
Jorge Soler, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento catalán y médico especialista en medicina familiar y comunitaria, ha presentado una queja y una batería de preguntas frente a la Consejería de Salud, liderada por Alba Vergés, de ERC.
En su escrito, Soler pregunta por las acciones adoptadas por el Departamento de Salud a raíz de este caso, por las medidas previstas para evitar este tipo de acosos y por la opinión del Departamento de Salud y de la propia Generalidad acerca de la calificación de "colonizadores" utilizada por Espot para referirse a los médicos no catalanohablantes. También pregunta el diputado de Ciudadanos por la opinión de la consejera de Sanidad al respecto. "¿Comparte la idea de que debe expulsarse de Cataluña a los médicos que hablen en español en sus consultas?", plantea en su escrito.
"Ayer ví el vídeo en el perfil de Twitter de Sonia Reina y no daba crédito", dice Carina Mejías, diputada de Cs en el Congreso de los Diputados. "Es una manifestación de xenofobia intolerable y de acoso a unos profesionales de los que se valora más que hablen catalán que su profesionalidad y su experiencia. Esto no puede seguir así. Hay que denunciar la xenofobia y ese racismo que provoca el rencor independentista. Han perdido el control y la razón".
"Camisas pardas"
Mejías, que como líder del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona destacó por su firmeza contra las políticas de Ada Colau, pero también contra el separatismo, pide sanciones contra los ataques del separatismo. "Ante estas situaciones ya no se puede seguir ignorando la situación. Hay que tomar medidas para evitar este acoso. Hay que denunciar y sancionar. El Gobierno de España no puede seguir ignorando esto, tiene que actuar sin complejos".
Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, es, si cabe, más contundente incluso que Mejías. "Es nazismo. Pero amparado y financiado por las instituciones catalanas" dice. "Cuando legitimas a una entidad que señala y que persigue a empresas, a comercios y a trabajadores, es cuestión de tiempo que alguien se crea legitimado a intimidar a los que 'no cumplen'. Son como los camisas pardas [las milicias nacionalsocialistas encargadas de acosar, intimidar y agredir a los ciudadanos judíos de la Alemania nazi]. Ya no es una exageración, es una realidad".
Por su lado, las fuentes de Societat Civil Catalana (SCC) consultadas por EL ESPAÑOL coinciden con Ciudadanos en la calificación de unos hechos que consideran impropios de una democracia como la española. "Es un comportamiento propio de un régimen totalitario y que no debería permitirse en un Estado democrático como el nuestro. Este tipo de actos no deberían realizarse con total impunidad y encima tener la osadía de grabarlos".
"Hay sectores del secesionismo que no aceptan que en Cataluña haya dos lenguas oficiales" afirman también desde SCC. "Los nacionalistas han construido una realidad paralela y se la han creído. No vamos a permitir que conviertan Cataluña en su masía particular. Cataluña necesita que se apliquen políticas de convivencia y no de confrontación y de tsunamis, tal y como defienden el presidente de la Generalidad y su equipo de Gobierno".
Joan López Alegre, referente del constitucionalismo catalán y número dos del PP en la lista que encabezaba Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona en las pasadas elecciones generales, dice sospechar que existe una campaña de blanqueamiento de la violencia "por parte de las instituciones catalanas y sus medios de comunicación públicos y medios afines".
"Esta campaña de blanqueamiento da alas a los independentistas para actuar de forma coactiva y violenta", dice López Alegre. "No sólo blanquean y justifican, sino que además dan poca difusión a estas acciones violentas para que sus radicales puedan actuar con mayor impunidad. Es la misma praxis de los batasunos en el País Vasco de los años ochenta y noventa". Fuentes cercanas a la cúpula del PP catalán afirman estar investigando si Santiago Espot recibe algún tipo de ayuda o de subvención por parte de la Generalidad: "Si es así, las denunciaremos".
Él mismo ha hecho una petición, a través de las redes sociales, para que grupos de separatistas le acompañaran en este acoso. Los radicales se han encarado al director del centro de salud, mientras le grababan apuntándole con varios teléfonos móviles, y le reprochaban sus explicaciones. Entre otras acusaciones vertidas, aseguran que "aquí vienen muchos médicos con ánimo colonizador".
En el vídeo, Santiago Espot también se lamenta de "no poderse ni morir en catalán" ya que "lo último que escuchan muchas personas al morirse en Cataluña son palabras en castellano" por eso, dice, "los catalanes somos muy generosos". El activista le ha leído al funcionario los artículos de la ley lingüística que "se han vulnerado". Asegura que "esto no se vuelve a repetir aquí, no lo toleraremos más" mientras le afirma que "mire si somos generosos los catalanes que dejamos que hablen en castellano".
Los separatistas que se han presentado en el centro de atención primaria de Les Corts han exigido al director "un careo" entre la madre, el responsable del centro y la doctora, con ellos presentes, para saber quién dice la verdad, debido al cruce de acusaciones.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 33