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BOE.es - Documento BOE-A-2011-3164
Documento BOE-A-2011-3164
«BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2011, páginas 18254 a 18271 (18 págs.)
BOE-A-2011-3164
https://www.boe.es/eli/es/ai/2006/12/20/(1)
Por cuanto el día 27 de septiembre de 2007, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Nueva York la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006,
Vistos y examinados el Preámbulo y los cuarenta y cinco artículos de la Convención,
Dado en Madrid a 14 de julio de 2009.
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por «desaparición forzada» el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por «víctima» la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.
1. Para la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, se constituirá un Comité contra la Desaparición Forzada (denominado en lo sucesivo «el Comité») integrado por diez expertos de gran integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercerán sus funciones a título personal y actuarán con total imparcialidad. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa. Se tendrá en cuenta el interés que representa la participación en los trabajos del Comité de personas que tengan experiencia jurídica pertinente y de una representación equilibrada de los géneros.
Una Conferencia de los Estados Partes se reunirá no antes de cuatro años y no más tarde de seis años, después de la entrada en vigor de la presente Convención, para evaluar el funcionamiento del Comité y decidir, según las modalidades previstas en el párrafo 2 del artículo 44, si es apropiado confiar a otra instancia –sin excluir ninguna posibilidad–, con las atribuciones previstas en los artículos 28 a 36, la supervisión de la aplicación de la presente Convención.
08-11-2007 R
14-12-2007 R
03-12-2009 R
02-02-2009 R
08-12-2009 R
20-10-2009 R
23-09-2008 R
01-04-2008 R
23-11-2010 AD
23-07-2009 R
27-02-2009 AD
01-07-2009 R
18-03-2008 R
27-07-2009 AD
03-08-2010 R
11-12-2008 R
04-03-2009 R
S: Formula declaraciones o reservas.
De conformidad con el artículo 31 de la Convención [internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas], la República de Albania declara que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por parte del Estado de Albania de las disposiciones de la presente Convención.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Convención [internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas], la República de Albania declara que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple con las obligaciones que le impone la presente Convención.
La prohibición de entrega únicamente se aplicará si la persona afectada corre un riesgo real de convertirse en víctima de una desaparición forzada.
Con respecto al artículo 17 (2) (f):
El derecho alemán garantiza que la privación de libertad sólo será legal en el caso de haber sido ordenada o, en casos excepcionales, autorizada a posteriori por un juez. El párrafo 2 del artículo 104 de la Ley Fundamental (Grundgesetz) dispone expresamente: «Sólo el juez decidirá sobre la licitud y duración de una privación de libertad. En todo caso de privación de libertad no basada en una orden judicial, deberá procurarse de inmediato la decisión judicial.» El párrafo 3 del artículo 104 de la Ley Fundamental dispone que «toda detenida provisionalmente bajo sospecha de haber cometido un acto delictivo deberá ser llevada ante el juez a más tardar al día siguiente al de su detención».
En el caso de que una persona haya sido detenida arbitrariamente, infringiendo lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Fundamental, cualquier persona podrá interponer una acción ante el tribunal local competente a fin de que el mismo ordene la inmediata puesta en libertad. Si dicha persona hubiera estado detenida por un tiempo superior al plazo permitido por la Ley Fundamental, el juez deberá ordenar su puesta en libertad en virtud de lo dispuesto en la primera frase del párrafo 2 del artículo 128 del Código de Procedimiento Penal (Strafprozessordnung, StPO).
Art. 17, pfo. 3:
En el caso de internamiento involuntario de personas enfermas por un tutor o apoderado, las informaciones requeridas en virtud de los apartados (a) a (h) se pondrán en conocimiento del juez a quien corresponda autorizar el internamiento. El juez podrá requerir dicha información en cualquier momento del tutor o apoderado; la misma se incluirá en el expediente del asunto y deberán considerarse en adelante como parte constitutiva de dicho expediente oficial del interesado con arreglo al párrafo 3 del artículo 17.
Con respecto al artículo 18:
La legislación alemana reconoce a toda persona que tenga un legítimo interés en la información contenida en los expedientes judiciales, el derecho de acceso a la misma. Se admiten limitaciones destinadas a proteger los intereses de las personas interesadas o a garantizar el correcto desarrollo del procedimiento penal en virtud del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención.
Con respecto al párrafo 4 del artículo 24:
Se precisa que la disposición prevista relativa a la reparación y a la indemnización no abroga el principio de inmunidad de los Estados.
De conformidad con el párrafo 1 del artículo 31... de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la República Argentina declara que reconoce la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado de las disposiciones de la presente Convención.
De conformidad con lo dispuesto en el... artículo 32 de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la República Argentina declara que reconoce la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas... para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la presente Convención.
En virtud del párrafo 2 del artículo 42 de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la República de Cuba declara que no se considera obligada por las disposiciones del párrafo 1 de dicho artículo y que, en consecuencia, no se considera obligada a someter las controversias en que pueda verse involucrada a la Corte Internacional de Justicia.
La República de Chile declara que, de conformidad con el artículo 31 de esta Convención, reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo jurisdicción del Estado chileno o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado de las disposiciones de la presente Convención.
La República de Chile declara que, de conformidad con el artículo 32 de esta Convención, reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la presente Convención.
1. «De conformidad con el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Reino de España declara que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por las personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctimas de violaciones por parte de España de las disposiciones de la presente Convención».
2. «De conformidad con el artículo 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Reino de España declara que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las Comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple con las obligaciones que le impone la presente Convención».
... de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31, [Francia declara] que reconoce la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por parte de Francia de las disposiciones de la presente Convención.
... de conformidad con el artículo 32, [Francia] reconoce la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la presente Convención.
«De conformidad con el artículo 32 de la Convención, el Gobierno de Japón declara que reconoce la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas para recibir y examinar las comunicaciones procedentes de un Estado Parte que alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la presente Convención.
Declaración en virtud de los artículos 31 y 32:
El Gobierno de la República de Malí declara que reconoce la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas o por cualquier otro Estado Parte, conforme a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada el 20 de diciembre de 2006.
De conformidad con el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la República Oriental de Uruguay declara que reconoce la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por parte de este Estado de las disposiciones de la presente Convención.
... de conformidad con el artículo 32 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la República Oriental de Uruguay declara que reconoce la competencia del Comité [contra las desapariciones forzadas] para recibir y examinar las comunicaciones procedentes de cualquier Estado Parte que alegue que el Estado de Uruguay no cumple las obligaciones que la impone la presente Convención.
La presente Convención entró en vigor de forma general y para España el 23 de diciembre de 2010, de conformidad con lo establecido en su artículo 39.1.
Ratificación por instrumento de 14 de julio de 2009.
Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 9 de febrero de 2011.

References: artículo 44
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 17
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 128
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 24
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 42
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 39
 Resolución