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Timestamp: 2018-02-19 23:58:58+00:00

Document:
(Formación) La prescripción de la responsabilidad civil derivada del delito
20.02.18 0:58
INFOPOLICIAL el 14.03.14 14:23
De: Sacramento Ruiz B.
1.1. El instituto de la prescripción y las consecuencias jurídicas del ilícito penal
2. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO
2.1. Los plazos de la prescripción de la acción civil ex delicto
2.2. Inicio e interrupción de la prescripción de la acción civil derivada del ilícito penal
Explica Luzón Cuesta que el contenido del Derecho penal viene dado, fundamentalmente, por el hecho delictivo, alrededor del cual giran, de una parte, el sujeto activo y la consecuencia jurídica sancionadora, y de otra, el sujeto pasivo la ya consecuencia jurídica reparadora[1].
El hecho delictivo, delito o falta, viene dibujado en el art. 10 del Código Penal de 1995 (en adelante CP), que define los delitos y las faltas como las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.
Para el referido autor, en este artículo del Código Penal, que supone la consagración del principio de legalidad, destacando su vertiente de garantía criminal, se encuentran comprendidos todos los elementos del delito conforme a la teoría jurídica del mismo. En la definición del art. 10 del CP aparecen: el elemento de la acción, como conducta humana, que incluye en la referencia a "acciones u omisiones", el elemento de la culpabilidad, que se formula con la exigencia de que aquellas sean "dolosas o culposas", la antijuridicidad, la tipicidad y la punibilidad, pues deben estar "penadas por la ley"[2].
Así, pues, las consecuencias jurídicas del delito son la consecuencia sancionadora y la consecuencia reparadora, y que en nuestro sistema penal serían: la pena, las medidas de seguridad, las consecuencias accesorias y la responsabilidad civil derivada del delito.
Como consecuencia jurídica del delito, la pena consiste en la privación de un bien, impuesta en virtud del proceso al responsable de una infracción previamente determinada por la ley[3].
Las medidas de seguridad se fundamentan en la idea de peligrosidad criminal de un sujeto. Von Liszt las definió como los medios por los cuales se trata de obtener la adaptación del individuo a la sociedad (medidas educadoras o correccionales) o la eliminación de los inadaptables (medidas de protección o de seguridad en sentido estricto)[4]. En nuestro derecho penal vigente están reguladas en el en título IV del Libro I del Código Penal.
Las denominadas consecuencias accesorias se introducen en Derecho español en el Código Penal de 1995. Según De La Fuente Honrubia el Código Penal actual toma tales sanciones de la correspondiente propuesta de regulación de los sucesivos proyectos de Código Penal de los años 80 y 90 a partir de la Propuesta de Anteproyecto del nuevo Código Penal de 1983 que prevé por primera vez tal categoría para sanciones como el comiso, la privación de beneficios o garantías procedentes del delito, y las medidas de clausura, disolución, suspensión, o prohibición de actividades e intervención de personas jurídicas. Tales sanciones tienen en común, aparte de ser accesorias a la pena –pero a diferencia de las penas accesorias– que pueden recaer sobre bienes jurídicos de personas, sean jurídicas o físicas, distintas del responsable del delito[5].
Además de las anteriores consecuencias jurídicas de la infracción penal, conforme al art. 109 del CP, de todo delito o falta surge la obligación de reparar los daños y perjuicios causados.
Todas las consecuencias jurídicas del ilícito penal están sujetas al instituto de la prescripción. Todas ellas prescriben. Prescriben las penas, prescriben las medidas de seguridad, prescriben las llamadas consecuencias accesorias y prescribe la acción para exigir la reparación de los daños y perjuicios derivados de la comisión de una infracción penal. También prescriben los delitos (si bien este principio general aparece matizado en la ley por determinadas excepciones) y las faltas, o dicho con mayor rigor, prescribe la acción para exigir la responsabilidad criminal por la comisión de un hecho tipificado por la ley como infracción penal.
El instituto de la prescripción en el ámbito del derecho penal se caracteriza por la renuncia del Estado al ius puniendi, dada la imposibilidad de que el castigo cumpla las finalidades de prevención social. El fundamento material de la prescripción viene constituido por los principios de seguridad jurídica, intervención mínima y necesidad preventivo-general y preventivo-especial de la pena, como resalta el Tribunal Constitucional en SSTC 63/2005, de 14 de marzo; 29/2008, de 20 de febrero; 60/2008, de 26 de mayo; 79/2008, de 14 de julio; 129/2008, de 27 de octubre, y 37/2010 de 19 de julio (a título de ejemplo, entre otras muchas), y la necesidad de una interpretación constitucional del instituto de la prescripción en relación con el tenor literal de la norma que le sirve de fundamento y con los fines de la misma. Y así la STC 37/2010 señala que en modo alguno resulta ocioso recordar que este Tribunal tiene declarado que por estar en juego el principio de legalidad por imposición de la propia Constitución (art. 25.1 CE), "resulta patente que los términos en que el instituto de la prescripción (...) venga regulado han de ser interpretados con particular rigor en tanto que perjudiquen al reo", "sin posibilidad de interpretaciones in malam parte" de la normativa reguladora de la prescripción (art. 25.1 CE), "que está al servicio de la seguridad jurídica de los imputados y que implica (...) una limitación al ejercicio del ius puniendi del Estado como consecuencia de la renuncia del mismo" [STC 29/2008, de 20 de febrero (LA LEY 1123/2008), FFJJ 10 y 12]. Y es esa naturaleza material de la prescripción, como relata el AAP Madrid, Sección Sexta, de 25 de enero de 2012, la que hace que su aplicación haya de ser decidida en cualquier tiempo o fase del proceso en que resulte invocada y apreciada, sin sujeción a trámite particular alguno, pudiéndose apreciar en el ámbito del derecho penal incluso de oficio, aun cuando haya recaído ya sentencia, siempre que ésta no haya venido a ganar firmeza.
En el marco de las acciones civiles, el instituto jurídico de la prescripción extintiva, recogida con carácter general en el art. 1930 del Código Civil (en adelante CC), debe ser interpretado de forma restrictiva por basarse en consideraciones de seguridad jurídica pero no de estricta equidad. En el ámbito del proceso penal, la prescripción de los ilícitos penales, que, más allá de su coincidente denominación, en muy poco participa de la naturaleza jurídica de la prescripción extintiva predicable en el marco de las acciones civiles. En efecto, la prescripción de lo ilícito penal, delitos y faltas, y la prescripción de la pena, son consideradas, junto a otras, causas, como extintivas de la responsabilidad criminal en los arts. 130, 131 y 132, el Código Penal regula los plazos y las condiciones para el cómputo de la prescripción de los delitos y las faltas (sustrayendo al instituto de la prescripción los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado), en sus arts. 133 y 134 regula dichos plazos y condiciones para la prescripción de las penas, y en el art. 135 regula la prescripción de las medidas de seguridad.
El art. 109.1 CP determina que la ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados, y Aunque las normas sobre responsabilidad civil ex delicto se ubican en el Código Penal, la doctrina mantiene que estas tienen naturaleza civil, y ello a pesar del tenor literal del art. 1092 del CC cuando determina que las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal.
La cuestión relativa a la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil derivada del delito ha sido discutida históricamente. Por un lado la circunstancia de que los preceptos que la regulan se encuentren ubicados en el Código Penal, unido al hecho de que la existencia de esta responsabilidad deba tener como presupuesto el delito, ha llevado a algún autor a defender que la naturaleza de dicha responsabilidad es penal[6]. Se ha defendido también la postura de que a la responsabilidad civil ex delicto le corresponde una naturaleza mixta[7], y así Quintano Ripollés[8] entendió que esta acción civil derivada del delito se compone de un conjunto de obligaciones de carácter patrimonial, pero que su ejercicio y desarrollo es penal, y por último, se ha sostenido que su naturaleza es, como su propio nombre indica, civil, siendo esta última la postura hoy casi unánime[9].
Para Martín Ríos[10] no cabe duda de que el hecho de que la responsabilidad civil ex delicto se halle regulada en el CP ha sido, desde tiempo atrás, un factor de confusión en la comprensión de la naturaleza de esta figura, y ante tal situación, autorizadas voces han denunciado la necesidad de reconducir todo el tratamiento de la responsabilidad civil, de forma unitaria, al CC, pues no tiene razón de ser su colocación en distintos textos legales[11]. Sin embargo para Alastuei Dobón[12] la ubicación de estas disposiciones en el Código Penal puede estar justificada e incluso resultar conveniente atendiendo a razones pragmáticas y consideraciones de política criminal, esgrimiendo a favor de la naturaleza civil de la responsabilidad civil ex delicto varios argumentos, sin pretensiones de exhaustividad, y que se resumen:
1.º Que aunque el art. 1092 CC remite al Código Penal en lo referente a las "obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas", los preceptos del Código Penal a los que remite pertenecen al Derecho privado.
2.º Que la responsabilidad civil ex delicto constituye una parte de la responsabilidad civil extracontractual y se caracteriza porque el acto ilícito que la genera es constitutivo de delito, siendo éste el elemento que la diferencia del resto de la responsabilidad civil extracontractual.
3.º Que las diferencias apreciables entre la responsabilidad civil ex delicto y el resto de la responsabilidad civil extracontractual son sólo de tratamiento procesal.
4.º Y que el carácter civil de esta responsabilidad se pone de manifiesto en la necesidad de acudir constantemente al Código Civil para colmar las lagunas que la regulación del Código Penal presenta en esta materia.
La naturaleza civil de la responsabilidad civil derivada del delito se pone de manifiesto aun con mayor intensidad si se analizan las diferencias apreciables entre las sanciones penales y civiles[13], y De La Fuente Honrubia[14] se afirma junto a la doctrina mayoritaria en los siguientes argumentos:
1.º Que la pena es un mal condicionado al hecho del culpable, por lo que tiene un carácter personalísimo, y en cambio la sanción civil consiste en la reparación del daño, cuantificable en términos económicos, y es trasmisible a terceros.
2.º Que la pena tiene una valoración preventiva que determina su graduación, y la exigencia de responsabilidad civil apunta a objetivos compensatorios.
3.º Y que la pena se dirige a la tutela del interés público o social en tanto que la sanción civil, a un interés privado frente al que el particular puede ejercer o hacer dejación de sus derechos. La renuncia a la acción civil es posible siempre que, según lo previsto en el art. 6.2 CC, no sea contraria al interés o al orden público ni perjudique a terceros.
El art. 109 CP, el art. 116.1 CP declara la responsabilidad civil de los criminalmente responsables si del hecho se derivaren daños y perjuicios, y el art. 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que de todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de daños y perjuicios causados por el hecho punible, pero no todos los hechos generadores de responsabilidad penal producen obligación indemnizatoria o resarcitoria, como suele ocurrir en los supuestos de tentativa o en los llamados delitos de peligro. El Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencia de 10 de octubre de 2006, precisaba que al sentencia penal que condena por un delito no presupone, sin más, la existencia de responsabilidad civil dado que ésta nace de la producción de un daño y este daño unos delitos pueden producirlo y otros no. No es cierto, por tanto, que toda responsabilidad criminal conlleve necesariamente la civil. Las únicas infracciones penales susceptibles de engendrar responsabilidad civil son aquéllas en las que el hecho además del daño criminal a ellas inherente, producen un daño civil, es decir cuando el hecho, además de ser constitutivo de delito por venir tipificado como tal en el Código Penal, constituye, a la vez, un ilícito civil, generador de un daño de esta naturaleza, a cuyo resarcimiento se encamina la acción civil correspondiente; por lo cual los delitos formales o de peligro, no son susceptibles de generar responsabilidad civil.
Por ello parece que, en puridad, siguiendo a Martín Ríos, no resulta adecuado hablar de responsabilidad civil derivada del delito, puesto que éste, en sí mismo considerado, el delito no da origen a responsabilidad civil alguna, sino que es la eventual producción de daños evaluables económicamente –eso sí, producidos a resultas de la comisión de tal delito o falta– la que provoca el nacimiento de dicha responsabilidad y, en consecuencia, también de la expectativa legítima de lograr su satisfacción.
La responsabilidad civil deriva, por tanto, de la producción de un daño o perjuicio por una acción penalmente ilícita, y no del delito o falta en sí, como erróneamente puede colegirse de la lectura del art. 1092 del CC. En consecuencia, si el hecho delictivo no originara daño o perjuicio, no nacería responsabilidad civil alguna[15].
De la distinta naturaleza y fundamentos de la responsabilidad penal y de la civil se derivan también importantes consecuencias en orden a las personas que pueden ser civilmente responsables; de hecho, la coincidencia en una sola persona de la responsabilidad civil y penal es solo una de las posibilidades.
El Código Penal en sus arts. 116 a 122 recoge una serie de reglas que sirven para determinar quiénes deben responder civilmente, directa o subsidiariamente, en determinados supuestos, y se establecen también previsiones en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para el caso en que el responsable penal sea un menor de 18 años[16].
Si bien, como principio general, la responsabilidad civil ex delito supone la previa declaración de responsabilidad criminal[17], sin embargo, existen supuestos en que puede declararse aquélla sin la concurrencia de ésta, bien porque el autor de los hechos está amparado en una causa eximente, bien porque los sujetos civilmente responsables lo sean en virtud de hechos ajenos[18]. El hecho de que se pueda exigir responsabilidad civil a terceros que no tuvieron participación alguna en el delito o falta evidencia, del mismo modo, que nos encontramos ante una responsabilidad de carácter civil, en la que no rige, por tanto, el principio de personalidad de las penas.
En los supuestos de concurrencia de varios partícipes, se establece un sistema mixto de solidaridad y subsidiariedad. Así, el art. 116.2 establece que autores y cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas y subsidiariamente por las correspondientes a los demás responsables. Para garantizar y facilitar la satisfacción de las obligaciones se dispone una responsabilidad solidaria que permite al acreedor dirigirse contra cualquiera de los deudores o contra todos ellos simultáneamente exigiendo el pago íntegro de la obligación. La obligación solidaria existe aun cuando los delincuentes sean juzgados por el mismo delito en distintos procesos. Y dispone el art. 116.2 CP que cuando uno de los responsables no pudiera satisfacer sus obligaciones se harán efectivas éstas, en primer lugar, en los bienes de los autores, y después en los de los cómplices. Queda siempre a salvo el derecho de quien se hizo cargo de las obligaciones ajenas de repetir contra los demás exigiéndoles las cuotas correspondientes[19].
Hasta la reforma del Código Penal operada por la LO 5/2010 de 22 de junio, el administrador de una sociedad así como los miembros de un órgano colegiado de administración respondían, en exclusiva, penalmente por los hechos cometidos a título individual y como consecuencia del ejercicio del cargo que desempeñan. La persona jurídica, incapaz de culpabilidad, quedaba en un discreto segundo plano como responsable civil subsidiaria. Tras la reforma el Código Penal establece junto con la responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica y como consecuencia lógica de ésta, su responsabilidad civil directa por el hecho delictivo. La Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado "Relativa a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Conforme a la Reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica Numero 5/2010", argumenta que junto con la responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica, la reforma establece su responsabilidad civil por el hecho delictivo, solidaria con la de la persona física autora conforme a las previsiones del art. 116.3 CP, que dispone que "La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el art. 110 de este Código de forma solidaria con las personas físicas que fueran condenadas por los mismos hechos."
Son tres las formas que puede revestir la responsabilidad civil derivada del delito: la restitución, la reparación y la indemnización, que recoge el art. 110 CP.
La restitución significa devolver la misma cosa al estado en que se encontraba antes de la comisión del delito[20].
En efecto el art. 111 CP dispone "1. Deberá restituirse, siempre que sea posible, el mismo bien, con abono de los deterioros y menoscabos que el Juez o Tribunal determinen. La restitución tendrá lugar aunque el bien se halle en poder de tercero y éste lo haya adquirido legalmente y de buena fe, dejando a salvo su derecho de repetición contra quien corresponda y, en su caso, el de ser indemnizado por el responsable civil del delito o falta.
2. Esta disposición no es aplicable cuando el tercero haya adquirido el bien en la forma y con los requisitos establecidos por las Leyes para hacerlo irreivindicable."
Considera Luzón Cuesta[21] que esta regulación plantea varias cuestiones, que podemos resumir:
1º. En que la restitución no tiene carácter opcional, ni para el responsable ni para la víctima, sino que es preferente, siempre que sea posible.
2º. La actividad necesaria para la efectividad de la restitución corresponde al tribunal que conforme al art. 742.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deberá resolver en sentencia todas las cuestiones referentes a la responsabilidad civil que haya sido objeto del juicio.
3º. Los deterioros o menoscabos habrán de abonarse aunque no haya mediado dolo ni culpa en su producción a cargo del responsable del delito, incluso cuando los haya ocasionado un tercero desconocido o insolvente.
4º. Que la privación temporal del bien puede producir perjuicios a la víctima.
5º. Que las mejoras o incrementos del bien habrán de resolverse conforme a las normas de derecho civil, partiendo de que el delincuente es un detentador de mala fe.
6º. Que se impone la restitución aunque el bien esté en poder de un tercero, salvo que haya adquirido con los requisitos para hacerlo irreivindicable.
La reparación del daño causado, según el art. 112 CP "podrá consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer que el Juez o Tribunal establecerá atendiendo a la naturaleza de aquél y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable, determinando si han de ser cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa."
Una de estas posibilidades es la prevista en el art. 216 CP para los delitos de calumnia o injuria mediante la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a costa del condenado.
La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá, según el art. 113 CP, no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros.
De La Fuente Honrubia[22] resalta que ni en el ámbito del derecho privado ni en el penal ha sido posible fijar las diferencias sustanciales entre la reparación de daños e indemnización de perjuicios, siendo el criterio diferenciador más aceptado el que entiende que la reparación va referida a las cosas y la indemnización a las personas.
La determinación de la cuantía a la que ha de ascender la indemnización es facultad del tribunal, pero el art. 115 del CP exige la fundamentación de las bases sobre las que se ha determinado. El importe de la responsabilidad civil delictual se establece en atención al daño producido, al igual que sucede con la responsabilidad civil pura, y no según el grado de culpabilidad, como sucedería si se tratara de una pena.
1.2. La eventualidad de la jurisdicción civil de los tribunales penales. El sistema español de acumulación de pretensiones
El ejercicio de la acción civil junto con la penal aparece previsto en los arts. 108 y 110 a 112 de la LECrim., preceptos que contemplan el ejercicio conjunto de ambas acciones en el marco del proceso penal, y sólo en el caso de que el perjudicado opte por reservarse la acción civil para su ejercicio en el correspondiente proceso en esa jurisdicción será posible una separación de las dos acciones.
Corresponde al Ministerio Fiscal, conforme al art. 108 de la LECrim. el ejercicio en el seno del proceso penal de las acciones de contenido punitivo y el ejercicio de las acciones civiles derivadas de la infracción penal en beneficio del perjudicado o perjudicados, salvo que éste o éstos las hubieren renunciado o reservado para ejercitarlas ante la jurisdicción civil.
Aunque los perjudicados por la infracción penal no se muestren como parte en la causa penal no por ello ha de entenderse que renuncian a las indemnizaciones que puedan corresponderles, que deberán ser ejercitadas por el Ministerio Fiscal en beneficio de aquellos. Si bien el art. 110 de la LECrim. determina el trámite de la calificación del delito como el momento preclusivo a partir del cual ya no podrán los perjudicados mostrarse parte en el procedimiento penal.
El art. 111 de la LECrim. otorga al perjudicado la posibilidad de hacer reserva de las acciones civiles en el proceso penal para ejercitarlas posteriormente ante la jurisdicción civil. Y ejercitada en el proceso penal sólo la acción penal, conforme al art. 112 de la LECrim, se entenderá ejercitada también la acción civil, a no ser que el perjudicado la renuncie o reserve expresamente para ejercitarla después de terminado el proceso penal, por lo que queda claro que en nuestro ordenamiento jurídico, el proceso criminal tiene por objeto no sólo la acción penal sino también la civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, salvo renuncia o reserva expresa de los perjudicados por el hecho punible.
La doctrina califica la competencia de los tribunales penales sobre la responsabilidad civil derivada de un hecho criminal como incidental, esto es, secundum eventum litis, excepcional o impropia, basada en la razón de la evidente conexión entre el objeto del proceso penal y la pretensión civil. También se considera como una competencia eventual[23].
El Tribunal Constitucional ha reconocido la constitucionalidad de la eventualidad de la jurisdicción civil de los Tribunales penales, y en STC 157/1990, 18 octubre, relata que "El conocimiento de la acción civil dentro del proceso penal tiene carácter eventual, por estar condicionada por la existencia de responsabilidad penal. La estimación de una causa extintiva de la responsabilidad criminal impide resolver la reclamación civil en el proceso penal y hace necesario plantear la reclamación civil en los tribunales ordinarios. Ello no origina por sí mismo indefensión y los inconvenientes que de ello se derivan para la víctima resultan más bien de la regulación del propio proceso civil, pero ello no puede ser razón suficiente para condicionar una política criminal determinada, ni extraer consecuencias que restrinjan la posibilidad de operar la prescripción de la pena en el proceso penal ni, desde luego, fundamentar la inconstitucionalidad de la prescripción de la falta. Ello significaría partir de una presunta equivalencia del proceso penal para satisfacer pretensiones resarcitorias civiles y admitir que la sanción penal, en caso de falta, es sólo un elemento accesorio, aunque punto de anclaje necesario, para obtener, en la más rápida y económica vía penal, el resarcimiento de la víctima. No es una exigencia constitucional que el derecho material penal y el correspondiente proceso penal se organice exclusivamente para asegurar el resarcimiento civil de las víctimas de actos culposos".
Para el Alto Tribunal esta interpretación se acomoda a los principios constitucionales de justicia e igualdad y sensibilidad con la víctima, a la que evita el llamado peregrinaje de jurisdicciones, y con las crecientes exigencias de la victimología actual; es acorde con nuestro sistema tradicional, elogiado por la doctrina española y extranjera, de ejercicio conjunto de la acción penal y de la civil, que en el Ministerio Fiscal se erige en deber institucional (art. 108 de la LECrim.) y constituye una "característica de signo progresivo conectada al sentido social del Estado de Derecho proclamado en el art. 1 CE, que beneficia directamente a los sectores de la población menos dotados económicamente, a quienes facilita la defensa de su derecho, para conseguir con esa actuación intuitiva la igualdad efectiva de individuos y grupos, a la cual encamina el art. 9 CE y, con ella, la justicia" (STC 98/1993, de 22 de marzo, F.3).
El tratamiento de la acción civil que se ejercita en el proceso penal ha de regirse por los principios que inspiran el proceso civil, por ello, el ejercicio conjunto de la acción civil con la penal conforme a las disposiciones de los arts. 109 y ss. de la LECrim., no altera la naturaleza jurídica de aquella, que en paralelo a las disposiciones del principio acusatorio que delimita el ejercicio de la acción penal, está regida por los principios propios del proceso civil de rogación o petición de parte, y el principio dispositivo para la parte, por lo que, parece evidente, que el Juez queda vinculado por las peticiones indemnizatorias solicitadas por las acusaciones.
En la determinación de los plazos de prescripción para exigir la responsabilidad civil derivada del delito se plantean diversos supuestos que conviene analizar separadamente en cuanto la jurisprudencia les otorga distinto tratamiento.
La Jurisprudencia ha distinguido distintos plazos de prescripción de la responsabilidad civil derivada del delito ejercitada en la jurisdicción penal, según haya recaído sentencia con pronunciamiento punitivo condenatorio, pero sin pronunciamiento civil por haber hecho el perjudicado expresa reserva de las acciones civiles derivadas del hecho punible, o si, por el contrario, la sentencia penal ha resultado absolutoria. También la jurisprudencia se ha referido a los plazos de prescripción de la responsabilidad civil en los supuestos de concesión de la gracia de indulto.
Además es posible que se haya ejercitado ya la acción civil en vía penal o civil, y por tanto exista ya un pronunciamiento condenatorio sobre responsabilidad civil, al haber recaído sentencia en alguna de estas jurisdicciones, en cuyo caso nos encontraríamos ante el problema de la prescripción de las acciones derivadas del delito para exigir la responsabilidad civil dimanante del hecho punible, sino ante la cuestión de los plazos de caducidad para la ejecución de las sentencias firmes o de la prescripción de las sentencias ejecutorias, cuestiones que recibirán distinto tratamiento según nos encontremos en la jurisdicción penal o en la jurisdicción civil.
1.– En el primero de los supuestos, es decir, cuando se dicta sentencia penal condenatoria sin pronunciamiento sobre la responsabilidad civil por haber mediado reserva del perjudicado de la acción civil para su ejercicio en vía civil, es reiterado criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo que el plazo a tener en cuenta para la prescripción de la acción civil por daño derivada de un hecho tipificado penalmente, es el señalado en el art. 1964 del CC de quince años para las obligaciones personales sin término especial de prescripción.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 6ª, de 11 de Septiembre de 2012, siendo ponente el Magistrado D. Rubén Blasco Obedé, consideró que la responsabilidad civil derivada de delito está sometida a la prescripción general de 15 años fijada en el Código Civil, debiendo estarse, en aquel supuesto concreto enjuiciado, al art. 227.3 del CP que dice que la reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas, y enumera a título ejemplificativo de su postura las Sentencias de Audiencia Provincial de Alicante, Sección 7ª, de 22 Nov. 2007 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 5ª, de 24 May. 2010). La Jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene establecido en torno a la responsabilidad civil ex delicto que se rige por el Código Civil (STS de 3 de mayo de 2001) y que el plazo de prescripción es el residual de 15 años del art. 1964 CC porque nace de la obligación específica impuesta por la norma penal (STS de 18 de enero de 2000) a la que remite el art. 1092 CC (STS de 31 de mayo de 2003). La prescripción de la responsabilidad civil se sujeta a los plazos genéricos de las acciones personales, art. 1964 CC de 15 años (STS de 30 de abril de 2007).
Así lo entendió el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 10 de mayo de 1994 en el caso de un proceso penal seguido por un disparo de escopeta de aire comprimido con resultado de lesiones graves, en que la acción reparadora del daño al amparo del art. 1902 CC prescribe al año como dice el art. 1968.2 del CC. Cuando los hechos revisten los caracteres de delito, si se sigue causa penal no puede iniciarse la vía civil (art. 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) pero cuando se ha seguido y se archiva por cualquier causa, se reabre la vía civil, que dura el año. Transcurrido el año sin ejercitarla, puede reabrirse la vía penal aportando nuevos datos si no hubiere prescrito el delito, pero si se sobreseyera o archivara nuevamente por cualquier causa, no cabrá la vía civil, cuando entre el primero y el segundo sobreseimiento hubiere transcurrido el año (vid. STS 20-10-1987 y 24-6-88). Del propio modo, cuando se deja pasar el año fijado en el art. 1968.2 del CC, no cabe acudir a la vía penal para provocar tras el sobreseimiento del cómputo un nuevo plazo.
Excepción al anterior criterio son los supuestos de concesión anticipada de la gracia de indulto, el plazo de prescripción de la acción civil derivada del delito es el de quince años del art. 1968 del CC.
En este sentido la STS de 10 de mayo de 1993 mantiene que es doctrina reiterada que emanando la acción ejercitada del sobreseimiento de causa penal por indulto anticipado, o sea, sin haber llegado al trámite de sentencia, con reserva al perjudicado de la correspondiente acción civil, ésta tiene su base causal en el art. 1089 del CC, sin afectarle el plazo de un año establecido en el art. 1968.2 del mismo Cuerpo Legal, por contraerse dicho precepto a meras obligaciones derivadas de culpa o negligencia, ya que como tiene declarado esta Sala en STS 21-3-1984, el segundo precepto sólo afecta a las acciones que contempla entre las que no está la nacida ex delicto, sometida al plazo prescriptivo de 15 años que, como supuesto de acción general de prescripción de las acciones personales sin plazo especial de prescripción, señala el art. 1964 (STS de 3 de marzo de 1988), tesis ésta confirmada por la STS de 1 de abril de 1990, y que es igualmente doctrina jurisprudencial que el indulto no comprende ni puede comprender la sanción reparadora en favor del ofendido, porque su contenido no afecta a la indemnización civil patrimonial para resarcir los daños y perjuicios originados por el delito, que tiende directamente a conceder derechos familiares de peculiar naturaleza que se acercan más a los públicos que a los privados (STS de 15 de marzo 1983), sin que deba perjudicar a la víctima una aplicación técnica rigorista de la prescripción, que, como instituto no fundado en la justicia intrínseca, debe merecer un tratamiento restrictivo formado en torno a la aplicación de las prescripciones cortas (STS de 6 de mayo de 1985), y que respecto a la prescripción de la acción para reclamar una responsabilidad civil derivada de delito o falta, en el supuesto de producirse un indulto con relación a éstos, dado el alcance ope legis de éstos, es claro que a la vista del art. 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se produce la extinción de la responsabilidad civil, aunque la responsabilidad penal de que trae causa sí se haya extinguido, lo que es consustancial con su distinta naturaleza aunque proceda de un mismo hecho cometido (STS de 1 de abril de 1990).
3.– También es posible que haya recaído Sentencia civil condenatoria estimando la acción de responsabilidad civil ex delicto o resolución judicial que apruebe u homologue transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso.
El art. 518 de la LEC, establece que la acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del secretario judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.
Aunque no toda sentencia es merecedora del calificativo de título ejecutivo, pues la misma debe ser condenatoria, o sea, estimatoria de una pretensión condenatoria, y firme, es decir, que no quepa interponer contra ella recursos ordinarios ni extraordinarios. Realmente el título ejecutivo se contrae al fallo y al encabezamiento de la sentencia, pues la parte dispositiva contiene el pronunciamiento cuya ejecución se pretende, aunque en ocasiones se deba acudir a sus fundamentos de derecho para integrar el fallo, e igualmente, el encabezamiento de la sentencia, al deber expresar los nombres de las partes (art. 209 LEC), determinará la condición de acreedor o deudor que dentro del título ostentan, ya que estará legitimada activamente en el proceso de ejecución aquella persona que en el título ejecutivo aparezca como acreedor (art. 538.2 LEC), y pasivamente quien figure como deudor (art. 538.2.2º LEC)[24].
También es posible que el procedimiento civil entablado para la reclamación de la responsabilidad civil derivada del delito termine mediante resolución judicial que apruebe u homologue transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, en virtud de los arts. 1816 del CC y 19.2 LEC.
El art. 518 LEC fija como dies a quo del plazo de caducidad de la acción ejecutiva la firmeza de la sentencia o resolución que se trata de ejecutar.
Una vez presentada la demanda ejecutiva entra en juego el art. 239 de la LEC, conforme al cual no puede producirse la caducidad de la instancia en la ejecución. Y en conexión con éste, el art. 570 de la LEC dispone que la ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante. Sin embargo esto no significa que una vez iniciada la ejecución ésta pueda quedar abierta sine die, pues si bien la caducidad no es de aplicación a la ejecución, sí lo es el instituto de la prescripción, y toda vez que no se establece plazo específico, habrá de aplicarse el general de quince años previsto en el art. 1964 CC[25].
La doctrina se ha planteado la constitucionalidad del art. 518 LEC, desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, por cuanto la norma supone un peor tratamiento, sin una justificación razonable, para las sentencias firmes, que el dispensado a los títulos ejecutivos extrajudiciales, pues por regla general el plazo para la ejecución de estos títulos se regirá por el plazo de prescripción de quince años del art. 1964 del CC[26].
En definitiva, y parafraseando a Toribios Fuentes, una vez dictada la sentencia sólo cabe hablar de caducidad de la acción ejecutiva (cuyo plazo es el de 5 años) pero promovida la ejecución forzosa, ya será posible la prescripción de la ejecución (cuyo plazo será el genérico de15 años)[27].
4.– En conexión con lo anterior, se nos plantea el problema de la prescripción de la condena civil reconocida en sentencia penal, y que ha sido resuelta por la Jurisprudencia en el sentido de considerar que nace un nuevo plazo de prescripción de quince años.
La ejecución de la sentencia civil de condena se configura en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 como un verdadero proceso, independiente y autónomo, de carácter eminentemente escrito, forzoso, sustitutivo y con sus propias reglas de competencia, partes y de postulación, siendo la pretensión una acción ejecutiva[28]. Por ello, como cualquier otro proceso civil comienza por medio de demanda, es decir, a instancia de parte, y se basa en los principios que rigen en proceso civil, entre ellos, y a estos efectos, el dispositivo y el rogatorio.
La ejecución de las sentencias penales obedece a los principios propios del derecho penal y se rige por las prescripciones del Libro VII de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
No obstante, el tercer párrafo art. 984 de la LECrim., modificado por la Ley 13/2009 de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, establece que para la ejecución de las sentencias, en cuanto se refiera a la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, se aplicarán las disposiciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien será en todo caso, promovida de oficio por el Juez que la dictó. Esta modificación implica que la ejecución del pronunciamiento civil contenido en la sentencia penal será promovida de oficio por el órgano judicial que dictó la sentencia, sin que sea necesario ningún impulso procesal a instancia del perjudicado.
Por ello, al tener el juez penal la obligación de promover de oficio la ejecución de la sentencia, incluida la ejecución del pronunciamiento civil, y aunque la LECrim. se remita a la LEC para la ejecución de los pronunciamientos sobre reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, no operará en sede del proceso penal el plazo de caducidad establecido en el art. 518 de la LEC. La ejecución de los pronunciamientos condenatorios de naturaleza punitiva y civil contenidos en la sentencia se iniciará de oficio por el órgano judicial penal, sin necesidad de actuación procesal alguna por parte del perjudicado.
En sede civil la ejecución deberá iniciarse necesariamente a instancia de parte, y en tanto se dictó la sentencia y se presenta la demanda de ejecución operará la caducidad prevista en el art. 518 LEC.
En sede penal, conforme al art. 985 de la LECrim, la ejecución corresponderá, en los casos de sentencias dictadas en causas por delito al Tribunal sentenciador (salvo en los supuestos de conformidad en diligencias urgentes conforme al art. 801.4 LECrim., donde el Juez instructor deberá remitir las actuaciones junto con la sentencia al Juez de lo Penal para que continúe con la ejecución, y los supuestos del art. 986 LECrim. en el caso de segunda sentencia dictada por el Tribunal Supremo a consecuencia de un recurso de casación, donde la ejecución corresponde al Tribunal que dictó la sentencia casada), y en los casos de sentencias dictadas en sede de juicio de faltas al Juez de Instrucción, bien en primera instancia, bien en apelación de las sentencias dictadas por los Jueces de paz. Iniciada la ejecución de oficio por el órgano judicial competente, en mi opinión, sólo cabrá el instituto de la prescripción de la ejecutoria por el trascurso del plazo de 15 años, no siendo de aplicación el art. 518 LEC al no ser necesaria la intervención de la parte para demandar la ejecución de la sentencia, pues el art. 984 LECrim. impone tal obligación al Juez que deberá iniciarla de oficio.
En este mismo sentido se pronunció la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Tercera, de 18 de abril de 2012, que entendió que la pretensión de que se declarase extinguida la responsabilidad civil decretada en la sentencia firme no podía prosperar ya que no había transcurrido el plazo de 15 años que establece el art. 1964 del CC para la prescripción de las acciones personales que no tengan termino especial de prescripción, que es el precepto que el Tribunal consideraba aplicable, y no el alegado art. 518 de la LECivil, que señala el plazo de caducidad de 5 años para interponer una demanda ejecutiva fundada en una sentencia judicial, que apruebe una transacción judicial o acuerdo alcanzado en el proceso o en resolución arbitral.
De otro lado, el art. 1969 del CC dispone que el tiempo para la prescripción de las acciones se contará desde el día que pudieran ejercitarse, en tanto que el art. 1971 del mismo cuerpo legal explicita que si se tratare de exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia, dicho plazo comenzará desde que la sentencia quedó firme.
En realidad, la sentencia penal estimatoria de la pretensión civil crea un nuevo título y debe abrir necesariamente un nuevo plazo de prescripción, en la medida en que hasta que dicha sentencia no fue firme no pudo ejercitarse la acción oportuna para el cumplimiento de la misma; pues nace una nueva acción para exigir el cumplimiento de una resolución judicial firme, acción que al no tener señalado plazo específico de prescripción debe remitirse al genérico del ya citado art. 1964 del CC.
Y este es también el criterio de la Sala Primera del Tribunal Supremo que, por ejemplo, en Sentencia de 4 de diciembre de 1999 (que hace referencia al criterio ya consolidado y expuesto en la anterior de 4 de noviembre de 1991) relativa a la reclamación por Abogado y Procurador de sus honorarios a la parte condenada en costas, sostiene que no es aplicable la prescripción trienal del art. 1967.1 del CC, sino la de quince años que establece el art. 1964 de dicho Código, por estimar que el título en que se funda no es realmente el contrato sino la sentencia firme.
Similar posición a la anterior se mantiene en la SAP de Baleares de 25 de julio de 2006 cuando indica que "...Todo ello sin perjuicio de que, no se comparte la argumentación del recurrente sobre la aplicación del plazo prescriptivo establecido en el art. 1966.1º del CC previsto para el ejercicio de acciones para exigir el pago de pensiones alimenticias, pues no debe olvidar el apelante que aquí se trata de la responsabilidad civil contemplada en el art. 227.3 del CP y, por tanto, una responsabilidad civil ex delicto, cuyo plazo de prescripción sería, en su caso, el genérico de quince años, previsto en el art. 1964 del CC para las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 7 de diciembre de 1989).
Con carácter general el dies a quo viene determinado en el art. 1969 del CC, que se refiere al día en que pudo ejercitarse la acción. El dies ad quem es aquél hasta el cual el plazo prescriptivo puede interrumpirse y volver a computar desde un principio. Para la acción civil derivada de un hecho criminal no resuelta en el proceso penal, si se conviene en que debe aplicarse el art. 114 LECrim. que impide la sustanciación simultánea de un proceso civil por daños y otro penal sobre los hechos causantes de aquellos daños, no podrá ejercitarse la acción civil sino desde la finalización del proceso penal, bien por sentencia firme, bien de otro modo.
Para el inicio de dicho cómputo es fundamental que la circunstancia de la finalización del proceso penal sea puesta en conocimiento de aquellos sujetos potencialmente legitimados para el ejercicio de la acción civil. Así lo ha venido exigiendo la jurisprudencia constitucional: es el caso de la STC 220/1993, Segunda, de 30 de junio, que establece la obligación de que el archivo de la causa penal se comunique al perjudicado por los hechos, aunque no se haya mostrado parte en el proceso penal, también abordan esta cuestión las SSTC 293/2000, Segunda, de 11 de diciembre, y 89/1999, Segunda, de 26 de mayo y así se ha recogido en las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el art. 779.1.1.ª LECrim en el ámbito del procedimiento abreviado y del enjuiciamiento rápido. La jurisprudencia del TS también es constante en este sentido: SSTS, 1ª, 9-2-2007 (RJ 986) y 14-2-200.
El proceso penal impide un simultáneo proceso civil sobre los mismos hechos. El perjudicado en el proceso penal no puede reiniciar el ejercicio de la acción civil para la reparación del daño causado hasta que hayan terminado las actuaciones penales (arts. 111 y 114 LECrim), lo que implica que el conocimiento de la fecha en que han finalizado dichas actuaciones constituye un presupuesto necesario para el ulterior ejercicio de la acción civil ante otro orden jurisdiccional. Por ello, el plazo de prescripción de la acción civil se habrá interrumpido por efecto de la acción penal y podrá ventilarse de nuevo si es que la cuestión civil no quedó zanjada en el proceso penal.
En consecuencia, no es posible estimar excepción de prescripción de la acción civil cuando al perjudicado no se le hizo el oportuno ofrecimiento de acciones en vía penal. En esta cuestión incide el Tribunal Constitucional en STC 220/1993, de 30 de junio, y también en la posterior STC 89/1999, de 26 de mayo, resaltando que " es evidente que si el perjudicado ignora el momento en el que ha finalizado el proceso penal, por no haberse personado en las actuaciones, ese desconocimiento puede suponer que transcurra el plazo de prescripción de un año y, si así ocurre, que se vea privado del acceso a la jurisdicción en el orden civil para la defensa de sus pretensiones y que se extinga, de este modo, su derecho a obtener reparación por el daño sufrido. Lo que no se compadece con la plena efectividad del derecho a la tutela judicial que el art. 24.1 CE reconoce".
Ahora bien, como se indica en la STC 220/1993 "cuando el perjudicado no ha renunciado a la acción civil, como aquí ha ocurrido, no puede constituir una justificación de la ausencia de notificación de la providencia de archivo de las actuaciones penales [en este caso, Auto de archivo], el hecho de no haberse convertido en parte cuando se le ofreció esta posibilidad en el trámite del art. 109, párrafo 1, de la LECrim. No cabe olvidar, en efecto, que si la Ley de enjuiciamiento criminal atribuye al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción civil, el perjudicado puede confiar en la actividad que este órgano ha de llevar a cabo en las actuaciones penales, sin necesidad de personarse en las mismas. Pero además, de aceptarse dicha justificación la consecuencia sería que el derecho de la perjudicada a personarse en las actuaciones penales vendría a convertirse en una verdadera obligación; lo que no es exigible no sólo por referirse a un hecho aún incierto –como es el ulterior curso del proceso penal y su eventual terminación por sobreseimiento–, sino porque entrañaría un condicionamiento indirecto, no previsto legalmente, para su ulterior derecho de acceso al orden jurisdiccional civil. Y es de observar, de otra parte, que con posterioridad a la regulación contenida en la Ley de enjuiciamiento criminal el art. 270 LOPJ ha establecido que los órganos jurisdiccionales han de notificar las resoluciones judiciales no sólo a todos los que sean ‘partes’ en el pleito o la causa, sino también a ‘quienes se refieran o puedan parar perjuicios’ cuando así se disponga expresamente en las resoluciones, de conformidad con la Ley. De manera que si el órgano jurisdiccional no notifica el archivo de las actuaciones a la perjudicada, no se le ha dado ocasión para conocer si el proceso penal ha finalizado y comienza a correr el plazo de prescripción para ejercitar la acción civil. Por tanto, subsistiendo la llamada acción civil derivada de delito por no haberse renunciado a la misma el perjudicado, y no habiéndose personado éste en el proceso penal, los órganos judiciales han de proceder a la notificación de la providencia de archivo de las actuaciones penales; pues en otro caso, la ausencia de esta notificación es susceptible de afectar negativamente, como aquí ha ocurrido, a la efectividad del derecho constitucional de la perjudicada de acceder al proceso en el orden civil y hacer valer sus pretensiones para la reparación del daño sufrido".
Por otra parte, la prescripción de la pena no puede llevar a la prescripción de la responsabilidad civil. (AAP Madrid, Sección Sexta, de 25 de enero de 2012). Como tampoco la extinción de la acción civil (por cualquier causa como la prescripción o la satisfacción al perjudicado) lleva consigo la de la penal que nazca del mismo delito o falta, y la sentencia firme absolutoria dictada por el pleito promovido en el ejercicio de la acción civil no será obstáculo para el ejercicio de la acción penal correspondiente (art. 117 LECrim.), sin que ninguna vinculación pueda limitar la decisión de los jueces de la jurisdicción penal. (SAP Murcia de 27 de septiembre de 1999).
[1] Luzón Cuesta, J. M., Compendio de Derecho Penal. Parte general, Dikinson, Madrid, 1997, págs. 55 ss.
[2] Luzón Cuesta, J. M., cit., págs. 59 ss.
[3] Quintano Ripollés. A., Comentarios al Código Penal. Madrid. 1966.
[4] Luzón Cuesta, J. M., cit., pág. 253.
[5] De La Fuente Honrubia, F., Las Consecuencias Accesorias del Artículo 129 del Código Penal, Lex Nova, Valladolid, 2004, pág. 21.
[6] Reyes Monterreal, Acción y responsabilidad civil derivadas de delitos y faltas, Madrid, 1955, pág. 45; Puig Peña, Derecho penal, Parte General, Tomo II, Ed. Revista de Derecho privado, Madrid, 1969, pág. 504.
[7] Quintano Ripollés, Curso de Derecho penal, vol. I, Ed. Revista de Derecho privado, Madrid, 1963, págs. 549 ss.
[8] Quintano Ripollés, La "acción tercera" o "cuasi criminal", propia de la la llamada responsabilidad civil dimanante del delito. RDPri. 1946, pág. 939.
[9] Gracia Martín, L.(coord.)/Baldova Pasamar, M.A./Alastuei Dobón, M.C., Lecciones de consecuencias jurídicas del delito. El sistema de penas, medidas de seguridad, consecuencias accesorias y responsabilidad civil derivada del delito, 2ª Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.
[10] Martín Ríos, M.P. El ejercicio de la acción civil en el proceso penal: una aproximación victimológica, LA LEY, Madrid, 2007, pág. 37.
[11] En este sentido, por ejemplo, Font Serra, La acción civil (n. 12) pág. 16; Rodríguez Devesa, "Responsabilidad Civil derivada del delito o falta y culpa extracontractual", en libro homenaje a Jaime Guasp, Ed. Comares, Granada 1984, pág. 526; Yzquierdo Tolsada, "El perturbador artículo 1092 del Código civil: cien años de errores", en Centenario del Código civil (1889-1989), Tomo II, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, págs. 2110 ss.
[12] Gracia Martín, L.(coord.)/Baldova Pasamar, M.A./Alastuei Dobón, M.C., Lecciones de consecuencias jurídicas del delito. El sistema de penas, medidas de seguridad, consecuencias accesorias y responsabilidad civil derivada del delito, 2ª Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 413.
[13] Gracia Martín, L.(coord.)/Baldova Pasamar, M.A./Alastuei Dobón, M.C., cit., págs. 417 ss.
[14] De La Fuente Honrubia, F. Consecuencias Accesorias, cit., pág. 277.
[15] Cfr. Martín Ríos, M.P., cit., pág. 39.
[16] Gracia Martín, L.(coord.)/Baldova Pasamar, M.A./Alastuei Dobón, M.C., cit., págs. 433 ss.
[17] Cfr. Morillas Cueva, L, Teoría de las Consecuencias jurídicas del delito, Tecnos, Madrid, 1991, págs. 175 ss.
[18] Cfr. Mapelli Caffarena, B. /Terradillos Basoco, J Las consecuencias jurídicas del delito, 3ª ed. Civitas, Madrid, 1996, pág. 243.
[19] Cfr. De La Fuente Honrubia, La responsabilidad civil derivada del delito. Especial consideración de las personas jurídicas y entes colectivos. Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá de Henares. 2003, págs. 228-247.
[20] Cfr. Mapelli Caffarena, B./ Terradillos Basoco, J., cit., pág. 238.
[21] Luzón Cuesta, J. M., cit., pág. 275.
[22] De La Fuente Honrubia, F., Consecuencias Accesorias, cit., pág. 280
[23] Cfr. Juan Sánchez, R., La responsabilidad civil en el proceso penal, LA LEY, Madrid, 2004, pág. 74.
[24] Toribios Fuentes, F./Velloso Mata, M.J., Manual Práctico del Proceso Civil, Lex Nova, Valladolid 1.ª ed. abril 2010, págs. 338 SS.
[25] Toribios Fuentes, F. y otros, Comentarios a la ley de Enjuiciamiento Civil, Lex Nova, Valladolid. 1ª ed., enero 2012.
[26] Cachón Cadenas, M., Apuntes de ejecución procesal civil, Servei de Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona, 1ª. ed, 2011, págs. 20 ss.
[27] Toribios Fuentes, F. y otros, cit.
[28] Toribios Fuentes, F./Velloso Mata, M.J. Manual Práctico del Proceso Civil, Lex Nova, Valladolid 1.ª ed. abril 2010, pág. 384 y ss.
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 Artículo 129
 artículo 1092