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Timestamp: 2020-04-04 22:01:54+00:00

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integración regional | Radio Informaremos
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El ingreso de Venezuela a MERCOSUR es un hecho que complementa su abandono del Pacto Andino (Acuerdo de Cartagena). Algo que debió suceder de modo secuencial e inmediato, porque Venezuela firmó su adhesión en 2006, pero fue demorada por la obstinación de los senadores paraguayos; los mismos que al derrocar a Lugo en un juicio sumario sin defensa, quedaron suspendidos de MERCOSUR.
El Pacto Andino tiene debilidades congénitas, porque no puede haber integración entre economías que no son complementarias, sino competidoras. Es una asociación entre países petroleros que tienden a producir bienes básicos y productos de baja tecnología e importar bienes intensivos en capital o de alta tecnología. La presencia de Venezuela, además, era incoherente porque las montañas no unen sino que separan. Los otros miembros están unidos por el Océano Pacífico, pero Venezuela es un país del Atlántico.
MERCOSUR, en cambio, es un acuerdo de integración entre economías diferentes, que Venezuela complementa con un aporte energético, industrias básicas importantes y un lazo estratégico y político. Por ello, el ingreso de Venezuela puede analizarse desde la perspectiva geográfica, económica y política. Varios distinguidos analistas como Atilio Boron, Edelcio Vigna, Oscar Laborde, Marcelo Saguier, Juan Romero, Juan Kart, Miguel Barrios y Emilio Marín han escrito sobre el tema, por lo que evitaré ser repetitivo.
El cuadro presenta la actividad comercial de MERCOSUR antes del ingreso de Venezuela. Usamos Euros porque su referencia es más estable que la del Dólar. Las cifras demuestran la creciente importancia del bloque en el comercio mundial, porque, a diferencia de Estados Unidos y Europa, su comercio crece y se reorienta. Un detalle que suele omitirse es que los países de ALADI son sus principales socios comerciales (€108 millardos). Le siguen los del BRIC (€103 millardos), la Unión Europea (€93 millardos) y singularmente China (€74 millardos). El comercio intra-bloque llegó a 68.352 millones de Euros y es el 16,3% de su comercio total.
Las exportaciones de MERCOSUR cubren una amplía gama de productos por la diversidad de sus economías. Con el aporte venezolano el grupo deja de temer por su seguridad energética, además de tener yacimientos marítimos por desarrollar en Brasil. Con Venezuela el PIB de MERCOSUR sube a € 2.230,7 millardos y pasa a ser el cuarto bloque comercial, después de la UE, NAFTA y ASEAN. Estos son los rasgos salientes de sus miembros
Brasil (PIB € 1.808,3 millardos) es un país de muy buen desarrollo científico y tecnológico, con un gran mercado interno, pero es heterogéneo en niveles de desarrollo, con marcadas diferencias culturales y económicas entre un Sur próspero y un Norte pobre y desigual, lo que implica un riesgo de desintegración. En Estados Unidos hay manuales escolares que propagan la mentira de que la Amazonía les fue confiada por la ONU para su protección…
Argentina (PIB € 343 millardos) es un país con excelente desarrollo científico y un buen nivel tecnológico, que es descollante en algunas áreas. Tiene un mercado mediano con buena capacidad adquisitiva por su nivel de desarrollo nacional homogéneo. Las diferencias culturales entre la capital y el interior del país se complementan. La causa de sus anteriores problemas económicos, fueron errores ideológicos y políticos apoyados en algo así como una “cultura oligárquica” (tilinguería), obsesionada con símbolos de status y compartida por amplios sectores de su clase media.
Uruguay (PIB €40 millardos) es el único país hispanoamericano que no se independizó de España sino de Brasil. Su identidad económica y cultural es muy cercana a la Argentina y su nivel de desarrollo es igualmente homogéneo. Se caracteriza por la calidad del sector laboral y por su gasto social. Su principal mercado de exportación es MERCOSUR, aunque tiene quejas sobre proteccionismo brasileño.
Paraguay (PIB € 18 millardos) es un país trágico. Desde su época jesuita tuvo industrias que lo hicieron el país más autónomo de Ibero América, hasta la Guerra de la Triple Alianza (1865), que dejó al país en ruinas. Luego sufrió la Guerra del Chaco por ambición petrolera ajena. Paraguay tiene una sociedad muy desigual en ingresos, pero culturalmente homogénea. Su economía es de base agrícola y goza de una renta por energía eléctrica de Iguazú. Sus exportaciones van a MERCOSUR e importa mucho de Estados Unidos, con quien tiene una balanza comercial muy desfavorable.
Venezuela (PIB € 292 millardos) Es el único país de América sin una guerra con sus vecinos. Su economía esta anclada en la exportación petrolera y ha desarrollado a un nivel medio la explotación de sus recursos minerales. Para su economía el ingreso a MERCOSUR implica precios más bajos y nuevos espacios en tecnología y gerencia. Es probable que Venezuela aplique ahora las normas sobre derechos compensatorios de la OMC para frenar la importación de cereales subsidiados de Estados Unidos e importarlos de sus nuevos socios.
La perspectiva geopolítica
MERCOSUR es formalmente un acuerdo de integración económica, pero lo económico suele implicar también lo político y hasta lo militar. El ingreso de Venezuela trae novedades en el ámbito geográfico, económico y político estratégico. Citamos las más evidentes:
A) Lleva las fronteras del MERCOSUR de la Antártida hasta las Antillas y del Atlántico a los Andes;
B) Expande el proyecto de integración sobre una enorme masa territorial que contiene todos los recursos imaginables, un El Dorado, con vías de comunicación fluvial y marítima;
C) Con el complemento de Venezuela la región contiene las cuencas y los recursos hídricos de los tres grandes ríos de América del Sur: Amazonas, Orinoco y Paraná.
A) Confirma a MERCOSUR como el otro centro de gravedad económica en América. Después del NAFTA se quiso comprometer, con ALCA, el resto de las Américas al mismo vasallaje transnacional, pero falló. En Washington se optó entonces por tomar los países uno por uno, con una red de acuerdos idénticos apodados de Libre Comercio. Afuera quedaron MERCOSUR y ALBA, con la excepción de Nicaragua, que firmó el CAFTA. Venezuela inicia la tendencia a que MERCOSUR cobije a los otros países independientes.
B) Con la capacidad financiera y el conocimiento técnico de sus socios se podrá desarrollar proyectos que conjuguen capacidad empresarial. Para Venezuela eso presenta la posibilidad de desarrollar el potencial de su sector agrícola y mejorar su soberanía alimentaria.
C) Consagra una orientación en política económica distinta al Consenso de Washington. Los gobiernos de MERCOSUR tienen la legitimidad política (salvo el usurpador paraguayo) para llevar a cabo políticas que conjuguen, con distintos matices, el nacionalismo y la sensibilidad social con la iniciativa privada.
Político y estratégico
A) No es secreto que el aparato propagandístico neoliberal busca desacreditar y aislar el gobierno de Venezuela. Como es el caso del Senado paraguayo golpista que negó el ingreso a Venezuela en MERCOSUR porque no tenía un gobierno democrático. Es el estribillo que se canta en círculos donde molesta el arte que tiene Hugo Chavez para cautivar las masas. La admisión plena de Venezuela en MERCOSUR impide su aislamiento y dificulta mucho su remoción por otra vía que no sea electoral.
B) La diferencia económica, cultural, y hasta lingüística, entre el Norte y el Sur de Brasil puede ser aprovechado para un movimiento separatista. No en balde se escribe sobre una Amazonía administrada desde Washington. No es “teoría de conspiración”; Kosovo, Libia, Siria son ejemplos concretos y recientes de revueltas armadas inspiradas y sostenidas por Washington y sus socios. La integración de Venezuela aleja esa posibilidad y permite una colaboración para desarrollar la zona norte.
C) La proliferación de bases de Estados Unidos en Centroamérica, el Caribe y América del Sur en países satélites, son para hacer posible una intervención militar en América del Sur en general, pero el objetivo evidente es Brasil; basta mirar su ubicación para ver donde convergen. Si le añadimos la reactivación de la IV flota de la US Navy, justo cuando Brasil encontró petróleo en el mar, se confirma la sospecha. El ingreso de Venezuela permite colaborar en una estrategia disuasiva de mayor capacidad, cobertura y proyección
Con el ingreso de Venezuela MERCOSUR crece y se consolida como la única opción latinoamericana para contrapesar el poder de las transnacionales y bancos que mandan en Washington, en Londres y otras capitales. MERCOSUR en expansión permite aplicar políticas propias, dirigidas al desarrollo económico, pero también al desarrollo político, social y militar de la región. Por eso es importante, para poder consolidar en 4 años una red de intereses comunes, que en Venezuela haya continuidad en política de integración. Por eso es lamentable la reacción negativa de la oposición; se diría, por lo que se lee en la prensa, que quisieran desasociarse y firmar en cambio un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
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Al hablar de los vínculos de solidaridad que unen a Cuba y a Venezuela en el presente siglo estamos obligados a hablar también de aquellos vínculos que hermanan a cubanos y venezolanos desde el momento de nuestra independencia cuando el abogado Francisco Javier Yánez, nacido en Camagüey, firma como diputado de la provincia de Araure el Acta mediante el cual Venezuela proclamó al mundo su voluntad irrevocable de ser libre. Desde aquel entonces han sido múltiples los lazos existentes entre Cuba y Venezuela. Acá tuvo un refugio José Martí cuando su empeño por ver independizada su Cuba natal se le hizo un peregrinaje y un objetivo fundamental en su vida, siguiendo la senda del Libertador Simón Bolívar, el cual -en su momento- también ideó enviar a la isla antillana (lo mismo que a Puerto Rico) una flota que comandaría el General en Jefe José Antonio Páez con el objetivo revolucionario de luchar por la libertad del pueblo cubano. .
De ahí que nos quepa decir igualmente que cuando defendemos a Cuba, defendemos las Misiones sociales y al proceso de cambios en Venezuela, puesto que ambas naciones enfrentan a un enemigo común y peligroso, capaz de cometer cualquier tipo de atropello y de violaciones con tal de imponer su dominio a todo el planeta: el imperialismo yanqui. El mismo que hoy, violentando toda normativa legal y sin evidencias contundentes, ha condenado injustamente a prisión a cinco ciudadanos cubanos, simplemente por prevenir atentados que iban a cometerse contra su pueblo y su gobierno.
Esta situación común de confrontación con el principal enemigo de la libertad de nuestros pueblos nos obliga a compartir espacios y a asumir el compromiso de extenderlos a otras naciones de nuestro continente, con la misma visión estratégica de la integración promovida hace ya doscientos años por Bolívar y secundada luego por José Martí, teniendo ella una mayor vigencia que antes.
Este ejemplo de solidaridad, por supuesto, incomoda grandemente a las cúpulas de poder mundial, fundamentalmente de Estados Unidos, dado que el mismo se propicia bajo una concepción integracionista y sin los compromisos abusivos de los tratados comerciales habituales. Con ello estamos definiendo nuestras potencialidades, actuando colectivamente como pueblo en la defensa permanente de nuestra independencia, compensando, además, la grandeza, el esfuerzo y el sacrificio de nuestros antepasados por hacerla posible.
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En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.
Marcelo Saguier / ALAI
La oposición a la minería: uno de los escenarios
de conflictividad socio-ambiental.
Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).
No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.
Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.
La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.
La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.
El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.
El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad
La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).
La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.
Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.
Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.
La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de “promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.
El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.
Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.
El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.
En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).
Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.
– Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO
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Por fin la Venezuela bolivariana entra al Mercosur como un par.
Si no sucede nada raro, hoy Venezuela se convertirá en el quinto socio del Mercosur. Es un paso positivo, postergado por sectores conservadores de los senados de Brasil y Paraguay. Bienvenido Chávez.
Hoy culmina una larga búsqueda del presidente venezolano Hugo Chávez para sumarse en pie de igualdad al Mercado Común del Sur, fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su ingreso estaba demorado desde 2006.
Las autoridades de Venezuela habían expresado su simpatía con ese bloque desde apenas comenzado el ciclo de Chávez, concurriendo como “invitado” a las reuniones de los cuatro presidentes.
Los cambios progresistas en Latinoamérica fueron generando mejores condiciones, por lo que el 4 de julio del 2006 se firmó en Caracas el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur. Ese mismo mes y año el bolivariano fue invitado de lujo, junto a Fidel Castro, a la cumbre de presidentes celebrada en Córdoba.
Junto a la buena onda con Néstor Kirchner y Lula da Silva, pareció que tal sumatoria sería cuestión de días. Lamentablemente no fue así de fácil ni de rápido. Los núcleos conservadores del Senado de Brasil, no siempre obedientes a la política de Lula, y los aún más retrógrados de la Cámara de Paraguay, donde el presidente Nicanor Duarte Frutos no se desvivía por tal ingreso, fueron poniendo piedras en el camino.
Admisión y respeto
Hubo coyunturas donde pareció que Caracas, enojada con el trámite de nunca acabar, podía retirar su pedido de admisión. Eso ocurrió a mediados de 2007, cuando el Senado brasileño reclamó públicamente a Venezuela, a favor de la golpista cadena RCTV (Radio Caracas TV), a la que no se le había renovado la licencia.
Frente a la injerencia en asuntos de Venezuela, acusada injustamente de “muy autoritaria” en relación a los medios de comunicación, Chávez puso en su lugar al Senado brasileño. Y eso, lamentablemente, le provocó un petit enfrentamiento con su amigo Lula, quien se consideró obligado a pedirle “respeto” por las instituciones brasileñas.
En julio de 2007, Chávez y su vicepresidente Jorge Rodríguez, emplazaron al Mercosur para que en tres meses le dijeran que sí o en caso contrario retirarían tal pedido. Por esos días el bolivariano estaba de gira por Rusia e Irán. En cambio Lula visitaba a México y países centroamericanos para interesarlos en la producción de bioetanol, pensando en abastecer el mercado estadounidense, tal como lo había conversado con George W. Bush de visita en Brasilia.
Esos alineamientos políticos de los presidentes de Venezuela y Brasil explicaban en parte las diferencias habidas para afiliar al nuevo socio. Por suerte las cosas cambiaron. Chávez no retiró la solicitud, vencido el plazo trimestral. Lula tomó distancia de EEUU. Y, esto hay que remarcarlo, el presidente Kirchner influyó en unos y otros para que se pisara el acelerador y Venezuela llegara a la meta. Logró que Duarte Frutos pidiera al Senado guaraní que dejara de jorobar con las trabas. El momento más crítico se fue diluyendo y el ingreso tomó forma.
Esas gestiones favorables de Kirchner y Lula, y luego de Cristina Fernández y Lula, más su continuadora Dilma Rousseff, por supuesto que influyeron y mucho en el resultado final.
Incluso hubo cambios en los gobiernos de los otros dos socios que también pusieron lo suyo. Por ejemplo, desde 2008 estuvo en el Palacio de López un ex obispo bastante timorato pero mucho mejor que Duarte Frutos: Fernando Lugo. Aunque no se pudo vencer la resistencia del Senado de ese país, la misma quedó aislada a los legisladores más recalcitrantes.
También fue para mejor que en Montevideo asumiera José Mujica en vez de Tabaré Vázquez. Este tuvo políticas conciliatorias con Washington, los TLC e incluso exploró qué clase de ayuda militar podía tener desde el Norte si escalaba el conflicto con Argentina por las pasteras.
Mujica tuvo un papel muy importante en la cumbre del Mercosur, en Mendoza, donde se determinó por fin la apertura de molinetes para el ingreso de Venezuela.
Esa política regional y la consiguiente diplomacia, tantas veces criticada, pusieron algo más que un granito de arena para el resultado positivo.
Chávez se lo ganó
Sin embargo, hay que decir que Chávez se ganó la membresía con su política de amistad, comercio, integración y solidaridad no sólo con los miembros del bloque comercial del Sur sino con las otros 32 naciones que fundaron la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en diciembre pasado.
Por ejemplo, en los primeros años del gobierno de Kirchner, el comercio bilateral se expandió más de un 400 por ciento, sobre todo por las importaciones venezolanas de leche en polvo, alimentos, maquinaria, tractores, autos y una larga lista de productos argentinos. Otro tanto con Brasil.
Además, cada vez que Argentina necesitó de Venezuela, tuvo la respuesta adecuada, tanto si se trataba de comprar títulos por miles de millones de dólares ante falta de financiamiento internacional, de enviar barcos con combustible en coyunturas de carencias eléctricas o de brindar solidaridad en relación a Malvinas.
Aún los mal pensados puedan decir que con eso estaba tratando de comprar a los senadores paraguayos, lo cierto es que Caracas siguió proveyendo petróleo a Asunción. La resolución de Mendoza del Mercosur aclaró que esa ayuda y otras (como la colaboración oftalmológica de Cuba) seguirían beneficiando al país, porque una cosa son sanciones a un gobierno golpista y otra perjudicar a la población.
Con los Tratados de Seguridad Energética firmados con Tabaré Vázquez en 2008, Caracas le aseguró a Uruguay provisión energética durante un siglo. Pactos similares firmó con Ecuador y Bolivia (Petroandina), con Nicaragua y países centroamericanos y caribeños (Petrocaribe), con la cubana Cupet, e insistió con proyectos integradores ambiciosos como el Banco del Sur y el Gasoducto del Sur, donde hubo inconvenientes y reticencias de Brasil.
Dejar afuera a Chávez era una injusticia más alta que los Andes.
En materia petrolera, el bolivariano también suscribió en 2008 compromisos con su colega argentina, para la colaboración de Pdvsa con Enarsa. Lástima que en esos tiempos la política kirchnerista en petróleo y gas pasaba por su luna de miel con Repsol y multinacionales. Tuvieron que pasar otros cuatro años para que se decidiera la nacionalización del 51 por ciento de YPF.
Como se consignó, la 43º reunión del Mercosur en Mendoza, el 29 de junio pasado, tomó dos resoluciones. Por un lado separó momentáneamente a Paraguay, donde se había producido el golpe de Estado parlamentario. Y por el otro resolvió a favor de la sumatoria de Venezuela.
La derecha argentina y latinoamericana lamentó las dos decisiones, porque para esta franja extrema no había tal golpe en Asunción y, además, al faltar Paraguay tampoco debía decidirse la incorporación mencionada. Venezuela debía seguir como asociado, junto a Ecuador, Chile y Perú.
Ese fue el punto de vista del PRO de Mauricio Macri. Su referente legislativo Federico Pinedo criticó lo resuelto en Mendoza. “La suspensión de Paraguay no permite reemplazar su soberanía”, dijo, en defensa del golpista Federico Franco. Pinedo mintió sobre Chávez, al decir que éste “tampoco cumple con la cláusula democrática por sus ataques a la prensa libre y otras libertades democráticas básicas” requeridas a Paraguay.
La derecha sufre
A la derecha regional el tiro le salió por la culata con el golpe expréss de Franco contra Lugo, pues Paraguay quedó suspendido hasta que haya un gobierno democrático surgido de elecciones. Y encima, con esa silla vacía, por unanimidad de Cristina Fernández, Rousseff y Mujica se votó el fin del calvario chavista.
En diciembre de 2011 se había hecho una reunión del Mercosur en Montevideo y a pesar de las propuestas de esos tres presidentes, tal incorporación no fue posible. Paradojalmente, el mismo Lugo no quiso votarla bajo la presión de que en su país la derecha podía hacerle un “juicio político”. Vaya si se equivocó: con esas concesiones políticas, esa alianza de neoliberales, colorados, oviedistas y demás conservadores, más Monsanto, sojeros y las multinacionales, con auspicio de la embajada de EEUU, terminaron dándole un golpe en 48 horas, sin derecho a la defensa.
Esa derecha alineada con la administración Obama se congratulaba de la frustrante cita montevideana de diciembre de 2011. El ex banquero y ex representante menemista ante la ONU, Emilio Cárdenas, publicó en “La Nación” (22/12/11) una de sus habituales columnas. “El intento de Mujica de diseñar un mecanismo alternativo que permita el rápido ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur ha fracasado”, celebraba. “Venezuela -que en esto está “en espera” desde hace trece años y formalmente desde el 2006- seguirá por ahora en esa incómoda condición. Lo cierto es que se ha respetado lo dispuesto por el Tratado, que es ley para todos. Lo que cabe aplaudir”, se congratulaba Cárdenas.
Hoy será un mal día para el ex banquero y la máquina de impedir “made in USA”.
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La política externa norteamericana en América del Sur sufrió las consecuencias totalmente inesperadas de la prisa de los neogolpistas paraguayos en asumir el poder, con tamaña voracidad que no podían esperar hasta abril de 2013, cuando se llevarán a cabo las elecciones, y ahora articula todos sus aliados para intentar revertir la decisión del ingreso de Venezuela al Mercosur. La cuestión de Paraguay es la cuestión de Venezuela, de la disputa por la influencia económica y política en América del Sur.
Samuel Pinheiro Guimaraes / ALAI
1. No se pueden entender las peripecias de la política sudamericana sin tomar en cuenta la política de los Estados Unidos para América del Sur. Los Estados Unidos todavía son el principal actor político en América del Sur y debemos comenzar por la descripción de sus objetivos.
2. En América del Sur, el objetivo estratégico central de los Estados Unidos, que, a pesar de su debilitamiento, continúa siendo la mayor potencia política, militar, económica y cultural del mundo, es incorporar todos los países de la región a su economía. Esta incorporación económica lleva, necesariamente, a un alineamiento político de los países más débiles con los Estados Unidos en las negociaciones y en las crisis internacionales.
3. El instrumento táctico norteamericano para alcanzar este objetivo consiste en promover la adopción legal, por los países de América del Sur, de normas de liberalización más amplia del comercio, de las finanzas y de las inversiones, de los servicios y de “protección” a la propiedad intelectual a través de la negociación de acuerdos en nivel regional y bilateral.
4. Éste es un objetivo estratégico histórico y permanente. Una de sus primeras manifestaciones ocurrió en 1889 en la 1ª Conferencia Internacional Americana, que se realizó en Washington, cuando Estados Unidos, que ya era la primera potencia industrial del mundo, propuso la negociación de un acuerdo de libre comercio en las Américas y la adopción, por todos los países de la región, de una misma moneda: el dólar.
5. Otros momentos de esta estrategia fueron el acuerdo de libre comercio Estados Unidos-Canadá, el TLCAN (Área de Libre Comercio de América del Norte, que incluye además de Canadá a México); la propuesta de creación de un Área de Libre Comercio de las Américas –ALCA; y, finalmente, los acuerdos bilaterales con Chile, Perú, Colombia y con los países de América Central.
6. En este contexto hemisférico, el principal objetivo norteamericano es incorporar Brasil y Argentina, que son las dos principales economías industriales de América del Sur, a este gran “conjunto” de áreas de libre comercio bilaterales, donde las reglas relativas al movimiento de capitales, a las inversiones extranjeras, a la defensa comercial, a las relaciones entre inversores extranjeros y Estados serían no sólo las mismas, sino que permitirían la plena libertad de acción para las megaempresas multinacionales y reducirían al mínimo la capacidad de los Estados nacionales para promover el desarrollo, aunque sea desarrollo capitalista, de sus sociedades y de proteger y desarrollar sus empresas (y capitales nacionales) y su fuerza de trabajo.
7. La existencia del Mercosur, cuya premisa es la preferencia en sus mercados de las empresas (nacionales o extranjeras) instaladas en los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en relación a las empresas que se encuentran fuera de ese territorio y que pretende expandirse en el intento de construir un área económica común, es incompatible con el objetivo norteamericano de liberalización general del comercio de bienes, de servicios, de capitales, etc., que beneficia a sus megaempresas, naturalmente mucho más poderosas que las empresas sudamericanas.
8. Por otro lado, un objetivo (político y económico) vital para Estados Unidos es asegurar el suministro de energía para su economía, pues importa 11 millones de barriles diarios de petróleo, 20% de los cuales provienen del Golfo Pérsico, área de extraordinaria inestabilidad, turbulencia y conflicto.
9. Las empresas norteamericanas fueron responsables por el desarrollo del sector petrolífero en Venezuela a partir de la década de 1920. Por un lado, Venezuela tradicionalmente suministraba petróleo a Estados Unidos y, por otro lado, importaba equipamiento para la industria petrolera y los bienes de consumo para su población, inclusive alimentos.
10. Con la elección de Hugo Chávez, en 1998, sus decisiones de reorientar la política externa (económica y política) de Venezuela en dirección a América del Sur (principal, pero no exclusivamente, en dirección a Brasil), así como de construir la infraestructura y diversificar la economía agrícola industrial del país romperían la profunda dependencia de Venezuela con relación a Estados Unidos.
11. Esta decisión venezolana, que afectó frontalmente el objetivo estratégico de la política exterior norteamericana de garantizar el acceso a fuentes de energía próximas y seguras, se tornó aun más importante en el momento en que Venezuela se convirtió en el país con mayores reservas de petróleo, en un momento en que la situación del Oriente Medio es cada vez más volátil.
12. Desde entonces se desencadenó una campaña mundial y regional de los medios contra el Presidente Chávez y Venezuela, buscando demonizarlo y caracterizarlo como dictador, autoritario, enemigo de la libertad de prensa, populista, demagogo, etc. Venezuela, según los medios, no sería una democracia. Y crearon una “teoría” según la cual, aunque un presidente haya sido electo democráticamente, él, al no “gobernar democráticamente”, sería un dictador y, por lo tanto, podría ser derribado. Es más, ya hubo un intento de golpe en 2002 y los primeros líderes que reconocieron el “gobierno” que emergió de ese golpe en Venezuela fueron George Walker Bush y José María Aznar.
13. A medida que el Presidente Chávez comenzó a diversificar sus exportaciones de petróleo, principalmente a China, sustituyó a Rusia en el suministro energético de Cuba y comenzó a apoyar a los gobiernos progresistas electos democráticamente, como los de Bolivia y Ecuador, empeñados en enfrentar a las oligarquías de la riqueza y del poder, los ataques se duplicaron orquestados en todos los medios de la región (y del mundo).
14. Esto ocurrió a pesar de no haber dudas sobre la legitimidad democrática del Presidente Chávez, que desde 1998 disputó doce elecciones que fueron consideradas, todas ellas, libres y legítimas por observadores internacionales, incluyendo el Centro Carter, la ONU y la OEA.
15. En 2001, Venezuela presentó, por primera vez, su candidatura al Mercosur. En 2006, después del término de las negociaciones técnicas, el Protocolo de adhesión de Venezuela fue firmado por los presidentes Chávez, Lula, Kirchner, Tabaré y Nicanor Duarte, de Paraguay, miembro del Partido Colorado. Comenzó entonces el proceso de aprobación del ingreso de Venezuela por los Congresos de los cuatro países, bajo una cerrada campaña de la prensa conservadora, entonces preocupada con el “futuro” del Mercosur que, bajo influencia de Chávez, podría, según ella, “perjudicar” las negociaciones internacionales del bloque, etc. Aquella misma prensa que habitualmente criticaba al Mercosur y que abogaba por la celebración de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, etc., en lo posible de forma bilateral, y que consideraba la existencia del Mercosur una traba para la plena inserción de los países del bloque en la economía mundial, empezó a preocuparse por la “sobrevivencia” del bloque.
16. Aprobado por los Congresos de Argentina, de Brasil, de Uruguay y de Venezuela, el ingreso de Venezuela empezó a depender del Senado paraguayo, dominado por los partidos conservadores representantes de las oligarquías rurales y del “comercio informal”, que comenzó a ejercer un poder de veto, influenciado en parte por su oposición permanente al Presidente Fernando Lugo, contra quien intentó abrir 23 procesos de “impeachment” desde su asunción en 2008.
17. El ingreso de Venezuela en el Mercosur tendría cuatro consecuencias: dificultar la “remoción” del Presidente Chávez a través de un golpe de Estado; impedir la eventual reincorporación de Venezuela y de su enorme potencial económico y energético a la economía norteamericana; fortalecer el Mercosur y tornarlo aun más atractivo para la adhesión de los demás países de América del Sur; dificultar el proyecto permanente de Estados Unidos, de creación de un área de libre comercio en América Latina, ahora por la eventual “fusión” de los acuerdos bilaterales de comercio, de la cual el acuerdo de la Alianza del Pacífico es un ejemplo.
18. Así, el rechazo del Senado paraguayo a la aprobación del ingreso de Venezuela al Mercosur se tornó una cuestión estratégica fundamental para la política norteamericana en América del Sur.
19. Los líderes políticos del Partido Colorado, que estuvo en el poder en Paraguay durante sesenta años, hasta la elección de Lugo, y los del Partido Liberal, que participaba del gobierno de Lugo, seguramente evaluaron que las sanciones contra Paraguay en consecuencia del “impeachment” de Lugo serían principalmente políticas, y no económicas, limitándose a que Paraguay no podrían participar eneuniones de Presidentes y de Ministros del bloque.
Después de esta evaluación, dieron el golpe. Primero, el Partido Liberal dejó el gobierno y se alió a los Colorados y a la Unión Nacional de los Ciudadanos Éticos – UNACE y aprobaron, en una sesión, una resolución que consagró un rito supersumario de “impeachment”.
Así, ignoraron el Artículo 17 de la Constitución paraguaya, que determina que “en el proceso penal, o en cualquier otro del cual pueda derivar pena o sanción, toda persona tiene derecho a disponer de las copias, medios y plazos indispensables para presentación de su defensa, y a poder ofrecer, practicar, controlar e impugnar pruebas”, y el Artículo 16, que afirma que el derecho de defensa de las personas es inviolable.
20. En 2003, el proceso de “impeachment” contra el Presidente Macchi, que no fue aprobado, llevó cerca de 3 meses, mientras el proceso contra Fernando Lugo fue iniciado y terminado en cerca de 36 horas. El pedido de revisión de constitucionalidad presentado por el Presidente Lugo ante la Corte Suprema de Justicia de Paraguay ni siquiera fue examinado, y fue rechazado in limine.
21. El proceso de “impeachment” del Presidente Fernando Lugo fue considerado golpe por todos los Estados de América del Sur y, de acuerdo con el Compromiso Democrático del Merscosur, Paraguay fue suspendido de la Unasur y del Mercosur, sin que los neogolpistas manifestasen ninguna consideración por las gestiones de los Cancilleres de la Unasur, a quienes recibieron inclusive con arrogancia.
22. En consecuencia de la suspensión paraguaya, fue posible y legal para los gobiernos de Argentina, de Brasil y de Uruguay la aprobación del ingreso de Venezuela en el Mercosur a partir del 31 de julio próximo. Acontecimiento que ni los neogolpistas, ni sus admiradores más fervorosos – Estados Unidos, España, el Vaticano, Alemania, los primeros que reconocieron al gobierno ilegal de Franco – parecen haber previsto.
23. Frente a esta evolución inesperada, toda la prensa conservadora de los tres países, y la de Paraguay, y los líderes y partidos conservadores de la región, partieron a socorrer a los neogolpistas con todo tipo de argumentos, proclamando la ilegalidad de la suspensión de Paraguay (y, por lo tanto, afirmando la legalidad del golpe) y la inclusión de Venezuela, ya que la suspensión de Paraguay habría sido ilegal.
24. Ahora, Paraguay pretende obtener una decisión del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur sobre la legalidad de su suspensión del Mercosur, mientras, en Brasil, el líder del PSDB anuncia que recurrirá a la justicia brasileña sobre la legalidad de la suspensión de Paraguay y del ingreso de Venezuela.
25. La política externa norteamericana para América del Sur sufrió las consecuencias totalmente inesperadas de la prisa de los neogolpistas paraguayos en asumir el poder, con tamaña voracidad que no podían aguardar hasta abril de 2013, cuando se llevarán a cabo las elecciones, y ahora articula a todos sus aliados para intentar revertir la decisión de ingreso de Venezuela.
26. En realidad, la cuestión de Paraguay es la cuestión de Venezuela, de la disputa por influencia económica y política en América del Sur y de su futuro como región soberana y desarrollada.
Samuel Pinheiro Guimarães es diplomático brasileño y profesor del Instituto Rio Branco.
ALBA y TLC: Antípodas
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En su diversidad, América Latina muestra todavía enormes fisuras y contraposiciones en materia de ejercicio de la autoridad nacional.
No es secreto que el área, a pesar de haber logrado pasos tan positivos como la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), debe lidiar con las tentaciones y trampas que les llegan desde el Norte opulento, y las cuales en estas tierras aún encuentran oídos y actitudes fértiles para su ejecución.
Es el caso de la reciente puesta en vigor del llamado Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Colombia, proyecto integrado a los convenios neoliberales los cuales Washington está utilizando de forma particularizada luego del mayoritario rechazo continental a su titulada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lo que puso en jaque su intención de convertir al bloque de los vecinos del Sur en sus siervos económicos.
De manera que este nuevo TLC bilateral insiste en abrir brechas entre las naciones y colocar las variantes imperiales de forma tangible en nuestros patios, con la esperanza nunca desvanecida de establecer su control íntegro desde el Río Bravo hasta la Tierra del Fuego.
Por demás, se trata de una avanzadilla frente a los nuevos y potentes programas integradores latinoamericanos surgidos al calor de la instauración en la zona de gobiernos progresistas y empeñados en la independencia más absoluta.
Desde luego, no se trata de acciones e imposiciones acatadas sin chistar. De hecho, Colombia refleja el movimiento de protesta ante la decisión oficial, pues el TLC abre las puertas del país a los numerosos excedentes norteamericanos, muchos de ellos subsidiados oficialmente, los cuales echarán por tierra a los productos locales que no gozan de esa protección y por tanto se vuelven incapaces de competir en igualdad de condiciones con los embarques Made in USA.
No obstante, se trata de incongruencia peligrosa y explosiva sembrada en pleno corazón sudamericano, frente a alternativas, como por ejemplo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que impulsa la convergencia en términos totalmente diferentes.
El ALBA surgió en La Habana en 2004 por acuerdo de Fidel Castro y Hugo Chávez, y hoy agrupa a un importante número de naciones latinoamericanas y caribeñas sobre bases que difieren diametralmente del carácter comercial asimétrico en que se asientan los TLC impulsados por Washington en la zona.
Mientras el TLC se sostiene sobre la ley de la selva, el ALBA reconoce las diferencias de desarrollo entre las naciones que lo integran, y sobrepasa la esfera económica para expandir sus beneficios hacia áreas esenciales como la salud, la educación, el suministro y uso de energía, y la utilización equitativa de recursos comunes en programas de gran porte hemisférico.
Por demás, trabaja en la concreción de su propia esfera financiera, y de la moneda única compensatoria para las transacciones entre sus asociados.
La filosofía de ambos, TLC y ALBA, es también totalmente equidistante. El primero se sustenta en la explotación y el saqueo que caracterizan a la economía imperialista, mientras el segundo hace de la solidaridad y el humanismo las bases permanentes de todos sus actos.
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