Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421472.html
Timestamp: 2019-03-19 03:59:03+00:00

Document:
as201421472
Auto Supremo: 472/2014
Expediente:SC-63-14-S
Partes:Teresa Rojas Ayala. c/ Cristóbal Sánchez Tauri y Elisa López Ichu.
Proceso:Reivindicación y entrega de bien inmueble.
VISTOS: El recurso de Casación interpuesto por Cristóbal Sánchez Tauri y Elisa López Icho de fs. 144 a 147, contra el Auto de Vista Nº 120/2014 de 21 de marzo de 2014 de fs. 140 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de Reivindicación y entrega de Bien Inmueble, seguido por Teresa Rojas Ayala contra Cristóbal Sánchez Tauri y Eliza López Ichu; respuesta de fs. 151 a 152; concesión de fs. 153, los antecedentes del proceso y:
El Juez Doceavo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, pronunció Sentencia No. 129, cursante de fs. 96 a 97 vta., declarando: PROBADA la demanda principal, saliente a fs. 15 a 17, planteada por Teresa rojas Ayala, e IMPROBADA en todas sus partes la demanda reconvencional y las excepciones perentorias planteadas por Cristóbal Sánchez Tauri y Elisa López Icho, con el escrito de fs. 25 a 28 de obrados. En consecuencia y como emergencia de la resolución se ordena que los demandados en el plazo de 30 días de ejecutoriada la sentencia, entreguen el inmueble que ocupan, a su propietario, bajo prevenciones de librarse mandamiento de desapoderamiento. Complementado por Auto de 19 de diciembre de 2013 de fs. 104 y vta.
Contra la referida Sentencia interpusieron recurso de apelación Cristóbal Sánchez Tauri y Elisa López Icho por memorial de fs. 110 a 114 vta.
En mérito a esos antecedentes, Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista cursante a fs. 140 y vta., por el que CONFIRMA la Sentencia de fecha 27 de noviembre de 2013.
Resolución que dio lugar al recurso de Casación en el fondo interpuesto por parte de Cristóbal Sánchez Tauri y Elisa López Icho, que se analiza.
Que en término previsto por el art. 257 y 258-2) del Código de Procedimiento Civil interponen recurso de casación contra la resolución de segunda instancia, exponiendo los siguientes argumentos de hecho y derecho.
a).- Refiere al art. 180-I de la Constitución Política del Estado y art. 30-11) de la Ley 025 referidos a la verdad material. Que ello tuviera importancia porque la resolución de segunda instancia partiría de una conclusión sin análisis de la apelación.
Omitiría considerar la esencia y naturaleza de la acción reivindicatoria, y también quién está legitimado para interponer esa acción de defensa.
b).- Algo similar ocurriría al considerar los agravios, y se sostendría que el primer agravio no fuera cierto, refiriendo al art. 1453 del Código Civil que con relación al art. 180-I de la norma constitucional, que la acción de reivindicación corresponde al propietario que perdió la posesión, se estaría refiriendo precisamente al que ostenta un título de propiedad registrado en Derechos Reales a los efectos de oponibilidad conforme el art. 1538 del Código Civil, Teresa Rojas Ayala no fuera la titular sino José Gualberto Mercado Grájeda. Que al actuar de esa manera se incurriría en error de derecho en cuanto a la interposición y alcances del art. 1453 del CC y del art. 59 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a los requisitos de representación sin mandato.
c).- Se habría razonado en otro proceso que prevalece lo que consta en registro de Derechos Reales. Sería José Gualberto Mercado Grágeda y no así Teresa Rojas Ayala. No habría constancia que hubiera el propietario tomado posesión física y material o real del inmueble adquirido de manera fraudulenta, y quien pretende reivindicación carecería de legitimidad para demandar, sin considerar que la posesión y entrega física fuera una obligación del vendedor como lo dispone el art. 614-1) del Código Civil.
Se incurriría en error de derecho al no considerar un hecho cierto y evidente que se pusiera de manifiesto de la lectura y análisis de los títulos de propiedad registrado a nombre de José Gualberto Mercado Grágeda y no de Teresa Rojas Ayala, que no condice con el art. 59 del Código de Procedimiento Civil, y considera que la representación sin mandato debe ser siempre expresa e inequívoca y como tal debe ser anunciada en la demanda.
Que el apersonamiento hecho a fs. 88 –que dice no les fue notificado hasta ahora-que daría por bien hecho lo actuado a su nombre, tampoco resultaría evidente.
d).- Que la acción de reivindicación se sustancia y resuelve en juicio de conocimiento y necesariamente debe ser probada como cualquier acción, en el caso no habría ninguna actividad probatoria referido a ello, no habría prueba que acredite la probanza de los puntos fijados. Si adjuntar el título de propiedad es suficiente, ninguna acción debiera calificarse de hecho, sino de puro derecho, por lo interpretado por los jueces. Que para reivindicar no bastaría con señalar ello.
e.- Que en cuanto a la falta de pronunciamiento oportuno y falta de notificación con la resolución que resuelve la ampliación y complementación de los puntos de hecho a probarse no se habría notificado hasta la fecha, ocurriría algo inaudito y sorprendente, pues fuera la primera vez que el Tribunal sostuviera que esa falta de notificación fuera irrelevante, aspecto que dice constituiría también error de derecho, consecuentemente se desconocería la normativa procesal vigente en cuanto a los efectos de la aclaración, complementación y enmienda de autos y resoluciones judiciales.
No obstante haber sido negada la ampliación de los puntos de hecho a probar, la falta de notificación con dicha resolución, les privaría el derecho de recurrir de apelación para ante el superior en grado.
Que por los fundamentos expuestos, interponen recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista a fin de que se case el mismo y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda.
De la revisión del recurso de casación, se establece fundamentalmente que los recurrentes cuestionan la procedencia de la reivindicación y la legitimación de la actora para demandar, en ese contexto se recurre a lo determinado por la norma Constitucional en su Art. 180-I y lo expresado en el art. 30-11) de la Ley del Órgano Jurisdiccional referidas a la verdad material. Ahora bien, se denuncia que el fallo de segunda instancia partiría de una conclusión sin análisis de la apelación, sin embargo, de la revisión del fallo recurrido, se verifica que partiendo de una premisa, a su continuación se justifica aquello, es decir fundamenta debidamente, para arribar a la conclusión que la Sentencia tenia sustento respectivo.
Se pretende el entendimiento en cuanto a la reivindicación, que procedería únicamente cuando se hubiera perdido la posesión ostentando además título de propiedad, respecto a lo anterior los recurrentes no tomaron en cuenta lo razonado en la jurisprudencia nacional, y que este Tribunal en diversos Autos Supremos (como los signados con los Nº 199 de 13 de octubre de 2004, Nº 204 de 1 de junio de 2011, replicados en el Nº 278/2012 de 20 de agosto de 2012) en los que se estableció que para la procedencia de la reivindicación no es necesario estar en posesión material de la cosa, o que se haya perdido la posesión, señalando en el primero de ellos que: “…el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y ánimus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquella, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, aunque el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Así el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues en estas últimas sí es preciso la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con el primero…” De ello se concluye que en el caso en cuestión no existe mala interpretación del art. 1453 del Código Civil, pues del análisis de esta norma se entiende entre las acciones de defensa de la propiedad a la acción reivindicatoria, se encuentra la previsión de que la misma se reserva al propietario que ha perdido la posesión de una cosa, siendo que el primer requisito para la procedencia de la referida acción, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda, esto tiene estrecha vinculación a lo determinado por el art. 105 del Código Civil como el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho de dominio que confiere a su titular la posesión civil o “juspossidendi” y la natural o corporal o “juspossesionem”, esta última puede ser ejercida o no por el propietario, estando así justificado el razonamiento de la procedencia de la acción de reivindicación en el caso de autos.
A lo anterior se debe añadir que cuando se cuestiona la legitimación de la actora en base al art. 1538 del Código Civil, bajo el argumento que no estuviera el bien inmueble registrado a su nombre sino al de su esposo como titular de ese derecho propietario, considerando ello como error de derecho, corresponde señalar que la demandante a fs. 15 a 17, expresa que acompaña Certificado de Matrimonio por el que demuestra la unión conyugal con José Gualberto Mercado Grágeda a cuyo nombre se registró el bien inmueble en cuestión, denotando entre otras cosas lo expresado en el contenido del memorial de demanda que ella es co-propietaria del mismo, cuando señala entre otras cosas “…e inscrito nuestro derecho propietario bajo la matrícula computarizada Nº 7.01.1.99.0009930.”, aclarando posteriormente que dicho inmueble también le corresponde o pertenece, auto atribuyéndose el derecho propietario sobre el bien en litigio justificando así su legitimación para accionar.
La actora se presentó declarándose copropietaria, en ese sentido se habilitó para intervenir como demandante, entendiéndose que existió a momento de iniciar la demanda existía a favor de la actora presunción legal (juris tantum) de ganancialidad en el bien inmueble en cuestión conforme a las reglas del art. 101 del Código de Familia, por lo mismo la existencia válida de derecho de copropiedad que alegó asistirle a su favor.
En ese antecedente, les correspondía a los demandados destruir esa presunción para cuestionar la legitimación activa de la actora que en el caso de autos no ocurrió.
Por otro lado se debe tener presente que a fs. 88 se apersona el titular registral del bien inmueble en cuestión, es decir, José Gualberto Mercado Grágeda, señalando textualmente “…DOY POR BIEN HECHO TODOS LOS ACTOS PROCESALES REALIZADOS POR MI ESPOSA TERESA ROJAS AYALA DENTRO DE LA PRESENTE ACCION, cumpliendo de esta manera lo prescrito en el art. 59 inc.I, del Código de Procedimiento Civil”, consecuentemente, existe confirmación de lo que en principio fue una presunción, en calidad de copropietaria y consiguientemente legitimación para accionar, la norma habilita al propietario que ha perdido la posesión y en este caso a la actora por el vínculo matrimonial que le une a la persona que se halla registrado en Derechos Reales como titular del Derecho propietario, por la presunción legal que de principio se nombró y el reconocimiento de dar por bien hecho todos los actos procesales por su esposa. Consecuentemente no existe error de derecho en cuanto a la aplicación de las normas contenidas en el art. 1453 del Código Civil y 59 de su procedimiento.
Por otro lado, el criterio de que el propietario no hubiera tomado posesión física o material, y que por ello no correspondería dar curso a la reivindicación, no tiene sustento conforme se analizó supra, en el segundo párrafo del presente considerando. No siendo relevante analizar lo dispuesto por el art. 614-1) del Código Civil como obligación del vendedor la de entregar la cosa vendida al comprador, que de acuerdo a los datos del proceso sí se produjo, tanto es así que los propios recurrentes reconocen que José Gualberto Mercado Grágeda, dejó a personas en su lugar viviendo en el inmueble conforme al entendimiento expresado en el memorial de fs. 25-28 (inc. d) –fs. 26-), consecuentemente aun de no ser preciso que para la procedencia de la reivindicación la posesión física del inmueble, en este caso existe aquello, por lo que los argumentos expuestos en el recurso con relación al tema no son sustentable.
Que con el apersonamiento de fs. 88 por parte del esposo de la actora no hubieran sido notificados, no tiene mayor relevancia si no existe demostración objetiva que aquello hubiera causado algún tipo de perjuicio, al margen que ese aspecto debió ser reclamado en la forma y no en el fondo como se lo hizo.
Los de instancia establecieron la procedencia de la demanda de reivindicación sustentados con la prueba producida en obrados, contenidos estos no solo con el haber adjuntado testimonio de propiedad del bien inmueble, sino también en las propias afirmaciones de los demandados que reconocen que se hallan habitando el inmueble sin respaldo documentario de ningún tipo, de tal suerte que al afirmar que no hubo actividad probatoria para declarar finalmente probada la demanda, está alejado de la realidad de los hechos sustentados en el proceso.
Finalmente, cuando pretende el presunto pronunciamiento inoportuno y falta de notificación con la resolución de ampliación y complementación de los hechos a probar, que no se hubiera concretado hasta el presente, y el criterio del Ad quem fuera que resulta irrelevante ese actuado considerando error de derecho, no es un aspecto a discutir en un recurso de casación en el fondo, pues se entenderá que se refiere a un actuado procesal no concretado que afectaría a la prosecución del proceso que debió ser reclamado de manera oportuna y en su caso como recurso de casación en la forma, no siendo un tema a tratar en el fondo, aspecto que inhibe a este Tribunal, hacer mayor análisis respecto al tema.
De todo lo anterior, se verifica que los recurrentes no han demostrado que las infracciones denunciadas fueran evidentes, correspondiendo en consecuencia emitir resolución en sujeción a lo previsto por el art. 271-2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo formulado por Cristóbal Sánchez Tauri y Elisa López Icho por memorial de fs. 144 a 147, contra el Auto de Vista de fs. 140 y vta. de 21 de marzo de 2014. Con costas.
Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs. 1000.

References: resolución 

Resolución 
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