Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/social/social-III/2013/as201330173L.html
Timestamp: 2020-04-02 06:18:33+00:00

Document:
AUTO SUPREMO Nº 173-2013
AUTO SUPREMO Nº 173/2013
EXPEDIENTE: S.60/2009
PARTES: Rosario Rivera Acha c/ Empresa Dimensión ENASA S.R.L.
VISTOS: El recurso de casación de fojas 316 a 317, interpuesto por Rolando Olmos Suárez representante legal de la empresa Dimensión Enasa S.R.L., contra el Auto de Vista Nº 194/2008 de 24 de diciembre de 2008 (fojas 312 a 313 y vuelta) pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro el proceso social por pago de beneficios sociales seguido por Rosario Rivera Acha Vda. de Herbas contra la entidad recurrente, la respuesta de fojas 323 a 324, el Auto de concesión del recurso de fojas 325, los antecedentes del proceso y;
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el presente proceso social, la Jueza Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la Corte Superior de Oruro, emitió la Sentencia Nº 7/2008 de 13 de febrero de 2008 (fojas 215 a 220), por la que declaró probada la demanda de fojas 55 a 59, aclarada y ampliada a fojas 64, ordenando a la entidad demandada mediante su personero legal, cancele a favor de la actora y sus herederos forzosos la suma de Bs. 37.798, por las siguientes liquidaciones:
DANIEL HERBAS LUIZAGA
Tiempo de servicios: 7 años, 6 meses y 24 días
Salario indemnizable: Bs. 2.430.-
Desahucio: Bs. 7.290
Indemnización: Bs. 18.422
Aguinaldo gestión 2004: Bs. 1.620
Aguinaldo gestión 2005 duodécimas: Bs. 810
TOTAL Bs. 28.142.-
ROSARIO RIVERA ACHA VDA. DE HERBAS
Tiempo de servicios: 9 meses y 24 días
Sueldo promedio indemnizable: 2.424
Desahucio: Bs. 7.272
Indemnización: Bs. 1.980
Aguinaldo gestión 2006 (duodécimas) Bs. 404
TOTAL Bs. 9.656
En grado de apelación interpuesta por la apoderada legal de la entidad demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 194/2008 de 24 de diciembre de 2008 (fojas 312 a 313 y vuelta), que confirmó la Sentencia impugnada.
Que, contra el referido Auto de Vista, el representante legal de la entidad demandada interpone recurso de casación (fojas 316 a 317), en el que señala los siguientes argumentos:
Inicia el memorial de interposición del recurso, expresando que la Jueza de primera instancia no ha valorado la prueba de cargo como de descargo, conforme dispone el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil y artículo 1283 del Código Civil. Asimismo expresa que por la prueba testifical de fojas 194 se establece que el trabajo realizado por la actora y su esposo no ha sido subordinado ni dependiente por no recibir de manera permanente y cotidiana instrucciones de su empleador, ni sujeto a jornada normal de trabajo y que los materiales e instrumentos de trabajo no eran proporcionados por el empleador.
Refiere que de la prueba de descargo cursante a fojas 82 a 84, la actora ni su esposo figuran en las planillas del personal operativo, así como las planillas de sueldos del personal administrativo donde la actora ni su esposo no se encuentran figurando como personal regular, ni en la presentación de planillas de personal administrativo presentadas a las AFPS. Citando la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia.
Concluye el memorial del recurso, solicitando a este Tribunal case deliberando en el fondo, declarando improbada la demanda.
CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, es menester realizar las siguientes consideraciones:
Antes de ingresar en el análisis de la litis, se debe dejar constancia que el memorial del recurso de casación interpuesto, no se adecua a los requisitos exigidos para su interposición, si bien cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es simple en su planteamiento, sin cumplir los requisitos insertos en el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, ya que si bien la entidad recurrente anunció la formulación de recurso de casación, empero, no aclara si recurre en el fondo, en la forma o en ambos efectos a la vez. Acusa de mala valoración de la prueba, pero no señala con especificidad, cómo, porque y de qué manera se produjo la misma.
Que, a través de su abundante jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha dejado establecido que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, dirigida a invalidar resoluciones expresamente señaladas por ley, pudiendo plantearse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos a la vez, conforme establece el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 inciso 2) del mismo cuerpo legal; en ese sentido, el recurrente se encuentra obligado a fundamentar de manera precisa y concreta las causas que dieron lugar a la interposición del recurso ya sea en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, no siendo suficiente la simple cita y transcripción literal de normas, sino mostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción que se acusa.
Que, en el caso de autos, se aprecia en el memorial de interposición del recurso, absoluta falta de fundamentación legal, limitándose a señalar que la Jueza de primera instancia no efectuó una correcta valoración de la prueba de cargo y de descargo, de acuerdo al artículo 397 del Código de Procedimiento Civil y 1283 del Código Civil, sin especificar si se incurrió en error de hecho o de derecho sobre la valoración de la prueba, sin advertir que lo que impugna a través del recurso de casación, sea en el fondo o en la forma, es el Auto de Vista o resolución emitida en recurso de apelación, mas no se puede pretender revocar la Sentencia de primera instancia.
Con relación a la falta de pronunciamiento y valoración de la prueba, es menester recordar que la abundante jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia hoy Tribunal Supremo de Justicia, ha expresado que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los juzgadores de instancia, siendo incensurable en casación y que excepcionalmente podrá efectuarse una revaloración de la prueba, en la medida que el recurrente de cumplimiento al inciso 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”. Adicionalmente, debe tenerse presente que el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba propia del proceso civil, sino por el contrario deben formar libremente su convencimiento, en tanto concurran en el expediente pruebas contradictorias entre sí, le corresponde al juzgador -como facultad propia-, analizar las mismas, no sólo en su significación particular, sino lo que el conjunto de ellas representa (principio de unidad de la prueba), previa sistematización de sus conexiones, concordancias o discrepancias, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, con arreglo al artículo 158 del Código Procesal del Trabajo.
De igual manera el artículo 3 inciso j) del Código Procesal del Trabajo, determina que uno de los principios en los que se debe basar todo procedimiento y trámite en materia laboral es la: “libre apreciación de la prueba, por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados”, debiéndose considerar que, cuando en el recurso de casación se exponen denuncias relacionadas con la apreciación de la prueba, es obligación del recurrente precisar si los Tribunales de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho en el ejercicio de su atribución valorativa, sólo en esta circunstancia se abre la competencia de este Tribunal para realizar una nueva compulsa de la misma, hecho que se extraña en el caso de autos toda vez que el recurrente no cumplió con la carga procesal atribuible a su parte.
En el caso en análisis, la recurrente al denunciar la falta de valoración de la prueba, citando los artículos 1283 del Código Civil y 397 de su procedimiento, desconocen que en el ordenamiento normativo regulador de los procesos laborales, tienen su normativa propia de aplicación preferente, por lo que se sustancian y resuelven de acuerdo a los principios y normas señalados en el Código Procesal del Trabajo y, únicamente, con carácter supletorio, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y el Código de Procedimiento Civil.
En ese sentido el Código Procesal del Trabajo en su artículo 1 refiere que “El Código Procesal del Trabajo regulará los modos y las formas de tramitación y resolución de todos los asuntos relativos a las cuestiones laborales, cuyo conocimiento corresponde a la Judicatura del Trabajo y de Seguridad Social”, por su parte el artículo 2, refiere “Este Código dará autonomía a los procedimientos del trabajo y eliminará todo uso y remisión a las normas adjetivas de otros campos jurídicos (…)”. En ese sentido, el artículo 1283 del Código Civil y 397 de su Adjetivo, referido a la carga de la prueba y su valoración, no es aplicable en los juicios laborales que, según se ha visto, tienen sus propias normas procedimentales (Código Procesal del Trabajo) en el que está prevista la valoración de la prueba conforme dispone el artículo 3 inciso j) y 158 del Código Procesal del Trabajo.
Que, el hecho de expresar que no se valoraron las literales que señalan en el recurso, indicando que la relación con la demandante fue de orden civil para el desarrollo del trabajo de relacionador externo, que no marcaba tarjeta ni tenían libro de asistencia, y que no figuraban en planillas como personal de planta, no es suficiente para enervar la demanda. No obstante, cabe aclarar que la jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, expresada asimismo por este Supremo Tribunal, ha establecido que “no es el nombre del contrato el que determina la relación de dependencia laboral, sino las características materiales de la prestación de servicios”, expresadas en los Autos Supremos Nº 228 de 5 de mayo de 2008, Nº 551 de 28 de octubre de 2010, Nº 120 de 28 de abril de 2011, correspondientes a la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia, así como el Nº 54 de 17 de mayo de 2012 y Nº 60 de 29 de mayo de 2012, correspondientes a la Sala Social y Administrativa Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros.
En virtud de lo anterior, dentro del recurso de casación en análisis, no se encuentra que fueran evidentes las acusaciones formuladas por la entidad recurrente tomando en cuenta además, que en materia laboral, el juzgador se encuentra en libertad de apreciar la prueba para formar su propio convencimiento de los hechos y del derecho, tal como lo dispone el artículo 158 del Código Procesal del Trabajo, correspondiendo en consecuencia, aplicar el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 316 a 317, con costas.

References: artículo 397
 artículo 1283
 artículo 258
 artículo 250
 artículo 258
 artículo 397
 resolución 
 artículo 253
 artículo 158
 artículo 3
 artículo 1
 resolución 
 artículo 2
 artículo 1283
 artículo 3
 artículo 158
 artículo 273
 artículo 252
 artículo 42
 artículo 8