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República de Colombia josé olmedo bonilla polo
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TUTELA N° 35224
Aprobado Acta No. 023
Bogotá D. C., febrero siete (07) de dos mil ocho (2008)
Decidir la acción de tutela presentada por JOSÉ OLMEDO BONILLA POLO en contra del Tribunal Superior de Tunja y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad quienes, según señala, han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.
1. El Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Ibagué por medio de sentencia de 21 de agosto de 2003, condenó a JOSÉ OLMEDO BONILLA POLO a la pena de 30 años de prisión, como coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, en concurso con doble secuestro simple y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Decisión confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, mediante providencia de 28 de mayo de 2004.
2. El Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, mediante providencia de 5 de diciembre de 2005, negó al sentenciado BONILLA POLO la reducción punitiva prevista en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, al considerar que los delitos por los cuales fue declarado penalmente responsable son de lesa humanidad. Impugnada esa decisión por vía de la reposición, la atendió de manera desfavorable, a través de auto de 23 de febrero de 2006.
3. El 3 de agosto de 2006, el Juzgado que vigila la ejecución de la pena al sentenciado, nuevamente le negó la reducción punitiva aduciendo el mismo argumento, sin que respecto de lo allí decidido hubiese ejercido el derecho de contradicción, por vía de los recursos ordinarios.
4. Por medio de providencia de 18 de septiembre de 2007, el mismo Juzgado, negó a BONILLA POLO la reducción punitiva del artículo 70 de la Ley de Justicia y Paz aduciendo que, si bien en anteriores oportunidades negó la reducción punitiva por no cumplir los requisitos exigidos, en la actualidad, las circunstancias han cambiado por cuanto dicha norma fue declarada inexequible y atendiendo la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional sobre esta temática, la última solicitud la formuló con posterioridad la vigencia del precepto.
5. Apelada esta decisión, fue confirmada por el Tribunal Superior de Tunja, el 29 de noviembre de 2007 aduciendo que a pesar de no estar frente a delitos de lesa humanidad, no acreditó los requisitos durante la vigencia de la norma.
JOSÉ OLMEDO BONILLA POLO pretende que se dejen sin efecto las providencias reseñadas por medio de las cuales se le negó la rebaja de su pena y considerar que al entrar en vigencia la Ley 975 de 2005 ya estaba ejecutoriada su condena. Además que en la actualidad cumple los requisitos previstos por la citada norma.
Las decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas, a juicio del actor, lo están discriminando porque en varios casos similares al suyo, ha sido concedida la rebaja de pena con fundamento en la citada norma y en las sentencias de tutela T -355 y T-356 de 2007 de la Corte Constitucional, y 32296 y 33250 proferidas por una Sala de Decisión de Tutelas de esta Corporación.
Solicita amparar los derechos invocados, dejar sin efectos los interlocutorios cuestionados y ordenar al Juzgado accionado reconocer a su favor la rebaja de pena prevista en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005. Aporta documentos relacionados con los hechos de la demanda.
1.- Mediante auto del pasado 30 de enero, la Sala asumió el conocimiento del asunto y ordenó comunicar lo pertinente al accionante, a las autoridades accionadas y a los demás intervinientes en la actuación de cuyo trámite se deriva la presunta vulneración de los derechos invocados.
2.- El Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja luego de efectuar un recuento de las providencias a través de las cuales negó al sentenciado la rebaja de pena refiere que, a través de ellas no ha negado vulnerado o puesto en peligro derecho fundamental alguno como quiera que fueron debidamente motivadas, permitiéndole al sentenciado ejercer el derecho de contradicción, motivo por el cual solicita negar el amparo solicitado.
Aporta copias de las providencias de primera y segunda instancia por medio de las cuales se atendió de manera adversa dicha petición.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la presente demanda de tutela promovida contra una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja y el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad.
2. La solicitud de amparo presentada por JOSÉ OLMEDO BONILLA POLO, está encaminada a cuestionar las providencias por medio de las cuales el Juzgado y Tribunal accionados negaron el reconocimiento de la rebaja de su pena, con fundamento en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
3. De acuerdo con la prueba documental aportada al expediente se tiene que, en tres oportunidades el accionante ha solicitado ante el Juzgado que vigila la pena dicha rebaja del 10%, y tan solo en la última agotó el recurso de apelación para ante el superior funcional.
4. El Juzgado encargado de vigilar la ejecución de la pena a JOSÉ OLMEDO BONILLA POLO, en las providencias diciembre 5 de 2005, febrero 231 y agosto 3 de 2006, consideró que no se hacía merecedor a la reducción punitiva reclamada, porque los delitos de secuestro simple y extorsivo por los cuales fue condenado, son de lesa humanidad y están excluidos de la aludida rebaja punitiva; decisiones respecto de las cuales, no ejerció el derecho de contradicción a través del recurso de apelación para ante el superior funcional, evento en el cual la solicitud de amparo se torna improcedente en los términos del numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
4.1 La decisión de no haber agotado el mecanismo de defensa judicial que viene de mencionarse, impide considerar al actor habilitado para acudir al amparo constitucional respecto de lo allí decido, pues este instituto de carácter residual y subsidiario no fue establecido para suplir los mecanismos de defensa judicial dispuestos por el legislador al interior de las actuaciones.
4.2 Es de anotar que cuando se dejan de utilizar de manera oportuna los medios de defensa previstos por el legislador, la acción de tutela no procede ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para acceder al amparo bajo esa modalidad se hace imprescindible la vigencia actual del instrumento judicial ordinario que en su momento permita definir la controversia jurídica en forma permanente. Así lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia SU-111 de 1997, según el extracto que a continuación se transcribe:
“Sin embargo, si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional" (subrayas fuera del texto)
5. El sentenciado BONILLA POLO, en ejercicio del derecho de postulación, el 10 de agosto de 2007, nuevamente solicitó la reducción punitiva en los términos del artículo 70 de la Ley de Justicia y Paz y el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, mediante proveído de 8 de septiembre de 2007, no accedió a esa prerrogativa aduciendo que, si bien en anteriores oportunidades negó la reducción punitiva por no cumplir los requisitos exigidos2; en la actualidad, las circunstancias han cambiado por cuanto dicha norma fue declarada inexequible y atendiendo la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional sobre dicha temática, la última solicitud la formuló con posterioridad a la vigencia del referido precepto.
Decisión ratificada por el Tribunal accionado, el 29 de noviembre de 2007, al considerar de manera definitiva que si bien los delitos por los cuales fue condenado JOSÉ OLMEDO BONILLA POLO no son de lesa humanidad, al examinar el cumplimiento de cada uno de los requisitos para acceder a la rebaja de pena, encontró que el sentenciado no los acreditó durante el tiempo de vigencia de la citada norma.
5.1 La Sala ha sido del criterio que no puede acudirse a la tutela para reemplazar los procedimientos ordinarios de defensa, cuando el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes, todo lo cual impide considerarlo como medio alternativo o paralelo de defensa o instancia adicional al cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas.
5.2 También se ha reiterado que excepcionalmente la acción de tutela puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulta vulnerado, cuando en el curso del proceso el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la decisión es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, esto es, cuando se configuran las llamadas vías de hecho, bajo la condición que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para abogar por la vigencia de sus derechos constitucionales, o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
5.3 Precisado lo anterior, no es acertada la afirmación del accionante al considerar las decisiones censuradas como desconocedoras de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, cuando del contenido de éstas se concluye que están debidamente sustentadas en el ordenamiento jurídico que permite al funcionario optar por la negativa del beneficio reclamado sin constituir una decisión contraria a derecho, lo cual imposibilita la intromisión del juez de tutela, máxime cuando el demandante utilizó el mecanismo adecuado para debatir su inconformidad en la segunda instancia.
5.4 De ahí que la interpretación ponderada del juez al resolver un asunto dentro del ámbito de su competencia, pertenece a su autonomía como administrador de justicia y no puede controvertirse su criterio a través de una acción de tutela. Regla que resulta inaplicable por vía de excepción, cuando los funcionarios judiciales en las actuaciones cumplidas hayan desconocido los derechos fundamentales, situación que no se concreta en el caso sometido a estudio por cuanto los funcionarios accionados expusieron las razones fácticas y jurídicas que los llevaron a adoptar las decisiones, sin que el desacuerdo con ellas adquiera la aptitud suficiente para catalogarlas como vías de hecho.
6. En relación con el presunto desconocimiento del derecho a la igualdad, lo aportado al expediente constitucional no acredita que el actor haya sido discriminado por las autoridades judiciales accionadas, al haber proferido decisiones adversas, frente a una situación fáctica idéntica a la suya. Además, ha de precisarse que los efectos de las decisiones en materia de tutela son inter-partes.
Lo anterior constituye razón suficiente para negar por improcedente el amparo solicitado por JOSÉ OLMEDO BONILLA POLO.
1. NEGAR por improcedente la demanda de tutela promovida por el accionante JOSÉ OLMEDO BONILLA POLO, conforme a las anteriores motivaciones.
2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez se encuentre en firme el fallo.
TERESA RUÍZ NUÑEZ
 A través de la cual resolvió de manera adversa el recurso de reposición presentado en contra de la anterior decisión.
2 Estar condenado por delitos de lesa humanidad.

References: artículo 70
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 1
 artículo 70
 artículo 6
 artículo 70
 artículo 30