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Timestamp: 2020-02-22 09:25:24+00:00

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Sentencia: CE SIII A 57897 DE 2018
No hay lugar al reconocimiento de los sobrecostos ocasionados por las reiteradas suspensiones del contrato cuando en las actas de suspensión no hubo salvedad alguna frente a las consecuencias económicas que de esta situación se podían derivar.
CE SIII A 57897 DE 2018
ECOPETROL S.A. – REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. VS VIBRAN S.A.S
Que, el 19 de octubre de 2006, la Refinería de Cartagena S.A. y Ecopetrol S.A. celebraron un contrato de mandato en el que aquella concurrió como mandante y esta como mandataria, con el objeto de operar, mantener y administrar la refinería.
Que, en virtud de lo anterior, el 3 de octubre de 2007, Ecopetrol S.A., actuando como mandataria de la sociedad Refinería de Cartagena S.A., aceptó la oferta formulada por la sociedad Vibran Cía. Ltda., hoy Vibran S.A.S., de conformidad con la cual esta última prestaría los servicios de mantenimiento técnico y actualización de los sistemas de gobierno de los cinco turbogeneradores de la unidad de servicios industriales de la Refinería de Cartagena S.A. Los términos de la oferta y la aceptación quedaron condensados en el Contrato No. 4015469, cuyo valor se convino en la suma de $873’305.237.
Que, como producto de esta negociación, las partes pactaron como plazo de ejecución 300 días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, hecho que tuvo lugar el 9 de octubre de 2007.
Que, durante la ejecución del contrato y por causas no imputables a la sociedad Vibran S.A.S, se produjeron múltiples suspensiones que condujeron a que el plazo se extendiera por un período de 830 días, lo que llevó a que su fecha de terminación se cumpliera en noviembre de 2010.
Que la prolongación del plazo contractual desencadenada, entre otras razones, por el incumplimiento del plan de entrega de los turbogeneradores por parte de Ecopetrol S.A., generó sobrecostos al contratista que ocasionaron la fractura de la ecuación económica del contrato.
Que, a pesar de las reclamaciones elevadas por el demandante ante Ecopetrol S.A, en procura de que se reconociera en su favor el restablecimiento del equilibrio financiero del negocio, la contratante accedió únicamente a pagar $48’190.966.
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante fallo proferido el 21 de agosto de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
¿Una entidad del Estado debe reconocer al contratista los sobrecostos derivados de la prolongación del plazo por la suspensión del contrato, aún y cuando el contratista manifestó en las actas de suspensión que la misma no le generaba sobrecostos?
1. Mandato con o sin representación: el alcance que hay frente a terceros de los actos ejecutados en el marco de un contrato de mandato es: cuando el mandatario actúa en nombre del mandante y por cuenta de éste, el mandato es representativo, y se caracteriza, además de dichas particularidades, porque el mandatario obra en virtud de un poder que hace conocer a quienes con él contratan, dándoles a entender de manera indubitable que las operaciones que realiza se radicarán directamente en el patrimonio de otro, en cuyo nombre obra, y con quien deberán entenderse a efectos de ejercer los derechos y acciones derivados del contrato realizado. En cambio, el mandato es no representativo, cuando no exterioriza a los destinatarios de sus declaraciones que obra por cuenta y riesgo de otro, inadvertencia que, como es apenas obvio, y dado el carácter relativo de los contratos, apareja que entre mandante y terceros no surjan vínculos jurídicos y carezcan, por ende, de legitimación para emprender acciones judiciales entre sí. Por lo anterior, la Corporación concluye frente al contrato del mandato lo siguiente:
Dos de los elementos descriptores que tanto la legislación civil como la mercantil comparten en torno al mandato aluden a i) que la gestión confiada se hace por cuenta y riesgo del mandante y ii) los actos ejercidos por el mandatario no obligan al mandante si han excedido los límites del encargo.
Resulta inherente a la esencia del mandato que el mandatario actúe por cuenta del mandante, sin perjuicio de que exista la alternativa de que la actuación se ejerza con o sin representación de aquel por cuya cuenta se obra.
Al ser la representación una opción de la que puede hacerse uso en las gestiones efectuadas en cumplimiento del mandato, se concluye que aquella no constituye un elemento de su esencia.
La gestión de actos o negocios jurídicos por cuenta de otro constituye el elemento que justifica la vinculación del patrimonio del mandante frente a las obligaciones contraídas por el mandatario en su nombre frente a terceros, consecuencia que habrá de concretarse, incluso, sin revelar que actuaba en esa condición.
La procedencia de ejercer por parte de un tercero una acción directa en contra del mandante se determinará en función de la circunstancia alusiva a si el acto o contrato realizado en el marco del mandato y en cuya virtud se afectan sus intereses fue ejercido en nombre y representación del mandante y así fue conocido por el tercero.
2. Es necesario destacar que el instituto del equilibrio económico del contrato no corresponde a una figura privativa de los negocios jurídicos gobernados por el derecho público, dado que, por vía de principio, que a su turno cristaliza las reglas de la conmutatividad y de la equidad, está llamado a imperar todas las relaciones negociales bilaterales, con independencia del régimen jurídico que las informe.
En varias providencias de la Sección Tercera de esta Corporación se ha advertido que las etapas del contrato son de carácter preclusivo, lo que equivale a sostener que las partes gozan de las oportunidades para negociar y pactar las condiciones del contrato, para disponer la suspensión del mismo cuando las circunstancias existentes no hagan posible su ejecución en el término convenido, así como para proponer y acordar sus modificaciones, con base en la información disponible al tiempo en que estas se suscriben y en sus propios cálculos, las cuales, una vez formalizadas, agotan la posibilidad en lo que se refiere a buscar nuevos reconocimientos sobre las mismas condiciones que se conocieron, o debieron conocerse al tiempo de la celebración del contrato, al de su respectiva modificación o cuando se dispuso la suspensión del mismo. Si bien el demandante expresó que esa manifestación no debía ser tenida en cuenta para convalidar la falta de reconocimiento de los sobrecostos generados por la ampliación del plazo, por considerar que ello iría en contra de la buena fe contractual, la Sala estima que, contrario sensu, sería la aceptación de tal planteamiento la que, en realidad, tendría una consecuencia transgresora de ese principio, que en estos eventos se halla sustentado en el respeto por los actos propios y en la inadmisibilidad de venir en contra de ellos por quien los suscribe. Se reitera que durante la relación negocial las partes pueden afrontar dificultades relativas a la definición de los alcances y contenido de las prestaciones contraídas con ocasión del negocio jurídico de cara al advenimiento de circunstancias endógenas o exógenas al vínculo obligacional, con la virtualidad de impactar las condiciones técnicas y económicas originalmente estipuladas, inconvenientes que bien pueden solventarse a través de acercamientos de los extremos cocontratantes encauzados a redefinir el acuerdo y ajustarlo a la realidad imperante al tiempo de su ejecución y que se materializan a través de contratos adicionales, prórrogas, modificaciones o acuerdos que convengan su suspensión. Es por eso que estos instrumentos deben contener tanto el acuerdo relativo a las modificaciones que habrá de sufrir el alcance y dimensión del objeto contractual como al precio o mecanismo de ajuste dispuesto para cubrir esas alteraciones, dado que resultaría alejado del principio de buena fe contractual que se transara la renegociación en unos términos y luego, al final de la ejecución, se sorprendiera a la contraparte con reclamaciones que se entendían zanjadas. Así las cosas, la Sala encuentra de recibo el cargo de la impugnación impetrada por la entidad demandada Ecopetrol S.A., en relación con los efectos de las actas de suspensión elevadas sin introducir en su contenido salvedad o reparo alguno frente a las consecuencias económicas que de allí se puedan derivar y que al haber versado sobre circunstancias plenamente conocidas al tiempo de su celebración impedían que en el futuro se alegara la ruptura del equilibrio económico del contrato por cuenta de las mismas circunstancias que condujeron a su suscripción. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el simple transcurso del tiempo entre la fecha de presentación de las propuestas y la fecha en que efectivamente se ejecutan los trabajos contratados no lleva de manera automática a tener por acreditado que sobrevino un desbalance económico por cuenta del posible aumento de precios. Además, en este evento no reposan elementos acreditativos encaminados a establecer que en el período comprendido entre la época de celebración del contrato No. 4015469 y la fecha en que realizaron los pagos correspondientes a las actividades contratadas se hubiera presentado un aumento de precios con la virtualidad de afectar la ecuación financiera del contrato, en tanto, por un lado, se desconoce el valor de los precios ofrecidos y, por otro, la cuantía de los costos directos efectivamente asumidos por el demandante. Adicionalmente, la Sala también ha sostenido que la prueba de la ruptura de la ecuación financiera del contrato impone el análisis consolidado del resultado económico y no solo el de la cuenta o ítem que se alega como causa o fuente del desequilibrio. Lo dicho comporta la necesidad de realizar un análisis global, conjunto y contrastado de las cuentas, ingresos y egresos producidos con ocasión de la ejecución contractual con el fin de verificar el verdadero daño padecido en el esquema negocial; no basta simplemente con revelar la diferencia entre algunas cifras que no obstante haber excedido las proyecciones no habrían tenido la virtualidad de impactar el sistema económico del acuerdo.
No. Frente al caso en concreto, advierte la sala que, cuando se suscribieron todas las actas de suspensión de trabajos, la causa que dio lugar a la primera de ellas y, en lo sucesivo a las demás, fue la misma, aunque perpetuada a lo largo del plazo negocial, de tal suerte que, una vez verificada su ocurrencia, concernía al contratista establecer hacia al interior de su administración las implicaciones económicas derivadas de ese proceder en términos de los sobrecostos que podían presentarse con ocasión de esa parálisis, para alegar su ocurrencia y determinar las medidas dirigidas a salvaguardar su economía o, por el contrario, podría optar por asumir el paso del tiempo sin albergar aspiraciones adicionales, como en efecto lo hizo y lo indicó de manera explícita. Como segundo aspecto, y concatenado con el anterior, vale acotar que el recurrente se limitó a alegar, sin más, que la mención que hizo acerca de que la suspensión del contrato no generaba sobrecostos para Ecopetrol S.A era contraria a la buena fe; sin embargo en momento alguno invocó la configuración de alguna irregularidad que hubiere podido viciar el consentimiento prestado por el contratista al suscribir esos acuerdos, caso en el cual, para desestimar la eficacia y validez de la libre manifestación de su voluntad, era imperativo pretender la nulidad parcial de esos documentos con sustento en el hecho de que su suscripción adoleció de invalidez por no contener un consentimiento libre de vicios.
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, por lo que, como consecuencia, queda separado del conocimiento del presente asunto. SEGUNDO. - REVOCAR la sentencia proferida el 21 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, con fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta providencia y, en su lugar, se dispone: 1.- NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO. - Sin costas en la segunda instancia. CUARTO. - En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 8 de noviembre de 2016, exp. 47336. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 3 de agosto de 2016, exp. 56.513, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 1996, exp. No. 10.151, C.P. Daniel Suárez Hernández. Esta postura fue reiterada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 21 de septiembre de 2017, exp. 37.478, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, 14 de marzo de 2013, exp: 20524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2012, exp. 21.429, M.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B, 31 de agosto de 2011, exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 26 de abril de 2017, exp. 50.762, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección >Tercera, Subsección A, 23 de octubre de 2017, exp. 53875.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, 9 de octubre de 2014, exp. 21.281, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 17 de abril de 2007, exp. 0645, M.P, Pedro Octavio Munar Cadena. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 15 de abril de 2010, exp. 18.292, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, exp. 22 de febrero 2017, exp. 50.254. Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, 27 de noviembre de 2013, expediente: 31.431, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 20 de febrero de 2017, exp. 56.562, C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Ley 80 de 1993, artículos: 2, 3, 4, 27, 28, 60, 61, 76
Código Contencioso Administrativo: artículos: 87, 136,172
Código General del Proceso: artículo 141 numeral 1
Código Contencioso Administrativo: modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue reformado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006
Ley 1118 de 2006, artículo 6
Ley 489 de 1998: artículo 38
Decreto 1719 de 2009, artículo 3
Código Civil: artículo 1496, 1497, 1498, 2142, 2177, 2186, 2458
Código de Comercio: artículo 868, 1262, 1266
HINESTROSA Fernando. “La Representación”. Universidad Externado de Colombia. Primera edición, septiembre 2008. Págs. 65-66. BENITEZ CAORCI, Juan J. “La Revisión del Contrato”. Segunda Edición 2010. Editorial Temis Bogotá Pag. 71-72.
Documento: CE SIII A 57897 DE 2018

References: artículo 141
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 38
 artículo 3
 artículo 1496
 artículo 868