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Timestamp: 2018-08-17 22:30:22+00:00

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﻿ Sentencia C-336 de junio 4 de 2014
SENTENCIA C-336 DE 04 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:NORMA QUE INCLUYE AL COMPAÑERO PERMANENTE Y AL CÓNYUGE COMO BENEFICIARIOS DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, EN EVENTOS DE CONVIVENCIA NO SIMULTÁNEA, NO VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD. EN EL JUICIO DE IGUALDAD, SE PUEDE CONSTATAR QUE LOS SUJETOS EN COMPARACIÓN CÓNYUGE CON SEPARACIÓN DE HECHO Y CON SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE Y EL ÚLTIMO COMPAÑERO PERMANENTE, PERTENECEN A GRUPOS DIFERENTES Y POR ELLO LA NORMA DEMANDADA NO OTORGA UN TRATO DIFERENTE A QUIEN ES DIFERENTE, EN TANTO QUE AMBAS FIGURAS NO SON NECESARIAMENTE EQUIPARABLES. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “LA OTRA CUOTA PARTE LE CORRESPONDERÁ A LA CÓNYUGE CON LA CUAL EXISTE LA SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE”, CONTENIDA EN EL INCISO FINAL DEL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 797 DE 2003, POR EL CARGO ANALIZADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:MATRIMONIO CIVIL, UNIÓN MARITAL DE HECHO, SEPARACIÓN EN EL MATRIMONIO, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, DERECHO A LA IGUALDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:513 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PÁG.1861
Sentencia C-336 de junio 4 de 2014
El ciudadano, Carlos Alberto Chamat Duque en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 40, numeral 6º de la Constitución Política, instauró demanda de inconstitucionalidad parcial contra el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003; el texto normativo acusado es el señalado con subraya:
(Enero 29)(1)
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993; (aparte tachado declarado INEXEQUIBLE en la Sentencia C-1094/03).
2.3.1. Expresa el actor que facultar al cónyuge —separado de cuerpos y sin convivencia simultanea— para reclamar una cuota parte de la pensión de sobrevivientes que le corresponde al compañero permanente, vulnera el derecho a la igualdad de éste último, al otorgar privilegios legales injustificados sobre el derecho pensional de la persona que durante los últimos cinco años previos al fallecimiento estuvo haciendo vida marital efectiva con el causante, por el simple hecho de no haber disuelto la sociedad conyugal.
3.1.1. El Presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió a ésta Corporación la Sentencia 2410-2004 del 20 de septiembre de 2007, dentro de la cual estima analizado el tema del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes entre un cónyuge supérstite y un compañero permanente, así como entre dos compañeros permanentes.
4. Procuraduría General de la Nación(2): exequible.
2.1.1. La demanda cumple con los requerimientos previstos en el Decreto 2591 de 1991 para la procedencia de la acción por inconstitucionalidad respecto a uno de los aspectos planteados en la demanda en razón del cargo de igualdad, pues logra suscitar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la proposición jurídica acusada —La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente—; (i) señala con claridad la disposición legal que presuntamente transgrede la Constitución —inciso tercero del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003—; (ii) indica la Norma Superior que considera vulnerada —artículo 13 CP—; (iii) presenta como concepto de inconstitucionalidad, la discriminación legal a favor del cónyuge supersite con separación de cuerpos en contra posición de los derechos del compañero permanente con el cual se hizo vida marital durante los últimos cinco años previos al deceso, restando efectos a la unión marital de hecho por la existencia de un vínculo matrimonial ajeno a la finalidad de convivencia y apoyo mutuo.
2.1.2. No obstante, no ocurre lo mismo con el otro aspecto del cargo igualdad, atinente a la discriminación legal propinada a los compañeros permanentes que hicieron vida marital con el causante en un momento distinto a los cinco años previos al fallecimiento, frente al cónyuge separado de cuerpo y con sociedad vigente a quien se le permite reclamar una cuota parte de la pensión cuando no convivió durante los últimos cinco años con el de cujus. Dicho planteamiento, tal como lo advierte el concepto del Procurador General de la Nación, se encamina más a una omisión legislativa relativa que a la violación del derecho a la igualdad, pues el actor pretende que se condicione la norma bajo el entendido que se incluya al grupo de compañeros permanentes como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo que deviene en la modificación de la norma por parte de la Corte tal y como la previó el legislador, con la adición de un conjunto diferente al de los beneficiarios previstos para dicha prestación económica.
2.1.3. En ese sentido, el cargo carece de certeza al atribuir un contenido jurídico diferente al de su interpretación, en la creencia personal del actor de que la libertad del individuo de conformar un vínculo sin las ritualidades del matrimonio implica que la unión marital extinta deba equipararse al vínculo matrimonial vigente y con separación de cuerpos, y por ende, incluir en el listado de beneficiarios a todos los compañeros permanentes con los cuales se sostuvo en algún momento una convivencia superior a cinco años. De igual modo, el argumento no es específico en qué medida que no se demuestra que la exclusión de los antiguos compañeros permanentes transgreda un mandato constitucional.
2.1.4. Frente a la posible violación del derecho a la seguridad en pensiones —artículo 48 CP— se advierte una indebida conformación del cargo, pues en el sentir del demandante al no incluirse a los compañeros permanentes de relaciones anteriores a la muerte, vulnera el derecho a la seguridad social en pensiones de estos, al negarles la posibilidad de acceder a una cuota parte de la pensión. Dicho argumento adolece de certeza, especificidad, suficiencia y en especial de pertinencia, pues el fundamento se centra en una interpretación fáctica y descontextualizada de la ley, ya que la norma no indica que deba garantizarse una pensión para cualquier clase de relación afectiva, sino aquellas determinadas por el Legislador.
2.1.5. La Corte se declarará inhibida por inepta demanda respecto de los cargos propuestos contra el artículo 13 —parcial— y 48 de la Constitución de conformidad con lo anteriormente expuesto.
2.2.1.1. En atención a la solicitud de uno de los intervinientes de estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1094 de 2003, se procede a descartar la ocurrencia de éste fenómeno procesal. En la citada providencia se demandó la constitucionalidad de los artículos 11, 12, 13, 18 y 19 de la Ley 797 de 2003 y en lo referente al artículo 13 parcialmente los literales a) y el primer inciso del literal b)(3), cuyo cargo se fundamentó así:
Los literales a) y b) del artículo 13 en referencia consagran las condiciones para que el cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite sea beneficiario de la pensión de sobrevivientes. De ellas, los accionantes impugnan tres aspectos en particular: i) el requisito de convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte; ii) el reconocimiento en forma vitalicia o en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración a la edad del cónyuge o compañero supérstite; y iii) el reconocimiento en forma vitalicia o en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración al hecho de haber tenido hijos o no con el causante.(4) (Subraya fuera de texto).
2.2.1.4. En síntesis, a través de la sentencia C-1094 de 2003 la Corte realizó el análisis de constitucionalidad de los artículos 12 (parcial) y 13 (parcial) de la Ley 797 de 2003, —destacando que en este último artículo solo se demandó y pronunció sobre el primer inciso del literal b)— por los cargos de violación del derecho a la igualdad y seguridad social.
2.2.2.1. En la presente demanda se acusa un aparte del inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 por la vulneración del derecho a la igualdad al consagrar —en el caso de la convivencia no simultánea— un privilegio en cabeza del cónyuge supersite con separación de cuerpos en detrimento del compañero permanente con el cual se hizo vida marital durante los últimos cinco años previos al deceso, discriminando a la unión marital de hecho por la existencia de un vínculo matrimonial ajeno a la finalidad de convivencia y apoyo mutuo.
La llamada cosa juzgada material, de acuerdo con jurisprudencia reciente de esta Corporación, se presenta en dos hipótesis: (i) cuando un contenido normativo declarado inexequible es reproducido por una nueva disposición legal que es acusada en otra demanda; en estos casos, la Corte debe nuevamente declarar inexequible el contenido normativo, no por existencia en estricto sentido de cosa juzgada —pues se trata de cuerpos legales diferentes— sino por violación de la prohibición del artículo 243 superior; y (ii) cuando un contenido normativo declarado exequible por la Corte y reproducido en una nueva disposición, es demandado por las mismas razones que dieron lugar al pronunciamiento anterior; en estos casos, si bien no existe cosa juzgada porque los contenidos normativos hacen parte de preceptos diferentes, la Corporación debe seguir el precedente fijado en el fallo primigenio, salvo que existan razones poderosas para apartarse, en los términos de la jurisprudencia constitucional. Por último, existen casos en los que aunque la Corte se enfrenta a demandas contra una disposición examinada previamente frente a cargos idénticos, tanto desde el punto de vista del concepto de violación como de los contenidos constitucionales considerados vulnerados, ha concluido que no existe cosa juzgada en estricto sentido, toda vez que un cambio en el contexto de aplicación de la disposición impide hablar de identidad de contenidos normativos”. (Subrayas fuera de texto).
2.2.4. Conclusión: inexistencia de cosa juzgada por diversidad de normas y cargos.
La cuestión a resolver se funda en el tratamiento igualitario otorgado por el legislador —en el evento de no existir convivencia simultánea— al matrimonio sin disolución y liquidación de sociedad conyugal pero con separación de hecho con la unión marital de hecho, para efectos de constituirse como beneficiario de la pensión de sobrevivientes, prevista en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. En ese contexto, la Corte estudiará si ¿la disposición acusada indebidamente otorga un tratamiento igualitario a un sujeto que no reúne las características para ser beneficiario del privilegio legal, disminuyendo el derecho de aquel que sí acredita todas las condiciones para acceder a la prestación económica?.
(…) la pensión de sobrevivientes es una prestación que el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones reconoce a los miembros del grupo familiar más próximos al pensionado o afiliado que fallece —los indicados en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993—, con el fin de garantizarles al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban en vida del causante y salvaguardarlos así de la completa desprotección y de la posible miseria. En este orden de ideas, su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad. Además, según reiterada jurisprudencia de esta Corte, puede llegar a adquirir rango fundamental cuando sus beneficiarios son personas en estado de debilidad manifiesta.
4.3.2. Respecto al tipo de convivencia —en el caso de convivencia simultánea— la Corte puntualizó en la sentencia C-1035 de 2008 que no se trata de cualquier relación, sino que para determinar al beneficiario de la pensión de sobrevivientes, ésta debe reunir las siguientes condiciones:
Ahora bien, en lo que respecta al tipo de convivencia objeto de esta providencia —no simultánea—, tan solo difiere de la anterior concepción en el momento de su consolidación, puesto que si bien es el compañero permanente quién debe acreditar de forma clara e inequívoca la vocación de estabilidad y permanencia con el causante durante los cinco años previos a su muerte, para caso del cónyuge supérstite con separación de hecho el quinquenio de la convivencia naturalmente deberá verificarse con antelación al inicio de la última unión marital de hecho.
4.4.1. Frente a la facultad de regulación del derecho a la seguridad social en pensiones, esta Corte ha aceptado que el Legislador cuenta con un amplio margen de libertad para regular aspectos esenciales en la definición del mismo. En la sentencia C-967 de 2003 al estudiar el artículo 5º de la Ley 797 de 2003, que modificó el inciso 4º y parágrafo del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 —incremento de la base de cotización— expresó lo siguiente:
4.4.3. Adicionalmente, pese a que Colombia no ha ratificado el Convenio 128 relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes —entrada en vigor el 01 noviembre 1969, adoptado en Ginebra en la 51ª reunión CIT del 29 junio 1967— en el marco de la Organización Internacional del Trabajo el legislador de un estado miembro esta facultado para definir a los beneficiarios de la prestación económica en mención, tal y como se expresa en el artículo 22 del citado Convenio así:
8.2. Específicamente, la Corte ha sostenido que, de acuerdo a los artículos 5 y 42 de la Constitución, la igualdad que propugna la Carta entre las uniones familiares surgidas de vínculos naturales y la conformada por vínculos jurídicos, abarca no sólo al núcleo familiar como tal, sino también a cada uno de los miembros que lo componen, puesto que estas disposiciones guardan íntima relación con el artículo 13 superior, que prescribe:"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua religión, opinión política o filosófica (...)” (Subrayas en el texto)
8.4. Sin embargo, como se indicó antes (supra 7.3) la protección del derecho a la igualdad entendido como no discriminación, en estos casos no puede entenderse como la existencia de una equiparación entre el matrimonio y la unión marital de hecho, puesto que, como lo ha explicado la Corte en varias ocasiones, “sostener que entre los compañeros permanentes existe una relación idéntica a la que une a los esposos, es afirmación que no resiste el menor análisis, pues equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo tiempo, pueda éste imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo esencial, que no es otro que el de ser una unión libre”. Por todo lo anterior, el juicio de igualdad deberá tener en cuenta las particularidades de la norma o situación fáctica sometida a consideración, a fin de constatar si existe discriminación entre cónyuges y compañeros permanentes, pero sin soslayar las diferencias existentes entre el matrimonio y la unión marital de hecho. (Subraya fuera de texto).
2.5. En cuanto al efecto de la separación de cuerpos sobre la sociedad conyugal, el Código Civil prevé su disolución —entre otras causales— por la “separación judicial de cuerpos”, salvo que los cónyuges consientan mantenerla por tratarse de una separación temporal (C.C., art. 167y 1820). Al contrario, la separación de cuerpos de hecho no lleva a la disolución de dicha sociedad, pudiendo en todo caso ser acordada por los cónyuges mediante escritura pública protocolizada ante notario. (Subrayas fuera de texto).
4.7.1. El derecho a la igualdad exige el mismo trato para los sujetos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y, una distinta regulación para aquellos que presenten características desiguales, bien sea por las circunstancias específicas que los afectan, o por las condiciones en medio de las cuales se desenvuelven, pues unas y otras hacen necesario que el Estado buque (sic) un equilibrio efectivo, que en últimas no es cosa que la materialización de la justicia, tal y como se expresó en la sentencia C-1047 de 2001, así:
El derecho a la igualdad frente a la ley, impone al legislador otorgar el mismo tratamiento a todas las personas que están en el mismo supuesto de hecho que él pretende regular. Por lo tanto, para establecer si una disposición legal concreta es discriminatoria, el primer presupuesto lógico que el juez constitucional debe verificar es que tal disposición realmente otorgue un trato diferente a personas colocadas en la misma situación de hecho. Si ello efectivamente ocurre, entonces debe examinar si ese tratamiento desigual persigue alguna finalidad constitucionalmente importante que lo justifique, comprobado lo cual debe establecerse si la limitación al derecho a la igualdad era adecuada para alcanzar tal finalidad. Además, para que dicha restricción sea conforme con la Constitución, se requiere que sea ponderada o proporcional stricto sensu. “Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si, desde una perspectiva constitucional, la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr, entonces es desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada inconstitucional”.
4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con separación de hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que ambos beneficiarios —compañero permanente y cónyuge con separación de hecho— cumplen con el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos patrimoniales de cada institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio.
1.5. Al analizar el aparte acusado a la luz de los presupuestos del juicio de igualdad, se pudo constatar que los sujetos en comparación —cónyuge con separación de hecho y con sociedad conyugal vigente y el último compañero permanente— pertenecen a grupos diferentes y por ello la norma demandada no otorga un trato diferente a quien es diferente, en tanto que ambas figuras no son necesariamente equiparables.
1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente” contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de Ley 797 de 2003, por el cargo analizado.
Magistrados: Luis Ernesto Vargas Silva, presidente; con aclaración de voto—Maria Victoria Calle Correa, con aclaración de voto—Mauricio González Cuervo—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Gabriel Eduardo Mendoza M.—Jorge Iván Palacio Palacio, ausente en comisión—Nilson Elías Pinilla Pinilla—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Alberto Rojas Ríos.
De acuerdo con esta regla, si (i) existe un vínculo matrimonial vigente, (ii) separación de hecho entre quienes lo formaron y (iii) convivencia con otra persona por cinco o más años con posterioridad a la separación, la pensión se distribuirá entre compañero y cónyuge(5) en una cuota proporcional al tiempo de convivencia.
Esta Corte ha insistido en la importancia de una elaboración cuidadosa del problema jurídico, congruente además con los cargos de la demanda, al menos en sede de constitucionalidad. El que definió la mayoría de la Sala en esta oportunidad no satisface esos estándares; no explica cuál es el trato igualitario, no dice cuáles son los sujetos que reúnen las características para ser beneficiarios y cuáles no, o a quiénes se les reduce su derecho(6). Pero más allá de esa amplitud y vaguedad en la formulación de la cuestión, la Sala plantea que la demanda cuestiona un trato igualitario, cuando el demandante lo que afirma es que existe uno discriminatorio.
Este cambio de enfoque no responde a los argumentos de la demanda y, condiciona la argumentación y el sentido de la decisión, ya que los tratos igualitarios se presumen constitucionales y las cargas de la argumentación están a cargo de quien establece diferencias, no de quien propende por la igualdad.(7)
7.2.1. La primera de las sentencias mencionadas (C-1077 de 2006 ) evaluó si resultaba legítimo que la ley contemplara como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los cónyuges y compañeros permanentes del causante que hubieran iniciado su vínculo antes de la adquisición del derecho pensional y no a aquellos que comenzaron a convivir con posterioridad a la adquisición del mismo. La Corporación declaró la inexequibilidad de la norma.(8) La ratio decidendi de la sentencia defendió la potestad de configuración legislativa, pero también expuso sus límites, cuando pone en juego el derecho a la igualdad; señaló que el derecho a la pensión de sobrevivientes es una prestación destinada a proteger a la familia del causante y explicó la importancia dada por el Legislador a la convivencia como condición de acceso al derecho:
(Sin embargo) para que una norma apruebe el llamado juicio de proporcionalidad, es necesario que la disposición en ella contenida constituya una medida adecuada o racionalmente encaminada a obtener los fines para los cuales fue diseñada. Esta circunstancia evidentemente no se presenta en el caso de la disposición acusada, toda vez que el hecho de que el pretendido beneficiario haya iniciado su vida marital con el causante antes o después de que éste adquiriera el estatus de pensionado, es un suceso ajeno al propósito de la norma, cual es el de garantizar la convivencia de los cónyuges o compañeros y evitar relaciones de última hora (…) Los matrimonios o las uniones maritales de hecho son, en ocasiones, tan duraderos, que resulta cuando menos injusto desconocer compromiso que las cimienta, por la sola circunstancia de que la relación se haya iniciado o se inicie con posterioridad a la adquisición del derecho a una pensión.
7.2.2. La sentencia C-1035 de 2008(9) —también citada en la C-336 de 2014— resultaba incluso más relevante para el análisis del caso, pues en ella la Corte no solo manifestó que las figuras jurídicas (matrimonio y unión marital) son diferentes, sino que además explicó enfatizó en que existe una regla constitucional que prohíbe discriminar entre compañeros y cónyuges por razón del origen del vínculo para, finalmente, declarar la inexequibilidad de una norma que planteaba un tratamiento distinto para ambos grupos, en el escenario de la relación con el derecho a la pensión de sobrevivientes cuando se presenta convivencia simultánea.
(…) la Corte ha sostenido que, de acuerdo a los artículos 5º y 42 de la Constitución, la igualdad que propugna la Carta entre las uniones familiares surgidas de vínculos naturales y la conformada por vínculos jurídicos, abarca no sólo al núcleo familiar como tal, sino también a cada uno de los miembros que lo componen, puesto que estas disposiciones guardan íntima relación con el artículo 13 superior (…S)e ha señalado que el legislador no puede expedir normas que consagren un trato diferenciado en cuanto a los derechos y deberes de quienes ostentan la condición de cónyuge o de compañero permanente, como tampoco entre los hijos habidos en matrimonio o fuera de él (…)
Para la Corte, esta argumentación no resulta válida a la luz de nuestro ordenamiento constitucional […] la Corte, con base en su propia jurisprudencia, estima que la distinción en razón a la naturaleza del vínculo familiar no puede constituir un criterio con base en el cual, como lo hace la disposición bajo examen, se establezcan tratamientos preferenciales que desconozcan la finalidad legal y constitucional de la pensión de sobrevivientes(10).
Me parece conveniente utilizar, para enfrentar las preguntas de la demanda, y la nueva arista que surge al considerar a un grupo más en el examen de igualdad, utilizar las herramientas de análisis de las reglas jurídicas propuestas por Frederick Schauer en una obra muy influyente en la materia(11).
Según su perspectiva, los predicados fácticos o enunciados de hecho de una regla son generalizaciones, en el sentido de que incluyen o pretenden incluir todos los elementos de una clase(12).
Las reglas jurídicas asocian esas generalizaciones a una justificación subyacente, que puede describirse como un propósito o fin valioso para el Legislador o a la luz de la Constitución. Cuando un estado de cosas o un conjunto de hechos concretos puede considerarse un ejemplo(13) de ese predicado fáctico, pero la aplicación de las consecuencias previstas por la regla a esos hechos no contribuye a realizar su justificación subyacente, entonces la regla es sobreincluyente. Si, por el contrario, existe un conjunto de hechos o estado de cosas que debería recibir las consecuencias de la regla para satisfacer su justificación subyacente, pero resulta que no “cabe” en la generalización, entonces se afirma que la regla es infraincluyente.
Colombia es un país en el que, durante muchos años, se ha concebido al hombre como el proveedor de bienes materiales para el hogar, y a la mujer como la encargada de cuidar la casa y los niños. En un estado cosas como ese, tradicionalmente son los hombres quienes cotizan o aportan al sistema de seguridad social y, por lo tanto, a los derechos de pensión de vejez o invalidez. Las mujeres en cambio, desempeñaban el rol de amas de casa o, en otros términos, se dedicaban al cuidado del hogar, actividad que hasta un pasado reciente no era valorada económicamente.(14)
El criterio personal fundado en la convivencia, el afecto y el socorro mutuos, ha sido considerado tanto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado(15), como por la de esta corporación como un elemento determinante para el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia. En este sentido la jurisprudencia constitucional ha trazado una línea jurisprudencial en la que se identifican dos presupuestos para el reconocimiento de la prestación: (i) la reciprocidad y solidaridad entre causante y allegados, y (ii) la definición material del beneficiario.
En cuanto al primer presupuesto, la jurisprudencia de esta Corte ha mantenido la postura de que la sustitución pensional busca impedir que una vez sobrevenga la muerte de uno de los integrantes de la pareja, el otro deba soportar por sí mismo las cargas materiales y espirituales de su ausencia, por lo que el factor determinante para la definición del beneficiario del derecho a la sustitución pensional es la concurrencia del apoyo afectivo y la comprensión mutua(16). Este factor no involucra un planteamiento etéreo o una condición completamente librada al arbitrio del juez, comoquiera que se encuentra relacionado con la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia como pareja, y con la pretensión de proteger a la familia misma.
De otro lado, como bien lo refiriera la oposición, lo que pretende el nuevo requisito introducido por la Ley 100 es evitar las convivencias precarias, fraudulentas o no inspiradas en los sólidos cimientos configurantes de un verdadero núcleo familiar, las que muchas veces surgen con el exclusivo designio de acceder a gozar de la pensión de quien está a punto de fallecer, mediante procedimientos reprobables desde todo punto de vista. Estas situaciones excepcionales, desde luego, no pueden quedar cobijadas legal ni jurisprudencialmente porque no encajan dentro de una auténtica noción de seguridad social(17).
Frente al segundo principio, la definición material del beneficiario se ha indicado por parte de esta Corte que la ley colombiana acoge un criterio material para determinar quién es la persona beneficiaria de la sustitución pensional lo que significa que debe mirarse la convivencia efectiva al momento de la muerte del causante para otorgar el beneficio a quién cumpla con este requisito(18).
En este orden de ideas, la fundamentación de la exequibilidad pudo basarse más en las finalidades que cumple la prestación (pensión de sobreviviente) que en una diferenciación entre el régimen económico de la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial de hecho y en consecuencia, si bien la jurisprudencia de la Corte ha reconocido especificidad al régimen económico del matrimonio y al de la unión marital de hecho, esto sólo debió constituir uno de los supuestos teóricos de la decisión, siendo necesario referir además la jurisprudencia que destaca la prohibición constitucional de adoptar medidas que consagren regímenes discriminatorios en razón del tipo de vínculo familiar, por cuanto ha indicado esta Corte que “el legislador no puede expedir normas que consagren un trato diferenciado en cuanto a los derechos y deberes de quienes ostentan la condición de cónyuge o de compañero permanente, como tampoco entre los hijos habidos en matrimonio o fuera de él”(19).
1 Diario Oficial 45.079 de 29 de enero de 2003.
2 Concepto 5.696 del 11 de diciembre de 2013.
3 Norma demandada en la C-1094/03 resaltado en subraya dentro del texto original: (…)
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; (…).
4 C-1094/03.
5 Utilizaré las expresiones “cónyuge” y “compañero permanente” para referirme tanto a hombres como a mujeres. Respeto plenamente el uso del lenguaje incluyente, que aconsejaría decir “el cónyuge o la cónyuge” y “el compañero o la compañera permanente”. Pero considero que el texto legal objeto de control ya es gramaticalmente complejo, de manera que preferiré la economía argumentativa, aclarando desde ya que las normas a las que se hará referencia deben aplicarse igualitariamente entre hombres y mujeres.
6 En términos más amplios, ¿Por qué no se habla específicamente de la situación de cónyuges, compañeros y las condiciones para el acceso al derecho, relacionadas con la convivencia, la separación o la naturaleza del vínculo?
7 En el plano argumentativo, me baso principalmente en la obra de Robert Alexy. Ya en la Teoría de la Argumentación Jurídica, el autor se refirió a las cargas de argumentación son un conjunto de reglas técnicas dirigidas a permitir el avance de un diálogo, evitando que se cuestione todo acuerdo previo en todo momento, o que se petrifique el proceso discursivo, por ausencia de nuevas proposiciones. Una de las cargas de la argumentación consiste en justificar el tratamiento desigual, y ello se desprende de la asunción de la igualdad entre las personas. (Teoría de la Argumentación Jurídica; regla 2.3. tercera regla de razón, la igualdad de derechos de los participantes y 3.1, a quien pretenda un cargo desigual corresponde asumir la carga de justificarlo). En la Teoría de los derechos fundamentales avanza en el estudio de la aplicación de la cláusula general de igualdad, y tras presentar diversas versiones de los “mandatos de trato igual y desigual” definidas por el Tribunal Federal Alemán, propone que, mientras al mandato de igualdad de trato supone que “si no hay ninguna razón suficiente para permitir un trato desigual, entonces está ordenado un trato igual”, la regla de trato desigual no puede ser simétrica, pues en ese caso se bloquearía el análisis de la norma. Por lo tanto, propone que, esta regla debe tener la estructura de “si ay una razón suficientes para ordenar un trato desigual, entonces está ordenado un trato desigual”. Su exposición lleva a considerar que en ausencia de razones suficientes está ordenado el trato igual, mientras que el desigual solo es válido en presencia de una razón suficiente. La exposición de esa razón para justificar el trato es precisamente la carga de la argumentación citada.
8 Declarar INEXEQUIBLE la expresión “por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez y”, contenida en el literal a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993.
9 “De conformidad con los antecedentes expuestos, corresponde a la Corte determinar si los apartes demandados del literal b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, vulneran los derechos constitucionales a la igualdad, a la seguridad social en materia pensional, a la familia y a la protección especial a la mujer.
10 Este planteamiento no es caprichoso. Surge al estudiar en su conjunto la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia (supra 8.3 y 8.4), a partir de la cual se puede concluir que las personas que conviven en condición de compañeros permanentes, históricamente han sido menospreciadas a partir de un patrón de valoración cultural que considera que este tipo de nexos familiares —a pesar de estar protegidos constitucionalmente— constituyen vínculos de segundo orden. Por este motivo, en la sentencia C-105 de 1994[37] la Corte realizó las siguientes precisiones:
“c) Por lo mismo, “la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables", sin tener en cuenta el origen de la misma familia”.
11 Me refiero a su obra “Las reglas en juego”, Marcial Pons, 2004, Barcelona. Aclaro que no pretendo hacer una exposición amplia de sus ideas, sino exclusivamente utilizar tres conceptos acuñados por el actor que me parecen útiles para una presentación esquemática de lo que la Corte dejó de analizar en esta oportunidad, debiendo hacerlo.
12 El que los predicados fácticos de las reglas constituyen generalizaciones se puede percibir a partir del uso de enunciados como “todas las personas”, “todos los hombres”, “todas las mujeres”, “los compañeros permanentes”, “siempre que”, “todo aquel”, etc.
13 La palabra utilizada por los teóricos del derecho para explicar que un hecho particular es un caso de un supuesto genérico es que se trata de “una instancia”, pero me parece más claro hablar de “un ejemplo”. Por otra parte, si un estado de cosas es una instancia de una generalización, entonces se dice que se “subsume” en ella. En el texto, de forma coloquial, diré que cuando ello ocurre, el hecho concreto “cabe” en la generalización abstracta.
14 Sobre el valor del trabajo del hogar es pionera la sentencia T-494 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón). Solo hasta el año 2010 a través de la Ley 1413, se reguló “(…) la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la para la definición e implementación de políticas públicas”, ver también la sentencia C-871 de 2014 (MP. María Victoria Calle Correa. AV Luis Guillermo Guerrero Pérez. SV Jorge Iván Palacio Palacio).
15 Ver sentencia de la sección segunda del Consejo de Estado del 1º de julio de 1993 citada en la sentencia C-081 de 1999.
16 Sentencia C-617 de 2001. M.P.: Álvaro Tafur Galvis.
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación laboral. Sentencia del 17 de abril de 1998. Radicación 10406.
18 Sentencia C-389 de 1996. M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
19 Sentencia C-477 de 1999. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.

References: ARTÍCULO 13
 artículo 40
 artículo 13
 artículo 38
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
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 artículo 13
 artículo 243
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 18
 artículo 22
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 artículo 13
 artículo 47