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Timestamp: 2020-05-29 01:24:08+00:00

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Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (enero-febrero 2017) | Observatorio de la Política Internacional
En el bimestre enero-febrero el Consejo de Seguridad efectuó 38 sesiones, entre las que destacan las realizadas para tratar la situación en Oriente Medio (incluida Palestina) y la paz en África Occidental. En el primer caso, por unanimidad, los quince Estados miembros aprobaron la resolución S/RES/2342 (2017) a través de la cual reafirmaron su compromiso con la unidad, la soberanía, la independencia y la integridad territorial del Yemen. En tal sentido, reafirmaron la necesidad de que se lleve a cabo de manera plena y oportuna la transición política tras la celebración de la Conferencia de Diálogo Nacional amplio, en consonancia con la Iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo y su Mecanismo de Ejecución. Para ello, entre otras cosas, se prorrogó hasta el 26 de febrero de 2018 las medidas impuestas en los párrafos 11 y 15 de la resolución 2140 (2014); así como el mandato del Grupo de Expertos establecido en virtud del párrafo 21 de la resolución 2140 (2014) y el párrafo 21 de la resolución 2216 (2015). Por último, se ratificó la intención del Consejo de mantener en examen permanente la situación en el Yemen y su disposición a evaluar la idoneidad de las medidas establecidas en la presente resolución, incluidos el reforzamiento, la modificación, la suspensión o el levantamiento de las medidas, según resulte necesario.
En cuanto a la situación en Siria, cabe destacar el veto por parte de la Federación Rusa y la República Popular China al proyecto de resolución S/2017/172 presentado por más de cuarenta Estados miembros[i] de la Organización de Naciones Unidas. Con este proyecto la comunidad internacional condenaba el empleo de armas químicas en la República Árabe Siria por las Fuerzas Armadas Árabes Sirias y el Estado Islámico en el Iraq y el Levante, en contravención del derecho internacional, durante el conflicto que tiene lugar en la República Árabe Siria desde marzo de 2011. Y avalaba el que las personas responsables del empleo de estas armas fueran investigadas y enjuiciadas, según proceda, en un tribunal competente que sea independiente e imparcial. En suma, con este proyecto se buscaba definir un conjunto de sanciones a Siria.
No obstante, como se indicó, tanto la Federación Rusa como la República Popular China votaron en contra de este proyecto. El primero señaló que “desde el punto de vista de su aplicación jurídica práctica, las conclusiones del Mecanismo Conjunto de Investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) no se basan en hechos convincentes sobre el tipo de cargos en que podrían fundarse. Tampoco se tuvo en cuenta el hecho de que, además del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, el Frente Al-Nusra, así como numerosos grupos de oposición sobre el terreno, han hecho un uso generalizado de sustancias tóxicas en Siria, especialmente con fines de provocación para desacreditar a las fuerzas armadas del país y a sus dirigentes”. El segundo, por su parte, insistió en la importancia de que “la comunidad internacional siga comprometida con una solución política, consolidar el impulso positivo mediante acciones coordinadas y alentar a las partes en Siria a mantener el alto el fuego y el diálogo a fin de lograr lo antes posible una salida aceptable para todas las partes”. Es importante mencionar que junto a estos dos Estados, el Estado Plurinacional de Bolivia voto en contra del mencionado proyecto. Mientras que Egipto, Etiopía y Kazajstán se abstuvieron.
En relación a la Consolidación de la paz en África Occidental el Consejo, en la resolución S/RES/2337 (2017), instó a todas las partes e interesados de Gambia a que respeten la voluntad del pueblo y el resultado de las elecciones por las que se reconoció al Sr. Adama Barrow como Presidente electo, tal como fue proclamado por la Comisión Electoral Independiente. En tal sentido, se acogió con beneplácito las decisiones del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana en las que se declara el carácter inviolable de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 1 de diciembre de 2016 en Gambia.
Por otro lado, siempre sobre este mismo tema, si bien el Consejo de Seguridad en la declaración S/PRST/2017/2 acogió con beneplácito los acontecimientos políticos positivos registrados recientemente en varios países de África Occidental, sobre todo la celebración de elecciones libres y pacíficas en Cabo Verde y Ghana, así como el resultado del diálogo político en Guinea, y las medidas adoptadas para elaborar y aplicar reformas políticas, institucionales y constitucionales en Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Liberia, el Senegal y Sierra Leona, también manifestó su preocupación por la prevalencia del extremismo violento, que puede desembocar en terrorismo, y las amenazas terroristas en la región y sus vínculos con la delincuencia organizada transnacional.
S/RES/2337 (2017): Consolidación de la paz en África Occidental
S/RES/2338 (2017): La situación en Chipre
S/RES/2339 (2017): La situación en República Centroafricana
S/RES/2340 (2017): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
S/RES/2341 (2017): Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas
S/RES/2342 (2017): La situación en el Oriente Medio
S/PRST/2017/1: La República Democrática del Congo
S/PRST/2017/2: Consolidación de la paz en África Occidental
S/PRST/2017/3: La situación en Somalia
En cuanto al tipo de sesión, un 57,9% fueron informativas, un 26,3% de adopción, un 10,5% de debate y un 5,3% privadas. En lo que concierne a la adopción de medidas, en el 66% de las reuniones no se tomaron acciones de ningún tipo (cuadro 1). Es decir, no se presentaron proyectos de resolución ni declaraciones por parte de la presidencia.
El programa de trabajo del Consejo de Seguridad incluyó, para los meses de enero y febrero, tres temas para debate, a saber: i) mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; ii) la situación en Oriente Medio, incluida Palestina y iii) las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas.
Los miembros permanentes del Consejo reconocieron que si bien este órgano cuenta con las capacidades (derecho internacional, normas, asistencia humanitaria, uso de la fuerza, etc.) para garantizar la paz y la seguridad internacionales, la situación en lugares como Siria, Sudán del Sur, el Yemen, Libia, la República Democrática del Congo, Burundi, Nigeria y Malí, evidencia el desafío de utilizarlas eficazmente. Al respecto señalaron que se debe avanzar en la integración de las acciones de los diversos componentes del Sistema de las Naciones Unidas. Para ello, entre otras cosas, reconocieron que es preciso analizar objetivamente qué es lo que no ha funcionado y por qué. Esto sin olvidar que cada situación requiere de un enfoque delicado e imparcial, y de esfuerzos particulares para alcanzar una solución que se le adapte específicamente.
Por tanto, se planteó que para alcanzar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas se debe: i) fomentar un nuevo concepto de seguridad común, integrada, colaborativa y sostenible, ii) establecer una asociación mundial que se base en el diálogo en lugar de la confrontación, y en la colaboración en lugar de las alianzas, y iii) desempeñar una función significativa en la prevención de los conflictos.
La posición de los países latinoamericanos no distó de lo planteado por los otros miembros del Consejo. De este modo, Uruguay señaló que “las acciones de diplomacia preventiva del Consejo son relevantes como órgano principal del sistema de mantenimiento de la paz. Pero para ello, resulta necesario que todos sus miembros, y no solo algunos de ellos, tengan acceso temprano a información relativa a posibles quebrantamientos de la paz”. En tal sentido, el Uruguay apoyó, el año pasado, la iniciativa de Nueva Zelandia de celebrar reuniones periódicas de conocimiento de la situación con los diferentes departamentos y oficinas de la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas.
Bolivia, por su parte, hizo énfasis en la relevancia de las dinámicas con organizaciones regionales y subregionales. En tal sentido, destacó la necesidad de contar con estrategias y programas integrados de consolidación de la paz que sean coherentes y estén en consonancia con las estrategias y los programas de los países anfitriones para asegurar la apropiación nacional. Al tiempo que manifestó su preocupación por la fragmentación entre varios órganos intergubernamentales que se ocupan de la paz y la seguridad, cada uno de los cuales sostiene una pieza del rompecabezas de la consolidación de la paz. Situación que “ha sido un impedimento significativo para las operaciones sobre el terreno, donde realmente se debe producir esa consolidación de la paz”.
El Consejo de Seguridad, en el marco del debate sobre las amenazas a la paz y la seguridad, causadas por actos terroristas, reconocieron que cada vez es mayor la vulnerabilidad de la infraestructura vital ante estos atentados. Por lo que resulta fundamental luchar contra el terrorismo, respetando el derecho internacional y las competencias de las autoridades nacionales de los Estados, pero bajo esquemas de cooperación y sistemas de prevención y seguridad sólidos. En tal sentido, señalaron, se debe elaborar una estrategia específica para aplicarla en caso de atentado y fortalecer las alianzas para intercambiar información sobre posibles amenazas. Para ello es fundamental la cooperación, tanto entre los organismos como entre los Estados, es esencial para garantizar un nivel de protección adecuado. Ello incluye el intercambio de información, conocimientos y experiencias. Debido a la propia naturaleza de las actividades que llevan a cabo la infraestructura vital, es absolutamente indispensable una cooperación estrecha entre el sector público y el sector privado.
Con estos elementos como punto de partida, los Estados miembros del Consejo aprobaron la resolución S/RES/2341 (2017) en la que se recuerda a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que deben velar por que los ataques terroristas se tipifiquen como delitos penales, incluidos los que tratan de destruir o desactivar la infraestructura esencial. Al tiempo que deben fortalecer las alianzas para intercambiar información sobre posibles amenazas y asegurar que sus organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros organismos pertinentes puedan trabajar de consuno para prevenir los ataques antes de que ocurran. Además se hizo énfasis en que los Estados deben: i) centrarse en garantizar la seguridad de los proyectos de interconexión regional y de otro tipo de infraestructura vital, ii) asumir la responsabilidad principal de proteger su infraestructura y iii) fortalecer la cooperación internacional en la esfera de la seguridad de la infraestructura.
En este contexto, el Estado Plurinacional de Bolivia renovó su compromiso con la lucha contra el terrorismo, así como su categórico rechazo a la comisión de actos terroristas, cualesquiera sean sus motivaciones, y dondequiera y por quienquiera sean cometidos, toda vez que estos atentan deliberadamente contra la paz y la seguridad internacionales y constituyen flagrantes violaciones del derecho internacional. Al mismo tiempo, Bolivia reiteró que este flagelo no debe ser vinculado a ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico. También insistió en que “el objetivo de este debate es alentar a los Estados Miembros a que evalúen sus vulnerabilidades e interdependencias, y la capacidad de impacto de los atentados terroristas contra la infraestructura crítica, así como sus efectos en cascada”.
Para Uruguay las acciones de los grupos terroristas, a través del uso de nuevas tecnologías y del incremento de capacidades, trascienden fronteras y regiones, lo que obliga a adoptar medidas para afrontar estos nuevos retos. Por tanto, a nivel estatal, regional e internacional, se deben impulsar iniciativas tendientes a la protección de la infraestructura, teniendo en cuenta tanto aspectos físicos como digitales. Es también necesario crear una mayor conciencia pública sobre las amenazas cibernéticas y sus potenciales consecuencias, incorporando a todos los actores públicos y privados y fomentando la cooperación y coordinación entre ellos.
Intervención de Costa Rica sobre “La situación en Oriente Medio incluida Palestina”
Las reflexiones de Costa Rica en el debate sobre la situación en Oriente Medio, incluida Palestina se centraron en dos conflictos de la zona: el conflicto palestino-israelí y la situación en Siria. En relación al primero de estos, Costa Rica reiteró la urgencia para que se retomen las negociaciones, sobre los temas medulares del conflicto. En tal sentido, se reconoció que es imperante una solución política y crear cuanto antes, una nueva arquitectura de paz para resolver las diferencias, una paz sostenible con el propósito de establecer las bases de una negociación directa, que conduzca a lo que es un objetivo aceptado por la comunidad internacional: la convivencia armónica entre un Estado palestino viable independiente y el Estado de Israel. Costa Rica sigue convencida que la solución de dos Estados es el único camino viable para que ambos Estados y sus pueblos vivan el uno junto al otro en paz y con seguridad.
Con referencia al conflicto en Siria, el país celebró la aprobación por parte de la Asamblea General de la resolución 71/130, de 9 de diciembre de 2016, y la resolución 71/248, de 21 de diciembre de 2016. Al tiempo que reiteró su posición, considerando la gravedad y escala de los crímenes que podrían estarse cometiendo y el nivel de destrucción en Siria, de que se hace imprescindible contar con el mecanismo de rendición de cuentas para recuperar, resguardar y consolidar la evidencia que en futuro permita que los mayores responsables de dichos crímenes respondan ante la justicia.
Costa Rica instó a que los esfuerzos de la comunidad internacional no se detengan hasta lograr un alto el fuego definitivo mediante un acuerdo que incorpore a todas las partes involucradas. Asimismo, recordó la potestad que tiene el Consejo de Seguridad de remitir la situación en Siria a la Corte Penal Internacional, en caso de que los Estados con jurisdicción primaria no la ejerzan y ante la comisión de atrocidades masivas.
Por último, Costa Rica reiteró su preocupación por la creciente tensión entre los poderes regionales, que vienen a elevar los tonos de los enfrentamientos, por lo que hizo un llamado a la paz en el Oriente Medio. Como parte de esta Organización, el país tiene junto a los demás Estados miembros de la ONU, la responsabilidad jurídica, política y moral de prevenir y detener todo acto que conduzca a la muerte de inocentes, apoyar y fortalecer los mecanismos que permitan enjuiciar a los responsables y unir esfuerzos para detener la espiral de violencia y evitar el sufrimiento de más civiles.
Fuente: Consejo de Seguridad-ONU, 2017.
[i] Albania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, el Canadá, Croacia, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, el Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, los Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, la Arabia Saudita, Eslovaquia, España, Suecia, Turquía, Ucrania, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América.

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