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Timestamp: 2018-12-14 07:57:18+00:00

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2014 febrero | Abogados de Granada
Particularidades del consentimiento informado en el ámbito de la medicina medicina voluntaria o satisfactiva (V). La obligación de informar del personal sanitario como elemento de la lex artis.
Retomando la cuestión por donde la dejamos la semana pasada, examinemos ahora la peculiaridad que reviste al hecho de que en estos ámbitos, el deber que el profesional sanitario tiene de informar debidamente al paciente se configura como un elemento propio de la lex artis consustancial al ejercicio de cualquier profesión sanitaria, tal y como pueden ser los demás elementos propios de la materia.
Así, según el art.4.3 de la Ley 41/2002 que venimos comentando, el médico responsable del paciente queda obligado a garantizar el cumplimiento de su derecho a la información, definiendo la norma como tal en su art.3 al “ profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales.” La conveniencia de que concurra la función de informar en el médico a cargo del paciente ha sido subrayada por la jurisprudencia, y procede de la necesidad de que la comunicación y la información sea fluida, garantizándose la utilidad práctica de la misma. En ese sentido, la STS 26 de septiembre de 2000 entendió que “el deber que corresponde al médico de informar al paciente no resulta suficiente ni convincentemente cumplido en el supuesto de autos, ya que tal comunicación es de cargo directo y personal del facultativo que va a realizar la intervención, pues debe conocer la trascendencia y alcance de la misma detallando las técnicas disponibles”.
Ahora bien, dicha obligación de informar se extiende no sólo al médico responsable, sino a todos los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto, según se desprende de la redacción del art.4 de la Ley 41/2002.
La concepción de la obligación de informar como uno más de los parámetros de corrección a los que ha de ajustarse toda actividad sanitaria, y que compete a todo profesional sanitario que intervenga en el tratamiento del paciente (y diagnóstico en la medicina curativa), aparece subrayada en el art.2.6 de la Ley, que señala que “todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente”. Aspecto éste que ha sido criticado por GUERRERO ZAPLANA[1], quien considera que lo lógico hubiera sido centralizar la obligación de información sólo en el médico responsable, y no sólo respecto al tratamiento principal, sino respecto a todos los procedimientos, ya que de no ser así cabría pensar que se requeriría solicitar un nuevo consentimiento informado para todas y cada una de las actuaciones a la que fuese sometido el paciente.
En cualquier caso, el núcleo de la obligación del médico está constituido por un contrato a través del cual surgen obligaciones para el facultativo a cuyos cuidados se somete el paciente. El sustrato de este contrato se encuentra constituido por la lex artis ad hoc, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1991, entendiéndose por tal “ 1) Tal lex implica una medición de una conducta, a tenor de unos haremos que valoran la citada conducta. 2) Objetivo: valorar la corrección o no del resultado de dicha conducta o su conformidad con la técnica normal requerida, o sea, que esa actuación médica sea adecuada o se corresponda con la generalidad de conductas profesionales ante casos análogos. 3) Técnica: los principios o normas de la profesión médica en cuanto ciencia se proyectan al exterior a través de una técnica y según el arte personal de su autor o profesionalidad: el autor o afectado por la lex es un profesional de la medicina. 4) El objeto sobre El que recae: especie de acto (clase de intervención, medios asistenciales, estado del enfermo, gravedad o no, dificultad de ejecución). 5) Concreción a cada acto médico o presupuesto ad hoc; tal vez sea éste el aporte que individualiza a dicha lex artis, así como en toda profesión rige una lex artis que condiciona la corrección de su ejercicio, en la médica, esa lex, aunque tenga un sentido general, responde a las peculiaridades de cada acto, en donde influirán en un sentido u otro los factores antes vistos”.
Los facultativos, así como todo profesional sanitario que intervenga en el tratamiento tienen la obligación de informar al paciente en la medida de lo posible y a los sujetos por él autorizados tal y como se detalló anteriormente, formando tal obligación parte integrante de la lex artis. Además, tal y como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 1994, deberán informar no sólo del tratamiento o posoperatorio o de los riesgos que pudieran esperarse tal y como indica la Ley, sino de la circunstancia de que los medios de los que disponen en el centro pudieran resultar insuficientes, de manera que se posibilitase al paciente proseguir o iniciar el tratamiento en otro centro mejor equipado. En todo caso, la información ha de prestarse al paciente antes de que éste preste su consentimiento, ya que la información es un requisito previo para su validez.
El cumplimiento de la obligación de informar por parte de los sujetos a los que la ley obliga a hacerlo ha de verse asegurado por el centro del que dependan. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2005 condenó solidariamente al médico y a la clínica, entendiendo que competía también a éste el aseguramiento de que el paciente recibiera la información pertinente previa a la intervención.
Pues hasta aquí la disertación a propósito de la integración del deber de información en la lex artis médica. Continuaremos la semana que viene examinando la particularidad y relevancia del tiempo en el consentimiento informado en el ámbito de la medicina satisfactiva o voluntaria.
[1] GUERRERO ZAPLANA, El consentimiento informado. Su valoración en la jurisprudencia, Valladolid, 2004.
CONTRATOS DE TELEFONO.PERMANENCIA -2-
Por Pablo Hitos Madrid. Abogado.
A continuación pasamos a desarrollar otros puntos importantes de este interesante tema
Cómo se suministra al consumidor de la información previa al contrato:
El artículo 2 del RD 1906/1999 establece que el texto completo de las condiciones generales de la contratación se facilitará “por cualquier medio adecuado a la técnica de comunicación a distancia utilizada”.
Esto quiere decir que la información que proporciona el comercial o teleoperador al consumidor y futuro cliente se ha de facilitar en base a una forma acorde al medio de comunicación que el consumidor haya elegido, como puede ser por teléfono, mediante página web (Internet).
El Texto Refundido de la Ley General de la Defensa de Consumidores y Usuarios es categórico en esta situación afirmándonos que deberá facilitarse al consumidor y usuario de modo claro e inequívoco la información correspondiente, mediante cualquier técnica adecuada al medio de comunicación a distancia utilizado, y se deberá respetar en particular, el principio de buena fe en las transacciones comerciales, así como los principios de protección de quienes sean incapaces de contratar.
Ahora bien, en el momento de contratar al consumidor y futuro cliente se le ha informar de cosas como: el plazo para la conexión inicial, el periodo mínimo de permanencia (el cual si fuese incumplido habría determinadas penalizaciones y compensaciones) y el derecho a poner fin al contrato de la misma forma en la que fue celebrado, así como otras formas de darse baja (mediante vía telefónica, Internet, etc…)
Ya hemos contratado ¿y ahora qué?
Nos encontramos en ese momento en el que finalmente hemos realizado el contrato, como el consumidor podrá percatarse cuando llegamos a un acuerdo con el teleoperador de la determinada empresa de telecomunicaciones en la que estemos interesados que nos provea de sus servicios podremos comprobar que pasado un corto periodo de tiempo nos llegará por correo un recibo justificante, copia o documento acreditativo con las condiciones esenciales de la operación, incluidas las condiciones generales de la contratación, aceptadas y firmadas por el consumidor y usuario, cuando éstas sean utilizadas en la contratación.
En este justificante o documento acreditativo también se pondrá en constancia aspectos tales como: La dirección del establecimiento del empresario donde el consumidor y usuario pueda presentar sus reclamaciones, La información relativa a los servicios de asistencia técnica u otros servicios postventa y a las garantías existentes, Las condiciones para la denuncia del contrato, en caso de celebración de un contrato de duración indeterminada o de duración superior a un año.
Esta información deberá facilitarse por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor y usuario, en cualquier soporte de naturaleza duradera, adecuado a la técnica de comunicación a distancia utilizada (teléfono, escrito o electrónicamente), además todos estos contenidos deberán ser facilitados al consumidor y usuario en la lengua utilizada en la propuesta de contratación o, en su caso, en la lengua elegida para la contratación.
Si por alguna causa determinada no recibiésemos el justificante de la contratación anteriormente comentado, esto podría provocar que el operador no pueda acreditar el envío de este, conllevando a que se produzca el alta de carácter no consentida y ocasionar que el consumidor pueda darse de baja inmediata sin ningún tipo de penalización y se produzca la restitución a la situación contractual anterior, con el reintegro de los costes ocasionados al usuario.
Para mas información la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de Abril de 2008 es clara en este aspecto y en resumen nos llega a decir que si no se ha llegado a producir el envío del justificante podrá resolver en cualquier momento y no exístirá penalización de ningún tipo.
Es importante volver a señalar que no quedarán añadidas las condiciones generales de la contratación que el usuario no ha tenido oportunidad de su conocimiento.
En siguientes publicaciones seguiremos tratando mas aspectos relacionados con esta temática y que se encuentra tan a la orden del día.
Esperamos tus comentarios, muchas gracias.
Particularidades del consentimiento informado en el ámbito de la medicina medicina voluntaria o satisfactiva (IV).El paciente como exclusivo titular del derecho a la información.
El art. 5.1 de la Ley 41/2002 dispone que “el titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita”, entendiéndose por paciente “la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud”(art.3). Por consiguiente el titular del derecho a la información es el propio paciente, siempre y cuando tenga la capacidad de decidir por sí mismo según se desprende de la redacción del art.5 de la Ley. O en palabras de GALÁN CORTÉS[1], el paciente será titular del derecho a la información siempre que tenga la aptitud cognoscitiva para entender la información y para poder elegir autónoma y racionalmente lo conveniente a sus intereses.
Contrariamente a la redacción del antiguo art.10.5 LGS, que establecía que la información debía facilitarse tanto al propio paciente como a “familiares o allegados”, la Ley 41/2002 convierte a éste en exclusivo titular de la información que a su salud atañe, pudiendo ser informados sus allegados sólo en la medida en que éste consienta (art.5.1) tanto tácita como expresamente, siempre y cuando tenga reconocida capacidad suficiente para hacerlo.
Respecto a la información que haya de ser facilitada a familiares o personas vinculadas al paciente por relaciones de afectividad, la Ley no indica ningún orden de preferencia. Ante tal situación, BLANCO PÉREZ RUBIO entiende que, por orden de preferencia, deberán ser informados en primer lugar el cónyuge o similares, en su defecto los familiares de grado más próximo, y dentro del mismo grado, deberán primar los de mayor sobre los de menor edad.
Pese a que el titular de la información es exclusivamente el paciente, existen determinadas situaciones para las que el ordenamiento contempla el derecho a ser informados, aun sin la voluntad de éste. En primer lugar, la propia Ley en su art.5.2 señala que en los casos en los que el paciente sea incapaz, se le deberá informar conforme a su grado de comprensión, sin que ello impida que deba también ser informado en todo caso sus representantes legales. En cuanto a los incapaces, por analogía del Código Civil, deben entenderse aquí incluidos tanto los menores de edad no emancipados como aquellos incapacitados por medio de sentencia judicial y sometidos a tutela o patria potestad prorrogada o rehabilitada (arts.171 y 222 CC).
En segundo lugar, deberán ser informados los familiares o allegados en los casos en los que, gozando por lo general el paciente de capacidad suficiente, se encuentra a criterio del médico en una situación de incapacidad debido a su actual estado físico o mental (art.5.3). Igualmente también podrán ser informados cuando exista de manera acreditada un estado de necesidad terapéutico, entendiéndose por tal aquella situación en la que objetivamente informar al paciente suponga un perjuicio grave para su salud (art.5.4).
Es preciso señalar que en los casos de medicina satisfactiva, no es usual que se den estas circunstancias, pues quien se somete a este tipo de intervenciones tiene plena capacidad y lo hace conforme a su deseo. No obstante, ha habido casos de menores que han sido sometidos a tales intervenciones sin que se les hubiera informado debidamente ni a éstos ni a sus representantes legales (véase a título de ejemplo la STS de 2 de diciembre de 1997[2]).
[1] GALÁN CORTÉS, op.cit
[2] En este caso, se trataba de un procedimiento de alargamiento tibial al que fue sometida una menor. Dicha intervención tuvo como resultado una serie de graves limitaciones funcionales para la paciente, sin que constase que ni ella ni los padres hubieran sido debidamente informados de los riesgos de la intervención.
Particularidades del consentimiento informado en el ámbito de la medicina voluntaria o satisfactiva (III).Naturaleza, fundamento y límites del derecho al consentimiento informado.
El consentimiento informado es definido por la propia Ley 41/2002 como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecte a su salud” (art. 3).
El paciente, por el hecho de serlo, no pierde su dignidad y los derechos que le son inherentes por el hecho de requerir de los servicios de un facultativo, en especial el derecho de autodeterminación en relación a su salud. De este modo tiene derecho a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea conveniente. Así lo reconoce expresamente el art. 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997[1], que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha catalogado el consentimiento informado como “un derecho humano fundamental (…). Derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo atinente a la propia persona y a la propia vida y consecuencia de la autodisposición sobre el propio cuerpo”. Y entiende que es “consecuencia necesaria o explicitación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia” (SSTS, 12 enero 2001 y 11 mayo 2001).
Esta declaración, realizada con la intención de resaltar la importancia de dicho derecho, incurre a juicio de SANCHO GARGALLO[2] en algunas imprecisiones que pueden tener fatales consecuencias interpretativas al afectar a la naturaleza y fundamentación del propio derecho. En primer lugar, la calificación del consentimiento informado como “derecho humano fundamental” puede inducir a error, ya que el término parece indicar, pero no de manera clara, que se trata de un “derechos fundamentales” (sección 1ª, del capítulo segundo, del Título I de la CE), que estarían sujetos a una regulación por Ley Orgánica (por lo menos en lo que se refiere al núcleo esencial del derecho en virtud del art. 81.1 CE) y garantizados con una tutela judicial específica por los tribunales ordinarios y por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE).
SEUBA TORREBLANCA considera que el término empleado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo es meramente un término vacío[3]. En este sentido, considera el autor que el término más adecuado sería el de “derechos de la personalidad” en oposición a “derechos patrimoniales”, y que conllevan una serie de consecuencias en cuanto a su indisponibilidad y su ejercicio por medio de representación que resultan más adecuadas respecto a la regulación legal del consentimiento informado. Y es que, como considera SANCHO GARGALLO en sí no supone sino el derecho a decidir por sí mismo que puede ser ejercido inmediatamente antes de cada específica actuación médica (consentimiento informado), o como una previsión futura, en un momento en que goza de plena capacidad, para el caso en que pierda dicha capacidad de decidir por sí (instrucciones previas).
Cuando el Tribunal Supremo se refiere al consentimiento informado, fundamenta éste “en la misma Constitución española, en la exaltación de la dignidad de la persona que se consagra en su artículo 10.1, pero sobre todo, en la libertad, de que se ocupa el art. 1.1 reconociendo la autonomía del individuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se presenten de acuerdo con sus propios intereses y preferencias –STC 132/1989, de 18 junio (RTC 1989/132)- en el artículo 9.2 y en el 10.1, y además en los Pactos internacionales[4]”. El consentimiento informado está pues, para el Tribunal Supremo, íntimamente vinculado con en la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), así como en la dignidad de la persona y en el libre ejercicio de la personalidad, consagrados por el art. 10.1 CE como fundamentos del orden político y de la paz social. Y más concretamente en el reconocimiento de la autonomía del individuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se presenten de acuerdo con sus propios intereses y preferencias, lo cual según el Tribunal Constitucional se deduce del contenido del art.11 CE (STC 132/1989, de 18 junio).
Sin embargo, indica SANCHO GARGALLO, que la mera vinculación del consentimiento informado con una noción general de libertad no basta para fundamentar el derecho. Así, el propio Tribunal Supremo, en la Sentencia de 12 de enero de 2001 indica que se trata de “una de las últimas aportaciones realizada en la teoría de los derechos humanos, consecuencia necesaria o explicitación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia”.
Por su parte, el Tribunal Constitucional en la STC 137/1990, de 19 de julio, cuando resuelve el recurso de amparo interpuesto por reclusos del GRAPO en huelga de hambre frente a la autorización judicial concedida a la Administración Penitenciaria de emplear medios coercitivos para la asistencia médica, sitúa el análisis de la libertad de rechazar tratamientos terapéuticos en cuanto manifestación de la libre autodeterminación de la persona en el ámbito de los derechos a la vida (art. 15), a la integridad física (art. 15) y a la libertad ideológica (art. 16), aunque expresamente lo excluye del derecho a la libertad del art. 17 CE y del derecho a la intimidad personal del art. 18.1 CE. Además, señala el Tribunal que la prestación de “asistencia médica en contra de su voluntad (…) constituiría una limitación vulneradora del derecho fundamental -a la integridad física y moral (art. 15 CE)-, a no ser que tenga justificación constitucional”. Esto lleva a plantarse si se podría extender el supuesto de hecho a los casos en los que la asistencia médica se ha practicado sin recabar el consentimiento informado del paciente, o con un consentimiento viciado por falta o defecto de información.
Respecto a los límites del derecho, el Tribunal Constitucional (SSTC 120/1990, de 27 de junio y 137/1990, de 30 de julio)señala que “siendo la vida un bien de la persona que se integra en el círculo de su libertad, pueda aquella fácticamente disponer sobre su propia muerte, pero esa disposición constituye una manifestación del agere licere, en cuanto que la privación de la vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe”. Ahora bien, en ningún caso puede hablarse de un derecho subjetivo a la propia muerte. El derecho a la vida tiene “un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte”.
De esta misma afirmación se concluye que de la misma manera que la autonomía del paciente, en cuanto facultad de decidir acerca de los tratamientos y actuaciones médicas que afecten a su propia vida, constituye un derecho de la persona estrechamente vinculado con los derechos a la integridad física y a la vida, estos mismos derechos marcan los límites de la autonomía del paciente, de modo que nunca llegará a incluir en su esfera de decisión la facultad de prescindir de su propia existencia. Por consiguiente, el derecho a la integridad física y moral impide la aplicabilidad forzosa de asistencia médica, salvo que esté constitucionalmente justificado, pero por otra parte no concede un derecho subjetivo a morir. En cualquier caso, en el ámbito de la medicina satisfactiva, no es frecuente la imposición forzosa de tratamientos, aunque sí la aplicación de los mismos sin contar con un consentimiento debidamente formado y suficiente.
[1] El citado Convenio dispone que “una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias. En cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento”.
[2] SANCHO GARGALLO, “Tratamiento legal y jurisprudencial del consentimiento informado”, InDret nº 209, 2004.
[3] SEUBA TORREBLANCA, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, 57, nº 1527, p. 728.
[4] Concretamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 diciembre 1948 (preámbulo, y arts. 12, 18 a 20, 25, 28 y 29), el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de Roma 4 de noviembre 1950 (arts. 3, 4, 5, 8 y 9), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 16 diciembre 1966 (arts. 1, 3, 5, 8, 9 y 10).
Particularidades del consentimiento informado en el ámbito de la medicina voluntaria o satisfactiva (II).La naturaleza de la vinculación entre el paciente y el facultativo en la medicina voluntaria o satisfactiva. La extensión de la responsabilidad en la medicina satisfactiva por medio de la garantía del resultado.
Desde sus orígenes, la doctrina ha venido sosteniendo que la obligación que vincula a médico y paciente en los supuestos de medicina curativa es una obligación de medios, y no de resultado, entendiendo que la obligación del facultativo no es asegurar la sanación del enfermo, sino la de poner todos los medios a su disposición con objeto de conseguir dicho resultado. Así también lo ha venido considerando la jurisprudencia, señalando el Tribunal Supremo que “la obligación contractual o extracontractual del médico no es la de obtener en todo caso la recuperación del enfermo o, lo que es lo mismo, no es la suya una obligación de resultado sino una obligación de medios, es decir, está obligado no a curar al enfermo, sino a proporcionarle todos los cuidados que requiere el estado de la ciencia” (STS 26 de mayo de 1986, citada en otras sentencias posteriores como las sentencias de 12 de julio de 1988, 7 de febrero de 1990, 12 de diciembre de 1990, 15 de febrero de 1993, 26 de septiembre de 1994, 21 de julio de 1997, 14 de mayo de 2001, o más recientemente 29 de junio de 2007 o 12 de marzo de 2008, entre otras).
Más concretamente, la ya célebre Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1997 señala que “la idea que se mantiene es que la obligación no es la de obtener un resultado (en este caso, la salud del paciente), sino la de prestar el servicio más adecuado en orden a la consecución de un resultado. El resultado siempre está presente en la obligación; en la de actividad, ésta es el objeto de la obligación; en la de resultado, su objeto es el resultado mismo. Ello implica dos consecuencias: la distribución del riesgo y el concepto del incumplimiento, total o parcial, siendo este último el llamado también cumplimiento defectuoso. El deudor de obligación de actividad ejecuta la prestación consistente en tal actitud y cumple con su ejecución adecuada y correcta; el deudor de obligación de resultado, ejecuta la prestación bajo su propio riesgo, ya que tan sólo hay
cumplimiento si se produce el resultado. A su vez, lo anterior se relaciona con el cumplimiento; en la obligación de actividad, la realización de la conducta diligente basta para que se considere cumplida, aunque no llegue a darse el resultado: lo que determina el cumplimiento no es la existencia del resultado, sino la ejecución adecuada y correcta, es decir, diligente, de la actividad encaminada a aquel resultado. El cumplimiento de la obligación de resultado, por el contrario, requiere la satisfacción del interés del acreedor consistente en la obtención del resultado. En consecuencia, en la obligación de resultado, la no obtención de éste, que implica incumplimiento de obligación, hace presumir la culpa; en la obligación de actividad, es precisa la prueba de la falta de diligencia, para apreciar incumplimiento”. Ello ha de ponerse en relación con lo señalado en la STS de 29 de julio de 1994, que indica que “una doctrina reiterada de esta Sala subordina a la previa acreditación de una clara negligencia por parte de quien presta tales servicios, calificados como originadores de una obligación de medios, independiente de los resultados que con ello se obtengan”. Y ello, naturalmente sin perjuicio, de que la falta de diligencia en la actividad se deduzca de la producción del daño, cuando éste es desproporcionado en relación de causalidad con la actividad del profesional médico.
No obstante a lo anteriormente indicado, existen numerosos supuestos en los que la naturaleza de la obligación del facultativo no está tan clara. Se trata de aquellos supuestos en los que la intervención del facultativo no busca ya la curación de un paciente, sino la satisfacción de un cliente que requiere de sus servicios para la consecución de un determinado resultado, ofrecido por el facultativo y querido por éste. Son estos los casos de intervenciones quirúrgicas de la medicina llamada “voluntaria” o “satisfactiva” por oposición a la medicina “curativa”: la cirugía estética, la odontología, la vasectomía y la ligadura de trompas, en los que, como indica la Sentencia de 25 de abril de 1994 “el interesado acude al médico, no para la curación de una dolencia patológica, sino para el mejoramiento de un aspecto físico o estético o par ala transformación de una actividad biológica, la actividad sexual, en forma tal que permita practicar el acto sin necesidad de acudir a otros métodos anticonceptivos”.
Para algunos autores, como GARCÍA HERNÁNDEZ[1], FERNÁNDEZ COSTALES[2] o DOMÍNGUEZ LUELMO[3] la obligación que el facultativo asume frente al paciente en los casos de medicina satisfactiva es de resultados, en cualquier caso. Matiza sin embargo FERNÁNDEZ COSTALES que en los supuestos en los que las intervenciones de carácter satisfactivo tengan por objeto corregir determinadas deformidades que afectan psicológicamente al sujeto, o bien funcionalmente, la obligación se aproxima notoriamente al ámbito del arrendamiento de servicios, esto es, se trata de una obligación de medios.
Igualmente, también sostiene algún autor que, “cuando la finalidad de una intervención es meramente estética el médico, o bien asume una obligación de resultado, garantizando el logro de dicha finalidad, o bien incurre en una culpa in contrahendo, por cuanto se hace cargo, sin una necesidad perentoria, o sea, temerariamente, de una obligación superior a sus fuerzas, y provoca un riesgo o peligro evitable con sólo dejar de operar.”[4]
Otros autores, particularmente GALÁN CORTÉS[5], señalan que se trata de una obligación de medios “acentuada” salvo que el facultativo se haya comprometido expresamente a la consecución de un determinado resultado, ya que para este autor resulta ilógico agravar la responsabilidad del cirujano en los casos de medicina satisfactiva frente a los supuestos en los que se persigue la curación del paciente. La razón es que en ambas situaciones, dada la influencia de multitud de factores ajenos al control del cirujano y consustanciales a toda intervención, como el azar, o la multitud de elementos tanto exógenos como endógenos, y tanto en la propia intervención como en el postoperatorio, resulta imposible asegurar la consecución del resultado perseguido.
MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ señala sin embargo que la distinción entre obligaciones de medios y obligaciones de resultados resulta fútil, entendiendo que la importancia radica en el deber de información, debiendo distinguirse entre no lograr el resultado perseguido y empeorar o lesionar el cuerpo del paciente, o incluso causarle la muerte[6].
FERNÁNDEZ HIERRO señala que en todo caso lo relevante es atender a la relación concreta, y a la existencia de contrato (que es lo usual en casos de medicina satisfactiva). Habría que estar a los términos pactados en dicho contrato para calificarlo o no de contrato de obra (obligación de resultados), pero entendiendo que dado el carácter no necesario de este tipo de intervenciones, aun no tratándose de un contrato de obra se mantiene la presunción de culpa prevista para las obligaciones de resultados[7].
En la jurisprudencia, el Tribunal Supremo tuvo ocasión de pronunciarse por primera vez a propósito de esta cuestión en la Sentencia de 21 de marzo de 1950. En dicha sentencia, en relación a una cirugía realizada con objeto de corregir determinados defectos corporales, el Tribunal consideró que el contrato celebrado entre paciente y médico “tiene más aspecto de contrato de obra que de arrendamiento de servicios”, aunque las sentencias posteriores consideraron que el contrato, pese a aproximarse al contrato de obra, no pierde su carácter de arrendamiento de servicios, aunque intensifica los deberes del médico, particularmente el deber de información al paciente.
En este sentido, constituye un hito en la jurisprudencia del Tribunal Supremo la Sentencia de 25 de abril de 1994, que consideró que “a la hora de calificar el contrato que une al paciente con el médico a cuyos cuidados se somete, esta Sala, en doctrina constante, lo ha considerado como de arrendamiento de servicios y no de arrendamiento de obra, en razón a que, tanto la naturaleza mortal del hombre, como los niveles a que llega la ciencia médica, -insuficientes para la curación de determinadas enfermedades-, y, finalmente, la circunstancia de que no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual, lo que hace que algunos de ellos, aún resultando eficaces para la generalidad de los pacientes, puedan no serlo para otros, todo ello impide reputar el aludido contrato como de arrendamiento de obra, que obliga a la consecución de un resultado -el de la curación del paciente- que, en muchos casos, ni puede, ni podrá nunca conseguirse, dada la aludida naturaleza mortal del hombre, entendiendo que, por tratarse de un arrendamiento de servicios, a lo único que obliga al facultativo es a poner los medios para la deseable curación del paciente, atribuyéndole, por tanto, y cualquiera que sea el resultado del tratamiento, una llamada obligación de medios”.
Sin embargo, señala a continuación que “si las anteriores obligaciones médicas pueden predicarse en los supuestos en los que una persona acude al mismo para la curación de una enfermedad o cuadro patológico, en los que, como se ha dicho anteriormente, el contrato que liga a uno y otro cabe calificarlo nítidamente como de arrendamiento de servicios, en aquellos otros en los que la medicina tiene un carácter meramente voluntario, es decir, en los que el interesado acude al médico, no para la curación de una dolencia patológica, sino para el mejoramiento de un aspecto físico o estético o, como en el estudiado en los presentes autos, para la transformación de una actividad biológica -la actividad sexual-, en forma tal que le permita practicar el acto sin necesidad de acudir a otros métodos anticonceptivos, el contrato, sin perder su carácter de arrendamiento de servicios, que impone al médico una obligación de medios, se aproxima ya de manera notoria al de arrendamiento de obra, que propicia la exigencia de una mayor garantía en la obtención del
resultado que se persigue, ya que, si así no sucediera, es obvio que el interesado no acudiría al facultativo para la obtención de la finalidad buscada. De ahí que esta obligación que, repetimos, es todavía de medios, se intensifica, haciendo recaer sobre el facultativo, no ya solo, como en los supuestos de medicina curativa, la utilización de los medios idóneos a tal fin, así como las obligaciones de informar ya referidas, sino también, y con mayor fuerza aún, las de informar al cliente -que no paciente-, tanto del posible riesgo que la intervención, especialmente si esta es quirúrgica, acarrea, como de las posibilidades de que la misma no comporte la obtención del resultado que se busca, y de los cuidados, actividades y análisis que resulten precisas para el mayor aseguramiento del éxito de la intervención”.
Esta doctrina fue muy seguida por el Tribunal en las sentencias posteriores a ésta, especialmente en las sentencias que siguieron al auge en las cirugías que tenían por objeto modificar la capacidad reproductiva, a finales de la década de los 90 y principios del presente siglo. Como ejemplo, pueden citarse las SSTS 11 de febrero de 1997, 28 de junio de 1997, 28 de junio de 1999, 11 mayo de 2001, 11 de diciembre de 2001, 22 de julio de 2003, o 12 de marzo de 2004. No obstante, ello no fue impedimento para que otras muchas sentencias durante este periodo se apartasen de la misma, por un motivo u otro (por ejemplo, la STS de 8 de febrero de 2005 o la STS 2 de diciembre de 1997, que indica claramente que “en el presente caso, se trata de una obligación de resultado, la no producción de éste y producción de un daño, sí presume la culpa en el autor, médico”). A este respecto, ha de tenerse en cuenta la sentencia de 23 de octubre de 2008 que indica que “las doctrinas sobre medicina curativa-medicina satisfactiva, y sobre obligación de medios-obligación de resultado, no se resuelven en respuestas absolutas, dado que según los casos y las circunstancias concurrentes caben ciertos matices y moderar las consecuencias. Las singularidades y particularidades, por tanto, de cada supuesto influyen de manera decisiva en la determinación de la regla aplicable y de la responsabilidad consiguiente”.
La STS de 29 de junio de 2007 supone un paso más en el razonamiento del Tribunal con respecto a la consideración que merece la obligación que liga al paciente con el médico en los supuestos de medicina satisfactiva. Indica esta sentencia que “la distinción entre obligación de medios y de resultados, no es posible en el ejercicio de la actividad médica, salvo que el resultado se garantice, incluso en los supuestos más próximos a la llamada medicina voluntaria que a la satisfactiva, cuya diferencia tampoco aparece muy clara en los hechos, sobre todo a partir de la asunción del derecho a la salud como bienestar en sus aspectos psíquicos y social, y no sólo físico. La responsabilidad del profesional médico es de medios, y como tal no puede garantizar un resultado concreto. Obligación suya es poner a disposición del paciente los medios adecuados y, en particular, proporcionarle la información necesaria que le permita consentir o rechazar una determinada intervención. Los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones de la salud, y la intervención médica está sujeta, como todas, al componente aleatorio propio de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar de las distintas técnicas de cirugía utilizadas son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención puede no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones biológicas. Lo contrario supondría prescindir de la idea subjetiva de culpa, propia de nuestro sistema, para poner a su cargo una responsabilidad de naturaleza objetiva derivada del simple resultado alcanzado en la realización del acto médico, al margen de cualquier otra valoración sobre culpabilidad y relación de causalidad y de la prueba de una actuación médica ajustada a la lex artis, cuando está reconocido científicamente que la seguridad de un resultado no es posible pues no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual”.
En este sentido, la STS 22 de noviembre de 2007 señala que los casos de medicina voluntaria o satisfactiva “no comportan por sí la garantía del resultado perseguido, por lo que sólo se tomará en consideración la existencia de un aseguramiento del resultado por el médico a la paciente cuando resulte de la narración fáctica de la resolución recurrida”, lo cual a juicio del Tribunal se deduce de la evolución jurisprudencial, señalándose especialmente las SSTS 25 de abril de 1994, 11 de febrero de 1997, 7 de abril de 2004, 21 de octubre de 2005, 4 de octubre de 2006 y 23 de mayo de 2007.
De ello deriva que la obligación del médico en la medicina satisfactiva es también de medios, excepto en los casos en que el resultado estuviera pactado o garantizado. Ello no es óbice para que se afirme que la obligación de medios se intensifica, no sólo en el aspecto de la información previa al consentimiento del paciente, sino también en cuanto a que se han de extremar los cuidados, actividades y análisis que resulten precisos para el mayor aseguramiento del éxito de la actuación médica. Como muy bien se indica en la SAP Zaragoza 9 de mayo de 2008 “si bien no se garantiza totalmente el resultado, por el componente aleatorio inherente a toda actuación médica, debe partirse de una cierta garantía en su obtención”.
Paralelamente a los tratamientos de medicina satisfactiva en sentido estricto, existen hoy en el mercado gran cantidad de tratamientos puramente estéticos, cuya realización no corresponde de ordinario a facultativos, y cuya distinción respecto al régimen jurídico previsto para los tratamientos de medicina satisfactiva en sentido propio no está tan clara. Así ocurre, por ejemplo, con los tratamientos de depilación láser. En opinión de DÍAZ MARTÍNEZ[8], para dichos tratamientos la asimilación , en cuanto a su régimen jurídico respecto a los tratamientos de medicina satisfactiva, debe ser prácticamente total aunque no se administren o proporcionen por profesionales sanitarios, tanto en materia de información como en la obligación asumida respecto a quien se somete a un tratamiento para mejorar su aspecto, entendiendo que resulta muy similar a una obligación de resultado, siéndolo directamente, si éste se hubiera garantizado.
Volviendo de nuevo a los resultados en la medicina satisfactiva, no resulta inusitado que el paciente o cliente no logre ver satisfechas sus expectativas tras la aplicación del pertinente tratamiento, o puede que incluso su estado empeore respecto a la situación existente antes del tratamiento Como se ha indicado anteriormente, en estos casos no resulta suficiente para predicar la responsabilidad del profesional sanitario la mera invocación a la no consecución del resultado pretendido, puesto que como indica el Tribunal Supremo “ los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones de la salud, y la intervención médica está sujeta, como todas, al componente aleatorio propio de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar de las distintas técnicas de cirugía utilizadas son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención puede no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones biológicas” (STS 20 de noviembre de 2009).
En definitiva, el médico sólo responde de la no consecución del resultado pretendido si se acordó expresamente o se garantizó al paciente. Dicho aseguramiento del resultado a los pacientes o clientes no puede deducirse del simple hecho de que nos hallemos ante un supuesto de medicina satisfactiva (SSTS de 21 octubre 2005 y 22 de noviembre de 2007). Partiendo de la premisa de que no siempre existirá una cláusula en el contrato que expresamente así lo prevea, resulta indispensable fijar una serie de criterios en base a los cuales pueda dilucidarse sin ningún género de duda si la obligación del médico se extiende o no a la consecución del resultado con base a la garantía de éste.
DÍAZ MARTÍNEZ[9] cree haber encontrado una serie de parámetros comunes en la jurisprudencia, principalmente menor, en base a los cuales puede determinarse la existencia o no de garantía en el resultado. Los parámetros que enuncia son los siguientes:
1. Interpretación de las cláusulas del contrato. En efecto, si como indica el Supremo, no es posible presumir que exista una garantía del resultado en la intervención por el mero hecho de encuadrarse en el ámbito de la medicina satisfactiva, habrá que estar a los términos convenidos. Sin embargo, no es frecuente que los contratos para este tipo de intervenciones contengan una cláusula que suponga la extensión de la responsabilidad del facultativo a la obtención de un resultado. Antes al contrario, ya que es mucho más frecuente que contengan estipulaciones que indiquen que no es posible asegurar la eficacia del tratamiento. Sin embargo, los Tribunales están resolviendo dichas estipulaciones, cuando se trata de condiciones generales de contratación, en favor del cliente. Especialmente cuando dicho resultado queda totalmente frustrado, entendiendo que si bien no se garantiza un resultado total, sí al menos uno parcial (véanse como ejemplo las SSAP Valencia 22 de mayo de 2006 y 28 de diciembre de 2007).
2. Incidencia de la valoración subjetiva del paciente, y su conducta en la consecución del resultado pactado. Desde luego, el gusto del paciente no puede ser lo determinante en la valoración de si el obtenido es o no satisfactorio. Como indica la SAP de Madrid de 14 marzo 2006 , la inoperancia del tratamiento no puede analizarse exclusivamente en términos subjetivos bajo la óptica del cliente o paciente, dado que la idea de la belleza es un sentimiento personal pero ligado, también, a condiciones de ambiente, de lugar, de tiempo, de moda, etc. Es preciso, por tanto, realizar una valoración conjunta de la prueba para poder concluir si existió incumplimiento del contrato. Por otra parte, se dice en la SAP Madrid de 7 de junio de 2007 el sentimiento de frustración del paciente por lo que entiende un resultado inadecuado del tratamiento estético puede estar ligado a representaciones idílicas que por sus circunstancias sean inalcanzables, de modo que hay que introducir factores que reduzcan la subjetividad. Lo esencial es que se haya informado al paciente de los resultados que previsiblemente pudieran esperarse, acomodando las expectativas del paciente o cliente a la realidad. Ahora bien, si en lugar de limitar dichas expectativas con una información adaptada al caso concreto, se incentivaron aun cuando el resultado esperado no podía alcanzarse, bien con afirmaciones en esa dirección, bien incluso con silencios significativos, no sería incorrecto entender que en este caso, forma parte del contenido del contrato la consecución de aquél y, por tanto, de no obtenerse finalmente se habría producido incumplimiento generador de responsabilidad contractual.
Cuestión distinta a ésta, es cuando el resultado perseguido se frustra debido a la conducta negligente del propio paciente. Así ocurre cuando el intervenido abandona voluntariamente el tratamiento habiéndosele informado previa y correctamente de que era necesario en la fase de seguimiento postoperatorio para el éxito final de la actuación médica-estética ( SAP Valencia 24 octubre 2005 , en una cirugía estética de elevación y aumento de mamas) o cuando simplemente hace caso omiso de las instrucciones de los médicos (especialmente en los casos de exposiciones al sol tras haber sido intervenido con láser o con productos despigmentantes). No ha de confundirse dicha conducta con la negativa del paciente a someterse a una nueva intervención cuando el resultado objetivamente perseguido que se hubiera podido conseguir con una sola intervención, requiera de una segunda por haber quedado frustrada la primera. En estos casos, como señala la SAP de Barcelona de 13 septiembre 2010, no puede exigírsele al paciente que se someta a un nuevo tratamiento cuando ha perdido la confianza en el facultativo, pudiendo exigir directamente la devolución de la cantidad desembolsada si se le hubieran garantizado los resultados.
3. La publicidad como elemento determinante de la garantía de un resultado. En el caso de la medicina satisfactiva, la publicidad es mucho más frecuente que en la medicina curativa. Publicidad la cual puede a inducir a error al ciudadano medio, ofreciéndole tratamientos que supuestamente aportan una rápida mejora de su aspecto físico sin apenas riesgos. No hay que olvidar que en este aspecto resulta de aplicación lo dispuesto en la legislación de protección de consumidores a la publicidad como elemento integrador de las obligaciones del prestador del servicio y no simple reclamo de captación de clientes en el art. 61.2º TRLCU. Ello se aplica incluso en ocasiones en que el documento de consentimiento informado o el propio contrato insisten en que no se garantiza resultado alguno con el reiterado argumento de que la Medicina no es una ciencia exacta, pues se superpone a ello la garantía de resultado que sí se ofreció en la publicidad del servicio para concluir el efectivo incumplimiento del contrato (SAP Madrid 19 de enero de 2007, y SAP Barcelona 8 de abril de 2008, entre otras).
Por su parte, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 4 octubre 2006 estima la responsabilidad de un centro estético por la falta de consecución del resultado prometido ligando este extremo con la campaña publicitaria capaz de inducir a error que se había llevado a cabo, en la que el resultado quedaba comprometido si se seguía un tratamiento de implantes capilares descrito como sencillo y sin resultado negativo posible. Muy similar a esta sentencia es la SAP de Madrid de 26 julio 2005, en la que se acude a la publicidad emitida para valorar la responsabilidad por las quemaduras sufridas por la paciente o cliente tras un tratamiento de fotodepilación publicitado como indoloro, inocuo, rápido y efectivo, ya que no se le advirtió en absoluto de tales riesgos. Además en dicha publicidad se anunciaba que los efectos del tratamiento en cuestión eran duraderos en el tiempo, limitándose en realidad, a un periodo entre 6 meses y 1 año.
Cabría preguntarse sin embargo, si aun en los casos en los que el resultado estuviese garantizado, podría predicarse la responsabilidad del facultativo de la mera no consecución del mismo. En mi opinión, no es posible introducir un criterio de imputación objetiva que prescinda de toda idea subjetiva de culpa, dependiendo del simple resultado alcanzado, al margen de cualquier otra valoración, en especial de toda relación de causalidad o cualquier consideración sobre la culpabilidad o sobre la adecuación de la actuación médica a la lex artis. Me inclino más a pensar que, como indicaba LLAMAS POMBO, el facultativo incurre en culpa in contrahendo cuando temerariamente se compromete a la consecución de un resultado que no puede alcanzar. O bien, como se sugiere en la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 1991, incurre en impericia profesional cuando el resultado que garantiza se encuentra perfectamente a su alcance, pero no lo logra.
[1] GARCÍA HERNÁNDEZ, Elementos de Derecho sanitario en la responsabilidad civil y penal de los médicos por mala praxis, Madrid, 2002.
[2] FERNÁNDEZ COSTALES, La responsabilidad civil sanitaria, Madrid, 1995.
[3] DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica, Valladolid, 2003.
[4] LLAMAS POMBO, La responsabilidad civil del médico. Aspectos tradicionales y modernos, Madrid, 1988. Citado en BLANCO PÉREZ-RUBIO, El deber de información en la medicina voluntaria o satisfactiva. Estudios de derecho de obligaciones : homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez/coord. Por Eugenio Llamas Pombo,Vol.1, 2006 págs.175-198
[5] GALÁN CORTÉS, Responsabilidad civil médica, Navarra, 2005.
[6] MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, La cirugía estética y su responsabilidad, Granada,1997.
[7] FERNÁNDEZ HIERRO, Sistema de responsabilidad médica (5º Ed.) Comares, 2008.
[8] DÍAZ MARTÍNEZ, “El resultado garantizado o pactado en los tratamientos de medicina estética”, Aranzadi Civil-Mercantil num. 10, 2011
[9] DÍAZ MARTÍNEZ, op.cit.
Particularidades del consentimiento informado en el ámbito de la medicina voluntaria o satisfactiva (I).
La entrada en vigor de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica supuso la consagración en nuestro ordenamiento jurídico de dos principios básicos: el derecho de todo paciente o usuario a ser informado, y la exigencia de que el consentimiento que deba prestarse en el marco de la actividad sanitaria tenga su origen en una previa información facilitada por el facultativo y previamente asimilada por quien deba prestarlo. Este consentimiento informado aparece definido en la ley como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecte a su salud” (art.3).
Frente a los anteriores modelos, el paciente, por el hecho de serlo, no pierde su dignidad y los derechos que le son inherentes por el hecho de requerir de los servicios de un facultativo, en especial el derecho de autodeterminación en relación a su salud. De este modo tiene derecho a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea conveniente. Así lo reconoce expresamente el art. 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000.
La prestación de dicha información se convierte así en un deber médico de extraordinario relieve, ya que para que el paciente o usuario pueda consentir someterse a cualquier tipo de intervención o tratamiento ha de ser previamente informado del tratamiento o intervención, de sus alternativas y de sus riesgos, de un modo tal que le permita madurar la información y decidir con total autonomía lo más conveniente para sus intereses. Este deber se intensifica aún más en los supuestos de medicina voluntaria o satisfactiva, ya que como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2000, no es la necesidad lo que lleva a someterse a ella, sino la voluntad de conseguir un beneficio estético o funcional, lo que acentúa la obligación del facultativo de obtener un resultado e informar sobre los riesgos y pormenores de la intervención. En este sentido, la información que preste el facultativo debe ser lo más completa y pormenorizada posible, indicando los riesgos que puedan derivarse específicamente de una determinada intervención. Y es que, si la información es el presupuesto del consentimiento, una información defectuosa o inexacta puede dar lugar a un vicio en el consentimiento y generar responsabilidad para el facultativo.
En Crovetto Abogados Asociados somos conscientes de la complejidad de estas materias, para cuyo asesoramiento se exige una alta cualificación profesional, en un ámbito tan técnico y lleno de matices como es el Derecho Sanitario. Crovetto Abogados Asociados dispone de un amplio personal experimentado en materia de responsabilidad civil médica, y cuyo compromiso de calidad y eficacia constituye su principal carta de presentación. Un despacho cercano tanto al paciente como al profesional sanitario que cuenta con la colaboración de numerosos especialistas y peritos, distinguiéndose por su comprensión y adaptabilidad a las circunstancias particulares de cada caso.
CONTRATOS DE TELEFONO.PERMANENCIA -1-
INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LOS CONTRATOS DE TELEFONÍA, ¿ES POSIBLE ROMPER UN CONTRATO DE PERMANENCIA O POR EL CONTRARIO ESTAMOS ATRAPADOS DE POR VIDA?
Desde crovetto abogados asociados vamos a tratar un tema que esta siendo objeto de preocupación para muchos consumidores españoles y el cual les esta trayendo de cabeza desde sus hogares.
Nos referimos obviamente a los contratos de telefonía, la permanencia, etc…
Toda esta información la iremos desglosando en diferentes secciones para despejar mejor sus dudas.
El contrato que se celebra telefónicamente;
Existe la errónea y extendida creencia de que este no tiene la misma validez, ni incurre en la misma obligación y ni posee los mismos efectos que si se hubiese realizado por escrito. No es la primera ni última vez que hemos escuchado frases como: “No voy a pagar ya que yo jamás firmé nada, no estoy obligado al pago de ninguna cantidad”, ¿pero donde he firmado yo para que me reclaméis nada?.
La verdadera respuesta a todo esto es que sí se esta obligado al pago de esta cantidad monetaria, porque todo contrato es obligatorio, independientemente de la forma en que se haya celebrado, siempre que en él concurra las condiciones esenciales para su validez. Por lo tanto, un contrato celebrado telefónicamente o a distancia sí obliga al consumidor, crea efecto, es importante que el consumidor se desengañe de una vez en este tema.
A su vez debemos tener en cuenta los siguientes artículos del Código Civil:
Hay que percatarse de otros aspectos relacionados con el contrato celebrado telefónicamente y es que en muchas ocasiones nos hemos encontrado cantidades a pagar inesperadas en nuestra factura de telefonía e Internet, ya bien sea por recargos, servicios adicionales que nosotros no teníamos idea de que habíamos contratado, en resumen, el consumidor no llega a dar crédito de lo que esta ocurriendo con su factura de teléfono.
Los consumidores y usuarios la mayoria de las ocasiones desconocen que al contratar un paquete de Internet mas telefóno se les incluye al mismo tiempo el pago adicional de una licencia mensual de un determinado antivirus. El cliente no tiene constancia de esto pasadas varias facturas, es algo increíble pero cierto.
O incluso como comentábamos anteriormente, recargos desorbitados por la realización de llamadas de fijo a móvil desconociendo que en el contrato de teléfono sólo se especificaban una cantidad concreta de minutos, ya que el teleoperador no nos informó correctamente o incluso no nos llegó a informar.
En cuanto a aspectos legales el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios nos dice en su artículo 8.d) que es un derecho básico para el cliente que quiera contratar un servicio de telefonía o Internet la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.
Las distintas cláusulas y condiciones solo se establecerán como parte del contrato si el consumidor tiene conocimiento de ellas y el teleoperador con el que queramos contratar teléfono o Internet le ha informado previamente. En caso contrario no serán válidas.
Volviendo al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios comenta que antes de contratar el empresario deberá poner a disposición del consumidor y usuario de forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y de los bienes o servicios objeto del mismo.
En base a esta clase de circunstancias el Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación, expresa lo siguiente:
Artículo 2 Deber de información previa:
Otro aspecto a tener en cuenta: El consumidor esta interesado en contratar por que ha visto publicidad y ofertas que despiertan su interés. ¿Qué hay saber en relación a esto? Pues que es muy importante que el consumidor y usuario guarde toda esa publicidad.
La publicidad es vinculante, así que se podrá exigir a la compañía las ofertas de las que haga gala.Es muy importante que el consumidor tenga en cuenta el plazo de vigencia de estas ofertas.
El Texto Refundido de la Ley General de la Defensa de Consumidores y Usuarios nos dice en su artículo 61 lo siguiente:
Artículo 61 Integración de la oferta, promoción y publicidad en el contrato:
En proximas entradas ahondaremos en esta interesante temática.
Te encuentras en los archivos del blog Abogados de Granada para febrero de 2014.

References: artículo 2
 artículo 10
 artículo 9
 resolución 
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 5

Artículo 2
 artículo 61

Artículo 61