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Timestamp: 2017-11-25 07:46:12+00:00

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El tribunal electoral y la “espontaneidad” de los tuits a favor del Partido Verde | El Juego de la Suprema Corte
El 23 de julio la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Daniel Bisogno (@DaniBisogno), Fran Meric (@chinameric), Aleks Syntek (@syntekoficial), Shanik Aspe (@SHANIK_ASPE), María José Loyola (@lajosa), Irán Castillo (@IranCastilloCom), Fabiola Campomanes (@fabiolatiki), Luis García (@GarciaPosti), así como los integrantes del grupo Camila (@CamilaMX) no cometieron ninguna infracción al enviar, en plena “veda electoral”, diversos mensajes de apoyo al Partido Verde Ecologista de México a través de Twitter.
La sala concluyó, de manera categórica, que los tuits enviados fueron “emisiones libres de apoyo espontáneos desde la cuenta personal de los usuarios, en los que medio su voluntad, sin que interviniera o influyera alguna persona física, moral o partido político [sic]”.1
La resolución de la sala es una decisión polémica en un caso políticamente relevante y jurídicamente complejo. Las denuncias presentadas contra los “famosos” que tuitearon a favor del Verde presentaban importantes dilemas normativos relacionados con la libertad de expresión, los nuevos medios de comunicación, la equidad en las contiendas electorales y, en general, sobre el tipo de debate público que aspiramos a tener en nuestra democracia constitucional. La Sala Especializada estaba llamada, por tanto, a dictar una sentencia sólida y convincente. Desafortunadamente no fue así.
En las siguientes líneas me propongo realizar una reconstrucción critica de la sentencia SRE-PSC-251/2015 y acumulados. Primero sintetizo los hechos del caso, luego resumo la posición (unánime) de la sala y por último reflexiono sobre sus principales deficiencias argumentativas.
Los hechos: #VamosVerdes, #VotoVerde, #BecasParaNoDejarLaEscuela, #ValesDePrimerEmpleo
Comencemos por los hechos. Entre el 5 y 6 de junio diversos ciudadanos “con relevancia pública” enviaron tuits en los que hacían referencia a propuestas del Partido Verde.2 Pongo un par de ejemplos. Bisogno escribió que “[s]i está de risa pero en esta época, quien sabe inglés y computación tiene mayor ventaja laboral #VamosVerdes” y que “[e]l primer empleo debería ser una obligación, ¡Sí a los vales de primer empleo! #VamosVerdes”. Irán Castillo, por su parte, tuiteó mensajes como “Hoy podemos hacer la diferencia! Si nuestros niños y jóvenes están en el camino correcto, tendremos un mejor futuro! Vamos #VotoVerde” o “[y]o sí apoyo con todo mi corazón las #BecasParaNoDejarLaEscuela y #ValesDePrimerEmpleo Esto es importante!! […] Gran propuesta del partido verde”.
El envío de estos mensajes motivó la presentación de diversas denuncias por parte de los representantes del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza y Partido Humanista. En términos generales, se alegó que con los tuits a favor del Verde se había violado lo dispuesto en el artículo 251, párrafo 4, de la LEGIPE, el cual establece que “[e]l día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.”
Así, la principal pregunta que debía responder la Sala Especializada era si los tuits de los famosos constituían propaganda electoral. Como ya se ha dicho, la respuesta fue negativa. Veamos sus razones.
La sentencia: mucha cita y poco argumento
La sentencia SRE-PSC-251/2015 y acumulados comienza con una larga exposición sobre la libertad de expresión. Se citan las disposiciones constitucionales y convencionales relevantes, así como precedentes internacionales y nacionales, para llegar a una conclusión más o menos obvia: la libertad de expresión comprende el derecho de difundir ideas por cualquier medio –incluyendo, por supuesto, las redes sociales como Twitter–.
Posteriormente, la Sala Especializada realiza varias consideraciones –aquí ya no tan obvias– sobre el llamado “periodo de reflexión” o “veda electoral”, esto es, los cuatro días en los que se encuentra prohibida la difusión de propaganda electoral. En la sentencia se dice que el periodo busca que los ciudadanos puedan razonar su voto “sin el acoso” de los actos de campaña, para que “[s]e liberen del influjo de factores que pudieran alterar la autenticidad del sufragio”, para que “s[e] garantice la conclusión a todo debate público, para impedir una influencia indebida en la toma de decisión que precede al ejercicio del sufragio de los electores”.3
Se trata, hay que decirlo, de una concepción un tanto problemática del “periodo de reflexión” (¿en verdad es posible o deseable tener una “ausencia absoluta de propaganda” para que el electorado realice “un ejercicio de ponderación neutral” de las opciones políticas?) pero que ha sido reiterada consistentemente por la Sala Superior4 y que, de alguna manera, entra en tensión con el resto de la sentencia.
Después de tratar de explicar –no sin algunos problemas5– lo que es Twitter, la Sala Especializada aborda la cuestión esencial del asunto: si los tuits a favor del Verde debían ser considerados como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, o bien, si se trataba de “una estrategia publicitaria del PVEM” o una “cuestión comercial”. El razonamiento que empleó la sala para resolver esta cuestión fue, fundamentalmente, el siguiente:
1. Las restricciones al periodo de veda “se encuentran dirigidas a los candidatos, partidos políticos y sus dirigentes”.
2. La libertad de expresión “en modo alguno puede verse limitada por la condición particular de ser una persona de relevancia pública o con fama social, ya sea por su actividad profesional o por su labor artística, al no ser una condición razonable ni proporcional, para limitar los derechos fundamentales”.
3. Si bien hubo “concurrencia o sistematicidad en la emisión de los tuits por los ciudadanos denunciados”, lo cierto es que “dicha circunstancia no puede actualizar por sí misma, el vínculo entre el partido político y los ciudadanos denunciados”. Lo anterior, pues la existencia de mensajes “con contenidos similares por parte de los personajes de relevancia pública, es únicamente el reflejo de la forma natural en que funciona la red social Twitter”.
4. En términos probatorios, “se carece de algún elemento de prueba, si quiera indiciario [sic]” que permita suponer que los famosos “tuvieron algún vínculo político con el PVEM, que sus tuits respondieron a un contrato, convenio o acto de voluntades de cualquier especie con dicho instituto político u otra persona, o que tuviera alguna actividad o aspiración política concreta”.
5. Los ciudadanos denunciados “manifestaron que no recibieron contraprestación alguna para emitir los tuits, sino que actuaron en estricto apego a su libertad de expresión para difundir contenidos en dicha red social”.
A partir de lo anterior, la Sala Especializada concluyó que “la emisión de los [tuits] se realizó de forma espontánea, en ejercicio de su libertad de expresión, sin que haya mediado un vínculo con el partido político presuntamente beneficiario, en la especie, el PVEM”.
El balance: omisiones de hecho y de derecho
Más allá de que se comparta o no la conclusión de la Sala Especializada, creo que su argumentación fue deficiente, al menos, por dos razones. El primer y más claro error es estrictamente normativo. La Sala Especializada señala que el periodo de veda sólo aplica a partidos políticos, dirigentes y candidatos, pero la ley señala lo contrario. El artículo 251, párrafo 4, de la LEGIPE prohíbe la difusión de “propaganda electoral” y la propia ley señala –en el artículo 242, párrafo 3– que “[s]e entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”.
¿Eran o no eran “simpatizantes” los famosos que tuitearon a favor del Verde? Parece que esa era una de las preguntas clave que había que contestar. Si no eran simpatizantes, entonces la restricción de la veda electoral no era aplicable. Pero si se concluía que sí eran simpatizantes, entonces la difusión de tuits de apoyo al Verde y sus propuestas podía considerarse como propaganda electoral y, por ende, sujeta a las restricciones del artículo 251 de la LEGIPE. Era posible, pues, sancionarlos por ejercer una “influencia indebida” (TEPJF dixit) sobre los electores.
¿Cuál fue la respuesta de la Sala Especializada? Ninguna. La sentencia hace referencia a los artículos 242 y 251 en repetidas ocasiones, pero opta por ignorar su contenido; defiende el derecho de los ciudadanos a “manifestar su opinión en redes sociales respecto del partido político con el que simpatizan”, pero prefiere no decir si esto los hace simpatizantes de un partido.
No le hicieron falta opciones interpretativas a la Sala Especializada. Los magistrados electorales podían hacer una definición estrecha del concepto “simpatizante”, interpretar la LEGIPE de manera conforme con la Constitución o incluso realizar un control de convencionalidad ex officio de la restricción de la veda electoral. Optaron, sin embargo, por evadir una pregunta fundamental para la resolución del caso.
El segundo gran problema de la sentencia es probatorio. La Sala Especializada señaló que los tuits a favor del Verde no podrían considerarse como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión si se demostraba la existencia de un “contrato, convenio, pacto verbal o vínculo” entre los ciudadanos y el partido. Pero, al mismo tiempo, fijó un estándar tan alto que parecería imposible demostrar lo anterior. El razonamiento fue escueto y poco convincente: como nadie mostró la existencia de un contrato y los tuiteros negaron haber recibido dinero o presiones, no hay infracción alguna que sancionar.
Peor aún, en la sentencia no se realiza ningún tipo de análisis sobre la similitud y sincronía de los mensajes. A la sala no le pareció extraño que justamente cuando los partidos políticos tienen prohibido hacer propaganda, un grupo de ciudadanos del medio del espectáculo saliera a repetir una y otra vez las propuestas y consignas de un partido político. “[L]a emisión de mensajes con contenidos similares […] es únicamente el reflejo de la forma natural en que funciona la red social Twitter”, dijo la Sala Especializada, como si la esencia de las redes sociales fueran los diálogos repetitivos y monotemáticos –pero, eso sí, muy “espontáneos”–.
Para concluir: una oportunidad desperdiciada
No es raro toparse con resoluciones judiciales en las que se escribe mucho pero se dice poco. La sentencia SRE-PSC-251/2015 y acumulados es, por desgracia, una ellas. La Sala Especializada tenía frente a sí la oportunidad de fijar criterios claros en temas de la mayor importancia como los límites a la libertad de expresión, los alcances de las restricciones en materia de propaganda o la regulación del discurso en las redes sociales. Parece, sin embargo, que los magistrados electorales prefirieron irse por la tangente para evadir los problemas jurídicos que planteaba el asunto. En esa medida, la de la Sala Especializada es una mala sentencia no tanto por lo que decide, sino por los dilemas que deja sin resolver.
Javier Martín Reyes.
Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia.
Twitter: @jmartinreyes
1 La sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador SRE-PSC-251/2015 y acumulados puede consultarse en esta liga y en esta otra.
2 Los tuits que fueron objeto de denuncia se encuentran transcritos en las páginas 19 a 21 de la sentencia.
3 El énfasis es mío. Las citas provienen de las páginas
4 De hecho, en esta parte la Sala Especializada cita literalmente algunas de las consideraciones contenidas en el recurso de apelación SUP-RAP-4/2010, resuelto por la Sala Superior el 27 de enero de 2010.
5 La Sala Especializada señala, por ejemplo, que “las redes sociales son un medio de comunicación de acceso voluntario” (¿hay medios de comunicación de acceso obligatorio?) o que “existe suma dificultad para que sus usuarios puedan identificarse” (algo falso en el presente asunto, pues no hubo problema para identificar a los famosos que tuitearon a favor del Verde).
Un comentario en “El tribunal electoral y la “espontaneidad” de los tuits a favor del Partido Verde”
julio 30, 2015, 1:28 pm
Aclaro que no apoyo al verde y considero que son lo peor de la clase política, tampoco soy abogado, aún así me atrevo a decir lo siguiente, supongamos que la sala hubiera fallado al contrario y sancionará, emitierá un recomendación o multará a los que participaron en esta campaña, coincido con el autor que toda la campaña se ve a todas luces como un acto concertado, pero el problema es que en derecho se debe contar con un elemento probatorio, que debe dejar plenamente demostrado que en efecto el hecho se dio de la forma en la que pensamos, todo lo demás es un supuesto por mucho que parezca obvio, ahora bien regresando a mi supuesto, supongamos que en las elecciones del 18 se arman las siguientes tendencias en twitter #TodosconAMLO #AMLOpresidente #fueraAMLO #AMLOvetealrancho ¿se deberían sancionar? cualquiera de las 4 puede ser un acto concertado, el del verde parece muy simple ya que no fue un TT como tal y los propios algoritmos de twitter nos permitirían ver como se movieron las interacciones, el problema en mi supuesto (y muy probable) que pasaría si dentro del análisis de la red vemos que el TT positivo lo inicio Fernandez Noroña y el negativo Ciro Gómez Leiva, ¿se les multaría a los iniciadores? ¿a todos los que participaron? ¿a los más relevantes? twitter permite ver si un tweet impacto el TT entonces en mi ejemplo que pasa si se inicia como una cuestión ciudadana y a la mitad con un RT Elena P. o F Arreola hacen que el tweet se vuelva tendencia, bajo la premisa que expone los deberíamos multar.
Yo sé que causa molestia como el verde se paso las leyes por el arco del triunfo o bien se movió en los límites de la legalidad, el problema es que en este caso generar una sanción a este grupo de ciudadanos generaría un antecedente que entonces nos aplicaría a todos, bien menciona el abogado que no se profundizo en el tema de simpatizante, pero aunque se hubiera hecho ¿como lo definiría? Galilea Montijo esta casada con un político del verde lo cual la pone en al menos sospecha, pero Daniel Bisogno o Ines Sainz ¿entran en la misma categoría? (en mi ejemplo use a notables personas afines al movimiento de Morena y a otras que no tanto así como los que son completamente antiAMLO) ¿como se puede definir? y lo peor ¿quien lo define? por ello un fallo diferente solo podría llevar a que la veda aplicará a TODOS los ciudadanos que complicaría aún más nuestro complejo sistema electoral, ya que el regularlo implicaría monitorearlo como se hace hoy en medios masivos, más personal, más dinero para un proceso que de por si es caro.

References: resolución 
 artículo 251
 artículo 251
 artículo 242
 artículo 251
 resolución