Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1113707
Timestamp: 2019-05-23 22:25:51+00:00

Document:
Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (BOCYL de 24 de mayo de 2013). Texto completo.
La Ley 2/2013 tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades y la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y deberes de las personas con discapacidad, orientando la actuación de los poderes públicos de Castilla y León en la atención y promoción de su bienestar, calidad de vida, autonomía personal y pleno desarrollo.
La ley se aplicará en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, a las personas con discapacidad y a sus familias o representantes legales y, asimismo, en aplicación de las acciones de prevención previstas en la misma, a las personas con riesgo de padecer discapacidad, en los términos y condiciones que establezca su normativa de desarrollo.
En el ámbito europeo existe una gran sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades y no discriminación. Esta emergencia de una nueva política de igualdad tiene su raíz más profunda en la consideración de las personas, sin exclusión, como ciudadanos y ciudadanas con derechos y libertades fundamentales. También encuentra su razón de ser en la maduración de las formas de plantear la vida en comunidad y en los sistemas de gobierno: sin unas condiciones efectivas y reales de igualdad, la convivencia se deteriora y la democracia se debilita. Desde el convencimiento de la justicia de las anteriores premisas, la Unión Europea y el Consejo de Europa reconocen el derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley y a la protección contra la discriminación, tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea , como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
En concreto, el artículo 13 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea habilita al Consejo para adoptar acciones adecuadas en la lucha contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. En su virtud, se han adoptado, entre otras, la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, la Directiva 2000/78/CE , del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación y la Directiva 2002/73/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. En nuestro país, la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 10.º la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social; en el artículo 14 reconoce la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, y obliga, en el artículo 9, apartado segundo, a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social.
La Ley 13/1982, de 7 de abril , de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), constituyó el primer desarrollo normativo de nuestra Carta Magna en esta materia, articulando una serie de medidas dirigidas a la protección de las personas con discapacidad. No obstante, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre , de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) es el punto de inflexión en la orientación de nuestro marco jurídico en esta materia. Esta última norma establece medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, incorporando para ello una doble estrategia de intervención: la de lucha contra la discriminación y la de accesibilidad universal. Asimismo, incorpora como principio rector en este ámbito el de la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. En su virtud, las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicas, pensados exclusivamente para las personas con discapacidad, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en las que se tendrá en cuenta las necesidades y demandas de estas personas.
Junto a la citada normativa, tienen particular importancia tanto la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, como la Ley 27/2007, de 23 de octubre , por la que se reconocen la lengua de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Del mismo modo, de conformidad con la Ley 26/2011, de 1 de agosto , de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Real Decreto 1266/2011, de 16 de septiembre que la desarrolla, se entenderá por igualdad de oportunidades la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o sobre la base de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social.
Como consecuencia de estas disposiciones, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal no son meras declaraciones programáticas, sino que se acompañan de la exigencia de medidas concretas que las garanticen. Entre ellas destacan las abordadas por la Ley 49/2007, de 26 de diciembre , que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. La referencia al marco normativo estatal en la materia debe complementarse, en el contexto de dispersión territorial de la población de Castilla y León, con la Ley 45/2007, de 13 de diciembre , para el desarrollo sostenible del medio rural que concibe a las personas con discapacidad como destinatarias de medidas para la creación y mantenimiento de empleo en el medio rural.
Los poderes públicos promoverán el uso de la lengua de signos española de las personas sordas, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto conforme a lo establecido en la Ley 27/2007, de 23 de octubre , por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Además, se potenciará la utilización por las Administraciones Públicas de la Comunidad de los sistemas que permitan la comunicación a las personas con discapacidad sensorial y/o con pluridiscapacidad.
La presente ley, además, se constituye en un instrumento para seguir avanzando en la garantía de la accesibilidad universal, en línea con el camino ya iniciado en su normativa sobre esta materia, pudiendo citarse expresamente, entre otras, la Ley 3/1998, de 24 de junio , por la que se regula la accesibilidad y supresión de barreras; y el Decreto 217/2001, de 30 de agosto , por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras.
Por un lado, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 269/1994, de 3 de octubre, determinó que el principio de igualdad permite el tratamiento desigual ante situaciones de hecho desiguales y la actuación de los poderes públicos para poner remedio a la situación de determinados grupos sociales en innegable desventaja en el ámbito laboral no puede considerarse vulneradora del principio de igualdad. En esta misma línea, establece que la actuación de los poderes públicos para remediar, así, la situación de determinados grupos sociales definidos y colocados en posiciones de innegable desventaja en el ámbito laboral, por razones que resultan de tradiciones y hábitos profundamente arraigados en la sociedad y difícilmente eliminables, no puede considerarse vulneradora del principio de igualdad, aun cuando se establezca para ellos un trato más favorable, pues se trata de dar tratamiento distinto a situaciones efectivamente distintas. Desde esta perspectiva, las medidas protectoras de aquellas categorías de trabajadores que estén sometidas a condiciones especialmente desventajosas para su acceso al trabajo o permanencia en él no podrán considerarse opuestas al citado principio de igualdad, sino al contrario, dirigidas a eliminar situaciones de discriminación existentes.
Por su parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo determina lo siguiente en diversas sentencias: No toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación ya que el alcance de la igualdad ante la ley no impone un tratamiento igualitario absoluto; La igualdad ante la ley no impone un tratamiento igualitario absoluto, siempre que la desigualdad en el trato jurídico posea una justificación objetiva y razonable; La igualdad ante la ley no implica un tratamiento igual con abstracción de cualquier elemento fáctico diferenciador; La infracción del principio de igualdad sólo se da ante situaciones iguales, pero no cuando exista una justificación objetiva y razonable de la desigualdad.
En coherencia con ello, esta ley garantiza la participación de las personas con discapacidad y sus familias a través de los órganos colegiados previstos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre , de Servicios Sociales de Castilla y León.
Por otra parte, la ley prevé la constitución de un órgano de naturaleza colegiada, denominado Consejo Autonómico de Personas con Discapacidad, que tendrá entre otros fines la participación de las personas con discapacidad, el seguimiento y promoción de la aplicación de la normativa sobre los derechos de las personas con discapacidad en Castilla y León y en particular la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 26/2011, de 1 de agosto , de adaptación normativa a la citada Convención, del que formarán parte las entidades autonómicas más representativas de las personas con discapacidad y sus familias, entendiendo por tales las declaradas de utilidad pública y reconocidas a nivel autonómico, entre las que se encuentra el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (CERMI CYL).
d) Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de diseño para todos y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
Sección 1.ª- Salud
Sección 2.ª- Educación y Formación
Sección 3.ª- Empleo e inserción laboral
Sección 4.ª- Servicios Sociales
La Junta de Castilla y León facilitará, con criterios de suficiencia económica, el acceso a la prestación de asistencia personal de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, cuando esa prestación sea la que mejor permita el desarrollo de una vida independiente.
Sección 5.ª- Cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente
Sección 6.ª- Fiscalidad, ayudas públicas y contratación administrativa
2. La Junta de Castilla y León asegurará la tutela o, en su caso, el ejercicio de otras figuras de guarda y protección, a través del organismo público competente, en relación con las personas adultas incapacitadas judicialmente y en situación de desamparo, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil .
1. Las Administraciones Públicas, en el marco de la normativa estatal y autonómica, dirigirán su actividad a garantizar la accesibilidad universal y el uso de bienes y servicios a las personas con discapacidad. En concreto, en aplicación de la Ley 3/1998, de 24 de junio , de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León:
1. Los Ayuntamientos de la Comunidad de Castilla y León deberán garantizar un número suficiente y adecuado de reserva de plazas de aparcamiento para las personas con discapacidad que tengan reconocida movilidad reducida, conforme a la Ley 3/1998, de 24 de junio , de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León, y el resto de legislación aplicable, por cuyo cumplimiento velará la Junta de Castilla y León.
2. Asimismo, adoptarán las medidas para la realización de obras de adaptación necesarias en las viviendas, así como en los elementos y servicios comunes de los edificios, para que sean utilizables por todos, aplicando, en su caso, todos los instrumentos previstos en la Ley 9/2010, de 30 de agosto , del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León y en la normativa sobre reserva y situación de viviendas de protección pública para personas con discapacidad, así como en la relativa a accesibilidad y supresión de barreras.
a) Desarrollar la Ley 27/2007, de 23 de octubre , por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, entre los que se incluye posibilitar el aprendizaje, conocimiento y utilización de la lengua de signos entre las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Se hará extensivo a las personas con otro tipo de discapacidad cuando favorezca su capacidad de comunicación.
2. Los canales de televisión de titularidad pública o privada de Castilla y León cumplirán al menos con las cuotas de servicios de apoyo para las personas con discapacidad exigidas en la Ley 7/2010, de 31 de marzo , General de la Comunicación Audiovisual.
5. El Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad elaborará con carácter anual un informe relativo tanto al cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores como al cumplimiento de las cuotas de servicios de apoyo para las personas con discapacidad exigidas en la Ley 7/2010, de 31 de marzo , General de la Comunicación Audiovisual.
5. Las páginas web de las Administraciones Públicas de Castilla y León cumplirán los niveles de accesibilidad exigidos en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
1. El régimen de infracciones y sanciones aplicable en el ámbito de esta ley será el establecido en la Ley 49/2007, de 26 de diciembre , de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
a) Las infracciones leves, con multa de 301 a 30.000 .
b) Las infracciones graves, con multa de 30.001 a 90.000 .
c) Las infracciones muy graves, con multa de 90.001 a 1.000.000 .
Primera. Sistema arbitral.
Segunda. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad.
Tercera. Programa de Comunicación.
Cuarta. Programa de Nuevas Tecnologías.
Quinta. Representación y Defensa ante los Tribunales.
Segunda. Adaptación normativa.
Tercera. Desarrollo de la normativa sobre condiciones de utilización de animales de asistencia.
La presente ley entrará en vigor a los 20 días siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

References: artículo 13
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto