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Timestamp: 2019-01-22 17:21:58+00:00

Document:
FORTALECIMIENTO DE INTEGRIDAD PÚBLICA
PREOCUPACIÓN POR AUMENTO DE CASOS DE VIH EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIO
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PARA SALUD RURAL EN COMUNAS DE LOS ÁNGELES, TOMÉ Y HUALQUI. OFICIOS
NECESIDAD DE "LEY ESPEJO" DEL METRO PARA REGIONES Y RECHAZO ANTE DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO A REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS
SOLICITUD DE TRAMITACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON INTEGRIDAD PÚBLICA, EN PARTICULAR SOBRE LÍMITE DE REELECCIÓN DE AUTORIDADES ELEGIDAS POR SUFRAGIO UNIVERSAL. OFICIOS
PROPUESTA PARA CONCESIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNA DE GENERAL LAGOS. OFICIOS
RECLAMACIÓN POR ESTAMPILLA ARGENTINA SOBRE LÍMITE EXTERIOR DE PLATAFORMA CONTINENTAL. OFICIO
AGRADECIMIENTO A COMISIÓN DE DEFENSA POR HOMENAJE A LA MARINA CHILENA A DOSCIENTOS AÑOS DEL PRIMER ZARPE DE LA ESCUADRA NACIONAL. OFICIO
Sesión 58ª, en miércoles 20 de octubre de 2018
(De 16:18 a 18:44)
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Energía, señora Susana Jiménez Schuster.
El señor MONTES (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 55ª y 56ª, ordinarias, en 2 y 3 de octubre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, en el sentido de prohibir que se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta (boletín Nº 11.662-04).
Con el segundo informa que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley Nº 20.959, que extiende la aplicación de la ley Nº 20.243, que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual, para extender y hacer efectivo el derecho de artistas y creadores audiovisuales a percibir remuneración por sus creaciones (boletín Nº 11.927-24).
Con el siguiente señala que ha aprobado el proyecto que modifica la ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, para incluir a los secretarios abogados titulares en la conformación de ternas para la designación de jueces en estos tribunales (boletín Nº 11.475-07).
Con el último informa que aprobó el proyecto que modifica la ley Nº 19.300, que aprueba la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental en los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las zonas que indica (boletín Nº 11.912-12).
Adjunta información sobre las medidas procrecimiento para las zonas extremas del país, aludidas en el proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria (boletín Nº 12.043-05), en respuesta a petición de la Senadora señora Goic.
Aporta antecedentes, solicitados en nombre del Senador señor De Urresti, sobre el proyecto denominado "Plataforma de Inventario de Humedales de Chiloé".
Responde consulta del Senador señor García, referida a la tramitación del reclamo interpuesto por la persona que se individualiza.
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley que establece bases de los procedimientos administrativos en materia de documentos electrónicos (boletín Nº 11.882-06) (con urgencia calificada de "simple").
De los Senadores señor Quinteros y señora Goic, con la que inician un proyecto de ley que deroga la tabla de factores para la fijación de precios de las isapres (boletín Nº 12.146-11).
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero solicitar a la Sala que respalde lo que acabamos de acordar unánimemente en la Comisión de Minería y Energía, con la presencia de la Ministra del ramo: fusionar el proyecto sobre eficiencia energética, originado en moción de algunos de nosotros -entre sus autores estaba el Senador señor Horvath, quien, por supuesto, ya no se encuentra con nosotros, pero fue uno de los impulsores de esta materia-, con la iniciativa que sobre el mismo asunto presentó el Ejecutivo hace un mes y que se halla en la mencionada Comisión.
La verdad es que el mensaje recoge los tres aspectos más relevantes de la moción referida. Por tanto, el contenido es el mismo. La diferencia es que el Gobierno tiene la capacidad de ejecutar: en lugar de decir "podrán" hacer tal cosa a las instituciones públicas o privadas, puede establecer un "deberán".
Reitero: hubo acuerdo completo para pedir que se fusionen ambos proyectos, el originado en moción con el enviado por el Ejecutivo.
Vamos a empezar a tramitarlos ya. De hecho, hoy día expuso la Ministra.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo en acceder a lo solicitado por la señora Senadora?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Quiero ratificar lo que aprobó la Comisión, tal como lo ha planteado la Senadora Allende.
De común acuerdo con el Ejecutivo, acordamos subsumir...
La señora ALLENDE.- Fusionar.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ...el proyecto que emanó de una moción presentada hace un año con la iniciativa del Ejecutivo.
Ojalá esto pueda ser aprobado inmediatamente por la Sala.
La señora ALLENDE.- Se pide fusionar, no subsumir.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de que estoy de acuerdo con lo propuesto solo porque lo ha pedido la Senadora Allende, no otra Senadora.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Podría explicar un poco su posición?
El señor MOREIRA.- Solo eso.
La señora GOIC.- Señor Presidente, solamente quiero pedir -y sé que en esto el Senador Moreira me va a apoyar- que se agilice la constitución de la Comisión Especial del Adulto Mayor.
Estamos en octubre, el mes de los adultos mayores, y sería un bonito gesto que pudiéramos al menos constituir dicho órgano dentro de este mes.
No sé si todavía faltan bancadas que nombren a sus integrantes. Insto a los colegas a cumplir con el trámite.
El señor MONTES (Presidente).- Eso está acordado.
Se les pidió a los Comités que designen a sus representantes. Estamos en ese proceso. Han sido nombrados cuatro miembros; falta uno.
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 20.571 con el objeto de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer aplicables sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "suma".
Proyecto de ley (moción de las Senadoras señoras Allende y Rincón, y de los entonces Senadores señores Horvath, Gómez y Prokurica):
En tercer trámite: sesión 47ª, en 4 de septiembre de 2018.
Minería y Energía: sesión 56ª, en 3 de octubre de 2018.
Sesiones 56ª, en 11 de septiembre de 2013 (se aprueba en general); 78ª, en 9 de enero de 2018 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Sala debe pronunciarse respecto de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al texto despachado por el Senado, las cuales la Comisión de Minería y Energía propone aprobar, acuerdo que adoptó por mayoría de votos. Se pronunciaron favorablemente los Senadores señoras Allende y Von Baer y señores Guillier y Prohens. Se abstuvo la Senadora señora Provoste.
Sus Señorías tienen en sus pupitres un boletín comparado en que se transcriben las enmiendas realizadas y los acuerdos adoptados por la Comisión.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión las modificaciones introducidas por la Cámara Baja.
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro, para informar sobre el proyecto.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo saludar a nuestra Ministra de Energía, señora Susana Jiménez, y a las señoras Senadoras y señores Senadores que en este momento están escuchando mi intervención.
Me corresponde informar brevemente a esta Sala acerca de esta iniciativa de ley, que cumple su tercer trámite constitucional y para cuyo despacho se ha hecho presente la calificación de urgencia "suma".
A las sesiones en que la Comisión se dedicó al análisis de este asunto concurrieron personeros de Gobierno, encabezados por la Ministra de Energía, señora Susana Jiménez, y especialistas de consultoras e instituciones públicas y privadas.
Por de pronto, cabe recordar que la ley Nº 20.571 no solo posibilita a los clientes regulados generar su propia energía y recibir una compensación económica por los excedentes inyectados a la red, sino que también permite pagar excedentes, que no pueden ser descontados de la facturaciones; certificar el cumplimiento de cuotas de energías renovables no convencionales, y acogerse a exenciones tributarias por la inyección de energía. Esto último, para beneficiar a clientes residenciales, a pymes y a quienes declaran impuestos mediante renta presunta.
Estas normas han permitido aumentar significativamente la capacidad de generación distribuida en el país: así, en los últimos seis meses los sistemas se están instalando a razón de 1.099 kW/mes, lo cual suma más de 3.600 instalaciones declaradas al cierre del mes de agosto del presente año.
Las modificaciones realizadas a este proyecto de ley por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional apuntan a los siguientes aspectos:
-Apertura del rango de beneficiarios a los sistemas comunitarios o de propiedad conjunta. En el fondo, se trata de un grupo de usuarios que aprovecha la generación en un espacio común dentro del área de concesión del distribuidor.
-Inclusión de descuentos sobre todos los cargos de suministros y no solo respecto del cargo por energía. Es el caso del pago de potencia.
-Mejoras menores en materia reglamentaria y de normativa.
-Ampliación de la posibilidad de traspaso de excedentes a instalaciones del mismo propietario; no solo en inmuebles, sino a otras instalaciones.
-Restitución de pago por excedentes descontados a clientes residenciales con potencia conectada de hasta 20 kW, personas jurídicas sin fines de lucro con potencia conectada hasta 50 kW y otros clientes hasta 300 kW. Se deberá demostrar que el sistema fue originalmente diseñado para el autoconsumo y no para comercializar esa energía.
-Caducidad de excedentes luego de cinco años y socialización de estos entre todos los usuarios.
Consultado el Ejecutivo respecto del modo en que operará el mecanismo de caducidad de excedentes, la señora Ministra explicó que, cuando el descuento o reconocimiento no haya sido utilizado por el generador residencial, y con el objeto de evitar que tales sumas queden en poder de la distribuidora, se prorratearán entre los usuarios de la comuna. El balance de lo que se inyecta al sistema se hará dentro del respectivo mes y, en el evento de existir un saldo a favor, este se materializará en descuentos en los meses siguientes. Cuando no sea posible descontar un saldo dentro de las alternativas anteriores, después de cinco años operará la caducidad.
Al interior de la Comisión, señor Presidente, hubo una opinión según la cual este debate se encuentra desfasado en relación con el que actualmente se produce en otros países, donde existe una fuerte controversia entre las organizaciones de consumidores y empresas distribuidoras. En tal sentido, se estimó oportuno examinar los problemas que se están ocasionando en territorios que hace años implementaron políticas de generación distribuida para no cometer errores ya conocidos.
Además, se hizo presente el impacto económico que podría tener este proyecto en las familias de menores recursos, las que no pueden instalar paneles solares. Se debe evitar que las personas de menos ingresos paguen un costo mayor por la red de distribución si la generación distribuida se focaliza en un nicho de familias con mayor poder adquisitivo.
Sobre el particular, la Ministra de Energía explicó que, considerando que la idea se centra en promover la generación distribuida para el autoconsumo, el componente regresivo podrá contenerse en la medida que la flexibilización del pago se acote a instalaciones diseñadas para tal objetivo.
Si bien la legislación ha contribuido a promover la instalación de generación distribuida, tal como lo han hecho los cambios tecnológicos para reducir costos y plazos de recuperación de las inversiones, uno de los objetivos de esta iniciativa es que la generación distribuida no se restrinja solo a algunos tipos de hogares.
En opinión de la señora Ministra, el cambio en la estructura del segmento de distribución es necesario para masificar este tipo de generación y cuadruplicar la capacidad instalada en generación distribuida. Al efecto, el Ejecutivo anunció propuestas legislativas más comprensivas e integrales. Se trata de cambios más profundos en la estructura de la distribución, pero que, como aseguraron los personeros de Gobierno, no afectarán la remuneración de las instalaciones y las redes ni serán financiados por el grupo social que no tuvo acceso a los cambios tecnológicos.
En ese marco, el proyecto de ley en discusión es acotado y específico. En todo caso, la Ministra anticipó que, atendidos los alcances esperados de la presente iniciativa, no habrá un impacto mayor en las cuentas de electricidad.
El informe que Sus Señorías tienen a su disposición da cuenta pormenorizada de las cuestiones esenciales que fueron debatidas en la Comisión, por lo que no insistiré en ellas. Menciono, en todo caso, que la totalidad de las enmiendas introducidas por la Cámara revisora al proyecto fueron aprobadas por mayoría de cuatro votos a favor y una abstención.
Por último, señor Presidente, cabe señalar que la iniciativa nació de una moción de los Senadores señor Antonio Horvath, señoras Allende y Rincón y señores Prokurica (hoy Ministro de Minería) y Gómez.
Creo que este proyecto, que hace mucho tiempo denominamos "Ley Horvath", es muy importante. Ojalá hoy se apruebe por unanimidad, porque pensamos que va en el camino correcto hacia la autogeneración. Es lo que requiere hoy día el mundo, que transita en esa dirección.
La Comisión recomienda aprobar esta iniciativa.
El señor MONTES (Presidente).- Quiero saludar a los alumnos de la Escuela España, de San Bernardo, invitados por el Diputado Jaime Bellolio y encabezados por la profesora señora Myriam Cid.
También saludo a los alumnos del octavo básico del Colegio Presidente Juan Luis Sanfuentes, de Talca, invitados por el Senador Juan Castro.
La señora JIMÉNEZ (Ministra de Energía).- Señor Presidente, por su intermedio, deseo saludar a todas las Senadoras y Senadores presentes.
Solamente quiero reiterar que este proyecto de ley, que busca incentivar el desarrollo de generación residencial, nació de una moción de las Senadoras señoras Allende y Rincón y los Senadores señores Gómez, Prokurica y Horvath.
En su segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados recogió muchas de las ideas originales vertidas en la moción del recientemente fallecido Senador Horvath. Por lo tanto, coincido con el Senador García-Huidobro en que la aprobación de esta futura ley constituiría un merecido homenaje póstumo.
Si bien esta iniciativa fue presentada antes de elaborar el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y de la presentación de nuestra ruta energética 2018-2022, lo cierto es que es plenamente coincidente con los objetivos que ahí se buscan y los compromisos de impulsar la generación distribuida, y de esta forma lograr que esta se expanda y extienda a lo largo de los hogares de nuestro país.
Este proyecto, en su segundo trámite constitucional, fue trabajado con amplio consenso. Hubo acuerdos transversales, lo cual llevó, de hecho, a que en ese trámite fuera aprobado por unanimidad en la Sala de la Cámara de Diputados.
Agradezco especialmente a la Comisión de Minería y Energía del Senado, que en el primer trámite y en este tercer trámite ha estado abierta a un diálogo constructivo con el Ejecutivo, tanto con el Gobierno anterior como con nosotros.
Por lo tanto, a mi juicio, este es un buen proyecto, que se enfoca en las personas, que promueve la energía renovable a pequeña escala. En consecuencia, espero que sea aprobado.
El señor MONTES (Presidente).- Gracias a usted, señora Ministra.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, sin duda, valoro, como parlamentario de la Región de Aisén, el testimonio que se pretende realizar con el nombre de "Antonio Horvath", por su significativo aporte en la construcción de la iniciativa que hoy día votamos. Como Senador por Aisén, me parece de un alto valor el hecho simbólico que aquí se pretende entregar, el que, evidentemente, apoyamos y respaldamos.
Respecto al proyecto en sí, cabe recordar que hoy día en el mundo solo el 20 por ciento de la energía eléctrica proviene de fuentes renovables. Seguimos dependiendo en más del 80 por ciento de las energías fósiles: petróleo, gas, leña, que tienen al planeta y evidentemente a nuestro país -para qué hablar si nos vamos a sus distintos territorios- en dramáticas condiciones, con altísimos niveles de contaminación.
En tal sentido, Chile tiene la obligación de impulsar acciones que permitan revertir este déficit de generación con fuentes renovables y, también, el profundo daño que significa no contar con una matriz energética acorde con los niveles de desarrollo que hoy día se necesitan.
Aisén es una región declarada "Reserva de vida". Y recuerdo las expresiones de un destacado agrónomo de nuestra región, don Alberto Saini, que decía "Reserva y fuente de vida", en el sentido de que se trata de una región enorme, con un gran potencial de desarrollo, de crecimiento. Y, curiosamente, a pesar de lo puro de ella y de ser la región más linda de Chile -lo destaco permanentemente-, adolece de una falencia significativa, que es precisamente estar insertos...
Le pido a la Ministra su atención, porque estas son las oportunidades para que escuche desde esta tribuna nuestros mensajes respecto de estas materias y el impacto de ellas en las comunidades. Y ya habrá tiempo para juntarse después y atender otros temas.
En el caso de la Región de Aisén, cuando hablamos de la energía, valoramos sobremanera los esfuerzos por perfeccionar la institucionalidad y la legislación, porque van directamente a resolver un problema que afecta humanamente a la población.
Esta iniciativa, que fomenta la generación eléctrica a pequeña escala, en el ámbito domiciliario, que estimula precisamente pequeñas generaciones a nivel de autoconsumo, significa, sin duda, un avance relevante para nuestras comunidades.
Pero quiero llevar el tema a otro punto, aprovechando la presencia de la Ministra.
El problema de la contaminación que afecta a Coihaique o a las ciudades del sur de Chile, desde Rancagua al sur -porque no se presenta solo en la zona austral-, necesariamente debe enfrentarse desde el punto de vista de la energía.
Y en este aspecto el Ministerio de Energía tiene una tremenda oportunidad -valoro el esfuerzo que se realiza hoy día- para dar un salto significativo en cuanto a cómo somos capaces de hacernos cargo de una realidad humana que afecta a la población de las ciudades del sur de nuestro país.
Coihaique presenta niveles que han superado todas las normas de contaminación permitidas. El índice sugerido por la OMS es de 40 microgramos por metro cúbico de material particulado 2,5, pero en los horarios peak en la ciudad de Coihaique -entre las 22:30 y la una y media de la madrugada- se ha llegado a mil 500 microgramos por metro cúbico. O sea, ya no hay límites en la superación de los niveles de contaminación que afectan a nuestra ciudad de Coihaique, donde reside más de la mitad de la población de la Región de Aisén.
Por eso se presentan estas iniciativas. Y ojalá que se masificara absolutamente este tipo de generación eléctrica. Es verdad que su implementación tiene sus costos. Evidentemente, habrá que desarrollar el tema de manera inteligente, para que muchas residencias, muchos pobladores, a lo mejor, familias más vulnerables, puedan acceder a este sistema. Porque esto debemos acompañarlo del adecuado apoyo, financiamiento o subsidio a fin de que esas personas accedan a la alternativa de incorporar la autogeneración domiciliaria en pequeña escala. Esto sería un gran aporte para enfrentar la contaminación ambiental.
Sin duda que esto es un avance.
La profundidad del tema que debemos enfrentar también requiere estimular el desarrollo de otros generadores. Y en la Región de Aisén, curiosamente, hemos tenido otros tipos de generación eléctrica.
Paradójicamente, acaba de desarrollarse un proyecto, denominado "Granja solar Valle Simpson", que es solar y eólico. Lamentablemente, el cambio de uso del suelo solicitado por la empresa no fue autorizado por nuestro Estado, por nuestro servicio público, debido a que el suelo tenía fuertes condiciones de carácter agrícola. Se trata de un suelo clase IV. Hablamos de un proyecto de 12 hectáreas que permitiría, efectivamente, incentivar el tema de la generación eléctrica.
¿Y cuál es el problema que enfrentamos nosotros? Que en la proyección de demanda de energía, los estudios de la Comisión Nacional de Energía, desgraciadamente, no establecen crecimiento de demanda para los próximos años. Lo lamentamos. Pero sí tenemos un ingrediente humano de contaminación que no figura en los sistemas de evaluación que realiza la Comisión Nacional de Energía. Entonces, al no haber demanda, no hay estímulos para la creación eléctrica.
Por eso, señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente-, la convocamos a que con urgencia atienda la modificación de los sistemas medianos para que se corrija esta distorsión, porque está afectando la salud de la población.
A lo mejor no hay demanda por crecimientos económicos, productivos, pero tenemos una enorme necesidad por la afectación que vive la ciudad de Coihaique y otras ciudades de la región (porque recién se están haciendo mediciones en Puerto Aisén y en Cochrane). Existe la necesidad de incorporar elementos nuevos para permitir el desarrollo de estos proyectos. Y la Región de Aisén tiene una especial vocación para la generación de energías renovables no convencionales de diferentes ámbitos: solar, eólica, hidroeléctrica y otras.
Deseo plantear la urgencia en este contexto, fundamentalmente, porque este importante proyecto constituye un pequeñito paso en la dirección correcta, y nos obliga como Estado a implementar acciones todavía mucho más fuertes, que sean complementarias con el plan de descontaminación de Coihaique. Porque, al final del día, la verdadera solución la tiene precisamente el Ministerio de Energía. De modo que habrá que realizar las modificaciones necesarias en este sentido y en el menor lapso posible.
Cuando hablamos de episodios de mil 500, mil 450 microgramos por metro cúbico de material particulado 2.5, literalmente tenemos a la población de la ciudad de Coihaique viviendo dentro de un tubo de escape. Y esto es absolutamente inapropiado e inaceptable para una ciudad y para un país que se prestigia de enfrentar las grandes demandas que existen en tantos aspectos en materia de desarrollo. Sin embargo, aquí estamos flaqueando.
Aprovecho de señalar lo anterior en la coyuntura de este proyecto, que sin duda vamos a aprobar con todo el entusiasmo posible, más aún cuando este entusiasmo viene patrocinado por un Senador que mientras estuvo en el ejercicio de sus funciones parlamentarias mostró un especial interés y una motivación respecto al desarrollo de esta materia en particular.
Hoy día resulta fundamental que en ciudades como Rancagua, Osorno, Temuco, Coihaique y otras tantas más podamos impulsar un programa que permita concretar la famosa diversificación de la matriz energética y dar solución a un tema humano, social y de salud prioritario.
Felicito a quienes promovieron esta moción. Me alegro de que el Gobierno la haya acogido, e invitamos, sinceramente, a realizar un cambio sustantivo y a hacernos cargo de la realidad de fondo de este problema, permitiendo a las comunidades del sur de Chile contar con el legítimo derecho a vivir en un ambiente con mejor calidad de vida. Y, en ese esfuerzo, la energía juega un papel fundamental.
Señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente-, le manifiesto toda nuestra colaboración, todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo para que esto sea posible. Es un desafío país. Sin duda, cuesta. Pero le ofrezco un gran apoyo para que podamos enfrentar una realidad que afecta a tantas poblaciones de nuestro país.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, por supuesto, deseo sumarme a lo que aquí se ha expresado en cuanto a que tuvimos un gran impulsor de la presente moción: el Senador Horvath.
De verdad, me sentí muy honrada de que me invitara a adherir a esta iniciativa. Y no solo hemos adherido a ella, sino que también la hemos empujado y defendido porque creemos que es una muy buena respuesta. Por cierto, no es la única, pero es muy importante.
El proyecto permite que cada vez vayamos mejorando más la posibilidad de que sectores residenciales, personas naturales, pequeñas comunidades puedan organizarse y autogenerar su energía eléctrica a través de energías renovables no convencionales, y que ella les sirva no solo para su propio consumo, sino que también puedan generar excedentes, que, naturalmente, serán descontados de las futuras cuentas, es decir, de alguna manera serán resarcidos por la inversión original.
Esto es algo bastante acotado, pero significativo. Varios países han ido avanzando más y más en la llamada "generación distribuida". Ello significa un cambio de hábitos y de cultura, que también es relevante, porque promovemos un mejor uso de la energía, de la eficiencia, del ahorro.
Esta experiencia existe en otros países, como Alemania, Italia, Dinamarca, Japón, Canadá, México y en algunos estados de Estados Unidos, en fin. Allí se han establecido sistemas de generación residencial que van adquiriendo cada vez más importancia para la solución de las demandas de energía eléctrica.
Además, este tipo de sistemas constituye un círculo virtuoso, porque no solo transforma al consumidor en productor, sino que, además, evita la utilización de otras fuentes contaminantes, como el carbón.
En este punto, quiero destacar que el lunes, a través de la prensa, conocimos de una publicación de más de cuatrocientas páginas realizada por expertos de Naciones Unidas en cambio climático, cuyo "resumen para los responsables políticos" -así se llama- expone los numerosos impactos que afrontaremos como planeta en materia de cambio climático y las graves consecuencias que tendremos en la medida en que sigan subiendo las temperaturas promedio, que lo están haciendo por sobre los 1,5 grados Celsius. Y ya hemos conocido algunas de ellas: hemos vivido olas de calor; se han registrado incendios devastadores; aún estamos en un ciclo de ya casi ocho o diez años de sequía, algo nunca visto en nuestro país. Y esto va a continuar.
Por lo tanto, este es un llamado que se nos hace desde el mundo de las ciencias a los responsables políticos en el sentido de que tenemos hasta el 2030 para detener el cambio climático. En consecuencia, debemos emprender, como menciona el informe, transformaciones "rápidas" y "sin precedentes" en sectores como la energía, la industria o la infraestructura.
Por supuesto, este es un proyecto acotado. Pero nos va a permitir que consumidores, personas naturales, comunidades, edificios, comercio, casas en sectores rurales cuenten con la posibilidad de instalar paneles fotovoltaicos, pequeñas unidades de generación eólica y, en el caso de que estén en lugares aptos, aprovechar las caídas de agua.
Con todo esto transformamos a estos consumidores en productores, en unidades de generación de energía eléctrica.
Considero que estamos dando un importante paso. Pero no es el único. No puedo dejar de mencionar que durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet hubo una estrategia bastante amplia, muy a largo plazo, sobre las transformaciones de la energía. Y se incentivó y hemos ido logrando que las energías renovables crezcan cada vez más.
En su momento, quienes éramos Senadores de la Comisión de Minería y Energía, modestamente, presentamos lo que se conoció inicialmente como "20-20", un desafío que implicaba que al año 2020 llegásemos a contar con un 20 por ciento de la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables no convencionales. Después postergamos la meta al 2025, pensando en que no iba a ser posible cumplirla en 2020.
Sin embargo, en la actualidad tenemos proyecciones que nos permiten indicar que ya prácticamente llegamos.
Esto es tremendamente importante, porque a un país como el nuestro, que no tiene independencia; que no es productor de hidrocarburos, de fósiles; que debe importar el petróleo y todo lo que ello conlleva, francamente, le ha hecho muy bien la diversificación. Además, la gran cantidad de actores involucrados, que es cada vez más creciente, ha significado una baja sustantiva en los precios. Como consecuencia de ello, nuestras industrias son más competitivas, incluso las de la gran minería, en las que el costo de la energía era uno de sus grandes temas.
Por ende, nosotros celebramos y, desde luego, apoyamos la iniciativa, con las pequeñas modificaciones que se hicieron en el Senado -las mencionó la Ministra-, como aumentar la capacidad de 100 a 300 kilowatts.
Todo esto ha significado, como decía, poder generar de otra manera la energía que requerimos.
También quiero señalar, una vez más, que nos duele todavía como país que la actual norma de emisiones para termoeléctricas permita el doble de las emisiones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Es una tarea pendiente. Y ya que están la Ministra y el Ministro de la SEGPRES, les expreso que si hay algo pendiente, es esto.
Ya que hemos vivido la dramática situación de Quintero y Puchuncaví, lo menos que podemos hacer es tener en consideración que nuestra norma actual de termoeléctricas es el doble del estándar permitido por la OMS. Y, obviamente, es una de las responsables de las consecuencias de tener termoeléctricas a carbón. En esa zona está instalada una de las más antiguas, con más de cincuenta años. Y como en su momento no tuvieron resolución de calificación ambiental -no existía la normativa pertinente-, hoy día ni siquiera las podemos fiscalizar en esos términos.
Es una tarea pendiente, señora Ministra. En el marco de la crisis de Quintero y Puchuncaví, debo señalar que existen industrias que en su momento no tuvieron resolución de calificación ambiental. Y pienso que el Gobierno perfectamente, dentro de la mirada que está teniendo el Presidente Piñera para abordar la materia, también debiera hacerse cargo, o al menos nosotros, de este tipo de industrias que no cuentan con esa resolución.
Desde luego, en la Comisión de Medio Ambiente estamos impulsando el "delito ambiental", que es una respuesta importante. Porque sería otra la preocupación de las máximas industrias que en la actualidad son eventuales contaminantes del sector de Quintero y Puchuncaví si estuviera aprobado el delito ambiental, pues tendrían que responder penalmente por lo que significa la afectación grave al medio ambiente, a las personas y a la salud.
Por eso, hago un llamado a que como país -se lo hemos expresado a la Ministra- vayamos en la línea de ir cerrando termoeléctricas a carbón, de sustituirlas por otras tecnologías. No debemos aceptar que sigan aumentando, sino todo lo contrario. Por esto, no vimos con buenos ojos la aprobación en Isla Riesco, en el extremo de Magallanes.
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el proyecto y espero que lo aprobemos.
Es cierto que se puede producir una muy pequeña alza, de acuerdo con la evaluación que se ha hecho, que no va más allá de 14, 15 pesos en la cuenta para aquellos que no tienen las condiciones para invertir. Porque esto, obviamente, tiene costos.
Por eso decíamos que estaba bien que se considerara a comunidades organizadas, porque para una sola persona natural va a ser más difícil. Pero no afectar a los sectores más vulnerables debe ser nuestra preocupación, y no la dejaremos de lado. De acuerdo con las cifras que nos han entregado y a las simulaciones que se han hecho, el alza es mínima, mínima, mínima. Por eso, hemos apoyado el proyecto, pues creemos que va en la línea correcta.
Hoy -les decía- la Ministra nos presentó la iniciativa sobre eficiencia energética, que recoge lo que nuestra moción había planteado en a lo menos tres ítems muy importantes. Por supuesto que esto va en la línea correcta. Necesitamos avanzar en eficiencia energética; en energías renovables no convencionales; en una matriz cada vez más limpia, que no genere consecuencias.
De verdad, no queremos que sigan existiendo lo que hoy se conoce como "zonas de sacrificio", cuya realidad es francamente dramática y dolorosa.
No es posible que la gente se halle sometida a material particulado, a sufrir emanaciones de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno -y, por supuesto, a todo lo que ello implica-, y, como decíamos, a termoeléctricas a carbón.
Esperamos avanzar, por ser lo que el país necesita, y lograr, desde luego, una matriz más diversificada y limpia.
El señor MONTES (Presidente).- Quedan dos inscritos.
¿Les parece a Sus Señorías que se abra la votación?
Advierto que el próximo proyecto es de quorum especial y que la idea es hacer otro tanto desde el comienzo.
El señor MONTES (Presidente).- La Honorable señora Provoste ha solicitado a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para que pueda funcionar en paralelo la Comisión de Educación, que tiene que ver el proyecto sobre Aula Segura.
El señor MONTES (Presidente).- En votación las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, deseo felicitar a los colegas autores de la moción, entre los cuales se incluía el entonces Senador señor Horvath, ya fallecido.
Para las regiones del sur esta es una muy buena iniciativa, porque permite que en zonas donde abundan recursos naturales como agua, viento y mar se efectúe un aporte ciudadano a la diversificación de la matriz energética y que ello no solo provenga de grandes empresas. De una u otra manera, se democratiza con lo que cada familia puede contribuir a la disminución del empleo del recurso fósil y al aumento de las energías renovables.
También extiendo mi reconocimiento al Ministerio -a sus titulares de antes y de ahora- por mantener la política energética, que no debe cambiar cada cuatro años. Es a largo plazo. Y los resultados están a la vista. Ya prácticamente en marzo de 2017 nuestra matriz se vinculaba en un diecisiete por ciento con la energía renovable. Probablemente, vamos a cumplir con el veinte por ciento mucho antes de lo esperado -si aún no lo hemos hecho-, y podremos demostrarle al mundo que, a pesar de no producir petróleo, contamos con recursos que, además, son amigables con el medioambiente.
Aparte reiterar mis felicitaciones, deseo plantear que este es el camino correcto y que Chile le está probando a Latinoamérica que ayuda a la disminución de la contaminación y utiliza un medio del cual dispone en abundancia, sin duda.
Espero que pronto podamos ir avanzando en la materia, porque se trata de muy buenas noticias para nuestra Región y principalmente para las comunidades indígenas, las cuales tienen a su cargo una cantidad importante de recursos renovables que pueden ser un aporte no solo al medioambiente, sino también a su propia economía.
El señor MONTES (Presidente).- La votación se ha abierto en el entendido de que se trata de un solo pronunciamiento respecto del conjunto de modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el Honorable señor Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, la energía es fundamental para desarrollar al país, y por ello es que conviene tanto no solo una política nacional en la materia que sea coherente con nuestra realidad, sino también generar incentivos necesarios para que puedan contribuir todos.
Es por eso que nuestra dependencia natural de los combustibles fósiles debe ser disminuida de todas formas. Hoy llegan a Chile por mar, y no hay ninguna otra manera de poder mantener esta matriz energética si no es por el arribo de petróleo, de carbón y de otras sustancias que, tal como se ha indicado, se reciben en puertos que sufren efectos de los cuales es preciso hacerse cargo, obviamente.
¿Qué mejor solución, entonces, que recurrir a medios alternativos? Una energía renovable tradicional como la hídrica, proveniente del potencial de la caída del agua, es quizás la que más puede contribuir a lo largo del país, porque está disponible en algunos lugares, pero en otros se encuentra en condiciones distintas. Hemos visto el caso de la generación eólica. Es posible satisfacer las necesidades de ciudades completas, incluso, y realizar planificación urbana considerando energías renovables no convencionales.
Precisamente por estas últimas se halla en estos momentos en Europa el Presidente de la República, Sebastián Piñera, buscando convenios, tratados, acuerdos, para traer no solo la tecnología, sino también el conocimiento.
Es fundamental, asimismo, incorporar la electromovilidad, teniendo presente que se debe mejorar nuestro sistema de transporte público, pero sobre la base de considerar lo mejor: aquel que no contamina y energía eléctrica almacenable. En este sentido, un recurso como el litio, en el norte, puede ser la solución para poder desarrollar baterías de gran capacidad que le den a Chile una condición especial en el mercado energético mundial.
Constituimos un ejemplo, porque nuestra política pública de Estado ha trascendido a diferentes gobiernos. Y hemos alcanzado lo que nunca pensábamos que lograríamos. Pero se requiere la participación de todos. Disponer ahora de un sector mejor regulado, donde sea más fácil para los usuarios acceder a una generación eléctrica remunerada, es un sueño.
Apruebo todas las modificaciones.
Llamo a ser capaces de construir una política pública asociada a lo mismo. Hoy, los sistemas eléctricos domiciliarios, con los nuevos medidores de net metering, que permiten no solo medir el consumo, sino también el aporte a la matriz energética, son quizás la clave para resolver los problemas complejos de las comunidades, porque se hace partícipes a todos. Todos son parte de la nueva matriz.
La quinta fachada es quizás la menos explotada. Las casas cuentan con las cuatro normales y la quinta son los techos, donde perfectamente puede situarse la tecnología necesaria, junto a las baterías, no solo para proveer un suministro eléctrico continuo que vaya a aquellos que no pueden producirlo, sino también para almacenarlo de tal forma de darle un continuo a la vivienda.
La planificación energética urbana requiere incentivos concretos. No se trata únicamente de atacar la contaminación. Es preciso, asimismo, crear una cultura, una nueva conciencia del empleo responsable de la energía. Pero cabe entender que no vamos a ser capaces de funcionar sin ese elemento. Ella es el motor, y tenemos que producirla de la mejor forma posible.
El señor MONTES (Presidente).- Saludo al octavo año básico del Wessex School, de Concepción, Región del Biobío, que viene con la profesora Susana Esparza.
--Por 29 votos a favor y 2 abstenciones, se aprueban las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, quedando despachado en este trámite el proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Prohens, Quintana, Sandoval y Soria.
El señor MONTES (Presidente).- Los Honorables señores Chahuán y Pugh dejan constancia de su intención de voto a favor.
Muchas gracias, señora Ministra, por haber estado acá con nosotros.
Boletín N° 11883-06
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que fortalece la integridad pública, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.883-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 56ª, en 3 de octubre de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es fortalecer la integridad pública en diversos órganos del Estado.
La Comisión discutió el proyecto solo en general, aprobando por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Quinteros, la idea de legislar.
Cabe tener presente que los numerales 1), 3), 4), 6), 7), 8), 9) y 10), letra d), del artículo 1°; 2) y 3) del artículo 2°; los dos del artículo 3°; el artículo 4°; los numerales 1) y 2) del artículo 5°; todos los del artículo 6°; los dos del artículo 7°, y las disposiciones transitorias tercera y cuarta tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 24 votos para su aprobación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa un documento presentado por el Honorable señor García-Huidobro, como Subjefe del Comité Unión Demócrata Independiente, en el cual se solicita permiso constitucional para que los Senadores señores Pérez Varela y Coloma se ausenten del país desde el día 5 de octubre hasta el 15 del mismo mes.
El señor MONTES (Presidente).- Con ello bajaría el quorum.
¿Quién informará por la Comisión de Constitución? ¿El Senador señor Huenchumilla?
El señor HUENCHUMILLA.- No. El Honorable señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, solicito abrir la votación desde el comienzo y respetar los tiempos.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría inconveniente para ello, dado el quorum de ley orgánica constitucional que se requiere?
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto de ley exige, en el caso de un nombramiento en la Administración del Estado de parientes de determinadas autoridades, que se debe contar con un informe favorable de la Dirección Nacional del Servicio Civil (sistema ADP).
Sin embargo, hago presente desde ya que uno de los puntos de discusión es la naturaleza de este último texto, pues no se señala si es vinculante o es facultativo, ni los efectos que podría causar para la designación el hecho de que sea positivo o negativo.
Asimismo, se incorpora la necesidad de que el postulante exponga el parentesco en su declaración jurada de ingreso.
Se establece la nueva obligación de proporcionar, dentro de la declaración de intereses y patrimonio, la información relativa al cargo y a la institución en que se desempeñe el cónyuge o el conviviente civil.
La iniciativa realiza una serie de adecuaciones formales que buscan actualizar la legislación en la materia, ya que se incorpora al conviviente civil, entre otros aspectos, en las normas sobre prohibiciones de contratación y conflictos de interés, de modo de homologar al caso del matrimonio.
Un punto importante dice relación con la regulación del paso desde el mundo público al privado, y viceversa, lo que se ha conocido como "puerta giratoria".
En el primer sentido, se propone legislar respecto de ciertas exautoridades, como ministros, subsecretarios y jefes superiores de servicio, a las que se impide, durante un año, prestar servicios y adquirir la propiedad de entidades fiscalizadas o que se relacionen con el órgano que integraban cuando hubieran participado personalmente en decisiones específicas y directas a su respecto.
También se prohíbe a estos altos cargos la realización de actividades de lobby ante la institución en que desempeñaban funciones.
Junto a ello, se plantea que el exfuncionario infractor de estas conductas sea sancionado con multa e inhabilidades para prestar servicios al Estado por un lapso de hasta cinco años.
En lo que dice relación con el paso del sector privado al sector público, se prohíbe que personas que hayan estado inscritas como lobistas desempeñen funciones de ministro, de subsecretario, de jefe superior de servicio ni de directivo superior de un órgano de la Administración del Estado cuando hubieran realizado gestiones de lobby ante el organismo respectivo dentro de un período de doce meses antes de su nombramiento.
El proyecto asimismo trae una serie de modificaciones a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
En tal sentido, se incorpora una prohibición de contratar personal pariente del Contralor, del Subcontralor o de quien deba o pueda participar, en razón de su cargo, en la decisión correspondiente.
Se establecen ciertas normas reguladoras en materia de "puerta giratoria" en la entidad, incorporándose tres prohibiciones:
La primera impide al abogado que deje el organismo efectuar presentaciones ante la misma Contraloría, en representación de terceros, dentro del año desde que cese en funciones, respecto de asuntos en que hubiera tenido conocimiento o intervención.
La segunda impide al abogado que se retire de la Administración realizar presentaciones ante la Contraloría, en representación de terceros, en contra del servicio en que se desempeñaba, respecto de asuntos en que hubiera tenido conocimiento o intervención, dentro de un año de su retiro.
La tercera impide al abogado actuar como contradictor en juicios en que el servicio o institución en que se desempeñaba tenga interés, durante el lapso de un año posterior al retiro.
Además, el articulado contempla una serie de enmiendas de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Se impide la contratación de parientes de Diputados, de Senadores, de los Secretarios de una u otra Cámara o de quien pueda participar en la decisión de la designación.
Se incorporan algunas normas modificatorias de las Comisiones de Ética, a las que se otorgan facultades para conocer sobre consultas de inhabilidad de parlamentarios, y se incluye a funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional como soporte técnico.
En materia de puerta giratoria, se impide a exdiputados o exsenadores la realización de actividades de lobby o de gestión de intereses particulares, en términos absolutos, por un período de un año desde el cese en sus funciones.
Finalmente, se agregan disposiciones sobre el uso de asignaciones parlamentarias. Se establece su utilización exclusiva para el ejercicio de la función parlamentaria y se prohíbe el pago con ellas a parientes, a funcionarios de las Corporaciones o de la Biblioteca del Congreso Nacional y a integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias o del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Escuchadas las distintas exposiciones, la Comisión de Gobierno propone aprobar en general la iniciativa.
El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, muchas gracias por permitirme intervenir.
El proyecto implica un valor simbólico muy importante para el Gobierno del Presidente Piñera. ¿Por qué? Porque es el primero, como mensaje, de nuestra agenda de probidad y transparencia.
El texto parte de una premisa tremendamente relevante: el mandato del programa de Gobierno es encaminar a Chile hacia el desarrollo integral. Tenemos claro que este último es mucho más que crecimiento económico, mucho más que desarrollo netamente económico, social: también es institucional. La modernización de nuestro país requiere, en profundidad, la de nuestras instituciones.
Por eso, hemos venido impulsando, como Gobierno, una agenda de modernización del Estado y de perfeccionamiento institucional con tres ejes fundamentales: avanzar hacia un Estado más flexible e innovador, implementar su transformación digital y propender a que sea más íntegro, abierto y transparente.
En efecto, Chile hoy día enfrenta un serio problema global de deterioro de la confianza en las instituciones que data de bastante tiempo. Según la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la corrupción pasó del décimo lugar, entre las prioridades de los chilenos en el año 2014, al segundo, en el año 2016.
Pero ello es más bien un fenómeno global. De hecho, el sesenta por ciento de las personas en la región, según Transparencia Internacional, consideraron en el año 2017 que la corrupción había aumentado en sus países.
En consecuencia, queremos abordar el tema de manera muy frontal al impulsar una agenda que debe presentar una característica: en materia de modernización del Estado y de probidad y transparencia, es fundamental construir una hoja de ruta larga, que vaya más allá de un Gobierno y de una coalición o de un sector político específico. Tiene que ser una verdadera política de Estado.
Estamos empujando, entonces, varios proyectos ya en tramitación, en tanto que otros van a ingresar en los próximos meses al Congreso.
Quizás es importante poder transmitir un par de comentarios.
Se avanza sobre la base de lo que hemos construido en conjunto en los últimos años, en las últimas décadas. La agenda de probidad y transparencia no parte con una Administración específica, sino que es fruto de una acción consecuente de distintos gobiernos y también del Parlamento. De hecho, cabe recordar que una de las reformas más grandes en materia de transparencia, la Ley sobre Acceso a la Información Pública, es fruto de una moción de los ex Senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri.
Por lo tanto, la construcción de una política de Estado en esta materia tiene que ir avanzando sobre la base de acciones consecuentes entre los gobiernos, el Congreso Nacional, las instituciones públicas y la sociedad civil.
Ese es un primer punto, que es importante.
Por lo mismo, como Gobierno, estamos empujando, priorizando dos proyectos que se originan en mociones anteriores a la actual Legislatura: el relativo a los datos personales, que viene del Gobierno de la Presidenta Bachelet -lo estamos trabajando hoy día mediante indicaciones y con urgencia-; y el que aumenta las sanciones por soborno y cohecho, que se encuentra en su fase final en la Comisión Mixta.
Hemos incorporado esas iniciativas en el ánimo de construir una agenda amplia, sobre la base de lo que se venía haciendo.
Otro punto importante es que, para diseñar esta agenda, nosotros hemos seguido también las recomendaciones y experiencias internacionales en la materia.
Hay informes en los países de la OCDE que recomiendan avanzar en cierta dirección.
En la experiencia local tenemos el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, que también recomendó un conjunto de cambios normativos, varios de los cuales están recogidos en esta iniciativa que fortalece la integridad pública.
Y el tercer elemento sobre el que construimos esta agenda, y en particular este proyecto, es nuestro Programa de Gobierno. Ahí nosotros comprometimos algunos de los aspectos que aparecen en esta iniciativa, como la regulación de lo que se llama "la puerta giratoria".
Por lo tanto, este proyecto de ley que fortalece la integridad pública, el primero de nuestra agenda de probidad y transparencia, busca construir sobre lo ya avanzado, recoger las mejores prácticas a nivel nacional e internacional y consolidar los compromisos que incorpora nuestro Programa de Gobierno.
Ello, sobre la base de dos principios fundamentales:
El primero es asegurar o resguardar de la mejor forma posible el mérito y la capacidad como elementos de ingreso, permanencia, ascenso y promoción de los funcionarios públicos en la Administración. La idea es que el mérito, la capacidad sean los principios rectores, y no otro tipo de factores.
Y el segundo es aumentar los estándares de integridad y transparencia en nuestras instituciones, lo que nos parece muy importante en tiempos de severos problemas de confianza de la ciudadanía en ellas.
Este proyecto ingresó el 6 de julio. Fue discutido en general por la Comisión de Gobierno y se aprobó por unanimidad.
Modifica siete cuerpos legales. Entre ellos, se cuentan algunos tan importantes como la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses, y el Estatuto Administrativo.
¿Y para qué? fundamentalmente, para regular de mejor forma el ingreso y la permanencia en la Administración Pública, así como el tránsito desde ella al sector privado.
Nosotros creemos que en ningún caso hay que construir muros o cortafuegos entre el sector público y el sector privado. Lo que hay que hacer es promover el mérito y establecer exigencias que garanticen que ese tránsito sea fluido, pero bajo los más altos estándares, y que permitan atraer a la función pública a las mejores personas, a los mejores profesionales. Necesitamos contar con buenos directivos y buenos funcionarios públicos.
Por eso, este proyecto de ley incorpora una serie de disposiciones que, como decía, surgen de la recomendación nacional e internacional y de la evidencia comparada.
Por ejemplo, establecer una regulación en la contratación de parientes y familiares de altas autoridades. Yo sé que este es un tema que genera bastante discusión; en esto no hay blanco y negro. Nos parece importante debatirlo para poder encontrar una buena fórmula.
Como se señaló en el informe, el proyecto consigna un conjunto de medidas para regular el asunto de buena manera. Por ejemplo, debe haber un informe del Servicio Civil sobre las capacidades de aquellas personas que quieren ingresar a la Administración y que son parientes de ministros, subsecretarios, intendentes, parlamentarios, entre otros.
También hay normas de transparencia en ese sentido, las cuales establecen mayores obligaciones en las declaraciones de patrimonio e intereses respecto de declarar quiénes son familiares en puestos de la Administración.
Nosotros queremos que ser familiar no sea un beneficio para poder ingresar o tener una promoción en la Administración, pero tampoco queremos que sea un perjuicio. Lo que debe primar es el mérito, la capacidad.
Otras normas que se incorporan son mayores inhabilidades para el acceso a la función pública.
Por ejemplo, se impide que quien haya desarrollado actividades de lobby en los doce meses previos a su ingreso a la Administración lo pueda hacer en el mismo órgano ante el cual realizó el lobby.
También se establece una inhabilidad de ingreso de cinco años a quienes hayan sido sancionados por infracciones a normas sobre conflictos de intereses.
En seguida, se establece una norma que, curiosamente, no está considerada en la actualidad. Existe una restricción para el desempeño de familiares dentro de órganos de la Administración donde tengan relación directa de dependencia y subordinación en cargos gubernamentales. Están todos los funcionarios incluidos en esa disposición, salvo los ministros de Estado, que se hallaban excluidos. Nosotros los incorporamos.
Otro aspecto bien relevante -y con esto voy terminando- es que el proyecto regula el tránsito del sector público al sector privado, al establecer una regla de enfriamiento de doce meses en empresas o instituciones que sean de directa dependencia administrativa del cargo donde se desempeñaron dichos funcionarios, norma que regiría para ministros, subsecretarios y jefes superiores de servicio.
También se fortalece un conjunto de normativas del Congreso Nacional.
Por ejemplo, se regula la forma de promover y materializar el deber de abstención.
Asimismo, se regula el tránsito del sector público al sector privado, prohibiendo el ejercicio del lobby por doce meses.
Y se perfeccionan un conjunto de inhabilidades para desempeñar funciones en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Biblioteca del Congreso Nacional o en los servicios comunes.
En conclusión, señor Presidente, nos parece que en esta materia es de muchísima importancia lograr un acuerdo amplio. Por eso valoramos la votación unánime en la Comisión de Gobierno y esperamos contar con el apoyo del Senado.
Es una muy buena señal que se alcance un acuerdo amplio, y hacerlo en forma proactiva, regulando estos aspectos, que son materias pendientes de nuestra legislación, para ponerla a la altura de los más altos estándares. Ello no se hace como respuesta a una crisis institucional, como suele ocurrir cuando abordamos estas materias, sino anticipando la aparición de conflictos que, al final, causan un perjuicio a la democracia y un deterioro al funcionamiento de las instituciones democráticas.
La calidad de las instituciones democráticas es un factor de progreso. El desarrollo integral no solo depende de contar con una economía pujante, con políticas sociales inclusivas y que permitan superar la pobreza y reducir las desigualdades, sino también de tener instituciones sólidas, como lo muestran la literatura y la evidencia, al servicio del progreso y del desarrollo de una sociedad más libre, más justa, más solidaria.
Se ha solicitado el ingreso del Subsecretario General de la Presidencia, don Claudio Alvarado.
El señor MOREIRA.- ¡Es necesario...!
El señor MONTES (Presidente).- Es necesario y queremos oírlo.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, la política no está ajena al devenir de las sociedades, sino que forma parte del proceso cultural de cambios que en ella se producen. Lo que ayer era aceptable hoy no lo es, y la legislación debe ajustarse a los nuevos parámetros que la sociedad nos exige.
El proyecto ingresado por el Gobierno tiene por propósito actualizar la legislación a los tiempos que corren para regular el conflicto de interés en sus tres etapas: al ingresar a la función pública, durante su ejercicio y cuando ella termina.
Se trata de incorporar normas imparciales que regulen, entre otras materias, el tráfico de influencias en la designación de cargos; la salida y llegada de funcionarios de reparticiones públicas; las relaciones de parentesco; la relación perversa de fiscalizadores que se convierten en defensores de los fiscalizados apenas terminada su labor en el
Pero, para que la integridad -entendida como "el recto comportamiento"- funcione, debe abarcar también al Parlamento, por lo cual el proyecto busca regular y limitar el ingreso de parientes cercanos de diputados, senadores y altos funcionarios de ambas Cámaras.
Aprovecho de pedirle al señor Ministro Secretario General de la Presidencia que ojalá el Gobierno vea la posibilidad de darle urgencia a una propuesta legislativa que está guardada en el cajón de un escritorio: la que limita las reelecciones parlamentarias.
¡Si eso también es transparencia! ¡Dos períodos para los diputados, uno para los senadores!
En aras de lo mismo que estamos hablando acá, de integridad pública, debiéramos llevar adelante ese proyecto, como he conversado reiteradamente con el Presidente del Senado, y me gustaría que mi Gobierno le diera urgencia.
Ciertamente -es muy importante que mi Gobierno sepa esto-, el texto en discusión contiene múltiples falencias, omisiones y, en algunos casos, va más allá de lo recomendable en la regulación de ciertas materias.
Los períodos de exclusión, la regulación excesiva para los lobistas, las funciones del Servicio Civil en la contratación de parientes del Presidente de la República, de diputados, senadores, gobernadores regionales y jefes de servicio merecen especial atención.
Como todo proyecto, este puede y debe ser mejorado. Pero lo que importa en esta etapa es la voluntad del Gobierno de poner el acento en temas que despiertan el interés de la ciudadanía.
Por eso, yo entiendo cuando el Ministro nos habla de que esta iniciativa tiene un valor simbólico no solo para el Gobierno, sino también para este Congreso. Más adelante me voy a referir a eso.
No obstante, debemos ser enfáticos: al mundo parlamentario se lo ha cuestionado severamente en temas de transparencia y probidad. Sin embargo, hemos sido un ejemplo en aprender la lección, llegando a niveles nunca antes vistos de transparencia, e incluso siendo autoflagelantes en las restricciones al establecer nuevos protocolos en nuestro accionar.
Ello no se ha valorado, como comentábamos hace unos días con el Presidente del Senado, a propósito de la iniciativa en análisis.
¡No se ha valorado en su verdadera dimensión que este Congreso haya ido mucho más allá en cuanto a probidad y transparencia!
Los sucesivos gobiernos, todos, aparecen como guardianes de la transparencia y la integridad. ¡Está muy bien! Pero, esencialmente, en el Congreso hemos sido capaces de autorregularnos, y lo hemos demostrado.
Por último, señor Presidente, quiero decir que una democracia sólida se basa en la firmeza de los principios que guían a sus funcionarios públicos: transparencia, regulación del conflicto de interés, meritocracia y responsabilidad.
Termino anunciando mi aprobación a este proyecto, pero solamente en general, en el entendido de que deberemos mejorarlo a través de indicaciones, y hacerle cambios sustanciales, pues hemos recibido críticas y observaciones de fondo y de forma.
Pero, por el valor simbólico que representa, no solo para el Gobierno, sino también para este Parlamento, voto a favor.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la ética pública ha pasado a ser una de las preocupaciones centrales de la gente. Es un efecto positivo de los casos de corrupción que han concitado la atención en el último tiempo.
Pero hay que tener claro que esta demanda no compite con otras, como educación, salud o seguridad.
En el escenario de crisis de confianza que vivimos, la probidad es de una naturaleza distinta; no es un ideal al que aspiremos, sino que es una condición básica exigida a todo servidor público y, en primer lugar, al gobierno de turno.
Por lo mismo, como los derechos sociales requieren de una capacidad financiera del Estado para asumirlos plenamente, la ciudadanía puede aceptar un cierto gradualismo en su reconocimiento e implementación.
No ocurre lo mismo con las demandas que apuntan a elevar los estándares de probidad y transparencia. En esta materia, las personas, especialmente a través de las redes sociales, son más exigentes, diría incluso maximalistas.
Una vez que se cuestiona un punto determinado, como la contratación de parientes por parte de las autoridades, la opinión pública espera una iniciativa radical que elimine completamente esa posibilidad. El gradualismo, que puede ser justificado técnicamente en muchos ámbitos, en esta materia no sirve, porque puede ser evaluado como una concesión a la corrupción.
Hago esta reflexión preliminar para indicar que si bien nosotros podemos valorar todas las iniciativas dirigidas a regular los conflictos de interés, como el presente proyecto enviado por el Presidente Piñera, la ciudadanía puede considerarlas insuficientes o incluso como maniobras dirigidas a blanquear situaciones que, hoy por hoy, simplemente no son aceptables.
Por estas razones, me inclino a pensar que, si vamos a legislar sobre conflictos de interés, entonces debemos hacerlo de manera integral, asumiendo los estándares más exigentes y recogiendo las propuestas que ya hizo la ex Presidenta Bachelet a través de un proyecto el año 2015 (boletín N° 10.140-07) y aquellas incluidas en la moción que modifica la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (boletín N° 11.719-07), fusionándolos con la presente iniciativa, lo que permitiría también remarcar su carácter transversal.
En cuanto al contenido del proyecto de ley, las materias que aborda son, en general, las necesarias para potenciar la ética pública, a saber: normas de ingreso a la Administración del Estado; inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública; incompatibilidades en la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República; inhabilidades en la Ley de Compras Públicas; deberes de abstención, y regulación del tránsito entre el sector público y el sector privado.
Además, el proyecto se refiere específicamente a la situación de los parlamentarios, modificando nuestra Ley Orgánica en los siguientes aspectos: inhabilitación en caso de conflicto de intereses; inhabilidades para desempeñar funciones en el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional; correcto uso de las asignaciones; regulación del ejercicio de la labor parlamentaria y del tránsito al sector privado de exdiputados y exsenadores.
Todos estos aspectos, que están abordados en esta iniciativa legal, pueden recibir mejoras, y así lo haremos en el uso de nuestras atribuciones dentro del plazo para formular indicaciones. El Gobierno se mostró llano a que el proyecto fuese mejorado, y por lo tanto esperamos que, en aquellas indicaciones en que tiene iniciativa exclusiva, recoja con la mayor amplitud de mirada los aportes que efectuaron en la Comisión los expertos, asesores y autoridades, especialmente el Contralor General de la República y el Presidente del Consejo para la Transparencia.
Entre las mejoras que deben resaltarse en esta oportunidad, me permito señalar las siguientes, a título meramente ejemplar.
En primer lugar, preocupa el tratamiento que se hace sobre el nombramiento de parientes de autoridades. El proyecto de ley no lo prohíbe, sino que lo regula, y crea una autorización especial para que personas que tengan vínculo de parentesco con diversas autoridades puedan ejercer funciones, previa emisión de un informe no vinculante. Este aspecto fue duramente criticado en la Comisión y estimamos que debe ser modificado.
En relación con lo mismo, resulta difícil determinar el criterio que se utilizó para elaborar la norma, toda vez que no incluye, por ejemplo, a los miembros del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República, de las Fuerzas Armadas, del Servicio Electoral, del Tribunal Constitucional y de tantas otras instituciones. Además, la disposición propuesta no distingue entre cargos de confianza y cargos inferiores sujetos a concurso.
Asimismo, debemos corregir la grave omisión que se produce al estar actualmente prohibido el nombramiento de funcionarios ligados por vínculos de parentesco con la autoridad que los designa, lo que no aplicaría a la máxima autoridad del Estado. No se entiende que una norma que rige para el alcalde de la comuna más modesta del país no rija también para el Presidente de la República.
Por otro lado, el proyecto debiera mejorarse para incluir la protección a los denunciantes de infracciones a la probidad, materia que ha sido planteada por los informes de la OCDE.
Sobre la llamada "puerta giratoria" entre el sector público y el privado, extraña la ausencia de una compensación económica para aquellas personas que no puedan ejercer su profesión dentro del año inmediatamente posterior al cese de funciones.
Igualmente, considero necesario regular el paso desde el sector privado al público. ¿Es aceptable que el presidente de una isapre o de una AFP pase a ser, de la noche a la mañana, Superintendente de Salud o de Pensiones?
Entre las modificaciones que se hacen a la Ley de la Contraloría, se establece una prohibición amplísima a los exfuncionarios de cualquier órgano de la Administración para hacer presentaciones ante la entidad contralora. Esta norma parece estar más motivada por casos concretos que le han preocupado a este Gobierno que por un espíritu de recto ejercicio de la función pública.
En definitiva, votaré favorablemente la idea de legislar y espero que el Ejecutivo tenga disposición a mejorar el proyecto, buscando un acuerdo más amplio y entendiendo que estamos legislando para esta y las futuras Administraciones, y que es un desafío común, de Gobierno y Oposición, contribuir a la recuperación de la confianza de la ciudadanía en la función pública.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, si bien este proyecto incorpora una serie de modificaciones en distintos cuerpos legales bajo un título bastante rimbombante y ambicioso ("fortalece la integridad pública"), es un proyecto que, en la práctica -hay que decirlo-, resulta demasiado modesto.
A mi juicio, no podemos hablar de una regulación de la integridad pública si, de partida, se está dejando fuera de este ámbito regulatorio a una serie de instituciones, como el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y ciertos organismos constitucionalmente autónomos como el Banco Central y el Servicio Electoral.
En tal sentido, la iniciativa no cumple el objetivo de avanzar en una reforma profunda en materia de integridad pública, sino que más bien es una reforma de carácter cosmético y circunstancial que surgió -hay que decirlo también- como respuesta a un nombramiento puntual que en su minuto quiso hacer el Presidente de la República, duramente cuestionado por la opinión pública, al momento de querer nominar a su hermano como embajador en Argentina.
La prensa ha sostenido que este es el "proyecto antinepotismo", pero es necesario aclarar que nuestra legislación actual ya contempla una serie de normas que impiden el nepotismo al interior de la Administración del Estado. Lo que esta propuesta legal busca, en mi opinión, es más bien una suerte de blanqueamiento de ciertas contrataciones, dado que establece, en una forma bastante alambicada, que si una autoridad quiere contratar a un pariente en el aparato estatal lo podrá hacer, en la medida en que este tenga las capacidades para ejercer el cargo y un organismo del Estado como el Servicio Civil certifique que la persona posee las competencias para cumplir la función de que se trate.
Si bien el nepotismo es una de las manifestaciones de la corrupción, no es, a mi juicio, la más grave ni la más masiva que afecta en la actualidad a la institucionalidad pública. Hoy vivimos en un mundo tecnológico que nos permite conocer, casi instantáneamente, el nombramiento de una persona y establecer si ella tiene o no vínculos al interior de la Administración o de un órgano del Estado. Existen herramientas de control público, político y jurídico, que hacen posible cotejar tal situación. Basta pensar, por ejemplo, en la cantidad de reportajes que se han efectuado respecto de los parentescos que ciertas autoridades o algunos alcaldes tienen con personas que trabajan en organismos públicos.
En mi concepto, el verdadero problema es otro, en cierta medida abordado en la iniciativa, y dice relación con el tránsito de ciertas personas desde el mundo público al privado, y viceversa, para ejercer determinados cargos y que públicamente se llama "puerta giratoria". Es decir, un funcionario público que fiscaliza a una institución cesa en su función pública y pasa a desempeñarse en la misma institución que fiscalizaba, lo cual claramente levanta muchas sospechas en cuanto al posible trato favorable que pudo haber recibido determinada empresa de parte del funcionario que cesa en su cargo y que ahora aparece contratado por ella.
Lo mismo puede predicarse del empleado que, trabajando en una institución privada, llega a desempeñar una función pública en un organismo encargado de fiscalizar a su antiguo empleador, lo que también levanta suspicacias respecto de la imparcialidad que pueda tener ese funcionario en orden a entregar un trato preferente a la entidad que pasa a fiscalizar.
Por lo mismo, creo que debiéramos cambiar el foco de la discusión. Este no es -vuelvo a insistir- un proyecto contra el nepotismo, sino uno que tendría que centrarse donde verdaderamente se producen los conflictos de integridad pública y que se relacionan, justamente, con los casos de "puerta giratoria".
Entrando ya en el análisis particular del texto que se somete a nuestra consideración, pienso que la exigencia de un informe para el nombramiento de parientes -ya lo anticipé- debe perfeccionarse desde varios puntos de vista.
En tal sentido, tendremos que buscar un punto de equilibrio. Si queremos que parientes puedan trabajar en la Administración Pública, ello deberá permitirse de un modo distinto de aquel en que está planteado en el proyecto, dado que, en la forma como hoy se halla redactado, el informe a elaborar más bien parece una suerte de blanqueamiento del nombramiento por parte de la autoridad y, como consecuencia de ello, daría a entender que se levantan las barreras que actualmente existen para que el parentesco siga siendo un impedimento para el ingreso a la Administración.
En el mismo sentido, si bien comparto el objetivo general de la iniciativa en orden a mejorar el estándar en materia de probidad e integridad pública, existen diversos aspectos que deberemos perfeccionar durante su discusión particular.
Por tal razón, y como una forma de avanzar, el Ejecutivo y los asesores de los distintos Senadores y Senadoras van a mantener reuniones a fin de ir consensuando determinados puntos y tener una legislación robusta e integral en este ámbito.
Con todo, considero necesario recoger el llamado que hizo en la Comisión el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, en cuanto a la necesidad de realizar una efectiva reforma en materia de compras públicas y de contratación de personas en la Administración, tendiente a establecer un sistema mucho más transparente y ágil que permita elevar los estándares de transparencia y probidad en todo el actuar estatal.
En lo que concierne a las disposiciones que se proponen para el Congreso Nacional, hay que destacar que muchas de ellas ya han sido recogidas por nuestra Comisión de Régimen Interior y por distintas normativas dictadas por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, por lo que me parecería adecuado llevar varios de tales preceptos, hoy de rango reglamentario, al marco legal. Es necesario dejar establecido que el Parlamento ya tiene normas que impiden la contratación de parientes.
Por lo tanto, este es un proyecto del Ejecutivo que trata de ser muy pomposo, pero que, en la práctica -vuelvo a decirlo- regula una materia que ya se encuentra legislada.
Sí considero necesario regular la situación de los parlamentarios que cesan en sus cargos. Hoy día se plantea que ellos no podrán ejercer funciones de lobby ni tampoco realizar gestiones de intereses particulares por el plazo de un año contado desde la cesación en la función legislativa. Esta prohibición no resulta concordante con lo que se exige para el resto de los organismos del Estado que se regulan en el proyecto y, en lo personal, no veo cuál sería la razón para establecer una prohibición tan amplia que impida a los exparlamentarios realizar gestiones de lobby.
En mi opinión, estas son normas que habrá que discutir con mucho cuidado, porque pueden ser atentatorias contra la libertad de trabajo e infringir garantías constitucionales de quienes dejan de desempeñarse en una función pública, en este caso como Senadores o Diputados, impidiéndoles ejercer una actividad lícita en el sector privado.
Sobre esto último, quiero dejar establecido lo siguiente. El lobby y la gestión de intereses particulares constituyen una labor lícita e incluso positiva que el Congreso ha venido regulando. Lo importante es que ella se lleve a cabo de manera transparente. Además, se trata de una actividad que se realiza en representación de terceros que podríamos denominar "mandantes", y sin embargo no se dice qué ocurre con el mandante de un exparlamentario contratado por él.
Por eso, reitero que el proyecto presenta bastantes falencias, las cuales quedaron a la vista en la discusión general.
Para mí, es importante contar con una ley de integridad y probidad pública que efectivamente les devuelva la confianza a los ciudadanos. No obstante, el proyecto, tal como está planteado, es bastante pomposo, pero -vuelvo a insistir- muy modesto en esta materia.
Ojalá que esta sea la oportunidad para normar una serie de áreas grises que se observan al interior de la Administración del Estado y que hasta el momento no han sido objeto de una regulación adecuada, principalmente en lo que dice relación con -y aquí es donde creo que está el principal problema- la "puerta giratoria", sea de privados que ingresan al aparato público, sea de ex funcionarios públicos que pasan a cumplir funciones particulares.
Asimismo, creo que también esta es la oportunidad para revisar la Ley de Lobby, en cuyo funcionamiento, que todos hemos apreciado, todavía existen bastantes áreas grises respecto de las obligaciones de los lobistas, entre otras cosas.
Finalmente, señor Presidente, voy a votar a favor la idea de legislar, pero haciendo presente que resulta indispensable efectuar diversas modificaciones, porque el proyecto tiene mucho de título, pero es poco lo que avanza en lo sustancial en orden a una regulación integral de la probidad pública. Y en esto, como ya señalé, hago mías las palabras del Contralor General en cuanto a la necesidad de contar con una nueva legislación en materia de ingreso y, sobre todo, de permanencia en la Administración del Estado, pues el texto no toca una serie de situaciones y de conflictos que se producen con los funcionarios mientras se mantienen al interior del aparato público.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, el presente proyecto me parece, sin duda, importante y necesario, y se inserta en el contexto de iniciativas que fortalecen la democracia y enaltecen la función pública.
La probidad, señor Presidente, no es una simple recomendación, sino un deber cuya transgresión puede y debe acarrear responsabilidades y sanciones.
Resulta conveniente destacar que el mensaje presidencial que acompaña a esta propuesta legal constituye una señal muy positiva para el Congreso, en el cual ya se han acogido diversas modificaciones legales sobre la materia impulsadas por mociones de parlamentarios de distintos sectores.
Varias disposiciones de este proyecto avanzan, en mi opinión, en el sentido correcto y se hacen cargo adecuadamente de aminorar los espacios para eventuales objeciones, fortaleciendo la meritocracia y estableciendo el deber de abstención para prevenir conflictos de interés en la Administración central y en el Congreso, con normas relativas a las compras públicas, en fin.
No obstante los efectos positivos que a mi juicio presenta la iniciativa, creo importante que en su estudio en particular se consideren también los potenciales desincentivos que pueda producir para atraer nuevos y buenos talentos a la Administración del Estado y a la función pública. Tenemos que ser capaces de buscar ese equilibrio.
En conclusión, señor Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto en general, pues, en mi opinión, representa una oportunidad y un desafío: una oportunidad para mejorar en su discusión pormenorizada todas las normas que contiene y las observaciones recibidas, en muchos casos compartidas en la Comisión de Gobierno, particularmente respecto de algunas formuladas por el Contralor General, y también constituye un gran desafío para que, después de su debate en detalle, seamos capaces de alcanzar, en definitiva, el objetivo que buscamos, como es dotar de mayor transparencia a la contratación de personal en la Administración del Estado; regular el tránsito entre el sector público y el privado de estos funcionarios; evitar y transparentar los conflictos de interés, asegurando que las personas altamente calificadas y con vocación de servicio puedan ingresar al aparato público, sin desincentivar, como ya dije, que nuevos talentos se incorporen a él y sin castigar y discriminar a los parientes de autoridades. Estos no pueden ser beneficiados por ser parientes, pero su relación de parentesco tampoco los debe perjudicar o constituir una carga.
Tenemos que ser capaces de buscar ese equilibrio, asegurando la transparencia de las contrataciones, pero en ningún caso llegando al punto de prohibirlas por completo.
Voto favorablemente en general la iniciativa, que considero que va en la línea correcta.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que fortalece la integridad pública tiende a evitar que el nepotismo sea un elemento que enturbie los nombramientos de los servidores públicos y, en ese sentido, la idea de legislar en esta materia constituye un avance en la probidad que debe rodear al aparato administrativo del Estado.
Con tal propósito, la normativa otorga competencia al Director Nacional del Registro Civil para que, en caso de nombramiento o contratación en la Administración del Estado del cónyuge, conviviente civil o pariente dentro del tercer grado por consanguinidad o dentro del segundo grado por afinidad de algunas autoridades y representantes del Estado, pueda informar sobre los años de experiencia del candidato, sus años de experiencia calificada, sus conocimientos asociados, así como su integridad. Este informe, de acuerdo al proyecto de ley, deberá ser sometido, además, al conocimiento previo del Consejo de Alta Dirección Pública.
Tal como está planteada la iniciativa, el requisito del informe previo de experiencia, competencia e integridad será aplicable a cualquier contratación en la Administración del Estado, independiente de si esta tiene relación con el organismo en el cual el cónyuge, conviviente civil o pariente dentro del tercer grado por consanguinidad o dentro del segundo grado por afinidad se encuentre prestando servicios.
La normativa propuesta es tan excesiva que resulta impracticable. Establece un régimen de desigualdad entre las personas que, para estos efectos, tienen "la desgracia" de ser parientes de ciertas y determinadas autoridades o servidores públicos del Estado, al tener que ser sometidas a criterios de calificación que no se aplican con carácter general. De la misma forma, al establecerse un tercer grado de parentesco implica que se aplica a sobrinos, nietos, tíos y abuelos, lo que constituye un desincentivo para la función pública, creando una categoría de "ciudadanos sospechosos" por el solo hecho de poseer un grado de parentesco, aun cuando no tengan una relación familiar que se traduzca en cercanía o dependencia económica, lo cual resulta injustificable.
El artículo 55 bis propuesto dispone que no podrán desempeñar funciones de Ministro, Subsecretario, jefe superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado las personas que hayan realizado lobby ante ese organismo dentro de los doce meses anteriores a su nombramiento. Esta prohibición contradice el texto expreso del artículo 32 de la Constitución Política del Estado, el cual establece que es atribución especial del Presidente de la República "Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, intendentes y gobernadores". La Constitución no coloca un límite de parentesco.
Por otra parte, los artículos 57 y 58 del proyecto instauran prohibiciones que afectan a los funcionarios públicos para desempeñar ciertas funciones después de haber cesado en sus cargos, por períodos determinados de tiempo, señalándose que deben inhibirse de prestar servicios gratuitos o remunerados, o incluso de adquirir participación en entidades privadas que hayan estado sujetas a la fiscalización de entidades fiscalizadoras que se relacionen con el Presidente de la República a través del respectivo Ministerio para el que desempeñaron funciones, generando un abanico tan amplio de inhabilidades que resulta incontrolable, y sin establecer mecanismos de compensación para quien tenga, dadas estas circunstancias, la muy mala idea de ser funcionario público.
Es más, estos exfuncionarios quedan con la obligación de informar al organismo al cual pertenecían, durante un período de doce meses, de todas sus participaciones societarias, o de la prestación de servicios que realicen en el sector público o en el privado, sea o no remunerada, lo cual significa una carga injusta y difícil de sobrellevar para el exfuncionario público.
Voy a votar a favor de este proyecto en general, pero espero que en la discusión en particular se puedan enmendar ciertas normas que efectivamente son injustas para muchos funcionarios que pasarían a ostentar la categoría de "funcionarios sospechosos".
El señor KAST.- Señor Presidente, felicito al Ejecutivo, particularmente al Ministro Blumel, quien ha estado detrás de este proyecto, porque todos sabemos que a veces es más cómodo obviar estas realidades; olvidarse de ellas.
Cuando se quiere profesionalizar el Estado, transparentarlo, generar mayor confianza en la ciudadanía, se requiere del mundo político que seamos capaces de renunciar a muchos privilegios, lo que por muchos años, desgraciadamente, no ha ocurrido. Y, entre estos se encuentra que sea el mérito, el esfuerzo, el que determine crecientemente quiénes entran y quiénes no al Estado.
Este es un deber moral porque, al final, el Estado es justamente el músculo, la herramienta que tenemos para construir una sociedad más justa.
Primero, en el proyecto se regula la contratación de parientes en el Estado de una forma inteligente, de una forma sofisticada, en que se le pide a la Alta Dirección Pública elaborar un informe en caso de que haya un parentesco, de modo tal que tengamos la tranquilidad de que cuando alguien entre al Estado lo haga por su mérito y no simplemente por su relación de parentesco.
Segundo, esta iniciativa va más lejos y hace algo muy importante: que las relaciones privadas que generen conflicto de interés también se puedan regular, e impide que los lobistas, aquellos que han trabajado no por el interés público, sino por un interés particular, puedan entrar a trabajar en algún Ministerio antes de un año de dejar sus funciones.
Eso permite también aislar y generar una muralla entre los intereses de unos y de otros.
Tercero, otro elemento fundamental tiene que ver con las inhabilidades en la ley de compras públicas.
Sabemos que el Estado es un gran comprador y que tiene un poder de compra gigantesco. Por lo tanto, se quiere evitar que funcionarios públicos puedan aprovecharse de esa influencia, de esa información privilegiada y, finalmente, acceder a compras del Estado en una forma poco correcta.
Cuarto, se impide la famosa "puerta giratoria". Esta lógica de que alguien que entra al Estado adquiere un conocimiento privilegiado y, finalmente, es sacado desde algún sector privado para extraer esa expertise que adquirió frente a todos los chilenos a fin de hacer uso de ella. En consecuencia, se termina con esta lógica de la "puerta giratoria" que hace que tengamos una competencia poco sana.
Como punto quinto, este proyecto de ley regula al Congreso. Y, obviamente, prohíbe que con las asignaciones parlamentarias se contrate a familiares, a parientes.
Finalmente, solo quiero dar mis agradecimientos.
En nombre de Andrés Molina, Diputado que viene trabajando desde hace años por que efectivamente tengamos una ley de mayor transparencia, agradezco al Presidente de la República, Sebastián Piñera, y al Ministro Gonzalo Blumel, porque, en lugar de evadir este problema, se lo enfrenta con valentía, con decisión y, sobre todo, con seriedad y profesionalismo.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, el proyecto busca establecer limitaciones al ingreso a la función pública en el Gobierno Central, en sus organismos y también en el Congreso Nacional, con el fin de prevenir los conflictos de interés.
Por otro lado, las limitaciones a la contratación que se les imponen a los trabajadores podrían resultar atentatorias contra la libertad de trabajo, consagrada en el numeral 16° del artículo 19 de la Carta Fundamental, que asegura a todas las personas:
"Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución.".
Sobre el mismo punto, el artículo 8° de la Constitución, inciso cuarto, señala:
"Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública.".
El mandato de la Constitución es restringido. Es más, toda restricción a las libertades individuales y derechos fundamentales debe ser interpretada restrictivamente. No podemos de este modo construir leyes tan rígidas que terminen por afectar la función pública.
También hay que señalar que, lamentablemente, el proyecto solo se refiere a dos Poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, dejando fuera a organismos autónomos como el Ministerio Público, el Banco Central, el Poder Judicial, las universidades, las Fuerzas Armadas.
La iniciativa sujeta el ingreso de los familiares de altas autoridades a un informe del Servicio Civil.
Establece que no podrán desempeñar las funciones de Ministro, Subsecretario, jefe superior de servicio ni directivo superior de un organismo de la Administración del Estado los lobistas que aparezcan inscritos en el registro, independiente de los intereses que representen.
Los exministros, subsecretarios y jefes superiores de servicio no podrán prestar ningún tipo de servicio, gratuito o remunerado, ni adquirir participación en la propiedad de entidades privadas que hayan fiscalizado o se hayan relacionado de alguna manera en el ejercicio de su cargo.
Lo anterior se aplica a entidades fiscalizadoras hasta el tercer grado jerárquico.
Las infracciones se determinarán por la Contraloría, y las multas podrán ir de 100 a 2 mil UTM
Se limita a los abogados. Sin embargo, aquellos que sirven a los intereses de ambas partes en algún momento de las causas o trámites se encuentran ya sancionados, incluso por normas de carácter penal.
El proyecto apunta a un tema sensible: al adecuado ejercicio de la función pública. Sin embargo, es necesario que las normas no afecten de forma tan profunda a las personas, llevándolas al límite de verse totalmente privadas de sus garantías y derechos.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que el conjunto de normativas que tiene este proyecto de ley, que busca normar la actividad pública, fortalecer la integridad pública, dice relación con áreas respecto a las cuales existía mucho consenso. ¡Había que regularizarlas!
El Parlamento ya hace rato que dispuso que no puede haber parientes trabajando, en este caso, en el Senado. Y fue una norma interna la que estableció aquello. Eso puede ser doloroso, a veces incomprensible, pero da cuenta de una necesaria transparencia.
Y, en este sentido, señor Presidente, yo quiero destacar que la Ley del Lobby tuvo un largo y doloroso proceso en el Congreso. Yo recuerdo que viajé a Washington, estuve con los Senadores, estuve con la empresa lobista. Hicimos una propuesta y el proyecto tardó más de 10 años en convertirse en ley.
Sin embargo, esa ley existe hoy y comienza lentamente a funcionar y a dar frutos. ¡Se regula el lobby! Aun cuando eliminarlo es muy difícil.
Yo quiero señalar que doce meses de prohibición no pareciera ser un período adecuado. Cito el caso, por ejemplo, del Superintendente de Casinos de Juego, que a los cuatro meses de dejar su cargo estaba en la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (FIDEN), que reúne a los empresarios de los famosos casinos populares. Solo cuatro meses después de haber sido un adversario, porque la Superintendencia de Casinos enfrentó a estos casinos ilegales, se desempeñaba como su principal asesor y lobista, viniendo al Parlamento, concurriendo a la Comisión pertinente.
Entonces, repito que siento que doce meses no es un período adecuado, porque hay mucha información acumulada.
La contrapartida de esto es decir: "cómo le van a limitar la libertad de trabajo a una persona. Lo dejarán sin trabajar.".
En la legislación norteamericana hay una limitación de dos años. Y se establece una remuneración transitoria que impide a quienes han formado parte de directorios, sociedades anónimas, o entes reguladores, pasar al servicio de la contraparte.
Me parece que el período de doce meses es corto y debiera perfeccionarse.
En segundo lugar, quiero recordar que durante muchos años existió para los Senadores la declaración de intereses; y a veces esta constaba de una sola línea.
En su oportunidad, con el Diputado Zarko Luksic ingresamos un proyecto de ley, que se aprobó en la Cámara Baja, que establecía la declaración de intereses y de patrimonio. Y se generó un duro debate en el Senado.
Recuerdo que se argumentaba que el conocimiento del patrimonio de los Senadores dañaría su imagen pública, que formaba parte de su intimidad y privacidad. Pero claramente aquello ha cambiado. Nuestra Corporación tiene declaración de intereses y de patrimonio desde hace bastante tiempo.
Hoy día la exigencia a un conjunto de funcionarios públicos, incluso a parientes cercanos, que se ha determinado, me parece que es un paso fundamental en materia de transparencia.
Del mismo modo, la sanción que se establezca por el conflicto de intereses debe ser una capaz de desincentivarlo. Porque si es menor que el beneficio que se persigue, tendremos de manera permanente la violación o transgresión de estas normas.
En este sentido, la prohibición de celebrar contratos de servicio o de suministros con funcionarios o directivos que afecta a órganos de la empresa es un tema que debe considerar a los llamados "palos blancos".
Es decir, claramente se requiere investigación. Y en caso de conflicto de intereses, la Fiscalía Nacional Económica tiene que investigar.
En cuanto a los parlamentarios, se ratifica una cosa que ya hacemos. En esta Sala muchos se inhabilitan por tener conflictos de intereses, aunque efectivamente la norma no es muy clara. Y, en varias ocasiones, por tener un pariente que -entre comillas- "se podría beneficiar" con la ley, los parlamentarios se abstienen de votar.
Quiero señalar que cuando hemos aprobado beneficios para los profesores, siempre he votado a favor, no me he abstenido. Porque forma parte de una cuestión general. Es un tema que habría que delimitar muy bien en la ley.
Si hay un colega que es ingeniero, o que forma parte de una comunidad muy amplia, resulta...
El señor NAVARRO.- Le pido un minuto adicional, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- Decía que resulta muy difícil explicar por qué se abstiene o se inhabilita, en vez de apoyar a ese gremio o a esa comunidad muy amplia a que pertenece.
En tal sentido, yo esperaría que pudiéramos hacer un análisis más minucioso y detallado, de manera de perfeccionar el texto y hacer comprensible el por qué uno se abstiene.
Lo digo, porque en algunas oportunidades, una o dos, me he abstenido. Y he recibido críticas. No ha habido un agradecimiento. En vez de ello, me han preguntado: ¿Usted, por qué se abstiene? ¿Entonces, estaba en contra?
Cuesta mucho explicarlo. Por lo tanto, la norma que determina la inhabilitación debe ser muy explícita y detallada, de modo que no se haga una doble interpretación.
Creo que contribuiremos a la transparencia con este proyecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Finalmente, tiene la palabra la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, quiero comenzar mis palabras agradeciendo a mi amigo y Diputado de nuestro Partido Evópoli, Andrés Molina, que hoy está presente en la Sala, por colocar un tema que no es fácil, que se relaciona justamente con asuntos de probidad, transparencia y, finalmente, con ir instalando en nuestro país el tema de la confianza en las instituciones.
También agradezco al Presidente de la República, por haber tenido la generosidad, la premura y la agilidad de redactar un proyecto que, como lo mencionaban muchos de mis antecesores, requiere discusión, análisis y perfeccionamiento.
Y ya el hecho de poder estar hoy discutiendo asuntos que en diversas conversaciones van generando e instalando dudas en la institucionalidad provoca que, de alguna manera, haya que ir legislando y mejorando lo existente.
Desde 2005 se instaló el reconocimiento constitucional del concepto de "probidad". No ha pasado tanto tiempo. Pero desde ese año hasta la fecha se han instalado numerosas institucionalidades y leyes vinculadas a la transparencia, a la probidad y a la función pública: la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, la ley N° 20.730, que regula el Lobby, la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.
Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos institucionales de muchos Senadores, Diputados y Gobiernos que nos han antecedido, la desconfianza sigue siendo un problema en el país.
Investigadores del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica muestran que Chile se ubica dentro del 30 por ciento de los países con menor confianza social en el mundo. Es el número cinco de Latinoamérica respecto a la confianza. Y, lamentablemente, es el país donde más desconfianza hay en toda la OCDE.
La confianza siempre es muy difícil de ganar y, lamentablemente, muy fácil de perder.
En ese contexto, considero que, a pesar de todas las leyes que hemos tenido, debemos seguir haciendo esfuerzos por mejorar la institucionalidad, por hacerla más transparente y por trabajar siempre sobre la base de la probidad y el mérito.
Nuestro país no solo requiere leyes que generen todas estas alternativas, sino también una sociedad civil empoderada que también dé garantías de que vamos a ir cada día aumentando la confianza, que no solo tiene que estar depositada en el buen quehacer de las autoridades, sino también en cada uno de los ciudadanos.
Voto a favor de este proyecto, esperando que llegue a buen puerto lo antes posible.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay más oradores inscritos para intervenir.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido, y se fija como plazo para presentar indicaciones el jueves 8 de noviembre.
Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
A las señoras Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso y Encargada Nacional del Programa "Quiero mi barrio", solicitándoles información sobre EFECTIVIDAD DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS EN VILLA CARTAGO, COMUNA DE CARTAGENA, ADJUDICADAS EN PROPUESTA PÚBLICA N° 117/2016.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido País Progresista e Independientes, más el tiempo del Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Senador señor Navarro, ¡y le dejamos la llave...!
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!
Gran preocupación hay en la Región del Biobío, que la nueva ley electoral ha modificado y de la que tenemos su representación parlamentaria.
Los casos de VIH se triplicaron respecto del primer semestre del 2017, en relación con el primer semestre del 2018.
De acuerdo a la información entregada por el Seremi de Salud, se han registrado 37 casos de VIH en Biobío, lo que triplica el período 2017, cuando solo hubo 12 casos.
Lo anterior, en el ámbito provincial.
Según datos de la misma Seremía, a nivel regional en el sistema público de salud se encuentran registradas 2.432 personas con VIH/SIDA, entre los años 2010 y 2017.
En Chile, la tasa de contagio el 2017 se fijó en 5.816 nuevos casos. Y en el 2010, más de 2 mil fueron diagnosticados.
Señor Presidente, este mal, esta enfermedad, avanza de manera progresiva e incontenible.
En 1984 se conoció el primer contagio con VIH, año en que se registraron seis casos.
En la actualidad, las cifras oficiales indican que más de 70 mil personas viven con el virus en nuestro país.
Por ello, solicito que se oficie al Ministerio de Salud a fin de que informe sobre la política de salud pública que está implementando en materia de promoción de preservativos y estrategias de educación sexual para la población, particularmente para los jóvenes.
Quiero saber cuántos preservativos se han entregado desde el 2017; cómo se ha promocionado su utilización; qué accesibilidad tiene a ello el segmento más joven y la población en general. ¿Esta política contempla la entrega en los consultorios, en los CESFAM? ¿Hay una política especial?
Todos sabemos que no es fácil para las personas solicitar preservativos. Debe haber una política especial.
A los consultorios, por lo general, van los niños y las mujeres. Los hombres son reacios a ir a dichos recintos. Por lo tanto, tiene que haber una política de promoción en este ámbito que dé cuenta del contexto cultural.
No hay una alternativa más económica, más eficiente que el preservativo, señor Presidente.
Además, solicito que se nos informe acerca de las importaciones de preservativos que ha hecho la CENABAST, tanto femeninos como masculinos; de las medidas adoptadas para la entrega de estos, y -más importante aún- de la política pública para contener el avance del sida en Chile.
A finales de septiembre conocimos públicamente, en un reportaje de Mega, medio que obtuvo los datos vía Ley de Transparencia, que 6.277 pacientes en etapa de diagnóstico -este hecho es grave, señor Presidente- fueron excluidos del sistema GES entre el 2010 y el 2017. Las causales fueron la inasistencia y el contacto erróneo. Es decir, más de 6 mil personas no han podido contar con acceso a una política pública preventiva o de atención porque no han sido localizadas. Ello supone, primero, una grave irresponsabilidad de quien padece la enfermedad y, segundo, una falla del sistema en tanto es incapaz de contactar a dichos pacientes.
Al respecto, pido oficiar al Ministerio de Salud para consultar cuántos casos de los más de 6 mil han sido contactados y cuántos volvieron a continuar su tratamiento. También requiero saber cuántos son de la Región del Biobío, detallado por provincia y por comunas.
Por otra parte, señor Presidente, de acuerdo a la información de que disponemos, las cifras son alarmantes en materia de enfermedades de carácter sexual.
Paso a detallarlas.
En el primer semestre de 2017 en Concepción, el VIH/SIDA llegó a 101 casos y en el primer semestre de 2018, a 81.
Respecto de la sífilis, el número ha sido creciente: en el primer semestre de 2017 en Concepción, hubo 115 casos, y en el primer semestre de 2018, 143. O sea, lo registrado este año superó el avance de todo el 2017.
La gonorrea: en el primer semestre de 2017 en Concepción, se registran 49 contagios, y en Talcahuano, 51. Es la única enfermedad venérea o de carácter sexual que ha experimentado una disminución en el primer semestre de 2018.
En consecuencia, ante el triple de casos de VIH que se observan en la provincia de Biobío respecto del año pasado, pido que se mande el oficio pertinente al Ministerio de Salud.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en otro ámbito, vuelvo a insistir en la necesidad de que el Ministro de Salud, Emilio Santelices, y el Gobierno puedan reponer los recursos que le han rebajado al presupuesto municipal de las comunas de Los Ángeles, Tomé y Hualqui.
En el caso de Los Ángeles, es impresionante: ¡2 mil 800 millones de pesos menos para las arcas municipales!, por una alteración de la calificación entre rural y urbano.
Eso niega la práctica cultural de que la gente, sin importar donde viva, se atiende en el recinto que mejor la atiende.
Si Los Ángeles tiene ese tipo de atención y esa demanda, es porque se están haciendo bien las cosas.
De no remediarse tal situación, más de 600 funcionarios no podrán ser remunerados. ¡Esto va a afectar la atención de la salud primaria!
Esta es la segunda oportunidad en la que hago presente el problema. Insisto: el Ministerio de Salud tiene que revisar esta situación.
En el proyecto de Ley de Presupuestos, que vamos a discutir en unos días más, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para corregir esto. Si es necesario, presentaré la indicación respectiva. Los parlamentarios no podemos aumentar gastos, pero sí recalificarlos. En tal caso, vamos a tener que disminuir las asignaciones de viáticos, de vehículos, de computadores, y traspasar esos recursos a los 2 mil 800 millones que hoy día se le quitan al municipio de Los Ángeles.
Teniendo presente la dedicación, buena voluntad y muy buena disposición del Ministro Emilio Santelices en la Región del Biobío para enfrentar problemas medioambientales, como el caso de los niños contaminados por metales pesados en Coronel, espero que él pueda revisar esta situación.
Sé que los ministros no son los que al final cortan el presupuesto; no son los que deciden. Es la DIPRES, el Ministerio de Hacienda. Pero creo que el titular de la Cartera de Salud tiene la obligación ética, moral, institucional de revisar esta rebaja de recursos, al menos en el caso de las comunas de Los Ángeles, Tomé y Hualqui, que enfrentan una situación delicada.
Cuando las comunas crecen y la gente migra del sector rural al urbano, algunos creen que bajan los costos. Pero la gente es la misma, las enfermedades son las mismas, la demanda es la misma. Con la disminución de los ingresos lo único que se obtiene es un deterioro en la vida de la gente.
Por lo tanto, solicito cursar oficios a los señores Ministro de Hacienda, Ministro de Salud, Seremi de Salud del Biobío e Intendente del Biobío para que indiquen cuáles son las gestiones que están realizando con el objeto de reponer los fondos señalados.
Por nuestra parte -ya lo hemos dicho-, hacemos presente que en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos nos vamos a encontrar. Ahí vamos a abrir el debate sobre esta materia.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor NAVARRO.- En otro ámbito, señor Presidente, exijo ¡"Ley Espejo" del Metro para las regiones!
Si la Región Metropolitana va a contar con dos nuevas líneas de Metro (la 8 y la 9) -el propio Presidente Sebastián Piñera lo ha adelantado-, con un costo de 5 mil millones de dólares, no hay otra alternativa para los Senadores de regiones que exigir lo mismo que pedimos con relación a la Ley del Transantiago: por cada peso para el Metro en la Capital -¡bienvenido!-, un peso para las regiones a fin de resolver sus problemas de conectividad y de transporte público.
En Santiago, que equivale al 2 por ciento del territorio nacional, reside el 40 por ciento de la población. En el resto de Chile vive el otro 60 por ciento. ¡Hay un desequilibrio grotesco, señor Presidente!
¡El imperio del centralismo!
¡El imperio de la monarquía presidencial en lo político!
Por tanto, es ineludible -lo repito- exigir una "Ley Espejo" del Metro para regiones.
Además, dicha situación se agrava con la anunciada disminución del presupuesto para la Región del Biobío.
¡Es una bofetada para nuestra Región!
Hemos solicitado 141 mil millones de pesos para 2019. La propuesta del Gobierno es 70 mil millones en inversión y 5 mil millones en funcionamiento. Es decir, se plantea una disminución del 50 por ciento de lo necesario para continuar con el desarrollo de la Región del Biobío.
¡Esa situación no la vamos a aceptar!
El Gobierno tendrá que evaluar tal decisión.
Al respecto, espero la solidaridad de los Senadores de regiones; espero la solidaridad de quienes se inscriben -entre comillas- en la Oposición, ante esta bofetada en contra de una región.
¡La única que disminuye su presupuesto es la Región del Biobío!
Llamo la atención de los estimados colegas: "Hoy por ti, mañana por mí". Si esta política de disminuir presupuesto a las regiones, de castigarlas, se empieza a extender, mañana seremos nosotros los solidarios con el resto.
¡Hoy día demando solidaridad con la Región del Biobío!
Con la Senadora Jacqueline van Rysselberghe estamos de acuerdo en que ese planteamiento tiene que ser revisado.
¡La situación es agraviante, es ofensiva, es injusta, es arbitraria!
Por lo tanto, la Región demanda la restitución de su presupuesto original.
El Intendente del Biobío, don Jorge Ulloa -ex Diputado-, a quien conocemos, ha viajado hoy a Santiago para intentar conseguir una devolución del 10 por ciento.
¡Es absolutamente insuficiente!
Solo los programas de arrastre -y podemos discutir las responsabilidades políticas al respecto- superan los 120 millones.
¡Nos vienen a decir que para 2019 habrá solo 70 mil millones de pesos para inversión, cuando tenemos una cartera de arrastre de 120 mil millones!
Eso es ofensivo, señor Presidente. ¡Y no lo vamos a tolerar!
Un ejemplo: la Línea 6 del Metro de Santiago, recientemente inaugurada, sumará 39 millones de viajes anuales, mientras que el Metro del Gran Concepción, en el 2025, llegaría a 49 millones de traslado al año.
¡Las regiones también tienen derecho a contar con un tren de superficie o subterráneo!
Esa es una proyección que el Ministerio de Transportes, a través de la SECTRA, está obligado a hacer.
Según datos de FESUR, de los 5 millones de pasajeros que hoy día transporta anualmente el Biotrén -es una gran demanda-, ferrocarril de superficie que transita entre Concepción y Coronel, al sumarse un tren subterráneo se llegaría a 50 millones de traslados al año.
Queremos extender el Biotrén a Lomas Coloradas, en San Pedro de la Paz, y de ahí a Coronel y Lota.
Hoy día este medio de transporte cubre las comunas de San Pedro de la Paz, Chiguayante, Hualqui, Talcahuano, Hualpén y se adentra en Coronel hasta Lomas Coloradas.
Por lo tanto, existen demandas de inversión en transporte público en las regiones.
Se ha señalado que es posible reponer la vía del tren a Tomé y a Penco. ¡Bien! Hagamos las evaluaciones.
Ahora bien, un país solo puede hacer proyecciones en conectividad de transporte público en una horizonte de 20, 30, 40, 50 años. En consecuencia, lo más probable es que la implementación de un metro en regiones no sea rentable económicamente, pero sí va a generar una alta rentabilidad social. Y eso tiene que ser evaluado.
La comuna de Concepción hoy por hoy registra un 9,1 por ciento de desempleo, mayor que el promedio regional (8,2 por ciento) y el nacional (7,3 por ciento). Peor aún: Lota, 10,1 por ciento; Coronel, 9,9.
Se afectan las inversiones productivas. De ahí nuestra queja respecto de la rebaja del presupuesto: con menos gasto fiscal va a disminuir el empleo.
Tenemos una región con alta cesantía. Hay 18 mil puestos en programas de emergencia proempleo, trabajo público ofrecido a personas que, de otra manera, estarían cesantes. Y el 90 por ciento de esos puestos los ocupan mujeres.
Esos trabajadores paralizaron su labor durante casi diez días. Afortunadamente, el lunes en la noche llegaron a un buen acuerdo con el Ministro Nicolás Monckeberg en materia de respeto a los cupos de proempleo y de claridad y transparencia en el tipo de contrato. Se espera que ellos vuelvan al trabajo este jueves.
Ha sido un éxito la movilización.
Más de cinco mil mujeres marcharon el lunes pasado en Concepción para demandar la defensa de sus cupos de empleo en una región -reitero- de alta cesantía que no debe permitir que esos puestos se pierdan.
Quiero recordar que hay más de 300 personas trabajando con más de 75 y 80 años, ¡y hasta 90! Para ellas vamos a requerir, señor Presidente, pensiones de gracia.
Por todo lo anterior, solicito que se oficie al señor Ministro de Hacienda, a la Dirección de Presupuestos, al Gobierno Regional, al CORE y al señor Intendente del Biobío para que nos informen acerca de todas las gestiones que se han realizado en esta materia.
La responsabilidad va a recaer en los que estamos aquí, en quienes aprobamos el Presupuesto de la nación.
Cuando uno va a un liceo o cuando las delegaciones de los colegios nos visitan -uno se topa con alumnos recorriendo el Salón del Congreso Pleno o los pasillos de la Corporación-, no falta el estudiante que pregunta: "¿Qué hacen los Senadores? ¿Para qué sirven?".
Ni hablar de la pregunta de los niños: "¿Trabajan los Senadores?".
Nosotros legislamos y, sobre todo, defendemos los intereses de las regiones. ¡Hemos sido elegidos por ellas, y demando su defensa!
Les pido a los Senadores que asuman de manera ¡revolucionaria! la defensa de las regiones. Y si eso significa pelearse con su Gobierno, ¡que se peleen con su Gobierno!
¡Las regiones están primero!
--Se anuncia del envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Los Comités Partido Evópoli y Partido Revolución Democrática no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, han pedido intervenir dos señores Senadores, quienes se distribuirán los minutos disponibles.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, ¡gracias por su paciencia...!
La política no está ajena al devenir de las sociedades, sino que forma parte del proceso cultural de cambios que en ella se producen. Lo que ayer era aceptable hoy no lo es, y los estándares éticos son muy distintos. Por eso nuestra la legislación debe ajustarse a los nuevos parámetros que la sociedad nos exige.
Hemos llegado a ser autoflagelantes en las restricciones al establecer nuevos protocolos en nuestro accionar.
No obstante, debemos ser enfáticos: al mundo parlamentario se lo ha cuestionado severamente en temas de transparencia y probidad. Sin embargo, hemos sido un ejemplo -¡sí, un ejemplo!- en aprender la lección -con mayúscula: ¡aprendimos la lección!-, llegando a niveles de transparencia nunca antes vistos en este Congreso.
Reitero: incluso hemos llegado a ser autoflagelantes en tales restricciones.
¡No se ha valorado en su verdadera dimensión lo que se ha hecho en este Parlamento!
Los sucesivos gobiernos aparecen como guardianes de la transparencia y de la integridad. Eso lo valoramos, pero, esencialmente -lo repito-, ha sido este Congreso el que se ha autorregulado. Y eso vale.
Hoy hemos aprobado en general el proyecto que busca fortalecer la integridad pública, el cual será mejorado a través de modificaciones durante su discusión en particular.
¡Eso está bien! Pero nos falta algo, eso que pido a través de los siguientes oficios.
Solicito que se envíe copia de esta intervención y se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República, al señor Ministerio del Interior y al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, para que nuestro Gobierno mande a la brevedad un nuevo proyecto sobre la materia o ponga urgencia a aquellas iniciativas sobre el mismo tema y que están guardadas en algún escritorio de este Senado.
Para que seamos cien por ciento integridad, transparencia, probidad, le pido al Ejecutivo que le dé urgencia al proyecto de ley que limita las reelecciones para los concejales, cores, alcaldes, diputados y senadores. Ello se hace necesario y es una medida complementaria. Creo que es importante que se regule ese aspecto.
En todas las campañas -¡en todas!- se habla de limitar la reelección, pero, cuando llega el momento de tramitar la iniciativa pertinente, nadie lo hace.
En consecuencia, le solicito al Gobierno del Presidente Piñera, a través de los oficios referidos, que envíe a la brevedad un proyecto nuevo o ponga urgencia al que he señalado.
Señor Presidente, termino manifestando que, si hemos llegado a niveles importantes de transparencia -quizá el país no lo ha reconocido porque la información no se ha comunicado como corresponde o por las razones que sean-, es porque se han hecho los esfuerzos para ello.
Por eso, lo complementario es que llevemos adelante dicha modificación. ¡Que haya límite! ¡No podemos jubilarnos en el Congreso Nacional!
Es importante que demos una señal para ir renovando las distintas instancias de participación ciudadana.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¡Ya era tortuoso escuchar un discurso; imagínese escucharlo dos veces el mismo día...!
El señor MOREIRA.- Ahora incluí los oficios.
En el tiempo que resta al Comité UDI, tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, una de las características de la provincia de Parinacota es ser una zona con una baja densidad poblacional. Sus dos capitales comunales, Putre y Visviri, concentran un buen porcentaje de la totalidad de habitantes de la provincia y el resto de la población se encuentra distribuido en una gran cantidad de localidades y poblados, con pocos habitantes, repartidos en un vasto y extenso territorio ubicado en una gran altura geográfica.
En estas condiciones, el servicio público de distribución de electricidad resulta ser un desafío en sus aspectos técnicos y comerciales, pero sobre todo morales, porque no es posible que en pleno siglo XXI chilenos que hacen patria y soberanía durante todo el año carezcan de un elemento tan básico, pese a existir recursos fiscales ya ejecutados en iniciativas de electrificación rural para la comuna.
El proyecto denominado "Electrificación del Sistema Interconectado del Norte Grande, comuna de General Lagos", que busca conectar la comuna al sistema eléctrico interconectado nacional, es de muy larga data. Los primeros intentos se remontan al año 2007, cuando el Gobierno regional de Tarapacá, primero, y el Gobierno regional de Arica y Parinacota, posteriormente, trataron de acometer la iniciativa entregando su ejecución a la asociación estratégica Terracon Coopersol. Esto se vio frustrado principalmente por la inexistencia de proyecto eléctrico previo y la falta de experiencia y solvencia económica de la empresa Terracon en este tipo de obras.
Después de un largo y complejo proceso de liquidación de contrato con Terracon, el Gobierno regional de Arica y Parinacota, luego de un accidentado y también complejo proceso de licitación, adjudica el año 2014 la continuación de las obras a la empresa Insprotel Ltda. Por fuertes diferencias con el Gobierno regional, esta empresa abandona las obras en junio del año 2015. Y durante el año 2016, este Gobierno regional, después de liquidar el contrato con Insprotel, entrega a la empresa Inelco Ltda. la misión de finalizar las obras inconclusas, lo que ocurre en el mes de junio del año 2017, cuando se realiza la recepción provisoria de las obras, luego de efectuadas satisfactoriamente las pruebas dinámicas y estáticas de las redes.
Respecto a lo anterior, podemos visualizar que se cometió un error en el planteamiento de la generación de obras en General Lagos, ya que estas debiesen haber sido realizadas por una empresa que, a su vez, haya solicitado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles la concesión de suministro eléctrico de la comuna (tal como ocurrió con la electrificación de Camarones o Chaca), ya que al licitar obras independientes de la concesión, estas, después de finalizadas, no están sujetas a mantención, lo que provoca el consecuente proceso de deterioro de las instalaciones. A su vez, se desaprovecha una oportunidad de mercado para la concesionaria, la que pudiese haber construido la electrificación que a futuro debe administrar, obteniendo un beneficio económico que compensa el menor valor que se generará por la distribución de la energía eléctrica en la comuna.
Finalmente, existe una barrera de entrada de mercado para las concesionarias de distribución, que generalmente optan por solicitar la concesión para localidades donde ellos han construido las obras de electrificación. Y si no es así, plantean desechar las obras existentes y construirlas nuevamente, tal como ocurrió en comunas de la misma Región con empresas como Emelari, lo que trae consigo que en algunos casos el Estado debe hacer una doble inversión para la electrificación.
Solicito enviar esta propuesta para generar las condiciones para la concesión de la electrificación de la comuna de General Lagos a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública. Y pido que se reitere esta propuesta al Ministerio de Energía, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y al Canciller, señor Ampuero, con el objetivo de incluirla en el Plan Parinacota.
Solo falta la concesionaria para encender la luz en Visviri. A una semana y días del fallo histórico de La Haya, la localidad de Visviri no puede ser la única comuna que no tenga energía eléctrica, más aún cuando en el tripartito -zona en que convivimos chilenos, peruanos y bolivianos- el único sector oscuro se ubica en el lado chileno.
Solo se precisa la voluntad del subsidio, que necesariamente tiene que hacer el Estado de Chile si de verdad hoy día queremos entregar esa importancia tan necesaria a esta provincia de Parinacota, que tiene la condición geopolítica bifronteriza.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido Por la Democracia e Independientes, nadie hará uso de la palabra.
En el tiempo del Comité Partido Renovación Nacional e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, como es de público conocimiento, la República Argentina ha emitido una estampilla donde fija, de alguna manera, en forma gráfica, su pretensión de la plataforma continental extendida, no solo en el territorio continental, sino también en el territorio antártico, donde obviamente existen reclamaciones de diferentes Estados, en particular del Reino Unido y también de Chile.
Por lo tanto, solicito que se oficie al señor Ministro de Relaciones Exteriores para que informe si se ha presentado algún reclamo formal a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, organismo que debe regular la materia, en el sentido de que son territorios que se encuentran sujetos a un tratado especial.
Por otra parte, pido que se informe la fecha en que se presentará la propuesta nacional, vale decir, las mediciones que permitan al Estado de Chile gozar y disponer del uso de ese lecho submarino y subsuelo que le es propio y natural, y extender así el territorio.
Ese territorio submarino de la plataforma continental extendida tiene riquezas y valores que no conocemos. Y, por lo tanto, debemos protegerlo. Y esta es una función del Estado que se ha de hacer con celeridad, puesto que en mayo del próximo año vence el plazo para la presentación de estos documentos.
En tal sentido, quiero conocer la fecha en que el Estado de Chile hará las presentaciones.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Senador?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Su Señoría toca un tema que, además, pertenece al territorio que me honro representar.
Nosotros ya planteamos un oficio sobre la materia. Lo envié hace unas dos semanas, aproximadamente. Hemos hecho el denuncio hoy día en los medios nacionales. Ha salido publicado todo esto.
Chile realizó su presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental al mes siguiente de que lo hiciera Argentina, pero aún no recibe respuesta, a diferencia de lo que ocurre con Argentina, país al cual ya se le respondió.
Por lo tanto, si usted desea, en esto podemos hacer un trabajo en conjunto. Yo, encantado de la vida, me voy a sumar a su petición, porque nosotros ya hemos formulado una similar, solicitando a la Cancillería un pronunciamiento en esta materia.
El señor PUGH.- Por supuesto, señor Presidente, me gustaría que se sumara, porque es un tema de Estado en el que debemos estar todos, los representantes de cada sector, dándole una señal clara a nuestro país en el sentido de que hay ciertas materias en que el país actúa como uno. Tal como sucedió en el contencioso con Bolivia, en que fuimos demandados e imperó el Estado de Derecho, que finalmente resolvió en forma muy favorable al Estado chileno.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Pugh, conforme al Reglamento, con la adhesión del Senador señor Bianchi.
El señor PUGH.- Señor Presidente, quiero agradecer, por su intermedio, a la Comisión de Defensa, que organizó un homenaje a la Marina chilena en un día muy especial, el 9 de octubre, en que se conmemoró el primer zarpe de la Escuadra Nacional.
Se trata de un zarpe que ocurrió en Valparaíso con cuatro navíos de guerra. Cuatro años después de ese zarpe, ya eran ocho navíos de guerra y se logró liberar el Pacífico completamente.
El día anterior, el 8 de octubre, se conmemoró el aniversario 139 del Combate Naval de Angamos, que le dio la victoria en el mar a Chile, que significó la captura del Huáscar y que permitió, con posterioridad, ganar la Guerra del Pacífico.
En tal sentido, solicito que se oficie al Ministro de Defensa Nacional para expresarle la especial preocupación que tuvo el Senado para conmemorar esta fecha tan especial.
Y pido, además, que se adjunten los discursos pronunciados por los Senadores que hicieron uso de la palabra, de manera que formen parte también de los anales del Ministerio de Defensa Nacional, a los efectos de reconocer el importante homenaje a la Marina chilena realizado por el Senado, al conmemorarse los doscientos años del primer zarpe de la Escuadra Nacional.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Socialista, nadie intervendrá.

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