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Timestamp: 2020-07-02 19:18:57+00:00

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1910 – Legislatura de Santa Fe (República Argentina) – SEPA Argentina
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por SEPA - mayo 4, 2020 junio 4, 2020 0
1910 – Legislatura de Santa Fe (República Argentina
Acerca de la elección del gobernador Ignacio Crespo.
Acerca de la abstención del radicalismo…
Cámara de Diputados presidida por Alejandro Lamothe.
Permiso al gobernador
Ampliación del presupuesto.
Deudas del gobierno a diarios y a un Cura…
Viviendas para obreros.
Acerca de inmigrantes, industrias y desocupación…
La doctrina de Proudhon…
Celebración de la Semana de Mayo.
Placa de bronce en Sala de sesiones…
Insólita adhesión: cómputo de cinco años más en los tres poderes…
Homenaje a Eduardo VII, rey de Inglaterra.
San José del Rincón y el monumento al Brigadier…
En Colonia Avellaneda, homenaje a al Doctor Nicolás Avellaneda.
Otros monumentos propuestos.
Acerca de un monumento a Rivadavia.
Olvidado monumento a la Constitución.
Déficit creciente y empréstito por casi dos millones de libras…
Presencia de los Ministros Gómez y López.
Concesión para construir línea de tranvía desde San Cristóbal
Ignacio Crespo y la organización de los ministerios.
04-11-1910: fallecimiento del vicegobernador Funes.
Homenaje en la Cámara de Senadores.
Bomberos y alarmas de incendio.
Código de Procedimientos.
Becas a artistas.
Renovación de autoridades en el Senado.
“Vea sobrino, usted tiene mi palabra, vaya tranquilo”…
Protestas por los comicios…
“Intromisión descarada de la policía”…
Otras irregularidades…
Caducidad del Registro Cívico.
Libretas duplicadas y padrón “lleno de vicios”…
Ensanche de las calles 3 de Febrero y Mendoza…
Fallecimiento del vicegobernador Funes.
Homenaje y feriado.
Conferencia sobre técnica escolar
Medicina y curanderismo.
Bebidas en los obrajes.
Banco saqueado.
Reconocimientos póstumos…
Reconocimiento a don Ignacio Crespo.
Algunas referencias a su trayectoria.
Acerca de su gobierno.
Propuesta de aumento del subsidio.
Al comenzar el período legislativo del año del Centenario de la Revolución de Mayo de 1810, era gobernador de la provincia de Santa Fe don Ignacio Crespo.
El 7 de noviembre de 1909 hubo elecciones en la provincia de Santa Fe, participando sólo el partido “la Unión Popular” porque la Unión Cívica Radical había declarado la abstención. Fue electo gobernador don Ignacio Crespo, en ese tiempo senador por el departamento La Capital, quien remitió el 27 de noviembre su renuncia al Senado, expresando en el segundo párrafo:
“Al abandonar mis tareas legislativas, me es satisfactorio significar a esa Honorable Cámara mi agradecimiento por las deferencias de que he sido objeto durante mi permanencia en ella… confiando en que las gratas vinculaciones adquiridas, facilitaran mis futuras relaciones constitucionales con esa rama de uno de los poderes públicos y que podré contar con su concurso decidido y patriótico en el desempeño de mi gestión administrativa”.
El 28 de marzo de 1910 durante la sesión preparatoria en la Cámara de Senadores, con la presidencia del vicegobernador Pedro Lino Funes -con la ausencia de los senadores Bruno, Freyre y Quiroga-, el senador Pedro Palenque manifestó que aunque era “muy halagador el resultado de la elección en cuanto se refiere al número de votantes”.
El Senador Pedro Palenque aludió a la intervención de un solo partido en los últimos comicios y dijo que “es de lamentar que esto haya sucedido, porque cuando las agrupaciones políticas empiezan por trazarse como una regla o procedimiento la abstención cívica, renunciando deberes y derechos, parece como que se apodera del espíritu el descontento y se alejara la esperanza de la perfección de nuestras instituciones republicanas”.
Fueron reconocidos los representantes: Luis Pulido Suárez por Gral. López (15 mesas, 1.618 votos); M. López Zamora por Iriondo (10 mesas; 1.382 votos); Benito Freyre por Garay (8 mesas, 1.224 votos); Francisco Constanzo por Castellanos (10 mesas, 1.054 votos); José I. Peiteado por San Jerónimo (11 mesas, 1.006 votos; Alejandro Echagüe del departamento San Martín (9 mesas, 959 votos); Casiano Casas por Rosario (81 mesas, 825 votos); Carlos Sarsotti por General Obligado (6 mesas, 663 votos); Bernabé Mántaras por San Javier (4 mesas, 526 votos). Se informó que “se necesitan once señores senadores para que formen quórum”. Inmediatamente eligieron las autoridades, resultando electo presidente el Senador Casiano Casas.
Cámara de Diputados presidida por Alejandro Lamothe
En la Cámara de Diputados, en la sesión preparatoria del mismo día, presidida por don Alejandro Lamothe, se consideró el dictamen favorable de la Comisión Especial encargada de estudiar las actas correspondientes a los comicios del 7 de noviembre de 1909. Se reconocieron los diplomas de los diputados electos: Demetrio Iturraspe (La Capital, 1.527 votos); Dr. Bartolomé L. Barreto, señores Marcelino Bayo y Carlos Sandoz (Rosario 8.250 votos); Benjamín Peyrano (San Jerónimo, 855 votos); Antonio R. Crespo (Caseros, 1224 votos); Urbano J. Cullen (San Cristóbal, 518 votos); Dr. Joaquín Rodríguez (San Justo, 752 votos); Dr. José Oliva (San Javier, 526 votos); Emilio A. Leiva (Gral. Obligado, 693 votos).
El diputado Pautasso reconoció que no hubo “protestas ni oposición de ninguna especie” con respecto a la forma en que se desarrollaron los comicios y sin debate, los diplomas fueron aprobados y los electos inmediatamente expresaron su juramento.
El 9 de abril se realizó la primera sesión ordinaria, y se establecieron los días de sesiones: martes y miércoles a las dos de la tarde y el jueves a las diez de la mañana.
En la sesión del 19 de abril, fue considerada la solicitud del senador Bruno para faltar a las sesiones de ese año.
El 19 de abril de 1910 en la Cámara de Diputados se consideró la solicitud del gobernador Ignacio Crespo, para poder ausentarse del territorio provincial durante tres meses. El diputado Arguimbau explicó que se trataba de “un asunto urgente: el señor Gobernador de la Provincia tiene necesidad de trasladarse a la capital federal a fin de dilucidar una porción de asuntos políticos que se refieren a la mejor marcha de la economía de la Provincia”. Propuesta la votación, el proyecto fue sancionado.
El 15 de abril de 1910 el gobernador Ignacio Crespo había remitido a la Legislatura varios proyectos de ley que se consideraron en la sesión del 19 de ese mes, con el propósito de ampliar algunas partidas del presupuesto. En consideración la epidemia de viruela soportada en 1909, el gobernador mediante un decreto del 9 de agosto de ese año, dispuso el nombramiento de dos vacunadores dependientes del Consejo General de Higiene de La Capital -cuya creación se originó por ley del 4 de diciembre de 1899- y además se habían registrado gastos en las Jefaturas políticas de distintos departamentos.
El 18 de abril de 1810, el gobernador Ignacio Crespo pidió autorización a la Legislatura para pagar a la casa editora “Nueva Época” la deuda pendiente por “las publicaciones e impresiones ordenadas por la Junta Electoral Nacional y el Ministerio de Gobierno” con motivo de las elecciones del domingo 13 de marzo de 1910.
El 27 de junio, el P.E. comunicó a la Legislatura que había créditos pendientes, con “jefaturas políticas del Departamento Rosario en febrero de 1907”; la deuda al “cura párroco de Alcorta, ciento sesenta y cinco pesos moneda nacional por funerales oficiados al ex comisario general don Leopoldo Nuñez y ciento veinte pesos al administrador del periódico “El Pueblo” de Rafaela, por gastos de publicación para las elecciones de electores de presidente y vicepresidente de la República”.
En la sesión del 3 de mayo de 1910, el diputado A. Pautasso presentó un proyecto de ley autorizando al P.E. para hacer “construir casas para obreros en las ciudades de Rosario y Santa Fe, previa adquisición de los terrenos necesarios”, bajo “la dirección e inspección del Departamento de Ingenieros de la Provincia”.
El 31 de mayo los diputados Pautasso, Barreto y López, miembros de la Comisión de Negocios Constitucionales y Legislación, firmaron el dictamen favorable. En la sesión del 21 de junio, con la presidencia del diputado Alejandro Lamothe, el autor del proyecto aludió a “los motivos generales que han hecho surgir la idea en el Círculo de Obreros” de Santa Fe: “propender que las familias de los obreros se consoliden en una forma eficaz, facilitándoles que sean propietarios”, considerando que con “esas facilidades, se llegaría a moralizar dentro de ella misma haciendo que puedan dedicarse a la instrucción en general, como asimismo transformando las viviendas actuales en otras que reúnen condiciones de higiene superiores”.
Destacó que con ese proyecto se “procura por lo menos, si no a destruir, las ideas extremas que existen actualmente en todas las clases obreras. (sic) En ellas ha germinado la idea, y está todos los días latente en conferencias, periódicos, libros, etc. donde expone que la propiedad no constituye sino un robo, en el sentido que lo entienden los obreros, propagándose el principio de que el capitalista es un acaparador de bienes ajenos, llegando como consecuencia esta idea hasta comprender también a las autoridades legalmente constituidas en esa propaganda, haciéndoseles causantes del estado precario porque pasan sus familias”.
El proyecto requería fondos especiales mediante un impuesto “al capital productivo y a la propiedad baldía, en una proporción mínima; un impuesto del ¼ por ciento anual sobre el capital en giro, a los establecimientos comerciales y fabriles” y “el 1½ por mil anual sobre la evaluación de las propiedades, casas de alquiler y propiedades baldías también”. Se había calculado un costo de dos mil, tres mil y cuatro mil pesos por cada, de acuerdo con las habitaciones proyectadas, con una amortización mensual del 8% en diez años, en cuotas mensuales durante 16, 24 y 36 meses, respectivamente.
El diputado Barletta se opuso al proyecto, advirtiendo que “los inmigrantes que recibe el país en gran número, saben que nuestra carta fundamental por uno de sus artículos, abre los brazos a todos los hombres del mundo que quieran habitar su suelo. Vienen a nuestro país no con esas dificultades que presenta en la Europa el problema obrero, en donde se ha hecho cada vez más difícil debido a la invención de las máquinas. Una máquina, una pequeña palanca, representa la acción de más de diez obreros, en muchos casos. Tan hubo un exceso de personal, que las fábricas rechazaron numerosos grupos de hombres, reduciendo los capitalistas el monto de los salarios a un tipo tan bajo que quedaban los obreros relegados a morirse de hambre. Como consecuencia, golpearon las puertas del Estado en busca de pan y de trabajo. El exceso de brazos produjo allí el problema que las viejas sociedades europeas han resuelto, Pero nosotros –destacó- no estamos en esas condiciones. El obrero llega a nuestro país, encuentra trabajo fácilmente y hasta lograr hacerse rico muy pronto. Es indudable que en todo país que progresa se opera un problema económico y social, cual es la carestía de la vida”.
Recordó que un inmigrante hizo “una fortuna vendiendo fósforos en la plaza de la Victoria”. Manifestó que los obreros de esas ciudades no estaban en “condiciones tan angustiosas”, porque en Santa Fe no existían “grandes aglomeraciones” y en Rosario ya se habían establecido “empresas particulares” mencionando a “La Inmobiliaria” que proporcionaba “al obrero habitaciones a muy bajo precio y a largos plazos”, incluyendo “médico, botica, almacenes, escuelas, que ofrece al obrero en condiciones muy favorables”. Describió algunos de los riesgos que derivarían de la aplicación de nuevos impuestos, porque “en primer término los propietarios de esos capitales los sacarían de la provincia en perjuicio de nuestros progresos”.
El diputado Barletta planteó que la doctrina de Proudhn no estaba “en práctica” porque “en ninguna parte del mundo se ha oído una voz que diga que es necesario cortar los aumentos del capital, para que poco a poco se vaya repartiendo entre los que no lo tienen”.
Insistió en que “las colonias comunistas que como prueba se han establecido, han tenido que pedir las mismas sometidas al régimen, que las sacaran de él porque no lo podían resistir”.
Celebración de la Semana de Mayo
El 4 de mayo de 1910 el presidente de la Cámara de Senadores Pedro Lino Funes comunicó la media sanción del proyecto de ley declarando feriados en todo el territorio de la provincia los días de la semana de mayo, desde el veintidós al veintinueve, suspendiéndose los términos judiciales.
En la sesión del 11 de mayo en la Cámara de Diputados, sin discusión, el proyecto fue sancionado.
El diputado Fernández Díaz presentó un proyecto de ley disponiendo la reducción “de los días festivos para el cierre de las reparticiones y oficinas públicas de la provincia” a los días “domingos; jueves y viernes santos, primero de año y 25 de diciembre, 25 de mayo y 9 de julio”.
En la segunda sesión ordinaria del año 1910 desarrollada el 19 de abril en la Cámara de Senadores, se consideró un proyecto de los senadores J. Ignacio Peiteado, P. M. Carreras, B. Arévalo, Pedro Palenque, Francisco Constanzo y Régulo Martínez, adhiriendo a la conmemoración de la independencia argentina mediante la colocación de “una placa de bronce”, que se ubicaría “en un punto adecuado de la Sala de Sesiones, cuya impresión incluiría los nombres del vicegobernador, de todos los legisladores y de los secretarios de ambas cámaras.
(Es oportuno tener en cuenta que todavía estaba en proyecto la construcción del actual edificio en la calle General López.)
El proyecto pasó a la Comisión de Negocios Constitucionales y de Legislación de la Cámara de Diputados; el 11 de mayo firmaron el despacho favorable los diputados López y Pautasso aconsejando la inclusión de los nombres de todos los legisladores y de las autoridades de ambas Cámaras.
El diputado Biancofiore manifestó su disidencia porque “es mucho más espartano, más heroico… que sea exclusivamente un homenaje de la Legislatura, en su calidad de cuerpo legislador…”
Después de un breve debate, se modificó el texto eliminándose los nombres y el proyecto pasó en revisión a la Cámara de Senadores, donde fue considerado el 31 de mayo, aprobándose la leyenda:
“La Legislatura de Santa Fe a los héroes de la epopeya emancipadora 1810-1910”
sin los nombres de los presidentes de las Cámaras ni de los legisladores y secretarios de ambas Cámaras.
Fue tratado sobre tablas y por unanimidad se insistió “en la primitiva sanción del proyecto”, disponiéndose la pertinente comunicación a la Cámara de Diputados.
El senador Peiteado pidió que se leyera “el otro proyecto asociándose a la conmemoración de la Independencia Argentina, firmado por los mismos senadores y en cuyo artículo 1º se lee:
“A los efectos de la jubilación, auméntase en cinco años el tiempo de los servicios prestados por los empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado”.
En el art. 2º se establecía que “este aumento se computará desde el primero de enero de mil novecientos diez, comprendiendo a los empleados o funcionarios que hubiesen cesado o nombrándose desde esa fecha hasta el 25 de mayo del corriente año, o hasta la promulgación de esta ley, si ésta se hiciera con posterioridad a esa fecha”.
Destacó el senador Peiteado “lo que importan treinta años de labor honesta y constante, en que se ponen a prueba todos los sacrificios… porque de un lado están las exigencias de la familia y de otro las exigencias sociales y las del público nunca satisfechas. Para el empleado no hay bueno ni mal tiempo, no hay nada que lo detenga en el cumplimiento de su deber, cuántas veces deja a la madre, a la esposa o al hijo enfermo, quizás sin la esperanza de encontrarlos con vida a su regreso de la oficina; el deber lo llama y allá va el pobre empleado, con la carga de su dolor…”
Manifestó el senador Peiteado que se le otorgaban esos cinco años “a título de un derecho, a nombre de los próceres de la patria, que si en esta ocasión les fuera posible votar serían los primeros en batir palmas por este acto, porque ellos fueron los primeros en dar el ejemplo y en medio de las horas más amargas, nunca olvidaron sus sacrificios ni omitieron esfuerzos para enjugar una lágrima o aliviar un dolor”.
Expresó luego algunas hipótesis sobre el rechazo a esa iniciativa, porque “se recargará los egresos del erario, según se dice en una situación agobiada, con deudas enormes que no yo las veo…”
Advirtió “que se acorta el término que se ha fijado para los maestros de escuela y que también sería algo injusto…” porque “jubilándose un gran número de maestros, acaso peligraría la educación…” aunque estaban informados “con toda exactitud que no existe tal peligro, que los que han podido jubilarse ya lo han hecho… y que si hay algunos que les falta poco tiempo, son elementos viejos, cansados, que buscan de cualquier modo conseguir un retiro que les asegure el pan, es decir, que desean sólo estar a cubierto de la miseria, pero que en cambio, vendrían elementos nuevos y se podrían aumentar las becas propendiéndoles allí al mayor número de buenos y nuevos maestros”.
Destacó que “se siente algo así como una especie de huelga de maestros en las escuelas, debido a los escasos sueldos que gozan los maestros en la Provincia y ya muchos también han emigrado a otras provincias en busca de mejores sueldos y de un ambiente más favorable…”
Reiteró el senador Peiteado que “en esta especie de vacío, digámoslo con dolor, pero con sinceridad, que se nota en la Provincia de Santa Fe, para asociarse a los festejos del próximo centenario, en medio de tanta tibieza es necesario que siquiera haya uno de los poderes públicos que dé testimonio de patriotismo y se asocie dentro de la medida de sus fuerzas en la forma que le sea posible hacerlo…” insistiendo en que esos proyectos tenían la finalidad “de que el Poder Legislativo de la Provincia no brille por su ausencia y su silencio, en medio de este concierto que se prepara en toda la República en la celebración de nuestras glorias.”
El senador Quiroga propuso que se hiciera “un detenido estudio”, reuniendo antecedentes para saber “las erogaciones que producirá al Estado”.
El senador Peiteado defendió el proyecto argumentando que serían pocos empleados y de bajos recursos los que podrían acceder al beneficio y declaró: “…no debemos abrigar ningún temor en gravar el erario de la Provincia, porque el Montepío Civil, hace tiempo que debiera tener su tesoro propio y hasta debían disponer de dinero de sobra para atender la pensión de los empleados jubilados y de los que se jubilen y si esto no sucede, no es por culpa de los empleados ni por culpa de la ley…”
También se opuso el senador López Zamora y como se pretendía el tratamiento sobre tablas, se dispuso la votación que resultó negativa. A pedido del senador Palenque fue rectificada, resultando afirmativa por siete votos mientras seis votaron en contra.
Se inició el debate y el senador López Zamora planteó que “si a la Caja de Montepío Civil le faltan fondos, tendría que solicitarlos al P. Ejecutivo para pagar las jubilaciones mensuales que deba atender”. Al no disponer de datos precisos, manifestó que si “los beneficiados por esta ley, son mil o mil quinientos ¿de dónde se saca para atender el servicio de todas las jubilaciones?” El senador Quiroga recordó que “a los empleados de policía, a los de la administración de justicia se les computa un tanto por ciento más, en proporción a los años de servicios prestados” y esa reducción implicaría la solicitud de más beneficiados. Manifestó: “…esto bien pudiera entorpecer la marcha de la administración y quizás perjudicaríamos a los mismos empleados que tratamos de beneficiar porque si recargamos el prepuesto con 400.000 ó 500.000 pesos, es posible que no se puedan continuar pagando los sueldos de los empleados…” y reiteró que en esos momentos era “precario el estado del tesoro de la Provincia”.
Todas las observaciones resultaron estériles porque cerrado el debate, se votó en general y en particular y el proyecto fue sancionado.
Los señores senadores habían cumplido con “nuestros próceres” y probablemente con algunos “amigos” contemporáneos…
Homenaje a Eduardo VII, rey de Inglaterra
En la sesión del 10 de mayo de 1910, en la Cámara de Senadores presidida por el vicegobernador don Pedro Lino Funes, el senador López Zamora manifestó que “los poderes públicos del país, han tributado los recuerdos que corresponden a la memoria del justo rey de Inglaterra, Eduardo VII.
La actuación de ese monarca no ha sido indiferente a nuestro país y los esfuerzos que él ha hecho, por su bienestar no nos son desconocidos, porque en momentos verdaderamente aciagos porque pasaba la Nación Argentina, él influyó para que se conservase la paz entre los dos estados sudamericanos; y se resolvieran las diferencias en la cuestión de límites entre la Argentina y Chile. Eduardo VII fue designado árbitro a fin de que pronunciara el fallo y dio el laudo que nos garantiera la paz”. (sic)
En consecuencia, manifestó:
“Creo que nosotros también debemos recordar a ese eminente hombre público, que tantos servicios ha prestado, no solamente a la Europa, sino a nuestro país”.
Propuso que el Senado lo honrara poniéndose de pie los presentes y remitiendo “un telegrama al Presidente de la Cámara de los Lores, haciéndole presente esta impresión de condolencia”. Hubo “asentimiento general” y se cumplieron ambas disposiciones.
En la sesión del 17 de mayo de 1910, en la Cámara de Senadores fue consideraba una nota firmada por Pedro Borzone, C. A. Mendoza, Eugenio Facino y N. Olivera en San José del Rincón. Expresaban “los rinconeros, tal vez los más humildes comprovincianos del Sargento de los blandengues que acompañaron a Belgrano al Paraguay”, que “la fiesta del Centenario debe caracterizarse por evocaciones de justicia, siendo la hora propicia para ofrecer a los varones de la emancipación la consagración de la gratitud pública”.
Destacaban que “entre los que derramaron su sangre por la patria naciente, encuéntrase el sargento en el Paraguay y alférez en el sitio de Montevideo, don Estanislao López, a quien la historia, en el día de las serenidades olímpicas, mantendrá el prestigioso título de Patriarca de la Federación, sin olvidar que en las guerras de la Independencia peleó a las órdenes de Belgrano, de Rondeau y del barón del Holemberg” (sic).
Manifestaban los rinconeros que querían “honrar su memoria levantando en la plaza de la villa un monumento a su memoria esclarecida” y solicitaban autorización a la Legislatura de la Provincia, insistiendo en que:
“El Rincón elige para esa consagración a don Estanislao López, porque le deben servicios eminentes y porque a sus campañas estuvieron vinculados nuestros abuelos que fueron todos sus soldados. Él destinó estas tierras a la labranza e hizo las primeras donaciones en terrenos fiscales en este lugar, cuyas escrituras llevan su nombre.
Él favoreció la edificación de su templo y cooperó a la obra educacional de Castañeda. Fue huésped de este pueblo y de él salió en una hora suprema, para tomar el mando de la Provincia”.
En consecuencia, pedían “que la piedra fundamental de esa obra se coloque el 22 del presente, honrando así a un soldado de la emancipación en Centenario del primer cabildo abierto, clara aurora de nuestra independencia…”
El senador Peiteado -Departamento San Jerónimo-, propuso que se tratara sobre tablas y al ser apoyado redactó el proyecto “autorizando a la comisión Pro Centenario de San José del Rincón para erigir en la plaza pública de San José del Rincón, un monumento conmemorativo a la memoria del brigadier general don Estanislao López”.
El proyecto quedó sancionado y terminó la sesión.
El 31 de mayo el proyecto pasó a la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados y al día siguiente los diputados López y Pautasso, miembros de esa comisión firmaron el despacho aconsejando su definitiva sanción.
Así sucedió, después que el diputado López destacara que “peticiones de esta naturaleza, no necesitan fundamentos”.
El 19 de mayo de 1910, el gobernador Ignacio Crespo comunicó a la Presidencia de ambas cámaras legislativas que “de acuerdo con la invitación de su señoría ilustrísima el señor obispo diocesano” –Monseñor Juan Agustín Boneo-, se había dispuesto “concurrir acompañado de los empleados de la administración al solemne pontifical y te deum que, conmemorando el primer centenario de nuestra emancipación política” se celebraría en la Iglesia Catedral el 25 de mayo a las nueve y media, y en la misma nota, invitaba para el día siguiente a “las solemnidades de Corpus Christi”.
En Colonia Avellaneda, homenaje a al Doctor Nicolás Avellaneda
El 27 de abril de 1910 la Comisión de Legislación firmó el dictamen favorable al proyecto que autorizaba a la Comisión Popular de la colonia Avellaneda para erigir en la plaza pública un busto del Dr. Nicolás Avellaneda.
El Dip. Pautasso destacó la importancia del proyecto como reconocimiento a la obra del ex presidente de la República y en adhesión al centenario de Mayo de 1810.
El diputado Dr. Arguimbau manifestó el propósito de recordar a una “gloria de las letras argentinas, digno hombre público que prestó los esfuerzos de su inteligencia cuando estuvo en el poder para dar vida a la región norte de nuestra provincia”.
Destacó que “siendo presidente de la República, se ocupó preferentemente de facilitar por cuantos medios estuvieron a su alcance, para que la civilización pudiera desalojar al salvaje que predominaba en aquella región. Es así como facilitó los medios posibles para que el distinguido militar general Obligado, que se envejeció en el Chaco de nuestra provincia, pudiera fundar pueblos y colonias, lo que dio motivo para que desde el primer instante se diera el nombre de Presidente Avellaneda a la colonia que hoy es, efectivamente, una de las más hermosas y progresistas con que cuenta el departamento General Obligado”.
Otros monumentos propuestos
El 14 de mayo de 1910, los señores S. Martínez y Vicente A. Martínez, presidente y secretario de la Comisión “Pro-Centenario” constituida en Cañada de Gómez, comunicó que en una asamblea de vecinos “se inició una suscripción popular para costear la erección de un monumento al general don José de San Martín”, en la plaza de ese pueblo. Ambos proyectos fueron sancionados.
El 12 de junio de 1910, en la Cámara de Senadores se consideró la nota remitida por los señores R. Morasullo y José Bernardi; M. A. Alarcón como secretario, integrantes de la “Comisión de Fiestas Pro-Centenario” constituida en Las Rosas, cabecera del Departamento Belgrano. Pedían autorización para erigir “un monumento en la Plaza ‘9 de Julio’… al prócer de la independencia general Manuel Belgrano”.
Acerca de un monumento a Rivadavia
El 18 de junio de 1910, don Emilio Gouchón -presidente de la Junta Ejecutiva que proyectaba la erección de un monumento a Bernardino Rivadavia en la Capital Federal-, solicitó al “presidente de la Honorable Legislatura de la Provincia” de Santa Fe, que “dicte una ley autorizando al P.E. de esa provincia, para concurrir con la suma que estime conveniente, a formar el fondo nacional” destinado a costear ese monumento. En el primer párrafo se destacaba que “nuestro ilustre historiador el General Mitre ha dicho que es ‘el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos y padre de sus instituciones libres”.
En consecuencia, consideraban que en ese homenaje tenía que figurar “el óbolo de todas las provincias argentinas, votado por sus respectivas legislaturas y como una alta expresión de la gratitud nacional”.
En la sesión del 29 de junio de 1910 presidida por el vicegobernador Pedro Lino Funes se consideró el despacho de comisión firmado por dos integrantes, los senadores P. Quiroga y Aufranc, sobre el proyecto autorizando “al P.E. para aportar la suma que estime conveniente a formar el fondo nacional, destinado a costear el monumento a Bernardino Rivadavia en la capital de la República”.
El senador Quiroga manifestó “tratándose de conmemorar la memoria de una personalidad que ya no se discute en el país”, se aconsejaba su aprobación. Expresó su pensamiento: “Rivadavia es un distinguido ciudadano y su memoria vive en el corazón de todos los argentinos que reconocen sus inmensos méritos: es el primer presidente de la República Argentina, cuya acción administrativa y política, se nos ha presentado tal vez como un caso único y sus ideas de progreso, se puede decir que se han anticipado un siglo; las leyes, los decretos, sus debates parlamentarios y todos los actos trascendentales de su vida política, revelan en Rivadavia un hombre excepcional que aún no ha tenido parecido en la República”. El senador Quiroga manifestó: “El deseo de los iniciadores es que contribuyan las catorce provincias y creo que no ha de ser Santa Fe la última en responder a tan patriótica iniciativa.” El senador Peiteado, miembro de esa Comisión de Legislación, se opuso a la sanción y pidió que se aclarara si era una iniciativa de la Nación o de “alguna comisión de particulares”, respondiéndole el miembro informante: “Es una comisión popular, lo que hace más simpática la faz de este proyecto”.
El senador Peiteado no discutió “la personalidad de Rivadavia” pero planteó que “durante las próximas pasadas fiestas del centenario, si la Provincia de Santa Fe en algo ha brillado en el hermosísimo concierto de las catorce provincias hermanas, ha sido en dar la nota desagradable por su ausencia de toda iniciativa para conmemorar tan fausto acontecimiento, si quiera fuera con la erección de la estatua de un héroe, de los centenarios de héroes conocidos. No han tenido los poderes públicos, incluso el P. Legislativo, ni siquiera una iniciativa para producir una nota simpática de respeto, de gratitud y de cariño a nuestros próceres, acaso sea porque el tesoro de la Provincia ha estado algo exhausto, más que por indiferencia, porque creo que en el corazón de todos los argentinos han latido al unísono, las fibras del patriotismo: el caso no se discute tampoco y el hecho es que no hemos producido nada y lo doloroso es, que produzcamos en otra tierra, aunque sea tierra de hermanos, lo que no hemos producido ni intentado en la nuestra y así hemos visto en Buenos Aires levantarse cientos de monumentos mientras aquí nos hemos contentado con el cambio de nombre de algunas calles”.
Advirtió que “por otra parte, ahí está el edificio en Tucumán, donde se juró la independencia de la República Argentina” y aceptaba que “para conservar esa casa y aún para rodearla de obras de arte contribuyan las catorce provincias”, pero no se explicaba que “para erigir un monumento más en la populosa metrópoli se necesite el concurso de las catorce provincias, ya sea por iniciativa de la Nación o por particulares constituidos en comisión popular.” Ante tales argumentos, el senador Quiroga manifestó que en el fondo casi coincidían; le propuso que acompañara la sanción del proyecto y el senador Peiteado reiteró su oposición. Insistió el senador Quiroga en los méritos de Rivadavia, consideró que era justo que le rindieran un homenaje “porque han pasado tres cuartos de siglo sin que en la República se le haya hecho demostración alguna y tal es así –expresó- que no tenemos la estatua de Rivadavia en ninguna parte”.
Sugirió que sin “ser localistas, mucho menos en este caso porque Rivadavia es una gloria nacional y nadie podrá apropiársela”, se apoye esa iniciativa tendiente a que “todas las provincias, todos los estados, todos los hombres de buena voluntad, en una palabra, todo el pueblo de la República, contribuya con su óbolo a la erección del monumento”.
Tras una manifestación del senador Quiroga, el senador disidente repitió que “Santa Fe no había contribuido a la celebración del centenario y que si en nuestra casa no habíamos tenido para preparar un puchero mal podíamos contribuir para que se celebraran banquetes en otra parte”.
Olvidado monumento a la Constitución
El senador Peiteado reconocía que su actitud podía parecer “odiosa o antipática” porque se le hablaba de “grandezas consagradas por la historia y que no se discuten”, pero con respecto a que no se le rindieron homenajes a Rivadavia, expresó:
“Desde que aprendí a leer, yo he encontrado el nombre de Rivadavia en muchas partes, haya calles, pueblos y hasta buques de la armada que llevan su nombre”.
Con una mirada más cercana, advirtió a los legisladores presentes que “aquí en Santa Fe, tuvimos aquel cabildo del año 53, en donde se sancionó la Constitución, con lo que puede decirse, se presentó como vestida de gala a la Nación Argentina” y preguntó:
“¿…en qué rincón se ha levantado un monumento, una estatua aunque fuera de madera para conmemorar la memoria de esos verdaderos héroes, cuyos nombres han caído en el olvido envueltos con las ruinas del histórico cabildo; los nombres de estos héroes del pensamiento no los conocemos muchos. ¿Dónde está el acto de justicia que hemos hecho con esos ciudadanos? sin embargo, hay una ley sancionada por esta Legislatura y yo tuve el placer de presentar un proyecto y la satisfacción de ver a la legislatura sancionar esta ley, pero ¿dónde está el monumento? El pueblo de Buenos Aires, no estaría obligado, no tendrá acaso esta deuda de gratitud con los constitucionalistas del año 53? ¿En qué provincia se ha levantado este monumento? ¿Acaso el mismo Buenos Aires habrá olvidado que tuvo Santa Fe la suerte, de que en al año 53 se hiciera la Constitución Nacional?”
Recordó que cuando presentó ese proyecto, pidió la colaboración a algunos legisladores nacionales, “entre ellos el doctor Lorenzo Anadón”, quien la consideró “simpática y justa… prometió apoyarla con su influencia, sin embargo, no se hizo nada…”
Cerrado el debate, el proyecto fue sancionado. [1]
En la sesión del 14 de junio de 1910 en la Cámara de Senadores ejerció la Presidencia ad hoc el senador Juan Cepeda y se consideró el mensaje del P.E. que acompañó al “proyecto de ley autorizando la emisión de un empréstito externo por la cantidad de 1.900.000 libras esterlinas” destinado al retiro de empréstitos anteriores destinados al pago de la deuda flotante. El gobernador Ignacio Crespo y su ministro Alberto J. Paz destacaron que “la causa inmediata del desequilibrio en el presupuesto provincial” como ya se había expresado en varios estudios, “ha sido un déficit crónico que poco sensible en los primeros años, como sucede siempre, ha ido acrecentándose anualmente”. Informaron que “la cantidad fue de 88.708 $ en 1905 para subir sucesivamente en 1906 a 401.542 $; en 1907 a $ 625.916; 1908, $ 924.444; 1909, $890.981 con más las rentas gastadas correspondientes al período de 1910, que giran alrededor de seiscientos mil pesos moneda nacional” y que esos “déficits se han trasladado de un año a otro por operaciones de crédito a corto plazo, susceptibles de renovaciones mientras lo permite el estado económico del país, y también acumulando las cuentas de provisiones a la deuda flotante y postergando indefinidamente su pago”.
Con el propósito de reducir esas cifras, mediante un decreto del 23 de marzo de 1910 el gobernador Crespo redujo los gastos de la administración en $ 700.000.- y envió a la Legislatura varios proyectos de ley para aumentar algunos impuestos. En esa sesión se leyó la solicitud presentada por comerciantes de la ciudad de Santa Fe, apoyando el proyecto “porque estaban convencidos de los grandes beneficios que reportará al país, por ser realmente una verdadera operación de alta finanza, conveniente bajo todo concepto para los intereses generales de la provincia” y solicitaban que fuera aprobado. En la extensa lista de firmantes se lee: Cesáreo Garibay -hasta décadas siguiente proveedor representante de Peuser S.A.-; Weil Hnos. y Cía. (Soc. Anón. Importación de Cereales); Nicolás Botta y Hnos.; Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles ‘La Forestal’ Ltda.; Domingo Esquivel; J. -Justo- Tulián Silva; J. Spani –José Spagni-; D. -Domingo- Tarelli y Cía.; Juan P. Courault; Cerana Hnos.; Occhi Hnos.; Dalla Fontana Hnos.; Rodríguez Zapata y Cía.; Juan Papis; M. –Martín- Rodríguez Galisteo; Magariño –Magariños- y Hevia; Jorge y Miguel Elías; Juan Mai e hijos; V. -Virgilio- Colmegna; Clementino Paredes; Ricardo Mazzucchelli; Antonio Citta -librería e imprenta…
Desde Rafaela manifestaron su apoyo al proyecto para concretar ese empréstito, un grupo de “propietarios, comerciantes e industriales”, entre ellos Luis Bonazzola y Cía.; Faustino Ripamonti y Cía; Ernesto Dematía; Bertolaccini y Cía.; Francisco Bonacosa; C. Gatti… Enviaron notas pidiendo la aprobación del proyecto vecinos de Recreo, de Nelson, de Llambi Campbell, de Emilia; de San Justo, de Calchaquí: “P.P. Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles ‘La Forestal’ Ltda. F. Melber; Carlos Rohr, F. D. Castillo, F. Osvaldo Silva, M. Baqué, Carluce, A. S. Givert, Pabro Franchet, N. Givert, Francisco Landi; Alfredo Bregg, T. Miranda, N. Landi; Juan M. Sosche; Buzzato Hnos. Froenz Agrintzset, Francisco Noceda, Cándido González, J. B. Luis Carthuy, C. E. Landi”.
En la sesión participaron los ministros Dr. José Gómez y Dr. Estanislao López.
El ministro de Hacienda informó que parte de ese empréstito se destinaría “a la construcción de edificios comenzados” -Casa de Gobierno, Penitenciaría de Rosario, Escuelas de Esperanza y de Coronda-; construcciones escolares en los Departamentos Castellanos, San Martín, Reconquista, San Justo, Vera, San Cristóbal, Garay, San Javier y Nueve de Julio; construcción del edificio de la Policía (90.000), del “Palacio para la Legislatura 130.000.”
Destacó lo informado por el inspector Ing. Lasso acerca de las obras imprescindibles en el Puerto para “aumento de vías férreas, locomotoras, galpones, graneros, defensa de la boca del canal de acceso a la cabecera del Dique II y construcción de descargadoras de carbón, etc…” Terminado el debate, el proyecto fue sancionado por unanimidad.
El 3 de mayo de 1910 el gobernador Ignacio Crespo remitió a la Legislatura un proyecto de ley con la finalidad de otorgar al señor Gastón Boutellier, una “concesión para construir y explotar una línea de tranvía a vapor o eléctrico desde San Cristóbal hasta el paralelo 28”. Se destacaba la importancia de esa iniciativa, porque se comunicarían pueblos de una “rica zona” y se facilitaría “el transporte de sus producciones”.
El proyecto pasó a la comisión de Obras Públicas y con la firma de los diputados Nicolórich y Cabal (h), el 31 de mayo se aconsejó su aprobación.
El Dip. Nicolórich recordó lo expresado por “el eminente estadista doctor Alberdi, que los ferrocarriles son pobladores y son civilizadores”.
Destacó que era “una obra de positiva conveniencia para el norte de esta provincia por la extensión que abarca y las seguridades que ofrece de pronta realización, por intervenir en dicha concesión una persona honorable, de verdadera representación comercial, que por sí sólo es una garantía de lo que se va a acordar es una obra de progreso, y no un negocio más o menos lucrativo y de difícil o dudosa realización”.
El ferrocarril recorrería “300 kilómetros” y el término de la concesión era de “noventa años, después de cuyo plazo pasan todos los materiales, construcciones, tren rodante, es decir, todo lo clavado, edificado y plantado, al beneficio del gobierno sin remuneración de ninguna clase”.
Hubo un entusiasta debate alrededor del decreto del Poder Ejecutivo nacional del 15 de octubre de 1909, al acceder el presidente Figueroa Alcorta a un pedido del gobierno de Jujuy, relacionado con un ramal privado del ferrocarril Central Norte de propiedad de la Nación, con arranque en la estación Yuto”, de modo que “los materiales de construcción para el expresado ramal sean consignados al Gobierno provincial a objeto de que éstos sean transportados en los ferrocarriles nacionales con la rebaja del 50% de las tarifas ordinarias”.
Continuó el debate acerca de la necesaria intervención del gobierno nacional, manifestando el diputado Escobar que “el señor Bouteillier, como representante de los empresarios, no querrá esa línea muerta” y sería imprescindible que “la línea empalme con el Central Norte, para lo cual se requiere que el gobierno nacional lo autorice”.
El diputado Arguimbau insistía en que “la provincia de Santa Fe perfectamente autónoma, tiene por consiguiente, facultades amplias por su Constitución para dictar todas las leyes que crea convenientes y necesarias para el fomento de su riqueza; y mientras no afecte los intereses de otra provincia, la nación no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros hagamos, llamémosle ferrocarril, tranvía o con cualquier otro nombre.
Suponer que la Nación pueda oponerse a que la Provincia legisle sobre lo que afecta sus riquezas, sería suponer que se ha perdido el carácter y la autonomía que debe caracterizar a cada uno de los estados argentinos”.
Presidía la sesión el diputado Lamothe y ante una moción de orden, manifestó “se debe votar siempre que la Comisión consienta”, planteándose una duda acerca de las disposiciones reglamentarias de la Cámara.
En vano “el secretario buscó en el reglamento el artículo”.
El presidente diputado Alejandro Lamothe fue reemplazado para que desde su banca pudiera expresar:
“Lamento… que el señor Secretario no haya encontrado el artículo pertinente, pero es evidente que el reglamento debe prever el caso. Sería muy cómodo para el legislador que quisiera oponerse a un proyecto en cada caso que la comisión sostuviera su despacho, bueno o malo, en el asunto que se esté tratando, pedir la presencia de un señor ministro y la postergación del asunto, haciendo una moción de orden…”
Siguió la discusión y se aprobó la moción “para llamar al señor ministro de Obras Públicas” a la sesión del día siguiente, un argumento que sigue siendo útil a fines del siglo veinte cuando se pretende demorar la sanción de un proyecto.
Ignacio Crespo y la organización de los ministerios
El 26 de octubre de 1910 el gobernador Ignacio Crespo y el ministro de Gobierno, Justicia y Culto Dr. Estanislao M. López, firmaron el proyecto de ley de “organización de los ministerios, deslindando las ramas y las funciones que corresponden a cada uno de ellos”: Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto; de Hacienda y Obras Públicas y de Agricultura e Instrucción Pública, de acuerdo al art. 11 responsable de la superintendencia de todo lo relativo a la instrucción pública, al fomento de las bellas artes; el Archivo General de la Provincial, Marcas y Señales, Estadística General y lo relativo a la enajenación de tierras y a la producción e industrias.
El 22 de noviembre, la Comisión de Negocios Constitucionales y Legislación con la firma de los diputados López y Pautasso, aconsejó la aprobación con algunas modificaciones. Aunque se propuso aprobarlo a libro cerrado, porque era un proyecto conocido, el diputado Pautasso se refirió a esa iniciativa que había “tenido como base, especialmente leyes de orden nacional en materia de organización de ministerios”; analizó el artículo 9º que establecía la responsabilidad del ministerio de Gobierno en la ejecución el Censo de la Provincia y el art. 11 con respecto al Archivo General de la Provincia.
Después de un breve debate, el proyecto fue sancionado.
El 28 de noviembre de 1910 asumió el ministro de Agricultura e Instrucción Pública Dr. Julio A. Busaniche, desempeñándose hasta el 15 de abril de 1911.
Nacido en Santa Fe, el 1º de septiembre de 1878, egresó en 1894 como bachiller en el Colegio de La Inmaculada Concepción, seis años después recibió el título de Abogado y fue profesor suplente de Derecho Romano a partir del 13 de octubre de ese año. Secretario del Juzgado Federal de Rosario (1901-1906), desarrolló una fecunda trayectoria en la Justicia.
04-11-1910: fallecimiento del vicegobernador Funes
El 4 de noviembre de 1910, en Rosario se produjo el fallecimiento del Dr. Pedro Lino Funes, médico egresado de la Facultad dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue diputado por La Capital (03-05-1888 al 28-04-1892) y presidió el Club Social de Rosario (1889-1890). En 1893 fue Vocal Consejo General de Educación y luego Presidente interino. Médico escolar desde el 7 de septiembre de 1904. Diputado por el departamento Gral. López (28-03-1906 al 12-05-1909). Jefe Político de Rosario desde el 13-05-1909 al 17-02-1910 y al día siguiente, había asumido como Vicegobernador de la provincia.
Homenaje en la Cámara de Senadores
En la Cámara de Senadores, al comenzar la segunda sesión extraordinaria del 8 de noviembre de 1910, el presidente senador Manuel López Zamora manifestó que “después de una rápida enfermedad que la ciencia fue impotente para combatir con éxito, entregó su cuerpo a la madre tierra, el que en vida fue Pedro Lino Funes, vicegobernador de la provincia de Santa Fe.
El extinto poseía un espíritu bondadoso y juvenil, pareciendo de superficie pulimentada, sobre la que no hacían mella ni los agravios ni las ofensas. Ha ocupado importantes destinos: diputado a la Legislatura, jefe político del Rosario, vicegobernador, acreditando en ellos condiciones de competencia, rectitud y honorabilidad.
El año 1895, en momentos de tribulación para la patria, se puso al frente de un batallón de la guardia nacional, cuyo equipo costeaba con sus recursos.”
Se dispuso enviar una nota de pésame a su esposa Alcira Maldonado de Funes y mediante una minuta se pidió al Poder Ejecutivo “la inclusión entre los asuntos a tratarse en las sesiones extraordinarias, de un proyecto acordando el sueldo que en vida gozaba el señor Vice-Gobernador don Pedro Lino Funes, a su viuda” y en consecuencia proponían que a la viuda de Funes se le liquidarían “los sueldos que le hubiesen correspondido durante el período porque fue electo, con exclusión de lo acordado para gastos de etiquetas, debiendo esos emolumentos abonarse mensualmente. El gobernador Ignacio Crespo contestó el 14 de noviembre, informando que “en acuerdo general de ministros” se resolvió incluir ese asunto en el período de sesiones extraordinarias y que de acuerdo a los antecedentes, “en casos como el actual, el procedimiento observado es conceder a la familia del extinto suma de dinero en efectivo” y que ese criterio se había aplicado en el Congreso Nacional al establecer “cantidades fijas a los deudos de los ex presidentes Uriburu y Quintana”.
La Cámara se constituyó en comisión y se consideró el proyecto de ley acordando “la cantidad de treinta mil pesos moneda nacional, que se pagarán en tres cuotas anuales, de diez mil pesos cada una, como recompensa a los servicios prestados a la Provincia por su esposo el Vicegobernador don Pedro L. Funes”, gasto que se pagaría con rentas generales. El senador Suárez manifestó que había hijos menores y propuso que se incluyeran en ese beneficio aclarando: “Creo que hay dos niñas menores que no viven con la señora… y según tengo entendido, muy humildemente.” En consecuencia, la ley dispuso que “corresponderá la mitad de esa suma a la señora viuda dividiéndose la otra mitad por partes iguales entre las hijas solteras”. El proyecto firmado por los senadores Peiteado, P. M. Carreras, Casiano Casas, Régulo Martínez, M. López Zamora, Francisco Constanzo, B. Arévalo, Juan Cepeda, L. P. Suárez, A. Echagüe, B. Mántaras, J. B. Parpal, Pedro Palenque, Pascual Quiroga, Carlos Sarsotti e Irigoyen, fue sancionado.
El 14 de noviembre el P. E. mediante un decreto se dispuso que el viernes siguiente, se concretaría un homenaje al vicegobernador fallecido y en consecuencia, se declaró “feriado dicho día para las oficinas públicas de esta capital” a fin de que los funcionarios pudieran “concurrir acompañados de los empleados de la administración al solemne funeral” a realizarse en la Catedral metropolitana, a las nueve. Ese mensaje se consideró en la sesión del 16 de noviembre en la Cámara de Diputados y a continuación se leyó el proyecto referido a los fondos que se entregarían a la viuda, pasando a la Comisión de Hacienda. El 22 de noviembre el proyecto fue sancionado definitivamente, por unanimidad.
Bomberos y alarmas de incendio
El 23 de marzo de 1910, el gobernador Ignacio Crespo en acuerdo general de ministros dispuso el funcionamiento de “una compañía de bomberos” en La Capital y el 19 de abril lo comunicó a la Legislatura para su consideración, remitiéndose a la Comisión de Presupuesto y Cuentas, cuyos miembros firmaron el despacho favorable el 15 de junio de ese año.
Envió luego un proyecto de ley destinando $ 11.841, 65 m/n. al “pago de saldos provenientes de la adquisición de quince avisadores de incendio con el material y accesorios correspondientes en la compañía Gomewell de alarmas de incendio de Nueva York, incluidos en esa suma los gastos de seguro, depósito intereses, etc.” El senador Palenque informó que “el comandante del cuerpo de Bomberos del Rosario señor Enrique Aguzzi contrató con la compañía Gomewell de alarmas de incendio de Nueva York, por intermedio de su representante señor Federico P. Danfothe, en junio de 1909, la compra de quince avisadores de incendio, todo esto por la suma de 8.457 pesos oro americano, entregando al firmar el contrato el 10% o sean $ 841.70”; indicó diversas operaciones que elevaron ese importe a $ 11.150,68 en mayo de 1910. Completó esa información el senador Peiteado, reconociendo que “el señor Aguzzi contrató estos aparatos, autorizado verbalmente por el gobernador Echagüe y el ministro del ramo, y esta autorización si no fue dada en forma, se hizo para ganar tiempo porque eran de imprescindible y urgente necesidad para la ciudad del Rosario, los avisadores de incendio, por el desarrollo de la población y su comercio”. Recordó que “el señor Aguzzi gestionó la autorización y el diputado Arguimbau presentó el proyecto y fue aprobado”, correspondiendo al mismo gobierno “incluir la partida en el presupuesto de 1910, pero por un descuido no se hizo”. Destacó el senador Palenque, que al asumir el actual jefe político –sucesor del ex gobernador Pedro Lino Funes-, “se encontró con esa deuda que reclamaba el Banco de Londres y Brasil”, y que “para aclarar el asunto, se dirigió al ministro de Gobierno; éste contestó que ignoraba lo que ocurría y solicitó informes al respecto”. Los aparatos estaban prestando “importantes servicios” en Rosario “y era de justicia reconocer la deuda, en salvaguardia del buen nombre del cuerpo de bomberos, y sobre todo, del gobierno de Santa Fe”. La Contaduría había observado que el contrato era “irregular y que no existía partida en el presupuesto para pagar la deuda”, coincidiendo con el informe del Fiscal de Estado y en consecuencia, era necesario que la Legislatura autorizara ese pago, mediante un “crédito extraordinario”. Es oportuno reconocer que el senador Palenque insistió en que hubo irregularidad en el procedimiento; refiriéndose al comandante del cuerpo de bomberos, manifestó de “su honorabilidad y preparación, como de su proficua labor” no tenía “más que palabras justicieras y merecidos elogios”, aunque “debió haber contratado los aparatos previa una autorización expresa y por escrito del superior gobierno” y advirtió “que un gobierno nunca ha debido ni puede dar autorizaciones verbales a un empleado de la administración sin comprometer seriamente los resortes fundamentales del estado y exponerse a serios menoscabos”. El senador Quiroga destacó la importancia de esa compra porque “los beneficios que prestan estos aparatos son incalculables: con ellos ahora se puede saber instantáneamente en el cuartel, el lugar en donde se produce un incendio, pudiendo así concurrir sin pérdida de tiempo a sofocarlo y se evitan también las sorpresas que antes corrían con los avisos telefónicos, que muchas veces eran maliciosos y no tenían más objeto que incomodar al Cuerpo de Bomberos”.
En esa oportunidad, se propuso complementar el proyecto autorizando un crédito para “la instalación de las líneas que han de poner en comunicación los diversos barrios de la ciudad con el cuerpo de bomberos”. El proyecto fue sancionado.
El 20 de abril de 1910, en la Cámara de Diputados se consideraron varios despachos de la Comisión de Peticiones y Poderes, entre ellos la subvención de “$ 6.000.- a cada uno de los hijos del ex jefe de policía don Agenor H. Rodríguez; el subsidio a Luis Borruat para trasladarse a Europa -sin monto en el diario de sesiones–; acordando 3.000 pesos al doctor E. Escobar”.
El 19 de abril de 1910, el diputado Fernández Díaz presentó un proyecto de ley autorizando al P.E. a designar una comisión para “la redacción de un proyecto de Código de Procedimientos Administrativos” que de acuerdo al art. 2º, “deberá ser presentado a la consideración de la Legislatura en las primeras sesiones ordinarias del año próximo”.
El proyecto surgió ante “la necesidad de un conjunto ordenado de reglas legales que reglamenten todo el procedimiento administrativo desde que el expediente se inicie, hasta su resolución por la autoridad administrativa competente”, aclarando que no se refería “a la codificación del derecho administrativo”, ni “a lo contencioso administrativo”.
El 26 de abril, los diputados Pautasso y López, miembros de la Comisión de Legislación firmaron el despacho favorable. El Dip. Pautasso destacó que se sentía “en el orden administrativo un vacío” resultante de la “no existencia de una legislación tendiente a regularizar la marcha y la forma de resolver los expedientes que corresponden a esa rama del poder público”. El diputado Fernández Díaz reconoció que “se trataba de una cosa completamente nueva en la República Argentina”, porque no tenía “conocimiento de que exista en ninguna otra provincia” y manifestó que su iniciativa tendía “a establecer un término para la resolución, de manera que se facilite a los particulares sus gestiones” e “igualmente a los ministros el despacho”.
Después de un breve debate el proyecto fue sancionado.
Becas a artistas
En la sesión del 23 de junio de 1910 se consideró el proyecto de ley presentado por el senador Palenque, disponiéndose la creación de una beca de cien pesos moneda nacional mensuales, por el término de dos años a favor del joven César Caggiano, a fin de que continúe sus estudios de pintura en la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires. Destacó el legislador que “el chiquilín César Caggiano, que apenas cuenta quince años, ha nacido en Larrechea, es hijo de padres muy pobres y pinta con tal facilidad que promete ser un gran artista para el futuro”.
Destacó haber “visto varias obras de este joven y sobre todo admirables sus retratos”, habiendo obtenido “medalla de oro” en la academia donde ha cursado sus estudios.
El proyecto fue considerado sobre tablas, el senador López Zamora propuso que se le otorgara por tres años, el senador Quiroga pidió que se estableciera en el proyecto que el alumno debía enviar sus “clasificaciones cada fin de curso” y el proyecto fue sancionado.
Renovación de autoridades en el Senado
En la sesión del 28 de junio de 1910 se eligieron nuevas autoridades en la Cámara de Senadores y prestaron juramento el Presidente pro témpore Senador Casas y el Vicepresidente 1º Senador López Zamora.
El 22 de junio de 1910, los senadores B. Arévalo y B. Mántaras, firmaron el despacho de la Comisión de Peticiones y Poderes en mayoría, sobre “las actas de las elecciones verificadas el 29 de mayo” de ese año, por las cuales resultara electo senador por el Departamento La Capital el señor José Vicente Parpal; firmando en disidencia el senador P. M. Carreras.
Durante el debate, el senador Carreras reiteró su discrepancia, “no por las condiciones personales del electo… un correcto y cumplido caballero” sino por “la forma que se ha procedido en esa elección”, insistiendo en que “se ha cometido un verdadero atropello a las libertades públicas, llevando a cabo una elección en la forma más impúdica que se pueda imaginar”.
Expresó el senador Carreras: “Voy a hacer el proceso desde el día que se empezó a incubar la senaduría para llenar la vacante por La Capital… el 18 de febrero, día que se recibía del gobierno el actual gobernador, haciéndolos leer por la mañana (sic) un hermoso programa de gobierno, que todos lo conocemos; ese mismo día a las cinco de la tarde ofrecía el señor gobernador la senaduría al señor M. I. Echagüe; así es que el señor gobernador empezaba ese mismo día falseando el retumbante programa: ‘la política para los partidos, la administración para el gobierno’; pasaron los días y en cada visita que hacía el señor Echagüe al señor gobernador, le decía: ‘vea sobrino, usted tiene mi palabra, vaya tranquilo’; pero hete aquí que varios días antes del señalado para la elección lo manda llamar el gobernador al señor Echagüe para manifestarle que no podía cumplirle su palabra, porque se le habían cruzado los ministros cada uno con su candidato; y que en acuerdo se había resuelto llevar al señor Parpal como un hombre de toda confianza para ocupar la presidencia del Senado; y asegurado esto, formarle juicio político al vicegobernador; después de esta resolución del Concilio de Trento; fue proclamado por ocho individuos que se titulan ‘Partido Constitucional’, y que no es otra cosa, que una junta que se ha constituido para usurparle las posiciones a los hombres que pertenecieron al ‘Partido Popular’.”
Durante la sesión del 28 de junio de 1910 presidida por el vicegobernador Pedro Lino Funes, se consideró ese despacho y el senador Arévalo manifestó que “sobre un total de veinte mesas funcionaron diez y seis”, “sin que se haya verificado ninguna protesta por los conjueces”. Expresó que “en el distrito Santo Tomé, se presentó un señor Rugenini, que no estaba inscripto en esa sección electoral, pretendiendo ser fiscal de un partido del que no tenía representación alguna y la mesa lo desechó: es la única protesta que se ha presentado en toda la elección” y destacó que “el señor Vicente Parpal ha obtenido un total de 1.296 votos, no habiendo uno solo en contra, en toda la elección”.
El senador Arévalo reconoció que “otro de los vicios de esa elección es la forma e intromisión descarada de la policía; habiendo llegado la impudicia a tal extremo, que el mismo jefe repartía las libretas en una bolsa por las comisarías: resultando así que muy pocos de los ciudadanos que votaron lo hacían con sus libretas, como lo hemos comprobado con el senador Peiteado en varias meses que recorrimos; y comprobando también que los mismos individuos que votaban en una mesa los llevaban los comisarios a otra, pasando por las comisarías donde les cambiaban las libretas; resultando de todo esto una verdadera farsa; como hacen en los teatros en algunas representaciones que desfilan por el escenario los artistas y dan vuelta por detrás de los telones para seguir desfilando los mismos”. Planteó que no se habían formado mesas “en algunas parroquias como sucedió en el Carmen, que no funcionó ninguna, y en la capilla de las Hijas de María no formaron sino una, pues no hubo escrutadores. En la Escuela Industrial una de las mesas funcionó con dos conjueces y el otro lo fabricaron a última hora para que pudiese funcionar”.
Reiteró que en esas mesas no se atendían sus observaciones, que una misma persona se presentó “con libreta ajena” en dos mesas; que en Recreo eran nulas porque habían empezado “a las 9 y 30 de la mañana” y la ley establecía a las ocho.”
En Llambí Campbell funcionó la mesa con dos escrutadores, y los votantes fueron 15, traídos por el comisario, sin embargo, en las actas ha votado casi toda la serie”.
El relato del senador Carreras era distinto al del senador Arévalo, con respecto a los hechos observados en Santo Tomé, donde “hicieron una protesta ante el juez; varias personas que trataron de acercarse a la mesa para fiscalizar la elección, la mesa resolvió hacerlas echar con la policía; pues creían era la oposición que venía a votar”.
Fue leída el acta de esa denuncia del ciudadano José L. Ruggenini porque “el presidente de la mesa, que es a la vez director de la Escuela local pública” había ordenado al agente de policía que lo retirara “amenazándosele con que se le haría conducir preso si así no lo hacía”, mencionando a los testigos Leonidas Pérez y el ciudadano Camilo Valentín Oliva”. El denunciante observó que no se había procedido así cuando estaban “al lado mismo de la mesa los señores José Vicente Parpal, Ricardo Aldao, Antonio R. Crespo, Eduardo M. Ramos y un grupo de diez o doce personas más o menos…”; siendo testigos de esa actuación los ciudadanos César Cerigioni y José Temporelli, ante el juez de Paz Leonidas González Montaner quien notificó de inmediato al aludido presidente de mesa señor Faustino San Juan.
El senador Carreras manifestó que “otra de las causas que hacen nula esta elección es que el electo hasta el día 29 en que se practicó la elección no estaba inscripto con el Registro Cívico Provincial, como lo determina la ley electoral en su artículo 14” y que “no se ha publicado en la provincia el levantamiento del estado de sitio para hacer la elección”. Estas impugnaciones fueron contestadas por el senador Arévalo admitiendo que en junio 6 del corriente año… después de verificada la elección, el señor Parpal ha retirado la partida cívica, de acuerdo con la ley, y hoy que se presentas el caso, si es necesario exhibirla porque la Constitución lo ordena puede presentarla”.
Con respecto al estado de sitio expresó: “No creo que haya necesidad de que se levante el estado de sitio para que tenga lugar una elección, y no es ésta una opinión solamente mía: el doctor Manuel Quintana, no levantó el estado de sitio en ninguna Provincia para que tuvieran lugar las elecciones.
(Hubo aplausos.)
Luego habló el electo senador Parpal -cuyo diploma se estaba evaluando- quien recordó “ejemplos concluyentes tomados de la historia política de Estados Unidos”, “el caso de la reelección del presidente Lincoln, de la renovación del Congreso federal y de la renovación de los poderes de los estados leales; actos todos que tuvieron lugar bajo el imperio de la ley marcial que es mucho más que un simple estado de sitio en el que subsisten todos los poderes constitucionales”.
Recordó que “las elecciones nacionales y provinciales verificadas bajo la Presidencia del doctor Sáenz Peña, en que no se suspendió el estado de sitio por consejo de su Ministro del Interior, que lo fue el doctor Manuel Quintana, una de las autoridades más respetables en materia constitucional.
El senador Palenque expuso sus razones para votar en contra de esa elección.
Pidió la palabra el electo senador Parpal:
“…Voy a empezar la defensa de mi diploma, agradeciendo ante todo los inmerecidos conceptos que se han vertido en favor de mi humilde persona”.
Aunque en las sesiones pueden hacer uso de la palabra los legisladores y la presidencia ordenando el debate o disponiendo que por secretaría se lean algunos antecedentes, resulta sorprendente que se haya permitido esa autodefensa que en varias oportunidades fue interrumpida con exclamaciones de aprobación y aplausos.
Destacó el senador electo:
“Mi elección de senador no ha sido pues el fruto de la imposición oficial ni ha sido incubada por el Gobernador; mi elección ha sido proclamada por el Partido Constitucional, al que tengo el honor de pertenecer y en cuya representación llego hasta el Senado”.
Ante la interrupción del senador Carreras diciendo que “…no existe tal partido”.
El senador electo respondió: “Sí existe, es una entidad real en la Provincia, y el señor senador Carreras no podrá negarla desde que lo ha autorizado, asistiendo a la reunión que se celebró en la casa del señor Calixto Lassaga, subscribiendo el acta en la que se constituía la junta provisoria del Partido Constitucional y se le autorizaba para dirigir todas las elecciones que se efectuaran en la Provincia”.
Aclaró el senador Carreras: “Yo salí de la reunión…” mientras Parpal seguía estructurando su autodefensa. Luego, afirmó: “…no vengo a abjurar propósitos que han sido el credo de toda mi vida, sino a ratificarlos solemnemente”.
Insistió en que “la ley castiga el fraude aislado, pero entrega la elección en su conjunto para ser juzgada por la Cámara”.
La sesión había comenzado a las 16 y aproximadamente a las 18:45 se votó la moción de postergación de ese asunto hasta tanto “sean remitidos los antecedentes de la Junta Electoral”.
Fue apoyada por siete senadores: Quiroga, Palenque, Constanzo, J. I. Peiteado, Martínez, M. López Zamora y Carreras, votando por el “no aplazamiento” nueve senadores: Cepeda, Arévalo, Sarsotti, Casas, J. F. Aufranc, Luis P. Suárez, Mántaras, Freyre y Echagüe.
Inmediatamente la votación nominal con idénticos resultados determinó “la aprobación del diploma” y hubo aplausos en la barra y en las bancas. “Puesta la Cámara de pie, presta juramento el senador electo”, el jefe de Taquígrafos Francisco Gimelli certificó que a las 18:50 se levantó la sesión.
Caducidad del Registro Cívico
En la sesión del 29 de junio de 1910 se consideró el proyecto de ley declarando “caduco el actual Registro Cívico Provincial” y se disponía “la formación de un nuevo Registro con sujeción a la ley Electoral vigente”.
Durante el debate el senador Quiroga manifestó que era necesario sancionar ese proyecto “que viene en revisión de la Cámara de Diputados” porque la comisión de Legislación consideraba que “la reforma es benéfica, mucho más cuando en el debate de ayer –dijo- se han emitido opiniones en el sentido que iniciemos una nueva vidas haciendo práctica la libertad electoral, a fin de que el pueblo concurra a los atrios y sea a la vez un estímulo para los partidos que se organicen y sea también el resurgimiento institucional, un motivo de paz y tranquilidad en la Provincia.”
Se opuso el senador Peiteado porque coincidía en el diagnóstico de la “enfermedad, pero no su origen ni el remedio que se propone, porque la causa de todos estos defectos no está en el padrón electoral sino en los hombres” destacando: “… somos nosotros mismos, los que dictamos estas preciosas leyes para violarlas, cuando no se sancionan al paladar de cada uno. Esa es la verdadera causa y si la pudiéramos suprimir de los hombres, con ese padrón lleno de vicios y de dolencias habríamos llegado al ideal que aspiramos y de que tanto se me habla”.
Planteó como necesidad, “ensayar otro sistema que evite el acaparamiento de libretas, aunque más no sea que permitiendo el voto con la simple presentación de la papeleta de enrolamiento, en fin, algo que inutilice la libreta cívica en mano de tal o cual caudillo. Esta es la triste historia…”
Insistió: “…el mal no está en el padrón electoral sino en los hombres… hagamos la ley en otra forma, de lo contrario no llegaremos nunca a la libertad de sufragio”.
El senador Quiroga reconoció que: “Desgraciadamente, existe una emisión innumerable de libretas, de ciudadanos que se han inscripto cinco y seis veces, existen muchas libretas duplicadas…”
El senador Suárez ratificó que “el padrón electoral está lleno de vicios” y que “la mayor parte de las libretas de un departamento están en otro y hay padrones donde figuran personas que ya no existen…” En esa circunstancia, el senador Carreras advirtió que la elección del “senador” se hizo “por ese padrón lleno de vicios.”
Cerrado el debate se dispuso la votación nominal y el proyecto quedó sancionado con el voto negativo de los senadores Peiteado, Carreras y Casas.
El 29 de junio de 1910 la Comisión de Legislación -senadores Peiteado, Aufranc y Quiroga- aconsejó la sanción del proyecto de ley autorizando a la Municipalidad de la Capital para “expropiar los terrenos y propiedades necesarios para ensanchar las calles 4 de enero desde 3 de Febrero hasta Carlos Pellegrini y Mendoza en toda su longitud, hasta dar a ambas calles un ancho uniforme de veinticinco metros, tomando como eje el centro de las calles y de acuerdo con el plano de rectificación formulado por la Oficina de Obras Públicas Municipal.” En la sesión de ese día estaban sin quórum cuando reingresó el senador Peiteado y manifestó que esas “calles tienen algunas irregularidades en sus líneas de edificación, son len algunas partes sumamente estrechas y el señor Intendente, penetrado de esta necesidad solicita la autorización necesaria para expropiar estos terrenos por causa de utilidad pública”. El proyecto quedó sancionado y se levantó la sesión.
El 26 de octubre de 1910 el gobernador Ignacio Crespo y el ministro de Gobierno, Justicia y Culto Dr. Estanislao M. López, firmaron el proyecto de ley de “organización de los ministerios, deslindando las ramas y las funciones que corresponden a cada uno de ellos”: Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto; de Hacienda y Obras Públicas y de Agricultura e Instrucción Pública, de acuerdo al art. 11 responsable de la superintendencia de todo lo relativo a la instrucción pública, al fomento de las bellas artes; el Archivo General de la Provincial, Marcas y Señales, Estadística General y lo relativo a la enajenación de tierras y a la producción e industrias. El 22 de noviembre, la Comisión de Negocios Constitucionales y Legislación con la firma de los diputados López y Pautasso, aconsejó la aprobación con algunas modificaciones. Aunque se propuso aprobarlo a libro cerrado, porque era un proyecto conocido, el diputado Pautasso se refirió a esa iniciativa que había “tenido como base, especialmente leyes de orden nacional en materia de organización de ministerios”; analizó el artículo 9º que establecía la responsabilidad del ministerio de Gobierno en la ejecución el Censo de la Provincia y el art. 11 con respecto al Archivo General de la Provincia. Después de un breve debate, el proyecto fue sancionado.
Durante la sesión extraordinaria del 15 de noviembre de 1910 se consideró sobre tablas en la Cámara de Senadores, el dictamen de la Comisión de Legislación -senadores Peiteado y Aufranc-, sobre el proyecto de ley electoral que modificaba el art. 3º de la ley Nº 1670, venido en revisión de la Cámara de Diputados, autorizando al P.E. para “efectuar durante el mes de marzo de 1911 las elecciones para la renovación constitucional de la H. Cámara de Diputados”; estableciéndose que “tendrán lugar los años que correspondan el primer domingo de marzo”.
Correspondía convocar a elecciones en los departamentos San Jerónimo y Garay, a la elección de un Diputado y un Senador en reemplazo de los legisladores fallecidos: Benjamín Peyrano y Benito Freyre y se incluirían a los representantes cuyo mandato terminaba el 31 de marzo de 1911. El proyecto fue sancionado.
El 28 de noviembre de 1910 asumió el ministro de Agricultura e Instrucción Pública Dr. Julio A. Busaniche, desempeñándose hasta el 15 de abril de 1911. Nacido en Santa Fe, el 1º de septiembre de 1878, egresó en 1894 como bachiller en el Colegio de La Inmaculada Concepción, seis años después recibió el título de Abogado y fue profesor suplente de Derecho Romano a partir del 13 de octubre de ese año. Secretario del Juzgado Federal de Rosario (1901-1906), desarrolló una fecunda trayectoria en la Justicia.
Fallecimiento del vicegobernador Funes
El 4 de noviembre de 1910 falleció en Rosario el Dr. Pedro Lino Funes, médico egresado de la Facultad dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue diputado por La Capital (03-05-1888 al 28-04-1892) y presidió el Club Social de Rosario (1889-1890). En 1893 fue Vocal Consejo General de Educación y luego Presidente interino. Médico escolar desde el 7 de septiembre de 1904. Diputado por el departamento Gral. López (28-03-1906 al 12-05-1909). Jefe Político de Rosario desde el 13-05-1909 al 17-02-1910 y al día siguiente, asumió como Vicegobernador de la provincia.
Se dispuso enviar una nota de pésame a su esposa Alcira Maldonado de Funes y mediante una minuta se pidió al Poder Ejecutivo “la inclusión entre los asuntos a tratarse en las sesiones extraordinarias, de un proyecto acordando el sueldo que en vida gozaba el señor Vice-Gobernador don Pedro Lino Funes, a su viuda”.
Proponían que a la viuda de Funes se le liquidarían “los sueldos que le hubiesen correspondido durante el período porque fue electo, con exclusión de lo acordado para gastos de etiquetas, debiendo esos emolumentos abonarse mensualmente.
El gobernador Ignacio Crespo contestó el 14 de noviembre, informando que “en acuerdo general de ministros” se resolvió incluir ese asunto en el período de sesiones extraordinarias y que de acuerdo a los antecedentes, “en casos como el actual, el procedimiento observado es conceder a la familia del extinto suma de dinero en efectivo” y que ese criterio se había aplicado en el Congreso Nacional al establecer “cantidades fijas a los deudos de los ex presidentes Uriburu y Quintana”.
La Cámara se constituyó en comisión y se consideró el proyecto de ley acordando “la cantidad de treinta mil pesos moneda nacional, que se pagarán en tres cuotas anuales, de diez mil pesos cada una, como recompensa a los servicios prestados a la Provincia por su esposo el Vicegobernador don Pedro L. Funes”, gasto que se pagaría con rentas generales.
El senador Suárez manifestó que había hijos menores y propuso que se incluyeran en ese beneficio aclarando: “Creo que hay dos niñas menores que no viven con la señora… y según tengo entendido, muy humildemente.”
En consecuencia, la ley dispuso que “corresponderá la mitad de esa suma a la señora viuda dividiéndose la otra mitad por partes iguales entre las hijas solteras”.
El proyecto firmado por los senadores Peiteado, P. M. Carreras, Casiano Casas, Régulo Martínez, M. López Zamora, Francisco Constanzo, B. Arévalo, Juan Cepeda, L. P. Suárez, A. Echagüe, B. Mántaras, J. B. Parpal, Pedro Palenque, Pascual Quiroga, Carlos Sarsotti e Irigoyen. Fue sancionado.
Homenaje y feriado
El 14 de noviembre el P. E. mediante un decreto se dispuso que el viernes siguiente, se concretaría un homenaje al vicegobernador fallecido y en consecuencia, se declaró “feriado dicho día para las oficinas públicas de esta capital” a fin de que los funcionarios pudieran “concurrir acompañados de los empleados de la administración al solemne funeral” a realizarse en la Catedral metropolitana, a las nueve. Ese mensaje se consideró en la sesión del 16 de noviembre en la Cámara de Diputados y a continuación se leyó el proyecto referido a los fondos que se entregarían a la viuda, pasando a la Comisión de Hacienda. El 22 de noviembre el proyecto fue sancionado definitivamente, por unanimidad
En la sesión del 22 de noviembre de 1910 se consideró en la Cámara de Diputados el despacho de la Comisión de Instrucción pública, aconsejando la aprobación del proyecto disponiendo la realización de “conferencias entre el personal docente de las escuelas de la provincia”, como “estímulo” y “destinada al estudio de la problemática de la técnica escolar”, que a través del Consejo de Educación se realizarían el 15 de diciembre de cada año a partir de 1911. Cuatro meses antes la Dirección General de Escuelas distribuiría los temas sobre los que versarían los trabajos que serían evaluados por un jurado y luego se presentarían en esas conferencias.
El diputado Escobar reconoció que en ese tiempo se había desviado “la corriente de maestros habiendo el propósito de mantener sus puestos y al mismo tiempo, decayendo el espíritu a punto de que los maestros van siendo una excepción en el personal docente de las escuelas de la provincia. Muchos de ellos son hombres intelectuales, eminentes maestros… que tienen gran cariño por la infancia y gran interés por inculcar en los cerebros de los niños todos aquellos principios que no solamente son de instrucción sino que los pueden llevar a ser verdaderos ciudadanos, especialmente en una provincia que está abocada a un crecimiento inmigratorio, en que su población escolar aumenta en una forma prodigiosa aportándose elementos de diferentes países a la infancia, de tal mera que… muchos de ellos a los ocho meses de ingreso al país se levanten como juventud hambrienta de participar de nuestras luchas, hambrienta de participar de todo propósito de engrandecimiento de la Nación”. Reiteró algunas cifras que reflejaban parte del perfil educativo en la provincia: sobre un total de 990 maestros solamente 253 eran varones (aproximadamente el 25,56%) y el 74.44% eran mujeres.
Destacó la importancia de la presencia de la mujer en los primeros años y planteó la necesidad de tener en cuenta que entre los 11 y 13 años, “en los grados superiores, el criterio y la sensibilidad de la mujer no son propios para formar el vigor, no son propios para formar el corazón de un ciudadano capaz de responder a las exigencias de la patria”. Reconoció que con ese proyecto se intentaba estimular “la obra de estos abnegados de la humanidad que muchas veces concluyen su apostolado oscurecidos en un rincón del olvido sin que se les haya tributado el agradecimiento público a que se han hecho acreedores por el desempeño de una obra tan grande, tan meritoria y tan patriótica.
Después de un breve debate, el proyecto fue aprobado y pasó a la Cámara de Senadores para su revisión y en la sesión del 24 de noviembre fue sancionado.
Medicina y curanderismo
En la sesión extraordinaria del 29 de noviembre de 1910, en la Cámara de Senadores se consideró una nota remitida por un cuatrocientos ochenta ciudadanos, refiriéndose al proyecto de ley sobre “Arte de Curar” y después de varias consideraciones sobre el derecho constitucional, reconocían que “el ejercicio clandestino del ‘arte de curar’ o sea sin título legítimo”, “entraña sin duda, un verdadero mal social y plantea un problema más complejo y de intensa gravedad que lo que a primera vista parece. Es el exponente de un fenómeno de psicología social que se difunde y prospera por razón de generalización de ambiente debido a cierta perversión de costumbres y a errores o deficiencias de carácter institucional. Los progresos de ese arte que constituyen una industria ilícita y normalmente malsana, encuentra favorable acogida en el mismo sentimiento popular. No puede negarse la existencia de una gran masa de población en diversas capas sociales que por desgracia presta entera fe sincera a todo aquello que considera misterioso, sobrenatural o milagroso y se lo explica con criterio de superstición sistemáticamente inculcado bajo la influencia de errores y preocupaciones inveteradas por sugestión de impostores que viven del tráfico y explotan la ignorancia y la mentira en sus más responsables manifestaciones.
El secreto del éxito de los que adoptan ese medio de vida, en general no es más que la influencia del fanatismo religioso, como consecuencia lógica y derivativa de estos sentimientos. Al practicar o ejercitar lo que vulgarmente se llama ‘curanderismo’ lo hacen, o auto sugestionado hasta el extremo de creerse sinceramente iluminado y favorecido por la influencia de las cosas divinas, o son simples impostores que operan sobre la indefensa credulidad vulgar en estas mismas cosas… Raro es el curandero o curandera tanto de la ciudad como de la campaña que no haga ostentación exagerada de ese culto. Tienen imágenes de vírgenes o santos en oropelados nichos o camarines y hasta oratorios en sus domicilios y a su cooperación atribuyen la virtud infalible de sus ‘maravillosas’ curaciones.”
Insistían los ciudadanos firmantes, en que: “tanto el enfermo que con la convicción de su tratamiento curanderil como el curandero que lo atiende y lo hace objeto de sus supercherías, mientras el hecho no revista el carácter de delictuoso, bajo la aplicación de los preceptos legales, debe reputarse que se encuentran en la esfera de las acciones privadas de las que solo Dios es Juez y están exentas de la autoridad, de los magistrados, según el precepto constitucional que así lo proclama.” En consideración el art. 5 de la Constitución de la provincia de Santa Fe cuyo texto es: “Su religión es la católica romana, a la que prestará su más decidida protección y sus habitantes el mayor respeto”; aludían al “Cura de almas” que “ejerce su ministerio por delegación divina, según el dogma, cuando intercede ante el Supremo Creador del Universo y ante las divinidades de su culto para implorar, mediante una remuneración convencional o de arancel fijo, por la redención de un alma en entera pena por el perdón de los pecados terrenales, por la salud de los enfermos…” y el “fervor de un creyente sincero” en sus súplicas a “la Virgen de Luján, a la de Itatí, a la del Valle, a San Roque, a San Antonio…” y en consecuencia, no creían “necesaria la sanción de leyes represivas ni menos las que resulten inconstitucionalmente ineficaces”.
Inmediatamente se consideró la nota del Círculo Médico del Rosario, firmada el 14 de noviembre por el presidente Dr. Pedro N. Castro y el secretario F. Florentino pidiendo “la pronta sanción de Ley sobre ejercicio de la medicina que es tan necesaria para amparar los derechos de los que sufren alguna dolencia, como indispensable para garantir el ejercicio de una profesión que goza del triste privilegio de tentar a profanos que sin reparo la explotan en detrimento de su augusta misión y de la salud de gentes sencillas o simplemente ignorantes”. Después de un breve debate, el proyecto fue sancionado.
Bebidas en los obrajes
En la sesión extraordinaria del 9 de enero de 1911 se consideró en la Cámara de Senadores el proyecto de reformas a la ley de Patentes y el senador Quiroga manifestó que al proponerse “la supresión del impuesto a los despachos de bebidas en los obrajes, que estaba establecida en la suma de tres mil pesos, como una patente prohibitiva, no con el deseo de buscar mayores beneficios para las arcas del Estado, sino como un medio para evitar la explotación y la perversión moral de esos pobres obreros que son víctimas (según ha dicho un miembro de la Cámara de Diputado) de una explotación inicua, sacándole sus jornales por medio de precios elevadísimos en las bebidas” intentándose “restringirlos en todo lo posible”. Destacó que “esta forma denigrante de explotación va produciendo hasta desgracias en las familias porque un pobre beodo que va sin un centavo a su casa es un ogro en el hogar” y opinó que esa patente tendría que ser “dura”, “fuerte” porque “así lo requiere la salvación de las generaciones futuras que salen dañadas, como es natural, a causa del alcoholismo”.
Banco saqueado
Durante la sesión del 9 de enero de 1911, durante el tratamiento de la reforma a la Ley de Patentes, el senador Quiroga se refirió a la “patente a los bancos de descuento, que cobran una tasa mayor de interés que el Banco de la Nación Argentina”, “casas que aprovechan un momento de apuro para ponerle un dogal al cuello al que tiene necesidad de recurrir al crédito”.
Aludió a “un banco que en época desgraciada para esta Provincia, dio muchos dolores de cabeza (…Banco de Crédito Territorial de Santa Fe) que vino a establecerse con privilegios extraordinarios y el resultado ha sido que vino a quedarse con la mitad de las tierras y propiedades más importantes, a un vil precio”.
El senador Constanzo manifestó que “esa sociedad fue saqueada”.
Respondió el senador Quiroga, que había sido saqueada “por los compinches de la misma sociedad” advirtiendo que “hay muchas instituciones, muchos bancos saqueados, no por los ladrones de afuera sino por los ratones de dentro; no puedo darle un laudo de honor; el robo a los particulares, se hace más tarde un hábito y luego se roban entre sí”. En ese tiempo, funcionaban el Banco Municipal de Préstamos, que sustituía a las casas de empreño y el Banco Escolar Argentino, según se reiteraba, “con el fin de librar al empleado o al particular de la usura”.
En diversos homenajes se ha destacado la acción política del hacendado Ignacio Crespo. La municipalidad de Santa Fe sancionó la ordenanza que impuso su nombre a una calle de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, que está trazada de sur a norte -a la altura del 5500- y se extiende desde el 6.500 al 10.699. [2]
En la ciudad de Santo Tomé, la escuela primaria Nº 0166 -situada en la avenida Ricchieri s/n- también ostenta su nombre.
Reconocimiento a don Ignacio Crespo
Como suele suceder aún a comienzos del siglo veintiuno al ser otorgados algunos subsidios o pensiones graciables, durante la sesión del 10 de agosto de 1918, en la Cámara de Diputados presidida por el Dr. Arturo Anello, se consideró el proyecto presentado por el diputado Dr. Luciano F. Molinas -entre otros- y en reconocimiento a los méritos del ex gobernador Ignacio Crespo se propuso el otorgamiento de “un subsidio de diez mil pesos moneda nacional, que se abonará en cuotas mensuales de trescientos pesos cada una”.
Algunas referencias a su trayectoria
El diputado Luciano Molinas del Partido Demócrata Progresista, destacó que “en 1870 se incorporó a la Legislatura; en 1873 fue Gerente del Banco Argentino, única institución que en aquellos momentos de crisis convirtió toda su emisión y pudo entregar a la sucursal de Paraná 130.000 pesos en propiedades y créditos a cobrar. En 1876 se le confirió la gerencia del Banco de la Provincia de Santa Fe, puesto que desempeñó hasta 1878 en que fue proclamado candidato a Gobernador de la Provincia. En 1888 se le nombró Director del Banco Nacional, puesto que ocupó hasta el día de la liquidación del Banco, habiendo ocupado, en ese tiempo varias veces la gerencia. En 1895 fue nombrado Director del Banco Provincia. En 1901 el departamento San Cristóbal le confió su representación al Honorable Senado Provincial. Terminado su mandato, vuelve nuevamente al Senado, ocupando la presidencia del mismo. La Convención Reformadora de la Constitución, en 1907, lo cuenta en su seno” y “haciendo honor a las virtudes del señor Crespo, lo designó Presidente. En 1909, fue electo Gobernador de la Provincia…”
Acerca de su gobierno
El diputado demócrata-progresista Dr. Luciano Molinas destacó que “después de ser gobernador de la provincia, don Ignacio Crespo “ocupó un nuevo cargo en el Directorio del Banco Provincia, hasta que, en 1914, el Partido Radical lo proclamó candidato a Senador, obteniendo su triunfo en las urnas”.
Expresó que “ha prestado servicios de todo género, acusando en el desempeño de sus cargos, una honradez acrisolada” y reconoció que “en la vejez, cuando ya las energías han decaído por completo, se encuentra pobre y sin recursos, …la miseria ha pisado los umbrales de su hogar”.
En consecuencia, la Cámara aprobó por unanimidad que se solicite al Poder Ejecutivo la inclusión de ese asunto en las sesiones de prórroga.
Propuesta de aumento del subsidio
En la sesión del 26 de junio de 1920 el senador Francisco Caminos pidió que se considerara de “inmediato, constituyéndose la cámara en comisión”, el proyecto de ley que suscribió con varios legisladores, acordándose “un subsidio de 12.000.-$ al ciudadano don Ignacio Crespo”, que se podría “pagar en cuotas mensuales de 300.- pesos”, dos mil pesos más que el anterior por diez mil pesos. En esa oportunidad destacó que “se trata de un distinguido y esclarecido ciudadano, quien en un lapso de tiempo (sic) de cincuenta años ha prestado a la provincia servicios muy importantes y eminentes”; considerándolo “un hombre austero” y probablemente tan ocupado en esas funciones que no pudo dedicarse a “sus asuntos y negocios particulares”, por lo cual se encontraba en “ese momento casi en la indigencia, a tal punto que la miseria está golpeando las puertas de su hogar honrado”. El proyecto fue sancionado por unanimidad, de modo que mediante las leyes 2009 y 2017 sus familiares habrán podido mejorar su calidad de vida.
[1] Conste que la trascripción no es literal debido a la deficiente ortografía observada en la impresión del diario de sesiones, editado en el “Establecimiento Tipográfico Pedro D. Languasco, Rosario 285l” en Santa Fe, en 1910.
[2] Cello, Miguel. Calles de Santa Fe ¿Por Qué? ¿Por Quién? Santa Fe de la Vera Cruz, Ediciones de la Cortada-UNL, Universidad Nacional, 1997.
Ferias del Libro Infantil y Propuesta de Lectura

References: artículo 1
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 9