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Timestamp: 2019-09-22 16:24:49+00:00

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Trabajo Práctico 1: EL SISTEMA INQUISITIVO DE ENJUICIAMIENTO PENAL
A propsito de su efectiva aplicacin en el proceso: Mara Graciela Cortzar
Sumario: I. Introduccin al concepto de la garanta y su aplicacin en el proceso penal. II. Antecedentes histricos. III. El principio en la Constitucin Nacional de 1853. IV. La presuncin de inocencia en el mbito de los derechos humanos. V. Las verificaciones normativas en la legislacin interna: el principio de inocencia y sus derivaciones.
I. Introduccin al concepto de la garanta y su aplicacin en el proceso penal. El principio de inocencia o presuncin de inocencia es un principio jurdico penal que establece la inocencia de la persona como regla interpretativa aplicable desde el inicio hasta la finalizacin del proceso. Solamente a travs de un proceso en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podr el Estado aplicar una pena o sancin. El estado jurdico de inocencia, conocido tambin como presuncin de inocencia, es uno de los elementos esenciales que integran el sistema procesal de garantas. Esta condicin de derecho de la persona frente al poder punitivo del Estado ha sido tratada por los autores en el estudio del principio de inocencia y de sus repercusiones en los diversos mbitos de la justicia penal, principio que es fundamento inmediato de otros de otros que junto con l conforman una de las principales directrices de un moderno modelo de enjuiciamiento criminal, cual es la garanta del proceso justo o debido proceso. La presuncin de inocencia como base de sustentacin de la persecucin penal es una conquista del liberalismo y del surgimiento de concepciones poltico institucionales antropocntricas que anteponen la libertad, la dignidad de la persona a cualquier otra finalidad. Por ello se hace necesario revisar esta garanta a la luz de los procesos histricos de la humanidad para verificar su surgimiento lgico en pocas de evolucin institucional que estaban signadas por determinadas concepciones polticas. Los antecedentes histricos del
principio de inocencia pretenden adems dar a conocer la evolucin y el origen de este principio por la importancia que representa su contenido. De igual manera se plasmarn los conceptos y significados que el trmino como tal engloba, con el objetivo de dar un concepto claro de este principio en el mbito del Derecho en general y en el campo del Derecho Procesal Penal en particular. Por la relevancia del tema planteado, se hace referencia a la naturaleza de la presuncin de inocencia, considerndola como una garanta bsica del proceso penal y del debido proceso, siendo tambin una regla de tratamiento del imputado, una regla de juicio del proceso y finalmente considerando a este principio como una presuncin iuris tantum. Es preciso resaltar los alcances que el principio de presuncin de inocencia denota como tal, para poder delimitar claramente el campo de accin del mismo.
II. Antecedentes histricos. Es correcto afirmar que pueden hallarse antecedentes del principio en el Derecho Romano, pero debe advertirse que a partir de la influencia del Cristianismo, se invierte progresivamente su esencia hasta terminar desapareciendo con la profundizacin de las prcticas inquisitivas en la baja Edad Media. En el comienzo de la Edad Moderna, y principalmente de la pluma de Hobbes, Montesquieu y Beccaria, se reinstala el principio y se afirma. De esta manera, Beccaria, en su obra De los Delitos y de las Penas establece que la presuncin de inocencia es un principio necesario, manifestando que: un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pblica proteccin sino cuando est decidido que ha violado los pactos bajo los que fue concedida1 En el siglo XVIII se transforma en uno de los postulados fundamentales que presidieron la reforma liberal ante el sistema represivo que imperaba en la poca y es precisamente en 1789 que la Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano lo sanciona en forma explcita. La Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano constituye un hito dentro del movimiento iluminista que reaccion a toda una organizacin poltico-social totalitaria, que tena como uno de sus principales instrumentos un modelo de justicia penal
Beccaria, Cesare, De los delitos y de las penas,
represivo, fundado en las pruebas legales y el uso indiscriminado de la tortura como un medio vlido para obtener la confesin. Segn la lgica del sistema inquisitivo prerrevolucionario, el acusado no era un simple sospechoso, ms bien se le estimaba culpable, y a l le corresponda el deber de destruir las conjeturas de culpabilidad, demostrando su inocencia. Esto responda a que en este modelo de enjuiciamiento se invirti la mxima actori incumbit probatio. La forma inquisitiva de enjuiciamiento criminal de la Edad Media, fue instrumento eficaz para uno de los postulados de la ideologa absolutista, que tuvo su apogeo a mediados de la Edad Moderna: el poder de castigar entre los atributos personales del soberano, unido al poder de prisin extraprocesal, mediante el cual el rey o sus representantes disponan arbitrariamente de la libertad de los sbitos, sin ningn juicio. Toda esta discrecionalidad del despotismo, que us y abus de sus ilimitados poderes tanto en lo poltico como en lo judicial, no fue suficiente para detener la creciente delincuencia directamente relacionada con el desarrollo productivo generado por la Revolucin Industrial, y la creciente migracin de la poblacin rural hacia las ciudades. Se hizo necesaria una reestructuracin de la justicia penal y la mxima era: no castigar menos, pero castigar mejor. La crtica certera al Derecho represivo y a todo el sistema poltico que lo sustentaba, vino de la mano del pensamiento iluminista del siglo XVII que se caracteriz por ser racionalista, utilitario y jusnaturalista y cuyos exponentes ms notables fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau, entre otros. Estos intelectuales disearon el ideario reformista de todo un sistema poltico-social vigente que avasallaba la persona y los derechos del individuo. Decidida fue la opcin de Montesquieu por la proteccin de los inocentes sin excepcin, calidad que tiene todo individuo antes de una condena criminal, postulado en que fundament el nexo entre libertad y seguridad del ciudadano. Sin eufemismos escribe Montesquieu diciendo que la libertad poltica consiste en la seguridad, o al menos en creer que se tiene la seguridad. Esta seguridad no est nunca ms comprometida que en las acusaciones pblicas o privadas. Por consecuencia, de la bondad de las leyes criminales depende principalmente la libertad del ciudadano. Mostraba as que cuando la inocencia de los ciudadanos no est asegurada, tampoco lo est su libertad.
Por su parte, Voltaire fue de los ms crticos del Derecho Penal de su tiempo y a propsito de la Ordenanza Criminal Francesa de 1670, postul el juzgamiento por jurados en juicio oral y pblico; defendi la asistencia judicial por abogado; apoy el sistema de ntima conviccin en la valoracin de la prueba; calific como irracional la tortura, consecuencia del sistema de prueba legal y abog por la libertad de defensa. Pero sin duda fue Cesare Bonesana, marqus de Beccaria, el que alcanz ms notoriedad en el examen de las instituciones penales de su poca, materiales y procesales, y su nica obra De los delitos y de las penas le vali incluso el ttulo de fundador de la ciencia penal moderna. Confeso discpulo de Montesquieu, postul una reforma total en materia penal y procesal penal; observ el encarcelamiento preventivo como una pena anticipada y por ello exigi para su procedencia que la ley estableciera suficientes elementos que fundaran una probabilidad satisfactoria sobre la participacin del individuo en el delito de que se le acusaba; demand la separacin en los recintos carcelarios entre acusados y convictos, favoreci el juicio por jurados en audiencia oral y pblica, atac el sistema de prueba legal y postul morigerarlo, clasificando las pruebas legales en perfectas e imperfectas. Los pensadores iluministas elevaron el estado de inocencia a un sitial preponderante, consagrndolo como uno de los postulados esenciales de sus ideas reformistas en el marco de la justicia penal, que sustitua el procedimiento inquisitivo, por el de un proceso acusatorio, pblico y oral que asegurara la igualdad entre la acusacin y la defensa.
III. El principio en la Constitucin Nacional de 1853. La CN impide que se trate como culpable a la persona a la que se le atribuye un ilcito, un hecho amenazado de pena o una conducta prohibida y lo prohbe cualquiera sea el grado de verosimilitud, de conviccin probatoria al respecto. Esta prohibicin que aparece formulada de modo terminante rige hasta tanto el Estado, a travs de sus rganos establecidos al efecto (jueces) pronuncie sentencia penal firme que declare su culpabilidad y le imponga pena. El art. 18 de la Constitucin Nacional dice enfticamente: Ningn habitante de la Nacin puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Se
extrae de esta norma constitucional, adems de otras exigencias procesales, el principio de inocencia como presuncin que beneficia a la persona imputada hasta tanto no recaiga sentencia firme. Es claro que esta afirmacin conceptual surge de la necesidad que la CN impone de un juicio previo, por lo que bien se afirma sin hesitacin que el imputado es inocente durante toda la tramitacin del proceso2 Y es correcto ampliar su alcance al decir de Clari Olmedo, como principio garantizador para toda la sociedad, en forma tal que: los habitantes de la Nacin gozan de un estado de inocencia mientras no sean declarados culpables por sentencia firme, aun cuando respecto a ellos se haya abierto una causa penal y cualquiera sea el proceso de esa causa3. La inocencia de los imputados en materia penal acompaa a estos siempre, durante el desarrollo de todo el proceso. Cesa solamente cuando se consolida como estado natural del hombre a partir de la resolucin procesal que lo declara en forma definitiva o cuando se transforma en condena irrecurrible, dando lugar a una nueva condicin jurdica para el sujeto: la de condenado. Es inexacto decir que el principio de inocencia no se encuentra previsto en la Constitucin Nacional en forma expresa antes de 1994. Esta garanta es propia y esencial al sistema republicano de gobierno que aparece en el artculo 1 CN y por ende ya est implcitamente reconocida en ella de modo necesario en virtud del artculo 33. La declaracin estudiada no significa que la sentencia de condena constituya la culpabilidad, sino, por el contrario, significa que la sentencia condenatoria es la nica forma de declarar esa culpabilidad, de sealar a una persona como autora culpable de un hecho punible o partcipe en l y la nica forma de imponer una pena a alguien. Como se dijo al principio, es importante por lo tanto destacar que el principio de inocencia que se analiza aqu quiere significar que toda persona debe ser tratada como si fuera inocente, desde el punto de vista del orden jurdico, hasta tanto no exista una condena penal firme. Es correcto afirmar que la persona imputada goza de la misma situacin jurdica que un inocente, en lugar de decir que la persona imputada es inocente. Los discursos que dan sentido sustancial al principio confunden su aplicacin y pueden
Velez Mariconde, Alfredo, Derecho Procesal Penal ( 2da edicin). Buenos Aires, Editorial Lerner, 1969, pgina 59 3 Claria Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal, Tomo I, Buenos Aires, Editorial Ediar, 1960, pgina 251.
colaborar a que se pretenda su limitacin solamente a casos en los cuales exista grado de menor evidencia sobre la autora o responsabilidad. Se trata de un punto de partida poltico que asume la ley de enjuiciamiento penal en un Estado de Derecho y que tiene su origen como reaccin contra un modo de persecucin penal que parta desde el extremo contrario. El principio no afirma que el imputado esencial o factualmente sea en verdad inocente, sino que no puede ser considerado culpable hasta que una decisin judicial, poniendo fin al proceso, lo condene y habilite de tal forma la aplicacin de pena o consecuencia jurdica que corresponda por esa declaracin de culpabilidad dictada por un rgano estadual competente a esos fines. IV. La presuncin de inocencia en el mbito de los derechos humanos. A partir de mediados del siglo XX, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos tambin dedic especial proteccin a la libertad ambulatoria y al estado jurdico de inocencia, combinando ambos principios para reforzar la necesidad de establecer el derecho de toda persona a gozar su libertad durante el proceso penal. El principio aparece regulado en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos como, por ejemplo, la Convencin Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jos de Costa Rica y en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos. Especficamente, desde el Derecho Internacional, se regula: Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio pblico en el que se le hayan asegurado todas las garantas necesarias para su defensa(Art. 11 Declaracin Universal de los Derechos Humanos. Y Garantas Judiciales [] Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad Convencin Americana de Derechos Humanos). Las reglas del derecho internacional de los derechos humanos, en este sentido, revisten extrema importancia en relacin al principio de inocencia. Estas reglas contienen una serie de exigencias especficas que deben ser respetadas por los estados ante toda privacin de libertad. Este deber atribuido a los estados, cuyo cumplimiento es exigible, deriva del carcter obligatorio y vinculante de los instrumentos jurdicos internacionales destinados a proteger derechos inherentes al ser humano, considerados fundamentales. ( Art. 8 de la
As, por ejemplo, las Reglas mnimas para el tratamiento de los reclusos, Los Principios bsicos para el tratamiento de los reclusos, El conjunto de Principios para la proteccin de todas las personas sometidas a cualquier forma de detencin o prisin y Las Reglas de las Naciones Unidas para la proteccin de los menores privados de la libertad, entre otros. Se impone una exigencia normativa que requiere que toda persona sea considerada y tratada como inocente hasta tanto no se obtenga el pronunciamiento de una sentencia condenatoria firme, que destruya el estado jurdico de inocencia que el ordenamiento jurdico reconoce a todos los seres humanos. Por ello, el imputado, a pesar de ser sometido a una persecucin penal, debe recibir un tratamiento distinto al de las personas condenadas. En este sentido, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, al decidir un caso: Este principio construye una presuncin a favor del acusado de un delito, segn la cual ste es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante sentencia firme. El contenido de la presuncin de inocencia exige que la sentencia de condena y por ende la aplicacin de la pena, solo pueda estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado4 La exigencia impide que se trate como culpable a la persona solo sospechada de haber cometido una conducta delictiva, sin importar el grado de verosimilitud de la sospecha, hasta que un tribunal competente no pronuncie una sentencia que afirme su culpabilidad e imponga una pena.
V. Las verificaciones normativas en la legislacin interna: el principio de inocencia y sus derivaciones. A.- La regla del in dubio pro reo y favor rei. El principio de inocencia se encuentra recogido en las legislaciones procesales que reglamentan el proceso constitucionalmente diseado en el mbito interno de un Estado. En nuestro pas, y en el mbito de la Provincia de Buenos Aires, el artculo 1 del CPPBA lo recoge expresamente.5
CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Rep. Arg., caso Guillermo Jos Maqueda, p- 746 5 El Cdigo Procesal Penal de la Nacin lo recepta en el art. 1 y tambin se verifica en forma expresa en los textos de los Cdigos de Procedimiento de Catamarca ( art. 1); Corrientes ( art. 1); Entre Ro ( art. 1 c) ;
El principio de inocencia tiene derivaciones procesales de importancia que exigen su verificacin a lo largo de su aplicacin concreta en diversos momentos o instancias del proceso. Dije al inicio que el principio de inocencia constituye un principio poltico interpretativo a la luz del cual se deben aplicar siempre las reglas especficas en los procesos concretos. El primero de los principios derivado de aquel es el conocido como in dubio pro reo o en caso de duda a favor del reoo su modalidad ampliada de favor rei , es decir el sentido mas favorable al reo
El principio in dubio pro reo, si bien proviene hoy del de inocencia, se sostiene que puede rastrearse en el Derecho Romano de la ltima poca imperial, en el brocrdico que afirmaba: es preferible dejar impune al culpable de un hecho punible que perjudicar a un inocente6. El contenido del principio derivado es claro: se exige que la sentencia de condena y su consecuencia, la aplicacin de pena, solo puedan fundarse en certeza del Juez acerca de la existencia de un hecho punible que se atribuye a la persona sometida a proceso. La ausencia de certeza es la imposibilidad estatal para destruir la situacin de inocencia que construye la ley (presuncin) para amparar a la persona imputada y que de no ser destruida conduce a la absolucin. Cualquier grado menor a la certeza respecto a la verdad, conduce necesariamente a la absolucin (duda o probabilidad).7 A partir de la reforma constitucional que introducen los Tratados Internacionales se verifica que estos incluyen el aforismo por remisin al principio de inocencia, citndose expresamente el requerimiento de certeza para poder condenar, al igual que la imposibilidad absoluta de revertirse la carga de la prueba (por ejemplo CADH, 8 n 2; PIDCyP,14,n 2 ) La garanta del in dubio pro reo aparece en la sentencia definitiva operando como su mbito natural. Es all donde la regla cumple su papel esencial. Algunos cdigos modernos que la contienen la ubican en el captulo dedicado a regular esa etapa procesal, en tanto que
Formosa ( art. 1); Jujuy ( art. 5); La Pampa ( art. 1); Misiones (art. 1); Santa Fe ( art. 5); San Juan ( art. 1) ; Tucumn ( art. 1). 6 En lengua original: Satius esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari. 7 La CSJN reconoce la vigencia constitucional del principio in dubio pro reo (Fallos CSN, t 295, p. 782) y lo ha aplicado en sus propias decisiones (Fallos CSN, t. 215, p. 269; t. 281, p.69).
otros la ubican entre las reglas generales. El Cdigo Procesal de la Provincia de Buenos Aires adopta esta forma y en su artculo 1 introduce, en el ttulo la mencin de favor rei como regla ampliada y en su texto enuncia: :.en caso de duda deber estarse siempre a lo que sea ms favorable al imputado. La falta de certeza o el estado de duda que obligue a la reafirmacin del principio de inocencia, a travs de la regla in dubio pro reo o del amplio favor rei que lo contiene, se puede presentar tanto en lo que hace a la imputacin y sus elementos, incluso en la normativa fundante de la accin u omisin tpicas, como en la determinacin de la
participacin de la persona imputada y su culpabilidad, y asimismo a las causas de diverso orden que excluyen condena y pena, al igual que los presupuestos fcticos que individualizan la pena ( art. 41 CP). Todo ello debe ser reconstruido conforme al principio in dubio pro reo. No se discuti en la jurisprudencia la regla del favor rei para la determinacin de los hechos que importan en la sentencia, s fue puesta en duda en su alcance de interpretacin y aplicacin de la ley. Nuestro Cdigo Procesal Penal ha optado por receptar el criterio del favor rei aplicado a la interpretacin normativa que se conoce como principio de interpretacin restrictiva, que se encuentra regulado en el artculo 3 del CPPBA. Interpretacin. Toda disposicin legal que coarte la libertad personal, restrinja los derechos de la persona, limite el ejercicio de un derecho atribuido por este Cdigo o que establezca sanciones procesales o exclusiones probatorias, deber ser interpretado restrictivamente. Maier entiende que el principio no siempre se corresponde con la finalidad indicada, ya que es admisible la interpretacin extensiva y la analgica in bonam parte , no prohibida por el principio de legalidad penal en tanto sea aplicacin de una facultad o autorizacin concedida al imputado8. Entiendo que la afirmacin acertada en general del Profesor Julio Maier - ha sido perfectamente salvada por el legislador provincial, que solo impide la interpretacin extensiva desfavorable desde el texto del artculo 3. Esto deja con total posibilidad de
Maier, Julio B, Derecho Procesal Penal, Tomo I. Fundamentos., Buenos Aires, Editores del Puerto, 1996, 2da. Edicin, pg. 503.
aplicacin en su caso a la interpretacin extensiva de facultades normativas si favorecen al reo. B.- Onus probando ( carga probatoria del acusador). La necesidad de afirmar la certeza de existencia de un hecho punible como medio para justificar la sentencia de condena, ha llevado a afirmar en el proceso penal que la carga de la prueba de inocencia no la tiene el imputado o lo que es igual, que corresponde a la acusacin demostrar la culpabilidad de aquel. Finalmente, es correcto afirmar que toda la teora de la carga probatoria carece de sentido en el proceso penal. Quien resulta imputado no necesita construir su inocencia, la que ya ha sido construida de antemano
constitucionalmente, beneficindoselo con la presuncin de tal estado mientras dure el proceso. Ser la condena, que procure, pida e intente justificar con prueba plena y cierta el acusador, la que deber destruir esa presuncin que lo acompaa. La vigencia absoluta de la regla derivada ha sido sostenida con nfasis por nuestra Corte Suprema, frente a interpretaciones de los Tribunales que pretendieron imponer al imputado la obligacin de probar cuando invocaba un hecho que excluyera la condena o pena. En estos casos la CN rechaz las sentencias sosteniendo que el fallo importa violacin a la garanta del art. 18 CN, pues invierte la carga de la prueba y la exige al imputado9 Es deber del acusador pblico investigar la verdad objetiva acerca de la hiptesis delictual objeto del proceso, tanto en perjuicio como a favor del imputado, ligado as a la exigencia de no solicitar condena cuando tiene elementos que le indican la falta de certeza al respecto de la hiptesis sostenida. No es el imputado el que debe probar la existencia de los hechos exculpatorios que alega sino, como parte de su hiptesis punible, el Fiscal mostrar su inexistencia. Y si existieran, deber sostenerlos y pedir la absolucin en razn de la exigencia de las reglas que rigen su actuacin objetiva. C.- El trato de inocente: su vigencia en materia de coercin personal. Deca Concepcin Arenal en 1877: Imponer a un hombre una grave pena, como es la privacin de libertad, una mancha en su honra, como es la de haber estado en la crcel, y esto sin haberle probado que es culpable y con la probabilidad de que sea inocente, es cosa que dista mucho de la justicia.
Fallos, CSJN, t. 275, p. 9,.t.292. P. 561, t. 295, p. 782
Los intentos por conciliar el principio de inocencia con la vigencia de restricciones o coerciones personales durante el proceso pretenden sostenerse en la necesidad de afianzamiento de la justicia como motivacin para decisiones que -en los hechos- implican una excepcin a la exigencia constitucional de trato como no culpable a quien no ha sido an declarado como tal Por eso entend atinada la cita de Arenal, dejando claro que, a mi juicio resulta falaz la dicotoma que pretende vlida la opcin entre justicia y garantas. El mbito de mayor dificultad de aplicacin prctica del principio de inocencia en su sentido constitucional es sin duda el de las medidas cautelares, especficamente las de coercin personal. En trminos claros y directos, resulta complejo hacer coexistir la vigencia ineludible del principio de inocencia como garanta constitucional, con la previsin no excepcional y el uso ordinario de medidas de coercin personal sobre el imputado, especialmente la prisin preventiva. Las medidas de coercin personal, como una especie de las genricas medidas cautelares del proceso, son aquellas restricciones que se adoptan especialmente respecto del imputado o sospechado de participacin en un delito, para asegurar la procedencia de este proceso y evitar su frustracin. Nuestros Cdigos Procesales regulan dichas medidas, admitiendo en trminos generales, toda la gradacin desde las ms leves a las ms gravosas, distinguindose la misma en todas las legislaciones, en cuanto a su duracin y requisitos para el dictado. Es conocido que son medidas de coercin personal la citacin, el arresto, la aprehensin, la detencin y la prisin preventiva. Manifestaciones de poder restrictivo de la libertad personal de quien se halle vinculado a un proceso penal, las que se requieren y adoptan como medio para garantizar la realizacin del mismo. Esta manifestacin de poder estatal deriva del principio de afianzamiento de la justicia como exigencia ciudadana a sus representantes- (Prembulo de la Constitucin Nacional). Por esta razn del afianzamiento de la justicia como justificativo para que el proceso o la continuidad de la investigacin sea lo que permita exceptuar una garanta individual es que comenc el anlisis con la opinin de Concepcin Arenal. Esta clebre experta en derecho penitenciario sostiene que la idea de justicia se encuentra negada en la clsica medida de
coercin. Y afirma adems que resulta imposible su justificacin por medio de argumentos tericos y de cuo constitucional liberal. El Ttulo VI del CPPBA contiene todas las medidas de coercin en relacin principalmente al imputado y es significativo que en el inicio del tratamiento, dentro del captulo I, fija un principio base que parece recoger el principio de inocencia como delimitador del alcance de estas medidas cautelares del proceso, las que no pueden (o no deberan) ser sino excepcionales, provisorias, proporcionales y temporales10. El art. 144, en ese norte, seala que el principio rector del proceso es la libertad del imputado durante el mismo. Esta idea central del sistema que fue nuclear en los redactores del Cdigo Procesal original, sufri tanto el texto de este artculo como el resto del articulado, progresivas modificaciones que en la actualidad vacan de contenido el principio rector o regla general del art. 144. Este artculo aparece desde la ley 13449, reforzado con un texto muy enftico que en la realidad forense no se observa cumplido. La ley 13449 agreg al art. 144 del CPP un prrafo final que dice: La libertad personal y los dems derechos y garantas reconocidos a toda persona por la Constitucin de la Provincia slo podrn ser restringidos cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguacin de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicacin de la ley. El texto original del art. 144 y el agregado enftico de su ltimo prrafo son indudablemente aplicacin al proceso concreto del principio de inocencia que aqu se analiza. Ahora bien, el resto del articulado en materia de coercin personal y el ambiguo plexo normativo relativo a la excarcelacin y a las medidas de atenuacin de la coercin o medidas alternativas a la prisin preventiva, convierten al principio general no en una regla limitadora sino en un principio ambiguo y casi sin sentido alguno, por ms que la buena doctrina y con razn entienda que, sin perjuicio del agregado siempre que no se den los supuestos previstos por la ley para decidir lo contrario la regla del art. 144 del CPPBA es la libertad del imputado por directa derivacin del principio de inocencia.11
El Cdigo Procesal Penal de la Nacin regula en su Ttulo IV, dentro de la Situacin del imputado y a partir especficamente del art. 280, todo lo vinculado a la coercin personal y en lneas generales merece ms all de que el proceso nacional es de raz inquisitorial- las mismas observaciones que se hacen en relacin al CPPBA, en cuanto a las dificultades de ver plasmado en la norma procesal , el principio de inocencia cuando se trata de aplicacin de medidas de coercin personal 11 La opinin de Granillo Fernndez y Herbel est en esa direccin constitucional obviamente obligatoria, no obstante lo cual resulta a mi juicio innegable el efecto distorsivo del principio que acarrea el resto de los artculos al momento de resolver casos concretos.
Cierto es que la coercin personal debe ser la ltima medida a tomarse en el proceso por derivacin directa del principio de inocencia, lo cual, lamentablemente no se advierte en la realidad a pesar de la normativa procesal y de la claridad conceptual del texto constitucional y los Tratados Internacionales.12 Tambin los arts. 145 a 148 del CPPBA, todos del captulo I, pertenecientes a las reglas generales en la materia, regulan una serie de cuestiones que dan cuenta del principio de inocencia como base de sustentacin del proceso y limitador del alcance de las medidas de coercin, y en tal sentido se resalta el principio de mnima afectacin del arresto o detencin en la persona y reputacin de los afectados (art.145). Se regula expresamente la exigencia de requisitos para la procedencia de las medidas (art. 146) que remarca el sentido instrumental y excepcional de la medida al requerir apariencia de responsabilidad, verificacin del peligro cierto de frustracin procesal, proporcionalidad entre la medida y el objeto tutelado y contracautela slo cuando la peticin es de particular damnificado o actor civil. El art. 147 regula la condicin de provisionalidad de la medida y su revisin para el caso de desaparecer la condicin que motiv su dictado. El art. 148 que regula a partir de la ley 13449 los supuestos interpretativos de peligro de fuga y entorpecimiento, es el que neutraliza el impacto como regla general que quiso el legislador que tuviera el art. 144. Por va de supuestos legislativos genricos y regulaciones en abstracto, se permite al Fiscal la omisin de prueba concreta del peligro de fuga o entorpecimiento procesal. En lo concreto se reemplaza la exigencia de verificacin de los supuestos que permiten excepcionar el principio de inocencia por el uso de pautas tasadas, propias del mtodo inquisitorial que coloca a todos los imputados en la misma situacin siempre que su caso caiga en el supuesto previsto por la norma procesal. Con esta forma de interpretacin, la regla de coercin aparece permitida siempre. As se desdibuja el sentido constitucional del proceso y el principio de inocencia. Este sistema hace posible que siempre que un imputado se encuentre en la situacin del presupuesto normativo su libertad pueda restringirse. La exigencia de verificacin concreta de procedencia e imprescindible necesidad se suple por el presupuesto genrico de la ley y la excepcionalidad desaparece.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos fij estndar en el sentido de que la medida de coercin como ltima ratio se funda en el principio de inocencia (Chaparro lvarez y Chapo Iiguez vs Ecuador del 21/11/2007).
El principio de inocencia, en su aplicacin a las medidas de coercin, aparece restringido y relativizado. La denegacin del principio de inocencia en relacin a las medidas cautelares aparece ms claramente en la regulacin de la excarcelacin, cuando el legislador en el art. 171 sostiene, a los fines de acreditar el peligro de fuga o entorpecimiento investigativo, que su existencia puede inferirse del art. 148 al que ya me refer. Nuevamente aqu, habilitando la prisin preventiva, por va de la denegacin de la excarcelacin, el legislador omite la aplicacin del principio de inocencia que por directa derivacin constitucional debiera ser garanta de toda persona sometida a proceso. Y lo hace permitiendo a quien juzgue que no exija la probanza concreta del peligro procesal sino la simple presuncin por darse indicadores genricos previstos en la ley. Tambin se deja de aplicar la Constitucin Nacional y los Tratados Internacionales, en relacin al principio de inocencia, en la regulacin de las alternativas a la prisin preventiva, ya que el texto del art. 159 parece restringir su alcance a los supuestos especfica y taxativamente regulados, quitando a los jueces la exigencia de evitar la coercin personal ms gravosa, como es la prisin preventiva siempre que sea posible, toda vez que debieran ser de aplicacin las reglas generales de los arts. 144 y 145 que imponen la menor afectacin posible. Nuevamente la regulacin especfica, la previsin de supuestos normativos, omite la consideracin en cada caso y por directa derivacin hace desaparecer la garanta como vigente siempre y nuevamente, insisto, lo excepcional se convierte en regla. La prisin preventiva aparece nuevamente aqu como el principio y la alternativa menos daosa, una excepcin para casos extremos. El art. 160 tambin aparece limitando lo que debiera ser la regla, al exigir fundamento suficiente para la aplicacin de medidas restrictivas diferentes al encierro, lo que conlleva -una vez ms- a relativizar el principio de inocencia. Y lo que sostengo desde un anlisis de cotejo normativo se corrobora por criterios jurisprudenciales que convierten a la prisin preventiva en una medida que es pedida regularmente y aplicada sin demasiada complejidad argumental. La prisin preventiva es una medida ordinaria en los procesos penales bonaerenses, ya sea por el tipo de delito que por amenaza de pena impide la excarcelacin, o por encontrarse el imputado en alguno de
los supuestos que en abstracto la norma del art. 148 brinda a quien juzga para presumir el peligro procesal. En uno u otro supuesto, la procedencia de la prisin preventiva se hace casi automtica y por esa razn y la mora judicial inexplicable, sobre todo en las instancias superiores, se produce la penosa realidad carcelaria de la provincia, donde ms del 80 por ciento de los detenidos en ellas son procesados. En la prctica, los presos preventivos (sometidos a medidas de coercin personal, para ser tcnicamente correcta y polticamente eufemstica) son la abrumadora mayora en las crceles de la Argentina y Amrica, ya que en toda la regin no se cumplen penas formales sino que se atraviesan perodos de prisionizacin sin condena hasta que, por aplicacin analgica de beneficios legales regulados para condenados en un sistema progresivo de penas, obtienen con mucha dificultad la salida de la crcel mucho antes de la firmeza de sentencia alguna respecto del hecho por el cual sufrieran dicha prisin. La crcel que sufre el preventivamente preso bajo cautela es idntica a la que sufre el penado y pese a las prohibiciones legales, a las mandas constitucionales y las recomendaciones y reglas internacionales, se los mezcla. En muchos casos, la prisin es una medida ms gravosa para procesados que para penados, ya que su condicin les impide gozar de los llamados beneficios previstos exclusivamente para condenados. No solo es la prisin preventiva una pena anticipada sino que se anticipa una ms grave que la impuesta por la eventual condenacin. Y a esto hay que agregarle que este anticipo ms gravoso lo es sin la certeza de que la condena recaiga efectivamente, dado que resulta posible la absolucin, a pesar de lo cual, la pena .no debida- se cumple. Se advierte entonces que el axioma que impide la pena sin una sentencia judicial que la ordene, decisin que deber provenir de un procedimiento previo ajustado a la Constitucin y a la ley, ha fundado, de modo correcto, la pretensin de que el imputado no pueda ser tratado como un culpable o dicho en sentido positivo, pueda exigir ser tratado como inocente es su derecho y por tanto posee una garanta que resulta exigible). Se ha visto tambin y resulta admisible constitucionalmente que no sea posible eliminar, no obstante, toda la posibilidad de uso de la coercin personal por parte del Estado. A pesar de ello, que aparece admitido por la propia Constitucin Nacional en la admisin del arresto y como imperativa exigencia de asegurar el afianzamiento de la justicia proclamado en el
Prembulo, entiendo que el CPPBA no regula adecuadamente y dentro del adecuado marco constitucional la coercin personal que, como se viera, aparece -desde las ltimas reformas y no por la letra original de la ley 11922- negando el principio de inocencia y habilitando la utilizacin de la restriccin de libertad durante el proceso como regla y no de modo excepcional. El principio de inocencia es, como sostiene el Profesor Maier13, el principio limitador de las medidas de coercin personal que, como intent analizar, a mi juicio no se encuentra receptado en el CPPBA y conduce a una desnaturalizacin del mismo en la prctica. Finalmente debe decirse que para los supuestos de aplicacin ineludible de una medida coercitiva personal, el principio de inocencia que acompaa como garanta al imputado, le exige a la autoridad judicial un sinnmero de obligaciones para su efectiva realizacin en cada caso en el que una medida de coercin sea aplicada. Y as debe la judicatura verificar y garantizar el alojamiento diferenciado de procesados y condenados. Tambin que el derecho a la informacin del imputado sea respetado, que la correspondencia y los medios de escritura en principio sean permitidos libremente. Y que se regulen con respeto a la dignidad humana y en inters del detenido, las visitas, en tiempo y lugar adecuados previendo el ejercicio de la vida sexual y la realizacin de contacto con sus vnculos afectivos. Debe garantizarse el ejercicio de sus derechos civiles y polticos y que no sea obligatoria ninguna prestacin especial. Este listado, que no resulta excluyente ni taxativo, es la enunciacin de los derechos que toda persona posee, que no resulta constitucionalmente vlido restringir a quien no debe soportar castigo alguno y que, por tanto, cuando se encuentre vigente una medida de coercin personal, resulta necesario controlar por medio del rgano jurisdiccional que la haya dictado, que se garantice su vigencia a riesgo de estar restringiendo derechos arbitrariamente y agravando las condiciones de detencin que podran habilitar la interposicin de habeas corpus correctivos y responsabilizar al Estado por vulneracin de garantas convencionalmente reconocidas.
Maier, Julio B, Derecho Procesal Penal, T. I, Fundamentos. Buenos Aires, Editores del Puerto, 1996, pgina 512.
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