Source: http://cedehm.blogspot.com/2016/03/
Timestamp: 2019-01-21 20:58:26+00:00

Document:
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres: marzo 2016
CARTA PÚBLICA: ADVIERTEN SOBRE AMENAZA DE MUERTE EN PUEBLA A LA DEFENSORA RITA AMADOR
Es responsabilidad del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Puebla protegerla y evitar cualquier agresión contra la defensora Rita Amador y su organización: RNDDHM
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) se pone contacto con usted, luego de ser informadas que el día 28 de marzo de 2016 la defensora de derechos humanos Rita Amador López, Dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” en el estado de Puebla, fue amenazada de muerte, por lo que le exigimos se garanticen acciones eficaces de protección para la defensora de derechos humanos.
Según la información obtenida, la defensora recibió en su teléfono celular, la llamada de una mujer desconocida, quien le advirtió: “Rita desde el viernes te andan siguiendo ¡aguas! ya le pusieron precio a tu cabeza”.
Ante la evidente amenaza de muerte contra la defensora, las 189 defensoras de derechos humanos que integramos la RNDDHM, pertenecientes a 103 diversas organizaciones no gubernamentales, responsabilizamos al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Puebla de cualquier agresión contra la defensora o cualquier integrante de su familia y organización.
Esta es la segunda amenaza de muerte que la defensora recibe en lo que va del año, ya que el pasado 18 de febrero recibió una amenaza también vía telefónica en la que la voz de una mujer le sentenció: “Rita cuidate, van por ti y Sergio”.
A pesar de las denuncias realizadas y las reuniones con autoridades estatales y federales no se ha desarrollado una investigación que identifique a los autores materiales e intelectuales de dichas amenazas; prevalece la inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno y la impunidad, lo cual propicia la continuidad de las agresiones contra la defensora y su organización.
Estos hechos se enmarcan en un contexto de criminalización contra defensoras y defensores en el estado de Puebla y particularmente contra la UPVA, actualmente Rubén Sarabia Sánchez, esposo de Rita Amador, fundador y dirigente también de la organización, se encuentra detenido arbitrariamente desde el 19 de diciembre de 2014.
Asimismo Atl Rubén Sarabia Reyna y Xihuel Sarabia Reyna, hijos de Rubén Sarabia, así como Fernando Alonso Rodriguez, integrante de la organización, se encuentran detenidos arbitrariamente, a pesar de que los procesos penales que enfrentan en prisión son basados en denuncias anónimas.
Cabe recordar que el 8 de enero de 2016 la defensora fue personalmente notificada del auto de formal prisión o preventiva en su contra, y en contra de tres integrantes más de su organización: María de la Luz Gálvez Javier, esposa de Xihuel Sarabia Reyna (detenido el pasado 9 de diciembre de 2015); Sergio León López y Silverio Montes Silva como “probables responsables de la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación”.
Ante la nueva amenaza de muerte contra la defensora y las continuas agresiones en su contra, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México responsabiliza a las autoridades federales y estatales de cualquier tipo de agresión contra Rita Amador y exigimos:
· Implementación inmediata de medidas de protección efectivas que salvaguarden la vida e integridad física de la defensora, su familia y organización.
· Una investigación pronta, completa y expedita, a fin de sancionar a los autores materiales e intelectuales de las agresiones contra la defensora y su organización.
· Instalación de mesas de diálogo entre la defensora, su organización y autoridades de alto nivel estatales y federales, con el objetivo de poner fin a la escalada de agresiones y criminalización que actualmente mantiene en prisión a 4 integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre; así como la existencia de averiguaciones previas contra la defensora e integrantes de su organización.
Desde los 22 estados de la República en los que nos encontramos, reiteramos la importancia de la labor de las defensoras de derechos humanos para la construcción de un Estado democrático, justo e igualitario, por lo que es su responsabilidad garantizar que las defensoras realicemos nuestra labor en condiciones de seguridad.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 189 defensoras de derechos humanos de 103 diversas organizaciones, ubicadas en 24 estados de la República: Agnieszka Raczynska (México D.F.); Aidé García (Católicas por el Derecho a Decidir, México D.F.); Alba Cruz (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Aleida Quintana (Grupo Interdisciplinario Tékéi, Querétaro);Alejandra Ancheita (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC), México D.F.); Alejandra Nuño (México D.F.); Alexandra Garita (México D.F.); Alicia Leal Puerta, (Alternativas Pacíficas, México D.F.); Aline Castellanos (Herramientas para el Buen Vivir A.C., Oaxaca); Alma Ángelica Barraza Gómez (Sinaloa); Alma Padilla García (Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Chiapas); Alma Delia Rodriguez Alor (Organización Tendremos Alas A.C.,Veracruz); Amelia Guadalupe Ojeda Sosa (Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE), Yucatán); América del Valle Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Tamaulipas); Ana Lidia Murillo Camacho (Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Sinaloa); Ana María Hernández Cárdenas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Anaís Palacios Pérez (Colectivo por la Paz Región Xalapa, Veracruz); Analia Penchaszadeh (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Andrea Acevedo García (Mariposas Tlahuicas AC, Morelos); Andrea Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Guerrero); Ángeles López (Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Guanajuato); Angélica Araceli Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México); Atziri Ávila (Coordinadora de la RNDDHM/Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Aurora Montaño (México D.F.); Axela Romero Cárdenas (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, México D.F.); Beatriz Hernández Bautista (Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género !Nduva Ndandi!, Oaxaca); Bettina Cruz Velázquez (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca); Blanca Martínez (Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Coahuila); Blanca Mesina (Baja California); Blanca Velázquez (Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), Puebla); Carina González Luis (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Carolina Cantú (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero); Carolina Coppel Urrea (Ambulante Más Allá (cine documental), México DF); Carolina Ramírez (Aura A.C., Veracruz); Cecilia Espinosa Martínez (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Cecilia Oyorzabal Gómez (Agencia Timomatchtikan,Puebla); Cirenia Celestino Ortega (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Clara G. Meyra Segura (Defensora de derechos humanos, México D.F.); Claudia Ángel (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C., México D.F.); Claudia Erika Centeno Zaldívar (México D.F.); Clemencia Correa (Proyecto de Acompañamiento Psicosocial ALUNA, México, D.F.); Concepción Felix Corral (Sí Hay Mujeres en Durango AC, Durango); Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Nuevo León); Cristina Auerbach (Familia Pasta de Conchos, Coahuila); Cristina Cruz López (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH); Cristina Hardaga Fernández (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.); Dalí Ángel Pérez, (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), A.C, Oaxaca); Daptnhe Cuevas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, México D.F.); Daniela Fonkatz (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Diana Carolina Brito Bahena (Defensora independiente, Guerrero); Diana Damián Palencia (Formación y Capacitación AC (FOCA), Chiapas); Diana López Santiago (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Dolores González (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ), México D.F.); Dora Ávila (Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, Oaxaca); Elena Tapia Vásquez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Elga Aguilar (Comité Cerezo México, México D.F.); Elizabeth Ferreras (Defensa Jurídica y Educación para Mujeres S.C. Vereda Themis, México D.F.); Elizabeth Robles (Servicio Desarrollo y Paz, A.C., Coahuila); Emelia Ortiz (Campaña Si no están ellas no estamos todas, Oaxaca); Emilia González Tercero (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC), Chihuahua); Esmeralda López Martínez (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Estrella Soria (México D.F.); Fabiola González Barrera (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Fátima Ojeda (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Felicitas Martínez Solano (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero); Flavia Ester Anau (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C.,Oaxaca); Gabriela Aguilar Martín (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México); Gabriela Morales Gracia (Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, México D.F.); Georgina Vargas Vera (Guanajuato); Gloria Muñoz Ramírez (Desinformémonos, México D.F.); Griselda Sánchez Miguel (Oaxaca); Guadalupe García Álvarez (Mujeres Luchas y Derechos para todos, Estado de México); Guadalupe Hernández Hernández (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Guadalupe López (Lesbianas en Patlatonalli, Jalisco); Harmida Rubio Gutiérrez (Veracruz);Hermelinda Tiburcio Cayetano (Kinal Antzetik, Guerrero); Icela Jaimes (Colectivo Raíz, Aguascalientes); Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Indira de Jesús Luis Aquino (Oaxaca); Ingrid López Miguel (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Irma Estrada Martínez (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México D.F.); Ixchel Carrasco Arias (Enlace, Comunicación y Capacitación, Guerrero); Isela González Díaz (Alianza Sierra Madre, AC, Chihuahua); Janette Corzo (APRENDAMOS); Jaqueline Santana (Defensora Independiente, México D.F.); Johana Belén Sánchez Rojas (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, México D.F.); Juliana García Quintanilla (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C., Morelos); Julieta Hernández Camargo (Si hay Mujeres en Durango, Durango); Julisa Bivian Luis Hernández (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Laura Carlsen (Programa de las Américas, México D.F.); Laura García (Semillas, México D.F.); Laura Gutiérrez (Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Baja California); Laura Salas (La Sandía Digital, México D.F.); Laura Velázquez (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.); Lenika Morales Zavaleta (Colectivo Liquidámbar/Colectivo Enrique Guerrero, México D.F.); Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora); Lidia Alpizar (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Lydia Cacho (México D.F.); Lorena Wolffer (México D.F.); Lorena Fuentes (Semillas, México D.F.); Lorena Maribel Peralta Rojas (México D.F.); Loreto Bravo (Palabra Radio, Oaxaca); Lucía Lagunes Huerta (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Lulú V. Barrera (Luchadoras, México D.F.); Luz Estela Castro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua); Ma. Hilda de la Vega (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua); Magdalena Santos (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Malú García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Chihuahua); María Luisa Aguilar Rodríguez (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero); Margarita Avalos (Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C., Baja California); Margarita Guadalupe Martínez (Chiapas); María Guadalupe Ramos Ponce (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México, Jalisco); María Paula Castañeda (México D.F.); María Rosa Guzmán Valdez (Red de Promotoras de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el Estado Jalisco, Jalisco); María Trinidad Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Martha Figueroa (COLEM Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas); Martha Graciela Ramos Carrasco (Mujeres por México en Chihuahua, Chihuahua); Martha Pérez Pineda (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Martha Sánchez Soler (Movimiento Migrante Mesoamericano, México D.F.); Martha Solórzano (Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad A.C., Sonora); Marusia López (Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS-Mesoamérica), México D.F.); Matilde Pérez Romero (Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en Chilapa de Álvarez, Guerrero); Mayela García Ramírez (Colectivo de Investigación, Desarrollo y entre Mujeres A.C., Veracruz); Melissa A. Vertiz Hernández (México D.F.); Mercedes Olivera (Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Chiapas); Minerva Nora Martínez (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Miriam González Sánchez (Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), México D.F.); Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa, Veracruz); Nadia Maciel (Guerrero); Nadín Reyes Maldonado (Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, México D.F.); Nallely Tello (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Nancy Pérez (Sin Fronteras A.C., México D.F.); Nerida Gaspar Castillo (Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C, Baja California); Nora Bucio (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Morelos); Nora María Vargas Contreras (Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS), Michoacán); Norma Mesino (Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Guerrero);Obtilia Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Guerrero); Ofelia Cesáreo Sánchez (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero); Paloma Estrada Muñoz (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.,Morelos); Patricia Matías López (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C., Oaxaca); Patricia Yllescas (México D.F.); Reyna Martínez Hernández (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Reyna Ramírez Sánchez, Colectivo de Obreras Insumisas To Tlaktole Calaki Mo Yolo, AC., Puebla; Rogelia González Luis (Grupo de Mujeres 8 de marzo, Oaxaca); Rosa María Laguna Gómez (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México, Jalisco); Rosario Pacheco Leal (Alternativas Pacíficas, Nuevo León); Ruth Fierro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua); Sanjuana Martínez (Nuevo León); Salomé Almaráz (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán); Sara Méndez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Sara Montes Ramírez (Colectivo Raíz de Aguascalientes, AC., Aguascalientes); Sayuri Herrera Román (México D.F.); Silvia Alejandra Holguin Cinco (Centro de Derechos Humanos de la Mujeres de Chihuahua (CEDEHM), Chihuahua); Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Guerrero); Silvia Núñez Esquer (Sonora); Silvia Pérez Yescas (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), A.C, Oaxaca); Siria Solís Solís (El Barzón Chihuahua, Chihuahua); Susana Mejía (Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres A.C. (CADEM), Puebla); Tania Ramírez (Directora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sor Juana /Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) México D.F.); Teresa Emeterio Martínez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Teresa Guardián (Cherán, Michoacán); Teresa Zúñiga (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitarios (IMDEC), Jalisco); Theres Hoechli (Oaxaca); Valentina Rosendo Cantú (Guerrero); Verónica Corchado (Colectiva: Arte, Comunidad y Equidad, Grupo Articulación Justicia en Juárez, Chihuahua); Verónica Cruz (Las Libres, Guanajuato); Verónica Rodríguez Jorge (Amnistía Internacional México, México D.F.); Verónica Vidal (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Ximena Andión (EQUIS: Justicia para las Mujeres, México D.F); Ximena Cortez (Rosas Chillante, Colectivo Feminista Socialista, México D.F.); Xóchitl Ramírez (Yotlakat Non Siwatl, Atzin Desarrollo Comunitario, Guerrero); Yanimiriam Valdez Baca (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua); Yanina Flores (Semillas, México D.F.); Yesica Sánchez Maya (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Yunuhen Rangel Medina (México D.F.); Zulma Méndez (Pacto por la Cultura y Red Mesa de Mujeres, Chihuahua).
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SE CONSOLIDA LA IMPUNIDAD EN CASO TLATLAYA: FUERO MILITAR ABSUELVE A SOLDADOS INVOLUCRADOS Y PGR OMITE INVESTIGAR LA ORDEN DE ABATIR
* PGR no ha citado a declarar a mandos militares involucrados en la orden de abatir civiles.
Ciudad de México, 30 de marzo de 2016. El caso Tlatlaya se encamina a quedar impune. El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó. La sentencia a favor de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso.
La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente. Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad.
En este sentido, destacan las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR). Como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, la PGR ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos. Cabe recordar que el 2 de julio de 2015 el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”; entre estas pruebas, la coadyuvancia solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas.
La absolución en el fuero militar de los involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman a decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que perpetúan la opacidad en el caso. La CNDH negó a la víctima Clara Gómez González el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la SEDENA había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente. Por otro lado, la Comisión tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de “abatir delincuentes”, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana.
Pese a que la gravedad de este emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso. Por ello, es fundamental reiterar que diversos procesos continúan abiertos: en la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Frente a este panorama, los organismos de derechos humanos nuevamente advertimos sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva. Especialmente, reiteramos la exigencia de que se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Sr. Christoph Heyns, esta debe ser indagada cabalmente dado que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.
Publicado por CEDEHM en 10:46 No hay comentarios:
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES PARTICIPA EN EL “CSO FORUM” EN BRUSELAS
Se denuncian los ataques contra personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua
Chihuahua, Chih., 22 de marzo de 2016. Los días 17 y 18 de marzo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) participó en el foro internacional de la sociedad civil “CSO FORUM”, organizado en Bruselas por la Unión Europea (UE).
El foro, titulado “El Compromiso de la UE con la sociedad civil y el apoyo a los derechos humanos”, convocó a 900 personas de todos los continentes, quienes participaron en foros paralelos y compartieron experiencias en temas como las cláusulas de derechos humanos y los acuerdos de libre comercio; el cambio climático; la resilencia de niños/as y mujeres en conflictos y post-conflictos armados; los ambientes para el trabajo de la sociedad civil; y la situación de los pueblos indígenas.
Asimismo, el miércoles 17 se convocó a un panel sobre la forma de “confrontar el cierre de espacios: apoyo para personas defensoras de derechos humanos”, en el cual participaron Brigitte Dufour, directora de International Partnership for Human Rights (Azerbaiyán), Armel Niyongere, presidente de ACAT-Burundi, Adilur Rahman Khan, Sectretario General de ODHIKAR (Bangladesh) y Alejandra Nuño, del CEDEHM. La moderadora fue Sarah Rinaldi, titular adjunta de la Unidad de derechos humanos, género, gobernanza democrática de la Comisión Europea.
Todas las exposiciones versaron sobre las formas en que se restringe la labor de defensa de derechos humanos. En el caso del CEDEHM se denunciaron las campañas de desprestigio, los hostigamientos, ataques y allanamientos ilegales a oficinas, las auditorías ilegales, las amenazas, torturas, exilios y el asesinato de 19 defensores/as (de 2009 a la fecha), así como la impunidad en que se encuentran todos los casos y la reticencia de las autoridades de brindar garantías y protección para defensores/as.
Asimismo, se habló sobre la reciente campaña de desprestigio de defensores y defensoras en el país; se compartieron experiencias de solidaridad y resilencia de las personas defensoras de derechos humanos; y se finalizó con diferentes propuestas para que la Unión Europea fortalezca su acompañamiento cercano a las organizaciones que defienden y promueven derechos humanos.
Siendo un foro tan amplio y habiendo poco tiempo para las exposiciones, de América Latina solo expusieron en paneles Mauricio Alarcón Salvador, de Fundamedios (Ecuador) y Alejandra Nuño del CEDEHM, lo cual evidencia la preocupación que la comunidad internacional tiene en relación con México y, en particular, respecto de la situación que se vive en Chihuahua.
En Chihuahua, ser una persona defensora de derechos humanos o periodista es una profesión de alto riesgo, como en otros estados del país. Chihuahua es el estado con mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas y el segundo con mayor número de periodistas víctimas de homicidio, como lo demuestra el registro de la sociedad civil, lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Cabe recordar que la situación de riesgo y los continuos ataques contra defensores/as en Chihuahua, el pasado 7 de marzo se solicitó a la Secretaría de Gobernación que adoptara una alerta preventiva no sólo para proteger sino para eliminar futuros ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
El CEDEHM agradece el apoyo de la Unión Europea para haber tenido el privilegio de asistir y participar en este importante espacio. También agradece el continuo e invaluable apoyo para que las personas defensoras de derechos humanos sigamos realizando nuestra labor en Chihuahua. Finalmente, aprovechamos para brindar tributo a quienes ponen en riesgo su vida, integridad, seguridad y libertad por un mundo más justo, incluyente y sin violencia, en el que todos y todas gocemos de los mismos derechos.
Publicado por CEDEHM en 16:17 No hay comentarios:
DELICADAS E INFUNDADAS DECLARACIONES SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA RED DE CORRUPCIÓN FACILITADA POR EL RELATOR CONTRA LA TORTURA
Total apoyo y reconocimiento a Juan Méndez
Las acusaciones tienen el propósito de distraer la atención sobre la crítica situación en el país
Toca al Estado mexicano garantizar el trabajo de personas defensoras de derechos humanos y dignificar su labor
Defensoras y defensores de derechos humanos condenan las delicadas e infundadas declaraciones sobre la supuesta existencia de una red de corrupción a la cual el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles de las Naciones Unidas, Juan Méndez, facilita la liberación de delincuentes. En esa red presuntamente estarían incluidas personas que en México han destacado por realizar trabajo en materia de derechos humanos.
Las aseveraciones gratuitas y ya escuchadas a lo largo de los años de la señora María Isabel Miranda de Wallace distraen la atención sobre la discusión esencial en México, un país con importantes e impostergables retos en materia de derechos humanos para todas las personas, especialmente para las víctimas.
Ante las infundadas aseveraciones de la señora Wallace, que se pueden encontrar en la liga http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=575364&idFC=2016#sthash.FhNCV9xK.dpuf y que denuestan el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento al trabajo serio, profesional, ético y metódico del actual relator especial Juan Méndez quien es un abogado y catedrático que luchó contra la dictadura argentina y que fue apresado por ello, ha sido director de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y ha integrado diversas instancias de protección de derechos humanos. Por todo ello Juan Méndez goza de prestigio y reconocimiento en los ámbitos nacional e internacional.
Y en virtud de que las acusaciones de la señora Wallace incluyen a defensoras y defensores, de quienes muestra sus fotografías, es preciso recordar que existen obligaciones específicas de los Estados de garantizar el trabajo de abogados y abogadas, así como de personas defensoras de derechos humanos, como se desprende de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
Por ello es preciso que el mismo Estado mexicano en su conjunto, por una parte, tome medidas para impedir que se desprestigie a este colectivo y, por la otra, lleve a cabo campañas de dignificación de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, como lo han señalado diversos órganos de protección de derechos humanos. Eso es lo que toca frente a la campaña que ha desarrollado la señora Wallace a lo largo de los años contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Hoy más que nunca es fundamental que las discusiones y propuestas se centren en políticas, leyes y medidas que hagan que nuestro país finalmente sea un lugar en el que los derechos humanos sean una realidad: que se respeten, protejan y promuevan en el espíritu previsto en el artículo 1º Constitucional y los más altos estándares de derechos humanos.
Lamentamos las declaraciones realizadas por la Sra. María Isabel Miranda de Wallace y exigimos a las autoridades del Estado mexicano cumplan con su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos contra persecuciones y restricciones o injerencias indebidas y que tomen las medidas necesarias para garantizar esta labor.
Este comunicado cuenta con el apoyo de las siguientes organizaciones y personas.
OSC y colectivos:
Afrodescendencias en México, A.C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C
Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A. C.
Centro Nacional de Comunicación Social, A. C. (Cencos)
Círculo Cultural Morelos A. C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. CADHAC
Comité de Derechos Humanos del Ajusco
Comunicación Comunitaria A. C.
ControlaTuGobierno, A.C.
Fundación Don Sergio A. C.
Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C.,
Grupo de Mujeres de San Cristóbal, A. C.
Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A.C.,
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A.C. (UCD Chihuahua)
Organización Popular Independiente, A. C. de Ciudad Juárez, Chih.
Ririki Intervención Social
Gabriel González J.
Homero D. Vázquez Carmona
Karla Micheel Salas
Luis Yáñez Trujillo
Luz Estela Castro Rodríguez
Ma. Enriqueta Cepeda Ruiz
María Elena Azaola
Martha D. González
Publicado por CEDEHM en 22:02 No hay comentarios:
Solicitud de alerta preventiva para personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua
Chihuahua, 7 de marzo de 2016
Ref.: Solicitud de alerta preventiva para personas defensoras
de derechos humanos en Chihuahua
Las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a usted en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante “el Mecanismo”), a fin de solicitarle la urgente adopción de una alerta temprana que prevenga futuras agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua, de conformidad con el artículo 1º Constitucional, los artículos 41 y 43 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas así como el artículo 63 y las disposiciones subsiguientes del reglamento de tal Ley.
A continuación nos referiremos a algunos antecedentes relacionados con la defensa de los derechos humanos en esta entidad federativa. Luego, nos centraremos en incidentes recientes que se relacionan especialmente con el proceso electoral en la entidad. Después, haremos algunas consideraciones a la luz de la obligación del Estado en su conjunto de respetar y proteger los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y finalmente haremos diversos petitorios.
I. Antecedentes y contexto
Chihuahua es un estado con un movimiento social muy fuerte, que desde hace décadas exige el respeto y la garantía de todos los derechos humanos. Son interminables los ejemplos de resistencia, pero base recordar que existen personas, organizaciones y colectivos que han denunciado la represión pasada y actual; las violencias de género (incluidos los feminicidios, desapariciones de mujeres) y la existencia de una cultura patriarcal que mengua los derechos de las mujeres; los derechos a la vivienda, al agua, a la alimentación y a un medio ambiente sano; los derechos de los pueblos indígenas, especialmente al territorio; la importancia de la transparencia y rendición de cuentas por parte de todas las autoridades; la libertad de expresión; el derecho a la educación; el derecho a la salud; la obligación de protección de sectores específicos, como la infancia, la comunidad LGBT y las personas con discapacidad.
Este movimiento social está compuesto por defensores y defensoras de derechos humanos que, aunado a lo anterior, denunciamos la violencia (incluyendo los saldos de la misma como son los homicidios, desplazamiento y desapariciones de personas), al igual que la impunidad y exclusión. También exigimos investigaciones transparentes y la rendición de cuentas por la escandalosa corrupción de las autoridades.
La ausencia real de una división de poderes que sirva de un auténtico sistema de contrapesos al burdo involucramiento del Gobernador del Estado en los demás poderes e instituciones también es un aspecto que ha estado en la agenda pública a partir de los cuestionamientos de defensores/as, periodistas y de las organizaciones de la sociedad civil.
a. El riesgo de la defensa y promoción de los derechos humanos en Chihuahua
La situación que se vive en Chihuahua es conocida tanto por autoridades como por diversas instancias internacionales de protección de derechos humanos. En tal sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Mx) ha señalado que “Los estados de Oaxaca, Chihuahua y Guerrero continúan dentro de las cinco entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones en contra de defensoras y defensores en los dos informes temáticos publicados por la Oficina del ACNUDH en México.”[1]
La continua exigencia y resistencia por las y los defensores de derechos humanos ha conllevado importantes riesgos. En este sentido, de 2009 a la fecha, las organizaciones de la sociedad civil hemos documentado 19 personas defensoras de derechos humanos asesinadas. Ello se suma a las amenazas, desapariciones, allanamiento de oficinas, amenazas veladas y/o explícitas, robo de información, agresión, daños y allanamiento a las instalaciones y agresiones físicas que han sufrido otros más. Varias familias completas relacionadas con defensores/as y periodistas se han visto obligadas a solicitar asilo político en otros países para salvar su vida y decenas de defensores y defensoras se encuentran desplazadas de sus comunidades por el riesgo en que se encuentran.
Debido a lo anterior, y como es de su conocimiento, en la misma entidad existen más de 80 personas defensoras y colectivos con medidas de protección nacionales[2] o internacionales en virtud a su situación de riesgo[3]. Ello hace de Chihuahua el estado con mayor número de medidas de protección internacional dictadas para personas defensoras de derechos humanos, como se detalla a continuación.
De 2008 a la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un total de 47 medidas cautelares[4], de las cuales 20 se refieren a personas defensoras de derechos humanos y de éstas el 30% corresponde a Chihuahua[5]. Ello, sin contar las diversas personas y colectivos que se encuentran incorporadas en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De igual manera, junto con Guerrero, Chihuahua es el estado con más medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana para personas defensoras de derechos humanos en resigo[6].
Gráfica elaborada con información de la página web de la CIDH
Aunado a ello, las declaraciones públicas y afirmaciones de funcionarios públicos sobre la labor de las personas defensoras de derechos humanos no contribuyen a su reconocimiento, sino que aportan a un clima de descrédito de esa importante tarea. A ello se suman las injerencias en la información financiera de algunas organizaciones de derechos humanos a partir de auditorías ilegales orquestadas por el gobierno del estado, como una forma de minar su labor.
Lamentablemente, las agresiones no son investigadas diligentemente y menos aún sancionadas de manera adecuada por las autoridades, por lo que la impunidad posibilita que estas agresiones se vuelvan a repetir sin que haya ninguna consecuencia para las personas agresoras.
Por la situación de riesgo que se encuentra la región del norte del país, y especialmente Chihuahua, organizaciones internacionales hacen acompañamientos puntuales en el terrero. Este es el caso de las Brigadas Internacionales de Paz. Después de un trabajo exploratorio de dos años y reconociendo la situación de grave vulnerabilidad para las personas defensoras de derechos humanos de los estados de Chihuahua y Coahuila, PBI decidió instalarse en el norte del país[7]. El día en que se inauguraron sus oficinas –al que asistieron diferentes diplomáticos, organizaciones de la sociedad civil, representantes del gobierno de Coahuila y el representante de la OACNUDH-Mx- se reiteró la importancia de un acompañamiento cercano a las organizaciones de derechos humanos[8]. Los únicos ausentes fueron los representantes del gobierno del estado de Chihuahua.
Aunado a la situación que viven las personas defensoras de derechos humanos, también se encuentra el riesgo en el que están las y los periodistas. El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de su visita a México señala que “De acuerdo con la información proporcionada por la CNDH, los estados con mayor número de homicidios de periodistas son Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca; en el periodo comprendido entre 2000 y agosto de 2015, casi seis de cada diez homicidios habrían sucedido en esas cinco entidades federativas […].”[9] En ese mismo informe, se rescata que “Veracruz es el estado con el mayor número de periodistas asesinados junto con Chihuahua […].”[10]
La preocupación por futuras agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se ve acrecentada por tres aspectos íntimamente relacionados: por una parte, las batallas legales que varias organizaciones están dando ante tribunales locales y federales; por la otra, la presencia del crimen organizado y el incremento de la violencia en el estado (especialmente en la Sierra Tarahumara); y, finalmente, los incidentes relacionados con las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el estado el 5 de junio próximo, en las cuales se elegirá a la persona titular del gobierno del estado, a diputados/as, presidentes/as municipales y síndicos/as.
II. Nuevos hechos
En los últimos meses ha habido diversos incidentes que han sido debidamente informados a las autoridades competentes, entre las que se encuentran usted, así como a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y también a la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Estos ataques se relacionan con el litigio de casos ante tribunales. En su mayoría, las personas defensoras, junto con las víctimas y las comunidades que representan o acompañan han logrado importantes sentencias a favor de las víctimas y de las comunidades, cuestión que supone un aumento en el riesgo en tanto los juicios son llevados contra personas o empresas poderosas que no tienen interés en cumplir con los fallos judiciales. En estos casos se encuentran Estela Ángeles Mondragón y varios integrantes del Ejido Baqueachi[11], el equipo de la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC)[12], el equipo de Alianza Sierra Madre[13] y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte[14]. Es decir, la exigencia de justicia pone en mayor riesgo a las personas defensoras de derechos humanos así como a las personas y colectivos que representan.
Adicionalmente, en los últimos meses se han registrado serios incidentes que han puesto en riesgo la vida, integridad y seguridad de las personas bajo protección especial, como lo demuestra el hecho que varias personas beneficiarias de medidas cautelares se han desplazado forzadamente a otras comunidades por estar en peligro su vida (Ángela Ayala Ramos y la familia Sánchez). También se ha registrado el asesinato de Víctor Carrillo Carrillo, hijo de Julián Carrillo Martínez (beneficiario del Mecanismo de Protección), perpetrado el pasado 5 de febrero.
Finalmente, las agresiones también se están dando a partir de las campañas de desprestigio orquestadas por funcionarios/as o por la tolerancia de las autoridades correspondientes.
Sobre este particular, vale recordar que, ante la falta de reacción por parte de las autoridades estatales, las personas defensoras de derechos humanos hemos tenido que acudir a instancias nacionales e internacionales de protección a derechos humanos. Esta presión es la que ha servido para visibilizar la responsabilidad de las autoridades de Chihuahua cuando atacan directamente o no protegen nuestra labor.
Una de las formas más ruines y sencillas que ha usado el gobierno es el desprestigio cuando demandamos el cumplimiento de las obligaciones respecto de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, así como en instrumentos internacionales en la materia y los tratados de derechos humanos de los que México es parte.
En tal sentido, las campañas de desprestigio no son nuevas en Chihuahua, como lo demuestran las diferentes notas de prensa que se adjuntan a la presente comunicación[15]. No obstante, en los últimos días han iniciado con más fuerza, como se detalla en los siguientes párrafos.
El pasado 29 de febrero se publicó en la sección de Ráfagas del Periódico El Heraldo de Chihuahua lo siguiente:
PAR.- […] Alianza Sierra Madre y CTC [CONTEC], son bien reconocidas por ser integradas por activistas que participaron en partidos de izquierda como el PRD, PSUM, etcétera, son quienes han encabezado la gran mayoría de los bloqueos a las obras como el aeropuerto y al gasoducto en la Sierra Tarahumara, que los propios sectores de indígenas les han reprochado, pues los indígenas pedían que se concretaran las obras para tener más mercado para sus artesanías y oportunidades de empleos.
SOLOVINO.- Se trata de organizaciones de las denominadas "solovino", porque en la Sierra Tarahumara nadie las pidió, nadie las quiere, pero llegaron solas y se autonombraron defensoras de los tarahumaras, de la tierra y de todo lo que allí hay, es decir, en la práctica se han querido posicionar como los dueños de la propiedad física y de la voluntad de los indígenas para beneficios personales o políticos.
INDEPENDIENTE.- No se trata de defender al Gobierno en ninguno de sus niveles, que sobrados errores han cometido, pero tampoco se trata de dar oídos y legitimar a la horda de ladrones y de aprovechados quienes son los principales discriminadores de los pueblos indígenas; son los auténticos despojadores de los pimas, tepehuanos, guarojíos y rarámuris y si no lo cree, para aceptarlo sólo hace falta ver si en los últimos 10 años existe algún evento, documento o actividad en la Sierra en la que alguno de estos grupos no tenga que ver.
SENADO.- Ahora pretenden de nuevo acudir al Senado de la República para que los atiendan representantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y varios senadores, lo que para efectos positivos en las comunidades es un buen camino, lo que está de plano viciado es que se permita que estos grupos dañinos sean aceptados como representantes de quienes dicen defender y que su función más bien ha sido de parásitos con los pueblos indígenas nativos de Chihuahua.[16]
[Resaltado fuera del original]
Al día siguiente, 1º de marzo, el portal digital La Opción de Chihuahua publicó la siguiente información relacionada con la periodista Patricia Mayorga:
Chihuahua.- La corresponsal de la revista semanal Proceso, Patricia Mayorga Ordóñez, se halla envuelta en líos judiciales.
Su nombre aparece en un amparo indirecto, señalado al rubro 09/2016 y radicado ante el Juzgado Décimo de Distrito.
El juicio fue promovido por un grupo de ex periodistas, en su mayoría, pues ya no ejercen, o son voceros de gobierno del estado.
Reclaman no haber sido tomados en cuenta por el Colegio de Periodistas de Chihuahua para la elección del Consejo Directivo 2016.
Patricia Mayorga Ordóñez, la corresponsal de Proceso, fue presidenta de la agrupación en su segundo año de vida, en 2006.
Su período fue caracterizado por la opacidad y la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos que obtuvo para el Colegio de Periodistas.
En la demanda de amparo, firmó junto a otros ex periodistas, una serie de mentiras que, en un proceso penal, podrían ser tipificadas como delito de falsedad de declaración ante la autoridad.
Por ejemplo, señala que no se le permitió presentar una planilla para la elección del Consejo Directivo 2016, que le fue negado el acceso a la asamblea electiva y que se le prohibió votar.
Todo esto es mentira, falso de toda falsedad, como dicen los abogados rascuaches, pues ella misma se retiró de la agrupación, al señalar que no le interesaba regresar a la organización gremial.
Mayorga fundó una red de mujeres periodistas, que se ha constituído en una (sic) auténtico fracaso y, a raíz de ello, decidió volver a la grilla del Colegio de Periodistas de Chihuahua.
En su segunda parte, este lío judicial le obligará a rendir cuentas ante la autoridad judicial de los recursos que tuvo entre sus manos cuando fue Presidenta de la organización.
Activa militante de Acción Nacional, Paty Mayorga, como le dicen sus amigos, cambió radicalmente de ideología a partir de su ingreso a la revista Proceso y se constituyó desde entonces en una furibunda militante de izquierda.
Además de ser corresponsal, se dedica a brindar asesoría en materia de medios -a pesar de su pésima redacción- a organizaciones civiles y grupos de distinta índole.[17]
Finalmente, el 2 de marzo, se publicó en el mismo portal digital la siguiente información:
DE golpe y porrazo, Televisa convirtió a ciudad Cuauhtémoc en la capital de las desapariciones del país. Así le llamó en un reportaje que fue elaborado por un enviado del conductor Carlos Loret de Mola. Ante esta situación, no falta quien busque lucrar con el dolor de las víctimas e intente monetarizar la desgracia. Este es el caso de Lucha Castro, Blanquita Gámez, la ex asesora de Memo Luján Peña, y otras mujeres defensoras de los derechos humanos y activistas feministas. Exigieron, así, simple y llanamente, la cantidad de 36 mdp dizque para poner una cooperativa en favor de las víctimas. Si su proyecto fuera real, gestionaban la concretización del proyecto pero no el manejo de los recursos económicos. A ver si no hacen otra manifestación cuando salga a la luz pública esta información. Sin embargo, hay que señalarlo, hay acciones positivas de algunas de ellas, pero lucrar con las desapariciones, en serio, no tiene nombre.[18]
Estas aseveraciones, realizadas de mala fe, sin fundamento y con la evidente intención de crear un perjuicio en las mujeres a las que se involucra en las diferentes notas, son posibles por el evidente control que ejerce el ejecutivo del estado a partir de la publicidad oficial que contrata.
En tal sentido, es fundamental que existe una obligación reforzada por parte del Estado mexicano de proteger a las mujeres defensoras de derechos humanos, lo cual se desprende de lo previsto en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará) y otras establecidas en diversas declaraciones de las Naciones Unidas y en los informes de la CIDH sobre la materia.
Por otra parte, dado que no existe reglamentación en la publicidad oficial, los convenios de publicidad son completamente discrecionales. El Gobierno decide con qué medios firma convenios y con cuánto monto. Obviamente esta fórmula lo que propicia es que el Gobierno convenga la publicidad con los medios que más le favorecen, tanto impresos, como electrónicos, incluidos los digitales.
Ello ha propiciado que algunos medios, especialmente páginas digitales hayan crecido exponencialmente, con una política completamente oficial y lo más grave es que algunos hacen campañas de difamación contra las personas que son críticas del Gobierno.
De acuerdo con FUNDAR y Artículo 19, “en términos absolutos, de estas quince entidades, la que más gastó en publicidad oficial desde 2005 hasta el 2012 fue Chihuahua con $2,550 millones, le sigue el Distrito Federal con $2,396 millones y en tercer lugar Nayarit con $1,726 millones.”[19] La publicación de ambas organizaciones presenta la siguiente gráfica, que se reproduce en este documento por su pertinencia:
Fuente: Fundar y Artículo 19
Las cifras en publicidad oficial no han disminuido: en 2014, Canal 28 hizo un muestreo entre 26 de los 110 medios de comunicación y documentó la cantidad de $357’349,576.00 pesos. Eso refleja la forma de subsistencia que están teniendo varios medios de comunicación, lo cual en principio no genera ningún problema si no hubiera una continua amenaza de retirar tal publicidad cuando los medios son críticos o no se comportan conforme a lo esperado por el gobierno del estado.
Son diversos los retos que tiene Chihuahua para garantizar libertad en las voces que están luchando por los derechos humanos o por evidenciar los actos de corrupción, conflicto de interés e irregularidades por parte de las autoridades. No obstante ello, es obligación del Estado eliminar todos los obstáculos que ponen en riesgo a personas defensoras y periodistas.
En tal sentido, el artículo 1 de Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, señala que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”
Por su parte, el artículo 1º de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas retoma la obligación del Estado mexicano en su conjunto de garanti[zar] la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.” De igual manera, el artículo 74, fracc. VII de la Ley General de Víctimas incluye como una medida de no repetición “la protección de los defensores de derechos humanos”
Todo lo anterior debe verse a la luz de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
Si bien existe una obligación de proteger efectivamente a las personas beneficiarias de medidas de protección en los ámbitos nacional o internacional, consideramos que la situación en el estado no puede ser vista de manera individual o aislada sino que las medidas globales, estructurales y extraordinarias que se adopten, son las que pueden tener mayor eficacia en el contexto actual.
Más aún, dado el contexto actual, estimamos que es fundamental que se adopten medidas preventivas que desincentiven futuras agresiones u obstaculizaciones a la labor informativa y de defensa de derechos humanos.
En tal sentido, cobra relevancia lo previsto por el artículo 41 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que establece la siguiente obligación: “La Federación y las Entidades Federativas en el ámbito de sus respectivas competencias deberán desarrollar e implementar Medidas de Prevención.”
El artículo 43 del mismo ordenamiento da contenido a tales acciones, al determinar que “Las Medidas de Prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales Agresiones a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.” De manera complementaria, el artículo 70 del Reglamento de la Ley señala el objetivo de tales medidas de prevención, las cuales deberán “incentivar[…] la elaboración de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia, con la finalidad de evitar potenciales agresiones a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.”
Por su parte, el artículo 68 del reglamento de esa Ley enuncia como medidas preventivas las siguientes:
Artículo 68.- Pueden ser Medidas de Prevención dirigidas a reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones, así como a combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición, las siguientes:
I. Difusión a nivel federal, estatal y municipal del Mecanismo y las obligaciones de las autoridades con las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en cuanto a su protección;
II. Cursos de capacitación dirigidos a los funcionarios de las entidades federativas sobre derechos humanos y periodistas, respecto de la Ley, el Reglamento, evaluación de riesgo, y demás documentos derivados del Mecanismo;
III. Difusión de las declaraciones públicas de los funcionarios sobre la importancia del trabajo de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, criterios nacionales e internacionales en la materia, así como otros documentos afines;
IV. Creación de consciencia pública de la importancia del trabajo de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de los instrumentos internacionales relevantes sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente, y
V. Recabar, analizar y publicar los datos relativos a las agresiones que sufren los beneficiarios.
Al respecto, ante el escenario descrito previamente, consideramos que varias de las medidas citadas en la disposición anterior pueden y deben ser implementadas en Chihuahua a la brevedad.
Como es evidente, las notas citadas en el apartado anterior se refieren a mujeres de reconocida trayectoria, que han sido críticas respecto de la opacidad, corrupción, impunidad, violencia y exclusión que se incentivan o toleran a través de las autoridades del estado.
Como se ha mencionado previamente, la violencia que se vive en el estado, así como la exigencia de justicia en los casos que se acompañan o representan, han incrementado el riesgo en la labor de defensa de los derechos humanos. Este trabajo también se dificulta con campañas de desprestigio realizadas desde medios de comunicación con tendencia partidista y afines al gobierno de Chihuahua, lo cual se garantiza con el pago incondicional de publicidad oficial.
Por situaciones como las denunciadas es que diversos órganos de protección de derechos humanos han enfatizado la importancia de que el Estado en su conjunto lleve a cabo campañas de dignificación de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos. En tal sentido, la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos han determinado en varias oportunidades el diseño e implementación de campañas de dignificación del trabajo de defensa y promoción de derechos humanos[20].
De igual manera, la primera recomendación incluida en el Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización y balance 2013 de la OACNUDH-Mx se refiere a que “las autoridades federales y estatales articul[en] una campaña masiva y sostenida para visibilizar y reconocer la legitimidad del trabajo de las y los defensores, así como para difundir la Declaración sobre defensores de derechos humanos entre la población en general y, de manera particular, entre las y los funcionarios de todos los poderes y niveles de gobierno. […].”[21]
Finalmente, nos referimos a un aspecto sustancial en las medidas preventivas y en forma de garantía de no repetición. De acuerdo con el artículo 73 del reglamento de la Ley, “La Federación y las entidades federativas, a través de sus autoridades competentes, deberán investigar dentro de un plazo razonable y, en su caso, sancionar las agresiones que agravian al Peticionario o Beneficiario. Dicha investigación deberá conducirse de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, los convenios de cooperación, y los estándares internacionales de derechos humanos.”
Tanto el Sistema Universal como los órganos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han señalado de manera reiterada que la investigación no sólo constituye una medida resarcitoria para quienes hayan sido víctimas de violaciones de derechos humanos sino que se constituye como una de las principales garantías de no repetición de los hechos violatorios.
En virtud de ello, es fundamental que las acciones de prevención incluyan formas en las que se puede avanzar sustancialmente en las investigaciones de los distintos ataques de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, empezando por quienes actualmente son beneficiarias de medidas especiales de protección.
IV. Petitorios
Por lo anteriormente manifestado, respetuosamente le solicitamos que, de acuerdo con los artículos 1º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 y 43 de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y los relativos al reglamento de tal ley:
Primero: Emita, a la brevedad, la alerta temprana prevista en la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y su reglamento.
Segundo: Instruya la realización de un diagnóstico que permita identificar las acciones y medidas preventivas que deben ser implementadas a la brevedad, con el fin de eliminar todos los obstáculos que impidan ejercer libremente y en condiciones de seguridad la labor de defensa de derechos humanos en el estado de Chihuahua.
Tercero: Sin demérito de lo anterior, instruya a la Coordinación Ejecutiva Nacional a que:
A. Se dirija de manera inmediata al Ejecutivo del Estado, el Fiscal General del Estado y el Secretario General de Gobierno para notificar la alerta, a fin de que no sólo estén enteradas de esta medida extraordinaria sino que cooperen en la implementación de la misma, al abstenerse, por un parte, de realizar acciones que obstaculicen la defensa de los derechos humanos y al implementar, por otra parte, medidas que posibiliten tal labor.
B. Que, en la comunicación dirigida a las autoridades de Chihuahua les inste a no incentivar o tolerar campañas de desprestigio contra personas defensoras de derechos humanos o periodistas, especialmente a mujeres que se encuentran en esa condición.
C. Que se emita en todos los medios respecto de los cuales se tiene contratada publicidad oficial un boletín en el que se resalte la labor positiva que tienen las personas defensoras de derechos humanos para el Estado Social de Derecho. Tal boletín deberá ser acordado con la Coordinación Ejecutiva Nacional y con quienes solicitamos la alerta.
D. Que, de acuerdo a lo recomendado por la OACNUDH-Mx y las acciones concertadas para la implementación de las medidas cautelares respecto de Chihuahua y las medidas provisionales del asunto Castro Rodríguez, se diseñe una campaña de legitimación de la labor informativa y de defensa de los derechos humanos, en la que participemos las organizaciones firmantes y se invite a la OACNUDH-Mx.
E. Que se pida información a la Fiscalía General del Estado sobre los avances en las investigaciones relacionadas con los diversos ataques sufridos por las personas beneficiarias del Mecanismo de Protección, de medidas cautelares o medidas provisionales.
F. Que se tomen medidas para proteger a las personas beneficiarias que actualmente asumen un mayor riesgo por el litigio de casos o por el impulso del cumplimiento de resoluciones judiciales favorables a los derechos humanos.
G. Que se tomen medidas adecuadas y eficaces para proteger a las personas beneficiarias que se encuentran en comunidades alejadas, o a quienes han sido desplazadas de su territorio a causa de la violencia en su contra.
H. Que se instale a la brevedad una mesa en la que se discutan las formas de regular la publicidad oficial, así como pautas concretas que impidan que ésta sea utilizada para atacar o denostar la labor informativa o de defensa de los derechos humanos
Quinto: Que, para efectos de la presente solicitud, dirija todas las notificaciones al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM), con domicilio en Avenida Juárez 4107-B, Colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua, a los correos electrónicos internacional@cedehm.org,mx y consultor1@cedehm.org.mx
Bowerasa, A.C. Haciendo Camino
Colectivo La Gota
Movimiento Insurgencia Magisterial de la ciudad de Chihuahua
Camapañas de desprestigio
ONG usan la figura de Marisela Escobedo para recibir financiamiento, según diputado, La Jornada, 11 de enero de 2011: http://www.jornada.unam.mx/2011/01/11/politica/007n2pol
Arremete Duarte contra organizaciones sociales que ‘lucran’, El Diario, 24 de marzo de 2012: http://diario.mx/Estado/2012-03-24_e2281a65/arremete-duarte-contra-organizaciones-sociales-que-lucran/
Agraviados, ahora defienden a asesino', El Mexicano, 11 de octubre de 2012: http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n2728390.htm
Apalean a Lucha Castro; el turno para el Secretario General de Gobierno, La Parada Digital, 12 de octubre de 2012: http://www.laparadadigital.com/noticias-de-chihuahua-mexico.cfm?n=13660
La familia de Marisela Escobedo no busca justicia, sino venganza, dice César Duarte, Emeequis, 26 de octubre de 2012: http://www.m-x.com.mx/2012-10-26/la-familia-de-marisela-escobedo-no-busca-justicia-sino-venganza-dice-cesar-duarte/
Amenazan y difaman a jesuitas defensores de rarámuris, Revista Proceso, 18 de febrero de 2015: http://www.proceso.com.mx/396268/denuncian-amenazas-contra-jesuita-defensor-de-raramuris
PICHUY PROTECTOR DE NARCOS, La Polaka, 12 de marzo de 2015: http://www.lapolaka.com/pichuy-protector-de-narcos/
Padre de la Tarahumara reclama al Gobernador campaña de difamación y acoso en medios, Sin Embargo, 29 de marzo de 2015: http://www.sinembargo.mx/29-03-2015/1295959
[1] OACNUDH-Mx. Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización 2012 y balance 2013, párr. 12.
[2] Entre estas instancias se encuentran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
[3] Las dos instancias de protección son la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
[4] Vale aclarar que no se incluyen en estos números las ampliaciones de medidas cautelares, como ha sido el caso de Edgar Ismael Solorio Solís y otros (MC 388/12), que han incluido en dos ocasiones (2012 y 2016) a más personas beneficiarias por el riesgo en el que se encuentran.
[5] Las medidas cautelares adoptadas por la CIDH son las siguientes: MC-147-08 31 (relacionada con integrantes del CEDEHM), MC-55-10 (Patricia Galarza, Javier Ávila S.J. y presbítero Oscar Enríquez), MC-208-10 (Estela Ángeles Mondragón), MC-388-12 (integrantes de El Barzón), MC-60-14 (varios integrantes de la Comunidad Indígena de Choreachi) y MC 106-15 (integrantes de la comunidad indígena de El Manzano).
[6] Ver las medidas provisionales sobre el asunto Alvarado Reyes y Castro Rodríguez respecto de México.
[7] PBI, por sus siglas en inglés, es una organización no gubernamental con 30 de años experiencia y presencia a nivel global en 16 países incluido México desde 1999. Su labor está enfocada en la protección de los derechos humanos y resolución de conflictos de manera no violenta. Para más información, ver: http://www.pbi-mexico.org/
[8] El comunicado emitido señala lo siguiente: “ En dicho evento las organizaciones tuvieron la oportunidad de exponer su trabajo, el contexto de sus lugares de referencia y el alto riesgo que enfrentan para realizar su labor en defensa de los derechos humanos, donde se solicitó a las autoridades presentes elaborar una estrategia regional basada en las directrices de la Unión Europea y los lineamientos en la materia de derechos humanos de los países , y así exista una real vigilancia en la observación de los derechos humanos en el fortalecimiento del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos de Coahuila y Chihuahua, entre otras peticiones.” Ver, Bridadas Internacionales de Paz, Oficina de la Alta Comisionada de la ONU y diversos países arropan a personas defensoras de derechos humanos de Chihuahua y Coahuila. Disponible en: http://cedehm.blogspot.mx/2013/10/brigadas-internacionales-de-paz-oficina.html
[9] CIDH. Situación de Derechos Humanos en México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, de 31 de diciembre de 2015, párr. 376.
[10] [10] CIDH. Situación de Derechos Humanos en México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, de 31 de diciembre de 2015, párr. 457.
[11] Ver, por ejemplo, La Jornada. Amenazan a indígenas que ganan juicios por despojo de tierras. Nota de 14 de diciembre de 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/14/estados/038n3est; Nuestras Voces de 25 de enero de 2016: https://www.youtube.com/watch?v=SxW0i9TQw1o; y El Heraldo de Chihuahua. Recibe amenazas viuda de activista. Nota de 2 de marzo de 2016. Disponible en: http://eldiariodechihuahua.mx/Ciudad/2016-03-02/Recibe-amenazas-viuda-de-activista-/4f9d1fbe58248ee6bb318a63cf6c45fd
[12] Durante 2014 y 2015, CONTEC fue sometida a una auditoría ilegal por el la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chihuahua -misma que se encuentra involucrada en la denuncia penal por enriquecimiento ilícito presentada ante PGR-, como represalia a la sentencia de amparo que la comunidad indígena de Huitosachi ganó respecto de la contaminación que diferentes hoteles hacían a comunidades rarámuris en el divisadero de Barrancas del Cobre, así como la suspensión de amparo lograda respecto del aeropuerto de Creel y la participación en el proceso de consulta que está llevando a cabo la Secretaría de Energía por la construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo.
[13] El 3 de diciembre pasado, ASMAC logró una resolución en la que el Tribunal Unitario Agrario decretó la nulidad del permiso de aprovechamiento forestal que otorgó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) al Ejido Coloradas de la Virgen sin consultar a los posesionarios indígenas que viven dentro del Ejido, lo cual había traído como consecuencia, entre otros, la tala indiscriminada en ese territorio. Además, la resolución le ordena a la SEMARNAT no volver a expedir otro permiso sin garantizar a los indígenas los derechos a la consulta y el consentimiento previo e informado.
[14] Los ataques contra las víctimas que enfrentan procesos legales pueden evidenciarse con lo ocurrido al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte a finales del año pasado (Sobrevivientes de tortura en Chihuahua inicial Juicio Oral, a dos años de los hechos. Comunicado de prensa de 16 de octubre de 2015. Disponible en: http://cdhpasodelnorte.blogspot.mx/2015_10_01_archive.html), o con el reciente incidente respecto de Arturo Merino González, uno de los líderes indígenas más reconocidos en la Comunidad de Tewerichi, municipio de Carichí. Como represalia a las denuncias presentadas por Arturo sobre los delitos cometidos por personas integrantes de la delincuencia organizada en su comunidad, el 2 de marzo fue notificado con una de presentación por administración fraudulenta, la cual se le entregó a las 18:00 horas mientras que la diligencia estaba prevista para las 14:00 horas del mimo día.
[15] Ver, Anexo Único. Campañas de desprestigio contra personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua.
[16] El Heraldo de Chihuahua. Sección de Ráfagas. 29 de febrero de 2016. Disponible en: http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n4093374.htm
[17] La Opción. En líos judiciales la corresponsal de Proceso aquí. Nota de 1º de marzo de 2016. Disponible en: http://laopcion.com.mx/noticia/126975/en-lios-judiciales-corresponsal-de-proceso-aqui. Dadas tales calumnias, es importante señalar que la Red de Periodistas de a Pie dirigió una alerta al diversos funcionarios del Gobierno de Chihuahua, la cual puede ser consultada en: http://www.periodistasdeapie.org.mx/libertad-27.php
[18] La Opción. *Cirugía a Rodrigo de la Rosa *Joaquín Sotelo, los fallos *Piden 36 mdp por desapariciones *Firmas de chachitos a fiscalización. Nota de 2 de marzo de 2016, cuarto párrafo. Disponible en: http://laopcion.com.mx/noticia/127154/cirugia-a-rodrigo-de-la-rosa-joaquin-sotelo-los-fallos
[19] Fundar y Artìculo 19. Publicidad Oficial, Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas 2013. Disponible en: http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/Informe_PublicidadOficial2013.pdf
[20] Ver, entre otros, CIDH. Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas (2012). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, de 31 de diciembre de 2011; Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, resolutivo 14; Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, resolutivo 10; y Caso defensor de derechos humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) . Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283, resolutivo 14.
[21] OACNUDH-Mx. Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización 2012 y balance 2013. Recomendación 1, pág. 17.
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