Source: http://www.scribd.com/doc/177727482/nota-esp
Timestamp: 2014-07-14 07:55:21+00:00

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La Gran Sala del Tribunal dicta sentencia en el caso Del Río Prada
En su Sentencia definitiva
de Gran Sala
dictada hoy en el casoDel Río Prada c. España
(demandan
42750/09), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falla,
por quince votos contra dos
, que ha habido
vulneración del artículo 7
(no hay pena sin ley) delConvenio Europeo de Derechos Humanos ;
que desde el 3 de julio de 2008, la privación de libertad de la demandante no esregular y
vulnera el artículo 5 § 1
(derecho a la libertad y a la seguridad) ; y
por dieciséis votos contra uno
, que corresponde al Estado demandado garantizar la puesta enlibertad de la demandante en el plazo más breve posible.El caso versa sobre el aplazamiento de la fecha de puesta en libertad definitiva de una personacondenada por terrorismo en virtud de la aplicación de una nueva jurisprudencia del TribunalSupremo – conocida como « doctrina Parot » - adoptada tras su condena.El Tribunal estima que la demandante no podía prever que el Tribunal Supremo modificaría su jurisprudencia en febrero de 2006 ni que tal modificación le sería aplicada y supondría aplazar encasi nueve años la fecha de su puesta en libertad – del 2 de julio de 2008 al 27 de junio de 2017. Porlo tanto, la demandante ha cumplido una pena de prisión de una duración superior a la que tendríaque haber cumplido según el sistema jurídico español en vigor en el momento de su condena. Porconsiguiente, corresponde a las autoridades españolas garantizar su puesta en libertad en el plazomás breve posible.
La demandante, Inés del Río Prada, de nacionalidad española y nacida en el año 1958, se encuentraactualmente encarcelada en un centro penitenciario de la Comunidad Autónoma de Galicia (España).Entre diciembre de 1988 y mayo de 2000, como consecuencia de ocho procedimientos penalesdistintos, fue condenada a numerosas penas privativas de libertad, por la comisión entre 1982 y1987 de infracciones relacionadas con atentados terroristas. La duración total de las penas alcanzabamás de 3000 años de prisión.Sin embargo, según el artículo 70.2 del Código Penal de 1973, vigente en el momento de la comisiónde los hechos, el máximo de cumplimiento de la condena del culpable no podía exceder de 30 años.Esta regla se aplicaba igualmente a las penas que se hubieran impuesto en distintos procesos si loshechos delictivos, como en el caso de la Sra. Del Río Prada, por su conexión jurídica y cronológica,pudieran haberse enjuiciado en uno solo. En noviembre de 2000, la Audiencia Nacional, medianteuna decisión de acumulación de penas, redujo de 3000 a 30 años de prisión la condena de lainteresada.Tras la adopción de varias decisiones por parte de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria entre losaños 1993 y 2004, le fue concedida a la Sra. Del Río Prada, de conformidad con el artículo 100 delCódigo Penal de 1973, una redención de nueve años por el trabajo realizado en prisión. En abril de
1 Las sentencias de Gran Sala son definitivas (artículo 44 del Convenio). Todas las sentencias definitivas son transmitidas al Comité deMinistros del Consejo de Europa que se encarga de supervisar su ejecución. Para más información sobre el procedimiento de ejecución,consultar la página web:http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 22008, tras aplicar dicha redención de penas al máximo de 30 años, el centro penitenciario de Murcia(España), donde la Sra. Del Río Prada estaba encarcelada en ese momento, propuso a la AudienciaNacional su puesta en libertad el 2 julio de 2008.Mientras tanto, el Tribunal Supremo había modificado su jurisprudencia en lo concerniente a laredención de penas. En efecto, después de haber establecido el Tribunal Supremo en sentencia de 8de marzo de 1994 que el límite de 30 años previsto en el art. 70.2 del Código Penal de 1973 debía serinterpretado como « una pena nueva y autónoma », sobre la cual debían aplicarse las redencionesde pena, pasó a considerar, en sentencia de fecha de 28 de febrero de 2006, que el límite de 30 añosno da lugar a una pena distinta de las sucesivamente impuestas al reo, sino que tal límite representael máximo de cumplimiento del penado en un centro penitenciario. Por todo ello, las redenciones depena debían aplicarse sobre cada una de las penas impuestas de forma separada y no sobre el límitemáximo de 30 años.Como resultado de esta nueva línea jurisprudencial – llamada « doctrina Parot », la AudienciaNacional pidió a las autoridades penitenciarias que modificasen la fecha prevista para la puesta enlibertad de la Sra. Del Río Prada, debiendo proceder a un nuevo cálculo conforme a la actual jurisprudencia del Tribunal Supremo.Mediante una providencia de 23 de junio de 2008, fundada en una segunda propuesta del centropenitenciario, la Audiencia Nacional fijó la fecha de 27 de junio de 2017 para la puesta en libertaddefinitiva de la demandante. El recurso de ésta ante la Audiencia Nacional, así como, el recurso deamparo ante el Tribunal Constitucional, fueron respectivamente desestimados en julio de 2008 yfebrero de 2009.
Invocando el artículo 7 (No hay pena sin Ley), la Sra. Del Río Prada, alegaba que la aplicación, segúnsu punto de vista retroactiva, del cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo en lo concernientea la redención de penas, había prorrogado su detención hasta nueve años. En virtud del artículo5 § 1 (derecho a la libertad y a la seguridad), la demandante alegaba también que su mantenimientoen prisión vulnera las exigencias de « regularidad » y del respeto de las « vías legales ».La demanda fue presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 3 de agosto de 2009.En su sentencia de 10 de julio de 2012, el Tribunal consideró que se habían vulnerado los artículos 7y 5 § 1 del Convenio. El 4 de octubre de 2012, el Gobierno solicitó la remisión del asunto ante la GranSala del Tribunal según lo dispuesto en el artículo 43 del Convenio (remisión ante la Gran Sala). El 22de octubre de 2012, el colegio de la Gran Sala aceptó la solicitud de remisión. Se celebró una vista el20 de marzo de 2013.La Sentencia ha sido dictada por la Gran Sala de 17 jueces, compuesta en este caso por:Dean
(Luxemburgo),
,Guido
(Italia),Ineta
(Letonia),Mark
(Liechtenstein),Isabelle
(Mónaco),Elisabeth
(Austria),George
(Chipre),Luis
(España),Ledi
(Albania),Ann
Power-Forde
(Turquía),Paul
(Bélgica),Paul
(Reino Unido),Aleš
(República Checa),
(Países Bajos),Valeriu
Griţco
(República de Moldavia)
(Bosnia y Herzegovina),Así como de
Artículo 7 (no hay pena sin ley)
En primer lugar, el Tribunal debe determinar, sobre la base de la ley y de la práctica de los tribunalesespañoles, el alcance de la « pena » impuesta a la Sra. Del Río Prada. Según el artículo 70.2 delCódigo Penal de 1973, la noción de « condena », que correspondía al límite máximo de 30 años deprisión, parecía distinguirse de la noción de « penas » pronunciadas en las distintas sentencias decondena. Paralelamente, el artículo 100 del Código Penal de 1973 disponía que los condenadospodían redimir su pena con el trabajo efectuado en prisión, sin precisar sin embargo las reglas deimputación de la redención de penas en caso de acumulación.A pesar de la ambigüedad de estas disposiciones, antes de la sentencia del Tribunal Supremo defebrero de 2006 que instauró la « doctrina Parot », cuando se condenaba a una persona a variaspenas de prisión y éstas se acumulaban, las autoridades penitenciarias y judiciales españolas habíanseguido la práctica constante de aplicar las redenciones de pena sobre el límite máximo de 30 años,y no sobre cada una de las « penas » pronunciadas en las distintas sentencias de condenaseparadamente. Por otra parte, en su sentencia de marzo de 1994, el propio Tribunal Supremo habíaseguido esta interpretación.Hasta la modificación de la jurisprudencia de febrero de 2006, esta práctica benefició a numerosaspersonas que, como la Sra. Del Río Prada, habían sido condenadas en virtud del Código Penal de1973. La demandante podía por tanto esperar ser tratada de la misma manera. Dicho de otro modo,en el momento de la comisión de las infracciones así como en el momento de la adopción de ladecisión de acumulación de penas por la Audiencia Nacional en el año 2000, el derecho español –incluida la práctica de los tribunales – era suficientemente preciso para permitir a la Sra. Del RíoPrada conocer el alcance de la « pena » impuesta, es decir una duración máxima de 30 años deprisión, sobre la que debían aplicarse las redenciones de pena por trabajo.En segundo lugar, el Tribunal debe establecer si la aplicación de la « doctrina Parot » a la Sra. Del RíoPrada ha modificado solo las « modalidades de ejecución » de la pena impuesta o si ha modificado el« alcance » de la misma. En este sentido el Tribunal recuerda la distinción entre las medidasconstitutivas de una « pena » y las relativas a las « modalidades de ejecución » de dicha pena, puessolo las primeras se incluyen teóricamente en el ámbito de aplicación del artículo 7. Sin embargo, elTribunal recuerda también que la distinción entre estos dos tipos de medidas no siempre está claraen la práctica. En efecto, el Tribunal no excluye que ciertas medidas adoptadas por el Estado tras laimposición de una pena definitiva o durante la ejecución de esta última, puedan conducir a unaredefinición o a una modificación del alcance de la « pena » impuesta por el juez. Por tanto, elTribunal debe decidir caso por caso lo que la « pena » impuesta implicaba realmente en Derechointerno o, en otras palabras, cuál era su naturaleza intrínseca.En el presente caso, la duración de las redenciones de pena otorgadas a la Sra. Del Río Prada –alrededor de nueve años – no ha sido discutida por ninguna de las jurisdicciones que han conocidodel caso. La providencia de junio de 2008 por la que la Audiencia Nacional aplazó la fecha de puestaen libertad definitiva de la Sra. Del Río Prada a junio de 2017 no se refería por tanto a la cuestión desi debía beneficiarse de las redenciones de pena sino a las modalidades de imputación de lasmismas.
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