Source: https://fr.scribd.com/document/6672835/Manual-de-Derechos-Humanos
Timestamp: 2020-08-13 18:40:04+00:00

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Manual de Derechos Humanos | Derechos humanos | Derecho Constitucional
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La presente edición del Manual de derechos huma- nos: conceptos elementales y consejos prácticos, contó con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el marco del Programa de Relaciones con Organizaciones Sociales de este Organismo Na- cional.
© Cadenas Humanas, A. C. Monteantuco núm 205, Col. Lomas de Chapultepec, C. P. 11010, México, D. F.
¿Cuáles son las principales violaciones a los Derechos Humanos?
C otidianamente, entre nuestras amista- des, vecinos, familiares o incluso a tra- vés de los medios informativos, somos
testigos de eventos lamentables que tienen como común denominador el agravio, la in- tolerancia, el abuso, la coerción y la intimida- ción, circunstancias que en general, amena- zan nuestra seguridad nuestra tranquilidad y nuestra libertad. Esta situación, vista desde un ángulo con- templativo, nos llevaría a escenarios vergon- zantes y de complicidad. Pasar de la pasivi- dad al activismo decidido implica reconocer nuestras capacidades y posibilidades de con- tribución en la búsqueda de soluciones que en el corto, mediano y largo plazos, haga más cordial nuestra convivencia en nuestro hogar,
nuestro barrio o colonia y, en esa medida, co- menzar a cultivar una genuina cultura de res- peto a nuestros derechos fundamentales.
El Manual de derechos humanos: conceptos elementales y consejos prácticos, se traduce
como una contribución más que Cadenas Hu- manas, A. C., con el apoyo de la Comisión Na- cional de los Derechos Humanos (CNDH), hace en el rubro de la difusión de nuestros dere- chos básicos. Confiar en que esfuerzos como éste tendrán en el mediano plazo efectos benéficos para toda la colectividad, es reconocer y reafirmar que el conocimiento y la información es un meca- nismo efectivo que reduce la brecha existen- te entre la impunidad y la aplicación de la jus- ticia.
nos pretende constituirse como un instrumento útil y de acercamiento a nuestros derechos básicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, integra una serie de consejos que pueden ser de vital importancia ante una presunta viola- ción a los mismos. Así, Cadenas Humanas, A. C., invita a la so- ciedad civil organizada, a agrupaciones po- líticas, instituciones, dependencias y ciuda- danía en general, a escudriñar el presente documento y apropiarse de su contenido, y en
la medida de lo posible provocar la orienta- ción de acciones y conductas más respetuo- sas de la pluralidad, más comprometidas con los valores de libertad e igualdad, para lograr una convivencia más armónica y plural. Se trata pues de que cada uno de quienes integramos nuestra comunidad, nos decida- mos a construir entornos de vida más huma- nos, o como bien dice la filósofa española Adela Cortina, al menos, menos inhumanos.
C adenas Humanas, A. C., es una organiza- ción ciudadana integrada por profesionis- tas, empleados, especialistas y perso-
nas interesadas en realizar acciones dirigidas a la protección de los derechos humanos de las personas que integramos la colectividad. Consecuente con esta actitud, desde 1998, Cadenas Humanas, A. C., ha organizado y reali- zado foros de discusión, cursos-taller, capaci- taciones, impresión de documentos y asesorías como contribución a la consolidación y forta- lecimiento de la cultura de respeto a los dere- chos humanos. Su misión está dirigida básicamente a:
a) Conocer de eventos de probables violacio- nes a los derechos humanos a fin de pro-
porcionar la asesoría necesaria para la for- mulación de quejas ante las respectivas Co- misiones de Derechos Humanos;
b) Intervenir como coadyuvante de los quejo- sos en los trámites ante las Comisiones de Derechos Humanos, así como dar segui- miento a éstos;
c) Formular y emitir pronunciamientos res- pecto de las quejas cuya investigación de- muestre la existencia de violación a los derechos humanos;
d) Promover la conciliación o amigable compo- sición entre los quejosos y los servidores
públicos responsables cuando el caso lo per- mita;
e) Impulsar la observancia de los derechos hu- manos en el país;
f) Proponer a las diversas instancias de la ad- ministración pública que en el exclusivo ám- bito de su competencia promueva los cam- bios y modificaciones de disposiciones legislativas o reglamentarias, así como de procedimientos administrativos que a cri- terio de la Comisión coadyuven a la efica- cia de la protección de los derechos funda- mentales;
g) Promover el estudio, conocimiento y difu- sión de los derechos humanos en el ámbito nacional;
h) Desarrollar programas de capacitación a grupos comunitarios en temas relaciona-
dos con la protección y defensa de los de- rechos humanos;
i) Editar y difundir a través de su órgano res- pectivo las acciones realizadas por la aso- ciación a favor de la tutela de los derechos humanos;
j) La defensa de los intereses generales y los particulares de los asociados, sin más li- mitantes que las señaladas por las leyes en vigor;
k) La representación de sus asociados ante toda clase de autoridades federales, locales o cual- quier otra persona física o moral, y la rea- lización de las gestorías necesarias para el logro de los fines sociales;
l) La adquisición de los bienes que se requie- ran para la mejor realización de sus fines sociales;
m)En general, el estudio, promoción y ejecu- ción de toda clase de asistencia social, pre- visiones, planeación, organización, integra- ción, dirección y control para la promoción, capacitación y actualización de grupos comunitarios en materia de derechos hu- manos.
En esta ocasión y en respuesta a esta serie de compromisos, Cadenas Humanas, A. C., ofre- ce a la ciudadanía un documento que integra una serie de conceptos y consejos prácticos para abundar en el conocimiento de los dere- chos humanos.
L os derechos humanos son las faculta- des que tenemos los seres humanos, por el solo hecho de serlo, son inherentes a
la persona humana y le permiten vivir y desa- rrollarse en condiciones de dignidad. Los go- biernos tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de estos derechos. Los derechos humanos se fundamentan en valores elementales como: la vida, la igualdad, la libertad, la seguridad, el desarrollo y la paz, entre otros. Desde que el ser humano existe, ha tenido que librar difíciles luchas por el reconocimien- to de estos derechos. En la historia de todos los pueblos, siempre han existido personas que se sienten superiores a los demás o que en- tienden el poder como un instrumento de so-
metimiento y dominación, por lo que la idea que actualmente tenemos de los derechos hu- manos no es la misma que se tenía hace si- glos; tampoco es y ha sido la misma en cual- quier parte del mundo, esto quiere decir que aun cuando hoy son una conquista que se ve reflejada en las leyes, su cumplimiento en la vida cotidiana, en muchas ocasiones, se ve ame- nazada. La historia de estas luchas nos demuestra que la idea de ser humano se ha modificado, se han ido incluyendo grupos que originalmen- te no habían sido contemplados en el goce de los derechos más elementales, por ejemplo, el derecho a la vida, del que sólo gozaban las per- sonas libres, ya que los esclavos podían ser privados de ella a juicio de sus dueños; las
primeras leyes que protegían la libertad, la igualdad, la justicia, la participación política y el trabajo digno no beneficiaban a todas las personas, pues dejaban desprotegidas, por ejemplo, a las mujeres, las minorías étnicas, los presos, los discapacitados, los grupos mar- ginados y los ancianos, entre otros. La Constitución Política de los Estados Uni- dos Mexicanos y las leyes internacionales re- conocen derechos a todas las personas, sin importar su raza, sexo, religión, edad, condi- ción social, orientación política, ideológica y sexual o cualquier otra característica. Es- tas leyes parten de la idea de que todos somos iguales y por lo tanto poseemos los mismos de- rechos. Sin embargo, y pese a los grandes aconteci- mientos sociales en que grupos de individuos
han expuesto o perdido su vida, su libertad y, en general, todos sus derechos, algunos de los valores que fundamentan a los derechos hu- manos siguen siendo aspiraciones, en virtud de que no se ha logrado vivir en condiciones de igualdad en el acceso a muchos derechos, ta- les como la salud, la educación, la alimenta- ción, la justicia, el trabajo y la libertad. Hoy día, se sigue dependiendo de condiciones o características físicas, culturales, socioeco- nómicas o políticas, por lo que es importante señalar (en este intento de ubicar conceptual- mente a los derechos humanos) que la parte fundamental en el tema de los derechos hu- manos es su aplicación y respeto, es decir, su vivencia. En este sentido, la creación de leyes es muy importante, pero más lo es su cumpli- miento.
El derecho internacional las contenidas por esta Ley Suprema. Las más representativas son:
E l reconocimiento y garantía de los dere- chos humanos ha sido motivo de consen- so o acuerdo internacional, por lo que
éstos se ordenan en documentos internacio- nales, así como nacionales. Nuestro país ha participado en diversas reuniones que han te- nido como resultado Declaraciones, Acuerdos, Convenios y Tratados que se han aceptado a través de su firma y ratificación, mismos que le obligan a respetar los derechos de cualquier persona, incluidos los extranjeros que habiten dentro del territorio mexicano. Nuestra Cons- titución Política Federal ordena en su artículo 133 que las leyes internacionales son obli- gatorias y que tienen la misma jerarquía que
— La Declaración Universal de Derechos Hu- manos de 1948.
— La Convención Americana de Derechos Hu- manos de 1969.
Estos documentos se acordaron debido a las severas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de que no se repitieran nun- ca jamás atrocidades en contra de la dignidad humana.
Los derechos contenidos en estos documentos son en esencia los consagrados en nuestra le- gislación, bajo la denominación de “Garantías Individuales y Sociales”, contenidas en la Cons- titución Política de los Estados Unidos Mexica- nos, del artículo 1o. al 29, así como el 123, y que para su estudio han sido clasificadas en cua- tro grandes grupos:
raza, sexo, nacionalidad, condición social, económica, orientación política, sexual o ideológica, ni cualquier otra característica (artículo 1o.).
clavo y las personas que tengan esa condi- ción en su país, al entrar a territorio mexi- cano serán libres y tendrán la protección de las leyes mexicanas (artículo 2o.).
bres y mujeres tenemos los mismos dere- chos, por lo que podemos acceder a los mis- mos servicios y debemos ser tratados y juzgados sin discriminación (artículo 4o.).
hereditarios. En nuestro país está prohi- bido ostentar títulos de nobleza o cualquier otra distinción que represente trato exclu- sivo o de privilegio. Asimismo, dentro de nues- tro territorio no tienen validez aquellos ho- nores otorgados en otros países (artículo
— No ser juzgado por leyes privativas, ni en tribunales especiales. Salvo el fuero mili-
tar para miembros de las fuerzas armadas, todos debemos ser juzgados por leyes igua- les. Está prohibido someter a cualquier per- sona a tribunales especiales (artículo 13).
elegir dedicarnos a cualquier profesión, tra- bajo u oficio, siempre y cuando sean lícitos (artículo 5o.)
manifestar nuestras ideas con libertad y con la garantía de no ser objeto de represión judicial o administrativa, teniendo como úni- ca limitación el no perjudicar la moral o los derechos de otra persona. Nos garanti- za también el derecho a la información (ar- tículo 6o.).
escribir y publicar de manera libre sobre cualquier tema o materia, sin ser objeto de censura, siempre y cuando no atenten con- tra la vida privada de otros, la moral y la paz pública (artículo 7o.).
podemos hacer peticiones ante cualquier institución pública, por escrito y de mane- ra respetuosa; los funcionarios públicos tie- nen la obligación de contestar por escrito en un tiempo breve (artículo 8o.).
la libertad de reunirnos de manera pacífi- ca con cualquier propósito lícito, o asociar- nos para cualquier fin legal; para fines po- líticos, esta libertad está concedida sólo a los ciudadanos mexicanos (artículo 9o.).
cilio armas que no estén prohibidas por la ley, por ser de uso exclusivo de las fuerzas armadas, para la seguridad y legítima de- fensa; éstas deberán cumplir con las con- diciones de registro que señala la Ley Fe- deral de Armas de Fuego y Explosivos, y su utilización deberá ser conforme a lo dis- puesto en los Códigos Penales y de Procedi- mientos Penales de los Estado Unidos Mexica- nos y del Distrito Federal (artículo 10).
derecho a entrar a cualquier parte del país, salir de él, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de permiso, pasaporte, salvoconducto u otra limitación, este derecho puede restringirse por deci- sión judicial (artículo 11).
— La libertad de culto. Nos permite profesar la religión de nuestra preferencia y realizar ceremonias o actos de culto, siempre que con ella no se cometan delitos (artículo 24).
que no se aplicarán leyes que no existan en el momento de los hechos, cuando pue- dan perjudicar, salvo que sean en beneficio (artículo 14).
— Audiencia. Toda persona tiene derecho a ser oída y enjuiciada, con todas las posibilida- des de defenderse. A nadie se le puede pri- var de la vida, libertad, propiedades, ni de- rechos sin previo juicio (artículo 14).
— Prohibición de celebrar tratados para la ex- tradición de reos políticos o esclavos. Nues-
tro país no puede extraditar a personas que sean perseguidas por cuestiones políti- cas o que en su país de origen tengan la calidad de esclavos (artículo 15).
— Prohibición de actos de molestia en contra de la persona, el domicilio, las posesiones,
puede ser objeto de injerencias arbitrarias dentro de su domicilio (cateo), ni en su per- sona, familia o papeles, si ésta no es sor- prendida en el momento de cometer un de-
lito, o bien, existe una orden de aprehensión dictada por un juez que señale los motivos
te de delincuencia organizada, este plazo se ampliará a 96 horas (artículo 16).
— Derecho a la impartición de justicia, prohi- bición de ser apresado por deudas de ca- rácter puramente civil. Ninguna persona
puede hacerse justicia por sí misma, ni ejer- cer violencia para reclamar sus derechos. El Estado debe impartir justicia de manera pronta, imparcial y gratuita. Nadie puede ser privado de su libertad por alguna deu- da civil (deber dinero, algún crédito o ha-
ber firmado algún pagaré, por ejemplo), siempre y cuando no obtenga de esta deu- da algún lucro o lo haya obtenido a través de engaños (artículo 17).
centros de reclusión deberán organizarse en todo el país para lograr la readaptación so- cial de los delincuentes, por lo que habrá posibilidades de capacitación, trabajo y edu- cación dentro de los penales y quedarán pro- hibidos la corrupción y el abuso en contra de los presos y sus familiares (artículo 18).
— Prohibición de las detenciones prolongadas ante la autoridad judicial y maltrato du-
rante las mismas. Está prohibido todo mal- trato en las detenciones, aprehensiones o en la prisión; la autoridad deberá utilizar solamente la fuerza necesaria para some- ter al probable responsable de un delito y quedará prohibido también cualquier cobro o contribución. El juez cuenta con un plazo
de 48 horas para dictar la formal prisión o la libertad del indiciado (artículo 19).
ñalada como probable responsable de un delito, tiene los siguientes derechos:
— Su libertad provisional bajo caución, si no cometió delito grave y puede garantizar el monto de la reparación del daño.
— A declarar, en presencia de su defensor, sin que sea intimidado, incomunicado o tortu- rado, si no cuenta con recursos para contra- tar un defensor privado, el gobierno deberá asignarle un defensor de oficio, de manera gratuita.
— A que se le haga saber quién le acusa y de qué se le acusa.
— A ser careado ante quienes declaren en su contra.
— A ser juzgado en un plazo no mayor de cuatro meses si la pena para el delito que cometió no excede de dos años, y un plazo de un año cuando la pena sea mayor de dos años.
— División de funciones entre autoridades ad- ministrativas y judiciales. Los servidores
públicos sólo pueden hacer lo que la ley les permite y los únicos facultados para impo- ner las penas son los jueces; el Ministerio Público debe investigar y perseguir los de- litos y, con el auxilio de la policía (judicial o ministerial) y los servicios periciales y la autoridad administrativa (juez cívico o juez calificador), imponer multas o arres- tos hasta por 36 horas a los infractores de los reglamentos gubernativos y de policía (artículo 21).
nidad humana. Está prohibido imponer pe- nas de mutilación o infamia, las marcas,
los azotes, el tormento, los palos, las penas que trasciendan a otras personas o las que no estén contenidas en las leyes penales (artículo 22).
el mismo delito. Ningún juicio puede tener más de tres instancias, después de haber sido agotadas, o bien, que el término para intentarlas haya transcurrido, esa perso- na tendrá que ser absuelta o condenada y no podrá volver a ser juzgada por el mis- mo delito.
da y social. El Estado mexicano tiene la propiedad originaria sobre las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio mexicano, pero puede transmitirla a los par- ticulares. Así se constituye la propiedad pri-
vada, la cual puede expropiarse sólo por causas de utilidad pública. Se protege la propiedad sobre la tierra para los núcleos de población ejidales y comunales (artícu- lo 27).
ne derecho a ingresar a las instituciones de educación pública, laicas y gratuitas. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho en la educación preescolar, prima- ria y secundaria, y los padres tienen la obligación de enviar a sus hijos a la escue- la (artículo 3o.).
debe establecer instituciones públicas de salud para beneficio de la población, que le permitan a ésta el acceso a los servicios de salud biopsicosocial (artículo 4o.).
na tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y es- paciamiento de sus hijos (artículo 4o.).
na tiene derecho a disfrutar de una vivien- da digna y decorosa, a través de los apo- yos del Estado (artículo 4o.).
genas. Se reconoce la composición pluri- cultural de nuestra sociedad y el Estado se compromete a proteger y promover las len- guas, culturas, usos, costumbres, recursos
estos grupos se vean involucrados (artícu- lo 4o.).
dad social. Todos los trabajadores tienen los siguientes derechos:
A una jornada máxima de trabajo de ocho horas. En caso de trabajo nocturno, ésta será de siete horas.
Se prohíbe el trabajo a los menores de 14 años.
Se protege a las mujeres embarazadas contra trabajos peligrosos o que requie- ran de un esfuerzo considerable. Se les ordena descanso forzoso durante seis se- manas antes y después del parto.
El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades de la fa- milia en el orden material, social y cul- tural.
A trabajo igual le corresponderá salario igual.
A declarar la huelga para armonizar los derechos con los factores de la producción.
A gozar de servicios médicos y demás pres- taciones de seguridad social, incluida la protección contra los accidentes de tra- bajo y las pensiones derivadas de la inca- pacidad o edad avanzada (artículo 123).
NOTA: Todos estos derechos deberán ser res- petados por cualquier persona, en cualquier tiempo y lugar de nuestro territorio, pero po- drán ser suspendidos o limitados de manera temporal y en áreas geográficas determina- das cuando así lo requiera la estabilidad polí- tica y seguridad nacional. Esta suspensión sólo será válida cuando previamente lo determine el Presidente de la República con aprobación del Senado, en caso de invasión, perturbación grave de la paz, conflicto, emergencia o cual- quier otra circunstancia que ponga en grave peligro a la sociedad. Esta excepción no será aplicable a un solo individuo (artículo 29).
El Estado nas, sin importar nuestra apariencia, género, condición social o económica ni ninguna otra
cualidad. Legalidad: Los servidores públicos deben fundamentar siempre su trabajo en la ley; úni- camente pueden hacer aquello que ésta les ordene y deben evitar incurrir en excesos o abusos de autoridad. Oportunidad: Es muy importante que cuan- do solicitemos algún servicio, las autoridades actúen con prontitud, pues cualquier retardo injustificable se considera negligencia y evita que nuestros derechos se protejan de manera adecuada, lo cual puede provocarnos afecta- ciones más graves. Lealtad y honradez: El Estado puede prote- ger nuestros derechos gracias a que nosotros
Imparcialidad: Esto quiere decir que deben brindar un trato igual para todas las perso-
que debe crear instituciones que nos permi- tan condiciones de vida digna; los servidores públicos son los primeros defensores de nues- tros derechos, por lo que están obligados a actuar conforme a la ley y con la sensibilidad suficiente para darnos una atención adecua- da, por lo que médicos, profesores, jueces, po- licías, agentes del ministerio público y demás empleados del gobierno deben realizar su tra- bajo conforme a los siguientes principios:
E s importante recordar que el Estado tie-
aportamos impuestos o contribuciones que es- tán dispuestos en las leyes, por lo que los ser- vidores públicos tienen prohibido solicitar o recibir cualquier cantidad de dinero por la prestación de un servicio público que debe ser gratuito, o bien por no ejecutar la ley cuando alguna persona la transgrede. Cualquier persona puede transgredir nues- tros derechos. Como ejemplo están las personas que atentan contra la propiedad, nuestra inte- gridad física, la libertad, la familia, la casa o cualquier otra posesión, en todos esos casos esta- ríamos ante la presencia de delitos y tendría- mos el derecho a que se administre justicia; es decir, a la investigación, persecución e impar- tición de justicia, funciones que están a cargo de las procuradurías, los juzgados y las autori- dades administrativas; todos ellos deben ac- tuar con eficiencia, de manera gratuita y res- petuosa de nuestros derechos, además deben informar de los pasos que debemos seguir en cualquier trámite y deben auxiliarnos, brindan- do información de las instituciones a las que
certeza cuál es la instancia competente. Cuando las instituciones públicas, a través de sus autoridades o servidores públicos, no
actúan adecuadamente o lo hacen con negli- gencia, con prepotencia, discriminación, abu- san de su autoridad, omiten brindar un servi- cio, no protegen o defienden nuestros derechos conforme lo establece la ley, o simplemente no hacen nada para evitar que alguien afecte nuestras garantías individuales, es decir, lo tolera, está violando nuestros derechos. Lamentablemente, esto ocurre con mayor fre- cuencia de lo que pensamos, por lo que nos he- mos acostumbrado a presenciar tales abusos
La propia Constitución señala que en caso de que las autoridades violen nuestros derechos,
podemos recurrir al juicio de amparo contra esos actos, para nuestra protección y restable- cimiento de nuestros derechos fundamenta- les, como son la libertad, el juicio justo, la fa- milia, la propiedad, la posesión, etcétera. Cuando vemos amenazados nuestros dere- chos sin causa justificada, podemos pedir el am- paro de la justicia federal, a través de la trami- tación de este juicio. Existen muchas personas que lo solicitan para protegerse contra:
— El despojo de sus posesiones (el departa- mento que rentan, por ejemplo).
No obstante que es un instrumento que ayu- da a la defensa de nuestros derechos, este juicio en ocasiones resulta inaccesible para personas cuyos recursos no les permite la contratación de un abogado o la erogación de los gastos para la tramitación del mismo. Cabe
destacar que por la especialidad de este pro- cedimiento, es casi imposible que una perso- na que no sea abogado realice el trámite para conseguir la protección contra el acto de au- toridad que lo está perjudicando.
Recientemente, en nuestro país se crearon ins- tituciones idóneas para la defensa contra los actos de autoridad que violan las garantías de cualquier persona (se llama Ombudsman en otros países, como Suecia); así, en 1990 se crea la Comisión Nacional de los Derechos Huma- nos, actualmente existe una Comisión de De- rechos Humanos con competencia local en cada entidad de la República, incluyendo el Distrito Federal, cuyas funciones consisten en la pro- tección, defensa y vigilancia de los derechos humanos.
Aun cuando pareciera que estas funciones ya las cumplía el juicio de amparo, estos organis- mos tienen características que los diferencian y que ofrecen ventajas para las víctimas de abusos por parte de alguna autoridad o servi- dor público, entre las cuales se encuentran las siguientes:
forma que los quejosos no tienen que pa- gar absolutamente ningún servicio.
— Su procedimiento es ágil y antiburocrático. En general, las investigaciones que reali- zan las Comisiones de Derechos Humanos no pueden tardar más de tres meses y, en ca-
ciones a las personas, como por ejemplo, pérdida de la vida, de la salud, de la liber- tad, o de la integridad física o psicológica.
rias como las de los jueces, tienen una efica- cia comprobada, dada su autoridad moral
de tal forma que la opinión pública ejerce presión para que éstas se cumplan.
— Son autónomas, es decir, no dependen de ninguno de los Poderes de la Unión; no re- ciben instrucciones de ninguna autoridad,
a diferencia de las unidades de contraloría con las que cuentan las dependencias de gobierno.
— Son apartidistas, lo cual quiere decir que no tienen orientación política alguna, por lo que es muy importante que su titular sea una persona que no milite activamente en ningún partido político.
La Constitución Política Mexicana establece en su artículo 102, apartado B, los casos de in- competencia de las Comisiones Públicas, que son:
— Asuntos laborales. Como en el caso de des- pidos injustificados, huelgas, contratos co- lectivos, etcétera, este impedimento se fun- damenta en que ya existe un organismo que se encarga de defender los derechos de los trabajadores, que es la Procuraduría Fe- deral de Defensa del Trabajo; sin embargo, durante el procedimiento ante una Junta de Conciliación y Arbitraje hay una irregu- laridad, hay dilación, se presume corrup- ción o hay discriminación por parte de los servidores públicos, sí se puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos respec- tiva.
rechos Humanos deben trabajar bajo el prin- cipio de apego a la legalidad, sin mezclarse en cuestiones políticas, ya que ello puede lesionar su autoridad moral, por lo que no pueden intervenir en las controversias elec- torales; sin embargo, sí pueden conocer de violaciones relacionadas con el derecho de voto y participación política de los mexica- nos, por lo que si alguna autoridad impide que se ejerza de manera libre el voto o con- diciona servicios a cambio de pertenecer a alguna agrupación política, estaría violen- tando los derechos individuales.
siones de jueces o autoridades adminis- trativas que ponen fin a una controversia, o que definen una situación jurídica, por ejemplo las sentencias o laudos. Las Comi- siones de Derechos Humanos no pueden in- tervenir en el fondo de los procesos, deci- diendo a quién le asiste la razón, mucho
menos liberando de responsabilidad o san- cionando cualquier conducta, sin embargo, cuando en un procedimiento hay vicios, co- hecho, presión, dilación, negligencia o mal- trato por parte de la autoridad, entre otras irregularidades, estos casos pueden denun- ciarse ante las Comisiones de Derechos Hu- manos.
do es cierto que cualquier particular puede violar nuestros derechos fundamentales, es decir: algún familiar, amigo, vecino o cual- quier desconocido, privando a alguien arbi- trariamente de la libertad (secuestro), de la vida (homicidio), de la propiedad (robo), de dinero (fraude), etcétera, todas estas con- ductas tendrán que ser denunciadas ante autoridades como el Ministerio Público o los juzgados; las Comisiones de Derechos Hu- manos no tienen competencia entre perso- nas que no sean servidores públicos.
Para acceder a las Comisiones de Derechos Humanos no se requiere acreditar ninguna representación legal, ya que cualquier perso- na puede presentar una queja.
Con la reforma al artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1993, nuestro país creó todo un sistema de protección de los derechos huma- nos, diferente al que ya existía y que anterior- mente mencionamos, que es el jurisdiccional; este sistema es no jurisdiccional (Ombudsman) y lo conforman:
— Una Comisión Nacional de los Derechos Hu- manos, que interviene cuando las violacio- nes provienen de autoridades federales:
Procuraduría General de la República, Se- cretarías de Estado, Organismos de carác-
ter federal como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad So- cial al Servicio de los Trabajadores del Es- tado, etcétera, tiene su sede en cada uno de los 31 estados de la República y el Dis- trito Federal.
— Una Comisión Estatal de Derechos Huma- nos en cada entidad federativa, en algunos estados les llaman Procuradurías de Dere- chos Humanos, como en Baja California, y cada una de ellas intervienen cuando los hechos violatorios son cometidos por auto- ridades locales, es decir, del Gobierno de los estados.
— Una Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal, que conoce de violaciones a los derechos humanos cometidas por au- toridades del gobierno del Distrito Federal.
Todas estas Comisiones son autónomas en- tre sí, pero en casos relevantes, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos puede ejer- cer su facultad de atracción, esto es, interve- nir en lugar de la Comisión local, en virtud de que su infraestructura es más amplia que la de las Comisiones locales. Para presentar una queja ante estas Comi- siones, es recomendable hacerlo por escrito y de manera personal, aunque también:
— Se puede hacer verbalmente, incluso la pue- den presentar familiares o cualquier perso- na, incluyendo los Organismos No Guberna- mentales.
— En casos urgentes, se puede presentar por correo, fax, internet, teléfono o cualquier medio electrónico (en estos casos se tiene que ratificar posteriormente, siempre que sea posible, pues desde luego, los enfermos y las personas privadas de su libertad no pueden hacerlo).
— Los datos personales del quejoso, incluyen- do nombre, firma, domicilio, teléfono y to- dos los datos que permitan conocer la iden- tidad del quejoso y los datos suficientes para establecer comunicación con él. Es muy im- portante aclarar que no se reciben quejas anónimas, y que todo quejoso tiene la ga- rantía de la confidencialidad con la que la Comisión atiende todas las quejas.
— Los datos que permitan identificar a las autoridades responsables de los hechos, como son los nombres, la descripción físi- ca, los sobrenombres, el número de la pa- trulla, la delegación o el ayuntamiento, et- cétera.
— La fecha y el lugar en que ocurrieron los hechos, de la manera más detallada po- sible.
— La narración de los hechos, señalando de ser posible a las personas que los hubieran
presenciado, así como los datos para facili- tar la investigación.
Existen quejas que se concluyen sin inves- tigación, porque no son de la competencia de las Comisiones, ya sea porque pertenecen a autoridades que son de otra jurisdicción, por ejemplo, se presentan en el Distrito Federal y se trata de autoridades del Estado de México, por lo que son canalizadas a la Comisión corres- pondiente, o bien, por tratarse de problemas jurisdiccionales: la liberación de una persona por ejemplo, o conflictos entre particulares, lesiones intrafamiliares, conflictos laborales, despido injustificado y otros casos similares en los cuales las Comisiones orientan jurídi- camente y canalizan ante la instancia corres- pondiente. Una vez que se recibe la queja, las Comi- siones de Derechos Humanos la calificarán en poco tiempo (generalmente lo hacen en 24 ho- ras). Cuando alguna queja es calificada como probable violación a los derechos humanos, es
investigada por abogados (visitadores), que esta- blecen contacto con las autoridades y realizan toda clase de estudios, incluidos los periciales, para poder conocer si efectivamente se viola- ron los derechos humanos o no, emitiendo dos clases de resoluciones:
Recomendación. Cuando se logró compro- bar la violación a los derechos humanos, en cuyo caso se buscará resarcir a la persona afectada en el uso de sus derechos, ade- más de solicitar la aplicación de medidas correctivas a los superiores jerárquicos de las dependencias, con la finalidad de evi- tar en ocasiones posteriores abusos seme- jantes.
comprueba que no hubo violaciones a de- rechos humanos, en donde algún servidor público actuó de manera adecuada y es nece- sario no solamente exonerarlo de responsa- bilidad, sino hacerlo público a la sociedad.
En nuestro país aún falta reforzar la cultu- ra de respeto a los derechos humanos. Esta tarea no es exclusiva del Estado, la socie- dad civil ha consolidado su presencia en el contexto político y social de nuestra vida na- cional; los Organismos No Gubernamentales (ONG) hoy son reconocidos como los inter- locutores más genuinos de las demandas ciu- dadanas, por ello, mediante la difusión, la ca- pacitación y la promoción de nuestros derechos fundamentales, la tarea de la sociedad civil organizada se erige como un mecanismo efec- tivo y eficiente para la consolidación de una cultura de respeto y protección de los dere- chos humanos. La tarea que el Estado y la sociedad civil tienen en común es la de garantizar que con el concurso del gobierno y la sociedad orga- nizada se garantice el pleno respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía. En
este sentido, fomentar la denuncia es el me- canismo básico con que cuenta el ciudadano común para evitar ser víctimas de conduc- tas que atentan contra nuestros derechos bá- sicos. Como parte de la estructura institucional con que contamos los mexicanos para tute- lar el respeto a nuestros derechos humanos son las Comisiones Estatales de Derechos Hu- manos, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tienen como uno de sus objetivos fundamentales promover el co- nocimiento de los derechos humanos y dar la seguridad de que estos organismos actúan conforme a la ley, pero además con sensi- bilidad para abordar cada uno de los casos puesto que en caso de violación a nuestros de- rechos básicos hay afectaciones en la vida personal y familiar muy considerables, es con- veniente, entonces, acudir a estos organismos para conocer los programas con que cuen- tan para evitar que transgredan nuestros de- rechos.
La defensa de los derechos humanos en nuestro país no se inicia con el trabajo del Ombudsman (Comisiones de Derechos Huma- nos), la sociedad civil organizada, tanto na- cional como internacional, ha logrado prote- ger los derechos de la población, sobre todo de aquella que se encuentra en condición vul- nerable. Este movimiento ha permitido resol- ver la problemática de personas que no goza- ban de recursos o información para la defensa de sus derechos de manera individual y han logrado también avances considerables para la creación de leyes que protejan la situación de las niñas y los niños, los indígenas, las per- sonas sometidas a juicio, las mujeres, los re- fugiados, los discapacitados, etcétera. También la implementación de políticas públicas o accio- nes afirmativas, la participación y demanda de los organismos civiles ha permitido el trán- sito a contextos más democráticos y más respe- tuosos de nuestros derechos, pues no podemos hablar de vigencia de los derechos humanos sin democracia.
A un cuando el gobierno debe procurar y velar porque los derechos humanos sean respetados, existen servidores
públicos o autoridades que a menudo no los cumplen, ya sea porque incurren en excesos
para defenderlos, es decir, omiten realizar sus responsabilidades o exigen el pago de servicios
tuaciones están violando los derechos huma- nos de la ciudadanía.
Por la frecuencia con que ocurren estas vio- laciones, en ocasiones no las podemos perci- bir, pues son actitudes normales, lamentable- mente no contamos con una cultura de respeto a los derechos humanos. Durante la década de los noventas se empieza a hablar de derechos humanos, no obstante que han existido siem- pre, por eso es importante que, con base en lo mencionado en el segundo capítulo de este ma- nual, se presenten las quejas correspondientes por cualquier violación a los derechos huma- nos que, como se especifica en el tercer capí- tulo, existen muchas instancias para hacerlo. A continuación se describen cuáles son los principales casos de violación a los derechos humanos que se presentan ante las Comisio- nes de Derechos Humanos:
Cualquier persona puede ser víctima de algún delito, su primer derecho es denunciarlo y que la procuraduría respectiva lo investigue para que el juez pueda sancionarlo, esto debe ser de manera rápida, pues el probable responsable, puede escapar para evadir su responsabilidad, sin embargo, es muy frecuente que el Ministe- rio Público tarde mucho tiempo en integrar las averiguaciones, en algunos casos llegan a pre- sentarse casos de corrupción, por lo que estos funcionarios no actúan con la celeridad con que debieran hacerlo y los delitos cometidos a las víctimas quedan impunes, esto genera más inseguridad, pues los delincuentes actúan con la confianza de que nunca los van a detener. Cabe recordar que como víctima de un deli- to se tienen los siguientes derechos:
— Derecho a la justicia y a la reparación del daño que se haya sufrido (físico o moral).
— A que se facilite la participación en los pro- cesos judiciales y administrativos.
— A que se permita estar presente en las eta- pas del proceso.
— A que se preste asistencia a lo largo de todo el proceso judicial.
— A que se proteja la vida y se vele por la seguridad, contra intimidaciones y repre- salias.
— A que se preste atención física y psicológi- ca por parte del Estado.
Cualquier persona puede ser señalada como probable responsable de algún delito, como ya lo explicamos anteriormente, para que una
persona sea detenida es necesario que la en- cuentren en flagrancia o que alguien la seña-
como probable responsable de algún delito
que le encuentren los elementos que com-
prueben que efectivamente pudo haberlo come- tido, o bien, mediante una orden de aprehen- sión dictada por un juez. Algunas autoridades abusan de sus faculta- des y detienen a personas sin ajustarse a es- tos principios que dicta la Constitución, y basta señalar a alguien como “sospechoso” o “pare- cido” para detenerlo con una falsa acusación y utilizando de manera irracional la fuerza. Frente a ello es importante saber que pueden utilizarla, pero sólo la necesaria para some- ter a una persona que se resiste a una deten- ción, las detenciones arbitrarias se caracteri- zan por el exceso de violencia, la extorsión y la intimidación; a menudo, los cargos por los que detienen a una persona no existen y la única finalidad de estas prácticas es el robo de los objetos de la persona que es detenida, incluso después se puede amenazar a los fa- miliares e incurrir en la privación ilegal de la libertad, y a bordo de las patrullas o de vehícu- los de particulares, normalmente sin placas de circulación, “pasean” a la persona y piden
alguna cantidad de dinero u objetos de valor a la familia para “soltar” al detenido. Estos casos son frecuentes y en ocasiones los ejecutan personas que no son servidores públicos sino los conocidos como “madrinas”, en cuyos casos, los responsables también son los servidores públicos que les autorizan a rea- lizar este tipo de acciones, por lo que debes tener en cuenta que las leyes te protegen. En caso de que seas señalado como probable res- ponsable de un delito tus derechos son:
Que no seas incomunicado, intimidado y/o torturado.
Que te presente de manera inmediata ante el Ministerio Público.
Que se identifiquen como servidores públi- cos, en su caso muestren la orden de presen- tación o cateo, y no te obliguen a declarar.
Que te revise un médico y dé fe del estado en que eres presentado por los policías.
Que permitan por lo menos hacer una lla- mada telefónica a cualquier abogado o per- sona de tu confianza.
Que esté presente tu defensor en el mo- mento en que rindas la declaración prepa- ratoria (dentro de las 48 horas siguientes).
Debes ser considerado inocente, hasta que se te demuestre lo contrario.
Serás proveído de la alimentación indispen- sable durante tu detención.
Todos los demás derechos del acusado ex- plicados en el capítulo segundo.
Es importante tener presente que cualquier abuso podrá ser denunciado ante el órgano in- terno de quejas de la procuraduría respectiva o ante las Comisiones de Derechos Humanos.
Estos hechos ocurrieron en la ciudad de Mé- xico el 17 de junio de 1998 y los policías judi- ciales responsables fueron aprehendidos por los delitos de allanamiento de morada, lesio- nes, daño en propiedad ajena y abuso de auto- ridad, además de homicidio.
No obstante que la Constitución ordena que las prisiones deben buscar la readaptación de los delincuentes, en realidad son escenarios de abusos, impunidad, corrupción y gran con- taminación, fenómenos que hacen casi impo- sible que estos individuos, al salir de la cár- cel, se reintegren a la sociedad y no vuelvan a delinquir. En la gran mayoría de los casos, aprenden técnicas para cometer delitos más graves de los que fueron acusados y por los que fueron privados de su libertad. Al inte- rior de los centros penitenciarios existe una gran corrupción de la que no sólo son víctimas
los internos, sino también sus familiares, in- dependientemente de los privilegios de que gozan algunos presos. Son quejas recurrentes en este ámbito:
El cobro indebido de los servicios que deben ser gratuitos, tales como la visita íntima, el ingreso de alimentos, la seguridad personal, los dormitorios, el agua potable, etcétera. Maltrato. Hacinamiento. Alimentación insuficiente para los internos. El goce, para algunos internos, de privile- gios relacionados con la posesión de apara- tos eléctricos, teléfonos celulares y estan- cias con servicios de lujo. La revisión corporal de las personas que visitan al interno por parte del personal no especializado no apegadas a lo que estipula el Reglamento Interno y que atentan contra el pudor y la dignidad de las personas. La negligencia por parte del personal mé- dico de los penales.
S e ha insistido en que los derechos huma- nos protegen a la persona y que las ga- rantías individuales aseguran el respe-
to de nuestros derechos, sin embargo, éstos pueden ser violentados y cualquier persona es susceptible de sufrir estas violaciones, aun- que existen grupos que, por condicionamientos sociales, económicos, culturales, políticos y de género, entre otros, están expuestos con ma- yor frecuencia a estas violaciones, ya sea por particulares o por servidores públicos. Algunos de estos sectores han sido identificados como “Grupos Vulnerables”, de los que se han deri- vado programas, leyes nacionales, así como tratados, convenios, declaraciones y acuerdos internacionales, cuyo objetivo principal es ge- nerar medidas concretas de protección para
estos grupos, reconociendo que tienen necesi- dades específicas, y que se deben atender como prioridad del Estado. A continuación se mencionarán los derechos reconocidos para los grupos más representati- vos, pero es de resaltar que en cada localidad existen organismos públicos (del gobierno) y no gubernamentales a los que se puede acudir en caso de sufrir alguna afectación a sus dere- chos que brindan atención para los diferentes sectores, en los cuales se puede recibir aten- ción o, en su caso, asesoría u orientación.
Se dice que la familia es la célula básica de la sociedad, y lo que ocurre dentro de ella reper-
cute en los acontecimientos sociales. Las rela- ciones dentro de la familia se dan en función de creencias y valores que habitualmente se heredan de generación en generación. En nues- tra cultura, habitualmente observamos que dentro de la familia prevalecen valores rela- cionados con la superioridad masculina, el con- trol y la subordinación, lo que con frecuencia desemboca en conductas y formas violentas de relacionarse. Este fenómeno alcanza todas las esferas socioeconómicas, aunque está asocia- do con la pobreza y la ignorancia, lo cierto es que se da también en cualquier nivel socioeco- nómico, sus consecuencias pueden ser devas- tadoras, pues afectan la integridad emocional y/o física de las personas que la padecen, im- pide el buen desarrollo de los individuos y en ocasiones provoca la pérdida de vidas. Reconociendo todo ello, nuestro gobierno y muchos gobiernos más han dejado de conside- rar a la violencia familiar como un asunto priva- do, protegiendo a quienes son víctimas de ella a través de la legislación y de medidas tenden-
tes a prevenirla y atenderla. También ha sido preocupación de la Organización de las Nacio- nes Unidas, que en sus reuniones internacio- nales no solamente la ha reprobado, sino que ha comprometido a los gobiernos a generar le- gislación que proteja a las víctimas (general- mente mujeres, ancianos, niñas y niños) y a establecer programas públicos para prevenir- la y erradicarla. En varias entidades de nuestro país estas me- didas se han ido dando paulatinamente hasta considerar a la violencia familiar como delito en donde el Código Civil lo prevé como causal de divorcio. Se entiende a la violencia familiar (tam- bién llamada intrafamiliar) como un delito, y por lo tanto, sus víctimas tienen derecho a:
— Que su denuncia sea recibida en el momen- to en que lo decidan;
— Que nadie modifique su declaración, ni los instigue a desistirse de la acción o a otor- gar el perdón;
— Que se les otorgue protección cuando su integridad y la de sus familiares esté en riesgo; — Que la denuncia se pueda presentar contra cualquier miembro de la familia formal o a cualquiera de las personas que aun no te- niendo parentesco, o no vivan en el mismo domicilio, sí interactúan de manera cons- tante con la familia; como en el caso de los padrinos o los ex cónyuges.
En la legislación del Distrito Federal, que es la más avanzada en esta materia, se estable- ce que si se repiten las agresiones, después de la primera denuncia, es decir, si hay reinci- dencia, la pena aumenta. Cualquier delito que cometa un miembro de la familia contra otro tendrá una pena mayor, es decir, se agravará, salvo cuando esta agresión se cometa en de- fensa de su integridad o la de algún otro miem- bro de la familia. El juez debe establecer medidas suficien- tes para detener la violencia familiar o evi-
tar mayores daños para las víctimas, tales como ordenar a quien agrede que salga de la casa o permitir que las víctimas salgan de ella, sin que se considere abandono de hogar; prohibir amenazas u ofensas, y prohibir que los agresores se acerquen a lugares determi- nados.
El abandono físico, económico o emocional de familiares también es un delito, aun cuando que- den al cuidado de terceras personas o se viva con ellas. Si alguien que está obligado a aportar la pensión alimenticia, voluntariamente se que- da en estado de insolvencia, renunciando a su trabajo, comete un delito y puede ser sancio- nado. Finalmente, cabe enfatizar que las perso- nas víctimas de violencia familiar que deci-
den denunciar, deben ser tratadas con sensi- bilidad por las autoridades y con respeto a su dignidad, evitando estigmatizarlas, agre- dirlas moralmente, ya que deben ser atendi- das debidamente, puesto que toda conducta contraria a estos principios puede ser denun- ciada ante los organismos correctivos o de re- cepción de quejas de cada dependencia o ante la Comisión de Derechos Humanos correspon- diente. Por las secuelas que ocasiona la violencia familiar, es muy importante recibir oportuna- mente información referente a la atención psi- coterapéutica y de rehabilitación con que cuen- tan las instituciones públicas y los Organismos No Gubernamentales. Este fenómeno, más que un asunto privado, se encuentra como priori- dad de los gobiernos e impacta las realidades de todos los integrantes de la sociedad y produce secuelas graves para el buen desarrollo de los grupos más vulnerables dentro de la familia, como son las mujeres, los ancianos, las niñas y los niños.
Gozar de libertad, igualdad, seguridad, inte- gridad y los demás derechos humanos no está condicionado a la edad, por lo que para las ni- ñas y los niños debiera estar garantizada su vigencia, sin embargo, frecuentemente pensa- mos que no saben lo que dicen, por lo que no se respeta su libertad a expresarse, a partici- par dentro de la familia o en su comunidad, se cree que requieren formarse y por lo tanto están obligados a obedecer y, de no hacerlo, sus tutores harán uso de la fuerza física, con- virtiéndolos en víctimas de muchos abusos más. Incluso pueden ser blanco de innumera- bles abusos ya que son altamente vulnerables al maltrato, a la desnutrición, a no enviarlos a la escuela y negarles las necesidades afec- tivas. La comunidad internacional, reconociendo la importancia de proteger a los menores, se reunió en repetidas ocasiones y en el año de 1989 la ONU aprobó la “Convención sobre los
Derechos del Niño” y nuestro país la firmó un año después, en 1990. Cabe destacar que este documento es adoptado por casi todos los paí- ses del mundo; esta Convención señala varios principios que deben regir la atención de la ni- ñez en el mundo como asunto prioritario, bajo el interés superior del niño, lo cual significa que todas las actividades tanto públicas como privadas deben estructurarse bajo el interés superior del niño. Estos principios se resu- men de la siguiente manera:
Provisión. La familia y, a falta de ésta, el Estado, deben facilitar a las niñas y a los niños los elementos que les permitan un nivel de vida adecuado para desarrollarse física, mental, espiritual, moral y socialmen- te, para lo que deben proveerles:
Educación básica, gratuita y obligatoria; se prohíben en la escuela los castigos que vayan en contra de la dignidad de las ni- ñas y los niños.
Alimentación que ayude al desarrollo y el acceso a los servicios de salud, el Esta- do debe prohibir las prácticas que perju- diquen la salud de las niñas y los niños. Respeto a la vida privada de las niñas y los niños. Permanencia en todo lo posible de las ni- ñas y los niños junto a sus padres; en caso de su separación continuar convi- viendo con ambos. Recibir ayuda especializada y participar plena y dignamente en la sociedad en caso de padecer algún problema físico o mental. Tener un nombre y una nacionalidad y el cuidado de sus padres.
Protección. Se refiere a medidas que la fa- milia o el Estado debe adoptar para:
La prevención contra maltratos y agre- siones y a recibir tratamientos adecua- dos para la atención de las niñas y lo
niños maltratados que les permitan vol- ver a gozar de una vida sana y feliz. La protección y prevención contra el abu- so sexual.
La protección contra el uso de drogas y la prohibición de utilizar a menores para
La protección contra torturas, castigos in- humanos o la pena de muerte. La protección contra la explotación y tra- bajos que afecten la salud de los menores
así como el establecimiento de condicio- nes de trabajo y horarios y el rango mí- nimo de edad permitida para el trabajo infantil. La protección y cuidados especiales en caso de guerra y prohibición para que participen en ellas.
Participación. Se refiere al respeto de las formas de expresión y a la toma de decisio- nes de las niñas y los niños para:
Poder hablar, contar y escribir sus ideas, siempre que no se afecten los derechos de otras personas. Poder reunirse libremente de manera pa- cífica y a formar agrupaciones. Poder expresarse conforme a su propia cultura e idioma, así como practicar su propia religión. Poder jugar, descansar, participar en ac- tividades artísticas y culturales.
Las niñas y los niños deben ser protegidos de manera prioritaria. Requieren de la tutela de los padres, y a falta de ellos, la familia o el Estado deben garantizar su seguridad, pero cualquier persona está obligada moralmente a denunciar cualquier abuso contra los meno- res, ya sea por algún desconocido o por sus familiares.
Uno de los grupos de la población que enfren- ta graves afectaciones a sus derechos es el de las personas adultas mayores, también llama- das de la tercera edad, sobre todo aquellas con necesidad económica y en condiciones de ais- lamiento, con muy reducidas expectativas de empleo remunerado, particularmente las mu- jeres que en su juventud se dedicaron al tra- bajo doméstico y que por consiguiente no go- zan de jubilación; la situación de los adultos mayores se agrava con el padecimiento de en- fermedades, algunos de ellos con algún tipo de discapacidad y la carencia de seguridad social. Para proteger los derechos que las perso- nas adultas mayores tienen, la ONU y nues- tro país han promulgado los siguientes de- rechos:
— Recibir un trato respetuoso y sin discrimi- nación al acceder a cualquier tipo de ser- vicio.
— Acceder a la educación, al trabajo, a los ser- vicios y a los cuidados básicos.
— Gozar de un entorno seguro y recibir el apoyo necesario para poder residir en su domicilio, tanto tiempo como sea posible.
— Recibir protección contra toda forma de maltrato físico o de cualquier otra índole.
— Participar o formar asociaciones que tra- bajen en su favor.
— Recibir la protección de los servicios socia- les, jurídicos y de la salud.
— Acceder a los recintos culturales, espiritua- les y recreativos.
— A ser valorados dentro de la familia y la sociedad, independientemente de su contri- bución económica.
Este grupo, aunque no constituye una mino- ría dado que representan por lo menos la
mitad de la humanidad, ha sido motivo de aten- ción en las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas, por la presencia de proble- máticas como la discriminación, la inseguri- dad, la violencia y la marginalidad de que son objeto en casi todas las latitudes del mundo. Los estudios en materia de género reflejan que aun cuando existen instrumentos inter- nacionales y nuestra Constitución en su ar- tículo 4o. disponen la igualdad entre hombres y mujeres y muchos países así lo ordenan en sus constituciones, la realidad es muy dife- rente. La problemática de desigualdad que pade- cen las mujeres se refleja de manera clara en los ámbitos:
Laboral. Cuando por prejuicios y estereoti- pos se siguen privilegiando ciertos puestos y cargos para los hombres, por lo que se ha establecido en la Convención sobre la Elimi- nación de Todas las Formas de Discrimina- ción contra la Mujer que:
Deben existir las mismas oportunidades de empleo para hombres y mujeres y que se aplicarán los mismos criterios de se- lección. Debe remunerarse igual el trabajo de los hombres como el de las mujeres; tener las mismas prestaciones e igual valora- ción del mismo; las mismas oportunida-
a la formación profesional y readies- tramiento.
Debe prestarse atención especial a las mujeres durante el embarazo en los tipos de trabajo que puedan resultar perjudi- ciales para ellas.
Salud. Evidentemente, las mujeres tienen necesidades especiales, debido a la fun- ción reproductiva, por lo que tienen dere- cho a:
Acceder a los servicios de atención médi- ca en igualdad de circunstancias que los hombres. Acceder a servicios apropiados en rela- ción con el embarazo, el parto y el perio- do posterior al parto. Que le sean proporcionados servicios gra- tuitos cuando fuere necesario y el asegu- ramiento de una nutrición adecuada du- rante el embarazo y la lactancia.
fundamental para el desarrollo de las mu- jeres es el aspecto económico, en este rubro tienen los siguientes derechos:
Obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero. Participar en actividades de esparcimien- to, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. Participar directamente en los programas de seguridad social que les provean me-
jores condiciones de vida y eliminar la feminización de la pobreza, tales como vi- vienda, servicios sanitarios, electricidad, abastecimiento de agua, transporte, co- municaciones, educación y capacitación para el empleo. Igualdad en el acceso a las oportunida- des de beneficio económico.
lencia. En este rubro, las legislaciones de- ben garantizar:
Igual capacidad jurídica entre hombres y mujeres, e iguales derechos dentro del ma- trimonio y la familia como la custodia, la tulela y la adopción. La protección contra la violencia fami- liar e institucional, mediante la sanción efectiva de los agresores y la genera- ción de una cultura de relaciones igua- litarias.
Las personas privadas de su libertad padecen violaciones a sus derechos fundamentales, quie- nes son víctimas de abusos u omisiones por parte de las autoridades, recordemos que la De- claración Universal de Derechos Humanos ga- rantiza la presunción de inocencia, esto es, que toda persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Este documento, y nuestra Constitución ordenan además el res- peto a la dignidad del detenido o de la perso- na privada de su libertad y la práctica de un juicio justo. Cualquier persona puede estar en calidad de indiciado, siendo acusado de haber cometido un delito, ya se trate de delitos intencionales o imprudenciales, como ejemplos podemos mencionar:
— Daño en propiedad ajena (accidentalmente causas un daño a tus vecinos por una fuga de agua en tu departamento).
— Lesiones u homicidio (conduciendo un au- tomóvil chocas y de este percance resultan personas lesionadas o fallecidas).
— Otros delitos o situaciones que presencies en un lugar donde se cometa un delito y puedas aparecer involucrado (al efectuar un operativo para la detención de perso- nas que trafican contrabando, droga, obje- tos robados o piratería).
— Cualquier otro delito, ya sea que ciertamen- te se cometa o que alguien sea señalado como agresor; de cualquier forma, la ley nos protege y asegura la integridad perso- nal y dignidad humana, por lo que la impo- sición de castigos o coacción para declarar en contra de alguien, la corrupción cometi- da por autoridades con la finalidad de in- culparnos injustamente o los malos tratos dentro de la prisión constituyen graves vio- laciones a nuestros derechos, que se opo- nen a las garantías individuales que esta- blece nuestra Constitución, la cual, en su artículo 18, señala que la privación de la
libertad tiene como finalidad la readapta- ción social, a través de la capacitación, la educación y el empleo.
Nuestra legislación hace posible la priva- ción de la libertad como medida preventiva para ciertos casos, con el objetivo de proteger a la sociedad, evitando que algunas personas se evadan de la acción de la justicia y con ello generar impunidad, de tal forma que pueden ser privadas de su libertad durante el proce- so al final del cual esa persona puede ser con- denada o absuelta; en caso de ser condenada, tendrá que purgar su pena, sin menoscabo del respeto que se merece como ser humano. Los derechos de las personas privadas de su libertad son:
— Disponer de un defensor de oficio desde el momento de ingreso al Centro de Readap- tación Social designado.
— La asignación de un traductor en caso de no hablar el idioma español.
— Decidir libremente sobre sus declaraciones y el derecho a que esté presente su defen- sor durante todas las diligencias.
— Ser examinado y atendido por un médico en caso necesario y sobre todo cuando sea víctima de maltrato o tortura, cuyo dicta- men será remitido al Director del centro penitenciario.
— No ser incomunicado, tener acceso a la co- municación telefónica y recibir correspon- dencia.
— Recibir alimentación y condiciones dignas de alojamiento.
— Acceder a la información y a los datos que requiera sobre su proceso.
— Participar sin discriminación en las activi- dades educativas, recreativas, de capacita- ción y laborales que se desarrollen en el centro penitenciario.
— Recibir visitas familiares y visita íntima por lo menos una vez por semana, así como la visita de organismos protectores de los derechos humanos y ministros religiosos.
— Recibir alimentación, estancia y seguridad libres de costo, se prohiben los privilegios.
— En el caso de las personas sujetas a pri- sión preventiva, recibir sentencia dentro de un plazo de cuatro meses a un año des- pués de la detención.
— Si la persona ya fue sentenciada, le será computado el tiempo que hubiere pasado en prisión preventiva.
— Recibir los beneficios de preliberación o li- bertad anticipada en los términos que mar- ca la ley.
— Solicitar su traslado al centro de readapta- ción social cercano a su ciudad u origen de residencia.
realizar por sí misma actividades necesa- rias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico, como consecuencia de una insuficiencia somática, psicológica o social”. Dado que estas personas tienen requeri- mientos especiales, pues no pueden subvenir por sí mismas en su totalidad o en parte sus necesidades más elementales, los Estados miembros de la ONU han trabajado conjunta- mente con la finalidad de prevenir la incapa- cidad física y mental y de ayudar a los impe- didos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como a fo- mentar su incorporación a la vida social. En noviembre de 1975 se proclamó la De- claración de Derechos de los Impedidos, en la que se disponen los derechos de estas perso- nas, en donde se señala que:
— Tienen derecho a que se respete su digni- dad humana, cualquiera que sea su origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastor-
nos o deficiencias, tienen los mismos dere- chos fundamentales que cualquier perso- na, por lo que deben disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea po- sible.
— Tienen los mismos derechos civiles y polí- ticos que cualquier otra persona, con la única excepción de posibles limitaciones o supresión de esos derechos para los impe- didos mentales, éstos están establecidos en las leyes.
— Tienen derecho a disfrutar de las medidas destinadas a permitirles lograr la mayor autonomía posible.
— Tienen derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos los apa- ratos de prótesis y ortopedia, así como a la readaptación médica y social
— Tienen derecho a la información, la edu- cación, la formación y readaptación pro- fesionales, a los servicios de colocación la-
boral para el aprovechamiento máximo de sus facultades y aptitudes, que aceleren el proceso de integración y reintegración social.
— Tienen derecho a la seguridad económica y social, de ser posible, a conservar su em- pleo, a ejercer una ocupación útil, produc- tiva y remunerada.
— Tienen derecho a vivir en el seno de la fa- milia, o de una casa de asistencia y a par- ticipar en todas las actividades sociales, creadoras y recreativas.
— Tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de discriminación, explotación, tra- tos abusivos o degradantes.
— En caso de que fueran sometidos a algún procedimiento judicial, se deberán tomar en cuenta sus condiciones físicas y mentales.
— Tienen derecho a que se les facilite el acce- so a edificios públicos y a los sistemas de transporte público.
10 de diciembre de 1948, la Asamblea
Derechos Humanos, cuyo texto completo se reproduce en las páginas siguientes. Tras este
acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera “distri- buido, expuesto, leído y comentado en las es- cuelas y otros establecimientos de enseñan- za, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios”.
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconoci- miento de la dignidad intrínseca y de los de- rechos iguales e inalienables de todos los miem- bros de la familia humana, Considerando que el desconocimiento y el me- nosprecio de los derechos humanos han origi- nado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha pro- clamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, Considerando esencial que los derechos hu- manos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea com- pelido al supremo recurso de la rebelión con- tra la tiranía y la opresión, Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las
Considerando que los pueblos de las Nacio- nes Unidas han reafirmado en la Carta su fe
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres;
greso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor im- portancia para el pleno cumplimiento de di- cho compromiso,
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben es- forzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemen- te en ella, promuevan, mediante la enseñan- za y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progre- sivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efec- tivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
ARTÍCULO 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, do- tados como están de razón y conciencia, de- ben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
ARTÍCULO 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o so- cial, posición económica, nacimiento o cual- quier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fun- dada en la condición política, jurídica o inter- nacional del país o territorio de cuya jurisdic- ción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territo- rio bajo administración fiduciaria, no autóno- mo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
ARTÍCULO 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su per- sona.
ARTÍCULO 4. Nadie estará sometido a esclavi- tud ni a servidumbre; la esclavitud y la tra- ta de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
ARTÍCULO 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o de- gradantes.
ARTÍCULO 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su per- sonalidad jurídica.
ARTÍCULO 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protec- ción de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que in- frinja esta Declaración y contra toda provoca- ción a tal discriminación.
ARTÍCULO 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacio- nales competentes, que la ampare contra ac- tos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
ARTÍCULO 9. Nadie podrá ser arbitrariamen- te detenido, preso ni desterrado.
ARTÍCULO 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determina- ción de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
ARTÍCULO 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su ino- cencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías ne- cesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omi- siones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regre- sar a su país.
ARTÍCULO 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a dis- frutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado con- tra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
restricción alguna por motivos de raza, nacio- nalidad o religión, a casarse y fundar una fa- milia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio
to de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
damental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
ARTÍCULO 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creen- cia, individual y colectivamente, tanto en públi- co como en privado, por la enseñanza, la prác- tica, el culto y la observancia.
ARTÍCULO 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este de- recho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir in- formaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
ARTÍCULO 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pací- ficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
tamente o por medio de representantes libre- mente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por su- fragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
ARTÍCULO 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad so-
de la organización y los recursos de cada Esta- do, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dig- nidad y al libre desarrollo de su personalidad.
ARTÍCULO 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de tra- bajo y a la protección contra el desempleo.
que le asegure, así como a su familia, una exis- tencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cua- lesquiera otros medios de protección social.
ARTÍCULO 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del traba- jo y a vacaciones periódicas pagadas.
ARTÍCULO 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como
pecial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales ne- cesarios; tiene asimismo derecho a los segu-
ros en caso de desempleo, enfermedad, invali- dez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen dere- cho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
ta, al menos en lo concerniente a la instruc- ción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción téc- nica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respec- tivos.
talecimiento del respeto a los derechos huma- nos y a las libertades fundamentales; favore- cerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarro- llo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
ticipar en el progreso científico y en los bene- ficios que de él resulten.
ción de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las produccio- nes científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
ARTÍCULO 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e interna- cional en el que los derechos y libertades pro- clamados en esta Declaración se hagan plena- mente efectivos.
ARTÍCULO 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona esta- rá solamente sujeta a las limitaciones esta- blecidas por la ley con el único fin de asegu- rar el reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los demás, y de sa- tisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los pro- pósitos y principios de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO 30. Nada en la presente Declara- ción podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarro- llar actividades o realizar actos tendientes a la de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Presidente: Dr. José Luis Soberanes Fernández Av. Periférico Sur Núm. 3469 Col. San Jerónimo Lídice
Del. Magdalena Contreras México, D. F. Tels.: 0155 5581 7998, 681 8032 Fax: 5681 7199
AGUASCALIENTES Presidente: Lic. Fernando Jiménez Patiño Av. Ignacio Zaragoza Núm. 204, P. B. Zona Centro
Aguascalientes, Ags. Tel.: 0144 9916 8778 Fax: 915 2380
BAJA CALIFORNIA Procurador: Lic. Raúl Ramírez Baena Blvd. Agua Caliente Núm. 10440-7 Edificio Barranquita
Tijuana, B. C. Tel.: 0166 4681 8977
BAJA CALIFORNIA SUR Presidente: Lic. Eréndira Real Castro
Av. 5 de Mayo Núm. 715, Esq. con Valentín Gómez Farías Zona Centro
La Paz, B. C. S. Tel.: 0161 2123 2332
Presidente: Lic. María Eugenia Ávila López Calle 8 Núm. 209 Zona Centro
Campeche , Camp. Tel.: 0198 1811 4571
COAHUILA Presidente: Lic. Miriam Cárdenas Cantú
Av. Jesús Acuña Narro Núm. 113, 5o. piso, Despacho 503
Saltillo, Coah. Tels.: 0184 4416 2050 y 416 6196 Fax: 416 2110
COLIMA Presidente: Lic. Ángel Reyes Navarro Calle Díaz Mirón Núm. 571 Zona Centro
Colima, Col. Tel.: 0131 2314 7795 Fax: 314 7186
Presidente: Lic. Pedro Raúl López Hernández Boulevard Comitán Núm. 143 Col. Moctezuma
Tuxtla Gutiérrez, Chis. Tel.: 0196 1602 5607
Presidente: Lic. José Francisco Yáñez Franco Calle Décima y Mínima Núm. 1000 Zona Centro
Chihuahua, Chih. Tel.: 0161 4410 0828
DISTRITO FEDERAL Presidente: Mtro. Emilio Álvarez Icaza Longoria Av. Chapultepec Núm. 49 Del. Cuauhtémoc Zona Centro
México, D. F. Tel.: 0155 5229 5600
Presidente: Lic. Norma Beatriz Pulido Herrera Calle Independencia Núm. 220 Sur Zona Centro
Durango, Dgo. Tels.: 0161 8813 7541 y 813 7481
Comisionado Mtro. en la Deleg. 28 Mtro. en Derecho Miguel Ángel Osorno Zarco Instituto Literario Pte. Núm. 510, Esq. Villada, Zona Centro
Toluca, Méx. Tel.: 0172 2213 0883 Fax: 214 0870
GUANAJUATO Presidente: Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga Mariano Escobedo Núm. 2601, Esq. Verdi Col. León Moderno
León, Gto. Tel.: 0147 7770 0844 Fax: 770 0837
GUERRERO Presidente: Lic. Juan Alarcón Hernández Av, Juárez Esq. Galo Soberón y Parra Col. Centro
Chilpancingo, Gro. Tel.: 0174 7471 0378
HIDALGO Presidente: Lic. Alejandro Strafon Ortiz Av. Juárez Esq. Iglesia s/n. Col. Centro
Pachuca, Hgo. Tels.: 0177 1718 7144 y 718 7196
JALISCO Presidente: Lic. Carlos Manuel Barba García Pedro Moreno 1616 entre Gral. San Martín y Marsella Col. Americana
Guadalajara, Jal. Tels.: 0133 3630 3385
MICHOACÁN Presidente: Encargada Ma. de la Luz Hernández Pacheco Calle 15 de Octubre Núm. 74 Col. Lomas de Hidalgo
Morelia, Mich. Tel.: 0144 331 5728 Fax: 315 7371
Presidente: Lic. José Fco. Coronato Rodríguez Calle Madero Núm. 210 Col. Miraval
Cuernavaca, Mor. Tel.: 0177 7312 6675 Fax: 312 4942
NAYARIT Presidente: Lic. Luz Ma. Parra Cabeza de Vaca Calle Prisciliano Sánchez Núm. 8 Sur Esq. Allende, Zona Centro
Tepic, Nay. Tels.: 0131 1212 5766
NUEVO LEÓN Presidente: Lic. Daniel Garza García Calle Morones Prieto Núm. 21 10 Pte. Edificio Manchester Local 2
Monterrey, N. L. Tel.: 0181 8345 8803 Fax: 8344 9199
OAXACA Presidente: Dr. Sergio Segreste Ríos
Calle de los Derechos Humanos Núm. 210 Col. América.
Oaxaca, Oax. Tels.: 01 9513 5185/97
PUEBLA Presidente: Lic. Jorge Ramón Morales Díaz Av. 15 de Mayo Núm. 2929 A Fracc. Las Hadas,
Puebla, Pue. Tel.: 0122 2248 5022
QUERÉTARO Presidente: Dr. Bernardo Romero Vázquez Amealco Núm. 102, esq. Corregidora Sur Col. Estrella
Querétaro, Qro. Tels.: 0144 2212 00 y 42 Fax: 214 0880
QUINTANA ROO Presidente: Lic. Gaspar Armando García Torres
Av. Adolfo López Mateos Núm. 424, Esq. Nápoles Col. Campestres
Chetumal, Q. Roo. Tels.: 0198 3832 9965 y 832 7090
SAN LUIS POTOSÍ Presidente: Lic. Magdalena Beatriz González Vega Calle. Benigno Arriaga Núm. 525 Col. Tequisquiapan
San Luis Potosí, S. L. P. Tel.: 0144 811 5115
SINALOA Presidente: Lic. Jaime Cinco Soto Calle Hidalgo Núm. 370 Pte.
Culiacán, Sin. Tels.: 0166 714 6447 y 59
Presidente: Lic. Miguel A. Bustamante Maldonado Blvd. Luis Encinas y Periférico Pte. Col. Choyal
Hermosillo, Son. Tel.: 0166 2216 3032 Fax: 216 3188
TABASCO Presidente: Lic. María Luisa Salcedo Lopez Andrés Sánchez Núm. 844 Altos, Esq. Mina Col. Atasta
Villa Hermosa, Tab. Tel.: 0199 3314 0780
TAMAULIPAS Presidente: Lic. Rafael Torres Hinojosa Calle Núm. 223, Esq. Río Bravo Fracc. Zozaya
Cd. Victoria, Tamps. Tel.: 0183 4315 7039 Fax: 312 4565
TLAXCALA Presidente: Lic. Celina Pérez Rodríguez Calle Arquitectos Núm. 27 Col. Loma Bonita
Tlaxcala, Tlax. Tels.: 0124 6462 9160 y 462 1630
Presidente: Mtro. Jorge Luis Rivera Huesca Carrillo Puerto Núm. 21
Jalapa, Ver. Tel.: 0122 8812 3743 Fax: 812 0952
YUCATÁN Presidente: Abogado Sergio Salazar Vadillo Calle 61 Núm. 444, entre Calle 50 y 52
Mérida, Yuc. Tel.: 0199 9927 8596
ZACATECAS Presidente: Dr. Eladio Navarro Bañuelos Juan Reyes Heroles Núm. 204 Col. Javier Barros Sierra
Zacatecas, Zac. Tels.: 0149 2924 2683, 924 0369 y 924 1437
les y consejos prácticos, editado por la Comisión Na- cional de los Derechos Humanos, se terminó de im- primir en junio de 2003 en los talleres de GAMA IMPRESORES EN O FFSET Y S ERIGRAFÍA, S. C. DE R. L. DE C. V., Av. Plutarco Elías Calles núm. 336, col. Los Reyes Iztacalco, C. P. 08620, México, D. F. El cuidado de la edición estuvo a cargo de la Dirección de Publicaciones de esta Co- misión Nacional. El tiraje consta de 2,000 ejemplares.
Plus de api-3724630
1. Plan de Mejoramiento de Matematicas IIP 2019 Quinto
1° Entrega Introducción SST (1)

References: artículo 133
 artículo 1
 artículo 102
 artículo 102
 artículo 18

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