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Timestamp: 2017-11-24 12:41:21+00:00

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Sentencia T.S.J. Madrid 925/2013 de 19 de septiembre
ITP: Liquidación complementaria. Préstamo para adquisición de una vivienda que se hipotecó en el mismo acto en garantía de la devolución del préstamo. La base imponible coincidía con el valor declarado del inmueble. Expediente sancionador. Comprobación de valores. Se estima en parte.
NIG: 28.079.33.3-2011/0171526
Procedimiento Ordinario 340/2011
SENTENCIA No 925
D.ª Berta María Santillán Pedrosa
Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el presente recurso contencioso administrativo n.º 340/2011, interpuesto por el Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma de Madrid, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 21 de diciembre de 2010, reclamaciones 28/27.475/2010 y 12540/10; habiendo sido parte la Administración demandada representada por el Abogado del Estado y, como demandado, el Procurador de los Tribunales Sr. Gómez Simón, en nombre y representación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
Segundo.—Tanto el Abogado del Estado como la defensa de Caja Madrid contestan a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.
Cuarto.—En este estado se señala para votación el día 5 de septiembre de 2013, teniendo lugar así.
Primero.—A través del presente recurso el Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma de Madrid, impugna la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 21 de diciembre de 2010 por la que se practica liquidación complementaria por el ITPyAJD.
Segundo.—La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:
a) En su día la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid concedió un préstamo a un cliente de la entidad para que pudiera adquirir una vivienda que se hipotecó en el mismo acto en garantía de la devolución del préstamo.
b) En fecha 7 abril 2009 se otorga escritura pública en virtud de la cual la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid da carta de pago en favor del cliente prestatario en relación con las deudas reseñadas en el expositivo I de la misma, que ascienden a 218.759,35 €.
c) En la estipulación primera de la citada Escritura se pactó que los clientes de la entidad financiera cedían y adjudicaban a ésta la finca descrita en el expositivo II a la que se le reconoció un valor de 243.600 €.
d) La citada escritura se presentó en la Oficina Gestora en fecha 8 junio 2009, acompañada de autoliquidación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentado en la que la base imponible coincidía con el valor declarado del inmueble, ingresando un total de 15.313,15 €.
e) La Oficina Liquidadora practicó liquidación sobre la cuantía de las deudas cuya carta de pago se otorgaba debiendo, en consecuencia, ingresarse 1922,70 €.
f) Contra la mentada liquidación se interpuso reclamación económico-administrativa número 28/27.475/10, el 21 octubre 2009.
g) Al mismo tiempo se inicia el expediente sancionador 28/12.540/2009 que finaliza mediante acuerdos del Director General de Tributos de la Comunidad de Madrid por el que se impone a la mencionada entidad financiera hoy demandante una sanción en cuantía de 953,26 €.
h) Contra el mencionado acuerdo sancionador se interpone reclamación económico administrativa 28/12.544/2010 el 29 marzo del mismo año, solicitando su anulación alegando que la conducta de la sociedad interesada se encuentra amparada en una interpretación razonable de la norma.
Tercero.—El TEAR basa su resolución en que el acto gravado ha de serlo tomando en consideración el valor de los bienes que son efectivamente objeto de la transmisión, con independencia del importe de la deuda que con su entrega queda saldada pues lo gravado es la transmisión del bien dado en pago de dicha deuda y esta transmisión ha de ser valorada atendiendo al valor real del bien que se entrega y no considerando el montante de la deuda que con su dación en pago se viene a solventar. En consecuencia el TEAR de Madrid estima el recurso entendiendo que la liquidación no es ajustada a derecho, estimación que, obviamente, se extiende a la resolución sancionadora por basarse en los mismos hechos a que atiende la liquidación administrativa complementaria.
La parte recurrente, esto es, la Comunidad de Madrid, alega que la regulación legal de la base imponible del impuesto que nos ocupa establece claramente que cuando el valor resultante de la comprobación administrativa o el valor declarado por el bien trasmitido resultase inferior a la contraprestación pactada, se tomará esta última magnitud como base imponible. Por tanto, sostiene la Administración demandante, dado que la contraprestación de la entrega del bien inmueble es la deuda que se cancela o solventa, resulta evidente que dicha magnitud constituye, en este caso, la base imponible del Impuesto, al ser superior al valor por el que la entidad bancaria pasa el inmueble adquirido. Si tan apoyo de su tesis el artículo 46.3 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 septiembre por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto así como al artículo 38 del Real Decreto 828/1895, de 29 mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto.
La Abogacía del Estado sostiene que habiéndose practicado la autoliquidación del impuesto por el valor de tasación del inmueble, hay que entender que no ha lugar a practicar liquidación complementaria alguna, a menos que, mediante una comprobación de valores efectuada en debida forma, se demuestre que el valor de tasación usado como base es inferior al valor real del inmueble transmitido a la entidad bancaria.
Cuarto.—Habiendo quedado planteada la cuestión litigiosa como se acaba de indicar, la única cuestión a tratar en el presente recurso jurisdiccional se refiere a la base imponible del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas y, más en concreto, si la base imponible debe coincidir con el valor de casación del inmueble que se transmite o, por el contrario, por el importe de la deuda que se solventa. En definitiva, se discute si en caso de una dación en pago se ha de atender al valor del inmueble o de la deuda para concretar la base imponible del impuesto que nos ocupa.
Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado esta misma Sección en el Recurso Contencioso-Administrativo 1434/2010, sentencia n.º 489 de diez de junio de dos mil once. En sus fundamentos segundo y tercero se recoge:
" Con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del ITPyAJD, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, es la transmisión onerosa lo que configura el hecho imponible, como se establece con claridad en los arts. 1.1 .º, 6.1 A ) y 7.1 A). En su art. 7.2 A) la misma Ley considera transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del impuesto las adjudicaciones en pago y para pago de deudas.
Así, el art. 46.3, relativo a la comprobación de valores, dispone: «Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobación, aquél tendrá la consideración de base imponible. Si el valor resultante de la comprobación o el valor declarado resultase inferior al precio o contraprestación pactada, se tomará esta última magnitud como base imponible».
La última parte del precepto fue introducida por la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, y responde al propósito expresado en la exposición de motivos de mejorar y simplificar la gestión del impuesto. La misma exposición declara: «se introduce una regla de cuantificación del valor de los bienes y derechos en el procedimiento de comprobación de valores por parte de la Administración consistente en fijar dicho valor, al menos, en el precio o contraprestación de la operación de que se trate, puesto que, como mínimo, alcanza tal valor para las partes».
TERCERO.- En este caso nos hallamos ante una dación en pago prevista en el art. 1175 CC , como propiamente se califica en la escritura, negocio jurídico complejo, aunque único, cuyos efectos son liberatorios o extintivos de la obligación («datio pro soluto») que pesa sobre el transmitente del bien (al respecto, SSTS, Sala 1 a, de 15-12-1989 , 28-6-1997 , 6-11-2006 , 2-7-2008 y otras que recogen una consolidada jurisprudencia). En la dación en pago «el crédito que con ella se satisface adquiere la categoría de precio del bien o bienes que se entregan» ( Sentencia de la misma Sala de 1-12-1983 , con criterio reiterado en las SSTS de 2-12-1994 , 8-2-1996 , 23-9-2002 , 1-10-2009 , y las muchas que estas citan). La contraprestación del acreedor que recibe en pago un bien con fines liberatorios está constituida por la obligación de dar por extinguido su crédito, puesto que, sin duda, la contraprestación no es otra cosa que la obligación que pesa sobre cada uno de los contratantes como retribución o contrapartida de lo recibido como consecuencia del contrato.
Los argumentos de la codemandada parten de una disgregación del negocio jurídico que resulta artificial. Con independencia de la redacción del contrato y la exigencia legal de hacer constar el valor de tasación del bien con la consiguiente necesidad de que figure la quita por el resto de lo adeudado, la escritura pública que lo documenta recoge un único negocio jurídico destinado de forma esencial a cancelar el préstamo hipotecario a cambio del inmueble, en los términos admitidos por el art. 1175 CC y la copiosa jurisprudencia que lo interpreta. La causa del contrato está definida por las recíprocas prestaciones de extinción de la deuda y recepción del inmueble. No es aceptable que haya una duplicidad de causas en las obligaciones de la Caja (onerosa la de dación en pago y gratuita la de condonación del resto de la deuda) que disgregue o divida el negocio. En todo caso, no puede omitirse que, desde cualquier perspectiva, la contraprestación de la entidad bancaria no es otra que admitir la extinción de la deuda, y a ese valor, que coincide con el interés económico de los contratantes, debemos atenernos a los efectos del art. 46.3 antes citado.
En consecuencia, procede estimar el recurso formulado por la Comunidad de Madrid ".
En razón al principio de unidad de doctrina, se acoge aquí la misma doctrina.
Quinto.—Por lo que se refiere a la sanción impuesta a la entidad bancaria que es objeto de impugnación, asimismo, en la presente resolución, el TEAR de Madrid recuerda que a tenor de lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, "la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero" de lo que deduce, a sensu contrario, que igual camino ambulatorio ha de seguir necesariamente el acuerdo sancionador, en la medida en que haya fundamento básico en una liquidación que va a ser anulada previamente por este Tribunal".
Habida cuenta de lo expuesto con anterioridad, este Tribunal entiende que resulta procedente de la liquidación en la forma y cuantía girada por la Comunidad de Madrid por lo que siguiendo la línea deductiva del TEAR, permaneciendo vigente la liquidación complementaria, procedería la anulación de la resolución del Tribunal administrativo en relación con la sanción impuesta.
Sin embargo, la Sala tiene en especial consideración que la cuestión de cuál sea la base imponible del ITPyAJD, si el valor del inmueble que se cede o el importe de la contraprestación (montante de la deuda que se condona) no es cuestión que haya resultado pacífica en nuestro Derecho, no resultando uniformes las sentencias de distintos Tribunales Superiores de Justicia y existiendo razones, aunque no definitivas a juicio de esta Sala, para apoyar que la base imponible en la operación financiera que nos ocupa debe coincidir con el valor del inmueble cedido, lo que hace que la culpabilidad de la entidad sancionada mengüe cuando no se diluya totalmente a efectos del derecho administrativo sancionador.
Dicho de otra manera, la conducta de la sociedad interesada se encuentra amparada en una interpretación razonable de la norma, lo que aconseja el mantenimiento de la anulación de la sanción.
La Sala ya se ha pronunciado en parecidos términos en otros asuntos sustancialmente iguales al presente. Así, en la sentencia de fecha 20 de junio de 2011, recaída en el RCA n.º 1466/10 se recogía que:
"En el caso examinado, como pone de manifiesto la parte actora en su escrito de demanda, la Administración Tributaria fundamenta su criterio en lo dispuesto en el art. 46.3 del Real Decreto Legislativo 1/93 en redacción dada por le Ley 4/08, de 23 de diciembre, que dispone:
"3. Cuando el valor declarado por los intereses fuese superior al resultante de la comprobación, aquél tendrá la consideración de base imponible. Si el valor resultante de la comprobación o el valor declarado resultase inferior al precio o contraprestación pactada, se tomará esta última magnitud como base imponible."
Considerando que la "contraprestación pactada" es el total importe de la deuda cancelada y no el simple valor del inmueble transmitido, como ha entendido la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid que, por su parte, y a tenor de lo dispuesto en el art. 10.1 del citado TRLITP, entiende que es el valor real del bien transmitido el que constituye la base imponible y, por ello, el del inmueble que es objeto de dación en pago.
Pues bien, entiende la Sección que la interpretación de lo que deba constituir la "contraprestación pactada" en una escritura de dación en pago como la que nos ocupa que mantiene la entidad entendiendo que lo es el valor del inmueble transmitido con independencia de su corrección jurídica, lo que deberá examinarse en el recurso contencioso-administrativo que la Comunidad de Madrid manifiesta haber interpuesto sobre el que ya ha recaído la Sentencia de esta Sección n.º 489/11, de 19 de junio de 2011 , no constituye una interpretación irrazonable de la norma, sino una divergencia de criterio razonable con el mantenido por la Administración Tributaria hasta el punto de que otro órgano administrativo como es el propio TEAR mantiene una interpretación del precepto coincidente con el de la entidad, por lo que ha procedido a la anulación de la liquidación de la que deriva la sanción ahora impugnada.
No constituye, por ello, un criterio de interpretación manifiestamente erróneo o absolutamente insostenible que permitiera en el sentido expuesto por la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo antes citada apreciar una voluntariedad en la conducta del contribuyente determinante de su culpabilidad, sino que debe entenderse que no procede la imposición de la sanción al no poder apreciarse el carácter doloso o culposo de la conducta del contribuyente, lo que obliga a la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo ".
Sexto.—Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción.
Que ESTIMANDO en parte el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma de Madrid, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 21 de diciembre de 2010, número de reclamación 28/27.479/2010, DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS la citada resolución por no ser conforme a derecho en relación con la liquidación tributaria, confirmándose el pronunciamiento acogido por el TEAR de Madrid en relación con la sanción impuesta a la entidad financiera codemandada.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 Real Decreto 
 artículo 38
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 64
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 139
 resolución 
 resolución