Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25803
Timestamp: 2020-08-07 12:36:35+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 125/2018
SENTENCIA 125/2018, de 26 de noviembre
ECLI:ES:TC:2018:125
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 4 de diciembre de 2017, el Procurador de los Tribunales don Óscar Gil de Sagredo Garicano, en nombre y representación de doña Marta Menéndez Luque, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento, al considerar que vulneraron su derecho fundamental de participación política, previsto en el artículo 23 CE, al considerar como meramente improcedente, y no nulo, el despido objetivo por absentismo acordado por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
d) Finalmente, contra la precedente sentencia, la actora formalizó recurso de casación para la unificación de doctrina, que fue inadmitido por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo mediante Auto de 10 de octubre de 2017. Esta resolución no apreció contradicción entre la sentencia impugnada y la aportada como contraste al referirse esta última a la “asistencia como miembro de un jurado penal”, por cuanto lo que se había juzgado en esta última había sido la eventual vulneración del artículo 24 CE, en cuanto “derecho a colaborar con la administración de justicia”, frente a la del derecho de participación política del artículo 23 CE, que había invocado la actora.
3. Ya en este proceso constitucional, la actora insta el otorgamiento de amparo por vulneración de su derecho de participación política, previsto en el artículo 23 CE (sin especificar apartado). A su juicio, el despido debió considerarse nulo, ya que se trata de una consecuencia negativa del puro ejercicio de un derecho fundamental. Afirma que se vio privada de su puesto de trabajo “bajo la excusa de que al haber acudido a los plenos municipales (entre otras obligaciones que como concejal tenía) sobrepasó el límite de ausencias justificadas y ello fue aprovechado por la empresa para articular un despido objetivo por absentismo”.
Considera “evidente que su condición de concejal y la asistencia a los plenos, es decir, el ejercicio de su derecho fundamental a la participación política, le generó un claro perjuicio como fue la pérdida de su puesto de trabajo, lo que a su vez ha supuesto una obstaculización al propio ejercicio del derecho”. Cita en apoyo de esta tesis la STC 189/1993, de 14 de junio, argumentando que, si en aquella ocasión, el ejercicio del derecho de participación política fue vulnerado por la pérdida de un incentivo económico ligado a la asistencia a un proceso electoral, el perjuicio resulta mucho más evidente en este caso, en el que la trabajadora ha resultado despedida.
En dicha resolución se señaló que el recurso presenta especial trascendencia constitucional porque “plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]”.
8. En escrito registrado el 13 de septiembre de 2018 el Ministerio Fiscal interesa el otorgamiento del amparo, con la consiguiente nulidad de las Sentencias de suplicación e instancia. Tras una detallada exposición de los antecedentes del caso y de las alegaciones de la recurrente, la Fiscal ante el Tribunal Constitucional sostiene que el modo de razonar de los órganos judiciales “no puede ser compartido, pues… el ejercicio de su cargo público, tal como había sido llevado a cabo por la trabajadora, no posibilitaba ningún tipo de reacción extintiva por parte de la empleadora, por vetarlo así la normativa en vigor”. Añade que “el empresario extinguió el contrato de la trabajadora única y exclusivamente por el ejercicio de un derecho fundamental cuando ello no estaba autorizado por la normativa de aplicación y ello debió comportar la declaración de nulidad del despido, para dejar incólume a la trabajadora, pues, en otro caso, la misma sufriría un perjuicio sin base legal alguna, por el mero hecho del ejercicio de su derecho fundamental, máxime en un supuesto como el presente en que el empleador es un organismo público”.
c) En relación con este último precepto legal, no nos corresponde decidir acerca de cuál sea la correcta interpretación del artículo 52 d) LET, ni debemos, por tanto, dilucidar si las exclusiones al cómputo de ausencias que aquel expresamente contempla constituyen una relación taxativa o, por el contrario, es meramente enunciativa. Nuestro cometido, como máximo intérprete de la Constitución, es solo determinar si la interpretación del artículo 52 d) LET, efectuada por los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional, que les ha llevado a considerar que la asistencia a plenos municipales puede computarse como ausencia justificada a efectos de despido objetivo, resulta compatible con el artículo 23.2 CE, sin que, en ningún extremo, pueda extenderse a la consideración de cuál haya de ser o no la más correcta desde el prisma de la legalidad ordinaria, plano en el que este Tribunal no debe inmiscuirse.
d) Finalmente, ese concreto aspecto, relativo al alcance de la protección conferida por el artículo 23.2 CE al ejercicio del cargo público representativo, es el que constituye la faceta novedosa del derecho fundamental que justifica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Es de interés constitucional determinar, más allá de las circunstancias del caso concreto, si tal y como sostiene la actora en su demanda con apoyo del Ministerio Fiscal, el artículo 23.2 CE excluye, por sí mismo y al margen de la finalidad perseguida por el empleador y de las circunstancias objetivas de la relación laboral, cualquier consecuencia desfavorable directamente derivada del ejercicio del cargo público representativo. Esta es, por tanto, la especial trascendencia constitucional del asunto, que, tal y como se explicitó en su día en la providencia de admisión a trámite, y según ha quedado reflejado en los antecedentes, implica adentrarse en una cuestión o faceta nueva del derecho fundamental en juego [STC 155/2009, FJ 2 a)].
En el caso examinado en aquella resolución estaba en juego el ejercicio del derecho de sufragio activo, valorándose, por consiguiente, “la importancia que el derecho de sufragio tiene en el sistema democrático [lo que] justifica que los poderes públicos traten de favorecer la participación de quienes tienen mayores dificultades para votar, concretamente los trabajadores por cuenta ajena, mediante el establecimiento de un permiso retribuido para ejercerlo, sin que ello, como este Tribunal ha declarado en ATC 346/1991, sea arbitrario o discriminatorio” (STC 189/1993, de 14 de junio, FJ 5). Igualmente, se sostuvo en dicha sentencia que el ejercicio de la previsión de un tiempo dedicado a la emisión del voto en procesos electorales debía ser entendida como un derecho general de todo trabajador, por lo que “[e]s justificable que, a aquellos que por razón del trabajo por cuenta ajena no pueden disponer de la jornada completa para votar, se les habilite, bien que no sea preciso, un tiempo dedicado a la emisión del voto en el horario en que el trabajo ha de prestarse, compensando una gravosa situación”. El Tribunal finalmente constató en la resolución de referencia que la ventaja de gozar de un permiso retribuido en horario de trabajo para ejercer el derecho de sufragio activo se encontraba previsto expresamente en la normativa legal (art. 37.3 LET) y reglamentaria (real decreto de desarrollo, correspondiente a cada concreta convocatoria electoral).
En consecuencia, respecto del ius in officium, este Tribunal ha declarado que “el artículo 23.2 CE, en lo que ahora interesa, consagra la dimensión pasiva del derecho de participación política, enunciando el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. A este contenido explícito del precepto ha aunado nuestra jurisprudencia un contenido implícito cual es, en primer lugar, el derecho a permanecer, en condiciones de igualdad y con los requisitos que señalen las leyes, en los cargos o funciones públicas a los que se accedió (STC 5/1983, de 4 de febrero, FJ 3), no pudiéndose ser removido de los mismos si no es por causas y de acuerdo con procedimientos legalmente establecidos (STC 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2). Y, además, también ha declarado el derecho al ejercicio o desempeño del cargo público representativo conforme a lo previsto en las leyes (STC 32/1985, de 6 de marzo, FJ 3)” (STC 298/2006, de 23 de octubre, FJ 6).
Asimismo, también ha señalado este Tribunal que el derecho específicamente previsto en el artículo 23.2 CE se halla directamente conectado con el paralelo derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos contenido en el artículo 23.1 CE, ya que “puede decirse que son primordialmente los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos. De suerte que el derecho del artículo 23.2 CE —así como, indirectamente, el que el artículo 23.1 CE reconoce a los ciudadanos— quedaría vacío de contenido, o sería ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio [SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 107/2001, de 23 de abril, FJ 3 a); 203/2001, de 15 de octubre, FJ 2; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3, y 40/2003, de 27 de febrero, FJ 2]” (STC 246/2012, de 20 de diciembre, FJ 3).
Estamos, en todo caso, ante un derecho de configuración legal, pues “[c]ualquiera de las dimensiones que hemos identificado como integrantes del derecho de participación política reconocido en el artículo 23.2 CE —acceso, permanencia y ejercicio— está delimitada —con arreglo al propio precepto constitucional— por la necesidad de llevarse a cabo en condiciones de igualdad y de acuerdo con los requisitos que señalen las leyes (STC 298/2006, de 23 de octubre, FJ 6)” (STC 9/2012, de 18 de enero, FJ 3). En consecuencia, hemos destacado el carácter de configuración legal del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 CE, en el sentido de que corresponde primeramente a las leyes fijar y ordenar los derechos y atribuciones que corresponden a los representantes políticos, de manera que “una vez creados, quedan integrados en el status propio del cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares, al amparo del artículo 23.2 CE, reclamar su protección cuando los consideren ilegítimamente constreñidos o ignorados por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en que se integren” (por todas, SSTC 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4; 141/2007, de 18 de junio, FJ 3, y 169/2009, de 9 de julio, FJ 2).
Tales circunstancias imponen a los órganos parlamentarios una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante del representante público y a motivar las razones de su aplicación, bajo pena, no sólo de vulnerar el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo (art. 23.2 CE), sino también de infringir el de estos a participar en los asuntos públicos ex artículo 23.1 CE (SSTC 38/1999, FJ 2, y 107/2001, FJ 3; 40/2003, FJ 2, entre otras muchas)’ [STC 1/2015, FJ 3; también, STC 23/2015, de 16 de febrero, FJ 3]”.
4. Ámbito del ius in officium en el seno de la Administración local. Inclusión de la participación en la deliberación de los plenos municipales. En la STC 169/2009, de 9 de julio, este Tribunal fijó, por primera vez, la doctrina acerca de las funciones que, en el ámbito de una administración local (y concretamente para una corporación provincial), pueden considerarse inherentes al ius in officium del cargo electo. Consideró entonces que, “entre las funciones que pertenecen al núcleo inherente a la función representativa que constitucionalmente corresponde a los miembros de una corporación provincial se encuentran la de participar en la actividad de control del gobierno provincial, la de participar en las deliberaciones del pleno de la corporación, la de votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano, así como el derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores” (FJ 3).
Posteriormente, la STC 9/2012, de 18 de enero, trasladó esta doctrina al ámbito específico de la administración municipal, al considerar que la referida STC 169/2009 “establece un criterio que, predicado de los miembros de las corporaciones provinciales, puede, sin duda, ser trasladado a las funciones de representación que son propias de un concejal” (FJ 4). En nuestra reciente STC 151/2017, de 21 de diciembre, hemos reiterado esta doctrina, recordando el juego que el desempeño del ius in officium tiene en el ámbito de la Administración local y entendiendo, en la línea ya apuntada, que “quedan encuadradas en ese núcleo de la función representativa aquellas funciones que solo pueden ejercer los titulares del cargo público por ser la expresión del carácter representativo de la institución (STC 169/2009, de 9 de julio, FJ 3, por ejemplo). A saber y situados en el ámbito local que nos ocupa: participar en la actividad de control del gobierno local y en las deliberaciones del pleno de la corporación; votar en los asuntos sometidos a este órgano; obtener la información necesaria para poder ejercer las facultades anteriores y, por último, participar en las comisiones informativas (por enunciarlas en su integridad, STC 246/2012, de 20 de diciembre, FJ 7). En consecuencia, con las precisiones que se efectuarán en los sucesivos fundamentos jurídicos, el presupuesto del que partimos al analizar el régimen cuestionado, previsto para la moción de censura local, es que los miembros de una corporación local cuentan entre las funciones que pertenecen a ese núcleo representativo, entre otras, en todo caso y, por tanto, también en el de los concejales no adscritos, con la de participar en la actividad de control del gobierno local” (FJ 3).
Ciertamente, toda la comunidad política puede verse llamada a sufragar, del modo que el legislador estime conveniente, los costes económicos necesarios para asegurar el digno ejercicio de una función representativa, pero tampoco la Constitución puede exigir que esa carga económica deba soportarla individualmente aquel que dio empleo a otro que, bien al inicio de la relación laboral, bien de modo sobrevenido como sucede en el caso de autos, alcance a ostentar una representación política obtenida en una convocatoria electoral. Además, a lo expuesto, habría que añadir un segundo argumento que, desde la estricta interpretación de la legalidad ordinaria, aporta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia resolutoria del recurso de suplicación (fundamento jurídico 1 in fine) cuando destaca que, respecto de esta modalidad específica de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, el artículo 52 d) LET contempla expresamente, como absentismo no computable, el “ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores”, pero no las de representación política general, en la medida en que, a juicio de la Sala de instancia, existe una diferencia sustancial entre la representación legal de los trabajadores, que pretende corregir un desequilibrio inherente a la propia naturaleza de la relación laboral, pues los trabajadores ocupan una posición de partida de mayor fragilidad o debilidad frente al empresario, y la representación política de los ciudadanos, que aparece como un factor extrínseco a la relación contractual entablada entre empresario y trabajador, que coloca a ambos tipos de representación en situaciones jurídicas individuales diferentes.
Número y fecha BOE [Núm, 309 ] 24/12/2018 Corrección1
Tipo y número de registro Recurso de amparo 5988-2017
Fecha de resolución 26/11/2018
La recurrente, concejala del Ayuntamiento de Cádiz, fue despedida de su puesto de trabajo en el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos por ausentarse para asistir a plenos municipales y otros actos correspondientes a su cargo de concejala, al superar el umbral de absentismo permitido. Los órganos judiciales interpretaron que, dado que la empresa no había impedido que la trabajadora acudiera a dichos actos, no se había vulnerado su derecho a la participación en los asuntos públicos.
Se estima el recurso de amparo y se declara vulnerado el derecho de la recurrente a la participación en asuntos públicos mediante el ejercicio de la función representativa de los cargos públicos electos. La sentencia declara que la interpretación judicial según la cual cabe el cómputo de las ausencias para el ejercicio de un cargo público a efectos del despido objetivo por absentismo, contraviene dicho derecho. Se afirma que el despido representa una consecuencia desfavorable desproporcionada al fin legítimo del empresario- conseguir una mayor eficiencia de la prestación laboral de la trabajadora-, más aun cuando existen alternativas menos gravosas para satisfacer dicho interés. En consecuencia, se declara la nulidad del despido y la readmisión inmediata de la recurrente en su puesto de trabajo.
La especial transcendencia constitucional del recurso reside en que plantea un problema o afecta a una faceta nueva de un derecho fundamental: la delimitación del alcance del derecho a la participación en los asuntos públicos en su vertiente pasiva. Además, la sentencia subraya la proyección general de esta decisión para supuestos semejantes y el consecuente efecto disuasorio que podría haber ejercido una resolución distinta, en relación a la participación en procesos electorales y las consecuencias laborales que se pueden derivar de la misma.
La interpretación realizada por los órgano judiciales, según la cual cabe el cómputo, a efectos del artículo 52 d) LET, de las ausencias debidas a la asistencia a plenos municipales, en cuanto puro reflejo de un desequilibrio objetivo en las condiciones de trabajo, se opone al derecho de participación política del artículo 23.2 CE de la recurrente, pues resulta contraria a la efectividad del derecho fundamental de referencia. El motivo de amparo debe ser, en consecuencia, estimado [FJ 6].
Son contrarios al derecho de participación política reconocido en el artículo 23.2 CE los actos tendentes, tanto a impedir la participación de un concejal electo en la deliberación del pleno de una corporación municipal, como la negativa del empresario a facilitar la asistencia del trabajador a tales actos o la calificación de dicha ausencia como injustificada, a efectos de adoptar medidas de carácter disciplinario contra aquel [FJ 4].
Serán contrarios al derecho reconocido en el artículo 23.2 CE todos aquellos actos obstativos realizados por el empleador en el ejercicio de sus poderes empresariales, que fueran utilizados para impedir u obstaculizar el ejercicio del núcleo esencial del ius in officium del que es titular el trabajador por cuenta ajena y a su cargo, que tenga la condición de miembro de consistorio municipal [FJ 4].
Una vez constatado que la decisión extintiva impugnada por la trabajadora estuvo motivada por el ejercicio legítimo de su derecho de participación política reconocido en el artículo 23.2 CE, procede declarar la nulidad del despido, otorgando el amparo solicitado y anulando por tal motivo las resoluciones judiciales recurridas que, en la medida en que no ampararon a la trabajadora en la vulneración de su derecho fundamental, infringieron también aquel derecho [FJ 7].
Declarada la nulidad del despido de la recurrente, procede el restablecimiento en la integridad de su derecho y, en consecuencia, su readmisión inmediata (con abono de los salarios dejados de percibir) por parte de la empresa Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos para la que vino prestando servicios hasta la fecha en la que dicha empresa comunicó a la recurrente la extinción de su contrato de trabajo, “basado en causas objetivas por faltas de asistencia al trabajo”, prevista legalmente en el artículo 52 d) LET [FJ 7].
Artículo 52 d), ff. 1, 2, 5 a 7
Derecho a ejercer los cargos públicosDerecho a ejercer los cargos públicos, ff. 3, 4, 5, 6
Derecho a participar en los asuntos públicosDerecho a participar en los asuntos públicos, Vulnerado, ff. 3 a 6
Participación políticaParticipación política, ff. 3 a 6

References: artículo 23
 resolución 
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 23
 resolución 
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
in fine
 artículo 52
 resolución 
 resolución 
 artículo 52
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 52

Artículo 52