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Timestamp: 2018-08-17 11:50:41+00:00

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﻿ Sentencia T-100 de marzo 11 de 2015
SENTENCIA T-100 DE 11 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:DEVOLUCIÓN DE SALDOS APORTADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES, POR INTERMEDIO DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD. PARA LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS EN EL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 100 DE 1993, EL SOLICITANTE DEBE ACREDITAR LA IMPOSIBILIDAD FÍSICA Y ECONÓMICA PARA CONTINUAR LABORANDO Y COTIZANDO, Y QUE NO HA APORTADO EL CAPITAL NECESARIO PARA ACCEDER A LA PENSIÓNLE CORRESPONDE A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS, DE LO CONTRARIO INCURRIRÍA EN UN ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA, Y EN ARAS DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD, Y LA AFECTACIÓN AL MÍNIMO VITAL. SIN LA EXIGENCIA DE HABER COTIZADO 500 SEMANAS A L RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, NI LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL DECRETO 3798 DE 2003, APLICABLE A BONOS PENSIONALES PRODUCTO DEL TRASLADO DE RÉGIMEN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMINISTRADORA DE PENSIONES EN RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PENSIONAL, CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, AFILIADOS AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL
REVISTA TUTELA N°:187 DE JULIO DE 2015, PÁG.1156
Sentencia T-100 de marzo 11 de 2015
Rad.: Exp. T-4.518.544 y 4.539.458 Ac
Demandantes: María Cecilia Jaramillo Castaño y Ana Celia Delgado Henao
Bogotá, D.C., once de marzo de dos mil quince
Las señoras María Cecilia Jaramillo Castaño y Ana Celia Delgado Henao, por intermedio de la misma agente oficiosa, la señora Bertha Libia Hernández, promovieron acciones de tutela en contra del fondo de pensiones y cesantías Protección S.A., con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social, presuntamente vulnerados por dicha entidad al no reconocerles y devolverles los aportes efectuados a pensiones por intermedio de ellos habida cuenta que ya cuentan con la edad mínima requerida y que declinan de su deseo de consolidar su derecho pensional.
● Expediente T-4.518.544
2.1. La señora María Cecilia Jaramillo Castaño, tiene 78 años de edad y se encuentra afiliada al sistema de seguridad social en pensiones por intermedio del fondo de pensiones y cesantías Protección.
2.3. Por ende, el 21 de mayo de 2013, solicitó a la entidad demandada la devolución de los aportes pensionales, petición que le fue negada el 18 de octubre de 2013, aduciendo el fondo, que la demandante era excluida del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, RAIS, según el literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 por lo que para que sea viable acceder a lo pretendido debía acreditar 500 semanas cotizadas, de conformidad con lo consagrado en el artículo 18 del Decreto 3798 de 2003.
● Copia de la solicitud de prestación económica (fls. 6 y 7, cdno. 2).
● Copia de la respuesta ofrecida por la entidad demandada a la solicitud prestacional presentada por la peticionaria (fls. 8 y 9, cdno. 2).
● Copia de una autorización autenticada conferida por la accionante a la señora Berta Libia Hernández quien agencia sus derechos dentro de la presente tutela a efectos de que adelante todos los trámites y procedimientos necesarios para obtener la devolución de aportes pensionales (fl. 10, cdno. 2).
● Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora María Cecilia Jaramillo Castaño (fl. 11, cdno. 2).
● Copia de la partida de bautismo de la accionante proferida por la Arquidiócesis de Manizales (fl. 12, cdno 2).
● Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Berta Libia Hernández Monsalve (fl. 13, cdno 2).
“1. Por Secretaría General, OFÍCIESE al Fondo de Pensiones del Departamento de Risaralda para que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, informe a esta corporación si la señora María Cecilia Jaramillo Castaño, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 25.680.277, es beneficiaria de alguna prestación económica por parte de ustedes y, en caso afirmativo, indique desde qué fecha y el monto reconocido(1).
Mediante respuesta ofrecida por la dirección de recursos humanos de la Gobernación de Risaralda(2) se aportó una certificación en la que se da constancia que la señora Jaramillo Castaño goza de una mesada pensional por esa entidad territorial equivalente a $ 616.000 mensuales para el año 2014, la cual fue reconocida mediante Resolución 921 del 5 de agosto de 1993.
“2. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, informe a esta corporación si a nombre de la señora María Cecilia Jaramillo Castaño, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 25.680.277, se encuentra registrado algún inmueble y, en caso afirmativo, indique el número y su ubicación catastral.
3. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, informe a esta corporación si a nombre de la señora María Cecilia Jaramillo Castaño, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 25.680.277, se encuentra registrado algún inmueble y, en caso afirmativo, indique el número y su ubicación catastral.
Dentro de la etapa procesal probatoria, las oficinas de instrumentos públicos de Pereira y de Santa Rosa del Cabal ofrecieron respuesta a los requerimientos elevados por esta corporación y, al respecto, manifestaron que a nombre de la señora María Cecilia Jaramillo Castaño no se encuentra inscrito ningún inmueble(3).
“6. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la señora María Cecilia Jaramillo Castaño, quien actúa como demandante dentro del Expediente T-4.518.544, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, informe a esta Sala, lo siguiente:
● ¿Si tiene personas a cargo, indicando quiénes y cuántos?
● ¿Quiénes integran actualmente su núcleo familiar, de dónde derivan sus ingresos económicos y si tienen alguna profesión, arte u oficio?
● Si es dueña de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos.
● ¿Cuál es su situación económica actual?
● Informe si se encuentra afiliada a alguna entidad de salud y, en caso afirmativo, indique si es en calidad de cotizante o beneficiario.
● Indique cuál es su estado de salud actual y, en caso de padecer alguna enfermedad o imposibilidad física, allegue el material probatorio que la demuestre.
● Indique su dirección actual de residencia.
● Si ha adelantado proceso ordinario laboral tendiente a obtener la devolución de aportes pretendida. En caso afirmativo, señale cuándo y dónde lo realizó. Para el efecto, anexe los documentos que permitan corroborarlo. En caso negativo, manifieste por qué razón no lo ha adelantado.
● La relación de gastos mensuales por todo concepto (alimentación, vestuario, salud, recreación, vivienda, prestamos, etc.), con los correspondientes soportes que así lo acrediten”.
(…)(4)
La señora Jaramillo, por intermedio de apoderado judicial, ofreció respuesta a los requerimientos expuestos(5) y, frente al particular, señaló:
● Que tiene a cargo el núcleo familiar de su hermano, el cual lo compone la esposa y una hija, toda vez que este padece una serie de problemas cardiacos que lo obligaron a realizarse una cirugía a corazón abierto, encontrándose en espera para la instalación de un marcapasos, a quien le cancela mensualmente la afiliación al sistema general en salud por valor de ($ 77.000).
● Sus recursos económicos los obtiene de una pensión que percibe como contraprestación a los servicios prestados al magisterio del departamento de Risaralda.
● No posee ningún inmueble y su situación económica no es la mejor como quiera que sus recursos se limitan a los obtenidos por el pago de la prestación económica reconocida por el magisterio.
● Se encuentra afiliada al sistema general de seguridad social en salud por intermedio de la EPS Saludcoop, en calidad de cotizante.
● Padece Alzheimer, situación que ha repercutido en la disminución de su memoria, para lo cual pone de presente que adjunta una copia de la epicrisis de la historia clínica dentro de los documentos anexos a su respuesta. No obstante, tal documento no fue aportado dentro del material adjunto.
● Reside en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y no ha iniciado un procedimiento ordinario laboral por que no puede cancelar los honorarios de un profesional del derecho. Sin embargo, advierte que si bien es cierto que esta contestación la realiza por intermedio de un abogado, ello es así en tanto que el experto colabora con la comunidad religiosa “Hermanas de la caridad de San Vicente de Paul”.
● Sus gastos mensuales los estimó de la siguiente manera:
Vivienda: Canon de arrendamiento mensual $ 200.000
Alimentación, vestido y gastos médicos personales $ 180.000
Pago de la EPS Salud Total a su hermano, esposa e hija $ 77.000
Productos de aseo personal y de vivienda $ 100.000
Transporte y recreación $ 100.000
TOTAL $657.000
Del mismo modo, se ofició a la señora Bertha Hernández a efectos de que informara lo siguiente:
“9. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la señora Bertha Libia Hernández Monsalve, para que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, informe las razones por las cuales agencia los derechos de las señoras María Cecilia Jaramillo Castaño y Ana Cecilia Delgado Henao y, del mismo modo, allegue sus direcciones de residencia y números telefónicos”(6).
Pedimento frente al cual guardó silencio. Adicionalmente, se ofició al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con la intención de obtener información respecto de la cuenta que indicó la señora Hernández ante el fondo privado para que le consignaran los valores a devolver.
“10. Por Secretaría General, OFÍCIESE al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, a efectos de que indique a nombre de quién se encuentra registrada la cuenta de ahorros Nº 703414284.
(…)”(7)
● La señora Jaramillo Castaño se afilió al sistema pensional, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, desde el 22 de mayo de 1997 por intermedio del fondo Colmena, hoy Protección.
● Dentro del proceso de afiliación le fue informado por medio del ejecutivo comercial que la asesoró, las implicaciones que acarreaba en su calidad de excluida del régimen de ahorro individual con solidaridad, adherirse al mismo habida cuenta que, de conformidad con las previsiones contenidas en el literal b, del artículo 61 de la Ley 100 de 1993(8), para poder acceder a una prestación económica en este sistema debe cotizar como mínimo 500 semanas y, a pesar de ello, decidió realizarlo de manera libre y voluntaria.
● Efectivamente la accionante solicitó mediante petición escrita la devolución de aportes pero la misma le fue despachada de manera desfavorable pues solamente había cotizado 296 semanas de las 500 exigidas y, además, por cuanto, si bien el artículo 66 de la Ley 100 de 1993 establece la figura de devolución de saldos en favor de las personas que, aunque han cumplido la edad mínima para acceder a la pensión de vejez, no tienen el número de semanas requerido, lo cierto es que dicha disposición no es aplicable al presente caso como quiera que la peticionaria hace parte de la categoría de afiliados excluidos y, por tanto, se torna necesario acreditar el mínimo de semanas descrito en el artículo 61 de la misma norma.
● Lo anterior se acompasa con lo descrito en el artículo 18 del Decreto 3798 de 2003 el cual señala, de manera textual, lo siguiente: “Bonos pensionales para personas que deban cotizar 500 semanas. Las personas a que se refiere el literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 tendrán la obligación de cotizar quinientas (500) semanas en el nuevo régimen y no podrán negociar el bono pensional para solicitar pensión o devolución de saldos, de conformidad con el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, antes de las 500 semanas mencionadas”. Por consiguiente, solo cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos mencionados, será viable acceder a lo pretendido por la demandante en sede de tutela.
El Juzgado Veintinueve Penal Municipal de Cali mediante providencia del 21 de marzo de 2014, declaró improcedente la medida de amparo pretendida por la señora Jaramillo Castaño, como quiera que, a su juicio, no se configuró ninguna de las causales descritas en el artículo 42 del Decreto 2541 de 1991(9), que haga procedente la tutela contra particulares.
Del mismo modo, indicó el operador judicial, que como el litigio se fundamenta en la negativa de la entidad demandada de realizar la devolución de aportes por el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993, su naturaleza, permite inferir, que se trata de un asunto propio de ser dirimido por la jurisdicción ordinaria laboral, salvo que se encuentre la persona enfrentando un perjuicio irremediable, lo cual, a su parecer, se echa de menos en el caso concreto, como quiera que a pesar de que la accionante tiene 77 años de edad, “y debido a su estado de salud y su probabilidad de vida no estaría en condiciones de iniciar y/o esperar un dilatado proceso laboral (…)” lo cierto es que no se aportaron dentro del expediente las pruebas siquiera sumarias que permitieran certificar las circunstancias apremiantes que justifiquen el desplazamiento de la competencia del juez común.
● Expediente T- 4.539.458
1.1. La señora Ana Celia Delgado Henao, tiene 84 años de edad y se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Pensiones por intermedio del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección.
● Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Delgado Henao (fl. 6, cdno. 2)
● Copia de la solicitud de la prestación económica pretendida (fls. 7 y 8, cdno 2).
● Copia de la respuesta ofrecida por la entidad demandada a la solicitud prestacional presentada por la peticionaria (fls. 9 al 11, cdno 2).
● Copia de una autorización autenticada conferida por la accionante a la señora Berta Libia Hernández quien agencia sus derechos dentro de la presente tutela a efectos de que adelante todos los trámites y procedimientos necesarios para obtener la devolución de aportes pensionales (fl. 13, cdno 2).
● Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Bertha Libia Hernández Monsalve (fl. 14, cdno 2).
“4. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, informe a esta corporación si a nombre de la señora Ana Celia Delgado Henao, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 29.323.560, se encuentra registrado algún inmueble y, en caso afirmativo, indique el número y su ubicación catastral.
5. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, informe a esta corporación si a nombre de la señora Ana Celia Delgado Henao, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 29.323.560, se encuentra registrado algún inmueble y, en caso afirmativo, indique el número y su ubicación catastral. (…)”(10).
Dentro de la etapa procesal probatoria la Oficina de Instrumentos Públicos de Tuluá ofreció respuesta a los requerimientos elevados por esta corporación y, al respecto, manifestó que a nombre de la señora Ana Celia Delgado Henao no se encuentra inscrito ningún inmueble en lo que respecta a esa jurisdicción(11). Por otro lado, su homóloga de Cali, guardó silencio.
“7. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la señora Ana Celia Delgado Henao, quien actúa como demandante dentro del Expediente T-4.539.458, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, informe a esta Sala, lo siguiente:
● Si tiene personas a cargo, indicando quiénes y cuántos.
● La relación de gastos mensuales por todo concepto (alimentación, vestuario, salud, recreación, vivienda, préstamos, etc.), con los correspondientes soportes que así lo acrediten.
Para efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere pertinentes (…)”(12).
La señora Delgado Henao por intermedio de apoderado judicial ofreció respuesta a los requerimientos(13) y, frente al particular, señaló:
● No tiene personas a cargo, ni vive con ningún familiar como quiera que desarrolla la vida religiosa desde hace 50 años, haciendo parte de la comunidad de “Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul” en Cali.
● No posee ningún inmueble y su situación económica es precaria pues por su avanzada edad, no puede desempeñarse en labores de enseñanza o misiones desarrolladas por la comunidad religiosa.
● Se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud por intermedio de la EPS Coomeva, en calidad de cotizante.
● Su estado de salud no es bueno puesto que tiene 84 años de edad y sufre de osteoporosis generalizada, artrosis y enfermedades cardiacas (arritmia y extrasístoles).
● Reside en el municipio de Palmira (Valle del Cauca) y no ha iniciado un procedimiento ordinario laboral por que no puede cancelar los honorarios de un profesional del derecho. Sin embargo, advierte que si bien es cierto que esta contestación la realiza por intermedio de un abogado, ello es así en tanto que el experto colabora con la comunidad religiosa “Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul”.
● Respecto de su cuenta de ahorros señala que realizó su apertura con un monto mínimo, con ayuda de un grupo de personas que colaboran con la comunidad religiosa “Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul”.
● Sus ingresos mensuales los fija en cero (0) pesos y su vida es meramente sostenible por la caridad de la comunidad religiosa a la que pertenece.
“9. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la señora Bertha Libia Hernández Monsalve, para que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, informe las razones por las cuales agencia los derechos de las señoras María Cecilia Jaramillo Castaño y Ana Cecilia Delgado Henao y, del mismo modo, allegue sus direcciones de residencia y números telefónicos”(14).
Pedimento frente al cual guardó silencio. Adicionalmente, se ofició al banco Bancolombia con la intención de obtener información respecto de la cuenta que indicó la señora Delgado Henao ante el fondo privado para que le consignaran los valores a devolver.
“11. Por Secretaría General, OFÍCIESE al banco Bancolombia a efectos de que indique a nombre de quién se encuentra registrada la cuenta de ahorros Nº 82376875152(…)”(15).
La corporación financiera en respuesta ofrecida indicó que dicha cuenta se encuentra a nombre de la señora Ana Celia Delgado Henao y está activa.
● La señora Delgado Henao se encuentra afiliada en el régimen de ahorro individual con solidaridad, desde el 8 de abril de 1997 por intermedio del fondo ING, hoy Protección.
● Efectivamente, la accionante solicitó mediante petición escrita, el 12 de abril de 2013, la devolución de aportes, la cual le fue negada por cuanto ella se encontraba excluida del régimen de ahorro individual con solidaridad (Art. 61 de la Ley 100 de 1993), como quiera que superaba la edad establecida por el legislador para vincularse a tal régimen, luego, como a pesar de lo anterior, como (sic) se mantuvo en su intención de afiliarse, se hace necesario, para obtener lo pretendido, acreditar un total de 500 semanas. Lo anterior en armonía con lo descrito en el artículo 18 del Decreto 3798 de 2003.
El Juzgado Trece Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, mediante providencia del 27 de enero de 2014, denegó el amparo pretendido por la señora Delgado Henao, como quiera que, a su juicio, es claro que la norma establece unos requisitos que no cumple la demandante luego no es posible acceder a lo pretendido, ni siquiera de manera transitoria, a pesar de su avanzada edad.
Dicha impugnación fue conocida por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento que, mediante pronunciamiento efectuado el 22 de abril de 2014, decidió confirmar la decisión de primera instancia al considerar que la actora no cumple los requerimientos contenidos en el artículo 61 de Ley 100 de 1993 y, adicionalmente, no acreditó siquiera sumariamente unas condiciones de vulnerabilidad que justifiquen el desplazamiento de las competencias del juez ordinario y “(…) el hecho que se diga que la señora Ana Cecilia Delgado es una persona que cuenta con 82 años de edad, no quiere decir que automáticamente se le deba reconocer el derecho fundamental al mínimo vital (…)”.
3. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Reiteración de jurisprudencia.
Así pues, para analizar la idoneidad de los procesos ordinarios para la solución de las contingencias padecidas por el recurrente, se debe observar si se encuentra frente a lo que el constituyente denominó “perjuicio irremediable”(16).
En ese sentido, solo cuando las vicisitudes descritas por el demandante, las cuales deben ser acreditadas siquiera sumariamente, denoten la necesidad de adoptar medidas prontas y eficaces para evitar la consumación del daño, es posible que el juez constitucional desplace la órbita de competencia de su homólogo común y profiera la decisión necesaria para evitar la afectación aducida.
De tal forma, que es deber del juez verificar que en el asunto confluyan la inminencia, la gravedad, la urgencia y la impostergabilidad(17) de la acción, elementos que, de presentarse, permiten afirmar con precisión la idoneidad de la tutela para salvaguardar las garantías fundamentales alegadas por el actor.
Del mismo modo, adicional a la constatación de los elementos referidos, se debe corroborar y ponderar la existencia de los requisitos que jurisprudencialmente se han dispuesto por esta Corte, los cuales permitirán concluir si resulta o no necesario amparar y reconocer, de manera transitoria o definitiva, un derecho de índole prestacional a quien por este mecanismo lo requiere. Tales exigencias, que se deben constatar por el juez constitucional, son descritas en abundante jurisprudencia y compiladas particularmente, entre otras, en la Sentencia T-115 de 2011(18), así:
4. La devolución de aportes en el sistema general de seguridad social en pensiones.
Así las cosas, dentro de los derroteros que la aludida disposición legal trazó se encontraban la intención de garantizar los derechos irrenunciables para la persona y para la comunidad a efectos de que obtengan una vida en condiciones de dignidad por medio de un sistema que procura protegerlas de las contingencias que las puedan afectar(19), así como también asegurar el pago de las prestaciones económicas a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse(20).
En ese sistema, tratándose de asuntos pensionales, se adoptaron dos regímenes, los cuales preveían un conjunto de prestaciones económicas y una serie de requisitos concretos que deben cumplir los afiliados para poder consolidar sus derechos económicos.
“ART. 66.—Devolución de saldos. Quienes a las edades previstas en el artículo anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a este hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho”.
Así las cosas, fue reconocido por el legislador dentro del resumen de los puntos más importantes aprobados por las comisiones séptimas de Senado y Cámara, según se puede observar en la gaceta Nº 254 del 30 de julio de 1993, página 7, que quien cotice y no alcance a pensionarse no va a perder los valores cotizados, aclarándose que dicha regla se aplica tanto para los afiliados al ISS como para los afiliados a los fondos privados.
En esa misma oportunidad se enfatizó que quien se desafilie sin alcanzar a consolidar su pensión, debe necesariamente recibir la devolución en valor constante de los aportes efectuados al ISS o la participación que tenga acumulada en el respectivo fondo. Argumento reiterado en la gaceta Nº 281 del 19 de agosto de 1993. Página 4.
Igualmente, debe advertirse que la devolución de saldos, al igual que la indemnización sustitutiva constituye un derecho imprescriptible(21), irrenunciable(22) y suplementario(23), características que se derivan del contenido del artículo 48 superior.
Luego en aquellos casos en los que se advierte la imposibilidad física y económica del actor para continuar laborando y cotizando al sistema, y no ha aportado el mínimo o acumulado el capital necesario y ello es acreditado siquiera sumariamente, le corresponde a la administradora de fondos realizar la devolución de saldos como quiera que, no realizarlo, (i) transgrediría los derechos fundamentales del aportante, principalmente, el mínimo vital y la seguridad social y (ii) incurriría en un enriquecimiento sin causa habida cuenta que esos dineros, como se mencionó previamente, son un ahorro del trabajador y es a este al que le corresponde disfrutarlos máxime si se tiene en cuenta que son el fruto de su esfuerzo.
5. Interpretación constitucional del literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993.
5.1. El estudio de constitucionalidad del literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, fue adelantado por la Corte en la Sentencia C-674 de 2001(24): En dicha oportunidad, se advirtió por el demandante que la disposición legal contrariaba la Carta Política de 1991 pues se tornaba discriminatoria para los jubilados por edad, habida cuenta que les impedía afiliarse al RAIS a pesar de que podía serles más beneficioso e incluso representar la única forma de consolidar su derecho pensional.
Por tanto, el literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 debe ser analizado dentro del marco de transición habida cuenta que con la adopción del sistema pensional dual, se permitió a los afiliados el traslado a cualquiera de los dos regímenes, dinámica que necesariamente implica la expedición de un bono pensional en favor de quienes se cambien de método, el cual es endosable a la administradora a la que se pasa el afiliado (Art. 133 de la Ley 100 de 1993), lo que pondría en jaque el sistema.
Medida que además es proporcionada pues en contrapartida, las personas excluidas del RAIS gozan de la posibilidad de consolidar su derecho pensional de vejez en el RPMPD bajo unas condiciones más favorables que los demás (Art. 36 de la Ley 100 de 1993) pues les permite consolidar su derecho en aplicación a disposiciones legales previas que “eran más generosas para el trabajador en relación con la edad para acceder a la pensión, su monto, y el número requerido de semanas cotizadas”(25).
Por tanto, las personas que por diversas razones no puedan seguir cotizando al sistema pensional y cumplan los requisitos previstos en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, para hacer efectiva la devolución de saldos “no pueden ser compelidas, sin más, a trámites que de antemano se sabe no pueden cumplir”(26).
Al respecto, resulta importante tener en cuenta lo descrito en la Sentencia T-092 de 2012(27), en la que, con relación a la devolución de aportes para personas excluidas del RAIS, textualmente se indicó:
“(…) la constitucionalidad del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 no es óbice para que su contenido se aplique atendiendo las particularidades de cada caso concreto, entre ellas, la incapacidad para cotizar, a efectos de evitar la negación de los derechos a una vida digna y al mínimo vital de las personas de que habla el mencionado artículo 61, las cuales cuentan con edades en las que les resulta especialmente difícil tener una relación laboral o poder cotizar como independientes (…).”
No obstante, resulta importante tener en cuenta que si bien el régimen de transición parecía que iba a tener una duración continua, lo cierto es que eso varió por medio del Acto Legislativo 01 de 2005, pues este dispuso un periodo máximo de duración en el tiempo.
Sobre este punto, resulta importante destacar que la Corte Constitucional en Sentencia T-652 de 2014(29), al estudiar una solicitud de traslado pensional enfatizó respecto el alcance de la disposición transcrita, lo siguiente:
Cosa distinta sucede con los sujetos del régimen de transición que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, a 25 de julio de 2005, tenían al menos 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, pues según el citado acto legislativo, no pierden el régimen de transición el 31 de julio de 2010, sino que el mismo se extiende ‘hasta el año 2014’, concretamente, hasta el 31 de diciembre de 2014(30). En ese sentido, si cumplen con los requisitos pensionales del respectivo régimen anterior al cual se encontraban afiliados antes de esta última fecha, conservarán el régimen de transición; en caso contrario, perderán definitivamente dicho beneficio, de tal suerte que deberán someterse a las exigencias de la Ley 100 de 1993 para efectos de obtener su derecho pensional.
5.7. Así las cosas, ha de concluirse que superado el primer plazo establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005 para su desmonte definitivo, el régimen de transición pensional estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, solo para los sujetos de dicho régimen que tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a 25 de julio de 2005 y, además, cumplan con los requisitos de pensión del régimen anterior al cual se encontraban afiliados antes del 31 de diciembre de 2014” (resaltado propio).
En ese sentido, resulta importante tener en cuenta que las dos señoras se afiliaron al RAIS en el mes de abril de 1997, fecha en la que, para ese entonces, la señora María Cecilia Jaramillo Castaño contaba con 60 años y la señora Ana Celia Delgado Henao con 66 años.
Del mismo modo, las dos elevaron solicitudes ante la entidad demandada a efectos de obtener la devolución de saldos por intermedio de la religiosa Sor Bertha Libia Hernández Monsalve, las cuales fueron presentadas el 21 de mayo de 2013 y el 10 de abril respectivamente, siendo despachadas de manera negativa el 18 de octubre de 2013 y el 11 de diciembre respectivamente, aduciendo razones similares.
En efecto, la señora María Cecilia Jaramillo Castaño tiene 78 años y, aunque esta Corte pudo constatar que la misma percibe una pensión de jubilación por parte del departamento de Risaralda, equivalente a un salario mínimo, la cual le fue reconocida desde el 5 de agosto de 1993, lo cierto es que según su relación de gastos personales, dicha mesada pensional no le permitiría continuar cotizando al sistema ni contratar los servicios de un abogado para que le adelante el procedimiento ordinario pertinente.
A lo anterior se suma el hecho de que padece de Alzheimer y no tiene propiedades que le puedan derivar algún ingreso adicional(31).
Por el otro lado, la señora Ana Celia Delgado Henao, tiene 84 años, y hace parte de una comunidad religiosa desde hace aproximadamente 50 años, tampoco posee inmuebles(32) y padece, entre otras enfermedades, de osteoporosis generalizadas, artrosis y enfermedades cardiacas (arritmia y extrasístoles), por lo que no le es posible desempeñarse en labores de enseñanza o en misiones y, por consiguiente, no tiene ingresos económicos y vive de la caridad de sus compañeras religiosas quienes fueron las que le ayudaron económicamente para abrir la cuenta de ahorro que le pedía el fondo para todos los casos.
En estos casos, acudiendo al principio de equidad, dado que se acreditó con total claridad la procedencia excepcional de la tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas, se surtió el trámite administrativo por las demandantes, así como también la imposibilidad de seguir cotizando y laborando y la afectación que se genera a su mínimo vital con la negativa de retornarles sus ahorros, esta Corte restablecerá el orden jurídico y, en consecuencia, ordenará a la entidad demandada efectuar la devolución de saldos prevista en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993 a las demandantes a la cuentas que referenciaron en su solicitud(33), sin que para ello les sea exigido cotizar 500 semanas en el RAIS, ni se les imponga el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 18 del Decreto 3798 de 2003, como quiera que este aplica para la expedición de bonos pensionales producto del traslado de régimen y no para la devolución de saldos como se pretende en los asuntos de la referencia.
1. TUTELAR los derechos fundamentales a seguridad social, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital de María Cecilia Jaramillo Castaño y Ana Celia Delgado Henao.
2. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento que, a su vez, confirmó el dictado por el Juzgado 29 Penal Municipal de Cali dentro del expediente de tutela T-4.518.544.
3. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento que, a su vez, confirmó el dictado por el Juzgado 13 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali dentro del expediente de tutela T-4.539.458.
4. ORDENAR a Protección S.A., por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a efectuar la devolución de saldos en favor de las señoras María Cecilia Jaramillo Castaño y Ana Celia Delgado Henao.
Magistrados: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio
(1) Folio 42 del cuaderno 1.
(2) Folios 27 y 28 del cuaderno 1.
(3) Folios 29 y 46 del cuaderno 1.
(5) Folios 9 al 26 del cuaderno1.
(6) Folio 46 del cuaderno 1.
(8) Artículo 61 de la Ley 100 de 1993: “Personas excluidas del régimen de ahorro individual con solidaridad. Están excluidos del régimen de ahorro individual con solidaridad:
(9) Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991: “Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:
Declarar EXEQUIBLE el numeral 1º del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, salvo la expresión ‘para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución’, que se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 2º del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, salvo la expresión ‘para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía’, que se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 9º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, salvo la expresión ‘la vida o la integridad de’”.
(10) Folio 42 del cuaderno 1.
(11) Folio 34 del cuaderno 1.
(12) Folio 43 del cuaderno 1.
(13) Folios 11 al 26 del cuaderno 1.
(14) Folio 43 del cuaderno 1.
(15) Folio 36 del cuaderno 1.
(16) Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 86: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”(resaltadas propias).
(17) Al respecto, puede verse, entre otras, la Sentencia T-225 de 1993. Vladimiro Naranjo Mesa. En dicho fallo, esta corporación estudió el término “perjuicio irremediable”, considerando que: “(…) El género próximo es el perjuicio; por tal, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ha de entenderse el ‘efecto de perjudicar o perjudicarse’, y perjudicar significa —según el mismo diccionario— ‘ocasionar daño o menoscabo material o moral’. Por tanto, hay perjuicio cuando se presenta un daño o menoscabo material o moral injustificado, es decir, no como consecuencia de una acción legítima. La indiferencia específica la encontramos en la voz ‘irremediable’. La primera noción que nos da el diccionario es ‘que no se puede remediar’, y la lógica de ello es porque el bien jurídicamente protegido se deteriora irreversiblemente hasta tal punto, que ya no puede ser recuperado en su integridad”.
(19) Al respecto, resulta importante observar el artículo 1º de la Ley 100 de 1993 el cual, textualmente, indicó: “Sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.
(20) Artículo 6º de la Ley 100 de 1993. “Objetivos. El sistema de seguridad social Integral ordenará las instituciones y los recursos necesarios para alcanzar los siguientes objetivos:
1. Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema (…)”.
(21) Al respecto, ver Sentencia T-972 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(22) Al respecto, ver Sentencia T-1046 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(23) Al respecto, ver Sentencia C-624 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(25) Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-674 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(26) Corte Constitucional. Sentencia T-084 de 2006. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(27) Corte Constitucional. Sentencia T-092 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo.
(28) Parágrafo transitorio cuarto del Acto Legislativo 01 de 2005.
(30) Según el concepto 2194 del 10 de diciembre de 2013, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, C.P. William Zambrano Cetina, la expresión “hasta el año 2014” contenida en el parágrafo transitorio 4º del artículo 48 de la Constitución Política, “es comprensiva y no excluyente del año allí referido; además al no señalarse un día o un mes en ese año, se debe entender que la aplicación del régimen de transición se puede hacer efectivo hasta el último día de dicho año 2014”.
(31) Dicha información se puede corroborar en el acápite de pruebas decretadas por la Corte.
(32) Información que fue constata por esta Corte tal como consta en el acápite de pruebas decretadas.
(33) Dentro del trámite de tutela esta Corte ofició a las entidades bancarias de las que provenían las cuentas referenciadas en la solicitud por parte de Sor Bertha Libia Hernández Monsalve y pudo constatar que pertenecen a las señoras a las que agencia sus derechos.

References: ARTÍCULO 66
 ARTÍCULO 18
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 Resolución 
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 artículo 66
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 artículo 18
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 artículo 66
 artículo 42
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 artículo 48
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 artículo 66
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 Artículo 42
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 Artículo 86
 artículo 1
 Artículo 6
 artículo 48