Source: http://www.libertadidioma.com/20180330.htm
Timestamp: 2020-05-31 09:15:56+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Viernes 30 Marzo 2018
Coherencia frente a voluntarismos
José T. Raga Libertad Digital 30 Marzo 2018
Bajar los impuestos no es suficiente si no se eliminan también los desincentivos a la actividad económica.
O dicho de otro modo, conviene, a la hora de tomar decisiones, tener los pies bien posados en el suelo, no sea que sobrevolando la realidad, a distancia tan larga como necesaria, perdamos su entidad, sus características y sus exigencias.
Pocas veces el mundo es como nos gustaría que fuese, por ello, dejarnos llevar por lo que nos gustaría puede acarrear males mayores que los que se pretenden evitar. Las cartas a los Reyes Magos, con frecuencia nos sorprenden al llegar la factura; un detalle olvidado.
Si en cualquier momento, en frío y en abstracto, se me pregunta si soy partidario de bajar los impuestos, mi respuesta será contundentemente afirmativa. Y ello, porque soy consciente de que las Administraciones Públicas gastan mucho y mal; es decir con poca eficiencia y en objetivos que poco o nada añaden al bienestar de los ciudadanos.
Comprendo que los votos, para quienes dependen de ellos, son un bien escaso y de primera necesidad, por lo que puede ocurrir que, en estado de necesidad, se tomen decisiones que racionalmente nunca se habrían tomado.
Así, cuando la economía (pese a su recuperación) sigue operando en déficit público (no hay que confundir "déficit" con "límite del déficit") resulta incoherente pedir reducción de impuestos y elevación del gasto público, al grito de "se acabó la austeridad".
Ya sé que se me argumentará que Laffer demostró que cuando bajan los tipos impositivos aumenta la actividad económica y, consecuentemente, aumenta la recaudación tributaria.
Aunque, Laffer exigía una condición: que no haya restricciones en los mercados ni en las condiciones para el desenvolvimiento de actividades económicas. España, sin embargo, es un ejemplo de libro en restricciones de todo tipo y en barreras administrativas al inicio de cualquier iniciativa empresarial.
¿Quiere decirse que no deben bajar los impuestos? No. Lo que estoy diciendo es que no basta bajar impuestos si no se eliminan los desincentivos a la actividad económica, tanto en restricciones – legales y conductuales – como en la prolija regulación que, no por ello, elimina la discrecionalidad en las decisiones de la Administración.
Hecho esto, redúzcase el gasto y redúzcanse los impuestos. Y, por cierto, me atrevo a formular lo que algunos considerarán una cuestión menor, pero que creo no lo es. ¿Se ha olvidado que España debe a sus acreedores tanto como producto interior bruto genera cada año? ¿A nadie se le ha ocurrido pensar que la deuda hay que pagarla y que la bonanza en tipos de interés puede estar cerca de su fin?
Deuda es, simplemente, acumulación de déficits sucesivos y, por tanto, sólo podrá pagarse, también, mediante sucesivos superávits. Estos, sin embargo, no se consiguen aumentando gastos y disminuyendo impuestos.
Y repito, que soy ferviente partidario de reducir impuestos, pero también lo soy de no incurrir en déficits y de ir reduciendo los extraordinarios niveles de deuda pública. Vivir como rico siendo pobre, no pasa de ser un voluntarismo del que un día quizá se despierte violentamente.
El autor reflexiona sobre los problemas de convertir la política en una profesión lucrativa y pide cambios que saquen al político de su burbuja y lo hagan depender de los ciudadanos.
Lorenzo Abadía elespanol 30 Marzo 2018
Iglesias y Podemos: de corrupto en corrupto
EDITORIAL Libertad Digital 30 Marzo 2018
Pablo Iglesias viaja hasta Argentina para postrarse a los pies de una Cristina Kirchner con numerosas cuentas pendientes con la Justicia.
Ni sumando una veintena de Gürtels, ni tan siquiera con un par de casos ERE es probable que alcanzásemos un nivel de corrupción que sea posible comparar con lo robado en la Argentina de Cristina Fernández y su marido Néstor Kirchner.
Un matrimonio que, coincidiendo con su paso por el poder, logró forjarse una formidable fortuna de la que nos da una idea que el procesamiento de la propia expresidenta se viese acompañado de una fianza de nada más y nada menos 660 millones de dólares, una cifra que no está nada mal para los que eran una pareja de abogados de provincias.
Con todo, lo peor del mandato de Fernández de Kirchner no ha sido esa espantosa corrupción sino su cada vez más evidente implicación en la ocultación de uno de los mayores atentados terroristas de la historia de Argentina: la voladura de la sede de la Asociación Mutual Israelita de Argentina en la que fueron asesinadas 85 personas.
Pero ni la corrupción a gran escala ni los vínculos con el terrorismo han impedido a Pablo Iglesias viajar hasta Argentina para rendir pleitesía a la expresidenta, hacerse unas fotos con ella y colmarla de elogios, mostrándose "impresionado" por "su personalidad y la dimensión de liderazgo que tiene en Argentina" y señalándola como "una dirigente muy solvente", lo que sin duda es irrebatible si hablamos del patrimonio acumulado por ella y su familia.
A estas alturas, la connivencia de Podemos con los peores líderes y los peores regímenes del panorama internacional no nos sorprende, pero tampoco deja de provocar una inmensa repugnancia. Más aún cuando el partido morado se presenta ante los españoles como la única receta capaz de acabar con una corrupción que sin duda ha existido en España, pero que incluso en los peores momentos ha estado siempre muy lejos del latrocinio del peronismo argentino o de las multibillonarias fortunas que ha generado y está generando el narcorégimen bolivariano.
Lo cierto es que pese a su retórica y su demagogia los podemitas parecen tener una atracción fatal por los partidos más corruptos que también les lleva a acercarse tanto como pueden al separatismo del 3% y los Pujol, probablemente el peor caso de corrupción de Europa Occidental.
Afortunadamente, la sociedad española se está dando cuenta de que de un partido que elogia a los ladrones, a los criminales y a los liberticidas no se puede esperar otra cosa que robo, crimen y dictadura. Ese es Podemos y, pese al ominoso e incondicional apoyo de tantas televisiones y tantos medios, ya es imposible no verlo.
Obligar a TV3 a cumplir con la ley y dejar de ser pirómana es ya una urgencia
Editorial esdiario 30 Marzo 2018
Cumplir la ley para que nada cambie
Nota del Editor 30 Marzo 2018.
TV3 es un insulto a la razón, haber permitido montar el tinglado una estupidez de máximo grado y no desmantelarla una muestra de la idiocia de los profesionales de la política que nos pastorean. Idocia es una manera suave de decirlo, pero en el fondo la cosa es más un acto de alta traición. Pero en España, casi todo es un cachondeo.
ESdiario 30 Marzo 2018
Laura L. CARO ABC 30 Marzo 2018
Otra de las conclusiones del documento es que España ha sido, tanto en 2016 como en 2017, el cuarto país que mencionan quienes entran irregularmente en Europa como su destino preferido, -por delante siempre Italia, Alemania y Francia-, y que quienes más expresan esa predilección son los marroquíes. Uno de los aspectos destacados del balance migratorio del pasado año en nuestro país fue, precisamente, que el número de ciudadanos del vecino Reino alauí interceptados cuando trataban de cruzar a territorio español sin los preceptivos documentos creció más del 22%.
Cristina Losada Libertad Digital 30 Marzo 2018
Soluciones políticas y Estado de derecho
Manuel Toscano. vozpopuli 30 Marzo 2018
En el mundo encantado del independentismo, la verdad hay que buscarla justo en el envés de lo que afirman: Puigdemont no es presidente, los jueces actúan con independencia y están defendiendo, no atacando, el ‘corazón de la democracia’
El auto del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que dicta el procesamiento de los dirigentes secesionistas por delitos de rebelión, desobediencia y malversación ha sacudido la situación política en Cataluña. La posterior detención en Alemania de Carles Puigdemont el pasado domingo elevó aún más la tensión en una sociedad dividida y convulsa. Algún comentarista ha comparado los recientes acontecimientos a un seísmo político de máxima intensidad que ha alterado dramáticamente el escenario político catalán. La deseable vuelta a la normalidad institucional y civil se antoja poco menos que imposible en estos momentos.
Las reacciones y protestas airadas en el campo independentista son las que cabía esperar. Llevan meses hablando de presos políticos y exhibiendo los lacitos amarillos; ahora con la detención de Puigdemont y la reactivación de las órdenes de detención contra los demás fugados, asistimos al repunte de la campaña de propaganda contra el supuesto autoritarismo del Estado español, tanto en las redes sociales como en un sector de la prensa internacional. Nada que no viéramos en octubre pasado. Las palabras de Roger Torrent denunciando el auto de procesamiento y las medidas cautelares como un ataque al ‘corazón de la democracia’ y a los derechos políticos abundan en lo mismo. El desprecio por la legalidad y el uso partidista de las instituciones, sin el menor recato por su papel institucional, marca una línea de continuidad con su antecesora en el cargo y con lo que ha sido el procés. Cuando pretende hablar en nombre de Cataluña, Torrent ignora siempre a los parlamentarios constitucionalistas y a la mitad por lo menos de los ciudadanos catalanes. Nada nuevo, como digo.
Llarena relata de forma meticulosa cómo las autoridades autonómicas, abusando de su poder, formaron parte de un plan para derrocar el orden constitucional, algo sin parangón, como señala, en otras sociedades democráticas"
Fuera del independentismo, no faltan voces que critican o lamentan la ‘judicialización de la política’. Al coro se ha sumado hace unos días un ex presidente del gobierno, quien alertó sobre el ‘gobierno de los jueces’, además de pedir por favor al juez Llarena que no mandara a prisión a Turull y al resto de encausados. Otros vienen reclamando desde hace meses que la solución no puede ser penal o judicial. La solución, como dicen, ha de venir de la mano del diálogo y de la política. Que la solución al conflicto ha de ser política resulta tan obvio que no se entiende el énfasis o la relevancia que se le atribuye. Por ello hay que reparar en el contraste implícito o expreso que se traza con la supuesta ‘solución judicial’, bien para subrayar su insuficiencia o para rechazar abiertamente las actuaciones judiciales. En el segundo caso quizá no se anda lejos del ‘pongamos la política en el centro, es la hora de la política’, con que cerraba Torrent su declaración institucional.
Ya sabemos lo que entienden los independentistas y sus compañeros de viaje por soluciones políticas. Los seis años de procés han dado sobradas pruebas del modo en que han puesto la política por encima de la ley, usando las instituciones autonómicas para violentar el orden constitucional y la legalidad vigente. La lectura del auto de procesamiento es bien instructiva para recordar con detalle las numerosas ilegalidades cometidas. El juez desgrana la larga lista de sentencias del Tribunal Constitucional que anulaban las resoluciones secesionistas del Parlamento catalán y que fueron reiteradamente desobedecidas durante dos legislaturas, tanto por la mayoría parlamentaria como por el gobierno de la Generalitat.
La anterior legislatura arrancó en noviembre de 2015 con una resolución sobre el ‘proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de República’, anulada por el Tribunal Constitucional en diciembre de ese año, y culminó con los acontecimientos de septiembre y octubre. En las sesiones del 6 y 7 de septiembre el bloque independentista aprobó las llamadas leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, sin atender a la prohibición del TC, infringiendo el procedimiento parlamentario y conculcando los derechos de los parlamentarios de la oposición. Tales leyes suspendían de facto la Constitución y el Estatuto, en lo que ha representado el más serio atentado contra la democracia constitucional desde el 23 de febrero. Con independencia de la tipificación penal concreta, el auto resume bien la gravedad de los hechos:
“Por todo ello, este proceso hace frente a un ataque al Estado Constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma”.
Llarena relata de forma meticulosa el modo en que las autoridades autonómicas, abusando de los poderes y recursos públicos a su disposición, formaron parte de un plan concertado con partidos y asociaciones soberanistas para derrocar el orden constitucional, con los riesgos que ello entrañaba para la convivencia y los derechos de los ciudadanos. Si nos atenemos a la definición de Hans Kelsen, lo ocurrido en Cataluña puede calificarse sin exageración como un golpe de Estado. Algo sin parangón, como señala, en otras sociedades democráticas.
Ya sabemos lo que entienden los independentistas y sus compañeros de viaje por ‘soluciones políticas’. Los seis años de procés han dado sobradas pruebas del modo en que han puesto la política por encima de la ley"
Por ello hay que preguntarse por lo que piden quienes reclaman una solución política, contraponiéndola a la actuación de los tribunales. Por supuesto, conocemos bien lo que buscan los independentistas cuando invocan soluciones políticas. Llevan años ignorando las leyes y las resoluciones judiciales con el objetivo de romper el orden constitucional; ahora pretenden que las acciones de sus dirigentes queden exentas de cualquier responsabilidad penal. “Ningún juez tiene legitimidad para perseguir al presidente de todos los catalanes”, declaró Torrent haciendo alarde de ese legitimismo sui generis al que se han aficionado. En el mundo encantado del independentismo la verdad está en el revés de lo que afirman: Puigdemont no es presidente, los jueces actúan con independencia y están defendiendo, no atacando, el ‘corazón de la democracia’.
Ahí radica el quid de la cuestión: sin legalidad no hay solución democrática. Precisamente leía estos días, coincidiendo con el auto de Llarena, el luminoso libro de Piero CalamandreiSin legalidad no hay libertad. El jurista italiano explica que no puede existir libertad política sin la certeza que ofrece el Derecho, que regula por medio de normas generales y públicas, aplicadas por tribunales independientes, las relaciones entre ciudadanos, así como la de estos con las autoridades. La ley nos permite actuar conociendo cuáles son nuestros derechos y sus límites. Por lo mismo, tampoco cabe imaginar la igualdad que define a una sociedad democrática sin el principio de legalidad, esto es, sin la sujeción de todos a la misma ley, incluidos aquellos que ocupan posiciones de autoridad. Es la idea matriz del Estado de Derecho, que opera como un mecanismo de control sobre los gobernantes y garantiza así las libertades de todos.
Habrá que seguir repitiendo, frente a quienes reclaman soluciones democráticas, que no hay solución política al margen de la ley o fuera del orden constitucional. Porque sin Estado de derecho no hay democracia, y eso significa que los jueces que defienden la legalidad están defendiendo la democracia, como es su deber. En los turbulentos años veinte Kelsen señaló que una democracia sin mecanismos de control es insostenible y sabía por experiencia de lo que hablaba. Por eso dejó escrito un aviso que no podemos ignorar sin peligro: ‘El desprecio de la autorrestricción que impone el principio de legalidad equivale al suicidio de la democracia’.
Los golpistas y su nuevo caudillo
Guillermo Dupuy Libertad Digital 30 Marzo 2018
Una cosa es que las formaciones nacionalistas prosigan, tal y como en ningún momento han dejado de hacer, el golpe de Estado o proceso secesionista iniciado en 2012, y otra cosa, muy distinta, que estén realmente empecinados en que siga liderándolo Carles Puigdemont.
Aunque la subversiva resolución parlamentaria de este miércoles en defensa del "derecho" del ex presidente golpista a presidir la Generalidad parezca señalar esto último, todos los separatistas saben desde hace tiempo que Puigdemont tendrá que dejar paso a otro correligionario que no tenga causas pendientes de la justicia, tal y como, aun por razones distintas, tuvo en su día que hacerlo Artur Mas. Saben, además, que ese relevo tendrá que hacerse más pronto que tarde, habida cuenta de que los procesados que siguen en libertad carecen de acta de diputado y todos los que tienen acta de diputado ya están en prisión.
Por si eso fuera poco, la intentona propagandística de nombrar a otro implicado directo en el golpe como Turull, que por los pelos pudo frustrar la semana pasada el Juez Llanera, ha puesto en marcha el reloj electoral hacia unos nuevos comicios autonómicos en los que ni Puigdemont ni ningún otro de los procesados podría volver ya a presentarse. Eso, claro está, si para entonces ya se les ha aplicado la inhabilitación o privación preventiva del derecho al sufragio pasivo, elemental medida cautelar en esta causa que debería habérseles aplicado a todos ellos desde el mismo momento en que el Gobierno de Rajoy y sus no menos memos aliados políticos tuvieron la disparatada ocurrencia de recurrir al articulo 155, no para suspender y desarticular la administración autonómica golpista, sino para convocar nuevas elecciones.
Por ello que nadie se autoengañe por las tan vergonzosas como lógicas resoluciones que el parlamento regional en rebeldía ha aprobado este miércoles tras respaldar –o negarse a condenar- la violencia separatista desatada en Cataluña: Por mucho que los nacionalistas insistan en reivindicar el "derecho" a nombrar a Puigdemont presidente de la Generalidad o exijan la impune liberación de todos los golpistas presos, dichas resoluciones constituyen más un compromiso con el subversivo proceso secesionista que con la concreta persona que lo vino a liderar tras la marcha de Artur Mas.
A este respecto, Artur Mas, que ya ha cumplido aquella pena de dos años de inhabilitación a la que fue tan ridícula y temerariamente condenado, bien podría volver a liderar el golpe en esta su ya estrenada tercera fase si no fuera, claro está, por su corrupto historial y persistente veto de la CUP.
Así las cosas, la todavía no revelada apuesta secesionista por un candidato "limpio" al frente de la Generalidad se hace, por tanto ineludible; más aun cuando todos sabemos –incluidos los golpistas- que el acomodaticio de Rajoy se contenta simplemente con eso para dar el asunto por solucionado y devolver a la Generalidad un mando que tampoco se ha atrevido a ejercer en Cataluña dada la ridícula aplicación del articulo 155 llevada a cabo.
Téngase en cuenta además que el PP, como Ciudadanos y el PSOE –trío cuya inigualable incompetencia constituye la principal fortaleza del nacionalismo- darán cualquier cosa por buena con tal de no tener que reconocer el clamoroso fracaso que ha supuesto suspender la administración autonómica catalana sólo para reactivarla mediante nuevas elecciones. Así mismo, no hay que descartar que los podemitas de Catalunya en Comú logren convencer a la Cup -si no lo han hecho ya- para que respalden o al menos permitan con su abstención que un candidato "limpio" de causas judiciales pueda formar nuevo gobierno y obtener recursos públicos sin los cuales se extinguiría definitivamente el proceso.
En cualquier caso, bien para evitar unas nuevas elecciones bien como ineludible resultado de celebrarlas, ningún candidato que no esté "limpio" podrá ser investido próximo presidente de la Generalidad. Que quede claro, sin embargo, que esa condición de molt honorable nunca fue impedimento –todo lo contrario- para pasar también a liderar una rebelión institucional contra nuestra nación y orden constitucional tal y como la que se sigue perpetrando en Cataluña desde antes incluso de 2012.
FELIPE FERNÁNDEZ ARMESTO El Mundo 30 Marzo 2018
Como en el caso de Els Segadors, Flor de Escocia apela a eventos históricos bastante lejanos y de poca relevancia a día de hoy: Els Segadors a una guerra civil de 1640; Flor de Escocia a una batalla de 1314, cuando el ejército escocés detuvo a los ingleses. Pero mientras Els Segadors celebra la violencia y honra las hoces ensangrentadas de unos insurgentes despiadados, Flor de Escocia muestra un tono de reconciliación: "Aquellos días son del pasado /Y allí deben quedarse. / Pero podemos surgir de nuevo / Para ser de nuevo aquella nación / Que confrontó al rey soberbio / Y le mandó a casa para pensarlo bien".
Antonio Robles Libertad Digital 30 Marzo 2018
Si lo han visionado, reparen en esos dos segundos de profundo silencio que siguieron a la intervención parlamentaria y los aplausos de complicidad de Cs después. Es estremecedor el silencio primero, como significativo los aplausos posteriores. Alejandro Sanz, diputado de Cs, tuvo el coraje de iniciar unos titubeantes aplausos en mitad del silencio. Mientras, el parlamentario del PP que bajaba del estrado perplejo por la situación, invitó divertido a todo el grupo de Cs a sumarse a la aprobación: "No os cortéis, si os lo pide el cuerpo…" Todos miraron hacia Inés Arrimadas esperando aprobación, y finalmente llegó el aplauso renuente, pero aplauso colectivo, al fin y al cabo.
Un detalle elegante, pero sobre todo necesario.
Para los golpistas todo es simbólico.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 30 Marzo 2018
EL PARLAMENT NO VA MÁS ALLÁ DE UNA DECLARACIÓN SIMBÓLICA. LA CÚPULA DE LOS MOSSOS ACUSADA DE COLABORACIONISTA CON LOS GOLPISTAS. CLARA PONSATÍ RECAUDA SUFICIENTE PARA SU DEFENSA Y SU DESPENSA.
Ayer fue una jornada más de la ignominia que supone ver una Institución del Estado, como es el Parlamento autonómico de Cataluña, usada como instrumento para la exaltación del independentismo y el reconocimiento de golpistas encarcelados como candidatos legítimos a la presidencia del Gobierno de la Generalidad. Ya había sido miserable el que Roger Torrent y los componentes independentistas de la Mesa del Parlamento hubiesen aprobado la admisión a trámite de las propuestas de resolución de JXCAT, ERC y la CUP, donde se exigía ese reconocimiento, pero más aún es que se haya celebrado el pleno y aprobado las resoluciones que desde luego tienen el simbolismo de la indignidad. Igualmente, el 28 de marzo apareció publicado en el BOPC admitidas para su tramitación unas propuestas de ley que contemplan la posibilidad de crear órganos colegiados que puedan ejercer sus funciones también de forma telemática no presencial. Esto conllevaría, caso de aprobarse, a que se aprobase la reforma de la ley de presidencia para considerar la investidura de forma no presencial, por vía telemática, incluso telefónica, desobedeciendo las medidas impuestas por el TC al respecto.
Tras este aquelarre de fervor independentista, de auto afirmación golpista, nula crítica de la violencia de los CDR, lealtad con los presos y demostración de apoyo y cariño a sus familiares que estaban presentes en la zona de invitados, hay que esperar a ver cual es el siguiente paso hacia ese compromiso de la defensa de los derechos de los golpistas presos, que como todos saben tiene una fecha de caducidad fijada en el momento en que el juez Pablo Llarena dicte la inhabilitación para los procesados. Esta situación implica la anulación de sus Actas de Diputados y obliga que corra la lista electoral. Menos mal que estas son amplias y benefician a los del PDeCAT que recordemos que figuraban a partir del puesto número 28 de la lista de JXCAT que elaboró el reverenciado líder Carles Puigdemont. Lo que no está tan claro es la elección del candidato ya que ERC no parece por la labor de dejar que vuelva a proponerse a alguien de JXCAT.
El tiempo pasa deprisa, pero ya estamos acostumbrados a esta farsa del independentismo donde todo es crear un ambiente de falsa tensión y desavenencias, para atraer la atención y hacer tragar a su electorado la píldora de un pacto que se presenta en el último minuto del último día de finalización del plazo límite de 60 días desde la sesión fallida de investidura de Jordi Turull, es decir el 23 de mayo. Hay tiempo más que suficiente para ir dando largas y mantener la crispación y el desafío, mientras se espera a ver cómo se desarrolla el proceso de extradición de Carles Puigdemont y si finalmente es inhabilitado junto al resto de procesados. Lo único que puede interferir con esta estrategia es el que esa unidad de acción que reclamaba Puigdemont termine por romperse si finalmente triunfa la reedición de un tripartito de ERC, PSC y En Comú Podem, que solo necesitan la abstención de JXCAT para garantizarse la investidura de un candidato de ERC. De hecho, ya han votado juntos contra la propuesta de resolución presentada por CIUDADANOS que pedía la dimisión de Roger Torrent.
Lo más normal, sin embargo, es que opten por el pragmatismo e intenten finalmente consensuar un candidato sin lastre judicial y comprometido con el proceso de siempre, el de la gota malaya. La misma a la que se refirió la diputada de ERC Anna Caula y su “cloc, cloc, cloc..”. Porque de lo que se trata es de mantener el poder en manos del independentismo y vender la idea de que para avanzar, a veces es preciso retroceder. Una estrategia enfocada a seguir con la labor esa de “hacer país y consolidar estructuras de Estado a base de ampliar el autogobierno y las competencias. La vieja táctica de ofrecer paz social a cambio de autonomía. Una estrategia que les ha dado espléndidos beneficios durante la anterior etapa, antes de la radicalización impulsada por el pánico de los dirigentes acosados por temas de corrupción que afectaba a la esencia del nacionalismo independentista burgués y elitista de CiU. Una radicalización que llevó a este proceso que se descontroló por la influencia negativa de los radicales anti sistema de la CUP que forzaron el cese de Artur Mas y el encumbramiento del extremista Carles Puigdemont.
Personalmente apuesto por una solución en el que los antiguos socios ERC y PDeCAT con la mayoría de votos, una vez sustituidos los de los procesados inhabilitados, ya no necesiten el apoyo de los radicales de la CUP, siempre que opten por la abstención, y puedan investir a su candidato con sus 66 votos frente a los teóricos 65 votos del bloque “constitucionalista” donde se ve que existen no ya fisuras, sino grietas enormes. No sería de extrañar la abstención de los Comunes e incluso la del PSC, que está dispuesto a evidenciar su independencia del PSOE y seguir su propio criterio.
La otra noticia que merece atención ha sido la que ha tomado el juez Antonio Baños, titular del juzgado nº3 de Instrucción de Cornellá de Llobregat al inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en la causa abierta donde investigaba la actuación de la cúpula de mando de los Mossos en las fechas previas y la del 1 de octubre, día del referéndum ilegal. La razón que aduce es que en las investigaciones hay indicios de criminalidad para otros siete altos cargos de los Mossos además del exMayor Josep Lluis Trapero de cuya causa es responsable la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. El juez dice compartir las tesis tanto de Lamela como de LLarena. Esta decisión dejaría toda la causa en manos de Cérmen lamela que una vez analizada la documentación del juez Baños, deberá decidir las acciones subsiguientes y quizás reconsiderar las medidas cautelares impuestas a Trapero y las que adopte con los nuevos señalados.
Esta información tiene una importancia crucial al estar implicados tanto el actual Mayor de los Mossos designado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras apartar a Trapero, como otros seis altos cargos. Su encausamiento y posible prisión para algunos de ellos obligaría al Gobierno a designar nuevos mandos y, de paso, adoptar medidas de control mucho más eficaces que impidan, entre otras cosas, la radicalización de unos agentes que en su mayoría comparten la ideología del separatismo y mantienen una actitud obstruccionista, cuando no directamente colaboracionista. Los dos acusados de encubrimiento al acompañar al prófugo Puigdemont son solo una muestra de la podredumbre extendida en un cuerpo al que se le supone que debe defender la ley y no atentar contra ella.
Por otra parte, no deja de sorprender la facilidad con la que los prófugos recolectan fondos para costear su defensa legal personal con carísimos bufetes de abogados. En este caso la profesora de la Universidad de Edimburgo Clara Ponsatí, huida a Bélgica con Puigdemont y acogida en su antiguo puesto en la universidad en Escocia, ha tenido que presentarse ante la justicia escocesa obligada por la euroorden dictada contra ella por el juez Pablo Llarena. En esos momentos de zozobra no dudó en mostrarse menesterosa, a pesar del excelente salario que recibe de la universidad, y solicitar aportaciones de hasta 40.000 euros para hacer frente a los gastos de abogados. El éxito ha sido total y ya ha superado los 100.000 euros e incluso se habla de mucho más. Y eso que ni siquiera se le ha exigido fianza alguna y se le ha dejado en total libertad salvo la prohibición de salir del Reino Unido reteniéndole el pasaporte. Una extradición que se vislumbra tan complicada o más que las de Bélgica y la de Suiza con Marta Rovira. Supongo que Hacienda tendrá muy en cuenta esta lluvia de miles euros para la próxima declaración del ejercicio del 2018 de la fugada que deba realizar en el 2019.
Esto del “crowfunding” no deja de ser una cosa etérea, una especie de agujero negro donde la opacidad reina y no se identifica a los mecenas ni se controlan las transacciones de estas ingentes cantidades de dinero. Hay algo mal en la legislación al consentir este limbo donde partidos como PODEMOS llevan ya años practicándolo. Claro que tampoco es que esté el asunto de las donaciones a los partidos políticos muy controlado y ahí hablamos de millones de euros. Algo que está resuelto en otros países como los USA donde el mecenazgo de campañas electorales es público y no se esconde. A ver si aprendemos y nos dejamos de hipocresías.
LAS CIFRAS DEL ALTAVOZ DE PUIGDEMONT
CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ. ESdiario 30 Marzo 2018
El presidente de la Diputación de Alicante, del PP, denuncia la utilización del valenciano como herramienta de construcción del nacionalismo en la Comunidad y lo enlaza con el secesionismo.
Mis convicciones políticas van intrínsecamente unidas a las más íntimas, porque ambas conforman un binomio inseparable que me define como persona. En esas creencias e ideologías, mi papel de padre está en una escala prioritaria y, como cualquier otro que quiere lo mejor para sus hijos, abogo por inculcar valores universales como el respeto, la tolerancia y la superación.
Es por ello que no puedo entender, ni jamás lo haré, que la educación de nuestros niños y jóvenes destile abusos de autoridad ni adoctrinamientos ideológicos. En la Comunitat Valenciana, uno de los territorios más prósperos de España y con más proyección de desarrollo, venimos sufriendo en los últimos dos años la deriva institucional de un gobierno autonómico que utiliza tácticas dictatoriales e impositivas para aplicar su hoja de ruta independentista, secesionista y pancatalanista.
Ejemplos hay varios y muy graves. Como el hecho de exhibir banderas cuatribarradas en numerosos actos públicos, en los que también hay manifestaciones contrarias a España, o las decisiones políticas que ha ido adoptando el Gobierno Valenciano desde 2015 tendentes a limitar y recortar la autonomía de las diputaciones provinciales, a fomentar el autogobierno o a disgregar el territorio mediante una Ley de Mancomunidades.
Sobre los valencianos, alicantinos y castellonenses planea esa perversa politización y ese burdo adoctrinamiento de escuelas, medios de comunicación y colectivos sociales con el que el Consell autonómico nos quiere conducir hacia un precipicio, hacia un proyecto que desde hace años subyace en nuestro entorno, el de los Països Catalans.
Ni el separatismo está en nuestro ADN como comunidad, ni el radicalismo forma parte de nuestro sentir. No tienen recorrido alguno en nuestro territorio porque la legalidad constitucional estará siempre por encima de las pretensiones de aquellos que quieren romper la unidad de la nación.
Como presidente de la Diputación de Alicante, tras escuchar las peticiones que nos llegan de colectivos, padres y madres y del propio sector educativo, tengo la responsabilidad moral y política de hacer oír la voz de la provincia que clama contra la imposición de un decreto lingüístico abusivo, discriminatorio, radical y alejado de la realidad social y cultural que nos rodea.
Un decreto que margina el castellano, que supone un ataque a los derechos fundamentales de nuestros hijos y que socava la libertad de los padres a la hora de elegir la educación para sus hijos. Un decreto, en definitiva, que hace un uso irresponsable de la lengua.
Imposición desesperada
El gobierno valenciano, con Ximo Puig a la cabeza y con sus socios de gobierno de Compromís, hace meses que está llevando a cabo una huida hacia adelante en solitario y a la desesperada, en un intento de imponer lo que es incapaz de dialogar o consensuar. El Consell valencià está perdido y su política no es sino un salto al vacío en un peligroso juego que busca desmembrar la sociedad, desvertebrar el territorio y callar cualquier opinión crítica y discordante con su estrategia.
En ese contexto de crispación, la provincia de Alicante y la Diputación nos hemos convertido en el freno a una Generalitat Valenciana que gobierna para unos pocos, que sigue los pasos del independentismo catalán porque cree que forma parte y está en deuda con él, que se burla de nuestra sociedad en un intento de discriminar por razones lingüísticas a una parte importante de los alicantinos y que prioriza una lengua frente a otra cuando ambas convivían hasta hace poco en perfecta armonía.
La sociedad que queremos se construye uniendo sensibilidades, no separándolas; buscando consensos, no puntos de fricción; trabajando por un proyecto común, no en propósitos partidistas y personalistas. En definitiva, los alicantinos queremos un futuro que sea de todos y en el que quepan todos, en el que la convivencia entre las personas que hablan valenciano y las que lo hacen en castellano no sea un imposible, ni un motivo de disputas constantes. No queremos aislarnos del mundo ni de España, porque amamos nuestro país, respetamos nuestros símbolos y creemos en la unidad y la igualdad de los ciudadanos, por encima de cualquier otro sentimiento.
Tenemos la suerte de contar con una lengua propia y con una cultura e idiosincrasia que nos hace únicos, pero esos valores de los que nos sentimos plenamente orgullosos se suman a un proyecto común que es España, no nos separan de ella, porque si estos elementos se utilizan para destruir a la colectividad estamos abocados a la involución política y social, al aislamiento más profundo y al pensamiento único.
Desde el Gobierno Provincial de Alicante defenderemos siempre el interés general, la libertad de cualquier padre a elegir la educación de sus hijos y la necesidad de apostar por el diálogo, la participación y el consenso con el fin de buscar soluciones a los retos que se nos plantean. No permitiremos en la Comunitat Valenciana que en cuatro años de gobierno radical del PSPV y Compromís, con el sustento de Podemos, se destruya a martillazos lo que hemos conseguido en años: un territorio abierto, plural, tolerante, respetuoso con todas las personas, vengan de donde vengan y hablen la lengua que hablen, una comunidad de concordia, próspera y con un potencial inigualable.
Mi compromiso con esta provincia, desde la responsabilidad que ocupo al frente de la Diputación de Alicante, seguirá siendo el mismo que ha marcado los objetivos estratégicos de esta institución desde el inicio de la legislatura. No voy a tolerar más desprecios hacia una administración que cuenta con plena autonomía para ejecutar sus planes y que está amparada por la Constitución Española. No voy a permitir más manipulaciones, imposiciones, ni dejadez del gobierno de la Generalitat Valenciana en temas importantes para nuestro desarrollo. Porque mi verdadera obligación es con los ciudadanos de la provincia y mi trabajo es velar por su bienestar y su calidad de vida.
Alicante tiene voz y muchas cosas que decir. Si no nos escuchan desde el Gobierno Valenciano hablaremos más claro, con más contundencia e insistencia, pero nunca nos callarán ni silenciarán nuestras demandas. Unidos somos más fuertes. Unidos, avanzamos.
Nota del Editor 30 Marzo 2018
Hay falacias, mentiras, idioteces, estupideces y afirmaciones de políticos del PP. La convivencia armónica de una lengua regional y el español es un imposible desde todos los puntos de vista, salvo en el mundo virtual de los políticos del PP. Que se quejen de lo que ocurre en Valencia y no digan nada de Galicia es como para que a todos los ingresen en un frenopático con gastos pagados.
OKDIARIO 30 Marzo 2018
Una trama como la de 'Gürtel'
EDITORIAL El Mundo 30 Marzo 2018
El Partido Socialista valenciano (PSPV) y el Bloc, formación nacionalista mayoritaria de la coalición Compromís, pudieron crear una trama corrupta para financiar sus campañas electorales en 2007, según las informaciones aportadas por este periódico. La fórmula sería similar a la presuntamente empleada por el PP en Gürtel: falsear facturas para encubrir pagos al partido a cambio de concesiones de obras y servicios públicos. De hecho, una de las empresas que aparecen entre los donantes del bloque nacionalista, Lubasa, reconoció en el juicio de Gürtel que financió en negro al PP de Francisco Camps. De corroborarse las investigaciones que se llevan a cabo en juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm, estaríamos ante un entramado de financiación ilegal y de malversación que rebasa las siglas de cualquier partido para convertirse en una corrupción sistémica de la que participarían casi todos las formaciones del espectro político, independientemente de su ideología.
Carlos Cuesta okdiario 30 Marzo 2018
La Policía Nacional ha detectado cajas enteras de actas del 1-O rotas por los Mossos que revelan su inacción. Las actas estaban destruidas en pequeños trozos, tal y como acredita la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO. La Policía ha conseguido reconstruir, pese a ello, diez ejemplares. Y la radiografía de todo esa documentación es la misma en cada informe: actas que revelan que los Mossos acudieron a los colegios electorales ilegales el día del 1-O y no hicieron su trabajo.
Algunas de las actas revelan que los agentes autonómicos -identificados en esos documentos reconstruidos con sus números de placa y, por lo tanto, perfectamente identificables- argumentaron que no se podía acceder a un colegio para cerrarlo “porque había un tractor obstaculizando la puerta”; en otro que era imposible incautar las urnas porque “había 300 personas”; en otro que decidieron no cerrar el colegio porque estaban en “actitud pacífica”; o en otro, que minutos después llegó la Policía Nacional o la Guardia Civil y casualmente ellos si pudieron entrar en el colegio, incautar las actas y documentación y cerrar el centro ilegal de votación.
La documentación se encontraba en posesión de los Mossos, abarca muchos más informes que los diez que se han podido salvar y, por si el hecho de romperlos en pedazos no era suficiente, tenían la intención de destruirlos por completo, junto con más documentación, en la incineradora de Sant Adriá del Besós (Barcelona).
La Policía se ha encontrado, así, diversas muestras de informes, todos ellos, totalmente esclarecedores de lo ocurrido aquel día con los Mossos. “Un sobre conteniendo trozos de actas del 1 de octubre de 2017. Las referidas actas se encuentran rotas en pequeños trozos”, refleja el informe de la Policía Nacional sobre uno de las cajas con documentos descubierta.
El encabezado de la mayoría de los informes señala lo siguiente: “Acta para dar cumplimiento a las órdenes dadas por el TSJ de Cataluña”. Es decir, que los agentes autonómicos sabían perfectamente qué órdenes debían cumplir y que, además, contaban con la fuerza imperativa de una resolución judicial de un Tribunal Superior.
En unas de las actas se señala que “a las 16 horas del 1 de octubre de 2017 dos funcionarios del cuerpo de Mossos de la USC de Gerona se presentan” en el CEIP de Verd donde especifican que fue imposible identificar al responsable ya que nadie se hace responsable”. Por lo visto, ante semejante argumento de los presentes, no se les ocurrió identificar a ningún sospechoso. “A las 9:10 horas se persona la Policía Nacional con 10 vehículos, entran en la escuela por la fuerza produciendo algunas contusiones y no encuentran ninguna urna y material”, añade esa nota literalmente.
Otra de las actas “donde falta el trozo de identificación del colegio firmada por agentes” asegura “que fue imposible acceder al local por presencia de personas vulnerables, no cerrando el mismo”. Se añade en ese mismo informe y dentro del apartado de observaciones que en el “interior del centro hay unas 300 personas que impiden el paso a los agentes, no identificando al responsable”. Al igual que en la anterior nota, se señala que “sobre las 9:15 horas se presentan 12 vehículos de Policía Nacional, los cuales han desalojado el centro y las personas que estaban en el exterior, los agentes de la Policía Nacional se han llevado diversas urnas del interior y actas”.
En otro acta “manifiestan que han visto agentes del Cuerpo Nacional de Policía, 40 uniformados y 10 de paisano haciendo servir el uso de la fuerza, apartaron de la puerta de la escuela a unas 250 personas que se oponían de manera pacífica a la actuación policial”. Los Mossos, por el contrario, ante la actitud pacífica prefirieron dejar seguir a los votantes del referéndum prohibido e ilegal y esperar a que tuviese que llegar la Policía Nacional ante su inacción.
Llama la atención, además, tanto en esta nota como en otras similares, que el interés de los agentes de los Mossos parecía estar más centrado en controlar los movimientos de la Policía Nacional que en impedir la votación delictiva que se cometía ante sus ojos.
Otro acta narra que “no han accedido al interior porque el pabellón se encontraba cerrado, encontrándose un tractor obstaculizando la puerta de entrada impidiendo el acceso”. Y acto seguido describe cómo “todo ello” sucedía “en el marco de una gran concentración de personas”. Personas a las que, por lo visto, el tractor no les había impedido acceder. “A las nueve horas la Guardia Civil se persona en el lugar desalojando a las personas concentradas, accediendo al interior rompiendo la puerta”. Para los agentes de la Guardia Civil tampoco fue un obstáculo insalvable el tractor.
Los radicales catalanes se entrenaron en las revueltas violentas de Gamonal
Los radicales catalanes se entrenaron en las revueltas de Gamonal. Los Mossos lo sabían y tomaron la decisión de documentar los disturbios de enero de 2014 en el barrio burgalés. Elaboraron informes para conocer al detalle sus actuaciones, sus ataques y enfrentamientos con la Policía, su forma de actuar en los altercados en las calles.
Los Mossos siguieron estas actuaciones y las investigaron porque sabían que, tarde o temprano, esos comportamientos se reproducirían en su propia casa. Porque la conexión entre los grupos radicales está totalmente documentada y avalada y porque sabían que un escenario similar de lucha callejera se podría reproducir en Cataluña en no demasiado tiempo: en el momento en el que el golpe separatista se desatase.
Los Mossos dejaron, de este modo, “tres informes grapados” sobre lo ocurrido en Burgos. El primero de los informes es “de fecha 11 de marzo de 2014, sobre la cobertura el 17 de enero de ese mismo año de las movilizaciones en apoyo a las protestas que se estaban produciendo en el burgalés barrio de Gamonal”, tal y como reflejan los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO y que hoy están a disposición de la Policía Nacional.
El segundo de los informes era “de 5 de mayo de 2014, sobre la cobertura de la manifestación celebrada en Barcelona el 17/01/2014 en apoyo a los vecinos del barrio de Gamonal de Burgos”.
Y el tercero, aparentemente desconectado, es precisamente el que explica la importancia del seguimiento. Este último documento es un “informe de 5 de mayo de 2014, sobre la cobertura de la manifestación celebrada en Barcelona el 21/12/2013 en apoyo a los presos anarquistas”. Porque la Policía ha confirmado la conexión entre los radicales procedentes de Cataluña y algunos de los grupos presentes en los disturbios y ataques a los agentes nacionales en Gamonal.
La Policía y la Guardia Civil saben, de hecho, que los radicales de toda España mantienen conexiones habituales. Y, entre ellas, están los desplazamientos para incrementar su fuerza en las ciudades donde provocan los altercados.
La Guardia Civil, en esta línea, ha ratificado ya que los ataques de los CDR estos días en Barcelona están comandados por la CUP, Arran y Endavant. Que no se trata en absoluto de actos espontáneos, ni supuestamente coordinados por CDR populares sin mediación política. Todo lo contrario: se trata de actos coordinados y comandados por agitadores profesionales liderados desde las organizaciones políticas habituales en estos tumultos: la CUP, Arran y Endavant. Organizaciones que han creado ya una red de financiación, muchas veces en base a fondos públicos o subvenciones cruzadas y que se han profesionalizado en llevar la ‘kale borroka’ a la calles de Cataluña.
Cómo se organizan y financian
En los últimos meses la CUP, Arran y Endavant “han atraído a mucha gente de diferentes perfiles y han sumado seguidores” gracias a la agitación por el golpe separatista, aclara la misma fuente. Todos ello mantienes alianzas con todo el entramado de extrema izquierda nacional y han mostrado sus capacidad de ataque en el verano pasado contra intereses turísticos, puertos, hoteles, bicicletas de alquiler para turistas, etc.
A esta cantidad, hay que sumar decenas de millones de euros repartidos en este tiempo entre medios de comunicación y asociaciones para la edición en catalán. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales generó un agujero de 75 millones de euros entre 2010 y 2016
Rubén Arranz vozpopuli.es 30 Marzo 2018
Por otra parte, también concedió varios miles de euros a asociaciones que promueven el pancatalanismo y a investigaciones sobre el autogobierno. La mejor dotada de 207 fue una de 60.000 euros que servirá para la realización de un trabajo titulado 'Las relaciones Cataluña/España en el contexto europeo. Consecuencias económicas y financieras de los diferentes escenarios político-constitucionales'. En otras palabras, para evaluar el impacto de la independencia.
Invertir o dilapidar
Eso de que algunos han perdido la batalla del lenguaje queda claro en la afirmación de que la Generalidad ha invertido 2.000 M. en su aparato aparato de propaganda desde el inicio del proceso.´Tendría que haber utilizado dilapidar y en vez invertir, a falta de otro designador legal más fuerte como robar, apropiarse indebidamente o algo por el estilo.
María Jamardo okdiario 30 Marzo 2018
UGT y CCOO han convocado una marcha en apoyo a los políticos catalanes presos –no voy a plegarme al eufemismo absurdo de la inversa-. Todo lo raudos que nunca estuvieron para con las concentraciones de víctimas de ETA lo subsanan ahora montando una manifestación pro golpistas. Lo de los sindicatos de etnia en Cataluña junto a los líderes fugados y encarcelados de los partidos nacionalistas que llevan años llamando colonos y extranjeros a sus bases –andaluces, extremeños, gallegos…, emigrantes en Barcelona- me tiene absolutamente fascinada. Sindicatos alineados con presuntos delincuentes procesados, entre otros, por malversación de fondos públicos. Hasta para ellos resulta sorprendente el nivel de inutilidad que les llevaría a autodestruirse. Los que cobran del Estado clamando “libertad”, mano a mano, con los adeptos de la ANC y Òmnium que pretenden dinamitarlo. Olé.
Los sindicatos actuales son a la defensa del trabajador lo que la cigarra a la hormiga. Una suerte de golfos declarados e instalados en estructuras verticales que viven parasitando al resto de los ciudadanos. Es tal su aburguesamiento y el nivel de mamoneo en la teta del subvencionismo público que se atrevieron sin ningún pudor, ni remordimiento, a utilizar dinero destinado a la formación de los parados para homenajearse con mariscadas tales que habrían sonrojado al mismísimo Fidel Castro. Después que si la lucha obrera agoniza y la izquierda revolucionaria se debilita. Con semejantes niveles de ácido úrico a ver quién es el currante que se identifica.
En España no existe un censo -ni por tanto datos oficiales- sobre el total de individuos vinculados al entramado. Según fuentes sindicaleras la dolorosa ascendería a 350.000 representantes computando sector público y sector privado. Averiguar -o tratar de hacerlo- el número aproximado de ellos que ejercen como “liberados” es un deporte de alto riesgo. Nadie se ha atrevido a contabilizarlos. Algunos informes de la CEOE situaron la cifra, en el ámbito privado, próxima a los 5.000. La Administración Pública (central, autonómica y local) el doble. Total, 15.000 individuos viviendo a costa del erario público sin dar palo al agua y privilegiados frente al resto: prioridad de permanencia en la empresa , serían los últimos en perder su puesto de trabajo en caso de suspensión de la actividad por causas tecnológicas y/o económicas; imposibilidad de despido ni sanción durante la vigencia del cargo, ni el año subsiguiente a su finalización; innecesaridad de justificar bajo ningún concepto su no asistencia al puesto de trabajo, ni en jornadas de huelga ni en ningún otro día laboral…
Los sindicatos caviar ya no representan a nadie, salvo a sí mismos. Por eso serían incapaces de financiarse exclusivamente en base a las cuotas de sus afiliados, si es que después de esta obscenidad mayúscula les queda todavía alguno. Se han reivindicado reclamando regulaciones al mercado, con insaciable descaro, para vivir de ellas previa advertencia social de la continua amenaza del malvado empresario en su ausencia. Ahora, además, han decidido convertirse en el bastón del separatismo. Añadan a sus múltiples y nefastas hazañas anticapitalistas, el antiespañolismo. Si estuviesen mínimamente por España, dedicarían sus esfuerzos a facilitar la iniciativa privada, conectar la oferta y demanda laborales con la realidad y en la búsqueda de soluciones para esos jóvenes que después de currarse una licenciatura -y un par de posgrados- deben conformarse con contratos encadenados y sueldos de becarios. ¡Los sindicatos están ocupados luchando por los independentistas, oigan! Porque tanto unos como otros han hecho de sus chiringuitos y consignas un negocio perverso y carísimo para todos. Que trascienda.
Borja Jiménez okdiario 30 Marzo 2018
La fundación, conocida como ‘Fundació Rosa Oriol’ ha sido duramente atacada en redes sociales por la pertenencia, ya sea en el presente o en el pasado, de personalidades declaradas independentistas, o muy afines a sus bases, como son la mujer de Artur Mas, Helena Rakosnik, la periodista Pilar Rahola, o la popular monja Sor Lucía Caram, presidenta del comité de dirección de la entidad.
Rosa Oriol, matriarca de los Tous, es quien preside, de manera ‘honorífica’ la fundación; siendo así Rosa Tous la vicepresidenta del grupo y máxima responsable de la organización social. La fundación solidaria cuenta en su secretariado con Lluís Corominas, marido de Alba Tous, y Francesc Costa, socio del despacho manresano Gros Montserrat Abogados.
Empresas en la fundación de los Tous.
Hasta 240 empresas colaboran, según anuncia la propia fundación en su página web, con la entidad solidaria. Entre estas empresas, además de una inmensa multitud de PYMES regionales, se encuentran conocidas firmas entre las que se encuentran, además de algunas nada sorprendentes como el Grupo Carulla, empresas como Aldi, CaixaBank, Carrefour, Coca-Cola, Condis, Lactalis, Lidl o Pirelli.
La propia Tous, ante la amenaza de un boicot, decidió prescindir en su fundación tanto de la mujer de Artur Mas, Helena Rakosnik, como de la periodista Pilar Rahola, con el objetivo de alejarse de la ideología separatista y, de este modo, despejar los nubarrones de boicot.
Sin embargo, según diversos medios catalanes, aunque el 20 de diciembre del pasado año estaba convocada la reunión en la que se iba a expulsar a Rakosnik y a Rahola del patronato, ésta nunca se celebró. La razón, según las mismas fuentes, pasaba por la inexistencia de un quórum para echar a nadie por sus ideas políticas pacíficas.

References: resolución 
sui generis
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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