Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632183.html
Timestamp: 2019-03-20 07:18:00+00:00

Document:
as201632183
Auto Supremo Nº 183/2016.
Sucre, 27 de junio 2016.
Expediente: SC-CA.SAII-OR. 056/2016.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs.118 a 120vta., interpuesto por la Caja Nacional de Salud representada legalmente por Pablo Jorge Heredia Rodríguez, contra el Auto de Vista Nº 183/2015, de 26 de noviembre de 2015 de fs. 109 a 113, pronunciado por la Sala Especializada, Contenciosa, Contenciosa-Administrativa, Social y Administrativa Del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso coactivo social que sigue la Caja Nacional de Salud, representada por Pablo Jorge Heredia Rodríguez, contra Edgardo Feliciano Tapia, la respuesta de fs. 124 a 125, el Auto que concedió el recurso de fs. 127; los antecedentes del proceso y
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso coactivo social, la Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, emitió la Resolución de 20 de julio de 2015 de fs. 86 a 88, declarando improbadas las reclamaciones opuestas por el memorial de fs. 25 a 26 por ende subsistente la Nota de Cargo a fs. 4, consecuentemente se dispone la prosecución del trámite hasta la conclusión debiendo la parte coactivante, continuar las gestiones para obtener el cobro de lo adeudado.
En grado de apelación incoado por Edgardo Feliciano Tapia de fs. 92 a 93, por Auto de Vista No. 183, emitido por la Sala Social Especializada, Contenciosa, Contenciosa –Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, REVOCA en su integridad el Auto definitivo del 20 de Julio de 2015, emitido por la Jueza de Partido 2º del Trabajo y Seguridad Social y disponen: 1.- Probadas las reclamaciones del Coactivado., 2.- Dejar sin efecto la Nota de Cargo Nº 001108 de 19 de julio de 2013, girada contra Edgardo Feliciano Tapia.
Que, contra el mencionado auto de vista, La Caja Nacional de Salud Oruro, mediante su representante legal el Dr. Pablo Jorge Heredia Rodríguez, interpuso recurso de casación en el que señala:
1.- Acusó que el auto de vista recurrido incurrió en interpretación errónea del art. 222 del Codigo de Seguridad Social (CSS), Ley de 14 de Diciembre de 1956, al señalar que la Caja Nacional de Salud solo estaría facultada legalmente para efectivizar cobros por aportes de Empresas que se encontrarían en Mora, sin embargo no consideró que el art. 223 del mismo Código que establecía el Procedimiento Coactivo Social, fue modificado por el art. 32 del Decreto Ley de fecha 28 de marzo de 1972, y en consecuencia seria ilógico pretender que las Entidades de la Seguridad Social en este caso la Caja Nacional de Salud, solo este facultado por Ley para efectivizar cobros por concepto de Aportaciones en Mora a Empresas que ingresaron en esa condición; por lo que se procedió a girar la Nota de Cargo en contra del Coactivado Sr. Edgardo Feliciano Tapia, en cumplimiento al art. 9 del DL. Nº 14643 de 03 de junio de 1977, porque la contingencia producto de su accidente de tránsito no estaba cubierta bajo el alcance de las prestaciones del Seguro Social a Corto Plazo, toda vez que el accidente se realizo en su movilidad particular sin Autorización de su empleador, en este contexto la Caja Nacional de Salud, ha procedido a facturar y por consiguiente a solicitar el pago al deudor, el mismo que en primera instancia acepto honrar su deuda empero de manera posterior soslayo su obligación.
Asimismo señala que el tribunal ad quem efectuó errónea aplicación e interpretación de la Norma, toda vez que el art. 32 del DL. Nº 10173 que señala que la acción coactiva procede, por las cotizaciones, subsidios, recargos, multas, impuestos, tasas y otros, porque así está facultado por norma, no siendo correcto hacer ver, que por causa de Dolo o Negligencia los recursos de financiamiento para la Seguridad Social a Corto Plazo, sean destinados en favor de personas, que no tuvieron el cuidado mínimo de contar con un Seguro SOAT, como es el actual caso, gastos con los que la institución debe cargas en detrimento de su estabilidad económica, que si bien es una institución de carácter público, su financiamiento es enteramente efectuado en base a la aportación patronal de 10% que pagan los empleadores por sus dependientes.
Está por demás señalar principios de la seguridad social como lo ha efectuado la actual resolución recurrida, lo que en el futuro genera daño económico a una entidad pública como lo es la Caja Nacional de Salud, extremo que será evaluado por el Tribunal Supremo.
2.- Indica que el tribunal ad quem de manera errónea e imprecisa fundamenta su resolución manifestando que la atención medica fuera un Accidente de Trabajo, toda vez que a fs. 17, cursa una denuncia, que corrobora las circunstancias en las que ocurrió el accidente que dio objeto a la prestación médica, por Ende al actual cobro coactivo, y que dicho documento no tendría las firmas mínimas, mucho menos el visado mediante sellos de las reparticiones por las que debe circular con carácter obligatorio tales como: Sello y Firma del Servicio de Medicina del Trabajo (Única Unidad Facultada por dirimir en relación a si la contingencia es o no producto de un accidente de Trabajo); Sello y Firma del Ministerio del Trabajo, quien refrenda que todo el circuito del formulario el correcto y legal, la resolución recurrida ha dado por bien hecho, el formulario que adolece de todas las formalidades de ley, comúnmente conocidas por los asegurados y sus empleadores, entonces al basar sus resultados a una documental que no tiene la legalidad, efectuaron una incorrecta valoración de los antecedentes del proceso.
De igual manera señala que lo único que se busca es el resarcimiento de los recursos materiales y personales que dispuso en favor del Sr. Edgardo Feliciano Tapia, quien al no contar con el respectivo SOAT, y tampoco encontrarse en actividades laborales, lo cual podría ser acreditado el fase probatoria, ocasiono que la Entidad de Seguridad Social disponga recursos de manera injustificada.
Concluyó solicitando que se case la resolución de segunda instancia, y confirme la correcta resolución emitida por el Juez a quo.
Previamente es preciso señalar que el objeto de la litis radica en determinar si la juez a quo es o no competente para conocer la causa, por lo que es necesario referirnos a la doctrina y la jurisprudencia establecida por este Tribunal de Casación, sobre el planteamiento de excepciones previas o dilatorias, fundadas por su objeto, naturaleza y efecto, como medio de defensa en lo formal, y que tiende a corregir errores (defecto legal en la demanda), a evitar un proceso inútil (litispendencia), a impedir un juicio nulo (incompetencia, falta de capacidad o personería); de manera que su finalidad es prevenir y subsanar oportunamente vicios de procedimiento, pero nunca para retardar o diferir el juicio; de ahí que resultan de previo y especial pronunciamiento. Así lo expuso, el tratadista Eduardo Couture en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, que señala que las excepciones previas: "(…) son defensas previas alegadas in limine litis y que, normalmente, versan sobre el proceso, no sobre el derecho material alegado por el actor…." P. 115, Ed. Depalma, Buenos Aires 1981.
A su turno el art. 73 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece cuáles son las competencias específicas de los Jueces en materia laboral a nivel nacional, concordado con el art, 43 inciso b) del Código Procesal del Trabajo (CPT) que señala: " d) De los juicios coactivos incoados por las Cajas de Seguridad Social, el Consejo Nacional de Vivienda y entidades o instituciones que tuvieren dicha facultad legal".
Que, la competencia en razón de materia se mide en función de la naturaleza de la pretensión y las disposiciones legales que la regulan y, si esto es así, en el caso de autos de la naturaleza de las pretensiones demandadas por el actor (pago por atención medica particular) y a efecto del el art. 32 del Decreto Ley 10173, corresponde que el Juez ordinario en materia laboral asuma competencia para conocer y decidir sobre la presente acción y que en el transcurso del proceso, se determine si corresponde o no este cobro por atención médica particular o en su caso establecer si se trata de un accidente de trabajo que debe ser cubierto por el demandante; por lo que al haber determinado el tribunal ad quem la incompetencia del juez a quo a actuado incorrectamente, a más de no pronunciarse sobre las demás excepciones planteadas.
Ahora bien, no se debe dejar de lado que la Seguridad Social tiene como objetivo proteger a todos los miembros de la sociedad frente a todas las contingencias a que se exponen a lo largo de la vida, por ejemplo, la salud, vejez, cargas familiares, accidentes de trabajo, invalidez, muerte o desempleo; consiguientemente éste derecho se encuentra garantizado por el Estado, conforme a las previsiones de los arts. 35 a 37, 45 y 48 de la CPE, y arts. 1, 2 y 6 del Código de Seguridad Social (CSS), y por ende corresponde en el caso de autos determinar con la prueba aportada si es correcto el cobro efectuado o por el contrario la entidad demandante asuma los costos al contar el demandado con el seguro a la Caja Nacional de Salud.
Que, en el marco legal descrito, el Tribunal de Alzada incurrió en errónea aplicación de normas que rigen la materia al revocar la Sentencia, correspondiendo aplicar el art. 274 del Código de Procedimiento Civil (CPC), con la facultad remisiva de los arts. 630 y 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social (RCSS).
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista No. 183 de 28 de marzo de 2015, de fs. 109 a 113 y deliberando en el fondo, mantiene firme y subsistente la Resolución de 20 de julio de 2015, de fs. 86 a 88.
En cumplimiento del art. 41 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2537/2012 de 14 de diciembre de 2012, no se convoca a un tercer Magistrado.

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