Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/22711
Timestamp: 2020-07-10 04:03:41+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 3/2012
SENTENCIA 3/2012, de 13 de enero
ECLI:ES:TC:2012:3
d) El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Sevilla dictó Auto el 24 de junio de 2003, en cuya parte dispositiva se acuerda textualmente: “plantear ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la disposición transitoria cuarta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de las policías locales, por violación de los apartados 18 y 30 del art. 149.1 de la Constitución Española”.
4. Mediante providencia de 16 de septiembre de 2003 la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.2 LOTC, dar traslado de las actuaciones al Congreso de Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno de la Nación, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, así como al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Parlamento de Andalucía, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. En la misma providencia se acordó publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado” y en el de la Junta de Andalucía.
Tras aludir a las concretas circunstancias del caso estimando cumplido el requisito de la relevancia, señala que la cuestión de fondo atañe a si la Comunidad Autónoma de Andalucía puede dictar esa norma habilitante de una dispensa de grado para la promoción interna de funcionarios de la policía local, al amparo de una competencia de coordinación. Según el Auto existe poco margen de duda, en cuanto el precepto cuestionado contraviene claramente los artículos 22.1 y 25 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. Según estos preceptos el acceso a la función pública requiere hallarse en posesión de las titulaciones en cada caso exigidas, incluso en el caso de promoción interna. Esta ley tiene la condición de básica y se dicta al amparo de la competencia prevista en el art. 149.1.18 CE, por lo que la ley andaluza al introducir tal dispensa vulnera abiertamente esa ley estatal y con ella las competencias constitucionales que corresponden al Estado sin que la competencia ejercitada pueda ampararse en lo previsto en el art. 39.3 de la Ley Orgánica de 13 de marzo de 1986, ya que dicha competencia de las Comunidades Autónomas en materia de policías municipales se contrae a la mera fijación de criterios y determinación de niveles educativos. Sin embargo, lo que rebasa absolutamente el marco de esta competencia es la dispensa ocasional o temporal de las titulaciones exigidas sin que tampoco la circunstancia de la temporalidad de la ley reguladora de esta dispensa justifique la competencia ejercitada por la norma cuestionada.
8. . El Presidente del Parlamento de Andalucía formuló alegaciones el 13 de octubre de 2003.
Aduce en primer término que el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad adolece del adecuado planteamiento del juicio relevancia en cuanto no se justifica en qué medida la decisión del proceso de que conoce depende de la validez de la norma de la ley de cuya constitucionalidad duda. Así indica que la cuestión de inconstitucionalidad trae causa de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el apartado 1.1.13 del anexo 1 de la resolución de 31 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Interior de la Consejería de Gobernación, por la que se publica el plan anual de formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, para el curso académico 2003, apartado que contempla, dentro del plan de formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, el curso de dispensa de grado con el objetivo de facilitar la promoción interna de los funcionarios policiales de los grupos C y B, pero limitándose a fijar los requisitos necesarios para acceder al mismo, las fases en las que éste se va a desarrollar, los cursos programados y las fechas previstas para su realización. Por tanto, la resolución de 31 de octubre de 2002 no reproduce ni total, ni parcialmente, la disposición transitoria cuya inconstitucionalidad se denuncia. Por otra parte los problemas de constitucionalidad que se plantean son absolutamente irrelevantes para la decisión del proceso a quo, por cuanto que aquella resolución sólo se limita a convocar el curso de formación para la dispensa de grado, pero sin producir el efecto de integrar a los funcionarios que participen en ellos en categorías profesionales con una titulación superior, ni declarar la equivalencia de estos cursos con concretos títulos académicos. Este efecto sólo sería imputable, en su caso, a las resoluciones o actos posteriores, a través de los cuales se lleve a cabo la promoción interna de los funcionarios, pero no a la convocatoria de un curso de formación por parte de la Comunidad Autónoma. Por ello concluye el Presidente del Parlamento de Andalucía que el mero hecho de que aquella resolución tenga como “norma de apoyo” la disposición transitoria ahora impugnada, no es, pues, razón suficiente para justificar la relevancia del problema constitucional que se plantea, a efectos de la decisión del proceso.
Finalmente el escrito de la Cámara autonómica destaca que tanto la disposición transitoria impugnada, como la Ley 13/2001 en la que la misma se inserta, se encuentran plenamente amparadas por las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que le atribuye la competencia para la coordinación de las policías locales andaluzas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales. Como contenido propio de esta competencia de coordinación de las policías locales de Andalucía, el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1986 le atribuye, entre otras, las funciones de “fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de los Policías Locales, determinando los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría, sin que en ningún caso el nivel pueda ser inferior a graduado escolar” y de “coordinar la formación profesional de las Policías Locales, mediante la creación de las Escuelas de Formación de Mandos y de Formación Básica” (apartados c y d). Según establece este mismo precepto estas competencias se ejercen “de conformidad con la presente Ley y con las bases de régimen local”. Y si ello se pone en relación con la disposición final tercera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en la cual se establece que “[e]l personal de las policías municipales gozará de un estatuto especifico, aprobado reglamentariamente, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, se comprueba que desde la perspectiva de las competencias de los artículos 149.1.18 y 149.1.29 CE, el único condicionamiento que se impone a la Comunidad Autónoma para el ejercicio de estas funciones, es el respeto a los principios estatutarios comunes establecidos en el título l de esta ley orgánica, y a los principios o normas específicos contenidos en la misma en relación con la policía local; así por ejemplo la prohibición de establecer niveles educativos inferiores al graduado escolar para acceder a estos cuerpos, o el necesario respeto al principio de autonomía local, que se menciona también a lo largo de esta ley, y que deriva directamente de la Constitución. Pues bien, a este respecto debe tenerse en cuenta que esta ley orgánica, ni declara aplicable a los cuerpos de policía local la estructura de los cuerpos y escalas establecida para el personal al servicio de las Administraciones públicas en el artículo 25 de la Ley 30/1984, ni exige para el acceso por promoción interna a escalas de un grupo superior de titulación, el requisito establecido en el artículo 22.1 de la misma ley, de poseer la titulación exigida para estos puestos. Es decir, en esta ley orgánica no se contiene ningún precepto que contenga principios similares a los que el Tribunal a quo considera infringidos, ni está sujeto a los límites que de allí se derivan.
Por ello concluye que la disposición transitoria cuya constitucionalidad se cuestiona se ajusta precisamente al contenido de estas normas en cuanto la misma se limita a establecer una excepción al régimen general de titulaciones exigido para acceder a las distintas escalas y categorías. Esta disposición ni crea un nuevo título académico, ni declara la equivalencia entre el “curso de dispensa de un grado de titulación” y los títulos académicos establecidos en el artículo 38 de la ley sino que se circunscribe a fijar los requisitos de titulación con los que durante el período transitorio que en ella se indica, se podrá acceder a las diferentes escalas y categorías de los cuerpos de policía local función, que entra de lleno en el ámbito de las funciones que se atribuyen a la Comunidad Autónoma por el artículo 39 c) de la Ley Orgánica 2/1986. Así, la misma se encuentra definida en términos generales y abstractos, sin referencias ad personam (STC 27/1991, de 14 de febrero), mientras que por su parte, la superación del “curso de dispensa de grado”, con unos contenidos fijados por la Escuela de Seguridad Pública, es un mérito adicional a la posesión de una titulación académica, que al menos en los términos abstractos en los que se encuentra redactada la ley, es susceptible de poner de manifiesto una aptitud y una capacidad suficiente y similar a la que demuestra una titulación académica para ascender a puestos de categoría superior dentro de los cuerpos de policía local. Habiendo quedado así demostrado que la disposición transitoria impugnada, ni crea un nuevo título académico, ni declara la equivalencia entre el curso de dispensa de grado y la titulación académica exigida para acceder a las diferentes categorías, estima innecesario entrar a analizar la supuesta invasión de las competencias atribuidas al Estado por el artículo 149.1.30 CE.
Descarta en primer lugar que se vulnere el art. 149.1.18 CE, precepto constitucional citado que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, bases contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, por cuanto entiende que este régimen jurídico básico de la función pública en general, cuya competencia exclusiva, indiscutiblemente corresponde al Estado, no resulta de aplicación a los cuerpos de policía, cuyo régimen estatutario ha de ser contemplado por las normas que al efecto prevé el ordenamiento jurídico. Considera que basta con acudir al artículo primero de la ley estatal, para advertir que dentro de su ámbito de aplicación no se contempla el cuerpo de policía local, al que se aplica, en tanto que se consideran dentro del grupo de fuerzas y cuerpos de seguridad, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad. Ello implica, de un lado, que no se puede confundir régimen estatutario de los funcionarios públicos en general con las especificidades del régimen estatutario de los cuerpos de policía, ya sean estatales, autonómico o locales, y de otro, que será de aplicación en primer término la Ley Orgánica 2/1986, en cuanto a su régimen jurídico, norma que forma parte del bloque de constitucionalidad a efectos de resolver la cuestión planteada. De conformidad con ello hay que tener en cuenta que el art. 39 de la ley anterior, establece expresamente que “[c]orresponde a las Comunidades Autónomas... c) Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las policías locales, determinando los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría, sin que, en ningún caso, el nivel pueda ser inferior a Graduado Escolar”. Así, según la Letrada de la Junta de Andalucía, la disposición cuestionada no hace sino ajustarse a los términos de la ley orgánica, en cuanto que explícitamente le permite “fijar los criterios para la promoción interna de los policías locales” y ello amparado porque es la propia ley orgánica la que dice que el régimen estatutario de la función pública es el que en la misma se establece atribuyendo a este cuerpo esa individualidad o especificidad que lo diferencia del régimen general de la función pública, sin que ello signifique contradicción o vulneración del mismo, sino más bien al contrario, puntualización o matización.
1. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.7 de Sevilla plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con la disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de las policías locales, por su contradicción con los arts. 149.1.18 y 149.1.30 CE.
“1. Los funcionarios que presten sus servicios en los Cuerpos de la Policía Local a la finalización del período establecido en la Disposición Transitoria Primera y que carezcan de la titulación exigida podrán ejercer el derecho a la promoción interna siempre que superen en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o en las Escuelas Municipales o Comarcales de la Policía Local el correspondiente curso de dispensa en un grado del requisito de titulación. Este derecho sólo podrá ejercitarse durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.
2. Los contenidos de estos cursos serán los que apruebe el Consejo Rector de la Escuela de Seguridad Pública en Andalucía.”
4. Descartado en la forma expuesta el óbice planteado resulta necesario ahora precisar el canon de enjuiciamiento de la presente cuestión pues, como recuerda la STC 175/2011, de 8 de noviembre, FJ 2, “el control de los preceptos que pudieren haber incurrido en un exceso competencial no ha de efectuarse con arreglo a las normas del bloque constitucional vigentes en el momento de dictarse la Sentencia, sino de acuerdo con las normas vigentes en el momento en que fue planteada la cuestión en el proceso a quo”. Consecuencia de lo expuesto será que valoremos la tacha de inconstitucionalidad que se imputa al precepto cuestionado de acuerdo con las normas vigentes en el momento en que fue planteada la cuestión en el proceso a quo, lo que conduce a tomar en consideración lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre así como lo dispuesto en los arts. 22.1 y 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, preceptos estos últimos propuestos por el órgano a quo como parámetro de control de la disposición cuestionada, careciendo, por el contrario, de relevancia para la resolución de la presente cuestión la modificación estatutaria realizada por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, ni tampoco las modificaciones introducidas por la Ley 7/2007, de 12 abril, del estatuto básico del empleado público.
Pues bien, sobre el encuadramiento material de una norma semejante a la ahora cuestionada ya se ha pronunciado este Tribunal en la citada STC 175/2011, de 8 de noviembre, cuya doctrina y conclusiones son de plena aplicación al presente supuesto. En ella, tras analizar las normas que configuran el régimen jurídico de los funcionarios de policía local —análisis contenido en el fundamento jurídico 4 al que nos remitimos ahora— concluíamos que de él se desprende que “la ‘titulación’ se erige en requisito esencial de la ‘promoción interna’ (ex art. 92 LBRL), elemento éste del ‘régimen estatutario de los funcionarios públicos’, lo cual conduce al título competencial del art. 149.1.18 CE”. Seguidamente, sirviéndonos de la doctrina sentada en las SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 4, y 388/1993, de 23 de diciembre, FJ 2, llegábamos a la conclusión de que en este ámbito funcionarial “la regulación de las materias de ‘promoción interna’ y ‘titulación’, ostentan carácter básico (ex art. 1.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública), y se encuadra sin dificultad en el ‘régimen estatutario de los funcionarios públicos’ del art. 149.1.18 CE” (FJ 5).
Del propio modo, en esta misma Sentencia descartábamos que pueda “estimarse encuadrable la materia de ‘titulación’, aunque se refiera a las policías locales, en el art. 149.1.29 CE de ‘seguridad pública’, porque sólo sería posible mediante una interpretación forzada del art. 39 c) LOFCS que atribuye a las Comunidades Autónomas “fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las policías locales, determinando los niveles educativos exigibles para cada categoría, sin que en ningún caso el nivel pueda ser inferior a graduado escolar”, esto es que el nivel mínimo es el de graduado escolar y que a partir del mismo han de determinarse los niveles educativos de cada categoría dentro del cuerpo policial, pero sin que ello habilite a las Comunidades Autónomas para alterar el régimen de titulaciones del art. 25 de la Ley de medidas de reforma de la función pública en contra de la legislación básica de homogeneización de los principios del ‘mérito’ y la ‘capacidad’ para toda la función pública, y especialmente para la Administración local”.
Type and record number Cuestión de inconstitucionalidad 4346-2003
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Sevilla en relación con la disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de las policías locales.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Sevilla plantea cuestión de inconstitucionalidad, presentada el 2 de julio de 2003, acompañando Auto de planteamiento de la cuestión de 24 de junio de 2003, en relación con la disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de las policías locales por su posible contradicción con los arts. 149.1.18 y 149.1.30 CE.
Aplica la doctrina sobre promoción interna de funcionarios que presten sus servicios en los Cuerpos de Policía Local de la STC 175/2011 [FFJJ 4, 5].
En las normas que configuran el régimen jurídico de los funcionarios que presten sus servicios en los Cuerpos de Policía Local, la titulación se erige en requisito esencial de la promoción interna –ex art. 92 LBRL–, elemento éste del régimen estatutario de los funcionarios públicos, lo cual conduce a su encuadramiento material en el título competencial del art. 149.1.18 CE (STC 175/2011) [FJ 4].
En el ámbito funcionarial de la policía local, la regulación de las materias de ‘promoción interna’ y ‘titulación’, ostentan carácter básico –ex art. 1.3 LMFP–, y se encuadra sin dificultad en el ‘régimen estatutario de los funcionarios públicos’ del art. 149.1.18 CE (STC 175/2011) [FJ 4].
No puede estimarse encuadrable la materia de ‘titulación’, aunque se refiera a las policías locales, en el art. 149.1.29 CE de ‘seguridad pública’, porque el art. 39 c) LOFCS no habilita a las Comunidades Autónomas para alterar el régimen de titulaciones del art. 25 LMFP en contra de la legislación básica de homogeneización de los principios del ‘mérito’ y la ‘capacidad’ para toda la función pública (STC 175/2011) [FJ 4].
Procede declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición cuestionada, por cuanto en ella se establece, aún con carácter transitorio, una dispensa de la titulación necesaria para participar en procesos de promoción interna que es contraria a la ordenación que con carácter básico ha establecido el Estado en el ejercicio de su competencia exclusiva, ex art. 149.1.18 CE, para la regulación de las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos [FJ 5].
Disposición transitoria cuarta (anula)
Artículo 149.1.29, f. 4
Artículo 149.1.30, ff. 1, 2, 5
Artículo 39 c), f. 4
CompetenciasCompetencias, ff. 4, 5
Competencias en materia de seguridad públicaCompetencias en materia de seguridad pública, ff. 4, 5
Dispensa de titulación en la promoción internaDispensa de titulación en la promoción interna, ff. 2 a 5
Policía localPolicía local, ff. 4, 5
Promoción internaPromoción interna, ff. 2, 3, 5

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 39
 artículo 25
 artículo 22
 artículo 38
 artículo 39
 artículo 149
 resolución 

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 39