Source: http://convergenciasocialista.org.mx/cuatro/51/05resolucion.html
Timestamp: 2017-11-17 23:15:08+00:00

Document:
Resolución CEN 002/03 sobre la unidad partidaria
1. El gobierno de Lula tiene la vocación, la responsabilidad y el compromiso de transformar a Brasil. Es un gobierno amplio, compuesto por fuerzas políticas de diversos orígenes sociales y partidarios y de pensamiento plural, comprometido con construir un modelo de desarrollo basado en la inclusión social, en el empleo, en la distribución del ingreso, en el combate a la miseria, en la profundización de la democracia y en la defensa de los intereses nacionales.
2. El gobierno de Lula heredó un país casi ingobernable, con varios mecanismos de administración gubernamental en deterioro y con una economía en crisis. Sólo un gobierno de alianzas y de construcción de consensos podría y podrá garantizar la gobernabilidad, superar la crisis y abrir caminos para la construcción de las condiciones de desarrollo económico, con distribución de ingresos y justicia social.
3. En cuatro meses de gobierno, la nueva administración logró recuperar la credibilidad interna y externa del país, estabilizar los principales indicadores macroeconómicos y poner en marcha varios programas sociales. Ahora el gobierno concentra sus esfuerzos en perfeccionar los mecanismos de gestión gubernamental, para definir metas estratégicas y para llevar a cabo políticas sectoriales, dando inicio a nuestro objetivo fundamental de proporcionar el desarrollo, con generación de empleo y distribución del ingreso.
4. Las reformas que Brasil necesita, que la sociedad apoya y que el gobierno llevó al Congreso tienen tres objetivos fundamentales:
a) Promover la justicia social mediante la distribución del ingreso y el combate a los privilegios;
b) Llevar a cabo el desarrollo económico del país y
c) Combatir el desequilibrio fiscal, que pervierte las funciones del Estado y lo vuelve víctima y rehén del capital volátil. De esta forma, las reformas están fundadas en principios y valores consagrados por la tradición de la izquierda democrática y por las prácticas progresistas de los movimientos políticos y sociales.
1. Las reformas, principalmente la de la Previsión Social, promueven la inclusión social, la justicia social y la sustentabilidad fiscal. Hoy, cerca de 40 millones de personas están fuera del sistema. Al reducir la contribución patronal para seguridad social sobre nómina y la contribución de los particulares, la reforma está estimulando la inclusión social en el sistema. En el régimen general, es decir, en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), existen 21 millones de jubilados y pensionados, de los cuales 16 millones reciben un salario mínimo y a nadie se otorga más de 1561 reales (5682 pesos). La reforma está aumentando ese techo a 2400 reales (8736 pesos) y creando las condiciones para aumentar el salario mínimo.
Además de promover valientes medidas de transparencia, forman parte de las acciones de gobierno, el cobro a deudores y el combate a la evasión del pago de la cuota para la seguridad social. El equilibrio en la seguridad social está en el sector público, sobre todo porque la Constitución de 1988 transformó a los empleados agremiados a la CLT (conocidos como “celetistas”) en trabajadores al servicio del poder público, desequilibrando el sistema de seguridad social. El trabajador inactivo del sector público, al dejar de contribuir 11% con el sistema en la práctica, recibe un aumento salarial al jubilarse y rendimientos superiores a los funcionarios en activo, generándose con ello una situación insostenible para las finanzas de la unión, de los estados y de los municipios. Con la disminución del déficit en seguridad social sobrarán más recursos para invertir en otras políticas sociales y en programas de desarrollo y empleo, así, el Estado recuperará su capacidad de inversión. Con la reducción del déficit, el Estado recuperará también su capacidad de gestión fiscal, reduciendo la relación deuda/PIB, disminuyendo la dependencia respecto al capital volátil y al sistema financiero internacional, recuperando una parcela significativa de capacidad de ejercicio soberano de gobernabilidad. La reducción del déficit en seguridad social garantizará, incluso, en el mediano y largo plazos la solvencia del sistema, imperativo de responsabilidad que el poder público debe tener hacia los actuales y futuros jubilados por tratarse de garantías de derechos.
2. La necesidad de realizar la Reforma de la Previsión Social está consignada en resoluciones del PT desde 1996. El programa que eligió el presidente Lula y la última resolución del Directorio Nacional ponen énfasis en la necesidad de llevar a cabo una reforma de la Previsión Social. Ninguna de las resoluciones de las instancias superiores del Partido prohibe la propuesta de tasar los ingresos de los inactivos del sector público. El punto 26 de la última resolución del Directorio Nacional apenas sostiene que los jubilados pensionados del sistema universal básico deberán estar exentos de cualquier impuesto, hecho garantizado y contemplado por la propuesta de reforma del gobierno, enviada al Congreso. Realizado el debate interno, tocará al Partido y a las bancadas deliberar sobre la imposición de un impuesto a los trabajadores del sector público inactivos que perciban altos salarios.
3. Ante las consideraciones aquí expuestas y fiel a las resoluciones de la última reunión del Directorio Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional del PT considera que la política que el gobierno ha venido realizando es compatible con los compromisos y los objetivos históricos del PT y fiel al programa de gobierno del Partido, sustentado en las elecciones. Con ello, el Comité Ejecutivo Nacional considera que las actitudes, las acciones y el comportamiento de oposición sistemática a las directrices programáticas y políticas del PT y a la política del gobierno, de parte de los compañeros diputados João Batista (Babá) y Luciána Genro e a senadora Heloisa Helena, son incompatibles con la unidad de acción del Partido.
4. El Comité Ejecutivo Nacional sostiene que la libertad de opinión, principio consagrado por el Estatuto y por la práctica histórica del PT, principio imprescindible a un partido democrático de izquierda como el nuestro, sólo es adecuada y correctamente ejercida si, en lo tocante a las decisiones partidarias, las minorías y las individualidades se someten y acatan las decisiones mayoritarias, democráticamente producidas. El Comité Ejecutivo reconoce y subraya que las corrientes organizadas internas al PT tienen una larga historia de observancia de disciplina partidaria, garantizando la unidad de acción del Partido.
5. El Comité Ejecutivo del PT considera que la oposición sistemática que los compañeros aquí citados vienen mostrando a las directrices del Partido y al gobierno, las alianzas suprapartidarias contra esas mismas directrices, la participación en actos públicos contra políticas adoptadas por el Partido, la incitación a manifestaciones contra dirigentes partidarios y los reiterados ataques al gobierno y a ciertos ministros, inclusive con agravios personales, rebasan el mero derecho a opinar y se traducen en actitudes de franca ruptura de la unidad de acción del Partido. Los compañeros no han sido solidarios con el gobierno ni con los demás integrantes de las bancadas del PT.
Han rebasado los límites de la crítica productiva y constructiva. Esta posición, si bien es legítima en la democracia al haber divergencia entre partidos, resulta arbitraria como conducta de parlamentarios agrupados en el mismo organismo —principalmente en el que está en el gobierno— cuando se utiliza contra el propio gobierno y contra los compañeros de bancada que acatan las decisiones de la mayoría.
10. El Comité Ejecutivo Nacional del PT considera que esas actitudes colocan, a quien las presenta, al margen de la política del Partido y en oposición al mismo y al gobierno, lo que constituye indisciplina partidaria, definida en términos del artículo 209 de los Estatutos. El Comité Ejecutivo Nacional no puede aceptar que el PT sea objeto de la arbitrariedad de algunos individuos que buscan constreñirlo a él y al gobierno, con posiciones que carecen del respaldo y la legitimidad de las instancias partidarias. No es aceptable que los compañeros, siendo integrantes del PT, se erijan en jueces públicos del Partido, disolviendo, con este procedimiento, los fundamentos de la democracia interna.
11. El Comité Ejecutivo Nacional del PT considera que el comportamiento de los compañeros aquí citados llegó al límite de lo tolerable. De esta forma, el Comité ya no tolerará que los compañeros se opongan sistemáticamente a las directrices del Partido y al gobierno, no aceptará que participen en manifestaciones públicas de oposición al gobierno y no aceptará que promuevan alianzas con grupos sociales o con individuos de otros partidos contra las políticas del Partido y del gobierno. Respecto a la necesidad de disciplina de voto, el Comité Ejecutivo Nacional considera que se trata de un principio no negociable en los términos definidos por los Estatutos. Apoyar el gobierno de Lula es una decisión del Directorio Nacional del PT que debe ser acatada por todos los afiliados, principalmente por quienes tienen la responsabilidad de representar a electores que votaron por los candidatos del PT.
12. Esta resolución es un exhorto y un llamado. Un exhorto a que los compañeros acaten, de inmediato, las decisiones de las instancias y de las bancadas del Partido, a que adecuen su comportamiento a las decisiones del Directorio Nacional, con el compromiso de modificar, inclusive, sus comportamientos públicos de oposición sistemática a las directrices del Partido y al gobierno. Esta resolución es también un llamado a que los compañeros participen de las instancias partidarias y para que resuelvan democráticamente sus divergencias internas, con derecho a opinar, contribuyendo positivamente con la construcción de la política del PT. Es un llamado a que los compañeros participen, con el Partido en su conjunto, de la lucha por la construcción de un Brasil más justo, más democrático y más igualitario, objetivo que depende del éxito del gobierno de Lula. El éxito del gobierno de Lula será expresión del éxito de una política democrática de izquierda y de una tradición que cree que los valores de justicia, equidad y solidaridad son imprescindibles para construir un país más humano y más civilizado.
Con base en la exposición contra los compañeros, en esta resolución política y en la negativa de los parlamentarios aquí citados a firmar un acuerdo propuesto por el Comité Ejecutivo Nacional por el cual se someterían a las decisiones de las instancias partidarias, la Comisión Ejecutiva del Directorio decide:
a) De conformidad con los estatutos del Partido, instalar una Comisión de Ética de acuerdo con lo que definen los artículos 202 y 203, o sea:
“Artículo 202. Las Comisiones de Ética y Disciplina son órganos de cooperación política de los directorios correspondientes y sus funciones no tendrán, por tanto, cuño policial o judicial. Pretenden, sobre todo, cooperar en la evaluación de los problemas políticos involucrados en cuestiones de ética y disciplina partidaria, reuniendo elementos pertinentes.
“Artículo 203. Las Comisiones de Ética y Disciplina deben preocuparse siempre de contribuir prioritariamente a la superación de las divergencias políticas surgidas en los casos que les fueren asignados, con vistas a preservar la unidad y la integridad partidarias, así como las relaciones de fraternidad, urbanidad y respeto entre sus afiliados”.
São Paulo, 12 de mayo de 2003,
RESOLUCIÓN CEN 003/03
PEC-40/2003 – REFORMA DE PREVISIÓN SOCIAL
PEC-41/2003 – REFORMA TRIBUTARIA
Considerando el artículo 63 del Estatuto del PT, que determina la subordinación de las Bancadas Parlamentarias a los acuerdos de las instancias partidarias de dirección;
La Comisión Ejecutiva Nacional del PT
1. Establecer a las Bancadas del PT en la Cámara de Diputados y en el Senado Federal, luego del debido debate interno, el “término de la discusión” respecto a la aprobación de las propuestas de enmienda a la Constitución números 40/2003 (Reforma de Previsión Social) y 41/2003 (Reforma Tributaria).
São Paulo, 12 de mayo de 2003
Traducción de María Cristina Hernández Escobar
Monto aproximado en pesos, considerando 3.64 pesos por real (12 de junio de 2003). (N. de la T.)
CLT, Consolidacão das Leis Trabalhistas.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 209
 resolución 
 resolución 
 resolución 

RESOLUCIÓN 
 artículo 63