Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3862
Timestamp: 2020-03-29 15:50:24+00:00

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Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 120/1999
SENTENCIA 120/1999, de 28 de junio
ECLI:ES:TC:1999:120
En el recurso de amparo núm. 1.213/96, promovido por doña María Dolores Juncal Berroa Cerrajería, representada por la Procuradora doña Carmen Madrid Sanz, y asistida por la Letrada doña Cristina Chivite García, contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de San Sebastián, de 16 de enero de 1996, condenatoria en apelación, por delito de desobediencia grave. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en el Juzgado de Guardia el día 22 de marzo de 1996 y registrado en este Tribunal el 25 de marzo de 1996, doña Carmen Madrid Sanz, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de doña María Dolores Juncal Berroa Cerrajería, interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la que se hace mérito en el encabezamiento.
Cumplido el trámite, únicamente atendido por el Ministerio Fiscal, la Sala Segunda acuerda mediante Auto de 13 de enero de 1997 la suspensión de la ejecución de la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de San Sebastián, de 16 de enero de 1996 -rollo de apelación núm. 2.152/95-, en lo que se refiere a las penas de arresto mayor, a las accesorias legales, y, en su caso, al arresto sustitutorio, y denegar la suspensión solicitada en cuanto al pago de las costas.
8. Por providencia de 30 de enero de 1997 la Sección acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, a fin de poder presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
10 El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 11 de marzo de 1997, solicita la desestimación del recurso de amparo solicitado.
Tras una inicial referencia a los antecedentes del caso, parte el Ministerio Fiscal de la imprecisión con que la demandante formula la alegación relativa a la pretendida vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.), dado el limitado alcance del derecho invocado en orden a la acreditación de la culpabilidad entendida en sentido técnico-penal, como elemento del delito; un elemento que se obtiene de la valoración judicial conjunta del material probatorio, sin necesidad de prueba adicional, como un mero juicio de inferencia pues, conforme a una doctrina constitucional de la que la STC 141/1986 puede ser exponente: "La presunción de inocencia del art. 24.2 C.E. no impide (...) las clasificaciones jurídicas o la subsunción de los hechos probados en las normas jurídicas aplicables (...) Si los hechos están probados, puede el Juez calificarlos, sin otra vinculación que la que como es lógico tiene a la ley, pero sin que rija en este punto la genérica presunción de inocencia. Por eso, puede el Juez de acuerdo con los criterios de interpretación de las normas determinar, calificándolos, los comportamientos ya probados y decidir si éstos son o no constitutivos de negligencia o imprudencia, sin verse para ello impedido por la presunción de inocencia, pues la inocencia de que habla el art. 24 (...) debe entenderse en el sentido de no autoría, no producción del daño o no participación en él, pero no de obligar a una consideración de carácter fortuito de los hechos, una vez probados, frente a su posible consideración como derivados de negligencia o imprudencia" (fundamento jurídico 2º).
Cosa distinta -sostiene el Fiscal- es que en virtud de las exigencias de tutela judicial efectiva haya de requerirse la debida fundamentación del pronunciamiento condenatorio. Pero en el presente caso, ni falta la fundamentación, por cuanto en la Sentencia impugnada "qued(a) de manifiesto una actitud de oposición tenaz y rebelde, obstinada y terminante, que es lo que constituye la esencia de esta infracción penal, acreditación que se ha cumplido ampliamente en el presente caso, puesto que incluso el mismo Juez de lo penal reconoce que "el Ministerio Fiscal ha probado la comisión de un delito de desobediencia por parte de la acusada (...)". El delito de desobediencia a la autoridad se comete por hechos concretos, como los descritos en la declaración de hechos probados de la sentencia" (fundamentos 2º y 4º), ni puede ésta tildarse tampoco de infundada o arbitraria.
En cuanto a la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) y al proceso debido (art. 24.2 C.E.) que, con apoyo en el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la recurrente anuda a la falta de un proceso o vía de recurso que permita la revisión de la condena y la pena impuestas por un Tribunal superior, opone en su alegato el Ministerio Fiscal, la existencia de límites derivados del propio ordenamiento procesal en virtud de los cuales esta doble instancia penal no es posible cuando la condena es pronunciada por el órgano supremo de la jurisdicción, por razones de fuero personal o de estimación del recurso de casación (STC 51/1985, fundamento jurídico 3º) o cuando ésta deviene de la estimación de un recurso en segunda instancia (ATC 154/1992, fundamento jurídico 2º).
11 Por providencia de 24 de junio de 1999, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año.
1. Como se ha expuesto con detalle en los antecedentes, el presente recurso de amparo se plantea contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de San Sebastián, de 16 de enero de 1996, estimatoria del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la dictada en primera instancia, que condena a la recurrente, por delito de desobediencia grave, al apreciar la Sala, a la vista de las actuaciones, la existencia de una errónea apreciación de la prueba que habría llevado al Juez de lo penal a la indebida aplicación a la demandante de la eximente de estado de necesidad del art. 8.7 del Código Penal de 1973.
En efecto, la Sala considera no acreditada la concurrencia de la eximente aplicada en primera instancia, supuesta la exposición de la recurrente a "un conflicto inminente (...) entre lo que ella creía que era el bien de su hija (...) o cumplir con una orden dada por una autoridad judicial" y la "inexistencia de otros medios viables para evitar (el incumplimiento)". Así, a la tesis de instancia de que la demandante no estaba obligada a sacrificarse dada la existencia de una necesidad real de salvaguardar a su hija "lo que no hubiera cumplido con el acatamiento de la orden, ya que (...) un cambio de colegio, sólo hubiera producido en su hija (...) efectos negativos" (fundamento jurídico 2º), se opone en apelación, a partir de un reexamen de las actuaciones, la existencia de "una errónea apreciación de la prueba (...) en cuanto (...) la acusada en su interrogatorio incurre en evidentes contradicciones, llamando la atención de la Sala la divergencia entre lo manifestado en el juicio oral y lo manifestado en el Juzgado de instrucción..." y en cuanto no se considera la parcialidad de las testificales practicadas y la insuficiencia de la pericial aportada (fundamento jurídico 3º).
Así, pues, la cuestión a dilucidar en el presente recurso de amparo es la de si la condena recaída en apelación sobre la base de una nueva valoración de la prueba se ha verificado sin las garantías de instancia y, en consecuencia, si se han vulnerado los derechos de la demandante a la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.), al proceso debido (art. 24.2 C.E.) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.). Del derecho a la presunción de inocencia, por cuanto la imposición de la condena por desobediencia grave a la autoridad, en aplicación del art. 237 C.P., no se basa en prueba alguna de cargo, directa o indiciaria, que permita declarar probada la voluntaria decisión de incumplimiento de la orden judicial y, por tanto, su culpabilidad, sino que - atendida la falta de motivación del pronunciamiento y la arbitraria valoración de la prueba- radica sobre mera sospecha y conjetura. De los derechos al proceso debido (art. 24.2 C.E.) y a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 C.E.), por cuanto, al haber sido condenada en apelación sobre la base de una nueva valoración de la prueba practicada en instancia, se habría visto privada, por una parte, de las debidas garantías de inmediación, oralidad e incluso contradicción, y, por otra parte, de la posibilidad de obtener una revisión por un Tribunal superior de la condena recaída en Sentencia definitiva, padeciendo así indefensión.
Por lo que se refiere al derecho a la presunción de inocencia, es jurisprudencia consolidada que, ni el art. 24.2 C.E. cuestiona la específica función judicial de calificación y subsunción de los hechos probados en las normas jurídicas aplicables, ni compete en amparo a este Tribunal evaluar la actividad probatoria con arreglo a criterios de calidad u oportunidad. La protección del derecho a la presunción de inocencia comporta, según hemos dicho, "en primer lugar (...) la supervisión de que la actividad probatoria se ha practicado con las garantías necesarias para su adecuada valoración y para la preservación del derecho de defensa (...) en segundo lugar (...) comprobar, cuando así se nos solicite, que el órgano de enjuiciamiento expone las razones que le han conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada (...) en tercer y último lugar (...) supervisar externamente la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante" (STC 189/1998, fundamento jurídico 2º; STC 220/1998, fundamento jurídico 3º). Así pues, "sólo cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado" (ibidem; y, asimismo, SSTC 63/1993, 68/1998).
La preocupación de este Tribunal acerca de la razonabilidad y solidez del nexo o engarce entre la consecuencia o resultado alcanzado y el relato de hechos probados queda singularmente de manifiesto en su empeño por diferenciar entre las denominadas pruebas indiciarias, capaces de desvirtuar la presunción de inocencia, y las simples sospechas o conjeturas: "a) la prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados; b) los hechos constitutivos de delito deben deducirse de esos indicios (hechos completamente probados) a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la Sentencia condenatoria" (STC 24/1997, fundamento jurídico 2º). El eventual desacuerdo con respecto a estas reglas o, de otro modo, la irrazonabilidad, podrá producirse, según hemos dicho, "tanto por la falta de lógica o de coherencia de la inferencia, en el sentido de que los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él, como por el carácter no concluyente por excesivamente abierto, débil o indeterminado" (STC 189/1998, fundamento jurídico 3º; STC 220/1998, fundamento jurídico 4º).
Ahora bien, el «mayor subjetivismo» que la prueba indiciaria encierra (STC 256/1.988) hace que este Tribunal, al tiempo que se muestra particularmente riguroso en la exigencia de una motivación suficiente llegando al "rechazo de la incoherencia, de la irrazonabilidad, de la arbitrariedad o del capricho lógico, personal y subjetivo en el juicio de inferencia (STC 169/1986, fundamento jurídico 2º), quiera ser especialmente prudente al enjuiciar la suficiencia del resultado de la valoración judicial; una prudencia que jurisprudencialmente se traduce en la afirmación de que no se constatará una vulneración del "derecho a la presunción de inocencia por falta de prueba de cargo" sino "cuando la inferencia sea tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada" (STC 189/1998, fundamento jurídico 3º; STC 220/1998, fundamento jurídico 4º).
En este senda, "nuestra jurisprudencia ha catalogado como inferencia no concluyente contraria al derecho a la presunción de inocencia la que une «la sola tenencia de instrumentos idóneos para ejecutar un delito de robo» con su «especial destino a tal ejecución» (STC 105/1988, fundamento jurídico 3º); la que concluye la intervención de una persona en un hecho punible a partir únicamente de la apreciación de que tuvo la ocasión de cometerlo o de que estaba en posesión de medios aptos para su comisión o por simples sospechas o conjeturas (STC 283/1994, fundamento jurídico 2º); la que une la sola posesión de unos pájaros con el robo con escalamiento de los mismos (STC 24/1997) o la sola titularidad de una embarcación utilizada para una conducta ilegal de pesca con la autoría de dicha conducta (STC 45/1997); o, finalmente, la que concluye la participación del acusado en una operación de tráfico de drogas a partir del único dato del acompañamiento al aeropuerto de quien iba a recoger la droga (STC 157/1998)" (ibidem).
En atención a la tacha alusiva a la inexistencia de una doble instancia penal, que aquí se anuda a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, se recordará que, según dijimos ya en la STC 42/1982, el "mandato (contenido en el art. 14.5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (...) no es bastante para crear por sí mismo recursos inexistentes, pero obliga a considerar que entre las garantías derivadas del art. 24 C.E. se encuentra la del recurso ante un Tribunal superior" (STC 37/1988, fundamento jurídico 5º).
Ahora bien, este Tribunal ha sostenido también que "(n)o existe privación del derecho al recurso, aun cuando la condena haya sido pronunciada precisamente por el Tribunal que conocía de la causa en grado de recurso (... dado que), como este Tribunal observó en su STC 51/1985, fundamento jurídico 3º, hay determinados supuestos en que la garantía que ofrece el sometimiento del fallo condenatorio a un Tribunal superior puede ser debidamente satisfecha sin necesidad de que exista, como tal, un recurso autónomo" (ATC 154/1992, fundamento jurídico 2º); conclusión ésta que cabe entender "reforzada por lo dispuesto en el art. 2 del protocolo núm. 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos (de 22 de noviembre de 1984, firmado por España el 19 de marzo de 1985, pero que aun no ha sido ratificado): dicho precepto recoge el derecho plasmado en el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, cuyo influjo ha sido decisivo en esta materia (STC 42/1982). Pero el Protocolo no deja de introducir ciertas excepciones; concretamente, en lo que aquí interesa, una de ellas se refiere a los casos en los "que el interesado «haya sido declarado culpable y condenado después de un recurso contra su absolución»" (ATC 154/1992, ibidem; STC 41/1998, ibidem), pues "desde un punto de vista teleológico, lo que subyace en el contexto finalístico del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E., es la interdicción de la indefensión, y dicha indefensión, desde un enjuiciamiento general, no se produce cuando (...) las pretensiones del actor han sido examinadas y resueltas conforme a Derecho por dos órganos judiciales distintos, tras lo cual, difícilmente podrá hablarse de un fallo irreflexivo o sorpresivo ... " (ATC 318/1995, fundamento jurídico 2º; y, asimismo, STC 41/1998, ATC 154/1992).
En relación, finalmente, con el derecho a un proceso con todas las garantías y, más concretamente, con la eventualidad de una falta de inmediación en la valoración de la prueba por parte del Tribunal ad quem se ha dicho, en atención a una queja semejante, que "no se vulnera tal principio cuando en la apelación no se practicaron nuevas pruebas, para lo que efectivamente hubiera sido necesario respetar los principios de inmediación y contradicción a que alude el recurrente en su demanda de amparo, sino que la Sala hizo suyas las practicadas en instancia, aun cuando su valoración de las mismas resultara distinta de la expresada por el Juez de lo Penal (STC 43/1997, fundamento jurídico 2º)" (STC 172/1997, fundamento jurídico 4º).
Se recordará que, en el presente caso, la recurrente fue absuelta en primera instancia no porque no se hubiese probado la comisión por la demandante del delito de desobediencia tipificado en el art. 237 Codigo Penal anterior (puesto que expresamente se dice en el fundamento jurídico 1º de aquella resolución: "Resulta sobradamente probado, y así lo reconoce la propia acusada, y lo admite su defensa, que concurren en la conducta de María Dolores Juncal Berroa, todos los requisitos que configuran el delito de desobediencia tipificado en el art. 237 del Código penal (...) y d) la acusada no acató la orden"), sino porque el juzgador estimó probada por la defensa "la concurrencia en la conducta de la acusada de la eximente de estado de necesidad... " (fundamento jurídico 2º).
Recurrida en apelación por el Ministerio Fiscal, según queda dicho, la Sala estima "después de haber realizado un atento examen de las actuaciones, que existe una errónea apreciación de la prueba, que deviene en una desacertada conclusión, cual es la concurrencia en el presente caso de la citada eximente" (fundamento jurídico 3º). Descartada la concurrencia de la eximente ya referida, y habiéndose acreditado por el Ministerio Fiscal, y reconocido así expresamente por el Juez de instancia, la comisión de un delito de desobediencia por parte de la acusada, resulta manifiesta la inexistencia de la pretendida falta de prueba de cargo idónea a fin de acreditar el elemento volitivo preciso para la comisión del tipo delictivo aplicado a la conducta de la recurrente. La resolución impugnada, así como asume un previo pronunciamiento acerca de la concurrencia del tipo delictivo imputado a la recurrente, rechaza la concurrencia de la eximente por entenderla sustentada en una errónea apreciación de la prueba que la Sala, en el ejercicio de su jurisdicción de apelación, procede a apreciar nuevamente alcanzando una conclusión divergente.
Pues bien, atendida nuestra jurisprudencia, nada se ha de oponer a una resolución que, a partir de una discrepante valoración de la prueba, llega a una conclusión distinta a la alcanzada en primera instancia (STC 43/1997), pues tanto "por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma" como por lo que se refiere a "la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba" el Juez ad quem se halla "en idéntica situación que el Juez a quo" (STC 172/1997, fundamento jurídico 4º; y, asimismo, SSTC 102/1994, 120/1994, 272/1994, 157/1995, 176/1995) y, en consecuencia, "puede valorar las pruebas practicadas en primera instancia, así como examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo" (SSTC 124/1983, 23/1985, 54/1985, 145/1987, 194/1990, 323/1993, 172/1997).
No obstante la apreciación del Ministerio Fiscal, no es enteramente ajena al derecho a la presunción de inocencia la pretendida tacha de falta de motivación o, en su defecto, de motivación arbitraria e infundada, que la recurrente dirige asimismo contra la resolución impugnada pues, establecida la existencia de prueba de cargo idónea o, en otros términos, de prueba suficiente y no lesiva de otros derechos o carente de garantías, cuando -como aquí es el caso- se aduce la falta de motivación o el carácter arbitrario e infundado de un pronunciamiento supuestamente sustentado en meras conjeturas y sospechas, aún hemos de verificar si el resultado de la valoración de que se trate aparece o no motivado y, en su caso, si el iter seguido en la argumentación del Tribunal para llegar de la prueba al hecho probado presenta carencias lógicas o incoherencias e insuficiencias que impidan entender que se trata de una resolución razonable (por todas, SSTC 68/1988, 63/1993, 189/1998, 220/1998) o bien se asiente sobre una base tan abierta que permita una conclusión y la contraria, pues en tales condiciones no radicaría sobre base alguna, por cuanto en realidad ninguna de las alternativas o posibilidades podría considerarse efectivamente probada (SSTC 198/1998 220/1998).
Pues bien, por cuanto se ha dicho, no resulta difícil concluir que la resolución impugnada no está carente de motivación, ni aquella en la que se sustenta puede considerarse incursa en la pretendida tacha de arbitrariedad ni excesivamente abierta. Ocurre, no obstante, que la motivación lo es en lo sustancial por remisión a la contenida ya en la Sentencia de instancia. Se parte, en efecto, en la resolución impugnada del hecho probado de que como el propio Juez de instancia reconoce "el Ministerio Fiscal ha probado la comisión de un delito de desobediencia por parte de la acusada (...) delito (que) se concreta por hechos concretos, como los descritos en la declaración de hechos probados de la Sentencia" (fundamentos jurídicos 2º y 4º). Por cuanto se ha dicho, no cabe apreciar tampoco que la fundamentación incurra en arbitrariedad o aparezca infundada, por cuanto el Tribunal se limita a brindar una respuesta congruente con las pretensiones deducidas por las partes en apelación. Se ha de rechazar, por tanto, la pretendida vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
Ahora bien, es preciso en este punto poner de manifiesto que, conforme al art. 795.3 L.E.Crim., todo recurrente, esto es, tanto el apelante como el apelado (SSTC 23/1985, 169/1990), podrá pedir la práctica de diligencias de prueba lo que, caso de ser admitidas, hará preceptiva una vista oral (art. 795.7 L.E.Crim.); que, de estimarse ello necesario para la correcta formación de una convicción fundada, la propia Audiencia podría en todo caso acordar (art. 795.6 L.E.Crim.); y que, de esta configuración legal de la apelación en el procedimiento abreviado no se deriva per se indefensión constitucional alguna por cuanto no siempre resultará necesaria la celebración de la vista oral. Por ello, se ha dicho, que de la falta de tal acto procesal resulte o no indefensión será cuestión únicamente determinable a la vista del concreto supuesto planteado (ATC 318/1995, fundamento jurídico 2º).
Tipo y número de registro Recurso de amparo 1213-1996
Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián que revocó en apelación la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de dicha ciudad en causa seguida por delito de desobediencia grave a la autoridad.
Supuesta vulneración de los derechos reconocidos en el art. 24.2 C.E.: valoración de la prueba penal; motivación suficiente de la condena en segunda instancia.
Descartada la concurrencia de la eximente de estado de necesidad, y habiéndose acreditado por el Ministerio Fiscal, y reconocido así expresamente por el Juez de instancia, la comisión de un delito de desobediencia por parte de la acusada, resulta manifiesta la inexistencia de la pretendida falta de prueba de cargo idónea a fin de acreditar el elemento volitivo preciso para la comisión del tipo [F.J. 3].
El «mayor subjetivismo» que la prueba indiciaria encierra hace que este Tribunal, al tiempo que se muestra particularmente riguroso en la exigencia de una motivación suficiente, quiera ser especialmente prudente al enjuiciar la suficiencia del resultado de la valoración judicial [F. J. 2].
Ninguna vulneración comporta per se la declaración de un pronunciamiento condenatorio en segunda instancia (STC 41/1998) [F. J. 4].
Quien no ha solicitado la práctica de la prueba ni la celebración de juicio oral ante el órgano judicial ad quem no puede luego invocar la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por falta de inmediación, oralidad y contradicción en la fase de apelación [F. J. 6].
Artículo 795.3, f. 5
Artículo 795.6, f. 5
Artículo 8.7, f. 1
Artículo 237, ff. 1, 3
Derecho a la presunción de inocenciaDerecho a la presunción de inocencia, Respetado, ff. 2, 3
Desobediencia a la autoridadDesobediencia a la autoridad, ff. 2, 3
Condena penal en apelaciónCondena penal en apelación, ff. 4 a 6
Contradicción en el recurso de apelaciónContradicción en el recurso de apelación, f. 5
Falta de proposición de pruebaFalta de proposición de prueba, f. 6
Falta de solicitud de vistaFalta de solicitud de vista, f. 6
Garantías en el procedimiento penal abreviadoGarantías en el procedimiento penal abreviado, ff. 5, 6

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 795

Artículo 795

Artículo 8

Artículo 237