Source: http://legalcomentario.blogspot.com/2009/06/
Timestamp: 2018-02-23 04:11:00+00:00

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"LEGAL COMENTARIO": junio 2009
Con motivo de los recientes hechos que han tienen como protagonista principal a Magali Medina, se ha puesto de relieve y muchos (como Enrique Ghersi, los congresistas Javier Valle Riestra, Elías Rodríguez, Fabiola Salazar, Julio Herrera, Hilda Guevara y Miguel Trilles, así como la Asociación Nacional de Periodistas, etc.) hablan ahora de “despenalizar los delitos contra el honor: Injuria, Calumnia y Difamación”. El tema no es tan sencillo como parece, de hecho antes de proceder a un cambio de este tipo hay que considerar varias situaciones. Veamos.
Finalmente, una despenalización no sólo requiere la modificación (derogación de los artículos 130 a 139 del Código Penal, sino que también necesitaría una reforma de la Constitución, con una aprobación de más de dos tercios del número legal de congresistas en dos legislaturas ordinarias sucesivas (¡!), según lo dispone el art. 206 del indicado cuerpo normativo. Consideramos que hay otros temas más importantes de los que deben ocuparse nuestros congresistas. Que nuestros amigos periodistas y afines se preocupe más bien –como afirma F. Salazar– por ser más competentes.
*Abogado, socio del Estudio Cruzado, Rosas y Dávila, docente de la UCV, USAT y ULADECH.
** Abogada, secretaria del Poder Judicial.
Publicado por Frank Alfredo Acevedo Sánchez en 7:24 4 comentarios:
Frank A. Acevedo SánchezAbogado,
Abogado. Profesor de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil, en las Facultades de Derecho de la Universidad Privada del Norte Universidad Privada César Vallejo y Universidad Privada San Pedro.
Como es sabido, frente al derecho de Acción del demandante existe el derecho de contradicción del demandado, en esencia ambos derechos comparten las mismas características procesales puesto que ambos son el pedido concreto de tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de los derechos con sujeción a un debido proceso conforme se desprende del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil (en adelante CPC). El ejercicio promovido por el demandante a que se ampare su pretensión como producto de haberse vulnerado un derecho material con razón o sin ella y la defensa del demandado a contradecir dicha pretensión con la finalidad de que ésta sea desestimada.
Pero es necesario acotar que dentro del proceso judicial el Juez como parte de su labor exhaustiva de llegar a la verdad de los hechos es que manifiesta su voluntad frente a los pedidos concretos de la partes a través de la expedición de resoluciones como son los decretos, autos y sentencias siendo estos sus principales actos procesales conforme lo regula el artículo 121 del CPC. Las aludidas resoluciones deben ser debidamente notificadas a ambas partes o posibles terceros con legítimo interés, de esta forma se asegura el contradictorio entre los destinatarios del proceso y de esta manera la garantía de conocer oportunamente de todas y cada una de las decisiones del juzgador.
Bajo esta línea de pensamiento y sin temor a equivocarnos podemos asegurar que el principal acto procesal que garantiza el derecho a un debido proceso y asegura el contradictorio entre las partes es el acto de notificación. Ahora bien, entre emplazamiento y el acto de la notificación, es necesario hacer las siguientes precisiones conceptuales a fin de aproximarnos a su finalidad.
Así pues, el emplazamiento es el acto procesal en virtud del cual se comunica a una parte o a un tercero el plazo durante el cual podrá ejercitar un derecho ante el titular del órgano jurisdiccional.[1] Es la convocatoria para comparecer y que se cuente desde la propia notificación.[2] Manresa afirma que “por emplazamiento se entiende el llamamiento que se hace a los litigantes para que comparezcan en juicio a defenderse o a hacer uso de sus derecho”, el emplazamiento entonces al ser un acto procesal va contenido en el auto admisorio que muchas veces toma otras locuciones como son: Emplácese al demandado, a conocimiento del demandado o traslado de la demanda por el plazo de treinta días…; del mismo auto admisorio encontramos otras manifestaciones concretas del Juez como es: Admítase la demanda, la adecuación de la vía procedimental bajo la locución: Tramitase en la vía de proceso de conocimiento, abreviado, etc, el téngase por ofrecido los medios probatorios y el apercibimiento de rebeldía. Es así entonces que la génesis del emplazamiento no lo encontramos en el acto de notificación sino en el auto admisorio que contiene el acto procesal del emplazamiento que no es otra cosa que el poder de convocatoria que tiene el juez para hacer comparecer a los justiciables ante el tribunal conocido como la “vocatio”. Por su parte la notificación también vendría a ser un acto procesal de comunicación, en virtud del cual el Juez comunica a todos los intervinientes en el proceso del contenido de sus resoluciones.
El término proviene directamente de la voz notificare, derivada de notus, que significa conocido, y de facere, hacer, y por ello etimológicamente significa hacer conocer[3] . Ahora bien si el auto admisorio contiene el emplazamiento al demandado como es el plazo para contestar la demanda y el llamamiento a que comparezca al proceso, esto será posible solo desde el momento de la notificación, primero, porque desde ese momento comienza a correr el plazo y segundo, para que conteste y comparezca al mismo; en consecuencia una providencia judicial es procesalmente inexistente mientras no se le ponga en conocimiento de los interesados. En conclusión a través del auto admisorio se concreta el poder de convocatoria del Juez que es el llamamiento mismo o emplazamiento al demandado y a través del la notificación se le da publicidad.
Una vez notificado al demandado, con la resolución que contiene el emplazamiento esto es el llamamiento a comparecer el proceso la pregunta es: ¿estará obligado a contestar la demanda? No olvidemos que el derecho de defensa como su nombre lo indica es un derecho mas no una obligación es por ello que nadie esta obligado a defenderse es decir a contestar una demanda instaurada en su contra; esto no significa que el proceso se va a detener sin escuchar a la otra parte, ello va a depender de la notificación válida en el domicilio del demandado y su no comparecencia no obstante haber sido debidamente notificado hará presumir al Juez y al demandante que el emplazado esta conforme con la pretensión y se sujetará a los apremios previstos por la ley procesal como es la Rebeldía, con consecuencias poco favorables para quien no contesta la demanda. En strictu sensu la rebeldía tendrá lugar con todo aquello que se refiera al no apersonamiento del demandado al proceso artículo 458 del CPC. Ahora bien, su inactividad de no comparecer al proceso se puede deber a que el emplazamiento no haya llegado a su destino o que habiendo llegado no haya querido o no haya podido apersonarse. Otro es el caso en la que desconociéndose el domicilio del demandado o ser una persona incierta y los demás presupuestos que la ley señala como es el caso del artículo 165 del CPC la ley a dispuesto la notificación por edicto, de esta forma, no se desprotegerá jurídicamente a aquellas personas que se sujeten a los dispuesto por el artículo 61 del CPC, para ello se nombrará curador procesal que va ejercer la defensa en el proceso solo en determinadas circunstancias sin perjuicio que el demandado enterado del proceso pueda ingresar a éste en el estado en que se encuentre
Es de anotar que una vez notificado por edictos al demandado y haberse agotado los trámites de las publicaciones y pese a ello no compare al proceso, procede el nombramiento de curador procesal mas no el pedido de rebeldía, toda vez que dicho pedido se sujeta a determinados presupuestos a que se contrae el artículo 458 del CPC.
Fluye de la lectura entonces, que las partes gozan de dos derechos procesales constitucionales como son el derecho de acción y el de contradicción, sin embargo debe entenderse que el derecho de contradicción es un derecho especifico que se reserva solo a la etapa postulatoria del proceso, específicamente cuando el demandado contesta la demanda o ejerce las formas de defensa que le franquea la ley como es defensas de fondo, forma y previa, es allí donde hace uso de este derecho, léase el artículo I del Título Preliminar del CPC y artículo 3 del CPC. En este sentido cabe la pregunta ¿es lo mismo derecho de contradicción que principio de contradicción o bilateralidad?, en puridad podríamos decir que es lo mismo destacando que el principio de bilateralidad o contradicción se reservará para todo el proceso, tanto para demandante como para demandado.
Hasta el momento es de opinión unánime por los procesalistas, en convenir que entre debido proceso, derecho de contradicción y notificación válida existe una relación inescindible en cuanto a posibles efectos, no se puede concebir un proceso justo sin darle la oportunidad al demandado para ser oído, probar y alegar todo cuanto esté a su alcance, en consecuencia el derecho a un Debido Proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, dando a toda persona la posibilidad de acudir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un proceso justo, en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa dentro de un plazo prudente y preestablecido en la ley procesal, por lo tanto la contravención del derecho al debido proceso será sancionada la nulidad procesal.
Esta oportunidad razonable y suficiente a que se refiere el párrafo anterior solo será factible en tanto que las partes se encuentren debidamente notificadas, de lo contrario hay que estar muy atentos porque ello dependerá del resultado del proceso con la consecuente finalidad que tanto aspiramos, esto es resolver el conflicto de intereses y lograr la tan anhelada paz social que por más utópica que parezca es un deseo que todos aspiramos.
[1] FENECH, Derecho procesal Penal, 2 vols.. Ed. Labor, S.A Madrid, 1960. T II p.798.
[2] GOMEZ ORBANEJA y CORTES, Valencia, 1986 T.I. vol. I, P. 342.
[3] DEVIS ECHANDIA, Tratado, IV, p. 488-489
Publicado por Frank Alfredo Acevedo Sánchez en 7:29 10 comentarios:
Publicado por Frank Alfredo Acevedo Sánchez en 7:51 14 comentarios:
FRENTE A LOS SUCESOS DEL 5 DE JUNIO EN BAGUA, “LEGAL COMENTARIO” SE PRONUNCIA.
La vida es el máximo valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser protegida y privilegiada, tanto la de nuestras comunidades nativas históricamente desatendidas, como de aquellos que en cumplimiento de su deber constitucional, procuran el restablecimiento del orden. Por lo tanto:
1.- LAMENTAMOS profundamente la muerte de nuestros compatriotas, que sobrepasa el medio centenar, producido por causa de esta condenable agresión entre peruanos.
2.- CONDENAMOS todo tipo de violencia. Que cese las intervenciones de la fuerza por parte del Estado y el secuestro y agresión hacia las fuerzas policiales. Asimismo, solicitamos que se investiguen y se sancionen a los responsables de estos hechos execrables.
3.- CONDENAMOS la falta de información que el Estado debió suministrar a los pueblos indígenas y pueblo en general a fin de no caer en extremistas que lo único que hicieron fue desinformar a los pobladores que termino con éste fatal desenlace.
4.- CONDENAMOS la actitud de diversos sectores políticos y de la prensa, que lejos de asumir su rol en la preservación de la vida y la democracia, han optado por desinformar a la población, difundiendo versiones sesgadas e interesadas y reproduciendo estereotipos discriminadores y hasta paternalistas.
5.- EXIGIMOS que el Estado de forma inmediata reanude el dialogo sobre el manejo de los recursos de nuestro propio suelo, y sus posibles beneficios e impactos ambientales y que las partes tengan la capacidad y la voluntad de arribar a una solución.
6.- QUE SE RESPETE la decisión del pueblo a la derogatoria del Decreto Ley 1090, que fue el detonante de éstos hechos sangrientos.
7.- Por último, se hace un llamado a toda la comunidad universitaria y nacional a no ser indiferente ante estos acontecimientos y a tomar una posición férrea como sociedad civil. Nuestra indiferencia puede ser una de las mayores causas de estos condenables hechos.
DIRECTOR LEGAL COMENTARIO
Publicado por Frank Alfredo Acevedo Sánchez en 13:20 32 comentarios:

References: artículo 121
 resolución 
 artículo 458
 artículo 165
 artículo 61
 artículo 458
 artículo 3