Source: http://www.egarsat.es/Utilidades/Actualidad-laboral/Resumen-de-Prensa-Semanal-Semana-173
Timestamp: 2017-02-22 01:49:54+00:00

Document:
21/04/2014 al 27/04/2014
elpais.com, 20/04/2014
cincodias.com, 21/04/2014
eleconomista.es, 22/04/2014
noticias.juridicas.com, 22/04/2014
cincodias.com, 22/04/2014
cincodias.com, 23/04/2014
noticias.juridicas.com, 23/04/2014
europapress.es, 23/04/2014
cincodias.com, 24/04/2014
Los sindicatos y Pimec constatan un “cambio de tendencia” en siniestralidadUGT atribuye que haya más accidentes a la “precaridad” de los nuevos contratos La tímida subida de la contratación del primer trimestre no fue acompañada de una mejora de la seguridad laboral. Tras una década de continuo descenso, los accidentes de trabajo subieron por primera vez en los tres primeros meses del año. En números absolutos, en ese periodo se registró casi un millar más de incidentes que hace un año, pero también hubo más accidentes por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social, según el Departamento de Empresa y Empleo. La Generalitat recuerda que en ese periodo la siniestralidad se ha reducido en más de la mitad y considera que los datos arrojan una “cierta continuidad”. Sin embargo, la patronal Pimec y los sindicatos sí consideran que esa subida debe abordarse de inmediato. Los sindicatos, además, recelan de la encuesta, que a su juicio no refleja el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los últimos años. Durante el primer trimestre del año hubo 19.140 accidentes en jornada de trabajo con baja, lo cual supone un incremento del 5% respecto al mismo periodo del año pasado. La subida podría deberse, no obstante, al aumento de los contratos, por lo que la Generalitat valora siempre la siniestralidad laboral poniendo los incidentes en relación con los afiliados. Tras varios trimestres de descenso, ese valor, de 3.030 siniestros por cada 100.000 afiliados, también se ha incrementado respecto al año pasado y en relación al trimestre anterior. El principal motivo es el incremento de los accidentes leves en todos los sectores económicos. Los accidentes graves y los mortales, en cambio, siguieron bajando. El director general de Relaciones Laborales, Jordi Miró, explica que “en un periodo de tiempo tan corto las diferencias son muy pequeñas” y podrían deberse al efecto de la Semana Santa, que el año pasado se celebró en marzo. Miró recuerda que en los últimos diez años el índice de incidencia de accidentes laborales ha tenido una bajada importante, de manera que ha llegado a “parámetros muy bajos”, por lo que considera que “descensos tan claros serán ya difíciles de ver”. “No hay un cambio de tendencia, sino un mantenimiento. Lo veremos cuando cerremos el segundo trimestre”, añade Miró. De hecho, al cierre del periodo comprendido entre abril de 2003 y marzo de 2004 el índice de incidencia era de 6.786,49 accidentes por cada 100.000 afiliados. Ese valor es un 56% inferior: al final del periodo de entre abril de 2013 y marzo de 2014 fue de 3.030,08. Hace un año ese índice era de 2.953,64 incidentes. Sin embargo, patronal y sindicatos sí están preocupados por estos datos, y las organizaciones UGT y CC OO preparan ya sendos informes que presentarán en los próximos días. El secretario de Política Sindical de UGT, Camil Ros, asegura que el aumento de la siniestralidad laboral indica el incremento de malas condiciones laborales. “Es un síntoma de precariedad laboral. Siniestralidad y precariedad están muy relacionadas. Hace falta un estudio de los motivos, porque es muy preocupante que vuelva a crecer”, asegura Ros. La patronal Pimec comparte diagnóstico. “Los accidentes graves y mortales siguen bajando, mientras que los leves suben. Los datos nos dicen que hemos de estar atentos para hacer un análisis porque algo está cambiando. Tal vez las medidas que hemos adoptado en los últimos años y que han permitido rebajar accidentes graves ya no son válidas para atajar los leves y debemos atacar el problema de otra forma”, sostiene la responsable de Riesgos Laborales de Pimec Marisa González. A partir de ahí, en las causas y las soluciones, surgen las divergencias entre patronal y sindicatos. Camil Ros, de UGT, indica como factores determinantes la precariedad y la falta de recursos en formación y seguridad laboral. “No lo olvidemos, se trata de una inversión y no un gasto. Sirve para que las empresas sean más competitivas”, recuerda. La responsable de Salud Laboral en CC OO, Loly Fernández Carou, discrepa en que el cambio de tendencia se dé ahora. A su juicio, las estadísticas muestran “un cambio en la notificación” de las enfermedades laborales, pero los números que valen son los de la Encuesta de Condiciones de Trabajo. Y esta, afirma, muestra cómo se ha degradado el entorno laboral en los últimos años. Fernández Carou coincide con Ros en que la formación y la seguridad laboral han sido dos de las víctimas de la crisis. “Lo hemos visto a diario. Habíamos conseguido arrancar de las empresas mejoras, pero llegó la crisis y todo se paralizó”, lamenta. Pimec rechaza el argumento de que el aumento de accidentes laborales tenga que ver con la precariedad laboral. Marisa González se queja de que las medidas que contempla la ley beneficia a las grandes empresas, pero no a las pymes. La patronal considera que la Generalitat debería potenciar la “autogestión” de la prevención, dando prioridad a la figura del “trabajador designado” a la contratación de servicios exteriores de prevención. Esa solución requiere, no obstante, salvar dos escollos: “Se necesita trabajadores formados y, por otro lado, está la vigilancia de la salud, que en ese caso sí debe ser externalizada”, afirma. Según los datos de la Generalitat, el sector con una mayor incidencia de accidentes laborales es el de la construcción (5.985 accidentes por cada 100.000 afiliados), seguido de la industria (4.305), la agricultura —que con 4.167 incidentes experimenta la mayor subida de todos los sectores— y, por último, los servicios (2.566). Arriba
El colectivo de autónomos empieza a mejorar sus expectativas sobre la evolución de la economía española. Así lo indica el Barómetro sobre la situación de estos trabajadores en el primer trimestre del año, que elabora la Asociación Nacional de Autónomos (ATA), según el cual prácticamente dos de cada tres (64,5%) piensan que la economía ya ha mejorado tras cinco años de crisis y continuará haciéndolo a lo largo de este año. Este porcentaje de optimistas ha mejorado sustancialmente respecto al barómetro anterior del mes de diciembre de 2013, cuando eran el 53,4% los que opinaban que la economía se estaba reactivando y duplica a los que tenían esta percepción positiva hace un año, en junio pasado, cuando solo el 30% lo opinaba. Una de las mayores pruebas de esta mejoría es que de uno de cada tres autónomos (el 34,8%) --de los 1.307 consultados a finales de marzo-- aseguró que ya ha contratado a algún trabajador en el primer trimestre de este año. Este porcentaje aumentó siete puntos respecto al último trimestre de 2013. En general, este mismo porcentaje cree que necesitará aumentar plantilla en lo que resta de año. Aunque más de la mitad (el 56,4%) no ve posible o necesario contratar nuevos trabajadores en los próximos meses, este porcentaje es, sin embargo, mayor al obtenido a finales de 2013, con lo que aumentan también aquellos que no crearán empleo. El hecho de que aumenten tanto los que van a contratar como los que no, obedece a que disminuye en más de trece puntos el colectivo de aquellos que debido a la incertidumbre no sabían qué iban a hacer al respecto en los meses siguientes. A pesar de todo esto, casi la mitad del colectivo (49% de los encuestados) considera que la situación de su negocio sigue siendo muy complicada y lejos de remontare, sigue evolucionando de forma negativa. Si bien este porcentaje es menor que en el último trimestre del año pasado cuando el 55,5% manifestaba tener estas dificultades. La caída de ventas y demanda sigue siendo la principal causa de disminución del negocio para los autónomos (para el 52,6%), seguido en idéntica proporción por la falta de acceso al crédito y la morosidad de los clientes (el 19%, respectivamente). No obstante, estos trabajadores detectan una "muy leve" mejoría a la hora de financiarse ya que hace tres meses eran el 20% quienes apuntaban a esta dificultad. En este sentido, en el primer trimestre aumentan algo el porcentaje de los trabajadores por cuenta propia que han solicitado financiación a una entidad financiera pasando del 36% al 37,6%. También aumentan aquellos a los que se concedió dicha financiación, que ya suponen el 45,1%, desde el 43,8% anterior. Y dismunuyen dos puntos a los que se le han denegado (el 53%). Arriba
La Seguridad Social ganó 15.201 cotizantes extranjeros en marzo, un 0,99% más en relación al mes anterior, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.535.889 ocupados, según informa este martes el Ministerio de Empleo. Con el repunte de marzo, el mayor desde junio de 2012, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social encadena dos meses consecutivos al alza tras ganar casi 6.000 cotizantes extranjeros en febrero. Del total de inmigrantes en alta al finalizar el mes pasado, 1.305.309 cotizaban al Régimen General; 226.217 al de Autónomos; 4.064 al del Mar, y 298 al del Carbón. En términos interanuales (marzo de 2014 sobre el mismo mes de 2013), la afiliación de extranjeros cayó un 4,25% (-68.249 cotizantes). Baleares, Murcia y Andalucía fueron las comunidades que registraron el mayor incremento intermensual, con avances del 8%, del 3,5% y del 2%. Entre los descensos, los más significativos se los anotaron Castilla-La Mancha (-1,8%) y La Rioja (-1,07%). En términos absolutos, Cataluña lidera la afiliación de extranjeros, con 340.994 trabajadores, seguida de Madrid (328.368), Andalucía, 208.381, y Comunidad Valenciana, con 164.963 inmigrantes cotizando al sistema. Del total de extranjeros afiliados a cierre de marzo, 927.949 procedían de países de fuera de la Unión Europea y 607.940 pertenecían a países comunitarios. Arriba
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado improcedente la jubilación forzosa de una empleada de la Consejería de Educación y ha obligado a la Comunidada de Madrid a readmitirla o indemnizarla. De este modo, los magistrados dan la razón a una empleada adscrita a la Consejería autonómica de Educación, a la que al cumplir 65 años se le aplicó la jubilación forzosa prevista en el Convenio Colectivo para el personal de la Comunidad de Madrid. Por ello, los magistrados del Alto Tribunal madrileño declaran ahora improcedente el despido y obliga a la Consejería de Educación a readmitirla o indemnizar a la mujer. Según informa el sindicato, esta trabajadora ha recuperado su puesto de trabajo. El artículo 50 del convenio señala que "la jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador la edad de 65 años, comprometiéndose la Comunidad a cubrir las plazas que por esa razón queden vacantes". Sin embargo, según el fallo, la plaza que ocupaba la trabajadora continuaba vacante en el momento de formalizar el recurso. La Sección número 5 de lo Social del TSJM revoca ahora la sentencia de instancia dictada por un Juzgado de lo Social y en su sentencia, que ya es firme, insiste en la necesidad de que la "jubilación forzosa del trabajador se vincule de manera ineluctable a una verdadera política de empleo". La Sala también hace referencia a la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores, modificada por la Reforma Laboral de julio de 2012, que señala como uno de los requisitos para extinguir automáticamente un contrato de trabajo, al cumplirse una determinada edad, la "necesaria vinculación del cese obligatorio a objetivos coherentes con la política de empleo expresados en el convenio colectivo". Según el sindicato, la sentencia concluye que "Debemos concluir (...) que la norma que venimos examinando, que regula la jubilación forzosa por edad [el artículo 50 a) del Convenio Colectivo para el personal de la Comunidad de Madrid], no observa, en clave colectiva, las exigencias legales que hacen viable la extinción del contrato por tal causa, puesto que se limita a establecer el compromiso genérico de esta Comunidad por el que se obliga a 'cubrir, por los métodos establecidos en este Acuerdo, las plazas que por esta razón quedaran vacantes'. Nada más", concluye el TSJ de Madrid. Por tanto, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Luis Gascón Vera, estima en parte el recurso de suplicación interpuesto por CSI-F Madrid, declara la improcedencia del despido y condena a la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad a readmitir a la trabajadora o a indemnizarla. (EUROPA PRESS). Arriba
Burgos rechaza una fuerte subida del IVA para compensar una eventual rebaja de cotizacionesLa cifra de aplazamientos de pago solicitados por las empresas cae un 15% en el trimestre y su cuantía, el 36% El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha avanzado hoy durante su participación en el Foro CincoDías, patrocinado por Banco Sabadell y Accenture, que el Ministerio de Empleo ya ha remitido esta misma mañana a los agentes sociales el proyecto de Real Decreto por el que el Gobierno pretende reforzar la información que recibe el trabajador acerca de su carrera de cotización. El objetivo de esta iniciativa, según explicó Burgos, es que todos los trabajadores dispongan de toda la información referida a la cotización que realiza por ellos su empresa, así como de las expectativas futuras de jubilación que tienen según dichas cuotas. “Hasta ahora no podíamos ver nítidamente las aportaciones realizadas y, por ello, las cosas tienen que cambiar”, aseguró el secretario de Estado. Así, el departamento de Empleo ultima el plan por el que a lo largo del último trimestre de este año comenzará a enviar a los trabajadores mayores de 50 años una carta con los datos relativos a su situación laboral y sus expectativas de retiro. De este modo, la misiva pretende incluir la fecha posible de jubilación del trabajador (siempre teniendo en cuenta cuándo le correspondería según la edad legal que fije el sistema en ese momento) y cuánto cobrará de pensión, entre otros conceptos. El objetivo es reforzar la transparencia y hacer que el trabajador confirme que su prestación “es justa”. Contrario a la devaluación fiscalTomás Burgos, se ha mostrado también hoy firmemente contrario a la propuesta de los expertos de acometer en un futuro una devaluación fiscal, que consistiría en acometer una rebaja generalizada de cotizaciones sociales y, a cambio, subir el IVA para compensar la pérdida de ingresos. En su opinión, esta propuesta es aceptable teóricamente pero, según sus cálculos, sería inviable en la práctica. "Es posible reducir cuotas si esto se comensara con las mismas cuantías para pagar los 8.000 millones de euros, que cuesta la nómina de las pensiones, mes a mes durante catorce meses", dijo Burgos. Según las cifras que baraja el Secretario de Estado, para reducir el desempleo un punto habría que rebajar las cotizaciones sociales entre cinco y seis puntos (cada puntosuponen 3.000 millones de ingresos para el sistema) y esto exigiría subir ocho o nueve puntos el IVA, explicó. "Y nadie está pensando en subir el IVA al 29%", añadió Burgos. Además, precisó que el pago de las pensiones es recurrente todos los meses y, por el contrario, la recaudación del IVA "no es lineal". Por ello, concluyó este tema asegurando que "el debate hay que hacerlo en su conjunto y no solo hablar de si se rebajan o no las cotizaciones sino del nivel de protección que se quiere mantener". Dicho esto se refirió también a otro aspecto de la próxima reforma fiscal al indicar que "el sistema público de pensiones no rivaliza con los privados". Por esta razón consideró que si la próxima reforma fiscal introduce incentivos a los planes privados estos "serán bienvenidos". Aunque precisó que "si tuvieramos que elegir nosostros" esos incentivos se centrarían en los planes colectivos de empleo, que se negocian en el seno de las empresas con los representantes de los trabajadores. Situación actual del sistemaEl número dos del Ministerio de Empleo ha hecho también hoy un repaso a la situación general del sistema de pensiones. Según dijo "existen datos objetivos y contrastables que idican que la Seguridad Social está mas fuertes y paga más pensiones que nunca". En marzo se alzcanzó un nuevo récord con el abono de 9,17 millones de pensiones cada mes. Así destacó que el saneamieno del sistema es fruto tanto de las últimas reformas que retrasaron la edad de jubilación, aumentaron el número de años que se toman en cuenta para calcular la cuantía de la pensión y endurecieron el acceso a la jubilación anticipada y parcial. Este último cambio ha situado la edad real de jubilación en 64,3 años, precisó. Igualmente, el responsable de la Seguridad Social recordó otras actuaciones de su departamento para aumentar los ingresos del sistema, como las mejoras de gestión que, a pesar de reducir sus costes de funcionamiento un 3,3%, han logrado recuperar en vía ejecutiva el pasado año 1.855 millones de euros, un 15,7% más que el año anterior. Además destacó que la tasa de morosidad ha bajado al 2,33%, "la más baja desde el inicio de la crisis". Y avanzó también que la mejora del empleo está propiciando un aumento de la recaudación, "que lleva cuatro meses en tasas positivas", con un crecimiento interanual del 4,80% actualmente. Asimismo la incipiente recuperación económica está provocando un descenso de los aplazamientos de pago por parte de las empresas, cuyo número ha descendido un 14,8% en el primer trimestre del año y su cuantía ha bajado más del doble, un 35,6%. Pero a pesar de todas estas mejoras, Burgos advirtió que la Seguridad Social "sigue atravesando un momento delicado". De hecho, "solo hay que ver que en los últimos diez años hay un millón de niños menos y 1,5 millones de jubilados más"; y que durante la crisis la pensión media ha subido el 28% mientras que la inflación acumula un aumento del 9,6% en los últimos cinco años. Por ello abogó por "seguir haciendo las reformas que hagan falta en el momento en el que hagan falta" pero siempre sin volver a recurrir a la emisión de deuda para pagar las pensiones. Además añadió que en esta futura hoja de ruta "el equilibrio presupuestario es imprescindible" y por ello los responsables del sistema intentarán que el déficit previsto para 2014, quede por debajo del 1,1% estimado, al igual que en 2013 los números rojos de la Seguridad Social fueron tres décimas inferiores a los calculados inicialmente.	Arriba
El único colectivo extranjero que sube es el chino, con 3.500 altasLa Comunidad Valenciana concentra el 30% de la pérdida de población La población censada en España sigue menguando. Los últimos datos del padrón de población a 1 de enero de 2014 reflejan que había inscritos 46,7 millones de personas, lo que representa una caída de 404.619 personas en 2013, tras el descenso de 136.000 registrado en 2012. Dos años consecutivos de retroceso con un signo muy diferente en la población nacional, que ha sumado 54.000 personas más, mientras que entre los extranjeros, la pérdida ha sido de 751.000 habitantes. Solo en 2013 salieron del censo 546.000 no residentes como consecuencia de una coyuntura económica muy compleja, con una tasa de paro que supera el 26% y con falta de expectativas para un gran número de personas que trabajaron durante muchos años en sectores en declive como la construcción. Los datos del INE muestran que se han producido caídas en todas las nacionalidades, con la excepción de China, que suma 3.500 habitantes más. Los países que más han aportado a ese éxodo han sido los británicos, con 87.000 menos, y los rumanos, con 74.000 menos. Ambos casos, sin embargo, tienen distintos orígenes: los británicos, en su gran mayoría, disfrutan de segunda residencia en España y suelen empadronarse para sus períodos de estancia, ligados a las vacaciones, mientras que la salida masiva de residentes rumanos obedecería a la falta de expectativas laborales.La merma de población también ha sido especialmente intensiva en tres autonomías (Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid), que concentran el 52% de la pérdida. Especialmente reseñable es el caso de la región presidida por Alberto Fabra, de cuyos censos han salido 118.000 habitantes, el 29% del total.	Arriba
El Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo con el objetivo de suprimir los obstáculos que todavía dificultan la libre prestación de servicios, al tiempo que aumenta la seguridad jurídica y ayuda a prevenir abusos. Para ello se modifica la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. Por medio de esta nueva norma, los trabajadores desplazados temporalmente a otro país de la UE para prestar servicios estarán mejor protegidos y las empresas se beneficiarán de un marco jurídico más claro, según la nota de prensa emitida por la Eurocámara. Los negociadores del Parlamento han clarificado las normas para que las autoridades nacionales puedan identificar más fácilmente los abusos y tengan más flexibilidad para realizar inspecciones. Desplazamientos y prevención de abusosPara determinar si una empresa suministra servicios en el extranjero, las autoridades nacionales podrán comprobar el lugar en el que ésta se ha registrado, paga impuestos y contribuciones a la seguridad social, contrata a trabajadores desplazados y desarrolla su actividad empresarial, así como el número de contratos de suministro de servicios. Además, con el fin de evaluar si un trabajador está realmente desplazado, los Estados miembros comprobarán cuánto dura la prestación del servicio y la fecha en la que empieza el desplazamiento. Según el texto aprobado, la falta de un certificado "A1" de seguridad social podrá indicar que el desplazamiento no es lícito. Los Estados miembros que crean que un trabajador es un falso autónomo podrán comprobar si el trabajo fue realizado y verificar la situación laboral del empleado, así como el vínculo con el empresario y la remuneración. Mayor flexibilidad para las inspeccionesLa nueva norma incluye una lista de medidas nacionales de supervisión, a las que los Estados miembros podrán añadir más. Los Estados miembros tendrán que comunicar sus métodos de control alternativos a la Comisión Europea, pero esto no constituirá un requisito de autorización previa, lo cual les permitirá disfrutar de un mayor grado de flexibilidad. SubcontrataciónEn los casos de subcontratación en el sector de la construcción, tanto el contratista principal como los subcontratistas serán responsables en caso de impago a los trabajadores desplazados o cuando no se respeten sus derechos. Plazo para la adaptación de la legislación internaLos Estados miembros tendrán dos años para adaptar sus legislaciones nacionales a la nueva directiva. La Comisión Europea preparará un informe sobre la aplicación de la directiva y, en caso de que sea necesario, presentará una nueva propuesta en un plazo de tres años.	Arriba
El número de extranjeros inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) aumentó en 2.238 cotizantes en el primer trimestre del año, un 1%, hasta situarse en 226.217 afiliados, según han destacado este martes las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae. ATA ha destacado que uno de cada cuatro altas en el RETA registradas hasta marzo han sido de trabajadores extranjeros. En concreto, entre enero y marzo, este régimen ha ganado 8.624 cotizantes, de los que el 25,9% eran inmigrantes. "Éste es un colectivo que se muestra muy emprendedor y para el que, a pesar de la situación económica, la especial falta de crédito que padece y la aún fuerte morosidad, el emprendimiento es una fórmula eficaz para incorporarse al mercado laboral", ha subrayado el responsable del área de inmigrantes de ATA, Guillermo Guerrero. Sólo en el mes de marzo se dieron de alta en el RETA 3.025 inmigrantes, el equivalente al 18% del total de nuevos afiliados del mes. UPTA ha atribuido parte de este repunte a la Semana Santa y al buen tiempo, "que han animado a los extranjeros residentes en España a emprender un negocio". "Este colectivo sigue manteniendo un alto nivel de emprendimiento y resistencia a la crisis a pesar de todas las condiciones en contra, entre ellas las dificultades para acceder al permiso de trabajo por cuenta propia", afirma UPTA. Desde Uatae no se ve el aumento de la afiliación de extranjeros al RETA logrado en marzo como una "sorpresa", pero sí resalta que este incremento en 3.025 nuevos afiliados "ha superado con creces" el registrado en marzo de 2013 (1.956 altas de autónomos extranjeros). Uatae ha señalado que el repunte de marzo eleva la ganancia de autónomos extranjeros en el último año a 11.354 nuevos emprendedores, lo que supone que cada día de los últimos doce meses se han consolidado más de 30 autónomos extranjeros.	Arriba
El coste para las arcas públicas de este plan informativo será de 11 millones hasta 2016 Empleo prepara un cambio en las nóminas de los trabajadores que incluya también más información sobre sus cotizaciones La Seguridad Social ultima el envío de cartas a los trabajadores para informarles sobre su futura jubilación. Antes de que finalice este año, la primera hornada de ciudadanos que recibirá esta misiva por correo ordinario serán los mayores de 50 años afiliados y perceptores por desempleo, que estén en situación de alta o baja en la Seguridad Social pero que acrediten los 15 años que se exigen como mínimo para acceder a una pensión de jubilación ordinaria. Este colectivo, según la memoria económica del Real Decreto que regulará esta información, asciende a 5,3 millones de personas. A partir de 2015 el colectivo de ciudadanos a los que informará la Seguridad Social sobre sus expectativas de jubilación y pensión se ampliará a los mayores de 40 años, con lo que se enviarán aproximadamente cartas a 10,8 millones de trabajadores. Y, finalmente, a partir de 2016, bastará con acreditar más de cinco años cotizados, independientemente de la edad del trabajador, para que la Seguridad Social envíe la carta informativa. Esto elevará el colectivo de trabajadores informados a 17,6 millones. El coste de este plan informativo para el Ministerio de Empleo ascenderá a 11 millones de euros para los próximos tres años. El Departamento que dirige Fátima Báñez prevé que el primer envío de estas cartas se realice a los seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto que se está ultimando, pero siempre antes de que finalice 2014. Qué información tendrán la cartaTal y como avanzó ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en el Foro CincoDías la notificación que recibirán los ciudadanos a partir de final de año incluriá información puntual sobre: - la edad legal de jubilación que le corresponderá al trabajador si continuase cotizando al sistema hasta dicha edad; -la fecha a la que podrá acceder a la jubilación ordinaria; -los periodos de cotización necesarios para ello; -el importe anual y mensual de la pensión estimado en euros constantes calculado sobre 14 pagas. Empleo precisa que para el calculo de las expectativas de pensión se utilizará los datos que tenga la Seguridad Social en el momento de la fecha de la emisión de la carta. A partir de dicha fecha, se harán estimacionnes en función de criterios técnicos que aún están por definir por parte de la Secretaría de Estado. En cualquier caso, con carácter general, se usará como índice anual de actualización de la pensión el objetivo de inflació del Banco Central Europeo y no se tendrán en cuenta los coeficientes reductores aplicables a actividades penosas ni a la jubilación anticipada. Otra carta del sector privadoAdemás, la comunicación por parte de la Seguridad Social deberá ir acompañada a otra paralela procedente de las entidades privadas sobre los instrumentos de carácter complementario y alternativo, tales como mutualidades de previsión social, plannes de previsión social empresariales o planes y fodos de pensiones y seguros individuales y colectivos. En este caso, la estimación se realizará a partir de las aportaciones realizadas a estos instrumentos por parte del asegurado, en el caso de haberlas hecho. La obligación de la Seguridad Social de informar se prolongará hasta que el trabajador cumpla la edad legal de jubilación, salvo que o acredite en ese momento el periodo mínimo de cotización exigible; en ese caso se enviará hasta los 70 años. En el caso de los instrumentos privados de protección, la comunicación se producirá hasta que el asegurado cumpla los 65 años y el importe se calculará sobre 12 pagas, a diferencia de la misiva de la Seguridad Social que hará el cálculo sobre 14 mensualidades. Dicho todo esto, el Ministerio de Empleo avisa de que la información que se remitirá al ciudadano sobre sus futuros derechos de pensión tanto pública como privada, en caso de tenerla, "tendrá un mero valor informativo y orientador", por lo que "en ningún caso genera derechos ni expectativas de derecho a su favor, ni obligaciones o responsabilidades a las entidades que la emiten". En otras palabras, si en el momento de la jubilación la pensión que corresponde al trabajador es inferior que la calculada en estas cartas, no se podrá esgrimir esta información para exigir una cuantía mayor. Nóminas más informativasAdemás, el proyecto de Real Decreto que prepara Empleo, prevé implantar un nuevo modelo de nómina que reciben mensualmente los trabajadores asalariados que ofrecerá información más completa al ciudadano. Se prevé, entre otras cosas, que incluya la parte de aportaciones de la empresa en cotizaciones a la Seguridad Social por cada trabajador, algo que ahora no figura en estas notificaciones. Arriba
Empleo quiere otorgar más poder a los médicos de las mutuas y Sanidad se oponeLa Oficina Económica de Moncloa será quien tenga la última palabraEntre los planes del Ministerio de Empleo siempre ha estado aprobar en la primera mitad de 2014 la nueva regulación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que son entidades colaboradoras de la Seguridad Social que gestionan ya las bajas laborales de cerca del 90% de los trabajadores. Sin embargo, la nueva regulación de estas entidades registra constantes y sucesivos retrasos. Sin ir más lejos, estaba previsto que el anteproyecto de ley fuera mañana viernes al Consejo de Ministros pero finalmente no será así. Su aprobación volverá a posponerse, según fuentes que negocian esta nueva normativa. Los responsables del Ministerio de Empleo mantuvieron en la tarde del martes una reunión con representantes de la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CC OOy UGT para exponerles la situación por la que atraviesa el proyecto de ley cuya última versión es de hace tres meses, rechazada frontalmente por los sindicatos. Según fuentes conocedoras del contenido de este encuentro, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, expuso a los agentes sociales que en la última versión del anteproyecto de ley que está elaborando su departamento, ya no aparece la posibilidad, que se daba en un borrador anterior, de que las mutuas propusieran el alta a los médicos de familia que habían emitido la baja a través de la Inspección médica de los Servicios Públicos de Salud. Y esta tendría cinco días para contestar y aceptar la propuesta de alta de la mutua o denegarla y justificarlo. En el caso de no pronunciarse en esos cinco días, los médicos de las mutuas podrían dar el alta al trabajador. Esta propuesta de Empleo, que contaba con el respaldo de los empresarios de CEOE, fue rechazada de plano por los sindicatos. Además, según fuentes del sector, esta intención de dar más poder a los facultativos de las mutuas se ha topado con problemas legales relacionados con las competencias de los médicos de cabecera dependientes de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Y también con el rechazo del Ministerio de Sanidad, que teme la oposición de los médicos, reactivando una nueva rebelión de las batas blancas, según fuentes del sector. Ante esto, el nuevo texto que prepara Empleo se limita a reducir a cinco días el plazo en el que la Inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) –en lugar de los servicios regionales de salud– debe responder si acepta o no la propuesta de alta de una mutua. Pero si no responde, el silencio administrativo no significará que el facultativo de la mutua pueda dar el alta al trabajador. Sin embargo, la Oficina Económica del Gobierno es la que, tras este cambio, ha paralizado la aprobación de este proyecto de ley y sus responsables quieren ser los que tengan la última palabra. Por ello, ni los sindicatos –que apoyarían esta renuncia–, ni los empresarios, que son contrarios a ella, quieren posicionarse hasta que tengan un texto por escrito.	Arriba
El Ministerio de Empleo ha aprovechado para incluir en el anteproyecto de ley de mutuas una nueva normativa que regulará la prestación por cese de actividad de los autónomos (el equivalente a la prestación por desempleo de los asalariados), ya que son estas entidades las que gestionan dicha ayuda. La principal novedad es que la ley obligará a todos los nuevos trabajadores por cuenta propia a cotizar por esta contingencia, algo que hasta ahora solo era obligatorio para los autónomos económicamente dependientes, aquellos que solo tienen un cliente. Aunque en algún momento de la negociación de la ley esta obligatoriedad ha suscitado alguna controversia, parece que finalmente la norma quedará como propuso Empleo a finales del pasado año y dicha cotización será obligatoria, según fuentes conocedoras de la situación. La principal queja de los autónomos es que se rechazan más del 80% de las solicitudes de estas prestaciones por cese de actividad. Por ello, entre el resto de novedades están una serie de cambios orientados a facilitar el acceso a esta ayuda económica en el caso de que fracase la actividad del autónomo. Así, según propone Empleo, no se exigirá a estos trabajadores un umbral de pérdidas y solo deberán acreditar números rojos durante un año. Además, se les permitirá ponerse al día en el pago de cuotas a la Seguridad Social para poder cobrar esta ayuda. Además de todo lo dicho, la nueva regulación de las mutuas pretende separar por completo su principal actividad, gestionando fondos públicos de las bajas laborales, del pago de otros servicios como los seguros, más encuadrados en el sector privado. También, remodelará su sistema de gobernanza para atajar las irregularidades detectadas. Arriba

References: artículo 50
 artículo 50
 Real Decreto 
e contrario
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto