Source: http://jorgepalmieri.com/2014/10/10/
Timestamp: 2017-05-24 09:43:11+00:00

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10 Octubre, 2014 | Jorge Palmieri
PELIGROSA CRISIS JUDICIAL
La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió esta tarde por votación mayoritaria de 4 a 1 (el voto del magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera, a quien felicito) suspender de manera provisional las dos últimas fases del proceso efectuado para la elección de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Magistrados de las Cortes de Apelaciones, por lo cual no podrán tomar posesión los Magistrados nombrados y tendrán que continuar en funciones los magistrados actuales, tanto en la CSJ como en las Cortes de Apelaciones, aunque el artículo 427 del Código Penal (Prolongación de funciones) establece: “Quien continuare ejerciendo empleo, cargo o comisión después que debiere cesar conforme a la ley o reglamento respectivo, será sancionado con multa de doscientos a mil quetzales e inhabilitación especial de 2 años”.
No obstante, en contraposición a este artículo del Código Penal se antepone el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial (Abandono de funciones) que dice: “Ningún magistrado o juez, propietario o suplente en funciones, y ningún empleado o funcionario del Organismo Judicial dejará su cargo, aunque se le haya admitido su renuncia o cumplido el tiempo de su servicio, sino hasta que se presente un sucesor”. Sin embargo, los magistrados que se vean obligados a acatar la suspensión provisional de la designación de sus supuestos sucesores, en observancia del artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, deben blindarse en alguna forma para no ser acusados más tarde de haber violado el artículo 427 del Código Penal, Prolongación de Funciones Públicas. Porque hay opiniones encontradas en cual de los dos tiene mayor validez.
La crisis se originó de la siguiente forma: el proceso para la elección de Magistrados para la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones del Organismo Judicial se convirtió en un dolor de cabeza y foco de la más severa crítica y reprobación de parte de determinados sectores nacionales e internacionales –¡hasta de parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con todos los graves problemas bélicos que hay en el mundo!– expresando su desacuerdo con las designaciones que hicieron las bancadas de diputados de los dos partidos mayoritarios en el Congreso de la República, denominados Libertad Democrática Renovada (LIDER) y Patriota (actualmente en el poder) que, en forma por demás sorpresiva e insólita –aunque políticamente legal–, sin respetar el plazo constitucional de 72 horas para que se pudiesen presentar impugnaciones, se pusieron de acuerdo en el término de un solo día para dividirse políticamente el número de magistrados y nombraron a quienes les parecieron mejores, o más convenientes, pero que no concuerdan con los candidatos que deseaban que fuesen nombrados los sectores que ahora le ha exigido a la CC, por medio de numerosos recursos legales, que suspenda todo el proceso y se haga uno nuevo. En cuyo caso se llegaría al día señalado por la Constitución de la República y por la Ley del Organismo Judicial, el 13 del mes en curso para que entreguen sus cargos los magistrados actuales para que los asuman los sucesores. Ni un día menos, pero tampoco un día más. Pero ahora, en vista de la decisición provisional de la CC, mientras no sean nombrados los nuevos Magistrados de la CSJ, el vocal primero, doctor Erick Alfonso Álvarez, tendrá que volver a asumir una vez más la Presidencia del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia. Como si estuviese predestinado a ejercer esa presidencia varias veces.
La Constitución de la República establece que la Comisión de Postulación la deben integrar los decanos de todas las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de todas las universidades, que en este caso fueron los siguientes: licenciado Avidán Ortiz Orellana, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala; doctor Milton Estuardo Argueta Pinto, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín; licenciado Juan Manuel Díaz-Durán Méndez, decano de la Facultad de Derecho y Justicia de la Universidad San Pablo; licenciada Jari Mendez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo; licenciado M. A. Escobar Menaldo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar; doctor Luis César López Permouth, decano e la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural; licenciado Estuardo Barrios Izaguirre, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mesoamericana; licenciado Luis Carlos Samayoa Cifuentes, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y licenciado Luis Ruano, decano de la facultad de Derecho de la UNiversidad Mariano Gálvez.
Después de haber cumplido su cometido, la Comisión de Postulación envió al Congreso de la República una lista de 26 candidatos, entre quienes no fueron incluidos ni el licenciado Gustavo Adolfo Martínez Luna, yerno del presidente Otto Pérez Molina y Secretario General de la Presidencia de la República, ni el licenciado Luis Pineda Roca, actual magistrado de la CSJ y supuesto novio de la Fiscal General de la Nación y Jefa del Ministerio Público Thelma Aldana, quienes se supone que están más comprometidos con el Poder Ejecutivo del Gobierno. Sin embargo, esta ha sido la primera Comisión de Postulación en la historia que aceptó la reelección de magistrados, como es el caso de los magistrados Brenda Quiñonez y Rogelio Zarceño Gaitán, pero al final no fueron postulados.
En realidad, tal parece que los sectores que hoy pretenden que sea anulado todo el proceso, hasta ahora se han percatado de que la integración de la Comisión de Postulación deja mucho que desear, por cuanto que, por mandato de la Carta Magna, la integran, entre otros, todos los Decanos de las Facultades de Derecho de todas las universidades del país, entre quienes hay unos que no deberían tener esa importante responsabilidad. Hay casos sui generis como el de le universidad Da Vincci, de Huehuetenango, que aunque tiene Facultad de Derecho, ésta no no ha graduado a ningún abogado, no obstante lo cual, el decano Freddy Cabrera fue designado postulante; y de la Universidad San Pablo, del ex pastor evangélico, ex candidato presidencial y ex ministro de Relaciones Exteriores Harold Caballeros, donde hay Facultad de Derecho, pero ésta no tiene alumnos. Sin embargo, su decano fue miembro de la Comisión de Postulación. Originalmente fueron postulados 252 abogados para las Cortes de Apelaciones, de los cuales quedaron 102 y de estos quedaron postulantes solamente 40 sin tacha alguna.
Correspondió entonces al Congreso de la República seleccionar por medio de votación a 26 de ellos para que los 13 que obtuviesen más votos fuesen designados Magistrados propietarios y los otros 13 que les siguieran en la votación Magistrados suplentes. Pero después de negociaciones políticas –insólitas, pero no prohibidas por la ley– se unieron las bancadas de diputados del partido denominado “Patriota” (PP) y los de la bancada del partido Libertad Democrática Renovada (LÍDER), que sumaron cien (100) votos, suficientes para imponer a sus candidatos, porque solamente se habrían necesitado ochenta (80) votos para integrar una mayoría simple, y eligieron a los 13 Magistrados propietarios siguientes: Silvia Patricia Valdez Quezada, con 120 votos; Nery Oswaldo Medina Méndez, 106 votos; Vitalina Orellana y Orellana, 102 votos; Delia Marina Dávila Salazar, con 102 votos; Douglas René Charcal Ramos, con 101 votos; Blanca Aida Stalling Dávila, 101 votos: Sergio Amadeo Pineda Castañeda, 101 votos; Vladimir Osmán Aguilar Guerra con 98 votos; Silvia Verónica García Molina, con 99 votos; Josué Felipe Baquiax Baquiax, con 101 votos; José Pineda Barales, con 90 votos; Arnulfo Rafael Rojas Cetina, con 93 votos; y Nestor Mauricio Vásquez Pimentel, con 97 votos. Hay que reconocer que sobra razón para rechazar esta elección realizada con un pacto político por las bancadas de los partidos denominados Lider y Patriota, por cuanto que no nombraron a magistrados con sólida carrera judicial y con bien ganado prestigio, tales como la Jueza Tercera de Apelaciones, licenciada María Cristina Fernández García, cuyo desempeño ha trascendido nuestras fronteras y se hizo merecedora del reconocimiento ISU, aunque a último momento ha surgido una denuncia de corrupción y tráfico de influencias de parte de la CICIG y del MP en contra de uno de los magistrados de esa sala; la magistrada Edith Merinda Pérez Ordóñez, quien a pesar de las influencias logró meter a la cárcel a un adinerado violador adinerado y miembro de la alta sociedad; la magistrada Flor de María Garcia Villatoro, presidenta del Tribunal de Sentencia, que demostró su independencia en el caso del asesinato del obispo Gerardi; el magistrado de Jalapa Guillermo Méndez. Y otros más que no me vienen a la memoria. Además, los diputados no respetaron el plazo constitucional de de 72 horas para hacer sus nombramientos. Pero todo lo demás quedará firme. Repetir estas dos últimas partes del proceso y enmendar lo que sea necesario tomará cerca de seis meses. A ver si para entonces ya se han aplacado los ánimos de los elementos de izquierda militante que han promovido dentro y fuera del país el apoyo a sus gestiones.
El 13 de octubre próximo, estos 13 Magistrados permanentes habrían tenido que que escoger, por medio de una votación por unanimidad o de la mayoría de 9 a 4, quien será el primer presidente del Poder Judicial y la CSJ por el próximo año y quien haya sacado más votos después de éste será el vocal primero. Pero en vista de los acontecimientos, por cuyo resultado los actuales magistrados tendrán que continuar desempeñando esos cargos hasta que sean nombrados su reemplazo, asumirá la Presidencia del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia el doctor Erick Alfonso Álvarez Mancilla, quien ya desempeñó ese cargo durante un período de un año y tuvo que continuar a cargo del mismo porque la mayoría de los 13 Magistrados permanentes no se ponían de acuerdo en cual de los Magistrados debía sustituirle.
La Comisión de Postulación estuvo integrada por abogados escogidos por los operadores del grupo denominado Fortaleza Jurídica y me parece que puede darse por satisfecha de haber cumplido su cometido. Y creo que también hicieron lo mismo los operadores del poder Ejecutivo, que algunos de sus opositores clasificaron como “del crimen organizado”.
Sin embargo, es opinión generalizada que la actual tabla de calificación es injusta y debe ser corregida porque a los participantes con más alto grado académico se les ha dado bajo punteo a pesar de sus títulos de post grados, mientras que se ha favorecido a profesionales más jóvenes que no tienen experiencia judicial.
Ha habido muchas personas que han manifestado que no están de acuerdo con la votación en el Congreso, entre ellas los diputados de los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Partido Republicano Institucional, (PRI), el partido Encuentro por Guatemala, el partido Creo y algunos independientes se retiraron del pleno, tras aprobar la moción para nombrar a los magistrados.
Los nombres de los nombrados coinciden con un listado que circuló durante la mañana en el Congreso, por lo que el diputado Orlando Blanco, jefe de la bancada de la UNE denunció que se había acordado un pacto entre los partidos denominados Patriota y Libertad Democrática Renovada (LIDER) para repartir la elección de magistraturas entre los dos partidos mayoritarios.
Según el diputado Orlando Blanco, de la bancada denominada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) 8 cargos eran destinados para el partido oficial y 5 para la oposición. “Este acuerdo se llevó en torno a una cama, haciendo una orgía política”, se lamentó.
“Puede ser alrededor de una cama, pero los acuerdos ya están tomados”, alegó el diputado Roberto Villate jefe de la bancada del partido LIDER, del doctor Manuel Baldizón, y agregó: “si la doña de verde hubiera querido llegar a un acuerdo, lo hubiera hecho”.
La representante de Encuentro por Guatemala, diputada Nineth Montenegro, agregó: “Es imposible que se haya podido analizar los perfiles de los candidatos en dos días”. Con lo cual es fácil concordar porque es evidente que los diputados no pudieron materialmente analizar meticulosamente la lista propuesta para escoger a los mejor calificados y con la más amplia y reconocida experiencia judicial.
Carlos Fion del partido Compromiso, Renovación y Orden CREO, del candidato presidencial Roberto González Díaz-Durán (Canela) rechazó la moción y señaló: “Hoy denunciamos el fin de lo que se autodenominó oposición, no podemos avalar la compra de la impunidad”.
Luis Fernando Pérez Martínez, del partido Republicano Institucional (PRI), comentó: “no me extraña que las dos bancadas hayan tomado la decisión, lo que sí extraña es que nos hayan excluido”.
Diputados de los partidos UNE, PRI, Encuentro por Guatemala, CREO y algunos independientes se retiraron del pleno, tras aprobar la moción para nombrar a los magistrados.
Digan lo que digan estas personas, el caso es que se cumplió con lo que dice la ley, y si a los no les gusta deben promover un cambio legal, pero mientras tanto debemos respetar a los magistrados elegidos y, en vez de entorpecer su labor, ayudarles a desempeñarla, como bien dijo en una columna reciente en elPeriódico el licenciado Acisclo Valladares Molina.
Varias organizaciones cuestionan ante el pleno de la CC la resolución de no conceder el amparo provisional que solicitó a título personal el abogado Carrillo.
Foto elPeriódico >José Miguel Lam
Helen Mack acusó a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad de que “se la pelan” (no dijo qué) durante una audiencia pública.
“Ustedes están diciendo me la pela con la justicia, y eso no es democracia, no es Estado de Derecho”, clamó la activista Helen Mack al finalizar su intervención, levantándose del asiento mientras los asistentes a la audiencia la ovacionaban, según elPeriódico.
Helen Mack cobró notoriedad personal tras el vil asesinato a puñaladas de su hermana, la socióloga Mirna Mack, y desde entonces estableció la Fundación Mirna Mack, que probablemente recibe del extranjero buenas cantidades de dinero para llevar a cabo sus actividades, que no se limitan a la lucha por los Derechos Humanos sino también en pro de los derechos de los gays y de las lesbianas, como puede verse en el anuncio circulante en los autobuses urbanos. Como dice la gente sencilla y creyente: “¡De todo hay en la viña del Señor!”Foto callejera que me fue enviada por un lector
La Comisión Internacional de Juristas, de la cual es director para Centroamérica el licenciado Ramón Cadena, reiteró la petición de organizaciones de que se prolongue el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). “En el país hay un serio problema que necesita la presencia internacional”, afirmó el abogado Cadena, que celebró la labor de la CICIG como fiscalizadora de los procesos de postulación.
Organizaciones sociales se unieron ayer para cuestionar ante los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC) el desarrollo y conclusión de los procesos de postulación de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Apelaciones.
Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad en pleno escucharon a todos
Representantes de las mismas repasaron punto por punto los vicios que se evidenciaron en los últimos meses y criticaron que la CC rechazara el recurso de amparo interpuesto por el abogado Alfonso Carrillo, con la intención de anular el proceso de elección de la CSJ.
Jorge Santos, de Convergencia por los Derechos Humanos, lamentó que si los magistrados se juramentan el 13 de octubre “no habrá diferencia entre los tres órganos del Estado y se instalará de facto una dictadura”.
David Gaitán, analista de Acción Ciudadana, aseguró que las organizaciones no se cansarán de denunciar los vicios de los procesos. “Estamos decepcionados de la resolución de ayer (por el miércoles). La batalla no ha terminado acá, presentaremos un nuevo amparo relacionado con la Ley de la Carrera Judicial”, advirtió. El recurso estará basado en varios artículos de la misma, especialmente el 16, que indica que “corresponde al Consejo de la Carrera Judicial convocar los concursos por oposición, para el ingreso a la Carrera Judicial de jueces y magistrados”.
El presidente de la CC, Roberto Molina Barreto, admitió que conoce la complejidad de la situación y lamentó que a pesar de que los señalamientos fueron similares a los emitidos en 2009, en los últimos cinco años no se hicieron las gestiones para que las inconformidades no se repitieran.
El director para Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), licenciado Ramón Cadena, también criticó ayer los procesos de elección. Según Cadena, los criterios de calificación y selección de aspirantes fueron “pésimos”. El abogado Cadena demandó cambios en el sistema y denunció que el proceso está rodeado de una aparente legalidad, pero no es ético.
José Antonio Martín, jurista español y comisionado de la CIJ, lamentó la existencia de un “fraude de ley” que comenzó con la “esperpéntica” participación en las Comisiones de Postulación de decanos de facultades sin alumnos matriculados o egresados. Esto fue denunciado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que señaló directamente a las universidades de Occidente, San Pablo y Da Vinci. Martín agregó indignado que “El sistema ha sido pervertido. Las Cámaras de Apelaciones están sometidas a un organismo político que rompe la carrera judicial”, dijo, opinión que comparto, por lo cual creo que se debe hacer reformas constitucionales y corregir lo que en la práctica, durante las experiencias, se ha visto que es inconveniente. Pero mientras las leyes estén vigentes, hay que cumplirlas. Y si hay que reformarlas, debe hacerse. Pero es evidente que este eminente jurista español no sabe lo que significa “fraude de ley”.
En un comunicado, el CACIF indicó que la sociedad guatemalteca tiene el derecho y la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución y de auditar que los nuevos funcionarios dicten sus fallos apegados a Derecho y que “se impone la necesidad de hacer una reforma profunda del sistema de Comisiones de Postulación”. Con lo cual estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en que por el hecho de que las organizaciones que son autodenominadas “sociedad civil” (*) y otras de evidente corte izquierdista, se empecinan en imponer su voluntad hasta la CC tenga que ceder a sus imposiciones. Es obvio que desde que los izquierdistas radicales perdieron la guerra han cambiado de estrategia y ahora tratan de imponer su voluntad por otros medios, incluyendo las destempladas actitudes de ciertos columnistas y de jueces inconformes por no haber sido nombrados Magistrados que amenazaron por los medios de comunicación con “tomar medidas de hecho”. ¿A qué “medidas de hecho” se refieren?
(*) Estas personas que se creen con derecho a hacerse llamar “Sociedad Civil” creen que ellos son los únicos que constituyen lo que en un país se puede calificar como Sociedad Civil, que somos todos los habitantes civiles que no pertenecemos a ninguna entidad militarizada ni ostentamos un cargo público. En síntesis, Sociedad Civil somos todos los guatemaltecos que estamos en esa condiciones no solo ellos que se amparan en ese nombre para realizar sus actividades de carácter político, a tal grado que parece que se creen que en el país no puede ocurrir nada si no tiene el “Visto Bueno” de ellos y se oponen por principio a todo lo que no sea de acuerdo a su ideología política e intereses. Actúan como si creyesen que son los dueños del país, para lo cual cuentan con un buen número de columnistas de opinión que, evidentemente, siguen creyendo que para obtener un grado intelectual es indispensable identificarse como izquierdistas y como antinorteamericanos por principio. Y cuentan además con trasnochados que todavía no se han percatado de que el comunismo ya ha fracasado y creen que los “demócratas” siempre deben dar su apoyo a quienes identifican los Derechos Humanos con el izquierdismo militante. Mientras que, por otra parte, quienes tienen más que perder, porque son los dueños de la mayor parte de la riqueza, no hacen nada para contrarrestarlo para no identificarse con la tendencia política de derecha y, a pesar de todos los errores y doble moral de la política exterior norteamericana, aun simpatizan con la democracia de los Estados Unidos de América. Estos “tontos útiles” no se dan cuenta de que están cavando su propia tumba.
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