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Informe no. 147/11
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PETICIONES 4418-02 JOSÉ ANTONIO GÓMEZ TELLO E IVÁN VÍCTOR ENRÍQUEZ FEIJÓO,
980-03 SUSSY IVETTE Y WENDY ESTAHEL ENCALADA CHERREZ
El presente informe se refiere a dos peticiones interpuestas en representación de los niños José Antonio Gómez Tello (14) e Iván Víctor Enríquez Feijóo (12) (P-4418-02)1 y de las niñas Sussy Ivette (16) y Wendy Estahel Encalada Cherrez (14) (P-980-03)2 (en adelante también “las presuntas víctimas”), en las cuales se alega la violación por parte de la República del Ecuador (en adelante también "Ecuador" o "el Estado") al no haber tomado medidas para hacer cumplir las resoluciones de amparo constitucional dictadas por el Tribunal Constitucional y publicadas el 14 de enero de 2002 y el 30 de noviembre de 2001, lo cual habría afectado los derechos humanos de las presuntas víctimas, entre ellos, su derecho de acceso a la educación.
En la petición 4418-02 se alega que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, los derechos del niño, la igualdad ante la ley y la protección judicial previstos en los artículos 2, 5, 19, 24 y 25 de la Convención Americana (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), en relación con los deberes de garantía, conforme a su artículo 1.1. Los peticionarios consideran cumplido el requisito del previo agotamiento de los recursos internos. Por su parte, el Estado responde que los reclamos son inadmisibles dada la extemporaneidad de la petición, la falta de agotamiento de recursos internos y la falta de caracterización de las alegadas violaciones.
En la petición 980-03 se alega que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la protección de la honra y de la dignidad, los derechos del niño, a la no discriminación y la protección judicial previstos en los artículos 11, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con los deberes de garantía, conforme a su artículo 1.1. El Estado responde que los reclamos eran inadmisibles dada la falta de agotamiento de recursos internos, la falta de caracterización de violaciones -dada la existencia de una transacción extrajudicial firmada por el peticionario-, y dado que la CIDH no podría funcionar como tribunal de alzada.
En vista de la identidad de los hechos materia de las presentes peticiones, la Comisión decide analizar su admisibilidad de manera conjunta. Tras examinar las posiciones de las partes a la luz de los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención, la Comisión concluye que es competente para conocer el reclamo y que éste es admisible por la presunta violación de los artículos 53, 19 y 25 en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención Americana y del artículo 13 del Protocolo de San Salvador. Finalmente, decide declarar inadmisible la petición respecto de los artículos 11 y 24 de la Convención Americana y acumular los reclamos al caso 12.698 (Adriana Victoria Plaza Orbe y Daniel Ernesto Plaza Orbe). En consecuencia, dispone notificar el informe a las partes, ordenar su publicación e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
La petición 4418-02 fue recibida el 31 de octubre de 2002 y el 15 de noviembre de 2002 transmitió copia de las partes pertinentes al Estado, con un plazo de dos meses para presentar información. Los peticionarios presentaron información adicional u observaciones el 12 de agosto y 22 de octubre de 2003; el 30 de enero, 4 de mayo, 30 de junio y 27 de julio de 2004; el 1˚ de abril y 16 de agosto de 2005; el 15 de febrero, 13 de marzo y 11 de diciembre de 2006; y el 19 de diciembre de 2007. El 13 de mayo de 2003, 16 de abril y 16 de marzo de 2004; y el 23 de febrero y el 1˚ de noviembre de 2005 el Estado presentó sus observaciones. Toda la información presentada fue trasladada a la respectiva contraparte para sus observaciones.
El 15 de diciembre de 2008 la CIDH reiteró una solicitud de información al Estado. El 8 de octubre de 2009 el Estado solicitó a la CIDH “toda la información” de la petición, la cual fue trasladada al Estado el 29 de octubre de 2009 reiterando la solicitud de información. El Estado presentó sus observaciones finales el 8 de enero de 2010, las que fueron trasladadas a los peticionarios para su conocimiento.
La petición 980-03 fue recibida el 19 de noviembre de 2003 y el 26 de julio de 2004 la Comisión procedió a transmitir copia de las partes pertinentes al Estado, con un plazo de dos meses para presentar información. El 24 de noviembre de 2004 el Estado presentó sus observaciones y solicitó que la petición sea archivada en vista de que el peticionario y el Colegio Americano de Guayaquil (en adelante “Colegio Americano”) habían llegado a un acuerdo extrajudicial. Dicha comunicación fue trasladada al peticionario el 22 de diciembre de 2004, para sus observaciones.
El 29 de mayo de 2009 la CIDH reiteró su solicitud de observaciones al peticionario. El 24 de junio de 2009 el peticionario envió su respuesta, la cual fue trasladada al Estado para sus observaciones. El 11 de agosto de 2009 el Estado envió su respuesta, la cual fue trasladada al peticionario para su conocimiento. El 30 de abril de 2001 el peticionario aportó información adicional, la cual fue trasladada al Estado. El 3 de junio de 2010 el Estado envió observaciones adicionales, las cuales fueron trasladadas al peticionario para su conocimiento.
Posición de los peticionarios
Alegatos comunes
Los peticionarios alegan que las presuntas víctimas cursaron sus estudios en el Colegio Americano de Guayaquil hasta el año lectivo de 1999-2000. Alegan que el Colegio Americano de manera unilateral dispuso un incremento en el costo de las pensiones mensuales en abril y mayo de 2000 por un monto de entre 65 - 90% con relación al periodo escolar 1999-2000. En vista de esto, un grupo de padres de familia presentó una denuncia ante el Director Provincial de Educación del Guayas, la Junta Reguladora de Costos de la Educación Particular de la Provincia del Guayas, el Ministerio de Educación y Cultura, el Defensor del Pueblo de la Provincia del Guayas y diferentes medios de comunicación, en contra del Colegio Americano. Alegan que, como resultado de la denuncia, la Junta Reguladora de Costos de la Educación Particular de la Provincia del Guayas resolvió, el 14 de agosto de 2000, fijar los costos de las matrículas y pensiones del año 2000-2001 y que se restituya a los padres de familia lo cobrado en exceso.
Alegan que ante dicha resolución los peticionarios acudieron al colegio para que cumpla con lo dispuesto y que en retaliación, por haber impulsado dichas denuncias, los representantes del Colegio Americano negaron de forma arbitraria la matrícula del año lectivo 2001 y 2002 a las presuntas víctimas, mediante oficios de 12 de enero de 2001 y 23 de enero de 20014. Señalan que el 23 de enero de 2001 un grupo de padres de familia presentó una denuncia al Director Provincial de Educación del Guayas solicitando que tome medidas urgentes destinadas a sancionar a la Rectora del Colegio Americano, a conminarla para que rectifique su decisión de expulsar a los alumnos y en consecuencia proceda a matricularlos en el año escolar correspondiente.
Se alega que mediante oficio del 5 de febrero de 2001 el Director Provincial de Educación del Guayas informó que el 31 de enero de 2001 comunicó a la Rectora del Colegio Americano que su decisión de negar la matrícula a varios alumnos era improcedente debido a que los estudiantes no habían cometido faltas disciplinarias y que además la negación de matrículas violaba normas legales y reglamentarias en materia de educación. Alegan que el 22 de febrero de 2001, nuevamente el Director Provincial solicitó al Colegio Americano el otorgamiento de matrícula a los alumnos afectados. Alegan que a pesar de estos pronunciamientos el Colegio Americano ratificó en una carta abierta la negativa de conceder las matrículas a las presuntas víctimas, cuyos representantes habían reclamado por el aumento de pensiones.
Los peticionarios alegan que interpusieron recursos de amparo constitucional ante el Juzgado Trigésimo de lo Civil de Guayaquil5, el Juzgado Duodécimo de lo Civil de Guayaquil y ante el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Guayaquil6 por la negación de matrículas como decisión ilegal, inconstitucional y violatoria a los derechos sus hijos. Los tres recursos fueron declarados sin lugar.
Alegan que contra dichas decisiones interpusieron recursos de apelación y que, en respuesta, el Tribunal Constitucional admitió los recursos de amparo, revocó dichas resoluciones y dispuso que se restituya la matrícula a los reclamantes. Indican que las resoluciones fueron confirmadas y publicadas el 30 de noviembre de 2001 (caso 378-2001-RA)7 y el 14 de enero de 2002 (caso 303-2001-RA)8. Alegan que a pesar de dicha sentencia, el Colegio Americano se negó a recibir a sus hijos.
Alegan que por el incumplimiento de la resolución respecto de José Antonio Gómez Tello y Víctor Enríquez Feijóo solicitaron que el Ministerio de Educación, la Dirección Provincial de Educación del Guayas y la Subsecretaría de Educación tomen medidas para asegurar que la sentencia del Tribunal Constitucional sea cumplida, siendo la última de sus solicitudes de fecha 24 de septiembre de 2002. Alegan que dichas solicitudes no tuvieron respuesta.
Señalan que por Sussy Ivette y Wendy Estahel Encalada Cherrez el 6 de marzo de 2002, se solicitó al Juez Décimo Segundo de lo Civil de Guayaquil, se cumpla con la resolución. Alegan que el 7 de marzo de 2002, este Juez notificó al Colegio Americano de la obligación de cumplir con la resolución dictada por el Tribunal Constitucional.
Señalan que por Víctor Enríquez Feijóo se entabló demanda de desacato contra las autoridades del Colegio Americano en la que “después de la desaparición misteriosa de 51 documentos del juicio”, el fiscal emitió dictamen en el que se abstuvo de acusar a los demandados al “haber demostrado su decisión de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional”. Señalan que por José Antonio Gómez Tello se entabló la misma demanda obteniéndose la misma respuesta del fiscal. Alegan que finalmente el Ministro Fiscal del Guayas acusó a los demandados.
Sostienen que el 21 de marzo de 2002, se realizó diligencia de constatación en el local del Colegio Americano y los padres de familia demandantes fueron impedidos de ingresar al colegio. Alega que el 2 de abril de 2002, el Notario Suplente Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, levantó testimonio en escritura pública del acta de constatación del 21 de marzo como prueba del impedimento interpuesto por el Colegio Americano para cumplir con la resolución del Tribunal Constitucional. Alega que el 29 de abril de 2004 las autoridades del Colegio Americano plantearon demanda de nulidad del acta de constatación ante el Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Guayaquil.
Indican que el 12 de diciembre de 2002, el Director General del Colegio Americano, presentó un recurso de nulidad contra la resolución de amparo (caso 378-2001-RA), ante el Tribunal Constitucional. Señalan que el 10 de junio de 2003, el Tribunal Constitucional, resolvió que el recurso de nulidad era improcedente dado que la resolución de amparo se encontraba en firme desde la fecha de su emisión.
Alegatos específicos de la petición 4418-02
Frente al alegato del Estado sobre la falta de caracterización de las alegadas violaciones en vista de que José Antonio Gómez Tello y Víctor Enríquez Feijóo habrían obtenido sus títulos de bachiller en el Colegio Americano y que tenían deudas con este Colegio (ver infra III B.1), los peticionarios responden que sus hijos fueron posteriormente matriculados en otros colegios, que José Antonio Gómez Tello estuvo matriculado en el Colegio Walt Whitman para el periodo lectivo 2001-2002; que para febrero de 2005, fecha en que el Estado presentó su alegato, los niños aún no habrían obtenido su título de bachiller; y que no es cierto que hayan tenido deudas con el Colegio Americano9.
Frente al alegato del Estado respecto a la falta de agotamiento de los recursos internos, en vista de que el Colegio Americano presentó un recurso de nulidad contra la Resolución del Tribunal Constitucional (ver infra III B.1), los peticionarios responden que “las resoluciones del Tribunal son de última, inamovible y definitiva instancia, y causan ejecutoria y sobre ellas no cabe recurso alguno”10.
Frente al alegato del Estado sobre la extemporaneidad de la petición (ver infra III B. 1), los peticionarios responden que la última fecha de sus solicitudes de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional ante las autoridades fue el 24 de septiembre de 2002 y que la petición fue presentada el 31 de octubre de 2002, dentro de los seis meses previstos en la Convención Americana.
Los peticionarios alegan que en vista de que el Estado no ha adoptado medidas de sanción para el Colegio Americano, el cual presta el servicio público de enseñanza por delegación del Estado ecuatoriano, éste ha violado los derechos del niño, la igualdad ante la ley y la protección judicial previstos en los artículos 19, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con su obligación de respetar los derechos establecida en su artículo 1.1. Asimismo, consideran que el Estado ha violado el derecho a la integridad personal de las presuntas víctimas establecido en el artículo 5 de la Convención Americana dado que ellos sufrieron daños morales como resultado de lo expuesto y que de hecho tuvieron que recibir apoyo psicológico por los síntomas depresivos provocados al no poder continuar estudiando en el colegio en el que iniciaron sus estudios. Finalmente, consideran que el Estado ha violado el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Alegatos específicos de la petición 980-03
El peticionario indica que con anterioridad al alza de pensiones en cuestión, el 2 de agosto de 1999, el peticionario envió un oficio a la Directora del Colegio Americano, denunciando que se percibían olores extraños que afectan las fosas nasales de lo que parecían ser residuos de los procesos industriales de las fábricas adyacentes. Alega que esto fue denunciado al Presidente del Comité Central de Padres de Familia y se le manifestó que si el colegio no lo resolvía se tomaría acciones ante las autoridades.
Alega que el 26 de agosto de 1999, presentó denuncias ante el Departamento de Medio Ambiente de Guayaquil y el Jefe del Departamento de Saneamiento Ambiental de la Dirección Provincial de Salud del Guayas, entre otros y que el 6 de septiembre de 1999, el Presidente del Directorio de la Asociación Colegio Americano de Guayaquil, le manifestó su preocupación por las denuncias realizadas.
Señala que en representación de Sussy Ivette y Wendy Estahel Encalada Cherrez se interpuso además una demanda de desacato contra las autoridades del Colegio Americano y que el 24 de septiembre de 2002, se inició instrucción fiscal por existir fundamentos para imputar a dichas autoridades por el delito de dejar sin efecto la resolución del Tribunal Constitucional11. Indica que el 28 de marzo de 2003, el Ministro Fiscal Distrital del Guayas y de Galápagos, emitió dictamen acusatorio contra las autoridades del Colegio Americano. Sostiene que el 10 de junio de 2003, el Juez Décimo Tercero de lo Penal del Guayas, dictó auto de sobreseimiento provisional tanto del proceso como de los imputados y declaró que por el momento no podía continuarse con la etapa de juicio. Señala que el 28 de octubre de 2008, el Juez Quinto de lo Penal declaró el sobreseimiento definitivo del proceso de desacato a favor de las autoridades del Colegio Americano.
Por otro lado, se indica que el 21 de octubre de 2002 se interpuso una demanda contra las autoridades del Colegio Americano por daño moral a nombre de Sussy Ivette Encalada Cherrez, la cual fue declarada sin lugar. Se indica que dicha decisión fue apelada y se encontraría pendiente de decisión.
Sostiene que con posterioridad al incumplimiento de la resolución de amparo las autoridades del Colegio Americano presentaron denuncia penal contra el peticionario por perjurio. Indica que se emitió dictamen penal acusatorio en su contra y que la audiencia preliminar se llevaría a cabo en 23 de agosto de 2004. El peticionario no ha presentado información adicional sobre el proceso por perjurio.
El peticionario alega que sin esperanza en obtener justicia decidió tener un acercamiento con las autoridades del Colegio Americano y llegaron a una transacción “que lo libró de ir injustamente a prisión”. Asimismo, alega que sus hijas no obtuvieron su grado de bachiller internacional del Colegio Americano y que “han tenido problemas derivados de la frustración vivida”. Alega que sus hijas han sufrido una discriminación dentro del centro escolar en el cual estudiaban por no permitirles continuar sus estudios y negarles la matrícula del año escolar.
En su petición inicial el peticionario alega que en vista de que el Estado no ha adoptado medidas para el cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional, éste ha violado los derechos a la protección de la honra y la dignidad, los derechos del niño, la no discriminación y la protección judicial previstos en los artículos 11, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con su obligación de respetar los derechos establecida en su artículo 1.1. Asimismo, considera que el Estado ha violado la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
El Estado considera que las peticiones no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 46.1(b) de la Convención Americana y solicita que la Comisión las declare inadmisible.
Alega que desde 2008 el Estado tiene un nuevo marco constitucional y que los peticionarios pueden interponer una acción por incumplimiento prevista en el artículo 9312 de la nueva Constitución para efectivizar el cumplimiento de la Resolución del Tribunal Constitucional, ante la Corte Constitucional13, mediante la cual se puede lograr la reparación material y la sanción de los funcionarios públicos que “han dilatado los procesos, así como de los conminados a dar cumplimiento a la resolución […]”14.
Alegatos respecto de la petición 4418-02
El Estado alega que la petición es inadmisible dado que fue presentada con posterioridad al vencimiento del plazo de los seis meses establecido en el artículo 46.1.b de la Convención Americana. Alega que la petición fue presentada el 15 de noviembre de 2002, es decir 13 meses después de la resolución definitiva del recurso de amparo, la cual fue dictada por Tribunal Constitucional el 8 de octubre de 2001. Alega que el retraso no debe ser dispensado en aras de la justicia porque 13 meses es un lapso demasiado largo, lo cual atenta contra la seguridad jurídica y la institucionalidad del Sistema Interamericano.
El Estado sostiene también que no se han agotado los recursos internos. Al respecto, señaló que en 2003 el Colegio Americano presentó un recurso de nulidad contra la Resolución del Tribunal Constitucional el 12 de diciembre de 2002, alegando una falta de legitimidad de personería por parte del representante común de los peticionarios.
El Estado alega que no existe caracterización de las alegadas violaciones a la Convención Americana que deba ser atribuida al Estado dado que las presuntas víctimas pudieron acceder a la educación en el Colegio Americano sin que este derecho se haya visto menoscabado. Alega que la prueba de esto es que José Antonio Gómez Tello e Iván Víctor Enríquez Feijóo obtuvieron su grado de bachiller en dicho colegio a pesar de su cuantiosa deuda con la entidad educativa.
Finalmente, el Estado señala que la Rectora del Colegio Americano inició un proceso ordinario de nulidad contra la sentencia notarial que verificó el impedimento de matrícula para las presuntas víctimas, el cual fue resuelto por el Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil del Guayas quien declaró nula la sentencia notarial. Alega que al ser dicha sentencia nula, la prueba de origen de los alegatos de los peticionarios no existe, lo cual vuelve inexistente la alegada violación de los derechos humanos.
Alegatos respecto de la petición 980-03
El Estado alega que la petición es inadmisible dado que no se han agotado los recursos internos y que el reclamo no caracteriza violación a la Convención Americana. Al respecto, señaló que el peticionario y el Colegio Americano llegaron a una transacción extrajudicial respecto de las acciones legales internas que se plantearon y “han convenido que no existe ningún reclamo pendiente entre ellas, por lo que todos los juicios iniciados quedan insubsistentes”.
Los peticionarios se encuentran facultados, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, a quienes el Estado ecuatoriano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Ecuador es un Estado parte en la Convención Americana desde el 8 de diciembre de 1977, fecha en que depositó su instrumento de ratificación y del Protocolo de San Salvador desde el 25 de marzo de 1993. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer las peticiones, por cuanto en ellas se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador que habrían tenido lugar dentro del territorio de Ecuador, Estado Parte en dichos tratados. La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto las obligaciones de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador ya se encontraban en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en las peticiones se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana. Por su parte, en base al artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador, la Comisión tiene competencia para analizar los hechos que podrían vincularse a una violación del artículo 13 de ese instrumento. Finalmente, la CIDH decide que no tiene competencia ratione materiae para pronunciarse sobre supuestas violaciones a tratados u otros instrumentos internacionales adoptados por la Organización de las Naciones Unidas, aunque puede tomarlos en cuenta a efectos de interpretar y aplicar los instrumentos regionales.
El artículo 46.1.a) de la Convención Americana exige el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, como requisito para la admisión de reclamos sobre la presunta violación de la Convención Americana. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, la solucionen antes de que sea conocida por una instancia internacional.
En la presente petición el Estado alega la falta de agotamiento de la acción extraordinaria de protección, respecto de la petición 4418-02 y de la acción por incumplimiento, sancionadas en la Constitución de 2008, respecto de ambas peticiones. Los peticionarios, por su parte, alegan que respecto de la petición 4418-02, han agotado el recurso de amparo y solicitaron al Ministerio de Educación, la Dirección Provincial de Educación del Guayas y la Subsecretaría de Educación que la sentencia del Tribunal Constitucional fuera cumplida. Asimismo, interpusieron demandas de desacato contra las autoridades del Colegio Americano. Respecto de la petición 980-03, alegan que solicitaron al Juez Décimo Segundo de lo Civil de Guayaquil, se cumpliera con la resolución del Tribunal Constitucional y que interpusieran una serie de demandas contra las autoridades del Colegio Americano.
En vista de las posiciones de las partes y de las circunstancias de ambas peticiones, la CIDH considera pertinente determinar cuál sería el recurso idóneo en relación con los presentes reclamos sobre la posible responsabilidad del Estado por su presunta falta de actuación para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo emitidas por el Tribunal Constitucional. La Comisión ha establecido que para cumplir con el requisito de previo agotamiento, los peticionarios sólo deben agotar los recursos idóneos, es decir, los recursos disponibles y eficaces para remediar la situación denunciada.
En la petición 4418-02, los peticionarios interpusieron recursos de amparo constitucional que fueron rechazados. Mediante apelación contra las resoluciones denegatorias, el Tribunal Constitucional admitió los recursos de amparo, revocó dichas resoluciones y ordenó el reingreso de los estudiantes afectados al Colegio Americano de Guayaquil, mediante decisiones que fueron publicadas el 14 de enero de 2002 y el 30 de noviembre de 2001. Ante la negativa del Colegio Americano de dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Constitucional, los peticionarios de la petición 4418-02 solicitaron su cumplimiento ante el Ministerio de Educación, la Dirección Provincial de Educación del Guayas y la Subsecretaría de Educación. La última de sus solicitudes de cumplimiento fue el 24 de septiembre de 2002 y no tuvieron respuesta. Asimismo, presentaron demandas de desacato contra las autoridades del Colegio Americano y el Fiscal se abstuvo de acusar a los demandados.
El peticionario de la petición 980-03, por su parte, solicitó al Juez Décimo Segundo de lo Civil de Guayaquil se cumpla con la resolución e interpuso demandas de desacato contra las autoridades del Colegio Americano. En el contexto de dichas demandas el peticionario y Sussy Ivette Encalada Cherrez interpusieron demandas por daños morales y perjuria contra las autoridades del Colegio Americano y éste, a su vez interpuso una demanda por perjuria contra el peticionario, algunas fueron declaradas improcedentes y otras estaban pendientes de resolución.
La Comisión observa que las resoluciones que admitieron los recursos de amparo a favor de las presuntas víctimas, no habrían sido ejecutadas, y que esta situación los ha afectado en forma continua. El Estado no ha controvertido que las Resoluciones del Tribunal Constitucional no han sido cumplidas. Al respecto, la Comisión observa que, como regla general, un proceso debe realizarse prontamente para proteger los derechos del interesado. La Corte Interamericana ha establecido que la oportunidad para decidir sobre los recursos internos debe adecuarse a los fines del régimen de protección internacional y no debe conducir a que la actuación internacional se detenga o se demore hasta la inutilidad15.
Respecto a la naturaleza jurídica de las decisiones del Tribunal Constitucional ecuatoriano la Comisión ha señalado en anteriores oportunidades que ellas tienen “efectos jurídicos vinculantes para las partes o la sociedad toda según el caso. En realidad, tanto por su formación como por sus efectos, estas resoluciones consisten propiamente en sentencias, puesto que se trata de un acto procesal que tiene efectos de cosa juzgada, y cuenta con el elemento coercitivo en caso de incumplimiento. [E]l Tribunal Constitucional es el supremo órgano de control y justicia constitucionales […] [s]us resoluciones no son susceptibles de recurso alguno y deben ser cumplidas por todos los funcionarios del Estado, los Órganos del Poder Público y por las personas naturales y jurídicas”16. La Comisión nota además que en ambas peticiones los peticionarios a fin de conseguir el cumplimiento de dichas resoluciones, presentaron diversas solicitudes ante las autoridades y se presentaron también demandas de desacato.
La Comisión ha expresado anteriormente que para cumplir con el requisito de agotamiento de los recursos internos los peticionarios sólo deben agotar los recursos disponibles y eficaces para remediar la situación denunciada. La Comisión observa que ante la negativa de las autoridades del colegio Americano de matricular a las presuntas víctimas, los peticionarios agotaron el recurso idóneo, el amparo constitucional y que desde el momento de sus resoluciones, realizaron diversos esfuerzos, entre los que destacan numerosas solicitudes a os órganos jurisdiccionales, a fin de lograr su cumplimiento.
En este sentido, la Comisión observa que la interposición de los recursos de amparo produjo resoluciones a favor de las presuntas víctimas y no se encuentra en controversia el hecho de que dicho recurso fue, en principio, el recurso idóneo para remediar la falta de matriculación de José Antonio Gómez Tello, Iván Víctor Enríquez Feijóo, Sussy Ivette y Wendy Estahel Encalada Cherrez. En el presente caso, no es evidente y el Estado no ha fundamentado porqué sería razonable exigir que los peticionarios interpongan recursos independientes y adicionales con el fin de conseguir la ejecución de lo resuelto en el amparo, más aún cuando estas acciones no existían sino hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 2008.
Por lo tanto, dadas las características de la presente petición y el presunto incumplimiento de las resoluciones de amparo a favor de las presuntas víctimas la Comisión considera que el reclamo de los peticionarios satisface el requisito del previo agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46.1(a) de la Convención Americana.
El artículo 46.1(a), por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo vis à vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación sobre el agotamiento de los recursos internos que resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la posible violación del artículo 25 de la Convención Americana. Cabe aclarar que las causas y los efectos del agotamiento de los recursos judiciales a los que se ha hecho referencia, serán analizados en el informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si configuran violaciones a la Convención Americana.
Plazo de presentación de la petición
La Convención Americana establece que para que una petición resulte admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva. El artículo 32 del Reglamento de la Comisión establece que en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión debe considerar la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.
Con relación a este requisito de admisibilidad, el Estado alega que la petición 4418-02 fue presentada a la Comisión el 15 de noviembre de 2002, es decir 13 meses después de la resolución definitiva del recurso de amparo dictada por el Tribunal Constitucional y publicada el 8 de octubre de 2001 y que por lo tanto el reclamo de los peticionarios es extemporáneo. Con relación a la posición del Estado, corresponde señalar que según estableciera la CIDH, las resoluciones del Tribunal Constitucional no son susceptibles de recurso alguno y deben ser cumplidas de manera inmediata17 por todos los funcionarios del Estado y que en la presente petición las resoluciones de amparo publicadas el 30 de noviembre de 2001 y el 14 de enero de 2002, hasta el momento no habrían sido ejecutadas por las autoridades correspondientes, por lo que la presunta violación sería de naturaleza continua. Al respecto, la CIDH ha establecido en casos anteriores que el concepto de presentación oportuna aplica en forma diferente a los reclamos sobre el presunto incumplimiento de sentencia judicial firme que puedan configurar una violación continuada al derecho a la tutela judicial efectiva18.
La Comisión observa que las peticiones 4418-02 y 980-03 fueron recibidas el 31 de octubre de 2002 y el 19 de noviembre de 2003, respectivamente y que los hechos materia de los reclamos se produjeron a partir del incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional publicadas el 30 de noviembre de 2001 y del 14 de enero de 2002 y que a pesar de las numerosas solicitudes de cumplimiento interpuestas por los peticionarios ante las autoridades competentes éstas no habrían sido ejecutadas, por lo que la presunta violación sería de naturaleza continua.
Por lo tanto, en vista del contexto y las características de las presentes peticiones, así como las diferentes medidas aplicadas por los peticionarios desde la sentencia para conseguir su ejecución y el hecho de que no se le diera cumplimiento, la Comisión considera que las peticiones fueron presentadas oportunamente y que debe darse por satisfecho el requisito de admisibilidad referente al plazo de presentación.
Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional
No surge del expediente que la materia de las peticiones se encuentren pendientes de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1(c) y 47(d) de la Convención.
Caracterización de los hechos alegados
A. Petición 4418-02
El Estado alega que no existe caracterización de las alegadas violaciones a la Convención Americana atribuible al Estado dado que las presuntas víctimas habrían reingresado al Colegio Americano obteniendo su grado de bachiller. Los peticionarios, por su parte, responden que las presuntas víctimas realizaron sus estudios en otros colegios. Finalmente, el Estado alega que el Colegio Americano inició un proceso ordinario de nulidad de constancia notarial contra la sentencia notarial que verificó el impedimento de matrícula para las presuntas víctimas, y que dicha sentencia fue declarada nula. Alega que dicha nulidad vuelve inexistente la alegada violación de los derechos humanos. A efectos de la admisibilidad, la CIDH no cuenta con elementos suficientes que sustenten los alegatos contrarios de las partes respecto al reingreso de las presuntas víctimas al Colegio Americano19. Por lo tanto, la Comisión estima que esta materia deberá ser analizada en la etapa de fondo.
Frente a los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la Comisión considera que en la presente petición corresponde establecer que los alegatos de los peticionarios relativos a la presunta violación de la integridad personal y la protección judicial, podrían caracterizar a prima facie violaciones a los derechos protegidos en los artículos 5 y 25 de la Convención Americana en concordancia con su artículo 1.1.
B. Petición 980-03
El Estado alega que no existe caracterización de las alegadas violaciones a la Convención Americana en vista del acuerdo extrajudicial firmado entre los miembros de la familia Encalada Cherrez y las autoridades del Colegio Americano. El peticionario alega que sin esperanza en obtener justicia decidió tener un acercamiento con las autoridades del Colegio Americano y llegaron a una transacción que lo “libró de ir injustamente a prisión”, que sus hijas no obtuvieron su grado de bachiller internacional del Colegio Americano y que “han tenido problemas derivados de la frustración vivida”.
La Comisión nota que el 24 de agosto de 2004 la familia Encalada Cherrez y los representantes del Colegio Americano firmaron un acuerdo extrajudicial en el que convinieron que los miembros de la familia Encalada Cherrez “no tienen nada que reclamar al Colegio Americano de Guayaquil […] por los asuntos que constan en este instrumento20 o por cualquier otro que pudo haber surgido a consecuencia de la relación que existió entre las partes, razón por la cual desisten expresamente a continuar con los procesos judiciales que siguen contra las mencionadas instituciones y sus personeros, así como renuncian expresamente a iniciar cualquier acción legal por estos motivos. […]”. Asimismo, los representantes del Colegio Americano declararon que “nada tienen que reclamar de presente o de futuro” a los miembros de la familia Encalada Cherez […]” por lo cual renuncian expresamente a iniciar cualquier acción legal por estos motivos21.
En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes sobre la alegada falta de adopción de medidas para lograr el cumplimiento de una resolución de amparo dictada por el Tribunal Constitucional, la Comisión evaluará la admisibilidad de la presente petición sin perjuicio del acuerdo extrajudicial firmado entre la familia de las presuntas víctimas y el Colegio Americano, dado que el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional ecuatoriano no está sujeto a la disponibilidad de las partes de dicho acuerdo privado.
Por cuanto la falta de fundamento o la improcedencia de estos aspectos del reclamo no resultan evidentes, la Comisión considera satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 47 (b) y (c) de la Convención Americana. Respecto al alegato sobre las presuntas violaciones del derecho a la honra y dignidad protegido en el artículo 11 de la Convención Americana, los alegatos del peticionario no han sido debidamente sustanciados en la petición, por lo que no corresponde declarar dichas pretensiones como admisibles.
C. Caracterización de las peticiones 4418-02 y 980-03
La Comisión considera que corresponde establecer que los alegatos de los peticionarios relativos a la presunta violación a los derechos del niño y la protección judicial, podrían caracterizar a prima facie violaciones a los derechos protegidos en los artículos 19 y 25 de la Convención Americana en concordancia con su artículo 1.1.
Ni la Convención Americana ni el Reglamento de la CIDH exigen al peticionario identificar los derechos específicos que se alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. Corresponde a la Comisión, con base en la jurisprudencia del sistema, determinar en sus informes de admisibilidad, qué disposición de los instrumentos interamericanos relevantes es aplicable y podría establecerse su violación si los hechos alegados son probados mediante elementos suficientes.
En la presente petición, la Comisión observa que la legislación ecuatoriana vigente en la época de los hechos establecía que la educación es un derecho irrenunciable de las personas y garantizaba la educación particular22. La legislación ecuatoriana también disponía que los establecimientos particulares de educación se regirán, para su funcionamiento, por lo prescrito en la Ley de Educación y su Reglamento, que deberán contar con la autorización de la Dirección Provincial de Educación de cada jurisdicción y deberán aplicar los planes y programas de estudios oficiales, adoptar la nomenclatura oficial del sistema educativo y utilizar los formularios, registros y demás documentos puestos en vigencia por el Ministerio de Educación23. La Comisión nota que el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Educación, es el encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de los establecimientos particulares de educación24. En vista de lo anterior, la Comisión encuentra los alegatos de los peticionarios son susceptibles de su conocimiento respecto del acceso a la educación de las presuntas víctimas bajo el artículo 13 del Protocolo de San Salvador25.
Respecto a la presunta violación del artículo 19 de conformidad con las normas de interpretación establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos26, así como los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la tendencia de integrar el sistema regional y el sistema universal27, y respecto a la noción de corpus juris en materia de niñez28, la Comisión interpretará el alcance y el contenido de los derechos que se alega habrían sido violados en perjuicio de las presuntas víctimas.
Por cuanto la falta de fundamento o la improcedencia de estos aspectos de este reclamo no resultan evidentes, la Comisión considera satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 47. b. y c. de la Convención Americana. Respecto al alegato sobre la presunta violación del derecho a la igualdad ante la ley protegido en el artículo 24 de la Convención Americana, el alegato de los peticionarios no ha sido debidamente sustanciado en la petición, por lo que no corresponde declarar dicha pretensión como admisible.
Finalmente, los hechos de las presentes peticiones se relacionan con la falta de cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional de Ecuador, por reclamos presentados contra el Colegio Americano de Guayaquil a causa del alza de pensiones en el año 2000. Actualmente la Comisión se encuentra conociendo la etapa de fondo del caso 12.698 (Adriana Victoria Plaza Orbe y Daniel Ernesto Plaza Orbe) relacionado también con la falta de cumplimiento de una Sentencia del Tribunal Constitucional Ecuatoriano dictada por la misma alza de matrículas. En ese sentido y ante la relación entre dichos casos, la Comisión considera que es necesario efectuar un análisis global de los hechos en la etapa de fondo del asunto, y por lo tanto decide acumularlos.
La Comisión concluye que es competente para examinar los reclamos presentados por los peticionarios sobre la presunta violación de los artículos 19 y 25 en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las presuntas víctimas y que éstos son admisibles, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
La Comisión concluye además que es competente para examinar los reclamos presentados sobre la presunta violación del artículo 5 de la Convención Americana en concordancia con su artículo 1.1 en perjuicio de José Antonio Gómez Tello e Iván Víctor Enríquez Feijóo; y de Sussy Ivette y Wendy Estahel Encalada Cherrez.
La Comisión también considera admisible la posible violación del artículo 13 del Protocolo de San Salvador, en perjuicio de las presuntas víctimas. Asimismo, concluye que corresponde declarar inadmisible el reclamo respecto de la presunta violación de los artículos 11 y 24 de la Convención Americana.
Declarar admisible los reclamos respecto de los artículos 5, 19 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana y 13 del Protocolo de San Salvador.
Declarar inadmisible la presente petición con relación a los artículos 11 y 24 de la Convención Americana.
Acumular los reclamos al caso 12.698 (Adriana Victoria Plaza Orbe y Daniel Ernesto Plaza Orbe).
Notificar esta decisión al Estado ecuatoriano y a los peticionarios.
Continuar con el análisis del fondo de la cuestión.
Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., el 1er día del mes de noviembre de 2011. (Firmado): Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe González, Luz Patricia Mejía Guerrero, y María Silvia Guillén, Miembros de la Comisión.
1 El 31 de octubre de 2002, Pedro Pablo Gómez Valdivieso e Iván Víctor Enríquez Contreras presentaron una petición a favor de José Antonio Gómez Tello e Iván Víctor Enriquez Feijóo de 14 y 12 años respectivamente a la fecha de presentación de la petición original recibida el 31 de octubre de 2002
2 El 19 de noviembre de 2003, Ernesto Salvador Encalada Sotomayor presentó una petición a favor de Sussy Ivette y Wendy Estahel Encalada Cherrez de 16 y 14 años respectivamente, al momento en que ocurrieron los hechos alegados.
3 En aplicación del principio de iura novit curia, respecto de la petición 980-03.
4 El peticionario de la petición 980-03 sostiene que el Colegio Americano le informó que había incumplido algunas regulaciones estipuladas por el Colegio, como que “no podía interferir ni individual ni colectivamente en las decisiones administrativas o técnicas del Colegio […]” y que la solicitud de reserva de matrícula de sus hijas para el año 2001-2002, no había sido aceptada al tenor de lo dispuesto en el Art. 223 del Reglamento General de la Ley de Educación y en virtud de la autonomía administrativa del plantel.
5 Interpuesto por Pedro Pablo Gómez.
6 Interpuesto el 25 de enero de 2001 por Ernesto Salvador Encalda Sotomayor.
7 Que incluye a Víctor Enríquez Feijóo, Sussy Ivette y Wendy Estahel Encalada Cherrez.
8 Que incluye a José Antonio Gómez Tello.
9 De la información aportada por los peticionarios se desprende que Ingrid Ivet Gómez Tello (hermana de José Antonio Gómez Tello) terminó el bachillerato en el Colegio Americano en enero de 2001. Certificación de 25 de enero de 2001 del Ministerio de Educación y Cultura, anexo al escrito de los peticionarios de 16 de agosto de 2005.
10 Los peticionarios indican que la Segunda Sala del Tribunal Constitucional confirmó que contra sus resoluciones no cabe recurso alguno. Resolución de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional de 10 de enero de 2003. Anexo al escrito de los peticionarios recibido el 22 de octubre de 2003.
11 El peticionario indica que dicho delito está previsto y sancionado en el primer inciso del art. 251 del Código Penal ecuatoriano.
12 El Estado hace referencia al artículo 93 de la Constitución de 2008: “[l]a acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la Corte Constitucional”. Nota 4-2-202/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, recibida el 11 de agosto de 2009.
13 El Estado cita el numeral 5 de art. 436 de la Constitución de Ecuador sobre las funciones y atribuciones de la Corte Constitucional. Nota 4-2-202/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, recibida el 11 de agosto de 2009. Cfr. Nota 4-2-03/2010 del Ministerio de relaciones Exteriores de la República del Ecuador, 6 recibida el 8 de enero de 2010.
14 Nota 4-2-202/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, recibida el 11 de agosto de 2009. Cfr. Nota 4-2-03/2010 del Ministerio de relaciones Exteriores de la República del Ecuador, 6 recibida el 8 de enero de 2010.
15 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No.1, párr. 64.
16 CIDH. Informe de Admisibilidad No. 10/04, Petición 71/02, Fadua Aucar Daccach, 26 de febrero de 2004, párr. 35.
17 Art. 58 de la Ley Orgánica de Control Constitucional.- “Las resoluciones que se dicten en la tramitación de un recurso de amparo serán de cumplimiento inmediato por parte del funcionario o autoridad pública a quien la resolución vaya dirigida; caso contrario el funcionario o autoridad que incumpla la resolución, indemnizará los perjuicios que el incumplimiento cause al recurrente”.
18 CIDH, Informe No 89/99, Petición 12.034, Admisibilidad, Carlos Torres Benvenuto y otros, Perú, 27 de septiembre de 1999, párrs. 22 y 23, Informe No 75/99. Petición 11.800, Admisibilidad, Cabrejos Bernuy, Perú, 4 de mayo de 1999, párr. 22 e Informe No. 17/09, Petición 461-04, Adriana Victoria Plaza Orbe y Daniel Ernesto Plaza Orbe, Ecuador, 19 de marzo de 2009, párr. 39.
19 Los peticionarios aportaron el certificado de estudios para el periodo lectivo 2001-2002 de José Antonio Gómez Tello en el Colegio Walt Whitman. Escrito de los peticionarios de 16 de agosto de 2005.
20 Se refiere a los procesos judiciales reseñados en la posición del peticionario.
21 Transacción extrajudicial del 24 de agosto de 2004 anexo a la Nota 4-2-202/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, recibida el 11 de agosto de 2009.
22 Art. 66 de la Constitución de Ecuador. Registro Oficial No. 1. Agosto 11 de 1999.
23 Ley de Educación No 127. R.O 484: 3-V-83.
24 Ver artículos 66 y 67 de la Constitución Política de Ecuador de 1998 y artículos 2.e, 166 y 168 del Reglamento General de la Ley de Educación (Decreto 935). CIDH Informe No. 17/09, Petición 461-04, Adriana Victoria Plaza Orbe y Daniel Ernesto Plaza Orbe, Ecuador, 19 de marzo de 2009, párr. 43.
25 CIDH Informe No. 17/09, Petición 461-04, Adriana Victoria Plaza Orbe y Daniel Ernesto Plaza Orbe, Ecuador, 19 de marzo de 2009, párr. 43.
26 Convención Americana artículo 29 Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: […] b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; […]. CIDH Informe No. 17/09, Petición 461-04, Adriana Victoria Plaza Orbe y Daniel Ernesto Plaza Orbe, Ecuador, 19 de marzo de 2009, párr. 44.
27 Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC 1/82 de 24 de septiembre de 1982 sobre “Otros tratados” objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) párr. 41. La Comisión nota que el Estado ecuatoriano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas el 23 de marzo de 1990. CIDH, Informe No. 17/09, Petición 461-04, Adriana Victoria Plaza Orbe y Daniel Ernesto Plaza Orbe, Ecuador, 19 de marzo de 2009, párr. 44.
28 Corte I.D.H., Caso Villagrán Morales y otros. Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C No. 63, párr. 194. Caso Instituto de Reeducación del Menor. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C No. 112, párr. 148, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C No. 110, párr. 166. Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002, Serie A, No. 17, párr. 24, 37, 53. CIDH Informe No. 17/09, Petición 461-04, Adriana Victoria Plaza Orbe y Daniel Ernesto Plaza Orbe, Ecuador, 19 de marzo de 2009, párr. 44.

References: artículo 1
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