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Timestamp: 2017-06-29 13:46:55+00:00

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decreto de derechos y deberes by rosa mayo - issuu
B.O.C. y L. - N.º 9910917Miércoles, 23 de mayo 2007CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNDECRETO 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos
y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las
familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León.
El artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que conforme al
apartado 1 del artículo 81 de ella lo desarrollen y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.
La convivencia escolar adecuada es un requisito para un proceso educativo de calidad, siendo igualmente su resultado. Convivencia y aprendizaje son dos aspectos estrechamente ligados entre sí, que se condicionan mutuamente y que requieren que el respeto de derechos ajenos y el
cumplimiento de obligaciones propias se constituyan en finalidad y en un
verdadero reto de la educación actual en su compromiso para conseguir
una sociedad mejor.
La existencia de conflictos en el ámbito escolar provoca una especial
preocupación en la comunidad educativa y en la sociedad en general, y
exige una respuesta adecuada por parte de los poderes públicos. Esta preocupación viene a reafirmar la profunda convicción de que la educación
en un sistema democrático debe inculcar a los alumnos que el desarrollo
de los derechos propios debe ir acompañado ineludiblemente del cumplimiento de los deberes hacia los demás.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, configura la
convivencia escolar como un principio y como un fin del sistema educativo, al recoger, como elementos que lo inspiran, la prevención del conflicto y su resolución pacífica. En este sentido modifica y precisa, entre
otras, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la
educación, en lo que respecta a los derechos y deberes del alumnado,
regula los órganos de gobierno, coordinación y dirección de los centros
educativos y sus competencias en el marco del régimen disciplinario, asumiendo las medidas de sensibilización e intervención, en el ámbito educativo, que se regularon por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de medidas de protección integral contra la violencia de género, en cuanto al respeto a los derechos y libertades fundamentales y a la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, estableciendo que los consejos escolares cuenten entre sus competencias con la posibilidad de proponer medidas que favorezcan esta igualdad. En dicha Ley también se recoge la
voluntad de potenciar la resolución pacífica de conflictos que en otros
ámbitos del derecho y de la convivencia social se han desarrollado de
forma efectiva mediante los procesos de mediación.
En este marco legal, el presente Decreto establece la regulación propia de la Comunidad de Castilla y León en esta materia, tratando de adaptarse a una realidad escolar que ha superado las respuestas ofrecidas por
el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, sobre los derechos, deberes y
normas de convivencia de los alumnos de centros sostenidos con fondos
públicos, norma hasta ahora aplicable en nuestra Comunidad Autónoma.
Sobre la base de los derechos y deberes que se reconocen a los alumnos, se afirma la responsabilidad que corresponde a toda la comunidad
educativa en la mejora de la convivencia escolar, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
cuando en su preámbulo señala que es preciso tener en cuenta que la responsabilidad del alumno en el éxito escolar no debe recaer exclusivamente sobre él mismo, individualmente considerado, sino sobre sus familias, profesorado, centros docentes, administración educativa y, en
definitiva, sobre la sociedad en su conjunto, responsable última del funcionamiento y la calidad del sistema educativo.
Así, un eje fundamental de esta norma es la necesidad de implicación
de las familias en el proceso educativo, que aparece recogida a lo largo de
todo el texto, y que se concreta no solo en el ejercicio de sus derechos y en
el cumplimiento de sus obligaciones, sino en su participación en medidas
novedosas de corrección de conductas perturbadoras de la convivencia. Al
lado de la mediación escolar, que se contempla como medida de corrección
voluntaria para la solución de conflictos entre partes, se regulan los proce-sos de acuerdo reeducativo, donde los padres o tutores legales toman un
protagonismo fundamental. Además, estos dos tipos de medidas no sólo
pueden utilizarse como reacción ante una conducta perturbadora, sino
como estrategia para prevenir conflictos, reflejando de esta forma otro de
los principios que informan este Decreto, el de prevención.
Se concretan las funciones que la normativa vigente atribuye a los
órganos de gobierno de los centros, y se establecen las que corresponden
a tutores docentes, profesorado, y a una figura que asume un protagonismo específico, el coordinador de convivencia. Asimismo se recogen dos
instrumentos básicos para la convivencia: el plan de convivencia y el
reglamento de régimen interior del centro.
El refuerzo de la autoridad de los profesores constituye otro de los
ejes de esta norma, plasmado en herramientas disciplinarias que estos
pueden y deben utilizar en el mismo momento en el que tiene lugar una
conducta perturbadora de la convivencia. Estas herramientas son las
actuaciones correctoras inmediatas, que no prejuzgan ni la calificación de
la conducta ni las medidas posteriores que se puedan adoptar, siendo el
objetivo perseguido el cese inmediato de aquélla.
Por último, y para aquellas conductas que perjudican gravemente la
convivencia escolar, se configura un régimen de infracciones y sanciones
y un procedimiento sancionador claro y estructurado, que facilita su comprensión por toda la comunidad educativa y agiliza su desarrollo.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Educación, previo dictamen del Consejo Escolar de Castilla y León,
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 17 de mayo de 2007
1. El presente Decreto tiene por objeto la regulación de los derechos
y deberes de los alumnos y de la participación y de los compromisos de
las familias en el proceso educativo, así como el establecimiento de las
normas de convivencia y disciplina en los centros educativos no universitarios, sostenidos con fondos públicos, de Castilla y León.
2. Los centros privados no sostenidos con fondos públicos tendrán
autonomía para establecer sus normas de convivencia y disciplina en el
marco de la normativa vigente.
Artículo 2.– Principios informadores.
Son principios que informan el presente Decreto los siguientes:
a) La importancia de la acción preventiva como mejor garantía para
la mejora de la convivencia escolar.
b) La responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la
comunidad educativa para conseguir un clima escolar adecuado.
c) El necesario refuerzo de la autoridad del profesor para un correcto
desarrollo del proceso educativo.
d) La necesidad de una colaboración e implicación de los padres o
tutores legales del alumno en la función tutorial del profesor.
e) La relevancia de los órganos colegiados y de los equipos directivos de los centros en el impulso de la convivencia y en el tratamiento de los conflictos.
Artículo 3.– Garantías.
La Consejería de Educación, en el marco de sus competencias y dentro del respeto a la autonomía de los centros educativos, velará por el
correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los
alumnos, así como por el establecimiento y ejercicio de mecanismos de
control de las obligaciones y compromisos de los padres o tutores legales. A tal efecto, garantizará la efectividad de las actuaciones encaminadas a conseguir una convivencia adecuada en los centros educativos, de
acuerdo con lo establecido en el presente Decreto.10918B.O.C. y L. - N.º 99Miércoles, 23 de mayo 2007
Derechos y deberes de los alumnos y participación
y compromisos de las familias en el proceso educativo
Principios GeneralesArtículo 4.– Principios generales.
1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más
distinciones, en su forma de ejercicio, que las derivadas de su edad, desarrollo madurativo y del nivel que estén cursando.
2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, con el
fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos.
3. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al
respeto de los derechos que se establecen en el presente Decreto.
4. El ejercicio de los derechos por parte de los alumnos implica el
deber correlativo de conocimiento y respeto de los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa.obtenidas en las evaluaciones parciales o en las finales del curso
escolar, en los términos que reglamentariamente se establezca.
Este derecho podrá ser ejercitado en el caso de alumnos menores
de edad por sus padres o tutores legales.
Artículo 8.– Derecho a participar en la vida del centro.
1. Todos los alumnos tienen derecho a participar en la vida del centro
y en su funcionamiento en los términos previstos por la legislación vigente.
2. Este derecho implica:
a) La participación de carácter individual y colectiva mediante el
ejercicio de los derechos de reunión, de asociación, a través de las
asociaciones de alumnos, y de representación en el centro, a través
de sus delegados y de sus representantes en el consejo escolar.
b) La posibilidad de manifestar de forma respetuosa sus opiniones,
individual y colectivamente, con libertad, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo con los principios y derechos constitucionales, merecen las personas y las instituciones.
c) Recibir información sobre las cuestiones propias de su centro y de
la actividad educativa en general.
Artículo 9.– Derecho a protección social.CAPÍTULO II
Artículo 5.– Derecho a una formación integral.
1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral
que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los principios democráticos de convivencia.
b) Una educación emocional que le permita afrontar adecuadamente
c) La adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos que le
permitan integrarse personal, laboral y socialmente.
d) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico
e) La formación ética y moral.
f) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar
decisiones de acuerdo con sus aptitudes y capacidades. Para ello,
la Administración educativa prestará a los centros los recursos
necesarios y promoverá la colaboración con otras administraciones
o instituciones.
Artículo 6.– Derecho a ser respetado.
1. Todos los alumnos tienen derecho a que se respeten su identidad,
integridad y dignidad personales.
a) La protección contra toda agresión física, emocional o moral.1. Todos los alumnos tienen derecho a protección social, de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación vigente y en el marco de las disponibilidades presupuestarias.
a) Dotar a los alumnos de recursos que compensen las posibles carencias o desventajas de tipo personal, familiar, económico, social o
cultural, con especial atención a aquellos que presenten necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la
permanencia en el sistema educativo.
b) Establecer las condiciones adecuadas para que los alumnos que
sufran una adversidad familiar, un accidente o una enfermedad
prolongada, no se vean en la imposibilidad de continuar o finalizar
los estudios que estén cursando.
Artículo 10.– Deber de estudiar.
1. Todos los alumnos tienen el deber de estudiar y esforzarse para
conseguir el máximo rendimiento académico, según sus capacidades, y el
pleno desarrollo de su personalidad.
2. Este deber implica:
a) Asistir a clase respetando los horarios establecidos y participar en
las actividades académicas programadas.
b) Realizar las actividades encomendadas por los profesores en el
ejercicio de sus funciones docentes, así como seguir sus orientaciones y directrices.b) El respeto a la libertad de conciencia y a sus convicciones ideológicas, religiosas o morales.Artículo 11.– Deber de respetar a los demás.c) La disposición en el centro de unas condiciones adecuadas de
seguridad e higiene, a través de la adopción de medidas adecuadas
de prevención y de actuación.2. Este deber implica:d) Un ambiente de convivencia que permita el normal desarrollo de
las actividades académicas y fomente el respeto mutuo.b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y
morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, y evitar cualquier discriminación
por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia
personal o social.e) La confidencialidad en sus datos personales sin perjuicio de las
comunicaciones necesarias para la Administración educativa y la
obligación que hubiere, en su caso, de informar a la autoridad
Artículo 7.– Derecho a ser evaluado objetivamente.
1. Todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
a) Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y
resultados de la evaluación, de acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza.
b) Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar reclamaciones, respecto de los criterios, decisiones y calificaciones1. Todos los alumnos tienen el deber de respetar a los demás.
a) Permitir que sus compañeros puedan ejercer todos y cada uno de
los derechos establecidos en este Decreto.c) Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos y a los profesionales que desarrollan su actividad en el centro, tanto en lo referido a su persona como a sus pertenencias.
Artículo 12.– Deber de participar en las actividades del centro.
1. Todos los alumnos tienen el deber de participar en las actividades
que configuran la vida del centro.
2. Este deber supone:
a) Implicarse de forma activa y participar, individual y colectivamente, en las actividades lectivas y complementarias, así como en
las entidades y órganos de representación propia de los alumnos.B.O.C. y L. - N.º 9910919Miércoles, 23 de mayo 2007b) Respetar y cumplir las decisiones del personal del centro, en sus
ámbitos de responsabilidad, así como de los órganos unipersonales
y colegiados, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que tales decisiones vulneran alguno de ellos.c) Respetar y hacer respetar a sus hijos o pupilos las normas que rigen
el centro escolar, las orientaciones educativas del profesorado y
colaborar en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.Artículo 13.– Deber de contribuir a mejorar la convivencia en el centro.
1. Todos los alumnos, siguiendo los cauces establecidos en el centro,
tienen el deber de colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en
la consecución de un adecuado clima de estudio y respeto.
a) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del
centro, establecidas en el Reglamento de régimen interior.
b) Participar y colaborar activamente con el resto de personas del
centro para favorecer el desarrollo de las actividades y, en general,
la convivencia en el centro.
c) Respetar, conservar y utilizar correctamente las instalaciones del
centro y los materiales didácticos.
Artículo 14.– Deber de ciudadanía.
Todos los alumnos tienen el deber de conocer y respetar los valores democráticos de nuestra sociedad, expresando sus opiniones respetuosamente.
La participación de las familias en el proceso educativo
Artículo 15.– Implicación y compromiso de las familias.
A los padres o tutores legales, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar la ayuda correspondiente y colaborar con el centro para
que su proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada, asistiendo a
clase y a las actividades programadas.
Artículo 16.– Derechos de los padres o tutores legales.
1. Los padres o tutores legales, en relación con la educación de sus
hijos o pupilos, tienen los derechos reconocidos en el artículo 4.1 de la
2. La administración educativa garantizará el ejercicio de los derechos reconocidos en el apartado anterior. Con especial atención, y de
acuerdo con los principios informadores de este Decreto, garantizará el
derecho de los padres o tutores legales a:
a) Participar en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje de sus
hijos o pupilos y estar informados sobre su progreso e integración
socio-educativa, a través de la información y aclaraciones que puedan solicitar, de las reclamaciones que puedan formular, así como
del conocimiento o intervención en las actuaciones de mediación o
procesos de acuerdo reeducativo.TÍTULO II
De la convivencia escolar
Artículo 18.– Competencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en el título V de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, corresponden al consejo escolar, al
claustro de profesores y a la dirección del centro las funciones y competencias referentes a la convivencia escolar.
2. Los coordinadores de convivencia, los tutores de los grupos de
alumnos y los profesores sin atribuciones de coordinación específica,
deben intervenir de manera concreta, tanto a través de sus funciones propias y de los contenidos curriculares como de las estrategias metodológicas pertinentes, en el refuerzo de los derechos y deberes explicitados en
este Decreto y en la consecución de un clima escolar adecuado para el
desarrollo de la actividad educativa en el aula y en el centro.
Artículo 19.– El consejo escolar.
Corresponde al consejo escolar del centro en materia de convivencia
a) Aprobar anualmente el plan de convivencia y las normas que sobre
esta materia se contemplen en el reglamento de régimen interior.
b) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los
alumnos, conocer la resolución de los conflictos disciplinarios y
garantizar su adecuación a la normativa vigente.
c) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar
d) Revisar, a instancia de los padres o tutores legales, las medidas
adoptadas por la dirección del centro en relación con las sanciones
por conductas de los alumnos gravemente perjudiciales para la
convivencia, proponiendo las medidas oportunas.
e) Evaluar y elaborar periódicamente un informe sobre el clima de
convivencia, especialmente sobre los resultados de la aplicación
del plan de convivencia.
Artículo 20.– La comisión de convivencia.b) Ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación personal, académica y profesional de sus hijos o pupilos, sin perjuicio
de la participación señalada en el párrafo anterior, y a solicitar,
ante el consejo escolar del centro, la revisión de las resoluciones
adoptadas por su director frente a conductas de sus hijos o pupilos
que perjudiquen gravemente la convivencia.1. En el seno del consejo escolar existirá una comisión de convivencia, que tendrá como finalidad garantizar la aplicación correcta de lo dispuesto en este Decreto, colaborar en la planificación de medidas preventivas y en la resolución de conflictos.c) Participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, a través de su participación en el consejo escolar y en la comisión de convivencia, y mediante los cauces
asociativos que tienen legalmente reconocidos.a) En los centros públicos la comisión estará integrada por el director, el jefe de estudios y un número de profesores, padres y alumnos, elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el consejo escolar, atendiendo a los siguientes criterios:Artículo 17.– Deberes de los padres o tutores legales.
1. Los padres o tutores legales, como primeros responsables de la
educación de sus hijos o pupilos, tienen las obligaciones establecidas en
el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.
2. La administración educativa velará por el cumplimiento de los
deberes indicados en el apartado anterior. Con especial atención, y de
acuerdo con los principios informadores de este Decreto, velará por el
cumplimiento de los siguientes deberes de los padres o tutores legales:
a) Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos o pupilos,
estimularles hacia el estudio e implicarse de manera activa en la
mejora de su rendimiento y, en su caso, de su conducta.
b) Adoptar las medidas, recursos y condiciones que faciliten a sus
hijos o pupilos su asistencia regular a clase así como su progreso
escolar.2. En su constitución, organización y funcionamiento se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:1.º– En las escuelas de educación infantil y colegios de educación
infantil y primaria: dos profesores y cuatro padres, salvo si el
número de unidades es inferior a seis, en cuyo caso se incorporarán un profesor y dos padres o si el centro tiene sólo una
o dos unidades en los que se constituirá con un padre.
2.º– En los institutos de educación secundaria, institutos de educación secundaria obligatoria y centros de educación obligatoria: dos profesores, dos padres y dos alumnos.
3.º– En los centros que imparten enseñanzas de régimen especial:
dos profesores y cuatro alumnos. En aquellos centros en los
que los padres tengan representación en el consejo escolar, la
representación será de dos profesores, dos padres y dos alumnos.
4.º– En los centros específicos de personas adultas: un profesor y
un alumno.10920B.O.C. y L. - N.º 99Miércoles, 23 de mayo 2007b) Si el coordinador de convivencia no forma parte de la comisión de
convivencia como representante del profesorado en el consejo
escolar, asistirá a sus reuniones con voz pero sin voto.
c) El consejo escolar podrá decidir que asistan a la comisión de convivencia, con voz pero sin voto, representantes de otros sectores
del mismo o de personas que por su cualificación personal o profesional puedan contribuir a un mejor cumplimiento de sus fines.
3. Sus funciones y normas de funcionamiento estarán reguladas en el
reglamento de régimen interior. La comisión informará al consejo escolar, al menos dos veces durante el curso, sobre las actuaciones realizadas
y hará las propuestas que considere oportunas para la mejora de la convivencia en el centro.
4. En los centros privados concertados la comisión se compondrá de
acuerdo con los criterios que se establezcan por parte de la dirección del
centro, que contemplarán la participación de profesores, padres y alumnos.
Artículo 21.– El claustro de profesores.
1. Corresponde al claustro de profesores proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. Estas propuestas serán
tenidas en cuenta en la elaboración del plan de convivencia que anualmente se apruebe por el consejo escolar.
2. Asimismo, en sus reuniones ordinarias y, si fuera preciso, en reuniones extraordinarias, conocerá la resolución de conflictos disciplinarios
y la imposición de sanciones y velará para que éstas se atengan a la normativa vigente.
Artículo 22.– El equipo directivo.
1. Corresponde al equipo directivo fomentar la convivencia escolar, e
impulsar cuantas actividades estén previstas en el plan de convivencia del
2. Son competencias del director:
a) Favorecer el fomento de la convivencia en el centro, impulsando
el plan de convivencia aprobado por el consejo escolar.
b) Imponer las medidas de corrección que se establecen en el artículo 38 de presente Decreto, que podrá delegar en el jefe de estudios,
en el tutor docente del alumno o en la comisión de convivencia, en
c) Garantizar el ejercicio de la mediación y los procesos de acuerdo
reeducativo para la resolución de conflictos según los procedimientos establecidos para cada uno de ellos en este Decreto.
d) Incoar expedientes sancionadores e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las competencias atribuidas al consejo escolar, y según el procedimiento establecido en
e) Velar por el cumplimiento de las medidas impuestas en sus justos
3. Corresponde al jefe de estudios:
a) Coordinar y dirigir las actuaciones del coordinador de convivencia, de los tutores y de los profesores, establecidas en el plan de
convivencia y en el reglamento de régimen interior, relacionadas
con la convivencia escolar.
b) Imponer y garantizar, por delegación del director, las medidas de
corrección y el ejercicio de la mediación y los procesos de acuerdo reeducativo que se lleven a cabo en el centro.
Artículo 23.– El coordinador de convivencia.
1. En los centros públicos de Castilla y León que impartan enseñanzas completas de educación infantil y primaria, educación secundaria
obligatoria, bachillerato o formación profesional el director designará,
entre los miembros del claustro, un coordinador de convivencia, quien
colaborará con el jefe de estudios en la coordinación de las actividades
previstas para la consecución de los objetivos del plan de convivencia.
2. En los centros privados concertados que impartan las enseñanzas
citadas en el apartado anterior, los directores podrán designar, entre los
profesores del centro, un coordinador de convivencia, que tendrá las mismas funciones ya indicadas.
3. El profesor coordinador de convivencia participará en la comisión
de convivencia de los centros públicos, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 20.2.b) de este Decreto.
Artículo 24.– Los tutores docentes.
1. Corresponde a los tutores, en el ámbito del plan de acción tutorial,
la coordinación de los profesores que imparten docencia al grupo de
alumnos de su tutoría, mediando entre profesores, alumnos y familias o
tutores legales.2. Los tutores impulsarán las actuaciones que se lleven a cabo, dentro
del plan de convivencia, con el alumnado del grupo de su tutoría.
3. El tutor tendrá conocimiento de las actuaciones inmediatas y medidas adoptadas por los profesores que imparten docencia en su grupo de
tutoría, con el objeto de resolver los conflictos y conseguir un adecuado
marco de convivencia que facilite el desarrollo de la actividad educativa.
Artículo 25.– Los profesores.
Los profesores, dentro del aula o en el desarrollo de sus actividades
complementarias o extraescolares, llevarán a cabo las actuaciones inmediatas previstas en el artículo 35 de este Decreto, y en el marco de lo establecido en el reglamento de régimen interior.
Artículo 26.– Instrumentos de la convivencia en los centros educativos.
El plan de convivencia del centro y el reglamento de régimen interior,
que atenderán, en todo caso, a lo dispuesto en el presente Decreto, deberán contribuir a favorecer el adecuado clima de trabajo y respeto mutuo
entre los miembros de la comunidad educativa.
Artículo 27.– El plan de convivencia.
1. Los centros, teniendo en cuenta las medidas e iniciativas propuestas por el consejo escolar y el claustro de profesores, elaborarán su plan
de convivencia, que se incorporará a la programación general anual y
deberá contener, al menos, los siguientes apartados:
a) Descripción de los aspectos del entorno del centro, identificando
los que influyen en la convivencia.
b) Objetivos a conseguir y actitudes que pretende favorecer el desarrollo del plan.
c) Actividades previstas para la consecución de los objetivos.
d) Mecanismos para la difusión, seguimiento y evaluación del plan.
2. Al final de cada curso, se evaluará el plan, y en el siguiente se introducirán las modificaciones pertinentes que se recogerán en la programación general anual.
3. El plan de convivencia, una vez elaborado, será aprobado por el
consejo escolar, según lo previsto en el artículo 19.a) de este Decreto.
Artículo 28.– El reglamento de régimen interior.
El reglamento de régimen interior, en lo relativo a la convivencia
escolar, deberá:
a) Precisar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes, regulados en el título I de este Decreto.
b) Establecer las normas de convivencia, que incluyan tanto los
mecanismos favorecedores del ejercicio de los derechos y deberes
de los alumnos, como las medidas preventivas y la concreción de
las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro,
todo ello en el marco de lo dispuesto en el presente Decreto.
c) Fijar las normas de organización y participación para la mejora de
la convivencia en el centro, entre ellas, las de la comisión de
d) Establecer los procedimientos de actuación en el centro ante situaciones de conflicto y el sistema de registro de las actuaciones llevadas a cabo.
e) Concretar el desarrollo de la mediación y los procesos de acuerdo
reeducativo para la resolución de conflictos, de acuerdo con lo
establecido en el capítulo IV del título III de este Decreto.
Artículo 29.– Calificación de las conductas que perturban la convivencia y tipos de corrección.
1. Las conductas de los alumnos perturbadoras de la convivencia en
el centro podrán ser calificadas como:
a) Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro.
b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, que serán calificadas como faltas.B.O.C. y L. - N.º 99Miércoles, 23 de mayo 2007109212. El tipo de corrección de las conductas recogidas en el apartado
anterior podrá ser:competentes dichas conductas y de que pudieran ser sancionadas por otros
órganos o administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.a) Actuaciones inmediatas: aplicables a todas las conductas que perturban la convivencia en el centro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de este Decreto, con el objetivo principal del
cese de la conducta.Artículo 32.– Gradación de las medidas correctoras y de las sanciones.b) Medidas posteriores: una vez desarrolladas las actuaciones inmediatas, y en función de las características de la conducta, se podrán
adoptar además las siguientes medidas:1. A efectos de la gradación de las medidas de corrección y de las sanciones, se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta, así como la petición
de excusas y la reparación espontánea del daño producido ya sea
físico o moral.
b) La falta de intencionalidad.1.º– Medidas de corrección en el caso de conductas contrarias a
las normas de convivencia del centro, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38.c) El carácter ocasional de la conducta.2.º– Mediación y procesos de acuerdo reeducativo, según lo dispuesto en el capítulo IV de este título.e) Otras circunstancias de carácter personal que puedan incidir en su
conducta.3.º– Apertura de procedimientos sancionadores, en el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
centro, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de
este título.
Artículo 30.– Criterios para la aplicación de las actuaciones correctoras.
1. La comunidad educativa, y en especial el profesorado, ante las conductas de los alumnos perturbadoras de la convivencia en el centro, aplicará las correcciones que, en su caso, correspondan.
2. Los alumnos no pueden ser privados del ejercicio de su derecho a
la educación y, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la
escolaridad.d) El supuesto previsto en el artículo 44.4.2. A los mismos efectos, se consideran circunstancias que agravan la
a) La premeditación.
c) La incitación o estímulo a la actuación individual o colectiva lesiva
de los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa.
d) La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la
convivencia, con especial atención a aquellos actos que presenten
características de acoso o intimidación a otro alumno.
e) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de
los integrantes de la comunidad educativa.3. En ningún caso se llevarán a cabo correcciones que menoscaben la
integridad física o la dignidad personal del alumno.f) La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia a través de aparatos electrónicos u otros medios.4. Las correcciones que sea preciso aplicar tendrán carácter educativo y supondrán, en primera instancia, la actuación inmediata y directa del
profesor sobre la conducta del alumno afectado, pudiendo ir seguidas de
medidas posteriores.3. En el caso de que concurran circunstancias atenuantes y agravantes ambas podrán compensarse.5. Las correcciones deberán guardar la adecuada proporcionalidad
con la naturaleza de las conductas perturbadoras y deberán contribuir a
mantener y mejorar el proceso educativo del alumno.
6. En las correcciones deberá tenerse en cuenta el nivel académico y la
edad del alumno, así como las circunstancias personales, familiares o sociales que puedan haber incidido en la aparición de la conducta perturbadora.
7. La calificación de la conducta perturbadora del alumno y el desarrollo de las actuaciones inmediatas, determinará la adopción de medidas de corrección o la apertura de procedimiento sancionador.
8. Las medidas de corrección que se lleven a cabo sobre las conductas especificadas en el artículo 37.1.e) y que, dada su reiteración, pudieran ser consideradas como conductas disruptivas en el ámbito escolar,
deberán ir acompañadas por las actuaciones de ajuste curricular y las
estrategias de trabajo que se estimen necesarias por parte del profesorado.
9. El reglamento de régimen interior del centro establecerá los cauces
oportunos para favorecer y facilitar la implicación de los padres o tutores
legales del alumno en las actuaciones correctoras previstas en este Decreto.
10. El director del centro, de acuerdo con las normas establecidas en
reglamento de régimen interior, comprobará si, a partir del tercer curso de
la educación secundaria obligatoria, la inasistencia a clase de los alumnos, por decisión colectiva, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 8 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. Así mismo, adoptará las medidas necesarias para que esta situación
no repercuta en el rendimiento académico de los alumnos y garantizará el
derecho de aquellos que no deseen secundar las decisiones sobre la asistencia a clase a permanecer en el centro debidamente atendidos.
Artículo 31.– Ámbito de las conductas a corregir.
1. La facultad de llevar a cabo actuaciones correctoras sobre las conductas perturbadoras de la convivencia se extenderá a las ocurridas dentro del recinto escolar en horario lectivo, durante la realización de actividades complementarias o extraescolares o en los servicios de comedor y
2. También podrán llevarse a cabo actuaciones correctoras en relación
con aquellas conductas de los alumnos que, aunque se realicen fuera del
recinto escolar, estén directa o indirectamente relacionadas con la vida
escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa. Todo ello sin
perjuicio de la obligación de poner en conocimiento de las autoridades4. Cuando la reiteración se refiera a la conducta especificada en el
artículo 37.1.c, las medidas a llevar a cabo sobre dicha conducta deberán
contemplar la existencia, en su caso, de programas específicos de actuación sobre las mismas.
Artículo 33.– Responsabilidad por daños.
1. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de
forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o a su
material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de
la comunidad educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o
hacerse cargo del coste económico de su reparación, en los términos previstos en la legislación vigente.
2. Los alumnos que sustrajeren bienes del centro o de cualquier
miembro de la comunidad escolar deberán restituir lo sustraído, de acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de la corrección a que hubiera lugar.
3. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles
en los términos previstos en las leyes.
Artículo 34.– Coordinación interinstitucional.
1. De acuerdo con la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para una mayor precisión
y eficacia de las actuaciones correctoras, los centros podrán recabar los
informes que se estimen necesarios acerca de las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno a los padres o tutores legales o, en
su caso, a las instituciones públicas competentes.
2. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el alumno siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia en el centro, éste dará traslado, previa
comunicación a los padres o tutores legales en el caso de menores de
edad, a las instituciones públicas del ámbito sanitario, social o de otro
tipo, de la necesidad de adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas
circunstancias personales, familiares o sociales del alumno que puedan
ser determinantes de la aparición y persistencia de dichas conductas.
3. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro reclame la implicación directa de los padres o tutores legales del
alumno y éstos la rechacen de forma expresa, el centro pondrá en conocimiento de las instituciones públicas competentes los hechos, con el fin
de que adopten las medidas oportunas para garantizar los derechos del
alumno contenidos en el capítulo II del título I y el cumplimiento de los
deberes recogidos en el artículo 17.2, con especial atención al contenido
en su letra a).10922Miércoles, 23 de mayo 2007
Actuaciones inmediatasArtículo 35.– Actuaciones inmediatas.
1. Las actuaciones inmediatas tienen como objetivo el cese de la conducta perturbadora de la convivencia, sin perjuicio de su calificación
como conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, al objeto de aplicar las medidas
posteriores previstas en el artículo 29.2.b).
2. Con carácter inmediato a la conducta de un alumno que perturbe la
convivencia en el centro, el profesor llevará a cabo una o varias de las
a) Amonestación pública o privada.
b) Exigencia de petición pública o privada de disculpas.
c) Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté llevando a cabo la actividad durante el tiempo que estime el profesor.
La suspensión de este derecho estará regulada en el reglamento de
régimen interior del centro, quedando garantizado, en todos los
casos, el control del alumno y la comunicación posterior, en caso
de ser necesario, al jefe de estudios.
d) Realización de trabajos específicos en períodos de recreo u horario no
lectivo, en este caso con permanencia o no en el centro.
Artículo 36.– Competencia.
1. Las actuaciones inmediatas serán llevadas a cabo por cualquier
profesor del centro, dado su carácter directo e inmediato a la conducta
2. El profesor comunicará las actuaciones inmediatas llevadas a cabo
al tutor del alumno, que será quién, de acuerdo con la dirección del centro, determinará la oportunidad de informar a la familia del alumno. Asimismo, dará traslado al jefe de estudios, en su caso, tanto de las actuaciones que se especifican en el artículo 35.2.c) como de aquellas
situaciones en las que las características de la conducta perturbadora, su
evolución, una vez llevada a cabo la actuación inmediata, y la posible
calificación posterior, lo hagan necesario. El procedimiento de comunicación será precisado en el reglamento de régimen interior del centro.
Conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro
Artículo 37.– Conductas contrarias a las normas de convivencia del
1. Se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia
del centro las siguientes:
a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos
democráticos legalmente establecidos.
b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de respeto, en general, a los miembros de la
comunidad educativa, siempre que no sean calificadas como faltas.
c) La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté
debidamente justificada.
d) La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, que pudiera provocar una alteración en
la actividad del centro, tomando en consideración, en todo caso,
factores culturales o familiares.
e) El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la
clase, dificultando la actuación del profesorado y del resto de
f) El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o
de pertenencias de otros alumnos, realizado de forma negligente o
intencionada.
g) La utilización inadecuada de aparatos electrónicos.
h) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la
actividad escolar y no constituya falta según el artículo 48 de este
2. Los reglamentos de régimen interior de los centros podrán concretar estas conductas con el fin de conseguir su adaptación a los distintos
niveles académicos, modalidades de enseñanza y contexto de cada centro.B.O.C. y L. - N.º 99Artículo 38.– Medidas de corrección.
1. Las medidas de corrección que se pueden adoptar en el caso de
conductas contrarias a las normas de convivencia del centro son las
a) Amonestación escrita.
b) Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a
la entrada y salida del centro como al periodo de permanencia en
él, por un plazo máximo de 15 días lectivos.
c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de
las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño
causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa por un
máximo de 5 días lectivos.
d) Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores por
un máximo de 15 días lectivos.
e) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo máximo de 15 días.
f) Cambio de grupo del alumno por un máximo de 15 días lectivos.
g) Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un
periodo no superior a 5 días lectivos. Durante dicho periodo quedará garantizada la permanencia del alumno en el centro, llevando
a cabo las tareas académicas que se le encomienden.
2. Para la aplicación de estas medidas de corrección, salvo la prevista en el apartado 1. a), será preceptiva la audiencia al alumno y a sus
padres o tutores legales en caso de ser menor de edad. Así mismo se
comunicara formalmente su adopción.
Artículo 39.– Competencia.
La competencia para la aplicación de las medidas previstas en el
artículo 38 corresponde al director del centro, teniendo en cuenta la posibilidad de delegación prevista en el artículo 22.2.b) de este Decreto.
Artículo 40.– Régimen de prescripción.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro
prescribirán en el plazo de 30 días, contado a partir de la fecha de su
comisión. Asimismo las medidas correctoras impuestas por estas conductas, prescribirán en el plazo de 30 días desde su imposición.
La mediación y los procesos de acuerdo reeducativo
Artículo 41.– Disposiciones comunes.
1. Dentro de las medidas dirigidas a solucionar los conflictos provocados por las conductas de los alumnos perturbadoras de la convivencia
en el centro, podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos
de acuerdo reeducativo de conformidad con lo dispuesto en este capítulo.
2. Para la puesta en práctica de dichas medidas se tendrán en cuenta
a) Cuando se lleven a cabo en conflictos motivados por conductas
perturbadoras calificadas como contrarias a las normas de convivencia podrán tener carácter exclusivo o conjunto con otras medidas de corrección de forma previa, simultánea o posterior a ellas.
b) Cuando se lleven a cabo en conflictos generados por conductas
perturbadoras calificadas como gravemente perjudiciales para la
convivencia en el centro y se haya iniciado la tramitación de un
procedimiento sancionador, éste quedará provisionalmente interrumpido cuando el centro tenga constancia expresa, mediante un
escrito dirigido al director, de que el alumno o alumnos implicados
y los padres o tutores legales, en su caso, aceptan dichas medidas
así como su disposición a cumplir los acuerdos que se alcancen.
Igualmente se interrumpirán los plazos de prescripción y las medidas cautelares, si las hubiere.
c) No se llevarán a cabo en el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en las que concurran alguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad que se mencionan en
el artículo 32.2 de este Decreto.
d) Una vez aplicada una sanción, podrán llevarse a cabo actuaciones
de mediación y procesos de acuerdo reeducativo que, con carácter
voluntario, tendrán por objeto prevenir la aparición de nuevas conductas perturbadoras de la convivencia escolar.B.O.C. y L. - N.º 99Miércoles, 23 de mayo 2007e) Así mismo, y dadas sus características, podrán desarrollarse, inclusive, con conductas no calificadas como perturbadoras para la convivencia en el centro. En este caso tendrán el carácter de estrategias preventivas para la resolución de conflictos y podrán ponerse
en práctica con todos los miembros de la comunidad educativa.
Sección 1.ª– La mediación escolar
Artículo 42.– Definición y objetivos.
1. La mediación es una forma de abordar los conflictos surgidos entre
dos o más personas, contando para ello con la ayuda de una tercera persona denominada mediador.
2. El principal objetivo de la mediación es analizar las necesidades de
las partes en conflicto, regulando el proceso de comunicación en la búsqueda de una solución satisfactoria para todas ellas.
Artículo 43.– Aspectos básicos para su puesta en práctica.
Además de las disposiciones comunes establecidas en el artículo 41,
para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente:
a) La mediación tiene carácter voluntario, pudiendo ofrecerse y acogerse a ella todos los alumnos del centro que lo deseen.
b) La mediación está basada en el diálogo y la imparcialidad, y su
finalidad es la reconciliación entre las personas y la reparación, en
su caso, del daño causado. Asimismo, requiere de una estricta
observancia de confidencialidad por todas las partes implicadas.
c) Podrá ser mediador cualquier miembro de la comunidad educativa
que lo desee, siempre y cuando haya recibido la formación adecuada para su desempeño.
d) El mediador será designado por el centro, cuando sea éste quien
haga la propuesta de iniciar la mediación y por el alumno o alumnos, cuando ellos sean los proponentes. En ambos casos, el mediador deberá contar con la aceptación de las partes afectadas.
e) La mediación podrá llevarse a cabo con posterioridad a la ejecución de una sanción, con el objetivo de restablecer la confianza
entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta
en situaciones parecidas que se puedan producir.
Artículo 44.– Finalización de la mediación.
1. Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito,
explicitando los compromisos asumidos y el plazo para su ejecución.109232. Estos procesos tienen como principal objetivo cambiar las conductas del alumno que perturben la convivencia en el centro y, en especial,
aquellas que por su reiteración dificulten su proceso educativo o el de sus
Artículo 46.– Aspectos básicos.
1. Los procesos de acuerdo reeducativo se llevarán a cabo por iniciativa de los profesores y estarán dirigidos a los alumnos, siendo imprescindible para su correcta realización la implicación de los padres o tutores legales, si se trata de menores de edad.
2. Los procesos de acuerdo reeducativo tienen carácter voluntario.
Los alumnos y los padres o tutores legales, en su caso, ejercitarán la
opción de aceptar o no la propuesta realizada por el centro para iniciar el
proceso. De todo ello se dejará constancia escrita en el centro.
3. Se iniciarán formalmente con la presencia del alumno, de la madre
y el padre o de los tutores legales y de un profesor que coordinará el proceso y será designado por el director del centro.
4. En el caso de que se acepte el inicio de un proceso de acuerdo reeducativo como consecuencia de una conducta gravemente perjudicial
para la convivencia del centro se estará a lo dispuesto en el artículo
41.2.b). Si no se aceptara se aplicarán las medidas posteriores que correspondan, sin perjuicio, en su caso, de proceder conforme al artículo 34.3
de este Decreto.
5. El documento en el que consten los acuerdos reeducativos debe
incluir, al menos:
a) La conducta que se espera de cada una de los implicados.
b) Las consecuencias que se derivan del cumplimiento o no de los
acuerdos pactados.
Artículo 47.– Desarrollo y seguimiento.
1. Para supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados los centros podrán establecer las actuaciones que estimen oportunas, de acuerdo
con lo establecido en el presente Decreto.
2. Se constituirán comisiones de observancia para dar por concluido
el proceso de acuerdo reeducativo o para analizar determinadas situaciones que lo requieran. Dichas comisiones estarán formadas, al menos, por
la madre y el padre del alumno o, en su caso, sus tutores legales, el profesor coordinador del acuerdo reeducativo, el tutor del alumno, en caso
de ser distinto del anterior, y el director del centro o persona en quien
delegue.2. Si la mediación finalizase con acuerdo de las partes, en caso de
haberse iniciado un procedimiento sancionador y una vez llevados a cabo
los acuerdos alcanzados, la persona mediadora lo comunicará por escrito
al director del centro quien dará traslado al instructor para que proceda al
archivo del expediente sancionador.3. Si la comisión de observancia constatase el cumplimiento de lo
estipulado en el acuerdo reeducativo, en caso de haberse iniciado un procedimiento sancionador el director del centro dará traslado al instructor
para que proceda al archivo del expediente disciplinario.3. En caso de que la mediación finalice sin acuerdo entre las partes, o
se incumplan los acuerdos alcanzados, el mediador comunicará el hecho
al director para que actúe en consecuencia, según se trate de una conducta contraria a las normas de convivencia, aplicando las medidas de
corrección que estime oportunas, o gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, dando continuidad al procedimiento sancionador
abierto, reanudándose el computo de plazos y la posibilidad de adopción
de medidas cautelares previstas en el artículo 51 de este Decreto.4. En caso de que la comisión de observancia determinase el incumplimiento de lo estipulado en el acuerdo reeducativo, el director actuará
en consecuencia, según se trate de una conducta contraria a las normas de
convivencia, aplicando las medidas de corrección que estime oportunas,
o gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, dando continuidad al procedimiento sancionador abierto, reanudándose el computo
de plazos y la posibilidad de adopción de medidas cautelares previstas en
el artículo 51 de este Decreto. Así mismo, podrá actuar conforme a lo dispuesto el artículo 34.3 de este Decreto.4. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda llevarse a cabo
una vez alcanzado, por causas ajenas al alumno infractor o por negativa
expresa del alumno perjudicado, esta circunstancia deberá ser tenida en
cuenta como atenuante de la responsabilidad.5. Los acuerdos reeducativos se llevarán a cabo por periodos de 25
días lectivos. Este periodo comenzará a contabilizarse desde la fecha de
la primera reunión presencial de las partes intervinientes en el acuerdo.5. El proceso de mediación debe finalizar con el cumplimiento de los
acuerdos alcanzados, en su caso, en el plazo máximo de diez días lectivos, contados desde su inicio. Los periodos de vacaciones escolares interrumpen el plazo.
Sección 2.ª– Los procesos de acuerdo reeducativo
Artículo 45.– Definición y objetivos.
1. El proceso de acuerdo reeducativo es una medida dirigida a gestionar y solucionar los conflictos surgidos por la conducta o conductas perturbadoras de un alumno, llevada a cabo mediante un acuerdo formal y
escrito, entre el centro, el alumno y sus padres o tutores legales, en el caso
de alumnos menores de edad, por el que todos ellos adoptan libremente
unos compromisos de actuación y las consecuencias que se derivarán de
su desarrollo.CAPÍTULO V
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro
Artículo 48.– Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro.
Se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y, por ello, calificadas como faltas, las siguientes:
a) La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal
o física, directa o indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de
la comunidad educativa y, en general, a todas aquellas personas
que desarrollan su prestación de servicios en el centro educativo.
b) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente aquéllas que tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el10924Miércoles, 23 de mayo 2007B.O.C. y L. - N.º 99alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas.poral de grupo, o en la suspensión temporal de la asistencia a determinadas
clases, actividades complementarias o extraescolares o al propio centro.c) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de documentos y material académico.2. El periodo máximo de duración de estas medidas será de 5 días lectivos. El tiempo que haya permanecido el alumno sujeto a la medida cautelar se descontará, en su caso, de la sanción a cumplir.d) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, de su material o de los objetos y las pertenencias
de los demás miembros de la comunidad educativa.
e) Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para
la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad
educativa del centro.
f) La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas
de convivencia en el centro.
Artículo 49.– Sanciones.
Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de las faltas previstas en el artículo 48 son las siguientes:
a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de
causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. Dichas
tareas no podrán tener una duración inferior a 6 días lectivos ni
superior a 15 días lectivos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo superior a 15 días lectivos e inferior
a 30 días lectivos.
c) Cambio de grupo del alumno durante un periodo comprendido
entre 16 días lectivos y la finalización del curso escolar.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a
todas ellas, por un periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 30
días lectivos, sin que eso comporte la pérdida del derecho a la evaluación continua y entregando al alumno un programa de trabajo
para dicho periodo, con los procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el fin de garantizar dicho derecho.
e) Cambio de centro.
Artículo 50.– Incoación del expediente sancionador.
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
centro sólo podrán ser sancionadas previa tramitación del correspondiente procedimiento.
2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del director del centro, a iniciativa propia o a propuesta de cualquier miembro de
la comunidad educativa, en un plazo no superior a dos días lectivos desde
el conocimiento de los hechos.3. Las medidas cautelares adoptadas serán notificadas al alumno, y, si
éste es menor de edad, a sus padres o tutores legales. El director podrá
revocar, en cualquier momento, estas medidas.
Artículo 52.– Instrucción.
1. El instructor, desde el momento en que se le notifique su nombramiento, llevará a cabo las actuaciones necesarias para el esclarecimiento
de los hechos y la determinación de las responsabilidades, formulando, en
el plazo de tres días lectivos, un pliego de cargos que contendrá los
a) Determinación de los hechos que se imputan al alumno de forma
clara y concreta.
b) Identificación del alumno o alumnos presuntamente responsables.
c) Sanciones aplicables.
2. El pliego de cargos se notificará al alumno y a sus padres o representantes legales si aquél fuere menor, concediéndole un plazo de dos
días lectivos para alegar cuanto estime oportuno y proponer la práctica de
las pruebas que a la defensa de sus derechos o intereses convenga. Si el
instructor acordara la apertura de periodo probatorio, éste tendrá una
duración no superior a dos días.
3. Concluida la instrucción del expediente el instructor redactará en el
plazo de dos días lectivos la propuesta de resolución bien proponiendo la
declaración de no existencia de infracción o responsabilidad sobre los
hechos bien apreciando su existencia, en cuyo caso, la propuesta de resolución contendrá los siguientes extremos:
a) Hechos que se consideren probados y pruebas que lo han acreditado.
b) Calificación de la conducta o conductas perturbadoras en el marco
c) Alumno o alumnos que se consideren presuntamente responsables.
d) Sanción aplicable de entre las previstas en el artículo 49 y valoración de la responsabilidad del alumno, con especificación, si procede, de las circunstancias la agraven o atenuen.
e) Especificación de la competencia del director para resolver.3. La incoación de los procedimientos sancionadores se formalizará
con el siguiente contenido:4. El instructor, acompañado del profesor-tutor, dará audiencia al
alumno, y si es menor, también a sus padres o representantes legales, para
comunicarles la propuesta de resolución y ponerles de manifiesto el expediente, concediéndoles un plazo de dos días lectivos para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes.a) Hechos que motivan el expediente, fecha en la que tuvieron lugar,
conducta gravemente perjudicial para la convivencia cometida y
disposiciones vulneradas.5. Recibidas por el instructor las alegaciones y documentos o transcurrido el plazo de audiencia, elevará todo el expediente al órgano competente para adoptar su resolución final.b) Identificación del alumno o alumnos presuntamente responsables.
c) Nombramiento de un instructor y, en su caso, cuando la complejidad del expediente así lo requiera, de un secretario. Tanto el nombramiento del instructor como el del secretario recaerá en el personal docente del centro, estando ambos sometidos al régimen de
abstención y recusación establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El acuerdo de incoación contendrá una expresa referencia al régimen de recusación.
d) En su caso, la posibilidad de acogerse a los procesos para la resolución de conflictos establecidos en el capítulo IV de este título.
4. La incoación del procedimiento se comunicará al instructor y, si lo
hubiere, al secretario, y simultáneamente se notificará al alumno y a sus
padres o tutores legales, cuando este sea menor de edad. Asimismo, se
comunicará, en su caso, a quién haya propuesto su incoación y al inspector
de educación del centro, a quién se mantendrá informado de su tramitación.
Artículo 51.– Medidas cautelares.
1. Por propia iniciativa o a propuesta del instructor, el director del
centro podrá adoptar motivadamente las medidas cautelares de carácter
provisional que sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de la
actividad del centro y asegurar la eficacia de la resolución final que
pudiera recaer. Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio tem-Artículo 53.– Resolución.
1. Corresponde al director del centro, en el plazo máximo de dos días
lectivos desde la recepción del expediente, la resolución del procedimiento sancionador.
2. La resolución debe contener los hechos imputados al alumno, la
falta que tales hechos constituyen y disposición que la tipifica, la sanción
que se impone y los recursos que cabe interponer contra ella.
3. La resolución se notificará al alumno y, en su caso, a sus padres o
representantes legales y al miembro de la comunidad educativa que instó
la iniciación del expediente, en un plazo máximo de veinte días lectivos
desde la fecha de inicio del procedimiento.
4. Esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
127.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, será
comunicada al claustro y al consejo escolar del centro quien, a instancia
de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su
caso, las medidas oportunas, en el plazo máximo de cinco días lectivos.
Si el instructor del expediente forma parte del consejo escolar del centro
deberá abstenerse de intervenir.
5. Contra la resolución se podrá presentar recurso de alzada ante la
Dirección Provincial de Educación correspondiente en los términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.B.O.C. y L. - N.º 9910925Miércoles, 23 de mayo 20076. La resolución no será ejecutiva hasta que se haya resuelto el correspondiente recurso o haya transcurrido el plazo para su interposición. No
obstante, en la resolución se podrán adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.
Artículo 54.– Régimen de prescripción.sostenidos con fondos públicos deberán adaptarse a lo dispuesto en este
Decreto, sin que en ningún caso se puedan aplicar en lo que se opongan
Segunda.– Retroactividad del Decreto.Las faltas tipificadas en el artículo 48 de este Decreto prescribirán en
el plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su comisión. Asimismo, las sanciones impuestas por estas conductas prescribirán en el
plazo de noventa días desde su imposición.A los procedimientos sancionadores iniciados antes de la entrada en
vigor de este Decreto les es de aplicación la normativa vigente en el
momento en que se iniciaron, salvo que la del presente Decreto sea más
favorable, en cuyo caso producirá efectos retroactivos.DISPOSICIONES ADICIONALESDISPOSICIONES FINALESPrimera.– Centros públicos.
En los centros públicos que impartan sólo enseñanzas de educación
infantil, los que sean específicos de educación especial y los que impartan enseñanzas de adultos y de régimen especial el contenido de este
Decreto se desarrollará de acuerdo con las características específicas de
su alumnado.
Segunda.– Centros privados concertados.
En los centros privados concertados la aplicación de este Decreto se
ajustará a las peculiaridades de su organización y funcionamiento.
Primera.– Régimen transitorio.
Durante el curso escolar 2006-2007 y primer trimestre del curso
2007-2008 los Reglamentos de régimen interior de los centros educativosPrimera.– Desarrollo normativo.
Se autoriza al Consejero de Educación para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Decreto.
Segunda.– Entrada en vigor.
Valladolid, 17 de mayo de 2007.
de Castilla y León,
Fdo.: FCO. JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLAAll pages:123456789InfoSaveLikeShareDownloadMoredecreto de derechos y deberes Published on Feb 7, 2011 decreto de derechos y deberesrosamayoFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: artículo 35
 artículo 27
 artículo 81
 artículo 149
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 10

Artículo 7

Artículo 12

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 4

Artículo 18

Artículo 19
 resolución 
 resolución 

Artículo 20
 resolución 
 artículo 4

Artículo 21
 resolución 

Artículo 22
 artículo 38
 resolución 

Artículo 23
 artículo 20

Artículo 24

Artículo 25
 artículo 35

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 19

Artículo 28
 resolución 

Artículo 29
 artículo 35
 artículo 38

Artículo 30
 artículo 44
 artículo 37
 artículo 8

Artículo 31

artículo 37

Artículo 33

Artículo 34
 artículo 17
 artículo 29

Artículo 36
 artículo 35

Artículo 37
 artículo 48

Artículo 39

artículo 38
 artículo 22

Artículo 40

Artículo 41
 artículo 32
 resolución 

Artículo 42

Artículo 43
 artículo 41

Artículo 44

Artículo 46
 artículo
41
 artículo 34

Artículo 47
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 34

Artículo 45

Artículo 48

Artículo 49
 artículo 48

Artículo 50

Artículo 52
 resolución 
 resolución 
 artículo 49
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 51
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo
127
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 54
 artículo 48