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Timestamp: 2016-10-28 06:27:47+00:00

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El "cercado" de los bienes comunales
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publicaciones Tema de tapa No. 71 - Setiembre 1997 LA LUCHA POR LAS PATENTES El "cercado" de los bienes comunales por
Vandana Shiva Para las comunidades ind�genas, la biodiversidad siempre ha sido un conjunto de recursos locales y compartidos indispensables para su subsistencia. Los intentos que actualmente se llevan a cabo en varios pa�ses del Sur para introducir nuevas leyes de propiedad intelectual seg�n acuerdos de la OMC, tendentes a "cercar" y patentar esos bienes comunes, constituyen una grave amenaza para la supervivencia de esos pueblos. El "cercado" de la biodiversidad y el conocimiento constituye el paso final de una serie de cercados que comenz� con el colonialismo. Tierras y bosques fueron los primeros recursos en ser delimitados y convertidos de bienes comunes en mercanc�as. Posteriormente, el agua tambi�n fue "cercada" mediante represas, extracci�n de agua subterr�nea y programas de privatizaci�n. Ahora es el turno de la biodiversidad y el conocimiento, a los que se pretende delimitar mediante derechos de propiedad intelectual.
La eliminaci�n de los ejidos o tierras comunales, es decir, porciones de tierra que cualquier miembro de una comunidad dada puede explotar para pastoreo, cultivo, extracci�n de le�a, etc., fue esencial durante la Revoluci�n Industrial para proveer recursos naturales y materia prima a la industria. Un sistema de subsistencia puede compartirse y no puede ser objeto de apropiaci�n o ser explotado para beneficio privado; por tanto, los ejidos y la base de la subsistencia de muchas comunidades deb�an ser apropiados para alimentar la m�quina del progreso industrial y la acumulaci�n de capital.
El cercado de tierras comunales ha sido considerado la revoluci�n de los ricos contra los pobres. Sin embargo, esa delimitaci�n no es s�lo un episodio que ocurri� en Inglaterra en el siglo XVI, y puede ayudar a entender los conflictos generados por la ampliaci�n de los sistemas de los derechos de propiedad intelectual a la biodiversidad.
La pol�tica de deforestaci�n y cercado de ejidos que comenz� en Inglaterra fue luego aplicada en las colonias de India. La primera Ley de Bosques de India fue aprobada en 1865 por el Supremo Consejo Legislativo, que autoriz� al gobierno a declarar bosques y yermos (llamados "benap", o tierras no medidas) como �reas reservadas. La introducci�n de esta legislaci�n marc� el comienzo de lo que se llama "administraci�n cient�fica" de bosques y signific� b�sicamente la formalizaci�n de la erosi�n de los bosques y los derechos de la poblaci�n local a la madera. Aunque los bosques fueron convertidos en propiedad del Estado, su reserva constituy� en realidad una forma de "cercado", porque convirti� un recurso com�n en un recurso comercial. El Estado simplemente medi� en la privatizaci�n.
La biodiversidad siempre ha sido un recurso local, pose�do y utilizado en com�n por los pueblos ind�genas. Un recurso es propiedad com�n cuando existe un sistema social que permite utilizarlo sobre la base de los principios de justicia y sustentabilidad. Esto implica un conjunto de derechos y responsabilidades de los usuarios y una combinaci�n de uso y conservaci�n, as� como un sentido de coproducci�n con la naturaleza. Esas comunidades no consideran su patrimonio como una propiedad, es decir, un bien que alguien posee y utiliza con el fin de extraer un provecho econ�mico, sino como un recurso comunitario y una responsabilidad individual. Para los pueblos ind�genas, el patrimonio es un conjunto de relaciones y no de derechos econ�micos. Es por esa raz�n que el concepto de "propiedad privada" no existe entre los pueblos que poseen recursos en com�n.
En las comunidades ind�genas, las innovaciones, pese a que son de origen individual, se consideran como un fen�meno social y colectivo, y sus resultados est�n disponibles para cualquier miembro que desee utilizarlas. En consecuencia, no s�lo la biodiversidad sino tambi�n su utilizaci�n constituye un bien com�n, libremente intercambiado dentro de las comunidades y entre ellas. El conocimiento sobre los recursos comunes ha pasado a trav�s de los siglos de generaci�n en generaci�n y ha sido adoptado para nuevos usos, mientras las innovaciones han sido integradas a ese conjunto com�n de conocimientos sobre los recursos.
Ese conjunto de conocimientos ha contribuido inmensamente a la diversidad de los cultivos agr�colas y plantas medicinales que existen actualmente. De esa forma, el concepto de propiedad individual sobre los recursos o los conocimientos es ajeno a las comunidades locales. Esto indudablemente promueve la usurpaci�n del conocimiento de los pueblos ind�genas, con graves consecuencias para ellos y la conservaci�n de la biodiversidad.
El preconcepto occidental en el derecho de propiedad
Actualmente debemos mirar m�s all� del Estado y el mercado para proteger los derechos de dos tercios de la poblaci�n de India: las comunidades rurales. Brindarle derechos a esos grupos implicar�a la recuperaci�n de las tierras comunales, que constituyen recursos desarrollados, administrados y utilizados mediante el control de una comunidad. En esas tierras, nadie est� excluido, y no pueden ser monopolizadas por corporaciones o ciudadanos econ�micamente poderosos ni por el Estado.
Los ejidos y las comunidades est�n m�s all� del mercado y el Estado. Est�n gobernados por normas de autodeterminaci�n y autoadministraci�n. En la era colonial y del "desarrollo", los terrenos comunales fueron cercados y el poder de las comunidades fue debilitado por el Estado. As�, el agua y los bosques se convirtieron en propiedad estatal, provocando la alienaci�n de las comunidades locales y la destrucci�n de su base de recursos. La pobreza, la destrucci�n de la ecolog�a, la desintegraci�n social y la reducci�n de la participaci�n en las decisiones pol�ticas han sido el resultado de tales delimitaciones promovidas por el Estado.
En la era de la globalizaci�n, las tierras comunales son privatizadas y el poder de las comunidades es debilitado por una "delimitaci�n empresarial" en que la propia vida se transforma en propiedad privada de empresas. Ese proceso tiene lugar de dos formas. En primer lugar, los sistemas de los derechos de propiedad intelectual permiten "cercar" la biodiversidad y el conocimiento, erosionando los ejidos y las comunidades. En segundo lugar, la empresa es considerada como la �nica forma de asociaci�n con existencia legal.
Los derechos de propiedad intelectual equivalen a las letras patentes que los colonizadores utilizaron desde 1492, cuando Col�n estableci� la conquista de pueblos no europeos como un derecho natural de los europeos. Los t�tulos de tierra emitidos por el Papa a trav�s de monarcas europeos fueron las primeras patentes. Las cartas y patentes emitidas para aventureros comerciales eran autorizaciones para "descubrir, encontrar y procurar tierras, pa�ses y territorios remotos, paganos y b�rbaros, no pose�dos por ning�n monarca ni pueblo cristiano". La libertad de los colonizadores se construy� sobre la esclavitud y la subyugaci�n de pueblos con derechos originales sobre la tierra. Esta ocupaci�n violenta se volvi� algo "natural" al considerarse que los pueblos colonizados formaban parte de la naturaleza, neg�ndoles as� su humanidad y libertad.
La ocupaci�n de territorios en el pasado y la actual toma de posesi�n de la diversidad biol�gica y el conocimiento ancestral se basan en la estrategia de desprender la tierra y la biodiversidad de toda relaci�n con los pueblos ind�genas.
Todas las culturas sustentables, en su diversidad, han visto la tierra como terra mater (madre tierra). El concepto colonial de la pasividad de la tierra y la consiguiente creaci�n de la categor�a de terra nullius (tierra de nadie) sirvi� a dos prop�sitos: negar la existencia y los derechos previos de los habitantes originales y tambi�n la capacidad regenerativa y los procesos de vida de la tierra.
En Australia, el concepto de terra nullius fue utilizado por los colonizadores brit�nicos para apropiarse de la tierra y sus recursos naturales, declarando deshabitada la isla-continente. Esa declaraci�n permiti� a los colonizadores cercar las tierras comunales con relativa facilidad porque, a su criterio, las comunidades no exist�an.
La matanza de pueblos ind�genas en todo el mundo fue justificada moralmente argumentando que no se trataba de humanos, sino de parte de la fauna. Por tanto, sus tierras pod�an ser usurpadas como terra nullius, es decir, deshabitadas y desaprovechadas. La "moralidad" de las misiones justific� la usurpaci�n de recursos en todo el mundo para servir a mercados imperiales. As�, los europeos pudieron describir sus invasiones como "descubrimientos", su pirater�a y robo como "comercio", y la exterminaci�n y esclavitud como "misi�n civilizadora".
Ya sea mediante la privatizaci�n gradual y la divisi�n de los derechos comunitarios o mediante la declaraci�n de terra nullius, la transformaci�n de derechos comunitarios en privados implica la negaci�n del derecho a la supervivencia a grandes sectores de la sociedad. La comprensi�n de que, en condiciones de disponibilidad limitada, la explotaci�n descontrolada de los recursos naturales quita recursos a quienes los necesitan para sobrevivir constituye un concepto fundamental de la filosof�a hind�, que considera un elemento esencial de la justicia social el uso prudente y restringido de los recursos. "Un hombre ego�sta que abusa de los recursos de la naturaleza para satisfacer sus propias y siempre crecientes necesidades no es m�s que un ladr�n, porque la utilizaci�n de recursos m�s all� de lo necesario equivale a usar algo sobre lo que otros tienen derecho", dice el Ishopanishad, un antiguo texto hind�.
Esta relaci�n entre la limitaci�n del uso de los recursos y la justicia social tambi�n fue un elemento esencial de la filosof�a pol�tica de Mahatma Gandhi, quien sosten�a que "la tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de todos".
El concepto euroc�ntrico de la propiedad s�lo considera inversi�n al empleo de capital, y tambi�n supone que las ganancias de �l derivadas son el �nico derecho que necesita protecci�n. En cambio, las comunidades ind�genas y culturas no occidentales reconocen que tambi�n se puede realizar una inversi�n de trabajo, cuidado y nutrici�n.
Existen grandes diferencias entre la propiedad de los recursos desarrollada en Europa durante el colonialismo y la desarrollada por tribus y agricultores en diferentes sociedades a trav�s de la historia. La primera se funda en la propiedad como un bien privado, bas�ndose en el concepto de inversiones para obtener ganancias, mientras la segunda se funda en derechos de usufructo basados en las ganancias del trabajo para abastecer a la familia, los ni�os, las comunidades. Los derechos de usufructo pueden poseerse individual o comunitariamente. En este �ltimo caso, definen la propiedad com�n, basada en los rendimientos del trabajo. En India, los pobres han sobrevivido pese a no tener acceso al capital porque han tenido acceso garantizado a la base de recursos necesaria para la subsistencia: pasturas, agua y biodiversidad. La sustentabilidad y la justicia se construyen sobre el derecho de usufructo, dado que hay l�mites f�sicos para el trabajo y, por tanto, hay l�mites a las ganancias de �l derivadas. Por otra parte, la propiedad privada basada en el capital genera injusticia, porque no hay l�mites al capital que se puede poseer, controlar e invertir.
Derechos de propiedad intelectual: el concepto euroc�ntrico de propiedad aplicado a la biodiversidad
La estrecha noci�n de derecho y propiedad que dio origen a los derechos de propiedad intelectual es inadecuada para las culturas ind�genas y para el objetivo de conservar la biodiversidad y la diversidad cultural. Mediante los derechos de propiedad intelectual y los TRIP (derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ver cuadro) se ha universalizado la cultura euroc�ntrica. Cuando se aplica a la biodiversidad, ese concepto tan restringido de los derechos se transforma en un mecanismo para negar el valor intr�nseco de diversas especies, as� como las innovaciones y los derechos previos de las comunidades ind�genas.
El r�gimen occidental de los derechos de propiedad intelectual en materia de biodiversidad es diametralmente opuesto al sistema ind�gena. En aqu�l, el conocimiento es el producto de la creatividad individual, basado en el pensamiento cient�fico y el sistema de creaci�n y acumulaci�n de conocimientos de Occidente, por lo que la base de recursos se considera mera "materia prima". Seg�n este paradigma, los derechos de propiedad intelectual constituyen derechos de propiedad sobre los productos de la mente, de modo que el conocimiento y la creatividad son tan estrechamente definidos que ignoran la creatividad de la naturaleza y de sistemas de conocimiento no occidentales.
Las dos categor�as de derechos de propiedad intelectual que tienen un impacto directo sobre los derechos previos de las comunidades son las patentes y los derechos de los fitomejoradores. Aqu�llas permiten la usurpaci�n de conocimiento ind�gena el cual, mediante una peque�a modificaci�n, pasa a considerarse como invenci�n occidental, mientras �stos niegan la contribuci�n de los agricultores del Tercer Mundo como productores y, por tanto, les restan derechos.
La Convenio Internacional para la Protecci�n de Obtenciones Vegetales representa una forma diferente a la de las patentes de proteger las obtenciones agr�colas (ver cuadro) sin dejar de ser occidental y, por tanto, internacionalmente aceptable.
Un comentario frecuente en c�rculos cient�ficos es que deber�amos patentar todo nuestro conocimiento tradicional y la biodiversidad. Sin embargo, ni el uno ni la otra pueden ser patentados por comunidades ind�genas, porque en �stas no son "novedosos", sino antiguos.
La innovaci�n acumulativa realizada por millones de personas durante miles de a�os puede ser "pirateada" y reclamada como innovaci�n de cient�ficos o empresas occidentales debido al preconcepto colonial de que la ciencia es exclusiva de Occidente y que los conocimientos ind�genas no pueden considerarse cient�ficos. Otra raz�n es que pa�ses como Estados Unidos, donde existe la mayor cantidad de solicitudes de patente de innovaciones ind�genas, no reconocen el conocimiento de otros pa�ses como arte previo. De este modo, aunque tales reg�menes de patente no ofrecen protecci�n a los recursos ni a las innovaciones de las comunidades ind�genas, permiten la apropiaci�n de su biodiversidad y conocimiento por cient�ficos y empresarios de otras culturas.
Por tal motivo, es esencial que se otorgue reconocimiento legal a los conocimientos ind�genas sobre la biodiversidad como "propiedad com�n" de los pueblos involucrados. Esa medida impedir�a la monopolizaci�n de la biodiversidad y el conocimiento mediante una aplicaci�n desequilibrada, mec�nica y no innovadora de los TRIP.
Un an�lisis de la actual legislaci�n nacional e internacional sobre derechos comunitarios revela que no existen normas jur�dicas obligatorias que protejan al conocimiento ind�gena de la biopirater�a, pero esto no quiere decir que tal protecci�n no pueda lograrse. Por el contrario, muchos precedentes legislativos se�alan un fuerte movimiento en esa direcci�n y en los �ltimos a�os fueron aprobadas varias sentencias judiciales de importancia.
El Convenio sobre la Diversidad Biol�gica, aprobado en 1992, representa la medida m�s audaz hacia el reconocimiento de la tradici�n e innovaci�n ind�genas. En su pre�mbulo, establece que "las partes contratantes (reconocen) la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones ind�genas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biol�gicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilizaci�n de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las pr�cticas pertinentes para la conservaci�n de la diversidad biol�gica y la utilizaci�n sostenible de sus componentes".
Derecho a promulgar leyes
El Convenio no s�lo reconoce el derecho soberano de los estados nacionales a la biodiversidad y a los m�todos de su utilizaci�n en los art�culos 3 y 4, sino que tambi�n les otorga derecho a promulgar sus propias leyes para proteger sus recursos naturales de la manera m�s adecuada a sus necesidades y prioridades particulares.
La Declaraci�n Preliminar de la Organizaci�n de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Ind�genas, realizada en 1993 y a�n no aprobada por la Asamblea General, promete fortalecer considerablemente los derechos colectivos de esas comunidades. Por ejemplo, el art�culo 29 establece que "los pueblos ind�genas tienen derecho al reconocimiento de su plena propiedad, control y protecci�n sobre sus bienes culturales e intelectuales".
Aunque la Declaraci�n no constituye una norma obligatoria, el art�culo mencionado indica un fuerte consenso internacional en cuanto a la afirmaci�n de los derechos de las comunidades ind�genas y ofrece un poderoso instrumento para cambiar actitudes, y sirve de centro de debate y di�logo a nivel nacional e internacional.
La Cuarta Conferencia T�cnica sobre Recursos Fitogen�ticos, organizada en 1996 por la Organizaci�n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci�n (FAO), produjo la Declaraci�n de Leipzig sobre los derechos de los agricultores, que reconoce legalmente la contribuci�n de �stos a la rica diversidad de cultivos que existe en todo el mundo. Tales derechos aseguran el control y el acceso de las comunidades locales a la biodiversidad agr�cola, de modo que puedan continuar desarrollando sus sistemas agr�colas en forma sustentable.
Es evidente que existe un desfasaje entre la estructura de las comunidades y tierras ind�genas y el concepto occidental, principalmente estadounidense, de los derechos y los bienes. Pero si las comunidades y sus recursos no encajan en el estrecho e insustentable marco de la jurisprudencia euroc�ntrica, entonces es ese marco el que debe ser modificado, y no la naturaleza colectiva de los derechos comunitarios.
En el umbral del tercer milenio, el desaf�o consiste en desarrollar una nueva perspectiva sobre el ambiente y los derechos de los pueblos, en lugar de permanecer esclavizados por los paradigmas coloniales de los �ltimos 500 a�os.
Este art�culo es un extracto de The Enclosure and Recovery of the Commons, publicado por la Fundaci�n de Investigaci�n para la Ciencia, la Tecnolog�a y la Ecolog�a, de India.
El acuerdo sobre TRIP
El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIP) del GATT ofrece un marco para la implementaci�n de leyes sobre derechos de propiedad intelectual. La secci�n del acuerdo que m�s directamente afecta los derechos de los agricultores y la biodiversidad agr�cola es el art�culo 27.3 literal b, de la Secci�n 5, que estipula:
"Los Miembros podr�n excluir asimismo de la patentabilidad las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biol�gicos para la producci�n de plantas o animales, que no sean procedimientos no biol�gicos o microbiol�gicos. Sin embargo, los Miembros otorgar�n protecci�n a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinaci�n de aqu�llas y �ste. Las disposiciones del presente apartado ser�n objeto de examen cuatro a�os despu�s de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC (Organizaci�n Mundial del Comercio)".
Este art�culo establece as� dos formas de derechos de propiedad intelectual sobre plantas y patentes. La primera parte del art�culo requiere que las partes permitan la posibilidad de patentar plantas y animales producidos mediante procesos "no biol�gicos" y "microbiol�gicos", en clara referencia a las nuevas biotecnolog�as de la ingenier�a gen�tica. No obstante, aunque la manipulaci�n gen�tica de especies puede definirse como "no biol�gica" en el sentido de que la mezcla resultante de material gen�tico no podr�a ocurrir en la naturaleza, la "producci�n" de plantas y animales con genes introducidos de otras especies tiene lugar mediante un proceso de reproducci�n esencialmente biol�gico.
Aunque la patente de plantas y animales se ha vuelto frecuente en Estados Unidos y Gran Breta�a, el art�culo de los TRIP sobre la propiedad intelectual de plantas y animales crea diversos problemas que deber�n ser evaluados en 1999.
Hay otras cl�usulas en el acuerdo que permiten a los pa�ses miembros excluir de la patentabilidad a las plantas y los animales. Se trata del art�culo 27.2, referente a la moralidad p�blica, y los art�culos 7 y 8, que se refiere al inter�s p�blico.
Las patentes sobre plantas tambi�n plantean serias preocupaciones. En marzo de 1994, la Oficina Europea de Patentes otorg� una patente extraordinariamente amplia a Agracetus Corporation, una subsidiaria de W.R. Grace. La patente cubre todas las obtenciones transgen�ticas de frijoles de soja, independientemente de los genes utilizados y de los m�todos de transformaci�n. Este otorgamiento fue impugnado por RAFI.
Geoffrey Hawtin, director general del Instituto Internacional de Recursos Fitogen�ticos, de Roma, expres� as� su preocupaci�n al respecto: "La concesi�n de patentes sobre todas las obtenciones transg�nicas de una especie, independientemente de los genes involucrados o de su forma de transferencia, coloca en las manos de un �nico inventor la posibilidad de controlar lo que cultivamos en nuestras granjas y nuestros jardines. Con un solo trazo, la investigaci�n de numerosos agricultores y cient�ficos es potencialmente negada en un acto jur�dico de secuestro econ�mico".
El Convenio de la UPOV y los derechos de los agricultores
El Convenio Internacional de la Uni�n para la Protecci�n de Obtenciones de Vegetales (UPOV) constituye el acuerdo internacional existente sobre los derechos de los fitomejoradores. El convenio fue adoptado inicialmente por cinco pa�ses europeos y ning�n estado no europeo pudo participar hasta 1968, a�o en que el documento fue revisado y se abri� a todos los pa�ses.
Actualmente, la UPOV tiene 20 miembros, entre ellos la mayor�a de los integrantes de la Uni�n Europea, otros pa�ses europeos, Jap�n y Estados Unidos. No incluye pa�ses en desarrollo. Por tanto, evolucion� como un conjunto de normas adecuadas al contexto socioecon�mico de las naciones industrializadas, donde los agricultores constituyen s�lo una peque�a parte de la poblaci�n y no tienen control sobre el cultivo de plantas ni el suministro de semillas, al contrario de lo que sucede en el Tercer Mundo.
El convenio de la UPOV es r�gido y exige que sus miembros adopten sus normas y �mbito de protecci�n como leyes nacionales. El resultado fue un alto grado de estandarizaci�n, contrario a la realidad de la diversidad biol�gica y socioecon�mica de los distintos pa�ses. Esa estandarizaci�n se incorpora a la definici�n de las nuevas obtenciones de plantas.
Para merecer protecci�n, una obtenci�n debe ser:
- Nueva: no debe haber sido explotada comercialmente con anterioridad.
- Distinta: debe ser claramente diferenciable de toda otra variedad conocida hasta la fecha de la solicitud de la patente.
- Uniforme: todas las plantas de la variedad obtenida deben ser lo suficientemente uniformes para poder ser diferenciadas de otras variedades, tomando en cuenta el m�todo de reproducci�n de las especies.
- Estable: la obtenci�n debe poder reproducirse sin cambiar.
Esta definici�n, por su naturaleza, excluye las variedades mejoradas por los agricultores y destruye la biodiversidad al imponer la uniformidad. Los derechos de los fitomejoradores no apuntan a mantener o aumentar la diversidad y la sustentabilidad, sino a la destrucci�n de la biodiversidad y a la creaci�n de sistemas agr�colas uniformes y, en consecuencia, ecol�gicamente vulnerables.
Por tanto, convenios como el de la UPOV son inherentemente incapaces de proteger los derechos de los agricultores derivados de su papel de innovadores y productores de variedades diversas, que forman la base de todo otro sistema de cultivo.
Aunque el actual convenio de la UPOV no reconoce, y por tanto no protege, los derechos de los agricultores como derechos positivos, el de 1978 ten�a una excepci�n que otorgaba al agricultor el derecho a guardar semillas de variedades protegidas. De manera similar, la excepci�n de los fitomejoradores otorgaba a �stos y a los investigadores libre acceso a obtenciones protegidas para usarlas en la creaci�n de otras variedades.
Sin embargo, UPOV 1991 elimin� esas excepciones. Los fitomejoradores e investigadores tendr�n que pagar regal�as al propietario de una obtenci�n dada para poder usarla en la creaci�n de otras variedades. La excepci�n de los agricultores se volvi� opcional.
El art�culo 15 de UPOV 1991 establece que "cada parte contratante podr�, dentro de l�mites razonables y sujeta a la salvaguarda de los leg�timos intereses del fitomejorador, restringir el derecho de �ste con relaci�n a cualquier obtenci�n con el fin de permitir que los agricultores usen, para fines de propagaci�n en sus propias tierras, el producto de la cosecha que obtuvieron mediante la plantaci�n en sus terrenos de la obtenci�n protegida".
Son los fitomejoradores los que decidir�n sobre sus leg�timos intereses y los aplicar�n al Estado. Dado que ellos son, en este caso, compa��as multinacionales de semillas m�s poderosas que casi cualquier gobierno del Tercer Mundo, los "l�mites razonables" ser�n fijados por estas corporaciones y no por gobiernos individuales. La autorizaci�n de los fitomejoradores ser�, por tanto, el determinante final de la venta y la comercializaci�n del material cosechado. UPOV 1991 es, en consecuencia, tan monopolista como los reg�menes de patentes.
Un r�gimen sui generis
De acuerdo con el tratado sobre TRIP, los pa�ses pueden proveer un r�gimen sui generis para los derechos de propiedad intelectual sobre los recursos gen�ticos vegetales. El acuerdo no obliga a los miembros a adoptar el convenio de la UPOV sobre los derechos de los fitomejoradores, pero a menudo se ha interpretado que la expresi�n "un sistema sui generis eficaz" se refiere a ese convenio.
El t�rmino "eficaz" fue insertado por Estados Unidos en el Convenio sobre la Diversidad Biol�gica y en el tratado sobre TRIP. La primera frase del acuerdo preliminar se refiere a la necesidad de promover una protecci�n eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual. La misma frase aparece en la Secci�n 301 de la Ley sobre Comercio y Competitividad de 1988, que fue utilizada como represalia contra aquellos pa�ses cuyas leyes de propiedad intelectual no se ajustaban a los criterios de Washington. El t�rmino "eficaz" fue definido por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. El uso del t�rmino en todas las negociaciones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual y la biodiversidad es resultado del esfuerzo de Estados Unidos por globalizar su r�gimen de propiedad intelectual, que permite patentar todo tipo de vida, incluso plantas y animales. En el texto de la OMC, la frase "sistema sui generis eficaz" tambi�n fue introducida con la misma intenci�n.
No obstante, los pa�ses pueden crear alternativas al convenio de la UPOV bajo un r�gimen sui generis, especialmente en el contexto del Convenio sobre la Diversidad Biol�gica, que crea la obligaci�n de los estados de proteger la diversidad biol�gica y el conocimiento y las pr�cticas ind�genas. Si el t�rmino "eficaz" fuera definido seg�n este convenio, los pa�ses podr�an basar su legislaci�n sui generis en la protecci�n de los derechos de la comunidad y los agricultores y en la conservaci�n de la biodiversidad agr�cola.

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