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Timestamp: 2017-09-20 05:52:18+00:00

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La expoliación del Cabanyal by Salvem Cabanyal - issuu
LA EXPOLIACIÓN
DEL BARRIO VALENCIANO DEL CABANAL: ,..,
COMPETENCIA DEL ESTADO YREBELIÓN AUTONÓMICA
JAVIER GARCíA FERNÁNDEZ'
ANTECEDENTES jURlmCOs DE LA PROTECCIÓN DEL CABAÑAL COMO BIEN CULTURAL
tección y revitalización del conjunto histático de la ciudad de Valencia", y la Ley valenciana 212010, de 31 de marzo, del mismo título y contenido que el DecretoLey], han venido a cerrar provisionalmente
do Decreto-Ley 1120lD, de 7 de enero, del Gobierno valenciano, de medidas de pro-
un conflicto que enfrenta desde hace anos a una parte de 10$ vecinos del barrio. valenciano del Cabañal con el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno autonómico que apoyó las diversas decisiones murucipales. 8 cierre del conflicto es provisional pues la Orden Ministerial ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional por las autoridades
• Catedrático de Derecho Constitucional. BOE n\J.m. 7, de 8 de enero de 2010.
'DOCV núm. 6180, de 8 de enero de 2010 'DOCV numo 6239, de 6 de abnl de 2010.
LaSentencia del TribunalSupremode2S de mayo de 2009, la Orden CUU3631!2009, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento por expoliación del conjunto histórico del CabañaJl, el ya deroga-
valencianas, el Decreto-Ley ha sido recurrido en inconstitucionalidad por el Presidente del Gobierno por lo que, en aplicación de la Constitución, su vigencia ha quedado suspendida+ y la Ley valenciana (que es el mismo Decreto-Ley tramitado como proyecto de ley) también ha' sido recurrida por el Presidente del Gobierno con los mismos efectos suspensivos 5 , Con todo, la declaración ministerial de ex1s'Providencia del Tribunal Constitucional de 18 de febrero de 2010 (BOE mlw. 51, de 27 de febrero de 2010), . , Providencia del Tribunal Constitucional de 14 de abril de 2010 (BOE núm, 96, de 21 de abril de 2010).
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lencia de expoliación, en aphcación del aniculo 149.1.28 de la Constitución y del articulo 4 de la Ley 16/1095, de 25 de junio, del Patrimoniq Histórico Español [en lo. sucesivo, LPHE] ha tenido tanta imponancia. para la protección del Patrimonio Histórico y para esclarecer las competencias del Estado en esta materia que, por si sola y aunque no hubiera provocado una intensísima reacción aULOnómica, merecería glosarse para analizar sus efectos inmediatos y su potencialidad. En términos jurídicos, el primer acto ad~ ministrativo que establece la protección del Cabanal es el Decreto del Gobierno
valenciano 57/1993, rJe 3 de mayo, por el se declara Bien de Interés Cultural (en lo suceSIVO, ElC) el Conjunto- Histórico de Valencia 6 . Dentro de los límites del Conjunto Histórico de la ciudad se establecieron tres ámbitos que eran: 1) el recinto amurallado; ii) el primer ensanche delimitado por las grandes vías y el cauce • DOCV numo 2020, de 10 de mayo de 1993. Sobre este Decreto, S1 bien nO se refiere al Cabañal, FernandD WjA I DtA.z, .:Antecedentes e intervenciones urbanlsucas., m IPloM (ed.J, Un fUturo para el pasado. Un diagn6l~w para la Ci¡,¡/a/ Vdl" d, Va!!'ncia, UruverSldad Politécnica de Vi!l.éncia-[nstltuto Valenciano de Vlvlenda----Colegio de lngenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Conlllrudad ValenCiana, ValenclJ, 2009 pp. 39-4 L
del Turia; y iii) el núcleo original del ensanche del Cabañal. Cuando se dictó el Decreto- 57/1993, de 3 de mayo, la Comunidad Valenciana no habla aprobado una Ley propia de Patrimonio Histórico por lo que las medidas de protección aplicables eran, en aquel momento, las previstas en la LFHE, esto es, los Títulos 1, Il Y, parcialmente, el lIL La Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (en lo sucesivo, LPCV)', vino a modificar el régimen , Sobre esta Ley, Carmen Lóeu BaTllÁN DE HEREOlA, La Ley Valenciana de Pru:rimon!ll Cultl1ral. Lq
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de los Bienes de lnteré's Cultural que' habían sido declarados y se regían por la LPHE pues, conforme a su disposición adiciOnal primera, los bienes declarados de interés cultural que hubiera, en el territorio de la Comunidad Valenciana a la entrada en vigor de la Ley autonómica se consideraban integrantes del Patrimonio Cultura! Valenciano y se inscnbirian en el Inventario General del Patnmonio Cultural Valenciano quedando sujetos al regimen establecido en la nueva Ley para los Ele Por consiguiente, los El C de la Comunidad ValenC1ana declarados conforme a la LPHE se rigen desde 1998 por la lPCV Sin embargo, el régimen inicial establecido para los SIC en la LPCV ha variado con cierta intensidad porque la Ley valenciana, a diferencia de' la mayorla de las Leyes autonómicas de Patnmonio Histó~ rico; 'ha sido continuamente reformada. Los cambios más 'importantes vinieron de la Ley 712004, de 19 de octubre, que mo~ dificó algunos articulas de la Sección Segunda del Capitulo III, Sección que regula el régimen de los blenes inmuebles de interés cultural. El cambio más relevante fue la adición al apartado 2 del artículo 39.( «Planes especiales de'protección») de una nueva letra, la i), que previó que, con' carácter·excepcional, el Gobierno podría autorizar modificaciones de la estructura urbana y arquitectónica de los Conjuntos. Esta reforma era quizá el envoltorio de .uq precepto como el articulo 39.2,i) que permttia remodelar la estruüura urbana, de Conjuntos declarados BIC, con toda la secuela de derribo de inmuebles y de destrucción de vias'urbanas. Pero el Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia no debían estar muy convencidos de que la refonna de 2004 asegurara la consecución de sus o'bj¡otivos en el bamo del Cabañal por lo que se aprobó, en la mjsma legislatura, la Ley 512007, de 9 de febrero, de modifiéación 411998. rh J J rh juniD, de! ParrimOl1io HistóricoArltst¡C9. NDrmll' rq¡rUadvras del patnmOl1io cultural ~alwciarID, TIrant lo Blanch, Valencia, 1999, Esta monografja era una bu~na aportaClón al coilteni. do de la Ley, Sin embarga ha quedada bastante obsaleta a causa de las grand"" refaTJ:nllS qu.e ha experimenwda la Ley en 2004 y 2007. También analiza la Ley, mcluyenda la refarma de 2004, sin alcaru:ar a la de 2007, José Ignacia ü.SAR PINAZO, ~La cuestión pammania! eu Ciutat Vella: entre la recuperacióu edilicia y la,plusvalia de lo histórico>, en Fernando GNA I DIAl (ed J. Un ¡UruTO para
el pa5aOO, Un diagnóstjCQ para la DUlar Vd!a de Valtncia, cit., pp, 141-151.
de la LPCV Esta segunda reforma vino a modificar, entre otros, el artículo 39 que pasó a tener una extensión de más de dos 'páginas, Con la extensa reforma de 2007 volvió a emerger la misma sensaClón de 2003, es decir, que la escasa entidad de las reformas de la mayona de los articulas hacia pensar que el proyecto de ley iba dirigido a enmascarar la reforma de tos anículos 38 y 39 que era lo que realmente pretendía el Gobierno valenciano. Al final, por lo que a la protección del Cabanal se refiere, el artículo 39 quedó redactado de tal manera que, manteniendo el texto dd apartado 2.1) lahora apartado 2.b)], se regularan con mayor permisividad las rehabilitaciones compatibles con nuevas actiVldades económicas, las edificaciones sustitutorias y los procesos de renovación urbana y de vaCiado de inmuebles, -Pasando al ámbito judimüa, tenemos, por una parte el bloque de Sentencias del Tribunal Supremo dictadas a partir de la de 1 de octubre de 2004 del Pleno de la Sala de lo Comenciosq-Administrativo del Tnbunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en recurso inter~ puesto contra el Acuerdo de 23 de marzo de 2001 de la ConseJeria de Obras Públi~ cas, Urbanismo y Traspone que aprobó el Plan Especial dE Protección y Reforma • La historia de esta largo canf!iclO judicial está
contada en jase Luis RAMos SEGARRA. ~El Cabanyal, cronología de un ul'banicidio •. PalrimoniD Cultural y Dm:cho. núm. 12, 2008, pp. 69-104. Este anrculo es anterior a la Se.ntencia de 25 de mayo de 2009 de la Sala de lo Contencioso-AdminislIativo del Tribun.al Supremo, las ocho sentencias del Tribunal Suprema se reproducen en el núm. 13, 2009. de PatnmDnio ·Culn",¡/ y Derecho. pp. 323-406,
Imerior del Cabañal Cañamelar (PEPRI en lo sucesivo), qu'e es la matriz de las ulteriores Sentencias. ~ primer bloque se desglosa a su vez en cinco Sentencias del Tribunal Supremo, dictadas en 2004, recaídas en piezas separadas sobre medidas cautelares de suspensión de la ejecutividad del PEPRI, Y las tres Sentencias del Tribunal Supremo de 2008 que resuelven los recursos de casación interpuestos contra la referida Sentencia de 1 de octubre de 2004 del Tribunal Superior de Justicia valenciano, La lIUyOrfa de estas Sentencias son bastante repetitivas y todas des~ estiman los recursos de las asociaciones creadas para la defensa de! barrio valenciano porque consideran que el PEPRI no inflÍ11ge la LPCY. Con independencia de la deficiente calidad de las Sentencias del Tribunal Superior y del Tribunal Su~ premo lo cierto es que, a los efectos de la existencia de expoliación, el fallo de todas esas Sentencias es indiferente porque la eventual acomodación del PEPRl a la legislación valenciana de Patrimonio His~ tórico no obsta a que se pueda declarar la existencia de expoliación. Respecto a este bloque de las Sentencias de 2008 es preciso señalar que se nega~ ron a entrar en el fondo de los eventua~ les efectos expoliadores del PEPRI con e! argumento incierto de que no habia constancia de que hubiera habido un procedimiento administrativo referido a la expoliación ni un pronunciamiento de la Administración competente. El segundo bloque jurtsprudencial está constituido por dos únicas Sentencias dictadas, respectivamente, por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de
JAVIER GARclA FERNÁNDEZ _
justicia de la Comunidad de Madrid con fecha 27 de septiembre de 2004 y por la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con fecha 25 de mayo de 2009. Estas Sentencias son las que abordan de manera directa el tema de la eventu?1 ·expoliación de! Cabañal Cañamelar por causa de la ejecución del PEPRI Y de ellas traen causa todas las decisiones jurí~ dieas posteriores.
JI. LA EXPOLIACIÓN ANTE LOS TRIBUNALES El origen de la Sentencia de 25 de mayo de 2009 del Tnbuna! Supremo es relativamente autónomo de los recursos deducidos contra el Acuerdo de 23 de marzo de 2001 que aprobó deú·niüvamente el PEPRl. Dentro de las diversas actuacioneS jurídicas de las entidades vecinales que intentaban frenar la destrucción parcial del Cabañal, una de las asociaciones implicadas denunció en 1999 ante el entonces Ministerio de Educación y Cultura (en concreto, ante la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales) que el PEPRI (ya aprobado inicialmente por e! Ayuntamiento de Valencia) comportaba una expohación del Conjumo Histórtca de Valencia en lo que ·se referta al núcleo oríginal del ensanche del Cabañal, que formaba parte del área declarada ElC por e! Decreto 5711993, de 3 de mayo. La denuncia iba acompañada de varios iriformes técnicos que reforzaban su argumentación. La Administración ante la que se formuló la denuncia no respondió por lo que los denunciantes reiteraron su petición tres veces más entre 2000 y 2001 (las últimas ante el nuevo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y·el
silencio del Mmisterio (que en puridad no era silencio administrativo SinO inactividad) provocó incluso un.a intervención de! Defensor del Pueblo. A los pocos días del último escrito de denuncia, un Subdirector General de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturaies, con fecha 29 de enero de 2001, respondló a la asociación denunciante con el siguieme escrito:
«En contestación a su escmo de 17 de enero pasado y en relaci.ón al procedimiento de expolio sobre. el asunto de referencia, le comunico que, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 57 bis de! Real Decreto 11111986 de 10 de enero, de desarrollo parCla1 de la Ley 1611985, de 25 dejumo, de! Patrimonio histónco Español, la Generdlldad Valen" ciana ha exigido aclaraciones al Ayuntamiento y luego ha acordado, en base a su autonoITÚa y competencia exclusiva, mformar favorablemente el proyecto del Plan Especial de Protección y Re[arma lntenor de Cabanyal Canyamelar aprobado por e! Ayuntamiento, sm que vulnere lo prescnto en la Ley del Patrimomo Valenciano y sin que exista tutela $upenor del Estado». Éste es e! escrito que da lugar a la interposición de un recurso contenci050-adrrunistratiyo ante el Tribunal Superior de juStlCla de Madrid por entender sus destinatarios que no se había tramltado la denunCla ni practicado instrucción alguna y" que el contenido del escrito no estaba motivado El Tribunal de inStancia, en su decisiva Senlencia de 27 de septiembre 'de 2004, estableció lo siguiente: .la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de 29 de enero de 2001 con una lacónica Resolución de 29 , de enero de 2001, del tenor ya transcri"
to, no ha justificado las razones detenni-
r:tantes de la decisión negativa de que no se vulnera la Ley de Patrimonio Valenciano, o de que no es de su competenda el expolio, limitándose a notificar al interesado el resultado de su resoludón con unas genéricas y lacónicas cláusulas re[eridas a clertas aclaraciones pedidas por la Generalidad Valenciana al Ayuntamiento que no sirven, a juicio de la Sala, para cubrir el requisito de la motivación .. ». y ello porque la Resolución:
se apoya en aclaraciones de la Generalidad Valenciana que es precisamente el órgano que está siendo enjuiciado en relación a la existencia de expoliaClón; se fundamenta exclusivamente en la autonomía y en la competencia de la Generalidad Valenciana, que son precisamente las facultades que «se intentan controlar y supervisar con tal figura de! expolio regulada en la Ley 16/1985, de Patrimoni.o Histórico, pues dicho control se hace con independencia de -o precisamente por- las competencias supervisoras que corresponden a las Comunidades Autónomas ... »; sus escuetos términos impiden conocer al recurrente (y al propio Trtbuna]) la razonabilidad de! juicio de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, como exige el artículo 54 de la Ley 30!l992, de 26 de no . .iembre, de Régimen Jutidico de las Admirústraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común !LRjPAC en lo sucesi.vo]. La Resolución recurrida no puede apoyar su decisión en el mismo informe que previamente sirvió de apoyo a la aprobación del PEPRl: «es sumamente ilógico que sirva corno informe necesario de la Conselletia en el expediente de expoliación del Barrio precisamente el que con un sentido favorable sirvió para fundamentar e! Plan que se denuncia como productor de la misma expoliación», lo que comporta un defecto de tramitación que debe ser subsanado; porque el órgano competente para recuperar y proteger el hipotético bien expoliado es la Administración General del Estado, «de [aTIna que si en este caso el órgano actuante no se consideraba competente debería argumentar
. . . . LA EXPOLIACIÓN DEL BARRIO VALENCIANO DEL CABAÑAL
sobre su falta de competencia, lo que tampoco ha hecho según el tenor del acta impugnado, faltando también estas aspectos la motivación». Por todos estos razonamientos, y por entender la Sala que resultaba «de especial trascendencia»' el informe o los motivos que sirvieron de soporte a la decisión de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, la Sentencia acogió las pretensiones de la recurrente, anuló la Resolución de la Dirección General y ordenó retrotraer las actuaciones administrativas para que la decisión de este centro direcnvo se motivara expresamente en relación a su competencia para intervenir, desvirtuando en su caso los «amplios y exhaustivos infonnes desfavorables» de varios organismos valencianos Los ténninos de la Sentencia hubieran aconsejado a la Administración condenada (<<condenada~ a motivar sus Resoluciones) a aquietarse ante e! fallo y a cumplir lo mandado por éste, Por razones difíClles de entender,: la Administración General del Estado, en paralelo a la Generalidad Valenciana, preparó recurso de casación y lo formalizó. Las razones de este recurso son dificiles de entender porque entre la Resolución de 2001 y la Sentencia de 2004 h~bla habido un cambio de Gobierno y la nueva Ministra y el nuevo Director General de Bellas f\rtes y Bienes Culturales no deberfan sentirse vinculados a la ResolUCión jurídicamente d.elemabIt de sus antecesores y, menos aun, a los posibles intereses urbanisticos que aqt.¡ella amparaba. ¿Por qué el nuevo equipo de Cultura lo, ¡¡payó? Como no es pensable que la Ministra y el Director General de Bellas Artes autorizaran conscientemente
,l··!
. ~. • I I
la imerposición del recurso de casación, es posible pensar que alguien les ocultara el verdadero alcance de la Sentencia del Tnbunal Superior de Justicia o, incluso,_ la posibilidad de no recurrtrla~. Porque habrta sido un sarcasmo que el Tribunal Supremo, a instancias, entre otros, del MiIÚsterio de Cultura del Gobierno socialista, declarara la inexistencia de expoliación en el CabañaL , El hecho cierto es que el 18 de feb~ero de 2005 el Abogado del Estado recurrió en casación la Sentencia de! Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta Sentencia de 25 de mayo de 2009 no aporta ninguna novedad desde el punto de "ista de la noción de expoliación. Apoyándose en otra Sentencia de la misma Sala, la de 12 de marzo de 2008, contiene una especie de justificación o disculpa por su anterior afirmación que no se habia iniciado un procedimiento específico de declaración de expohación y, tras compendIar muy someramente la doctrina que sobre lá expoliaCión había fijado la Sentencia de 12 de marzo de 2008, establece, a los efectos que aquí interesan, dos ideas básicas: i) que el Estado posee la competencia para defender el Patrimonio Histórico frente a la expoliación, competencia negada en la práctica por la Resolución recurrida; ii) que en el caso de au. tos, la resolución recurrida <mo contiene ninguna valoración que indique que han sido examinados los dlferentes infonnes técnicos que se refieren a la cuestión controvertida, ni existe en la resolución,
• Me wllsta la sorpresa de los responsables polftiC{lS del MinlSlerio de aquella época cuando, al dictarse la Sentencia de 2009. sup,eron que elAbogado del Estado habia interpuesto el reCurso_
en definitiva, un solo datO que denote el ejercicio de las atribuciones que corresponden al Estado en la defensa del patrimonio histórico frente a la expoliacióllli-. La importancia de la Sentencia de 25
de mayo de 2009 radica, más que en su escueta doctrina, en dar finneza a la Sentencia de 27 de septiembre de 2004 que ordenaba a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales retrotraer las actuaciones administrativas a fin de que dicha Dirección General dictara una Resolución que se pronunciara sobre la existencia o no de expoliación en el Cabañal motivándola a partir de los informes desfavorables obrantes en el expediente. Es decir, si la Sentencia del Tribunal Supremo era escueta es porque no podía ir mucho más allá pues el Tribunal no estaba llamado a pronunciarse sobre una cuestión sustantiva (la existencia o no de expoliación), sino exclusivamente sobre una cuestión formal, a saber, si la Administración requertda habia cumplido los mandatos que, en materia de procedimiento, establece la LRJPAC en 10 que se refiere a la tramitación del expediente . y a dar una respuesta motivada. Por ese motivo, la Sentencia de 25 de mayo de 2009 ni se pronunciaba sobre la existencia de expoliaclón ni tampoco ordenaba a la Admínistración General del Estado que declarara tal existencia. Bastaba con que, tras la tramitación del expediente que requiere la LPHE Y ponderando los informes obrantes, el Ministerio del ramo dictara una Resolución razonada, con independencia de su contenido, Confonne a ese mandato actuó el Ministerio de Cultura abriéndose el conflicto político que vamos a ver a continuación.
Ill. UNA ORDEN MINISTERIAL EXCEPCIONAL En cumplimiento del mandato de la Sentencia del Tribunal Superior de Madrid de 27 de septiembre de 2004 (confinnada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2009), la Ministra de Cultura dictó la Orden CUU363112009, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento por expoliación del conjunto histórico del Cabañal. Se trata de una Orden extensa, de once páginas, que merece glosatse. Hay que advenir que es la primera vez que culmina un procedimiento para evi-
JAVIER. GAR.dA FERNÁNDEZ _
tar la expoliación de un bien integrante del Patrimonio Histórico conforme se estableció en el artículo 4 de la LPHE y el articulo 57 bis del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo'parcial de la misma Ley. Es cierto que poco después de entrar en vigor ambas disposiciones se planteó un caso similar provocado por el proyecto de derribo de un mercado en Santander pero al final no fue necesario aplicar las previsiones legales. Por con.siguiente, la actuación del Ministeiio de Cultura tiene en este caso un va~or excepcional no, sólo desd.e el punto de vista del modo de producción de un acto administrativo sino también desde e'l pUnto de ¡."ista sustantivo porq~e el Estado ejercita por vez primera, una competencia exclusiva, Ha de tenerse en cuenta, además, que no existía hasta aho: ra una construcción d,ogrnática sobre el contenido y al~n'ce de la ·expol~ci.ón, sus difen;ncias co~ !os tipos penaJ~ rel,ativos a dafto¡;. en el Patrimonio Histórico pues hasta ahora la noción jUridica de expoliación se fundaba exclusivamente 'eñ el citado articulo 4 de la LPHE (para e! objeto) y en e! también citado artículo 57 bis del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (para el procedimiento), a lo que se añadla e! Fundamento JUlidico séptimo de la Sentencia constitucional 17/1991, de 31 de enero, que sólo trataba de ajustar la dimensión competencial de este concepto y no estaba llamado a ap'ortar muchas precisiones sobre su contenido.
Volviendo a la Orden Ministerial, estamos ante una resolución modélica desde el punto de Vista formal y desde el punto de vista sustantivo. Cuando se compara con la muy deficiente calidad de las Sentencias de 2004 (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana) y de 2008 (Tribunal Supremo) y cuando se lee la sonrojante Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de '2001, ésta Orden CUU3631/20Q9 reconcilia al jurista con los operadores jundicos que son capaces de producir un acto jundico con rigor fonnal y con precisión material. La Orden, en primer lugar, cumple to-
dos'los 'requísitos exigidos para los actos administriltivos por el Titulo VI de la LRJPAC sobre ordenación e instrucción del procedimiento~'nueve informes contradictorios·solicitados por el Ministerio de Cultura y ponderación y valoración de los mismos, La resolución también
cumple sobradamente la exigencia de motivación que establecen los artículos 54 y 89 de la LRJPAC. Desde el punto de vista sustantivo, la Orden CUU363112009 connene los siguientes elementos uestacables', a) La delim¡tación de su objeto, Como ordenó la Sentencia del Tribunal Superior de Madrid, la Orden se limüa a determinar motivadamente si el PEPRl constituye una expoltación del sector dd Cabañal que fonna parte del Conjunto Histórico cie Valencia, Por consiguiente, la Orden no trata de resolver la cuestión de legalidad veutllaJa por e! Tribunal Superior de Justicia valenciano y, en casación, en el Tribunal Supremo en 2008 donde se suscitaba la acomodación del PEPRl a la LP(V Esta cuestión es importante porque, como de hecho ocurre, la LPCV, después de. sus refonnas de 2004 y 2007, puede propiciar o no obstaculizar la expoliación de un Conjunto Histórico pero es dificil que la Ley pueda colisionar con el artículo 149.1.28 de la Constitución o, incluso, con la LPHE, por 10 que sería muy dificil apreciar la existencia de, un supuesto abstracLO de inconstituciorialidad.
b) La formulación del concepto de expo-
liación. Para apreciar si de los inf0fI!les técnicos se desprende la existencia de expoltación, el Ministerio avanza un concepto de ésta, En este punto la Orden CUU3631/2009 sigue lo establecido por el artículo 4 de la LPHE y por la Sentencia constitucional 17/1991, de 31 de enero, de modo que se entiende por defensa contra la expoliación un conjunto de medidas dirigidas a evitar el deterioro o des-
trucción del bien b a la privación arbitraria D irracional de sus valores, utilizando incluso a tItulo interpretativo 10 pre~to en e! artículo 21.3 de la LPHE que fija reglas sobre la conservación de los Conjuntos Históricos. Hasta aquí la cónfiguración de expoliación y de su defensa no se separa de la LPHE ni de la jurisprudencia constitucional pero la Orden va más allá de este concepto y en su punto sexto, . dedicado a detenninar quién es e! titular de! bien expoliado que, conforme al Real Decreto 11111986, de 10 de enero, es el que debe ejecutar las medidas oportunas, aporra unas consideraciones interesantes que contribuyen a desarrollar e! concepto legal: en un COl;ljunto donde hay una pluralidad de titulares dominicales y donde la expoliación no está provocada por acciones u omisiones efectuadas en ejercicio de ningún disfrute dominical, el requerimiento no puede dirigirse a estos propietarios sino al órgano de donde,ha emanado la acción expoliadora que, en este caso, es el Ayuntami.ento de ValenCia de! que ha emanado la actuación urban[stica que provoca la expoliación. Y, mu~ tatis mutan di, a la Generalidad Valenciana que es la Administración competente en materia de protección del Pasnmonio Histórico. Es un acierto esta determinación pues e! artículo 57 bis de! Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, siendo un precepto bien redactado y útíl, resulta un tanto rígido, identifica mecánicamente e! titular de! bien con e! sujeto activo de la expoliación y, además, está orientado a fijar la actividad de la Administración competente por lo que su carácter procedimental no perrmte muchas construcciones dogmáticas. Sin pretenderlo directamente, y sólo con e! fin de resolver e! problema de la titularidad de los
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Decreto 11111986, de 10 de enero, declara, ya en su parte resolutiva, la situación en que se encuentra el bien: «Declarar que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal Canyamelar detennina la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal». Esta declaración, que trae causa de la información practicada en el expediente, no sólo es necesaria para fijar la situación fáctica y jurídica del bien cultural afectado sino también es la puerta que abre la posibilidad de establecer las medidas conducentes a evitar la expoliación,
El establecimiento de las medidas conducentes a evitar la expolia.ción. Una vez. debienes cXproplados, ,la Orden Ministerial contribuye útilmente a definir la naturaleza de li! expoliación;
pretende una salida al mar con el modelo de creación de un barrio nuevo; para ello comporta la demolición de edificios tradicionales para ocupar su espaciO nuevas estructuras;
c) La dt~cripdón de una expoliaci6n sin-
gular. Al tratarse del primer supuesto en que se aplica totalmente el ordenamiento vigente en materia de expoliación, era necesario conocer el supuesto fáctico que obliga a dictar la declaración pertinente, Ésta es la prueba de fuego de la regulación pues 'la construcción dogmática no es suficierúe 'para saber qué se entiende por expoliilción conIo=e a la triada normativa que regula ~ta (articulos 149,1,28 de la Constitución J 4 de la LPHE / 57 bis del Real Decreto 11111986, de 10 de enero) y es indispensable conocer cómo . es el supuesto de hecho que fuerza a formularla declaración. Yeso es lo que con gran precisión hace la Orden Ministerial que declara la existencia de expohación porque el PEPRI: aún cuando pretende ser un Plan de Protección y de Reforma Interior, tiene objetivos más propios de la reforma interior que de la protección pues uno de sus fines es resolver la conexión de la ciudad de Valencia con su frente marítimo llegando incluso a afirmarse que «la solución al acceso fluido al mar a través de la avenida ,Blasco lbái'iez se configura como objetivo irrenunciable del Plan»; este «objetivo irrenunciable» compona relegar a un segundo plano de importancia la protección de los valores hislÓrico-artísticos del Conjunto Histórico; no responde a las eXlgencias de un Plan Especial de Protección sino que
vulnera los prinClpios fundamentales sobre los Planes Especiales de proteccIón de la legislación estatal y autonómica porque su aplicación supone. una valoración negativa con respecto a la protección del Patrimonio Cultural que, conforme a la normativa vigente, contempla como ejes de la. rehabilitación la conservación de fachadas y cubiertas; sigue tos modelos de creación de un barrio nuevo con todas las instalaciones más actuales como aparcamientos o instalaciones deportivas y sociales que sustituyen a las viviendas tradicionales y a su peculiar Lrama en ret!cula;
clarado que el PEPRl provoca la expoliación del Conjunto Histórico del Cabañal, la Orden Ministerial, en aplicación del articulo 57 bis.2 in fine del Real qecreto 111/1986, de 10 de enero, establece las medidas necesarias para parar la expolia. ción. Estas medidas aparecen también en la resolución y son de dos tipos: «declarar la obligación del Ayuntamiento de Valencia de proceder a la suspensión inmediata de la ejecución de dicho Plan Especul, en tanto se lleve a cabo una adaptación del mismo que garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación de éste como conjunto h:istórico, debiendo igualmente el Ayuntamiento de Valencia notificar dicha suspensión a todos los posibles interesados». Quiere ello decir que la Orden supone una suspensión de la vigencia del planeamiento en un especialísimo supuesto fijado por una Ley estatal;
la modificación de alineaciones y las alteraCiones de edificabilidad no contribuyen a la mejor conservación del Conjunto sino que están al servido de una solución urbanística de distinta naturaleza.
«requerir a la Generalidad Valenciana para que suspenda inmediatamente todas las actuaciones administrativas relacionadas con el PEPRI, en tanto se lleve a cabo la adaptación del mismo referida ut supra, y adopte las medidas oportunas para asegurar que el Ayuntamiento de Valencia cumple la obligación de suspender la ejecución del mismo» _ Es decir, la responsabilidad por la ejecución del planeamiento recae lÓgJ-carnente en la Comunidad Autónoma que es la competente en materia de urbanismo;
d) La declaraci6n de expoliación_ Tras presentar los hechos que conforman la expoliación, la Orden CUU363lJ2009, en aplicaCIón del articulo 57 hló..2 del Real
para acabar advirtiendo a la Comunidad Autónoma que «de no atenderse el presente requerimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su
para su ejecución hay que demoler ochenta y cinco inmuebles sin especial protección en el Catálogo Municipal y nueve inmuebles protegidos a los que no considera dignos de protección;
la _ IDL Cno~J>'lA llEl ~JADO!OClIJ. \' D9\!JC&oIl1mllEDERECHO
JAVIER GARcíA FERNÁNDEZ _
recepcIón, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3.c) del artículo 57 bis del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio'Histórico Español, este Ministerio podrá ejecutar de forma subsidiaria las medidas oportunas para garantizar la protección del interés público en juego, y ello sin perjuicio de las responsabilidades que dicho incumplimiento pudiera conllevar». De est~ modo, las medidas conducentes a evitar la'expoliación se contraen a una suspensión del planea miento que debe ejecutar el Ayuntamiento, suspenslón de la que se responsabiliza a la Generalidad Valenciana y a una subrogación de esta potestad por parte de la Administración General del Estado [como prevé e! artículo 57 bis.4.b) del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero].
IV. EFECTOSjURiDlCOS y CUESTIONES PRÁCTICAS QUE· SUSCITA LA ORDEN MINISTERIAL Como puede observarse, la Orden CVU363112{109 suscita un conjunto riqulsimo de cuestiones, problemas y soluciones que son dignos de una monografía, Estas cUestiones son: a) la autonomía de la figura de la expoli¡¡ción respecto a cualquier otra regulación que incida sobre los bienes culturales, sea o no urbanística; b) el concepto de expoliación que deriva· del articulo 4 de la LPHE y del articulo 57 bis.4.b) del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero; c) los efectos de la declaración de expoliación; y d) la incidencia de la expoliación sobre el planeamiento y la fuerza activa de la Orden de declaración sobre los Planes.
Tribunal Superior de Justicia de Valencia yen el Tribunal Supremo. El PEPRl podria acomodarse a la Ley autonómica (de Patrimonio Cultural, urbanística, etc.) pero ese eventual acomodo [JO sanaría la existencia de expoliación sobre los bienes inmuebles regulados por el PEPRJ. Esa es la fuerza activa del instituto de la expoliaClón cuya eficaCla se cierne incluso sobre la Vlgencia de los Planes. Y ello por el caráctn de bien inmueble del Conjunto expoliado pues si se tratara, por ejemplo, de un bien mueble la fuerza activa de la expoliación se desplegarta sobre otro tipo de relaciones Jurldicas (mercantiles, civiles, ete.) que ahora no es fáGI identificar. Ese es el primer elemento que sobre la configuración dogmática de la expoliación ha aportado la Orden Ministerial. Incidentalmente podemos avanzar que esa autonomía de la noción ue expoliación lo es también a efectos penales pues si bien es usual en alguna doctnna emplear este término o el de expolio para refenrse a los delitos tipificados en el Capítulo II del Tltulo XVI de! Código Penal y en especial para referirse a los daños al Patrimonio Arqueológico 1o , lo cierto es que la noción legal de expoliación no coincide con e! empleo usual o jurisprudencial de la acción y efecto de expoliar.
El concepto de: expoliación que deriva del 'artículo 4 de la LPHE y del articulo 57
" Se encumtra EstE npo de expresiones en, por ejemplo, Elll.J!.¡o CORTES BECH[AREl.LI, ~Función social y rutela penal dd Patrimonio Arqueológico., en el vol. col. Tres Btudio5 sobre el Patrimonio Hi.llóTÍco, Consejería de Culrura de la Junt.a de Andalucla., SeVllla, 2005, pp. 15-49: Angel M Nt~EZ SANOIEZ, «El expoho de yacuruenlos arqueológICOS>, en el vol. col. La ludw conlra el tráfiCO" ilíCIto de Bienf:> Culturales, Mitlliteno de Cultura, Madrid, s.f., pp.
bi.s.4.b) del Real Decreto 111/1986, de 10 de cltero. La triada normativa formada por los articulas 149.1.28 de la Constitución 1 4 de la LPHE I 57 bis de! Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, es la base sobre la que se levanta la regulación de la expoliación y es suficiente para entender la naturaleza y el contenido jurídico de este concepto siempre con e! apoyo del Fundamento Juridico séptimo de la Sentencia cOllSlitucional17Jl991, de 31 de enero. Pero los actos jutidicos que se desprenden de la documentación manejada por el Mimsterio de Cultura en el expediente de expoliación desbordan las previsiones de la nonnativa aplicable (titular no expoliador, Administraciones eventualmente partícipes de la expoliación, inmuebles catalogados y no catalogados que no son dignos de protección y deben demolerse, etc.). Todo ello da como resultado que a la hora de aplicar las diversas normas, "el núcleo común a éstas (e! concepto de expoliación) se expanda y se enriquezca al precisar cómo interviene cada sujeto en la acción de expoliar Oos titulares dominicales, la Administración actuante y la Administración de tutela) y cuáles son los hechos que, por incidir en la calificación jurídica, se insertan en el concepto de expoliación (demolición cuantitativamente relevante y no excepcional de inmuebles. tradicionales; no, conservación de alineaciones; no rehabilitación de fachadas y de' cubiertas; 175·203: IDEM, .A protección penal dI> 111tritnl>nio arqueológico 5ubacuático., en el vol. col. O patrl·
monio an¡ueo!óxico subarudtico e o ,omerdo dos bms rultumis. N XDmada de protacWn do patrimonio· rultuml (¡rad. R Baleir6n 56flora), Consellerla de. Cultura e Thrismo de la Xunta de Gallc¡a, Santiago
de Compostela. 2009. pp. 44·107; YAntonio RoMA vAillts. La ap¡'cad6n de los delito, sOOn el patrimonio rultural, Comares, Granada, 2008.
a) Autonomía de Jafigura de. la .expoliación
respecto a cualquier otra regulación que incida sobre los bienes culturales, sea o no urbanística. La Orden Ministerial apunta, bien que mdirectamente, un dato que es fundamental para entender la naturaleza juridica de. la expoliación: su autonomía respecto a cualquier otra regulación. La Orden CUlJ363112009 lo sugiere al delimitar el objeto del contencioso-administrativo del que trae causa y que es independiente de la cuestión de legalidad suscitada en los diversos recursos contencioso-administrativos ventilados en el
W'?Tn
aumento de edificabilidad; apertura de nuevos viales). En el paso del concepto normativo abstracto de expoliación al Jactum concreto de una expoliación, el concepto jurídico se ha enriquecido, enriquecimiem'o que se debe en parte a la buena aplicación de una metodología que permite detenmnar la exiSlencia de expoliación al identificar los valores y la función social de los bienes que están en peligro de pérdida o de deterioro. e) Los efectos de la declaración de expoliación., .El artículo 4 de la LP¡ lE habilitó a
la AdministraClón General del Estado a interesar del DepanamenlO correspondiente de las Comunidades Autónomas la adopción con urgencia de las medldas conducentes a evitar la expoliación y; en caso de que ,la Comunidad Autónoma lo desatendiera, la Administración General del Estado,habrla de disponer lo necesario para la recuperación legal y técnica del bien expoliado. Tras la Ley, el articulo 57 bis del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, desarrolló con detalle el p.rocedimiento pero diflcilmente podla ir más lejos al describir, por ejemplo, qué medidas habría de establecer la Orden Ministerial declarativa de la expoliación. La Orden especifica las medidas que consisten, como hemos visto, en ordenar al Ayuntamiento la suspensión inmediata de la 'ejecución.de! PEPRl, en requerir a la Generalidad Valenclana para que suspenda inmediatamente las actuaciones . relacionadas con el PEPRl y en advertir a la Administración autonómica que e! incumplimiento del requerimiento llevaria al Ministerio de Cultura a ejecutar subsidiariamente las medldas oportunas para garantizar la protección del interés público en juego, Como ,puede, observarse, la Orden CUU3631/2009 no .. se sale del guión:. de la Ley y del Real Decreto de desarrollo parcial de la Ley pero aporta interesantes puntos de reflexión pues la expresión .. Administración competente» aludida en el ap"rtado 3 del articulo 57 bis del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, se desdobla en Administración ejecutante y en Administración de tutela urbanística! c.ompetente en Patrimonio Histórico. Y si el mandato al Ayuntamiento de Valencia es IÚtido, podtia resultar más equívoco el mandato a la Generalidad Valenciana dado que el PEPRI ya fue objeto de aprobación definitiva aunque era totalmente necesario hacerlo a fin de que no auto-
rizara revisiones fraudulentas del Plan o no apoyara actuaciones que sigUieran favoreciendo la expoliación. De hecho, como veremos más abajo, el Gobierno valenClano intenta por todos las vias incumplir fraudulentamente la Orden. El tema, sin embargo, plantea en la práctica numerosas derivadas pues estamos ante un acto administrativo ejecutivo que viene a suspender no sólo un acto de carácter normativo cual es un Plan de urbanismo sino también la mullitud de actos singulares (derribos) a través de los que se ejecuta el Plan, La legitimidad de esta suspensión viene de la Ley pero, en primer lugar, ¿qué ocurre si el Ayuntamiento incumple lo ordenado por el Ministerio de Cultura? ¿Cómo afecta la Orden Ministerial a las demoliciones acordadas por el Ayuntamiento con anterioridad a la notificación de la misma' ¿Yen aquellos procesos relativos a demoliciones singulares que los interesados han iniciado y penden de los Juzgados? No son cuestiones teóricas porque a mediados del pasado mes de enero uno de los partidos de la oposición en el AyunlalT)lento valenciano obtuvo de un juzgado de lo contenciosoadmilllslrativo que se decretara la suspensión de varios derribos acordad?s con anterioridad a la declaración de expoliación ll si bien la suspensión fue inmediatamente revocada por el mismo ]uzgado l2 y, además, el mlsmo día en que entró en
vigor la Ley de abril el Ayuntamiento de Valencia demolió varios inmuebles l ,. Ello se debe a que el carácter normativo del PEPRl conduce a actos singulares de ejecución (derribo) que la Administración General del Estado deberá combatir también smgularmeme 14. Por consiguiente, entre los efectos de la Orden están los de carácter procesal, a saber, la atribución a la Administración General del Estado de legrtimación activa para participar en los procesos que susClten en relación a los inmuebles del Cabañal. A este respecto, cabe entender dos supUestos: En los procesos relativos a derribos que se estén sustanciando, la Administración General del Estado pasa a ,ostentar un derecho o interés legitimo, confonne al artículo 19.1.c) de la Ley de la jurisdicción ContenciosoAdministrativa lo que le proporciona legitimación activa por lo que, en aphcación del artkulo 13 de la Ley de 'Enjuiciamiento Ovil, podrá ser admitida como demandante mientras el proceso se encuentre pendiente. Admltida la intervención, la Abogada del Estado deberá solicitar la adopción de medidas cautelares si éstas no se solicitaron o no se acordaron anteriormente. En los derribos que siga ejecutando el Ayuntamiento a pesar del requerimiento, entiendo qUe estaríamos ante un supuesto de via de hecho contem-
" Pub!iw, de 19 de enero de lO lO. 11 rub1ico, de 11 de enero de 20 lO. Según este diario, el Mag¡strado justificó el levantamiento de la suspensión por la carencia de espeCial protección que len.¡an 105 irunllebles a dentbar Las justlficaClOnes habituales en la mayor!a de los miembros del Poder Judicial cuando sus órganos radican en la Comur.ldad ValeIlClana,
" El País, 6 de abril de 2010. " N" enl,~m"s, pDrque es un lema colateral pero bien interesante, en la responsabilidad patrimonial que, a mI Juicio, corresponde al Ayuntamiento y quizá a la Generalidad Valenciana.
JAVIER GARCIA FERNÁNDEZ _
pIado en el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admiriístrativa l5 ; por lo que procede actuar confonne al articulo 136_2 de la misma Ley solicitando las medidas cautelares antes incluso de interponer eJ recurso contencioso-administrativo.
¡as plants Éste es uno de los temas más
Al lado de estos dos supuestos procesales es posible pensar que la habthtación subsldiaria que recibe la AdrninistraClón General del Estado conforme a los apartados 3_c) y 4.b) del artículo 57 bi.'. dél Real Decreto 11l/1986, de 10 de enero, pennitirfa a ésta actuar con mayor mtensidad. Así, por ejemplo, en aplicación de los articulos 56 y 57 de la LRJPAC, la prohibición de actuaciones de ejecución del PEPRI (incluidos derribos) es de inmediata ejecución desde la notificación al Ayuntamiento y sucesIva publícación por lo que; confonne al artículo 4.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Cultura puede solicitar del Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno, auxilio ejecutivo para impedir que se sigan produciendo derribos1 6. Y, sobre todo, la Orden CUU363l/2009 despliega efec-
interesallles que se despr-ende de la Orden CUIJ3631/2009. La re~oluclón que contiene la Orden es taxativa al obligar al AyuntamIento de Valencia a suspender la ejecución de un Plan de doble naturaleza hasta que é3te lleve a cabo su adaptació'n para garantizar la protección de 105 valores histórico-artísticos que determinaron la inclusiórr de! Cabañal en el Conjunto Histórico de Valencia que declaró BIC el Decreto 5711993, de 3 de mayo. Estamos ante un supuesto de hmitaclón legal a la planificación por aplicación direCta de una norma legal como señala Baño León 17 . Esta nOffila legal de directa aplicación es doble pues desde la perspectiva de la normativa urbanística común tenemos el artículo 10.2 del Texto Refundido de la Ley de! Suelo, aprobado por Real Decreto Legíslativo 2/2008, de 20 de junio, que viene a confluir con el artículo 4 de la LPHE que también es de dlTecta aplicación (complementado
"Sobre la nueva configuraCIón del recurso contra la via de h~cho, véase Miguel SAl-ICHEZ MORÓN, «El objeto del recurso comencto50"~dITllmstrativo", en Jesús LEGUE""" VJiLi, y Miguel SANCHll MORÓN, Comentario, a la uy de lajurlsdi"ión ContenciosoAdmini.ltrativa, Lex Nova, Valladolid, 199'1, pp. 203-210. " En el diana Púbhco de 1 de .abril de 2010 se publicó la noticIa de que un grupo de obreros empezó a derribar uno de los inmUEbles del Cabañal y la Po\!cia Nacional dEt].lvO las obras, Y las demoliciones del 5 de abnl provocaron mcluso. un conflicto de orden pllblico (El Pail. 6 de abnl de 2010l_ El diario El Pa!, de 15 de abnl de 2010 reSUme un info'mle de la Delegación del Gobierno
tos urbanístICOS que vamos a examinar a continuaCIón, d) La incidencia de la expoliaCión sobre el planeamiento y la fuerza activa de la Orden de declaración de expoliación sobre
Valencia en donde se habla de «unos dembos no declaradoi~egale5» peto esta referencia debe Estar mal ttauscrila pues el arúculo 57 de la LRJPAC es tajante al serlalar que 105 actos d~ las Administradones Púbhcas se pre~umen válidos y producen efectos desde la fecha en que se diclen_ la Orden OJU3631/2009, eVIdentemente valida, comporta
la declaraCIón de L1tgalidad de lodos los dembo5. José Maria RANO LEON, Derecho Urbanístico Co-
mun, ruste!, Madrid, 2009, pp 118~127; Y Luciano PAREJO AI.fONSO y Gerardo RüC,ER I'ERNÁNDEZ, Comen/anos al Tex/o Refund,do de la. Ley dd Suelo (Real Decre/o Leg¡sla/ivo 2/2008, de 20 dejumo), rustel, Madnd. 2009, pp, 206-207.
reglamentaríamente con el artIculo 57 bis del Real .Decreto llÚ1986, de 10 de enero). Lo novedoso en este caso es que los estáhdares que suelen contener las nonnas legales para limitar la planificación suelen ser positivos pero en este caso, dada la mdeterminación de! 10.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008, en aplicación de la LPHE estamos más bien ante unos estándares negativos (la pérdida de valores y de la funci6n social). Pero, dejando de lado la interpretación restrictiva con que algunos autores proponen que se aplique dicho precepto urbanlstico l8 , no debe olvidarse que estamos ,también ante un supue,sto muy claro de sometimiento de los estándares y objetivos urbanísticos a la legislación deprotección de Patrimonio Histórico. En esta última ese sometimiento se expresa a través de la preeminencia del Plan Especial de Protección ex articulo 20 de la LPHE !y previsiones similares de algunas Leyes autonómicas como el articulo 34.2 de la LPCVy 38.d) de la Ley 1612005, de 30 de dlciembre, urbanística valenciana] sobre otros tipos de Planes.
Es cieno que el fenómeno de la suspensión de la vigencia de un Plan por parte del Gobierno no es nuevo pero sí hay que destacar, como novedades que emergen en la orden CUU3631/2009, la forma del acto (una Orden Ministerial) cuando la Ley del Suelo de 1976 lo defena al Consejo de Ministros para cualquier supuesto si bien la Ley del Suelo de 1992 modulaba e! titular de esta facultad y lo atribuía al órgano competente conforme a la legislación autonómica o, en su defecto, al ejecutivo superior de n~turaleza colegiada. También llama la atención que es una suspensión indefinida condicionada a «una adaptación- del mismo que garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación de éste como conjunto histórico». Ambas peculiaridades se explican por la aplicación directa de la LPHE y de su Decreto de desarrollo parcial, que han configurado un régimen bastante flexible que da agllidad al procedimiento. Y, en fin, resulta asimismo peculiar que en un ámbito tan propio de las Comunidades Autónomas sea de aplicación el Derecho estatal. lB José Maria B~o LeON, Derecho Urba.ní>tiw Común, cit. pp 123_127
LA TRACA FINAL: EL DECRETO-LEY AUTONÓMICO TRANSFORMADO EN LEY
Es entendible que una Orden Ministerial como la que estamos comentando suscite reacciones en las Administraciones que han sido desautorizadas por la declaración de expoliación. No es de extrat'iar que esas AdIrÚnistraciones acudan a los Tnbunales para enervar los efectos de la declaración, Uama más la atención que al lado de interposición de un recurso contencioso-administrativo o de un conflicto positivo de competencias (que hubiera sido quizá lo constitucionalmente correcto), los poderes públicos de la Comunidad Valenciana hayan acudido a una figura tan excepcional (aunque ya empleada desde 2008) corno es el Decreto-ley, como hizo el Consejo de Gobierno valenciano que dictó el Decreto-ley 112010, de 7 de enero, de medidas de protección y revitalización del conjunto rustónco de la ciudad de Valencia l9 • y en previsión de que el Decreto-Ley fuera recurrido por inconstitucionalidad por el Presidente del Gobierno y el Tribunal Constitucional (como efectivamente ocurrió) cuando la Diputación Pennanente de las Cortes se reunió el 14 de enero' para convaJ..¡dar el Decreto-Ley (como orlO Sobre el Decreto-Ley en el Estatuto de AutonoITÚa valendano, José Maria BOQUERA OLIVER, d~s {uentes,qel D~¡e,ho en la Comunidad Valmdana., e,¡"josé Maria BAI'Io LEON (c:oord,J, Com~ntu>ío al BtaMo de Alltmwrnía de !a Comunidad Valenciana, ClvilaS Aranzadi, Cizur Mrnor, 2007, pp. 84-88; Y Teresa SEVIu.A MERINO, «El Decreto-Ley en el nuevo Estatuto de Autonomia de la Comumdad Valenciana (Ley orgánica 112006, de 10 de abril)>>, Corts Anuarw de D~redw Par!ammtario, núm, 20, 2008,
pp,375-393,
derra e! Estatuto valenciano), a petición del Grupo Parlamentario Popular se votÓ que se tramitara como proyecto de ley y por vÍa de urgencia. La tramitación ulterior como proyecto de Ley no pretendía mejorar un texto redactado con premura (e! texto de la Leyes prácticamente igual que e! del Decreto-Ley) m tampoco intentaba dar participacióa o transigir con los restantes Grupos Parlamentarios, Su propóslto era otro: que el Decreto-Ley, transfonnado en ley, volviera a estar en vigor aunque quizá también por pocos d¡as. Efectivamente, como hemos visto, la Ley se aprobó rápidamente y se publicó y entró en vigor el6 de abril. La diferencia entre el DecrelO-Ley de 7 de enero y la Ley de 31 de marzo es muy escasa, El preámbulo no sólo es el mismo sino que el de la Ley sigue Justificando la extraordinaria y urgente necesidad, lo que resulta estrambótico en una Ley l0. Y en el articulado y en las disposiciones derogatoria y final segunda se mantiene la misma redacción y sólo se agregan dos previsiones: la derogaCión expresa del Decreto-Ley (lo que suscita interesantes derivaciones desde el punto de vista del recurso de inconslitucionahdad, en las que no podemos entrar ahora) y una nueva disposición final primera de modificación de la lPCV para crear un Consejo Asesor de Patrimonio Histórico lrimobihano. Examinemos pues el texto de la Ley, ya que el Decreto-ley gemelo ha sido derogado, para tratar de avanzar alguna valoración.
'0 Todo
el preámbulo de la Ley sigue redactado como si se tratara de Un Decr~.t{)-Ley y el Consejo de Gobiemo aparece como si hubiera produCldo la Ley
Pero antes de entrar en el contenido de la· Ley conviene adelantar una referencia al derogado Decreto-ley Si examinarnos el presupuesto de hecho habilitante de tste desde el punto de vista de la última junsprudencia constitucional, la Sentencia 6812007, de 28 de marz0 21, que compendia las anteriores, sei'iala que el Decreto-Ley sólo puede dictarse en situaciones que requieren una acción nonnativa inmediata para supuestos dificiles de prever, con una motivación explicita y razonada y una conexión de sentido entre la situación a regular y las medidas a adoptar 21 , Estos requisitos no se cumplen en modo alguno porque, por un lado, la situación estaba tan prevista que desde 2004 y, sobre todo, desde 2007, la Generahdad estaba reformando su lJ'CV y, por otro, no se alcanza a ver la conexión de sentido o relación de adecuación entre una controversia y la avanzada fase de ejecución del PEPRI Y una medida formalmente legislativa pero rnatenalmente retórica, El preámbulo ocupa mil:s espacio que la parte dispositiva y empieza haciendo la historia de la ordenación urbanística y cultural del Cabañal desde el Decreto 57/1993, de 3 de mayo, que declaró BlC el Conjunto Histórico de Valencia. Es una '·historia que oculta datos tmportanles aunque también expresa con mucha claridad 10 que pretendian las autoridades valencianas. AsI, haciendo historia reconoce que, adern.ás de la refonna de 2004, la de 2007 de la LPCV pretendfa: «la introducción de modulaciones en las medidas de protección que, con las debidas garantlas ... permiten que estos bienes no se conviertan en piezas de museo inanimadas, carentes de vida .. », Dejando a un-lado la fonna un tanto tosca de referirse a los Museos como depóu Sentencia 6812007, de 28 de maT20. Recurso de iflcon.stit\jcionalidad. POlleme: Rodríguez-Zapata. Supl del BOE núm. lOO, de 26 de abnl de 2007: u la última dortrina tampoco se separa de estos parámetros. Véanse Ana M, CAImONA COHTRERAS, La
" ':'.
configuración wlIStitudonal del Dureto-Ley, Centro
de Estudios Polllicos y Constirucionales, Madrid, 1997, pp. 76-128; Ignacio AsrARLOA HUARIE-MEND1COA, .Artkulo 86. Decretos-Leyes., ell ÓSC3r AL_ ZAGA VlIlAAMll (dir-l, Comrntanos a la Coru-titllción EspaM!a d~ 1978, Cortes Generales--Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1978, t. Vil, pp. 143-
250; Pablo SmroIAYA MAcHErn, .Veinticinco ai'ios
. mq1 ' j ít ." 54
/O." . .,,~
...l..I ~__ ............ ~ __
de fuentes del derecho: el Decreto-ley», Revista de Derecho PolUico, nÚm. 58-59, 2003-2004, pp. 385'lOO, Y Sanuago MUNOZ MACHADO, Tratado de DeTe,hoAdmmistrativo y D"ecM Pú/lliwG=ral, luste!, Madrid, 2006, L 11, pp, 636-6'19.
saos de piezas inanimadas y carentes de vida, el Gobierno valenciano reconoce por primera vez que las alambicadas reformas de la LPC:V de 2004 y 2007 iban dirigidas a preparar una eventual Sentencia desfavorable al PEPRl 0, dicho de otra manera, que las reformas legislativas de 2004 y 2007 pretendían avalar un Plan urbanístico de 2001 que conforme a la redacción original de la LPCV tenia escasa cobertura. Tras estas confesiones, el preámbulo narra la. larga historia judicial del Cabanal, historia que se caracterizarla por el permanente apoyo del Tribunal Supremo a las tesis que rechazan la existencia de expoliación. Una historia no exenta de olvidos porque, tras aludir una por una a las Sentencias del Tribunal Supremo de 2008,.no se cita la Sentencia del mismo Tribunal de 25 de mayo de 2009 con lo que el lector del preámbulo que no conozca los antecedentes no logra entender por qué la Ministra de Cultura dictó la Orden CUU3631/2009, de 29 de diciembre. En realidad, no hace falta, para el preámbulo, entender la génesis de la Orden porque ya advierte que ésta ha sido dictada, no en ejecución de una oculta Sentencia del Tribunal Supremo, sino «en contra de lo expresamente afirmado por el Tribunal Supremo y de la voluntad patente de Les Corts». Para anadir a continuación que la Ley se dicta para que se restablezca la legalidad, se dé cumplimiento a lo que ya ha resuelto el Tribunal Supr~mo y «se ponga definitivamente de re1ieve)~ que el PEPRl es compatible con la protección del Conjunto Histórico del Cabañal.
A continuación, el preámbulo advierte que habiendo sido la Generalidad el órgano que declaró el Cabañal como BlC, es la Generalidad a la que compete definir los valores que lo hacen acreedor de la protección que otorga su declaración de Bien de Interés Cultural. El preámbulo entra en el supuesto de hecho de la expoliación que declara el Ministerio de Cultura y; arrogándose otra competencia estatal, caliE.ca los valores del Conjunto a efectos de su protección: «.. , la peculiar trama en reóculo derivada de las alineaciones de las antiguas barra'cas que presenta el barrio del Cabanyal y la arquitectura de raigambre eclectista del mismo no son valores lo suficientemente trascendentes como para prevalecer, de un modo absoluto, sobre actuaciones ur-
banisticas que producen una mejora de la relación del barrio del Cabanyal con su entorno territorial y urbano~, Para finalizar, el preámbulo viene a motivar la extraordinaria y urgente necesidad en dos circunstancias: el PEPRI no es un instrumento de planeamienta cualquiera, sino que es el Plan que mayor controversiajurídica, política y social ha suscitado en la Iustoria de la Cornumdad Valenciana y está en avanzada fase de ejecución y debe finalizarse urgentemente pues su paralización darla lugar a una situación de incertidumbre. En cuanto a la pane dispositiva de la ley, se compone de'tres articulas, una disposición derogatoria y otra final. El pnmer articulo decbra «expresamente» que el PEPRI «no perjudica, daña, detenora o menoscaba de cualquier modo la protección del conjunto histólico de la ciudad de Valencia acordada mediante el Decreto 571l993,de3demayo .. »,deformaque dicho Plan (inO pone en peligro de pérdida o de deslrucción ninguno de los valores del conjunto histólico de la ciudad de Valencia m perturba el cumplimiento de su función sociaL>. El precepto, además reconoce "expresamente» la plena compatibilidad entre la total ejecución del PEPRI Y las razones que dieron lugar a la inclusión del Cabañal en el área efectada por la declaración como mc volviendo a reiterar que la ejecución del Plan no pone en peligro de pérdida o de destrucción ninguno de los valores del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia ni perturba el cumplimiento de su función social. El tipo de proposiclOaes del artículo primerO, por mucho que estén insertas en
una Ley, no tiene carácter normativo porque declarar expresamente que una norma reglamentaria ho pone en peligro los valores de'un determinado bien inmueble y, para remate, que la ejecución de dicha norma reglamentaria es compatible con una detenninada situación jutidica aa inclusión de un área especial en las previsiones de un Decreto de contenido singular) no es en modo alguno un mandato con eficacia social, que es lo propio de una norma. Es cierto que este precepto es una proposición con un determinado enunciado pero, a lo sumo, es Una proposición declarativa que no cumple ninguna función prescriptiva ni, en cuanto norma jurídica, se detecta en la misma la presencia de una eventual sanción. No es función de las normas jUridicas dedarar expresamente que una tercera norma determina cierta eficacia pues en tal caso faltan elementos básicos de toda norma jurtdIca que son el destinatario y; en relación con éste, la obediencia23 yes daro que el articulo primero se puede compartir o rechazar intelectualmente pero no tiene un destinatario y.además es imposible de obedecer. Y menos aún contempla una sanción:[Xlr su desobediencia, Dicho con palabras de un filósofo del Derecho, no existe correspondencia entre la con- . ducta de ciertos sujetos y la conducta que la norma establece como prescrita1".
El segundo artículo autoriza «expresamenteJl las actuaciones e intervenciones que prevé el PEPRl, ya que el mismo '" Véase Fdipe GoNÚllZ Vlcrn . .:La obediencla al Derecho., en sus EltudlDs de Filosofta del Derecho, Facultad de DerechD dE la Universidad de La Lagl.l!la, La Laguna, 1979, pp. 365-398. "l.iborio HIERRO, La ejicacw de las nonnasJ"rídkas, Ariel, Barcelona. 2.003. p. 75.
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. . . . LA EXPOLIACIÓN DEL BARRIO VALENCIANO DEL CABAÑAL ---~~~~~~~~~~~~~~~~~--
«produce una mejora de la relación del barrio del Cabanyal con su entorno territorial». Pero las intervenciones amparadas en un Plan urbanístico han de ser autorizadas por los Ayuntamientos y por la Administración correspondiente, conforme a la respectiva Ley urbanístlCa por lo que la ley vuelve a invadir competencias legalmente atribuidas a determinadas Administraciones sin haber modificado previamente la normaliva urbanística (que podia hacerlo). El articulo tercero ordena a los órganos y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para ejecutar el Plan que realicen todos los actos necesarios para su ejecución y advierte a continuación «sin que tales actos de ejecución puedan verse menoscabados de cualquier modo por los actos o acuerdos de otras Administraciones Públicas». Aquí volvemos a encontramos con un precepto que, por un lado, invade las competencias del Ayuntamiento de Valencia y, por otro, pretende inaplicar el artículo 56 de la LRJPAC sin cobertura en una Ley general. Y aunque la expresión entrecomillada puede constituir un mandato al Ayuntamiento de Valencia y a las Consejerías competentes a desobedecer la Orden CUU363112009, de 29 de diciembre, Su redacción confusa le quita toda eficacia práctica pues hubiera sido necesario que definiera el alcance concre.to del verbo «menoscabar».
valenciano no comempla la modi[¡cación de los Decretos declarativos de Ele y sólo es posible dejar sin efecto la declaración mediante otro Decreto que se ha de tramitar con el mismo procedimiento previsto para la declaración. Además, esta 'disposición derogatoria comporta una derogación singular de! artículo JO de la LPCV que sena incluso posible si de manera expresa la Ley lo reformara expresamente. Al no hacer esa derogación expresa, al faltar la norma reguladora de la derogación, es decir la norma que confiere e! poder derogatorio!5, los efectos derogatorios no tienen cobertura porque vulneran una Ley general como es la LPCV: La Ley, en fin, añade un nuevo apartado en e! que se deroga e! Decreto-Ley
La disposición derogatoria sei'lala que el
La Ley, a diferenCia del Decreto-Ley, tie-
Decreto 57/1993, de 3 de mJyo, deberá entenderse modificado o derogado en lo que pudiera oponerse a lo establecido en la Ley. Y para reafirmar esta fuerza derogatoria lo vuelve a reiterar en el segundo párrafo de la misma disposición. El procedimiento de declaración y extinción de los BIC de la Comunidad Valenciana está fijado, con carácter general, en los artículos 27 y JO de la LPCV, Y en el caso singular del Cabañal (declarado conforme a la LPHE), son igualmente de aplicación estos dos preceptos por mandato ,de la di,sposición adicional primera de la propia LPCY. La Ley valenciana no contempla otro procedimiento de refonna dyl Decreto declarativo de un ElC que el que establece el citado artículo 30 de la LPCV pero sólo prevé dejar sin efecto la declaración, no la modificaClón de su contenido que está establecido sin ninguna modulación en e! artículo 28 de la LPCV Por consiguiente, el ordenanuento
ne dos disposiciones finales. La primera, introducida en la Ley, viene a reformar la LPCV para crear un Consejo Asesor de Patrimomo Histórico Inmobiliario que no dejaría de ser un sarcasmo si no pretendiera involucrar a este órgano en las declaraciones de BIC y en los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos. Poco más se puede adelantar porque el precepto defiere la composición dd Consejo Asesor a un futuro Reglamento,
Finalmente, la disposición final ~egunda (antigua dispOSición final única) retrotrae la eficacia de la Ley, «en lo que pudiera ser necesario para su plena eficacia», alll de mayo de 1993, fecha de entrada en vigor
"Conforme ~ la dualidad norma reguladora de la dErogación/norma de~ogalona Véase Jo",P AGU1I-Ó,
Sobre ia Oerogaci6n Ensayo de air.1miwJunaiw,
Fontamara. M¿XlCO, O f, 1995. pp Yfl-lDO.
del mencionado Decreto 57/1993, de 3 de mayo. Pero para terminar de aportar claridad a esta retroactividad se establece a continuación que la eficacia retroactiva también se remonta al 2 de abril de 2001, fecha de aprobación definitiva del PEPR!. Dejando de lado la eventual existencia de intereses patrimoniales que podrtan verse afectados por esta retroacción (conculcando con ello el articulo 9.2 de la Constitución), esta disposición final no explicita sus efectos retroactivos, no aclara su incidencia sobre el Decreto 57/1993, de 3 de mayo, y menos aún, precisa en qué situación quedan los intereses legítimos afectados por dicho Decret0 2ó •
VI. UNA INMENSA DESMESURA COMO FINAL PROVISIONAL Tras la aprobación del Decreto-Ley, el confltcto político se ha elevado a un grado sorprendente. En primer lugar, el Ministro de Politica Territorial solicitó dictamen a la Comisión Permanente de! Consejo de Estado que con fecha 28 de enero de 2010 iIÚonnó que existen fundamentos jurídicos suficientes para la imerposición de un recurso de inconstitucionalidad27 . Con tal dictamen, el 1 de febrero el Abogado del Estado ante e! Tribunal Constitucional interpu"Para las reglas sobre la retroactividad, véase Carles VMI'- PI-$UNY!"I<, ~La parte final de lasleyes~, en GRflEI-, C~rw de Técnica Legislativa, dt, pp. 135172. "No es inoponuuo recordar quienes forman la Comisión Permanente dd COns~jD de Estado: Rubio Llorente, LaVllla Alsina, Rodríguez-Meroy BravoFerrer, Henero y Rodríguez de Mmón, Ledesma BancN. Sánchez del Corral y del Río, Manzanares Samaniego. Alonso Gorda y Martln OVledo,
JAVIER GARCfA FERNÁNDEZ _
so, en representación del Presidente del Gobierno, recurso de inconstitucionalidad lo que conforme a la Constitución, comporta la suspensi.ón de su vigencia. Finalmente, el Tribunal Constitucional dictó una providencia con fecha de 18 de febrero de 2010 que admitió a trámite el recurso de inconstituclOnalidad e informó de la suspensión de la vigencia y apltcación del Decreto-Ley recurrido. El Gobierno de la Nación ha optado, pues, por la única VÍa adecuada para resolver este problema que es la v/a del recurso de inconstitucionalidad. Pero, en cambio, el Cabañal es para las autoridades valencianas un intensjsimo pretexto de confrontación con el Gobierno de la Nación ... salvo que también estén en juegos intereses urbanístlcos demasiado atractivos para algunas personas. Se vio en el debate de convalidación de! Decreto-Ley que fue desmesurado pues los representantes del Gobierna valenciano y del Grupo Popular no rebajaron ni un milimeti"o la tensión retórica que habían desplegado desde el día en que se conoció la Orden Ministerial: el Gobierno ha aprovechado que el Tribunal Supremo detectó un defecto de forma de un informe anterior para negar la capacidad. de autogobierno valenciano cuando en esta materia la competencia es exclusiva de la Comunidad Valenciana utilizando esta materia: para una política partidista contrq los v~lencianos, elC.
Posteriormente, el Boletín Oficial de las Corts Valcncianes en su núm. 206, ue 3 de febrero ue 2010, publicó una Comunicación dd Consejo de Gobierno sobre la decisión «del gobierno central» (sic) de interponer el recurso de inconstitucionalidad. La comunicación había sido adoptada por el Consejo de Gobierno el 20 de enero, eS decir, antes de que el escrito d~ interposición llegara al Tribunal Constitucional. El contenido volvía a utilizar el tono victimista y jeremíaco que ya es habitual en el Gobierno valenciano y proponía a las Cortes la celebración de un debate parlamentario para auoptar las medIdas necesarias para defender las competencias autonómicas y locales.
y efeCtlv~menle, para que el debate siguiera en caliente el .'5 de febrero se celebró una larga sesión plmaria monográfica de las Cortes. Y aqui sólo se puede hablar de desmesura, empecinamiento e irresponsabilidad pues a la largo de treinta y cinco páginas de diSCUSIOnes y mociones no sólo se provocÓ un nuevo enfrentamiento durísimo entre el Gobierno valenciano y su mayoría y la oposición sino que volvieron a repetir todas las falacias y los excesos verbales que dlfunden las autondaues valencianas desde principios de enero. Esa misma desmesura se observa en las intervenciones del Gobierno, valenclano y del Grupo Parlamentario Popular con ocasión del debate de aprobación de la Ley-
Finalmente, el Consejo de Mi.nistros reunido el 9 de abril instó al Presidente del Gobierno a promover el reeurso de inconstitucionalidad frente a la Ley 2[2010, de 31 de marzo, lo que hizo el Abogado de! Estado. El Pleno del Tribunal, por providencia de 14 de abril, admitió a trámite el recurso yal invocar el Presidente e! articulo 161.2 de la Constitución se ha producido la suspensión de la vigencia y aplicación de varios preceptos de la Ley pues, a diferencia de! recurso de inconstitucionalidad promovido frente al Decreto-Ley, el Presldente dd Gobierno no ha recurrido la Ley en su totalidad sino exclusivamente la parte disposltiva (artículos 1, 2 Y 3), el apartado segundo de la disposición derogatoria (salvando la derogación del Decreto-Ley) y el párrafo segundo de la disposición final segunda, de modo que queda vigente la reforma de la LPCV que puede ser sospechosa pero sin duda no es iJ;tconstitucionaL La conclusión no puede ser más pesi-
mista para la convivencia. Ígual que una parte de la doctrina neoeon que apoyó al Presidente Bush buscaba, más que la argumentación la propaganda, la tensión politiea, las autoridades valencianas, en lugar de utilizar los instrumentos jUrídicos propios del Estado de Derecho, han disefiado una estrategia de confrontación polítiCa con un nivel preocupante de intensidad a fin de ocultar sus carencias jurídicas en una batalla política que no tiene visos de acabar. (;-
Legislación .' o'
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La expoliación del Cabanyal
La expoliación del barrio valenciano del Cabanyal. competencia del estado y rebelión autonómica. Por Javier Fernández Martínez

References: artículo 39
 artículo 39
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 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 54
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 ResolUCión 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 57
 Real Decreto 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 149
 artículo 4
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 57
 Real Decreto 
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in fine
 resolución 
 artículo 57
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 artículo 4
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 artículo 19
 artículo 30
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 artículo 10
 Real Decreto 
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 artículo 56
 artículo 30
 artículo 28