Source: http://www.libertadidioma.com/2010/20100806.htm
Timestamp: 2019-02-22 21:23:05+00:00

Document:
Recortes de Prensa Viernes 6 Agosto 2010
El fin del zapaterismo
Editorial www.gaceta.es 6 Agosto 2010
El fantasma del tardofelipismo aletea sobre el PSOE del Zapatero decadente y crepuscular de los últimos meses.
La última encuesta del CIS, un centro de investigación sociológica que depende del Gobierno y que suele ser muy casero en sus encuestas, no admite demasiadas interpretaciones. De celebrarse hoy las elecciones generales, el partido que sustenta al Gobierno perdería por goleada: 6,3 puntos de diferencia con el Partido Popular, que se alzaría con una cómoda victoria y el 41,2% de los sufragios.
El batacazo del PSOE sería antológico, de más de ocho puntos con respecto a los comicios de marzo de 2008, y sólo comparable al de Almunia en las elecciones del año 2000 frente a un recrecido José María Aznar. En aquel momento los socialistas sólo pudieron recoger de las urnas el 34,1% de los votos frente al 44,5% de los populares, que se hicieron con una histórica mayoría absoluta.
Con todo, la situación es hoy algo diferente. El PP de Mariano Rajoy no parece tan fuerte como el de Aznar de hace una década. La imagen del hoy líder de los populares obtiene una valoración peor que la del propio Zapatero, éste fuertemente erosionado por su inoperancia ante la crisis económica, debido a su política –deliberadamente cultivada– de perfil bajo y de hacer el menor ruido posible. Pero, sin lugar a dudas, Rajoy hará valer en las urnas la enorme ventaja que saca al presidente tanto en credibilidad como en la confianza que es capaz de inspirar al electorado español.
Es más que obvio que la principal causa del costalazo socialista se debe a la pésima gestión de la crisis económica que está llevando a cabo el gabinete de Zapatero. La economía, lejos de recuperarse, sigue hundida en una profunda sima cuyo corolario más dramático son los cuatro millones y medio largos de desempleados.
Ninguna de las medidas anticrisis ha funcionado o, mejor dicho, han contribuido decididamente a empeorar una situación realmente delicada, en la que no se crea un solo puesto de trabajo estable y el Estado se encuentra endeudado hasta las cejas en los mercados financieros para atender los gastos ordinarios. Un dato muy significativo, casi el 80% de los encuestados reprueba la gestión de Zapatero, es decir, la práctica totalidad de los españoles sin importar preferencias políticas.
Pero la crisis no es la única razón por la cual el electorado está dando la espalda al presidente del Gobierno y, por extensión, a su partido. En los dos grandes graneros de voto socialista, Cataluña y Andalucía, el PSOE atraviesa un calvario. En la primera, por los desmanes nacionalistas del tripartito acaudillado por Montilla. En la segunda, por la podredumbre política, económica y social que han provocado tres décadas de Gobierno socialista omnímodo engolfado en la corrupción y el clientelismo. Si a esto le añadimos la crisis larvada del PSOE madrileño y las decrecientes expectativas electorales de socialistas castellanomanchegos, el escenario trazado en la encuesta del CIS adquiere todo su significado.
Así, con una crisis estructural en lo económico, en lo político y en lo social, el PP se erige como único recambio posible. El electorado popular se mantiene fiel y consigue incluso arañar un par de puntos al alza sobre los resultados de 2008. El socialista se disgrega y muestra su intención de quedarse en casa, ya que Izquierda Unida sigue a la baja y no recoge ni un solo descontento de un zapaterismo al que parece que se le va acabando la cuerda.
Zapatero, al final de la escapada
Roberto Blanco Valdés La Voz 6 Agosto 2010
Entre los datos del barómetro del CIS del mes de julio hay uno que indica por sí solo el desastre al que Zapatero ha conducido a su Gobierno y al PSOE: la previsión de voto socialista (el 34,9%) es la más baja que obtiene desde 1995 un partido en el Gobierno.
Todos los demás indicadores explican el por qué de tal desfeita: la valoración de Zapatero (3,48) se hunde mientras se dispara el porcentaje de los que no tienen en él ninguna confianza (43,1%). Igual acontece con los ministros, la valoración del Gobierno y la relativa a su gestión económica y política.
Es verdad que Rajoy sale aún peor parado del sondeo (con una valoración de 3,14 y un 49,6% de entrevistados que dicen no tener en él ninguna confianza), pero esos datos son compatibles con lo que resulta al final de tal balance: que el PP supera en 6,3 puntos en intención de voto al PSOE y que la ventaja de Zapatero sobre Rajoy en las valoraciones de uno y otro ha pasado de ser de casi el doble a no llegar a medio punto.
De hecho, el PSOE pierde, con la desaparición de tal ventaja, uno de los pilares sobre los que había construido su victoria: el fuerte liderazgo de un presidente en el que no confían ya ni muchos de sus electores, ni bastantes militantes socialistas. Y así, mientras la desconfianza en Zapatero se traduce en el hundimiento del voto socialista, la de Rajoy no afecta para nada a la intención de voto del PP.
El otro pilar de la victoria electoral de Zapatero (¡que viene la derecha!) se resquebrajó hasta hacerse añicos (según lo demuestra el barómetro del CIS) el mismo día que Zapatero decidió hacer desde el Gobierno la política que según él haría esa derecha extrema (brillante invención de la señora de la Vega) si el PP entraba en la Moncloa. Cabe que, llegado el momento, el PSOE de Zapatero vuelva a intentar agitar ese espantajo, pero parece dudoso que vaya a darle el resultado del 2004 y, sobre todo, del 2008.
Y así, como en la célebre cinta de Godard, se encuentra Zapatero: «Al final de la escapada», con su prestigio por los suelos, un balance de gestión económica y política auténticamente desastroso, un Gobierno de mandados donde nadie se atreve a sobresalir por miedo a que lo cesen y un futuro sin discurso posible al haberse comido el único (el del miedo a la derecha) que le servía para movilizar a su electores potenciales.
En realidad, el más rotundo mentís a la forma frívola e irresponsable en que Zapatero entiende la política procede de sus filas. ¿O no es terrible para él y todos sus nuevos valores que el único ministro que se salva de la quema sea uno, Rubalcaba, que empezó su carrera política hace casi treinta años con el PSOE del que Zapatero ha querido huir como quien lo hiciera de la lumbre?
Otra luz roja en Ferraz: ZP defrauda a la gran mayoría de sus votantes
El Semanal Digital 6 Agosto 2010
Los socialistas tienen más motivos para estar preocupados al margen de que el PP les haya sacado en el último CIS una ventaja récord. El problema también lo tienen de puertas adentro.
El último barómetro del CIS ha encendido una doble alerta roja en el PSOE: no es sólo que el PP haya alcanzado su mayor ventaja de la era Zapatero, sino que además el presidente está perdiendo apoyo entre sus votantes a manos llenas. Y eso son palabras mayores a menos de dos años para las generales, y con las catalanas, municipales y autonómicas de por medio.
Los datos reflejan que sólo el 18% de quienes en 2008 votaron al PSOE aprueban la gestión del Gobierno de Zapatero, calificándola de "buena" o "muy buena". Por contra, un 29,2% de esos votantes socialistas juzga "mala" o "muy mala" la labor del Ejecutivo y un 51,5% la tacha de "regular".
Estos datos amenazan con hacer extensible al resto de España lo que el pasado viernes ponía de manifiesto el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat: que si hoy se celebraran elecciones generales, la mitad de los catalanes que el 9-M le confió su voto a Zapatero no lo haría de nuevo, como informó entonces El Semanal Digital.
Por si fuera poco, el barómetro del CIS revela que a pesar de que el ecuador de la legislatura quedó atrás hace meses, el Ejecutivo es un medio desconocido: la mitad de los españoles encuestados no son capaces de identificar a cinco ministros, y muchos de ellos son votantes socialistas. Se trata de Beatriz Corredor (Vivienda), Cristina Garmendia (Ciencia), Ángeles González Sinde (Cultura), Francisco Caamaño (Justicia) y Miguel Sebastián (Industria).
Qué duda cabe que esta última encuesta ha sido especialmente dura para Zapatero y el socialismo. Y curiosamente se ha publicado en pleno agosto, cuando tradicionalmente el barómetro de julio, uno de los cuatro al año que recogen intención de voto (junto con los de octubre, enero y abril), se da a conocer a la opinión pública en ese mismo mes. En 2009 se publicó el 27 de julio; el año antes, el 31 de julio; en 2007, el día 30, y así sucesivamente.
Nunca antes se había pospuesto su publicación al mes de veraneo por excelencia. Es por eso que los populares no creen que se trate de una casualidad, sino de un intento de los socialistas por minimizar los efectos de la doble bofetada. Así lo puso de manifiesto la vicesecretaria de Organización del partido, Ana Mato: "Damos por hecho que, una vez conocido su contenido, ha sido para evitar que los ciudadanos, en la medida de lo posible, pudieran enterarse del desplome del PSOE y, especialmente, de la baja confianza que suscita Rodríguez Zapatero en el 80 por ciento de los ciudadanos", señaló.
Alfonso USSÍA La Razón 6 Agosto 2010
Durante un tiempo, no breve, he creído que el CIS, creado como Centro de Investigaciones Sociológicas, se había convertido en el Centro de Invenciones Socialistas. Y todavía no las tengo todas conmigo. Sus máximos responsables son designados por los gobiernos de turno, y el perro no muerde la mano de quien le regala el pan. Pero en esta ocasión no ha sido posible el mejunje. Se ha podido camuflar la catástrofe, pero no el desastre. El Partido Popular ganaría, de celebrarse ahora las elecciones, por seis puntos. Y no se debe a una espectacular subida del PP, que ha contagiado su entusiasmo a la ciudadanía. El PP de Arriola sigue donde estaba. Sucede que el PSOE de Zapatero se está yendo al carajo, que no es oración fina ni sutil, pero muy expresiva. Tenemos que recuperar la libertad de expresión de nuestros clásicos, que no se cortaban un pelo. Al pan, pan; al vino, vino, y al que se marcha al carajo, al carajo. Con anterioridad a los sumos sacerdotes del Siglo de Oro, Cervantes, Góngora, Quevedo y Villamediana –Calderón de la Barca era todavía un niño–, la poesía castellana del áspero medievo no se paraba en barras. Y de Juan de Valladolid a Perálbarez de Ayllón, pasando por el mismo Conde de Paredes, padre de Jorge Manrique y cuya muerte llevó al gran poeta a escribir una de las joyas inalcanzables de la poesía española, el carajo era habitual inquilino en las composiciones poéticas. Ahora nadie se atreve a mandar al carajo al Presidente del Gobierno, y el que escribe forma parte del grupo de los prudentes, pero lo ha hecho el CIS, muy a pesar suyo, y no hay más remedio que comentarlo.
Se deduce de la última encuesta que los españoles están hasta las narices de sus representantes. Los políticos se han convertido en el tercer problema de España, después del paro y de la situación económica, que son, a su vez, consecuencia de las decisiones políticas. Se empiezan a oír voces contra las autonomías, y se miran con lupa los despilfarros de dinero público. Como hay que pagar las vacaciones de los liberados sindicales, el Gobierno les ha mandado una limosna estival de veintinueve millones de euros, con el fin de que la anunciada huelga general sea más huelguita que huelga y menos general que Fidel Castro, que se quedó en comandante.
La valoración de los políticos es pavorosa. Y más de uno tendría que pensar si es conveniente su insistencia en permanecer en la cosa. Sorprende que el PP, al que el propio CIS da por ganador rotundo en las próximas elecciones, cuente con un líder que no alcanza ni cuatro puntos de estima popular. Así está la gente. Harta del Gobierno, harta de sus «girls» inútiles, harta de sus compromisos subvencionados, harta de sus mentiras y harta de su desfachatez. «Fuése don Gomo al trabaxo/ y don Alvar al caraxo», que escribió Antón de Montoro, «El Ropero».
Ya no le queda al CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas o Centro de Invenciones Socialistas, que a estas alturas lo mismo da, margen para la manipulación de datos. Me los figuro suavizados, después de un denodado esfuerzo. Y aún así, devastadores para Zapatero y su Gobierno. Me gustaría conocer los resultados de una encuesta sobre los sindicatos, pero no se atreven. Lo que se palpa aquí es que la política va por un lado y la ciudadanía por el otro. Viven aparte, como decía el gran Saki. «Vivo tan por encima de mis posibilidades, que por decirlo de una manera, vivimos aparte». Eso se deduce. El CIS ha mandado al carajo a Zapatero. Ayer cumplió cincuenta años, no el CIS, sino Zapatero. Felicidades atrasadas.
La diferencia de seis puntos que hay entre el PP y el PSOE es propia de una rebelión
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 6 Agosto 2010
Lo que nos ha descubierto el CIS es una «rebelión». La diferencia de seis puntos que hay entre el PP y el PSOE (pongamos diez, como dice Ana Mato) no es simplemente una gran brecha, ni siquiera una alternancia en las preferencias sociales y en los programas económicos. En España esta distancia es, más bien, propia de una rebelión. Desarticulada en buena medida, no liderada, como lo prueba la nota que los encuestados dan a Rajoy; tampoco expresiva de una de las dos grandes concepciones que han dominado el mundo en el siglo XX… Es el rechazo radical de lo instalado que es la forma de organizarse que tienen las ideologías a estas alturas del desarrollo de los medios de comunicación. Como ha señalado hace tiempo André Glucksmann.
Es verdad que la razón principal de esta rebelión tiene su fundamento en la crisis, pero no sólo. Tiene que ver con la forma de gobernar de los socialistas. Está en relación con los contenidos en otras cuestiones: esa brutalidad de animar al aborto a las menores; ese modo sibilino y paternalista de imponer el igualitarismo y el estatismo en la Educación; esa utilización del maquiavelismo incluso en la «lucha» contra el terrorismo y, sobre todo, el entreguismo con los nacionalistas a fin de dominar el Estado hasta destruirlo a su conveniencia… Esta forma de plantarse la mayoría de la opinión pública tiene algo de levantamiento general frente a la normalidad que venido representando el socialismo a lo largo de esta tres décadas de democracia. Incluso los tardofranquistas de UCD se convirtieron mentalmente a la izquierda y no sólo en lo económico…
Esta ruptura aminorada que señala el CIS era temida por los ideólogos de la izquierda, ahora noqueados. Han comenzado a criticar a Zapatero pero no se atreven a condenarle. Tienen puesta la esperanza en una mejoría económica. No han tirado la toalla pero ya amenazan con hacerlo.
No debiera servir de consuelo para la derecha el hecho de que los españoles (78,9 por ciento) no confíen en Zapatero
M. MARTÍN FERRAND ABC 6 Agosto 2010
SORPRENDE la alegría con que muchos de los santones del PP han acogido la sospechosamente extemporánea encuesta del CIS que ayer se enseñoreaba de los diarios nacionales. Es cierto, y constituye una buena señal, que, si las elecciones se celebraran hoy, el 41,2 por ciento de los españoles votarían al partido de la gaviota: 6,3 puntos de ventaja sobre las estimaciones de voto que se le atribuyen al PSOE; pero también lo es, según la misma fuente, que el 84,6 por ciento de los electores piensan que Mariano Rajoy les produce «poca a ninguna confianza». Aun sabiendo que la demoscopia, siempre más cercana a la sociología recreativa que al análisis científico de la realidad, es la organización de la entelequia, el dato es sobrecogedor. Además, del 1 al 10, los encuestados del CIS valoran a José Luis Rodríguez Zapatero con 3,48 puntos y a Mariano Rajoy con tres décimas menos: 3,18 puntos.
Si se ahonda en las tripas de la encuesta del CIS, la realidad se hace todavía más negra para un PP, que, irresponsablemente, se jalea a sí mismo por su pírrica victoria. El PP, con respecto a las legislativas de 2008, solo ha crecido 1,3 puntos en expectativa de voto, mientras que el PSOE ha bajado 9 puntos. Es decir, por formularlo llanamente, que la abstención, IU, CiU y UPyD recogen más renta electoral de las pérdidas socialistas que el PP, lo que, en una formulación drástica, niega la cacareada opción alternativa que encabeza Rajoy. No debiera servir de consuelo para la derecha, como se han hartado de repetir ayer en los programas de la radio fofa que cubre el expediente veraniego, el hecho de que los españoles (78,9) no confíen en Zapatero. Es mayor, como señalaba más arriba, la desconfianza que provoca Rajoy.
El PP, sometido a la astucia rajoyana, un cóctel entre el no hacer nada y estarse quieto, es un partido sin liderazgo y, que sepamos, sin programa. Su tremenda debilidad se expresa en la encuesta que comentamos. Cuando el PSOE pierde 9 puntos, el PP solo gana 1,3. Así no hay manera de acortar distancias, todo lo contrario. Esa pasividad actuante está configurando y fortaleciendo nuevos partidos bisagra —atención a UPyD de Rosa Díez— que, unidos al vampirismo operativo de los nacionalismos ya establecidos, pueden llegar a condicionar, e incluso impedir, la recta gobernación de la Nación. Algo que por cierto, y sin que nadie lo impida, ya sucede en virtud de los excesos socialistas y de las perezosas carencias populares. Aun así, el PP se manifiesta contento y esperanzado. Su falta de percepción de la realidad resulta pasmosa y, lo que es peor, define a sus responsables.
Elegir la derrota
Si la brecha sigue aumentando Zapatero va a tener que elegir por cuánto quiere perder y ponerle fecha a la derrota
IGNACIO CAMACHO ABC 6 Agosto 2010
COMO la célebre rosa de Gertrude Stein, una encuesta es una encuesta es una encuesta es una encuesta. Sólo una encuesta. Es decir, un retrato (aproximado) de opinión pública en unas determinadas circunstancias, que no conviene extrapolar sin riesgo a situaciones eventualmente diferentes. No es un pronóstico, ni una predicción ni una cábala, y sólo tiene el valor del momento en que sus preguntas han sido contestadas. Ahora bien, cuando muchas encuestas coinciden en similares resultados y además lo hacen durante un lapso de tiempo sostenido, entonces estamos ante una tendencia sociológica, y ésa es la conclusión esencial que se desprende de los numerosos sondeos que desde hace meses reflejan una considerable y creciente ventaja electoral del PP. Lo que esa variopinta serie de estudios indica es que, en primer lugar, el Partido Popular ganaría las elecciones si se celebrasen ahora mismo, y en segundo, que tiene toda la traza de ganarlas en un plazo medio porque el desgaste del Gobierno está consolidando un vuelco político.
La última y recién conocida oleada del CIS señala, además, que la relativamente baja valoración de Mariano Rajoy no influye demasiado en esa expectativa de triunfo, porque la imagen y el crédito de Zapatero se han desmoronado y la gente ha dejado de creer en sus maniobras tácticas. También indica el sondeo que la intención directa de voto del centro-derecha es ya sensiblemente superior a la de los socialistas; y por último, revela que el instituto de opinión oficial maneja de forma discrecional sus propias proyecciones, cocinando a la baja los resultados del PP porque no se los acaba de creer del todo. En realidad, la ventaja probable —y la que habría reflejado cualquier otro estudio a partir de los mismos datos— es de unos diez puntos, o sea, una verdadera paliza; pero el CIS, que dispone de los mejores encuestadores y de la mejor red de campo de España, tiende a corregir sus cifras con un criterio político. A lo mejor, sin embargo, está en lo cierto y cuando lleguen las elecciones el PSOE consigue recortar la distancia hasta esos cinco o seis puntos que ahora mismo parece haberse sacado de la manga con un sesgo favorable al Gobierno.
Con esas perspectivas tan poco alentadoras para sus intereses, es evidente que el único recorrido político viable para Zapatero consiste en principio en sostener «como sea» la legislatura a ver si le mejoran un poco las expectativas, y no adelantar de ningún modo unas elecciones que a día de hoy tiene más perdidas que el famoso barco de arroz de Perón en la autarquía franquista. Pero si la brecha sigue aumentando va a tener que tomar una decisión dolorosa: elegir por cuánto quiere perder y ponerle fecha a la derrota. Quizá ésa sea su última prerrogativa, aunque está por ver si tendrá la responsabilidad suficiente para comprenderla.
El verano de 2010
Agapito Maestre Libertad Digital 6 Agosto 2010
Oigo por la radio que los controladores amenazan con huelga, pero el ministro Blanco aguanta, porque se siente fuerte frente a un "colectivo" que parece haber perdido la cabeza. El verano está entretenido con el truchimán de La Moncloa cambalacheando con la ETA. Después de siete años, que ya son años, ha conseguido detener al asesino de Josefa Pagazaurtundua. La gente de bien celebra, cómo no, estas detenciones, pero los periodistas de Zapatero exhiben esa detención como el fin de la negociación con ETA. Falso. Es absolutamente compatible esta política de detenciones con una negociación a medio plazo con los criminales de ETA. Es la gran aportación de Zapatero a la historia de la infamia de la política.
Malo es lo de ETA, pero la crisis económica parece minar aún más la moral de los españoles. Es obvio que las vacaciones se han reducido, o peor, muchas familias españolas no saldrán de sus casas en todo el verano. Escribo cerca del mar. El chiringuito de la playa está casi vacío. La gente apenas consume. Pago por el alquiler del piso la mitad que el año pasado, pero me dice un vecino que lo podría haber conseguido aún más barato. Ya sé que no descubro nada nuevo, pero son datos básicos para saber que la crisis va para largo. Este cronista percibe que el personal está triste. Nadie ve por dónde puede salir esta ruina.
Sin embargo, me atrevo a darle un poco de ánimo al dueño del chiringuito, que no para de quejarse de la puñetera crisis. La gente, digo con cierto desmayo del alma, se adapta. Sobrevive. Parece que las redes familiares funcionan y protegen a los más desfavorecidos. También las ayudas de la caridad, especialmente las gestionadas por la Iglesia Católica, están paliando las desgracias de los más desfavorecidos. Y, por supuesto, la economía sumergida puede todavía mantener durante mucho tiempo esta agonía económica y social. Hay, pues, motivos para la esperanza.
Ya lo creo que hay motivos para la esperanza, me dice mi interlocutor, y si no mire, por ejemplo, lo de la señora Obama en la Costa del Sol. Hasta 800 millones de euros, según ha calculado una consultoría, puede generar la visita de la esposa del presidente de los EEUU. Lo importante ahora es no desesperar; se trata de mantener la cabeza serena, imperturbable, en fin, vital, porque sin esas cualidades Rodríguez Zapatero podría hacer aún más daño.
Me encojo de hombros, después de haber oído la plática del dueño del chiringuito. Y no me atrevo a largarle un jarro de agua fría a su optimismo, pero me he quedado con las ganas de preguntarle: "¿Cuánto tiempo todavía podremos aguantar?". ¡Quién lo sabe!
Emilio Campmany Libertad Digital 6 Agosto 2010
Los españoles tenemos en Europa fama de violentos y pasionales. La Guerra Civil y los toros tengan quizá la culpa de esta imagen tan deformada. Yo creo más bien que somos ingenuos e indulgentes. Díganme si no por qué cuando el CIS nos pregunta cuáles son los más graves problemas que padecemos, los españoles ponemos por delante de los políticos a la crisis y el paro. Es absurdo. Buena parte de la responsabilidad de la crisis y el paro que padecemos la tienen los políticos, de forma que ellos son los que deberían aparecer en primer lugar. Luego, cuando dentro de varias décadas desaparezcan la crisis y el paro, los españoles atribuiremos la milagrosa curación a los políticos, cuando lo más probable es que la solución de ambos problemas, si es que algún día se superan, se habrá logrado a pesar de ellos, no gracias a ellos.
El problema que tenemos es tan grave que ni siquiera el señor Lobo, ese personaje de Pulp Fiction que interpretaba Harvey Keitel, podría arreglarlo no obstante ser su oficio el de resolver problemas. Sólo en estas horas, han detenido a un concejal de IU de Martín de la Jara (Sevilla) por sacudirle a su hija. Otro del PSOE, de San Antoni, en Ibiza, lo ha sido por poseer pornografía infantil. Y en Asturias, han arrestado a un concejal del PP con ocasión del atropello mortal de un ciclista acusándole de omisión de socorro.
Da la impresión de que a la política va lo peor de cada casa y que, después de una rigurosa selección, son escogidos los peores de todos los que aspiran a un cargo público. Ya no es sólo la corrupción, que puede asumirse como un mal endémico. Ya no es la soberbia y la vanidad de la que hacen gala, que puede ser perdonable si se considera que nadie sin un ego del tamaño del Taj Mahal podría dedicarse a una profesión en que los desayunos consisten en media docena de sapos con una generosa guarnición de culebras a cambio de un cargo. Ya no es el desprecio que sienten respecto de las leyes que ellos mismos dictan y que violan sistemáticamente, desde las normas de tráfico hasta las de Sanidad. Ya no es que empleen todos los medios públicos que se ponen a su servicio para el mejor desempeño del cargo con fines privados utilizando helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea en viajes privados o encargándole a la Guardia Civil que les localicen a la criada porque se olvidaron las llaves de casa. Todo eso es más o menos asumible si aceptamos que nuestro país es poco más o menos una república bananera con forma de reino.
Lo que no hay quien aguante es una casta política rodeada de pelotas y aduladores que, no conforme con esquilmar los fondos públicos que se nutren de lo que nos sacan con impuestos abusivos, se dedique a destrozar la estructura social, económica y política del país como un modo de justificar sus privilegios. No encuentran otro modo de merecer los muchos abusos que perpetran que "haciendo cosas". Y luego resulta que esas "cosas" son del estilo del estatuto de Cataluña, por poner el ejemplo más flagrante.
Así que tenemos en nuestros políticos un gravísimo problema. Lo que no sé es cómo lo vamos a resolver. Ahora, sí sé que somos nosotros quienes tenemos que hacerlo.
Nuestra desconocida Constitución
Manuel Jiménez de Parga, EL MUNDO 6 Agosto 2010
El autor cuestiona que el Parlament de Catalunya tenga competencia para prohibir las corridas de toros
La RECIENTE resolución del Parlament de Catalunya que prohíbe las corridas de toros en aquella Comunidad Autónoma a partir de enero de 2012, ha suscitado comentarios de diversa clase. Así, hemos podido leer estos días que «se trata de una victoria de la democracia y de la dignidad sobre la crueldad», o, en un bando opuesto, se nos ha dicho que «es una pataleta contra España debida a motivos políticos ajenos a la defensa de los animales». Y, en una y otra dirección, han sido numerosas las afirmaciones rotundas, radicales.
Personalmente, la opinión que más me ha sorprendido es la de un político (de esos mediocres que abundan ahora en Cataluña), según el cual «ha sido buena la decisión del Parlament porque con ella dejaremos más limpia para nuestros hijos la sociedad». Pienso que acaso hubiera sido mejor que el objeto de la eliminación fuese la corrupción extendida por doquier, que eso sí que es una herencia pésima allí y en cualquier otro lugar. ¿O es que el toreo del ex gerente del Palau Félix Millet, valga el ejemplo, es una herencia mejor que el toreo de Julio Aparicio?
Pero lo que me interesa especialmente es la posible inconstitucionalidad de la decisión del Parlament. ¿Tenía competencia para acordar tal prohibición? El artículo 149,1.28 de la Constitución Española (CE) concede al Estado la competencia exclusiva para la defensa del patrimonio cultural y artístico español. Es cierto que se trata de un amparo contra la exportación y la expoliación (aunque si se prohíbe eso, con más motivo se prohíbe la total eliminación del bien protegido). Algunos sostendrán, no obstante, que en la protección estatal del artículo 149,1.28 no tienen cabida las corridas de toros, así como tampoco es aplicable al caso la norma del art. 20.1.b), que reconoce el derecho a la producción artística. Con el fin de que desaparezca la incertidumbre sería conveniente que prosperase la proposición de ley del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y que las corridas de toros fuesen valoradas definitivamente como «parte esencial de nuestro patrimonio cultural y turístico».
En el año 2005, uno de nuestros mejores juristas, el profesor Tomás-Ramón Fernández, ya sostuvo que «la Fiesta de los toros forma parte del patrimonio cultural de España, de tal suerte que... es un elemento constitutivo de nuestra propia y peculiar realidad social, tras el cual subyace toda una concepción del mundo que da cuenta de nuestra cultura en el sentido más profundo y más auténtico del término, sin el que, sencillamente, no seríamos ya nosotros mismos». En su artículo publicado el pasado lunes en estas mismas páginas ha ratificado aquel dictamen: «Ningún legislador, ni el catalán ni las propias Cortes Generales, puede prohibir o eliminar las corridas de toros». Mi opinión coincide completamente con la del citado colega y amigo.
En el debate previo a la decisión del Parlamento catalán se dio a conocer el acuerdo de la dirección de algunos grupos de aquella Cámara por el que se concedía libertad de voto a sus diputados. Y esto se dijo públicamente y se difundió con gran aparato. ¿Cómo es admisible el reconocimiento formal de que los partidos políticos infringen de forma habitual la Constitución? Y pregunto esto porque el artículo 67.2 de nuestra Carta Magna establece de modo claro y terminante: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». O sea, que cuando en una asamblea parlamentaria se vota en virtud del mandato del correspondiente partido se infringe la Constitución. Y resulta chocante que se pretenda conceder la libertad de voto a quien tiene el derecho de pronunciarse siempre de forma libre, sin mandato imperativo que le condicione.
Ante estas afirmaciones raras -tan abundantes durante el presente verano-, hemos de insistir en la conveniencia de conocer el texto constitucional que nos rige desde el año 1978. En las escuelas de enseñanza básica, en los centros universitarios, debe intensificarse el estudio de nuestra Constitución. Lamentablemente, no se incluyó en el texto de 1978 algo similar a lo que se ordenaba en el artículo 368 de la Constitución de Cádiz, en el año 1812: «El plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas».
Tampoco se ha establecido entre nosotros un mandato análogo al de la Constitución alemana del 11 de agosto de 1919, la Constitución de Weimar, que en su artículo 148.3 disponía que cada escolar recibiese, al terminar sus estudios primarios, un ejemplar de la Constitución.
En definitiva, ya Aristóteles, en el libro V de su Política, escribió con palabras de permanente actualidad: «Lo más importante para un duradero mantenimiento del régimen político es una enseñanza adecuada de la Constitución. Las leyes más útiles, aún ratificadas unánimemente por todo el cuerpo civil, de nada sirven si los ciudadanos no son entrenados y educados en el espíritu constitucional» (1310 a).
El debate de este verano que ha desencadenado la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, nos advierte de la necesidad de que los españoles conozcamos la Constitución que nos rige desde el año 1978.
Manuel Jiménez de Parga es ex presidente del Tribunal Constitucional y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Lamenta que González y Chacón secunden la estrategia nacionalista
Robles denuncia que se falsifica la sentencia del TC ‘a través de la opinión publicada’
www.vozbcn.com 6 Agosto 2010
‘Después de una respuesta inicial dramatizada, se ha pasado a fundamentar públicamente como constitucionales aquellos pasajes inconstitucionales de la sentencia que les interesa incumplir’. El portavoz de UPyD de Cataluña desgrana los puntos clave de la sentencia sobre el Estatuto.
Antonio Robles critica, en un artículo publicado en la web de UPyD, que los medios de comunicación, en especial los de Cataluña, están intentando darle la vuelta a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Autonomía en aquellos puntos que, pese a no ser declarados inconstitucionales todos, el Alto Tribunal interpreta claramente en contra de las pretensiones nacionalistas.
‘Reescriben lo sentenciado’
‘Se trata de la misma táctica de siempre, por una parte se rasgan las vestiduras: “España no nos quiere”, “Cataluña no tiene encaje en España”, “Adéu, España” para atizar el victimismo interior y asustar al exterior; y por otro, reescriben lo sentenciado para imponer con impunidad lo que de otro modo no tendría la complicidad de la opinión pública’, ha señalado Robles.
Para el ex diputado autonómico del Parlamento de Cataluña, lo que está ocurriendo desde que se dieron a conocer el fallo y la sentencia del TC es un ‘secuestro de la opinión pública mediante la falsificación de la sentencia constitucional a través de la opinión publicada’. Y lo explica, con el ejemplo del modelo lingüístico, advirtiendo que se ha pasado de ver ‘unos iniciales editoriales derrotistas’, en la prensa nacionalista, ‘a repetir la consigna de que la sentencia deja intacto el modelo escolar catalán’, basado en la inmersión lingüística obligatoria en catalán.
‘Irreverentes con la verdad’
‘La misma táctica de siempre’. Sin embargo, algo que sí sorprende a Robles es que al ‘negocio’ de los nacioanlistas se sumen, en esta ocasión, destacados dirigentes del PSOE, como el ex presidente del Gobierno Felipe González, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, o la ministra de Defensa, Carme Chacón. Los tres a través de artículos o entrevistas publicadas en diarios nacionales. ‘Es inaudito que puedan ser tan irreverentes con la verdad’, apunta el ex dirigente de Ciudadanos.
Sin embargo, tal y como recoge en su escrito, Robles indica que para contrarrestar esta opinión publicada solo cabe ‘difundir los cinco ejes soberanistas que el Estatuto trataba de blindar y que la sentencia del Constitucional ha desmantelado’ y exigir que las normas se acomoden a la legalidad vigente.
Es decir, recordar que ‘el concepto jurídico de nación’ solo cabe en la Constitución para referirse a España; que queda fuera de la ley la posibilidad de un ‘poder judicial propio y finalista’ manteniendo, así, al Tribunal Supremo como ‘último órgano de decisión judicial’; que no se ha aprobado la ‘ficción del hecho diferencial’ que pretendía establecer la bilateralidad con el Estado o las comptencias exclusivas en materias no competenciales; que el catalán no puede ser lengua preferente; y que queda rechazada la soberanía fiscal de la comunidad.
Alerta ante Al Qaida
El Editorial La Razón 6 Agosto 2010
El terrorismo islamista sigue siendo una amenaza real para España. Así lo advierte el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se subraya que nuestro país continúa siendo un «objetivo principal» de los grupos islámicos terroristas. Prueba de ello es que, en la actualidad, dos españoles permanecen secuestrados desde noviembre por la rama de Al Qaida en el Magreb Islámico, que tiene en el punto de mira a España. Lejos de ser casual, es significativo, y preocupante, que hayan bautizado su unidad de propaganda como «Al Andalus». Y es que, como subraya el informe del Departamento de Estado, parte del arsenal ideológico de los grupos islámicos terroristas descansa en su imaginario sobre la necesidad de reconquistar el solar donde floreció la cultura musulmana, ese mítico Al Andalus que tienen como paraíso perdido o tierra de promisión. También se amparan en la necesidad de «liberar» los enclaves españoles en África de Ceuta y Melilla y en la retirada militar de los contingentes españoles en Afganistán y Líbano.
La primera conclusión de este informe es que desmonta la falacia del discurso que azuzó la izquierda que afirmaba que el salvaje atentado del 11-M era una trágica consecuencia de nuestra presencia en Irak. La realidad nos dice que, desde 2004, el terrorismo islamista no ha dejado de mostrarse activo en nuestro país. Prueba de ello son las más de 28 operaciones antiterroristas que han llevado a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra redes cuyas principales funciones eran el apoyo logístico, el reclutamiento y envío de voluntarios para integrarse en células terroristas, así como la preparación de atentados en nuestro país que fueron finalmente abortados. Entre ellas cabe destacar la detención, en enero de 2008, de una célula que preparaba un ataque contra el sistema de transporte en Barcelona.
Los once acusados, la mayoría pakistaníes, fueron condenados, en 2009, con sentencias de entre 8,5 y 14,5 años. Aunque la comunidad musulmana está bien arraigada en nuestro país sin que protagonice ningún altercado cívico o algún episodio que altere la convivencia, sí es cierto que hay una minoría ante la que conviene estar alerta. Los radicales están asentándose en torno a ciertas mezquitas con la intención de captar adeptos entre los más moderados. Recientemente, especialistas en combatir el terrorismo islamista advirtieron del riesgo de que el canal de televisión de contenido religioso «Córdoba» se convierta en plataforma del yihadismo a partir de octubre. No en vano difundiría el wahabismo, una doctrina radical del islam, con la intención de adoctrinar y desestabilizar a la comunidad musulmana.
Conviene estar más que atentos a la evolución de estos focos radicales, calibrar su operatividad dentro y fuera de nuestras fronteras y actuar con diligencia en cuanto aparezca cualquier indicio de delito. Hasta el momento, el Ministerio de Interior y los jueces están haciendo una notable labor, pero hay que insistir en ella, diseñando unas líneas de actuación aún más eficaces dentro y fuera de nuestras fronteras para impedir que los fanáticos vuelvan a golpear brutalmente a los españoles.
El tripartito y la bondad natural
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 6 Agosto 2010
La demencial prohibición de las corridas de toros en Cataluña ha hecho correr mucha tinta en estos días y ha incrustado un nuevo clavo en el ataúd electoral del tripartito. Sin embargo, la obsesión por la protección animal llevada al absurdo se extiende a otros campos de actividad que, aunque menos conocidos por el gran público, también afectan a las aficiones y gustos de muchos miles de catalanes. Son bien conocidas, en este contexto, las pésimas relaciones del Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad con el colectivo de cazadores, a los que mortifica continuamente con todo tipo de trabas y restricciones. Existe una modalidad de captura de pequeñas aves, tales como el pinzón, el verderón y el jilguero, que se conoce como silvestrismo, totalmente incruenta, que tiene como finalidad la selección de ejemplares especialmente dotados para el canto con el propósito de que concursen en certámenes que reúnen a numerosos aficionados que disfrutan con la belleza de los trinos.
Los pájaros ganadores reciben trofeos y estos encuentros son una magnífica muestra de disfrute musical, convivencia fraternal y cultivo de una centenaria tradición muy arraigada en determinadas comarcas del Principado. La correspondiente federación cuenta con unos ocho mil inscritos. El método utilizado no puede ser más respetuoso con la integridad física del pájaro ya que consiste en colocar una cruceta de madera impregnada de una sustancia adhesiva en la copa de un arbolillo y atraer a las presas con reclamos de miembros de su misma especie. Posteriormente, se limpia el ave con todo esmero con un disolvente inocuo y en las semanas siguientes se observan sus dotes canoras. Si no da la talla, se le libera. Si posee un trino de calidad se le cuida con mimo y se le presenta a los concursos que se convocan al efecto. En fin, un entretenimiento inofensivo, propio de amantes del medio natural y fuente de todo tipo de placeres estéticos y de cordiales relaciones personales.
Pues bien, el comando totalitario liderado por Montilla, Carod y Saura ha puesto en su punto de mira represivo al silvestrismo, que se propone proscribir. El pretexto es la normativa europea sobre protección de aves, pero esta legislación comunitaria deja un amplio margen a la subsidiariedad que permitiría perfectamente esta práctica en España. La izquierda doctrinaria cree en la bondad intrínseca de los seres humanos y en el ideal del estado de naturaleza, lo que no le impide recluir tras alambradas a los discrepantes o, en versiones menos agresivas, fastidiar a todo aquel que no comulga con sus delirios. Los ocellaires catalanes son sus próximas víctimas, como lo han sido recientemente los aficionados a los toros. Es ya una cuestión de higiene mental aprovechar las inminentes elecciones autonómicas para enviar a semejante pandilla de aguafiestas a su casa para que incordien únicamente a sus familias y amistades íntimas, si es que éstas les aguantan, cosa más que dudosa.
'La actitud del PP en materia lingüística en Baleares es cínica e hipócrita'
La ANLL continúa denunciando casos de ayuntamientos que no ofrecen sus páginas web en castellano
www.lavozlibre.es 6 Agosto 2010
Madrid.- "Cínica e hipócrita". Así ha definido la Asociación Nacional por la libertad Lingüística (ANLL) la actitud del Partido Popular en las Islas Baleares. Acusa a la formación política de cambiar su manera de pensar en función de la isla sobre la que se hable. Consideran que no puede tenerse una actitud diferente en materia lingüística en función de qué región se trate.
La ANLL se ha sorprendido por la decisión del PP de quejarse ante la imposibilidad de acceder a los contenidos de la página 'web' del Consell Insular de Menorca en castellano. La asociación se muestra orgullosa de que desde el partido político se persiga aquellas regiones donde el castellano pueda quedar excluido y vele por el cumplimiento de la ley, pero le recuerda al PP que esa actitud, para que sea coherente, la debe hacer extensible a todos los territorios nacionales, incluidos todos los municipios de Baleares.
La asociación, por medio de su presidente, Pablo Yáñez, ha enviado un requerimiento a José Sala Torres, alcalde 'popular' en San Antoni de Ortmany (Ibiza), para que, siguiendo el ejemplo que el PP pide para Menorca, ofrezca toda la información de su página 'web' en castellano. En el caso particular de la localidad ibicenca, existe una pestaña con la que, en teoría, puede accederse a la versión en castellano de la 'web'. Sin embargo, nunca ha llegado a estar activa, ya que incluso en el propio dominio de la página ya se observa su versión en catalán.
Es por ello que la ANLL considera que la actitud de los 'populares' en las Islas Baleares "roza el cinismo y la hipocresía al denunciar en Menorca la exclusión del castellano que realiza en Ibiza, siendo ello buena muestra de la actitud de su presidente Bauzá de poner una vela a Dios y otra al diablo, algo que nos hace dudar de su verdadero compromiso con la libertad lingüística en las Islas".
La ANLL es una asociación que viene denunciando desde hace tiempo a todos aquellos ayuntamientos que solo ofrecen sus contenidos en la lengua regional de la comunidad pero no en castellano, con lo que discrimina de esta manera a los que solo se expresan en español. Es el caso de la localidad valenciana de Silla y, en este caso, de San Antoni de Ortmany.
La resaca constitucional
FRANCISCO J.BASTIDA FREIJEDO La Opinión 6 Agosto 2010
Más allá de discrepancias concretas, la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán deja una idea clara. Es difícil arbitrar un partido de fútbol cuando unos quieren jugar al rugby y otros al béisbol. Más aún cuando el propio equipo arbitral no se pone de acuerdo ni en el sentido del reglamento a aplicar ni en cuáles son sus funciones.
Como siempre, es fácil disparar contra el TC, pero su decisión es sólo el tardío colofón a un proceso de degradación constitucional, que debería llevar a una profunda reflexión sobre a qué estamos jugando. En ese proceso tienen mucho que ver dos fenómenos que se entrecruzan: la progresiva apropiación de las instituciones por los partidos y el desprecio hacia el derecho cuando no satisface la voluntad política propia. No hay democracia sin partidos, pero tampoco hay democracia si el Estado es de los partidos. Lo que inicialmente se concibió como consenso, es decir como coincidencia de una gran mayoría en una voluntad común, se fue transformando en un reparto proporcional de cuotas de poder, de prolongación de la influencia del partido en cualquier ámbito de decisión estatal, autonómica o local. Su expresión más perversa se ha visto en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en las trabas para la no renovación del TC y, conviene decirlo una vez más, las culpas no se reparten por igual, habida cuenta del filibusterismo del que ha hecho gala el PP, impropio de quien desea convertirse en alternativa de gobierno. Una instancia arbitral debe ser reconocida por todos como tal y para ello es preciso que en su designación estén llamados a participar todos los grupos parlamentarios y que la selección recaiga en profesionales de valía, que no levanten ya a priori suspicacias o rechazo. Utilizar los votos para bloquear la designación o para imponerla es secuestrar la Constitución, haciéndola rehén de una política partidista.
Hay algo aún peor y es el desprecio por las reglas del juego, cuando su cumplimiento no se acomoda a los intereses que se quieren defender. Este no es un comportamiento sólo de partidos marginales o de carácter independentistas. Lamentablemente, el principal partido de la oposición viene destacando en esta faceta ya sea con la ley antitabaco, ya con la ley de educación o con la ley del aborto. A este modo de proceder se han adherido con entusiasmo la Generalitat catalana y los partidos nacionalistas, incluido el PSC, primero deslegitimando al TC y después no aceptando su sentencia, exigiendo la integridad del texto estatutario.
La sentencia del TC sobre el Estatuto catalán no es mala, pero tampoco buena. Simplemente expresa el fracaso político de una reforma de la Constitución que tenía que haberse realizado después de 30 años, en los que la organización territorial de España y su integración en la Unión Europea han cambiado radicalmente el escenario de 1978. El Estatuto catalán nace en gran medida como reacción a esa falta de una necesaria reforma constitucional, que nunca encontró eco en el PP, a pesar de la conveniencia de que sea el consenso parlamentario constitucional y no el TC el que concrete las reglas de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto es un intento de introducir con sumo detalle un esquema federal en una Constitución que en materia de organización territorial se rige por criterios excesivamente ambiguos y que sólo a golpe de sentencia se han ido concretando. También subyacía en su proyecto un impulso soberanista que quedó desactivado a su paso por las Cortes y que el TC ha rechazado con innecesaria reiteración y vehemencia.
El fallo de la sentencia anula pocos preceptos y curiosamente la mayoría de ellos son los que el PP había apoyado -y no impugnado- con igual enunciado en el Estatuto andaluz; en concreto, los relativos al poder judicial catalán y a su órgano de gobierno, lo que pone de manifiesto que el recurso contra el Estatuto no pretendía tanto defender la Constitución, como desgastar a Zapatero y al tripartito catalán, envolviéndose una vez más en una bandera que es la de la España nacional y no la de la nación española.
Se critica que la sentencia es interpretativa y que por esta vía salva la supuesta inconstitucionalidad de numerosos artículos del Estatuto. Pero se olvida que el Estatuto goza de presunción de constitucionalidad y que el TC ha de regirse por el principio de conservación de normas, de manera que sólo cuando ninguna interpretación del precepto enjuiciado sea constitucionalmente adecuada ha de declarar su nulidad. En realidad el Estatuto puso a prueba los límites de la Constitución, sometiéndola a una prueba de esfuerzo y el TC ha mostrado no sin grandes equilibrios y alguna que otra contorsión hasta dónde pueden estirarse las actuales costuras de la carta magna y en qué sentido han de ser entendidos los preceptos sometidos a interpretación. No se puede culpar al TC de un trabajo que tenían que haber hecho aquellos que tienen la llave para reformar la Constitución. Si alguna virtud tiene la sentencia es poner de manifiesto la necesidad reformar la Constitución, no para adaptarla a los Estatutos, sino para dar encaje constitucional a una realidad autonómica cuyo desarrollo normativo era difícil de prever en 1978 y que paulatinamente ha ido tomando una deriva cuasifederal, propiciada por los criterios de delimitación competencial elaborados por el TC.
La reforma de la Constitución es también necesaria para resolver de una vez por todas una cuestión fundamental. En el Estatuto late un corazón soberanista, una voluntad de autodeterminación nacional que se puso en sordina al someter su aprobación a los cauces establecidos en la Constitución. Ahora, con la sentencia del TC y ya en proceso electoral catalán aflora sin tapujos. Se proclama el derecho a decidir del pueblo Cataluña y se considera el Estatuto como norma no sujeta a control constitucional. De nuevo, como había ocurrido con el plan Ibarretxe, surge la contraposición entre dos naciones y dos soberanías. Evidentemente, esta confrontación de corte confederal tiene respuesta sin reformar la Constitución, que sólo reconoce la soberanía del pueblo español. Pero sería bueno que esta tensión se resolviese en términos jurídicos de democracia federal, y no en términos de soberanía no sujeta a razones. El derecho a decidir que se reclama sólo tiene sentido constitucional como posibilidad de participar en los procesos de decisión de España como Estado organizado en Comunidades Autónomas y miembro de la Unión Europea. Sin embargo, el desarrollo autonómico alcanzado no encuentra un paralelismo en la organización constitucional, ajena por completo a esos cambios, conservando unas Cortes de base de selección provincial, un Senado vacío como cámara de representación territorial, un Poder judicial de espaldas a la descentralización autonómica, un poder de reforma constitucional en el que las Comunidades autónomas sólo participan en la iniciativa legislativa y un Título VIII que es el mismo que cuando no había Comunidades Autónomas.
El Estado español se ha convertido en un Estado complejo dentro de una Unión Europea más compleja todavía. Es preciso articular la complejidad alcanzada creando estructuras y procedimientos acordes con ella y la Constitución de 1978 es en este aspecto un traje demasiado simple y se ha quedado pequeño. No se le puede pedir al TC que haga de sastre remendón ni tampoco a las Comunidades Autónomas con 30 años de existencia que se aguanten con lo que hay. Ante la negativa del PP a reformar la Constitución, el PSOE y los demás partidos del arco parlamentario decidieron explorar hasta dónde podía llegar la vía estatutaria y el TC ha señalado unas líneas rojas que conducen a la reforma de la Constitución. Cuanto más se tarde en hacerla, peor.
Francisco J. Bastida Freijedo Catedrático De Derecho Constitucional
España federalmente hundida
Nota del Editor 6 Agosto 2010
Cualquier persona medianamente razonable sabe que los recursos, cualesquiera que sean, son escasos y que la obligación de todos y cada uno de los habitantes de este planeta es optimizar su utilización. Pretender a estas alturas de la historia, con la experiencia sufrida con el desastre autonómico, ahondar en procesos confederales, federales, autonómicos y demás estupideces inventadas para aumentar la nómina de los chupones de la sociedad, es un disparate, que por todos los medios a nuestro alcance debemos impedir. No se trata de la escasez del agua, del aire, hasta de la energía del viento y del sol, se trata de recursos aún más cercanos que todos (al menos una gran mayoría) de los políticos y adláteres desalmados tratan de robarnos: nuestro dinero y nuestra libertad. Así que basta ya de marear, de robar, de indoctrinar, de manipular.
En el último boletín escribíamos como segunda herida mortal que sufre España el tinglado autonómico, la primera la extinción de las ventajas de la lengua común.
"Hacían vida normal"
Luis Miguez MachoEl Semanal Digital 6 Agosto 2010
El día a día de los últimos etarras detenidos demuestra que ETA no es sólo una banda de criminales, sino parte de un movimiento político, social, económico y cultural muy amplio.
Como informa El Semanal Digital, la Ertzaintza, en su nueva etapa bajo dirección política no nacionalista, ha conseguido detener en Hernani al supuesto asesino de Joseba Pagazaurtundua, Gurutz Agirresarobe Pagola, y a su supuesta cómplice Aitziber Ezkerra Segurajauregi. Más allá de la natural alegría que a todas las personas de bien les ha producido esta noticia, hay en ella algunos detalles que merecen un comentario.
"Hacían vida normal", destacan todos los medios de comunicación en relación con los detenidos. No vivían en la clandestinidad, con identidades falsas, ocultándose hoy en un sitio y mañana en otro, sino a la luz del día, perfectamente integrados con sus vecinos en una ciudad pequeña, sintiéndose bien cómodos y seguros.
El fenómeno terrorista de ETA únicamente se puede entender y, en consecuencia, combatir con eficacia, si se asimila lo que esto enseña. ETA no es sólo una banda de criminales, sino parte de un movimiento político, social, económico y cultural muy amplio, firmemente arraigado en determinados sectores de la sociedad vasca y navarra, y con evidentes simpatías en otras zonas de España.
Por eso es muy cierto que para vencer al terrorismo etarra no basta con la acción policial, sino que hace falta también una acción específicamente política. Pero esa "acción política" no consiste, como creía (y quizá todavía cree) José Luis Rodríguez Zapatero, en reconocer a la banda el rango de interlocutora política, gravísimo error que no sirve más que para otorgar legitimidad a la utilización del crimen con fines políticos.
El frente político de la lucha antiterrorista incluye la utilización de todos los instrumentos que el Estado de Derecho ofrece para colocar fuera de la ley y de las instituciones públicas al entramado del que forma parte ETA, como por fin se comprendió cuando se ilegalizaron las formaciones políticas del entorno etarra, en un proceso que, por desgracia, no acaba de cerrarse, porque hoy son quienes no creían en ello los llamados a llevarlo a término.
Hay también otra vertiente que se está explorando de modo insuficiente: la destrucción del aparato económico del entramado. Ciertamente, la salida de los proetarras de las instituciones públicas merma de manera importante sus fuentes de financiación, pero falta por atacar a fondo la parte privada, no pública, de la economía etarra.
Cuando vuelva a haber un gobierno con verdadera iniciativa política en la lucha antiterrorista, será el momento de superar esta asignatura pendiente. En este terreno, el entramado del que forma parte ETA no es muy distinto de los fenómenos de criminalidad mafiosa que se dan en otros países, y de esas experiencias habría que aprender para colocar también fuera de la ley al sector privado de la economía etarra.
Queda la vertiente social y cultural de la lucha antiterrorista, en realidad la más importante si se quiere erradicar definitivamente el fenómeno. Pero eso son palabras mayores, porque los medios con que cuenta un Estado democrático de Derecho pluralista para emprender una acción política efectiva en los terrenos social y cultural son limitados.
Derrota policial
*Mª Luisa García-Franco El Correo 6 Agosto 2010
Los nacionalistas siempre apostaron por un final dialogado para ETA.
Durante décadas nadie en el País Vasco ha creído en la posibilidad de una derrota policial de ETA, pero la operación de la Ertzaintza que ha culminado con la detención del presunto asesino de Joseba Pagazaurtundua ha marcado de forma fulminante un antes y un después en esa percepción ciudadana. Incluso en pueblos como Hernani, donde todavía se aplaude a los asesinos y se abuchea a los policías, se ha extendido ya la sensación de que ha terminado la impunidad.
La detención de Gurutz Agirresarobe, quien durante siete años ha vivido con normalidad a menos de 10 kilómetros de la escena del crimen, sin miedo aparente a ser descubierto, ha sorprendido a todos. Terroristas y ciudadanos sabemos ahora que la Ertzaintza tiene en estos momentos una unidad antiterrorista eficaz y, dado que conoce a fondo el terreno que pisa, todo indica que esto puede ser el principio del fin…. Si no se dan pasos atrás en el terreno político.
La implicación de Francia y de su Policía en la lucha contra ETA supuso un salto cualitativo en la batalla contra la banda terrorista y ahora la Ertzaintza tiene que demostrar hasta dónde puede llegar. La historia del ADN en la taza del café que tomó el asesino el día del crimen y en la boquilla donde sopló en un control de alcoholemia siete años después promete.
Los nacionalistas siempre han defendido una salida dialogada para ETA y durante años el Departamento de Interior del Gobierno vasco evitó implicarse a fondo en la lucha policial contra la banda terrorista. El PNV sigue apostando por el diálogo, pero a tenor de su reacción ante la última operación de la Ertzaintza, señalando que “la desaparición de ETA sería el mejor servicio para este pueblo”, parece que no tendría nada que objetar a una derrota policial de la banda. Veremos qué pasa en los próximos meses.
*Mª Luisa García-Franco es periodista.
Dispersiorik ez
GEES Libertad Digital 6 Agosto 2010
La dispersión de presos o ciudadanos es un arma útil de los estados para debilitar movimientos políticos, terroristas o pacíficos, que le suponen una amenaza. Se realiza por dos objetivos: en primer lugar, se busca alejar a los presos del entorno social de donde reciben apoyo moral, animos y ayuda, aislándolos de la sociedad y cortando los vínculos con ella. Y en segundo lugar, se busca alejarlos entre si para evitar el apoyo mutuo y la organizacion entre ellos, organización que en un extremo busca la resistencia ante las penas comunes, y en el otro la elaboración de actividades, incluídas las violentas, como motines o rebeliones.
En España, la dispersión de presos ha sido, hasta ahora, la única política penitenciaria que ha proporcionado éxitos en la lucha contra ETA. Desde los tiempos de Enrique Múgica, ha hecho muchisimo daño a la banda terrorista. Se alejó a los presos del País Vasco y Navarra, de donde recibían apoyo moral unos y amenazas mafiosas, otros, y donde seguían trabajando para la banda. Se los separó entre sí, debilitando el "frente de makos", por el que ETA encuadra y somete a todos los presos. Siempre ha funcionado, por lo menos hasta que ahora, cimentando la negociación con la banda, Rubalcaba está acercando a velocidad creciente a algunos de los etarras más sanguinarios con el único requisito de firmar en un papelillo unas líneas ambiguas, explícitamente indefinidas y que sólo demuestran que el Gobierno no está dispuesto a exigir nada a los etarras que, cansados, quieren lógicamente mejorar su situación en prisión.
Es grave, es un error y es una traición a las víctimas acercar a los presos etarras al País Vasco, rompiendo la exitosa estrategia de la dispersión. Pero como hemos dicho, esta estrategia no se puede usar sólo contra ETA, sino contra cualquier enemigo político de los estados, y a ella no ha renunciado el PSOE. El cambio consiste en que mientras acaba con la dispersión de presos etarras, Zapatero la está usando contra los disidentes cubanos, entregados por Castro a nuestro país como si de ganado humano se tratase: al peso. Aliado castrista en el exterior, el Gobierno español está dispersando por la geografía española a los perseguidos cubanos, con el fin de evitar que se organicen entre sí, que reciban apoyo social y que continúen su lucha contra la dictadura. Lo que tradicionalmente se ha hecho con ETA, Zapatero y Moratinos lo están haciendo contra los indefensos cubanos.
Era previsible que, dentro de la negociación con la banda terrorista, Rubalcaba y Zapatero reeditaran el "caso De Juana", con los privilegios a los terroristas y la ruptura de la dispersión. Lo que nunca podía imaginarse es la coincidencia temporal con el maltrato a los cubanos, su dispersión por España para poner en práctica los mismos principios ideados para luchar contra ETA; poco importa que unos sean presos y a los otros se les de libertad y papeles, porque de lo que se trata es de desactivar a éstos cívica y políticamente, mientras a los primeros se les rehabilita a marchas forzadas. Provoca vértigo y náuseas comprobar cómo Zapatero y Rubalcaba atienden las históricas exigencias etarras y desatienden las de los cubanos, reuniendo a los asesinos de ETA y dispersando a los perseguidos por la dictadura cubana. O sea, tratando a unos verdugos como si fuesen víctimas a rehabilitar, y a las víctimas como verdugos a los que castigar.
Quizá los cubanos perseguidos, engañados y maltratados por el trío Castro-Moratinos-Zapatero pudiesen encontrar la comprensión y el apoyo del Gobierno si apelaran a la España plural, plurinacional, pluricultural, plurilingüistica, y pluri-lo-que-ustedes-quieran –en vez de apelar a los derechos humanos– gritando "Dispersiorik ez" con el puño en alto. Entonces quizá lograrían el apoyo de El País, Patxi López, Montilla, La Sexta, Iñigo Urkullu, Arturo Más y Carod Rovira, y se atenderían sus demandas en nombre del progresismo bienpensante. A fin de cuentas, con Zapatero no les ha ido mal a los etarras usando esta fórmula.

References: resolución 
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 67
 artículo 368
 artículo 148