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Orden FOM/4247/2006, de 28 de diciembre, por la que se aprueban las normas y condiciones generales para la contratación de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.
Publicado en BOE núm. 17 de 19 de Enero de 2007
Segundo. Alcance de la obligatoriedad.-
Tercero. Régimen transitorio.-
Cuarto. Disposición derogatoria.-
Normas y condiciones generales de contratación
Regla 2. Expediente de contratación.
Regla 3. Órganos de contratación.
Regla 4. Mesas de contratación y Comisiones técnicas.
Regla 5. Director del Contrato.
TÍTULO II. Informe justificativo y aprobación técnica
Regla 6. Informe justificativo.
Regla 7. Aprobación técnica.
TÍTULO III. Pliegos de contratación
CAPÍTULO II. Contenido general de los pliegos de condiciones
Regla 14. Garantías provisionales, definitivas y adicionales que, en su caso, se estime necesario exigir.
Regla 15. Plazo de ejecución o de duración del contrato.
Regla 16. Régimen de las modificaciones.
Regla 21. Condiciones a que se sujetará, en su caso, la cesión y subcontratación.
CAPÍTULO III. Contenido de los pliegos de condiciones según el procedimiento y la forma de adjudicación
Regla 25. Criterios de adjudicación en los concursos.
Regla 26. Temeridad.
Regla 27. Negociación o Consulta.
CAPÍTULO IV. Contenido de los pliegos de condiciones según la clase de contrato
SECCIÓN PRIMERA. CONTRATOS DE OBRAS
Regla 28. Condiciones de carácter social.
Regla 29. Contratos de proyecto y obra.
Regla 30. Replanteo.
Regla 31. Comprobación del replanteo.
Regla 32. Director facultativo.
SECCIÓN SEGUNDA. CONTRATOS DE SUMINISTRO
Regla 33. Gastos de entrega y transporte.
Regla 34. Vicios o defectos durante el plazo de garantía.
SECCIÓN TERCERA. CONTRATOS DE SERVICIOS
Regla 35. Errores y defectos en los proyectos de obras
Regla 36. Contratos de vigilancia, supervisión, control y dirección de obras.
Regla 37. Anuncios oficiales
Regla 38. Acceso a los pliegos.
TÍTULO V. Adjudicación y formalización de los contratos
Regla 39. Procedimientos y formas de adjudicación.
Regla 40. Perfección y comienzo de la ejecución.
Regla 41. Documento de formalización.
TÍTULO VI. Reclamación es y recursos
Regla 42. Reclamaciones y recursos.
ANEXO II . Otras normas
Primera. Cuantía de los contratos.
Segunda. Listado de empresas privadas que gocen de un derecho especial o exclusivo a que se refiere el artículo 2.1.d) la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de Procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.-
Tercera. Contratos de interés común para Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.-
ANEXO III . Criterios de adjudicación en los concursos
1. Evaluación de la oferta técnica.-
2. Evaluación global de las ofertas.-
R Secretaría General de Transportes 10 May. 2007 (delegación de competencias del Presidente de Puertos del Estado en distintas unidades de dicho organismo público)
Véase Res. de 10 de mayo de 2007, de la Secretaría General de Transportes, por la que se publica la delegación de competencias del Presidente de Puertos del Estado en distintas unidades de dicho organismo público («B.O.E.» 29 mayo).
La disposición adicional tercera de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones incluye en su ámbito de aplicación a las «entidades contratantes del sector de los puertos marítimos...», entre las que se encuentran Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.
Respecto de esta clase de entidades contratantes, la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, establece lo siguiente:
«Las entidades públicas incluidas en el ámbito de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones se regirán, en lo no previsto en la misma, por sus normas de contratación específicas.
Al amparo de esta disposición adicional undécima se aprueba la presente Orden ministerial.
Igualmente se ampara esta orden en lo establecido por los artículos 24 y 35 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, conforme a los cuales Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias «ajustarán sus actividades al ordenamiento jurídico privado, incluso en las adquisiciones patrimoniales y contratación, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que el ordenamiento les atribuye. En la contratación [...] habrán de someterse, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, salvaguarda del interés del Organismo y homogeneización del sistema de contratación en el sector público, debiendo someterse a lo establecido en la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones cuando celebren contratos comprendidos en el ámbito de la misma».
De las normas citadas se desprende la especificidad del régimen de contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias: sometimiento al ordenamiento jurídico privado, si bien este ordenamiento deberá aplicarse teniendo presentes los principios de publicidad, concurrencia, salvaguarda del interés del organismo y homogeneización del sistema de contratación en el sector público.
La necesidad de dar cabida a estos principios explica que, en la práctica contractual de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias, el sometimiento al ordenamiento jurídico privado se haya hecho compatible con remisiones concretas a instituciones propias de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Así ocurre, especialmente, cuando se trata de celebrar contratos cuyas prestaciones coinciden con las de los contratos típicos regulados en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (singularmente el de obras), o cuando se constata que el Derecho privado no ofrece una solución satisfactoria a los intereses presentes en el contrato. Por esto, la documentación de determinados contratos se hace en forma de pliegos de condiciones y de prescripciones técnicas, intervienen órganos denominados mesas de contratación, se reconoce a la empresa contratista del derecho a la revisión de precios, etc.
En cualquier caso, algunas instituciones jurídicas tomadas de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no producen efectos «ex lege», sino «ex contractu», en concreto, por la remisión que a aquéllas se hace en los pliegos para concretar las exigencias de los citados principios o para completar el contenido obligacional del contrato.
Merece ser destacado que, al elaborar esta Orden, se ha considerado que las normas o condiciones generales que se incluyen en ella no son ni pretenden ser disposiciones generales de desarrollo o ejecución de ninguna Ley. Se trata de reglas dictadas por el Ministerio destinadas a homogeneizar la contratación de las entidades adscritas, organizando las unidades de contratación y la documentación de los expedientes de contratación; así como estableciendo condiciones contractuales normalizadas que, según los casos, pueden o deben entenderse incorporadas a los pliegos de los contratos que celebren Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.
Por último, la Orden que se aprueba deja sin efecto las «Normas Generales de Contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias». Aprobadas por el Consejo Rector de Puertos del Estado el 3 de mayo de 1993 al amparo de las competencias conferidas por el artículo 28 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y tras más de diez años de aplicación; parece llegado el momento de sustituirlas mediante la presente Orden, destinada a cumplir la misma función homogeneizadora de la contratación en el sector portuario estatal, pero elaborada con un enfoque distinto, acorde en contenido y sistemática con la legislación actualmente vigente.
En su virtud, a propuesta de Puertos del Estado, previo informe del Servicio Jurídico del Departamento, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, dispongo:
Se aprueban las normas y condiciones generales de contratación aplicables a Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias, contenidas en los anexos I, II y III de la presente Orden.
Los pliegos de los contratos de obras, suministros y servicios que celebren Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias incluirán necesariamente la mención a que el contrato se celebra con sujeción a las presentes condiciones generales.
Cuando, excepcionalmente, se pretenda incluir en los pliegos cláusulas que alteren lo establecido en estas condiciones generales, será necesario para su aprobación el previo informe favorable del Ministerio de Fomento o del Consejo Rector de Puertos del Estado, según se trate de la contratación de Puertos del Estado o de las Autoridades Portuarias, respectivamente.
Los restantes contratos que celebren Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias se someterán en todo o en parte a las presentes condiciones generales cuando así se establezca en los correspondientes documentos contractuales.
A los expedientes de contratación ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Orden no les será de aplicación la misma y se regirán por las normas anteriores. A estos efectos, se entenderá que los expedientes se inician cuando se aprueban los pliegos correspondientes y, a falta de éstos, con la aprobación del gasto.
Las normas y condiciones generales de contratación que por esta Orden se aprueban sustituyen y dejan sin efecto las Normas Generales de Contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias, aprobadas por el Consejo Rector de Puertos del Estado el 3 de mayo de 1993.
1. Las presentes condiciones generales de contratación serán de aplicación a los contratos de obras, suministros y servicios que, cualquiera que sea su importe, celebren Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias. Se entenderá por contratos de obras, suministros y servicios los definidos como tales por el artículo 5 de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.
2. El régimen jurídico de los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, será en todo caso el establecido por la mencionada Ley, siéndoles de aplicación de forma supletoria las presentes condiciones generales de contratación.
1. La adjudicación de los contratos irá precedida de la tramitación de un expediente que se integrará, al menos, de los siguientes documentos:
a) El informe justificativo de la necesidad o conveniencia de concertar el contrato, en el que se incluirá el cálculo de su importe y el procedimiento de adjudicación que se propone.
b) El certificado que acredite la existencia de crédito o compromiso de gasto suficiente para atender el gasto derivado del contrato, expedido por el responsable económico-financiero de la entidad contratante. Si el gasto no pudiera determinarse previamente, este certificado se unirá al expediente antes de la adjudicación.
c) El pliego de condiciones y, en su caso, el de prescripciones técnicas, junto con el correspondiente informe jurídico.
d) La orden de contratación, adoptada por el órgano de contratación, en la que se entenderá implícita la aprobación del gasto y de los pliegos.
e) En los contratos de obras cuyo presupuesto de licitación sea superior a 300.000 euros, deberá constar, además, el proyecto junto con su aprobación técnica y, en caso de ser necesario, el informe técnico de Puertos del Estado.
f) Dependiendo de la complejidad de la inversión, en los contratos de cuantía inferior a 300.000 euros, no será necesaria la elaboración de pliego de prescripciones técnicas, pudiendo sustituirse este documento por relación de unidades con las oportunas especificaciones técnicas.
2. Una vez adjudicados, los contratos se formalizarán por escrito en el plazo que establezca el pliego o, en su defecto, en el de 30 días contados desde la adjudicación.
3. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no será necesaria la formación de expediente de contratación en contratos de cuantía inferior a 60.000 euros, siendo suficiente con la aprobación del gasto, la incorporación de la factura y, en su caso, la aprobación técnica del proyecto de obras. Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga, revisión de precios o modificaciones como consecuencia de las cuales se rebase el citado importe máximo.
4. Cuando haya que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos o situaciones de grave peligro, el órgano de contratación, sin obligación de cumplir previamente los citados trámites, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido.
Una vez superada la emergencia, se completará en lo posible el expediente de contratación.
De los contratos celebrados de este modo se dará cuenta inmediata, según la entidad contratante de que se trate, al Consejo Rector de Puertos del Estado o al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.
5. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes de contratos cuya necesidad sea inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación y debidamente motivada.
En los expedientes cuya tramitación haya sido declarada urgente los plazos se reducirán a la mitad, siempre que se respeten los plazos mínimos establecidos en la Ley 48/1998 de 30 de diciembre, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, en los casos en los que ésta sea aplicable.
1. Son órganos de contratación el Presidente de Puertos del Estado y los Presidentes de las Autoridades Portuarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a lo establecido en los artículos 29 y 41 de la Ley 27/1992 de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
La competencia de estos órganos se entiende sin perjuicio de las facultades que al Consejo Rector de Puertos del Estado y a los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias reconocen, respectivamente, los artículos 28.4.h) y 40.5.o) de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. El Consejo Rector y los Consejos de Administración, según los casos, deberán ser regularmente informados de todos aquellos actos procedimentales de especial relevancia relativos a los acuerdos de licitación, adjudicación y liquidación.
2. Corresponde al órgano de contratación suscribir la orden de contratación a que se refiere la Regla 2.1.d), de lo que deberá quedar constancia en el expediente.
3. Los órganos de contratación podrán delegar las facultades de contratación siempre que se trate de contratos cuyo importe no exceda de 60.000 euros. Dicha limitación no será de aplicación para el supuesto de delegaciones a favor del Director de la Autoridad Portuaria.
1. En los contratos cuyo importe exceda de 200.000 euros el órgano de contratación actuará asistido por una mesa de contratación, la cual deberá examinar la documentación presentada por los licitadores, proceder, en su caso, a la apertura pública de las ofertas y formular una propuesta razonada de adjudicación.
En los contratos que no excedan de dicha cifra, y en aquellos de cualquier importe que se adjudiquen por el procedimiento negociado, la constitución de la mesa de contratación será potestativa para el órgano de contratación. En este caso, la mesa de contratación tendrá la composición y funciones que determine el propio órgano.
2. Las mesas de contratación, en cuanto a su composición, se sujetarán a las siguientes reglas:
a) Corresponde al órgano de contratación designar los componentes de la mesa de contratación, que estará integrada por un Presidente, tres vocales y un secretario, todos ellos con voz y voto.
b) Uno de los vocales será necesariamente un asesor jurídico de la correspondiente entidad. En ningún caso podrá formar parte de la mesa de contratación el propio órgano de contratación.
c) Los miembros de la mesa podrán delegar, en otros miembros de la misma, por escrito y para cada sesión, su representación y voto.
3. En cuanto a su funcionamiento, las mesas de contratación se regirán por lo que, con carácter general, pueda acordarse por el Presidente de Puertos del Estado o el Presidente de las Autoridades Portuarias para las entidades respectivas y se ajustarán a las siguientes reglas:
a) Para la válida constitución de las mesas será precisa la presencia, al menos, de tres de sus miembros.
Los acuerdos que establezcan la composición de las mesas de contratación podrán incluir la designación de suplente para el supuesto de inasistencia de los inicialmente designados, sin perjuicio de la posibilidad de delegación de la representación.
Los pliegos regularán cómo serán ejercidas las funciones de Presidente y Secretario en caso de ausencia de éstos.
b) Corresponde al Presidente de la mesa de contratación acordar la convocatoria, dirigir las deliberaciones y ejercer cuantas funciones sean inherentes a su condición. Dirimirá con su voto en los casos de empate.
c) De las reuniones de las mesas de contratación se levantará acta, que será firmada por todos sus miembros.
d) Los miembros de la mesa deberán pronunciarse necesariamente sobre la propuesta que proceda hacer al órgano de contratación, sin posibilidad de abstención en la correspondiente votación. Los que discrepen del acuerdo adoptado por la mayoría podrán hacer constar en el acta su voto particular al tiempo de la firma.
4. Si la mesa observare defectos en la documentación aportada, y estos fueran subsanables, concederá a los licitadores un plazo para ello que, como mínimo, será de 3 días naturales.
5. Salvo cuando la forma de adjudicación sea la subasta, la mesa de contratación hará su propuesta sobre la base de un informe firmado por el técnico o por la comisión técnica que designe el órgano de contratación. Dicho informe se incorporará como anexo del acta al expediente de contratación.
Se constituirá una comisión técnica formada por dos miembros en aquellos contratos cuyo importe exceda de 200.000 euros.
En los contratos de cuantía superior a 3.000.000 euros celebrados por las Autoridades Portuarias, la comisión técnica se integrará de dos miembros adicionales designados por el Presidente de Puertos del Estado.
En ningún caso podrá suscribirse el informe técnico por el propio órgano de contratación.
Sólo se procederá a la apertura de las proposiciones económicas cuando la mesa de contratación tenga en su poder la valoración técnica de las ofertas efectuada por el técnico o la Comisión Técnica.
6. En el lugar, día y hora designados en el anuncio o en la invitación, se procederá, en acto público, a la apertura de las proposiciones económicas, dando lectura a las mismas. La mesa de contratación realizará su propuesta teniendo en consideración la puntuación económica y, en su caso, técnica alcanzada por cada oferta.
El Director de la Autoridad Portuaria o el Director de Puertos del Estado, designará un Director del Contrato que desempeñará una función de impulso, inspección y control de la ejecución del contrato, siendo el cauce normal de comunicación, encargos técnicos e intercambio de información con el adjudicatario.
Informe justificativo y aprobación técnica
1. En el informe justificativo se expondrán los motivos que determinen necesidad o conveniencia de concertar el contrato, el cálculo de su importe y el procedimiento de adjudicación que se propone.
2. Para hacer constar en el informe el importe del contrato, se calculará aquél de acuerdo con lo establecido en la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, en los casos en los que ésta sea aplicable.
3. La elaboración y firma del informe justificativo corresponderá:
a) Al responsable del servicio interesado en la celebración del contrato, para importes que no excedan de 150.000 euros.
b) Al Director de la Autoridad Portuaria o persona que éste designe, cuando se trate de importes superiores a 150.000 euros o de contratos cuyo presupuesto no haya podido ser fijado previamente. En el caso de Puertos del Estado, a la persona que designe su Presidente.
No podrá adoptarse la orden de contratación sin que conste la aprobación técnica del pliego de prescripciones técnicas, relación de unidades o, en su caso, del correspondiente proyecto.
Podrán aprobarse por el Consejo Rector de Puertos del Estado o por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, en función de los respectivos ámbitos competenciales en relación a la entidad contratante de que se trate, pliegos de condiciones-tipo para la contratación de los distintos tipos de contratos, los cuales deberán ajustarse a las previsiones establecidas en las presentes condiciones generales de contratación.
2. Los pliegos de condiciones regularán el procedimiento y la forma de adjudicación así como los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones que asumirán las partes en el contrato. Incluirán al menos las menciones a que se refiere el Capítulo II del presente Título, las cuales se redactarán con sujeción a lo que en el mismo se establece.
3. Los pliegos de prescripciones técnicas contendrán las especificaciones y prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la ejecución de la prestación. En los contratos comprendidos en la Ley 48/1998, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, se estará para su redacción a lo establecido en dicha Ley.
4. Cuando el órgano de contratación así lo estime, podrá prescindirse del pliego de prescripciones técnicas, incorporando éstas como anexo al pliego de condiciones.
En los contratos de obra cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 euros o que estén financiados con fondos procedentes de la Unión Europea o de otros Organismos Internacionales, las Autoridades Portuarias deberán, antes de la licitación, recabar de Puertos del Estado un informe técnico sobre el correspondiente proyecto. Si se trata de un concurso que admita variantes, el informe versará, además, sobre el correspondiente pliego de prescripciones técnicas regulador de dichas variantes.
Contenido general de los pliegos de condiciones
1. Los pliegos de condiciones definirán el objeto del contrato de manera completa y precisa. Podrán recurrir para ello a la nomenclatura CPA-2002 ( Real Decreto 331/2003, de 14 de marzo), CPV (Reglamento 2151/2003, de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003) o CCP (anexo VI de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones).
2. A los efectos establecidos en la Ley 48/1998, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, en los casos en los que ésta sea aplicable, los pliegos de los contratos mixtos definirán y cuantificarán separadamente cada una de las prestaciones.
El procedimiento y la forma de adjudicación se determinarán en el pliego con sujeción a lo establecido en la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, en los casos en los que ésta sea aplicable y a la Regla 39 del presente anexo.
a) Que tienen plena capacidad de obrar, circunstancia que deberá justificarse atendiendo a los requisitos documentales que a tal efecto se determinen por el pliego de condiciones. Este pliego podrá establecer que serán admitidas a la licitación las uniones temporales de empresarios que se constituyan al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
b) Que cuentan con la solvencia necesaria para ejecutar el contrato. A tal fin, los pliegos de condiciones podrán emplear los criterios de solvencia a que se refiere el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, o bien exigir a los licitadores el certificado de la clasificación que proceda.
c) Que no están incursos en las prohibiciones para contratar recogidas en la Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. A tal fin, se exigirá la presentación de una declaración responsable debidamente firmada por el licitador o su representante.
d) La documentación anterior podrá ser sustituida por la inscripción en los registros de licitadores que puedan establecer Puertos del Estado o las Autoridades Portuarias.
e) Que han constituido la garantía provisional, cuando ésta fuera exigible. En el procedimiento restringido y en el negociado con publicidad, la garantía provisional sólo será exigible a los invitados a participar en la licitación y acompañarán a su oferta el documento justificativo que acredite la constitución de ésta.
f) Declaración en la que se haga constar que el licitador no pertenece a ningún grupo de empresas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, o, en su caso, relación de empresas que integren el grupo de empresas del que forme parte el licitador.
g) Respecto de las empresas extranjeras, éstas deberán someterse a la jurisdicción española para todos los litigios que pudieran derivarse del contrato; con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, condición que deberá recogerse en el pliego.
2. El pliego de condiciones especificará los restantes documentos que deban presentar los licitadores como parte integrante de su oferta entre los que se incluirá un modelo para que éstos formulen su proposición.
b) La mención a si en el precio ofertado por el licitador debe entenderse o no incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo equivalente que fuera exigible por razón del contrato.
3. Los licitadores presentarán su documentación en la forma que establezca el correspondiente pliego, que deberá garantizar en todo caso el carácter secreto de las ofertas.
Cuando se trate de concursos, y salvo que el pliego establezca expresamente lo contrario, los aspectos técnicos de la oferta se incluirán en un sobre cerrado distinto del que contenga la proposición económica. La valoración de aquéllos se realizará antes de abrir ésta, de lo que quedará constancia en el acta de la mesa de contratación.
1. Los pliegos de condiciones podrán exigir a los licitadores una garantía provisional y una garantía definitiva, constituida a disposición del órgano de contratación en cualquiera de las formas establecidas por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Salvo que el pliego establezca otra cosa, se entenderá que el aval debe prestarse con renuncia al beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1.830 del Código civil, a primer requerimiento, así como que el seguro debe constituirse con renuncia del asegurador a oponer al asegurado las excepciones que pudieran corresponderle contra el tomador.
2. A salvo de lo que pueda disponerse en el pliego, la garantía provisional, siempre que ésta exista, será del 2 por 100 sobre el presupuesto del licitación y la garantía definitiva del 4 por 100 sobre el importe de la adjudicación, excepto para los casos de ofertas que hubieran quedado incursas en presunción de temeridad, en los que el importe de ésta podrá ser hasta del 20 por 100.
3. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores. Será devuelta a éstos inmediatamente después de la propuesta de adjudicación del contrato en los casos en los que la forma de adjudicación sea la subasta o de la adjudicación, cuando aquélla sea por concurso. La garantía será retenida al empresario incluido en la propuesta de adjudicación o al adjudicatario hasta la presentación de la garantía definitiva e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.
5. No obstante lo anterior, en los contratos de servicios, la garantía definitiva podrá ser dispensada cuando así se haga constar en el pliego de condiciones, debiendo motivarse en el expediente de contratación la causa de tal dispensa.
6. Podrá establecerse en los pliegos de condiciones, cuando así se considere necesario atendiendo a las características singulares del contrato, una garantía adicional, además de la garantía definitiva, por un importe máximo de hasta el 10 por ciento del importe de adjudicación del contrato.
1. En función de la prestación contratada se hará constar en el pliego el plazo de ejecución o de duración del contrato y, en este último caso, su posible prórroga.
2. Procederá ampliar el plazo de ejecución, por causas no imputables al contratista, cuando se prevea que la prestación no podrá ser cumplida en el plazo fijado en el pliego. La ampliación sólo podrá tener lugar mediante acuerdo de las partes o por concesión del órgano de contratación.
3. Los contratos de suministro y servicios podrán concertarse por un plazo inicial de duración de hasta cuatro años, prorrogables hasta un máximo total de seis.
1. Salvo que el pliego disponga expresamente lo contrario, se entenderá que el órgano de contratación se reserva la facultad de exigir al contratista la ejecución de prestaciones adicionales, o bien una reducción o sustitución parcial en la prestación, respecto del objeto inicial del contrato, por razón de interés público, siempre que el importe de la modificación no altere en más del 20 por 100 del precio de adjudicación y que sea debida a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente.
2. El importe de la modificación podrá ser determinado por el propio órgano de contratación cuando se trate de unidades de obra o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con los datos del proyecto o de la oferta presentada por el contratista.
3. Fuera del caso a que se refiere el apartado anterior, para calcular el importe de la modificación se estará a lo válidamente estipulado por las partes. A falta de acuerdo, se entenderá que el contrato queda incurso en causa de resolución.
4. La tramitación de la modificación del contrato requerirá exclusivamente:
a) La justificación de la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación por las unidades o prestaciones constitutivas de la modificación emitida por el Director del Contrato o Director Facultativo.
c) Una memoria explicativa, emitida por el Director del Contrato o Director Facultativo, que justifique la desviación producida que motiva la modificación, con expresión de las circunstancias no previstas en la aprobación del pliego de prescripciones técnicas o en el proyecto.
d) Audiencia al contratista.
e) Informe de Puertos del Estado cuando éste sea preceptivo.
f) Informe del asesor jurídico de la entidad.
g) Aprobación del Órgano de Contratación.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse por escrito.
5. El órgano de contratación podrá acordar la continuidad en la ejecución del contrato.
6. Salvo que el pliego disponga expresamente lo contrario, se entenderá que el órgano de contratación, sin necesidad de tramitar un expediente independiente, se reserva la facultad de ofrecer al contratista la ejecución de prestaciones complementarias respecto del objeto inicial del contrato cuando se trate de:
En los contratos de suministro: las entregas adicionales efectuadas por el proveedor inicial que constituyan, bien una reposición parcial de suministros o instalaciones de uso corriente, o bien una extensión de suministros o instalaciones existentes, cuando un cambio de proveedor obligue a la entidad contratante a adquirir material con características técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o problemas desproporcionados de utilización y mantenimiento.
En los contratos de obras o de servicios: aquellos que no figuren en el proyecto inicialmente adjudicado o servicios adicionales que no figuren en el primer contrato celebrado respectivamente, pero que resulte necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevistas, siempre que su ejecución se confíe al contratista o prestador de servicios que ejecute el contrato inicial y dichas obras o servicios no puedan separarse técnica o financieramente del contrato principal, sin causar graves inconvenientes a la entidad contratante o, aun pudiendo separarse de la ejecución del contrato inicial, sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento.
7. En ningún caso el pliego podrá amparar modificaciones o prestaciones complementarias en cuya virtud el contratista asuma la ejecución de prestaciones que, conforme a las exigencias derivadas de los principios de publicidad y concurrencia, debieran ser objeto de licitación independiente.
1. El pago al contratista se realizará en los plazos y condiciones a que se refiere el artículo 99 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas conforme a la redacción dada a este precepto por la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, sobre morosidad en las operaciones comerciales.
a) No se procederá a la revisión mientras el contrato no se haya ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación; por lo que ni el 20 por 100 ni el primer año de ejecución, contado desde la adjudicación, serán objeto de revisión.
1. Cuando el órgano de contratación estime que el retraso en el plazo de ejecución sea imputable al contratista, y salvo que el pliego de condiciones establezca otra cosa, podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por conceder la ampliación del plazo contractual, pudiendo imponer al contratista en este último caso, las penalidades diarias en el importe que se establezca en el pliego y, en defecto de previsión al respecto, en la proporción de 0,12 por cada 600 euros del precio del contrato por cada día natural de demora.
3. Las penalidades se harán efectivas mediante su deducción de los pagos que proceda realizar al contratista y, no siendo ésto posible, con cargo a la garantía definitiva que se hubiera constituido.
2. A falta de indicación en el pliego, el cumplimiento del contrato se acreditará mediante acta suscrita por el contratista y el órgano de contratación previo informe del director del contrato o del director facultativo. El órgano de contratación podrá hacerse representar para dicho acto, de lo que deberá quedar constancia en el propio documento.
1. A falta de indicación en el pliego, se entenderá que el contratista puede subcontratar o ceder el contrato con sujeción a los siguientes requisitos:
a) El licitador deberá mencionar en la oferta la parte del contrato que se proponga subcontratar, indicando su importe, así como los subcontratistas propuestos. La subcontratación no podrá exceder del 50 por 100 del importe de adjudicación.
b) La cesión sólo podrá tener lugar previa autorización del órgano de contratación siempre que el cedente haya ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato y que el cesionario reúna los requisitos de solvencia y capacidad que fueron exigidos para la adjudicación.
2. La cesión, entre el adjudicatario y el cesionario, deberá formalizarse en escritura pública.
4. El órgano de contratación podrá ejercer en todo momento las facultades que en relación con la protección del dominio público le atribuyen las leyes.
El órgano de contratación de Puertos del Estado o las Autoridades Portuarias, podrán acordar la suspensión del contrato. De dicha suspensión se levantará acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. La suspensión será automática sin perjuicio del abono al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste.
c) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando éstas excedan del 20% del importe total del contrato.
e) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración.
2. Cuando, previa audiencia del contratista, el órgano de contratación dicte acuerdo motivado de resolución del contrato por la concurrencia de alguna causa de resolución por incumplimiento imputable al contratista, ordenará la incautación de la garantía definitiva constituida por el mismo, y en su caso de la adicional, sin perjuicio del derecho a reclamar del contratista el importe de los perjuicios que dichas garantías no alcanzaran a cubrir y con reserva del derecho del contratista a entablar las demandas que procedan contra el acuerdo de resolución sobre la concurrencia de la causa de resolución y sus efectos.
Contenido de los pliegos de condiciones según el procedimiento y la forma de adjudicación
En los casos de concurso, los pliegos incluirán, atendiendo a las consideraciones establecidas al efecto en el anexo III de la presente Orden, los criterios objetivos que servirán de base para determinar la oferta más ventajosa, con indicación de la ponderación correspondiente a cada uno de ellos.
Cuando la forma de adjudicación sea la subasta o el concurso, incluirán los criterios objetivos que se tendrán en cuenta para determinar que una proposición no puede ser cumplida por temeraria o desproporcionada.
La declaración de temeridad requerirá la previa solicitud de información a todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella.
Salvo que el pliego establezca otra cosa, se aplicará lo establecido en el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a los criterios para apreciar la temeridad en las subastas y en cuanto a la valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo.
Cuando el procedimiento de adjudicación sea el negociado, el pliego podrá especificar los términos del contrato que van a ser objeto de consulta o negociación.
Contenido de los pliegos de condiciones según la clase de contrato
Los pliegos establecerán los condicionantes de carácter social que deban cumplirse antes o durante la ejecución del contrato atendiendo a las disposiciones que, con carácter general, establezca el Ministerio de Fomento.
El incumplimiento grave de las condiciones de carácter social será considerado infracción grave a los efectos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Se producirá un incumplimiento grave de las condiciones de carácter social en cualquiera de los casos siguientes:
Cuando el porcentaje de trabajadores fijos empleados para la ejecución del contrato no alcance el 20%.
Cuando el porcentaje de trabajadoras que se contraten para la ejecución del contrato sobre el total de nuevos empleados que se contraten, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo permita, no alcance la media nacional en el sector de la construcción.
Cuando el porcentaje de trabajadores minusválidos, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo permita, no alcance el 1 % de su plantilla.
Cuando en el período de un año se haya producido durante la ejecución de la obra dos sanciones muy graves que haya agotado la vía administrativa por parte de la Autoridad Laboral como consecuencia del incumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales.
Sin perjuicio de la decisión que adopte el órgano competente para imponer la sanción, se propondrá la suspensión de la clasificación de la empresa al Ministerio de Economía y Hacienda, por tres, seis, nueve y doce meses, respectivamente, según si la empresa ha incumplido una, dos, tres o cuatro de las condiciones citadas.
La suspensión de la clasificación será extensiva a todos los empresarios que formen parte de la Unión Temporal de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
1. La contratación conjunta de elaboración de proyecto y la ejecución de las obras correspondientes, tendrá carácter excepcional y sólo podrá aplicarse en los siguientes supuestos:
2. En todo caso, para la licitación de esta clase de contratos será necesaria la redacción previa por la entidad contratante de un anteproyecto o de las bases técnicas a que deba ajustarse el proyecto.
3. La adjudicación de la obra quedará condicionada a la previa aprobación técnica, supervisión y replanteo del proyecto por la Autoridad Portuaria o Puertos del Estado. A tal fin, el órgano de contratación podrá requerir al contratista para que subsane los defectos apreciados en el proyecto.
Antes de la tramitación del expediente para la contratación de las obras se procederá a efectuar el replanteo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos precisos y la concordancia de todo ello con los elementos básicos del proyecto. De esta actuación se dejará constancia en el propio expediente.
1. Salvo que el pliego establezca otra cosa, la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo.
2. La comprobación del replanteo se efectuará dentro del mes siguiente a la formalización del contrato. Para su práctica se citará al contratista, quien deberá firmar la correspondiente acta en la que se haga constar el resultado del trámite.
El órgano de contratación designará un Director facultativo encargado de dirigir al contratista las instrucciones que, en interpretación técnica del proyecto, resulten procedentes para la debida ejecución del contrato.
Salvo disposición en contrario del pliego, serán de cuenta del contratista los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto de suministro hasta el lugar fijado para la entrega.
El Pliego regulará la responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos que durante el plazo de garantía se detecten en los bienes estableciendo como mínimo que:
1. Puertos del Estado o las Autoridades Portuarias podrán reclamar al contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.
3. Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
4. Terminado el plazo de garantía sin que se haya formalizado alguno de los reparos o denuncia a que se refieren los apartados 1) y 3) de esta regla, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.
En los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras, el pliego regulará la responsabilidad del contratista en materia de subsanación de errores, indemnizaciones por desviaciones en el presupuesto o responsabilidad por defectos o errores del proyecto, pudiéndose remitir a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en esta materia.
1. Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, salvo que los pliegos dispongan expresa y justificadamente lo contrario, no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obras ni a las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. Del mismo modo, tampoco podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a dichos contratos siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.
1. Para la publicidad de los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones se estará a lo que en ella se establece.
2. Los restantes contratos a que se refiere esta Orden se sujetarán al siguiente régimen de publicidad:
a) Aquellos cuyo importe sea superior a 200.000 euros en contratos de suministro, servicios y 400.000 euros en contratos de obras, pero que no alcancen la cuantía que sujetaría su publicidad a lo establecido en la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, se publicarán mediante anuncio en el BOE. El plazo fijado para la recepción de ofertas no será inferior a 13 días contados desde la fecha en que se publicó el anuncio.
b) Aquellos cuya cuantía alcance los umbrales establecidos en la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, se publicarán de conformidad con lo establecido en la mencionada Ley.
c) Los anuncios se ajustarán a los modelos establecidos según su ámbito.
d) El órgano de contratación podrá, a efectos informativos, acordar la publicidad adicional que estime oportuna.
e) Salvo que en el pliego se establezca otra cosa, se entenderá que los gastos por publicidad corresponde asumirlos al contratista. En ningún caso podrá establecerse en el pliego que asuma el adjudicatario los gastos a que se refiere el apartado 2.d) de esta Regla.
1. El órgano de contratación remitirá los pliegos a los empresarios interesados con sujeción a lo establecido en la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.
2. Salvo que el pliego establezca otra cosa, se entenderá que el citado envío puede realizarse mediante correo electrónico remitido a la dirección que el interesado indique al órgano de contratación.
3. Con independencia de lo anterior, los órganos de contratación procurarán que el contenido de los pliegos se encuentre accesible desde el correspondiente portal de Internet.
1. Los contratos se adjudicarán normalmente por el procedimiento abierto, mediante concurso o subasta según estime el órgano de contratación.
2. Atendida la naturaleza del contrato, podrá emplearse el procedimiento restringido, debiendo justificarse en el expediente la elección de los criterios objetivos relacionados con la solvencia de las empresas que se aplicarán para cursar las invitaciones a participar. El pliego de condiciones podrá establecer un límite mínimo no inferior a tres y máximo no superior a veinte en cuanto al número de empresas que se invitará a participar.
3. Podrá emplearse el procedimiento negociado sin publicidad siempre que concurra alguna de las causas que, de acuerdo con lo establecido en la el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, habilitan para ello, salvo en lo relativo a las cuantías y, en cualquier caso, en contratos de obras por importe inferior a 400.000 euros o contratos de suministro o servicios de importe inferior a 200.000 euros.
4. Cuando se utilice el procedimiento negociado será necesario solicitar la oferta de empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, sin que su número sea inferior a tres, siempre que ello sea posible, fijando con la seleccionada el precio del mismo y dejando constancia de todo ello en el expediente. La selección de empresas deberá motivarse, debidamente, en el informe justificativo de la necesidad.
1. El contrato se perfecciona con la adjudicación, hecha por el órgano de contratación, la cual deberá notificarse al adjudicatario y a todos los que hubieran concurrido a la licitación.
2. El comienzo de la ejecución sólo podrá tener lugar tras la formalización del contrato, que se realizará en los treinta días siguientes a la notificación de la adjudicación. No obstante, por razones de urgencia, podrá comenzarse la ejecución tras la adjudicación, sin esperar a la formalización del contrato, cuando así se hubiera establecido en el pliego o en la notificación de la adjudicación.
1. El documento de formalización se confeccionará por el Secretario o asesor jurídico de la correspondiente entidad y se suscribirá por el órgano de contratación y el contratista, haciéndose constar al menos la fecha e importe de la adjudicación y la conformidad del contratista a los pliegos que rigen el contrato.
2. Cuando se estime conveniente para clarificar los términos del contrato, podrá dejarse constancia en el documento de formalización de las mejoras al pliego que hubiera introducido en su oferta el licitador.
3. En ningún caso podrán introducirse en el documento de formalización menciones que contravengan lo dispuesto en los pliegos que sirvieron de base a la licitación.
Reclamación es y recursos
1. En los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones las reclamaciones que puedan producirse en relación con el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo establecido en la indicada Ley, correspondiendo la competencia para su resolución al órgano del Ministerio de Fomento al que esté adscrito el organismo correspondiente.
2. En el resto de contratos no incluidos en el citado ámbito de aplicación, contra los acuerdos que se dicten en relación a los actos preparatorios y de adjudicación de los contratos, podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano de contratación o recurso contencioso-administrativo. La resolución que recaiga en el procedimiento de reclamación agotará la vía administrativa pudiendo ser impugnada ante los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa.
3. En todo caso, las cuestiones litigiosas que no deriven del procedimiento de preparación y adjudicación de los contratos, y en especial las relacionadas con la ejecución o modificación del contrato, serán resueltas por los Juzgados y Tribunales ordinarios que correspondan según la determinación de competencias establecida en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
1. En las cantidades establecidas en la presente Orden, se considerará excluido el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto General Indirecto Canario cuando el contrato haya de realizarse en el ámbito territorial de las Islas Canarias.
2. Todos los plazos establecidos en la presente Orden se entenderán referidos a días naturales, salvo que se indique que son días hábiles.
Puertos del Estado podrá elaborar un listado de empresas privadas que gocen de un derecho especial o exclusivo en cuya virtud se les reserve la actividad consistente en la puesta a disposición de los transportistas marítimos de puertos marítimos u otras terminales de transporte. Este listado se formará a los solos efectos de facilitar el conocimiento de las entidades contratantes a que se refiere la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones y será accesible a quienes acrediten un interés en contratar con las mismas.
Criterios de adjudicación en los concursos
1. En los concursos convocados por Puertos del Estado y por las Autoridades Portuarias, cuando su importe exceda de 150.000 euros, los criterios de adjudicación se consignarán con sujeción a lo establecido en el presente anexo.
2. No obstante, mediante acuerdo adoptado por el Consejo Rector de Puertos del Estado podrá revisarse lo establecido en el presente anexo, a los efectos de autorizar, con carácter general o particular, otros criterios de valoración.
3. Los criterios de valoración serán adecuados al objeto del contrato, y entre ellos se podrán tomar en consideración los siguientes:
A) Precio del contrato:
Presunción de anormalidad por bajo importe de una oferta.
BO: Baja de la oferta económica (%).
BR: Baja de referencia, calculada como se indica a continuación (%).
a) Para un número n de ofertas económicas «contemplables» mayor o igual que cinco (5):
b) Para un número n de ofertas económicas «contemplables» menor que cinco (5):
Ofj = Importe de la oferta genérica «contemplable» j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas «contemplables») y
PB = Presupuesto base de licitación, que figura en el cuadro de características del pliego.
Y contando sólo con dichas n1 ofertas, se calculará el valor BR, llamado «Baja de Referencia», del modo siguiente:
D) Criterios objetivos, entre ellos el precio, que serán valorados para determinar que una proposición económica no puede ser cumplida por ser considerada temeraria o desproporcionada.
En particular, en los contratos de obras, pueden tenerse en consideración, los siguientes criterios
e) Tecnología e I + D + i.
f) Solución técnica propuesta (sólo concursos con variantes).
Para obtener las puntuaciones de una proposición en particular se sumarán las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados. La puntuación máxima a alcanzar en cada uno de los aspectos será en general la siguiente
Sin variantes Con variantes
Memoria y programa de trabajo 55 55
Calidad 10 10
Programa de actuaciones medioambientales. 15 10
Memoria seguridad y salud 15 10
Tecnología e I + D + i 5 5
Solución técnica propuesta - 10
a) Memoria constructiva y programa de trabajo.-
La relación de maquinaria a emplear para ejecutar cada unidad de obra.
La disponibilidad de la maquinaria y fecha de puesta en obra.
Interferencia y/o afecciones recíprocas entre la explotación portuaria y la ejecución de las obras.
La relación de las unidades o partes de la obra que realizará bajo subcontratación, indicando la o las empresas con las que se prevé suscribir dicha subcontratación, aportando compromiso.
El organigrama propuesto para la obra y la cualificación del Jefe de Obra.
b) Calidad a obtener.-
Los procedimientos de certificación de calidad que se aporten; en particular, se valorará que la ejecución de la obra se realice en un marco de gestión de la calidad de acuerdo con la norma ISO 9001.
Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecución de la obra; el plan de control de calidad específico para la obra incluirá al menos los siguientes aspectos:
c) Programa de actuaciones medioambientales.-
El ajuste del programa de actuaciones medioambiemtales propuesto al contenido del proyecto licitado y a la declaración de impacto ambiental, en su caso.
Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras;
El marco de gestión medioambiental en que se encuadra la ejecución de la obra; en particular: Reglamento Comunitario 1836/93, modificado por el 761/2001, o bien a las normas internacionales ISO (serie ISO14000) europeas EN o españolas UNE (77/801-94 y 77/802-94).
d) Memoria de seguridad y salud.-
Análisis de las posibles situaciones de emergencia: Medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.
e) Tecnología e I + D + i.-
En este sentido se valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I + D + i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada.
f) Solución técnica propuesta (sólo para concursos con variantes).-
El licitador describirá y justificará las modificaciones técnicas que propone en su variante respecto a la solución del proyecto base; dichas modificaciones deberán en todo caso limitarse y cumplir estrictamente las prescripciones que establezca el pliego de bases técnicas que acompaña al pliego de cláusulas administrativas particulares.
a) Las ofertas de los concursantes admitidos administrativamente quedarán encuadradas en dos intervalos:
Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoración técnica (VT) sea inferior a 60 puntos.
b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán tomadas en consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la oferta más ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierto el concurso, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.
En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no son ya tomadas en consideración.
I. Calidad técnica de la propuesta (con una ponderación del X %, siendo 50 ≤ X ≤ 60)
II. Oferta económica de la propuesta (con una ponderación del Y %, siendo 50 ≥ Y ≥ 40)
Siendo PT la «puntuación técnica» y PE la «puntuación económica».

References: artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 28
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 99
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución