Source: https://opinionjuridica.blog/2020/04/13/3748/
Timestamp: 2020-06-03 21:26:01+00:00

Document:
Plan de choque para evitar el colapso de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo - Opinión Jurídica
Plan de choque para evitar el colapso de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo
Publicado por OpiniónJurídica el 13 abril, 2020
Foto de Anthony Acosta en Pexels
Como hemos tenido conocimiento el CGPJ mantiene la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales durante el segundo periodo de prórroga del estado de alarma.
Tras la publicación hoy en el BOE del acuerdo del Congreso de los Diputados autorizando la prórroga y el Real Decreto 487/2020 que la acuerda. La Comisión Permanente extiende durante el nuevo periodo de estado de alarma la eficacia de los acuerdos adoptados hasta ahora en relación con la pandemia de coronavirus COVID-19.
A su vez El CGPJ reúne un centenar de medidas en un documento base preparatorio del plan de choque para evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma.
En estas son, reproduciendo exactamente los términos del comunicado, que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tomará conocimiento mañana de un documento base sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque con el que se pretende evitar un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma declarado con motivo de la pandemia de coronavirus; agilizar al máximo la resolución de aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables; y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de las cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente.
Pero la parte que interesa en este blog esta referida al a parte contencioso administrativa, que ordena que las medidas adoptadas para combatir el COVID-19 van a tener repercusión en materia sancionadora (infracciones de las medidas de confinamiento), contractual (la mayor parte de los contratos del sector público han quedado suspendidos), expropiatoria (se han producido medidas de requisa y adscripción de medios personales de terceros), de responsabilidad patrimonial, de personal de las Administraciones Públicas o en materia tributaria y de ayudas del sector público, entre otras muchas.
En resumen, las medidas que el Consejo General del Poder Judicial propone en el ámbito contencioso administrativo:
Potenciar el denominado “Pleito Testigo”.
Modificar el Procedimiento Abreviado ampliando la cuantía de los asuntos de 30.000 € a 60.000 €.
Modificar el Procedimiento Abreviado siendo obligatoria que la Administración conteste la demanda por escrito y no en el acto del juicio.
Potenciar que en el Procedimiento Abreviado se dicten sentencias orales.
Modificar la cuantía para recurrir en apelación pasando de 30.000 a 60.000 €.
La subsanación de defectos a la hora de formular el recurso no interrumpe el curso del procedimiento contencioso-administrativo.
El registro de todos los escritos presentados en las oficinas judiciales y fiscales de forma telemática (Lexnet o sistemas semejantes en Andalucía, País Vasco, Cataluña, Navarra, Cantabria y Aragón), y su reparto a los órganos competentes, para asegurar el adecuado funcionamiento de juzgados y tribunales, es decir la suspensión no debería impedir la mera presentación de escritos.
Los recursos de apelación se podrán fallar por un solo magistrado.
Se podrá limitar la extensión de los escritos como ocurre en el recurso de casación que se limita a 20 folios.
Se suprime la posibilidad del artículo 128 de la LRJCA de rehabilitar los plazos procesales caducados en el mismo día o hasta las 15 horas del día siguiente.
Solo se podrá solicitar la ampliación del expediente administrativo con documentos que verdaderamente sean antecedente de la resolución administrativa, pudiéndose aportar por la actora en el período de prueba.
Al resolver las medidas cautelorísimas no será necesario posteriormente tramitar una pieza de medidas cautelares ordinarias.
Se fijarán en las sentencias y en los autos el importe de la condena en costas.
Por último, se incluye link de la Resolución del Ministro de Justicia por la que se adapta la prestación del servicio público de justicia al Real Decreto Ley 487/2020 De 10 De Abril.
Socio Director de Ponce de León Abogados.
Entrada anterior I.- Daños de la Administración Pública y su reclamación: La responsabilidad patrimonial

References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 128
 resolución 
 Resolución 
 Real Decreto