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Timestamp: 2018-02-23 19:51:45+00:00

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El Blog legal de GÓMEZ DE MERCADO: Urbanismo, Inmobiliario y Medio Ambiente: Eficacia de las sentencias no firmes que anulan planes urbanísticos
Publicado por Francisco García en 10:13
¿Conocen algun artículo doctrinal o otras Sentencias contrarias a esta interpretación del Tribunal Supremo?
Francisco García Gómez de Mercado 29 de mayo de 2014, 9:14
Perdón, sí la hay, la Sentencia de 30/01/2014 que cito más adelante.
Finalmente, el propio Tribunal Supremo ha rectificado. Pues bien, la Sentencia del Supremo de 30 enero 2014 (Rec. 3045/2011) viene a dar libertad a la Administración para acatar o no el criterio de la sentencia no firme (ejecutar o no el plan anulado), pero no al Tribunal que dictó la sentencia no firme, que sigue vinculado por su doctrina (salvo que motivadamente se aparte de la misma):
B) La sentencia ahora impugnada EDJ 2011/61086 aduce, en defensa del planteamiento que acoge, la falta de firmeza de su resolución anterior, en primer lugar; asimismo, resalta que ésta última se dictó en fecha posterior a la de la Orden 3027/2009; y, en fin, recalca igualmente que la modificación puntual no sustancial "no nace inmediatamente a consecuencia de aquel Reglamento anulado". Estas son las tres razones sobre las que gravita su criterio que ahora hemos de ponderar desde la específica perspectiva que al respecto proporcionan los artículos 72.2 y 73 de la Ley Jurisdiccional.
a) En relación con la falta de firmeza de la resolución judicial anulatoria del reglamento, la determinación de cuyas consecuencias a decir verdad resulta la cuestión primordial que ahora hemos de esclarecer, hemos de comenzar destacando ante todo justamente que el Decreto 92/2008 constituye en efecto una disposición de carácter general.
Sentada esta premisa, indica el recurso de casación que, siendo ello así, no procede esperar a la firmeza de la anulación de una disposición general para que la anulación produzca efectos entre las partes afectadas y que dichos efectos se producen desde que la indicada anulación tiene lugar.
- Pese a que en alguna ocasión de alguna de nuestras sentencias habría podido deducirse esta doctrina que el propio recurso se cuida de recordar a partir del tenor del artículo 72.2 de nuestra Ley Jurisdiccional, hemos de comenzar ahora indicando que en sí misma considerada no procede acoger esta argumentación que por tanto procede rectificar.
A la Administración -que indudablemente siempre resulta afectada por la anulación de un reglamento propio (o, en su caso, de un instrumento de planeamiento propio, que es también una disposición de carácter general)- no le es exigible que venga obligada a aplicar de forma inexorable una resolución carente de firmeza en punto a las resoluciones que deba dictar en aplicación de dicho reglamento y le es dable esperar a que la dictada resolución adquiera firmeza a tal efecto.
Es cuestión que queda a expensas de su propia valoración. Y del mismo modo que puede, evidentemente, enderezar su rumbo a partir de la anulación decretada en sede judicial, puede también seguir aplicando el reglamento (a menos claro está que proceda dar el curso correspondiente a la ejecución provisional de la sentencia). Caso de confirmarse la sentencia dictada en instancia, entonces sí tiene que forzosamente que enderezar su rumbo inicial; pero, como dicha resolución judicial podría también llegar a revocarse, la Administración podría seguir ajustando sus resoluciones al sentido inicial de sus disposiciones, sin que pueda formularse reproche alguno contra ella por la expresada razón.
- Ahora bien, que esto sea efectivamente así y que los efectos resultantes de la anulación de un reglamento no se comuniquen irremisiblemente a los actos dictados en su aplicación sino cuando se produzca la firmeza de la sentencia, no quiere decir que el propio órgano jurisdiccional que ha estimado la procedencia de anular el reglamento pueda sin más simplemente con base en ello apartarse de su propia doctrina y desvincularse de sus anteriores resoluciones, al menos, sin ofrecer una razón, más allá de la falta de firmeza de la sentencia dictada por el mismo órgano, porque en tal caso su actuación resultaría sencillamente inconsistente.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 72
 resolución 
 resolución 
 resolución