Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372017000300885&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Timestamp: 2018-09-18 17:05:07+00:00

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COBRO DE IMPUESTO TERRITORIAL:A PROPÓSITO DE UN RECIENTE FALLO DEL TC QUE DECLARÓ INAPLICABLE LA NORMA DEL INCISO 4° DEL ART. 171 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, QUE PERMITE NOTIFICAR Y REQUERIR DE PAGO A LOS EJECUTADOS EN EL INMUEBLE QUE CAUSA EL IMPUESTO, EN UN JUICIO EN QUE SE PRETENDIÓ EMPLAZAR AL DEUDOR EN UN SITIO ERIAZO
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372017000300885
TERRITORIAL TAX COLLECTION:ON A RECENT DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT THAT DECLARED INNAPLICABLE THE RULE OF THE 4th PARAGRAPH OF ARTICLE 171 OF THE TAX CODE, WHICH ALLOWS THE NOTIFICATION TO AND REQUEST OF PAYMENT FROM PERSONS EXECUTED IN THE REAL STATE PROPERTY TO WHICH THE TAX APPLIES, IN A PROCEURE IN WHICH IT WAS INTENDED TO SUMMON THE DEBTOR IN A DESERTED PLACE
Fernando Ugarte Vial*
*Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Ejerce libremente la profesión. Dirección postal: Morandé 322, oficina 205-206, Santiago, Chile. Correo electrónico: fernandougartevial@gmail.com. El presente comentario se enmarca en el contexto de una investigación más amplia, actualmente en desarrollo, sobre los principales vicios y errores que se producen en contra del propietario del inmueble en el juicio ejecutivo de cobro de impuesto territorial.
RESUMEN: El presente comentario analiza, a la luz de un reciente fallo del TC, la norma del inciso 4° del artículo 171 del Código Tributario, que permite notificar y requerir de pago a los deudores morosos en el mismo inmueble cuyo impuesto se cobra, en el juicio de cobro de impuesto territorial; en particular, se revisa la tesis según la cual se puede emplazar válidamente al deudor ejecutado en un sitio eriazo.
Palabras clave: Cobro de impuesto territorial; notificación; requerimiento de pago; sitio eriazo
ABSTRACT: In the light of a recent judgement of the Constitutional Court, this comment analyzes the rule of paragraph 4 of article 171 of the Tax Code, which allows the notification to and the request of payment from the debtors in the same real state to which the tax applies for purposes of the territorial tax collection procedure. In particular, it reviews the thesis according to which the executed debtor can be validly summoned in a deserted placed.
Key words: Territorial tax collection; notification; request of payment; deserted place
1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE LA CUESTIÓN
El juicio ejecutivo de cobro de impuesto territorial está regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario. Entre las notas distintivas de este juicio especial podemos destacar, en lo que ahora interesa, que el inciso 4° del art. 171 de dicho Código permite notificar y requerir de pago a los deudores morosos en el propio inmueble cuyo impuesto se cobra. Respecto de esta cuestión se ha suscitado el problema del emplazamiento de los ejecutados en un sitio eriazo, en donde es claro que quienes deben ser notificados y requeridos de pago no llegarán a enterarse oportunamente de la existencia del juicio, quedando en indefensión. La jurisprudencia mayoritaria ha permitido que se emplace a los ejecutados en sitios eriazos, privándolos de sus derechos a ser oídos y de producir prueba, entre otros. Por fallo de 25 de mayo de 2017, sin embargo, el TC acogió un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto contra dicha norma, prohibiendo que se la aplique en un juicio en que se intentó emplazar a un ejecutado, precisamente, en un sitio eriazo.
2. FALLOS ANTERIORES DEL TC SOBRE LA MISMA CUESTIÓN
Antes de este fallo, el Tribunal Constitucional se había pronunciado en a lo menos dos oportunidades sobre requerimientos de inaplicabilidad del inciso 4° del artículo 171 referido: i) en los autos caratulados “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con Tesorería General de la República” 1 se pidió la declaración de inaplicabilidad de la norma mencionada argumentando que, permitir que se notifique y requiera de pago al contribuyente en un sitio eriazo vulnera el debido proceso y los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad del recurrente. El requerimiento fue rechazado, en consideración a que “La determinación de la forma y procedimiento con el que se debe comunicar a un sujeto que se sigue un proceso en que es parte, es materia de competencia del legislador. En tal sentido, el actual artículo 19 N° 3°, inciso sexto, dispone que ‘corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos´…” (c. 14°), para agregar después que la posibilidad de notificar y requerir de pago a los contribuyentes se confiere al Fisco en atención a la “especial naturaleza del impuesto territorial que se aplica a todos por igual cuando las condiciones de la disposición así lo permiten” (c. 28°). El voto de minoría2 -un adelanto del voto de mayoría del fallo que ahora comentamos- se fundó en que “Nadie puede ser condenado sin ser oído, ya sea en juicios penales o civiles. El demandado debe contar con los medios necesarios para presentar adecuada y eficazmente sus alegaciones, lo que presupone el conocimiento oportuno de la acción”, para agregar en el considerando sexto que a la norma analizada “puede dársele una aplicación irreprochable, conforme con la Constitución… la autoridad, ‘además’ de asegurarse que se notifique al contribuyente en los lugares indicados en el artículo 41 del Código de Procedimiento Civil, ‘podrá’ también disponer se le comunique lo mismo en la propiedad raíz de cuya contribución se trate. A tales efectos, la Tesorería General de la República dispone de los domicilios de los contribuyentes, manifestados al iniciar sus actividades y realizar periódicamente otras declaraciones tributarias”. Prosigue el voto de minoría: “Siendo inadmisible la excusa fiscal, en orden a que la empresa requirente ‘debió conocer’ sus compromisos, comoquiera que con tal predicamento devendrían superfluas todas las notificaciones a cualquier deudor moroso”, y ii) en los autos caratulados “Inmobiliaria Los Acantos Golf Limitada con Tesorería General de la República”3 se rechazó el requerimiento de inaplicabilidad con los mismos argumentos, pero añadiendo que “Las especiales características del objeto social de la requirente [adquisición de bienes raíces, urbanización y loteo de los inmuebles que adquiera a cualquier título, pudiendo construir en ellas todo tipo de edificios con el fin de destinarlo a arriendos, venta a terceros y cualquier otra forma de enajenación y explotación o aprovechamiento] hacen inadmisible la alegación de desconocimiento de los mecanismos institucionales y procesales que operan en la determinación, pago y ejecución del impuesto territorial” (c. 21°). Hubo voto de minoría en el mismo sentido que en el fallo anterior.
3. RESUMEN DEL CASO Y FALLO DEL TC
3.1. En los autos caratulados “Fisco con Odé y otros”, rol N.° 32-2013 del ingreso del Juzgado de Letras de La Ligua, la Tesorería pidió al tribunal que decretara el remate de los inmuebles individualizados en las nóminas de deudores morosos acompañadas al proceso, por deuda de impuesto territorial. En lo tocante a este comentario, la sociedad Eventos y Estudios First Team Limitada era propietaria de un sitio eriazo ubicado en la comuna de Zapallar; la ejecutante pidió que se subastara dicho inmueble, el cual resultó en definitiva rematado y adjudicado a un tercero en pública subasta. Después del remate, el propietario compareció en el juicio interponiendo incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento, entre otras razones, porque se lo quiso notificar en un sitio eriazo.
Por resolución de 10 de marzo de 2016, escrita a fojas 632, el tribunal rechazó el incidente de nulidad, considerando: “Que, respecto a la alegación que la propiedad asociada al Rol es un sitio eriazo, resulta absolutamente irrelevante, al tenor del inciso cuarto del artículo 171 del Código Tributario, y en dicha norma se indica claramente propiedad raíz, sin distinguir el destino dado al predio, pudiendo ser este habitacional, comercial, bodega, estacionamiento o eriazo”4. El siguiente 17 de marzo, a fojas 676, se concedió el recurso de apelación deducido contra dicha resolución, ingresando las compulsas respectivas a la Corte de Apelaciones de Valparaíso bajo el rol N.° 553-2016.
Antes de la vista de la causa de la expresada apelación, Eventos y Estudios First Team Limitada interpuso, ante el Tribunal Constitucional, un requerimiento de inaplicabilidad de la norma contenida en el inciso 4° del art. 171 del Código Tributario, que señala: Además de los lugares indicados en el artículo 41° del Código de Procedimiento Civil, la notificación podrá hacerse, en el caso del impuesto territorial, en la propiedad raíz de cuya contribución se trate. En el requerimiento -que se tramitó bajo el rol N.° 3.107-2016-INA- se alegó que el hecho de haberse practicado la notificación y el requerimiento de pago en un sitio eriazo vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del dueño del inmueble, al no cumplir con los requisitos mínimos de un acto procesal de comunicación, como lo es la notificación.
3.2. Por resolución de 25 de mayo de 2017, y en fallo dividido -cinco votos contra cuatro-, el Tribunal Constitucional hizo lugar al requerimiento de inaplicabilidad referido, argumentando que: i) la aplicación dada a la norma cuestionada vulnera el debido proceso (art. 19 N.° 3, inciso 6° de la Constitución), al no haber podido enterarse el contribuyente de la existencia de un juicio que se seguía en su contra, con la consiguiente situación de indefensión (c. 2°); ii) la norma impugnada puede ser interpretada de forma irreprochable, con apego a la Constitución: “como se trata de dar certeza a una fecha, a partir de la cual nace determinado plazo para hacer valer el derecho a defensa, constitucionalmente reconocido, entonces la autoridad, ‘además’ de asegurarse que se notifique al contribuyente en los lugares indicados en el artículo 41 del Código de Procedimiento Civil, ‘podrá’ también disponer se le comunique lo mismo en la propiedad raíz de cuya contribución se trate”; con miras a ese fin, la Tesorería dispone del domicilio de los contribuyentes, señalado al iniciar sus actividades y al recibir periódicamente otras declaraciones de carácter tributario (c. 3°); iii) lo anterior es congruente con el objetivo del juicio ejecutivo de cobro de impuesto territorial, que consiste en obtener el pago de obligaciones tributarias morosas y no en rematar los inmuebles de los deudores ejecutados. Agrega el fallo: “La autoridad administrativa debe ser extremadamente cuidadosa de brindar a los contribuyentes la oportunidad para pagar la deuda insoluta o ejercer su derecho a defensa…”, especialmente cuando el valor de la deuda que se cobra es ínfimo si se lo compara con el valor del inmueble (c. 4°); iv) refuerza lo dicho el Principio de Publicidad, que consagra el art. 8° de la Constitución, en virtud del cual debe darse la mayor publicidad posible a los actos del Estado que puedan amagar derechos de las personas; v) resulta inadmisible el argumento de la ejecutante, de que la incidentista debía conocer su obligación de pagar el impuesto territorial del inmueble subastado, porque en ese entendido “devendrían superfluas” todas las notificaciones practicadas a los deudores morosos (c. 5°); vi) que la Constitución asegura a todas las personas, en su artículo 19 N° 3, inciso 6°, y sin excluir ningún proceso, el derecho a que toda sentencia que emane de un órgano jurisdiccional debe fundarse en un proceso previo tramitado con arreglo a la ley, correspondiendo al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos; este derecho implica necesariamente “el oportuno conocimiento de la acción y debido emplazamiento, la bilateralidad de la audiencia, aportación de pruebas pertinentes y derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal, imparcial e idóneo y establecido con anterioridad por el legislador (c. 6°); vii) el hecho de que toque al legislador concretar las garantías de un proceso justo y racional, no puede concebirse como una libertad irrestricta en su configuración, de modo que pueda ignorar aspectos esenciales del proceso (c. 8°); viii) que la bilateralidad de la audiencia implica que nadie puede ser condenado sin haber sido previamente oído, razón por la cual la ley dispone que la demanda y otras diligencias del juicio sean debidamente notificadas. De hecho, la finalidad de la notificación consiste en poner conocimiento del demandado la existencia de una demanda dirigida en su contra (c. 9°). Por todo lo anterior, se declaró que la interpretación del inciso 4° del art. 171 del Código Tributario que dice que sí se podría emplazar al deudor del impuesto territorial en un sitio eriazo, es contraria a la Constitución5, resultando por lo tanto inaplicable a la apelación que se tramita bajo el rol N.° 553-2016, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso6.
3.3 El voto de minoría se fundó, en lo que ahora interesa, en que: i) la notificación de una demanda busca poner en conocimiento del demandado la existencia de una acción que se dirige contra él, siendo de competencia del legislador establecer el modo de hacerlo”, pues la Constitución “no contiene reglas específicas sobre el particular. En ejercicio de su competencia, el legislador podrá, entonces, fijar el modo de notificar a una persona de una demanda, para lo cual es aceptable que tenga en cuenta la naturaleza del conflicto que ha dado origen a la demanda y los datos relativos a la persona a quien se busca notificar (c. 12°); ii) “en este caso existe una especial vinculación del cumplimiento del impuesto territorial en relación con el Rol de la propiedad y no con el RUT de su propietario. Lo anterior, por el carácter de naturaleza real que afecta directamente al bien raíz como un gravamen asociado a la cosa y cuyo cumplimiento debe satisfacer el titular que tenga algún derecho sobre la cosa… Este tipo de obligaciones de mayor intensidad en relación con la cosa han tenido un correlato similar en casos como el arrendamiento, auxiliado por el método de las presunciones (c. 13°), y iii) “habida cuenta de la libertad del legislador para establecer los mecanismos procesales necesarios para que un procedimiento judicial sea efectivo dentro de los márgenes constitucionales, de las características especiales del impuesto territorial y su directa vinculación a la propiedad raíz que se grava con el impuesto y de las circunstancias del caso concreto” (c. 21°).
El fallo que comentamos viene a zanjar -esperamos que de forma definitiva- la antigua cuestión de si acaso el inciso 4° del artículo 171 permite o no que se emplace a los deudores ejecutados en un sitio eriazo, en el juicio de cobro de impuesto territorial. Debemos señalar de entrada que la jurisprudencia mayoritaria de nuestros tribunales se ha inclinado por la afirmativa, amparándose en una dudosa interpretación literal de la norma en comentario y limitándose a señalar, por lo general, que la ley permite notificar y requerir de pago al ejecutado en el inmueble de cuya contribución se trate, sin importar si es un sitio eriazo, pues el legislador no hace ninguna distinción al respecto7. De entre las decenas de fallos revisados sobre esta materia en particular, solo dos señalan que no es posible notificar y requerir de pago al ejecutado en un sitio eriazo: i) la Corte de Apelaciones de Chillán8 anuló el remate y la inscripción conservatoria en favor del adjudicatario del inmueble, señalando: “Que en la especie, la notificación y requerimiento de pago… se hizo en… un predio rural, sin ningún tipo de construcción ni edificación… de lo expuesto no es posible siquiera presumir que en dicho lugar habite alguna persona apta para recibir la copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído, en la especie, el mandamiento de ejecución y embargo respectivo. 7º) Que… no puede estimarse que el acta de notificación y requerimiento de pago del recaudador fiscal antes referidos constituyan una notificación válida por la que se haya hecho saber la demanda y resolución al demandado y requerido… en términos de constituir un emplazamiento, lo que implica una violación al principio constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución”; ii) el segundo fallo fue pronunciado por el Juzgado de Letras de Colina9, y señala en lo medular que “… la notificación realizada… no fue verificada en forma legal, desde que el Servicio de Impuestos Internos informa que dicho predio corresponde a un sitio eriazo, luego conviene preguntarse, a quien se notificó y requirió de pago… la carta certificada no pudo haber sido recibida por nadie en un sitio eriazo, motivo por el cual debió procederse a una forma notificación más perfecta” (c. 7°).
Entre los autores, dice el profesor Jaime González Orrico: “En la propiedad de cuya contribución se trata solo puede notificarse personalmente al deudor… Tratándose de la notificación por cédula… cabe tener presente que las características del inmueble, como la de ser un sitio eriazo, un terreno baldío, una casa abandonada, o un predio agrícola, por citar algunos ejemplos, son aspectos relevantes a la hora de decidir su realización [de la notificación]. En efecto, entendemos que, siendo la notificación por esencia un acto de conocimiento (sic), fundamental por tanto para que se trabe una relación procesal válida y consecuentemente se respete el debido proceso, aun cuando se trate de la propiedad raíz materia del impuesto, si ella corresponde a un lugar que no resulta apto para que dicha actuación produzca efectos jurídicos, como acontece en los ejemplos mencionados, no es posible que se practique allí” (González, 2011, página 142). Asimismo, José Ramón Camiruaga, en su clásica obra sobre las notificaciones10, y el profesor Alejandro Romero, en su reciente Curso de Derecho Procesal Civil11, ponen énfasis en la notificación como acto procesal de comunicación.
Además de lo dicho, conviene poner de relieve un argumento de texto: el artículo 169 del Código Tributario señala que “Constituyen título ejecutivo, por el solo ministerio de la ley, las listas o nóminas de los deudores que se encuentren en mora, las que contendrán, bajo la firma del Tesorero Comunal que corresponda, la individualización completa del deudor y su domicilio (…)”. Es decir, es requisito del título ejecutivo que en él señale el domicilio del deudor, y no la dirección del inmueble cuyo impuesto se cobra; este es un hecho de la mayor importancia porque, si bien el siguiente artículo 171, inciso 4°, permite a la Tesorería notificar y requerir de pago al deudor “en la propiedad raíz de cuya contribución se trate”, es claro que un sitio eriazo no constituye domicilio de nadie, al tenor del artículo 59 del Código Civil, que define domicilio como “la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”. Si el título ejecutivo debe contener necesariamente el domicilio del deudor y no la dirección del inmueble que causa el impuesto, se debe a que el legislador ha preferido que se notifique y requiera de pago al deudor en su domicilio antes que en el inmueble de cuya contribución se trata, al haber establecido que además -y no en vez- de los lugares señalados en el art. 41 del CPC para la práctica de las notificaciones, “pueda” notificarse a los deudores morosos en el inmueble cuyo impuesto se cobra (c. 3°). Adicionalmente, como se dijo, la Tesorería registra el domicilio de todos los contribuyentes, quienes deberán declararlo al inicio de sus actividades y en las distintas declaraciones tributarias que dispone la ley (c. 3°).
Por otra parte, no debe perderse de vista que el deudor ejecutado tiene derecho a ser requerido de pago, de modo que tenga una oportunidad real y efectiva de evitar el remate de su inmueble pagando en ese acto la deuda que se le requiere, o bien oponiendo excepciones a la ejecución; el emplazamiento del deudor en un sitio eriazo implica desconocer este importante derecho del ejecutado, lo que probablemente acarreará la pérdida de su inmueble por no haber tenido oportunidad de pagar una deuda que, en la inmensa mayoría de los casos, es de un valor ínfimo si se la compara con el valor del inmueble (c. 4°).
En este contexto, los argumentos esgrimidos en el voto de minoría resultan insatisfactorios, no solo para fundar el rechazo del requerimiento, sino también para abordar el tema en general. Se dice, en efecto, que la notificación de la demanda busca poner en conocimiento del demandado el hecho de haberse dirigido una acción en su contra, y que corresponde al legislador establecer el modo de hacerlo, teniendo a la vista la naturaleza del conflicto que se resuelve y los datos de la persona que se quiere notificar (c. 12° del voto de minoría). El voto de mayoría se hace cargo de esta cuestión con una argumentación inobjetable: el hecho de que competa al legislador establecer las garantías para que un proceso sea racional y justo no quiere decir que cualquier mecanismo diseñado por este se ajuste necesariamente a la garantía del debido proceso, cuyos márgenes limitan y subordinan la labor legislativa (c. 8°); por lo demás, es evidente que la notificación y requerimiento de pago practicados en un sitio eriazo dejan incumplidos dos importantes requisitos del debido proceso, a saber, que el ejecutado se entere oportunamente de que está siendo notificando y requerido de pago (c. 2° del voto de mayoría) y también el de la bilateralidad de la audiencia, que implica que nadie puede ser condenado sin ser oído previamente (c. 9°). La revisión de jurisprudencia nos ha permitido advertir que en la mayoría de los casos en que se ha emplazado al ejecutado en un sitio eriazo, este ha quedado en indefensión, perdiendo definitivamente su inmueble12.
Dice también el voto de minoría que el legislador debe tener presente la naturaleza del conflicto que se resuelve al momento de determinar la forma en que debe practicarse la notificación, y que en este caso hay una especial vinculación de la obligación con el rol de avalúos de la propiedad y no con el rut de su propietario, en consideración a “la naturaleza real que afecta directamente al bien raíz como un gravamen asociado a la cosa y cuyo cumplimiento debe satisfacer el titular que tenga algún derecho sobre la cosa” (c. 12° y 13°). Hay en este argumento un error manifiesto, al considerar que el impuesto territorial está ligado al rol de avalúos del bien raíz antes que al rut del propietario; dice al respecto Roberto Rojas Retamal, que el sujeto pasivo de la obligación de pagar la contribución territorial ha sido regulado en detalle por la ley del ramo (arts. 25 y siguientes), al establecer que los obligados a su pago son el dueño y el ocupante del inmueble, además de regular algunos casos especiales como el del representante legal de una persona jurídica, el de los comuneros y el de los ocupantes de bienes raíces fiscales, municipales y nacionales de uso público13. Si la ley estableció de forma precisa quiénes son los sujetos pasivos de la obligación tributaria, es porque la consideración de la persona (“rut”) del propietario y demás obligados al pago es un antecedente fundamental e imprescindible para la práctica de las diligencias que comprende el emplazamiento14. Por todo lo dicho, es de esperar que este fallo marque un cambio definitivo en la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como de los tribunales ordinarios, en orden a que se prohíba definitivamente que se notifique y requiera de pago a los deudores del impuesto territorial en un sitio eriazo.
El fallo en comentario está llamado a marcar un hito en nuestra jurisprudencia, al decidir, en un caso concreto, que la Tesorería General de la República no pudo notificar ni requerir de pago al deudor ejecutado en un sitio eriazo, en el juicio ejecutivo de cobro de impuesto territorial, debiendo preferir para tales efectos el domicilio que el propio contribuyente registre al iniciar sus actividades, o bien el que señale en alguna de las declaraciones tributarias que presenten al Servicio de Impuestos Internos.
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1Rol N.° 2.259-2012-INA; en fallo dividido, se rechazó el requerimiento por 6 votos contra 3. Fallo de 2 de mayo de 2013.
2 El voto de minoría fue redactado por el Ministro don Iván Aróstica Maldonado.
3 Rol N.° 2.204-2012-INA; en fallo dividido, se rechazó el requerimiento por 6 votos contra 3. Este fallo también fue pronunciado con fecha 2 de mayo de 2013.
4 Este argumento suele repetirse tanto en las defensas de los adjudicatarios como en los escritos de la propia Tesorería General de la República; también ha cundido en los fallos de nuestros tribunales, según se dirá más adelante.
5 Aunque no es el tema de nuestro comentario, conviene decir que, en general, tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido que no es posible declarar inaplicable una determinada interpretación de la ley. Se pronuncia a favor de esta posibilidad Jorge Correa Sutil, en su obra Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (LegalPublishing, 2011).
6 El voto de mayoría fue redactado por el Ministro don Iván Aróstica Maldonado; también fue pronunciado por los Ministros Juan José Romero Guzmán; María Luisa Brahm Barril; Cristián Letelier Aguilar y José Ignacio Vásquez Márquez.
7 Solo a modo de ejemplo, pueden verse los siguientes fallos: i) Corte de Apelaciones de Santiago, rol N.° 2.119-2011: “Que las notificaciones exigidas por la ley se practicaron debidamente, no resultando procedente la distinción que hace la juez a quo en cuanto que por tratarse el inmueble de un sitio eriazo no pudo hacerse en ese lugar”; el fallo pasó en autoridad de cosa juzgada luego de que la Corte Suprema declarara inadmisibles los recursos de casación de forma y fondo, en los autos rol N.° 5.224-2012; ii) Corte de Apelaciones de Santiago, rol N.° 316-2013: “Que por su parte el artículo 171 inciso cuarto del Código Tributario, permite notificar la acción de cobro en la propiedad de cuya contribución se trate, cuestión que ocurrió en el caso sub lite”); iii) Juzgado de Letras de Colina, causa rol N.° 1.451-2013, resolución de fojas 896, de 5 de febrero de 2016: “Además, consta en autos, que la notificación de rigor se efectuó en el lugar que específicamente permite el artículo 171 inciso 4° del Código Tributario, cuando lo cobrado es el impuesto territorial” (la resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol N.° 3.028-2016), y iv) la resolución dictada por el Juzgado de Letras de La Ligua en la causa rol N.° 32-2013, en que incide el fallo del TC que comentamos.
8 Rol N.° 827-2005. Fallo redactado por el ministro don Darío Silva Gundelach.
9 Rol N.° 1.451-2013; resolución de 11 de marzo de 2015, escrita a fojas 455 y siguientes. Fallo redactado por el Juez Suplente don Patricio Hernández Jara, y confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago (rol N.° 4.185-2015).
10 Camiruaga (2004) pp. 9 y 10.
11 Romero (2017) p. 7.
12 A modo de ejemplo pueden verse los fallos citados en la nota 8 de este comentario.
13 Rojas (2001) pp. 77-82.
14 La idea de que la obligación de pagar el impuesto territorial recae directamente en el inmueble, sin importar la persona del deudor, no es nueva; en tal sentido, el Juzgado de Letras de La Ligua llegó al extremo de dar por bueno lo obrado en un juicio en que se había incluido en la nómina al rol de avalúos del inmueble, sin mencionarse al propietario. Al notificar y requerir de pago a los ejecutados, el ministro de fe dejó constancia en el acta respectiva de haber “dejado copia íntegra de la Nómina de Deudores Morosos y de su proveído a…”, sin indicar a ninguna persona. Se notificó el decreto de remate en términos similares, y en los avisos de publicidad que preceden a la subasta se mencionó solamente la ubicación del bien raíz, en lugar de individualizar a su dueño. El inmueble fue adjudicado en pública subasta, extendiéndose la correspondiente escritura pública de adjudicación; en dicha escritura el juez dijo comparecer como vendedor, en representación legal de las dos dueñas del inmueble, según la respectiva inscripción de dominio. Las propietarias interpusieron incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento, solicitud que fue rechazada en primera instancia. La decisión, con todo, fue revocada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió el artículo de nulidad argumentando “que las notificaciones deben tener como destinatarios las personas naturales o los representantes de las personas jurídicas, pero en ningún caso un lote de terreno, como ha ocurrido en el caso sublite” (c. 12°), agregando que la notificación prescrita por el artículo 171 del Código Tributario debe practicarse personalmente, en circunstancias de que en este caso “el notificado fue el lote de terreno, lo cual no resiste análisis serio para tenerlo como suficiente emplazamiento válido de una persona” c. 14°). Fallo publicado en Revista de Derecho y Jurisprudencia, 1993, tomo XC, Número 2, Segunda Parte, Sección Segunda, páginas 104 y siguientes.

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