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Timestamp: 2018-07-20 10:40:12+00:00

Document:
Justicia y Transparencia - 02579-2003-PHD/TC
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02579-2003-HD.html
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806) Artículo 18.- Conservación de la información
En la STC N.° 0950-2000-HD/TC, este Tribunal precisó que “La Constitución Política del Estado ha consagrado en estos términos el derecho fundamental de acceso a la información, cuyo contenido esencial reside en el reconocimiento de la facultad de toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad pública (...) no existiendo, en tal sentido, entidad del Estado o entidad con personería jurídica de derecho público que resulte excluida de la obligación de proveer la información solicitada. Pero es además otra característica del derecho en cuestión la ausencia de expresión de causa o justificación de la razón por la que se solicita la información; este carácter descarta la necesidad de justificar la petición en la pretensión de ejercer otro derecho constitucional (v.gr. la libertad científica o la libertad de información) o en la existencia de un interés en la información solicitada, de modo tal que cualquier exigencia de esa naturaleza es simplemente inconstitucional (...)”.
4. A su vez, en el Fundamento Jurídico N.° 10 de la STC N.° 1797-2002-HD/TC, este Tribunal sostuvo que “El derecho de acceso a la información pública... se encuentra estrechamente vinculado a uno de los contenidos protegidos por la libertad de información. Y al igual de lo que sucede con esta última, debe indicarse que el derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión. Por un lado, se trata de un derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente legítimas. A través de este derecho se posibilita que los individuos, aisladamente considerados, puedan trazar, de manera libre, su proyecto de vida, pero también el pleno ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, en su dimensión individual, el derecho de acceso a la información se presenta como un presupuesto o medio para el ejercicio de otras libertades fundamentales, como puede ser la libertad de investigación, de opinión o de expresión, por mencionar alguna (...)”.
5. En el Fundamento N.° 11 de la precitada sentencia, puntualizó que el derecho de acceso a la información también “(...) tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna, a fin de que pueda formarse una opinión pública, libre e informada, presupuesto de una sociedad auténticamente democrática (...)”.
El Tribunal Constitucional destaca, por principio, que el derecho de acceso a la información pública es consustancial a un régimen democrático. (De manera que éste) “(...) no sólo constituye una concretización del principio de dignidad de la persona humana” (art. 1° de la Constitución), sino también un componente esencial de las exigencias propias de una sociedad democrática, ya que su ejercicio posibilita la formación libre y racional de la opinión pública. La democracia, se ha dicho y con razón, es por definición el “gobierno del público en público” (Norberto Bobbio).
6. Asimismo, este Colegiado ha relevado que cuando el ejercicio del derecho de acceso a la información pública está destinado a contribuir con la formación de una opinión pública, libre e informada, éste ha de considerarse como una “libertad preferida”. Tal condición se ha precisado en el Fund. Jur. N.° 11 de la STC N.° 1797-2002-HD/TC: “(...) no quiere decir que al interior de la Constitución exista un orden jerárquico entre los derechos fundamentales que ella reconoce, en la cúspide del cual se encuentre o pueda encontrarse el derecho de acceso a la información u otros derechos que cuentan igualmente con idéntica condición. Y, en ese sentido, que una colisión de éste con otros derechos fundamentales [o con otros bienes constitucionalmente protegidos] se resuelva en abstracto, haciendo prevalecer al que tiene la condición de libertad preferida. Evidentemente ello no es así. Todos los derechos constitucionales tienen, formalmente, la misma jerarquía, por ser derechos constitucionales. De ahí que ante una colisión entre ellos, la solución del problema no consiste en hacer prevalecer unos sobre otros, sino en resolverlos mediante la técnica de la ponderación y el principio de concordancia práctica”.
El segundo párrafo del artículo 10° del Decreto Supremo N.° 043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que “(...) se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa”. El Tribunal Constitucional considera que la exigencia de que la documentación se encuentre financiada por el presupuesto público es irrazonablemente restrictiva de aquello que debe considerarse como “información pública”. Lo realmente trascendental, a efectos de que pueda considerarse como “información pública”, no es su financiación, sino la posesión y el uso que le imponen los órganos públicos en la adopción de decisiones administrativas, salvo, claro está, que la información haya sido declarada por ley como sujeta a reserva.
El inciso 6) del artículo 17° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que “El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente: (...) 6°. Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la Constitución o por una Ley aprobada por el Congreso de la República”.
14. En la contestación de la demanda, tanto la Procuradora Pública encargada de los asuntos judiciales del CNM, como el Presidente de este órgano constitucional, han sostenido que no entregaron la información requerida por la recurrente, acatando la prohibición que establece el artículo 43° de la LOCNM: ...la información en comento, ha sostenido el primero de los emplazados nombrados, no se encuentra disponible al libre tráfico informativo; siendo así al constar el carácter confidencial de la información y que por ende no se encuentra dentro del tráfico documentario, no se justifica que sea brindado a la demandante.
En efecto, de acuerdo con el artículo 8° de la Ley N.° 23506, la resolución final constituye cosa juzgada únicamente si es favorable al recurrente, aunque también “puede oponerse a quien pretendiera ejecutar o ejecutase igual agresión”. Y, de conformidad con el artículo 9° de la misma Ley N.° 23506, las sentencias “... sentarán jurisprudencia obligatoria cuando de ellas se puedan desprender principios de alcance general”, debiendo, en todo caso, observarse que, en concordancia con la Primera Disposición General de la LOTC, “Los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”.
20. Una modulación de los efectos de las sentencias dictadas en el seno de estos procesos constitucionales de la libertad se justifica, como lo ha expresado la Corte Constitucional colombiana, “(...) en el deber de colaborar armónicamnte con los restantes órganos del Estado para la realización de sus fines. Del mismo modo que debe comunicarse a la autoridad competente la noticia relativa a la comisión de un delito [artículo 11° de la Ley N.° 23506], no se ve por qué deba omitirse la notificación de que un determinado estado de cosas resulta violatorio de la Constitución Política”.
EXP N°. 2579-2003-HD/TC
JULIA ELEYZA
ARELLANO SERQUEN
Lima, 12 de mayo de 2004
La solicitud de aclaración de la sentencia de autos presentada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); y,
1. Que se solicita que este Tribunal corrija el error material en que ha incurrido al haber sostenido que la entrevista a la que fue sometida doña Julia Eleyza Arellano Serquen no fue pública, sino reservada. Efectivamente, de la revisión de la Resolución N.° 159-2001-CNM, obrante en autos, a fojas 2, se desprende que dicha entrevista fue reservada, por lo que debe corregirse el error.
2. Que, por otro lado, se solicita que se aclare el punto 2 del fallo, incluyéndose la condicionante establecida en el fundamento 17 de la sentencia, a efectos de que, en ejecución de sentencia, el juez evalúe si el Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación fue tomado como referencia para adoptarse el acuerdo de no ratificación de doña Julia Eleyza Arellano Serquen, a fin de determinarse si se entrega o no dicho documento.
Sobre el particular, el Tribunal debe señalar que, en el derecho procesal constitucional, las sentencias no solo vinculan por lo resuelto en su parte resolutiva, sino también en su parte considerativa, de manera que no cabe la subsanación solicitada.
3. Que, finalmente, se sostiene que el punto 5 del fallo constituye “en el fondo una advertencia o apercibimiento que no se condice con el respeto mutuo que se merece la investidura de cada uno de los magistrados que representan un órgano o poder del Estado, ni con las funciones atribuidas constitucionalmente al Tribunal Constitucional”, por lo que se solicita que “se sirva dejar sin efecto el Fundamento Jurídico N.° 21 y el punto 5 de su fallo”.
Al respecto, es necesario precisar que la “prevención” a la que allí se alude es coherente y acorde con la naturaleza de la institución del “estado de cosas inconstitucionales” desarrollado por los fundamentos 18 y siguientes de la Sentencia, de modo que no solo no constituye un menoscabo de la institución emplazada, de la que este Tribunal es respetuoso, sino una técnica absolutamente necesaria del establecimiento del estado de cosas inconstitucionales referido, que permitirá evaluar, en el futuro, hechos similares al declarado incompatible con la Constitución. Y ello sin perjuicio de señalarse que, dada la autoridad de cosa juzgada que tienen las sentencias estimatorias de amparo, es inadmisible que este Tribunal “deje sin efecto” un fundamento jurídico y menos, desde luego, un aspecto indicado en la parte resolutiva de su sentencia.
1. Corregir el error material indicado en el considerando 1, precisando que el proceso de evaluación al que fue sometida la amparista, fue realizado reservada y no públicamente.
2. SIN LUGAR los demás extremos de la solicitud de aclaración.

References: Artículo 18
 artículo 10
 artículo 17
 artículo 43
 artículo 8
 resolución 
 artículo 9
 Resolución