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Timestamp: 2018-12-12 01:51:12+00:00

Document:
Tema Derecho a la libertad personal EXP. N.° 02635-2007-PHC/TC
Resolución N.º 02635-2007-HC/TC PIURA
Fecha de publicación 21/01/2008
Caso Epifanio Ruiz Crespo EPIFANIO RUIZ
SumillaComo todo derecho fundamental, el derecho a la libertad personal no es absoluto, pudiendo limitarse tanto de forma intrínseca, respecto de su naturaleza y configuración del derecho en cuestión, como también se puede restringir de forma extrínseca, cuando provienen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales (FJ 3).
En Lima, a los 7 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Epifanio Ruiz Crespo contra la sentencia la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 76, su fecha 2 de abril de 2007, que declara infundada la demanda de autos.
Con fecha 15 de febrero de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los integrantes de la Sala Vacacional de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Piura, vocales Reyes Puma, Urrego Chuquihuanca y Ruiz Arias, acusando vulneración a su derecho al debido proceso, el mismo que se configuraría con la emisión de la Resolución de fecha 5 de febrero de 2007 que confirma el mandato de detención dictado en su contra, en la instrucción que se le sigue por el delito de actos contra el pudor. Alega que no se reúnen los requisitos que establece el artículo 135.° del Código Procesal Penal, por lo que dicha medida es arbitraria e ilegal. De otro lado refiere que durante la investigación preliminar se le ha restringido su derecho a ser asistido por un abogado así como que no habría intervenido el representante del Ministerio Público.
El Quinto Juzgado Penal de la Provincia del Piura, con fecha 26 de febrero de 2007, declara infundada la demanda por considerar que no se han vulnerado los derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva del demandante, pues ha tenido acceso a los medios impugnatorios y de defensa.
La recurrida confirma la apelada por su mismo fundamento y agrega que de los actuados del cuaderno de apelación no se justifica la alegación del demandante respecto a la intervención del representante del Ministerio Público.
1. El objeto de la demanda es quese declare la nulidad de la Resolución de fecha 5 de febrero de 2007 emitida por la Sala Superior emplazada que en el Incidente N.° 2007-00076 confirma el mandato de detención decretado en contra del recurrente, en la instrucción que se le sigue por el delito de actos contra el pudor en agravio de una menor de edad.
Con tal propósito, se alega afectación al derecho al debido proceso, en su manifestación de la motivación resolutoria, y al derecho de defensa, pues respecto a esta última denuncia constitucional afirma que durante la investigación preliminar se le habría restringido el derecho a ser asistido por un abogado y que no habría intervenido el representante del Ministerio Público.
2. Respecto a la alegación del demandante de que durante la investigación preliminar se habría restringido su derecho a ser asistido por un abogado así como que no habría intervenido el representante del Ministerio Público, aun cuando este Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que “la función del Ministerio Público es requiriente, es decir, postulante y en ningún caso decisoria ni sancionatoria, habida cuenta que no tiene facultades coactivas ni de decisión directa para la apertura de instrucción penal, por lo tanto, su accionar, conforme al ordenamiento legal, no comporta amenaza o violación a la libertad personal ni a sus derechos conexos” (Cfr. STC N.os 3960-2005-PHC/TC y STC 7136-2006-PHC/TC, entre otras), tal alegación resulta improcedente en aplicación del artículo 5.° inciso 5, del Código Procesal Constitucional, toda vez la supuesta vulneración se ha sustraído en momento anterior a la postulación de la demanda, en tanto que, por los hechos por los que fue investigado preliminarmente, se encuentra sujeto a una instrucción penal.
3. El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental, no es absoluto; el artículo 2º, inciso 24), ordinales "a” y "b", establece que está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o limitado mediante la Ley. A tal efecto, los límites que puede imponérsele son intrínsecos y extrínsecos; los primeros se deducen de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión, mientras que los segundos provienen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales.
4. Al respecto, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no por ello es, per se, inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva, ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo procesado y, legalmente, se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado. En tal sentido, tanto la resolución que decreta el mandato de detención como su confirmatoria deben cumplir con la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales.
5. El artículo 135º del Código Procesal Penal establece que para el dictado de la medida cautelar de detención es necesaria la concurrencia simultánea de tres presupuestos: a) que existan suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito doloso que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo (...); b) que la sanción a imponerse o la suma de ellas sea superior a un año de pena privativa de libertad (...), y c) que existan suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad probatoria. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el expediente N.° 1091-2002-HC/TC, caso Vicente Ignacio Silva Checa, que la justicia constitucional no es la competente para determinar la configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción de la detención judicial preventiva, lo cual es tarea que compete a la justicia penal ordinaria; sin embargo, sí es su atribución el verificar si estos presupuestos concurren de manera simultanea y que su imposición sea acorde a los fines y al carácter subsidiario y proporcional de dicha institución; lo que debe estar motivado en las resoluciones que se cuestiona.
6. En el presente caso, examinada la resolución cuestionada (fojas 2) se aprecia de la misma que no cumple con la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales adecuada a las condiciones legales de la materia, puesto que no expresa en sus fundamentos una suficiente justificación, descrita de manera objetiva y razonada a efectos de confirmar el mandato de detención en contra del recurrente, limitándose a señalar que “las pruebas actuadas (...) no [han] desvirtuado lo señalado anteriormente en la referencial de la menor”. En consecuencia, la demanda debe ser estimada al haberse acreditado la vulneración del derecho a la motivación resolutoria, resultando de aplicación el artículo 2° del Código Procesal Constitucional, lo que no implica la libertad del demandante en tanto subsiste la medida cautelar de la libertad decretada en el auto de apertura de instrucción, pronunciamiento judicial que no ha sido materia de cuestionamiento ni de análisis constitucional.
1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos, en cuanto a la impugnada motivación resolutoria.
2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto a la afectación al derecho de defensa.
3. Ordenar que la Corte Superior de Justicia de Piura disponga que se emita nuevo pronunciamiento judicial en el Incidente N.° 2007-00076, materia de autos, conforme al ordenamiento legal y constitucional.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 135
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 2
 resolución 
 artículo 135
 resolución 
 artículo 2