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Timestamp: 2018-02-21 15:01:12+00:00

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Cargado por alvaroabogado5068
Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Radicación No 35.519 Acta No. 25 Bogotá D.C., primero (1) de julio de dos mil nueve (2009).
Decide la Corte el recurso de casación que interpuso ALEJANDRO FACCINE Y COMPAÑÍA LIMITADA contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, dictada el 23 de noviembre de 2007 en el proceso ordinario laboral que le promovió ERWIN JOSÉ SERRANO GARZÓN. I. ANTECEDENTES Erwin José Serrano Garzón demandó a la sociedad Alejandro Faccine y Compañía Ltda., con el objeto de que se la condene a pagarle salarios, cesantía, intereses de cesantía, vacaciones, horas extras, sin dominicales justa y festivos, indemnización por despido causa,
indemnización moratoria, devolución de los aportes de salud, aportes al sistema de pensiones, indemnización por la no consignación de la cesantía en los fondos administradores de cesantía, e indexación de las sumas adeudadas.
Radicación 35.519
Afirmó que se vinculó a la demanda a partir del 1 de junio de 1998; que el último salario que devengó fue de $1’800.000,oo; que fue afiliado a salud y riesgos profesionales, mensuales, con un nunca salario básico de al $300.000,oo salario real que correspondió
devengado; que la enjuiciada nunca cumplió con el pago de los aportes al sistema de pensiones; y que la demandada no realizó los aportes “de las cesantías a un Fondo de Pensiones, legalmente constituido”. La parte convocada a la causa, al responder el libelo, sostuvo que el demandante nunca estuvo vinculado por contrato de trabajo, sino por contrato civil de prestación de servicios, como profesional independiente, con autonomía técnica, directiva e independencia en el manejo de las obras. Se opuso a todas las súplicas; y propuso las excepciones de cobro de lo no debido e inexistencia de las obligaciones. La sentencia del 6 de octubre de 2006, pronunciada por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, deshizo el lazo jurídico de instancia. En su virtud, condenó a la demandada a pagar al demandante $5’250.000,oo, por concepto de indemnización por despido injusto, $62’109.998,oo, por concepto de sanción por la no consignación de las cesantías al fondo respectivo, y $356.000,oo, por concepto de la sanción por los intereses de cesantía; la condenó a girar al I.S.S. las sumas que resulten causadas por concepto de aportes en pensiones por la
vigencia del contrato de trabajo; la absolvió de las demás pretensiones; le impuso las costas; y declaró probada parcialmente la excepción de prescripción. II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL Apeló la parte demandada y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada, confirmó la de primera instancia y dispuso no elevar condena en costas en la alzada. El Tribunal empezó por advertir que el tema puntual por examinar se contrae a determinar si entre las partes existió un verdadero y real vínculo laboral, que permitiera derivar los derechos reclamados por el actor. Anotó que, con fundamento en los
formularios de afiliación al Instituto de Seguros Sociales en pensiones y riesgos profesionales, a la EPS Cafesalud y a la Caja de Compensación Familiar de Colsubsidio, al igual que en los formularios de autoliquidación en pensiones y salud, en los que aparece como empleador la empresa demandada, es fácilmente aplicable la presunción contenida en el artículo 24 del Código de la materia. Pasó a referirse a la carta de despido y a la liquidación final de prestaciones sociales, “en las que se
reconocen al actor emolumentos que sólo en el ámbito de un
contrato de trabajo es factible cancelar”. A continuación, apuntó:
“Así las cosas, no resulta claro para la Sala el que la demandada niegue la existencia del vínculo laboral, cuando sus actuaciones y manifestaciones estuvieron encaminadas a reconocer la existencia de un contrato de trabajo, y por tanto no resulta convincente el argumento de su apoderado en cuanto a que el reconocimiento de dichos emolumentos se hizo por mera liberalidad para evitar litigios futuros, pues una clara regla de la experiencia en materia laboral demuestra que difícilmente un patrono por mera liberalidad reconoce sumas de las que está seguro no se encuentra obligado a su pago, máxime si dichos emolumentos ascienden al monto de mas (sic) de diez millones de pesos”.
jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en general, no es necesario probar el elemento subordinación, pues si fuera indispensable acreditar los tres elementos señalados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, significaría que la presunción consagrada en el 24 sería inoperante e inocua. Destacó que no encuentra soporte probatorio para tener por desvirtuado el vínculo laboral alegado por el actor, y si bien es cierto que no necesariamente el contrato de prestación de servicios debe pactarse por escrito, “si es cierto que por lo menos deben estar claramente probadas las condiciones de ejecución del mismo, así como los parámetros de su celebración, situación que igualmente no fue acreditada dentro del plenario”.
Finalmente, y luego de citar dos fragmentos de fallos de esta Sala –de las que no dio el número de su radicación- expresó:
“De lo anterior, surge con claridad meridiana que la llamada a juicio al no desvirtuar la presunción alegada por el actor bajo la demostración de la prestación personal de un servicio, remunerado y bajo las ordenes (sic) de la demandada, ésta ha de soportar las obligaciones patronales que en su condición de empleadora le es legalmente exigido asumir”.
III. EL RECURSO DE CASACIÓN Lo interpuso la parte demandada. El alcance de la impugnación lo planteó en estos términos.
“La impugnación que hago de la sentencia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Laboral, del 22 de Noviembre de 2007, tiene como finalidad que se case en su totalidad el fallo acusado, en cuanto por el ordinal primero de la parte resolutiva, confirmó las condenas impuestas por el Juez de la primera instancia, condenas que son directamente violatorias de la ley sustancial en consecuencia del quebrando (sic) de las normas procesales sobre Prescripción de los derechos laborales, y se modifique el Fallo de primera instancia proferido por el Juez Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, el día 6 de Octubre de 2006 y en su lugar, obrando la Honorable Corte de Justicia en función de instancia modifique y aclare las condenas interpuestas (sic) en cuanto a la fecha y cuantía de las mismas excluyendo de éstas los derechos prescritos, y por ende para tasar las condenas sobre indemnización por despido sin justa causa, sanción por no consignación de las cesantías a un fondo y pago de aportes al sistema general de pensiones, solo podrán tenerse en cuenta los derechos laborales causados con posterioridad al 18 de Abril de 1999”.
Con esa finalidad, propuso un cargo, que fue objeto de réplica. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violar:
“directamente los artículos 151 y 145 del C.P.T. 305 y 306 del C.P.C. y por aplicación indebida de los artículos 488 y 489 del C.S.T., 1527, 1625, 2512 y 2535 del C.C. y 151 del C.P.T., infracción legal que produjo, como consecuencia, la aplicación también indebida, 19, 20, 55, 64, 249, 253 del C.S.T., Ley 50 de 1990, Artículo 99 numeral 3º y artículo. 6, Ley 100 de 1993. “Invoco la causal primera de Casación Laboral por violación directa y aplicación indebida de los Artículos 488 y 489 del Código Sustantivo Laboral y Artículo 151 del Código de procedimiento Laboral”.
Al desarrollar el cargo, dijo que el a quo estableció que sólo reconocería los derechos laborales causados con posterioridad al 18 de abril de 1999, pero aplicó de manera errada la norma, al momento de realizar las condenas en concreto, puesto que reconoce y condena por derechos correspondientes al año 1998, “derechos y por ende obligaciones ya prescritas”.
Respecto de la condena por indemnización por despido injusto, señaló que el Tribunal erró “al incluir dentro de la misma los 45 días de salario como valor por indemnización del primer año de servicio, dando aplicación al Artículo 6 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que dicho primer año, es decir lo concerniente entre el 1 de Junio de 1998 a 31 de Mayo de 1999, se encontraba prácticamente prescrito de conformidad con el punto 2 de la sentencia”. Más adelante, agregó:
“En este orden de ideas, el primer año de servicio es el correspondiente al 1 de Junio de 1998, hasta el 30 de Mayo de 1999, y tomando en cuenta que el fallador estipulo (sic) dentro la (sic) sentencia que solo serían objeto de estudio para el proceso, los derechos laborales causados al 18 de Abril de 1999, obedeciendo a la excepción de merito (sic) de Prescripción, y tomando el principio de que lo accesorio corre la suerte de lo principal, los derechos anteriores a dicha fecha se encuentran prescritos, por lo cual no es posible condenar sobre el primer año de servicio laborado, es decir sobre los $2.700.000, a que hace alusión el a quo, por concepto de los 45 días del primer año de servicio, que ya estaba prescrito”.
En lo atinente a la condena por concepto de sanción por no consignación del auxilio de cesantía, acotó:
“La cesantía causada a 31 de diciembre de 1998, se encuentra prescrita de conformidad con la declaración de prescripción de la sentencia de primera instancia, y como lo accesorio corre la suerte de lo principal, no encuentra el aquí casacionista razón jurídica para que se sancione por la no consignación de las cesantías, cuando el derecho principal que en este caso son las cesantías del año 1998 se encontraba prescrito.
“En este orden de ideas, no es posible declarar la prescripción de los derechos laborales correspondientes al año de 1998 y a su vez condenar mediante sentencia por las sanciones accesorias a dichos derechos prescritos, por tal razón se debió al momento de liquidar la condena, excluir los derechos anteriores al 18 de abril de 1999, entre estos el derecho a la cesantía del año 1998, la cual debía ser consignada antes del 15 de Febrero de 1999, es decir que en caso de que no se hubiese pagado dicha prestación a la finalización del contrato, el Juez de instancia no hubiese podido condenar por la (sic) cesantías del año 1998, por encontrarse dicho derecho prescrito, es así como tampoco podía condenar por la sanción por no consignación de la (sic) cesantías en el fondo, lo cual quiere decir los 1001 días a los que el a quo hace relación por mora, corresponde (sic) a una mora de un derecho prescrito, y por ende la cuantificación dicha (sic) sanción por la no consignación de cesantías causadas a 31 de Diciembre de 1998, sanción que tasa en $26.693.333, no es de recibo tomando en cuenta que el derecho principal se encontraba prescrito”.
Y puso de presente que el Tribunal “no advirtió que el juzgado formulo (sic) condena por derechos ya prescritos, como es el primer año del despido sin justa causa y la sanción por no consignación de las cesantías, así como que el a-quo no fue claro al momento de imponer la condena por el pago de aportes al sistema general de pensiones de la totalidad de los aportes a que tiene derecho el demandante durante todo el tiempo laborado, por cuanto no establecen las fechas a partir de las cuales debe realizarse el pago de dichos aportes”. LA RÉPLICA La parte demandante solicita desatender el cargo, al estar sustentado en premisas equivocadas y en
argumentos que no tienen asidero ni jurídico ni legal. Resalta que el juez de la primera instancia no podía declarar la prescripción, en razón de que no fue propuesta como excepción por la parte demandada. Y pide de esta Sala que, en función de juez de instancia, modifique la sentencia acusada “para que con base en los principios generales del derecho, los principios ultra y extra petita, y en especial el principio de congruencia se ajuste el fallo a derecho sobre las condenas impuestas por el Juez de primera instancia, toda vez que, éste no podía haber declarado la prescripción de los derechos del trabajador reclamante por NO excepción”. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Definitivamente, el Tribunal no incurrió en los quebrantos normativos que le achaca el cargo, de suerte que este último no está llamado a alcanzar prosperidad en el recurso. Sea lo primero advertir que la lectura del fallo acusado en casación deja al descubierto que el Tribunal no se refirió a la prescripción de los derechos reclamados en los estrados judiciales. Ello significa que mal podría echársele en cara la aplicación indebida de los preceptos legales
ser propuesta a través de
acusados por la censura. Tampoco sentencia los de segunda del de de juez entenderse instancia singular que, fue en como la
totalmente torno a la
confirmatoria de la de primer grado, el ad quem hizo suyos razonamientos prescripción, la acusación tendría vocación de éxito. En efecto, por mandato del artículo 306 del estatuto que gobierna los ritos civiles, aplicable al procedimiento laboral mereced a lo dispuesto en el artículo 145 del Código de la materia, la excepción de prescripción necesariamente deberá ser alegada por el demandado , de modo que al juez le está vedado declararla probada de oficio. La revisión de la respuesta a la demanda (fls. 48 a 55) y de su adecuación (fl. 60), esta última dispuesta por el juez que adelantó la primera instancia (fl. 59), en aras de poner el juicio a tono con los cambios introducidos por la Ley 712 de 2001 y de salvaguardar el derecho de defensa, deja al descubierto que la parte convidada a la causa no propuso la excepción de prescripción. Ante esa evidencia procesal, se cae de su peso que el tema de la prescripción quedaba por fuera del
debate judicial y, por ende, no podía ser examinado por el administrador de justicia de conocimiento. Sin embargo, el juez de la causa, en el entendido de que fue propuesta por el enjuiciado en la contestación a la demanda, entró a estudiar la prescripción y concluyó que se había configurado en relación con los derechos recabados y que se causaron hasta el 18 de abril de 1999. Ciertamente, en su fallo, asentó:
“Previamente al estudio de las peticiones del demandante, se estudiará lo relativo a la excepción de mérito de prescripción, propuesta por la parte demandada junto con su contestación y encontramos. “Conforme a lo dispuesto en el artículo 488 del CPTSS., las acciones atinentes a la reclamación de los derechos laborales, regulados en el código laboral, prescriben a los tres (3) años, contados a partir desde el momento mismo en que la obligación se hizo exigible, hasta la interrupción de dicho término conforme a los lineamientos legales. “Encontramos entonces, que ante la anuencia (sic) de reclamo escrito del trabajador ante su empleador sobre los derechos aquí reclamados, se entenderá surtida la interrupción de cada uno de los derechos, hasta a la (sic) fecha de presentación de la demanda, teniéndose entonces que serán objeto reestudio (sic) para el presente proceso, los derechos laborales causados con posterioridad al 18 de abril de 1999”.
Esta decisión, a todas luces incongruente del juez de primer grado, en manera alguna puede ser utilizada por la parte demandada para obtener un tratamiento
más benévolo aún en este punto, como aspiración, expuesta en el recurso de casación, de
disminución de la condena (en el caso de la indemnización por despido injusto) o de su exoneración (en la hipótesis de la sanción moratoria por la no consignación de la cesantía en un fondo). Pero hay más. La cuestión de la prescripción tampoco podía ser asumida por el juez de la segunda instancia, por cuanto fue dejada a un lado por la parte recurrente en apelación, que lo fue la demandada, en el escrito de sustentación de la alzada. Así se concluye de la pasada de revista del memorial obrante a folio 113, en el que se lee:
“. La presunción del artículo 24 del CST no opera porque como aparece en los interrogatorios de Alejandro Faccini Botero (folios 69 a 76) y Manuel Decid Romero Cardenas (sic) (folios 81 a 83) no existía subordinación entre la empresa ALEJANDRO FACCINI Y CIA y el demandante ERWIN JOSE SERRANO. Existió si, un contrato de prestación de servicios, regulado por la ley civil y no laboral. “. No es cierto como dice el aquo (sic) que solamente exista prestación de servicios cuando existe un contrato escrito. El contrato civil o comercial de prestación de servicios no requiere formalidad alguna. “. Como se deduce del expediente el señor ERWIN JOSE SERRANO es un ingeniero mecánico, poseedor de conocimientos especializados en su área. Como lo manifestó el señor Manuel Decid Romero Cardenas (sic), al igual que él, prestaba sus servicios profesionales a diversas empresas diferentes de las empresas de los clientes de ALEJANDRO FACCINE Y CIA, elaborándoles planos y
supervisándoles obras.
“. En virtud del artículo 53 de la Constitución Política debe primar la realidad en las relaciones de trabajo. Así obre dentro del expediente un contrato individual de trabajo con el demandante, lo cierto es que tal contrato no se ejecutó ya que se firmó por exigencias de un contratante de la demandada. El demandante fue siempre autónomo y por eso no existió contrato de trabajo. “. Si no existió contrato de trabajo, no existía obligación de consignar cesantías en el respectivo fondo. La empresa por mera liberalidad y para evitar litigios le pagó tal prestación. Existió mala fe del demandante porque él se lucró con lo recibido. No es equitativo hablar del que paga mal paga dos veces. “. Si no existió contrato de trabajo tampoco era procedente condenar al demandado a pagar indemnización por despido injusto. “Por lo anterior pido que sea declarado que la demandada no debe al demandado (sic) nada y por lo tanto sea reformada la sentencia del a quo, declarándole inocente”.
A propósito, bien vale la pena recordar que esta Sala de la Corte ha puntualizado que la prescripción no es una cuestión accesoria al derecho reclamado en juicio, lo que impone al apelante referirse expresamente a ella, pues de lo contrario, el juez de la alzada, al quedar por fuera del ámbito de la apelación, no tendría vocación legítima para asumir su estudio y tomar un pronunciamiento al respecto. En sentencia del 28 de enero de 2003 (Rad. 19.151), la Sala expresó:
“Tal como lo destaca la censura, el ad quem entendió que el argumento central de la apelación consistió en que no son aplicables a este caso el inciso tercero, parágrafo primero del artículo 1º de la Ley 33 de 1973 y el parágrafo primero del artículo 28 del Decreto 758 de 1990 que
aprobó el Acuerdo 049 de 1990, pues que las disposiciones pertinentes son los artículos 61 de la Ley 90 de 1946 y 23 del Decreto 3041 de 1966 teniendo en cuenta que estaban vigentes para el 21 de marzo de 1976 cuando falleció el señor Eduardo Castro Lara. “Según el Tribunal, pues, las disposiciones legales que sirvieron de fundamento al juez de primera instancia para resolver lo referente al acrecimiento de la mesada pensional de sobreviviente reclamado por la actora, son las que se avienen al caso y, por eso, resolvió confirmar la sentencia apelada, destacando que ese argumento fue el único expuesto en el recurso de apelación. “Y es precisamente en torno a ese punto, que se muestra inconforme la censura, señalando que “..., del aparte trascrito de la providencia de segundo grado, se desprende que para el Tribunal es necesario que el recurrente en apelación puntualice y precise los términos de inconformidad respecto de cada uno de los puntos de la sentencia apelada, con lo cual solemnizó al extremo el recurso de apelación en materia laboral y el requisito de la sustentación”. “No lo estima la Corte así, pues en la decisión del Tribunal lo que en verdad se dice, o por lo menos lo que se quiso significar es que no se podían examinar puntos de la sentencia de primer grado que no merecieron reparo del apelante, por estarle vedado enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, aspecto que está acorde con lo previsto en ese sentido en el inciso primero del artículo 357 del C. de P.C., aplicable analógicamente para la época en que fue interpuesto el recurso y proferida la sentencia acusada. “En cuanto al señalamiento que hace el ataque relativo a que el Tribunal quedó obligado a examinar el estudio de la excepción de prescripción propuesta por el I.S.S., en razón a que el alcance de la apelación estaba encaminado a obtener una absolución total, es de advertir que ello no constituye un aspecto inherente al punto debatido concerniente a la existencia o no del derecho discutido sobre lo cual versó la impugnación, si se tiene en cuenta que la prescripción, por el contrario, parte de la existencia del derecho para determinar su extinción por no haberse ejercitado la acción pertinente dentro del plazo de carácter perentorio que señala la ley, de manera que al no ser materia tal fenómeno jurídico del recurso de alzada mal podía el Tribunal ocuparse de su examen. “Es que la prescripción como modo de extinción
de las obligaciones no puede ser estimada como una cuestión accesoria al derecho reclamado, como sí sucede con la indemnización moratoria, donde necesariamente su imposición depende de una condena por salarios o prestaciones o aún indemnizaciones, puesto que aquella no está subordinada al surgimiento de un derecho sino que, por el contrario, o bien se discute cuando se parte del supuesto de encontrarse ya causado, o de que eventualmente puede ser reconocido, lo cual es una cuestión ostensiblemente distinta. “Lo dicho cobra mayor fuerza de convicción frente al texto del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, aplicable analógicamente en el procedimiento laboral, que prevé que cuando el juez encuentre probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente, salvo entre otras, la de prescripción, que deberá alegarse en la contestación de la demanda, de donde se infiere nítidamente que la prescripción no es una cuestión intrínseca a los supuestos de hecho de la norma que regula el derecho controvertido por las partes, que exija su examen en todo caso para que se pueda dirimir la discusión suscitada en lo atinente a la existencia de la prestación reclamada. En sentido semejante, en la sentencia radicada con el número 1861 del 13 de abril de 1989, dijo la Corte: “En la contestación de la demanda Ecopetrol propuso la excepción de prescripción (ver fol. 52) que el a quo no encontró probada de acuerdo con las razones siguientes: ‘...Además la acción, en cuanto a la totalidad de las pretensiones, no está prescrita por dos razones. La primera porque el dictamen, de la Oficina Departamental del Trabajo y Seguridad Social, que fijó la incapacidad del demandante, sólo se produjo el 25 de noviembre de 1986 y es a partir de esa fecha que se contabiliza el tiempo a efecto de determinar la exigibilidad del derecho y la consecuencial prescripción, en cuanto a indemnización total de perjuicios, pensión de invalidez y salarios dejados de percibir desde el 10 de septiembre de 1981 hasta cuando se determinaron las secuelas. La segunda razón, en cuanto a indemnización por despido y sanción moratoria, porque el demandante, mediante reclamo escrito, en marzo 3 de 1984, interrumpió la prescripción (art. 60 C. P.L. en concordancia
con el 151 del mismo y. 488 del C.S. del T.’ (fols. 521 y 522 C. 10). “La demandada apeló de la sentencia de primer grado (fol. 533), pero ni en la sustentación del recurso (fols. 540-541) ni en la alegación efectuada en la segunda instancia (fols. 546 a 548), se refirió a lo decidido acerca de la excepción de prescripción de ahí que el ad quem no se pronunciara en su fallo sobre este tema, limitándose a estudiar las objeciones expresamente propuestas por el apelante, atinentes a temas diversos del prescriptivo (ver sentencia, fols. 569-570). “Ante esta situación debe observarse que si las partes pueden desistir del recurso de apelación (C.P.C. art. 344), ha de entenderse que con mayor razón gozan de la facultad de limitar su alcance original, que la ley procesal presume referido a todo lo que sea desfavorable al apelante (C.P.C. art. 357), y en materia laboral se presentan, en el juicio ordinario de doble instancia, dos oportunidades propicias para que ello ocurra, como son: la obligatoria sustentación del recurso (Ley 2’ de 1984, art. 57)y la audiencia de la 2’ instancia (C.P.L. arts. 83 y 85). “Resulta entonces que si del memorial de sustentación o de lo alegado en la audiencia de la 2a instancia se desprende que la apelación se limitó sólo a ciertas materias, el ad quem debe pronunciarse únicamente sobre éstas. “Hechas las anteriores anotaciones que no tuvo en cuenta el censor, es claro que en este caso el apelante excluyó del ámbito de la apelación y, por ende, de la litis, el problema relativo a la prescripción de la acción. de modo que el Tribunal carecía de facultad para pronunciarse acerca de él. “Así las cosas, en el asunto que se examina no es de recibo que la parte demandada retome el tema de la prescripción para alegarlo como sustento del recurso de casación que su apoderado formula, dado que por la índole misma del recurso de casación la Corte tiene vedado resolver extremos ajenos al litigio que hubo de
solucionar el impugnado.”
“Conforme a lo expuesto la acusación no prospera, por tanto las costas son de cargo de la parte recurrente.
De otro lado, el cargo le enrostra a la sentencia de primera instancia no haber sido “claro al momento de imponer la condena por el pago de aportes al sistema general de pensiones de la totalidad de los aportes a que tiene derecho el demandante durante todo el tiempo laborado, por cuanto no establecen las fechas a partir de las cuales debe realizarse el pago de dichos aportes”. Empero, la parte recurrente no indica desde cuándo debe correr esa condena. Adicionalmente, el fallo, con toda claridad, señala que esa condena a pagar los aportes al sistema general de pensiones cubre todo el tiempo laborado, de suerte que ningún reproche de oscuridad cabe imputar al juez de primer grado. Por último, no deja de ser exótica la petición de la parte demandante, en el sentido de que la Corte adecue el fallo a derecho en cuanto a las condenas impuestas por el juez de primera instancia, por su imposibilidad jurídica de declarar la prescripción de los derechos del trabajador. Y, en verdad, resulta extraño tal pedimento, pues pierde de vista que el actor consintió el fallo de primera
instancia, al no impugnarlo en sede de apelación, al igual que el de segunda instancia, al no atacarlo por la vía de la casación. Acoger esa petición traduciría que la Corte terminara por asumir una competencia por fuera de los derroteros legales, en tanto que sus atribuciones están determinadas por la interposición y posterior sustentación del recurso extraordinario de casación. Por consiguiente, el cargo no prospera. Como hubo oposición, se impondrán costas del recurso extraordinario a la parte recurrente. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, dictada el 23 de noviembre de 2007 en el proceso ordinario laboral que promovió ERWIN JOSÉ SERRANO GARZÓN contra ALEJANDRO FACCINE Y COMPAÑÍA LTDA. Costas en el recurso de casación, a cargo de la parte recurrente.
LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ JAVIER RICAURTE GÓMEZ
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 artículo 1
 artículo 28
 artículo 357
 artículo 306