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Timestamp: 2016-07-29 04:41:25+00:00

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Manual Accion Constit
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Introducción El presente trabajo que hemos decidido denominar “manual de acciones constitucionales” está dirigido a ser una guía práctica que contribuya al estudiante, al profesional del derecho y a los ciudadanos en general, a la adecuada presentación de las diversas acciones constitucionales ante las diferentes instancias judiciales, para que a través de sus características, requisitos y modelo correspondiente se logre una eficaz protección de los derechos fundamentales y colectivos. Básicamente, se pretende que los destinatarios de esta obra tengan una herramienta en sus manos que les permita acudir a ella y tener claro que es lo que se debe hacer a la hora de poner en práctica el conocimiento de los mecanismos jurídicos de protección para hacer efectivos los derechos frente al Estado, pues estos, en la mayoría de los casos, parecieran no existir debido a que la gente desconoce los medios, que en muchas oportunidades pueden emplear por sí mismos, para lograr su realización. Lo anterior es porque son tantas las ocasiones en las que los ciudadanos se relacionan con la administración y en general con las entidades que conforman el aparato estatal, sin saber cómo hacer valer un derecho individual o colectivo o como obtener la reparación económica de un perjuicio ocasionado por la acción o la omisión de una entidad pública. En este orden de ideas, el propósito de esta obra es mostrar en un lenguaje sencillo la adecuada presentación de las acciones constitucionales, medios sin los cuales las personas se verían atadas sin la posibilidad de proteger sus intereses. Dichas acciones son: la acción de tutela, para la protección de los derechos constitucionales fundamentales; la acción de cumplimiento, para la efectiva observancia de los deberes contenidos en leyes y actos administrativos, y las acciones populares, para la defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente. Como complemento, las acciones de grupo, para obtener mediante la intervención de abogado la indemnización de los daños individuales causados a un grupo integrado por no menos de veinte personas.
A dicho género pertenece también la acción de inconstitucionalidad, de larga tradición en Colombia, mediante la cual el ciudadano puede obtener de la corte constitucional una declaración con fuerza de cosa juzgada consistente en dejar sin valor y por fuera del ordenamiento jurídico, total o parcialmente, una ley de la republica o un decreto con fuerza de ley expedido por el gobierno nacional, cuyo texto contradice la carta política. Se habrá cumplido nuestro objetivo si al observar el contenido de estas líneas el lector encuentra una orientación o una respuesta a sus dudas o inquietudes, o ve reflejado en ellas su propio caso, y me sentiré satisfecho en la medida que sea de utilidad para las generaciones que están por venir.
La Acción de Tutela En términos sencillos se puede describir la acción de tutela como un mecanismo de carácter constitucional que faculta a toda persona en todo momento y lugar a reclamar de los jueces y tribunales de la republica la protección de sus derechos fundamentales. Así como también consagra un procedimiento preferente y sumario. El objeto de esta acción es la protección de los derechos fundamentales de la persona, por consiguiente, no es posible incoarla cuando se pretenda proteger derechos colectivos. El titular de la acción es quien resulte afectado en un derecho fundamental, no es por tanto, una acción pública, sino que se requiere de un interés particular para promoverla. La acción puede ser interpuesta por cualquier persona, natural o jurídica, mayor o menor de edad, que acredite interés por si misma o por quien actué en su nombre y por el defensor del pueblo. La tutela solo procederá en aquellos casos en donde el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o que existiendo tal mecanismo, se interponga la tutela como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta acción no procede cuando el daño se consumo, ni cuando se trata de actos de carácter general, abstracto o impersonal, ni para proteger derechos colectivos. La competencia para conocer de las acciones de tutela que se planteen contra las acciones y omisiones de las autoridades o de los particulares corresponde, a prevención, a todos los jueces o tribunales de la república, cualquiera sea su rama, con jurisdicción en el lugar donde haya ocurrido la violación del derecho fundamental. El fallo que decida la tutela deberá proferirse dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud. Derechos amparables a través de la acción de tutela
a la honra. a la igualdad. de asociación.
. Acción de tutela frente a providencias judiciales Debido a que este es un tema espinoso se le dará un tratamiento en lo posible sencillo y fácil de comprender a la luz de los diversos pronunciamientos de la jurisprudencia nacional. o porque existan otros derechos que sin ser fundamentales. investigación y cátedra. de reunión. de escogencia de profesión u oficio. a la intimidad personal y familiar y al buen nombre. intangible. lejos de debilitar el Estado de Derecho y los valores jurídicos esenciales que lo inspiran. definitivo. su violación o amenaza de menoscabo deriven en la conculcación de aquellos. de conciencia. dotó al orden jurídico de nuevos elementos que están destinados a fortalecer. que sin ser un derecho fundamental. Uno de ellos es el principio de la cosa juzgada. cuando se desconoce.Los derechos fundamentales que pueden ser protegidos con el ejercicio de dicha acción son porque ellos se encuentren amenazados o vulnerados de forma directa. de sindicalización y de participación política. se refleja en el derecho a la salud. Inicialmente se dirá que la norma que regula el tema es el decreto-ley 2591 de 1991 que en su artículo 40 admite la acción de tutela respecto de las sentencias y las demás providencias judiciales que pongan fin a un proceso. al debido proceso. se haya puesto fin a la vigencia de los postulados básicos en los cuales se ha fundado y desarrollado nuestra civilización jurídica. Este último punto sobre el cual la corte constitucional se pronuncio en la decisión del 1º de octubre de 1992 en la (sentencia C-543) en la cual se declaro su inaplicabilidad. de aprendizaje. de asilo. a la no autoincriminación. a apelar las sentencias judiciales. a la paz. de expresión e información. de petición. se pueden enunciar de la siguiente manera: Derechos: a la vida. Teniendo en cuenta el alcance de los derechos que pueden ser protegidos a través del ejercicio de la acción de tutela. al reconocimiento de la personalidad jurídica. al libre desarrollo de la personalidad. puede dar lugar a que se ordene su protección mediante la acción de tutela. al respeto por la dignidad humana. sino un derecho de segunda generación o de contenido prestacional. cuando amenacen o vulneren un derecho fundamental. que se traduce en el carácter inmutable. “La Carta Política. reiterando la supremacía del principio sobre no reapertura del proceso terminado. de circulación y residencia. cuyo fin está exclusivamente relacionado con el amparo inmediato y cierto de los derechos ante situaciones no previstas por los medios ordinarios. de enseñanza. Libertades: individual. Un ejemplo de esto último. si esa vulneración afecta un derecho fundamental como podría ser el derecho a la vida. de cultos. al trabajo digno y justo. Es inadmisible que. al ampliar el espectro de los derechos y garantías y al plasmar los mecanismos para su efectivo respaldo. indiscutible y obligatorio de los fallos cuando se han dado los trámites y se han cumplido las condiciones y requisitos previstos por la ley. por haberse instituido una figura como la acción de tutela. de habeas corpus.
sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia. En jurisprudencia posterior sobre el tema (T-100/98) se admite la revisión de las decisiones judiciales cuando están fundamentadas en vías de hecho. En el primer evento por existir otra vía propicia a la defensa del derecho en cuestión. como si han hecho tránsito a cosa juzgada material. mientras que la primera. La cosa juzgada. o que se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste ese carácter. la liquidación de obligaciones alimentarias periódicas o el régimen de visitas de los esposos separados a sus hijos comunes.” En la anotada jurisprudencia. por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales. hipótesis en la cual la corte considera que no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados. con total independencia de su sentido y alcances. la cual para estos efectos. reside en la certeza por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces. la cosa juzgada formal. no ya dentro de un proceso determinado. que la actividad jurisdiccional del Estado se desplegó íntegramente en relación con la materia debatida. sino ante cualquier otro proceso y en relación con cualquier motivo o fundamento. por la esencia misma del concepto de cosa juzgada y por el hecho de haber culminado plenamente. se funda en el principio de la seguridad jurídica. se deja subsistente la posibilidad de revisión de las decisiones judiciales ante actuaciones de hecho imputables al funcionario. como cuando se pide revisar. pues a ella se accede por el agotamiento de todas las posibilidades procesales y supone. defecto que la
. Debe distinguirse entre los conceptos que en la doctrina se conocen bajo las denominaciones de cosa juzgada material y cosa juzgada formal. que confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto. dotando de estabilidad y certeza las relaciones jurídicas y dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a ser ventilados en los estrados judiciales. en virtud de hechos nuevos o de cambio de circunstancias. En la segunda hipótesis. también conocida como cosa juzgada sustancial. Es claro que la acción de tutela no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo. el trámite del proceso como medio idóneo para ventilarlo ante la justicia. tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y. en cuanto a todos los aspectos del asunto controvertido. por tanto. o de instancias adicionales a las ya cumplidas. sin embargo. en consecuencia.El fin primordial de este principio radica en impedir que la decisión en firme sea objeto de nueva revisión o debate. implica la absoluta inmutabilidad de la sentencia en firme. La segunda hace que no se pueda volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado dentro del mismo proceso y por los mismos hechos y fundamentos que motivaron tal resolución.
impugnadas o no. Que la conducta obedezca a la voluntad subjetiva de quien la dictó b. En conclusión. Que carezca de fundamento legal c. Es por esto que la salvedad no puede convertirse en una burla a los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica. unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. mientras que las demás podrán ser brevemente justificadas. arbitrario y caprichoso.propia corte constitucional hace consistir en “apariencias de providencias judiciales que vulneran los derechos básicos de las personas”. la vía de hecho solo puede producirse en aquellos casos en que según la expresión de la corte. para que proceda la tutela contra sentencia judicial por vía de hecho. sino también aquellos eventos en los cuales el juez se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). revestido de formalidad jurídica y que por tanto riñe con el Estado social de derecho. Que como consecuencia de ello se vulneren derechos fundamentales. el vicio sea “constatable a simple vista” (T-162/98).
. Cuando la decisión implique un cambio de jurisprudencia. cuya selección no requiere motivación. prescindiendo del error en que aquella ha incurrido. pero en caso de que no se realice. lo cual conduce a sostener que no existe actuación jurídica sino un hecho del juez. Intervención de la corte constitucional en el trámite de la acción de tutela Todas las acciones de tutela tramitadas en el territorio nacional. en forma grave e inminente d.1031/01) se le da tratamiento a los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial que comprenden no solo los casos en el que el juez impone de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento jurídico. previo registro del proyecto de fallo correspondiente. concedidas o denegadas. Por otra parte. son remitidas a la corte constitucional para su eventual revisión. sirviendo de pretexto para controvertir cualquier sentencia ejecutoriada que no se comparte. o si la hay se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Las decisiones de la corte constitucional que revoquen o modifiquen el fallo. El pronunciamiento a que se hace referencia muestra como. deberá ser resuelta en sala plena. Si la acción no es excluida de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción. ya en la sentencia (T. deberá ser decidida dentro del término de 3 meses. Que no exista otra vía de defensa judicial. exigiendo los siguientes: a. podrá ser solicitada por cualquiera de los magistrados cuando consideren que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. la corte resume los requisitos.
les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a los jueces municipales. de conformidad con las reglas establecidas en precedencia. 7. siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental. en primera instancia. les serán asignadas en primera instancia a los jueces del circuito o a quienes hagan sus veces. serán repartidas para su conocimiento. el reparto se hará al juez de mayor jerarquía. sala jurisdiccional disciplinaria. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel. sección o sub-sección que corresponda de conformidad con el reglamento interno de cada una de esas corporaciones. el reparto se hará al respectivo superior funcional del accionado. administrativos y consejos seccionales de la judicatura. 6. salvo las entidades descentralizadas por servicios. será repartido a la misma corporación y se resolverá por la sala de decisión. cuando en segunda instancia o en revisión en la corte constitucional se revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta. 3. de acuerdo a las siguientes reglas: 1. 2.
Reglas acerca de la competencia de los jueces en la acción de tutela Conforme a lo dispuesto en el decreto 1382 de 2000. la acción de tutela debe presentarse ante los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurra la vulneración o la amenaza que motive la presentación de la solicitud o donde se hayan producido sus efectos. el cual notificara la sentencia de la corte constitucional a las partes y adoptara las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por esta. Cuando la acción de tutela se promueva en contra de un funcionario o corporación judicial. 4.
. Lo accionado contra la corte suprema de justicia.Las sentencias en que se revise una acción de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal y contra particulares. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional. Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al tribunal contencioso administrativo de Cundinamarca. En todo caso. 5. el consejo de estado o el consejo superior de la judicatura. tanto esta decisión como la actuación que haya realizado la autoridad administrativa quedaran sin efecto en cumplimiento del fallo respectivo. a los tribunales superiores de distrito judicial.
37 del decreto 2591 de 1991). órgano o persona causante de la amenaza o agravio. Indicar el derecho que se considere se ha violado o se encuentre amenazado. al momento de recibirle la solicitud. contra ___________. Indicar el nombre de la entidad. la igualdad. y la educación). razón por la cual. indicando el lugar de su residencia. Este requisito es de notoria importancia. con fundamento en los siguientes: Hechos (Describir amplia y detalladamente los hechos que generan la amenaza o vulneración de los derechos) Derechos cuya protección se demanda (Indicar cuáles son los derechos fundamentales que se consideran vulnerados)
.C.Contra ------------------------------------
Respetado Señor Juez: _____________________. salvo que de los hechos se pueda deducir con claridad. La falta de este requisito.según el competente de acuerdo con el decreto 1382 / 2000) (Reparto) Ciudad Ref: Acción de Tutela -----------------------------. La acción o la omisión de la autoridad pública o del particular. Modelo de presentación de acción de tutela: Ciudad y Fecha Señor: Juez ----------------. para lo cual le dará el término de tres días. El solicitante deberá manifestar bajo la gravedad del juramento que no ha presentado tutela sobre los mismos hechos. de no serlo. hacen que el juez tenga que negar la petición. identificado con C. 4. con las cuales se amenace o se esté vulnerando el derecho fundamental. _______________ de _________acudo ante su despecho con el fin de interponer Acción de Tutela. el juez podrá ordenarle al solicitante que corrija este requisito. se le debe indicar que lo manifieste en ese momento y advertirle sobre las consecuencias penales del falso testimonio (art. Los hechos deben ser claros para deducir la violación. 3. al igual que el lugar de su ocurrencia. 2. 5. Identificación del solicitante.Contenido de la solicitud: la solicitud de tutela deberá al menos contener 1. funcionario. con el objeto de que se protejan mis derechos constitucionales fundamentales a (amenazados o vulnerados) a ____________ (ejemplo la vida.
señor Juez. Anexos Una copia de la demanda para el archivo del juzgado. por tener jurisdicción en el domicilio de la entidad accionada y de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1382 de 2000. 3. Juramento manifiesto señor Juez. competente. Testimoniales Documentales Inspección Judicial
(Se deben relacionar todas las pruebas que se consideren pertinentes y conducentes para demostrar la vulneración o amenaza del derecho) Fundamentos de Derecho Fundamento esta acción en el artículo 86 de la constitución política y sus decretos reglamentarios 2591 y 306 de 1992. Notificaciones La parte accionante recibirá Notificaciones en: La parte accionada recibirá Notificaciones en: Del señor Juez atentamente. solcito se sirva practicar las siguientes pruebas____________________: 1.Pretensiones Con fundamento en los hechos relacionados. Los documentos que relaciono como pruebas. _______________________________ Nombres y apellidos Cedula de Ciudadanía La Acción Popular
. 2. Tutelar mi derecho fundamental a _______________. por la naturaleza de los hechos. bajo la gravedad del juramento. en __________________folios. Competencia Es usted. ni contra la misma autoridad. lo siguiente. 39 del pacto de derechos civiles y políticas y 25 de de la convención de los derechos humanos. para conocer del asunto. Igualmente en los artículos 8 de la declaración universal de los derechos Humanos. en consecuencia ordenar que en un término no mayor a 48 Horas se_______________________________________ Pruebas Con el fin de establecer la vulneración de mis derechos fundamentales. que no he interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados. solicito del señor Juez disponer y ordenar a la parte accionada y a favor mío.
La defensa del patrimonio cultural de la nación 7. por si misma o a través de apoderado judicial sin la necesidad de acreditar interés en ello. los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. pueden ser promovidas por cualquier persona a nombre de la comunidad cuando ocurra un daño a un derecho o interés común. En la sentencia de la corte constitucional (C-215/99) se dice lo siguiente: “Cabe anotar. sea determinable o no. así como de los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente. su conservación. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
. La seguridad y salubridad públicas 8. Además corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de los procesos que se adelanten en ejercicio de la acción en comento.” Derechos o intereses colectivos susceptibles de protección a través de una acción popular: aquí es importante resaltar la influencia que ha tenido la ley 472 de 1998 y que a renglón seguido se mencionan. sin más requisitos que los que establezca el procedimiento regulado por la ley. cuando estén dirigidas a volver las cosas a su estado anterior el término para interponerla será de cinco años contados a partir de la acción u omisión que produjo la alteración. El goce de un ambiente sano 2. La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible. La acción popular es pública y por tanto podrá ejercerla cualquier persona natural o jurídica. más o menos amplia. entre intereses colectivos e intereses difusos. Las acciones populares protegen a la comunidad en sus derechos colectivos y por lo mismo.Esta acción constituye una facultad especial que se concede a todas las personas para que acudan ante los jueces con el ánimo de impugnar actuaciones u omisiones de las autoridades o de los particulares que atenten contra el interés público o los bienes de la comunidad. la protección de áreas de especial importancia ecológica. 4. pues ambos tipos de intereses se entienden comprendidos en el término “colectivos”. cuando esta se dirija en contra de entidades públicas o los particulares en ejercicio de funciones públicas. El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público 5. La moralidad administrativa 3. La conservación de las especies animales y vegetales. entendida esta última como una pluralidad de sujetos. para restringir los primeros a un grupo organizado y los segundos a comunidades indeterminadas. que la Constitución de 1991 no distingue como lo hace la doctrina. restauración o sustitución. 1. En cuanto a su caducidad este tipo de acciones pueden promoverse mientras permanezca en el tiempo la amenaza o el peligro al derecho o interés colectivo. en los demás casos conocerá la jurisdicción civil ordinaria. La defensa del patrimonio público 6.
conocerá a prevención el juez ante quien se hubiere presentado la demanda. Las entidades públicas que cumplan funciones de control. así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos. Los derechos de los consumidores y usuarios. La prohibición de la fabricación. edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas. Los alcaldes y todos los demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de estos derechos e intereses. para lo cual el juez deberá notificarle el auto mediante el cual se admite la demanda. El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. 12. Cuando se interponga una acción popular sin la intervención de un apoderado. Requisitos de la demanda de una acción popular: para promover esta acción la solicitud deberá contener los siguientes aspectos:
. el defensor del pueblo y los personeros distritales y municipales en los asuntos de su competencia. El procurador general de la nación. d. 13. Cuando fueren varios los jueces competentes. en segunda instancia. e. posesión y uso de armas químicas. Los jueces competentes para conocer de una acción popular: la competencia en primera instancia la tendrán los jueces administrativos o los del circuito civil y. Las organizaciones no gubernamentales. El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna 11. 14. La realización de las construcciones. de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. importación. la sección primera del tribunal de lo contencioso administrativo o la sala civil del tribunal de distrito judicial. en lo de su competencia. Toda persona natural o jurídica b. biológicas y nucleares. Será competente el juez del lugar de la ocurrencia del hecho o el del domicilio del demandado a elección de quien ejerce la acción. cívicas o de índole similar c.9. las organizaciones populares. intervención o vigilancia. La persona legitimada para ejercitar la acción popular podrá hacerlo por sí misma o por quien actúe en su nombre. Así como también aquellos reconocidos en leyes y en tratados internacionales celebrados y ratificados por Colombia. conocía en primera instancia. el defensor del pueblo podrá intervenir. Quienes pueden ejercer o tienen legitimación en la acción popular: a. La libre competencia económica 10. siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos no se haya originado en su acción u omisión. Mientras entraban a funcionar los jueces administrativos. el tribunal de lo contencioso administrativo y en segunda instancia. según que se ejerza en contra de una entidad de derecho público o en contra de un particular en ejercicio de funciones públicas. el consejo de estado.
la utilización y defensa de los intereses de uso público. me permito manifestar que por medio del presente escrito. el goce del espacio público. b. El nombre e identificación de quien ejerce la acción. de acuerdo a lo establecido en la constitución. c. residente en la ciudad de ____________________. acciones u omisiones que motivan la petición) Pretensiones Enunciar la petición mediante la cual se pretende proteger o restablecer los derechos vulnerados o amenazados. La defensa del patrimonio público…. para buscar la protección de los derechos e intereses colectivos amenazados y vulnerados. Pruebas Indicar y aportar las que se deseen hacer valer Testimoniales
. Igualmente establece si se ha de solicitar la indemnización por el daño colectivo.) Hechos (Narración de los hechos actos.
Modelo de presentación de una acción popular Ciudad y fecha Señor: Juez civil del circuito (si es acción popular contra un particular) Tribunal Contencioso Administrativo (Si es acción popular contra autoridad) Ciudad Ref. Las direcciones en donde se reciban notificaciones. d. interpongo acción popular en contra _____________.C. Derechos e Intereses Colectivos Amenazados o Vulnerados Ejemplo: (El goce de un ambiente sano. f. Se debe hacer la indicación en forma clara de los hechos. __________de_________. o la autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio.: Acción Popular de __________________Contra__________________ Respetado Señor Juez o magistrado: _____________________________identificado con C. la moralidad administrativa. La indicación de la persona natural o jurídica.a. Se debe hacer la indicación en forma clara del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado. g. si fuere posible. Las pruebas que se pretendan hacer valer. actos. acciones u omisiones que motivan su petición. Se debe hacer en forma clara la enunciación de las pretensiones. e.
ni haya dado poder. La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y el pago de la indemnización de los perjuicios. La sentencia C-215/99 hace referencia a la acción de grupo expresando lo siguiente: “En cuanto se refiere a las acciones de clase o de grupo.a diferencia
. hay que señalar que éstas no hacen relación exclusivamente a derechos constitucionales fundamentales. las acciones de grupo deben ser ejercidas por conducto de apoderado judicial. Notificaciones Indicar dirección y teléfono donde se recibirán Comunicaciones Anexos Indicar los documentos aportados con la solicitud.Documentales Periciales Fundamentos de derecho Fundamento la presente ley en lo contemplado en la ley 472 de1998. representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos. Se desprende de lo anterior. como consecuencia de un mismo hecho. Del señor Juez (o magistrado) atentamente Nombres y apellidos Cedula de ciudadanía La Acción de Grupo La carta política de 1991. toda vez que comprenden también derechos subjetivos de origen constitucional o legal. y podrá iniciar su propia reclamación en forma individual. presentar una demanda en conjunto y obtener de esa manera una sentencia que las favorezca a todas en igualdad de condiciones. sin que sea necesario que cada uno de los perjudicados ejerza por separado su propia acción. En síntesis. son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. los cuales suponen siempre . Es oportuno decir aquí en relación a la acción de grupo que quien actúe como actor o demandante. que si alguno de los perjudicados no desea hacer parte del grupo o clase afectada por la misma causa que afecto a los demás integrantes en condiciones uniformes. De cualquier manera. Con base en la prescripción constitucional se puede afirmar que la ley es la encargada de regular el tema de las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas. consagro este tipo de acción con el propósito de permitir a un grupo de personas que han sufrido un perjuicio análogo. ni únicamente a derechos colectivos. no está obligado a reclamar la indemnización del daño percibido en conjunto con ellos. sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.
deberán darse los criterios para su identificación y definir el grupo al cual pertenecen 5. En concreto.” El juez competente para conocer de las acciones de grupo: depende si la acción de grupo se origina en la actividad de entidades públicas o de particulares que desempeñen funciones administrativas. en los demás casos conocerá la jurisdicción civil ordinaria. indicando sus nombres. Cuando no fuere posible proporcionar el nombre de todos los afectados de un mismo grupo (integrado por 20 personas mínimo). El elemento común es la causa del daño y el interés cuya lesión debe ser reparada. que el daño a reparar sea de aquellos que afectan a un número plural de personas que por su entidad deben ser atendidas de manera pronta y efectiva. por tratarse de intereses individuales privados o particulares. 3) Los mecanismos de formación del grupo y la manera de hacer efectiva la reparación a cada uno de sus miembros sí deben ser regulados de manera especial. La identificación clara de los poderdantes. los criterios de regulación deben ser los ordinarios . atendiendo a las razones de economía procesal que inspiran su consagración en ese nivel. 2) En principio. La justificación de la procedencia de la acción de grupo 7.la existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se reclama ante el juez. con fundamento en la norma constitucional. El estimativo del valor de los perjuicios resultantes de la vulneración 4. que es lo que justifica una actuación judicial conjunta de los afectados . En este caso. Requisitos de la demanda de acción de grupo: según quien sea el demandado. en la solicitud se deberá expresar: 1. Los hechos de la demanda y las pruebas que se pretendan hacer valer durante el curso del proceso.de las acciones populares . en cuyo caso la competencia será de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. también es de la esencia de estos instrumentos judiciales. las acciones de grupo tienen las siguientes características: 1) No involucran derechos colectivos. lo que se pretende es reivindicar un interés personal cuyo objeto es obtener una compensación pecuniaria que será percibida por cada uno de los miembros del grupo que se unen para promover la acción. La identificación del demandado 6. documentos de identidad y domicilio 3. Modelo de presentación de una acción de grupo Ciudad y Fecha Señor(es) Juez Civil del circuito (si es contra un particular) Tribunal Administrativo (si es contra autoridad) Ciudad
. Sin embargo. El nombre del apoderado acompañando el poder debidamente conferido 2.
Responsables (Identificación precisa de la(s) persona(s) o entidad(es) que se consideran responsables del hecho la conducta vulnerada y de quien debe asumir la indemnización) Procedencia de la Acción (Argumentos para que se acceda a las pretensiones de la demanda) Pruebas Documentales Testimonios Periciales o técnicas Fundamentos de Derecho Artículo 88 de la Constitución política Artículos 46 al 69 de la ley 472 de 1998 Competencia De conformidad con el demandado (jurisdicción civil si es particular o jurisdicción administrativa si es autoridad o.contra________________________________ en razón de las acciones u omisiones que han dado lugar a lesionar de manera grave el patrimonio de los accionantes. en mi calidad de _____________________. criterios para identificarlos). domiciliado en _________________________ identificado con cédula de ciudadanía_________________ y tarjeta profesional_______________ del Consejo Superior de la Judicatura. con sus documentos de identificación y domicilio).Ref. explicitándolos y discriminándolos de la manera más amplia posible). Grupo Afectado (Listado de los afectados y si el grupo puede llegar a ser mayor. contra_________________ Respetado señor juez o magistrado: Yo. dados los siguientes Hechos: es necesario que se describan detalladamente los hechos objeto del perjuicio.la cual acredito mediante acta de posesión __________de fecha____________________. mayor de edad. Perjuicios Causados y Pretensiones (El estimativo del valor en pesos de los daños ocasionados por la vulneración. me permito presentar acción de grupo a favor de los señores: (listado de por lo menos 20 personas afectadas.: Acción de grupo de _____________ y otros (mínimo 20 personas). particular en ejercicio de funciones públicas). y con fundamento en el artículo 48 de la ley 472 de 1998. _________________________.
La acción de cumplimiento procede contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir el inminente incumplimiento de una ley o de un acto administrativo. le corresponderá en primera instancia a los jueces administrativos del domicilio del accionante y en segunda instancia al tribunal administrativo del respectivo departamento. asegurando la vigencia y efectividad de las leyes y de los actos administrativos. o no haya contestado la solicitud dentro de los diez días siguientes a su presentación. destinada a brindar al particular la oportunidad de exigir de las autoridades la realización del deber omitido. en consecuencia. a través de una facultad radicada en cabeza de todos los individuos que les permite procurar la verdadera vigencia y verificación de las leyes y actos administrativos.Notificaciones Dirección y Teléfono donde se recibirá información Anexos Adjuntar los elementos que contribuyan a demostrar el hecho y a respaldar la solicitud de indemnización. Del señor Juez (o magistrado) atentamente _____________________________________ Nombres y apellidos Cédula de ciudadanía
La Acción de Cumplimiento Acerca de esta acción la corte constitucional ha expresado que : “ dentro de los llamados mecanismos de protección y aplicación de los derechos se incluyo la denominada acción de cumplimiento. el titular de la acción es cualquier persona.
. En cuanto a la competencia para conocer de estas acciones. como una garantía efectiva a los derechos constitucionales. pero para intentarla es imprescindible constituir al funcionario o al particular que desempeña funciones administrativas en renuencia.” (Auto de 10 de diciembre de 1992) El propósito de esta acción es exigir a las autoridades el cumplimiento del deber omitido. activando de esta forma uno de los más eficaces principios del Estado de derecho. como es el de que el mandato de la ley o lo ordenado en un acto administrativo no puede dejarse a un simple deseo y tenga en cambio concreción en la realidad. no es necesario acreditar el interés particular para proponerla y una vez presentada la demanda el trámite se desarrollará en forma oficiosa. Por otro lado. esto implica que la procedencia de la acción requerirá que el afectado haya solicitado primero el cumplimiento del deber omitido y la autoridad se haya ratificado en su decisión de incumplir.
(ley en sentido formal y ley en sentido material) ya que éstas señalan que esta acción puede ser utilizada para asegurar el cumplimiento de todas las normas con fuerza de ley. tienen por expreso mandato constitucional. En efecto. no tienen ejecución o concreción práctica en la realidad. en los términos en que ha sido concebida por la ley. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 Superior. Para ello. fuerza de ley.” “En el Estado Social de Derecho que busca la concreción material de sus objetivos y finalidades. que por el sólo hecho de ser expedidas por el Congreso y sancionadas por el Presidente. es esencial el respeto por la eficacia material de la normatividad creada por el legislador y de los actos administrativos que dentro del marco de sus respectivas competencias expiden las diferentes autoridades en cumplimiento de los cometidos o tareas a ellas asignadas. eso no es lo que establecen las expresiones acusadas. como sucede con los decretos de facultades extraordinarias (CP art. Sin embargo. tienen fuerza de ley. resulta paradójico que muchas veces las normas quedan escritas. sino también a otros actos normativos. Igual cosa sucede con los actos administrativos que la administración dicta pero no desarrolla materialmente. 150 ord 10). de modo que el proceso legislativo y su producto se convierten a menudo en inoperantes e inútiles.” “Es así como. En palabras de esta Corporación: “En un Estado Social de Derecho en donde el ejercicio del poder está supeditado a la observancia de la Constitución y al imperio de la legalidad. pues los respectivos cometidos propios de dicho Estado sólo se logran cuando efectiva y realmente tienen cumplimiento las referidas normas y actos.” “No existe entonces ninguna razón constitucional para que la acción de cumplimiento sólo proceda frente a las leyes en sentido formal. lo cual incluye no sólo a las leyes en sentido formal. derechos y deberes consagrados en la Constitución. ni la función legislativa ni la ejecutiva o administrativa se agotan con la simple formulación de las normas o la expedición de actos administrativos. y no se predique de los decretos con fuerza de
. es fin esencial del Estado garantizar la efectividad de los principios. y asegurar la vigencia de un orden justo.La sentencia C-1194/01 establece lo siguiente: “La acción de cumplimiento quedó finalmente consagrada en el texto del artículo 87 de la Carta Política de 1991 que posteriormente fue desarrollado a través de la Ley 393 de 1997. Esta materia. es decir. ya ha sido objeto de estudio por parte de la Corte en varias oportunidades en las que ha fijado el contenido y alcance general de la acción de cumplimiento dentro de nuestro sistema jurídico. que sin ser leyes formalmente. agrega este precepto que las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas en sus derechos y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” La sentencia C-893/99 acerca de la acción de cumplimiento expresa lo siguiente: “Una tal regulación restringiría injustificadamente la procedencia de la acción de cumplimiento y podría entonces ser inconstitucional.
identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la acción 2. El nombre. no por ello las expresiones impugnadas serían inconstitucionales. Si la acción recae sobre acto administrativo. Determinación de la autoridad o particular incumplido 5. y por la protección de los derechos constitucionales. La determinación de la norma con fuerza material de ley o acto administrativo incumplido. Solicitud de pruebas y enunciación de las que se pretendan hacer valer 7. salvo que el requerimiento genere para el accionante el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable 6. que se entiende prestada bajo la gravedad del juramento. como ya se vio. Tratándose de acto administrativo verbal. por la sencilla razón de que el artículo 89 superior autoriza al Legislador a consagrar acciones distintas a las previstas por la propia Constitución para propugnar por la integridad del orden jurídico. por lo cual. por el contrario. Prueba de la renuencia. lo cual no es cierto. incluso si se concluyera que la acción de cumplimiento prevista por el artículo 87 de la Carta estaba prevista sólo para las leyes en sentido formal.” “Pero es más. en cualquier tiempo siempre y cuando la ley o el acto este vigente. es perfectamente legítimo que los amplíe o que prevea otros nuevos. las expresiones acusadas desarrollaron adecuadamente el sentido de esta acción de cumplimiento. Señor: Juez Administrativo de… (Lugar del domicilio del accionante) E. Modelo de presentación de la acción de cumplimiento Por medio de la acción de cumplimiento se exige de una autoridad el cumplimiento de la obligación contenida en la ley o en un acto administrativo y que es omitido por la autoridad. Ref. Por ende.”
Requisitos de la demanda de acción de cumplimiento: 1. “frente a la acción u omisión de las autoridades pública”. D. S. si bien la ley no puede restringir el alcance de los mecanismos de protección y aplicación de los derechos previstos en la Carta.ley. Acción de cumplimiento. deberá anexarse prueba siquiera sumaria de su existencia 3. La manifestación. deberá adjuntarse copia del mismo. de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad.
. Cualquier persona natural o jurídica pública o privada está legitimada para iniciar esta acción. Una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento 4.
Señor Juez. las cuales han sido incumplidas por las autoridades encargadas de su ejecución: Normas Incumplidas: (Determinación de transcripción de las normas o actos administrativos que se demanda como incumplidos). Hechos (Relato y consideraciones relativas a los hechos que configuran el incumplimiento y ejecución de las normas o actos administrativos acusados como incumplidos) Ejemplo: Primero: El acto (acto incumplido dispone en las actuales circunstancias tengo derecho a… Segundo: Pese a que así lo ordena el (Acto incumplido) Se ha negado a hacer efectiva tal disposición Tercero: Con todo. acudo a usted para interponer Acción de Cumplimiento contra ____________con el fin de que se le dé plena aplicación a las normas que a continuación indicare.C No _________de_________. mayor de edad y domiciliado en esta ciudad. o si es el caso. indicar y explicar el perjuicio irremediable que se quiere evitar) Ejemplo: Copia de… emanada de… (si se trata de acto administrativo) Oficio donde… se demuestra la renuencia de… a dar cumplimiento a lo ordenado por Pretensión (Que se cumpla lo establecido en la Norma o acto administrativo) Fundamentos de Derecho (Artículo 47 de la constitución política. invocando el artículo 87 de la Constitución Política. y explicación de porqué se consideran incumplidas las normas.) Juramento Bajo la gravedad del juramento. ante ningún tribunal administrativo. porqué la situación no hace necesaria la renuencia previa. manifiesto que no he instaurado otra acción de cumplimiento con fundamento en los mismos hechos y normas y contra la misma autoridad a que se contrae la presente. Notificaciones
. ________________________. la ley 393 de 1997. identificado con C. respetuosamente me dirigí a mediante comunicación de fecha a la cual se me respondió ratificándose en su decisión de no acceder a lo solicitado (es necesario que se demuestre la renuencia de la autoridad accionada a cumplir con el acto en cuestión) Pruebas (Anexar parte las pruebas que se quieran presentar la que constituye la renuncia de la autoridad para cumplir.
no a toda persona. Se relaciona con las leyes de la republica y determinados decretos con fuerza de ley (los dictados por el gobierno nacional) en cuanto puedan contrariar el estatuto superior. inherentes a la condición de ciudadano. El titular es el ciudadano o sea el nacional colombiano mayor de 18 años y en ejercicio de sus derechos de ciudadanía. La petición será presentada por el ciudadano. La acción de inconstitucionalidad implica el ejercicio de un derecho político que tiene por titular. La acción pública de inconstitucionalidad puede interponerse en cualquier tiempo cuando se ataca la norma por su contenido material. sino a cualquier ciudadano. mediante sentencia. total o parcialmente. “La corte no rechaza ni inadmite ha dicho la corporación.La parte accionante recibirá notificaciones en… La parte accionada recibirá notificaciones en…. -----------------------------------------Nombre y apellidos Cedula de Ciudadanía
La Acción de Inconstitucionalidad Ha sido la propia carta política la que ha otorgado la titularidad de esta acción al común de los ciudadanos colombianos que a través de ella buscan demandar la inaplicabilidad de las disposiciones por ser contrarias al mandato superior y desterrarlas de una vez por todas del ordenamiento jurídico. El objeto de la acción es la salvaguarda del principio de supremacía constitucional. retire la norma acusada del ordenamiento jurídico nacional. pero prescribe dentro del año siguiente a la
. ni por menores de edad. que otorga a la constitución el calificativo de norma de normas.” (sentencia C-003/93). Lo cual significa que no podrá ser interpuesta ni por los extranjeros. bajo la condición de que mandante y mandatario sean ciudadanos en ejercicio. ni por personas que hayan perdido o tengan suspendidos sus derechos políticos. así como tampoco a nombre de una persona jurídica. Del señor Juez atentamente. en demandas de inconstitucionalidad presentadas a nombre de otro. directamente o por intermedio de apoderado. con la finalidad de que la corte.
resulta incompleta cuando el contenido normativo que se acusa se vincula inseparablemente al de otra norma no demandada. Particularmente. 5. Recientemente. y contendrán: 1.promulgación de la misma cuando esta sea impugnada por vicios de forma o de procedimiento. en duplicado. el señalamiento del tramite impuesto por la constitución y la forma en que fue quebrantado. procederá a inadmitirla. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales.447/97). 2. reiteró como requisito de aptitud de la acción de inconstitucionalidad la necesidad de haberse demandado “una proposición jurídica completa la cual debe ser conformada con las normas estrechamente vinculadas a la norma acusada. En tratándose de vicios de procedimiento en la formación del acto demandado. 3. de naturaleza constitucional. ciertas. prescribe que las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentaran por escrito. esta Corte desde sus primeras decisiones ha señalado que cuando lo acusado no exhibe por sí mismo autonomía y suficiencia ontológica y jurídica no se integra adecuadamente la proposición jurídica. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas. como carga mínima de argumentación que el actor debe exponer para la admisión de la demanda y así evitar la inadmisión o un fallo inhibitorio. Respecto al señalamiento de las razones de inconstitucionalidad. 4.131/93 al considerarse que los requisitos que exige son razonables y buscan hacer viable el derecho sin atentar contra su núcleo esencial). la Corte en la sentencia C-1052 de 2001. contra una norma legal y por consiguiente. Modelo de Acción de Inconstitucionalidad
. así ésta tenga un contenido completo y autónomo”. el actor no cumpliría este requisito si se limitara a efectuar una formulación vaga. pertinentes y suficientes. En relación con el punto 3. La razón por la cual la corte es competente para conocer de la demanda. y solo cuando no se hicieren las correcciones pertinentes. abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad (sentencia C. su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas. el magistrado sustanciador esta en la obligación de indicarle al actor las enmiendas a que hubiere lugar. Si la demanda no fuere presentada con el lleno de los requisitos indicados. También. Requisitos de la demanda de inconstitucionalidad El decreto 2067/91 contiene el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la corte constitucional. esta Corporación en la sentencia C-775 de 2006. específicas. En su artículo 2º (declarado aplicable por la corporación a través de la sentencia C. señaló que deben ser claras. la corte advierte que el demandante debe formular un cargo concreto.
expedida en …............... y residente en la dirección …................C
.... de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Política....... ciudad y teléfono).......... Honorables Magistrados Corte Constitucional Bogotá REF..........(Ciudad y fecha)...... con domicilio en la ciudad de …............................. identificado con la cédula de ciudadanía No............ respetuosamente me dirijo a ustedes en uso de mis derechos y deberes consagrados en el numeral 6 del artículo 40 y en el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución Política................. obrando en nombre propio........ Norma Constitucional Infringida A continuación me permito transcribir la norma constitucional infringida: …. con el fin de interponer la acción de inconstitucionalidad contra ….............. (indicar dirección. (identificar el numeral....... (Firma) Nombres y apellidos: C.... por cuanto el legislador excedió (o vulneró) (determinar si el legislador se excedió o vulneró) mandatos de la Constitución Política en sus artículos …........................... ciudadano colombiano mayor de edad............... tanto por su contenido material como por vicio de procedimiento en su formación”... …....... aparte.................... ….......... Competencia de la Corte Constitucional La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad........ inciso.. Notificaciones: Recibiré notificaciones en ….... Atentamente.... (nombre y apellidos de quien interpone la acción). ............... numeral 4...(determinar los artículos).............................. según el cual dicho tribunal decidirá “sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes.(se transcribe(n) textualmente la (s) norma (s) de la Constitución Política que está (n) siendo infringida (s) y se justifica de manera detallada las razones en que se fundamenta esta consideración de infracción)................. artículo....... de la Ley o Decreto Ley que se pretende demandar).......: Acción de inconstitucionalidad Yo ….......
3. 2. Segunda edición. protección de los derechos constitucionales. Editores Intermedio. Restrepo Medina Manuel. Teniendo en cuenta los múltiples casos que se presentan a diario da pie para decir que las diferentes autoridades locales y distritales deberían estar más pendientes de la atención de las necesidades de la comunidad y así mismo trabajar para ella en pro de una convivencia en paz y dignamente reconocida por el conglomerado. que bueno sería sí a través de campañas educativas se lograra llegar a aquellos sectores de la población más vulnerable y de esta manera poder recoger todas las inquietudes y necesidades urgentes. Derecho Procesal Constitucional. Henao Hidrón. Editorial Temis. 2007. Cómo Defenderse del Estado. solo de esa forma se llega a un acercamiento a lo que se denomina “Estado Social de Derecho”. Bibliografía 1. Universidad Sergio Arboleda. Con base en lo anterior. 2004.
. 2006.En primer lugar se puede decir que los mecanismos de protección de los derechos están ahí para ser utilizados cuando así se requiera y al servicio de las personas para que estas busquen la solución más adecuada a las diferentes controversias que suelen presentarse en el trascurrir diario de la cotidianidad. Segunda Edición. Javier. para que a través del empleo de las herramientas de la constitución se pudiera brindar una mejor calidad de vida a estas personas que también hacen parte de la sociedad. Germán. Apuntes de Derecho Constitucional Colombiano. Navas Talero. García Herreros Orlando. guía jurídica para ciudadanos.
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