Source: http://elprocesalista.com.ar/Lectura10.html
Timestamp: 2017-09-24 21:15:37+00:00

Document:
Partes: “Cantera Timoteo S.A. c. Mybis Sierra Chica S.A. y otros”
Publicado en: LA LEY, 27/06/2005, 4, con nota de Juan Pedro Colerio - LA LEY 24/05/2005, 7
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por extemporáneo un recurso de queja que fue presentado un minuto después de las dos primeras horas del día hábil inmediato posterior al vencimiento del plazo de cinco días. El interesado solicitó la reconsideración de lo resuelto. El Alto Tribunal por mayoría admite la revocatoria y tiene por presentada la queja en término.
1.Corresponde admitir la revocatoria y considerar presentada en término la queja que fue interpuesta un minuto después de las dos primeras horas del día hábil inmediato posterior al vencimiento del plazo de cinco días, ya que se ha invocado y acreditado de manera suficiente un hecho de fuerza mayor, pues aún cuando se interpretase con criterio restrictivo el alcance de los arts. 124 y 157 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la expuesta es la solución jurídica más acorde con la garantía constitucional de la defensa en juicio.
2.Atento la prueba aportada y las razones de fuerza mayor expresadas por la peticionaria para justificar el retardo de un minuto en la presentación del recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde hacer excepción a los principios de perentoriedad de los plazos procesales y aplicar el art. 157 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que una decisión diferente frustraría por excesivo rigor formal una vía eventualmente apta para obtener el reconocimiento del derecho invocado.
3.Si bien las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las que rechaza los recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de reposición, cabe apartarse de dicho criterio en los supuestos en que el pronunciamiento tenga clara incidencia en la garantía constitucional de la defensa en juicio.
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Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15/06/2004, "Parque Interama S.A. s/quiebra c. Municipalidad Ciudad de Buenos Aires", LA LEY 14/10/2004, 6 - DJ 03/11/2004, 741
4.El plazo de gracia del art. 124 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación no es una prolongación del término ya fenecido a las veinticuatro horas del día anterior, sino un remedio para impedir las consecuencias perjudiciales que podría causar una situación de fuerza mayor que no hubiese permitido hacer la presentación judicial en tiempo oportuno, por lo cual es inadmisible invocar la fuerza mayor para justificar la omisión de actuar en la oportunidad concedida por la ley para paliar los perjuicios derivados de ella (del voto en disidencia de los doctores Petracchi, Belluscio, Boggiano y Maqueda).
5.Las decisiones por las cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechaza los recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de reposición, ya que no se trata de las providencias simples a las que alude el art. 238 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, únicas resoluciones contra las cuales se puede entablar el referido recurso (del voto en disidencia de los doctores Petracchi, Belluscio, Boggiano y Maqueda).
6.Debe rechazarse la reposición interpuesta contra la resolución por la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró extemporánea la queja presentada un minuto después de las dos primeras horas del día hábil inmediato posterior al vencimiento del plazo legal de cinco días, ya que la recurrente pretende sostener un error de juicio, alterando el sentido de lo que el Tribunal ha decidido sobre la base de fundamentos razonados, al pronunciarse expresamente sobre el tema que se quiere rever, poniendo fin a su actividad jurisdiccional (del voto en disidencia de los doctores Petracchi, Belluscio, Boggiano y Maqueda).
Buenos Aires, marzo 3 de 2005.
Considerando: 1. Que la recurrente solicita que se reconsidere la decisión del Tribunal que rechazó por extemporánea la queja presentada un minuto después de las dos primeras horas del día hábil inmediato posterior al vencimiento del plazo de cinco días (fs. 590/592 de la queja), pues sostiene que no se han ponderado las razones invocadas en su escrito de fs. 571/574, en el que expresamente había solicitado que se tuviera al recurso de hecho por presentado en término.
2. Que si bien es cierto que las decisiones de la Corte por las que rechaza los recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de reposición, cabe apartarse de dicho criterio en los supuestos en que el pronunciamiento de la Corte tenga clara incidencia en la garantía constitucional de la defensa en juicio (Fallos: 303:1532; 306:485; 312:2421).
3. Que, en efecto, luego de un nuevo análisis resultando a la luz de la prueba aportada y con carácter de excepción, las razones de fuerza mayor expresadas por la peticionaria para justificar el retardo de un minuto en la presentación del recurso de hecho ante este Tribunal, circunstancia que autoriza a hacer excepción a los principios de perentoriedad de los plazos procesales y a aplicar lo dispuesto por el art. 157 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de conformidad con lo resuelto en Fallos 303:1532 y 306: 485.
4. Que ello es así, pues, al margen de que una conclusión diferente importaría dejar de lado los evidentes motivos de justicia y equidad que median en autos y que hacen que deba darse prioridad al derecho de defensa, se frustraría, por un excesivo rigor formal en la interpretación de las normas en juego, una vía eventualmente apta para obtener el reconocimiento del derecho invocado con mengua de la verdad jurídica objetiva.
5. Que, por lo demás, la solución del pronunciamiento de fs. 590/592, lejos de armonizar el sentido que inspira a los arts. 124 y 157 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, deja sin ámbito de aplicación lo dispuesto por esta última norma al desatender el hecho de fuerza mayor que se ha invocado y acreditado de manera suficiente, por lo que aun cuando se interpretase con criterio restrictivo el alcance de dichas disposiciones, la solución jurídica más acorde con la garantía constitucional de la defensa en juicio lleva al acogimiento del remedio intentado.
Por ello, se hace lugar al pedido de revocatoria de fs. 594/597 y se considera presentado en término el escrito de interposición del recurso de queja. - Enrique S. Petracchi (en disidencia). - Augusto C. Belluscio (en disidencia). - Carlos S. Fayt. - Antonio Boggiano (en disidencia). - Juan C. Maqueda (en disidencia). - E. Raúl Zaffaroni. - Juan C. Poclava Lafuente. - Martin Irurzun. - Carlos M. Pereyra González.
Disidencia del doctor Petracchi, Belluscio, Boggiano y Maqueda:
Considerando: 1. Que la recurrente solicita que se reconsidere la decisión del Tribunal que rechazó por extemporánea la queja presentada un minuto después de las dos primeras horas del día hábil inmediato posterior al vencimiento del plazo legal de cinco días (fs. 590/592 de la queja), pues sostiene que no se han ponderado las razones invocadas en su escrito de fs. 571/574, en el que expresamente había solicitado que se tuviera al recurso de hecho por presentado en término.
2. Que tal petición resulta improcedente, ya que las decisiones de la Corte por las que rechaza los recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de reposición (Fallos 316:1706, entre otros), ya que no se trata de las providencias simples a que alude el art. 238 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, únicas resoluciones contra las cuales se puede entablar el referido recurso.
3. Que si bien a fin de evitar un excesivo ritualismo es posible apartarse de ese principio en caso de error material evidente, no lo es cuando se pretende sostener un error de juicio, intentándose alterar el sentido de lo que el Tribunal ha decidido sobre la base de fundamentos razonados, tal como ha ocurrido en la resolución recurrida, la cual se pronunció expresamente sobre el tema que ahora se quiere rever, poniendo fin a su actividad jurisdiccional. Ello es así no sólo por elementales razones de seguridad jurídica sino, y con mayor razón, cuando el resultado contrario implicaría afectar el derecho de defensa de la parte contraria, que no es oída en el procedimiento de la queja y que por el vencimiento de los plazos había incorporado a su patrimonio los derechos resultantes de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
4. Que corresponde recalcar, por otra parte, que el plazo de gracia instituido por el art. 124 del citado Código no constituye una prolongación del término ya fenecido a las 24 del día anterior, sino precisamente un remedio para impedir las consecuencias perjudiciales que podría ocasionar una situación de fuerza mayor que no hubiese permitido hacer la presentación judicial en tiempo oportuno; resulta inadmisible, pues, que se pretenda invocar la fuerza mayor para justificar la omisión de actuar en la oportunidad concedida por la ley para paliar los perjuicios derivados de la fuerza mayor. Por otra parte, cualquier solución que implicara dejar librado a la discrecional apreciación de los jueces cuál fuese el tiempo de demora admisible más allá del legal -sea éste computado en horas, en minutos o en segundos- o cuáles fueran las razones de fuerza mayor que pudiesen ser invocadas, implicaría que los efectos de la cosa juzgada o, en su caso, de la preclusión, quedasen sujetos a la voluntad arbitraria de aquéllos.
Por ello, se rechaza el recurso de reposición deducido. - Enrique S. Petracchi. - Augusto C. Belluscio. - Antonio Boggiano. - Juan C. Maqueda.
Título: Dos resoluciones contradictorias de la Corte Suprema dictadas en el mismo expediente
Autor: Colerio, Juan Pedro
Publicado en: LA LEY 27/06/2005, 3
Fallo comentado: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) ~ 2005/03/03 ~ Cantera Timoteo S.A. c. Mybis Sierra Chica S.A. y otros
SUMARIO: I. El primer fallo de la Corte. - II. El fallo de la Cámara. - III. El segundo fallo de la Corte. - IV. Una explicación sólo aparente: la distinta integración del tribunal. - V. Un antecedente similar. - VI. La inadmisibilidad del remedio de revocatoria. - VII. La doctrina de los propios actos. - VIII. El derecho de la parte contraria. - IX. La incertidumbre del abogado. - X. La importancia de la necesidad del acuerdo en los tribunales colegiados.
I. El primer fallo de la Corte
Con fecha 30 de setiembre de 2003, la Corte Suprema de Justicia del la Nación, en autos: "Cantera Timoteo S.A. c. Mylbis Sierra Chica S.A. y otros", (LL XXXX), resolvió por mayoría que el escrito presentado un minuto después de vencido el plazo de gracia constituía una presentación extemporánea. En el caso, se trataba de una persona que había presentado el recurso de queja, por denegación del extraordinario, el día del vencimiento del plazo de gracia cuando, al ingresar al Palacio de Justicia, sufrió una descompensación cardiaca y fue atendida en el dispensario médico ubicado en la planta baja del mismo edificio, contratiempo que habría sido determinante para la tardía entrega del escrito en la mesa de entradas del tribunal.
La mayoría expuso su posición, en lo que nos interesa para este comentario, en los considerandos 3°y 4° de la resolución, con los siguientes fundamentos: "3°) Que de acuerdo con el carácter perentorio y fatal que tienen los plazos procesales (art. 155 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y con la interpretación estricta que, por su naturaleza, debe atribuirse al plazo "de gracia" previsto en el art. 124 del citado Código, esta Corte ha resuelto, en casos que guardan analogía con el presente, qué razones de seguridad jurídica obligan a poner un momento final para el ejercicio de ciertos derechos, pasado el cual, y sin extenderlo más, deben darse por perdidos, sin que pueda a ello obstar la circunstancia de que el particular haya cumplido, aun instantes después, con la carga correspondiente. (Fallos: 289:196; 296:251; 307:1016; 316:246 y 2180).
4°) Que el legislador ha instituido el llamado plazo de gracia a fin de habilitar la presentación de escritos dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del vencimiento del plazo para hacerlo, precisamente a fin de impedir los perjuicios que para las partes pudieran derivar de razones de fuerza mayor que les impidiesen hacerlo en tiempo oportuno, motivo por lo cual resulta inadmisible que pretendan invocarse motivos de la misma índole para no cumplir puntualmente con la presentación en el tiempo suplementario que graciosamente la ley otorga."
La minoría, en disidencia, sostuvo: "3° Que las constancias acompañadas por la persona que debía presentar el escrito dan cuenta de que el día del vencimiento del plazo de gracia, instantes previos a su ingreso al Palacio de Tribunales, sufrió una descompensación cardíaca y requirió ser atendida por el médico del departamento de medicina preventiva y laboral del Poder Judicial, doctor Cristian Rando, ubicado en la planta baja del edificio. Al constatar que presentaba un síndrome coronario agudo, dicho profesional ordenó su derivación a un hospital público, hecho prima facie acreditado con el certificado de asistencia médica del servicio de cardiología emitido por el departamento de urgencia del Hospital Gral. de Agudos J. M. Ramos Mejía (conf. fs. 567 y 568).
4°) Que los antecedentes relatados dan cuenta de que se ha configurado una situación de carácter excepcional e imprevisible que ha impedido la presentación en término del recurso de hecho, por lo que frente a lo dispuesto por el art. 157 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de conformidad con lo resuelto en Fallos: 303:1532 y 306:485, corresponde declarar la suspensión del plazo ante el hecho de fuerza mayor invocado."
"5°) Que, en efecto, median evidentes razones de justicia y equidad que hacen que deba darse prioridad al derecho de defensa y evitar todo exceso ritual manifiesto que conlleve a la frustración de una legítima expectativa del litigante en desmedro de la verdad objetiva. Las circunstancias de la causa y los motivos expresados por la recurrente justifican hacer excepción a los principios de perentoriedad de los plazos procesales (art. 155 del Código Procesal Civil y comercial de la Nación), máxime frente a la exigüidad de la demora en la presentación del recurso ante este Tribunal. Por ello se considera presentado en término el escrito de interposición del recurso de queja."
II. El fallo de la Cámara
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quince meses después del fallo citado en el parágrafo anterior, esto es el 30 de diciembre de 2004, en autos: "GCBA c. Davola, Manuel s/ejecución fiscal-avalúo", dispuso por unanimidad que es extemporánea la presentación de un escrito presentado un minuto después de vencido el plazo de gracia y, como fundamento de tal decisión, remitió a lo expuesto oportunamente por el cimero tribunal (in re "Cantera Timoteo S.A. c. Mybis Sierra Chica S.A. y otros", fallo del 30 de setiembre de 2003, entre otros), confirmando la regla del carácter perentorio y fatal que tienen los plazos procesales y la naturaleza excepcional del plazo de gracia, previsto, especialmente, cuando razones de fuerza mayor impidan cumplir el acto en el tiempo correspondiente. También los camaristas reflexionaron sobre qué pasaría en el supuesto de admitirse el remedio intentado, pues nada impediría que en un futuro próximo se peticionara de igual forma por haberse vencido el término en cuestión en cinco minutos y así sucesivamente.
La importancia de este fallo es mostrar cómo los tribunales inferiores van ajustando sus decisiones a los lineamientos que la CSJN les va señalando.
III. El segundo fallo de la Corte
Pocos días después de pasados los diecisiete meses de dictada la resolución mencionada en el acápite (1), la propia Corte abre un remedio de reposición y, en los mismos autos: "Cantera Timoteo S.A. c. Mylbis Sierra Chica S.A. y otros", la mayoría considera presentado en término el escrito de interposición del recurso de queja, que el primer fallo había declarado extemporáneo. Para ello, sostiene que si bien es cierto que las resoluciones de la Corte por las que rechaza los recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de reposición, cabe apartarse de dicho criterio en los supuestos en que el pronunciamiento de la Corte tenga clara incidencia en la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Agrega que las razones expresadas por la peticionaria autorizan a hacer excepción a los principios de perentoriedad de los plazos procesales, y aplicar lo dispuesto por el art. 157 del CPCCN, pues una solución diferente importaría dejar de lado los evidentes motivos de justicia y equidad que median en autos. Concluye con que la solución anterior dada al caso desatendía el hecho de fuerza mayor que se había invocado.
La minoría destaca que al no tratarse de providencias simples, a las que alude el art. 238 del CPCCN, las decisiones de la Corte por las que se rechaza los recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de reposición y si bien es admisible apartarse de ese principio a fin de evitar un excesivo ritualismo, como el caso del error material evidente, no lo es cuando se pretende cambiar un supuesto error de juicio, intentándose alterar el sentido de lo que el tribunal había ya decidido sobre la base de fundamentos razonados, tal como había ocurrido en la anterior resolución, la cual se pronunció expresamente sobre el tema que ahora se quiere rever, retomando una actividad jurisdiccional que había fenecido. Y ello es así no sólo por elementales razones de seguridad jurídica, sino, y con mayor razón, cuando el resultado contrario implicaría afectar el derecho de defensa de la otra parte, que no es oída en el procedimiento de la queja y que, por vencimiento de los plazos, había incorporado a su patrimonio los derechos resultantes de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Recalca también que el plazo de gracia no constituye una prolongación del término ya fenecido a las 24 horas del día anterior, sino que está previsto para remediar las consecuencias perjudiciales que podría ocasionar una situación de fuerza mayor que impidiera hacer la presentación judicial en tiempo oportuno. La solución contraria implicaría dejar librado a la discrecionalidad de los jueces determinar cuál es el tiempo de demora admisible más allá del legal o cuáles las razones de fuerza mayor que pudieran ser invocadas, por lo que, en definitiva, el instituto de la preclusión quedaría a merced de la voluntad arbitraria de los magistrados.
IV. Una explicación sólo aparente: la distinta integración del tribunal
Las dos resoluciones de la CSJN en el mismo expediente fueron dictadas por tribunales con diferentes miembros. En la primera, la del 30/09/2003, conformaron la mayoría que declaró extemporánea la queja presentada un minuto después de vencido el plazo de gracia, los doctores Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Antonio Boggiano, Adolfo Roberto Vázquez y Juan Carlos Maqueda. Mientras que la minoría quedó integrada por los doctores Eduardo Moliné O´Connor y Guillermo A. F. López.
En la segunda resolución, del 03/03/05, que admitió la queja presentada un minuto después de vencido el plazo de gracia, la mayoría fue conformada por los doctores Carlos S. Fayt, Raúl Zaffaroni, Juan C. Poclava Lafuente, Martín Irurzun y Carlos M. Pereyra González. La minoría la integraron los doctores Enrique S. Petracchi, Augusto C. Belluscio, Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda.
En cuanto a números, en el primer fallo el resultado fue de 5 votos a favor y 2 en contra, mientras que en el segundo, fue de 5 a 4. Esto es, 7 ministros conformaron el total del primer tribunal y 9 los del segundo.
Pero además, quienes intervinieron en el primer fallo eran todos ministros naturales de la Corte. En cambio, en el segundo, el cuerpo debió de integrarse con 3 conjueces, miembros de las Cámaras Federales, que fueron quienes dieron la mayoría, juntamente con los ministros Fayt y Zaffaroni, quienes tampoco habían votado en el fallo anterior.
La Corte, al momento en que se escribe este comentario, tiene a su vez, una nueva integración, con la incorporación de las doctoras Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay y, eventualmente, puede conformarse con otros conjueces.
Nos parece muy elemental justificar estas contradictorias posiciones en un mismo expediente, con la única y aparente explicación de que en cada caso el tribunal tuvo una distinta integración, y ponernos a especular con las posibles variables en su conformación para pronosticar eventuales futuros resultados.
El mero cambio de ministros, entendemos nosotros, no puede ser nunca visto como una justificación que legitime el cambio de la jurisprudencia.
Hay más de un motivo para pensar que, más allá de la ocasional integración de sus miembros, nuestro tribunal supremo debe constituirse en el cuerpo que a través de sus sentencias consolide el estado de derecho, cuya coherencia y previsibilidad contenga los eventuales desvíos de los tribunales inferiores y fije las pautas señeras hacia una sociedad con más y mejor justicia.
V. Un antecedente similar
Hemos encontrado en los antecedentes de la CSJN, dos fallos, también dictados en el mismo expediente. El primero, resuelto el 2 de julio de 1981, en el que en un considerando de cinco renglones, el Tribunal rechaza la queja porque el tiempo para deducirla había vencido con anterioridad a su interposición. En el segundo, dictado el 13 de octubre de 1981, también en un considerando de la misma extensión, la Corte estima atendibles las razones expuestas por la recurrente para justificar el retardo de un minuto en la presentación del recurso directo, circunstancia que justifica, afirma, aplicar lo dispuesto por el art. 157 del Cód. Procesal y disponer la revocatoria de la resolución anterior, pues de lo contrario, dice, se frustraría por un exceso ritual una vía eventualmente apta para obtener el reconocimiento del derecho invocado.
Estos fallos coinciden con los que comentamos en cuanto a que: 1) En ambos se trató de la interposición de un recurso de queja por denegación del extraordinario un minuto después de vencido el plazo de gracia y 2) La vía de la reposición fue el medio común que admitió la Corte para revocar lo anteriormente decidido.
Sin embargo, las diferencias son importantes: 1) Mientras que en los fallos en comentario, la composición del Tribunal fue distinta en las dos resoluciones, en este antecedente fueron exactamente los mismos ministros quienes se pronunciaron contradictoriamente. Integraban esa Corte los doctores Adolfo R. Gabrielli, Abelardo F. Rossi, Pedro J. Frías, Elías P. Guastavino y César Black. 2) En ambas resoluciones sus miembros se pronunciaron por unanimidad, en consecuencia, a diferencia de los fallos comentados, aquí no hubo disidencias y 3) En este antecedente, ambas posiciones de la Corte constituyeron meras afirmaciones dogmáticas, mientras que en "Cantera Timoteo S.A.", las dos resoluciones son fundadas, circunstancia que atiende mejor el debido servicio de justicia de cara a la sociedad.
VI. La inadmisibilidad del remedio de revocatoria
Más allá que conforme la redacción del art. 238 del CPCCN, el remedio de revocatoria o reposición sólo procede contra las providencias simples que causen o no gravamen irreparable, que no es el caso de autos, lo cierto es que la Corte ha admitido este medio de impugnación en casos en los que algún autor ha llamado "reposición in extremis" (2), cuando es tan evidente el error material, que no corregirlo constituiría un apego insustancial a las formas por las formas mismas. Pero, evidentemente, como bien lo explica la minoría en el segundo fallo de la Corte, este no es el caso, pues la resolución del primer fallo, al estar debidamente fundada conforme a derecho, había agotado toda posibilidad de impugnación, habiendo pasado en consecuencia la cuestión bajo la autoridad de la cosa juzgada material, quedando incorporado el derecho al patrimonio del vencedor, como lo ha dicho reiteradamente la propia Corte y, en consecuencia, definitivamente amparado por la garantía constitucional de la propiedad, que consagra el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, la Corte, cuando dictó el primer fallo, agotó o consumió su jurisdicción y no debió volver a conocer con el endeble argumento de "que ha hecho un nuevo análisis resultando a la luz de la prueba aportada ... las razones de fuerza mayor expresadas por la peticionaria", cuestión ésta que ya había sido debidamente evaluada en el primer fallo.
Es evidente, que en el segundo fallo hay un nuevo juicio sobre idéntica cuestión, ya resuelta por el mismo tribunal, procedimiento que, además de no estar previsto en norma legal alguna, abre camino hacia la inseguridad jurídica, violenta el derecho de defensa de la contraria y constituye una palmaria violación al debido proceso.
VII. La doctrina de los propios actos
Una pregunta que se reitera entre los abogados está referida a si los tribunales quedan vinculados por sus precedentes. Si bien en nuestro sistema continental el precedente no tiene la misma fuerza obligatoria que tiene en los países anglosajones en los que rige el common law, tampoco el juez puede apartarse de las líneas interpretativas seguidas por él mismo en similares circunstancias. Y es por ello que, por un camino o por el otro, el valor seguridad está protegido en ambos sistemas, porque, en definitiva, es lo que hace previsible la solución del conflicto. Cada vez es más frecuente leer fallos en los que la decisión está fundada en la aplicación de la doctrina de los propios actos de las partes en el proceso, cuando la conducta disvaliosa de una de ellas, simultánea o sucesivamente acumula pretensiones o defensas contradictorias, reacomodando su posición, según sea favorable o no a sus intereses. Y desde hace un tiempo, los autores se preguntan si esta doctrina también es aplicable al tribunal, respondiendo en forma afirmativa (3). Aquí no se trata de mantener inmutable un derecho en el tiempo, cuando el contexto va cambiando, sino de conducirse con criterios homogéneos que se ajusten a la normativa vigente, porque no debe olvidarse que el plazo de cinco días termina a las 24 horas del quinto día y no en las dos primeras del siguiente, que son "de gracia", precisamente, para cubrir eventuales contratiempos ocurridos dentro de los cinco días.
VIII. El derecho de la parte contraria
El proceso civil tiene principios concretos, como el de la igualdad de las partes, también llamado principio de contradicción o de bilateralidad de audiencia, que hace a la esencia del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional. Al entrar la Corte en este segundo fallo y revocar lo decidido en el primero, violó ese elemental principio. Como lo sostuvo la minoría, en el recurso de queja la contraria no tuvo posibilidad de ser oída, por lo que suponemos la perplejidad de la contraparte cuando su abogado le comunicó primero, que habían ganado el caso en la Corte, que aplicando la ley había declarado extemporáneo el recurso presentado por la contraria, por lo que había quedado firme la decisión de la Cámara y, diecisiete meses después, el letrado le comenta que nuevamente la Corte se había pronunciado sobre la misma cuestión, admitiendo esta vez la queja que antes había rechazado, lo que abría la posibilidad de que el fallo de la Cámara fuera revocado.
IX. La incertidumbre del abogado
Uno de los valores más preciados que hacen a una buena administración de justicia es el de la previsibilidad, componente esencial de la seguridad jurídica. Tanto los abogados como los tribunales inferiores van tomando decisiones, interpretando y aplicando la ley, conforme las pautas y los lineamientos que bajan de los tribunales superiores. Además, y quizás lo más importante, es que existen dos sujetos en conflicto, que esperan justicia, y para que ello sea posible dependen tanto de abogados como de jueces, quienes a través de un sistema reglado, llamado proceso judicial, se la prometen. De allí que la razón de ser tanto de abogados como de jueces y del mismo proceso judicial son los llamados justiciables, para quienes la mayoría de las veces estos vaivenes resultan incomprensibles y es el abogado quien después se enfrenta con la responsabilidad de tener que explicar lo inexplicable (4). Cuál será la suerte, nos preguntamos, de quienes asesoraron no recurrir ante la consulta de un colega por la presentación de un escrito presentado un minuto después de vencido el plazo de gracia ante el primer fallo de la Corte, y cuál el consejo después del segundo y, si en lugar de un minuto, ¿fueran dos o cinco? Estas situaciones llevan a un estado de incertidumbre, tanto a los tribunales inferiores que tienen el mismo caso para resolver, como a los abogados que tienen que aconsejar a sus clientes sobre la conveniencia de iniciar o no un proceso judicial en idénticas circunstancias.
X. La importancia de la necesidad del acuerdo en los tribunales colegiados
Tradicionalmente la organización judicial en el orden nacional y federal ha mantenido un sistema de doble instancia, con un juez unipersonal y un superior colegiado, y también ha dispuesto que este último sesione mediante "acuerdos", esto es, la deliberación de sus miembros para acordar una solución consensuada aplicable al caso. La idea es provocar un debate interno, con una regla que es fundamental: escuchar al otro para comprender sus argumentos, y no escucharlo simplemente para reforzar los propios y rebatirlo. De la lectura de los fallos surge una cuestión que se reitera también en las resoluciones de las cámaras de apelaciones, cual es que los votos aparecen como la suma de posiciones individuales, reveladoras de la inexistencia de acuerdo, sin argumentar, la mayoría de las veces, una crítica fundada que refute la opinión del otro, para reafirmarse exclusivamente en la propia. Esto desconcierta tanto a los tribunales inferiores como a los abogados, quienes esperan pautas orientadoras, claras, precisas y concordantes sobre las cuales dictar los fallos o aconsejar a sus clientes. Pareciera que priman en los tribunales colegiados las posiciones o los intereses personales de cada miembro por sobre la búsqueda del consenso para una solución acordada. Por eso esta situación debe revertirse con el esfuerzo de todos, para hacer del proceso y de su resultado un método previsible y creíble de resolución de conflictos.
(1) Autos: "Majdalani, Juan C. c. Majdalani, M. T. y otros", publicados en LA LEY, 1981-D, 490, con nota laudatoria del doctor Rodolfo B. Rotman.
(2) Ver PEYRANO, Jorge W. en "Estado de la doctrina judicial de la reposición in extremis. Muestreo jurisprudencial", p. 61 y sigtes., en Revista de Derecho Procesal N° 2 Medios de impugnación. Recursos I. Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999.
(3) Ver por ejemplo: EISNER, Isidoro, "La doctrina de los propios actos compromete también al obrar del tribunal", LA LEY, 1987 C, 820, y GARAY, Alberto F., "La Corte Suprema debe sentirse obligada a fallar conforme sus propios precedentes", JA, N° 5729 del 19/06/91.
(4) Una encuesta publicada por el diario La Nación el domingo 22 de mayo de 2005, reveló que el 97,7% de los abogados cree que la Justicia no satisface las necesidades de los ciudadanos.

References: resolución 
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 artículo 17
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