Source: https://www.scribd.com/doc/58281840/procedimiento-curso-IAAP
Timestamp: 2016-12-09 01:45:25+00:00

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: SU NATURALEZA Y FINES.REGULACIÓN LEGAL: ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN. LOS INTERESADOS. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN EL PROCEDIMIENTO. LA INICIACIÓN, ORDENACIÓN E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: LA PRUEBA Y LOS INFORMES. FORMAS DE TERMINACIÓN. I) EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: NATURALEZA Y FINES. El Estado de Derecho se caracteriza no sólo por el reconocimiento y defensa de los derechos públicos subjetivos de los particulares, sino también por el establecimiento de una serie de garantías que aseguren que todos los órganos del Estado se someten a la legalidad y actúan dentro de ella, es decir, lo que Hauriou denomina el sometimiento al “bloque de la legalidad”. Cuando estas garantías se aplican a la Administración, surge el denominado “Régimen jurídico de la Administración”, en el que se incluye el “procedimiento admiristrativo”, que va a ser objeto de consideración en el presente tema. Así, la “Exposición de Motivos” de la antigua Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1.958, señalaba que el procedimiento administrativo es “el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin”. González Pérez añade que es una necesaria sumisión - considerada como una exigencia constitucional- del actuar administrativo a un determinado procedimiento. I.1) NATURALEZA Y FINES. El procedimiento, en general, se singularizaría en el mundo del Derecho administrativo como el modo de producción de los actos administrativos. Así, aunque entre proceso judicial y proceso administrativo existen semejanzas indudables (dada la pertenencia de ambas figuras a un tronco común), también existen profundas diferencias, como consecuencia de la diversa naturaleza de sus fines y, sobre todo, de la distinta posición y carácter de los órganos cuya actividad disciplinan. El significado del procedimiento administrativo es garantizar los derechos e intereses de los administrados; garantía que se deriva tanto de la objetividad que se exige a la Administración Pública a través de los principios que informan el procedimiento, como de la directa intervención del propio ciudadano afectado en el mismo.
En razón de este significado, el artículo 105 de la Constitución establece que: “La Ley regulará: ... c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.” Y por idénticas razones, al venir directamente vinculado el procedimiento a las garantías de todos los ciudadanos ante cualquier Administración Pública, el artículo 149.1º.18ª de la C.E. atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas. II) EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN EN LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. II.1) REGULACIÓN LEGAL. Por la dimensión política y constitucional que tiene el procedimiento administrativo, corresponde al Estado su legislación común para todas las Administraciones Públicas. El título competencial habilitante se encuentra en el artículo 149.1.18ª de la C.E, antes mencionado. Pues bien, tomando como base este precepto se aprobó la vigente Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que derogó la anterior Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1.958. Según su Exposición de Motivos, recoge la concepción constitucional de distribución de competencias teniendo en cuenta la estructura del Estado español establecida en el Título VIII de la CE, y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común, estableciendo un marco común de aplicación general a todas las Administraciones, cuyo fin último es garantizar la igualdad de trato de los ciudadanos por parte de todas ellas. Hay que tener en cuenta que esta Ley se aplica con carácter de normativa básica respecto a la materia de régimen jurídico, y con contenido de normativa de aplicación plena respecto al procedimiento administrativo común, si bien, en este caso, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización de las CCAA. Pero este procedimiento común de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas en todo el Estado español que regula la Ley 30/1.992, no puede ser entendido como un procedimiento único, sino que en materias concretas puede venir integrado por normas procedimentales “rationae materiae”, de obligado cumplimiento, que respeten lo establecido en aquel procedimiento común. 2
6ª). al establecer que:
. 8ª). al disponer que: “En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza. 4) Procedimientos disciplinarios (D. y para que se aplique en todos los trámites procedimentales.” Ahora bien. también lo recoge el artículo 74. la Ley 30/1. al disponer que: “Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.4º). a cuyo tenor: “El procedimiento. Adc. 2. 2) De impugnación de actos de la seguridad social (D. se impulsará de oficio en todos sus trámites. Está recogido en los artículos 68 y 69 de Ley 30/1. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente. Principio de economía procedimental.1º de la Ley 30/1.Finalmente. 3) Sancionador por infracciones en el orden social (D. bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior.992 (referentes a la iniciación del procedimiento).992 no se aplica a: 1) Procedimientos en materia tributaria (D.1º de la Ley 30/1. 5) Reclamaciones económico-administrativas (artículo 107.” “1.992. dada su importancia. Con anterioridad al acuerdo de iniciación. sometido al criterio de celeridad. este impulso no debe violar el más importante principio de igualdad.” Pero. Adc. a petición razonada de otros órganos o por denuncia. III) LOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVO. Adc. de la que quede constancia. 5ª). Así lo obliga el articulo 75. 7ª). Entre ellos destacan los siguientes: 1. según se ordena en el apartado 2º del mismo artículo 74. salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario. Principio de oficialidad. GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento administrativo que contempla la LRJAP está basado en una serie de principios – cuya concreción positiva puede encontrarse en el propio articulado de la Ley -. podrá el órgano competente abrir un periodo de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Adc.” 2.992.
se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte.E. Principio contradictorio del procedimiento. si no existe un auténtico debate contradictorio tanto sobre los hechos como sobre su calificación jurídica .. Al solictar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos. podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.” También puede mencionarse el artículo 86.a) de la Ley 30/1. se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos. aunque el procedimiento se inicie de oficio o a instancia de parte. El artículo 31 de la Ley 30/1. Se acordarán en un solo acto todos los trámites que. tienen los siguientes derechos. Por lo tanto.992. Principio de publicidad.” 3. Además. el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.) que en términos constitucionales estrictos no hay procedimiento administrativo válido si no existe idualdad de oportunidades entre las partes en cada una de las piezas. Principio de celeridad. admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.“Se acordarán en un solo acto todos los trámites que. Su aplicación se señala en los artículos 74 y 75 de la Ley 30/1. a cuyo tenor: “Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal.992 considera interesados en el procedimiento a terceros con derechos afectados por el acto administrativo. A conocer. el Tribunal Constitucional ha declarado (con base en el artículo 24 de la C. 2.” Este principio también exige la acumulación prevista en el artículo 73 de la misma Ley: “El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento.” “Los ciudadanos. en sus relaciones con las Administraciones Publicas. cualquiera que haya sido la forma de su iniciación. 5. Recogido en los artículos 34 y 35. por su naturaleza. al disponer que:
. siempre existirán intereses contradictorios. trámites o momentos procesales.” Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.992. por su naturaleza. y obtener copias de documentos contenidos en ellos. estableciendo el último de los preceptos citados que: “1.. deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto. es decir.” 4. admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. en cualquier momento.
. a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento o la parte del mismo que se acuerde. encuadrado en el interior del más amplio derecho a un procedimiento con todas las garantías. o en el de la Provincia respectiva. quien resolverá lo procedente. desde el lado de la Administración. por tanto. cuando la naturaleza de éste lo requiera. 4. así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento. 2. 3. intervienen en el mismo. ser administrador de sociedad o entidad interesada. 2. con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores. De este modo.Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados. 28 y 29. El derecho a la recusación (y su correlativo deber de abstención). constituye un derecho un derecho subjetivo público fundamental.” IV) ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN. La imparcialidad como garantía que aboga por la existencia de una posición de neutralidad y de ausencia de prejuicios del órgano frente al administrado y el objeto del procedimiento (deber de objetividad).Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel. A tal efecto. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento. de la Comunidad Autónoma. podrá acordar un periodo de información pública.. A) La Abstención: Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato. Uno de los principios clásicos del procedimiento administrativo ha sido el de imparcialidad por parte de quienes.. 5
. se anunciará en el “Boletín Oficial del Estado”. o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento. La LRJAP se refiere a la abstención y recusación en los arts..Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. la representación o el mandato. son motivos de abstención: 1.“1.
en los casos antes señalados podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. Finalmente. No obstante. el superior resolverá en el plazo de tres días. recordar que conforme al artículo 77 de la Ley 30/1. V) LOS INTERESADOS
.g) del Real Decreto 33/86. de 22 de octubre.992. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso. Cuando el procedimiento afecte a los titulares de las Consejerías. el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. según el cual. el art. tipifica como falta grave el intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas. la actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará. Si el recusado niega la causa de recusación. o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. la recusación suspende la tramitación del procedimiento. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad. sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento. la invalidez de los actos en los que hayan intervenido. 29. necesariamente.. B) La Recusación: A la que se refiere el art. previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. En el primer caso.. el superior podrá acordar su sustitución acto seguido. previo informe del Gabinete Jurídico de la JA. En el día siguiente. A este respecto debemos señalar que el artículo 97 de la Ley 9/07. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. la resolución corresponderá al Consejo de Gobierno.1. que regula el régimen disciplinario de los funcionarios – vigente con carácter supletorio en tanto no se proceda al desarrollo de las infracciones graves conforme a lo dispuesto en el EBEP . de Administración de la JA dispone que estos procedimientos serán resueltos por la persona titular del órgano jerárquico inmediatamente superior. 7.5. En concreto.Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto.
del uso común especial o del uso privativo del dominio público. especialmente vinculado a ella. según Entrena Cuesta . de la realización de una prestación personal (como la militar). por ejercer el particular un derecho subjetivo frente a ella.1) CLASES DE ADMINISTRADOS En la Doctrina científica es tradicional la distinción entre: a) Administrado simple: Es aquel que se encuentra respecto de la Administración en un estado de sujeción general y que es tratado por la norma de una forma impersonal. como regla general. b. como una relación social concreta regulada por el Derecho Administrativo. c. y no como persona de Derecho Privado. Es decir. sea el sujeto pasivo la Administración. siendo ésta la posición normal. b) Administrado cualificado: Es aquel que se encuentra respecto de la Administración en un estado de sujeción especial. En cambio. para que sea tal. normalmente en el lado activo de la misma. es decir. Esta relación jurídico-administrativa. Ello no obsta para que. en determinadas relaciones.La Administración ha de intervenir en tal relación como tal.. V. el administrado aparece en el campo del Derecho público como titular de potestades y derechos frente a la Administración Pública.Finalmente. se alcanza la mayoría de edad) puede entablar todo tipo de relaciones jurídicas con otros. de una reclamación de responsabilidad por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. prácticamente) y de obrar (desde que. De este modo.La relación jurídico-administrativa se define. La titularidad de estas potestades y derechos es consecuencia de una aptitud jurídica o capacidad distinta de la jurídico-privada..Presencia en ella de la Administración como sujeto de la relación. etc. esta relación está regulada por el Derecho Administrativo. por ejemplo. Esto es así porque en el Derecho Privado existe una teoría general de la capacidad de las personas en virtud de la cual quien ostente la capacidad jurídica (desde el nacimiento. por ejemplo. ha de reunir los siguientes caracteres: a. de la relación funcionarial. junto al administrado. por ser objeto. lo que puede derivar.. en el Derecho Administrativo no se ha elaborado esta teoría respecto del administrado. dado que la relación 7
. que suele situarse en el lado pasivo. ejercita en ella las potestades y prerrogativas que el Ordenamiento Jurídico le reconoce para el cumplimiento de sus fines.
. tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. En esta línea hay que insertar la dicción del artículo 30 de la LRJAP. en cuanto a la actuación dentro de los procedimientos administrativos. los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad. se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte..e. cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. el ordenamiento jurídico exige diversos requisitos de capacidad según el tipo de relación de que se trate (así.El art. si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal..Quienes los promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.2) EL INTERESADO ADMINISTRATIVO EN EL PROCEDIMIENTO
1º. Por eso. 31 de la LRJAP. además de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles. individuales o colectivos.jurídico-administrativa suele establecerse "intuitu personae". Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados. se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento (art. p. 8
. para el acceso a la Función Pública.). sin haber iniciado el procedimiento. tutela o curatela. considera como interesado en los mismos: a. titulación específica para la plaza a la que se opta. 34 de la LRJAP)..Aquellos cuyos intereses legítimos. b. se suelen especificar todos los requisitos que ha de reunir la persona que pretenda servir a la Administración: mayoría de edad... Además. etc. según el cual tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.Los que. c. en consecuencia. V. habrá que estar a la norma en concreto que regule la relación de que se trate para saber qué capacidad es exigible al administrado.
En tal caso. con carácter general. el art. escrito o comunicación figuren varios interesados. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. entablar recursos. entendiéndose con éste las actuaciones administrativas. para formular solicitudes. o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. o mediante declaración en comparecencia personal del interesado (es lo que en la práctica administrativa se ha llamado el poder "apud acta"). deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna. Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las Administraciones Públicas. Ese reconocimiento no sólo va dirigido a aquellos que alcanzan la condición cualificada de “interesado” en un procedimiento administrativo sino que se reconoce. el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de 9
. y. desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado.En cuanto a la posibilidad de actuar por medio de un representante. salvo manifestación expresa en contra del interesado. el artículo 33 establece que cuando en una solicitud. Pluralidad de interesados.2º. siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo. No obstante.
VI) DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO La LRJAP ha reconocido en su artículo 35 una serie de derechos en la relación con las Administraciones Públicas. a) Derecho a conocer.. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate. en su defecto. a todos los “ciudadanos” en sus relaciones con las Administraciones Públicas. con el que figure en primer término. en cualquier momento. 32 de la LRJAP señala que los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante.
interesados. el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. En este caso. de 9 de febrero. y desarrollado en el Real Decreto 208/96.3 de la LRJAP). y existiera discrepancia en cuanto a la lengua. por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención a los ciudadanos. 1.993. los interesados que se dirijan a órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma. y el Decreto 204/95. de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. de 29 de agosto. y obtener copias de documentos contenidos en ellos (concretado en el artículo 46 de la LRJAP . conforme al cual. b) Derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos (La Resolución de 3 de febrero de 1. el procedimiento se tramitará en castellano. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento. En cualquier caso. el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. En cuanto a los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. No obstante lo anterior. c) Derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten. aportándola junto con los originales. Sobre la lengua de los procedimientos trata el art. cuando vayan a sufrir efectos fuera del territorio de la
. en la que se define el sistema de identificación común del personal al servicio de la Administración General del Estado). Los expedientes o las partes de los mismos redactados en una lengua cooficial distinta del castellano. así como a la devolución de éstos. salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento (indirectamente reconocido también en el artículo 70. en el ámbito estatal. deberán traducirse al castellano los documentos que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. en el de la Comunidad Autónoma andaluza). relativo a la expedición de copias de documentos públicos y privados. si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. 36 de la LRJAP. de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano.
” e) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución (en parecidos términos se pronuncia el art. g) Derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos. bastando únicamente con que indique el día y procedimiento en que los presentó). o los relativos a materias protegidas por el secreto comercial o industrial. respecto de aquellos archivos no exceptuados de su aplicación v. en cuyo artículo 84. . h) Derecho al acceso a los Registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras Leyes. Sobre este derecho de acceso a los archivos y registros administrativos.Acceder a los registros y a los documentos que..Comunidad Autónoma... los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado. de cuya regulación podemos destacar básicamente que. el artículo 105.g. deberán ser traducidos al castellano por la Administración Pública instructora. -. en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo. se remite a la Ley en cuanto a su concreción práctica. o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante (derecho de difícil plasmación práctica.1 de la LRJAP). los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones. 37 de la LRJAP quien desarrolla extensamente el ejercicio de este derecho. cualquiera que sea la forma de expresión o el tipo
. formando parte de un expediente. actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. obren en los archivos administrativos..3 se reconoce el derecho del ciudadano a no presentar los documentos que obren en poder de la Administración de la JA. de Administración de la JA. los ciudadanos tienen derecho a: 1. pero cuya concreción ha sido flexibilizada a raíz de la entrada en vigor de la Ley 9/07. 79. Y es el art. b) CE. en principio. los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas. f) Derecho a no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate.
de soporte material en que figuren. en principio. – Que el acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado. en su regulación sobre régimen disciplinario. de las exacciones que se hallen legalmente establecidas. VII) LA INICIACIÓN. Téngase en cuenta que el EBEP. compañeros o subordinados". así como que la denegación deberá motivarse expresamente -. de la Administración de la JA establece como novedad un plazo máximo de un mes para resolver sobre el acceso desde que se formuló la solicitud. y como falta leve "la incorrección con el público. en su caso. sexo.Que. opinión. salvo los de carácter sancionador o disciplinario. según lo previsto en el Título X de la LRJAP y en el Real Decreto 429/93. por el que se aprobó el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. superiores. Finalmente señalar que este derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que no afecte a la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos debiéndose a tal fin y con carácter general. vecindad. o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". a éstas. ORDENAMIENTO E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: LA PRUEBA Y LOS INFORMES
. como falta grave "la grave falta de consideración con los administrados". 3. 2. religión. por terceros que acrediten un interés legítimo y directo. lugar de nacimiento. Asimismo. el ejercicio de este derecho de acceso conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración. no obstante lo anterior. de 26 de marzo. siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud. j) Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Públicas. puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. previo pago. i) Derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. y que. además de por sus titulares. tipifica como faltas muy graves "la actuación que suponga discriminación por razón de raza. en consideración a su contenido. el acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del derecho.. lengua. formular petición individualizada de los documentos que se desee consultar – la Ley 9/07. podrá ser ejercido.
la iniciación. a petición razonada de otros órganos o por denuncia. podrá el órgano competente abrir un periodo de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior. finalización y ejecución del procedimiento administrativo. razones y petición en que se concrete. y como ya hemos visto antes. Está prevista en el artículo 70. bajo la rúbrica “De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos”. ordenación. El artículo 69 de la Ley 30/1. Según el artículo 68 de la Ley 30/1. 2. pues hay sectores de la actividad administrativa que están articulados técnicamente en torno al “principio de rogación” (p.1) INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Cap. I. Iniciación a instancia de parte. 68 a 73). de las solicitudes. VII. e) Organo. c) Lugar y fecha. salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente. en su caso. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Asimismo. autorizaciones o la constitución de una situación jurídica favorable para un sujeto determinado). arts.El Título VI de la Ley 30/1. la solicitud. instrucción. de 26 de noviembre. regula a lo largo de 5 Capítulos.992 dispone que: “1. 2. centro o unidad administrativa a la que se dirige. d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. no todos los procedimientos se pueden iniciar de oficio. con toda claridad. b) Hechos. así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.992.992.” Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar. comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la
. Con anterioridad al acuerdo de iniciación.” Ahora bien. Iniciación de oficio. 1. de la persona que lo represente. Las solicitudes que se formulen deberán contener: a) Nombre y apellídos del interesado y.ej: concesiones. podrán ser formuladas en una única solicitud. según el cual: “1.
podrán adoptarse medidas provisionales en los términos del artículo 72 de la Ley 30/1. el artículo 73 de la Ley 30/1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos. Acumulación.992: “1. a petición del interesado o iniciativa del órgano. tomado el acuerdo por el Organo competente. en un plazo de diez días. subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.992 dispone que: “El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento. Finalmente.” ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Cap. se requerirá al interesado para que. cualquiera que haya sido la forma de su iniciación. podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados. el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de su solicitud. en su caso. se le tendrá por desistido de su petición. podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.74 a 77). Medidas provisionales. admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la Oficina. arts.
. según el cual: “1. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. el órgano administrativo competente para reselverlo. 3. este plazo podrá ser ampliado prudencialmente.4º de la Ley 30/1. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Subsanación y mejora de la solicitud. 3.992.” 4. II. con indicación de que.” 4. Según el artículo 71 de la ley 30/1. Iniciado el procedimiento. 2. No se podrá dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil e imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. 38. 2. comunicaciones y escritos que se dirijan a los Organos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en las Oficinas que regula el art.992. Una vez presentada la solicitud de iniciación o. que se incorporará al procedimiento. por la legislación específica aplicable. De ello se levantará acta sucinta. archivándose previa resolución dictada al efecto. Las solicitudes.Administración. hasta cinco días. si así no lo hiciera. en su caso. podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. si existiese elementos de juicios suficientes para ello.
992. relativo a las “cuestiones incidentales”. si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.992: “1. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor o a la remoción del puesto de trabajo. debe mencionarse el artículo 77 de la Ley 30/1. Principio de oficialidad. El procedimiento. 3. no suspenderán la tramitación del mismo. concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo. salvo la recusación. el artículo 76 establece que: “1. 2. al disponer que: “1. En el primer caso se rige por dos principios fundamentales: 1.” 2.992. Cuando en algún momento se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios. salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije un plazo distinto. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza. de la que quede constancia. la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor.” . se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales.Para finalizar con el estudio de la Ordenación del procedimiento. según el cual: “Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación del correspondiente acto.”
. se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente.” . admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. Está regulado en el artículo 75 de la Ley 30/1.No es propiamente una fase del procedimiento administrativo sino un conjunto de reglas que inspiran la actuación de la Administración y de los interesados durante el mismo. Según el artículo 74 de la Ley 30/1. deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto. salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario. Principio de celeridad. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos. por su naturaleza. 2. sometido al criterio de celeridad. sin embargo. 2. se impulsará de oficio en todos sus trámites. Se acordarán en un solo acto todos los trámites que. incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los párrafos anteriores.En cuanto al “cumplimiento de trámites”.
aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Dichas alegaciones podrán dar lugar.78 a 79). . establece que: “1. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y. 1. a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. bajo la rúbrica “Actos de instrucción”. sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.”
.El artículo 80 de la Ley 30/1. a cuyo tenor: “1. conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. relativo a los “medios y período de prueba”.992 se encuentra dividido en cuatro Secciones: 1) Disposiciones generales. establece que: “1. 3) Informes. 2. el instructor acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. 4) Participación de los interesados. El instructor sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias. en especial. El Capítulo III del Título VI de la Ley 30/1. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija.INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. 3. a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. Los interesados podrán. los que supongan paralización. infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que puedan ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Disposiciones generales (arts.” 2. .992. 2. 2) Prueba. se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento. Prueba (artículos 80 y 81). si hubiere razones para ello. Los actos de instrucción necesarios para la determinación. mediante resolución motivada.El artículo 78 de la Ley 30/1.Las “alegaciones” de los interesados vienen reguladas en el artículo 79. .992.
respecto de las pretensiones.
. y los que se juzguen necesarios para resolver. 2. Esta materia se encuentra regulada al tratar de la instrucción del procedimiento administrativo. en su caso.A continuación. Salvo disposición expresa en contrario. se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales. la conveniencia de reclamarlos. La Administración comunicará a los interesados.. el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. 1. Según el artículo 82 de la Ley 30/1. artículos 82 y 83. el artículo 81 regula la “práctica de prueba” en los términos siguientes: “1.992. explicando el órgano judicial el razonamiento en virtud del cual. de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. Petición. También se ha admitido la denominada “prueba indiciaria”.” 2. los indicios han de estar plenamente probados (no puede tratarse de meras sospechas). Pueden ser preceptivos o facultativos. ha llegado a la conclusión.992: “1. los hechos o derechos que sean objeto del expediente y sirvan para proporcionar los elementos de juicio necesarios para una adecuada resolución. Clases de informes. como ha reconocido el Tribunal Supremo.c. citándose el precepto que los exija o fundamentando. se encuentran los comprendidos en los artículos 1. en su caso. partiendo de los indicios probados.administrativa. los informes serán facultativos y no vinculantes.C. En la notificación se consignará el lugar. Los “informes” son los pareceres que emiten autoridades. vinculantes o no vinculantes. 3. entre los cuales. fecha y hora en que se practicará la prueba. Por lo tanto. se establece un sistema de “numerus apertus” en cuanto a los distintos medios de prueba. También es importante advertir que la valoración de las pruebas que pueda realizar el órgano administrativo no vincula en absoluto a los Tribunales de la jurisdicción contencioso. 82 y 83).E. A efectos de la resolución del procedimiento. “1. 2. en el Capítulo III del Título VI de la Ley 30/1. Informes (arts.214 a 1. aunque en este caso el Tribunal Constitucional ha declarado que para que esta clase de prueba pueda desvirtuar la presunción de inocencia. con antelación suficiente. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita. con la advertencia. funcionarios u organismos distintos de aquellos a quienes corresponde dictar la resolución.253 del C. y 578 a 666 de la L.
excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento. Evacuación. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. en todo caso. 2. podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. se tendrá por realizado el trámite. por su parte. al disponer que: . en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos. Está regulada en los artículos 84 a 86 de la Ley 30/1.992. y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora.3. actuar asistidos de Asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
. en la medida de lo posible. salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. 4. Instruidos los procedimientos. en un plazo no inferior a diez días ni superiora quince. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones. se podrán proseguir las actuaciones. y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera evacuado.” . El artículo 83 de la Ley 30/1. De no emitirse el informe en el plazo señalado. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y que sea compatible.” PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS. en su caso a sus representantes Los interesados. se pondrán de manifiesto a los interesados o. regula la “actuación de los interesados”.El artículo 85. . Los informes serán evacuados en el plazo de diez días. Los interesados podrán.El artículo 84 regula el “trámite de audiencia” en la forma siguiente: “1. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. con sus obligaciones laborales o profesionales. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas.992 dispone que: . e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado.
. 4) Caducidad.992 en la forma siguiente:
. el desistimiento. Pondrán fin al procedimiento la resolución. en principio. la renuncia al derecho en que se funde la solicitud. El artículo 87.Finalmente. que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días. No obstante. o en el de la Provincia respectiva. TERMINACIÓN: LA RESOLUCIÓN. a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento o la parte del mismo que se acuerde. Pese a este planteamiento general. la comparecencia en el trámite de información pública no otorga. El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular alegaciones. al disponer que: “1.. Sus requisitos son. 2) Resolución. El Capítulo 4º del Título VI de la Ley 30/1. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. 3) Desistimiento y renuncia. renuncia y caducidad). y en cuanto a su contenido. y la declaración de caducidad.” . A tal efecto. cuando la naturaleza de éste lo requiera. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. por sí misma. de la Comunidad Autónoma. la condición de interesado. está regulado en el artículo 89 de la Ley 30/1. quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada. prevé una forma normal de terminación (la resolución) y tres anormales (desistimiento. cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico.La resolución. deslinde de montes públicos. la resolución es la decisión que pone fin al procedimiento e incluye el acto administrativo elaborado (o revisado). que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. aparece dividido en cuatro Secciones: 1) Disposiciones Generales. contenido al tratar de las disposiciones generales.).992. afirmando que: El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento. el artículo 86 regula el trámite de “información pública”. Del mismo modo. podrá acordar un periodo de información pública.. bajo la rúbrica "Finalización del procedimiento". se anunciará en el “Boletín Oficial del Estado”. 2. los propios de todo acto administrativo. es muy frecuente que la normativa específica de ciertos procedimientos imponga expresamente con carácter preceptivo la convocatoria de un período de información pública (ej: expropiación forzosa. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. reparcelaciones de suelo urbano.
En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio. aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento Jurídico o manifiestamente carentes de fundamento. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados. OTROS MODOS DE TERMINACIÓN: DESISTIMIENTO. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso. y el plazo de vigencia. Las resoluciones contendrán la decisión. sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución. RENUNCIA Y CADUCIDAD. 2. convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado. siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tiene encomendado. a la resolución que les ponga fin. pactos. en su caso. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos. a cuyo tenor: “1.1º de la Ley 30/1. para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten. Está regulada en el artículo 88. funcional y territorial. pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado. el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas. efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule. sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.” TERMINACIÓN CONVENCIONAL.
. sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento. los recursos que contra la misma procedan. el ámbito personal. además. la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste. que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 54.“1. los medios de prueba. debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados. vinculante o no. órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. con el alcance. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes. 5. si procede. 3.992. 2. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. Expresarán. 4. poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días.
2. notificándoselo al interesado. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 3. el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquéllos que la hubiesen formulado.1. se producirá la caducidad del mismo. habiéndose personado en el mismo terceros interesados. 2. en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento. Si el escrito de inciación se hubiera formulado por dos o más interesados.992.” “1.992. Su regulación se contiene en los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1. cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico. al establecer que: “1. pero los procedimientos caducados no lo interrumpirán el plazo de prescripción. la Administración le advertirá que. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración. renunciar a sus derechos. 4. la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. Caducidad. a cuyo tenor: “1. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación. cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo. y declarará concluso el procedimiento salvo que. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. la Administración acordará el archivo de las actuaciones. 2. transcurridos tres meses.” ---. Está regulada en el artículo 92 de la Ley 30/1. instasen éstos su continuación. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia. Desistimiento y renuncia. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites. 3.0000 -----
. o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.” 2.
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