Source: https://archivoshistoriapatrimonio.blogspot.com/2017/07/sobre-los-organismos-publicos-estatales.html
Timestamp: 2018-05-25 16:31:26+00:00

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Son organismos públicos
- o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público,
los creados para
- la realización de actividades administrativas, ya sean de fomento, prestación o gestión de servicios públicos
- o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación;
- actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas;
- así como para la supervisión o regulación de sectores económicos,
y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia (Ley 40/2015, Artículo 88).
Los organismos públicos tienen
- personalidad jurídica pública diferenciada,
- patrimonio y tesorería propios,
- autonomía de gestión,
en los términos previstos en esta Ley.
En su esfera de competencia les corresponden las precisas potestades administrativas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.
Los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 40/2015, Artículo 89. Personalidad jurídica y potestades).
Siguiendo el Artículo 90de la Ley 40/2015: Estructura organizativa en el sector público estatal, los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno y ejecutivos que se determinen en su respectivo Estatuto.
Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector. El estatuto puede prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas. Por su parte, la dirección del organismo público debe establecer un modelo de control orientado a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos.
Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas corresponde la clasificación de las entidades, conforme a
- y a los criterios previstos en Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los responsables máximos y directivos del sector público empresarial y otras entidades.
Las entidades serán clasificadas en tres grupos, clasificación que determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de:
- Número máximo de miembros de los órganos de gobierno.
- Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo del complemento de puesto y variable.
La creación de los organismos públicos se efectuará por Ley (Artículo 91. Creación de organismos públicos estatales); y la Ley de creación establecerá:
- El tipo de organismo público que crea, indicando sus fines generales, el Departamento de dependencia o vinculación.
- Los recursos económicos, las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, -por su naturaleza-, exijan norma con rango de Ley.
El anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan inicial de actuación, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que valorará el cumplimiento de lo expuesto.
El plan inicial de actuación contendrá, al menos:
a) Las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, por no poder asumir esas funciones otro ya existente, la constatación de que la creación no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o entidad preexistente.
c) La fundamentación de la estructura organizativa elegida, determinando
- los órganos directivos
- y la previsión sobre los recursos humanos necesarios.
d) El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio junto con un estudio económico-financiero que acredite
- la suficiencia de la dotación económica inicialmente prevista para el comienzo de su actividad
- y la sostenibilidad futura del organismo, atendiendo a las fuentes futuras de financiación de los gastos y las inversiones,
- así como a la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales del Estado.
e) Los objetivos del organismo, justificando
- su suficiencia o idoneidad,
- los indicadores para medirlos,
- y la programación plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos,
- especificando los medios económicos y personales que dedicará,
- concretando la forma de provisión de los puestos de trabajo, su procedencia, coste, retribuciones e indemnizaciones,
- así como el ámbito temporal en que se prevé el desarrollo de la actividad del organismo.
- las consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos
- y su vinculación con la evaluación de la gestión del personal directivo en el caso de incumplimiento.
El reparto del complemento de productividad o concepto equivalente se realizará teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de creación y en los anuales (Artículo 92. Contenido y efectos del plan de actuación).
Los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto en su plan inicial de actuación, que se actualizará anualmente mediante la elaboración del correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las previsiones del plan de creación.
El plan anual de actuación
- deberá aprobarse en el último trimestre del año natural por el departamento del que dependa o al que esté vinculado el organismo y
- deberá guardar coherencia con el Programa de actuación plurianual previsto en la normativa presupuestaria.
El Plan de actuación incorporará, cada tres años, una revisión de la programación estratégica del organismo.
La falta de aprobación del plan anual de actuación en el plazo fijado por una causa imputable al organismo, -y hasta tanto se subsane la omisión-, llevará aparejada la paralización de las transferencias a realizarse en favor del organismo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, salvo que el Consejo de Ministros adopte otra decisión.
El plan de actuación y los anuales; y sus modificaciones, se harán públicos en la página web del organismo público correspondiente.
El Artículo 93de laLey 40/2015 trata sobre los contenido de los estatutos. Estos regularán, al menos, lo siguiente:
b) La determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano. Se especificarán los actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.
d) El régimen relativo a
- patrimonio,
Los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta
- del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
- y del Ministerio al que el organismo esté vinculado.
Los estatutos deberán ser aprobados y publicados previamente a la entrada en efectivo funcionamiento del organismo público.
Sobre la Fusión de organismos públicos estatales trata elArtículo 94.
Los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica podrán fusionarse
- bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público,
- bien mediante su extinción por ser absorbido por otro organismo público ya existente.
Aunque suponga modificación de la Ley de creación, la fusión se llevará a cabo mediante norma reglamentaria.
Cuando la norma reglamentaria cree un nuevo organismo público resultante de la fusión deberá cumplir con lo previsto en el artículo 91.2 sobre requisitos de creación de organismos públicos.
A la norma reglamentaria de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento para la adecuación de:
- las estructuras organizativas,
- y de recursos
resultantes de la nueva situación y en el que debe quedar acreditado el ahorro que generará la fusión.
Si alguno de los organismos públicos estuviese en situación de desequilibrio financiero se podrá prever, -como parte del plan de redimensionamiento-, que
- las obligaciones,
- y derechos patrimoniales
que se consideren liquidables y derivados de la actividad que ocasionó el desequilibrio, se integren en un fondo,
- y con contabilidad separada,
- adscrito al nuevo organismo público
- o al absorbente, según corresponda.
Dejarán de prestarse tras la fusión las actividades que ocasionaron el desequilibrio, salvo que se prevea su realización futura de forma sostenible tras la fusión.
El plan de redimensionamiento, -previo informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado-, deberá ser aprobado
- por cada uno de los organismos públicos fusionados si se integran en uno nuevo
- o por el organismo público absorbente, según corresponda al tipo de fusión.
La aprobación de la norma de fusión conlleva:
b) El personal de los organismos públicos extinguidos se podrá integrar
- bien en la Administración General del Estado
- o bien en el nuevo organismo público que resulte de la fusión
- o en el organismo público absorbente,
según proceda y de acuerdo con lo previsto
- en la norma reglamentaria de fusión
- y de conformidad con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública
- o en la legislación laboral que resulte aplicable.
La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de «a extinguir», debiéndose valorar previamente
- las características de los puestos afectados
- y las necesidades del organismos donde se integren.
Esta integración de personal no supondrá, -en ningún caso-, la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en los organismos públicos fusionados.
c) La cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de los organismos públicos extinguidos
- en el nuevo organismo público resultante de la fusión
según proceda, que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones.
La fusión no alterará
- ni las condiciones financieras de las obligaciones asumidas
- ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.
d) Si se hubiera previsto en el plan de redimensionamiento, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables se integrarán en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público resultante de la fusión o al organismo público absorbente, -según proceda-, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 97.
La liquidación deberá llevarse a cabo durante los 2 años siguientes a la aprobación de la norma reglamentaria de fusión, salvo que el Consejo de Ministros acuerde su prórroga, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores.
La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
Gestión compartida de servicios comunes. Artículo 95.
La norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal incluirá la gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que la decisión de no compartirlos se justifique,
- en la memoria que acompañe a la norma de creación, en términos de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
- en razones de seguridad nacional
- o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo.
La organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes se coordinará por:
- el Ministerio de adscripción,
- por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
- o por un organismo público vinculado o dependiente del mismo.
Se consideran servicios comunes de los organismos públicos:
- Gestión de bienes inmuebles.
Disolución de organismos públicos estatales. Artículo 96.
Los Organismos públicos estatales deberán disolverse:
Esta situación de desequilibrio financiero se referirá,
- para los entes que tengan la consideración de Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas,
- mientras que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados brutos negativos de explotación en 2 ejercicios contables consecutivos.
Cuando un organismo público incurra en alguna de las causas de disolución previstas en las letras a), b), c), d) o f), el titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en el plazo de 2 meses desde que concurra la causa de disolución.
- sin que se haya producido la comunicación
- y concurriendo la causa de disolución,
el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción.
En el plazo de 2 meses desde la recepción de la comunicación a la que se refiere el párrafo anterior, el Consejo de Ministros adoptará el correspondiente acuerdo de disolución, en el que :
- designará al órgano administrativo o entidad del sector público institucional estatal que asumirá las funciones de liquidador,
- y se comunicará al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para su publicación.
Transcurrido el plazo sin que el acuerdo de disolución haya sido publicado, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción.
Cuando un organismo público incurra en la causa de disolución (prevista en la letra e) del apartado 1), el titular del máximo órgano de dirección del organismo dispondrá del plazo de 2 meses, a contar desde la concurrencia de dicha causa, para comunicarlo a la Administración General del Estado.
En el plazo de 2 meses a contar desde la comunicación a la que se refiere el párrafo anterior, el organismo público, -previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado-, deberá aprobar un plan de corrección del desequilibrio. Como parte del mencionado plan de corrección, la Administración General del Estado podrá realizar aportaciones patrimoniales en el ejercicio presupuestario inmediato anterior.
El plan de corrección se aplicará en el ejercicio presupuestario en el que se apruebe y en el siguiente. Transcurridos esos 2 ejercicios sin que se haya corregido el desequilibrio, el titular del máximo órgano de dirección del organismo, lo comunicará al titular del departamento de adscripción, en los 5 días naturales siguientes a la finalización del plazo mencionado.
Si transcurre el citado plazo de 5 días sin que se haya producido dicha comunicación, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción.
Liquidación y extinción de organismos públicos estatales. Artículo 97.
Publicado el acuerdo de disolución o transcurridos los plazos en él establecidos sin que éste haya sido publicado, se entenderá automáticamente iniciada la liquidación.
La liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo del organismo público en la Administración General del Estado que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones.
El órgano o entidad designada como liquidador determinará, en cada caso, el órgano o entidad concreta, de la Administración General del Estado, donde se integrarán los elementos que forman parte del activo y del pasivo del organismo público liquidado.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó.
La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido
- dolo,
- o negligencia graves,
conforme a lo previsto en las Leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
La Administración General del Estado quedará subrogada automáticamente en todas las relaciones jurídicas que tuviera el organismo público con sus acreedores, tanto de carácter principal como accesorias,
- a la fecha de adopción del acuerdo de disolución o, -en su defecto-
- a la fecha en que concurriera la causa de disolución, incluyendo los activos y pasivos sobrevenidos.
Esta subrogación
- no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas

References: Artículo 88
 Artículo 89
 Artículo 90
 Real Decreto 
 Artículo 93
 Real Decreto 
 artículo 91
 resolución 
 artículo 97
 Artículo 95
 artículo 7
 Artículo 96
 Artículo 97