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Timestamp: 2020-06-05 21:29:08+00:00

Document:
ORDEN EEI/377/2020, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a su tejido asociativo ante la crisis del COVID-19
ANEXO. BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DE APOYO A LA PROMOCIÓN DEL SECTOR COMERCIAL Y A SU TEJIDO ASOCIATIVO ANTE LA CRISIS DEL COVID-19
CAPÍTULO III. Procedimientos de gestión y justificación
El estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha supuesto la limitación de la libertad de circulación de las personas, la suspensión de toda actividad educativa, social o de culto de carácter presencial, así como la suspensión de la apertura al público de locales y establecimientos comerciales, culturales, hosteleros y otros similares, salvo excepciones.
Las medidas de contención sanitaria adoptadas con la declaración del estado de alarma suponen, por lo tanto, si no la paralización sí la ralentización de la actividad económica y social del país, como consecuencia de lo cual nuestro tejido empresarial en general, y en particular el pequeño comercio minorista, se enfrenta a un escenario de emergencia económica que exige la adopción de medidas de apoyo específicas por parte de los poderes públicos.
Desde todas las instancias, locales, autonómicas, nacionales e internacionales, se han puesto en marcha actuaciones que, de forma paralela al imprescindible refuerzo de los servicios sanitarios, se dirigen a apoyar la actividad económica y a proteger el tejido productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y a minimizar el impacto social de la crisis, a fin de que, una vez superada la emergencia sanitaria, el relanzamiento económico se produzca lo antes posible.
En Castilla y León, con el previo consenso de los agentes económicos y sociales a través del Diálogo Social, mediante el Decreto Ley 2/2020, de 16 de abril, se ha aprobado un paquete de medidas urgentes y extraordinarias dirigidas a la protección de las personas y las empresas frente al impacto económico y social del COVID-19, cuya vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2021.
Por lo que se refiere al pequeño comercio minorista, la declaración del estado de alarma se ha traducido para la mayoría en la suspensión total o parcial de su actividad y para el conjunto en una drástica caída de sus ingresos y, por ende, de los ingresos de sus entidades representativas que, por otra parte, han tenido que intensificar su labor de apoyo al sector.
En consecuencia, las medidas previstas en dicho Decreto-Ley se han orientado en una doble dirección:
Por un lado, a garantizar la pervivencia del pequeño comercio, dotándole de liquidez y facilitando su adaptación ante la situación de emergencia derivada del COVID-19, garantizando al mismo tiempo el abastecimiento de productos de primera necesidad, apoyando para ello sus proyectos de inversión pasados o futuros, especialmente los dirigidos a su digitalización, fomentando la venta a distancia y la cercanía con los clientes, y a proveer de productos de carácter cotidiano a la población de las zonas rurales.
Por otro, a dinamizar la actividad del sector, garantizar la pervivencia de su tejido asociativo y dotarle de liquidez, apoyando para ello las actuaciones promocionales y de prestación de servicios llevadas a cabo, antes o durante la crisis, por las asociaciones representativas de sus intereses.
Estas medidas han de concretarse en dos nuevas líneas de ayuda al sector, gestionadas, con el fin de garantizar la agilidad y concreción que las actuales circunstancias exigen, en régimen de concesión directa al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 2 del citado Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril.
En su virtud, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 7 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León
Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a su tejido asociativo ante la crisis del COVID-19 que se incorporan como Anexo.
BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DE APOYO A LA PROMOCIÓN DEL SECTOR COMERCIAL Y A SU TEJIDO ASOCIATIVO ANTE LA CRISIS DEL COVID-19
Las presentes subvenciones, con la finalidad de garantizar la pervivencia del sector comercial de la Comunidad de Castilla y León y, por ende, de su tejido asociativo, tras la paralización de la actividad comercial como consecuencia del estado de alarma derivado de la crisis del COVID-19, tienen por objeto la financiación de actuaciones de promoción del comercio de la Comunidad, con la finalidad de fomentar el consumo en el pequeño comercio minorista de proximidad e incrementar su capacidad de atracción sobre la demanda, así como el apoyo a su tejido asociativo, de acuerdo con los requisitos establecidos en las presentes bases y en las correspondientes convocatorias.
1.– Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, en los términos establecidos en las presentes bases, las Asociaciones sin ánimo de lucro cuya finalidad sea la defensa de los intereses del sector del comercio al por menor, excepto el comercio al por menor de vehículos de motor, sus Federaciones y Confederaciones, inscritas, con anterioridad a la producción de efectos de las convocatorias, en el Registro de Organizaciones Profesionales de Comercio, creado mediante el Decreto 10/1993, de 28 de enero, y que realicen las actuaciones subvencionadas dentro del período subvencionable establecido.
Teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, estas entidades están obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, para poder obtener la condición de beneficiarias, la persona que designen a efectos de notificaciones deberá, a la fecha de presentación de su solicitud de subvención, estar dada de alta en el buzón electrónico del ciudadano, para lo cual debe acogerse a dicho servicio disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) en la «ventanilla del ciudadano», y estar suscrita a este procedimiento.
2.– No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.– Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que no acrediten el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o la no sujeción a la misma, o, en su caso, la exención de dicha obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
4.– Son obligaciones del beneficiario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:
e) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no mantener deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
h) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actuaciones subvencionadas en los términos establecidos en la base tercera, punto 2 c).
1.– Podrán subvencionarse las siguientes categorías de actuaciones:
a. Actuaciones de sensibilización dirigidas a difundir el asociacionismo y/o a la captación de nuevos asociados y/o afianzar la imagen y presencia de la asociación.
b. Sistemas dirigidos a mejorar la comunicación con los asociados sobre la base del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
c. Prestación al pequeño comercio, de servicios de información, asesoramiento y similares relacionados con las necesidades surgidas ante la crisis del COVID-19.
2.– Las actuaciones deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) No podrán incluirse dentro de una misma actuación, acciones de diferentes categorías, acciones inconexas y/o que no guarden una estrecha relación por su naturaleza y características.
a. Ferias, certámenes expositivos y similares.
c) En las publicaciones, catálogos, folletos, carteles y demás material publicitario o promocional editado, en cualquier soporte, con posterioridad a la publicación de las correspondientes convocatorias, así como en las herramientas tecnológicas para las que se solicite la subvención, deberá aparecer el identificador de la Junta de Castilla y León.
3.– Podrán subvencionarse, con el detalle y con las excepciones que, en su caso, se establezcan en las convocatorias, las siguientes acciones y gastos:
a) En las actuaciones de promoción del comercio minorista de proximidad, todos los gastos derivados de su diseño y ejecución.
b) En las actuaciones dirigidas a promover la cooperación entre los comercios y/o a gestionar sus intereses comunes, todos los gastos derivados de su diseño, implementación, mejora y mantenimiento.
c) En las actuaciones de apoyo al tejido asociativo:
a. En las actuaciones de sensibilización, todos los gastos derivados de su diseño y ejecución.
b. En los sistemas de comunicación con los asociados basados en el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, todos los gastos para su diseño e implementación así como los gastos de mejora y mantenimiento de los sistemas ya existentes.
c. En la prestación al pequeño comercio, de servicios de información, asesoramiento y similares relacionados con las necesidades surgidas ante la crisis del COVID-19, únicamente gastos de personal técnico propio o de la gerencia de la entidad beneficiaria, devengados a partir de la declaración del estado de alarma, siempre dentro del período subvencionable que se establezca en cada convocatoria.
Además de la imputación de gastos del personal técnico propio o de la gerencia de la entidad beneficiaria prevista en el párrafo anterior, en el resto de actuaciones podrán imputarse dichos gastos en concepto de coordinación y con los siguientes límites:
a) El importe de los gastos imputados no podrá superar el 30% del importe del resto de gastos subvencionables de la actuación.
b) Únicamente podrán imputarse los gastos del personal técnico propio o de la gerencia devengados entre los dos meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la actuación y los 15 días inmediatamente posteriores a la finalización de la misma, siempre dentro del período subvencionable establecido en cada convocatoria.
Podrá incluirse dentro de los costes de los gastos subvencionables el IVA que no sea objeto de recuperación o compensación.
4.– En ningún caso tendrán la consideración de subvencionables las actuaciones que redunden prioritariamente en beneficio de otros sectores de actividad distintos del comercio minorista de proximidad ni los siguientes gastos:
b) Gastos del personal propio o de la gerencia de las entidades beneficiarias salvo lo señalado en el punto anterior.
e) Gastos en hostelería, restauración y locomoción.
No podrá incluirse dentro de los costes de los gastos subvencionables ningún impuesto, salvo lo señalado en el punto anterior.
5.– Serán susceptibles de financiación los gastos que se ejecuten dentro del período subvencionable establecido en cada convocatoria, o bien los gastos de las actuaciones que desarrolladas de forma continuada en el tiempo, se ejecuten en dicho período.
6.– Se considerarán gastos realizados los efectivamente pagados con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención.
Base cuarta.– Cuantía.
b) El presupuesto máximo aceptado por cada actuación subvencionable será de 30.000 euros con carácter general y de 20.000 euros en el supuesto de las actuaciones de prestación al pequeño comercio, de servicios de información, asesoramiento y similares relacionados con las necesidades surgidas ante la crisis del COVID-19.
Al amparo de cada convocatoria y sin perjuicio de que en las mismas pueda establecerse por beneficiario un número máximo de actuaciones subvencionadas y/o un importe máximo de subvención, únicamente podrá subvencionarse a cada solicitante una actuación consistente en la prestación al pequeño comercio, de servicios de información, asesoramiento y similares relacionados con las necesidades surgidas ante la crisis del COVID-19.
Base quinta.– Compatibilidad.
Base sexta.– Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas bases se tramitará en régimen de concesión directa en virtud de lo establecido en los artículos 2.1 y 11 del Decreto Ley 2/2020, de 16 de abril.
Las subvenciones se otorgarán previa convocatoria pública, que estará supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para su cobertura en los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León de cada ejercicio que sea habilitado para este fin.
Se entenderá que un expediente está completo cuando contenga toda la documentación e informaciones previstas en las presentes bases y en las convocatorias.
Base séptima.– Iniciación del procedimiento.
Dicha convocatoria deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en el Boletín Oficial de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El texto completo de la orden de convocatoria será publicado asimismo en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
Base octava.– Solicitudes.
1.– Las solicitudes se presentarán por cada actuación para la que se solicite subvención, en instancia normalizada debidamente cumplimentada según modelo que se establecerá en las convocatorias y acompañadas de la documentación que en las mismas se determine.
El certificado electrónico deberá corresponder a quien actúe en su representación.
4.– Los interesados deberán cursar sus solicitudes junto con la correspondiente documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos, sin perjuicio de la posibilidad de requerirles la exhibición del documento o información original, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la citada norma, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos, salvo que el interesado se oponga a ello, electrónicamente a través de las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.3 de la misma norma, la administración actuante no requerirá al interesado datos o documentos no exigidos en la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo la administración actuante recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si la administración actuante no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar al interesado nuevamente su aportación.
5.– Si algún interesado presenta su solicitud por un medio distinto al previsto en el punto 3 de la presente base, el órgano instructor del procedimiento le requerirá para que la presente por ese medio, considerándose como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido presentada electrónicamente, tal y como establece el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sin perjuicio de lo anterior, la presentación presencial carecerá de efectos jurídicos.
Por otra parte, el órgano instructor del procedimiento comprobará si las solicitudes están debidamente cumplimentadas y acompañadas de la correspondiente documentación para, en caso contrario, requerir al interesado para que, el en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Base novena.– Instrucción.
Base décima.– Resolución.
1.– Las solicitudes serán resueltas por el titular de la consejería competente en materia de comercio, sin perjuicio de las delegaciones y/o desconcentraciones que puedan efectuarse.
2.– El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar las resoluciones será de seis meses contados a partir del día en el que la solicitud tenga entrada en el registro electrónico de la Administración competente para su tramitación.
Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución, se podrán entender desestimadas las solicitudes.
3.– En las resoluciones de concesión se hará constar que las subvenciones concedidas están sometidas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
4.– Las resoluciones dictadas pondrán fin a la vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de la consejería competente en materia de comercio en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Base undécima.– Justificación y pago.
1.– Las subvenciones serán concedidas y pagadas previa justificación de haber realizado la actuación. Dicha justificación se llevará a cabo en el momento de la presentación de la solicitud de la subvención, mediante la aportación de la correspondiente cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, incluyendo, bajo responsabilidad del declarante los siguientes documentos:
a) Una memoria de actuación, justificativa de la actuación realizada, con descripción detallada de la misma y de los resultados obtenidos, conforme al modelo que se incluirá como anexo a las convocatorias.
I. Relación detallada de las facturas o documentos equivalentes correspondientes a los gastos ejecutados y para los que se solicita la subvención, con indicación de su número, acreedor, concepto, importe con y sin IVA, fecha de emisión y fecha de pago, conforme al modelo que se incluirá como anexo a las convocatorias; esta relación incluirá el importe de los gastos del personal técnico propio imputado a la actuación y el periodo de imputación.
II. Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación a que se hace referencia en el punto I; las facturas presentadas deberán cumplir los requisitos exigidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, siendo rechazadas las que no se ajusten al mismo; se tendrán por no presentadas las facturas o documentos equivalentes de aquellos proveedores y/o conceptos no incluidos en la relación a que hace referencia el punto I; las facturas o documentos equivalentes deberán describir con claridad y precisión los bienes y servicios facturados, las fechas en las que se haya realizado la prestación o servicio facturado, si aquellas fueran diferentes a la fecha de expedición de la factura y la actuación subvencionada; en el supuesto de los gastos de gerencia de la entidad beneficiaria se aportará junto con las correspondientes facturas, el contrato mercantil suscrito.
III. En el supuesto de los gastos de personal técnico propio de la entidad beneficiaria, se aportarán las nóminas, los correspondientes documentos de cotización a la Seguridad Social, el modelo 111 de Retenciones e Ingresos a Cuenta del IRPF y un certificado del Secretario de la entidad comprensivo de la relación completa del personal técnico que ha participado en la actuación para la que se solicita la subvención, con indicación de la categoría profesional de cada trabajador, las horas imputadas, el coste por hora y el coste total imputado.
IV. Documentación acreditativa del pago de las facturas o documentos equivalentes y demás documentos justificativos de los gastos realizados, que deberá cumplir los siguientes requisitos:
i. Si el documento acredita un cargo en cuenta, éste deberá indicar la fecha de valor del pago, el beneficiario y ordenante del pago y el concepto en que se ordena el pago, haciendo referencia al número de factura o documento que corresponde.
iii. En el supuesto de que el pago se haya realizado en efectivo siempre dentro de los límites establecidos para los pagos en efectivo por el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, éste se acreditará mediante recibí conforme al modelo que se incluirá como anexo a las convocatorias y deberá estar firmado por el representante de la empresa proveedora; conforme al citado precepto, a los efectos del cálculo de dichos límites, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.
iv. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los documentos que acrediten pagos a cuenta deberán ir acompañados de las correspondientes facturas, que deberán ser incorporadas en la relación a que hace referencia el punto I.
V. A los efectos de acreditar si el IVA facturado ha sido o no objeto de compensación, certificado de situación censal en el que conste, al menos, la identificación del obligado tributario, su situación tributaria y sus obligaciones periódicas, y, en el supuesto de que entre sus obligaciones periódicas se incluya la relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido:
i. Certificado tributario acreditativo de la presentación o no de las correspondientes declaraciones (mensuales, trimestrales o anuales), referido al período subvencionable.
ii. En su caso, las citadas declaraciones y el libro–registro de facturas recibidas.
VI. Declaración responsable firmada por el representante de la entidad, de otros ingresos que hayan financiado la actuación subvencionada con indicación del importe y su procedencia y de las ayudas de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores, con indicación de su procedencia, importe, fecha de concesión y fecha de pago, conforme al modelo que se incluirá como anexo a las correspondientes convocatorias.
VII. Acreditación de haber realizado la debida publicidad del carácter público de la financiación de la actuación, mediante la incorporación de fotografías o de un ejemplar de las publicaciones, catálogos, folletos carteles y demás material publicitario o promocional de las actuaciones realizadas, editado, en cualquier soporte, con posterioridad a la publicación de las correspondientes convocatorias, o los enlaces a las herramientas tecnológicas, que permitan verificar que se ha insertado el identificador de la Junta de Castilla y León.
VIII. Acreditación por cualquier medio de los servicios prestados al pequeño comercio, de información, asesoramiento y similares relacionados con las necesidades surgidas ante la crisis del COVID-19.
2.– Asimismo, el beneficiario de la presente subvención deberá acreditar:
a) Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no mantiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria en período ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, mediante declaraciones responsables, conforme a lo indicado en el modelo de solicitud que se incluirá en las convocatorias, de:
Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, solo en el supuesto de denegar a la Administración la consulta mediante las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto de dicha circunstancia.
Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, solo en el supuesto de que no autorice a la Administración a consultar o recabar mediante las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto dicha circunstancia.
No mantener deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
b) Que no está incurso en las prohibiciones a que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante la aportación de una declaración responsable firmada por el titular del expediente o su representante, conforme al modelo que se incluirá como anexo a las convocatorias.
c) La observancia o la no sujeción a la obligación del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad que se acreditará mediante la aportación de la documentación que se determine en las convocatorias; la exención, en su caso, de la referida obligación se acreditará con la presentación de la resolución dictada por el organismo competente autorizando la misma.
Base decimosegunda.– Criterios de graduación de los incumplimientos.
1.– La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido, dará lugar a la cancelación total de la subvención concedida y al reintegro de la cantidad indebidamente percibida más los intereses de demora que corresponda.
2.– En los restantes supuestos de incumplimiento se atenderá al grado de consecución de la finalidad prevista en el programa, dando lugar, según los casos, a la cancelación parcial o total de la subvención concedida y al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas más los intereses de demora de corresponda.
Base decimotercera.– Control y seguimiento.
Base decimocuarta.– Notificaciones y comunicaciones.
1.– Todas las notificaciones que los órganos competentes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León dirijan a los interesados en los procedimientos correspondientes a las subvenciones reguladas en las presentes bases, se llevarán a cabo por medios electrónicos a través del buzón electrónico del ciudadano.
2.– Todas las comunicaciones que los interesados dirijan a los órganos competentes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se llevarán a cabo por medios electrónicos únicamente a través de su sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), mediante la utilización de los modelos que se establezcan en las correspondientes convocatorias en su caso.

References: Real Decreto 
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 68
 artículo 68
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 13
 resolución