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Legislación: Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor.
Fecha: 20/04/1998 Ambito: Andaluz Colectivo: Menores y familia
BOJA núm 53, 12 de Mayo de 1998
BOE núm 150 de 24 de Junio de 1998
Capítulo II. De la Promoción de los Derechos de los Menores
Capítulo II. De las Medidas Preventivas
Capítulo III. Del Desamparo, la Tutela y la Guarda
Capítulo IV. Del Acogimiento Familiar, la Adopción y el Acogimiento Residencial en el Centro de Protección
Capítulo VI. Del Seguimiento, Modificación y Cese de las Medidas
Capítulo II. De la Ejecución de las Medidas Alternativas al Internamiento
Capítulo III. Del Ingreso o Internamiento en Centros de Menores
Capítulo IV. Del Seguimiento, Modificación y Cese de las Medidas
Disposición Adicional Primera. Defensor del Menor.
Disposición Adicional Segunda. Cuerpo Nacional de Policía.
Disposición Adicional Tercera. Plan Integral de la Infancia.
Disposición Adicional Quinta. Órganos de participación.
Disposición Adicional Sexta. Investigación y formación.
Disposición Adicional Séptima. Prioridad presupuestaria.
Disposición Adicional Novena. Multas.
A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de los Derechos y la Atención al Menor:
El cambio producido en las últimas décadas en la conciencia social universal y fundamentalmente en el mundo occidental, en el que España y Andalucía se encuentran integradas, respecto del papel real que en la sociedad actual debe corresponder a los menores, ha dado lugar al abandono de la tradicional concepción de la atención de las necesidades de los menores como función prácticamente exclusiva de los titulares de la patria potestad o tutela, es decir, inmersa en la más pura teoría privatista, con actuaciones públicas muy limitadas y enmarcadas en la idea de beneficencia.
Este es el espíritu que subyace en la renovada normativa del Estado sobre los menores e, igualmente, en los acuerdos internacionales más recientes. Así, la Constitución Española establece en su artículo 39, como uno de los principios rectores de la política social y económica, la protección a la familia y a la infancia, obligando a los poderes públicos a asegurar la protección integral de los hijos y afirmando que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Igual previsión se recoge en el artículo 20.4, al establecer los límites al ejercicio de las libertades que en dicho precepto se consagran.
Esta nueva visión de los problemas del menor, subyacente en las normas anteriormente mencionadas, es la misma que llevó a la aprobación de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, en materia de filiación y patria potestad, y fundamentalmente de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, la llamada Ley de Adopción, que, además de ésta, regula distintas formas de protección de menores, así como los procedimientos y requisitos para su aplicación. En esa Ley destaca la primacía que se otorga al interés del menor frente a cualquier otro interés legítimo en la adopción de medidas protectoras, así como las facultades que se otorgan a los organismos del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a las que, con arreglo a las Leyes, corresponda en el territorio respectivo la protección de menores en la aplicación y constitución de los distintos instrumentos de protección.
Habida cuenta que el artículo 13, apartados 22 y 23, del Estatuto de Autonomía otorga a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de servicios sociales e instituciones públicas de protección y tutela de menores respetando la legislación civil, penal y penitenciaria, a la Administración de la Junta de Andalucía corresponde la consideración de entidad pública a la que se encomienda la protección de menores.
La presente Ley se estructura en cuatro títulos. El primero de ellos establece su objeto y ámbito de aplicación, los principios generales que la inspiran y las actuaciones concretas a que se comprometen las Administraciones públicas de Andalucía para la promoción y protección de los derechos de los menores que se consideran de mayor importancia para su desarrollo integral. El título segundo, dedicado a la protección de los menores, regula los criterios de actuación y el ámbito competencial de las distintas entidades que intervienen en la protección infantil, así como las actuaciones que la Administración ha de llevar a efecto a tal fin. El título tercero, de la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores, viene a precisar las actuaciones y recursos concretos que la Administración autonómica de Andalucía ha de poner en práctica a tal efecto. El cuarto último título establece el régimen sancionador de la Ley. Por disposiciones adicionales se crea la figura del Defensor del Menor en Andalucía; se especifica la especial vinculación en la aplicación de esta norma por parte de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la Comunidad Autónoma; se contempla la elaboración del Plan Integral de la Infancia; se crean los cretas para la investigación y formación; se prevé la prioridad presupuestaria en esta materia, y, por fin, con esta Ley, Andalucía se compromete con los menores de otros países.
Artículo 2. Protección de derechos.
Las Administraciones públicas andaluzas adoptarán las medidas necesarias para facilitar a los menores el adecuado conocimiento y ejercicio de sus derechos teniendo en cuenta su desarrollo y las limitaciones a su capacidad de obrar establecidas por las leyes.
Se fomentarán en los menores los valores de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad y en general los principios democráticos de convivencia establecidos en la Constitución.
Artículo 4. Defensa de los derechos del menor.
CAPÍTULO II. DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES.
1. En los centros de atención sanitaria en los que se produzcan nacimientos se establecerán las garantías necesarias para la inequívoca identificación de los recién nacidos.
2. Cuando quienes se hallan obligados legalmente a promover la inscripción del nacimiento de un menor en el Registro Civil no lo efectúen, las Administraciones públicas de Andalucía adoptarán las medidas necesarias para lograr tal inscripción.
Artículo 6. Honor, intimidad y propia imagen.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía realizarán programas informativos y formativos destinados específicamente a los menores, salvaguardando el derecho a la recepción de información veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales, según lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/1996.
2. Las Administraciones públicas de Andalucía velarán para que en los medios de comunicación social no se difundan programas o publicidad contrarios a los derechos de los menores y, en particular, se atendrá a que no contengan elementos discriminatorios, sexistas, pornográficos o de violencia. Igual vigilancia se extenderá a los sistemas informáticos de uso general o cualesquiera otros derivados de la aplicación de nuevas tecnologías.
3. Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán cuantas acciones sean necesarias para evitar que las imágenes de los menores aparezcan en espacios o anuncios publicitarios en los que se vulneren sus derechos e, igualmente, impedir que su participación en los mismos pueda perjudicarles moral o físicamente.
4. La publicidad en los medios de comunicación social no perjudicará moral o físicamente a los menores, debiendo respetar, a tal efecto, la legislación específica sobre la materia.
5. El lenguaje y los mensajes contenidos en la información y publicidad destinada a los menores deberán adaptarse a los niveles de desarrollo de los colectivos a quienes se dirijan.
6. Para el cumplimiento y seguimiento de lo previsto en el presente artículo, se establecerá la necesaria colaboración entre las Administraciones Públicas de Andalucía y los medios de comunicación social, especialmente en aquellos supuestos en que se produzca un grave perjuicio para la adecuada formación de los menores receptores de la información o publicidad.
Artículo 8. Prevención de malos tratos y de la explotación.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía desarrollarán programas destinados a adoptar medidas preventivas para evitar que se produzcan situaciones de malos tratos físicos, psíquicos o sexuales, uso y tráfico de estupefacientes, drogas tóxicas y sustancias psicotrópicas, mendicidad infantil, explotación laboral, exposición y venta de menores o cualquier otra circunstancia que pueda interpretarse como explotación de los mismos.
2. Para la detección y denuncia de las situaciones señaladas en el apartado anterior, las Administraciones públicas de Andalucía establecerán los mecanismos de coordinación adecuados, especialmente en los sectores sanitario, educativo y de servicios sociales.
3. Cuando se detecte la existencia de cualquiera de las situaciones citadas, se procederá conforme a lo dispuesto en el título siguiente.
1. Las Administraciones públicas andaluzas establecerán las medidas necesarias para facilitar la completa realización personal y la integración social y educativa de todos los menores y en especial de aquellos que por sus especiales circunstancias físicas, psíquicas o sociales puedan ser susceptibles de un trato discriminatorio.
2. Los menores extranjeros que residan en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza podrán recibir ayudas públicas que faciliten su integración social, especialmente para salvar las dificultades de idioma y el conocimiento de los usos sociales.
Artículo 10. Salud.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía fomentarán que los menores reciban una adecuada educación para la salud, promoviendo en ellos hábitos y comportamientos que generen una óptima calidad de vida.
2. La Administración sanitaria andaluza garantizará una especial atención a los menores, para lo que se regulará la provisión de los recursos humanos y técnicos necesarios y se establecerán, en las instalaciones sanitarias, espacios con una ubicación y conformación adecuadas. A este fin, se adaptará progresivamente la edad de atención pediátrica.
3. Los menores, cuando sean atendidos en los centros sanitarios de Andalucía, además de todos los derechos generales, tendrán derecho a recibir una información adaptada a su edad, desarrollo mental, estado afectivo y psicológico, con respecto al tratamiento médico al que se les someta.
4. Los menores tienen derecho a estar acompañados por sus padres, tutores, guardadores u otros familiares, durante su atención en los servicios de salud, tanto especializados como de atención primaria.
5. Los menores de las poblaciones de riesgo socio­sanitario recibirán una atención preferente acorde con sus necesidades.
6. Los titulares de los servicios de salud y el personal sanitario de los mismos están especialmente obligados a poner en conocimiento de los organismos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección de menores, de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal aquellos hechos que puedan suponer la existencia de situaciones de desprotección o situaciones de riesgo para los menores, así como a colaborar con los mismos para evitar y resolver tales situaciones en interés del menor.
7. En los centros sanitarios, tanto de Atención Primaria como Especializada, sobre todo en estos últimos, y máxime cuando sea necesario el internamiento del menor, se posibilitará la existencia de espacios adaptados a la infancia, donde se permita el derecho al juego y se impida la desconexión con la vida escolar y familiar de los mismos.
8. Los menores tendrán derecho a proseguir su formación escolar durante su permanencia en el hospital, beneficiándose de los recursos humanos y materiales que las autoridades escolares pongan a su disposición, en particular en el caso de una enfermedad prolongada, con la condición de que dicha actividad no cause perjuicio a su bienestar o no obstaculice los tratamientos que se sigan.
9. Los menores tendrán derecho a recibir los cuidados que necesiten en el máximo respeto a las creencias éticas, religiosas y culturales del menor y sus progenitores, siempre y cuando estas no pongan en peligro la vida del menor o la salud pública, en cuyo caso se atendrán a lo dispuesto por la autoridad y la legislación vigente.
Artículo 11. Educación.
1. Los centros educativos de Andalucía, en colaboración con las familias de los alumnos, formarán a los menores en el conocimiento y correcto ejercicio de sus derechos. Tal formación, de acuerdo con la normativa básica estatal, irá dirigida al desarrollo de sus capacidades para ejercer, de manera crítica y en una sociedad plural, la libertad, la tolerancia, la solidaridad y la no discriminación, así como para intervenir autónomamente en el proceso de desarrollo de Andalucía.
2. Será uno de los objetivos fundamentales de la educación el de proporcionar a los menores una formación integral que les permita conformar su propia identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración moral de la misma.
3. Los centros educativos contarán con las instalaciones docentes y deportivas adecuadas al desarrollo integral de los menores que les garanticen una educación en condiciones de calidad y seguridad.
4. Las Administraciones públicas de Andalucía velarán por el cumplimiento de la escolaridad obligatoria en aquellas edades que se establezcan en la legislación educativa vigente. A tal fin se promoverán programas específicos para prevenir y evitar el absentismo escolar.
5. Los titulares de los centros educativos y el personal de los mismos están especialmente obligados a poner en conocimiento de los organismos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección de menores, de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal aquellos hechos que puedan suponer la existencia de situaciones de desprotección o riesgo o indicio de maltrato de menores, así como colaborar con los mismos para evitar y resolver tales situaciones en interés del menor.
6. Los menores de las poblaciones y centros que estén en situaciones de especial riesgo socioeducativo recibirán una atención preferente acorde con sus necesidades de educación y atención.
7. Las Administraciones públicas andaluzas asegurarán, dentro del medio educativo andaluz, el adecuado conocimiento por los menores de la historia, cultura, costumbres y demás hechos diferenciadores de Andalucía.
8. Se promoverá la creación en los centros educativos de Escuelas de Padres, como medida de apoyo, educación y prevención.
Artículo 12. Cultura, ocio, asociacionismo y participación social de la infancia.
1. Las Administraciones públicas andaluzas pondrán los medios necesarios para que los menores conozcan adecuadamente la historia y cultura de Andalucía.
2. Todos los menores tienen derecho a que el juego forme parte de su actividad cotidiana como elemento esencial para su desarrollo evolutivo y proceso de socialización.
3. Las Administraciones públicas andaluzas promoverán la participación y el asociacionismo de los menores, como elemento de desarrollo social y democrático de los mismos, velando para que la pertenencia de un menor a una asociación no propicie valores antidemocráticos, insolidarios, xenófobos o que menoscaben un desarrollo psicosocial saludable del mismo.
4. Las Administraciones públicas andaluzas promoverán, a través de las organizaciones no gubernamentales de infancia y juventud, el apoyo de espacios y canales de protagonismo y de participación social de la infancia, primando la participación social de la infancia en el ámbito familiar y escolar. Para ello, emprenderán acciones de concienciación y promoción en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y las instituciones públicas y privadas.
5. Las Administaciones públicas de Andalucía potenciarán el acceso de los menores a los servicios de información, documentación, bibliotecas y demás servicios culturales públicos.
6. En todas las actuaciones citadas, las administraciones implicadas favorecerán la coeducación y la integración de los menores.
Artículo 13. Medio ambiente.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía fomentarán el pleno ejercicio del derecho de los menores al disfrute de un medio ambiente saludable y no deteriorado en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza, promoviendo y adoptando para ello las adecuadas medidas para su protección, conservación y mejora.
2. La Administración de la Junta de Andalucía, para hacer eficaz una educación del menor de edad orientada hacia el respeto al medio ambiente, fomentará, mediante cauces adecuados de colaboración, el compromiso de las distintas Administraciones públicas y otros sectores implicados en Andalucía para el desarrollo de la educación ambiental, como proceso imprescindible en orden a la construcción de una sociedad en desarrollo sostenible.
3. Igualmente, se promocionará que los menores conozcan y aprendan a respetar su entorno urbano y rural.
Artículo 14. Derecho a ser oído.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán que el menor que se vea incurso en un procedimiento administrativo que pueda afectar a su esfera personal, familiar o social sea oído en el mismo en la forma legalmente establecida, sin perjuicio de recabarse su consentimiento si fuere necesario.
2. Igualmente, las Administraciones públicas andaluzas promoverán que el derecho de los menores a ser oídos se haga efectivo en el ámbito familiar y en los procedimientos judiciales. En cualquier caso las Administraciones públicas de Andalucía velarán para que, en la aplicación de este derecho, se cumplan las condiciones de discreción, intimidad, seguridad y ausencia de presión.
Artículo 15. Divulgación de derechos.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán y desarrollarán acciones encaminadas al fomento y divulgación de los derechos de los menores. También reconocerán públicamente la labor de aquellos medios de comunicación, entidades o personas que más se hayan distinguido en la acción divulgativa de los derechos de los menores, así como en su respeto y protección.
2. En conmemoración de la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Convención sobre Derechos del Niño en 1989, se declara el día 20 de noviembre de cada año como Día de la Infancia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 16. Consejo Andaluz de Asuntos de Menores.
1. Se crea por la presente Ley el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores como órgano consultivo y asesor de las Administraciones públicas andaluzas en temas relacionados con los menores.
2. La constitución, composición y funcionamiento del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores se determinará reglamentariamente.
Artículo 18. Competencias y colaboración.
CAPÍTULO II. DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.
Artículo 20. Medidas de prevención y de apoyo a la familia.
Artículo 21. Medidas de prevención ante instituciones públicas y privadas.
Artículo 22. Situaciones de riesgo.
Artículo 24. Guarda administrativa.
Artículo 25. Registro de Tutela y Guardas de Andalucía.
SECCIÓN I. DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR.
1. Cuando las circunstancias del menor lo aconsejen se promoverá su acogimiento familiar hasta que pueda reintegrarse en su familia de origen, o reinsertarse en su medio social una vez alcanzada su mayoría de edad, su emancipación, o bien hasta que pueda ser adoptado.
Los acogedores podrán recibir una compensación económica en las condiciones que reglamentariamente se determine.
Artículo 28. Acogimiento familiar administrativo y judicial.
Artículo 29. Modalidades.
SECCIÓN II. DE LA ADOPCIÓN.
Artículo 30. Propuesta de adopción.
Artículo 31. Criterios.
Que se constate la conformidad del adoptando mayor de doce años y se valore su opinión si fuere menor de esa edad pero tuviera suficiente juicio.
SECCIÓN III. DE LOS ACOGEDORES Y ADOPTANTES.
Artículo 32. Información y solicitudes.
Artículo 33. Declaración de idoneidad.
Artículo 34. Registro de Solicitantes de Acogimiento y Adopción.
SECCIÓN IV. DEL INTERNAMIENTO EN CENTRO DE PROTECCIÓN.
Artículo 36. El acogimiento residencial.
Artículo 37. Los centros de protección.
Cada menor residente deberá contar con un proyecto socioeducativo que persiga su pleno desarrollo físico, psicológico y social.
Artículo 38. Menores con deficiencias o discapacidades.
Artículo 39. Menores toxicómanos.
Artículo 40. Concepto y actuaciones.
CAPÍTULO VI. DEL SEGUIMIENTO, MODIFICACIÓN Y CESE DE LAS MEDIDAS.
Artículo 42. Modificación y cese.
Artículo 43. Concepto y competencia.
Artículo 44. Medios de ejecución.
Artículo 45. Criterios de actuación.
CAPÍTULO II. DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO.
Artículo 46. Libertad vigilada.
Artículo 47. El acogimiento por otra persona o núcleo familiar.
Artículo 48. Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
Artículo 49. Tratamiento ambulatorio o ingreso en un centro de carácter terapéutico.
CAPÍTULO III. DEL INGRESO O INTERNAMIENTO EN CENTROS DE MENORES.
Artículo 50. El ingreso o internamiento.
Artículo 51. Régimen y tipología de los centros.
CAPÍTULO IV. DEL SEGUIMIENTO, MODIFICACIÓN Y CESE DE LAS MEDIDAS.
Artículo 52. Seguimiento.
2. Asimismo, mantendrá una adecuada comunicación con la Autoridad Judicial que dispuso la medida, y le facilitará con la periodicidad que ésta establezca la información que se obtenga en este seguimiento.
Dicha información será proporcionada igualmente al Ministerio Fiscal, al representante legal del menor y al mismo menor cuando lo soliciten, y, en último caso, siempre que convenga al interés del menor y a su derecho a ser oído.
Artículo 53. Modificación y cese.
Artículo 54. Infracciones administrativas y sujetos responsables
No procurar los padres, tutores o guardadores de menores en período de escolarización obligatoria, que estos asistan al centro escolar, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique.
Artículo 56. Infracciones grave.
a. La comisión de más de dos infracciones leves en el plazo de un año.
b. Las acciones y omisiones previstas en las letras a), c), d) y e) del artículo anterior cuando de ellas se deriven perjuicios graves para los menores.
c. No dar cuenta a la entidad pública, autoridad judicial o Ministerio Fiscal de la posible situación de riesgo o desamparo en que pudiera encontrarse un menor, por parte de aquellas personas que por su cargo, profesión o función deban tener un especial conocimiento de ello.
d. Incumplir las resoluciones dictadas por la entidad pública en el ejercicio de sus competencias.
e. No poner inmediatamente a disposición de la autoridad, o en su caso de su familia, al menor que se encuentre abandonado, extraviado o fugado de su hogar.
f. Incumplir el deber de confidencialidad y sigilo respecto a los datos personales de los menores, por parte de los profesionales que intervengan en su protección.
g. Difundir o utilizar por parte de los medios de comunicación social la identidad o imagen de los menores cuando ello suponga una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación o sea contrario a sus intereses, aun cuando medie su consentimiento o el de sus representantes legales.
h. El exceso en las medidas correctoras a niños y niñas sometidos a medidas judiciales o la limitación de sus derechos más allá de lo establecido en las propias decisiones judiciales o en las normas que regulen el funcionamiento interno de los centros e instituciones en los que se encuentren aquéllos, efectuadas por los responsables, los trabajadores o los colaboradores de los centros o instituciones.
i. Recibir a un menor ajeno a la familia de las personas con la intención de su futura adopción, sin la intervención del órgano competente de la entidad pública.
j. Impedir la asistencia al centro escolar de un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique, por parte de los padres, tutores y guardadores.
k. Proceder a la apertura, cierre o iniciar el funcionamiento de un servicio o centro de atención a menores sin haber obtenido previamente la autorización administrativa pertinente.
l. Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo las funciones de inspección y control de los centros o servicios de atención a menores, tanto por parte de los titulares de los mismos como del personal a su servicio.
ll. La intervención en funciones de mediación para el acogimiento familiar y para la adopción internacional sin estar acreditado o habilitado para ello.
m. Todas aquellas acciones u omisiones no contempladas en los apartados anteriores, que supongan un incumplimiento de las normas sobre autorización, registro, acreditación, inspección y funcionamiento de las entidades, servicios y centros que tengan como finalidad la atención a los menores, siempre que impliquen una conducta de carácter doloso o sean materialmente dañosas para los menores o destinatarios de aquellos.
n. Amparar o ejercer prácticas lucrativas en centros o servicios de atención a menores definidos como sin o del personal a su servicio.
ñ. La percepción por las entidades colaboradoras que actúen en régimen de concierto con la Administración de la Junta de Andalucía de cantidades no autorizadas como contraprestación por los servicios de atención a los menores o a sus familias.
o. Aplicar las ayudas y subvenciones recibidas a destinos o finalidades distintas de aquellas que justificaron su concesión.
p. El incumplimiento por el centro o personal sanitario de la obligación de identificar al recien nacido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la presente Ley.
La infracción grave tipificada en la letra i. del artículo anterior habiendo mediado precio o engaño, o con peligro manifiesto para la integridad física o psíquica del menor.
La infracción grave tipificada en la letra ll. del artículo anterior habiendo mediado precio o engaño, o con peligro manifiesto para la integridad física o psíquica del menor.
Artículo 58. De la prescripción de las infracciones.
Infracciones muy graves: Multas desde 5.000.001 pesetas hasta 100.000.000 de pesetas.
Artículo 60. Otras sanciones.
1. En el caso de infracciones graves o muy graves el órgano competente podrá acordar en la resolución del expediente sancionador, por razones de ejemplaridad, la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las sanciones impuestas una vez hayan adquirido firmeza.
Artículo 64. Relación con la jurisdicción penal y civil.
1. El Defensor del Pueblo Andaluz estará auxiliado por tres adjuntos en los que podrá delegar sus funciones y entre los que designará al que ejerza las correspondientes al Defensor del Menor de Andalucía.
2. La Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Administración del Estado, procurará la adecuada atención e integración social de los menores extranjeros que se encuentran en situación de riesgo o desamparo, durante el tiempo que estos permanezcan en nuestra Comunidad Autónoma, respetando en todo momento su cultura y procurando la reinserción social en su medio familiar y social siempre que ello sea posible.
A tal fin se promoverá el establecimiento de programas de cooperación y coordinación necesarios con los Estados de origen de los menores.
2. Las cuantías de las multas recogidas en el artículo 59 serán revisadas periódicamente por Decreto del Consejo de Gobierno, de conformidad con las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo o el indicador que lo sustituya, referido a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

References: artículo 39
 artículo 20
 artículo 13

Artículo 2

Artículo 4

Artículo 6
 artículo 5

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 56
 artículo 5

Artículo 58

Artículo 60
 resolución 

Artículo 64
 artículo 59