Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00019-2009-AI.html
Timestamp: 2019-05-22 21:58:23+00:00

Document:
00019-2009-AI
5. A pesar del carácter no formal de los procesos constitucionales, precisamos en aquella oportunidad sobre la necesidad de que no “(...) haya una distorsión de las figuras procesales que en él se admitan, toda vez que un estatus jurídico-procesal específico es el del partícipe y otro completamente distinto es el del legitimado activo, siendo imposible que una misma persona o institución asuma ambos estatus en un mismo proceso”. En tal sentido, el Tribunal consideró que “si el peticionante alega tener un interés legítimo en la resolución del presente conflicto constitucional sobre la validez de la Ley N.º 29277, Ley de la Carrera Judicial, lo que correspondería es plantear una demanda de inconstitucionalidad y no solicitar su incorporación como partícipe” [RTC 0006-2009-PI/TC].
13. Ya en las SSTC 0015-2001-AI/TC, 0016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC, este Tribunal advirtió que “[e]l derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (...). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido” [F.J. Nº 11].
21. En la STC 2465-2004-AA/TC el Tribunal precisó que el principio de independencia judicial “(...) supone un mandato para que en todos los poderes públicos, los particulares, e incluso, al interior del propio órgano, se garantice el respeto de la autonomía del Poder Judicial en el desarrollo de sus funciones (…)”.En tal sentido, sostuvimos que “[l]a independencia judicial debe ser entendida como aquella capacidad autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la Constitución y la Ley” [STC 023-2003-AI/TC]. Por su parte, en la STC 0004-2006-PI/TC, el Tribunal precisó las dos dimensiones de la independencia judicial: la externa (frente a otros poderes, públicos o privados) y la interna, según la cual “(...) la independencia judicial implica, entre otros aspectos, que, dentro de la organización judicial: 1) la autoridad judicial, en el ejercicio de la función jurisdiccional, no puede sujetarse a la voluntad de otros órganos judiciales, salvo que medie un medio impugnatorio; y, 2) que la autoridad judicial, en el desempeño de la función jurisdiccional, no pueda sujetarse a los intereses de órganos administrativos de gobierno que existan dentro de la organización judicial”.
24. La Ley de la Carrera Judicial ha sido considerado como falta grave que el juez acumule “(...) indebida o inmotivadamente causas judiciales” [artículo 47, inciso 17]. Los demandantes alegan que esta norma censura el quehacer del juez y, además, vulnera el principio de tipicidad. Por su parte, el apoderado del Congreso de la República considera que la sanción establecida no es inconstitucional.
29. Efectivamente, en la STC 0006-2009-PI/TC, este Tribunal se pronunció sobre la validez constitucional de ambas disposiciones. Así, con relación al artículo 47, inciso 6, el Tribunal precisó que “(...) la prohibición de comentarios recogida en el artículo 47º, inciso 6), entendida como límite a la libertad de expresión, no se aplica para los procesos ya concluidos, ni para los procesos no dirigidos por el juez, ni tiene conexión alguna con otro en el cual éste intervenga. Cuando se hace referencia a procesos concluidos es que estos tienen autoridad de cosa juzgada, es decir, únicamente cuando se pueda atentar contra la moral, el orden público, la seguridad nacional y el derecho a la vida privada de las partes, siempre que dichos límites se enmarquen en el interés de la justicia” [punto 2.1 del fallo de la STC 0006-2009-PI/TC].
31. El artículo 40, inciso 3),] de la Ley de la Carrera Judicial, prohíbe a los jueces, “(...) aceptar cargos remunerados dentro de las instituciones públicas o privadas, a excepción del ejercicio de la docencia universitaria en materias jurídicas”. Se alega su inconstitucionalidad porque prohíbe que los jueces puedan enseñar materias distintas a las jurídicas, pese a que la Constitución no lo restringe. El Congreso de la República, por su parte, considera que la disposición cuestionada está orientada a lograr la idoneidad de la magistratura.
32. El artículo 146 de la Constitución establece que “La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo (...)”. Dicho precepto constitucional permite, por excepción, que los jueces realicen actividades docentes universitarias, sin imponer algún tipo de restricción a las materias que puedan ser enseñadas.
35. También se ha cuestionado la constitucionalidad del artículo 40, inciso 4), de la Ley de la Carrera Judicial, a tenor del cual los jueces no pueden “(...) ejercer el comercio, industria o cualquier actividad lucrativa personalmente o como gestor, asesor, socio, accionista (a excepción de adquirirse tal condición por sucesión hereditaria o antes de la asunción al cargo), empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios o de cualquier organismo o entidad dedicada a actividad lucrativa”.
37. El Tribunal aprecia que el meollo de la cuestión suscitada gira en torno a si el Juez puede o no ser accionista o socio de una empresa. Una norma como ésta, alegan los demandantes, afecta el mandato constitucional establecido en la Constitución: “La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo (...)” [artículo 146]. La cuestión, entonces, que corresponde formularse está centrada en determinar cuál es la finalidad de que el ejercicio de la ‘función jurisdiccional’ sea a exclusividad.
40. Según la demandada, sin embargo, incluso el contar con acciones sin derecho a voto o si el juez invierte sus acciones en banca podría terminar con poner en riesgo la función exclusiva: “(...) en los hechos, los accionistas sin derecho a voto no tienen una actitud tan pasiva, pues también tienen que dedicar cierto tiempo a la actividad lucrativa que ejercen” [Contestación de demanda]. Este Tribunal no comparte este criterio, pues con esta misma lógica los jueces no podrían ahorrar en un banco o comprar una casa o realizar cualquier otra actividad análoga, ya que para hacerlo deberían dejar de ejercer con exclusividad la función jurisdiccional para la que han sido nombrados. Eso es irrazonable.
41. Como cualquier persona, el juez también tiene derecho al ejercicio de diversas actividades con el límite expreso impuesto por la Constitución, sin caer en exageraciones como las planteadas por la ley. El juez también tiene derecho al disfrute del tiempo libre [artículo 2, inciso 22, de la Constitución], y dentro de él puede realizar las actividades que considere pertinentes para su “(...) su libre desarrollo y bienestar” [artículo 2, inciso 1 de la Constitución], aunque como ya se ha dejado remarcado sin afectar el cumplimiento de la función jurisdiccional.
50. El tema de residencia y tránsito de los jueces se encuentra regulado en diversos artículos de la Ley de la Carrera Judicial. Así sucede con el artículo 34, inciso 15), que considera como un deber de los jueces, “(...) residir en el distrito judicial donde ejerce el cargo”; el artículo 35, inciso 4), que declara como un derecho de los jueces a “no ser trasladados sin su consentimiento, salvo en los casos establecidos por ley”; el artículo 40, inciso 5, que prohíbe “(...) variar su domicilio del lugar donde ejerce el cargo, salvo el caso de vacaciones, licencia o autorización del órgano competente”; y, el artículo 40, inciso 8, que impide “(...) ausentarse del lugar donde ejerce el cargo, salvo motivadas excepciones”.
52. En efecto, en la referida STC 0006-2009-PI/TC, el Tribunal afirmó que “(...) el concepto ‘lugar donde se ejerce el cargo’, previsto en el artículo 40º, incisos 5) y 6), no se asimila al de distrito judicial (concepto desarrollado en el artículo 34°, inciso 5)], menos aún en el caso de conurbación, ni impide que el juez pueda tener más de un domicilio que goce de tutela constitucional, además que la prohibición de ausentarse del lugar donde ejerce su cargo sólo será válida en los horarios en que está laborando el juez, ya de manera regular o excepcional, como cuando está de turno” [punto 1.1 del fallo].
53. Por otro lado, respecto del artículo 35, inciso 4, el Tribunal toma nota de que lo concerniente al traslado del juez está regulado por el artículo 146, inciso 2, de la Constitución, según el cual: “(...) El Estado garantiza a los magistrados judiciales:(...) 2. La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento”. En la STC 0023-2003-AI/TC, el Tribunal expresó que dicha disposición constitucional “(...) busca la estabilidad del juez en el cargo y que la carrera judicial esté exenta de cualquier influencia política, conservando la debida especialidad y conocimiento que amerita el cargo, finalidad que no podría verificarse con las separaciones o traslados no justificados ni establecidos en norma alguna (...)”.
55. Según el artículo 60 in fine de la Ley de la Carrera Judicial, “(...) el órgano encargado del procedimiento disciplinario podrá solicitar al juez competente el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado, conforme a ley”.
56. Según el artículo 2, inciso 5), de la Constitución, “(...) El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”. Por otro lado, el artículo 2, inciso 10) de la Constitución, precisa que “(...) Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial”.
59. En efecto, en la STC 0006-2009-PI/TC, este Tribunal declaró inconstitucional la mencionada Comisión de Evaluación del Desempeño, por “(...) afectar la autonomía y las facultades de gobierno y de administración del Poder Judicial, previstos en el artículo 143° de la Constitución y porque la existencia de la Comisión de Evaluación del Desempeño no tiene sustento en las atribuciones asignadas al Consejo Nacional de la Magistratura ni al Poder Judicial, según los artículos 154° y 143° de la Constitución” [punto 3.1 del fallo], por lo que se expulsó del ordenamiento los artículos 87, 88, 103 y 104. Adicionalmente, el Tribunal declaró que “(...) Por conexidad, se declara inconstitucional toda norma que haga referencia a la Comisión de Evaluación del Desempeño. Cada poder del Estado ostenta las atribuciones y obligaciones establecidas en la Constitución, para brindar estabilidad y equilibrio de poderes en cualquier Estado democrático y social de derecho moderno (...)” [fundamento 69].
61. El Tribunal no es de la misma opinión. Al contrario, comparte el criterio del apoderado del Congreso de la República, en el sentido de que “(...) el artículo impugnado no establece la publicidad de la evaluación psicológica y la psicométrica ni de sus resultados. De manera que queda demostrado que la parte demandante se basa en una premisa errónea para concluir, equívocamente, que se produce una afectación a la intimidad personal” [Contestación de la demanda]; razón por la cual este extremo de la demanda debe desestimarse.
63. Según el artículo 67, incisos 5 y 6, de la Ley de la Carrera Judicial, la evaluación integral realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura debe considerar, entre otros, “(...) las publicaciones jurídicas y de temas afines, que equivaldrá al cinco por ciento (5%) de la calificación final; y (...) el desarrollo profesional durante el ejercicio de la función, que equivaldrá al cinco por ciento (5%) de la calificación final”.
65. En primer lugar, este Colegiado se centra en el puntaje otorgado a las publicaciones, las cuales son (...) trabajos de investigación teóricos o de campo respecto de la impartición de justicia, Derecho o ramas afines que haya publicado el juez durante el período evaluado”, incluyéndose dentro de ellos a libros, capítulos de libro, artículos en revistas especializadas en Derecho, ponencias y similares [artículo 80 de la Ley de Carrera Judicial]. De ellos, serán materia de evaluación: “1. La originalidad o la creación autónoma de la obra; 2. la calidad científica, académica o pedagógica de la obra; 3. la relevancia y pertinencia de los trabajos con las políticas en materia judicial; 4. la contribución al desarrollo del derecho; y, 5. las demás previsiones que establezcan los reglamentos de evaluación. No se tienen en cuenta las reimpresiones que no contengan un trabajo de corrección o actualización sustancial” [artículo 81 de la Ley de Carrera Judicial].
67. En segundo término, está la calificación de los cursos realizados. Al respecto, el Tribunal toma nota de que entre los criterios de su calificación se considera que estos hayan sido ‘superado satisfactoriamente’; que hayan sido llevados en “la Academia de la Magistratura, universidad u otra entidad académica de reconocido prestigio, en el período a ser evaluado” [artículo 82], y que dicha evaluación ha de “(...) realizarse sobre la base de la nota obtenida en los cursos aprobados que se presentan para el caso” [artículo 83].
2. Previamente debo señalar que en etapa de calificación de la presente demanda consideré que debía ser declarada improcedente en atención a que el Colegio recurrente no tiene la legitimidad activa extraordinaria que señala el artículo 203º de la Constitución Politica del Estado para poder accionar como actor en el proceso constitucional de la referencia. Ello es así porque conforme lo he expresado en mis votos anteriores “(…) es el Colegio de Abogados del Perú quien tendría, ahora, la legitimidad extraordinaria para obrar activa, correspondiéndole en consecuencia a éste la legitimidad extraordinaria para demandar prevista en la citada norma constitucional. Esta decisión vendría a darme la razón en cuanto a mis votos anteriores en los que exijo la exclusiva potestad de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú para demandar la inconstitucionalidad de una ley o norma de igual categoría. Empero, pongo en condicional esta posibilidad de delegación por la Junta de Decanos Nacional pues si solo la ley puede crear un Colegio de Abogados de alcance regional, habría que analizar con mayor profundidad y en la oportunidad pertinente si la creación del Colegio de Abogados del Perú corresponde a la decisión de los Decanos.”. No obstante ello, mayoritariamente se consideró que la demanda debía ser admitida por lo que vuelve el expediente a mi Despacho, ahora para realizar un pronunciamiento de fondo. Es así que habiéndose admitido a trámite la demanda de inconstitucionalidad –irregularmente para mí– debo pronunciarme por el fondo de la controversia en atención a dicha decisión mayoritaria.
3. Cabe señalar que anteriormente en la STC Nº 0006-2009-AI/TC, este Colegiado se pronunció por la constitucionalidad de algunos artículos que ahora, por solicitud del colegio demandante, vuelven a ser cuestionados, situación por lo que, respecto de los artículos sobre los que este Tribunal ya se pronunció, se ha producido la sustracción de la materia. Debo reafirmar también mi posición ya que si bien este Colegiado decidió por mayoría desestimar la demanda, realizó una interpretación singular de los incisos 5) y 8) del artículo 40º de la Ley Carrera Judicial, referidos a la residencia del juez, interpretación contra la que estuve en desacuerdo por los argumentos ahí señalados. Asimismo este Colegiado se ha pronunciado también respecto a cómo debe interpretarse el artículo 47º, inciso 6), referido a las libertades comunicativas, con la que no estuve de acuerdo. En dicha sentencia también se emitió pronunciamiento respecto del artículo 47º, inciso 16), desestimando la demanda de inconstitucionalidad en ese extremo pero expresando cómo debe de interpretarse dicho dispositivo legal. Finalmente en dicha sentencia se estimó la demanda respecto de los artículos 87º, 88º, 103º y 104º, expulsándose del ordenamiento jurídico y declarando infundada en lo demás que contiene. Por tanto los extremos de la demanda que cuestionan los artículos sobre los que este Colegiado ya se pronunció deberán de desestimarse por improcedentes al haberse dado un pronunciamiento anterior en los sentidos determinados.
4. Por ende sólo será materia de pronunciamiento de fondo los cuestionamientos contra los artículos que no han tenido pronunciamiento de fondo por parte de este Colegiado en anterior oportunidad (STC Nº 0006-2009-PI/TC).
5. Respecto al cuestionamiento del artículo 47º, inciso 8) de la Ley de la Carrera Judicial que expresa que es falta grave: “Desacatar las disposiciones contenidas en Reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicte la Corte Suprema de Justicia en materia jurisdiccional”, debo señalar que estoy deacuerdo con lo decidido en el proyecto, puesto que considera desestimar dicho extremo en atención a que no contraviene el principio de independencia del Poder Judicial –como afirma el colegio demandante– ya que los jueces no solo están sujetos jerárquicamente a lo decidido por la Corte Suprema –siendo órgano de clausura de la jurisdicción ordinaria– sino que tal disposición legal no impide que éstos se aparten de determinado lineamiento jurisprudencial siempre, claro está, justifique su apartamiento debidamente, ni que los jueces apliquen el control difuso.
6. Respecto al cuestionamiento realizado contra el artículo 47º, inciso 17) que dispone como falta grave que el juez acumule “(…) indebida o inmotivadamente”, también me encuentro deacuerdo con lo expresado en la sentencia en mayoría (fundamentos 25, 26 y 27) puesto que dicha disposición legal no vulnera el principio de tipicidad.
7. Respecto al cuestionamiento realizado contra el artículo 40º, inciso 3 de la Ley de la Carrera Judicial, que prohíbe a los jueces “(…) aceptar cargos remunerados dentro de las instituciones públicas o privadas, a excepción del ejercicio de la docencia universitaria en materias jurídicas” bajo el argumento de que con dicha disposición legal los jueces no pueden enseñar materias distintas a las jurídicas pese que la Constitución no lo restringe, debo expresar que estoy en desacuerdo con la posición adoptada en la resolución traída a mi vista por los siguientes fundamentos:
a) El artículo 146º de la Constitución Política del Estado señala que “La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo.”.
b) La pregunta que viene a mi mente es ¿por qué el constituyente determinó prohibir al juez realizar otra actividad pública o privada, permitiéndole sólo realizar la labor de docente?. Esbozo una respuesta a ello. Para mí el legislador entendió correctamente la importancia de la labor jurisdiccional que realiza un juez, comprendiendo por ello que dicha función debía ser exclusiva, no permitiendo la realización de otra labor pública o privada, ya que distraería al juzgador de su labor prioritaria.
c) No obstante ello sí le permitió la realización de la labor docente, pero dicha permisión tiene un trasfondo ya que es evidente que la enseñanza demandará no solo tiempo sino también determinada dedicación. Este trasfondo es precisamente la exigencia del Estado a los jueces para que transmitan su experiencia a los estudiantes que se encuentran en preparación académica, debiendo, para tener la preparación cabal que se requiere y exige de cualquier profesional, complementar el aspecto académico con la aplicación de dichos conceptos en casos reales, para lo que es idóneo la experiencia y trasmisión de conocimiento por parte del juez. Esto quiere decir entonces que el juez, con su preparación jurídica, puede no sólo aportar conocimientos jurídicos sino también la experiencia recogida de la función de juez, por ello es que el Estado le exige su pericia como Juez para que la transmita a los estudiantes y no otros conocimientos ajenos a dicha función.
d) En tal sentido es evidente que lo que transmitirá el juez va ser su saber y experiencia en casos reales, explicando cómo debe de aplicarse los conceptos aprehendidos a los casos suscitados en la realidad, encontrándose ahí el objeto de dicha permisión. Es por ello que estoy en desacuerdo con lo expresado en la sentencia en mayoría ya que permitir la docencia a un juez de una materia distinta a la jurídica constituiría quebrantar el propio sentir de lo expresado en la Carta Constitucional, restándole atención a su labor principalísima sin objeto alguno. Por ello considero que dicho extremo debe ser también desestimado.
8. Respecto al cuestionamiento realizado contra el artículo 40º, inciso 4) de la Ley en análisis que dispone que los jueces no pueden “() ejercer el comercio, industria o cualquier actividad lucrativa personalmente o como gestor, asesor, socio, accionista (a excepción de adquirirse tal condición por sucesión hereditaria o antes de la asunción al cargo), empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios o de cualquier organismo o entidad dedicada a actividad lucrativa”, me encuentro deacuerdo con lo decidido en la resolución puesta a mi vista, puesto que considera dicha disposición legal como constitucional siempre que se interprete la expresión socio, accionista accionista (a excepción de adquirirse tal condición por sucesión hereditaria o antes de la asunción al cargo) en el sentido que ello será así siempre y cuando la persona (socio o accionista) no tenga la dirección o gestión de la empresa y en caso de presentarse un interés directo o indirecto con la empresa en la que participa económicamente el juez deberá abstenerse de resolver, bajo la sanción prevista en la ley (fundamento 43 de la sentencia).
9. Asimismo estoy de acuerdo con lo resuelto respecto del cuestionamiento 48º, inciso 11) de la Carrera Judicial en tanto dispone la desestimación de la demanda por considerar que dicha disposición garantiza que todo justiciable sea juzgado por un juez independiente e imparcial, librado de presiones.
10. También considero pertinente lo resuelto respecto al cuestionamiento del artículo 60º in fine de la Ley de la Carrera Judicial que señala que “(…) el órgano encargado del procedimiento disciplinario podrá solicitar al juez competente el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado, conforme a la ley.”, puesto que dicha disposición legal es conforme a la Constitución.
11. Finalmente estoy en desacuerdo con lo resuelto en la sentencia respecto al cuestionamiento del artículo 67º, incisos 5) y 6) de la Ley de la Carrera Judicial puesto que considero que la función de juez supone la capacitación permanente y su preparación idónea para la resolución de casos, razón por lo que el puntaje expresado en la norma es válido y legitimo.
INFUNDADA respecto al extremo que contiene la expresión “materias jurídicas” del artículo 40º, inciso 3) de la Ley 29277, y en lo demás que contiene, debiéndose aplicar la interpretación realizada en el artículo 40º, inciso 4) de la Ley 29277. .
IMPROCEDENTE la demanda respecto al cuestionamiento de los artículos 34º, inciso 15), 40º, inciso 5) y 8), y 47º, al cuestionamiento de los incisos 5) y 8) y 47º, incisos 6) y 7) de la Ley analizada y su Segunda Disposición Complementaria Modificatoria, en atención a que ya fueron materia de pronunciamiento por parte de este Colegiado en vez anterior. No obstante lo decidido debo expresar que en la causa anterior ya referida tuve una interpretación diferente respecto al concepto de residencia, libertades comunicativas entre otras, por lo que reafirmo mi posición.
Emito el presente voto ya que estando de acuerdo con la sentencia de mayoría, disiento en algunos de sus fundamentos, por lo que pasaré a sustentar mis discrepancias.
2. Respecto al artículo 40, inciso 4) de la Ley de la Carrera Judicial debo señalar que estoy de acuerdo con lo resuelto por la sentencia en mayoría; sin embargo, considero que debe hacerse una atingencia con relación a este punto. Si bien es cierto que la sentencia en mayoría interpreta que la palabra “socio, accionista (a excepción de adquirirse tal condición por sucesión hereditaria o antes de la asunción del cargo) en el sentido de que “siempre y cuando la persona no tenga dirección ni gestión de la empresa, y en caso de presentarse el supuesto de interés directo o indirecto con la empresa en la que participa económicamente, éste deberá abstenerse de resolver, bajo sanción , conforme a las reglas generales de la inhibición y la recusación aplicables en la judicatura”, sin perjuicio de aplicar las sanciones previstas en la Ley materia de análisis; es de mi opinión que debe precisarse que tal excepción debería ser contemplada desde el momento en que es elegido como magistrado y no desde la asunción como tal, ya que esta excepción genera interpretaciones dispares al no especificar que podría asumir tal condición (socio o accionista)justo antes de la asunción y luego de terminada la evaluación y la publicación de los resultados, lo que conllevaría a crear suspicacias en torno a las condiciones éticas de los futuros magistrados.
3. Respecto al inciso 4) del articulo 35º de la Ley de la Carrera Judicial, la cual concierne al traslado del juez y el cual esta regulado por el articulo 146º, inciso 2) de la constitución, debo señalar que si bien la sentencia en mayoría interpreta que tal reserva legal no es inconstitucional, “ya que cualquier intervención en el ámbito constitucionalmente garantizado de los derechos, requiere necesariamente que se encuentre previsto en una norma legal”, ello no implica que cualquier disposición legal tenga la facultad de realizar dichas acciones, ya que permitir ello significaría vulnerar el axioma de supremacía Constitucional (articulo 51º de la constitución) y el art. 146º inciso 2) del mismo cuerpo normativo. Por lo expuesto, considero pertinente hacer esta precisión, ya que si se requiriese el traslado del juez, este debe ser con su consentimiento, y si este se encuentra estipulado en alguna norma de rango legal, deberá respetar los lineamientos constitucionales establecidos por este Tribunal Constitucional así como los derechos fundamentales inherentes al cargo de juez.

References: resolución 
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 40
 artículo 146
 artículo 40
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 146
 artículo 60
in fine
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 143
 artículo 67
 artículo 203
 artículo 40
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 40
 resolución 
 artículo 146
 artículo 40
 resolución 
 artículo 60
in fine
 artículo 67
 resolución 
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40