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Timestamp: 2016-10-26 19:03:52+00:00

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Miguel Ángel Presno Linera | El derecho y el revés
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Professor of Constitutional Law at the University of Oviedo. Acreditado como Catedrático.
presno@uniovi.es; presnolinera@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/175417585871847/?ref=ts&fref=ts	¿Gobierno del Parlamento?
Publicado en octubre 25, 2016 por Miguel Ángel Presno Linera	Responder	En un artículo reciente (El Gobierno del Parlamento, El País, 5 de agosto de 2016) el profesor Pablo Simón analizó las dificultades para la investidura en el actual contexto de fragmentación parlamentaria y, entre otras cosas, concluyó que “podemos ver no solo que el Gobierno tiene dificultades para aprobar sus iniciativas legislativas, sino que el propio Congreso de los Diputados gobierna a la contra”. Estando de acuerdo con varias de las cuestiones que plantea en su texto, me parece mucho más discutible que podamos encontrarnos con un “auténtico gobierno del Parlamento”. Y ello por varias razones: en primer lugar, nuestra Constitución ha configurado un entramado político e institucional en el que la figura clave para la orientación política del Estado es el Gobierno: dice el artículo 97 de la Norma Fundamental que es ese órgano el que dirige “la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”. Este afianzamiento del Gobierno se debe, entre otras razones, a la creciente complejidad social, económica y tecnológica, y a la imperiosa necesidad de adoptar medidas, incluso de rango legal, con rapidez, para lo que la Constitución ha previsto la figura del Decreto-Ley; todo ello puede hacerlo un órgano de reducido tamaño, homogéneo en su composición y claramente jerarquizado como el Gobierno y no uno grande, heterogéneo y mucho más horizontal, como el Parlamento.
Publicado en octubre 20, 2016 por Miguel Ángel Presno Linera	Responder	El pasado 21 de septiembre el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó la Proposición no de Ley relativa a la reforma integral del sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida. Dicha iniciativa fue debatida y sometida a votación el 18 de octubre y resultó aprobada (173 votos a favor, 2 en contra y 164 abstenciones) con modificaciones resultantes de una enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Vasco. Ese mismo día varios medios de comunicación coincidieron en titular, en sus ediciones electrónicas, “el Congreso aprueba igualar los permisos de maternidad y paternidad en 16 semanas”. ¿Quiero ello decir que se han modificado las normas legales que regulan los permisos de maternidad y paternidad (Estatuto de los Trabajadores, Ley General de la Seguridad Social, Estatuto del Empleado Público) y por ello el permiso “será de igual duración para cada cuidador/a; intransferible en su totalidad; con una prestación del 100% de la base reguladora; y con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad” (Texto de la PNL)? En absoluto.
Lo único que ha supuesto la aprobación de esa iniciativa es que el Congreso de los Diputados ha “instado” al Gobierno a que tramite “de forma inmediata una reforma integral del sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida”. ¿Y qué ocurre si el Ejecutivo no lo hace? Nada; el Gobierno puede no presentar dicha reforma sin que ello le suponga mayores consecuencias; es más, en el supuesto de que sí aprobara un proyecto de ley en esta materia podría decir que lo hace por iniciativa propia y no a instancias del Congreso, de manera que podría intentar rentabilizar políticamente en exclusiva ese hipotético cambio normativo. Este caso es una buena muestra, al menos a juicio del firmante de estas líneas, de la inoperancia, más allá de la instantánea parlamentaria, de este tipo de iniciativas, a las que se refieren los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso (“Los Grupos Parlamentarios podrán presentar proposiciones no de ley a través de las cuales formulen propuestas de resolución a la Cámara”). Sin embargo, y pese a que es el Gobierno el que decide si “quiere”, o no, actuar en el sentido que se le insta –cosa menos probable todavía si la petición viene de los Grupos de la oposición- éstos últimos presentan iniciativas de este tipo con un entusiasmo digno de mejor causa: así, en la última Legislatura “larga” -la X (2011-2015)- se registraron 1.315 proposiciones no de ley ante el Pleno del Congreso y 3.921 en Comisión; es decir, un total de 5.236 y, como es fácil suponer, sobre los temas más diversos: desde la regulación de la prestación ortoprotésica al bacheo y la señalización urgente en la A-6 en el tramo comprendido entre los kilómetros 420 y 440, pasando por una nueva ley de la violencia de género, el incremento del salario mínimo,…
¿Qué hacer con la gestación por sustitución?
Publicado en octubre 12, 2016 por Miguel Ángel Presno Linera	1	El pasado 29 de septiembre intervine en el ciclo de charlas que organiza la Sociedad Internacional de Bioética (Sibi) en Gijón. Cuando el doctor Marcelo Palacios, presidente del Comité Científico de la Sibi, me invitó le propuse hablar de la gestación por sustitución.
¿Por qué hablo de gestación por sustitución? A efectos terminológicos, y aunque no es la única denominación –es casi tan frecuente aludir a la maternidad subrogada o, directamente, hablar de “vientres de alquiler”-, preferí hablar de gestación por sustitución porque refleja bien de lo que se trata y es la expresión empleada por el Tribunal Supremo español y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cómo se evidencia la controversia que genera esta cuestión? En primer lugar, y sin entrar en perspectivas de análisis no jurídicas, nos encontramos con que es una práctica admitida y prohibida en un mismo país -hay Estados de Estados Unidos que la permiten y otros que no- y en un ámbito jurídico similar -en Europa se prohíbe en España, Francia, Italia o Alemania y se permite en Gran Bretaña y Holanda-. Cuando es legal, el régimen jurídico es diferente, pues hay lugares donde es una actividad “mercantilizada” (California, Rusia, Ucrania) mientras que en otros es “altruista” (Gran Bretaña, Sudáfrica, Canadá).
En segundo lugar, cuando se admite legalmente esta práctica es necesario tener en cuenta que puede generar un gran número de importantes problemas: el principal es si no se está dando carta de naturaleza jurídica a una forma de explotación de las mujeres más vulnerables, convirtiéndolas en mero instrumento al servicio de los deseos y expectativas de negocio de otros. Si se contesta que no a esta cuestión esencial hay que responder a otras varias: ¿será algo susceptible de ser retribuido o debe ser necesariamente (al menos en apariencia) gratuito? ¿Se admite la intermediación privada o tendría que ser algo gestionado por los servicios públicos de salud? ¿Cabe publicitar esta actividad? ¿Quién decide sobre la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Es posible la revocación del compromiso tanto por las personas comitentes como por la madre gestante? ¿En qué momento renuncia a la maternidad la madre gestante? ¿Antes del embarazo o después del parto? ¿Y si la gestación provoca daños físicos y psíquicos a la mujer gestante? ¿Y si fallecen antes del parto las personas comitentes?…
Pero, en tercer lugar, la prohibición de la gestación por sustitución no elude la necesidad de dar respuesta a una cuestión fundamental: ¿qué estatuto jurídico tienen los nacidos por esta vía y que están físicamente en el país –España, por ejemplo- que prohíbe esa práctica que ha sido llevada a cabo en un lugar donde es legal? ¿No será una regulación “elitista” que no impide a las personas con recursos acudir a otro país para eludir el veto nacional? A lo anterior hay que añadir algo importante en el plano legal y que vincula a todos los estados miembros del Consejo de Europa admitan o prohíban la gestación por sustitución): el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado (asuntos Mennesson y Labasee c. Francia, de 26 de junio de 2014), que no cabe colocar a los menores nacidos por gestación por sustitución en una situación de incertidumbre jurídica que socave su identidad dentro de la sociedad; tampoco que resulten perjudicados sus derechos en materia de ayudas familiares, educación o cuestiones sucesorias. Dicho con otras palabras, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no reconoce un derecho a tener hijos por esta vía pero una vez que han nacido no pueden ser ignorados ni tener menos derechos que los demás. En conclusión, y a efectos de la situación en nuestro país, caben dos opciones: a) mantener la prohibición; b) admitir la gestación por sustitución. Si se opta por la primera hay, no obstante, que introducir reformas legales para, con carácter general, reconocer la filiación de los nacidos por esta vía en otros países, dando validez a las certificaciones emitidas por los Estados permisivos salvo que supongan un perjuicio para los menores, lo que habría que demostrar en cada caso. Además, tendrían que preverse medidas que aparten a los menores de los padres comitentes en los casos de tráfico de personas, explotación sexual, violencia… teniendo siempre claro que el interés prevalente es el del menor.
Texto publicado en La Nueva España el 14 de octubre de 2016.
Publicado en septiembre 30, 2016 por Miguel Ángel Presno Linera	Responder	En el número 173 de la Revista de Estudios Políticos (2016), coordinado por los profesores Josu de Miguel Bárcena y Elena García Guitián, se incluye mi trabajo “Premisas para la introducción del voto electrónico en la legislación electoral española” (puede descargarse en formato pdf).
En mi opinión, la introducción legislativa del voto electrónico está condicionada al respeto de los elementos que configuran el sufragio como libertad subjetiva; es decir, debe ser garantizarse el mantenimiento de su carácter universal, libre, igual, directo y secreto. Además, la dimensión objetiva de este derecho convertirá en un “mandato de optimización” dicha introducción, si con ella se favorece su ejercicio. Estas premisas se analizan tanto en el ejercicio presencial del sufragio como en el voto a distancia. En pocas palabras, la conclusión es que, por lo que se refiere al caso español, el voto electrónico presencial, que exige acudir a la mesa electoral, no parece que favorezca una mayor participación e introduciría una innecesaria complejidad en un sistema que ha venido funcionando bien; entre otros motivos, por la presencia de electores elegidos por sorteo como miembros de las Mesas Electorales, que, en general, pueden verificar sin dificultades la limpieza y transparencia del proceso.
Publicado en septiembre 29, 2016 por Miguel Ángel Presno Linera	Responder	A Isabel Oliveros
La educación infantil es, al menos según el Real Decreto que regula las enseñanzas mínimas de su segundo ciclo, la etapa que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. Como es sabido, se ordena en dos ciclos: el primero llega hasta los tres años; el segundo, que es gratuito, va desde los tres a los seis años de edad. En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. Ambos ciclos tienen carácter voluntario pero el segundo se ha generalizado en toda España, de modo que en la actualidad, según el Ministerio de Educación, prácticamente el 100% de los niños y niñas de 3 a 6 años acuden al colegio de manera gratuita. Pero si tenemos en cuenta que, como recuerda Unicef, en los primeros meses y años de vida cada contacto, cada movimiento y cada emoción redundan en una explosiva actividad eléctrica y química en el cerebro, pues miles de millones de células se están organizando en redes que establecen entre ellas billones de sinapsis, parece que una escolarización temprana y adecuada entre los primeros meses y los tres años incidirá de manera muy positiva en la mejora del rendimiento escolar futuro pero, sobre todo, en la vida de esos niños y niñas, que, en ese período, empiezan a conocer su propio cuerpo y el de los otros; aprenden a respetar las diferencias observando y explorando su entorno familiar, natural y social; adquieren progresivamente autonomía en sus actividades habituales; desarrollan sus capacidades afectivas; se relacionan con los demás y adquieren poco a poco pautas elementales de convivencia y relación social; desarrollan habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión,…, y es que, en palabras de John Dewey, la educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma. Por todo ello parece que favorecer la educación infantil en el primer ciclo de 0 a 3 años tendría que ser uno de los objetivos prioritarios para las autoridades educativas, de manera que no hubiera niños ni niñas que se quedaran fuera de las escuelas infantiles por falta de plazas suficientes, lo que está ocurriendo en la actualidad; otra cosa es que haya familias, que por las razones que sean, consideren prematura la escolarización a esas edades y decidan que son mejores otras opciones.
Publicado en septiembre 20, 2016 por Miguel Ángel Presno Linera	2	En el reciente Liber Amicorum al profesor Luis Martínez Roldán (Universidad de Oviedo, 2016) he tenido la oportunidad de participar con el texto “Una crítica al uso de la teoría de la ponderación en los conflictos (aparentes) entre derechos fundamentales” (puede descargarse en formato pdf).
Un caso reciente en el que el Tribunal Constitucional acudió a la “teoría de la ponderación” fue el del farmacéutico de Sevilla que se negó a vender una píldora anticonceptiva alegando motivos de conciencia (STC 145/2015, de 25 de junio). En mi opinón, lo que tendría que haber hecho el Tribunal Constitucional español, una vez que, de manera discutible, decidió admitir el recurso de amparo en defensa del derecho fundamental a la libertad ideológica, es analizar, en primer lugar, si la objeción de conciencia es una conducta que forma parte del objeto de ese derecho; es decir, tendría que delimitar el alcance del derecho a la libertad ideológica-; en segundo lugar, y si admite que es así –en contra de lo dicho anteriormente por el propio Tribunal- tendría que analizar si esa conducta no está limitada por otro derecho constitucional de índole prestacional como el de la protección de la salud, cuya concreción legislativa ha supuesto que exista la obligación legal (artículo 84.3 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios) de dispensar los medicamentos, como la “píldora del día después” que se demanden tanto por los particulares como por el Sistema Nacional de Salud en las condiciones reglamentarias establecidas. Lo procedente es, pues, fijar el ámbito de protección de los derechos fundamentales –libertad ideológica, salud sexual y reproductiva- y no ponderar las premisas fácticas: si en el caso concreto el farmacéutico puede negarse a dispensar el producto dado que las personas que lo demanden no sufrirían con ello perjuicio alguno dado que podrían adquirirlo sin dificultad en otros establecimientos. No se trata, en suma, de ponderar los bienes en presencia sino de interpretar, de delimitar, los derechos fundamentales; de, recordando las palabras del profesor Ignacio de Otto, la interpretación unitaria y sistemática de la Constitución.
Publicado en septiembre 16, 2016 por Miguel Ángel Presno Linera	3	En un comunicado público, con membrete del Partido Popular Oficina de Información (sic), la señora Rita Barberá, senadora por designación de las Corts Valencianes, manifiesta su “voluntad de NO DIMITIR –en mayúsculas viene el original- del Senado y de permanecer en él…” En las informaciones sobre esta situación, los medios de comunicación cuentan que la senadora justificó su negativa a una supuesta petición de la dirección de su partido diciendo “es mi escaño”.
Publicado en septiembre 14, 2016 por Miguel Ángel Presno Linera	1	El 13 de septiembre de 2016 tuve ocasión de participar en el Curso de Verano de la Uned El derecho internacional humanitario: la protección a refugiados, inmigrantes y víctimas civiles de conflictos armados, dirigido por los profesores Concepción Escobar y José Luis Carmona. Mi intervención, dirigida a estudiantes de diversas titulaciones, jurídicas o no, se centró en la jurisprudencia sobre asilo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su relación con la reforma de la Ley de extranjería para “legalizar” las “devoluciones en caliente” (puede descargarse en formato pdf) y los puntos principales a destacar serían: Primero.- El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) no tutela, como tal, el derecho de asilo (caso Vilvarajah y otros c. Reino Unido , 30 de octubre de 1991); tampoco impide las expulsiones (Abdulaziz, Cabales y Balkandali c. Reino Unido, 28 de mayo de 1985) y no garantiza, de manera ilimitada, la entrada y residencia de no nacionales.
Quinto.- El CEDH se aplica a todas las personas que dependan de la jurisdicción de un Estado miembro y eso incluye el supuesto en el que ese ejerce su control sobre ellas fuera del territorio nacional como ocurrió en el caso Hirsi Jamaa y otros c. Italia, de 23 febrero de 2012, donde los demandantes fueron trasladados a Libia a pesar de que las autoridades italianas sabían, o deberían de haber sabido, que las garantías que debían proteger a los demandantes del riesgo de ser devueltos arbitrariamente a sus países de origen eran insuficientes. Se produjo así una vulneración del CEDH pues el traslado de los demandantes a Libia se llevó a cabo sin examen previo de la situación individual de cada demandante. Las autoridades italianas se limitaron a embarcar a todos los emigrantes interceptados a bordo de buques militares y a desembarcarlos en territorio libio. Sexto.- El CEDH exige que el Estado proporcione al afectado una oportunidad efectiva de impugnar la expulsión o la denegación de un permiso de residencia y de obtener un examen suficientemente exhaustivo y proporcionar las garantías procesales adecuadas por un órgano interno competente que preste la suficiente independencia e imparcialidad. Séptimo.- En el caso A. C. y otros c. España, de 22 abril de 2014, el Estado español fue condenado porque cuando se trata de una expulsión del territorio, un recurso desprovisto de efecto suspensivo automático no cumple las condiciones de efectividad requeridas por el artículo 13 del Convenio.
Publicado en septiembre 12, 2016 por Miguel Ángel Presno Linera	Responder	En el reciente libro coordinado por Roberto Fernández Llera (Economía del gasto público para mayores de edad) he tenido ocasión de colaborar con un texto titulado “Los costes de la democracia” (puede descargarse en formato pdf pinchando en el título). El objetivo es tratar de analizar la consistencia del sistema democrático español desde la perspectiva económica, pues creo, siguiendo la sistemática que propone en un artículo muy recomendable (“Por qué y cómo hacer análisis económico del Derecho”) el profesor Gabriel Doménech Pascual, que dicho enfoque tiene sentido por varias razones en el ámbito del Derecho Constitucional: El Derecho Constitucional influye sobre la conducta humana. Por emplear alguno de los ejemplos citados en mi trabajo, una reforma en la legislación sobre financiación de los partidos políticos puede suponer un cambio en el comportamiento de estas entidades. Así ocurrió en Alemania cuando el Tribunal Constitucional Federal resolvió (BVerfGE 85, 264) que la procedencia pública de los ingresos de los partidos no debe superar el 50% para que, por una parte, no tengan una dependencia excesiva del Estado y, por otra, para que la necesidad de contar con una cantidad importante de ingresos procedentes de la ciudadanía impulse a las formaciones políticas a enraizarse en la sociedad y a rendir cuentas a sus simpatizantes y afiliados. Si una reforma similar ocurriera en España, donde los partidos obtienen más del 90% de sus recursos de la financiación pública, es probable que mudara la organización y el funcionamiento de las formaciones políticas. Esa influencia es, en alguna medida, explicable y predecible, con arreglo a un determinado modelo teórico. Las normas jurídicas pueden influir sobre la conducta humana de una manera muy parecida —y tan predecible— a como lo hacen los precios. Si, como acaba de ocurrir tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, hubiera estado prohibida la financiación de los partidos por parte de personas jurídico-privadas (empresas, sobre todo), quizá no hubieran existido tantos casos de corrupción en los que la financiación de partidos era la contrapartida –o una de ellas- a la concesión arbitraria de contratos por Administraciones Públicas gobernadas por la formación política beneficiaria. Si la legislación estatal y autonómica contemplaran algún tipo de limitación temporal para el ejercicio de los cargos públicos representativos (por ejemplo, no más de dos o tres mandatos consecutivos), es probable que no se hubiera llegado al grado de profesionalización de la vida política que existe en España, donde hemos tenido presidentes autonómicos y alcaldes y alcaldesas que han permanecido en el cargo más de veinte años, con lo que ello ha supuesto, en muchos casos, de coste para la democracia. Todas las decisiones jurídicamente relevantes se adoptan en condiciones de escasez. Es muy importante que en los procesos electorales la ciudadanía disponga de información adecuada y abundante sobre las propuestas que presentan las diferentes candidaturas y las diferencias que singularizan a unas respecto de otras. Una forma de contribuir a la formación de la voluntad popular que se ha de expresar en las urnas es organizar debates electorales en los medios de comunicación de titularidad pública, pero en los mismos es poco probable que puedan participar todos los contendientes. También es necesario que la campaña electoral incluya la puesta a disposición de las candidaturas de medios materiales como locales o espacios para colocar publicidad, pero ni los medios son ilimitados, ni la campaña puede prolongarse mucho tiempo.
Publicado en septiembre 8, 2016 por Miguel Ángel Presno Linera	Responder	Se acaba de conocer que el Registro de Partidos Políticos, integrado en el Ministerio del Interior, ha notificado a la formación política Partit Demòcrata Català (PDC) que debe modificar esa denominación si pretende ser inscrito en dicho Registro. El argumento es que ese nombre es similar al de otros partidos políticos ya inscritos y la admisión del ahora propuesto podría generar confusión; por ejemplo, con otro partido de reciente creación, Demòcrates de Catalunya. Hay que recordar que, conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos, la denominación de los partidos no podrá incluir términos o expresiones que induzcan a error o confusión sobre su identidad o que sean contrarias a las leyes o los derechos fundamentales de las personas. Además, no podrá coincidir, asemejarse o identificarse, aun fonéticamente, con la de ningún otro partido previamente inscrito en el Registro,… Tampoco con la identificación de personas físicas, o con la denominación de entidades preexistentes o marcas registradas”. Y en este momento se habría aplicado lo previsto en el artículo 5.1 de esa Ley, conforme al cual “cuando se adviertan defectos formales en el acta fundacional o en la documentación que la acompaña,…, el Ministerio del Interior lo pondrá en conocimiento de los interesados para que puedan subsanar los defectos advertidos”.
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References: artículo 97
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 5