Source: http://elconsumo.blogspot.com/2019/12/
Timestamp: 2020-07-10 00:34:18+00:00

Document:
EL CONSUMO: diciembre 2019
Residuos sanitarios. La CNMC sanciona a dos empresas con una multa de 4 millones de euros tras obligarle el Tribunal Supremo a abrir un expediente archivado
La CNMC sanciona a dos empresas con una multa de 4 millones de euros tras obligarle el Tribunal Supremo a abrir un expediente archivado
Multa de cuatro millones a dos empresas por monopolizar la gestión de residuos sanitarios
La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) ha multado con cerca de cuatro millones de euros a dos empresas por su participación en prácticas restrictivas de la competencia en el sector de la gestión de residuos sanitarios en Balears. Los hechos objeto de la sanción tuvieron lugar entre 2003 y 2012, y fueron cometidos por Isma 2000 y el grupo SRCL Consenur, SL (Anglo Balear de Servicios e Higiene, SL y Consenur, SA).
Esta resolución viene como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2018, que anuló la resolución de la CNMC de 4 de febrero de 2014, que acordaba el archivo del procedimiento sancionador y ordenó a la CNMC retrotraerlo al momento anterior a la decisión de archivo, reanudar la tramitación del mismo y resolverlo.
La Sala de Competencia, a instancias del Supremo, volvió a examinar las pruebas, conclusiones y las alegaciones de las empresas interesadas en el procedimiento.
La CNMC, tras la nueva revisión, acreditó numerosos contactos entre las citadas empresas que les habrían permitido concertar su actuación en el sector de la gestión de residuos en Balears, repartiéndose segmentos de actividad, clientes, intercambiando información sobre precios y otras condiciones comerciales, con lo que dificultaron la entrada en el mercado de un nuevo competidor, Adalmo SL.
En la investigación llevada a cabo se recaban anotaciones en las que Anglo Balear de Servicios e Higiene se refiere a un reparto de clientes con ISMA. También se detectan correos electrónicos sobre recomendaciones de precios, ofertas económicas e intercambio de servicios para sus clientes.
La CNMC, asimismo, constata contactos entre las empresas tras la aparición de Adalmo, SL «para tratar de dificultar su entrada en el mercado».
Las pruebas investigadas acreditan que entre los años 2005 y 2012, las tres empresas no presentaron oferta por los mismos lotes o licitaciones públicas relativas a la gestión de residuos sanitarios en las Islas. De hecho, la CNMC afirma que «hasta 2010 no hubo competencia en este sector».
Esta situación generó en el mercado sanitario balear una situación anómala que afectó de manera especial al IB-Salut y clínicas y hospitales privados al tener que pagar unos precios marcados por las empresas sancionadas al producirse un intercambio de información. Esta situación es lo que provoca que la CNMC que su conducta es constitutiva de una infracción grave, de ahí que se dicte una multa económica a Isma y Consenur con 1.025.006 euros y 2.659.180 euros, respectivamente.
Publicado por Severino Espina Fernández en 12/28/2019 No hay comentarios:
Etiquetas: ADMINISTRACION PUBLICA, CONSUMO, CONTAMINACIÓN, SALUD PÚBLICA, SANCIONES
Publicado por Severino Espina Fernández en 12/27/2019 No hay comentarios:
A propósito de Guy Standing. La justicia española reconoce la condición de trabajadores por cuenta ajena a los repartidores de GLOVO
A propósito de Guy Standing. La justicia española reconoce la condición de trabajador por cuenta ajena a un repartidor de GLOVO
En la actualidad estamos asistiendo al auge de los servicios a la carta (economía bajo demanda) contratados a través de Internet; estos servicios son ejecutados por personas que operan a través de plataformas digitales propiedad de empresas que consideran a los prestadores de servicios como profesionales independientes y, por ello, se eximen de pagar las correspondientes cuotas sociales e impuestos.
Desde el punto de vista económico, las empresas que están detrás de las plataformas de servicios pueden ser consideradas “intermediarios de trabajo en línea”.
Los sectores que abarca la economía bajo demanda son múltiples; desde prestación de servicios de arreglos en viviendas a arrendamientos de inmuebles, servicios de diagnóstico clínico, enseñanza o transporte de mercancías y personas.
En sentencia dictada el pasado 27 de noviembre (recurso de suplicación nº 588/2019, ponente D. Juan Miguel Torres Andrés), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido la condición de trabajador por cuenta ajena a un repartidor de GLOVOAPP23, S.L., (en adelante, GLOVO) empresa dedicada a la intermediación de servicios de transporte y entrega de mercancías (principalmente, comidas elaboradas).
Curiosamente, muchos de los puntos de la sentencia que fundamentan el reconocimiento del vínculo laboral entre empresa y repartidor se vislumbran en el libro “La corrupción del capitalismo” del profesor Guy Standing, dedicado a analizar este nuevo fenómeno que considera digno de prestarle atención de forma prioritaria toda vez que la explotación laboral de los empleados en este tipo de tareas pueden amenzar, presionando a la baja, los salarios y condiciones laborales del resto de trabajadores, especialmente lo que él denomina "precariado".
Veámoslo con sus propias palabras:
“(…) Los salarios y las plusvalías del trabajo retribuido están disminuyendo. En cambio, los intermediarios de trabajo en línea están obteniendo enormes ingresos rentistas. Aunque aún no representan ni de lejos la mayoría de las relaciones laborales, su crecimiento y capacidad potencial de presionar a la baja salarios y condiciones de trabajo hacen que resulte esencial prestarles atención de forma prioritaria.
(…) La economía bajo demanda exige nuevas formas de regulación y protección social para compensar los crecientes desequilibrios y desigualdades. (…) El popular término freelancer (trabajador por cuenta propia) resulta inapropiado porque carece de las libertades asociadas con la condición de vendedor independiente de servicios.
Cuando los realizadores de tareas son contratistas que trabajan principalmente para una empresa cuyas reglas y estándares están obligados a cumplir hay argumentos para considerarlos empleados, como falló la corte de apelaciones de California en el cso de los conductores de FedEx. (…)
Los intermediarios en línea evitan pagar impuestos sobre las nóminas en el caso de los realizadores de tareas y no aportan los complementos no salariales que supuestamente han de percibir los empleados, incluidos los equipamentos necesarios para desempeñar su trabajo, vacaciones pagadas, contribuciones de la compañía a su jubilación y en EE.UU, seguro médico. Por su papel de mediación, los intermediarios reciben habitualmente el 20% de las ganancias. Están viviendo del público de forma oportunista, puesto que los realizadores de tareas que pasen malos momentos necesitarán ayudas estatales para las que los intermediarios no cotizan nada. (…)
Los intermediarios deberían asimismo proporcionar cobertura de seguros (incluyendo contra accidentes) para los realizadores de tareas mientras estén efectuando un trabajo contratado a través de su plataforma. Si esto es “economía colaborativa”, como afirman sus defensores, habría que compartir los costes tanto como los beneficios. (…)
Las plataformas ven en un sello de confianza del consumidor una forma de animar a la gente a recurrir a sus servicios. Pero si pueden establecer estándares para los consumidores, también deberían poderse fijar para el tratamiento de los realizadores de tareas. Habría que elaborar códigos de ética y de buenas prácticas con la participación de los realizadores de tareas. Estos deberían incluir la exigencia de contratos por escrito entre intermediario y realizador de tareas, el reconocimiento del derecho de los realizadores de tareas a conocer (y corregir) la información sobre ellos en poder del intermediario, la prohibición de incluir en listas negras a los realizadores de tareas que se quejan o presentan demandas solicitando indemnizaciones, así como restricciones legales al uso de las valoraciones de los usuarios. Los intermediarios laborales deberían asimismo garantizar el pronto pago a los realizadores de las tareas contratadas. (…)
Hay una práctica abusiva que requiere una respuesta especial. Algunas plataformas como Innocentive (solución de problemas de investigación para empresas) y Tongal (una rede de realizadores de videos), otorgan modestos premios a los realizadores de tareas que proponen ideas comercialmente viables. Esto les permite a las empresas adquirir esas ideas por una fracción de su valor. Las regulaciones deberían garantizar que los realizadores de tareas reciban una parte justa de cualquier flujo continuado de ingresos derivados de sus ideas”. (…)
En esta línea se enmarca la sentencia que comentamos que, con extensos argumentos jurídicos, reconoce la condición de trabajador por cuenta ajena de un repartidor de GLOVO, siendo sus principales argumentos los siguientes:
-La determinación de la existencia de una relación laboral debe guiarse por los hechos relativos al trabajo que realmente se desempeña, y no por la descripción de las partes de la relación entre las mismas (GLOVO calificaba al mensajero como “profesional independiente” sujeto al régimen regulado para el Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente o TRADE)
-La afiliación al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos o por cuenta propia (RETA), el cobro de sus retribuciones por medio de facturas que incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o la obligación de suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil carecen de trascendencia para determinar la ajenidad de la relación contractual toda vez que, como proclama el Tribunal Supremo en su Sentencia de 11 de febrero de 2015 (recurso nº 2.353/13), la forma de pagar el salario -contra factura con IVA- y la exigencia de que el trabajador se dé de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) “no son más que elementos tradicionalmente característicos del fraude simulatorio y a los que la jurisprudencia de esta Sala, tan antigua y reiterada que ni hay que citar, ha desprovisto de todo valor definitorio”. Además, el que las facturas se girasen a nombre del mensajero, pero fueran confeccionadas materialmente por GLOVO, “es dato altamente revelador de la falta de medios materiales e infraestructura de que aquél dispone, al igual que de su escasa capacidad de organizarse con criterios propios”.
- La percepción de un precio por cada encargo realizado en atención a las tarifas fijadas de manera unilateral por la empresa es también una forma de salario por unidad de obra de las previstas en el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores. El hecho de que su cobro dependa de la materialización final del pedido no priva de virtualidad al carácter personal, directo y retribuido de la prestación de servicios laborales.
-Se constata la ajenidad de la relación en cuanto a la percepción por la empresa de los frutos logrados por los servicios del mensajero. El trabajo desarrollado por él redunda en beneficio de GlovoApp23, S.L. (GLOVO), quien hizo suyos los frutos del mismo. Es la empresa quien acuerda con los distintos establecimientos y comercios concertados los precios que éstos le abonan y, asimismo, la que fija unilateralmente las tarifas que el repartidor lucra por los recados que efectúa, incluidas las sumas adicionales por kilometraje y tiempo de espera, en cuyo establecimiento aquél no tiene la más mínima participación.
-En cuanto a la ajenidad en los medios, la sentencia expone que su presencia en este caso resulta inobjetable, bastando comparar, de un lado, la enorme importancia económica de la plataforma digital propiedad de GLOVO que representa su marca como seña de identidad en el mercado y constituye, a su vez, su herramienta esencial de funcionamiento a través de distintas aplicaciones informáticas y, de otro, los escasos elementos materiales, a su vez de limitado valor, que el demandante aporta, consistentes en un teléfono móvil con el que entrar en la aplicación y una motocicleta. Abunda, además, en dicha ajenidad la elaboración por la empresa de las facturas que gira el repartidor a su nombre.
Además, sin la plataforma digital de la empresa sería ilusoria la prestación de servicios por el recadero, quien carece de cualquier control sobre la información facilitada a dicha herramienta, cuya programación mediante algoritmos le es ajena por completo.
Igualmente, también se incide en las bolsas o cajas que el trabajador porta para trasportar los productos en las que figura siempre el logotipo, nombre y colores de la demandada, lo que contribuye a aumentar su reputación digital.
-Por lo que se refiere a la ajenidad en los riesgos, se estima que tal nota también concurre sin que el hecho de no cobrar por el servicio si éste no llega a materializarse a satisfacción del cliente la afecte ya que ello no es sino consecuencia obligada de la tipología de retribución por unidad de obra que las partes pactaron, sin que ello suponga responder de su buen fin asumiendo el riesgo y ventura del mismo. Tampoco desnaturaliza el carácter laboral ordinario del nexo contractual que une a los litigantes la obligación consistente en responder frente al cliente final por “los daños o pérdidas que pudieran sufrir los productos o mercancías durante el transporte”, compromiso que, sin perjuicio de su carácter más bien retórico, resulta plenamente compatible con el trabajo asalariado al no representar sino una manifestación de los deberes previstos, entre otros, en los párrafos a) y c) del artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores.
-En cuanto a la nota de dependencia, la misma se da cita igualmente en el presente caso, por cuanto se colige que el recurrente prestó sus servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa. Ésta es la titular de la plataforma digital y sus aplicaciones informáticas que entrañan el elemento fundamental que permite el trabajo del actor como recadero, con cuya realización el mismo contribuye a afianzar en el mercado digital la marca de GlovoApp23, S.L. (GLOVO), quien de este modo se nutre de los ingresos económicos que obtiene, servicios aquéllos por los que el demandante cobra un precio por cada recado que efectúa en cuya fijación no tiene participación alguna, siendo, en cambio, la parte demandada quien unilateralmente decide su importe, al igual que el precio de los servicios que ofrece a los clientes finales en función de numerosas circunstancias, tales como el día de la semana de que se trate, si es festivo o no, la hora del día en que se haga el pedido, las inclemencias del tiempo, el volumen de la demanda, entre otras, variables que el algoritmo se encarga de procesar en atención a los datos facilitados. A su vez, quien hoy recurre debe atenerse estrictamente a las instrucciones que le imparte la citada mercantil en lo que toca a la forma en que tiene que llevar a cabo su prestación, la cual ha de completar como máximo en 60 minutos.
Además la empresa, merced al sistema de geolocalización instalado, ejerce un control efectivo y continuo sobre la actividad que el mismo desempeña. Resaltar, asimismo, la evaluación a la que diariamente se ve sometido el recadero. En suma, no es posible hablar de auto-organización, sino de prestación de servicios hetero-organizados y dirigidos por la empresa que los recibe y se beneficia de ellos.
Por ello, afirmaciones tales como que el recurrente goza de libertad de horario e, incluso, puede rechazar libremente un encargo que le haya sido asignado por la aplicación informática, han de valorarse desde la relatividad que resulta de las condiciones reales que la empresa le impone para su prestación de servicios como repartidor. Es ella quien decide cuándo abre la aplicación en función de la demanda prevista y, por supuesto, según lo que el algoritmo haya establecido, y la alegada libertad de elegir determinada franja horaria queda notablemente matizada por el hecho de que sólo puede hacerlo dentro de aquéllas a las que tiene acceso en atención a la puntuación asignada.
De igual modo, el rechazo de un servicio puede que no esté penalizado directamente, mas sí de forma refleja, ya que ello supone que su valoración –excelencia- disminuya y, por tanto, la imposibilidad de acceder a las franjas horarias mejores y más ventajosas no sólo por razones de comodidad, sino, sobre todo, por la calidad y número de encargos a efectuar.
Por lo que se refiere a la facultad disciplinaria de la empresa, se expone que el trabajador tampoco aparece sometido materialmente al poder disciplinario de la empresa, pero no hay duda que muchas de las causas adicionales de resolución justificada del contrato de TRADE (Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente) que la cláusula octava del contrato suscrito por las partes contempla se asemejan en gran medida a una sujeción de esta naturaleza o, cuando menos, a la posibilidad de reproche por la demandada que es susceptible, incluso, de determinar la extinción contractual.
Publicado por Severino Espina Fernández en 12/17/2019 No hay comentarios:
Etiquetas: DERECHO LABORAL, LIBROS, SENTENCIAS
El mundo al revés. Sobre el voto de la derecha paralizando la especulación del Solarón y la vergonzosa postura de la izquierda gijonesa.
Siempre se ha vendido que la principales diferencias entre las ideologías de los partidos de derechas y de izquierdas era que, mientras unos -las derechas- se aferraban al paradigma de la libertad de mercado viendo a la intervención pública como una amenaza individual y colectiva que ponía trabas al desarrollo económico, otros -las izquierdas- veían necesaria esa intervención pública para efectuar una redistribución de bienes y servicios más justa.
Un paradigma de este binomio ha sido, desde siempre, el urbanismo. En términos simples, la propaganda ideológica-mediática considera que unos -derechas- propugnan un desarrollo urbanístico intensivo alabando el bienestar económico que proporciona la generación de puestos de trabajo en la industria de la construcción y auxiliares y otros -izquierdas- consideran necesario ponderar los perjuicios que conlleva la urbanización intensiva: reducción de espacios verdes, contaminación, inhabitabilidad de las ciudades y, en suma, deterioro en cuanto a la calidad de vida de los ciudadanos.En Gijón, la supuesta izquierda siempre nos vendió la moto de la sostenibilidad ambiental, del fomento de los espacios verdes, de lucha contra la contaminación y, en fin, de reformar esta ciudad para hacerla más habitable y saludable.
Ahora la ciudadanía gijonesa contempla, atónita, cómo son los partidos de la izquierda gobernante son los que impiden la unanimidad de una propuesta fundamental para el futuro de la ciudad: la conversión del espacio llamado "El Solarón" en un espacio verde, propuesta razonable ya no sólo desde un punto de vista social y ambiental sino también económico: la venta de las parcelas -la malventa- sólo aportaría un 7% del coste total de la operación -construcción de una estación intermodal y obras complementarias- que pretende justificar la misma.
En Gijón, constatamos estupefactos que sea la oposición -mayoritariamente formada por partidos de centro-derecha- la que frene el proyecto especulativo del Solarón, mientras que los partidos gobernantes justifican su incongruente postura con argumentos tan absurdos como los esgrimidos por una concejala del partido gobernante que advierte del riesgo de gentrificación -aumento del valor de los inmuebles cercanos- cuando se convierten espacios públicos en parques.
El centro-derecha acusa al PSOE de maniobrar para volver al plan de Moreda y Pineda les afea frenar la urbanización para agradar a quienes piden un parque
La oposición impone al gobierno local no tocar el "solarón" hasta fijar el espacio de la estación
Publicado por Severino Espina Fernández en 12/13/2019 No hay comentarios:
La “Cruzada de niños” de Greta dirigida a la privatización de la naturaleza de Nazanín Armanian
El postureo ecologista sin plantearse la base del problema - el modo de producción de un sistema económico basado en la competitividad extrema, en la utilización intensiva de recursos naturales y humanos y en una pretendida libertad de bienes, productos y servicios con unas reglas de juego marrulleras establecidas por la plutocracía en la que predomina las influencias, el poder de los lobbys y el capitalismo de amiguetes- es mero postureo.
Así nos lo desvela este artículo en el que, para asombro de muchos, vemos que no sólo la producción capitalista genera "externalidades" (perjuicios indeseados, como la contaminación, desigualdad social y entre países, entre otros) sino que también el ecologismo de moqueta también los tiene (beneficiando a la industria nuclear o incluso...a la maquinaria armamentística).
Publicado por Severino Espina Fernández en 12/09/2019 No hay comentarios:
Etiquetas: ARTÍCULOS, CONTAMINACIÓN, DERECHOS HUMANOS, SALUD PÚBLICA, SANIDAD AMBIENTAL
Resoluciones judiciales pasadas por el forro. Siguen las reclamaciones de pagos a las víctimas de Idental
El pasado 5 de febrero, el Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, a fin de proteger los derechos de los afectados por el fraude de Idental que seguían recibiendo requerimientos conminatorios para el pago de los créditos financiados para sufragar tratamientos odontológicos nunca prestados -o prestados de un modo negligente- por Idental, dictó un auto cuya parte dispositiva era del siguiente tenor:
Actualmente, los afectados siguen recibiendo requerimientos, esta vez llevados a cabo por empresas de gestión de cobros, cuyos créditos contra los afectados por el fraude de Idental han sido vendidos por las entidades financieras que tenían prohibido continuar reclamando las deudas a los estafados, quebrándose así -de esta forma tan grosera y burda- el mandato judicial.
Urge la actuación de la fiscalía
Facua denuncia que los bancos siguen reclamando pagos a afectados por el fraude de iDental
El magistrado de la Audiencia Nacional que lleva el caso dictó hace diez meses un auto con medidas cautelares por las que prohibió a las entidades de crédito cualquier tipo de reclamación
Asamblea de Facua con afectados por el fraude de iDental | ALEX GALLEGOS
La asociación Facua-Consumidores en Acción ha notificado por cuarta vez al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que afectados de iDental siguen recibiendo escritos de entidades que les exigen el pago de los préstamos que contrataron para financiar sus tratamientos. Hace diez meses ya, el pasado 5 de febrero, el magistrado dictó un auto con medidas cautelares por las que prohibió a las entidades de crédito cualquier tipo de reclamación.
Socios de Facua de distintos puntos de España siguen comunicando a la asociación que EVO Finance (ahora denominada Servicios Prescriptor y Medios de Pagos, SPMP) les exige el pago de las cuotas impagadas. En unos casos, les indica que por cada mensualidad impagada les aplica un recargo de 30 euros en concepto de “gasto impago cuota”. En otros, un gestor de recobro, Cobralia, les comunica que se dirige a ellos en nombre de SPMP y que han interpuesto una “demanda judicial” ante el impago de las cuotas, asegurándoles que si no pagan de forma inmediata la deuda se verá incrementada con intereses de demora y las costas del supuesto procedimiento judicial.
Facua también ha tenido conocimiento de que SPMP ha vendido la deuda de una parte de los afectados al fondo luxemburgués LC Asset 1, que ha facilitado sus datos a otra empresa de recobros, Cobralia, que está amenazando a los usuarios con incluirlos en registros de morosos si no pagan las cantidades pendientes.
El equipo jurídico de Facua ha solicitado de nuevo al juez De la Mata que se deduzca testimonio de autos a fin de instruir la posible comisión de delito por quebrantamiento de medida cautelar previsto en el artículo 468.1 del Código Penal y se dé traslado de los hechos a la Fiscalía.
El equipo jurídico de la asociación, que ejerce la acusación particular en el caso iDental, ha notificado ya al juez instructor hasta en cuatro ocasiones -en febrero, julio, octubre y ahora de nuevo- el incumplimiento por parte de SPMP (y ahora también por la de LC Asset 1) de la medida cautelar que dictó en febrero y recordó a las financieras mediante un nuevo auto dictado el 13 de septiembre.
En su auto del pasado septiembre, De la Mata advirtió de que la medida cautelar que había dictado en febrero afecta también “a aquellas otras entidades de crédito, financieras o de cualquier otra índole o naturaleza que hayan adquirido u obtenido la titularidad por cualquier título, razón o precio de aquellos contratos de crédito”. El juez menciona en concreto a Link Finanzas, LC Asset 1Sarl y Hoist Finance Spain SLU, que son las nuevas entidades que han sido reportadas ante el juzgado.
En el auto, el magistrado explica que ha recibido escritos poniendo de manifiesto que las entidades financieras están “realizando reclamaciones judiciales y extrajudiciales a usuarios con sustento en contratos de créditos al consumo” vinculados a tratamientos en iDental. Asimismo, también informa de que hay otras mercantiles que “podrían haber comprado paquetes de estos créditos a las prestamistas originarias” y que estarían exigiendo el pago.
Así, De la Mata procedió a reiterar nuevamente la suspensión cautelar de las reclamaciones de los créditos a los perjudicados por el cierre de la cadena de clínicas odontológicas que acordó el pasado 5 de diciembre de 2018, además de recordar a las entidades financieras que se abstengan de incluir en ficheros de información patrimonial (de morosos) a los afectados que hayan dejado de pagar los créditos.
Entre las entidades a las que afecta la suspensión se encuentran EVO Finance -ahora Servicios Prescriptor y Medios de Pagos, SPMP-, Banco Cetelem, Santander Consumer Finance, BBVA Consumer Finance y Sabadell Consumer Finance.
Publicado por Severino Espina Fernández en 12/08/2019 No hay comentarios:
Etiquetas: CONSUMO, JURISPRUDENCIA, SENTENCIAS

References: resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 5
 resolución 
 artículo 468