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Timestamp: 2017-08-20 00:29:53+00:00

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Asamblea Nacional Constituyente: ¿una salida a la crisis venezolana? - LUZ Agencia de noticias
05-05-2017 a las 12:33:09
Dos especialistas de LUZ exponen sus visiones sobre la iniciativa presidencial de una Constituyente. El profesor Juan Berríos asegura que los decretos 2.830 y 2.831 incurren en inconstitucionalidad, mientras que el profesor Juan Romero considera que la iniciativa está apegada a la ley
«El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución». De esa manera, los constituyentes de 1999, en el artículo 347, le otorgaron al pueblo venezolano la responsabilidad de aprobar o no un cambio constitucional en la República.
La iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro genera, nuevamente, una controversia entre los venezolanos. De acuerdo con el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la iniciativa para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente «podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el 15 % de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral»; sin embargo, la convocatoria —de acuerdo con el artículo 347 de la CRBV— la decide el pueblo a través de un referéndum aprobatorio.
Juan Berríos Ortigoza, profesor de la FCJP
«El presidente de la República tiene la iniciativa, pero no la convocatoria porque se supone que, una vez presentada la iniciativa y sus condiciones, es el pueblo quien debe determinar, mediante un referéndum aprobatorio, la iniciativa y si se convoca o no la Asamblea Nacional Constituyente», afirma Juan Berríos Ortigoza, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, quien agrega que el Gobierno pretende convocar la Asamblea Nacional Constituyente sin la aprobación refrendaria del pueblo.
Sin embargo, para Juan Romero, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ y especialista en política y derecho comparado, «nadie, en términos constitucionales, puede decir que el presidente no está acogido a la ley porque el artículo 348 es claro sobre la iniciativa de la convocatoria». Agrega que Venezuela se convierte «en un ejemplo de análisis en términos de derecho constitucional, sociología política y filosofía política porque en ningún país en América Latina y en ningún país en el mundo ha sido sometida la convocatoria de 2 Asambleas Nacionales Constituyentes como lo ha sido Venezuela. No hay precedente», enfatiza.
A su juicio, la Asamblea Nacional Constituyente servirá para «sacar al país de la agenda de diatribas y agresiones recientes, y llevar el debate a un proyecto de país. Hay que rescatar el debate sobre el proyecto del país. Eso es importante sobre todo ante la elevación de lo que yo he venido llamando una agenda transgresora. La Constituyente puede ofrecer una alternativa».
Inconstitucionalidad en decretos
A través del decreto N° 2.830 —publicado en la Gaceta Oficial N° 6.295 Extraordinario con fecha del 1 de mayo de 2017, pero publicada el miércoles 3 de mayo de 2017—, el presidente de la República manifiesta: «convoco una Asamblea Nacional Constituyente, ciudadana y de profunda participación popular, para que nuestro pueblo, como depositario del Poder Constituyente Originario, con su voz suprema, pueda decidir el futuro de la patria», así se reseña en el documento oficial. Mientras que en el decreto N° 2.831 —incluido en la misma Gaceta—, se estableció la creación de una comisión presidencial para la elaboración de las bases comiciales «territoriales y sectoriales», y de los principales aspectos para la conformación y el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente.
De acuerdo con el profesor Juan Berríos Ortigoza, los decretos 2.830 y 2.831 incurren en inconstitucionalidad al establecer que el presidente de la República es quien convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. «La convocatoria responde a la ciudadanía, por lo tanto, los decretos que hemos visto incurren en inconstitucionalidad porque están usurpando la función constituyente», asevera.
Asimismo, manifiesta que la función constituyente corresponde exclusivamente al pueblo venezolano. «Es quien puede convocar a esa reunión extraordinaria para cumplir con el objetivo de crear un nuevo ordenamiento jurídico, redactar una nueva Constitución y transformar el Estado», indica Juan Berríos al hacer referencia al artículo 347 de la Constitución. «El pueblo es el depositario del Poder Constituyente Originario, y a partir de allí tiene la potestad para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente». Insiste en que el presidente puede tener la iniciativa, así como la Asamblea Nacional, los Consejos Municipales en Cabildo y una parte de la población, pero «como son parcialidades y como son actores representativos del pueblo venezolano, no pueden sustituirse en la posición del pueblo para convocar la asamblea. Eso sería una usurpación, en este caso, de la función constituyente», recalca.
Juan Romero, profesor de la FHE
Foto: cortesia Unica
Por su parte, el profesor Juan Romero recuerda que en la convocatoria de la Constituyente de 1999, el proceso se inició a través de un decreto presidencial debido a que el mecanismo de una Asamblea Nacional Constituyente no estaba establecido en la Constitución de 1961. «Se hizo a través de un decreto presidencial. Esa vez se justificaba más porque no estaba el mecanismo establecido en la Constitución. No era norma constitucional, pero Chávez presentó, y tuvo que someter ante el hecho de que no era norma constitucional, las bases de la Constituyente».
Agrega que la votación del 15 de diciembre de 1999 convirtió en norma constitucional el acto constituyente. «El artículo 347 dice que la soberanía reside en el Poder Constituyente Originario, y que puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que tiene 3 funciones: producir una transformación del Estado, un nuevo ordenamiento jurídico o una nueva Constitución». A juicio del especialista en política y derecho comparado, la iniciativa del presidente Nicolás Maduro no busca generar un nuevo texto constitucional. «Esta constituyente no tiene los 3 objetivos que están establecidos en el 347, sino que busca una transformación del Estado por adición y una modificación del ordenamiento jurídico. Es decir, no genera una nueva Constitución, sino un adicionamiento a la actual. Eso es permisible en términos constitucionales porque el 347 lo permite», asegura.
Sin bases comiciales
En el artículo 2 del decreto N° 2.830, se estableció que los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos «en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto». Hasta el momento, y siguiendo con las declaraciones del presidente de la República, se elegirán 500 constituyentes; sin embargo, aún la Comisión Presidencial, que tendrá la tarea de elaborar las bases comiciales, no ha presentado las condiciones y bases que regirán tal proceso.
«Como no hay nada escrito y la iniciativa partió del presidente que constitucionalmente tiene la facultad de hacerla, él entonces está proponiendo las bases, esas bases no tienen que ser votadas como en el 99 porque constitucionalmente están establecidas que puede llevar adelante la iniciativa y quien lleva la iniciativa, lleva la propuesta», manifiesta el profesor Juan Romero, quien considera que, al final, la elección de 250 constituyentes de manera sectorial y 250 de manera uninominal no ocurrirá.
La legislación venezolana no regula las condiciones para la elección de los miembros que integran la Asamblea Nacional Constituyente. El antecedente que se tiene en esta materia parte de la Constituyente de 1999. Para ese entonces, el Consejo Nacional Electoral tomó las bases que presentó el convocante, después de que la antigua Corte Suprema de Justicia las examinara y reformara.
En definitiva, la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 fue conformada de manera unicameral, integrada por 131 miembros principales y su elección fue personalizada (por su nombre y apellido). 104 constituyentes se eligieron en 24 circunscripciones regionales, 24 en circuitos nacionales y 3 representantes indígenas.
Asimismo, la postulación de candidatos fue por iniciativa propia, partidos políticos y sectores de la sociedad civil, quienes tuvieron que cumplir con los requisitos de 20 mil firmas de electores para el caso de candidatos a circunscripción nacional, mientras que para una circunscripción regional se requirió la cifra porcentual de 0,50 % en todo el país.
«En este momento, no tenemos ninguna idea de cómo será el procedimiento de elección de la Asamblea Nacional Constituyente porque eso está en el papel del trabajo de la comisión presidencial, pero, por los antecedentes que tenemos de 1999, lo único que podemos decir es que el actor político que tiene la iniciativa, propone las condiciones de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, pero no sabemos cuáles son esas condiciones», expresa el profesor Juan Berríos Ortigoza.
Aunque no haya una regulación legal, el profesor Juan Berríos manifiesta que las condiciones no deben ser contrarias a los valores democráticos. «Hay límites para establecer esas bases, unos límites que están en el artículo 350 de la Constitución, que establece que el pueblo de Venezuela desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos».
Por su parte, el profesor Juan Romero considera que la elección de los constituyentes de 1999 se hizo estructurada sobre la centralidad de los factores políticos, pero que ahora se hará de manera sectorial. «La convocatoria tiene una gran diferencia en relación con la del 99 porque será sectorial. Ahora, eso es trabajadores, campesinos, obreros, clase media, mujeres, afrodescendientes, estudiantes, comunas, misiones u otros actores individuales». Indica que los partidos políticos podrán postulara a sus candidatos, pero en cada sector. «No significa que los partidos políticos no puedan proponer. Lo que significa es que los partidos van a tener que proponer, si deciden participar, sus candidatos, pero de acuerdo a la sectorialidad; es decir, un partido puede proponer para el sector universitario un candidato de Copei o Primero Justicia, pero será un candidato por sector».
Con respecto a las bases para la elección de los constituyentes, el profesor Juan Romero hizo referencia a que, al igual que en la Constituyente de 1999, quienes no estén de acuerdo pueden solicitar una interpretación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. «En términos de la democracia, los sectores que no estén de acuerdo con esa interpretación van a tener que solicitar una interpretación. La Constituyente del 99 también planteó circunscripciones distintas. Hubo más de 20 constituyentes elegidos en circunscripción nacional y los demás fueron uninominales por estados».
Voto universal, directo y secreto
La CRBV, en su artículo 63, indica que el sufragio es un derecho de todos los venezolanos, y que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas; además, establece que la ley —Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley Orgánica del Poder Electoral— garantizará la personalización del sufragio y la representación proporcional.
En ese sentido, el profesor Juan Berríos Ortigoza expresa que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente debe ajustarse a los principios democráticos y representativos que establece la Constitución. «El límite a esa posibilidad es que las elecciones de cualquier cuerpo deben ser universales, directas y secretas. Esa es la condición básica, y para que haya una votación universal, es necesario que todas las personas voten y que su voto tenga el mismo peso».
Con respecto al comportamiento del Consejo Nacional Electoral, el profesor Juan Berríos indica que la función del Poder Electoral es tramitar la iniciativa para convocar al referéndum popular. «Una vez que estén las condiciones dadas, se presenta la iniciativa y la base comicial, y luego se convoca al referéndum popular para determinar si efectivamente la Asamblea Nacional Constituyente se convoca o no».
Última actualización ( 09-05-2017 a las 11:06:22 )

References: artículo 347
 artículo 348
 artículo 347
 artículo 348
 artículo 347
 artículo 347
 artículo 2
 artículo 350
 artículo 63