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Timestamp: 2018-11-21 20:36:59+00:00

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﻿ Sentencia 2004-00832 de julio 7 de 2011
SENTENCIA 2004-00832 DE 07 DE JULIO DE 2011
CONTENIDO:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES DE SOLDADO MUERTO CON OCASIÓN DE ACTOS PROPIOS DEL SERVICIO. RESULTA EVIDENTE LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE LAS PRESTACIONES QUE LE SON RECONOCIDAS, POR EL DECRETO 2728 DE 1968 A LOS FAMILIARES DE LOS SOLDADOS MUERTOS EN DESARROLLO DE ACTOS PROPIOS DEL SERVICIO Y LAS PREVISTAS POR EL DECRETO 1211 DE 1990, PARA LOS OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES MUERTOS EN LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS, A JUICIO DE LA SALA TAL DISCRIMINACIÓN TIENE LUGAR DEBIDO A QUE LAS CITADAS DISPOSICIONES FUERON EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991, SÓLO A PARTIR DE LA CUAL, SE REIVINDICAN COMO PRINCIPIO Y DERECHO CONSTITUCIONALES LA IGUALDAD MATERIAL Y LA SEGURIDAD SOCIAL, RESPECTIVAMENTE. NO SE ADMITE LA EXISTENCIA DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE DISPOSICIONES QUE CONLLEVEN EL DESMEDRO DE LAS CONDICIONES DIGNAS DE VIDA DE UN SER HUMANO Y EN ESPECIAL LA IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A LOS BENEFICIOS DERIVADOS DEL CITADO DERECHO, ENTRE ELLOS LOS QUE BUSCAN AMPARAR LAS CONTINGENCIAS DERIVADAS POR MUERTE.
Sentencia 2004-00832 de julio 7 de 2011
Rad.: 70001-23-31-000-2004-00832-01 (2161-09)
Actor: Evadias Pérez Villalba
Se trata de determinar si en el presente asunto, resulta procedente el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente al señor Evadías Pérez Villalba, en su condición de padre del Soldado Alfredo Evadías Pérez Tovar, muerto con ocasión de actos propios del servicio.
Oficio CE-JEDEH-DIPSO-PET-177 de 25 de marzo de 2004, suscrito por el director de prestaciones sociales del Ejército Nacional, por el cual se le negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente al señor Evadías Pérez Villalba, en su condición de padre del soldado Alfredo Evadías Pérez Tovar (fl. 11).
Según certificación de 26 de agosto de 1999, suscrita por el jefe de personal del Batallón de Contraguerrilla 10, general Rafael Uribe Uribe, el señor Alfredo Evadías Pérez Tovar, prestó sus servicios al Ejército Nacional a partir del 1º de diciembre de 1994 (fl. 14).
La Sala teniendo en cuenta el registro de defunción del soldado regular Alfredo Evadías Pérez Tovar, visible a folio 13, y la afirmación hecha por el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en la contestación al hecho segundo de la demanda(1), dará por probado que el citado soldado murió en actos propios del servicio (fl. 36).
El 23 de marzo de 2004, el señor Evadías Pérez Villalba en su condición de padre del soldado regular Alfredo Evadías Pérez Tovar solicitó ante la dirección de prestaciones sociales del Ejército Nacional el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente, en aplicación del régimen prestacional previsto para las Fuerzas Militares (fls. 17 a 20).
El 25 de marzo de 2004 el director de prestaciones sociales del Ejército Nacional mediante Oficio CE-JEDEH-DIPSO-PET-177 negó la referida solicitud, con el argumento de que el Decreto 2728 de 1968 no establecía el reconocimiento y pago de una prestación pensional de sobreviviente a favor de los ascendientes de los soldados regulares muertos en combate (fl. 23).
Así mismo debe decirse, que la noción de contingencia derivada por la muerte de un empleado no es ajena al régimen prestacional aplicable a las Fuerzas Militares. En efecto, como se verá más adelante, los decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990 y la Ley 447 de 1998, establecen en cada caso concreto una serie de prestaciones a favor de los beneficiarios de los soldados regulares y los oficiales y suboficiales muertos en desarrollo de actos propios del servicio, entre las que se encuentran el ascenso póstumo al grado inmediatamente superior, la indemnización por muerte y la pensión de sobreviviente.
Observa la Sala que mediante la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho el señor Evadías Pérez Villalba, en su condición de padre del soldado regular Alfredo Evadías Pérez Tovar, fallecido en actos propios del servicio, pretende el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente de acuerdo con el régimen prestacional previsto para los miembros de las Fuerzas Militares, en el Decreto 1211 de 1990.
En efecto, mediante escrito de 23 de marzo de 2004 el demandante, con fundamento en el Decreto 1211 de 1990, le solicitó al director de prestaciones sociales del Ejército Nacional el reconocimiento y pago de la citada prestación pensional teniendo en cuenta que la muerte de su hijo se produjo en desarrollo de actos propios del servicio (fls. 17 a 20).
No obstante lo anterior, el director de prestaciones sociales del Ejército Nacional mediante Oficio CE-JEDEH-DIPSO-PET-177 de 25 de marzo de 2004 negó la referida solicitud, con el argumento de que el Decreto 2728 de 1968 no establecía el reconocimiento de una prestación pensional a favor de los ascendientes o descendientes de los soldados muertos en combate (fl. 22).
“(...) Con toda atención y en respuesta a la petición llegada a esta dirección el 23 de marzo de 2004, me permito informar que no es viable acceder a su petición.
Lo anterior, en consideración a que para la fecha de fallecimiento del señor ex soldado Pérez Tovar Alfredo Evadías, la normatividad aplicable Decreto 2728 de 1968 no establecía derecho de pensión, tan solo el ascenso en forma póstuma al grado de cabo segundo y el pago de cesantías dobles y compensación por muerte, claramente señaladas en la Resolución 311 de fecha 18 de febrero de 1999 expedida por esta dirección”.
En efecto, debe decirse que del material probatorio allegado al expediente se advierte que el soldado Alfredo Evadías Pérez Tovar ingresó a prestar sus servicios al Ejército Nacional a partir del 1º de diciembre de 1994 y que, el 1º de marzo de 1998, falleció en actos propios del servicio, esto es, en desarrollo de una operación adelantada por el Batallón de Contraguerilla 10, general Rafael Uribe Uribe, al cual pertenecía desde su ingreso a las filas del Ejército Nacional.
Sobre este particular, el Decreto 2728 de 2 de noviembre de 1968, “Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares”, en su artículo 8º establece a favor de los soldados en servicio activo, muertos “por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público”, y sus beneficiarios, las siguientes prestaciones económicas:
“ART. 8º.—El soldado o grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de cabo segundo o marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía.
De acuerdo con la norma transcrita, observa la Sala que el régimen prestacional, de las Fuerzas Militares, previsto en el Decreto 2728 de 1968, vigente al momento en que se produjo la muerte del solado regular Alfredo Evadías Pérez Tovar únicamente le reconocía su ascenso póstumo al grado de cabo segundo y, a favor de sus ascendientes, una prestación indemnizatoria y, el pago del auxilio de cesantías en doble proporción. Así las cosas, resulta evidente que cualquier prestación pensional, entre ella la reclamada por el demandante, se encuentra excluida de los beneficios reconocidos a favor de los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio.
No obstante lo anterior, advierte la Sala que el Decreto 1211 de 8 de junio de 1990, por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, en su artículo 189 establece una serie de prestaciones a favor de los ascendientes o descendientes de los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en actividad, entre las que se destacan el ascenso póstumo al grado inmediatamente superior y el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente. Así se lee en la citada norma:
“ART. 189.—Muerte en combate. A partir de la vigencia del presente estatuto, a la muerte de un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
Bajo estos supuestos, resulta evidente la existencia de un trato diferenciado entre las prestaciones que le son reconocidas, por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y las previstas por el Decreto 1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias.
A juicio de la Sala tal discriminación tiene lugar debido a que las citadas disposiciones fueron expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, solo a partir de la cual, se reivindican como principio y derecho constitucionales la igualdad material y la seguridad social, respectivamente. En efecto, una interpretación armónica de los artículos 13 y 48 de la Constitución Política, y de los principios que orientan el desarrollo del derecho a la seguridad social, entre ellos la universalidad y la solidaridad, no admiten la existencia dentro del ordenamiento jurídico de disposiciones que conlleven el desmedro de las condiciones dignas de vida de un ser humano y en especial la imposibilidad de acceder a los beneficios derivados del citado derecho, entre ellos los que buscan amparar las contingencias derivadas por muerte.
En punto de la prestación pensional de sobreviviente, la Corte Constitucional(2) ha sostenido que se trata de una expresión del derecho a la seguridad social en los siguientes términos:
“1. Anteriormente denominado derecho a la sustitución pensional, la pensión de sobrevivientes corresponde a una garantía propia del sistema de seguridad social fundada en varios principios constitucionales, entre ellos el de solidaridad que lleva a brindar estabilidad económica y social a los allegados al causante; el de reciprocidad, por cuanto de esta manera el legislador reconoce en favor de ciertas personas una prestación derivada de la relación afectiva, personal y de apoyo que mantuvieron con el causante; y el de universalidad del servicio público de la seguridad social, toda vez que con la pensión de sobrevivientes se amplía la órbita de protección a favor de quienes probablemente estarán en incapacidad de mantener las condiciones de vida que llevaban antes del fallecimiento del causante.
La pensión de sobrevivientes es uno de los mecanismos establecidos por el legislador para realizar los derechos de previsión social; su finalidad es la de crear un marco de protección para las personas que dependían afectiva y económicamente del causante, permitiendo que puedan atender las necesidades propias de su subsistencia y hacer frente a las contingencias derivadas de la muerte (...).
Así las cosas, y descendiendo al caso concreto, estima la Sala que no existe justificación valida para que a los beneficiarios de los soldados regulares que vienen prestando sus servicios a la fuerza pública, y fallezcan en desarrollo de actos propios del servicio, no les sea reconocida una pensión de sobreviviente cuya única finalidad, como quedó visto, es la de brindar un apoyo económico al grupo familiar que ante la ausencia definitiva de quien proveía lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, ha quedado desprovisto de los medios económicos para tal efecto.
A lo anterior se suma el hecho de que, con posterioridad a la expedición de los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990 el legislador mediante la Ley 447 de 21 de julio de 1998(3) finalmente, en aplicación de los principios y derechos constitucionales a la igualdad material, dignidad humana y a la seguridad social, dispuso el reconocimiento de una pensión de sobreviviente a favor de los beneficiarios de los soldados que no ostentaban el grado de suboficial de las Fuerzas Militares.
De acuerdo con las consideraciones que anteceden, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 4º(4) de la Constitución Política, la Sala en el caso concreto inaplicará el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968 en cuanto no dispone el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de los familiares de los soldados regulares muertos en desarrollo de actos propios del servicio y, en su lugar, aplicará el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, toda vez que, como quedó visto, sí reconoce la citada prestación pensional a favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la fuerza pública.
Sobre este particular, esta Sección en sentencia de 1º de abril de 2004. Rad. 1994-2003. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, sostuvo que:
“(...) Pero, la Sala estima que es un contrasentido que la ley ordene ascender a los soldados que mueren en misiones de orden público, en combate o por acción directa del enemigo al grado de cabo segundo, les conceda la misma compensación, en cuantía de 48 meses de los haberes correspondientes y doble la cesantía, como en el caso de los oficiales y suboficiales, pero en cambio no les otorgue a sus beneficiarios la pensión que sí concede tratándose de estos últimos militares y, por ello, no ve tan claro que a aquellos solo se les aplique el Decreto 2728 de 1968 y no 1211 de 1990. Tal duda evidente, solo puede resolverse en los términos del artículo 53 constitucional, con aplicación de la más favorable, o sea el último estatuto (...)”.
Así mismo, en sentencia 30 de octubre de 2008, Rad. 8626-2005. M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, se manifestó que:
“En principio, como el hijo de los demandantes ostentaba la calidad de soldado regular no tendría derecho a las prestaciones consagradas en el Decreto 1211 de 1990 para los oficiales y suboficiales muertos en combate sino únicamente a las relacionadas en el Decreto 2728 de 1968.
El derecho a la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios del soldado que muere en la prestación del servicio militar obligatorio fue consagrado en la Ley 447 de 21 de julio de 1998 (...).
Sin embargo, la finalidad de la norma aludida es proteger al grupo familiar del soldado muerto en la prestación del servicio militar oficial y brindar una ayuda para que sus integrantes no queden desamparados, razón ésta que permitiría aplicar el beneficio pensional consagrado en el Decreto 1211 de 1990 a favor de los oficiales y suboficiales, también a los soldados que prestando el servicio militar son muertos en combate”.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que el señor Alfredo Evadías Pérez Tovar prestó sus servicios al Ejército Nacional durante 3 años y 3 meses el monto de la citada prestación pensional, de acuerdo con el literal d), del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, debe ser equivalente al 50% de las partidas de que trata el artículo 158 ibídem (fl. 14).
En ese mismo sentido, tal como lo dispuso el tribunal, deberá realizarse el descuento de lo pagado al demandante por concepto de compensación por la muerte del soldado Alfredo Evadías Pérez Tovar, sobre las sumas resultantes en la presente condena.
Bajo estos supuestos, concluye la Sala que, resulta acertada la decisión del tribunal de inaplicar en el caso concreto el Decreto 2728 de 1968 toda vez que cómo quedó visto, el artículo 8º ibídem vulneró abiertamente los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social del señor Evadías Pérez Villalba, en su condición de padre del soldado regular Alfredo Evadías Pérez Tovar, en tanto no contemplaba la posibilidad de reconocerle a su favor una pensión de sobreviviente.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de 16 de julio de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda.
CONFÍRMASE la sentencia de 16 de julio de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por Evadías Pérez Villalba contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
(1) Hecho 2 de la demanda. “El soldado Alfredo Pérez Tovar, se desempeñó durante todo el tiempo como soldado, esto es, como servidor del Estado colombiano, hasta el día de su fallecimiento en acto especial del servicio, como fue haber ocurrido su muerte en combate con la guerrilla, (...)” (fl. 2).
Respuesta de la entidad demandada: “Es cierto que el soldado Alfredo Pérez Tovar, falleció por razones propias del servicio; cuando se encontraba librando fuertes combates con miembros de la guerrilla (...)” (fl. 36).
(2) Sentencia C-336 de 16 de abril de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(3) ART. 1º—Muerte en combate. “A partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte de la persona vinculada a las F.F. A.A. y de Policía ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la persona prestataria del servicio militar al incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigentes”.
(4) “ART. 4º—La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

References: Resolución 
 artículo 8
 artículo 189
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 189
 artículo 53
 artículo 189
 artículo 158
 artículo 8