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Timestamp: 2018-07-19 13:48:27+00:00

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ESTE INDICE ES UNA CONTRIBUCION DEL DOCTOR JOSE IVAN CARO GOMEZ FISCAL LOCAL DE LA URI CIUDAD BOLIVAR.
INDICE CASACIÓN PENAL
(JOSE IVAN CARO GOMEZ)
Radicado: 23251, septiembre 03 de 2006. M. P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Las manifestaciones voluntarias que realiza el indiciado al momento de su captura, no genera invalidez o ilegalidad de la misma. “Desde luego, si en el curso del procedimiento, por propia iniciativa, la persona retenida hace manifestaciones en cualquier sentido, la autoridad aprehensora, tanto como cualquier ciudadano que las escuche, podrá ponerlas en conocimiento del instructor quien evaluará el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana critica. Lo reprochable, se reitera, es que el relato sea provocado por el servidor público a través de la formulación de preguntas sobre la manera cómo ocurrieron los hechos y el compromiso que en ellos pueda tener el capturado.”
Radicado: 25724, Octubre 19 de 2006. M. P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Los Jueces de Garantías no son solo unos observadores del acto de imputación, deben velar por que no se vulnere de manera flagrante el principio de legalidad, solo en ese evento puede el Juez de garantías intervenir en la imputación. “El descuido, que no puede ser enmendado en casación por respeto al artículo 31 de la Constitución Política, también debe ser cargado a los jueces, pues tratándose de su función de controlar la legalidad de los actos de allanamiento, su labor no puede ser la de simples observadores. Equivocadamente algunos juzgadores han entendido que esa tarea se limita a verificar que la aceptación del imputado sea libre, voluntaria y con la debida asistencia de su defensor, cuando por mandato legal se les impone el deber de velar por el respeto irrestricto a las garantías fundamentales (artículos 6° y 351, inciso 4°, del Código de Procedimiento Penal), dentro de las cuales, a no dudarlo, se encuentran las de la legalidad de los delitos y de las penas y de tipicidad estricta, principios protegidos como derechos constitucionales fundamentales por el artículo 29 de la Carta Política.”
Radicado: 27383, julio 25 de 2007. M. P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas. Reglas que se deben tener en cuenta para el concurso de delitos.
Radicado: 32637 (Tutela). Accionante: Sandro José Montenegro Osorio. Accionado: Tribunal Superior de Ibagué. Aplica por favorabilidad (en asuntos tramitados bajo la Ley 600 de 2000) la rebaja de pena establecida en el artículo 351 de la Ley 906 de 2005; esto es: el 50%.
Radicado: 27283, agosto 1º de 2007. M. P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas. La defensa técnica debe ser activa, idónea y diligente (ignorancia supina del defensor).
Radicado: 25273, julio18 de 2007. M. P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. La querella, lógicamente que en los delitos querellables, es condición imperativa para iniciar acción penal.
Radicado: 26309, abril 25 de 2007. M. P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas. Principio de congruencia.
Radicado: 27759, septiembre 12 de 2007. M. P. Alfredo Gómez Quintero. Precisiones sobre los preacuerdos (ver sobre el artículo 350 de la Ley 906 de 2004 la sentencia C-1260 de 2005)
Radicado: 15843, julio 13 de 2006. M. P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. Retiro de cargos por parte del Fiscal. Si el Fiscal no solicita condena (independientemente de lo que el Ministerio Público y el Defensor soliciten), el Juez no puede condenar.
Radicado: 26310, sentencia de mayo 16 de 2007. M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. Competencia del Juez de Control de Garantías. Artículo 154 de la Ley 906 de 2004, modificado por el canon 12 de la Ley 1142 de 2007.
Radicado: 26310 (atrás citada). El juez que niega la preclusión no puede sugerir acusación.
Radicado: 26310, sentencia de mayo 16 de 2007. M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. Cuando el Fiscal ha declarado ilegal una captura porque se han vulnerado derechos o garantías fundamentales, no se requiere que acuda al Juez de Garantías para que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la misma. “En este sentido, debe relevarse cómo el fiscal, para los efectos de la captura, también funge encargado de controlar garantías y derechos fundamentales, erigiéndose, en la práctica, en el primer filtro de legalidad de la aprehensión. Con la facultad expresa de ordenar la libertad del aprehendido, en el caso de verificar irregular la actividad del agente o particular que materializó la privación de libertad. Y si ello es así, razona la Corte, carece de sentido legal y práctico que se desgaste la administración de justicia, de suyo congestionada, con la realización de una audiencia inocua, por carecer de objeto. Es que, en un plano estrictamente legal, si al fiscal se le demanda presentar “al aprehendido inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, ante el juez de control de garantías para que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión….” , ello no tiene objeto cuando la dicha verificación, con su efecto trascendente de liberación, ya la hizo ese funcionario. Por sustracción de materia, no hay “aprehendido”-dado que ya no tiene esa condición quien fue dejado en libertad-, ni corre del resorte del fiscal “presentarlo”, cuando este ha recobrado todas sus facultades locomotivas y es propio de su voluntad atender o no al llamado que, debe anotarse se entenderá válido o necesario para las otras audiencias, en especial la de formulación de imputación”.
Radicado: 26310, sentencia de mayo 16 de 2007. M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. Reglas a tener en cuenta, para legalizar EMP. Cuando se hace necesario legalizar los mismos, que han sido incautados. “Ahora bien, hecha la precisión, dígase que no existe audiencia de legalización de elemento material probatorio y evidencia física con destino a la demostración de responsabilidad, porque el escenario natural de discusión acerca de la legalidad de esos elementos que pretenden introducirse al juicio para lo de su objeto, es precisamente la audiencia preparatoria. Sólo de manera excepcional, la ley expresamente consagra cinco (5) circunstancias que le permiten al juez de control de garantías verificar la legalidad de la incautación y recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física, las cuales se contraen al cumplimiento de las órdenes de registros, allanamientos, interceptación de comunicaciones, retención de correspondencia, recuperación de información dejada al navegar por internet, “u otros medios similares”, impartidas por la Fiscalía (Art. 154-1 y 237). Su expedición -en materia de registros y allanamientos- con la preterición de cualquier requisito sustancial genera la invalidez de la diligencia, “por lo que los elementos materiales probatorios y evidencia física que dependan del registro carecerán de valor, serán excluidos de la actuación y sólo podrán ser utilizados para fines de impugnación.” -Art. 232-. La razón de que en tales eventos deba recurrirse al juez de control de garantías, es precisamente porque esos hallazgos derivan de diligencias que afectan derechos fundamentales. A dicho funcionario le está asignado el control, formal y material, de esos actos de investigación, valga decir, la actividad desplegada por la Fiscalía en ejercicio de su atribución de persecución penal. Por consecuencia, el juez de control de garantías carece de competencia para pronunciarse acerca de la legalidad o no de los elementos materiales probatorios acopiados por el fiscal, como quiera que la verificación opera en sede de la audiencia preparatoria, como ya se vio, sin que norma ninguna autorice que ello corra de cargo del juez de control de garantías”.
Radicado: 2007-0019, auto de julio5 de 2007. M. P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas. Momento en que procede la definición de competencia y quien puede plantearla.
Radicado: 2007-0019 (auto atrás citado). Supuestos en que la Fiscalía puede archivar las diligencias y casos en los que no puede hacerlo. Diferencias entre archivo de las diligencias y la preclusión de la investigación.
Radicado: 25407, sentencia de marzo 21 de 2007. M. P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. Impedimento por haber conocido del proceso. Y conocimiento de asuntos incidentales del proceso no genera impedimento.
Radicado: 27612, junio 13 de 2007. Colisión de competencia. Artículos 34-6 y 478 Ley 906 de 2004. De la apelación de la providencia que niega libertad condicional, conoce al Juez que profirió la sentencia de primera instancia.
Radicado: 18455, Sentencia casación de septiembre 7 de 2005. M. P. D. Jorge Luis Quintero Milanés. Antijuridicidad en delitos sexuales.
Radicado: 28125, sentencia de diciembre 5 de 2007. M. P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán. Cuando el sentido del fallo sea de condena, la sentencia solamente podrá dictarse una vez vencido el término de treinta (30) días del que dispone la víctima y perjudicado para presentar el incidente de reparación de perjuicios; o luego de vencido el trámite incidental.
Radicado: 27608, auto segunda instancia de octubre 26 de 2007. M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. Condiciones para que la Fiscalía pueda interrogar directamente al acusado.
Radicado: 26827, sentencia de julio 11 de 2007. M. P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. Rol del defensor en el modelo de enjuiciamiento acusatorio. Defensa pasiva.
Radicado: 26186, sentencia casación de mayo 10 de 2007. M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. Principio adversarial. Descubrimiento probatorio (perito médico recusado). Pruebas de oficio.
Radicado: 26716, sentencia mayo 16 de 2007. M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. Audiencia de verificación de aceptación de la imputación e individualización de pena (artículo 447). Momento de realización, objeto y actividad probatoria. Prisión domiciliaria de la Ley 750 de 2002.
Radicado: 26310, sentencia casación mayo 16 de 2007. M. P. D. Espinosa Pérez. Audiencia de legalización de captura, cuando la Fiscalía ha ordenado la libertad del aprehendido. Legalización de elementos materiales probatorios y evidencias físicas.. Facultades del Juez de Control de Garantías.
Radicado: 28432, sentencia de enero 30 de 2008. M. P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas. Cuando el sentido del fallo es condenatorio y el acusado no está detenido y tampoco se le otorgan subrogados penales, el Juez debe ordenar la captura. Si no lo hiciere, el Juez de segunda instancia puede hacerlo.
Radicado: 34877, sentencia de enero 29 de 2008. M. P. Dr. Javier Zapata Ortiz. Nueva tutela por los mismos hechos no es temeraria, si persiste afectación del derecho.
Radicado: 23863, sentencia casación abril 3 de 2008. M. P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. Contaminación ambiental. Manejo inadecuado de residuos vertidos al río.
Radicado: 27803, auto febrero 29 de 2008. M. P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas. Motivación de las decisiones judiciales.
Radicado: 26044, sentencia casación marzo 6 de 2008. M. P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. Responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno –Empresas de Transporte-.
Radicado: 23110, sentencia casación marzo 6 de 2008. M. P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. Derecho de defensa. Derecho de comunicación con el defensor.
Radicado: 26931, sentencia casación junio 27 de 2007. M. P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. Concesión de prisión domiciliaria por Juez de Ejecución de Penas.
Radicado: 29626, auto octubre 15 de 2008 que inadmite demanda revisión. M. P. Dr. José Leonidas Bustos Martínez. Prueba nueva, hecho nuevo. Elementos materiales probatorios, evidencias físicas. Información, informes policiales, informes de peritos, entrevistas, interrogatorio a indiciado.
Radicado: 29979, sentencia casación octubre 27 de 2008. M. P. Dr. Socha Salamanca. Preacuerdos. Facultades del Juez. Porte armas y utilización medios motorizados. Verificación de la legalidad del preacuerdo.
Radicado: 29183, Sentencia casación noviembre 18 2008. M. P. Dr. José Leonidas Bustos Martínez. Marihuana en cantidad superior a dosis personal en poder de un adicto. Antijuridicidad material. Principio oportunidad. Exhortación a Fiscales a hacer operante el principio de oportunidad, conciliación, etc.
Radicado: 30299, auto septiembre 12 de 2008 que inadmite demanda de casación. M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. Aceptación imputación. Artículo 199 Código de la Infancia y la Adolescencia.
Radicado: 27508, sentencia casación noviembre 5 de 2008. M. P. Dr. Espinosa Pérez. Funciones o facultades probatorias de la Policía Judicial en la Ley 600 de 2000. Testigo de oídas o de referencia.
Radicado: 30539, auto segunda instancia (resuelve apelación) de noviembre 18 de 2008. M. P. Dra. María del Rosario González de Lemus y Augusto de J. Ibáñez Guzmán. Principios que orientan las nulidades en la Ley 600 de 2000. Imputación en Ley 600/00 y acusación en Ley 906/04 (no son equivalentes)
Radicado: 23417, sentencia casación diciembre 2 de 2008. M. P. Dr. Socha Salamanca. Enfermedad mental no es sinónimo de inimputabilidad.
Radicado: 23871, Auto del 10 de agosto de 2005 M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. El Porte de armas debe ser comprendido en los términos previstos por el artículo 17 del Decreto 2535 de 1993, según el cual, “Se entiende por porte de armas y municiones la acción de llevarlas consigo, o a su alcance para defensa personal”.
Radicado: 20665, sentencia de casación 10 de noviembre de 2005 M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. El porte de armas es un delito de peligro. En otras palabras, teniendo en cuenta el bien jurídico protegido, no necesariamente con la acción injusta se debe producir un daño al mismo, pues con la tipificación de dicha conducta punible se busca protegerlo frente a situaciones creadoras de riesgos. El legislador no espera a que se afecte el bien jurídico protegido para sancionar al infractor, sino que define conductas que considera que tienen suficiente entidad para ponerlo en peligro y anticipa así la protección.

References: artículo 31
 artículo 29
 artículo 351
 artículo 350
 Artículo 154
 Artículo 199
 artículo 17