Source: https://issuu.com/paoleen/docs/cartillacurso
Timestamp: 2017-02-27 00:42:18+00:00

Document:
Militares en el proceso de Restitución de Tierras by paoleen - issuu
TEMÁTICAS FUNDAMENTALES PARA EL EJÉRCITO NACIONAL LEY 1448 DE 2011
B.G. Adelmo Orlando Fajardo Hernández
T.C Mauricio Medina
Director Educación Militar - CEDOC
Dra. Nidia Patricia Herrera
Asesora Educación Virtual
Cr. Raúl Hernando Flórez
T.C Eduard Suárez
Dra. María Garzón
Enlace CEMIL
Dra. Ligia Yadira Vargas Fonseca
ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ESDIH
T.C. John Alexander Quiroga
Diraector
Ct. Jeferson Obando Barrera
Dr. Antonio José Ochoa
SOCIAL DEVELOPMENT GROUP	Alberto Lara Losada
Directora Administrativa y de Proyectos
Lorena Becerra Flórez
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN DE
Danny Stiwar Usma Monsalve
Coordinador Grupo de Gestión en Prevención
Raquel Victorino
Maria Claudia Díaz
Carolina Pinillos Ruiz
Abogada capacitaciones Dirección Social
Abogado Dirección Juridica
Conceptos generales de la Ley de Víctimas y
Definición de Ley de Víctimas y Restitución de
El Ejército Nacional como garante de la implementación de la Ley 1448
Antecedentes normativos inmediatos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sobre justicia transicional
Principios Generales de la Ley de Víctimas y
Componentes fundamentales de la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras
Funcionamiento del Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV)
28 Proceso de Restitución de Tierras
Requisitos para solicitar la Restitución de Tierras
Calidades Jurídicas
Ruta del Proceso de Restitución de Tierras
Restitución de Tierras y Ley de Víctimas
Fuerzas Militares dentro del Estado Social de
Protección en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
Seguridad-Defensa en la Ley de Víctimas y
Fuerzas Militares y Proceso de Restitución de
Deberes durante el Trámite Administrativo
Centro integrado de inteligencia de restitución
de tierras (CI2RT)
Reunion Preparatoria para el Comité Operativo
Local para la Restitución de Tierras (PRECOLR)
Comté Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR)
Deberes durante la Etapa Judicial
Deberes en Etapa de Post-Fallo
Centro de observación del sector de defensa
en el Proceso de Restitución de Tierras
66 Género
Enfoque de género y habilidad para identificar imposiciones violentas.
Mujeres como sujetos de derechos
Restitución de Tierras con Perspectiva de género
Antecedentes sobre Acceso de las Mujeres a la Tierra
Situación de especial vulnerabilidad de las mujeres
respecto a la Tierra
Las Mujeres en los Procesos de Mantenimientos de
Este libro es un material complementario del curso virtual “Ejército Nacional en la Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras”, que tiene por objeto difundir la ley 1448 de 2011, más conocida como la
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El curso es
el resultado de un proceso interdisciplinario en el
que participaron entidades como el Ejército Nacional, la Unidad de Restitución de Tierras y Social
Development Group, para brindar a los miembros
de las Fuerzas Militares una guía para fortalecer sus
competencias en el marco de dicha Ley.
El curso está integrado por cuatro unidades. La primera busca contextualizar al estudiante sobre la
Ley, mostrándole que esta se enmarca dentro de
una lógica de justicia transicional, la cual obedece
a estándares internacionales. Luego se mostrarán
algunos antecedentes de la misma, sus pilares fundamentales y los principios que la guían. Una vez
se haya hecho lo esto, y poniendo de presente la
importancia que tiene la figura de la víctima del
conflicto armado desde el enfoque de la justicia
transicional, se definirá quiénes son víctimas según la Ley, los hechos victimizantes que la configuran y el trato diferenciado que se le debe brindar
a algunas de ellas, en razón de que son sujetos de
especial protección constitucional.
La segunda unidad hace referencia, concretamente, al proceso de restitución de tierras. Aquí se definirá qué es el proceso de restitución de tierras,
se expondrán algunas de sus características y los
principios que lo guían. La intención del curso es
que el estudiante se familiarice con algunas figuras
centrales y representativas en este proceso.
En este sentido, se destacará la importancia de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en tanto que es el
órgano administrativo del Gobierno Nacional para
la restitución de tierras, y se explicarán sus funciones. Adicional a esto, se expondrán las definiciones de despojo y abandono, y se mencionarán sus
modalidades. También se aclarará quiénes son los
titulares del derecho de restitución de tierras, a través de la diferenciación y explicación de quiénes
son propietarios, poseedores, ocupantes y tenedores. Finalmente, se explicará y expondrá la Ruta de
Restitución de Tierras como un proceso mixto que
se debe desarrollar en dos campos a la vez —esto
es, de manera administrativa y judicial, simultáneamente—, y que cuenta con tres instrumentos
fundamentales para su desarrollo: la macrofocalización, la microfocalización y el Registro de Tierras
Presuntamente Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).
La tercera unidad se centrará en la explicación de
cómo deben actuar operativamente las Fuerzas
Militares en la aplicación de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras. Mientras que la cuarta unidad hará referencia al enfoque de género, el cual
es transversal a toda la Ley..
Difundir la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) al personal de Ejército Nacional, para fortalecer sus competencias en el rol
que le asigna la Constitución Política, de tal manera que Colombia pueda terminar el conflicto
interno armado y se garantice el derecho fundamental a la paz.
CI2RT
Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de
Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Grupo de Prevención, Protección y Seguridad
Registro de Tierras Presuntamente Despojadas y Abandonadas Forzosamente
Sistema Nacional de Atención Integral para Víctimas
Unidadv Administrativa Especial de Gestión de Restitución
Unidad de Restitución de Tierras y Antiterrorismo de la
Conceptos generales de la Ley de VĂ­ctimas y RestituciĂłn de Tierras
¿Qué se desarrollará en esta unidad?
Se abordarán los conceptos generales de la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de
2011), la cual prescribe un “conjunto de medidas
judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las
víctimas” (MIJ, 2011, p.19) del conflicto armado
interno. También se expondrán sus antecedentes inmediatos, en especial, en materia de justicia transicional, para reflexionar sobre su papel
dentro del proceso de superación de la historia
de graves violaciones de DDHH e infracciones
del DIH en Colombia.
Comprender que la Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras es parte fundamental de un accionar
del Estado, que tiene como intención lograr la
transición de un período de graves violaciones a
los DDHH e infracciones al DIH hacia una nueva
etapa de la historia nacional, basada en la paz y
la reconciliación, donde la reparación a las víctimas es una tarea fundamental para este fin.
Conceptos generales de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
DEFINICIÓN DE LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Foto: Campesino y cebolla por: David Kahello. https://www.flickr.com/photos/dkmelo/8114890462/
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, que actúan en beneficio de las víctimas
del conflicto armado interno, dentro de un marco de justicia t ransicional, y que posibilitan
hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de
no repetición (art. 1, Ley 1448 de 2011).
problemas derivados de un pasado
de abusos a gran escala, a fin de que
los responsables rindan cuentas de
sus actos, servir a la justicia y lograr la
reconciliación. Los procesos y mecanismos de justicia transicional son un
componente central para el fortalecimiento del Estado de Derecho. (UN,
2010, p.3)
La justicia transicional busca resolver el siguiente interrogante: ¿qué debe hacer una sociedad
frente al legado de graves atentados contra la
dignidad humana cuando por fin ha logrado superar una guerra civil?
La Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de
Víctimas y de Restitución de Tierras, plasma explí-
Las Naciones Unidas han definido la justicia tran-
citamente a la “justicia transicional” como uno
sicional como :
de sus principios rectores. La Ley, entonces, con-
[…] toda la variedad de procesos y
mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los
templa la siguiente definición de justicia transicional:
Entiéndase por justicia transicional
los diferentes procesos y mecanismos
judiciales o extrajudiciales asociados
con los intentos de la sociedad por
garantizar que los responsables de
las violaciones contempladas en el
artículo 3º de la presente Ley, rindan
cuentas de sus actos, se satisfagan los
derechos a la justicia, la verdad y la
reparación integral a las víctimas, se
lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición
de los hechos y la desarticulación de
las estructuras armadas ilegales, con
el fin último de lograr la reconciliación
nacional y la paz duradera y sostenible (MIJ, 2011, p.21)
Mecanismos de la justicia transicional:
Desde el siglo pasado la comunidad civil han re-
nales y nacionales se han comprometido a fondo con la protección de sus derechos, y es por
la misma razón que hoy se cuenta con marcos
jurídicos más sólidos en cuanto a la protección y
dignificación de la vida.
Este tipo de disposiciones buscan: esclarecer la
verdad de lo sucedido; aplicar justicia para quienes han violado el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y han infringido el Derecho
Internacional Humanitario; la reparación de las
víctimas que han sufrido daños en el marco del
conflicto; y garantizar la no repetición de lo ocurrido. Estos son los pilares fundamentales de la
clamado el reconocimiento de sus derechos tras
Por lo anterior, diremos que la justicia transicio-
la ocurrencia de crisis humanitarias a través de
nal es aquella que debe permitir el tránsito hacia
movimientos sociales, por ello se empezó a iden-
la superación de las graves violaciones de DDHH
tificar a la víctima como eje fundamental de todo
e infracciones del DIH y, en este sentido, debe
proceso de justicia transicional. La consecuencia
promover y hacer efectivos los siguientes dere-
directa de esto es que las instancias internacio-
chos de las víctimas:
Figura 1. Derechos de las víctimas para superar las violaciones de DDHH e infracciones del DIH. Elaboración propia
El Ejército Nacional como garante de
la implementación de la Ley 1448
El Ejército Nacional, en cumplimiento de su deber
constitucional de seguridad y defensa, consagrado en el artículo 217 de la Constitución Política de
1991, ha desempeñado un papel importante en
la materialización del derecho a la paz. Según este
derecho, los Estados tienen el deber jurídico de
atender los derechos de las victimas y con la misma intensidad, la obligación de prevenir nuevos
hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. Este apoyo se ha materializado con el desarrollo de misiones para neutralizar militarmente a los
grupos ilegales, así como con procesos de acción
integral en el marco del esfuerzo no armado. Lo
anterior inspirado en la idea de que la paz como
producto de una negociación se ofrece como una
alternativa moral y políticamente superior a la paz
como producto del aniquilamiento del contrario
(Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Caso Masacre de El Mozote y lugares Aledaños vs
El Salvador, Voto concurrente, Sentencia de 25 de
octubre de 2012). Así, el apoyo de las Fuerzas Militares a la implementación de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, es un mecanismo de garantía para el acceso de los derechos de las víctimas.
Antecedentes normativos inmediatos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
En nuestro país se han hecho esfuerzos por
la Paz. Esta reseña permite evidenciar cómo el
acoger la figura de la justicia transicional en
Estado viene formulando, desde hace mucho
disposiciones nacionales. A continuación re-
tiempo, políticas que contemplan medidas tran-
señamos las normas más importantes que
sicionales en la búsqueda de la paz y la supe-
han servido de antecedentes y complemen-
ración de la violencia. En la siguiente figura se
tos para la Ley de Víctimas y Restitución de
presentan las leyes más representativas y sus
Tierras, así como para el Marco Jurídico para
Su nombre es “Ley de
desplazamiento forzado”. En ella se adoptan medidas para la
prevención del desplazamiento forzado;
la atención, protección, consolidación y
esta estabilización socio-económica de los
por la violencia en la
Su objeto es facilitar
los procesos de paz y
la reincorporación a la
vida civil de los combatientes, de manera
Contempla un procedimiento transicional
en materia de justicia que consiste en
acceder a una pena
alternativa deben colaborar con la justicia,
el acceso y la construcción de la verdad
y con la reparación
de las víctimas. Crea
organismos transicionales. Determina a la
víctima como actor
fundamental dentro
orden público” y según
lo dispuesto en ella, es a
través de “(…) la cual se
consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la
eficacia de la justicia y se
dictan otras disposiciones.” y de acuerdo con lo
señalado en su artículo
1vº tiene por objeto “(…)
dotar al Estado colombiano de instrumentos
eficaces para asegurar la
vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho
y garantizar la plenitud de los derechos y libertades
fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados
por Colombia”. Esta norma se encuentra vigente de
acuerdo con la modificación consagrada en la 1738
de 2014, “Por medio de la cual se prorroga la Ley 418
de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548
de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010”,
en cuanto a la reparación de las víctimas del conflic-
Corresponde al Presidente de la República
la dirección suprema
puede autorizar a sus
representantes a adelantar acercamientos
y diálogos con grupos al margen de la
ley. Define lo que se
entiende por víctimas
de la violencia política. Determina, cómo
y quién debe cumplir
con los deberes de
atención y asistencia humanitaria a las
Reparación individualad-
Ofrece beneficios jurí-
dicos a quienes hubiesen cometido delitos
Derechos cubiertos por
no considerados como
de lesa humanidad o
crímenes de guerra, a
cambio de que se contribuya con la verdad
b ) Integridad física;
histórica y con la reparación de las víctimas.
c) Salud física y mental.
contribuciones hechas
verdad no pueden ser
usadas como prueba o
testimonio dentro de
Consagra ciertos beneficios judiciales, como
condicional de la ejecución de la pena y medidas de reparación.
to, ésta consagra en su Título “ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE HECHOS VIOLENTOS QUE SE SUSCITEN EN EL
MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO”.
Figura 2. Aspectos más relevantes de las leyes a través de las cuales se construye el proceso de justicia transicional en Colombia.
Principios Generales de la Ley de Víctimas
Los principios de esta Ley son aquellos parámetros bajo los cuales se debe regir su implementación y, en tal sentido, son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado,
incluido el Ejército Nacional.
Todos los principios son: dignidad; buena fe;
igualdad; garantía del debido proceso; justicia
transicional; condenas de subsidiariedad; carácter de las medidas transicionales; coherencia
externa; coherencia interna; enfoque diferencial;
participación conjunta; respeto mutuo; obligación de sancionar a los responsables; progresi-
vidad; gradualidad; sostenibilidad; prohibición
de doble reparación y de compensación; complementariedad; repetición y subrogación; verdad; justicia; reparación integral; colaboración
armónica; aplicación normativa; derechos de
las víctimas; participación conjunta; publicidad;
medidas especiales de protección; criterios y elementos para la revisión e implementación de los
programas de protección integral; participación
de la sociedad civil y la empresa privada; compromisos del Estado.
De a acuerdo con lo descrito en los artículos 4 y
siguientes de la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras, los principios en los que ahondaremos
en este Unidad son:
Principio de dignidad: el Estado se compromete a realizar acciones encaminadas al fortalecimiento
de la autonomía de las víctimas para que las medidas de atención, asistencia y reparación, establecidas en la presente ley, contribuyan a recuperar a dichas víctimas como ciudadanos en ejercicio pleno
Principio de buena fe: la víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente
aceptado, y se presumirá su veracidad.
Principio de igualdad: todo ser humano se considera igual a otro.
Principio garantía del debido proceso: el Estado debe garantizar un proceso justo y eficaz, enmarcado en las condiciones que fija el artículo 29 de la Constitución Política.
Principio de justicia transicional: este principio busca garantizar que los responsables de la comisión
de crímenes de guerra o de lesa humanidad, rindan cuentas de sus actos, y se satisfagan los derechos
a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas. Para ello es necesario que se lleven a cabo
las reformas institucionales para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras
armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible.
Principio del carácter de las medidas transicionales: teniendo en cuenta la necesidad de reparar a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, el Estado promueve e implementa el programa de reparación
por vía administrativa; no obstante, ello no implica responsabilidad para este o sus agentes.
Principio de condenas de subsidiariedad: el victimario debe reparar a sus víctimas. No obstante,
cuando este no posee los recursos para tal fin, quien deberá responder es el Estado. Lo anterior
no implica el reconocimiento, ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la
responsabilidad del Estado o de sus agentes.
Principio de coherencia externa: lo dispuesto en esta ley procura complementar y armonizar los
distintos esfuerzos del Estado para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las
víctimas, y allanar el camino hacia la paz y la reconciliación nacional.
Principio de coherencia interna: lo dispuesto en esta ley procura complementar y armonizar las
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición,
con miras a allanar el camino hacia la paz y la reconciliación.
Principio de enfoque diferencial: el Estado realizará esfuerzos encaminados a que las medidas de
atención, asistencia y reparación, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación
y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.
Principio de participación conjunta: para la superación del estado de vulnerabilidad causado por
el hecho victimizante, es necesario que las víctimas participen en la implementación de la política
Principio de respeto mutuo: Las actuaciones de los funcionarios y las solicitudes elevadas por las
víctimas en el marco de los procedimientos derivados de esta ley, se regirán siempre por el respeto mutuo y la cordialidad. Bajo ese entendido el Estado deberá remover los obstáculos administrativos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas de atención, asistencia
Obligación de sancionar a los responsables: el Estado no se encuentra exento de la responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones.
Principio de progresividad: supone la necesidad de que el Estado adelante procesos que garanticen a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia el goce efectivo de los Derechos
Humanos en la mayor medida de lo posible e ir acrecentándolos paulatinamente.
Principio de gradualidad: implica el deber del Estado de implementar planes, programas y proyectos de manera escalonada, para que en un tiempo determinado se logre una cobertura de
atención total a las víctimas.
Principio de sostenibilidad: es deber del Estado prever los recursos suficientes para garantizar la
debida implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las
Principio de prohibición de doble reparación y de compensación: ninguna víctima podrá recibir
más de una indemnización por vía administrativa con cargo a los recursos del Estado por un mismo hecho victimizante.
Principio de complementariedad: las medidas de atención, asistencia y reparación integral se
den implementar de forma armónica.
Principio de acción de repetición y subrogación: cuando exista la necesidad de que el Estado, de
forma subsidiaria, responda por los daños causados por el hecho victimizante, este podrá iniciar
una acción de repetición para que el victimario asuma su responsabilidad patrimonial.
Componentes fundamentales de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
Las medidas a favor de las víctimas, estipuladas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, están
fundamentadas en tres pilares principales: la asistencia, la atención y la reparación. Con base en
estos, las entidades públicas y privadas encargadas de formular o ejecutar los planes, programas y
proyectos que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas (SNARIV), deben articular
esfuerzos y colaborar armónicamente en aras de garantizar los derechos a las víctimas.
MEDIDAS DE ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN EN LA LEY 1448 DE 2011
atención la acción
de dar información,
orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la
víctima, en aras de
cualificar el ejercicio de los derechos
a la verdad, la justicia y la reparación.
Es el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de
orden político, económico, social,
fiscal, entre otros, a cargo del
Estado, orientado a restablecer
la vigencia de los derechos de
las víctimas, brindarles condiciones para que puedan llevar una
vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política.
humanitaria, atención inmediata, atención
emergencia, atención humanitaria de
transición, a cargo
de las entidades territoriales y la Unidad para las Víctimas.
Salud a cargo de los
Según lo descrito en el artículo 25 de la Ley 1448 de
2011, las víctimas del conflicto armado interno en Colombia tiene derecho a:
“(…) Ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han
sufrido como consecuencia de las violaciones de
que trata el artículo 3 de la presente Ley. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de
no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas
medidas será implementada a favor de la víctima
dependiendo de la vulneración en sus derechos y
las características del hecho victimizante”
Figura 3. Atención, asistencia y reparación en la Ley 1448 de 2011. Elaboración propia.
Medidas de asistencia humanitaria
Según lo establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las medidas de asistencia humanitaria a las que tienen derecho las víctimas del conflicto armado interno en Colombia son:
▷▷ Salud: el Ministerio de Salud y Protección
Social debe garantizar que las víctimas del
conflicto armado interno en Colombia tengan acceso a servicios de salud.
▷▷ Educación: el Ministerio de Educación
Nacional debe garantizar que las víctimas del
conflicto armado interno en Colombia tengan acceso a educación.
▷▷ Orientación ocupacional: el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social deben
orientar a las víctimas del conflicto armado
interno en Colombia para que desarrollen su
▷▷ Reunificación familiar: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debe
velar porque el núcleo familiar de las víctimas
del conflicto armado interno en Colombia
permanezca unido.
▷▷ Identificación: la Registraduría Nacional
del Estado Civil y el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Ejército Nacional, deben
garantizar que todas las víctimas del conflicto armado interno en Colombia tengan su
documento de identidad y su libreta militar,
▷▷ Asistencia funeraria: esta medida está
dirigida a apoyar a familiares de víctimas del
conflicto armado que no cuenten con recursos
suficientes para sufragar los gastos funerarios.
▷▷ Indemnización por vía administrativa: esta
medida, contenida en la Ley 1448 de 2011,
debe entenderse como una compensación
monetaria que la Unidad para las Víctimas
entrega en nombre del Estado a las víctimas
del conflicto armado interno, con base en la
naturaleza y el impacto del hecho victimizante. En este sentido, dicha indemnización no
representa la totalidad de los daños sufridos
y la Unidad para las Víctimas la entrega de
acuerdo con los montos fijados en la Ley.
▷▷ Indemnización para los niños, niñas y
adolescentes: el artículo 185 de la Ley de
Víctimas y de Restitución de Tierras establece
que la indemnización administrativa para niños, niñas y adolescentes deberá efectuarse a
través de la constitución de un encargo fiduciario, que tendrá por objeto salvaguardar el
acceso de estos a la misma cuando han víctimas del conflicto armado interno, mediante
la custodia del valor total que esta comporte.
▷▷ Medidas de satisfacción: de acuerdo
con lo señalado en el artículo 139 de la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras, las medidas
de satisfacción están encaminadas a proporcionar bienestar, contribuir a la mitigación
del dolor y recuperar la dignidad de las vícti-
mas. Entre estas se encuentran:
•	Entrega de la carta de dignificación:
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas debe
entregar una carta a la víctima en la
que, tomando la vocería del Estado, le
ofrece disculpas por lo sucedido y le
indica sus derechos.
•	Solicitud de perdón público: quien
perpetró el hecho victimizante debe
ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido; también lo hará el Estado.
•	Exención o no prestación del servicio
militar obligatorio: las víctimas tienen derecho a no prestar el servicio
•	Acceso a la verdad y justicia (L.975
de 2005 / L. 1592 de 2012).
▷▷ Medidas de rehabilitación: su implementación está a cargo del Ministerio
de Salud de y Protección Social y son el
conjunto de estrategias, planes y acciones dirigidos al restablecimiento de las
condiciones físicas y psicosociales de las
▷▷ Medidas de restitución: son aquellas
que buscan restablecer el goce efectivos
de derechos perdidos a causa del conflicto. Tales medidas son:
•	Restitución en materia de créditos y
pasivos: a través de la circular externa 021 de 2012, la Superintendencia
Financiera emitió una directriz a las
entidades financieras con el fin de
que se otorgue categoría de riesgo
especial a las víctimas del conflicto ar-
mado interno en Colombia que, con
ocasión del hecho victimizante, incurrieron en mora; en consecuencia, deben aplicarles líneas de redescuento
o re-financiación de su obligación, sin
que esto genere un reporte negativo
en las centrales de riesgo.
•	Restitución de tierras: esta tarea se
encuentra a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y busca que las víctimas a las que se les ha
despojado de sus predios, los puedan
•	Restitución de vivienda: el proceso
de restitución de vivienda rural y urbana está a cargo de las entidades
territoriales, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. Esta
medida busca que las víctimas del
conflicto armado interno en Colombia puedan acceder a vivienda propia.
•	Restitución de carrera administrativa: esta medida busca que las víctimas que tenían empleo en una carrera administrativa y lo perdieron a
causa del hecho victimizante, lo recuperen. En este mismo sentido, en caso
de que una víctima en las condiciones
descritas se encuentre concursando
por un empleo y se presente un empate para la ocupación del cargo público, esta debe tener prelación.
Adicionalmente, y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las
garantías de no repetición son medidas que buscan garantizar la no repetición de los hechos que
generaron la victimización. Para esto, el Estado adelanta un conjunto de acciones como:
▷▷ Programas de prevención y protección
▷▷ Desmantelamiento de los grupos armados
▷▷ Negociaciones con los actores armados para lograr un proceso de paz
▷▷ Socialización de los derechos de las víctimas
▷▷ Educación como estrategia para la acción y la no repetición de los hechos
Su naturaleza jurídica es el artículo 54 de la Ley 975 de 2005, donde se señala que este fondo es
una cuenta especial con personería jurídica y que estará integrado por todos los bienes o recursos
que a cualquier título se entregue por las personas o grupos armados organizados ilegales. Hoy,
este fondo es administrado por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas – Dirección de Reparación.
Foto: Vereda El Pescado, Municipio de Briceño, Antioquia, 23 de mayo de 2013 por: Ocha Colombia. https://www.flickr.com/photos/dkmelo/8114890462/
En el video Ley de Víctimas como
una oportunidad histórica encontramos algunas características de la Ley
1448 de 2011 que se mencionaron
en el apartado anterior, así como la
definición de quiénes se consideran
víctimas y algunas acciones relacionadas, que se ampliarán más adelante.
https://www.youtube.com/watch?v=RUqReqq5z5s
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de
la Ley 1448 de 2011 y lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-052 de 2012 y
C-253 de 2012, se consideran víctimas:
◉◉ Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido violaciones a los Derechos
Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, como consecuencia del conflicto armado interno, por hechos ocurridos a partir
del 1 de enero de 1985.
◉◉ El cónyuge, compañero o compañera per-
◉◉ Las víctimas de agentes del Estado, en el
marco del conflicto armado interno en Colombia.
◉◉ Las personas que hayan sufrido un daño al
intervenir para asistir a la víctima en peligro
o para prevenir la victimización.
◉◉ Las niñas, niños y adolescentes concebidos
como consecuencia de una violación sexual
con ocasión del conflicto armado interno.
◉◉ Los miembros de la Fuerza Pública bajo cualquiera de los presupuestos anteriores.
De acuerdo con lo señalado en la Ley 1448 de
2011, las víctimas tienen derecho a:
manente, parejas del mismo sexo, padres e
hijos, en los casos de muerte o desaparición
forzada de la víctima directa. A falta de estas,
lo serán los abuelos y las “personas que hubieren sufrido un daño” (C-052/12).
◉◉ Conocer la verdad, que se haga justicia y a
◉◉ La esposa o esposo, compañera o compañe-
◉◉ Recibir ayuda humanitaria mientras sean
ro o parientes de los miembros de los grupos
armados al margen de la ley son considera-
dos víctimas directas únicamente por los daños sufridos en sus derechos.
ser reparadas de manera integral.
◉◉ Participar en escenarios de diálogo institucional y comunitario.
◉◉ Participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública.
◉◉ Que se les trate con enfoque diferencial, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 13 de
◉◉ Reunificación familiar, cuando el hecho victimizante haya roto el tejido familiar.
◉◉ Retornar o reubicarse en condiciones voluntarias, seguras y dignas, cuando hayan sido
desplazadas de manera forzada.
◉◉ La restitución de la tierra, cuando hayan sido
despojadas de su terreno o casa.
◉◉ Recibir información sobre las rutas y los medios de acceso a la Ley.
◉◉ Conocer el estado de los procesos judiciales
y administrativos en trámite.
◉◉ A vivir libres de violencia, en especial las mujeres.
tancias de tiempo, modo y lugar en las que se
dieron los hechos victimizantes.
Este registro es administrado por la Subdirección
de la Red Nacional de Información de la UARIV,
y hoy cuenta con 8.040.7482 víctimas incluidas.
Es importante resaltar que una persona adquiere la calidad de víctima por situaciones de
hecho y no por estar incluida en el registro. La
etapa administrativa, regulada por el Decreto
4829 de 2011, es tan solo un requisito formal y,
en este sentido, no constituye derechos. Sobre
este punto, la Corte Constitucional ha señalado
El registro no puede entenderse como
el acto constitutivo de la condición de
víctima, sino un acto declarativo de
carácter administrativo que permite
el acceso de las víctimas a los beneficios de la ley, no siendo por tanto
un instrumento por medio del cual
se constituya una calidad, como la de
víctima, sino por medio del cual se declara administrativamente tal calidad,
como requisito formal para el acceso
efectivo, organizado y eficaz de las
víctimas a los beneficios que plantea
el derecho fundamental a la reparación integral. (Corte Constitucional,
Sentencia C-715, 2012).
¿Cómo se inicia una solicitud de reparación integral?
La solicitud de inscripción en el Registro Único
de Víctimas es una declaración que deben realizar todas aquellas personas que se consideren
víctimas del conflicto armado en Colombia. En
esta declaración deberán brindar toda la información requerida en el formato diseñado para
tal fin y contar de manera detallada las circuns-
De acuerdo con lo consagrado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se debe presentar
una solicitud ante cualquiera de las entidades
que conforman el Ministerio Público (Defensoría
del Pueblo, Personerías Municipales y Procuraduría General de la Nación) para ser incluido en
el Registro Único de Víctimas. Para ello, la persona solicitante deberá rendir una declaración
1. El hecho victimizante está constituido por el daño
causado por la conducta delictiva ejecutada por un
grupo armado ilegal.
2. información extraída del siguiente enlace:
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/inicio, consultado el 31 de mayo de 2016.
sobre los hechos que la convirtieron en víctima.
1448 de 2011?
Las víctimas que vivan en el exterior, podrán
Sí. Los miembros de la Fuerza Pública pueden ser
considerados víctimas “por infracciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto
armado interno”. Por tanto, serán incluidos en
el Registro Único de Víctimas y accederán a las
medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Sin embargo, su reparación corresponde a
lo establecido en el régimen especial que cobija
a la Fuerza Pública.
presentar la solicitud ante la embajada o
consulado colombiano en el país en que se
Los casos en que el declarante sea menor de
edad, deberá convocarse al representante legal
o, en su defecto, al ICBF.
Plazos para declarar la condición de víctima en
el marco del conflicto armado interno en Colombia
De acuerdo con lo descrito en la Ley 1448 de
2011, las personas que se consideran víctimas del conflicto armado interno en
Colombia, por hechos ocurridos entre el 1 de enero
de 1985 y el 9 de junio de
2011, tenían plazo para
declarar hasta el 10 junio de 2015. Asimismo,
quienes son víctimas por
hechos ocurridos después
del 10 de junio de 2011, tienen
hasta 2 años para declarar, contados a
partir de la ocurrencia del hecho victimizante.
Luego de que la persona ha realizado la declaración ante cualquiera de las entidades del Ministerio Público, la UARIV cuenta con 60 días hábiles
para estudiar la solicitud y tomar una decisión,
contra la cual prodecen los recursos de reposición y en subsidio el de apelación.
¿Los miembros de la Fuerza Pública pueden ser
considerados víctimas en el marco de la Ley
Para el caso de miembros de la Fuerza Pública
que se encontraran fuera de su ejercicio (de permiso, vacaciones, etc.), Aplicarán todas las
medidas de asistencia, atención y reparación que cubren a la población
Por otra parte, si un
integrante de la Fuerza Pública falleciera
o fuera desaparecido
“como consecuencia
de los actos ejecutados por algún miembro de
los grupos armados organizados al
margen de la ley” (Corte Constitucional,
Sentencia C-911, 2013), sus familiares serán
considerados como víctimas (cónyuge, compañero o compañera permanente, familiares en
primer grado de consanguinidad).
Sabías que: ¿Es obligatorio que las víctimas del
conflicto armado presten el servicio militar?
No. De conformidad con el Articulo 140 de la Ley 1448
del 2011 están:
[…] Exentas de prestar servicio militar,
sin prejuicio de la obligación a inscri-
birse y adelantar los demás trámites
correspondientes para resolver su situación militar por un lapso de cinco
(5) años contados a partir de la fecha
de la promulgación de la ley o de la
ocurrencia del hecho victimizante, los
cuales estarán exentos de cualquier
pago de la cuota de compensación
La Constitución Política, en su artículo 13, establece que “el Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado como sujetos de especial protección a los
niños y niñas, a las madres cabeza de familia, a
las personas en situación de discapacidad, a la
población desplazada, a los adultos mayores, y
todas aquellas personas que, por su situación de
debilidad manifiesta, se ubican en una posición
de desigualdad material con respecto al resto de
la población. Para la Corte, las condiciones de
debilidad manifiesta obligan a un tratamiento
preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a
fin de garantizar la igualdad material a través
de discriminaciones afirmativas a favor de estos
Dado que las poblaciones indígena, afrodescendiente y Rrom son consideradas víctimas permanentes de las graves y manifiestas violaciones a
sus derechos ancestrales, humanos y fundamentales y de las infracciones al DIH cometidas en el
marco del conflicto armado colombiano, el Presidente, haciendo uso de sus facultades constitucionales, expidió los decretos 4633,4634,4635.
Dichos decretos surgen dado que los pueblos
indígenas, las comunidades afrodescendientes
y Rrom o gitanos, expresaron su interés en la
expedición de una normatividad que beneficie
a todas las víctimas de la Nación, indígenas y no
indígenas. De manera respetuosa y haciendo
Establece medidas específicas de asistencia, atención,
reparación integral y restitución de derechos territoriales para las comunidades
negras, afrocolombianas,
Foto: embera welcome. Por : Pasujoba
Foto: Gipsy Caravan. Por : Cinty Lonescu
Establece medidas específicas de asistencia,
atención, reparación
integral y restitución
de tierras a lasvíctimas
pertenecientes a pueblos Rrom.
https://www.flickr.com/photos/energeticspell/3833360214/
Convertida al blanco y negro
Foto: Happiness Por : Andreas Philipp
atención, reparación integral y restitución de
para las comunidades y
https://www.flickr.com/photos/quimbaya/11951944936/
https://www.flickr.com/photos/pasujoba44/3205874285/
DECRETOS REGLAMENTARIOS CON FUERZA DE LEY DEL 9 DE DICIEMBRE 2011
uso del derecho fundamental a la consulta previa, propusieron que se emitieran estos decretos
para permitir la continuidad del trámite legislativo de la Ley 1448 de 2011, pero garantizando simultáneamente la efectiva y pronta expedición
de una normatividad diferenciada para pueblos
¿Cuáles hechos victimizantes se han presentado en Colombia como consecuencia del
conflicto armado interno?
En la Sentencia de la Corte Constitucional C-781
de 2012 se mencionan algunos de los hechos
victimizantes que se han presentado como consecuencia del conflicto armado en nuestro país.
A continuación, se presenta un listado de los
▷▷ Homicidio
▷▷ Secuestro
▷▷ Desaparición forzada
▷▷ Tortura
▷▷ Delitos contra la libertad
▷▷ Integridad sexual y violencia de género
▷▷ Minas antipersonales
▷▷ Vinculación de niñas, niños y adolescentes
▷▷ Actos terroristas
▷▷ Abandono o despojo forzado de tierras
▷▷ Desplazamiento forzado
Ahora bien, es importante tener en cuenta la
aclaración que hace la Corte en esta sentencia:
Si bien algunos de estos hechos también pueden ocurrir sin relación alguna con el conflicto armado, para
determinar quiénes son víctimas por
hechos ocurridos en el contexto del
conflicto armado interno, la jurisprudencia ha señalado que es necesario
examinar en cada caso concreto si
existe una relación cercana y suficiente con el conflicto armado interno. (Corte Constitucional, Sentencia
C-781, 2012)
¿Qué es el SNARIV?
Este sistema es un
[…] conjunto de entidades públicas
del nivel gubernamental y estatal en
Figura 3. Funciones del SNARIV.
los órdenes nacional y territorial y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de
formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la
atención y reparación integral de las víctimas. (UARIV, recuperado de http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/acerca-de-la-unidad/SNARIV)
¿Cómo opera el SNARIV?
El artículo 162 de la Ley 1448 de 2011 reza:
El Sistema contará con dos instancias en el orden nacional: el Comité Ejecutivo para la Atención
y Reparación a las Víctimas, el cual diseñará y adoptará la política pública en materia de atención, asistencia y reparación a víctimas en coordinación con el organismo a que se refiere el
artículo siguiente y una Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas que coordinará la ejecución de esta política pública.
En el orden territorial, el Sistema contará con los comités territoriales de justicia transicional,
creados por los gobernadores y alcaldes distritales y municipales.
Para efectos de la coordinación a nivel territorial,
los departamentos o municipios pueden crear
subcomités o mesas de trabajo, donde se trabajarán temas específicos, por ejemplo, la restitución
de tierras, la prevención y la protección. (Numeral
11, art. 252 del Decreto 4800 del 2011).
De acuerdo con lo señalado en los artículos 159 y
Tierras, el SNARIV está conformado por las entidades que se listan a continuación.
A nivel nacional, la cuales son coordinadas por la
Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas y dirigidas
por el Comité Ejecutivo, el cual lidera el Presidente de la República, se encuentran:
▷▷ El Ministerio del Interior
▷▷ El Ministerio de Cultura
▷▷ El Departamento Nacional de Planeación
▷▷ La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
▷▷ La Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas
▷▷ La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
▷▷ La Fiscalía General de la Nación
▷▷ La Defensoría del Pueblo
▷▷ La Registraduría Nacional del Estado Civil
▷▷ El Consejo Superior de la Judicatura - Sala
Administrativa (sic)
▷▷ El Ministerio de Justicia
▷▷ La Policía Nacional
▷▷ El Ministerio de Relaciones Exteriores
▷▷ El Servicio Nacional de Aprendizaje
▷▷ El Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
▷▷ EI Instituto Colombiano de Crédito y Estu-
▷▷ El Ministerio de Defensa Nacional
▷▷ El Ministerio de Agricultura y Desarrollo
▷▷ El Ministerio de la Protección Social
▷▷ El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
▷▷ El Ministerio de Educación Nacional
▷▷ El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
▷▷ El Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones
dios Técnicos en el Exterior
▷▷ El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
▷▷ El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
▷▷ El Archivo General de la Nación
▷▷ El Instituto Nacional de Medicina Legal y
▷▷ El Instituto Geográfico Agustín Codazzi
▷▷ La Superintendencia de Notariado y Registro
▷▷ El Banco de Comercio Exterior
▷▷ El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
▷▷ Las demás organizaciones públicas o privadas que participen en las diferentes acciones de
atención y reparación en el marco de la presente ley
▷▷ La Mesa de Participación de Víctimas del nivel nacional, de acuerdo al Título VIII
A nivel territorial, las cuales son dirigidas por los comités territoriales de justicia transicional respectivos, de los cuales hace parte importante el Ejército Nacional, dado que es en este espacio donde se
emiten los conceptos de seguridad para el retorno de las víctimas, se encuentran conformados por:
▷▷ Los departamentos, distritos y municipios
▷▷ Las entidades descentralizadas funcionalmente o por servicios con funciones y competencias
para la atención y reparación a las víctimas a que se refiere esta ley
▷▷ La Mesa de Participación de Víctimas del respectivo nivel, según lo estipula el Título VIII de la
También hacen parte del SNARIV los siguientes programas:
▷▷ Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersonales
▷▷ Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
¿Qué se desarrollará en esta
En esta Unidad se definirá qué es el proceso de
restitución de tierras, se expondrán algunas de
sus características y los principios que la guían.
La intención del curso es que el estudiante se
familiarice con algunas figuras centrales y representativas en este proceso. Se identificará,
entonces, quiénes son los beneficiarios (titulares) de la Restitución, la relación que las víctimas
hubieren tenido con el predio y la modalidad de
despojo o abandono que dio lugar a la vulneración de sus derechos, la institución que lidera el
proceso de Restitución. En la Unidad se presentará la Ruta del proceso de Restitución de Tierras
en la que el estudiante, en la plataforma virtual, podrá profundizar en cada una de las etapas del proceso que tiene como característica
principal, ser un procedimiento mixto que se
desarrolla en dos grandes etapas: una administrativa y otra judicial. Se expondrá, de manera
particular, algunos instrumentos fundamentales para su desarrollo: la macrofocalización, la
microfocalización y el Registro Único de Tierras
Presuntamente Despojadas y Abandonadas
Forzosamente (RTDAF).
Identificar los conceptos y el procedimiento
que se lleva a cabo en la restitución de tierras.
El derecho fundamental a la restitución de tierras es el que tienen las personas que han sido víctimas del conflicto armado, y que como consecuencia del mismo perdieron su relación jurídica
con el predio, bien sea, como propietario, poseedor y ocupante a causa de abandono o despojo
de las tierras (Art. 105, Ley 1448 de 2011).
¿Quién lidera proceso de restitución
ESPECIAL DE GESTIÓN DE
DESPOJADAS Y ABANDONADAS
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 103
de la Ley 1448 de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas y Abandonadas –también conoci-
da como la Unidad de Restitución de Tierras o
UAEGRTD– es una entidad estatal creada por
el término de 10 años y que está adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ade-
más, es independiente y autónoma en cuanto
a las cuestiones administrativas, de personería
jurídica y de patrimonio. Tiene como propósito
“servir de órgano administrativo del Gobierno
Nacional para la restitución de tierras de los
despojados” (Artículo 104, Ley 1448, 2011).
Para el cumplimiento de su objetivo la Unidad
de Restitución de Tierras tiene como principales funciones las siguientes:
Preferente: La restitución de tierras, prevalece
sobre cualquier otra medida de reparación integral para las víctimas y debe estar acompañada de acciones de apoyo postrestitución (Corte
▷▷ Diseñar y administrar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (art. 105, Ley 1448 de 2011).
Constitucional, C-715 de 2012, No. 1 art. 73 Ley
1448 de 2011).
▷▷ Incluir en el registro las tierras despojadas y abandonadas forzosamente y certificar su inscripción en el registro (art.
105, Ley 1448 de 2011).
un derecho en sí mismo. Esto quiere decir que
es independiente de que las víctimas decidan
retornar o no. (Manual sobre la Restitución de las
Viviendas y el Patrimonio de Refugiados y Personas Desplazadas, p27. No. 4 art. 73 Ley 1448 de
▷▷ Recolectar las pruebas que demuestren
los hechos que originaron el despojo o
abandono (art. 105, Ley 1448 de 2011).
▷▷ Identificar física y jurídicamente los predios solicitados en restitución.
▷▷ Tramitar ante las autoridades competentes los procesos de restitución de
predios de los despojados o de formalización de predios abandonados en
nombre de los titulares de la acción, en
los casos previstos en esta ley (art. 105,
Ley 1448 de 2011).
▷▷ Formular y ejecutar programas de alivios de pasivos asociados a los predios
restituidos y formalizados (art. 105, Ley
1448 de 2011)
Independencia: la restitución de las tierras es
Progresividad: se dirige a la forma en la que
se debe dar la implementación de las políticas
consagradas en la Ley de Víctimas. Las medidas
prestacionales que buscan garantizar los derechos y el proyecto de vida de las víctimas, deben
ser implementadas de manera gradual de tal
suerte que a medida de que pase el tiempo haya
cada vez mayor cobertura. Lo anterior, con el fin
de que la prestación de las garantías, incluyan a
la totalidad de las víctimas (No. 3 art. 73 Ley 1448
Estabilización: las víctimas del conflicto armado
interno tienen derecho al retorno o reubicación
voluntaria, en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad (Corte Constitucional, C-715
de 2012, No. 4 art. 73 Ley 1448 de 2011).
Seguridad jurídica: las medidas de restitución deben buscar garantizar la seguridad jurídica de la restitución y el esclarecimiento de
la situación de los predios. Para el efecto, se
procurará la titulación de la propiedad como
medida de restitución, considerando la relación jurídica que tenían las víctimas con los
predios objeto de restitución o compensación
(No. 5 art. 73 Ley 1448 de 2011). Ello favorece
a que quienes se encontraban en la informalidad respecto a su tierra adquieran la calidad
de propietarios y, en consecuencia, accedan a
nuevos beneficios, como aquellos que otorga
el sistema financiero. Esto también significa
que deberán resolverse los litigios o controversias que existan respecto del bien solicitado en
Foto: campesina_boyacense por: Gustavo Martinez. https://www.flickr.com/photos/tttavo/4565158746/
Prevención: el Estado debe articular esfuer-
zos para prevenir el desplazamiento forzado
y proteger la vida, la integridad personal y los
bienes de los solicitantes de restitución de tierras (No. 6 art. 73 Ley 1448 de 2011).
Para poder solicitar restitución de tierras, se deben tener en cuenta varios aspectos, que se enlistan a continuación:
Participación: en lo referente a retorno o reubicación se debe contar con la participación de
las víctimas (No. 7 art. 73 Ley 1448 de 2011).
Prevalencia: corresponde a las autoridades
judiciales restituir prioritariamente a las víctimas más vulnerables y a aquellas que tengan
un vínculo con la tierra que sea objeto de especial protección (No. 8 art. 73 Ley 1448 de 2011).
Los hechos victimizantes que
originaron el despojo o abandono debieron haber ocurrido entre el 1 de enero de 1991 y la vigencia de la ley (Corte Constitucional, C-250 de
2012. art. 75, Ley 1448 de 2011).
2. CALIDAD DE VÍCTIMA: Los solicitantes deben ser
víctimas de graves violaciones a los Derechos
Humanos e infracciones al Derecho Internacional humanitario en el marco del conflicto armado (art. 75, Ley 1448 de 2011)
3. RELACIÓN JURÍDICA: la Ley protege a las personas
que fueran propietarias, poseedoras u ocupantes
(Corte Constitucional, C-715 de 2012. art. 75, Ley
¿Quiénes son propietarios?
Se considera propietaria a toda persona que tenga una escritura pública, una resolución del INCORA, INCODER, o quien haga sus veces, o una
sentencia de un Juez. Cualquiera de estos documentos debe estar registrado ante las oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos. Esto quiere
decir que, para que alguien sea contado como
propietario, debe cumplir con dos requisitos: tener un título y registrarlo (art. 669 y 765, Código
¿Quiénes son poseedores?
Son aquellas personas que actúan como señores
y dueños de un predio de manera pública, pacífica e ininterrumpida (art. 762, Código Civil). Se
diferencian de los propietarios porque i) pueden
tener título y no haberlo registrado ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, o ii)
porque sin tenerlo deben adquirirlo por medio
de la declaración de una sentencia judicial.
En este caso, la posesión puede demostrarse
mediante el pago de servicios e impuesto predial o construcción de mejoras (por ejemplo,
cercas o siembra de cultivos). También son útiles
la carta-venta, el contrato de compraventa, los
testimonios de los vecinos –que han sido testigos del tiempo de la posesión del predio–, los
contratos de arrendamiento en que el poseedor
obre como arrendador o cualquier otro que sirva
para demostrar la relación jurídica con el bien
(Unidad de Restitución de Tierras, página web).
Esto se puede probar con el certificado de tradición y libertad que es entregado por la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos donde se
encuentra inscrito el inmueble, el cual aparecerá
a nombre de su propietario, si este cumple con
los requisitos (Unidad de Restitución de Tierras,
¿Quiénes son ocupantes?
testigos y documentos que puedan servir para
demostrar la ocupación (Unidad de Restitución
de Tierras, página web).
De igual forma, la ocupación debe haberse hecho
de manera personal; no vale la explotación que se
haya hecho por medio de otras personas.
¿Quiénes son tenedores y a qué
tienen derecho?
Son tenedores las personas
Son las personas que viven o explotan directamente un terreno baldío. Los terrenos baldíos
son aquellos que pertenecen a la Nación, razón
por la cual el Estado, a través del INCODER o
quien haga sus veces, puede adjudicarlos a las
personas que cumplan con los siguientes requisitos, establecidos en la Ley 160 de 1994:
▷▷ Haber ocupado el predio por un lapso no
inferior a 5 años. Ej. Si una persona llevaba tres años de ocupando el predio y se
desplaza se sumara el tiempo posterior al
desplazamiento para cumplir este requisito.
▷▷ Haberlo explotado económicamente por
un término igual al anterior.
▷▷ La explotación de los predios debe corresponder a la aptitud del suelo.
▷▷ Qué el solicitante no sea propietario o
poseedor de títulos de otros predios rurales en Colombia.
La ocupación puede demostrarse con recibos de
pago de servicios, facturas de compra de insumos, carta-ventas o por medio de otro tipo de
pruebas dirigidas a indicar la explotación del
terreno. También son útiles los testimonios de
“que usan y explotan un bien, reconociendo el dominio del predio en cabeza de otra persona, por ejemplo se reconoce como tenedor al arrendatario,
aedianero o aparcero.
Lo dicho se aplica generalmente a
todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno”. (Artículo 775,
Teniendo en cuenta lo anterior, la restitución de
tierras en el caso de los tenedores no es procedente, ya que ellos no están reclamando un
derecho propio; siempre reconocieron que es
otra persona natural o jurídica la que tiene la
propiedad o la posesión de ese bien. En este
caso, solo procede el retorno (por esto, los tenedores deben acudir a la UARIV para activar
la ruta de retorno), además de la indemnización, y otras medidas de reparación contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Corte Constitucional, Sentencia C-715, 2012).
Aparte de los titulares, ¿quiénes
pueden solicitar restitución?
La Ley 1448 de 2011 también tiene en cuenta
a los legitimados, a saber, personas a las que se
les reconoce y protege un derecho, las cuales se
▷▷ Cónyuge, compañero o compañera permanente con quien se convivía al momento en que ocurrieron los hechos o
amenazas que llevaron al despojo o al
abandono forzado (art. 81, Ley 1448 de
▷▷ Los llamados a sucederlos, cuando estos
hubieran fallecido. Si estos son menores
de edad o se trata de incapaces, o dependían económicamente del despojado, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas actuará en su nombre y a su favor
(art. 81, Ley 1448 de 2011).
▷▷ Los titulares de la acción podrán solicitar
a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Tierras Despojadas que ejerza la acción en su nombre y a su favor
▷▷ Un abogado que tenga un poder otorgado por la víctima (art. 83, Ley 1448 de
Vulneración de derechos respecto a la
tierra: Despojo y abandono forzado
En este punto queremos dar a conocer los conceptos de aquellas afectaciones que sufrieron las
víctimas en su patrimonio
¿Qué es el abandono de tierras?
“Es la situación temporal o permanente a la que se ve enfrentada una persona forzada a desplazarse, razón por
la cual no puede ejercer la administración, explotación y contacto directo
con los predios que debió dejar en su
desplazamiento durante el período
establecido en el artículo 75” (Art. 74,
Ley 1448, 2011).
¿Qué es el despojo de tierras?
“Es la acción por medio de la cual a una
persona se le priva arbitrariamente de
su propiedad, posesión, ocupación,
tenencia o cualquier otro derecho que
ejerza sobre un predio; ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, actuación administrativa, actuación judicial
o por medio de algunas acciones tipificadas en el ordenamiento penal y
aprovechándose del contexto del conflicto armado”. (Art. 74, Ley
Despojo de hecho o material: se configura cuando se vulnera el
derecho de propiedad, posesión u ocupación de una persona, por la utilización de mecanismos ilegales, por ejemplo, en el caso de que un grupo
al margen de la ley ocupe el bien de manera arbitraria.
Despojo mediante venta forzada: se da cuando se efectúa la
compraventa de una propiedad bajo presión, amenaza o ausencia de
consentimiento entre las partes. Como consecuencia, la persona despojada pierde su relación jurídica y material con el predio.
Despojo por venta falsa o título fraudulento: ocurre cuando se
falsifica la firma de la víctima en un documento, por ejemplo en un poder
mediante el cual la persona supuestamente autorizó a alguien para que
vendiera su tierra. En este caso, el propietario desconoce la realización de
la venta y, en consecuencia, tampoco recibe ganancias sobre la misma.
Dicho documento falso se presenta ante el notario y este emite una
escritura pública contraria a derecho.
Despojo por sentencia judicial: se da cuando se despoja de
la tierra a una persona como consecuencia de una sentencia judicial,
emitida por un juez de la República. Esta situación puede presentarse
por actos de corrupción o porque se aportaron documentos falsos
sobre los cuales se basó la decisión del juez.
Despojo por acto administrativo: ocurre cuando una entidad
estatal emite un acto administrativo en el que a una persona se le
retiran los derechos de propiedad sobre un predio. Esta situación puede
presentarse porque, al momento de la ejecución del acto administrativo,
no se respetó el debido proceso, hubo actos de corrupción o se aportaron
Despojo por venta a bajo precio o irrisorio: esta situación
existe cuando una persona se ve obligada a vender su propiedad a
muy bajo precio, a causa del contexto de violencia en la zona o porque
es amenazada por algún grupo violento para que lo haga. En ambas
situaciones se presenta un caso de injusticia que jurídicamente se
conoce como lesión enorme, la cual se da cuando la venta de un predio
se hace por menos del 50% de su valor real.
Es muy importante que el personal del Ejército
Nacional conozca el paso a paso de la ruta de
restitución de tierras abandonadas y despojadas
dado que la institución tiene funciones específicas durante todo el proceso. La restitución sin
garantías de seguridad no sería sostenible y no
garantizaría por completo el derecho de retorno
El proceso de restitución de tierras está compuesto principalmente por dos grandes etapas: la administrativa y la judicial.
La etapa administrativa está en cabeza de la Unidad de Restitución de Tierras e implica una labor
de recaudo de información tendiente a:
1.	identificar y caracterizar a las personas que reclaman la restitución.
2.	identificar física y jurídica del predio solicitado.
3.	determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acompañaron el posible despojo o abandono forzado, es decir, en esta etapa
se busca recoger información que establezca
cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos
dieron pie al abandono o al despojo.
Esta primera etapa inicia con la Solicitud de Inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y termina con un acto administrativo que contiene la decisión de inscribir o
no el predio en dicho Registro. Solamente si el predio queda inscrito en el Registro se puede pasar a
la segunda etapa, la etapa judicial.
La etapa judicial, por su parte, está en cabeza del
Juez de Restitución de Tierras y en ella, los jueces
y magistrados especializados en restitución de tierras son quienes finalmente toman la decisión de
restituir o no la tierra, luego de haber adelantado
un proceso para tener pleno convencimiento de la
procedencia o no del derecho a la restitución. En la
etapa judicial, entonces:
1.	se realiza la entrega jurídica y material del predio a las víctimas.
2.	de ser necesario, se establecen las compensaciones a favor de quienes, de buena fe, adquirieron, poseyeron u ocuparon las tierras con
posterioridad al despojo o al abandono forzado.
3.	se formaliza la tenencia de la tierra cuando ello
Veamos entonces cuál es la Ruta que debe seguir
una víctima para lograr que se le restituya su predio,
es decir, los pasos necesarios para que un juez haga
la entrega jurídica y material del bien restituido.
Se debe tener presente a las
personas interesadas, que el
del proceso de restitución de
tierras es gratuito.
Esta etapa tiene como objetivo la inscripción
de los predios, objeto de la solicitud de restitución, en el Registro Único de Tierras Despojadas
y Abandonas Forzosamente (RTDAF). La etapa
administrativa implica recorrer los siguientes pasos:
ocurrencia del despojo o abandono. Es
decir, cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos. (artículo 2.15.1.3.1. del
Decreto 4829 de 2011)
Una vez se hace la solicitud, la Unidad de Res-
El proceso de Restitución de Tierras inicia con la
solicitud de inscripción en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas.
El trámite de inscripción en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas lo puede hacer la
parte interesada, es decir la víctima que pretende ser restituida la solicita, o la misma la Unidad
de Restitución de Tierras de oficio (art. 76, Ley
1448 de 2011). Esta solicitud se debe hacer ante
cualquier Dirección Territorial de Restitución de
Tierras y debe tener como mínimo:
▷▷ La identificación precisa del predio, de las
personas que fueron despojadas de sus
tierras u obligadas a abandonarlas, y de
la relación jurídica de éstas con el predio.
▷▷ Identificación de la persona que solicita
el registro, incluyendo copia de la Cédula
y su huella dactilar.
▷▷ Las circunstancias de modo, tiempo y
lugar previas, durante y posteriores a la
titución de Tierras cuenta con veinte (20) días
para adelantar el análisis previo. En el análisis
previo la Unidad de Restitución de Tierras hace
un sondeo preliminar en el que revisa si se
cumplen los requisitos del art. 71 y 81 de la Ley
de Restitución de Tierras, es decir, que el reclamante sea víctima del conflicto armado, así no
esté inscrito en el Registro Único de Víctimas, y
que esté legitimado para hacer la solicitud.
Con la expedición del Decreto 440 de 2016, la
(en adelante URT) podrá obviar el análisis previo cuando junto con la solicitud de inscripción en el registro existan pruebas concluyentes respecto
de la titularidad del derecho a la restitución.
El análisis previo contara con un término de
20 días contados a partir de la firmeza del acto
administrativo por el cual se crea la micro focalización. (Artículo 2.15.1 decreto 1071 de
2015- modificado por el decreto 440 de 2016
artículo 1)Por ello para que empiece a contar
el término para realizar el Análisis Previo, es necesario que los predios sujetos a la restitución,
y sobre los cuales hay solicitud de Registro, se
encuentren Microfocalizados.
La microfocalización es una herramienta para
definir las áreas geográficas del territorio nacional de menor extensión (municipios, veredas,
predios), donde se adelantarán el procedimiento administrativo especial de inscripción de los
predios en el Registro de Tierras Despojadas y
abandonadas Forzosamente. Esta labor aunque es asumida por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, cuenta, de manera previa, con la
participación del Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente -COLR-, en la cual la
Fuerza Pública tiene un papel principal (artículo
2.15.1.2.4. del decreto 1071 de 2015- modificado
por el decreto 440 de 2016 artículo 1 parágrafo).
En el COLR se determina si la zona de menor extensión cuenta con las condiciones de seguridad
necesarias para que se presente la restitución de
los predios, o si se trata de zonas de alta complejidad donde ello aún no es posible.
¿ESTÁ SU TERRITORIO DENTRO DE LAS ZONAS MICROFOCALIZADAS?
En este enlace se pueden conocer las zonas
microfocalizadas: https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/mapa-de-microzonas
Inicialmente, antes de que una zona se microfocalizara, era necesario que la zona de mayor
extensión de la que se encontraba la zona a microfocalizar, fuera macrofocalizada. Es decir, que
sobre esa zona de mayor extensión se determinara que era viable, desde el punto de vista de
seguridad, adelantar el proceso de restitución
de tierras. Sin embargo en la actualidad no es
necesario surtir este paso en la medida en que
la totalidad del territorio nacional se encuentra
macrofocalizado. Así lo anunciaron el Ministerio
de Defensa Nacional y la Unidad de Restitución
de Tierras en comunicado de prensa de abril de
La macrofocalización era el instrumento usado
para organizar la implementación de la política
de restitución, que servía para definir las áreas
geográficas del país de mayor extensión (departamentos o regiones), en las cuales, de manera
conjunta el Ministerio de Defensa Nacional y
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el cual junto con la asesoría del Director
de la Unidad de Restitución de Tierras o sus
delegados, determinaban la viabilidad de la
implementación del registro, de acuerdo al
concepto de seguridad suministrado por el
CI2RT: Centro Integrado de Inteligencia para
la restitución de tierras (artículo 2.15.1.2.4. Decreto 1071 de 2015- modificado por el artículo 1
del decreto 440 de 2016).
Así, la Unidad de Restitución de Tierras cuenta
con 20 días para que realizada la solicitud de
inscripción, y microfocalizada la zona donde se
encuentra el predio, haga el Análisis Previo. En
el análisis previo, como ya habíamos dicho, se
hace un sondeo preliminar en el que revisa si
el reclamante es en efecto víctima del conflicto
armado, así no esté inscrito en el Registro Único
de Víctimas, y que esté legitimado para hacer la
Después de ello, y valorado el material probatorio recaudado en el desarrollo del trámite administrativo, la Unidad de Restitución de Tierras
decidirá si inscribe o no el predio en el Registro
de Tierras Despojadas. Sí decide afirmativamente, emitirá un acto administrativo, es decir, la Resolución de Inscripción en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas y ordenara la cancelación de la medida publicitaria solicitada en el
inicio de estudio, y a su vez, requerirá a la oficina
de instrumentos públicos registrar la decisión de
inscripción del predio el Registro de Tierras (Artículo 2.15.1.4.5. Decreto 1071 de 2015 modificado por el artículo 1 Decreto 440 de 2016).
Realizado el Análisis Previo, y habiendo concluido
que la solicitud cumple con los requisitos previstos en el art. 71 y 81 de la ley 1448 de 2011, la Unidad de Restitución de Tierras dará Inicio Formal
de Estudio. En esta etapa la URT expide un acto
administrativo en el cual describe los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el inicio
del trámite administrativo, así mismo, ordena la
inscripción de la medida de protección del predio en folio de matrícula con carácter preventivo
y publicitario. Por otra parte, ordena comunicar
el acto administrativo al propietario, poseedor
u ocupante que se encuentren en el predio, con
el objetivo de garantizar el debido proceso, para
que en el término de 10 días presente las pruebas que acrediten la relación jurídica con el predio
(Artículo 2.15.1.4.1.Decreto 1071 de 2015 modificado por el artículo 1Decreto 440 de 2016).
ETAPA PROBATORIA EN FASE
Cabe tener presente que con la expedición del
Decreto 440 de 2016, la etapa probatoria del
proceso de restitución deja de estar delimitada
entre el inicio formal de estudio y la resolución
inscripción, para convertirse en un actividad que
se desarrollara a lo largo de toda la actuación administrativa, esto quiere decir, que desde el análisis previo y hasta antes de expedir la resolución
de inscripción o no inscripción en el Registro de
Tierras se solicitarán, practicarán y valorarán los
elementos materiales probatorios que conduzcan a demostrar los fundamentos de hecho presentados con la solicitud de inscripción. (Artículo
2.15.1.4.3. Decreto 1071 de 2015 modificado por
el artículo 1 Decreto 440 de 2016).
Ya con la Resolución de Inscripción en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas, se puede
iniciar la etapa judicial. La etapa Judicial está a
cargo de los jueces o magistrados de restitución
quienes tienen a cargo la emisión de la sentencia
que le dará o no la restitución del predio a los y
las reclamantes.
El objetivo de la etapa judicial del proceso de
restitución es el de que se concluya con la entrega jurídica y material de los predios a las víctimas
y que, según el caso, se establezcan las compensaciones a favor de quienes, de buena fe, adquirieron, poseyeron u ocuparon las tierras con
Asimismo, se tiene como propósito ordenar la
formalización de la tenencia, cuando se requiera.
Este procedimiento se lleva en distintas fases
La etapa judicial inicia con la interposición de la
Demanda (arts. 83-86, Ley 1448 de 2011). Esta
podrá ser interpuesta por la Unidad de Restitución de Tierras a favor del titular de la acción, y
representarlo de esta manera en el proceso; o
podrá ser interpuesta por el despojado directamente, por sí mismo o a través de apoderado.
Esta solicitud deberá cumplir con los requisitos
establecidos en el art. 84 de la Ley 1448 de 2011
Recibida la demanda, el juez, puede admitir o
inadmitir la demanda dependiendo si cumple o
no con los requisitos establecidos por la ley. De
ser admitida la demanda, el juez emite un Auto
admisorio y de ser necesario, puede decretar las
medidas cautelares que determine pertinentes
para prevenir un daño inminente o para hacer
cesar el que se estuviere causando sobre el inmueble.
Con el Auto admisorio se hace Traslado a la Solicitud. El traslado de la solicitud se surtirá a quienes
figuren como titulares inscritos de derechos en
el certificado de tradición y libertad de matrícula
inmobiliaria donde esté comprendido el predio
sobre el cual se solicite la restitución, es decir a
los terceros determinados, y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas cuando la solicitud no haya
sido tramitada con su intervención.
Con la publicación del Auto admisorio en un diario de amplia circulación nacional se entenderá
surtido el traslado de la solicitud a las personas
indeterminadas que consideren que deben comparecer al proceso para hacer valer sus derechos
legítimos y a quienes se consideren afectados
por el proceso de restitución.
Con ello se comunica a los interesados sobre el
proceso para que pueda acceder al expediente y presenten, de considerarlo procedente, las
oposiciones correspondientes dentro de los 15
días siguientes a la presentación de la solicitud.
En caso de que no haya opositores y cuando
la solicitud haya sido presentada por la Unidad
de Restitución de Tierras, el juez procederá a
dictar sentencia con el acervo probatorio que
fue presentado con la solicitud o demanda.
OPOSITORES Y ETAPA PROBATORIA
En caso de que haya opositores el juez abrirá
la etapa probatoria. Los opositores son personas naturales o jurídicas que buscaran probar
dentro del proceso que actuaron de buena fe,
es decir obraron con honestidad, lealtad y rectitud en un negocio, así como con la seguridad
de haber empleado todos los medios para saber sí a quien le compraban el bien, era el legítimo dueño, que pagaban el precio justo y que
el predio no había sido despojado o abandonado por la violencia (Unidad Administrativa
Despojadas, Preguntas frecuentes sobre la Restitución de Tierras en la Ley de Víctimas, 2012).
En caso de que haya opositores en el proceso,
el periodo de la etapa probatorio será de treinta (30) días, dentro del cual serán practicadas
las pruebas que se hubieren decretado en el
Además, en caso de existir opositor el juez especializado en restitución será el encargado de
tramitar el proceso de restitución hasta antes
de la promulgación de la sentencia y será trasladado al tribunal de restitución de tierras para
el respectivo fallo (art. 88, Ley 1448 de 2011).
Una vez se haya dado la etapa probatoria, el
juez, en sentencia, se pronunciará de manera
definitiva sobre la propiedad, posesión del bien
u ocupación del baldío objeto de la demanda
y decretará las compensaciones a que hubiera
lugar, a favor de los opositores que probaron
buena fe exenta de culpa dentro del proceso.
Por lo tanto, la sentencia constituye título de
propiedad suficiente (art. 91 ley 1448 de 2011).
Durante la etapa judicial, el juez podrá solicitar
acompañamiento a la Fuerza Pública para realizar diligencias en el predio, así como información de seguridad.
ETAPA POSTFALLO
Si bien parece un paso dentro de la etapa judicial, este punto es clave porque es el momento
en que a las víctimas se les restituye de manera
efectiva el derecho a la propiedad.
A partir del momento en que se profiere la sentencia, esta es notificada a la Unidad de Resti-
tución de Tierras, la cual verifica el contenido de la misma para determinar si es procedente o no
hacer aclaraciones o adiciones, cuando se presenten inconsistencias en lo referente a la individualización del predio o la inclusión del núcleo familiar del solicitante, entre otros.
Por su parte, las demás entidades del SNARIV deben verificar el contenido de las órdenes de
la sentencia, en los temas que son de su respectiva competencia, y proceder al cumplimiento de las mismas.
Una vez emitida sentencia es importante mencionar que el juez o magistrado de restitución
mantiene la competencia durante 2 años después de proferida la sentencia
“para dictar todas aquellas medidas que, según fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposición de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o
formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias”. (Art. 102, Ley 1448, 2011)
Factores de atención en el cumplimiento de fallo (Etapa posfallo)
▷▷ Contribuir con el mantenimiento de las condiciones de seguridad para el retorno.
▷▷ Desplegar acciones preventivas y de control en zonas restituidas.
▷▷ Obtener el control territorial de las zonas en las que se realizan procesos de retorno.
▷▷ Establecer vínculos con la comunidad a través de las capacidades institucionales.
▷▷ Implementar mecanismos que permitan mantener la comunicación con la población retornante.
▷▷ Cumplir las órdenes emitidas por el juez
y Ley de Víctimas
En el capítulo III se expondrán los escenarios en
los que Fuerza Militares deben actuar en el proceso de Restitución de Tierras, concretamente
se hablará de las Instancias CI2RT, PRECOLR y
COLR. Para ello será necesario contextualizar
el rol de la Fuerza Pública dentro del Estado
Social de Derecho para así diferenciar entre la
función de Protección del Estado, asignada a la
Unidad Nacional de Protección; y la de Seguridad y Defensa Nacional, en cabeza de las Fuerzas Armadas, en el contexto de la Restitución
de Tierras. Hecho lo anterior se hará referencia
a las diferentes instancias en las que las Fuerzas
Militares intervienen en el proceso, teniendo
como referencia las etapas de la Restitución de
Tierras: administrativa, judicial y posfallo.
Comprender el rol y las funciones que tienen
las Fuerzas Militares en la implementación de
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con
el fin de identificar las instancias en las que
pueden constituirse como líderes efectivos del
La Constitución Política de Colombia, en el Artículo 217 señala de manera clara las funciones para
las Fuerzas Militares relacionadas con la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad
del territorio nacional y el orden constitucional. Estas disposiciones se relacionan con la Agenda
2030 de la Organización de las Naciones Unidas1 y con el Plan Nacional de Desarrollo2. Es así, que
con la expedición de la Ley 1448 de 2011, se dictan medidas de atención, asistencia, reparación
integral y de restitución de tierras a las víctimas, en donde las Fuerzas Militares juegan un papel
trascendental al respecto.
Por consiguiente, al hablar de restitución de tierras se debe tener en cuenta:
1. Para ampliar la información sobre la Agenda para el desarrollo sostenible, se puede consultar el siguiente enlace:
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html. Consultado el
2. Aprobado por el Congreso bajo la Ley 1753 de 2015.
El rol de la Fuerza Pública en el proceso de Restitución de Tierras se enmarca dentro de un
deber constitucional más amplio contemplado
en el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia. Según este artículo,
Son fines esenciales del Estado:
Servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar
la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica
Las autoridades de la República
están instituidas para proteger
a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
sociales del Estado y de los particulares. (Art. 2ndo de la C.N.)
Dentro de este contexto, la Fuerza Pública es la
encargada de disponer los mecanismos perti-
nentes para mantener la integridad territorial,
la vigencia de un orden justo, asegurando la
convivencia pacífica, protegiendo a las personas, su vida, honra y bienes.
La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército,
la Armada y la Fuerza Aérea. Las
finalidad primordial la defensa de
la soberanía, la independencia, la
integridad del territorio nacional y
del orden constitucional. La Ley
determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares,
así como los ascensos, derechos
y obligaciones de sus miembros
y el régimen especial de carrera,
prestacional y disciplinario, que
les es propio. (Artículo 217. C.N.)
La ley organizará el cuerpo de
Policía. La Policía Nacional es
un cuerpo armado permanente
de naturaleza civil, a cargo de la
Nación, cuyo fin primordial es el
necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas, y
para asegurar que los habitantes
de Colombia convivan en paz. La
ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.
(Artículo 218. C.N.)
Aunque la Fuerza Pública tiene, de manera general, las anteriores funciones; en materia de restitución de tierras se establecen diversas formas
de garantizar la seguridad, tanto de los predios
como de las personas sujetos de la restitución.
Por ello encontramos de vital importancia diferenciar los tipos de seguridad que se debe brindar de acuerdo con los roles de cada entidad
comprometida con este tema.
La Ley 1448 de 2011 anticipa la necesidad de
brindar condiciones de protección integral a las
víctimas, testigos y a los funcionarios públicos
que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial a
los de restitución de tierras.
Las autoridades competentes deberán adoptar medidas de protección integral a las víctimas, testigos
y a los funcionarios públicos que
intervengan en los procedimientos
administrativos y judiciales de reparación y en especial de restitución
de tierras, a través de los cuales las
víctimas reclaman sus derechos,
cuando ello sea necesario según el
nivel de riesgo evaluado para cada
caso particular, y en la medida en
que exista amenaza contra sus derechos fundamentales a la vida, la
integridad física, la libertad y la seguridad personal, atendiendo a la
jurisprudencia y normatividad existente sobre la materia.
Estas medidas podrán extenderse al núcleo familiar, siempre que
ello sea necesario según el nivel
de riesgo evaluado para cada caso
particular, exista amenaza contra
los derechos fundamentales a la
vida, la integridad física, la libertad
y la seguridad personal del núcleo
familiar y se demuestre parentesco
con la víctima. El estudio técnico de
nivel de riesgo gozará de carácter
reservado y confidencial. (Artículo
31. Ley 1448 de 2011)
El significado de la palabra protección proviene
del verbo proteger que en español simple significa respaldar a alguien o algo de peligros (REA).
Entidad que brinda Protección en
La Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad del Orden Nacional adscrita
al Ministerio del Interior, encargada de articular,
coordinar y ejecutar medidas de protección y
apoyo a la prevención, promover los derechos a
la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su ca​rgo o ejercicio de sus funciones
puedan tener un riesgo extraordinario o extremo (UNP, 2016) Cabe tener presente que sus fun-
ciones en materia de protección se encuentran reguladas en los Decretos 4912 y 2893 de 2011.
Seguridad-Defensa en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
El proceso de restitución de tierras sólo se puede realizar en condiciones idoneas de seguridad, ello
exige una actuación coordinada tanto al interior de la Fuerza Pública como en relación con las demás
instituciones (art. 26. Ley 1448 de 2011).
Definición de Seguridad y Defensa
La palabra Seguridad proviene
del latín securitas, que a su vez
deriva de securus (sin cuidado,
sin precaución, sin temor a preocuparse), que significa libre de
cualquier peligro o daño, y desde
el punto de vista psicosocial se
puede considerar como un estado
mental que produce en los individuos (personas y animales) un
particular sentimiento de que se
está fuera o alejado de todo peligro ante cualquier circunstancia.
La seguridad es la garantía que
tienen las personas de estar libre
de todo daño, amenaza, peligro o
riesgo; es la necesidad de sentirse protegidas, contra todo aquello que pueda perturbar o atentar
contra su integridad física, moral,
social y hasta económica.
La seguridad pública implica que
los ciudadanos pueden convivir
en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del
otro. El Estado es el garante de
la seguridad pública y el máximo
responsable a la hora de evitar
las alteraciones del orden social.
En este sentido, la seguridad pública es un SERVICIO que debe
ser UNIVERSAL (debe alcanzar a
todas las personas) para proteger
la integridad física de los ciudadanos y sus bienes (Pérez y Merino,
2008). Este concepto, sin embargo, ha venido a ser entendido a
partir de una perspectiva más
compleja en los últimos años. Las
amenazas de seguridad van más
allá de la esfera militar tradicional
para incluir problemas que tienen un impacto directo en la vida
de las personas, como son, por
ejemplo, la violencia de pandillas,
el crimen cibernético, el tráfico ilegal de drogas, las armas de fuego, o de seres humanos (OEA,
¿Dónde está contemplado el deber de Seguridad y
Dicho deber es reconocido por el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2014-2018 “Todos por un nuevo país”, que se sustenta en tres pilares
fundamentales: la paz, la equidad y la educación. Estos tres pilares se articulan y desarrollan en cinco estrategias transversales a
COLABORACIÓN ARMÓNICA:
saber: a) la competitividad e infraestructura
estratégicas; b) la movilidad social; c) transLa Policía Nacional, como integrante de la
formación del campo; d) seguridad, justicia
Fuerza Pública (art. 216. C.N.), ha previsto un
y democracia para la construcción de paz; y
modelo de actuación a través de siete pasos en
e) buen gobierno. (Arts. 3 y 4 de la Ley 1753
las que se muestran las funciones, responsabide 2015). De las cuales el Ministerio de Delidades y principales actividades que le atañen.
fensa Nacional y el Comando General de
Sin embargo, bajo el principio de colaboración
las Fuerzas Militares (CGFM) se alinean con
armónica, esta actuación es complmentaria al
la estrategia de la Política de Seguridad y
rol de las Fuerzas Militares dentro del proceso.
Defensa para la Prosperidad, en la cual está
Visto lo anterior es primordial entender que
inspirada la contribución a la restitución de
la filosofía institucional de las Fuerzas Militatierras.
res ha fundamentado su eficacia y efectividad
Recordemos, además, que en el Manual de
en el desarrollo de objetivos interagenciales
Derecho Operacional de las Fuerzas Militade coordinación, apoyo conjunto y asistencia.
res 3-41, se señaló el Rol de las FF. MM. en los
Dada la eficacia de las Fuerzas Militares, se deprocesos de Restitución de Tierras y dispuso
duce la necesidad de que sean ellas las que
que el Ministerio de Defensa y la Fuerza Púlideren el cumplimiento de los objetivos trazablica, en coordinación con el Ministerio del
dos interagencialmente según los roles previsInterior y de Justicia, el Ministerio de Agritos legalmente.
cultura y Desarrollo Rural, a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Tierras Despojadas, tanto en la etapa administrativa como en la judicial
y de posfalllo, adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad en los procesos de restitución antes, durante y después de que se
Así pues, para cumplir con el objetivo constitucional, se expidieron las
anteriores disposiciones, teniendo en cuenta el marco de justicia transicional y garantizando los derechos de las víctimas para la superación de
brechas originadas por el conflicto armado. Ello procura que la Fuerzas
Militares provean la seguridad y defensa en el Territorio Nacional.
Y PROCESO DE
A continuación se explicarán las instancias para el desarrollo del proceso de restitución de tierras
desde la perspectiva de las Fuerzas Militares, teniendo como eje, las tres etapas principales del
proceso: etapa administrativa, etapa judicial y etapa pos-fallo. Luego se hará referencia a algunas
tareas especificas que le fueron asignadas a las Fuerzas Militares dentro del este proceso.
ETAPAS PARA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Inscripción en el Sistema de
Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente
Participación Fuerza Pública
el intercambio e
Instancia operativa,
la preside la
Restitución y
Trámite en los juzgados y salas
Seguridad Restituye
Seguridad Compensa
Los Jueces requieren la
para poder emitir el falllo
Post fallo
a las órdenes judiciales
Comités de Justicia Transicional
Retorno/Reubicación
En la macrofocalización
Para efectos de la participación de la Fuerza Pública en la fase administrativa del Proceso de Restitución de Tierras, el Ministerio de Defensa Nacional expidió la Directiva Ministerial 003 de 2012.
En ella se imparten directrices a la Fuerza Pública
para acompañar la política de Restitución de Tierras en el componente de seguridad, tanto en la
macrofocalización como en la microfocalización.
La primera instancia de coordinación para la
implementación de la política de restitución de
tierras en la que participa directamente las Fuerzas Militares es mediante la instancia del Centro
Integrado de Inteligencia para la Restitución de
Tierras –CI2RT.
Mediante el comunicado de prensa del
Ministro de Defensa Nacional del 28 de
abril de 2016, informó que el 100% del
territorio nacional se encuentra macrofocalizado
para la implementación del Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente es
necesario que, de manera conjunta, el Ministro
de Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural, tomen la decisión de macrofocalizar la zona en la que se hará la restitución
de tierras. Tal decisión, sin embargo, debe tener
en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro Integrado de Inteligencia para
la Restitución de Tierras -CI2RT-.
CENTRO INTEGRADO DE INTELIGENCIA
DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS (CI2RT)
res y delincuencia en general frente al
proceso de restitución. (Derogado por
el Decreto 440 de 2016)
Se establece el CI2RT como una instancia de
coordinación encargada de proveer insumos en
materia de seguridad e identificación de riesgos
para el proceso de restitución de tierras, bajo los
principios de progresividad y gradualidad. (Directiva CGFM No. 42 de 2012, Numeral 3).
◉◉ Centralizar y sistematizar la informa-
El CI2RT tendrá una secretaría ejecutiva y dos niveles de despliegue: uno del nivel central y otro
del nivel regional.
CI2RT A NIVEL CENTRAL
Consideraciones para el CI2RT a nivel central
◉◉ Proveer información en materia de
seguridad e identificación de riesgos
para la macro focalización o definición
de áreas geográficas por parte del
Consejo de Seguridad Nacional. (Derogado por el Decreto 440 de 2016)
ción generada a nivel regional, a fin de
orientar la toma de decisiones a nivel
estratégico. (Derogado por el Decreto
440 de 2016)
CI2RT A NIVEL REGIONAL
El CI2RT del nivel regional se reunirá periódicamente y será convocado por las regionales de
◉◉ Será invitado permanente el director territorial de la Unidad de Restitución de
◉◉ Orientar los planes de búsqueda de
◉◉ Oficial de inteligencia de las Unidades
Operativas Mayores o Menores del Ejército Nacional, o sus equivalentes en la Armada Nacional y Fuerza Aérea.
información, con miras a verificar la
intención de los GAOML, despojado-
◉◉ Jefe de la Regional o Regionales y/o secciona o seccionarles de inteligencia policial.
Fuente: CREI5 del CGFM
En el Manual de Derecho Operacional CGFM,
Anexo IX, se especifican las consideraciones que
debe tener en cuenta el personal de las FF.MM.
para el CI2RT a nivel regional:
ficiarios y funcionarios que participen en el
proceso de restitución de tierras:
◉◉ Información quincenal de los estados de
1. Convocar reuniones para analizar la situación actual del proceso de restitución de tierras
2. Generar apreciaciones de situación frente a
la presencia de GAOML:
◉◉ Identificar intenciones de afectación contra el proceso.
◉◉ Identificar manifestación de actividades
por parte organizaciones sociales frente
3. Realizar reuniones periódicas (mensual),
como espacio de actualización de información
frente al proceso:
◉◉ Verificar la evolución de la situación de
seguridad de cada una de las zonas a restituir.
◉◉ Actualización mensual del mapa de prevención y seguridad, a nivel regional, del
proceso de restitución de tierras.
Para realizar las anteriores labores es importante:
Seguimiento permanente a los casos de
amenaza y homicidio contra líderes, bene-
◉◉ Interacción con autoridades locales y regionales para mantener seguimiento a la
aplicabilidad del proceso en materia de:
Identificación de zonas por restituir, número de personas a beneficiarse e identificación de organizaciones y líderes de
organizaciones que participan en los procesos de restitución.
Seguimiento a los procesos de identificación, titulación y restitución de predios.
c. Inclusión en el planeamiento operacional.
d. Consolidar información para orientar la definición de microfocalización o áreas geográficas
(municipios, corregimientos o veredas).
e. Elaboración de productos de inteligencia,
previa coordinación del mecanismo:
◉◉ Apreciación de inteligencia.
◉◉ Memorando de inteligencia – conclusiones de las reuniones.
◉◉ Informes preliminares frente a hechos de
afectación del proceso.
De acuerdo con la información que provee
el CI2RT regional mediante el diagnóstico de
seguridad, a través del COLR la Unidad de
Restitución de Tierras define las áreas geográficas por municipios, veredas y corregimientos en los
que se hará un estudio de solicitudes de inscripción en el Registro de tierras despojadas, conforme
a lo previsto en el Decreto 599 de 2012.
En la microfocalización
Una segunda instancia en la que participan las Fuerzas Militares dentro del Proceso de Restitución de Tierras, es el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas
y Abandonadas Forzosamente –COLR. Este Comité es convocado de manera previa por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para microfocalizar ciertas
Así pues, las Fuerzas Militares impactan significativamente el proceso de microfocalización conforme al protocolo de intervención a nivel regional, así:
Solicitud de la URT
Policial CI2RT
la PONAL y FFMM
Convoca la URT
PRE - COLR
Seccional de
J2- B2 -G2- N2 -32
Apoyo (OBRET)
Autoridades que se
consideren pertinentes
Acciones CCI
Presencia y capacidades
Definir posición
Definición del área a
microfocalizar por URT
Acta PRECOLR
Acta del COLR
* Acciones CCI: Conjuntas, coordinadas e interagenciales
REUNIÓN PREPARATORIA PARA EL COMITÉ OPERATIVO LOCAL PARA LA
RESTITUCIÓN DE TIERRAS (PRECOLR)
Objetivo del PRE COLR
Se evalúan los aspectos con el fin de articular la
posición de la Fuerza Pública en el CORL, de manera que la decisión en esta instancia sea coherente con las condiciones de seguridad y con las
capacidades de la Fuerza Pública para acompañar la restitución material solicitada.
Durante esta reunión, se deberá establecer si se
trata de una zona de alta complejidad o de una
zona con condiciones para el proceso de restitución, a partir del análisis de las variables contenidas en el diagnóstico de seguridad que genere
el CI2RT regional. Algunas de estas variables son:
1.	Homicidios.
En dicho escenario, es importante verificar las
capacidades de la Fuerza para los acompañamientos, tales como: pie de fuerza, vehículos,
combustibles, comprometimiento en otras operaciones, etc., de acuerdo a los protocolos que se
Protocolos de coordinación según la zona
Una vez determinado si se trata de una zona de
alta complejidad o de una zona con condiciones
para el proceso de restitución, se establecerán
los siguientes protocolos de coordinación entre
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en cada
2.	Presencia FARC.
3.	Presencia ELN.
4.	Presencia BACRIM.
5.	Acciones FARC.
6.	Acciones ELN.
7.	Acciones BACRIM.
8.	Zonas cultivos ilícitos.
9.	Planes armados.
10.	Desplazamiento forzado.
11.	Amenazas contra participantes en el proceso de restitución.
12.	Alertas tempranas.
13.	Tasa de homicidios.
14.	Explotación ilícita de yacimientos mineros.
15.	Zonas minadas.
a.	Zonas de alta complejidad. Si del análisis
del diagnóstico de seguridad generado
por el CI2RT regional, la presencia de Unidades de la Fuerza Pública en la zona, la
revisión de capacidades y el ambiente
operacional, se concluye que la zona es
de alta complejidad, los delegados que
los Comandantes de las respectivas Unidades Militares y de Policía deleguen en
la forma señalada en la Directiva 03 de
2012, lo informarán durante la reunión
del COLR.
En todo caso, mientras no estén dadas las
condiciones para dar inicio a la restitución en una zona calificada de alta complejidad, la Fuerza Pública continuará
enfocando sus esfuerzos operacionales
para reducir las amenazas y restablecer
las condiciones que permitan dar vía libre
al proceso de conformidad con las capacidades y medios disponibles.
b. Zonas con condiciones para el proceso de
restitución. Si del análisis del diagnóstico de seguridad generado por el CI2RT regional, la presencia de
Unidades de la Fuerza Pública en la zona a microfocalizar, la revisión de capacidades y el ambiente operacional, se concluye que la zona cumple con las condiciones para el proceso de restitución, la Fuerza
Pública, durante la reunión preparatoria del COLR, deberá establecer uno de los siguientes escenarios
1. Las capacidades de la Policía son suficientes cuando su parte operativa, logística y de inteligencia
le permiten acompañar el proceso de restitución.
La disponibilidad implica la capacidad de reacción inmediata de las Unidades Militares en las
áreas de responsabilidad operacional, según medios y capacidades disponibles, frente a una amenaza potencial del proceso.
3. El mecanismo de coordinación permanente que se adopte debe garantizar la comunicación
entre las Unidades de las Fuerzas Militares y la Policía, en las áreas de responsabilidad operacional y la
jurisdicción, respectivamente, durante el proceso de restitución a través de elementos tecnológicos
y enlaces humanos.
Las revisiones periódicas de la situación de seguridad buscan un seguimiento al proceso de
restitución, el cual permita prevenir riesgos o amenazas y ajustar los mecanismos de coordinación a
la dinámica propia de cada caso. Estas revisiones pueden surtirse mediante reuniones periódicas de
los COLR, consejos de seguridad o reuniones de coordinación entre unidades militares y de Policía.
Si se presume la existencia de amenazas que pueden afectar el proceso, caso en el cual además de las
capacidades de la Policía se requerirá el desarrollo de operaciones militares. El esfuerzo operacional
conjunto y coordinado será limitado en el tiempo. Se debe establecer un mecanismo de coordinación
permanente y efectuar revisiones periódicas de la situación de seguridad.
1. El desarrollo de operaciones militares se justificará por el nivel de hostilidad de la amenaza.
2. El mecanismo de coordinación permanente que se adopte debe garantizar la comunicación
entre las Unidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en las áreas de responsabilidad operacional y la jurisdicción, respectivamente, durante el proceso de restitución a través de elementos
tecnológicos y enlaces humanos.
3. Las revisiones periódicas de la situación de seguridad buscan un seguimiento al proceso de
restitución que permita prevenir riesgos o amenazas y ajustar los mecanismos de coordinación a la
dinámica propia de cada caso. Estas revisiones pueden surtirse mediante reuniones periódicas de los
CORL, consejos de seguridad o reuniones de Coordinación entre unidades de Ejército y Policía”.
De esta reunión se deberá elevar acta con las firmas de quienes participaron en ella.
COMITÉ OPERATIVO LOCAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS (COLR)
Fuente: CREI5 del CG
En el Artículo 2 del Decreto 599 de 2012, se crea
la instancia de coordinación en materia de restitución de tierras asignándoles funciones así:
“Artículo 2: Comités Operativos locales de restitución y formalización
de tierras despojadas y abandonadas forzosamente – COLR, los
Comités Operativos locales de restitución y formalización de tierras
despojadas y abandonadas forzosamente – COLR, serán la instancia de coordinación operacional
para la articulación, implementación, planeación y ejecución y seguimiento al proceso de registro de
tierras despojadas abandonadas
forzosamente”.
Con base en lo establecido en el Decreto 599 de
2012, el Ministerio de Defensa nacional expide la
resolución No 031 de 2012, en virtud de la cual
se establecen los protocolos de participación
de la Fuerza Pública, los cuales se utilizarán una
vez la Unidad Regional de Restitución de tierras defina los sitios, y previo análisis realizado
de los insumos de inteligencia otorgado por el
CI2RT regional, convocará el COLR, con el fin de
establecer los mecanismos para microfocalizar.
Utilizando como marco normativo el Decreto
599 de 2012 y la resolución expedida por el
MDN 031 de 2012, el Comando General de
las Fuerzas Militares expide las resoluciones
042 de 2012 y 146 del mismo año en las que
se especifican las misiones de cada Fuerza
y se dan órdenes especificas respecto de la
articulación y participación en el proceso de
Restitución de Tierras, las que se concretan en
obligaciones específicas que se asignan a cada
comando de Fuerza de acuerdo con sus roles a
través de la Circular 084141 del 26 de abril de
1. Etapa Administrativa.
2. Etapa Judicial.
3. Etapa Post-fallo.
Es clara la Ley 1448 de 2011, al establecer que
el trámite administrativo es requisito de procedibilidad o prerrequisito para el trámite judicial,
sin embargo, la ley dispone unas obligaciones
para los comandantes de las unidades militares
en cuya jurisdicción se encuentren los predios
objeto de la solicitud de restitución de tierras así:
Aporte Material Probatorio
Es obligación de los comandantes aportar el
material probatorio solicitado por la autoridad
competente (juez o unidad local de restitución
de tierras), con el fin de coadyuvar con el desarrollo de las investigaciones, lo anterior se encuentra ordenado en los artículos 102 y 105 de
En este mismo sentido, cuando no se brinde
información oportuna respecto de los requerimientos hechos por la autoridad judicial los funcionarios públicos podrán incurrir en las siguientes faltas:
“ARTÍCULO 179. FALTAS DISCIPLINARIAS. Incurrirá en falta disciplinaria gravísima el funcionario
público que:
1. Estando obligado a ello se niegue a dar una declaración oficial
que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamen-
te vinculadas a ella;
2. Estando obligado a ello se niegue a dar una disculpa pública que
incluya el reconocimiento de los
hechos y la aceptación de responsabilidades;
3. Impida u obstaculice el acceso
de las víctimas y sus representantes a la información, no sujeta a
reserva legal, sobre las causas de
su victimización y sobre las causas
y condiciones de las violaciones a
las que se refiere el artículo 3° de la
presente Ley, así como a conocer
la verdad acerca de esas violaciones.
4. Proporcione información falsa a
las víctimas o sobre los hechos que
produjeron la victimización.
5. Discrimine por razón de la victimización”.
…” ARTÍCULO 180. RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS. Sin
perjuicio de la responsabilidad penal
o disciplinaria a que hubiere lugar, los
funcionarios públicos que en el ejercicio del proceso penal o cualquier otro
tipo de actuación jurisdiccional o administrativa afecten derechos de las víctimas, responderán ante los Tribunales
y Juzgados competentes por dichas
infracciones”.
En etapa de post-fallo (y cuando se requiera en las demás etapas), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 173 la Ley 1448 de 2011, y reglamentado en los artículo 219 y 252 del Decreto 4800 de 2011,
además de la misión constitucional que debe cumplir el comandante militar, en el marco de la “Restitución de Tierras” en su jurisdicción, también tiene los siguientes deberes:
Asistencia a los Comités de Justicia Transicional
“El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, promoverá la creación de los Comités Territoriales de Justicia
Transicional con el apoyo del Ministerio del Interior y de Justicia, encargados de elaborar
planes de acción en el marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia
y reparación integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman
el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en el nivel departamental, distrital y municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas
a la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de no
repetición, coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social para la
población vulnerable y adoptar las medidas conducentes a materializar la política, planes,
programas y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración” (Art. 173,
Ley 1448 de 2011)
Conforme a lo anterior y con el vin de hacer seguimiento a la etapa de post-fallo, creando memoria respecto de las actividades desarrolladas
por la fuerza pública en este sentido, el Comando General de las Fuerzas Militares diseño la Circular No 2016801 del 15 de octubre de 2013 con
la finalidad de que igualmente en esta instancia
es necesario hacer seguimiento a cada una de
las recomendaciones hechas respecto de la conformación de archivo jurídico:
El responsable del tema es el Oficial
de Operaciones y sus equivalentes en la
ARC, lo anterior por su calidad de Gerentes de RT.
Ordena designar un Oficial o Suboficial en cada Unidad para que en coordinación con el Asesor Jurídico Operacional
respondan por el archivo operacional, seguimiento y estadística del tema.
El contenido de las carpetas operacionales deberá ser supervisado por el
Asesor Jurídico Operacional y revisado
por el Gerente de RT de la Unidad (Oficial
de Operaciones) y su contenido mínimo
debe contar con los siguientes documentos:
◉◉ Apreciación de inteligencia solicitada por
la Unidad de Restitución y emitida por el
CI2RT.
◉◉ Información de inteligencia remitida por
la Unidad como insumo de la apreciación.
◉◉ Acta de las sesiones de CI2RT que fueron
citadas en el marco del proceso de restitución, donde se señale grado y nombre
del Oficial de las Fuerzas que asistió.
◉◉ Actas elaboradas al momento de efectuar el PRE – COLR
◉◉ Actas elaboradas durante el COLR
◉◉ Autos interlocutorios dentro del proceso,
los cuales hubieren sido allegados a las
◉◉ Sentencia proferida por el operador de
◉◉ Respuestas entregadas por las FFMM a
los requerimientos del operador judicial
◉◉ Copia simple del informe de patrullaje
con las anotaciones correspondiente (RT)
◉◉ Copia simple del acta o registro de la entrega formal del predio a los reclamantes
◉◉ Informe operacional sobre el acompañamiento llevado a cabo para la entrega
formal del predio.
Dentro de la PICC de cada Unidad y a
todo nivel, se deberá incluir un calco con
la información de los fallos de RT.
En las ORDOP desarrolladas tanto por
las UOM y UT, se debe incluir los sitios
donde existan fallos de RT.
En el informe de patrullaje, debe quedar registrado de acuerdo a la misión asignada: Los puntos, sectores y áreas donde
existan fallos de RT.
Se debe crear un BLANCO DE INTELIGENCIA, con el objeto de detectar grupos
u organizaciones delincuenciales, que
están en contra del proceso de RT, con el
objeto de identificarlos y realizar en coordinación con la PONAL el proceso de judicialización respectivo.
Los Comandantes de las Unidades
Operativas Mayores, Menores y Tácticas,
deben solicitar las rectificaciones de los
Fallos a los jueces, cuando se considere
que no es viable su cumplimiento o que
las solicitudes extralimitan o no corresponden a las funciones de las FFMM.
DEL SECTOR DEFENSA EN EL
En la Directiva 031 de 2012, el Ministerio de Defensa Nacional, dispuso la creación del Centro de Observación para la Restitución de Tierras, para así:
El observatorio es muy importante para hacer seguimiento a la labor del Ejército Nacional en el marco de la “Restitución de Tierras”, pues en el desarrollo del contexto actual, la propiedad de la tierra en
Colombia ha sido de los flagelos que más ha influido en los factores de violencia, en la medida que
generó conductas delictivas como el “Desplazamiento Forzado”, de ahí que es vital la participación de
la Fuerza Pública en los procesos de construcción de PAZ.
El género ha sido definido por la Organización Mundial de
la Salud –OMS como “los roles socialmente construidos,
los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada considera apropiados para los hombres y las
mujeres. ‘Masculino y ‘femenino’ son categorías de género”.
Así, nuestra vida cotidiana se relaciona directamente con el
género. Por ejemplo, generalmente se ha establecido que
los hombres son fuertes y aptos para estar en el espacio
público, que ellos deben ser los protectores de la familia
y de la sociedad, así como los proveedores del hogar. Por
otro lado se piensa que las mujeres son más aptas para el
espacio privado, que son débiles y delicadas, ellas, además,
deben ser las cuidadoras de la familia y de la sociedad. Justamente, estos modelos, estas ideas, estas divisiones del
espacio y del trabajo tienen que ver con el género y es lo
que vamos a abordar a lo largo de este módulo.
cambios en la participación y el reconocimiento político, han posibilitado que las
mujeres ocupen en la actualidad espacios
y desarrollen roles que antes eran exclusivos de los hombres. De ahí que el tema
haya adquirido una importancia particular
en las realidades actuales del país, de Latinoamérica y del mundo.
En dicho contexto, mencionaremos los
marcos normativos, algunas cifras y definiciones que permitirán dar mayor claridad
al concepto de género y su aplicabilidad.
Esta Unidad evidenciará que la división
masculino – femenino es una división que
puede llegar a ser violenta, pues impone
material, cultural y simbólicamente actitudes, roles y espacios a los hombres y las
mujeres. Se reflexionará sobre la violencia
que está implícita en el establecimiento
de categorías binarias masculino – femenino, y la forma en la que se relaciona con
nuestras experiencias de vida.
Para ello evidenciaremos que en las últimas décadas se han presentado cambios
respecto a las formas de ser mujer y de ser
hombre en nuestra sociedad. Las identidades masculinas y femeninas se han transformado profundamente y junto con ellas
también se ha transformado la sociedad,
la cultura, la economía y las instituciones. La diferencia en el número de hijos,
el aumento en los niveles educativos y los
Favorecer la incorporación de la perspectiva de género, en la realización de tareas cotidianas del Ejército Nacional, haciendo énfasis en la implementación de las acciones
dirigidas a la protección de las víctimas y
los/as reclamantes de restitución de tierras.
Tal y como se dijo en la introducción el género son los roles socialmente construidos, los
comportamientos, actividades y atributos que
una sociedad dada considera apropiados para
los hombres y las mujeres. Así pues, ‘masculino’
y ‘femenino’ son categorías de género (OMS,
2016). Es usual que sea difícil entender exactamente qué significa este concepto y cómo
se diferencia del término sexo. Este último es
entendido como las características biológicas
y fisiológicas que definen a los hombres y a las
mujeres. Entonces, para entender el significado exacto de lo que se entiende por género
debemos tener claro, en primera instancia, la
Es el conjunto de características sociales,
Son las características físicas, biológicas,
anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como macho y hembra.
culturales, políticas, psicológicas, jurídicas,
económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo
Se reconoce a partir de datos corporales ge- Son modificables.
nitales; el sexo es una construcción natural,
Los aspectos de género cambian y son diferentes de un lugar a otro, de un grupo étnico
a otro y en el tiempo.
Es jerárquico, expresa relaciones de poder.
EJEMPLO DE SEXO
EJEMPLO DE GÉNERO
Mujer: Existencia de pechos, caderas ensan- Mujer: Es delicada, cuando es niña se viste de
rosa y juega con muñecas.
Hombre: espalda/hombros más ensancha- Hombre: Es fuerte, no lloran, juegan con cados y corpulentos que el de las mujeres.
El enfoque de género ha sido definido como categoría analítica que acoge a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales propias para los
hombres y las mujeres, lo que identifica lo
femenino y lo masculino (Chávez, 2004).
El género como categoría analítica le
ha permitido a la humanidad darse
cuenta que la división masculina –
femenino es una división que
puede llegar a ser violenta, pues
impone material, cultural y
simbólicamente actitudes, roles y espacios diferenciados
para los hombres y las mujeres. Por ejemplo, desde
que inicia nuestra vida a los niños y niñas se les asignan
colores, juegos, actividades e
incluso formas de ser y de
sentir, respondiendo con esto
a imposiciones culturales.
Expresiones como “No sea niña”,
“Los niños no lloran”, “Las
niñas bruscas se ven feas” son
una muestra de potenciales
agresiones que surgen debido a
estas divisiones violentas que
se inscriben en los cuerpos de las personas. Entonces, al interpretar el
contexto social a través del lente de género, es posible darse cuenta que tales
imposiciones culturales afectan tanto a mujeres como a hombres.
Aunque la división masculino-femenino genera violencias tanto para los hombres como para
las mujeres, es posible afirmar que esta división
afecta especialmente a las mujeres. La violencia
contra la mujer se refiere a las violencias que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, es decir por haber nacido mujeres. En la medida en que a un cuerpo femenino se le asignen
modelos culturales de género que atribuyen ma-
yor fuerza y poder a los hombres y que ubican a
las mujeres en posiciones de debilidad e inferioridad, la única justificación que encuentra este
tipo violencia es justamente la condición sexual
con la que un ser humano nace, su sexo. Se trata
de violencias que, por ejemplo, son perpetradas
en la pareja, en el interior de las familias y los
hogares, en los medios de transporte urbano y
los espacios públicos en general, así como en los
Existen múltiples formas de violencia contra las mujeres.
Violencia física (se trata de golpes y agresiones a los cuerpos de las mujeres) (ver anexo Protocolo para
la Fuerza Pública en el Manejo de la Violencia Sexual con Énfasis en la Violencia Sexual con Ocasión
del Conflicto Armado), violencia verbal (se trata de palabras, insultos, gritos y agresiones verbales
contra las mujeres), violencia psicológica (se trata de las acciones que menosprecian, denigran y afectan la subjetividad de las mujeres), violencia económica (se trata de privar a las mujeres y sus familias
de los recursos necesarios para llevar una vida digna) y violencia sexual: (se trata de prácticas de hostigamiento a las mujeres, basadas en lo sexual, desarrolladas en el hogar, el trabajo y el espacio público, “es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones
sexuales no deseados, o el uso de la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona,
sea cual fuere su relación con las víctimas y sea cuales fueren las circunstancias” (ONU-Mujeres, 2016)).
A continuación, mostraremos una clasificación sobre la violencia contra la mujer en las diferentes
etapas de su vida (Heise; Pitanguy; Germain, 1994):
atención médica para niñas
•	l a c t a n t e s
causa de malnutrición)
•	Abuso emocional y físico
de niñas lactantes
•	I n f a nt i c i d i o
•	Trata
•	Acceso dife-
•	Negación de
servicios médicos o alimentos
•	Embarazo forzado
(violación durante
motines o violaciones por
razón de casta)
•	Aborto selectivo por sexo
(ej., aborto de
un feto femenino)
•	Acceso diferenciado a alimentos, atención médica y
•	M u t i l a c i ó n
tradicionalesperjudiciales
•	A s e s i n a t o s
•	Incesto
•	Violencia cometida durante una cita
o el noviazgo
genital femenina y otras
•	M a t r i m o n i o
trabajo o sitios públicos
•	Delitos
res por su pareja
•	Maltrato de mujeres por extraños
•	Delitos con lanzamiento de ácido
•	Acoso y asesinatos por causa de
•	Maltrato económico
•	Feminicidio
•	Matrimonio forzado
•	Explotación sexual comercial
•	Asesinatos por
razones de honor
•	Violación marital
•	Homicidio de la
pareja o la pareja
•	Maltrato psicológico
•	Abuso sexual en
•	Acecho
•	Maltrato de muje-
PERIODO REPRODUCTIVO /
viudas y ancianas
refugio o alimentación
•	Pérdida del
•	Rituales de
•	Desalojo forzado de la vivienda
y otras formas de prácticas
•	Asesinatos por razones de
•	Acoso y abuso sexuales
•	Infanticidio femenino
•	Mutilación genital femenina
•	Maltrato emocional y físico
SCURSO DE LA VIDA
Cifras de violencia contra las mujeres:
Con el fin de contextualizar la situación en Colombia, presentamos a continuación algunas cifras de
violencia contra las mujeres ocurridas en el periodo de enero y febrero del 2015 según Medicina Legal
y Ciencias Forenses (2015). Es necesario aclarar que un alto porcentaje de mujeres no denuncia los
casos de violencia de género de la que son víctimas a las autoridades ni solicita ningún tipo de ayuda.
Lo anterior conlleva a que exista un subregistro de los hechos de violencia. Tal subregistro es causado,
en algunos casos, por el desconocimiento de las mujeres sobre sus derechos, por desconfianza en el
sistema judicial, por el temor a ser estigmatizadas o víctimas de retaliaciones, o porque el funcionario
que debe recibirle la denuncia no cuenta con educación en enfoque de género y no se la recibe.
Exámenes médico legales por presunto delito sexual
2. 631
Violencia contra niñas y mujeres adolescentes
en el marco de la violencia intrafamiliar
Violencia de pareja según edad
Violencia a personas mayores
Foto: riendo por: Photo RNW.org https://www.flickr.com/photos/rnw/5890253673/
El enfoque de género nos ha permitido identificar las imposiciones violentas que les son asignadas a hombres y mujeres. Sin embargo no se
debe perder de vista que las mujeres, a pesar de
sufrir de forma más aguda formas de violencia
de género, han sido también agentes del cambio
que han denunciado y han desarrollado diversas
acciones para transformar estas realidades violentas. Un ejemplo de ello son las organizaciones
sociales que han incidido en la definición de violencia de género, la han visibilizado como como
problemática social, logrando que estos temas
sean incluidos marcos jurídicos, internacionales
y nacionales de protección a la mujer.
Las mujeres, acompañadas de la participaciónde algunos hombres, han exigido, entre muchos
otros, derechos al voto, a la educación superior,
a la autonomía reproductiva y a una vida libre de
violencias. Hoy, después de las luchas que han
dado estas mujeres, se puede decir que existe
un cuerpo normativo que las protege en sus de-
rechos. Este cuerpo normativo se puede definir
como “el derecho inherente y universal de cada
mujer del mundo a vivir una vida libre de temor,
discriminación y violencia, siendo dueña de su
cuerpo y de su mente, gozando de autonomía
sexual y reproductiva; tanto en el ámbito público, como en el privado; tanto en tiempos de
paz, como de guerra. Este derecho es, a su vez,
un requisito indispensable para que el disfrute
efectivo por las mujeres de la integralidad de los
derechos humanos” (Bonder, 2012, pag. 10).
como estrategia para lograr la igualdad entre los géneros.
Los Derechos Humanos de las Mujeres son la
base del mandato respecto a la igualdad de género y el empoderamiento las mujeres. Fue así
como en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995 se defendió la incorporación de una perspectiva de género como un enfoque fundamental y estratégico para alcanzar los
compromisos en igualdad de género.
Se puede decir, entonces, que la perspectiva o enfoque de género no sólo ha servido para identificar
imposiciones violentas sobre los cuerpos de las personas, sino que también ha sido entendida como
una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como las
de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de
que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El
objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros (ONU-MUJERES, 2016)1.
Cambios normativos que buscan la inclusión
de las mujeres en espacios culturales, sociales, institucionales, políticos y educativos.E87373
A continuación mencionaremos algunos de los
cambios normativos más representativos C5E4E2
nacional e internacional que buscan la igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres. Estas disposiciones son el resultado de la agencia de las
mujeres para reclamar sus derechos así como de
la decisión de la Comunidad Internacional y del
Estado colombiano para procurar implementar
en sus políticas una perspectiva de género que
busque la igualdad entre mujeres y hombre.
Decreto 227 de 1933: Acceso a la mujer al bachillerato y universidades Ej: La Pontificia Universidad
Javeriana abrió las primeras facultades femeninas en 1939 donde las mujeres podían estudiar enfermería, diseño y pedagogía.
Decreto 2663 de 1950: Derecho de la compañera permanente a reclamar prestaciones al Instituto
Colombiano de Seguros Sociales.
Ver más en: http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/gender-mainstreaming#sthash.mqX3FtOO.dpuf
Plebiscito 1957: Derecho al sufragio
Decreto 2820 de 1974: Estatuto de la igualdad
jurídica de los sexos
Ley 95 de 1980: Garantiza igualdad de condiciones entre hombres y mujeres
Constitución Política de Colombia: Artículo 43
Reconoce que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades: “La Mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”
Ley 82 de 1993: Jefatura femenina de hogar
Ley 581 de 2000: Ley de Cuotas- Reglamenta la
adecuada y efectiva participación de la mujer en
niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos de poder público.
Ley 731 de 2002: Mejor Calidad de la vida de las
Ley 823 de 2003: Establece el marco institucional
para la orientación de políticas que garanticen
la equidad y la igualdad de oportunidad de las
mujeres: aplicación del principio “ a trabajo igual,
igual remuneración”.
Ley 882 de 2004: “Ley de los ojos morados” penaliza delito de violencia intrafamiliar.
Ley 1010 de 2006: Se regulan y Sancionan conductas de acoso laboral y acoso sexual.
Ley 1257 de 2008: Por la cual se dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción de formas
de violencia y discriminación contralas mujeres,
se reforman los códigos Penal, de procedimiento
Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
Auto 092 de 2008: Se declara la protección de
los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en el país y la
prevención del impacto de género desproporcionado a causa del conflicto armado.
Ley 1413 de 2010: “Por medio del cual se regula
la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer en el desarrollo
económico y social del país como herramienta
fundamental para la definición de implementación de políticas públicas”.
Ley 1542 de 2012: Garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de
los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e
Ley 909 de 2004: Protección a la maternidad.
Ley 823 de 2006: Sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres.
Ley 1257 de 2008: sobre sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”
Ley 1448 de 2011: Ley de víctimas y restitución de tierras.
Ley 1761 de 2015: Tiene por objeto tipificar el feticidio como un delito autónomo, para garantizar la
investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivo de género y discriminación
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que:
en dignidad y derechos, y dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Resolución 2263 de 1967: Resolución de la
ONU- Declaración sobre la discriminación contra
Convención de la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
Aprobada por Naciones Unidas en 1979.
La plataforma de acción de Beijijng- 1995: (belém do pará) Convención Interamericana para
prevenir sancionar y erradicar la violencia contra
Resolución 48/ 104 de 1993 Declaración sobre
la Eliminación de Violencia contra la Mujer.
Resolución 1325 del 2000: Resolución Mujer,
Resolución 1888 de 2009: Sobre la violencia sexual en el marco de conflictos armados
Resolución 1889 de 2009: enfoque especial en
el tema de la participación de las mujeres en los
procesos de construcción de paz y hace un llamado al Secretario General a presentar una serie
de indicadores para hacerle seguimiento a la implementación de la R. 1325.
Brecha entre las disposiciones normativas y la situación de las mujeres
Las anteriores normas nos muestran el recorrido
que las mujeres han tenido que realizar para acceder a sus derechos, sin embargo, la existencia
por si sola de la norma no garantiza el cumplimiento de la misma.
Según ONU-Mujeres, en todo el mundo, una de
cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero
En Colombia, según lo reporta Sisma Mujer
(2015), teniendo en cuenta la información de
Forenses, la modalidad de violencia de pareja o
ex pareja es el ámbito en el comportamiento de
la violencia intrafamiliar que deja, cada año, el
mayor número de víctimas (64,33% del total de
la violencia intrafamiliar son de este tipo). De todos los exámenes médico legales realizados en el
2014 a personas que denunciaron a su pareja o ex
pareja por diferentes tipo de violencia (48,849), el
86% corresponden a mujeres (41,802), mientras
que el 14% corresponden a varones (7,047). Esto
representa una relación mujer a hombre de 6/1.
Para el caso de la violencia sexual, en el año 2014
se realizaron 21,115 exámenes médico legales
por presuntos hechos de violencia sexual. Del total, 17,966 correspondieron a mujeres, es decir el 85,09%, y
3,149 para varones, a saber el 14,91%. Esto representa una relación mujer a hombre de 17 a 312. Esto significó que por lo menos una mujer cada 29 minutos fuera víctima de violencia sexual. (SISMA, 2015)
Mientras que para el mismo año 2014 se realizaron 160 exámenes médico legales por homicidio según presunto agresor “pareja o ex pareja”, pudiéndose concluir que se trata de casos de feminicidio (consultar su significado en el Glosario). De estos, 145 correspondieron a mujeres, es decir, el 90,6% del total y 15 a varones,
es decir el 9,4%. Esto representa una relación mujer a hombre de 9/1. Esto significa que por lo menos 2 mujeres cada 5 días fueron asesinadas a manos de su pareja o ex pareja. De 2013 a 2014 se observa un aumento
de 62,9% de víctimas femeninas al pasar de 89 casos reportados en 2013 a 145 en el 2014 (SISMA, 2015).
Foto: Wayuu Colombianaº por: Photo RNW.org https://www.flickr.com/photos/rnw/5884851954/
RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON
En los anteriores capítulos vimos como el enfoque de género busca disminuir las brechas, para
que las mujeres logren un acceso equitativo a sus derechos, eliminando toda forma de violencia,
que, si bien afecta a los hombres, afecta de forma más aguda a las mujeres. Esta desventaja también
se ha evidenciado en el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra.
Por lo anterior, Colombia no ha sido ajena, a las luchas de las mujeres por la tierra, campesinas, negras,
afros e indígenas (ANMUCIC, Consejos Comunitarios y diversas organizaciones) han también generado procesos de acceso a los derechos. Estos logros de las mujeres son los que hoy, nos permiten tener
normativas que incluyen la perspectiva de género, como es el caso de la Ley 1448 de 2011, donde se
presenta una atención preferencial para que las mujeres recuperen sus derechos sobre la tierra.
Antecedentes sobre Acceso de
las Mujeres a la Tierra
A continuación, se presentará un recorrido por la
legislación relacionada con el acceso de las mujeres a la tierra. Un primer hito que marca esta
camino es el reconocimiento de la mayoría de
edad a las mujeres, es decir, dejar de tratar a las
mujeres que ya hubieran cumplido la mayoría de
edad, como menores de edad sólo por el hecho
de haber contraído matrimonio y ser mujeres.
Ello significó que sus bienes dejaban de estar administrados automáticamente por los hombres
miembros de su familia..
LEY 8 DE 1922 (Esta Ley ofrece algún reconocimiento de los derechos de la mujer casada). En el artículo 1° se estipula que “La mujer
casada tendrá siempre la administración y el uso
libre de los siguientes bienes, aunque de ellos
no podía disponer por si solo ninguno de los
cónyuges, cualquiera que fuera su valor: 1. Los
determinados en capitulaciones matrimoniales.
2. Los de su exclusivo uso personal como son
sus vestidos, ajuares, joyas, e instrumentos de su
profesión u oficio. En esta Ley, en su artículo 4°,
también se dispone que, con los mismos requisitos y excepciones que los hombres, las mujeres
pueden ser testigos en todos los actos de la vida
LEY 124 DE 1928 (Esta ley busca fomentar el ahorro de los colombianos) En su artículo
12 se plasma que los “depósitos hechos por mujeres casadas en las cajas de ahorros que funcionen legalmente, se tendrán como bienes propios
suyos, de que sólo pueden disponer las mismas
depositantes”.
LEY 70 DE 1930 (A través de esta Ley se
autoriza la constitución del patrimonio de familia no embargable). Según el art. 5 “En beneficio
de su propia familia o de personas pertenecien-
tes a ella, puede constituirse un patrimonio de
esta clase:
a) Por el marido sobre sus bienes propios o sobre
los de la sociedad conyugal;
b) Por el marido y la mujer de consuno, sobre los
bienes propios de ésta, cuya administración corresponda al primero, y
c) Por la mujer casada, sin necesidad de autorización marital, sobre los bienes cuyo dominio y
cuya administración se hubiere reservado en las
capitulaciones matrimoniales, o se le hubieren
donado o dejado en testamento en tales condiciones”.
LEY 28 DE 1932, el artículo 5º. Menciona: “La mujer casada mayor de edad como tal,
puede comparecer libremente en juicio y para
la administración y disposición de sus bienes no
necesita autorización marital, ni licencia de Juez,
ni tampoco el marido será su representante legal”.
LA LEY 45 DE 1945 se conoce como Ley
General del Trabajo; La cual beneficia a la mujer y
la familia. En su artículo 55 esta Ley da derecho a
la mujer concubina, para reclamar prestaciones
sociales ante el Instituto de Seguros Sociales.
En el Decreto 2663 de 1950, se consagra para la
mujer que vive como compañera permanente
de un trabajador y para sus hijos, el derecho a
reclamar algunas prestaciones sociales.
ARTICULO 1º. “El Estado Civil de una persona es
su situación jurídica en la familia y en la sociedad; En este Decreto se suprime la obligación de
que la mujer casada lleve el apellido de su marido precedido de la preposición de; simplemente
puede figurar con sus apellidos de soltera, porque ya se ha declarado por Ley, que es sujeto de
toda clase de actividades y capaz de responder
sin dependencia del marido para todos sus actos.
Por otra parte se encuentra la Ley 75 de 1968 llamada Ley Cecilia, expedida durante el gobierno
del doctor Carlos Lleras Restrepo la cual contiene normas de protección a la familia.
LEY 24 DE 1974 Por el cual se otorgan
iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a
los varones y eliminar de la Legislación toda discriminación. Para este año a su vez se estableció
el Estatuto de la Igualdad Jurídica de los sexos
por medio del Decreto 2820 de 1974 firmado
por el Presidente, doctor Alfonso López Michelsen. Decreto que es de vital importancia ya que
otorgó a la mujer, igualdad jurídica con respecto
al varón, unido con la ley 28 de 1932 logran otorgar la capacidad civil a las mujeres facultándolas
para la libre administración y disposición de sus
EL DECRETO 2820 eliminó la Potestad
marital esto es los derechos que la Ley concedía
al marido sobre la persona de su mujer,
· Consagró la Igualdad en las relaciones de los
cónyuges entre sí,
· Igualdad en derechos y obligaciones de los padres sobre los hijos no emancipados,
· Dirección conjunta del hogar,
· Se estableció la potestad parental sobre los hijos,
· Responsabilidad de la pareja por iguales partes,
para el sostenimiento del hogar, según las capa-
cidades y preparación de cada uno.
Lo anterior tuvo un impacto considerable ya que
toco las costumbres y la estructura paterfamilia
que mantenían a la mujer en completa subordinación e inferioridad con respecto al hombre,
por ende fortalece la visión de pareja como una
sociedad para brindarse apoyo mutuo.
diferentes organismos que integran el Sistema se
agruparán en seis subsistemas, con atribuciones
y objetivos propios, debidamente coordinados
entre sí. La planificación de los organismos del
Sistema debía considerar las necesidades y los
intereses específicos de las mujeres campesinas.
LA LEY 1A. DE 1976 Por la cual se esta-
LEY 54 DE 1990 A partir de la vigencia
blece el divorcio en el matrimonio civil, se regulan la separación de cuerpos y de bienes en el
matrimonio civil y en el canónico, y se modifican
algunas disposiciones de los Códigos Civil y de
Procedimiento Civil en materia de Derecho de
de la presente Ley y para todos los efectos civiles,
se denomina Unión Marital de Hecho, la formada
entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente
y singular. Igualmente, y para todos los efectos
civiles, se denominan compañero y compañera
permanente, al hombre y la mujer que forman
parte de la unión marital de hecho.
DECRETO 763 DE 1980, se creó el
Consejo Nacional para la Integración de la Mujer
al Desarrollo; es un organismo adscrito a la Presidencia de la República y tiene por objeto asesorar al Presidente en asuntos relativos a la mejor
vinculación de la mujer al desarrollo.
LA LEY 160 DE 1994 Por la cual se crea
el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y
se dictan otras disposiciones. En el artículo 2 se
previó la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, como
mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades
dirigidas a prestar los servicios relacionados con
el desarrollo de la economía campesina y a promover el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios, con el fin de
mejorar el ingreso y calidad de vida de los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos.
En el art. 4, por otra parte, se estableció que los
LEY 731 DE 2002. Esta Ley está orientada en forma directa y explicita a fijar normas
con el propósito de mejorar la calidad de vida de
las mujeres rurales, y para crear vías de avance
en el establecimiento de relaciones de equidad
entre hombres y mujeres rurales. Se ha destacado que el proyecto de la Ley 731 no fue iniciativa de congresistas o funcionarios estatales, sino
que surgió de la iniciativa de las mujeres rurales
organizadas, siendo el reflejo del esfuerzo de la
Red de Mujeres Rurales y de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (Anmucic).Pese a que todos los artículos
consignados en esta ley son de gran importancia
para este documento se hará mención solo algunos de ellos.
ARTÍCULOS 24 Y 25. Se expidió el Decreto 2998 de 2003 relacionado con la titulación
al cónyuge o compañero (a) permanente de los
predios sujetos el régimen de la UAF (Unidad
Agrícola Familiar o Unidad de Producción Agro-
pecuaria familiar) cuya explotación directa ha sido abandonada por el otro cónyuge o compañero
(a) permanente (art. 1o) y con la adjudicación de baldíos al cónyuge o compañero (a) que manifieste
bajo la gravedad del juramento la situación de abandono y reúna los requisitos para alegar la prescripción agraria.
El artículo 3o de este decreto contempla la participación de la mujer en la respectiva persona jurídica
que se organice para la explotación del predio, estableciendo que ésta será activa y en condiciones
equitativas frente al proceso de toma de decisiones.
Situación de especial vulnerabilidad de las mujeres respecto a la Tierra
En Colombia, las mujeres campesinas se encuentran sometidas a una triple desventaja: 1) La primera
se debe al hecho mismo de ser campesinas, pues los habitantes del campo en general enfrentan peores condiciones que los de las urbes. 2) La segunda se debe al hecho de ser mujeres, pues en el campesinado son ellas quienes enfrentan una peor situación. Al comparar las condiciones de las mujeres
campesinas con las de los hombres campesinos, es claro que ellas están sometidas a una trampa de
pobreza mayor y que, en general, enfrentan más dificultades para acceder a recursos productivos y a
la satisfacción de sus derechos. 3) La tercera desventaja la constituye el hecho de que estas mujeres
también han sido víctimas de la violencia, en especial en el contexto del conflicto armado (Guzmán
y Chaparro, 2013)
El desplazamiento es una de las formas en las que se han visto afectadas las mujeres campesinas
con ocasión del conflicto armado colombiano. La Corte Constitucional reconociendo en el Auto 092
de 2008 que las mujeres han sufrido de manera particular y desproporcionada la guerra, anota que
uno de los factores específicos de vulnerabilidad, es la existencia generalizada del riesgo de que las
mujeres sean despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados
ilegales dada su posición histórica restringida frente al derecho de propiedad, especialmente de los
A continuación se reproduce una Tabla elaborada por Guzmán y Chaparro (2013) con datos de la III
Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada adelantada por la Comisión de Seguimiento (2010) de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, en relación con
las formas de tenencia de la tierra forzada a abandonar o despojada. En ella se muestra, comparativamente, que las mujeres usualmente no tienen una calidad jurídica formalizada sobre los predios
rurales abandonados o despojados.
¿Cómo se evidencia el enfoque de género en el proceso de Restitución de
La Ley 1448 de 2011 estipula una serie de medidas a favor de la mujer de tal suerte que haya
una estrategia destinada a fin de que las mujeres
y los hombres se beneficien por igual de la política de restitución de tierras y así no se perpetúe la
desigualdad. A continuación presentamos tales
•	Art. 91 (Ley 1448 de 2011) El título del bien deberá entregarse a los dos cónyuges o compañeros permanentes que estaban al momento
del desplazamiento. (hace falta contextualizar)
•	Art. 114. (Ley 1448 de 2011) Atención preferencial para las mujeres en los trámites administrativos y judiciales del proceso de restitución.
Las mujeres víctimas de despojo o abandono
forzado, gozarán de especial protección del Estado en los trámites administrativos y judiciales relacionados en esta ley.
•	Para ello la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
dispondrá de un programa especial para garantizar el acceso de las mujeres a los procedimientos contemplados para la restitución,
o	Ventanillas de atención preferencial.
o	Personal capacitado en temas de género
o	Medidas para favorecer el acceso de las organizaciones o redes de mujeres a procesos de reparación.
o	Áreas de atención a los niños, niñas y adolescentes y discapacitados que conformen su grupo familiar,
o	La tramitación de las solicitudes de mujeres despojadas cabezas de familia ante
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas se atenderá con prelación sobre las
demás solicitudes.
•	Art. 17 (Decreto 4829) Cuando los bienes pertenecen a una sociedad conyugal o patrimonial al momento del despojo, la inscripción en
el registro se hará a nombre de la pareja aun
cuando alguno de los dos no se presente.
•	La Ley 1448 reconoce a parejas del mismo sexo como reclamantes de restitución de tierras.
•	El carácter transformador de la Ley 1448/11 permite que las mujeres formalicen su relación con la
tierra al recibir la restitución, es decir que aquellas que se encontraban en calidad de poseedoras y
ocupantes accedan a la propiedad de sus predios.
•	Garantías de no repetición: En las que participa la Fuerza Pública, para lo cual se requiere el diseño
de intervenciones que disminuyan la vulnerabilidad de las mujeres y establezcan estrategias diferenciadas para que no se repitan los hechos que generaron el desplazamiento.
•	Medidas judiciales en la Restitución: Conocer la situación de la mujer reclamante permitirá a los Jueces y Magistrados mitigar las acciones generadoras de violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, si el
cónyuge o compañero permanente al momento de desplazamiento era el perpetrador de violencia
hacia la mujer, el juez deberá tener en cuenta esta situación al momento de declarar una restitución
•	Los análisis de seguridad realizados por la
Fuerza Pública deben permitir mitigar los riesgos
para la repetición de lo hechos, informando la presencia de grupos armados perpetradores de reclutamiento, despojo y violencia sexual, que puedan
generar riesgo para las mujeres solicitantes de restitución.
•	La protección a mujeres lideresas, que por
su rol presentan mayores riesgos.
Foto: Típica abuela
colombiana por: Fotni et Nicolas https://
www.flickr.com/photos/rnw/5884851954/
El conflicto armado en Colombia ha afectado
de manera diferencial a hombres y a mujeres en
nuestro país, por lo cual se han construido una
serie de normas que buscan reconocer los derechos de las mujeres. Diversas iniciativas de mujeres en Colombia han hecho aportes significativos a la convivencia y a la construcción de paz en
lo local, lo regional y lo nacional.
que tiene en cuenta estas múltiples dimensiones
y que incluye a las mujeres en la definición de
la seguridad. Por ejemplo: la seguridad para una
mujer campesina tendría que ver con contar la
posibilidad de relacionarse con el territorio, con
la producción agrícola y pecuaria sin correr riesgos, ni ella, ni su familia. Mientras que para una
mujer en la ciudad tiene que ver con poder recorrer las calles, sin sentir temor acoso ni violencia
Conceptos básicos: ¿Qué es seguridad? ¿Qué es la paz?
Las definiciones de seguridad y paz construidas
desde organizaciones sociales de mujeres y desde experiencias subjetivas de hombres y mujeres
en el territorio colombiano no son iguales. Cada
colectivo y cada persona reconoce diferentes
amenazas y su definición de seguridad tiene que
ver con la protección con respecto a estas amenazas. Organizaciones internacionales como la
OEA evidencian una perspectiva de seguridad
Resolución 1325 es un marco legal internacional
lugar que se ocupa no sólo el impacto excesiva
de guerra en las mujeres, sino también a las mujeres papel central deben desempeñar y desempeñan en la gestión de conflictos, resolución de
conflictos y la paz sostenible.
¿Cuándo se hace esta Resolución?
La Resolución fue aprobada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre del año 2000 (sesión 4213).
Esta entidad tiene la responsabilidad primordial
de mantener la paz y la seguridad internacionales, tiene 15 Estados miembros y cada miembro
tiene un voto. De acuerdo con la Carta, todos
los Estados Miembros de la ONU convienen en
aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de
Seguridad. Por ello es el único órgano de la ONU
cuyas decisiones, los Estados Miembros están
obligados a cumplir. Así, el Consejo de Seguridad
está formado por diez miembros elegidos por la
Asamblea General de la ONU y cinco miembros
permanentes (China, los Estados Unidos, Francia,
la Federación de Rusia y el Reino Unido). Para el
2000, el Consejo de Seguridad estaba conformado por Argentina, Bangladesh, Canadá, Jamaica,
Malasia, Malí, Namibia, Países Bajos, Túnez, Ucrania, y los 5 países permanentes.
¿Por qué la hacen?
Debido a que las mujeres constituyen la inmensa mayoría de los que se ven perjudicados por
los conflictos armados teniendo en cuenta la naturaleza cambiante de la guerra en la que se ataca cada vez más a los civiles. Además, porque no
obstante lo anterior, las mujeres siguen estando
excluidas de la participación en los procesos de
prevención y solución de los conflictos armados.
¿Cuáles son los puntos centrales de
la Resolución 1325?
La Resolución tiene cuatro pilares que apoyan
Participación: las mujeres deben contar con
una mayor participación en todos los niveles de
toma de decisiones, incluso en las instituciones
nacionales, regionales e internacionales; en los
mecanismos para la prevención, gestión y resolución de conflictos; en las negociaciones de paz;
y en las operaciones de paz, como soldados, policías y civiles.
Protección: va encaminada a que las mujeres y
las niñas no sufran de violencia sexual y de género, incluso en situaciones de emergencia humanitarias, como en campos de refugiados.
Prevención: hace referencia a todas las estrategias de intervención en la prevención de la violencia contra las mujeres, un ejemplo de ello es
el enjuiciamiento efectivo de los responsables; el
fortalecimiento de los derechos de la mujer en
la legislación nacional; y el apoyo a las mujeres
locales de las iniciativas de paz y procesos de resolución de conflictos.
Socorro y recuperación: está relacionada busca
hacerle frente a las crisis internacionales bajo el
lente de género, ello se puede ver reflejado en
el respeto del carácter civil y humanitario de los
campamentos de refugiados, y atendiendo a las
necesidades particulares de las mujeres y las niñas en el diseño de los campamentos y asentamientos de refugiados (USIP, 2016).
¿Cómo se relaciona Colombia con la Resolución 1325?
El Centro de Memoria Histórica ha llamado la atención de que en Colombia se ha vivido uno de los
conflictos armados más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina. Este conflicto ha
causado la muerte de aproximadamente 220.000 personas entre el 1º de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012 (GMH, 2013), y de forma general se han registrado como víctimas ante la Unidad para
las Víctimas 8’040.748 personas (UARIV, 2016). En esta guerra, las mujeres se han visto particularmente
afectadas (CNMH, 2013. Sentencia T-045/2010 y Sánchez, 2013).
¿Cómo se ha aplicado la Resolución 1325 en Colombia?
Frente a la anterior situación puede observarse que: 1) se han expedido un número importante de normas en pro de la garantía de los derechos de las mujeres y con enfoque de género, así en el plano formal
se ha dado un avance en la protección de las mujeres en el conflicto. 2) Frente a la justicia se ha evidenciado la lentitud y la falta de efectividad en los procesos. En nueve años la Ley de Justicia y Paz sólo ha
conferido tres sentencias por delitos sexuales, encontrándose la mayoría de estos delitos en fase de imputación de cargos. 3)en relación a la participación de las mujeres en el proceso de paz que se lleva a cabo
con las FARC-EP se creó en el marco de la Mesa de Diálogos de La Habana, en su momento, la Subcomisión de Género integrada por representantes tanto de las FARC-EP como del Gobierno Nacional. Esta fue
instalada el 7 de septiembre de 2014 y tenía como objetivo revisar y garantizar, con el apoyo de expertos
y expertas nacionales e internacionales, que los acuerdos alcanzados tuvieran un adecuado enfoque de
género. (Humanas, 2015).
Según el DANE, en Colombia
MUJERES 49,64%
49,8% Hombres
HOMBRES 49,59%
PERSONAS LGBTI 0,02%
MUJERES 22.5%
CURULES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EN COLOMBIA
MUJERES 22%
INTEGRANTES EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
* RUV, Unidad para las víctimas corte Julio 2016.
¿Qué compromisos tiene la Fuerza Pública en la Resolución 1325?
Como se pudo observar, la Fuerza Pública debe incorporar dentro de sus políticas y actuaciones las
disposiciones de la Resolución 1325. Debe garantizar la participación de las mujeres en sus filas; debe
brindar protección especial a las mujeres dentro de su deber constitucional de ofrecer seguridad y
defensa nacional; debe a su vez contribuir en la prevención de la violencia de género implementando
al interior de las Fuerzas, una cultura de tolerancia cero a la violencia de género; y debe brindar socorro y respetar la recuperación de las víctimas de violencia de género en la guerra.
La Fuerza Pública ya ha venido capacitando a su personal en sexualidad y educación sexual desde la
psicología y las ciencias Humanas.
El siguiente cuadro nos muestra el año de incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas en
Las Mujeres en los Procesos de Mantenimientos de Paz
Así, la Resolución 1325 busca insertar la perspectiva de género en los contextos de conflicto armado, de negociación y de mantenimiento de la paz, incluyendo las realidades
de las mujeres y las niñas en las acciones de prevención de la violencia, incentivando la
participación de las mujeres en procesos de negociación y resolución de conflictos y protegiendo la seguridad y los cuerpos de las mujeres y las niñas víctimas de los conflictos
armados. De esta manera la prevención la participación y la protección son los tres
conceptos clave para la implementación de esta resolución. Por medio de estos
tres conceptos rectores, se busca, entre otras cosas, eliminar y denunciar la
violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Este fenómeno ocurre frecuentemente en los conflictos armados de manera sistemática y generalizada y estas disposiciones atienden a la búsqueda de mecanismos jurídicos, institucionales y
organizativos para su denuncia y eliminación.
La Resolución 1325 se aplica a niveles nacionales y locales, para lo cual se construyen iniciativas de trabajo con los Estados y también con las comunidades y
organizaciones de mujeres en los territorios. La Red Mundial de Mujeres por la
Paz es una iniciativa que busca articular procesos nacionales y locales de mujeres
trabajando por la paz en sus comunidades y territorios, y Colombia hace parte de
plementación de la Convención Interamericana para
Mujer del 15 de agosto de 2008).
GEOGRAFÍA: Hace referencia al lugar que ocuSEXO: Características biológicas, genitales, genéticas, hormonales y reproductivas que definen diferencias entre los machos y las hembras. Hay que tener en
cuenta que existen también cuerpos intersexuales o
hermafroditas, cuyas características biológicas impiden clasificarlos como macho o como hembras
pamos en el territorio y a las diferencias culturales y
de género asociadas a los territorios. Las regiones, las
costas, las zonas de montaña, los valles, las llanuras,
las selvas, las zonas rurales y las ciudades del país definen diferencias de género, diferencias en las formas
de ser hombres y ser mujer.
VIOLENCIA DE GÉNERO: Se refiere a las
Construcciones culturales, sociales,
económicas y del lenguaje basadas en las diferencias
de sexo, que establecen distinciones entre lo masculino y lo femenino, entre los hombres y las mujeres.
CULTURA: Conjunto de pensamientos, lenguajes, creencias, religiones, tradiciones, normas y prácticas de los seres humanos que regulan nuestra vida
en comunidad y que definen nuestra pertenencia a
un grupo humano.
violencias que sufren las mujeres por ser mujeres,
es decir, por los modelos culturales de género que
atribuyen mayor fuerza y poder a los hombres y que
ubican a las mujeres en posiciones de debilidad e inferioridad. Se trata de violencias que son perpetradas
en la pareja, en el interior de las familias y los hogares, en los espacios públicos y los medios de transporte urbano, en los lugares de trabajo. Las mujeres
no sólo han sido víctimas. También han sido agentes
del cambio que han denunciado y han desarrollado
diversas acciones para transformar estas realidades.
Diferentes formas de pensar, de hablar, de creer, de
hacer, de relacionarnos con el territorio presentes en
nuestra nación colombiana. La diversidad étnica y
cultural está construida por los pueblos afrocolombianos, indígenas y rom. Acá también tendremos en
cuenta a los pueblos campesinos y urbanos.
FEMINICIDIO: “muerte violenta de mujeres, por
razones de género, ya sea que tenga lugar dentro
de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra
relación interpersonal, en la comunidad, por parte
de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. (Declaración sobre el Femicidio del Comité de
Experta/os del Mecanismo de Seguimiento de la Im-
IGUALDAD DE GÉNERO Equidad de Género: Se refiere a la garantía de los mismos espacios, los
mismos derechos y el mismo reconocimiento para
hombres y mujeres, tendiendo en cuenta sus diferencias y especificidades. Se trata de una igualdad de
oportunidades políticas, laborales, educativas, sociales y culturales, sin que esto borre las diferencias que
existen entre hombres y mujeres.
EMPODERAMIENTO: Proceso de acceso a la
participación política, a la organización, a la exigencia de derechos y al reconocimiento, por parte de un
grupo históricamente excluido, silenciado y despojado de poder.
Bonder, Gloria (Ed.). (2012). Fundamentos y orientaciones para la integración del enfoque de género
en políticas, programas y proyectos. Sinergias. Cuadernosdel Área Género, Sociedad y Políticas -FLACSO, Argentina.
Botero, C., Restrepo, R., Saffon, M., y Uprimny, R. (2005). ¿Justicia transicional sin transición? Verdad,
justicia y reparación para Colombia. Bogotá, Colombia: Ediciones Anthropos. Recuperado de http://
www.dejusticia.org/ files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.201.pdf
Chávez Carapia, Julia del Carmen, ed. (2004). «Introducción». Perspectiva de Género. Plaza y Valdes. p.
179. ISBN 978-97-0722-257-1.
Comisión de Seguimiento. (2010). Informe de la III encuesta de verificación de la condición de la
población desplazada. Recuperado de: http://mesadesplazamientoydiscapacidad.files.wordpress.
com/2011/01/iiiinforme-de-verificacic3b3n-cs-2010.pdf
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. (2009). El Despojo de Tierras y Territorios. Aproximación conceptual. Bogotá, Colombia: Kimpres Ltda.
Coneo, A. (2012). Instituciones transicionales en la ley 1448 de 2011: aporte desde lo jurídico para
la restitución de los derechos asociados al territorio (tesis de maestría). Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, Colombia.
Corte Constitucional, Auto 092 de 2008.
Corte Constitucional, Sentencia T-045/10, M.P.: María Victoria Calle Correa.
Corte Constitucional. (2012). Sentencia C-820/12. Recuperado de http://www.corteconstitucional.
gov.co/RELATORIA/2012/C-820-12.htm
Estrada, M., y Rodríguez, N. (2014). La política de tierras para la población desplazada 2001-2011:
de la protección a la restitución. Estudios Socio-Jurídicos 16(1), 75-121. doi: dx.doi.org/10.12804/
esj16.1.2014.02. Recuperado de http://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/
view/2938
Garay, J., y Vargas. F. (2012). Restitución y memoria del despojo violento en Colombia: hacia una justicia transicional para las víctimas. En Memoria y reparación: elementos para una justicia transicional
pro víctima. Pags. 15-140. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.
Grupo de Memoria Histórica -GMH. (2013) ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.
Guzmán Rodríguez, Diana Esther y Chaparro González, Nina. (2013). Restitución de tierras y enfoque
de género. Documentos Dejusticia 12 Restitución de Tierras y Enfoque de Género. Centro de Estudios
de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. Disponible en: http://www.dejusticia.org/files/r2_activi-
Bonder, Gloria (Ed.). (2012). Fundamentos y orientaciones para la integración del enfoque de género en políticas, programas y proyectos. Sinergias. Cuadernosdel Área Género, Sociedad y Políticas -FLACSO, Argentina.
Comisión de Seguimiento. (2010). Informe de la III encuesta de verificación de la condición de la población
desplazada. Recuperado de: http://mesadesplazamientoydiscapacidad.files.wordpress.com/2011/01/iiiinforme-de-verificacic3b3n-cs-2010.pdf
Chávez Carapia, Julia del Carmen, ed. (2004). «Introducción». Perspectiva de Género. Plaza y Valdes. p. 179. ISBN
978-97-0722-257-1.
Guzmán Rodríguez, Diana Esther y Chaparro González, Nina. (2013). Restitución de tierras y enfoque de género.
Documentos Dejusticia 12 Restitución de Tierras y Enfoque de Género. Centro de Estudios de Derecho, Justicia
y Sociedad, Dejusticia. Disponible en: http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.365.pdf
Heise, Lori L.; Pitanguy, Jacqueline; Germain, Adrienne. (1994). Violence against women : the hidden health
burden. World Bank discussion papers; no. WDP 255. Washington, D.C.: The World Bank. http://documents.
worldbank.org/curated/en/1994/07/442273/violence-against-women-hidden-health-burden
Observatorio de Humanas: Mujeres, paz y seguridad Corporación Humanas-Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. (2015). Cumplimiento del Estado Colombiano con la Resolución 1325 de 2000
Informe de actualización periodo 2013-2014. Bogotá, Colombia. Marzo de 2015.
Olga Sánchez, Las violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra. (2008). Bogotá: Ruta pacífica de
las Mujeres Colombianas, 2008. Disponible en http://www.rutapacifica.org.co/descargas/publicaciones/lasviolencias.pdf;
Organización Mundial de la Salud –OMS. (2016). “What do we mean by ‘sex’ and “gender?” Consultado el 25 de
julio de 2016. Disponible en: http://apps.who.int/gender/whatisgender/en/
ONU-Mujeres. (2016). Incorporación de la perspectiva de género. Consultado 25 de julio de 2016. Disponible
en: http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/gender-mainstreaming
Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2015). Boletín epidemiológico de información estadística de violencia
contra la mujer. Dirección General, Subdirección de Servicios Forenses, Centro de Referencia Nacional sobre
Violencia. Disponible en: http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/989694/bolet%C3%ADn.pdf/1e5d84cd-877e-4388-806f-9733ebafdb63
Sisma Mujer. (2015). La erradicación de las violencias contras las mujeres y niñas: El paso definitivo hacia la paz.
BoletĂ­n especial No. 2 CorporaciĂłn Sisma Mujer Noviembre 25 de 2015, actualizado el 24 de mayo de 2016.
Disponible en: http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2016/06/Bolet%C3%ADn-No.-09.-25-de-Noviembre.-D%C3%ADa-Internacional-de-la-Eliminaci%C3%B3n-de-la-Violencia-contra-la-Mujer..pdf
United States Institute of Peace. (2016). What is U.N. Security Council Resolution 1325 and Why is it so Critical Today? Consultado el 03 de junio de 2016 en: http://www.usip.org/gender_peacebuilding/about_UNSCR_1325#What_are_the_four_pillars_of_Resolution_1325_
Militares en el proceso de Restitución de Tierras
Esta es una cartilla hecha para la ONG Social Development Group como instructivo para las fuerzas militares osbre su ron en las diferentes etapas del proceso de restitución de tierras en el marco del proceso de paz en Colombia

References: artículo 3
 artículo 217
 artículo
1
 artículo 29
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 185
 artículo 139
 artículo 54
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 162
 Artículo 103
 resolución 
 artículo 75

artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 resolución

 resolución

 artículo 1
 Resolución 
 Artículo 217
 Artículo 2

resolución 
 resolución 
 artículo 3
 ARTÍCULO 180

artículo 173
 artículo 219
 Artículo 43

Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 1
 artículo 4
 artículo
12
 artículo 5
 artículo 55
 artículo 2
 artículo 3

Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución