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Timestamp: 2019-09-21 09:23:53+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 2506 DE ABRIL 14 DE 2008
RESOLUCIÓN 2506 DE 14 DE ABRIL DE 2008
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS CUANDO EL CONTRATISTA INCUMPLA TOTAL O PARCIALMENTE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, ACORDE A LO INDICADO EN LA LEY 1150 DE 2007 Y EN EL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTRATISTA, ORGANISMOS DE NOTARIADO Y REGISTRO, SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1336 DE JUNIO 15 DE 2008, PG.832
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 10037 DE 2009 ARTÍCULO 12 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
RESOLUCIÓN 2506 DE 2008
“Por medio de la cual se adopta un procedimiento que regula la imposición de multas”.
(Nota: Derogada por la Resolución 10037 de 2009 artículo 12 de la Superintendencia de Notariado y Registro)
en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política y lo señalado en el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo,
Que según lo establecido en el artículo 13, inciso 1º de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales se rigen por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en el estatuto de contratación estatal;
Que de acuerdo al artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las entidades a que se refiere el estatuto de contratación, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales;
Que conforme al artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las estipulaciones de los contratos estatales son aquellas que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en el estatuto de contratación correspondan a su esencia y naturaleza;
Que en derecho civil el pacto de cláusulas penales puede fungir como sanción convencional a manera de apremio, pues al tenor del artículo 1599 del Código Civil “habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio”;
Que en desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 faculta a las entidades estatales a imponer multas que hayan sido previamente pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones;
Que la imposición de multas de carácter coercitivo sancionatorio debe estar precedida de una audiencia del afectado, con base en un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista;
Que las entidades estatales deben sujetarse a las normas procesales establecidas para el ejercicio de sus competencias, pues la vigencia constitucional del debido proceso, aplicable a las actuaciones administrativas, así se lo exige;
Que la existencia de un diseño procedimental previo garantiza el ejercicio pleno del derecho de defensa y permite el control de validez de la decisión sancionatoria;
Que en el ámbito constitucional el principio de igualdad tiene diferentes manifestaciones, dentro de las cuales, en el campo del derecho procesal, en lo que concierne la administración de justicia y en el desarrollo de procedimientos administrativos, se destaca el deber de que todos sean juzgados de igual manera, por el mismo procedimiento, “con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”;
Que diversos son los pronunciamientos proferidos por la Corte Constitucional, en relación con la importancia que tiene la aplicación de normas previamente establecidas para el desarrollo de las actuaciones públicas, ya que por esta vía se preservan los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa en concreto, y hacer efectivo el principio de justicia material que rige al Estado social de derecho;
Que los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se rigen por estas y solo en lo no previsto en ellas se aplican las normas de la parte primera del Código Contencioso Administrativo que sean compatibles;
Que a falta de una normativa expresa y específica que garantice la aplicación de un procedimiento administrativo determinado, corresponde a los servidores públicos acudir a las normas del Código Contencioso Administrativo para ejercer la competencia sancionatoria;
Que ante la ausencia de un procedimiento legal previamente establecido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que la administración está obligada a observar las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, relacionadas con los principios que inspiran la función administrativa, con la oportunidad y modo de inicio de las diligencias, con la forma de notificar las actuaciones, con los recursos pertinentes, las oportunidades de audiencia del afectado, los términos en que deben resolverse las peticiones y, en general, aquellas normas del régimen general que resulten pertinentes para imponer la sanción cuya competencia fue otorgada por la ley;
Que la Ley 1150 de 2007 no establece un procedimiento administrativo especial para imponer multas, toda vez que sus disposiciones se limitan a indicar que el procedimiento debe ser breve y que en desarrollo del mismo se debe conceder audiencia al afectado;
ART. 1º—Objeto. Establecer un procedimiento administrativo para la imposición de multas acorde a lo indicado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y a lo dispuesto en el inciso segundo, artículo 1º del Código Contencioso Administrativo.
ART. 2º—Principios rectores. El procedimiento adoptado para la imposición de multas se fundamenta en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así como en las disposiciones generales establecidas en la primera parte del Código Contencioso Administrativo.
ART. 3º—Renuncia a la reconvención en mora. En aplicación de normas civiles y comerciales, en las minutas de los contratos que elabore la entidad se incluirá una cláusula en la que el contratista renuncie a ser requerido para la constitución en mora.
PAR.—El presente artículo no se aplicará a los contratos suscritos con anterioridad a la expedición de la presente resolución.
ART. 4º—Cláusula de multas. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1599 del Código Civil, en las minutas de los contratos que elabore la entidad se incluirá una cláusula penal de naturaleza coercitivo sancionatoria, que se impondrá de forma unilateral a través de acto administrativo, cuando el contratista incumpla total o parcialmente cualquiera de las obligaciones principales del contrato.
ART. 5º—Requerimiento previo. En desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, cuando la entidad detecte el incumplimiento parcial o total de algunas de las obligaciones principales del contrato, se informará al contratista por escrito, sobre la procedencia de la imposición de una multa, señalando para tales efectos su valor y las razones que la acarrean. De igual manera se conminará al contratista a cumplir la respectiva obligación.
En el requerimiento, en caso de esgrimirse medios de prueba sobre los cuales no haya tenido oportunidad de pronunciarse el contratista, se allegará copia de los mismos o se indicará una dependencia al interior de la superintendencia donde puedan ser consultados.
De igual forma, en el requerimiento previo se citará al contratista para que en el término de cinco (5) días hábiles rinda descargos, se pronuncie sobre las pruebas practicadas por la entidad y solicite otras, siempre y cuando sean conducentes.
El requerimiento previo deberá ser notificado personalmente o subsidiariamente por edicto, conforme lo señalado en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 6º—Aceptación de la multa. En el evento que el contratista no formule objeciones por escrito durante el término de traslado concedido para tales efectos, se entenderá aceptada la imposición de la multa y se procederá a expedir el correspondiente acto administrativo.
Dicha decisión deberá ser notificada personalmente o subsidiariamente por edicto, conforme lo señalado en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 7º—Citación de terceros. El requerimiento previo será dirigido a terceros interesados, como aseguradoras o entidades que brinden otros medios de cobertura frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, a dichas personas se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos en el procedimiento administrativo. La citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz.
ART. 8º—Interventores externos. En el caso de que el contrato sea supervisado por un interventor externo a la entidad, dicha persona deberá reportar oportunamente los incumplimientos parciales o absolutos del contratista, a fin de adelantar el procedimiento sancionatorio regulado en la presente resolución.
ART. 9º—Adopción de la decisión. Habiéndose dado oportunidad al contratista y a los terceros interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas practicadas en desarrollo del procedimiento administrativo, la entidad tomará la determinación de imponer o no la multa.
ART. 10.—Notificación y recursos. La decisión adoptada al término del procedimiento administrativo deberá ser notificada personalmente o subsidiariamente por edicto, conforme lo señalado en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.
Contra la imposición de la multa será procedente el recurso de reposición.
ART. 11.—Caducidad. La prerrogativa para imponer multas solo podrá ejercerse durante la vigencia del contrato, con todo dicha facultad caduca a los tres (3) años de producido el hecho que pueda ocasionar la sanción.
ART. 12.—Publicidad. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 11, artículo 8º del Decreto 66 de 2008, la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual deben ser publicadas en el Secop.
ART. 13.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D.C., a 14 de abril de 2008.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 12

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 32
 artículo 40
 artículo 1599
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 1599
 artículo 8
 resolución