Source: https://www.consulta.tse.go.cr/generalidades_jurisdiccion.htm
Timestamp: 2018-01-17 04:58:44+00:00

Document:
Tribunal Supremo de Elecciones, Generalidades Jurisdicción
JURISPRUDENCIA / GENERALIDADES SOBRE LA JURISDICCIÓN ELECTORAL
1) Rasgos generales del Régimen Electoral
2) El Tribunal Supremo de Elecciones
3) Descripción general del trámite que produce las resoluciones electorales.
De conformidad con la Constitución Política vigente desde 1949 (art. 9), Costa Rica es una República unitaria y democrática, pues la soberanía reside exclusivamente en la Nación; con forma de gobierno presidencialista, popular, representativo, participativo, alternativo y responsable y lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
Administrativamente, el territorio está divido en provincias (7), que se subdividen en cantones (81) y éstos, a su vez, en distritos administrativos (480).
La elección de la Presidencia y las Vicepresidencias de la República, así como de las diputaciones a la Asamblea Legislativa, es popular y estos cargos, junto con los demás miembros de los Supremos Poderes, están sometidos a mandatos limitados en el tiempo (carácter representativo y alternativo).
Paralelamente, al gobierno nacional, coexisten ochenta y un gobiernos locales o municipales, encargados de la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón. Están conformados por las regidurías (integradas en un concejo municipal por cantón) y un funcionario (a) ejecutivo (a), a quien legalmente se le denomina alcalde o alcaldesa, con dos suplencias denominadas vicealcaldías. También existen concejos distritales, y habrá tantos como distritos posea el cantón; son órganos internos de la respectiva administración local, integrados por cinco miembros. Uno de ellos es el síndico o síndica, quien preside este concejo y a la vez interviene, representando a su respectivo distrito, en el concejo municipal del cantón, aunque sin derecho a voto en su seno. Existen además, ocho concejos municipales de distrito, que son órganos con autonomía funcional propia, adscritos a la municipalidad del cantón respectivo, creados por la considerable distancia en que se ubican de ese cantón central y funcionan en sustitución de los concejos de distrito y poseen una intendencia, como funcionario (a) ejecutivo (a). Todos estos cargos municipales mencionados son también nombrados a través de elecciones populares periódicas y están sometidos a mandatos limitados en el tiempo.
La Constitución Política, junto a las funciones ejecutiva, legislativa y judicial del gobierno, prevé una cuarta función con el mismo rango e independencia de esos Poderes que las ostentan (art. 9 de la Constitución Política), por medio de la cual se posibilita la designación popular de los citados cargos del gobierno nacional y de los locales así como los de las diputaciones a la Asamblea Legislativa y, por ende, su transición democrática: la función electoral, cuya autonomía reconoce y encarga al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cual tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás atribuciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes.
Características del sistema electoral costarricense
- Único órgano electoral especializado, con rango e independencia de Poder de la República, denominado Tribunal Supremo de Elecciones.
- Régimen de partidos políticos, papeletas individuales -lista de candidatos-; posibilidad de fusiones y coaliciones; principio de autorregulación partidaria; obligatoria renovación periódica de estructuras internas y autoridades partidistas.
- Participación política por género regida por los principios de paridad y alternancia (todas las delegaciones, nóminas y órganos pares tendrán integración de 50% de mujeres y 50% de hombres; y en los órganos impares, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno; dos personas del mismo sexo no podrán estar en forma consecutiva en la nómina -mecanismo de alternancia-).
- Sistema mixto de financiamiento de partidos políticos (patrimonio integrado por contribuciones de personas físicas, bienes y recursos legales; por la contribución estatal; por bienes muebles o inmuebles registrables adquiridos con fondos del partido, por donación o por contribución).
- Sufragio universal, directo, secreto, obligatorio.
- Padrón Electoral permanente, que alimenta al Padrón Registro con foto.
- Cédula de identidad para los ciudadanos (as) mayores de 18 años.
- Método de elección de Presidencia y Vicepresidencias de la República por mayoría que exceda el 40% de votos válidamente emitidos (art. 138 de la Constitución Política).
- Método de elección de diputaciones, regidurías, concejalías de distrito y concejalías municipales de distrito por cociente, subcociente y mayor residuo –variante del sistema proporcional– (art. 201 del Código Electoral).
- Método de elección de alcaldías, intendencias y sindicaturas y sus correspondientes suplencias, por mayoría relativa en su cantón y distrito, respectivamente (art. 202 del Código Electoral).
- Elecciones municipales. Serán celebradas dos años después de la elección nacional para Presidencia y Vicepresidencias de la República y Diputaciones a la Asamblea Legislativa (art. 14 del Código Municipal).
- Elecciones consultivas (referéndum, plebiscitos, etc.).
La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico electoral costarricense se sujeta al siguiente orden (art. 3 del Código Electoral):
Los tratados internacionales vigentes en Costa Rica
Las leyes electorales y municipales
Los reglamentos, directrices y circulares emitidos por el TSE.
Los estatutos de los partidos políticos debidamente inscritos.
Las demás disposiciones subordinadas a los reglamentos y a los estatutos partidarios.
Las interpretaciones y opiniones consultivas del Tribunal Supremo de Elecciones, en materia electoral, son vinculantes erga omnes, excepto para el propio Tribunal (arts. 221 y 223 del Código Electoral). Los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa solo podrán apartarse de esa opinión con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, pero dentro de los seis meses anteriores ni en los cuatro posteriores a una elección popular podrán convertir en leyes los proyectos sobre los que el TSE manifestó desacuerdo (art. 97 de la Constitución Política).
Los actores electorales costarricenses son:
Organismos Electorales (arts. 4 a 47 del Código Electoral):
Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos
Oficinas Regionales del Registro Civil (33 en todo país)
Juntas Cantonales (81)
Juntas Receptoras de Votos (recintos de votación-distrito electoral)
Partidos Políticos (arts. 48 y siguientes del Código Electoral)
Ciudadanía (arts. 90 a 92 de la Constitución Política y 144 y 145 del Código Electoral)
Puestos a elegir popularmente
Cada 4 años, el primer domingo de febrero:
Presidencia y Vicepresidencias de la República.
Diputaciones a la Asamblea Legislativa.
Cada 4 años, el primer domingo de febrero, dos años después de la elección presidencial:
Regidurías Municipales (integrantes de concejos de 81 cantones)
Síndicaturas
Intendencias y Viceintendencias
Por reformas al Código Municipal (en noviembre de 2007, interpretada por el TSE mediante resolución n.º0405-E8-2008, y en setiembre de 2009 –Código Electoral-), a partir del año 2016, se unifican las elecciones municipales, para celebrarse dos años después de las de Presidencia y Vicepresidencias de la República y Diputaciones a la Asamblea Legislativa.
Así, el primer domingo de febrero del año 2016 se elegirán, por primera vez y en un único proceso electoral, todos los cargos municipales (alcaldías, vicealcaldías, regidurías en propiedad y suplencias, intendencias y viceintendencias, sindicaturas, concejos de distrito y concejos municipales de distrito, en propiedad y suplencias).
Solamente y por única vez, los cargos municipales elegidos en el año 2010, lo serán por un período de 6 y 5 años para armonizar lo ordenado por las reformas legales detalladas.
De conformidad con la Constitución Política (arts. 133 a 138), el sistema de elección de la Presidencia y Vicepresidencias de la República será por mayoría. Se elegirán de manera simultánea y la nómina triunfadora en los comicios necesariamente deberá alcanzar una mayoría de votos que exceda el cuarenta por ciento (40%) del número total de sufragios válidamente emitidos, como condición para resultar electos. Ni los votos nulos ni los depositados en blanco cuentan para calcular este cuarenta por ciento que actúa como umbral de legitimidad en la elección presidencial.
Si luego del cómputo definitivo de votos para Presidencia y Vicepresidencias de la República, el TSE concluye que ninguna de las nóminas superó el indicado porcentaje de los sufragios válidamente emitidos, por mandato constitucional y legal deberá ordenar una segunda votación entre las nóminas que hayan obtenido el mayor número de votos, quedando elegidas las personas que figuren en la que obtenga el mayor número de sufragios art. 209 del Código Electoral).
Si en cualquiera de las elecciones dos nóminas resultaren con igual número de sufragios suficientes, se tendrá por elegido o elegida para la Presidencia al candidato o candidata de mayor edad, y para las Vicepresidencias a los respectivos candidatos o candidatas de la misma nómina (art. 138 de la Constitución Política y 201 del Código Electoral).
Diputaciones, regidurías y concejos de distrito:
La adjudicación de los escaños de diputaciones a la Asamblea Legislativa o a una Constituyente, de regidurías, concejos de distrito y concejos municipales de distrito está previsto en el Código Electoral (arts. 201 a 209): cociente (cifra que se obtiene dividiendo el total de votos válidos emitidos para determinada elección, entre el número de plazas a llenar en esta) y resto mayor con barrera de subcociente (total de votos válidos emitidos a favor de un partido que, sin alcanzar la cifra cociente, alcanza o supera el cincuenta por ciento de esta).
Permite distribuir las plazas entre los partidos que alcanzaron cociente; si quedare plaza, la distribución se hace a favor de los partidos que obtuvieron cociente, pero incluyendo también a los que alcanzaron subcociente –cifra que funciona como barrera– ordenándose las cifras residuales en forma decreciente, con prioridad en la adjudicación el de mayor cifra residual. Procedimiento que se repetiría si quedasen plazas sin distribuir.
Alcaldías, intendencias y sindicaturas:
Las alcaldías municipales, las intendencias y las sindicaturas y sus respectivas suplencias se declararán electas por el sistema de mayoría relativa en su cantón y distrito, respectivamente (arts. 201 a 209 del Código Electoral). En caso de empate, se tendrá por elegido o elegida el candidato o candidata de mayor edad y su respectiva suplencia.
Órgano constitucional creado desde 1949, al que corresponde en forma exclusiva y excluyente la función electoral, entendida como la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, con e rango e independencia de los Poderes del Estado.
Es un organismo electoral autónomo, especializado y despartidizado y en sus decisiones, organización y calificación de elecciones no intervienen los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Tanto los Magistrados y Magistradas, en propiedad y suplencia, integrantes del Tribunal como las personas funcionarias de la institución, deben obedecer la prohibición de participación político partidista. Únicamente, podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones, en las formas y condiciones establecidas en la ley.
Los Magistrados y Magistradas gozan de las inmunidades, responsabilidades y privilegios de los miembros de los Supremos Poderes.
El Tribunal, como órgano colegiado, ocupa la cúspide de la organización electoral, de la cual también forman parte:
El Registro Civil, constitucionalmente adscrito al TSE (art. 104), al que corresponde –en materia electoral– emitir la cédula de identidad y elaborar el padrón electoral (Departamento Electoral). También le corresponde, además de sus tareas de registrador civil, resolver las solicitudes de naturalización (Departamento Civil).
El Registro Electoral, que tiene como función registrar los partidos políticos y las candidaturas a puestos de elección popular controlar el financiamiento de los partidos políticos y la coordinación de los diferentes programas electorales.
Las juntas electorales, que son cantonales (81 en total) y Receptoras de Votos, integradas por personas propuestas por los partidos para las elecciones electivas y su número varía para cada proceso electoral.
El Tribunal propiamente, como jerarca institucional, lo integran tres magistrados (as) propietarios (as) y seis suplentes. Se amplía a cinco miembros en ejercicio un año antes y seis meses después de la celebración de elecciones generales para Presidencia y Vicepresidencias de la República y Diputaciones a la Asamblea Legislativa y seis meses antes y tres meses después de la celebración de elecciones municipales (arts. 100 y 101 de la Constitución Política; 13 y 15 del Código Electoral).
Requisitos para ser magistrado (a) (art. 159 a 161 de la Constitución Política):
Costarricense por nacimiento o por naturalización, con domicilio en el país no menor de 10 años después de obtenida la carta respectiva.
Ciudadano (a) en ejercicio.
Abogado (a) con 10 años de ejercicio o 5 de práctica judicial.
A cargo de la Corte Suprema de Justicia, por mayoría calificada y previo concurso público.
Plazo de 6 años, con posibilidad de reelección.
Al Tribunal Supremo de Elecciones le corresponde, en forma exclusiva, la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio. Del Tribunal dependen los demás organismos electorales y le corresponde pronunciarse definitivamente acerca de las resoluciones del Registro Civil y del Registro Electoral elevadas a su conocimiento en virtud de apelación o de consulta (registro de hechos civiles vitales de las personas; formación de las listas de electores; inscripción de partidos políticos y candidaturas; resolución de las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de costarricense, pérdida de nacionalidad; ejecución de las sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía y resolución de las gestiones para recobrarla y otras que le señalen la Constitución Política y las leyes).
La Constitución Política (art. 102) establece las siguientes:
Interpretar exclusivamente disposiciones materia electoral.
Conocer en alzada resoluciones del Registro Civil y las Juntas Electorales.
Investigar denuncias formuladas por partidos sobre parcialidad política.
Dictar, con respecto a la fuerza pública, medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas.
Ejecutar el escrutinio.
Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados, Miembros de Municipalidades y representantes a Asamblea Constituyente.
Organizar, dirigir y fiscalizar los procesos de realización del referéndum, así como escrutar y declarar sus resultados.
Instancia superior de administración electoral en votaciones electivas y consultivas (convocatoria, nombramiento de miembros de las juntas electorales, escrutinio de votos, declaratoria de resultados, y otras).
Asimismo, goza de atribuciones “cuasilegislativas”:
Interpretación exclusiva y obligatoria de las normas constitucionales y legales en materia electoral, de oficio o a solicitud del Comité Ejecutivo Superior de los partidos políticos inscritos (arts 99 y 102.3 de la Constitución Política y 12 inciso c) del Código Electoral).
Criterio vinculante en el trámite legislativo (art. 97 de la Constitución Política).
Constitucionalmente, se atribuye al TSE competencias naturales de otros Poderes e inmunización frente a controles interorgánicos usuales (arts. 9, 99, 102 a 104 de la Constitución Política):
Respecto del Poder Judicial:
Decisiones electorales del TSE “no tienen recurso” (cosa juzgada material): inexistencia de control contencioso o constitucional.
Ruptura del principio de universalidad jurisdiccional con el conocimiento de los ilícitos de participación o parcialidad políticas.
Respecto de la Asamblea Legislativa:
Improcedencia de la interpretación auténtica en materia electoral.
Consulta al TSE en el trámite de formación de la ley electoral, cuyo criterio es vinculante.
Respecto del Poder Ejecutivo:
Adscripción al TSE del Registro Civil.
Mando compartido de la fuerza pública en época electoral.
Improcedencia de modificaciones al anteproyecto de presupuesto electoral.
Al Tribunal Supremo de Elecciones, por encargo constitucional, le corresponde la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio. El TSE desenvuelve en cinco dimensiones: jurisdicción electoral, administración electoral, registración de actos y de hechos civiles de Las personas administradas, administración ordinaria y promoción de cultura democrática, traducida en valores democráticos y participación ciudadana.
Es en la primera de estas dimensiones –la jurisdiccional– que el Tribunal, como jerarca institucional, imparte justicia electoral y, por esa vía, hace respetar el valor del sufragio, garantiza el disfrute de los derechos políticos fundamentales, controla la actividad interna de los partidos políticos y vela por la legalidad y la constitucionalidad de los procesos electorales. Sus Magistrados y Magistradas integrantes, como jueces de la República y en cumplimiento de estas funciones, conocen, tramitan y resuelven diversos procesos en materia electoral, los cuales conforman la jurisdicción electoral.
Las características y particularidades de la jurisdicción electoral han sido tratadas, delimitadas y definidas a la luz de la nueva legislación, Código Electoral (Ley n.º 8765), vigente desde el 2 de setiembre de 2009.
Este nuevo marco normativo le ha imprimido un importante dinamismo al quehacer jurisdiccional, consecuentemente se ha producido un amplio desarrollo jurisprudencial, que puede ser consultado en el sitio Web de Jurisprudencia (http://www.tse.go.cr/jurisprudencia_presentacion.htm).
CATEGORÍAS DE PROCESOS ELECTORALES JURISDICCIONALES
La jurisdicción electoral costarricense es especializada, concentrada y uniinstancial y la ejerce de manera exclusiva y excluyente el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); sus resoluciones en materia electoral son irrecurribles (art. 103 de la Constitución Política), pero podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo (art. 223 del Código Electoral). La jurisprudencia electoral del TSE es vinculante erga omnes, salvo para sí mismo (art. 221 del Código Electoral).
Los procesos jurisdiccionales que regula la legislación actual (artículos 219 y siguientes del Código Electoral) pueden clasificarse en dos grandes categorías –para efectos de una mejor comprensión de su aplicación práctica– a saber: asuntos contenciosos y asuntos no contenciosos.
Cabe indicar que antes del 2 de setiembre de 2009 (fecha de entrada en vigencia del Código Electoral que rige, ley n.° 8765), algunos de estos procesos no se encontraban desarrollados a nivel legal, pues habían sido creados por la jurisprudencia electoral (recurso de amparo electoral y acción de nulidad) y otros se habían implementado por vía reglamentaria (cancelación de credenciales y denuncias por beligerancia política).
El Código Electoral desarrolla en su Título V “Jurisdicción Electoral” una normativa procesal que regula siete procesos contenciosos de manera específica, incluyendo los implementados jurisprudencial y reglamentariamente, lo cual brinda seguridad jurídica sobre la materia y facilita los mecanismos de acceso a la justicia electoral.
De seguido, se reseñan los procesos que se tramitan y resuelven en ejercicio de esta función jurisdiccional.
Estos se subdividen en tres tipos:
Relacionados con conflictos internos de los partidos políticos: el recurso de amparo electoral, la impugnación de acuerdos de asambleas de partidos políticos en procesos de constitución e inscripción y la acción de nulidad de acuerdos partidarios.
Relacionados con conflictos propios del proceso electoral: el recurso de apelación electoral, la demanda de nulidad relativa a resultados electorales y la denuncia electoral.
Relacionados con conflictos relativos al ejercicio de la función pública: la cancelación de credenciales a funcionarios de elección popular (miembros de los supremos poderes y municipales) y la parcialidad, participación o beligerancia política.
A continuación se reseñan los procesos que se tramitan y resuelven en ejercicio de esta función jurisdiccional contenciosa:
a. Recurso de amparo electoral (artículos 225 al 231 del Código Electoral)
El recurso de amparo electoral constituye, además de un derecho fundamental en sí mismo, un mecanismo procesal para la tutela efectiva de los derechos y libertades de carácter político-electoral. Puede interponerlo cualquier persona que se considere agraviada, en defensa de sus derechos, o a favor de los de un tercero, y procederá contra toda acción u omisión y contra la simple actuación material que viole o amenace violar aquellos derechos, cuando el autor de dichas acciones u omisiones sea un partido político u otros sujetos, públicos o privados, que de hecho o de derecho se encuentren en una posición de poder susceptible de afectar el ejercicio legítimo de los referidos derechos.
Este recurso no solo procederá contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas.
Se excluyen de esta vía los reclamos contra las decisiones de los organismos electorales inferiores, los cuales deberán impugnarse mediante el recurso de apelación electoral.
Impugnación de acuerdos de asambleas de partidos políticos en proceso de constitución e inscripción (artículo 232 del Código Electoral)
Cualquiera de las personas que integren las asambleas partidarias, en el proceso de constitución e inscripción de un partido, puede impugnar los acuerdos que estas adopten. Para la resolución de tales impugnaciones servirá como prueba, entre otras, el informe del delegado del TSE que haya fiscalizado la asamblea respectiva.
Corresponderá al Comité Ejecutivo Provisional del partido resolver esa impugnación, salvo que se trate de acuerdos de la Asamblea Superior. Lo resuelto por dicha instancia partidaria, o si la impugnación es contra acuerdos de la Asamblea Superior, podrá apelarse –dentro de los tres días siguientes a la notificación de lo resuelto– ante el Registro Electoral. Contra lo que resuelva este órgano electoral podrá presentarse recurso de apelación ante el Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, para su resolución definitiva.
Acción de nulidad de acuerdos partidarios (artículos 233 al 239 del Código Electoral)
Es un mecanismo de control de legalidad de la actuación de los órganos partidarios, relacionada con los procesos de selección de candidatos a los puestos de elección popular o de escogencia de autoridades internas. Así, cualquiera que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo podrá solicitar la nulidad de actos y disposiciones de los órganos partidarios, pero será requisito de admisibilidad el agotamiento de los mecanismos de impugnación a lo interno de la estructura partidaria, cuando estos existan.
Recurso de apelación electoral (artículos 240 al 245 del Código Electoral)
Es un recurso contra los actos que, en materia electoral, dicten el Registro Electoral, las juntas electorales, el funcionario encargado de autorizar las actividades proselitistas en lugares públicos, las delegaciones cantonales de policía y cualquier otro funcionario o dependencia del TSE con potestades decisorias en la materia.
Lo pueden interponer las personas que ostenten un derecho subjetivo –o un interés legítimo–comprometidos por la decisión recurrida. También estará legitimado para interponerlo, bajo los mismos principios, el Comité Ejecutivo Superior de cualquiera de los partidos políticos que intervengan con candidaturas inscritas en el proceso electoral dentro del cual se tomó el acuerdo cuestionado, y actuará por medio de quien ostente la representación legal.
Demanda de nulidad relativa a resultados electorales (artículos 246 a 252 del Código Electoral)
Cualquier persona que haya emitido su voto podrá interponer la demanda de nulidad relativa a resultados electorales. Estarán viciados de nulidad, por disposición legal:
a) El acto, acuerdo o resolución de una junta ilegalmente integrada, ilegalmente reunida o que funcione en lugar u hora diferente a lo establecido.
b) El Padrón Registro, acta, documento, inscripción, escrutinio o cómputo que resulte, de modo evidente, no ser expresión fiel de la verdad.
c) La elección de persona que no reúna las condiciones legales necesarias para servir en un cargo y la que se haga contra los mandatos de la Constitución Política y del Código Electoral.
No obstante lo dicho en el apartado a), es válida la votación celebrada ante una junta receptora de votos de la cual haya formado parte un miembro que no reúna las condiciones requeridas por la ley.
La sentencia deberá dictarla el Tribunal antes de la Declaratoria de Elección. Después de que esta se haya emitido, no se podrá volver a cuestionar su validez ni la aptitud legal de la persona electa, a no ser por causas posteriores que la inhabiliten para el ejercicio del cargo.
Cancelación o anulación de credenciales de funcionarios municipales de elección popular (artículos 253 al 261 del Código Electoral)
El Tribunal cancelará o anulará las credenciales de alcalde, regidor, síndico, intendente, concejal de distrito y concejal municipal de distrito, en los supuestos contemplados expresamente en la ley y a instancia de cualquier interesado que presente denuncia fundada y cumpla con los requisitos legales.
Las causales de cancelación de credenciales son: renuncia, ausencia, afectación al Sistema de Control y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, entre otras.
Cancelación o anulación de credenciales de miembros de los Supremos Poderes (artículos 262 a 264 del Código Electoral)
El Tribunal cancelará o anulará las credenciales de quienes ostenten la Presidencia y Vicepresidencias de la República y las Diputaciones a la Asamblea Legislativa, únicamente por las causales establecidas en la Constitución Política; también se cancelarán credenciales por renuncia. Cuando se inste la cancelación de credenciales del presidente, vicepresidentes o diputados, el Tribunal procederá inicialmente a valorar la admisibilidad de la denuncia.
Una vez admitida se designa un magistrado instructor para la instrucción de una investigación preliminar con fundamento en la cual el Tribunal determinará si existe mérito para solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad.
En caso de que el órgano legislativo proceda de conformidad o que se produzca la renuncia del funcionario investigado, también se desarrollará el procedimiento administrativo ordinario previsto en la Ley General de la Administración Pública, a cargo de un magistrado de la sede electoral que actuará como órgano director del procedimiento. En caso de disponerse la cancelación de la credencial y de que esta adquiera firmeza, el Tribunal procederá a llamar a quien le corresponda ocupar la vacante producida.
Denuncia por parcialidad o beligerancia política (artículos 102 inciso 5 de la Constitución Política; 265 al 270 del Código Electoral)
Los partidos políticos o cualquier persona que tenga conocimiento de parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o de la participación en actividades político-electorales de funcionarios públicos a quienes les esté prohibido desplegarla, podrán denunciar ese hecho ante el Tribunal.
El asunto se trasladará a la Inspección Electoral –órgano director del procedimiento administrativo ordinario– el cual, concluida la investigación, devolverá el expediente al Tribunal para su resolución.
En caso de funcionarios con inmunidad, el Tribunal valorará la admisibilidad de la denuncia y, si lo estima necesario, ordenará a la Inspección Electoral una investigación preliminar con base en la cual, de ser procedente, el Tribunal trasladará la denuncia a la Asamblea Legislativa para que realice el proceso de levantamiento de la inmunidad constitucionalmente establecido.
La jurisdicción electoral también conoce y resuelve asuntos no contenciosos. Estos comprenden: emisión de opiniones consultivas e interpretativas (hermenéutica), democracia semidirecta (asuntos relacionados con procesos consultivos), financiamiento de partidos políticos y declaratorias de elección.
Hermenéutica electoral (artículos 102 inciso 3 de la Constitución Política y 12 incisos c) y d) del Código Electoral)
El Tribunal es el órgano del Estado competente para interpretar las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. Así, evacua las consultas de los partidos políticos formuladas por medio de su Comité Ejecutivo Superior y también emite interpretaciones de oficio cuando lo estima necesario, para orientar adecuadamente la actividad electoral.
El Código Electoral establece que las consultas puede plantearlas también los jerarcas de los entes públicos que tengan un interés legítimo en la materia electoral y cualquier particular, pero en este caso el Tribunal las evacuará si lo considera necesario para la correcta orientación del proceso electoral. Igualmente, cuando el Tribunal lo estime pertinente, dispondrá la publicación de la resolución respectiva.
Democracia semidirecta (artículos 102 inciso 9 de la Constitución Política; 12 inciso p) del Código Electoral; Ley de Regulación del Referéndum; Código Municipal; Decreto del TSE n.°11-2007 Reglamento para los procesos de referéndum)
La reforma de varios artículos de la Constitución Política (102 inciso 9, 105, 123, 124, 129 y 192), mediante ley número 8281 del 28 de mayo de 2002, estableció el referéndum como mecanismo de democracia semidirecta para que la ciudadanía participe, bajo ciertos supuestos, en la aprobación y derogatoria de leyes, e incluso en reformas a la Constitución Política mediante el ejercicio del sufragio; esto es, sin la intermediación de los representantes populares en el Poder Legislativo.
Le compete al TSE la organización y administración de este tipo de proceso electoral denominado consultivo y en procesos plebiscitarios municipales, le corresponde dar la asesoría, por medio de la Dirección de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. En ambos, dilucida y resuelve las gestiones jurisdiccionales sometidas a su conocimiento, ya que también en esta materia ejerce la atribución judicial.
Financiamiento estatal (artículos 96 de la Constitución Política; 12 incisos i) y r), 86 al 135 del Código Electoral; Decreto del TSE n.°17-2009 Reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos)
Corresponde al Tribunal –con el auxilio de la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos y mediante resolución debidamente fundamentada– determinar y distribuir la suma correspondiente al aporte estatal entre las diversas organizaciones partidarias en estricta proporción al número de votos obtenidos por cada una de ellas, una vez que se produzca la declaratoria de elección respectiva, en los procesos electivos nacionales y municipales. Con base en dicha determinación, los partidos presentan la liquidación de gastos que deberá ser aprobada por el Tribunal.
Asimismo, con fundamento en las cauciones que rindan los partidos políticos, distribuye de manera adelantada y por igual a cada uno, parte del monto total de la contribución estatal y, posteriormente, controla que aquéllos cumplan las condiciones constitucionales y legales, bajo pena de devolución del anticipo otorgado. Igualmente, distribuye la suma correspondiente del aporte estatal para gastos permanentes de organización y capacitación que los partidos políticos hayan fijado en sus estatutos y según las liquidaciones de las erogaciones que presenten.
El TSE también ejerce control y vigilancia sobre el financiamiento privado partidario, el cual también debe reportarse por disposición de ley.
Declaratorias de elección (artículos 102 incisos 7, 8 y 9 de la Constitución Política; 12 incisos b), h) y p), 197 a 200 del Código Electoral)
Luego del escrutinio definitivo para las elecciones de cargos para la Presidencia y Vicepresidencias de la República, Diputaciones, Regidurías, Alcaldías, Sindicaturas, Concejalías e Intendencias, el Tribunal asigna los puestos que hayan obtenido en la contienda electoral los partidos políticos, proclama –mediante resolución fundamentada– a las personas electas y comunica los resultados y el periodo de vigencia respectivo para el ejercicio de los cargos correspondientes.
Igualmente, el Tribunal escruta los votos en los procesos electorales consultivos y comunica los resultados oficiales de estas votaciones.
Para profundizar en las regulaciones específicas de cada uno de estos mecanismos de acceso a la justicia electoral, se aconseja la revisión del texto completo del Código Electoral (Ley 8765) y a la jurisprudencia del Tribunal, todo lo cual puede ser consultado en los sitios respectivos de la Web institucional, www.tse.go.cr (Jurisprudencia y Normativa), o en la Unidad de Jurisprudencia y Normativa del TSE, Instituto de Formación y Estudios en Democracia –IFED–:
http://www.tse.go.cr/informacion_jurisprudencial.htm.

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