Source: https://es.scribd.com/document/534601/DECRETO-NUMERO-48-92-Ley-Contra-la-Narcoactividad
Timestamp: 2016-07-31 01:52:46+00:00

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a) Drogas: Toda sustancia o agente farmacológico que, introducido en el organismo de una persona viva modifica sus funciones fisiológicas y transforma los estados de conciencia; También se considera drogas las semillas, florescencias, plantas o parte de ellas y cualquier otra sustancia de donde puedan ser extraídas aquéllas. A las bebidas alcohólicas y el tabaco, no les son aplicables las disposiciones de esta ley; b) Estupefacientes y sustancias psicotrópicas: Cualquier droga natural o sintética, así considerada en tratados o convenios internacionales de observancia obligatoria en la República de Guatemala, el Código de Salud y demás disposiciones que se emitan para determinar las drogas de uso prohibido a que se refiere la presente ley; c) Adicción: Dependencia física o psíquica, entendida la primera como sujeción que obliga a la persona a consumir drogas, y que al suspender su administración, provoca perturbaciones físicas y/o corporales, y la segunda como el impulso que exige la administración periódica y continua de drogas para suprimir un malestar psíquico; d) Tráfico ilícito: Cualquier acto de producción, fabricación, extracción, preparación, oferta, distribución, depósito, almacenamiento, transporte, venta, suministro, tránsito, posesión, adquisición o tenencia de cualquier droga, estupefaciente o sustancia psicotrópica, sin autorización legal; e) Consumo: Uso ocasional, periódico, habitual o permanente de la sustancia a que se refiere la presente ley; f) Tránsito internacional: Cuando el sujeto activo del delito por cualquier medio importe, exporte, facilite o traslade estupefacientes o sustancias psicotrópicas de un país a otro; g) Precursores: Es la materia prima o cualquier otra sustancia no elaborada, semielaborada o elaborada, que sirve para la preparación de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. h) Bienes: Los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos; i) Instrumentos y objetos del delito: Los instrumentos son las herramientas utilizadas para la comisión de los delitos que establece la presente ley. Los objetos del delito son las drogas, estupefacientes, psicotrópicos y precursores que provengan de los delitos a que se refiere esta ley;
j) Comisión: Comisión Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. ARTICULO 3.- Uso legal: Solamente podrá autorizarse la importación, producción, fabricación, extracción, posesión y uso de las drogas en las cantidades estrictamente necesarias, exclusivamente por personas legalmente facultadas y bajo su estricta responsabilidad, para el tratamiento médico, los análisis toxicológicos y farmacológicos, la investigación científica y la elaboración de medicamentos. En los centros de comercialización para particulares, su venta requerirá receta médica. Los Jueces penales de Primera Instancia y Tribunales de Sentencia competentes para conocer de los delitos de narcoactividad podrán autorizar al Director de la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino, de la Policía Nacional Civil, la posesión y uso de drogas y estupefacientes con fines de Entrenamiento Canino. Para esos fines, el Director de la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino presentará solicitud escrita al Juez competente, al cual contendrá: a) Datos de identificación del solicitante y los del Jefe del Departamento de Operaciones Antinarcóticas de la Policía Nacional Civil, acompañando copia certificada de sus respectivos nombramientos. b) Número de personas y canes participantes en el curso, así como la duración del mismo. c) Tipo de droga o estupefaciente que se solicita. d) Cantidad exacta de la droga o estupefaciente que se solicita para el entrenamiento y localización de la misma. e) Justificación de la cantidad solicitada. f) Fechas y cantidades solicitadas con seis (6) meses de antelación, si fuera el caso, y Juez ante quien fue solicitado. g) Firma del solicitante y visto bueno del Jefe del Departamento de Operaciones Antinarcóticas de la Policía Nacional Civil. La copia de la solicitud deberá ser cursada a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de drogas –SECCATID- y a la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, quienes podrán oponerse exponiendo las razones y fundamentos de su oposición. La autorización será emitida por el Juez o Tribunal competente, previo análisis del laboratorio de toxicología designado, quien verificará el grado de pureza y el peso exacto de las cantidades autorizadas. La droga o estupefaciente podrá ser sustraída de las incautaciones realizadas por las Fuerzas de Seguridad del País, antes de la destrucción prevista en el Artículo 19 de esta ley o de los comisos almacenados y sujetos a investigación cuando no hay sindicado. Para el acto de sustracción se aplicará el
procedimiento de comprobación estipulado en el último párrafo del artículo 19 de esta Ley en lo que sea pertinente. El Director de la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino conservará la droga o sustancia autorizada en custodia bajo su estricta responsabilidad y bajo condiciones de máxima seguridad, llevando para el efecto un registro de control, autorizado por la SECCATID, el cual deberá contener todos los datos de peso, pureza, uso, porcentajes de pérdida por el uso de las sustancias, personas, y todos los demás que contribuyen a dar transparencia al manejo de las mismas. Finalizado el curso, el Director informará al Juez que autorizó, detallando la información contenida en el registro de control de las sustancias, y el Juez ordenará la destrucción de los sobrantes, previo análisis del laboratorio de toxicología sobre el peso y pureza de la droga o estupefaciente devueltos. Las pérdidas deberán ser plenamente justificadas ante el Juez por el Director de la Escuela. Del informe rendido al Juez deberá remitirse copia a SECCATID.” * Texto Original * Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 32-99 del Congreso de la República de Guatemala. ARTICULO 4.- Autorización y control: Los establecimientos que se dediquen legalmente al comercio, expendio, industrialización, fabricación, análisis, refinación, transformación, extracción, dilución, envasado, preparación, producción, importación, exportación, suministro o almacenamiento de disolventes o sustancias que puedan ser utilizadas como precursoras en el procesamiento de estupefacientes y psicotrópicos susceptibles de causar dependencia, deberán contar con autorización del Ministerio de Salud Pública y someterse a los controles y fiscalización que éste realice. ARTICULO 5.- Rehabilitación y Readaptación social. Es deber del Estado procurar los recursos económicos necesarios a fin de asegurar el tratamiento de rehabilitación de los adictos y promover su readaptación social. ARTICULO 6.- Cooperación nacional. Las personas jurídicas colectivas de carácter social, informativo, cultural, recreativo, deportivo, religioso y de cualquier otra naturaleza, colaborarán con los programas contra el uso de drogas. Toda persona colaborará con la prevención de los delitos a que se refiere esta ley y el consumo ilícito de drogas. ARTICULO 7.- Cooperación internacional. Es deber del Estado, por medio de sus órganos competentes, propiciar la cooperación internacional, técnica y económica, para fortalecer, así como coordinar estrategias entre estados y programas de investigación, prevención, sanción y rehabilitación en materia de drogas, estupefacientes y psicotrópicas, así como concertar tratados, convenios y acuerdos para mejorar la eficacia de esta cooperación y coordinación. ARTICULO 8.- Exoneración. Para mejorar la vigilancia del espacio aéreo y marítimo y aumentar la capacidad de control del tráfico internacional de drogas ilegales, se exonera al
estado de Guatemala de toda clase de impuestos para la importación del equipo de radar y de otros instrumentos que se utilicen para el control de la Narcoactividad. CAPITULO II DE LA PARTICIPACION EN EL DELITO ARTICULO 9.- Autoría -personas físicas-. Serán consideradas como autores de los delitos a que se refiere esta ley las personas físicas que tomaren parte en la ejecución del hecho; prestaren auxilio o una ayuda anterior o posterior, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer; emitieren promesas anteriores a la perpetración o instigaren su realización o determinación. También se considerará autor a quien valiéndose de su superioridad jerárquica, determine a uno de sus subordinados mediante órdenes genéricas de contenido prohibido por esta ley. ARTICULO 10.- Autoría -personas jurídicas-. Serán imputables a las personas jurídicas, independientemente de la responsabilidad penal de sus representantes, los delitos previstos en esta ley, cuando se tratare de actos realizados por sus órganos regulares, siempre que se hallaren dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios. ARTICULO 11.- Complicidad. Serán considerados cómplices, quienes voluntariamente auxiliaren de cualquier modo a la realización del hecho o quienes prestaren una ayuda posterior al mismo, en virtud de promesas anteriores a su perpetración, sin que esos auxilios tuviesen las características previstas para los autores. CAPITULO III DE LAS PENAS ARTICULO 12.- De las penas. Para los delitos señalados en esta ley, son penas principales para las personas físicas: a) De muerte. b) De prisión. c) Multa. d) Inhabilitación absoluta o especial. e) El comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito y de los instrumentos utilizados para la comisión, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho, o que haya mediado buena fe. f) Expulsión del territorio nacional de extranjeros. g) Pago de costas y gastos procesales.
h) Publicación de la sentencia condenatoria. ARTICULO 13.- Penas. Las penas previstas en esta ley para las personas jurídicas, son las siguientes: a) Multa. b) Cancelación de la personalidad jurídica. c) Suspensión total o parcial de actividades. d) El comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito de los instrumentos utilizados para su comisión. e) Pago de costas y gastos procesales. f) Publicación de la sentencia. ARTICULO 14.- Conversión de la multa. Los penados con la multa que no la hicieran efectiva en el término legal, o que no cumplieren con efectuar las amortizaciones para su debido pago, cumplirán su condena con privación de libertad, regulándose el tiempo, entre Q. 5.00 y Q. 100.00 por día, según la naturaleza del hecho, y el monto de la droga incautada. Cuando se hubiere impuesto también pena de prisión, la conversión comenzará al cumplirse aquella, nadie podrá, sin embargo, cumplir más de treinta años de prisión. El condenado podrá, en cualquier tiempo, pagar la multa, deducida la parte correspondiente de la prisión sufrida. Si al concluir la pena de prisión el condenado hubiera observado buena conducta, el juez competente podrá otorgar la suspensión condicional de la pena de multa. La solicitud se tramitará en la vía de los incidentes. ARTICULO 15.- Conmutación de penas privativas de libertad. Las penas fijadas en los Artículos 36, 39, 43, 44, 49, 50 y 51 de esta ley, podrán conmutarse cuando la prisión no exceda de cinco años. La conmuta se regulará entre un mínimo de Q.5.00 diarios y un máximo de Q.100.00 por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho, las condiciones económicas del penado y el monto de los objetos del delito decomisado. ARTICULO 16.- Suspensión condicional de la pena. En los casos de condena a una persona de prisión que no exceda de tres años, se podrá otorgar la suspensión condicional del cumplimiento de las penas impuestas, sin perjuicio del cumplimiento de las medidas de seguridad y de las responsabilidades civiles impuestas. Se aplicará este beneficio, cuando por las características especiales del hecho o de la personalidad del condenado, fuere inconveniente o inútil la ejecución de la pena. Esta disposición no se aplicará si la sentencia ya ha sdo reducida de acuerdo al artículo 22 de esta Ley. Al conceder el beneficio, el juez podrá imponer al condenado alguna o varias de las reglas de la conducta siguiente;
a) residir o no residir en lugar determinado y someterse a la vigilancia del tribunal. b) La prohibición de frecuentar determinados lugares o personas. c) Abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas. d) Comenzar y finalizar la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida, aprender una profesión y oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución que determine el tribunal. e) Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si fuera necesario. El juez fijará en la condena las modalidades concretas de la ejecución y el tiempo de vigencia de las reglas impuestas, las que no podrán ser superiores a cinco años. El plazo de prueba de la suspensión condicional no podrá ser inferior a dos años, ni superior a cuatro. ARTICULO 17. Revocación. Si el condenado se apartase en forma injustificada de las reglas de conducta impuestas o cometiere delito doloso, dentro del plazo de prueba, se revocará la suspensión y cumplirá el resto de la pena. ARTICULO 18. Comiso. Caerán en comiso las armas, objetos, dinero, vehículos, inmuebles, o valores empleados en la ejecución de los delitos establecidos en esta ley, así como los que sean derivados de los mismos o se adquieran con valores obtenidos en la comisión de tales delitos. Cuando los objetos o vehículos empleados en la ejecución de los delitos establecidos en esta ley no fueran propiedad de los implicados, serán devueltos a su legítimo propietario cuando no le resultare responsabilidad. El comiso será decretado en sentencia condenatoria o absolutoria, cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio. * “Los bienes decomisados de lícito comercio se venderán y el producto de la venta incrementará los fondos privativos del Organismo Judicial, pero serán destinados especialmente a la lucha y prevención de los delitos a que se refiere esta ley. Se exceptúan los bienes a que se refiere el Artículo 57 de la presente ley, los cuales pasarán a formar parte del patrimonio de la Policía Nacional Civil”. * Texto Original * Reformado el último párrafo por el Artículo 1 del Decreto Numero 62-98 del Congreso de la República de Guatemala. ARTICULO 19. Destrucción judicial de drogas. Cuando se efectúen incautaciones o decomisos de drogas u otras substancias prohibidas, se procederá a realizar el análisis científico que determine cantidad, peso, pureza y otras características de la misma. En un
plazo no mayor de 20 días el Juez de Primera Instancia competente ordenará su análisis y destrucción. En caso de plantaciones de drogas, el Ministerio Público puede autorizar su destrucción en el mismo lugar, cuidando de documentar el hallazgo, características, cantidad y toda información que sirva para la comprobación del delito y de la destrucción. Asimismo, conservará una cantidad razonable, en calidad de muestra, para probar la existencia del delito. Con la muestra se procederá de la forma prevista en el presente Artículo. En casos excepcionales en los que el Ministerio Público por impedimento justificado no pueda estar presente, la Policía Nacional Civil podrá destruir las plantaciones de drogas, documentando el hallazgo, la diligencia, así como las características, cantidad e información que sea importante para la investigación, lo cual hará del conocimiento inmediato del Ministerio Público. Desde su incautación y antes de su destrucción, las drogas o sustancias deberán permanecer en el almacén correspondiente de la Policía Nacional Civil quien será responsable de su traslado, guarda y custodia, donde se llevará un registro pormenorizado de las existencias, manejo y entregas de las drogas y sustancias, así como de las personas relacionadas con dichos actos. Para los efectos de la destrucción, el juez contralor, mediante su comparecencia comprobará en la diligencia respectiva las características de la droga o sustancia incautadas e inmediatamente después ordenará su destrucción. En este acto, podrán estar presentes las partes y obligatoriamente un representante del Ministerio Público, una persona delegada por la Comisión Contra las adicciones y el tráfico Ilícito de Drogas – CCATID-, para lo cual serán debidamente citados, en cuya presencia se procederá en el lugar, día y hora previamente señalados. La citación de las partes se asegurará con la debida anticipación, bajo la responsabilidad del juez competente. La incomparecencia injustificada de las partes debidamente citadas no será motivo de suspensión o anulación de la diligencia. El juez conservará una muestra de la droga o sustancia cuya destrucción se haya ordenado bajo la custodia y protección de la Policía Nacional Civil, para la comprobación de la existencia del delito y, con la misma finalidad, otra muestra de iguales características, así como las marcas o indicadores de procedencia de las sustancias serán conservadas por el Ministerio Público. Las muestras, marcas e indicadores de procedencia se mantendrán en custodia, bajo la responsabilidad de dichas autoridades y en condiciones de máxima seguridad, los que se remitirán al Tribunal de Sentencia, quien ordenará su destrucción al quedar ejecutoriada la sentencia definitiva, previo análisis del Laboratorio de Toxicología. La ejecución y verificación de destrucción de la droga o sustancia se realizará el mismo día bajo la responsabilidad del Ministerio Público, en cuyo acto podrán estar presentes las partes y obligatoriamente las personas delegadas por la Comisión, el Departamento de Operaciones Antinarcóticas de la Policía Nacional Civil y una persona delegada por el juez que ordenó dicha destrucción. El acta respectiva será firmada por todos los
comparecientes y una copia será remitida al juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes.” * Texto Original * Reformado por el Artículo 2 del Decreto Número 32-99 del Congreso de la República de Guatemala CAPITULO IV CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LA APLICACIÓN DE PENAS ARTICULO 20. Cómplices. A los cómplices se les aplicará la pena señalada a los autores, disminuida en una tercera parte o no, a criterio del juzgador. Esta disposición también comprende al autor de tentativa. ARTICULO 21. Agravantes especiales. Son agravantes especiales, en relación con los delitos comprendidos en esta ley, las siguientes: a) Que el hecho afecte o pudiere afectar a menores de edad, mujeres embarazadas, enfermos mentales, o a personas que padecen de disminución física. b) Que el autor haya facilitado el uso o el consumo de drogas en establecimientos de enseñanza, centros de protección y de recreación de menores, unidades militares o centros de reclusión o penitenciarios o que el autor sea propietario o encargado de entidades sociales, culturales, recreativas, deportivas o de cualquier otra naturaleza. c) Que el autor sea encargado de la prevención o persecución de los delitos establecidos en esta ley. d) Que el autor sea funcionario o empleado público, utilice armas o ejerza profesión de las que se relacionan de un modo inmediato con la salud del pueblo. En los casos anteriores, la pena podrá aumentarse hasta en el doble del máximo de la señalada al delito cometido. ARTICULO 22. Atenuantes especiales. Podrá rebajarse la pena hasta un cuarto del mínimo señalado en esta ley, en los casos siguientes: a) Cuando los autores, cómplices o encubridores de los delitos contemplados en esta ley, de manera espontánea ante juez competente, proporcionaran, más allá de su participación, información que contribuya al establecimiento de los delitos tipificados en esta ley o a la captura de sus autores, o cuando el autor pusiera en conocimiento de la autoridad lo que supiera sobre los planes de comisión de los delitos ya mencionados, haciéndolo con tiempo suficiente para impedir su ejecución.
b) Cuando durante las diligencias o dentro del proceso, hasta antes de la sentencia, el procesado diere información relevante que haga posible la incautación o decomiso de drogas o de bienes de delitos relacionados con los delitos tipificados en esta ley. La aplicación del beneficio contemplado en este artículo, no podrá exceder de la cuarta parte del mínimo de la condena impuesta. CAPITULO V MEDIDAS DE SEGURIDAD ARTICULO 23. Presupuestos. Se impondrán medidas de seguridad y corrección: a) Cuando concurran condiciones que imposibilitan la aplicación de una pena por causa de inimputabilidad. b) Cuando la reiteración de los delitos a que se refiere esta ley hiciere, presumiere, fundamente la continuación de prácticas delictivas, o la realización de actividades delictivas que ponen en peligro a la sociedad y a los bienes jurídicamente tutelados por la presente ley. ARTICULO 24. Duración. Las medidas de seguridad y corrección cesarán cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su imposición, pero deberán revisarse cada año. ARTICULO 25. Clases. Los tribunales competentes al conocer de los delitos a que se refiere esta ley, podrán imponer las siguientes medidas de seguridad: a) Internamiento especial. Que consistirá en el internamiento del imputable en un lugar adecuado para cuidar de su persona y procurar su curación. Cuando el juez lo considera aconsejable, podrá establecer el tratamiento ambulatorio, fijándose las obligaciones terapéuticas del sometido a la medida, bajo control del tribunal. b) Régimen de trabajo. Podrá ordenarse que los delincuentes reincidentes y habituales, así como las personas peligrosas, sean sometidas a un régimen especial de trabajo en una de las granjas agrícolas penitenciarias del país. c) Prohibiciones especiales. Podrán ordenarse la prohibición de residir en determinado lugar o de concurrir lugares específicos. CAPITULO IV DE LAS RESPONSABILIDADES CIVILES ARTICULO 26. Reparación Civil. De la comisión de cualquiera de los delitos a que se refiere esta ley, nace la obligación de reparar el grave daño material y moral ocasionado a la sociedad. La obligación es solidaria entre todos los responsables del delito, sean personas físicas o jurídicas, y se resolverá en indemnización pecuniaria fijada por el juez en la sentencia y se ejecutará por el tribunal que la haya dictado en primera o única
instancia por la vía de apremio. Si el delito fuera cometido por una persona jurídica, responderán solidariamente las personas físicas que hubieran actuado como órganos de decisión de la misma, salvo aquellas que carecieran de culpabilidad. Asimismo, la persona jurídica responderá solidariamente por los delitos cometidos por sus representantes siempre que ella hubiere recibido algún tipo de beneficio proveniente, directa o indirectamente. ARTICULO 27.- Terceros Responsables. Quien hubiere obtenido beneficios económicos de los efectos de un delito, aún sin haber sido partícipe en su ejecución, responderá civilmente hasta el monto en que hubiere lucrado. Se exceptúa la notoria buena fe en todos los intervinientes del acto. ARTICULO 28.- Preferencia. La reparación del daño causado a la sociedad por el delito, tendrá preferencia sobre cualquier otra deuda y sobre la ejecución de las penas y también sobre el pago de la multa. ARTICULO 29.- Cálculo. Para calcular el daño material y moral causado a la sociedad, se considerará: a) El valor de las drogas incautadas. b) El valor de los bienes relacionados con el delito, así como de los objetos e instrumentos utilizados en la acción ilícita. c) La envergadura de la asociación nacional o internacional a que pertenece el delincuente. e) La capacidad de producción, fabricación, cultivo y tráfico de drogas. f) La gravedad del delito cometido, g) Las lesiones económicas provocadas a la sociedad por la inversión de recursos en la lucha y contra el narcotráfico. ARTICULO 30.- Sucesión. La responsabilidad civil, derivada de los delitos señalados en esta ley, se transmite a todos los herederos del responsable, hasta el monto de la herencia recibida. ARTICULO 31.- Oportunidad. El Ministerio Público, en representación de la sociedad, deberá ejercer la acción civil conjuntamente con la acción penal y ambas se deducirán conforme las normas del proceso penal. ARTICULO 32.- Subsidiaridad. La acción civil es subsidiaria de la acción penal y el juez las resolverá en la misma sentencia, inmediatamente después del pronunciamiento de la materia penal. Si la acción penal se extingue o deja de ejercerse por muerte o causa de inimputabilidad antes del pronunciamiento definitivo de la sentencia, el Ministerio Público deberá ejercerla o continuarla en los tribunales competentes.
ARTICULO 33.- Destino. Las responsabilidades civiles fijadas por el juez a favor del Estado, incrementarán los fondos privativos del Organismo Judicial, con destino específico a las actividades de investigación de los delitos a que se refiere esta ley, así como a la persecución, sanción y readaptación social de quienes cometan dichos delitos. Si llegado el caso de resolver, no se hubiere establecido, total o parcialmente, el monto de las responsabilidades civiles, serán fijadas por el tribunal competente en la sentencia condenatoria, con base en los elementos señalados en este capítulo para su cálculo. ARTICULO 34.- Particulares perjudicados. Las personas particulares perjudicadas por alguno de los delitos a que se refiere esta ley, podrán reclamar al procesado el pago de las responsabilidades civiles, la que se traducirá en indemnización pecuniaria por los daños materiales o morales privados y en la reparación o restitución total o parcial de los objetos o instrumentos del delito, cuya propiedad comprueben, siempre que sean de lícito comercio. CAPITULO VII DE LOS DELITOS Y SUS PENAS ARTICULO 35.- Tránsito internacional. Quien sin estar autorizado, participe en cualquier forma en el tránsito internacional de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como de precursores y sustancias esenciales destinadas a la fabricación o disolución de las referidas drogas, será sancionado con prisión de doce a veinte años y multa de cincuenta mil quetzales a un millón de quetzales. ARTICULO 36.- Siembra y cultivo. El que sin estar autorizado legalmente siembre, cultive o coseche semillas, florescencias, plantas o parte de las mismas, de las cuales naturalmente o por cualquier medio, se pueda obtener drogas que produzcan dependencia física o psíquica, serán sancionados con prisión de cinco a veinte años de prisión y multa de Q.10,000.00 a Q.100,000.00. ARTICULO 37.- Fabricación o transformación. El que, sin autorización legal, elaborare, fabricare, transformare, extrajere u obtuviere drogas, será sancionado con prisión de ocho a veinte años, y multa de Q.50,000.00 a Q.1,000,000.00. ARTICULO 38.- Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. El que sin autorización legal adquiera, enajene a cualquier título, importe, exporte, almacene, transporte, distribuya, suministrare, venda, expenda o realice cualquier otra actividad de tráfico de semillas, hojas, plantas, florescencias o sustancias o productos clasificados como drogas, estupefacientes, psicotrópicos o precursores, será sancionado con prisión de doce a veinte años y multa de Q.50,000.00 a Q.1,000,000.00, igual pena se aplicará a quien proporcione los medios, facilite o permita el aterrizaje de naves aéreas utilizadas para el tráfico ilícito. ARTICULO 39.- Posesión para el consumo. Quien para su propio consumo adquiera o posea cualquiera de las drogas a que se refiere esta ley, será sancionado con prisión de cuatro meses a dos años y una multa de Q200.00 a Q10,000.00. Se entiende que es para
su propio consumo, cuando la droga incautada no exceda de la cantidad razonable para el consumo inmediato, siempre que de las demás circunstancias del hecho, surja la convicción de que la droga es para uso personal. ARTICULO 40.- Promoción y Fomento. En el que en alguna forma promueva el cultivo, el tráfico ilícito, de semillas, hojas, florescencias, plantas o drogas, o la fabricación, extracción, procesamiento o elaboración de éstas, o fomente su uso indebido, será sancionado con prisión de seis a diez años y multa de Q. 10,000.00 a Q. 100,000.00. ARTICULO 41.- Facilitación de Medios. El que poseyere, fabricare, transportare o distribuyere equipo, materiales o sustancias, a sabiendas de que van a ser utilizadas en cualquiera de las actividades a que se refieren los artículos anteriores, será sancionado con prisión de cinco a diez años y multa de Q. 10,000.00 a Q. 100,000.00, Igual se impondrá, al que por cualquier título facilite, proporcione, use o destine un inmueble, local o establecimiento para la fabricación, elaboración, extracción, almacenamiento, cultivo, venta, suministro o consumo de drogas. Si se trata de un establecimiento comercial, será clausurado. ARTICULO 42.- Alteración. El que alterare o falsificare, total o parcialmente, recetas médicas y que de esta forma obtenga para sí o para otro, drogas o medicamentos que las contenga, será sancionado con pena de cuatro meses a dos años y multa de Q. 200.00 a Q. 10,000.00 Igual pena se aplicará a quien sin fines terapéuticos o prescripción médica a otra persona, con el consentimiento de ésta, aplique cualquier tipo de drogas, Si a quien se administrare no prestare su consentimiento o fuere menor de dieciocho años, la pena será de tres a seis años de prisión y multa de Q. 5,000.00 a Q. 100,000.00. ARTICULO 43.- Expendio Ilícito. El que estando autorizado para el expendio de sustancias medicinales que contengan drogas, las expidiere en especie, calidad o cantidad distinta a la especificada en la receta médica o sin receta médica, será sancionado con prisión de tres a cinco años de prisión y una multa de Q. 2,000.00 a Q. 10,000.00. ARTICULO 44.- Receta o Suministro. El facultativo que recete o suministre drogas que necesiten receta para ser adquiridas cuando no son indicadas por la terapéutica con infracción de las leyes o reglamentos sobre la materia, será sancionado con prisión de tres a cinco años de prisión, multa de Q. 200.00 a Q. 10,000.00 e inhabilitación para ejercer su profesión, pena accesoria esta última que no podrá exceder el tiempo que dure la pena privativa de libertad. ARTICULO 45.- Transacciones e inversiones ilícitas. El que por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, realizare con otras personas o establecimientos comerciales, bancarios, financieros, o de cualquier otra naturaleza, transacciones mercantiles con dinero o productos provenientes de las actividades ilícitas previstas en esta ley, independientemente del lugar del territorio nacional o extranjero donde se haya cometido el delito o donde hayan producido dichos recursos financieros, será sancionado con prisión de seis a veinte años y multa de Q. 50,000.00 a Q. 5,000,000.00. Con la misma pena será sancionado:
a) La interpósita persona, el propietario, el administrador o representante legal o encargado del establecimiento que autorizare, permitiere o realizare dichas transacciones, conociendo la procedencia ilícita del dinero o producto. b) Quien participe en actos o contratos reales o simulados, de adquisición, posesión, transferencia y administración de bienes o valores tendientes a ocultar, encubrir, simular o diluir los recursos financieros obtenidos como resultado de las actividades ilícitas a que se refiere esta ley. c) El que sin ser de las personas mencionadas en el inciso anterior y conociendo la procedencia ilícita del dinero o producto, autorizare, permitiere o realizare las transacciones a que se refiere este artículo, aprovechándose de su función, empleo o cargo, será sancionado con prisión de cinco a diez años y de Q. 10,000.00 a Q. 1,000,000.00 de multa. No incurrirán en esta figura delictiva las personas jurídicas o individuales que reportaran al Ministerio Público, las transacciones mayores a cincuenta mil quetzales que realizaren. Dichos reportes sólo podrán utilizarse para los efectos de esta ley. ARTICULO 46.- Presunción. Para los efectos de esta ley, se establece la presunción de que el dinero o producto proviene de transacciones derivadas de los delitos a que se refiere esta ley, cuando se hayan adquirido o negociado en un plazo de tres años anteriores al procesamiento respectivo. Dicho plazo, por razones de irretroactividad de la ley, comenzará a contarse desde la vigencia de la presente ley. ARTICULO 47.- Asociaciones delictivas. Los que formen parte de bandas o asociaciones, integradas por dos o más personas, destinadas a sembrar, cultivar, producir, refinar, comercializar, vender, traficar, transportar, retener, distribuir, almacenar, importar, exportar, recibir o entregar drogas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o productos derivados de las mismas o destinados para su preparación, así como cualquier otra actividad ilícita relacionada con la misma, serán sancionados, por ese sólo hecho, con pena de prisión de seis a diez años y multa de Q. 1,500.00 a Q. 3,000.00. Quien promueva, dirija, financie, o en cualquier forma realice una conducta sin la cual no podrían realizarse la organización ni las actividades de estas bandas o asociaciones, será sancionado con pena de prisión de diez a veinte años y multa de Q. 3,000.00 a Q. 6,000.00. Lo anterior sin perjuicio de los demás delitos en que hayan incurrido. ARTICULO 48.- Procuración de impunidad o evasión. Quien siendo funcionario o empleado público encargado de investigar, juzgar o custodiar a personas vinculadas con los delitos tipificados en esta ley, contribuya en cualquier forma a la impunidad o evasión de tales personas, oculte, altere, sustraiga o haga desaparecer las pruebas, los rastros o los instrumentos del delito, o que asegure el provecho o producto de ese hecho, será sancionado con prisión de seis a quince años e inhabilitación definitiva para el ejercicio de funciones públicas, y multa de Q. 50,000.00 a Q. 1,000,000.00. Si los hechos mencionados se cometieron en forma culposa por el funcionario o empleado público, la pena será de dos a seis años con definitiva inhabilitación de funciones.
ARTICULO 49.- Promoción o estímulo a la drogadicción. Quien estimule, promueva o induzca por cualquier medio el consumo no autorizado de drogas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas e inhalables, será sancionado con prisión de dos a cinco años y multa de Q. 5,000.00 a Q. 100,000.00. ARTICULO 50.- Encubrimiento real. El que con el fin de conseguir para sí o para un tercero algún provecho, después de haberse cometido un delito de los contemplados en esta ley, sin concierto previo ocultare, adquiriere o recibiere dinero, valores u objetos, conociendo que son productos de dicho delito o han sido utilizados para cometerlo, será sancionado con prisión de tres a cinco años y multa de Q. 1,000.00 a Q. 100,000.00. ARTICULO 51.- Encubrimiento personal. El que con conocimiento de haberse cometido un delito de los contemplados en esta ley y sin concierto previo ayudare al autor o cómplice a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, será sancionado con prisión de dos a cinco años, más multa de Q. 1,000.00 a Q. 100,000.00. Para los efectos de la aplicación de este artículo y el anterior, será indiferente que el hecho delictivo se hubiere cometido en territorio nacional o extranjero. ARTICULO 52.- Delitos Calificados por el Resultado. Si como consecuencia de los delitos tipificados en esta ley, resultare la muerte de una o más personas, se aplicará la pena de muerte o treinta años de prisión, según las circunstancias del hecho. Si el resultado fuere de lesiones graves o muy graves o pérdida o disminución de facultades mentales, la pena será de doce a veinte años de prisión. ARTICULO 53.- Concurso de delitos. Si a consecuencia de los hechos a que se refiere esta ley, se hubieran consumado otras figuras delictivas, se aplicarán las reglas del concurso de delitos. CAPITULO VIII DEL PROCEDIMIENTO ARTICULO 54.- Procedimiento aplicable. Para el enjuiciamiento de los delitos que establece esta ley, se aplicará el procedimiento señalado en el Código Procesal Penal. ARTICULO 55.- Reserva de la investigación. Sin que se menoscabe en forma alguna los derechos que la Constitución Política de la República y otras leyes confiere a los imputados, por la naturaleza de los delitos que corresponde investigar de conformidad con la presente ley, las actuaciones de la fase de instrucción serán reservadas. ARTICULO 56.- Medidas precautorias. Además de las facultades que le confiere el Código Procesal Penal, el juez de oficio o la solicitud de parte, sin formal artículo, podrá resolver: 1. El arraigo de los acusados. 2. El embargo de bienes.
3. La anotación de los bienes en el Registro de la Propiedad. 4. El secuestro de bienes. 5. El secuestro de libros y registros contables. 6. La suspensión de las patentes, permisos y licencias que hayan sido debidamente extendidas y que hubieren sido utilizadas de cualquier forma para la comisión del hecho ilícito. 7. La inmovilización de las cuentas bancarias de los imputados o de personas que se hayan beneficiado directa o indirectamente por los delitos cometidos por aquél. 8. La clausura total o parcial y por el tiempo y áreas estrictamente indispensables de hoteles, pensiones, establecimientos donde se expendan o consuman bebidas alcohólicas, restaurantes, clubes, centros nocturnos de diversión, salas de espectáculos; y en general, todo lugar donde tenga conocimiento que se ha cometido delito tipificado en esta ley. Las medidas precautorias especificadas en los incisos anteriores, se aplicarán inmediatamente para garantizar la efectividad de las resoluciones que se emitan, el juez podrá revocarlas a petición de parte o de oficio. ARTICULO 57. Secuestro y embargo. * Es secuestro judicial penal debe recaer sobre todos los bienes, instrumentos y objetos del delito susceptibles de comiso y para asegurar las obligaciones civiles derivadas del delito, el embargo sobre bienes suficientes que cubran las mismas. Los Jueces, de manera preferente a las medidas anteriores y mientras dure el proceso en cualquiera de sus etapas, dispondrán que los bienes muebles incautados, secuestrados o embargados por los delitos a que se refiere la presente ley, y que por su naturaleza y características puedan ser útiles en actividades de prevención y combate contra la narcoactividad, sean usados con exclusividad para la finalidad anterior, siempre y cuando no pertenezcan a tercero. El Juez decretará de inmediato la entrega de los citados bienes, instrumentos u objetos al Director General de la Policía Nacional Civil o quien lo represente, mediante acta que contenga su más completa descripción. Este documento formará parte de las constancias del proceso y a partir de su suscripción, la institución podrá hacer uso de los bienes para la finalidad señalada en el párrafo anterior.” * Texto Original * Reformado por el Artículo 2 del Decreto Número 2 del Decreto Número 62-98 del Congreso de la Republica de Guatemala ARTICULO 58. Informes. El secreto bancario, no operará en las investigaciones de los delitos a que se refiere la presente ley. La información que se reciba, será utilizada
exclusivamente para los fines del proceso penal y sólo podrá ser ordenada por juez competente de oficio o a solicitud del Ministerio Público. ARTICULO 59. Protección de testigos. Con el fin de proteger a los testigos en peligro, los jueces competentes podrán eximirlos de la obligación de indicar su domicilio y en circunstancias especiales de indicar sus datos personales. Siempre que sea absolutamente necesario, también se les permitirá cambiar de identidad. ARTICULO 60. Valor Probatorio. En los casos de los delitos establecidos en esta ley, las declaraciones de los coautores o cómplices de un mismo delito, son validas y serán apreciadas como prueba, cuando aplicando las reglas de la sana critica, concuerden con las otras pruebas del proceso. ARTICULO 61. Improcedencia. No será procedente la excarcelación bajo fianza de quien sea imputado como autor o cómplice de los hechos delictivos tipificados en esta ley, ni se aplicará suspensión de la condena, salvo los casos contemplados en los Artículos 16 y 18 de esta ley, tampoco es procedente el otorgamiento del indulto a favor de quien haya sido sentenciado. Para la concesión de algún beneficio penitenciario en el cumplimiento de la condena, antes de su aplicación, será consultado el Ministerio Público, quien podrá oponerse en la vía de los incidentes ante el tribunal competente. ARTICULO 62. Disposición judicial de bienes. En la sentencia definitiva, el juez dispondrá el comiso de los bienes caídos en secuestro y establecerá el monto de las responsabilidades civiles, las que en el caso de no pagarse dentro del plazo de tres días de estar firme el fallo, dará lugar a la ejecución de lo resuelto, procediéndose al remate de los bienes embargados; y en su caso, a la adjudicación en pago. CAPITULO IX ASISTENCIA JURIDICA INTERNACIONAL ARTICULO 63. Asistencia mutua. Con la finalidad de facilitar las investigaciones y las actuaciones judiciales referentes a los delitos a que se refiere esta ley, el Ministerio Público y las autoridades judiciales competentes, podrán prestar y solicitar asistencia a otros estados para: a) Recibir los testimonios o tomar declaración a las personas. b) Presentar documentos judiciales. c) Efectuar inspecciones e incautaciones. d) Examinar objetos y lugares. e) Facilitar información y elementos de prueba.
f) Entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes relacionados con el caso, inclusive documentación bancaria, financiera, social y comercial. g) Identificar o detectar el producto, los instrumentos y otros elementos con fines probatorios. h) Cualquier otra forma de asistencia judicial recíproca, autorizada por el derecho interno. ARTICULO 64. Detención provisional. Siempre que exista reciprocidad, los estados que hayan suscrito tratados internacionales sobre drogas, estupefacientes y psicotrópicos ratificados por Guatemala, podrán solicitar por escrito la detención provisional de la persona buscada que se encuentra en el territorio nacional. La solicitud deberá contener: a) Información sobre la descripción, identidad, ubicación y nacionalidad de la persona cuya detención se pide. b) Una declaración elaborada por un funcionario judicial sobre la conducta delictiva por la cual se persigue a la persona requerida, lugar y fecha de la comisión del delito y las disposiciones legales que lo tipifiquen; c) El compromiso de solicitar posteriormente la extradición por la vía correspondiente. d) Deberán acompañarse los documentos que acrediten la existencia de una sentencia o de una orden de detención preferida y vigente por el tribunal competente del país que requiere la medida cautelar. ARTICULO 65. Auto de Prisión. Los juzgados competentes, podrán dictar auto de prisión provisional de las personas buscadas por otro estado por delitos relativos a drogas, estupefacientes y psicotrópicos. La detención provisional deberá concluir si, en un periodo de sesenta días a ésta, no se ha recibido solicitud de extradición. Dicha liberación no impedirá la detención subsecuente ni la extradición, si la solicitud es planteada posteriormente con las formalidades de ley. ARTICULO 66. Solicitud de Asistencia. Las solicitudes de asistencia formuladas por otros estados, podrán plantearse por la vía diplomática o directamente al Ministerio Público, quien propiciará su rápida ejecución ante los tribunales competentes. El Ministerio Público también formulará y tramitará por la vía correspondiente las solicitudes nacionales de asistencia procesal. ARTICULO 67. Costos. La parte requirente, cubrirá los costos de la ejecución de solicitud de asistencia. CAPITULO X DE LA EXTRADICION
ARTICULO 68. Extradición y procedimiento para tramitarla. Para los efectos de esta ley, en cuanto a la extradición, ya sea activa o pasiva, se establecen las siguientes reglas: a) Prevalencia de los tratados o convenciones internacionales. Habiendo tratados o convenios internacionales de extradición, ésta será pedida y otorgada por la vía diplomática con arreglo al procedimiento establecido en dichos tratados o convenciones; y en su defecto, o en lo que no estuviere regulado, conforme a lo dispuesto en este artículo. b) A falta de tratados o convenciones, se procederá de acuerdo al principio de reciprocidad y a los usos y costumbres internacionales. c) La extradición funcionará siempre que el país requirente de igual tratamiento a la República de Guatemala en casos similares. d) Las pruebas producidas en el extranjero, serán apreciadas de conformidad con las normas valorativas del país que la produjo, siempre que tales extremos sean demostrados mediante los procedimientos determinados por la Ley del Organismo Judicial, en materia de prueba de la vigencia de leyes extranjeras, y que el país productor de la mismas mantenga reciprocidad en igual sentido con la República de Guatemala. e) Cuando un país extranjero solicitare la extradición de un imputado, que se encuentre en Guatemala, la Corte Suprema de Justicia calificará la solicitud, y si la encontrare arreglada a derecho, designará al juez que debe tramitarla, el que necesariamente será un o de los jueces de primera instancia de sentencia del departamento de Guatemala. El trámite será en la vía de los incidentes y la resolución de fondo que se dicte, deberá consultarse al tribunal superior jurisdiccional. En todo caso, dicha resolución será apelable. f) Si una persona fuere reclamada por más de un estado al mismo tiempo, será atendida con preferencia la solicitud de extradición del estado en cuyo territorio se hubiere cometido el delito más gravemente sancionado; y habiendo dos o más delitos de igual gravedad aparente, la del que la hubiere reclamado primero, si un sindicado fuere solicitado por un mismo hecho delictivo, por varios estados la extradición concederá al país donde el delito se hubiere cometido. g) Cuando la extradición hubiere sido declarada procedente, y el estado, requirente, no dispone de la persona reclamada dentro de los treinta días después de haber quedado a su disposición, la misma será puesta en inmediata libertad, al día siguiente de transcurrido el término indicado, sin que se pueda pedir nuevamente la extradición del imputado, por el mismo hecho delictivo. h) Firme el fallo, el expediente se comunicará al Organismo Ejecutivo por conducto de la Presidencia del Organismo Judicial, si en éste se deniega la extradición, el Ejecutivo no puede concederla; si por el contrario se resuelve que sí procede la
entrega de la persona reclamada, el Ejecutivo tiene la facultad para ceñirse o no a lo resuelto por los tribunales de justicia. En todo caso las diligencias y demás antecedentes se devolverán al tribunal de origen, para que sean archivadas o en su caso, se continúe con el proceso en Guatemala. i) Si se denegare la extradición, porque así lo resolvieron los tribunales de justicia o porque el Ejecutivo así lo dispuso, Guatemala queda en la obligación de procesar a la persona no extraditada, y además entregarle al estado solicitante; copia certificada de la sentencia. El presente artículo, se aplicará a los delitos tipificados en esta ley. ARTICULO 69. Renuncia a la extradición. El estado de Guatemala, podrá entregar a la persona reclamada a la parte requirente sin un procedimiento formal de extradición, siempre y cuando la persona reclamada consienta a dicha entrega ante una autoridad judicial competente. CAPITULO XI COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS ARTICULO 70. Creación. Se crea la COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, adscrita a la Vicepresidencia de la República, con plena capacidad para percibir recursos a cualquier título y realizar todos los actos que aseguren el cumplimiento de sus fines. ARTICULO 71. Competencia. La comisión estudiará y decidirá las políticas nacionales para la prevención y tratamientos de las adicciones así como la prevención de las acciones ilícitas vinculadas con el tráfico de drogas en todas su formas y actividades conexas. ARTICULO 72. Atribuciones. Son atribuciones especificas de la comisión: a) Planificar, diseñar y coordinar la ejecución de políticas y estrategias de prevención y tratamiento de las adiciones y el alcoholismo. b) Dictar programas de investigación, estudios epidemiológicos, científicos y pedagógicos, divulgativos y de capacitación técnica para combatir el problema nacional de las adicciones, en todos sus aspectos e implicaciones. c) Coordinar todas las actividades encaminadas al efectivo tratamiento de aquellas personas que de cualquier manera hubieren caído en el uso indebido de las drogas a que se refiere esta ley. d) Adoptar recomendaciones sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente que surgieren de conclusiones de congresos realizados por organismos nacionales e internacionales, especialmente de eventos científicos, relacionados con el objeto de esta ley.
e) Tomar decisiones, formular recomendaciones y elaborar planes de control y previsión que deben cumplirse a nivel administrativo y ejecutarse por las diferentes policías del país y demás fuerzas de seguridad, para prevenir y perseguir cualquier actividad ilícita relacionada con el tráfico ilícito de drogas en cualquiera de sus formas y actividades conexas. f) Dictar en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, las medidas adecuadas para controlar las operaciones aduaneras de importación o exportación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como de las demás drogas a que se refiere esta ley, precursores y sustancias químicas esenciales para su elaboración. g) Coordinar las campañas y acciones que cada ministerio y entidad que forman la comisión debe ejecutar en el ámbito de su competencia. h) Impulsar el perfeccionamiento del marco jurídico existente relativo a los delitos de drogas. i) Dictaminar sobre la firma y ratificación de los distintos convenios internacionales referente a estupefacientes y psicotrópicos. j) Dar seguimiento a los acuerdos firmados por Guatemala en la materia. k) Proponer la participación de Guatemala en aquellos eventos que por su importancia y su relación con la materia así lo ameriten. l) Mantener contactos con los gobiernos extranjeros y entidades internacionales, y adelantar gestiones para coordinar la acción nacional con la de otros estados a obtener la asistencia que fuera del caso. m) Administrar los fondos específicos que le sean asignados según partida presupuestaria, así como aquellos recursos que perciba a cualquier título, con sujeción a las leyes de la República, vinculadas con lo relativo al manejo de activos y pasivos del Estado. n) Cualesquiera otras que fueren necesarias para la consecución de sus fines. ARTICULO 73. Integración. La Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, se integra en la siguiente forma: a) El Vicepresidente de la República, quien lo presidirá. b) El Ministro de Gobernación, quien actuará como vicepresidente de la comisión. c) El Ministro de la Defensa Nacional. d) El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social.
e) El Ministro de Educación. f) El Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. g) El Ministro de Relaciones Exteriores. h) El Ministro de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. i) El Jefe del Ministerio Público. Los Ministros podrán delegar sus representaciones únicamente en los viceministros. El jefe del Ministerio Público, podrá delegar su representación únicamente en el jefe de la Sección de Fiscalía. ARTICULO 74. Secretario. La comisión nombrará un secretario ejecutivo, que tendrá a su cargo la ejecución de las políticas diseñadas para la prevención y tratamiento de las adicciones, debiendo nombrar además el personal necesario para su funcionamiento. El secretario ejecutivo de la comisión, deberá reunir las mismas calidades que se requieran para ser secretario privado de la Presidencia de la República y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades. El secretario ejecutivo deberá, además, asesorar en forma específica al Ministerio de Gobernación, en materia de drogas. El Ministerio de Gobernación, con la colaboración del Ministerio de la Defensa Nacional, serán los responsables de ejecutar las políticas de prevención y persecución de todas aquellas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas en todas sus formas y actividades conexas. ARTICULO 75. Junta Asesora. En materia de prevención y tratamiento de las adicciones, dicha junta asesora estará conformada por el actual Consejo Nacional para la Prevención del Alcoholismo y la Drogadicción. ARTICULO 76. Cooperación. Las entidades y dependencias del Estado, podrán coadyuvar con la Comisión, en lo que les fuere solicitado. Las entidades cuya actividad tenga por objeto la prevención y el tratamiento de las adicciones, deberán orientarse por las políticas que en esta materia establezca la Comisión. El Ministerio de Gobernación, con la colaboración del Ministerio de la Defensa Nacional, serán los responsables de ejecutar las políticas de prevención y persecución de todas aquellas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas en todas sus formas y actividades conexas. ARTICULO 75. Junta Asesora. En materia de prevención y tratamiento de las adicciones, dicha junta asesora estará conformada por el actual Consejo Nacional para la Prevención del Alcoholismo y la Drogadicción. ARTICULO 76. Cooperación. Las entidades y dependencias del Estado, podrán coadyuvar con la Comisión, en lo que les fuere solicitado. Las entidades cuya actividad
tenga por objeto la prevención y el tratamiento de las adicciones, deberán orientarse por las políticas que en esta materia establezca la Comisión. ARTICULO 79. Derogatoria. Quedas derogadas todas las leyes o disposiciones que se opongan a la presente ley. ARTICULO 80. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia quince días después de su publicación en el diario oficial. PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION Y CUMPLIMIENTO. DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS. Edmond Mulet PRESIDENTE LUIS ERNESTO CONTRERAS RAMOSJOSE EDUARDO ROTTMANN RUIZ SECRETARIOSECRETARIO PALACIO NACIONAL: Guatemala veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos. PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. SERRANO ELIAS EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ANTULIO CASTILLO BARAJAS
DECRETO NUMERO 48-92 Ley Contra la Narcoactividad by Estudiantes por Derecho1,1K viewsEmbedDownloadDescriptionwww.estuderecho.comwww.estuderecho.comRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less

References: artículo 171
 Artículo 19
 artículo 19
 Artículo 1
 artículo 22
 Artículo 57
 Artículo 1
 Artículo 2
in fine
 Artículo 2
 resolución 
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