Source: https://comisiondelaverdadoaxaca.org.mx/1-2-ejecuciones-extrajudiciales/
Timestamp: 2018-06-19 04:17:46+00:00

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1.2 Ejecuciones extrajudiciales | Comisión de la Verdad de Oaxaca
Inicio Audio 1.2 Ejecuciones extrajudiciales
Entregado el 29 de febrero al Poder Legislativo
En México, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, se cometieron 102 mil 696 homicidios intencionales, de acuerdo con el informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. De estos, 70 mil casos se relacionaron con el tráfico de drogas. Ello responde a la impunidad sistemática que impera en nuestro país. Habría que ver también la cifra dada a conocer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: solo entre el 1% y 2% de los delitos, incluidos los homicidios, dan lugar a sentencias condenatorias[1]. Dentro de los 102 mil 696 homicidios registrados, con certeza se encuentra un número significativo de ejecuciones extrajudiciales.
La ejecución extrajudicial es una violación grave a un derecho fundamental que es el derecho a la vida. Si bien este derecho no está reconocido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, como lo hacen los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, con la reforma constitucional en dicha materia, en vigor desde junio de 2011, este ha quedado, junto con otros derechos fundamentales, en igual jerarquía, creando un “bloque de constitucionalidad” en el derecho mexicano; asimismo, obliga a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos y, por último, a realizar una interpretación pro personae de las obligaciones del Estado mexicano ante dicha materia.
Cabe recordar que el Estado mexicano ha firmado y ratificado cada uno de los siguientes convenios internacionales en materia de derechos humanos, que consagran expresamente el derecho a la vida dentro de su articulado, es decir, garantizan la protección del goce a la vida.
En efecto, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 6:
Este artículo debe ser relacionado con el artículo 4 del mismo pacto donde se menciona que la protección del derecho a la vida no puede ser suspendida en ningún caso o circunstancia:
En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados parte en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza expresamente el derecho a la vida de manera amplia y general en el artículo 4:
El Estado mexicano también ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 3 establece:
Mientras que en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se reconoce el derecho a la vida en el artículo 1:
Por lo tanto, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger el goce del derecho a la vida. En consecuencia a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, la realidad es otra. Como se señaló al inicio de este apartado, solo entre el 1% y 2% de los delitos, incluidos los homicidios, terminan en sentencias condenatorias. Dentro de este porcentaje, seguramente se encuentra alguna o algunas ejecuciones extrajudiciales, pero como en el ordenamiento interno, al igual que el derecho a la vida, la ejecución extrajudicial no se encuentra tipificada; esta es investigada como homicidio, delito calificado en el artículo 315 del Código Penal Federal.
El problema de esta situación es que cuando existe una ejecución extrajudicial y no se investiga como tal, la responsabilidad del Estado se diluye de cierta manera, al enviarlo al fuero común. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso del Campo Algodonero[2] reiteró que ciertas líneas de investigación, cuando eluden el análisis de los patrones sistemáticos en los que se enmarcan cierto tipo de violaciones a los derechos humanos, pueden generar ineficacia en las investigaciones. De la misma manera señaló que, a pesar de que la individualización de las investigaciones puede, en teoría, incluso favorecer el avance de las mismas, el Estado debe ser consciente que estas se enmarcan dentro de un contexto de violencia. En el caso analizado se refería a los feminicidios, pero, más allá, esto debe sentar precedente en las investigaciones sobre la violación de derechos humanos. Por consiguiente, el Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para verificar si el homicidio concreto que investiga se relaciona o no con dicho contexto. La investigación con debida diligencia exige tomar en cuenta lo ocurrido en otros homicidios y establecer algún tipo de relación entre ellos (Caso del Campo Algodonero).
Asimismo, la Corte consideró inaceptable que no existiera una mínima valoración judicial de los efectos del contexto respecto a las investigaciones por estos homicidios (feminicidios). En definitiva, el contexto de violencia y discriminación hacía surgir un deber de diligencia más estricto en relación con la investigación de estos hechos.
A lo anterior se agregan los argumentos del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en cuanto a lo que señala el derecho internacional con respecto al derecho a la vida:
son atentados contra el derecho a la vida tanto el hecho de que agentes del Estado, por ejemplo, los miembros de las fuerzas del orden, quiten la vida a una persona como el hecho de que el Estado no actúe con la debida diligencia para prevenir los homicidios perpetrados por agentes no estatales. Las vulneraciones del derecho a la vida también son el resultado de que no se investigue ni se identifique debidamente a los responsables y que no se les exija que rindan cuentas de sus actos ni se otorgue reparación a las víctimas. El Relator Especial recuerda que en tales circunstancias la impunidad constituye en sí una violación del derecho a la vida por el Estado e insta a México a que ponga fin a la impunidad en todo el país[3].
En resumen, México tiene, por un lado, la obligación de aplicar los acuerdos internacionales para respetar el derecho a la vida, pese a que este no esté contemplado en su ordenamiento interno; por otro lado, investigar los homicidios teniendo en cuenta la jurisprudencia internacional, máxime cuando existen indicios de violaciones a derechos humanos.
Definición general de conceptos
Es importante mencionar que en tratados internacionales no existe un concepto sobre la ejecución extrajudicial. El concepto se ha ido acuñando en la práctica y a través de normas denominadas soft law. De tal manera que se empleará el siguiente concepto en este documento:
Una ejecución extrajudicial es cuando se consuma la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de estos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga[4].
La ejecución extrajudicial es una violación que puede ser realizada por un agente estatal de manera aislada, con o sin motivación política, o como una acción derivada de un patrón de índole institucional. Generalmente, y de acuerdo a varios documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una ejecución es una acción intencional para privar arbitrariamente de la vida a una o más personas, de parte de los agentes del Estado, o bien, de particulares bajo su orden, complicidad o aquiescencia[5].
Algunos autores señalan que existen diversos grados de intencionalidad cuando los responsables son miembros de los cuerpos de seguridad del Estado (Henderson, 2006, pp. 287-289). Con esta idea anterior se trata de identificar varias situaciones que evidencian la existencia de una ejecución extrajudicial:
La presencia de la muerte derivada de las siguientes situaciones: tortura o malos tratos durante la detención o prisión; empleo excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado al momento de efectuar detenciones o en las manifestaciones públicas; negligencia de los agentes de seguridad; fallecimientos en circunstancias poco claras cuando la víctima se encuentra bajo la responsabilidad del estado; abuso de poder, hay diferentes grados de intencionalidad y sin embargo, la consecuencia es la misma: la muerte. En todos estos casos, independientemente de que se tenga una evidente intención de matar.
La muerte efectuada por un agente perteneciente a los cuerpos de seguridad del Estado, de manera individual y en ejercicio de su cargo. Aunque no hubiera una incidencia institucional previa al hecho, esta persona podría recurrir a sus relaciones estatales para encubrir la verdad, o bien, para impedir u obstaculizar que se inicien investigaciones o acusaciones penales en su contra.
Muertes producidas en contexto de conflicto interno, agitación política, insurgencia política o armada y fragilidad del Estado de derecho. En estos entornos, las ejecuciones extrajudiciales, en general, son motivadas por actividades políticas y sociales de personas o representantes de partidos políticos opuestos al sistema político en el poder. El estado, para llevar a acabo ejecuciones extrajudiciales, emplea todo su aparato (instituciones, legislación, etcétera) previo, durante y posterior al hecho. Además de que, una vez perpetrada la ejecución, procura que esta quede impune y para ello vuelve a recurrir a sus instituciones jurídicas y políticas.
La realización de este tipo de ejecuciones extrajudiciales responde a una forma de operar por parte del Estado que sigue una ruta de acción: la selección de la persona o personas, seguimiento y vigilancia, ejecución y, por último, eliminación de pruebas que conlleven a encontrar a los autores, especialmente, el material. Este patrón se conoce como modus operandi. La ejecución extrajudicial puede ser aislada con o sin motivación política o selectivas, sistemáticas o generalizadas derivadas de un patrón diseñado por el Estado.
En el contexto del conflicto social oaxaqueño de 2006 y 2007, ocurrieron 28 muertes, de las cuales 24 fueron en el año de 2006: 7 en agosto, 16 en octubre y 1 en diciembre. En 2007 sucedieron tres: dos en enero y una en abril, pero este último caso se refiere a una persona que fue herida el 27 de octubre en la colonia Santa Lucía del Camino, en el mismo evento en que fue asesinado Bradley Roland Will.
Si se tiene en cuenta la clasificación anterior y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, algunos de los homicidios acaecidos en el estado de Oaxaca durante el conflicto social de 2006-2007 podrían ser clasificados como ejecuciones extrajudiciales[6].
Inicio de ejecuciones extrajudiciales
José Jiménez Colmenares y Lorenzo Sampablo Cervantes fueron ejecutados extrajudicialmente en el mes de agosto de 2006. Es necesario conocer el contexto social y político en el que se desarrollaron los hechos, debido a que los sucesos que se encuentran alrededor de estos asesinatos pueden proporcionar elementos para señalar que ambas muertes fueron resultado de ejecuciones extrajudiciales.
Los crímenes de ambos los llevaron a cabo grupos armados ilegales que posteriormente se denominaron de manera coloquial como “caravanas de la muerte”. La razón por la que se eligieron estos dos casos, de los ocho que ocurrieron en el mes de agosto, se debe a que José Jiménez Colmenares se relaciona con un hecho que sucedió directamente con el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz a través de un incidente durante la jornada electoral del 2 de julio de 2006, lo que dejó entrever la forma de ejercer el poder de un gobernador en un entorno político de impunidad. El segundo caso, el de Lorenzo Sampablo Cervantes, abrió la puerta a otra etapa del movimiento social que se caracterizó por una mayor coordinación entre los diferentes actores para generar acciones de protección colectiva, como las barricadas, contra los ataques de las caravanas de la muerte, cuyas acciones fueron más evidentes desde ese día.
El objetivo de este apartado es comprobar si existen elementos tanto políticos como sociales para determinar que los asesinatos de estas dos personas se puedan clasificar como ejecuciones extrajudiciales. Para la elaboración de esta sección se recurrió a notas periodísticas, a algunos informes elaborados por organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, videos, así como testimonios que la CVO recolectó durante su investigación. Cabe señalar que se recurrió en mayor medida a las fuentes periodísticas y a nuestros propios testimonios, a razón de que los informes de las organizaciones contienen escasa información sobre ambos casos y los elementos que proporcionan son insuficientes para elaborar un contexto social y político a detalle.
El 28 de julio de 2006, después de que el secretario general de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárraga, minimizara el impacto del movimiento social en el estado y sostuviera que en este “existían condiciones de gobernabilidad” (Martínez Vásquez, 2007, p. 215), el mes de agosto contradeciría su argumento, debido a que en este mes se elevó el tono de las protestas populares, focalizadas en la ciudad de Oaxaca y en la toma de varios municipios por parte de simpatizantes del movimiento social[7]. Aunado a la demanda de la desaparición de poderes del Estado por parte de los partidos de oposición, a las agresiones a personas que participan en las marchas, a la consolidación de grupos civiles armados con apoyo directo o indirecto de las fuerzas de seguridad públicas y a los múltiples homicidios suscitados en este período. Esto último perpetrado por grupos armados ilegales que comenzaron a operar en la ciudad y en algunas regiones del Estado, especialmente en aquellas con presencia de la APPO.
Con respecto a los homicidios, el mes de agosto fue el segundo más violento, después del mes de octubre[8], debido a que perdieron la vida ocho personas, todas ellas dentro del contexto de la violencia social. Dos de estas personas fueron los ya mencionados Eleuterio José Jiménez Colmenares y Lorenzo Sampablo Cervantes, el primero asesinado el 10 y el segundo el 22, ambos en agosto de 2006.
En ese mes, las acciones colectivas de la población que participaba en el movimiento social fueron ascendentes y respondían, en buena medida, al plan que la APPO se fijó en su asamblea del 6 de agosto de 2006[9], donde acordaron llevar a cabo tres medidas: La toma de instituciones públicas, tanto en la ciudad de Oaxaca como en los municipios donde la Sección XXII tenía influencia, el cierre de autopistas importantes por su afluencia y la conexión entre las diferentes regiones del estado de Oaxaca; y los paros de 24 horas o indefinidos que algunos sindicatos realizaron.
A continuación revisaremos cada una de estas acciones del movimiento social:
Toma de instituciones públicas: Una de las acciones que proporcionó visibilidad al rol de las mujeres y cohesionó al movimiento, fue la toma de las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CorTv)[10]. Dicha acción se llevó a cabo el 1 de agosto, tras una manifestación conocida como “la marcha de las cacerolas” integrada en su mayoría por mujeres que salieron de la Fuente de las Siete Regiones al zócalo de la ciudad. La toma respondió al malestar social contra la programación del Canal 9, debido a que se había convertido en voz del gobierno del Estado y defensor a ultranza del PRI. Ante la negativa de los directivos a dar derecho de réplica, las manifestantes tomaron las instalaciones, iniciando las transmisiones ellas mismas a nombre de la APPO. Más tarde, el 21 de agosto, las antenas que se localizaban en el Cerro del Fortín fueron baleadas por un grupo de hombres armados, por tal motivo las transmisiones de radio y televisión fueron suspendidas[11]. (Noticias, 2 de agosto de 2016)
01 AGOSTO 06.
Integrantes de la APPO se posesionan de CorTv Canal 9
Mujeres adheridas a la APPO realizaron una peculiar marcha en donde la característica principal fue el ruido provocado con el golpeteo de cacerolas mientras gritaban consignas contra el Gobierno estatal. Salieron de la Fuente de las 7 Regiones hasta llegar a CorTv y tomar posesión.
A las 13:50 horas tomaron las instalaciones de la CorTv mejor conocido como Canal 9.
Tras seis horas de haber tomado las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión CorTv integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño iniciaron la transmisión de su mensaje a través del Canal Estatal. De esta forma, seis mujeres a cuadro reiteran la postura de la APPO al exigir la renuncia del Gobernador del Estado al tiempo que llaman al pueblo de Oaxaca a la insurgencia. (Diario Oficial, 2010, p. 14)
El movimiento no solo tomó las instalaciones de CorTv, sino también dependencias como el Archivo Central de Registro Civil, el Módulo de Emplacamiento, la Secretaría General de Gobierno, entre otras.
03 AGOSTO 06.
A las 12:40 horas un aproximado de 70 integrantes de la APPO en su mayoría jóvenes a bordo de dos autobuses del transporte urbano de la línea TUCDOSA secuestrados con anterioridad arribaron a las oficinas de la Coordinación General de Delegaciones de Gobierno donde invitaron al personal que labora a retirarse de dichas oficinas. A las 13:15 horas arribaron a la COTRAN ingresando a las oficinas donde se encuentran invitando al personal a retirarse.
Cabe señalar que mencionaron que esto lo están realizando para promover la ingobernabilidad en el estado de Oaxaca.
A las 14:00 horas arribaron a la Unidad de Patrimonio del Gobierno del Estado, ubicado en la calle de Belisario Domínguez. De igual manera pidieron al personal a desalojar el inmueble. (Diario Oficial, 2010, p. 14)
07 AGOSTO 06.
Brigada móvil de integrantes de la APPO arriban a diferentes dependencias de gobierno
A las 11:00 horas un grupo aproximado de 50 integrantes de la Sección XXII del SNTE y APPO que se denominan ‘Brigada Móvil’, a bordo de un autobús de la línea SERTEXA realizan bloqueos intermitentes en diferentes dependencias de Gobierno, exigiendo al personal que desalojen las instalaciones y se retiren del lugar. Igual situación ocurre en la Secretaría General de Gobierno, COPLADE de Belisario Domínguez, Instituto Estatal del Deporte, SEDER y la Junta de Conciliación y Arbitraje. En la Secretaría de Economía aún continúan instalados. (Diario Oficial, 2010, p. 14)
De igual manera, en el mes de agosto fueron tomados varios palacios municipales por miembros o simpatizantes de la APPO como una respuesta a las situaciones de corrupción y la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades municipales. Entre los municipios se encontraban San Juan Bautista Tuxtepec, Pinotepa Nacional, Acatlán de Pérez Figueroa, Huautla de Jiménez, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Putla de Guerrero, Huajuapan de León y Santa Cruz Amilpa. Mientras que otros se declararon simpatizantes de la APPO y en algunos se desconoció a las autoridades, como fue el caso de San Miguel Chimalapas, Zaachila, Asunción Nochixtlán, Ayoquezco de Aldama, Nazareno Etla, San Francisco Telixtlahuaca, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonino Castillo Velasco[12].
El Palacio Municipal de la ciudad de Oaxaca no se vio exento: el 4 de agosto de 2006, el movimiento magisterial y la APPO lo tomaron y detuvieron a una agente de la policía ministerial por disparar su arma de fuego cerca del plantón del zócalo.
Posteriormente, el 22 de agosto de 2006, algunas autoridades municipales se adhirieron a las demandas de la APPO. Estas fueron las de San Francisco Cajonos, Sampablo Yaganiza, San Mateo Cajonos, San Melchor Betaza, Villa Hidalgo, Yalalag, Santo Domingo Yagracia y Santo Domingo Albarradas.
Otra acción fue la retención de vehículos oficiales pertenecientes a las autoridades federal, estatal y municipal, lo cual se presentó durante el mismo mes.
La recolección de vehículos oficiales se llevará a cabo por los sectores, los cuales se concentraran en cada toma para su resguardo. Los vehículos que se recogerán serán todos aquellos al servicio de los tres poderes, priorizando: programa de brigadas móviles de las dependencias de gobierno, transito, motos de tránsito municipal y del estado, vehículos de la policía preventiva, además de vehículos de las constructoras, dejando libre a la policía municipal, ambulancias, bomberos, vehículos de ayuntamientos, agencias municipales, particulares y de medios de comunicación. En todos los casos, los vehículos serán retenidos procurando hacerles el menor daño posible, realizando un inventario de resguardo.[13]
Dichos vehículos pertenecían a las siguientes dependencias: Semarnat, INEGI, Sedesol, Profeco, Registro Agrario Nacional y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así como del IEEPO, Caminos y Autopistas de Oaxaca y de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado; además de patrullas de la policía estatal y municipal. El objetivo de esta toma era la paralización de la operatividad de la administración pública y el incremento de las condiciones de ingobernabilidad a fin de que renunciara URO[14].
Dentro de las retenciones, también se dio el caso de las detenciones por parte de miembros de la APPO a agentes de la policía que se presentaban en las movilizaciones y plantones para hacer labores de espionaje. Esta situación se presentó continuamente. Por ejemplo, el 9 de agosto se detuvo a dos policías ministeriales y a uno de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Los bloqueos de las carreteras también fueron una constante. El 9 de agosto se realizaron varios en la región del Istmo de Tehuantepec. En Juchitán, cerca de 400 maestros sindicalizados de dicho sector bloquearon la carretera Transístmica, al mismo tiempo que tomaron oficinas y el Palacio Municipal de Tehuantepec. Situación similar se presentó en Matías Romero donde, al mismo tiempo que se tomaron instalaciones de dependencias por miembros de Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) e indígenas zoques de San Miguel Chimalapa, se bloqueaba la Carretera Federal 190[15], lo mismo se presentó en Tehuantepec, Salina Cruz y Jalapa del Márquez[16]. Para cerrar el mes, el 30 de agosto de 2006, integrantes de la APPO bloquearon la carretera de cuota México-Oaxaca.
Paros sindicales y marchas
Varios sindicatos se fueron adhiriendo paulatinamente a las demandas de la APPO, al mismo tiempo que llevaban a cabo acciones en apoyo. Dichas acciones se manifestaron en paros por un tiempo determinado o indefinido. Con respecto a los paros por tiempo definido, el 18 de agosto el Frente de Sindicatos y Organizaciones Democráticas (Fesodo) convocó a unos 80 mil trabajadores a un paro de labores de 24 horas por la desaparición de poderes y la destitución de URO. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, un día antes había iniciado un paro indefinido de alrededor de cinco mil trabadores de la Sección XXV, con ello, se vieron canceladas cerca de 20 mil consultas y servicios administrativos en 15 hospitales, 650 centros de salud en 6 jurisdicciones sanitarias de la entidad[17].
Casi para finalizar el mes, el 26 de agosto, el dirigente de la Sección XXVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Rojas Walls, declaró apoyo total al movimiento social.
Durante los paros también se realizaban marchas. A lo largo del mes de agosto se presentaron un importante número, tanto en la ciudad de Oaxaca como en varias regiones, donde resultaron varias personas heridas y agredidas, e incluso asesinadas.
Las localidades más activas en este tipo de manifestaciones fueron Juchitán, Ixtepec, el municipio de Asunción Ixtaltepec, Tehuantepec donde asistieron organizaciones e individuos de San Blas Atempa, Jalapa del Marqués y San Pedro Huilotepec.
En este orden de actividades, el sector empresarial también llevó a cabo un paro de 24 horas, el 29 de agosto, pero no en apoyo a la APPO, sino para presionar al gobierno para reprimir al movimiento social.
Es importante tener en cuenta dos hechos que sucedieron, uno al principio y otro al final de mes. El primero es la ampliación de la acción de desaparición de poderes que se había enviado el 27 de julio al H. Senado de la República por parte de un grupo de ciudadanos oaxaqueños. El 1 de agosto presentaron la solicitud de ampliación y en ella se argumenta lo siguiente:
a partir del día 27 de julio del presente año, se ha agudizado la situación, pues el conflicto causado por el Poder Ejecutivo en coordinación con los otros poderes, ha llevado a que se haya cada vez más descontento e inconformidad social, pues ahora ya no solo han dejado de funcionar las oficinas mas [sic] cercanas al titular del ejecutivo, como es la Casa Oficial del Gobierno y la Secretaría General de Gobierno… sino además las instituciones del Estado que prestan los mas [sic] comunes y principales servicios al público…la procuración de justicia también está paralizada…el Poder Judicial también ha dejado de cumplir sus funciones de administrar justicia, pues está cerrado su edificio sede del Tribunal Superior de Justicia…El Poder Legislativo, sigue cerrado su edificio cede [sic]… habilitaron un Hotel del Norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez… para sesionar.[18]
El 10 de agosto de 2006, la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura presentó un dictamen a los integrantes de la misma, que declaraba improcedente la solicitud de desaparición de poderes en el estado de Oaxaca que fue aprobado por mayoría de votos. Para el 16 de agosto, el presidente y secretario de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura remitieron el dictamen a la Mesa Directiva del Senado de la República.
El segundo hecho se refiere al 24 de agosto, fecha en que la APPO aceptó iniciar el diálogo con la Secretaría de Gobernación.
A la par de estas acciones realizadas por el movimiento, se documentó el surgimiento de grupos armados ilegales. En un apartado especial del Capítulo II de este informe se realiza un estudio más a profundidad sobre este actor, donde se detallará cómo fue la evolución de su participación durante los meses del movimiento social. Los grupos ilegales, conformados de personas armadas vestidas de civil aparecieron en el escenario del conflicto social el 22 de julio de 2006, cuando un grupo de estudiantes fue seguido y baleado por hombres a bordo de tres camionetas, en el momento que ingresaban a Radio Universidad. Al finalizar este hecho, las personas agredidas recuperaron 58 balas de distintos calibres. Ese mismo día, por la noche, las instalaciones de Radio Universidad, ubicadas en la UABJO, también fueron balaceadas por un grupo de personas desconocidas (CCIODH, 2007, p. 273, RODH, 2006 pp. 46 y 49[19]). No obstante, en ese momento no se contaba con más información sobre la procedencia de dichos grupos.
A lo largo del mes de agosto, sin embargo, este tipo de grupos y de acciones se intensificaron. Esto ocasionó tanto la intimidación como el temor entre la población que participaba en el movimiento social. Algunos documentos escritos sobre el movimiento social señalan que la pertenencia y la procedencia de estos grupos fueron poco claras. Pero a partir de las entrevistas realizadas por la CVO y de la información hemerográfica se desprenden dos aspectos. Por un lado, el nombre de varios funcionarios públicos que presumiblemente estuvieron detrás de la formación y el funcionamiento de estos grupos. Y, por otro lado, su integración y su forma de actuar.
Dirigentes de la APPO acusaron al primer secretario del gobierno de Ulises Ruiz, Jorge Franco Vegas, así como a su sucesor, Heliodoro Díaz, y al coordinador de Seguridad Pública del Municipio de Oaxaca, Aristeo López Martínez de ordenar la integración de los grupos “paramilitares” para agredir a los ciudadanos que exigen la salida del gobernador[20].
Una serie de hechos violentos, cometidos contra el movimiento social, permiten conocer la forma de actuación de los perpetradores y visibilizar la coordinación que sostenían con las diferentes instituciones de seguridad del Estado, para llevar a cabo la represión.
Aunque estos grupos hacen su aparición en el conflicto el 22 de julio de 2006, es a partir de agosto cuando su presencia en las calles, tanto de la ciudad como en algunas regiones, se hace más visible e intimidante. En sus primeras apariciones solo efectuaban disparos contra grupos de personas que apoyaban a la APPO, sin causar víctimas. No obstante, conforme fue pasando el tiempo, las acciones se tornaron más violentas a tal grado que el saldo de personas asesinadas en este mes fue de ocho, sin dejar fuera a las personas heridas, de las cuales no se tiene una cifra exacta.
Las formas de actuación iniciaron con sujetos en solitario vestidos de civil que disparaban contra las manifestaciones o concentraciones de la APPO, aunque se presumía que, en ocasiones, eran elementos de alguna corporación policiaca. Para ejemplificar lo anterior, se tienen varias situaciones. Una de ellas sucedió el 29 de julio durante la concentración que se llevó a cabo en El Llano, por la celebración popular a modo de boicot a la Guelaguetza oficial, en ese momento un sujeto disparó un arma de fuego contra las personas que participaban en ella. Según se mencionó en los medios impresos locales, el sujeto pertenecía a la Policía Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC).
La segunda situación se refiere al incendio de autobuses en la ciudad de Oaxaca en manos de un hombre llamado Adolfo Carlos Domínguez Santaella, conocido como porro de la UABJO bajo el apodo de el Krosty. Este hecho ocurrió el día 7 de agosto.
Una tercera se desarrolló el 15 de agosto en San Bartolo Coyotepec[21]. En esta ocasión dos sujetos entraron a la casa de un líder de la APPO, Flavio Sosa, armados con armas de 9 milímetros. Después de un operativo realizado por la policía de la comunidad, lograron aprehender a estos sujetos que resultaron ser elementos de la Policía Ministerial. Según las autoridades: los elementos de la Policía Ministerial, José Luis Díaz Cruz, placa 678, y Joaquín Jiménez Ogarrio, placa 742, se encontraban francos y realizaban actividades personales cuando fueron retenidos por policías municipales de San Bartolo Coyotepec.[22]
El 4 de agosto, tres días después de la toma de CorTv, se presentó la primera acción como grupo ilegal armado. Esto ocurrió cuando un grupo de sujetos no identificado disparó armas de fuego contra mujeres que se encontraban posesionadas en las instalaciones tomadas[23]. Entre este día y el 10 de agosto sucedieron hechos violentos ocasionados, tanto por grupos de civiles armados, como en coordinación con policías de diversas corporaciones de seguridad pública del estado.
A partir de esta etapa se puede visualizar una forma de actuación y coordinación de las corporaciones de seguridad pública en el empleo de hechos ilícitos para reprimir el movimiento social. Estas van desde detenciones arbitrarias e ilegales, hasta ejecuciones extrajudiciales, pasando por tratos crueles, degradantes y tortura, además del empleo de civiles para realizar el “trabajo sucio”.
Uno de los hechos que dará una idea de la conformación y la actuación de los grupos ilegales en coordinación directa con las autoridades fue la situación de agresión contra un contingente de la APPO. Que tuvo lugar el 8 de agosto en la ciudad de Oaxaca por parte de policías al mando del coordinador general de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de la ciudad de Oaxaca, Aristeo López Martínez. Dicho día, tanto policías como un grupo de personas vestidos de civil efectuaron disparos contra un contingente de la APPO cuando clausuraban “simbólicamente” la Secretaría de Economía del Gobierno estatal. De este hecho resultó herida una profesora que se encontraba participando.
Igualmente, por la noche de ese mismo día, resultó asesinada la primera persona en el mes de agosto a manos de dos personas armadas que iban a bordo de una motocicleta. Se trató de Marcos García Tapia, un odontólogo y catedrático de la UABJO que fue baleado por estas dos personas desconocidas justo cuando circulaba en su auto por la ciudad de Oaxaca. Este hecho fue el preámbulo para los acontecimientos que se presentaron al día siguiente, tanto en la ciudad como en otras regiones.
Con respecto a las regiones, al día siguiente —es decir el día 9— tres personas resultaron asesinadas en el tramo carretero Putla–Juxtlahuaca, paraje Salto del Agua en Putla de Guerrero, a manos de un grupo de individuos que disparó sobre ellas cuando se dirigían al plantón de la APPO en la ciudad de Oaxaca. Estas personas pertenecían al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI). Eran Andrés Santiago Cruz, Pedro Martínez Martínez y Pablo Octavio Martínez Martínez, este último menor de edad.
Este mismo día, otro grupo conformado por aproximadamente 15 sujetos, todos ellos encapuchados, incendiaron un autobús de transporte público en la entrada de Ciudad Universitaria. Debido a la confusión que causó este hecho, elementos de este grupo aprovecharon para verter ácido sobre las consolas de Radio Universidad y, de esa manera, sacarla del aire[24].
Pese a que se menciona la participación de grupos en las diferentes agresiones contra las personas integrantes de la APPO, aún no se puede apreciar de manera clara cómo operaban estos. Mediante el análisis del asesinato de José Jiménez Colmenares, así como de las entrevistas hechas a seis de las ocho personas detenidas por estos grupos ilegales en agosto, es como se puede apreciar el modus operandi. Las ochos personas detenidas de manera arbitraria durante el mes de agosto por estos grupos armados ilegales, son: Catarino Torres, Germán Mendoza Nube, Leobardo López Palacios, Eliel Vásquez, Ramiro Aragón, Elionaí Santiago, Juan Gabriel Ríos[25] y Erangelio Mendoza González. Todas estas personas fueron sometidas a tratos crueles, degradantes e inhumanos e, incluso, tortura.
El domingo 6 de agosto fue detenido de manera arbitraria el señor Catarino Torres Pereda, abogado y representante de la organización campesina-indígena Codeci (Comité de Defensa Ciudadana), integrante de la APPO de la región de Tuxtepec, y llevado de manera ilegal a la cárcel de alta seguridad La Palma[26].
Tres días después, el día 9, Germán Mendoza Nube, dirigente de la Unión de Campesinos Pobres (UCP) y Unión de Trabajadores del Estado (UTE-FPR), fue detenido por un grupo de entre 25 y 30 civiles armados, tras aparecer su nombre en la página web destinada a supuestamente denunciar a manifestantes. Dicho grupo lo detuvo de manera arbitraria cuando este iba llegando a su casa. Luego fue agredido y encañonado. (Diakonie, 2007, p. 61 y RODH, 2006, p. 56)[27] .
Por su parte, Ramiro Aragón, Elionaí Santiago y Juan Gabriel Ríos, después de la detención-desaparición temporal de Germán Mendoza Nube acordaron salir en grupo a buscarlo por la noche del 9 de agosto en diferentes sitios de la ciudad.
Nunca pude identificar certeramente quiénes eran, los que nos detuvieron. Esa vez solamente nos dimos cuenta [de] que eran personas vestidas de civil, pero fuertemente armadas. Y el 9 de agosto, en la madrugada del 10 de agosto, se inició una búsqueda de dos muchachos que habían sido secuestrados junto con Mendoza Nube… No, no eran maestros; los dos muchachos no eran maestros; eran amigos de Mendoza Nube. Entonces, secuestraron a las tres personas y nosotros empezamos. Se organizó como una búsqueda alrededor de la ciudad de Oaxaca, y nosotros fuimos parte de esa búsqueda. (Ramiro Aragón, CVO)
Como parte de la Sección XXII estábamos en el plantón, levantando la voz. Nos enteramos de que había desaparecido una persona que era German Mendoza Nube, una persona en silla de ruedas. Mi compañero de trabajo de la misma zona, un gran amigo Elionaí, hermano de la esposa de Ramiro Aragón, y amigo de él iban con la persona que se había extraviado. A partir de ese momento nos damos a la búsqueda. En ese momento no estaba en ninguna organización, solo en el sindicato. (Juan Gabriel Ríos, CVO)
La detención arbitraria de las tres personas se llevó a cabo muy cerca del domicilio particular del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, en San Felipe del Agua, entre las 23.00 y 24.00 horas la noche, donde un grupo formado por cuatro personas armadas, vestidas de civil, repartidos en dos autos, interceptaron al auto de Ramiro Aragón, encañonaron a las personas que iban en él, las obligaron a descender y fueron atadas de las manos, tras mencionar que eran maestros.
decidimos ir rumbo a San Felipe del Agua…cuando se da cuenta Ramiro de que venía alguien siguiéndonos… Queríamos bajar hacia el centro, pero ya no pudimos porque uno de los autos se atravesó y el otro cerró por atrás…bajaron unas personas vestidas de civil, con armas. Esto fue como a las 11 o 12 de la noche. No se identificaron como tal, solo se bajaron del auto, eran civiles, supuestamente eran de alguna seguridad privada. No dijeron a quién pertenecían ni por qué nos detenía. ¿Sabe cuántas personas eran? Cuatro…Nos bajaron y nos dijeron que iba a ser una revisión de rutina. ¿Qué tipo de vehículo era? Uno, si mal no lo recuerdo, era tipo Tsuru, y otro era una camioneta tipo jeep. Ambos eran particulares, no pertenecían a ninguna corporación, no era policía federal, no tenían ningún símbolo. Ellos tampoco tenían ningún logo que los identificara como policías… Al momento de bajarnos encontraron folletos de la APPO y acerca del socialismo. Preguntaron a qué nos dedicamos…cuando comentamos que éramos maestros, toda la actitud de tranquilidad… se tornó en un ambiente de “los tenemos encañonados y bájense”. (Juan Gabriel Ríos, CVO)
Una vez que las tres personas fueron atadas de las manos, el grupo que las detuvo las trasladó a otro punto de la misma calle donde fueron entregadas a otro grupo de personas armadas, encapuchadas y uniformadas con atuendos tipo militar y quienes estaban en una camioneta tipo Urban. Una vez en esta las tres personas detenidas fueron golpeadas y torturadas psicológicamente.
nos dicen que subamos al carro, nos llevaron a un espacio diferente, cerca porque no fue mucho tiempo que estuvimos en el carro. Adelante estaba una camioneta tipo Urban… nos tenían amarrados en ese momento en que nos llevan al otro vehículo. Ahí es donde comienza el proceso de violación. En el otro auto, la urban, las personas estaban vestidas, tipo soldado, militar. Encapuchados, uniforme oscuro, no puedo decir que eran militares, pero las botas eran de ese tipo… Cuando me preguntaron la primera vez, estaba desubicado porque me pegaron en mi tímpano… estas personas eran violentas, aunque las otras también, porque el hecho de que te encañonen con un arma ya es una agresión, pero estos tipos me aventaron en la parte de atrás de la Urban, a Ramiro lo aventaron en la parte del equipaje. A mí me sientan en un lado, a Elionaí lo sientan adelante. Cuando se cierra esa camioneta comienza la tortura psicológica… dos estaban golpeándome a mí, como tres nos estaban golpeando en la parte de atrás y adelante había una persona pegándole a Elio, y la persona que venía manejando. Yo me imagino que como 5. Nos golpean en el rostro en el pecho, con el puño cerrado. Me hicieron una herida en la ceja, a patadas, pisándonos. Llega un momento en que sientes la estructura de las botas. Todos iban cubiertos. A nosotros al principio quisieron cubrirnos, a Ramiro le pusieron una playera, algo negro. A mí no. Lo que sí es que no me permitían levantar la cara, cada vez que hacia el intento me golpeaban… A Ramiro le decían que iban a violar a su esposa porque encontraron su foto en su cartera. Nos decían que no íbamos a salir vivos… Me puse muy mal porque decían que nos íbamos a morir, que nos iban a tirar en el mar, que nos iban a quemar… me patean las piernas el estómago, la cara. (Juan Gabriel Ríos, CVO)
Las tres personas, tras ser golpeadas cerca de una hora dentro de la camioneta tipo Urban, fueron entregadas a la Policía Estatal.
Este proceso duró como una hora. Nos bajan y nos suben a una batea de una camioneta, de esas que son de los municipales. Esta traía logotipo, no sé de cuál policía, pero por las personas y por el logo era policía. Estas personas dicen ya tranquilícense, ya no los van a madrear. Me avientan, quedo boca abajo en la batea, lo mismo que a Ramiro. Elio queda medio sentado porque se le desamarraron las cuerdas. Continuamos en camino. (Juan Gabriel Ríos, CVO)
por fin llegamos a un lugar. Se detuvieron, el lugar no lo recuerdo, saludaron, nos bajaron de la camioneta…nos suben a una camioneta, esta sí es una camioneta de policía. Esa sí la pude ver una camioneta de las de la batea, de la Policía Estatal. ¿Pudo identificar algún número? No ví los números, ví los uniformes, eran obscuros de la Policía Estatal. Estos ya traían uniforme. Nos echan a la camioneta y avanzamos… había policías en la batea de la camioneta, uno en cada esquina… empezaron a hablar por radio mencionando una lista. Todo lo que decían era que nos íbamos a morir… Nos pedían información… era cuando me estaban cortando la oreja, diciéndome que si no les daba la información me la irían cortando en pedacitos. Me decían que yo dijera el nombre de los encargados. Me decían “¿Quién es el encargado? ¿Quién es quién te manda? Que nos iban a matar. (Elionaí Santiago Sánchez, CVO)
Obviamente, cuando nos entregan allí, los policías continúan con esas prácticas porque nos botan sobre el interior de la batea de la patrulla de la camioneta de la policía estatal. Y, pum, nos botan allá de nuevo, allí íbamos tirados, íbamos sangrados, heridos….Y los policías que iban sentados allí, o sea, no hay, no hay ningún respeto hacia la vida, hacia la integridad física… Iba manejando horrible, íbamos rebotando dentro de la camioneta […] Y cuando nos bajan, recibimos insultos de parte del que es encargado de la patrulla, no sé si es comandante o no. Pero, todavía nos insulta, a pesar de que íbamos heridos; denostándonos, también. (Ramiro Aragón, CVO)
La Policía Estatal entregó a las tres personas detenidas en el penal de Ejutla de Crespo, en la madrugada del 10 de agosto. Cabe destacar que el personal del penal no estaba informado de su llegada.
nos llevan a una población pero ya cuando nos colocan frente a las puertas del Palacio Municipal y nos pusieron frente a una celda…No encuentran la llave…Entonces nos llevan a un penal…Fue en una oficina de ese Palacio Municipal, Ejutla de Crespo… Entonces se acerca ese policía estatal, los policías municipales estaban muy sorprendidos, hasta cierta parte temerosos los policías municipales, los policías estatales son los que entran y disponen. (Elionaí Santiago Sánchez, CVO)
Me preguntan mi nombre y me buscan en una lista, no sé para qué, nos entregan en un penal. En ese penal. ¿No les hicieron preguntas? El que nos recibe nos dice “no sé por qué los traen para acá, pero no se preocupen ya no los van a golpear. (Juan Gabriel Ríos, CVO)
En este sitio, las tres personas detenidas no recibieron atención médica ni fueron presentadas ante ningún órgano competente que explicara la razón por la cual habían sido detenidas.
Cuando nos hacen el examen en el penal, en Ejutla, es absurdo. Nunca fuimos atendidos por un médico. Teníamos golpes [sic] fuertísimos, mi cuñado una oreja cortada. Fue horrible la tortura. Jamás siguieron ese protocolo. (Ramiro Aragón, CVO)
Hasta el día siguiente, entre las 14:00 y 15:00, se presentó una médica y cerca de la media noche llegó el personal de la PGR, quien informó que estaban acusados por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea Nacionales. Después que estamos en la PGR, a mis dos amigos les sembraron armas con las que podían salir por fianza y a mí un arma que no alcanzaba fianza. Pienso que por no pertenecer al magisterio me pusieron un arma fuerte. Cuando nos transfirieron de Ejutla a la PGR nos dicen que nos acusan por portación de armas de fuego. Y apareció un arma. En el peritaje no encontraron nuestras huellas en el arma. (Ramiro Aragón, CVO).
El día 13 de agosto, las tres personas fueron trasladadas a la Delegación de Oaxaca de la Procuraduría General de la República en San Bartolo Coyotepec, donde fueron acusadas formalmente de los delitos mencionados.
De acuerdo con los tres testimonios, se desprenden varias acciones ilegales: el empleo de grupos armados ilegales para la desaparición temporal de las tres personas, el empleo de tratos cueles, inhumanos, degradantes y tortura. La coordinación entre los grupos armados ilegales con las diferentes corporaciones de seguridad del Estado, quienes vuelven a cometer violaciones a los derechos humanos, como son la detención arbitraria, desaparición temporal, así como los derechos de la persona sospechosa:
El derecho a ser informado de inmediato de las razones de la detención.
El derecho del sospechoso detenido a ser informado de sus derechos y de cómo hacerlos efectivos, incluido el derecho a que se le notifique, el derecho a contar con asesoramiento jurídico.
El derecho a ser informado inmediatamente de los cargos que se le imputan.
El derecho a comunicarse con el mundo exterior y a no ser recluido en régimen de incomunicación durante un periodo prolongado.
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estado parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En este sentido, el artículo 16 de la Constitución mexicana, vigente a partir del 4 de abril de 2006, señala que ninguna persona podía ser detenida sin una orden judicial de aprehensión, que solo podía ser librada cuando se hubiera denunciado un hecho que la ley señalara como delito, sancionado con pena privativa de libertad y siempre que la comisión del delito y la responsabilidad probable de la persona sospechosa hubiesen sido demostradas ante un juez en una averiguación previa. Cualquier persona detenida, en virtud de una orden judicial debería ser puesta a disposición del juez “sin dilación alguna”. En el mismo, se contemplaban dos situaciones en las que no se exigía una orden judicial de aprehensión para llevar a cabo la detención. La primera, cuando una persona fuese sorprendida en el acto de cometer el delito o inmediatamente después de cometido el delito (“en flagrancia”), e inmediatamente debería ser puesta a disposición del Ministerio Público. La segunda, cuando un agente del Ministerio Público podía autorizar la detención de una persona sospechosa de un delito grave, si la autoridad judicial no estaba disponible para librar una orden de aprehensión (caso de urgencia).
La versión de los hechos relatada por las tres personas difiere de la versión oficial, esta señala que:
“Asimismo, a las 02.00 horas del 10 de agosto de 2006 fueron detenidos los señores Ramiro Aragón Pérez, Juan Gabriel Ríos y Elionaí Santiago Sánchez, por elementos de la Policía Preventiva del Estado de Oaxaca, como probables responsables de la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público investigador de Ejutla de Crespo, Oaxaca, a las 08:30 horas de ese mismo día”. La detención respondió a la orden de cateo emitida dentro del expediente 99/2006, por el Juez Sexto de lo Penal de Santa María Ixcotel. (CNDH, Recomendación 17/2007)[28].
Un día después de la detención arbitraria de las tres personas mencionadas, Erangelio Mendoza González fue víctima del mismo delito el 11 de agosto en las calles de la ciudad de Oaxaca. El patrón de la detención arbitraria se presentó de la misma manera que en las ocasiones anteriores. El señor Mendoza fue interceptado por un grupo de civiles armados cuando conducía su camioneta, fue obligado a descender de ella con arma en mano e introducido a otro vehículo sin placas. Durante su traslado fue torturado psicológicamente al cortar cartucho varias veces sobre su cabeza, golpeado e insultado de manera constante. Este grupo de civiles armados lo subieron a un helicóptero donde, igualmente, fue agredido y maltratado. El señor Mendoza fue llevado al Reclusorio Regional de Ciucatlán donde no fue atendido médica ni jurídicamente. No fue sino hasta el 14 de agosto que conoció los delitos por los que fue detenido (RODH, 2006, p. 57)[29].
Durante la segunda mitad del mes de agosto, las acciones de estos grupos continuaron tanto en las inmediaciones de la ciudad de Oaxaca como en ella. Por ejemplo, en un bloqueo de la Carretera Internacional “Cristóbal Colón”, cerca del municipio Sampablo Etla, el 18 de agosto fue asesinado el maestro Benito Castro Juárez quien participaba en dicho bloqueo, por tres sujetos que descendieron de un auto Stratus, con placas del estado de Guerrero. Más tarde el auto fue encontrado frente a la Academia de Policías de la Dirección General de Seguridad Pública, en el municipio de San Agustín Etla[30]. Es importante señalar que, sobre el asesinato del maestro Benito Castro Juárez no existe más información de la que se mencionó en los periódicos.
Días más tarde, el día 21 de agosto por la noche y el 22 por la madrugada se vivió otro momento álgido en la ciudad de Oaxaca. Durante esa madrugada se produjeron varios hechos de manera simultánea. Por un lado, las antenas y los equipos del Canal 9, instalados en el Cerro del Fortín, fueron baleados por un comando formado por sujetos vestidos de civil que se transportaban en camionetas pickup 4×4 sin placas y en camiones de volteo; estos portaban armas de grueso calibre como 22, 24, 28 y 9 milímetros, asimismo, rifles R-15, armas de uso exclusivo del ejército. Durante la agresión fue herido el señor Sergio Vale Jiménez (RODH, 2006, p. 46).
Por otro lado, esa misma noche, es decir el 21 cerca de la media noche, dos personas fueron atacadas por un grupo de civiles armados, denominados como caravanas de la muerte. Estas personas pertenecían a la Policía Magisterial Oaxaqueña, organización que ejercía la función de vigilancia en algunos sitios de la ciudad, ya que, según menciona, a partir del mes de junio desapareció la policía en la ciudad de Oaxaca.
porque incluso en 2006, a partir del mes de junio desapareció la policía. No había policía, no había tránsito, no había nada, muchas de las personas en las colonias, en el centro, nos llamaban a nosotros, de la Pomo, -oiga fíjese que aquí están robando, y no hay policía, les pedimos maestros que venga una ronda de ustedes, sabemos que tienen rondas de seguridad y vigilancia, échense una vuelta por nuestra colonia en tal parte-, en dos- tres ocasiones fuimos a la colonia América y efectivamente había disturbios, había gente ahí abusando de otras personas, y se detuvieron a esas personas, finalmente el papel de la Pomo, fue un papel que tuvo eco y confianza de la población, claro que también se hablaba de algunos otros hechos, pero nosotros no podíamos controlar todo, porque éramos una comisión nada más. (Filiberto López Rosas, CVO)[31]
Esa noche habían redoblado los esfuerzos de vigilancia ya que días antes grupos armados de civiles rondaban la ciudad amedrentando a la población.
las caravanas de la muerte ya habían estado asolando desde hace días, incluso, hubo una incursión, salieron por allá de San Bartolo se vinieron, caminaron todo el centro, llegaron hasta donde está la técnica 1, hasta donde está la hacienda, hasta allá fueron a dar la vuelta. Eran alrededor de unas 25-30 camionetas, la mayoría blancas, estaban repletas de gente armada…encapuchados y con sus cuernos de chivo, sus metrallas, bien armados, y eso fue el detonante porque salieron a pasear exhibiéndose para decirnos que iban a entrar, fue unos dos días antes (del atentado), como por el 19- 20 de agosto. (Filiberto López Rosas, CVO)
El ataque sucedió el día 21 alrededor de las 12 de la noche, cuando las dos personas mencionadas anteriormente, Filiberto López y su compañero Pedro se dirigían a cubrir las agresiones a la Radio La Ley que se estaba realizado por parte de las caravanas de la muerte, de acuerdo al siguiente testimonio.
ese día 21 de agosto a las 12 de la noche para despertar al 22 de agosto…la región de la costa estaba resguardando la casa de gobierno ahí en San Bartolo Coyotepec, entonces nos fuimos para allá…pero antes de llegar, pasando la Experimental, ahí nos hablaron por teléfono, -están desalojando La Ley, las caravanas de la muerte están desalojando La Ley, van a desalojar…nos dimos la vuelta y venimos rápidamente para ver que estaba pasando (el desalojo era simultaneo en la Ley y en El Rosario)…llegamos a Plaza del Valle nos paramos…frente a nosotros se paró una camioneta blanca, con encapuchados y armados…venían encapuchados, era una camioneta con la batea llena con las armas arriba y las pistolas en la mano…en ese momento se arranca la camioneta, ahí nada más a unos metros, cuando dio la vuelta, nos empataron inmediatamente, y nos arrojaron un objeto del tamaño de una naranja, era una bomba incendiaria -para que aprendan a respetar al gober, hijos de su pinche madre- nos dijeron…el artefacto…me cayó a mi entre las piernas, pero al momento en que cayo reventó, hizo explosión…Eran como las 2 de la mañana, cuando explota el artefacto; la llamarada, una de las esquirlas me tocó aquí (en la muñeca), me tocaron como 4 en el pecho, no tuve tiempo de nada, las llamas me quemaron todo el rostro, no quedó una sola pestaña, ni un bigote, la llamarada fue como una explosión de gas, se me quemó la oreja, el cabello de la parte frontal se achicharró, incluso la mayor parte de mi rostro y donde tengo cabello se hizo como una papa cocida, se enrollo, y en el brazo también tuve una quemada, me reventó exactamente enfrente… inmediatamente como pudimos nos bajamos, el carro estalló. (Filiberto López Rosas, CVO)[32]
la noche del 21 de agosto cuando nosotros estábamos resguardando la estación de Radio La Ley que está en la colonia Reforma, vimos, soy testigo, que un grupo de aproximadamente 20 camionetas con motocicletas, algunas de la policía municipal y algunas camionetas sin identificación policiaca, y hombres medio uniformado, algunos, uniformados otros solo con playera y otros de civil, pasando, recorriendo las calles, disparando al aire y sobre los compañeros que estaban resguardando la Radiodifusora que se llama la Ley 710 AM … ese día murió un arquitecto que me parece se llamaba Lorenzo Sampablo, por un disparo de arma de fuego. (Acelo Ruiz Villanueva, CVO)
El 22 de agosto, cerca de las 00.20 horas, un grupo de personas encapuchadas y armadas a bordo de entre 25 o 30 vehículos, —algunos de estos, patrullas de la policía— abrieron fuego contra las personas que tenían tomada la radio La Ley. El resultado fue una persona herida, Lorenzo Sampablo Cervantes, que posteriormente falleció a consecuencia del impacto de bala que recibió en el tórax. En la calle quedaron decenas de cartuchos de armas de calibre 38 y 8 milímetros, así como de rifles de asaltos AR-15[33].
De acuerdo a la versión oficial emitida por la procuradora general de Justicia del Estado, Lizbeth Caña Cadeza, el desalojo de la radio La Ley se realizó bajo el Operativo Limpieza de Vialidades, el cual constó con la participación de 400 agentes de varias corporaciones de seguridad pública, al mando tanto del director de la Policía Ministerial de Oaxaca, Manuel Moreno Rivas, como del coordinador de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez[34]. Según las declaraciones de la procuradora General de Justicia del Estado, los disparos que asesinaron a Sampablo fueron efectuados por delincuentes que estaban en el sitio.
Es importante recalcar que los elementos de las corporaciones de seguridad pública, algunos de ellos, iban encapuchados y a bordo de 34 vehículos, acompañados de porros y personas civiles a bordo de camiones de volteo y camionetas, encabezados por miembros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)[35].
no recuerdo si fue el 21, 22 o 23 de agosto… es la noche en que se instalaron las barricadas aquí en Oaxaca, nosotros salimos a cenar…no sabíamos que la policía y de la gente que no apoyaba el movimiento se estaban reuniendo alrededor de lo que es el Consejo de Tutela. La caravana de la muerte, que se llamó después, salió de ese lugar donde está la PABIC o la Policía Auxiliar, ahora la calle de Escuela Naval Militar, ahí estaba la concentración…las luces estaban apagadas, pasamos nosotros ahí y todo estaba calladito, en silencio…y como diez minutos después, escuchamos, sonaron como balazos y dijimos ¿qué está pasando?…salieron camionetas de policías, después venían camionetas de civiles, gente y hasta atrás venían motos, pero en ese momento no se si nos vieron o ya nos estaban siguiendo o fue por pura casualidad, alguien de los policías que iba a atrás de una camioneta dijo “ellos son” ¿no? nos señalaron y bajaron de la camioneta para encañonar a toda la gente que estaba cenando… cuando llega el policía corta bala y todos se asustan y había gritos y cosas así en ese comedorcito…lo que nos salvó fue la cámara en ese momento y me dijo: “ellos no son, es prensa”, y se fueron. Era el 22 de agosto…esa misma noche pasó eso, se instalaron las barricadas, se dio, salieron muchos policías y gente vestida de civil… fue lo que se llamó al día siguiente las caravanas de la muerte… ¿fue la noche que murió también Lorenzo Sampablo?, sí…por eso decía que ya había escalado la violencia, ya se había tomado el canal 9, ya se habían tomado todas las radios de Oaxaca…la camioneta en la que bajó el policía era una sin placas, tampoco era de gente, no estaba pintada con los logotipos ni nada ¿no?…los policías que iban como formalmente vestidos de policía pues eran las camionetas que iban hacia adelante, en medio venían camionetas de colores que no era de policías, pero había gente entre policía y vestido de civil en esas camionetas…hasta atrás venían motos, gente finalmente de civil …pero así fue, era la fila de policía, camionetas de civiles, gente de civil y hasta atrás eran motos. (Melquiades Cruz Miguel, CVO)
Según se desprende de la información que hasta aquí hemos detallado, los grupos armados ilegales poco a poco se fueron conformando e integrando con tres tipos de elementos: en primer lugar, con policías vestidos de civil; en segundo lugar, con porros de la UABJO al servicio de políticos y líderes del PRI; en tercer lugar, con presos que presuntamente cumplían sentencias en alguna penitenciaria del estado de Oaxaca y que eran excarcelados ilegalmente.
ah, esa brigada sabemos que le tocó a Aristeo [López], porque le tocó a la famosa Policía Metropolitana en ese entonces. Esa noche nosotros no participamos de ahí porque cuando eran participaciones de policías, nosotros, nuestra forma de colaborar ahí era llegar primero y avisarles cuántas gentes había en esa barricada, esa era una. La otra era nosotros venir hasta el final de la caravana, ellos llegaban, disparaban y se iban y nosotros servíamos como lo que le llaman ponerles cola a la caravana de policías. Cuando la caravana de policías se iban, nosotros éramos los que íbamos atrás de la caravana como si fuéramos persiguiéndolos, a cierta distancia poniéndoles cola, en caso de que los siguieran, nosotros poner el tope para que ya no lo siguieran a ellos. (Testimonio CVO)
La conformación de dichos grupos se llevó a cabo bajo el cobijo, la aprobación o el conocimiento de altos funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz entre ellos, principalmente Jorge Franco Vargas, Heliodoro Díaz Escárraga y Lino Celaya Luría. La existencia de estos grupos era conocida por las instituciones públicas que tienen la responsabilidad del bienestar y, en este caso, la protección de la vida de la población.
La existencia de los grupos armados ilegales no pasó desapercibida para las organizaciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, Amnistía Internacional en su informe sobre México[36], entre sus recomendaciones, señaló que era necesario “garantizar una investigación completa, imparcial e inmediata, sobre los hombres armados no identificados y los agentes de policía vestidos de civil que operaban, al parecer, con el apoyo, la autorización o la connivencia de las autoridades estatales, y publicar las conclusiones”.
El mes de agosto fue el preámbulo para la implementación de una estrategia del Estado para la contención y erradicación del movimiento social de 2006 en la ciudad de Oaxaca. A partir de la tercera semana de este mes es cuando se instauran y se estructuran las caravanas de la muerte, fortaleciéndose cada vez que se implementaba un operativo de seguridad. Se profundizará en este tema en la sección dedicada a las caravanas de la muerte.
Lo anterior sobre la base de la afirmación, por parte de la procuradora general, de la existencia de una “guerrilla urbana”, refiriéndose a la APPO[37]. Con esta aseveración, Caña Cadeza justificó la implementación de operativos diseñados para enfrentar este tipo de grupos armados. Con ello, de igual manera, justificó la participación de policías fuertemente armados, unos vestidos de civil y otros uniformados el día 22 de agosto. Lo que derivó en el incremento de la violación a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, posibles ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales; tratos crueles, inhumanos o degradantes; tortura, entre otros.
Ante las acciones de las instituciones estatales, el 23 de agosto, la APPO llevó a cabo una asamblea en la que se determinó, entre otras cuestiones, “impulsar y fortalecer la seguridad con barricadas todos los días”. A partir de esa fecha los integrantes del movimiento social comenzaron a construir barricadas en diversas calles del centro de la ciudad de Oaxaca y zona conurbana. En definitiva, dado el estado de ingobernabilidad que comenzaba, el Estado no pudo garantizar la seguridad de los habitantes, tan es así que hubo personas que perdieron la vida o resultaron heridas.
[1] CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS (2014). Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Misión a México. A/HRC/26/36/Add, párr. 11.
[2] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.
[3] CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS (2014). Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Misión a México. A/HRC/26/36/Add. párrafo 40.
[4] Una privación no arbitraria se refiere a la existencia de cinco factores: legalidad adecuada que proteja el derecho a la vida con adecuadas sanciones administrativas, disciplinarias y tipos penales, reparaciones. Necesidad o excepcionalidad del uso de la fuerza y en particular de la fuerza letal. Proporcionalidad, uso de la fuerza proporcional a la fuerza agresora que la motiva. No omisión injustificada, en tanto el derecho a la vida puede ser violado tanto por acción como por omisión, el Estado debe abstenerse y debe proteger; justiciabilidad que es la funcionalidad de los órganos encargados de administrar justicia y el respeto del debido proceso. GOZÁLEZ PLESSMANN (2005). Derecho a la Vida. Marco teórico-metodológico básico. PROVEA. Serie Aportes 11, Caracas, p. 34.
[5] No existe una definición sobre ejecución sumaria, pero se entiende como: “privación arbitraria de la vida resultado de una sentencia de procedimiento sumario donde se limitaron, desvirtuaron u omitieron las debidas garantías procesales. Esto tiene relevancia significativa en casos donde se pretende aplicar la pena de muerte”. Esta definición se encuentra en varios documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[6] Es importante mencionar que durante los primeros 18 meses del gobierno de Ulises Ruiz se tenían registrados 31 homicidios contra dirigentes políticos y líderes sociales opuestos al régimen. Entre los que se pueden mencionar están: el perredista Moisés Cruz Sánchez, exedil de San Juan Mixtepec y coordinador Binacional de la Red Internacional de Indígenas Inmigrantes. El dirigente del Partido del Trabajo, Manuel de Jesús Guillén Álvarez, en San Pedro Tapanatepec. César Toimil y cuatro integrantes del Consejo Regional Obrero, Campesino y Urbano de los Trabajadores de México (CROCUTM), este hecho ocurrió el 29 de noviembre de 2005. Marcelino Sánchez Ramírez, militante del PRD y coordinador municipal del Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organizaciones Rurales (Profemor) de Santa María Huazolotitlán. BRACAMONTES, Reynaldo (2006, julio 17), “Van 31 asesinatos de opositores en 18 meses de Ulises Ruiz: PRD”. Noticias, 12ª.
[7] REYES, E. (2006, agosto 3). “Agosto nublado”. Noticias, Voz e Imagen. En este tiempo hubo dos hechos violentos más, uno ocurrido dos días antes que se refiere al ataque con bombas molotov a la casa de un líder social, Alejandro Cruz, miembro de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos de Oaxaca (OIDHO), organización que formaba parte de la APPO. El otro hecho ocurrió el mismo 22 de julio, y fue al lanzamiento de artefactos explosivos en el domicilio de Macario Otalo Padilla, ex dirigente seccional en la población de Ocotlán. Así como, en el domicilio de Enrique Rueda Pacheco, Secretario General de la Sección XXII. El contexto político de ese mes de julio se caracterizó principalmente por lo siguiente: por el triunfo del voto de castigo contra el PRI en la mayoría de los distritos del Estado de Oaxaca, aunado al “fortalecimiento y expansión” de la APPO en las regiones. Con respecto a esto último, parte de la población y el magisterio establecieron gobiernos populares en cerca de 30 municipios. De igual manera, la APPO realizó acciones que obligaron a suspender la celebración de la Guelaguetza, además de su rechazo al llamado al diálogo del gobernador Ulises Ruiz y el bloqueo de los accesos a las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la toma de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Finanzas, así como los juzgados penales y la Comisión Estatal del Agua. Ante esta situación, el gobernador y la legislatura se vieron obligados a despachar desde hoteles ubicados en la agencia municipal de San Felipe del Agua. Véanse los diarios locales y nacionales de julio de 2006.
[8] En el mes de octubre se llevaron a cabo 16 homicidios: Daniel Nieto Ovando, Arcadio Fabián Hernández, José Manuel Castro Patiño, Jaime René Calvo Aragón, Jesús Montalvo Velasco, Alejandro García Hernández, Pánfilo Hernández Vásquez, Alejandro López López, Bradley Ronald Will, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Eudocia Olivera Díaz, Esteban Ruíz, Fidel Sánchez García, Alberto Jorge López Bernal y Roberto Hernández López. 14 de ellos como resultado de la violencia social de manera directa y dos de manera indirecta: un accidente y un paro cardiaco.
[9] Véase la siguiente dirección electrónica:
https://codepappo.wordpress.com/2006/08/06/asamblea-popular-del-pueblo-de-oaxaca-acuerdos-6-de-agosto-2006/
[10] Véase tanto la parte que corresponde a la libertad de expresión como la sección de la participación de las mujeres en la parte de caracterización de movimiento en este informe.
[11] VELÁSQUEZ, I. “APPO toma el Canal 9”. Noticias, Voz e Imagen. 2 de agosto de 2006. MARTÍNEZ, R. “Trabajadores acusan a CorTv de ser instrumento del PRI”. Noticias, Voz e Imagen. 3 de agosto de 2006.
[12] MATÍAS, P. (2006, agosto 5). “Tensión social al alza: 20 palacios tomados”. Noticias, Voz e Imagen, p. 8D. Decenas de pobladores ocuparon el palacio Municipal para demandas la destitución del alcalde, el priista, Jesús Miguel Garza Quintana, porro identificado con el exsecretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas, por abuso de autoridad, desvío de recurso y por participar en la represión en contra del movimiento. VÉLEZ ASCENCIO, O. (2006, agosto 10). “Vecinos de Santa Cruz Amilpa toman palacio”. Noticias, Voz e Imagen. Entre 14 y 15 de junio de 2006, se toman 22 Palacios Municipales, principalmente de aquellos Ayuntamientos que conformaron la Coordinación Estatal a favor de la Educación, ello como respuesta al desalojo del 14 de junio del zócalo de la ciudad. Véase también la lista que se adjunta al capítulo relacionado con el anexo de la “Caracterización del movimiento social de 2006 y 2007”.
[13] Acuerdos de la Asamblea de la APPO del 6 de agosto de 2006.
[14] VÉLEZ ASCENCIO, O. “Retiene más de 20 vehículos oficiales”. Noticias, Voz e Imagen. 4 agosto 2006, p. 20A. VÉLEZ ASCENCIO, O. “Tomas masivas de oficinas y vehículos”. 5 de agosto de 2006, p. 16 A.
[15] IZQUIERDO, M. “Caos en el Istmo de Tehuantepec”, Noticias, Voz e Imagen, 9 de agosto 2006.
[16] IZQUIERDO. M. “Maestros realizan bloqueos y plantones en el Istmo”. Noticias, Voz e Imagen. agosto 12, p.6 A.
[17] VÉLEZ ASCENCIO, O. “Paran el sector salud y exigen se vaya URO”. Noticias, Voz e Imagen. 17 agosto. VÉLEZ ASCENCIO, O. “Hoy, paro cívico estatal”. Noticias, Voz e Imagen Voz. 18 de agosto 2006. SÍMERMAN, F. “Paro indefinido del sector salud de la Costa”. Noticias, Voz e Imagen, 18 de agosto de 2006, 6 A.
[18] Los documentos y materiales entregados como pruebas que sustentan su petición son los siguientes:
Copia del Informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el desalojo del plantón magisterial de junio 14 de 2006.
Copia del Informe 2006 México-Amnistía Internacional.
VI Informe Red Oaxaqueña de Derechos Humanos. Situación de los Derechos Humanos en Oaxaca.
Copia de la Recomendación 08/2005 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Copia del documento Análisis de Coyuntura Oaxaca 2005 laborado por Alternativa A.C. EDUCA.
Copia del Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Copia del documento Breve Informe sobre Homicidios y Violencia contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca, del 8 de noviembre de 2004 de la Organización Colectivo Huaxyacac.
Copia del Boletín de Prensa de Colectivo por la Democracia.
Ejemplar de la Edición Especial del Diario Tucán de Oaxaca de junio de 2006.
Disco magnético que contiene fotografías del desalojo de la Sección XXII del SNTE.
Copia de recorte de prensa de fecha 18 de junio de 2006.
Copia del Boletín de Prensa de fecha 24 de junio de 2006 de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos.
Copia de un Documento de orientación, análisis y consulta para el escenario actual de la jornada de lucha estatal de fecha 20 de junio de 2006 de la Sección XXII del SNTE. 14. Copia de un oficio presentado por diversas organizaciones el 9 de julio de 2006. Dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que se analiza la solicitud de desaparación de poderess en el estado de Oaxaca, presentada por particulares, 19 de octubre de 2006, p. 2.
[19] Véanse también los diarios locales y nacionales de 22 y 23 de julio de 2006.
[20] VELÁSQUEZ, I. (2006, agosto 1). “Grupos paramilitares actúan contra la APPO”. Noticias, Voz e Imagen, p. 1D.
[21] En este sitio no solo se presentó este hecho sino se detuvo a Heriberto Reyes García que en el momento de su detención fue lesionado y sufrió el robo de sus pertenencias por parte de los agentes de la Policía Ministerial. Reyes García fue acusado por el delito de portación de arma prohibida. Expediente penal 25/2007 del Juzgado 7° Penal del Centro.
[22] MATÍAS, P. “Retiene a los policías que trataban de asesinar a Sosa”. Noticias, Voz e Imagen, 20 A. 16 agosto. Cisen: 8 de agosto, son detenidos dos elementos de la policía ministerial por la “brigada móvil” de la APPO. (El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, envió una cronología de principales eventos sobre el conflicto social de Oaxaca, a petición de la CVO y en respuesta al oficio enviado CV/839/2015 de 5 octubre de 2015).
[23] VELÁSQUEZ, L. “Balean a mujeres en instalaciones CorTv”. Noticias, Voz e Imagen. 5 de agosto 2006, 8A. Entrevistas realizadas por la CVO a algunas de las mujeres que estuvieron en la toma del CorTv.
[24] MARTÍNEZ, T. “Incendian autobús y echan ácido a Radio Universidad”. Noticias, Voz e Imagen. 9 de agosto 2006, 9A.
[25] Juan Gabriel Ríos era parte de la Sección XXII en el 2006, es por ello que participó en el Plantón.
[26] En la Recomendación 15/2007 de la CNDH, Oficio DG-5903/2006, del 10 de agosto de 2006, signado por el director general del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano, en el Estado de México, mediante el cual refiere el estado de salud y atención médica que se le dio al señor Catarino Torres Pereda, p. 76.
[27] Las autoridades afirmaron que la “detención” de Germán Mendoza Nube se dio en el marco de derecho: “el Gobierno del estado se defendió al afirmar que en la entidad “no hay cabida para detenciones ilegales o arbitrarias, porque actuamos estrictamente apegados a la legalidad, respetando siempre el Estado de derecho”…Germán Mendoza Nube, fue detenido en cumplimiento a la orden de aprehensión dictada por el juez mixto de primera instancia de Puerto Escondido en la causa penal 86/05 por el delito de tentativa de homicidio calificado, con premeditación y ventaja en agravio de Héctor Fernando Pablo Hernández”. MATÍAS, P. “Admite gobierno haber detenido a líderes de la APPO”. Noticias, Voz e Imagen, 13 agosto de 2006, 20ª.
[28] Después los llevaron a la prisión municipal de Ejutla. Un médico les preguntó sus nombres, pero no recibieron ningún tratamiento. A la mañana siguiente, un médico de la Procuraduría General de la República los examinó, pero el examen no fue lo suficientemente exhaustivo y no cumplió el Protocolo de Estambul, que la Procuraduría se ha comprometido a aplicar en todos los casos. Sin embargo, los tres rechazaron las acusaciones, y negaron haber visto ningún arma o que los hubiese detenido la policía. Ramiro y sus amigos informaron a la Procuraduría General de la República de las torturas que habían sufrido, pero no se emprendió ninguna acción al respecto. El 12 de agosto, Ramiro Aragón y sus amigos fueron acusados de posesión ilegal de armas de fuego. Ramiro Aragón permaneció en prisión preventiva y Elionaí Sánchez y Juan Gabriel Ríos quedaron en libertad bajo fianza en espera de juicio. Durante los tres meses que pasó bajo custodia, Ramiro Aragón no pudo ver al juez ni hablar con él. AMNISTIA INTERNACIONAL (2007). México: casos allanamientos y leyes sin justicia. AMR 41/015/2007, p. 10.
[29] El Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Juan Bautista Cuicatlán instruyó la causa penal 195/2006 por el delito de robo calificado y el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tehuantepec la causa penal 107/2006 por el delito de daños.
[30] VÉLEZ ASCENCIO, O. “Acribilla a otro maestro”. Noticias, Voz e Imagen. 19 de agosto de 2006, 16 A.
[31] Unos días después del 14 de junio, varios compañeros del comité, en reuniones que teníamos de valoración y de balance, decidimos formar un equipo, un equipo de compañeros que nos dedicáramos exclusivamente a la vigilancia, a vigilar, a cuidar los campamentos, a estar haciendo rondas con compañeros de base, estar vigilantes que no volviera a ocurrir lo que ocurrió el 14 de junio del desalojo, empezamos a organizarnos, a organizarnos., esta organización, a raíz de las vivencias que tuvimos y como parodiando el asunto del Quijote de la Mancha, el asunto de los caballeros y todo eso, dijimos bueno, que nuestra organización se determine Pomo, que seamos la Pomo, Policía Magisterial Oaxaqueña, así la determinamos Pomo XXII, como organismo Pomo manteníamos la vigilancia, y esos sucesos nos llevaron a todo el mes de junio, julio, agosto, momentos críticos…Dentro de este equipo de vigilancia, nos conocía todo el movimiento, a raíz de que nosotros nos formamos como Pomo, también, por otro lado, las organizaciones sociales formaron su comisión de vigilancia, ellos eran los topiles y pertenecían a la APPO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Entonces, la APPO tenía su comisión de seguridad que eran los topiles, y la sección XXII, incluso me atrevo a pensar, a decirlo, nosotros nacimos primero como un organismo de vigilancia, por seguridad de las gentes movilizadas.
[32]“Con Ulises no se juega”. Esa fue la frase lapidaria que lanzaron los agresores de dos profesores a los que arrojaron un artefacto explosivo al interior de su auto y que les generó quemaduras de segundo grado. Filiberto López Rosas, auxiliar de la Secretaría del Trabajo y Conflictos de Secundarias Técnicas de la Sección XXII y Pedro Solís Morales, de la Asamblea Nacional Representativa, confirmaron que la policía disfrazada perpetró este atentado, a raíz del operativo que se montó el gobierno del estado la madrugada del martes. MATÍAS, P. “Con Ulises no se juega”. La Jornada. 23 de agosto de 2006, 4 A.
[33] MARTÍNEZ JUÁREZ, T. “Abren fuego contra manifestantes”. La jornada, 23 de agosto de 2006. VÉLEZ ASCENCIO, O. “Policías abren fuego contra oaxaqueños”. La Jornada. 23 agosto de 2006.
[34] La procuradora de Justicia del Estado, detalló que en el operativo participaron 150 policías ministeriales, 150 elementos de la Policía Preventiva y 100 más de la Policía Municipal. HERNÁNDEZ, C. A. “Se enfrenta el Estado a guerrilla urbana: PGJE Lizbeth Caña Cadeza”. El Imparcial. 23 de agosto de 2006, p. 4 A.
[35] Justo ante los acontecimientos de violencia se publicó un artículo donde se mencionaba la formación de grupos paramilitares para ejercer represión contra el movimiento social. “Crean grupo paramilitar para atacar a la APPO y Noticias, Voz e Imagen”. Al amparo del ex secretario general de gobierno, Jorge Franco Vargas, el presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, Jesús Miguel Garza Quintana, armó un grupo paramilitar que lo mismo sirve para mantener en su poder el predio donde se ubican las bodegas del periódico Noticias, Voz e Imagen, Voz e Imagen de Oaxaca que para atacar a la APPO. El equipo de sicarios cuenta con armas de fuego de uso exclusivo del ejército, drogas y vehículos que les proporciona Franco Vargas, el dirigente estatal de la CROC, David Aguilar Robles a través de Juan Luis Martínez y un narcotraficante de la zona “El Loco”. Garza Quintana citó a los 35 policías municipales en su casa, que el pasado domingo, con el pretexto de realizar un operativo especial, pero después se los llevaron al predio que tiene el periódico en el municipio. Como a las 8:30 apareció gente de Gonzalo Rodríguez y Roberto Mendoza, un total de 70 personas, a quienes el munícipe entregó polines y láminas. Agustín Morales Morales, secretario municipal, les entregó a todos los policías pistolas de 9 milímetros y, a otros, R-15. De la redacción. “Crean grupo paramilitar para atacar a la APPO”. El Centro. 22 de agosto de 2006.
[36] AMNISTÍA INTERNACIONAL (2007). México. Oaxaca: Clamor por la justicia. AI: AMR 41/031/200731 de julio.
[37] El 23 de agosto de 2006, la Procuraduría General de la República, a través de su titular Daniel Cabeza de Vaca, desmintió la afirmación de la procuradora General de Justicia del estado de Oaxaca. Véase los diarios nacionales de esa fecha.
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References: artículo 6
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 artículo 3
 artículo 1
 artículo 315
 artículo 7
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