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Timestamp: 2018-02-24 04:05:55+00:00

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SUCESOS CONTEMPORÁNEOS Thinking & History: Eficacia estimatoria o desestimatoria del silencio administrativo en los procedimientos de gestión de personal.( 2 min.)
Eficacia estimatoria o desestimatoria del silencio administrativo en los procedimientos de gestión de personal.( 2 min.)
La Administración, al amparo del art. 42 Ley 30/1992 de RJAPPAC, tiene obligación de resolver todos los procedimientos y notificarlos, art. 42.1º, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Ese plazo máximo de resolución administrativa en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea, art. 42.2º.
Cuando la norma que regule el procedimiento no determine un plazo máximo, art. 42.3º, éste será de 3 meses a contar:
« a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación» .
En cualquier caso, la Administración Pública deberá informar a los interesados del plazo máximo normativamente previsto para la resolución y notificación de los procedimientos así como los efectos del silencio administrativo.
Esta información, según el art. 42.4º in fine , deberá evacuarse tanto en los procedimientos iniciados de oficio como en aquellos a instancia de parte.
Obligación, que no siempre se cumple y que puede provocar indefensión y por ello, la nulidad del procedimiento por incidencia del art. 62.1.º.a) Ley 30/1992 de RJAPPAC, por violación del art. 24.1º CE .
En todo caso , ponderando esa infracción , véase la STSJ de Madrid , Sala de lo Contencioso Administrativo ,Sección 6ª, 26 de septiembre de 2006[1], FD tercero:
« […] En cuanto a la extemporaneidad del recurso por haberse interpuesto pasados los dos meses a partir de los seis meses para considerar que ha operado el silencio administrativo a tenor del artículo 42.2 de la Ley 30/92 desde que se formuló la petición hay que decir que el plazo fijado en el mismo no opera sino a efectos de que el particular que no ve contestada expresamente la solicitud pueda entender denegada la misma y tener expedita la vía jurisdiccional para revisar el acto en cuestión .
Ello no quiere decir que no siendo contestada expresamente una solicitud dicho plazo haya de entenderse de naturaleza preclusiva a efectos de la interposición del recurso jurisdiccional sino que, por el contrario, la ausencia de contestación expresa por parte de la Administración que tiene la obligación de resolver (art. 42.1) no puede entenderse sino en el sentido de que el solicitante puede optar por interponer el recurso cuando lo considere oportuno a partir del momento en que , en virtud de la norma prevista , la solicitud puede entenderse desestimada por silencio administrativo .
En el caso que nos ocupa es aplicable esta norma en la forma indicada máxime cuando ,además, la resolución expresamente dictada después no indica recurso alguno ni las demás previsiones contenidas en el artículo 58.2 de la Ley 30/92 por lo que no habiendo sido correctamente notificada la posibilidad de recurrir contra la misma tampoco perjudica al actor el transcurso del plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso administrativo[…] » .
El art. 43 regula el silencio administrativo en los procedimientos iniciados a instancia del interesado. La petición del funcionario de proveer a otro puesto de trabajo o a otra unidad es un procedimiento administrativo de gestión de personal.
El precepto citado determina el silencio positivo de modo genérico salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario.
Con la importante salvedad , recogida en el art. 43.2º in fine Ley 30/1992 de RJAPPAC, de que interpuesto recurso de alzada contra la desestimacion por silencio administrativo de una solicitud o por el transcurso del plazo se entenderá estimado el mismo si llegado el plazo de resolución , el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.
Concurre , pues, la obligación de dictar resolución expresa por la Administración Pública del art. 42.1º Ley 30/1992 de RJAPPAC, sujetándose al régimen descrito en el art. 43.4º:
« a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio» .
En cuanto a los efectos del silencio, el art. 42.3º Ley 30/1992 de RJAPPAC, diferencia entre la estimación por silencio administrativo, silencio positivo , que tendrá la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
La desestimación por silencio administrativo, silencio negativo, tiene los únicos efectos de permitir a los interesados o bien la interposición del recurso administrativo procedente o bien la interposición del recurso contencioso administrativo, en este ultimo caso veanse los arts. 25 y 26 LJCA.
b) Procedimiento administrativo especial.
El RD 1777/1994, de 5 de agosto , constituye , en términos generales, una excepción a la regla general prevista en la Ley 30/1992 de RJAPPAC.
En atención a las previsiones de la Ley 4/1999 y la nueva redacción del art. 43 Ley 30/1992 de RJAPPAC, concretamente el carácter del silencio como positivo con carácter general. Se ordenó en su Disp. Adicional Primera, apdos. 1º y 2º:
« 1. El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, establecerá las modificaciones normativas precisas en las disposiciones reglamentarias dictadas en la adecuación y desarrollo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la simplificación de los procedimientos administrativos vigentes en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, atendiendo especialmente a la implantación de categorías generales de procedimientos, así como a la eliminación de trámites innecesarios que dificulten las relaciones de los ciudadanos con la Administración pública. En ningún caso, las especialidades de los distintos procedimientos podrán suponer una disminución o limitación de las garantías consagradas en esta Ley.
Previsión realizada mediante la Disp. Adicional 29ª, Ley 14/2000:
«En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 de la disp. adic. 1.ª de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, los procedimientos que se relacionan en el Anexo-2 a esta disposición se entenderán incluidos en la excepción prevista en el apartado 2 del art. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( silencio positivo)».
Encontramos los siguientes procedimientos administrativos en materia de gestión de personal con indicación de su norma reguladora:
-Reingreso al servicio activo sin reserva de puesto de trabajo, regulado en el art. 29 bis de la Ley 30/19894, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
-Resolución de solicitudes sobre adscripción de puestos de trabajo y otros procedimientos regulados en el RD 469/1987, de 3 de abril, cuya resolución implique efectos económicos» .
Por lo demás, dado el carácter especial de la norma de 1994, debe entenderse vigente.
El RD 1777/1994, de 5 agosto, sobre adecuación a la Ley 30/1992, de 26-11-1992 , de los procedimientos administrativos en materia de gestión , art. 2 prevé:
« Las solicitudes formuladas en los siguientes procedimientos administrativos de gestión de personal se podrán entender desestimadas una vez transcurridos, sin que se hubiera dictado resolución expresa, los plazos máximos de resolución señalados a continuación:
h) Procedimientos de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, a excepción de los señalados en los epígrafes anteriores: Plazos fijados por su normativa específica y, en su defecto, el general de tres meses previsto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre» .
Así pues rige la especialidad del RD 1777/1994, de 5 agosto, sobre adecuación a la Ley 30/1992, de 26-11-1992 , de los procedimientos administrativos en materia de gestión para esas concretas materias, siendo de aplicación el art. 42.2º Ley 30/1992 de RJAPPAC en el resto de supuestos no regulados especialmente por el RD 1777/1994, de 5 agosto, sobre adecuación a la Ley 30/1992, de 26-11-1992 , de los procedimientos administrativos en materia de gestión .
La eficacia del plazo especial de 3 meses del RD 1777/1994, de 5 agosto, sobre adecuación a la Ley 30/1992, de 26-11-1992 , de los procedimientos administrativos en materia de gestión , art. 2.h) opera en cuanto a la eficacia desestimatoria del procedimiento de gestión de personal instado por el empleado público.
Debiendo entenderse que el plazo de 3 meses no es para dictar resolución , sino, para entender desestimada por silencio negativo el procedimiento instado por el funcionario público .
[1] (LL 193889,2006).
Publicado por Juan B Lorenzo de Membiela en 10/22/2014 02:09:00 a. m.
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