Source: https://fr.scribd.com/document/326426594/Exclusion-de-propiedad-privada-en-Comunidades-Indigenas
Timestamp: 2019-04-25 14:14:41+00:00

Document:
Transféré par Vicente Mtz
Ensayo sobre las propiedades que no pueden formar parte de comunidades indígenas
JSotoDomínguez-T-ElEjido
Exclusión de propiedades particulares.
Derecho que tienen los propietarios o poseedores de predios localizados dentro de
superficies comunales, reconocidas y tituladas por resolución presidencial o
sentencia de los Tribunales Agrarios, por virtud del cual, acreditada en términos de
ley su propiedad o posesión, se encuentran facultados para solicitar a la autoridad
la exclusión de dicha superficie, cumpliendo con los requisitos legalmente
Anterior a la vigencia de la Ley Agraria, las exclusiones eran determinadas
mediante dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario, siguiendo el procedimiento
establecido para la tramitación de los expedientes de confirmación y titulación de
bienes comunales publicada en el DOF el 15 de febrero de 1958. Aun cuando la
L.A. no precisa esta acción, los Tribunales Unitarios Agrarios la han resuelto, en
virtud de la atención de los asuntos de rezago agrario remitidos por la SRA; o bien,
como resultado de las sentencias emitidas para el reconocimiento por parte de los
citados tribunales en la acción de reconocimiento del régimen comunal. Son
requisitos indispensables para ejercitar la exclusión, que la propia resolución o
sentencia de reconocimiento señale la existencia de propiedades particulares
enclavadas en el perímetro comunal y que el interesado acredite la naturaleza
privada del inmueble con los registrales previos a la solicitud del núcleo. (Véase
LA art. 3º transitorio; LOTA art. 18,fracción III; Reglamento para la Tramitación de
los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, art. 16;
“Bienes Comunales” y “Reconocimiento de comunidad”.)
(Definición tomada del Glosario de Términos Agrarios Jurídicos, septiembre de
2009 en Romosso, imprenta y comercializadora, México, D.F.)
Artículo 98.- El reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios deriva
I. Una acción agraria de restitución para las comunidades despojadas de su
II. Un acto de jurisdicción voluntaria promovido por quienes guardan el estado
comunal cuando no exista litigio en materia de posesión y propiedad comunal;
III. La resolución de un juicio promovido por quienes conserven el estado
comunal cuando exista litigio u oposición de parte interesada respecto a la
solicitud del núcleo; o
La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables. cuyo trámite haya terminado por haberse dictado acuerdo de archivo del expediente como asunto concluido o dictamen negativo. De estos procedimientos se derivará el registro correspondiente en los registros Públicos de la Propiedad y Agrario Nacional.IV. II. REGLAMENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONFIRMACIÓN Y TITULACIÓN DE BIENES COMUNALES ARTÍCULO DECIMO SEXTO . Por lo que hace a los asuntos relativos a las materias mencionadas en el párrafo anterior. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre. a fin de que se encuentren en aptitud de dictar la resolución que corresponda. La autoridad agraria deberá prestar a los tribunales la colaboración que le soliciten para la adecuada substanciación de los expedientes. Los demás asuntos que corresponda conocer a los tribunales agrarios.Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: I. y IV. Artículo 99. según corresponda. . salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley. El procedimiento de conversión de ejido a comunidad. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992. en el estado en que se encuentren. imprescriptibles e inembargables.Los propietarios o poseedores de pequeñas propiedades incluidas dentro del perímetro de terrenos comunales confirmados. bosques y aguas. una vez que aquéllos entren en funciones.. ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO La Ley Federal de Reforma Agraria que se deroga se seguirá aplicando respecto de los asuntos que actualmente se encuentran en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras. III. reconocimiento y titulación de bienes comunales. creación de nuevos centros de población y restitución. así como los asuntos relativos a dichas materias en los que en lo futuro se dicten. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra. se turnarán a éstos por la Comisión Agraria Mixta o el Cuerpo Consultivo Agrario.. se estará a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del Decreto que reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal.
la explotación a que este Artículo se refiere únicamente podrá acreditarse con los permisos de explotación forestal expedidos por la autoridad competente. siempre que las resoluciones confirmatorias respectivas contengan alguno de los puntos resolutivos que en seguida se consignan: I. es decir la investigación de la Delegación Agraria.tendrán derecho a pedir el reconocimiento de sus propiedades. tendrán los mismos derechos y obligaciones que los propietarios que acrediten su propiedad con títulos legalmente requisitados. a cuyo efecto se dejan a salvo los derechos de esos poseedores. Código Agrario de 1942. y las tengan en explotación.. y la opinión del Cuerpo Consultivo Agrario. deberán solicitar el reconocimiento de sus pequeñas propiedades dentro del término de años contados a partir de la fecha de Publicación del presente reglamento. quedarán excluídas de esta titulación si reúnen los requisitos establecidos por los artículos 66 y 306 del Código agrario vigente. Al otorgarse un reconocimiento deberá consignarse en el plano de ejecución correspondiente la anotación de la pequeña propiedad particular reconocida conforme al dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario. TERCERO (Transitorio) Los particulares cuyos derechos se hayan dejado a salvo conforme a lo dispuesto por el artículo 16. no serán materia de confirmación en el presente caso. la revisión de la Dirección de Tierras y Agu8as. LEY DE LA REFORMA AGRARIA Artículo 252. Tratándose de terrenos boscosos. pacífico y público de tierras y aguas en cantidad no mayor del límite fijado para la propiedad inafectable. . II. y no se trate de bienes ejidales o de núcleos que de hecho o por derecho guarden el estado comunal.Todas las superficies de propiedad particular que quedaren incluidas dentro del perímetro de los terrenos que se confirman.. siempre que la posesión sea. de modo continuo. Quienes en nombre propio y a título de dominio prueben debidamente ser poseedores.Las pequeñas propiedades particulares que pudieran encontrarse enclavadas dentro de terrenos comunales que se confirman. El procedimiento que debe seguirse para el reconocimiento de tales derechos particulares será el que señalan los artículos 9 y 13 de este reglamento. cuando menos cinco años anterior a la fecha de la publicación de la solicitud o del acuerdo que inicie un procedimiento agrario.
la afectación de terrenos. por el que declaraba que un predio agrícola. Quienes en nombre propio y a título de dominio posean. o las que resulten de otras clases de tierras. pacífico y público. siempre que la posesión sea cuando menos cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo de inicie un procedimiento agrario. quina. III. Son inafectables por concepto de dotación. 249-264. Artículo 306. caña de azúcar. II. . tomando en cuenta la extensión de su propiedad. cuando no haya conflictos de linderos. El Departamento Agrario. Generalmente se establecía que el certifica-do de inafectabilidad era requisito de procedencia para que los propietarios promovieran juicio de amparo en contra de las acciones agrarias señaladas. como consecuencia del acuerdo dictado por la autoridad agraria competente con base en la legislación anterior. Hasta ciento cincuenta hectáreas dedicadas al cultivo de algodón. Hasta trescientas hectáreas en explotación. vid. café. si reciben riego de avenida fluvial o por sistema de bombeo. de modo continuo. cacao o árboles frutales. En las acciones agrarias en trámite (rezago agrario). tendrán los mismos derechos que los propietarios inafectables que acrediten su propiedad con títulos debidamente requisitados.)Certificado Ley de la Reforma Agraria Artículo 249. Actualmente. hule. de oficio o a petición de parte. iniciará los procedimientos para reconocer y titular correctamente los derechos sobre bienes. 4ºtransitorio. en su caso. ampliación o creación de nuevos centros de población. olivo. henequén. cocotero. cuando se destinen al cultivo de plátano. vainilla. las pequeñas propiedades que están en explotación y que no exceden de las superficies siguientes: I. de acuerdo con las equivalencias establecidas por el Artículo siguiente. así como los que correspondan individualmente a los comuneros. Certificado inafectabilidad Documento expedido a los propietarios de los predios rústicos. ganadero o agropecuario era inafectable para resolver las acciones de dotación de tierras. teniendo en cuenta lo que se dispone en el artículo 66. el fin para el que estaba destinada y la explotación de la misma. podrán ser tomados en cuenta por los Tribunales Agrarios para determinar. Cien hectáreas de riego o humedad de primera. LA art. tierras y aguas en cantidad no mayor del límite fijado para la propiedad inafectable. el artículo cuarto transitorio de la LA establece que dichos certificados podrán ofrecerse como prueba en los procedimientos previstos por la citada ley y tendrán validez para efecto de determinar la calidad de las tierras. al no existir afectación de tierras. comunales.Artículo 66. y “Prueba plena”. (Véase LFRA arts.
altitud. se requerirá que los trabajos de reforestación existan cuando menos con seis meses de anterioridad a la publicación de la solicitud de ejidos o de la del acuerdo de iniciación de oficio. constitución y situación de los terrenos.IV. También son inafectables: a) Las superficies de propiedad nacional sujetas a proceso de reforestación. Septiembre de 1998 Tesis: VIII. b) Los parques nacionales y las zonas protectoras. topografía. Jurisprudencias y criterios de la Corte: Novena Epoca Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. J/20 Página: 1058 . Para que sean inafectables las superficies a que se refiere la fracción anterior. La superficie que no exceda de la necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalencia de ganado menor. c) Las extensiones que se requieren para los campos de investigación y experimentación de los institutos nacionales. los vasos y las zonas federales. Los títulos y certificados que amparen derechos de ejidatarios y comuneros servirán como base. podrán ofrecerse como prueba en los procedimientos previstos por esta ley y tendrán validez para efectos de determinar la calidad de las tierras. al igual que las constancias de coeficientes de agostadero que hayan expedido la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VIII. y d) Los cauces de las corrientes. conforme a la ley o reglamentos forestales. La inafectabilidad quedará sujeta al mantenimiento de los trabajos de reforestación. Ley Agraria ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO Se reconoce plena validez a los documentos legalmente expedidos con base en la legislación que se deroga.2o. En este caso. propiedad de la Nación. resulte impropia o antieconómica la explotación agrícola o ganadera de éstos. de acuerdo con el Artículo 259. en su caso. Los certificados de inafectabilidad expedidos en los términos de la ley que se deroga. y las escuelas secundarias técnicas agropecuarias o superiores de agricultura y ganadería oficiales. para la expedición de los certificados previstos en esta ley. será indispensable que por el clima. calidad.
iniciada en principio ante el delegado agrario respectivo. subsanando las posibles deficiencias en que incurrió durante el procedimiento administrativo. según se desprende de lo previsto por los preceptos del Código Agrario y de la Ley Federal de Reforma Agraria aludidos. Si en el juicio agrario del que emana el acto reclamado. pues aceptar su argumento obligaría a la responsable a abrir un nuevo periodo probatorio. pues así se desprende de las constancias que informan el expediente agrario. . 6 de agosto de 1998. DE TERRENOS COMUNALES. afectando derechos de la comunidad tercera perjudicada. Unanimidad de votos. los asuntos que allí se señalan y que estuvieran en trámite ante las autoridades agrarias se remitieron debidamente integrados al Tribunal Superior Agrario para su resolución. 6 de agosto de 1998. en el que se desestimó la acción de exclusión de un predio de propiedad particular de terrenos de una comunidad agraria. en la vía de amparo. Sucesión a bienes de Rafael Villa Mata. Amparo directo 140/98. es evidente que el trámite de exclusión previsto en el mencionado artículo 16 constituye un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. alegar que ante el tribunal agrario. Secretaria: Elda Mericia Franco Mariscal. Amparo directo 139/98. otorgaría al quejoso una nueva oportunidad de ofrecer pruebas. Ponente: Elías Álvarez Torres. José Jesús Barraza Villa. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992. Unanimidad de votos. 6 de agosto de 1998. en el que se otorga la oportunidad de ofrecer todas aquellas pruebas que se estimen pertinentes. Secretario: Hugo Arnoldo Aguilar Espinosa. Banda Aguilar. secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. a quien solamente correspondía dictar la resolución respectiva. lo que implicaría infringir el principio de preclusión procesal. y posteriormente. Secretario: Alberto Caldera Macías. PRECLUSIÓN PROCESAL RELATIVA AL PROCEDIMIENTO. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero del mismo año. y el artículo tercero transitorio de la Ley Agraria. se otorgó al quejoso el derecho de rendir pruebas para acreditar que era poseedor del predio en términos del artículo 66 del Código Agrario. Amparo directo 138/98. bajo la vigencia del artículo tercero transitorio del decreto que reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en perjuicio de la comunidad agraria. Unanimidad de votos. representada por su albacea Gerónimo Villa Ibarra. Ponente: José Martín Hernández Simental. no tuvo oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas.EXCLUSIÓN DE PROPIEDAD PARTICULAR. Cristino Monárrez Izábar. por lo que no puede válidamente el solicitante de exclusión del predio particular. correlativo al 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. en términos de lo dispuesto por el artículo 16 del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales abrogado. Ponente: Elías H. lo cual aconteció en el caso. además.
CONTRA LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE EMITIDA POR UN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. junio de 2000. DEBE ABRIR UN PERÍODO PROBATORIO. Silvestre García Varela. 52/2000 de rubro "EXCLUSIÓN DE PROPIEDADES PARTICULARES INCLUIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE TERRENOS COMUNALES. 163 y transitorios segundo y tercero de la Ley Agraria. Unanimidad de votos. Julio de 2000 Tesis: 2a. 18. 54/2000 Página: 33 EXCLUSIÓN DE PROPIEDADES PARTICULARES INCLUIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE TERRENOS COMUNALES CONFIRMADOS. Amparo directo 142/98. celebración de una audiencia y el dictado de la sentencia respectiva. dirimir y resolver controversias agrarias se debe tramitar un juicio. por lo tanto. decimosexto. Tomo XI. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Secretaria: Martha Alejandra González Ramos. mientras que en la actual Ley Agraria se establece que para sustanciar. treceavo. Ponente: Elías Álvarez Torres. operó a partir de las reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Banda Aguilar. tercero transitorio del decreto que reformó dicho artículo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992. en relación con los numerales noveno. Unanimidad de votos. De la interpretación sistemática de los artículos 27. Sucesión de Enrique Aguirre Abeldaño. SIN QUE CON ELLO INFRINJA EL PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN PROCESAL. en términos de los artículos 144 y 158 de la Ley de Amparo deben reclamarse a través del amparo directo respectivo. página 60. y transitorios primero y segundo del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales. con emplazamiento a la parte demandada. Novena Epoca Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XII. de ahí que debe concluirse que se trata de resoluciones./J. Novena Época. 6 de agosto de 1998. y que el procedimiento de exclusión referido es diverso al que establecía el citado reglamento toda vez que en éste se preveía un trámite administrativo. tesis por contradicción 2a. 6 de agosto de 1998. Ponente: Elías H./J. así como de la creación de la nueva Ley Agraria y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. fracción XIV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. AL RECIBIR UN EXPEDIENTE DE ESA NATURALEZA EN TRÁMITE O EN ESTADO DE RESOLUCIÓN.". Secretario: Antonio López Padilla. .Amparo directo 141/98. que al provenir de procedimientos ventilados ante los Tribunales Unitarios Agrarios son materialmente jurisdiccionales. fracción XIX constitucional. se advierte que la intervención del Tribunal Unitario Agrario en el trámite de exclusión de propiedades particulares enclavadas en los terrenos confirmados y titulados a favor de una comunidad agraria. porque deciden en definitiva controversias agrarias y.
Tesis de jurisprudencia 54/2000. celebrada la tarde . entre otras. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. PERSONALIDAD. de capacidad para adquirir y poseer bienes raíces. y comunidades. durante el Virreinato. careciendo ellos. cuando se empezó a legislar sobre la propiedad. promulgada por Venustiano Carranza. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal. pero al decir de algunos historiadores la propiedad más respetada fue la que pertenecía a los barrios (calpulli). anterior a la colonia.Contradicción de tesis 56/99. Parte SCJN Tesis: 223 Página: 158 COMUNIDADES AGRARIAS DE HECHO Y DE DERECHO. Séptima Epoca Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice de 1995 Tomo: Tomo III. 19 de mayo del año 2000. en sesión privada del nueve de junio del año dos mil. de las Cédulas de 21 de marzo de 1551 y 19 de febrero de 1560. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. cabe efectuar las siguientes consideraciones: La propiedad de los indios sufrió muchos ataques a partir de la Conquista Española. por los reyes de España. siempre han quedado burlados los derechos de los pueblos y comunidades. Secretaria: Estela Jasso Figueroa. durante el gran proceso de concentración de los indios dispersos. En la 61a. por medio de varias disposiciones. debido a que. verdaderas copropiedades sujetas al derecho civil. En la Ley de 6 de enero de 1915. ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Sin embargo. conforme al artículo 27 de la Constitución Federal. En relación con la distinción entre comunidades de hecho y de derecho. por tanto. se ordenó respetar la de los indios. La mayor parte de la propiedad de los pueblos indígenas quedó. se les hacía carecer también de personalidad jurídica para defender sus derechos". Unanimidad de cuatro votos. otros recibieron tierras por orden de dichos monarcas. en pueblos. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado. como en la Epoca Precolonial. y. sesión ordinaria del Congreso Constituyente de Querétaro. Comunidad de Hecho. uno de los considerandos decía: "que según se desprende de los litigios existentes. que se efectuó en cumplimiento. se procuró organizarlas sobre las mismas bases generales que la sustentaban antes de la Conquista. a saber. propiedad comunal de los pueblos. Algunos de esos pueblos vieron confirmada su posesión inmemorial. en la forma de propiedad comunal.
ni el desarrollo de todo ese mundo de comunidades que se agita en el fondo de nuestra constitución social. y es más necesario aun que la ley constitucional.del jueves 25 de enero de 1917. pues. las cuestiones de propiedad. ni el funcionamiento. no conoce más que la propiedad privada perfecta. no eluda. de solicitar y de obtener concesiones expresas de derechos determinados. por falta de desarrollo evolutivo. las cosas cambiarán. se encuentran los que a continuación se transcriben: "Los derechos de dominio concedidos a los indios. porque los fraccionamientos obligados de los terrenos comunales de los indígenas. y es verdaderamente vergonzoso que. Aunque desconocidas por las leyes desde la Independencia. daban lugar a depredaciones compensativas y represiones sangrientas. por miedo a las consecuencias.. etc. Así. descendientes de los españoles coloniales. fuente y origen de todas las demás que habían de dictarse. pero generalmente eran dados a comunidades y revestían la forma de una propiedad privada restringida. como ya dijimos. Por virtud de la Independencia se produjo en el país una reacción contra todo lo tradicional y por virtud de ella se adoptó una legislación civil incompleta. pero los despojos sufridos eran tantos. que no hay cinco abogados en toda la República que conozcan bien. la propiedad reconocida y la posesión respetada de los indígenas. incapaces. se formó la referida pequeña propiedad. Esa legislación favorecía a las clases altas. los reyes. sí de hecho. Volviendo a la legislación civil. que puede . como lo hizo la de 1857. regidas por las leyes coloniales. seguían. si favorecieron la formación de la escasa propiedad pequeña que tenemos. las leyes ignoran que hay condueñazgos. rancherías. Ese mal se agravó de la Reforma en adelante. pero dejaba sin amparo y sin protección a los indígenas. pueblos. que no pudiendo ser remediados por los medios de la justicia. la nación ha vivido durante cien años con los trastornos producidos por el error de haber adoptado una legislación extraña e incompleta en materia de propiedad. Es absolutamente necesario que en lo sucesivo nuestras leyes no pasen por alto los hechos que palpitan en la realidad. como hasta ahora ha sucedido. suscrita por varios diputados. respetaban las diversas formas de posesión de hecho que mantenían muchos indios. en ninguna hay una sola disposición que pueda regir ni la existencia. Aparte de los derechos expresamente concedidos a los españoles y a los indígenas. si no de derecho. En lo sucesivo. tribus. preciso será reparar ese error para que aquellos trastornos tengan fin. todavía. tal cual se encuentra en algunos pueblos de Europa. privó a los indígenas de nuevas tierras. cuando se trata de algún asunto referente a las comunidades mencionadas. puesto que a expensas de las que antes tenían. Entre los párrafos importantes de la exposición de motivos de la iniciativa. se tienen que buscar las leyes aplicables en las compilaciones de la época colonial. se presentó una iniciativa. referente a la propiedad en la República. por el espíritu de una piadosa jurisprudencia. El proyecto que nosotros formulamos reconoce tres clases de derechos territoriales que real y verdaderamente existen en el país: la de la propiedad privada plena. congregaciones. Precisamente el conocimiento exacto de los hechos sucedidos. eran alguna vez individuales y semejantes a los de los españoles. porque no se refería más que a la propiedad plena y perfecta. en los Códigos Civiles de la República apenas hay una que otra disposición para las corporaciones de plena propiedad privada permitidas por las leyes constitucionales. nos ha servido para comprender las necesidades indeclinables de reparar errores cometidos.
". que de hecho o por derecho guarden el estado comunal. La iniciativa anteriormente citada. ha quedado totalmente eliminado. en lugar de hacer la enumeración. a incorporar la tercera con las otras dos van encaminadas las disposiciones de la fracción XIII. Agraria. reconoce personalidad jurídica a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal. al reconocerles existencia jurídica constitucional a las posesiones respetadas por los monarcas españoles. o que por cualquier otro título tuvieran reconocido su derecho a determinadas tierras. de pueblos. es regresar al estado que guardaban las comunidades en el período comprendido entre la consumación de la Independencia y la Constitución de 1917 y que se agravó por la Ley de 25 de junio de 1856. y atribuyó existencia jurídica a las comunidades de hecho. A establecer la primera clase van dirigidas las disposiciones de las fracciones I. bosques y aguas. y en el texto que hoy se propone se habla genéricamente de núcleos de población. a restablecer la segunda van dirigidas las disposiciones de las fracciones IV y VIII. o sea la individual y la colectiva. sin personalidad para comparecer ante una autoridad judicial. cualquiera que sea el motivo y condición. la fracción VII del artículo 27 constitucional se adicionó y desde esa fecha ha tenido la misma redacción. o que recibieron tierras durante el proceso de concentración de los indios dispersos. en punto a las comunidades indígenas. 2o. Finalmente. la de la propiedad privada restringida de las corporaciones o comunidades de población y dueñas de tierras y aguas poseídas en comunidad. posiblemente restrictiva. Los breves datos históricos y jurídicos aquí expuestos. Y por último. de Gobernación y Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados. rancherías. o a aquellas posesiones que a partir de la Conquista adquirieron algunos pueblos. el artículo 27. y la de posesiones de hecho. entre tanto la ley determina la manera de hacer el repartimiento únicamente de las tierras". pueblos. rancherías. conforme a la Ley de 6 de enero de 1915. la fracción VI pasó a ser fracción VII con la siguiente redacción: "VII. que fue aprobado en los siguientes términos: "VI. II. Los condueñazgos.tener sus dos ramas. fracción VII. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial del 10 de enero de 1934. tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras. sin hacer distinción entre los que tengan títulos coloniales o de la Epoca Independiente y los que no tengan título. durante dicha época. VI y VII de la proposición que presentamos. En el dictamen emitido por las Comisiones Unidas. etc. V. en pueblos. bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren. únicamente se dice que ya es tiempo de buscar una redacción definitiva del artículo 27 constitucional y que "el punto de categoría política. constitucional. III. y . De Puntos Constitucionales y 1o. el aceptar la tesis de una tercera categoría de comunidades. por ejemplo. tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren". previo dictamen y discusión. aun cuando no tuvieran título. En la reforma publicada en el Diario Oficial del 6 de diciembre de 1937. 1o. tribus y demás corporaciones de población. se aprobó con modificaciones y pasó a ser el artículo 27 de la nueva Constitución. La fracción IV de la iniciativa pasó a ser la fracción VI del texto. permite concluir que por comunidad de derecho el Constituyente quiso referirse a aquellos grupos de indígenas que vieron confirmada su posesión por los reyes de España durante la Epoca Colonial. Los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal. congregaciones.
Unanimidad de cuatro votos. J. . Amparo en revisión 4079/74. Juan Gutiérrez Anguiano y coags. Séptima Epoca: Amparo en revisión 68/71. Mancomunidad del Rancho de "Los Ruices". Unanimidad de cuatro votos. 13 de marzo de 1975. Amparo en revisión 3437/73. Amparo en revisión 4878/74. Andrés Antelo Esquer y otros. Dr. Amparo en revisión 2506/72. Chih. Unanimidad de cuatro votos. 30 de agosto de 1976. Isabel Lara Velázquez y otro. el intérprete tampoco puede hacer distinción. Unanimidad de cuatro votos. 13 de octubre de 1972. Jesús Alvidres Vitolas y otros. 11 de octubre de 1971.si la norma fundamental no distingue. 9 de septiembre de 1976. Unanimidad de cuatro votos. Mpio. Belisario Domínguez.
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Artículo 98
 resolución 
 resolución 
 Artículo 99
 artículo 100
 artículo 27
 artículo 16
 Artículo 252
 Artículo 306
 Artículo 249
 artículo 66
 Artículo 259
 artículo 16
 resolución 
 artículo 66
 artículo 27
 artículo 16
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
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