Source: http://boliviapetrolera.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
Timestamp: 2017-05-01 04:15:41+00:00

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Hidrocarburos Bolivia: noviembre 2008
La Paz / ANF.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) exportó 6,38 millones de metros cúbicos de gas natural a Argentina, de acuerdo con el registro del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).Mientras más gas se envíe a la Argentina, mayor será la facturación, tomando en cuenta que el precio para este último trimestre está en 10,3 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica). Entretanto, Brasil deja de recibir entre 4 y 5 millones de metros cúbicos por día (MCD), Argentina se beneficiará con el volumen adicional disponible. Publicado por
Yacimientos analiza dejar desierta licitación para compra de cisternas
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) analiza dejar desierta la licitación de compra de cisternas para adjudicar a una firma extranjera todo el lote, en desmedro de las empresas importadoras automotrices del país, según advirtieron fuentes del sector.La falta de carburantes en algunas regiones del país, sumado al bloqueo que se originó en cuatro departamentos en septiembre, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, obligó a las autoridades del sector energético a anunciar la compra de cisternas para cubrir todo el territorio nacional.En esas fechas también se informó que el número de cisternas que había en el país no abastecía a la demanda ni a los planes de la estatal petrolera, y otras no cumplían las normas internacionales para el trabajo, por lo que se anunció la compra de estos vehículos.La licitación para la adquisición de los motorizados fue presentada la semana pasada y varias empresas automotrices mostraron interés en la convocatoria y presentaron ofertas, la misma estaría siendo analizada por YPFB.Sin embargo, fuentes cercanas al sector indicaron que la petrolera estatal estaría viendo la posibilidad de dejar desierta la licitación y comprar los vehículos de una firma extranjera, y de esta manera favorecería a un país.La revelación fue consultada a la dirección de comunicación de YPFB, que amablemente accedió a dar una respuesta sobre este hecho luego de las consultas que realizaría a la parte ejecutiva, y que lo haría dentro de una media hora.Pasado ese tiempo se le volvió a llamar y la operadora dijo que ingresó a una reunión y que no podía atender, y señaló que dejáramos nuestros datos.Después se le llamó al director de comunicación a su celular, pero lo tenía apagado, y las dudas sobre ese tema no fueron despejadas.DISTRIBUIDORUna de los planes que tiene la empresa petrolera del gobierno es ser el distribuidor principal, y no utilizar mucho a los sectores intermedios, para abastecer al mercado interno y llegar a todas las regiones del país.En esas fechas, luego del conflicto político y social, el desabastecimiento de combustibles continuó en los departamentos que bloquearon, pero el problema también llegó a otras regiones del país.Las autoridades indicaron, en ese entonces, que la falta de cisternas no permitía llegar a todas las regiones para abastecer de hidrocarburos, por lo que se anunció la compra de estos vehículos.Como se recordará la nacionalización, en mayo de 2006, tiene como objetivo que YPFB vuelva a ser cumplir un rol importante en la cadena hidrocarburífera.Para cumplir ese objetivo se nacionalizó tres empresas del sector, Transredes, Andina, Chaco y la Compañía de logística Boliviana de Hidrocarburos (CLBH), las que fueron capitalizadas en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La construcción del Gasoducto Carrasco-Cochabamba (GCC) y la conversión temporal del Oleoducto Carrasco-Cochabamba (OCC), avanzan ‘a toda máquina’ para cumplir con el cronograma establecido por las autoridades nacionales de hidrocarburos.“El objetivo es llegar con el gas al occidente oportunamente, y contar con volúmenes adicionales, especialmente en la época de mayor consumo”, aseguró el presidente de la transportadora de hidrocarburos Transredes, Juan Bautista Condori en un recorrido realizado ayer con la prensa y el prefecto de Cochabamba, Rafael Puente, quienes evidenciaron los avances del proyecto.El ejecutivo informó que la obra de ingeniería como el tendido y soldado de tuberías del GCC se encuentra muy próximo a los 60 kilómetros de los 65 que tiene el Tramo III, que comprende desde El Sillar hasta Cochabamba. El próximo año se iniciarán con el Tramo I Carrasco Villa Tunari y II Villa Tunari Pampatambo.“La construcción del tramo III tiene un avance del 40 por ciento, contamos con todos los materiales y el consorcio formado por las empresas Bolinter y Serpetbol encargadas de la construcción, que tienen asignada para esta fase 750 personas y 250 equipos”, aseguró Condori.Asimismo, las labores de fiscalización técnica fueron encargadas a la Empresa Ingeniería CT Main y la fiscalización de seguridad, salud, medio ambiente y social al personal especializado de la transportadora de hidrocarburos Transredes.La construcción de la obra se realiza en dos grandes frentes, para enfrentar los probables problemas de la época de lluvias, en las siguientes actividades: topografía en dos frentes, apertura de derechos de vía, desfile de tubería, curvado de tubería en tres frentes, soldado de línea regular en tres frentes, soldadura de trabajos especiales en tres frentes, revestimiento de juntas en dos frentes, excavación – bajado - tapado en dos frentes, construcción de diques en el derecho de vía y entierro del Oleoducto Carrasco Cochabamba en un frente.“La meta es concluir con el Tramo III en abril e iniciar las operaciones en mayo”, apuntó.En el GCC se invertirá cerca de 170 millones de dólares y creará miles de fuentes de empleo para las familias bolivianas. Permitirá dar flexibilidad y seguridad al transporte de gas para el occidente del país. El gas incrementado que se transportará por el GCC tendrá un efecto importante al aumentar el condensado (petróleo) del área del “boomerang”, con el consiguiente incremento de regalías para la región. Con el GCC se puede transportar 120 millones de pies cúbicos de gas por día (MMpcd) una vez concluido y 250 MMpcd cuando se instalen estaciones de compresión intermedias.El GCC tendrá 250 kilómetros de longitud y 16 pulgadas de diámetro, se extenderá desde la población de Entre Ríos (Prov. Carrasco, departamento de Cochabamba) hasta tener un empalme con el Gasoducto Huayñacota – Valle Hermoso (DGVH), en las proximidades de la ciudad de Cochabamba, cerca a la estación de Huayñacota.OCCLa transformación temporal a gas, del Oleoducto Carrasco Cochabamba, tiene un avance estimado global de un 35 por ciento en ejecución de obras, y se prevé que esté funcionando a partir de abril del 2009. El OCC está orientado principalmente a dotar de gas al Occidente durante el invierno 2009, toda vez que se llegará a transportar 22 MMpcd adicionales hasta Cochabamba. La inversión del proyecto de conversión a gas del Oleoducto Carrasco Cochabamba es de 3.6 millones de dólares.
El Gobierno retirará a partir del próximo año la subvención a los combustibles vendidos a vehículos extranjeros en surtidores cercanos a las fronteras para evitar el contrabando, anunció ayer el ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos.La medida regirá desde el 1 de enero de 2009, cuando entrará en vigencia el Decreto Supremo 29814.El Ejecutivo dictó el decreto que "establece un precio diferenciado para el diesel y la gasolina" expedidos "50 kilómetros adentro de las fronteras en los surtidores que sean designados por la Superintendencia de Hidrocarburos".Ávalos aclaró que ese "precio internacional" afectará sólo a "los vehículos con placa extranjera", los cuales no se podrán beneficiar de la subvención del Gobierno a los carburantes, que actualmente ronda un tercio de su valor."Algunos malos vecinos vienen, cargan y se vuelven a ir solamente para llevarse el combustible", denunció el Ministro.El decreto se enmarca en el denominado "Plan Puño de Hierro", con el que el Gobierno pretende frenar la escasez de carburantes en varias regiones del país, en particular en Santa Cruz, donde hay productores agrícolas y existe contrabando de diesel a Brasil.Ávalos apuntó que el diesel subvencionado es vendido actualmente a 3,72 bolivianos el litro y con la medida, que se aplicará a partir del próximo 1 de enero, con los precios de hoy cerca de la frontera pasaría a costar algo más de 9 bolivianos.El precio del diesel en los países vecinos ronda los 2,8 dólares por litro, mientras el gas licuado de petróleo, que en Bolivia es vendido a 3,11 dólares, puede llegar a los 21 dólares.La normaEl mencionado decreto supremo de 10 artículos en su parágrafo primero establece que la decisión "tiene por objeto establecer el mecanismo para la determinación del precio de la gasolina especial internacional y el diesel oil internacional, así como establecer las condiciones para la comercialización de dichos productos en el territorio nacional a vehículos con placa de circulación extranjera".La Superintendencia de Hidrocarburos será la entidad encargada de fijar los precios del diesel oil y la gasolina especial, en frontera para vehículos extranjeros. Cada primer día hábil de mes la entidad reguladora actualizará el precio final e internacional del diesel oil y la gasolina especial, a través de una resolución administrativa que deberá ser publicada obligatoriamente.
Hasta antes de fin de año, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmará contratos con empresas importadoras para la adquisición de 79 nuevos vehículos que le permitirán cumplir a cabalidad sus funciones en la distribución de combustibles y llevar adelante sus tareas operativas de apoyo logístico, coordinación, control y seguimiento.En este propósito, la semana pasada se realizaron las licitaciones correspondientes, y las propuestas aún están siendo evaluadas en la empresa, antes de definirse la adjudicación o la declaratoria desierta, informó una fuente de la estatal petrolera.YPFB, en su nuevo rol de control de toda la cadena de hidrocarburos en el país, se equipará y comprará hasta el próximo año 15 tractocamiones, 5 tanques cisterna para gas licuado de petróleo (GLP), 10 tanques cisterna para hidrocarburos líquidos, seis camiones para reparto de garrafas de GLP y 58 camionetas de doble cabina y doble tracción.Con la adquisición de todos estos vehículos, la empresa petrolera busca garantizar la entrega de combustibles y evitar el problema que tuvo en los últimos meses en la distribución y comercialización de GLP, gasolina y diesel oil, explicó la fuente.Según el Acta de Reunión de Aclaración del Documento Base de Contratación de YPFB al que accedió este medio, las empresas interesadas en la venta de tractocamiones a la estatal son Toyota Bolivia, Gobletruk, Nibol, Autocorp y Volvo Cabsa.En cuanto a los tanques cisterna para gas licuado y líquidos, las compañías interesadas son Intamp. Autocorp, Sica y Chávez Hidro Trans. Mientras que las interesadas en la provisión de los camiones medianos (a estaca) para el transporte de garrafas son Ovando, Nibol y Volvo Cabsa.Las compañías importadoras interesadas en proveer las camionetas doble cabina son Ovando - Mitsubishi, Toyota Bolivia, Russland - Lada Motors y Taiyo Motors - Nissan. Entre estos vehículos, YPFB requiere que algunos funcionen también a Gas Natural Vehicular (GNV).La entrega de los tractocamiones, camiones y los tanques cisternas está establecida en 120 días después de firmarse el contrato, y en el caso de las camionetas, 10 días hábiles tras la suscripción del documento.La fuente explicó que, luego de la presentación de los sobres, se vio que algunas de las empresas importadoras presentaron propuestas de venta incluso a precios por debajo de los de referencia que puso la estatal petrolera nacional en los pliegos.Los resultados y los nombres de las empresas que se adjudiquen la venta se conocerán como máximo hasta la próxima semana, aseguró el informante.Se presume que el financiamiento para la compra de los vehículos provendrá de los $us 1.400 millones que tendrá disponibles la estatal petrolera para invertir el 2009. El monto total fue anunciado el fin de semana por el vicepresidente Álvaro García.El Gobierno espera llegar a disponer de ese monto a través de un crédito de $us 1.000 millones para YPFB, que será otorgado —previa aprobación del Congreso— por el Banco Central de Bolivia (BCB) y que está inscrito en el Presupuesto General 2009.CARACTERÍSTICASColores • Los vehículos que se importen para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos deberán ser de color rojo, azul y blanco, que son los que caracterizan a la empresa petrolera.Modelo • El modelo de estos vehículos debe ser de los años 2008 ó 2009, y los motores corresponder, como mínimo, al año 2007, de acuerdo a las especificaciones de compra.
La empresa eligió a un policía y ex edecan para atender la comercialización en Santa Cruz.A un mes de que se acabe la gestión, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sólo ejecutó un 40,2 por ciento de su presupuesto y se apresta a recibir el próximo año 1.400 millones de dólares, la mayor parte de un crédito del Banco Central de Bolivia (BCB).Según datos del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), dependiente del Ministerio de Hacienda, este año la empresa recibió una asignación de 35.215 millones de bolivianos, pero hasta hace dos semanas sólo había logrado ejecutar 14.175,7 millones de bolivianos.A partir de la nacionalización de los hidrocarburos de mayo de 2006, el Gobierno pretendía sacar a YPFB de su función de empresa residual a la que había sido reducida con la capitalización.Ahora, la estatal tiene participación en toda la cadena de los hidrocarburos.De acuerdo con el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2008, con estos recursos la empresa debía haber garantizado las operaciones de comercialización de hidrocarburos, impulsar las conexiones de gas natural y administrar los contratos petroleros.El PGN 2009 dicta que los fondos en caja y bancos con fuente en el Tesoro General de la Nación (TGN) serán revertidos.La estatal, según el vicepresidente Álvaro García Linera, recibirá 1.400 millones de dólares en 2009, de los cuales 1.000 millones provendrán de un crédito del Banco Central de Bolivia (BCB).El economista Gonzalo Chávez señaló que la baja ejecución presupuestaria responde a la escasa capacidad de gestión, administración, planificación de YPFB y la falta de personal idóneo.“Un 40 por ciento es una ejecución baja y muestra los problemas de gestión, se debería llegar a un 90 por ciento. La pregunta es si con más recursos de la noche a la mañana la estatal petrolera va a poder ejecutar más”.Para el analista, es lamentable que la compañía, con los activos con que cuenta, tenga que recurrir al financiamiento del Estado y no pueda ser sujeto de crédito o atraer inversiones extranjeras.Agregó que esto es fruto de que la empresa carece de un directorio que organice una estrategia, tome decisiones y establezca los lineamientos y objetivos de la compañía.Según Chávez, existe un enorme voluntarismo que no corresponde a una empresa petrolera que debe ser competitiva con otras de su rubro. “Se necesita atraer al mejor capital humano porque en el negocio petrolero no se necesita sólo buena voluntad, sino conocimiento de administración y negocios internacionales”.Opinó que estos problemas influyen directamente en la falta de soluciones al desabastecimiento de carburantes que se ha soportado todo el año y en el cumplimiento de los contratos de exportación de gas natural a Argentina y Brasil.La empresa es dirigida por Santos Ramírez, quien antes fue profesor rural y abogado. Además, los cargos subalternos han sido ocupados por personal sin el perfil adecuado.En abril, La Prensa reveló que la Gerencia de Finanzas estaba dirigida por un auditor que tenía como única experiencia la de haber sido secretario de Hacienda del Sindicato de Choferes Villa Victoria. Designaciones de este tipo persisten.A principios de octubre, el ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos, nombró al capitán de Policía Amílcar Soto Peña director distrital interino de Comercialización de Carburantes del Oriente en Santa Cruz. Este funcionario fungía antes como edecán del actual superintendente Guillermo Aruquipa.Santa Cruz es la región donde se tienen los mayores problemas de abastecimiento de carburantes, en especial de diésel.Como director de YPFB fue posesionado el mes pasado Benigno Vargas, ex dirigente campesino y una de las principales figuras del MAS en Santa Cruz. Él reconoció que no tiene experiencia en el ramo.El ex director de la empresa Luis Fernando Vincenti señaló que existen problemas de gestión porque no se hizo el adecuado cambio de personal, se cometieron errores en la elección de algunos funcionarios y afectó el cambio de cinco presidentes.Recordó que cuando el Gobierno asumió el mando la estatal era una oficina residual con una planta administrativa y pocos técnicos. Opinó que en el distrito oriental no se adoptó una decisión afortunada porque en ese puesto se requiere gente con experiencia y conocimiento; pasar esto por alto “puede traer consecuencias”.Según Vincenti, el Directorio siempre recomendó contratar a los mejores profesionales; sin embargo, el bajo nivel salarial en la empresa lo impide.Para el próximo año, el Gobierno anunció que en las empresas estratégicas se levantará la orden de que ningún funcionario gane más que el presidente.Vincenti aseguró que los recursos que recibirá YPFB en 2009 deben ser invertidos eficientemente y sobre todo en recursos humanos.Urge que la empresa tenga una gestión corporativaEl ex secretario de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) Álvaro Ríos opinó que la estructura de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se encuentra politizada y urge que la empresa de una vez adopte un perfil corporativo.“La empresa está politizada, no paga bien, no cuenta con los mejores cuadros técnicos, sus decisiones son verticales y esto influye para que no haya podido ejecutar ni el 50 por ciento de su presupuesto”.Ríos, quien también fue ministro de Hidrocarburos en la gestión presidencial de Carlos Mesa, señaló que, si no se superan estas falencias, será muy difícil que la empresa pueda cumplir en 2009 con el mayor presupuesto con el que contará.Explicó que estos problemas han ocasionado que la empresa no pueda garantizar el abastecimiento de carburantes, que no se tengan resultados de la planta separadora de líquidos de Río Grande y tampoco del taladro de perforación que se importó hace poco.Señaló que, en ese contexto, es urgente que se pueda lanzar un decreto supremo o ley que autorice a la estatal petrolera a subir los salarios de su personal, luego contratar personal técnico y, en tercer lugar, terminar con los procesos burocráticos de contratación de bienes y servicios. Esto demanda que tenga una gestión administrativa independiente.La empresa asumió el control de Transredes, Andina, las refinerías, la Compañía Logistica de Hidrocarburos, poliductos y el comercio de hidrocarburos sin contar con un perfil corporativo como el que tienen en el mundo empresas estatales como Petrobras, en Brasil.Ríos considera que los recursos que percibirá YPFB el próximo año deben ser dirigidos al mantenimiento de las refinerías, al mejoramiento de la capacidad de almacenamiento, al incremento de las redes de gas natural y a resolver el desabastecimiento de combustibles en el mercado interno.LOS DATOSLa estatal petrolera fue nacionalizada en mayo de 2006 como la primera acción del Gobierno.La estatal, en noviembre de 2007, firmó nuevos contratos con las empresas petroleras.En junio recuperó las empresas capitalizadas Chaco, Andina y Transredes.Previamente había logrado recomprar las refinerías a la empresa Petrobras.También se hizo cargo de la comercialización de los hidrocarburos dentro del país.La estatal, a su vez, contola la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB).La empresa quiere emprender ahora el proceso de industrialización de los hidrocarburos.
YPFB dispondrá el 2009 de más de $us 1.400 millones
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dispondrá el próximo año de un presupuesto para inversiones de más de 1.400 millones de dólares, que serán utilizados, entre otros, para impulsar la exploración de recursos hidrocarburíferos en el país, recuperar campos en actual desuso y mejorar la producción de hidrocarburos.Así lo dio a conocer ayer el vicepresidente Álvaro García Linera en una entrevista emitida por la estatal radio Patria Nueva.García dijo que el 2009, el Banco Central de Bolivia (BCB), vía Ministerio de Hacienda, dará a la petrolera estatal un crédito de mil millones de dólares.“Con este monto vamos a intervenir y recuperar pozos que ya han sido perforados, pero que no se los explotaba porque no ofrecían la rentabilidad que querían las empresas privadas. Nosotros compramos (el barril) de petróleo a 27 dólares, lo que no le conviene a las empresas; pero a nosotros sí... El 2009, YPFB producirá sólo petróleo y gas”, indicó.Señaló que, además, este crédito será utilizado para realizar trabajos de exploración y perforación hidrocarburífera. “YPFB tiene que comprarse la maquinaria necesaria para que empiece a explorar lugares tradicionales y no tradicionales. También se utilizará en campos comerciales, donde ya está certificada la presencia de hidrocarburos”, afirmó.“Si la empresa privada no quiere invertir, inmediatamente nosotros, a través de YPFB, lo vamos a hacer en los campos importantes. Ahora tenemos con qué”.García informó que paralelamente a estos mil millones de dólares, la estatal del petróleo sumará a sus operaciones de inversión para el 2009 otros 100 millones de dólares, provenientes de recursos propios.A estos montos se sumarán las inversiones que YPFB realizará junto a las empresas nacionalizadas como Andina —en la que el Estado es socio mayoritario—, con la cual invertirá alrededor de 200 millones de dólares.“Con Transredes vamos a invertir 150 millones de dólares, con CLHB 10 millones, con Chaco todavía no hemos resuelto bien el tema legal, pero mínimamente vamos a invertir 80 millones”, manifestó el Vicepresidente.Sobre la actual crisis de desabastecimiento de garrafas en el mercado nacional, García señaló que YPFB está invirtiendo desde agosto 80 millones de dólares para la construcción, en Santa Cruz, de una planta separadora de GLP.“Esta planta, que será de Yacimientos, debería estar funcionando antes de fin de año del 2009. Ella nos permitirá sobreabastecer el mercado interno e incluso exportar. Pasará poco menos de un año de espera para que Bolivia tenga al fin una moderna planta”, concluyó.
Pero anuncian que iniciaron encuentros con las petroleras para acordar la entrega de hidrocarburos para el mercado interno y externo.El Ministro de Hidrocarburos anunció que la modificación o no de los 44 contratos petroleros se definirá una vez que sea aprobada la nueva Constitución Política del Estado y esté a punto la nueva Ley de Hidrocarburos.“Esperaremos a que se elabore la nueva Ley de Hidrocarburos. La nueva ley de Hidrocarburos va ha salvar en mucho; ustedes saben que estamos construyendo este nuevo modelo (económico), incluso no solamente de trabajo en el sector de hidrocarburos, sino estamos construyendo el nuevo modelo económico”, dijo la autoridad de Estado.La pregunta se da como consecuencia que los 44 contratos petroleros de operación están inmersos en el marco de la actual Constitución Política del Estado, reformada en 2004, y ante cuyo tenor los mismos fueron aprobados por el Congreso Nacional. La puesta en ejercicio de una nueva Constitución implica, de manera ineludible, una nueva aprobación de éstos a través del Congreso en el nuevo marco legislativo nacional.Para el ministro Ávalos, “antes de la capitalización, Bolivia tenía un modelo estatista, con la capitalización y con la privatización pasó a un modelo “casi exclusivamente privado”, “ahora estamos construyendo un tercer modelo, donde nos debemos encontrar el Estado y las empresas privadas para poder trabajar juntos”.“Ni únicamente el Estado ni únicamente los privados, juntos, ese modelo de economía es el que estamos construyendo en el que estará inserto también el modelo de desarrollo de hidrocarburos y estamos trabajándolo para que se convierta eso en una norma”, dijo Ávalos.Las reformas del sector petrolero boliviano comenzaron en 2005 con la Ley 3.058 que, entre otros cambios, creó un nuevo tributo del 32 por ciento para todas las empresas y continuaron en mayo del 2006 con el decreto nacionalizador del sector firmado por el presidente Evo Morales Aima.En octubre del 2007, el Estado firmó 44 nuevos contratos petroleros con doce compañías, entre ellas la hispano argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras, y en mayo de 2008 fueron emitidos otros decretos para consolidar las nacionalizaciones.ENTREGA DE HIDROCARBUROSPor otra parte, según la agencia ANF, el gobierno y las petroleras retomaron las negociaciones para la firma de Acuerdos de Entrega de petróleo y gas natural, tanto para abastecer el mercado interno como para honrar compromisos de exportación, informó el Ministro de Hidrocarburos.El primer informe de borrador sobre los convenios será entregado el 10 de diciembre, aseguró la autoridad al reconocer que estos “estaban un poco olvidados”.Con esa afirmación Ávalos da la razón a los constantes reclamos de fuentes cercanas a las compañías, que en reiteradas ocasiones lamentaron la postergación.Esos compromisos son esenciales para que las compañías conozcan qué volumen deben proveer, a qué mercados van a abastecer, desde cuándo y qué retorno van a tener. Datos que son básicos para definir las inversiones y planes de trabajo, aseguran en fuentes petroleras.Pero todo parece que se quedará congelado a raíz de los anuncios del gobierno de revisar los contratos para adecuarlos a la Nueva Constitución Política del Estado, según entendidos en la materia.
La Superintendencia de Hidrocarburos identificó 193 áreas de riesgo susceptibles al desvío y tráfico ilícito de combustibles en siete departamentos, en las que se intensificará el control para evitar el contrabando de los productos hidrocarburíferos.Mediante la resolución administrativa 1175/2008, el superintendente del sector, Guillermo Aruquipa, determinó “las Áreas de Riesgo para el control y sanción a la ilícita distribución, transporte y comercialización de GLP (Gas Licuado de Petróleo) en garrafas, diesel oil y gasolinas”.En total, son 193 zonas de riesgo que fueron identificadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) a solicitud de la Súper de Hidrocarburos.Entre las 59 áreas identificadas en La Paz están Desaguadero, Puerto Pérez, Isla Suriqui, Kazani, Collana, Charaña, Viacha, Lahuachaca y Copacabana. En Oruro fueron señaladas 14 zonas: Tambo Quemado, Todos Santos, Pisiga, Hito XX, Sabaya, Lagunas y Caracollo, entre otras.Se incluyó en la lista 18 poblaciones de Tarija, entre las que están La Merced, Yacuiba, Ibibobo, Esmeralda, Limal, Caraparí, Villamontes y D’Orbigny. En Potosí se identificó a 22 localidades; en Santa Cruz son 34 áreas; hay otras 22 en Beni y 24 en Pando.Estas áreas pertenecen a zonas fronterizas o a localidades intermedias, donde se podría generar el contrabando de carburantes. También se encuentran vías que conducen a los puntos limítrofes. Ni Cochabamba ni Chuquisaca figuran en la lista.Según el Ejecutivo, el principal problema que ocasiona el desabastecimiento de carburantes es el contrabando. Por ello, desde hace una semana se aplica el plan “Puño de Hierro”, en el marco del cual se castigará con la Ley 1008 a quienes vendan ilícitamente los carburantes.El miércoles, el Ejecutivo aprobó un decreto que flexibiliza la disposición y permite que los productores agrícolas y cooperativistas mineros compren y transporten hasta 120 litros de diesel y gasolina sin requerir una autorización y de 121 a 400 litros con una licencia de la Dirección de Sustancias Controladas.Pese a ello, un sector que aún tiene problemas es el del autotransporte. Franklin Durán, secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, informó que en una reunión realizada ayer con el Superintendente, se determinó que hasta el martes 25 ese sector analizará la nómina de áreas que fueron consideradas de riesgo y se plantearán modificaciones en el caso de que en alguna de ellas no existan surtidores para recargar los tanques de sus camiones.“Veremos en cuál de esas áreas no existe la posibilidad de cargar gasolina en medio camino y para las cuales sea necesario transportar por lo menos un tanque de reserva”. El dirigente dijo que en la reunión se llegó a un buen término con el Ejecutivo y se permitió que el sector participe en las modificaciones a la norma.Según la gubernamental ABI, ayer seis camiones cisternas fueron detenidos por transportar de manera irregular 133.000 litros de gasolina en la zona de Urujara, en el camino a los Yungas paceños. Los choferes fueron remitidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).Según ABI, el fiscal adscrito a la Aduana, Fernando Ganam, sugirió que haya una ley complementaria a la 1008, que incluya al diesel, gasolina y GLP como sustancias controladas.San Julián levanta el bloqueoA las 11.20 de ayer, los pobladores de la localidad cruceña de San Julián levantaron el bloqueo de vías que mantenían en demanda de la provisión de diesel a esa zona, la construcción de la carretera a Pailón y una política estatal para la comercialización de girasol.El periodista Tiburcio Paco informó que el Ejecutivo envió una carta a los dirigentes, en la que se informó sobre la disposición que permite la compra y transporte de diesel desde 121 hasta 400 litros, con lo que se decidió suspender la medida.Si bien el problema se solucionó en San Julián, la dificultad del desabastecimiento persiste. El senador podemista Jorge Aguilera denunció que debido a la escasez de diesel en Santa Cruz, se han generado millonarias pérdidas en las cosechas de soya y de caña de azúcar debido a que no se ha podido transportar oportunamente estos productos hasta los lugares de venta. “La escasez de carburantes está causando perjuicios incalculables en la cosecha de soya y de caña de azúcar, que son dos de los principales productos de exportación”.
La futura participación de YPFB en exploración petrolera fue calificada como un “error”, dado que se trata de una tarea del más alto riesgo con sólo el 15 por ciento de probabilidad de éxito y con una elevada inversión en los cinco años que requieren estas tareas.La aseveración corresponde al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); Carlos D’Arlach O’Connor, quien consideró que se trata de un alto riesgo en la utilización de recursos económicos para tareas de exploración petrolera, cuando en su lugar existen los Contratos de Operación firmados con las empresas petroleras que operan en el país.“YPFB no debería embarcarse en tareas de exploración. Es una tarea de alto riesgo; ha firmado convenios de estudio con compañías que se han formado hace pocos meses y solo operan en Bolivia, nunca han producido un barril de petróleo”, afirmó D’Arlach, quien también es ingeniero petrolero y senador por Podemos.En ese sentido, criticó que se le hubiera cedido a PDVSA, a través de YPFB Petroandina 12 bloques de exploración en Bolivia “a dedo, (porque) todos estos contratos se han hecho a dedo”.“Yo le pregunto al presidente de YPFB: ¿Cómo ellos pueden demostrarle al pueblo boliviano que es la mejor oferta para el país? Es aquella que ellos dan a dedo, sin licitación internacional. Todos los contratos que implican bienes del Estado y particularmente aquellos que implican la explotación de recursos naturales tienen que hacerse mediante una licitación internacional clara y transparente”, dijo el también senador por Podemos.Recursos a YPFBConsultado acerca de los 1.000 millones de dólares que el próximo año el Banco Central de Bolivia (BCB) cederá a la estatal YPFB; D’Arlach dijo que es “imposible” que la estatal petrolera gaste el año que viene esos recursos sólo en tareas de exploración.“No es cuestión de que si el año pasado no se han invertido. Recordemos que el año pasado se anunciaron 1.000 millones de dólares de inversión también y se han invertido 200 mil. ¿Este año se van a poder invertir 1.000 ó 2.000 millones de dólares?, YPFB no tiene brújula, la gente que lo dirige no conoce el tema, es un barco a la deriva y todos los bolivianos sufrimos esas consecuencias”, dijo.Agregó que tener desabastecido el mercado de combustibles significa un efecto directo en “el bolsillo de cada uno de los bolivianos”, porque se hace más difícil la agricultura, el transporte y estos van a repercutir en una menor producción de alimentos y en una inflación mayor.
El Gobierno boliviano pidió a Argentina el depósito de una garantía de pago por $us 5 mil millones con el objetivo de que las petroleras aceleren sus inversiones en el territorio nacional y se incremente la producción en el país hasta alcanzar los 27,7 millones de metros cúbicos día de gas (Mm3/d) comprometidos en el contrato. Sin embargo, el Gobierno del país vecino decidió reducir la medida del diámetro del caño del gasoducto noreste argentino (GNEA) y analiza una provisión temporal del energético desde los campos gasíferos que tiene en Salta.“El problema con Argentina es la falta de la garantía de pago, pero estamos en fase de negociación. Las inversiones se van a hacer en la medida que se tengan garantías. A Argentina en su momento se ha enviado hasta 4 Mm3/d de gas este año. Sin embargo, cuando el mercado interno está en 6,5 entonces mandamos 1,2, ó 1,5”. indicó el ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos.El ministro llegó de Argentina tras asistir a una reunión con el ministro de Planificación Federal de Argentina, Julio de Vido, con quien abordó temas energéticos.La estatal petrolera YPFB dijo que la garantía de pago es fundamental ya que así lo exigen los operadores Petrobras, British Gas, Total, Pan American y Repsol. También piden una garantía de transporte, es decir, la construcción del gasoducto.Las petroleras esperan que el cronograma de las obras avance para invertir.Por su lado, el Gobierno argentino afirmó que mantiene su interés de compra en los volúmenes acordados, y que en breve tiempo se firmará un decreto por el cual se iniciarán las obras del GNEA, señaló el secretario de Energía, Daniel Cameron. Admitió que el proyecto fue modificado y que la provincia Santa Fe no será tomada en cuenta. Este gasoducto de casi 2.000 km supone una inversión de $us 1.800 millones y se proyecta que entrará en operaciones dentro de 3 años para transportar los 27,7 Mm3/d.Si el GNEA está listo en 2011 pasará un largo periodo sin cumplir su función, ya que Bolivia no podrá llenar ese ducto hasta 2013, señalaron funcionarios de ambos países.Crédito del BCB a YPFB no vulnera leyEl crédito del Banco Central de Bolivia a YPFB para que el próximo año invierta $us 1.000 millones en potenciar sus actividades de exploración y producción, tiene todo el respaldo legal, no se financiará con las Reservas Internacionales Netas ni tampoco utilizará los recursos que están acumulados en el Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos (RAL) por lo que los depósitos del público en el sistema financiero están garantizados, aclaró el ministro de Hacienda, Luis Arce.El proyecto del PGN 2009 establece que el BCB hará viable un crédito de liquidez a YPFB para que pueda cumplir importantes inversiones que le permitirá cumplir sus tareas de exploración, producción y distribución de hidrocarburos.Por otro lado, la petrolera brasileña Petrobras revisa sus proyectos de producción de crudo y gas, dentro y fuera de Brasil, para ajustarse al escenario de bajos precios del crudo, reafirmó ayer un alto ejecutivo de la empresa.
• Los vecinos están adelantados en el descubrimiento de gas y petróleo, y apuntan a la autosuficiencia y exportación.La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene previsto iniciar el primer semestre de 2009 la perforación del pozo X-3 en el campo Iguasurenda, después de 11 años de haberse paralizado las tareas de exploración en este sector, con el objetivo de buscar la formación de Huamampampa, de donde se extrae la mayor cantidad de hidrocarburos en el país.El campo Iguasurenda está ubicado al norte de Boyuibe cerca de la población de San Antonio, entre el Río Parapetí y la línea férrea Yacuiba – Santa Cruz de la Sierra, en este último departamento.Según el gerente Nacional de Exploración y Explotación de YPFB, Edmundo Pérez, el objetivo es buscar la formación arenisca de Huamampampa, que de dar positivo podría convertir al Iguasurenda en un excelente reservorio.Según Pérez, los dos pozos perforados en Iguasurenda tienen profundidades cercanas a los 5 mil metros y la información geológica obtenida de los registros sísmicos tipo 2D son auspiciosos.“Si a esas profundidades se encontraron importantes cantidades de gas y agua, es posible que muy cerca esté el contacto agua – petróleo, y si eso es así, estaríamos descubriendo un megacampo”, aseguró el ejecutivo de la estatal petrolera a tiempo de ratificar el inicio de las actividades de perforación máximo hasta junio de 2009.De la misma manera, dio por sentado que en el pozo exploratorio X-3 se invertirá 15 millones de dólares para alcanzar una profundidad programada entre 5 mil y 6 mil metros de perforación en ocho meses y generará 120 fuentes de empleo en forma directa.“Es un zona fácil de perforar, esperamos en 8 meses llegar a la profundidad programada, realizar un estudio sísmico del tipo 3D para luego programar un nuevo pozo que podría superar los 6 mil metros de profundidad”, explicó.El Gerente Nacional de Exploración y Explotación de YPFB anunció que luego de la perforación del pozo X-3 se perforarán otros dos pozos más de avanzada, para luego comenzar a desarrollar el campo.“Si todo va bien, luego estaríamos pensando en programar la instalación de una planta en la zona y todo un complejo industrial petrolero que convertiría a Camiri nuevamente en una zona petrolera muy importante”, manifestó Pérez.PRODUCCIÓNLa falta de inversión en el desarrollo de nuevos pozos pone en peligro el abastecimiento del mercado nacional de carburantes, y ya se anunció la importación de petróleo y Gas Licuado de Petróleo (GLP) de países vecinos.Se informó que la demanda está cerca de superar a la producción, por la falta de inversión en el sector petrolero, cuya situación se debe a la incertidumbre política que vive el país desde el 2000.Desde ese año bajaron las inversiones, a cantidades mínimas; mientras en los países vecinos el monto se incrementó considerablemente, un ejemplo es Perú que está a punto de superar sus reservas de gas debido al capital extranjero que atrajo.Brasil tampoco se queda lejos, y está en camino de la autosuficiencia energética por las inversiones millonarias que realizó Petrobras, y que va más allá, al anunciar que sería un exportador de petróleo y gas.En Argentina también el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner toma sus previsiones para garantizar el abastecimiento del mercado interno, al anunciar un plan de incentivos para las inversiones en el sector petrolero.
El Viceministerio de Defensa Civil reconoció que se cometió un error al prohibir la venta de combustible en bidones y turriles durante la primera semana de ejecución del plan ‘Puño de Hierro’ que pretende frenar el contrabando de diésel, kerosén, gasolina y Gas Licuado de Petróleo (GLP). YPFB tuvo que publicar ayer una solicitada aclarando que se podía vender hasta 120 litros de carburante fuera de tanque.Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, reconoció que hubo confusión la anterior semana cuando fue emitido el Decreto Supremo 29788 en cuanto a la venta por cupos, pero afirmó que ese tema se corrigió para esta semana.El Viceministerio de Defensa Civil emitió una resolución en la que prohibía la venta de combustibles en bidones, situación que era acatada al pie de la letra por los militares que controlan el expendio en los surtidores.“Necesariamente se debe reglamentar el decreto para no cometer errores, y quien toma responsabilidad en este caso es el presidente de YPFB, Santos Ramírez”, explicó Cáceres.El viceministro aclaró que para uso doméstico cualquier persona puede comprar combustible hasta 120 litros, sin precisar una autorización.YPFB anunció, mediante un comunicado, que de acuerdo a lo establecido en el DS 28511, promulgado en 2005, todos los ciudadanos pueden transportar hasta 120 litros de combustible fuera del tanque del vehículo.“Las personas que requieren mayores volúmenes de combustible podrán adquirir autorizaciones de compra local y hojas de ruta en la Dirección General de Sustancias Controladas, en los diferentes departamentos del país. Además, de acuerdo con este decreto, quienes se encuentren en las diferentes zonas fronterizas no podrán adquirir volúmenes mayores a los 50 litros”, señala el documento.La gerente de la Asociación de Surtidores de Santa Cruz, Martha Parada, confirmó que el Viceministerio de Defensa tuvo que derogar la resolución viceministerial 028 con la 029 y así aclarar que hay cupos para la venta de combustible. “La instructiva fue emitida ayer, porque se dieron cuenta que cometieron un error, pero seguimos rechazando el decreto”, señaló la ejecutiva.YPFB aseveró que con el nuevo comunicado se está aclarando el tema del cupo a la ciudadanía. Asimismo, indicó que el mayor aporte es la Ley 1008 para que los contrabandistas no ‘hagan su agosto’.Acerca de la reglamentación del decreto, en la estatal señalaron que se encarga de ello la presidencia de YPFB y la Superintendencia de Hidrocarburos, pero no quisieron dar una fecha para la misma.Al respecto, el comandante departamental de la Policía, Franz Lea Plaza, admitió que se puede comprar 120 litros de combustible fuera de tanque; sin embargo, no quiso referirse a la confusión que provocó la resolución del Viceministerio de Defensa.A su vez, el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, indicó que su despacho notificó a las estaciones de servicio que serán sancionadas si éstas no recogen a tiempo los cupos de combustible que se les asignan desde las refinerías, para evitar que se agudice el desabastecimiento.Aruquipa agregó que el control de efectivos militares sobre las estaciones de servicio seguirá, así como los controles en las trancas del país, para evitar que se presenten problemas de contrabando.Se llamó a los fiscales adscritos a la Aduana para conocer sobre los casos que llevan por transporte de combustible, pero no contestaron.Choferes protestarán contra el planEl secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, anunció que esta semana se adoptarán medidas de protesta en rechazo al decreto que penaliza el manejo de combustibles en turriles y bidones en cantidades mayores a los 60 litros en laciudad y 120 litros en el campo.Durán apuntó que no aceptarán que los transportistas sean catalogados como contrabandistas por asegurarse una dotación de combustible extra para los largos viajes que realizan en el país, por lo que exigió una reglamentación sobre el cuestionado decreto.Otro de los sectores que discrepó con la norma fue el de los productores. El presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, Guido Nayar, manifestó que solicitarán al Gobierno la abrogación del DS 29788, que incluye al diésel en la lista de las sustancias controladas y que posibilita el procesamiento por la Ley 1008 de aquellos que sean encontrados transportando ese combustible, ya que viola el derecho al trabajo de los productores.“Es una barbaridad que se procese a las personas por transportar diésel. Es un verdadero abuso el que están cometiendo”, sostuvo.También denunció que existe discriminación por parte de YPFB en la distribución de diésel.En la jornada- El alcalde de San Juan de Yapacaní, Katsumi Bani, denunció que hay corrupción y tráfico de influencias en los funcionarios de YPFB al puntualizar que piden dinero a cambio de conseguir mayores cupos de diésel. La autoridad municipal hizo notar que la escasez del combustible golpea con más fuerza a los pequeños y medianos agricultores.- Los pobladores de San José de Chiquitos denunciaron que su localidad se ve afectada por la escasez de diésel, al observar que el carburante es desviado para su comercialización en Brasil y Paraguay porque allá su costo es mayor que en el mercado nacional.- La colonia menonita Nuevo México, en San José de Chiquitos, está afectada por no poder acceder a los 200 litros de combustibles que de forma diaria necesita cada familia en las temporadas de cosecha y siembra. En la zona producen unas 60.000 ha.- El pequeño productor de Cuatro Cañadas, Genaro Carreño, denunció que en las instalaciones de la Federación de Productores Agropecuarios venden diésel sólo a los agricultores que son afines al Gobierno, por lo que tienen un tanque de combustible al lado de la federación.- Los productores de San Pedro indicaron que no han podido comprar 600 litros de diésel para sus labores de campo, pese al anuncio que hizo el alcalde de la población, Juan Cala.
Ajustarán la norma que regula la venta de combustibles
El Gobierno ajustará el Decreto Supremo 29788, que puso en vigencia el denominado Plan Puño de Hierro para luchar contra el contrabando y la especulación de combustibles, a fin de no perjudicar a los pequeños productores, principalmente del agro, que utilizan volúmenes reducidos de diesel o gasolina, informó ayer el ministro de Defensa, Walker San Miguel.El Poder Ejecutivo lanzó este plan la semana pasada para evitar que los combustibles salgan de las fronteras de forma ilícita, y evitar la sobredemanda, que está poniendo en dificultades a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para poder satisfacer la demanda del mercado interno.La autoridad adelantó que se reglamentará la norma, que penaliza duramente el tráfico ilícito de combustibles, en base a la Ley 1008 (del régimen de la coca y sustancias controladas).Explicó que la Superintendencia de Hidrocarburos debe trabajar en el reglamento en un plazo de 15 días, después de emitido el decreto. Por lo que la solución para los pequeños productores, y la gente que requiere utilizar combustibles para su actividad económica, debe esperar hasta el próximo mes la solución.“Hemos indicado a la Súper de Hidrocarburos que se requiere un reglamento para que se penalice evidentemente los ilícitos, pero se facilite a aquellos pequeños productores que quieren adquirir ciertos volúmenes para su movilización en tareas agrícolas; esto se va a ajustar”, aseguró.El decreto prohíbe el transporte, compra y almacenamiento de diesel, gasolina, gas licuado de petróleo (GLP) y de querosén, sin autorización o licencia. Además sanciona a quienes incurran en estos actos, incluso con presidio de 5 a 25 años, también el decomiso del medio de transporte y el combustible, para luego pasar a disposición de YPFB.El problema surge debido a que el Gobierno sacó la resolución administrativa (028/08) que excluye de manera definitiva y total, el diesel y la gasolina del consumo doméstico.En cuanto al objetivo de dicha norma, San Miguel aseguró que está dando buenos resultados y agregó que se trata de un buen trabajo que apoya las FFAA.“La propia gente, el usuario, el transportista, el que tiene su vehículo se encuentra más tranquilo y seguro, porque en cada centro de distribución hay presencia militar para garantizar el normal expendio”, sostuvo.SUGERENCIASSolución • El superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, sugirió a quienes requieran poca cantidad de combustibles, llamar al teléfono 76205462 para recibir ayuda.Registro • Aruquipa también recomendó a quienes emplean medianos y grandes volúmenes de combustible, registrarse en la Superintendencia, para poder recibir este insumo de YPFB.
Camiri / Erbol.- La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) iniciará el primer semestre de 2009 la perforación del pozo X-3 en el campo Iguasurenda, después de 11 años de haberse paralizado las tareas de exploración en ese sector.La información la dio a conocer el gerente nacional de Exploración y Explotación de YPFB, Edmundo Pérez, quien dijo que el objetivo es buscar la formación Huamampampa, que de dar positivo convertirá al Iguasurenda en un megacampo. Los dos pozos perforados en Itaguasurenda tienen profundidades cercanas a los 5.000 metros. Publicado por
El Decreto 29788 que puso en vigencia el Plan Puño de Hierro para luchar contra el contrabando y la especulación de combustibles carece de reglamento, lo que está poniendo en conflicto a los ciudadanos que necesitan comprar estos productos y desconocen en qué casos es necesaria una autorización para transportar los carburantes. Transportistas que se quedan sin combustible en medio camino y trabajadores que operan con máquinas a diesel en sus talleres, entre otros, se vieron perjudicados al no poder comprar carburantes en las estaciones de servicio, por temor a ser castigados por la Ley 1008 o porque los militares que resguardan las gasolineras se los impidieron.La norma sólo permite el transporte de los combustibles con licencia o con una autorización, aunque no precisa los volúmenes a partir de los que son necesarios los permisos. El desvío de combustibles es sancionado con cinco a 25 años de prisión.El problema surge debido a que el Gobierno sacó, además, la Resolución Administrativa 028/08 que excluye de manera definitiva y total el uso doméstico de dos carburantes. El director general de Sustancias Controladas, Remo Pérez, explicó que anteriormente, conforme a la Resolución 005/2001 del 2001, se permitía el uso doméstico de un máximo de 120 litros de diesel y gasolina.“En la parte resolutiva (de la nueva norma) se excluye de manera definitiva y total el diesel y la gasolina del consumo doméstico”. Agregó que se emitió la nueva resolución debido a que últimamente se incrementaron las solicitudes de fotocopias legalizadas de la primera resolución (005/2001), para poder transportar 120 litros de combustibles sin problemas. Se presume que la gente que hacía esta solicitud estaba desviando los carburantes.El superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, afirmó ayer que la norma que prohíbe el transporte de gasolina, diesel, querosén y Gas Licuado de Petróleo (GLP) sin autorización será “flexible” en algunos casos; aunque no pudo determinar en cuáles, porque el decreto carece de reglamento.Señaló que la intención del plan no es perjudicar a la gente ni a su actividad económica. Sugirió a quienes requieran poca cantidad de combustible que se registren en la Súper o llamen al 76205462 para pedir apoyo. “Vamos a flexibilizar en casos circunstanciales... Si hay una persona con una botellita de un litro o para su automóvil, es el otro extremo, y habrá flexibilidad. Si hay problema, vamos a resolver esto”.Evo sugiere subir los preciosEn un acto realizado ayer en Tarata (Cochabamba), el presidente Evo Morales sugirió “subir el precio de la gasolina y diesel al costo del mercado regional” para evitar la venta fuera de fronteras; además, pidió a los campesinos dejar el contrabando de gas licuado y a algunos funcionarios de YPFB que —dijo— están identificados, que no apoyen el comercio ilícito.“No es posible que el Gobierno va garantizando, subvencionando el diesel, gasolina y que esos combustibles subvencionados entran de afuera y se van afuera. Como nunca, irresponsabilidad que debemos reconocer de algunos funcionarios de Yacimientos, pero también mucha irresponsabilidad de algunos compatriotas nuestros que sólo se benefician del contrabando”.El Jefe de Estado también pidió a los campesinos del altiplano que dejen de desviar este carburante. “Yo quiero decirles a mis hermanos del campo en la región del altiplano que dejen de llevar el gas en burro, en llama, de contrabando hacia la hermana y vecina República del Perú”.En el valle, en cada gasolinera hay dos militares que vigilan la venta. Redacción Cochabamba
La Superintendencia de Hidrocarburos intervino ayer el surtidor Petróleos y Derivados Quiroz, de San José de Chiquitos, clausurado temporalmente por la Alcaldía josesana el martes pasado tras suspender su licencia de funcionamiento por 60 días, ante denuncias del diputado podemista Luis Alberto Pacheco.Leonardo Chiquíe, director jurídico de la Superintendencia de Hidrocarburos, llegó expresamente a San José de Chiquitos para nombrar y posesionar al interventor, José Antonio Aguilar V., que tendrá a su cargo, de forma temporal, la administración de esa estación de servicio.A partir de las 14:00 el surtidor reabrió y empezó a vender diésel y gasolina a los propietarios de vehículos, transportistas y sectores productivos, que ya esperaban en una larga fila con sus motorizados.De acuerdo con Chiquíe, la función elemental de la Superintendencia de Hidrocarburos es garantizar el abastecimiento de combustibles para la población, de manera oportuna, por lo que se decidió intervenir el mencionado surtidor.El interventor, según la resolución de esa Superintendencia, deberá permanecer en el cargo durante un año y su salario deberá ser cubierto por la empresa que fue intervenida.Chiquíe agregó que esa entidad proseguirá con las investigaciones de las denuncias presentadas por Pacheco, a fin de esclarecerlas completamente.Por su parte, el propietario del surtidor, Ricardo Quiroz, aseveró que no se cometió ningún delito.Con relación a las acusaciones del diputado Luis Alberto Pacheco, afirmó que procederá a defenderse.Quiroz sostuvo que el problema de fondo es que la cantidad de combustible no es suficiente para cubrir las necesidades de San José y sus alrededores, pues hay una intensa actividad agrícola, pecuaria y forestal.El alcalde Germaín Caballero argumentó que la medida municipal de suspender al surtidor fue adoptada por el clima de descontento que había entre los usuarios debido a que no podían encontrar el combustible de manera oportuna en esa estación de servicio.Según Caballero, hubo incluso, por parte de la población, amenazas de toma violenta de ese surtidor.Por otra parte, en Tarija el abastecimiento de gasolina, diésel y GLP se normalizó, según el diario El Nuevo Sur. Sin embargo, en La Paz el aprovisionamiento aún es irregular, pues hubo recortes de cupo a los surtidores.Gobierno: militarización evitará el contrabandoGobierno: militarización evitará el contrabandoEl presidente de la Comisión de Hacienda en Diputados, Gabriel Herbas, dijo que la medida de militarizar los surtidores y las fronteras del país, es para evitar la fuga de los carburantes a través de la vía del contrabando, que afecta al mercado interno y a la gran demanda que se tiene hoy en día."Debido a la especulación en el sector de los carburantes y al contrabando que es aprovechado por gente que se dedica al lucro, la militarización permite un control efectivo para lograr de alguna manera la normalización en el abastecimiento de carburantes, por lo cual esta determinación fue estudiada", recalcó.Sin embargo, el parlamentario agregó que "es bueno exhortar a la sociedad a que no dependa mucho de medidas extremas y que empiece a realizar una especie de control interno, a fin de evitar que otras personas sigan con el enriquecimiento ilícito, que a la larga afectará al ciudadano ". /ABI
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició su lucha contra el contrabando de combustible con el pie izquierdo. A escasas horas de regir el Decreto Supremo 29788 -que refuerza el control de la venta de diésel, gasolina, GLP y querosén- la estatal petrolera y la Aduana decomisaron dos cisternas que transportaban diésel importado por YPFB y lo presentaron a los medios de comunicación como si fuera contrabando.En una conferencia de prensa realizada ayer en instalaciones de la refinería Guillermo Elder de Santa Cruz, el presidente de Yacimientos, Santos Ramírez, mostró cuatro cisternas y tres vehículos detenidos, supuestamente, con combustible de internación ilegal, a tiempo de presentar un plan de lucha contra el contrabando.El Gobierno decidió ayer que los combustibles que sean transportados o almacenados sin documentación sean declarados sustancias controladas. “La Policía tiene la facultad de secuestrar el producto para beneficio del consumidor. Aquí tenemos los primeros resultados”, dijo Ramírez mostrando los motorizados detenidos.Sin embargo, por la tarde el gerente de Planificación de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, Jaime Hernández, sostuvo que dos de las cisternas incautadas tenían diésel de YPFB, destinado a los agricultores cruceños. “Hubo un error. YPFB ya lo admitió y esperamos que la Fiscalía libere a los choferes porque el producto fue importado por el Gobierno. Venía desde Yacuiba a la planta de CLHB. Es diésel que estaba de ingreso a la ciudad, no de salida. Cuando las cosas se hacen a las apuradas se cometen errores”.Hernández señaló que los propietarios son Bernardo Céspedes, que tiene un cisterna Scania crema placa 729-INL y Roberto Velarde con un Volvo blanco 1904-TCX. “La documentación es clara, hay una hoja de ruta que tramita YPFB, y especifica el tránsito de Yacuiba a CLHB. Uno fue detenido en Pedro Lorenzo y el otro saliendo de CLHB”.Wálter Muñoz, fiscal adscrito a la Aduana, dijo que los choferes que transportaban el diésel de YPFB serán liberados. “Al parecer hubo una mala información y por ello los detuvieron, pero serán liberados porque la hoja de ruta es correcta”, explicó. Se analiza la situación de los otros detenidos.Amílkar Soto, gerente regional de YPFB, dijo que el tema lo estaba tratando el comando conjunto.Por su parte, la Brigada Parlamentaria Cruceña denunció ante la Fiscalía a Santos Ramírez, presidente de YPFB, y a Guillermo Aruquipa, superintendente de hidrocarburos, por la escasez de carburantes. El decreto➠ El Decreto Supremo 29788 prohíbe el tránsito y almacenamiento de GLP, diésel, gasolina y querosén sin documentación de respaldo.➠ Quienes no tengan autorización para transportar o almacenar combustible tendrán la privación de libertad de 5 a 25 años, como establece el artículo 48 de la Ley 1008.➠ Las Fuerzas Armadas confirmaron que desde ayer 1.000 agentes custodiarán en el país 417 gasolineras y 31 plantas de distribución de carburantes en todo el país.➠ El GLP fue incluido en la lista de sustancias controladas por resolución del Ministerio de Salud fechada el 12 de noviembre del 2008, en tanto que la gasolina, el diésel y el querosén ya están bajo ese listado desde marzo de 1992.Penalizarán contrabando con norma antidrogasEl Gobierno puso ayer en vigor un decreto para que los contrabandistas de combustibles sean castigados con penas de entre 5 y 25 años de cárcel bajo la ley antidroga, como si fueran narcotraficantes.El superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, explicó que el decreto pretende frenar el contrabando de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo, cuyos precios están subvencionados en el mercado interno.Según el funcionario, la ley antidroga, que prohíbe el tráfico de sustancias susceptibles de ser usadas en el narcotráfico, ahora tiene alcances sobre los combustibles.La medida pretende frenar la grave escasez de carburantes que se vive en varias regiones del país, en particular en Santa Cruz donde los productores agrícolas demandan diésel. Cifras al primer día de operativosVehículos22Fueron retenidos en coordinación con la Superintendencia de Hidrocarburos, Policía, YPFB y Aduana, durante la jornada de ayer en Santa CruzEn miles de litros150Fueron incautados ayer en los 22 vehículos retenidos por transportar supuestamente combustible de contrabandoEn miles de litros25es el promedio que distribuye YPFB a las estaciones de servicio, según el titular de la estatal petrolera, Santos Ramírez
La “Súper” frena la exportación de crudo reconstituido
La Superintendencia de Hidrocarburos suspendió la exportación de petróleo reconstituido (recon) y naftas, puesto que de éstos se puede extraer mayores volúmenes de gasolina, por lo que también instruyó a las refinerías maximizar la producción de este combustible.Con las medidas adoptadas por la entidad reguladora, el país es autosuficiente en gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina.
Los contrabandistas de carburantes irán a prisión 25 años bajo la Ley 1008
El decreto supremo 29788 incorpora el GLP en la lista de sustancias controladas en el país. Desde ayer y en forma permanente, las FFAA resguardan las estaciones de servicio.Los contrabandistas de gas licuado de petróleo (GLP), gasolina y diésel descubiertos en posesión de esos carburantes serán juzgados bajo la Ley 1008 y, de ser hallados culpables, encarcelados 25 años.Así lo establece el Decreto Supremo 29788, aprobado el miércoles por el gabinete del presidente Evo Morales y que apunta a garantizar la normal provisión de hidrocarburos en el país y combatir el tráfico ilícito de sustancias controladas.De esta manera, el Gobierno apuesta por el endurecimiento de los controles para evitar la escasez de carburantes observada en los meses recientes en las principales ciudades del país.Ayer, las 417 estaciones de servicio del país amanecieron con resguardo militar en cumplimiento del Decreto 29788.En La Paz, tres de las 60 estaciones autorizadas fueron intervenidas por no tener sus papeles en orden. Se trata de las gasolineras Zofri y Candelaria, en la ciudad de El Alto, y Kantutani.De acuerdo con el Poder Ejecutivo, la militarización será permanente para evitar desvíos del combustible que reciben los surtidores cada día.El artículo 1 del Decreto 29788 tiene el objetivo de incorporar en el Reglamento de Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Confiscados procedimientos complementarios relativos a gasolinas, querosén, diésel oil y gas licuado de petróleo (GLP) en su calidad de sustancias controladas.El artículo 5 (posesión ilícita) precisa que “las personas que se encontraren en posesión ilícita de las sustancias señaladas en el artículo 1 (carburantes) serán procesadas conforme prevé el artículo 48 de la Ley 1008, el Reglamento de Operaciones con Sustancias Controladas y Precursores de uso industrial aprobado mediante decreto supremo 25846 y normas vigentes”. Ese artículo fija una pena de diez a 25 años de cárcel y 10.000 a 20.000 días de multa para quienes trafiquen con sustancias controladas en el país.Además, la “comercialización inmediata” de GLP, diésel, gasolina y querosén confiscados deberá ser autorizada por los fiscales de sustancias controladas.El superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, aseguró que la norma endurece los decretos anteriores para frenar el contrabando e incorpora el gas licuado en la categoría de sustancias controladas de la Ley 1008.El decreto recién promulgado da un plazo de 15 días para que la Dirección de Sustancias Controladas del Ministerio de Gobierno y la Superintendencia de Hidrocarburos reglamenten el procedimiento para el manejo del GLP.El comandante de la Fuerza de Operaciones Especiales, Israel Vega, informó que el GLP no figuraba en la lista de sustancias controladas de la Ley 1008.Aruquipa adelantó que ahora se podrá confiscar la mercadería sin devolverla. La Fiscalía, hasta ayer, facilitaba esa situación al no encontrar pruebas.La autoridad advirtió que ahora las cárceles se llenarán de contrabandistas de carburantes.El Decreto 29788 dispone además que los administradores de las estaciones de servicio y otros distribuidores autorizados serán detenidos si están implicados en la facilitación o el suministro de estos combustibles.Los camiones cisternas o carros distribuidores que transporten los energéticos sin previa autorización serán secuestrados o incautados y transferidos gratuitamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).La norma “faculta” a las Fuerzas Armadas, Policía, Control Operativo Aduanero (COA) y las fuerzas especiales de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen, además de la Superintendencia de Hidrocarburos, a secuestrar las sustancias controladas y depositarlas en plantas de almacenaje de YPFB.CríticasEl ex superintendente de Hidrocarburos Carlos Miranda dijo a la red ATB que el decreto es autoritario y que la escasez no será solucionada con “fusiles y bayonetas” y militares en gasolineras, sino con mayor producción.La Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo) señaló que la norma perjudicará a pequeños productores, a quienes los surtidores ya no se les venderán diésel en turriles como hasta ahora.Súper fijará cupos en fronterasCiento ochenta y una poblaciones fronterizas del país recibirán cupos de gas licuado de petróleo (GLP), diésel, gasolina y querosén de acuerdo con los requerimientos que formulen los alcaldes y comunarios de sus regiones, previa presentación de listas de número de habitantes.El anuncio fue hecho por el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, quien explicó que para definir el tipo de entrega de carburantes tuvieron audiencia con los gobiernos municipales, jilacatas, mallkus y federaciones provinciales.Según el Superintendente, se consultó con los pobladores la cantidad de GLP que requieren y qué empresa debe transportarlo. En el caso de la gasolina, diésel y querosén, precisaron en qué estación de servicio serán depositados los carburantes.Tras la coordinación se suscribieron 40 acuerdos entre la Superintendencia, YPFB, empresas distribuidoras y estaciones de servicio.Señaló que anteriormente algunos surtidores en zonas fronterizas y ribereñas del lago Titicaca incumplieron con la repartición de carburantes, por lo que se los clausuró, es el caso de Petrolago, en Desaguadero; Jesús de Machaca, en la provincia Ingavi, y Tata Santiago, en Guaqui, estaciones de servicio que se dedicaban al contrabando.La Superintendencia de Hidrocarburos, para dar cumplimiento al Decreto 29788 en el departamento de La Paz, intervino tres estaciones de servicio: Zofri y Candelaria, en la ciudad de El Alto, y Kantutani, en la ciudad de La Paz.Las poblaciones identificadas por la Superintendencia fueron evaluadas como zonas de riesgo para la salida ilegal de carburantes.Estrenan Plan Puño de HierroComo una medida operativa para dar cumplimiento al Decreto 29788, ayer en la planta de Palmasola, de Santa Cruz de la Sierra, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó el Plan Puño de Hierro, que en su inicio decomisó 15 camiones cisterna que transportaban 525.000 litros de diésel argentino entre Yacuiba y Santa Cruz para, se presume, ser vendido de contrabando.El plan fue presentado en presencia del gerente comercial de la estatal petrolera, Rodrigo Carrasco; autoridades de la Aduana Nacional; jefes militares y policiales y ejecutivos, informó ANF.Con el plan, los camiones cisternas que salgan de las plantas distribuidoras de carburantes serán escoltados por militares hasta que el carburante llegue a su destino final, que es la ciudadanía.En la ocasión, el presidente interino de YPFB, Santos Ramírez, denunció que se encontraron cisternas con capacidad de 20.000 litros de diésel pero que sólo depositaban 5.000 litros en los surtidores.Todos los combustibles serán considerados “sustancias controladas” y de haber anomalías, como almacenaje o contrabando, se aplicará lo que dispone la Ley 1008, afirmó Santos Ramírez, con plena convicción de que la lucha contra el contrabando será la solución al desabastecimiento de combustibles.Por su parte, el ex ministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos dijo que el esfuerzo para evitar el desvío de carburantes a países vecinos es importante pero insuficiente. “El desabastecimiento pasa por temas de logística, falta de inversiones en el sector petrolero, y éstas no se darán mientras el país no ofrezca seguridad jurídica”.La Ley de Aduanas y el Decreto 29788La Ley de Aduanas y el Código Tributario establecen las siguientes penas contra el delito de contrabando: privación de libertad de tres a seis años cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a 10.000 UFV.II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a 100 por ciento del valor de las mercancías objeto de contrabando.III. Comiso de los medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera servido para el contrabando, excepto de aquellos sobre los cuales el Estado tenga participación. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía sea igual o menor a 10.000 UFV, se aplicará la multa del 50 por ciento del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte.El Decreto Supremo 29788, aprobado el miércoles, establece en su artículo 5 (posesión ilícita): “Las personas que se encontraren en posesión ilícita de las sustancias señaladas en el artículo 1 (carburantes) serán procesadas conforme prevé el artículo 48 de la Ley 1008, el Reglamento de Operaciones con Sustancias Controladas y Precursores de uso industrial aprobado mediante Decreto Supremo 25846 y normas vigentes”. Ese artículo fija una pena de diez a 25 años de cárcel y 10.000 a 20.000 días de multa para quienes trafiquen con sustancias controladas en el país.LOS DATOSLas FFAA vigilarán con dos efectivos cada uno de los surtidores del país.La medida apunta a vigilar y evitar el comercio ilícito y el desvío de carburantes .La decisión es cuestionada por analistas porque primero debería aumentar la producción.
Una alternativa de solución al intenso tráfico vehicular es el primer ómnibus con motor original a gas, es decir nativo de fabrica Gas Natural Vehicular (GNV), con capacidad de transportar 30 pasajeros cómodamente sentados y similar número de pie, además que dispone de todas las normas internacionales de producción en vehículos de esta naturaleza.La pasada semana, se realizó con éxito el “ I Congreso Internacional de Transporte Público Urbano de Bolivia”, realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra organizado por el Viceministerio de Transportes, Superintendencia de Transportes, Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con el auspicio de la Corporación Andina de Fomento CAF y Aire Limpio, proyecto financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), ejecutado por Swisscontact.El evento contó además con una feria para poner a disposición de los actores del transporte servicios y productos de alta tecnología disponible mundialmente y con capacidad de adaptación al mercado local.En ese sentido, la fabrica líder en producción de buses Xiamen King Long United Automotive Industries Co. Ltda., presentó junto a su socio del Cono Sur Fabros Motors el primer ómnibus con motor original a gas, es decir nativo de fabrica Gas Natural Vehicular, con capacidad de transportar 30 pasajeros cómodamente sentados y 30 de pie, haciendo un total de 60, el modelo presentado tiene una longitud de casi 9 metros y cuenta con normas internacionales de producción.Esos buses representan una alternativa real al problema de desabastecimiento de diesel que sufre actualmente el país, nuestros buses tienen calidad y tecnología comprobada por que están trabajando en ciudades de Perú, Ecuador, México, Chile, Cuba y otros países de la región, aseguraron los representantes.
En Santa Cruz el diesel se desvía al mercado negro
Al menos el 30% del combustible destinado al departamento de Santa Cruz es desviado a un mercado negro que surgió en esa región. Se calcula que cerca de un millón de dólares serían desviados mensualmente en ese negocio ilícito, según una fuente del sector del agro, cuyo nombre se mantiene en reserva.El informante aseguró que los productores reciben ofertas de cupos de diesel, pero a precios de 4,50 y seis bolivianos, cuando el precio del litro es de Bs 3,72.La misma fuente explicó que el problema del mercado negro se inició el pasado año, cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asumió la distribución de los combustibles.Entonces, la estatal resolvió entregar cupos por igual a las estaciones de servicio y —según el informante—, en el caso de las provincias, asumió volúmenes que no podía comercializar y los vendían con un “plus” a surtidores que tenían mayor demanda.Posteriormente, con el cambio de dirección en YPFB, se organizó un nuevo mecanismo de distribución. Sin embargo, entonces se generó la especulación en los mismos surtidores que garantizaba el volumen a un cliente si éste pagaba montos adicionales al precio establecido.El informante precisó que también se generó otra forma de especulación cuando “contactos” en la estatal ofrecían directamente a los surtidores conseguir mayores volúmenes de diesel, pero con precios adicionales.Añadió que en el seno de YPFB se habrían conformado “clanes” que ofrecen directamente a los productores (grupos de empresarios) cupos de diesel que varían desde los 100.000 litros hasta llegar al millón, con un precio determinado de al menos Bs 4,5.Mientras, algunos surtidores denunciaron que los volúmenes entregados por parte de YPFB llegan con faltante, es decir que en cada descarga de combustible a una estación de servicio, llega a faltar al menos 1.000 litros.“Sólo con un boliviano de sobreprecio por litro en cada entrega de 1,8 millones de litros cada dos días —tomando en cuenta que se desvía sólo un 30% de esa cantidad— llegan a negociar 70.000 dólares día por medio y cerca de un millón mensuales”, dijo la fuente que pidió reserva.“Sí, existe diesel, hay diesel (en el mercado para la oferta), pero en el interior de YPFB hay corrupción, y por debajo de la mesa (el combustible) está en el orden de los Bs 5 por litro, y de ese diesel hay bastante”, confirmó el presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, (Cadex), Ramiro Monje.La semana pasada, el presidente Evo Morales denunció que en los niveles bajos de la estatal petrolera se cometen actos de corrupción. “Conversamos bastante con el compañero Santos Ramírez, presidente interino de YPFB, y me informa que hay una red de corrupción ahí abajo. Hay camionadas y caravanas de cisternas que se van a la frontera. En Brasil, el litro de diesel está hasta en 15 ó 20 bolivianos el litro, y por eso hay contrabando”.La falta de combustibles, principalmente de diesel, está afectando también a las empresas forestales, que a la fecha se alistan para paralizar sus actividades, informó el presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, Pablo Antelo. Sostuvo que el sector genera cerca de 70.000 empleos directos con ingresos legales.Redacción central y Santa CruzYPFB busca proveedor de GLPEl próximo lunes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recibirá las propuestas de aquellas empresas interesadas en vender o suministrar de Gas Licuado de Petróleo (GLP) al mercado boliviano.La estatal petrolera hizo la solicitud a través de una invitación internacional de compra y venta de GLP, firmada por su presidente, Santos Ramírez, el 29 de octubre. El aviso ha sido publicado en la internet. Los volúmenes que se requieren son 1.500 toneladas métricas del carburante al mes. (10% más o menos). Se especifica que el pago será semanal y las entregas deberán ser a través de las fronteras con Brasil, Chile y Perú.La empresa tomó esta decisión debido a la escasez de gas licuado registrada en el país, generada por el déficit de producción y porque una parte del combustible va al contrabando.Sin embargo, el súper de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, afirmó que no será necesaria la importación de GLP, porque aún existe el suficiente energético para cubrir la demanda del país. Anunció que ayer se emitió la resolución para reanudar la lucha contra el contrabando.
Un tercio de la oferta de GLP es consumido por los micros y taxis
Una ex autoridad dice que la solución estructural pasa por eliminar la subvención a los carburantes.Alrededor de un tercio de la oferta nacional de gas licuado de petróleo (GLP), equivalente a unas 27.000 garrafas, es consumido por el transporte público de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, lo que contribuye a la escasez del carburante observada en los meses recientes.De acuerdo con datos estimados del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la producción de GLP en octubre alcanzó las 708 toneladas, equivalentes a 70.800 garrafas.La Superintendencia de Hidrocarburos informó que se están produciendo 1.000 toneladas, iguales a 100.000 garrafas.El secretario ejecutivo de la Federación de Choferes de La Paz, René Vargas, informó que unos 3.000 vehículos del gremio usan GLP. La organización sindical tiene 40.000 asociados. Se calcula que en Cochabamba y Santa Cruz existe un número similar de motorizados que funcionan con ese mismo combustible.Los micros consumen en promedio tres garrafas diarias, lo cual genera una demanda próxima a las 27.000 en el eje del país (un tercio de las 70.800 garrafas que se distribuyen).El consumo sube más si se añaden los taxis, que usan dos balones por día.Dos conductores de minibús señalaron que los choferes que tienen vehículos de GLP pagan incluso 30 bolivianos por garrafa, lo cual hace que mucha gente haga colas para venderlas a este sector.Vargas admitió que su consumo es peligroso y por eso pidieron a sus asociados limitar la adquisición de garrafas, que fue prohibida en 2005.Sin embargo, señaló que varios de sus afiliados, por el elevado costo, no pueden convertir sus vehículos para que funcionen con gas natural vehicular (GNV).Explicó que el gasto asciende a 8.000 bolivianos, mientras que adaptarlo a GLP sólo representa una erogación de 5.000.El gremio aún espera la conversión gratuita a GNV a la que se comprometió el Gobierno.El secretario de Prensa del Sindicato Litoral, Antonio Aguilar, reconoció que el 10 por ciento de los 2.000 vehículos que prestan el servicio en la zona Sur continúa con el uso de GLP.“Sufrimos un riguroso control por parte de Tránsito de la zona Sur, son muy pocos los que se arriesgan a que les decomisen el equipo. Ante la escasez de GLP, optaron por hacer la conversión a GNV (gas natural vehicular)”.Sin embargo, reiteró que el costo de transformación es elevado y no existe la suficiente oferta porque sólo existen dos surtidores que distribuyen el combustible: uno en la calle Sucre y otro en Achachicala.Aguilar recordó que desde la gestión del ex presidente Carlos Mesa se les ha prometido que la transformación sería gratuita, por lo que el sector ya perdió credibilidad.En el sindicato Avaroa, que brinda el servicio con microbuses de las líneas 2, Ch y 27 hacia Sopocachi y Tembladerani, informaron que tienen 1.700 vehículos funcionando, de los cuales el 60 por ciento esta adaptado al GNV.El ex director de Comercialización de la reguladora Jorge Téllez opinó que la venta de GLP a los transportistas debería quedar prohibida y ser controlada por la Dirección de Tránsito.Agregó que en El Alto la mayoría de los micros y minibuses funcionan con GLP. “Es una actividad ilícita, no se puede usar en transporte público porque su consumo está destinado a uso doméstico”.El ex ministro de Hidrocarburos Guillermo Torres comentó que éste es un elemento más que genera desabastecimiento porque el problema estructural es falta de producción por ausencia de inversiones en el ramo y por el contrabando.Debido a su bajo costo y por la subvención, el GLP es usado no sólo por el transporte público, sino por fábricas de ladrillos y tejados y por piscinas. Para la ex autoridad, la solución pasa por levantar la subvención y que la garrafa de diez kilos se venda en 100 bolivianos, porque en la frontera con Perú cuesta hasta 140 bolivianos.El uso no tiene prohibiciónEl Decreto Supremo 29158, aprobado por el actual Gobierno, deja sin efecto la prohibición establecida en 2005 de que los vehículos del transporte público usen gas licuado de petróleo (GLP).El 5 de octubre de 2005, el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé promulgó el el Decreto 28380, cuyo artículo 9 señalaba explícitamente esa prohibición, de modo que el carburante fuera destinado al consumo doméstico.La norma tenía cuatro artículos referidos a la utilización de GLP como combustible, así como a su comercio indebido en garrafas, que vendría a ser el primer artículo.El segundo mencionaba que quedaba prohibida la instalación, habilitación y operación de talleres de conversión de vehículos automotores a GLP, así como la actividad de conversión de vehículos automotores a GLP en talleres mecánicos de mantenimiento y reparación automotriz.El artículo 7 advertía que las municipalidades debían cancelar la licencia de funcionamiento de los establecimientos que, en contra de las actividades para las cuales hubieran sido habilitados, adaptaran vehículos automotores a GLP. También podían actuar en forma similar contra las tiendas de abasto o pulperías que, en contra de las actividades para las cuales hubieran obtenido licencia de funcionamiento, comercializaran GLP.El articulo 9 prohibía “la circulación de vehículos que utilicen GLP como combustible, debiendo la Policía Nacional, a través de sus organismos operativos correspondientes, proceder a detener los mencionados vehículos a objeto de efectuar el posterior decomiso y destrucción pública del equipo (kit), en presencia de representantes de la Superintendencia de Hidrocarburos que sea utilizado al efecto; al margen de las medidas que correspondan respecto a las unidades, conforme a ley y sin perjuicio de seguirse las acciones pertinentes ante el Ministerio Público”.Más datosLa escasez de carburantes alcanza no sólo al GLP, sino al diésel y la gasolina.En la planta engarrafadora Senkata, cada día se observan largas filas de amas de casa.El Gobierno no descarta importar en los próximos meses GLP para abastecer el mercado.La medida, anticipan los analistas, será costosa porque se deberá pagar el precio internacional.El subsidio al GLP cada año le cuesta al TGN alrededor de 25 millones de dólares.Se calcula que el precio real de la garrafa debe estar encima de 100 bolivianos, no en 22,50.Más elementosEl transporte público exige que se ponga en marcha la conversión gratuita a GNV.Los sindicatos de choferes minimizan el peligro en el uso de GLP en sus automóviles.La Superintendencia no dice nada respecto del elevado uso de garrafas en los vehículos.
Luego de las denuncias que presentó el diputado Luis Alberto Pacheco ante las autoridades del municipio de San José de Chiquitos contra el surtidor Petróleo y Derivados Quiroz, la Alcaldía josesana procedió a suspenderle por 60 días la licencia de funcionamiento, mientras se esclarece la situación en la justicia.Pacheco declaró ayer que hizo el seguimiento de un año con tres fiscales sobre las actividades del surtidor, en respuesta a los reclamos de sectores productivos y del transporte por la permanente escasez de diésel y gasolina.Pacheco también presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue al propietario de esta estación de servicio por la presunta comisión de los delitos de contrabando y evasión impositiva.El alcalde josesano, Germaín Caballero, dijo que “hace mucho tiempo que en la población se sabía que el surtidor Quiroz atentaba contra la actividad productiva, pues al no existir diésel hay un perjuicio”.Por su parte, el responsable de YPFB en San José, Sergio Antelo Mancilla, expresó que esta tarde o a más tardar mañana a primera hora se restablecerá el servicio de forma provisional, pero que no se dejará sin combustible a la población ni a los sectores productivos.Antelo dijo que el dueño del surtidor, Ricardo Quiroz, tiene derecho a defenderse y que si durante la investigación legal logra demostrar su inocencia puede reabrir su estación de servicio.EL DEBER intentó comunicarse con Quiroz, pero éste no contestó a su celular.De igual manera, la situación del carburante en Santa Cruz siguió con los problemas de siempre, pues llega y se acaba rápido por la demanda.Esta situación propició ayer una reunión en la Brigada Parlamentaria Cruceña (BPC), en la que participaron representantes de los sectores productivos.Según Pablo Klinsky, presidente de la brigada, al haber admitido el Gobierno que existe corrupción en YPFB y que se importan 350.000 barriles de petróleo por mes, son motivos que explican la escasez de carburantes y que ameritan que la justicia investigue y sancione las irregularidades.Se conformó una comisión, que entre hoy y mañana debe presentar una querella en la Fiscalía contra el presidente de YPFB, Santos Ramírez; el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa; y el ministro del sector, Saúl Ávalos.Sectores hablan de sembrar menosLa escasez parcial de diésel que se registra en las zonas productivas de la región tiene en serios problemas a los soyeros y arroceros que, por separado, advierten con sembrar menos de lo previsto en la campaña de verano.La Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca) informó de que el sector inicialmente tiene previsto cultivar 240.000 hectáreas de arroz, cifra que por la falta de carburante se reduciría a 200.000 si es que la estatal petrolera (YPFB) hasta la próxima semana no garantiza la provisión en las zonas productoras que corresponden a las provincias Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, Guarayos y Ñuflo de Chávez.Además alertaron que si no resuelven la crisis energética, el sector se verá seriamente afectado, por lo que no garantizan la producción de arroz para abastecer el mercado interno en 2009.Entre tanto, en la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), el gerente de la entidad, Rolando Zabala, expresó que la situación en el campo es crítica porque los cupos de diésel que se distribuyen no cubre la demanda del sector agrícola.El directivo dijo que, de persistir la falta de diésel, no se cumplirá la meta prevista de sembrar 700.000 hectáreas de soya. “Unas 200.000 hectáreas se afectarían”, subrayó. /FRPor protesta abren línea de carretonesLa Federación de Juntas Vecinales de Santa Cruz (Fedjuve) protagonizó una singular movilización de protesta contra la falta de gasolina y gas licuado en la capital cruceña.Los vecinos inauguraron una línea de transporte público de carretones y cocinaron a leña. El escenario fue la plaza del Estudiante, donde durante toda la mañana los vecinos de distintos distritos participaron de la pacífica protesta.El presidente de la Fedjuve, Rodolfo Landívar, explicó que la línea de carretones tiene 26 unidades, las cuales hacen su recorrido a los distintos distritos de la ciudad.Por otra parte, a modo de celebrar la nueva línea de carretones, los vecinos que se congregaron en la plaza degustaron típicos platos cruceños cocinados a leña. /PR
Realizan auditoría técnica en YPFB para descubrir corrupción
Con la realización de una auditoría técnica en las diferentes reparticiones se pretende descubrir la corrupción existente en el interior de YPFB, extremo que fue denunciado por el presidente Evo Morales el viernes pasado.El gerente nacional de comercialización, Rodrigo Carrasco, reconoció que existe corrupción adentro de la petrolera estatal y que para detectarla se instruyó la realización de auditorías técnicas.El ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos, manifestó que no solamente se investigará a Yacimientos, sino también a las instituciones que tienen a su cargo la entrega de permisos para el transporte de combustible, entre ellas las direcciones de sustancias controladas y las direcciones de comercialización de YPFB.No se pudo obtener el criterio del presidente de Yacimientos, Santos Ramírez, porque se encontraba en Potosí y tampoco del superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, que también está de viaje.Con relación al contrabando, Ávalos manifestó que los militares están a cargo del control en las fronteras. “Ya definieron que en el día ‘D’ y en la hora ‘H’ darán a conocer el plan de lucha”, anotó.Por su parte, el jefe del Comando Operativo Conjunto (COA), Ramiro Mendoza, destacó que desde hace tiempo vienen trabajando en el control del contrabando. Indicó que lograron resultados positivos y que realizaron variados decomisos. No dio cifras, argumentó que en no las tenía.Lo que no cambia en Santa Cruz son las colas en los surtidores por diésel y gasolina. En la mayoría no había combustible y en el de Yacimientos la fila era inmensa.Sobre el particular, el gerente distrital de comercialización, Amilkar Soto, dijo que esta situación era normal los lunes. “El problema es que los surtidores no recogen temprano el combustible y por eso es que no hay”.Sin embargo, en Asosur informaron de que ayer le tocaba a las provincias y no a la ciudad.Privados piden al Gobierno pruebas y no acusacionesEl presidente de la Asociación de Surtidores de Bolivia, Moisés Hidalgo, rechazó la acusación del Gobierno de que son los privados que sabotean la distribución de diésel. Pidió a los miembros del Ejecutivo no generalizar este tema.“Si conocen el nombre de algún surtidor que oculte combustible que lo sancionen”, apuntó.Hidalgo indicó que el Gobierno no debería generalizar con sus acusaciones y que por el contrario que presenten las pruebas y procesen a quienes oculten el combustible.”Está la reglamentación y depende del Gobierno aplicarla”, dijo.Más adelante afirmó que la Superintendencia de Hidrocarburos tenía a su cargo el control y supervisión de los surtidores y que inclusive estaban haciendo campañas para observar que no oculten combustible.En la Súper informaron que están realizando este trabajo y que procesarán al surtidor que no cumpla con su labor.
El Gobierno no descarta la importación de gas licuado
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer que si los mecanismos gubernamentales de control de lucha contra el contrabando fallan, el Ejecutivo se verá en la necesidad de importar Gas Licuado de Petróleo (GLP) para cubrir la demanda en lo que resta del año y probablemente hasta febrero del 2009.“Si fallan los mecanismos de lucha contra el contrabando y algunas personas siguen exportando indebidamente el GLP, estamos obligados a comprar”.Aseguró que se están tomando las previsiones para garantizar el abastecimiento del mercado interno desde marzo del próximo año e incluso más adelante exportar gas licuado.“Consideramos que en el 2009 vamos a garantizar el abastecimiento, pero hay unos meses, noviembre, diciembre, enero, febrero a más tardar, donde pudiera haber un desbalance”, reconoció.Según el Vicepresidente, el Gobierno hará todo lo necesario para no importar GLP, pero si es necesario “lo haremos temporalmente, por meses o semanas”.Entre las previsiones para que no falte el carburante en el mercado interno, García informó que el Gobierno “si no me equivoco invertirá 90 millones de dólares en la construcción de una planta separadora de líquidos y la compra, a través de Andina de una planta antigua”. “La planta antigua nos permitirá garantizar el GLP para el invierno del 2009 y con la nueva planta —que ojalá entre en funcionamiento hasta fin de año— podremos incluso exportar”, el combustible, señaló.El Vicepresidente dijo que la falta de diesel se debe a que en los últimos meses se incrementó la actividad del contrabando.En el Perú, una garrafa de gas cuesta más de Bs 100. “En las próximas horas o días se aprobarán medidas muy fuertes contra el contrabando. Si funcionan no será necesario importar, si falla nos veremos obligados”, anunció.

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