Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-administrativo-n-165-2016-tsj-galicia-sala-contencioso-sec-1-rec-416-2015-08-03-2016-47618051
Timestamp: 2017-05-28 22:22:12+00:00

Document:
Identificación InicioJurisprudencia AdministrativoTSJ Galicia2016Rivera Frade, Maria DoloresSentencia165/2016416/2015
Jurisprudencia Sentencia Administrativo Nº 352/2015, TSJ La Rioja, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 185/2015, 17-12-2015 Órden: Administrativo
Ortiz Lallana, María Del Carmen
Num. Sentencia: 352/2015
Num. Recurso: 185/2015
Sentencia Administrativo Nº 47/2014, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 10, Rec 1372/2012, 22-01-2014 Órden: Administrativo
Num. Sentencia: 47/2014
Num. Recurso: 1372/2012
PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés de 09 de octubre, 06 y 07 de noviembre de 2012, por el que se modifica la vigente Relación de Puestos de Trabajo para el año 2012, anuncios publicados en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid nº 295 de 29 de noviembre de 2012.
La parte recurrente impugna la resolución citada interesando se dicte Sentencia por la que se estime del recur... Sentencia Administrativo Nº 882/2012, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 6, Rec 430/2009, 21-12-2012 Órden: Administrativo
Num. Sentencia: 882/2012
Num. Recurso: 430/2009
PRIMERO.- En este recurso contencioso administrativo se impugna por la recurrente, FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS, el acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial (Madrid )de fecha 23 enero 2009 que recoge la Orden de Jefatura número 01/2009 sobre prestación de servicios de la policía local en lo referente a la presentación, imagen y aseo personal de los funcionarios de la policía local.
La resolución r... Sentencia Administrativo Nº 53/2014, TSJ Baleares, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 710/2010, 05-02-2014 Órden: Administrativo
Num. Sentencia: 53/2014
Num. Recurso: 710/2010
La asesoría jurídica en los municipios de gran población Órden: Administrativo
El Art. 129 de la Ley 7/1985 de 2 de Abr (Reguladora de las Bases del Régimen Local) se ocupa de la asesoría jurídica de los municipios de gran población del Título X de la norma.El Art. 129 de la Ley 7/1985 de 2 de Abr (Reguladora de las Bases del Régimen Local), precepto encuadrado en el Capítulo que se dedica a la "Organización y funcionamiento de los órganos municipales necesarios" de los municipios de gran población del Título X de la LBRL, se ocupa en concreto de la asesoría j... Junta de gobierno local en los Muncipios de Gran Población Órden: Administrativo
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Los Art. 69 a Art. 72 de la Ley 7/1985 de 2 de Abr (Reguladora de las Bases del Régimen Local), rotulados como "Información y participación ciudadanas", versan sobre materias tales como el deber de infornación de las entidades locales y de fomento de la participación ciudadana, el carácter de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local y de sus acuerdos y documentos, el deber de establecimiento de normas sobre procedimientos y órganos adecuados para la participación ciudadana,... Régimen de empleados Públicos Órden: Laboral
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ResumenRequerimiento información respecto de cuentas corrientes y sus titulares clientes de la entidad. Es suficiente para que se entienda cumplido el requisito de trascendencia tributaria de la información solicitada, con que aquella sea potencial, indirecta o hipotética. Ha de entenderse como suficiente motivación del requerimiento, la cita a las normas que fundamentan jurídicamente la obligación de hacer que constituye el objeto del requerimiento, siendo obligación principal y autón... Resolución de TEAC, 00/6893/2008, 25-06-2009 Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
Núm. Resolución: 00/6893/2008
ResumenRequerimiento información respecto de cuentas corrientes y sus titulares clientes de la entidad. Es suficiente para que se entienda cumplido el requisito de trascendencia tributaria de la información solicitada, con que aquella sea potencial, indirecta o hipotética. Ha de entenderse como suficiente motivación del requerimiento, la cita a las normas que fundamentan jurídicamente la obligación de hacer que constituye el objeto del requerimiento, siendo obligación principal y autón... Resolución de TEAC, 00/128/2007, 29-05-2008 Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
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Núm. Sentencia: 165/2016 Núm. Recurso: 416/2015
Núm. Cendoj: 15030330012016100140
Resumen: FUNCION PUBLICA
Encabezamiento T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.1
SENTENCIA: 00165/2016
RECURSO DE APELACION Nº. 416/15
Avelino EN NOMBRE DEL REY
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha pronunciado la:
ILMOS/AS. SRS/AS.
FERNANDO SEOANE PESQUEIRA,PTE.
A Coruña, a nueve de marzo de dos mil dieciseis.
En el RECURSO DE APELACION que con el número 416/15 pende de resolución de esta Sala, interpuesto por
Antecedentes PRIMERO
.- Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada anteriormente, cuya parte dispositiva dice:'Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.
.- Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado en forma, con el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de las actuaciones al ponente para resolver por el turno que corresponda.
Fundamentos SE ACEPTANlos fundamentos jurídicos de la resolución recurrida en lo que no se oponga a lo se pasa exponer a continuación, y
.- Don
El primer motivo de impugnación versa sobre la motivación exigible al acuerdo de la Junta de Gobierno local de 4 de agosto de 2014. Alegaba el actor defectos en la convocatoria extraordinaria de la Junta en la que se adoptó dicho acuerdo pues algunos miembros no fueron válidamente convocados.
Este motivo fue rechazado por el juzgador
Ahora bien, la no motivación de la convocatoria extraordinaria no se considera motivo de nulidad de pleno de derecho de los acuerdos adoptados en ella, en casos como el presente en el no consta que los miembros presenten en esa Junta extraordinaria hicieran manifestación alguna al respecto. Por lo que el incumplimiento de la obligación de motivación de la convocatoria debido a su carácter extraordinario no ha afectado a la correcta formación de la voluntad del órgano, y por tanto no la hacen merecedora de nulidad.
Ello significa a su vez que el posible vicio en que pudiera haber incurrido por falta de motivación podía convalidarse en reuniones posteriores de conformidad con lo dispuesto en el
art. 80.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre , exige claramente que la convocatoria de las sesiones extraordinarias ha de ser motivada. El texto no distingue entre convocatorias extraordinarias urgentes y aquellas otras que no lo sean, luego donde el texto no distingue nosotros tampoco hemos de distinguir. Pero es que también se deduce de una interpretación teleológica y sistemática del precepto. Teleológica por la propia definición de lo extraordinario frente a lo ordinario. Los miembros del Pleno son plenamente conscientes de cuando van a celebrarse las sesiones ordinarias (aquellas cuya periodicidad está preestablecida) y ajustan a dicha planificación su agenda. Pero no sucede lo mismo con las extraordinarias que requieren una resolución del Alcalde 'con tal carácter', esto es expresando la razón de la urgencia (...) La normativa persigue que cualquier Pleno Extraordinario -sea o no urgente- esté justificado, es decir que la convocatoria cuente con una exposición suficientemente razonada o expresiva de cuáles son las circunstancias excepcionales que aconsejan una sesión extraordinaria; no ya solo por razones de cortesía hacia los miembros del Pleno que para poder asistir y garantizar el correcto funcionamiento de la institución van a tener que ajustar sus agendas con escaso margen de tiempo (...) sino también porque la celebración de los Plenos Ordinarios y Extraordinarios requieren unos trámites previos diferentes de modo que, si no se exige una motivación suficiente con expresión de la/s circunstancia/s que dan cobertura a la convocatoria, se podrían llegar a burlar dichos trámites llevando a un Pleno extraordinario aquello que puede tratarse en un Pleno ordinario. Es más, podría llegarse incluso a excluir a algún/nos miembro/s del Pleno que no pudiera/n ajustarse a la nueva planificación, privándole/s así del ejercicio de su función representativa. Y es que la motivación de la actuación administrativa es un requisito esencial no solo para ofrecer suficiente información al destinatario del acto sino también para permitir la fiscalización por los tribunales de la actuación administrativa que ha de sujetarse siempre a la ley y al Derecho, sin olvidar que el
art. 54.1.e) de la Ley 30/1992 , señala que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos'.
Y es que tal y como se deriva de lo expuesto, en el caso que nos ocupa no consta la queja de ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno Local, ni durante la sesión extraordinaria de adopción del acuerdo impugnado, ni tampoco durante la sesión ordinaria en la que fue ratificado aquel acuerdo anterior. Esta doble circunstancia (o aquiescencia a la regularidad de lo actuado) evidencia que no se perjudicó a los miembros del órgano colegiado, quienes por otra parte son los titulares del derecho subjetivo tutelado por la exigencia de motivación de la sesión extraordinaria (para evitar sorpresas o distorsiones en la planificación de su labor) y no quienes como el aquí recurrente, son meros ciudadanos o partícipes en un procedimiento los cuales no explican ni justifican en qué medida les ha perjudicado tal medida.
Requirirase o informe favorable do departamento onde preste servizos a persoa que resulte seleccionada, considerándose favorable de non se emitir no prazo de quince días segundo o disposto no artigo 67 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo'.
La Base quinta fue rectificada posteriormente (por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 25 de agosto de 2014), quedando redactada de la siguiente manera '
apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , siempre que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a que correspondan.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, debidamente justificada en el expediente, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución'.
artículo 35.f) de la Ley 30/1992 , precepto que no resulta aplicable a los procesos selectivos en los que sus propias disposiciones rituarias imponen al aspirante la obligación de adjuntar la documentación justificativa del desempeño de los cometidos propios de su actividad.'
Los méritos que deben acreditar los candidatos son todos los que incluyan en el
artículo 67 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo '. Dice el apelante que esta base establece una exigencia que solo es aplicable a los funcionarios del Estado que ocupen puestos de libre designación en la Comunidad Autónoma, y que por tanto la convocatoria objeto de recurso establece una exigencia no contenida en ninguna norma de aplicación a las convocatorias de provisión de puestos en la Administración local.
La lectura del Real Decreto 364/1995 impide aceptar este planteamiento. Y es que el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
En ambos casos, cuando el funcionario pertenezca a un Cuerpo o Escala que tenga reservados puestos en exclusiva se precisará el informe favorable del Ministerio al que esté adscrito el Cuerpo o Escala'.
Servicio: ABOGACÍA CONSISTORIAL Denominación; Puestos; Nivel C. Destino; Ptos. C. plto. Específico; Tipo puesto; Grupo; Escala; Observaciones
LETRADO ASESOR; 3; 26; 14,63; FUNCIONARIO; A1; Administración especial; Ninguna.
LETRADO JEFE; 1; 27; 32,74; FUNCIONARIO; A1; Administración especial; Ninguna.
Servicio: ASESORÍA JURÍDICA Denominación; Puestos; Nivel C. Destino; Ptos. C. plto. Específico; Tipo puesto; Grupo; Escala; Observaciones
ASESOR JURÍDICO; 1; 30; 35,02; FUNCIONARIO; A1; Admón. general/ Admón.especial; Ninguna.
ASESOR JURÍDICO ADJUNTO; 1; 29; 23,3; FUNCIONARIO; A1; Administración especial; Ninguna.
VICEASESOR JURÍDICO; 1; 28; 21,74; FUNCIONARIO; A1; Admón. general/ Admón.especial; Ninguna.
Las características del puesto convocado en los Acuerdos de la Junta de Gobierno local del Concello de Ourense, de 5 y 7 de agosto de 2014: '
El artículo 129 (La asesoría jurídica), establece que:
apartado segundo del artículo 447 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .
b) Ostentar la condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, o bien funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente'.
Por su parte, el artículo 130.1 B) d) (Órganos superiores y directivos), cataloga al puesto de titular de la asesoría jurídica como un órgano directivo.
Respecto de este puesto de trabajo,
Este plus de motivación se cumple en este caso aunque lo sea a través de una escasa pero suficiente referencia a la condición del candidato seleccionado como Letrado del Xunta de Galicia y a los méritos de experiencia profesional y formativo que se recogen en su curriculum. Esa cita expresa e inequívoca a la condición de miembro del cuerpo de letrados de la Xunta de Galicia remite derechamente a la valoración positiva de la condición de acceso a la misma que constituye un mérito objetivo (superación de pruebas selectivas de escala superior jurídica con arreglo a temario adaptado al ámbito autonómico), del que carece el recurrente, y que es el eje sobre el que pivota la decisión del nombramiento cuestionado. Constituye un dato objetivo que permite un control sobre el acierto y seriedad de la decisión última, basada a su vez, como es consustancial a la naturaleza del puesto convocado, a razones de confianza y juicio de idoneidad del aspirante seleccionado, Letrado de la Xunta de Galicia por oposición desde el año 2001.
Alega el apelante bajo este apartado de su recurso que el proceso de provisión del puesto litigioso se inició con la intención de separarle de las funciones del puesto que desempeñaba por sustitución, existiendo una intencionalidad de discriminarle como consecuencia de su actividad sindical. Y que la prueba indiciaria de tal discriminación la constituye el clima de enfrentamiento entre él y el Concello.
En efecto, la garantía de indemnidad significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza, y que en el campo de las relaciones laborales se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos (
Tribunal Constitucional, desde su sentencia 38/81 , ha venido reiterando, en relación con el ámbito laboral, la importancia de la regla de distribución de la carga de la prueba para garantizar de manera efectiva el derecho a la libertad sindical frente a eventuales medidas o decisiones que puedan representar una discriminación por razones sindicales; señalando, al respecto, que cuando se alegue que una determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva del derecho fundamental, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a la libertad sindical.
Pero dicho alto Tribunal ha matizado también que para que opere este desplazamiento al demandado del onus probandi no basta que la parte recurrente la tilde de discriminatoria, sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de semejante alegato y, establecida esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga de demostrar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de este derecho fundamental. No se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación- sino la de razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales (
293/93 ).
Podría afirmarse que el anterior criterio rige en el ámbito de las relaciones laborales, y debe ser matizado en atención a la específica naturaleza de la relación funcionarial, a la que no es posible trasladar sin más y de manera mecánica las citadas reglas, dadas sus especiales características. Sin embargo, el
.- Aplicando la anterior doctrina a este caso presente, y a la vista de la documentación incorporada al procedimiento judicial de instancia, no se pueda dar la razón a la apelante cuando afirma la existencia de una actuación discriminatoria, pues la demostración de un clima de enfrentamiento, que en verdad puede generar una desconfianza inicial de la actuación administrativa, no puede servir de único dato a tener en cuenta para entender demostrada la discriminación denunciada.
Todo ello sin olvidar la falta de congruencia material del planteamiento del apelante ya que si la libre designación comporta por definición el necesario vínculo de confianza entre autoridad y funcionario designado, malamente puede esgrimirse una supuesta tensión o animadversión recíproca como fundamento para conseguir un doble efecto perverso: invalidar el nombramiento de un tercero ajeno y de paso, obtener el nombramiento para sí.
Y si la no abstención del Alcalde no puede conducir a la nulidad del acto de nombramiento, tampoco puede serlo el no apartamiento del Jefe de personal del Concello que emitió informe al recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 4 de agosto de 2014, pues además de que la recusación fue presentada en un procedimiento distinto (un procedimiento disciplinario), en todo caso el incidente de recusación fue inadmitido a trámite por Decreto de 17 de marzo de 2014 en base a que se dejó sin efecto la incoación de aquel procedimiento, y porque además se entendió que no concurría causa de recusación 'al no existir interés personal en el asunto alegado por el recusante'.
En definitiva, por parte del Concello no se han conculcado los principios de buena fe y de confianza legitima, pues además el incumplimiento del plazo por parte de la Administración a la hora de resolver la recusación en nada puede afectar a la legalidad y conformidad a derecho de los actos impugnados en este procedimiento.
Por todo ello, el recurso ha de ser desestimado, y la sentencia de instancia confirmada.
No concurriendo en el caso ninguna de las circunstancias que justifiquen la no imposición, han de imponerse al apelante las costas de esta segunda instancia, al desestimarse totalmente el recurso; fijando en 1.500 euros la suma máxima en concepto de defensa de las apeladas, correspondiendo 750 euros a la Administración y otros 750 euros al codemandado personado en autos, en función del trabajo y esfuerzo desplegado para dar respuesta a los motivos de apelación esgrimidos.
VISTOSlos artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación,
Fallo Que con desestimación del Recurso de Apelación interpuesto contra la
Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente
VIGENTE Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 80 Fecha de Publicación: 03/04/1985 Fecha de entrada en vigor: 23/04/1985 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo 101.
Artículo 129. La asesoría jurídica. Extracto
VIGENTE Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 167 Fecha de Publicación: 14/07/1998 Fecha de entrada en vigor: 14/12/1998 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo 100.
VIGENTE Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo 35. Motivación.
Real Decreto 364/1995 de 10 de Mar (Reglamento general de ingreso de personal y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de funcionarios civiles de la AGE)
VIGENTE Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 85 Fecha de Publicación: 10/04/1995 Fecha de entrada en vigor: 05/03/2006 Órgano Emisor: Ministerio Para Las Administraciones Publicas Artículo 67. Convocatorias de Comunidades Autónomas.
Ley 57/2003 de 16 de Dic (Medidas para la modernizacion del gobierno local)
VIGENTE Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 301 Fecha de Publicación: 17/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Extracto
VIGENTE Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 305 Fecha de Publicación: 22/12/1986 Fecha de entrada en vigor: 22/12/1986 Órgano Emisor: Ministerio Para Las Administraciones Publicas Artículo 80.
Ley Orgánica 1/2009 de 3 de Nov (Complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial)
VIGENTE Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 266 Fecha de Publicación: 04/11/2009 Fecha de entrada en vigor: 05/11/2009 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Extracto
DEROGADO Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo 62. Nulidad de pleno derecho.
Ley 7/2007 de 12 de Abr (Estatuto Básico del Empleado Público)
DEROGADO Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 89 Fecha de Publicación: 13/04/2007 Fecha de entrada en vigor: 13/05/2007 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo 37. Materias objeto de negociación.

References: resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 47
 resolución 
 Real Decreto 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 111
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real decreto 
 artículo 35

artículo 35

artículo 67
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 129
 artículo 447
 artículo 130
 Artículo 101

Artículo 129
 Artículo 100
 Artículo 35

Real Decreto 
 Artículo 67
 Artículo 80
 Artículo 62
 Artículo 37