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Timestamp: 2020-07-10 21:43:52+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Javier Morales Valdés con CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (CDE)
Javier Morales Valdés con CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (CDE) Rol: C6646-18
Por decisión de mayoría dirimente, se rechaza el amparo deducido en contra del Consejo de Defensa del Estado, relativo a los correos electrónicos de doña Mónica Javiera Blanco Suárez, generados desde su casilla institucional, durante el tiempo que desempeñó funciones en dicho organismo como Consejera, referentes a "casos sename y caso caval". Lo anterior, por cuanto la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que le exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N°5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular.
DECISIÓN AMPARO ROL C6646-18
La presente decisión es acordada con el voto en contra de la Consejera doña Gloria de la Fuente González y del Consejero don Marcelo Drago Aguirre para quienes es pertinente la entrega de los correos electrónicos requeridos, por cuanto dichos antecedentes, generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas, constituyen una forma de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública, y no concurre una causal de secreto o reserva a su respecto.
En sesión ordinaria N° 1021 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6646-18.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de diciembre de 2018, don Javier Morales Valdés solicitó a al Consejo de Defensa del Estado -en adelante e indistintamente CDE-: "correos electrónicos de la ex consejera Javiera Blanco, solo en lo referido en los casos sename y caso caval".
2) RESPUESTA: Mediante Ord. N° 4669, de fecha 28 de diciembre de 2018, el Consejo de Defensa del Estado, dio respuesta al requerimiento denegando la información solicitada, en virtud de los siguientes fundamentos:
a) Los correos electrónicos no revisten el carácter de públicos según lo exigido por el artículo 8° inciso segundo de la Constitución. Los correos electrónicos no tienen la naturaleza de acto o resolución, a los que hace mención la citada norma de la Constitución, y a los que se extiende el derecho de acceso a la información regulado en la ley N° 20.285. Por el contrario, son comunicaciones personales y privadas entre las personas que forman o formaron parte de la administración pública y que sin duda facilitan el ejercicio de sus funciones propias, pero no resulta posible que estos reemplacen o puedan ser considerados actos administrativos, sino sólo se trata de comunicaciones privadas, por tanto, la solicitud excede el ámbito de aplicación de la ley N° 20.285.
b) También es aplicable a su solicitud, la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República. De esta forma, los correos electrónicos son comunicaciones privadas, entendiéndose por tal, aquellas en que el remitente singulariza a los destinatarios de su comunicación con el evidente propósito de que sólo él o ellos la reciban, prohibiendo a otras personas imponerse de éste.
c) Por último, también es aplicable al requerimiento la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley N° 20.285, en relación al artículo 61 de la ley orgánica del Servicio, contenida en el D.F.L N° 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda, en virtud de la cual "Los profesionales y funcionarios que se desempeñen en el Consejo, cualquiera sea la naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a mantener reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el Servicio, siéndole aplicables las disposiciones del artículo 247 del Código Penal". Indica que la aplicación de dicha obligación resulta evidente, ya que la solicitud tiene por objeto, precisamente, información relacionada con asuntos determinados en que dicho órgano interviene; por consiguiente, su divulgación, no sólo se encuentra vedada por la propia Ley N° 20.285, sino que además está prohibida por su ley orgánica, desde que es sancionada como constitutiva de delito.
3) AMPARO: El 28 de diciembre de 2018, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, y mediante Oficio N° E1884, de fecha 13 de febrero de 2019, confirió traslado al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado.
Por medio de Ord. N° 862, de 27 de febrero de 2019, el órgano reclamado presentó sus descargos u observaciones del caso, reiterando lo señalado en su respuesta a la solicitud como fundamento de la denegación de acceso, agregando, en síntesis, que adicionalmente resulta aplicable al caso la institución del secreto profesional, que rige para los profesionales abogados, tanto que aquellos que ejercen una función pública como a los que ejercen de manera privada, cuya infracción esta sancionada en el artículos 231 y 247 del Código Penal.
Por su parte, indica que dicho Servicio "no tiene ni puede tener certeza tampoco de la existencia de los correos electrónicos requeridos por el reclamante referidos a las causas Sename y Caval, toda vez que no se ha efectuado ni se efectuará la revisión de la casilla institucional que ocupó hasta el cese de sus funciones, la ex Consejera Sra. Javiera Blanco, ya que este hecho constituiría, por sí mismo, una invasión a sus comunicaciones privadas que no se encuentra autorizada por la Constitución ni la ley (...). A mayor abundamiento, cabe señalar que la ex Consejera Sra. Javiera Blanco manifestó siempre su inhabilidad en sesiones de Consejo Pleno para intervenir en las causas Sename y Caval, por lo que no intervino en esas materias.".
Finalmente, señala que no procedió conforme al artículo 20 de la Ley de Trasparencia, por estimar que resultaba inoficioso practicar la notificación al tercero interesado. Con todo, informa los datos de contacto que obran en su poder.
5) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante Oficio N° E3109, de fecha 13 de marzo de 2019, confirió traslado a doña Mónica Javiera Blanco Suárez, en su calidad de tercero interesado en el presente amparo. Con todo, la notificación del traslado no pudo ser practicada, según consta en estampado de devolución de Correos de Chile, por motivo de cambio de domicilio.
1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Concejo de Defensa del Estado a la solicitud de información del reclamante dirigido a obtener copia de todos aquellos correos electrónicos de doña Mónica Javiera Blanco Suárez, generados desde su casilla institucional, durante el tiempo que desempeñó funciones en dicho organismo como Consejera, referentes a "casos sename y caso caval". Al efecto, dicho órgano denegó el acceso a la información pedida, fundado en que concurren las causal de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación a al artículo 61 de la Ley Orgánica del Servicio - D.F.L N° 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda- y artículos 231 y 247 del Código Penal.
2) Que, respecto de los correos electrónicos solicitados cabe señalar que estos, tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, son interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que dichos correos electrónicos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decantados en casillas institucionales. En efecto, se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la administración del Estado y que no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social.
3) Que, el Estado está al servicio de la persona humana y tiene el deber de respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de su propia naturaleza, como lo señala expresamente la Constitución Política en sus artículos 1°, inciso tercero, y 5°, inciso segundo. Por su parte, los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución, aseguran el respeto y protección a la vida privada de la persona y su familia, el primero, y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, el segundo, configurando en conjunto el ámbito de protección de la vida privada. El correlato de este estatuto nacional es posible identificarlo en las disposiciones del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4) Que, en este sentido, la vida privada es "aquella que se ejecuta a vista de pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna, particular y personal de cada individuo, que no es propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares" (Silva B., Alejandro, en "Tratado de Derecho Constitucional", Tomo XI, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, p.188). Asimismo, "el concepto de vida privada está directamente vinculado a la ‘intimidad’, a ese ámbito en que el ser humano y la gente de sus afectos conviven, conversan, se aman, planifican el presente y el futuro, comparten alegrías y tristezas, gozan del esparcimiento, incrementan sus virtudes y soportan o superan sus defectos, y fomentan sus potencialidades humanas para su progreso integral, todo ello sin la intervención o presencia de terceros" (Evans de la Cuadra, Enrique, en "Los Derechos Constitucionales", Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, p.212). De manera similar se sostiene que la vida privada es "el conjunto de los asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo" (Cea Egaña, José Luis, en Derecho Constitucional, Tomo II Derecho, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2004, p.178). En este sentido, resulta indudable que la garantía constitucional de la vida privada abarca también los correos electrónicos, a la luz de su carácter de medio de comunicación privado, según lo expuesto en éste y en los considerandos precedentes.
9) Que, lo anterior encuentra su fuente en las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. En efecto, a fin de ampliar la protección que proporcionaba el artículo 10 N°13 de la Constitución de 1925, la Constitución vigente se refiere a "comunicaciones privadas" a sugerencia del comisionado Guzmán, quien señaló que con el término correspondencia "generalmente se está apuntando solamente al correo en el sentido que le da el Diccionario y no a todo tipo de comunicaciones. Y, precisamente, derivando de esta búsqueda de lo genérico, desea sugerir a la Comisión si acaso el término más adecuado no fuera el de "comunicaciones privadas", porque comunicaciones cubre todo acto, no solo los que existen hoy, sino los que pueden existir mañana" (Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Sesión 129, 12 de junio de 1975, p.10). En igual sentido, el comisionado Silva Bascuñán señaló que la nueva redacción pretende cubrir "toda forma de comunicación intelectual y espiritual entre dos individuos proyectados el uno hacia el otro, por cualquier medio que esté dentro de las posibilidades técnicas del país y de la sociedad" (Ídem, p.4).
13) Que, el órgano requerido, para recabar la información solicitada deberá revisar las comunicaciones electrónicas solicitadas, lo que constituiría por sí sola una invasión inaceptable de la intimidad personal de los titulares de los correos electrónicos. Por ende, su publicidad es constitucionalmente admisible únicamente en los casos y formas que prescribe la ley. En efecto, el propio Tribunal Constitucional ha resuelto en sus sentencias Rol N°226-95 (considerando 47), Rol N°280-98 (considerando 29) y Rol N°1365-2009 (considerando 23) que la limitación de un derecho fundamental no puede ser tolerada si no está rodeada de suficiente determinación y especificidad como para garantizar una protección adecuada a la esencia del derecho y a su libre ejercicio, en este caso, el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
15) Que, por lo anterior, se configura respecto de los emails solicitados, la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, debiéndose, en consecuencia, rechazar el presente amparo.
16) Que, atendido lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciará respeto de las restantes causales de reserva invocadas por el CDE, por innecesario.
I. Rechazar el amparo deducido por don Javier Morales Valdés en contra de Consejo de Defensa del Estado, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales Valdés y al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado.
La presente decisión es acordada con el voto en contra de los Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre, quienes no comparte lo razonado en el presente acuerdo, estimando que el amparo debe ser acogido, en base a las siguientes consideraciones:
3) Que, en tal orden de ideas, si se estimara que los correos electrónicos institucionales enviados por servidores públicos respecto de materias propias del desempeño de sus funciones son comunicaciones de carácter privado, se crearía un canal secreto que transformaría en reservados documentos esencialmente públicos por el puro hecho de ser remitidos por esa vía. Así ocurriría, por ejemplo, con los documentos adjuntos a un e-mail o con las respuestas que los órganos de la Administración otorgan electrónicamente, como ocurre en la mayoría de las solicitudes presentadas conforme a la Ley de Transparencia. De esta manera, el secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente. Sólo así son posibles el control y la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión.
5) Que, la práctica señalada precedentemente no hace sino reconocer que estos correos constituyen una forma de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional en cada uno de esos casos, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública. A mayor abundamiento, las entidades públicas ponen servidores de correo electrónico a disposición de sus funcionarios y les entregan cuentas de correo sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas. Se trata de una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación establecidos en la ley orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado.
6) Que, en consecuencia, a juicio de estos disidentes, es pertinente la entrega de los correos electrónicos requeridos por el reclamante, que fueron generados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas, al no concurrir una causal de secreto o reserva a su respecto.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

References: artículo 19
 artículo 8
 artículo 21
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 61
 artículo 247
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 61
 artículo 19
 artículo 17
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 21