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Primera victoria de los afectados por la eliminación de la subsidiación de los préstamos hipotecarios
El TC admite el recurso de inconstitucionalidad, la Defensora del Pueblo insta a Ministerio y CCAA a rectificar y una sentencia en Alicante condena a la Administración
Martes 22 de octubre de 2013 · 292 lecturas ·
PLATAFORMA DE VALLADOLID DE AFECTADOS POR LA SUPRESIÓN DE LA SUBSIDIACIÓN DE LAS HIPOTECAS DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA ACOGIDAS A LOS PLANES DE VIVIENDA
Nota de prensa, 22-10-2013
El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad
Un tribunal de Alicante sentencia contra la Administración y la condena en costas e intereses por actuar de la mala fe
La Defensora del Pueblo emite una resolución instando al Ministerio y a las comunidades autónomas a reiniciar de oficio los expedientes reconociendo las ayudas
El motivo de la presente rueda de prensa es como consecuencia de la convocatoria a una asamblea informativa a todos los afectados por la pérdida de la subsidiación de las hipotecas de los préstamos convenidos de los planes de vivienda, por la compra de viviendas de protección pública.
La información a trasladar en el momento actual, a los afectados, es sobre el seguimiento y las consecuencias futuras de las distintas acciones que la Coordinadora nacional de plataformas en defensa del derecho a renovar la subsidiación de vivienda protegida, ha puesto en marcha, y que pueden tener transcendencia en el acontecer futuro de nuestras demandas, respecto, al informe del Defensor del Pueblo y a la tendencia que pueden marcar los distintos Juzgados de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
1.- Respecto al informe del Defensor del Pueblo, con registro de salida de 25 de septiembre de 2013, cabe destacar:
El Defensor del Pueblo muestra su discrepancia con relación a la interpretación del artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sobre todo en lo concerniente a que no se debe aplicar la supresión de las ayudas a los planes distintos al 2009-2012, dado que el legislador ciñe con toda claridad que la supresión de las ayudas debe ser como mucho a las del Plan 2009-2012. Considerando también el Defensor del Pueblo que esa interpretación extensiva no resulta la más adecuada en la perspectiva de garantía de los derechos de los ciudadanos beneficiarios de ayudas.
El informe del Defensor del Pueblo emite las siguientes recomendaciones:
Encomendar a las CCAA la revisión del criterio interpretativo de extender la supresión de las ayudas a planes distintos al 2009-2012.
Proceder al trámite de conformidad y abono de las ayudas reconocidas por la CCAA, hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2013.
Comunicar a las CCAA, que dictaron resoluciones denegatorias, la posibilidad de revisar de oficio dichas resoluciones en orden a garantizar los derechos de los ciudadanos en relación con los planes de vivienda anteriores al Plan 2009-2012.
2.- Respecto a la primera sentencia en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las conclusiones empiezan a ser demoledoras respecto a las actuaciones del Gobierno y de las distintas administraciones:
Cuando las subvención del préstamo es al abrigo de los planes anteriores al 2009-2012, la Jurisdicción contencioso-administrativo está entendiendo que la posición adoptada por las administración demanda, no es conforme a derecho, puesto que a través del artículo 35 del RDL 20/2012, se intenta extender una disposición restrictiva a supuestos no contemplados ni regulados en el mismo.
Otro principio que se argumenta es el que los afectados por la supresión de la subsidiación no se encuentran ante una expectativa de derecho, sino ante una situación jurídica ya reconocida.
Parece vislumbrarse que la Administración demandada podría vulnerar el principio de buena fe y confianza legítima, en los casos de aplicación a planes anteriores utilizando un artículo que afecta al Plan 2009-2012, vulnerando como consecuencia lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución Española.
Ya tenemos una sentencia firme, en el ámbito jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo, contra la que no cabe la interposición de recurso ordinario alguno, donde el fallo establece que se siga recibiendo la subsidiación y que se reintegren las cantidades que se están abonando por el incumplimiento de pago de la subvención de la cuota, con los intereses generados, con imposición de las costas a la administración demandada.
Es demoledor, y tenemos que recordarlo en este acto, que el significado de la condena en costas, es consecuencia de la actitud de la Administración demandada en haber sostenido su acción con mala fe o temeridad; tal y como se señala en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Por todo ello, es fácil concluir que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Castilla y León actúan a sabiendas que las medidas adoptadas en esta materia son injustas y anteponen los intereses económicos a los de derecho, justicia y seguridad jurídica, por lo que el gobierno gobierna en contra de los ciudadanos.
3.- La Coordinadora felicita a todos los afectados por la presentación el día 5 de septiembre, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, del recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013 (el “pastorazo vpo”). Este recurso es un gran paso para la recuperación del derecho a renovar la ayuda a la subsidiación VPO que el Ejecutivo de Rajoy ha retirado de forma retroactiva a más de 300.000 hogares españoles.
Resolución de la Defensora del Pueblo septiembre-octubre 2013 (PDF - 1.3 MB)

References: resolución 
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 9
 artículo 139

Resolución