Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520171.html
Timestamp: 2019-03-18 21:43:15+00:00

Document:
as201521171
Auto Supremo: 171/2015
Sucre: 11 de marzo Febrero 2015
Expediente: CB– 140 – 14 - S
Partes: Nancy Miriam Ortiz Grageda c/ Danny Margarita Ortiz Grageda
VISTOS: El recurso de casación de fs. 416 a 419 y vta., interpuesto por Nancy Miriam Ortiz Grageda, a través de su representante Walter Néstor Orellana Chavare contra el Auto de Vista Nº 103 de 29 de septiembre de 2014 de fs. 406 a 409 de obrados pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de Fraude Procesal seguido por Nancy Miriam Ortiz Grageda contra Danny Margarita Ortiz Grageda; la respuesta al recurso de fs. 424 a 428 y vta.; el Auto de concesión de fs. 430; los antecedentes del proceso, y:
Walter Néstor Orellana Chavare, en representación legal de Nancy Miriam Ortiz Grageda, por memorial de fs. 121 a 124 y vta., adjuntado las literales de fs. 1 a 120 interpone demanda en la vía ordinaria de Fraude Procesal contra Danny Margarita Ortiz Grageda, señalando que la hoy demandada habría interpuesto en contra de su poderdante demanda de Nulidad de Contrato de Anticresis, sustanciado en el Juzgado Tercero de Partido en los Civil, contrato que hubiera sido suscrito entre Lidia Grageda de Ortiz y Danny Margarita Ortiz Grageda (madre y hermana de la demandante), mediante el cual Lidia Grageda de Ortiz en su condición de propietaria del inmueble ubicado en la zona Sarco, calle Tocopilla Esq. Jesús Aguayo de la ciudad de Cochabamba habría otorgado en calidad de anticresis un departamento del citado inmueble en favor de Danny Margarita Ortiz,, por la suma de $us. 15.000, por un lapso de dos años. Una vez fallecida la madre de la contendiente; la anticresista instauro el proceso de nulidad del contrato de anticresis en mérito a que el mismo no había sido constituido mediante escritura pública conforme lo dispone la ley, habiéndose limitado las suscribientes a firmar un documento privado con reconocimiento de firmas, por ignorar las formalidades y no haber sido asesorados a tiempo de suscribir el documento. El mencionado proceso se llevó adelante en pleno desconocimiento de la demandada (Nancy Miriam Ortiz Grageda); quien habría sido citada mediante edictos de prensa.
Sustanciado el proceso ante el Juzgado Tercero de Partido en lo Civil, se declaró probada la demanda y consiguientemente nulo el contrato de anticresis, ordenando a la coheredera Nancy Miriam Ortiz Grageda restituir el 50% del capital de anticresis recibido por su causante; es decir la suma de $us. 7.500.
La demandante señala que el proceso de nulidad resulta ser defectuoso por haber sido tramitada en base a un documento fraguado por la supuesta anticresista, quien habría falsificado la firma y rubrica de Lidia Grageda de Ortiz en el documento de 05 de julio de 2001 y suplantado la identidad de la misma a tiempo de efectuar el reconocimiento de firmas ante el Notario de Fe Pública Dr. Hugo Melgar Álvarez, alega que dichas firmas no corresponderían al puño y letra de su madre y menos habría recibido el indicado dinero. Señala también que el proceso mencionado fue tramitado en absoluta indefensión de su mandante, vulnerando el Art. 119.II de la Constitución Política del Estado, misma que señala que “toda persona tiene derecho inviolable a la defensa”, habiendo ignorado el domicilio que tiene en Bolivia y el señalado en la República de Argentina, mismos que eran de conocimiento de la actora; sin embargo ella al firmar un acta de desconocimiento de domicilio, lo hizo con la finalidad de que Nancy Miriam Ortiz Grageda no pudiera asumir defensa en dicho proceso de nulidad.
Por lo que en aplicación de los principios de igualdad jurídica, derecho a la defensa en juicio y el debido proceso solicita se declare fraude procesal en el fondo y la forma, por manifiesta violación de disposiciones procedimentales previstas en nuestro ordenamiento jurídico.
Citada la demandada Danny Margarita Ortiz Grageda, contesta negando la demanda en todas sus partes, por contener sindicaciones falsas y temerarias, admite haber tramitado el proceso ordinario de nulidad del contrato de anticrético suscrito en fecha 05 de julio de 2001 y reconocido en sus de firmas y rúbricas en fecha 04 de diciembre de 2001, aclarando que la citación se la hizo mediante edictos de prensa; debido a que ella desconocía el domicilio real de su hermana en la República de Argentina, ya que nunca había visitado ese país. Al mismo tiempo opone excepción perentoria de falsedad e ilegalidad, pidiendo se declare improbada la demanda y probada la excepción, con expresa condenación de daños y perjuicios.
Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de la Capital, mediante Sentencia de 18 de febrero de 2014 cursante de fs. 372 a 375 y vta., declaró improbada la demanda y probada la excepción perentoria de falsedad de la demanda con costas, en merito a que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba impuesta por el Art. 1283.I del Código Civil y Art. 375.I del Código de Procedimiento Civil, más al contrario la parte demandada habría probado su excepción perentoria de falsedad de la demanda.
Contra esa Resolución de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de 29 de septiembre de 2014, cursante a fs. 406 a 409, anula el Auto de Concesión de Alzada de 02 de mayo de 2014 solo con referencia a los Autos Interlocutorios de 25 de enero de 2012 y 18 de junio de 2012, declarando ejecutoriados los mimos. Y por otro lado confirma la Sentencia apelada; en contra de esta última Resolución de segunda instancia, la demandante Nancy Miriam Ortiz Grageda a través de su apoderado Walter Néstor Orellana Chavare, recurre de casación.
Entre los agravios refiere:
El Auto de Vista, motivo del presente recurso habría realizado un análisis simplista y reducido respecto de los autos Interlocutorios de 25 de enero de 2012, incurriendo en interpretación errónea o aplicación indebida de los artículos 24 y 25 de la Ley 1760.
Con relación a la apelación de la Sentencia, manifiesta que el Auto de Vista contiene una síntesis bastante resumida e incompleta, interpretación errónea o aplicación indebida de los arts. 219 y 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil.
En merito a lo expuesto solicita a este Excmo. Tribunal Supremo de Justicia, se sirva pronunciar Auto Supremo casando y/o alternativamente anulando el ilegal Auto de Vista.
Conforme se ha planteado el recurso de casación, sin señalar si el mismo es de fondo o de forma, se debe destacar la diferencia existente entre ambos: El recurso de casación en el fondo se da por errores in judicando, en que hubieran incurrido los Tribunales de instancia al pronunciar sus Resoluciones, caso en el cual deben estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, mientras que el recurso de casación en la forma o nulidad por errores de procedimiento o in procedendo, está referido a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, para cuyo caso las causales están enumeradas en el artículo 254 de la citada norma.
Hecha esta aclaración, del análisis al recurso de casación formulado, se advierte la existencia de agravios solo en la forma, correspondiendo resolver el mismo en los siguientes términos:
Al primer agravio, el recurrente señala que el Auto de Vista objeto del presente recurso; siguiendo un orden cronológico ingresó a realizar un análisis simplista y reducido con relación al recurso de apelación del auto de 25 de enero de 2012, concedido en el efecto diferido por Juez de Primera Instancia, haciendo cita textual de lo establecido en el art. 25 de la Ley Nº 1760 con referencia a la reserva de fundamentación que debió hacer el apelante en forma conjunta con una eventual apelación de la Sentencia, al efecto el recurrente alega que su representada a tiempo de interponer el recurso de apelación en fecha 07 de marzo de 2014 ya habría realizado la debida fundamentación a tiempo de interponerla; considerando está errónea apreciación como arbitraria e ilegal, pues la fundamentación ya se la tenía formulada al momento de cuestionar el rechazo del memorial de “ofrecimiento y ratificación de prueba” de 20 de enero de 2012 y memorial de “ampliación de ofrecimiento de prueba” de la misma fecha, también rechazado.
Resoluciones que fueron objeto de recurso de reposición bajo alternativa de apelación, cursantes a fs. 213 a 214 y vta., de obrados, recursos que no hubieran sido considerados por el Tribunal de Alzada, habiendo sido rechazada una de ellas y la otra omitida y no considerado por el Ad quen, por lo que resultaría ilegal la ejecutoria de dichas Resolución sin que hubieran sido consideradas en el recurso de apelación, conculcando de esta forma: el derecho a la defensa de su mandante y el debido proceso e igualdad de las pates en juicio, principios consagrados por el art. 180 de la Constitución Política del Estado.
Analizados los antecedentes, se debe tener presente que el ofrecimiento de prueba por la parte actora, misma que fue rechazada en primera instancia y que fue objeto de los recursos ya mencionado supra, resultan ser irrelevantes para el caso de autos, ya que los mismos estaban orientados a demostrar la falsedad de la firma estampada en el contrato de anticresis de 05 de julio de 2001 y el formulario de reconocimiento de firmas de 04 de diciembre del mismo año, no siendo esta la finalidad del proceso ordinario de fraude procesal debido a la naturaleza que la caracteriza, por lo que resulta irrelevante la producción de esta prueba por la parte actora, por lo que al no enmarcarse el agravio al tema decidendum, el mismo resulta infundado.
Al segundo agravio, alega que la sentencia de 18 de febrero de 2014 contendría una síntesis bastante resumida e incompleta que no refleja la verdadera fundamentación de agravios sufridos por su mandante con la Resolución de primera instancia, vulnerando los arts. 219 y 227 del Código Civil y el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. Resolución que carecería de fundamentación legal, inexistencia de análisis crítico al fallo de primera instancia, habiendo omitido la exposición de motivos, razones, hechos y derecho que amerite la consideración de los agravio sufridos, siendo este un parámetro injusto e ilegal utilizado por el Tribunal de Alzada para no ingresar en un análisis de fondo del recurso planteado, incidiendo en el ofrecimiento de pruebas.
De los antecedentes se tiene que la parte actora en el presente proceso no habría probado su pretensión de fraude procesal, es decir qué; la demandante Danny Margarita Ortiz Grageda (hoy demandada) hubiera engañado la buena fe de las autoridades judiciales, logrando de esta forma una Sentencia favorable a ella en el proceso de nulidad de contrato de anticresis; siendo el fundamento principal de la acción de fraude procesal la citación a la demandada mediante edictos de prensa, por desconocimiento de domicilio de Nancy Miriam Ortiz Grageda (quien tendría residencia en la República de Argentina) y que de manera maliciosa la demandante hubiera prestado juramento de desconocimiento de domicilio a efecto de llevar adelante el proceso en contra de su hermana, con el objeto de evitar que ella asuma defensa, situación que no ha sido demostrada en el presente juicio, más al contrario la actual demandada demostró que nunca viajo a la Argentina, según certificación emitido por Migración, consiguientemente no podía tener conocimiento de la dirección exacta del domicilio real de Nancy Miriam Ortiz Grageda, procediendo a citarla conforme lo dispone el art. 124 del Código de Procedimiento Civil.
Cabe aclarar que el proceso de nulidad cuenta con la Sentencia de fecha 12 de abril de 2011, misma que declara probada la demanda de nulidad de contrato de anticresis, por consiguiente nulo el contrato de anticresis, Resolución que se encuentra ejecutoriada por auto de fecha 14 de junio 2011. No correspondiendo a este Tribunal cuestionar el desarrollo del fenecido proceso.
Debe tenerse presente que el fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio de éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, bien sean las partes propiamente dichas o el Órgano jurisdiccional, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de una de las partes o de tercero.
El fraude procesal, como causal de procedencia de la revisión extraordinaria de Sentencia, por mandato del art. 297 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, debe necesariamente ser demostrado en proceso ordinario, en el que no se discuten los derechos en controversia, ni las decisiones de las instancias jurisdiccionales, sino los hechos que dieron origen al fraude procesal que se acusa. En ningún caso este proceso ordinario constituye una instancia de revisión, es un nuevo proceso de conocimiento en el que deben probarse los hechos constitutivos del fraude procesal que el tratadista Jorge Peyrano refiere como: “…decimos que existe fraude procesal cuando media toda conducta, activa u omisiva, unilateral o concertada, proveniente de los litigantes, de terceros, del oficio o de sus auxiliares, que parece el apartamiento dañoso de un tramo del proceso o del proceso en todo los fines asignados, desviación que, por cualquier circunstancia y sin que medie culpa del afectado, no puede ser subsanada mediante los remedios legales instrumentados a otros efectos por el ordenamiento respectivo.”
En el caso analizado, la configuración del fraude, se pretende a base de supuestas falsificaciones de firmas (que no han sido parte del debate del proceso que pretende reclamar fraude); ya en el otro proceso lo único que se debatió y decidió fue la falta de forma en el contrato de anticresis; de manera que el razonamiento planteado por el recurrente no tiene sustento válido para considerar en el sentido propuesto, existiendo además confusión cuando presenta aspectos de falsedad en las firmas estampadas por su señora madre tanto en el documento de anticresis como en el reconocimiento de firmas, situación que debió ser discutida en otro proceso y no en esta vía ordinaria de fraude procesal, toda vez que la misma no constituye una instancia de revisión extraordinaria de sentencia como pretende la parte demandante, sino un proceso en el que debe acreditarse que el pronunciamiento de Resoluciones judiciales, los jueces y tribunales dictaron sus fallos inducidos por maquinación, engaños, proporcionados por quienes obtuvieron una Resolución favorable.
Por lo expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, y en aplicación a lo previsto en el art. 271 num. 2) y art. 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de interpuesto por Walter Néstor Orellana Chavare contra el Auto de Vista de 29 de septiembre de 2014, de fs. 406 a 409, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.
Se regula el honorario profesional en Bs. 1000.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 253
 artículo 254
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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