Source: http://lduende.com/amparos/amparo-penal-2.htm
Timestamp: 2017-09-20 03:46:04+00:00

Document:
C. JUEZ DE DISTRITO DEL XV CIRCUITO EN TURNO
CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE TIJUANA,
________________________________, en un Hotel de arraigo de esta ciudad Tijuana, Baja California, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones por derecho propio, el Despacho Jurídico ubicado en: BULEVAR __________, # 0000 en esta ciudad de Tijuana, Baja California, y autorizando en los términos del artículo 27 de la LEY DE AMPARO EN VIGOR a los CC. LICENCIADOS __________________________________, ante Usted con el debido respeto, comparezco y expongo:
Por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los artículos 1, 114, 116 y demás aplicables de la LEY DE AMPARO EN VIGOR, vengo a solicitar EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, con carácter URGENTE en contra de las autoridades que más adelante señalo, mismas que vulneran en perjuicio del hoy quejoso, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, que se reconocen en los artículos 4, 14, 16, 18, 19 y 20, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
I.- QUEJOSO. Se constituye quejoso el suscrito ______________________, con domicilio en el anteriormente señalado en el proemio de esta demanda.
III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Revisten ese carácter; COMO ORDENADORAS:
A).- C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, con domicilio en el Distrito Federal.
B).- C. SUBPROCURADOR DE INVESTIGACIONES ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con domicilio en el Distrito Federal.
C).- C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con domicilio en el Distrito Federal.
D).- C. TITULAR DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN, con domicilio en el Distrito Federal.
E).- C. DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES, con domicilio en el Distrito Federal.
F).- C. JEFE REGIONAL DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio ampliamente conocido en el edificio que ocupa, la SUBDELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con sede en esta ciudad de Tijuana, Baja California, y personal a su mando.
1.- De la autoridad señalada en el inciso a).- con el carácter de ordenadora, el C. JUEZ SEXTO DE DISTRITO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, con domicilio ampliamente conocido en Avenida Paseo de los Héroes No. 10540, Zona Río de esta ciudad de Tijuana, Baja California, en su carácter de ordenadora, reclamo la orden de aprehensión girada en mi contra, dentro de la Causa Penal misma que desconozco el número, a petición del C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA MESA V DE AVERIGUACIONES PREVIAS, adscrito a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República con sede en esta ciudad de Tijuana, Baja California, con relación al acta Averiguación Previa PGR-/BC/TIJ/000/00-x-000, consignada por este funcionario a aquel, y en la que se me tiene como presunto responsable del delito de DELINCUENCIA ORGANIZADA, previsto en el artículo segundo de la LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, ENTRE OTROS, mismos que no puedo especificar en razón de desconocer los pormenores del proceso penal antes citado y la pretendida ejecución de ese mandato por las demás autoridades que señaló como responsables.
De las autoridades restantes señalas como responsables Ejecutoras, es decir, el C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, con domicilio en el Distrito Federal, el C. SUBPROCURADOR DE INVESTIGACIONES ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con domicilio en el Distrito Federal, el C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con domicilio en el Distrito Federal, el C. TITULAR DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN, con domicilio en el Distrito Federal, el C. DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES, con domicilio en el Distrito Federal, el C. JEFE REGIONAL DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio ampliamente conocido en el edificio que ocupa, la SUBDELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con sede en esta ciudad de Tijuana, Baja California, y personal a su mando, les reclamo como autoridades ejecutoras, precisamente la ejecución y cumplimiento de la orden que se les dé por parte de la autoridad ordenadora, para que seguido a dicho mandato sea el quejoso traslado a otro lugar distinto de residencia de donde me encuentro privado de mi libertad personal en esta ciudad de Tijuana, Baja California.
2.- De la autoridad señalada con el carácter de ordenadora en el inciso A), le reclamo la inconstitucionalidad e ilegalidad de la ORDEN DE TRASLADO que pretenda girar una vez cumplimentada la orden de aprehensión o detención del suscrito, del lugar donde me encuentro privado de mi libertad en esta ciudad de Tijuana, Baja California, a cualquier otro lugar de retención o Centro Penitenciario de la República Mexicana, ya sea Federal o Estatal, o CASA DE ARRAIGO EN EL DISTRITO FEDERAL, fuera de procedimiento judicial, y que pretenden llevar a cabo en mi persona, sin haber cometido delito alguno que amerite pena corporal o administrativa para ser detenido.
Por último, reclamo la ejecución material de dicha orden de traslado, derivada de mi detención o privación de mi libertad personal, NO OBSTANTE DE TENER PLENO CONOCIMIENTO, TANTO EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CONSIGNADOR, COMO, LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA EN ESTE JUICIO DE GARANTÍAS, POR EXISTIR CONSTANCIAS DENTRO DE LA INDAGATORIA QUE ASÍ LO ACREDITAN FEHACIENTEMENTE, QUE EL QUEJOSO SUFRO DE UNA ENFERMEDAD CONOCIDA COMO DEFICIENCIA MENTAL CRÓNICA DEGENERATIVA QUE EN FASE TERMINAL E HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA DE LARGO TIEMPO DE EVOLUCIÓN que he sufrido y que sufro, aunado al tratamiento infame del que he sido objeto fuera de procedimiento judicial, DURANTE LOS OCHENTA DÍAS DE ARRAIGO IMPUESTOS INJUSTAMENTE, por los motivos que más adelante precisaré, máxime que HASTA EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, HE TENIDO LA ATENCIÓN MEDICA REQUERIDA, A COSTA DE MI FAMILIA, QUIEN HA CUBIERTO TODOS LOS GASTOS DE ASISTENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA, DERIVADA DEL TRATAMIENTO DE _______________ AL QUE ESTOY SUJETO DESDE HACE UN AÑO Y MEDIO APROXIMADAMENTE, LIMITÁNDOSE TAN SOLO LA AUTORIDAD CONSIGNADORA A TRASLADARME A DICHA CLÍNICA ESPECIALIZADA EN ANIMALES.
VI.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES DE VIOLACIÓN.-
Los artículos 4, 14, 16, 18, 19, 20 y 22 Constitucionales, preceptos que haré valer en los conceptos de violación que a continuación preciso.
PRIMERO.- Que el día 38 de mallo del año que transcurre, como a la 31:00 horas aproximadamente, fui privado ilegalmente de mi libertad personal, al efectuarse un operativo practicado por el Ejército Mexicano, cuando dichos elementos se presentaron en un Salón Social conocido como la Cueva del Negrote, con domicilio ampliamente conocido en el Bulevar Insurgentes de esta ciudad de Tijuana, Baja California, donde en este operativo; efectivos integrantes del Ejército Mexicano, irrumpieron en el salón de eventos aludido, no permitiendo acceso a persona alguna, ni mucho menos la salida de las personas concurrentes a este lugar, y como consecuencia de ello; fui puesto a disposición de la Representación Social Federal, dentro de la Averiguación Previa/PGR/000/00-000-00, en esta ciudad de Tijuana, Baja California.
SEGUNDO.- Es preciso manifestar a su Señoría que el suscrito quejoso padezco una enfermedad crónica degenerativa denominada INSUFICIENCIA MENTAL E HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA DE LARGO TIEMPO DE EVOLUCIÓN, razón por la cual me encuentro en tratamiento de SUSTITUCIÓN MENTAL REGULAR, es la razón por la cual, es de vital importancia mi atención inmediata, pues la falta de este tratamiento, PONE EN PELIGRO INMINENTE DE MUERTE AL SUSCRITO QUEJOSO.
TERCERO.- Tengo temor fundado que al cumplimentarse la orden de aprehensión decretada por la autoridad responsable, ésta ordene mi traslado a algún CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL ESTATAL DEL PAÍS, O ALGÚN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL O LA CASA DE ARRAIGO QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, desconociendo de antemano las circunstancias y motivos por lo cual se me pretende privar de mi libertad personal fuera de procedimiento legal, ya que, no he cometido delito alguno que merezca pena corporal o administrativa.
En estas condiciones, la orden dictada por la autoridad responsable ordenadora, y que pretenden ejecutar las restantes en la forma y términos planteados, SE ENCUENTRA FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO LEGAL, Y POR ENDE; ES INCONSTITUCIONAL.
PRIMERO.- Para que un acto se precie de ser Constitucional y legalmente realizado, deberá necesariamente adecuarse a las disposiciones legales que establece nuestra normatividad suprema, en el caso en particular, el acto que se reclama; vulnera en detrimento del quejoso la garantía de seguridad jurídica que a continuación se describe: En los términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, ya que todo acto de autoridad debe provenir de autoridad competente, estando ésta obligada a fundar y motivar la causa legal del procedimiento.
En el caso ahora sometido a su jurisdicción, considero que tanto la orden de aprehensión, como la orden de traslado no están fundadas y motivadas, aunado al hecho de que en el supuesto sin conceder, que éstas se llegasen a cumplimentar o llevar a cabo, sin duda son los JUZGADOS DE DISTRITO DEL XV CIRCUITO CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, los Tribunales competentes para conocer y resolver sobre la situación jurídica del impetrante de garantías, derivado de los hechos delictuosos que injustamente se me imputan dentro de la Averiguación Previa/PGR/000/00-0000, misma que conoce el C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA MESA V DE AVERIGUACIONES PREVIAS, con domicilio ampliamente conocido en el edificio que ocupa, la SUBDELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con sede en esta ciudad de Tijuana, Baja California, toda vez que, por órdenes de su superior jerárquico a dicho de éste, lo comisionó para integrar la indagatoria aludida.
Analizado lo anterior, una vez que se lleve a cabo la consignación de la averiguación mencionada, sin duda la competencia para resolver la situación jurídica de indiciado, hoy quejoso, lo es un H. JUEZ DEL XV CIRCUITO CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, puesto que los presuntos hechos delictuosos que se me imputan fueron supuestamente cometidos en esta jurisdicción, sin dejar pasar desapercibido para este Juez de garantías, las CONDICIONES FÍSICAS Y DE SALUD QUE SUFRO EL SUSCRITO DEBIDO A MIS ENFERMEDADES QUE PADEZCO DESGRACIADAMENTE EN FASE TERMINAL, violentando las prerrogativas Constitucionales contenidas en el Párrafo Tercero del artículo 4 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, mismo que a su letra reza, transcribiendo en este acto la parte que nos interesa:
Del análisis del referido artículo tenemos que una de las garantías fundamentales es la procuración de la salud y el bienestar de los derechos humanos, situación que en la especie, una vez consumados los actos reclamados, provocaría al impetrante de garantías daños en la salud de difícil reparación e inclusive la muerte, sin resultar óbice hacer notar que tal y como se desprende del DICTAMEN EN MATERIA DE INTEGRIDAD FÍSICA SUSCRITO POR LA PERITO MEDICO OFICIAL ADSCRITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DELEGACIÓN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA, DR. _______________________, mediante el cual recomienda: NO REALIZAR CAMBIOS DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA, lo anterior para evitar complicaciones del padecimiento al que se refiere en el dictamen de estudio y que corrobora el dicho del suscrito, con relación a las múltiples enfermedades que padezco, mismas que con mayores elementos de convicción se podrá corroborar aún más en la etapa procesal oportuna.
De tal manera que, aunado lo anteriormente descrito; la orden de traslado de la autoridad señalada como responsable, es ilegal, pues no está fundada y motivada, y por tanto viola derechos fundamentales del gobernado; además la orden de traslado reclamada impide y obstaculiza el derecho a la prueba, en sus diversas fases como lo son el ofrecimiento, la admisión, preparación y desahogo toda vez que, los medios de prueba que pudiere ofrecer como defensa, se encuentran en el Estado de Baja California, lugar en donde se encuentra mi domicilio, familia, papeles y posesiones, por tanto la orden de traslado a diversa entidad federativa, perjudica una de las formalidades esenciales del procedimiento que consiste precisamente en el derecho a la prueba.
Por otra parte la orden de traslado que se reclama viola el derecho fundamental del gobernado en el artículo 18 de nuestra CARTA MAGNA, en virtud de que trastoca el derecho fundamental contenido en el último párrafo de dicho precepto en el que se establece que la reclusión deberá ser en el lugar más cercano del suscrito, a fin de proporcionar en su caso la reintegración a la comunidad, lo anterior sin que signifique por parte del hoy quejoso el reconocimiento de alguna probable responsabilidad que se me atribuye; además la orden de traslado que se reclama, vulnera el derecho a una defensa adecuada ya que es este lugar en donde mi defensor reside y el trasladarse a cualquier otra entidad federativa, ocasionaría fuertes molestias así como gastos y pérdida de tiempo, causando un perjuicio directo en mi salud y en el patrimonio, ya bastante lacerado de mi familia, derivado de la enfermedad que hice de su conocimiento en párrafos anteriores.
De igual forma los actos reclamados carecen de la debida fundamentación y motivación, que todo acto de autoridad debe de contener, ya que las autoridades responsables no citan los preceptos legales en los que se establezcan las facultades o atribuciones que tengan para ordenar los actos reclamados ni exponen las consideraciones, argumentos, razones o interpretaciones que permitan concluir que los actos reclamados no riñen con disposiciones constitucionales, lo que provocarían un completo estado de indefensión al suscrito y se traducen en la falta de seguridad y certeza jurídica para mi calidad de gobernado, hoy quejoso.
Por último, las autoridades responsables al emitir el acto reclamado, no han concedido al suscrito la garantía de audiencia y legalidad, puesto que no se notificó la iniciación de algún procedimiento o incidente tramitado, a fin de lograr el traslado del quejoso, por lo que se impide que haga valer mi derecho, a ofrecer pruebas al respecto a fin de que se emita una resolución fundada y motivada, y finalmente que pueda estar en posibilidad de recurrir dicha resolución en el ejercicio del derecho que me concede el artículo 104 Constitucional, aunado que no se ha obtenido el consentimiento por parte del quejoso en relación al traslado ordenado.
Por lo que hace a la ejecución de los actos reclamados, debo decir que al resultar inconstitucional la orden de traslado reclamada, como consecuencia resulta violatoria de garantías la ejecución de tal orden, ya que las autoridades solo pueden hacer lo que constitucionalmente les está permitido por lo que resulta cuestionable que deban cumplir una orden inconstitucional.
En virtud de lo anterior concluyo que los actos reclamados violan derechos fundamentales del ahora quejoso, y por tanto, se me debe conceder el amparo y protección de la justicia federal que demando.
SEGUNDO.- En perjuicio del suscrito quejoso, se pretende violar lo establecido en el artículo 14 Constitucional, puesto que no se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento para que el suscrito deba de comparecer a declarar ante las autoridades responsables, y además que en ningún momento he cometido delito alguno que amerite la intervención judicial correspondiente y en consecuencia sea privado de mi libertad.
Por su parte el artículo 29 Constitucional, establece los casos y condiciones en que válidamente podrán suspenderse las garantías a los gobernados. Pues bien, no obstante que tales casos y circunstancias de suspensión no se han dado, pues hasta donde el suscrito sabe, no estoy en un caso de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro conflicto que ponga a la sociedad en grave peligro. De tal forma que como consecuencia de ello, se hayan suspendido nuestras garantías individuales, aun así las autoridades responsables intentan violarlas, mediante los actos reclamados antes expresados. Lo cual se traduce en una violación al artículo primero constitucional y por ende procede otorgarme EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITO.
Vistos los razonamientos anteriores, es evidente que todas las autoridades responsables provocan la violación de las garantías consagradas en los artículos 4, 14, 16 y 18 de la CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, en virtud de que fuera de todo procedimiento judicial, están tratando de molestarme en mi persona, sin existir orden de autoridad competente debidamente fundada y motivada para que se prive de mi libertad personal y aún así, las demás autoridades señaladas como responsables tratan de ejecutar dichas órdenes.
Por último, es preciso hacer del conocimiento a Usted C. Juez de Distrito, el hecho de que existe de parte del suscrito quejoso, temor fundado de que en caso de ser trasladado y abordar algún avión, corro el riesgo y peligro inminente de muerte, en razón de que el médico tratante de mi enfermedad y que ¨MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD¨, me ha prohibido terminantemente que me exponga a NIVELES DE ALTURA COMO LOS QUE EXISTEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., apercibimiento médico que se me ha hecho en reiteradas ocasiones, y que RATIFICÓ LA PERITO MÉDICO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, derivado de la enfermedad crónica degenerativa que padezco denominada: INSUFICIENCIA MENTAL E HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA DE LARGO TIEMPO DE EVOLUCIÓN, razón por la cual, como ya lo manifesté en párrafos anteriores, me encuentro en tratamiento de SUSTITUCIÓN MENTAL REGULAR, misma que estoy recibiendo hasta la fecha de manera idónea de acuerdo a la prescripción médica de mi Locologo, razón por la cual, es de vital importancia no se interrumpan mis sesiones de _______________, pues la falta de este tratamiento, y el posible traslado a otra ciudad, agravaría mi situación, ocasionándome daños en la salud de imposible reparación e inclusive la MUERTE, razón por la cual ocurro urgentemente ante esta H. Autoridad a solicitar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124, 130, 131, 136, 142 y demás relativos aplicables de la LEY DE AMPARO EN VIGOR, solicito a su Señoría me sea concedida de inmediato la suspensión provisional de los actos reclamados y en su oportunidad la definitiva, a efecto de que el suscrito no sea trasladado a otro lugar fuera de esta ciudad de Tijuana, Baja California, para comparecer ante cualesquiera de las Autoridades señaladas como Responsables, toda vez que, como he expresado, no he cometido delito alguno que amerite la privación de mi libertad puesto que sufriría daños y perjuicios de imposible reparación; así como ALTERACIONES EN LA SALUD, QUE ME PONEN EN PELIGRO INMINENTE DE MUERTE DEBIDO A LAS COMPLICACIONES QUE ME PROVOCARÍAN CON MI TRASLADO A OTRA ENTIDAD, DEBIDO A LAS MÚLTIPLES ENFERMEDADES QUE PADEZCO, así también para efecto que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecuten dichos actos reclamados, es decir, que no me trasladen de mi lugar de detención, a cualquier otro lugar de retención o Centro Penitenciario de la República Mexicana, ya sea Federal o Estatal, o CASA DE ARRAIGO EN EL DISTRITO FEDERAL, fuera de procedimiento judicial.
Para acreditar la urgencia de la suspensión solicitada, en virtud de ser de vital importancia el otorgamiento de la misma, nótese que en los autos de la indagatoria que dio origen a los actos de autoridad que se reclaman mediante esta demanda de garantías, existen constancias del DIVERSO JUICIO DE AMPARO 000/000-000, RADICADO EN EL H. JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DEL XV CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE TIJUANA, constancias que solicito sean examinadas dada la imperiosa necesidad de la medida urgente solicitada, surtiendo por ende sus consecuencias jurídicas inherentes, sin prejuicio que en la etapa procesal correspondiente exhiba copia certificada de la totalidad de las constancias del juicio de garantías en mención.
Por último, autorizo desde este momento a los CC. _____________________________, para que en mi nombre y representación recojan la suspensión provisional y en su oportunidad la suspensión definitiva que se solicita.
SUSPENSIÓN, INCIDENTE DE. PROCEDE CONTRA EL TRASLADO DE REOS. El Juez de Distrito no estuvo en lo correcto al haber negado la suspensión definitiva de los actos reclamados, ya que al consistir éstos en el traslado del reo de una ciudad a otra, debió de considerarse que se encuentra dentro de los supuestos establecidos por el artículo 136 de la Ley de Amparo, es decir, el de estimar que la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, por lo que hace a la continuación del proceso penal, debiendo suspenderse el traslado del quejoso al lugar donde se le está instruyendo el proceso, mientras se resuelve el fondo del amparo.
VIII.1o.16 P
Amparo en revisión 570/96. Iván Rodolfo Reyes Barrón. 16 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arredondo Elías, secretario en funciones de Magistrado. Secretario: Francisco J. Rocca Valdez.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo V, Enero de 1997. Pág. 557. Tesis Aislada.
SEGUNDO.- Tenga a bien concederme la suspensión provisional en la forma solicitada y en su oportunidad la suspensión definitiva, y se me expida copia certificada de dichas suspensiones, autorizando para que las reciban en mi nombre y representación a los CC. ____________________________________________
Tijuana, Baja California, a su fecha de presentación

References: artículo 27
 artículo 4
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 artículo 104
 artículo 14
 artículo 29
 artículo 136