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Timestamp: 2019-04-24 18:03:57+00:00

Document:
201203-Sala Penal Segunda-2-045
AUTO SUPREMO Nº 045/2012-RRC
Sucre, 22 de marzo de 2012
Expediente : Beni 1/2012
Parte acusadora : Pedro Ledezma Quiroga en representación de
Henry Muller Heredia
Parte imputada : Raúl Gerardo Guardia Fariña
Delitos : Difamación, Propalación de Ofensas e Injuria
Por memorial cursante a fs. 78 y vta. de obrados, Gerardo Guardia Fariñas, interpuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 39/2011 de 10 de octubre, (fs. 72 a 73 vta.) pronunciado por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, dentro del proceso penal seguido por Pedro Ledezma Quiroga en representación de Henry Muller Heredia contra el recurrente por los delitos de Difamación, Propalación de Ofensas e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 285 y 287 del Código Penal (CP).
a) Con base a la acusación particular de fs. 3, presentada por Pedro Ledezma Quiroga en representación de Henry Muller Heredia y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 002/2009 de 12 de septiembre, de fs. 55 a 56 vta., la Jueza de Sentencia de Riberalta del Distrito Judicial de Beni, declaró la absolución del imputado Gerardo Guardia Fariñas, por los delitos de Difamación, Propalación de Ofensas e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 285 y 287 del CP.
b) Por memorial de fs. 58 a 59, el acusador particular formuló recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 39/2011 de 10 de octubre (fs. 72 a 73 vta.) que determinó la anulación total de la Sentencia, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial a fs. 78 y vta., se extraen los siguientes motivos del recurso de casación:
El Auto de Vista impugnado, aplicó erróneamente el art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al anular totalmente la Sentencia 002/2009 de 12 de septiembre, disponiendo la reposición de juicio, ya que al existir un simple error de forma y no de fondo, se debió reponer la Sentencia por un nuevo juez y no ordenarse la realización de un nuevo juicio, prohibido taxativamente por el art. 4 del citado cuerpo legal y el art. 118.II de la Constitución Política del Estado (CPE), más cuando fue absuelto de pena y culpa.
Si bien es cierto que existió un error de forma en la Sentencia por incumplimiento del art. 361 del "Procesal Civil" (sic), el fundamento es contradictorio al Auto Supremo 254 de 22 de julio de 2005, del cual se establece que la anulación de la Sentencia en su totalidad corresponde cuando existen vicios en el fondo de la Sentencia durante la tramitación del juicio con referencia a las pruebas presentadas y no por error de forma.
También invocó el Auto Supremo 356 de 16 de septiembre de 2005, enfatizando que en el Auto de Vista impugnado se asumió que la jueza de la causa cumplió el procedimiento hasta el momento de dictarse la parte resolutiva de la Sentencia.
El recurrente impetró se revoque el Auto de Vista impugnado y en definitiva se confirme la Sentencia 002/2009 de 12 de septiembre.
Mediante Auto Supremo 033/2012-RA de 6 de marzo, cursante de fs. 93 a 94 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto, ante el cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP y ante la posibilidad de que la decisión asumida por el tribunal de apelación se habría fundado en un entendimiento superado y modulado por el Alto Tribunal de justicia del país.
II.1 En mérito a la acusación particular de Pedro Ledezma Quiroga en representación de Raúl Gerardo Guardia Fariñas (fs. 3 y vta.), se sustanció la audiencia de juicio contra el recurrente por los delitos de Difamación, Propalación de Ofensas e Injuria, que se inició el 8 de septiembre de 2009, a partir de horas 09:30 y concluyó con el pronunciamiento de la parte resolutiva de la Sentencia, el mismo día a horas 17:55, convocándose a audiencia de lectura de sentencia para el 12 de septiembre de 2009, a horas 11:00, conforme consta en el acta de fs. 51 a 54 vta.
II.2 El 12 de septiembre de 2009 (fs. 57), a partir de horas 11:00, se procedió a la lectura íntegra de la Sentencia, que declaró al recurrente absuelto por los delitos acusados, conforme el art. 363 incs. 1) y 3) del CPP, al concluirse que el desfile probatorio no demostró el hecho de que el imputado haya enmarcado su conducta a los tipos penales atribuidos.
II.3 Por memorial presentado el 26 de septiembre de 2009 (fs. 58 a 59), el acusador particular interpuso recurso de apelación restringida, argumentando la contravención del art. 361.II del CPP, al haberse señalado audiencia para lectura de Sentencia fuera del plazo previsto por ley; además, de denunciarse de acuerdo a las previsiones del art. 370 inc. 5) del CPP la inexistencia de debida fundamentación en la Sentencia debido al análisis incompleto de las declaraciones de los testigos.
II.4 Por Auto de Vista 39/2011 de 10 de octubre (fs. 72 a 73 vta.), la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, determinó la anulación total de la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio con el argumento de haberse vulnerado el debido proceso en su componente al principio de continuidad y en observancia del entendimiento asumido en el Auto Supremo 131, debido a la lectura íntegra de la sentencia fuera del plazo máximo previsto por ley, al verificar que el 8 de septiembre de 2009, se procedió a la lectura de la parte resolutiva de la Sentencia, pero se señaló audiencia para su lectura íntegra cuatro días después, es decir, el 12 de septiembre del citado año.
II.5 Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2011 (fs. 78), el imputado interpuso el presente recurso de casación.
III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRATACION CON
PRECEDENTES INVOCADOS EN EL RECURSO
Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión del presente recurso, se ingresa a resolver la problemática planteada en los siguientes términos:
III.1 Contraste entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados.
En el caso presente, el recurrente sostiene en su recurso de casación, que el Auto de Vista contradice dos Resoluciones judiciales emitidas por el Tribunal Supremo del país, correspondiendo en primer término verificar si existe o no contradicción entre sus fundamentos con los expuestos en el Auto de Vista impugnado.
En ese sentido, se tiene del análisis exhaustivo del Auto Supremo 254 de 22 de julio de 2005, que esta Resolución se refiere a aspectos distintos a aquellos que motivan el presente recurso, pues resuelve una problemática emergente de la comisión del delito de despojo, en la cual el Tribunal Supremo estableció que al Tribunal de apelación no le está permitido revalorizar pruebas o revisar cuestiones de hecho; y, de manera específica, precisó que tratándose del delito de despojo no resulta imprescindible ostentar un derecho propietario para reclamar una perturbación. Esto significa, que la situación fáctica no es similar a la que motiva el presente proceso relativo a delitos contra el honor, por lo que a juicio de este Tribunal no existe contradicción entre el Auto Supremo invocado como precedente contradictorio y el Auto de Vista ahora impugnado.
Similar entendimiento debe ser asumido con relación al Auto Supremo 356 de 16 de septiembre de 2005, también invocado por el recurrente como precedente contradictorio, pues esta Resolución se refiere a situaciones procesales distintas a aquella que motivó que la Sala Penal del Tribunal Departamental del Beni, adopte la determinación de anular la Sentencia y la consecuente reposición del juicio, pues en el precedente se asumió que la omisión de resolución en cuanto a las excepciones de falta de acción e incidente de falta de personería, cuando el querellante en los hechos estaba ejerciendo su derecho, no afectaba el espíritu del art. 308 del CPP, por lo que resultaba incongruente forzar un derecho protegido constitucionalmente, como defecto absoluto para vulnerar el debido proceso, sabiendo que con esa actividad jurisdiccional se estaba evadiendo asuntos pendientes de resolución contenidos en los recursos de apelación interpuestos; es decir, se trata de una situación totalmente distinta a la que motiva el presente recurso de casación, en la que se anuló la Sentencia por el incumplimiento del plazo previsto por el art. 361 del CPP.
III.2. Entendimiento jurisprudencial respecto a la inobservancia
del plazo previsto por el art. 361 del CPP
No obstante lo expresado precedentemente y considerando que el Tribunal de apelación tomó la decisión de anular totalmente la Sentencia que fuera impugnada por el acusador particular a través de la apelación restringida y dispuso la reposición del juicio debido a la lectura íntegra de la Sentencia fuera del plazo previsto por el art. 361 del CPP, corresponde verificar si la decisión asumida se halla en correspondencia con la doctrina asumida por este Tribunal; teniendo en cuenta que, conforme se destacara en el Auto de Admisión del presente recurso, el Tribunal Supremo de Justicia tiene la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la seguridad que la norma procesal y material, será efectivamente aplicada por igual.
Al respecto, el art. 361 del CPP dispone que: "Por la complejidad del proceso o lo avanzado de la hora podrá diferirse la redacción de los fundamentos de la sentencia y se leerá sólo la parte resolutiva, señalando día y hora de audiencia para su lectura integral, la que se realizará en el plazo máximo de tres días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva",
Ahora bien, con relación a las consecuencias emergentes del incumplimiento del plazo determinado por la citada disposición legal, efectivamente el Auto Supremo 131 de 13 de mayo de 2005, que fuera citado en el Auto de Vista impugnado, estableció como doctrina que: "El incumplimiento de este plazo es causal de pérdida de competencia, porque vulnera el debido proceso, aspecto que tiene mayor relevancia tratándose de la responsabilidad del director del proceso que es el Juez o Tribunal de sentencia. La vulneración del debido proceso por incumplimiento del plazo, la redacción y lectura de la sentencia constituye defecto absoluto no siendo susceptible de enmienda conforme prescriben los artículos 1, 130, 169 inciso 3 y 370 inciso 10 del Código de Procedimiento Penal concordante con el artículo 16-IV de la Constitución Política del Estado".
Sin embargo, debe reconocerse que la jurisprudencia no es estática, motivo por el cual ella va variando de acuerdo a los avances del derecho y puede ser cambiada con relación a las circunstancias en que se desarrollan los hechos, tal como lo establece el párrafo segundo del art. 420 del CPP al disponer que: "La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación".
En ese sentido, el Auto Supremo 13 de 27 de enero de 2007, ante el hecho de que el Tribunal de alzada anuló obrados ante la inobservancia del art. 361 del CPP, estableció como doctrina legal aplicable que de acuerdo a la filosofía del Código de Procedimiento Penal y la línea doctrinal sentada por este Tribunal de Justicia, el Tribunal de apelación debe tomar en cuenta que la anulación del juicio solo se justifica si los vicios de la sentencia o la violación a la garantía del debido proceso es de tal magnitud que permita en el juicio de reenvió la posibilidad de un cambio radical en la sentencia, no existiendo doble instancia en el actual sistema procesal por lo que la Corte de alzada se encuentra obligada a ajustar su actividad jurisdiccional ya sea anulando total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal o dictar nueva resolución, emisión que la realizará sin llegar a revalorizar la prueba introducida a juicio.
Posteriormente, el Auto Supremo 259 de 06 de mayo de 2011, estableció que los Autos Supremos citados en calidad de precedentes contradictorios por la recurrente en el recurso de casación que fuera motivo de análisis, en referencia a los Autos Supremos 110 de 31 de marzo de 2005, 240 de 12 de marzo de 2009, 616 de 24 de noviembre de 2007 y 259 de 6 de mayo de 2011, han superado y modulado la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo 131 de 13 de mayo de 2005, bajo el fundamento que, en materia penal, el incumplimiento de plazos no acarrea la pérdida de competencia, menos la nulidad de lo actuado, sino la retardación de justicia que amerita la responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios públicos negligentes.
III.3 Razonamientos sobre los fundamentos del recurso
En el presente caso se verifica de los antecedentes procesales, que con base a la acusación particular presentada por Pedro Ledezma Quiroga en representación de Henry Müller Heredia contra el recurrente Gerardo Guardia, se sustanció la audiencia de juicio por los delitos contra el honor, tipificados en los arts. 282, 285 y 287 del CP, acto en el cual se cumplieron las distintas actuaciones previstas y reguladas en el Código de Procedimiento Penal, hasta que en la sesión de 8 de septiembre de 2009, la Jueza de Sentencia de Riberalta, procedió a decretar un cuarto intermedio para luego dar a conocer la parte resolutiva de la Sentencia absolviendo de culpa y pena al imputado por los delitos que fueran acusados; además, señaló audiencia de lectura de Sentencia para el 12 de septiembre de 2009 a horas 11:00, cumpliéndose dicha actuación. Es así que, el acusador particular interpuso recurso de apelación restringida fundando su pretensión en dos motivos: a) la contravención al art. 361.II del CPP, al haberse procedido a dar lectura íntegra de la Sentencia después de los tres días señalados por la referida norma procesal; y, b) falta de debida fundamentación en la sentencia.
Este recurso de apelación restringida fue resuelto por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, que anuló totalmente la Sentencia y dispuso la reposición del juicio por el juzgado llamado por ley, al no ser posible, conforme destaca ese tribunal, reparar en esa instancia la inobservancia de la ley; esta determinación, se basó en el hecho de que la jueza de instancia habría incurrido en un procedimiento erróneo por incumplimiento del plazo previsto por el art. 361 de la CPP, violentando al debido proceso en su componente el principio de continuidad, destacando que ese entendimiento fue utilizado por el propio Tribunal Supremo de Justicia a través del AS Nº 131, por lo que se estaba ante un vicio insubsanable.
Esto determina, que el Auto de Vista recurrido se sustentó en una jurisprudencia desactualizada, al considerar que la demora en la lectura de Sentencia después de los tres días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva, conforme establece el art. 361 del CPP, conlleva la nulidad de dicha Sentencia y la reposición del Juicio Oral; cuando el incumplimiento de dicho plazo, conforme determinó posteriormente el máximo Tribunal de Justicia del país, no acarrea la pérdida de competencia menos la nulidad de lo actuado.
III.4 Doctrina legal aplicable
En observancia a los derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, reconocidos por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, los Jueces y Tribunales de Justicia están obligados a sustanciar y resolver los procesos en los plazos establecidos por Ley; de manera específica, los Jueces y Tribunales de Sentencia, competentes para conocer la etapa del juicio dentro del proceso penal, una vez agotadas las distintas actuaciones propias del acto del juicio, procederán conforme al art. 361 del CPP, a dar lectura sólo de la parte resolutiva de la Sentencia en los supuestos de complejidad del proceso o lo avanzado de la hora, difiriendo la redacción y lectura íntegra de la Sentencia, señalando audiencia al efecto a realizarse en el plazo máximo de tres días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva; empero, el incumplimiento de este plazo no acarrea la pérdida de competencia menos la nulidad de lo actuado, sino da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente conforme determina el art. 135 del CPP; entendimiento que, se funda en el interés de las partes procesales, al no resultar justo erogarles mayores perjuicios cuando la negligencia es responsabilidad del órgano jurisdiccional.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 039/2011 de 10 de octubre, cursante de fs. 72 a 73 vta. de obrados y determina que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito Judicial de Beni, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable. Para fines del art. 420 del CPP; remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del País, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer a los Jueces Penales la presente Resolución.

References: Resolución 
 Resolución 
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 resolución 
 artículo 16
 resolución