Source: http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-V/hector_veliz_ramirez.htm
Timestamp: 2017-12-16 18:44:31+00:00

Document:
HECTOR VELIZ RAMIREZ
Rut : 3.330.564-8
F.Nacim. : 20-01-33; 43 años a la fecha de su detención
Domicilio : Alonso de Ercilla N°1189, Población Martin Luther King, Renca, Santiago
C.Repres. : Ex Dirigente de la Central Unica del Trabajo, CUT; Ex Presidente de la Seccional Renca del Partido Comunista; Ex Candidato a Regidor por el Partido Comunista en la comuna de Renca.
Héctor Véliz Ramírez, 43 años, casado, cuatro hijos, obrero, ex dirigente de la CUT y militante comunista, detenido el 15 de diciembre de 1976, en la vía pública.
Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976, fueron detenidas trece personas, que permanecen en calidad de desaparecidas hasta la fecha: once de ellas pertenecientes al Partido Comunista -algunos miembros de su Comité Central- y dos al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Los procedimientos que se utilizaron para detenerlos guardan semejanzas entre sí, particularmente en el hecho de que sus arrestos se realizaron en la vía pública, salvo en un caso, y que el grueso de las detenciones se verificaron el día 15 de diciembre de 1976, secuestrándose en ese sólo día a siete personas. La otra nota común en sus situaciones, fue la información que proporcionó oficialmente el gobierno militar, en el sentido que prácticamente todos registraban salida de Chile a Argentina, entre fines de diciembre de 1976 o a principios de enero de 1977, lo que posteriormente se estableció judicialmente que era falso.
Las personas desaparecidas son: Santiago Edmundo Araya Cabrera, militante del MIR, detenido el 29 de noviembre de 1976; Armando Portilla, militante del Partido Comunista, detenido el 9 de Diciembre de 1976; Fernando Alfredo Navarro Allende, detenido el 13 de diciembre de 1976; Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Juan Fernando Ortiz Letelier, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, Waldo Ulises Pizarro Molina y Héctor Véliz Ramírez, todos ellos militantes comunistas, detenidos el 15 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz, militante del Partido Comunista y Carlos Patricio Durán González, militante del MIR, ambos detenidos el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, comunista, detenido el 20 de diciembre de 1976.
Héctor Véliz Ramírez, salió de su hogar el 15 de diciembre de 1976, a las 09:00 horas, para buscar trabajo, oportunidad desde la que nunca más se le volvió a ver, pese a todas las gestiones que sus familiares realizaron ante comisarías de Carabineros, hospitales, postas, Instituto Médico Legal, etc. Cabe hacer presente que después del Golpe Militar, entre los años 1974 y 1975, estuvo siendo buscado intensamente por personas que vestían de civil y que se identificaban como pertenecientes a Carabineros y al Ejército.
Con posterioridad al desaparecimiento del afectado, en la prensa se recogió la noticia que señalaba, según el Ministerio del Interior de Argentina, que cuatro chilenos: Héctor Véliz, Luis Lazo, Horacio Cepeda y Edras Pinto, habrían ingresado a territorio argentino el 6 de enero de 1977, en un vehículo con patente chilena HG-19.
La referida comunicación no se compadecía al menos con lo informado a los Tribunales en el caso de Héctor Véliz, pues a su respecto siempre se informó que no registraba salida del país. Por otra parte, en relación a Luis Lazo, Horacio Cepeda y Edras Pinto, que también se encontraban desaparecidos desde diciembre de 1976, el gobierno chileno sí había informado que salieron del país con destino a la Argentina el 6 de enero de 1977, pero que lo hicieron a través de otros medios, y en ningún caso en un vehículo con patente chilena HG-19, como refería la noticia de prensa (ver los casos de estas tres personas).
Esa misma información resultó aún más contradictoria, por cuanto se logró determinar judicialmente que la patente HG-19 nunca fue vendida por la Municipalidad de Santiago a la que había sido asignada, patente que por lo mismo fue anulada.
El 22 de diciembre de 1976, doña Abelina Marihuán Quinchavil, recurrió de amparo en favor de su cónyuge Héctor Véliz ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que roló bajo el N°1088-76, y en el que señaló que éste salió de su hogar el 15 de diciembre de 1976 a las 09:00 horas, y que desde esa fecha nada más se supo de su persona. En dicho recurso, aparte de solicitar que se requiriera informe al Ministerio del Interior, también lo hizo respecto de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Recién transcurridos más de 20 días de pedido el respectivo informe al Ministerio del Interior, se certificó en el recurso la respuesta de dicha Secretaría de Estado, la que señalaba que: "no se encuentra detenido por orden de ese Ministerio". La Corte, el 18 de enero de 1977, rechazó el amparo, y ordenó remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen para que investigara la posible comisión de un hecho punible con motivo del desaparecimiento del amparado. La Corte Suprema, conociendo de la apelación de la resolución que rechazó el amparo, confirmó ese fallo el 25 de enero de 1977.
Otra gestión judicial que realizó la cónyuge de Héctor Véliz, consistió en pedir a la Corte Suprema, en enero de 1977 -junto a los familiares de los otros 12 detenidos desaparecidos de fines del año de 1976, más arriba nombrados- la designación de un Ministro en Visita Extraordinaria para que conociera los casos de desaparecimiento de estos trece detenidos, en razón de la evidente conexión que había entre sus casos.
La Corte Suprema accedió a aquella designación lo que motivó la apertura del proceso criminal rol 2-77, que estuvo a cargo de un Ministro en Visita Extraordinaria investigación en la cual, en definitiva, sólo quedaron comprendidos diez de los casos con exclusión del de Héctor Véliz, Carlos Durán González y Fernando Navarro Allende.
Cabe hacer presente que, del tenor de la resolución de la Corte Suprema, resulta imposible saber el por qué la mayoría de sus Ministros no estuvieron por incluir a Héctor Véliz y las otras dos personas detenidas desaparecidas.
En todo caso, por ser Héctor Véliz y los demás detenidos desaparecidos un grupo de personas que fueron detenidos en el mismo período, afines ideológicamente y por los procedimientos comunes que les afectaron, es importante considerar lo que se investigó en el proceso rol 2-77, que se comenta en el caso de Reinalda Pereira Plaza, detenida el 15 de diciembre de 1976.
Por otra parte la cónyuge de Héctor Véliz Ramírez, con fecha 16 de febrero de 1977, ante el 10° Juzgado del Crimen de Santiago, presentó denuncia criminal por el delito de secuestro del afectado, el que ingresó a tramitación bajo el rol 4.474-8.
En el curso de su tramitación, la denunciante solicitó en carácter de urgente que se estableciera si su cónyuge hubo o no hecho abandono del país, indicando que esa solicitud la hacía en "relación directa con la propalación de rumores de cierto carácter oficial, emanados del Ministerio del Interior Argentino, en que se señala a mi marido como uno de los chilenos que habían ingresado al territorio argentino". La respuesta de Policía Internacional de Investigaciones de Chile fue "no registra anotaciones de viajes al extranjero". El Ministerio del Interior, por su parte, indicó: "...no registra (n) antecedentes en esa Secretaría de Estado ni se ha dictado orden o resolución alguna que le(s) afecte: Héctor Véliz Ramírez..." (el gobierno chileno disponía de formularios para dar respuesta a los Tribunales, en los que podía incluir, según el caso, a varias personas; de ahí las letras entre paréntesis que se han transcrito).
Esta causa criminal fue sobreseída temporalmente en dos oportunidades por la jueza Carla Figueroa Hevia, en abril y septiembre de 1977, y la Corte de Apelaciones de Santiago, en sendas resoluciones, ordenó la reapertura del sumario por encontrarse incompleta la investigación; finalmente, la señalada jueza sobreseyó temporalmente por tercera vez en febrero de 1978, y la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó lo actuado, ordenándose finalmente el archivo del proceso.
También, la cónyuge del afectado interpuso querella criminal por los delitos de secuestro, arresto ilegal e incomunicación indebida en contra de funcionarios y demás civiles y militares pertenecientes y adscritos a los Servicios de Seguridad del Estado, especialmente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 10 de marzo de 1977, ante el 8° Juzgado del Crimen de Santiago, ingresando bajo el rol 14.826-3, presentación en la que se hizo ver que procedía que a la presente querella se acumulara aquella denuncia mencionada más arriba y que además, hecho eso, se acumulara todo al proceso rol 2-77, alegándose la comunidad de antecedentes que se daban respecto de los otros casos.
Al día siguiente de ser presentada la mencionada querella, el juez del 8°Juzgado, Alfredo Pfeiffer Richter, se declaró incompetente, ordenando que los antecedentes se remitieran a una Fiscalía Militar para que conociera del asunto, por cuanto la querella en cuestión se deducía en contra de funcionarios de la DINA, repartición dependiente de las Fuerzas Armadas. En seguida, el mismo juez Pfeiffer -y sin esperar que su resolución quedara firme-envió el expediente al Tribunal Militar, ocurriendo que cuando los abogados de la parte querellante apelaron en contra de dicha resolución, la causa ya no estaba en el 8° Juzgado, no pudiendo resolverse el recurso de apelación.
En definitiva la competencia fue resuelta recién en septiembre de 1977 por la Corte Suprema, que declaró que el Tribunal competente para conocer del caso era precisamente el 8° Juzgado del Crimen; es decir, a contar de ese momento y ya cumplidos casi seis meses de interpuesta la querella criminal, comenzaría el juez Pfeiffer a investigar sobre la suerte de una persona detenida desaparecida.
La resolución de la Corte Suprema en el sentido anotado, estuvo precedida del informe del Fiscal de ese mismo Tribunal, Gustavo Chamorro, que consideró "...es el Juez del Octavo Juzgado del Crimen, quien debe ordenar la práctica de las diligencias pedidas en la querella y si del cumplimiento de ellas resultare que en alguno de los delitos tuviere participación algún miembro de las Fuerzas Armadas o de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), correspondería entonces emitir pronunciamiento acerca de su competencia...", (también se encontraba, a su turno, lo resuelto por el Tribunal Militar: "Atendido el mérito de los antecedentes y especialmente al hecho de no acompañar otro antecedente a la sola apreciación de la denunciante, se rechaza la competencia declinada por el 8° Juzgado...").
En la querella, la cónyuge de Héctor Véliz pedía que se requiriera informe al Coronel de Ejército Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA, y a los Jefes de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Orden sobre antecedentes que tuvieran del afectado, y concretamente acerca de quienes lo habían detenido.
A esta diligencia no accedió el juez del 8o. Juzgado ni el Ministro Servando Jordán que terminó conociendo este proceso, en Visita Extraordinaria. En el proceso se despachó orden simple de investigar a cargo de la Policía de Investigaciones, la que informando al Tribunal indicó que "se realizaron activas indagaciones tendientes a la ubicación de la persona indicada visitándose Postas Asistenciales, Hospitales, Instituto Médico Legal y Archivos y Registros de los Cementerios General, Católico y Metropolitano no ubicándose hasta el momento al mencionado Héctor Veliz Ramírez, quien además, en la Sección Control de Fronteras del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de nuestra institución, no registra salida fuera del país".
Tampoco se accedió a acumular la denuncia criminal presentada ante el Décimo Juzgado del Crimen de Santiago, ya mencionada, ni a acumular la presente causa al proceso rol 2-77 en que se investigaban los casos de los otros detenidos desaparecidos. El Ministro Jordán sólo tuvo a la vista este proceso (rol 2-77). Los antecedentes políticos de Héctor Véliz señalados por la cónyuge, se vieron corroborados por un informe de la Policía de Investigaciones que el Ministro Jordán solicitó a esta institución.
En efecto, dicha repartición en abril de 1980, señaló determinados antecedentes políticos del afectado que obtuvo luego de revisar "los archivos de nuestro Departamento de Informaciones". Sobre este punto interesa explicar que cuando el Ministro en Visita Extraordinaria Carlos Cerda, en el proceso rol 2-77, pidió semejante información acerca de las personas cuyas desapariciones investigaba, el Director de la Policía de Investigaciones, Fernando Paredes Pizarro, Brigadier General de Ejército, le informó: "Al respecto me permito comunicar a US. que en esta Institución, no se llevan fichas políticas de personas", esta respuesta fue dada al Ministro Cerda en noviembre de 1983.
Tres años antes, el mismo Servicio había entregado los antecedentes políticos de Héctor Véliz.
En definitiva, el proceso tramitado ante el 8° Juzgado del Crimen de Santiago, fue sobreseído temporalmente por el Ministro Servando Jordán en mayo de 1980, resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

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