Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Sguatemala140-99.html
Timestamp: 2015-05-07 09:39:45+00:00

Document:
Guarcas Cipriano v. Guatemala, Caso 11.275, Informe Nº 140/99, Inter-Am.
C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 884 (1999). I. RESUMEN
1. El 7 de marzo de 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") recibió una comunicación en la que se denunciaba que el 19 de octubre de 1993 había desaparecido Francisco Guarcas Cipriano, miembro del Grupo de Apoyo Mutuo (en adelante "GAM") y oriundo del Cantón Semejá en Chichicastenango. Los peticionarios, el GAM y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), informaron que un miembro del GAM había visto al señor Guarcas el día de su desaparición, aproximadamente a las 20:00 horas, cerca de la terminal de autobuses de la Zona 4 de la Ciudad de Guatemala, acompañado de cuatro individuos colaboradores de la patrulla de autodefensa civil (en adelante "PAC") y miembros del G-2 de la inteligencia del Ejército. Los peticionarios alegaron que los hombres habían
engañado al señor Guarcas al invitarlo a una fiesta. Desde entonces no se volvió
a ver a la víctima ni a saber de él. En el momento de su desaparición, el señor
Guarcas tenía 38 años y era padre de siete hijos.
4. Los peticionarios sostienen que la República de Guatemala (en adelante "el Estado de Guatemala" o "el Estado guatemalteco" o "Guatemala") es responsable de la desaparición de Francisco Guarcas Cipriano, y de no haber respondido con las medidas adecuadas para investigar
y establecer su paradero, y de no haber adoptado las medidas pertinentes para
procesar y sancionar a los responsables, en violación de los artículos 4, 5,
7, 8, 16, 25 y 1(1) de la Convención Americana.
7. Sobre la base del análisis expuesto en el presente informe, la Comisión decidió que el Estado de Guatemala es responsable de la violación
de los derechos a la vida, a un trato humano, a la libertad personal y al
de la personalidad jurídica, así como a las garantías y la protección judiciales
establecidos en los artículos 4, 5, 7, 3, 8 y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, con respecto a la desaparición forzada de Francisco
Guarcas Cipriano, así como del incumplimiento de la obligación que le impone
el artículo 1(1) de respetar y garantizar los derechos consagrados en la
En consecuencia, la Comisión recomendó al Estado que realice una investigación
completa, imparcial y efectiva para determinar las circunstancias de la desaparición
forzada de Francisco Guarcas Cipriano y sancionar a los responsables de acuerdo
con la legislación nacional, y que adopte las medidas necesarias para garantizar
que los familiares de la víctima reciban una adecuada y oportuna reparación por las violaciones establecidas.
8. Las actuaciones ante la Comisión con anterioridad al 2 de marzo de 1998, fecha en que se aprobó el Informe 22/98, figuran en ese documento
y no requieren ser reiteradas. De conformidad con esa decisión y con anterioridad
a la remisión del informe a las partes, el Estado presentó una breve réplica
a la comunicación de los peticionarios del 8 de enero de 1998, indicando
el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra
el Ambiente (en adelante "Juzgado Primero de Primera Instancia Penal") había ordenado la detención del acusado, Miguel Xiloj Mejía, que posteriormente fue liberado por "falta de mérito" por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente (en adelante "Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal"). El Estado informó que había sido necesario adoptar medidas para consolidar las causas penales 2335-94 y 486-94 y reiteró
sus argumentos de que aún no se habían agotado los recursos de la jurisdicción
interna. Esta información fue remitida a los peticionarios, solicitándoles
presentación de observaciones en un plazo de 30 días.
16. El Estado sostiene que los peticionarios no han agotado los recursos internos a su disposición y que las autoridades pertinentes siguen
adoptando las medidas de investigación dispuestas por la ley. En cuanto a
medidas instruidas, el Estado indica que en la primavera de 1996 se tomaron
varias declaraciones. El 10 de septiembre de 1996, el Juzgado Primero de
Instancia Penal ordenó la comparecencia del acusado Miguel Xiloj Mejía para
prestar declaraciones y posteriormente ordenó su arresto, el 3 de octubre
el 16 de diciembre de 1997. Luego, el asunto fue transferido al Juzgado Sexto
de Primera Instancia, de acuerdo con lo informado. Los informes del Estado
que cuando fue interrogado, el acusado negó toda participación en la desaparición
del señor Guarcas y que, en algún momento, antes del 29 de enero de 1998,
Juzgado Sexto de Primera Instancia había ordenado la liberación del acusado
por "falta de mérito". El Estado informó en nota del 14 de abril de 1998 que en sus registros se identificaban a tres personas con el nombre de
la víctima y que, dado que en ninguna de las acciones penales iniciadas por
la familia Guarcas se había identificado a la víctima con suficiente precisión,
las autoridades seguían empeñadas en establecer su identidad en forma definitiva.
18. Con respecto al agotamiento y la eficacia de los recursos internos, el Estado sostiene que los familiares de la víctima ejercieron su
derecho de invocar los recursos internos sin obstáculo alguno y que la naturaleza
del resultado, sea negativo o positivo, no quita validez a esas instancias.
Las autoridades habían procesado los recursos en la forma pertinente y habían
recibido la colaboración necesaria de los funcionarios correspondientes.
el Estado argumentó que los peticionarios debieron haber invocado el recurso
de averiguación. Aunque reconoce que el proceso penal 486-94 había permanecido
inactivo durante un período, del 13 de septiembre de 1996 al 23 de septiembre
de 1997, el Estado sostiene que este problema fue tratado de acuerdo con
dispuesto en la ley. El 25 de septiembre de 1997, la Presidencia del Organismo
Judicial había ordenado al funcionario pertinente que compareciera en audiencia
para establecer la responsabilidad por el período de inactividad y que el proceso se había reactivado con una segunda citación del acusado a comparecer ante
la Corte para prestar declaración.
22. El punto de partida del análisis de la Comisión en relación con los hechos es que Francisco Guarcas Cipriano no ha sido visto ni oído desde
el 19 de octubre de 1993. Las partes parecen ahora concordar en la identidad
de la víctima. Si bien el Estado había indicado su preocupación respecto
cuál de los tres individuos que llevaban el nombre de la víctima era, en realidad,
la víctima, en una comunicación de abril de 1998, los peticionarios presentaron
copia de la partida de nacimiento Nº 053057, del registro civil de Chichicastenango,
perteneciente a Francisco Guarcas Cipriano, nacido en Semejá el 1º de febrero
de 1956. Los peticionarios indicaron que esta información constaba en los
del Estado, y éste no formuló ninguna otra observación respecto de esta cuestión.
Los peticionarios sostienen, y el Estado no lo ha controvertido, que Francisco
Guarcas Cipriano desapareció en la fecha indicada, sin que se hayan determinado
oficialmente su paradero o su destino.
23. Según consta en el expediente, existe la prueba requerida para establecer que agentes del Estado hicieron desaparecer al señor Guarcas. Las denuncias referidas en el expediente indican que la última persona que vio al señor Guarcas el día de su desaparición afirmó que se encontraba en compañía de cuatro integrantes de las PAC y colaboradores del G-2. Los peticionarios alegan que el señor Guarcas fue desaparecido como represalia por haber renunciado unos días antes a prestar servicios en las PAC; que integrantes de las PAC y del ejército amenazaban a quienes se oponían a las PAC o se negaban a prestar servicio en éstas; que las PAC de Semejá operaban con el apoyo del Comando General del Ejército de la Zona Militar 20, y que el miembro de las PAC y operativo del G-2 Miguel Xiloj Mejía estaba implicado como responsable de la desaparición. El Estado no ha controvertido estas alegaciones con otra información. 24. Como lo señalan los peticionarios, el Primer Informe del Director de la Misión de las Naciones Unidas de Verificación de Derechos Humanos
en Guatemala y del Cumplimiento de los Compromisos Asumidos en el Acuerdo
sobre Derechos Humanos (en adelante "MINUGUA"), hace referencia a la desaparición del señor Guarcas. Aunque la desaparición de la víctima es anterior al período de verificación, la Misión señaló la naturaleza de la desaparición como una violación continua y explicó que informaría sobre casos como éste en los que existen indicios de que la víctima todavía podría encontrarse con vida. Tras relatar los hechos básicos, el informe señaló que, de acuerdo con un anuncio realizado en diciembre de 1994 por el GAM de que la víctima se encontraba con vida, "sus familiares, que también son miembros del GAM, han sido reiteradamente intimidados, amenazados de muerte y acusados de ser guerrilleros por los miembros del CVDC del Cantón Semejá II, Chichicastenango, Quiché".3
26. De las actuaciones en la presente instancia surge una situación totalmente congruente con ese patrón. Las denuncias interpuestas en el curso
del proceso interno y ante la Comisión indican que los integrantes de las
amenazaban a la víctima antes de su desaparición, por haber renunciado al servicio
en las PAC y, después de ello, amenazaban a su familia. Del expediente surge
también que la víctima fue vista por última vez en compañía de integrantes
las PAC, uno de los cuales fue posteriormente acusado en relación con el caso.
Como la Corte Interamericana señaló en el caso Velásquez Rodríguez: "Si se puede demostrar que existió una práctica gubernamental de desapariciones  llevada a cabo por el Gobierno o al menos tolerada por él, y si la desaparición de [la víctima] se puede vincular con ella", las denuncias habrían sido probadas "siempre y cuando los elementos de prueba aducidos en ambos puntos cumplan con los criterios de valoración requeridos en casos de este tipo".8 El Estado no ha aceptado ni rechazado la versión de los hechos denunciada por los peticionarios. Tampoco ha brindado información que substancie una investigación completa y efectiva de los hechos denunciados, ni en el curso de las actuaciones ante el poder judicial guatemalteco ni ante esta Comisión. Los peticionarios han presentado, pues, indicios de la participación de las PAC en la desaparición del señor Guarcas, lo cual es corroborado y congruente con los antecedentes documentados por la Comisión y otras fuentes, y el Estado no ha presentado elementos probatorios en contrario. Sobre la base de todos los indicios que constan en autos, la Comisión llega a la conclusión de que el señor Francisco Guarcas Cipriano fue privado de su libertad y desaparecido por agentes del Estado.
27. El delito de desaparición fue configurado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez y posteriormente codificado en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (que Guatemala ha firmado pero no ratificado).9 La desaparición forzada de seres humanos, por la cual una persona es puesta en custodia y las
autoridades niegan este hecho para ocultar su responsabilidad, "constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención".10 C. El derecho a la libertad personal
29. Una persona que desaparece es también privada del derecho a ser llevada sin demora ante un juez e invocar los procedimientos adecuados
para que se revise la legalidad de su detención, con lo que se viola lo dispuesto
en el artículo 7 de la Convención Americana. El derecho de petición para
determinación de la legalidad de la detención es la garantía fundamental de
los derechos constitucionales y humanos de los detenidos en el caso de privación
de la libertad por agentes del Estado. "[E]s esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida y la integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación
de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".11
32. Como lo estableció la Corte Interamericana, "[l]a práctica de desapariciones  ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación al derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención"13 Las partes están contestes en que Francisco Guarcas Cipriano continúa desaparecido. Si bien las autoridades guatemaltecas habían sido notificadas de que la víctima había sido vista por última vez acompañada por agentes del Estado, no consta en el expediente información sustantiva alguna sobre los resultados del empeño oficial por investigar su paradero. En tales circunstancias, la carga de la prueba necesariamente recae sobre el Estado, quien debe refutar la presunción establecida sobre su responsabilidad con otro tipo de información.14 33. Si bien el Estado ha informado de la existencia de procesos judiciales iniciados por los familiares de la víctima, no ha brindado información sustantiva alguna de los resultados de alguna medida de investigación en torno al paradero o al destino de la víctima. En consecuencia, considerando: 1) el hecho de que Francisco Guarcas Cipriano fue presuntamente visto por última vez acompañado por agentes del Estado; 2) que el Estado reconoce que continúa desaparecido; 3) que una desaparición no sólo constituye una privación arbitraria de la libertad sino que plantea grave peligro para la integridad de la persona, su seguridad y aún su vida, y 4) que a lo largo de los cinco años transcurridos desde que fue visto u oído por última vez, puede presumirse que fue en efecto privado del derecho a la vida, arbitraria e ilegalmente por agentes del Estado guatemalteco.
Los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser substanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentra bajo su jurisdicción (art. 1).18 36. Esta obligación debe ser cumplida, no mediante medidas formales sino sustanciales. Los Estados partes tienen que adoptar medidas afirmativas para garantizar la realización de los derechos que confiere la Convención.19 Por lo tanto, los recursos que ofrece el Estado deben ser "realmente idóneo[s] para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla".20 La posibilidad de reivindicar un derecho mediante un recurso judicial en el sistema guatemalteco presupone la voluntad de un tribunal competente para utilizar la capacidad del Estado de adoptar las medidas de investigación requeridas.
39. Con respecto a la cuestión de la demora, las comunicaciones del Estado indican que en el transcurso de más de un año, antes de que las
autoridades detuvieran al acusado principal, se habían instruidos múltiples
órdenes de arresto, pero no surge del expediente explicación alguna de porque
no hubo ejecución de la primera orden ni de la posterior demora. El propio
reconoció en su comunicación del 15 de octubre de 1997 que el proceso penal
486-94 había permanecido inactivo entre el 13 de septiembre de 1996 y el
de septiembre de 1997, pero afirmó que esta deficiencia había sido corregida,
pues la Presidencia del Organismo Judicial había ordenado una audiencia para
establecer la responsabilidad por esa demora. Sin embargo, no surge de las
información alguna de que se haya celebrado esa audiencia ni los efectos de
la misma. Tampoco ha brindado el Estado información alguna que explique por
qué, pese a haber transcurrido cinco años, su investigación penal no ha producido resultado sustantivo alguno.
40. Dado que el Estado no ha respondido a la desaparición de Francisco Guarcas Cipriano, como tenía obligación de hacerlo, se ha negado la justicia a su familia. La familia de la víctima tiene derecho a saber la verdad sobre lo que ocurrió con él.22 También tenían derecho a usar esa información para ejercer el derecho a una reparación del Estado,
como sucesores de la víctima. El Estado de Guatemala tenía la obligación de "investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación".23 En esta instancia resulta claro, tras los cinco años transcurridos desde la desaparición de la víctima, que el Estado de Guatemala no ha cumplido la obligación de ofrecer un recurso legal sencillo, rápido y efectivo a los familiares de la víctima, para que pudieran reivindicar sus derechos.
41. El señor Guarcas fue hecho desaparecer forzadamente por agentes del Estado, lo que constituye una violación múltiple y continuada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El objetivo de quienes perpetran una desaparición es actuar fuera de la ley para ocultar toda evidencia de su delito y eludir toda sanción. Para la víctima, la consecuencia de una desaparición forzada es que se le niegan los derechos más elementales de la persona humana. La Comisión observa, de acuerdo con el principio de jura novit curia, que el acto de la desaparición forzada viola el derecho que confiere a la persona
el artículo 3 de la Convención Americana "al reconocimiento de su personalidad jurídica".24
47. El 9 de marzo de 1999, en el curso del 102º período ordinario de sesiones, la Comisión aprobó el informe Nº 33/99, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 50 de la Convención. En el informe se establece
de la Comisión de que el Estado de Guatemala es responsable en el caso de la
desaparición forzada de Francisco Guarcas Cipriano por la violación de los
al reconocimiento como persona ante la ley, a la vida, a un trato humano, a
la libertad personal y a las garantías y protección judiciales dispuestos
los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y de no haber dado cumplimiento a la obligación que impone el artículo
de respetar y garantizar esos derechos. En consecuencia, la Comisión recomendó
que el Estado realice una "investigación completa, imparcial y efectiva" para establecer la suerte de la víctima y sancionar a los responsables, y que
adopte las medidas necesarias para garantizar que los familiares de la víctima
reciban una reparación justa y oportuna por dichas violaciones. El informe
remitido al Estado de Guatemala el 8 de abril de 1999. De conformidad con los
términos expuestos, se otorgaron al Estado dos meses a partir de la fecha
recibo para cumplir con las recomendaciones impartidas e informar a la Comisión
sobre las medidas adoptadas. Por nota de la misma fecha, la Comisión informó
a los peticionarios de la aprobación del informe sobre el caso y su transmisión
al Estado de conformidad con los términos del artículo 50.
50. El Estado presentó su respuesta al informe Nº 33/99 por nota del 3 de junio de 1999. Con respecto a la primera recomendación sobre
la obligación de investigar para determinar las circunstancias de la violación
y establecer la responsabilidad pertinente, el Estado indicó que, como lo
sus escritos, había realizado una investigación imparcial. El hecho de que
ésta no hubiera producido resultados positivos no implicaba responsabilidad
de su parte. El acusado principal había sido imputado, pero las autoridades
judiciales pertinentes habían determinado que no existían pruebas suficientes
de su responsabilidad. Además, el Estado objetó el uso del término "desaparición forzada" en las recomendaciones, dado que hasta la fecha no había sido posible determinar judicialmente que agentes del Estado hubieran participado
en la desaparición de la víctima.
53. Segundo, con respecto a la obligación de reparar las violaciones establecidas, la Comisión considera que el compromiso del Estado de incluir
el caso del Sr. Guarcas dentro del programa que se implementará para reparar
las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado
constituye un paso positivo. Sin embargo, la recomendación impartida exigía
que las medidas de reparación destinadas a compensar las violaciones establecidas
en el informe Nº 33/99 se adoptaran dentro de un plazo de dos meses. A este
respecto, por una parte, no resulta claro que la inclusión del caso del Sr.
Guarcas en los programas mencionados permita la efectiva reparación de las
establecidas por la Comisión. Por otro lado, y en todo caso, el Estado no ha
cumplido con la recomendación en el plazo establecido ni ha indicado cuándo
se implementarán las medidas previstas. No obstante estas cuestiones, la
ha tomado nota de este compromiso oficial expresado por el Estado y espera que lo cumpla cuanto antes.
57. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente informe, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
58.El 22 de octubre de 1999, la Comisión transmitió el informe Nº 108/99, cuyo texto es el que antecede, al Estado guatemalteco y a los peticionarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 51(2) de la Convención Americana y otorgó el plazo de un mes al Estado para dar cumplimiento a las recomendaciones precedentes. El 23 de noviembre de 1999, el Estado remitió una comunicación, recibida el 29 del mismo mes, en la cual reiteró la información presentada en respuesta al informe Nº 33/99 (artículo 50) sobre el presente caso, que ya ha sido evaluada supra. 59. Conforme al artículo 51(3) de la Convención Americana, en este estado del procedimiento la Comisión se limitará a evaluar las medidas adoptadas por el Estado guatemalteco para cumplir las recomendaciones y remediar la situación examinada.
4 Las PAC fueron establecidas a fines de 1981 por el régimen militar de facto del General Ríos Montt, como parte de su política para exterminar al movimiento guerrillero
mediante la reubicación de la población indígena y la erradicación de "toda persona o comunidad de personas sospechosas, a través de procedimientos violatorios de los derechos humanos". Cuarto Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.83, Doc. 16 rev., 1º de junio de 1993, pág 55. Las PAC fueron iniciadas en el Departamento de El Quiché y se ampliaron a otros departamentos. Ibid. En la época en cuestión, se les denominaba oficialmente como Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC), aunque se les seguía conociendo comúnmente como PAC. Las PAC fueron oficialmente disueltas a mediados de 1996.
7 Corte IDH, Caso Blake, sentencia del 24 de enero de 1998 (Fondo), párr. 52, pág. 75-76. "Las PAC constituyen una forma de entidad militar y sus integrantes actúan como agentes del Estado". Informe Nº 32/96, Caso 10.553, María Mejía c Guatemala, en el Informe Anual de la CIDH 1996, OEA/Ser.L/V/II.95, Doc. 8 rev., 14 de marzo de 1997, párr. 57. La legislación guatemalteca disponía que fueran coordinadas por el Ministerio de Defensa Nacional. Véase Ley 19/86, del 7 de enero de 1986. 8 Véase, Caso Velásquez Rodríguez (Méritos), Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C Nº4, párr. 126. 9 Véase, Caso Velásquez Rodríguez (Méritos), supra, párrs. 149-58; Caso Godínez Cruz (Méritos), Sentencia del 20 de enero de 1989 Serie C Nº 5 párrs. 147-66; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales (Méritos), Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C Nº 6, párrs. 146-52. Véase también, por ejemplo, el Informe Anual de la CIDH de 1980-81, OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 rev. 1, 16 de octubre de 1981, págs. 113-14. El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define la desaparición como:
la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida
por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta
o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide
ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. 10 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez (Fondo), supra, párrs. 155 y 181.
11 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-8/87, 30 de enero de 1997, "El habeas corpus bajo suspensión de garantías (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana
sobre Derechos Humanos)", Ser. A Nº 8, párr. 35. "[S]i los funcionarios encargados de los lugares de detención no necesitan presentar al detenido en un breve plazo, pueden con impunidad emplear medios brutales, ya sea con fines de interrogatorio o de intimidación". CIDH, Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Bolivia, OEA/Ser.L/II.53, doc. 6, 1 de julio de 1981, p. 41-42, p. 42.
16 Véase, en general, los informes 28/92 (Argentina) y 29/92 (Uruguay) en el Informe Anual de la CIDH 1992-93, OEA/Ser.L/V/II.83, doc. 14 corr. 1, 12 de marzo de 1993, págs. 49-51, 169-74. 17 Caso Velásquez Rodríguez (Fondo), supra, párr. 166.
18 Caso Velásquez Rodríguez (Excepciones Preliminares), supra, párr. 91. 19 Caso Velásquez Rodríguez (Fondo), supra, párr. 167.
24 Véase el artículo 1.2, Declaración sobre la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzosas, que caracteriza la desaparición forzada como
que "sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica". AG/RES. 47/133 del 18 de diciembre de 1992. Véase, en general, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, supra.
26 La práctica de las desapariciones ha sido caracterizada por la Asamblea General de la OEA
como "una afrenta a la conciencia del Hemisferio" y "un crimen de lesa humanidad". Asamblea General, Resolución AG/RES. 666 (XIII-O/83).

References: artículo 1
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 2
 artículo 1
 Resolución