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Timestamp: 2020-07-05 10:31:09+00:00

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10. Los contratos a distancia - Derecho UNED
10. Los contratos a distancia
4 La celebración del contrato
4.2 Información posterior a la celebración del contrato
4.3 La falta de información contractual
5 La dinámica contractual
5.1 La entrega del pedido
5.2 El pago mediante tarjeta de crédito
6 El derecho de desistimiento
6.1 Ejercicio del derecho de desistimiento (LOCM)
6.2 Supuestos excluidos del derecho de desistimiento
6.3 Efectos del ejercicio del derecho de desistimiento
6.4 Derecho de resolución en los supuestos de contratos financiados
7 La prohibición de envíos no solicitados
8 Irrenunciabilidad de los derechos
9 El comercio electrónico
9.1 La Normativa Comunitaria
9.2 La Ley española 34/2002 de Comercio Electrónico
9.3 Ámbito de aplicación: la llamada Sociedad de la Información
9.4 Facultades y deberes de los prestadores de servicios
9.5 La celebración de contratos electrónicos
La Información a los consumidores es esencial. Por ello, tanto la legislación nacional como la Directiva comunitaria imponen una serie de reglas. Así, se prevé un doble nivel de información; el consumidor debe recibir unas informaciones antes de la conclusión del contrato, y una información posterior a la conclusión del contrato.
La LOCM para referirse a las informaciones previas utiliza tanto el giro propuesta de contratación, como el término, jurídicamente más apropiado, oferta de venta.
Al igual que en la Directiva, la Ley 47/2002 LOCM exige que en todos las propuestas de contratación deberá constar que se trata de una oferta comercial, debiendo ser la información a suministrar clara, comprensible e inequívoca, mediante cualquier técnica adecuada al medio de comunicación a distancia utilizado, así como veraz, eficaz y suficiente, en virtud del principio de buena fe, estableciendo un listado de 11 puntos sobre los que informar, entre ellos la identidad del proveedor, características especiales del producto, precio y, en su caso, debidamente separados los gastos de transporte, forma de pago o modalidades de entrega o de ejecución, plazo de validez de la oferta.
Información precontractual, art. 97 TRLCU “1. Antes de iniciar el procedimiento de contratación y con la antelación necesaria, el empresario deberá suministrar al consumidor y usuario, de forma veraz y suficiente, la información prevista en el art. 60 y además: a) El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia cuando se calcule sobre una base distinta de la tarifa básica, b) Las características esenciales del bien o servicio, c) Los gastos de entrega y transporte, en su caso, d) El plazo de vigencia de la oferta y del precio y, en su caso, la ausencia del derecho de desistimiento en los supuestos previstos en el art. 102, e) La duración mínima del contrato, si procede, cuando se trate de contratos de suministro de bienes o servicios destinados a su ejecución permanente o repetida, f) Las circunstancias y condiciones en que el empresario puede suministrar un bien o servicio de calidad y precio equivalentes, en sustitución del solicitado por el consumidor y usuario, cuando se quiera prever esta posibilidad, g) La forma de pago y modalidades de entrega o de ejecución; y, h) En su caso, indicación de si el empresario dispone o está adherido a algún procedimiento extrajudicial de solución de conflictos. 2. La información contenida en el apartado anterior, cuya finalidad comercial debe ser indudable, deberá facilitarse al consumidor y usuario de modo claro e inequívoco, mediante cualquier técnica adecuada al medio de comunicación a distancia utilizado, y deberá respetar, en particular, el principio de buena fe en las transacciones comerciales, así como los principios de protección de quienes sean incapaces de contratar”.
La LOCM como la Directiva hace mención a la información que debe suministrarse durante la ejecución del contrato al disponer que “A la ejecución del contrato, el comprador deberá haber recibido información escrita y en la lengua utilizada en la propuesta de contratación, información comprensiva de todos los datos señalados en el art. 40, y además de los siguientes: a) Dirección de uno de los establecimientos del vendedor, así como su domicilio social, b) En su caso, condiciones de crédito o pago escalonado; y, c) Documento de desistimiento o revocación, identificando claramente como tal conteniendo el nombre y dirección de la persona a quien debe enviarse y los datos de identificación del contrato y de los contratantes.
Además, incorpora la TRLCU la siguiente información obligatoria: a) La información prevista en el artículo anterior, b) La dirección del establecimiento del empresario donde el consumidor pueda presentar sus reclamaciones, c) La información relativa a los servicios de asistencia técnica u otros servicios postventa y a las garantías existentes; y, d) Las condiciones para la denuncia del contrato, en caso de celebración de un contrato de duración indeterminada o de duración superior a un año.
La falta de información contractual
El legislador comunitario dispone, que si el proveedor no cumple con la obligación de facilitar dichas informaciones, el plazo para rescindir el contrato será de 3 meses, dicho plazo comenzará a correr:
Para los bienes, a partir del día en que los reciba el consumidor.
Para los servicios, a partir del día de la celebración del contrato.
Precisando la Directiva que si dicha información se facilita en el citado plazo de 3 meses, el período de 7 días laborables al que se hace referencia, comenzará a partir de ese momento.
La LOCM no ha previsto las consecuencias de la falta de tales menciones informativas obligatorias, por ello, la Ley española deberá adoptar el régimen previsto por la Directiva comunitaria. Esto supondrá que el contrato no se anula, pero se retrasa el dies a quo para el comienzo del plazo del ejercicio del derecho de desistimiento hasta el momento en que se disponga de dicha información, con un plazo máximo de 3 meses.
La dinámica contractual
La práctica en materia de contratos a distancia permite apreciar a menudo que los plazos de entrega representan un problema. Por eso, la LOCM tras su reforma por la transposición de la Directiva dispone que salvo si las partes acuerdan otra cosa el proveedor deberá ejecutar el pedido a más tardar en el plazo de treinta días a partir del día siguiente a aquel en que el consumidor le haya comunicado su pedido, y será el proveedor quien deberá demostrar que ha cumplido con la entrega del pedido. En parecidos términos de pronuncia ahora el art. 103 TRLCU.
El art. 8 de la Directiva regula el pago mediante tarjeta, delegando en los Estados miembros la obligación de velar por que existan medidas apropiadas para que “1. El consumidor pueda solicitar la anulación de un pago en caso de utilización fraudulenta de su tarjeta de pago en el marco de los contratos a distancia cubiertos por la directiva. 2. En caso de utilización fraudulenta, se abonen en cuenta al consumidor las sumas abonadas en concepto de pago o se le restituyen. 3. El derecho de anulación del pago sólo procederá en caso de utilización fraudulenta que en principio parece que debe demostrar el consumidor”.
Art. 106. TRLCU “1. Cuando el importe de una compra hubiese sido cargado fraudulenta o indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, el consumidor y usuario titular de ella podrá exigir la inmediata anulación del cargo. En tal caso, las correspondientes anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del empresario y del consumidor y usuario titular de la tarjeta se efectuarán a la mayor brevedad. 2. Sin embargo, si la compra hubiese sido efectivamente realizada por el consumidor y usuario titular de la tarjeta y la exigencia de devolución no fuera consecuencia de haberse ejercido el derecho de desistimiento o de resolución, aquél quedará obligado frente al empresario al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de dicha anulación”.
Los contratos celebrados a distancia pueden comportar graves inconvenientes para los consumidores ya que no disponen de la posibilidad real de ver el producto o conocer las características del servicio antes de la celebración del contrato. Para evitar abuso, tanto la Directiva como la LOCM conceden al consumidor un derecho llamado de resolución (Directiva) y de desistimiento (LOCM) durante un período de tiempo determinado.
Ejercicio del derecho de desistimiento (LOCM)
Las condiciones del ejercicio del derecho de desistimiento son las siguientes:
Se trata de un derecho de necesario ejercicio personal, ya que sólo el consumidor que ha celebrado el contrato dispone de la facultad de desistir de los efectos de su compromiso.
El desistimiento está limitado en el tiempo. Tanto en la Directiva como en la LCOM se reconoce un plazo mínimo de 7 días hábiles para desistir del contrato sin penalización alguna y sin indicación de los motivos, a partir de la recepción del producto.
Forma de ejercer el derecho de resolución. La Directiva y la LOCM incluyen como información que obligatoriamente debe ser suministrada al consumidor por escrito, las condiciones y modalidades de ejercicio del derecho de resolución. Sin embargo, nada se dice sobre las formas de su ejercicio, en cuanto se establece que el ejercicio del derecho de desistimiento no estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite cualquier forma admitida en Derecho. Por otra parte, su entrega no debe considerarse como una incitación a los consumidores a renunciar a los contratos celebrados, sino como un instrumento cuyo fin es recordar simplemente al consumidor de que dispone de un derecho de desistimiento durante un determinado tiempo. Lo que sí es cierto es que el comprador puede elegir la forma que desee para desistir del contrato que ha celebrada, siempre que su declaración de voluntad llegue a conocimiento del proveedor. Es el comprador a quien le corresponde su prueba.
El ejercicio de este derecho es discrecional. El consumidor no está obligado a justificar su decisión, y no requiere la aprobación del proveedor.
La eficacia del derecho de resolución está asegurada por su carácter imperativo, lo que significa que el consumidor no podrá renunciar a dicho derecho, establece la TRLCU: “serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento o la renuncia al mismo”.
El ejercicio del derecho de resolución no puede implicar penalización.
Salvo pacto en contrario, el derecho de desistimiento no será aplicable a los siguientes contratos:
Contratos de suministro de bienes confeccionados conforma a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados, o que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
Contratos de suministro de grabaciones sonoras o de vídeos, de discos y de programas informáticos que hubiesen sido desprecintados por el consumidor, así como de ficheros informáticos, suministrados por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para su uso permanente.
Contratos de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas Y el TRLCU añade dos nuevos supuestos:
Contratos de prestación de servicios, cuya ejecución haya comenzado, con el acuerdo del consumidor y usuario, antes de finalizar el plazo de siete días hábiles.
Según la Directiva, cuando el consumidor haya ejercido el derecho de rescisión con arreglo a lo dispuesto en ella, el proveedor estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor sin retención de gasto. Únicamente podrá imputarse al consumidor que ejerza el derecho de rescisión el coste directo de la devolución de las mercancías. La devolución de las sumas abonadas deberá efectuarse lo antes posible y, en cualquier caso, en un plazo de 30 días. En definitiva, desde que se ejercita el derecho de resolución cualquiera de las partes puede exigir la restitución de lo entregado.
Tras su reforma, la LOCM establece que podrá exigirse al comprador que se haga cargo del coste directo de devolución del producto al vendedor, salvo en los supuestos en que el vendedor pueda suministrar un producto de calidad y precio equivalentes, en sustitución del solicitado por el consumidor, donde los costes directos de devolución, si se ejerce el derecho de desistimiento, serán por cuenta del vendedor que habrá debido informar de ello al consumidor.
Cuando el comprador haya ejercido el derecho de desistimiento o resolución conforme a lo establecido, el vendedor estará obligado a devolver las sumas abonadas por el comprador sin retención de gastos. La devolución de estas sumas deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días desde el desistimiento o resolución. Corresponde al vendedor la carga de la prueba sobre el cumplimiento del plazo. Transcurrido el mismo sin que el comprador haya recuperado la suma adeudada, tendrá derecho a reclamarla duplicada, sin perjuicio de que además se le indemnicen los daños y perjuicios que se le hayan causado en lo que excedan de dicha cantidad.
Por otro lado, el art. 10 LOCM dispone que cuando se proceda a la devolución de un producto, el comprador no tendrá obligación de indemnizar al vendedor por el desgaste o deterioro del mismo debido exclusivamente a su prueba para tomar una decisión sobre su adquisición definitiva sin alterar las condiciones del producto en el momento de la entrega.
Se prohíbe al vendedor exigir anticipo, de pago o prestación de garantías, incluso la aceptación de efectos que garanticen un eventual resarcimiento en su favor para el caso de que se devuelva la mercancía.
Derecho de resolución en los supuestos de contratos financiados
La LOCM, reformada por la Ley 47/2002 de transposición de la Directiva 97/7/CE, establece que en caso de que el precio de un bien haya sido total o parcialmente financiado mediante crédito concedido al comprador por parte del vendedor o de un tercero previo acuerdo de éste con el vendedor, el ejercicio del derecho de desistimiento o resolución implicará al tiempo la resolución del crédito sin penalización alguna para el comprador.
La prohibición de envíos no solicitados
El envío no solicitado es una práctica consistente en la remisión de un producto a una persona que no lo ha pedido, indicándole que puede pagar el precio o bien devolver el producto. La gravedad resulta porque el empresario cuenta con la pusilanimidad (timidez) del consumidor o con la falta de tiempo de éste para devolver el envío, y la consecuencia es que en un número elevado de ocasiones consigue cobrar el precio del producto enviado y no por el interés del consumidor en adquirirlo, sino para evitar los problemas relacionados con su devolución. Por ello, la LOCM dispone “Queda prohibido enviar al consumidor artículos o mercancía no pedidos por él al comerciante cuando dichos suministros incluyan una petición de pago. En caso de que así se haga, y sin perjuicio de la infracción que ello suponga, el receptor de tales artículos no estará obligado a su devolución ni podrá reclamársele el precio. En caso de que decida devolverlo no deberá indemnizar por los daños o deméritos sufridos por el producto. No será de aplicación lo dispuesto en el párrafo primero cuando quede claramente de manifiesto al receptor que el envío no solicitado se debía a un error, correspondiendo al vendedor la carga de la prueba. El receptor tendrá derecho a ser indemnizado por los gastos y por los daños y perjuicios que se le hubieran causado”.
Para asegurar la eficacia de la Directiva se dispone, que los consumidores no podrán renunciar a los derechos que se les reconozcan en virtud de la transposición al Derecho nacional de la presente Directiva. Por ello, la Ley española establece que “Cuando el comprador sea un consumidor, los derechos que el presente se le reconoce serán irrenunciables y podrán ser ejercidos por los mismos aunque la legislación aplicable sea otra distinta de la española, si el contrato presenta un vínculo estrecho con el territorio de cualquier estado miembro de la Unión Europea”. La violación de la norma imperativa puede tener como efecto la nulidad del contrato, pudiendo darse el caso de nulidad parcial para salvar parte del negocio.
Una de las categorías de los contratos a distancia, está representada por los contratos celebrados mediante uso de instrumentos informáticos o telemáticos. Se entiende por comercio electrónico todo intercambio de datos por medios electrónicos, está relacionado o no con la actividad comercial en sentido estricto.
De forma más estricta, deberá limitarse a las transacciones comerciales electrónicas, es decir, compraventa de bienes o prestación de servicios, así como las actividades y negociaciones previas y otras actividades ulteriores relacionadas con las mismas, aunque no sean estrictamente contractuales, desarrolladas a través de los mecanismos que proporcionan las nuevas tecnologías de la comunicación (correo electrónico, o el www, o el EDI).
Con la finalidad de garantizar un elevado nivel de integración jurídica comunitaria con objeto de establecer un auténtico espacio sin fronteras interiores en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información ha sido promulgada la Directiva 2000/31/CE, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.
La Directiva ha atendido al principio de subsidiariedad de conformidad con el art. 5 del Tratado al tratar algunos puntos específicos que planteen problemas para el mercado interior y al principio de proporcionalidad, al limitarse con sus disposiciones al mínimo necesario para conseguir el objetivo del correcto funcionamiento del mercado interior. En aquellos casos en que sea necesaria una intervención comunitaria y con el fin de garantizar que realmente dicho espacio no presente fronteras interiores para el comercio electrónico, la Directiva debe garantizar un alto nivel de protección de los objetivos de interés general y, en especial, la protección de los menores y la dignidad humana, la protección del consumidor y de la salud pública.
Resulta obligado aludir para completar el marco normativo aplicable a la contratación a la Directiva 1999/93/CE por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, y a nuestro RD-Ley 14/1999, puesto que la firma es un elemento importante respecto a la identificación de los contratantes.
La Ley española 34/2002 de Comercio Electrónico
Esta Ley se ocupa tan sólo de aquellos aspectos que, ya sea por su novedad o por las peculiaridades que implica su ejercicio por vía electrónica, no habían sido atendidos previamente por regulación española, representada por el RD-Ley 14/1999.
Ámbito de aplicación: la llamada Sociedad de la Información
La Ley acoge un concepto amplio de “servicios de la sociedad de la información”, que engloba:
El suministro de información por dicho medio.
La transmisión de datos por redes de telecomunicaciones.
La realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios.
El alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros.
La provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de internet.
Así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios, siempre que represente una actividad económica para el prestador.
La Ley se aplica, con carácter general, a los prestadores de servicios establecidos en España. Por “establecimiento” se entiende el lugar desde el que se dirige y gestiona una actividad económica, definición que se inspira en el concepto de domicilio fiscal y que resulta compatible con la noción material de establecimiento predicada por el Derecho comunitario. La Ley resulta igualmente aplicable a quienes sin ser residentes en España prestan servicios de la sociedad de la información a través de un “establecimiento permanente” situado en España. En este último caso, la sujeción a la Ley es parcial, respecto a aquellos servicios que se presten desde España.
Facultades y deberes de los prestadores de servicios
Sólo se permite restringir la libre prestación en España de la sociedad de la información procedentes de otros países pertenecientes al Espacio Económico Europeo en los supuestos previstos en la Directiva 2000/31/CE, que consisten en la producción de un daño o peligro grave contra ciertos valores fundamentales como el orden público, la salud pública o la protección de menores. Igualmente podrá restringirse la prestación provenientes de dichos estados cuando afecten a alguna de las materias excluidas del principio de país de origen, que la Ley concreta en su art. 3, y se incumplan las disposiciones de la normativa española que, en su caso, resulte aplicable a las mismas.
Destaca, su afán por proteger los intereses de los destinatarios de servicios, de forma que éstos puedan gozar de garantías suficientes a la hora de contratar un servicio o bien por Internet. Con esta finalidad, la Ley impone a los prestadores de servicios la obligación de facilitar el acceso a su datos de identificación a cuantos visiten su sitio en Internet; la de informar a los destinatarios sobre los precios que apliquen a sus servicios y la de permitir a éstos visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales a que se someta el contrato. Cuando la contratación se efectúe con consumidores, el prestador de servicios deberá, además, guiarles durante el proceso de contratación, indicándoles los pasos que han de dar y la forma de corregir posibles errores en la introducción de datos, y confirmar la aceptación realizada una vez recibida.
En lo que se refiere a las comunicaciones comerciales, la Ley establece que éstas deban identificarse como tales, y prohíbe su envío por correo electrónico u otras vías equivalentes, salvo que el destinatario haya prestado su consentimiento.
La celebración de contratos electrónicos
Se favorece igualmente la celebración de contratos por vía electrónica, al afirmar la ley, de acuerdo con el principio que rige la perfección de los contratos en nuestro Derecho, la validez y eficacia del consentimiento prestado por vía electrónica, declarar que no es necesaria la admisión expresa de esta técnica para que el contrato surta efecto entre las partes, y asegurar la equivalencia entre los documentos en soporte papel y los documentos electrónicos a efectos del cumplimiento del requisito de “forma escrita” que figura en diversas leyes.
Se aprovecha la ocasión para fijar el momento y lugar de celebración de los contratos electrónicos, adoptando una solución única, también válida para otros tipos de contratos celebrados a distancia, que unifica el criterio dispar contenido hasta ahora en los CC y de CCom al disponer que hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay con sentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.
Las disposiciones contenidas en esta Ley sobre aspectos generales de la contratación electrónica, como las relativas a la validez y eficacia de los con tratos electrónicos o al momento de prestación del consentimiento, serán de aplicación aun cuando ninguna de las partes tenga la condición de prestador o destinatario de servicios de la sociedad de la información.

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