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Timestamp: 2019-12-15 08:23:27+00:00

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Boletín de Novedades núm. 11/2012 del mes de noviembre
A.- Los problemas humanos derivados de la aplicación de la normativa sobre ejecución de créditos hipotecarios forzó, políticamente, a adoptar una reforma de urgencia. Con este fin se aprobó el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (BOE núm. 276, de fecha 16 de noviembre de 2012), norma que en la actualidad se está tramitando como proyecto de ley.
En la exposición de motivos del Real Decreto ley se alude a la necesidad de acometer una reforma legal en profundidad de la regulación de los créditos hipotecarios, pero a su vez también a la necesidad de adoptar “una intervención pública inmediata que palie las circunstancias de mayor gravedad social que se vienen produciendo”.
La medida urgente adoptada consiste en suspender de forma inmediata y por un plazo de dos años los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Situaciones que se definen en el artículo primero.
B. La otra gran novedad normativa del mes de noviembre es la controvertida regulación de las tasas judiciales mediante la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE núm. 280, de fecha 21 de noviembre de 2012).
La exposición de motivos trata de fundar la constitucionalidad de la Ley en la cita de la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, así como en la afirmación de que el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita.
La Ley define el hecho imponible de la tasa -el ejercicio de la potestad jurisdiccional, también en el orden contencioso-administrativo-, regula sus elementos de acuerdo con los principios del derecho tributario y fija su cuantía (abreviado 200 euros, ordinario 350 euros, apelación 800 euros y casación 1200 euros).
Debemos destacar lo dispuesto en el artículo 4.f): se establece la exención en el pago de la tasa en caso de silencio administrativo negativo o inactividad de la administración.
C. En la Ley anterior, la 20/2012, se continúa con el recurso a la perversa técnica legislativa de introducir regulaciones materiales en las disposiciones finales que no guardan relación alguna con el contenido material de la Ley en la que se insertan. En este caso la disposición final segunda deroga el apartado tercero del artículo 23 de la Ley jurisdiccional 29/1998, precepto que permitía a los funcionarios representarse a sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios.
A. El Decreto ley 4/2012 de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción (DOGC núm. 6245, de fecha 2 de noviembre de 2012), trata de poner límites en Cataluña a la reforma que en materia de horarios comerciales y ventas promocionales ha llevado a cabo el Estado mediante el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio.
Tomando como base la competencia exclusiva de la Generalidad en esta materia, el Decreto ley catalán afirma que con su aprobación se “trata de clarificar el sistema de distribución competencial en las materia de horarios comerciales y actividades promocionales”.
Se trata, pues, de una norma dictada en desarrollo del Estatuto catalán con el fin de precisar legalmente el alcance de las competencias autonómicas y, de esta forma, poder oponer esta interpretación legal a la realizada por el Estado en su Real Decreto ley 20/2012.
B. La implantación de parques eólicos ha tenido en Cataluña, y seguramente seguirá teniendo, una compleja tramitación administrativa, con notables problemas de orden judicial.
El Acuerdo GOV/120/2012, de 20 de noviembre, de aprobación del Plan de determinación de las zonas de desarrollo prioritario (ZDP) de parques eólicos (DOGC núm. 6263, de fecha 28 de noviembre de 2012), trata de nuevo de dar contenido a lo previsto en el Decreto 147/2009 por el que se estableció el procedimiento para la implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas, cuyo primer desarrollo (Acuerdo de Gobierno 198/2010 de 1 de junio) fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia. Mientras se sustancia el recurso casacional frente al Auto suspensivo, y atendiendo a los motivos que justificaron la suspensión -fundamentalmente la falta de estudio ambiental- , se ha adoptado este nuevo Acuerdo con el que poder impulsar la implantación de los parques eólicos.
TORNOS-ARROYO-MARTÍNEZ-LÓPEZ PAGÁN. Transparencia, rendición de cuentas y participación: una agenda común de cohesión para la cohesión social y la gobernanza en América Latina. Diputación de Barcelona, 2012, 187 páginas.
El crecimiento económico que en los últimos años se está dando en la zona de América Latina y el Caribe aconseja situar en las agendas políticas de estos países la adopción de medidas en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, como medidas de buena gobernanza que permitan mantener e impulsar el desarrollo económico. Hoy se comparte la idea de que no cabe desarrollo sin instituciones legítimas y eficaces, transparentes y participativas.
El libro que presentamos, elaborado a instancias de la Diputación de Barcelona y con la participación de dos socios del despacho, se ocupa de esta cuestión analizando los conceptos de gobernanza, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, como instrumentos necesarios de la necesaria cohesión social que debe vertebrar e impulsar el desarrollo de los países. Junto al análisis conceptual se analizan diversas experiencias municipales, metropolitanas y regionales que pueden servir de ejemplo de las conductas a seguir. Todo ello, con el fin de servir de elementos de reflexión y guía para políticas que puedan adoptarse en América latina.
GIMENO FELIU,J.M.- La necesidad de un código de contratos públicos en España. La contratación pública y las PYMES como estrategia de reactivación de la economía. Observatorio de contrataos públicos 2011, Civitas/Thomson Reuters, Cizur Menor, 2012, pág. 27 a 84.
La publicación “Observatorio de contratos públicos”, de periodicidad anual y fruto de un excelente equipo de profesionales del derecho expertos en materia de contratación, acaba de aparecer en su edición relativa al año 2011.
El Observatorio nos da cuenta de las novedades en materia de contratación aparecidas durante el año 2011, tanto las normativas, como las resoluciones de los nuevos órganos o Tribunales especiales en materia de contratación, resoluciones de las Juntas Consultivas y autos y sentencias judiciales, y añade artículos de interés general o sectorial en esta materia de la contratación pública.
De entre los diferentes trabajos publicados, todos de especial interés, destacamos por contener una profunda reflexión sobre los problemas de nuestra normativa en materia de contratación y las medidas para mejorar esta situación, el trabajo del profesor Gimeno Feliu. El profesor Gimeno Feliu reclama la necesidad de una mayor seguridad y predictibilidad, pero sobre todo una nueva cultura de la contratación pública, que “haga de la misma un instrumento de políticas públicas activas alejado de prácticas clientelares o de validación de proyectos claramente insostenibles ya desde una perspectiva financiera ya desde la propia lógica de la convivencia y su sostenibilidad”
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE
• Orden FOM/2336/2012, de 31 de octubre, por la que se modifica la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, por la que se fijan las cuantías de los cánones ferroviarios establecidos en los artículos 74 y 75 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (BOE núm. 263, de fecha 1 de noviembre de 2012).
• Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica (BOE núm. 265, de fecha 3 de noviembre de 2012).
• Orden SSI/2366/2012, de 30 de octubre, por la que se establece el factor común de facturación de la prestación con productos dietéticos (BOE núm. 265, de fecha 3 de noviembre de 2012).
• Real Decreto 1485/2012, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, para adaptarlo a la nueva denominación y estructura de los departamentos ministeriales (BOE núm. 269, de fecha 8 de noviembre de 2012).
• Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito (BOE núm. 275, de fecha 15 de noviembre de 2012).
• Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (BOE núm. 276, de fecha 16 de noviembre de 2012).
• Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano (BOE núm. 277, de fecha 17 de noviembre de 2012).
• Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE núm. 280, de fecha 21 de noviembre de 2012).
• Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (procedente del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre).
• Proposición de Ley de medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual.
• DECRETO LEY 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción (DOGC núm. 6245, de fecha 2 de noviembre de 2012).
• DECRETO 141/2012, de 30 de octubre, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad (DOGC núm. 6245, de fecha 2 de noviembre de 2012).
• ACUERDO GOV/120/2012, de 20 de noviembre, de aprobación del Plan de determinación de las zonas de desarrollo prioritario (ZDP) de parques eólicos (DOGC núm. 6263, de fecha 28 de noviembre de 2012).
• DECRETO 155/2012, de 20 de noviembre, por el que se aprueban las bases reguladoras y de ejecución del Plan único de obras y servicios de Cataluña para el periodo 2013-2016, y se abre la convocatoria única para este periodo (DOGC núm. 6263, de fecha 28 de noviembre de 2012).
01/2013. Boletín de Novedades núm. 12/2012 del… 12/2012. Boletín de Novedades núm. 10/2012 del…

References: Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto