Source: http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/gpwtc.php?id=17382&name=consultas&file=look&palabra=3218%203217%203026%203016%201732%201726%20526%20520
Timestamp: 2013-12-08 17:43:12+00:00

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Tribunal Constitucional Plurinacional - Resoluci�n 0072/2010-R
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0072/2010-R
Sucre, 3 de mayo de 2010
Expediente: 2007-16875-34-RHC
Magistrado Relator: Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
En revisión la Resolución 21/07 de 17 de octubre de 2007, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad interpuesto por Carlos Flores Montaño contra Giovanna Luz Mendoza Revollo, Fiscal de Materia, alegando la vulneración de los derechos a la libertad personal y al debido proceso, previstos por los arts. 9 y 16.IV de la Constitución Política del Estado abrogada (CPE abrg), ahora arts. 23.I y 117.I de la Constitución Política del Estado vigente (CPE).
El recurrente, en el escrito presentado el 13 de octubre de 2007 de fs. 3 y vta., manifiesta que la Fiscal recurrido incurrió un total abuso de autoridad, porque desconociendo la “etapa preliminar” (sic) del proceso penal, a sola denuncia en su contra, pretendió tomar su declaración informativa, sin existir imputación formal, tal cual prevé el art. 302 del Código de Procedimiento Penal (CPP); pues, en su primera citación fiscal refiere atenerse al art. 97 y siguientes de la Ley 1970, además de amenazar expresamente su libertad personal, por la presunta comisión de un delito inexistente, sin considerar que la pena mínima para el delito sindicado de falsedad ideológica es de un año; es decir inferior a la que establece el art. 226 del CPP, como exigencia para que proceda la aprehensión, que según su criterio es lo que pretende la Fiscal. Actuación que vulnera sus derechos constitucionales a la libertad y al debido proceso, asimismo contraviene la línea jurisprudencial contenida en las “SSCC 661/00 de 6 de junio y 976/2000 de 13 de octubre”.
Indica como vulnerados, sus derechos a la libertad y al debido proceso, consagrados por los arts. 9 y 16.IV de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), ahora arts. 23.I y 117.I de la CPE.
El recurrente, interpone recurso de hábeas corpus, contra Giovanna Luz Mendoza
Revollo, Fiscal de Materia, solicitando se dicte sentencia para preservar la libertad, los derechos y garantías.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de hábeas corpus
Efectuada la audiencia pública el 17 de octubre de 2007, con la concurrencia del recurrente, asistido de su abogado, la autoridad recurrida, ausente el representante del Ministerio Público, según consta en el acta cursante de fs. 9 a 15, se producen los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso
El recurrente asumiendo defensa propia, ratifica in extenso los términos de su recurso planteado, y los amplía señalando que: 1) El art. 97 del CPP, que alude la Fiscal recurrida, es aplicable sólo en casos de imputados formalmente por la Fiscalía y no como en el presente, en el que no existe una imputación formal en su contra, tampoco una citación previa policial sino directamente una citación fiscal, omitiendo el procedimiento; 2) La Fiscal, está actuando por influencias del Fiscal Antonio Santa María Patón, quien los amenazó a su madre y a él, con hacerlos “meter a la cárcel, por lo que viven intimidados”, al haber reclamado la pérdida material de las pruebas dentro de un proceso de asesinato de un familiar, cuya investigación ha sido cerrada por el nombrado Fiscal y actuación que han denunciado a las autoridades llamadas por ley, motivando que dicha autoridad ahora arremeta contra su persona, ejerciendo de esta manera influencia en la Fiscal, quien está actuando para obstaculizar la ejecución del mandamiento de aprehensión contra los “esposos Antoja”, en otro proceso penal que sigue su parte por los delitos de estafa y estelionato; y, 3) Su intención no es eludir la acción penal, sino reclamar para que ésta sea conforme a procedimiento, toda vez que la Fiscal demandada, promovió una acción con citación Fiscal y no mediante una citación Policial como debería ser.
La demandada, Giovanna Mendoza Revollo, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó: a) Su autoridad dispuso se proceda a citar al recurrente y otra persona, porque fueron denunciados por el Fiscal “Antonio Santa María”, por los supuestos delitos de falsedad ideológica y otros; a raíz de lo cual, emitió las citaciones correspondientes para que presten sus declaraciones informativas, las que fueron representadas al no haber sido habidos; sin embargo, conforme a procedimiento, se dejó aviso, señalando que se volvería al día siguiente, a la persona identificada como Estela Miranda; b) El ahora recurrente, ese mismo día se apersonó a oficinas de la Fiscalía preguntando por qué se lo estaba citando; circunstancia en la que fue citado y firmó por su madre para prestar sus declaraciones informativas el 12 de octubre de 2007 a horas 9:30; y así puedan conocer los hechos por los cuales se los estaba denunciando; pese a ello, no se presentaron ese día, siendo notificada su autoridad con el presente recurso de hábeas corpus; c) Como representante del Ministerio Público, puso en conocimiento del Juez cautelar el referido proceso penal en que se involucra al recurrente, habiéndose iniciado el proceso investigativo, por lo que no existe procesamiento ilegal, toda vez que no existe aún una imputación formal, precisamente porque los citados no han prestado su declaración informativa;y, d) Al respecto, solicita al Tribunal de garantías considere las SSCC “418/2007 de 21 de mayo” y “419/2000 del 2 de mayo”, que resolvieron los casos en que, no se había emitido ninguna orden de aprehensión y que el Ministerio Público se había remitido a citar a las personas allí indicadas para que presten sus declaraciones informativas y asuman defensa. Asimismo, señala que desconoce el proceso penal mencionado por el demandante.
Concluida la audiencia, la Sala social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronuncia la Resolución 21/07 de 17 de octubre de 2007, cursante de fs. 16 a 17, que declara improcedente el recurso de hábeas corpus, con los siguientes fundamentos: i) Dentro de la investigación a denuncia de Antonio Santa María, contra Carlos Flores Montaño y Rosario Montaño Viscarra, la Fiscal demandada dispuso su citación a objeto de que presten su declaración informativa, quienes según el cuaderno de investigación y el informe de la autoridad recurrida, no se presentaron el día y hora fijados, ni presentaron un justificativo o impedimento legítimo; empero, la citada Fiscal no ordenó librar mandamiento de aprehensión, conforme a las facultades establecidas por el art. 226 del CPP; y, ii) A tiempo de interponer la presente acción tutelar el recurrente, no tuvo presente que podía objetar la admisibilidad de la querella y la personería del querellante ante el Juez cautelar, conforme disponen los arts. 279 y 291 del CPP, al encontrarse el caso bajo control jurisdiccional del Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar” (sic).
Debido a la ausencia de quórum necesario, las causas pendientes de resolución por parte del Tribunal Constitucional, quedaron en espera hasta la designación de nuevos Magistrados.
En virtud a la designación de las nuevas autoridades, por Acuerdo Jurisdiccional 001/2010 de 8 de marzo, se dispuso el reinicio de los cómputos. Por tanto, la nueva fecha de vencimiento para dictar sentencia dentro de la presente causa concluye el 3 de mayo del año en curso, razón por la cual, la Resolución emitida se encuentra dentro del plazo establecido por ley.
II.1. El 28 de agosto de 2007, Javier Salinas Soruco, Fiscal de Materia, comunicó al Juez de Instrucción de turno en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz, sobre el inicio de la investigación preliminar seguida a querella de Antonio Abad Santa María Pérez Paton contra Carlos Flores Montaño, por el delito de falsedad material, señalando que el caso quedaba bajo control jurisdiccional (fs. 8).
Por decreto de 30 de ese mes y año, la Jueza Décima de Instrucción en lo Penal del mismo Distrito Judicial, dispuso tenerse por anunciado el inicio de investigaciones, debiendo el representante del Ministerio Público adecuar su conducta a lo previsto por el art. 301 del CPP, una vez concluidas las investigaciones preliminares (fs. 8 y vta.).
II.2. Conforme el formulario de registro: Sistema Judicial Boliviano, el proceso penal público por el delito de falsedad material seguido por el Ministerio Público representado por Antonio Abad Santamaría Pérez Paton contra Carlos Flores Montaño, recurrente, ingresó el 28 de agosto de 2007, siendo asignado al Juzgado Décimo de Instrucción cautelar (fs. 7).
II.3. El 9 de agosto de 2007, el Fiscal Javier Salinas Soruco, amplía a noventa días, la etapa investigativa conforme al art. 301 inc.2) del CPP, computables a partir de la recepción del requerimiento, disponiendo que vencido el término, el Investigador elabore en forma improrrogable su informe conclusivo de la investigación para que en su caso se formule la imputación formal en contra de los sindicados (según lo señalado por el Tribunal de Garantías que tuvo acceso al cuaderno de investigaciones fs. 16 y vta.).
II.4. Mediante orden de citación de 9 de octubre de 2007, la Fiscal recurrida, instruyó a cualquier funcionario o autoridad policial, citar al recurrente para que se presente el 12 de ese mes y año, a horas 9:30, en oficinas de la Fiscalía de Distrito, a objeto de prestar su declaración informativa policial dentro del referido proceso penal, con la advertencia que en caso de no presentarse el día y hora indicado, ni justificar un impedimento legítimo, se podía librar la orden de aprehensión que corresponda, conforme lo dispone el art. 226 del CPP (fs. 1).
El recurrente, alega que se han vulnerado sus derechos a la libertad personal y al debido proceso, toda vez que dentro de la denuncia formalizada por Antonio Abad Santa María Pérez Patón en su contra, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, la Fiscal recurrida incurriendo en procesamiento indebido, pretendió tomarle su declaración informativa, sin existir imputación formal en su contra, mediante una citación fiscal y no policial como debería ser. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos demandados son evidentes para otorgar o no la tutela solicitada.
III.1.Operatividad y aplicación en el tiempo del bloque de constitucionalidad.
Antes de desarrollar la argumentación jurídica pertinente al caso concreto, en mérito al cambio de norma constitucional es pertinente realizar el siguiente análisis:
Si bien el recurso de hábeas corpus ahora conocido, en revisión por el Tribunal Constitucional, fue interpuesto durante la vigencia de la Constitución de 1967, modificada parcialmente los años 1994 y 2004; y abrogada el 2009, por la Constitución vigente, es imperante establecer las cualidades de operatividad y aplicación inmediata en el tiempo de la norma suprema vigente.
Al respecto, a partir de la vigencia de la Constitución de 2009, es decir a partir del 7 de febrero de ese año; y hasta que las autoridades electas ejerzan funciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional, el País se encuentra en un “estado de transición constitucional”, en el cual debe utilizarse un régimen transitorio de liquidación de causas para dar paso a la vigencia del nuevo órgano contralor de constitucionalidad, en ese contexto, debe determinarse la normativa constitucional aplicable en este período.
La Constitución por ser la norma suprema del Estado y por devenir de la función constituyente, a diferencia de las demás normas del ordenamiento jurídico, tiene dos cualidades esenciales a saber: la operatividad en el tiempo, principio a partir del cual se articula su segunda cualidad, referente, a la aplicación inmediata a todas las situaciones existentes y pendientes de resolución. A partir de estas dos cualidades esenciales de la Constitución se establece otro principio fundamental cual es el “efecto de irradiación de la Constitución en el ordenamiento jurídico”, postulado a partir del cual esta norma suprema informa, integra y sistematiza armoniosamente a todo el cuerpo normativo existente. En ese contexto, al estar en vigencia la Constitución de 2009 y al haber dejado sin efecto en su Disposición Abrogatoria a la Constitución de 1967 y sus posteriores reformas, las cualidades de esta norma antes descritas, hacen que la misma sea plenamente aplicable al “estado de transición constitucional” en el cual se deben liquidar las causas pendientes de resolución.
Por tanto, el “estado de transición constitucional” en el marco del cual se liquidarán las causas pendientes de resolución, evidentemente necesita un orden normativo rector, el cual indiscutiblemente debe estar formado por la Constitución vigente y la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, cuyos arts. 4 y 6 mandan al órgano contralor de constitucionalidad aplicar la Constitución vigente y las demás normas infraconstitucionales hasta que entren en vigencia las leyes que la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución encomienda para su elaboración y aprobación a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ahora bien, considerando que existen causas pendientes de resolución, las mismas que fueron iniciadas con la Constitución abrogada y que deberán ser resueltas al abrigo del nuevo orden constitucional y en el marco de los lineamientos normativos establecidos en los arts. 4 y 6, de la Ley 003, utilizando un criterio de interpretación “integrador” de todo el sistema jurídico, es necesario aplicar en este proceso de transición constitucional, la doctrina del “bloque de constitucionalidad”, conformado como unidad sistémica por tres compartimentos conexos entre sí: La Constitución vigente, los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos y finalmente principios y valores de rango constitucional.
Al respecto, el art. 410 de la CPE, determina los alcances del bloque de constitucionalidad, incorporando al rango constitucional a todos los Tratados Internacionales ratificados por Bolivia que versen sobre Derechos Humanos.
La aplicación del bloque de constitucionalidad a este régimen de transición constitucional, hace que el sistema jurídico se armonice y que las causas iniciadas con el régimen anterior sean resueltas bajo el régimen actual sin vulnerar el principio de irretroactividad, ya que el efecto de irradiación de la Constitución hace que ésta se aplique a situaciones pendientes de resolución; además, los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos, estuvieron en plena vigencia en el momento de iniciarse las causas pendientes de resolución y permanecen actuales en la etapa de transición constitucional, tópico que refuerza la legitimidad de esta doctrina; asimismo, en caso de existir aspectos más beneficiosos reconocidos por la Constitución abrogada, utilizando el criterio de interpretación de “favorabilidad para los derechos humanos”, sin que éstos signifiquen contradicción con el nuevo orden, podrán ser introducidos al bloque de constitucionalidad como valores y reglas constitucionales, ajustables a casos concretos.
En consecuencia, en la especie, corresponde aplicar el bloque de constitucionalidad conformado por la Constitución vigente, los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos y principios y valores de rango constitucional en caso de ser necesario, de acuerdo a los criterios de interpretación constitucional pertinentes.
III.2.Armonización de términos procesales-constitucionales
Siendo aplicable al caso concreto la Constitución vigente y los demás compartimentos del bloque de constitucionalidad, es imperante previamente aclarar la terminología procesal-constitucional a ser utilizada; al respecto, la Constitución abrogada en el art. 18, norma el “recurso de hábeas corpus”. De manera más amplia y garantista los arts. 125 al 127 de la CPE, reglamentan la llamada “acción de libertad”, sin que en esencia esta nueva norma altere el “núcleo esencial” de este mecanismo procesal, sino por el contrario, se aumenta su radio de protección al derecho a la vida.
En mérito a lo expuesto, se puede establecer que una diferencia entre ambas normas no se refiere al núcleo esencial de protección de esta garantía de defensa; sino que mas bien, la diferencia radica en la dimensión procesal de ambos; es decir, que con la Constitución abrogada este era considerado un recurso, en cambio, con la Constitución vigente, este mecanismo es una acción.
El cambio en cuanto a la dimensión procesal de esta garantía, tiene incidencia directa en la terminología a utilizarse en cuanto a las partes procesales involucradas en las causas a ser resueltas, en ese contexto, la norma constitucional abrogada denominaba a las partes intervinientes recurrente (s) y autoridad (es) recurrida (s), terminología que en la nueva dimensión procesal de esta garantía debe cambiar.
Lo precedentemente expuesto, denota la necesidad de uniformar la terminología aplicable a las causas pendientes de resolución en el marco del mandato inserto en los arts. 4 y 6 de la Ley 003, por tal razón, es pertinente señalar que en virtud, de la nueva dimensión procesal de esta garantía, deben adecuarse los términos a la Constitución vigente, motivo por el cual, la parte que hubo activado la tutela en vigencia de la anterior Constitución y cuya causa será resuelta por el Tribunal Constitucional en el marco del art. 4 de la Ley 003, deberá ser denominada accionante, aclarando su carácter inicial de recurrente. Por su parte, la autoridad contra la cual se activó este mecanismo procesal-constitucional, deberá ser denominada autoridad demandada, términos que se enmarcan a la nueva dimensión procesal de la acción de libertad.
III.3.Antes de ingresar a la consideración de fondo de la problemática, cabe recordar que el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, fue instituido en el art. 18 de la CPEabrg y consagrado en el art. 125 de la CPE, para la protección de los derechos a la libertad física, ampliando su ámbito de protección a otros derechos fundamentales como a la vida, a favor de toda persona que considere que es ilegalmente perseguida o indebidamente procesada.
En ejercicio de ese derecho constitucional, el recurrente, ahora accionante, ha planteado la presente acción tutelar, a través de la cual denuncia haberse vulnerado sus derechos a la libertad y a la garantía del debido proceso por procesamiento indebido, toda vez que mediante citación fiscal y no policial, y sin que exista imputación formal en su contra, la Fiscal demandada pretende que preste su declaración informativa dentro de una denuncia formulada contra su persona por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica. Al respecto, es necesario referir que toda autoridad pública con facultad de disponer la limitación al derecho a la libertad física o de locomoción, debe hacerlo guardando las formalidades legales previstas en las normas jurídicas que sean aplicables a cada caso, lo que significa, que la habilitación de la autoridad para ordenar la limitación no radica en esencia en la sola facultad, sino en la forma que la autoridad utilice dicha facultad para ejercer la misma.
III.4. El caso en análisis
Ingresando a la problemática planteada, en el ámbito específico se hace ineludible señalar que el Código de Procedimiento Penal así como la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), establecen las formas y procedimiento que debe seguir el Fiscal al conocer una denuncia con relación al denunciado no aprehendido previamente, es decir, no encontrado en delito flagrante. Así la norma prevista en el art. 97 CPP, dispone que “durante la etapa preparatoria, el imputado prestará declaración ante el fiscal, previa citación formal.” Esta norma es de ineludible cumplimiento, pues el art. 289 CPP, también impone a dicha autoridad a dirigir la investigación conforme a las normas del mismo Código; por consiguiente, cuando el denunciado no se encuentra aprehendido el Fiscal deberá disponer la citación en la forma que asegure al mismo el conocimiento de la denuncia, esto por disposición del art. 62 LOMP; y sólo para el caso de que el sindicado desobedezca la orden de citación, podrá librar mandamiento de aprehensión como dispone el art. 224 CPP.
Las disposiciones legales citadas precedentemente, facultan privativamente al Fiscal, que ante el conocimiento de una denuncia como Director Funcional de la investigación, emita orden de citación al denunciado para que éste comparezca a prestar su declaración informativa, y una vez concluida dicha declaración de conformidad con el art. 302 del CPP, si estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho denunciado y la participación del sindicado, formalizará la imputación mediante resolución fundamentada. En efecto, en la presente acción tutelar, la Fiscal demandada actuó conforme a procedimiento y en cumplimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público, al citar al ahora accionante, para que comparezca a prestar su declaración informativa dentro de la denuncia formulada por el Ministerio Público en su contra, lo que no constituye de ninguna manera una amenaza a su derecho a la libertad, pues consta en obrados que el accionante no concurrió a la convocatoria de la autoridad fiscal ni justificó ningún impedimento, evidenciándose de obrados, que la Fiscal demandada no emitió ninguna orden de aprehensión contra el accionante, lo que desvirtúa lo aseverado por él, en el memorial de demanda.
Con relación a la supuesta lesión al debido proceso, tampoco es cierto por cuanto al iniciarse el proceso investigativo, como se ha referido anteriormente, ha sido citado a prestar su declaración informativa, de acuerdo a procedimiento, y la aprehensión ordenada, también se encuentra prevista en la ley; sin embargo, el ahora accionante, ha interpuesto la presente acción tutelar, precisamente por la citación realizada, la que se ha ceñido al marco legal penal establecido; sin embargo, es preciso señalar que el proceso investigativo iniciado se encuentra bajo control jurisdiccional del Juez cautelar ante quien puede acudir el demandado, si considera que se le han lesionado sus derechos fundamentales, por ser la autoridad llamada por ley para la reparación de las supuestas lesiones aducidas, de conformidad con el art. 54.inc.1 del CPP. Por consiguiente y en consideración a lo anotado precedentemente, se concluye que la autoridad demandada, Fiscal de Materia, no ha incurrido en la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante, lo que determina que no se otorgue la tutela solicitada.
En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional mediante la SC 0008/2010-R de 6 de abril, que moduló la SC 160/2005-R de 23 de febrero, al señalar:
“I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”.
III.5. Empleo de terminología en cuanto a la otorgación o denegación de tutela
El Tribunal de garantías, en su Resolución 21/07 de 17 de octubre de 2007, cursante de fs. 16 a 17, utiliza el término improcedente, para denegar la tutela, al respecto, el art. 126.III de la CPE, establece que “…La sentencia podrá ordenar la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad, la reparación de los defectos legales, el cese de la persecución indebida o la remisión del caso al juez competente…”, terminología que es compatible a la utilizada por el art. 18 de la CPEabrg. Ahora bien, corresponde entender, que al ordenar la tutela, es coherente utilizar el término “otorgar la tutela” o “conceder la tutela”; en contrario sensu, en caso de no concurrir los supuestos pertinentes para su otorgación, el juez o tribunal de garantías deberá “denegar la tutela”. Por su parte, el Tribunal Constitucional, podrá aprobar o revocar la decisión del juez o tribunal a quo, terminología que en el marco de la aplicación de la Constitución vigente debe ser utilizada por todos los tribunales y jueces.
En consecuencia y por lo señalado precedentemente, se constata que el caso planteado no se encuentra dentro de las previsiones y alcances del art. 18 de la CPEabrg, ahora 125 de la CPE, por lo que el Tribunal de garantías, al haber declarado improcedente, efectuó una adecuada compulsa y ha dado correcta aplicación al citado precepto constitucional.
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 4 y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, “Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público”; y 7 inc. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional, sobre la base de las consideraciones antes realizadas, en revisión, resuelve, APROBAR la Resolución 21/07 de 17 de octubre de 2007, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, y en consecuencia DENIEGA el recurso planteado, ahora acción de libertad.
Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce
Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur
Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños
Fdo. Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés

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