Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2017/84/1/
Timestamp: 2019-11-15 05:04:26+00:00

Document:
Diario de Sesiones 84/2017, de fecha 19/7/2017 - Punto 1 - Parlamento de Canarias
DS 84/2017 (19/jul/2017)
Diario de Sesiones 84/2017, de fecha 19/7/2017 - Punto 1
9L/CG-0002 Comunicación del Gobierno sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Situación actual y objetivos de futuro.
La señora PRESIDENTA: Bien, les decía, señorías, que lo que acabamos de acordar aquí en reunión de portavoces es que vamos a empezar con la comunicación del Gobierno, como habíamos quedado en el día de ayer. La intervención será en primer lugar de diez minutos para el Gobierno, a cargo de la consejera de Hacienda; intervendrán seguidamente los grupos de menor a mayor, por igual tiempo, máximo -cada grupo coge el que estima oportuno y conveniente-; a continuación contestará, replicará el Gobierno, por siete minutos; e igual cantidad de tiempo por los grupos, en el mismo orden, con la consumición del tiempo que estimen oportuna. Seguidamente se dará un plazo de quince minutos para la presentación de las propuestas de resolución y, una vez presentadas -nosotros seguiremos con las PNL que nos quedan-, una vez presentadas las propuestas de resolución, pues, cuando estén a disposición, se procederá a su votación sin intervención de los grupos. ¿De acuerdo, señorías? (Asentimiento).
Pues muy bien, tiene la palabra para comenzar esta comunicación el Gobierno. La señora consejera de Hacienda, por tiempo de diez minutos.
La señora CONSEJERA DE HACIENDA (Dávila Mamely): Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, buenos días.
La mejora de la financiación autonómica es probablemente, junto con la creación de empleo, el principal reto al que se enfrenta esta comunidad autónoma. Una mejora que pasa necesariamente por la reforma actual del actual sistema, que debería haber sido revisado en el 2014 y que, por diversas circunstancias políticas, no se ha podido o no se ha querido abordar hasta ahora.
Para Canarias la reforma del sistema de financiación autonómica es una cuestión de Estado; un asunto absolutamente prioritario en la agenda política del Gobierno, tanto que se ha convertido en una demanda constante en todos o casi todos los contactos mantenidos entre las administraciones desde el inicio de esta legislatura.
Desde el 2009, primer año de aplicación del actual sistema, Canarias ha sido literalmente maltratada por el Estado en materia de financiación de los servicios públicos esenciales, con unos recursos por habitante y año muy por debajo de la media. Esa discriminación ha obligado al Gobierno a hacer malabarismos presupuestarios para garantizar, en condiciones aceptables, la prestación de los servicios básicos a la ciudadanía, detrayendo partidas de otras políticas para compensar el déficit del Estado.
En ese contexto, y ante la falta de voluntad política del Gobierno para afrontar la reforma, el Ejecutivo autonómico aprobó, en el mes de marzo del 2016, una comunicación que remitió a este Parlamento y que hoy debatimos para pedir una reforma urgente del modelo actual. Una modificación, señorías, que ponga fin a las desigualdades injustificadas a las que se somete -el actual sistema- a los canarios en cada ejercicio presupuestario. Desde esa óptica, la comunicación analiza la situación actual, el marco normativo, los objetivos que persigue Canarias en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Por tanto, constituye en sí misma una propuesta específica para el archipiélago que el Gobierno espera que pueda ser apoyada de forma unánime por todos los grupos de esta Cámara.
Para situar el debate en sus justos términos y así poder valorar la trascendencia para el desarrollo económico y social del archipiélago, lo primero que hay que señalar es que el sistema de financiación autonómica es el conjunto de recursos financieros, tributos y transferencias puestos a disposición de las comunidades autónomas para asegurar la financiación de la totalidad de las competencias asumidas, entre las que se encuentran los servicios públicos esenciales que se prestan al ciudadano, como la sanidad, la educación y las políticas sociales.
El vigente sistema de financiación entró en vigor el 1 de enero de 2009. Se aprobó en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y fue aceptado por todas las comunidades autónomas, incluida Canarias, en las correspondientes comisiones mixtas de transferencias. Pero conviene recordar que la Ley 22/2009, en su disposición transitoria tercera, preveía varias consecuencias para el supuesto de que alguna comunidad autónoma no aceptara el nuevo sistema, entre ellas la pérdida de recursos adicionales y una disminución de los fondos de las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas estaban percibiendo para la financiación de las competencias transferidas por el Estado. Por lo tanto, señorías, en aquel momento no había opción: o lo aceptábamos o, de lo contrario, las consecuencias eran peores.
Por otro lado, ya transcurridos ocho años desde la entrada en vigor del vigente modelo, el Estado no ha procedido aún a su revisión y, aunque la disposición adicional séptima de la Ley 22/2009 prevé una revisión quinquenal, es decir, que debería haberse revisado en el 2014, no ha habido condiciones para que se proceda a esa revisión.
Este precepto, junto con el hecho de que Canarias ha sido sistemáticamente la peor financiada y, por tanto, los más perjudicados sus ciudadanos, hace imprescindible el diseño y aprobación de un nuevo sistema de financiación.
Las cifras, señorías, hablan por sí solas. Canarias, de promedio y en el periodo 2009-2014, ha recibido un 14,3 menos de financiación de la media de las comunidades autónomas, lo que significa 313 euros menos por habitante y año. Debido a ello, las islas han tenido un déficit de financiación en relación con la media de las comunidades autónomas de más de setecientos millones de euros cada año.
Como consecuencia del déficit de financiación, en total, Canarias, en relación con la media de todo el periodo, esa diferencia asciende a la friolera de 4089 millones de euros y en relación con la comunidad mejor financiada, 11 millones de euros. Son cifras que dan vértigo, señorías. Son cifras que deberían venir a financiar la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, la justicia.
Estas diferencias confirman que el modelo actual ha incrementado las desigualdades entre las comunidades autónomas, siendo cada vez mayor la distancia entre la mejor financiada -Cantabria- y la peor financiada -Canarias-, en términos de financiación homogénea por habitante ajustado.
Para entender adecuadamente el perjuicio de esta desigualdad, es preciso considerar que el sistema de financiación es la principal fuente de recursos de la comunidad autónoma. Concretamente para el caso de Canarias los recursos del sistema de financiación representaron más del sesenta y cinco por ciento del presupuesto inicial de ingresos del año 2016. A esta situación se suman restricciones de la capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma derivadas del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, lo que ha motivado que el endeudamiento represente, en el 2016, únicamente el 2,72 de los ingresos.
Pero ¿cuál es la causa del sistema injusto e insolidario actual con Canarias? La principal causa hay que buscarla en la situación de partida del modelo anterior. El modelo anterior, o el modelo actual, perdón, garantizó una situación de partida a cada comunidad autónoma sobre la base de la financiación que hubiera obtenido en el 2009 a través del modelo anterior. Este rasgo del sistema de financiación vigente resulta determinante para explicar la financiación que cada autonomía viene percibiendo a partir del año 2009. El problema surge porque la situación de partida o el statu quo de Canarias en el 2009 no era todo lo bueno que cabría esperar, puesto que se partía a su vez de una situación anómala al no haberse actualizado en 1999 determinados indicadores como el de la población residente para el cálculo de la compensación de aquellas comunidades autónomas con menor capacidad tributaria, como era el caso del archipiélago.
Por todo lo expuesto, señorías, la finalidad de la presente comunicación parlamentaria es requerir desde esta Cámara, con fuerza y con unidad, al Estado un nuevo sistema de financiación, más justo, más solidario, cuyo texto articulado tiene que ser objeto de negociación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas. Un proceso que ya ha sido abierto con un grupo de expertos que va a finalizar sus conclusiones a finales de este mes, del mes de julio, y que tiene que garantizar el cumplimiento de una serie de objetivos que deben ser básicos para Canarias. En primer lugar, situar a Canarias en la media de financiación; en segundo lugar, la suficiencia del sistema; en tercer lugar, la exclusión de nuestro Régimen Económico y Fiscal del sistema de financiación. Ha habido avances, como ustedes saben, en la actual Ley de Presupuestos Generales del Estado para Canarias. Hemos conseguido eliminar el párrafo tercero de la disposición adicional tercera. Con ello excluimos nuestro Régimen Económico y Fiscal del sistema de financiación.
Pero, señorías, tenemos ante nosotros el reto de negociar con el Estado y con otras comunidades autónomas un nuevo modelo, un nuevo modelo que tiene que ser justo con todas las comunidades autónomas pero, sobre todo, hacer justicia con Canarias.
Turno ahora para los grupos, de menor a mayor.
Grupo Mixto, señor Curbelo.
El señor CURBELO CURBELO: Muchas gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, buenos días.
Yo estoy convencido plenamente de que todos, los sesenta diputados y diputadas que estamos hoy sentados en esta Cámara, sabemos y creemos que el asunto de mayor trascendencia para nuestra comunidad autónoma, en esta legislatura y en legislaturas pasadas, desde el año 2009, es el sistema de financiación autonómica. Entre otras razones porque si Canarias no tiene un sistema de financiación autonómica adecuado a las necesidades de los servicios esenciales canarios, pocos recursos tiene disponibles después para actualizar el modelo que necesita Canarias para la diversificación económica y para estructurar un modelo que genere riqueza, entre otras razones porque tiene déficits estructurales que se tienen que adecuar. Y si nosotros del presupuesto del año 2016, de siete mil y pico millones destinamos el 80 % del presupuesto a los servicios esenciales, quiere decir que parte de esa riqueza que generamos en Canarias la estamos dedicando desde el año 2009 hasta hoy a mantener servicios esenciales que el Gobierno de España tenía la obligación, la obligación moral y la obligación legal, de apoyar a esta comunidad autónoma para que pudiera tener unos servicios esenciales adecuados, entre otras razones porque la Ley de Crédito Extraordinario que vamos a ver después los destina, los 340 millones de euros, a los servicios esenciales, es decir, a las listas de espera sanitarias, que sufren muchos canarios, a mitigar políticas vinculadas a la igualdad de oportunidades, a la educación, y así sucesivamente. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo en que eso va a ser así.
Y a mí me gustaría llamar la atención de sus señorías esta mañana, porque lo que va a ocurrir en el trámite final de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, que habrá que ver cómo se va a desarrollar, entre otras cosas porque el problema catalán finalmente, que es un problema político hoy, tendrá una respuesta final económica vinculada al sistema de financiación autonómica. No tengo ninguna duda. Del mismo modo que los vascos... En fin, lo que quiero señalar es que si partidos políticos, como Podemos, con nueva presencia en el arco parlamentario de nuestro país, o como Ciudadanos, en fin, si ellos no toman conciencia de esta necesidad y de esta realidad en el Congreso de los Diputados...; conciencia de todos, indudablemente ya del Partido Socialista la doy por sentada y lógicamente de Nueva Canarias también, entre otras razones porque Nueva Canarias y Coalición Canaria han hecho un esfuerzo considerable en este último año para mejorar las condiciones de nuestra comunidad autónoma, las condiciones económicas, que finalmente esos recursos de la Ley de Crédito Extraordinario, 220, van a ir destinados indudablemente a mejorar los servicios esenciales: la sanidad, la educación, los servicios sociales. ¿Por qué? Porque se ha procurado desligar el sistema de financiación autonómica -este es un acuerdo político importantísimo en este año-, desvincular el nuevo sistema de financiación autonómica del REF. Es que hay algunos y aquí en esta Cámara hay algún partido político que entiende que el REF -que es un hecho para la singularidad canaria como consecuencia de la ultraperificidad, la insularidad y las especiales condiciones de lejanía de nuestro archipiélago- es un privilegio para esta comunidad autónoma. ¡Qué cosa! No, no se sorprendan, porque hay gente aquí, hay partidos políticos que lo piensan. Y ese, ese argumento que utilizan algunos, es el peor que podían utilizar para buscar la solidaridad de otras comunidades autónomas.
Por tanto, señora consejera, nosotros estamos plenamente convencidos de que este es el tema más trascendental que tiene nuestra comunidad autónoma para negociar en los dos años que quedan de legislatura porque nos jugamos mucho. Es verdad que hay otros asuntos importantes para Canarias, que no voy a mencionarlos aquí ahora y que todos lo sabemos. Porque Canarias ha sido sistemáticamente -es verdad, tienen que reconocerlo-, sistemáticamente la comunidad autónoma peor financiada, recibiendo -ya lo señalaba la señora consejera en su intervención-, recibiendo, en el periodo 2009-2013, el 14,34 %, de recursos, menos que la media del resto de comunidades de régimen común, por lo que Canarias ha tenido un déficit de financiación con respecto a la media de comunidades autónomas de más de setecientos millones en algunos años. Concretamente, en el periodo 2009-2013, perdió 683 millones de euros anualmente en relación con la media, de tal modo que en el periodo 2009-2013 el déficit en Canarias en relación con la media fue de 3414 millones de euros, en relación con la mejor financiada de 9193 millones de euros. ¡Es una desproporción, señorías!
Canarias, los 2 200 000 canarios tienen hoy multitud de problemas, que se agravarán más; si no salimos pronto de la crisis y recuperamos con el nuevo modelo económico y la diversificación económica, para lograr mejores salarios y estabilidad en el empleo, tendremos serios problemas a partir de hoy, aun cuando inyectemos 340 millones de euros en la nueva Ley de Crédito Extraordinario que vamos a tramitar.
Incrementa la desigualdad entre las comunidades autónomas. Qué duda cabe que en el 2009 Cantabria contaba con 679,8 euros más por habitante ajustado, más que Canarias, mientras que en el 2013 esta cifra ascendió a 927,75 euros más. Lo que supone un grave perjuicio para nuestra comunidad autónoma, dado que es la principal fuente -como señalaba la consejera- de recursos de esta comunidad autónoma, superando el 65 % del presupuesto del 2016. Señalo este dato porque si nosotros de los siete mil y pico millones de euros de la anualidad del 2016 destinamos a los servicios esenciales el 80 %, aproximadamente, ahí, en ese margen, se nota, de una forma nítida y clara, la cantidad de recursos que nuestra comunidad autónoma está aportando a los servicios esenciales. A lo que hay que añadir el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que ha supuesto grandes restricciones a la capacidad de endeudamiento.
El sistema de financiación, por tanto, debe contribuir a reducir la diferencia de desarrollo económico y social de las regiones y con el modelo actual no ocurre lo propio sino bien al contrario, y lo cierto es que actualmente el Fondo de Cooperación beneficia a algunas comunidades autónomas con un PIB per cápita superior a la media, incrementado la desigualdad entre las regiones de nuestro país, y sin ponderar adecuadamente los indicadores tan importantes... Hay que ponderar estos indicadores, que por las razones que sean hoy los vive la comunidad autónoma: el paro, las altas cifras de desempleo, los doscientos veinte mil y pico parados, la población en riesgo de pobreza, que recordemos que Canarias se sitúa en el 35 %.
Lo cierto es que con el modelo de financiación de 2009, nuestro actual sistema, el tratamiento que ha recibido el REF ha supuesto un grave perjuicio para nuestras islas, y es que mientras se respetaba el REF en la denominación de las necesidades globales de financiación, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el Fondo de Suficiencia Global y el Fondo de Cooperación, se decidió no respetar el REF en la configuración de las reglas del Fondo de Competitividad, que es lo que nos va a dar 220 millones este año, 360 en el año 2018 y 550 en el año 2019; y lo que supuso que en el año 2010 se recibieran 72,5 millones de dicho fondo en lugar de 560 que hubieran correspondido.
Hay que tomar en cuenta también, señora consejera, la lejanía, la lejanía de nuestro archipiélago, el hecho insular, que debe compensarse también.
Y, por tanto, todo lo que ha puesto de manifiesto indica la necesidad de exigir al Estado, de una forma clara, sosegada pero nítida y contundente, la revisión del sistema de financiación, que garantice los recursos suficientes para atender la prestación de servicios asumidos por las comunidades autónomas y que contemple el coste añadido de las singularidades del hecho insular y la lejanía. Debe eliminarse el statu quo, que usted señalaba, como límite máximo de la financiación a recibir por las comunidades autónomas, porque volveríamos a la situación de partida y se perpetuarían las diferencias de financiación entre las comunidades.
El principio de suficiencia, la solidaridad, la equidad, la autonomía financiera, consagrados en nuestra Constitución, es decir, todos estos deben ser elementos a tomar en cuenta para que tengamos la certeza de que Canarias va a contar en el futuro con un nuevo sistema...
Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias. Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, buenos días.
La articulación del Estado español como un Estado autonómico, como un Estado compuesto, como un Estado federal, se sustenta en la base de los estatutos políticos, la capacidad de autogobierno de los territorios y la garantía de la financiación de esas competencias. Si no hay autonomía política y no hay financiación, la articulación del modelo de Estado español fracasa. Y hay que decir que una parte de los problemas que tiene el modelo de estructuración del Estado actual tiene mucho que ver con la financiación.
De manera que nosotros en estos dos parámetros andamos mal. Estamos por debajo de la media en capacidad de autogobierno, en capacidad de decidir, y ahora hay una oportunidad en el Estatuto en tramitación para avanzar en el autogobierno, para generar condiciones para tomar decisiones desde aquí; y, por lo tanto, ese es un asunto en positivo. Y la otra cuestión determinante para que el Estado compuesto, para que el Estado autonómico o Estado federal, en función de la denominación que queramos darle, avance, es tener recursos para el desempeño de las competencias que cada cual tiene, y eso significa un modelo de financiación siempre complejo, siempre tenso, siempre discutido en los Estados de este carácter, de los Estados compuestos.
En la financiación, en el caso del Estado español, no hemos salido bien parados los canarios por varias razones. Primero, porque no se hizo una buena gestión de la defensa de los intereses de Canarias. Hay que ser rigurosos en la interpretación de lo que nos ha ocurrido y no dar por bueno que lo hicimos perfecto, porque no es verdad. ¡No fue una buena negociación la del año 2009! Y aunque somos plenamente conscientes de que las reglas están y somos minoría, y cabía la imposición, no es lo mismo aplaudir un mal acuerdo que aceptar y discutir un mal acuerdo, y aquí se aplaudió aquel mal acuerdo. Y algunos tenemos memoria, no, están escritas las cosas. Fue un mal acuerdo que comprometió la suficiencia financiera del autogobierno en Canarias durante estos años y hemos perdido más de cinco mil millones solo comparándonos con la media de financiación en los servicios públicos fundamentales, 5000 millones, usted nunca cuenta el año 2015-2016, hay que contarlo, y también en cierta medida el 2017. Hemos perdido 5000 millones de financiación para el autogobierno gracias al sistema de financiación del año 2009, que lo protagonizaron quienes lo protagonizaron y protestamos quienes protestamos. ¡Nosotros solos! Y es bueno conocer y reconocer la historia para no repetir errores. De manera que eso es desgraciadamente así.
Estamos ahora ante la posibilidad de cambio. Yo no soy nada optimista, porque creo reconocer razonablemente la situación de la política española y las tensiones territoriales y las dificultades y la complejidad de las Cortes Generales, yo no soy nada optimista en que esta comunidad coloque sus intereses de forma justa en un previsible acuerdo en los próximos años, pero cierto es que algunas cosas han cambiado para mejor y la situación provisional, que hasta ahora era suicida, absolutamente inaceptable, la situación provisional que tenemos ahora puede ser nuestra salvación. Tres hechos lo explican.
Primero, haber recuperado en el año 2010 el 50 % del IGTE. Zapatero y Rivero, queridos por ausentes, Zapatero y Rivero trasladaron a esta comunidad el 50 % del IGTE, porque nos descontaban de los recursos que tocaban a esta comunidad el anacronismo del IGTE y en el año 2010 se levantó una cuestión básica que fue recuperar el 50 % del IGTE. En el año 2016 se recuperó el otro 50 % del IGTE, porque todo este dinero, cercano a los trescientos millones de euros, se descontaba de la financiación autonómica de los servicios básicos de esta tierra nuestra. Otra cuestión es lo que se haya hecho con los cuartos, ¿no?, porque una cosa es tener más autogobierno y otra es tener un buen gobierno. Son dos cosas distintas. Desgraciadamente en las dos andamos mal, de manera que la recuperación del IGTE nos permite que en los recursos que nos tocan no descuenten ese anacronismo, afortunadamente en el año 2010 la mitad del IGTE, en el año 2016 la otra mitad.
Y más importante que lo anterior es la disposición final decimonovena de la Ley de Presupuestos de este año, ya en vigor. Condición muy importante, básica, que primero recupera algo de justicia al maltrato del sistema de financiación a esta tierra y que nos permite este año 217 millones, el próximo año 340 y en el siguiente 550, si no calculo mal.
De manera que yo soy de los que creo que habrá que pelear mucho, bien y todos para intentar que en el nuevo acuerdo de financiación nuestros intereses queden bien colocados, que la consejera lo decía y yo lo repetiré un poco más políticamente que ella, ¿no? Pero, si no fuera así, amigos, tampoco estamos tan mal ahora, porque ahora, gracias a la derogación de la vinculación que se hizo, de forma imprudente e irresponsable, de los recursos del REF, incorporándolo a la financiación autonómica, que ahora está desvinculado, en la ley de presupuestos, con perspectiva hasta un nuevo sistema de financiación, nos permite en el tercer año, porque fue el acuerdo, 550 millones, que más los casi trescientos que hemos liberado del IGTE nos colocan, en recursos disponibles -otra cuestión, insisto, es lo que se haga con ellos-, en recursos disponibles, razonablemente en torno a la media.
De manera que si hace siete meses esto podía ser un desastre ahora no lo es. Vamos a pelear por que el sistema de financiación tenga suficiencia. Y tenemos un problema, no solo en la distribución, sino en la cantidad de recursos que España dedica a soportar, a garantizar, los servicios básicos. El esfuerzo fiscal para tener una sanidad, una educación y unos servicios sociales comparables a los países de nuestro entorno tiene que ser mayor. No solamente hay que repartir bien la tarta, la tarta es chica. Por lo tanto, se necesitan más recursos para los servicios públicos fundamentales, y más recursos solo pueden salir de un sistema fiscal justo y progresivo, que se necesita revisar en España y en cierta medida en Canarias, en un sentido correcto, no en un sentido coyunturalista y no se sabe para qué. Me refiero a un sistema fiscal que aporte más recursos para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para el autogobierno, a través de una profunda reforma fiscal. Suficiencia financiera, distribución con base en criterios esencialmente poblacionales, con los ajustes pertinentes, pero esencialmente poblacionales, y si hubiera que ajustar habría que tener muy en cuenta que los servicios públicos van destinados a las personas, que en función de las condiciones de las personas las cosas son más necesarias que otras. No es lo mismo una tasa de paro del 25 % que una del 8; no es lo mismo el 35 % de población en riesgo de exclusión que tener el 12 % de población en riesgo de exclusión; no es lo mismo tener la población concentrada en el continente que dispersa en un archipiélago.
Por lo tanto, más recursos, mejor distribución, desvinculación de los recursos del REF de la financiación autonómica, pero corresponsabilidad fiscal en el resto. No vale, porque nos debilita, que los impuestos que tenemos en común, sacados los impuestos del REF, nosotros los rebajemos y luego le pidamos a quien los mantiene o los sube que nos financie, porque nos van a coger, porque no hay que ser muy listo para concluir esto. Corresponsabilidad fiscal en la cesta de impuestos, de la que participamos, del sistema de financiación, salvados los recursos fiscales del REF, que son históricos, que son fuero, que son derechos, que vienen a compensar la lejanía y la insularidad.
Por lo tanto, creo que es fundamental que este Parlamento tenga un pronunciamiento unánime en torno a los principios básicos que aquí hemos apuntado: suficiencia, distribución justa, esencialmente en materia de financiación de servicios públicos, separación del tema del REF y las correcciones de solidaridad y equidad pertinentes. Y nosotros, desgraciadamente, tenemos parámetros socioeconómicos muy alejados de la media, que sepan ustedes que en los últimos datos del PIB en relación con la media española retrocedemos, estamos en el 82 % de la renta per cápita media a pesar del crecimiento de la economía. En la medida en que la población sigue creciendo por un modelo de desarrollo mal ordenado, pues, tenemos una pérdida relativa de riqueza y estamos en el 82 %, y llegamos a estar en el 97, no hace cien años, hace doce años.
De manera que nosotros apoyaremos evidentemente esto, siempre lo hemos hecho. Esta es una cuestión esencial, estratégica, determinante, que junto con el Estatuto conforma la capacidad de decisión propia de este pueblo a través de sus instituciones, aunque yo, como siempre digo, lo ideal sería, además de todo esto, tener un buen gobierno, pero en eso hay que tener, pues... -¿cómo se dice?-, fe.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. La señora Delgado.
Señorías, antes de que comience la señora diputada, ruego silencio, que los diputados ocupen sus escaños. Señor Rodríguez, si es tan amable (refiriéndose al señor Rodríguez Rodríguez).
Señora Delgado, cuando usted quiera.
La señora DELGADO LUZARDO: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, señores del Gobierno.
Una de las razones que puso encima de la mesa el PP para justificar la segunda investidura de Mariano Rajoy fue precisamente la necesidad de reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Pues bien, la Comisión de Expertos nombrada para eso está terminando de elaborar un documento que se le pasará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para terminar finalmente en las Cortes Generales, donde se aprobará; sin embargo, con la ausencia de Cataluña de esta comisión el proceso está siendo un poco descafeinado y no es nada serio ni transparente, porque además sabemos que hay otra negociación con Cataluña aparte.
A esto hay que añadir la voluntad del Gobierno estatal de controlar totalmente el proceso reservándose el derecho a veto, hasta el punto de que, en caso de que el informe de la comisión no coincida con sus ideas, el Gobierno lo piensa modificar completamente en el Consejo de Política Fiscal. Porque lo que realmente no quiere el Gobierno del PP, de ninguna manera, es que el nuevo sistema conlleve un aumento de la autonomía y capacidad de gestión de las comunidades autónomas. De hecho, desde que gobierna el Partido Popular las comunidades autónomas han experimentado un progresivo deterioro de sus recursos que ha puesto y sigue poniendo en peligro la política y el Estado del bienestar. En realidad han sido las comunidades y los ayuntamientos los que más han soportado el peso de las políticas fiscales restrictivas. No es difícil imaginar por qué. El PP quiere mermar la capacidad de financiación de los servicios públicos fundamentales, soportado en gran medida por las comunidades autónomas, para así poder justificar privatizaciones de estos servicios.
La política de privatizaciones es un punto de referencia ideológico del PP -recordemos que fue Aznar en 1996 quien impulsó por primera vez un plan global de privatizaciones-, pero además ha sido una fuente de corrupción y de redes clientelares, como estamos viendo en los últimos meses en los juzgados.
Por tanto, es necesario insistir desde nuestro grupo parlamentario en que el primer objetivo fundamental de la reforma del sistema de financiación que está ahora sobre la mesa es que necesariamente se garantice una financiación suficiente con la que atender todos los servicios públicos.
Por otro lado, también hay que reformar algunos aspectos centrales del modelo del 2009, como pueden ser las entregas a cuenta, el funcionamiento de algunos fondos, así como la necesidad de que el Fondo de Compensación Interterritorial represente por fin un verdadero instrumento de reducción de la brecha territorial.
A esto hay que añadir que ha llegado el momento de abarcar el tema de la relación entre las haciendas, entre la hacienda local, las haciendas autonómicas y las haciendas locales, empezando a caminar hacia un escenario de funciones compartidas y consorciadas. Entre otras ventajas, este paso fundamental sería estupendo para la lucha contra el fraude y para que las comunidades tengan información clara y transparente sobre sus recursos.
Hace falta que esta reforma dé mayor autonomía y poder de control a las comunidades autónomas. Porque el PP lo que busca es justo lo contrario: fortalecer el papel del Gobierno central y su capacidad de negociación ¡bilateral! con cada comunidad. Así puede seguir utilizando los presupuestos generales del Estado a su favor, alimentando los conflictos interterritoriales, como hace ahora.
En este escenario, Canarias también lleva reclamando en todos los foros posibles la reforma de la financiación de las comunidades autónomas. El Gobierno autónomo lógicamente no ha perdido ocasión de recordar que Canarias es la comunidad peor financiada con el modelo actual, con una pérdida de 700 millones de euros al año respecto a lo que le correspondería recibir para sus necesidades de sanidad, educación, servicios sociales, cuyas competencias tiene transferidas. Claro que también habría que recordarle a este Gobierno que el sistema de financiación del 2009 fue apoyado en aquel momento por Coalición Canaria. De todas formas le damos la enhorabuena por los logros ya logrados en la negociación actual con el Gobierno central.
Sin embargo, señora consejera, usted debe saber que las expectativas de mejorar en el reparto no están tan claras. Lógicamente todas las comunidades autónomas aspiran a mejorar su situación y a dar prioridad al factor de corrección que más beneficia a cada una, ya sea el de población, dispersión o territorio. De hecho, el representante canario en el Comité de Expertos, el señor Melián, ya ha advertido que el debate está muy abierto y el sistema puede ir a peor para los intereses de las islas. Y es que entre el grupo de sabios de ese comité hay quienes no están de acuerdo en que los recursos del REF se desvinculen de la nueva financiación. Y ahora, señor Curbelo, es cuando toca hablar de las excelencias del REF, de la imperiosa y moral obligación del Estado hacia Canarias por su lejanía, marginación, clima adverso...
Sigue resultando muy curioso escucharles decir aquí que el REF ha cumplido con el objetivo de dinamización de nuestra economía, con un intenso fortalecimiento de su estructura productiva, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de Canarias. Sin embargo, los datos demuestran lo contrario: Canarias es la comunidad con mayor tasa de paro, con la mayor pobreza infantil, con el mayor abandono escolar, con el mayor paro juvenil, con los menores salarios y las jornadas laborales más largas, con la tasa de pobreza más alta y así un largo etcétera. Es más, Canarias ha sufrido un retroceso continuo y constante en el nivel de renta media durante los últimos veinte años. Cada año que pasa baja más. Ese es el verdadero resultado del REF: un auténtico fracaso. Ahí están los datos, no somos nosotras las que lo decimos.
Señorías, no nos negamos al REF, pero lo que sí exigimos es que se haga una evaluación de las políticas que han supuesto la aplicación del REF. Parece increíble que tengamos que solicitar algo tan básico y tan obvio, evaluar, simplemente evaluar los resultados del REF, porque es que ningún Gobierno lo ha hecho, porque lo que está claro es que no está cumpliendo con sus objetivos de mejorar el desarrollo socioeconómico de Canarias, señor Curbelo, ni tampoco está sirviendo, como usted sabe, para disminuir las desigualdades sino para todo lo contrario, están subiendo las desigualdades. Lo digo porque tanto el Comité de Expertos para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas como la Red de Investigadores en Financiación Autonómica -el Rifde- inciden en que hay que aclarar la situación de la comunidad canaria a la hora de establecer el nuevo reparto de los recursos estatales y entre sus propuestas está la de clarificar el papel de Canarias en el sistema de financiación de régimen común, desde el respeto a su condición de región ultraperiférica pero mejorando notablemente la transparencia de los recursos derivados de su Régimen Económico y Fiscal. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Comité de Expertos y esta red de investigadores. Hay que ser más transparentes en el uso de los recursos del REF si queremos que se nos tenga en cuenta a la hora de mejorar en los criterios de la nueva financiación y el reparto de comunidades autónomas.
Ya no se puede seguir negando que hay opacidad y falta de datos en el uso de estos recursos del REF. ¿Por qué, señores del Gobierno, por qué, señorías, por qué hacen la vista gorda todavía ante esta falta de rigor, de transparencia, de evaluación y de eficiencia en los recursos públicos?
Apoyaremos la resolución presentada conjuntamente para su aprobación en esta Cámara donde el REF queda fuera del sistema de financiación de las comunidades autónomas, pero dejando claro que el enfoque y la orientación actual del REF no son los adecuados y que lo que se debe hacer es -repetimos- evaluarlo para cambiar su rumbo a otro que consiga realmente un verdadero desarrollo socioeconómico para la gente de Canarias, que en teoría es lo que todos y todas queremos aquí.
Turno ahora para el Grupo Popular. El señor Jorge.
El señor JORGE BLANCO: Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera.
Si importante es tener por parte de nuestra comunidad autónoma la capacidad política del autogobierno, la capacidad política y las facultades para poder gestionar mejor nuestras competencias que constitucionalmente se nos han otorgado, de tomar de forma autónoma decisiones en nuestro archipiélago, nuestras propias decisiones, tanto o más importante, señorías, es tener la capacidad financiera para llevarlas a cabo de una manera razonable, de la manera más adecuada posible a nuestros intereses.
Las Cortes Generales, señorías, en el año 2001, tomaron una decisión -a mi juicio y a nuestro juicio acertada- de regular un modelo de financiación global para todas las comunidades autónomas de régimen común, que incluyeron todos los recursos, tanto tributos como transferencias, para poner a disposición de las comunidades autónomas, que aseguran la financiación de la totalidad de las competencias que ejercen las comunidades autónomas. Es un sistema que se aprobó por unanimidad, que concitó un consenso generalizado entre las comunidades autónomas y las distintas fuerzas políticas, y es verdad que, con el paso de los años, fundamentalmente por el aumento de la demografía, fue necesaria su reformulación. Reformulación que se hizo en el año 2009, donde se aprobó la Ley 22/2009, por la que se regula el vigente texto, el vigente sistema.
Y he de decir que no fue un sistema aprobado por unanimidad. El Grupo Parlamentario Popular votó en contra de la norma porque consideró que no iba a cumplir con los objetivos que previamente se habían marcado. La brecha de financiación entre comunidades se iba a acrecentar, en vez de disminuir. Así lo dijimos en su momento y así fue como ha ocurrido en realidad.
Canarias ha resultado muy perjudicada. El resultado ha sido catastrófico para nuestros ingresos públicos, del orden de setecientos -ya se han dicho las cifras-, 700 millones de euros anuales, más de cinco mil millones en todo este periodo. Y coincido con sus manifestaciones, señora Dávila, cuando en el pleno de septiembre del 2015, en una comparecencia, vino a decir que la no suscripción de ese modelo hubiera supuesto para Canarias quedarnos fuera de los recursos adicionales que incorporaba el nuevo sistema. Esto fue ni más ni menos, señora consejera, que una amenaza velada del anterior Gobierno de la nación, de entonces, el del año 2009, en el que se nos advirtió de que si no aceptábamos el sistema de financiación nos regiríamos por el sistema anterior hasta el año 2013 y no podíamos incorporar, no podíamos incorporar, fondos adicionales percibidos en el periodo 2009-2013, no acceder a dotaciones complementarias para la financiación sanitaria o acceder a la compensación por la insularidad prevista en ese sistema.
Señorías, señora consejera, ese fue el acuerdo: o lo tomas o lo dejas, o lo tomas o te quedas sin un euro extra, en resumen. Y entiendo la decisión del Gobierno de entonces, del Gobierno de Canarias, resumida en sus palabras también en esa comparecencia: todos éramos conscientes de que era muy difícil decir que no; yo creo que probablemente no éramos tan conscientes del perjuicio que estaba causando, o que iba a causar, el nuevo sistema de financiación. Pues, mire, el PP fue muy consciente porque votó no al nuevo sistema de financiación y otros como el PSOE y ustedes mismos votaron a favor de ese sistema. Y son 5000 millones de euros, más de cinco mil millones de euros menos en seis años. Ese es el precio que hemos pagado todos del fracaso de aquel sistema de financiación, del vigente sistema de financiación.
¿Por qué para Canarias ha sido malo? Porque -ya lo ha repetido usted- se repite el statu quo del sistema anterior, que ya veníamos arrastrando problemas, y, por tanto, eso fue nada más que darle una patada al balón hacia adelante y ganar tiempo; porque se vincularon los fondos del REF con el sistema o con el Fondo de Competitividad para Canarias, dificultando su acceso al mismo.
El REF es previo al Estado de las Autonomías y es un derecho histórico, señor Curbelo, es verdad. No es un privilegio, es un derecho histórico reconocido por la Constitución y por el Estado para compensar nuestras especiales circunstancias. Y el sistema de financiación es otra cosa. Es un sistema dedicado a pagar las competencias propias, los servicios públicos esenciales, y esta conjunción, la conjunción prevista en el sistema vigente, ha impedido a Canarias contar con más de cinco mil millones de euros en este último periodo. Que no es poco, señora consejera.
En definitiva, señora consejera, todo lo que hemos dicho, todo lo que se ha dicho, no conduce más que a la melancolía, a decir qué mal lo hicimos en el pasado, qué mal o en qué situación tan mala nos hemos quedado, pero, chicos, tenemos que tirar para adelante. Y lo importante es, señora consejera, mirar para el futuro, ponernos todos de acuerdo: comunidades autónomas, partidos políticos, para sacar un sistema lo más adecuado y lo más razonable posible para Canarias. Eso es hoy lo importante. Por eso me alegro, nuestro grupo parlamentario se alegra de un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios para la votación de la propuesta de resolución de manera conjunta. Un acuerdo en que, sin olvidar el pasado y el presente, debamos corregir las cosas para ganar el futuro.
Sin olvidar dos cosas que han ocurrido más o menos también recientemente, dos cosas trascendentales e históricas para Canarias. Lo decía usted en su intervención del año 2015: es fundamental excluir los recursos del REF del sistema de financiación y es esencial acabar con el anacronismo que supone la compensación de Canarias por el extinto impuesto general del tráfico de empresas. Pues, mire, ambas están resueltas. El Gobierno de la nación presidido por Mariano Rajoy ha resuelto este problema. Ya no hay compensación del IGTE y el REF ya está desvinculado del sistema de financiación gracias a los presupuestos generales del año 2017.
Señora Dávila, le digo y le comento una cosa: cuando hay diálogo, lealtad y voluntad de entendimiento, todo es más fácil, señora consejera. Diálogo, lealtad y voluntad de entendimiento, esa es la ecuación perfecta, la mejor manera de trabajar por los intereses generales de Canarias: diálogo, lealtad, capacidad y voluntad de entendimiento.
Para terminar, señorías, lo hemos reflejado en las propuestas de resolución, qué cree que debe ser el nuevo sistema de financiación para el Grupo Parlamentario Popular.
Primero. Un pacto entre todos. Sin pacto es difícil que el nuevo modelo de financiación salga a la luz; pacto entre comunidades autónomas y pacto entre los partidos políticos que tienen representación parlamentaria.
Segundo. El reconocimiento de la singularidad de Canarias como región ultraperiférica y fragmentada territorialmente a la hora de distribuir la financiación autonómica.
Tercero. Que los fondos de convergencia ayuden a converger. Es una perogrullada lo que digo, pero es que hasta ahora, con el mal sistema de financiación que tenemos, no ocurría; al revés, divergían.
Cuarto. Separar definitivamente el REF -el Régimen Económico y Fiscal de Canarias- del sistema de financiación. Por eso queremos poner en valor el valor histórico que tiene la disposición final décima de la Ley de Presupuestos del Estado en la que definitivamente se desvincula.
Quinto. Mejorar y aumentar la nivelación del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
Sexto. Refuerzo de la equidad y de la solidaridad con Canarias para que, respetando nuestro acervo histórico relativo a la menor presión fiscal, los canarios podamos acceder a los servicios públicos fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de los españoles.
Si todos somos capaces de ponernos de acuerdo, en esta Cámara, señora consejera, nos hemos puesto de acuerdo, entre todos habremos ganado el futuro, un futuro mejor para Canarias.
Turno ahora para el Grupo Socialista, señor Álvaro.
El señor ÁLVARO LAVANDERA: Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días a los medios de comunicación.
Veintidós días, veintidós días quedan para que la Comisión de Expertos elabore su dictamen final, su informe final, sobre el sistema de financiación autonómica. Primera conclusión: tal vez este debate tenía que haberse producido hace mucho tiempo. Creemos que esta comunicación llega tarde al Parlamento. Nunca es tarde si la dicha es buena y si todavía hay margen, pero desde luego veintidós días para poder trasladar la opinión de Canarias a esa Comisión de Expertos y que estuviera ya introducida antes de las siguientes fases de negociación hubiese sido, desde nuestro punto de vista, positivo.
Dicho esto, sí quiero reconocer el trabajo realizado por el Gobierno para analizar con profundidad el funcionamiento del actual modelo de financiación autonómica y agradecer que hubiese contado para ello con los expertos de las universidades canarias. Contar con esta colaboración ha permitido conocer con detalle las claves del sistema de financiación actual y cómo afectan las diferentes variables e hipótesis a la posición relativa del archipiélago en el mismo. Un análisis que tendría que haber permitido poder encarar el proceso de reforma del sistema de manera más adecuada, aunque lamentablemente parece no ser así.
Por cierto, también llega tarde la reforma de este sistema, está llegando unos cuantos años tarde. El compromiso legal era que estuviese en vigor el nuevo sistema de financiación en el año 2014. Estas negociaciones tenían que haberse producido en el año 2013, pero hay que recordar, porque hay que hablar del pasado, del presente y mirar al futuro, que la incapacidad del Gobierno del Partido Popular quedó más que patente en la falta de voluntad para cumplir con este compromiso, lo que ha supuesto un importante efecto negativo para esta comunidad autónoma.
La comunicación presentada por el Gobierno a este Parlamento pone de manifiesto que en los últimos años se viene produciendo una desviación relevante de la financiación media por habitante de Canarias respecto a la media nacional, una desviación en torno a trescientos trece euros por habitante y año, que al traducir a cifras globales salen los 682 millones de euros de media anual. Esta situación de desviación respecto a la media nacional se vio drásticamente empeorada, en lo que concierne a los intereses canarios, por la eliminación de los diferentes programas incluidos en el Plan Canarias, diseñados específicamente por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para compensar, para compensar, la peor situación de partida del archipiélago en el ámbito de la financiación.
En el periodo 2012-2015 el Gobierno de Rajoy aniquiló, con extrema dureza, los numerosos programas de actuación que cada año recogían los presupuestos generales del Estado para apoyar la actividad económica en Canarias y paliar las carencias sociales que afrontaba y afronta nuestra comunidad autónoma. Los recortes se produjeron con tal severidad que aún hoy, después de lo que muchos han defendido en esta Cámara como los mejores presupuestos generales del Estado para Canarias, no se han conseguido igualar las cifras incluidas en los presupuestos generales del Estado del año 2011, que fueron los últimos hechos por José Luis Rodríguez Zapatero. Una verdad objetiva. El acuerdo PP-Nueva Canarias-Coalición Canaria sigue tratando peor a Canarias que los últimos presupuestos socialistas en plena crisis. Consideramos que cualquier reflexión actual debe realizarse partiendo de esta base, pues es fácil tergiversar el debate si no tenemos en cuenta estos hechos y circunstancias.
Hay que reconocer que, en lo que se refiere estrictamente al sistema de financiación autonómica y a las cuantías recibidas por Canarias directamente del mismo, había dos elementos que afectaban especialmente a la desviación a la baja de los recursos que llegan a Canarias.
En primer lugar, la necesidad de compensar anualmente al Estado por una cifra equivalente a los 160 millones del extinto IGTE, tras la condonación -también hay que recordar- por parte del Gobierno de Zapatero de los 100 millones de euros anuales también por este concepto.
En segundo lugar, la incorporación de los recursos derivados del REF en el cálculo del Fondo de Competitividad establecido en la ley del sistema de financiación, que reduce entre 400 y 500 millones de euros al año los recursos correspondientes a Canarias.
La coexistencia de estas dos cuestiones ha supuesto para Canarias una merma de unos seiscientos sesenta millones de euros al año en su financiación autonómica, que prácticamente iguala, prácticamente iguala, la desviación que presenta Canarias con respecto a si estuviese en la media nacional en la recepción de los recursos del sistema de financiación.
Ambos aspectos se han corregido recientemente. En primer lugar, el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias el 16 de noviembre de 2015, que suponía y supone la suspensión de la compensación por el IGTE hasta que se revise el sistema de financiación autonómico y además se eleva a los órganos competentes su supresión definitiva en la aprobación del nuevo modelo de financiación. Por otra parte, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 suprime el párrafo 3 de la disposición adicional segunda de la ley que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas, eliminando de esta forma la inclusión de los recursos derivados del REF en el cálculo del Fondo de Competitividad.
Partiendo de estos cambios, el sistema actual sitúa a Canarias en un escenario cercano a la media nacional. De hecho, ante el escenario de reforma que se está planteando -y ya lo ha dicho también algún portavoz anterior a mí-, lo que existe a día de hoy son riesgos a la baja para la situación de las islas; es decir, puede haber mucho más que perder que ganar en el actual sistema de revisión. Este escenario es más preocupante aún si tenemos en cuenta que el actual equipo de gobierno no parece tener ningún tipo de estrategia para afrontar este proceso de negociación. Desde el Partido Socialista no podemos entender que la posición que se recoge en la comunicación tenga ausencias de cualquier tipo de estrategia. Incluye información de interés, eso sí, y nos proporciona las claves de los parámetros que determinan la financiación que reciben las comunidades autónomas bajo el modelo actual, pero no hace referencia al marco de negociación en el que nos estamos moviendo. Sin embargo, estamos lanzados en un proceso de reforma de la financiación autonómica que plantea grandes retos para la posición de Canarias.
En primer lugar, muchos de los expertos que conforman el grupo de revisión del sistema de financiación cuestionan el criterio de dejar fuera los recursos derivados de nuestro Régimen Económico y Fiscal.
En segundo lugar, uno de los asuntos más preocupantes que existen en el sistema actual y que parece que se presiona para que se siga manteniendo y que no ha sido observado por ninguno de los portavoces hasta ahora es la corresponsabilidad fiscal. Aunque Canarias ha tomado iniciativas deliberadas de reducción de la fiscalidad sobre la que tiene competencias, lo que reduce los recursos de nuestro sistema de financiación de forma voluntaria -somos la comunidad autónoma que más bajo tiene el IRPF, el impuesto de sucesiones y donaciones y de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados-, lo cierto es que existen argumentos de fondo y de peso que limitan de forma seria la capacidad recaudatoria de las islas, puesto que no contamos con fiscalidad indirecta común. La ausencia de IVA limita la capacidad fiscal de Canarias, por lo que de seguir progresando el criterio de la corresponsabilidad fiscal las islas verían notablemente amenazada su posición en el sistema de financiación, teniendo que cuestionarnos hasta qué punto el archipiélago debería mantenerse dentro del régimen común de financiación autonómica.
En resumen, Canarias afronta un proceso de alto riesgo para sus intereses de financiación autonómica. El cuestionamiento del tratamiento diferencial de los recursos del REF y a dejarlo fuera del sistema, así como la tendencia a la corresponsabilidad fiscal, minoran notablemente las posibilidades del archipiélago y nos lleva a plantear cuál es la estrategia que seguirá el Gobierno de Canarias para defender nuestros intereses.
Por eso, en la segunda intervención, señora consejera, le planteamos algunas preguntas: ¿con qué aliados cuenta en el proceso de negociación?, ¿cuáles son los aspectos mínimos a los que no está dispuesta a renunciar?, ¿cuál es el objetivo a alcanzar?, ¿hasta dónde se está dispuesto a llegar en la defensa de los intereses de la comunidad autónoma?
Por mucho análisis que realicemos, señorías, la negociación se está realizando en un marco político muy complejo y en el que contar con una estrategia puede resultar determinante. Una estrategia que no puede limitarse a un voto en el Congreso de los Diputados. Y desde luego tenga aquí nuestro apoyo para que haya una estrategia y que esa estrategia sea vencedora.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvaro.
Turno ahora para el Grupo Nacionalista. El señor Ruano.
El señor RUANO LEÓN: Señora presidenta, señorías: buenos días.
Me gustaría... pero la condición de intervenir el último hace que muchas cosas estén naturalmente dichas en la intervención, en primer lugar, de la propia consejera, del Gobierno y también por muchos de los diputados portavoces de sus respectivos grupos parlamentarios. Teniendo en cuenta que además hemos avanzado en la propuesta de resolución, que es común de los seis grupos, esto también es natural.
Me gustaría, eso sí, que las apelaciones o las advertencias a la dificultad de la situación las hagamos nuestras, en el conjunto. Es decir, es cierto que es así. Por tanto, es cierto que hay incógnitas, peligros, que se suman, en un foro multilateral, que no es un foro idóneo para nosotros, con un régimen fiscal diferenciado. Lo dijo inicialmente don Román Rodríguez, creo que la señora Delgado también y finalmente el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Álvaro Lavandera. Y es cierto porque han ocurrido y ocurren muchas cosas que requieren un planteamiento político que nos ha permitido, en determinada coyuntura, y después a final de la mañana veremos la Ley de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito, y naturalmente la dotación, el régimen de ingresos de esa ley se produce básicamente porque se ha derogado el apartado de la disposición adicional segunda de la ley del 2009, que es el que computaba, dentro de los recursos, de la renta por habitante, los que corresponden a la Administración de la comunidad autónoma en el reparto del REF. Y esto no había sucedido nunca, porque la Lofca del año 1980, en la disposición adicional cuarta, habla de que la financiación que reciba la comunidad canaria será sin perjuicio de su Régimen Económico y Fiscal. Y este "sin perjuicio", que yo ahora señalo, hizo que en todos los regímenes habidos desde aquel momento, en el de 1987-1991, 1992-1996 y 1997-2001, siempre estuviéramos en la media o un poquitito por encima de la media.
En el 2001, el entonces Gobierno proyecta un modelo que fundamentalmente nos perjudica por el gran crecimiento de la población en esos años en Canarias sin que se computara, sin que tuviéramos capacidad de revisar el modelo en tanto que se establecía la necesidad de superar el 1,5. Sobre el conjunto de las comunidades autónomas nosotros éramos de los que más crecíamos en población, pero junto a nosotros también lo hacía Madrid, también lo hacía Cataluña y, por tanto, no llegábamos a ese 1,5 %.
El contexto de las cuestiones, cuando hablamos de 2009 y repasamos la historia, porque cuando repasamos la historia la tenemos que repasar completa, porque, en fin, tal como se ha puesto de manifiesto por alguno de los intervinientes, dicen: "esto son lentejas, las tomas o las dejas". Esto es así. Y con esa precisión se dice: "hay un fondo adicional y si tú no aceptas el modelo no entras en el fondo adicional".
Y, por otra parte, en este marco decir que el papel, la corresponsabilidad, pues, de todos... Yo sí puedo decir que, dentro del Grupo Mixto, Coalición Canaria tuvo enmiendas de supresión y que al final ese ofrecimiento que usted señala de los, que ya no están, de los 100 millones del extinto IGTE en aquel momento fue el modo en el que pidió el Gobierno de España la aceptación por el Gobierno de Canarias, siendo consejero de Economía y Hacienda el señor Soria, del Gobierno del que yo formaba parte.
Por tanto, responsabilidades atrás, que son, que existen en relación con cosas de un sistema que desde luego... El sistema es muy complicado. Si alguien quiere, tiene interés en leer la ley del 2009 y le echa un repaso, con tantas ecuaciones... Desde luego no está hecha para los juristas, en fin, supongo que para los economistas sí, pero con muchas dificultades de comprensión y con poca transparencia del sistema.
Lo importante es que ya podemos decir, aunque lo hacemos en la propuesta de resolución, que hemos dado un paso muy significativo, porque ahora no se trata de derogar, en el debate que vamos a tener en el sistema general de financiación, no se trata de derogar esa previsión de la disposición adicional segunda de la ley del 2009, porque ya se ha derogado; se trata de mantener la derogación, se trata de no volver hacia atrás. Y en ese sentido el cuestionamiento técnico, de algunos técnicos, como han señalado tanto la señora Delgado como usted, señor Álvaro Lavandera, puede ser que sea un planteamiento superado, puede ser. Y es verdad, como señalaba también el Grupo Podemos, que el señor Melián, don Arturo Melián, nos advirtió, en la comparecencia de expertos que produjimos en esta Cámara el 3 de marzo... Y quiero recordar, respecto a la tardanza, don Iñaki, que fue una decisión de todos. La comunicación del Gobierno entró, del Gobierno de abril del 2016, incluso ustedes formaban parte de aquel Gobierno, y fuimos nosotros aquí, en la Junta de Portavoces, donde decidimos un modelo en el cual pudiéramos escuchar primero a los expertos. Ciertamente, como en otros asuntos, se fue dilatando y la comparecencia se produjo el 3 de marzo.
Lo que nos interesa resaltar, más allá de cuestiones que tienen que ver con el modelo, es que...Vamos a ver, el problema de la financiación autonómica, para nosotros, para los canarios, es que hay un conjunto de impuestos estatales que no se aplican en Canarias, por ejemplo los especiales de hidrocarburos y venta minorista de hidrocarburos, el de las labores del tabaco, el IVA. El arancel comunitario común ya está, en fin, dentro del territorio peninsular, derogado; nosotros, sin embargo, contamos con algo parecido, con efecto parecido, que es el AIEM. Después en nuestra propia cesta de impuestos está el impuesto general indirecto -el IGIC- y también impuestos especiales como el canario sobre los combustibles derivados del petróleo y los impuestos sobre las labores del tabaco. Hacer comprender a la totalidad, ir a un foro multilateral, para explicar esto les digo que es estar siempre en la casilla de salida, no lo entiende nadie, y entonces normalmente en los foros donde se explica y donde normalmente -¡normalmente!- se comprende es en la relación bilateral y por eso a veces es importante tener un valor cualitativo en la política de Estado, el que da circunstancialmente una posición de algún voto, y eso nos permite indicar cuáles son las diferencias y con eso avanzar en el proceso.
Yo creo que lo más importante de esta mañana en relación con la comunicación del Gobierno, que tan bien ha planteado la consejera y que nosotros, con las aportaciones de los expertos, sabíamos, varias cosas. Primero, que no es fácil estar en el modelo común, porque para los sistemas diferenciados, que tienen régimen foral, de la disposición adicional primera de la Constitución, como son los navarros y vascos, en ese modelo de comunidades, en fin, tienen su régimen, ellos son los que recaudan todo y después pagan una contribución, por concierto o por convenio, al Estado. En el nuestro, nosotros lo que decimos es, aplíquese la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas del 80 y no, en este caso, la Ley del 2009, porque la Ley del 2009 nos detraía, nos calculaba, dentro de la capacidad fiscal, los ingresos que tiene Canarias, en este caso el 42 % del rendimiento del IGIC, nos calculaba el AIEM... En fin, no son compatibles esos sistemas. Y eso es lo que ha llevado a pensar, en algún momento, lo que señalaba don Iñaki al final de su intervención, y nosotros lo tenemos en nuestro documento Canarias20 como una hipótesis, y es que el modelo de régimen común pudiera no convenirnos. A veces nos conviene.
En fin, esto, con el avance producido con la derogación y sin que se produzcan las minoraciones que de acuerdo con la propia derogación se producen ahora respecto de la liquidación del sistema de financiación en un 57 %, del 2015, y en un 30 %, del 2016... Ahora vamos a financiar la ley que viene más tarde gracias a que del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales vamos a recibir 122 millones de euros, del Fondo de Competitividad, 189 millones de euros y del Fondo de Cooperación, 28 millones de euros. Es decir, el sistema se ha corregido en gran parte, en gran parte, y por ahora no estamos en la media, no llegamos a la media, pero sí, cuando lleguemos al valor nominal de los recursos que se derivan, de la exclusión de los recursos que se derivan del Fondo de Competitividad, pues, puede ser que lleguemos. Siempre y cuando el modelo que sustituya al actual sea parecido, a lo mejor es otro.
En fin, lo más importante, señorías, es que el esfuerzo que hemos hecho hoy -después podemos comentarlo con más precisión- es un avance, evidencia una posición común de toda Canarias y estaremos en condiciones de defender mejor así nuestros intereses.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ruano.
Señorías, turno ahora de contestación o de réplica, en este caso, a las cuestiones planteadas, contestación por parte del Gobierno. La señora consejera, por tiempo de siete minutos, consejera.
La señora CONSEJERA DE HACIENDA (Dávila Mamely): Gracias, señor presidente. Señorías.
Me gustaría hoy poner en valor la unanimidad de esta Cámara respecto a esta comunicación, porque este, como dije en mi primera intervención, es probablemente el mayor reto al que se enfrenta Canarias en los próximos meses o en el próximo año.
Este nuevo sistema de financiación tiene que tener unos principios básicos que deben emanar de lo que se decida hoy en esta Cámara. Este nuevo sistema de financiación debe ser claro, sencillo, transparente, predecible, de modo que su cálculo se pueda realizar y comprobar por personas ajenas al propio Ministerio de Hacienda y que permita la realización de una programación plurianual, requisito exigido en la normativa de estabilidad presupuestaria. Debe preverse, señorías, un seguimiento continuo, establecido en los sistemas de supervisión permanente, que permita detectar los efectos no deseados, como los del sistema actual, de forma que puedan realizarse ajustes tempranos ante las nuevas necesidades.
La comunicación del Gobierno sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, como dije en mi primera intervención, debe constituir o constituye en sí misma una propuesta específica para Canarias que, si recibe -como han anticipado todos los grupos- el apoyo de esta Cámara, debe servir de punto de partida para las negociaciones para el cambio de modelo.
Como ya se ha dicho aquí, los trabajos ya han comenzado. En breve, el Comité de Expertos designado va a elevar una propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera y ese será el pistoletazo de salida para las negociaciones. Unas negociaciones, como ya se ha dicho aquí, que se prevén a cara de perro, porque todas las comunidades autónomas quieren salir ganando y ninguna perdiendo. Por lo tanto, las espadas están en lo más alto. De momento para el Gobierno del Estado no hay plazos y no hay prisas, pero sí hay un compromiso: el de abordar esta reforma en la presente legislatura.
La finalidad de esta comunicación es lograr, señorías, lo que creo que ya hemos conseguido: una sola voz en esta Cámara ante la negociación con el Estado. Como ya dijo el señor Miguel Jorge, lealtad, diálogo pero sobre todo unanimidad, unidad política ante el reto al que se enfrenta Canarias.
Este nuevo sistema de financiación tiene que tener unos objetivos claros que tienen que ser una guía para todos los grupos políticos aquí representados y que tenemos representación también en el Congreso de los Diputados.
El primer objetivo es situar a Canarias en la media de financiación por habitante del Estado.
El segundo objetivo tiene que ver con la suficiencia del sistema. Debe garantizar los recursos suficientes para atender la prestación de los servicios públicos asumidos por las comunidades autónomas. Pero, en concreto, para Canarias además debe contemplar el mayor coste que representa la prestación de esos servicios públicos por su condición de ultraperiferia, insularidad y condición de archipiélago; por lo tanto, respetando nuestro peculiar Régimen Económico y Fiscal.
Además -y este sería el tercer objetivo- el nuevo sistema debe contener un fondo para apoyar el desarrollo y la convergencia de aquellas comunidades autónomas en las que se observe una peor situación económica y social en términos de PIB per cápita. No parece razonable, señorías, que aquellas comunidades autónomas que tienen menos renta sean aquellas que menos recursos reciban.
El cuarto objetivo es que nuestro Régimen Económico y Fiscal no forme parte del nuevo sistema de financiación. Ha habido avances, en concreto dos. Uno se ha comentado hoy aquí, el avance en la derogación de la disposición adicional segunda, que supone una incorporación de más recursos a través del Fondo de Competitividad, pero hay un segundo logro que me gustaría destacar. La actual reforma del REF económico contempla que los recursos del REF son adicionales, son complementarios a los del sistema de financiación y, por lo tanto, está anclado también en el REF económico, por lo que les pediría el apoyo en este aspecto.
Por otra parte, el nuevo sistema de financiación tiene que contemplar una mayor nivelación de los recursos tributarios, elevando el porcentaje de ingresos tributarios que se integran en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Y este sería el quinto objetivo.
El sexto objetivo tiene que ver con el incremento de la equidad. A este respecto, el nuevo sistema debe garantizar que todos los españoles, vivan donde vivan, puedan acceder a unos servicios públicos esenciales de similar calidad, con independencia de la comunidad autónoma donde residan. Por eso es necesaria una convergencia real a escala autonómica, como aquí se ha dicho.
El séptimo objetivo sería también poner en valor los principios de equidad y solidaridad, principios que, junto con la autonomía financiera de las comunidades autónomas, están consagrados en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Canarias.
Por último, señorías, decirles que en el último objetivo, el octavo, proponemos que el próximo sistema de financiación siga la senda ya emprendida de dotar a las comunidades autónomas de mayor corresponsabilidad fiscal para ampliar su participación en los tributos cedidos y dotarnos de mayor capacidad y competencias normativas.
Y, por último -y para finalizar-, sobra decir que es importante contar con una sola voz a la hora de negociar en Madrid determinadas cuestiones que son cuestiones de Estado, y esta es una de ellas. La financiación autonómica es una cuestión de Estado y esta Cámara en otras ocasiones ya ha dado ejemplo de unanimidad, y hoy quiero agradecerles a todos los grupos esa única voz para apoyar a Canarias en esta difícil negociación.
Turno de los grupos, de menor a mayor.
Por el Grupo Mixto, el señor Curbelo.
El señor CURBELO CURBELO: Muchas gracias, presidente. Señorías.
Muy breve, para hacer algunas consideraciones que le parecen de interés a nuestro grupo político.
En primer lugar, relativo al esfuerzo fiscal que se viene planteando, que indudablemente estamos de acuerdo, debe ser un esfuerzo fiscal cada vez mayor, progresivo, que afecte tanto al Estado como a las distintas autonomías. Pero hay que ver en Canarias la fiscalidad con mucha cautela, con mucha cautela porque se puede convertir en un arma de doble filo, entre otras razones, mientras no tengamos un sistema de financiación nuevo que se adecue a la realidad de los canarios para el atendimiento de los servicios esenciales, la fiscalidad es un elemento que incentiva los atractivos para la inversión y, por tanto, para impulsar el modelo de desarrollo que Canarias necesita para salir de los déficits estructurales, los que tiene hoy, es decir, lo necesita para incentivar el modelo productivo. Por tanto, sí, de acuerdo con la corresponsabilidad fiscal, pero hay que hacerlo con determinadas cautelas. Del mismo modo que ya inclusive las anuncié a la medida que el Partido Popular planteaba para la reducción de los tipos del IGIC, en este momento en el que todavía no hemos salido definitivamente de la crisis y de ahí se nutren, nada más y nada menos que en torno a cuatrocientos millones de euros, las corporaciones locales -ayuntamientos y cabildos-. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con la fiscalidad, que sea progresiva, que sea para todas las comunidades autónomas, pero hay que estudiarlo en el momento oportuno.
En segundo lugar, creo que hoy haber planteado con una sola voz para llevar desde el Parlamento autonómico, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluido Podemos, me alegra... No, me alegra porque yo tenía la impresión, sinceramente, yo tenía la impresión de que el REF para ustedes era un privilegio y el REF es la constatación de un hecho real, histórico, para atender las carencias, las deficiencias de una región archipielágica por la lejanía y la ultraperificidad. Esa es la realidad. Por tanto, a mí me alegra, porque si ya llevamos una sola voz al Consejo de Política Fiscal y Financiera hemos dado un paso importante. La misma voz indudablemente habrá que llevarla también al Congreso de los Diputados con posterioridad. Y, por tanto, este es un avance considerable. Es un avance considerable que todos los grupos parlamentarios, que representan a todos los partidos políticos del arco parlamentario de esta Cámara, al Consejo de Política Fiscal y Financiera lleven una sola voz. Eso me parece importantísimo.
Y estamos totalmente de acuerdo, porque... Yo recuerdo, desde la época del primer Gobierno de Felipe González, el inconveniente que tenían los ministros del Gobierno de Felipe González para entender la realidad canaria. Es verdad que de aquella época a hoy cada vez la han ido entendiendo un poquitito más, pero todavía no del todo. Y por eso decía la singularidad del hecho diferencial canario para entender el REF, porque si no no se entendería nunca, y me alegra enormemente que se hayan convencido de que esa es una realidad que tiene que ir por un lado y que debe ser totalmente alejada de la realidad del nuevo sistema de financiación autonómica. Que yo estoy completamente seguro, y todos compartimos, que debe ser un sistema de financiación claro, sencillo, transparente, predecible. Claro que tiene que ser predecible para poder cuantificar y para poder hacer un seguimiento continuo de la realidad de cada uno de los parámetros que finalmente se tomen en consideración y que yo espero que se tome en consideración la realidad canaria.
Si le preguntáramos a alguno de los portavoces, pues, siempre dirán que la realidad de las listas de espera, del desempleo, de la situación de pobreza, la atribuyen al Gobierno o los gobiernos, buenos o malos, que hayan existido en el pasado reciente, pero, miren, Canarias tiene un déficit estructural en su modelo productivo que vamos a seguir teniendo. El otro día le escuchaba al presidente del Gobierno que íbamos todavía a escuchar durante diez -me parece que dijo más- años, para entender que el modelo productivo vinculado exclusivamente al sector servicios y, por tanto, al turismo, que tiene malos salarios, muy poca redistribución de la riqueza... Esa realidad ya nos encorseta. Eso es un déficit estructural que hay que acabar con él. Por eso le daba tanta importancia. Que hay algunos que no se la han dado suficientemente, porque creen que de un día para otro los modelos de desarrollo económico y, por tanto, la afección de los mismos al territorio... Por esa razón decíamos que la Ley del Suelo iba a permitir diversificar el modelo productivo para, sí, para llevarlo a nuestro sector primario, abandonado en las islas. No quiere decir que se vaya a ocupar todo pero hay que desarrollar nuestra agricultura. ¿Cuál es la población activa dedicada al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca? Pues el 1,8 % del PIB es lo que produce. ¿Eso es razonable en una comunidad como la nuestra? No lo es. Y, por tanto, esa diversificación al sector primario y al sector industrial nos llevaría, indudablemente, a ser capaces de ser un archipiélago atractivo en la fiscalidad para llevar a cabo inversión que genere riqueza e incentive el PIB canario. Por eso, la fiscalidad, de acuerdo.
Y, por último, es verdad que ahora jugamos, Canarias juega con ventaja, por los logros y con los logros de que hay que darle estabilidad va a jugar con ventaja en el futuro próximo, pero no debemos dejar de dialogar mucho y pactar todo aquello que sea necesario para que en el futuro Canarias pueda tener un sistema de financiación autonómica que nos permita tener una sanidad, una educación y unos servicios sociales en igualdad de oportunidades a la media de los ciudadanos...
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Curbelo.
Turno del Grupo Nueva Canarias. El señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señorías, vamos a ver, yo creo que es bueno que reconozcamos que la situación de ahora, la situación de la derogación de la disposición adicional de la Ley del 2009, que fue una mala ley para Canarias, nos coloca en una buena situación de provisionalidad, ¡en una muy buena situación de provisionalidad!, añadiendo a eso la liberación de los recursos del IGTE, que era otra rémora. Es que eran 300 millones de euros que se descontaban cada año de la escasa participación que teníamos del sistema de financiación, y además lo soportaban las competencias autonómicas, los servicios públicos básicos -educación, sanidad y asuntos sociales-. Es decir, que la descapitalización del sistema de protección social en Canarias tiene mucho que ver con el mal acuerdo de financiación del año 2009 y con el anacronismo del IGTE. Ahora la eliminación del vínculo de los recursos del REF, de la comunidad autónoma, en el sistema de financiación libera, en una proyección, una estimación razonable, 540 millones, 550 millones. Una cantidad muy sensible, que no va a voladores, va a servicios básicos.
Por eso después, cuando discutamos la Ley de Crédito Extraordinario, algunos recordaremos de nuevo esto y lo que significa, además de los 340 millones y los que no se pueden gastar pero que tenemos, porque del sistema de financiación no recibimos 340 millones, recibimos 452 según nuestros cálculos, que no se pueden poner a disposición de gasto público en virtud de la regla pero están de la banda acá... Esta Ley de Presupuestos en vigor inyecta, a través de cantidades a cuenta y de liquidación del Fondo de Competitividad y del Fondo de Cooperación, 452 millones de euros más. Esta es una razón más que suficiente para apoyar la Ley de Presupuestos en vigor, porque es la que permite que hoy destinemos 340 millones a servicios públicos y, si no tuviéramos las reglas de estabilidad tan duras que tenemos, podían ser 450 millones.
Pero además de eso, además de eso, consolidamos una situación que es estratégica para la negociación, si se da, pero es más estratégica para el futuro si no hay negociación, si no hay acuerdo. Y yo soy de los que creo que desgraciadamente toca en esta etapa provisionalidad. Por una vez nos interesa que no se muevan fichas, porque cuando se mueven las fichas en España en esta materia se van a poner en marcha todas las fuerzas vivas, y los socialistas de Valencia van a defender a los socialistas de Valencia y los del PP de Asturias defenderán a los del PP de Asturias, y son más que nosotros, y además nosotros somos más incomprendidos que nadie. De manera que va a ser muy complicado. Y ya ni les cuento el caso de Cataluña. Ustedes, como yo, saben que el caso de Cataluña tiene orígenes diversos, políticos, culturales, históricos, pero hay uno que lo desata, es la financiación, es la financiación quien tensiona y contribuye de forma decisiva a que luego se conforme la situación política que estamos viviendo. Y para que Cataluña recomponga lo que demanda estamos hablando -escuchen bien- de entre 7 y 8000 millones más al año, y la cesta es la que es. Nosotros destinamos pocos recursos en España a la sanidad, a la educación o a los servicios sociales, pocos, y además, además, hasta ahora mal distribuidos. De manera que no va a haber manera de arreglar esto si no hay recursos adicionales, porque, aunque hablemos de que hay que romper el statu quo, el statu quo no lo rompemos. ¡Nadie le quitará nada a nadie de lo conquistado, ni un euro! Y nosotros nos tenemos que apuntar, nosotros nos tenemos que apuntar, fíjense ustedes lo que es la vida. Ahora el statu quo nuestro es bueno y no podemos permitir que los 550 millones del año 2019 los toquen. Pero digo eso porque es bastante probable que desgraciadamente esta situación se dé, pero si se da necesitamos la unanimidad de este Parlamento, que es buena cosa, pero lo que vamos a necesitar es comprensión por parte del resto, y yo ahí tengo serias dudas.
Yo conozco perfectamente la situación territorial del archipiélago y sé que los servicios públicos básicos cuestan más en este territorio que en el continente. En sanidad, en mi época, hace veinte años, hicimos una aproximación, y aproximadamente prestar los mismos servicios que prestábamos en Canarias costaba en el continente un 16 % menos. Es decir, una cantidad de dinero tan significativa que hacía que la sanidad tuviera que tener un plus de financiación adicional solo por el hecho territorial. Pero en estos años hemos ido avanzando y concluyendo, dada la incomprensión, los intereses de los otros y la fuerza que tenemos, que nos conformaríamos con más dinero para el sistema, para el conjunto del sistema. Una distribución que como mínimo nos garantice inversión per cápita para servicios fundamentales en la media ajustada de la población y que en todo caso, si podemos colocar insularidad, estructura socioeconómica, pobreza, etcétera, para corregir eso, perfecto. Pero, ojo, que en el otro lado hay otras variables ponderadoras de este tema, por ejemplo la estructura de edad de la población, que a nosotros nos perjudica porque seguimos siendo población joven. ¡Ojo! Si estuviéramos en la media per cápita en servicios públicos fundamentales y en todo caso, y en todo caso, mantuviéramos la situación del REF separado, hay que tirar voladores, porque los recursos del REF, además de que aquí pagamos menos impuestos los ciudadanos, un tercio por ejemplo en la imposición indirecta que la media española, los recursos estos tienen que venir a contribuir a resolver estos otros elementos.
De manera que si nos quedamos como estamos tiramos voladores; si no, habrá que defender que no nos toquen lo que ya tenemos y defenderemos el statu quo, fíjense ustedes las vueltas que da la vida, ¿eh? Y en cualquier caso, si hay cambios, tienen que ser...
El Grupo Podemos, señora Delgado.
La señora DELGADO LUZARDO: Presidente, gracias. De nuevo, buenos días.
Queremos incidir en que el punto fundamental y urgente de esta reforma debe ser el garantizar la suficiencia general del sistema para cubrir siempre los recursos necesarios en los servicios públicos fundamentales, cuya responsabilidad y gestión recae principalmente en las comunidades autónomas.
La aplicación del sistema del 2009 nos ha permitido destacar una serie de elementos a corregir. El más importante de ellos es que las políticas de austeridad y las reglas de control fiscal no pueden poner en riesgo la sostenibilidad del Estado del bienestar. El diseño actual del sistema no prioriza ni blinda los servicios públicos fundamentales, carece de instrumentos para su protección.
Otro elemento a corregir es el número de fondos que se han ido añadiendo a los básicos y que lo que han generado es confusión en la distribución de los recursos entre comunidades. Hay que hacer una reforma de la estructura del modelo y una mayor concreción de los objetivos de cada fondo.
Otra cuestión que distorsiona, porque produce una competencia tributaria entre comunidades autónomas, es la diferente carga impositiva que hay entre las mismas figuras, como por ejemplo el impuesto de sucesiones.
También hay que decir que otro elemento que se echa en falta y que ha generado conflicto entre comunidades autónomas y Gobierno central es la garantía de financiación para la prestación de la dependencia. La dependencia debería incorporarse dentro de la financiación de los servicios públicos fundamentales; ahora bien, debido a la deuda que el Estado ha contraído con las comunidades autónomas en los últimos años, su financiación obligatoria por parte del Gobierno central podría ser garantizada con un fondo específico y finalista.
Con respecto al fondo de garantía de financiación se debería asegurar el gasto por unidad de necesidad a través de los criterios de población ajustada. Es verdad que hay que calcular este parámetro para Canarias, porque no está actualizado y no responde a la realidad, ya que nuestra población ajustada es mucho mayor.
Por otro lado, el fondo de convergencia interterritorial habría que dotarlo de una mayor capacidad pero no solo para proporcionar inversiones como si fuera una especie de fondo Feder estatal, tal y como se hace ahora, sino sobre todo para solventar realmente las situaciones sociales más extremas a nivel territorial, de mayor exclusión social, como el envejecimiento, el despoblamiento, etcétera.
Evidentemente, también hay que solucionar el problema de la gestión de liquidez de las comunidades autónomas, tanto en el caso de las entregas a cuenta como en el caso del Fondo de Liquidez Autonómico. Las entregas a cuenta deben reformarse para ajustar su evolución a la recaudación real, ya que hoy en día es técnicamente factible pero no se ha realizado. En el caso del Fondo de Liquidez Autonómico, abogamos por que desaparezca ya que para lo que ha servido es para limitar y condicionar la autonomía política de los gobiernos autonómicos.
Por tanto, y resumiendo, los objetivos principales que queremos para esta reforma son, primero, garantizar la suficiencia del sistema; segundo, reducir las divergencias territoriales; tercero, reforzar la autonomía profundizando en un modelo de Estado federal y plurinacional; y, por último, deslindar definitivamente el REF del resto de los fondos del sistema de financiación. Ahora bien, la estrategia para la región ultraperiférica de Canarias requiere un cambio radical de orientación, y esto no va escrito en la resolución que se dirige al Estado, esto lo decimos aquí para este Parlamento y para anunciarles que ya traeremos iniciativas donde podamos hablar desde Canarias sobre cuál es la reforma del REF que necesitamos, porque, como dije en mi primera intervención, hay que evaluar el impacto del REF, por ejemplo, sus efectos sobre las políticas comerciales en Canarias, sus efectos sobre la política exterior, sus efectos sobre su política interior de desarrollo endógeno.
Y también, por cierto, deberíamos cambiar de mentalidad sobre el significado de la ultraperiferia. Según la última resolución adoptada por el Parlamento Europeo el pasado 6 de julio, ser una región ultraperiférica no equivale ni mucho menos a una desventaja intrínseca, puede ser al contrario: servir su localización para un mejor desarrollo de la zona. Esto lo dice una resolución del Parlamento Europeo. Por eso, señorías, ya está bien de que en el imaginario colectivo de todos los políticos y su consecuente transmisión a toda la sociedad canaria aparezca Canarias como una región pobre, desamparada, sin capacidad para salir adelante y que solo puede seguir demandando ayudas para sobrevivir. Canarias es más que el subvencionalismo que nos ofrece España. Canarias tiene una capacidad y unas ventajas que no las tienen otras regiones, ni de la Península ni de Europa. Solo hace falta que exista verdadera voluntad de futuro para potenciar la estrategia económica que pondría a Canarias en la vanguardia de las regiones con mayor bienestar del mundo. Y ojalá llegue pronto el día en que no necesitemos ni los fondos de convergencia ni los fondos de solidaridad ni los fondos de competitividad del sistema de financiación de las comunidades autónomas, porque eso significará que tendremos un PIB más alto, que tendremos menor pobreza y que tendremos menos necesidades de nadie para salir adelante.
Turno del Grupo Popular.
El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Desde aquí, desde el escaño, no quiero subir a la tribuna para repetir argumentos en relación con los diez minutos iniciales que tuve y en los que expuse claramente cuál era la posición del Partido Popular, señor presidente, señora consejera, pero sí quiero que en su intervención de cierre, señora Dávila, pudiéramos arrancarle algún compromiso en relación con la preocupación que he visto en alguno de los portavoces que han intervenido sobre la posibilidad de que lo provisional sea mejor que lo definitivo. Me gustaría arrancarle el compromiso de que en el nuevo periodo de sesiones próximo, a partir de septiembre, visto que el Comité de Expertos va a entregar al Gobierno de la nación el informe en relación con el nuevo sistema de financiación, pues, parece ser que sobre el 10 de agosto del próximo mes, en virtud del estudio y del análisis que el Gobierno de Canarias haga de ese informe, bueno, pues, tener una comparecencia por parte del Gobierno en este pleno para conocer la opinión final en relación con ese documento tan importante para el futuro, el futuro de Canarias. En definitiva, conocer la estrategia o por lo menos que nos adelante alguna estrategia en relación con qué hacer por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las conclusiones de ese informe. Yo creo que es necesario, esta comunicación es previa a la finalización del informe, es necesario saber lo que el Gobierno de Canarias y el pronunciamiento de la Cámara en relación con lo otro. (Abandona la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Hernández, y le sustituye la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio).
Eso es, en definitiva, lo que me gustaría que en su segunda intervención nos expusiera a todos.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor portavoz del grupo, señor Lavandera.
El señor ÁLVARO LAVANDERA: Gracias, presidenta.
Señora consejera, tenemos, señorías, todos los grupos, yo creo que tenemos un diagnóstico compartido, tenemos unos objetivos compartidos; de hecho, vamos a suscribir conjuntamente las propuestas de resolución. Pero seguimos echando en falta una estrategia de negociación de cara a que esos objetivos compartidos sean logrados. Va a haber un escenario de negociación complejo, multilateral, y aunque vivamos en islas no podemos negociar aislados de apoyo, señora consejera.
Los objetivos básicos para Canarias en el próximo sistema de financiación son todos razonables, algunos carecen de realismo en un proceso de negociación como el que estamos afrontando y algunos incluso pueden parecer hasta contradictorios en sí mismos.
Estamos de acuerdo en que la Comunidad Autónoma de Canarias debe obtener una financiación homogénea y en términos normativos por habitante ajustado igual a la media de las comunidades autónomas de régimen común. Para los socialistas este debería ser el gran principio de la nueva reforma, pero no solo para Canarias, para todas las comunidades autónomas que participan en el régimen común.
El objetivo o la misión básica del sistema de financiación debe ser aportar los recursos necesarios a cada comunidad autónoma para que todos los españoles y españolas, independientemente del lugar donde vivan, tengan derecho a recibir una prestación de servicios públicos fundamentales en igualdad de condiciones, y este puede ser un elemento de estrategia para la negociación.
Por supuesto también estamos de acuerdo con la suficiencia del sistema, en el sentido de que los recursos que reciban las comunidades autónomas sean los requeridos para prestar los servicios públicos de su competencia con suficiente margen y solvencia.
También compartimos que el REF no debe formar parte del sistema de financiación. Su acervo histórico y su objetivo nada tienen que ver con la prestación de los servicios públicos fundamentales.
Asimismo, podemos estar de acuerdo en que es necesario introducir mecanismos de corrección que permitan mejorar el cálculo de la población ajustada.
La insularidad juega un papel especialmente importante para Canarias y nos proporciona unos trescientos millones de euros adicionales en el sistema de financiación, por lo que su continuidad debe ser también de vital relevancia, aunque parece complicado que pueda reforzarse como criterio de mejora de la posición de Canarias en el modelo de financiación.
Parece más sensato pensar en otras variables que puedan tener lógica global en el sistema y que nos puedan ayudar, en esa estrategia que echamos en falta, a recabar apoyos en el resultado final, es decir, que no sea solo defendida por Canarias sino también apoyada por otro grupo relevante de comunidades autónomas. Por ejemplo, en lo que se refiere a las variables que sirven de fundamento para la ponderación de los costes asociados a la prestación de los servicios sociales, hasta ahora la variable de referencia ha sido la población mayor de 65 años, pero la grave crisis económica y social que hemos vivido en los últimos años pone claramente de manifiesto que esta visión es parcial e incompleta sobre la existencia de situaciones de necesidad y exclusión de muchas personas. Este hecho está teniendo especial incidencia en aquellas comunidades autónomas en las que la crisis ha provocado mayor crecimiento de situaciones de pobreza o exclusión social, que es el caso de Canarias. Por eso entendemos que resulta de gran importancia incorporar como variable adicional en el sistema de cálculo de la población ajustada la tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social que elabora cada año el Instituto Nacional de Estadística en el marco de la Encuesta de Condiciones de Vida. Esto supondría una mejora evidente de aquellas regiones que como Canarias parten de situaciones de mayor desigualdad y fragilidad.
Un último aspecto que no puede ser olvidado, tal y como se recoge en la comunicación, es la senda ya emprendida de dotar a las comunidades autónomas de mayor corresponsabilidad fiscal al ampliar su participación en los tributos cedidos y dotarlas de mayores competencias normativas. La presión de las comunidades autónomas de mayor nivel de renta y más pobladas va en la línea de reforzar esta corresponsabilidad, a lo que se suma la cuestión catalana, que también presiona para que el sistema siga transitando por esta senda. Canarias se vería claramente perjudicada por esta tendencia. No tenemos imposición indirecta que sume recursos a la corresponsabilidad fiscal, porque no tenemos IVA. Así que no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de imposibilidad material y técnica.
¿Cuál es la posición de este Gobierno ante este escenario? No vemos posicionamiento alguno al respecto en la comunicación, lo que vuelve a avalar su falta de estrategia. No entiendo cómo se pretende afrontar un proceso de negociación clave para el futuro de Canarias si no se prevén reacciones o respuestas ante los escenarios más probables, señora Dávila. El Partido Socialista sí ha pensado en ello y, en caso de que esta sentencia se consolide, propondría un régimen especial para Canarias, que lo hemos incluido en el punto número 10 en las propuestas de resolución que hemos firmado conjuntamente. De esta forma la tendencia que parece inevitable de que se siga reforzando la corresponsabilidad fiscal en el sistema de financiación, afectando negativamente a una región como Canarias que se encuentra limitada técnicamente porque es imposible, bueno, pues, podría ser superada con un sistema de financiación propio fuera del régimen común.
Después de leer la comunicación, el Partido Socialista queda profundamente preocupado desde la perspectiva de Canarias en el proceso de revisión y renovación del sistema de financiación, porque, volvemos a decir, compartimos objetivos, compartimos los principios, pero echamos en falta esa estrategia, y es lo que le venimos a reclamar hoy a la consejera: que nos cuente cómo piensa abordar la estrategia de negociación en un marco que va a ser muy complejo, con una situación territorial compleja y con un Partido Popular que desde luego no ha ayudado a que esto sea un escenario desde luego de concordia, vista la situación dentro de todas las comunidades de Cataluña.
Le deseamos mucha suerte porque será la suerte para toda Canarias y para todos los canarios, pero con suerte no se va a lograr un éxito, y nosotros lo que queremos es el éxito para Canarias. Por eso -volvemos a insistirle- creemos que debería establecer una estrategia de búsqueda de apoyos entre las comunidades autónomas, en un escenario multilateral que va a ser desde luego decisivo para los próximos años en Canarias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, tiene la palabra su portavoz, el señor Ruano León.
El señor RUANO LEÓN: Señorías, para ir terminando, dado que hemos acordado que no habrá debate posterior a la presentación de la propuesta de resolución conjunta, creo que hay que dejar algunas cosas claras.
En primer lugar, a la pregunta final del señor Álvaro Lavandera, la estrategia es la que fijamos precisamente en la propuesta de resolución. Y de forma intencionada hay algunas cosas que no se pueden decir. Quiero decir, lo ha dicho la señora Delgado -creo que es, en fin, creo que es de las pocas ocasiones en las que cuando tenemos un debate podemos coincidir en una amplísima parte de su intervención-, lo han puesto de manifiesto otros portavoces, don Román Rodríguez, incluso don Casimiro Curbelo, cuando ya puso sobre la mesa el gran problema de Estado que hay en este momento con el tema catalán. Que tiene también, como se sabe, no solo problemas políticos originados tras la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010, sino problemas financieros que tienen que ver con su capacidad fiscal. Porque la pretensión de algunas comunidades como Cataluña de que se publicaran las balanzas fiscales era un modo de decir: "nosotros somos los ricos y repartimos para los pobres". Problemas que no solo se producen en España: en Italia la Liga Norte hace un planteamiento independentista de las regiones del norte de Italia, que son las ricas, frente a las regiones del sur; y en el modelo federal alemán también hay estados federados mucho más ricos que otros y cuestionan también la aportación que tienen que hacer para la suficiencia global del funcionamiento del Estado. Este es el sistema. Nosotros no estamos en los que están despegados, estamos en el pelotón de cola en un sistema común. Que efectivamente, por razones diversas, pero básicamente, como decía don Casimiro Curbelo, en relación con el modelo productivo, las sociedades de servicios tienden a producir determinadas desigualdades, porque los niveles de renta que perciben los asalariados son menores que en las sociedades industriales. Y de forma general ocurre también en otras comunidades pero que tienen más compensación en su sistema productivo, desde el punto de vista de que posiblemente un recepcionista de Barcelona o los que trabajan en la hostelería en esa ciudad tienen unas medias salariales inferiores a los de la fábrica de SEAT y otras industrias ubicadas en el territorio catalán.
Por tanto, en todo el debate, que incluso nos anuncia la señora Delgado, que podamos tener aquí... Yo creo que serán buenos debates, porque a veces hablamos del REF y hablamos del REF y mezclamos la parte económica con la parte fiscal. Yo sé que en la parte fiscal el tema es hablar de la redistribución de la renta. Desde el punto de vista político, si nos remontamos veinte años atrás, lo que hay que decir es que quienes controlaban todo el subsector turístico eran todos de fuera, ¡todos de fuera!, y hoy en día gran parte del capital canario controla parte de ese sector. Otra cosa es la redistribución de la renta, que es un tema a discutir en torno a la capacidad fiscal que tiene la comunidad.
Pero es muy importante, muy importante, políticamente, saber que lo que hacemos hoy con la posición común es un acto de corresponsabilidad colegiada de los sesenta diputados y diputadas de esta Cámara y a su vez al Gobierno le emplaza a decir: "tiene usted la confianza, articule la confianza con inteligencia e informe cuando se pueda informar -que lo hemos puesto al final de la propuesta- para que podamos tener conocimiento de cómo se mueven las cosas". Porque es verdad, ya lo dije en mi primera intervención y de alguna manera lo ha repetido el señor Álvaro Lavandera, respecto a un tema en el cual a veces incurrimos en contradicción cuando defendemos... La corresponsabilidad fiscal a nosotros no nos interesa, ya la tenemos; es decir, el crear una cesta de impuestos y darte capacidad para disponer sobre ella lo que hace es que las diferencias que tenemos nosotros respecto de los menores niveles de presión fiscal, para poder ganar tendríamos que aumentar los niveles de presión fiscal y desde luego eso es negativo desde nuestro punto de vista. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).
Por tanto, el escenario es complicado y todos los expertos que nos han ayudado... No entiendo la crítica a la comunicación, señor Álvaro Lavandera, porque fue el Gobierno de Coalición Canaria-PNC y el Partido Socialista quien aprobó la comunicación. Fue en abril del año pasado, en el año 2016. Y entre otros expertos estaba el señor Olivera, que es una persona muy preparada, que ha contribuido sin duda a esa comunicación, y también como otros mencionados aquí, entre los cuales hoy día, en el Comité de Expertos en Madrid, está Arturo Melián, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El marco, insisto, es un marco de dificultad, desde que vamos a un foro multilateral, porque el foro multilateral per se es un medio difícil para nosotros. Piense que incluso, en el orden de comunidades autónomas, por esa sucesión que ocurrió con los estatutos de autonomía, intervenimos en el número 13, cuando asisten a la reunión Cataluña y el País Vasco. En orden de aprobación de los estatutos, nosotros fuimos el decimotercero, con lo cual cuando hablamos ya a nadie le interesa ni lo que vas a decir. Esto funciona así, yo he estado, no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pero sí en conferencias sectoriales, de ámbitos sectoriales, donde las cosas funcionan así. Y por eso a veces digo aquí que cada vez que vamos a Madrid estamos en la casilla de salida. No estamos avanzando, sino tenemos que explicar, ya gobierne el Partido Socialista, ya gobierne el Partido Popular. No es una cosa relativa a los diputados socialistas de Canarias o diputados, diputadas, del Partido Popular en Canarias. Es otra cosa, es cómo contempla el Estado la relación con sus comunidades. Y ojo incluso cuando se dicen cosas como el sistema federal, porque los sistemas federales per se son de igualación de los estados federados. Otra cosa es el federalismo asimétrico, que es una expresión que se usa para establecer diferencias en aquellas condiciones donde debe haber un marco, un denominador común, y, sin embargo, debe haber diferencias por especialidades, como es la nuestra como región ultraperiférica de la Unión Europea, a la que se refería doña Asunción, y yo le digo que la ventaja ya se proclamó en una comunicación del 2008 por la Comisión Europea en los términos que usted ha señalado.
Por tanto, sigamos con el esfuerzo de la posición común y pidamos al Gobierno que actúe con inteligencia en un...
Cierra el Gobierno.
La señora CONSEJERA DE HACIENDA (Dávila Mamely) (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.
Mi intervención quiero que sea desde aquí, desde la posición del Gobierno, para decir, en primer lugar, que creo que son importantes las conclusiones que hoy sacamos de aquí y que haya una resolución única de este Parlamento. Tengo que agradecer el esfuerzo que han hecho a lo largo de todo el día de ayer para llegar a una resolución única, una puesta en común, con unos objetivos claros, que es poner a Canarias en una posición de igualdad respecto a unos fondos, un sistema de financiación que, como ya se ha dicho aquí, es fundamental.
Como me ha emplazado también el señor Miguel Jorge, decir que creo que sí, que es fundamental poder traer en el próximo periodo de sesiones las conclusiones del grupo de expertos. Sí les anticipo que el esfuerzo de Canarias en ese grupo de expertos y sus consideraciones han avanzado mucho desde la comparecencia que tuvo en comisión, en la subcomisión del sistema de financiación, la persona que allí está destacada, que es Arturo Melián, y que ha hecho un magnífico trabajo, lo que ha contribuido a que Canarias sea mejor comprendida en el sistema común.
Yo creo que, respecto al escenario que se dibujaba, el escenario del grupo de expertos que se dibujaba en aquel momento, hemos cambiado de forma sustancial. Pero tenemos que esperar a las conclusiones del grupo de expertos.
Y, por otro lado, me gustaría decir, y reforzando un poco la idea de mi portavoz, esta, como dije al principio, no es una estrategia del Gobierno. La estrategia se fija aquí, en el Parlamento, y hoy tengo solo palabras de agradecimiento por el respaldo a la comunicación del Gobierno y por la posición común de todo este Parlamento en el apoyo a un nuevo sistema de financiación que sea justo con Canarias.
Señorías, tal y como habíamos acordado y tras la intervención de todos los grupos, con el cierre del Gobierno, damos un plazo, si les parece, hasta las once y media, si les parece, hasta las once y media, para la presentación de las propuestas de resolución, y así vamos a un tiempo cerrado. ¿De acuerdo? (Asentimiento).
Ahora, señorías, continuamos con el orden del día.
Seguiríamos con las PNL, que ayer ya comenzamos con dos y ahora tocaría la PNL-430, si no me equivoco, sobre la gestión directa del servicio de comedor escolar.
El grupo proponente es el Grupo Podemos y para su defensa...
La señora SANTANA PERERA (Desde su escaño): (Sin micrófono).
La señora PRESIDENTA: ¿Pero está aquí, señora portavoz?
La señora PRESIDENTA: No, no, solo le he preguntado si está aquí para, si no, ir a la siguiente. Esta presidenta lo que tiene que intentar es dirigir el debate con la ayuda también de sus señorías y lo único que le he preguntado a su portavoz es si está aquí o pasamos a otra, si la Cámara así lo asiente, para no estar esperando. (Pausa).
Hay una de seguridad alimentaria que es por unanimidad...
9L/CG-0002 Sobre el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Situación actual y objetivos de futuro.

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