Source: http://criminalizacion.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/85
Timestamp: 2019-06-19 04:48:45+00:00

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Conflicto Minero: Megaproyectos en el municipio de Quinchia (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina / OCMAL):
Conflicto Minero: Megaproyectos en el municipio de Quinchia
Comunidades agromineras e indígenas de Quinchía AGRICULTURA Ver
Consejo Regional Indígena de Risaralda AGRICULTURA Ver
Organizaciones internacionales han documentado el compromiso de la AngloGold Ashantí (AGA) con estructuras armadas y crímenes ejecutados en diferentes países a fin de garantizar su ingreso y el desarrollo de explotaciones en gran escala. Diferentes denuncias de organizaciones sociales y de Derechos Humanos (DDHH) en Colombia han demostrado que la situación en el país parece responder a patrones similares. Coincidencialmente, las áreas donde se hacen las solicitudes de contratos de concesión por parte de AGA y de la Sociedad Kedahda S.A., su filial en el país, corresponden a lugares en los cuales estructuras paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, actuando conjuntamente, han ejecutado de manera sistemática crímenes de lesa humanidad. La multinacional ha hecho 1.216 solicitudes en 21 Departamentos y 336 Municipios. Su principal influencia se da en Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, Huila, Chocó. Antioquia y Bolívar representan el 32% de las solicitudes existentes. Entre julio de 2004 y septiembre de 2007 AGA y sus asociados en riesgo compartido, entre ellos B2Gold, han explorado sistemáticamente 6.32 millones de hectáreas. En la actualidad controlan aproximadamente 4.2 millones de hectáreas en el país, de las cuales 2 millones pertenecen a Kedahda. Un análisis comparado de los municipios en los que existen profundos intereses de la multinacional con los municipios en los cuales ha existido un posicionamiento del paramilitarismo que ha atentado de manera directa y sistemática contra la población civil a través de diferentes acciones (ejecuciones extrajudiciales, arrestos ilegales, torturas, despojo de pertenencias, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado), muestra que el 99.9% de los mismos resultan coincidir. Durante el periodo 1988-2006, 5.438 personas fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad y 610.110 personas fueron objeto de expulsión y apropiación de sus territorios por parte de paramilitares en lugares donde AGA desarrolla operaciones o pretende hacerlo. Los momentos en los que las expulsiones se han intensificado han sido entre 1999 y 2002 (año en que ingresa AGA al país) y entre 2004 y 2007. Son 4 las modalidades de operación de AGA en Colombia y su aplicación parece un libreto similar en África, Asia y el resto de América Latina: beneficio de la represión, como mecanismo para garantizar sus procesos de explotación; utilización de la Fuerza Pública, como parte de su departamento de seguridad; adecuación de la legislación interna (nacional y regional) a sus propios intereses; congelamiento de territorios como un acto de despojo. Este modus operandi representa la existencia de actos sistemáticos y generalizados tendientes a generar procesos de terror y ruptura del tejido social en las comunidades agromineras, campesinas e indígenas del Departamento de Risaralda, y a destruir el proceso de resistencia que éstas han desarrollado frente al ingreso de las empresas multinacionales en la subregión. La multinacional se ha beneficiado de los crímenes ejecutados por paramilitares en el municipio de Quinchía desde 2001 contra campesinos e indígenas. En las regiones de Colombia donde AGA tiene ha desarrollado o pretende iniciar labores de exploración y explotación se han intensificado los procesos de militarización. Los casos más críticos se han presentado en Tierradentro (Cauca), Remedios y Segovia (Antioquia), Quinchía (Risaralda) y el Sur de Bolívar. La militarización de estas regiones buscarían supuestamente desplazar a las fuerzas guerrilleras, pero se trata también de desterrar a los nativos, pequeños mineros y campesinos que se convierten en molestia a la hora de privilegiar el saqueo de las multinacionales. Estos procesos de militarización han venido acompañados de bloqueos alimenticios, medicinales y de insumos de trabajo para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Por ejemplo, en 2003, año de llegada de la AGA a la región, se presentó una detención masiva y arbitraria por parte de la Fuerza Pública denominada "Operación Libertad", afectando con ello la capacidad de autodeterminación de las comunidades de Quinchía frente al ingreso de la empresa. Esta operación, efectuada el 27 de septiembre, tuvo como principal propósito hacer efectivas 60 ordenes de captura, luego de que las autoridades adelantaran las indagaciones iniciales sobre un ataque que había sufrido la Policía. En esta operación, adelantada conjuntamente por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, 116 personas fueron privadas de su libertad. Estas privaciones de la libertad ocurrieron en el contexto de la presentación de solicitudes de contratos de concesión por parte de AGA. Por otro lado, desde finales de la década del 90 fueron promovidas reformas a la legislación minera que planteaban una eliminación de la Pequeña Minería y, a su vez, el otorgamiento de garantías para la presencia y participación de las multinacionales en los procesos de explotación y consolidación de la Gran Minería. De acuerdo con uno de los principios que consagra el Código de Minas, quien sea primero en el tiempo en la solicitud de contratos de concesión, será el primero en el derecho. A partir de este principio, se ha limitado la legalización de la minería de hecho (Pequeña Minería) dado que las empresas han formulado solicitudes sobre extensas áreas del territorio en las que se venía practicando esta forma de minería. Bajo el argumento de regularizar las explotaciones mineras, se resultan desconociendo los derechos de las poblaciones dedicadas a esta actividad, como es el caso de las comunidades de Quinchía. A quienes venían desarrollando la minería de hecho, les fue otorgado un plazo desde enero 1 de 2000 hasta diciembre 31 de 2004, a fin de iniciar los procesos de legalización minera. No obstante, la información suministrada por parte de las autoridades mineras y estatales estuvo ausente o no fue suficiente, razón por la cual, numerosos residentes y habitantes que desarrollaban explotaciones en las zonas mineras no pudieron acceder a los procesos de legalización. La legislación minera vigente (ley 685 de 2001), entonces, ha sido concebida para la explotación a gran escala y no para la Pequeña Minería. La reforma al Código de Minas presentada por el gobierno hace parte de la lógica del Tratado de Libre Comercio (TLC) y su objetivo es relegar la pequeña minería a la ilegalidad permitiendo así la explotación solo por parte de grandes empresas, de las cuales casi la totalidad son transnacionales. Los principios y políticas de AGA impiden que la empresa desplace a los mineros artesanales o informales y de hecho, lo cual aseguran no haber permitido jamás. Por el contrario, en el informe sobre Colombia (2007) se afirma que la empresa ha colaborado con la legalización de cooperativas mineras, asociaciones mineras y más de 50 mineros individuales de pequeña escala por todo el país. Un ejemplo de ello, "son las cooperativas de Miraflores y San Martín de Loba, asociaciones en riesgo compartido negociadas con valores de mercado justo y de una forma abierta y transparente" Sin embargo, en Risaralda, las asociaciones mineras aseguran haber visto desconocido su derecho al reconocimiento de una zona de reserva especial minera, al solo ser reconocido el 9% del total solicitado. La administración regional en vez de propiciar el desarrollo de la pequeña minería ha invertido cientos de millones en una planta de beneficio lejana de los lugares de extracción minera, que actualmente se encuentra en estado de abandono. Las comunidades mineras del Sur de Bolívar y Nariño, los indígenas y afrodescendientes del Cauca y Chocó junto a los indígenas de Risaralda, han empezado a encontrarse para confrontar e intercambiar sus problemáticas a partir de la Audiencia minera celebrada el 11 de noviembre de 2006 en Medellín en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo Colombia. Desde este encuentro se entendió el carácter nacional del conflicto que se viene presentando entre las comunidades mineras y la AGA y se ha iniciado una serie de reuniones en la búsqueda de solución al problema con la multinacional y por la defensa y permanencia en el territorio. Una etapa importante de este proceso de articulación entre diferentes comunidades ha sido el Foro Nacional Agrominero de Santa Rosa (sur del Bolívar), realizado en febrero de 2007. En este foro las comunidades procedentes de diferentes lados del país plantearon su rechazo frente al ingreso de la AGA a sus territorios, así como al actual Código de Minas y a la reforma que el gobierno pretende hacer en aras de eliminar cualquier forma legal a los pequeños mineros en defensa de sus tenencias. Después se han realizado diferentes talleres de formación a las comunidades con los temas de la multinacional AGA, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la Reforma al Código de Minas. En abril de 2007 se realizó la Reunión Nacional Minera, cuyo objetivo era la coordinación de actividades y unificación de propuestas provenientes de las diferentes regiones con las que se ha trabajando. Allí se ratificó la necesidad de hacer los encuentros regionales, hacia la construcción del Encuentro Nacional Minero programado para los días 2 y 3 de junio de del mismo año en Quinchía. Fuentes: http://74.125.47.132/search? q=cache:hKnOgGwfqScJ:www.omal.info/www/IMG/doc/DOCUMENTO_FINAL_TPP.do c+corregimientos+Casa+de+Barro+y+Agua+Fr %C3%ADa&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=co&client=firefox-a http://colombia.indymedia.org/news/2007/05/65105.php http://www.redcolombia.org/oscar/sdb/CocnlusioniCarovanaMinera_es.pdf http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=6557 http://www.imcportal.com/newsfiles/20070105-Tras-el-oro-de-Quinchia.pdf http://orosucio.madryn.com/articulos/05_01_07.html http://colombia.indymedia.org/news/2007/05/65105.php http://colombia.indymedia.org/news/2008/07/90502.php
Proyecto relacionado: Miraflores
Ver	Proyecto de extraccion de oro, a manos de la transnacional australiana METMINCO, luego de adquirir la comprar de SEAFIELD RESOURVES Y MINERA QUINCHIA SAS, posee aproximadamente 6300 ha, donde se han estimado 2.8 millones de onzas de oro , repartidas en varios yacimientos y objetivos de exploración que incluyen Miraflores, Dosquebradas y Tesorito, en la localidad de Quinchia. Posee recursos minerales indicados de 9,27 millones de toneladas a 2,82g / t de oro y 2,77g / t de plata. Tiene una capaciadad para procesar 1300 toneladas diarias, explotaciones tanto a cielo abierto, con una vida útil de 8 años, como también subterráneo, con una vida útil de 10 años. La mina subterrenea producirá aproximadamente 50.000 onzas de oro por año. Tiene una inversion de US$100 millones
Proyecto relacionado: Batero - Quinchía
Ver	De la multinacional canadiense Batero Gold, proyecto minero a cielo abierto de oro y plata, tiene 1407 Ha, consiste en depósitos de oro denominados Las Dos Quebradas,con una vida útil de siete años y un promedio en la producción anual de 56.000 onzas de oro y 117.000 onzas de plata Con una inversion de US$ 97 millones
Acciones directas que violan el derecho a la seguridad e integridad personal
Intimidación durante las elecciones
Muertes intencionadas de personas específicas
Violaciones al derecho a la libertad de recibir, buscar y difundir informacion
Violaciones al derecho de los pueblos a la paz
PROYECTO MIRAFLORES 30/10/2017 Ver
Resistencia colombiana frente a la mineria canadiense 27/2/2017 Ver
Oro, tormento Embera en Quinchía 26/9/2016 Ver
PROYECTO BATERO QUINCHIA 10/10/2010 Ver
Reporte del país Colombia 2007 13/11/2008 Ver
?Quinchía, entre el temor y la zozobra: paramilitares son acusados por la población civil? 13/7/2005 Ver
?Tras el oro de Quinchía?. 7/1/2005 Ver
La IIRSA en el contexto minero energético colombiano. Ver
Artículo 3 Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas come 26/8/2003 Ver
Ley 685 de 2001 (Colombia) 13/11/2001 Ver
Artículo 2 de la Constitución Nacional (Colombia) 13/11/1999 Ver
Ley 99 de 1993 (Colombia) 22/12/1993 Ver
Artículo 8º de la Declaración de los Derechos de los Pueblos 4/7/1976 Ver
Preámbulo de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos 4/7/1976 Ver
Artículo 11 del PIDESC 16/12/1966 Ver
Artículo 6 del PIDESC 16/12/1966 Ver
Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 16/12/1966 Ver
Artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 10/12/1948 Ver
Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 10/12/1948 Ver
Artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 10/12/1948 Ver
Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 10/12/1948 Ver
Artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 10/12/1948 Ver
En Quinchía (Risaralda) tampoco quieren a la Anglogold Ashanti 29/3/2017 Ver
Quinchía se planta contra la megaminería 14/3/2017 Ver
En marcha la Segunda Caravana Internacio?nal por la Vida y Contra el Despojo en el Sur de Bolívar 7/8/2011 Ver
AGA nominada a premio Nacional de la Paz 13/11/2008 Ver
B2Gold adquiere un 100% de participación en la concesión Miraflores. 13/2/2008 Ver
AngloGold Ashanti y B2Gold firman acuerdos para explotación en riesgo compartido 13/11/2007 Ver
Caravana Agrominera Internacional 13/9/2007 Ver
Foro Nacional Agrominero de Santa Rosa 13/2/2007 Ver
Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo Colombia 11/11/2006 Ver

References: Artículo 3

Artículo 2

Artículo 8

Artículo 11

Artículo 6

Artículo 1

Artículo 22

Artículo 25

Artículo 17

Artículo 23

Artículo 9