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Jorge ignacio pretelt chaljub - Página 5
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(ii) La Convención Europea de Derechos Humanos dejó entonces a consideración de cada Estado la propia concepción de moral pública. En este respecto, afirmó que cada Estado tiene un margen de apreciación dentro del cual se puede evaluar la moral en el contexto de la realidad social como la necesidad de imponer una restricción o sanción ante su desconocimiento.
(iii) El rol de vigilancia de la corte presta principal atención a los principios de una sociedad democrática. La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de tal sociedad. Por otra parte quien quiera que ejerza su libertad de expresión asume “deberes y responsabilidades”.
En este caso la Corte de Londres usó su margen de apreciación para determinar que el Schoolbook sí fue inmoral por los esfuerzos del Sr. Handyside de llegar a sus lectores destinatarios entre las edades de 12 a 18 años, específicamente, con su estilo de escritura clara y simple, mediante publicidad a través de varios periódicos y unos 50.000 copias que imprimió con intención de disimularlos justo después de la primera circulación y que tenían un contenido “obsceno”. Sin embargo, aseguró el Tribunal, se requiere la vigilancia de la Convención Europea para asegurar que el estado miembro sí está actuando dentro de su margen de apreciación.
La Corte enfatizó que los hechos se desarrollaron dentro de una "sociedad democrática" donde se toleran todas las ideas. El Tribunal expuso que el autor tenía conocimiento de que sus lectores eran demasiado jóvenes, influenciables e impresionables, por tanto estaba justificada la medida de sacar de circulación el Schoolbook.
La corte emitió entonces que el fallo del 29 de octubre de 1971, de conformidad con las leyes de 1959-1964, tenía por objetivo esencial proteger la moral de los jóvenes, por tanto, su finalidad es legítima según el artículo 10 parágrafo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos56.
Además, la doctrina también se ha ocupado de analizar la relación entre el derecho y la moral. Por ejemplo, el doctrinante Carlos Santiago Nino sostiene que “La moral social o positiva es el resultado de la formulación y aceptación de juicios con los que se pretende dar cuenta de la moral ideal; es decir, una moral social existe como tal en la medida en que los que la formulan y aceptan consideran que coincide con la moral ideal…
La respuesta que se puede dar a un escepticismo ético apriorístico acerca de la posibilidad de validar juicios morales es que tales juicios no se formulan en el vacío sino en el contexto de esta práctica social a la que subyacen criterios procedimentales y substantivos de validación como la universalidad, generalidad, y la aceptación de los juicios en condiciones ideales de imparcialidad, racionalidad y conocimiento…
Observando la práctica de la moral vigente, Nino concluye que las funciones que de hecho ella cumple son la superación de conflictos y el fomento de la cooperación, a través de un medio concreto: la adopción libre y compartida de los principios morales que deben guiar las acciones y actitudes humanas, que permiten llegar a una convergencia de tales acciones y actitudes. Para concluir que estas y no otras son las funciones de la moral, parte Nino de algunas circunstancias fundamentales de la vida del hombre en sociedad que están asociadas con el Derecho y la moral: la escasez de recursos, la vulnerabilidad de los hombres frente a ataques de sus semejantes, su igualdad aproximada en cuanto a capacidades físicas e intelectuales, la coexistencia en áreas comunes, la presencia de intereses individuales divergentes…la limitada simpatía hacia los intereses ajenos…
Por tanto, en opinión de Nino, Derecho y Moral cumplen idénticas funciones: reducir o solucionar los conflictos entre individuos, y fomentar la cooperación entre ellos. En lo que difieren es en los medios puestos por una y otra”57.
LA EXPRESIÓN “INMORAL O” CONTENIDA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, NO DESCONOCE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 25 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN.
En el caso objeto de análisis debe determinarse si la terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa por parte del empleador invocando como causal el desarrollo de un acto inmoral, vulnera el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral de los trabajadores en los términos planteados por el demandante, ya que, en su criterio, aunque esta Corporación ha admitido el uso de conceptos indeterminados, también lo es que ha señalado que en algunos casos el legislador debe abstenerse de apelar a ellos cuando es tal su grado de indeterminación y vaguedad que puede comprometer el ejercicio de derechos fundamentales como acontece en los procesos sancionatorios.
Para iniciar, es importante precisar que, en efecto, el numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, establece como una de las justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo el que “el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores” un acto inmoral. Además, el parágrafo de este mismo artículo establece que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación y, posteriormente, no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos.
Ahora bien, el actor lo que evidencia en el planteamiento de su demanda es que el empleador en aplicación de esta causal puede incurrir en un acto arbitrario al hacer uso de esta causal porque puede aplicarlas de forma subjetiva sin que el trabajador conozca previamente el comportamiento que para el empleador puede dar lugar a la aplicación de la misma, al paso, agrega, que esta expresión responde a un reproche social que invade el fuero interno de los trabajadores.
En este respecto, es importante recordar que esta Corporación se ha pronunciado en varias oportunidades acerca del alcance y de la interpretación que debe otorgarse a la expresión moral cuando se encuentra presente en normas jurídicas.
En este sentido, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la categoría moral no depende del concepto en sí mismo sino que es su aplicación en concreto la que puede ser objeto de reproche, máxime cuando puede comprometerse la realización de derechos fundamentales. Sin embargo, por regla general, los conceptos jurídicos indeterminados sí pueden ser usados por el legislador al amparo del orden constitucional vigente58.
En este respecto, esta Corporación ha sostenido que la moral es un bien jurídicamente protegido y que debe entenderse como la moral social compuesta por principios, valores y virtudes fundamentales aceptados por la generalidad de los individuos cuyo fin es garantizar una convivencia pacífica, libre y respetuosa, y también reconocer la dignidad humana sin distinción59.
Cabe reiterar que contrario a lo afirmado por el actor, esta Corporación ha proscrito la imposición de un solo código de moralidad y ha protegido el concepto de moral social al amparo de valores como la multiculturalidad y el pluralismo consagrados en la Constitución.
Sin embargo, este Tribunal también ha señalado que existen situaciones y contextos en los que el concepto de moral puede tornarse tan indeterminado que compromete el ejercicio de derechos y principios fundamentales como el de la legalidad.
Tal es el caso de las sanciones que se imponen en el marco de un proceso disciplinario cuando en este se hace referencia a criterios morales. En la sentencia C- 431 de 2004, al analizar el estudio de varias normas disciplinarias, en ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado se estableció la necesidad de que se observaran con rigor los principios de legalidad, tipicidad, antijuridicidad, responsabilidad y proporcionalidad, en especial, el de legalidad y tipicidad.
En esta misma sentencia, la Corte expuso que los procesos donde se ejerce la actividad punitiva o sancionatoria del Estado, la alusión a conceptos indeterminados debe hacerse de forma concreta y precisa, señalando qué comportamientos son los que el legislador establece como sancionables por ser considerados socialmente inmorales.
En este punto, la Sala considera necesario advertir que el actor pretende equiparar dos eventos sustancialmente diferentes en cuanto a la aplicación concreta del concepto indeterminado de moral: las sanciones impuestas con base en este tipo de criterios al interior de un proceso disciplinario y la causal de terminación unilateral del contrato por justa causa por parte del empleador cuando un trabajador incurre en un acto inmoral. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, señaló que la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador no puede considerarse como una sanción disciplinaria que se le impone al trabajador sino que es una facultad que la ley le otorga a este60.
Así mismo, en la sentencia T-546 de 200061, se señaló que:
“El acto de despido de trabajadores privados, en principio, no tiene naturaleza disciplinaria, ni constituye una sanción. En efecto, la terminación unilateral del contrato es una facultad que tienen tanto el empleador, como el trabajador, derivada del principio non adimpleti contractus, que consiste en la posibilidad que tiene una parte de extinguir unilateralmente una convención pactada, cuando la otra ha incumplido determinadas obligaciones. Ahora, si bien en derecho laboral, la situación de subordinación en que se encuentra el trabajador respecto del empleador, justifica la consagración de algunas prerrogativas a su favor, no por ello se desnaturaliza la institución de la terminación unilateral del contrato, ni se puede afirmar que adquiere el carácter de facultad disciplinaria, por cuanto la terminación del contrato y las facultades disciplinarias obedecen a propósitos diferentes”.
Es decir, los dos procesos tienen consecuencias jurídicas disímiles, pues, mientras que en el primer evento la conducta da origen al respectivo procedimiento disciplinario, la facultad que tiene el empleador no se sujeta a un proceso disciplinario alguno sino al procedimiento de terminación unilateral del contrato de trabajo, quien, en aplicación de dicha potestad puede invocar la causal contenida en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, cumpliendo con la exigencia de manifestar al momento de notificar dicha determinación el motivo u origen del despido.
A diferencia de las consideraciones puntuales en el caso de las sanciones establecidas en el marco de los procesos disciplinarios donde la alusión a conceptos indeterminados le impone al legislador establecer de manera concreta el tipo de conductas consideradas inmorales y que son objeto de sanción en estricto cumplimiento del principio de legalidad y tipicidad, existen otros contextos en donde el legislador puede apelar a conceptos indeterminados sin que tenga la carga de desarrollar el concepto de tipicidad, en estricto sentido, pero que aún así no da lugar a que se realicen referencias a apreciaciones morales y éticas individuales, pues existen en el ordenamiento jurídico y constitucional parámetros para aplicar en concreto dichas categorías indeterminadas como el de “inmoral” sin desconocer valores, principios y derechos superiores de gran valor en el marco de un Estado Social de Derecho. Tal es el caso de la valoración del acto inmoral en desarrollo de un contrato de trabajo, análisis que debe hacerse a la luz del respectivo reglamento de trabajo62 y no de la visión particular del empleador.
Cabe anotar que el artículo 57-9 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra como una de las obligaciones del empleador “Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes” y el artículo 58-4 de esa misma normativa “Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros”.
Así lo ha expuesto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien en fallo con número de radicación 36123, del 23 de febrero de 201063, señaló que cuando se acude a las causales de terminación unilateral del trabajo por justa causa, los hechos que dan lugar a la aplicación de dichas causales deben confrontarse con las disposiciones reglamentarias y contractuales.
Ahora, si bien existen algunos pronunciamientos de esta Corporación en sede de tutela mediante los cuales se ha señalado que la expresión ´acto inmoral´ o ´conducta inmoral´ es amplia e indeterminada y que por ello desconoce el principio de tipicidad64, lo cierto es que a la luz de la línea jurisprudencial ya expuesta, puede evidenciarse que el concepto ´moral´ no es de tal manera indeterminada porque el mismo ordenamiento jurídico contiene los elementos necesarios para su determinación como acontece en el plano laboral.
A modo ilustrativo, en el caso específico analizado en la sentencia T-768 de 200865 parece que se equiparara el análisis de tipicidad de las faltas disciplinarias a las actuaciones en el plano laboral que pueden originar la aplicación de la causal contenida en el numeral quinto del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo cuando, como quedó visto, se trata de casos sustancialmente diferentes, de acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia constitucional y la de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, puede evidenciarse que aunque en este caso concreto se negó el amparo invocado en un contexto de terminación del contrato por haber cometido el trabajador un acto `inmoral`, se enfatizó acerca de la importancia de establecer mediante criterios objetivos la calificación de dicha conducta como ´inmoral´.
En este contexto, lo importante, más allá de determinar con exactitud cada uno de los comportamientos que dan lugar a calificar un acto como inmoral, como regla general, es que dicho concepto pueda llenarse a partir de elementos contenidos en el mismo ordenamiento jurídico para proceder a su aplicación; pues, como se expuso en la misma sentencia T-768 de 200866 y se reitera en este fallo, la indebida aplicación de una norma –en este caso de la expresión demandada- escapa al examen del control constitucional y, prima facie, le corresponderá a los jueces laborales analizar la justa causa de terminación del contrato laboral, a no ser que se encuentren comprometidas garantías superiores que puede originar la presentación de otras acciones constitucionales como la tutela.
Bajo esta línea argumentativa en la sentencia T- 276 de 201467 se reiteró que en el marco de los procesos disciplinarios – que opera como excepción a la regla general- conceptos indeterminados como el de ´moral´ se encuentran sometidos a un nivel más estricto de tipicidad:
“La decisión de despido se tomó con base en el régimen disciplinario de la compañía, el cual hace parte de su Reglamento Interno de Trabajo y de la Convención Colectiva de Trabajo pactada con SINTRAMINERGÉTICA mediante laudo arbitral, la cual tenía vigencia hasta el veintiséis (26) de noviembre del dos mil ocho (2008).68 El reglamento incluye en su artículo 14, 15 y 67 el concepto jurídico indeterminado de moral…
7.4. La Convención Colectiva, por su parte, establece una escala de sanciones sin especificar el tipo de faltas a las que se aplica. Según esta, “en caso de que la determinación sea la aplicación de una sanción disciplinaria, LA EMPRESA (…) aplicará la siguiente escala de sanciones: 1. Primer falta, llamado de atención. 2. Segunda falta, suspensión de 1 día. 3. Tercera falta, suspensión de 2 días. 4. Cuarta falta, suspensión de 3 días. 5. Quinta falta, suspensión de 8 días. 6. Faltas superior a la quinta vez hasta por 30 días de suspensión”69…
7.6. De la lectura del reglamento de la empresa, puede colegirse que, en efecto, en este se entiende de manera explícita que la comisión de actos inmorales es una falta grave y una causal de despido, pero no se precisan, desarrollan o clasifican las conductas inmorales específicas que están prohibidas, ni tampoco se ofrecen criterios para determinarlas. De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de la Corte, en el acápite quinto de esta providencia, el término “moral” es un concepto jurídico excesivamente indeterminado que lesiona la seguridad jurídica y el principio de legalidad y tipicidad cuando es empleado en materia disciplinaria sin mayores precisiones sobre las conductas prohibidas.70 De esta manera, este concepto se presta para la interpretación subjetiva del empleador, por una parte, y le impide al trabajador prever qué tipo de comportamientos están prohibidos y pueden ser sancionados, por la otra…” (Subraya y negrilla fuera de texto)
Teniendo en cuenta lo anterior y lo expuesto por la mayoría de los intervinientes, el principio de tipicidad en materia laboral no implica una descripción clara, detallada, y precisa de la conducta reprochada ante la imposibilidad de que, en casos como el que se analiza, el legislador consagre una lista precisa de comportamientos, tal y como acontece con los tipos en blanco. No obstante, en este caso la palabra `inmoral` acusada no es en tal grado indeterminada porque en cada caso particular puede aplicarse de manera objetiva acudiendo a las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico.
En razón a lo anterior, la Sala considera que más que trasladar las mismas exigencias establecidas por esta Corporación cuando el legislador contempla conceptos indeterminados en materia disciplinaria - pues, como quedó visto, se trata de hipótesis sustancialmente diferentes- es necesario reiterar la importancia de que el empleador cuando apele a la causal contenida en el numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo por acto inmoral para terminar de manera unilateral el contrato de trabajo por justa causa, le asegure al trabajador unas garantías mínimas dentro de dicho procedimiento.
Así, el empleador está en la obligación, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 62, de manifestarle al trabajador la razón por la cual termina unilateralmente el contrato de trabajo71 y además, dicha conducta debe ser realizada por el empleado en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores. Agregado a lo anterior, se resalta la importancia de que el trabajador sea escuchado en ejercicio de su derecho de defensa:
“De otra parte, es preciso recordar que el Código Sustantivo del Trabajo exige en el parágrafo del mismo artículo 62 -declarado exequible por la Corte en la sentencia C-594/97, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero-, que quien pretenda finalizar unilateralmente la relación de trabajo, debe dar a conocer a la otra la causal o el motivo de su decisión. Causal que, se repite, debe estar plenamente demostrada. En consecuencia, no es posible alegar con posterioridad, causales distintas a las invocadas.
La Corte Constitucional afirmó en la pronombrada sentencia, que el parágrafo del artículo 62 del C.S.T., debe ser interpretado de conformidad con el principio de la buena fe: no es suficiente que las partes se valgan de alguna de las causales enunciadas para tomar su decisión, pues es imperativo que la parte que desea poner fin a la relación exprese los hechos precisos e individuales que la provocaron. Así, la otra parte tiene la oportunidad de enterarse de los motivos que originaron el rompimiento de la relación laboral, en el momento en que se le anuncia tal determinación y, puede hacer uso de su derecho de defensa y controvertir tal decisión si está en desacuerdo.
Para concluir, es preciso reiterar que de acuerdo con la disposición acusada, el acto de violencia, la injuria o el mal tratamiento debe ser de tal entidad que haga imposible la prosecución del contrato de trabajo. Por tanto, el empleador está en la obligación de apreciar las circunstancias en que se presentaron los hechos o comportamientos anómalos del trabajador y las consecuencias que se derivan de esas conductas, para tomar la medida que más se ajuste a los intereses de la organización empresarial”72
En definitiva, la terminación unilateral por acto inmoral debe guardar relación con conductas del trabajador desarrolladas en el establecimiento o lugar de trabajo o en ejercicio de sus funciones y que afecten el normal desarrollo de las actividades de la empresa, las relaciones entre el empleador y los trabajadores, y entre los compañeros de trabajo73.
En virtud de lo expuesto, esta Sala evidencia que la expresión demandada no debe interpretarse como el ejercicio de una facultad arbitraria a favor del empleador, pues este no puede otorgarle el alcance meramente subjetivo que pretende adscribirle el demandante sino que debe responder a una actuación desarrollada en el ámbito laboral. Además, el mismo parágrafo del artículo 62 consagra que el empleador debe manifestarle a quien es despedido unilateralmente por esta causa, la razón por la que es procedente la aplicación de la misma.
Ahora bien, en el trasfondo del debate constitucional que propicia el actor subyace el temor frente a la indebida aplicación de la facultad de terminar el contrato unilateralmente por un acto inmoral, argumento que no conlleva la declaratoria de inexequibilidad de dicha expresión, ya que dicho análisis escapa a la naturaleza y finalidad de la acción pública de inconstitucionalidad. Ello, por cuanto a través de esta acción pública no pueden resolverse problemas particulares, objeto para el cual, existen otras acciones legales y constitucionales en aquellos eventos en que acaezca la hipótesis planteada por el actor, como las que pueden ejercerse en el marco de un proceso ordinario laboral y ante los jueces de tutela por la presunta vulneración de derechos fundamentales.
Con respecto a la estabilidad laboral, esta Sala considera importante reiterar que dicho derecho no es absoluto y que el hecho de que se efectúe un despido en uso de la facultad otorgada al empleador para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por justa causa no implica su desconocimiento. Aún más, si el empleador no cumple con sus obligaciones cuando acude a este procedimiento puede dar lugar a que se origine un despido injustificado, evento en el cual el ordenamiento jurídico consagra el reconocimiento de indemnizaciones económicas, sumado a que puede exponerse al inicio de procesos laborales y a acciones constitucionales como la tutela si además se encuentran comprometidos derechos fundamentales.
En definitiva, si bien la Constitución y la legislación laboral consagran una estabilidad laboral a favor del trabajador, también lo es que el legislador autorizó al empleador para que acaecidos ciertos eventos que afectan el normal desarrollo de las relaciones y actividades del trabajo pueda terminar por justa causa ese vínculo.
Por las razones anteriores, la Sala encuentra que la expresión acusada “inmoral o” contenida en el numeral quinto del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, no vulnera los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, pues ésta se enmarca dentro de una de las potestades que puede ejercer el empleador para dar por terminado por justa causa el contrato laboral, cuya aplicación en concreto no es de tal forma indeterminada que conduzca a la aplicación caprichosa y arbitraria por parte de los empleadores, ya que existen elementos que guían en particular su aplicación, los cuales se encuentran señalados en la misma norma, como por ejemplo el deber que tiene el empleador de manifestar expresamente (i) qué acto considera inmoral, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo; sumado a que (ii) dicho acto debe realizarse en el establecimiento o lugar de trabajo o en desarrollo de sus funciones. (iii) Dicho proceso de terminación unilateral del contrato de trabajo por haber incurrido en acto inmoral debe seguirse bajo la observancia del respeto del derecho a la defensa del actor; (iv) la adecuación de la conducta inmoral debe realizarse tomando en consideración la disposición legal, y además realizando una confrontación de la misma frente al contrato y reglamento de trabajo74, pues, al amparo del artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo en dicho reglamento es donde están consignadas el conjunto de normas que determinan las condiciones a las que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio; y (v) debe involucrar un análisis de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la misma75.

References: artículo 10
 ARTÍCULO 62
 artículo 62
e contrario
 artículo 62
 artículo 57
 artículo 58
 artículo 62
 artículo 14
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 104