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Timestamp: 2015-02-02 00:12:57+00:00

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Bolivia: Constitución política de 1938, 30 de octubre de 1938Aumentar el tamaño del textoReducir el tamaño del textoVer el documento PDFVer el documento sin formatoFicha TécnicaContenidoEnlaces con otros documentosComentar el contenidoEtiquetar o categorizar la normaCompartir la norma en las redes socialesSugerir mejoras en el documentoEnviar esta norma por correo electrónicoImprimir la normaCerrar la ventanaConectarse al sistemaSuscribirse a LexiVoxBolivia: Constitución política de 1938, 30 de octubre de 1938
German Busch, Presidente Constitucional de la República.
Por cuanto: la Soberana Asamblea Nacional ha sancionado y proclamado la siguiente Constitución Política del Estado.
Sección primeraLa Nación
Artículo 1°.- Bolivia, libre e independiente, constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa.
Artículo 2°.- El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana, garantizando el ejercicio público de todo otro culto.
Artículo 3°.- La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su ejercicio está delegado a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno.
Artículo 4°.- El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por ley.
Sección segundaDerechos y garantías
Artículo 5°.- La esclavitud no existe en Bolivia. No se reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento.
Artículo 6°.- Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio:
De ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional.De dedicarse al trabajo, comercio o industria, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.De emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión.De reunirse y asociarse para los distintos fines de la actividad, que no sean contrarios a la seguridad del Estado.De hacer peticiones individual o colectivamente.De recibir instrucción.De enseñar bajo la vigilancia del Estado.
Artículo 7°.- Nadie será arrestado, detenido ni preso, sino en los casos y según las formas establecidas por la ley.
Para la ejecución de un mandamiento se requiere que éste, emane de autoridad competente y sea intimado por escrito.
Artículo 8°.- Toda persona que creyere estar indebidamente detenida, procesada o presa, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante el juez de partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. La autoridad judicial decretará inmediatamente que el individuo sea conducido a su presencia y su decreto será obedecido, sin observación ni excusa, por los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial decretará la libertad, hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas. La decisión que se pronuncie dará lugar al recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, recurso que no suspenderá la ejecución del fallo.
Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan a las decisiones judiciales, en los casos previstos por este Artículo, serán reos de atentado contra las garantías constitucionales, en cualquier tiempo, y no les servirá de excusa el haber cumplido órdenes superiores.
Artículo 9°.- Todo delincuente in fraganti puede ser aprehendido, aun sin mandamiento, por cualquiera persona, para el único objeto de conducirle ante el juez competente, quien deberá tomarle su declaración, a lo más, dentro de veinticuatro horas.
Artículo 10°.- Los encargados de las prisiones a nadie recibirán en ellas como arrestado, preso o detenido, sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Podrán, sin embargo, recibir en el recinto de la prisión a los conducidos, con el objeto de ser presentados al juez competente, dentro de veinticuatro horas.
Artículo 11°.- Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido de orden superior.
Artículo 12°.- Los funcionarios públicos que, sin haberse dictado el estado de sitio, tomaren medidas de persecución, confinamiento o destierro de ciudadanos y las hicieren ejecutar, así como los que clausuraren imprentas u otros medios de expresión del pensamiento libre, estarán sujetos al pago de una indemnización civil de daños y perjuicios, siempre que se comprobare, dentro de juicio, que tales medidas o hechos se adoptaron sin motivo justificado y en contravención a las leyes constitucionales que garantizan los derechos ciudadanos.
Artículo 13°.- Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causa.
Artículo 14°.- Nadie está obligado a declarar contra sí mismo en materia penal, ni lo están, sobre el mismo hecho, sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado inclusive, ni sus afines hasta el segundo.
Artículo 15°.- Jamás se aplicará la confiscación de bienes como castigo político.
Son inviolables la correspondencia epistolar y los papeles privados, los cuales no podrán ser ocupados sino en los casos determinados por las leyes y en virtud de orden escrita y motivada de autoridad competente. No producen efecto legal las cartas ni papeles privados que fueren violados o sustraídos.
Artículo 16°.- Toda casa es un asilo inviolable; de noche no se podrá entrar en ella sin consentimiento del que la habita, y de día sólo se franqueará la entrada a requisición escrita y motivada de autoridad competente, salvo el caso de delito in fraganti.
Artículo 17°.- La propiedad es inviolable, siempre que llene una función social; la expropiación podrá imponerse por causa de utilidad pública, calificada conforme a ley y previa indemnización justa.
Artículo 18°.- Los súbditos o empresas extranjeras están, en cuanto a la propiedad, en la misma condición que los bolivianos, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas, salvo caso de denegación de justicia.
Artículo 19°.- Dentro de 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, la propiedad adquirida, excepto el caso de necesidad nacional declarada por ley expresa.
Artículo 20°.- Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido por el Poder Legislativo, conforme a las prescripciones de esta Constitución. Los perjudicados pueden intentar recursos ante la autoridad judicial respectiva, contra los impuestos ilegales. Los impuestos municipales son obligatorios cuando en su creación han sido observados los requisitos que señala esta Constitución.
Artículo 21°.- Los impuestos y las cargas públicas obligan igualmente a todos. Su creación, distribución y supresión tendrán carácter general, debiendo determinarse en relación a la capacidad económica del contribuyente.
Artículo 22°.- Los bienes de la Iglesia, congregaciones religiosas y de beneficencia, gozarán de las mismas garantías que los pertenecientes a particulares, y estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que establezca la ley.
Artículo 23°.- Toda persona goza de los derechos civiles; su ejercicio se regla por la ley civil.
Artículo 24°.- Sólo el Poder Legislativo tiene facultad para alterar y modificar los Códigos, así como para dictar reglamentos y disposiciones en lo tocante a procedimientos judiciales.
Artículo 25°.- No existen la pena de infamia y la de muerte civil.
Artículo 26°.- Los caminos abiertos por particulares serán de uso público. Una ley especial reglamentará el ejercicio de este derecho, así como la colaboración del Estado y de los particulares para su conservación.
Artículo 27°.- Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.
Artículo 28°.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
Artículo 29°.- Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que ellas no prohíban.
Artículo 30°.- Los que ataquen derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria.
Artículo 31°.- La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo.
Artículo 32°.- Todo funcionario público, civil, militar o eclesiástico, antes de tomar posesión del cargo, está obligado a declarar expresa y específicamente los bienes o rentas que tuviere, que serán verificados en la forma que determine la ley.
Artículo 33°.- L

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33