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Timestamp: 2018-10-15 15:50:01+00:00

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Language of document : Bulgarian Spanish Czech Danish German Estonian Greek French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Portuguese Romanian Slovak Slovene Finnish ECLI:EU:C:2018:670
presentadas el 6 de septiembre de 2018 (1)
Asunto C‑386/17
Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 5, punto 2 — Artículo 27 — Artículo 35, apartado 3 — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de obligaciones de alimentos — Reglamento (CE) n.º 2201/2003 — Artículos 19 y 24 — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Litispendencia — Infracción de las normas sobre la litispendencia — Consecuencias — Prohibición del control de la competencia del órgano jurisdiccional de origen»
1. La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los artículos 19 y 24 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000. (2)
2. Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Sr. Stefano Liberato y la Sra. Luminita Luisa Grigorescu, en relación con el reconocimiento por los órganos jurisdiccionales italianos de una resolución adoptada por los órganos jurisdiccionales rumanos relativa al vínculo matrimonial, la responsabilidad parental y las obligaciones de alimentos.
3. El presente asunto brindará al Tribunal de Justicia la ocasión de precisar si la infracción de las normas sobre litispendencia por parte del órgano jurisdiccional ante el que se presentó la segunda demanda puede constituir un motivo de denegación de reconocimiento de la resolución dictada por este.
4. Al término de mi análisis, propondré, siguiendo la línea de la sentencia de 19 de noviembre de 2015, P, (3) que se considere con carácter principal que el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 (4) del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, (5) y el artículo 24 del Reglamento n.º 2201/2003 deben interpretarse en el sentido de que prohíben que la infracción de las normas de litispendencia, previstas en el artículo 27 del Reglamento n.º 44/2001 y en el artículo 19 del Reglamento n.º 2201/2003, por parte del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la segunda demanda constituya un motivo de denegación del reconocimiento de la resolución dictada por este, basado en la contrariedad con el orden público del Estado miembro requerido.
1. Reglamento n.º 44/2001
5. El artículo 5, punto 2, del Reglamento n.º 44/2001 establece:
2) En materia de alimentos, ante el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos o, si se tratare de una demanda incidental a una acción relativa al estado de las personas, ante el tribunal competente según la ley del foro para conocer de esta, salvo que tal competencia se fundamentare exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes.»
6. El artículo 27 de dicho Reglamento tiene el siguiente tenor:
7. El artículo 28 del citado Reglamento prevé:
8. El artículo 34 del mismo Reglamento dispone:
9. Según lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento n.º 44/2001:
10. Los considerandos 11, 12, 21 y 33 del Reglamento n.º 2201/2003 establecen:
«(11) Las obligaciones alimentarias, al estar ya reguladas en el Reglamento [...] n.º 44/2001, están excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Los órganos jurisdiccionales competentes en virtud del presente Reglamento tendrán generalmente competencia para pronunciarse en materia de obligaciones alimentarias en aplicación de lo dispuesto en el [punto] 2 del artículo 5 del Reglamento [...] n.º 44/2001.
(33) El presente Reglamento reconoce los derechos fundamentales y observa los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Concretamente, pretende garantizar el respeto de los derechos fundamentales del menor enunciados en el artículo 24 de dicha Carta.»
11. El artículo 12 de este Reglamento, titulado «Prórroga de la competencia», dispone, en sus apartados 1 y 2:
«1. Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se ejerza la competencia con arreglo al artículo 3 en una demanda de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial tendrán competencia en las cuestiones relativas a la responsabilidad parental vinculadas a dicha demanda:
c) en los casos considerados en las letras a) y b), en cuanto hayan concluido los procedimientos por otras razones.»
12. El artículo 17 de dicho Reglamento, titulado «Comprobación de la competencia», está redactado en los siguientes términos:
13. El artículo 19 del mismo Reglamento, titulado «Litispendencia y acciones dependientes», prevé:
3. Cuando se establezca que es competente el primer órgano jurisdiccional, el segundo se inhibirá en favor de aquel.
En este caso, la parte actora ante el segundo órgano jurisdiccional podrá presentar la acción ante el primero.»
14. El artículo 21 del Reglamento n.º 2201/2003, titulado «Reconocimiento de una resolución», dispone, en sus apartados 1 y 4:
«1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno.
15. El artículo 22 de este Reglamento, titulado «Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial», tiene el siguiente tenor:
c) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado miembro requerido,
16. El artículo 23 de dicho Reglamento, titulado «Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de responsabilidad parental», establece lo siguiente:
17. El artículo 24 del mismo Reglamento, titulado «Prohibición del control de la competencia del órgano jurisdiccional de origen», dispone:
18. El artículo 150 del codice civile (Código Civil), titulado «Separación personal», prevé:
El derecho a solicitar la separación judicial o la homologación de la separación de mutuo acuerdo corresponde exclusivamente a los cónyuges.»
19. Con arreglo al artículo 151 del Código Civil, titulado «Separación judicial»:
20. El órgano jurisdiccional remitente precisa que, a efectos de la disolución definitiva del vínculo matrimonial (divorcio), la disposición aplicable ratione temporis es el artículo 3, párrafo primero, punto 2, letra b), de la legge n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) [Ley n.º 898 (Regulación de los supuestos de disolución del matrimonio)], (6) de 1 de diciembre de 1970, que está redactado en los siguientes términos:
«Uno de los cónyuges podrá solicitar la disolución o el cese de los efectos civiles del matrimonio:
b) se ha pronunciado mediante sentencia firme la separación judicial de los cónyuges o se ha homologado la separación de mutuo acuerdo o se ha producido una separación de hecho que haya comenzado al menos dos años antes del 18 de diciembre de 1970. En todos los casos antes mencionados, para presentar una demanda de disolución o de cese de los efectos civiles del matrimonio, la separación debe haberse mantenido ininterrumpidamente durante al menos tres años desde la comparecencia efectiva de los cónyuges ante el presidente del tribunal en el procedimiento de separación judicial, aun cuando el procedimiento contencioso se haya transformado en uno de mutuo acuerdo.»
21. El órgano jurisdiccional remitente añade que la responsabilidad parental y el deber de cuidar a los hijos se regulan de la misma manera, en caso de separación y de divorcio, por los artículos 337 bis a 337 octies del Código Civil.
22. El Sr. Liberato y la Sra. Grigorescu contrajeron matrimonio en Roma (Italia) el 22 de octubre de 2005 y vivieron juntos en ese Estado miembro hasta el nacimiento de su hijo el 20 de febrero de 2006. La relación conyugal sufrió un deterioro progresivo. La madre se trasladó con su hijo a Rumanía y no regresó al domicilio familiar en Italia. (7)
23. Mediante demanda de 22 de mayo de 2007, presentada ante el Tribunale di Teramo (Tribunal de Teramo, Italia), el Sr. Liberato solicitó la separación personal de la Sra. Grigorescu y la custodia del hijo. La Sra. Grigorescu se personó en el procedimiento y solicitó la separación, imputando la culpa al marido, la custodia exclusiva del hijo y la contribución del padre a la manutención del hijo.
24. Mediante sentencia de 19 de enero de 2012, (8) el Tribunale di Teramo (Tribunal de Teramo) dispuso la separación judicial de los cónyuges con culpa para la Sra. Grigorescu y, mediante una resolución distinta, ordenó el traslado del asunto para su instrucción a fin de resolver las pretensiones contrapuestas en materia de responsabilidad parental.
25. Mientras que el procedimiento relativo a la responsabilidad parental seguía estando pendiente en Italia, la Sra. Grigorescu acudió, el 30 de septiembre de 2009, a la Judecătoria București (Tribunal Primera Instancia de Bucarest, Rumanía), a fin de solicitar el divorcio, la custodia exclusiva del hijo menor y la contribución del padre a la manutención del hijo.
26. En el marco de este procedimiento contradictorio contra el Sr. Liberato, este formuló, con carácter preliminar, la excepción de litispendencia basándose en que el procedimiento de separación se había incoado en Italia en primer lugar. Sin embargo, mediante sentencia de 31 de mayo de 2010, la Judecătoria București (Tribunal de Primera Instancia de Bucarest) declaró la disolución del vínculo matrimonial, encomendó la custodia del hijo menor a la madre y fijó el régimen de visitas del padre, así como el importe de la pensión que este último debía pagar en favor del menor.
27. Esta sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada a raíz de que la Curtea de Apel București (Tribunal Superior de Bucarest) dictara la sentencia de 12 de junio de 2013, por la que confirmó la sentencia del Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) de 3 de diciembre de 2012, que desestimó el recurso de apelación presentado por el Sr. Liberato contra la sentencia de 31 de mayo de 2010.
28. Posteriormente, el procedimiento de separación en Italia concluyó mediante sentencia de 8 de julio de 2013 del Tribunale di Teramo (Tribunal de Teramo). Este órgano jurisdiccional encomendó la custodia exclusiva del hijo menor al padre y ordenó el regreso inmediato de aquel a Italia. Asimismo, fijó el régimen de visitas de la madre en Italia, bajo la supervisión de los servicios sociales y del Ministerio Fiscal, e impuso a cargo de esta última una contribución a la manutención del hijo.
29. El Tribunale di Teramo (Tribunal de Teramo) desestimó la demanda incidental por la que la Sra. Grigorescu solicitó el reconocimiento en Italia de la sentencia de divorcio dictada por el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) el 3 de diciembre de 2012, en virtud del Reglamento n.º 2201/2003. El Tribunale di Teramo (Tribunal de Teramo) observó que el procedimiento de divorcio se inició en Rumanía en 2009, con posterioridad al procedimiento de separación judicial incoado en 2007 en Italia, y que el Tribunalul București (Tribunal Superior de Bucarest) infringió el artículo 19 del Reglamento n.º 2201/2003 al no haber suspendido el procedimiento.
30. La Sra. Grigorescu interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia y formuló, con carácter preliminar, una demanda incidental con el fin de que se reconociera la sentencia de la Curtea de Apel București (Tribunal Superior de Bucarest) de 12 de junio de 2013, que desestimó la excepción de litispendencia basándose, según el órgano jurisdiccional remitente, en que los dos asuntos no tenían el mismo objeto de conformidad con el Derecho procesal rumano. (9) Mediante sentencia de 31 de marzo de 2014, la Corte d’appello di L’Aquila (Tribunal de Apelación de L’Aquila, Italia) modificó la sentencia dictada en primera instancia y estimó la excepción relativa a la fuerza de cosa juzgada adquirida por la sentencia de divorcio dictada por los órganos jurisdiccionales rumanos, que tenía asimismo por objeto la custodia del hijo menor y la contribución a la manutención de este último. Este órgano jurisdiccional consideró que la infracción, por parte de los órganos jurisdiccionales ante los que se interpuso la segunda demanda, a saber, los órganos jurisdiccionales rumanos, de las normas de litispendencia del Derecho de la Unión no es «pertinente» a efectos del examen de los requisitos de reconocimiento de las medidas definitivas adoptadas por Rumanía y que las resoluciones rumanas no son inconciliables con las dictadas en Italia, y llegó a la conclusión de que no existe ningún motivo, en particular de orden público, que se oponga al reconocimiento de la sentencia dictada en Rumanía.
31. El Sr. Liberato interpuso recurso de casación contra esta sentencia de la Corte d’appello di L’Aquila (Tribunal de Apelación de L’Aquila).
32. La Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), el órgano jurisdiccional remitente, señala que la sentencia dictada en Rumanía tiene por objeto el vínculo matrimonial, la responsabilidad parental y la obligación de alimentos. En el procedimiento de separación judicial incoado en Italia se formularon las mismas demandas salvo en lo que se refiere a la demanda relativa al vínculo matrimonial, que no es idéntica, puesto que el ordenamiento jurídico italiano exige que se acredite antes del divorcio el cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley para la separación judicial de los cónyuges.
33. Dicho órgano jurisdiccional expone, en primer lugar, que no existe ningún motivo basado en el artículo 22, letra c), del Reglamento n.º 2201/2003, en el artículo 23, letra e), de dicho Reglamento ni en el artículo 34, apartado 4, del Reglamento n.º 44/2001, que se oponga al reconocimiento de la sentencia dictada en Rumanía en lo que concierne, respectivamente, al estado civil, a la responsabilidad parental y a las obligaciones alimentarias.
34. Según este órgano jurisdiccional, es preciso examinar, a continuación, si los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se ha dictado la resolución cuyo reconocimiento se solicita han infringido las disposiciones aplicables relativas a la litispendencia en el Derecho de la Unión, a saber, el artículo 19 del Reglamento n.º 2201/2003 y el artículo 27 del Reglamento n.º 44/2001 y, en caso de que se hayan infringido ambas disposiciones, si cabe considerar dicha infracción como un motivo que impide al reconocimiento debido a su contrariedad manifiesta con el orden público.
35. El órgano jurisdiccional remitente subraya que la litispendencia en el Derecho de la Unión es la expresión del principio alrededor del cual se articula el sistema de confianza y cooperación en el que se basa la circulación de decisiones judiciales entre los Estados miembros. La litispendencia se fundamenta en tres principios, a saber, la autonomía de este concepto, la prohibición de control, para el juez ante el que se interpuso la segunda demanda, de la competencia del juez ante el que se interpuso la primera demanda y la prioridad temporal de este, obligatoria para el juez ante el que se interpuso la segunda demanda.
36. El órgano jurisdiccional remitente señala que la excepción de litispendencia formulada por el Sr. Liberato en cada etapa del procedimiento seguido en Rumanía, y en particular ante la Curtea de Apel București (Tribunal Superior de Bucarest), se ha desestimado sobre la base de la identidad perfecta entre la causa, el objeto y las partes, con arreglo, por una parte, a la norma procesal nacional rumana de litispendencia y, por otra parte, al concepto de «litispendencia» en el Derecho de la Unión, tal como se recoge en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003. De ello se desprende, en su opinión, que los órganos jurisdiccionales rumanos han pasado por alto el tenor del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003, que sitúa en el mismo plano las demandas de separación judicial, de divorcio y de nulidad matrimonial y que no exige, en consecuencia, la identidad de causa y de objeto.
37. Por lo que se refiere a la decisión relativa a la obligación de manutención del hijo menor, el órgano jurisdiccional remitente señala que está subordinada causalmente a la decisión relativa a la responsabilidad parental, de la que no puede separarse ni lógica ni jurídicamente, puesto que depende de la decisión principal. En su opinión, se cumplen las condiciones previstas en el artículo 28 del Reglamento n.º 44/2001, a la luz del artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, (10) aun cuando esta disposición no es directamente aplicable. (11)
38. Según el órgano jurisdiccional remitente, la decisión firme rumana cuyo reconocimiento se solicita fue dictada por un órgano jurisdiccional que carecía de la potestad de enjuiciar esa controversia, dado que había conocido de la demanda en segundo lugar.
39. El órgano jurisdiccional remitente considera que esta vulneración no se refiere únicamente a la aplicación de un criterio de atribución de la competencia jurisdiccional entre dos Estados miembros, sino también, teniendo en cuenta la función de la litispendencia en el sistema de reconocimiento y ejecución automáticos de las decisiones judiciales de los Estados miembros, a la aplicación de un principio de orden público procesal del Derecho de la Unión, que consiste en la legítima circulación de las decisiones judiciales en el ámbito de la Unión. El principio de prioridad temporal, que subyace a la norma procesal en virtud de la cual se formula la litispendencia, reviste una importancia fundamental en el marco del Derecho procesal de la Unión, puesto que tiene por objeto evitar actuaciones judiciales dirigidas únicamente a contrarrestar el resultado de procesos cuyas decisiones sobre el fondo no se comparten, pero que ya han sido adoptadas por el juez competente ante el que se interpuso la primera demanda y cuya competencia ha sido aceptada en el caso de autos de forma incontrovertida.
40. El órgano jurisdiccional alega asimismo que el artículo 24 del Reglamento n.º 2201/2003, que prohíbe el control de la competencia del órgano jurisdiccional de origen, se remite a las normas de competencia establecidas en los artículos 3 a 14 de dicho Reglamento, y no a la norma prevista en el artículo 19 del mismo.
41. En estas circunstancias, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿La infracción de las normas sobre litispendencia, contenidas en el artículo 19, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 [...], incide exclusivamente en la determinación de la competencia judicial, con la consiguiente aplicación del artículo 24 [de dicho Reglamento] o, por el contrario, puede constituir un motivo de denegación del reconocimiento, en el Estado miembro ante cuyos órganos jurisdiccionales se interpuso la primera demanda, de la resolución dictada en el Estado miembro ante cuyos órganos jurisdiccionales se presentó la segunda demanda, desde el punto de vista del orden público procesal, teniendo en cuenta que [este] artículo 24 [...] solo menciona las normas de determinación de la competencia judicial recogidas en los artículos 3 a 14 [del Reglamento n.º 2201/2003], y no en el posterior artículo 19?
2) La interpretación del artículo 19 del Reglamento n.º 2201/2003 en el sentido de que es únicamente un criterio de determinación de la competencia judicial, ¿se opone al concepto europeo unitario de litispendencia y a la función y la finalidad de la normativa, que persigue establecer un conjunto de normas imperativas, de orden público procesal, en garantía de la creación de un espacio común caracterizado por la confianza y lealtad procesal recíproca entre los Estados miembros, dentro del cual pueda tener lugar el reconocimiento automático y la libre circulación de decisiones?»
42. La determinación de las consecuencias de la infracción de las normas sobre litispendencia, en las circunstancias del litigio principal, exige precisar, en primer lugar, el conjunto de disposiciones que se han de interpretar, así como las condiciones de aplicación del mecanismo de la litispendencia.
1. Sobre la reformulación de las cuestiones prejudiciales
43. Es preciso señalar que el órgano jurisdiccional remitente plantea sus cuestiones prejudiciales únicamente a la luz del Reglamento n.º 2201/2003, aunque de la resolución de remisión se desprende que el litigio principal no solo se refiere a la responsabilidad parental, sino también sobre las obligaciones alimentarias, las cuales no están cubiertas por este Reglamento. (12)
44. En consecuencia, es necesario reformular las cuestiones planteadas con referencia al artículo 5, punto 2, del Reglamento n.º 44/2001, aplicable puesto que las acciones se entablaron antes del 18 de junio de 2011. (13)
45. Asimismo, ha de considerarse que, mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que es preciso examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide, en esencia, si el artículo 35, apartado 3, del Reglamento n.º 44/2001 y el artículo 24 del Reglamento n.º 2201/2003 pueden interpretarse en el sentido de que no prohíben que la infracción de las normas de litispendencia, establecidas en el artículo 27 del Reglamento n.º 44/2001 y en el artículo 19 del Reglamento n.º 2201/2003, por parte del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la segunda demanda, pueda constituir un motivo de denegación del reconocimiento de la resolución dictada por este, basado en la contrariedad con el orden público del Estado miembro requerido, que prevé normas de procedimiento consideradas esenciales en el ordenamiento jurídico de la Unión.
2. Sobre la identidad del mecanismo previsto por los Reglamentos n.os 44/2001 y 2201/2003 en caso de litispendencia
46. Estos dos reglamentos imponen al órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la segunda demanda inhibirse en favor del primer órgano jurisdiccional en caso de litispendencia. (14) El Tribunal de Justicia declaró que «el tenor del artículo 19 del Reglamento n.º 2201/2003 [(15)] es similar al del artículo 27 del Reglamento n.º 44/2001, que sustituyó al artículo 21 del Convenio, [(16)] y que establece un mecanismo equivalente al previsto en estos dos últimos artículos para resolver los casos de litispendencia. En consecuencia, procede tener en cuenta las consideraciones del Tribunal de Justicia en relación con esos últimos artículos». (17)
3. Sobre el mecanismo establecido en caso de litispendencia y su finalidad
47. Como ya ha subrayado el Tribunal de Justicia, con respecto al Reglamento n.º 2201/2003, «fue voluntad del legislador de la Unión arbitrar un mecanismo claro y eficaz para resolver los casos de litispendencia (véase, por analogía, por lo que respecta al Reglamento n.º 44/2001, la sentencia Cartier parfums-lunettes y Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, apartado 40)». (18)
48. Este mecanismo, que «se basa en el orden cronológico en el que se presentaron las demandas ante los órganos jurisdiccionales», (19) consiste, para el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la segunda demanda, en suspender de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda.
49. El Tribunal de Justicia precisó que, «para que se establezca la competencia del tribunal ante el que se interpuso la primera demanda, a efectos del artículo 19, apartado 1, [del] Reglamento [n.º 2201/2003], es suficiente con que el tribunal ante el que se presentó la primera demanda no haya declinado de oficio su competencia y ninguna de las partes haya impugnado tal competencia con anterioridad o en el momento de la actuación procesal que el Derecho nacional considere como el primer medio de defensa en cuanto al fondo presentado ante dicho tribunal (véase, por analogía, la sentencia Cartier parfums-lunettes et Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:1099, apartado 44)». (20)
50. Más concretamente, como ha defendido el Tribunal de Justicia, «según las posibilidades previstas por su Derecho nacional, cuando los dos litigios enfrenten a las mismas partes, el segundo órgano jurisdiccional podrá interrogar a la parte que propone la excepción de litispendencia acerca de la existencia del litigio alegado y del contenido de la demanda. Por otra parte, teniendo en cuenta que el Reglamento n.º 2201/2003 se fundamenta sobre la cooperación y la confianza mutua entre órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional podrá advertir al primero de que ante él se ha interpuesto una demanda, llamar la atención de este último sobre la eventualidad de una litispendencia, invitarlo a que le informe acerca de la demanda pendiente ante él y a que se pronuncie acerca de su competencia, en el sentido del Reglamento n.º 2201/2003, o le comunique toda resolución ya adoptada a este respecto. Finalmente, el órgano jurisdiccional ante el que se plantea el asunto en segundo lugar podrá dirigirse a la autoridad central de su Estado miembro». (21)
51. El carácter imperativo de las reglas de litispendencia previstas en el artículo 19 del Reglamento n.º 2201/2003 (22) está justificado por su finalidad. El Tribunal de Justicia declaró que «tales reglas pretenden evitar procesos paralelos ante los órganos jurisdiccionales de diferentes Estados miembros y los conflictos entre resoluciones judiciales que pudieran resultar de ellos». (23)
52. Estas contribuyen a la aplicación del principio del reconocimiento de pleno derecho de las resoluciones judiciales dictadas en los Estados miembros, que se basa en el principio de confianza mutua.
4. Sobre los requisitos para la litispendencia y su aplicación al litigio principal
53. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, los conceptos utilizados para determinar una situación de litispendencia, en particular en los Reglamentos n.os 44/2001 y 2201/2003, deben considerarse autónomos.
54. De este modo, en materia de responsabilidad parental, el Tribunal de Justicia ha recordado expresamente este principio basándose en los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 2201/2003 y «teniendo en cuenta que el artículo 19, apartado 2, de este Reglamento, en lugar de remitirse al término “litispendencia” tal y como se emplea en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros, enuncia varios presupuestos sustanciales como elementos de una definición». (24)
55. En materia de demandas relativas al vínculo matrimonial, del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003, en comparación con su apartado 2, se desprende que el único requisito que se ha de examinar para determinar la existencia de un procedimiento concurrente, afecta a las partes. El Tribunal de Justicia ha tenido la ocasión de enunciarlo expresamente en la sentencia de 6 de octubre de 2015, A. (25) De este modo, declaró que «puede existir una situación de litispendencia cuando [...] ante dos órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos se inician sendos procedimientos de separación y de divorcio, o cuando ante ambos órganos jurisdiccionales se inicia un procedimiento de divorcio». (26)
56. Si en el procedimiento relativo al vínculo matrimonial se presentan demandas relativas a la responsabilidad parental, se aplicarán las normas de la litispendencia relativas a la disolución matrimonial. (27)
57. Lo mismo cabe decir en materia de alimentos cuando se trate de una demanda «incidental a [l]a acción relativa al estado de las personas», de conformidad con el artículo 5, punto 2, del Reglamento n.º 44/2001.
58. Tras la declaración del divorcio, sin perjuicio de la aplicación del artículo 12, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 2201/2003, se exige el requisito de identidad de objeto y de causa, en materia de responsabilidad parental, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2, de dicho Reglamento. (28) Por lo que se refiere a la demanda relativa a la obligación de alimentos, las normas de litispendencia previstas en el artículo 27 del Reglamento n.º 44/2001, aplicables en el presente asunto, requieren que se verifique la identidad de objeto, de causa y de partes.
59. Por otra parte, conviene observar que la prioridad acordada al órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda se mantiene siempre que dicho órgano jurisdiccional no haya declinado su competencia, tras haberla verificado obligatoriamente de conformidad con el artículo 17 del Reglamento n.º 2201/2003, (29) en cada etapa del procedimiento. (30)
60. Así pues, en el litigio principal, desde la interposición de la demanda ante el órgano jurisdiccional rumano, este debía aplicar el mecanismo previsto en caso de litispendencia tanto para la decisión relativa a la disolución matrimonial como para sus consecuencias en lo que respecta al menor, que residía en Rumanía, en virtud de la prórroga de la competencia del órgano jurisdiccional italiano. (31)
61. Pues bien, de la sentencia de la Curtea de Apel București (Tribunal Superior de Bucarest) de 12 de junio de 2013 se desprende que el órgano jurisdiccional rumano aplicó incorrectamente el Derecho de la Unión (32) al desestimar la excepción de litispendencia formulada por el Sr. Liberato, basada en las demandas relativas al vínculo matrimonial. En efecto, este órgano jurisdiccional se refirió en primer lugar a la normativa nacional rumana por la que se establecen los requisitos de la litispendencia y de la autoridad de cosa juzgada para considerar al continuación que «del tenor del artículo 19 [del Reglamento n.º 2201/2003], que enumera claramente los tres supuestos de litispendencia, a saber “demandas de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial [presentadas] entre las mismas partes”, se desprende inequívocamente que las dos demandas concurrentes deben tener en común únicamente uno de los tres objetos y no dos objetos distintos entre aquellos expresa y limitativamente enumerados por el texto. [...] En el presente asunto, cada una de las demandas tiene un objeto distinto, a saber, la separación en Italia y el divorcio en Rumanía, lo que excluye la aplicación del artículo 19 del Reglamento n.º 2201/2003. El órgano jurisdiccional de apelación consideró acertadamente que el sistema rumano ignora la institución de la separación. En consecuencia, es evidente que no puede haber “identidad” con tal demanda presentada ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro. Aun cuando dicha institución sea conocida, es preciso señalar que no existe identidad entre divorcio y separación».
62. Además, cabe observar que la excepción de litispendencia formulada por el Sr. Liberato en todas las etapas del procedimiento se basó en esta prórroga de la competencia vinculada a la demanda de separación judicial y no en las normas aplicables en materia de responsabilidad parental o de alimentos.
63. A este respecto, puede señalarse que, después de que el órgano jurisdiccional italiano dictara la sentencia relativa al vínculo matrimonial el 19 de enero de 2012, (33) la cuestión de la litispendencia es mucho más difícil de analizar. (34) En efecto, solo ha podido seguir planteándose en materia de responsabilidad parental como consecuencia de la verificación positiva por parte de este órgano jurisdiccional de su competencia. Esta solo podría traer causa, desde mi punto de vista, de la interpretación de las disposiciones del artículo 12, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 2201/2003, (35) que debe, a mi parecer, combinarse con la búsqueda del interés superior del menor que justificó, con el consentimiento de la madre, la prórroga de la competencia al inicio del procedimiento. (36)
64. En la medida en que estos requisitos deben cumplirse para justificar que el órgano jurisdiccional italiano es competente para pronunciarse, con carácter incidental, sobre el reconocimiento de la resolución rumana que puso fin a la litispendencia, corresponde al órgano jurisdiccional remitente cerciorarse de que estos hayan sido verificados. (37)
65. A la luz del conjunto de las anteriores consideraciones debe examinarse ahora cuáles son las consecuencias que se han de extraer de la infracción de las normas de litispendencia, habida cuenta de las circunstancias del litigio principal.
B. Consecuencias de la infracción de las normas de litispendencia
66. Es preciso exponer de antemano las circunstancias específicas del litigio principal. En efecto, el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la demanda en primer lugar, ante el que siguen pendientes las mismas demandas entre las mismas partes, (38) debe pronunciarse sobre una demanda incidental de reconocimiento de la sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la demanda en segundo lugar.
67. En consecuencia, por esta única razón, la decisión del Tribunal de Justicia en el asunto que dio lugar a la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Mercredi, (39) según la cual, en caso de litispendencia, una resolución en materia de responsabilidad parental dictada por un órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda, incumpliendo la obligación de suspender el procedimiento, (40) no «afectarí[a]» a la resolución que debe dictar el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la demanda en primer lugar, (41) no es extrapolable al litigio principal, contrariamente a lo que defiende la Comisión Europea. En efecto, el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 67 de la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Mercredi, (42) que la sentencia controvertida dictada por el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la demanda en segundo lugar aún no había adquirido firmeza. Además, la incertidumbre sobre la residencia del hijo menor y la interrelación del procedimiento para su restitución justifican asimismo la solución específica adoptada en dicho asunto.
68. En consecuencia, en el litigio principal, la cuestión de la infracción de las normas de litispendencia debe examinarse a la luz de los motivos de denegación del reconocimiento enunciados en los Reglamentos n.os 2201/2003 y 44/2001.
69. En el marco del procedimiento pendiente, que ya no versa sobre la disolución matrimonial, (43) el órgano jurisdiccional remitente declaró acertadamente que, entre los motivos de denegación del reconocimiento establecidos por el Reglamento n.º 2201/2003, solo el criterio de la contrariedad manifiesta con el orden público del Estado miembro requerido del reconocimiento de la resolución dictada en materia de responsabilidad parental, (44) previsto en el artículo 23, letra a), del Reglamento n.º 2201/2003, debe analizarse en relación con el artículo 24 de dicho Reglamento. En efecto, este artículo excluye la aplicación del criterio de orden público a las normas de competencia establecidas en los artículos 3 a 14 del citado Reglamento.
70. El Tribunal de Justicia tuvo la ocasión de examinar una cuestión de este tipo en la sentencia P.
71. La diferencia de las circunstancias controvertidas en dicho asunto (45) respecto de las del litigio principal no me parece dirimente dado que, por un lado, la decisión del Tribunal de Justicia se refiere a la articulación de las normas relativas a la competencia o a la coordinación de procedimientos paralelos con las que autorizan la denegación del reconocimiento de las resoluciones dictadas en un Estado miembro y que, por otro lado, se basa en principios generales tomados, de forma prácticamente idéntica, de la sentencia de 16 de julio de 2015, Diageo Brands. (46)
72. En la sentencia P, el Tribunal de Justicia mostró su voluntad de atenerse a una misma concepción restrictiva de los motivos para oponerse al reconocimiento de una resolución, refiriéndose a la adoptada en caso de aplicación del Reglamento n.º 44/2001, lo que justifica, oportunamente para el litigio principal, debido a los dos reglamentos aplicables, considerar que esta resolución debe servir de base para la respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.
73. El Tribunal de Justicia recordó, por una parte, que «conforme al considerando 21 [del] Reglamento [n.º 2201/2003], este se fundamenta en la idea de que el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro deben basarse en el principio de confianza mutua y de que los motivos de denegación del reconocimiento deben limitarse al mínimo necesario» (47) y, por otra parte, que, «en ese sistema, el artículo 23 del Reglamento n.º 2201/2003, que enuncia los motivos que pueden oponerse contra el reconocimiento de una resolución en materia de responsabilidad parental, debe recibir una interpretación estricta, puesto que constituye un obstáculo a la realización de uno de los objetivos fundamentales de dicho Reglamento». (48)
74. Estos objetivos y estos principios han justificado que el legislador de la Unión establezca, en el artículo 24 del Reglamento n.º 2201/2003, la prohibición de todo control de la competencia del órgano jurisdiccional del Estado miembro (49) y «precis[e] incluso explícitamente que el artículo 23, letra a), del mismo Reglamento no puede utilizarse para proceder a tal control» (50) refiriéndose a los artículos 3 a 14 de dicho Reglamento. (51) Este pilar, al que no es posible establecer excepciones ni directa ni indirectamente, se deriva asimismo de la uniformización de las normas de competencia y de la presunción de la regularidad de la verificación de estas por todo órgano jurisdiccional en el momento en que se interpone la demanda ante él.
75. Por todos estos motivos, el Tribunal de Justicia extendió en la sentencia P la prohibición de la aplicación del criterio basado en la contrariedad con el orden público del Estado miembro requerido al artículo 15 del Reglamento n.º 2201/2003. (52)
76. Sin embargo, si bien el artículo 19 de este Reglamento forma parte, como el citado artículo 15, de su capítulo II, titulado «Competencia», no completa las disposiciones específicas destinadas a atribuir competencia que figuran en las secciones 1 y 2, dado que se sitúa en la sección 3 relativa a las «disposiciones comunes».
77. Sin embargo, considero que la solución de la sentencia P debe extrapolarse. En efecto, cuando el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la demanda en primer lugar, al pronunciarse sobre una demanda incidental de reconocimiento, verifica si las normas de litispendencia han sido aplicadas correctamente por el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la segunda demanda y, por tanto, las razones por las que este segundo órgano jurisdiccional no ha declinado su competencia, el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la demanda en primer lugar controla la verificación por este de su competencia. Pues bien, el artículo 24 del Reglamento n.º 2201/2003 se lo prohíbe.
78. Además, debido a los requisitos para la aplicación de las normas de competencia, tal como se han expuesto anteriormente, este control no puede limitarse a la verificación de las fechas en que se interpusieron las demandas. En consecuencia, la apreciación de la gravedad del incumplimiento de estas normas en la fase del reconocimiento de la resolución puede resultar igualmente problemática. En efecto, es concebible, especialmente en materia de responsabilidad parental y en caso de prórroga de la competencia, que, como consecuencia de las comunicaciones entre los órganos jurisdiccionales, el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la demanda en primer lugar decline su competencia, en particular debido a criterios de competencia, a saber, la proximidad con el lugar de residencia del menor y el interés superior del mismo. (53)
79. Por otro lado, como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia P, «el juez del Estado requerido no puede, sin poner en peligro la finalidad del Reglamento n.º 2201/2003, denegar el reconocimiento de una resolución emanada de otro Estado miembro por el mero hecho de que considere que, en esa resolución, se ha aplicado mal el Derecho nacional o el Derecho de la Unión». (54) De este modo, parece difícil justificar que la falta de resolución del conflicto de competencia (55) en caso de procedimientos paralelos reciba un trato más estricto que la falta de verificación de la competencia, (56) o los errores que se cometan a tal respecto, que escapan a cualquier control de conformidad con las disposiciones del artículo 24 del Reglamento n.º 2201/2003 y de otros muchos reglamentos europeos.
80. Del conjunto de consideraciones que antecede deduzco que, pese a la falta de referencia expresa al artículo 19 del Reglamento n.º 2201/2003 en el artículo 24 de este Reglamento, este debe interpretarse en el sentido de que la prohibición del control de la competencia del órgano jurisdiccional de origen que establece se aplica asimismo en caso de infracción de las normas de litispendencia. (57)
81. Por lo que se refiere a las demandas relativas a los alimentos, es preciso señalar que el tenor del artículo 35, apartado 3, del Reglamento n.º 44/2001 no plantea ninguna dificultad. (58)
82. A la vista de todas estas consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que declare que el artículo 35, apartado 3, del Reglamento n.º 44/2001 y el artículo 24 del Reglamento n.º 2201/2003 deben interpretarse en el sentido de que prohíben que la infracción de las normas de litispendencia, previstas en el artículo 27 del Reglamento n.º 44/2001 y en el artículo 19 del Reglamento n.º 2201/2003, por parte del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la segunda demanda constituya un motivo de denegación del reconocimiento de la resolución dictada por este, basado en la contrariedad con el orden público del Estado miembro requerido.
83. En aras de la exhaustividad, me gustaría precisar que, si debiera admitirse que el criterio de orden público es aplicable, la sentencia P fija, también en este caso, los límites que deben reafirmarse. (59)
84. En efecto, esta sentencia se basa en los principios enunciados reiteradamente con ocasión de la interpretación de los motivos de denegación del reconocimiento que figuran en varios reglamentos que regulan la libre circulación de sentencias (60) y en la exigencia del legislador de la Unión de tener en cuenta el «interés superior del menor» (61) en caso de denegación del reconocimiento de una resolución dictada en materia de responsabilidad parental, teniendo presente al mismo tiempo la posibilidad constante de modificar las resoluciones relativas al menor.
85. En consecuencia, es preciso declarar una vez más que «el artículo 23, letra a), del Reglamento n.º 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que, cuando no exista una violación manifiesta, habida cuenta del interés superior del menor, de una norma jurídica considerada esencial en el ordenamiento jurídico de un Estado miembro o de un derecho reconocido como fundamental en ese ordenamiento jurídico, dicha disposición no permite al órgano jurisdiccional de ese Estado miembro que se considera competente para resolver sobre la custodia de un menor denegar el reconocimiento de la resolución de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro que ha resuelto sobre la custodia de dicho menor». (62)
86. El órgano jurisdiccional remitente considera que la infracción de las normas de litispendencia vulnera, teniendo en cuenta su función en el sistema de reconocimiento automático de las resoluciones judiciales en la Unión, un principio de orden público procesal que garantiza la circulación de las resoluciones judiciales.
87. Pues bien, esta calificación no puede aplicarse, dado que estas normas no tienen una importancia comparable a las aplicadas por el Tribunal de Justicia para considerar que el reconocimiento de la resolución perjudicaría el orden público procesal de la Unión. (63) Tal apreciación debe ser coherente con los principios antes expuestos, a saber, la limitación de los motivos de denegación del reconocimiento enunciados en el 23 del Reglamento n.º 2201/2003, el carácter excepcional del recurso a la cláusula de orden público y la prohibición de que el juez del Estado miembro requerido se niegue a reconocer una resolución que emana de otro Estado miembro por el mero hecho de que considere que el Derecho de la Unión se ha aplicado mal.
88. Soy perfectamente consciente del impacto de mi análisis en el contexto sobradamente conocido de la instrumentalización de las normas de litispendencia, promovida por la amplia gama de criterios de competencia que ofrece el Reglamento n.º 2201/2003, especialmente en caso de interposición de una demanda ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro cuya legislación no permite solicitar el divorcio inmediatamente. (64)
89. Puede argumentarse asimismo que, debido al alcance muy amplio de la solución, que no puede limitarse a los reglamentos aplicables en materia familiar, existe el riesgo de que los pilares del principio de reconocimiento de pleno derecho de las resoluciones judiciales puedan verse seriamente debilitados debido a la falta de sanción de la infracción de una norma imperativa que figure en numerosos reglamentos europeos.
90. No obstante, este temor no puede prosperar dado que tales reglamentos se basan precisamente en la cooperación y en la confianza mutua entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y que debe aplicarse la misma lógica que subyace al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones dictadas en cada Estado miembro. (65)
91. Por consiguiente, en principio, no es concebible que los casos de infracción de las normas de litispendencia se multipliquen, máxime cuando, contrariamente al órgano jurisdiccional rumano en el litigio principal, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros conocen desde el año 2015 la interpretación del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003 y dispondrán en el futuro, gracias al litigio principal, de la interpretación complementaria del Tribunal de Justicia sobre los requisitos y modalidades de aplicación de las normas de litispendencia en los conflictos familiares. (66)
92. Por otra parte, es necesario insistir en la facultad que se ofrece a los órganos jurisdiccionales de prevenir las dificultades inherentes a los conflictos de procedimiento gracias a la cooperación judicial y al diálogo entre los órganos jurisdiccionales, tal como se han descrito anteriormente, (67) inspirándose asimismo en las disposiciones del artículo 29, apartado 2, del Reglamento n.º 1215/2012 y en las de los artículos 17 de los Reglamentos n.os 2016/1103 y 2016/1104. (68)
93. Sostengo asimismo que, en materia de responsabilidad parental, habida cuenta del interés superior del menor que debe guiar cualquier solución, (69) la prevención de las dificultades de reconocimiento de las resoluciones es obligatoria. A este respecto, habría sido oportuno en el litigio principal permitir al Tribunal de Justicia pronunciarse antes (70) sobre los requisitos de la litispendencia. La aplicación del procedimiento previsto en el artículo 15 del Reglamento n.º 2201/2003 también podría haberse previsto a instancia de parte o de oficio. (71)
94. Por otra parte, si, en circunstancias excepcionales, la infracción de las normas de litispendencia resultara del desconocimiento de los reglamentos aplicables y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o si hubiera dado lugar a la vulneración de derechos procesales de valor superior como los que, por ejemplo, garantizan la expresión de las alegaciones del progenitor en cuyo domicilio no reside el menor (72) así como la observancia de plazos de enjuiciamiento razonables, me parecería entonces justificado invocar el motivo de denegación del reconocimiento basado en el orden público del Estado miembro requerido, que prevé los derechos fundamentales reconocidos por el Derecho de la Unión.
95. Por último, es preciso recordar que la Comisión puede examinar la posibilidad de interponer un recurso por incumplimiento, (73) en caso de aplicación errónea del Derecho nacional o del Derecho de la Unión y de fallo en el sistema de recursos establecido en cada Estado miembro, completado por el mecanismo de remisión prejudicial, regulado en el artículo 267 TFUE, que debe aplicarse para impedir con anterioridad la violación del orden público. (74)
96. A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia) del siguiente modo:
«El artículo 35, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y el artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, deben interpretarse en el sentido de que prohíben que la infracción de las normas de litispendencia, previstas en el artículo 27 del Reglamento n.º 44/2001 y en el artículo 19 del Reglamento n.º 2201/2003, por parte del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la segunda demanda constituya un motivo de denegación del reconocimiento de la resolución dictada por este, basado en la contrariedad con el orden público del Estado miembro requerido.»
2 DO 2003, L 338, p. 1.
3 C‑455/15 PPU; en lo sucesivo, «sentencia P», EU:C:2015:763.
4 Por lo que se refiere a la necesidad de remitirse a este Reglamento, véanse los puntos 43 y 44 de las presentes conclusiones.
5 DO 2001, L 12, p. 1.
6 GURI n.º 306, de 3 de diciembre de 1970, p. 8046.
7 En la resolución definitiva n.º 1072, dictada por la Curtea de Apel București (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía), Sala Tercera de lo Civil de menores y familia, de 12 de junio de 2013, anexa a la resolución de remisión y presentada por el Sr. Liberato, se precisa que «el tribunal declaró que las partes contrajeron matrimonio en Italia en octubre de 2005 y han vivido alternativamente en Rumanía y en Italia hasta octubre de 2006. Desde entonces, las partes se han separado de hecho, puesto que la demandada y el hijo menor de edad fruto de la unión han vivido exclusivamente en Rumanía. Así pues, la demandada ha vivido exclusivamente en Rumania desde 2006, donde posee su única residencia». De la resolución de remisión se desprende que la licitud del desplazamiento o de la retención del menor no es objeto de debate.
8 El órgano jurisdiccional remitente precisa que esta sentencia ha adquirido fuerza de cosa juzgada.
9 Por lo que se refiere a los detalles de la motivación, véase el punto 61 de las presentes conclusiones.
10 DO 2009, L 7, p. 1.
11 Según el artículo 76, párrafo tercero, del Reglamento n.º 4/2009, este último es aplicable desde el 18 de junio de 2011.
12 Esta propuesta de reformulación de la cuestión está relacionada con la que efectuó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 15 de febrero de 2017, W y V (C‑499/15, EU:C:2017:118), apartados 44 a 46 y jurisprudencia citada.
13 El Tribunale di Teramo (Tribunal de Teramo) conoció de la demanda principal el 22 de mayo de 2007, ordenó el traslado del examen de las pretensiones dependientes mediante sentencia de 19 de enero de 2012 y se pronunció sobre las mismas mediante una sentencia no definitiva de 8 de julio de 2013.
14 Cabe indicar que la obligación de respetar la cronología de las interposiciones de demandas figura asimismo en el Reglamento n.º 4/2009, en el artículo 12, que es más estricto que el artículo 19 del Reglamento n.º 2201/2003 en la medida en que exige una triple identidad de causa, de objeto y de partes. Lo mismo puede decirse respecto de los artículos 17 de otros tres reglamentos, a saber, el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, p. 107), el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales (DO 2016, L 183, p. 1), y el Reglamento (UE) 2016/1104 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas (DO 2016, L 183, p. 30). En estos dos últimos reglamentos se precisa que, en caso de suspensión del procedimiento por razón de litispendencia, «a instancia del órgano jurisdiccional ante el que se haya sustanciado el litigio, cualquier otro órgano jurisdiccional ante el que se haya interpuesto una demanda informará sin dilación al primero de la fecha en que se interpuso la demanda». El artículo 29 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), está redactado en términos similares. Cabe observar que el mecanismo previsto en el artículo 33 de este Reglamento en caso de litispendencia extraeuropea, que constituye una innovación importante, no es comparable.
15 Este Reglamento derogó el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes (DO 2000, L 160, p. 19). El artículo 11, apartado 2, de dicho Reglamento establecía condiciones que constituían una excepción a la triple identidad de objeto, de causa y de partes únicamente para el divorcio.
16 Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio.
17 Véase la sentencia de 6 de octubre de 2015, A (C‑489/14, EU:C:2015:654), apartado 27.
18 Véase la sentencia de 6 de octubre de 2015, A (C‑489/14, EU:C:2015:654), apartado 29.
19 Véase la sentencia de 6 de octubre de 2015, A (C‑489/14, EU:C:2015:654), apartado 30.
20 Véase la sentencia de 6 de octubre de 2015, A (C‑489/14, EU:C:2015:654), apartado 34. Esta interpretación, inspirada en la del artículo 27 del Reglamento n.º 44/2001, es válida también para la aplicación del artículo 19, apartado 2, del Reglamento n.º 2201/2003. Dicha solución permite resolver aquellos casos en los que el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda no se ha pronunciado explícitamente sobre su competencia.
21 Véase la sentencia de 9 de noviembre de 2010, Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665), apartado 81. A este respecto, la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (RJECC) desempeña un papel fundamental a fin de simplificar y acelerar la cooperación judicial en caso de aplicación de estas disposiciones en materia de litispendencia o del artículo 15 del Reglamento n.º 2201/2003.
22 Lo mismo cabe decir del artículo 27 del Reglamento n.º 44/2001, contrariamente a las disposiciones aplicables en caso de conexidad (artículo 28 de dicho Reglamento). Es preciso observar que el Reglamento n.º 2201/2003, al igual que el Reglamento anterior n.º 1347/2000, no contiene ninguna norma específica relativa a la conexidad.
23 Véase la sentencia de 6 de octubre de 2015, A (C‑489/14, EU:C:2015:654), apartado 29 y jurisprudencia citada.
24 Véase la sentencia de 9 de noviembre de 2010, Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665), apartado 66 y jurisprudencia citada.
25 C‑489/14, EU:C:2015:654. Cabe observar que esta sentencia se dictó más de años después de la sentencia definitiva del órgano jurisdiccional rumano que se examina en el litigio principal. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ya había pronunciado en esa fecha varias sentencias en las que se establecía el carácter autónomo del concepto de «litispendencia».
26 Apartado 33 de dicha sentencia. Estos casos de califican asimismo de «cuasi litispendencia» o de «falsa litispendencia». La Sra. A. Borrás utiliza esta expresión en el Informe explicativo del Convenio celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial (DO 1998, C 221, p. 27, en particular, punto 54). Tal explicación se refiere al artículo 11 del Reglamento n.º 1347/2000, cuyos términos se recogen, básicamente, en el artículo 19 del Reglamento n.º 2201/2003 de forma simplificada, exigiendo únicamente que las acciones relativas al divorcio, la nulidad matrimonial o la separación judicial sean formuladas entre las mismas partes, sin importar su situación procesal.
27 Véase, en este sentido, Gaudemet-Tallon, H., «Divorce — Divorce prononcé en France — Introduction — Compétence des tribunaux français — Particularités de l’instance», JurisClasseur — Droit international, LexisNexis, París, marzo de 2017, fascículo 547-10, en particular punto 135.
28 Véase, en cuanto a la interpretación de estos conceptos, la sentencia de 9 de noviembre de 2010, Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665), artículos 67 y 68 y jurisprudencia citada. Véase también, a modo de ejemplo, la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829), apartados 68 y 69.
29 Así sucede también cuando, con arreglo al artículo 15 del Reglamento n.º 2201/2003, a iniciativa de cualquiera de los dos órganos jurisdiccionales, se favorece la competencia del órgano jurisdiccional que esté mejor situado para conocer del asunto.
30 Véanse, por lo que se refiere a la importancia de esta verificación en materia de responsabilidad parental y de la motivación de las sentencias dictadas en este sentido, las sentencias de 15 de julio de 2010, Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437), apartado 73 y jurisprudencia citada, y de 15 de febrero de 2017, W y V (C‑499/15, EU:C:2017:118), apartados 51 y 54. En cuanto a la obligación de realizar verificaciones en cada etapa del procedimiento, puede llevarse a cabo una aproximación con la sentencia de 12 de noviembre de 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364), apartado 58 y jurisprudencia citada, así como con el asunto IQ (C‑478/17), actualmente pendiente, que versa sobre los requisitos de aplicación del artículo 15 del Reglamento n.º 2201/2003. Véanse las conclusiones del Abogado General Wathelet presentadas en dicho asunto (C‑478/17, EU:C:2018:552).
31 Con arreglo al artículo 12, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003, la prórroga de la competencia supone la falta de impugnación por la madre de la competencia del órgano jurisdiccional italiano (véase el punto 23 de las presentes conclusiones) y la verificación por este último de que su competencia se corresponde con el interés superior del menor (véase, por analogía, la sentencia de 1 de octubre de 2014, E., C‑436/13, EU:C:2014:2246, apartado 44). Esta postura debe considerarse junto con la del auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de enero de 2018, PM (C‑604/17, no publicado, EU:C:2018:10), apartados 27 a 29, y la de la sentencia de 19 de abril de 2018, Saponaro y Xylina (C‑565/16, EU:C:2018:265), apartados 23, 24 y 33, así como 35 y jurisprudencia citada.
32 Véanse las notas 25 y 26 de las presentes conclusiones.
33 Las consecuencias del pronunciamiento de la sentencia relativa a la separación judicial no parecen haber sido debatidas, mientras que, después de esa fecha, se dictaron dos sentencias en Rumanía, a saber, las sentencias de 3 de diciembre de 2012 y de 12 de junio de 2013, por las que se desestimó el recurso de casación interpuesto por el Sr. Liberato.
34 En efecto, según el artículo 12, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 2201/2003, la prórroga de la competencia cesará en cuanto sea firme la resolución relativa a la separación judicial. Además, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 28 de junio de 2018, HR (C‑512/17, EU:C:2018:513), apartado 59 y jurisprudencia citada, que versa sobre la interpretación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003, «el legislador de la Unión considera que los órganos jurisdiccionales cercanos en el ámbito geográfico [a la residencia habitual del menor] generalmente pueden apreciar mejor qué medidas deben adoptarse en su interés».
35 El Tribunal de Justicia no se ha pronunciado expresamente sobre la aplicación de esta disposición. Véanse, en este mismo sentido, las conclusiones del Abogado General Wathelet presentadas en el asunto IQ (C‑478/17, EU:C:2018:552), punto 45. Esta interpretación podría resultar del comentario de Pataut, É., y Gallant, E., «Article 12: Prorogation of jurisdiction», en Magnus, U., y Mankowski, P., European Commentaries on Private International Law, Brussels IIbis Regulation, vol. IV, Sellier European Law Publishers, Otto Schmidt, Colonia, 2017, punto 41 (p. 160). Dicha hipótesis no la contempla Joubert, N., «Autorité parentale — Conflits de juridictions», JurisClasseur — Droit international, LexisNexis, París, marzo de 2009, fascículo 549‑20, en particular punto 44.
36 Este análisis debe relacionarse con el que figura en las sentencias de 1 de octubre de 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246), apartados 45 a 47 y 49, y de 15 de febrero de 2017, W y V (C‑499/15, EU:C:2017:118), apartados 51 y 52.
37 A mi parecer, debe deducirse con claridad de la resolución dictada por el último órgano jurisdiccional italiano que este se pronuncia después de verificar, a la luz del interés superior del hijo, la prórroga de la competencia admitida después de que se interpusiera en 2007 la demanda ante el primer órgano jurisdiccional italiano.
38 Cabe recordar que la identidad de las partes se exige en relación con la demanda en materia de alimentos. Por lo que se refiere a la demanda relativa al vínculo matrimonial, el órgano jurisdiccional italiano ha dictado una sentencia firme.
40 Véanse los apartados 68 y 69 de dicha sentencia.
41 Véase el apartado 70 de dicha sentencia.
43 Sobre la imposibilidad de conciliar una sentencia de divorcio con una sentencia de separación judicial, véase el informe explicativo de la Sra. A. Borrás citado en la nota 26, en particular punto 71.
44 Lo mismo cabe decir en materia de obligación de alimentos. El artículo 34, punto 1, y el artículo 35, apartado 3, del Reglamento n.º 44/2001 son aplicables.
45 La resolución controvertida fue dictada por el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda. El litigio versaba sobre el lugar de residencia del menor y, en consecuencia, sobre la competencia de este órgano jurisdiccional y la acusación de que se había pronunciado al respecto incumpliendo las obligaciones previstas en el artículo 15 del Reglamento n.º 2201/2003.
46 C‑681/13, EU:C:2015:471, apartados 40 a 42 y 44.
47 Apartado 35 de la sentencia P.
48 Apartado 36 de la sentencia P. Muy recientemente, el Tribunal de Justicia recordó en la sentencia de 15 de febrero de 2017, W y V (C‑499/15, EU:C:2017:118), apartado 50 y jurisprudencia citada, que el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales es la «piedra angular de la creación de un auténtico espacio judicial», dado que estos términos se desprenden del considerando 2 del Reglamento n.º 2201/2003.
49 Esta prohibición figura en la mayoría de los reglamentos puesto que es consustancial al principio de confianza mutua. Véanse, en particular, el artículo 45, apartado 3, del Reglamento n.º 1215/2012 y los artículos 39 de los Reglamentos n.os 2016/1103 y 2016/1104. Se trata para el Tribunal de Justicia de un principio fundamental, véase la sentencia de 28 de marzo de 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164), apartado 31.
50 Véase el apartado 42 de la sentencia P.
51 Esta referencia hace que el tenor de este artículo difiera del artículo 35, apartado 3, del Reglamento n.º 44/2001, redactado en términos generales: «[...] no podrá procederse a la fiscalización de la competencia del tribunal del Estado miembro de origen. El orden público contemplado en el punto 1 del artículo 34 no afectará a las reglas relativas a la competencia judicial».
52 Véase el apartado 45 de la sentencia P.
53 Véase la sentencia de 28 de junio de 2018, HR (C‑512/17, EU:C:2018:513), apartado 59 y jurisprudencia citada.
54 Véase el apartado 46 de la sentencia P, que recuerda una regla constante basada en la prohibición de la revisión de una resolución (véanse, en particular, los artículos 36 y 45, apartado 2, del Reglamento n.º 44/2001 y el artículo 26 del Reglamento n.º 2201/2003).
55 Expresión que se utiliza en las sentencias de 16 de julio de 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474), apartado 56, y de 9 de octubre de 2014, C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268), apartado 37.
56 Véanse, a modo de ejemplo, la sentencia P y la sentencia de 15 de febrero de 2017, W y V (C‑499/15, EU:C:2017:118). Véanse, asimismo, las observaciones de Joubert, N., «La résidence de l’enfant du divorce face à la demande de modification de la décision relative à la garde et aux aliments», Revue critique de droit international privé, Dalloz, París, 2018, pp. 138 a 142, en particular punto 9 (pp. 140 y 141).
57 Habida cuenta de la importancia de esta cuestión, así como de la que se resolvió en la sentencia P, cabe sugerir que se añada una propuesta relativa a dicho artículo 24 con ocasión de la refundición del Reglamento n.º 2201/2003. Puede observarse que no se ha presentado ninguna modificación relativa a las normas de competencia en el proyecto inicial, a saber, la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores [COM(2016) 411 final], ni en la resolución legislativa del Parlamento Europeo de 18 de enero de 2018 sobre dicha propuesta, disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0017+0+DOC+XML+V0//FR. Sobre la fase en la que se encuentran actualmente los debates en el Consejo de la Unión Europea relativos a ese proyecto, véase el Bulletin Quotidien Europe n.º 12033, Agence Europe, de 5 de junio de 2018, p. 2.
58 Véase la nota 51 de las presentes conclusiones.
59 Véanse los apartados 35 a 39 de esta sentencia y la sentencia de 16 de julio de 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471), citada en los apartados 37 y 39 de la sentencia P, lo que permite adoptar la misma solución en materia de alimentos, regulada por el Reglamento n.º 44/2001.
60 Véase, en relación con el Reglamento n.º 44/2001, a modo de ejemplo reciente, la sentencia de 25 de mayo de 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349), apartados 38 a 42 y jurisprudencia citada.
61 Véase el apartado 39 de la sentencia P. Véase, asimismo, el punto 93 de las presentes conclusiones.
62 Véase el apartado 53 de la sentencia P.
63 Véanse las sentencias de 28 de marzo de 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164), y de 2 de abril de 2009, Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219), que han de relacionarse con la sentencia de 25 de mayo de 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349).
64 Véanse, a modo de ejemplo de tácticas dilatorias que se benefician de la asimilación de la separación al divorcio y del retraso del tratamiento de la demanda de divorcio resultante de la norma de litispendencia, Bonomi, A., «La compétence internationale en matière de divorce, quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement Bruxelles II bis», Revue critique de droit international privé, Dalloz, París, 2017, pp. 511 a 534, en particular pp. 528 a 530 [letra a)] y la referencia, en la nota 80, al comentario de Mankowski, P., «Article 19: Lis pendens and dependent actions», en Magnus, U., y Mankowski, P., op. cit., punto 37 (pp. 249 y 250).
65 Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471), apartado 40.
66 Esta interpretación deberá combinarse con las sentencias que el Tribunal de Justicia ya ha dictado en relación con el Reglamento n.º 4/2009 aplicable en materia de obligaciones de alimentos desde el 18 de junio de 2011.
67 Véase el punto 50 de las presentes conclusiones.
68 Véanse, a este respecto, las propuestas sumamente interesantes de Niboyet, M.‑L., y de Geouffre de la Pradelle, G., Droit international privé, 6.a edición, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Colección «Manuels», París, 2017, puntos 621 y 622 (pp. 424 a 426).
69 Véase, a modo de ejemplo, por lo que se refiere a los límites para la suspensión del procedimiento por razón de litispendencia fijados por el Tribunal de Justicia en caso de falta de respuesta del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda, la sentencia de 9 de noviembre de 2010, Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665), apartados 82 a 84. Véase, asimismo, en el proyecto del Consejo de refundición del Reglamento n.º 2201/2003, citado en la nota 57 de las presentes conclusiones, una afirmación más pronunciada de este principio.
70 Es preciso observar que, en el presente asunto, por lo que se refiere a las demandas en materia de responsabilidad parental y de alimentos, relativas a un menor nacido en febrero de 2006 y que vive en Rumanía desde octubre de 2006, el procedimiento sigue pendiente en Italia después de once años (tras la interposición de la demanda en mayo de 2007, la primera resolución en cuanto al fondo se dictó en julio de 2013 después de que se ordenase el traslado del asunto en enero de 2012) y que el litigio versa sobre el reconocimiento de la sentencia dictada en Rumania, que adquirió firmeza después de cinco años (12 de junio de 2013).
71 Véase, en particular, como recordatorio de los principios generales en caso de aplicación del artículo 15 del Reglamento n.º 2201/2003, la sentencia de 27 de octubre de 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819), apartado 43.
72 Ha de relacionarse con el apartado 44 de la sentencia de 28 de marzo de 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164), con arreglo al cual «la aplicación de la cláusula del orden público es posible en los casos excepcionales en los que las garantías establecidas en la legislación del Estado de origen y en el propio Convenio [, de 27 de septiembre de 1968, sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio,] no bastan para proteger al demandado de una violación manifiesta de su derecho a defenderse ante el tribunal de origen, tal como está reconocido por el [Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950]», y con la sentencia de 25 de mayo de 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349), apartados 44 a 46 y jurisprudencia citada.
73 Véase la sentencia de 16 de julio de 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471), apartado 55.
74 Véase la sentencia de 25 de mayo de 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349), apartado 47 y jurisprudencia citada.

References: Artículo 5
 Artículo 27
 Artículo 35
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 artículo 24
 artículo 27
 artículo 19
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 artículo 5
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 12
 artículo 3
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 22
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 artículo 23
 artículo 24
 artículo 150
 artículo 151
 artículo 3
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 artículo 19
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 artículo 27
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 artículo 19
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 artículo 21
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 artículo 19
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 artículo 17
 artículo 19
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 artículo 23
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 artículo 15
 artículo 19
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