Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920629.html
Timestamp: 2020-07-14 04:18:56+00:00

Document:
Auto Supremo: 629/2019 Fecha: 01 de julio 2019
Expediente: CB-10-19-S.
Partes: Paulino Oporto Leyva y Ricarda Zenteno de Oporto c/ Edwin Oporto Zenteno y Eva Elizabeth Mamani Medrano.
Proceso: Acción Negatoria y otros. Distrito: Cochabamba.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 288 a 290 vta., interpuesto por Eva Elizabeth Mamani Medrano contra el Auto de Vista de fecha 10 de agosto de 2018 de fs. 279 a 284 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso sobre acción negatoria y otros, seguido por Paulino Oporto Leyva y Ricarda Zenteno de Oporto contra Edwin Oporto Zenteno y Eva Elizabeth Mamani Medrano; la respuesta al recurso de casación de fs. 295 a 296 vta., el Auto de concesión de fecha 10 de enero de 2019 cursante a fs. 298; el Auto Supremo de Admisión Nº 121/2019-RA de fs. 305 a 306 vta., los demás antecedentes procesales; y:
Que, la Juez Público Civil y Comercial Nº 2 de Quillacollo perteneciente al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia de fecha 06 de septiembre de 2016, cursante de fs. 247 a 250, por la que declaró: PROBADA en parte la demanda principal sobre acción negatoria y PROBADA en parte la acción reconvencional planteada por la co-demandada Eva Elizabeth Mamani Medrano.
Resolución de primera instancia que fue apelada por Eva Elizabeth Mamani Medrano, mediante el memorial de fs. 253 a 256 vta., a cuyo efecto la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante el Auto de Vista de fecha 10 de agosto de 2018, obrante de fs. 279 a 284 vta., CONFIRMÓ la sentencia arguyendo entre otros que la interpretación desarrollada por la Juez de instancia es acertada, porque al haber acreditado los demandantes su título de propiedad, no corresponde declarar la existencia de ese derecho, es decir que la acción negatoria no es la vía idónea para dilucidar y determinar a quién le asiste el mejor derecho de propiedad, puesto que la acción negatoria únicamente permite al propietario demandar a quien afirme tener algún derecho real sobre la cosa, aspecto que opera siempre y cuando la parte demandada no acredite la existencia del derecho pretendido, empero cuando la parte demandada prueba ser titular del derecho real, esta acción debe ser declarada improbada, situación que en el caso de autos no acontece ya que la demandada no acredita ser la propietaria del predio en cuestión.
Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación de fs. 288 a 290 vta., interpuesto por Eva Elizabeth Mamani Medrano; el cual se analiza.
Denuncia la violación del art. 87.I y II del CC en relación a los arts. 88, 93 y 97 de la misma norma, arguyendo que no se ha tomado en cuenta su condición de poseedora del inmueble pretendido, puesto que la acción de los demandantes únicamente pretende la declaración de inexistencia de algún derecho, mas no enerva su calidad de poseedora de buena fe, y al haberse establecido la devolución de la fracción de terreno ocupada, se ha desnaturalizado la acción negatoria objeto de análisis.
Refiere que el fallo recurrido no especifica de ninguna manera cuales serían los fundamentos para diferenciar los efectos declarativos y los efectos que se ejecutan en la acción negatoria, ello en consideración a que en el presente proceso jamás estuvo en discusión la posesión que su persona tiene sobre la fracción del lote objeto de litis.
Finalmente acusa la errónea interpretación del art. 1455 del CC, señalando que dicha disposición en ninguno de sus parágrafos establece la entrega de la cosa como un efecto de la acción negatoria, sino que únicamente hace alusión a la declaratoria del derecho de propiedad en favor de los demandantes y en ese sentido la posesión no está protegida por esta figura jurídica.
En base a lo expuesto solicita que este Tribunal Supremo case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se deje sin efecto la orden de desposesión y entrega de bien inmueble dispuestas en primera instancia.
Señala que lo aseverado por la recurrente, respecto a que la acción negatoria no podría afectar su derecho de posesión, carece de asidero, puesto que de una simple revisión de la demanda se advierte que también se demandó la entrega del bien, así como el desapoderamiento y el pago de daños y perjuicios, por lo que la orden de entrega obedece a lo demandado y peticionado en armonía con el debido proceso en su vertiente congruencia.
Solicitando en base a lo expresado que el recurso de casación sea declarada inadmisible por no fundamentar en que consiste el error de interpretación.
III.1. Sobre la acción negatoria.
En sentido lato se puede definir a esta acción como aquella que asiste al propietario de una cosa para obtener la declaración de que no está sujeta al derecho que otro (el demandado), se atribuye sobre la misma, y desde un punto de vista restringido, como la acción que compete al propietario de una cosa para defender la libertad de su dominio y que se declare la ausencia o inexistencia de gravámenes sobre él. Infiriéndose de ello que esta acción persigue consolidar y hacer efectivo el principio de libertad del dominio, dotándole al propietario de un mecanismo legal para que se declare que su propiedad está libre de cualquier gravamen que alegue tener otro.
Sobre lo expuesto el art. 1455 del Código Civil, que regula la acción negatoria establece que: “I. El propietario puede demandar a quien afirme tener derechos sobre la cosa y pedir que se reconozca la inexistencia de tales derechos. II. Si existen perturbaciones o molestias, el propietario puede pedir el cese de ellas y el resarcimiento del daño”. Criterio legal que es coincidente en su función regulatoria con la base doctrinal esgrimida supra; pues el objeto de la acción negatoria permite al titular del derecho real se establezca que su propiedad está libre de un determinado gravamen –carga- o la inexistencia de éste, o en otras palabras, mediante esta acción se protege la propiedad garantizando su integridad de las limitaciones referidas a servidumbres, usufructo, uso, y habitación.
Asimismo, el señalado art. 1455 en su parágrafo II, enmarca dentro de éste mecanismo de defensa las perturbaciones o molestias que pudieran causar las inmisiones que refiere el art. 107 del mismo cuerpo legal.
De ahí que cuando la norma precitada refiere que el propietario puede demandar a quien afirme tener derechos sobre la cosa, incide sobre aquellos derechos que perturben la libertad del bien real, es decir, que el propietario puede demandar contra aquél que afirme tener un derecho de aprovechamiento sobre su propiedad (servidumbre, usufructo, uso y habitación), y mediante la acción negatoria se niegue la existencia de ese derecho; en tal caso, esta acción no está destinada a debatir el derecho propietario, la inexistencia del derecho de propiedad del contrario, o el ejercicio de la posesión, pues se tiene otros mecanismos de protección para esos fines.
Es por ello que con responsable criterio el autor Néstor Jorge Musto en su obra “Derechos Reales”, Tomo 2, pág. 568 afirma que “…los ataques a la propiedad que no consisten en negar el derecho ni privar de la posesión de la cosa, sino que restringen o merman determinadas facultades, dan lugar a la defensa por medio de ésta acción. En otras palabras, el desconocimiento del derecho real amparado y la desposesión son lesiones mayores amparadas por la acción reivindicatoria. Las lesiones que no alcancen estos resultados encuentran remedio en la acción negatoria”.
III.2. Sobre el principio dispositivo.
El Auto Supremo Nº 516/2014 de 08 de septiembre razonó que: “…el principio dispositivo es reconocido por la doctrina como un principio básico e informador del proceso civil estrechamente ligado a la naturaleza privada de los derechos subjetivos que se controvierten en él. Así, si el Estado reconoce a los ciudadanos un derecho subjetivo de libre disponibilidad, es evidente que sólo al titular de ese derecho subjetivo le compete discernir y decidir si desea instar la tutela jurisdiccional de tal derecho dando inicio a un proceso; definir el contenido y alcance de la tutela que solicita y; disponer del derecho poniendo fin al proceso.
En ese sentido, puede decirse que el principio dispositivo está integrado esencialmente por los siguientes elementos: 1) el poder de disposición que se reconoce a la persona para la iniciación del proceso, en virtud al cual la actividad jurisdiccional sólo puede iniciarse ante la petición del interesado, manifestación recogida por el art. 86 del Código de Procedimiento Civil; 2) el poder de definir el contenido y alcance de la pretensión cuya satisfacción intenta, en virtud al cual los límites del objeto del proceso son dados por las partes, careciendo el Juez de la facultad de modificarlos, debiendo resolverse la controversia en el marco de la debida congruencia con los límites impuestos por la pretensión y la defensa, manifestación consagrada en el art. 190 del adjetivo civil; y 3) el poder de disponer libremente del derecho subjetivo cuya protección pretenden, en mérito al cual, si las partes son las únicas que pueden incoar la actividad jurisdiccional también son las únicas que pueden ponerle término en cualquier instante. Dicho de otra manera, el contenido del principio dispositivo reconoce a las partes el derecho de iniciar el proceso, de determinar el objeto litigioso y de concluir el mismo por acto de parte” (el resaltado nos corresponde).
III.3. La congruencia en las decisiones judiciales.
Al respecto, la SS.CC. Nº 2218/2012 de 08 de noviembre, remitiéndose a la SS.CC. 0486/2010-R de 5 de julio, manifestó: “…De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia del contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.”
A tal efecto, el A.S. Nº 651/2014 de 06 de noviembre, señaló; “la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, lo relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y. segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias con el punto de la misma decisión”.
Lo que motiva a concluir que la congruencia en definitiva marca el ámbito del contenido de la resolución orientando a que ésta deba dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formulada por las partes, además de velar por que la resolución no contenga criterios, ni afirmaciones que se contradigan entre sí, constituyendo el primer aspecto a considerarse la congruencia externa y el segundo como la interna.
Del análisis de lo expuesto en los puntos 1), 2) y 3) del recurso de casación, se colige que como principal reclamo, la recurrente cuestiona la errónea interpretación del art. 1455 del CC, en relación a lo establecido por los arts. 87.I y II, 88, 93 y 97 de la misma norma, arguyendo que el Tribunal de alzada no ha tomado en cuenta que en la presente acción únicamente se ha pretendido la declaración de inexistencia de algún derecho en favor de los actores, mas no se ha enervado su calidad de poseedora, y en ese entendido, al haberse establecido la restitución de la fracción de terreno que ocupa, se estaría desnaturalizado los efectos de la acción negatoria, que conforme establece el referido art. 1455 del CC, en ninguno de sus parágrafos dispone la entrega de la cosa.
Infiriéndose de ello que el planteamiento de la recurrente radica en observar que en la presente causa, en razón de los efectos declarativos de la acción negatoria, no correspondería la restitución y/o entrega del inmueble en favor de los demandantes.
Sobre esta cuestión conviene de inicio recordar que de acuerdo a lo disciplinado por el art. 213.I del Código Procesal Civil, toda resolución que ponga fin al litigio, debe recaer sobre las cosas litigadas en la manera en que estas hubieran sido demandadas; ilustración a partir de la cual, la congruencia aparece como una exigencia de plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, de tal manera que el juzgador no puede considerar aspectos ajenos a la controversia, debiendo limitar, su examen a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes, lo que en consecuencia importa que el proceso se construye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional (principio dispositivo), careciendo el Juez de la facultad de modificarlos, debiendo resolver la controversia en el marco de la debida congruencia con los límites impuestos por la pretensión y la defensa.
En el caso de autos, de una minuciosa revisión de los fundamentos que sustentan la resolución recurrida, se colige que lo reclamado por la recurrente resulta ilusorio, puesto que, tanto la juez de grado, como el Tribunal de alzada, al disponer la devolución y/o entrega de la cosa demandada, han enmarcado su actuar dentro los parámetros normativos dictados por el art. 213.I del Código Procesal Civil, en relación a lo estipulado por el art. 1 num. 3) de la misma norma, ya que se han pronunciado sobre las pretensiones deducidas por la parte actora en la forma que estas fueron planteadas.
Para ello basta remitirnos al texto del memorial de demanda que cursa de fs. 6 a 7, donde se puede observar que los actores formularon, entre sus pretensiones principales: 1) la acción negatoria sobre cualquier derecho que creyeran los demandados sobre el inmueble en cuestión; 2) la devolución o entrega del inmueble que ocupan los demandados y otros; pretensiones que tras ser demostradas fueron acogidas por los juzgadores de grado en base al principio de congruencia y al principio dispositivo que representa el poder con el que cuentan las partes para definir el contenido y alcance de sus pretensiones, lo que en consecuencia importa la inviabilidad de las acusaciones desplegadas por la recurrente.
Para mayor ilustración resulta preciso señalar que en el sub judice nos encontramos ante un típico caso de acumulación objetiva originaria de pretensiones, donde se ha presentado una acumulación objetiva de pretensiones principales, denominadas también autónomas o simples que se presentan cuando se plantean dos o más pretensiones que no sean contradictorias entre sí, de tal manera que pueden ser resueltas en la sentencia de manera independiente, sin que el fallo sobre una afecte al de las otras, pues no existe relación de jerarquía o dependencia entre ellas, por ejemplo, cuando alguien pretende que se cumplan dos prestaciones derivadas de un mismo contrato. En ese entendido si bien la doctrina nos enseña que el art. 1455 del sustantivo civil, proporciona al propietario la acción negatoria como una pretensión que puede ser interpuesta cuando éste desconoce un derecho real que sobre la cosa de su propiedad alegare alguien y cuyo objeto principal es obtener una sentencia declarativa que establezca que la cosa está libre y franca de determinada carga, o que la carga es inexistente (servidumbre, usufructo, uso inmobiliario, habitación), no existe impedimento legal para que dicho propietario, conjuntamente a su pretensión de acción negatoria, pueda plantear otras pretensiones, tales como la restitución y/o devolución de la cosa; que independientemente de las resultas de la primera merezcan consideración por la autoridad judicial; extremo que aconteció en el caso presente, toda vez que los demandantes, además de la acción negatoria, solicitaron la restitución del predio que los demandados ocupaban, pretensión que desde ningún punto de vista podía ser desatendida por la Juez de instancia por imperio del art. 213.I del CPC.
Por lo que independientemente de los efectos que pueda tener la acción negatoria, cual es la declaración de certeza sobre una situación jurídica (sentencia declarativa), en este caso existe una pretensión expresa referente a la restitución y/o devolución de la cosa, que dio origen a la determinación que es cuestionada por la parte recurrente.
De ahí que no resulta adecuado debatir los efectos de la acción negatoria porque estos no fueron los que dieron origen a la restitución del inmueble objeto de litis; así como tampoco es conveniente cuestionar que no se haya tomado en cuenta la posesión de la demandada, pues al haberse dispuesto la restitución del inmueble en favor de la actora, lógicamente tuvo que analizarse tal extremo, en sentido de verificar si la recurrente contaba o no con un título que justifique tal posesión, situación que al haber sido desestimada justificó dicha restitución.
Lo hasta aquí expuesto, permite colegir que los juzgadores de grado no incurrieron en la errónea interpretación del art. 1455 del CC en relación a lo establecido por los arts. 87.I y II, 88, 93 y 97 de la misma norma. Por lo que, amerita dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 288 a 290 vta., interpuesto por Eva Elizabeth Mamani Medrano contra el Auto de Vista de fecha 10 de agosto de 2018 cursante de fs. 279 a 284 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con costas y costos.
Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000, para el abogado que responde al recurso.

References: Resolución 
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