Source: http://www.intersindical.es/IXCongreso/resoluciones/resoluciones_ixcongreso.html
Timestamp: 2017-02-27 11:39:22+00:00

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Confederación de STEs -Confederación
CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL En el actual mercado laboral español, la subcontratación, la interinidades en las administraciones y la externalización de los servicios públicos están incidiendo negativamente y cada vez de una manera más preocupante en un mantenimiento injusto del trabajo en precario. Esta precariedad, que sigue siendo grave en el sector público, alcanza límites intolerables en el sector privado, y tanto en unos casos como en otros asistimos al abuso de los contratos parciales y temporales, donde la continua rotación de personal en puestos de trabajo estable incumple el justo principio de que a un trabajo estable le debe corresponder un empleo fijo.
Por ello, la Confederación Intersindical exige:
- Que todas las Administraciones Públicas pongan en marcha procesos reales de consolidación de empleo de tal forma que la inestabilidad laboral no se prolongue más de dos años.
- Valoración adecuada de la experiencia laboral y de la antigüedad en el empleo.
- Derecho para todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su situación laboral, a una formación continuada que garantice la cualificación, la promoción profesional y un mejor servicio a la ciudadanía.
- Conversión de los puestos de trabajo externalizados y subcontrados en puestos estructurales.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 1
Sobre la LEY de Atención a las Personas Dependientes
El Pleno del IX Congreso de la Confederación Intersindical denuncia la resistencia planteada por algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en la tramitación y aplicación de las ayudas devenidas de la LEY DE DEPENDENCIA. Diferentes CCAA gobernadas por el Partido Popular no han enviado los datos referidos a “grandes dependientes” al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Podemos afirmar que estos gobiernos están empleando las políticas sociales en su particular guerra de resistencia contra las propuestas del Gobierno Central: no se han realizado campañas institucionales de divulgación, no se ha informado de que este año sólo pueden solicitar prestaciones los grandes dependientes, es decir, las personas encamadas. Por otra parte, el personal de los diferentes servicios sociales no ha recibido criterios para la elaboración de los informes de dependencia y no disponen de la información necesaria para explicar a los usuarios en qué consiste la prestación. Las trabajadoras y trabajadores sociales se encuentran en el más absoluto abandono y sin referencias, sabiendo que podrían ayudar significativamente a sus usuarios si se estuviera aplicando la Ley y empleando los fondos económicos destinados a ella. El Pleno del IX Congreso de la Confederación Intersindical RECHAZA el uso de los derechos de las personas dependientes en el enfrentamiento partidista y DEMANDA la inmediata aplicación de la LEY DE DEPENDENCIA en todos los territorios del Estado. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 2
Sobre la Protección del Litoral
El Pleno del IX Congreso de la Confederación Intersindical exige la paralización inmediata de los proyectos urbanísticos que amenazan con asolar la franja litoral y los territorios isleños. Mientras el derecho a la vivienda sigue sin ser una realidad, numerosos macroproyectos urbanísticos dedicados a segunda vivienda están dejando nuestras costas enterradas en cemento y sin posibilidad de recuperación, acabando con los recursos naturales terrestres y marítimos. El IX Congreso de la Confederación Intersindical DENUNCIA las leyes de suelo de las diferentes CCAA que actúan sin considerar el suelo y los recursos naturales como bien escaso, y los planes urbanísticos de los ayuntamientos que lejos de solucionar el problema de la vivienda contribuyen a la especulación, la corrupción inmobiliaria y el incremento desenfrenado de los precios.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 3
Sobre el derecho a la JUBILACIÓN ANTICIPADA Y PARCIAL POR LEY
Por su inclusión en el ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO Y EN EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
El IX Congreso de la Confederación Intersindical denuncia la discriminación sobre el derecho a la Jubilación Anticipada que establece el EBEP con el personal al servicio de las Administraciones Públicas con régimen de Seguridad Social. Una discriminación que es doble: por un lado, con respecto a los propios compañeros y compañeras adscritos al régimen de clases pasivas, que tienen reconocido el derecho a la jubilación anticipada a partir de los 60 años de edad, con el 100% de la pensión si tienen 35 años de cotización. Y por otro, con respecto al resto de trabajadoras y trabajadores sujetos al régimen de Seguridad Social, que tienen la opción de jubilarse anticipadamente a partir de los 61 años de edad. Así mismo, el IX Congreso de la Confederación Intersindical EXIGE el reconocimiento del derecho a la Jubilación Parcial, con el 100% de las retribuciones a partir de los 55 años.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 4
Sobre el derecho a la CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL ANUAL PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
Por su inclusión en LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2008, en el caso de los empleados públicos, y por su inclusión en TODOS LOS CONVENIOS COLECTIVOS. El IX Congreso de la Confederación Intersindical quiere aprovechar la tramitación parlamentaria de los PGE 2008, así como la revisión de los diferentes CONVENIOS COLECTIVOS firmados en los diferentes ámbitos laborales, para REIVINDICAR EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL que garantice la estabilidad de los salarios y el mantenimiento del poder adquisitivo. RESOLUCIÓN 25 de Noviembre
A dos años de la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y a pesar de los esfuerzos legislativos, judiciales y policiales, el número de mujeres asesinadas en nuestro país a manos de sus parejas o ex-parejas no sólo no disminuye, sino que parece ir en aumento. Durante este año, ya son 64 las mujeres asesinadas por sus parejas. Las expectativas que se habían depositado en la Ley no han dado el fruto esperado y muchas mujeres siguen siendo agredidas en igual o mayor medida y siguen encontrando todo tipo de obstáculos a la hora de ser atendidas. Estamos viendo que estas situaciones de desigualdad y de violencia no se están corrigiendo sólo con medidas de carácter penal. Es necesario combatir los valores y estereotipos que aún permanecen en nuestra sociedad y sustituirlos por otros basados en la dignidad de todos los seres humanos, sean mujeres o hombres, e insistir en las medidas preventivas de carácter educativo, formando y educando en la igualdad y en una convivencia pacífica y democrática a nuestros hijos e hijas, a nuestras alumnas y alumnos. Sólo de esta manera se construirá una sociedad más justa e igualitaria en la que sea posible la igualdad efectiva y la convivencia pacífica entre hombres y mujeres. Ante esta situación, esta Confederación Intersindical RESUELVE manifestar una vez más nuestro más profundo rechazo a la violencia contra las mujeres y, por ello, se anima a todas la personas que integramos esta Confederación sindical a participar de forma activa en los actos que tendrán lugar el 25 de noviembre, día Internacional contra la violencia hacia las mujeres.
La Intersindical de Aragón y STEA-intersindical, plantea una Resolución a este Congreso contra una base de espionaje OTAN en Zaragoza: El IX Congreso de la Confederación Intersindical, celebrado en Salamanca, los días 15 a 18 de noviembre de 2007, rechaza la ubicación en Zaragoza, o en cualquier otro lugar, de una base de espionaje al servicio de la OTAN.
Los gobiernos estatal y autonómico nos lo quieren vender como un avance tecnológico de primer orden que potenciará la creación de empleo, cuando en realidad se trata de avanzar en la militarización de la sociedad frente a la resolución pacífica de los conflictos.
Asimismo solicitamos a las organizaciones sindicales presentes en el Congreso que en sus medios de comunicación (web, prensa, etc.), se adhieran a la campaña de espacios antiOTAN. RESOLUCIÓN: Llamada a un Día de Movilización y Acción Global el
El Consejo Internacional del Foro Social Mundial, ha propuesto un proceso de movilización y debate que culminará en enero de 2009 en Belém (Amazonia, Brasil). Un Foro en el que las luchas, campañas, temas y cuestiones que emergen de lo local deberán ser referencia tanto en su contenido como en el proceso de organización. Es por ello que este proceso pasará por la celebración de Foros Regionales y Sectoriales durante 2008 y una semana de Movilización y Día de Acción Global a celebrar el 26 de enero de 2008.
Hoy, son ya mas de 1.600 organizaciones e individuos de todo el mundo, entre ellas la Confederación de Stes- Intersindical y algunos de nuestros sindicatos, que ya han firmado el manifiesto de adhesión, comprometiéndose a organizar actividades en la Semana del 26 de enero de 2008.
El Congreso de la Confederación Intersindical, consciente del significado de esta llamada, se adhiere a la misma y anima a las diferentes organizaciones que forman parte de la Confederación, a construir y proponer actividades y Foros conjuntamente con otros movimientos sociales de su territorio. RESOLUCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO POR MATERNIDAD EN LA NORMATIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL En la recta final de la legislatura, el gobierno ha emprendido una campaña de promoción y fomento de la natalidad con incentivos económicos de 2500 euros por nacimiento de hijos/as. Estas medidas, claramente electoralistas, se entienden mal cuando fallan las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar en lo referente al cuidado de hijos e hijas y cuando se penaliza a las mujeres por la maternidad en el acceso al empleo. Tal como se ha denunciado desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, la normativa de la Seguridad Social equipara el permiso por maternidad a una baja por enfermedad, englobándolas en las ILT (Incapacidad Laboral Transitoria). Esto implica que las mujeres no pueden acceder a contratos de trabajo cuando están de permiso por maternidad.
Esta injusticia y penalización de la maternidad se comete en todos los ámbitos laborales y perjudica notablemente los derechos de las mujeres, a pesar de que el Tribunal Constitucional considera discriminación por razón de sexo los tratos desfavorables en el trabajo por embarazo o maternidad, a pesar de que hay instrumentos jurídicos de alcance internacional y de Derecho comunitario que así lo consideran y a pesar de que la Ley de Igualdad aprobada el pasado mes de marzo recoge en su artículo 8 que constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Por todo ello, la Confederación Intersindical RESUELVE denunciar la grave discriminación por razón de sexo que supone la aplicación de la normativa de la Seguridad Social en lo relativo al permiso por maternidad y empleo y, por ello, exigir que se deroguen de forma inmediata todos estos aspectos de la normativa de la seguridad social por ser discriminatorios para las mujeres. Propuesta de Resolución presentada por Intersindical Valenciana, contra la violencia FASCISTA
El pleno de este noveno congreso, denuncia una vez mas los ataques y la violencia fascista y hoy mas que nunca y dada la proliferación de organizaciones de este tipo, esta respuesta ha de ser firme e inmediata.
Por ello exigimos a las autoridades correspondientes una respuesta contundente a estas agresiones xenófobas, racistas, homófonas y totalitarias.
Propuesta de Resolución presentada por el STECLM-intersindical
STES-I PIDE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE TRANSFIERAN A EDUCACIÓN LAS ESCUELAS INFANTILES DE 0-3 AÑOS La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ha supuesto, en relación con la LOCE, recuperar el carácter educativo de la etapa de Educación Infantil de 0 a 3 años, pero la cesión a las Administraciones Educativas de su total regulación, en todo lo referido tanto a currículum como a requisitos mínimos de los centros, ratios y profesionales, convierte a esta etapa en la única del conjunto del sistema educativo dónde esto ocurre, lo que puede ocasionar un tratamiento muy diferente a esta etapa dependiendo de cómo la entiendan las diferentes administraciones, pudiendo quedar, en algunos casos, sin una regulación que asegure unos mínimos de calidad y gratuidad, lo que daría lugar a una discriminación tanto para el alumnado como para las y los profesionales que trabajan en la etapa. STES-i, que forma parte de la Plataforma Estatal en Defensa del Ciclo 0-3 años, ya ha pedido al Gobierno que elabore y publique un Real Decreto en el que se contemplen los requisitos mínimos de los centros, ratios y profesionales y la parte del currículum correspondiente al Estado, ligándolo al publicado Real Decreto para la etapa de 3 a 6 años, reconociendo el carácter unificado de ambas etapas. Reclamamos ahora al conjunto de las administraciones públicas del Estado que, considerando el carácter educativo que le da a esta etapa la Ley Orgánica de educación, transfieran a sus respectivas Consejerías de Educación los Centros o Escuelas Infantiles de 0 a 3 años que dependen de otras Consejerías. RESOLUCION EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA
La Confederación Intersindical, firme defensora de unos servicios públicos de calidad, ante la situación que está sufriendo el Sistema Público de Educación en el Estado Español RESUELVE: Denunciar el desmesurado crecimiento del sector privado en Educación, lo cual supone un caso digno de mención en el contexto europeo. Esta situación se viene agravando con las últimas leyes en materia educativa que han permitido que los conciertos y la externalización de servicios públicos hayan aumentado en los últimos años de forma alarmante. La LOCE primero y después la LOE han abierto la puerta de par en par a la concertación masiva del primer ciclo de la Educación Infantil y a la concertación de Bachilleratos y ciclos de FP en varias CCAA . El reciente acuerdo alcanzado por PSOE e IU sobre el tramo 0 a 3 no garantiza en ningún caso que las inversiones vayan destinadas a la red pública. También se pierde la oportunidad de regular esas enseñanzas y de que su profesroado pueda integrarse en la red pública.
El total de alumnado escolarizado en centros privados y concertados sigue creciendo en el conjunto del Estado. En muchas CCAA, el abandono político y presupuestario de la Enseñanza pública es moneda común. La definanciación del sistema público de educación, la cesión de terreno público para construir colegios privados, la masificación de muchos centros educativos y la concentración de alumnado socialmente desfavorecido marcan las políticas educativas de buena parte de las comunidades autónomas.
La escasa inversión en materia de educación,- en torno al 4,7% del PIB, está muy dlejos de lo que reivindicamos desde la Confederación Intersindical, es decir, un 7% del PIB. Dentro de sta escasa inversión, cada vez corresponde menos a la Red Pública, dada la consideración que los centros privados tienen en el nuevo marco normativo ( LOE y LODE).
En el caso de la Universidad, el crecimiento de la oferta en Universidades privadas y la extensión incontrolada de la venta de títulos por Internet, junto con la externalización y privatización de numerosos servicios, pone cada vez más a este sector estratégico en manos de patronatos donde las empresas y grands corporaciones marcan la pauta. la entrada en vigor del Espacio Europeo de Enseñanza Superior puede llegar a suponer un incremento de la competitividad entre Universidades que puede abocar al cierre de las más débiles y a la desaparición de titulaciones no "rentables" desde el punto de vista empresarial. La privatización y externalización de servicios como limpieza o comedor y la introducción de criterios de gestión empresarial dentro del sistema público de enseñanza, se están produciendo, lamentablemente con la complicidad de quienes debieran defender los servicios públicos. Los lamentables apoyos que fuerzas sindicales, políticas y sociales han ido dando a las leyes educativas y a sus desarrollos contrastan con declaraciones públicas reservadas para los días de fiesta. Desde la Confederación Intersindical, en este Congreso de Salamanca, queremos hacer un llamamiento a todas las personas que defienden los servicios públicos como arantes de una sociedad más justa, y más democrática a unirse a nosotros y nosotras y a denunciar y movilizarse ante cualquier nueva agresión contra la escuela de todos y de todas.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR SUATEA RESOLUCIÓN EXTRAORDINARIA Como desarrollo de lo contemplado en la disposición final de los Estatutos, las lenguas oficiales de la Confederación Intersindical son aquellas contempladas en los Estatutos de las organizaciones confederadas. POR LA HOMOLOGACIÓN SIN CONTRAPARTIDAS DEL PROFESORADO NO UNIVERSITARIO DE CANARIAS El STEC-IC, junto con el resto de organizaciones sindicales con presencia en el ámbito de la Educación Pública Canaria, han impulsado desde el curso pasado un intenso proceso de movilizaciones en demanda de la Homologación sin contrapartidas del profesorado canario con el resto de empleados públicos con igual categoría y titulación de nuestra Comunidad Autónoma. Dicha reivindicación ha obtenido un amplísimo respaldo entre los 25000 docentes de Canarias reflejado en el masivo seguimiento obtenido por las cuatro jornadas de huelga celebradas hasta la fecha, en el ámbito de la Educación Pública Canaria, así como en las últimas manifestaciones celebradas en todas las capitales insulares, durante el pasado 8 de noviembre y resto de acciones desarrolladas. El derecho a la homologación retributiva del profesorado canario fue reconocido en el año 1991 por el Gobierno y el Parlamento de Canarias a través de la correspondiente norma legal que permitió homologar al conjunto de los docentes de canarios en el transcurso del periodo 1991 – 1995. Sin embargo, desde este último año hasta la fecha, las retribuciones de los docentes canarios adscritos a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se han quedado estancadas en relación a las de los compañeros y compañeras del resto de consejerías Autonómicas. Ello ha conducido a una verdadera discriminación retributiva que ciframos actualmente en una diferencia mínima de 400 euros brutos mensuales, entre el salario de un docente canario y el de un funcionario de cualquier otra Consejería con igual titulación y categoría. Dicha diferencia, tomando como referencia la totalidad de la vida laboral de un docente, resulta similar respecto a la media de las retribuciones de los docentes del Estado Español. Ante las reiteradas propuestas de diálogo y negociación, puestas sobre la mesa por el STEC-IC y el Comité de Huelga al objeto de dignificar las retribuciones del profesorado canario, la Administración Educativa y el Gobierno de Canarias, sustentado por el pacto de derechas conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha mostrado su lado más reaccionario situándose en posiciones de absoluta intransigencia al negarse reiteradamente a abrir una mesa de negociación real y efectiva que, desde el consenso y el diálogo, conduzca a una solución razonable del conflicto planteado. Muy por el contrario, en las difusas propuestas realizadas por los representantes de la Administración, siempre ha estado presente el intento de vincular la demanda de homologación con inaceptables contrapartidas así como con el futuro Estatuto Docente. Dentro de una clara estrategia de vincular la Educación Pública con la conflictividad y el fracaso escolar, al objeto de ir generando condiciones sociales que justifiquen su progresivo desmantelamiento en favor del sector privado, el Gobierno de Canarias ha optado por alimentar la confrontación y la crispación frente al diálogo y la moderación. Prueba de esto último ha sido la reciente publicación, en todas las contraportadas de la prensa escrita de Canarias, de un remitido a toda página sufragado con fondos públicos (con un gasto cercano a los 40000 euros) dirigido a los padres y madres de nuestro alumnado, plagado de datos inciertos e injurias hacia los 25000 docentes de Canarias, en un claro intento de confrontarnos y desacreditarnos frente a los padres y madres y al conjunto de la sociedad en general. Tal inaudito e irresponsable proceder, sin precedentes en la reciente historia de Canarias, ha merecido la mayor de las repulsas desde nuestra organización y del conjunto del profesorado canario amén de las correspondientes demandas por injurias y posible uso fraudulento de fondos públicos, junto con la exigencia de dimisión inmediata de la máxima responsable de la Consejería de Educación. Ello, además, ha supuesto la concreción de nuevas medidas de presión por parte del Comité de Huelga que conducirán, si no media acuerdo previo, a la paralización de la Educación Pública Canaria durante el segundo trimestre del curso escolar. En función de todo lo anterior, el IX Congreso de la Confederación Intersindical acuerda: 1.- Denunciar la actitud de irresponsabilidad e intransigencia de la Consejería de Educación y del Gobierno de Canarias en su conjunto, al negarse a iniciar un proceso de diálogo que pueda conducir en un tiempo prudencial a una solución razonable y negociada del conflicto planteado.
2.- Denunciar la inaudita actitud de irresponsabilidad adoptada por la actual Consejera de Educación del Gobierno de Canarias consecuencia directa del interés existente, entre los sectores reaccionarios de nuestro archipiélago, por desacreditar y desestabilizar el Servicio Público Educativo. 3.- Apoyar la demanda de dimisión o cese inmediato de la máxima responsable de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias realizada por el STEC-IC y el Comité de Huelga en su conjunto. 4.- Apoyar la justa demanda de homologación sin contrapartidas de los docentes canarios, con el resto de empleados públicos de igual categoría y titulación de la Comunidad Autónoma Canaria. En este sentido, animamos a todo el profesorado canario a continuar luchando por la calidad educativa de la Escuela Pública Canaria, la paralización del Estatuto Docente y la consecución de la justa reivindicación de Homologación sin contrapartidas del profesorado canario. RESOLUCIÓN La Organización de Jubilados del STERM-La Intersindical propone al IX Congreso de la Confederación Intersindical la petición al Ministerio de Administraciones Públicas de un trato equitativo y no discriminatorio para los funcionarios jubilados con respecto a los jubilados del Régimen General de la Seguridad Social.
Exigimos la exención de la aportación que los funcionarios jubilados tienen que sufragar por la adquisición de medicamentos, que es la misma que la de su vida activa, sin tener en cuenta su nueva situación con ingresos inferiores y una implacable e inevitable mayor exigencia de tratamientos médicos y farmacológicos por razones evidentes de la edad.
RESOLUCIÓN La Organización de Jubilados del STERM-La Intersindical propone al IX Congreso de la Confederación Intersindical la potenciación dentro de la estructura de cada uno de los sindicatos de la Confederación de la existencia de una Organización de Jubilados que contemple la situación de este colectivo, cada vez con mayor peso en la sociedad, de manera que haga posible sus aportaciones de todo tipo en el seno del Sindicato: ayuda en planes de formación del sindicato, asesoramiento pedagógico, trabajo administrativo, de representación en Consejos Escolares de Localidad, Región… y cualquier otra en la que pudieran ser útiles y, a la vez, el Sindicato defienda sus reivindicaciones como colectivo.
RESOLUCIÓN SOBRE EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN
Tras la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la intención mostrada por algunos gobiernos autonómicos de restringir los ámbitos de debate y negociación a las Mesas Generales de Función Pública, la Confederación Intersindical muestra su rechazo y gran preocupación ante los recortes de los derechos a la negociación que el personal empleado público está padeciendo.
En efecto, la ambigua redacción del Estatuto Básico de los Empleados Públicos sobre la convocatoria de Mesas Sectoriales está siendo utilizada por algunas Administraciones para no convocar estas Mesas y por lo tanto para hurtar la representación que corresponde al profesorado, al personal sanitario y al de administraciones públicas.
Por ello, la Confederación Intersindical RESUELVE Instar a todas las Administraciones a constituir dichas Mesas Sectoriales, por ser en estas Mesas donde se sientan las y los legítimos representantes de empleadas y empleados públicos y, por consiguiente, en las que deben negociarse todas las cuestiones relativas a sus condiciones laborales y salariales.
EN DEFENSA DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE POR FERROCARRIL Y EL REFLOTAMIENTO DE SUS EMPRESAS PÚBLICAS
La Confederación Intersindical, que propugna entre sus fines la defensa de un modelo alternativo de Servicios Públicos como garante de los derechos de una sociedad más solidaria e igualitaria, al servicio de ella y gestionados democráticamente, ante el importante papel que el transporte desempeña en su desarrollo y por nuestro compromiso de actuación en todos los sectores en que desarrollamos nuestra acción sindical, adoptamos la siguiente RESOLUCIÓN Reivindicamos un sistema de transporte que responda a las necesidades de movilidad de toda la población independientemente de su situación geográfica, su poder adquisitivo, sus limitaciones físicas, etc. y en consecuencia reivindicamos un ferrocarril de calidad que favorezca la cohesión territorial, extienda y priorice la atención a las necesidades de las más amplias capas de población en su actividad diaria, sea accesible económicamente y elimine cualquier tipo de barreras físicas que limiten su accesibilidad. Para ello estimamos necesario una redistribución del actual esfuerzo inversor público que potencie las actuales líneas de ferrocarril convencional y reapertura de las cerradas (Cierre del arco mediterráneo, Vía de la Plata, etc.) junto con otras nuevas de trazado transversal que conformen una malla de infraestructuras ferroviarias que sea equitativa en los ámbitos geográfico y económico frente a la actual política de inversiones exclusivamente en Alta Velocidad que provoca, entre otros aspectos negativos, un enorme desequilibrio entre áreas geográficas y entre el ámbito urbano y el rural. Que potencie también el desarrollo de redes urbanas y metropolitanas que presten un servicio suficiente, asequible y de calidad a la ciudadanía en sus desplazamientos de la actividad diaria, lo que facilitará la redistribución de rentas (disminuyendo la exclusión social) y la disminución de la congestión del tráfico, aminorando las consecuencias de ésta sobre la contaminación ambiental, la disminución del tiempo de ocio de amplias capas de población y la dependencia exterior en materia energética, en contraposición al actual diseño del ferrocarril encaminado a satisfacer las necesidades frecuentes de un menor sector de población (en su mayor parte pertenecientes a las elites del entramado empresarial y productivo) y los desplazamientos esporádicos de solamente aquellos que económicamente puedan acceder.
Porque los objetivos de lo que reivindicamos favorecen inequívocamente el interés general y éste debe constituir la máxima prioridad y ser el deber fundamental de los poderes públicos, entendemos que éstos deben acometer su implantación y su desarrollo y responsabilizarse directamente de la prestación de los servicios que conllevan, sin intermediarios ni delegación total ni parcial. Por lo tanto exigimos y con nuestra acción sindical defenderemos que el ferrocarril sea un servicio público de propiedad y gestión pública fortaleciendo, además, la integración de los servicios del transporte por ferrocarril en la gestión de las políticas sociales y de accesibilidad de las distintas administraciones (estatal, de nacionalidad, comunidad autónoma y municipal) para una planificación mas acorde, y una mejor adecuación de las prestaciones, a los problemas específicos de cada ámbito. Y por que entendemos que el servicio público de transporte por ferrocarril debe prestarse con las mayores garantías posibles de calidad, eficacia y seguridad, y que su rentabilidad debe calcularse exclusivamente desde los beneficios sociales que aporta y nunca desde los beneficios económicos que puedan obtener las empresas que prestan dicho servicio, defenderemos que las actuales empresas ferroviarias sigan siendo públicas e, invirtiendo la actual tendencia, sean dotadas de los recursos humanos y técnicos suficientes para desarrollarse y prestar más eficazmente su servicio a la sociedad y defenderemos que a ellas deberá ser encomendado por las distintas administraciones cada una en su ámbito de gestión.
TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE Contra la destrucción del medio ambiente y la degradación de la naturaleza.
Por unos medios de transporte menos agresivos para el entorno social y natural
Los Delegados y Delegadas al Congreso Constituyente de la Confederación Intersindical, comprometidos en la lucha contra la destrucción del medio ambiente y la degradación de la naturaleza, en especial en aquellos ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad sindical y en los que la preservación del entorno ecológico es una de nuestras prioridades, tras considerar:  Que una de las más importantes agresiones a nuestro medio natural proviene de las emisiones de gases de efecto invernadero y que éstos, mayoritariamente, proceden del abusivo consumo de combustibles fósiles.
 Que del consumo de energía final en el Estado español, casi un 40% pertenece al transporte, superando a la industria (31%), al consumo residencial (17%) y al sector servicios (9%).  Que el 99% del consumo de carburantes del transporte proviene de los derivados del petróleo (cerca de un 70% del petróleo importado es para este sector) y solamente un 1% se cubre con electricidad, que abastece al ferrocarril.  Que el 20% de la energía eléctrica consumida proviene de la producción hidroeléctrica y el 80% de fuentes termoeléctricas (incluyendo las nucleares).  Que del consumo energético total del transporte, más del 80 % es del transporte por carretera, el 13% del aéreo, el 4% del marítimo y el 3% del ferroviario.  Que la eficiencia energética del ferrocarril es muy superior a la de los otros modos más utilizados actualmente, como el transporte por carretera y el aéreo que consumen, respectivamente, 4 y 30 veces más energía que el ferrocarril por unidad transportada.  Que además de la influencia sobre los indicadores de cambio climático y contaminación atmosférica, se deben tener en cuenta otros aspectos, no menos importantes, como son la degradación del entorno natural, accidentalidad, contaminación acústica, etc. y que, junto a los primeros, conforman los denominados costes externos del transporte que permiten cuantificar el impacto sobre la sociedad y el medio ambiente.
 Que según estudios realizados en Europa para la UIC, el tren genera 5 veces menos costes externos que el transporte de mercancías por carretera, 3 veces menos que el de viajeros por carretera y 2 veces menos que la aviación civil. Entendiendo que las actuaciones necesarias para conseguir minimizar el impacto del transporte en nuestro entorno son de índole más compleja y deben abarcar aspectos como la política de equilibrio territorial y de asentamientos poblacionales con la correspondiente dotación de infraestructuras y servicios básicos en un entorno de proximidad. O con la organización de la producción dimensionada, ubicada y ajustada atendiendo a las peculiaridades de consumo de cada centro de población. O con otras actuaciones, todas ellas orientadas a reducir al máximo las necesidades de transporte, favoreciendo la máxima accesibilidad con la mínima movilidad, para invertir la tendencia actual que favorece la movilidad obligada. Entendiendo, por lo tanto, que los aspectos anteriormente relacionados son un aspecto del problema y las soluciones representan, en consecuencia, una parte de las mismas, pero atendiendo al entorno inmediato de la actividad sindical de algunos de nuestros Sectores abordamos como líneas de reivindicación y de acción sindical las recogidas en la presente RESOLUCIÓN La Confederación Intersindical defenderá e impulsará el reequilibrio del actual reparto modal del transporte en los distintos ámbitos, de forma que se potencien los modos menos agresivos para el entorno social y natural a través, entre otras, de las siguientes acciones:  Impulsará el transporte ferroviario y marítimo para el transporte internacional de mercancías y para el interurbano de viajeros potenciando su desarrollo y aumentando el nivel de integración intermodal.  De igual manera reivindicará el transporte colectivo en el ámbito urbano, mediante la extensión y mejora de las redes de Cercanías ferroviarias, metros y tranvías, de los accesos del transporte colectivo a los centros de actividad sanitaria, educativa, industrial, ocio, etc. y mediante el apoyo financiero y la integración administrativa (consorcios), tarifaria (títulos integrados de transporte) y física (intercambiadores).  Impulsará los espacios y modos urbanos no motorizados reivindicando zonas peatonales, carriles y aparcamientos adecuados para bicicletas.
 Reivindicará el reparto inversor en infraestructuras y material ferroviario de forma que se mejore y potencie la red convencional, terminando la actual polarización en torno al tren de alta velocidad. Impulsará la electrificación total de la red ferroviaria.  Reivindicará la “garantía de origen” del suministro eléctrico para metros, tranvías y trenes para potenciar la utilización de las tecnologías más eficientes en generación eléctrica, térmica no nuclear y de las energías renovables (generación por biomasa, energía solar, fotovoltaica, eólica, etc.)
Resolución de la Confederación Intersindical contra la siniestralidad laboral
1350 trabajadores perdieron la vida en su puesto de trabajo en 2006. En lo que va de año ya se han registrado más de un millón de accidentes y más de 460 personas han perdido la vida trabajando de enero a mayo. La Confederación Intersindical reitera su denuncia de esta dramática situación que se viene repitiendo en los últimos 10 años y exige que el trabajo no sea causa de muerte o enfermedad para ningún trabajador ni trabajadora. Desde la Confederación de STEs-Intersindical exigimos el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la adaptación de una nueva cultura preventiva en la que las empresas consideren la seguridad y salud laboral como algo absolutamente prioritario en su estrategia empresarial. Cambiar el modelo económico imperante y sus objetivos últimos de beneficios a costa de cualquier cosa, está en la base fundamental de los factores que inciden sobre la siniestralidad.
El Gobierno y las Comunidades Autónomas deben poner fin a prácticas habituales de los empresarios que provocan condiciones de trabajo penosas y que son las que finalmente terminan en tragedia: la contratación ilegal, la precariedad y temporalidad en el empleo -la incidencia de los accidentes laborales es el doble entre las trabajadoras y trabajadores con contrato temporal-, el abuso de subcontratas para burlar las obligaciones legales -entre otras en materia de prevención de riesgos laborales-, la falta de formación de los trabajadores/as y las que se derivan del propio modelo económico - presión desmesurada en los ritmos de trabajo, violencia en el lugar de trabajo- o el incumplimiento sistemático de la normativa de prevención de riesgos laborales, entre otras. Resolución sobre la criminalización de las luchas sociales y laborales
En los últimos tiempos vemos como la legislación se endurece para las trabajadoras y los trabajadores, entre otras, a través de la aplicación de leyes concebidas en el ámbito de la lucha antiterrorista que son aplicadas por los tribunales a los conflictos laborales.
Por otro lado, los cuerpos policiales se dedican a la creación de pruebas contra personas que han sufrido abusos, para justificarlos y evitar sus posibles repercusiones, haciendo aparecer a las víctimas como culpables.
Estas situaciones, hace algunos años inconcebibles, se están generalizando en el mundo laboral con casos como el de Candido y Morala, Luisito de CGT, piquetes del PCE, o incluso compañeros y compañeras de la Confederación Intersindical, así como en otras protestas de carácter ecológico o estudiantil.
La mayoría de los casos son tan flagrantes que se solventan por medio del indulto, o por la entrada en un limbo a la espera de este. Durante años se les tiene a la espera de que el indulto se formalice o de que entren en la cárcel.
En el plano sindical, todo ello pretende atemorizar a la clase trabajadora y desmovilizar a los colectivos que luchan en defensa de sus derechos y reivindicaciones. Por todo ello, la Confederación Intersindical se compromete a apoyar dentro de sus posibilidades los cambios legislativos que corrijan estas situaciones, así como a defender la aplicación del las máximas garantías procesales en todos los conflictos de tipo laboral en o social de este tipo de los que tengamos constancia.
Igualmente se compromete a apoyar los indultos individualizados de aquellas personas que mientras se produzcan estos cambios caigan dentro de procesos en los que han sido injustamente condenados.
POR LA HOMOLOGACIÓN SIN CONTRAPARTIDAS DEL PROFESORADO NO UNIVERSITARIO DE CANARIAS El STEC-IC, junto con el resto de organizaciones sindicales con presencia en el ámbito de la Educación Pública Canaria, han impulsado desde el curso pasado un intenso proceso de movilizaciones en demanda de la Homologación sin contrapartidas del profesorado canario con el resto de empleados públicos con igual categoría y titulación de nuestra Comunidad Autónoma. Dicha reivindicación ha obtenido un amplísimo respaldo entre los 25000 docentes de Canarias reflejado en el masivo seguimiento obtenido por las cuatro jornadas de huelga celebradas hasta la fecha, en el ámbito de la Educación Pública Canaria, así como en las últimas manifestaciones celebradas en todas las capitales insulares, durante el pasado 8 de noviembre y resto de acciones desarrolladas. El derecho a la homologación retributiva del profesorado canario fue reconocido en el año 1991 por el Gobierno y el Parlamento de Canarias a través de la correspondiente norma legal que permitió homologar al conjunto de los docentes canarios en el transcurso del periodo 1991 – 1995. Sin embargo, desde este último año hasta la fecha, las retribuciones de los docentes canarios adscritos a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se han quedado estancadas en relación a las de los compañeros y compañeras del resto de consejerías Autonómicas. Ello ha conducido a una verdadera discriminación retributiva que ciframos actualmente en una diferencia mínima de 400 euros brutos mensuales, entre el salario de un docente canario y el de un funcionario de cualquier otra Consejería con igual titulación y categoría. Dicha diferencia, tomando como referencia la totalidad de la vida laboral de un docente, resulta similar respecto a la media de las retribuciones de los docentes del Estado Español. Ante las reiteradas propuestas de diálogo y negociación, puestas sobre la mesa por el STEC-IC y el Comité de Huelga al objeto de dignificar las retribuciones del profesorado canario, la Administración Educativa y el Gobierno de Canarias, sustentado por el pacto de derechas conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha mostrado su lado más reaccionario situándose en posiciones de absoluta intransigencia al negarse reiteradamente a abrir una mesa de negociación real y efectiva que, desde el consenso y el diálogo, conduzca a una solución razonable del conflicto planteado. Muy por el contrario, en las difusas propuestas realizadas por los representantes de la Administración, siempre ha estado presente el intento de vincular la demanda de homologación con inaceptables contrapartidas así como con el futuro Estatuto Docente. Dentro de una clara estrategia de vincular la Educación Pública con la conflictividad y el fracaso escolar, al objeto de ir generando condiciones sociales que justifiquen su progresivo desmantelamiento en favor del sector privado, el Gobierno de Canarias ha optado por alimentar la confrontación y la crispación frente al diálogo y la moderación. Prueba de esto último ha sido la reciente publicación, en todas las contraportadas de la prensa escrita de Canarias, de un remitido a toda página sufragado con fondos públicos (con un gasto cercano a los 40000 euros) dirigido a los padres y madres de nuestro alumnado, plagado de datos inciertos e injurias hacia los 25000 docentes de Canarias, en un claro intento de confrontarnos y desacreditarnos frente a los padres y madres y al conjunto de la sociedad en general. Tal inaudito e irresponsable proceder, sin precedentes en la reciente historia de Canarias, ha merecido la mayor de las repulsas desde nuestra organización y del conjunto del profesorado canario amén de las correspondientes demandas por injurias y posible uso fraudulento de fondos públicos, junto con la exigencia de dimisión inmediata de la máxima responsable de la Consejería de Educación. Ello, además, ha supuesto la concreción de nuevas medidas de presión por parte del Comité de Huelga que conducirán, si no media acuerdo previo, a la paralización de la Educación Pública Canaria durante el segundo trimestre del curso escolar. En función de todo lo anterior, el IX Congreso de la Confederación Intersindical acuerda: 1.- Denunciar la actitud de irresponsabilidad e intransigencia de la Consejería de Educación y del Gobierno de Canarias en su conjunto, al negarse a iniciar un proceso de diálogo que pueda conducir en un tiempo prudencial a una solución razonable y negociada del conflicto planteado.
2.- Denunciar la inaudita actitud de irresponsabilidad adoptada por la actual Consejera de Educación del Gobierno de Canarias consecuencia directa del interés existente, entre los sectores reaccionarios de nuestro archipiélago, por desacreditar y desestabilizar el Servicio Público Educativo. 3.- Apoyar la demanda de dimisión o cese inmediato de la máxima responsable de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias realizada por el STEC-IC y el Comité de Huelga en su conjunto. 4.- Apoyar la justa demanda de homologación sin contrapartidas de los docentes canarios, con el resto de empleados públicos de igual categoría y titulación de la Comunidad Autónoma Canaria. En este sentido, animamos a todo el profesorado canario a continuar luchando por la calidad educativa de la Escuela Pública Canaria, la paralización del Estatuto Docente y la consecución de la justa reivindicación de Homologación sin contrapartidas del profesorado canario. Al Ministerio de Asuntos Exteriores COLOMBIA: INSEGURIDAD DEMOCRÁTICA Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del sindicalismo o la defensa de los derechos humanos. Lo prueban los 750 sindicalistas asesinados en la más absoluta impunidad tan sólo durante el gobierno del Sr. Álvaro Uribe Vélez, o las más de 11.000 personas asesinadas o desaparecidas en los últimos cinco años. Numeroso organismos nacionales e internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un informe reciente, han denunciado y condenado la connivencia entre grupos paramilitares y la fuerza pública y el ejército colombiano en la perpetración de muchos de estos crímenes que incluyen masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Crímenes que a menudo se intentan camuflar como el resultado del enfrentamiento armado con fuerzas guerrilleras mediante el burdo procedimiento de vestir los cadáveres de civiles con uniformes guerrilleros. Además de los asesinatos hay centenares de casos documentados que incluyen acoso, amenazas, torturas y desapariciones forzadas, siendo los sectores más afectados los de la enseñanza, incluidos estudiantes, la salud y el agrario. La Ley de Justicia y Paz del gobierno de Uribe, para desmovilizar a los grupos paramilitares, que él insiste en defender no ha cambiado la realidad. Bien al contrario, se están reorganizando y continúan actuando, la mayoría de las veces con total impunidad por lo que muchos sindicalistas y defensores de los derechos humanos viven bajo la amenaza permanente de dichos grupos paramilitares cuya actividad se ha incrementado en los últimos meses. Ante la impunidad que campea dentro de Colombia, varias organizaciones de derechos humanos han comenzado a presentar casos muy graves ante la Corte Penal Internacional. En solidaridad con nuestras compañeras y compañeros sindicalistas y defensores de los derechos humanos en general en Colombia, la Confederación Intersindical RESUELVE:
Solicitar del gobierno español en su relación política con Colombia que suspenda su apoyo a la Ley de Justicia y Paz por la que miles de crímenes quedan impunes y por no garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, justicia y reparación. En este sentido, debe revisar su política de venta de armamento a dicho país. Que ejerza su influencia para instar al gobierno colombiano a que cesen las violaciones generalizadas de los derechos humanos depurando las instituciones que colaboren en las mismas y solicitando que se investiguen, juzguen y, en su caso, condene, a todos los responsables de dichas violaciones.

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 artículo 8
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 Real Decreto 
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