Source: http://bazica.org/repblica-de-colombia-rama-judicial-consejo-superior-de-la-judi.html?page=2
Timestamp: 2019-09-17 16:43:05+00:00

Document:
República de colombia rama judicial consejo superior de la judicatura sala jurisdiccional disciplinaria bogotá D. C., Dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016) Magistrado Ponente: Dr - Página 2
Finalmente que la modalidad de la conducta fue cometida presuntamente a título de culpa, por cuanto presumiblemente se contrarió el ordenamiento jurídico por parte de los Magistrados, al desatender los postulados del artículo 25 del Decreto
2591 de 1991, de manera negligente en la interpretación de la norma y su aplicación frente a las pruebas allegadas, ordenando pagos no previsto en tal normatividad. (v. fl. 240-258)
- El proveído de cargos fue debidamente notificado a los disciplinados en forma personal a través de comisionado, los días 21 y 22 de agosto de 2012, quienes dentro del término legal presentaron sus correspondientes descargos arguyendo que no había lugar para la formulación de cargos y menos existe mérito para imponer sanción, púes cuando en la providencia del 10 de diciembre de 2010 se condenó in genere a la parte accionada, se realizó el debido análisis y motivación del conjunto de requisitos que a juicio de ellos se daban en el caso para acceder a la petición de la parte actora, argumentaciones estas que deben entrar a valorarse, pues si bien la sentencia emitida por ellos fue objeto de revocatoria por parte de la Corte Constitucional en su sentencia T-529 de 2011, en razón a que la decisión libre, voluntaria y espontánea del actor de reintegrarse y prosperidad de la acción constitucional en la forma en que se decretó, implicaban que éste podía acudir a otro medio de defensa judicial para lograr la compensación si optaba por no regresar a la empresa, hacían que no fuera viable la condena en abstracto, no se traduce en que la Sala mayoritaria haya vulnerado el ordenamiento jurídico, o que sus consideraciones fueran inválidas o que no sean cimientos adecuados para la decisión, pues como jueces plurales contaban con la autonomía de interpretar el alcance del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, el cual se consideró tenía el alcance que se le dio en la providencia base de la queja, a efectos de lograr la reparación integral de los daños sufridos al haber sido despedido de su trabajo, estando en un estado de debilidad manifiesta.
Refirieron que el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, no solo incluía el daño emergente, pues la norma en mención al hacer referencia a la liquidación del mismo y los demás perjuicios, ninguna precisión establece respecto a qué se incluye en esos otros perjuicios, y sabiendo que tal concepto comprende los
materiales y morales, y dentro del primero el daño emergente y lucro cesante, se estimó que el caso en estudio ameritaba la aplicación de tal condena con el fin de lograr la protección y reparación integral originada en la vulneración de los derechos fundamentales que sufrió el actor.
Trajeron de presente lo referente a lo expuesto por la Real Academia Española en su vigésima primera edición, en cuanto al significado de “perjuicio” y a su vez a lo expuesto por los autores Adriano de Cupis, en su obra “El Daño” editorial Bosch, y Juan Carlos Henao en su libro “El Daño”. Asimismo pusieron de presente lo analizado por la Corte Suprema de Justicia S.N.G el 13 de diciembre de 1943, siendo Magistrado ponente el doctor Cardozo Gaitán, en lo atinente igualmente al daño, considerando el mismo como la lesión, la herida, la enfermedad, el dolor, la molestia, el detrimento ocasionado a una persona en su cuerpo, espíritu o en su patrimonio, mientras que, el perjuicio, es el menoscabo patrimonial que resulta como consecuencia del daño; y la indemnización es el resarcimiento, la reparación, la satisfacción o pago del perjuicio que el daño ocasionó.
Sostuvieron que en momento alguno la interpretación que se le dio a dicha norma tenga fines dolosos o culposos, en lo que técnicamente hablando dentro del mundo del Derecho cuando dijo el legislador y los demás perjuicios no hizo ninguna distinción, por lo tanto, el intérprete le está vedado hacerla, por lo cual, la conducta a ellos enrostrada en momento alguno se torna antijurídica en el mundo del derecho disciplinario, pues para que sea objeto de reproche el proceder de un funcionario judicial es necesario que su actuar sea abiertamente antijurídico y que afecte el deber funcional sin justificación alguna tal y como lo dice el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 y la sentencia C-948 del 6 de noviembre de 2002.
Igualmente esgrimieron que la conducta a ellos reprochadas no puede endilgársele como antijurídica, tal y como se puede evidenciar de la certificación expedida por el Juez Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, en donde expresa “NO SE SOLICITÓ LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS, NI SE ENTREGARON LOS DINEROS QUE A TRAVÉS DE ESTA ACCIÓN PERSEGUÍA EL ACTOR”.
Esgrimieron que cómo la misma Corte Constitucional, el Doctor GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, salva el voto parcial, consistiendo el mismo en que “ Si tal fuere el caso que el demandante a lo único que tendría derecho es al reintegro pero no a la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de
1997 por la configuración de la incompatibilidad lógica y jurídica ya mencionada”, indicando esto, como al interior de esa Corporación constitucional frente al mismo caso hay criterios de interpretación diferentes, sin que ello implique en momento alguno un proceder que merezca reproches.
Hicieron referencia a sentencias de esta Corporación, en donde se analizó la existencia de faltas disciplinarias derivadas de la interpretación de las normas contenidas en el ordenamiento jurídico, en donde se precisa que la responsabilidad disciplinaria de Jueces y Magistrados no puede abarcar el deber funcional en lo que atañe a la autonomía, de la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias, indicando exactamente las providencias. De igual manera trajeron a colación sentencias de la Corte Constitucional, tales como la T-238 de 2011y la C-417 de 1993, en donde se hace un estudio de la autonomía e independencia funcional.
Finalmente que la decisión proferida por ellos, estuvo motivada y ahí no puede derivarse que su criterio haya estado provisto de arbitrariedad, dolo o culpa, última forma que es la que presuntamente ha dado lugar a la formulación del pliego de cargos en su contra en razón a la interpretación dada al contenido del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991; además la Corte Constitucional en la Sentencia T-751 de 2002 ha señalado los límites de la función disciplinaria respecto a la función judicial de interpretar las normas jurídicas. (v. fls. 284 a 295)
- Por proveído adiado del 27 de noviembre de 2015, se ordenó correr traslado para alegar de conclusión por el término de 10 días, conforme lo previsto en el artículo 169 de la Ley 734 de 2002, modificando por el canon 55 de la Ley 1474 de
12 de julio de 2011; lo anterior atendiendo que en los descargos sólo se solicitaron como pruebas las documentales allegadas al dossier, las cuales fueron tenidas en cuenta para todos los efectos procesales. (v. fl. 68)
- El 3 de febrero de 2016, se actualizaron los antecedentes disciplinarios de funcionarios del disciplinado FERNANDO CASTAÑEDA CANTILLO, en donde se indica que no posee ninguno. (v. fl. 75)
Es competente esta Corporación para decidir sobre las investigaciones disciplinarias que se adelanten, entre otros, contra los Magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, conforme a lo establecido por el numeral
3° del artículo 256 de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996.
En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto
hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.
2.- Marco general del asunto a decidir.
Dispone el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, que la actuación disciplinaria se podrá terminar en cualquier momento; ahora bien, previo a analizar el material probatorio allegado al plenario, la Sala parte del principio según el cual en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta represiva del estado.
Hay que dejar sentado que conforme lo previsto en la Ley Procedimental 1474 de
2011 en el artículo 132, el cual modificó el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, la prescripción de la acción disciplinaria se contabilizará en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria.
El artículo 196 de la Ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos:
“Artículo 196. FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses revistos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este Código”. Resulta en consecuencia imperioso analizar si en su actuar funcional, los doctores FELIX MARÍA GALVIS RAMÍREZ y FERNANDO CASTAÑEDA CANTILLO en su condición de Magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, incurrieron en alguna falta disciplinaria.
De esta manera, el referente legal al que es preciso acudir, a efectos de establecer si los doctores FELIX MARÍA GALVIS RAMÍREZ y FERNANDO CASTAÑEDA CANTILLO en su condición de Magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, son responsables o no de las faltas por las cuales se le llamó a juicio a través del pliego de cargos elevado en su contra el 14 de junio de 2012, es el contenido en los numerales 1º del artículo 153 en relación con el trámite establecido en el artículo 25 del Decreto
2591 de 1991, que establecen:
“ARTICULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:
1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la
Constitución, las leyes y los reglamentos”.

References: artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 5
 artículo 26
 artículo 25
 artículo 169
 artículo 256
 artículo 112
 artículo 19
 artículo 73
 artículo 132
 artículo 30
 artículo 196
 artículo 153
 artículo 25