Source: https://tc.vlex.es/vid/2010-468498482
Timestamp: 2020-02-26 03:25:37+00:00

Document:
STC 149/2013, 9 de Septiembre de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 468498482
Número de Recurso: 211-2010
Sentencia citada en: 74 sentencias, 5 artículos doctrinales, un tema práctico
Mediante escrito presentado en el Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid el 4 de enero de 2010 y registrado el día 13 de enero de 2010, la Procuradora de los Tribunales doña María José Bueno Ramírez, actuando en nombre y representación de Carlos Isidro Pinedo Jiménez, presentó recurso de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento.
En el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Huelva se incoaron las diligencias previas núm. 3053-2005 —luego transformadas en procedimiento abreviado 66-2007—, por los delitos de coacciones y usurpación contra don Carlos Isidro Pinedo Jiménez.
El Juzgado de Instrucción núm. 2 de Huelva, el 10 de agosto de 2006, dictó Auto acordando el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Contra dicho Auto se interpuso recurso de apelación por la acusación particular, que fue estimado por Auto de 4 de diciembre de 2006 dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva, integrada por los mismos Magistrados que dictaron la Sentencia recurrida en amparo. En la fundamentación de dicho Auto se indicaba:
[S]in perjuicio de recordar que se han valorado las diligencias de instrucción a los meros efectos de ponderar si existe un mínimo indicio delictivo de entidad suficiente en lo que de ellos parece derivar, concluye que existe al menos la posibilidad de que se haya incurrido en una infracción de coacciones o más precisamente en un delito contra la administración de justicia de los previstos en el artículo 455 del Código Penal. Pone de manifiesto el propio denunciado, Sr. Pinedo Jiménez, que ha presentado demanda para desvirtuar el derecho dominical que dicen ostentar otros sobre el inmueble cuya cerradura ha cambiado; constando que existe un tercero titular registral a quien favorece la presunción del artículo 38 de la Ley Hipotecaria, y que la medida cautelar pedida por el Sr. Pinedo en el pleito civil entablado no alcanza sino a la prohibición de disponer pero no le convierte en poseedor del piso sobre el que se adopta tal limitada cautela, los actos a que refieren los recurrentes podrían ser considerados un modo de forzar la realización de lo que se entiende es un derecho propio, o merecer otra valoración penal.
El Juzgado de lo Penal núm. 3 de Huelva, dictó el 1 de diciembre de 2008 Sentencia por la que absolvía al demandante de los delitos de los que era acusado. En la misma se contenía el siguiente relato de hechos probados:
Único.-Se da como probado y así se declara que el acusado, Carlos Isidro Pinedo Jiménez, mayor de edad, sin antecedentes penales, en nombre y representación de Agrocosta onubense SCA vendió por escritura pública de fecha 3 de julio de 1998 a la entidad Inforel System Electric S.A., (posteriormente Inforel Sistema de Áridos S.A.), el apartamento-oficina sito en la planta número trece, letra 13 de la Plaza del Punto nº 1 de Huelva; vendiéndolo posteriormente esta última entidad a Garcia&Garcia MENA, S.A. por escritura de fecha 6 de septiembre de 2005.
En septiembre de 2005 el acusado cambió la cerradura del citado inmueble, cambiándola posteriormente en abril de 2007 Carlos Orozco Azcorta, que en esas fechas ocupaba el inmueble el consentimiento del acusado.
Tercero.- [E]n el presente caso se mantienen dos versiones del todo contradictorias, de un lado la de los propietarios actuales del inmueble, la Cía. García & García Mena, S.A. que a su vez adquirió el inmueble en fecha 2005 de la entidad Inforel Sistemas de Áridos, S.A. (antes Inforel System Electric, S.A.), quien previamente la había adquirido de la entidad Agrocosta onubense en 1998 que la compró de la familia del acusado afirma que el acusado de forma violenta y careciendo de derecho alguno ha cambiado en varias ocasiones la cerradura del piso sito en planta nº 13 letra B de la Plaza del Punto. La versión de la Acusación Particular viene corroborada por las documentales entre las que destacan sendas escrituras públicas de compraventa (folios 24 y ss. 118 y ss.) así como pago de recibos de la comunidad de propietarios referidos a Julio de 2005 a Mayo de 2006, (folios 160 y ss.), y sentencias referidas al procedimiento civil seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Málaga (Juicio ordinario 1372/05) cuya firmeza no se acredita, así como las testificales de Antonio y Juan García Lorente, y Antonio González Cortes.
La Sala pudiera compartir los argumentos de la resolución combatida puesto que se han producido entre las partes de este juicio todo un cúmulo de desencuentros y litigios que han desembocado en los correspondientes procedimientos judiciales, así como también la composición de las mercantiles concernidas se puede prestar a la confusión.
Considera la Sala que el tipo penal en el que mejor queda subsumida la conducta del acusado es el de usurpación del art. 245.2 del Código Penal. Frente a la tipificación de los hechos como delito de coacciones o incluso como dos delitos de usurpación y coacciones en concurso, nos inclinamos por considerar que el ánimo del acusado no fue tanto de forzar a otras personas o entidades a asumir una situación impuesta, como el acceder al uso del local. La figura de usurpación entendemos que resulta más específica que la de coacciones, más adecuada al elemento subjetivo del injusto y teleológico de la acción desplegada.
Contra dicha Sentencia el demandante interpuso incidente de nulidad por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: habían dictado Sentencia los mismos Magistrados que suscribieron el Auto de 4 de diciembre de 2006, por el que se acordaba revocar la decisión de sobreseimiento y archivo de las actuaciones; así como se había dictado Sentencia condenatoria, revocando la anterior absolutoria, sin celebrar vista pública, con quiebra de los principios de inmediación, no dando oportunidad al acusado de exponer lo que en su descargo estimase conveniente. Por Auto de 3 de noviembre de 2009 se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones. Dicho Auto fue notificado al Procurador del demandante el 17 de noviembre de 2009.
El recurso de amparo impugna la Sentencia de 10 de junio de 2009 y el Auto de 3 de noviembre de 2009 dictados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva con base en las razones que se resumen a continuación.
Aduce, en primer lugar, que dichas resoluciones infringen el derecho a un proceso público con todas las garantías, así como el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley y a un Juez imparcial. Sustenta la vulneración en el hecho de que los Magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva no se abstuvieran, conforme a lo dispuesto en el art. 219.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pese a haber resuelto anteriormente recursos interpuestos contra decisiones adoptadas por el Juez de Instrucción. Se afirma que no fue posible proponer la recusación por la falta de notificación a la representación procesal del demandante de la diligencia de reparto del recurso de apelación.
En segundo lugar, se considera vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva al haber dictado una Sentencia condenatoria sin la preceptiva celebración de vista pública. Con cita de la STC 167/2002, de 13 de septiembre, se afirma que cuando el Tribunal de apelación ha de conocer tanto de cuestiones de hecho como de derecho, así como cuando ha de estudiar en su conjunto la culpabilidad o inocencia del acusado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que la apelación no se puede resolver sin un examen directo y personal del acusado. El derecho a un proceso con todas las garantías se habría visto vulnerado por la revisión y corrección de la valoración de la prueba por la Audiencia Provincial, sin respetar los principios de inmediación y contradicción en los que se hubiera debido basar para el dictado de la resolución condenatoria.
Por providencia de 16 de julio de 2012 la Sala Primera de este Tribunal acuerda conocer del presente recurso de amparo, admitiéndolo a trámite. En aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), habiéndose recibido testimonio de las actuaciones del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Huelva y de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva, se dirige atenta comunicación al Juzgado de lo Penal núm. 3 de Huelva a fin de emplazar a las demás partes del procedimiento, para que en el plazo de diez días puedan comparecer en el recurso de amparo si lo desean.
Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal de 18 de septiembre de 2012, se tuvo por personado y parte a la Procuradora doña Verónica García Simal, en representación de las sociedades Inforel Sistema de Áridos, S.A., y Garcia & Garcia Mesa, S.A. Se acuerda, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la Secretaría de la Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que puedan presentar las alegaciones que a su derecho convengan.
El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el día 15 de octubre de 2012, interesando el otorgamiento del amparo, y que se declare vulnerado el derecho al Juez imparcial y a un proceso público con todas las garantías, anulando las resoluciones impugnadas.
La representación procesal del demandante de amparo presentó alegaciones mediante escrito registrado el día 23 de octubre de 2012 en el que reitera en lo esencial los argumentos expuestos en la demanda de amparo.
La representación procesal de las sociedades Inforel Sistema de Áridos, S.A., y García & García Mesa, S.A., formuló alegaciones, mediante escrito registrado el 24 de octubre de 2012, solicitando la desestimación de la demanda de amparo. Afirma que no concurren las vulneraciones denunciadas por el demandante. Hace suyos los argumentos del Auto de 3 de noviembre de 2009, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva, indicando que no concurría la causa de abstención del art. 219.11 LOPJ, al no haberse prejuzgado el resultado final del procedimiento por el Auto que revocó el sobreseimiento. Afirma que se respetaron por dicha Sección los hechos declarados probados y que no hubo una nueva valoración de prueba personal.
Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal de 6 de noviembre de 2012, se requirió atentamente a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva para que en el plazo de diez días remitiera testimonio del rollo de apelación núm. 144-2009 dimanante del procedimiento abreviado núm. 254-2008 del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Huelva; al no figurar en los testimonios remitidos en su día.
Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal de 21 de noviembre de 2012, se tuvo por recibido el testimonio, dándose vista a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por diez días.
El Ministerio Fiscal y la representación procesal del demandante mantuvieron las alegaciones formuladas.
Por providencia de 5 de septiembre de 2013 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 9 del mismo mes y año.
El objeto del presente recurso de amparo consiste en determinar si la Sentencia de 10 de junio de 2009, dictada en apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva, por la que se condenó al demandante, y el Auto de 3 de noviembre de 2009, desestimando el incidente de nulidad de actuaciones, dictado por la misma Sección, han vulnerado los derechos a un Juez imparcial (art. 24.2 CE), y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
Se atribuye a la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva, la vulneración del derecho a un Juez imparcial. Tras unos iniciales pronunciamientos en los que situamos la garantía de la imparcialidad dentro del contenido al derecho al Juez predeterminado por la ley (SSTC 47/1982, de 12 de julio, FJ 2 y 44/1985, de 22 de marzo, FJ 4), a partir de la STC 113/1987 de 3 julio, FJ 2, indicamos que el derecho al Juez imparcial debe “entenderse comprendido no tanto en el apartado 1 cuanto en el enunciado del apartado 2 del art. 24 que consagra el derecho a un proceso público ‘con todas las garantías’, entre las que hay que incluir, sin duda, la que concierne a la imparcialidad del Juez o Tribunal sentenciador”.
Procede realizar, a los efectos de la resolución de la cuestión suscitada, una síntesis expositiva de los aspectos básicos de nuestra doctrina sobre el derecho a un Juez imparcial cuyas líneas fundamentales son las siguientes:
La imparcialidad del Juez puede analizarse desde una doble vertiente. Una “imparcialidad subjetiva, que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en la que se integran todas las dudas que deriven de las relaciones del Juez con aquéllas, y una imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el Juez se acerca al thema decidendi sin haber tomado postura en relación con él” (por todas STC 47/2011, de 12 de abril, FJ 9).
La garantía de la imparcialidad objetiva “pretende evitar toda mediatización, en el ámbito penal, del enjuiciamiento a realizar en la instancia o a revisar en vía de recurso” (STC 313/2005, de 12 de diciembre, FJ 2). Esto es “que influya en el juicio o en la resolución del recurso la convicción previa que un Juez se haya formado sobre el fondo del asunto al decidir en anterior instancia o, incluso, al realizar actos de investigación como instructor” (STC 11/2000, de 17 de enero, FJ 4). Tales convicciones previas no merecen, en sí mismas, tacha alguna, pero “la sola posibilidad de que se proyecten en el ulterior enjuiciamiento, o en el recurso que proceda, pone en riesgo el derecho del justiciable a obtener en uno u otro —en el juicio o en el recurso— una justicia imparcial. La Ley, ante tal riesgo, no impone al Juez abandonar o superar las convicciones a las que así legítimamente llegó, ni exige tampoco a los justiciables confiar en que esa superación se alcance. Más bien permite, mediante la abstención de aquél o la recusación por éstos, que quede apartado del juicio del recurso el Juez que ya se ha formado una convicción sobre la culpabilidad del acusado o que puede haberla adquirido en el curso de instrucción.” (SSTC 157/1993, de 6 de mayo, FJ 3 y 11/2000, FJ 4, que cita la anterior).
No basta que tales dudas sobre su imparcialidad surjan en la mente de la parte, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas (por todas, STC 47/2011, de 12 de abril, FJ 9). Se hace necesario examinar las circunstancias del caso, en tanto que “la imparcialidad del Juez no puede examinarse in abstracto , sino que hay que determinar, caso por caso, si la asunción simultánea de determinadas funciones instructoras y juzgadoras puede llegar a comprometer la imparcialidad objetiva del juzgador.” (STC 60/1995, de 16 de marzo, FJ 4, que acomoda la interpretación del mencionado derecho a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos).
Tales dudas resultan de “la incompatibilidad entre las funciones de resolver, o dictar el fallo, con las previas de acusación o de auxilio a la acusación” (STC 11/2000, FJ 4, y las que en ella se citan), o del presupuesto por el que son “constitucionalmente incompatibles las facultades de instrucción y las de enjuiciamiento” (STC 11/2000, FJ 4, y las que en ella se citan). Ahora bien, “no se ha considerado que pierde la imparcialidad objetiva el Juez que decide la admisión de una denuncia o una querella” (STC 11/2000, FJ 4), pues el Juzgado “tiene en los comienzos del procedimiento muy escaso margen de decisión: está obligado por la ley a incoar procedimiento cuando recibe una denuncia, salvo excepciones … Sólo después, conforme avanza la instrucción, se amplían las facultades judiciales: cuando se ha iniciado la comprobación del hecho denunciado, practicándose las diligencias iniciales, puede el Juzgado acordar el sobreseimiento de la causa por los motivos previstos por los arts. 637 y 641 de la Ley (SSTC 34/1983, fundamento jurídico 1 y 2, y 40/1988, fundamento jurídico 3).” (STC 41/1998, de 24 de febrero, FJ 17). Tampoco “consideramos lesionado al derecho a la imparcialidad del juez en el caso de revocación del sobreseimiento acordado por una Sala unipersonal cuando el enjuiciamiento correspondió a una Sala de tres Magistrados” (STC 47/1998, de 2 de marzo, FJ 5). Igualmente no quiebra la imparcialidad cuando el Juez instructor de la causa se limita únicamente a formar parte de la Sala que dicta una providencia de mera ordenación del procedimiento que nada decide, ni en lo concerniente a los aspectos materiales o de fondo del citado recurso de apelación (STC 238/1991, de 12 de diciembre, FJ 3), o cuando únicamente se “ejerció un control de estricta legalidad sobre la regularidad procedimental de la actuación investigadora, acordando su corrección, por razón de la palmaria contradicción de la resolución apelada con la anterior resolución firme del Juzgado ordenando la apertura de diligencias previas” (STC 38/2003, de 27 de febrero, FJ 3).
Examinada la doctrina constitucional procede ahora verificar, atendidas las circunstancias del caso, si se ha vulnerado el derecho del demandante a un Juez imparcial (art. 24.2 CE).
Una vez apreciada la denunciada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías en su vertiente de derecho a un Juez imparcial (art. 24.2 CE), y teniendo en cuenta el necesario efecto de retroacción de las actuaciones judiciales que exige su restablecimiento, debe detenerse aquí nuestro enjuiciamiento, sin que, por consiguiente, proceda entrar a analizar la aducida lesión del derecho a un proceso con todas las garantías.
Declarar vulnerado el derecho del recurrente en amparo a un proceso con todas las garantías, en su vertiente de derecho al Juez imparcial (art. 24.2 CE).
Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de Sentencia de 10 de junio de 2009, dictada en apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva y del Auto de 3 de noviembre de 2009, de la misma Sección, recaída en el rollo de apelación núm. 144-2009, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de la deliberación de la Sentencia, con el fin exclusivo de que se dicte otra nueva por un Tribunal en cuya composición se respete el derecho fundamental reconocido.
SAP Orense 157/2008, 6 de Mayo de 2008
STS 406/2017, 10 de Mayo de 2017
STSJ Murcia , 16 de Diciembre de 2002

References: artículo 455
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución