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Timestamp: 2018-01-23 04:21:40+00:00

Document:
La nueva ley de contratos del sector público: un instrumento para la lucha contra el fraude y la corrupción - Observatorio de Contratación Pública
Más allá del extraordinario volumen de recursos públicos implicados (la Comisión Europea lo cifra en un porcentaje del 14% del PIB de la UE1), la compra pública, además, es un espacio especialmente sensible y socialmente asociado a prácticas corruptas2. No es gratuita esta percepción, sin ir más lejos, si se me permite la auto cita, el 50% de las investigaciones cerradas el año pasado en esta Oficina tuvieron como materia objeto de investigación, precisamente, la contratación pública.
El artículo 1 de la nueva ley, bajo el título "Objeto y finalidad", incorpora por primera vez en el texto articulado de la norma el principio de integridad3 . A pesar de una primera apariencia algo confusa derivada del redactado del propio artículo, el principio de integridad ese sitúa en un mismo nivel que el resto de principios tradicionales asociados a la contratación pública: la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad, la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato entre las empresas licitadoras. No se trata, por tanto, de una mera invocación formal a este principio, sino de una previsión normativa con posibles efectos jurídicos.
El artículo 64 de la Ley 9/2017, bajo el título "Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses", incluye por primera vez una regulación específica de conflicto de interés. El conflicto de interés es un riesgo de corrupción presente en todas las organizaciones del sector público que debe ser gestionado. La posición de la nueva ley en este sentido debe ser valorada positivamente: el primer párrafo del artículo 64 mencionado incorpora un mandato específico a los órganos de contratación que les obliga a una actuación proactiva, de tomar medidas para "prevenir, detectar y solucionar los conflictos de interés que puedan surgir en los procedimientos de licitación ". Será necesario, pues, que los órganos de contratación activen el sistema de gestión de conflictos de interés. En este sentido, esta Oficina puede aportar su experiencia y colaborar con los órganos de contratación a hacer efectivos los mecanismos de prevención, detección y solución.
Cabe destacar, así mismo, la definición de conflicto de interés recogida en el segundo párrafo del artículo 64, inspirado (aunque no reproducido de manera literal) en el artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE4. Esta definición incluye tanto conflictos de interés reales en que se puede encontrar un servidor público, como los denominados conflictos de interés potenciales y aparentes.
Tal como he comentado inicialmente, el 10 de noviembre de 2017 entran en vigor los artículos 328 a 334, recogidos en el Capítulo III ("Órganos Consultivos"5) del Título I del Libro IV de la Ley. Precisamente el artículo 332 crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación6 . Estamos ante un órgano de naturaleza fiscalizadora, integrado por funcionarios de carrera con marcado perfil profesional y designación limitada a 6 años. Se insiste en el carácter de independencia orgánica y funcional de este órgano, a pesar de estar adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Su función principal es la de velar por la correcta aplicación de la legislación en materia de contratación pública y de combatir las ilegalidades. La Oficina independiente debe aprobar la Estrategia Nacional de Contratación Pública, que es un instrumento jurídico vinculante que, entre otros, incorporará medidas que permitan combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación de ala contratación pública. La Oficina Antifraude debe ser un agente activo en la elaboración y el diseño de esta estrategia.
Otras novedades de la Ley 9/2017, vinculadas a la prevención y la lucha de contra la corrupción
1 Comunicación de 3 de octubre del 2017, de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico Social Europeo y al Comité de las Regiones “Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y per a Europa”.
2 En la Resolución del Parlamento Europeo de 6 de mayo del 2010, sobre la protección de los intereses financieros de las comunidades y la lucha contra el fraude, literalmente se afirma: “el sector de la contratación pública es el más expuesto a los riesgos de gestión irregular, fraude i corrupción y que estas conductas ilícitas distorsionan el mercado, provocan un aumenta de los precios y de las tarifas abonadas por los consumidores por la adquisición de bienes i servicios, y siembran la desconfianza respecto a la Unión Europea”
3 La Recomendación de la OCDE, sobre integridad pública, define la integridad pública como “el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados”.
4 El artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE. En su apartado segundo establece: El concepto de conflicto de intereses comprenderá al menos cualquier situación en la que los miembros del personal del poder adjudicador, o de un proveedor de servicios de contratación que actúe en nombre del poder adjudicador, que participen en el desarrollo del procedimiento de contratación o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación.
5 A pesar del título de este Capítulo (Órganos consultivos), este capítulo contiene tanto la regulación de órganos consultivos, como de órganos que no tienen esta función consultiva (Art. 332 que crea la Oficina Independiente de regulación i supervisión de la contratación), como de instrumentos jurídicos que no tienen la consideración de órgano (Art. 334, que regula la Estrategia Nacional de Contratación Pública).
6 En el proyecto de ley de contratos de sector público presentado al Congreso de los Diputados el 25 de noviembre del 2016, se asignaban las funciones de esta Oficina a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. La tramitación parlamentaria del texto ha dado este resultado final.
Director de Investigaciones en l'Oficina Antifrau de Catalunya Curriculum de Manel Díaz Espiñeira

References: artículo 1
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 24
 artículo 332
 Resolución 
 artículo 24