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Timestamp: 2018-05-23 20:41:36+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 334, de 28/09/2017
cve: DSCD-12-CO-334
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 334
- Sobre la participación juvenil en todos los ámbitos. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000185) ... (Página2)
- Sobre participación de los clubes femeninos de fútbol en los ingresos procedentes de las apuestas deportivas del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000677) ... (Página6)
- Sobre el acceso a la reproducción asistida de todas las personas con capacidad gestante, independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, de su estado civil y de su situación familiar. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000942) ... (Página6)
- Relativa al impulso de la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de igualdad y no discriminación. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002189) ... (Página10)
- Relativa al registro en consulados españoles de matrimonios de personas del mismo sexo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001866) ... (Página14)
- Sobre medidas para aumentar la presencia de mujeres en los libros de texto y reconocer su papel en la historia. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001397) ... (Página17)
- Relativa al desarrollo y concesión de un distintivo para los centros de salud que se diferencien por su excelencia en la lucha contra la violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002023) ... (Página21)
- Relativa a la eliminación de estereotipos de género en los ámbitos educativo y laboral a través de la vestimenta. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002285) ... (Página25)
- Relativa al tratamiento igualitario de las parejas de hecho en todo el territorio nacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001602) ... (Página29)
Se abre la sesión a las tres y veinticinco minutos de la tarde.
- SOBRE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN TODOS LOS ÁMBITOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000185).
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Abrimos la sesión de esta Comisión de Igualdad de la jornada del día de hoy, 28 de septiembre de 2017. Tramitamos el orden del día correspondiente que concierne al debate y votación de proposiciones no de ley. La proposición no de ley que vamos a debatir es la que figura en primer lugar en la relación de la que disponen todas y todos ustedes, y es la referente a la participación juvenil en todos los ámbitos, que presenta el Grupo Parlamentario Mixto. Han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Socialista.
Les recuerdo los tiempos, tal y como hemos acordado en su momento, para intervenir en los distintos turnos de debate. El turno del grupo parlamentario que presenta la PNL son cinco minutos, para defender enmiendas disponen de cuatro minutos, y para el turno de fijación de posiciones tres minutos, es decir, cinco, cuatro y tres minutos.
Por tanto, es el turno del Grupo Parlamentario Mixto que presenta la PNL. Señora Sorlí, tiene la palabra.
La participación juvenil en el Estado español ha sido en los últimos años una utopía. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 20 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. La ONU a través de Unicef destaca que la participación introduce la noción de ciudadanía. Por otro lado, la sacrosanta Constitución en el artículo 48 establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Ninguno de estos tres textos tiene consideración de radical por parte de ninguna de las fuerzas políticas que estamos aquí; no obstante, en el Estado español se incumplen sistemáticamente. La ambigüedad y la falta de legislación específica al respecto hacen que la juventud de este Estado continúe sin tener su ciudadanía plena. Por tanto, entendemos que la participación juvenil en el Estado español ha sido una utopía todos estos años. Los recortes constantes de los últimos años, así como la falta de voluntad política han ayudado a esta situación. Por eso traemos aquí esta propuesta, para que desde esta institución instemos al Gobierno a salir de la utopía y a legislar para garantizar la participación juvenil.
La política es el instrumento creado por las personas para organizarnos en sociedad, para Compromís es, además, el instrumento para mejorar la vida de las personas, su día a día, para recuperar sonrisas, y eso de ninguna manera puede excluir a la juventud. Es fundamental desarrollar normativamente el artículo 48 de la Constitución con una ley de participación juvenil donde se regule de forma específica el movimiento asociativo juvenil. Urge crear una secretaría de Estado de juventud que vele por fomentar las políticas juveniles en todos y cada uno de los departamentos ministeriales y en las administraciones públicas para que la participación sea así transversal. Es necesario blindar el Consejo de la Juventud como órgano de participación y representación juvenil, garantizar su independencia respecto al Gobierno central, así como garantizar los recursos económicos tanto para el Consejo de la Juventud estatal como
para su estructura territorial. Además, hay que incluir a los jóvenes y a las jóvenes en la política posibilitando su derecho a voto a los mayores de dieciséis años.
Parafraseando a Clara Campoamor -ya lo hice en un Pleno y me gustaría volverlo a hacer-: Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que joven, y considero que sería un profundo error político dejar a las personas jóvenes al margen de este derecho; a la persona joven que espera y confía en vosotros; a la persona joven que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la Revolución Francesa o en la Transición democrática, sería, indiscutiblemente, una nueva fuerza que se incorporaría al derecho y no hay más que empujarla a que siga su camino. Las luchas de ayer muchas veces son las mismas que hoy. Las mujeres hemos luchado y mucho para conseguir nuestra participación plena y hoy, como mujer y como joven, me atrevo a pedirles el voto a favor de que nuestra juventud tenga una ciudadanía plena. Hoy tenemos la posibilidad de convertir la participación política en una realidad, tenemos la opción de acabar con la utopía instaurada hasta el día de hoy y darle a nuestra juventud el reconocimiento de plena ciudadanía.
Es el turno ahora para la defensa de enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín.
Me gustaría empezar diciendo que me encanta que la representante de Compromís parafrasee a la liberal Clara Campoamor, es una buena señal. Respecto a la participación de los jóvenes, de los menores de edad, es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Niño ratificada por España, concretamente en el artículo 12.
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, es que no se escucha a la persona que está interviniendo.
La señora MARTÍN LLAGUNO: En dicho artículo se señala que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones de este niño en función de la edad y de su madurez. Con tal fin se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas del procedimiento de la ley nacional. Por otro lado, el artículo 48 de la Constitución española señala que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Y lo cierto es que, a día de hoy, la participación de los menores de edad en España es limitada en todos los ámbitos de toma de decisión. Existen organizaciones que defienden intereses y canalizan la participación de los menores, como la Plataforma de Organizaciones de Infancia o el Consejo de la Juventud de España, y organizaciones sectoriales de trabajo específico en este colectivo. Pese a que todos estos derechos a participar y a ser escuchados en la toma de decisiones están consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, dichos derechos no están mínimamente desarrollados ni regulados. Existen procesos reglamentados y un rango legal que dan soporte a otros procesos participativos a nivel local y autonómico.
El Congreso de los Diputados ha dado un paso significativo en esta última legislatura para incorporar la participación de los menores en la política y que se tenga en cuenta sus problemáticas, al crearse por primera vez la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, una plataforma de diálogo y de debate sobre problemáticas de los niños y adolescentes españoles, pero que, por desgracia, no puede contar siempre con la participación de estos. En relación con ello cabe destacar las acciones de la Plataforma de Infancia de Unicef junto con el programa denominado Las Ciudades Amigas de la Infancia y la estrategia La Infancia Opina, que están llevando a cabo un trabajo que persigue lo que desde Ciudadanos ya hemos propuesto en esta Comisión, la voluntad de repetir de manera anual un foro en el que participen los consejos de participación infantil y adolescente en todo el territorio nacional, así como las principales organizaciones destinadas a la protección de la infancia y la juventud como herramienta para fomentar la participación. Este acuerdo político -sin sustento legal, eso sí- es un paso más en la inclusión de los jóvenes en la política, tanto para ser escuchados en la toma de decisiones como para la posibilidad de incidir en ella directamente. Como se ha planteado aquí,
consideramos esencial potenciar la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad, no solo para que tengan voz e influencia, sino también para que aprendan de primera mano una cultura política participativa que forme a ciudadanos y ciudadanas del futuro. No obstante, hemos planteado una enmienda porque creemos que Compromís en esta PNL intenta que se aprueben cuestiones sobre las que el Pleno del Parlamento ya ha votado y se ha pronunciado mayoritariamente en contra.
Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Socialista para defender su enmienda. Señora Cuello, tiene la palabra.
La participación de los jóvenes en la sociedad es vital tanto para la sociedad en la que viven como para su propio desarrollo personal. Es importante la autonomía y la socialización de las personas. En las asociaciones juveniles los jóvenes participan, fomentando la autonomía, el liderazgo, la adaptación y la flexibilidad para llegar a acuerdos. Existen nuevas formas de participación juvenil no organizadas, redes sociales, Internet, las nuevas tecnologías o movimientos civiles. Es importante la adaptación a las nuevas formas de participación juvenil, pero más importante es labrar canales de interlocución que sean eficaces y, sobre todo, representativos de la realidad y de las demandas de la juventud. El asociacionismo ha venido siendo la antesala de la participación, normas como la Constitución y su artículo 22 o la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, han venido fomentando y regulando la participación, al tiempo que han creado un canal estable de interlocución con las administraciones públicas. El desarrollo normativo del derecho de asociación ha permitido garantizar la representatividad de las personas asociadas, lo que a su vez ha fortalecido el papel de la interlocución de las personas representantes de la asociación con las administraciones públicas. Toda apuesta o iniciativa de la juventud debe quedar canalizada en la futura ley de participación juvenil a la que hace referencia esta PNL, que debe definir y consolidar las formas de interlocución entre la juventud y las administraciones públicas, garantizando siempre la representatividad.
En 2013 las Juventudes Socialistas expresaron su total rechazo a la eliminación del Consejo de la Juventud de España por parte del Gobierno del Partido Popular, una medida que tenía un objeto claro, que era silenciar la voz de las entidades juveniles porque les resultaba incómoda. Así lo hicieron también en las comunidades autónomas donde gobernaban en aquel momento, como Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, entre otros territorios, donde suprimieron estos consejos territoriales. Para los socialistas el Consejo de la Juventud de España, desde su creación en 1983, ha realizado una labor impecable, ha supuesto una oportunidad de formación para muchos jóvenes y ha sido el altavoz de muchas reivindicaciones de la juventud española. Señorías, es importante y necesario blindar el Consejo de la Juventud de España como órgano de participación y representación juvenil y garantizar su independencia respecto del Gobierno de España, revirtiendo las modificaciones legales para que vuelva a regirse como actualmente con rango de ley para su correcto desarrollo; garantizar los recursos económicos y también de personal necesarios para mantener su función pública de interlocutores estatales y la participación de la juventud asociada de todos los territorios, garantizando de esta forma que exista un control y un correcto uso de los bienes públicos.
Señorías, como ya defendió mi compañero, Gregorio Cámara, en la proposición de ley de Esquerra Republicana, el Partido Socialista está comprometido desde hace tiempo con el debate para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de dieciséis años y con la necesidad de fraguar el máximo consenso posible. Así lo venimos contemplando en nuestros programas electorales. Somos un partido progresista que siempre se ha situado a la vanguardia del desarrollo de los derechos y las libertades, sirviendo incluso de referencia para muchos otros países y no solo de Europa. Termino esperando que la diputada de Compromís -ya he hablado con ella- acepte nuestra enmienda, que solo intenta mejorar el texto de la PNL original.
Abrimos ahora el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Rodríguez.
Es un placer volver a celebrar esta Comisión de Igualdad que hacía tanto tiempo que no nos reunía a todas. Intervendré muy brevemente para fijar nuestra posición al respecto de esta proposición no de ley de Compromís. Estamos de acuerdo en sus términos y, por supuesto, votaremos a favor. Simplemente quiero aprovechar para compartir dos cuestiones: en primer lugar, como ya ha comentado la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, celebramos la existencia de una Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, que desde mi grupo hemos impulsado por considerar fundamental que se garanticen los derechos de la infancia y de las personas adolescentes. Y en segundo lugar, apoyaremos todas las iniciativas legislativas que se deriven de esta proposición no de ley cuando lleguen al Pleno, que esperamos que sea lo antes posible, pues como se comentaba con anterioridad, no es la primera vez, ya hemos tenido debates al respecto, y pensamos que ya estamos en el momento de dar grandes avances. Agradecemos también, como suele ser habitual en las propuestas que se hacen por parte del Grupo de Compromís, que se respeten las competencias territoriales y, por supuesto, estaremos a favor de cualquier iniciativa al respecto.
Les recuerdo que en esta PNL hay una propuesta transaccional que se ha trasladado a la Mesa, ya se ha repartido y la tienen todos los grupos, para que lo tengan en cuenta a los efectos de la votación.
Seguimos entonces, en el turno de fijación de posiciones corresponde intervenir ahora al Grupo Parlamentario Popular. Señora Heredia, tiene la palabra.
Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular todos estamos muy de acuerdo en la importancia de promover la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de nuestra vida. Nadie se puede negar a esto, pero lo primero que me gustaría decir a la señora Sorlí es que echo de menos que esta propuesta se debata en el seno de la recién estrenada Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, porque creo que allí es donde se deben defender los derechos de la infancia y de nuestros jóvenes. Es una pena que se le reste valor trayendo esta PNL a la Comisión de Igualdad, y más siendo usted portavoz adjunta de esa Comisión. En segundo lugar, analizando la iniciativa hay sobre todo cuatro aspectos con los que no estamos de acuerdo. Primero, en la iniciativa se habla de alcanzar una cultura participativa y, por cierto, en España se lleva bastantes años trabajando en esta participación a través de organismos tan importantes -ya se han mencionado aquí- como el Injuve o el Consejo de la Juventud, que cuenta con recursos económicos que a lo largo de estos cinco años se han incrementado considerablemente con la primera estrategia dirigida a los jóvenes, que fomenta y apoya a la juventud y, además, hace que llegue dinero, con importantes cantidades, a los ayuntamientos y a las administraciones para contratarlos a través del fomento del empleo. Aquí se ha hablado por parte de la proponente de recortes, y en estos últimos cinco años no ha habido recortes, sino incremento de partidas, 2900 millones se han puesto encima de la mesa para contratar a los jóvenes. En España se ha contratado a 1 700 000 jóvenes gracias a estas 211 medidas.
Por otro lado, entre los puntos que ustedes señalan en la iniciativa está el desarrollo del artículo 48 de la Constitución. Tampoco entendemos esa necesidad que ustedes tienen de elaborar una ley cuando a través de los poderes públicos se está trabajando en la promoción de políticas que fomentan la colaboración y, sobre todo, la participación de los jóvenes. Ya se está haciendo, incluso hay una Comisión Interministerial para la Juventud encargada de estos asuntos. Además, han dicho aquí que urge crear una secretaria de Estado de la juventud. Claro que sí, y una secretaría de la infancia y otra para personas mayores y otra de la discapacidad, pero es que al final es dinero en sueldos que quitamos del presupuesto destinado a defender a los jóvenes de los que estamos hablando aquí, al final el dinero no llega a donde tiene que llegar que es a promover el apoyo a los jóvenes. No estamos de acuerdo con este punto de vista.
En cuarto lugar, ha hablado usted de la petición referida a adelantar el derecho de voto a los dieciséis años. Tengo que decirle que este debate debe tratarse en el seno de la Unión Europea porque ahora mismo no tenemos conclusiones definitivas, debería hacerse un estudio y recabar todas las informaciones necesarias para poder votar con juicio. En definitiva, sabemos que algunos jóvenes querrán votar, pero también sabemos que sobre todo lo que quieren es tener un futuro, no sentirse como en estos últimos años de crisis desde 2007 a 2011, en los que se han sentido una generación perdida. Y eso se lo puedo asegurar porque la crisis se cebó sobre todo con la juventud, con un 50 % de tasa de paro juvenil, en
Andalucía, mi tierra, el 60 %. Les puedo asegurar que, hoy por hoy, esas son las reivindicaciones de los jóvenes en España, el tener un futuro y cuando terminen sus estudios no tener que marcharse de su comunidad autónoma, de su país. Creo que a eso debemos dedicar todos nuestros esfuerzos.
Por último, por la presentación de la iniciativa me ha dado la sensación de que nunca se ha hablado de participación de los jóvenes en esta Cámara. Y le tengo que decir a la señora Sorlí, además ya se ha dicho aquí...
La señora HEREDIA MARTÍN: Sí, perdone, señora presidenta. De inmediato.
Como decía, tenemos la Plataforma de Infancia que se ha reunido esta misma semana con nosotros para volver a celebrar el II Encuentro de consejos de participación de España. Es una gran noticia porque se da esa voz que todos queremos que tengan los jóvenes y también los niños y las niñas para que nos hagan llegar a los políticos sus necesidades. Creo que es la mejor manera de darles ese espacio.
- SOBRE PARTICIPACIÓN DE LOS CLUBES FEMENINOS DE FÚTBOL EN LOS INGRESOS PROCEDENTES DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000677).
La señora PRESIDENTA: La proposición no de ley número 2 del orden del día ha sido retirada por el Grupo Parlamentario Socialista.
- SOBRE EL ACCESO A LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA DE TODAS LAS PERSONAS CON CAPACIDAD GESTANTE, INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIENTACIÓN SEXUAL, DE SU IDENTIDAD DE GÉNERO, DE SU ESTADO CIVIL Y DE SU SITUACIÓN FAMILIAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000942).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que figura con el número 3 en el orden del día, referente al acceso a la reproducción asistida de todas las personas con capacidad gestante, independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, de su estado civil y de su situación familiar, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Antes de empezar a exponer en qué consiste nuestra proposición no de ley, quiero decir que se ha realizado en colaboración con la Campaña feminista por el derecho a la reproducción asistida de todas las mujeres, una campaña formada por diversos grupos feministas, por decenas de grupos feministas catalanes que consiguieron llevar sus demandas hasta el Gobierno catalán. La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, establece el derecho a los tratamientos de reproducción asistida de todas las mujeres -y cito- con independencia de su estado civil y orientación sexual. Sin embargo, una orden ministerial establece que solo tendrán acceso a los tratamientos de reproducción asistida las mujeres con -y cito otra vez- un trastorno documentado de la capacidad reproductiva o ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de doce meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos. Así pues, las mujeres lesbianas, bisexuales, las personas transgénero o las mujeres que quieran emprender la maternidad en solitario y que no tengan problemas de fertilidad, quedarían excluidas.
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, dice textualmente que la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual y que los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero que también deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención primaria, asesoramiento o información. La restricción en el acceso a las técnicas de reproducción asistida obedece, pues, a motivos
ideológicos, que se proyectan sobre el control del cuerpo de la mujer y sobre la exclusión de los diversos modelos de familia posible. La gestación no se concibe como una decisión libre y autónoma en la que la Administración no tiene ningún derecho a interferir, y esto supone una vulneración de diversos derechos fundamentales, como el derecho a la salud, el libre desarrollo de la personalidad, la prohibición de la discriminación y la prohibición de la injerencia en la vida privada y familiar. Aparte de atentar contra los derechos sexuales y reproductivos, también supone una discriminación por motivos económicos, puesto que solo quienes disponen de recursos pueden acceder a la sanidad privada para realizar su deseo gestacional. Además, los protocolos médicos existentes hasta la fecha han sido concebidos desde la exclusión de las diversas realidades sexuales, afectivas y familiares, y por ello han quedado obsoletos. Se deben contemplar todas las realidades, que son las que conforman nuestra sociedad actual, diversa y plural.
Por estas razones, esta proposición no de ley insta al Congreso de los Diputados a garantizar en todo el territorio y con carácter gratuito el acceso a todas las técnicas de reproducción asistida en la salud pública, incluida la ROPA, de todas las personas con capacidad gestante, independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, de su estado civil y de su situación familiar. También creemos que es necesario que se prevean dos circuitos diferenciados para las personas que tengan dificultades en la gestación, con problemas de infertilidad o esterilidad y las que no, para que se evite la medicalización innecesaria de estas últimas. La sanidad pública debe contemplar también las realidades específicas de la crianza entre dos madres y garantizar la lactancia inducida para las madres no gestantes. Otro tema fundamental es adecuar los formularios y trámites administrativos del circuito de la reproducción asistida a las diversas realidades sexuales, afectivas y familiares. Es importante también formar al personal sanitario en cuestiones de género y de diversidad LGTBI para que puedan atender adecuadamente las realidades de quienes acceden a las técnicas de reproducción asistida. Por otro lado, consideramos que es imprescindible eliminar los requisitos diferenciados entre parejas heterosexuales y homosexuales en el acceso a la técnica ROPA, en tanto que es una muestra de discriminación por orientación sexual. Deben eliminarse también los requisitos diferenciados entre parejas heterosexuales y homosexuales en la inscripción de las criaturas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida.
A partir de la orden ministerial de la que hablábamos, del 31 de octubre, se ha generado una situación de inseguridad sobre los criterios de acceso a estas técnicas, puesto que una norma de rango inferior contradecía a una ley de jerarquía superior. En algunas comunidades autónomas se optó por seguir asegurando el acceso a esas técnicas asumiendo su coste, mientras que en otras no, por lo que nos encontramos con que se establecen diferencias según la comunidad autónoma. Se ha generado una desigualdad territorial de derechos que nos parece del todo injustificada. En algunas de esas comunidades autónomas, las mujeres que han visto su proceso gestacional interrumpido por la aprobación de esta nueva norma han acudido a los tribunales, que les han dado la razón, lo cual, pensamos, demuestra la validez de las propuestas que hacemos en la PNL y la urgencia de su aprobación.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Puig.
Es ahora el turno del Grupo Parlamentario de Ciudadanos para defender su enmienda.
Tiene la palabra la señora Reyes.
Señorías, en Ciudadanos estamos de acuerdo con lo que en un principio parece plantearse como objeto último de esta proposición no de ley, que es erradicar la desigualdad en el acceso a las técnicas de reproducción asistida, pues, como dice la Ley 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de su vida, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Por ello los poderes públicos deben estar obligados a no interferir en este tipo de decisiones pero también deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable. Pero ese objeto queda completamente desfigurado, pues esta proposición no de ley produce exactamente aquello que pretende evitar: la discriminación en el acceso a las técnicas de reproducción asistida. En efecto, la Orden Ministerial de 2014, aprobada por el Gobierno, limitó el acceso a estas técnicas a mujeres que no pudiesen quedar embarazadas por un trastorno en la capacidad reproductiva o tras un año intentándolo con su pareja de diferente sexo. Dicha orden incumplía lo señalado en la Ley 14/2006, que establece el derecho a los tratamientos de reproducción asistida para todas las mujeres, con independencia de su estado civil y orientación sexual. Lo incumple, porque únicamente las mujeres con
pareja heterosexual, las mujeres con pareja y heterosexuales, encuentran el camino expedito para poder acudir a estas técnicas.
En Ciudadanos creemos que la igualdad de todos los españoles pasa por erradicar este tipo de situaciones discriminatorias y por ello coincidimos... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Reyes.
Señorías, si tienen que transaccionar alguna posición o acordar alguna propuesta, les invito amablemente a que lo hagan fuera de la sala donde se está desarrollando el orden del día, porque la persona que está interviniendo no puede hacerlo con normalidad.
Muchas gracias. Continúe señora Reyes.
Coincidimos, como decía, en ampliar el derecho de acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas, con independencia de su estado civil y orientación sexual. Sí, señorías de Podemos, a todas las personas, sean hombres o mujeres, con independencia de cualquier otra consideración. Por ello, me causa estupor ver cómo el grupo parlamentario proponente permite discriminar a todos aquellos hombres que libremente deseen formar una familia o a aquellas mujeres con capacidad de gestar que decidan libremente ayudar a otros a formarla. Me refiero a la posibilidad, como saben, de acudir a la gestación subrogada como último intento de ver cumplido el deseo de acceder al hecho parental. Deberían aplicarse el cuento, no traten de eliminar una discriminación mediante la introducción de otra. Resulta cómico comprobar lo fácil que es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La verdad es que se trata de un asunto suficientemente grave como para tomárselo a broma. Ustedes acaban esgrimiendo motivos contra la orden ministerial aprobada por el Gobierno, que resultan perfectamente aplicables a su beligerancia contra la gestación subrogada. La exclusión que hacen de todas esas personas que quieren poder acceder a la gestación subrogada, al no haber tenido éxito con otras opciones, obedece, como ustedes achacan a su vez al Gobierno, a motivos ideológicos que se proyectan sobre el control del cuerpo de la mujer y sobre la exclusión de los diversos modelos de familia posible, y añaden, cito textualmente, que la actuación del Gobierno limitando el acceso a las técnicas de reproducción asistida a determinadas mujeres se debe a que la gestación no se concibe como una decisión libre y autónoma, en la que la Administración no debería tener derecho a interferir. Esto es perfectamente aplicable también a la gestación subrogada.
Por si fuera poco, sus señorías parecen ahora preocupadas por la discriminación económica que implica que solo unas pocas puedan acudir a la sanidad privada. Esgrimir estos argumentos mientras rechazan la posibilidad de regular en nuestro país la gestación subrogada, libre, altruista y garantista, nos parece del todo surrealista. Precisamente son ustedes los que actúan igual que el Gobierno que obliga a cientos de españoles a tener que acudir al extranjero para poder formar una familia, que se dejan muchas veces los ahorros de toda su vida y la salud en el camino, que se enfrentan a la inseguridad jurídica de no saber si el registro consular de turno va a inscribir o no a sus hijos.
La gestación subrogada, al igual que el resto de técnicas de reproducción asistida, debe ser una posibilidad a la que puedan acudir aquellas personas que no tengan otra vía para acceder al hecho parental, de la misma forma que las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero o aquellas que quieran formar una familia en solitario deben poder acceder a las técnicas de reproducción asistida que actualmente recoge la ley y en condiciones de absoluta igualdad.
Pasamos ahora al turno de fijación de posiciones. En primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí.
La señora SORLÍ FRESQUET: No voy a intervenir. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez.
Estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad de equiparar derechos y corregir las normativas erráticas y restrictivas de derechos de las mujeres lesbianas y de cualquier otra opción sexual. Es necesario actualizar el marco legal existente, especialmente el catálogo de prestaciones del Sistema
Nacional de Salud, porque es evidente que nosotras, las lesbianas, padecemos inequidades en los servicios de salud sexual y reproductiva en España. Es evidente que existen desajustes entre los textos legales nacionales y los autonómicos relativos a la cartera de servicios en esta materia, lo que conlleva discriminación y desigualdad en el acceso a las técnicas de reproducción asistida por parte de las mujeres lesbianas en función de la edad, y otros criterios de entrada, número de ciclos permitidos, etcétera.
Sin embargo vamos a abstenernos. ¿Por qué? Por la inexactitud técnica de su propuesta. Mire, las técnicas son, científicamente hablando, fecundación in vitro con dos modalidades, la tradicional y el ICSI, la inseminación artificial, también con varias modalidades, y la Ley de Reproducción Asistida, que añade transferencia intratubárica de gametos, pero en realidad esa es una continuación de lo anterior, por lo que en el caso de la fecundación in vitro es imprescindible. ROPA y gestación subrogada no son técnicas en sí, sino que se utilizan las anteriores con otros fines que socialmente pueden ser perniciosos para las mujeres. Además, no vamos a financiar con impuestos la explotación reproductiva de las mujeres, de ninguna manera. Su propuesta utiliza una serie de términos novedosos pero que no tienen base científica ni reconocimiento legal y que, por supuesto, no generan consenso. Dicen ustedes que la aplicación de las técnicas debe realizarse desde la óptica de la codecisión. Evidentemente, está plenamente garantizado en la Ley de Autonomía del Paciente de 2002; son leyes de salud sexual y reproductiva ya existentes, y lo que vale es exigir que dichas leyes se cumplan.
Voy a apuntarles a ustedes dónde hay problemas. En España, aproximadamente el 80 % de los centros que atienden en reproducción asistida humana son privados. El problema, señoría, son las enormes dificultades de acceso a estas técnicas, especialmente en la pública, que es donde se garantiza la igualdad de acceso, sobre todo de parejas con infertilidad, mujeres lesbianas, solas, que son rechazadas a partir de los treinta y nueve años, que es un límite que con los avances científicos del momento está dejando de tener sentido.
Su iniciativa se introduce además en temas de calado científico, pero se percibe, si me permite la expresión, poco soporte técnico cualificado, especialmente en los apartados referidos al ROPA, como técnica de reproducción asistida, y cuando hablan de lactancia inducida. Mire, déjeme que le lea un informe de Médicos del Mundo. España ocupa uno de los primeros lugares europeos en donación de ovocitos y en diagnóstico preimplantacional, lo que ha provocado que sea el principal país europeo en turismo reproductivo. El 50 % de todos los tratamientos de la Unión Europea se realizan en nuestro país. Eso hace, señorías, que aumente la desigualdad y la discriminación, poniendo además en riesgo la vida y la salud de muchas mujeres sometidas a hiperestimulaciones ováricas y técnicas para la donación de ovocitos de forma reiterada.
En cuanto a la lactancia inducida, quiero hacerle varias consideraciones -y voy terminando, presidenta-. Sobre esto, ni la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ni la Asociación Española de Pediatría tienen un solo documento ni una sola guía, no existe consenso -sí lo hay, por supuesto, sobre la promoción de la lactancia materna, que no entra en discusión- y no existen evidencias científicas. Que no haya ningún aval científico y que varios jefes de servicio, nada dudosos en esta materia, a los que hemos consultado no sepan nada del tema, indica que es un asunto a estudiar y en el que hay que profundizar. En el embarazo hay una acción múltiple, compleja y sinérgica, de hormonas, estrógenos, progesterona, lactógeno placentario o la prolactina que prepara a la mama. Una cosa es la mamogénesis, preparación de la mama durante la gestación... Bueno, en fin, no voy a entrar en estas cuestiones, pero sí quiero decirles una cosa...
La señora PRESIDENTA: Entre otras cosas porque tiene que ir terminando, señoría.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: ¿Qué dice la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia? Pues mire, dice que se están utilizando fármacos -cito textualmente, porque los describe todos, aunque no voy a entrar en el detalle- cuyo efecto solo sobre el lactante es desconocido, pero podría ser preocupante. El efecto obtenido con esta medicación se confunde con el de los placebos y su utilización no está generalizada.
Estamos de acuerdo en la necesidad de equiparar derechos y vamos a trabajar para actuar en el marco legal existente, especialmente, como les decía, en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, pero su propuesta mezcla estas cuestiones con otras de tipo conceptual y sanitario sobre las que debemos estar alerta porque suponen riesgo para la salud o están poco investigadas.
Ante esta mezcla de cosas, nos abstendremos, no sin dejar claro que buscaremos acuerdos con ustedes para corregir las normativas restrictivas de derechos de las lesbianas.
Aunque parece que estamos en el primer apartado de la proposición del grupo parlamentario que la presenta, estamos en el turno de fijación de posiciones.
Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Cortés.
La verdad es que después de la lección magistral de la señora Álvarez, casi me he quedado chiquitita y voy a intentar aportar un granito de arena desde el Grupo Parlamentario Popular para decir que no vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley por las razones que intentaré exponer a continuación, que intentaré que sean breves.
En cuanto a los dos primeros puntos de la proposición no de ley, tanto a lo de extender y garantizar el acceso a todas las técnicas de reproducción asistida, incluida la ROPA, como al hecho de hacer dos vías diferenciadas, la verdad es que eso requeriría incluirlo en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, lo que no está previsto actualmente, porque el grupo asesor, integrado por representantes de las sociedades científicas involucradas en el ámbito de la reproducción humana asistida, junto con otros designados por las comunidades autónomas, acordó recomendar, antes de llevar a cabo la regulación correspondiente, que esos tratamientos de reproducción incluidos en esa cartera no deberían contemplar aspectos sustitutivos del uso de esas técnicas, y no solo los terapéuticos o los preventivos de la aplicación de estas. Esa decisión, además, fue adoptada por la comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y después ratificado por el pleno, y exactamente igual el segundo punto. Por tanto, entendemos que sería en el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud, que es donde se adoptan los acuerdos con las comunidades autónomas, donde debería tomarse la decisión. En este momento, las circunstancias no han cambiado, por lo que no entendemos que deban hacerse modificaciones.
En cuanto a eliminar los requisitos diferenciados entre parejas heterosexuales y homosexuales en el acceso a la técnica ROPA, la verdad es que nos resulta un tanto incomprensible la expresión, puesto que si partimos de que el método que se conoce con esas siglas supone, en el lenguaje habitual de las técnicas de reproducción asistida, el intercambio de ovocitos en parejas homosexuales femeninas con fines reproductivos, no entendemos qué clase de aplicación podría tener en parejas heterosexuales.
Respecto a eliminar los requisitos diferenciados entre parejas heterosexuales y homosexuales en la inscripción de las criaturas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida, también la propia Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida establece las condiciones registrales del nacimiento de criaturas nacidas en el recurso a esas técnicas de reproducción. Es verdad que algunos medios de comunicación han recogido algunos casos en los que ha habido algún problema en esas inscripciones, pero creemos que esta propuesta, sin perjuicio de la necesidad de que se pudiera revisar o plantear una nueva legislación que aclare el tratamiento registral de las mismas, lo que haría en este momento sería aumentar la confusión.
En cuanto a la incentivación -y acabo con esto, presidenta- de la lactancia inducida, coincidimos con lo que ha dicho la portavoz del Grupo Socialista de que no se tienen en cuenta las contraindicaciones o los efectos secundarios que puede tener la excesiva utilización de hormonas en las mujeres.
- RELATIVA AL IMPULSO DE LA LABOR DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002189).
La señora PRESIDENTA: Teníamos previsto, según acordamos al inicio, que la proposición no de ley que íbamos a tratar a continuación sería la referente al tratamiento igualitario de las parejas de hecho. Dado que una de las personas que tiene que intervenir no está en este momento, si les parece, señorías, pasaríamos a debatir la proposición no de ley que figura como número 8 en el orden del día, respecto al impulso de la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de igualdad y no discriminación. (Asentimiento).
Esta proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en cuyo nombre tiene la palabra el señor Ruano.
Efectivamente, como todos sabemos, la igualdad de trato y no discriminación se contempla como derecho fundamental e inalienable en todas las declaraciones internacionales de derechos humanos y en toda la legislación, como el artículo 14 de nuestra Constitución que, como todos sabemos, prohíbe expresamente la discriminación por cualquier circunstancia personal o social. A ello hay que añadir la legislación europea, el Tratado de la Comunidad Europea, desarrollado por numerosas directivas, así como, en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, algunas circulares que exponen esta política respecto a la igualdad de género, obligando a llevar a cabo medidas que se refuercen entre sí para promover la igualdad entre los sexos.
Destacan en este ámbito cuatro importantes convenios sobre la igualdad de remuneración, sobre la discriminación, el empleo y la ocupación, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y sobre la protección de la maternidad. Pese a encontrarse plasmado en estas normas y en múltiples y muy diferentes textos legales, la realidad es que estudios económicos y sociológicos señalan que, aun habiéndose realizado muy importantes avances en esta materia, en la actualidad la división sexual en el trabajo y las desigualdades salariales y de oportunidades siguen siendo tremendamente significativas. La discriminación por razón de sexo aparece en las ofertas de empleo, en la temporalidad y en las condiciones laborales; se evidencia el mantenimiento de impedimentos y limitaciones en el caso de las mujeres embarazadas y en aquellas que solicitan el permiso de lactancia o la reducción de jornada laboral. Aparecen así importantes restricciones respecto al cambio de funciones en el puesto de trabajo, que en muchas ocasiones derivan en presión a las trabajadoras o a los trabajadores que terminan en situaciones de mobbing. De ahí también la importancia de la herramienta de los planes de igualdad. De hecho, las empresas que son socialmente responsables, que elaboran y ponen en marcha este tipo de planes, disponen, sin duda, de una ventaja competitiva en el mercado, pues se produce tanto una reducción de costes operativos, gracias a la optimización de los recursos humanos, como una disminución clara del absentismo laboral, relacionado con el mejor clima en la empresa, un incremento de la diversidad y una mejor adaptación en el mercado. Pero la realidad es que la legislación actual impone estos planes de igualdad solamente para un pequeño grupo de empresas, aquellas que tienen más de 250 trabajadores, lo que supone solamente un 1 % de todo nuestro tejido empresarial, quedando fuera de esta categoría el resto de las medianas y pequeñas empresas, que constituyen el 99 %.
El sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social constituye el servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia y el cumplimiento de dichas normas, el asesoramiento en la materia, así como la exigencia y las responsabilidades pertinentes. Es cierto que dentro de los diferentes planes integrados de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se aprueban anualmente de acuerdo con comunidades autónomas, se presta una especial atención a la igualdad entre mujeres y hombres.
Conscientes de la necesidad no solamente de mantener sino también de fortalecer y mejorar la actuación de la Inspección de Trabajo en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, en el acceso al empleo, así como la protección de la maternidad, el embarazo y la lactancia, desde el año 2001 la inspección viene programando varias campañas que han tenido un impacto muy importante, estando incluso previsto su mantenimiento en el año 2018. Les daré un dato. Desde que se aprobó la Ley de Igualdad, las inspecciones en todas estas materias se han multiplicado por tres y, como digo, sigue previsto para el año 2018 el mantenimiento de campañas relacionadas con la discriminación salarial, con la discriminación en la relación laboral, con el acoso sexual y por razón de sexo, con el control y medidas de planes de igualdad, con la comprobación de requerimientos de medidas y planes de igualdad, con la discriminación en la negociación colectiva, en el acceso al empleo y prevención de riesgos laborales con enfoques de género, entre otras. Asimismo, se está trabajando en la elaboración del plan estratégico de la inspección, en el que se aborda de manera específica la actuación de la inspección en esta materia en aras de su potenciación y mejora de los resultados de las actuaciones a realizar.
Esta proposición no de ley pretende reforzar la formación del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en materia de igualdad y no discriminación, fortalecer sus actuaciones con el fin de vigilar el cumplimiento de la normativa reguladora de los planes de igualdad en materia de acoso sexual, normas sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral y cláusulas discriminatorias que pudiesen estar presentes en los convenios colectivos, así como impulsar la labor inspectora para garantizar el respeto pleno de los derechos de las mujeres durante la maternidad, el embarazo y la
lactancia. Todo ello, por supuesto, aprovechando la oportunidad de que se va a desarrollar un nuevo plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Esto es todo. Gracias, presidenta.
No me di cuenta de que la persona que tenía que intervenir por Ciudadanos es la misma por la que hemos cambiado el orden.
Tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
Se han cumplido diez años desde la publicación de la Ley de Igualdad del año 2007, y es verdad que este tiempo ha servido para observar con detenimiento algunos de sus elementos que hay que modificar. La igualdad y la no discriminación en el ámbito laboral por razones de sexo sigue siendo una asignatura pendiente. Somos conocedores de múltiples discriminaciones que no se han corregido todavía mediante la Ley del año 2007, desde la brecha salarial entre hombres y mujeres hasta los techos de cristal, la escasa presencia aún de las mujeres en los consejos de dirección y todavía muchos casos de acoso laboral, acoso sexual en el trabajo y problemas de conciliación familiar y laboral. Es verdad que también hay una necesidad de ayudas sociales destinadas al cuidado de personas que harían que mujeres especialmente vulnerables, porque son las que más soportan esta carga, pudieran estar en mejores circunstancias en relación con los varones. El 47,6 % de las mujeres entre treinta y cinco y cuarenta y cuatro años están inactivas precisamente por el hecho de cuidar a personas dependientes y no poder costear los servicios necesarios a estos adultos.
Otro elemento a tener en cuenta es que la empleabilidad de las mujeres, nuestra empleabilidad, es inversamente proporcional al número de hijos que tenemos, que es algo que no siempre se da en el caso de los hombres. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone, señoría, disculpe un momento.
Por favor, señorías, hay un ruido de fondo que hace imposible escuchar a la persona que está en el uso de la palabra; pero estoy segura, además, de que la propia persona que está interviniendo tiene dificultades para escucharse a sí misma. Por favor, mantengamos un grado de silencio aceptable.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Lo cierto es que para eliminar todas estas discriminaciones existen ya algunas herramientas regladas, pero lo grave y lo importante es que muchas de ellas no se están aplicando. Nosotros hemos hecho referencia aquí a la falta de aplicación real de los planes de igualdad que contemplaban la Ley de 2007. A día de hoy, en España existen 951 empresas que superan los 500 trabajadores, casi un millar más si ampliamos el rango hasta las de 250 trabajadores, y a pesar de ello solamente constan en el registro de planes de convenios colectivos 167 que estén aplicando los planes de igualdad. Por ejemplo, esta casa, el Congreso de los Diputados, no está aplicando un plan de igualdad, cuando somos más de 250 trabajadores. Así que una de las consecuencias directas de la falta de implantación de estos planes es la perpetuación de la brecha salarial entre hombres y mujeres, al igual que la falta de datos sobre algunas cuestiones discriminatorias.
Por tanto, apoyaríamos esta proposición presentada por el Partido Popular si aceptara la enmienda que le hemos propuesto, para incluir esta última parte, que creemos que es indispensable.
Inicialmente, nuestro grupo va a apoyar esta proposición, aunque hemos presentado enmiendas, a las que luego me referiré.
Es verdad que en la legislación hay una igualdad formal: en principio, mujeres y hombres debemos ser iguales cuando trabajamos. Pero luego esto no es así, hay una serie de prácticas empresariales que nos convierten a las mujeres en trabajadoras de segunda clase. Y, básicamente, la desigualdad viene originada por determinados incumplimientos del empresario. Voy a hacer un pequeño recorrido por la vida laboral de una mujer para ver en qué situación nos encontramos. Empezamos con el acceso al empleo: todavía hay ofertas presentadas por nuestros empresarios que nos excluyen directamente; hay prácticas de
selección de personal en las que se nos hacen preguntas tales como si estamos casadas o si tenemos hijos que nos dificultan el acceso al empleo. Llega el momento de percibir nuestra retribución, ¿y qué pasa? Pues que verdaderamente existe esa brecha salarial. La brecha salarial, es decir, que las mujeres cobramos menos que los hombres, no aparece de la nada, tiene su origen en prácticas empresariales. Por ejemplo, la empresa establece pluses de disponibilidad, de especial dedicación que perjudican a las mujeres, porque, en principio, ellas nunca van a acceder a puestos de trabajo configurados con pluses. Incluso, la negociación colectiva tiene un efecto perverso para la mujer: teniendo en cuenta la segregación ocupacional, hay categorías profesionales en los convenios colectivos que están peor retribuidas, aun sabiendo que son mujeres las que mayoritariamente ocupan esos trabajos. En el ámbito de la formación, igualmente, hay prácticas empresariales -es decir, aquí también la discriminación no surge de la nada- que hacen que las mujeres no podamos acceder a los cursos de formación en el seno de la empresa. ¿Por qué? Porque se realizan fuera de la jornada de trabajo, con lo que en muchos casos se ven imposibilitadas para poder asistir, puesto que aun asumen las mayores cargas en el ámbito del cuidado de la familia. Vamos al tema de la prevención de riesgos laborales: igualmente, las mujeres estamos sometidas a riesgos psicosociales, riesgos ergonómicos que, tal como está configurada la prevención en nuestras empresas, actualmente tienen un tratamiento muy marginal. Hay muy pocas empresas que gestionan este tipo de riesgos, que se dedican a evaluar los riesgos ergonómicos y los riesgos psicosociales, lo que una vez más perjudica a las mujeres. En cuanto a las jornadas, tal y como las tenemos configuradas -jornadas partidas, disponibilidad casi absoluta del trabajador hacia la empresa, excesos de jornadas, contratos a tiempo parcial-, es necesario controlar esta cuestión, porque una vez más perjudica especialmente a las mujeres. Y así podríamos referirnos a casi cualquier momento de la relación laboral.
Aunque sea triste, todavía existe discriminación de las mujeres embarazadas, falta de cumplimiento de permisos de maternidad, de excedencia para el cuidado de un hijo, todavía las mujeres nos vemos obligadas a incorporarnos voluntariamente después de una baja maternal a nuestro puesto de trabajo, y, desde luego, creemos que son cuestiones que hay que comprobar y controlar, y el órgano que debe hacerlo es la Inspección de Trabajo. Pero nosotros -y en este punto basamos nuestras enmiendas- no queremos que la actuación de la Inspección de Trabajo se dirija una vez más solo a mostrar datos y cifras a la sociedad, queremos que verdaderamente sea una actuación inspectora que tenga consistencia, que tenga relevancia, que tenga un fin y que no esté amparada en la demagogia. Y para ello pensamos que la actividad de control de la Inspección en materia de igualdad debe ser constante, o sea, en cualquier visita y actuación que realice un funcionario del Cuerpo de Inspectores de Trabajo, no solo sobre la base de campañas, sino de forma permanente. Por otra parte, creemos que es necesaria la existencia de un protocolo y un criterio técnico para unificar las formas de actuación de la Inspección de Trabajo. Mientras que nuestros empresarios no estén implicados de verdad en la igualdad y no consideren a las mujeres como trabajadoras igual que los hombres, creemos que es necesario un control de todas aquellas prácticas empresariales que nos imposibilitan a las mujeres desarrollar nuestro trabajo en cuestiones de igualdad.
Por lo tanto, vamos a apoyar esta iniciativa y creemos que se deben apoyar nuestras enmiendas, que consideramos interesantes y que aportan. (Aplausos).
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra la señora Sorlí.
La señora SORLÍ FRESQUET: Nosotros nos vamos a abstener, porque nos parece que si quisieran hacer todas estas cosas podrían ponerlas en marcha y que simplemente es un titular de prensa.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Bosaho.
La señora BOSAHO GORI: Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.
El Partido Popular nos trae una proposición no de ley relativa al impulso de la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de igualdad y no discriminación, y, como se expresa en la propia exposición de motivos, la igualdad de trato y no discriminación se contempla como derecho fundamental
e inalienable en todas las declaraciones internacionales de derechos humanos. Queremos recordar al Partido Popular que el hecho de que en muchos casos no se cumplan estos derechos no es por desconocimiento de la normativa.
No dicen también que, pese a encontrarse plasmado en múltiples y muy diferentes textos legales y estudios económicos y sociológicos, aun habiéndose realizado importantes avances a día de hoy, la división sexual en el trabajo y las desigualdades salariales y de oportunidades siguen siendo significativas. Queremos decir al Partido Popular que deje de hacerse trampas y, sobre todo, que trate con seriedad la cuestión de la igualdad de trato y no discriminación por razones de género, como se lo vienen pidiendo desde hace bastantes años las organizaciones feministas.
Los cambios que deben llevarse a cabo para dar un giro a la situación son estructurales, y todos lo sabemos. El sesgo de género actual no solo se refiere a las políticas económicas, sino a todas las políticas, desde las educativas hasta las culturales, desde las de acción exterior a las de justicia. Las restricciones al aborto y el tratamiento de la violencia de género son ejemplos sangrantes y transversales a todas ellas. La exclusión de las mujeres frente a los derechos elementales lo impregna todo, señores del PP, y ustedes son conscientes de esta situación. Dejen de marear la perdiz.
Tenemos que aguantar que el propio Partido Popular inste al Gobierno y le recuerde aquello que tenía que haber resuelto hace muchos años. Esta PNL es un brindis al sol, como comentan algunas de mis compañeras, y ni ustedes, como partido, ni el Gobierno están haciendo sus deberes en materia de igualdad de trato y no discriminación. Tenemos muchos ejemplos para ilustrarlo; citaré, de pasada, unos cuantos. En primer lugar, la negativa del Gobierno a equiparar de manera igualitaria e intransferible los permisos de paternidad y maternidad. Es evidente que ningún partido ha querido votar en contra de una medida elemental de justicia para todos y todas. Otro ejemplo es el Real Decreto-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Esta desafortunada reforma laboral del Partido Popular es la responsable de muchos abusos que sufren hoy en día colectivos como las camareras de piso, que todos conocemos. El trabajo de los cuidados al que hoy en día están condenadas muchas mujeres tiene su reflejo en políticas enfocadas a precarizar el mercado laboral, a seguir construyendo barreras en contra de la igualdad y la no discriminación.
Señores del Partido Popular, ¿están ustedes preocupados por la igualdad de trato y no discriminación en el ámbito laboral? Deroguen la reforma laboral, aumenten las inspecciones laborales, acaben con la externalización, formen al personal, vigilen los planes de igualdad... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone, un momento.
Señorías, por favor, vamos a intentar mantener un poquito el tono de voz, porque, si no, es imposible escuchar las intervenciones.
La señora BOSAHO GORI: ... asegúrense de que los planes de igualdad se cumplen por parte de las empresas, doten a las administraciones de inspectores suficientes, busquen la manera de que las empresas publiquen las retribuciones completas, salarios base y todo tipo de complementos. Algunas de estas medidas ya se están realizando en otros países.
El Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no estamos en contra de las medidas que se proponen en esta PNL, estamos en contra de los brindis al sol. Hagan su cometido en favor de la conciliación laboral e igualdad de trato y no discriminación, dotando de recursos económicos a los planes de igualdad. Cuando esto suceda, nos tendrán ahí, sin ninguna duda. De momento nos abstendremos.
- RELATIVA AL REGISTRO EN CONSULADOS ESPAÑOLES DE MATRIMONIOS DE PERSONAS DEL MISMO SEXO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001866).
La señora PRESIDENTA: Vamos a debatir ahora la proposición no de ley relativa al registro en consulados españoles de matrimonios de personas del mismo sexo, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Señora presidenta, ¿y la proposición de ley sobre parejas de hecho?
La señora PRESIDENTA: Señoría, iba la tercera, pero faltaba un portavoz, por lo que estábamos haciendo tiempo. Además, nos comentan que la persona que tiene que defender esta PNL se tiene que ir al Senado a una reunión urgente. Por eso, la planteo en este momento si no hay inconveniente.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: La única objeción es que quien va a defender aquella proposición no de ley tiene que ir a otra Comisión. Por eso, fue la solicitud. Pero no pasa nada. Confiamos en que para la siguiente pueda ser.
La señora PRESIDENTA: Sin duda.
Tiene la palabra el señor Hurtado, por el Grupo Socialista.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señora presidenta.
Si por algo se está caracterizando el siglo XXI, si destacase algo positivo de lo que está significando estas primeras décadas del siglo XXI, diría que es la irrupción del matrimonio igualitario en muchos países. En concreto, ya son veinticinco los países que tienen legalizado el matrimonio igualitario. España fue el tercero, en el año 2005; de las pocas cosas en que hemos estado por delante de muchos países vecinos desarrollados y que siempre nos han llevado la delantera. Como socialista y homosexual, me siento muy orgulloso de que fuesen dos políticos de talla, Rodríguez Zapatero y Pedro Zerolo, quienes supieron ver la transformación que se tenía que llevar a cabo no solamente en la sociedad sino mediante un cambio normativo. Se trataba de un derecho que había que hacer universal porque una parte de la población quedaba excluida, el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, y este derecho es ya una realidad. Son veinticinco los países en el mundo -insisto- que ya lo tienen reconocido en su legislación.
Pero los españoles también tenemos otro derecho, al igual que sucede en el resto de países, salvo algunas excepciones, que es el derecho al matrimonio consular, para personas que requieren de los consulados españoles para poder contraer matrimonio. Es cierto que hay algunos países que lo prohíben. Reino Unido, por ejemplo, no lo acepta, al igual que Austria, Suiza, Venezuela, Guatemala o Uruguay. Son países donde nadie se puede casar en un consulado porque está prohibido. Pero en los demás sí se puede hacer. En nuestro caso, la regulación se establece en el Código Civil y en la Convención de Viena de 1963, que es la que regula el derecho consular y las posibilidades de registrar los matrimonios en un consulado. No obstante, existen una serie de requisitos, como que el país receptor no tenga prohibido el matrimonio consular, que una de las personas sea de nacionalidad española y que una de ellas esté domiciliada en el país receptor donde se ubica el consulado. Esos son requisitos establecidos en la propia Convención de Viena y prevalecen para todos los matrimonios consulares, independientemente de si el matrimonio es entre personas de distinto o del mismo sexo.
Desde 2005 se legaliza en nuestro país el matrimonio igualitario, y, teóricamente, ese matrimonio también se debiese poder contraer en los consulados españoles, en aquellos que reúnen los requisitos establecidos en la Convención de Viena. Sin embargo, curiosamente, hay una doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado que establece un requisito adicional a través de instrucciones y normas internas de funcionamiento de los consulados españoles, y es que para contraer el matrimonio igualitario en estos consulados el país receptor tiene que tener legalizado el matrimonio igualitario, es decir, si de los veinticinco países que tienen registrado este derecho excluimos a aquellos que no aceptan el matrimonio consular, son poco más de veinte países receptores donde en este momento podemos contraer matrimonio igualitario en consulados.
Como he dicho, se trata una instrucción interna, de una doctrina, y me remito a la respuesta del Gobierno y a la respuesta de la Dirección General de Registros y del Notariado. Y lo que esta proposición no de ley pretende es ni más ni menos que eliminar esa traba, eliminar ese requisito añadido, porque significa una discriminación. Diría que es una discriminación administrativa, burocrática que se convierte en una discriminación real. Por tanto, tenemos que eliminarla. Todos debemos comprometernos en eliminar cualquier tipo de discriminación, y he aquí una que hay que erradicar. Desde luego, con esta iniciativa, si sale adelante -estoy seguro de que será así, y sería adecuado que se aprobase por unanimidad de todos los grupos parlamentarios-, esta discriminación se va a erradicar en nuestro país, con lo cual se da un paso más, un avance más hacia la igualdad.
Quiero pedir disculpas al Grupo Parlamentario Popular, porque además había sido el único que me había avisado previamente de la necesidad de tener que acudir a otra Comisión. Faltaba la persona que tenía que intervenir por un grupo parlamentario en concreto, que además tenía que hacerlo en unas
cuantas iniciativas -parece que hoy le dieron mucho trabajo al señor Garaulet- y estaba haciendo tiempo, pero, en todo caso, ha ido en detrimento de su grupo. Le pido disculpas.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Afortunadamente, señora presidenta, tiene solución. Gracias.
Seguimos con el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Garaulet.
Pido mil disculpas a los compañeros y compañeras, porque me han coincidido dos asuntos al mismo tiempo, cosa que últimamente es normal en este Congreso. Lo siento de verdad.
El compañero del Grupo Socialista ha definido muy claramente cuál es la situación, con lo cual para qué vamos a seguir abundando en la problemática. No podemos permitir que en nuestros consulados, que es una extensión administrativa de nuestro país, de nuestra Administración no se realicen acciones que sí permitimos en el territorio nacional. Es algo incongruente, que debemos modificar.
Además, estamos en una Comisión en la que pretendemos y estamos impulsando una igualdad efectiva entre los ciudadanos, es decir, que el colectivo LGTBI consiga una igualdad efectiva y real. Por tanto, hay que modificar esta situación, para que de verdad consigamos igualdad, para que las personas del colectivo LGTBI tengan los mismos derechos que otras personas, independientemente de su orientación sexual, algo que parece mentira que en el año 2017 tengamos que estar pidiendo.
Si bien es cierto que numerosos Estados no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, nuestra actitud hacia esta igualdad de derechos es abrir camino en terceros países, propugnando que hagan políticas de igualdad. Pero esta es una cuestión que se llevará a cabo desde el punto de vista de nuestra acción exterior y no compete en esta Comisión.
Lo que sí hay que dejar claro es que tenemos que defender los derechos del colectivo LGTBI, que hay que propugnar una igualdad efectiva, y, por supuesto, no podemos aceptar que lo que aquí se hace correctamente no se pueda hacer también fuera de nuestro país, en los consulados, que son una extensión de nuestra Administración. Por lo tanto, votaremos a favor.
Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra la señora García Puig.
La igualdad en el matrimonio aún no existe, las parejas homosexuales no tienen garantizados los mismos derechos que las parejas heterosexuales en el extranjero. En la actual sociedad española, de la que tantas personas se han visto obligadas a emigrar debido al desempleo y la crisis, aquellas personas ven cómo fuera de su país, fuera de España, se siguen vulnerando sus derechos en cuanto al matrimonio igualitario. Mientras que en nuestro país pueden celebrarse matrimonios homosexuales entre un contrayente español y un extranjero independientemente de la regulación legal del país de origen de este, no sucede al revés. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con la PNL, y votaremos a favor, para avanzar en la igualdad en todo el mundo.
Tiene la palabra la señora Bastidas, en nombre del Grupo Popular.
En primer lugar, vaya por delante que desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos siempre como positivas todas aquellas propuestas que van en la dirección de avanzar en materia de ampliación de derechos y de facilitar los procesos administrativos para el matrimonio de personas del mismo sexo. En ese sentido, nos parece interesante y creo que abre una reflexión en el ámbito jurídico, particularmente en cuanto a las relaciones consulares, lo que en el fondo de esta proposición no de ley se plantea. Sin embargo, como desde el mismo cuerpo de esta iniciativa que presenta por el Grupo Parlamentario Socialista se explica, estamos delante de una iniciativa que, por un lado, choca con las limitaciones
competenciales de los consulados en el extranjero, al tiempo que, en cuanto a los acuerdos diplomáticos propuestos en su punto segundo, los mismos podrían resultar contrarios, al tenor del artículo 5, f) del Convenio de Viena, sobre relaciones consulares, de 24 de abril de 1963. Y no son estas cosas menores ni tenemos la potestad los diputados y diputadas presentes en esta Comisión de poder alterar o incumplir los acuerdos internacionales, aunque nuestro ordenamiento jurídico reconoce la libertad para celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, como ocurre en la actualidad. Ciertamente, es un valor reconocido en nuestro ordenamiento jurídico y en el de algunos países de nuestro entorno, no en muchos y ni siquiera en todos los de la Unión Europea.
A nuestro juicio, conseguir el objetivo que se plantea, es decir, que sea efectivo, necesitaría de otros cauces, de otros procedimientos de un Estado más complejos, no unilaterales. Y como estoy convencida de que lo que plantea el Grupo Socialista es la consecución del objetivo, por encima de otras cosas, y no simplemente una declaración de intenciones, tal y como está planteada esta PNL, sentimos no poder apoyarla. Señoría, soy diputada por Valencia, y en las Cortes autonómicas se aprobó durante un Gobierno del Partido Popular en el año 2001 la Ley de Uniones de Hecho, una ley que, por cierto, fue pionera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nuestro voto no es favorable a la propuesta en ningún caso significa que estemos en contra de la misma; más bien, al contrario. Lo que queremos señalar desde el Grupo Popular es que no podemos dar nuestro apoyo a esta PNL porque, como se desprende del mismo punto segundo y el propio grupo proponente reconoce, la limitación deviene precisamente de dicho artículo 5 f) del Convenio de Viena, y los acuerdos diplomáticos a que se refiere el apartado segundo difícilmente serían factibles con los países que no comparten la libertad de matrimonio entre personas del mismo sexo, con valor jurídico, como ocurre en nuestro país. Por tanto, para lograr el objetivo se necesitaría mucho más que la aprobación de una PNL en esta Comisión, razón por la que nos vamos a abstener.
- SOBRE MEDIDAS PARA AUMENTAR LA PRESENCIA DE MUJERES EN LOS LIBROS DE TEXTO Y RECONOCER SU PAPEL EN LA HISTORIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001397).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre medidas para aumentar la presencia de mujeres en los libros de texto y reconocer su papel en la historia.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, corresponde el turno para presentar la proposición no de ley a la señora Martín Llaguno.
Los libros de texto transmiten conocimientos, modelos, valores y patrones de comportamiento, y, a pesar de que la legislación educativa aboga por la igualdad, lo cierto es que muchos materiales didácticos siguen transmitiéndonos estereotipos sexistas y relegando a las mujeres a un clarísimo segundo plano. Para nosotros la solución no pasa solo por hacer distribuciones paritarias de la cantidad de personajes, sino por incluir realmente a las mujeres en el discurso histórico. La ausencia de la mujer en el lenguaje, en las imágenes y en los temas de los que es protagonista no solo es un hecho, sino que además ha sido asumida como normal durante mucho tiempo. Cuando aparecemos o cuando hemos empezado a aparecer ha sido casi como un añadido, como un pegote o una cuota que no tiene por qué coordinarse con el resto del material didáctico, y a veces, la mayor parte de las veces ni siquiera aparecemos. La aportación de las mujeres a la sociedad, nuestra aportación, se considera anecdótica y no importante para la explicación de la sociedad en la que nos desarrollamos. Y los datos no son más amables al hablar de ilustraciones: las mujeres solemos aparecer en las imágenes formando parte de una pareja o en un colectivo mixto; y en lo referido a las profesiones, el género femenino, nosotras, somos mostradas con más frecuencia en el ámbito doméstico, cultural y artístico, en el económico siempre y cuando sea realizando actividades de consumo de bienes, y en religioso, mientras que los varones, los hombres, se dedican a la política, a la cultura y a la producción científica. Evidentemente, se trata de una separación sexuada de ámbitos entre el mundo de lo público, más valorado, y el mundo de lo privado, relacionado con lo doméstico, y no es solo que los varones sean nombrados en los textos en notable mayor medida que las mujeres, sino que se transmite que su contribución a la historia y su contribución específica a la construcción del mundo es de mayor relevancia que la nuestra.
Hay estudios que trabajan estas cuestiones, por ejemplo, el de Judith Gutiérrez Sánchez, que extrae algunas conclusiones sobre la presencia de las mujeres en los diversos libros de texto, y dice que nosotras no llegamos a alcanzar ni un mínimo significativo de un 16,3 % en ellos. Pocos saben, por ejemplo, que el Día del Inventor internacional se celebra el 9 de noviembre en honor de la actriz e inventora Hedy Lamar, pocos conocen a precursoras como Hipatia de Alejandría, matemática, astrónoma y filósofa griega; otras vinieron después, como María Sybilla, Carolina Herschel, Émile du Chátelet o, en España, Beatriz Galindo, cuyo nombre llevará -esperemos- un plan de cooperación interterritorial que hemos conseguido poner en marcha con el Gobierno del Partido Popular en esta legislatura. La proporción de mujeres en el conjunto del personal investigador en España es hoy del 39 % y en la Unión Europea, del 33 %. En ambos contextos ya se ha superado el listón del 40 % de presencia de investigadoras en universidades y Administración pública. Sin embargo, continúa siendo muy baja nuestra proporción entre el personal investigador en el sector empresarial, con mejores cifras en España, con el 31 %, que la Unión Europea. Aunque nuestro país está por encima de la media en nuevas investigadoras, doctoras y catedráticas, un 20 %, el número de rectoras no aumenta, y solo hay tres mujeres que son regentes de universidades públicas. En el conjunto de universidades públicas y privadas la proporción de mujeres entre quienes ocupamos los cargos unipersonales del Gobierno, más allá de las rectoras, son solamente del 38 % de vicerrectoras, 28 % de directoras de centro, 28 % de directoras de departamento y solamente el 21 % de directoras de instituto universitario.
Por todas estas cuestiones, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley en la que tratamos de instar al Gobierno a valorar el aumento de contenidos en el currículo escolar a fin de dar a conocer nuestra contribución a la historia y nuestra contribución relevante en los libros de historia. En este sentido quiero adelantar ya que el Partido Popular ha presentado una enmienda que vamos a aceptar porque creemos que es pertinente llevar esta cuestión explícitamente a la subcomisión del pacto nacional por la educación para que podamos tratar esta cuestión puntualmente cuando abordemos los libros de texto. Muchas gracias. (Aplausos).
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular, para defender su enmienda. Señora Valmaña.
Señorías, tomo la palabra para defender la enmienda que el Grupo Popular ha presentado a una iniciativa que desde el primer momento aplaudimos y que aplaudimos fundamentalmente porque entendemos que es un paso más en el largo camino hacia la igualdad, en el que llevamos recorrido un buen trecho pero en el que nos queda todavía un buen trecho por recorrer. Desde luego el reconocimiento de la presencia de las mujeres en la historia, en el arte, en la literatura, en la sociedad, necesariamente tiene que quedar recogido en los libros de texto y en los currículos escolares. Es cierto que la transversalidad de la igualdad es una materia que se recoge y se reconoce en la legislación educativa en España, como también es cierto que el artículo 6 bis de la Ley de Educación establece el reparto de competencias a la hora de establecer los contenidos curriculares a estudiar por nuestros hijos, y así establece que los contenidos comunes y los estándares de aprendizaje que establece el Gobierno se hacen sobre la base de las asignaturas troncales, que pueden ser completadas no obstante por las administraciones educativas autonómicas, incluso por los propios centros escolares, atribuyendo esos mismos contenidos y estándares de las asignaturas de libre configuración directamente a las comunidades autónomas.
Por lo tanto me parece que es, a través de esta enmienda, como se completa y se dota de todo el sentido, y espero que así el Grupo Ciudadanos lo haya reconocido, pero a la intención de que sea efectiva realmente esta pretensión, esta proposición de que vayamos avanzando también en esta materia. Es cierto que estamos ante una cada vez mayor presencia de mujeres en la historia, el reconocimiento de esa presencia se está haciendo a través de sistemas muchas veces informales, a través de las películas, de los programas de televisión, de la literatura, hasta de los comics, pero es cierto también que en los libros de texto seguimos echando de menos a las grandes mujeres, que no solamente nos pueden servir de inspiración sino también muchas veces como impulsoras de modelos. Lo ha dicho la diputada de Ciudadanos, Marta Llaguno, que ha defendido la proposición, pero más allá de los personajes históricos que todos conocemos y que todos reconocemos, necesitamos conocer muchas más, porque la historia no solamente se compone, aunque es importante seguir reconociendo a María Pita o a Agustina de Aragón o a Santa Teresa de Jesús o a Isabel La Católica, sino que la historia está llena de grandes nombres,
algunos de ellos ya están en el currículo escolar ahora mismo, en los contenidos de elementos curriculares nos congratulamos de ver que aparece Ouka Lele, Dorothea Lange, Cristina García Rodero, Sofonisba Anguissola, Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, Emma Hamilton, Camille Claudel, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Tamara de Lempicka, Leni Riefenstahl, Madonna, Pilar Miró, Icíar Bollaín, Josefina Molina, insisto, muchos nombres que no son sin embargo los nombres suficientes, porque junto a ellas echamos de menos a la Roldana, a María Zayas, a Beatriz Galindo, a María Moliner, a Emilia Pardo Bazán, a sor Juana Inés de la Cruz, a Rosalía de Castro, a María Zambrano, o a grandes líderes, no solamente las que he citado, a María Pacheco o a Mariana Pineda o a la princesa de Éboli, que al fin y al cabo tengo que citar a alguna cifontina, que para eso es mi pueblo, o a Victoria Kent o a Clara Campoamor, es decir, a todas estas mujeres que nos inspiran, que nos siguen inspirando y que deben también inspirar a nuestros hijos. Son personajes conocidos, junto a ellas 46 mujeres se reparten los 47 premios nobeles que, si no me he equivocado al hacer el recuento, son prácticamente unas desconocidas. Creo que tenemos materia para seguir abundando en esa igualdad en la equiparación de reconocimiento, no solo por su papel de grandes artistas, escultoras, pintoras, literatas, políticas o mujeres que tuvieron peso en la sociedad sino también de auténticas pioneras. Por todas ellas creo que es de justicia, pero sobre todo por nuestros hijos y por nuestras hijas, que se impulse también la igualdad en la visibilización de las mujeres en la historia, en el arte, en la literatura y en la sociedad. Muchas gracias. (Aplausos).
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Fernández Castañón.
Mi grupo se alegra bastante de que se escuchen estos nombres aquí en esta sala, aunque esta sala no nos permita estar retransmitiéndolo en directo, y somos conscientes de la necesidad de visibilizar la genealogía y el mundo referencial. De hecho nos parece tan importante que queremos también evitar que luego se digan cosas como que Clara Campoamor es una liberal, sin contextualizarlo en su profunda raíz decimonónica republicana y me parece que precisamente tener un poco de perspectiva nos puede venir bien para conocer mejor la historia y la genealogía de la que venimos y la representación que nos ha permitido hoy estar en esta casa. Lo dice Ana López Navajas en un estudio de la Universidad de Valencia, que de cada cien nombres propios que se estudian en la Educación Secundaria Obligatoria 93 son de hombres y tan solo siete de mujeres, y esto no se corrige cuando llegamos a la actualidad, sino que la brecha se abre todavía más. Nos parece importantísimo, tan importante le parece a mi grupo, que además de que siempre nos hemos hermanado con todas las iniciativas que visibilizan a nuestros referentes, pienso en Cien de Cien, una iniciativa de la poeta Elena Medel, pienso en Genealogías, una iniciativa de un montón de poetas de la generación bastante silenciada de los ochenta y noventa, pienso en el trabajo que... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Fernández.
Señorías, por favor, ¿podrían bajar el tono de voz? Gracias.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: ... hace Ángeles Caso, visibilizando a todas las pintoras, que ellas mismas se retrataban y que nos han quedado invisibilizadas en el currículo académico y precisamente porque nos importa tanto, hará algo menos de un año mi grupo parlamentario, el Grupo Confederal, presentó una proposición no de ley en la Comisión de Cultura para abordar esto tanto desde el ámbito educativo como cultural. Una proposición no de ley muy extensa, muy compleja y muy completa, que sin embargo no gozó del apoyo suficiente de dicha Comisión.
Por tanto, nosotros no nos oponemos para nada a esta proposición no de ley, aunque no compartimos la totalidad del espíritu y por eso vamos a explicar ahora el motivo de nuestra abstención, y es que mi grupo parlamentario no va a votar a favor de nada que ponga en cuestión algo como es la paridad y las cuotas. Entendemos, y no voy a hacer ahora aquí una defensa, porque tampoco tengo tiempo, que es una acción positiva y una estrategia feminista que nos permite por ejemplo estar hoy aquí y pensamos que ningún texto que tengamos que votar a favor podría considerar que eso es un parche, sino una medida que hace que podamos estar hablando de todas esas mujeres a día de hoy.
Por tanto, y porque la historia no corrige y el tiempo no decanta, sino que es necesario que haya acciones, seguiremos trabajando en esa proposición legislativa de largo aliento que hemos hecho tanto la
compañera Mar García Puig como yo misma y esperamos que cuando la traigamos aquí no encontremos la respuesta que encontramos precisamente por el grupo proponente de esta proposición no de ley, que fue la del rechazo, sino que nos veamos en esto, porque creo que en lo fundamental sí compartimos el espíritu. Muchas gracias. (Aplausos).
Antes de dar el turno de palabra al Grupo Parlamentario Socialista, ¿el Grupo Parlamentario Vasco? (Asentimiento).
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, presidenta.
Bueno, pues yo voy a aguar un poco la fiesta. ¿En qué sentido? Estando totalmente de acuerdo con los objetivos que la proponente marca en su proposición no de ley, estando totalmente de acuerdo con la exposición de motivos que lo hace, estando totalmente de acuerdo con lo que han dicho otras compañeras, y supongo que van a decir después, sobre la poca visibilidad que las mujeres han tenido en los libros de texto, en historia, en libros educativos, y no solamente en los libros, sino en la globalidad de lo que ha sido el stablishment cultural incluso que ha marcado lo que se tenía que estudiar o no, nada que objetar, me parece que la proposición falla en dónde ubica o dónde coloca esa petición que hace. Digo que falla en el sentido de que los que defendemos, por ejemplo, el caso de Euskadi, que tenemos competencias plenas en materia educativa y que tenemos la capacidad de ejercer nuestros propios currículos y entendiendo lo que decía la portavoz del Partido Popular, pero también entenderá que lo que dice el Estatuto de Euskadi en cuanto a capacidad de enseñanza y los que no queremos que el Estado impongan currículos, pues no nos gusta que esto tan importante se deposite en manos del Estado para que marque esos criterios de lo que debe de ser esa presencia.
Por lo tanto, y estando de acuerdo en cuáles son los objetivos, pero como no nos gusta dónde se ha depositado o a quién quiere que ponga esas materias en el currículum, nos vamos a abstener. Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Flórez.
Los libros de texto, y no solo los libros de texto, lo acaba de decir el señor Agirretxea, también todos los distintos materiales escolares usados en el aula en distintos soportes, además de concretar los objetivos y contenidos curriculares, articulan la visión del mundo que nos rodea y por tanto su influencia sobre nuestros y nuestras estudiantes es relevante. Desde hace cerca ya de cuatro décadas hay numerosos estudios e investigaciones que han analizado el modo en el que los manuales escolares contribuyen a la perpetuación de las desigualdades, a la transmisión de roles y de estereotipos sexistas. Las investigaciones llevadas a cabo, en un principio de carácter cualitativo, últimamente cuantitativo, han señalado el escaso avance que se observa en lo relativo a la eliminación del sexismo y el antropocentrismo en los métodos escolares.
Esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos es tan bien intencionada como fútil. Miren, señorías, no es una cuestión de bulto, de cantidad, de porcentajes, de cuotas de autores o autoras o de personajes, es un problema de contenido y esto aunque lo menciona en la exposición de su iniciativa, ni lo resuelve ni siquiera roza alcanzarlo. Deberían saber perfectamente, además ustedes están en Educación, que los currículos están sobrecargados, o igual lo sabe y por eso en su propuesta pone valorar el aumento, porque la conclusión ya la conocen, no se puede seguir hinchando el currículo porque además, le repito, no es una cuestión de cantidad o de cuota, como ha dicho usted, pero que luego no lo aplica en la proposición no de ley, sino de contenido, de calidad, de equidad y de igualdad.
Nos proponen en su texto inicial que hay que trabajar con las comunidades autónomas para que haya mayor presencia a través de asignaturas, y una vez más todo pasa por las asignaturas. Las asignaturas son relevantes, pero hay más vida en los centros que la impartición de asignaturas y hay otros modos de trabajar la perspectiva de género y la coeducación en las instituciones escolares. Tenemos una ley modélica en materia de igualdad, de su falta de desarrollo, deberá también ser la causa la falta en los avances en el lenguaje no inclusivo, en la presencia de arquetipos sexistas, en la ausencia de la presencia femenina en el relato o en la hegemonía masculina en el discurso histórico.
Estamos de acuerdo en el fondo de su proposición, en su intención, en la necesidad de potenciar el papel de las mujeres en todas las áreas de conocimiento y por eso apoyaremos su iniciativa, pero usted es consciente de que no es la manera más seria y adecuada de enfrentarse al problema y de resolverlo. Muchas gracias. (Aplausos).
- RELATIVA AL DESARROLLO Y CONCESIÓN DE UN DISTINTIVO PARA LOS CENTROS DE SALUD QUE SE DIFERENCIEN POR SU EXCELENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002023).
La señora PRESIDENTA: Teniendo en cuenta que hemos acordado que la PNL que figuraría con el número 5, sobre el tratamiento igualitario de parejas de hecho, la pospondríamos para el final, para que pueda defenderla la persona que tenía otro compromiso ineludible, procedemos entonces a tratar la PNL relativa al desarrollo y concesión de un distintivo para los centros de salud que se diferencien por su excelencia en la lucha contra la violencia de género, que figuraría con el número 7, y que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Para defender la misma tiene la palabra la señora Dueñas.
Señorías, según la Organización Mundial de la Salud la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye un grave problema de salud pública y una violencia de los derechos humanos de las mujeres. Como señala la OMS, una respuesta adecuada del sector de la salud puede ser de una gran ayuda para la prevención de la violencia contra la mujer y la respuesta consiguiente. La sensibilización y formación de los prestadores de servicios de salud y de otro tipo constituyen por tanto otra estrategia importante. Para abordar de forma integral las consecuencias de la violencia y las necesidades de las víctimas y supervivientes se requiere una respuesta multisectorial.
Señorías, a nadie se le escapa la mayor vulnerabilidad a los problemas de salud que tiene una mujer maltratada, tanto físicos como psíquicos, problemas que van desde las contusiones, heridas superficiales de diferentes localizaciones, fracturas, dolor crónico, dolores de cabeza, de espalda, articulaciones, de abdomen, excesivo cansancio, tensión muscular, pérdida de apetito, infecciones de vías urinarias, enfermedades de transmisión sexual y también, señorías, consecuencias muy graves para la salud mental de las víctimas, trastorno por estrés postraumático, reacción por estrés agudo, síntomas depresivos y de ansiedad reiterativa, incluyendo, según los expertos, diversas somatizaciones. Y un dato más, el riesgo de suicidio es hasta cuatro veces mayor en las mujeres maltratadas que en las que no lo son.
En definitiva, las consecuencias que para la salud de la mujer víctima de violencia de género tiene, estas son realmente terribles, consecuencias que no deben pasar desapercibidas para los profesionales sanitarios, sintomatologías, señorías, que incluso en muchas ocasiones, como señalan los profesionales, no cuentan ni siquiera las propias mujeres, lo hacen y aprovechan para hacerlo a través de hacer referencia a alguna preocupación respecto a síntomas o signos que pueden presentar sus hijos o hijas porque no olvidemos que la exposición reiterada a un ámbito de abuso, de maltrato hacia la madre, constituye una forma grave de maltrato hacia los menores y que derivan en problemas conductuales y emocionales.
En este sentido es importante reseñar, así nos lo han expuesto de manera muy clara alguno de los expertos que comparecieron en la subcomisión que ha dado lugar al Pacto de Estado que hemos aprobado hace escasamente unas horas, que la consulta de atención primaria de los centros de salud es un lugar ideal por su cercanía y accesibilidad de los profesionales para la detección precoz y la intervención con mujeres en situaciones de maltrato. Por ello considero que es fundamental que los médicos de familia de los centros de salud tengan, como muchos tienen ya, una postura activa ante signos de sospecha y factores de mayor vulnerabilidad que pueden presentar una víctima de violencia machista.
Sí, señorías, para ello, como nos reclaman, es fundamental insistir en algo que también hemos insistido mucho en el informe del pacto, la formación, lo dicen los profesionales, formación obligatoria especializada, continua y evaluable en esta materia, formación que les permita visualizar aún más si cabe y poner en marcha los recursos asistenciales, pero muy especialmente formación dirigida a aquellos que están en primera línea, como los médicos de familia de los centros de salud, formación que les ayude a
una mayor concienciación y a subrayar la importancia de la violencia de género como un problema de salud pública de primera magnitud que afecta a la mujer por el hecho de ser mujer.
Como todos sabemos, los profesionales sanitarios ya disponen de protocolos para abordar la violencia de género, protocolos adecuados y bien elaborados, que igualmente serán objeto de revisión y refuerzo, como también se encuentra ya regulado en nuestro Sistema Nacional de Salud la concesión de un sello de buena práctica, reconocimiento de buenas prácticas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a propuesta de la Comisión contra la Violencia de Género, un reconocimiento, señorías, que se otorga a proyectos o a experiencias, como por ejemplo el reconocimiento último que se otorgó al Programa Atiende, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, como modelo de atención a las víctimas de violencia de género, un proyecto que se puso en marcha en el 2005 en el servicio de psiquiatría del centro hospitalario para la atención e intervención del daño emocional.
Sin embargo, traemos esta iniciativa porque entendemos necesario incentivar aún más si cabe a los centros de salud, a los médicos de familia que trabajan en esa primera línea, que, como decía, es mucho más accesible para la mujer, porque los expertos informan que la labor de vigilancia y detección que ordenan los propios protocolos de actuación, indican que al menos en medicina de familia algo está fallando, puesto que apenas el 5 % de los casos de violencia de género son detectados en este piso asistencial.
Un dato más. En la última encuesta del Ministerio de Sanidad, hecha entre sanitarios y que podría explicar algo esto, se señala que solo un 31,3 % de los profesionales se habían leído el protocolo de violencia de género y que solo el 24,5 % de médicos de atención primaria preguntaba regularmente por cuestiones relacionadas con la violencia de género. Y a esto hay que procurarle soluciones. Hemos avanzado mucho, no voy a entrar en el detalle, en esas medidas que van a ser puestas en marcha a la mayor brevedad en materia sanitaria y en todo lo relacionado con la formación, con el diagnóstico diferencial, con los protocolos de cribado, hemos avanzado mucho, señorías, pero además de todo ello, y centrándonos fundamentalmente en los centros de salud, en los médicos de familia, lo que aquí traemos hoy es otra cosa, otra cosa que nace para desarrollar y ayudar a desarrollar todo lo demás. Buscamos con esta iniciativa otra forma de concienciar, de estimular, de implementar estándares de calidad, en definitiva, de conocer la excelencia en la detección precoz e intervención sanitaria en lo que se refiere al abordaje de la violencia de género que desarrollan los médicos de familia y el personal de enfermería de los centros de salud y hacerlo promoviendo el desarrollo de un distintivo que reconozca a los centros de salud que se diferencien por su excelencia en la lucha contra la violencia de género. Hay ya algunas experiencias en otros campos, en el ámbito educativo, el distintivo de calidad de centros docentes, que ha dado magníficos resultados, y hacerlo además desde una coordinación absolutamente respetuosa y activa con las comunidades autónomas para trasladar y complementar las buenas prácticas que se desarrollan en estos centros. Porque debemos seguir innovando para alcanzar este objetivo de prevenir desde todos los frentes posibles, les pido que apoyen esta iniciativa. Muchas gracias. (Aplausos).
Se han presentado dos enmiendas. La primera de ellas es del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Martín.
Señorías, a pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha, todavía hay un número muy alto de mujeres y de niños que son asesinados año tras año. Ahora mismo, hoy, hemos tenido esta tarde otra víctima más, otra asesinada más.
Esperemos que con el Pacto que hemos aprobado esta mañana, con una abstención para nosotros inaudita de Podemos y de las confluencias, hoy nos acerquemos a la erradicación y al tratamiento de la solución de este problema, y yo creo que es el momento de implementar este pacto. Volviendo al objeto concreto de esta PNL, que hace alusión, aparte de las cuestiones que hemos tratado en esa subcomisión, en Ciudadanos creemos que, efectivamente, uno de los ámbitos en los que sin duda podemos mejorar en la lucha contra la violencia de género es en el de la atención sociosanitaria que debe convertirse en el chivato de las actitudes violentas contra las mujeres y sus hijos. Así quedó claro en las comparecencias que pudimos escuchar durante la subcomisión y por eso avanzamos ya que vamos a apoyar la PNL del Partido Popular, aunque hemos presentado una enmienda, que creo que nos van a aceptar con una transaccional.
En Ciudadanos creemos que la detección temprana es igual de importante que la prevención, igual de importante que la intervención, pero no solo son necesarias medidas que impidan que se desarrollen comportamientos violentos sino también medidas que saquen a la luz la existencia misma de esta violencia ya desde sus primeras manifestaciones, porque solo así vamos a poder evitar eficazmente la escalada que muchas veces sigue el maltratador. Precisamente son muchos de los servicios de la administración los que a menudo en su día a día ven a las mujeres a pie de calle y son elementos de valoración y de detección de esta violencia machista, que a veces ellas no se atreven a denunciar. La atención primaria es uno de estos servicios, uno de los servicios más cercanos a la ciudadanía y en este servicio las relaciones existentes entre pacientes y profesionales crean en muchos casos vínculos y relaciones de alta confianza que permiten que estas mujeres transmitan todo tipo de problemas a estos profesionales. Por eso la contribución de los profesionales de atención primaria puede ser una herramienta que creemos muy útil para erradicar la violencia de género, una herramienta que, por desgracia, hasta ahora nosotros creemos que ha estado infrautilizada y los profesionales no siempre han estado bien informados sobre las herramientas a su disposición para poder denunciar este tipo de agresiones. Lo que no puede ser es que, según la última memoria, tan solo el 0,01 de las denuncias interpuestas por violencia de género en estos últimos siete años correspondan a las interpuestas por profesionales sanitarios de cualquier ámbito, algo está fallando cuando existe esta brecha entre el porcentaje ínfimo de denuncias y la realidad que los profesionales en su atención día a día perciben de estas mujeres maltratadas y si hay cosas que están fallando y hay descoordinación, creemos que es importante instar a que esta descoordinación sea corregida.
No parece que el principal problema sea el desconocimiento, porque sirva como ejemplo que el 73 % de los profesionales conoce los recursos de atención a las víctimas de violencia de género del sistema sanitario y el 55 % conoce el protocolo de actuación de su comunidad autónoma y el 90 % lo considera útil. Al contrario, nosotros creemos que lo que fallan son los recursos, las herramientas concretas que permitan a los profesionales poner en marcha los avisos y las denuncias de estas dramáticas situaciones, debemos continuar con la formación y creemos por eso que la atención primaria debe ser uno de los principales altavoces para el descubrimiento de maltratadores. Por eso vamos a apoyar la proposición del Partido Popular.
Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Socialista para defender su enmienda, señora González.
La señora GONZÁLEZ PELÁEZ: Señora presidenta, señorías, en un día tan importante como el de hoy, en el que el Pleno de esta Cámara acaba de aprobar por mayoría el informe de la subcomisión para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hay que agradecer que sigamos teniendo la posibilidad de hablar en esta Comisión una vez más de violencia de género. Bienvenida sea esa oportunidad, aunque en realidad el Grupo Socialista hubiera preferido que se tratase de una propuesta que hiciera recaer la responsabilidad en el Gobierno y que tuviera un contenido concreto de cómo se van a llevar a cabo las actuaciones que hacen referencia al ámbito sanitario para conseguir los objetivos recogidos en ese pacto de Estado, una propuesta que se limita a la creación de un distintivo de calidad para los centros sanitarios, que destaquen en su lucha contra la violencia de género, hace recaer en la responsabilidad o más bien en la voluntad de los centros y de los y las profesionales que los mismos trabajan en el desarrollo de estas medidas, dejando en manos del Gobierno la responsabilidad residual de darlas a conocer o difundirlas, con la esperanza de que sean repetidas y recogidas por otros centros de salud o centros sanitarios.
Por eso hemos planteado una enmienda, que no va a ser aceptada, que lo que pretendía era que ese distintivo de calidad fuera realmente un distintivo a la excelencia y que distinguiera aquellas prácticas que fueran más allá del cumplimiento o de la puesta en marcha de medidas que por estar recogidas en el pacto de Estado deben de ser de obligado cumplimiento en todos los centros de salud de nuestro territorio, porque en ningún caso la atención que reciba una mujer que sufre violencia de género puede depender de que sea asistida o de que sea atendida en un centro con excelencia o no, hay un mínimo de atención que deben tener todas las mujeres y los y las menores a su cargo, residan donde residan y acudan al centro sanitario al que acudan, y eso es responsabilidad del Gobierno que sea así.
La violencia de género, como ya se ha dicho aquí, es una cuestión de salud pública que se calcula que en nuestro país afecta a la integridad física y psicológica de más de dos millones de mujeres, de las que casi un 50 % cuentan con menores a cargo, además en lo que va de año, y si hoy hemos tenido una nueva víctima pues ya hemos alcanzado el número de mujeres asesinadas que ha habido el año pasado.
Sabemos que el papel de los y las profesionales del ámbito sanitario, tanto en la detección, especialmente en la detección precoz, como en la atención y en el seguimiento de la situación de estas mujeres es crucial, por una parte porque la mayoría de estas mujeres acuden a esos centros sanitarios, algunas lo hacen a los centros de urgencia cuando sufren una agresión, otras lo hacen a través de los centros de atención primaria, dada la especial relación de confianza que existe con ese personal, al que relatan en algunas ocasiones sus situaciones de violencia de género, aunque no interpongan denuncia, y a estas hay que añadir aquellos casos en los que las mujeres, aun no relatando las situaciones que están viviendo en ocasiones, porque ni ellas mismas las saben identificar, presentan una serie de patologías en sus historias clínicas que pueden llevar a una detección precoz de esas violencias. No podemos permitir que por desconocimiento, por falta de protocolos de actuación, por falta de formación o escasez de recursos, o por miedo de los profesionales, estos casos pasen desapercibidos o se detecten cuando ya sea demasiado tarde. De ahí que la Ley Integral contra la Violencia de Género ya hiciera referencia al ámbito sanitario, de ahí todos los protocolos, tanto el protocolo a nivel nacional como el protocolo sanitario de las comunidades autónomas, y de ahí, todas las medidas que este pacto de Estado recoge y que dan un paso más allá de lo que se venía haciendo en este momento, poniendo énfasis, por una parte, en el cribado a través de los datos que obran en las historias clínicas de las pacientes, en la detección precoz, y por otra, en la coordinación con el resto de los profesionales que obran en los centros de salud y en el seguimiento de la situación de las mujeres. Estas cuestiones son básicas y van allá de la remisión del informe al juzgado, que aunque importante es claramente insuficiente ante un problema tan complejo como es la violencia de género y en cómo afecta a las mujeres que la sufren y, sobre todo, en su toma de decisiones. Los profesionales sanitarios necesitan que desde el Gobierno se impulsen protocolos de actuación que les den seguridad, de tal forma que no hagan recaer exclusivamente en el ámbito sanitario la atención de las mujeres, ya que en todo caso tiene que ser integral y multidisciplinar.
Por todo ello, el Grupo Socialista plantea que este distintivo de calidad, que por otra parte solo sería dar un paso más al reconocimiento de buenas prácticas que ya se está llevando a cabo en el ámbito sanitario, tenga un contenido mínimo. Dicho de otra manera, no podrá acceder a este distintivo de calidad el centro que no acredite cumplir con una serie de requisitos que se establecerán en función de las medidas recogidas en el pacto de Estado: que los sanitarios cumplan todos los protocolos; que tengan una plantilla formada; que se haya establecido un protocolo de cribado a través de las historias clínicas; que haya protocolos de coordinación con los profesionales no sanitarios.
En definitiva, creemos que esta iniciativa es empezar la casa por el tejado. En primer lugar, lo que debería haber hecho el Partido Popular es haber puesto el énfasis en poner en marcha las medidas básicas que recoge el pacto de Estado y no empezar por un certificado de excelencia, salvo que se pretenda que los centros que no cumplan con estas medidas del pacto puedan acceder a la excelencia y en ese caso no contarán con el apoyo de este Grupo Socialista. Por tanto, si no se acepta nuestra enmienda nosotros nos abstendremos.
Ahora pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Mixto? (Pausa). ¿Grupo Vasco? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Rodríguez Martínez.
Bueno, qué se puede decir de esta proposición no de ley. En primer lugar, lo primero que sorprende es la fecha en la que se registra esta proposición no de ley, que yo diría que debe ser más o menos la semana en la que estábamos debatiendo este mismo asunto en la subcomisión del pacto de Estado contra la violencia de género. Si de verdad el Partido Popular quería que este asunto hubiera estado incluido como una medida relevante, quizás hubiera sido tan sencillo como proponerlo en la subcomisión y en este momento formaría parte del dictamen. Esta es la primera sorpresa, pero no vamos a darle más importancia. Incluso llegamos a discutir esto mismo en la subcomisión.
En segundo lugar, cuando decía la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos que nuestra abstención en el pacto de Estado era inaudita, quiero decirle que no es inaudita y está más que justificada por motivos políticos, que se explican perfectamente cuando aparecen este tipo de propuestas como la que nos encontramos hoy aquí.
Vamos a imaginarnos por un momento que de verdad lo que necesitan las mujeres maltratadas de este país es que el Gobierno decida dar sellos de calidad a los hospitales para que las puedan atender. Por favor, un poco de respeto. El día que se ha aprobado el pacto de Estado no podemos estar defendiendo ese tipo de iniciativas y creernos que esto en serio va a resolver los problemas de las mujeres maltratadas y la violencia machista. ¿Para qué sirve este sello exactamente, para que los hospitales se pongan a competir entre unos y otros para ver quién lo tiene?
Porque si el problema que tenemos es que hay hospitales que no funcionan suficientemente bien y que no tenemos todas las herramientas para luchar en el ámbito del Sistema Nacional de Salud contra la violencia de género, yo les propongo una serie de medidas para que las cosas empiecen a funcionar mejor en la sanidad. ¿Por qué no derogamos el Real Decreto 16/2012 y así nos aseguramos de que todas las víctimas de trata que son migrantes pueden ser atendidas en la sanidad como corresponde? ¿Por qué no derogamos la Ley 15/1997 y nos cargamos todo el sistema de privatización del Sistema Nacional de Salud y así nos aseguramos de que hay suficientes profesionales pagados como corresponde, con las condiciones que corresponde, sin copagos farmacéuticos, sin gestiones privadas en las que la gente enferma más -esto no lo digo yo, sino la Organización Mundial de la Salud sobre la privatización de la sanidad- y muere peor? ¿Por qué no hacemos todo esto? Es alucinante lo de esta proposición no de ley, es una maldita vergüenza que el día que ustedes aprueban -sin nosotros- este pacto de Estado pretendan decirnos que esta es su manera de seguir haciendo política para luchar contra la violencia machista.
Por tanto, a nosotros nos parecería fantástico que se dijese cada lugar del mundo en el que se lucha contra la violencia machista y nos parece estupendo que así sea en los hospitales que consideren que tienen una atención especializada con esta cuestión, tanto es así que en su momento en la discusión de la subcomisión nosotras habíamos propuesto que hubiese unidades de género en los hospitales para que se pudiese coordinar interdisciplinariamente, como tiene que ser, toda la cuestión de las mujeres maltratadas dentro del Sistema Nacional de Salud. A ustedes tampoco les parecía muy bien esta propuesta, así que tampoco está incluida en el pacto de Estado. De todas formas esta proposición no de ley ya no es que esté bien o mal, es que da exactamente igual. Por tanto, mi grupo se va a abstener porque creemos que si queremos hacer sellos, bueno, pues que se hagan sellos, pero esto no es lo importante para luchar contra la violencia machista. Es vergonzoso -insisto- presentar esta proposición no de ley el día en que hemos presentado el pacto.
- RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LOS ÁMBITOS EDUCATIVO Y LABORAL A TRAVÉS DE LA VESTIMENTA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002285).
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos a debatir el punto 9.º del orden del día: proposición no de ley relativa a la eliminación de estereotipos de género en los ámbitos educativo y laboral a través de la vestimenta. Para su defensa, por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
Vamos a defender nuestra proposición remitiéndonos a la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, donde se detalla que precisamente es necesario eliminar los estereotipos de género, así como los roles de género porque tienen una gran influencia en el reparto de tareas tanto en el ámbito doméstico como en el espacio público, ya que tiene una gran incidencia en cómo se condiciona la sociedad en todos los espacios.
En realidad nosotros estamos planteando este tema por sentido común, por sentido de la ciudadanía, por un profundo sentimiento democrático, pero especialmente gracias a la Asociación Gafas Lilas y a dos niñas, Carmen y Sina, que cuando tenían ocho años, ahora tienen diez, fueron valientes y decidieron que llevar falda era algo que les dificultaba mucho jugar al fútbol, correr o jugar al baloncesto, que en general les resultaban incómodas. Ellas decidieron -aunque ellas tenían que llevar uniforme con falda en su colegio ya que en los colegios públicos y privados concertados se lleva uniforme de manera segregada y
las niñas deben llevar falda o vestido- que estaban un poco hartas de esto y que iban a llevar pantalones porque se pasaba mucho mejor, se corre más, y se puede jugar mejor. Ambas eran conscientes de que estaban siendo valientes, una de ellas sentía un poco de vergüenza y la otra simplemente pensaba que ese día podría divertirse muchísimo más con unos pantalones en lugar de con una falda.
Nos parece que en realidad de lo que estamos hablando aquí es de cómo está pensado el constructo de nuestra sociedad. Si la vestimenta influye en todos los ámbitos y en todos los momentos, influye especialmente en la infancia de los niños y las niñas y en el espacio educativo, que es al final el que va colocando los roles, ya que por mucho que en su casa reciban una educación igualitaria, si al final ven que por el hecho de ser niñas tienen obligatoriamente que ir vestidas diferentes y que eso además las limita para algunas cosas, pues parece que ya no somos tan iguales. Nosotros discutíamos en la subcomisión por el pacto de Estado por dónde se tenía que empezar a solucionar ese problema y siempre decíamos que lo más importante era la educación, pero cuando bajamos a la educación esto parece que se nos olvida y no vemos ningún problema en que niñas y niños, tanto en colegios públicos como en colegios privados concertados, lleven uniformes y vestimentas diferenciadas.
En definitiva, nosotros proponemos con esta proposición no de ley que esas vestimentas sean de libre elección y que los uniformes no estén segregados por género y obligatoriamente se tenga que llevar falda o vestido por el hecho de ser niña. Además, planteamos que las niñas no tengan que ser valientes cuando se visten por la mañana, sino que puedan ser libres. Cuando pensamos en cómo se origina esa violencia, debemos pensar que además de ser muy incómodo jugar a determinados juegos llevando una falda -muchas hemos tenido que llevar falda porque íbamos, en mi caso, a colegios concertados y lo hemos vivido-, era muy fácil que nos levantaran la falda en el cole los niños, porque nosotras llevamos falda y ellos no, y porque podían hacerlo, no solo porque en ese momento nos estuviesen cosificando, objetualizando o quisieran ejercer violencia sobre nosotras, solamente porque podían hacerlo. Mi grupo pretende que al menos cada mañana las niñas puedan elegir si quieren llevar falda y vestirse así, o si quieren llevar pantalón y estar un poco más tranquilas cuando jueguen al fútbol. Que puedan hacerlo libremente y así que podamos tener niñas que cuando salen por la mañana de su casa no tengan que ser valientes sino simplemente libres.
No habiéndose presentado enmiendas, pasamos al turno de fijación de posiciones del resto de los portavoces. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí.
Seré breve. Solo quiero decir que vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, ya que estamos totalmente conformes con el texto tal cual está y pensamos que es fundamental para avanzar hacia la igualdad.
¿Grupos Vasco? (Pausa). No está.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín.
Los centros educativos tienen en este país, gracias a Dios, autonomía para elaborar sus normas de organización y funcionamiento, incluyendo la exigencia o no de uniformes, pero lo cierto es que tal autonomía no debe ser omnímoda sino que debe estar presidida siempre por un principio de proporcionalidad y sujetarse a los límites que marcan el marco legal y la Constitución.
El uniforme escolar nace en Europa a finales del siglo XIX con una finalidad que a nosotros parece correcta, que es establecer una única indumentaria para los alumnos y alumnas y no hacer distinciones entre ellos por la variedad o calidad de sus ropas, para evitar en efecto diferenciar la capacidad económica de las familias y para evitar discriminaciones de todo tipo. Lo cierto es que el uniforme a día de hoy sigue siendo objeto de debate. Hay trabajos que muestran que el uniforme en el ámbito escolar facilita la disciplina, democratiza a los chavales y chavalas, y además supone un considerable ahorro económico. Según un estudio de la Fundación para la Calidad de la Educación de la Generalitat Valenciana -mi tierra-, el uso del uniforme escolar supone un ahorro aproximado del 40 % en gasto en ropa para las familias. Sin embargo, también hay detractores y detractoras que argumentan que el uniforme escolar
evoca despersonalización y, tal como expone esta proposición no de ley, algunas asociaciones señalan que si es sexuado puede perpetuar estereotipos de género.
En temas de uniformes en general -no de uniforme escolar- recientemente el Tribunal Supremo dio la razón a las trabajadoras de una clínica de San Rafael de Cádiz, que denunciaron que su empresa les imponía el uso de falda, delantal y cofia. Esta decisión supuso un revés para el Tribunal Superior de Justicia andaluz, que había rechazado esta queja sindical y que no consideraba discriminatorio la obligación del uso del uniforme.
Vaya por delante que Ciudadanos considera que obviamente hay problemas muchísimo más importantes, tanto en la educación como en igualdad, que discutir que el tema del uniforme sexuado. Dicho esto nosotros consideramos que el uso del uniforme en el marco que he explicado de respeto a los preceptos constitucionales, puede ser una positiva herramienta antidiscriminatoria. Como no renunciamos a ser el partido que defiende la igualdad y la libertad creemos que esta herramienta se tiene que marcar siempre en el contexto de la libertad de elección de los niños y niñas. Así que nos parece correcto lo que se está proponiendo, pero siempre dejando un margen para que puedan elegir lo que quieran utilizar.
Sin embargo, mi grupo se va a abstener en esta proposición no de ley, aun estando de acuerdo en la parte propositiva, porque consideramos que en este momento no hay ninguna norma que obligue a imponer un único uniforme sexuado y que, por tanto, tenemos que dejar margen a los centros en el tema de esta elección. Por tanto, en este caso, señorías, no van a tener nuestro voto en contra, pero tampoco a favor.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ TORTOSA: Gracias, presidenta.
Hoy es un día que marcará un antes y un después en la lucha por la igualdad de género y quiero felicitar a todas las personas que han participado en la elaboración de este informe. En el tema de la igualdad normalmente nos posicionamos de forma muy rápida, pero luego no se le da la importancia que tiene. Son muchas las mujeres asesinadas, son muchas las mujeres maltratadas y son muchas las mujeres que sufren la violencia machista, el terrorismo machista, luego para mí hoy el hemiciclo debería haber estado lleno. Cuando se toman medidas en materia de igualdad, implícitamente reconocemos que esa igualdad no existe. Se han realizado avances, claro que sí, pero que esa desigualdad todavía sigue siendo uno de los problemas más graves que tiene nuestra sociedad también es verdad. Esta desigualdad se manifiesta en todos los ámbitos, desde el ámbito laboral con la brecha salarial hasta el aspecto social y status de hombre y mujer, ya que las cargas familiares, tanto el cuidado de los niños como el de los mayores, suele recaer siempre en la mujer. Una de las consecuencias de esta desigualdad es la base de uno de los problemas más graves que tiene nuestra sociedad, que es la violencia machista, la violencia del hombre contra la mujer por el hecho de ser mujer, es decir, el terrorismo machista.
Por ello, consideramos de vital importancia la eliminación de todas las acciones, conductas y situaciones, así como todo aquello que pueda incidir, señalar, potenciar o poner de manifiesto las diferencias entre hombre y mujer, porque esas diferencias se van a seguir entendiendo desde el estereotipo de género que tanto daño le ha hecho a la mujer. En la situación actual, que se hace continua referencia a cumplir con la ley y a cumplir con la Constitución, quiero recordar el artículo 14 de la Constitución donde dice que los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y el artículo 9.2 nos dice que corresponde a los poderes públicos potenciar las condiciones para que esta igualdad sea real y efectiva. Si nuestro objetivo es conseguir esa igualdad plena entre hombres y mujeres, que además nos lo manda la propia Constitución, no vemos nada acertado establecer esta diferencia de vestimenta -faldas para niña y pantalones para niño- en la edad escolar, porque estas diferencias van a marcar el desarrollo de los niños y niñas como diferentes, con las connotaciones machistas y culturales que ya conocemos.
En el mundo laboral consideramos que también es necesario ver a la mujer en igualdad con el hombre. No vamos entrar en si es bueno llevar o no uniforme tanto en el ámbito escolar como en laboral, posiblemente no podamos llegar a un acuerdo en si los uniformes igualan, diferencian o clasifican porque en realidad pueden hacer las tres cosas. Lo que no aceptamos es que se puedan imponer uniformes con los estereotipos de género, porque cada persona tiene que tener la libertad de vestirse como considere oportuno.
Quiero terminar con una frase que hace referencia a la vestimenta y que escuché hace muchísimo tiempo. Una mujer le decía a su marido: Si no eres hombre para vestirte por los pies, vístete por la cabeza como una mujer. Me llamó la atención esa forma de dirigirse a su marido, porque esa mujer estaba devaluando a ese hombre, bajándole a la posición de la mujer. Pienso que esta frase tiene sentido hoy por lo que estamos hablando. También creo que hemos avanzado mucho, pero aún nos queda mucho por avanzar y por trabajar. Nuestro voto va ser favorable a esta iniciativa.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo.
Señorías, la verdad es que a la hora de preparar esta proposición no de ley he tenido dos posibilidades de cara al debate. En primer lugar, podría abordarlo desde un estricto legalismo y eso es fácil, porque nuestra legislación, desde la propia Ley de Igualdad de 2007 hasta un número considerable de sentencias sustentan que nuestro país, con sus luces y con sus sombras, ha avanzado de forma considerable, yo diría que de manera muy importante en materia de igualdad. El grupo proponente hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo del 19 de abril de 2011, que precisamente, y fundamentándose en la Ley de Igualdad, declara entre otras consideraciones que las prácticas empresariales, refiriéndose evidentemente al sector del empleo, consistentes en imponer un uniforme diferente a los trabajadores, sin posibilidad de opción por el uniforme de los hombres de las mismas categorías y servicios es contraria al principio de no discriminación por razón de sexo. Es decir, que si de lo que se trata es de tener una legislación que dé soporte a la medida que ustedes reivindican, debemos decirles que ese soporte legislativo ya existe.
En segundo lugar, ustedes hacen referencia a otro ámbito, al ámbito educativo, donde por cierto las personas que se ven afectadas por cualquier iniciativa que se pueda adoptar en esta Cámara son generalmente menores. Aquí debo decirles que vuelven a tropezar en la reiteración. Primero, porque el sistema educativo español tiene entre sus principios la transmisión y puesta en práctica de valores que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. La Ley Orgánica de Educación, la LOE del Partido Socialista, modificada por la Lomce, recoge como uno de los principios de la educación la equidad, que garantiza la igualdad de derechos y oportunidades, que ayudan a superar cualquier tipo de discriminación. Disposiciones similares pueden encontrarlas en el artículo 2, artículo 68 y en el propio artículo 84, que dice que en ningún caso habrá discriminación en el sistema educativo por razón de sexo. Ahora bien, señorías, estas disposiciones hay que conjugarlas con dos principios y dos hechos fundamentales: la propia autonomía de los centros y las competencias de los consejos escolares.
En cuanto a la autonomía de los centros la ley les otorga la capacidad de establecer sus propias normas de organización, funcionamiento y convivencia, entre las que se pueden fijar elementos como el uso o no de uniforme escolar, así como las características de este. Por otra parte, tenemos las propias competencias del Consejo Escolar, entre cuyas medidas se encuentra proponer iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y no discriminación, y desde la Lomce la prevención de la violencia de género. Son los consejos escolares, señorías, los que deciden el uso o no de uniforme; el uniforme, que es la prenda más igualitaria y menos discriminatoria de los alumnos. Por cierto, si ustedes buscan entre aquellos colegios donde las alumnas puedan elegir entre el uso de la falda o el pantalón, porque esos centros ya existen, pocas niñas optan por el uso del pantalón hasta 3.º y 4.º de primaria -son datos de los propios centros-, prácticamente el cien por cien opta por la falda. A partir de esa edad solo un 10 % -que es un momento en el que eligen ellas- eligen pantalón.
Señorías, cuestión diferente a estos hechos es que ustedes quieran, amparándose en ese modelo, en su modelo de libertad, regular, regular y regular, imponiendo a cada uno cómo, cuándo y de qué manera tienen que vestir, hurtando la opinión y los derechos de los padres, y después la libertad de sus propias hijas. Señorías, ni siquiera el último informe del Consejo Escolar del Estado recoge entre sus propuestas esta medida. ¿Pueden sostener de verdad, en serio, que el hecho de que una niña vista una falda en vez de un pantalón determinará su discriminación de por vida? Señorías, tenemos un sistema educativo con frecuencia hiperregulado, con un exceso de concreción organizativa por parte de las administraciones que limita la iniciativa de los centros. Eso es lo que se nos ha dicho en la subcomisión del pacto educativo. Si de verdad a ustedes les preocupa la igualdad y la no discriminación, hubieran hecho bien en votar esta
mañana el pacto contra la violencia de género, porque no hay mayor agresión a la igualdad que la violencia que el hombre ejerce sobre la mujer.
- RELATIVA AL TRATAMIENTO IGUALITARIO DE LAS PAREJAS DE HECHO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001602).
La señora PRESIDENTA: A continuación procederemos a debatir la última proposición que figura en el 5.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa al trato igualitario de las parejas de hecho en todo el territorio nacional, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora Alba.
La señora ALBA MULLOR: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. La Constitución española prescribe que los españoles somos iguales ante la ley y que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en los que se integra sean reales y efectivas. Continúa la Carta Magna dando otro mandato a los poderes públicos: la prestación social, económica y jurídica de la familia, además de asegurar la protección integral de los hijos y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. Pese a que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han reconocido en diversa jurisprudencia que una unión de hecho es una unión que nada tiene que ver con el matrimonio, lo cierto es que ambas se sitúan dentro del ámbito del Derecho de Familia. La familia es el pilar fundamental de la sociedad, un elemento de cohesión irremplazable que debemos cuidar con especial dedicación tanto como personas como poderes públicos que somos. La inexistencia de una normativa estatal que regule de forma homogénea las uniones more uxorio ha provocado que para paliar este vacío y dar respuesta una realidad social varias comunidades autónomas hayan aprobado normativas distintas y dispersas que ha generado disparidades, incluso en el propio concepto entre los territorios. Estas diferencias provocan efectos negativos en la práctica derivados de diferente tratamiento a estas situaciones, creando diferencias entre españoles a la hora de ejercer aquellos derechos que les corresponden.
Con esta proposición no de ley, señorías, no pretendemos la aplicación por analogía del matrimonio, puesto que no cabe imaginar nada más paradójico que imponer sus reglas específicas a quien nunca quiso someterse al régimen jurídico previsto para el matrimonio precisamente. Pretendemos, sin embargo, que quienes eligen no someterse a las reglas de matrimonio se encuentren con la misma seguridad jurídica que aquellos que sí lo hacen. Para ello es necesario uniformizar los criterios, con el fin de que se exijan las mismas condiciones en todo el territorio nacional para la constitución de una pareja de hecho, con el consiguiente reconocimiento de los derechos laborales, fiscales, asistenciales, en materia de pensiones, arrendamientos, etcétera, que les son propios. La legislación prevé en estas materias que ya he reseñado un tratamiento específico e igual en todo el territorio nacional para los miembros de las parejas de hecho.
Sin embargo, los españoles pueden ver que a la hora de acceder, por ejemplo, a una pensión de viudedad los requisitos que determinan si la unión existente es válida para tener derecho a ella son distintos entre las distintas comunidades autónomas, variando de una a otra. De tal modo que no se tiene la consideración de pareja de hecho con iguales requisitos en un territorio que en otro. Por ejemplo, hay comunidades autónomas en las que existe pareja estable no casada cuando se haya producido la convivencia marital durante un período ininterrumpido de dos años como mínimo; en otras se exige la manifestación de voluntad manifestada en escritura pública; otras exigen la convivencia en pareja de forma libre, pública y notoria vinculada de forma estable al menos durante un período ininterrumpido de doce meses, y que además se halle inscrito en un registro público; en otras basta con la inscripción en el registro con carácter constitutivo; y otras tienen un régimen alternativo entre la convivencia durante un año, la existencia de hijos comunes o la inscripción en el registro. Lo cierto es que ante una misma prestación, según se resida en una o en otra comunidad, se tendrá derecho o no y esta es una situación proscrita por la Constitución española y por las sentencias del Tribunal Constitucional.
Señorías, los españoles tienen derecho a contraer matrimonio libremente, así como a no hacerlo y ello no debe suponer ningún obstáculo al derecho que tienen los ciudadanos a unirse en convivencia y formar
una familia. El Partido Popular defiende la familia en cualquiera de sus modalidades, lo que supone necesariamente que las parejas de hecho, las parejas estables no casadas o uniones de hecho, puesto que la denominación también varía entre unas comunidades autónomas y otras, tengan un tratamiento uniforme en todo el territorio nacional.
Se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Garaulet.
La aparición de nuevas formas de familia está suponiendo una necesidad de revisar y actualizar las figuras jurídicas vinculadas a las parejas, a fin de acomodar sus ventajas, derechos y obligaciones en la situación social. Más del 14 % de los hogares españoles está conformado por parejas de hecho, por tanto no es un tema baladí. El Tribunal Constitucional ya consideró en 1992 a las uniones de hecho como familia, representando un valor en sí misma. A día de hoy no existe una ley que regule los derechos y deberes de la pareja de hecho en el ámbito estatal. La pasividad del legislador estatal, la permisividad del Tribunal Constitucional y el afán de dotar a las comunidades autónomas de contenido por parte del Estado ha hecho que estemos en esta situación; una situación donde, como ha dicho la proponente, por ejemplo, hay diferencias en los efectos fiscales. En ciertos territorios no se puede presentar una declaración conjunta del IRPF; en unos sí, en otros no. Hay diferencias a la hora de poder utilizar vacaciones por unirse en parejas de hecho, asunto que no está contemplado en el Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, también diferencias cuando hay una ruptura en la pareja, en cuanto a su régimen económico. Hay una cantidad de elementos que en función de la comunidad autónoma donde vivas tienes derechos a ellos o no los tienes.
La pareja de hecho sigue siendo una figura poco definida y el origen de permanentes problemas, mezcla de la conjugación de libertad y seguridad jurídica, que hemos dejado en manos de los poderes legislativos autonómicos, generando una situación en la que encontramos regulaciones integrales de esta figura en el ámbito autonómico con regulaciones parciales en el ámbito nacional, unido a los conflictos derivados de la asimetría de las competencias en materia civil de las diferentes comunidades autónomas. Por tanto, desde Ciudadanos queremos discriminación cero, ni por donde vivas, ni por donde nazcas. Todos los españoles tenemos que ser iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Debemos comenzar a allanar el camino hacia una igualdad real que sea justa y equitativa para todos los ciudadanos, desarrollando las legislaciones autonómicas en el mismo sentido y dirección que la legislación nacional, evitando de este modo la discriminación que pueda sentir quienes conviven en una zona determinada, evitando a su vez que cambien los derechos en caso de movilidad nacional. Esto, señorías, no tiene sentido. Por tanto, aunque no han aceptado nuestra enmienda sino que han escogido una enmienda del Grupo Podemos, que es muy parecida a la enmienda que hemos presentado, nosotros votaremos a favor de esta proposición no de ley.
Es el turno del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Señora Salud Areste, tiene la palabra.
Efectivamente, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente esta iniciativa porque se va a aceptar nuestra enmienda. En el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea nosotras consideramos, como también lo considera el Tribunal Supremo, que las parejas de hecho son una forma más de familia. Sin embargo, siendo esto un hecho, la verdad es que en el Estado existe un vacío legal, posiblemente por el poco interés que ha tenido el Partido Popular para regularlo a nivel estatal, y lo que ha sucedido es que este vacío legal se ha ido supliendo por las legislaciones de las diferentes comunidades autónomas. Esto ha provocado un panorama realmente diferente de unas comunidades a otras, hasta el extremo de que en alguna legislación haya requisitos inconstitucionales o hayan sido recurridas leyes por criterios políticos y no jurídicos. Nuestro Grupo Parlamentario Confederal en el mes de junio ya presentó en la Comisión de Hacienda una iniciativa, que se aprobó unánimemente, para que las parejas de hecho puedan disfrutar de las mismas condiciones fiscales que los matrimonios tradicionales. Esto ya se aprobó en el mes de
junio a iniciativa nuestra. Por tanto, nuestra enmienda lo que pretende básicamente es que, en ese camino de la cohesión que se plantea en la iniciativa, se respeten las competencias municipales, simple y llanamente eso porque queremos evitar la deriva centralista y recortadora del Gobierno.
Intervendré muy brevemente para decir que no estamos a favor de esta proposición por la sencilla razón de que si se tiene derecho civil propio es porque se es capaz y competente para tenerlo. Y las comunidades autónomas que han legislado en esta materia es porque son capaces de hacerlo, y no hace falta renunciar a ello con la excusa -diría yo- que aparece hoy en esta proposición no de ley, porque puede ser en esta o en otras muchas materias. Por algo se es competente y este afán centralizador, que hasta en la mínima expresión intenta colarnos el Partido Popular, no lo vamos a entender ni lo vamos a aceptar.
Es el turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Navarro, tiene la palabra.
Yo quiero adelantarles que sí vamos a apoyar esta PNL, pero también dejar claro que es de ese tipo de iniciativas que aparentemente, de entrada, parece que sean totalmente inofensivas -en realidad no tendría ni razón de ser-, pero no lo son porque tienen que ver más con la competencia sobre los derechos que con los derechos en sí. Entonces, estamos de acuerdo con que exista esa igualdad, creo que en este momento la iniciativa nos puede servir precisamente para poner énfasis en la diferencia o desigualdad. Es muy importante que tengamos en cuenta que las diferencias las marcan los Gobiernos en función de sus prioridades políticas y lo pueden hacer a favor o en contra. Y las prioridades políticas por supuesto son consecuencia o tienen que ver y mucho con la ideología política de cada Gobierno autonómico. Por tanto, votamos a favor de la iniciativa por entender que el Estado tiene que ser quien garantice que en todo el territorio nacional hay unos mínimos iguales a la hora de poder acceder a los recursos, que ninguna persona puede ser discriminada en función del territorio en el que viva, pero se tienen que respetar escrupulosamente las competencias tanto autonómicas como municipales para que, a partir de esos mínimos, cada una de esas instituciones tanto autonómicas como municipales puedan aumentar todos los recursos a disposición de las personas en función de sus prioridades políticas. El Estado tiene que garantizar esa igualdad mínima básica, pero desde luego la competencia autonómica no se puede invadir en ningún momento. Hay que respetar escrupulosamente los desarrollos normativos de esa competencia, que en este momento son muy variados, lógicamente, y lo que tampoco podemos hacer es una norma uniforme porque, en función de la propia ideología política, no todos los Gobiernos autonómicos tienen las mismas prioridades a la hora de la adopción o de otros muchos derechos que se han ido estableciendo en unas comunidades autónomas sí y en otras no. Por eso el Estado tiene que garantizar unos mínimos básicos iguales para todo el mundo, pero a partir de ahí también respetar las competencias autonómicas y municipales a la hora de aumentar los recursos a disposición de la ciudadanía. (Aplausos).
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley. Si me permiten, haremos un pequeño receso de dos minutos y empezamos con la votación. (Pausa).
Reanudamos la sesión, señorías. Procedemos entonces a la votación. Por el orden establecido en el orden del día, votamos la primera proposición no de ley sobre la participación juvenil en todos los ámbitos. Existe una enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 3; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada esta transacción.
La que figuraba como PNL número 2 ha sido retirada. Por tanto, votamos la número 3, proposición no de ley sobre el acceso a la reproducción asistida de todas las personas con capacidad gestante,
independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, de su estado civil y de su situación familiar, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem. Se procede a la votación en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 17; abstenciones, 10.
Proposición no de ley número 4 sobre medidas para aumentar la presencia de mujeres en los libros de texto y reconocer su papel en la historia, que presentó el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Hay una propuesta transaccional, procedemos a la votación.
Siguiente proposición no de ley, la número 5, relativa al tratamiento igualitario de las parejas de hecho en todo el territorio nacional, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Hay una propuesta transaccional, procedemos a la votación.
Proposición no de ley catalogada con el número 6, relativa al registro en consulados españoles de matrimonios de personas del mismo sexo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se procede a la votación en sus propios términos.
Proposición no de ley número 7 relativa al desarrollo y concesión de un distintivo para los centros de salud que se diferencien por su excelencia en la lucha contra la violencia de género, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Existe una propuesta transaccional, procedemos a la votación.
Proposición no de ley número 8 relativa al impulso de la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de igualdad y no discriminación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; abstenciones, 22.
Y la última proposición no de ley es la relativa a la eliminación de estereotipos de género en los ámbitos educativo y laboral a través de la vestimenta, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que se vota en sus términos.

References: artículo 20
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 12
 artículo 48
 artículo 22
 artículo 48
 artículo 14
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 6
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 68
 artículo 84