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Timestamp: 2020-05-31 11:40:27+00:00

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Casación Laboral 18749-2016 Lima Contrato a Tiempo Parcial | Derecho laboral | Tiempo de trabajo
CONTRATO A TIEMPO PARCIAL: Esta casación contiene aspecto generales de su regulación en el Perú (Compilador José María Pacori Cari)
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El Peruano Viernes 5 de octubre de 2018
CAS. LAB. Nº 18749-2016 LIMA Desnaturalización de contratos y otros. PROCESO ORDINARIO- NLPT. SUMILLA: La interpretación correcta que debe efectuarse a la frase “según corresponda” contenida en el artículo 12º del Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº001-96-TR, está referida a obtener el promedio según los días que comprenda la jornada laboral a la que estuvo sujeto el trabajador. Esto es, si estuvo sometido a una jornada de cinco días o seis días, las horas laboradas se promediaran conforme a esa jornada. Lima, cuatro de julio de dos mil dieciocho. VISTA; la causa número dieciocho mil setecientos cuarenta y nueve, guion dos mil dieciséis, guion LIMA, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, Citibank del Perú S.A., mediante escrito de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, que corre en fojas novecientos veintidós a novecientos cincuenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, que corre en fojas ochocientos ochenta y cinco a ochocientos noventa y dos (vuelta), que la Sentencia de primera instancia emitida el once de marzo de dos mil quince, que corre en fojas ochocientos a ochocientos diecisiete, que declaró fundada en parte la demanda; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, Úrsula Daniella Serra Flores, sobre desnaturalización de contratos y otros. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, que corre en fojas noventa y siete a ciento uno, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la demandada, por la siguiente causal:
infracción normativa por interpretación errónea del artículo 12º del Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº001-96-TR; correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: De la Pretensión demandada Conforme se advierte del escrito de demanda, que corre en fojas ciento siete a ciento dieciséis, subsanada en fojas ciento veintiséis a ciento veintisiete, la actora pretende se declare la desnaturalización de los contratos de trabajo a tiempo indeterminado y a tiempo parcial de fecha veintidós de setiembre de dos mil cinco; en consecuencia, se ordene a la demandada cumpla con pagar la suma de ciento treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco con 59/100 soles (S/ 134,755.59) por los siguientes conceptos: reintegro de remuneraciones, indemnización por despido arbitrario, pago de remuneración vacacional e indemnización por vacaciones no gozadas y pago de compensación por tiempo de servicios; más el pago de intereses legales, financieros, costas y costos del proceso. Segundo:
Pronunciamiento de las instancias de mérito El juez del Primer Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia de fecha once de marzo de dos mil quince, que corre en fojas ochocientos a ochocientos diecisiete, declaró fundada en parte la demanda; en consecuencia, desnaturalizados los contratos y ordenó que la demandada pague a favor de la accionante la suma de setenta y cuatro mil cien con 21/100 Soles (S/ 74,100.21), por concepto de compensación por tiempo de servicios y vacaciones; e infundado el extremo de reintegro de remuneraciones e indemnización por despido arbitrario, más intereses legales, financieros, costas y costos del proceso, bajo los siguientes argumentos: a) respecto a
la celebración del contrato a título de adenda al contrato parcial del
uno de junio de dos mil ocho y posterior modificación de horario de trabajo a través de la carta de fecha veintiuno de enero de dos mil once, la demandada incurrió en fraude a la ley, pues con ello pretendió evadir sus obligaciones legales como es el acceso de la demandante al pago de la compensación por tiempo de servicios, vacaciones e indemnización por despido arbitrario; y b) del
documento política VCP Esquema de Compensación Variable, el mismo que no ha sido tachado por la parte demandante, se advierte que el Banco se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones establecidos en dicho documento de manera unilateral
y sin mediar autorización o consentimiento alguno del empleado,
motivos por los cuales se desestima el extremo de reintegro de
remuneraciones. Y no habiéndose presentado en el caso de autos
el supuesto establecido en el literal b) del artículo 30º del Decreto
Supremo Nº 003-97-TR en que se basó la carta de cese de actos de hostilidad y el cese de la demandante por despido indirecto, este extremo tampoco fue amparado. El Colegiado de la Cuarta Sala Laboral Permanente de la referida Corte Superior confirmó la Sentencia de primera instancia, luego de considerar que:
habiéndose configurado una duda insalvable en la interpretación de la norma contenida en el artículo 12º del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 001- 96-TR debe interpretarse el término “según corresponda” entendiéndose que se refiere a la jornada establecida en el contrato de trabajo; esto es, que para determinar el promedio diario de jornada ésta debe ser dividida entre cinco (5) días que en el presente caso es el número de días trabajados en la semana por la demandante. En consecuencia, el contrato parcial celebrado entre las partes se han desnaturalizado; razón por la cual le corresponde los beneficios sociales reclamados, confirmando bajo los mismos argumentos en lo demás que la contiene. Tercero: La infracción
normativa En el caso de autos se ha declarado procedente el recurso por la siguiente causal de infracción normativa:
Interpretación errónea del artículo 12º del Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº001-96-TR, que establece: “Artículo 12.- Se considera cumplido el requisito de cuatro (4) horas en los casos en que la jornada semanal del trabajador dividida entre seis (6) o cinco (5) días, según corresponda, resulte en promedio no menor de cuatro (4) horas diarias”. CONSIDERACIONES GENERALES Cuarto:
Contrato de trabajo y Presunción de Laboralidad. El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades destinado a producir efectos
jurídicos entre dos partes: trabajador y empleador, caracterizado por el suministro de la fuerza de trabajo de una parte, mientras que
el pago de una remuneración y las facultades de dirigir, fiscalizar y
sancionar corresponden a la otra. La Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, introduce la “presunción de laboralidad” o “presunción de existencia del contrato de trabajo” herramienta procesal de data muy antigua recogida en nuestra legislación.
Según refiere el laboralista Wiifredo Sanguineti Raymond, citando
a Rodríguez – Piñero Royo y Mario De la Cueva, “el origen de este
peculiar instrumento se encuentra en el Derecho del Trabajo aprobada el diecinueve de mayo de mil novecientos ocho, cuyo artículo 5.2 dispuso que: “El contrato de trabajo se supone siempre existente entre todo aquel que da trabajo y el que lo presta”. Esta formulación pasará luego con variaciones formales más bien escasas, tanto al Código de Trabajo de 1926 y a las Leyes de Contrato de Trabajo de 1931 y 1944, como a las legislaciones de diversos países americanos y europeos, hasta llegar a convertirse en uno de los componentes característicos de esta disciplina
jurídica” 1 . Con acierto, señala el jurista citado que la introducción de esta presunción de laboralidad es una clara manifestación del principio protector que informa al Derecho del Trabajo y que incidiendo en el proceso laboral, permite la intervención estatal para equiparar a los desiguales, en este caso, al trabajador con el empleador. El artículo 4º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, recoge el principio antes aludido al señalar que: “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece. También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna”. Resulta claro que la norma establece como regla general la presunción de la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado y como excepción la contratación laboral por tiempo determinado, la misma que deberá cumplir con los requisitos exigidos en la ley. Quinto: Sobre los contratos de trabajo a tiempo parcial El articulo cuatro de la norma antes
citada establece en su parte in fine que: “(
celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna”. El contrato a tiempo parcial se define como aquél en el cual la prestación de servicios del trabajador se realiza en una jornada de trabajo menor a la ordinaria del centro laboral o legalmente establecida. El contrato debe ser por escrito, estableciendo expresamente que la jornada laboral que se desarrolla es menor de cuatro horas. Asimismo, al igual que en el régimen laboral común puede pactarse el periodo de prueba por un periodo de tres meses o un plazo mayor (hasta seis meses) cuando las labores requieran una etapa de capacitación o adaptación, o que por su naturaleza o grado de responsabilidad tal prolongación resulte justificada. Sexto: Pronunciamiento sobre el caso concreto En el caso concreto, la parte recurrente sostiene que la Sala Superior realiza una interpretación errónea del artículo 12º del Decreto Supremo Nº 001-96-TR, resultando ser correcta de que la referencia a que se hace en la norma de la frase “según corresponda” determina que deberá optarse entre seis o cinco días en consideración a la jornada utilizada en el centro de trabajo. Sétimo: El Tribunal Constitucional ha expresado en relación a la norma antes citada que: “Se considera cumplido el requisito de cuatro (4) horas en los casos en que la jornada semanal del trabajador dividida entre seis (6) o cinco (5) días, según corresponda, resulte en promedio no menor de cuatro (4) horas diarias.” Por lo que, en caso la jornada laboral sea inferior a este promedio, carecerá el trabajador de protección contra el despido arbitrario. Asimismo, según el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, el contrato a tiempo parcial, si bien goza de cierta trabajador que labora más de 4 horas”. 2 Octavo: En ese sentido la
interpretación correcta que debe efectuarse a la frase “según corresponda” está referida a obtener el promedio según los días que comprenda la jornada laboral a la que estuvo sujeto el
trabajador. Esto es, si estuvo sometido a una jornada de cinco días
o seis días, las horas laboradas se promediaran conforme a esa
jornada y si esta arroja un promedio de más de cuatro horas diarias,
la trabajadora tiene derecho a los beneficios sociales del régimen
laboral común. En tal sentido la interpretación que pretende la
recurrente no está acorde con el sentido de dicha norma. Ahora bien, de lo actuado y probado en autos se desprende que las partes celebraron el veintidós de setiembre del dos mil cinco un contrato de trabajo a tiempo indeterminado por tiempo parcial (fojas tres a cinco) especificándose en su cláusula cuarta, que: “( ) cumplirá la jornada diaria y semanal comprendida en el siguiente horario: Turno Tarde Lunes a Jueves de 2:00 p.m. a 6:45 p.m. Viernes de 3:00 a.m. a 6:00 p.m.” De la suma de horas laboradas por la demandante de lunes a jueves, en el horario de 2:00 p.m. a 6:45 p.m. y viernes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. se obtiene veintidós (22) horas semanales que dividida entre su jornada que comprendió cinco (5) días se obtiene cuatro horas con cuarenta minutos (4:40), lo cual permite concluir que la actora laboró más de cuatro horas
diarias. Por otro lado, con fecha uno de junio de dos mil ocho (fojas seis) se efectúa una adenda al contrato primigenio, estableciendo
en la cláusula segunda lo siguiente: “Segundo.- (
contrato es A TIEMPO PARCIAL. Queda claramente establecido que en atención a que la jornada de trabajo es menor a las cuatro
(4) horas diarias o veinticuatro (24) horas semanales, “el trabajador” no tiene derecho a indemnización por despido, por lo que el
contrato puede ser resuelto en cualquier momento. (
diaria de tres (3) horas con cincuenta (50) minutos. El horario de ingreso y salida y los días de trabajo serán determinados por el EMPLEADOR de acuerdo a su política interna”. Noveno:
Posteriormente, con fecha veintiuno de enero de dos mil once la demandada dirige una carta a la actora mediante la cual modifica
su horario de trabajo (fojas siete) de la siguiente forma: “(
esta manera, a partir del 01 de febrero de 2011 su horario de trabajo será como sigue: Lunes a viernes. Hora ingreso: 12:35 p.m. Hora de Salida: 16:25 p.m. Sábados. Horas de ingreso: 12:00 p.m. Hora de salida: 14:50 p.m.” Lo que implica una jornada de seis días de labor a la semana a partir de la fecha, con lo que queda acreditado que con anterioridad a dicha modificación la jornada que cumplió la demandante fue de cinco días a la semana y que superaban como se ha visto las cuatro horas mínimas que exige la ley. Décimo: No obstante la modificación de la jornada de trabajo establecida por la demandada, la misma que no supera las tres horas con cincuenta minutos, sin embargo, corre en autos boletas de pago en las que se registra jornadas de trabajo en las que aparece más horas trabajadas, como en el mes de octubre de dos mil cinco y enero de dos mil seis (fojas ocho y trece respectivamente) donde se menciona que la actora laboró treinta días y realizó ciento noventa y dos horas trabajadas, que divididas entre la jornada laboral de cinco días a la semana, se obtiene nueve horas con seis minutos de labores diarias. Asimismo, en las boletas de pago de los meses de marzo de dos mil doce (fojas ochenta y seis) y marzo de dos mil trece (fojas noventa y uno) se menciona que la actora laboró ciento ochenta y cuatro horas, durante veintitrés días, los cuales divididos entre la jornada de trabajo establecida por la emplazada de seis días a la semana, tenemos ocho horas laboradas por día, lo que demuestra que no se ejerció una labor
) Durante el
inferior a las cuatro horas diarias. Finalmente, en las boletas de pago de los meses de abril a diciembre de dos mil doce y enero a febrero de dos mil trece (obrante a fojas ochenta y siete a ciento dos) se consigna que la actora laboró doscientos cuarenta horas, en un periodo de treinta días, y efectuando la operación respectiva de dividir entre seis días a la semana, se obtiene diez horas de labores durante un día, lo cual permite concluir una vez más que la actora laboró más de cuatro horas diarias. Décimo Primero: Por otro lado, en el informe oral llevado a cabo en este Supremo Tribunal, se le pregunta a la parte demandada (en el minuto 00:14:00): “ de una jornada de trabajo de tres horas con cincuenta minutos, si es así, por qué existe boletas de pagos que acreditan que la demandante laboró mayores horas, esto es, ciento noventa y dos horas, doscientos cuarenta horas?, respondiendo a la pregunta, la
demandada refiere que: “(
documento que acredite tal pago”. Por su parte la demandante señala (minuto 00:15:20) que nunca le pagaron horas extras. Revisado los actuados en las boletas de pago no se consigna el pago de horas extras, ni tampoco corre prueba alguna sobre lo alegado por la demandada; antes bien, de todo lo actuado se desprende que la accionante laboró por más de cuatro horas diarias; en consecuencia, le corresponde los beneficios sociales reclamados. Décimo Segundo: De lo expuesto precedentemente, se concluye que el Colegiado Superior no ha incurrido en interpretación errónea del artículo 12º del Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº001- 96-TR; razón por la cual el recurso de casación deviene en infundado. Por estas consideraciones DECISIÓN: Declararon:
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, Citibank del Perú S.A, mediante escrito de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, que corre en fojas novecientos veintidós a novecientos cincuenta y cuatro; en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, que corre en fojas ochocientos ochenta y cinco a ochocientos noventa y dos (vuelta); y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme
a la actora se le pagó horas extras”,
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante,
Úrsula Daniella Serra Flores, sobre desnaturalización de contrato
y otros; interviniendo como ponente la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, YAYA ZUMAETA, MALCA GUAYLUPO
1 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. “La presunción de laboralidad y la Nueva Ley
Procesal del Trabajo”. Soluciones Laborales Nº 36, Diciembre 2010, PAG.46.
2 EXP. N.º 04064-2011-PA/TC
C-1696364-530
CAS. LAB. Nº 18756-2017 LIMA Incorporación y otros. PROCESO ORDINARIO – NLPT. Lima, seis de junio de dos mil dieciocho.- VISTOS y CONSIDERANDO:
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, Fernando Manuel Quintanilla Muñoz, mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil diecisiete, que corre de fojas ciento cuarenta y seis a ciento sesenta y dos, contra la Sentencia de
Vista de fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, que corre de fojas ciento treinta y nueve a ciento cuarenta y tres, que la sentencia apelada expedida el cinco de agosto de dos mil dieciséis, que corre de fojas ciento cinco a ciento trece, que declaró infundada la demanda; recurso que cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35º de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, que procede solo por las causales taxativamente previstas en el artículo 34º de la citada Ley número 29497, esto es: i) la infracción normativa; y, ii) el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. Tercero: Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por
la resolución objeto del recurso, debiendo describir con claridad y
precisión en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento
de los precedentes vinculantes que denuncia, así como demostrar
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada,
además de señalar si su pedido casatorio es anulatorio o
revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36º de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: Como se advierte de la demanda que corre de fojas cuarenta y cuatro a sesenta y cuatro, el actor señala como pretensiones principales:
1) la incorporación como trabajador al Banco Central de Reserva del Perú, por ser acreedor al haber superado satisfactoriamente el Concurso Público de Méritos convocado por el demandado; y, 2) se ordene al accionado cumpla con la emisión del Certificado de haber aprobado con distinción el Curso de Extensión Universitaria del Banco Central de Reserva del Perú del año dos mil quince, por cuanto quedó entre los primeros diez lugares. Precisa además como pretensión accesoria a la primera pretensión principal que se le abone las remuneraciones devengadas y demás derechos laborales dejados de percibir a raíz de la denegatoria arbitraria, injustificada e ilegal de no incorporarlo como trabajador, precisando que el periodo de cómputo de dichos beneficios sociales devengados corre desde la materialización de la denegatoria hasta
la fecha en que sea incorporado por la autoridad judicial, más el
pago de intereses devengados y por devengarse, costos y costas del proceso. Quinto: Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36º de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte impugnante no consintió la resolución de primera instancia que le fue adversa, ya que la apeló, tal como se aprecia del escrito que corre de fojas
ciento dieciséis a ciento veintiuno; de otro lado, su pedido casatorio debe entenderse como anulatorio y subordinadamente revocatorio, por lo que cumple con la exigencia establecida en el inciso 4) del artículo y Ley acotados. Sexto: El recurrente invoca como causales de su recurso: i) Infracción normativa del inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú. Señala que en ninguna parte del Reglamento de los Cursos en el que participó se señala que pese a que asignen cursos con determinada ponderación, los profesores pueden alterar esa situación y decidir qué cursos se evalúan y cuáles no. ii) Infracción normativa del inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú. Alega que la Sala Superior ratifica la sentencia apelada indicando que el actor no habría cumplido con acreditar que el profesor Jorge Loyola haya evaluado el curso de Estadística Financiera, cuando ello fue debidamente alegado y probado en autos. Infracción normativa por inaplicación del artículo 5º de la Ley número 28175, Ley Marco del Empleo Público y del artículo 8º de la Ley número 30057, Ley del Servicio Civil. Precisa que ambas disposiciones consagran el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocida también en un Tratado Internacional de Derechos Humanos ratificado, lo cual se manifiesta en la necesidad de que el acceso al empleo público se da mediante un concurso público de méritos, lo que se traduce en que las entidades públicas deben respetar las reglas del Concurso Público. Séptimo: Antes del análisis de las causales propuestas es necesario precisar que el recurso de casación solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas
o referidas a una nueva valoración probatoria; en ese sentido, la
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References: artículo 12
 resolución 
 artículo 12
 artículo 30
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 4
in fine
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 12
 resolución 
 artículo 35
 artículo 34
 resolución 
 resolución 
 artículo 36
 artículo 36
 resolución 
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 5
 artículo 8