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Timestamp: 2017-05-23 14:54:17+00:00

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JURISPRUDENCIA SALA CONSTITUCIONAL OCTUBRE 2006 | DerechoVenezolano.Com
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¿Observa la Sala, como el juzgador de control advierte la actuación no ajustada al ordenamiento jurídico de parte de los funcionarios policiales, pero no consta que el mismo, haya instado al Ministerio Público, al momento de la realización de la audiencia para oír al imputado, a fin de la persecución del ilícito penal del cual se percató.
En este sentido, el numeral 2 del artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal, establece la obligatoriedad que tienen los funcionarios públicos de denunciar el hecho punible de acción pública, que advirtieren en el desempeño de su empleo. Asimismo, la conducta desplegada por el funcionario policial que aprehendió al hoy accionante, pudiera encuadrar dentro de los extremos establecidos en el artículo 174 del Código Penal, que establece ¿cualquiera que ilegítimamente haya privado a alguno de su libertad personal (¿)¿.
En tal sentido, esta Sala recuerda al Juez del Tribunal Trigésimo Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el deber de hacer del conocimiento del Ministerio Público, los hechos de los cuales tenga conocimiento y que puedan constituir delitos de acción pública ya que la omisión del deber indicado, pudiera se considerado como un error incluso inexcusable.
Este llamado, no debe ser interpretado como una obstrucción a la función de los órganos auxiliares y de investigación en el proceso penal, sólo busca mantener el espíritu del codificador, en materia de aprehensión, contenido en el principio establecido en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, que dice: ¿(l)as disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad (¿) tienen carácter excepcional (¿)¿.
La Sala, en cumplimiento de su función pedagógica, acota que el código adjetivo penal, contiene diversos mecanismos para garantizar el ejercicio de la acción penal y la persecución de los delitos; estos mecanismos están a disposición del Ministerio Público, único titular de esta acción penal; por ello, ante la necesidad de parte un funcionario policial de practicar la aprehensión de un presunto responsable de la comisión de un hecho punible, contra el cual obran medios probatorios suficientes, existe peligro de fuga o de obstaculización de la justicia, éste deberá notificar inmediatamente al Fiscal del Ministerio Público, quien podrá solicitar la orden judicial de aprehensión al juez de control, el cual excepcionalmente la podrá autorizar por cualquier medio idóneo, tal como lo establece el último aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal¿.
Sentencia: N° 1708 de fecha 05 de octubre 2006.
Asunto: Prohibición de litigar en el tribunal a cargo del juez inhibido o recusado. Artículo 83 del Código de Procedimiento Civil.
¿Exige dicha norma ¿Art. 83 CPC-, como un requisito sine quanon, que la causal de inhibición o recusación con respecto a quien ejerza la representación o asistencia de las partes hubiere sido declarada existente con anterioridad en otro juicio. Es decir, que hubiese sido objeto de una declaración contenida en una sentencia en su sentido formal en un juicio distinto, sin que baste la existencia misma de la causal, aunque sea conocida, notoria o evidente.
En el caso objeto de análisis, el juez de la causa aplicó, en ejercicio de su potestad discrecional, lo establecido en el artículo 83 del Código Adjetivo Civil, e impuso a la representante legal de la parte actora la prohibición de ejercer en el tribunal a su cargo, alegando que la enemistad manifiesta fue declarada ¿…con lugar en el asunto anterior KP02-F-2003-586 de fecha 26/07/2004, en la cual se declaró la enemistad entre la abogada asistente Marisol Fermín y la referida juez…¿, por tanto su representación no debía ser admitida.
Aunado a lo anterior, se observa de autos que el sentenciador de Alzada, a pesar de que ¿…en fecha reciente la juez objeto de la recusación fue suspendida de su cargo…¿, como así lo explana en su fallo, no obstante consideró que pese ello, el juez objeto de recusación ¿…continúa siendo juez y, por ende, susceptible de ser recusada por continuar formando parte del staff de jueces de la República…¿. En criterio de la Sala, la prohibición de litigar en el tribunal a cargo del juez inhibido o recusado, tiene efecto únicamente mientras permanezca en funciones dicho juez, o no se hayan producido circunstancias que evidencien el cese de la causa que dio lugar a la inhabilitación. Si bien la institución de la recusación le permite al litigante excluir a un juez del conocimiento de la causa, con el fin de asegurar la garantía de imparcialidad, inherente al ejercicio de la función judicial, si antes de ser decidida la misma, el juzgador cesa en sus funciones ¿…no cabe pronunciarse sobre aquélla por carecer de finalidad fáctica…¿, como lo señala el tratadista Oswaldo Alfredo Gozaíni en su obra Derecho Procesal Constitucional ¿El Debido Proceso¿, Rubinzal ¿ Culzoni Editores, pág. 256, cuestión ésta que corresponderá en todo caso conocer al Juzgado que desaplicó la norma in commento, por supuesto, aplicando para ello el criterio de la Sala, ya referido¿.
Sentencia: N° 1715 fecha 05 de octubre 2006.
Asunto: Notificación de los causahabientes. Artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.
¿En criterio de esta Sala, la circunstancia de la muerte del librado aceptante exigía la demanda e intimación de los sucesores de éste, en los términos del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil y, como no se hubo producido la intimación en esos términos, se impidió que los causahabientes del librado aceptante conociesen sobre la demanda, situación que, en criterio de la Sala, resulta en violación al derecho a la defensa, al debido proceso y a tutela judicial eficaz de la parte actora.
La intimación a los herederos, con apego a los términos del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, ha sido establecida por esta Sala como necesaria para la preservación de los derechos a la defensa y al debido proceso de los causahabientes del obligado original¿
En criterio de la Sala, el incumplimiento del procedimiento que preceptúa el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, cuando la muerte del demandado ha ocurrido en el transcurso del proceso, acarrea la nulidad de las actuaciones procesales desde el mismo momento en que se abrió la sucesión pues, la omisión de citación a los causahabientes, resulta en agravio del derecho a la defensa y al debido proceso de los causahabientes, de tal manera que resulta imperativo para los jueces constitucionales el restablecimiento de la situación jurídica que fue infringida, aunque ello implique que se deje sin efecto la apariencia de cosa juzgada que dicho juicio generó¿¿.
Sentencia: N° 1729 de fecha 05 de octubre 2006.
Asunto: El Ministerio Público no tiene cualidad para el ejercicio de la demanda de habeas data.
¿¿ observa la Sala que, en el caso de autos, el Ministerio Público pretendió actuar como legitimado activo en la demanda de habeas data bajo examen, cuando en realidad el interés jurídico objeto de tutela no les es propio, por tanto no tiene cualidad para hacerlo valer en juicio, ya que lo que se procura es la eliminación de una información de carácter policial que refiere a la ciudadana Luz Judith Correa Ramírez como persona solicitada.
Así, los datos cuya exclusión se requirió corresponden a la quejosa, y la vulneración a sus derechos y garantías constitucionales sólo afecta directamente su esfera jurídica.
Por ello, estima esta Sala que el Ministerio Público no tiene cualidad para el ejercicio de la demanda de habeas data, ya que los datos que espera se eliminen, son datos personales de la ciudadana Luz Judith Correa Ramírez, razón por la cual, a la luz de lo que se estableció en sentencia n° 332 del 14 de marzo de 2001 (Caso: INSACA), no puede reconocérsele la legitimación activa a la representante del Ministerio Público, puesto que la afectación de los derechos no recae sobre su esfera jurídica y no ostenta el interés directo para la solicitud de exclusión de la información¿¿.
Sentencia: N° 1775 de fecha 09 de octubre 2006
Asunto: Mecanismos de Control de las Contralorías Estadales. Artículo 157 ordinal 9º de la Constitución Federal del Estado Falcón. ¿Para la Sala, sería un despropósito excluir por completo a las Contralorías de los poderes del Consejo Legislativo, cuando lo cierto es que ese órgano es la representación del pueblo, cuyos miembros son electos en votación directa y universal. La garantía de la autonomía de los órganos de control externo no puede conducir a excluirlos de la supervisión que el pueblo ejerce sobre todo el aparato estatal.
Para la Sala, la autonomía de las Contralorías estadales no libera a esos órganos de la obligación de exponer sus gastos. De hecho, en la tantas veces citada sentencia Nº 2413/2006 se puso de relieve la necesidad de que los Parlamentos -en ese caso se trataba del Consejo Legislativo del Estado Lara, pero es trasladable a cualquiera- controlasen la estimación del presupuesto de las Contralorías, frente a la pretensión de algunos órganos contralores, en el sentido de que su autonomía les permitía hacer abstracción de los ingresos del Estado y, por tanto, tener presupuestos desproporcionados.
Los órganos parlamentarios ¿Consejo Legislativo, en caso de autos- carecen de poder para inmiscuirse en la ejecución del presupuesto, salvo para autorizar créditos adicionales o cualquier figura de modificación del presupuesto en las que la Ley exija su participación. Sin embargo, como un mecanismo de control, es obvio que tales Consejos, que deben año tras año analizar la pertinencia de los requerimientos presupuestarios de todos los órganos estadales, necesitan conocer cómo se ejecuta efectivamente ese presupuesto que aprueba. Claro está, sólo una vez al año puede exigirse tal informe de gestión y de ejecución presupuestaria, porque de lo que se trata es de evaluar de manera integral la gestión contralora; sin que ello pueda implicar rendiciones de cuentas parciales ya que ello constituiría una ingerencia indebida que lesionaría el principio de separación de poderes, y haría la actuación inconstitucional. Ello es manifestación del principio de transparencia al que se ha hecho referencia continua en este fallo.
Las Contralorías estadales ¿y locales- no dependen del Consejo Legislativo para hacer uso de su presupuesto, pero ello no les releva de la obligación de exponer la ejecución de su presupuesto; de la misma manera tampoco están exentos de la obligación de justificar las cantidades que se piden cada año. El Consejo Legislativo, claro está, debe actuar con consciencia de que se trata de un control que persigue la transparencia y no un mecanismo de interferencia en la gestión de la Contraloría, de suceder tal injerencia indebida, el órgano de control fiscal debe salvaguardarla a través del ejercicio de los medios que tenga a su alcance, en especial las acciones judiciales para la defensa de la competencia, otra manifestación más de la red de instrumentos jurídicos que rigen las relaciones interorgánicas.
Por lo expuesto, esta Sala estima que es constitucional la exigencia en las Constituciones estadales de que las Contralorías estadales presenten anualmente informes de su gestión, y de ejecución presupuestaria a los Consejos Legislativos de los Estados, como mecanismos para hacer viable los poderes de tales Consejos sobre el órgano contralor. Debe advertirse, no obstante, que la validez de esa obligación está condicionada a que los referidos informes no se erijan en medios para incurrir en injerencia o presión en las actividades fiscalizadoras; de modo que no podrían requerirse sino una vez al año y nunca de manera parcial u ocasional a juicio del Consejo Legislativo¿.
Sentencia: N° 1812 de fecha 19 de octubre 2006.
Asunto: Naturaleza y Funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
¿¿la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, es un órgano desconcentrado del Tribunal Supremo de Justicia, por tanto mantiene una relación de dependencia regida por el principio de jerarquía, pero que por ser desconcentrado, si bien tiene un deber de obediencia respecto al superior, éste es diferente en grado, en comparación con otros órganos.
Ahora bien, la Sala ha señalado que a pesar de estar regida las relaciones entre la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia por el principio de jerarquía, existe una autonomía del primero respecto del segundo, con motivo de su característica de órgano desconcentrado y dicha jerarquía se manifiesta, en los controles que ejerce la Sala Plena, como es el poder de nombrar las autoridades de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (artículo 15, segundo aparte de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en lo adelante LOTSJ); el poder de crear, modificar y extinguir órganos y dependencias de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (vg. artículo 15, encabezamiento y primer aparte LOTSJ y 5 de la NSDGPJ); el poder de señalar directivas (Articulo 15. 2 LOTSJ). Lo anterior no obsta a que se estime que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura goza de autonomía en el cumplimiento de sus funciones, como se verá de seguidas.
Ahora bien, tales potestades administrativas que puede ejercer la Sala Plena del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA sobre la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA en virtud de la relación jurídica organizacional que las vincula, se encuentran la de inspeccionar ó vigilar sus actuaciones, la normativa, la de organización (que comprende la de crear unidades administrativas y la de sustituir a sus directores), entre otras. Entiéndase que tales tipos de potestades, se pueden ejercer mediante controles periódicos, como son la rendición de cuentas, levantamiento de actas de inspección, remociones, nombramientos, y normalmente, suponen un control posterior a la actividad, la cual como se afirmó anteriormente debe estar ajustada a la normativa que rige la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA.
De todo lo anterior se deriva que la Sala Plena del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA cumple una función de control administrativo y dirección previo (en cuanto a la fijación de las políticas, planes y programas a seguir) respecto de las actividades que -conforme a sus atribuciones- debe cumplir la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, y ésta cuenta con la estructura organizativa adecuada para llevar a cabo las atribuciones que la Ley Orgánica del Tribunal consagra, e igualmente la Sala Plena de este Alto Tribunal ejerce un control posterior sobre la ejecución que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura efectúa de las políticas, planes y programas que la normativa que la rige y dicha Sala previamente le ha definido o delineado. Cabe resaltar que dicho control posterior tiene carácter extraorgánico por cuanto es ejercido por un órgano autónomo y externo a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, como lo es la Sala Plena.
De este modo, no existen dudas para la Sala, acerca de la autonomía de acción de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura que tiene sus límites en los parámetros fijados por la normativa que la rige y por la Sala Plena de este máximo Tribunal, teniendo en consecuencia la posibilidad de ejercer toda su competencia y aplicar todo el estatuto normativo que rige a los órganos que ejercen actividad administrativa (tales como la Ley de Licitaciones, Ley de Presupuesto, Ley de Procedimientos Administrativos, Estatuto del Personal del Poder Judicial, como antes se indicó) siendo por tanto el Tribunal Supremo de Justicia el que define sus políticas, controla posteriormente su actividad, pero no dirige su accionar, ni puede ejercer las competencias ¿avocándose a su conocimiento- que tiene la Dirección Ejecutiva de la Magistratura atribuidas constitucional y legalmente¿.
Sentencia: N° 1816 fecha 19 octubre 2006.
Asunto: Celeridad y Brevedad del Proceso de Amparo Constitucional. Artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿¿ se considera que el procedimiento de amparo no está sujeto a formalidades, el Juez constitucional podrá decidir durante el desarrollo de la audiencia, todo lo referente al amparo constitucional incoado, con la finalidad de restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella (Vid. sentencia N° 1952/7.9.2004). Incluso, ante la enfermedad de alguno de los integrantes de un tribunal colegiado que conozca de una causa de amparo, a fin de garantizar la brevedad que caracteriza este proceso, debido a su finalidad de tutelar los derechos constitucionales, se deben realizar las diligencias necesarias para convocar al juez suplente, según el encabezado del artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y celebrar la audiencia constitucional, ¿o anular la anterior si ya se había celebrado previamente sin la presencia del nuevo juez convocado¿, con la inmediación de todos los integrantes del tribunal accidental (Vid. sentencia N° 2149/14.9.2004).
Por tanto, el objeto del amparo es la tutela judicial reforzada de los derechos y garantías constitucionales, lo cual comprende los derechos enunciados por la Constitución, algunos de los cuales se encuentran fuera de su Título III (vid., por ejemplo, los artículos 143, 260 y 317 de la Constitución), así como los consagrados en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, y cualquier otro que sea inherente a la persona humana, sin que se restrinja la noción de derechos o garantías constitucionales a los derechos de las personas naturales, pues también las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales, incluso las personas jurídicas de Derecho Público que ostentar algunos de esos derechos.
De esta manera, se observa como esta Sala Constitucional ha desarrollado ampliamente en su jurisprudencia constante, pacífica y reiterada, lo relativo a la interpretación, extensión y aplicación del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde ha indicado claramente que ante la celeridad y brevedad del proceso, los días deben ser computados como días continuos y no de despacho o audiencia, salvo los sábados, los domingos y los días de fiesta contemplados en la Ley de Fiestas Nacionales, que no serían hábiles para actuar en el proceso de amparo, ya que se consideró que el único aparte del artículo 13, chocaba con postulados constitucionales, en particular, con el derecho de defensa, y sólo una interpretación procedimentalista, rígida, dogmática y aislada de los principios, puede concebir que el artículo 13 señalado se aplique en cuanto a los cómputos de los términos procesales, en forma literal¿.
Sentencia: 1826 fecha 19 de octubre 2006
Asunto: Reconducción de la Pretensión. Fraude Procesal contra Particulares.
¿Esta Sala, en múltiples oportunidades (Vid. sentencias números. 1225/2000, 2010/2001, 2431/2001, 524/2004, 854/2004, entre otras), ha resuelto, siempre que sea en beneficio del demandante, la reconducción de la pretensión deducida, ello, en atención al ejercicio de la función de garantía constitucional más exacta a los hechos o situaciones que constituyan la denuncia, que a las categorías o conceptos utilizados por el querellante y, en tal sentido, ha expresado que ¿como protector de la Constitución y de su aplicación en todos los ámbitos de la vida del país (…) existe el interés constitucional de que quienes pidan la intervención del poder judicial en el orden constitucional reciban efectivamente los beneficios constitucionales, sin desviaciones o minimizaciones causadas por carencias o errores en el objeto de las peticiones…¿ (Vid. sentencia núm. 7/2000).
Observa la Sala, que en su demanda de amparo el querellante atribuyó la violación de su derecho de propiedad al decreto de ejecución forzosa que expidió el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda el 27 de julio de 2004 y a la entrega material que practicó el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y los Salias de esa misma Circunscripción Judicial el 13 de abril de 2005, no obstante, éstos actos judiciales son producto de un supuesto fraude procesal que imputó a los ciudadanos Celina Martínez Castro, Damelis Asunción Monteverde Liendo y Freddy Celis García, y no a dichos órganos jurisdiccionales.
Ahora bien, es criterio de esta Sala, que cuando se intenta un amparo en el que se denuncia un fraude procesal y éste sólo se le atribuye a particulares, son éstos los sujetos pasivos de la pretensión (agraviantes) y, por tanto, no se está en presencia de un amparo contra decisión judicial, sino de un amparo contra particulares, aún cuando su estimación apareje, como consecuencia, la declaratoria de inexistencia del juicio simulado.
Distinto es cuando, además de las partes, se atribuye el fraude procesal al Juez, en cuyo caso es absurdo que sea el mismo quien conozca del amparo; en este supuesto se requiere, indefectiblemente, la aplicación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, por tanto, el competente es un Tribunal Superior al que tramitó el juicio que, con anuencia del Juez, supuestamente se simuló (Cfr. s.S.C. n° 2604/16.11.04, caso: Junior José Mendoza)¿.
Sentencia: N° 1855 fecha 19 de octubre 2006.
Asunto: Actos de Adjudicación de Tierras. El recurso contencioso administrativo agrario como vía ordinaria. ¿¿ estima esta Sala que de existir (como aduce la actora) una manifestación formal de la Administración Agraria (los presuntos títulos de adjudicación a los que se refiere la parte quejosa), quien se viere afectado por los mismos, (como presuntamente aduce ser el ciudadano Javier Urdaneta, quien alega que parte de un terreno de su propiedad fue adjudicado a otra persona) cuentan con una vía ordinaria para obtener la declaratoria judicial de nulidad del acto administrativo respectivo, mediante el análisis de aspectos infraconstitucionales, el cual es el recurso contencioso administrativo agrario regulado en el artículo 168 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.771, Extraordinario, del 18 de mayo de 2005, que puede ser ejercido de forma conjunta con alguna solicitud de medida cautelar fundamentada en el artículo 178 eiusdem ante el Tribunal Superior Regional Agrario competente según las reglas procesales consagradas en esa Ley. Tales disposiciones se encuentran insertas en el Título V, Capítulo II de ese cuerpo legal que regula lo relativo a los procedimientos contencioso administrativos agrarios y las demandas contra los entes estatales agrarios.
En efecto, esta Sala debe resaltar que según lo dispuesto en el mencionado artículo 168 los tribunales que integran la jurisdicción especial agraria, ejercen el control jurisdiccional de ¿(…) todas las acciones que, por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria (…)¿, lo cual permite incluir en su ámbito de control aquellas actuaciones, actos, omisiones y vías de hecho dimanadas de aquellos órganos y entes administrativos contemplados en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (Vid. Sentencia Nº 2.464 del 22 de octubre de 2004, caso: ¿Cooperativa Los Prósperos del Tuy R.L.¿).
Sobre la base de lo señalado, no puede considerarse a la acción de amparo constitucional como la única vía idónea y eficaz para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica alegada como infringida, toda vez que, como lo ha reiterado la Sala en diversos fallos, no toda trasgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, ya que para ello existen las vías procesales ordinarias, -como la ya indicada- en las cuales todos los jueces de la Republica deben restituir la situación jurídica infringida, antes que la lesión se haga irreparable. Asimismo, al no evidenciarse rotundamente de las probanzas aportadas por el ciudadano Javier Urdaneta, las violaciones aducidas, no puede pretenderse a través de un procedimiento de amparo constitucional, una investigación exhaustiva que lleve a esta Sala a demostrar lo que la parte no pudo comprobar respecto de la titularidad y la propiedad¿.
Sentencia: N° 1867 fecha 19 de octubre 2009.
Asunto: Si el acto impugnado es notificado de manera defectuosa, no se computa el lapso de caducidad. Artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. ¿¿la caducidad de la acción corre fatalmente, sin que la misma pueda ser interrumpida o suspendida.
Ahora bien, para que la caducidad pueda computarse válidamente es imprescindible que el recurrente haya sido correctamente notificado del acto que afecta sus derechos o intereses pues, de lo contrario, no comienza a transcurrir ningún lapso. Ello por cuanto la consecuencia jurídica del transcurso del lapso de caducidad es sumamente grave: inadmisibilidad de la demanda. Por tanto, para que pueda aplicarse esa consecuencia en forma ajustada a derecho, es necesario que el destinatario del acto objeto de la demanda haya sido informado del recurso, tribunal competente y lapso para su interposición, que el ordenamiento jurídico le brinda en caso de que desee impugnar el acto.
Los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos son muy claros en ese sentido¿
¿Ahora bien, la decisión objeto de revisión se apartó de la interpretación que ha hecho esta Sala Constitucional sobre el derecho constitucional a la obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y principio pro actione, según los cuales todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia, al juzgamiento con las garantías debidas, a la obtención de una sentencia cuya ejecución no sea ilusoria y a que los requisitos procesales se interpreten en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales¿.
De lo precedente, queda evidenciado el desconocimiento de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en relación con el principio pro actione, de rango constitucional, y el derecho de acceso a la justicia, toda vez que, ante la comprobación de que el acto que fue impugnado había sido notificado de manera defectuosa, no debió computarse la caducidad de la forma como se hizo para la fundamentación de inadmisibilidad que declaró¿.
Sentencia: N° 1869 fecha 19 octubre 2006.
Asunto: No se requiere documento público fehaciente para la admisión de la tercería sino para suspender la ejecución de la sentencia. Artículo 376 del Código de Procedimiento Civil.
¿¿ aprecia esta Sala que el Juez de Primera Instancia interpretó incorrectamente la disposición que contiene el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil, puesto que el ¿instrumento público fehaciente¿, a que se refiere dicha norma y que debe presentar el tercero, es con el objetivo de lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia, no como presupuesto para la admisión de la tercería. Por ello, sin pretender hacer ninguna consideración respecto a la procedencia o improcedencia de la demanda de tercería que se incoó, estima esta Sala que el Juez de primera instancia debió pronunciarse sobre la admisión de dicha demanda, sin establecer como requisito previo la necesidad de acompañamiento de documento público fehaciente.
Al respecto, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, pacíficamente ha reiterado el criterio sobre los requisitos de admisibilidad de la demanda de tercería en fase de ejecución de sentencia, en los siguientes términos:
¿Indudablemente que son situaciones procesales distintas la sentencia ejecutada y la sentencia en fase de ejecución, es de importancia relevante esta diferenciación interpretativa en razón a los efectos y consecuencias para el ejercicio de otras acciones y recursos. En ese sentido con relación al caso que ocupa a esta Suprema Jurisdicción, el legislador en el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil, estableció la posibilidad legal de que se presente una acción de tercería antes de haberse ejecutado la sentencia. En igual forma se interpreta de dicha norma, que el instrumento público fehaciente no es requisito para admitir dicha tercería, sino para suspender la ejecución.
En el sub iudice el ad quem, de la evidencia que se desprende del transcrito parcial de su sentencia realizado anteriormente, sin lugar a dudas que infringió el debido proceso al confirmar la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda de tercería sobre el errado sustento de que la sentencia ya ¿…estaba en proceso de ejecución…¿ y que el ¿…el tercero opositor dejó de presentar instrumento público fehaciente del derecho que le asiste…¿; negándole de esta forma el acceso a los Órganos de la Administración de Justicia, al establecer condiciones de inadmisibilidad no previstas para el caso en particular, infringiendo consecuencialmente el contenido y alcance de los artículos 341, 370 ordinal 1° y 376 del Código de Procedimiento Civil, razón suficiente para que la Sala proceda a corregir el error delatado, restituya el orden público y el debido proceso violentados, a través de la facultad ya expresada que le confiere el artículo 320 eiusdem, anulando tanto el fallo recurrido como el del tribunal de primer grado, ordenando se dicte nueva sentencia con sujeción a esta decisión, tal como se hará de manera, expresa, positiva y precisa en el dispositivo de esta sentencia. Así se resuelve¿. (Vid. Sentencia 341, del 30 de julio de 2002).
De lo anterior se concluye que la errónea aplicación de la norma que contiene el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil, por parte del Juzgado agraviante constituye una violación a los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, que determina la procedencia de la pretensión de amparo constitucional, respecto de la admisión de la tercería, razón por la cual, sin necesidad de entrar al análisis de ninguna otra denuncia, debe confirmarse el fallo objeto de apelación¿.
Sentencia: N° 1881 fecha 19 octubre 2006.
Asunto: El Estado debe pagar los emolumentos causados por guarda y custodia de bienes objetos de delitos.
¿¿ observa esta Sala que la quejosa adujo la vulneración de sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la libertad económica, por cuanto al ordenar la entrega del vehículo en cuestión al ciudadano José Gregorio Camacaro Montes, en calidad de guarda y custodia, exonerándolo del pago de los emolumentos causados con motivo del lapso de tiempo que dicho vehículo permaneció en las instalaciones de la empresa, le impide percibir una contraprestación económica por la prestación del servicio.
esta Sala mediante el fallo N° 665 del 28 de abril de 2005 (caso: ¿Estacionamiento Mampote II, C.A.¿), señaló que constituye una obligación del Estado pagar los gastos causados con ocasión al depósito de bienes pasivos objetos del delito, los cuales deberán ser depositados en lugares o locales destinados a tal fin, en razón que el Estado no dispone de esos establecimientos o los mismos son insuficientes, constituyendo una carga para el Estado sufragar los gastos correspondientes, en virtud que la medida de aseguramiento partió de una solicitud emanada de un órgano competente.
En tal sentido, considera esta Sala que en el presente caso no se evidencia la vulneración de los derechos constitucionales de la quejosa por cuanto corresponde al Estado el pago y cancelación de los emolumentos causados por el depósito, guarda y custodia de los vehículos recuperados por las autoridades competentes que no sean propiedad del autor del hecho punible o de cualquier otro responsable penal en el hecho delictivo o bien que no se tratare de alguno de los casos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Tránsito Terrestre, en consecuencia, resulta acertado el criterio sostenido por el Juzgado a quo al respecto¿
Sin embargo, resulta imperioso advertir que no resulta correcto el término utilizado por la sentencia presuntamente lesiva cuando señala que ¿(¿) debe exonerarse de emolumentos¿ al ciudadano José Gregorio Camacaro Montes, pues cuando se hace alusión a una exoneración se presume la existencia de una obligación, que en el presente caso, se encuentra constituida por el pago de unos emolumentos, por ello, mal pudo el juzgador exonerar al particular del pago de unos emolumentos que corresponden sufragar al Estado¿¿.
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