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Ley reguladora de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración de Cantabria (Ley 1/2008, de 2 de julio) - Normativa de Cantabria - Legislación - VLEX 72147169
Ley reguladora de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración de Cantabria (Ley 1/2008, de 2 de julio)
Publicado en: BO Cantabria de 9 de Julio 2008
TÍTULO II. Control del régimen de conflictos de intereses - arts. 3 y 4
TÍTULO III. Régimen deontológico - arts. 5 a 7
CAPÍTULO I. Control de los nombramientos de determinados altos cargos - art. 8
CAPÍTULO II. Régimen de incompatibilidades - arts. 9 a 11
CAPÍTULO III. Régimen de actividades una vez abandonado el cargo público - art. 12
CAPÍTULO IV. Medidas de transparencia de intereses y patrimonios - arts. 13 a 16
CAPÍTULO V. Medidas adicionales de prevención de conflictos de intereses - arts. 17 a 19
TÍTULO V. Régimen sancionador - arts. 20 a 25
DISPOSICIÓN ADICIONAL. Comunicación de nombramientos
PRIMERA. Facultad de aplicación y desarrollo
Ley desarrollada por el Decreto 1/2009, del 15 de Enero, publicado en el BO Cantabria del 28 de Enero de 2009.
De conformidad con el artículo 103.1 de la CE, «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».
Este precepto constitucional caracteriza la función que distingue a los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración en cuanto cabezas de las diferentes estructuras públicas que dirigen. Por tanto, servicio, objetividad e interés general son tres notas constitucionales que siempre han de estar presentes en cualquier regulación que se realice en materia, tanto de incompatibilidades, como de conflictos de intereses.
Sin perjuicio del avance que el sistema articulado por las anteriores normas supuso en su momento, la experiencia adquirida pone de manifiesto la necesidad deadoptar medidas contra los conflictos de intereses en el ejercicio de cargos públicos que vayan más allá del mero establecimiento de un régimen de incompatibilidades. Se trata así de establecer un régimen que, más que en una concreta técnica de gestión del conflicto de intereses, como es la incompatibilidad, se centre en el problema que dicho conflicto en sí mismo plantea. Esta Ley concreta este enfoque integral del conflicto de intereses en la previa identificación de las fuentes de riesgo de aparición de tales conflictos, así como en la previsión de toda una panoplia de medidas dirigidas a prevenirla, lo que constituye un importante avance en el conjunto de la legislación de las Comunidades Autónomas, situándose así la de Cantabria de forma pionera a la cabeza en esta materia.
En efecto, la Ley parte de la premisa de que la mera existencia de un conflicto entre intereses públicos e intereses privados en el ejercicio del cargo pone en riesgo la necesaria imparcialidad de la actuación política y administrativa.
Por tal motivo, la Ley posee un enfoque eminentemente preventivo, dirigido a evitar que puedan surgir conflictos entre intereses públicos y privados en la toma de decisiones. Trata así de articular los instrumentos necesarios para impedir que el conflicto pueda siquiera llegar a producirse, por más que se establezcan asimismo los mecanismos adecuados para que prime siempre el interés general frente al interés privado en el supuesto de que el surgimiento del conflicto no se hubiera podido evitar. Y sin que esta naturaleza preventiva se vea desmerecida por la imprescindible inclusión del correspondiente régimen sancionador, con independencia, como es natural, de los delitos específicamente previstos en el Código Penal.
La Ley se estructura en cinco Títulos. En el primero de ellos se introducen algunos conceptos fundamentales en la ordenación de los conflictos de intereses, a saber, el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley y la propia noción de conflictos de intereses. Por lo que respecta a la primera cuestión, la Ley realiza una extensa interpretación de la noción de alto cargo, considerando como tales a aquellas personas que ejercen las funciones de mayor responsabilidad en el seno de la Administración General, o en los demás organismos y entes que conforman las tres vertientes del sector público autonómico (administrativa, empresarial y fundacional); así, junto a los miembros del Gobierno de Cantabria, y los titulares de los órganos superiores y directivos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se considera también alto cargo a aquellas personas que ocupan puestos de asesoramiento y confianza de los miembros del Gobierno de Cantabria que son nombrados mediante libre designación y que poseen rango superior, igual o asimilado al de Director General. A partir de este criterio general se ha introducido una mención expresa de determinados cargos por la propia estabilidad de su existencia, como son los presidentes, directores generales, directores gerentes, consejeros delegados o asimilados de organismos y entidades del sector público administrativo, empresarial y fundacional de la Comunidad Autónoma.
Finalmente, se ha considerado oportuno introducir una cláusula abierta, que permita identificar como alto cargo a aquellas personas que por su elevada responsabilidad en la Administración General, o en sus personificaciones instrumentales, deban estar sometidas a un régimen singular; no obstante se ha añadido la exigencia de que cumplan un requisito formal: Que su designación sea efectuada mediante decreto o acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
En cuanto a la noción de conflicto de intereses, se parte de que éstos conllevan la existencia de dos intereses encontrados: uno de carácter público -en cuya defensa se ha de ejercitar el cargo- y otro de carácter puramente privado.
Este segundo tipo de interés puede a su vez ser, no sólo de la propia persona que ostenta la titularidad delcargo, sino de terceros, particularmente de sus familiares directos, pero también de otras personas que lo comparten con aquél.
En el Título II de la Ley se desarrolla el mecanismo de control de conflictos de intereses. Este órgano es la Inspección General de Servicios de la Consejería de Presidencia y Justicia, que se encarga de controlar el cumplimiento de la normativa sobre conflictos de intereses.
Su función esencial es fiscalizar con carácter general el cumplimiento del régimen instituido en esta Ley, y servir de sede para los registros de actividades y de bienes, derechos patrimoniales e intereses de los altos cargos de la Administración de Cantabria, así como gestionar los mismos. Se ha considerado asimismo conveniente que el Parlamento de Cantabria posea completo conocimiento del cumplimiento por los altos cargos del régimen de conflictos de intereses; a estos efectos, la Inspección General remitirá anualmente información al Gobierno de la Comunidad Autónoma, y éste al Parlamento de Cantabria, sobre el grado de cumplimiento de dicho régimen, las infracciones que hubiesen sido cometidas y las sanciones a que, en su caso, hubieren dado lugar.
Por otro lado, el intercambio de recursos humanos entre el sector público y el sector privado es una muestra más de la cada vez más intensa interacción Estado-sociedad, que enriquece a ambas partes. Sin embargo, debe existir algún límite para que las personas que han ejercido como alto cargo no obtengan, al cesar en el mismo, beneficio privado a propósito de asuntos respecto de los que hubieran sido competentes. El provecho obtenido de esta forma no sólo es desleal para el interés público, sino que sitúa a los operadores jurídicos privados en situación de desigualdad, en tanto que uno de ellos -el ex-alto cargo en sí, o la entidad privada a la que sirve- posee una posición privilegiada.
Por todas estas razones, debe fiscalizarse la actividad que desempeña la persona que ha ocupado un cargo público una vez lo ha abandonado. En la Ley se establece así la prohibición de desarrollar actividades vinculadas a las desempeñadas como cargo público, si bien -como muy relevantes experiencias comparadas han acreditado- la neutralización del antiguo alto cargo ha de someterse a su vez a una limitación temporal proporcionada: un periodo de «enfriamiento» excesivo puede provocar la renuencia de especialistas y profesionales adecuadamente cualificados a ocupar cargos públicos.
Por otra parte, se opta por otorgar pleno acceso al Registro de Actividades e Intereses de altos cargos. Al fin y al cabo la transparencia de las declaraciones de actividades e intereses aumenta la confianza ciudadana en los gobernantes, al hacer posible la comprobación de su trayectoria personal y la consiguiente conformación de un juicio certero acerca de la valía de las personas que ocupan los cargos de mayor responsabilidad en la Comunidad Autónoma. El contenido de las declaraciones de actividades e intereses se publica así en el Boletín Oficial de Cantabria. El acceso al Registro de bienes yderechos patrimoniales es sin embargo reservado. La Ley prevé así que sólo personas incardinadas en determinadas instituciones u órganos puedan tener acceso a los bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos.
Finalmente, en el Título V de la Ley se desarrolla el régimen de infracciones y sanciones, en aras a reforzar la eficacia de esta regulación de los conflictos de intereses. Sin su existencia difícilmente sería posible satisfacer este objetivo. Del mismo puede ser destacada la posibilidad de que se destituya a la persona que haya incurrido en alguna de las infracciones tipificadas como graves.
Además se prevé la obligación de devolver cantidades ilegalmente percibidas y la prohibición de que la persona infractora vuelva a ocupar un alto cargo por un período de entre cinco y diez años.
La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico en materia de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno de Cantabria, los altos cargos de su Administración, y las personas asimiladas a estos últimos por ésta u otras leyes.
El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, si lo hubiere.
Los secretarios generales, directores generales y los equivalentes a ellos.
Los directores de los gabinetes del presidente y de los demás miembros del Gobierno de Cantabria, y el resto de los titulares de puestos de libre designación del presidente o de los consejeros, con rango superior, igual o asimilado al de director general.
Los presidentes, directores generales, directores gerentes y asimilados de los organismos y entidades que configuran el sector público administrativo de la Comunidad Autónoma.
Los presidentes, directores generales, consejeros delegados y asimilados de las entidades y sociedades que configuran el sector público institucional de la Comunidad Autónoma,siempre que exista remuneración por el desempeño de dichos cargos.
Los presidentes, directores generales, directores gerentes y asimilados de las fundacionesque configuran el sector público fundacional de la Comunidad Autónoma, siempre que existaremuneración por el desempeño de dichos cargos.
El resto de cargos del sector público autonómico cuya designación sea efectuada mediante decreto o acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, siempre que exista remuneración por el desempeño de dichos cargos.
Artículo 1, apartado 2, letra i), modificado por la Ley de Cantabria 4/2009, de 1 de diciembre, de Participación Institucional de los Agentes Sociales en el Ámbito de la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, el 24 de Diciembre de 2009.
Artículo 1, apartado 2, letras g) y h), modificadas por la Ley de Cantabria 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, el 30 de Diciembre de 2013.
Artículo 1, apartado 2, letras g) modificada por la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 2 Noción de conflicto de intereses.
TÍTULO II Control del régimen de conflictos de intereses Artículos 3 y 4
ARTÍCULO 3 Fiscalización a través de la Inspección General de Servicios.
La Inspección General de Servicios se encargará del control del régimen de conflictos de intereses establecido en esta Ley. De la misma dependerán los registros de actividades e intereses, y de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos.
El personal que preste servicios en la Inspección General de Servicios tiene el deber permanente de mantener en secreto los datos e informaciones que conozca por razón de su trabajo.
Los altos cargos prestarán a la Inspección General de Servicios toda la colaboración que ésta precise, debiendo en particular proporcionarle cuanta información sea necesaria para el desarrollo de su actividad.
ARTÍCULO 4 Fiscalización parlamentaria y denuncias de incumplimientos.
La Inspección General de Servicios elevará anualmente al Gobierno de la ComunidadAutónoma, para su ulterior remisión al Parlamento de Cantabria, un informe con la relaciónnominal de declaraciones presentadas, así como sobre el cumplimiento por parte de los altoscargos del régimen de conflicto de intereses, al que cuando proceda se incorporará un resumende las labores de control de nombramientos a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley,así como de los obsequios y donaciones recibidos por altos cargos, conforme a la informaciónobtenida en virtud del artículo 18.2 de esta Ley. Entre otros aspectos, los informes indicarán las infracciones que se hayan cometido y las sanciones que hayan sido impuestas, con identificación de sus responsables.
La Inspección General de Servicios conocerá de las denuncias que sobre los presuntos incumplimientos de esta Ley pudieran formularse.
Artículo 4, apartado 1, modificado por la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
TÍTULO III Régimen deontológico Artículos 5 a 7
Pleno respeto a la Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico en el desempeño de sus funciones, y en particular, al dictar las disposiciones o resoluciones que sean de su competencia.
Dedicación exclusiva al cargo público, en el marco de lo dispuesto en esta Ley.
Orientación estratégica y exclusiva a los intereses generales, que prevalecerán en todo caso sobre los diferentes y legítimos intereses parciales de cualquier naturaleza que puedan presentarse en el desempeño del cargo público.
Diligencia y coherencia en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el programa de gobierno que les corresponda desarrollar.
Colaboración y lealtad institucional en el desarrollo de las relaciones interadministrativas.
Transparencia patrimonial, a través de la oportuna, veraz y completa presentación de las declaraciones deactividades e intereses, y de bienes y derechos patrimoniales, conforme a lo previsto en la presente Ley.
Ejemplaridad en el cumplimiento de los deberes legalmente previstos.
Compromiso con la promoción de los valores constitucionales, en especial, el respeto a los derechos humanos, la libertad, la igualdad, particularmente entre mujeres y hombres, la solidaridad y la participación ciudadana, removiendo los obstáculos que pudieran dificultarlos.
Respeto del mérito y la capacidad en los procedimientos de selección y promoción del personal al servicio del sector público autonómico.
Objetividad e imparcialidad en los procedimientos de contratación pública y reconocimiento de derechos patrimoniales o personales.
Desempeño de las competencias con arreglo al principio de confianza legítima.
Liderazgo participativo, propiciando la colaboración permanente y activa del personal sujeto a su dirección.
ARTÍCULO 6 Código de buen gobierno.
TÍTULO IV Mecanismos de prevención de conflictos de intereses Artículos 8 a 19
CAPÍTULO I Control de los nombramientos de determinados altos cargos Artículo 8
ARTÍCULO 8 Informe previo de la Inspección General de Servicios.
CAPÍTULO II Régimen de incompatibilidades Artículos 9 a 11
ARTÍCULO 9 Dedicación exclusiva.
Los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicaciónexclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por si, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad,sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las excepciones señaladasen los artículos 10 y 11 de la presente Ley.
Artículo 9, segundo párrafo, modificado por la Ley de Cantabria 4/2009, de 1 de diciembre, de Participación Institucional de los Agentes Sociales en el Ámbito de la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, el 24 de Diciembre de 2009.
Artículo 9, segundo párrafo, modificado por la Ley de Cantabria 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, el 30 de Diciembre de 2013.
Artículo 9, modificado por la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 10 Compatibilidad con el ejercicio de actividades públicas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el ejercicio de las funciones de un alto cargo será compatible con las siguientes actividades públicas:
Las propias de la representación parlamentaria en el exclusivo caso del Presidente, Vicepresidente si lo hubiere, y el de los Consejeros del Gobierno de Cantabria.
El desempeño de la condición de concejal, presidente o vocal de los órganos de gobiernode cualquier otra entidad local, salvo los altos cargos mencionados en el apartado anterior.
El desempeño de los cargos que les correspondan con carácter institucional, o de aquellos para los que sean comisionados por el Gobierno de Cantabria, incluidas organizaciones o conferencias nacionales e internacionales, siempre que no fueren remunerados.
El desempeño de la presidencia de entidades o sociedades integradas en el sector público empresarial, cuando la naturaleza de los fines de las mismas guarden conexión con lascompetencias legalmente atribuidas al alto cargo.
Asimismo, la representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabriao, en su caso, entidad local, en los órganos colegiados, directivos o consejos de administraciónde organismos o empresas del sector público administrativo o empresarial, así como en empresas privadas participadas por la Comunidad Autónoma o, en su caso, por una entidad local.
Salvo prohibición legal expresa, con el desempeño de los cargos de presidente o miembro de los órganos tripartitos que actúen al amparo de la Ley de Cantabria de participación institucional de los agentes sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En los casos previstos en el apartado anterior, salvo los supuestos a) y b), los altos cargos no podrán percibir remuneración alguna, con excepción de las indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados que les correspondan de acuerdo con la normativa vigente, sin que en ningún caso puedan exceder anualmente del treinta por ciento de la remuneración que perciban por razón del cargo principal.
Asimismo, el ejercicio de las funciones de un alto cargo será también compatible con el desempeño de actividades docentes o de investigación en centros universitarios, en el Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria u otros centros de selección y perfeccionamiento de empleados públicos, o en cualesquiera otros centros de investigación, siempre que tales actividades no supongan menoscabo de la dedicación al cargo. El alto cargo deberá poner en conocimiento de la Inspección General de Servicios la realización de estas actividades.
El ejercicio de actividades docentes o de investigación con carácter regular precisará autorización del Consejero de Presidencia y Justicia o, si se trata de algún Consejero, del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Asimismo, la cuantía de las compensaciones percibidas por la actividad docente o de investigación no podrá en ningún supuesto exceder del treinta por ciento de la correspondiente a su alto cargo.
Artículo 10, modificado por la Ley de Cantabria 4/2009, de 1 de diciembre, de Participación Institucional de los Agentes Sociales en el Ámbito de la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, el 24 de Diciembre de 2009.
Artículo 10, apartado 1, letras b) y d), modificados por la Ley de Cantabria 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, el 30 de Diciembre de 2013.
ARTÍCULO 11 Compatibilidad del cargo público con actividades privadas.
La mera administración del patrimonio personal o familiar, con las limitaciones establecidas en el artículo 17 de la presente Ley.
La producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas, así como la colaboración y la asistencia ocasional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes.
La participación como patrono, representante estatutario o miembro del órgano de gobierno en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro o fundaciones, siempre que no perciban ningún tipo de retribución o percepción por dicha participación, y sin perjuicio de su derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione. Las cantidades percibidas por este concepto no podrán exceder de los límites previstos en la normativa sobre impuesto de la renta de las personas físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de gravamen.
Artículo 11, letra a), modificada por la Ley de Cantabria 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, el 30 de Diciembre de 2013.
CAPÍTULO III Régimen de actividades una vez abandonado el cargo público Artículo 12
ARTÍCULO 12 Limitaciones al ejercicio de actividades con posterioridad al cese.
Los altos cargos, con posterioridad al cese en el cargo para cuyo ejercicio hayan sido nombrados, elegidos o designados, no pueden desarrollar actividades privadas relacionadas con los expedientes en cuya resolución hayan intervenido directamente en el ejercicio del alto cargo, ni suscribir, durante los dos años siguientes, personalmente o por medio de empresas o sociedades en las que tengan una participación superior al diez por ciento o que sean subcontratistas de éstas, ningún tipo de contrato de asistencia técnica, de servicios o similares con la administración, los organismos, las entidades o las empresas del sector público en los que han prestado servicios como altos cargos.
Los altos cargos que reingresen al servicio activo en la Administración de la ComunidadAutónoma deberán solicitarlo en el plazo de un mes. La incorporación al servicio activo tendrálugar al mes de la notificación de la resolución de reingreso, teniendo en todo caso el reingresoefectos económicos y administrativos desde la fecha de la solicitud.
Artículo 12, apartardo 2, modificado por la Ley de Cantabria 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, el 30 de Diciembre de 2013.
CAPÍTULO IV Medidas de transparencia de intereses y patrimonios Artículos 13 a 16
ARTÍCULO 13 Declaración de actividades e intereses relacionados con el ejercicio del cargo.
Los altos cargos están obligados a efectuar una declaración de los intereses directamente relacionados con las competencias ejercidas y de las actividades profesionales, mercantiles o laborales:
que hubieran desempeñado durante los dos años anteriores a su toma de posesión como alto cargo.
que fueran a desempeñar durante el ejercicio del cargo, siempre que fueren compatibles en los términos previstos en la presente Ley.
La declaración de las actividades que hubieran desempeñado y de las que fueran a desempeñar durante el ejercicio del cargo, se efectuará en el improrrogable plazo de los tres meses siguientes a las fechas de toma de posesión en el alto cargo, así como cada vez que el interesado inicie una nueva actividad.
La Inspección General de Servicios examinará las declaraciones y, de apreciar defectos formales, requerirá su subsanación al interesado. Transcurrido el plazo dispuesto reglamentariamente, procederá a inscribir la declaración en el Registro de Actividades e Intereses de altos cargos.
ARTÍCULO 14 Registro de Actividades e Intereses de altos cargos.
El Registro de Actividades e Intereses tiene su sede en la Inspección General de Servicios, la cual es responsable de la custodia, seguridad e indemnidad de los datos y documentos que en ellos se contengan.
Dicho Registro se instalará en un sistema de gestión documental que garantice la inalterabilidad y permanencia de sus datos, así como la alta seguridad en el acceso y uso de éstos.
El Registro de Actividades e Intereses de altos cargos será público, su contenido se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y estará accesible en la sede electrónica o portal webdel Gobierno de Cantabria.
El funcionamiento del Registro de Actividades e Intereses de altos cargos será desarrollado reglamentariamente en atención a lo dispuesto en los anteriores apartados.
Artículo 14, apartado 3, modificado por la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 15 Declaración de bienes y derechos patrimoniales.
Quienes tengan la condición de alto cargo están obligados a formular en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos, en los términos que reglamentariamente se establezcan, declaración patrimonial, comprensiva de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones. Voluntariamente, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad podrá formular esta declaración, que será aportada por el alto cargo.
Las participaciones en sociedades y el objeto social de éstas.
La declaración a que se refiere el apartado primero de este artículo se efectuará en el improrrogable plazo de tres meses siguientes a las fechas de toma de posesión y cese, respectivamente, en el alto cargo.
Los altos cargos aportarán junto con la declaración inicial y la de cese, así como anualmente, copia de la última declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, al Impuesto sobre el Patrimonio que el declarante haya tenido obligación de presentar ante la Administración tributaria.
La declaración anual correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, al Impuesto sobre el Patrimonio, a que hace referencia el apartado anterior, se presentará en el improrrogable plazo de tres meses desde la conclusión de los plazos legalmente establecidos para su presentación.
La Inspección General de Servicios recibirá las declaraciones y las copias. Una vez examinadas aquéllas, de apreciar defectos formales, requerirá su subsanación al interesado. Transcurrido el plazo dispuesto reglamentariamente, la Inspección General de Servicios procederá ainscribir la declaración en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales.
ARTÍCULO 16 Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales.
El Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales tendrá carácter reservado y sólo podrántener acceso al mismo, además del propio interesado, los siguientes órganos:
El Parlamento de Cantabria, y en particular las comisiones parlamentarias de investigación que se constituyan, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara o sus disposiciones dedesarrollo.
Los órganos judiciales, para la instrucción o resolución de procesos que requieran elconocimiento de los datos que obran en el Registro, de conformidad con lo dispuesto en lasleyes procesales.
El Defensor del Pueblo, en los términos previstos en su legislación específica.
El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales se hará público enla forma que se desarrolle reglamentariamente, en todo caso se omitirán los datos relativosa la localización de los bienes patrimoniales y se salvaguardará la privacidad y seguridad de sus titulares, respetando la legislación básica reguladora de protección de datos de carácter personal.
Artículo 16, modificado por la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
CAPÍTULO V Medidas adicionales de prevención de conflictos de intereses Artículos 17 a 19
ARTÍCULO 17 Participaciones en sociedades contratistas del sector público autonómico.
Los altos cargos no podrán administrar personalmente las participaciones que posean por sí o junto con su cónyuge o persona que conviva en análoga relación de afectividad e hijos dependientes y personas tuteladas, en empresas o sociedades que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público autonómico.
Si la participación superase el diez por ciento del capital social de dichas empresas o sociedades, y en el plazo de tres meses desde el nombramiento, deberán proceder a su transmisión, hasta quedar incluidas en este límite.
En los supuestos previstos en los dos apartados anteriores, y dentro del plazo de tres meses desde que tuviera lugar el nombramiento o la adquisición de las participaciones, las personas que se encuentren bajo el ámbito de aplicación de la presente Ley deberán encomendar la administración de las participaciones a sociedades especializadas mientras dure el ejercicio del cargo, debiendo ser inscrito el contrato de encomienda en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales en la forma que reglamentariamente se determine.
La entidad con la que contraten efectuará la administración con sujeción exclusivamente a las directrices generales de rentabilidad y riesgo establecidas en el contrato, sin que pueda recabar ni recibir instrucciones de inversión de los interesados. Tampoco podrá revelárseles la composición de sus inversiones, salvo que se trate de instituciones de inversión colectiva o que, por causa justificada, medie autorización de la Inspección General de Servicios.
Sin perjuicio de las responsabilidades de los interesados, el incumplimiento por la entidad de las obligaciones señaladas en el párrafo anterior tendrá la consideración de infracción muy grave a los efectos del régimen sancionador previsto en la legislación estatal que como tal entidad financiera le sea aplicable.
ARTÍCULO 18 Obsequios y donaciones a altos cargos.
Todos aquellos obsequios o donaciones que los altos cargos perciban por cualquier causa relacionada con sus competencias o funciones que tengan la naturaleza de no fungibles y superen el valor de doscientos cuarenta (240,00) euros, se incorporarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Los altos cargos que reciban obsequios o donaciones de los referidos en el apartado anterior los remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda, a fin de que la misma proceda a incluirlos en el inventario patrimonial de la Comunidad Autónoma y a destinarlos al uso que mejor proceda. En todo caso, la citada Consejería remitirá una relación anual de los obsequios recibidos a la Inspección General de Servicios haciendo constar una descripción de los mismos y el alto cargo remitente, a los efectos previstos en el artículo 4.1 de la presente Ley.
En caso de que el objeto tuviera un especial interés para el desempeño de las competencias del área de gobierno o administración a la que el alto cargo obsequiado esté adscrito, junto con la remisión del mismo se podrá solicitar el destino al uso de esa específica área. A la vista de las razones alegadas en la solicitud, la Consejería de Economía y Hacienda resolverá lo que proceda.
ARTÍCULO 19 Deberes de inhibición y abstención.
Quienes desempeñen un alto cargo están obligados a inhibirse del conocimiento de asuntos en los que hubieran intervenido en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público, o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran participado en igual periodo ellos, su cónyuge o persona con quien convivan en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado. A tal fin deberán formular declaración de actividades en los términos previstos en la presente Ley.
En el caso de que, durante el desempeño del cargo público, el alto cargo estuviera obligado a abstenerse en los términos previstos en la legislación estatal sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común, o en cualquier otra ley, la abstención se producirá por escrito para su adecuada expresión y constancia, y se notificará al superior inmediato del alto cargo o al órgano que lo designó. En todo caso esta abstención será comunicada por el interesado, en el plazo de un mes, al Registro de actividades de altos cargos, para su constancia.
Si algún alto cargo incumpliera sus deberes de inhibición o abstención, el titular de la Consejería de quien dependa deberá ordenarle, previa audiencia, que se inhiba o abstenga. Además, deberá informar de ello al titular de la Consejería competente en materia de régimen de personal. Si el alto cargo fuera un miembro del Gobierno, la orden deberá proceder del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
TÍTULO V Régimen sancionador Artículos 20 a 25
El incumplimiento del régimen de actividades una vez abandonado el cargo público establecido en la presente Ley.
La falta de colaboración reiterada con la Inspección General de Servicios.
El quebrantamiento del régimen de posesión de participaciones accionariales en empresas o sociedades contratistas del sector público autonómico establecido en el artículo 17 de la presente Ley.
La revelación de datos que supongan el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la presente Ley.
El quebrantamiento de los deberes de inhibición y abstención establecidos en la presente Ley.b) La no declaración de actividades, intereses, bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes registros, tras el apercibimiento para ello.
La omisión de datos y documentos que deban ser presentados conforme a lo establecido en esta Ley.
La falta de colaboración con la Inspección General de Servicios.
El quebrantamiento del régimen de obsequios y donaciones establecido en la presente Ley.
La comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año.
Se considera infracción leve la no declaración de actividades e intereses, o de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes registros, dentro de los plazos establecidos, cuando se subsane tras el requerimiento que se formule al efecto.
Las infracciones muy graves, con una o más de las siguientes sanciones:
La declaración del incumplimiento de la ley y la publicación de este hecho en el Boletín Oficial de Cantabria.
La destitución en los cargos públicos que se ocupen, salvo que ya se hubiera cesado en los mismos.
La suspensión de funciones por un período de tres años y el traslado de puesto de trabajo dentro de la propia localidad, cuando se trate de la infracción tipificada en el artículo 20.1 f).
La prohibición de ocupar un alto cargo durante un período de entre cinco y diez años.
La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente.
Las infracciones graves, con:
La prohibición de ocupar un alto cargo durante un período de entre dos y cinco años.
Las infracciones leves serán castigadas con amonestación privada.
ARTÍCULO 22 Actuaciones previas a la iniciación del procedimiento sancionador.
La Inspección General de Servicios será competente para la instrucción de los expedientes sancionadores.
Con anterioridad a la iniciación de cualquier expediente sancionador, la Inspección General de Servicios podrá realizar de oficio, en los términos especificados en la legislación estatal sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común, actuaciones previas de carácter reservado para determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. El inicio de las actuaciones se notificará al interesado.
Una vez realizada la información previa, la Inspección General de Servicios elevará informe de las actuaciones realizadas a los órganos previstos en el artículo 24.
El procedimiento se sustanciará conforme la legislación básica estatal reguladora del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, salvo en el caso de infraccióntipificada en el artículo 20.1.f) cometida por funcionarios de la Administración General de laComunidad Autónoma, a los que será de aplicación el régimen disciplinario correspondiente.
Artículo 23, modificado por la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
ARTÍCULO 24 Órganos competentes del procedimiento sancionador.
El órgano competente para ordenar la incoación cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del Gobierno, director general o secretario general será el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia y Justicia.
Corresponde al Gobierno la imposición de sanciones por faltas muy graves y, en todo caso, cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno, director general o secretario general. La imposición de sanciones por faltas graves corresponde al titular de la Consejería de Presidencia y Justicia. La sanción por faltas leves corresponderá al secretario general de la Consejería de Presidencia y Justicia.
Si las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración deberá poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución.
ARTÍCULO 25 Prescripción de infracciones y sanciones.
El régimen de prescripción de las infracciones y sanciones previstas en esta Ley, sus plazos, su cómputo y sus causas de interrupción se determinará conforme la legislación básica estatal reguladora del régimen jurídico del Sector Público. En el caso de la infracción tipificada enel artículo 20.1.f) cometida por funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, les será de aplicación los plazos de prescripción fijados por el régimen jurídicodisciplinario de aplicación a los funcionarios públicos.
Artículo 25, modificado por la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL Comunicación de nombramientos
Los organismos, entidades, empresas y fundaciones que constituyen el sector público autonómico deberán informar a la Inspección General de Servicios acerca de los nombramientos que efectúen respecto de aquellos puestos de trabajo que conforme a esta Ley tengan la condición de altos cargos, en el plazo de un mes a partir del nombramiento.
Las entidades, entes del sector público empresarial autonómico o empresas privadas con representación del sector público autonómico en sus consejos de administración, comunicarán la Inspección General de Servicios las designaciones que efectúen para su consejo de administración u órganos de gobierno en personas que conforme a lo dispuesto en esta Ley tengan la condición de alto cargo, en el plazo de un mes a partir del nombramiento. DISPOSICIÓN TRANSITORIA
El Gobierno de Cantabria regulará mediante decreto, los registros de actividades e intereses, y de bienes yderechos patrimoniales de los altos cargos, a efectos de adaptar su organización y funcionamiento a las disposiciones de la presente Ley.
Palacio del Gobierno de Cantabria, 2 de julio de 2008.
DECRETO 93/1986, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas de procedimiento en los anticipos de Tesorería.
Real Decreto 520/1979, de 20 de febrero, por el que se actualiza la celebración del «Día Forestal Mundial».

References: artículo 103

Artículo 1

Artículo 1

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ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4
 artículo 8
 artículo 18

Artículo 4

ARTÍCULO 6
 Artículo 8

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ARTÍCULO 9

Artículo 9

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ARTÍCULO 10

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ARTÍCULO 11
 artículo 17

Artículo 11
 Artículo 12

ARTÍCULO 12
 resolución 
 resolución 

Artículo 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

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ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16
 resolución 

Artículo 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18
 artículo 4

ARTÍCULO 19
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 20

ARTÍCULO 22
 artículo 24
 artículo 20

Artículo 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25
 artículo 20

Artículo 25

Real Decreto