Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/189412-00842-28716-2016-2012-1272.HTML
Timestamp: 2020-05-28 15:55:33+00:00

Document:
Adjunto al Oficio N° 361/2012 de fecha 12 de julio de 2012, recibido en esta Sala Político-Administrativa el 10 de agosto del mismo año, el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió el expediente signado bajo el N° AP41-U-2011-000055 (de la nomenclatura del órgano jurisdiccional), contentivo del recurso de apelación ejercido el 25 de mayo de 2012 por la abogada Yanett Maigualida Mendoza, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 34.360, en su carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, en representación del FISCO NACIONAL, tal como se desprende del documento poder cursante a los folios 46 al 51 de las actas procesales, contra la sentencia definitiva N° 025/2012 dictada por el Juzgado remitente el 11 de mayo de 2012, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos el 14 de febrero de 2011, por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil BIOTÉCNICA CATALINA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda (hoy Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda) el 19 de mayo de 1999, bajo el N° 77, Tomo 94-A-Pro.
El 2 de octubre de 2012, la abogada Marianne Drastup Gerbasi, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 56.519, en su carácter de sustituta del Procurador General de la República, en representación del Fisco Nacional, según se desprende del instrumento poder cursante a los folios 46 al 51 de la Pieza N° 2 del expediente judicial; presentó escrito de fundamentación de la apelación ejercida. No hubo contestación.
En fecha 22 de abril de 2014, la abogada Marianne Drastup Gerbasi, antes identificada, solicitó se dictara sentencia en la presente causa.
En fecha 16 de febrero de 2016, la abogada María Gabriela Vergara Contreras, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 46.883, en su carácter de sustituta del Procurador General de la República, en representación del Fisco Nacional, tal como se desprende del instrumento poder cursante a los folios 46 al 51 de la Pieza N° 2 del expediente judicial, solicitó se dictara decisión en la causa de autos.
El 23 de diciembre de 2015, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el Magistrado Marco Antonio Medina Salas y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, designados y juramentados por la Asamblea Nacional en esa misma fecha. La Sala quedó constituida, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidenta, Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero; la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; y los Magistrados Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y Marco Antonio Medina Salas.
El 17 de febrero de 2016 se reasignó como Ponente a la Magistrada BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO.
El 30 de abril de 2010, la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) dictó la Resolución (Sumario Administrativo) N° SNAT/INTI/GRTICERC/DSA-R-2010, notificada el 25 de junio de 2010, en cuyo texto se indica que derivada de la investigación fiscal practicada sobre la contribuyente Biotécnica Catalina, C.A., en materia de impuesto al valor agregado, en su condición de agente de retención, para los períodos de imposición junio, julio y agosto de 2009, a los efectos de verificar el cumplimiento de los deberes formales establecidos en el Código Orgánico Tributario de 2001, “(…) la Ley de Reforma Parcial de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.632 de fecha 26 de febrero de 2007 y la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056, de fecha 27 de enero de 2005, mediante la cual se designa a los contribuyentes especiales como agentes de retención del IVA, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.136, de fecha 28 de febrero de 2005, en lo sucesivo Providencia N° 0056, normativa vigente rationae temporis para los períodos de imposición investigados (…)”, surgió la objeción fiscal reflejada en el Acta de Reparo N° SNAT/INTI/GRTICE/RC/DF/654-03 levantada el 29 de enero de 2010, indicada a continuación:
“(…) Impuesto no retenido sobre compras de bienes y servicios a contribuyentes ordinarios del Impuesto al Valor Agregado.
Finalmente la fiscal actuante hizo constar en el acta que el hecho descrito constituye ilícito material relativo al incumplimiento de la obligación de retener o percibir, contraviniendo lo tipificado en el numeral 3 del artículo 109 del COT, sancionado conforme lo establecido en el numeral 3 del artículo 112 eiusdem”.
“PERIODO TRIBUTARIO
TOTAL COMPRAS BS. F
BASE IMPONIBLE Bs. F.
75% IMPUESTO NO RETENIDO Bs. F.
2° quincena de junio de 2009
255.115,64
227.781,83
2° quincena de julio de 2009
201.359,66
179.785,41
21.574,25
16.180,69
2° quincena de agosto de 2009
243.681,03
217.572,35
26.108,68
19.581,51
700.156,33
625.139,59
75.016,75
56.262,56”.
“PERÍODOS TRIBUTARIOS
IMPUESTO NO RETENIDO
MULTA 200% NUM.3 ART.112/COT
VALOR U.T. MOMENTO COMISIÓN DEL DELITO BS.F.
CONVERSION U.T.
VALOR U.T. MOMENTO DEL PAGO Bs. F.
SANCIÓN PARÁGRAFO SEGUNDO ART. 94/COT
2°quincena de junio de 2009
41.000,73
48.455,41
32.361,37
38.245,26
39.163,02
46.283,57
56.262,56
112.525,13
132.984,24”.
INTERESES “(Bs. F)”
4.426,83
3.181,31
3.428,59
11.036,73
“Planilla de Liquidación
Monto (Bs.F)
11 10 01 1 23 000189
Segunda Quincena de junio 2009
11 10 01 23 000190
Segunda Quincena de julio 2009
16.181,00
11 10 01 2 23 000191
Segunda Quincena de agosto 2009
Total a pagar (Bs .F.)
Por disconformidad con la referida decisión administrativa, los abogados José Antonio Hurtado y Damerys Silva Salazar, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 130.563 y 98.895, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad de comercio de autos, conforme se desprende del instrumento poder cursante a los folios 20 y 21 de las actas procesales, en fecha 14 de febrero de 2011 ejercieron recurso contencioso tributario conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, planteando los argumentos siguientes:
1.- Sostuvieron que la Administración Tributaria incurrió en falso supuesto de hecho, al afirmar que su representada, en su condición de agente de retención, no practicó las retenciones del impuesto al valor agregado sobre compras de bienes y servicios estimadas en la cantidad de Setecientos Mil Ciento Cincuenta y Seis Bolívares con Treinta y Tres Céntimos (Bs. 700.156,33), sobre las cuales debía retener el tributo hasta por un monto de Cincuenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Dos Bolívares con Cincuenta y Seis Céntimos (Bs. 56.262,56).
2.- Adujeron la improcedencia de la multa impuesta en el acto impugnado, al dejarse de configurar un incumplimiento tributario, ni las supuestas retenciones de impuesto al valor agregado no practicadas, ya que al momento de la fiscalización no había ocurrido ni el abono en cuenta ni el pago a favor de los acreedores de las operaciones de compras de bienes y servicios objetados.
3.- Denunciaron “(…) la inconstitucionalidad de la aplicación del valor ajustado a la unidad tributaria para cuantificar sanciones pecuniarias por ilícitos cometidos en años anteriores (…)”, señalando que la Administración Tributaria pretende aplicar retroactivamente el valor de la unidad tributaria vigente para la fecha de emisión de la Resolución impugnada a objeto de imponer las sanciones pecuniarias por concepto de supuestos ilícitos cometidos con anterioridad, con fundamento en la disposición contenida en el Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001.
4.- Alegaron la improcedencia de los intereses moratorios liquidados por el órgano exactor “(…) en atención al postulado de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal (…)”, razón por la cual, al ser improcedente la obligación principal que los generaría, resulta igualmente improcedente la pretensión de tales intereses.
“(…) este Tribunal aprecia que, en el caso sub iudice, la discusión se concentra en dilucidar la procedencia de la solicitud de nulidad de la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo SNAT-GGSJ-GR-DRAAT-2010-0858, dictada el 17 de diciembre de 2010 (…) fundada en los siguientes argumentos: i) Falso supuesto de hecho por la incorrecta apreciación y valoración por parte de la Administración Tributaria, ya que sobre las compras de bienes y servicios objetadas no se había efectuado el pago o el abono en cuenta, supuesto esencial para considerar acaecida la obligación tributaria de retener, ii) Improcedencia de la sanción impuesta, iii) Inconstitucionalidad de la aplicación del valor ajustado a la unidad tributaria, ya que la Administración Tributaria aplica retroactivamente el valor de la unidad tributaria actual a objeto de imponer las sanciones pecuniarias por concepto de supuestos ilícitos cometidos con anterioridad con fundamento en la disposición contenida en el Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Orgánico Tributario y la desaplicación del Parágrafo Primero del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de conformidad con lo previsto en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto dicha norma constituye una violación al principio de irretroactividad de la ley, e iv) Improcedencia de los intereses moratorios.
La Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, de fecha 27 de enero de 2005, prevé en su artículo 1 lo siguiente:
Asimismo, el artículo 4 de la referida Providencia Administrativa señala:
Por su parte, el artículo 14 de la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, establece:
De igual manera, el artículo 15 de la referida Providencia Administrativa dispone:
Analizados los artículos precedentemente trascritos, este Juzgador observa, que es improcedente el argumento de la sociedad recurrente referido a que la actuación de la Administración Tributaria está infundada en un falso supuesto de hecho derivado de la incorrecta apreciación y valoración a través de la actuación fiscal por cuanto sobre las compras de bienes y servicios objetadas no se había efectuado el pago o el abono en cuenta (…) ya que como lo establece claramente el Parágrafo Único del artículo 14 de la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, se considera el abono en cuenta a las cantidades que los compradores o adquirentes de bienes y servicios gravados acrediten en su contabilidad o registros, lo cual quiere decir, que una vez que se haya efectuado la compra del bien o la recepción del servicio, la sociedad recurrente estaba obligada a retener el Impuesto al Valor Agregado para los períodos señalados, tal y como lo establece la Resolución impugnada, además de que se aprecia en el presente caso, que la recurrente reconoce no haber efectuado la retención respectiva.
(…) analizados los alegatos de ambas partes y dilucidado en el punto anterior que la sociedad recurrente no efectuó la retención a la que estaba obligada por ley, para la segunda quincena de los meses de junio, julio y agosto de 2009, por la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS BOLÍVARES CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs F. 56.262,56), este Tribunal considera que el cálculo de la sanción impuesta conforme a lo previsto en el artículo 112 del Código Orgánico Tributario, se encuentra ajustada a derecho, por tal motivo, este Juzgador declara improcedente el alegato de la sociedad mercantil Biotécnica Catalina, C.A. Así se declara.
Sin embargo, con relación al valor en Bolívares que debe tomarse en cuenta para el cálculo de la sanción de multa expresada en Unidades Tributarias, la Sala Político-administrativa de nuestro Máximo Tribunal, mediante sentencia número 1426, de fecha 12 de noviembre de 2008, interpretó y señaló lo siguiente:
Visto lo anteriormente señalado por la Administración Tributaria a través del acto impugnado, este Tribunal encuentra procedente el alegato de la recurrente, por cuanto el único valor de la unidad tributaria que debe tomarse para el cálculo de las sanciones impuestas debe ser el que se encuentre vigente para la fecha en la cual procedió el pago de la retención, tal como lo dispone la sentencia número 1426, Caso: Walt Disney Company (Venezuela) S.A., sin incrementarse el monto en proporción a la variación que sufra dicha unidad para el momento en que proceda a honrar la cantidad establecida en la sanción. Se declara.
No hay condenatoria en costas, en virtud de la naturaleza del fallo, esto es, la sociedad recurrente no resultó totalmente vencida (…)”. (Sic). (Negrillas del fallo apelado).
En fecha 2 de octubre de 2012, la abogada Marianne Drastup Gerbasi, antes identificada, actuando en su carácter de sustituta del Procurador General de la República, en representación del Fisco Nacional, presentó escrito de fundamentación de la apelación ejercida, exponiendo los argumentos siguientes:
En virtud de lo señalado, solicitó a este Máximo Tribunal revoque el pronunciamiento del Juez de mérito referido a que para los efectos del cálculo de la sanción de multa impuesta, el valor de la unidad tributaria debe ser el que se encontraba vigente para el momento en que fue pagada la obligación tributaria principal, en el caso de autos, el pago de la retención. Además requirió que se confirme dicha multa “(…) cuyo monto debe ser calculado con la unidad tributaria vigente para el momento en que efectivamente la contribuyente realice el pago de la sanción”.
Sin embargo, ante el supuesto que esta Alzada desestimase su recurso de apelación, pidió se exima de las costas procesales a la República, a tenor de lo dispuesto por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en su sentencia N° 1.238 del 30 de septiembre de 2009, caso: Julián Isaías Rodríguez.
Previamente al análisis del asunto, esta Alzada debe declarar firmes, por no haber sido apelados por los apoderados judiciales de la mencionada empresa y no desfavorecer los intereses del Fisco Nacional, los pronunciamientos del Juez de la causa desestimando los argumentos planteados por la sociedad recurrente, referidos a : i) el supuesto vicio de falso supuesto de hecho en la actuación de la Administración Tributaria; ii) la improcedencia de las sanciones de multa impuestas conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 112 del Código Orgánico Tributario de 2001; iii) la solicitud de desaplicación del Parágrafo Primero del artículo 94 eiusdem; y iv) la improcedencia de los intereses moratorios determinados por el órgano exactor. Así se decide.
Ahora bien, tomando en cuenta que el único punto de la sentencia recurrida apelado por la representación fiscal es el valor de la unidad tributaria estimado por el Sentenciador de la causa respecto al cálculo de las sanciones de multa aplicadas a la recurrente; esta Superioridad considera necesario exponer las consideraciones siguientes:
1.- La Sala Político-Administrativa había venido sosteniendo en relación al asunto controvertido, el criterio plasmado en su sentencia N° 01426 del 12 de noviembre de 2008, caso: The Walt Disney Company (Venezuela) S.A., en la cual se estableció que el artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable en razón del tiempo, contempla la forma como debía hacerse el cálculo de la sanción de multa cuando: i) el contribuyente no entera el tributo retenido; y ii) paga de manera extemporánea pero en forma voluntaria el tributo retenido; señalando respecto al segundo de los supuestos referidos, que debe tomarse en cuenta la unidad tributaria vigente para el momento de haberse realizado el pago de la obligación principal, es decir, el enteramiento tardío de las retenciones correspondientes.
Luego, la apoderada fiscal advierte que “(…) la unidad tributaria para el pago de la multa tiene que expresarse al valor que esté vigente para el momento de pago de la sanción”, solicitando a este Máximo Tribunal revoque el pronunciamiento del Tribunal a quo conforme al cual a los efectos del cálculo de las sanciones de multa impuestas debe considerarse el valor de la unidad tributaria que se encontraba vigente para el momento en el cual la contribuyente de autos procedió al pago de las retenciones objeto de investigación.
Parágrafo Segundo: Las multas establecidas en este Código, expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de unidades tributarias (U.T.) que correspondan al momento de la comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago (…)”.(Resaltado de la Sala).
Al respecto, esta Máxima Instancia conviene traer a colación el contenido de la sanción de multa impuesta, contemplada en el numeral 3 del artículo 112 del Código Orgánico Tributario de 2001, cuyo tenor es el siguiente:
En virtud de lo expresado, esta Máxima Instancia declara con lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del Fisco Nacional contra la sentencia definitiva N° 025/2012 dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 11 de mayo de 2012, por lo tanto se revoca el fallo apelado respecto a la unidad tributaria aplicable para calcular las sanciones impuestas. Así se decide.
1.-FIRMES por no haber sido apelados por los apoderados judiciales de la mencionada empresa y no desfavorecer los intereses del Fisco Nacional, los pronunciamientos del Juez de la causa desestimando los argumentos planteados por la sociedad recurrente, referidos a : i) el supuesto vicio de falso supuesto de hecho en la actuación de la Administración Tributaria; ii) la improcedencia de las sanciones de multa impuestas conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 112 del Código Orgánico Tributario de 2001; iii) la solicitud de desaplicación del Parágrafo Primero del artículo 94 eiusdem; y iv) la improcedencia de los intereses moratorios determinados por el órgano exactor.
2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación del FISCO NACIONAL contra la sentencia definitiva N° 025/2012 dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por los apoderados judiciales de la sociedad de comercio BIOTÉCNICA CATALINA, C.A.; fallo que se REVOCA respecto a la unidad tributaria aplicable para calcular las sanciones de multa impuestas.
3.- SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la aludida sociedad de comercio, en consecuencia, queda FIRME la RESOLUCIÓN N° SNAT-GGSJ-GR-DRAAT-2010-0858 del 17 DE DICIEMBRE DE 2010, emanada de la GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT).
La Magistrada - Ponente,

References: Resolución 
 artículo 109
 artículo 112
 Resolución 
 artículo 94
 Resolución 
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 334
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 14
 Resolución 
 artículo 112
 artículo 112
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 112
 artículo 112
 artículo 94
 RESOLUCIÓN