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Timestamp: 2020-05-29 00:22:33+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 548, de 19/05/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 548
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO
celebrada el miércoles, 19 de mayo de 2010
- Sobre el IVA aplicable a las entidades del tercer sector social cuando contratan con las administraciones públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001666.) ... (Página 2)
- Relativa al incremento de la transparencia en la información sobre comisiones que ofrecen las entidades bancarias a sus clientes. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001352.) ... (Página 6)
- Sobre medidas de contenido estratégico y de dotación presupuestaria frente a la tuberculosis. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 161/001387.) ... (Página 8)
- Sobre el reconocimiento de la especialidad de enfermedades infecciosas.
(Número de expediente 161/001418.) ... (Página 11)
- Relativa al reconocimiento de la especialidad médica de enfermedades infecciosas en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001630.) ... (Página 11)
- Relativa a prevenir y erradicar los malos tratos a mayores. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000883.) ... (Página 13)
- Relativa a la necesidad de que los particulares y organismos públicos publiciten los números fijos asociados a los números 901 y 902.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001513.) ... (Página 16)
- Relativa a medidas para hacer frente a la enfermedad del glaucoma.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001621.) ... (Página 19)
- SOBRE EL IVA APLICABLE A LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR SOCIAL CUANDO CONTRATAN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001666.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos la sesión de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, en este caso para debate y votación de proposiciones no de ley. Como recuerdan ustedes, tenemos ocho proposiciones no de ley, que en realidad serán siete, porque los puntos del orden del día 4.º y 7.º se tramitan juntos, ya que versan sobre el mismo tema, enfermedades infecciosas. Vamos a alterar el orden que teníamos previsto. El punto 1.º, iniciativa relativa a erradicar los malos tratos a mayores, lo intercambiamos con 8.º, que tiene que ver con el tercer sector, es decir, empezamos por el punto 8.º, sobre el tercer sector, y el que tiene el número 1.º, malos tratos, iría al final. (La señora Quintanilla Barba pide la palabra.)
La señora QUINTANILLA BARBA: Señor presidente, pido la palabra, porque no puedo intervenir la última. Otra cosa distinta es que de estar la primera pase a la quinta, pero en ningún caso puedo intervenir la última porque tengo que tomar la palabra en Igualdad a esa hora.
El señor PRESIDENTE: Era lo que me había propuesto su grupo.
La señora QUINTANILLA BARBA: Me lo acaba de decir nuestra portavoz y le pido benevolencia, señor presidente, para poder intervenir en la cuarta.
El señor PRESIDENTE: En este caso, el punto 8.º es la primera proposición no de Ley que vemos. Ahora vamos a discutir cómo alteramos el orden de las iniciativas. (La señora Corral Ruiz pide la palabra.)
Señora Corral.
La señora CORRAL RUIZ: Yo tengo que contestar por el Grupo Parlamentario Socialista a la propuesta de la señora Quintanilla y también me viene mal el cambio.
El señor PRESIDENTE: Pueden consensuar un orden, así que dejamos abierto el punto número 1.º y lo dejamos pendiente para cuando haya un acuerdo introducirlo en el orden del día.
Comenzamos con el punto número 8.º del orden del día, de Esquerra Republicana de Cataluña-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativo al IVA aplicable a las entidades del tercer sector social cuando contratan con las administraciones públicas. La propuesta la defiende el señor Tardà. Tiene la palabra.
El señor TARDÁ I COMA: En primer lugar, agradezco a los grupos parlamentarios que hayan permitido esta modificación del orden del día, puesto que, como otros compañeros, tengo que estar en otra Comisión dentro de media hora.
Presentamos una proposición no de ley -permítanme que empiece por el final- que insta a modificar en tres
meses -esta era nuestra intención inicial- dos leyes: la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, y la Ley 37/2002, que regula el impuesto sobre el valor añadido. Esto lo hacemos a partir de una demanda del llamado tercer sector. Como ustedes saben, estamos hablando de 25.000 entidades de este tipo, de las cuales 7.500 están en Cataluña, entidades que operan en los sectores de los servicios sociales, sanitarios y educativos y que actúan -si me permiten un ejemplo catalán- sobre un conjunto cercano al 3 por ciento de la economía catalana. De manera que estamos hablando de un tercer sector ya muy desarrollado y me ahorro algunos comentarios sobre el papel y la función social del tercer sector, porque todos lo conocemos y todos, que es lo más importante, lo hemos valorado. Es más, hoy día el tercer sector es un agente activo en la construcción del Estado del bienestar. De hecho, sin la existencia del tercer sector, posiblemente tampoco entenderíamos algunos alcances ni supondría la superación de algunos déficits que el mismo Estado del bienestar todavía presenta hoy día, y máxime en un momento de crisis económica, en un momento en el que la amenaza de la exclusión social, la amenaza de la precariedad y la creciente pobreza son evidentes. El tercer sector actúa además como parachoques, como terraplén a todos estos males que esperemos que sean solamente coyunturales, aunque ustedes saben también que estamos inmersos en una sociedad donde la amenaza de la exclusión es evidente y clara. De hecho, muchas veces hemos hablado de la posible sociedad dual y, repito, ante ella el tercer sector actúa como un agente activo en su superación.
Por esto, cuando las entidades del tercer sector reclaman estas modificaciones es muy interesante, importante y necesario que en el Parlamento sepamos dar una respuesta a esta demanda. ¿Por qué? Porque en estos momentos están en una situación de discriminación cuando optan por licitar a un contrato en el sector público. Ustedes saben que son entidades exentas de IVA, porque las entidades del tercer sector pagan IVA en todas aquellas compras que hacen, pero luego no pueden derivarlo.
Como no pueden derivarlo, se encuentran con problemas añadidos cuando pretenden licitar ante la Administración pública una oferta. Por esto lo que pretendíamos era que en el plazo de tres meses se modificara la Ley 30/2007, a fin y efecto de que se permitiera evaluar el elemento relativo al coste final entendido como la carga asociada a la contratación, es decir, que permita aplicar un criterio de valoración adicional a la hora de escoger la oferta económicamente más ventajosa, que haga referencia a la obligación de abonar el IVA si el poder adjudicador no se puede deducir de este impuesto. Esta era la demanda que hacíamos. Saben que en estos momentos las entidades del tercer sector tienen unas condiciones peores que aquellas otras entidades mercantiles que sí pueden derivar el IVA, con lo cual esto significa incluso un mayor gasto para las administraciones públicas en el caso de que se comprometan -si me permiten la expresión, porque esta es la realidad- a echarles una mano.
Además esto está cuantificado, por lo que parece como si lloviera sobre mojado. Esto no puede ser, porque es evidente que las entidades del tercer sector no pueden seguir arrastrando este déficit.
Esto lleva implícito la otra demanda, porque si no modificamos la ley que regula el impuesto sobre el IVA, para establecer una exención de carácter exclusivamente objetivo para los servicios sociales o un tipo impositivo -como decíamos nosotros- de IVA cero para esas entidades, no arreglamos el problema. El IVA soportado por las entidades del tercer sector no deducible ha sido cuantificado solo en Cataluña en 167 millones de euros, 600 en el conjunto del Estado español, con lo cual se da la paradoja de que soportan tres veces más que los recursos que aporta el 0,7 del IRPF para finalidades sociales. Esto es una contradicción que clama al cielo.
Esta es nuestra demanda, una demanda doble, y además es una demanda transversal. Esto se discutió en el Parlamento de Cataluña y se aprobó, a instancias de todos los grupos parlamentarios, trasladar al Gobierno de España y al Parlamento español esta demanda para que se pudiera resolver.
Tampoco es extraño que surja en Cataluña. Se sabe que el tercer sector está muy desarrollado en Cataluña, quizás más que en otras comunidades, aun cuando la cifra -repito- de 25.000 entidades de ese tipo en el conjunto del Estado español ya habla de la importancia y del desarrollo de ese sector.
Hemos presentado esta iniciativa parlamentaria y hemos recibido una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que nos parece casi magnífica. El Grupo Parlamentario Socialista ha planteado una enmienda que el compañero don Juli Fernández a continuación explicará, y propone que en seis meses el Gobierno presente un estudio y una evaluación de las dos leyes a fin y efecto de estudiar las posibilidades de modificación de lo que reclamamos. Nosotros hemos pedido y vamos a presentar una transaccional -se la voy a entregar a los grupos parlamentarios y al presidente de la Comisión- que reclama al Grupo Socialista -entiendo que ya lo dirá el compañero socialista, pero lo hemos acordado- darle una vuelta más, ya que en vez de seis meses pedimos tres. El Grupo Socialista lo ha aceptado, pero hace falta que lo aceptemos todos. Aparte de presentar un estudio y una evaluación, hemos hecho también propuestas concretas, además de que el Gobierno presente en esta Comisión este documento que afecta a las dos leyes con propuestas concretas. Es decir, pedimos tres meses, otras propuestas además del estudio y la evaluación, y su remisión a esta Comisión. Esta es la transaccional que planteamos a la enmienda socialista. Me consta que el Grupo Socialista está de acuerdo y nosotros felices de ello. Por cierto, quiero felicitar a los compañeros socialistas, y en especial a don Juli Fernández, porque la verdad es que da gusto negociar con él, y les pido el voto favorable en nombre de mi grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Deduzco que nos ahorramos el trámite de defensa de las enmiendas. (Risas.) Hay dos
enmiendas presentadas, una del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene en primer lugar la palabra la señora Tarruella para defender la enmienda, si considera necesaria la defensa.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Voy a hacer una defensa de la enmienda porque creo que al grupo proponente no le ha dado tiempo de leerla o ha ido a negociar directamente con el Grupo Socialista y no habrá mirado la nuestra; no lo sé. Lo digo por las palabras que acaba de decir.
Sinceramente, estamos de acuerdo en el contexto, en la filosofía, en lo que se esconde detrás y, por lo tanto, no voy a repetir muchas cosas que ha dicho el señor Tardà. Es cierto el problema en el que se encuentra el tercer sector respecto del IVA, pero lo que nosotros creemos es que si uno no está en este ambiente, si uno no está en este mundo, si uno no sabe de lo que estamos hablando, tal y como estaba planteada la proposición no de ley no lo iba a entender, es decir, faltaba un poco más de clarificación. Ese es el sentido en el que proponíamos nuestra enmienda. Es una enmienda que hemos presentado también en otra Comisión en estos términos, y es que teniendo en cuenta la misma filosofía de base, nuestra enmienda se entiende más fácilmente leyéndola. La realidad es que también pretendía establecer que, como regla general, en la Junta consultiva de contratación administrativa se tuviera el criterio de precio final con el impuesto sobre el valor añadido ya, incluidos en todos los procedimientos de contratación pública cuando intervengan los licitadores exentos de ese IVA, y en particular las entidades del tercer sector, con el fin de que se respete de este modo el principio de adjudicación de estos servicios a la oferta económicamente más ventajosa para la Administración pública. Esto es lo mismo que lo que se ha venido aquí diciendo, pero expresado con otras palabras. Por eso le digo que se hubiera podido hacer una transaccional, quizás a tres bandas, porque en ellas se decía lo mismo. Esta era nuestra enmienda y esta era nuestra finalidad, pero si han llegado por acuerdo a una transaccional y en ella no tiene cabida la nuestra, a nosotros lo que nos importa es que se resuelva este asunto en el tercer sector y, por tanto, si no es posible que sea con este texto, repito que lo importante es la finalidad, por lo que también la votaríamos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor FERNÁNDEZ IRUELA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la enmienda presentada a la proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana- Izquierda unida- Iniciativa per Catalunya Verds, en relación con la aplicación del IVA entre las entidades del tercer sector cuando contraten con la Administración pública. Antes de entrar en el debate, me gustaría hacer dos reflexiones previas. Intentaré ser breve. Una de ellas hace referencia al reconocimiento del Grupo Parlamentario Socialista y al apoyo a todas estas entidades del tercer sector por la actividad que realizan, ya que están ayudando al desarrollo social y económico de nuestro país, sobre todo en estos momentos difíciles, ya que están supliendo una parte de la actividad que le corresponde hacer a la Administración pública, pero que no se llega. En consecuencia, damos nuestro apoyo y reconocimiento, y aquí también entra el hecho de que entendemos la problemática de estas entidades.
En segundo lugar, quiero poner también de manifiesto una reflexión en relación con las propuestas de ley que últimamente y desde hace tiempo vienen a las diferentes Comisiones y al plenario -no es el caso del grupo proponente de Esquerra Republicana-Izquierda unida-Iniciativa per Catalunya Verds- sobre las reducciones de impuestos, por un lado, y al incremento del gasto por otro. Llegan en un momento en el que la crisis económica y la incerteza financiera mundial marcan un esfuerzo sobre el rigor en la gestión de lo público. Digo que no es el caso del grupo proponente porque esta no es su tónica en relación con las propuestas, pero sí hay otros grupos que tanto en las Comisiones, en la de Economía y Hacienda, como en el Pleno sistemáticamente caen en la tentación de pedir, por un lado, reducción de impuestos y, por el otro, incremento de gastos. Si esta proposición no de ley que el grupo proponente inicialmente presentaba se hubiese dejado como estaba, a corto plazo hubiese implicado menor recaudación para las arcas públicas, pero como ha dicho el señor Tardà, si en este momento las entidades tuviesen derecho a deducción, el IVA soportado que tendrían acumulado, en este caso en Cataluña sería de 167 millones de euros, y en todo el país de 600 millones. No quiere decir ni mucho menos que esa fuese la carga fiscal, pero sí que sería un derecho de deducción que tendrían con lo cual habría que cuantificar el impacto de esta medida en el contexto en el que estamos en este momento. Por eso nuestro grupo opina, señorías, que en este contexto de crisis económica y de turbulencias financieras es muy importante que cuando tomemos medidas las analicemos en este contexto, porque todo tiene que ir en la línea de la contención al déficit, que ya se ha iniciado por el Gobierno. Quiero recordar que no ha sido iniciado hace dos semanas, como algún grupo ha querido poner de manifiesto, sino que ya en el presupuesto de 2010 se hizo un recorte de 7.500 millones de euros, y en enero de 2010 se hizo una propuesta de crédito no disponible de 5.000 millones de euros adicionales, con lo cual hace tiempo que el Gobierno trabaja en la línea de la contención del déficit público. Por consiguiente la reflexión era que en este sentido es bueno que los grupos parlamentarios entiendan que cuando se hacen propuestas que impliquen reducción de impuestos o incremento de gasto hay que hacerlo en el contexto de crisis económica española e internacional, con el objetivo de reducir el déficit público.
En cualquier caso, señorías, esta proposición no de ley como ha dicho su ponente, tiene dos grandes objetivos: por un lado, modificar la Ley de Contratos de Servicios Públicos, para intentar crear un elemento de valoración que tenga en cuenta o que discrimine en función de si la entidad beneficiaria del servicio puede o no deducir el IVA. En este caso he de decir que cualquier modificación que se produzca en esta Ley de Contratos del Sector Público debe tener en cuenta las directivas comunitarias y la no discriminación, así como cumplir con el principio de libre concurrencia, porque si no las empresas que se presentasen podrían llegar a impugnar esta adjudicación. Y el segundo gran objetivo es la modificación de la Ley del IVA, la Ley 37/92, que pretende dos posibles alternativas: una es establecer una excepción objetiva, y otra es un tipo cero. Hay que decir también en este caso que cualquier modificación que afecte a la Ley del IVA viene motivada, como todos saben, por una directiva europea, y hay que tener en cuenta que en nuestro país ya tenemos tres tipos impositivos, el 4, el 7y el 16. Por tanto, nuestro grupo entiende que tal y como estaba formulada la propuesta sería bueno que se instase el Gobierno a que canalizase las incidencias que pudieran tener estas modificaciones en las dos leyes. Por esa razón nuestro grupo elaboró una enmienda donde señalábamos que en el plazo de seis meses el Gobierno evaluase y estudiase las posibles incidencias de la modificación de estas dos leyes, teniendo en cuenta que el tercer sector tiene una realidad a la que hay que dar respuesta, y que en este contexto económico cualquier medida hay que calibrarla muy bien. Quiero manifestar que nuestro grupo acepta la enmienda transaccional del grupo proponente de reducir de seis a tres meses el plazo de este informe, debiéndose contemplar el estudio, evaluación y propuestas que deberán ser presentadas ante esta Comisión. Quiero también manifestar nuestra satisfacción por el acuerdo al que hemos llegado con el proponente, señor Tardà, y agradecerle su disponibilidad para lograr este acuerdo porque esto va en la línea de avanzar en el acuerdo que ya se hizo en el Parlament de Cataluña. Es una buena respuesta para el sector el hecho de que empecemos a trabajar para dar una respuesta definitiva.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en turno de fijación de posición, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Después de todas las intervenciones que se han producido a lo largo de esta tarde, poco queda por decir. El Partido Popular se suma a esta votación y de alguna manera a pesar de que el tercer sector tiene una relevancia muy importante en Cataluña no es ajeno al resto de España, donde 25.000 organizaciones que representan más de 2 por ciento del producto interior bruto están dedicadas al tercer sector.
La problemática del IVA en las ONG, como aquí se ha puesto de manifiesto, es de elevada complejidad y en esta enmienda transaccional en la que se insta al Gobierno a que debería hacer este estudio en el plazo de tres meses, yo apuntaría -al igual que el compañero del Grupo Socialista que hizo hincapié en que el IVA se establece por una directiva- a que, aprovechando la Presidencia de turno de España en la Unión Europea, se pudiese abrir este debate. Es cierto que el Grupo Parlamentario Popular ha recibido varios e-mails de ciudadanos de otros países, como es el caso de Noruega y de Dinamarca -que ya tienen algo implantado pero no resuelto totalmente-, Holanda e incluso Italia, que ya están situando la problemática. Es necesario abordar esta reforma con mucho rigor, y en estos momentos no hacerlo solos como país, sino implicar a la Unión Europea. Como el IVA es impuesto neutral, y así fue su configuración cuando surgió, no respeta nada, y en este caso a unas organizaciones que lo dan todo y que en estos momentos están dando si cabe mucho más que antes, porque la sociedad española ante una situación de crisis está remitiendo más a la necesidad de esas organizaciones del tercer sector.
Por ello, es gravoso y perjudicial para las ONG el hecho de que ellos no puedan repercutir el IVA que soportan, y que tienen que ingresarlo puntualmente en la Hacienda pública sin posibilidad alguna de recuperación; es doblemente injusto porque estas ONG están haciendo una labor muy interesante y muy importante en esta crisis monetaria.
Existen diversas iniciativas de varios Estados de la Unión Europea para encontrar soluciones a nivel nacional al problema planteado, y al menos minimizar el perjuicio generado a las ONG, a sus beneficiarios y a sus donantes, porque incluye a todos. Estamos totalmente de acuerdo con el texto, y solicitaríamos que aprovechando la Presidencia de la Unión Europea se hiciera la reflexión porque habría que cambiar la directiva oportuna que ha establecido el IVA. Hay casos como el de Portugal, en el que algún parlamentario tuvo ocasión de hablar con el que sería nuestro homólogo en España, que nos remitió en su momento un texto de las propuestas que ellos consideraban. Dada la importancia tanto de la aplicación de la Ley del IVA como desde el punto de vista de la Ley de Contratos 30/2007, que de alguna forma perjudica, doblemente a estas ONG desde el momento en que no se contempla como IVA incluido, sino que se contempla como IVA a deducir después, incluiría una enmienda in voce para que el señor Tardà lo tuviera en cuenta, en el sentido de que aprovechando la Presidencia de turno se haga una coordinación entre todos los Estados miembros para abordar este tema. Otras asambleas también están haciendo esto y creo que aquí podemos hacer un IVA superreducido y alguna exención, que algunos países ya incluyen para ciertas materias. Lo importante sería que se plantease el fondo de la cuestión ante la Unión Europea, ya que tenemos el lujo de la Presidencia, y así no soportarlo nosotros solos como país -comparto con mi compañero la idea del Grupo Socialista de que en esta situación hay que reducir gastos y no reducir la recaudación, y lo comprendo-. Habría que debiendo
realizar un estudio y llevarlo más allá de las premisas que hoy podamos aprobar aquí. Por tanto, si estos estudios desde el punto de vista del ministerio se llevan adelante y podemos hacer que el presidente del Gobierno o el ministro de turno establezcan este debate en la Unión Europea, lograríamos algo bastante ventajoso.
El señor PRESIDENTE: Tenemos en nuestras manos una enmienda de carácter transaccional, pero si el señor Tardà quiere hacer alguna valoración que hacer de las propuestas que han hecho otros grupos parlamentarios, tiene la palabra; si no, pasamos al siguiente punto orden del día.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, desearíamos pasar el documento transaccional a la firma en los términos en que lo habíamos redactado, entendiendo que lo que dice la compañera del Partido Popular perfectamente puede quedar implícito en el contenido del estudio que deba presentar el Gobierno.
- RELATIVA AL INCREMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES QUE OFRECEN LAS ENTIDADES BANCARIAS A SUS CLIENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001352.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día relativo a la transparencia de la información sobre comisiones que ofrecen las entidades bancarias a sus clientes. Es una proposición cuya autoría del Grupo Parlamentario Popular, y tiene la palabra la señora Nadal.
La señora NADAL I AYMERICH: El Grupo Popular con esta proposición no de ley que paso a defender insta al Gobierno a solicitar al Banco de España la elaboración de un informe sobre la transparencia en la información que las entidades bancarias ofrecen a los consumidores a cerca de sus tarifas, fijando además un plazo para la presentación de este informe.
Consideramos que sería oportuno un plazo de tres meses. Instamos también a que ese estudio sea presentado ante la Cámara y que contenga un plan de acción para incrementar esta transparencia porque de nada servirían las conclusiones de un estudio si estas son silenciadas o ignoradas. En definitiva, sería un estudio interesante, pero que se agotaría en sí mismo. Damos gran importancia a que se realice el estudio pero a que también haya un plan de actuación posterior para incrementar la transparencia de las entidades bancarias. Como supongo que saben ustedes, señorías, esta proposición no de ley trae causa de un informe elaborado por la Comisión Europea que analiza varias vertientes o patas del sistema financiero europeo. Por un lado, analiza el coste de las comisiones y demás gastos y tarifas de las entidades bancarias y, por otro lado, la falta de transparencia al informar a los usuarios. Con respecto a la primera pata, el importe de las comisiones, el informe establece cuatro perfiles de uso de los productos bancarios: activo, medio, pasivo, básico; y analiza las tarifas aplicadas a cada uno de estos perfiles.
Concluye el informe que España, señorías, es, después de Italia, donde los usuarios pagan comisiones más elevadas. Respecto de la transparencia, la metodología utilizada por el estudio consistió en analizar la información de las páginas web de cada una de las entidades financieras, y a partir de ahí ver en qué porcentaje era necesario ponerse en contacto con la entidad para aclarar la información que había en esa web porque no se entendía.
En el caso de España, señorías, fue necesario el contacto con las entidades financieras en un 95 por ciento, porque la información no era lo suficientemente clara o porque era claramente incompleta. Esto implica que la información acerca de las tarifas es difícil de entender para los usuarios. Asimismo, se analizó la simplicidad de la presentación de la información, y se dedujo también que era difícilmente comprensible. El informe concluye con que hay una alta correlación entre, y eso es muy importante, comisiones altas y falta de transparencia y es que, señorías, siempre hay una explicación para todo, a la que se pone la lupa encima.
Con respecto a las comisiones en España y a las distintas tarifas de los bancos, se trata de un sector liberalizado, aunque, desde luego, tiene la tutela del Banco de España. He de decir que el informe no dibuja el panorama que sería deseable para los consumidores españoles, pero el Gobierno no puede hacer mucho, puede hacer poco o nada desde el punto de vista normativo. Sí puede vigilar que no se produzca una concertación de tarifas entre las distintas entidades y, desde luego, naturalmente, tal como defendemos en esta Comisión todos los grupos parlamentarios, cumplir la normativa y defender los derechos de los consumidores. Puesto que las entidades de crédito tienen libertad para establecer sus comisiones bancarias y gastos repercutibles siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos, salvo que de una forma muy especial y particular se haya recogido en una disposición legal que puede ser otra, hay un matiz importante respecto al estudio que les invocaba de la Comisión Europea, y es que los datos utilizados por la Comisión Europea son los datos oficiales del Banco de España, no son los datos que se producen después de las negociaciones entre privados, es decir, entre el sector bancario y cada uno de los usuarios. Este es un dato importante, pero también lo son otros datos.
Según el estudio mencionado, el coste medio de una cuenta bancaria en España sumando comisiones y gastos que cobra la entidad a lo largo del año por distintas operaciones asciende de media a 178 euros anuales, es decir, casi el doble de lo que pagan los consumidores en Alemania -89 euros en Alemania, 178 euros en España- y casi cuatro veces más que lo que pagan en
Holanda -46 euros en Holanda, 178 euros en España-. Además, estamos hablando de dos países que tienen un nivel de renta mucho más elevado que España. También tengo a su disposición datos publicados recientemente, al menos yo los he tenido hace poco, por la asociación de consumidores Adicae, en el sentido de que en el año 2009 todas las comisiones bancarias subieron sin excepción: mantenimiento y administración de cuentas, transferencias, cheques sobre la otra entidad y tarjetas. Ya dije que se negocian entre privados, pero también está en nuestra responsabilidad velar por la transparencia para que el consumidor pueda elegir la opción que más le convenga. Insisto en que en la legislación se incluyen responsabilidades del Banco de España para velar por la transparencia en las comisiones y en la información de las entidades bancarias y crediticias. En ese sentido, la Orden ministerial de 12 de diciembre de 1989 sobre tipos de interés y comisiones bancarias, normas de actuación, información a clientes y publicidad, también la Circular 8/1990 del Banco de España, y naturalmente una directiva que nosotros conocemos mucho en esta Comisión, puesto que aprobamos la trasposición de la Directiva 2005/29, sobre competencia desleal, que fue la Ley 3/1991 sobre esta materia.
Concluyo, señor presidente. El informe publicado por la Comisión Europea pone de manifiesto una importante falta de claridad en la información sobre tarifas bancarias en la práctica totalidad del sector financiero que ofrece a los consumidores. Por tanto, el objetivo de esta proposición no de ley es defender la transparencia y los derechos de los consumidores y usuarios, que son conscientes de sus derechos. Sin duda estamos en una Comisión que está llena de médicos y ustedes saben perfectamente que es necesario diagnosticar bien una patología para poder curarla y naturalmente, una vez diagnosticada, elegir o tomar las medidas oportunas. Por tanto, las dos partes de nuestra proposición no de ley son muy importantes: primero, diagnosticar y, segundo, elaborar un conjunto de medidas para aportar esta transparencia.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista que ha presentado una enmienda el señor Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Siguiendo con el discurso de la señora Nadal, sí es cierto que además de diagnosticar o tratar también es necesario prevenir y a eso se ha dedicado el Gobierno durante estos últimos tiempos como luego explicaré. En todo caso, agradezco la oportunidad de esta proposición no de ley recordando también que fue presentada para la Comisión de Economía en su momento, en noviembre, y luego se ha trasladado, pero, en todo caso, no hay problema alguno. Me refiero a la de Economía porque hablamos de cuestiones muy concretas sobre temas financieros que pertenecen lógicamente también al ámbito del consumo porque es una preocupación lógica de los consumidores. (La señora Nadal i Aymerich hace gestos negativos.)
La señora Nadal ya ha relatado que el informe de la Comisión Europea se centra en dos cuestiones importantes -el elevado importe de las comisiones bancarias en España y la falta de transparencia-, que, como ella ha explicado muy bien, van íntimamente ligados. También debatimos esta cuestión en el día de hoy cuando precisamente los titulares de los medios de comunicación son, por ejemplo, que Europa pone freno a las prácticas más especulativas en los mercados o un titular como que la Unión Europea impone transparencia a los fondos de alto riesgo. La palabra clave en estos momentos obviamente es transparencia porque es el mecanismo por el cual a través de la información y, por tanto, también de la competencia podemos incidir en el volumen o en el importe de esas comisiones, dado que -también se ha apuntado claramente en la intervención y así lo refrenda también el propio texto de la proposición no de ley-; el Gobierno dice textualmente que poco o nada puede hacer el Gobierno más que vigilar que no se produzcan concertaciones de tarifas, como ya se ha dicho. Por tanto, es importante desencadenar otras medidas que incidan en la transparencia y que a través de la transparencia, como he dicho, incidan a su vez en las tarifas. No hay que olvidar que esta falta de transparencia está en el origen de la crisis que estamos viviendo en este momento. Por tanto, estamos hablando de cuestiones importantes porque, no es que lo diga yo, es que las reuniones del G-20 así lo confirmaron. Además, dada la situación actual, con todos los tintes locales, sé que al Grupo Popular le interesa fijar el ámbito de nuestro país, pero, en todo caso, sí que es una cuestión global. Sí es cierto que en los últimos meses estamos asistiendo claramente a la incertidumbre de lo desconocido, que nuestras vidas y haciendas ya no se regulan solo por nuestra acción inmediata, sino que estamos sujetos y seguimos dependiendo de palabras tan inquietantes como la especulación o la desregulación de los mercados. Por tanto, necesitamos acotar esa incertidumbre y se está reaccionando. De hecho, Europa ha reaccionado y el Ecofin ayer mismo alcanzó un acuerdo para regular a los gestores de los fondos de alto riesgo, para evitar riesgos en los mercados financieros. Además, es la primera vez que esto ocurre en la Unión Europea bajo, por cierto, la Presidencia rotatoria española y con su impulso, siguiendo las recomendaciones que años atrás había hecho el G-20, impulsando más controles y garantías que eviten que pueda volver a producirse una crisis de la magnitud y consecuencias de la actual y poniendo en marcha medidas que permitan que en todo el mercado interior los consumidores de productos financieros se sientan protegidos al contar con un marco regulatorio exigente de la Unión Europea. (La señora vicepresidenta, Vázquez Blanco, ocupa la Presidencia.) En eso estamos todos de acuerdo y en eso también el Gobierno ha trabajado porque ya la Unión Europea, con las directivas a las que se ha referido la señora Nadal, ha puesto en marcha diferentes mecanismos, España ha hecho sus aportaciones a esas directivas y este Gobierno está tratando de desarrollarlas y
está realizando los trabajos para llevar a cabo su trasposición, de modo que no afecten únicamente a las entidades de crédito, sino que tengan un ámbito de aplicación más amplio, ya que se refieren respectivamente a las entidades que prestan servicios de pago y a las entidades que realizan actividades de crédito al consumo, independientemente de su naturaleza.
La trasposición de la Directiva 2007/64 comenzó con la aprobación de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, que ya incide en este tipo de cuestiones en donde se determinan los requisitos de información y demás condiciones aplicables a las operaciones de pago único y a las operaciones de pago reguladas por un contrato marco, así como las exenciones del régimen general de información para los instrumentos de pago de escasa cuantía; o el proyecto de orden ministerial que se está en este momento elaborando y que establece determinadas obligaciones del proveedor y del beneficiario de los servicios de pago de informar antes de realizar el servicio de las condiciones y los gastos que esto origina y de los posibles aumentos y reducciones de la cantidad a abonar por consumidor que resultan del uso de distintos instrumentos de pago. Además, obliga a las entidades proveedoras de servicios de pago a publicitar adecuadamente el coste de dichos servicios y ello lógicamente redundará en una mayor transparencia.
Por ejemplo, en las comisiones que se aplican a un gran número de operaciones bancarias vinculadas a los servicios de pago como son, por ejemplo, las transferencias, el pago con tarjeta de crédito, que es una repercusión concreta e inmediata o la retirada de efectivo en los cajeros.
En cuanto a la otra directiva, la 2008/48, también se está elaborando en estos momentos un anteproyecto de ley que obliga a las entidades que ofrecen créditos al consumo a informar debidamente al consumidor sobre las condiciones de los gastos de este tipo de operaciones. Ya se ha citado aquí el paso importantísimo al haber elaborado y aprobado por unanimidad en el Congreso la ley por la que se modifica la Ley de competencia desleal y publicidad para la mejora de la protección de consumidores y usuarios, la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. Como acción futura también está el proyecto de ley de economía sostenible, que en el artículo 27 contempla medidas de este tipo. Sí es verdad que valoramos positivamaente, como hemos dicho, la proposición no de ley pero hemos presentado una enmienda que creemos que concreta un poco más lo que se pretende. Estamos de acuerdo con que el estudio del Banco de España se remita al Congreso. Tenemos una pequeña discrepancia en cuanto al planteamiento, no por lo que persigue sino por la terminología, que podemos redactarla conjuntamente. El plan parece muy categórico; luego, habría que elaborar un plan y trasladar una actuación posterior. Como hemos dicho, ya se están desarrollando actuaciones que están mejorando esa información y, por lo tanto, podemos hacer una redacción que sí recoja, de alguna manera, las conclusiones y que impulse y desarrolle las mismas.
En todo caso, señorías, estamos dando en esta Comisión los pasos adecuados, preocupándonos de lo que preocupa a los ciudadanos, en sintonía con el Gobierno y, por fin, parece ser que con lo que debe preocupar y preocupa a la Unión Europea y a la gobernanza europea. Desde luego, lo que estamos haciendo todos es reforzar no solo los derechos de nuestros consumidores, que es el objetivo fundamental, sino también de nuestro sistema financiero español que decimos siempre que es solvente pero creo que debe ser, además, mucho más amable con los ciudadanos y los consumidores.
La señora VICEPRESIDENTA (Vázquez Blanco): ¿Quiere a continuación algún grupo fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Nadal, a efectos de aceptar o no la enmienda del Grupo Socialista.
La señora NADAL I AYMERICH: Estamos en disposición de transaccionar y cuando tengamos el redactado final lo haré llegar a la Mesa.
- SOBRE MEDIDAS DE CONTENIDO ESTRATÉGICO Y DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA FRENTE ALA TUBERCULOSIS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente 161/001387.)
La señora VICEPRESIDENTA (Vázquez Blanco): Pasamos a continuación al punto 3.º del orden del día, sobre medidas de contenido estratégico y de dotación presupuestaria frente a la tuberculosis, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Esta iniciativa trata de dar un impulso a los programas de prevención y control de la tuberculosis en España, porque recientemente esta Comisión ha hecho hincapié sobre la importancia de la tuberculosis a nivel internacional. Señorías, ustedes saben que esta enfermedad afecta a más de nueve millones de personas en el mundo, que provoca casi dos millones de muertes anuales y que es la infección que causa más muertes después del VIH/sida. Por tanto, nos encontramos ante una pandemia con efectos mortales. Además de todo esto, se calcula que un tercio de la población tiene tuberculosis en estado latente.
Queríamos centrarnos en algo que no es muy frecuente, como es la importancia de la tuberculosis en nuestro país. Siempre se asocia la tuberculosis con la pobreza y los países subdesarrollados, pero hay que decir que tenemos pobreza en las sociedades desarrolladas
y también tenemos focos de subdesarrollo; por eso nos acompaña la tuberculosis. En España tenemos 13.000 nuevos afectados al año y somos el segundo Estado de la Unión Europea, después de Rumanía, con mayor número de casos absolutos de tuberculosis. El repunte de la tuberculosis en España se atribuye a varios factores pero el factor fundamental es la aparición y expansión del sida. La tuberculosis es una infección oportunista y es la primera causa de muerte entre las personas con VIH.
Esta afección tiene que ver con los flujos migratorios del mundo y, como he dicho antes, está íntimamente ligada al subdesarrollo, a la proliferación de pobreza y exclusión social en el mundo, no solamente en el Tercer Mundo. A pesar del impacto escalofriante de la tuberculosis, esta no es percibida en nuestro entorno como una amenaza. Normalmente, se identifica como un problema del pasado o como un problema de fuera, no como un problema de dentro. En ese sentido, no recibe la atención adecuada ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista sanitario y económico. En primer lugar, porque las técnicas de diagnóstico, a pesar de tantos avances en materia sanitaria, son técnicas anticuadas. En cuanto a la tuberculosis, los diagnósticos fallan en alrededor del 50 por ciento de los casos. Las vacunas utilizadas en tuberculosis, que fueron descubiertas en los años veinte del siglo pasado -hace ya mucho tiempo-, tienen una efectividad de tan solo entre el 0 y el 80 por ciento, es decir, tienen un rango que da muy poca seguridad.
Los tratamientos, que como saben ustedes son de entre seis y veinticuatro meses, se basan en una combinación de cuatro o más medicamentos, muy compleja, que dificulta la adherencia del paciente, alentando de este modo la aparición de muchas resistencias a los fármacos. A pesar de este panorama y de la existencia sobre todo asociada a VIH/sida de tuberculosis muy resistentes y extremadamente resistentes, todavía hay lugar para la esperanza en forma de iniciativas científicas en materia de investigación. También existen en España iniciativas como la unidad de investigación de tuberculosis de Barcelona, que trabaja para fomentar no solamente la investigación, sino también estudios médicos, clínicos y sociales. Asimismo hay muchas asociaciones comprometidas con la lucha contra la enfermedad que están dinamizando un proceso de concienciación y movilización comunitaria frente a la tuberculosis, con el deseo de sumar esfuerzos y hacer más consciente a la población del riesgo de la existencia de esta enfermedad.
Por estas razones que he tratado de argumentar, que no afectan únicamente a nivel internacional sino que afectan a nuestro país, queremos ir a lo concreto. En la iniciativa anterior proponíamos una estrategia comprensiva a nivel internacional, incrementar los recursos financieros y políticos y fomentar la investigación y el desarrollo. En este caso concreto nos acercamos más a la realidad de nuestro país y proponemos que el Plan de prevención y control aprobado en 2007 se dote de mayor carácter estratégico; esto nos parece fundamental. Esto quiere decir que existe un plan pero es necesario concretarlo y darle mayor autoridad. En segundo lugar, que la recogida de datos sobre tuberculosis en España sea homologable por la Organización Mundial de la Salud. Recientemente la OMS ha dicho que nuestros datos no son fiables; por ejemplo, el cálculo de incidencia por la OMS es el doble del que da la sanidad española, por tanto, tiene que haber una regularidad en la recogida de datos. En tercer lugar, tenemos que mejorar la detección precoz y el estudio de contactos con particular apoyo a la atención primaria. (La señora vicepresidenta, Aburto Baselga, ocupa la Presidencia.) En cuarto lugar, promover y apoyar la investigación de nuevos métodos diagnósticos, como he dicho antes, en vacunas y en mejores tratamientos de la tuberculosis. Esas son nuestras propuestas.
Hemos hablado con otros grupos parlamentarios que nos han formulado enmiendas. Por ejemplo, estamos totalmente de acuerdo con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular pero creemos que tiene que haber un acercamiento que permita que esta iniciativa, igual que la anterior, sea una iniciativa consensuada. También con el Grupo Parlamentario Socialista hemos acercado posiciones pero todavía no estamos satisfechos en cuanto al primer punto, ya que en nuestra opinión no debería excluirse de esta iniciativa. Tiene que haber una posición clara con respecto al Plan de prevención y control de la tuberculosis; para impulsarlo, para actualizarlo, para evaluarlo o para lo que sea, pero ese es el plan que hoy existe. Por tanto, es necesario de alguna manera darle un impulso o dar un nuevo paso con relación a ese plan porque el resto de las medidas tienen el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Solo nos cabe cierta diferencia con relación a la primera propuesta, aunque tenemos voluntad de llegar a un acuerdo también sobre ella.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Señorías, espero que lleguen al acuerdo.
Para defender la primera enmienda a esta iniciativa la señora Fernández Pardo.
La señora FERNÁNDEZ PARDO: Señora presidenta, intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, para fijar posición con relación a las enmiendas presentadas. Es evidente, y se ha dicho aquí por parte de quien presenta la iniciativa, la importancia de la tuberculosis en nuestro país y en el resto del mundo; que estamos hablando de una enfermedad del siglo XIX, pero muy vigente en la actualidad en pleno sigo XXI, también por desgracia; que tiene una alta incidencia y prevalencia y que poseemos la segunda tasa mayor de tuberculosis de la Unión Europea tras Rumanía. La Organización Mundial de la Salud nos atribuye una tasa muy superior, precisamente porque nuestros registros no son fiables y ahí es donde tenemos que trabajar e incidir positivamente. La Organización Mundial de la Salud dice también que España carece de un plan presupuestado
para la lucha contra la tuberculosis. De ahí, que nosotros en los Presupuestos Generales del Estado presentáramos una enmienda de cara a que se dotara con un millón de euros para transferencias corrientes a las comunidades autónomas, con el fin de poner en marcha programas autonómicos de prevención y control de la tuberculosis. Por eso hemos presentado una enmienda a los puntos 1 y 2, en el sentido de que el Gobierno analice el coste-efecto de estas posibilidades y presente un informe el consejo interterritorial en el plazo máximo de cuatro meses, porque creemos que hay que fijar un plazo y nos parece prudente el de cuatro meses para esa valoración. Igualmente en el punto 2 añadiríamos que se regule en un plazo máximo de cuatro meses esta recogida de datos.
Por tanto, tal y como ha dicho el ponente, intentaremos acercar posiciones y nos gustaría llegar a una enmienda transaccional con el resto de los grupos.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): La enmienda número 2 será defendida por la señora Cabezón, del Grupo Socialista.
La señora CABEZÓN RUIZ: Como conocen, la tuberculosis es una enfermedad con una larga historia de siglos que no hemos conseguido erradicar. Ha adoptado diferentes patrones según los cambios sociales, aunque sabemos que fue la agrupación de las personas en las ciudades, con la Revolución Industrial, lo que marcó su propagación mereciendo en la actualidad la consideración de un auténtico problema de salud pública, tanto a nivel nacional como mundial. Como decía el señor Llamazares, en la actualidad afecta a un tercio de la población mundial y causa más muertes que cualquier otro agente infeccioso. Las defunciones por tuberculosis representan el 25 por ciento de toda la mortalidad evitable en los países en desarrollo. En los países desarrollados también supone un gran problema, y aunque con la introducción del tratamiento farmacológico en los años cincuenta y sesenta la tuberculosis experimentó un importante declive a lo largo del siglo XX, todavía se dan diferentes repuntes a lo largo de éste, como el que hemos sufrido en los últimos años. La epidemia del sida ha sido probablemente el factor principal de riesgo asociado a la evolución de tuberculosis hasta hace muy poco y su descenso ha ido paralelo con el de la tuberculosis a partir de 1994, con el amplio acceso al tratamiento antirretroviral de alta actividad, de manera que la tendencia de la TBC actual parece ser independiente incluso de la infección por el VIH en los países desarrollado. En la actualidad, como decía el señor Llamazares, también hay otros factores a tener en cuenta que condicionan la evolución de la enfermedad. Ha adquirido efectivamente la magnitud de endemia difícil de controlar en los países de renta baja, muy afectados por factores como la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, la pobreza creciente, migraciones o la tuberculosis multirresistente, factores que están contribuyendo a empeorar el impacto de esta enfermedad en los países desarrollados, en los que vuelve a cruzar la frontera.
España no se mantiene al margen de este impacto aunque discrepo de que ocupemos el segundo lugar porque ocupamos el quinto de la Unión Europea, según los datos que examinemos. No obstante, el impacto es importante y aunque existe una gran variabilidad entre las comunidades autónomas, la tasa global de tuberculosis en España es de 18 casos por 100.000 habitantes o como según apunta la OMS puede haber una infravaloración o declaración de nivel global de casos y podríamos estar incluso en los 27 casos por 100.000 habitantes. Esta magnitud, y atendiendo el importante cambio en la epidemiología de la tuberculosis, hace que el control y la prevención de esta enfermedad exijan un conocimiento profundo de estos cambios y adaptación de los programas de prevención y control a las nuevas necesidades e impulsar nuevos tratamientos.
Por todo ello, en España hay que destacar que en el año 2007, con el objetivo de fortalecer la prevención y el control de la tuberculosis en España y potenciar el desarrollo de planes autonómicos, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interritorial de Sanidad del Sistema Nacional de Salud acordó constituir un grupo de trabajo integrado por técnicos de las comunidades autónomas que realizó, en un primer lugar, una revisión de la situación de los programas del control de TBC en España. En dicha revisión, se observó que los programas de control de las distintas comunidades estaban en distintas fases de desarrollo y por ello la Dirección General de Salud Pública, del entonces Ministerio de Sanidad y Consumo, constituyó un grupo de expertos en el que se integraron once sociedades científicas, el propio Instituto de Salud Carlos III y las comunidades autónomas. El trabajo de ambos grupos a lo largo del año 2007 permitió elaborar un plan para la prevención y control de la tuberculosis en España, en el cual se desarrollaron aspectos fundamentales para el control de esta enfermedad en lo que se refiere a la detección precoz, diagnóstico, tratamiento, vigilancia y estudio de contactos. El objetivo de este grupo ha sido elaborar una propuesta con los criterios básicos que deben cumplir los programas implantados o que se vayan a implantar en todo el Estado para controlar la tuberculosis. En este sentido, el Instituto Carlos III, a través de su Centro Nacional de Microbiología y Epidemiología, ya lleva a cabo la vigilancia epidemiológica y control de la enfermedad, de acuerdo con las directrices de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. También desde el Centro Nacional de Microbiología se llevaron a cabo, en el año 2009: 1.616 ensayos de diagnóstico, referencia y caracterización del Mycobacterium tuberculosis y 931 ensayos/referencia de Mycobacterium no tuberculosis. Actualmente se están realizando diferentes proyectos de investigación dirigidos desde el Instituto Carlos III, en concreto: evaluación y ensayos en una serie de compuestos en cepas de Mycobacterium tuberculosis, financiada por Glaxo, con una duración de un año; otro por el FIS, bases moleculares
de la tuberculosis en España: detección rápida y simultánea de resistencia a drogas de primera línea y estudios epidemiológico de la tuberculosis fármacoresistente; también financiado por la Unión Europea, el estudio de impacto de la inmigración sobre los cambios epidemiológicos de la tuberculosis y el sida en el área mediterránea.
En lo que se refiere a la investigación financiada por el propio Fondo de investigación sanitaria FIS del Carlos III, son diferentes los estudios en los que se abordan la tuberculosis junto a otras materias, pero, en concreto, podemos decir que desde el año 2006 a 2009 se ha invertido un total de 1.351.000 euros en este concepto. Por todo ello, y como saben, todos aspectos del plan se desarrollan en coordinación con los servicios correspondientes de las comunidades autónomas y se arbitran los recursos económicos adecuados para que la estrategia se implante. El carácter que este plan adopta es el consensuado por todos los que participan en su desarrollo e implantación. No obstante, ante la importancia del tema en cuestión el Gobierno es sensible a las recomendaciones que se vienen realizando para mejorar el abordaje de esta enfermedad y hemos estado trabajando con el grupo proponente para llegar a un acuerdo en este sentido, que espero tenga el respaldo de todos los grupos al suponer un nuevo impulso a las actuaciones que ya se vienen llevando a cabo por el ministerio y las diferentes comunidades autónomas.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Veo que ningún grupo quiere fijar posiciones.
(Número de expediente 161/001418.)
- RELATIVA AL RECONOMIENTO DE LA ESPECIALIDAD MÉDICA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001630.)
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Pasamos al siguiente debate, que acumula los puntos 4.º y 7.º del orden del día, sobre el reconocimiento de la especialidad de enfermedades infecciones y la especialidad médica de enfermedades infecciosas en España. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: A nuestro grupo parlamentario le preocupa el tema de las enfermedades infecciosas, aunque, como todas SS.SS. saben, estas han ido evolucionando, y mucho, durante los últimos diez años.
Tanto la aparición de la pandemia del VIH/sida, como las infecciones nosocomiales, las infecciones que surgen en pacientes inmunodeprimidos y debilitados, y en consecuencia los muchos progresos en tecnología médica, han hecho que se fuera especializando poco a poco el tema de las enfermedades infecciosas. Además entidades prestigiosas como la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica llevan pidiendo desde hace mucho tiempo el reconocimiento de especialidad infecciosa como una de las especialidades médicas. Esta sociedad científica que acabo de nombrar se ha reunido con muchas consejerías de diferentes comunidades autónomas como la de Madrid, Galicia, Valencia, Extremadura, Cataluña, Andalucía y Navarra. En todas han recogido la voluntad de estas comunidades y el apoyo que darían al reconocimiento de esta especialidad de enfermedades infecciosas. Por otro lado, muchas asociaciones de pacientes se han adherido también a este reconocimiento y entre todos se está pidiendo cada vez más que España no sea uno de los lugares de la Unión Europea donde esto no esté reconocido.
Este momento de cambio en el que se está hablando de nuevos sistemas de especialidades y de troncalidades nos parece que es el más oportuno para que en esta Comisión de Sanidad podamos definir y apoyar la creación de esta especialidad de enfermedades infecciosas. Por estos motivos hemos presentado esta proposición no de ley, para la que pedimos a todos los grupos parlamentarios apoyo. Sé que hay una enmienda a nuestra proposición no de ley del Grupo Socialista, pero como también hay otra proposición no de de ley del Grupo Parlamentario Popular que vamos a debatir conjuntamente, intentaremos llegar a un acuerdo entre las tres partes, que es lo que desde luego nos gustaría porque cuanta más unanimidad pueda haber en estos aspectos mucho mejor. Si llegamos a este consenso después lo notificaríamos a la Mesa.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Tiene la palabra el señor Mingo por el Grupo Popular para defender su iniciativa.
El señor MINGO ZAPATERO: Intervengo para defender la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en relación con el reconocimiento de la especialidad médica sobre las enfermedades infecciosas en España. Como exposición de motivos, me gustaría comentar que el estudio y tratamiento de las enfermedades infecciosas ha vivido un extraordinario avance en los últimos veinte años siendo una de las áreas del conocimiento médico que más ha crecido durante este tiempo. El desarrollo de las unidades asistenciales de las enfermedades infecciosas ha sido continuo e impulsado de manera bastante heterogénea en los sistemas sanitarios autonómicos, como respuesta a una realidad epidemiológica y clínica del impacto progresivo que tiene esta enfermedad en la población en general.
Como ejemplos, las distintas infecciones hospitalarias, las enfermedades nosocomiales, las infecciones por virus
VIH, las infecciones en pacientes trasplantados o en pacientes inmunodeprimidos, así como las mutaciones del virus de la gripe o las enfermedades infecciosas importadas por extranjeros o por los viajeros de un mundo globalizado.
Los médicos expertos en enfermedades infecciosas son profesionales que por su propia iniciativa se interesaron desde hace tiempo en el estudio y tratamiento de estas enfermedades y en el cuidado de los enfermos que las padecían. Gracias al interés y a la dedicación de estos profesionales los pacientes con este tipo de enfermedades han tenido acceso a una asistencia de calidad en este tiempo. No en vano nuestro sistema sanitario cuenta con 78 unidades, servicios o secciones de enfermedades infecciosas repartidas por todas las comunidades autónomas del territorio español. Sin embargo, en España, como ocurre solamente en Bélgica y en Luxemburgo, todavía no se ha reconocido esta especialidad. Estamos a la cola de Europa. La falta de reconocimiento de la especialidad tiene un doble efecto negativo. En primer lugar, la falta de equidad tanto para los pacientes que no pueden acceder en determinadas circunstancias a los profesionales especialistas como para los pacientes, que se hallan en peores condiciones respecto a otras disciplinas en el territorio europeo y en el español.
Por eso nuestro grupo pide el reconocimiento de la especialidad y va más allá en su propuesta. Lo hacemos porque si no se convalidan los estudios y no se reconoce el título corremos un riesgo serio ante el relevo generacional, de tal manera que no encontraremos médicos especialistas en infectología y habrá una merma grava en el conocimiento. Hay que potenciar la preparación de profesionales en este campo. Por ello la propuesta del Grupo Parlamentario Popular es ambiciosa y tiene tres puntos: uno, reconocer la especialidad; dos, que una vez reconocida se reconozca la titulación a todos los médicos infectólogos que están trabajando en el Sistema Nacional de Salud sin el título; y tres, garantizar la accesibilidad a todos los pacientes en España con independencia del lugar del territorio e independientemente de la comunidad autónoma donde residan. Si por parte de los distintos grupos podemos llegar a un acuerdo o una transaccional que, aunque fuera menos ambiciosa que la propuesta por mi grupo, lograra el reconocimiento del título de especialista, votaríamos a favor.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Se han presentado dos enmiendas a ambas iniciativas, las dos del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Señorías, un número importante de los centros sanitarios de tercer nivel de nuestro país cuenta con secciones o unidades de enfermedades infecciosas en las que se atiende a pacientes infectados por estas patologías. Concretamente son 78, como se ha expuesto anteriormente. Los profesionales que integran esos departamentos suelen estar en posesión del título de especialista en medicina interna o microbiología y parasitología. Ambas especialidades recogen en sus programas formativos con gran profundidad los contenidos de esta materia.
La orden 227/2007, del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 24 de enero, aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de medicina interna. La orden 3256/2006, del mismo ministerio, de fecha 2 de octubre, aprueba y publica el programa formativo de la especialidad en microbiología y parasitología.
La importancia de las enfermedades infecciosas en los programas formativos de esas especialidades nos permite contar con profesionales bien formados en ese aspecto; formación que algunos a lo largo de su vida profesional complementan mediante el desarrollo profesional continuo que comprende la práctica asistencial, docente e investigadora. Actualmente, el artículo 16 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, señala que el establecimiento de nuevos títulos de especialista corresponde al Gobierno, a propuesta de los ministerios de Sanidad y Política Social y de Educación, previo informe de la Comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, del Consejo Nacional de Especialidades de Ciencias de la Salud y de las organizaciones colegiales correspondientes. En el artículo 19.3 de la citada ley se indica que al establecer nuevos títulos de especialistas se determinará el tronco en el que, en su caso, se integre la nueva especialidad. En este contexto un grupo de trabajo dependiente de la Comisión técnica delegada de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud ha trabajado en la definición de la estructura de la formación especializada troncal en nuestro país, basándose en los referentes internacionales y nacionales en esta materia, así como en el informe sobre la troncalidad de las especialidades medicas, elaborado por el Consejo Nacional de Especialidades de Ciencias de la Salud y que fue presentado el 30 de junio de 2008. El informe final del grupo de trabajo de la Comisión ha sido analizado por la Comisión de recursos humanos, por el Consejo Nacional de Especialidades, por las sociedades científicas y las organizaciones colegiales, abriendo un periodo de estudio respecto al nuevo mapa de especialidades en ciencias de la salud. En este debate se encuentra inmersa la reflexión sobre la posible creación de nuevas especialidades en ciencias de la salud, entre ellas la de enfermedades infecciosas, tal y como señala la proposición no de ley de los grupos parlamentarios proponentes.
En esta línea de actuación, el consejo interterritorial de 18 de marzo de 2010 aprobó un documento sobre acciones y medidas para promover la calidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que determina que el desarrollo del mapa de especialidades médicas ha de basarse en un modelo troncal de formación, y es una de las medidas que deben ser estudiadas y acordadas en 2010 para su aplicación progresiva en el periodo 2010-2013. Por todo, esto, hemos presentado una enmienda de sustitución. Quiero agradecer la
voluntad de los grupos proponentes para llegar a un acuerdo en el texto de la proposición no de ley y poder aprobarla por unanimidad. Espero que cerremos bien el debate y que el texto sea aprobado de forma unánime.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): ¿Algún grupo quiere fijar posición o responder a las enmiendas presentadas?
La señora TARRUELLA TOMÀS: Estamos trabajando sobre una transaccional respecto a la que seguramente habrá acuerdo.
- RELATIVA A PREVENIR Y ERRADICAR LOS MALOS TRATOS A MAYORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000883.)
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Pasamos al punto 1.º del orden del día, que se ha convertido en el 5.º, relativo a la prevención y erradicación de malos tratos a mayores, del Grupo Popular. Para ello tiene la palabra la señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señora presidenta, quiero en primer lugar tomar la palabra en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, y destacar que esta tarde indiscutiblemente nuestro grupo sigue teniendo, como ha hecho siempre, un gran compromiso con las personas mayores y en un contexto tremendamente difícil para ellas. Voy a decirles que precisamente ayer, martes 18 de mayo de este año, se volvía a denunciar a través de un medio de comunicación español, La Voz de Galicia, que el 90 por ciento de los malos tratos a personas mayores no se denuncia. Esta es una realidad que, queramos verla o no, significa que el maltrato también está dentro de la vida de nuestros mayores. Desde ese contexto quisiera decir que hablar sobre el maltrato no es nada agradable, aunque desde hace tiempo apenas se habla de otra cosa. Todos los días en prensa, en televisión e incluso en el mercado o en el trabajo se comentan casos de malos tratos a niños, a mujeres, a personas indefensas o vulnerables, pero el maltrato y la violencia familiar en la vida de los mayores es un tema todavía tabú. Es un tema del que no se habla abiertamente; lo padecen personas que están demasiado asustadas, no saben, no pueden o no quieren denunciar esta situación, lo que hace que no exista una conciencia social del problema y que este silencio de las víctimas arrastre el silencio social.
Los malos tratos a mayores se empiezan a entender en la sociedad de los años setenta en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido cuando por primera vez en el año 1975 se empieza a hablar de la abuela apaleada para después pasar a la abuela golpeada, o ya en el año 1980, fecha en la que desaparecen estos dos términos y son sustituidos por malos tratos a personas de la tercera edad. En estos momentos, en distintos países del mundo como Estados Unidos, Australia y Canadá, así como en países de nuestro entorno comunitario como Inglaterra, Francia, Irlanda, Finlandia y Holanda, se empieza a trabajar sobre determinados informes y estudios sobre el maltrato a las personas mayores. En España no existe un estudio a gran escala que nos pueda acercar y dar una visión exhaustiva de este problema, sin embargo informes recientes elaborados por entidades privadas, dicen que el 90 por ciento de los casos de malos tratos a personas mayores no se denuncian -es decir, tan solo se denuncia el 10 por ciento de los casos- y que entre cinco y siete de cada ocho casos no serán nunca detectados ni reconocidos y mucho menos denunciados, por lo que nos encontramos con que los casos detectados son solamente la punta de un gran iceberg.
Sin duda alguna, los malos tratos infligidos a las personas mayores son un hecho oculto y difícil de demostrar, en primer lugar, porque en muchas ocasiones los propios mayores víctimas de maltrato no son conscientes de lo que les está sucediendo, y en otros casos porque no quieren denunciarlo por no perjudicar a su familia, de la que dependen, ya que en el 75 por ciento de los casos los autores del maltrato son los cuidadores, que pertenecen a su entorno familiar. De hecho, según los expertos, en el 55 por ciento de los casos, los autores de estos malos tratos son los hijos, los yernos o las nueras; en el 13 por ciento, los cónyuges; en el 7 por ciento de los casos los maltratadores son los hermanos y en el 25 por ciento restante son otras personas que se ocupan del mayor, datos de distintas organizaciones no gubernamentales que en estos momentos trabajan en los estudios del maltrato a mayores. No obstante, no conviene generalizar todos los casos, ya que los propios expertos coinciden en argumentar que en ocasiones reiteradas, sobre todo en aquellas en que el mayor se encuentra en una situación de gran dependencia, el trato inadecuado o el maltrato involuntario viene derivado de la saturación del cuidador, que pasa con el mayor las veinticuatro del día, un día tras otro, lo que le provoca en muchísimas ocasiones el estrés del cuidador.
Señora presidenta, cuando hablamos de malos tratos a mayores nos encontramos con varios tipos de maltrato: el físico, el psicológico, el económico, el sexual o por negligencia activa o pasiva y el abandono, situaciones que se pueden producir en el ámbito doméstico o en el ámbito institucional. En este sentido, cabe señalar que en el 68 por ciento de los casos el maltrato tiene que ver con la negligencia a nivel físico y afectivo, y en el 30 por ciento los malos tratos son psicológicos; datos que, por tanto, tenemos que tener en cuenta.
Señoras y señores diputados, a la vista de estos datos es evidente que nuestros mayores necesitan una mayor protección y para ello es preciso poner en marcha los mecanismos oportunos para prevenir y erradicar el maltrato a personas mayores, y ese es el objetivo que pretende conseguir esta iniciativa parlamentaria presentada por mi grupo. Conscientes, como somos, de la situación
de crisis económica que atravesamos, solicitamos una serie de medidas que no van a suponer ningún gasto económico adicional, ya que se pueden llevar a efecto con las herramientas y los recursos de los que ya disponemos. Del mismo modo, me gustaría decir que esta iniciativa también está basada en el informe del Consejo General del Poder Judicial hecho público en el mes de febrero, donde se decía claramente que teníamos que actuar ante el maltrato a mayores y que la legislación por sí misma no evitará situaciones de abuso, marginación y malos tratos, por lo que habrá que establecer mecanismos de control en las instituciones para los mayores que estén ingresados y revisiones por parte de los servicios sociales próximos a los que permanezcan en sus domicilios, y también habrá que hacer un seguimiento que prevenga y evite que las situaciones susceptibles de riesgo respecto este tipo de casos se produzcan. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Esa era la intención del informe del Consejo General del Poder Judicial.
No solamente hablaba del maltrato a nivel institucional, sino que también hablaba de la importancia del seguimiento de esa persona mayor dependiente que convive en el hogar familiar, y en muchas ocasiones es el cuidador el que por falta de formación o por negligencia actúa de una manera no recomendable lo cual supone un sufrimiento y un maltrato para la persona mayor. Por eso presentamos esta iniciativa que indiscutiblemente quiero pactar con todos los grupos parlamentarios, porque esa es nuestra voluntad. Además, en estos momentos estamos trabajando tanto con el Grupo de Convergència i Unió -tengo que decir en estos momentos que he admitido su enmienda-, como con el Grupo Parlamentario Socialista, con cuya portavoz también vamos a trabajar para redactar una enmienda transaccional que haremos llegar a la Mesa en el momento en que la tengamos terminada. Queremos instar al Gobierno a que ponga en marcha, en colaboración con la conferencia sectorial y las distintas comunidades autónomas, un plan integral contra el maltrato a mayores dirigido fundamentalmente a la prevención y, por otra parte, a fomentar una imagen de nuestros mayores mucho más positiva en la sociedad actual, la educación en el respeto y el buen trato, así como programas específicos dirigidos a nuestras personas mayores, poniendo en valor, a través de ese plan integral, lo que significa ser persona mayor en el siglo XXI y asimismo con medidas de apoyo a la hora de denunciar situación de maltrato a nuestros mayores. Pedimos, como no podía ser de otra manera, que se elaboren protocolos de unificación y de coordinación de criterios y actuaciones en la actividad del personal médico y de los trabajadores sociales en las instituciones en relación con los mayores y que también los cuidan. Desde luego, como no podía ser de otra manera, pedimos que en relación con el libro blanco -y ahí admito la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista- que está en estos momentos elaborando el Gobierno, se remita al Congreso de los Diputados, antes de que termine el año 2010, el informe que esta iniciativa solicita para que conozcamos de forma real y exhaustiva la situación del maltrato a los mayores.
Señorías, no he querido ni mucho menos hacer una intervención en clave negativa, sino simplemente dar una visibilidad clara a un problema que existe, que es real, que sufren muchos de nuestros mayores y al que no podemos dar la espalda. Por eso, señor presidente, dándole de nuevo las gracias por su benevolencia y por dejarnos, tanto al Grupo Parlamentario Socialista como a mi grupo, intervenir en este momento en este punto del orden del día, quiero terminar en un tono positivo con la esperanza de que entre todos podamos mejorar la calidad de vida de nuestros mayores porque tenemos una gran deuda con esta generación que hoy convive con nosotros y porque se merecen que les dediquemos todos nuestros esfuerzos.
Mi grupo, desde luego, pide que esta iniciativa quede transaccionada, como así hemos hecho, y que pueda ser votada por todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos enmiendas a esta iniciativa, una del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista. A continuación tiene la palabra la señora Tarruella en nombre de Convergència i Unió.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Quiero empezar felicitando a la proponente del Grupo Popular por la presentación de esta proposición no de ley.
Desgraciadamente, todas las situaciones de malos tratos y sobre todo las que se dan en el entorno familiar nos preocupan a todos, tanto cuando se trata de casos de violencia de género, de malos tratos en la infancia o como en este caso específico que nos ocupa de los malos tratos a los mayores. Son temas que nos deben preocupar, que nos preocupan y todos los grupos políticos y todas las personas tenemos que hacer todo lo que podamos para, si es posible, llegar a erradicarlos.
Compartimos, como no podía ser de otra manera, toda la filosofía y las explicaciones que ha expuesto la proponente del Grupo Popular en la presentación de esta proposición no de ley. Es cierto que cuando hablamos de estos malos tratos a personas mayores hay que tener en cuenta que muchas veces son tan dependientes de la persona cuidadora que por miedo a abandonar su casa, a que les lleven a una residencia o por la misma dependencia que tienen, no se atreven a denunciar -situación similar a cuando hablamos también de violencia de género-; las personas que sufren estos malos tratos casi siempre están cautivas de su maltratador. Por tanto, es importantísimo que hagamos todo lo posible para prevenir sobre todo estos malos tratos a los mayores y más que nada -y en este sentido va nuestra enmienda a esta proposición no de ley- desarrollar el máximo de programas posible, específicos sobre todo, para que permitan prestar el apoyo necesario a estas personas mayores.
También compartimos que muchos de los informes que están llegando sobre estas situaciones de malos tratos provienen de diferentes entidades y organismos, pero echamos en falta un informe de la Administración para que se refleje la situación real y actual en este aspecto. Tampoco estamos en unos momentos como para duplicar programas o proyectos que ya se están llevando a cabo en muchas comunidades autónomas, y si están haciéndose allá, por qué vamos a hacer otros desde un ámbito estatal, cayendo muchas veces en problemas competenciales. Repitiendo que compartimos la filosofía de la proposición no de ley, con el fin de unificar y no duplicar muchas veces esas acciones, hemos propuesto esta enmienda donde decimos que se impulse desde el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, donde están representadas todas las comunidades autónomas, las medidas encaminadas a potenciar la prevención de los malos tratos que sufren las personas mayores y desarrollar al mismo tiempo los programas específicos para prestarles apoyo. El segundo punto, que era el cuarto de esa proposición no de ley original, propone la realización del informe para que nos sea remitido a las Cortes con el fin de conocer la situación real de esos malos tratos. En ese sentido hemos presentado esta enmienda que esperemos que sea aceptada o que podamos llegar a acuerdos para simplificar, vuelvo a decir también, todos los temas de trabajo, con la finalidad, sobre todo, de erradicar en lo posible estos malos tratos a los mayores.
El señor PRESIDENTE: La segunda de las enmiendas pertenece al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Corral.
La señora CORRAL RUIZ: Señorías, el Grupo Socialista también da la bienvenida a esta iniciativa que presenta el Grupo Popular porque nos da la oportunidad, como se ha visto aquí esta tarde, de debatir y profundizar en un tema de importante preocupación, estoy convencida, para todos los grupos políticos. Todos queremos mejorar la calidad de vida de todas las personas y de manera especial de aquellas que requieren un cuidado y mayor solidaridad. Sin duda, todos los que estamos aquí estamos comprometidos con erradicar el maltrato a las personas mayores.
Si me permiten SS. SS., quería decir previamente una cosa para que quedara clara y es manifestar que España es un país con tradición y cultura de tratar bien a las personas mayores, porque las familias españolas sienten afecto, respeto y compromiso por las personas mayores. Dicho esto, es cierto todo lo que ha dicho tan brillantemente la señora Quintanilla y es que hay excepciones y a estas únicamente es a las que nos estamos refiriendo. Quería decir que estamos avanzando en el conocimiento social de este fenómeno y hacer dos puntualizaciones que creo que han sido importantes en esta investigación y en este conocimiento. En primer lugar, destacaría el excelente trabajo que hace el Observatorio del mayor y también las valiosas aportaciones que se han conseguido a través de los convenios firmados entre el Imserso y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Llevan conjuntamente ocho años de trabajo, han hecho dos excelentes publicaciones, la última que se titula Guía de actuación malos tratos a personas mayores. Como a todos nos preocupa conocer más sobre esto, también quería destacar en esta Comisión por su rigor la excelente publicación científica que ha publicado el Centro Reina Sofia y que ha coordinado la señora Iborra Marmolejo. Destaco esta publicación porque en sus datos me voy a basar en esta rápida intervención.
Decía: hemos avanzado en el conocimiento, conocemos los factores que hacen más vulnerables a las personas -esto me parece muy importante-. Sabemos que un factor es el género: el 66 por ciento de los malos tratos, tanto físicos como psicológicos, los padecen las mujeres; cuantitativamente también padecen los malos tratos más graves. Sabemos que el aislamiento social es un factor de riesgo importe, también la escasez de recursos, tanto económicos como sociales. Sabemos que la dependencia es un factor importantísimo de vulnerabilidad, también el déficit de dispositivos sanitarios. Sabemos que hay que cambiar el aspecto de la estigmatización que tiene la sociedad sobre las personas mayores como personas pasivas e improductivas. Decía muy bien la señora Quintanilla -y es así- que estamos hablando de un fenómeno oculto o semioculto. A propósito de esta iniciativa he leído diferentes informes y dan diferentes datos de este fenómeno que nos repugna de violencia contra las personas mayores. Del uno al 4 por ciento de la sociedad mayor de 65 años puede padecer malos tratos. Es un fenómeno que vulnera los derechos fundamentales de la persona, vulnera su dignidad, su libertad, su salud y su vida. Digamos que es un fenómeno que es una vergüenza de la sociedad del siglo XXI.
Repito, señorías, no les quepa ninguna duda de que el Gobierno y este grupo apuestan por erradicar esta lacra. Dentro de las actividades más relevantes que se están llevando a cabo -que han comentado también la señora Quintanilla y la portavoz de Convergència i Unió-, tengo que señalar que el libro blanco puede ser una gran oportunidad para presentar este estudio en profundidad, estudio con indicadores rigurosos que nos den a conocer cuál es la situación de violencia hacia los mayores en la sociedad española. Es una oportunidad también para ver este problema en un contexto global y para diseñar a partir de aquí estrategias integrales para recibir estas conclusiones y reorientar las políticas de forma que podamos ser más eficaces. Como he dicho, voy a señalar algunas actuaciones que se están realizando. Me gusta la que ha puesto en marcha el Ministerio del Interior, que es una actuación de coordinación con el Consejo Estatal de Mayores y con el Imserso. El Imserso es una institución pública de la que podemos sentirnos orgullosos por su preocupación en este ámbito. Han sido múltiples las iniciativas, los proyectos dirigidos a la prevención, a concienciar a la sociedad, a movilizarla. Precisamente
para el otoño tiene preparadas unas jornadas en esta dirección. Hay que recordar la puesta en marcha de la policía mayor por parte del Cuerpo Nacional de Policía de España; también la iniciativa de finales de 2008 de nombrar un fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores; el pasado 15 de junio de 2009 celebrábamos el Día mundial de la toma de conciencia del abuso y del maltrato en la vejez. Por tanto, son múltiples las iniciativas y hay que señalar el empeño que se está manteniendo por parte de las instituciones públicas para abordar este problema.
Aquí quería destacar algo que me parece especial y que sin duda es la gran apuesta para abordar el problema de la violencia contra los mayores. Esta gran apuesta se llama la Ley para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. En uno de los estudios que he revisado decía que la tasa de maltrato aumenta conforme se incrementa el nivel de dependencia, de tal modo que el maltrato afecta a los dependientes moderados un uno por ciento; a los dependientes severos un 2,2 y a los grandes dependientes un 2,9. A los mayores de 65 años no dependientes...
El señor PRESIDENTE: Señora Corral, vaya terminando, por favor.
La señora CORRAL RUIZ: Termino enseguida, señor presidente, y perdone si me estoy extendiendo, porque es un tema que emociona a cualquier diputado que tenga la oportunidad de defender esta iniciativa.
Terminaría diciendo que este grupo está de acuerdo al cien por cien con la filosofía de la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Estamos de acuerdo en que este fenómeno es muy complejo, difícil y que hay que abordarlo con políticas integrales. Hay que abordarlo con un buen protocolo de actuación y hay que ser muy observadores y tener unos magníficos servicios de inspección. Estoy de acuerdo con todas las conclusiones que saca la señora Quintanilla, pero sin duda también el Grupo Parlamentario Socialista tiene absolutamente claro que hay una administración potente para realizar estas políticas, que además tiene la competencia exclusiva en las políticas sociales para las personas mayores y que son las comunidades autónomas, de tal modo que estoy convencida de que al finalizar mi intervención vamos a tener una conversación entre el grupo proponente y los dos grupos que hemos presentado enmiendas y que vamos a llegar a un acuerdo sobre la base a que un tema tan complejo coja fuerza conjuntamente entre los diferentes grupos políticos de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere fijar posición? (Pausa.) La señora Quintanilla tiene la palabra para fijar su posición sobre las enmiendas.
La señora QUINTANILLA BARBA: La posición de mi grupo es que en este momento voy a hablar con el resto de los grupos parlamentarios que nos han presentado enmiendas para llegar a una transaccional que haremos llegar a la Mesa.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001513.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley punto 5.º del orden del día, que tiene que ver con los números fijos asociados a los números 901 y 902, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, en más de una ocasión todas las personas nos hemos visto obligadas a llamar a los números de teléfono 900, sobre todo a los 901 y 902, unos prefijos especiales asociados a unos números fijos, pero que tienen una tarifación especial. Estos números, sobre todo los que empiezan por los prefijos 901 y 902, son habitualmente utilizados por los servicios de atención al cliente o usuario, tanto por parte de organismos públicos como de empresas privadas bajo la excusa de que son más fáciles de recordar. (La señora vicepresidenta, Aburto Baselga, ocupa la Presidencia.) En el caso de los prefijos 901, el coste de la llamada es compartido entre el que llama y el que recibe la llamada. Por su parte, en los números 902 el coste es asumido íntegramente por la persona que llama. En ambos casos, aunque estos números especiales están asociados a números fijos, quedan fuera de las tarifas planas o bonificaciones que los usuarios y usuarias de telefonía fija puedan tener con su operador, impidiendo, por lo tanto, que se puedan beneficiar de estas tarifas. A pesar de que algunas administraciones públicas y empresas privadas publican en su página web los números fijos asociados, esto no suele ser lo habitual. Además, no toda la población tiene acceso a Internet para poder ver esos números fijos y así beneficiarse de las tarifas que tengan contratadas con su operador. Por eso al Bloque Nacionalista Galego le parece oportuno que se adopten medidas para que las empresas y administraciones públicas publiciten los números de telefonía fijos asociados a los números especiales, de tal manera que los usuarios y usuarias que tengan contratada tarifa plana puedan ver bonificadas automáticamente en sus facturas las llamadas a estos números. Esa es la razón por la que hemos presentado esta proposición no de ley.
Durante el transcurso de esta Comisión hemos hablado con los grupos que han presentado enmiendas a esta proposición no de ley y les comunico que hemos llegado a un acuerdo de transacción -ya lo hemos trasladado a la Mesa-, y que recoge tanto lo que nosotros planteamos en nuestra propuesta como el acuerdo del grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular, y la postura
que el Grupo Parlamentario Socialista nos ha hecho llegar. Solamente hay una pequeña modificación en el texto que hemos entregado a la Mesa y es que donde se dice establecer debe poner impulsar. Eso es lo que hemos consensuado.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señorías, esta diputada planteaba hace dos meses en esta misma Comisión una proposición no de ley relativa a los números especiales y en concreto a la necesidad de la desconexión voluntaria para los usuarios de acceso a las líneas de tarificación adicional, haciendo también referencia a los 901 y 902. En ese momento ya hablamos de los servicios de tarificación adicional, que son aquellos, como se ha dicho anteriormente, que a través de la marcación de un determinado código telefónico conllevan una retribución específica superior a la normal en llamadas telefónicas. Este prestador de servicios adicionales es distinto a la compañía telefónica, pero sus servicios nos son cobrados en la factura de nuestra compañía de telecomunicaciones. Hoy esta proposición no de ley se centra en los 901 y 902. El primero, como ya se dijo, es un servicio de tarificación compartida en el que se factura al llamante el coste de una llamada metropolitana, y el 902 es facturado a quien realiza la llamada como una llamada interprovincial.
Entendemos que el asunto que hoy nos trae aquí el Grupo Mixto es razonable y consideramos que debe ser tenido en cuenta.
Independientemente de ello, presentamos una enmienda en el sentido de que vemos necesario regular que las empresas y las administraciones públicas publiciten esos números de telefonía fijos asociados a los números especiales en todos los soportes de información comercial que manejen. De esta manera se verán beneficiados todos los usuarios, incluidos aquellos que no tienen una tarifa plana. De todas maneras entendemos el planteamiento de la señora Fernández Davila al considerar que no toda la población tiene acceso a Internet y, por lo tanto, no podrían acceder a ese número fijo. El Grupo Parlamentario Popular considera que obligando a publicitar el fijo en todo tipo de soporte, como proponemos en nuestra enmienda, sería innecesario este segundo punto.
Como ustedes bien saben, el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, recoge en su artículo 26.2 que el servicio de atención al cliente del operador de carácter gratuito deberá prestarse de tal manera que el usuario final tenga constancia de las reclamaciones, quejas y, en general, de todas las gestiones con incidencia contractual que realice el abonado. A dichos efectos, el operador estará obligado a comunicar al abonado el número de referencia de las reclamaciones, quejas peticiones o gestiones. Por tanto, el operador deberá remitir en todo caso la vía telefónica para la presentación de reclamaciones.
Hasta ahí estamos de acuerdo, pero de la misma manera entendemos que el abonado debe disponer de toda la información de los números a los que podrá hacer reclamaciones, quejas, peticiones o gestiones, sean un 901, un 902 o un número fijo. En septiembre de 2006 la propia Asociación de Internautas interpuso ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y sobre la Sociedad de la Información una denuncia sobre los abusos cometidos por las operadoras de telefonía al utilizar prefijos 902 para dar acceso a sus clientes al servicio de resolución de conflictos y reclamaciones contractuales para que fueran sancionadas. En un artículo de la misma Asociación de Internautas se habla de la trampa que encierran los 901 y 902, donde el consumidor es el gran perjudicado. Son muchos los consumidores que han llamado a una compañía con la que han contratado un servicio -banca, seguros, telefonías, grandes superficies comerciales-, y para ponerse en contacto con ellos han usado un 901 o un 902 y no una línea fija, porque lo más probable es que solo conozcan ese número que aparece en anuncios de prensa y televisión y porque no saben que esos número 901 ó 902 van asociados a una línea fija.
Si queremos protestar ante una compañía telefónica, hacer gestiones ante una compañía eléctrica, contactar con un banco, hablar con un medio de comunicación, comprar en un supermercado o contratar un viaje, es más posible que todas estas empresas a las que recurramos tengan un número 902 como número de atención al cliente. Me gustaría poner también como ejemplo la propia Agencia Tributaria, ya que para hacer todas las gestiones de información tributaria, de servicio automático y de centro de atención al cliente también debe utilizarse un 901. En este mismo sentido hay diversos artículos, como el de don Javier Tauler, que nos habla de trampa y no de fraude, porque el Plan de numeración vigente hoy en España, aprobado en diciembre de 2004, así lo permite, y en muchas ocasiones los consumidores desconocemos lo que pagamos por esas llamadas teniendo en cuenta sobre todo que los 902, muy usados por las compañías para la atención al cliente, son líneas que tienen dos caras diferentes, por un lado, la cara negativa, que va a corresponder al que llama, al llamante, pues el coste de esa llamada va a correr íntegramente a su cargo y, por otro, la cara positiva, que corresponde a esas empresas, que son las que se van a beneficiar en su caso de agrupar bajo un mismo número varios centros de una misma compañía distribuidos por toda la geografía nacional. Hay que tener también conocimiento de que la propia empresa propietaria de ese número 902 va a cobrar por esa llamada recibida. Asimismo existe una remuneración por el volumen de minutos cuando la propietaria del número 902 recibe más de 500 minutos. Así entendemos cómo muchas veces nos tienen a la espera de una información entre diez y quince minutos para ser atendidos por la operadora de turno.
Finalizo, señora presidenta, diciendo que es verdad que en los últimos años se han aprobado leyes, se han adoptado diferentes normas para tratar de proteger al consumidor de estas prácticas fraudulentas producidas en el uso de los conocidos números 900 y que el real decreto del año 2005 establece que los operadores deben disponer de un servicio de atención al cliente de carácter gratuito, pero también lo es que hoy en día esto no se respeta. Creo que hay que seguir incidiendo en ello. Como ha anunciado la portavoz del Grupo Mixto, la señora Fernández Davila, hemos llegado al acuerdo de una enmienda transaccional para conseguir entre todos que los propios consumidores tengamos ese derecho que parece ser que hoy en día aún no tenemos.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Es el turno de los grupos para fijar posiciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra para fijar la posición doña Ana Cano.
La señora CANO DÍAZ: Señorías, intervengo para establecer la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Respecto de la adopción de medidas necesarias para que las empresas y organismos públicos publiciten los números de telefonía fijos asociados a los números especiales 901 y 902, entendemos que el interés común de todos es favorecer en todo momento a los consumidores y usuarios para que puedan acceder a los servicios de la Administración de una forma acorde a sus demandas. No obstante, hay que resaltar una vez más en esta Comisión que los números 901 y 902 están atribuidos por el Plan nacional de numeración telefónica a los servicios de pago compartido y de pago por el abonado llamante, sin retribución para el abonado llamado. En el servicio 901 el coste de la llamada se reparte entre el abonado llamante y el llamado. Existen dos modalidades de servicios dirigidas a entidades que desean recibir llamadas desde cualquier punto del territorio nacional sin que el precio que paguen los consumidores supere el de una llamada provincial. El reparto de los costes se hace sobre la base del 50 por ciento para cada parte. La segunda modalidad está dirigida a entidades que desean recibir llamadas desde cualquier punto del territorio nacional sin que el precio que paguen los consumidores exceda el de una llamada local. En este caso, el reparto de los costes es asimétrico, recayendo la mayor parte del precio en el abonado. Los operadores pueden ofrecer a este distintos precios a pagar en función del origen de cada llamada. Por ejemplo, podrían pagar menos para llamadas originadas en la misma provincia y más para el resto de llamadas.
La mayoría de los números 901 que están en uso pertenecen a la primera de las modalidades enumeradas. Los precios de las llamadas a estos servicios ha evolucionado en las redes telefónicas fijas de manera parecida a como lo han hecho en las llamadas provinciales, coincidiendo aproximadamente en sus cuantías. En el caso de Telefónica, las llamadas locales y provinciales tienen actualmente el mismo precio. El servicio 902 también nació como un servicio de pago compartido entre el abonado llamante y el llamado, aunque con posterioridad evolucionó hacia un servicio pagado exclusivamente por el llamante. Los operadores ofrecen dos modalidades de servicio: las dirigidas a entidades que desean recibir llamadas desde cualquier punto de la geografía nacional y que el precio pagado por los consumidores sea similar al de una llamada de ámbito nacional. También se dirige a entidades que únicamente deseen recibir llamadas desde su provincia y que el precio pagado por los consumidores sea inferior al de una llamada provincial, aunque algo más alta que el de una llamada local.
La mayoría de los números 902 que están en uso pertenece a la primera de las modalidades numerada. Los precios de las llamadas a estos números desde las redes telefónicas fijas han seguido la misma tendencia descendente de las llamadas de ámbito nacional, siendo sus cuantías del mismo orden.
Para la prestación de los servicios 901 y 902 se requiere la traducción del número marcado a un número de nueve cifras, que puede ser fijo o móvil. Esta traducción es realizada por el operador del servicio 901 ó 902, quien entrega directa o indirectamente la llamada al abonado titular del número. Nótese, por tanto, que no siempre el abonado o llamado dispone de un número geográfico dando soporte al número 901 ó 902. Por otro lado, puede suceder que no todos los números traducidos sean accesibles mediante su marcación por los consumidores, ya que la normativa permite que puedan definirse en números específicos cuyo único objetivo sea el enrutamiento de la llamada, sin posibilidad de ser marcado directamente por los consumidores. Actualmente hay numerosas entidades públicas y privadas que utilizan estos números para la atención al público. Las razones para que se usen son de diversa índole, entre otras, las posibilidades técnicas que ofrecen. Por ejemplo, las llamadas se pueden encaminar a distintos centros de atención en función de la ubicación del llamante, de la hora y del día de la semana, del grado y descongestión de los centros. También porque evita la necesidad de tener que publicitar una gran cantidad de números telefónicos en función de la provincia donde se encuentre el llamante. Ello sería inviable para las empresas de ámbito nacional con numerosas sucursales que se publiciten en medios de comunicación nacionales.
Por razones de imagen corporativa, la utilización de estos números se identifica por los consumidores como pertenecientes a empresas y a servicios de atención al cliente. El precio que los operadores cobran a sus abonados por las llamadas telefónicas está liberalizado. La directiva comunitaria en la legislación española solo permite la regulación de precios minoristas en supuestos muy especiales para operadores con poder significativo en el mercado y aquellos a los que se imponga la obligación de servicio público de proveer el servicio universal. Hay que recordar a este respecto que los precios minoristas se configuran atendiendo a unas serie de
variables, entre las que cabe citar el coste incurrido por los operadores, la necesidad de modular el número y la duración de las llamadas para procurar la máxima eficiencia de la red y de los objetivos de las políticas comerciales. El coste, por tanto, es una variable más sobre la que los operadores deciden el precio final al cliente en un mercado competitivo. De esta forma las tarifas planas, como una modalidad más de los precios minoristas, han surgido espontánea y voluntariamente, atendiendo a criterios de mercado sin intervención alguna de los poderes públicos. En el caso de los servicios 901 y 902, la decisión comercial de no incluirlos en las tarifas planas no se justifica en los elevados precios de las llamadas, ya que son similares a las de ámbito local y nacional, respectivamente, sino, probablemente, en el caso de beneficio que generan al operador de acceso, pues este solo recupera sus costes y transfiere el resto de la cantidad pagada por el consumidor al operador titular del número.
En otro orden de cosas, la única regulación existente en relación con los servicios de telecomunicaciones a utilizar para la atención telefónica a los consumidores está contenida en el artículo 109 del reglamento aprobado por el Real Decreto 421/2005, de 15 de abril, reglamento del servicio universal, que prohíbe a los operadores de telecomunicaciones la utilización de números de tarifación adicional para la atención a sus clientes. En consecuencia, salvo esta excepción, las entidades públicas y privadas de cualquier sector económico pueden elegir libremente el tipo de servicio de telecomunicación que utilizarán para atender a sus clientes. Por otra parte, cualquier iniciativa legal tendente a imponer un determinado tipo de numeración para la atención telefónica escaparía de la competencia estatal sobre telecomunicaciones, no pudiendo adoptarse desde esta normativa sectorial.
Para finalizar mi intervención quiero decir, como ya ha comentado la señora Fernández, que vamos a apoyar la iniciativa tras llegar a un acuerdo con el grupo proponente y con el Grupo Parlamentario Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): ¿Algún otro grupo quiere intervenir? (Pausa.) No pregunto por la aceptación de enmiendas, porque los proponentes ya han anunciado que han llegado a una transaccional.
- RELATIVA A LAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA ENFERMEDAD DEL GLAUCOMA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001621.)
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Pasamos al último punto del orden del día, relativo a las medidas para hacer frente a la enfermedad del glaucoma. Ha sido presentada por el Grupo Popular y para su defensa tiene la palabra el señor Murcia Barceló.
El señor MURCIA BARCELÓ: Intervengo en nombre de mi grupo en relación con la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas necesarias para hacer frente a la enfermedad del glaucoma. Quisiera en principio decir que seré bastante breve en aras de la economía parlamentaria y procesal y porque hemos podido llegar a un acuerdo mediante una enmienda transaccional, lo que hace más fácil mi tarea al no tener que convencer en estos momentos a los enmendantes.
En cuanto a la exposición de motivos y al relato fáctico, quiero simplemente decir que me remito a la exposición que obra en poder de todos los grupos. Únicamente haré referencia, sin entrar en disquisiciones técnicas sobre el glaucoma, a que el glaucoma es una enfermedad importante que provoca la paulatina pérdida de visión y que llega a provocar también la ceguera total irreversible si no se detecta a tiempo. Entiendo que lo básico en nuestra proposición no de ley sería hacer hincapié en dos aspectos básicos en la lucha contra la enfermedad del glaucoma. Por un lado, la detección precoz, por otro, la concienciación, la información; en otro sentido, la investigación y el última instancia, ver si es posible o determinar si es una enfermedad crónica, como así dice quien sabe, para que fuese incluida en el Sistema Nacional de Salud. La detección precoz resulta fundamental ya que se trata de una enfermedad asintomática -algunos la llaman el ladrón sigiloso de la vista- y la pérdida de visión que produce es irreversible.
Cada día que se pierde supone una pesada losa en el camino de la recuperación del enfermo; sin embargo, con un diagnóstico precoz se podría detectar la enfermedad hasta cinco años antes de que aparezcan los primeros síntomas, es decir, antes de que sea demasiado tarde. Por eso, señorías, resulta fundamental concienciar a la población, especialmente a los mayores de 40 años, por ser estos los que tienen un mayor riesgo de contraer esta enfermedad, de la importancia de visitar periódicamente a su oftalmólogo. Resultan bastante preocupantes los datos que hablan de que tres de cada diez personas han visitado un oftalmólogo en el último año y que el 30 por ciento de las personas que presentan problemas oculares no se han realizado ni una exploración ocular en dos años. Es evidente que la población española tiene más miedo a quedarse ciego que a lo mejor a perder la vida en un accidente cardiovascular, sin embargo, parece que no tienen la conciencia real de que deben atender la vista y la visión con esa asistencia al oftalmólogo, porque no tienen esa práctica, esa habitualidad. Por ello queremos informar.
En segundo orden de cosas estaría la investigación. Efectivamente, la asociación del glaucoma para afectados y familiares así como muchas instituciones y empresas privadas están haciendo un gran esfuerzo en la investigación; al mismo tiempo, entiendo que la Administración debe poner de su parte con el fin de coadyuvar y ayudar en beneficio de la sociedad, en beneficio de la salud y en beneficio de la propia Administración, porque, en definitiva, con la investigación, y adoptando medidas idóneas para solucionar el problema del glaucoma, nos
evitaríamos que de una pequeña enfermedad llegáramos a una discapacidad o incluso a ser una persona dependiente, que resulta muchísimo más costoso no solo para la persona que lo padece, sino también para la propia Administración. En nuestra proposición no de ley centrábamos otro punto que entendemos fundamental, que es que el glaucoma no es una enfermedad que se trata durante un tiempo y se cura definitivamente, sino que los pacientes, los que la sufren, deben seguir un tratamiento con medicamentos durante el resto de su vida, so pena de perder la visión.
Pese a ello el Sistema Nacional de Salud hoy no ha reconocido el glaucoma como enfermedad crónica.
Dicho esto, no me extenderé más. Simplemente diré que hemos llegado una transaccional y será ese el sentido del voto de mi grupo a la hora de las votaciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista para cuya defensa tiene la palabra la señora Sanz.
La señora SANZ CARRILLO: Señorías, debatimos esta tarde y por primera vez en esta Cámara y en esta Comisión una proposición no de ley que trata sobre una enfermedad de los ojos, el glaucoma, un problema de salud pública si estimamos que desde el año 2000 al 2020 el número de ciegos en relación con el envejecimiento de la población mundial se puede duplicar.
Señorías, como ya se ha expuesto previamente, el glaucoma se produce por una pérdida progresiva de las fibras nerviosas de la retina y del nervio óptico que determinan defectos en el campo visual y pérdida de visión, siendo la presión intraocular alta uno de los principales factores que pueden influir en su aparición, aunque no existe una correlación exacta entre ambos. El número total de personas que presentan esta enfermedad es elevado, pues su prevalencia oscila entre el 1,5 y el 2 por ciento en los mayores de 40 años. El glaucoma es la segunda causa de ceguera en todo el mundo y, señorías, también lo es en España. En los países más avanzados es, sin embargo, la tercera causa de ceguera, calculándose que aproximadamente un 50 por ciento de los casos están sin diagnosticar.
La forma más frecuente, el 60 por ciento, es el glaucoma de ángulo abierto primario o glaucoma crónico simple, siendo este y solo este, señorías del PP, el llamado ladrón de la vista. Existen dos aspectos claves para sospechar el diagnóstico del glaucoma: la elevación de la presión intraocular por encima de 21 milímetros de mercurio y la presencia de una papila excavada. Cualquiera de estas dos circunstancias hacen probable el diagnóstico, especialmente si existen antecedentes familiares de la enfermedad y la edad es superior a los 40 años, ya que la frecuencia de glaucoma aumenta con la edad, multiplicándose por siete a partir de los 60. Otros factores de riesgo son el sexo masculino, la existencia de miopía o diabetes y la raza negra, siendo recomendable el control de la presión intraocular en estos grupos de riesgo. Aunque el glaucoma puede no tener efectos significativos, un efecto inevitable es la pérdida de visión, lo cual se puede prever o disminuir con un tratamiento adecuado.
Por ello, el diagnóstico oportuno y el manejo cuidadoso por parte de los especialistas son las claves. Reducir la presión ocular con fármacos es el tratamiento más usado hoy en día, dejando los procedimientos quirúrgicos, la cirugía láser o la tradicional solo para casos refractarios o complicaciones agudas.
Señorías, a los españoles nos aterra la ceguera, pero apenas ponemos en práctica medidas de prevención. Más del 80 por ciento de los ciudadanos españoles tienen más miedo a la pérdida de la visión que a la diabetes o a la sordera, pero desconocen la principal causa de ceguera, la degeneración macular asociada a la edad y especialmente desconocen que hay medidas que ayudan a prevenirla. Asimismo, dicen estar menos preocupados por sufrir infartos, impotencia o varices, que por problemas de visión, según la encuesta realizada en varios países europeos. Además, cuando se les pregunta si son conscientes de que la amenaza número uno para la salud del ojo es la degeneración macular asociada a la edad, un elevadísimo porcentaje de españoles, más del 85 por ciento, el más alto de todos los países europeos, reconoció que nunca había oído hablar de esta enfermedad, lo que pone de relieve, señorías, la contradicción existente entre lo que nos preocupa y lo que hacemos por conocer y evitar sus consecuencias.
En este contexto nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda transaccional que esperamos que sea votada por unanimidad, con un objetivo claro: mejorar el diagnóstico precoz de esta enfermedad, mejorando así la salud ocular de nuestros ciudadanos. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra para fijar posición? (Denegación.) Hemos terminado entonces el orden del día. Faltan unos diez minutos para la hora de votación que hemos fijado al principio, las seis y media.
Señorías, ¿podríamos adelantar la reunión de la Mesa y portavoces y hacerlo en este hueco? (Denegación.)
Suspendemos cinco minutos la sesión y pasaremos a votar. (Pausa.)
Señorías, pregunto a los portavoces: ¿Estamos en situación de votar? (Pausa.) Doy por supuesto que sí. ¿Esperamos? (Asentimiento.) Esperamos un par de minutos más.
Mientras tanto les quiero recordar que mañana a las cuatro la Federación de Esclerosis Múltiple celebrará su reunión anual en la sala Clara Campoamor. Se lo recuerdo a todos los diputados y diputadas.
Pasamos a la votación, como habíamos previsto. Votamos de acuerdo con el orden del día. Todas las proposiciones no de ley tienen una transaccional. Punto 1.º del orden del día, relativa a la prevención y erradicación de malos tratos a mayores.
¿Quieren los portavoces y SS.SS. que se lea la enmienda transaccional? (Denegaciones.) ¿La conocen los grupos? (Asentimiento.)
Punto 2.º, relativa al incremento de la transparencia en las informaciones sobre comisiones que ofrecen las entidades bancarias a sus clientes.
¿Quieren que pasemos a leer la transaccional? (Denegaciones.)
Punto 3.º, sobre medidas de contenido estratégico y de dotación presupuestaria frente a la tuberculosis. Hay una transaccional. ¿Hace falta leerla? (Denegaciones.)
Punto 4.º, sobre el reconocimiento de la especialidad de enfermedades infecciosas. Se vota junto con el punto 7.º, relativa al reconocimiento de la especialidad médica de enfermedades infecciosas en España. Se votan en conjunto, repito, las número 4 y la 7, con una transaccional presentada a esta Mesa. ¿Necesitan que la leamos? (Denegaciones.)
Punto 5.º, relativa a la necesidad de que los particulares y organismos públicos publiciten los números fijos asociados a los números 901 y 902.
Se ha presentado una transaccional, ¿necesitan que la leamos? (Denegaciones.)
Punto 6.º, relativa a medidas para hacer frente a la enfermedad del glaucoma. Se ha presentado una transaccional a la Mesa, que no es necesario leer si no lo piden. (Denegaciones.)
Punto 8.º del orden del día, sobre el IVA aplicable a las entidades del tercer sector social cuando contratan con las administraciones públicas.
Tenemos una transaccional, cuyo proponente ha pedido que se lea. Por tanto, pasamos a leerla.
Punto número 1. Presentar en el plazo de tres meses un estudio, evaluación y las posibles propuestas para la adaptación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ante la posibilidad de la introducción del elemento relativo al coste final, entendido como la carga asociada a la contratación; es decir, que permite aplicar un criterio de valoración adicional a la hora de escoger la oferta económica en el supuesto de que el adjudicador no pueda deducirse el IVA que soporta. En todo caso, se deberá estar a lo dispuesto en los principios de libre concurrencia y no discriminación. El documento se remitirá a la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo. Punto número 2. En el mismo plazo de tres meses se estudiará, se evaluará y se realizarán las propuestas con relación a la posibilidad y su incidencia en una modificación de la Ley 37/1992, reguladora del impuesto sobre el valor añadido, para ampliar los supuestos de exención objetiva para los servicios sociales para las entidades del tercer sector. El documento se remitirá a la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo.

References: artículo 27
 artículo 16
 artículo 19
 Real Decreto 
 artículo 26
 resolución 
 real decreto 
 artículo 109
 Real Decreto