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Timestamp: 2019-07-17 10:53:35+00:00

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﻿ DECRETO 4085 DE 2011
DECRETO 4085 DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. ESTABLECE LOS OBJETIVOS Y LA ESTRUCTURA DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO. DEROGA LOS DECRETOS 4530 Y 2484 DE 2008.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, MODIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA, REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA, DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DEFENSA DEL ESTADO, ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD PÚBLICA, INTERVINIENTES EN LA DEFENSA DEL ESTADO
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1420 DE DICIEMBRE 15 DE 2011, PG.1203
DIARIO OFICIAL N°:48240 DE NOVIEMBRE 1 DE 2011
“Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el literal f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, y
Que en virtud del parágrafo del artículo 5º de la Ley 1444 de 2011 se crea la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Que en el literal f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 se confieren facultades extraordinarias para fijar los objetivos y estructura a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado creada por dicha ley.
Que para garantizar la eficiencia en la función de defensa jurídica de la Nación y del Estado y de sus organismos y dependencias se hace necesario contar con agencia especializada que oriente y coordine dicha actividad en las entidades y organismos de la administración, para el logro de una defensa técnica armónica que responda a los intereses jurídicos públicos.
Que resulta necesario fortalecer las competencias litigiosas públicas en el ámbito internacional, para garantizar la eficaz defensa jurídica del Estado.
Que es necesario fortalecer los sistemas de información de la actividad litigiosa de la administración pública, a fin de mejorar las capacidades de defensa judicial de la Nación.
Que se hace necesario velar de mejor manera por los intereses patrimoniales de la Nación, a través de una debida actividad de defensa judicial de los mismos.
ART. 1º—Naturaleza jurídica. La Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es una entidad descentralizada del orden nacional, que forma parte de la rama ejecutiva, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.
ART. 2º—Objetivo. La agencia tendrá como objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación.
PAR.—Para efectos este decreto, entiéndase por intereses litigiosos de la Nación, los siguientes:
a) Aquellos en los cuates esté comprometida una entidad de la administración pública del orden nacional por ser parte en un proceso.
d) Aquellos relacionados con procesos en el orden regional o internacional en los cuales haya sido demandada la Nación.
e) Los demás que determine el consejo directivo de esta agencia dentro de los lineamientos y prioridades señalados por el Gobierno Nacional.
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 1.2.1.3. del Ministerio de Justicia y del Derecho. De acuerdo a los considerandos de esta norma su naturaleza no es reglamentaria, como quiera que se limita a describir la estructura general administrativa del sector)
ART. 3º—Alcance de la defensa jurídica del Estado. Para efectos del presente decreto, entiéndase la defensa jurídica de la Nación como el conjunto de las actuaciones dirigidas a la garantía de los derechos de la Nación y del Estado y de los principios y postulados fundamentales que los sustentan, y a la protección efectiva del patrimonio público.
La defensa jurídica de la Nación comprende todas las actividades relacionadas con: (i) la identificación y prevención de conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas y del daño antijurídico generador de responsabilidad patrimonial para el Estado; (ii) la administración, control y procesamiento de la información relativa a la defensa jurídica del Estado; (iii) la utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos; (iv) la participación en procesos judiciales o administrativos en los que la Nación o las entidades públicas del orden nacional sean parte demandante o demandada o deban intervenir; (v) la definición de estándares para la defensa judicial de las entidades públicas; (vi) la evaluación de los resultados de la defensa jurídica del Estado y del cumplimiento de sentencias y conciliaciones, y (vii) la recuperación de dineros públicos por la vía de la acción de repetición.
ART. 4º—Domicilio. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tendrá como domicilio principal la ciudad de Bogotá, D.C.
ART. 5º—Patrimonio. El patrimonio de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado estará constituido por:
1. Las partidas que se le asignen dentro del Presupuesto General de la Nación.
3. Los recursos que a través de convenios se reciban de entidades públicas o privadas para el desarrollo de los programas de la agencia o su funcionamiento.
4. Los bienes que la agencia adquiera a cualquier título.
5. Las sumas, valores o bienes que reciba por la prestación de servicios de cualquier naturaleza y demás operaciones que realice en cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas.
ART. 6º—Funciones. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cumplirá las siguientes funciones:
1. En relación con las políticas. (i) Formular, aplicar, evaluar y difundir las políticas públicas en materia de prevención de las conductas públicas antijurídicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, la defensa jurídica pública y la protección efectiva de los intereses litigiosos del Estado, así como diseñar y proponer estrategias, planes y acciones en esta materia para la prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, el daño antijurídico y la extensión de sus efectos; (ii) diseñar y proponer estrategias, planes y acciones para la utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos; (iii) diseñar y proponer estrategias, planes y acciones para la participación en procesos judiciales en los que la Nación o las entidades públicas del orden nacional sean parte demandante o demandada o deban intervenir; (iv) diseñar y proponer estrategias, planes y acciones para el cumplimiento de sentencias y conciliaciones y la recuperación de dineros públicos por la vía de la acción de repetición; (v) diseñar e implementar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estrategias, planes y acciones dirigidos a mitigar los efectos negativos asociados a las controversias que por su relevancia fiscal se definan como prioritarias; (vi) diseñar y proponer políticas de aseguramiento de las entidades estatales y de los servidores públicos; (vi) coordinar la implementación de las políticas y estrategias para la prevención del daño antijurídico, la defensa jurídica efectiva del Estado, la reducción de la responsabilidad patrimonial y la recuperación de recursos públicos con las entidades y organismos del orden nacional.
2. En relación con la coordinación de la defensa. (i) elaborar protocolos y lineamientos para la adecuada gestión de la defensa jurídica del Estado, cuando haya lugar a ello; (ii) elaborar los instructivos para la aplicación integral de las políticas de prevención y de conciliación, así como los relativos al sistema único de gestión e información; (iii) difundir los cambios normativos, jurisprudenciales y de políticas de prevención y defensa jurídica que resulten relevantes entre los servidores públicos y contratistas que intervienen en la defensa jurídica del Estado.
Los protocolos y lineamientos para la gestión de la defensa de jurídica del Estado, cuando existan, serán vinculantes para los abogados que ejercen la representación judicial de las entidades del orden nacional, salvo razones justificadas para apartarse de los mismos, de las cuales se deberá dejar constancia. Los instructivos para la aplicación integral de las políticas de prevención del daño y de conciliación, así como los relativos al sistema único de gestión e información, serán vinculantes para las entidades del orden nacional.
3. En relación con el ejercicio de la representación: (i) Asumir, en calidad de demandante, interviniente, apoderado o agente y en cualquier otra condición que prevea la ley, la defensa jurídica de las entidades y organismos de la administración pública, y actuar como interviniente en aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales estén involucrados los intereses de la Nación, de acuerdo con la relevancia y los siguientes criterios: la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el número de procesos similares; la reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencia; (ii) designar apoderados, mandatarios o agentes para el cumplimiento de la función anterior (iii) coordinar o asumir la defensa jurídica del Estado en los procesos que se adelanten ante organismos y jueces internacionales o extranjeros, de conformidad con los tratados y acuerdos que regulen la materia, salvo las controversias a las que se refiere el numeral siguiente; (iv) apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la defensa de las controversias comerciales internacionales del Estado colombiano y en los procesos que se adelanten en instancias internacionales en relación con obligaciones contenidas en tratados internacionales en materia de inversión; (v) apoyar a las diferentes entidades en la creación y conformación de comités técnicos de apoyo para el mejor desempeño de sus funciones en procesos que se adelanten en instancias internacionales o extran­jeras; (vi) dar instrucciones para interponer, en los casos procedentes y cuando lo estime conveniente, acciones de tutela contra sentencias de condena proferidas contra entidades públicas, así como para coadyuvar las interpuestas por las propias entidades; (vii) ejercer la facultad de insistencia para la selección de sentencias de tutela para revisión por la Corte Constitucional, en los términos previstos en la ley; (viii) participar en los comités de conciliación de la entidades u organismos del orden nacional, cuando lo estime conveniente, con derecho a voz y voto y actuar como mediador en los conflictos que se originen entre entidades y organismos del orden nacional; (ix) hacer seguimiento al debido ejercicio de la acción de repetición por parte de las entidades del orden nacional y dar instrucciones a las entidades para que, de conformidad con la ley, instauren acciones de repetición por el pago de sentencias y conciliaciones de carácter indemnizatorio causadas por dolo o culpa grave de los agentes estatales, o interponerlas directamente cuando la entidad u organismo del orden nacional no las ejerzan habiendo lugar a ello.
PAR. 1º—Cuando a ello hubiere lugar, la agencia podrá ejercer la representación judicial de las entidades territoriales mediante la suscripción de convenios interadministrativos y el correspondiente otorgamiento de poder.
PAR. 2º—La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado precisará los criterios para determinar los casos en los cuales deberá intervenir de manera obligatoria en los procesos judiciales.
(Nota: Modificado parcialmente el presente númeral 3° por el Decreto 915 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)
4. En relación con la gestión del conocimiento y evaluación de la defensa: (i) Desarrollar, implementar y administrar, con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa de la Nación, contemplado en el artículo 15 de la Ley 790 de 2002 y el Decreto 1795 de 2007, el cual deberá ser utilizado y alimentado por todas las entidades y organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza jurídica y por aquellas entidades privadas que administren recursos públicos; (ii) incorporar dentro del sistema único de gestión e información las variables estadísticas que se requieran para la estimación permanente y actualizada del pasivo contingente por sentencias y conciliaciones de las entidades públicas, de acuerdo con los requisitos definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 819 de 2003; (iii) desarrollar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reportes de alertas para las entidades públicas, cuando se detecte riesgo fiscal en los procesos; (iv) desarrollar y administrar mecanismos de verificación de información judicial que permitan comprobar la información suministrada por las entidades para el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa de la Nación; (vi) asegurar el acceso a la información y reportes contenidos en el sistema único de gestión e información, a las entidades públicas que tienen obligación o competencia para recaudar y producir información sobre la materia; (v) evaluar el resultado e impacto de las políticas relacionadas la defensa jurídica del Estado, mediante la formulación de indicadores y demás instrumentos que para el efecto se requieran.
PAR. 3º—La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en ningún caso tendrá la condición sustancial de parte demandada en los procesos que se adelanten contra las demás entidades públicas, razón por la cual no podrán dirigirse contra ella las pretensiones de la demanda y no podrá ser convocada a tales procesos a ningún título. En ningún caso la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado asumirá las obligaciones patrimoniales de las entidades públicas en cuyo nombre actúe.
PAR. 4º—El actual sistema LITIGOB se integrará al sistema único de gestión e información. Para el desarrollo, implementación y administración del sistema único de gestión e información, se contará con la participación permanente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
ART. 7º—Dirección. La dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado estará a cargo del director general de la agencia, quien será de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República.
ART. 8º—(Modificado).* Estructura. La estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica será la siguiente:
2.1. Consejo asesor.
2.4. Oficina asesora jurídica.
4.1. Subdirección de acompañamiento a los servicios jurídicos.
(Nota: Modificado por el Decreto 1311 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Justicia y el Derecho)
*(Nota: Modificado por el Decreto 915 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Justicia y el Derecho)
ART. 9º—(Modificado).* Consejo directivo. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tendrá un consejo directivo integrado por:
1. El Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo presidirá.
5. El secretario jurídico de la Presidencia de la República.
6. Dos asesores externos.
PAR. 1º—El director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica asistirá a las reuniones del consejo directivo con derecho a voz pero sin voto.
PAR. 2º—Los asesores externos participarán con derecho a voz pero sin voto. En ningún caso serán parte de la planta de personal de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación y sus honorarios serán establecidos por los miembros del consejo directivo.
PAR. 5º—La asistencia al consejo directivo únicamente podrá ser delegada en los viceministros en el caso de los integrantes de los numerales 1º, 2º, 3º, 4º de este artículo.
(Nota: Modificado por el Decreto 1311 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Justicia y el Derecho)
*(Nota: Modificado por el Decreto 915 de 2017 artículo 3° del Ministerio de Justicia y el Derecho)
ART. 10.—Funciones del consejo directivo. Serán funciones del consejo directivo, las siguientes:
1. Formular y adoptar, a propuesta del director de la agencia, la política general del organismo y los planes y programas que conforme a la ley orgánica de planeación y a la ley orgánica del presupuesto, deban proponerse para su incorporación a los planes sectoriales, y a través de estos, al plan nacional de desarrollo.
2. Formular y adoptar, a propuesta del director de la agencia, la política de mejoramiento continuo de la entidad, así como los programas orientados a garantizar el desarrollo administrativo.
3. Aprobar el plan estratégico para la defensa jurídica del Estado y los planes y estrategias para la atención de los temas de defensa judicial que por su relevancia hayan sido definidos como prioritarios.
4. Definir los criterios conforme a los cuales la agencia debe participar con voz y voto ante los comités de conciliación de las entidades.
5. Aprobar los lineamientos generales para el control, administración y dirección del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa de la Nación.
6. Conocer el informe de gestión institucional presentado por el director de la agencia y proponer correctivos cuando sea necesario.
7. Proponer al Gobierno Nacional las modificaciones de la estructura que considere pertinentes y adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca de conformidad con lo dispuesto en sus actos de creación o reestructuración.
8. Aprobar el informe que será presentado por el director de la agencia al consejo de ministros, con una periodicidad mínima anual, sobre la actividad litigiosa de la Nación.
9. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con las normas legales vigentes.
10. Someter a la aprobación del Gobierno Nacional las modificaciones a la planta de personal de la entidad.
11. Designar los miembros del consejo asesor de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
12. Designar los dos asesores externos del consejo directivo.
13. Precisar los criterios para determinar los casos en los cuales la agencia debe intervenir de manera obligatoria en los procesos judiciales, teniendo en cuenta la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el número de procesos similares; la reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencial.
14. Proponer las acciones necesarias para la integración o interacción del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa de la Nación con el sistema de información de la rama judicial.
15. Aprobar el plan de vigilancia judicial para el control y monitoreo de la información suministrada por las entidades para el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa de la Nación.
16. Escoger las personas que deban hacer parte de la lista de conciliadores y la lista de árbitros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones —CIADI—.
17. Darse su propio reglamento y aprobar el reglamento del consejo asesor.
18. Las demás que le señale la ley, el acto de creación y los estatutos internos.
ART. 11.—Funciones del director general. Serán funciones del director general:
1. Ejercer la representación legal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y en tal condición otorgar poderes para los procesos judiciales.
3. Dirigir y vigilar las actividades conducentes al cumplimiento de los objetivos de la agencia.
4. Ordenar el gasto de la entidad, teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento y sus objetivos estratégicos.
5. Ejercer la facultad nominadora del personal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con excepción de la atribuida a otra autoridad.
6. Rendir un informe al consejo de ministros, con una periodicidad mínima anual, sobre la actividad litigiosa de la Nación.
7. Presentar al consejo directivo, para su aprobación, el plan estratégico de defensa jurídica de la Nación, las estrategias específicas de utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos y los lineamientos generales para el control, dirección y administración del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa de la Nación.
8. Adoptar los protocolos y lineamientos para la gestión de la defensa jurídica del Estado y del uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
9. Presentar al consejo directivo los planes y estrategias para la atención de los temas de defensa judicial que por su relevancia hayan sido definidos como prioritarios.
10. Presentar de manera periódica al Confis informes sobre el estado de avance de las estrategias, planes y acciones que por su relevancia fiscal el Ministerio de Hacienda y Crédito Público haya definido como prioritarios, y reportar semestralmente al mismo, la información relacionada con el impacto presupuestal y fiscal de los procesos en curso y los pagos de sentencias y conciliaciones de las entidades del orden nacional y de aquellas que administren recursos públicos.
11. Presentar para aprobación del consejo directivo, el plan de vigilancia judicial para el monitoreo y control de la información suministrada por las entidades en el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa de la Nación.
12. Presentar informes al consejo directivo y al Ministerio de Justicia y del Derecho.
13. Entregar información a las autoridades que la requieran relacionadas con las funciones que corresponden a la agencia.
14. Contratar a los miembros del consejo asesor y a los asesores externos del consejo directivo.
15. Convocar a los miembros del consejo asesor en los términos establecidos en el presente decreto.
16. Crear y conformar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo mediante resolución, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y los planes y programas trazados por la entidad, así como designar el funcionario bajo el cual quedará la coordinación y supervisión del grupo.
17. Garantizar el ejercicio del control interno y el funcionamiento del sistema de gestión de calidad de la entidad.
18. Decidir en segunda instancia la acción disciplinaria.
19. Desempeñarse como secretario técnico del consejo directivo.
20. Dirigir y coordinar las acciones relacionadas con la divulgación de las actividades de la agencia.
21. Las demás que le señalen las normas legales vigentes relacionadas con las funciones y objetivos generales de la entidad y que no estén expresamente atribuidas a otra autoridad.
ART. 12.—(Derogado).* Consejo asesor. Serán funciones del consejo asesor:
1. Recomendar al director de la agencia la formulación de políticas de prevención y defensa jurídica de los intereses de la Nación, en los procesos en que esta sea parte, y en general en todas las tareas atinentes a la defensa jurídica del Estado.
2. Recomendar al Director de la Agencia los perfiles de los apoderados que deba contratar.
3. Emitir opiniones sobre la definición de los criterios para coordinar el ejercicio de la defensa jurídica del Estado.
4. Recomendar guías y procedimientos para la coordinación de la defensa jurídica del Estado y definir los criterios bajo los cuales se puede ejercer esa coordinación.
5. Aconsejar y recomendar las acciones y gestiones que deban adelantarse para una adecuada prevención y defensa de los intereses de la Nación, en aquellos casos que la agencia considere pertinentes. Para tal fin el consejo asesor podrá proponer al director la celebración de convenios interadministrativos con entidades públicas, y la contratación con sectores académicos, asociaciones de abogados y las personas u organismos que estime convenientes.
6. Aconsejar sobre los protocolos de prevención del daño, conductas y actos antijurídicos, así como los de defensa jurídica del Estado que profiera la dirección de políticas y estrategias de defensa jurídica del estado, antes de su adopción o modificación.
7. Las demás que le asigne el reglamento.
PAR. 1º—(Modificado).* El consejo asesor estará conformado por tres (3) expertos seleccionados por el consejo directivo, los cuales deberán ser abogados con una amplia experiencia y conocimiento en el funcionamiento de la administración pública.
*(Nota: Modificado por el Decreto 689 de 2012 artículo 1° del Ministerio de Justicia y del Derecho)
PAR. 2º—Los miembros del consejo asesor en ningún caso serán parte de la planta de personal de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, pero tendrán disponibilidad permanente, y sus honorarios serán establecidos por los miembros del consejo directivo.
PAR. 3º—Los miembros del consejo directivo y del consejo asesor, tendrán el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de juntas y consejos directivos de que tratan el Decreto-Ley 128 de 1976 y la Ley 80 de 1993.
PAR. 4º—La secretaría técnica de la consejo asesor la ejercerá el director general de la agencia.
*(Nota: Derogado por el Decreto 1311 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Justicia y el Derecho)
ART. 13.—Funciones de la oficina asesora de planeación. Serán funciones de la oficina asesora de planeación las siguientes:
1. Diseñar y coordinar el proceso de planeación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los aspectos técnicos, económicos y administrativos.
2. Elaborar, en coordinación con las dependencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado los planes estratégicos y de acción, el plan operativo anual y plurianual y los planes de desarrollo administrativo institucional y someterlos a aprobación del director.
3. Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de los planes, programas y proyectos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4. Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y elaborar los informes de seguimiento y propuesta de ajustes a los mismos.
5. Desarrollar y validar los indicadores de gestión y producto de la agencia y hacer el seguimiento a través de los sistemas establecidos para el efecto.
6. Elaborar, consolidar y presentar tanto el anteproyecto de presupuesto, como la programación presupuestal y plurianual de la agencia.
7. Apoyar a las dependencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la elaboración de los proyectos de inversión y viabilizarlos, sin perjuicio de la fuente de financiación.
8. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y formular las modificaciones presupuestales de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ante la oficina asesora de planeación del Ministerio de Justicia y del Derecho.
9. Elaborar, consolidar y presentar los informes requeridos por organismos del Estado y demás agentes externos, en el marco de sus competencias.
10. Planificar, mantener y hacer el control de la gestión de los procesos y procedimientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
11. Elaborar estudios, propuestas e investigaciones de carácter económico y financiero, para mejorar la calidad de los servicios de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
12. Recomendar las modificaciones a la estructura organizacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
13. Orientar y coordinar la implementación y desarrollo del sistema integrado de gestión institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
ART. 14.—Funciones de la oficina de control interno. Además de las señaladas en las leyes vigentes sobre la materia, serán funciones de la oficina de control interno, o quien haga sus veces, las siguientes:
1. Asesorar y apoyar al director en el diseño, implementación y evaluación del sistema de control interno y verificar su operatividad.
2. Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de competencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
3. Aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados con el objetivo de presentar recomendaciones al director, haciendo énfasis en los indicadores de gestión diseñados y reportados periódicamente por la oficina asesora de planeación.
4. Verificar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, recomendar los ajustes pertinentes y efectuar el seguimiento a su implementación.
6. Asesorar, acompañar y apoyar a los servidores de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el desarrollo y mejoramiento del sistema de control interno y mantener informado al director sobre la marcha del mismo.
7. Presentar informes de actividades al director y al comité de coordinación del sistema de control interno.
9. Coordinar y consolidar las respuestas a los requerimientos presentados por los organismos de control respecto de la gestión de la agencia.
11. Reportar los posibles actos de corrupción e irregularidades que encuentre en el ejercicio de sus funciones, a los entes de control competentes de conformidad con la ley, en pro de la transparencia en el sector público.
ART. 15.—Oficina asesora jurídica. Serán funciones de la oficina asesora jurídica las siguientes:
1. Analizar, proyectar y avalar para la firma del director o de sus delegados, los actos administrativos que este le indique y que deba suscribir conforme a la Constitución Política y a la ley.
2. Elaborar, estudiar y conceptuar sobre proyectos de actos administrativos, contratos y/o convenios que deba suscribir o proponer la entidad, y sobre los demás asuntos que le asignen, en relación con la naturaleza de la agencia, en lo de su competencia.
3. Representar judicial y extrajudicialmente a la agencia en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o que este deba promover, salvo los atribuidos a la dirección de defensa jurídica, mediante poder o delegación recibidos del director y supervisar el trámite de los mismos.
4. Coordinar y tramitar los recursos, revocatorias directas y en general las actuaciones jurídicas relacionadas con las funciones de la agencia, que no correspondan a otras dependencias de la entidad.
5. Proponer, participar en la elaboración y analizar los proyectos normativos que se presenten a consideración del director y conceptuar sobre su viabilidad jurídica.
6. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia y de la agencia.
7. Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.
ART. 16.—Secretaría general. Serán funciones de la secretaría general las siguientes:
1. Asistir al director de la agencia en la determinación de las políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la entidad.
2. Dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionadas con asuntos financieros y contables, contratación pública, servicios administrativos y gestión documental.
4. Gestionar la consecución de recursos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos institucionales.
5. Velar por el funcionamiento de la prestación del servicio al ciudadano y por la atención de quejas y reclamos que presenten los ciudadanos sobre el desempeño de las dependencias o personas que laboran en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
6. Presentar el programa anual de caja, de conformidad con las obligaciones financieras adquiridas.
7. Dirigir la elaboración y ejecución del plan de compras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
8. Dirigir y orientar el mantenimiento y mejoramiento de los bienes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
9. Hacer seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de informes y cuentas fiscales, presupuestales y contables, de los recursos asignados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
10. Coordinar el grupo encargado de las investigaciones de carácter disciplinario que se adelanten contra los funcionarios de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y resolverlas en primera instancia.
11. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventarios de los elementos, equipos y demás bienes necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.
12. Diseñar los procesos de organización, estandarización de métodos, elaboración de manuales de funciones y todas aquellas actividades relacionadas con la racionalización de procesos administrativos de la agencia, en coordinación con la oficina asesora de planeación.
13. Desempeñarse como secretario técnico del consejo directivo.
14. Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
ART. 17.—(Modificado).* Funciones de la dirección de defensa jurídica. Son funciones de la dirección de defensa jurídica, las siguientes:
1. Proponer al director de la agencia casos en los cuales se debe ejercer la representación judicial de las entidades u organismos de la administración pública para la defensa jurídica del Estado, de conformidad con lo previsto en la ley y en el presente decreto, así como los casos en que la agencia actuará judicialmente como interviniente.
2. Proponer los casos en los que la intervención de la agencia deba realizarse con el acompañamiento de la secretaría jurídica de la presidencia y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la relevancia de los procesos judiciales.
3. Designar del personal de su dirección o recomendar la contratación de abogados externos que actúen como apoderados, mandatarios o agentes, para que asuman la representación judicial de la Nación, de conformidad con los criterios establecidos el presente decreto.
4. Designar apoderados, mandatarios o agentes para que asuman la representación judicial del Estado, de la Nación, de otra entidad pública o de la agencia, o que como interviniente actúen en defensa de los intereses jurídicos de la Nación, de conformidad con los criterios establecidos en el presente decreto.
5. Coordinar o asumir la defensa jurídica del Estado en los procesos que se adelanten ante organismos y jueces internacionales, de conformidad con los tratados y acuerdos que regulen la materia, salvo las controversias a las que se refiere el numeral siguiente.
6. Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la defensa de las controversias comerciales internacionales del Estado colombiano y en los procesos que se adelanten en instancias internacionales en relación con obligaciones contenidas en tratados internacionales en materia de inversión;
7. Apoyar a las diferentes entidades en la creación y conformación de comités técnicos de apoyo para el mejor desempeño de sus funciones en procesos que se adelanten en instancias internacionales;
8. Asistir a los comités de conciliación de las entidades y participar con voz y voto, de acuerdo con las directrices del consejo directivo.
9. Ejercer funciones de mediador en conflictos que se originen entre entidades administrativas del orden nacional.
10. Pronunciarse, cuando lo estime conveniente, sobre las estrategias de defensa en procesos judiciales de entidades y organismos de la administración pública nacional, cuando no haya participado en el proceso a cualquier título.
11. Hacer seguimiento al ejercicio de la acción de repetición que instauren las entidades del orden nacional o ejercer la acción directamente, siempre que así lo indique el director de la agencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 8º de la Ley 678 de 2001, modificada por el artículo 6º de la Ley 1474 de 2011.
12. Poner en conocimiento de los organismos de control cualquier evento que, a juicio del director de la agencia, pueda constituir un incumplimiento del correspondiente deber legal frente a la acción de repetición de parte de las entidades del orden nacional.
13. Adelantar las acciones judiciales y administrativas pertinentes con la finalidad de recuperar recursos públicos, de acuerdo con las directrices del consejo directivo.
14. Apoyar a la dirección de políticas y estrategias de la defensa jurídica en el diseño de protocolos, de instrucciones y de lineamientos, tendientes a lograr una efectiva defensa de los intereses del Estado en los procesos judiciales, así como una efectiva utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
15. Emitir concepto a solicitud del jefe del organismo respecto de las inhabilidades e incompatibilidades de los miembros del comité de conciliación cuando a ello hubiere lugar.
16. Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.
17. Investigar, cuando sea pertinente, la veracidad de los hechos que soportan las pretensiones contra el Estado en los procesos en que la dirección asuma la representación judicial de la Nación.
PAR.—Las entidades tendrán la obligación de informar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sobre la celebración de las sesiones de los comités de conciliación y la obligación de remitir de manera oportuna la ficha técnica correspondiente por medios electrónicos, en los plazos y términos que señale el director de la agencia.
*(Nota: Modificado por el Decreto 915 de 2017 artículo 4° del Ministerio de Justicia y el Derecho)
ART. 17B.—(Nota: Adicionado por el Decreto 915 de 2017 artículo 5° del Ministerio de Justicia y el Derecho)
ART. 18.—Funciones de la dirección de políticas y estrategias para la defensa jurídica. Son funciones de la dirección de políticas y estrategias para la defensa jurídica:
1. Proponer, implementar y hacer seguimiento a la política pública de prevención del daño, las conductas y los actos antijurídicos.
2. Procesar las estadísticas y formular los indicadores de producto e impacto sobre la gestión de la defensa jurídica del Estado.
3. Expedir protocolos en los que se establezcan estrategias de defensa y directrices de actuación en los procesos judiciales, cuando así lo determine el director de la agencia.
4. Preparar para su adopción por el director general los instrumentos en los que se establezcan protocolos para la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, cuando haya lugar a ello.
5. Analizar las providencias judiciales y arbitrales que afecten los intereses del Estado, con el fin de identificar líneas jurisprudenciales y doctrinales que permitan coadyuvar en la defensa de los intereses litigiosos del Estado.
6. Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la metodología para la valoración de las cuantías de los procesos, la cual deberá ser incorporada en el sistema único de gestión e información.
7. Elaborar los planes y estrategias para la atención de los temas de defensa judicial que hayan sido identificados como prioritarios por su relevancia fiscal, generando una agenda de trabajo conjunta con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la atención de dichos temas.
8. Elaborar y liderar la ejecución de los planes y estrategias para la atención de los temas de defensa judicial que hayan sido identificados como prioritarios por su relevancia.
9. Elaborar documentos de análisis tendientes a definir la adopción de políticas de prevención del daño, conductas y actos antijurídicos, con el fin de proponer correctivos y/o reformas normativas.
10. Realizar estudios, investigaciones y mapas de riesgos sobre las principales causas generadoras de litigiosidad en contra del Estado.
ART. 19.—Subdirección de acompañamiento a los servicios jurídicos. Son funciones de la subdirección de acompañamiento a los servicios jurídicos las siguientes:
1. Proponer a las entidades competentes los criterios generales de selección a tener en cuenta en la vinculación de los abogados que defienden los intereses del Estado, así como los lineamientos de sus competencias laborales y funcionales.
2. Proponer al Departamento Administrativo de la Función Pública esquemas de incentivos para las entidades y los abogados que asuman la defensa jurídica del Estado, a partir de la medición de sus índices de su desempeño.
3. Proponer y hacer seguimiento a las políticas y planes de actualización para los actores que intervienen en la defensa jurídica de la Nación.
4. Promover estudios que permitan diagnosticar y evaluar periódicamente el funcionamiento de las oficinas y de las áreas jurídicas en materia de defensa jurídica de la Nación.
5. Monitorear y evaluar la actividad jurídica estatal en lo relacionado con la gestión de la defensa jurídica de la Nación, de acuerdo con la política pública en la materia.
6. Diseñar, implementar y administrar un banco de conocimiento que recopile las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, relativas a la defensa jurídica de la Nación.
7. Difundir contenidos para la adecuada actualización jurídica y técnica de los actores que intervienen en la defensa jurídica de la Nación.
8. Identificar y analizar de manera permanente la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional que resulte relevante para la defensa jurídica de la Nación, y asegurar que la misma sea incorporada al sistema único de gestión e información.
9. Difundir la información estadística sobre la defensa jurídica de la Nación.
ART. 20.—Dirección de gestión de información. Son funciones de la dirección de gestión de información las siguientes:
1. Desarrollar, administrar y poner a disposición de las entidades y organismos públicos el sistema único de gestión e información de actividad litigiosa del Estado, de conformidad con los requerimientos del Gobierno Nacional.
2. Proponer al director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado las políticas para garantizar la calidad de los datos, el manejo adecuado del sistema único de gestión e información y el aseguramiento de la información.
3. Permitir el acceso a la información contenida en el sistema único de gestión e información de actividad litigiosa del Estado, a las dependencias que hacen parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a las oficinas jurídicas de las entidades públicas, incluidas las descentralizadas y las territoriales, y a las demás instituciones que tienen obligación o competencia para recaudar y producir información sobre la materia.
4. Realizar las gestiones necesarias para garantizar el buen funcionamiento, la operación y la sostenibilidad del sistema único de gestión e información de actividad litigiosa de la Nación.
5. Recibir e incorporar al sistema único de gestión e información de actividad litigiosa de la Nación las fichas técnicas de los comités de conciliación y las notificaciones de toda acción o proceso judicial de las entidades y organismos del orden nacional, en los términos y condiciones establecidas en la ley.
6. Calcular conforme a la metodología diseñada por la dirección de gestión de políticas y estrategias en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cuantía de los procesos e incorporarla al sistema.
7. Desarrollar reportes sobre las decisiones de defensa jurídica de las entidades en términos de la política establecida por el Gobierno Nacional, a partir de la información contenida en el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa de la Nación.
8. Actualizar en el manejo operativo a los usuarios del sistema único de gestión e información de actividad litigiosa de la Nación.
9. Mantener actualizada la documentación técnica y funcional del sistema único de gestión e información de actividad litigiosa de la Nación.
ART. 21.—Órganos de coordinación y asesoría. La comisión de personal, el comité asesor, el comité de coordinación del sistema de control interno y demás órganos de asesoría y coordinación que se organicen e integren, cumplirán sus funciones de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
ART. 22.—Régimen de personal y planta. Los servidores de la agencia en materia de administración de personal y de carrera administrativa se regirán por lo señalado en el sistema general en los términos establecidos en la Ley 909 de 2004 y en el decreto 2400 de 1968 y en las demás normas que las modifiquen o adicionen.
En materia salarial y prestacional se regirán por lo señalado por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades señaladas en la Ley 4ª de 1992.
El Gobierno Nacional adoptará la planta de personal de la agencia en desarrollo de sus competencias constitucionales y legales.
ART. 23.—Transferencia de bienes, derechos y obligaciones, y archivos. Los empleados que desempeñaban empleos o cargos de manejo y confianza y los responsables de los archivos de la dirección de defensa jurídica del Ministerio del Interior y Justicia, deberán adelantar las gestiones necesarias para hacer entrega de los bienes, derechos y obligaciones incluidos los procesos judiciales y archivos debidamente inventariados, de competencia de la Agencia Nacional de Defensa Judicial de la Nación, en los términos que señalen las normas legales, el presente decreto y el secretario general de la agencia, de conformidad con las normas establecidas por el Archivo General de la Nación.
ART. 24.—Contratos vigentes. Los contratos y convenios actualmente vigentes celebrados por el Ministerio de Justicia y del Derecho continuarán siendo ejecutados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según sus competencias y el objeto de aquellos. La agencia continuará con su ejecución y cumplimiento sin que para ello sea necesaria la suscripción de documento adicional alguno. La documentación relacionada con cada uno de dichos contratos deberá allegarse, debidamente foliada y relacionada, por el grupo de defensa jurídica del Estado del ministerio a la secretaría general de la agencia de defensa, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados a partir de la publicación del decreto que adopte la planta de personal de este último organismo.
ART. 25.—Referencias normativas. Todas las referencias que hagan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la dirección de defensa jurídica del Estado del antiguo Ministerio del Interior y de Justicia, deberán entenderse referidas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, si se relacionan con las funciones asignadas en este decreto a dicha agencia.
ART. 26.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 4530 de 2008 y el Decreto 2484 de 2008.
Dado en Bogotá, D.C., a 1º de noviembre de 2011.

References: artículo 18
 artículo 5
 artículo 18
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 5