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Timestamp: 2017-10-22 03:56:50+00:00

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Nueva Revista del Abogado by Jonathan S. - issuu
JUNTA DIRECTIVA 2013-2015 José Alberto Álvarez Álvarez	Juan Carlos Araúz Ramos	Santander Tristán Donoso	Tayra Barsallo Zambrano	Herbert Young Rodríguez	Carlos M. Herrera Morán	Daniel Ramírez Lasso	Jorge A. Chang Villarreal	Alexander Hepburn C.	Carmelo González Torres	Itzel Karina Chen Chan	Javier Marquínez D.	Eva Vergara de Córdoba	Sarai Isabel Blaisdell	Enoch Rodríguez	TRIBUNAL DE HONOR 2011-2015 Edurne Recalde Ch.	Martha López de Martín	Ana Olivella de Guardia	Fernando Alemán Ortega	Virgilio Sousa Valdés	Martín Caicedo Martínez	Irma Silka Araúz	Publio Cortés Darío Sandoval Shaik Maritza Cedeño Vásquez
Presidente Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente Secretaria Secretario Secretario Secretario Secretario Secretario Secretario Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal
Presidente Vicepresidenta Secretaria Vocal Vocal Suplente Suplente Suplente Suplente Suplente
COMISIÓN DE PUBLICACIONES JURÍDICAS Darío Sandoval Shaik	Presidente Egbert Wetherborne	Comisionados Zoraida Rodríguez Montenegro Carlos Herrera Ruiz Margie-Lys Jaime Ramírez Cristóbal Gómez Gutiérrez Anabelle Padilla Lozano
Reflexión, Balance y Desafíos En este fin de año, época en que solemos hacer actos de reflexión y balance de los éxitos alcanzados y los desafíos pendientes por superar, la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados de Panamá se complace en saludar a todos los abogados que con su entrega y sacrificio contribuyen al engrandecimiento del gremio y de nuestro país. Ahora, más que nunca, el Colegio Nacional de Abogados se enfrenta a uno de sus mayores retos y está llamado a hacer aportes cruciales para la defensa de la vida institucional de la República, que llenen de orgullo a la abogacía panameña y a la comunidad en general. No claudicaremos en la tarea de renovación y consolidación del Colegio Nacional de Abogados, postulando en todo momento la independencia que distingue el ejercicio de nuestro noble oficio y el cumplimiento de la trascendental misión de preservar el valor de la justicia.
MERCADEO, VENTAS Y DISEÑO GRÁFICO BK Comunicación Integral CC. Siglo XXI, 3er piso, Ofic. 56 Telefax: 236.0149 l 236.7363 Movil: 6430.1574 ventas@bkcipanama.com
A todos los abogados les extendemos nuestro fraternal saludo y les exhortamos a que solidariamente contribuyan con entusiasmo y dedicación para el éxito de nuestras actividades, que se proyectan no sólo en beneficio de nuestra asociación gremial sino en pro del mejoramiento del sistema jurídico y de una mayor comprensión y aplicación de los derechos y deberes de toda la ciudadanía.
“La Revista del Abogado” es una producción conjunta del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y BK Comunicación Integral, de distribución gratuita entre sus miembros, universidades, Corte Suprema, empresas privadas, embajadas, bufetes, juzgados e instituciones gubernamentales.
Que el año 2014 nos depare éxito profesional, consolidación institucional y sobre todo, justicia independiente para todos los panameños.
Recibimos colaboraciones en nuestra sede: Calle República de Bolivia y Calle 38 E. Apartado Postal: 0816-03370 Panamá, Rep. de Panamá; Tels.: 225-6371 / 7466 Fax: 225-0189 Sitio web: www.cna-panama.com E-mail: cnapma@cwpanama.net info@cna-panama.com “La Revista del Abogado” y el Colegio Nacional de Abogados de Panamá no se hacen responsables por las opiniones vertidas en los artículos, los cuales son de exclusivo criterio de sus autores y no reflejan necesariamente la posición de la revista ni del CNA.
José Alberto Alvarez Alvarez
POR Issamary Sánchez Ortega issamary@yahoo.com
EL BITCOIN, MITO O REALIDAD
La Prevención de Lavado de Dinero El bitcoin, mito o realidad
Panamá y su salida de la Lista Gris de la OECD
¿Y quién defiende al Estado panameño?
Toma de Posesión Junta Directiva 2013-2015
Comunicados: - La escogencia del Defensor del Pueblo - Sobre la Defensa a la Profesión
El Bitcoin es una modalidad de moneda electrónica descentralizada. La misma fue creada en el año 2009 por Satoshi Nakamoto. Se considera una divisa nueva, por medio de la cual se le quita el poder monetario a gobiernos, bancos centrales y entidades financieras, quedando en poder directo del usuario. De lo anterior, se colige que nadie controla la emisión de dinero en el mercado (está limitado algorítmicamente y nunca habrá más de 21 millones de Bitcoins). Aunque las transacciones son públicas, son anónimas, porque las mismas son realizadas entre direcciones que no están asociadas a ninguna persona. Nadie puede impedir transacciones entre dos particulares. ¿Cómo funciona el Bitcoin? El Bitcoin es un proyecto relativamente nuevo que se encuentra en evolución. Sobre el particular, sus desarrolladores recomiendan ser cautos y tratarlo como un “software experimental”, considerando que - a la fecha - el mismo no cuenta con una regulación formal. A partir de una única semilla, algunos comerciantes generan carteras deterministas, cuyas direcciones Bitcoin se pueden asignar a un pagador diferente para simplificar su seguimiento1.
Es decir, es suficiente con proteger la semilla para generar consistentemente la misma secuencia de direcciones Bitcoin de las que se tiene el control. Las direcciones generadas por una única semilla son virtualmente ilimitadas. Todos los nodos que forman parte de la red Bitcoin mantienen una lista colectiva de todas las transacciones conocidas, a la cual se le denomina la cadena de bloques. Los nodos generadores, también llamados mineros, crean los nuevos bloques, añadiendo en cada uno de ellos el último bloque de la cadena más larga de la que tienen conocimiento. Características del Bitcoin Entre algunas características del Bitcoin, podemos señalar las siguientes: 1.	No pertenece a ningún Estado o país, puede usarse en todo el mundo por igual. 2.	Está descentralizada, es decir, no es controlada por ningún Estado, banco, institución financiera o empresa. 3.	Es imposible su falsificación o duplicación gracias a un sofisticado sistema criptográfico. 4.	No hay intermediarios, las transacciones se hacen directamente de persona a persona.
Desventajas A diferencia de otras monedas, el Bitcoin no está respaldado por ningún gobierno ni debe contar con el visto bueno de un emisor central. La estructura de Bitcoin favorece el anonimato de las transacciones, por lo que es considerada un campo abonado para el lavado de dinero. Al respecto, señala el abogado venezolano Alejandro Rebolledo que “mientras los estados son burocráticos, lentos y pesados el crimen es tecnológico, moderno e innovador”2. The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, requiere que las casas de cambio que permiten el comercio de Bitcoins por monedas nacionales, cumplan las regulaciones contra el lavado de dinero.
en sitios clandestinos de ventas de armas, drogas y otras ventas ilegales. Luego de revisado el concepto, funcionamiento, beneficios y desventajas del uso del Bitcoin, consideramos prudente indicar que, en la medida que esta figura sea regulada dentro del Derecho Bancario, Derecho Internacional y/o Comercio Electrónico, nos sentiremos más cómodos con su uso y sistema. Adicional, lo anterior ayudaría a mitigar el riesgo operativo, legal, tecnológico y hasta reputacional que esto podría representar y a prevenir el lavado de dinero a nivel internacional. ___________________________
1. Se utiliza el término de cartera determinista para indicar que todas las direcciones de esa cartera están completamente determinadas por la semilla. 2. Bitcoin, la moneda virtual. Http://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/tecnologia/2013/08/03/bitcoin-moneda-virtual/1021880.html, 22 de agosto de 2013. 3. Justicia de EEUU reconoce a la moneda virtual Bitcoin legalmente como dinero. Http://www.df.cl/justicia-de-eeuu-reconoce-a-lamoneda-virtual-bitcoin-legalmente-comodinero/prontus_df/2013-0813/211841.html, 22 de agosto de 2013.
Sin embargo, un reciente fallo emitido por un Juez Federal de Texas, Estados Unidos señaló que el Bitcoin es dinero de verdad y no un mero instrumento de un juego, lo cual podría llevar a una verdadera revolución monetaria en el mundo, en caso de que su uso se volviera masivo3. Sobre el particular, esto requiere mayores controles, en especial a la hora de registrar la información de los clientes y realizar la debida diligencia correspondiente, de forma similar a como lo realizan las instituciones financieras tradicionales. Al respecto, surge la duda de la aplicabilidad de lo arriba señalado, toda vez que los usuarios de Bitcoin están fuera del alcance de la FinCEN y no necesitan registrarse ni mantener contabilidad de sus actividades para esta agencia. Por lo antes expuesto, la moneda virtual de Bitcoin representa un avance tecnológico de gran trayectoria. Al ser anónima, la misma se presta para malos propósitos, toda vez que no se encuentra supervisada ni por bancos ni autoridades monetarias; siendo de esta manera un peligro para la estabilidad del sistema económico y para la transparencia operativa del comercio electrónico. Adicional, podría ser utilizado en el mercado negro online para la realización de operaciones de lavado de dinero y
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5.	Las transacciones son irreversibles. 6.	Se pueden cambiar Bitcoins a euros u otras divisas y viceversa, como cualquier moneda. 7.	No es necesario revelar la identidad al hacer negocios y mantiene la privacidad de los usuarios. 8.	El dinero le pertenece al usuario en un cien por ciento. 9.	No puede ser intervenido y las cuentas no pueden ser congeladas.
POR Egbert Wetherborne, LLM, TEP. Fiduciaria Mossfon S.A.
El pasado 6 de julio de acuerdo a un comunicado de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), la República de Panamá fue removida de la “lista gris” de dicha organización. La lista gris es un enumerado que prepara la OCDE para ejercer presión sobre aquellas jurisdicciones que no han implementado de manera sustancial, los “estándares internacional en materia tributaria”. Sobre La OCDE La OCDE es una organización que nace oficialmente el 30 de septiembre de 1961, y tiene como objetivo impulsar políticas que redunden en bienestar económico y social. Tiene como antecedente inmediato la extinta Organización para la Cooperación Económica Europea, que surgió como una iniciativa para la ejecución del Programa de Recuperación Europea o Plan Marshall1, para ayudar en la reconstrucción de las economías europeas luego de terminada la ignominiosa Segunda Guerra Mundial.
Torre Financial Center (Towerbank), Calle 50, Piso 37, Ofic. 3700. Tels.: 206-3737 • Fax: 206-3757 CONTÁCTENOS info@lawoftheamericas.com ww.lawoftheamericas.com
Así, tanto por su origen como por su continua razón de ser, la OCDE es una organización esencialmente de países desarrollados, compuesta mayormente por naciones europeas, que buscan paliar vicisitudes comunes a su membrecía en un mundo cada vez más globalizado. En la actualidad la organización cuenta con 34 países miembros que proveen los recursos de la organización, en base al tamaño de la economía de cada país. El mayor contribuyente es los Estados Unidos de América que suple el 24% del presupuesto, seguido por Japón. El presupuesto de la organización para el 2011 es de 342 Millones de Euros. Consideraciones Generales A lo largo del tiempo muchas personas se han preguntado: ¿cómo quedó Panamá incluida en una lista de esta naturaleza, de una organización de la que no forma parte, y en un mundo en donde el Principio de la Soberanía y Autodeterminación de los Estados 2 sigue vigente y reconocido por la comunidad internacional? Todo surge en parte porque en el mundo -en virtud de la libertad que tienen los Estados de definir los rasgos particulares de sus economías- existen sistemas tributarios diferenciados, que aplican criterios disímiles para determinar su competencia en el cobro de impuestos. Esta libertad de los Estados también se conoce como Soberanía Fiscal. Por ejemplo, existen países que tienen un sistema tributario basado en la residencia (extraterritorial), que obligan a sus residentes (personas naturales y jurídicas) al pago de impuestos en sus ingresos tanto nacionales como mundiales. Esto significaría que si un residente de Chile, realiza una consultoría en Panamá que le genera un ingreso, estaría en la obligación de declarar ese ingreso ante las autoridades tributarias chilenas para la posterior determinación de las responsabilidades tributarias en Chile (independientemente de los impuestos que le serían retenidos en Panamá). Por otra parte, están los países que tienen sistemas basado en la fuente (o sistema territorial) en donde se ejerce la competencia tributaria al cobro de impuestos en base a aquellos
Panamá no sólo está dentro del grupo de países con sistema territorial, sino que además ha sido históricamente un país con una economía terciaria. Las cifras no dejan mentir: el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón y el Centro Financiero3 representan en años recientes el 75% del producto interno bruto panameño. En virtud de lo trascendental de estos rubros para nuestra economía, decidimos desarrollar todo un marco legal que protegiera y estimulara el uso correcto y legal de los servicios que ofrece nuestro país. Es allí donde se desarrollan distintas normas tendientes a preservar la confianza de los usuarios en el sistema financiero, y se incorpora el secreto bancario, el secreto fiduciario y el secreto fundacional. Ahora bien, el hecho de que existan sistemas tributarios territoriales y extraterritoriales representa tan sólo uno de varios juicios de hecho que podemos esbozar. Es indudable que a lo largo de la historia los países desarrollados con sistemas tributarios extraterritoriales han tenido tasas impositivas más altas en comparación con los países con sistema territorial. En 1980, por ejemplo, el promedio de la tasa del impuesto sobre la renta para personas naturales (seres humanos) de países desarrollados rondaba un 67%. Para personas jurídicas (compañías) la tasa era aproximadamente un 50%. Hoy día esos porcentajes han disminuido importantemente, entre otros factores, debido al contrapeso o competencia fiscal que ejercen las jurisdicciones con tasas impositivas más bajas, o como alguna vez leí, “moralmente más justas”. Lo anterior significa que tanto individuos como empresas de países con altas tasas impositivas podrían sacar provecho a través de mecanismos legítimos, de un clima fiscal más benévolo y personal. La entrada a la Lista Gris Los países miembros de la OCDE son en su totalidad países con un sistema de renta mundial, lo que significa que des-
de la óptica de sus genuinos intereses económicos y tributarios es de importancia contar con mecanismos para acceder a información que les permita determinar su derecho a cobrar impuestos por ingresos que generen sus residentes fiscales, fuera de las fronteras del respectivo país. Contrario sensu, ¿es importante para el gobierno de un país con sistema tributario territorial (como Panamá) el acceder a información sobre los ingresos que los panameños generemos fuera de Panamá, tomando en cuenta que las características particulares de nuestro sistema tributario no asignan potestad al gobierno panameño para el cobro de impuestos sobre este tipo de rentas? La OCDE a través de las evaluaciones que hace de los distintos países del mundo, ha desarrollado un sistema de presión (listas grises y negras) para coercionar a los países no alineados4 con los “estándares internacionales”, que han resultado exitosos para sus países miembros. Estos estándares son prácticas enmarcadas dentro de tratados bilaterales y multilaterales, que permiten el intercambio de información para
ingresos producidos dentro de los límites territoriales del Estado particular del cual se trate. Imaginémonos que un residente panameño dicta una conferencia en Colombia, y recibe un honorario por dicho servicio; ese panameño, al volver a Panamá, no está en la obligación de pagar impuestos sobre dicha renta porque la misma fue producida fuera de las fronteras panameñas. Si ese mismo panameño dictara la misma conferencia en Panamá y recibiera ese honorario, ese panameño tendría que pagar impuestos a razón de la tasa vigente de impuesto sobre la renta. Lo anterior, a pesar de ser una realidad de Perogrullo para la mayoría de los que lean este artículo, para otros pervive como una entelequia.
el cumplimiento de las normas tributarias internas de cada país5. La firma de al menos 12 tratados es la cantidad considerada como razonable por parte de la OCDE, para poder salir de dicha lista. En Abril de 2009 el Foro Global de la OCDE emitió un reporte sobre el progreso de distintas jurisdicciones en la implementación de los estándares arriba mencionados. En ese primer reporte, Panamá fue incluido dentro del grupo de países que se habían comprometido a adoptar estas pautas internacionales sugeridos por la OCDE, pero que “no habían sustancialmente implementado las mismas”6. Desde ese momento, el gobierno panameño decidió desarrollar una agenda tendiente a lograr cumplir con los requerimientos exigidos, de manera de salir de la lista discriminatoria de la OCDE. Esto a pesar de que en la opinión de muchos, para Panamá no tiene sentido el adoptar una serie de prácticas que resultan beneficiosas a economías y sistemas tributarios estructuralmente distintos al nuestro. La Salida de la Lista Gris La “estrategia” del gobierno de la República de Panamá fue efectiva, y el pasado 6 de julio luego de completar la firma de doce tratados fuimos sacados de la lista gris de la OCDE. La lista de países con los que hemos suscrito Tratados para Evitar la Doble Tributación (TEDT) la incluyen: México, Barbados, España, Portugal, Italia, Francia, Holanda, Luxemburgo, Corea del Sur, Qatar, Singapur, Irlanda, Israel, República Checa, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Con Estados Unidos, Islas Faroes, Groenlandia, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia y Canadá, suscribimos Tratados de Intercambio de Información Fiscal (TIIF). Los TEDT por definición buscan determinar los derechos de los Estados al cobro de los impuestos en transacciones transnacionales; evitar el encarecimiento innecesario (impositivo) del comercio internacional y sobre todo evitar la evasión fiscal. Cabe mencionar que los dieciséis tratados suscritos por Panamá para evitar la doble tributación incluyen una cláusula para el intercambio de información fiscal. Por lo general es el artículo 26 de dichos convenios. Referente al TIIF con Estados Unidos, el mismo es retroactivo al año 2007 lo cual es contrario a lo establecido en el artí-
culo 46 de la Constitución Política de la República de Panamá, y al principio general sobre irretroactividad de los tratados7, consagrado en el artículo 28 la Convención de Viena de Derechos de los Tratados (CVDT) de 1969, que entró en vigor en 1980. De hecho, el Colegio Nacional de Abogados de Panamá presentó una Demanda de Inconstitucionalidad el día 14 de abril de 2011, para buscar que se declare inconstitucional el TIIF con Estados Unidos. Importante mencionar que el tratado no permite el intercambio de información automático, ni las conocidas “fishing expeditions” a través de las cuales se hacen solicitudes de información no específicas (generales). Este tratado es aplicable no sólo a nacionales o residentes de los países contratantes, sino también a extranjeros que tengan obligaciones fiscales en los países parte del tratado. Un elemento interesante y que amerita un estudio más profundo, es el verdadero impacto o efectividad de estos tratados de intercambio de información. Desde la experiencia panameña es muy poco lo que se puede comentar dado lo incipiente del periodo “post tratados”; sin embargo hay jurisdicciones como Jersey8 cuya experiencia quizá puede arrojar una idea de la verdadera efectividad práctica de estos tratados. Entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2009, Jersey tenía suscrito dos Tratados de Intercambio de Información Fiscal: uno con Estados Unidos y otro con Alemania. Durante ese periodo de tres años sólo se registraron cuatro solicitudes de intercambio de información por año ante las autoridades tributarias de dicha Dependencia (promedio de 2 solicitudes, por país, por año). Cuando Jersey suscribió 10 tratados adicionales, y llegó a la suma total de 12 (a diciembre de 2010), se mantuvo el patrón, y sólo se dieron un promedio de 2.25 solicitudes por tratado. Comentarios Finales Es indudable que la salida de la lista gris y entrada a la lista blanca más que ser un mero cambio cromático, representa el inicio de una nueva etapa para nuestro país en el concier-
Desde el año 2010 nuestro código fiscal tiene todo un capítulo nuevo luego de la promulgación de la Ley 33 de 30 junio de 2010 “Sobre Normas de Adecuación a los Tratados”. El artículo 26 de esta ley faculta a la Dirección General de Ingresos de Panamá a que pueda solicitar información a entidades públicas, privadas o terceros, para el cumplimiento de las obligaciones que dimanan de los tratados internacionales suscritos por Panamá. En adición a la anterior, cabe mencionar la Ley 2 de enero de 2011 que incorpora la obligación de los Agentes Residentes panameños a cumplir con las políticas “Conozca a su Cliente” que ya eran de obligatorio cumplimiento para bancos y empresas fiduciarias (Ley 42 de 2000 y el Acuerdo 12 de 2005 de la Superintendencia de Bancos). El reto, lograda la salida, es que todas estas reformas puedan ser canalizadas de manera beneficiosa para nuestro país y que se tomen las medidas necesarias para que sigamos siendo un centro servicios logísticos y financieros relevante para la región y el mundo entero. ___________________________ 1. El nombre se le dio en honor a George Marshall, Secretario de Estado de los Estados Unidos, que impulsó la iniciativa.
2. Entiéndase el Principio de Autodeterminación como la plena igualdad de derechos y obligaciones entre los Estados, sobre la base de relaciones económicas igualitarias. Las resoluciones 3201 y 3202 de la Organización de Naciones Unidas del año 1974, impulsan este principio a través de lo que en su momento se denominó “el nuevo orden económico internacional”. 3. A febrero de 2011, nuestro sistema financiero contaba con activos que ascendían a poco más 72 billones de dólares. 4. Los países que están en la lista gris y negra de la OCDE fueron originalmente identificados en el año 2000 como jurisdicciones que tenían las características de “Paraíso Fiscal” de acuerdo a los criterios definidos en el año 1998 por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. 5. Cabe mencionar que en la actualidad hay países miembros de la OECD que paradójicamente tienen sistemas legales que restringe el intercambio de información y que estimulan la entrada de capitales extranjeros en sus sistemas bancarios.
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6. El gobierno panameño se comprometió, mediante carta enviada en el año 2002 a la OCDE, a cumplir con los requerimientos exigidos por esa organización.
7. Este artículo de la CVDT admite excepciones. 8. Jersey es una dependencia de la Corona Británica ubicado en el canal de la Mancha.
to internacional de naciones. Hay que recordar que Panamá ha aprobado más de 30 tratados internacionales sobre la materia fiscal, así como también un sinnúmero de normas legales internas que representan cambios trascendentales para nuestro país.
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POR MARGIE-LYS JAIME RAMIREZ
¿Y QUIEN DEFIENDE AL ESTADO PANAMEÑO?
Reflexiones en torno al arbitraje en materia de inversiones y la defensa del Estado El crecimiento económico de la República de Panamá es una realidad que se puede notar a través de todas las obras de construcción y de infraestructura que se están realizando en el país y que nos proyecta como centro de atracción de inversiones. Este crecimiento se debe a muchos factores, entre ellos los muchos atractivos que el país tiene para ofrecer, tales como el Canal de Panamá, una plataforma logística con moderna infraestructura portuaria, la Zona Libre de Colón, el Ferrocarril Interoceánico y una ubicación privilegiada para el transporte aéreo.
Ciertamente, aún antes de formar parte del Banco Mundial, el Estado panameño podía ser demandado dentro de un arbitraje, ya sea ante un centro de arbitraje en Panamá3 o un centro de arbitraje internacional como la CCI4, o dentro de un arbitraje ad hoc, de acuerdo con las reglas de arbitraje de la CNUDMI5. No obstante, el hecho de aceptar la competencia del CIADI brinda seguridad a los inversionistas extranjeros, en el sentido en que las decisiones del tribunal arbitral llevan el respaldo del Banco Mundial.
De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 20122013, publicado por el World Economic Forum, Panamá se encuentra en la posición número 40 en competitividad a nivel mundial, ganando 9 plazas en comparación con el año anterior; lo que nos consolida como el país más competitivo en la región Centroamericana.
En este mismo sentido, la Ley sobre la Estabilidad Jurídica de las Inversiones en Panamá prevé que el inversionista que se adhiere a este sistema, puede acudir ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, para resolver sus controversias con el Estado panameño, lo cual es compatible con el ambiente de promoción y protección de las inversiones6.
Entre los aspectos más competitivos que tiene la República de Panamá se encuentran, evidentemente, su infraestructura portuaria (4to lugar a nivel mundial), pero también la eficiencia de su mercado financiero (9no a nivel mundial) y su apertura a las inversiones directas extranjeras (9no a nivel mundial). Sin duda, esta posición la debemos en gran parte a la gran capacidad que tenemos para la exportación de servicios, correspondiendo estos al 80% del producto interno bruto del país. En efecto, puede notarse el importante ascenso que ha tenido la República de Panamá en los últimos años, exportando más de 7 mil millones de dólares en servicios (posición número 37 a nivel mundial), e importando más de 3 mil millones de dólares (posición número 52 a nivel mundial) en el 2012. Ahora bien, la República de Panamá, como cualquier otro país de América Latina que haya querido promoverse como país receptor de inversiones directas extranjeras, ha mantenido, como parte de su política comercial, una posición activa en la suscripción de acuerdos de promoción y de protección de las inversiones (APPRI) con otros países1. Adicionalmente, Panamá da un gran paso hacia la protección de las inversiones extranjeras en 1995, a la hora de suscribir la Convención de Washington de 1965, que crea el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI)2.
Todas estas iniciativas son muy buenas, pero a pesar de la “buena conducta” que pueda tener el Estado panameño frente a las inversiones realizadas en el país, no se descarta que en su momento el Estado pueda ser demandado ante una instancia arbitral como el CIADI, dado justamente el alto grado de inversión que recibe el país. Lo anterior aun cuando formalmente no exista un contrato con el Estado propiamente tal. En efecto, es un hecho conocido que el Estado receptor de una inversión extranjera puede ser demandado sin que medie un contrato, convenio o autorización de inversión, en la medida en que haya suscrito un APPRI o un Tratado de Libre Comercio (TLC), en su conjunto un Tratado bilateral de inversiones (TBI), que contenga la posibilidad de un arbitraje inversionista-Estado, con el país de donde es nacional el inversionista7.
Lo anterior no debe sorprendernos puesto que el país tuvo que asumir la contratación de una prestigiosa firma de abogados extranjera, para que esta se hiciera cargo de todo el proceso. La razón es muy simple. El país no se encontraba, ni se encuentra, preparado, ni política ni estructuralmente, para hacerle frente a una demanda arbitral de este tipo. En efecto, no existe en la actualidad una política pública para el manejo de los casos que puedan instaurarse contra la República de Panamá, ya sea sobre la base de un APPRI o de un TLC, como sí la tienen otros países de la región como Argentina, Colombia, Ecuador, México, o Perú. Esto nos pone en desventaja frente a otros países con los que tenemos un TBI, como son el caso de Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, algunos países de la Unión Europea, y que se encuentran en una mejor posición que nosotros para hacerle frente a un caso de arbitraje. Más grave pareciera aún, el hecho de que no existe una estrategia común sobre la entidad responsable de negociar los TBI que pueden comprometer a la República de Panamá. En efecto, aunque el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través de su Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales (ONCI) es la única competente para negociar TLCs (que incluyen en su mayoría capítulos substanciales sobre inversión), la negociación de los APPRIs sigue siendo conducida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto se aleja en gran medida de las políticas públicas actuales que centralizan en una entidad el manejo de estos temas tan sensitivos para el país. Lo cierto es que al momento de una controversia, la Procuraduría de la Administración ha señalado en su momento, que le correspondía atender al MICI “las consultas, negociaciones o cualquier otro tipo de procedimiento de solución de diferencias” que surjan del APPRI con los Estados Unidos9, lo que nos hace pensar que el MICI sería el ente idóneo tanto para
De hecho, la República de Panamá, en su único caso de arbitraje ante el CIADI, Nations Energy8, fue demandado sobre la base del TBI suscrito con los Estados Unidos de América. Vale la pena mencionar que en este caso, la República de Panamá ganó, siendo la empresa americana condenada por un monto que se eleva a los 4 millones y medio de dólares, en concepto de gastos de defensa y costas del arbitraje. Resulta relevante apuntar que en los más de 4 años que duró el proceso, se necesitó una inversión de $65 mil dólares como cuota de utilización del Centro, más alrededor de $157 mil dólares en gastos de procedimiento (salas de audiencia, correspondencia, gastos de personal), a los cuales se suman los gastos y honorarios de los árbitros, cuyo monto se eleva a más de medio millón de dólares. Aunque en realidad, si sacamos la cuenta, nos percataremos que alrededor de 3 millones y medio de dólares, sustentados ante el tribunal en concepto de gastos de defensa y costas del arbitraje, corresponden a los gastos de abogado que la República de Panamá tuvo que asumir para su defensa.
negociar como para administrar un arbitraje inversionista-Estado sobre la base de un TBI. No es menos cierto que, por el momento, el MICI carece de una estructura y de recurso humano capacitado para atender cualquier consulta, y menos aún una demanda de arbitraje, en contra del Estado panameño. Lo que significa que en el momento de presentarse una demanda de arbitraje, el Estado va a tener que invertir, una vez más, en millones de dólares para cubrir sus gastos de defensa y costas de arbitraje; esto sin contar que en caso de pérdida en el proceso, deberá pagar millones de dólares para indemnizar al inversionista extranjero. Desde nuestro punto de vista, necesitamos llenar con urgencia el vacío legal existente, a través de una modificación del Decreto Ejecutivo No. 46 de 14 de julio de 2008, “Por el cual se reglamenta el Decreto Ley N° 6 de 15 de febrero de 2006, que
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2. Panamá subscribió el Convenio el 22 de noviembre de 1995 y lo ratificó el 8 de abril de 1996, entrando en vigor el 8 de mayo de 1996. Ley 13 de 1996 por la cual se aprueba el Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, Hecho en Washington el 18 de marzo de 1965. Dictada por la Asamblea Legislativa el 03/01/1996, Gaceta 22947 de 08/01/1996. Sobre el CIADI, ver nuestra obra: Arbitraje ante el CIADI, Reflexiones en torno del Centro creado por el Convenio sobre Arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, Cultural Portobelo, 2010.
10 reorganiza el Ministerio de Comercio e Industrias y dicta otras disposiciones”, a fin de establecer una Unidad o Dirección especializada que se encargue de atender a los inversionistas extranjeros que soliciten la apertura de consultas, y posteriormente darle seguimiento al procedimiento de arbitraje instaurado sobre la base de un TBI; así como de atender consultas de inversionistas panameños, con el fin de orientarlos sobre sus derechos que pudieran haber sido afectados por medidas directas o indirectas adoptadas o mantenidas por un socio comercial de la República de Panamá. Tampoco descartamos la posibilidad de crear una Comisión interinstitucional, en el cual participen funcionarios tanto del Ministerio Público, del MINREX, como de la entidad centralizada o descentralizada, que se vea envuelta en su momento en una controversia10. Sin duda, al principio necesitaríamos el apoyo y la guía de una firma especializada para atender un caso en concreto, pero la inversión sería mucho menor, puesto que tendríamos abogados capacitados para atender las demandas y nutrirse de la práctica de la firma que el Estado estaría contratando para tales efectos (como es el caso actualmente del Ecuador). Asimismo, creemos que con la política pública y la estructura necesaria podríamos llegar un día a manejar nuestros propios casos a través de abogados del Estado, como es el caso de la Argentina y de México. Las vías para lograr este fin son múltiples, pero se necesita, ante todo, una voluntad política comprometida y fuertes deseos de poner este proyecto en marcha. La pregunta es, ¿existirá la voluntad política para hacerlo? La autora es abogada, miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y admitida por la barra de Paris, Francia; además, es Doctora en derecho por la Universidad de Paris II, y especialista en relaciones económicas internacionales, en arbitraje y derecho comercial, y en derecho internacional privado.
1. Actualmente, Panamá ha suscrito 22 APPRIs con diferentes países, siendo el primero en fecha, el de Estados Unidos en el año 1982. Ver la lista de Tratados en el sitio web de la CNUCED: www.unctad.org
3. Los dos más conocidos son el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (www.pancamara.com) y el Centro de Arbitraje de la Cámara Panameña de la Construcción (CESCON). Ambas instituciones manejan arbitrajes en los cuales una parte es el Estado panameño, por lo general, gracias a una cláusula arbitral en un contrato de inversiones. Otras iniciativas privadas para la creación de centros de arbitraje especializados como el Centro de conciliación, mediación y arbitraje marítimo de Panamá (CECOMAP), creado con el fin de administrar arbitrajes y otros medios de solución de conflictos en materia marítima, tampoco descartan la posibilidad de que una de las partes pueda ser el Estado panameño o una de sus dependencias. 4. Este es el caso del TBI entre Panamá y Cuba de 27 de enero de 1999; Aprobado mediante Ley No. 5 de 3 de mayo de 1999; Gaceta Oficial No. 23,793, de 11 de mayo de 1999; en vigencia el 26 de julio de 1999. 5. Antes de 1995, los APPRI suscritos por Panamá daban la opción al inversionista a acudir al procedimiento previamente pactado por las partes, a un arbitraje ad hoc, de acuerdo con el reglamento de la CNUDMI o el mecanismo suplementario del CIADI, en el caso de que este fuera posible. 6. Artículo 20: « Las controversias, reclamaciones o diferencias que surjan entre el estado y los inversionistas, con motivo de la aplicación, ejecución o interpretación de esta Ley, serán dirimidas en forma amistosa y directa mediante conciliación, conforme al Reglamento de Conciliación del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá... Si no se llegase a una solución dentro de los treinta días hábiles siguientes al inicio del procedimiento de conciliación, a partir de la presentación efectiva de la solicitud correspondiente, el inversionista podrá optar por que la controversia sea dirimida: Por decisión de la autoridad gubernativa o jurisdiccional competente; o mediante arbitraje, conforme al Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá. » Ley Nº54 de 22 de julio de 1998 “Por la cual se dictan medidas para la Estabilidad Jurídica de las Inversiones”. 7. Para un estudio sobre el tema, ver nuestra obra: El Arbitraje sin lazo contractual. La disyuntiva entre la protección de las inversiones internacionales y el respeto del orden público panameño. Cultural Portobelo, Panamá, 2010. 8. Nations Energy Inc., c/ República de Panamá, ICSID Case No. ARB/06/19 (US/Panamá TBI). Laudo de 24 de noviembre de 2010, disponible en el sitio web del ITA, http://ita.law.uvic.ca/documents/NationsResourcesVPanama_Award.pdf. Nota No. C-11-12 de 8 de febrero de 2012. 9. Nota No. C-11-12 de 8 de febrero de 2012. 10. Ver nuestro estudio: Arbitraje en materia de inversiones y defensa del Estado panameño. Propuesta para el desarrollo de una política de prevención y manejo de conflictos en materia de inversión cuando se presenten controversias que puedan afectar los intereses del Estado panameño. Editorial Portobelo, 2013.
Junta Directiva 2013-2015 José Alberto Álvarez Álvarez	Juan Carlos Araúz Ramos	Santander Tristán Donoso	Tayra Barsallo Zambrano	Herbert Young Rodríguez	Carlos M. Herrera Morán	Daniel Ramírez Lasso	Jorge A. Chang Villarreal	Alexander Hepburn C.	Carmelo González Torres	Itzel Karina Chen Chan	Javier Marquínez D.	Eva Vergara de Córdoba	Sarai Isabel Blaisdell	Enoch Rodríguez
El 9 de agosto de 2013, tomó posesión la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados de Panamá para el bienio 2013-2015. Este acto tuvo lugar en el Salón Las Perlas del Club Unión, con la presencia en la mesa principal del H.M. Harley Mitchell Dale, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia; S.E. Roberto Henríquez, Ministro de la Presidencia, en representación del Excelentísimo Señor Ricardo Martinelli Berrocal, Presidente de
la República; José Alberto Alvarez A., Presidente del CNA; César A. Ruiloba, Presidente Saliente del CNA y Oscar Ceville, Procurador de la Administración; así como la participación de autoridades del gobierno, miembros del foro nacional, gremios empresariales, entre otros distinguidos invitados especiales. El Presidente Álvarez, en su discurso señaló temas de importancia para la abogacía panameña, en los cuales se
pondrán especial empeño y compromiso para llevarlos a la realidad, como una ley de la abogacía que contemple colegiación necesaria, examen profesional y educación legal continua. Asimismo, temas de vida institucional, con un Colegio de Abogados combativo, crítico e independiente, la continuación de jornadas Jueves Académico, iniciadas por la Junta Directiva anterior, reforma a los Estatutos, una nueva Tarifa de Honorarios Profesionales, el mejoramiento y fortalecimiento de la administración de justicia, entre otros aspectos de interés gremial y nacional.
JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE HONOR Durante el acto de Toma de Posesión de la Junta Directiva 2014, fueron juramentados los miembros del Tribunal de Honor, para el período 2013-2017: Principales: Martha López de Martín y Ana Aurora Olivella de Guardia y como Suplentes: Irma Silka Araúz y Publio Cortés.
ACTIVIDADES INSTALACIÓN FORMAL DE LAS COMISIONES DE TRABAJO En acto realizado el martes 27 de agosto y ante nutrida participación de los agremiados, la Junta Directiva instaló las Comisiones de Trabajo del CNA, las cuales se constituyen en colaboradoras de la gestión que realiza la directiva. El presidente José Alberto Álvarez A., juramentó a presidentes, vicepresidentes, secretarios y comisionados, que brindarán su valioso apoyo con opiniones técnicas-jurídicas en temas específicos, desarrollo de actividades u otras labores que se requieran.
CORTESÍA DE SALA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO La directiva, dirigida por el Licdo. Juan Carlos Araúz, como presidente encargado, atendió en cortesía de sala al Lic. Elías Solís González, Secretario General del Tribunal Administrativo Tributario, quien dio a conocer, como parte del programa de difusión de dicha institución, aspectos generales, funciones y competencias de este Tribunal; enfatizando los proyectos a corto plazo que pretende implementar el Tribunal, así como la definición del nuevo Plan Estratégico que fija la hoja de ruta para el período 2013– 2017. La ocasión fue propicia para que el Licdo. Araúz manifestara la disposición de unir esfuerzos y desarrollar actividades conjuntas en aspectos relacionados con capacitación a los asociados.
CAPÍTULO DE ABOGADOS SE INTEGRA A LAS LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA En acto celebrado en la ciudad de Santiago, con la presencia del Presidente José Alberto Álvarez Álvarez, integrantes del Capítulo de Abogados de Veraguas se juramentaron como miembros de la Comisión de Derechos Humanos de este Capítulo. El fortalecimiento de los Capítulos, la participación dinámica de los agremiados a nivel nacional y el rescate de la vida gremial son tareas de suma importancia para esta directiva.
REUNIÓN CON DECANO DE ADEN BUSINESS SCHOOL El Presidente de nuestro gremio sostuvo una reunión-almuerzo con el Dr. Sergio Alejandro Tertusio, Decano de ADEN Business School, en donde trataron temas concernientes al desarrollo de cuatro Diplomados a dictarse en el CNA por este prestigioso Centro de Estudios, que cuenta con presencia en 17 países en Hispanoamérica. Estos son: 1) Administración de Firmas y Despachos de Abogados, 2) Marketing Jurídico y Ética Profesional, 3) Derecho Deportivo y 4) Tributación Internacional. La Junta Directiva está comprometida con la formación de los agremiados y, para ello, está trabajando en la consecución de programas o acuerdos con universidades u organizaciones que nos colaboren con este propósito.
NUEVO INTEGRANTE EN EL TRIBUNAL DE HONOR La Licda. Edurne Recalde, Presidenta del Tribunal de Honor del CNA, juramentó al Dr. Darío Sandoval Shaik, como nuevo miembro de este Tribunal. La Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, mediante Resolución No. 3 de 2 de septiembre de 2013, y en cumplimiento del Artículo 6 A del Reglamento Interno del Tribunal de Honor, designó al Dr. Sandoval, en atención a su probada experiencia en el ejercicio de la abogacía y su reconocida solvencia moral y profesional, para que ocupe el cargo de Suplente del Tribunal de Honor.
JUNTA DIRECTIVA SE REÚNE CON MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Miembros de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, presidida por José Alberto Álvarez A., el segundo vicepresidente Santander Tristán Donoso, los directores Daniel Ramírez Lasso, Javier Marquínez D., Saray Isabel Blaisdell y las presidentas de la Comisión de Defensa a la Profesión, Edna Ramos, y de Administración de Justicia, Yakarta Ríos, se entrevistaron con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, quien estuvo acompañado por los Magistrados Oydén Ortega Durán, Harley James Mitchell D., José Ayú-Prado, Luis Ramón Fábrega, Hernán De León, Jerónimo Mejía y Efrén Tello, Magistrado Suplente. El Presidente de nuestro gremio manifestó la disposición e interés de trabajar en conjunto y coordinadamente en bien de la administración de la justicia, así como la tarea prioritaria de reactivar el funcionamiento del Consejo Judicial. Los Magistrados mostraron su complacencia por la visita de los miembros del Colegio, ocasión que aprovechó el Magistrado Presidente de la C.S.J., para informar que el Órgano Judicial cuenta con una ejecución del presupuesto del 90% y que se logró ante la Asamblea Nacional que se aprobara el presupuesto de funcionamiento para el año 2014, por la suma de 132 millones de dólares.
El Doctor Darío Sandoval Shaik, Presidente de la Comisión de Publicaciones Jurídicas, participó el 27 de agosto en representación del Colegio Nacional de Abogados en la Jornada de Capacitación organizada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA), en la que se analizó el aporte de diversas instituciones y gremios vinculados a la matriz de ciencias sociales, como instrumento de evaluación con fines de acreditación de carreras en esta área del conocimiento.
REUNIÓN CON AGREGADO REGIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL El Lic. Santander Tristán Donoso, como Presidente Encargado del CNA, y el Lic. Aresio Valiente, Presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de nuestro gremio, recibieron al abogado Michael G. Lewis, Primer Secretario de Propiedad Intelectual, ubicado en la Embajada de los E.E.U.U. en México, desde el año 2012. El Señor Lewis, acompañado por oficiales de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, solicitó audiencia para dar a conocer el proyecto de futuras actividades académicas en el tema de propiedad intelectual, en el marco del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos y Panamá. Este fue un primer acercamiento con el Colegio para intercambiar opiniones, y adelantar detalles sobre el inicio de la actividad que se llevará a cabo en los primeros meses del próximo año.
ALMUERZO CON MAGISTRADOS DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
VISITA A LAS OFICINAS DE LA FIA EN WASHIGTON
El presidente José Alberto Álvarez A. y el Segundo Vicepresidente, Santander Tristán Donoso, sostuvieron una reunión-almuerzo con los Honorables Magistrados Ricardo Acevedo y Guillermo PérezCadalso, presidente y vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia, respectivamente. Durante el encuentro con los Señores Magistrados, se intercambió opiniones sobre el estado actual de la integración Centroamericana, así como la realización de futuras actividades en el país y con nuestro gremio.
Apreciamos al presidente del CNA y de la Federación Interamericana de Abogados, José Alberto Álvarez, y al Vicepresidente Juan carlos Araúz, en las oficinas de la FIA en Washington, en el área de la galería de Expresidentes.
PARTICIPACIÓN EN EVENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA DE PANAMÁ
COMUNICADOS Sobre la escogencia del Defensor del Pueblo El Colegio Nacional de Abogados (CAN) consciente de su deber histórico de velar por los Derechos Humanos de los asociados, por la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, se dirige a la Nación con motivo de la próxima escogencia del Defensor del Pueblo, en los siguientes términos: Primero: la institución de la Defensoria del Pueblo está convocada por mandato constitucional a jugar un rol de trasncendencia en la vida democrática del pais, protegiendo los derecho y las garantías fundameltales consagradas en la Constitución y los Convenios Internacionales de Derechos Humanos. De manera preferente defender y proteger los Derechos Humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad panameña. Segundo: Mucho esfuerzo costó lograr el reconocimiento y la creación de la Defensoría del Pueblo, la cual constituye una institución importante en el devenir democrático de la República. El artículo 130 de la Constitución Política de la República, exige para ser Defensor del Pueblo, entre otros, requisites “tener solvencia moral y prestigio reconocido” Tercero: Desafortunadamente la politización y el favoritismo que ha predominado en los procesos de selección para la escogencia del Defensor del Pueblo ha traído como consecuencia que esta institución haya perdido credibilidad y autoridad moral, lo cual deteriora su capacidad para el cumplimiento de los deberes constitucionales. Los acontimientos recientes que dieron como resultado la destitución de la Defensora del Pubelo, escogida en marzo 2011, hacen impostergable
una tarea de reivindicar el sitial que le corresponde a la institución, por lo cual la Asamblea Nacional debe escoger a un candidato con solvencia moral y prestigio reconocido; claras y comprobables ejecutorias en las luchas por la defense de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho, y; sobre todo independencia de los partidos politicos y reconocidad probidad. Cuatro: El colegio Nacional de Abogados ante la importante mission que representa la escogencia del Defensor del Pueblo, por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, somete a la consideración nacional del Licenciado SANTANDER TRISTÁN DONOSO, para Defensor del Pueblo, que culmine el Período 2011-2016. El jurista SANTANDER TRISTÁN DONOSO, es un ciudadano independiente, sin afiliación política, es un professional del derecho con amplia trayectoria y participación en organizaciones de la sociedad civil, en la promoción y defense de los Derechos Humanos, y con una vida dedicada a la protección de los derechos de los campesinos e indigenas. Exhortamos a todas las organizaciones de la sociedad civil, a todos los Partidos Políticos, y a los ciudadanos en general, para que apoyen esta candidatura. Panamá, 20 de agosto de 2013 José Alberto Alvarez	Herbert Young Rodríguez Presidente	Secretario
Sobre la Defensa a la Profesión La Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados de Panamá en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias: Considerando: Que recientemente se han hecho publicaciones en medios de comunicaión social vinculadas al ejercicio professional de colegas miembros del Colegio Nacional de Abogados, en supuestos actos contrarios a la moral y a la ética pública. Que entre los elementos a considerer en la vinculación de dichos profesionales se da por razón de la condición de Director (a), Dignatario (a) y/o Agentes Residentes de una sociedad anónima. Que los cargos antes mencionados forman partes de la gama de servicios que ofrecen los abogados a nivel nacional e internacional y, además, forman parte de las gestiones reconocidas como formas de ejercer la profesión de abogado, según lo dispone el artículo 4 numeral 9 de la Ley 9 de 18 de abril de 1987, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1933, que regula nuestra profesión y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2, numeral 7, de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927, sobre sociedades anónimas. Que es funcion de la Junta Directiva defender el libre y honesto ejercicio de la Profesión de Abogado, el Germio Profesional y sus afiliados.
Resuelve: Primero: RECHAZAR, toda publicación que desprestigie el noble ejercicio de la profesión de Abogado y cualquier otro acto que atente contra el libre ejercicio de la profesión. Segundo: DENUNCIAR la práctica del linchamieno mediatico como contraria al correcto ejercicio del derecho a informar y al principio constitucional de la presunción de inocencia, particulamente afectando a la imagen del professional del Derechos. Tercero: INSTAR tanto a los profesionales del derecho como a los servidores públicos y medios de comunicacion social a no solo actuar con transparencia y rendición de cuentas, sino a evitar que sus actuaciones den lugar a cuestionamientos públicos, de modo que se proteja la paz y sosiego de los asociados. Cuarto: EXHORTAR a los abogados en general a permanecer vigilantes ante cualquie actuación, gestión o evento que afecte la imagen de nuestra profesión. Dado en la ciudad de Panamá, a los 27 días de agosto de 2013. José Alberto Alvarez	Herbert Young Rodríguez Presidente	Secretario
Nueva Revista del Abogado

References: artículo 26
 artículo 28
 artículo 26
 Artículo 20
 Resolución 
 Artículo 6
 artículo 130
 artículo 4
 artículo 2