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Timestamp: 2018-10-17 19:31:05+00:00

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Guía Políticas | Construi Europa
Guía Políticas Unión Europea
ELIMINACIÓN DE LOS PILARES DE LA UE
Uno de los cambios más destacados aplicados por el Tratado de Lisboa es la eliminación de la estructura en tres pilares de la UE. Dichos pilares eran:
la Comunidad Europea;
la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC);
la cooperación policial y judicial en materia penal.
Dentro de esta estructura se superponían varios tipos de competencias. Los actos adoptados en el marco del primer pilar se aprobaron de conformidad con los procedimientos legislativos de la UE. En cambio, los otros dos pilares se basaban en una cooperación intergubernamental entre los Estados miembros.
Con el Tratado de Lisboa se pone fin a esta compleja arquitectura. La Comunidad Europea desparece. Esta queda sustituida por la UE, a la que se confieren procedimientos legislativos que le permiten ejercer plenamente las competencias que tiene atribuidas. Además, la UE también adquiere la personalidad jurídica que hasta ahora estaba reservada a la antigua Comunidad. Por lo tanto, en lo sucesivo puede firmar tratados en los ámbitos dentro de su competencia.
LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE COMPETENCIA
El Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) distingue tres tipos de competencia y contiene una lista no exhaustiva de los ámbitos de aplicación de cada uno de ellos:
Las competencias exclusivas (artículo 3 del TFUE): la UE es la única que puede legislar y adoptar actos vinculantes en estos ámbitos. En consecuencia, el papel de los Estados miembros se limita a su aplicación, salvo que la Unión los autorice para adoptar solos determinados actos.
Las competencias compartidas (artículo 4 del TFUE): la UE y los Estados miembros están autorizados a aprobar actos vinculantes en estos ámbitos. No obstante, los Estados miembros solo pueden ejercer su competencia en la medida en que la UE haya determinado no ejercer la suya.
Las competencias de apoyo (artículo 6 del TFUE): la UE solo puede intervenir al objeto de respaldar, coordinar o completar la acción de los Estados miembros. Por lo tanto, no dispone de poder legislativo en estos ámbitos y no puede interferir en el ejercicio de estas competencias reservadas a los Estados miembros.
La UE cuenta con competencias específicas en determinados ámbitos:
la coordinación de las políticas económicas y de empleo (artículo 5 del TFUE): la UE es competente para garantizar las modalidades de esta coordinación. Por lo tanto, debe definir directrices generales para orientar a los Estados miembros.
la PESC (artículo 24 del Tratado de la UE): la UE es competente en todos los ámbitos asociados a la PESC. Se encarga de definir y aplicar esta política a través del Presidente del Consejo Europeo y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, entre otros. Las funciones y estatutos de estos están reconocidos en el Tratado de Lisboa. No obstante, la UE no puede en ningún caso adoptar actos legislativos en este ámbito. Además, el Tribunal de Justicia de la UE no es competente para fallar en este campo.
La “cláusula de flexibilidad” (artículo 352 del TFUE): esta cláusula permite a la UE actuar más allá del poder de acción que le atribuyen los tratados si el objetivo en cuestión lo requiere. Sin embargo, esta cláusula se encuentra enmarcada en un proceso estricto y existen algunas limitaciones para su aplicación.
El ejercicio de las competencias de la Unión se encuentra sujeto a tres principios fundamentales que figuran en el artículo 5 del Tratado de la UE. La delimitación de las competencias de la UE facilita enormemente la correcta aplicación de estos principios:
El principio de atribución: la Unión únicamente cuenta con las competencias que le atribuyen los tratados.
El principio de proporcionalidad: el ejercicio de las competencias de la UE no puede superar lo estrictamente necesario para la consecución de los objetivos de los tratados.
El principio de subsidiaridad: en el caso de las competencias compartidas, la UE solo puede intervenir cuando su actuación sea más eficaz que la de los Estados miembros.
El actual reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros no es definitivo. No obstante, la reducción o ampliación de las competencias de la UE es un asunto delicado que requiere el acuerdo de todos los Estados miembros y una revisión de los tratados.
Legislación. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea artículos 3, 4 y 5
Artículo 3. 1. La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes:
a) la unión aduanera;
b) el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior;
c) la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro;
d) la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común;
Artículo 4. 1. La Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros cuando los Tratados le atribuyan una competencia que no corresponda a los ámbitos mencionados en los artículos 3 y 6.
a) el mercado interior;
b) la política social, en los aspectos definidos en el presente Tratado;
c) la cohesión económica, social y territorial;
d) la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos;
e) el medio ambiente;
g) los transportes;
h) las redes transeuropeas;
i) la energía;
j) el espacio de libertad, seguridad y justicia;
k) los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos definidos en el
presente Tratado.
3. En los ámbitos de la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones, en particular destinadas a definir y realizar programas, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros
ejercer la suya.
4. En los ámbitos de la cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones y una política común, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la suya.
Artículo 5. 1. Los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas en el seno de la Unión. Con este fin, el Consejo adoptará medidas, en particular las orientaciones generales de dichas políticas. Se aplicarán disposiciones particulares a los Estados miembros cuya moneda es el euro.
2. La Unión tomará medidas para garantizar la coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros, en particular definiendo las orientaciones de dichas políticas.
3. La Unión podrá tomar iniciativas para garantizar la coordinación de las políticas sociales de los Estados miembros.
Artículo 6. La Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros. Los ámbitos de estas acciones serán, en su finalidad europea:
a) la protección y mejora de la salud humana;
b) la industria;
c) la cultura;
d) el turismo;
e) la educación, la formación profesional, la juventud y el deporte;
f) la protección civil;
g) la cooperación administrativa.
POLÍTICAS Y ACCIONES INTERNAS DE LA UNIÓN: TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN. TERCERA PARTE
-MERCADO INTERIOR: TÍTULO I TFUE.
-LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS: TÍTULO II TFUE
-AGRICULTURA Y PESCA: TÍTULO III TFUE
-LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS, SERVICIOS Y CAPITALES: TÍTULO IV TFUE
-ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA: TÍTULO V TFUE
-TRANSPORTES: TÍTULO VI TFUE
-NORMAS COMUNES SOBRE COMPETENCIA: TÍTULO VII TFUE
-FISCALIDAD Y APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES: TÍTULO VIII TFUE
-POLÍTICA ECONÓMICA Y MONETARIA: TÍTULO IX TFUE
-POLÍTICA SOCIAL: TÍTULO X TFUE
-EL FONDO SOCIAL EUROPEO: TÍTULO XI TFUE
-EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, JUVENTUD Y DEPORTE: TÍTULO XII TFUE
-CULTURA: TÍTULO XIII TFUE
-SALUD PÚBLICA: TÍTULO XIV TFUE
-PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES: TÍTULO XV TFUE
-REDES TRANSEUROPEAS: TÍTULO XVI TFUE
-INDUSTRIA: TÍTULO XVII TFUE
-COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL: TÍTULO XVIIITFUE
-INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ESPACIO: TÍTULO XIX TFUE
-MEDIO AMBIENTE: TÍTULO XX TFUE
-ENERGÍA: TÍTULO XXI TFUE
-TURISMO: TÍTULO XXII TFUE
-PROTECCIÓN CIVIL: TÍTULO XXIII TFUE
-COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA: TÍTULO XXIV
CONTENIDOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
El mercado interior de la Unión Europea es un mercado único en el que circulan libremente los bienes, servicios y capitales y las personas y dentro del cual los ciudadanos europeos pueden vivir, trabajar, estudiar o hacer negocios con libertad.
Desde su creación en 1993, el mercado único se ha abierto más a la competencia, ha creado nuevos empleos, ha fijado precios más asequibles para los consumidores y ha permitido a las empresas y a los ciudadanos beneficiarse de una amplia gama de productos y de servicios.
La Unión se esfuerza por lograr una mayor simplificación de aquellas normativas que siguen impidiendo que los ciudadanos y las empresas puedan aprovechar plenamente las ventajas del mercado único.
La libre circulación de mercancías es una de las libertades que ofrece el mercado único de la Unión Europea. Desde enero de 1993, con la supresión en el mercado interior de los controles que se aplicaban a la circulación de mercancías, la Unión forma un solo territorio sin fronteras.La supresión de los aranceles aduaneros ha favorecido los intercambios intracomunitarios, que representan una importante parte del total de las importaciones y exportaciones de los Estados miembros.
Los artículos 28 y 29 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea prohíben las restricciones a la importación y a la exportación entre los Estados miembros. No obstante, en caso de riesgo para la salud pública o para el medio ambiente, los Estados miembros pueden restringir la libre circulación de mercancías.
El origen de la Política Agrícola Común (PAC) se remonta a los comienzos de la integración europea, cuando los Estados miembros acometían la reestructuración e incremento de su producción alimentaria, dañada por la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, la PAC sigue desempeñando un papel crucial en la Unión Europea no solo porque más del 90 % de los territorios de la Unión está cubierto por superficies agrícolas o bosques, sino sobre todo porque la PAC se ha convertido en un instrumento fundamental para hacer frente a los nuevos retos de la calidad de la alimentación, el respeto del medio ambiente y los intercambios comerciales. La reforma de 2003 constituyó un momento clave de la evolución de la PAC al adaptarla a las nuevas exigencias de los agricultores, de los consumidores y del planeta. Este planteamiento seguirá sirviendo de base a la evolución futura de la PAC en una Unión ampliada en un contexto mundial.
Europa cuenta con 70 000 kilómetros de costas. Las regiones marítimas de la UE generan el 40 % de su PIB y suman el mismo porcentaje de población. La política pesquera común (PPC) comparte el mismo fundamento jurídico con la política agrícola común (PAC). No obstante, dadas las diferencias que caracterizan a ambos sectores, se ha elaborado una política específica de los productos pesqueros. Los objetivos de la PPC son: la protección de las poblaciones contra la pesca excesiva, la garantízación de una renta para los pescadores, el suministro regular de los consumidores y de la industria de transformación a precios razonables, y la explotación sostenible de los recursos marinos vivos desde el punto de vista biológico, medioambiental y económico.
Una de las cuatro libertades que disfrutan los ciudadanos de la Unión Europea (UE) es la libre circulación de los trabajadores, que incluye el derecho de desplazamiento y residencia del trabajador, el derecho de entrada y residencia de los miembros de la familia y el derecho a trabajar en otro Estado miembro. Estos derechos van acompañados de algunas restricciones, en especial en lo que se refiere al derecho de entrada y residencia y al derecho de acceso a empleos en la Administración pública. Además, en algunos países se aplican restricciones a los ciudadanos procedentes de los «nuevos» Estados miembros.
Las prestaciones de servicios representan más del 70% de la actividad económica de los Estados miembros y una proporción análoga en términos de empleo. La libertad de servicios y la libertad de establecimiento enunciadas en los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), son, por tanto, esenciales para el buen funcionamiento del mercado interior. Los operadores económicos pueden así, respectivamente, ejercer una actividad estable y continua en uno o varios Estados miembros y ofrecer servicios temporales en otro Estado miembro, sin la obligación o la necesidad de establecerse en él. La actuación de la Unión tiene por objetivo regular estos dos principios para garantizar el buen funcionamiento del mercado único de servicios, especialmente los transfronterizos. La Unión ha realizado importantes avances en el ámbito de algunos servicios. Además, en 2006 adoptó la Directiva «Servicios» que pretende eliminar los obstáculos en los intercambios de servicios y facilitar las operaciones transfronterizas.
La libre circulación de capitales no es solo la más reciente de las libertades consagradas en el Tratado, sino que, gracias a la peculiaridad de incluir a los terceros países, es también la más amplia. En un principio, los Tratados no prescribían una plena liberalización de la circulación de capitales; los Estados miembros solo tenían que eliminar las restricciones en la medida en que ello fuese necesario para el funcionamiento del mercado común. No obstante, como las circunstancias económicas y políticas en Europa y el mundo cambiaron, el Consejo Europeo confirmó la progresiva materialización de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en 1988. Ello incluía una mayor coordinación de las políticas económicas y monetarias nacionales. Por consiguiente, la primera fase de la UEM introdujo una plena libertad para la circulación de capitales, establecida inicialmente a través de una directiva del Consejo y consagrada con posterioridad en el Tratado de Maastricht. Desde entonces, el Tratado prevé la prohibición de todas las restricciones a los movimientos de capitales y sobre los pagos, tanto entre Estados miembros como entre Estados miembros y terceros países. El principio fue directamente aplicable, es decir, no requirió la adopción de más normativas ni a escala de la UE ni a escala de los Estados miembros.
La realización del espacio de libertad, seguridad y justicia tiene por objeto garantizar la libre circulación de personas y ofrecer un elevado nivel de protección a los ciudadanos. Engloba ámbitos políticos que van desde la gestión de las fronteras externas de la Unión Europea hasta la cooperación judicial en materia civil y penal. Incluye políticas de asilo e inmigración, cooperación policial y la lucha contra la delincuencia (terrorismo, delincuencia organizada, trata de seres humanos, droga, etc.).
La creación del espacio de libertad, seguridad y justicia se basa en los programas de Tampere (1999-2004), La Haya (2004-2009) y Estocolmo (2010-2014). Emana del Título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que regula el "Espacio de libertad, seguridad y justicia".
El transporte es una de las primeras políticas comunes de la Unión Europea (UE). Se encuentra regulada por el Título VI (artículos 90 a 100 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Desde la entrada en vigor del Tratado de Roma en 1958, esta política se ha centrado en la eliminación de los obstáculos en las fronteras entre los Estados miembros y, de este modo, ha contribuido a la libre circulación de personas y bienes. Sus grandes ejes pretenden completar el mercado interior, garantizar el desarrollo sostenible, desarrollar las grandes redes en Europa, dominar el espacio, reforzar la seguridad y desarrollar la cooperación internacional. El mercado único ha supuesto un giro decisivo en la política común de transportes. Desde el Libro Blanco de 2001 (revisado en 2006), esta política se ha orientado hacia el desarrollo armonizado y coherente de los distintos medios de transporte, sobretodo mediante la comodalidad, es decir, la utilización de cada uno de los medios de transporte (terrestre, marítimo o aéreo) de la forma más eficiente.
La libre competencia es un elemento clave para una economía de mercado abierta. Estimula la competitividad económica y ofrece a los consumidores una gama más amplia de productos y servicios, de mejor calidad y a precios más competitivos.
La política de competencia de la Unión Europea garantiza que la competencia no se vea falseada en el mercado interior, velando por que se apliquen normas similares a todas las empresas que operan dentro del espacio europeo.
En el título VII del capítulo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se sientan las bases de las normas comunitarias en materia de competencia.
La política fiscal en la Unión Europea (UE) se compone de dos ramas: la fiscalidad directa, que es competencia exclusiva de los Estados miembros, y la fiscalidad indirecta, que afecta a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios. En materia de fiscalidad directa, los Estados miembros han tomado medidas para evitar la evasión fiscal y la doble imposición. La política fiscal sirve para evitar que la competencia entre los Estados miembros resulte falseada por las disparidad de tipos y regímenes de imposición de la fiscalidad indirecta. Se han establecido asimismo medidas para evitar efectos negativos en la competencia fiscal si las empresas efectúan transferencias entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Como prevé el título VII del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la unión económica y monetaria (UEM) supone una mayor coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros a nivel europeo y la obligación de evitar déficits presupuestarios excesivos («Pacto de estabilidad y crecimiento»). La UEM ha hecho posible la introducción de una moneda única: el euro.
-EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL: TÍTULO X TFUE
La sociedad europea se encuentra en un proceso de cambio, en el que influyen factores tales como los avances tecnológicos, la globalización del comercio y el envejecimiento de la población. La política europea de empleo, de asuntos sociales y de igualdad de oportunidades contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población, con la perspectiva de un crecimiento sostenible y de una mayor cohesión social. La Unión Europea (UE) desempeña un importante papel en el terreno social. Por ejemplo, elabora un marco jurídico de protección de los ciudadanos europeos. También promueve la cooperación entre los Estados miembros, la coordinación y la aproximación de las políticas nacionales, y la participación de las autoridades locales, los sindicatos, las organizaciones patronales y, en fin, de todos los actores implicados.
Los objetivos de esta política son el crecimiento del empleo, la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, la movilidad de los trabajadores, la información y consulta a los trabajadores, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la igualdad entre los hombres y las mujeres, y la modernización de los sistemas de protección social.
La educación, la formación y la juventud desempeñan un papel fundamental en una economía basada en el conocimiento, ya que, al favorecer la aparición de una población altamente cualificada y adaptable, sostienen el crecimiento y el empleo. Además, refuerzan la cohesión social y la ciudadanía activa en la Unión Europea. A través de los programas en favor de la educación, la formación y la juventud, la Unión Europea desarrolla la dimensión europea, facilita la movilidad y fomenta la cooperación. Además, apoya y completa la acción de los Estados miembros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El Tratado de Maastricht (1993) ha hecho posible que la Unión Europea (UE) -históricamente orientada hacia la economía y el comercio- lleve a cabo acciones culturales para la salvaguardia, la difusión y el desarrollo de la cultura en Europa. No obstante, el papel de la UE se limita a fomentar las acciones de cooperación entre los operadores culturales de los distintos Estados miembros o a completar sus iniciativas, a fin de contribuir al desarrollo de las culturas de los Estados miembros, respetando su diversidad nacional o regional, con objeto de poner de relieve su herencia cultural común. A tal fin, la UE crea instrumentos que respaldan acciones culturales como el programa Cultura y la acción Capital Europea de la Cultura.
Gozar de buena salud es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos. En consecuencia, de conformidad con el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Unión Europea (UE) se esfuerza por lograr un elevado nivel de protección de la salud en todas las políticas y actividades europeas. El principal objetivo de la política europea en materia de sanidad consiste en mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades y los peligros para la salud, incluidos los que están vinculados a los estilos de vida de los europeos, y luchar contra las grandes plagas favoreciendo la investigación. La acción europea complementa las políticas nacionales, y la Unión fomenta la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la salud.
No obstante, la definición de la políticas nacionales sanitarias sigue siendo competencia exclusiva de los Estados miembros. En consecuencia, la acción de la UE no debe comprender la definición de las políticas sanitarias, ni la organización o el suministro de servicios sanitarios y de atención médica.
La política europea sanitaria consiste, por lo tanto, en el desarrollo de una competencia compartida con los Estados miembros y en la complementación de las políticas nacionales. Además, la UE y los Estados miembros tienen la posibilidad de cooperar con los países terceros y las organizaciones internacionales competentes.
La Unión Europea de los Veintisiete tiene ya casi quinientos millones de consumidores potenciales. Los Estados miembros han ido adoptando progresivamente medidas dirigidas a defender los intereses específicos de esos consumidores, cuyo papel económico y político en la sociedad es primordial. A partir de mediados de los años setenta, la Unión Europea comenzó a armonizar esas medidas nacionales, con objeto de garantizar a los europeos un mismo nivel de protección elevado en el mercado único.
La política europea de los consumidores persigue los mismos objetivos de protección de los intereses, la salud y la seguridad de los consumidores, que están enunciados en el Artículo 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta política promueve el derecho de los consumidores a la información y a la educación, así como a organizarse para defender sus intereses.
n el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se mantienen las redes transeuropeas en los sectores del transporte, la energía y las telecomunicaciones, mencionadas por vez primera en el Tratado de Maastricht, con el objetivo de conectar todas las regiones de la Unión Europea. Estas redes son instrumentos que deben contribuir al crecimiento del mercado interior y del empleo, al tiempo que persiguen objetivos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. A finales de 2013, se llevó a cabo una reforma fundamental de la red transeuropea de transporte.
Estos últimos años, la política industrial se ha reforzado en el debate comunitario. La globalización y la competencia de los nuevos países emergentes hacen necesaria, en efecto, la adaptación de la industria a los cambios estructurales.
Con el fin de estimular la competitividad industrial, la Unión Europea (UE) combina un enfoque horizontal, destinado a crear condiciones marco estimulantes en distintos ámbitos estratégicos, con un enfoque sectorial, lo que permite tener en cuenta las características consustanciales a cada sector.
En el ámbito europeo, la cohesión económica y social tiene sus orígenes en el Tratado de Roma (1957), cuyo preámbulo hace referencia a la reducción de las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones. En los años setenta se emprendieron diversas acciones comunitarias con el fin de coordinar y completar desde el punto de vista económico los instrumentos nacionales. Más adelante estas medidas se revelaron insuficientes en un contexto comunitario en el que, en contraste con las previsiones realizadas, la creación del mercado interior no había hecho desaparecer las diferencias entre regiones. En 1986, el Acta Única Europea introdujo, además de la realización del mercado único, el objetivo de la cohesión económica y social. Finalmente, el Tratado de Maastricht (1992) incorporó esa política al Tratado CE (artículos 158 a 162).
La cohesión económica y social se aplica esencialmente a través de la política regional de la Unión Europea. Junto con la reforma de la política agrícola común y la ampliación a los países de Europa Central y Oriental en 2004, la política regional ha constituido uno de los principales puntos de la Agenda 2000, que cubre el período 2000-2006, debido fundamentalmente a sus repercusiones financieras.
La política regional de la Unión Europea constituye la segunda partida presupuestaria más importante de la Unión Europea, con una dotación de 348 000 millones de euros (precios de 2006) para el período 2007-2013. La ampliación de la Unión a veinticinco Estados miembros en mayo de 2004, y después a veintisiete en enero de 2007, altera considerablemente la situación. La superficie de la Unión aumenta más de un 25 %, su población más de un 20 % y su riqueza tan sólo un 5 % aproximadamente. El PIB per cápita de la Unión Europea disminuye más de un 10 % y las diferencias regionales se duplican. Puesto que alrededor del 60 % de las regiones menos desarrolladas se sitúan ahora en los doce Estados miembros que ingresaron en la Unión a partir de 2004, el centro de gravedad de la política regional se desplaza hacia el Este.
La investigación y la innovación contribuyen directamente a la prosperidad y al bienestar individual y colectivo. El principal objetivo de la política de investigación y desarrollo tecnológico es convertir a la Unión Europea en una economía del conocimiento de primer plano. Desde este punto de vista, la realización de un espacio común de investigación debería facilitar a largo plazo el máximo aprovechamiento de la cooperación en los distintos niveles de actuación, una mejor coordinación de las políticas europeas y nacionales, la consolidación de las capacidades estructurales y la creación de redes de equipos de investigación, además de una mayor movilidad de las personas y las ideas.
Las tecnologías de la información, en particular Internet y la telefonía móvil, han permitido el desarrollo de la sociedad de la información. Este sector representa cerca del 4 % del empleo en la Unión Europea (UE). La UE se propone promover el desarrollo y la difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 179 a 190 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La UE liberalizó el mercado europeo de las telecomunicaciones en 1998. Desde entonces, este marco ha sido reformado en dos ocasiones, en 2003 y 2009. El «Paquete de telecomunicaciones» de 2009 tiene por objeto garantizar una competencia más leal entre los operadores de telecomunicaciones.
El agua, los alimentos, el oxígeno, la energía y muchas cosas más... El hombre extrae del medio ambiente numerosos recursos esenciales para su vida y tiene la obligación de preservarlo y explotarlo de forma razonable; su salud y su propia subsistencia están en juego.
Desde inicios de los años setenta, Europa mantiene un fuerte compromiso en favor del medio ambiente: la protección de la calidad del aire y el agua, la conservación de los recursos y de la biodiversidad, la gestión de los residuos y de las actividades con efectos perjudiciales son algunos de los ámbitos de la actuación europea, tanto en los Estados miembros como internacionalmente.
Bien contemple medidas correctoras ligadas a problemas medioambientales concretos, bien establezca disposiciones más transversales o integradas en otras políticas, la política europea de medio ambiente, basada en el artículo 174 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, tiene por objeto garantizar un desarrollo sostenible del modelo europeo de sociedad.
La energía es indispensable en la vida cotidiana de la Unión Europea (UE). Por esta razón, hoy resulta inevitable afrontar los grandes desafíos energéticos que representan el cambio climático, la dependencia creciente de las importaciones, la presión ejercida sobre los recursos energéticos y el abastecimiento a todos los consumidores de energía segura a precios asequibles. La instauración de una política europea de la energía ambiciosa, que abarque todas las fuentes de energía, ya sean fósiles (petróleo, gas, carbón), nuclear o renovables (solar, eólica, resultante de la biomasa, geotérmica, hidráulica, mareomotriz), tiene como objetivo iniciar una nueva revolución industrial que transformará a la UE en una economía con un bajo consumo de energía más segura, más competitiva y más sostenible.
Europa es el primer destino turístico mundial, y el turismo es un factor clave en el desarrollo de muchas regiones europeas. El turismo sostenible también asegura la conservación y valorización del patrimonio cultural y natural de Europa. La política de cohesión para 2007-13 aspira a movilizar plenamente el turismo para el desarrollo regional sostenible y la creación de empleos.
Los Fondos Estructurales y de Cohesión pueden ayudar a mejorar la competitividad y la calidad del turismo a nivel regional y local. Las infraestructuras turísticas contribuyen al desarrollo local y a crear o conservar empleos incluso en zonas en declive industrial o rural, o en proceso de regeneración urbana. Así pues, el turismo es un medio importante para integrar a las regiones menos desarrolladas y ofrecerles igualdad de acceso a los frutos del crecimiento.
Entre 2007 y 2013, la política de cohesión prevé asignaciones directas para el turismo por más de 6.000 millones de euros (1,8% del presupuesto total). D esta cantidad, 3.800 millones se destinan a mejorar los servicios turísticos, 1.400 millones a protección y desarrollo del patrimonio natural y 1.100 millones a la promoción de los atractivos naturales. Las infraestructuras y los servicios turísticos también pueden subvencionarse en otras partidas del presupuesto comunitario (por ejemplo, innovación, ayudas a las PYME, aplicaciones TIC y capital humano).
Las sociedades modernas están cada vez más expuestas a riesgos de todas clases, tanto naturales como tecnológicos, con repercusiones medioambientales importantes. Con el fin de contribuir a la prevención de estos riesgos y prepararse para la gestión de las situaciones de emergencia que se derivan de ellos, la Unión Europea ha establecido un mecanismo de cooperación para las intervenciones de ayuda y ha creado programas de financiación de las actuaciones en materia de protección civil.
La lucha contra el fraude de los impuestos especiales exige una estrecha colaboración entre las autoridades administrativas encargadas de la ejecución de las disposiciones adoptadas en este ámbito en cada uno de los Estados miembros. Por esta razón, la Unión Europea (UE) se dota con un Reglamento destinado a reforzar la cooperación entre las autoridades fiscales de los Estados miembros, con el fin de combatir el fraude de los impuestos especiales que gravan el alcohol, el tabaco y los productos energéticos.
El reparto de competencias en la Unión Europea
El Tratado de Lisboa aclara el reparto de competencias entre la Unión Europa (UE) y los Estados miembros. Para ello, introduce por primera vez en los tratados constitutivos una clasificación precisa por la que distingue tres tipos de competencias principales: las competencias exclusivas, las competencias compartidas y las competencias de apoyo.
Esta medida aclaratoria no conlleva ninguna transferencia de competencias notable. No obstante, se trata de una reforma importante y necesaria para el buen funcionamiento de la UE. En el pasado se han producido varios conflictos de competencias entre la UE y los Estados miembros. En lo sucesivo, los límites entre las competencias de cada uno estarán claramente definidos. Esta transparencia también facilita la aplicación de los principios fundamentales relativos al control y al ejercicio de dichas competencias.

References: artículo 5

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 168
 Artículo 169
 artículo 174