Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1121844
Timestamp: 2019-08-19 13:15:01+00:00

Document:
Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda (BOCYL de 20 de diciembre de 2013). Texto completo.
La Ley 10/2013 regula el régimen legal de las viviendas de protección pública, incluidas sus clases, los procedimientos de calificación de las viviendas, los requisitos de sus destinatarios y las limitaciones y prohibiciones a la facultad de disponer.
Asimismo establece medidas para movilizar las viviendas de titularidad de las administraciones públicas, a fin de que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
LEY 10/2013, DE 16 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA.
La Comunidad de Castilla y León tiene atribuida competencia exclusiva en materia de vivienda, conforme al artículo 70.1.6.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En su ejercicio se aprobó la Ley 9/2010, de 30 de agosto , del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, que establece los objetivos que han de guiar la política de vivienda de las administraciones públicas en orden a hacer efectivo el derecho constitucional citado, entre los que destacan la protección de los ciudadanos en la adquisición y arrendamiento de viviendas y la garantía de acceso a las viviendas de protección pública en condiciones de igualdad.
El camino ha sido abierto por la Administración del Estado mediante el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril , por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, junto con la Ley 1/2013, de 14 de mayo , de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, y la Ley 4/2013, de 4 de junio , de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.
Esta Ley se complementa con la aprobación de un decreto por el que se regula el programa de fomento del alquiler; en tal sentido, ya en la Ley del derecho a la vivienda se había previsto un programa de fomento del alquiler, a partir de la experiencia de la Administración de la Comunidad concretada en la gestión de la Bolsa de Alquiler para Jóvenes y de la Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler regulada por el Decreto 100/2005, de 22 de diciembre.
En el capítulo segundo se despliega el nuevo régimen legal de las viviendas de protección pública, que sustituye al vigente modificando la mayor parte de los preceptos del título IV de la Ley 9/2010, de 30 de agosto , con un grado de desarrollo mucho mayor del que tenían. De esta forma se soluciona el vacío normativo que se ha generado de forma un tanto repentina por la ausencia de regulación al respecto en la nueva planificación estatal en materia de vivienda, frente a la detallada normativa que tradicionalmente incluían los planes precedentes.
En efecto, las políticas de vivienda que se venían ejecutando en Castilla y León se desarrollaban en coordinación con la Administración del Estado a través de los planes estatales de vivienda y de los convenios suscritos entre ambas administraciones para la ejecución de los mismos. Pero el nuevo plan estatal, aprobado por el citado Real Decreto 233/2013, de 5 de abril , con su pretensión de reorientar esas políticas hacia el alquiler y la rehabilitación, ha eliminado gran parte de la regulación que se venía aplicando a las viviendas de protección pública, y todo su marco financiero de apoyo.
En primer lugar se regulan con detalle las clases de viviendas de protección pública: la denominada vivienda de protección pública general y las destinadas a situaciones especiales: la vivienda joven, la vivienda de precio limitado para familias y la vivienda de protección pública en el medio rural; de forma separada se regulan los alojamientos protegidos, con su régimen de construcción en suelos dotacionales y su regulación más estricta, limitada al arrendamiento y con un régimen legal de protección de carácter permanente.
En cuanto a los procedimientos de calificación, su reforma se inscribe en el contexto de simplificación de las estructuras administrativas y consiguiente supresión de duplicidades. De ahí que, una vez otorgada la calificación de las viviendas de protección pública tal como se hacía con la calificación provisional, no se exija un nuevo acto expreso para levantar su condición resolutoria, sirviendo a tal efecto el otorgamiento de licencia de primera ocupación. No menos relevante es la regulación de las garantías de que gozarán los adquirentes frente al supuesto de que la calificación sea denegada u opere su condición resolutoria, situación en la cual podrán resolver el contrato o solicitar la rehabilitación del expediente a su favor. Por otro lado, la calificación es el único procedimiento que mantiene el silencio negativo, al concurrir razones imperiosas de interés general; estas razones se encuentran en la imprescindible y necesaria seguridad, tanto desde el punto de vista estructural como de instalaciones, con la que deben contar los edificios de viviendas.
Por último, se deroga asimismo el Decreto-ley 1/2013, de 31 de julio , de medidas urgentes en materia de vivienda, que las Cortes de Castilla y León, tras su convalidación, acordó tramitar como proyecto de ley y que es el origen de la presente Ley.
Las disposiciones finales se refieren: A la modificación de la Ley del derecho a la vivienda para establecer una adecuada distribución de competencias entre las administraciones local y regional en lo relativo al ejercicio de la potestad sancionadora; a la interpretación de las referencias normativas a la calificación provisional y la calificación definitiva de las viviendas de protección pública; a las facultades de desarrollo normativo y de prórroga de las medidas; y a la entrada en vigor de la Ley.
Artículo 3. Colectivos de especial protección.
a) Las familias, y en particular las familias numerosas, las familias monoparentales con hijos menores de edad a cargo, o bien con hijos mayores de edad en situación de dependencia, así como las familias con parto múltiple o adopción simultánea, conforme a la Ley 1/2007, de 7 de marzo , de medidas de apoyo a las familias de la Comunidad de Castilla y León.
- Que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo o afectados por expedientes de regulación de empleo.
- Que sus ingresos familiares máximos corregidos no superen 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
- Las viviendas de superficie útil total inferior a 30 metros cuadrados.
- Las viviendas con una superficie útil por persona inferior a 10 metros cuadrados.
- Las viviendas con deficiencias de habitabilidad cuyo coste de reparación ascienda a más del 50 por ciento del valor de venta de las mismas.
- Las viviendas donde habiten personas con movilidad reducida y que, a causa de sus propias condiciones o de los elementos comunes del edificio, no tengan la consideración de accesibles, conforme a la normativa de accesibilidad.
Artículo 4. Modificaciones sobre conceptos y clases.
Artículo 43. Conceptos.
Artículo 45. Clases de viviendas de protección general.
Artículo 48. Alojamientos protegidos.
Artículo 5. Modificaciones sobre la duración del régimen legal de protección y el precio.
Artículo 50. Duración del régimen legal de protección.
Artículo 51. Precio.
Artículo 6. Modificaciones sobre la calificación y sus efectos.
Artículo 53. Procedimiento de calificación.
- Certificado registral de titularidad de los terrenos y libertad de cargas y gravámenes; cuando el solicitante no sea titular de los terrenos, deberá aportar documento suficiente en derecho que acredite la facultad para construir sobre los mismos.
- Proyecto de ejecución redactado por técnico competente junto con certificado expedido por el mismo técnico de que el proyecto se sujeta a la normativa aplicable.
- Licencia urbanística municipal.
- Certificado final de obra.
- Licencia de primera ocupación.
Artículo 54. Garantías de los adquirentes de viviendas de protección pública.
Artículo 7. Modificaciones sobre promoción y financiación.
Artículo 8. Modificaciones sobre requisitos de los destinatarios y procedimientos de selección.
Artículo 63. Destinatarios de las viviendas de protección pública.
Artículo 64 bis. Procedimientos de selección de adquirentes y arrendatarios.
Artículo 9. Otras modificaciones sobre acceso a las viviendas de protección pública.
Artículo 67. El visado de las transmisiones y arrendamientos.
Artículo 69. Cambios de uso.
Artículo 10. Modificaciones sobre prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer.
Artículo 71. Prohibiciones y limitaciones en general.
Artículo 72. Prohibiciones y limitaciones en las viviendas de promoción pública.
Artículo 11. Medidas para facilitar el pago de la cuota de la compra de viviendas de promoción directa.
Artículo 12. Medidas para facilitar el pago del alquiler.
Artículo 13. Reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social.
Artículo 14. Reserva para el parque público de alquiler social.
Artículo 15. Reducción de los precios máximos de venta y alquiler.
Artículo 16. Pago anticipado de viviendas de la Administración de la Comunidad.
Artículo 17. Compra de viviendas en arrendamiento de la Administración de la Comunidad.
Artículo 18. Parques públicos de alquiler social.
c) La oferta de estas viviendas y alojamientos protegidos se adecuará a la finalidad de que el esfuerzo económico de las unidades familiares, para acceder a una vivienda de protección pública, no supere una tercera parte de sus ingresos, contenida en el artículo 2 , apartado f de la Ley 9/2010, de 30 de agosto.
Artículo 19. Ampliación del período de amortización de préstamos hipotecarios.
Artículo 20. Régimen excepcional de no devolución de ayudas a la compra.
Artículo 21. Flexibilización de los requisitos de los adquirentes y arrendatarios.
Artículo 22. Adquisición y arrendamiento de vivienda joven y vivienda de precio limitado para familias.
1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las viviendas que en el momento de dicha entrada en vigor hubieran sido calificadas provisional o definitivamente como vivienda joven al amparo de lo dispuesto en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en Castilla y León:
a) Podrán ser adquiridas por quienes no ostenten la condición de jóvenes conforme a lo dispuesto en el citado decreto.
2. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las viviendas que en el momento de dicha entrada en vigor hubieran sido calificadas provisional o definitivamente como vivienda de precio limitado para las familias, al amparo de lo dispuesto en el Decreto 55/2008, de 24 de julio, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda de precio limitado para familias en Castilla y León:
a) Podrán ser adquiridas por quienes no ostenten la condición de unidades familiares con hijo o hijos menores o mayores de edad en situación de dependencia que se encuentren a su cargo conforme a lo dispuesto en el citado decreto.
Artículo 23. Condiciones especiales para adquirentes de viviendas con destino al alquiler.
Artículo 24. Adelanto de opción de compra para viviendas en arrendamiento.
Artículo 25. Alquiler de viviendas de protección pública por movilidad laboral.
Artículo 26. Reducción de la duración del régimen legal de protección.
- A la devolución de las subvenciones o ayudas económicas que se hubieran podido percibir más los intereses legales desde su percepción.
- En su caso, a la cancelación del préstamo hipotecario convenido o cualificado, o bien a su novación para que deje de tener la citada condición.
Artículo 27. Descalificación.
Artículo 28. Arrendamiento de viviendas de protección pública calificadas para venta.
Artículo 29. Extensión del programa de fomento del alquiler.
Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las personas jurídicas que sean titulares de una vivienda podrán incluir la misma en el programa previsto en el Decreto 41/2013, de 31 de julio , por el que se regula el Programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad de Castilla y León.
1. IPREM: El indicador público de renta de efectos múltiples definido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio , para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía. Este indicador será la unidad de medida para la determinación de la cuantía de los ingresos familiares, en su cómputo anual, incluyendo dos pagas extraordinarias.
3. Unidad de convivencia: La que sea así considerada conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril .
Segunda. Autorizaciones.
Primera. Régimen de las viviendas ya calificadas.
Las viviendas de protección pública calificadas provisionalmente antes de la entrada en vigor de esta Ley se sujetarán al régimen jurídico al amparo del cual se calificaron, a excepción del régimen sancionador, que será el previsto en la Ley 9/2010, de 30 de agosto , en la redacción dada por esta Ley, así como en cuanto resulten afectadas por las medidas previstas en los capítulos III y IV de esta Ley.
Segunda. Procedimientos iniciados.
Tercera. Ámbito de aplicación de las viviendas de protección pública en el medio rural.
Cuarta. Determinación de los precios de las viviendas de protección pública.
Única. Disposiciones derogadas.
a) Los siguientes preceptos de la Ley 9/2010, de 30 de agosto , del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León: el artículo 10, el artículo 13, el apartado 2 del artículo 18, el apartado 4 del artículo 19, el apartado 3 del artículo 46, el artículo 47, el apartado 2 del artículo 60, el artículo 97, el artículo 98, el artículo 99, el artículo 100, la disposición adicional primera y la disposición transitoria tercera.
b) El Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de desarrollo y aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, junto con los Decretos 83/2003, de 31 de julio, 64/2006, de 14 de septiembre, y 64/2009, de 24 de septiembre, que lo modifican.
c) El Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en Castilla y León, junto con el Decreto 15/2010, de 25 de marzo, que lo modifica.
2. Queda derogado el Decreto-ley 1/2013, de 31 de julio , de medidas urgentes en materia de vivienda.
Primera. Modificación de la Ley del derecho a la vivienda en relación con el régimen sancionador.
Artículo 107. Competencia para la iniciación y resolución de procedimientos sancionadores.
Segunda. Referencias normativas.
1. Las referencias a la calificación provisional de las viviendas de protección pública que se contengan en los preceptos de la Ley 9/2010, de 30 de agosto , que no son objeto de modificación en esta Ley, así como en la restante normativa de la Comunidad de Castilla y León, se entenderán hechas a la calificación de las viviendas de protección pública regulada en el artículo 53 de la citada Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por esta Ley.
2. Las referencias a la calificación definitiva de las viviendas de protección pública que se contengan en los preceptos de la Ley 9/2010, de 30 de agosto , que no son objeto de modificación en esta Ley, así como en la restante normativa de la Comunidad de Castilla y León, se entenderán hechas a la licencia de primera ocupación.
2. Se autoriza al titular de la consejería competente en materia de vivienda para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución en la Comunidad de Castilla y León del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril .
Cuarta. Habilitación a la Junta de Castilla y León.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

References: artículo 70
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 43

Artículo 45

Artículo 48

Artículo 5

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 6

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 9

Artículo 67

Artículo 69

Artículo 10

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 2

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 60
 artículo 97
 artículo 98
 artículo 99
 artículo 100

Artículo 107
 resolución 
 artículo 53
 Real Decreto