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Timestamp: 2020-02-29 07:24:38+00:00

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II. TRÁMITE Demanda de amparo directo.
AUTORIDAD RESPONSABLE : Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito. ACTO RECLAMADO
Trámite de la demanda de garantías y ejercicio de la facultad de atracción por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Cuestiones necesarias para resolver el asunto
Consideraciones del Tribunal Unitario.
JUICIO DE AMPARO dIRECTO 58/2014
En el juicio ordinario mercantil **********, la ********** demandó de **********, entre otras prestaciones, la nulidad de las cláusulas octava y décima segunda del contrato de adhesión denominado Prestación de Servicio de Televisión Restringida; así como la inexistencia del contrato de arrendamiento, accesorio de aquel acuerdo de voluntades, por carecer del consentimiento de los consumidores. El Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal desestimó las pretensiones de la actora. Inconformes con lo anterior, tanto la actora como la demandada interpusieron sendos recursos de apelación, en cuya resolución el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito revocó la sentencia dictada por el Juez de Distrito y en su lugar, acogió parcialmente las pretensiones de la actora. Esta Primera Sala resuelve ahora el amparo directo promovido por la ********** contra el fallo de segunda instancia, que se decidió atraer en sesión de cinco de marzo de dos mil catorce.
¿Cómo debe manifestarse la aceptación del consumidor, cuando el proveedor propone modificar un contrato de adhesión que involucra una relación de consumo?
¿Fue válida la modificación del contrato de adhesión, consistente en dar por terminado el contrato de comodato respecto del decodificador y sus accesorios, y sustituirlo por el de arrendamiento, cuya aceptación expresa, como “signo inequívoco”, se verificó a través de la oferta formulada mediante una notificación en la que se avisó a los usuarios que, dicha aquiescencia, se tendría por hecha con el pago de la siguiente mensualidad?
¿Era necesario especificar cuáles son las consecuencias de declarar la nulidad de la cláusula octava del contrato de adhesión, en términos de los artículos 2226 y 2239 del Código Civil, específicamente en el tema de los intereses y la manera en que habrán de cuantificarse?
¿La autoridad responsable debió ejercer un control de regularidad constitucional ex officio en torno a la compensación que deben recibir los consumidores para que se les reintegren las cantidades que erogaron por un acto jurídico que carece del elemento esencial del consentimiento?
México, Distrito Federal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día once de noviembre de dos mil quince emite la siguiente:
Mediante la que se resuelven los autos relativos al juicio de amparo directo 58/2014, promovido por la Procuraduría Federal del Consumidor, por conducto de su apoderada legal, en contra de la sentencia dictada el diez de mayo de dos mil trece por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de apelación ********** y su acumulado **********.
En el juicio ordinario mercantil, la **********r (en adelante **********) demandó de ********** (a quien en lo subsiguiente se le identificará como **********), las siguientes prestaciones:
La declaración judicial de invalidez de las cláusulas OCTAVA Y DÉCIMO SEGUNDA del modelo de contrato de adhesión denominado “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA”, con todas sus consecuencias legales inherentes, utilizado por la empresa **********, en la prestación del servicio de televisión restringida con los consumidores contratantes de dicho servicio y que por mandato de ley son representados por la **********.
Como consecuencia de lo anterior, la declaración judicial de que las “cláusulas OCTAVA y DÉCIMO SEGUNDA se tengan por no puestas en el contrato de adhesión denominado de “PRESTACIÓN DE SERVICIO TELEVISIÓN RESTRINGIDA”, toda vez que transgreden disposiciones de orden público e interés social previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La declaración judicial de inexistencia del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (accesorio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO TELEVISIÓN RESTRINGIDA”) que tenga a bien decretar su Señoría mediante sentencia definitiva, toda vez que el mismo carece del consentimiento otorgado por los consumidores que represento de manera expresa y por escrito, ya que la demandada impuso de manera ilegal y unilateralmente la celebración de dicho contrato.
Como consecuencia de lo anterior, la declaración judicial en la que se determine que el contrato de arrendamiento impugnado carece de los efectos legales que pretenda darle la demandada, ya que fue impuesto por ésta unilateralmente a los consumidores contratantes del servicio, esto es, ineficacia de todas y cada una de las obligaciones impuestas a estos en dicho contrato.
Derivado de la inexistencia del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, el reembolso de todas y cada una de las cantidades que la hoy demandada ha cobrado ilegalmente a los consumidores, sustentándose en un acto inexistente.
El pago de gastos y costas que se originen con motivo del juicio.
Los hechos que motivaron la pretensión de la demandante son los que enseguida se sintetizan:
********** es titular de una concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e inscrita ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones para efecto de prestar el servicio (conjunta o separadamente) de distribución de señales de televisión restringida vía cable, servicios adicionales, acceso a internet y telefonía fija1.
Para la prestación de los servicios que ofrece, ********** cuenta con un formato de contrato de adhesión denominado “PRESTACIÓN DE SERVICIO TELEVISIÓN RESTRINGIDA” el cual contiene cláusulas que contravienen lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en virtud de que son desproporcionadas a cargo de los consumidores, contienen obligaciones inequitativas o abusivas.
Hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, ********** celebraba con sus consumidores de manera accesoria un CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPO POR SERVICIO DIGITAL el cual prevé que ********** se obliga a dar en comodato a los suscriptores equipo accesorio indispensable, que permitirá estar en condiciones de prestar servicios adicionales y consecuentemente recibir el servicio contratado.
En el mes de diciembre de dos mil nueve, ********** envió un comunicado a sus suscriptores mediante el cual informó que a partir del primero de enero de dos mil diez, cambiaría el esquema de uso de los equipos y accesorios que utiliza para el otorgamiento del servicio, de un contrato de comodato a uno de arrendamiento de los mismos, lo cual se entiende plenamente “celebrado” entre ambas partes, sin que en realidad haya consentimiento expreso.
Dicho cambio implicó la transición de un contrato a título gratuito a uno oneroso, pues implica un cobro adicional por el uso de los equipos necesarios para la prestación del servicio contratado.
Además dicho cambio pretende imponer las referidas condiciones unilateralmente e indebidamente a los consumidores, los cuales no manifestaron su voluntad expresa ni su consentimiento para extinguir el contrato de comodato y tampoco otorgaron su consentimiento para celebrar el contrato de arrendamiento. Es decir, no existió convenio de las partes respecto al objeto, precio, término y condiciones generales del contrato, de ahí que dicho contrato sea inexistente en términos del artículo 2224 del Código Civil Federal.
Además, reside en los consumidores la obligación de reportar fallas del equipo por escrito, lo cual implica una dilación de la prestación del servicio y no establece devolución o indemnización cuando se trate de irregularidades por parte del prestador del servicio; y,
De la misma manera, en caso de que exista un siniestro, deberá de responder el consumidor por el mismo, para lo cual se compromete a través de un pagaré que no se encuentra determinado en cuanto a su monto, ni mucho menos en temporalidad.
De ahí que la Procuraduría Federal del Consumidor, considere que las referidas cláusulas resultan abusivas e inequitativas en perjuicio de los consumidores contratantes del servicio.
Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió al Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien, una vez admitida la demanda, registró el asunto con el número ********** y ordenó el emplazamiento de la demandada.
En contra del auto admisorio, **********, por conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de revocación mismo que fue desechado en el auto de nueve de agosto de dos mil once.
Posteriormente, por escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil once en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, ********** dio contestación a la demanda y opuso diversas excepciones entre las que se encuentra la de improcedencia de la vía.
En consecuencia, el Juez de Distrito admitió la contestación y, en virtud de que la demandada opuso la excepción de improcedencia de la vía, por auto de dos de septiembre siguiente, la admitió a trámite en la vía incidental sin suspensión del procedimiento.
En la interlocutoria de treinta y uno de octubre de dos mil once, se declaró fundada la excepción de improcedencia de la vía y se dejaron a salvo los derechos de la *********.
Inconforme con dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el dieciocho de noviembre de dos mil once y remitido al tribunal unitario en turno.
La substanciación de dicho recurso correspondió al Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, cuyo titular lo registró con el número ********** y lo envió al Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, para el dictado de la sentencia correspondiente. La sentencia se dictó el catorce de febrero de dos mil doce en el sentido de declarar fundados los agravios y revocar la interlocutoria de treinta y uno de octubre, para el efecto de declarar infundada la excepción de improcedencia de la vía y tramitar el juicio en la mercantil, elegida por la **********.
Por otra parte, en el juicio de origen ********** solicitó se le reconociera el carácter de tercero interesado (esto, con el argumento de que el veintinueve de abril de dos mil cinco, dicha persona física celebró contrato con **********, por lo que –en su opinión–, la decisión que se llegara a adoptar en el juicio podría causarle algún perjuicio en su esfera jurídica). Sin embargo, tal petición le fue denegada, primero, en acuerdo de siete de noviembre de dos mil once, con el argumento de que fue fundada la excepción de improcedencia de la vía (lo que implicaba la conclusión del juicio) y, posteriormente, una vez reiterada su petición al haberse revocado la interlocutoria que resolvió lo atinente a la vía, en acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil doce, el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal decidió que no había lugar a acordar dicha petición en virtud de que, en acuerdo de veintidós de mayo de dos mil doce, se citó a las partes a oír sentencia definitiva, por lo que se tuvo por terminada la actividad de las partes en el proceso2.
En contra de dicha decisión, ********** —por conducto de su apoderado— interpuso recurso de apelación que se registró con el número de toca ********** y se resolvió el veintinueve de agosto de dos mil doce por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de confirmar el auto recurrido.
Inconforme con ello, ********** —por conducto de su apoderado— promovió juicio de amparo indirecto, del cual conoció el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, cuyo titular lo registró con el número **********. Posteriormente, dicho órgano jurisdiccional dictó la resolución de siete de noviembre de dos mil doce, en la cual determinó sobreseer en el juicio de amparo, en virtud del dictado de sentencia definitiva en el juicio de origen.
Y es que el veinticinco de octubre de dos mil doce, el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal dictó el fallo definitivo en el juicio ordinario mercantil **********, en el cual declaró fundada la excepción de prescripción hecha valer por la demandada y, por ende, la absolvió de la totalidad de las prestaciones reclamadas.
En contra de esa sentencia definitiva, tanto la actora como la demandada, interpusieron sendos recursos de apelación, de los que conoció el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, quien radicó los asuntos con los números de toca ********** y **********, los cuales se acumularon en virtud de la decisión alcanzada en el incidente de acumulación respectivo3.
El Tribunal Unitario emitió resolución el diez de mayo de dos mil trece, en la cual resolvió revocar la sentencia de primer grado, al desestimar la excepción de prescripción estimada por el juez a quo, por lo que al reasumir su jurisdicción en el estudio de la litis, los puntos resolutivos quedaron como se detalla a continuación:
“PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinaria mercantil intentada.--- SEGUNDO. La ********** acreditó parcialmente su acción y la demandada **********, acreditó parcialmente sus excepciones; en consecuencia; --- TERCERO. Se absuelve a la demandada de las prestaciones III, IV y V, consistentes en la declaración judicial de inexistencia del contrato accesorio de arrendamiento y, por ende, del reembolso de todas y cada una de las cantidades cobradas con motivo de dicho acuerdo de voluntades. --- CUARTO. Se tienen por no puestas las cláusulas octava y décimo segunda de los contratos de adhesión denominados Prestación de Servicio de Televisión Restringida, por las razones expuestas.--- QUINTO. No se hace especial condena en costas en esta instancia.--- Notifíquese personalmente a las partes.”
En contra de dicha decisión, las apelantes promovieron juicio de amparo directo.
Demanda de amparo directo. La **********, por conducto de su apoderada, formuló demanda de amparo mediante escrito presentado el diez de junio de dos mil trece en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan:
Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito.
La sentencia de diez de mayo de dos mil trece dictada en el toca de apelación ********** y su acumulado **********.
En la demanda de amparo, la quejosa afirmó que la autoridad responsable transgredió los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 28, tercer párrafo, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 8, punto 1, 11, punto 3, 24, 25, punto 1, y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 3, 5, 14, 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el contenido de las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, en lo referente a la promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores y medidas que permiten a los consumidores obtener compensación; así como, la Recomendación elaborada por el Comité para Políticas de Consumo perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sobre Resolución de Disputas y Resarcimiento a Consumidores, respecto a los mecanismos de resolución de disputas y resarcimiento para consumidores que actúan de manera colectiva y mecanismos para que las autoridades de protección al consumidor obtengan o faciliten el resarcimiento a nombre de los consumidores.
Trámite de la demanda de garantías y ejercicio de la facultad de atracción por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Remitida la demanda por la autoridad responsable, su conocimiento correspondió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que la admitió a trámite, la registró con el número de expediente **********4, y ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
El tribunal colegiado emitió decisión en sesión de trece de noviembre de dos mil trece, en la cual se determinó enviar el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, de juzgarlo procedente, ejerciera la facultad de atracción para conocer de este asunto, misma que fue turnada al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y que se estimó fundada en sentencia de cinco de marzo de dos mil catorce, al resolverse los autos de la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción ********** y su relacionada **********, por estimar que su resolución entraña la fijación de criterios de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.
En auto de veintiuno de octubre de dos mil catorce, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente así como turnarlo al señor Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del proyecto de resolución, sobre la base de que éste se encuentra relacionado con el juicio de amparo 57/2014 que, en su momento, también le fue turnado.
El Presidente de la Primera Sala, en proveído de once de noviembre de dos mil catorce, ordenó que la Sala se avocara al conocimiento del asunto y devolvió los autos al Ministro designado por el Presidente de la Corte, a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Tercero del Acuerdo General 5/2013, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el trece de mayo de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación del día veintiuno de ese mes y año, toda vez que se trata de un amparo directo de naturaleza civil, cuya especialidad corresponde a esta Sala, la cual ejerció la facultad de atracción para conocer de este asunto.
El presente asunto se rige por lo dispuesto en la Ley de Amparo, vigente a partir del día tres de abril de dos mil trece de conformidad con el artículo Tercero Transitorio, el cual dispone que los juicios de amparo continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio; de ahí que si la demanda de amparo se presentó el diez de junio de dos mil trece, resulta aplicable la Ley de Amparo vigente posterior al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del mismo año.
La resolución reclamada fue notificada a la quejosa el diecisiete de mayo de dos mil trece, dicha notificación surtió efectos al día siguiente; por consiguiente, el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del veintiuno de mayo al diez de junio de dos mil trece, con exclusión de los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo, uno, dos, ocho y nueve de junio, por ser sábados y domingos; y, por ende, inhábiles para la tramitación del juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que si la demanda fue presentada el diez de junio de dos mil trece, su interposición fue oportuna.
IV. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO
La existencia del acto que se reclama del Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito quedó acreditada con las copias certificadas del documento que la contiene, sentencia de diez de mayo de dos mil trece5, constante en el toca de apelación ********** y su acumulado **********, formado con los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia.
Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A continuación se sintetizan las consideraciones expresadas por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito, al emitir la sentencia reclamada; así como los conceptos de violación expresados por la quejosa.
Consideraciones del Tribunal Unitario. El referido órgano jurisdiccional, al dictar la resolución correspondiente a la apelación ********** y su acumulado **********, determinó revocar la sentencia recurrida, con base en las siguientes consideraciones:
Sobre el agravio de **********
A efecto de dar respuesta al agravio hecho valer por **********, mediante el cual impugnó la legitimación de la **********, el Tribunal Unitario señaló que el interés por la protección del consumidor tiene lugar en el marco del auge de los procesos de comercialización de bienes y servicios, que dieron lugar a grandes empresas, donde el destinatario final de la cadena productiva es el consumidor, esto es, del consumo en masa.
Señala que en relación a las empresas y los consumidores, éstos se encuentran en clara desventaja, derivada, sobre todo, del uso de contratos preestablecidos con condiciones que muchas veces son perjudiciales para el consumidor, y de las cuales no se informe, aunado al uso de la publicidad engañosa o métodos de oferta que sorprendan o presionen al consumidor como las ventas hechas por teléfono, que lo privan de poder reflexionar sobre las ventajas que realmente le reportaría la adquisición de cierto bien o servicio, entre otras. Es decir, se trata de relaciones de desigualdad, donde una de las partes impone generalmente las condiciones, y la otra las acepta o las rechaza, la más de las veces, sin verdadera reflexión, información o conocimiento, y sin posibilidad real de cambiarlas o modificarlas en ejercicio de la libertad de contratación.
En ese sentido, añadió, durante la década de los setentas del siglo veinte, el entonces Consejo de Europa emitió diversas cartas, con reglas para sus estados miembros, sobre los derechos de los consumidores y los mecanismos para su protección. En mil novecientos setenta y tres, la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa emitió la resolución ********** “Carta Europea de Protección e Información a los Consumidores”, y el catorce de abril de mil novecientos noventa y cinco, el “Programa preliminar para una Política de Protección e Información a los Consumidores”, donde se previeron los siguientes derechos fundamentales de éstos:

References: resolución 
 artículo 90
 artículo 2224
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
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 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 17
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