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Sentencia T.S. (Sala 3) de 24 de noviembre de 2010. Responsabilidad patrimonial - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Responsabilidad patrimonial. Daños sufridos como consecuencia de la caida de una menor cuando estaba jugando en el parque, al caer por una claraboya. No ha lugar al recurso.
Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación que con el número 4315/06 ante la misma pende de resolución interpuesto por el Procurador Sr. Castro Casas en nombre y representación de D.ª Luz contra sentencia de 21 de abril de 2.006 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Comparecen como recurridos el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén en nombre y representación del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, el Procurador D. Federico Ruiperez Palomino en nombre y representación de Mapfre Industrial S.A. y la Procuradora D.ª María Rita Sánchez Diaz en nombre y representación de Groupama, S.A.
Primero.-La sentencia recurrida contiene el fallo del siguiente tenor literal: "1.º) Desestimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto por DÑA. Luz en representación de su hija Zaida contra la Resolución arriba indicada. 2.º) Sin imponer las costas.";
Segundo.-Notificada la anterior sentencia, por la representación procesal de D.ª Luz se presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña preparando recurso de casación contra la misma. La Sala de instancia tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.
Tercero.-Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, por la representación procesal de D.ª Luz se presentó escrito de interposición de recurso de casación, expresando los motivos en que se fundan y suplicando a la Sala "dicte sentencia por la que se desestime en su integridad el recurso de casación y se ratifique la sentencia del Tribunal de instancia y subsidiariamente estimando pluspetición".
Cuarto.-Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó a los recurridos, para que formalicen sus respectivos escritos de oposición, en el plazo de treinta días, lo que realizó la representación procesal del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, oponiéndose al recurso de casación, y suplicando a la Sala "dicte sentencia por la que, se desestime el recurso en los términos alegados y se ratifique la sentencia del Tribunal de instancia, y subsidiariamente estimando pluspetición, sin condena de intereses de demora, ni en costas".
Por la representación de Mapfre Industrial S.A. se presentó escrito de oposición en el que se solicita a la Sala "dictar sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y con cuanto además proceda en derecho".
Igualmente, por la representación de Groupama, S.A. se presentó escrito de oposición en el que solicita a la Sala "dicte sentencia por la que se desestime en su integridad el recurso de casación y se ratifique la sentencia del Tribunal de instancia y subsidiariamente estimando pluspetición todo ello con expresa imposición de costas a la recurrente".
Quinto.-Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 23 de noviembre de 2.010, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
Primero.-Se interpone el presente recurso de casación contra sentencia de 21 de abril de 2006 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que resuelve el recurso interpuesto por D.ª Luz contra resolución desestimatoria de la reclamación formulada contra acuerdo del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat.
En el fundamento de derecho primero, la sentencia resume los hechos determinantes de la reclamación formulada por la recurrente en los siguientes términos: "La demandante, en nombre y representación de su hija Zaida, impugna la Resolución dictada por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, en fecha 23 de diciembre de 2002, por la que desestimaba la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en el procedimiento administrativo de solicitud de reclamación núm. NUM000, efectuada por los daños sufridos por Zaida, como consecuencia de la caída que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2000, sobre las 22.00 horas, cuando estaba jugando en el parque de la Muntanyeta, al caer por una claraboya en el edificio de Torrefigueres, puesto que el cubrimiento de dicha claraboya se hallaba roto y cubierto por unos tablones de madera, lo que en la oscuridad de la noche no pudo ser apreciado por Zaida quien al pisar uno de dichos tablones cayó a un vacío de unos ocho metros, teniendo que ser rescatada por los bomberos. A consecuencia de la caída Zaida fue sometida a tratamiento médico por las lesiones padecidas (fractura fronto-temporal derecha, hematoma subdural agudo, diplopía por parálisis VI pie izquierdo), así como a diversas operaciones quirúrgicas de especial gravedad que comportaron graves secuelas (lumbalgia residual, déficit sensitivo lumbar derecho y paresia a la mirada oblicua ojo izquierdo). Por otra parte, Zaida tuvo también que ser sometida a tratamiento psicológico como consecuencia del accidente. Reclama por diversos conceptos, un total de 251.610,32 euros.";
Después de recoger los argumentos en que basaba la reclamación la actora y aquellos en que fundan su oposición las recurridas, puntualiza la sentencia en su fundamento de derecho tercero que "La pretensión contenida en la demanda se dirigía tan solo contra el Ayuntamiento de Sant Boi, pese a que la actora era conocedora de que la explotación del edificio correspondía a la empresa pública Coressa, S.A. En el escrito de conclusiones se produce una ampliación subjetiva puesto que se interesa la condena también de Coressa, S.A. y de las dos compañías aseguradoras que, por la fecha en que se presentó el recurso, nunca podrían ser condenadas al no corresponder el examen de esta pretensión a esta jurisdicción contencioso-administrativa. La ampliación de la condena contraviene lo establecido en el art. 65.1 de la LJCA , por lo que la pretensión se examinará solo respecto al Ayuntamiento de Sant Boi".
Analiza seguidamente el Tribunal de instancia los requisitos conformadores de la responsabilidad administrativa, conforme a los artículos 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y precisa que de los distintos dictámenes médicos aportados por la parte actora resulta que carecen de justificación las secuelas señaladas en la demanda relativas a lesiones faciales, de la columna y rodilla, no pudiendo relacionarse de modo alguno con las lesiones del accidente que se circunscribieron al traumatismo cráneo encefálico, lesiones que, en cualquier caso y aplicando al baremo de las indemnizaciones por daños causados a personas en accidente de circulación evalúa el Tribunal en un total de 32.057,08 €.
En el fundamento de derecho siguiente la Sala enjuicia el tema controvertido, expresando que la demanda fundamenta la responsabilidad por el mal estado de la claraboya que estaba tapada con los tablones y que era una zona de fácil acceso y difícil visibilidad y, por otro, en el retraso en el auxilio y atención a la menor.
En relación con tales circunstancias, la sentencia recurrida, en su fundamento de derecho sexto, afirma que:
"No basta con la acreditación de un daño efectivo, individualizable y susceptible de ser valorado económicamente, puesto que ya hemos visto que también la responsabilidad objetiva encuentra su límite en el nexo causal. En definitiva el examen de este otro requisito determinará si existe algún tipo de responsabilidad de la Administración en la producción del daño.
Hemos dicho que la demanda fundamenta la responsabilidad, por un lado, en el mal estado de la claraboya que estaba tapada con unos tablones, y en que era una zona de fácil acceso y difícil visibilidad y, por otro, en el retraso en el auxilio y la agravación que ello supuso para la lesionada.
Pues bien, la fácil accesibilidad a la claraboya, aducida en la demanda, en modo alguno ha resultado acreditada. En efecto, el perito Sr. José que se ratificó en su informe, elaborado a solicitud de la Compañía Mapfre, examinó el lugar de los hechos. De las fotografías aportadas se desprende que el edificio que tiene una forma rectangular, presenta en dos de sus lados una altura superior a los tres metros. Sin embargo, en uno de los lados frontales cuenta con una extensión vallada de césped, señalizada con dos señales verticales de "prohibido pisar" y, si bien en el punto más bajo, hay un altura de entorno a un metro no cabe la menor duda de que para acceder a dicha zona hay que atravesar la zona verde o ajardinada (fotografías folios 5 y 6 del dictamen).
La testigo Sra. Africa, empleada de Coressa, S.A., que afirmó desconocer la ubicación exacta de la claraboya -en relación a la calle, así como las dimensiones del muro, sí sabía que para acceder al muro, en su parte más baja, es preciso traspasar unos parterres de ajardinamiento que impiden el acceso directo al muro y a la cubierta. También el informe que obra en el expediente permite llegar a la conclusión de que si bien la claraboya se hallaba cubierta por varios tablones, esta se halla junto al parque de la Muntanyeta tras una zona ajardinada y un muro de un metro en su parte más baja (folio 67).
No cabe la menor duda de que el acceso a la claraboya por parte de la menor (y las otras tres niñas) fue voluntario. Además, la menor en este momento no se encontraba vigilada por sus padres. La edad de la menor, que le permite una cierta autonomía deambulatoria, también es indicativa de su capacidad de prever un resultado dañoso al acceder a una zona que no se halla habilitada para el juego infantil ni para los demás usos públicos del parque.
Pero es que Zaida y sus amigas sí fueron advertidas de la situación de peligro que corrían. Doña. Africa, empleada de la empresa Coressa, S.A. que fue examinada por este Tribunal y se ratificó en su declaración formulada en vía administrativa (folios 117 y 118) manifestó que ese día - 13 de septiembre de 2001- sobre las 22.00 horas, cuando accedía al edificio de Torrefigueres, pudo observar que había unas niñas que estaban corriendo por el tejado y las advirtió de que salieran de allí porque existía peligro, advertencia que también hizo otra compañera suya, la Sra. M.ª Mercedes, y otras personas que pasaban por allí (las cuales no se identifican), pues pudo oírlo al estar las ventanas abiertas. Una de las menores, la única que ha testificado ante el Tribunal, pues la otra no se presentó a testificar, corrobora que oyó gritos, aunque ella mantiene que fueron gritos de "policía". Pero esta declaración no permite desvirtuar la declaración de Sra. Africa, ya que es evidente que ante una situación de peligro, altamente previsible, el mismo deber ciudadano lleva a formular la advertencia correspondiente. La Sra. Africa no presenció los hechos, pues las advirtió y continuó trabajando; si oyó poco después (sobre las 22.10 de la noche) a un chico que decía que se había caído una niña por lo que seguidamente llamó a la policía.
En consecuencia, el Tribunal entiende acreditado que el edificio no se halla junto a la zona de juegos infantil, sino en un extremo del parque (fotografía aérea aportada por Coressa, S.A.), que el tejado desde donde cayó la niña no es accesible (además de constituir una construcción no destinada al paso de viandantes ni apta para la deambulación) pues es preciso pasar a través de una zona ajardinada, con señalización que impide pisarla, en la que, a modo de valla, están situadas unas jardineras y plantas que constituyen un obstáculo. La niña y sus amigas se subieron voluntariamente al tejado y por alguna razón decidieron saltar a la zona de la claraboya, siendo así que unos tablones cedieron y Zaida se desplomó al interior del edificio. No existe pues nexo causal entre la actividad administrativa y el resultado dañoso ya que éste se rompe cuando existe culpa exclusiva de la propia víctima como es el caso.";
En el fundamento de derecho séptimo, la sentencia afirma que "En segundo lugar, la parte actora fundamenta su pretensión de responsabilidad de la Administración demandada en el hecho de que los bomberos no pudieron acceder a la zona en la que cayó la niña inmediatamente y tuvieron que derribar una pared para poder rescatarla y permitir que la ambulancia la trasladara a un centro hospitalario. Al respecto, Doña. Africa, nos dice que llamó a la policía y que transcurridos unos 2 minutos se presentó un policía que estaba patrullando (declaración en vía administrativa), y unos minutos más tarde empezaron a llegar más policías, los bomberos y la ambulancia. El supuesto retraso en modo alguno resulta acreditado, siendo así que en el propio expediente administrativo declararon diversos agentes, que afirman que no tardaron ni cinco minutos en llegar y cuando llegaron ya se hallaba allí otra patrulla que fue requerida por gente que pasaba por la Calle Pau Claris a la que se le indicó que había caído una persona por la claraboya (folio 110). Los bomberos tardaron 10 minutos en llegar y en inmovilizar a la niña, siendo así que durante el tiempo que tardaron en inmovilizarla (10 minutos) un agente miraba por dónde podían sacar a la niña, cuando oyó que había gente al otro lado y empezó a llamar a la puerta hasta que abrió; la niña fue evacuada seguidamente por los bomberos y atendida por el servicio de médicos (SEM) y posteriormente trasladada el Hospital de Sant Joan de Déu. En definitiva, ninguna prueba hay del retraso. Pero es que, aun en el caso de que pudiera aceptarse dicho retraso (computado en una hora por la demandante), que no se acepta, de lo que no existe prueba alguna es de que ese supuesto retraso comportó un agravamiento de las lesiones que sufrió la menor, puesto que ninguna prueba ha presentado al respecto la parte actora. En definitiva, también procede desestimar esta pretensión puesto que por un lado ni queda acreditado el supuesto retraso, ni menos aún, la incidencia que el mismo podría haber tenido en las lesiones que sufrió Zaida.";
Segundo.-Contra la anterior sentencia se interpone el presente recurso de casación por la representación de D.ª Luz con fundamento en un único motivo en el que, al amparo del articulo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, se invoca como infringido los artículos 139.1 y 141.1 de la Ley de 30/1992, así como la jurisprudencia existente respecto a la interpretación de los citados preceptos.
En el desarrollo del motivo casacional, la recurrente se limita a oponerse a la valoración de los hechos efectuada en la instancia, expresando su personal criterio e insistiendo en que el inmueble en que se ubicaba la claraboya está sito en un parque público, expresando la inexistencia de auténtico vallado de separación, y terminando por calificar de falso la apreciación de hecho realizada por la sentencia recurrida de que la menor fue advertida del peligro existente por una empleada de la limpieza de la empresa Coressa S.A.
En definitiva, la recurrente, con invocación de jurisprudencia de carácter general, se limita a realizar una nueva lectura de los hechos, olvidando que ni esta nueva valoración tiene cabida dentro del motivo casacional aducido, ni tampoco existe la posibilidad de combatir el supuesto error en que ha incurrido la sentencia en la apreciación de los mismos, puesto que éstos, conforme a la reiterada doctrina de esta Sala, solamente pueden cuestionarse, al corresponder a la soberana facultad del Tribunal de instancia, cuando la efectuada por el mismo resulte contraria a normas sustantivas sobre valoración de prueba tasada o cuando dicha valoración, con fundamento en el artículo 9.3 de la Constitución, resulte arbitraria o carente de toda lógica, extremos que en el presente caso ni siquiera han sido alegados.
Ello hace que el motivo casacional haya de ser rechazado, confirmando el pronunciamiento de la sentencia recurrida que enjuició la inexistencia de acceso fácil a la zona donde se ubicaba la claraboya, afirmó la efectiva advertencia del peligro que las niñas corrían y consideró que no existía retraso por parte de los servicios de bomberos, no habiéndose acreditado el mismo, ni la incidencia que éste podía haber tenido en las lesiones que sufrió la menor.
Procede, en consecuencia, desestimar el presente recurso de casación.
Tercero.-En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, procede la condena en costas de la recurrente, con el límite, en lo que se refiere a los honorarios de los Letrados del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, Coressa S.A., Mapfre Industrial, S.A. y Groupama, S.A., de la cantidad de 1.000 € a cada uno.
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de D.ª Luz contra sentencia de 21 de abril de 2.006 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; con condena en costas de la recurrente, con la limitación establecida en el fundamento de derecho tercero de esta sentencia.

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 139