Source: http://mediocracia.wordpress.com/2008/01/
Timestamp: 2013-06-19 06:42:35+00:00

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enero | 2008 | mediocracia
Aristegui fuera de W. Explicaciones y sinrazones
Semanario emeequis, 13 de enero de 2008.
Durante más de una semana después de la cancelación del noticiero de Carmen Aristegui, buena parte de la opinión publicada se debatía acerca de un asunto un tanto volátil: ¿se trató de una acción de censura?
Definitivamente sí condenaron, de inmediato, muchos de los abundantes radioescuchas que había logrado la emisión matutina de Hoy por Hoy y que se consideraron despojados de una fuente de información y opinión que se había vuelto costumbre cotidiana. Además de un espacio singular, Carmen Aristegui creó un estilo que podía gustarnos o no, pero que no dejaba indiferentes a sus públicos. Junto a los temas que difundía, y que con frecuencia enriquecieron la agenda de los asuntos públicos en este país, el programa de esa periodista se distinguía por el tratamiento, heterodoxo y fresco, que sabe darle a las noticias. Por eso, y desde luego debido al tratamiento de asuntos que no aparecían o no recibían el mismo espacio en otros medios, sus oyentes fieles reaccionaron a la cancelación del noticiero con una indignación poco frecuente ante la desaparición de programas y medios de comunicación.
No es para tanto estimaron, en cambio, quienes quisieron encontrar en la suspensión del programa un asunto fundamentalmente interno en las decisiones que suele tomar cualquier empresa de comunicación. No hubo censura, se dijo entonces, porque mientras estuvo delante de los micrófonos de W Radio Carmen Aristegui pudo decir todo lo que quiso. Incluso en su repentina despedida, el viernes 4 de enero, expuso durante largo rato la trayectoria del programa y dio a conocer la versión que le habían dejado saber los directivos de la empresa sobre la cancelación del contrato que tenía con Televisa Radio.
Disputa por el modelo periodístico
Así que depende de lo que entendamos por censura. Si consideramos que censura es, como reza una definición en boga, la utilización del poder por parte del Estado o de cualquier grupo de interés para impedir el ejercicio de la libre expresión, es claro que nos encontramos ante una conducta de esa índole. La decisión de Televisa Radio dejó a la periodista Aristegui sin la tribuna radiofónica que ella misma contribuyó a extender y prestigiar durante varios años y, a sus oyentes, sin la oportunidad de escucharla. Desde luego Aristegui tiene otras tribunas en las que se expresa y da cabida a las opiniones de otros –sus artículos en Reforma, el programa nocturno en CNN en español– y es altamente posible que ocupe un nuevo y destacado espacio en la radio. Pero la cancelación de su contrato, que fue una medida empresarial, tuvo consecuencias de índole política.
Si consideramos que hay censura cuando, como sugieren otras acepciones, el Estado silencia una voz o una opinión que considera impropias, entonces resulta pertinente abrir un compás para examinar con más cuidado la salida de Aristegui de Televisa Radio. La explicación que dio a conocer y que coincide con un comunicado de esa empresa, indicó que “el modelo editorial” de ese consorcio no era compatible con el que ella ponía en práctica en su programa. ¿Cuál era el “modelo” que defendió la empresa? El boletín de Televisa Radio lo dice con claridad: se trata de un esquema “basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural”.
Sin embargo, aunque estaba encabezado por una figura notoria y con amplias atribuciones para tomar decisiones editoriales, el noticiero de Aristegui no podía ser sino consecuencia del trabajo de un equipo. Ningún medio de comunicación funciona a partir de un esfuerzo solitario. En todo noticiero de radio, lo mismo que en cualquier diario o televisora, hay un complejo entramado de redactores, reporteros, comentaristas, productores y operadores, entre otros especialistas sin cuyo concurso los contenidos podrían llegar hasta los públicos interesados en ellos.
Pero en todo medio de comunicación, al mismo tiempo, existe una estructura jerárquica que para funcionar exige de una disciplina y un mando inevitablemente autoritarios. Ningún medio puede operar a partir de deliberaciones y menos aún de decisiones democráticas. Aunque siempre es deseable el contraste interno, no hay un solo noticiero que no tenga un responsable de las determinaciones fundamentales. A las 6 de la mañana, cuando comenzaba la transmisión de su programa, Carmen Aristegui tenía que contar con el guión, los enlaces telefónicos, los contenidos en audio y el resto de los recursos que le permitían dirigirse a sus radioescuchas. Esos contenidos resultaban de los lineamientos que ella misma había establecido, de acuerdo con sus colaboradores, desde el día anterior y en muchos casos varios días antes.
Así sucede en todos los noticieros del mundo. En España Hoy por hoy, el noticiero de la Cadena Ser cuyo nombre fue imitado por los noticieros de W Radio en México, es conducido por el periodista catalán Carles Francino que, además de estar ante el micrófono, aparece claramente identificado como “Director” del equipo que hace ese programa. Ese noticiero fue conducido, pero también dirigido, durante 19 años por el periodista Iñaki Gabilondo hasta que en 2005 el Grupo Prisa, propietario de Cadena Ser, lo destinó a conducir –y dirigir– el noticiero del nuevo canal de televisión que estableció ese consorcio en España.
El “modelo” comunicacional que Prisa ha desplegado en su país de origen se sustenta en la notoriedad de algunos periodistas destacados y que, gracias precisamente a esas capacidades, no son meros lectores de noticias sino que además tienen la responsabilidad de decidir los contenidos que habrán de transmitir. Así que cuando los directivos de Televisa Radio, empresa cuya operación está a cargo de Prisa, manifiestan que la salida de Aristegui se debió a una incompatibilidad en los “modelos de organización y trabajo” periodísticos, no hacen mas que andarse por las ramas o pergeñar una descarada mentira.
Dudosas afinidades políticas
En Televisa Radio no hubo dos “modelos” contradictorios de trabajo periodístico, sino el intento de dicha empresa para modificar las normas que durante varios años funcionaron para los noticieros en la W igual que en las radiodifusoras que Prisa tiene en otros países. Por causas que no han explicado –y en estos casos la ausencia de precisiones suele deberse a motivos incómodos– a los operadores de esa empresa los contenidos que difundían Aristegui y su equipo les resultaron crecientemente molestos. No querían un nuevo modelo sino sustituir a quienes tomaban las decisiones en esos noticieros.
Aquí es donde resulta inevitable incursionar en el terreno de la especulación. Hay motivos para suponer que el interés de Aristegui para que Andrés Manuel López Obrador acudiera a Hoy por hoy, o para ofrecer versiones distintas a las oficiales en asuntos como la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascencio, pudo haber preocupado a los directivos en México del Grupo Prisa, que habitualmente buscan buenas relaciones con el gobierno en turno en este y otros países. Quizá advirtieron que la alianza que tienen con Televisa y gracias a la cual comparten la propiedad de esas estaciones de radio, se quebrantaba debido al compromiso que Aristegui mantuvo para dar una cobertura plural, invitando a voces que estaban excluidas de las televisoras privadas, en el debate sobre la legislación para los medios de comunicación.
Hay quienes piensan que las denuncias en ese noticiero contra sacerdotes acusados de pederastia, o la difusión de la charla telefónica que desnudó la intensa ordinariez del gobernador de Puebla, mellaron prejuicios o intereses de Prisa en México o de sus socios comerciales. Pero cuesta trabajo suponer que comunidadores con tanta experiencia como los que encabezan a ese consorcio mediático no entendieran la importancia de tales denuncias, que además de otras consecuencias públicas contribuyeron a extender el prestigio de Aristegui y su noticiero.
Algunas de las prácticas periodísticas del equipo que hacía Hoy por hoy matutino podían ser irritantes e incluso discutibles. En asuntos como la muerte de la señora Ascencio, o cuando antes de las elecciones de 2006 ese noticiero propagó la versión de presuntas irregularidades en el manejo del padrón electoral, en varias ocasiones hubo más ideologización que información. De cuando en cuando, la adjetivación por parte de algunos reporteros –y reporteras– se imponía a la búsqueda de hechos verificables. El mismo estilo personal de Aristegui, simpático por desenfadado, llegaba a ser innecesariamente desordenado en la presentación de las noticias.
Con todo y esos defectos el de Carmen Aristegui se consagró, con méritos propios, como un espacio singular en la radio matutina. Gracias a dicho estilo, con todo y sesgos y afinidades, sus oyentes preferían ese a otros noticieros en la radio mexicana.
Por lo demás, las inclinaciones obradoristas de ese noticiero eran más aparentes que reales. Durante las campañas de 2006, de todo el espacio que Hoy por hoy destinó a los candidatos presidenciales López Obrador recibió el 37.6%, Felipe Calderón el 27.9% y Roberto Madrazo el 26.8%. Pero esa proporción era similar, o incluso menos desigual, a la que había en otros noticieros en la radio de la ciudad de México. Por ejemplo en el programa de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el 44.2% de toda la información sobre ese tema fue acerca de la campaña del candidato presidencial del PRD, el 32.7% estuvo destinado al PAN y el 21% al candidato del PRI, de acuerdo con datos que hemos calculado a partir del monitoreo del IFE. Después de las elecciones de julio y durante todo el año siguiente, fue López Obrador quien decidió identificarse con el programa de Aristegui y acudir a él en algunas ocasiones, al mismo tiempo que se negaba a aceptar las invitaciones que le hacían los conductores de otros noticieros.
No hay elementos para sostener que la desaparición del Hoy por hoy de Carmen Aristegui se debió a una censura dispuesta por el poder político. Lo que sí se puede documentar es el interés del Grupo Prisa para congraciarse con el gobierno mexicano del cual dependen, entre otros negocios, los cuantiosos contratos de los libros que el área editorial de ese consorcio maquila para la Secretaría de Educación Pública.
Lo que es indudable, en todo caso, es la inquietud pública que suscitó la decisión de Televisa Radio para cancelar el noticiero de Aristegui. Empresarial o político, se trató de un gravísimo error. El prestigio de dicha empresa y de los negocios del Grupo Prisa en México se han deteriorado en proporción inversa a la reputación de esa querida periodista, cuya voz se ha vuelto indispensable para muchos ciudadanos.
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Escrito por Raúl Trejo Delarbre	PRISA, Televisa y Aristegui
Escrito por Raúl Trejo Delarbre	Cómo mejorar la televisión
Allí radica la importancia de la reforma que el Congreso puede emprender para los medios electrónicos. A fin de que tengamos una mejor televisión lo que hace falta en primer lugar es que contemos con más canales, a cargo de actores con intereses y enfoques diversos. Además de más empresas de comunicación privadas sería necesario que hubiera un auténtico sistema nacional de televisión pública: no una televisión de gobierno ni oficialista, sino canales orientados por criterios plurales, profesionales y no mercantiles. Los contenidos en los medios electrónicos, como en cualquier forma de comunicación, jamás mejorarán estableciendo restricciones ni censuras. Más opciones, en cambio, tenderán a significar mayores contrapesos ante los consorcios que hasta ahora han especulado con las frecuencias que tienen concesionadas, especialmente en el campo de la televisión.
El tema de los contenidos en los medios suscita confusiones, e incluso temores, debido a la posibilidad de que hubiera actitudes de imposición o censura. Se ha incurrido, por descuido pero también a causa de una apreciación parcial, en una falsa disyuntiva. El problema en este caso no es quién resuelve qué han de transmitir los medios de comunicación. La decisión acerca de qué contenidos difunden tiene que ser de los concesionarios, pero con responsabilidades claramente definidas por la ley. La regulación de los medios –que jamás debe implicar censura– estará a cargo de la autoridad que la nueva legislación establezca. El auténtico dilema es cómo propiciar mejor calidad –y, así, diversidad y pluralidad– en los medios electrónicos. Estas son seis medidas que podrían formar parte de una legislación moderna en materia de contenidos para los medios electrónicos. 1. Protección de los menores. Entre 6 de la mañana y 10 de la noche (que son los horarios establecidos para este propósito en diversos países) tendría que estar vetados los contenidos para adultos. La clasificación de los programas debiera ser clara, a partir de criterios transparentes y ampliamente conocidos por las audiencias.
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Escrito por Raúl Trejo Delarbre	Crítica del periodismo crítico
Nexos, noviembre de 2007
Escrito por Raúl Trejo Delarbre	Retrato de un genocida
Nexos, octubre de 2007
Quienes vieron Hotel Ruanda, la cinta de Terry George que reconstruye el acoso a centenares de refugiados que buscaban salvarse de la matanza que ocurrió en ese país entre abril y julio de 1994, se habrán estremecido ante la crueldad que allí se muestra. Paul Rusesabagina, el gerente del hotel en cuya hazaña está inspirada la película, dice que la historia real “fue mucho peor que lo que se vio en la pantalla”. Las escenas más crudas fueron evitadas para que la película tuviera una clasificación accesible a los jóvenes.
Gracias a la película, en el mundo occidental se ha recordado que en Ruanda hubo una atrocidad descomunal aunque muchas de las historias de esa pesadilla siguen sin ser contadas. En aquellos meses de 1994 fueron asesinadas entre 800 mil y un millón de personas. Las viejísimas rencillas entre las etnias Hutu y Tutsi fueron utilizadas por grupos políticos que azuzaron el aborrecimiento racial. El asesinato del presidente Juvenal Habyarimana el 6 de abril de 1994 detonó una extensa movilización de los grupos más radicales de la etnia Hutu (especialmente las milicias denominadas Interahamwe) para asesinar a los miembros de la etnia Tutsi que durante largo tiempo gobernaron en Ruanda. Varios meses más tarde el Frente Patriótico Ruandés, controlado por tutsis, se impuso militarmente. Para entonces había ocurrido uno de los mayores genocidios en la historia.
Uno de los momentos más dramáticos en la película ocurre cuando algunos de los refugiados salen del hotel escoltados por tropas de Naciones Unidas pero no logran llegar al aeropuerto de Kigali, la capital de Ruanda, porque centenares de hutus comienzan a cercarlos instigados por un locutor de radio. Algunas versiones sostienen que ese locutor era George Ruggiu, un ciudadano belga que trabajaba en tareas de propaganda para el gobierno de mayoría hutu. La emisora en donde Ruggiu colaboraba, Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM) fue uno de los instrumentos principales que tuvieron los grupos radicales de filiación hutu para espolear el odio racial contra los tutsis.
La historia de Georges Henri Yvon Joseph Ruggiu es sintomática de la ofuscación colectiva que, entre otros factores, podría explicar una matanza tan inconcebible como la que ocurrió hace 13 años en Ruanda. Nació en octubre de 1957 en Verviers, un pequeño pueblo al sur de Bélgica. Su padre era italiano y él adquirió la nacionalidad belga a los 18 años. Al parecer fue profesor de escuela durante breve tiempo pero su actividad principal fue la de trabajador social. Estuvo en la Administración Belga para la Seguridad Social y fue voluntario en la Cruz Roja, en donde ayudó a cuidar niños con problemas de salud mental. Algunos de sus colegas de entonces lo describieron como “retraído e inadaptado, un cruzado para los más desafortunados, alguien que estaba en busca de una causa” (de acuerdo con un reporte de La Voz de América en mayo de 2000).
Esa motivación la halló hacia 1990, cuando conoció a varios estudiantes de Ruanda que eran vecinos suyos en Bélgica. Pero la causa que abrigó llegaría a ser profundamente equivocada y perversa. Pobre, dividido y por añadidura martirizado debido a frecuentes asonadas y a la segmentación racial, las complejidades de ese país africano conmovieron a Ruggiu. Ruanda fue colonia de Bélgica y aun después de la independencia, ocurrida en 1961, ambos países mantenían vínculos estrechos.
En 1992 Ruggiu se relacionó con diplomáticos de Ruanda que vivían en Bélgica, precisamente en la época en la que hutus y tutsis suscribieron los “Acuerdos de Arusha” que pusieron fin a una prolongada guerra civil y confirmaron la permanencia de los hutus en el poder. En esas fechas viajó por primera vez a Ruanda para asistir a la boda de un amigo suyo. Cuando conoció los suburbios de Kigali, recordó las favelas que había visitado en Brasil y comentó su deseo de ayudar a los pobres. De regreso en su país, colaboró en la creación de un “Grupo de reflexión ruando-belga” que difundía los Acuerdos.
Ruggiu adquiría creciente animadversión contra el Frente Patriótico manejado por tutsis. En mayo de 1993 el presidente Habyarimana lo invitó a Ruanda. Pocos meses después Ruggiu se fue a vivir a ese país a trabajar con el Movimiento Republicano Nacional para la Democracia y el Desarrollo, el partido en el gobierno. El presidente gestionó su contratación como productor en la naciente RTLM.
La Radio Télévision Libre des Mille Collines (cuyo nombre recuerda que, debido a su orografía verde y sinuosa, Ruanda es conocida como la tierra de las mil colinas) fue creada en 1993 por medio centenar de líderes políticos y empresarios para propagar la supremacía de la etnia Hutu. A diferencia de la radiodifusora del gobierno, que tenía un discurso que en Ruanda parecía arcaico porque se refería a los tutsi como “la monarquía feudal”, la RTLM era tan directa que llegaba a notorios extremos de vulgaridad y rispidez.
Esa emisora describía a los Tutsi como enemigos a los que era preciso aniquilar. Un reporte de Artículo 19, organización dedicada a defender la libertad de expresión en el mundo, explicó años más tarde acerca del odio racial contra los Tutsi promovido en dicha estación : “Las ideas habían estado allí durante años. RTLM las presentaba de manera más apetitosa para la generación más joven. RTML usaba el lenguaje de la calle”. A los Tutsi, sin más rodeos, les llamaba “cucarachas”. Lo que había que hacer para que imperase la “mayoría del pueblo” era, simplemente, “eliminarlos”.
Se le atribuye a Ruggiu la transmisión de soflamas como esta: “¿Qué están esperando? Las tumbas están vacías. ¡Agarren sus machetes y partan a sus enemigos en pedazos!”.
Hombre blanco al micrófono
Ruggiu no era periodista ni tenía experiencia en el manejo radiofónico. Mucho menos hablaba kinyarwanda, el idioma local. Diversos testimonios consideran que al presidente Habyarimana le interesó contratarlo porque era blanco. “La presencia de un muzuungu u hombre blanco en la RTLM daba la apariencia de fortaleza, quizá incluso de respaldo internacional” dice, acerca de Ruggiu, una indagación sobre el uso de los medios en el genocidio en Ruanda.
El ex cooperante belga, habilitado como conductor de radio, transmitía en su idioma natal. Una mujer acusada de participar en el genocidio, explicó años más tarde: “A los que entendían francés les gustaba escuchar al muzuungu y saber que estaba del lado de los hutu y que hablaba tan bien contra los tutsi. La gente educada y los bourgmestres podían explicarles las transmisiones en francés a los otros”. Entre enero y julio de 1994 Ruggiu convocaba todos los días al odio racial desde RTLM. Más tarde, cuando fue juzgado por el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, recordó que en abril de aquel año, una semana después del asesinato del presidente y del inicio de la matanza contra tutsis y contra todo aquel que fuera considerado colaborador de ellos, recorrió Kigali escoltado por miembros del Ejército. Entonces comprobó que las transmisiones de Radio Mil Colinas “estaban contribuyendo a las masacres perpetradas contra los tutsis”.
Su papel en RTLM, dijo en otra ocasión, era difundir “la ideología y los planes de los extremistas hutus en Ruanda”. Se han conocido testimonios de que “Ruggiu personalmente transmitió programas incitando a los hutus a perpetrar asesinatos o agresiones graves contra los rebeldes tutsis, a los que él calificaba como ‘cucarachas’. También incitó la persecución de esos tutsis y de los hutus moderados, así como de ciudadanos belgas en esa área”. Sus arengas las enderezaba, además, contra la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Ruanda.
En una de las audiencias del Tribunal que lo juzgó años después, Ruggiu declaró que en una ocasión, por instrucciones del Ejército de Ruanda, difundió un mensaje para que fuera detenido un Vokswagen rojo. A través de la radio proporcionó las placas y la ubicación del automóvil pero, dijo, nunca supo qué ocurrió con el vehículo y sus ocupantes.
Durante varios meses la masacre en todo Ruanda fue escasamente difundida por los medios de comunicación internacionales, que casi no disponían de corresponsales en ese país. El desinterés de las empresas globales de comunicación acerca de dicho conflicto era correspondiente a la decisión de Estados Unidos, Francia y otros países para no intervenir militarmente, con lo cual permitieron que continuara el sangriento ajuste de cuentas entre los viejos rivales étnicos en esa nación africana.
Georges Ruggiu, sin embargo, estaba muy al tanto de las dimensiones catastróficas de la matanza. Por eso cuando algunos medios en su país natal dijeron que él contribuía a instigar los asesinatos, envió un fax a la Radio Televisión Francófona de Bélgica en donde rechazaba haber llamado a la violencia. Eso no evitó que el ministro de Justicia iniciara una averiguación sobre la participación de Ruggiu en el hostigamiento a ciudadanos belgas en Ruanda.
Aun cuando quería defenderse, el locutor de Radio Mil Colinas manifestaba su intolerancia contra la tribu en cuyo exterminio participaba. En una entrevista explicó que si en una comuna habían sido asesinadas 50 personas, apenas representaban al 9% de la población de esa colectividad y seguramente esa había sido la proporción de gente que había ayudado al Frente Patriótico que defendía el interés de los Tutsi. En otras palabras, para Ruggiu esa “erradicación” era normal. Y acerca de la “población furiosa” a la que había incitado, Ruggiu consideraba “¿acaso Robespierre no hizo exactamente lo mismo en Francia?”.
Genocida confeso
A fines de 1994, cuando ya había sido propalada la aterradora magnitud de ese genocidio, el Consejo de Seguridad de la ONU creó el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda. Ruggiu, que estaba entre los más buscados por el Tribunal, quiso escapar y durante algún tiempo viajó con pasaporte sudafricano. En julio de 1997 lo arrestaron en Mombasa, Kenia y fue conducido a la sede del Tribunal en Arusha, al norte de Tanzania.
El ex locutor de RTLM fue, entre docenas de inculpados, el único que no era ciudadano de Ruanda. El Tribunal lo acusó de “incitación directa y pública para cometer genocidio” y de “crímenes contra la humanidad”. El proceso duró tres años, al cabo de los cuales Ruggiu reconoció: “Indudablemente fui un genocida y desafortunadamente tomé parte en ello”. Admitió que había “incitado asesinatos y causado serias agresiones contra el bienestar físico y mental de los miembros de la población Tutsi con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo étnico o racial”.
En mayo de 2000 el Tribunal Internacional lo sentenció a 12 años de prisión por incitación al homicidio. Esa pena no fue más extensa porque Ruggiu aceptó ser testigo contra tres acusados de genocidio. Cuando la sentencia se difundió, el gobierno de Ruanda protestó porque, dijo, no había correspondencia entre ese castigo y los crímenes que Ruggiu confesó.
Hasta agosto de 2007 el Tribunal había expedido condenas a 27 acusados de genocidio –de los cuales 11 fueron sentenciados a cadena perpetua– y tenía más de 40 decisiones pendientes.
En el libro La crisis de Ruanda. Historia de un genocidio, el investigador francés Gerard Prunier estima que, en 1994, el 80% de las víctimas en ese país fueron asesinadas durante las primeras seis semanas de la masacre. Se trata, indica, de una tasa de exterminio cinco veces mayor a la que hubo en los campos de concentración nazis.
Ya en prisión, Ruggiu se convirtió al islamismo y decidió llamarse Omar. Georges Omar Ruggiu viste los hábitos musulmanes, lleva el cabello casi a rape y muestra una larga barba. En las pocas fotografías suyas que se conocen aparece con una mirada dura, quizá extraviada. Es la mirada de un ofuscado que con el subterfugio de ayudar a los pobres terminó siendo cómplice de genocidio. O quizá es simplemente la mirada de un miserable que no tuvo empacho para convocar al odio criminal.
-Article 19, Broadcasting Genocide: Censorship, propaganda & state- sponsored violence in Rwanda 1990-1994. -Allan Thompson, editor. The media and the Rwanda Genocide. Pluto Press, London, 2007, 450 pp. -International Criminal Tribunal for Ruanda,
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Escrito por Raúl Trejo Delarbre	Límites al poder del dinero en los medios
Zócalo, enero de 2007
Maltratado por sus propias inconsistencias, el Congreso de la Unión dejó un saldo contradictorio después de la intensa temporada de reformas a la legislación electoral y en las cuales hay cambios muy importantes para la relación entre los medios de comunicación y la política en México. Atrapada en el vértigo de los intereses partidarios, la Cámara de Diputados no consiguió designar a los consejeros del Instituto Federal Electoral que reemplazarían a los tres funcionarios, incluyendo al consejero presidente, destituidos por una medida muy cuestionable de los mismos legisladores.
La decisión misma de echar sin razones legales a tres de los consejeros designados en 2003 para un encargo de siete años fue ampliamente discutida en los meses recientes. Luego, el proceso para designar a quienes los sucederán estuvo repleto de irregularidades. Aun con ellas es deseable que quienes habrán de conducir a la autoridad electoral tengan no solamente el aval de los partidos mayores sino, antes que nada, capacidad profesional y política suficiente. En esta ocasión, el nombramiento de la autoridad electoral cobra mayor importancia debido a las nuevas facultades que las reformas legales le confieren al IFE, especialmente en la administración de los espacios que los partidos tendrán para hacer campaña en los medios de comunicación y para sancionar a las estaciones de televisión y radio que no cumplan con las reglas para la difusión de tales mensajes.
En prensa escrita, propaganda a salvo
Las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobadas en los primeros días de diciembre por las dos cámaras del Congreso ratificaron las nuevas disposiciones constitucionales que habían sido promulgadas el mes anterior. El nuevo régimen electoral prohíbe la compra de espacios para propaganda política en la televisión y la radio y transfiere al IFE el empleo del tiempo del cual dispone el Estado en esos medios de comunicación. Además limita severamente la propaganda que las instituciones del Estado hagan acerca de sus propio desempeño.
Aunque la disposición constitucional estableció un explícito veto a la propaganda que muestre obras o imágenes de los servidores públicos en “cualquier modalidad de comunicación social”, la reforma a la ley reglamentaria solamente establece sanciones para los canales de televisión y las estaciones de radio que infrinjan esa disposición. Es decir, la contratación e incluso el abuso de la propaganda que muestre a funcionarios públicos (gobernadores, legisladores, rectores, etcétera) en medios de carácter impreso, no podrá ser sancionada al menos con las reformas al Código Electoral.
La norma constitucional (específicamente la disposición establecida en la reciente adición al Artículo 134) es por ahora imperfecta. Las consecuencias que esa innovación tendría para los diarios y revistas cuyas finanzas dependen en alguna o mucha magnitud de la venta de publicidad a instituciones estatales y que comentamos en la edición anterior de Zócalo, por ahora no ocurrirán. No quedó claro si los senadores que redactaron las nuevas disposiciones del Código Electoral, o los diputados que las revisaron y también aprobaron, decidieron expresamente no afectar a los medios escritos o si se trató de un descuido. En todo caso, aunque la Constitución prohíbe la propaganda en medios de toda índole, incluso escritos, por ahora los editores de revistas y diarios –y sus lectores, desde luego– pueden estar tranquilos.
Tramposa información sobre lineamientos del IFE a medios
Durante su discusión en el Senado, las reformas a la ley electoral fueron tema de una intencionada especulación por parte de las cadenas de televisión privada y de los diarios que han resultado más proclives a ellas. Los noticieros de Televisión Azteca con la gritonería que se ha vuelto sello de esa casa y, simultáneamente, diarios como Milenio y Excélsior, propagaron versiones incompletas o falsas de los documentos de trabajo previos al dictamen de las comisiones senatoriales encargadas de estudiar esa reforma.
Se dijo, así, que en las nuevas reglas para la relación entre medios y campañas políticas habría disposiciones que censuraban la libertad de opinión de los periodistas. Esa sería la consecuencia, se aseguraba, de los lineamientos que la autoridad electoral les impondría a los medios de comunicación para la cobertura de campañas.
Tales lineamientos en realidad forman parte de la legislación electoral desde 1996 y hasta ahora han implicado que, antes de cada proceso electoral federal, los partidos sugieran que los medios electrónicos cubran sus campañas políticas con pluralidad, equidad, respeto a la vida privada y respetando el derecho de réplica, entre otros atributos. Esas exhortaciones siempre han tenido un valor emblemático, en primer lugar porque no hay –ni debería haber– sanciones a los medios que las incumplan y desde luego porque, como es sabido, los partidos mismos son los primeros en quebrantar cualquier posibilidad de respeto entre sus candidatos.
Durante un par de semanas, a contracorriente de las cotidianas aclaraciones que hacían algunos de los senadores, en varios medios se repitió la misma cantinela. Finalmente la modificación a la fracción modificada del artículo 49 del Código Electoral estableció, refiriéndose a la autoridad del IFE:
El Consejo General se reunirá a más tardar el 20 de septiembre del año anterior al de la elección con las organizaciones que agrupen a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para presentar las sugerencias de lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos. En su caso, los acuerdos a que se llegue serán formalizados por las partes y se harán del conocimiento público. En la versión anterior que estuvo vigente durante más de una década esa disposición, contenida en el artículo 48 del Cofipe, le asignaba un rango menor a la mencionada reunión ya que sería convocada por el Director de Prerrogativas y no por el Consejo General del IFE. Se mencionaba expresamente que a tal encuentro sería invitada la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, lo cual siempre implicó alguna parcialidad porque no todos los radiodifusores están inscritos en ese organismo. Anteriormente no se hablaba de precampañas porque esa fase del proceso electoral no estaba reglamentada y ahora sí. Ahora se especifica, además, la posibilidad de que haya acuerdos entre la autoridad electoral y los radiodifusores. Por lo demás, el artículo relativo a los lineamientos de cobertura de campañas es idéntico al que ya existía.
Quisieron confundir libertad de expresión con capacidad de compra
La otra disposición, esa sí nueva, que los medios disgustados con la reforma electoral impugnaron con más estruendo que argumentos, fue la prohibición para la contratación de propaganda en radio y televisión.
Quizá los concesionarios aspiraban a que el Código Electoral no estableciera sanciones para que la infracción a esa nueva regla pudiera ser frecuente. Pero en sus alegatos soslayaron que esa norma ya había sido incorporada a la Constitución, en el Artículo 41, que indica con toda claridad: Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
En atención a ese principio, ahora el Código Electoral establece en su artículo 49 que ni los partidos, ni precandidatos ni candidatos, “podrán contratar, contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión”. Esa taxativa se extiende a los dirigentes y miembros de los partidos “o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales”. La única propaganda política autorizada será la que el IFE gestione en los tiempos de Estado en radio y televisión.
El mismo artículo reproduce, letra por letra, la disposición constitucional que transcribimos antes y que instaura el impedimento para que ninguna persona, “física o moral”, contrate en radio o televisión propaganda “dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos”.
Esa fue la disposición en la que, cuando resultó fallido el rechazo a los lineamientos, se apoyaron los concesionarios para descalificar la reforma electoral. Con impostada enjundia, algunos locutores y comentaristas aseguraron que esa modificación atentaba contra la libertad de expresión de los ciudadanos. Algunos, incluso, dijeron mentiras al señalar que dicha reforma haría imposible la publicación los periódicos de inserciones pagadas por ciudadanos.
El impedimento a la contratación de propaganda en televisión y radio es muy claro: se refiere expresamente a esos medios y comprende cualquier transacción mercantil destinada a pactar la difusión de anuncios políticos. No se afecta la difusión de noticias ni de opinión política alguna. Lo que sí se limita es la contratación de spots como los que al finalizar la campaña presidencial de 2006 pagó el Consejo Coordinador Empresarial con mensajes destinados a perjudicar la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Multa y bloqueo de publicidad a quienes vendan spots
La contratación de propaganda por parte de particulares ya estaba prohibida en la legislación electoral, pero no había sanción específica para quienes trasgredieran esa disposición. Por eso en la elección de 2006 ni el IFE ni el Tribunal Electoral pudieron hacer algo contra los empresarios que infringieron esa norma. Ahora, merced a las reformas al Cofipe, la contratación de propaganda podría conducir a la cancelación de su registro en el caso de los partidos políticos que reincidieran en esa falta y con multas de hasta 500 días de salario mínimo a los ciudadanos y de cien mil días a las empresas que hicieran tal contratación. Las empresas de televisión o radio que vendan espacios para la difusión de propaganda política, en una primera falta serían amonestadas y luego recibirían multa de hasta 100 mil días de salario mínimo. De reincidir, la autoridad electoral podría suspender hasta por 36 horas los espacios destinados a publicidad sin afectar el resto de la programación. También se contempla la posibilidad de gestionar la revocación de la concesión de la empresa que persistiera en esa infracción. Aunque el Cofipe no se refiere expresamente a esa revocación, la reforma Constitucional sí abre tal posibilidad.
Decir que el impedimento para contratar propaganda en medios electrónicos vulnera la libertad de expresión equivale a considerar que solamente con el poder del dinero, pagando por espacios en radio y televisión, se puede ejercer esa libertad. No es la libertad de opinión o de prensa lo que se limita sino, si acaso, la libertad mercantil de las empresas de radiodifusión para lucrar con las campañas políticas y desde luego el poder del dinero para influir sobre los ciudadanos. Por eso no ha sido extraño que algunos de los beneficiarios de ese poder del dinero se hayan manifestado contra la reforma electoral con tanta vehemencia como lo hicieron algunos dirigentes empresariales, locutores y concesionarios. No son esas, desde luego, las únicas reformas que hacen falta. Ya veremos, en los primeros meses de 2008, si la enjundia legislativa de los senadores y los diputados alcanza para que tengamos una nueva y moderna legislación para los medios y las telecomunicaciones.
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Escrito por Raúl Trejo Delarbre	Los nuevos diques a la propaganda oficial
Zócalo, diciembre de 2007
La utilización de recursos públicos para difundir la imagen de los funcionarios ha sido una de las más notorias y costosas perversiones en la tortuosa relación que se ha mantenido entre política y medios en nuestro país. Más aún: la compra de espacios en medios de toda índole para promover discursos, inauguraciones, congratulaciones y sobre todo la efigie de gobernadores, presidentes, secretarios, rectores y directores de las más variadas instituciones públicas, ha constituido uno de los ejes de un sistema político apuntalado más en la iconografía que en las ideologías. Nuestros políticos han procurado difundir sus imágenes por encima de sus ideas. Hemos tenido un sistema político en buena medida totémico.
En ningún otro país que se precie de ser democrático existe la propaganda estatal que conocemos en México. Resulta imposible imaginar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero contratando spots en Antena 3 con cargo al presupuesto del gobierno español, o al francés Nicolás Sarkozy gastando dinero público para anunciarse en Le Monde. En México, sin embargo, la propaganda en medios de toda índole ha sido una práctica tan extendida que incluso nos cuesta trabajo suponer que la vida pública podría ser de otra manera.
Y lo será, si se cumple cabalmente la nueva disposición constitucional que prohíbe la contratación de espacios publicitarios para difundir la imagen de los funcionarios o para fines que no sean de información, orientación o educación. Desde el pasado 14 de noviembre, cuando entró en vigor la reforma en materia electoral que modificó y creó varias disposiciones constitucionales, los principios que rigen la propaganda del gobierno cambiaron de tal manera que, si se aplican de manera rigurosa, habrá una modificación sustancial en cantidad y calidad.
Aunque ya lo hicimos en la edición de Zócalo de octubre pasado, cuando reseñamos toda la reforma constitucional, vale la pena reproducir nuevamente el texto incorporado al artículo 134 de la Constitución:
Esa disposición, como queda claro en el párrafo anterior: a) vale para todos los medios de comunicación y no solamente para la televisión y la radio como han supuesto algunos informadores y comentaristas; b) tiene vigencia en todo momento y no únicamente en temporadas electorales; c) debe ser acatada por cualquier organismo del Estado mexicano que ejerza recursos públicos –gobierno federal, gobiernos estatales, municipios, el Congreso de la Unión y las cámaras de diputados locales, organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral, universidades públicas y empresas del Estado, etcétera–.
Ninguna de esas entidades está autorizada para comprar espacios, en ningún medio de comunicación, a no ser para los fines que se precisan en la mencionada reforma. A primera vista parece claro a qué se refiere el Artículo 134 Constitucional cuando indica que las únicas promociones mediáticas permitidas son las de índole institucional y con propósitos de información, educación y orientación. Una campaña de vacunación o para recabar fondos de ayuda a los damnificados de un desastre natural, o la lista de sitios en donde podemos solicitar una licencia de manejo, por ejemplo, cumplen claramente con esos requisitos. Pero con la coartada de los fines informativos podría disfrazarse de mensaje institucional un anuncio de propaganda a favor de un secretario de Estado o un gobernador, por ejemplo. Imaginemos que la Secretaría de Educación Pública quiere dar a conocer la gran cantidad de alumnos que se benefician con la Enciclomedia, o que el gobierno de Coahuila contrata un anuncio en donde se ufana de las maquiladoras que hay en esa entidad. En rigor esa sería información. Pero el propósito de publicarla puede ser reconocido como parte de la propaganda para prestigiar a un funcionario público aunque en ese anuncio no se imprima o mencione su nombre.
Por otro lado, aunque también es clara la indicación acerca de los recursos icónicos y textuales que están prohibidos –nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de algún funcionario– pueden suscitarse casos en los que se requiera una interpretación de esa regla general. Antes de las lecciones locales de septiembre pasado en Veracruz, por ejemplo, la campaña promovida por el gobernador Fidel Herrera para favorecer al PRI coloreó de rojo todo lo que pudiera ser visto por los ciudadanos directamente o a través de los medios: la escenografía de los mítines, los empaques en los que se distribuía la ayuda social del gobierno federal, las corbatas y el resto de la vestimenta de los conductores de televisión, pancartas y volantes en las calles, etc. etc. Cualquier uso de ese color podía tener implicaciones proselitistas aunque fuese de la manera más aparentemente anodina posible.
La nueva disposición constitucional se enfrentará a situaciones como esa. Por ello es preciso que haya una autoridad con capacidad suficiente tanto para interpretar como para aplicar la ley. Allí radica el hueco inicial, aunque no imprevisto, que tiene la reforma al 134. El mismo párrafo añadido a ese artículo advierte: Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
Esas leyes son en primer lugar el Código Federal Electoral y, posiblemente también, las leyes específicas para regular a los medios de comunicación. El Cofipe tiene que ser reformado en breve para ofrecer precisiones a los diversos cambios que implica la reforma constitucional. Allí tendrían que estar previstos mecanismos y sanciones para que la autoridad electoral castigue a los funcionarios públicos y a los medios de comunicación que infringieran las nuevas reglas en materia de propaganda política e institucional. Pero como, a diferencia del resto de las disposiciones involucradas en la reforma constitucional, la adición al artículo 134 se refiere a propaganda que pudiera ser difundida en cualquier momento y no sólo en temporada de campañas electorales, su observancia podría estar a cargo no únicamente del Instituto Federal Electoral sino, eventualmente, de la autoridad que fiscalice a los medios de radiodifusión. Esa autoridad tendrá que ser establecida en la nueva legislación para los medios si es que el Congreso, como se ha propuesto, decide reformarla el año próximo.
Mientras tanto, apenas entró en vigor la reforma constitucional el gobierno federal y distintos gobiernos locales suspendieron la difusión de spots que habían contratado en radio y televisión. Aun faltan precisiones para la propaganda oficial desaparezca de los medios.
Propaganda oficial en medios impresos
Los efectos de esas disposiciones en la prensa escrita han sido menos publicitados que sus consecuencias iniciales para la televisión y la radio. Sin embargo es posible que la suspensión de la propaganda institucional en diarios y revistas tenga, proporcionalmente, consecuencias financieras más relevantes que para las empresas de radiodifusión.
No es un secreto que en México los recursos que recibe una gran cantidad de medios impresos depende, de manera muy importante, de la publicidad que contratan instituciones estatales. Y un importante segmento de esas inserciones pagadas suele buscar el enaltecimiento de funcionarios públicos más que el servicio a la sociedad. En los años recientes algunos de los diarios y revistas de mayor circulación invirtieron mayor atención en la búsqueda de publicidad comercial y en los recursos derivados de la venta de ejemplares que en las inserciones pagadas por instituciones oficiales. Sin embargo todavía es frecuente que la mayor parte de la prensa diaria y al menos las revistas de información política o de carácter cultural –es decir, buena parte de la prensa que en contraste con la de vocación sensacionalista podríamos considerar como seria– dependan de la publicidad oficial o de instituciones públicas.
Un sencillo ejercicio de exploración en algunos diarios y revistas permite constatar el significativo peso que alcanza en ellos la publicidad institucional, u oficial. El jueves 15 de noviembre de 2007, al día siguiente de que entró en vigor la reforma constitucional que establece las taxativas en materia de propaganda estatal, contamos los espacios de publicidad en siete diarios de la ciudad de México. De esa manera encontramos que, por lo menos en las ediciones de ese día, la propaganda que difunde la imagen de funcionarios públicos o que no reúne las características ahora autorizadas para inserciones pagadas de esa índole alcanza entre el 10% y el 30% de toda la publicidad de algunos periódicos. En el caso de algunas revistas, según explicamos más adelante, la propaganda que ahora puede ser considerada ilegal puede significar el 50% o incluso más de todas sus inserciones pagadas.
De acuerdo con la contabilidad que hicimos el diario La Crónica de Hoy publicó en esa fecha 4.15 planas de inserciones pagadas. De ellas 0.65 fueron de publicidad comercial y 3.5 de inserciones contratadas por instituciones estatales. En estas últimas incluimos tanto anuncios de gobiernos federal y estatales como de instituciones autónomas, legislativas y universidades públicas. De las 3.5 planas con ese carácter consideramos que el espacio equivalente a 0.6 era ocupado por propaganda que sería ilegal de aplicarse al pie de la letra la nueva disposición constitucional.
El Financiero publicó ese día 12 planas de publicidad pagada. 8.25 de ellas eran de origen comercial y 3.75 de instituciones estatales. De estas últimas, el equivalente a una plana era de inserciones que publicitaban la imagen personal de distintos funcionarios.
También revisamos Impacto, un diario de escasísima circulación y, por ello, representativo de la prensa que a pesar de su débil presencia pública obtiene propaganda oficial. Allí encontramos inserciones por el equivalente a 2.6 planas. De ellas 8 décimos de plana (0.8) eran de origen comercial y casi dos planas (1.8) de procedencia estatal. De estas, tres cuartos de plana podrían ajustarse a la descripción de la propaganda ahora vetada.
Al día siguiente de la vigencia de la reforma constitucional, La Jornada tenía 14.2 planas de publicidad. Cabe subrayar que en este, como en todos los diarios y revistas analizados, no contabilizamos las inserciones que suponemos resultado de intercambios con otros medios de difusión (por ejemplo las carteleras de televisoras) o los anuncios que promueven servicios de las casas editoras de cada una de esas publicaciones (campañas de suscripciones, por ejemplo). Después de soslayar esas inserciones identificamos 7.4 planas de publicidad comercial y 6.8 de contenidos oficiales. De esos últimos, al menos el equivalente a 2 planas estaba integrado por espacios de promoción personal o institucional.
El diario Milenio reunía, según nuestra exploración, 24.3 páginas pagadas. De ellas, 12.8 fueron de publicidad comercial. El restante 11.5 era, clara o presumiblemente, pagado por instituciones oficiales. En este, igual que en otros periódicos, contabilizamos como inserciones pagadas las notas y fotografías que aun cuando no eran expresamente identificadas como pagadas nos pareció que habían sido resultado de un acuerdo publicitario y no de una decisión de la redacción del diario. Las gacetillas siguen siendo fuente de ingresos en casi todos los periódicos. De las 11.5 planas ocupadas por distintos materiales de instituciones públicas, encontramos 4 con propaganda personal o institucional que podría ser objetada de acuerdo con los lineamientos constitucionales.
En Reforma y El Universal únicamente revisamos la primera sección, que es la destinada a información general. Esos diarios, como es sabido, incorporan en sus ediciones una gran cantidad de anuncios de carácter comercial que se distribuyen en distintas secciones y suplementos. En Reforma, siempre en la primera sección, encontramos un total de 9.9 planas de publicidad. De ellas 7 y media eran de carácter comercial y 2.4 de origen institucional. De estas últimas, el espacio equivalente a 9/10 de plana (0.9) era de propaganda personal de funcionarios públicos.
En El Universal, ese 15 de noviembre contabilizamos 25.6 planas de contenidos pagados. La mayor parte, 21.12, estaba integrada por anuncios de empresas comerciales, instituciones privadas y ciudadanos diversos. Solamente 4.5 planas eran ocupadas por propaganda estatal. De ellas, media plana podía hacer encajado en la descripción de la publicidad que ya no está permitida.
En la tabla adjunta presentamos los porcentajes que, respecto del conjunto de la publicidad identificada en las mencionadas ediciones, ocupan las inserciones de carácter oficial y, específicamente, la propaganda que podría ser cuestionada a partir de las nuevas reglas para el gasto público en esa materia. Como puede apreciarse, los diarios más grandes (Reforma, El Universal) y el especializado en finanzas dependen menos que los otros de la publicidad que contratan gobiernos e instituciones públicas. De toda la publicidad que contabilizamos (tanto comercial como oficial) las inserciones controvertibles ocupan los porcentajes incluidos en la última columna del cuadro.
Peso de la publicidad oficial en diarios del DF
% de publicidad estatal (1)
% de publicidad controvertible (2)
(1) Porcentaje de la publicidad estatal sobre el conjunto de la publicidad identificada en cada diario. (2) Porcentaje, respecto de toda la publicidad en esa edición, de la propaganda que podría contravenir el Art. 134 Constitucional.
Cómputo de inserciones publicitarias en las ediciones del jueves 15 de noviembre de 2007. En Reforma y El Universal únicamente se contabilizó la publicidad aparecida en la primera sección.
También contabilizamos la publicidad aparecida en cuatro revistas: los semanarios Proceso y emeequis en sus ediciones del domingo 11 y el lunes 12 de noviembre respectivamente y las mensuales Letras Libres y Nexos correspondientes a noviembre de 2007. Proceso tenía 14.6 planas de publicidad, identificada con los mismos criterios que utilizamos con los diarios. De ellas 3 eran de índole comercial y 11.6 de instituciones estatales. De esos espacios, encontramos anuncios equivalentes a 7.9 planas de propaganda personal o no justificada de acuerdo con las nuevas reglas.
El semanario emeequis incluía 5.33 planas de publicidad. 5 era de instituciones estatales. De tales anuncios, 4 eran de propaganda posiblemente controvertible según las recientes disposiciones.
Las revistas mensuales incluyeron en sus ediciones de noviembre 25.7 y 21.65 planas, respectivamente. En Letras Libres había 8 páginas de espacios comerciales y 17.7 con inserciones a cargo de instituciones oficiales. De ellas, 7 y cuarto eran potencialmente controvertibles de acuerdo con los multicitados criterios.
Nexos comprendía en la mencionada edición 4 planas comerciales y 17.65 oficiales. De ellas, 8.6 eran de propaganda que podría considerarse ajena al servicio, la mera información y la difusión cultural.
El cuadro adjunto muestra, como en el caso de los diarios, los porcentajes de publicidad oficial respecto de todas las inserciones pagadas identificadas en las cuatro revistas, así como el peso que sobre ese universo publicitario tiene la propaganda personal o no justificable.
Peso de la publicidad oficial en revistas del DF
(1) Porcentaje de la publicidad estatal sobre el conjunto de la publicidad identificada en cada diario. (2) Porcentaje de la propaganda que podría contravenir el Art. 134 Constitucional sobre el conjunto de la publicidad estatal
Cómputo de inserciones publicitarias en las ediciones del 11 y 12 de noviembre Proceso y emeequis, respectivamente y del mes de noviembre de 2007 en el caso de Letras Libres y Nexos que son mensuales.
Las nuevas taxativas a la propaganda oficial pueden contribuir a despejar el espacio público y quizá, por lo tanto, a que en los medios de comunicación haya más atención al fondo del discurso político y no únicamente a las imágenes de los funcionarios públicos o al dinero que antes podían gastar en contratos de publicidad. Pero una consecuencia indeseable de esa reforma legal podría ser la restricción de recursos financieros que hasta ahora han respaldado la publicación de diarios y revistas cuyos contenidos son pertinentes tanto para solidificar la cultura política como en la formación literaria y artística de los ciudadanos. Es indispensable que los diarios y revistas que aspiran a ofrecer un servicio auténticamente público se afanen para diversificar sus fuentes de financiamiento publicitario. Pero también puede ser necesario que el Congreso de la Unión, como parte de las nuevas reglas que está expidiendo para regular la competencia política y los medios de comunicación, diseñe una ley de ayudas a la prensa como las que existen desde hace tiempo en algunos países europeos. De esa forma podría garantizarse un financiamiento público capaz de resguardar a las publicaciones de calidad.
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Escrito por Raúl Trejo Delarbre	Calderón: ocasión desperdiciada
Zócalo, noviembre de 2007
Si se le evaluara a partir del comportamiento de los legisladores de su partido en la reciente reforma constitucional, podría considerarse que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto tener una postura crítica, reclamante e incluso reformadora respecto de los grandes consorcios de la radiodifusión. Es imposible suponer que la muy activa participación de los senadores del PAN en el diseño y la defensa de la reforma constitucional en materia electoral, que incluyó un amplio y novedoso apartado para disminuir el poder que los medios habían alcanzado como espacios y árbitros de la competencia política, no haya tenido la anuencia del titular del Poder Ejecutivo. Aunque la responsabilidad de lo que dijeron e hicieron hay que atribuírselas plenamente a esos legisladores, se puede presumir que durante el proceso de discusión en el Congreso mantuvieron una estrecha comunicación con el presidente Calderón.
Pero si se le justiprecia a partir de las intervenciones públicas que tuvo en las semanas posteriores a la votación de esas reformas constitucionales, particularmente en la conmemoración anual de los radiodifusores, habría que considerar que el discurso de Calderón es tan complaciente con esos industriales que resulta contradictorio con las reformas que han impulsado los legisladores del suyo y el resto de los partidos nacionales.
La Semana Nacional de la Radio y la Televisión ha sido siempre momento de reiteraciones o definiciones en la relación entre los empresarios de ese gremio y el gobierno. El pasado 10 de octubre se cumplían 5 años del decretazo que el presidente Vicente Fox y su esposa forzaron con tanto apremio que incluso dispusieron la publicación de una edición vespertina del Diario Oficial para que aquellas reformas fuesen un hecho a la hora en que se realizaba la comida auspiciada por los dueños de Televisa y otras empresas. La expedición de un nuevo (y todavía vigente) reglamento de Radio y Televisión así como la disminución del llamado tiempo fiscal a la décima parte de los espacios que había significado desde 1969, fueron un inopinado obsequio del matrimonio Fox a los dueños de la televisión privada.
Quizá por la coincidencia de esa fecha, pero sobre todo debido a que la reforma constitucional acerca de los procesos electorales estaba muy reciente y no se habían conocido definiciones suyas acerca de esos cambios, el discurso se Calderón era muy esperado este 10 de octubre. Acaso tal expectativa creó un contexto de exigencias con las que ese mensaje no cumplió.
Buena parte de aquel discurso estuvo aderezado de lugares comunes que en nada resultaron diferentes a los discursos que cada año, en las mismas fechas, les ofrecían a los radiodifusores los presidentes priistas. “Su labor contribuye a la construcción de identidad, a la unidad y a la integración de todos los mexicanos”, “la libertad de expresión debe estar asociada íntimamente al respeto a los demás y a la responsabilidad con México”, “la relación del Estado con los medios de comunicación debe basarse en el respeto mutuo”, “estamos obligados a escuchar la voz de la ciudadanía”, etcétera. Cada uno de tales postulados es reivindicable desde las posiciones políticas más diversas. Pero se quedan en palabras huecas, o escasamente útiles, cuando no están acompañados por medidas específicas para que esas responsabilidades de la radiodifusión puedan cumplirse.
Intenciones sin proyecto
Y eso es, precisamente, lo que se está dirimiendo ahora en México. Después de la reforma constitucional, que implicó un fuerte enfrentamiento entre la clase política y el poder mediático, el Congreso tiene que revisar el Código Electoral –en donde habrá un capítulo destinado a regular la utilización de tiempos oficiales para difundir mensajes de propaganda política– y más adelante, de acuerdo con el calendario anunciado por los legisladores, vendrá la actualización de las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión.
Podría suponerse que el presidente Calderón quiso ser en extremo discreto y por eso no aludió a esos procesos legislativos en su encuentro con los radiodifusores. Pero también es posible considerar que el titular del Ejecutivo, tan dispuesto como se encuentra recientemente para exigir (a veces no sin razones) que distintos sectores de la sociedad asuman responsabilidades jurídicas y éticas, no quiso responsabilizarse él mismo con una posición definida en este debate.
Calderón recordó los tres principios que en otra ocasión había señalado para el desarrollo de la radiodifusión y las telecomunicaciones: cobertura, convergencia y competencia. Así planteados, sin precisiones, resultan incuestionables. El crecimiento de ese sector en México y especialmente de las nuevas tecnologías en las que puede apoyarse hacen pertinente una visión integral, capaz de amalgamar capacidades de difusión con distintos cauces para la transmisión de mensajes.
Pero sin un marco legal a la vez moderno y que contenga principios generales para la regulación de los medios independientemente de las modalidades específicas que asuma la propagación de sus contenidos, seguiremos estando a la zaga no sólo del desarrollo tecnológico en otros países sino, antes que nada, del desempeño que ya mantienen las principales empresas de telecomunicaciones en México. Y si ese marco legal no tiene el explícito propósito de impulsar cobertura y convergencia para beneficio de la sociedad y no como vías para aumentar la exacción de sus recursos, no será la comunicación para la sociedad sino el negocio para quienes acaparan muchos medios en pocas manos lo que veamos ensancharse durante los años siguientes.
El presidente Calderón dijo que su gobierno desarrollará “la ampliación de las redes de Internet y de telefonía” pero no ha precisado cómo ni con qué parámetros. Recientemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que cuando termine el actual sexenio al menos 70% de los mexicanos tendrá acceso a Internet. Hoy en día apenas 20% de los habitantes en este país disfruta de ese privilegio.
Aumentar a la vez que mejorar la cobertura de la Red de redes parece fundamental. Si México lograse triplicar el acceso a Internet en los próximos 5 años habría alcanzado un hito mundial. Sin embargo tales metas quedarán ahogadas en la retórica, así como en el endémico mal de los proyectos sin contenido, a menos que existiera una auténtica política de Estado para desarrollar esa y otras áreas de las telecomunicaciones.
Para que nuestro país alcanzara ese objetivo en el siguiente lustro se necesitaría reorientar drásticamente la política de desarrollo de las telecomunicaciones y sustituir a Telmex por un esfuerzo que conjuntara recursos públicos con inversiones muy diversas. Pero más allá de los buenos propósitos del presidente Calderón y los anuncios triunfalistas de la SCT no se advierten, en el panorama actual, decisión ni propuestas gubernamentales para emprender esa revolución comunicacional.
Caravanas con refrendo ajeno
En vez de ofrecer una política de amplio aliento, al presidente Calderón le ha interesado paliar inquietudes de corto plazo de los radiodifusores. En su alocución del 10 de octubre les ofreció hacer “todo lo que esté a mi alcance para que puedan adoptarse los mejores estándares tecnológicos-digitales en los servicios de radiodifusión” y, por otra parte, establecer “procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones”.
El primer ofrecimiento se refiere a la indecisión que ha existido acerca del estándar que México adoptará para la conversión hacia la radio digital. Ni el gobierno, ni los radiodifusores mismos, han asumido una definición clara acerca de los modelos europeo y estadounidense (que describimos someramente en Zócalo de octubre de 2006) que suponen distintas tecnologías en cada caso. No es un asunto que pueda resolverse con la sola voluntad presidencial.
La promesa para que sean renovados los títulos de concesión que se encuentran vencidos, o que terminarán próximamente, tampoco depende de la decisión del titular del Ejecutivo. Aunque la decisión última acerca de esas renovaciones es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, existe un procedimiento que debe ser promovido por la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Si bien la Cofetel no es autónoma respecto del gobierno, sus comisionados tampoco están obligados a seguir puntualmente las instrucciones del presidente.
Además, una de las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia tomó en junio pasado acerca de las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión estableció que los refrendos de concesiones no serán automáticos. En una extensa argumentación a propósito del artículo 16 de la ley de Radio y Televisión, los ministros de la Corte establecieron que de la misma manera que el otorgamiento de nuevas concesiones tiene que pasar por una licitación, también en su renovación es necesario abrir la posibilidad de que concursen empresas distintas a las que son titulares de tales licencias. La evaluación que se realice acerca de su desempeño, le daría al concesionario una ventaja razonable al tramitar el refrendo del título de concesión. Pero no hay renovaciones inmediatas. El procedimiento para el refrendo tiene que ser conducido por la Cofetel a partir de reglas que deberán ser precisadas en la nueva legislación. El presidente Calderón no tiene en sus manos la capacidad administrativa ni existen los instrumentos jurídicos para que pueda cumplir con la promesa de revalidar todas las concesiones pendientes. Quiso lucirse con los radiodifusores haciendo caravana con refrendo ajeno.
Legalidad o advertencia
El presidente les obsequió otro guiño retórico a los concesionarios cuando se ufanó de haber cerrado, en los meses recientes, “más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal”. Durante largo tiempo esos empresarios han considerado que el espectro radioeléctrico es patrimonio suyo y se han encrespado cuando algunos ciudadanos o grupos sociales establecieron emisoras sin propósitos comerciales y que no siempre cumplieron los escabrosos procedimientos administrativos para obtener permiso de transmisiones. La mezquina causa contra las radiodifusoras comunitarias fue uno de los temas que cohesionó y le dio identidad a la CIRT durante los años recientes.
La aplicación de la ley siempre es deseable. Pero antes que nada es preciso que exista una legislación capaz de promover la diversidad y la equidad y eso es lo que apenas está por construirse para la radiodifusión.
Calderón afirmó: “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.
Los radiodifusores que le aplaudieron la tarde del 10 de octubre, en la conmemoración de la CIRT, pensaron que hacía alusión a las emisoras que hace varios meses fueron ocupadas por la APPO en Oaxaca. Pero en una lectura voluntarista, ingenua o pícara, La Jornada del día siguiente consideró que Calderón se refería al asalto que Televisión Azteca emprendió contra la antena del Canal 40 en diciembre de 2002.
La afirmación del presidente vale contra cualquier transgresión de la ley. Pero si tuviera la decisión de cumplir parejo con ese orden jurídico, de la misma manera que desalojó las estaciones ocupadas por militantes de oposición en Oaxaca el presidente Calderón tendría motivos de sobra para acotar los excesos propagandísticos, los engaños a televidentes y clientes de sus empresas, la promoción de la intolerancia y la distorsión de los acontecimientos que se han vuelto habituales en los canales concesionados a Ricardo Salinas Pliego.
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RT @pemex: Concluye revisión de la torre Pemex, conforme al protocolo de seguridad. Fue una falsa alarma 2 hours ago
Desalojan Torre Pemex por llamada con amenaza dice @EfektoNoticias 4 hours ago
RT @pemex: Ante amenaza, aplicamos protocolo de seguridad en la torre ejecutiva Pemex en la Ciudad de México 4 hours ago

References: Artículo 19
 Artículo 134
 artículo 49
 artículo 48
 Artículo 41
 artículo 49
 artículo 134
 Artículo 134
 artículo 134
 artículo 16