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Timestamp: 2018-09-22 02:19:25+00:00

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SENTENCIA SP6163-2015 DE 20 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:EL MÁXIMO DE CINCUENTA (50) AÑOS DE PRISIÓN, CONSTITUYE UN CRITERIO LEGAL VINCULANTE. SI POR VIRTUD DEL ARTÍCULO 230 SUPERIOR, LOS JUECES EN SUS PROVIDENCIAS ESTÁN SOMETIDOS AL IMPERIO DE LA LEY, ES CLARO QUE EL MÁXIMO DE CINCUENTA (50) AÑOS DE PRISIÓN, CONSTITUYE UN CRITERIO LEGAL VINCULANTE, INCLUSO, CUANDO, LA APLICACIÓN DEL INCREMENTO, EN EL EXTREMO MÁXIMO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 890 EQUIVALENTE A LA MITAD, SUPERA ESE MONTO. AUNQUE, REFIRIÉNDOSE AL CONCURSO DE DELITOS, EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 599 DE 2000 ADMITE UN MÁXIMO PUNITIVO DE 60 AÑOS, LO CIERTO ES QUE, NO OPERA FRENTE A LOS PUNIBLES CONCURSANTES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS -A LOS QUE, SE INSISTE, SE APLICA EL MÁXIMO DE 50 AÑOS-, SINO COMO LÍMITE DE LOS REATOS UNA VEZ CONCURSADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, DEMANDA DE CASACIÓN, CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD, HOMICIDIO, FABRICACIÓN DE ARMAS DE FUEGO
Sentencia SP6163-2015/43.670 de mayo 20 de 2015
SP6163-2015
Rad.: Nº 43.670
(Aprobado Acta Nº 175)
Inadmitida la demanda promovida por la defensa técnica y agotado el trámite de insistencia, la Corte se centrará exclusivamente en el tema enunciado en Auto AP-1923-2015, esto es, en verificar si, al dosificar la pena de prisión, los juzgadores ignoraron el límite máximo previsto en el artículo 37 del Código Penal de cincuenta (50) años y, con ello, transgredieron el principio de legalidad de la pena.
Al respecto, observa la Sala que, J. A. L. y H. D. J. L. fueron acusados y sentenciados por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
A efecto de tasar la pena, el juez de la causa aseveró que la primera de las conductas punibles mencionadas (artículos 103 y 104, numeral 7º del Código Penal) está sancionada con pena de 400 a 720 meses de prisión, con ocasión del incremento autorizado por el precepto 14 de la Ley 890 de 2004.
Ahora, una vez establecidos los cuartos de movilidad, el fallador le impuso a los procesados, dentro del primero —entre 400 y 480 meses—, una pena de 440 meses, toda vez que estimó, erradamente, que habiendo sido deducida, en la acusación, la circunstancia de mayor punibilidad descrita en el numeral 10 del artículo 58 ejusdem, debía situarse en ese rango, monto aquel al que le incrementó 24 meses, por razón del concurso heterogéneo con el punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, para un gran total de 464 meses o, lo que es igual, 38 años y 8 meses.
Recurrido el fallo por la Fiscalía, en procura de que, conforme a las reglas del artículo 61 ibidem, la pena fuera tasada en el segundo ámbito de movilidad, el Tribunal accedió, acertadamente, a corregir el desafuero de su inferior consistente en no tasar la sanción dentro de los cuartos medios, habida cuenta la presencia de una circunstancia de mayor punibilidad; no obstante, en el propósito de redosificar la sanción aflictiva de la libertad, perdió de vista que el aumento de que trata el canon 14 de la Ley 890 de 2004 está sometido a la limitación general punitiva, señalada en el precepto 37 de la Ley 599 de 2000.
En verdad, se tiene que, si bien el referido precepto 14 autorizó un aumento equivalente a la tercera parte del mínimo y la mitad del máximo para los injustos cometidos en vigencia de la Ley 906 de 2004, lo cierto es que esta norma debe interpretarse de forma sistemática con el referido canon, modificado por el 2º de la Ley 890 de 2004, según el cual “[l]a pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso”, y el inciso 2º del canon 31 del mismo estatuto sustantivo, modificado por el 1º de la Ley 890 de 2004, que prevé que, “[e]n ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de sesenta (60) años”.
Esto, por disposición expresa del mismo artículo 14 de la Ley 890 que, no obstante consagró dicho aumento general de pena, determinó, igualmente, que en todo caso su aplicación “deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la presente ley”.(15)
Si por virtud del artículo 230 Superior, los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley, es claro que el máximo de cincuenta (50) años de prisión, constituye un criterio legal vinculante, incluso, cuando, como aquí ocurre, la aplicación del incremento, en el extremo máximo del artículo 14 de la Ley 890 -equivalente a la mitad-, supera ese monto.
Aunque, refiriéndose al concurso de delitos, el artículo 31 de la Ley 599 de 2000 admite un máximo punitivo de 60 años, lo cierto es que, no opera frente a los punibles concursantes individualmente considerados —a los que, se insiste, se aplica el máximo de 50 años—, sino como límite de los reatos una vez concursados.
En este sentido, se pronunció la Sala en sentencia CSJ SP, 28 may. 2008, rad. 29.341:
La Corte precisa que la frontera de los cincuenta (50) años de prisión se deberá respetar para efectuar el cómputo de la pena para cada delito, así se trate de ilícitos concurrentes, esto es, al momento de individualizar la sanción para cada uno de ellos, en tanto que la limitante de los sesenta (60) años prevista para los casos de concurso de hechos punibles tendrá que ver ya con la suma jurídica de las sanciones por tales ilícitos concursales.
Por lo mismo, una pena de prisión cuantificada que exceda el máximo temporal de los cincuenta (50) años desconoce ese límite fijado por el legislador y da al traste con el principio de legalidad, amén de constituirse en una pena ilegal.
En el asunto de la especie, si bien el ad quem corrigió el yerro del a quo derivado de ubicar en el primer cuarto la sanción por el homicidio agravado, cuando lo propio era situarse en los rangos medios, avaló, erradamente, la tesis del juez de conocimiento, en el sentido que el injusto de homicidio agravado prevé una pena de 400 a 720 meses de prisión, superando, de esta forma, el máximo punitivo legal de 600 meses o 50 años.
Para restablecer la garantía conculcada, la Sala empezará por reconfigurar el ámbito de movilidad respectivo:
Primero(16) Segundo Tercero Cuarto
400 m.-450 m. 450 m. 1 d.–500 m. 500 m. 1 d.–550 m. 550 m. 1 d. – 600 m.
Hecho lo anterior, para fijar la sanción correspondiente, se debe acudir al principio de proporcionalidad, eso sí, sin dejar de lado el criterio empleado por el Tribunal, atendiendo que, por el delito base, esa colegiatura optó por imponerle al enjuiciado dentro del segundo cuarto(17) —entre 480 meses 1 día a 560 meses(18)— una sanción superior al mínimo del mismo —481 meses—.
En este punto, se ofrece oportuno reconvenir al juez plural por concebir, con el propósito de que el nivel más alto de un cuarto no coincida con el más bajo del siguiente rango, que el incremento temporal se debe hacer en meses y no en días —como sería lo correcto—, bajo la frágil excusa que ello permitiría un manejo más fácil, pues es claro que tal postura resulta ser gravosa al sentenciado, en la medida que comporta un incremento injustificado de 29 días en el extremo mínimo de cada cuarto.
Es así que, no resultaba válido sostener, en el asunto examinado, que el segundo cuarto partía de 481 meses —claro está con los márgenes mal confeccionados por la vulneración del artículo 37 del Código Penal— sino que, de ser el caso, aquel avanzaría desde los 480 meses, 1 día. Y, con la misma lógica, es claro que, entonces, el verdadero segundo cuarto parte de 450 meses y 1 día y no de 451 meses, como lo sería bajo el criterio de la magistratura.
Ahora, para continuar con el ejercicio dosimétrico se tiene que, atendiendo la gravedad del punible de homicidio agravado, en un rango de 80 meses(19) el ad quem incrementó 1 mes, el que en un ámbito —correcto— de 49.97 meses(20), equivale a 0,62 meses(21), que sumados al mínimo de 450.03 meses, alcanzan el valor de 450,65 meses.
En este punto, podría argumentarse que, una vez ajustados los cuartos al postulado de legalidad, los 481 meses fueron determinados por el fallador colegiado dentro del segundo cuarto, en la medida que, como se vio, este oscila entre 450 a 500 meses, ámbito en el que, de cualquier manera, se debía fijar la pena.
Sin embargo, es claro que, no es lo mismo individualizar la sanción, en un rango de 80 meses que en uno de 50, luego, es inevitable concluir que, el respeto irrestricto de la regla de la pena máxima, proporciona un resultado punitivo benigno a los condenados.
Aclarado este aspecto, a dicha cantidad (450.65 meses), es indispensable agregar la correspondiente al delito concursante: porte ilegal de armas de fuego de defensa personal que, para la época de los hechos, tenía descrita una pena de prisión de 4 a 8 años.
Puestas así las cosas, se debe proseguir advirtiendo que al momento de efectuar el concurso de conductas punibles entre homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, los jueces impusieron por el segundo de los comportamientos delictivos mencionados 24 meses, monto que, conforme al principio de proporcionalidad, se traduce en 22.48(22) meses, que sumados a 450.25 meses del delito base, alcanza un resultado final de 473.13 (450.65 + 22.48), es decir, 473 meses y 3 días.
Este es, pues, el monto de pena que debe descontar J. A. L., con ocasión de la pena aflictiva de la libertad, en lugar de los 505 meses (42 años y 1 mes) impuestos en el fallo de segunda instancia.
Adviértase, además, que esta decisión se hace extensiva al coprocesado no recurrente H. D. J. L., quien fuera condenado por los mismos delitos e igual grado de participación que J. A. L.
1. Casar oficiosa y parcialmente la sentencia dictada el 4 de diciembre de 2013 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, en el sentido de imponer a J. A. L. y H. D. J. L. la pena de 473 meses y 3 días de prisión. En lo demás, se mantiene incólume.
15 Es decir, el artículo 37 del Código Penal
16 Las siglas son como siguen: m. (meses); d. (día).
17 Habida cuenta que en contra de los acusados solo se dedujo la circunstancia de mayor punibilidad, consistente en la coparticipación criminal (artículo 58.10 del Código Penal).
18 Teniendo como márgenes generales de la infracción 400 a 720 meses de prisión.
19 La operación matemática es la siguiente: 480 meses (-) 400 meses = 80 meses.
20 Provenientes de restar 450.03 meses a 500 meses.
21 La operación matemática es la siguiente: 49.97 meses x 1 mes ÷ 80 meses = 0.62 meses.
22 La operación aritmética es la que sigue: 450.65 x 24 ÷ 481 = 22.48.

References: ARTÍCULO 230
 ARTÍCULO 14
 ARTÍCULO 31
 artículo 37
 artículo 58
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 artículo 2
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