Source: https://gradoceroprensa.wordpress.com/2017/07/24/responsabilidad-de-los-servidores-publicos-2/
Timestamp: 2017-08-22 07:14:01+00:00

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Responsabilidad de los Servidores Públicos – Grado Cero Prensa
Por Eduardo Miguel Santiago Cruz
Etimológicamente, la palabra responsabilidad proviene de la raíz latina spondeo, de la voz responde, que significa responder, es decir, estar obligado. La voz responsabilidad proviene de responder que significa interalia: prometer, merecer, pagar, así responsalis significa: el que responde.
En un sentido más restringido responsum (responsable significa: el obligado a responder de algo o de alguien). Respondere se encuentra estrechamente relacionada con la expresión solemne en la forma de la stipuilation, por la cual alguien asumiría una obligación.
Conforme a la dogmática jurídica, un individuo es responsable, cuando de acuerdo con el orden jurídico es susceptible de ser sancionado, es decir, que un servidor público debe de pagar o responder por los actos indebidos o ilícitos, según lo establezcan las leyes.
En este sentido la responsabilidad supone un deber del cual debe de responder el individuo. Sin embargo; no se debe de confundir con él, porque el deber o la obligación es la conducta que de acuerdo con un orden jurídico, se debe de hacer o de omitir, quien la debe hacer u abstenerse de hacerla es el sujeto obligado.
Entonces la responsabilidad presupone, esta obligación, pero de ninguna forma se confunde con ella, ya que la responsabilidad señala quien debe de responder del cumplimiento de la obligación de aquí que es, responsable de un delito aquel individuo que lo comete y como consecuencia en el recae la sanción por el delito que se le imputa.
Existen dos tipos de aplicar la responsabilidad:
La responsabilidad por culpa: Se refiere a la aplicación de la sanción al individuo considerado como culpable, es decir; que se aplica la sanción cuando el responsable tuvo la intención de cometer el hecho ilícito; o bien, que habiéndolo previsto no lo impidió.
La responsabilidad objetiva o absoluta; Sucede lo contrario, a ésta no le interesa la culpa del individuo, basta con el hecho; ilícito se realice con o sin culpa para que se apliquen las sanciones correspondientes al individuo que es responsable.
Finalmente, llegamos a la conclusión que en un régimen democrático todos los servidores públicos deben de actuar bajo el principio de legalidad, es decir, que todos sus actos deben ser estrictamente conforme a la ley con el objetivo de contribuir al bien común, por lo tanto, el trabajador al servicio del estado en el desempeño de su encargo debe de conducirse a favor del interés público anteponiendo al personal, ya que están obligados a proteger, mejorar o fomentar a este interés público, de acuerdo con las facultades concedidas para cumplir con ello dentro de las áreas de su competencia.
De no hacerlo así se puede incurrir en delitos o faltas que provocan diversos tipos de responsabilidad en todos los niveles o jerarquías como; la política, la administrativa, la penal, y la civil, que se pueden hacer valer de instancias de parte o de oficio según lo establezcan las leyes correspondientes.
SUJETOS DE RESPONSABILIDAD OFICIAL.
El constituyente de 1917 dedica el titulo cuarto de la Carta Magna a las responsabilidades de los funcionarios públicos. En 1940, se emite la ley de las responsabilidades de los funcionarios y empleados de la Federación, del departamento y territorios federales, la cual es abrogada por una ley publicada en diciembre de 1979 la que a su vez es suplida por la de 1982, actualmente en vigencia.
Una de las principales aportaciones de la reforma de 1982, es la agrupación de los sujetos considerados como servidores públicos para efectos de imputárseles precisamente las responsabilidades ya que anteriormente el texto constitucional sólo se refería a los altos funcionarios que incluían al Presidente de la República, Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretarios de despacho, Procurador General de la República, gobernadores y diputados locales, asimismo, en su artículo 111, solo encargaba al Congreso de la Unión la expedición de una ley de responsabilidades de todos los funcionarios y empleados de la Federación y del Distrito Federal.
Encontramos que en el titulo cuarto de nuestra Constitución vigente se especifican los sujetos:
Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
ARTICULO 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales.
Por Juicio Político se entiende el procedimiento materialmente jurisdiccional de carácter político instaurado por las cámaras del Congreso de Unión en contra de algún funcionario público mencionado en el articulo 110 constitucional por la comisión de conductas que originan responsabilidad política y que son violatorias de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho, para los funcionarios federales o por violaciones a la Constitución Federal y a las leyes que de ella emanen o por manejo indebido de recursos y fondos federales para los funcionarios estatales.
El Juicio Político implica el ejercicio de una función jurisdiccional llevada a cabo por un órgano político para remover o inhabilitar a cierto servidor público de alta jerarquía.
En efecto, por Juicio Político debe entenderse aquel procedimiento por virtud del cual el Congreso de la Unión, mediante sus órganos de instrucción (Cámara de Diputados) y de resolución de (Cámara de Senadores) sanciona a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de la Constitución General de la República con destitución del cargo público e inhabilitación, en su caso, para el ejercicio de empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando realicen actos u omisiones considerados como violaciones graves en términos de la ley.
La declaratoria de procedencia es un procedimiento que se deriva de la Responsabilidad Penal a la que se refieren los artículos 110,111, 112 y 114 párrafo segundo de la Constitución General de la República.
La declaratoria de procedencia la podemos definir como aquel procedimiento por virtud del cual la Cámara de Diputados en uso de sus facultades exclusivas determina el desafuero de los Servidores Públicos a que se refiere el artículo 111 de la Constitución General de la República por actos u omisiones que fueren considerados como presuntivamente delitos, contenidos y sancionados por las leyes penales y que hubieran sido cometidos en el ejercicio de sus funciones, teniendo como único efecto el poner a disposición del órgano jurisdiccional competente al servidor público para ser juzgado en términos de la legislación penal sus tentativas y adjetiva.
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References: artículo 111

Artículo 108
 artículo 108
 resolución 
 artículo 110
 artículo 111