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Timestamp: 2020-01-17 13:03:50+00:00

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Constitución de El Salvador de 1983
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR DE 16 DE DICIEMBRE DE 1983
DECRETO NÚMERO 38:
Nosotros, representantes del pueblo salvadoreño reunidos en Asamblea Constituyente, puesta nuestra confianza en Dios, nuestra voluntad en los altos destinos de la Patria y en ejercicio de la Potestad Soberana que el pueblo de El Salvador nos ha conferido, animados del ferviente deseo de establecer los fundamentos de la convivencia nacional con base en el respeto a la dignidad de la persona humana, en la construcción de una sociedad más justa, esencia de la democracia y al espíritu de libertad y justicia, valores de nuestra herencia humanista, decretamos, sancionamos y proclamamos la siguiente Constitución:
La persona humana y los fines del Estado.
Derechos individuales y su régimen de excepción.
La persona tiene derecho al Hábeas Corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad. También procederá el Hábeas Corpus cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas. (6)
Ningún órgano gubernamental, autoridad o funcionario podrá dictar órdenes de detención o de prisión si no es de conformidad con la ley, y estas órdenes deberán ser siempre escritas. Cuando un delincuente sea sorprendido infraganti, puede ser detenido por cualquier persona, para entregarlo inmediatamente a la autoridad competente.
Corresponde únicamente al Órgano Judicial la facultad de imponer penas. No obstante la autoridad administrativa podrá sancionar, mediante resolución o sentencia y previo el debido proceso, las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto hasta por cinco días o con multa, la cual podrá permutarse por servicios sociales prestados a la comunidad. (7)
La correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra. Se prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas.
Inciso 3.º SUPRIMIDO. (1)
El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron. Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas.(1)
2. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural.
6. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no excederá de ocho horas y la semana laboral de cuarenta y cuatro horas.
7. Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada semana laboral, en la forma que exija la ley.
8. Los trabajadores tendrán derecho a descanso remunerado en los días de asueto que señala la ley; ésta determinará la clase de labores en que no regirá ésta disposición, pero en tales casos, los trabajadores tendrán derecho a remuneración extraordinaria;
10. Los menores de catorce años, y los que habiendo cumplido esa edad sigan sometidos a la enseñanza obligatoria en virtud de la ley, no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo.
12. La ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos estarán obligados a pagar a sus trabajadores permanentes, que renuncien a su trabajo, una prestación económica cuyo monto se fijará en relación con los salarios y el tiempo de servicio.
La ley regulará las condiciones en que se celebrarán los contratos y convenciones colectivas de trabajo. Las estipulaciones que éstos contengan serán aplicables a todos los trabajadores de las empresas que los hubieren suscrito, aunque no pertenezcan al sindicato contratante, y también a los demás trabajadores que ingresen a tales empresas durante la vigencia de dichos contratos o convenciones. La ley establecerá el procedimiento para uniformar las condiciones de trabajo en las diferentes actividades económicas, con base en las disposiciones que contenga la mayoría de los contratos y convenciones colectivas de trabajo vigentes en cada clase de actividad.
Los trabajadores tienen derecho a la huelga y los patronos al paro. Para el ejercicio de estos derechos no será necesaria la calificación previa, después de haberse procurado la solución del conflicto que los genera mediante las etapas de solución pacífica establecidas por la ley. Los efectos de la huelga o el paro se retrotraerán al momento en que éstos se inicien.
Un Consejo Superior de Salud Pública velará por la salud del pueblo. Estará formado por igual número de representantes de los gremios médico, odontológico, químico-farmacéutico y médico-veterinario; tendrá un Presidente y un Secretario de nombramiento del Órgano Ejecutivo, quienes no pertenecerán a ninguna de dichas profesiones. La ley determinará su organización.
Los ciudadanos, sus derechos y deberes políticos y el cuerpo electoral.
5. Los funcionarios, las autoridades y los agentes de éstas que coarten la libertad del sufragio.
En el territorio de la República se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley. La base del sistema electoral es la población. (1)
El Presidente y Vicepresidente de la República, los Diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano y los Miembros de los Concejos Municipales, son funcionarios de elección popular. (1)
Los ministros de cualquier culto religioso, los miembros en servicio activo de la Fuerza Armada y los miembros de la Policía Nacional Civil no podrán pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de elección popular. (1)
3. Los originarios de los demás Estados que constituyeron la República Federal de Centro América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen.
El Estado fomentará el establecimiento, financiación y desarrollo de la agro-industria, en los distintos departamentos de la República, a fin de garantizar el empleo de mano de obra y la transformación de materias primas producidas por el sector agropecuario nacional.
Serán fomentadas y protegidas las asociaciones de tipo económico que tiendan a incrementar la riqueza nacional mediante un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y humanos, y a promover una justa distribución de los beneficios provenientes de sus actividades. En esta clase de asociaciones, además de los particulares, podrán participar el Estado, los municipios y las entidades de utilidad pública.
Órganos de gobierno, atribuciones y competencias
1. El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y Vice-ministros de Estado, el Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de los organismos electorales, los militares de alta, y en general, los funcionarios que ejerzan jurisdicción;
3. Los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del Municipio, sus cancioneros y los que, de resultas de tales obras o empresas tengan pendientes reclamaciones de interés propio;
Los Diputados no podrán ser contratistas ni cancioneros de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del Municipio; ni tampoco obtener concesiones del Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, ni aceptar ser representantes o apoderados administrativos de personas nacionales o extranjeras que tengan esos contratos o concesiones.
No obstante, podrán desempeñar los cargos de Ministros o Vice-ministros de Estado, Presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas, Jefes de Misión Diplomática, Consular o desempeñar Misiones Diplomáticas Especiales. En estos casos al cesar en sus funciones se reincorporarán a la Asamblea, si todavía está vigente el período de su elección.
3. Cuando renunciaren sin justa causa calificada como tal por la Asamblea.
3. Conocer de las renuncias que presentaren los Diputados, admitiéndolas cuando se fundaren en causas justas legalmente comprobada;
10. Aprobar su presupuesto y sistema de salarios, así como sus reformas consultándolos previamente con el Presidente de la República para el solo efecto de garantizar que existan los fondos necesarios para su cumplimiento. Una vez aprobado dicho presupuesto se incorporará al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública;
11. Decretar de una manera general, beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza, para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios;
17. Elegir, para todo el período presidencial respectivo, en votación nominal y pública, a dos personas que en carácter de Designados deban ejercer la Presidencia de la República, en los casos y en el orden determinados por esta Constitución;
19. Elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Fiscal General de la República, Procurador General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y Miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. (1)
22. Conceder, a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a la Patria.
No obstante, se prohíbe que tales títulos, distinciones y gratificaciones se concedan, mientras desempeñen sus cargos, a los funcionarios siguientes: Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros y Vice-ministros de Estado, Diputados a la Asamblea Legislativa, y Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia;
27. Suspender y restablecer las garantías constitucionales de acuerdo con el Artículo 29 de esta Constitución, en votación nominal y pública, con los dos tercios de votos, por lo menos, de los Diputados electos;
36. Recibir el informe de labores que debe rendir el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Presidente de la Corte de Cuentas de la República y el Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador; (1)
37. Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los Ministros de Estado; o a los organismos correspondientes, la de funcionarios de instituciones oficiales autónomas, cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación, en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia de Estado por causa de graves violaciones de los Derechos Humanos; (1)
Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de Instituciones Oficiales Autónomas y los Miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa; y la comparecencia y declaración de aquéllos así como las de cualquier otra persona, requerida por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial.
La ley, su formación, promulgación y vigencia.
Todo proyecto de ley que se apruebe deberá estar firmado por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva. Se guardará un ejemplar en la Asamblea y se enviarán dos al Presidente de la República. (1)
Todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de diez días hábiles al Presidente de la República, y si éste no tuviere objeciones, le dará su sanción y lo hará publicar como Ley. (1)
No será necesaria la sanción del Presidente de la República en los casos de los ordinales 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 32.º, 34.º, 35.º, 36.º y 37.º del Artículo 131 de esta Constitución y en los antejuicios en que conozca la Asamblea. (1)
Si el Presidente de la República no encontrare objeción al proyecto recibido, firmará los dos ejemplares, devolverá uno a la Asamblea dejará el otro en su archivo y hará publicar el texto como ley en el órgano oficial correspondiente. (1)
Cuando el Presidente de la República vetare un proyecto de ley, lo devolverá a la Asamblea dentro de los ocho días hábiles siguientes al de su recibo, puntualizando las razones en que funda su veto; si dentro del término expresado no lo devolviere se tendrá por sancionado y lo publicará como ley. (1)
Si lo devolviere con observaciones, la Asamblea las considerará y resolverá lo que crea conveniente por la mayoría establecida en el Artículo 123, y lo enviará al Presidente de la República, quien deberá sancionarlo y mandarlo a publicar. (1)
Cuando la devolución de un proyecto de ley se deba a que el Presidente de la República lo considera inconstitucional y el Órgano Legislativo lo ratifica en la forma establecida en el Artículo que antecede, deberá el Presidente de la República dirigirse a la Corte Suprema de Justicia dentro del tercer día hábil, para que ésta oyendo las razones de ambos, decida si es o no constitucional, a más tardar dentro de quince días hábiles. Si la Corte decidiere que el proyecto es constitucional, el Presidente de la República estará en la obligación de sancionarlo y publicarlo como ley. (16)
El término para la publicación de las leyes será de quince días hábiles. Si dentro de ese término el Presidente de la República no las publicare, el Presidente de la Asamblea Legislativa lo hará en el Diario Oficial o en cualquier otro diario de mayor circulación de la República. (17)
El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y Vice-ministros de Estado y sus funcionarios dependientes, integran el Órgano Ejecutivo.
4. El que haya sido Ministro, Vice-ministro de Estado o Presidente de alguna Institución Oficial Autónoma y el Director General de la Policía Nacional Civil, dentro del último año del período presidencial inmediato anterior; (1)
7. Las personas comprendidas en los ordinales 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º del Artículo 127 de esta Constitución.
Para la gestión de los negocios públicos habrá las Secretarías de Estado que fueren necesarias, entre las cuales se distribuirán los diferentes Ramos de la Administración. Cada Secretaría estará a cargo de un Ministro, quien actuará con la colaboración de uno o más Vice-ministros. Los Vice-ministros sustituirán a los Ministros en los casos determinados por la ley.
La Policía Nacional Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, así como la colaboración en el procedimiento de investigación del delito, y todo ello con apego a la ley y estricto respeto a los Derechos Humanos. (2) (9)
Para ser Ministro o Vice-ministros de Estado se requiere ser salvadoreño por nacimiento, mayor de veinticinco años de edad, del estado seglar, de moralidad e instrucción notorias; estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores a su nombramiento.
No podrán ser Ministros ni Vice-ministros de Estado las personas comprendidas en los ordinales 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º, del Artículo 127 de esta Constitución.
Corresponde al Presidente de la República nombrar, remover, aceptar renuncias y conceder licencias a los Ministros y Vice-ministros de Estado, así como al Jefe de Seguridad Pública y al de Inteligencia de Estado. (2)
Los decretos, acuerdos, órdenes y providencias del Presidente de la República deberán ser refrendados y comunicados por los Ministros en sus respectivos Ramos o por los Vice-ministros en su caso. Sin estos requisitos no tendrán autenticidad legal. (1)
3. Elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y presentarlo a la Asamblea Legislativa, por lo menos tres meses antes de que se inicie el nuevo ejercicio fiscal.
6. Presentar por conducto de los Ministros, a la Asamblea Legislativa, dentro de los dos meses siguientes a la terminación de cada año, el informe de labores de la Administración Pública en el año transcurrido. El Ministro de Hacienda presentará además, dentro de los tres meses siguientes a la terminación de cada período fiscal, la cuenta general del último presupuesto y el estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del Patrimonio Fiscal.
11. Organizar, conducir y mantener la Fuerza Armada, conferir los Grados Militares y ordenar el destino, cargo, o la baja de los Oficiales de la misma, de conformidad con la Ley;
12. Disponer de la Fuerza Armada para la Defensa de la Soberanía del Estado, de la Integridad de su Territorio. Excepcionalmente, si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada para ese fin. La actuación de la Fuerza Armada se limitará al tiempo y a la medida de lo estrictamente necesario para el restablecimiento del orden y cesará tan pronto se haya alcanzado ese cometido. El Presidente de la República mantendrá informada sobre tales actuaciones a la Asamblea Legislativa, la cual podrá, en cualquier momento, disponer el cese de tales medidas excepcionales. En todo caso, dentro de los quince días siguientes a la terminación de éstas, el Presidente de la República presentará a la Asamblea Legislativa, un informe circunstanciado sobre la actuación de la Fuerza Armada;
17. Organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural, con estricto apego al respeto a los Derechos Humanos y bajo la dirección de autoridades civiles;
18. Organizar, conducir y mantener el Organismo de Inteligencia del Estado;
19. Fijar anualmente un número razonable de efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil;
20. Ejercer las demás atribuciones que le confieren las Leyes. (2)
El Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los Ministros y los Vice-ministros de Estado, son responsables solidariamente por los actos que autoricen. De las resoluciones tomadas en Consejo de Ministros, serán responsables los Ministros presentes o quienes hagan sus veces, aunque hubieren salvado su voto, a menos que interpongan su renuncia inmediatamente después de que se adopte la resolución.
La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el Hábeas Corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo a que se refiere el Artículo 138 y las causas mencionadas en la atribución 7.ª del Artículo 182 de esta Constitución.
Son requisitos mínimos para ser Juez de Paz: ser salvadoreño, abogado de la República, del estado seglar, mayor de veintiún años, de moralidad y competencia notorias; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores a su nombramiento. Los Jueces de Paz estarán comprendidos en la carrera judicial. (1)
7. Conocer de las causas de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía en los casos comprendidos en los ordinales 2.º y 4.º del Artículo 74 y en los ordinales 1.º, 3.º, 4.º y 5.º del Artículo 75 de esta Constitución, así como de la rehabilitación correspondiente;
9. Nombrar a los Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz de las ternas que le proponga el Consejo Nacional de la Judicatura; a los Médicos Forenses y a los empleados de las dependencias de la misma; removerlos, conocer de sus renuncias y concederles licencias. (1)
12. Practicar recibimientos de abogados y autorizarlos para el ejercicio de su profesión; suspenderlos por incumplimiento de sus obligaciones profesionales, por negligencia o ignorancia graves, por mala conducta profesional, o por conducta privada notoriamente inmoral; inhabilitarlos por venalidad, cohecho, fraude, falsedad y otro motivos que establezca la ley y rehabilitarlos por causa legal. En los casos de suspensión e inhabilitación procederá en la forma que la ley establezca, y resolverá con sólo robustez moral de prueba. Las mismas facultades ejercerá respecto de los notarios;
Los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos y destituidos por la Asamblea Legislativa con el voto calificado de las dos terceras partes de los Diputados electos. (1)
La calidad de Magistrado o de Juez es incompatible con el ejercicio de la abogacía y del notariado, así como con la de funcionario de los otros Órganos del Estado, excepto la de docente y la de diplomático en misión transitoria. (1)
El Ministerio Público será ejercido por el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos humanos y los demás funcionarios que determine la ley. (1)
El Fiscal General de la República, el Procurador General de la República y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, serán elegidos por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada de los dos tercios de los Diputados electos. (1)
2. Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad. (1)
3. Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley. (1)
4. Promover la acción penal de oficio o a petición de parte. (1)
6. Promover el enjuiciamiento y castigo de los indiciados por delitos de atentados contra las autoridades, y de desacato;
8. Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar denuncias a los Fiscales de la Corte Suprema de Justicia, de las Cámaras de Segunda Instancia, de los Tribunales Militares y de los tribunales que conocen en primera instancia, y a los Fiscales de Hacienda. Iguales atribuciones ejercerá respecto de los demás funcionarios y empleados de su dependencia;
9. DEROGADO; (1)
11. Ejercer las demás atribuciones que establezca la Ley. (1) (11)
A. Corresponde al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos:
1. Velar por el respeto y la garantía a los Derechos Humanos;
2. Investigar de oficio o por denuncia que hubiere recibido, casos de violaciones a los Derechos Humanos;
3. Asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos;
4. Promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los Derechos Humanos;
5. Vigilar la situación de las personas privadas de su libertad. Será notificado de todo arresto y cuidará que sean respetados los límites legales de la detención administrativa;
6. Practicar inspecciones, donde lo estime necesario, en orden a asegurar el respeto a los Derechos Humanos;
7. Supervisar la actuación de la Administración Pública frente a las personas;
8. Promover reformas ante los Órganos del Estado para el progreso de los Derechos Humanos;
9. Emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los Derechos Humanos;
10. Promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los Derechos Humanos;
11. Formular conclusiones y recomendaciones pública o privadamente;
12. Elaborar y publicar informes;
13. Desarrollar un programa permanente de actividades de promoción sobre el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos;
14. Las demás que le atribuyen la Constitución o la Ley.
B. Corresponde al Procurador General de la República:
2. Aprobar toda salida de fondos del Tesoro Público, de acuerdo con el presupuesto; intervenir en todo acto que de manera directa o indirecta afecte al Tesoro Público o al Patrimonio del Estado, y refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública;
4. Fiscalizar la gestión económica de las Instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del Erario o que reciban subvención o subsidio del mismo;
Las atribuciones 2.ª y 4.ª las efectuará de una manera adecuada a la naturaleza y fines del organismo de que se trate, de acuerdo con lo que al respecto determine la Ley; y podrá actuar previamente a solicitud del organismo fiscalizado, del superior jerárquico de éste o de oficio cuando lo considere necesario. (4)
1. Crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas para la realización de obras determinadas dentro de los límites que una ley general establezca.
La Fuerza Armada es una Institución permanente al Servicio de la Nación. Es obediente, Profesional, apolítica y no deliberante. (2)
La Fuerza Armada forma parte del Órgano Ejecutivo y está subordinada a la autoridad del Presidente de la República, en su calidad de Comandante General. Su estructura, régimen jurídico, doctrina, composición y funcionamiento son definidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones especiales que adopte el Presidente de la República. (2)
No estarán comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios o empleados que desempeñen cargos políticos o de confianza, y, en particular, los Ministros y Vice-ministros de Estado, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, los Secretarios de la Presidencia de la República, los Embajadores, los Directores Generales, los Gobernadores Departamentales y los Secretarios Particulares de dichos funcionarios.
Se prohíbe la huelga de los trabajadores públicos y municipales, lo mismo que el abandono colectivo de sus cargos.
4. Los derechos derivados de la aplicación de las leyes relativas a impuestos; tasas y demás contribuciones, así como los que por cualquier otro título le correspondan.
El Presidente y Vice-Presidente de la República, los Diputados, los Designados a la Presidencia, los Ministros y Vice-ministros de Estado, el Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras de Segunda Instancia, el Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y los representantes diplomáticos, responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan.
Alcances, aplicación, reformas y derogatorias.
El Hábeas Corpus puede pedirse ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o ante las Cámaras de Segunda Instancia que no residen en la capital. La resolución de la Cámara que denegare la libertad del favorecido podrá ser objeto de revisión, a solicitud del interesado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Derógase la Constitución promulgada por Decreto No. 6, de fecha 8 de enero de 1962, publicado en el Diario Oficial N.º 110, Tomo 194, de fecha 16 del mismo mes y año, adoptada por Decreto Constituyente N.º 3, de fecha 26 de abril de 1982, publicado en el Diario Oficial N.º 75, Tomo 275, de la misma fecha, su régimen de excepciones, así como todas aquellas disposiciones que estuvieren en contra de cualquier precepto de esta Constitución.
Disposiones transitorias.
El derecho establecido en el ordinal 12o del Artículo 38 de esta Constitución, tendrá aplicación hasta que sea regulado en la ley secundaria, la cual no podrá tener efecto retroactivo.
Se incorporan a este Título las disposiciones contenidas en el Decreto Constituyente N.º 36, de fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en el Diario Oficial N.º 225, Tomo 281 de fecha 5 de diciembre del mismo año.
Lo dispuesto en los ordinales 3.º, 4.º y 5.º del Artículo 152 de esta Constitución, no tendrá aplicación para la próxima elección de Presidente y Vicepresidente de la República, debiéndose estar a lo dispuesto en el Decreto Constituyente N.º 36, de fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en el Diario Oficial N.º 225, Tomo 281, de fecha 5 de diciembre del mismo año.
Los Vicepresidentes de la República continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta el día 31 de mayo de 1984, con las atribuciones que establece el Decreto Constituyente N.º 9, de fecha 6 de mayo de 1982, publicado en el Diario Oficial N.º 91, Tomo 275, de fecha 19 del mismo mes y año.
Las atribuciones, facultades y demás funciones que las leyes o reglamentos confieren a los Subsecretarios de Estado, serán ejercidas por los Vice-ministros de Estado, excepto la de formar parte del Consejo de Ministros, salvo cuando hicieren las veces de éstos.
Los Concejos Municipales nombrados de conformidad al Decreto Constituyente N.º 9 de fecha 6 de mayo de 1982, publicado en el Diario Oficial N.º 91, Tomo 275, de fecha 19 del mismo mes y año, durarán en sus cargos hasta el día treinta de abril de mil novecientos ochenta y cinco.
En caso de que se nombraren Ministros y Vice-ministros de Estado durante el período comprendido desde la fecha de vigencia de esta Constitución, hasta la fecha en que tomen posesión de sus cargos el Presidente y el Vicepresidente de la República, elegidos de conformidad al Decreto Constituyente N.º 36, de fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en el Diario Oficial N.º 225, Tomo 281, de fecha 5 de diciembre del mismo año, éstos deberán ser ratificados por la Asamblea Legislativa.
La creación, modificación y supresión de tasas y contribuciones públicas a que se refiere el ordinal 1.º del Artículo 204 de esta Constitución, serán aprobadas por la Asamblea Legislativa mientras no entre en vigencia la ley general a que se refiere la misma disposición constitucional.
Los Miembros del Consejo Central de Elecciones elegidos con base a los Decretos Constituyentes N.os 17 y 18, de fecha 3 de noviembre de 1982, publicados en el Diario Oficial N.º 203, Tomo 277, de fecha 4 del mismo mes y año, continuarán en sus funciones hasta el día 31 de julio de 1984.
En caso de que por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificados por la Asamblea Legislativa, no pudieren efectuarse las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República en la fecha señalada en el Decreto Constituyente N.º 36, de fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en el Diario Oficial N.º 225, Tomo 281, de fecha 5 de diciembre del mismo año, la misma señalará una nueva fecha. Tanto para la calificación del hecho como para el señalamiento de la nueva fecha de celebración de las elecciones, se necesitará el voto de las tres cuartas partes de los Diputados electos.
Dado en el salón de sesiones de la Asamblea Constituyente; Palacio legislativo: San Salvador, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.
Roberto D'Aubuisson Arrieta.- Presidente; Diputado por el Departamento de San Salvador.- Hugo Roberto Carrillo Corleto, Vice-Presidente, Diputado por el Departamento de Santa Ana.- María Julia Castillo Rodas, Vice-Presidente, Diputada por el Departamento de San Salvador.- Hugo César Barrera Guerrero, Primer Secretario, Diputado por el Departamento de San Salvador.- José Francisco Merino López, Primer Secretario, Diputado por el Departamento de San Miguel.- Rafael Morán Castaneda, Primer Secretario, Diputado por el Departamento de Ahuachapán.- Héctor Tulio Flores Larín, Segundo Secretario, Diputado por el Departamento de Usulután.- Antonio Genaro Pastore Mendoza, Segundo Secretario, Diputado por el Departamento de San Salvador.- Mercedes Gloria Salguero Gross, Segundo Secretario, Diputada por el Departamento de Santa Ana.- Alfonso Aristides Alvarenga, Diputado por el Departamento de San Salvador.- Rodolfo Antonio Castillo Claramount, Diputado por el Departamento de San Salvador.- Ricardo González Camacho, Diputado por el Departamento de San Salvador.- Guillermo Antonio Guevara Lacayo, Diputado por el Departamento de San Salvador.- José Humberto Posada Sánchez, Diputado por el Departamento de San Salvador.- Julio Adolfo Rey Prendes, Diputado por el Departamento de San Salvador.- Luis Nelson Segovia, Diputado por el Departamento de San Salvador.- Mauricio Armando Mazier Andino, Diputado por el Departamento de San Salvador.- Juan Antonio Martínez Varela, Diputado por el Departamento de San Salvador.- Félix Ernesto Canizales Acevedo, Diputado por el Departamento de Santa Ana.- Fantina Elvira Cortez y de Martínez, Diputada por el Departamento de Santa Ana.- Rafael Antonio Peraza Hernández, Diputado por el Departamento de Santa Ana.- Juan Ramón Toledo, Diputado por el Departamento de Santa Ana.- Carlos Alberto Funes, Diputado por el Departamento de San Miguel.- Herbert Prudencio Palma Duque, Diputado por el Departamento de San Miguel.- Rafael Soto Alvarenga, Diputado por el Departamento de San Miguel.- David Humberto Trejo, Diputado por el Departamento de San Miguel.- Ricardo Edmundo Burgos, Diputado por el Departamento de La Libertad.- Manuel Mártir Noguera, Diputado por el Departamento de La Libertad.- Juan Francisco Puquirre González, Diputado por el Departamento de La Libertad.- Liliana Rosa Rubio de Valdez, Diputada por el Departamento de La Libertad.- Héctor Manuel Araujo Rivera, Diputado por el Departamento de Usulután.- Luis Roberto Hidalgo Zelaya, Diputado por el Departamento de Usulután.- Ricardo Arnoldo Pohl Tavarone, Diputado por el Departamento de Usulután.- Ángel Armando Alfaro Calderón, Diputado por el Departamento de Sonsonate.- Hernán Antonio Castillo Garzona, Diputado por el Departamento de Sonsonate.- Carlos Alberto Madrid Zúniga, Diputado por el Departamento de Sonsonate.- Jorge Alberto Zelada Robredo, Diputado por el Departamento de Sonsonate.- Mauricio Adolfo Dheming Morrissey, Diputado por el Departamento de La Unión, José Septalín Santos Ponce, Diputado por el Departamento de La Unión.- Macla Judith Romero de Torres, Diputada por el Departamento de la Unión.- José Napoleón Bonilla Alvarado, Diputado por el Departamento de La Paz.- José Alberto Buendía Flores, Diputado por el Departamento de La Paz.- Jesús Alberto Villacorta Rodríguez, Diputado por el Departamento de La Paz.- Lucas Asdrúbal Aguilar Zepeda, Diputado por el Departamento de Chalatenango.- Carlos Arnulfo Crespín, Diputado por el Departamento de Chalatenango.- Pedro Alberto Hernández Portillo, Diputado por el Departamento de Chalatenango.- Marina Isabel Marroquín de Ibarra, Diputada por el Departamento de Cuscatlán.- Carmen Martínez Cañas de Lazo, Diputada por el Departamento de Cuscatlán.- Jorge Alberto Jarquín Sosa, Diputado por el Departamento de Cuscatlán.- Antonio Enrique Aguirre Rivas, Diputado por el Departamento de Ahuachapán.- Luis Ángel Trejo Sintigo, Diputado por el Departamento de Ahuachapán.- José Luis Chicas, Diputado por el Departamento de Morazán.- Alfredo Márquez Flores, Diputado por el Departamento de Morazán.- Ramiro Midence Barrios Zavala, Diputado por el Departamento de Morazán.- Óscar Armando Méndez Molina, Diputado por el Departamento de San Vicente.- José Armando Pino Molina, Diputado por el Departamento de San Vicente.- Daniel Ramírez Rodríguez, Diputado por el Departamento de San Vicente.- Mario Enrique Amaya Rosa, Diputado por el Departamento de Cabañas.- Jesús Dolores Ortiz Hernández, Diputado por el Departamento de Cabañas.- Roberto Ismael Ayala Echeverría, Diputado por el Departamento de Cabañas.
D. C. N.º 38, del 15 de diciembre de 1983, publicado en el D. O. N.º 234, Tomo N.º 281, del 16 de diciembre de 1983.
NOTAS SOBRE LAS REFORMAS.
(1) D. L. N.º 64, del 31 de octubre de 1991, publicado en el D. O. N.º 217, Tomo N.º 313, del 20 de noviembre de 1991.
Ratifícase el Artículo 38 del Acuerdo de Reformas Constitucionales N.º 1 de fecha 29 de abril de 1991, que contiene disposición transitoria, así:
Se elegirán los Magistrados del primer Tribunal Supremo Electoral a que se refiere el Artículo 208, dentro del plazo de noventa días a partir de la vigencia del decreto de ratificación, y durarán en sus funciones hasta el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cuatro.
Ratifícase el Artículo 38 (TRANSITORIO) del Acuerdo de Reformas Constitucionales N.º 3 de fecha 30 de abril de 1991, que contiene la adición de varios incisos, así:
ACUERDA: Adicionar al Artículo 38 (TRANSITORIO) del Acuerdo de Reformas Constitucionales N.º 1, de fecha 29 de abril del corriente año, los incisos siguientes:
Concluido el período señalado para este Primer Tribunal Supremo Electoral, los siguientes tribunales se integrarán conforme lo estipulado en el Artículo 208.
Ratifícase el Artículo 39 del Acuerdo de Reformas Constitucionales N.º 1, de fecha 29 de abril de 1991, que contiene disposición transitoria, de la manera siguiente:
La elección de los nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, conforme a la nueva organización de ésta, tendrá lugar dentro de los noventa días que precederán al vencimiento del ejercicio de los actuales Magistrados.
A los efectos de lo establecido en el Artículo 22 de este acuerdo para la elección de los Magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia la Asamblea Legislativa fijará el período de su mandato en tres, seis y nueve años.
Ratifícase el Artículo 40 del Acuerdo de Reformas Constitucionales N.º 1 de fecha 29 de abril de 1991, que contiene Disposición transitoria, de la manera siguiente:
Mientras no opere el órgano de investigación del delito que contempla el ordinal 3.º del Artículo 193 y no estén vigentes las leyes que desarrollen la atribución que en él se confiere al Fiscal General de la República, seguirán conociendo en la investigación del delito las mismas instituciones que de conformidad s sus respectivas leyes y el Código Procesal Penal tienen tales atribuciones, aplicando los procedimientos establecidos en las mismas.
Ratifícase el Artículo 41 del Acuerdo de Reformas Constitucionales N.º 1 de fecha 29 de abril de 1991, así:
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos creado por el presente Acuerdo, será elegido dentro de los noventa días siguientes a la ratificación de la reforma constitucional, por la Asamblea Legislativa que se instalará el 1.º de mayo de 1991.
Ratifícase el Artículo 42 del Acuerdo de Reformas Constitucionales N.º 1 de fecha 29 de abril de 1991, que contiene disposición transitoria, así:
La legislación secundaria en materia electoral será reformada dentro de los ciento ochenta días siguientes a la ratificación de la reforma constitucional por la Asamblea Legislativa que se instalará el 1º de mayo de 1991.
Ratifícase el Artículo 43 del Acuerdo de Reformas Constitucionales N.º 1 de fecha 29 de abril de 1991, que contiene disposición transitoria, de la manera siguiente:
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 4.º del Artículo 172, la asignación presupuestaria se hará efectiva en forma gradual, progresiva y proporcional hasta su total cobertura, en un plazo no mayor de cuatro años contados a partir de la vigencia del decreto correspondiente.
Ratifícase el Artículo 44 del Acuerdo de Reformas Constitucionales N.º 1 de fecha 29 de abril de 1991, que contiene disposiciones transitorias, así:
Los procesos pendientes que se estuvieren tramitando por Tribunales Militares especiales, en aplicación de la Ley Especial de Procedimientos que estaba prevista en el Artículo 30 de la Constitución; serán remitidos, junto con los imputados a los Tribunales comunes dentro de los ocho días siguientes a la vigencia del decreto de ratificación y serán aplicables a estos procesos las disposiciones del Código Procesal Penal.
El presente decreto entrará en vigencia el día treinta de noviembre de mil novecientos noventa y uno, previa publicación en el Diario Oficial el día veinte del mismo mes y año.
(2) D. L. N.º 152, del 30 de enero de 1992, publicado en el D. O. N.º 19, Tomo N.º 314, del 30 de enero 1992.
Ratifícase el Artículo 45 del Acuerdo de Reformas Constitucionales N.º 1 de fecha 29 de abril de 1991, que contiene Disposiciones transitoria, de la siguiente manera:
La adscripción de la Policía Nacional Civil al Ministerio que corresponda se llevará a cabo de conformidad a una ley en la que se determine entre otros asuntos, el plazo para ejecutarla, las entidades que participarán en el proceso, así como la distribución de medios materiales y personales entre los Ministerios que tendrán a su cargo la defensa nacional y la seguridad pública.
D. L. N.º 583, del 30 de junio de 1993, publicado en el D. O. N.º 139, Tomo 320, del 23 de julio de 1993. (fe de erratas).
(3) D. L. N.º 860, del 21 de abril de 1994, publicado en el D. O. N.º 88, Tomo 323, del 13 de mayo de 1994.
(4) D. L. N.º 165, del 20 de octubre de 1994, publicado en el D. O. N.º 196, Tomo 325, del 24 de octubre de 1994.
(5) D. L. N.º 166, del 20 de octubre de 1994, publicado en el D. O. N.º 196, Tomo 325, del 24 de octubre de 1994.
(6) D. L. N.º 743, del 27 de junio de 1996, publicado en el D. O. N.º 128, Tomo 332, del 10 de julio de 1996.
(7) D. L. N.º 744, del 27 de junio de 1996, publicado en el D. O. N.º 128, Tomo 332, del 10 de julio de 1996.
(8) D. L. N.º 745, del 27 de junio de 1996, publicado en el D. O. N.º 128, Tomo 332, del 10 de julio de 1996.
(9) D. L. N.º 746, del 27 de junio de 1996, publicado en el D. O. N.º 128, Tomo 332, del 10 de julio de 1996.
(10)D. L. N.º 747, del 27 de junio de 1996, publicado en el D. O. N.º 128, Tomo 332, del 10 de julio de 1996.
(11) D. L. N.º 748, del 27 de junio de 1996, publicado en el D. O. N.º 128, Tomo 332, del 10 de julio de 1996.
(12) D. L. N.º 541, del 3 de febrero de 1999, publicada en el D. O. N.º 32, Tomo 342, del 16 de febrero de 1999.
(13) D. L. N.º 871, del 13 de abril de 2000, publicado en el D. O. N.º 79, Tomo 347, del 28 de abril de 2000.
(14) D. L. N.º 872, del 13 de abril de 2000, publicado en el D. O. N.º 79, Tomo 347, del 28 de abril de 2000.
(15) D. L. N.º 873, del 13 de abril de 2000, publicado en el D. O. N.º 79, Tomo 347, del 28 de abril de 2000.
(16) D. L. N.º 874, del 13 de abril de 2000, publicado en el D. O. N.º 79, Tomo 347, del 28 de abril de 2000.
(17) D. L. N.º 875, del 13 de abril de 2000, publicado en el D. O. N.º 79, Tomo 347, del 28 de abril de 2000.
(18) D. L. N.º 56, del 6 de julio de 2000, publicado en el D. O. N.º 128, Tomo 348, del 10 de julio de 2000.
Constituciones americanas contemporáneasConstitucionalismo americano y salvadoreñoInstituciones constitucionales

References: resolución 
 Artículo 29
 resolución 
 Artículo 131
 Artículo 123
 Artículo 127
 Artículo 127
 Artículo 138
 Artículo 182
 Artículo 74
 Artículo 75
 resolución 
 Artículo 38
 Artículo 152
 Artículo 204
 Artículo 38
 Artículo 208
 Artículo 38
 Artículo 38
 Artículo 208
 Artículo 39
 Artículo 22
 Artículo 40
 Artículo 193
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 172
 Artículo 44
 Artículo 30
 Artículo 45