Source: http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_c/castro_campos_primitivo_jose.htm
Timestamp: 2017-11-22 22:08:56+00:00

Document:
Castro Campos Primitivo Jose
C.I.: 6.397.367-K
Primitivo Castro Campos, suboficial de Carabineros, fue condenado en 2007 a 5 años y 1 días por el homicidio de Carlos Fuentealba Herrera.
Se le conmutaron 17 meses y está hoy en libertad condicional.
Fuentes de Informacion: La Nacion; El Mostrador; Diario La Tribuna; Archivo Memoriaviva
Diariolatribuna.cl,
HERIDAS QUE COMIENZAN A CERRAR
Familia de angelino ejecutado durante Gobierno Militar logra hacer justicia
Responsable del homicidio de Carlos Roberto Fuentealba Herrera, muerto en 1974, deberá pasar 5 años y un día recluido luego de que se determinara que no actuó en legítima defensa, como argumentó. Más de treinta años después.
Dicen que la justicia tarda, pero llega y esta afirmación se aplica fielmente en el caso de Carlos Roberto Fuentealba Herrera, angelino ejecutado en Talca el año 1974, meses después de haber abandonado la capital provincial, cuando permanecía sumido en la clandestinidad para evitar que su militancia política significara su detención en aquellos turbulentos días.
Murió implicado en actos terroristas según la versión de la época, pero sus hijos, en ese entonces de cuatro, cinco y seis años de edad, jamás se conformaron con aceptar tal aseveración, pese a que nunca nadie, quiso darles mayores detalles respecto a lo sucedido realmente con su progenitor.
Es una historia compleja, pero quizás similar a la sufrida por muchas familias chilenas luego de la intervención militar de 1973. Carlos Fuentealba era militante comunista, y como trabajador de la planta Iansa de Los Ángeles también era dirigente en el sindicato de esta fábrica. Conocedor del destino que muchos de sus compañeros capturados habían corrido, este hombre decidió huir a Talca, capital de la Región del Maule. Su nombre figuraba entre los requeridos por los bandos militares para presentarse en el Regimiento de Los Ángeles y por su filiación política y su calidad de dirigente sindical corría serio riesgo. Así, en esa ciudad estuvo bajo cobijo seguro durante varios meses.
En Los Ángeles, en tanto, quedó su esposa junto a los tres pequeños niños, quienes desde ese momento debieron asimilar esta ausencia, que se extendería por el resto de sus vidas.
Esto, porque su madre, Lidia Cea Filla, les entregó una vez adolescentes sólo algunos detalles de lo acaecido durante esos meses en la clandestinidad, tiempo en el cual el fallecido trabajó en labores campestres, cerca de San Clemente. Les contó, por ejemplo, que ella visitó algunas veces a su marido en aquella localidad y que él, temerariamente, regresó a Los Ángeles para visitar a sus familiares, compañera y descendencia.
Ese relato tuvo una abrupta interrupción una noche de junio de 1974, cuando Fuentealba intentó evadir la acción de los efectivos policiales, y fue herido por un disparo de uno de ellos. El impacto, en pleno corazón, lo dejó tendido en la calle.
Una semana antes de su muerte, su mujer había sido capturada en Talca por la Policía de Investigaciones, que investigaban denuncias por infracción a la Ley de Control de Armas. Ocho días estuvo detenida, después de ser puesta a disposición de la Fiscalía Militar. El día en que fue puesta en libertad incondicional, el 26 de junio, se enteró del deceso de su esposo.
La más triste noticia, con la cual debió cargar desde entonces, y sobre la cual no quiso ahondar con su prole, a la que se dedicó a criar con absoluta dedicación. Sin embargo, y comprensiblemente, algo quedó en el alma de los tres descendientes, algo que se negó a aceptar que el único recuerdo al que podrían recurrir cuando se les preguntara sobre su padre sería el retrato que colgaba en una pared de su casa.
Así, los tres hijos, encabezados por Ana Fuentealba Cea, algunos años después de la muerte de su madre, ocurrida en 1997, emprendieron su cruzada en busca de la verdad y, por cierto, de la justicia. En concreto, el 2003, enviaron una carta al entonces Presidente Ricardo Lagos para lograr que se iniciara alguna acción, y así poder esclarecer las razones de su muerte.
Esto, porque los reportes oficiales publicados en ese entonces, catalogaron la muerte del angelino como la de un extremista abatido por Carabineros. Según se indicó, este sujeto portaba dinamita de alto poder, además de un capuchón rojo y la fotografía de Lenin al momento de su muerte, la cual fue originada por la reacción de uno de los carabineros, que actuó en legítima defensa.
La querella ante el juez exclusivo para casos de derechos humanos, Gerardo Bernales, estableció que el fallecimiento de Fuentealba no fue producto de un enfrentamiento, sino que fue uno más de los crímenes cometidos en ese oscuro periodo de la historia nacional, tal como lo consigna el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) y las declaraciones aportadas por familiares de la víctima que estuvieron presentes en la exhumación del cadáver. Según constataron estos testigos, los restos del hombre evidenciaban fracturas en el cráneo y heridas cortantes en distintas partes.
La querella presentada en 2003 por el abogado Roberto Celedón, por parientes de víctimas de otros tres casos ocurridos en la Región del Maule, y dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, comenzó a dar los dividendos esperados por este grupo de hermanos angelinos.
UNA RESOLUCIÓN QUE TRANQUILIZA
El veredicto dictaminado durante el primer semestre del 2006 por el juez del Tercer Juzgado del Crimen de Talca, Sergio Belmar, estableció la responsabilidad en calidad de autor de homicidio del ex funcionario de Carabineros, Primitivo José Castro Campos.
La decisión fue finalmente confirmada por la Corte de Apelaciones de esa ciudad y por la misma Corte Suprema, sobre la base de que el único implicado en este caso –el otro ya no está vivo- admitió haber tomado parte en la ejecución del ilícito de manera directa e inmediata.
Según consta en el texto de la resolución, de fecha 30 de abril de 2006, fueron desacreditaron los argumentos planteados por la defensa, que aseguraban que el ex uniformado actuó en legítima defensa.
El documento explicita la intencionalidad del hecho, al señalar que “está comprobado que el fallecido era buscado por agentes del Estado en razón de su opción política, y su muerte, de acuerdo al informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, corresponde a una víctima más de la violación de derechos humanos y de la violencia política”.
Sobre esos argumentos, el deceso de este angelino se enmarca en los crímenes denominados “de lesa humanidad”, es decir, aquellos que, dada su gravedad, implican una lesión para la humanidad entera y que por esa razón, deben recibir castigo.
Así las cosas, los jueces determinaron que no se aplica en esta causa la prescripción, en virtud de la serie de acuerdos firmados por nuestro país en esta materia, que se superpone al derecho interno.
Del mismo modo, la decisión de la Justicia también descartó la teoría de la “cosa juzgada”, es decir, que un mismo delito no puede ser sometido dos veces a examen. Ello, porque entre los elementos proporcionados por la defensa para sostener que este caso estaba sobreseído, sólo figuraba la identidad de la víctima, no así las circunstancias en que ésta dejó de existir, requisito esencial para ello.
Asimismo, el inculpado tampoco pudo probar que actuó en legítima defensa y los magistrados desvirtuaron la tesis que justificaba su accionar por la circunstancia de haber recibido órdenes superiores pues, según se lee en el documento “ellas no pueden comprender la de cometer delitos”.
De esta manera, Primitivo José Castro Campos ya está cumpliendo su condena en un centro de reclusión talquino, la cual implica un periodo de 5 años y un día.
Para Ana Fuentealba Cea, una de las hijas de este infortunado angelino, el camino recorrido hasta encontrar la verdad “ha sido doloroso, pero ha servido para limpiar el nombre de mi padre y también para tributar el esfuerzo, la dedicación y el sufrimiento que vivió nuestra madre, desde que quedó viuda a los 20 años de edad”.
Hoy de 39 años, a esta mujer le cuesta hablar de perdón para el verdugo de su progenitor, aunque asegura sentir pena por la situación de sus familiares, a quienes sólo vio en una ocasión. Respecto de ellos, puede hacer el ejercicio de ponerse en su lugar, por el hecho de haber vivido en carne propia el quedarse sin padre a tan temprana edad.
“Pero un crimen como el que él cometió, no podía quedar así”, entrega como última reflexión la vocera de esta familia de Los Ángeles, que muchas veces temió que la justicia jamás llegaría. Pero llegó.
Consejo Para la Transparencia, Marzo de 2012
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de septiembre de 2011 doña Mónica González
Mujica, en representación de la Fundación Centro de Investigaciones Periodísticas
(CIPER) , solicitó a la Subsecretaría de Justicia copia de la resolución mediante la cual se otorgó la libertad condicional, en mayo pasado, a los internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Punta Peuco Luis Fernando Romo Morales y Primitivo José Castro Campos, señalando que dicho beneficio fue concedido a través de la Secretaria Regional Ministerial de Justicia.
1) Que, en relación a los aspectos formales del procedimiento de oposición aplicado en la especie, los artículos 20, inciso tercero, y 16 de la Ley de Transparencia exigen que las respuestas denegatorias sean fundadas. Asimismo, la Instrucción General N°10 de este Consejo, sobre «Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información» (publicada en el Diario Oficial de 17.12.2011 y vigente en esta parte desde el 1° de marzo de 2012), establece en su apartado 2.4 que las respuestas denegatorias en caso de existir oposición de terceros exigen: «…comunicar al solicitante la circunstancia de haberse negado el tercero en tiempo y forma a la entrega de la información, otorgando copia de la oposición». Por tanto, si bien el procedimiento de comunicación a los terceros en este amparo se ha verificado con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada Instrucción, es menester hacer presente a la Subsecretaría de Justicia que deberá observar lo dispuesto en dicha Instrucción respecto de los procedimientos de oposición que lleve a cabo en el futuro.
3) Que, en cuanto la información requerida consiste en «resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial» han de presumirse públicos, al tenor delartículo 5° de la Ley de Transparencia, que desarrolla el artículo 8° de la Constitución Política de la República.
5) Que respecto de los datos personales relativos a condenas penales, el inciso primero del artículo 21 de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada y datos personales, dispone que: «Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena». Este Consejo ha establecido que los presupuestos que deben concurrir para aplicar esta hipótesis de secreto respecto de condenas penales son: a) Debe tratarse de «datos personales relativos a condenas por delitos». Es decir debe ser información relacionada con condenas por determinados delitos de personas naturales identificadas o identificables; y b) Las condenas a las que se relaciona la información deben encontrarse “cumplidas” o la pena asignada debe estar “prescrita”. Sin embargo, la Recomendación sobre Protección de Datos Personales de este Consejo, así como las decisiones recaídas en los amparos Roles C411-09, de 09.12.2009; C73-10, 20.07.2010; C339-10, de 07.12.2010; y C664-10, de 07.12.2010, permiten autorizar la comunicación de los datos referidos en el artículo 21 de la Ley N° 19.628 cuando así lo exija el interés público aplicando la Ley de Transparencia (numeral 6.3 de la Recomendación), lo que se ha denominado “test de interés público”.
8) Que, por otra parte, sólo determinadas autoridades o personas pueden acceder al Registro General de Condenas regulado en el D.L. N° 645/1975 (conforme sus artículos 2° y 6°)1, que constituye una base de datos que sistematiza la totalidad de la información relativa a condenas penales de las personas. Tal régimen de acceso restringido amplía el establecido por el citado artículo 21 de la Ley N° 19.628, en dos sentidos: a) Impide en todo momento –es decir, con prescindencia que se haya
1 En efecto su artículo 2° establece:«…fuera de los fiscales del Ministerio Público, las autoridades judiciales, policiales y de Gendarmería de Chile respecto a las personas sometidas a su guarda y control, nadie tiene derecho a solicitar la exhibición de los datos que se anotan en el Registro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente» (artículo 6°). Añade, su inciso 2° que «el empleado que en razón de su cargo, divulgue la inscripciones, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 246 del Código Penal». Por otra parte, y debido a este régimen de secreto la Ley N° 19.927, de 2004, que modificó diversos cuerpos normativos en materia de delitos de pornografía infantil, agregó al citado D.L. un artículo 6º bis que levanta la prohibición reseñada tratándose de instituciones públicas o privadas «que por la naturaleza de su objeto requiera contratar a una persona determinada para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, podrá solicitar que se le informe, para fines particulares, si ésta se encuentra afecta a la inhabilitación establecida en el artículo 39 bis del Código Penal». Dispuso, además, que «…la misma información podrá ser entregada a cualquier persona que cuente con una autorización expresa de aquel cuyos antecedentes se solicitan, para los fines señalados en el inciso anterior».
cumplido o no o prescrito o no la pena– acceder a la información que consta en el registro general de condenas, y b) Sólo permite a personas calificadas acceder a la información de registro (véase la decisión del amparo Rol C91-11). No obstante, este Consejo considera que este régimen de acceso restringido responde a la naturaleza misma del Registro General de Condenas, en cuanto base de datos que contiene la totalidad de los antecedentes relativos a condenas penales de las persona, y permite, por ello, acceder al conocimiento de la «historia penal completa» de las personas. Esto hace que su divulgación a terceros represente un riesgo potencial y evidente de afectación de los derechos de las personas cuya información consta en dicho registro, claramente mayor que en casos como el presente, en que se pide una información circunscrita y que parte de la base de conocer que la persona está condenada. De allí que este Consejo estime que dicho régimen especial de reserva resulta solo aplicable para el supuesto que contempla, esto es, cuando se pretenda acceder a la base de datos que constituye el registro general de condenas. Tratándose de otras vías de acceso a información sobre condenas debe aplicarse el régimen de reserva que establece el artículo 21 de la Ley N° 19.628, cuya procedencia ya ha sido analizada.

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 246
 artículo 6
 artículo 39
 artículo 21