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Timestamp: 2018-01-22 23:54:40+00:00

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El juez Alejandro Noceti Achaval condenó a tres años de prisión en suspenso a una mujer que obligó a su hija de 17 años a realizarse un aborto, en agosto de 2015. Además, le fijó una prohibición de acercamiento con respecto a la joven y los lugares que suele frecuentar. La mujer aceptó su culpabilidad en el acuerdo de juicio abreviado que firmó con la Fiscalía, representada por Oscar Ciruzzi. M.S.M., de 46 años, fue condenada por el delito de “aborto causado sin el consentimiento de la mujer”, previsto en el artículo 84 del Código Penal. Para el juez y la fiscalía, la mujer intervino en la maniobra mediante la cual se produjo la interrupción del embarazo de 16 semanas de su hija. En el fallo se tiene en cuenta la declaración de la adolescente, que también es querellante en la causa. La chica contó que, en junio de 2015, se enteró que estaba embarazada de tres meses, luego de hacerse una ecografía en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Al contarle a su madre, la mujer le dijo que debía hacerse un aborto. Ella se negó pero la acusada insistió con el tema y le dijo que no debía contarle nada ni a su padre ni a sus hermanos y que debía hacerse el procedimiento “por el bien de la familia”. La víctima recordó que un día, a comienzos de agosto de 2015, su madre llegó a la casa donde vivía toda la familia en el barrio de Flores con otra mujer (que no fue identificada) y mandó a sus hermanas al piso de arriba. Luego, le quitó su celular, le escondió las llaves y la obligó a que tomara tres pastillas. De acuerdo al relato de la víctima, que la justicia tuvo por acreditado, inmediatamente después la mujer que acompañaba a su madre le realizó una práctica abortiva que provocó la interrupción del embarazo. Además del testimonio de la adolescente, el juez tuvo en cuenta lo que expresó la tía de la chica, quién recordó que el 12 de agosto de ese año recibió una llamada desde el colegio de su sobrina donde le avisaban que estaba internada. Cuando llegó al hospital, los médicos le informaron sobre un aborto y luego habló con la joven, que le contó lo ocurrido en la casa. También, se hizo hincapié en el informe del Cuerpo Médico Forense donde se concluyó que el procedimiento y los síntomas que manifestó la joven se corresponden con una práctica abortiva. Si bien M.S.M. reconoció su culpabilidad en el acuerdo con la fiscalía, durante la instrucción había negado los hechos. Según consta en el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Eduardo Rosende, le había atribuido la acusación que se le efectuaba a un plan para que su hija pudiera irse a vivir con su tía. Por último, el juez valoró el reconocimiento del hecho ya que “contribuyó de algún modo a evitar la revictimización de su hija en el debate”. Consideró que se evitó que debiera reproducir en una audiencia los “traumáticos episodios de los que fue víctima”.
CITARON JUDICIALMENTE A JUGADORES DE BOCA POR SUPUESTA PRIVACION DE LA LIBERTAD
Dos mujeres denunciaron por "amenazas, lesiones y privación ilegítima de la libertad" a los futbolistas de Boca Edwin Cardona y Wilmar Barrios. La causa quedo radicada en el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 6, mientras tanto los jugadores colombianos fueron citados a declarar por la fiscalía interviniente, aunque por ahora no se presentaron. Quien se presentó en el Juzgado fue el abogado ambos futbolistas, Miguel Angel Pierri quién puso en duda la veracidad de la denuncia como así tambien el audio que circula en las redes en el que se escucha a un hombre con acento colombiano manteniendo un diálogo con una mujer y en el que le ofrece plata a la mujer a cambio de silencio. Según Pierri "Parece raro que las mismas personas que participaron de un hecho en la noche del sábado haya regresado al mismo lugar sean las mismas personas el día domingo". Por su parte Juan Cerolini, el abogado de una de las mujeres denunciantes (una se llamaría Caterine y la otra Cinthia) señalo que "Hubo alcohol, agresión física y verbal, y una amenaza con un cuchillo dentro del ascensor". El hecho se habría producido durante las noches del sábado y del domingo en el departamento de Puerto Madero en el que se aloja Barrios, ambas con el mismo desenlace. Allí se habrían reunido Barrios, Cardona, Frank Fabra y el arquero juvenil Manuel Roffo a la espera de Yonni Alexis Cuero Angulo, el peluquero, conocido como Yaca por las iniciales de su nombre.
Los titulares de la la Fiscalía General Nro. 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal; de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia; y de la de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Gabriela Baigún, Federico Carniel y Diego Iglesias, respectivamente, interpusieron recurso de casación contra una resolución del 29 de diciembre pasado, en la que rechazó dictar su incompetencia para continuar supervisando la ejecución de la pena impuesta a Carlos Alberto Salvatore por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 -que integra-, por los delitos de estafa procesal y falsificación de documentos públicos. Los representantes del Ministerio Público Fiscal advirtieron en el recurso suscripto en conjunto que “es evidente que el principal interés de Salvatore radica en que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria” en el legajo que cuenta con condena firme y una pena ostensiblemente menor -dos años y dos meses de prisión- a los 21 años de prisión que en 2015 le impuso el Tribunal Oral Federal de Resistencia por el contrabando de alrededor de una tonelada de cocaína y asociación ilícita. En ese sentido, hicieron hincapié en que las decisiones que se toman en el legajo de ejecución en la justicia federal porteña “repercuten en las demás causas seguidas contra Salvatore”, en las que tienen intervención los propios Carniel e Iglesias, “y pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de política criminal del Ministerio Público Fiscal, así como los compromisos asumidos por el Estado nacional en la lucha contra el narcotráfico”. La resolución cuestionada por el Ministerio Público Fiscal El recurso de casación se interpone contra la mencionada resolución, en la que el juez de ejecución decidió rechazar in limine la petición de incompetencia formulada por Baigún por cuanto “la causa registrada del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia aún no se encuentra firme, por lo que no reviste calidad de condena efectiva a efectos que sea aquélla judicatura que continúe con la ejecución de la pena impuesta, siendo en el marco de estos actuados la única condena firme”. Los doctores Baigún, Carniel e Iglesias consideraron que “La resolución dictada por el TOF N° 6 resulta arbitraria, pues soslayó las particularidades del caso que habían sido puestas de manifiesto por el Ministerio Público Fiscal y omitió dar respuesta a los argumentos brindados por esta parte al momento de efectuar el planteo de declinatoria de competencia”. Agregaron que “la circunstancia de que la sentencia condenatoria dictada por el TOF de Resistencia no haya adquirido firmeza obsta, por sí sola, a que el cumplimiento de la pena impuesta por el TOF N° 6 pueda ser objeto de contralor por parte de aquella judicatura. Sin embargo, para llegar a tal conclusión, el TOF N° 6 no indicó de qué premisas partía; no desarrolló argumentos ni hizo mención a ninguna normativa aplicable”. Por otro lado, los fiscales remarcaron que se omitió dar tratamiento a una serie de cuestiones introducidas en la petición de incompetencia: el trámite “pone en serio peligro el normal desarrollo de la ejecución de la pena impuesta”. “el hecho de que, tras un prolongado y complejo juicio oral, en el que pudo conocer a Salvatore y a sus defensas a través de la inmediación, el TOF de Resistencia impuso una pena de 21 años de prisión por los delitos de contrabando de estupefacientes y asociación ilícita, que, en caso de adquirir firmeza, deberá ser unificada con la que dictó el TOF N° 6, quedando entonces la ejecución de la pena única en cabeza del órgano chaqueño”. Salvatore también se encuentra detenido a disposición del tribunal oral chaqueño en el marco del juicio que registra por lavado de activos, actualmente en trámite, “de lo que se colige que este órgano entendió que la única manera de asegurar el cumplimiento de la ley penal era que la prisión preventiva del nombrado se llevara a cabo en un establecimiento penitenciario”. que ante los pedidos de prisión domiciliaria realizados por la defensa de Salvatore en Resistencia –rechazados incluso por la propia Cámara Federal de Casación Penal- los letrados optaron “por reproducir sus peticiones en este legajo de ejecución penal, con la intención de cosechar una mejor suerte”. que la inobservancia de la normativa aplicable al caso, entre la que se encuentra la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, “ podría acarrear la responsabilidad internacional del Estado argentino”, en razón de que impone que los delitos de narcotráfico sean sancionados de manera proporcionada a su gravedad, lo que excluye la posibilidad de morigerar la situación de encierro “cuando no se encuentran configuradas las razones extraordinarias que hacen procedente la prisión domiciliaria”. finalmente, que el tribunal de juicio de Resistencia “se encuentra en mejores condiciones para supervisar la ejecución de la pena”, con sustento en jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, para evitar resoluciones contradictorias que impacten en los otros procesos que afronta Salvatore y por los que se encuentra detenido “a la espera de que se celebren los respectivos juicios orales”. Sobre el estado de salud Tras enumerar las diversas intervenciones de Baigún en las que se pronunció en contra de conceder la prisión domiciliaria, los fiscales recordaron que la defensa argumentó que Salvatore sufre “un notable proceso de deterioro en su salud que el sistema del S.P.F. (Servicio Penitenciario Federal) no está en condiciones de absorber” y que, además, “padece hoy día de hepatitis aguda medicamentosa” que sus abogados “atribuyeron a una supuesta mala praxis médica por parte de los galenos penitenciarios”, que para los representantes del MPF quedó demostrado “está muy lejos de ser cierto”. Por el contrario, indicaron que se sospecha que el abogado condenado habría “ingerido medicación no prescripta, provocándose a sí mismo patologías para generar una internación extramuros”. El 10 de noviembre del año pasado -cuatro días antes de una junta médica- “se encontraron en poder del interno medicamentos no prescriptos y contraindicados para un individuo de su condición médica”, reseñaron los fiscales en el recurso. Por ese hecho se formó una causa penal que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora, que tiene competencia para investigar los delitos que puedan tener lugar en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde Salvatore se encuentra detenido.
Confirman el rechazo a la excarcelación de Carlos Kirchner
La Cámara Federal rechazo la excarcelación de Carlos Kirchner en la causa que se le sigue como coautor de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública, en concurso real. Según el Tribunal Carlos S. Kirchner habría querido desprenderse de una parte de su patrimonio, para evitar que el mismo fuera cautelado a resultas de la presente investigación. Considero el Tribunal que “el aspecto central a tener en cuenta es que los distintos actos llevados a cabo por Carlos S. Kirchner presentan como común denominador la circunstancia de ser actos de carácter patrimonial, que fueron realizados luego de tomar conocimiento de que se encontraba formalmente imputado en la presente, por una maniobra que habría ocasionado un significativo perjuicio patrimonial al Estado. En tal sentido, los ingresos del nombrado a sus cajas de seguridad en el Banco Francés (23-08-2016; 7-10-2016 y 13- 12-2016) comportan indicios en el sentido expuesto; en tanto que las extracciones efectuadas de sus cuentas en el Banco Nación, por sumas que revisten especial significación ($ 548.595,46 y U$S 120.802), prueban con mayor intensidad la intencionalidad elusiva de su conducta. Y en ese marco, no otra interpretación merece la donación de su participación accionaria en K-SANC S.A.. Ello, teniendo en cuenta, por un lado, el importante patrimonio a nombre de dicha sociedad familiar (9 inmuebles en C.A.B.A. y Pcia. de Santa Cruz y 3 automotores de alta gama), y por otro, que el acto de disposición se produjo a los pocos días de que el Ministerio Público Fiscal solicitara su indagatoria. En este sentido, las circunstancias en que efectuó aquella donación a favor de un familiar directo, contemporáneamente con el avance de la investigación, permite sospechar que dicho acto estuvo dirigido a impedir que el importante patrimonio societario pudiera verse afectado por una medida cautelar dictada en este proceso o bien, en el marco de la investigación referente al delito de enriquecimiento ilícito . A su vez, cabe ponderar que seguidamente el encartado retiró fondos de las cuentas a nombre de esa sociedad familiar, por la suma total de U$S 60.000, en un corto lapso de tiempo entre los días previos y posteriores al dictado de su procesamiento. En relación a la aludida intención de disminuir su patrimonio para evitar que a resultas de este proceso pudiera ser objeto de cautela, advertimos que tal forma de proceder interfiere con los fines del proceso, el cual no sólo apunta a establecer la verdad material sobre una hipótesis delictiva y a determinar la eventual responsabilidad de los imputados, sino también a lograr el recupero de activos y la reparación del daño causado por el delito”.
El juez Horacio Ernesto Barberis, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº19, condenó a un hombre a tres años de prisión en suspenso por ciberacoso y amenazas a una chica de 13 años. La condena se obtuvo mediante un juicio abreviado donde el acusado acordó con el fiscal Eduardo Carlos Marina su culpabilidad. Según el fallo, el 19 de octubre de 2016 a la medianoche, la joven ingresó en un grupo de Facebook llamado “whatsapp” (como la aplicación) que se promocionaba como un lugar “para encontrar gente para charlar y conocerse”. Allí, puso su número de celular, lo que generó que a los pocos minutos fuera agregada a un grupo de Whatsapp y luego contactada individualmente por Ramiro Alfredo Melgarejo, a través de la misma red. El hombre de 43 años comenzó a hablar con la víctima y le pidió fotos de su cuerpo, con y sin ropa. La joven se las envió pero, cuando la conversación avanzó, le dijo que tenía 13 años. Melgarejo no sólo continuó con la charla sino que le pidió verse y que le enviara más fotos. Durante el 20 de octubre, el hombre insistió con la conversación por Whatsapp y con el pedido de las imágenes. Como la víctima se negó, la amenazó con publicar en Facebook las fotos que ella le había enviado. Incluso le envió mensajes de texto a su celular. La víctima no sólo no le contestó sino que borró la conversación y luego, con ayuda de su hermana, lo bloqueó para impedir que continuara contactándola. Dos días después, la víctima le comentó el hecho a su madre. La mujer utilizó su propio celular para escribirle a Melgarejo, haciéndose pasar por una adolescente de 13 años. El acusado no sólo continuó con la conversación sino que le pidió fotos íntimas y le envió un video que mostraba una escena sexual. Ante esta situación, la madre de la víctima le propuso que se vieran ese mismo día a las 20 en una esquina del barrio de Constitución, sobre la Avenida San Juan. Melgarejo aceptó y le dijo que iría con una remera turquesa. Al llegar, la mujer lo reconoció no sólo por la ropa sino también por la foto de Whatsapp y le pidió ayuda automáticamente a un policía, que finalmente lo detuvo. Mientras los agentes identificaban a Melgarejo, la mujer llamó desde su celular al número que tenía registrado como el agresor de su hija. El teléfono del hombre comenzó a sonar, por lo que rápidamente le secuestraron el aparato. Tanto el juez como el fiscal Marina tuvieron en cuenta los testimonios de la madre y del policía que intervino en la detención. En la resolución, se destaca el informe de la Cámara Gesell que se le realizó a la víctima durante la instrucción, donde intervino el fiscal Mariano De Guzmán. La profesional del Cuerpo Médico Forense catalogó su relato como verosímil. Otro de los puntos que destacaron son los informes y transcripciones que se hicieron de los audios y mensajes, realizados por la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal. El juez calificó el hecho como “grooming, child grooming o ciberacoso a menores”, delito que está previsto en el artículo 131 del Código Penal. Explicó que el hecho puede cometerse de diversas maneras: enviando mensajes, imágenes o incluso “bromas procaces”. “La acción u omisión implica un acercamiento con el objeto de establecer una relación de confianza, de poder y/o control emocional sobre el menor mediante la manipulación o el engaño en el que el adulto enmascara su identidad con la finalidad de que el niño o niña a través del vínculo establecido pierda sus inhibiciones y realice acciones de índole sexual”, sostuvo Barberis. Además del ciberacoso, consideró responsable a Melgarejo del delito de coacción, al amenazar con la publicación de las fotos. Para el magistrado, el hecho de que la víctima tuviera 13 años es un agravante, situación que era conocida por el acusado. A eso le agregó la repetición de la maniobra cuando, contactado por la madre de la joven, volvió a insistir con mensajes y videos sexuales. Tal como propuso el fiscal Marina, Melgarejo deberá someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y no podrá acercarse a una distancia menor de 300 metros de la víctima ni contactarla bajo ningún medio.
REVOCAN ARRESTO DOMICILIARIO DE OMAR SUAREZ
La Cámara Federal revoca el arresto domiciliario del sindicalista portuario Omar Suárez al considerar que su situación no estaba comprendida en algunas de las posibilidades que otorga la ley de ejecución penal y en consecuencia ordeno “el traslado del nombrado a un establecimiento carcelario, el cual por razones de accesibilidad vial, pronta derivación y cercanía con el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe ser el Complejo Penitenciario Federal Nº I de Ezeiza, donde a su vez tiene su sede el Hospital Penitenciario Central I, que cuenta con mayor complejidad asistencial que la Unidad Médica del Complejo de Marcos Paz, para dar respuesta a un caso de urgencia. No obstante lo expuesto, previamente tendrá que ser derivado al Hospital Penitenciario referido en el párrafo anterior, a fin de que se le practiquen inmediatamente en ese establecimiento o en otro nosocomio de alta complejidad, en caso que resulte necesario, todos los estudios que sean imprescindibles para evitar riesgos para su salud. Asimismo, deberá el Sr. Juez de instancia, disponer el seguimiento y control de las medidas que resulten necesarias a consecuencia de las evaluaciones que se vayan realizando, teniendo en cuenta las distintas aristas que se desprenden del legajo de salud y del incidente de arresto domiciliario del imputado; esto, sin perjuicio de otras disposiciones que, a su criterio, puedan implementase. Deberá, a su vez, darle celeridad y tramitar de inmediato toda medida que se vincule con la salud del imputado, ello de acuerdo las intimaciones que la Sala le ha venido efectuando”.
EN ESTA NOTA: Tags abuso-de-autoridad encubrimiento Fiscalía Federal N°1 de Formosa Flavio Adrián Ferrini incumplimiento-de-deberes-de-funcionario-publico lesa humanidad Compartir: Share on Facebook35Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page El fiscal federal Flavio Ferrini solicitó la indagatoria de tres ex jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Formosa al considerar que habrían abusado de la autoridad que su cargo les confería, incumplido sus deberes de funcionario público y encubierto las privaciones ilegítimas de la libertad y torturas respecto de siete empleados del Poder Judicial Formoseño durante la última dictadura cívico militar. En su requerimiento, el fiscal Ferrini señaló que “las privaciones de libertad, los tormentos y las desapariciones forzadas de los empleados del Poder Judicial de la Provincia de Formosa fue corroborada en la causa ‘Camicha’ y reeditada en ‘Domato’ en donde se pudo determinar que los declarantes fueron privados de su libertad y torturados a causa de su participación en actividades gremiales vinculadas a su empleo en el Poder Judicial, todo lo cual no podría ser ignorado por las máximas autoridades de esa magistratura”. Los hechos Según se consigna en la requisitoria fiscal, hubo dos olas de secuestros, en agosto de 1976 y junio de 1977. Las víctimas eran capturadas por su labor en el Poder Judicial formoseño y su afiliación en la Asociación Judicial de Formosa (AJF), tras lo cual las trasladaban al Regimiento de Infantería del Monte (RIM) N°29 o el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita” que funcionaba en el destacamento policial de Colonia San Antonio, todos ellos dependientes del Área Militar 234. “El procedimiento de privación de libertad era concretado en lugares y condiciones de encierro paupérrimas: las víctimas eran vendadas, permanecían con ataduras, en pésimas condiciones sanitarias, sin cuidado médico ni alimento suficiente lo que era complementado por violentas sesiones de interrogatorio en las que se empleaban múltiples modos de tormentos, tanto físicos como psicológicos”, sostuvo el fiscal Ferrini. En la tarde del 4 de agosto, con el pretexto de que los acompañara a ver un expediente judicial en Tribunales, dos hombres secuestraron a Elsa Alicia Chagra de su vivienda. La mujer se desempeñaba en el archivo general del Poder Judicial de Formosa, cuyo escritorio había sido inspeccionado ese mismo día por personal policial que secuestró documentación. Chagra fue llevada a “La Escuelita” donde fue torturada. Tras ello la trasladaron al RIM, luego a la Alcaidía de Mujeres, de vuelta al RIM y luego trasladada a la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. El 20 de octubre de 1976, por acuerdo del Superior Tribunal de Justicia se la suspendió preventivamente de sus funciones, mientras que el 3 de noviembre de ese año fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Finalmente, el 29 de marzo de 1977 el STJ dio de baja a Chagra, quien fue liberada el 9 de septiembre de 1978, aunque luego volvió a ser detenida hasta el 2 de diciembre de 1983. El 5 de agosto de 1976, Ángela Colman –empleada de la justicia provincial y afiliada a la Asociación Judicial de Formosa- fue secuestrada y trasladada al RIM, donde permaneció hasta el 17 de agosto de 1976, cuando la trasladaron a La Escuelita. Al igual que Chagra, fue suspendida de sus funciones por el TSJ, puesta a disposición del PEN y finalmente dada de baja de su trabajo. Recuperó su libertad el 3 de octubre de 1977. Ese mismo día, en el juzgado donde se desempeñaba, se detuvo a Raquel Ubalda Lebi, quien fue llevada a la Jefatura de Policía y luego trasladada al RIM, donde la torturaron y abusaron sexualmente de ella. El 20 de octubre de 1976, el STJ la suspendió de sus funciones, el 3 de noviembre fue puesta a disposición del PEN y el 29 de marzo de 1977 la desvincularon del Poder Judicial formoseño. Finalmente, fue liberada en la ciudad de Buenos Aires, en 1980. Por su parte, Adriano Acosta fue detenido junto a otros compañeros el 5 de agosto de 1976, en el Superior Tribunal de Justicia, lo cual fue informado al juez y su secretario. Fue llevado a “La Escuelita” y luego al RIM, donde lo torturaron. En misma fecha que las otras víctimas fue suspendido de sus funciones y puesto a disposición del PEN. El 30 de noviembre lo trasladaron junto a Andrés Medina a la U-10 y se le instruyó una causa por la Ley 20.840. Fue liberado en 1979. Andrés Medina también fue detenido el 5 de agosto y llevado a Colonia San Antonio, donde lo torturaron. Al igual que las otras víctimas, se lo desvinculó preventivamente de sus funciones, quedó a disposición del Poder Ejecutivo y luego se lo llevaron a la U-10, tras lo cual lo trasladaron a la Unidad Penal de Resistencia, donde fue sometido a Consejo de Guerra y liberado tras cinco años de detención. El matrimonio conformado por Mirta Lónidas Insfrán y Ricardo Borgne fue secuestrado por la Gendarmería Nacional ese mismo 5 de agosto, cuando viajaban en un colectivo de la línea Godoy, en la localidad de Tatané. La mujer fue llevada a “La Escuelita”, donde la torturaron y abusaron sexualmente de ella. El 20 de octubre de 1976, el STJ la cesanteó. Hasta hoy, no se tiene noticias de ella. Su marido fue trasladado al RIM, donde también fue torturado. Tampoco se supo más nada sobre su paradero. Indagatorias Según consignó el representante del Ministerio Público Fiscal en su requisitoria “luego de la privación ilegal de la libertad sufrida por los empleados judiciales, los aquí imputados recibieron informes remitidos por el Jefe del Área Militar 234, que asumían responsabilidad sobre esas detenciones sin mencionar causa o documentación respaldatoria que las justificara. Sin perjuicio de ello, los magistrados no sólo no buscaron corroborar la licitud de la medida, sino que tampoco constataron la veracidad de los informes militares o las condiciones a las que sus empleados estaban siendo sometidos”. “Surge claramente que los magistrados intervinientes usufructuaron las facultades que les conferían sus cargos para dictar decisiones que brindaran cobertura a las acciones ilegales (..)", sostuvo Ferrini. Agregó que “resulta evidente que quienes ejercían los máximos cargos del Poder Judicial debieron utilizar el criterio de la razonabilidad para determinar si la detención era o no indefinida y sin justificación y si las personas habían podido ejercer su derecho de defensa. Claramente los magistrados intervinientes cometieron numerosas y graves infracciones a sus deberes de funcionarios públicos, vinculados con los delitos de lesa humanidad que se cometieron en aquella época y que llegaron a su conocimiento, toda vez que se conformaron con una simple comunicación de que los detenidos estaban a disposición del PEN, para avalar en estos casos la privación de libertad”. En base a las pruebas colectadas, el fiscal Ferrini concluyó que “surge claramente que los magistrados intervinientes usufructuaron las facultades que les conferían sus cargos para dictar decisiones que brindaran cobertura a las acciones ilegales y que los sustrajeran de cumplir con sus obligaciones y deberes que sus cargos de funcionarios públicos les conferían. (…) puede decirse que existen consistentes indicios objetivos de que las resoluciones eran dictadas a sabiendas de que estaban fundadas en hechos falsos.”. Por todo ello, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se cite a los tres ex jueces del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, a fin de que sean indagados por las conductas desplegadas, las cuales incurrirían en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº7 a cargo de Ramiro González -actualmente interinamente a cargo de María Alejandra Mángano- solicitó la elevación a juicio de una banda internacional que se dedicaría a captar y trasladar a travestis oriundas de diferentes provincias del noroeste del país para finalmente explotarlas sexualmente en un hotel ubicado en el barrio porteño de Almagro llamado “El gondolín”, en un domicilio privado ubicado en la localidad bonaerense de Moreno, y España, Francia e Italia. La organización habría actuado mediante el engaño, fraude, violencia, amenazas y abusando de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. A través de la investigación llevada a cabo por la fiscalía se pudo establecer que la red estaba integrada por 15 personas y funcionó al menos desde el año 2011, hasta agosto de este año, momento en que se llevaron a cabo los trece allanamientos, ordenados –a pedido de la fiscalía- por el responsable del Juzgado Federal N°7, Sebastián Casanello. En los procedimientos se logró la aprehensión de los imputados, quienes fueron indagados por el magistrado. Tras ello, la fiscalía requirió que trece de los imputados sean sometidos a juicio oral, como coautores del delito de trata de personas, mientras que los dos restantes serán juzgados como partícipes necesarios del mismo delito. La investigación La causa se inició en febrero de 2011, en virtud de la extracción de testimonios dispuesta por el titular del Juzgado Nacional de Menores N°5, en el marco de otra pesquisa en la que se investigaba la comisión de actividades ilícitas por parte de autoridades policiales y comunales en relación al funcionamiento de una “zona roja” en el Parque Tres de Febrero, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a ello, la Fiscalía del Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez –a cargo del fiscal José María Campagnoli- logró individualizar a una organización integrada por varios de los imputados, la cual captaba travestis oriundas de la provincia de Salta y las trasladaba hasta el Hotel El Gondolín, en el barrio porteño de Villa Crespo, donde eran explotadas sexualmente. Asimismo, se determinó que los imputados comercializaban estupefacientes en el Parque Tres de Febrero, para lo cual contarían con complicidad policial. El 25 de febrero de 2015, la investigación pasó a la órbita de la Justicia Federal y se delegó la investigación a la fiscalía Federal N°7, a cargo de Ramiro González. En paralelo, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) –encabezada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano- inició una investigación preliminar en abril de 2015 que luego se anexó al expediente principal. Funcionamiento y roles dentro de la banda En el devenir de la pesquisa, se pudo establecer que la organización llevaba a cabo sus actividades en tres etapas. En primer lugar, las víctimas eran captadas en las provincias de Salta, Tucumán, Jujuy y Chaco; luego eran trasladadas desde las diferentes ciudades del interior del país al hotel El Gondolín, ubicado en la calle Aráoz 924 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al domicilio Maza 3344 de la localidad bonaerense de Moreno, en donde eran acogidas y explotadas sexualmente. En la tercera y última etapa, las presuntas víctimas -luego de someterse a operaciones con un médico amigo- eran trasladadas -mediante un agencia amiga- a diferentes países europeos como España, Francia e Italia. Se acreditó que uno de los imputados captaba a las víctimas en la provincia de Salta, mediante el ofrecimiento de trabajo en la zona roja de los Bosques de Palermo, para lo cual les prometía una considerable remuneración, alojamiento gratuito y una mejora en su calidad de vida. Por su parte, otras dos imputadas alojaban en sus viviendas a las víctimas que ejercían la prostitución en la capital salteña, para lo cual les cobraban un canon de $200 más los gastos de comida, luz, gas, teléfono y agua. Sí las víctimas se negaban a pagar recibían agresiones físicas y verbales. La banda también operaría en la provincia de Tucumán, donde dos de los investigados se dividían el negocio: uno regenteaba a las víctimas en la zona roja capitalina, para lo cual les cobraba $500 por noche para dejarlas trabajar, y si se negaban al pago las amedrentaba y agredía; mientras que el otro imputado operaba en la ciudad de La Banda del Río Salí, en dos estaciones de servicio, ubicadas sobre la Ruta Nacional N°9, denominadas “Oasis” y “El Empalme” En San Salvador de Jujuy, la actividad estaría a cargo de tres hermanas, quienes regenteaban a las travestis que ejercían la prostitución en la zona roja de esa ciudad, mientras que en la provincia de Chaco, la otra de las imputadas controlaría a las travestis de la capital provincial, a quienes les cobraba $500 por noche para poder trabajar, y en caso de que las víctimas se negaran al pago, las agredía física y verbalmente. En la segunda etapa de la maniobra estarían involucradas las entonces encargadas del Hotel El Gondolín. Las víctimas eran trasladadas por la banda –desde sus provincias de origen- hasta el hotel de Villa Crespo, donde eran acogidas y explotadas sexualmente en las zonas rojas de los bosques de Palermo y Villa Luro. Asimismo, varias travestis también eran prostituidas en la localidad bonaerense de Moreno, donde eran acogidas en la vivienda de una de las imputadas, quien las explotaba sexualmente en la zona de la Ruta 8, a la altura de San Miguel, y les cobraba $100 diarios en concepto de “parada”. Finalmente, en la última etapa, otra de las imputadas elegía a las víctimas que serían trasladadas a Europa; les prestaba dinero para costear los pasajes y para intervenciones plásticas que eran ejecutadas por un médico “amigo” en una clínica privada o en su domicilio, en la provincia de Santa Fe. Por el préstamo, las víctimas debían devolverle a la investigada, el doble del dinero que les había prestado. Asimismo, la encartada gestionaba los pasajes a Europa a través de una agencia de turismo, la cual recibía un porcentaje por cada pasajera recomendada. Para la fiscalía, “existen elementos suficientes para sostener que una vez que las víctimas seleccionadas arribaban al continente europeo, eran acogidas y explotadas” por otra de las personas señaladas en el marco de la investigación.
ediante la resolución PGN N°3838/17, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó y recomendó el uso de la guía “La trata de personas con fines de explotación laboral. Estrategias para la detección e investigación del delito”. El documento fue elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, junto a la Oficina de País para Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dirigida por Pedro Américo Furtado de Oliveira, y constituye una actualización de la herramienta aprobada en mayo de 2011 -a través de la Resolución PGN N° 46/11)-, que nació con la finalidad de colaborar en la detección, investigación y juzgamiento de los hechos vinculados a la trata de personas con fines de explotación laboral. La Guía surgió como una iniciativa de la entonces Unidad Fiscal para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), que en la actualidad se organiza desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Allí, se comenzaron a delinear las estrategias de intervención que permitieron evaluar distintas falencias y trazar un camino para avanzar en la detección de los casos para su posterior judicialización, juzgamiento y sanción. Los antecedentes y resultados de dichos lineamientos se plasmaron en la flamante resolución, “toda vez que transcurridos seis años de la publicación y recomendación de uso de aquella herramienta en el ámbito nacional, se lograron importantes avances en la detección y juzgamiento de situaciones de trabajo forzoso y/o reducción a servidumbre en el marco de proceso de trata de personas, y un mayor desarrollo de los conceptos normativos vinculados a este fenómeno”. En ese sentido, en julio de este año, la Protex y la OIT organizaron una mesa de trabajo conjunta con fiscales federales de diferentes jurisdicciones del país con el objetivo de debatir dicha actualización y a su vez incorporar nueva jurisprudencia y normativa vinculada a ese tipo de casos. En la nueva Guía, la Protex detalló que el documento condensa el trabajo articulado que se viene realizando entre los representantes del MPF y la OIT. Asimismo, en este nuevo instrumento Procuraduría destaca que “más allá de las investigaciones y las condenas logradas, es indispensable revisar y actualizar el contenido para incluir las experiencias y desarrollos que tuvieron lugar en esta temática a nivel nacional, regional e internacional. Esto asegurará que la herramienta de investigación comprenda un mecanismo práctico y efectivo para quienes intervienen en la persecución de estos delitos”. En tal sentido destacó que “este fenómeno criminal debe ser abordado observando múltiples miradas que trasciendan el punto de vista penal. Para consolidar esta perspectiva, se ha incorporado a este proyecto la Oficina de país para la Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fortaleciendo un vínculo de colaboración e intercambios virtuosos entre ambos organismos”. La nueva resolución detalla que la nueva guía “es el producto de un trabajo en conjunto, con una mirada interdisciplinaria”, que permitió generar una nueva versión “que incorpora importantes modificaciones realizadas en el marco normativo y en la evolución de los conceptos jurídicos a nivel nacional e internacional, incorporando indicadores de contexto para facilitar la distinción entre situaciones de esclavitud, trabajo forzado y reducción a la servidumbre -o condiciones análogas- y sus respectivas interpretaciones jurisprudenciales. Aunado a ello, se alienta a los investigadores a generar enlaces con las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales que funcionan como agentes de primer contacto con posibles víctimas de explotación, ya sean nacionales o extranjeros, como así también con los organismos que poseen facultades de inspección para determinar irregularidades en relaciones laborales”. Finalmente, la resolución destaca que el documento fue objeto de revisión por once fiscales federales: María Cristina Beute, Federico Martín Carniel, José Ignacio Candioti, Rodolfo Dominguez, Nicolás Czizik, José Eduardo Villalba, Carlos Schaefer, María Paula Moretti, Fernando Alcaraz, Lucas Colla y Mariela Labozzetta, quienes realizaron una “minuciosa evaluación de su contenido” en base a la experiencia previa por haber tramitado expedientes por infracción a la ley de trata de personas, al tiempo que realizaron sus aportes para la misma.
Abramovich opinó que la presunción de despido por matrimonio resulta aplicable a trabajadores varones
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, dictaminó en favor de que la presunción de despido por matrimonio resulta también aplicable a los trabajadores hombres. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió en tal sentido en una demanda interpuesta por un empleado que reclamaba una indemnización agravada en virtud de que fuera despedido tras haber contraído matrimonio. El actor interpuso una demanda contra su empleador, a fin de obtener la pertinente indemnización agravada. A su turno, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia que rechazó tal petición sobre el argumento de que si bien la indemnización agravada de despido por matrimonio (prevista en el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) alcanza tanto a las trabajadoras mujeres como a los trabajadores hombres, la presunción iuris tantum -prevista en el artículo 181 de la LCT- se aplica únicamente a las trabajadoras mujeres. En lo esencial, consideró que la distinción dispuesta en la norma no era arbitraria puesto que brinda protección a las mujeres en el ámbito laboral, donde fueron históricamente segregadas. Al entender en la cuestión, el procurador fiscal Abramovich consideró que la presunción de despido por matrimonio resulta aplicable también a los trabajadores hombres. En tal sentido, explicó que, en su origen, esta protección especial se consagró tanto para trabajadores hombres como para mujeres. Asimismo señaló que, en particular, la ley 12.383 estableció, sin distinción de sexo, la nulidad de los actos que establecieran el despido por causa de matrimonio. Luego, la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo dispuso que esa presunción podría extenderse excepcionalmente al caso del trabajador despedido, “de acuerdo a las circunstancias de cada caso, apreciado con criterio restrictivo”. Posteriormente, esta disposición fue derogada durante el último gobierno de facto. En esa inteligencia, el representante del Ministerio Público Fiscal refirió que la protección contra el despido por matrimonio tiene por objeto garantizar, en el ámbito laboral, el derecho constitucional a la protección de la vida familiar que, a su vez, integra el derecho a la vida privada y la autonomía personal. Asimismo, consideró que la protección contra el despido por matrimonio supone que cuando las personas asumen responsabilidades familiares, los empleadores tienen incentivos para desvincularlas ante la expectativa de que su capacidad productiva se vea afectada. Ante ello, las medidas sancionatorias previstas en los artículos 180, 181 y 182 de la LCT vigente conforman el sistema de garantías a través del cual el legislador procura desalentar que los empleadores adopten decisiones discriminatorias y abusivas en perjuicio de los trabajadores que deciden conformar una familia. Todo ello, se encuentra en línea con lo estipulado en el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que prevé específicamente que “la responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo”. A su vez, puntualizó que la presunción juris tantum constituye, junto a la indemnización agravada, una pieza fundamental del dispositivo legal dirigido a inhibir despidos discriminatorios por causa de matrimonio en tanto contribuye a la implementación efectiva de la prohibición; y destacó las serias dificultades probatorias que se presentan para acreditar la motivación real del despido, en consonancia con la doctrina de la CSJN en “Pellicori” (Fallos: 334:1387). Por otra parte, el procurador fiscal sostuvo que, de acuerdo con el Máximo Tribunal, las leyes deben interpretarse de manera evolutiva. En ese sentido, puntualizó que la interpretación del alcance del artículo 181 de la LCT se encuentra en línea con el mandato constitucional de generar condiciones paritarias entre los cónyuges en las tareas de cuidado y en las responsabilidades familiares, para asegurar la igualdad real de oportunidades y evitar que esas tareas y responsabilidades constituyan un factor discriminatorio en perjuicio de las mujeres en diferentes ámbitos, en especial en la esfera laboral. Al respecto, desarrolló los instrumentos internacionales que disponen el deber de adoptar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges. En este marco, concluyó que en el presente caso no está en juego una simple cuestión de igualdad formal de trato entre hombres y mujeres -como plantea el recurrente- que conduciría a darle a uno lo que se le brinda al otro, en idénticas circunstancias. El referido marco constitucional vinculado con el derecho a formar una familia y con el deber estatal de promover la distribución equitativa de las responsabilidades familiares, es el que impone interpretar las normas laborales aludidas en el sentido más amplio posible, de modo de asegurar a todos los trabajadores la protección especial de la vida familiar otorgada por la ley laboral, sin distinción de género.

References: artículo 84
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 131
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 182
 artículo 181
 artículo 181