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Timestamp: 2018-08-20 08:28:58+00:00

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﻿ SENTENCIA C-155 DE MARZO 7 DE 2007
SENTENCIA C-155 DE 07 DE MARZO DE 2007
CONTENIDO:INVERSIÓN EXTRANJERA. CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA Y LA CLÁUSULA COMPROMISORIA. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "EN ESTE CASO, SE ESTABLECERÁ UN TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO NACIONAL REGIDO EXCLUSIVAMENTE POR LEYES COLOMBIANAS" QUE HACE PARTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 963 DE 2005.
TEMAS ESPECÍFICOS:INVERSIÓN EXTRANJERA, CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA, TRIBUNAL DE ARBITRAJE, CLÁUSULA COMPROMISORIA
Sentencia C-155 de marzo 7 de 2007
Sentencia C-155 de 2007
Ref.: expedientes D-6422, 6423, 6424, 6425 y 6434, acumulados
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo del año dos mil siete (2007)
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 45.963 del ocho (8) de julio de 2005. Se subraya lo demandado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre las demandas de inconstitucionalidad de la referencia que han sido acumuladas, pues la disposición jurídica demandada forma parte de una ley de la República.
Los demandantes acusan ante la Corte Constitucional la parte final del artículo 7º de la Ley 963 de 2005, según la cual, en caso de pactarse una cláusula compromisoria para resolver los conflictos derivados de los contratos de estabilidad jurídica “se establecerá un tribunal de arbitramento nacional regido exclusivamente por leyes colombianas”. A juicio de los accionantes, la obligatoriedad de sujetarse a un arbitramento nacional y a la normatividad interna del país viola la Constitución por las siguientes razones:
(i) Desconoce el carácter voluntario del arbitramento y el principio de libertad conflictual (C.P., arts. 116 y 333), pues el contenido de la cláusula compromisoria no puede ser impuesto por el legislador, sino que debe ser de libre estipulación por las partes del contrato; en consecuencia, la norma acusada restringe también el acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229);
(ii) Vulnera el principio de igualdad de oportunidades (C.P., art. 13), pues favorece al Estado y limita la posibilidad de los inversionistas extranjeros de discutir y pactar una cláusula de arbitramento internacional.
(iii) Desconoce los mandatos constitucionales que ordenan la integración internacional del Estado, especialmente en el ámbito Latinoamericano y del Caribe (C.P., preámbulo y arts. 9º, 226 y 227), pues se desincentiva la inversión y se retrocede frente a tratados internacionales ya incorporados a la legislación nacional, en los que el Estado se ha obligado a aceptar el arbitramento internacional (especialmente la Convención de Washington de 1965 —L. 267/96—);
(iv) Vulnera los derechos adquiridos (C.P., art. 58), en la medida que la Ley 315 de 1996 y el Decreto 1818 de 1998 ya permitían pactar arbitramento internacional y escoger la ley aplicable al conflicto, mientras que la disposición acusada elimina esa posibilidad.
Para el Ministerio Público y los intervinientes en nombre del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la norma acusada es exequible, por cuanto la Constitución no consagra una autonomía contractual y conflictual absoluta en materia de arbitramento. A su juicio, de acuerdo con la parte final del artículo 116 Superior, la autonomía de las partes frente al arbitramento está sujeta a las condiciones establecidas por la ley. Afirman que en el contexto de la disposición demandada las partes son libres de pactar o no el arbitramento, según lo consideren adecuado para sus intereses e indican que por la naturaleza de una de las partes (el Estado) y por el objeto mismo de los contratos de estabilidad jurídica (artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos específicos de leyes, decretos o actos administrativos de carácter general, concretamente determinados, así como las interpretaciones administrativas vinculantes de normas jurídicas internas), existe plena justificación constitucional para que el legislador haya previsto un arbitramento nacional sujeto a la legislación colombiana. Finalmente, indican que la expresión acusada no puede ser confrontada con los tratados internacionales citados por los demandantes, pues éstos no forman parte del bloque de constitucionalidad, al estar referidos a materias comerciales y no de derechos humanos (C.P., art. 93).
Previamente a la solución del problema planteado por los demandantes de acuerdo con los cargos antes señalados, cabe analizar si en el presente caso existe cosa juzgada constitucional, en la medida que, como lo advierte el Procurador General de la Nación, la expresión demandada ya lo había sido anteriormente en el expediente D-6304, que culminó con la Sentencia C-961 de 2006, cuyos efectos frente a este proceso es necesario determinar.
3. Cosa juzgada relativa. Procedencia de la acción frente a los cargos que no fueron resueltos en la Sentencia C-961 de 2006.
De acuerdo con los artículos 243 de la Constitución Política y 20 del Decreto 2067 de 1991, las sentencias que profiere la Corte Constitucional tienen valor de cosa juzgada y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares. Esto significa que en virtud del principio de seguridad jurídica, las sentencias que profiere esta corporación agotan la jurisdicción constitucional e impiden volver sobre una disposición legal que ya ha sido sometida a juicio con anterioridad. Por ello, la Corte ha dicho que, en términos generales, la cosa juzgada hace referencia a los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional, “su carácter inmutable y a la imposibilidad de presentar recursos en contra de las decisiones en ellas consagradas” (1) .
Ahora bien, la Corte Constitucional también ha señalado que la cosa juzgada constitucional puede revestir diferentes matices o categorías (2) . Así, por ejemplo, ha distinguido la cosa juzgada formal de la material, para significar que la primera identifica los casos en que la misma disposición legal es demandada posteriormente, mientras que la segunda se refiere a aquéllos eventos en que a pesar de que la nueva demanda recae sobre una disposición distinta, esta resulta “literalmente igual” o tiene un “contenido normativo idéntico” (3) . Así, ha indicado que “el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, no solo se presenta cuando existe una decisión anterior del juez constitucional en relación con la misma norma que nuevamente es objeto de demanda, sino también cuando dicha decisión recae sobre una disposición distinta pero que es literalmente igual o cuyo contenido normativo es idéntico”.
Igualmente, esta corporación ha diferenciado el carácter absoluto o relativo de la cosa juzgada, según se entienda que el control abstracto de la disposición acusada ha comprendido todo el ordenamiento constitucional o se ha limitado a una parte específica del mismo, de manera que solo en este último caso queda abierta la posibilidad de plantear una nueva controversia, pero únicamente por razones o cargos distintos a los analizados en el proceso inicial (4) . Para identificar una u otra condición, esta corporación ha reiterado que existe una presunción de control integral (5) y, por tanto, “en principio debe entenderse que toda sentencia de constitucionalidad hace tránsito a cosa juzgada absoluta, salvo que la propia corporación, bien de manera explicita en la parte resolutiva, o bien de manera implícita en la parte motiva, restrinja el alcance de su decisión a los cargos analizados en la sentencia” (6) (subrayado fuera de texto).
En consecuencia, solamente si existe cosa juzgada relativa explícita (si se consigna expresamente en la parte resolutiva del fallo (7) ) o implícita (sí se infiere clara e inequívocamente del análisis constitucional hecho en la parte motiva del respectivo fallo (8) ), podrá iniciarse un nuevo análisis de constitucionalidad, siempre que se presenten cargos distintos a partir de los cuales surja una controversia sustancialmente diferente a la que ya fue objeto de análisis por parte de esta corporación.
Al descender al asunto concreto que ocupa a la Corte en este proceso, la Sala observa que la Sentencia C-961 de 2006 (9) declaró exequible la misma expresión que ahora se demanda, pero únicamente “por los cargos” analizados en esa providencia, lo que significa que si bien existe cosa juzgada formal, esta es apenas relativa y se circunscribe a los problemas constitucionales planteados y resueltos en ese momento. Por tanto, frente a los cargos que no se hubieren estudiado en esa oportunidad no existirá cosa juzgada.
(ii) violación del principio de igualdad de oportunidades El cargo se estudia pero no prospera. El inversionista nacional y el inversionista extranjero tienen la misma posibilidad de pactar el arbitramento previsto en la ley “y están sometidos a idénticas restricciones”. En consecuencia, “no hay desconocimiento del principio de igualdad de oportunidades”.
(iii) Desconocimiento de mandatos constitucionales que ordenan la integración internacional del Estado (C.P., arts. 9º, 226 y 227) y violación de tratados internacionales suscritos por Colombia (Convenio de Washington y de Nueva York y Tratados Bilaterales de Inversión, especialmente) El cargo presentado por el demandante solo se refiere al desconocimiento de los tratados de Washington y Nueva York.
Respecto de la tercera acusación, la Corte encuentra que la misma apenas fue planteada parcialmente en el expediente D-6304 - Sentencia C-961 de 2006 (únicamente en lo que se refiere a la comparación de la expresión acusada con los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia arbitral) y que, además, no fue objeto de estudio de fondo por ausencia de cargo. En consecuencia, frente a este punto, que en el presente expediente se fundamentó además en el desconocimiento del preámbulo y de los artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución Política, no existe cosa juzgada y, en esa medida, su estudio es procedente.
4.1. La expresión acusada en el contexto de la Ley 963 de 2005.
Mediante la Ley 963 de 2005, se expidió “una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia”. De acuerdo con ella, el legislador habilitó al Gobierno para suscribir contratos de estabilidad jurídica con el fin “de promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional”.
Por esta vía, el Estado garantiza a los inversionistas que si durante la vigencia de los contratos de estabilidad jurídica se modifica en forma adversa alguna de las normas identificadas en ellos como determinantes de la inversión, “los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo”. En ese sentido, la ley indica que por modificación se entiende “cualquier cambio en el texto de la norma efectuado por el legislador si se trata de una ley, por el ejecutivo o la entidad autónoma respectiva si se trata de un acto administrativo del orden nacional, o un cambio en la interpretación vinculante de la misma realizada por autoridad administrativa competente” (art. 1º).
El artículo 2º señala que la posibilidad de acceder a estos contratos la tienen tanto los nacionales como los extranjeros, entre quienes no se establece ninguna diferenciación. Solo se exige, para ambos, que la inversión sea por un monto igual o superior a siete mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (7.500 smlmv) (10) y que su objeto sea el desarrollo de actividades turísticas, industriales, agrícolas, de exportación agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación; zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y férreos, de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos y toda actividad que apruebe el Comité de que trata el artículo 4º de la ley.
A continuación se indica que los contratos deberán incluir de manera “expresa y taxativa” las normas y sus interpretaciones vinculantes realizadas por vía administrativa, que sean consideradas determinantes de la inversión, lo cual puede comprender “artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos específicos de leyes, decretos o actos administrativos de carácter general, concretamente determinados, así como las interpretaciones administrativas vinculantes” de cualquier entidad del orden nacional perteneciente a la rama ejecutiva del poder público o a las entidades sujetas a regímenes especiales de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, con excepción del Banco de la República (art. 3º).
El artículo 5º establece que a cambio de la estabilidad jurídica ofrecida por el Estado, el inversionista deberá asumir una prima igual al uno por ciento (1%) del valor de la inversión que se realice en cada año, salvo que por la naturaleza de la inversión se contemple un período improductivo, caso en el cual el monto de dicha prima podrá ser menor. El artículo 6º permite que los contratos tengan un término de duración entre 3 y 20 años, lo cual se complementa con el artículo 8º que prevé unas causales específicas de terminación anticipada del contrato.
Por su parte, el artículo 7º dispone que las partes “podrán” incluir una cláusula compromisoria para dirimir las controversias derivadas de los contratos de estabilidad jurídica y que, en ese caso, “se establecerá un tribunal de arbitramento nacional regido exclusivamente por leyes colombianas”, expresión esta que corresponde a lo demandado en el presente caso. En tal sentido, se observa que la inclusión de la cláusula compromisoria en el contrato de estabilidad jurídica es opcional para las partes, aún cuando si ella se pacta, la consecuencia necesaria es la sujeción a la legislación colombiana y a un tribunal de arbitramento nacional.
El artículo 9º se refiere a las inhabilidades para suscribir los contratos de estabilidad jurídica y el artículo 10 al registro de los mismos ante el Departamento Nacional de Planeación.
1. En la Sentencia C-242 de 2006, la Corte declaró exequible la expresión “…el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo” del artículo 1º de la ley, así como el artículo segundo y el inciso segundo del artículo tercero. La Corte consideró que la promoción de las inversiones tenía un fin constitucionalmente legítimo y que la existencia de una cuantía mínima a partir de la cual los inversionistas podían beneficiarse con los contratos de estabilidad jurídica no violaba el principio de igualdad (11) . En esta providencia se señaló:
El equilibrio entre los intereses de los inversionistas y el interés general se busca generando condiciones para que los aportes de capital se lleven a cabo dentro de condiciones de estabilidad jurídica respecto de aquellas normas consideradas determinantes para llevar a cabo la inversión. El interés general queda a salvo merced a la cláusula de exclusión, según la cual no se podrá conceder la estabilidad sobre normas relativas al régimen de seguridad social, la obligación de declarar y pagar los tributos o inversiones forzosas que el Gobierno Nacional decrete bajo estados de excepción, los impuestos indirectos, la regulación prudencial del sector financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos (art. 11 de la ley)”.
2. En la Sentencia C-320 de 2006, la Corte declaró exequible el artículo 1º de la Ley 963 de 2005, en el entendido que los órganos del Estado conservan sus competencias normativas, incluso sobre las normas identificadas como determinantes de la inversión, “sin perjuicio de las acciones judiciales a que tengan derecho los inversionistas”. Igualmente declaró exequible “por el cargo global analizado” (violación de la soberanía del Estado y de la facultad del Congreso de modificar las leyes), los apartes acusados de los artículos 2º, 3º, 4º y 6º de la Ley 963 de 2005, referentes al monto de la inversión, las normas objeto del contrato de estabilidad jurídica, el contenido de la solicitud de suscripción del contrato, la conformación del Comité competente para su estudio y la duración de los contratos. Al respecto se indicó:
“Tal y como se ha señalado, a diferencia de lo sostenido por el demandante, la Ley 963 de 2005 no le está impidiendo al Congreso de la República ejercer su competencia en el futuro para reformar las leyes ordinarias, incluso el texto mismo de la ley sobre contratos de estabilidad jurídica, o aquellos artículos, incisos, ordinales, numerales o parágrafos específicos de las mismas que sean objeto de un contrato de estabilidad jurídica; lo que sucede es que, dichas modificaciones, llegado el caso, pueden dar origen a controversias con los inversionistas, para cuya solución las partes pueden incluir una cláusula compromisoria mediante la cual se prevé la conformación de un tribunal de arbitramento. En otras palabras, no se está garantizando una inmutabilidad del ordenamiento jurídico colombiano, por cuanto, de llegar a entendida de esa manera, se vulneraría el principio democrático, consagrado en el artículo 1º Superior. De allí que la Ley 963 de 2005 no puede ser entendida como una cesión al ejercicio de la soberanía nacional. (…) Lo que sucede, se insiste, es que se está ante un contrato, en virtud del cual el Estado se comprometió a mantener unas condiciones normativas favorables, aplicables únicamente en el contexto de dicho acuerdo particular, equilibrio económico que podría verse alterado por la adopción de una norma aplicable a la inversión realizada, caso en el cual el Estado podría ver comprometida su responsabilidad” (12) .
3. En la Sentencia C-961 de 2006 (13) ya referida, la Corte declaró exequible, por los cargos analizados, la expresión “En este caso, se establecerá un tribunal de arbitramento nacional regido exclusivamente por leyes colombianas” que hace parte del artículo 7º de la Ley 963 de 2005. En esa oportunidad la Corte indicó:
Fuera de todo lo que se ha apuntado para fundamentar la constitucionalidad de estas limitaciones a la autonomía de la voluntad, es necesario destacar ahora que, en razón de la índole procesal del arbitramento, los condicionamientos aludidos entran dentro de las posibilidades de regulación de procedimiento arbitral que le competen al legislador, que, por lo demás, en tratándose de contratos de la Administración, también tiene una amplia potestad de configuración, y puede legítimamente regular el modo como se van a solucionar las controversias contractuales, así como el juez o el derecho aplicable y en fin, sobre ‘las condiciones de acceso, trámite y conclusión’”(se subraya).
(i) No se trata de una regulación integral de las inversiones y de todos los factores determinantes para la adopción de decisiones de ese tipo (físicas, económicas, de información, etc.); la Ley 963 de 2005 constituye apenas una herramienta más dentro de la política del Estado en esa materia, cuyo objeto se circunscribe únicamente a los presupuestos jurídicos internos de la inversión, que el Estado se obliga a respetar frente a posibles cambios adversos de normatividad (14) . En ese sentido, como se señaló en la Sentencia C-961 de 2006 (15) , el sometimiento del tribunal de arbitramento a las leyes colombianas, se justifica en tanto que son ellas las que constituyen el objeto principal del contrato, de manera que la previsión del legislador en ese sentido no resulta desproporcionada o irrazonable;
(ii) La naturaleza eminentemente contractual y, por tanto, voluntaria del contrato de estabilidad jurídica previsto en la Ley 963 de 2005, pues esta no impone unilateralmente sus efectos al inversionista, quien libremente puede o no acudir a un acuerdo de ese tipo, según lo considere conveniente para sus intereses (16) ; en ese sentido, la Ley 963 de 2005 representa la posibilidad de suscribir un tipo especial de contratos con el Estado, pero no la obligación de hacerlo.
(iii) El carácter igualmente voluntario de la estipulación de la cláusula compromisoria para la solución de las controversias surgidas del contrato (primera parte del art. 7º), cuyo pacto tampoco es obligatorio y, por tanto, no condiciona o afecta la validez del acuerdo de estabilidad jurídica; en todo caso, si se pacta una cláusula compromisoria, el tribunal de arbitramento será nacional y se regirá por las leyes colombianas; y
(iv) La imposibilidad de que a través de los contratos de estabilidad jurídica se desconozcan “los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano” (art. 11), frente a lo cual la Corte ya había indicado expresamente que no se trata de “una previsión legal superflua, dado es que evidente que ningún contrato suscrito por el Estado colombiano puede vulnerar la Constitución o los tratados internacionales ratificados por el mismo, so pena de nulidad absoluta por violación de normas de orden público” (17) .
Por tanto, la expresión acusada establece una consecuencia en materia de solución de conflictos que solo se produce por la aceptación voluntaria de la cláusula compromisoria por parte del inversionista.
En el mismo sentido el artículo 226 ibídem establece que el Estado promoverá “la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas”, pero advierte que ello se hará “sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”. Así mismo, cuando la Constitución se refiere a las relaciones exteriores del país, indica que su dirección estará basada en: (i) la soberanía nacional; (ii) el respeto a la autodeterminación de los pueblos; y (iii) el reconocimiento de los principios de derecho internacional (C.P., art. 9º).
De otro lado, los mandatos constitucionales en materia de integración internacional no se oponen a la potestad de ordenación normativa interna, que se funda en los principios de soberanía popular y de independencia política, a partir de los cuales cada Estado, en el marco del derecho internacional, puede decidir con autonomía acerca de sus asuntos internos (18) . Al respecto, la Corte ha indicado:
Resulta de especial importancia el “principio de la no injerencia”; con esta disposición, se reconoce la obligación de la comunidad internacional de no intervenir en los asuntos propios de cada Estado, en virtud del derecho indivisible, absoluto, inalienable, indelegable, permanente e incondicional de los pueblos a su soberanía. Se trata, pues, del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, a través del cual el derecho internacional procura la convivencia pacífica entre las diversas culturas e ideales políticos, de forma tal que cada Estado pueda definir, con absoluta libertad, autonomía e independencia, su propio ordenamiento constitucional y legal (19) (negrilla).
En esa medida, el desarrollo de las relaciones internacionales a través de tratados y convenios suscritos con otros Estados (sujetos a la aprobación legislativa y a la revisión de constitucionalidad de esta corporación), no se enfrenta a la cláusula general de competencia del Congreso para la regulación de las relaciones jurídicas que se desarrollan en el territorio nacional (C.P., art. 150), pues ello es expresión de la soberanía y autodeterminación del Estado colombiano, lo cual, dentro del ordenamiento superior, también es un referente obligado en materia de integración y manejo de las relaciones internacionales (art. 9º). Competencia que, en materia de intervención del Estado en la economía, conlleva un amplio margen de configuración normativa, de acuerdo con los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.
Como ha indicado esta corporación, los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia económica y de integración comercial no son parámetros de constitucionalidad de las leyes, pues tal condición únicamente ha sido prevista en la Constitución para los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en estados de excepción (C.P., art. 93) y para aquéllos que definen los límites territoriales del Estado (C.P., art. 101) (20) .
Así, la Corte ha señalado que “los tratados internacionales, por el solo hecho de serlo, no forman parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, no ostentan una jerarquía normativa superior a la de las leyes ordinarias” (21) , de manera que, salvo los casos previstos expresamente en la Constitución, no constituye motivo suficiente para la declaración de inexequibilidad de una ley “el hecho de que ella se oponga a lo acordado en un tratado internacional” (22) .
Al respecto, la Corte se ha referido a una noción “lato sensu” del bloque de constitucionalidad (23) , la cual permite identificar todas aquellas normas de diversa jerarquía que son referente para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación ordinaria (24) y ha señalado que “ni los tratados de integración económica ni el derecho comunitario integran el bloque de constitucionalidad, como quiera que ‘su finalidad no es el reconocimiento de los derechos humanos sino la regulación de aspectos económicos, fiscales, aduaneros, monetarios, técnicos, etc.’” (25) . Por tanto, únicamente las normas que conforman ese bloque de constitucionalidad comparten la “jerarquía del texto formal de la Carta” que “obliga a que toda la legislación interna acondicione su contenido y ajuste sus preceptos a los estatutos por aquellas adoptados, pues estos irradian su potestad sobre todo el ordenamiento normativo” (26) .
La Corte también ha reiterado la trascendencia que dentro del ordenamiento constitucional tiene el artículo 9º de la Constitución Política, en cuanto al deber del Estado de fundamentar sus relaciones internacionales no solo en la soberanía y el respeto del principio de autodeterminación, sino también en los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, dentro de los cuales se encuentra, como lo ha reconocido esta corporación, el principio Pacta Sunt Servanda (art. 26 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados), que “no solo significa que los tratados deben ser formalmente acatados sino que deben ser cumplidos de buena fe, esto es, con la voluntad de hacerlos efectivos” (27) .
“40. El examen precedente permite entonces mostrar que la Carta de nuestro país no defiende un monismo constitucionalista rígido, como podría entenderse a partir de una lectura aislada del artículo 4º superior, puesto que la Constitución establece que Colombia reconoce los principios de derecho internacional aceptados por el país y que el Estado debe promover la internacionalización sobre bases de equidad y reciprocidad (C.P., arts. 9º y 226). Ahora bien, como la primacía de los tratados sobre el ordenamiento interno es un principio del derecho internacional que ha sido ampliamente aceptado por Colombia, y constituye la base para la formación de relaciones equitativas entre las naciones, ese principio se entiende en cierta medida también incorporado en la Carta, por la vía indirecta de los artículos 9º y 262. Por ello la Corte había señalado que la norma Pacta sunt servanda, al ser una “medida de seguridad y estabilidad jurídica dentro del orden internacional”, encuentra un cierto sustento en el artículo 9º superior ya que pretende alcanzar “la paz, la seguridad y la convivencia entre los Estados” (28) . Igualmente, en posterior decisión, esta corporación precisó que “dentro de los principios fundamentales del derecho internacional se encuentra el Pacta Sunt Servanda, que obliga al respeto y cumplimiento de lo acordado en los tratados internacionales. Como consecuencia de este principio, las autoridades colombianas están obligadas a velar por la observancia de los tratados ratificados por Colombia (29) ”.
Al respecto, la Corte ha indicado que los artículos 9º, 226 y 227 de la Carta Fundamental establecen la obligación del Estado colombiano de promover “la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, en aras de impulsar el fortalecimiento de los procesos supranacionales de integración sobre bases de equidad, reciprocidad, igualdad y conveniencia nacional” (30) .
La evolución del concepto de soberanía interna en el marco de las relaciones internacionales implica salvaguardar la autonomía del Estado en asuntos de regulación interna, pero “concediendo especial atención a la adecuada articulación de los compromisos internacionales con el ejercicio de las competencias propias de nuestro Estado social de derecho, el cual propende tanto por la realización de los intereses nacionales como por la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional” (31) . Por ello, como se ha indicado en otras ocasiones, “el ideal normativo que preside las relaciones internacionales del Estado, le impone a los representantes del pueblo colombiano al momento de negociar o asumir un compromiso internacional (C.P., art. 189, num. 2º), verificar que el contenido del tratado, en lugar de poner en riesgo las instituciones esenciales de nuestro ordenamiento constitucional, promueva su desarrollo y aplicación efectiva” (32) .
Lo anterior tiene dos consecuencias importantes en el marco de la Constitución. En primer lugar, si el Estado asume válidamente obligaciones internacionales, debidamente incorporadas al derecho interno, las mismas deben ser cumplidas de acuerdo con el principio Pacta sun servanda (C.P., art. 9º) (33) ; en segundo lugar, si los tratados internacionales suscritos por Colombia conceden derechos a favor de particulares (nacionales o extranjeros), su observancia también está orientada por un deber de protección y efectividad (C.P., art. 2º). En esa medida, los tratados internacionales se erigen tamién como criterio de interpretación de la legislación interna.
Por tanto, en el contexto de la Constitución se impone un principio de armonización entre el derecho interno y las obligaciones internacionales del Estado, tal como señaló la Corte al referirse a las Convenciones de Viena de 1969 (34) y de 1986 (35) , en la medida que “en virtud del principio Pacta sunt servanda, que encuentra amplio sustento en la Carta, como ya se ha visto, es deber de los operadores jurídicos aplicar las normas internas distintas de la Constitución de manera que armonicen lo más posible con los compromisos internacionales suscritos que tiene el país” (36) (se subraya).
Así, al reconocerle fuerza jurídica interna a los tratados internacionales ratificados por Colombia, la Constitución protege aquella interpretación que mejor permita armonizar el orden normativo interno y el internacional, de forma que el Estado no quede expuesto innecesariamente a incumplir sus obligaciones internacionales (37) , pues como expresamente lo establece el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
Además, debe tenerse en cuenta que en el marco del principio de reciprocidad que orienta el derecho de los tratados y que también constituye un referente constitucional (C.P., art. 226), el incumplimiento del Estado Colombiano de sus compromisos internacionales puede afectar a su vez la efectividad de los derechos de los nacionales colombianos ante otros Estados (38) .
(iii) En el contexto de la Ley 963 de 2005, la voluntariedad se predica de la suscripción misma del contrato de estabilidad jurídica, que es una opción para el inversionista, así como también lo es la posibilidad de ampararse directamente en tratados internacionales que su juicio le otorguen mayores beneficios y garantías. Así mismo, la voluntariedad se predica de la cláusula arbitral (39) , cuyo pacto tampoco es obligatorio.
(iv) Sin perjuicio de lo anterior, en la medida que en los contratos de estabilidad jurídica regulados por la Ley 963 de 2005 las partes acuerden someter sus diferencias a un tribunal de arbitramento, este necesariamente será nacional y se regirá por la legislación colombiana (art. 7º).
(v) Si bien los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia e incorporados válidamente al derecho interno en materia de inversión extranjera y arbitramento no son parámetros de constitucionalidad, tendrán su propia fuerza normativa que se aplicará en el ámbito que corresponda a cada uno de ellos. En caso de conflicto entre la legislación interna y los tratados o convenios internacionales que regulan estas materias, las autoridades deberán optar por una interpretación orientada a su armonización y al respeto de los compromisos internacionales suscritos por Colombia (C.P., art. 9º).
Al respecto se observa que la Convención de Washington suscrita del 18 de marzo de 1965 regula el “Arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados” (40) . De acuerdo con su preámbulo, la Convención se suscribe en consideración de la necesidad de propender por la cooperación internacional, con el fin de lograr “el desarrollo económico” y la función que, en ese campo, desempeñan “las inversiones internacionales de carácter privado”. En tal sentido, el tratado tiene en cuenta la posibilidad de que se presenten diferencias entre los Estados contratantes y los nacionales de otros Estados que hacen inversiones en uno de ellos, para lo cual la convención auspicia la conciliación y el arbitramento internacionales, como mecanismos idóneos para la solución de los diferendos referentes a las inversiones internacionales.
En este contexto, los Estados firmantes acuerdan crear el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –CIADI- con el objeto de “facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes a un procedimiento de conciliación y arbitraje de acuerdo con las disposiciones de este Convenio” (art. 1º, num. 2º) (41) . Según su artículo 25, la jurisdicción del CIADI se extiende únicamente a las diferencias que “surjan directamente de una inversión” entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante (42) .
Cabe señalar que la suscripción de la Convención de Washington no obliga automáticamente a los Estados firmantes a someter sus conflictos de inversión a la jurisdicción arbitral del CIADI, pues en su preámbulo se advierte “que la mera ratificación, aceptación o aprobación de este Convenio por parte del Estado Contratante, no se reputará que constituye una obligación de someter ninguna diferencia determinada a conciliación o arbitraje, a no ser que medie el consentimiento de dicho Estado”. A su vez, el artículo 25 de la Convención señala que la jurisdicción del CIADI se extiende a las diferencias “que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro” y que, en todo caso, un Estado Contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, “como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este Convenio” (art. 26). Así, a pesar de que con la Convención de Washington “el inversionista adquiere una capacidad jurídica propia frente a un tribunal internacional, independiente de los derechos y de la voluntad de su Estado de nacionalidad, la cual se ejerce frente a un Estado extranjero” (43) , no le otorga a ese inversionista un recurso arbitral directo, pues en todo caso se requiere el consentimiento escrito del Estado Contratante receptor de la inversión, que como ya se señaló, no se entiende dado con la suscripción de dicha convención (44) .
Todo lo anterior permite concluir que la Convención de Washington de 1965 en la que los accionantes fundamentan su cargo, corresponde a un convenio internacional de tipo económico que, por tanto, no se integra al bloque de constitucionalidad, en los términos del artículo 93 de la Constitución Política. En consecuencia, no es procedente la confrontación vertical de la expresión acusada con la Convención de Washington de 1965 (L. 267/96) o en general con otro tipo de tratados internacionales de tipo económico, pues los mismos no son parámetros de constitucionalidad y, en esa medida, no permitirían declarar su inexequibilidad.
Es preciso recordar que la naturaleza económica de esta convención ya había sido advertida por la Corte al estudiar la constitucionalidad de su ley aprobatoria, momento en el cual señaló que los mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos en ella, se fundamentan en el propósito de fortalecer la cooperación económica y afianzar los mecanismos de atracción a la inversión extranjera, objetivos que “son coincidentes con la obligación estatal de promover la internacionalización de las relaciones económicas, políticas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (C.P., arts. 150-16 y 226)”. Así, se indicó que la Convención de Washington, en tanto instrumento idóneo para brindar mayores niveles de seguridad a los inversionistas extranjeros, “desarrolla el contenido del artículo 227 de la Carta, según el cual el Estado propenderá por la integración económica, social y política con las demás naciones” (45) .
Finalmente, respecto de las acusaciones hechas por los accionantes en cuanto a que la expresión acusada es inconveniente para la integración internacional del país y resulta poco atractiva para los inversionistas extranjeros, al punto que viola los mandatos contenidos en los artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución, la Corte recuerda que el juicio constitucional es de carácter estrictamente jurídico y, por ende, como se ha señalado en otras oportunidades, no se extiende a la evaluación de las razones de conveniencia y oportunidad reservadas a otros órganos del Estado (46) .
“Configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona. Ante la necesidad de mantener la seguridad jurídica y asegurar la protección del orden social, la Constitución prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales. De este modo se construye el principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que la nueva ley no tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han quedado debidamente consolidadas, y que resultan intangibles e incólumes frente a aquella, cuando ante una determinada situación de hecho se han operado o realizado plenamente los efectos jurídicos de las normas en ese momento vigentes” (47) . “Configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona. Ante la necesidad de mantener la seguridad jurídica y asegurar la protección del orden social, la Constitución prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales. De este modo se construye el principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que la nueva ley no tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han quedado debidamente consolidadas, y que resultan intangibles e incólumes frente a aquella, cuando ante una determinada situación de hecho se han operado o realizado plenamente los efectos jurídicos de las normas en ese momento vigentes” (48) (se subraya).
Por el contrario, frente a situaciones inciertas y eventuales que no se consolidaron al amparo de una normatividad anterior, opera un principio de aplicación inmediata de la ley (49) , a la cual deberán adecuar su conducta quienes no hayan logrado llevar a su patrimonio derechos que concedía la norma derogada. Así, la Corte ha señalado que mientras los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos por las leyes ulteriores, por el contrario las simples expectativas no gozan de esa protección, pues “la ley puede modificar discrecionalmente las meras probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho” (50) . Por ello, las expectativas que tiene una persona de adquirir en el futuro un derecho, pueden ser reguladas por el legislador “según las conveniencias políticas que imperen en el momento, guiado por parámetros de justicia y de equidad que la Constitución le fija para el cumplimiento cabal de sus funciones” (51) .
Precisamente, al referirse a los contratos de estabilidad jurídica previstos en la Ley 963 de 2005 y con el fin de reiterar la facultad general del legislador de modificar la ley, la Corte señaló que “mediante la expedición de una ley ordinaria, no se puede garantizar que en el futuro el Congreso de la República se abstenga de ejercer sus competencias constitucionales para interpretar, reformar o modificar textos normativos de idéntica jerarquía, y mucho menos, cualesquiera superior a ella” (52) .
El efecto general inmediato de la ley opera también y por regla general frente a las normas procesales (53) , dado que se trata de disposiciones de orden público dirigidas a organizar la prestación del servicio público de justicia, al cual tienen derecho de acceso todos los ciudadanos (C.P., art. 229). Dichas normas, que se refieren a la forma de reclamar en juicio los derechos, no generan situaciones fácticas apropiables y, por ende, frente a ellas no cabe hablar de derechos adquiridos, ni reclamar su protección a partir del artículo 58 de la Constitución Política. Al respecto, la Corte ha indicado que “el legislador ha desarrollado una reglamentación general sobre el efecto de las leyes en el tiempo, contenida en la Ley 153 de 1887, según la cual en principio las leyes rigen hacia el futuro, pero pueden tener efecto inmediato sobre situaciones jurídicas en curso. Tal es el caso de las leyes procesales, pues ellas regulan actuaciones que en sí mismas no constituyen derechos adquiridos, sino formas para reclamar aquellos” (54) .
Cabe recordar que la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 40 (55) y 43 (56) (parcial) de la Ley 153 de 1887, en cuanto consagran un principio general de aplicación inmediata de la ley procesal que no resulta lesivo de las garantías derivadas de los artículos 29 y 58 de la Constitución Política:
Así las cosas, en la medida en que la regla general anotada no desconoce derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas (C.P., art. 58), el texto del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 que así la establece, se ajusta a la Constitución. Obviamente en la aplicación de la norma deberá respetarse el principio de favorabilidad penal (C.P., art. 29) (57) .
Por ello, la potestad de configuración normativa del legislador en materia de procedimientos judiciales y de mecanismos alternativos de solución de conflictos, comporta la facultad de modificación, derogación y subrogación de las leyes procesales, para su adaptación a las necesidades de la sociedad en materia de acceso a la administración de justicia. La protección de la persona en este punto no exige la petrificación de los procedimientos y de las formas en el tiempo, sino la garantía de acceso a un juez natural, autónomo e independiente (C.P., arts. 228, 229 y 230) y a la plena observancia del debido proceso (C.P., art. 29). De lo contrario, la sociedad quedaría expuesta a formas e instrumentos procesales que con el paso del tiempo podrían volverse anacrónicos e ineficaces, lo que desconocería el derecho de las personas a acceder a mecanismos adecuados y eficientes para la solución pacífica de los conflictos.
En esa medida, el ofrecimiento por parte del Estado de mecanismos alternativos de solución de conflictos como el arbitramento y la conciliación, no excluye ni su regulación legal (C.P., art. 116), ni la posibilidad de adaptarlos o modificarlos (C.P., art. 150), pues “si los árbitros ejercen la función pública de administrar justicia, es razonable que el Legislador configure el marco general y las directrices de la actuación arbitral, dentro del marco de la Constitución” (58) . Por ello, como lo ha reconocido esta corporación, “el legislador goza de plena autonomía para dictar disposiciones tendientes a desarrollar el ejercicio de funciones judiciales por parte de particulares a través de la institución del arbitramento y, de esta forma, regular un procedimiento reconocido desde la propia Constitución como una forma alternativa de resolver conflictos jurídicos” (59) .
Por lo anterior, la Corte tampoco encuentra vocación de prosperidad al cargo presentado por varios de los demandantes, en cuanto a que la expresión acusada desconocería derechos adquiridos en virtud de normas anteriores que permiten acudir al arbitramento internacional y escoger la ley aplicable para la solución del conflicto (específicamente la Ley 315 de 1996 —por la cual se regula el arbitraje internacional y se dictan otras disposiciones— y el Decreto 1818 de 1998 —por medio del cual se expide el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos—). Tales ordenamientos, además de no ser parámetros de constitucionalidad, se refieren a una materia que, como la generalidad de asuntos que corresponde regular al Congreso, no goza de inmunidad frente a la posibilidad de modificación, derogación o subrogación de la ley.
De esta forma, aún si existiera contradicción entre tales regulaciones y la expresión acusada, lo cual corresponde a un problema de aplicación de la ley, no puede sostenerse que aquellas confieren un derecho adquirido e indefinido de pactar una cláusula compromisoria en las condiciones allí previstas, para regular eventuales y futuros conflictos de contratos que ni siquiera han nacido a la vida jurídica. Además, la Corte no encuentra en la expresión acusada una derogatoria de lo previsto en la Ley 315 de 1996 ni en el Decreto 1818 de 1998 sobre arbitramento internacional, sino la expedición de un régimen especial para determinados contratos en que será parte el Estado, lo cual, por tanto, tampoco tiene vocación de afectar retroactivamente las cláusulas compromisorias y los compromisos válidamente pactados al amparo de dichas disposiciones.
(1) Sentencia C-211 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, aclaración de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería, sobre la diferencia que existe entre cosa juzgada relativa y sentencias interpretativas o condicionadas.
(2) Sentencia C-310 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(3) Sentencia C-394 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(5) Sentencia C-584 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(6) Corte Constitucional, Sentencia C-584 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(7) “…verbigracia, cuando el análisis constitucional se restringe al estudio de determinados cargos de constitucionalidad” (Auto del 31 de julio de 2006. Expediente 6418, M.P. Álvaro Tafur Galvis). Igualmente pueden verse las Sentencias C-774 de 2001, C-1169 de 2004 y C-783 de 2005.
(8) Sentencias C-914 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas; C-710 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra (Salvamento parcial de voto del Magistrado Jaime Araújo Rentería); C-712 de 2005 (Salvamento parcial de voto del Magistrado Jaime Araújo Rentería), entre otras.
(10) Modificado por el artículo 55 de la Ley 1111 de 2006, en el sentido que la inversión deberá superar 155.000 UVT (Unidades de Valor Tributario).
(11) M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Salvamento de voto del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, quien consideró que el artículo 2º de la ley debió ser declarado inexequible por violación del principio de igualdad, al favorecer únicamente las inversiones superiores a cierto capital y a determinados sectores económicos. Salvamento de voto del Magistrado Alfredo Beltrán Sierra, pues a su juicio las normas demandadas debieron ser declaradas inexequibles porque limitan la facultad del Congreso de reformar la ley. Salvamento de voto del Magistrado Jaime Araújo Rentería.
(12) Sentencia C-320 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Salvamento de voto de los Magistrados: Alfredo Beltrán Sierra (en la medida que considera que la ley es inexequible en su totalidad al limitar las competencias del Congreso para modificar la ley) y Jaime Araújo Rentería. Aclaración de voto del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, en el sentido que, como señaló en su salvamento de voto a la Sentencia C-242 de 2006, el monto mínimo de la inversión para acceder a los beneficios de la ley viola el derecho a la igualdad.
(13) Sentencia C-961 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Aclaración de voto de los Magistrados Jaime Araújo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis.
(14) Sentencia C-320 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Salvamento de voto de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araújo Rentería. Aclaración de voto del Magistrado Jaime Córdoba Triviño.
(15) M.P. Rodrigo Escobar Gil. Aclaración de voto de los Magistrados Jaime Araújo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis.
(16) “Por lo tanto, la verdadera fuente de la garantía de estabilidad jurídica del inversionista, no surge directa e inmediatamente de la ley acusada de inconstitucional, sino del contrato de estabilidad jurídica que por autorización de la misma ley la incorpora como regla interna reguladora de dicho contrato, convirtiéndose así en un derecho contractual a la estabilidad jurídica de la inversión” (Sentencia C-320 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Salvamento de voto de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araújo Rentería. Aclaración de voto del Magistrado Jaime Córdoba Triviño).
(18) Cfr. Sentencia C-644 de 2004.
(19) Sentencia C-418 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(20) Pueden verse las sentencias C-1022 de 1999 y C-067 de 2003.
(21) Sentencia C-191 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(22) Sentencia C-358 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Salvamento parcial de voto de los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa, José Gregorio Hernández y Eduardo Cifuentes Muñoz.
(23) Sentencia C-200 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis
(24) Sentencia C-191 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. “El hecho de que las normas que integran el bloque de constitucionalidad tengan jerarquía constitucional hace de ellas verdaderas fuentes de derecho, lo que significa que los jueces en sus providencias y los sujetos de derecho en sus comportamientos oficiales o privados deben atenerse a sus prescripciones. Así como el preámbulo, los principios, valores y reglas constitucionales son obligatorios y de forzoso cumplimiento en el orden interno, las normas del bloque de constitucionalidad son fuente de derecho obligatoria para todos los asociados” (Sentencia C-067 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(25) Sentencia C-1118 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(26) Sentencia C-067 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Así, por ejemplo, al referirse a los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia, la Corte ha señalado que “la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario, con el fin de potenciar la realización material de tales valores” (Sentencia C-225 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
(27) Sentencia C-400 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Salvamento de voto de los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa y José Gregorio Hernández. En esta sentencia se señaló: “Este principio de Pacta sunt servanda, según el cual los tratados deben ser cumplidos por las partes que se obligaron, constituye la base esencial del derecho de los tratados y, en general, del funcionamiento armónico y pacífico de la comunidad internacional. Por ello, algunos teóricos han considerado que esta norma representa el principio base, la norma fundamental y más elemental de todo el sistema jurídico del derecho internacional, de la cual depende la validez de las reglas de este derecho. Según su criterio, que esta Corte acoge, resulta imposible pensar el derecho internacional como disciplina autónoma sin presuponer una norma como Pacta sunt servanda, por lo cual ella es sin lugar a dudas unos de los principios de derecho internacional reconocidos por Colombia (C.P., art. 9º)”
(28) Sentencia C-276 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Consideración de la Corte 3.4.
(29) Ver sentencia C-358/97. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, Fundamento Jurídico 15.5.
(30) Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Salvamento parcial de voto del Magistrado Rodrigo Uprimny Yepes, en cuanto a que el tratado internacional sujeto a revisión incluía asuntos ajenos al mismo. Salvamento de voto del Magistrado Jaime Araújo Rentería, por considerar que el tratado aprobado violaba el artículo 9º de la Constitución Política sobre la libre autodeterminación de los pueblos.
(31) Sentencia C-249 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(32) Ibídem. En otra oportunidad se había indicado:“La racionalidad del derecho es la que exige pues que el orden interno no vulnere el orden internacional, pues sería el precedente para que la unilateralidad se proclamara con argumentos que podrían ser de fuerza y no de razón, es decir, de “capricho" y no de consenso. Por eso es que existen deberes y derechos eminentemente racionales -y en su extensión, universales, por lo que las diversas sociedades civiles, organizadas bajo la forma de Estado cada una de ellas, se hallan unidas entre sí por pactos que las vinculan en un ideal común objetivo. La base de todo el orden internacional, el fundamento de su construcción y progreso, no es otro distinto al respeto por el consenso, es decir el principio pacta sunt servanda, manifestación de la recta razón.” (Sentencia C-319 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)
(33) En la Sentencia C-400 de 1998, la Corte señaló también que los tratados internacionales debían cumplirse de buena fe conforme al artículo 83 de la Constitución Política, “norma que se aplica también a las relaciones internacionales” (M.P. Alejandro Martínez Caballero, salvamento de voto de los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa y José Gregorio Hernández)
(34) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobado por la Ley 32 de 1985.
(35) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986, aprobada por la Ley 406 de 1997.
(36) Sentencia C-400 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Salvamento de voto de los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa y José Gregorio Hernández.
(37) Sentencia C-358 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Salvamento parcial de voto de los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa, José Gregorio Hernández y Eduardo Cifuentes Muñoz.
(38) El artículo 60 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1965 (L. 32/85) se refiere a la posibilidad de un Estado de suspender la aplicación de un Tratado como consecuencia de su violación por parte de otro Estado. Puede verse la Sentencia T-557 de 2005, en la que la Corte se refirió a la reciprocidad en materia de exequatur. (M.P. Alfredo Beltrán Sierra). Igualmente, la utilización de los principios de reciprocidad y equidad como referentes de constitucionalidad puede encontrarse en la Sentencia C-492 de 1998, M.P., Fabio Morón Díaz, en la que se declaró la exequibilidad de la Ley 431 de 1998, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Comercio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Malasia”; igualmente, en la Sentencia C-1144 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en la que se declaró exequible la Ley 884 de 2004 “por medio de la cual se aprueba la Resolución número AG-1 de 1998 que modifica el convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica-BCIE, adoptada por la Asamblea de gobernadores del Banco”.
(39) Sentencia C-961 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Aclaración de voto de los Magistrados Jaime Araújo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis.
(40) Aprobada por la Ley 267 de 1995 y declarada exequible mediante Sentencia C-442 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(41) La estructura de la Convención de Washington de 1965 es la siguiente: creación y organización del CIADI (Capítulo I); jurisdicción y conflictos que puede conocer y decidir (Capítulo II); regulación de la conciliación (Capítulo III) y del arbitramento (Capítulo IV); causales de sustitución y recusación de conciliadores y árbitros (Capítulo V); pago de las costas del procedimiento y el lugar donde este debe llevarse a cabo (Capítulos VI y VII, respectivamente); solución de controversias entre los Estados derivadas del tratado- (Capítulo VIII); enmiendas (Capítulo IX) y disposiciones finales.
(42) Respecto del arbitraje, la Convención señala que el tribunal se compondrá de un árbitro único o de un número impar de árbitros, nombrados según lo acuerden las partes (art. 37). Indica que si las partes no llegaren a un acuerdo sobre el número de árbitros y el modo de nombrarlos, el tribunal se constituirá con tres árbitros designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá el Tribunal, de común acuerdo (ibídem). Advierte que la mayoría de los árbitros no podrá tener la nacionalidad del Estado Contratante parte en la diferencia, ni la del Estado a que pertenezca el nacional del otro Estado Contratante, salvo que las partes consientan en ello. (art. 39) Con relación a la ley aplicable al arbitramento, la Convención indica que el Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes y que, a falta de acuerdo, aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, “incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables.” (art. 42) Advierte que el Tribunal no podrá eximirse de fallar so pretexto de silencio u oscuridad de la ley y que el conflicto se podrá decidir ex aequo et bono, si las partes así lo acuerdan. La Convención también regula: 1. La solicitud de arbitraje; 2. La constitución del Tribunal, sus facultades y funciones; 3. La expedición del laudo, su aclaración, revisión y anulación; 4. El reconocimiento y ejecución del laudo. Todo ello, en el marco de la solución de controversias originadas en inversiones realizadas en los Estados Parte de la Convención.
(43) Sentencia C-422 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(44) “El consentimiento de las partes. Los comentaristas de la Convención de Washington han señalado que esta se encuentra fundamentada sobre una base enteramente consensual y que el consentimiento de las partes constituye la “piedra angular" de la competencia del CIADI. Este principio de la autonomía de la voluntad no solamente se extiende a la competencia del Centro sino a las reglas de derecho con base en las cuales un tribunal haya de resolver un determinado diferendo (artículo 42(1)). Se ha dicho, igualmente, que esta característica del Tratado es un factor que contribuye a darle flexibilidad y seguridad jurídica. En efecto, el criterio de las partes es un factor particularmente benéfico en un ámbito que, como el de las inversiones internacionales, se caracteriza por presentar una diversidad de situaciones y de relaciones. Por otro lado, es importante resaltar que la ratificación de la Convención no constituye la manifestación del consentimiento de un Estado de someterse a la jurisdicción del CIADI. Este consentimiento debe ser prestado, tanto por el Estado como por el inversionista, en forma escrita, de manera clara y sin reservas y puede adoptar varias modalidades. El Estado puede manifestar su consentimiento caso por caso, dentro de acuerdos de inversión, a través de normas legales o reglamentarias, etc. Por su parte, el inversionista deberá prestar su consentimiento en cada caso particular antes de acceder a la jurisdicción del Centro.
Opina esta corporación que las normas de la Convención de Washington que regulan la jurisdicción del CIADI son compatibles con las disposiciones de la Constitución Política de Colombia. En primer lugar, en este punto cabe efectuar el mismo análisis que se hizo más arriba (ver Nº 4) en torno a la viabilidad constitucional del arbitramento y la conciliación internacionales en materia de inversiones extranjeras. De otro lado, los principios que rigen la jurisdicción del Centro, antes expuestos, son particularmente respetuosos con las atribuciones soberanas y con la independencia del Estado colombiano. En efecto, la suscripción del Tratado no impone a los Estados contratantes tener que recurrir, en forma obligatoria, siempre que surja una diferencia con un inversionista extranjero, a la jurisdicción del CIADI. El consentimiento de las partes a someterse a la competencia del Centro puede llegar, incluso, a prestar el consentimiento caso por caso, lo cual implica que el Estado puede decidir soberanamente en qué eventos acude o no ante el CIADI para resolver los mencionados conflictos. Lo anterior se refuerza con la posibilidad (artículo 25(4)) de que el Estado, al ratificar, aceptar o aprobar el Convenio manifieste qué tipo de diferencias acepta someter a la jurisdicción del Centro.
De igual forma, las competencias de los organismos judiciales y administrativos nacionales no se ven interferidas por las atribuciones del CIADI. Si bien la Convención de Washington consagra como principio general el no agotamiento de las vías procesales nacionales, al mismo tiempo determina que, si el Estado así lo desea, puede supeditar su consentimiento a someterse la jurisdicción del Centro al agotamiento de sus vías administrativas y judiciales internas. En opinión de la Corte, esta salvedad deja a salvo las potestades que, sobre conflictos relativos a inversiones internacionales, pudiesen tener los órganos judiciales y administrativos colombianos.” (se subraya)
(45) Sentencia C-422 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(46) En este sentido, al tratarse de la revisión de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, la Corte ha indicado que el ámbito de su competencia es de estricto derecho, “no siendo posible extenderlo a aspectos ajenos a la habilitación expresa que, para el ejercicio de su función de salvaguarda de constitucionalidad, contempló el constituyente.” (Sentencia C-246 de 1999, M.M.P.P Antonio Barrera Carbonell y José Gregorio Hernández, salvamento de voto de los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa y Eduardo Cifuentes Muñoz.)
(47) Sentencia C-147 de 1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell
(48) Sentencia C-147 de 1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(49) Sentencia C-763 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(50) Sentencia C-478 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(51) Sentencia C-604 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(52) Sentencia C-320 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Salvamento de voto de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araújo Rentería. Aclaración de voto del Magistrado Jaime Córdoba Triviño.
(53) Sentencia C-619 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(55) ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.
(56) ART. 43.—La ley preexistente prefiere a la ley expos facto en materia penal. Nadie podrá ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla solo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40” (se subraya la parte demandada).
(57) Sentencia C-200 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Aclaración de voto del Magistrado Jaime Araújo Rentería.
(58) Sentencia C-163 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(59) Sentencia C-330 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Al respecto la Corte ha señalado que “corresponde al Congreso de la República en ejercicio de la potestad legislativa de que es titular, según el artículo 150 Superior, crear el marco jurídico regulador de los mecanismos alternativos de solución de los conflictos jurídicos dentro de los límites y márgenes que establece el ordenamiento constitucional” y que “lo anterior, implica un adecuado, prudente y razonable diseño normativo, que patrocine un esquema para la resolución pacifica y negociada de los conflictos jurídicos, en virtud del cual se logre descongestionar los despachos judiciales, se permita alcanzar un uso racional, eficaz y eficiente del aparato judicial, y se cambie la cultura del litigio.” Que, en esa medida, “dicho esquema, no puede significar en modo alguno la sustitución total de la jurisdicción del Estado ni la renuncia de este a dispensar la tutela judicial efectiva que se requiere para hacer efectiva la igualdad en los términos de los incisos 2º y 3º del artículo 13 de la Constitución. (Sentencia C-160 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell).

References: ARTÍCULO 7
 artículo 241
 artículo 7
 artículo 116
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 40
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 10
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 artículo 25
 artículo 25
 artículo 93
 artículo 227
 artículo 58
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 artículo 9
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 artículo 60
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 artículo 40
 artículo 150
 resolución 
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