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Timestamp: 2017-12-14 21:02:04+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 3) de 4 de noviembre de 2010. IVA. Entregas de bienes expedidos fuera de la comunidad. Fórmula F.O.B. - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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IVA: entregas de bienes expedidos fuera de la comunidad por el transmitente. Supuestos: compra previa en el territorio de aplicación del impuesto. Fórmula de entrega "FOB".
Visto el presente recurso de casación núm. 4397/2005 que ante la Sala Tercera, Sección Segunda, de este Tribunal Supremo pende de resolución, interpuesto por la Sociedad NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A. (absorbente de NISSAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.A.), representada por Procurador y dirigida por Letrado, y por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, contra la sentencia dictada, con fecha 28 de abril de 2005, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso de dicho orden jurisdiccional seguido ante la misma bajo el núm. 565/2002.
Comparecen como parte recurrida LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Primero.-En el recurso contencioso-Administrativo n.º 565/2002 seguido en la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 28 de abril de 2005, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO. Que debemos ESTIMAR EN PARTE Y ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de NISSAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.A., contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 5 de junio de 2002, descrita en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, la cual anulamos, por ser contraria a derecho, así como las actuaciones administrativas de que trae origen, en el único extremo relativo al plazo para la rectificación de la repercusión, declarando que queda en suspenso en tanto recaiga Resolución administrativa o sentencia firmes de existir controversia jurídica sobre la misma. Sin efectuar condena al pago de las costas".
Esta sentencia fue notificada al Procurador D. Francisco De Las Alas-Pumariño y Miranda, representante de la Sociedad NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A. (absorbente de NISSAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.A.) y al Abogado del Estado, representante de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, el día 10 de junio de 2005.
Segundo.-La ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, de una parte y, de otra, el Procurador D. Francisco De Las Alas-Pumariño y Miranda, representante de la Sociedad NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A. (absorbente de NISSAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.A.), presentaron escritos de preparación del recurso de casación con fechas 16 y 24 de junio de 2005, respectivamente, en los que manifestaron su intención de interponerlo con sucinta exposición del cumplimiento de los requisitos procesales de admisibilidad.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Sexta- de la Audiencia Nacional acordó, por Providencia de fecha 28 de junio de 2005, tener por preparados los recursos de casación, remitir los autos jurisdiccionales de instancia y el expediente administrativo a la Sala Tercera del Tribunal Supremo y emplazar a las partes interesadas ante dicha Sala Tercera.
Tercero.-El Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, con fecha 2 de septiembre de 2005, presentó escrito de formalización e interposición del recurso de casación, en el que reiteró el cumplimiento de los requisitos procesales de admisibilidad y formuló los motivos que estimó pertinentes, al primero, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y reiterada doctrina jurisprudencial de la que son exponentes las Sentencias de 8 de abril de 2002 y de 24 de septiembre de 1999; y, el segundo, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 89 y 100 de la Ley 37/92, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con sus correspondientes fundamentos de derecho, suplicando a la Sala "dicte en su día Sentencia por la que estimando el recurso case y anule la recurrida en la parte en la que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo, sustituyéndola por otra en la cual se desestime dicho recurso íntegramente".
El Procurador D. Francisco De Las Alas-Pumariño y Miranda, representante de la Sociedad NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A. (absorbente de NISSAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.A.), presentó con fecha 19 de septiembre de 2005 escrito de formalización e interposición del recurso de casación, en el que reiteró el cumplimiento de los requisitos procesales de admisibilidad y formuló los motivos que estimó pertinentes, el primero, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 90 de Reglamento Procedimiento Económico Administrativo; el segundo, al amparo del artículo 88.1.d), por infracción del artículo 21 de la Ley 37/1992, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre el valor Añadido y el artículo 9 de su Reglamento; y, el tercero, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la normativa aduanera, concretamente del artículo 788 del Reglamento CEE 2454/93, los Usos Comerciales Internacional y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre ellos recaída, con sus correspondientes fundamentos de derecho, suplicando a la Sala "dicte en su día sentencia, más acorde a Derecho, por la que procediendo a su estimación, case y anule la sentencia recurrida, declarando la no conformidad al Ordenamiento Jurídico de la Resolución de la reclamación RG 6033/00 RS 533/00 de la Vocalía Quinta del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 5 de junio de 2002 y de la Resolución de la Delegación Especial de Castilla y León de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de 28 de agosto de 2000, sentencia en la que se resuelva de conformidad con lo solicitado en nuestro escrito inicial de demanda".
Cuarto.-La ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, compareció y se personó como parte recurrida.
Quinto.-Por Providencia de fecha 3 de noviembre de 2006, la Sala Tercera -Sección Primera- dio traslado a las partes para alegaciones sobre la concurrencia de la posible causa de inadmisión del recurso relativa a la cuantía del mismo.
Y, por Auto de fecha 1 de Febrero de 2007, la Sala acordó la admisión a trámite del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "Nissan Motor Ibérica" y de la Administración general del Estado, respecto a las liquidaciones giradas a "Nissan Motor Ibérica SA" por IVA correspondientes a los meses de enero, abril, agosto y septiembre del ejercicio de 1998; y, declarar, la inadmisión del recurso de casación en relación con las restantes liquidaciones mensuales del referido ejercicio de 1998, con remisión de las actuaciones a la Sección Segunda, de conformidad con las Normas de reparto de los asuntos entre las Secciones.
Sexto.-Dados sendos traslados de los escritos de formalización e interposición del recurso de casación, el Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, y el Procurador D. Francisco De Las Alas Pumariño y Miranda en representación de Sociedad NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A. (absorbente de NISSAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.A.), presentaron, respectivamente, escritos de oposición al recurso, formulando los argumentos de contrario que consideraron convenientes a su derecho, suplicando a la Sala el Abogado del Estado "dicte en su día Sentencia declarando no haber lugar a casar la recurrida, todo ello con imposición de las costas procesales a la parte recurrente", y el Procurador D. Francisco De Las Alas Pumariño y Miranda "declare la íntegra desestimación del recurso, confirmando en el extremo impugnado la Sentencia recurrida, e imponiendo por imperativo legal las costas a la parte recurrente".
Terminada la sustanciación del recurso, y llegado su turno, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 3 de Noviembre de 2010, fecha en la que tuvo lugar el acto.
Primero.-Esta Sala y Sección se ha pronunciado recientemente mediante sentencia de 27 de septiembre de 2010, sobre una cuestión idéntica a la que nos ocupa, entre las mismas partes, en debate similar y con la única diferencia de tratarse de ejercicios distintos. Baste, pues, para resolver la presente controversia reproducir lo dicho en aquella sentencia, sin más variación que las adaptaciones necesarias al caso concreto.
La sentencia recurrida estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Nissan Vehículos Industriales, S.A., contra el Acuerdo del TEAC de 5 de junio de 2002, R.S. 534/00, que desestimó la reclamación económico-administrativa promovida contra la liquidación derivada del acta de disconformidad n.º 70305244 levantada, relativa al IVA del ejercicio 1998.
La Sala de instancia, en primer lugar, señala que " Alega la parte actora en su demanda que el Acuerdo dictado por el Tribunal económico-administrativo Central debe ser anulado porque se ha vulnerado el apartado e) del artículo 62 y del Art. 78 de la ley 30/92 en relación con el Art. 90.2 y 3 . y el Art. 94 del R.D. 391/96 porque presentó el día 6 de febrero de 2001 escrito de alegaciones "compuesto por 22 folios a los que se acompañaron los documentos probatorios que servían de base al mismo", aportando con el escrito de demanda copia del mismo.
En el expediente administrativo no aparece el escrito de alegaciones cuya copia con el sello correspondiente se ha unido a los autos. Ostenta el número 2715 muy próximo al 2720 que aparece en el escrito de alegaciones de NISSAN TRADING EUROPE.
La consecuencia para la nulidad del Acuerdo impugnado no puede ser la pretendida: el exámen del expediente administrativo revela que la actora presentó durante la tramitación del mismo varios escritos de alegaciones, con un contenido en cuanto a sus pretensiones y el fundamento de las mismas que no difiere al que recoge el escrito extraviado. El TEAC dicta una resolución con varios fundamentos de derecho en la que se analizan, para desestimarlas, las cuestiones fundamentales sobre las que versa la discrepancia de la hoy actora con la Administración. Finalmente, ha podido someter a debate tales cuestiones en el marco de este recurso contencioso-administrativo con lo que su derecho de defensa ha quedado garantizado".
Continúa la sentencia en su Fundamento Cuarto afirmando que: "La cuestión principal debatida es la relativa a si las operaciones objeto de las actuaciones inspectoras son exportaciones a los efectos de aplicar o no la exención que para las mismas regula el Art. 21 de la ley 37/92 centrándose la discrepancia entre la Administración y la actora en que aquella considera que es Nissan Tradring Europe la exportadora y propietaria de los bienes, y la recurrente se considera exportadora y propietaria entendiendo esta que el hecho de que aparezca en las facturas es irrelevante porque "una factura no puede ser nunca el hecho determinante de la consumación del negocio jurídico, y que la propiedad de los vehículos no pasó a Nissan Trading hasta que se pusieron sobre la cubierta del barco. Sostiene que por aplicación de las normas INCOTERMS las condiciones FOB significan: 1.º que el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque convenido; 2.º que el vendedor debe ser quién despache la mercancía para exportación y debe llevar a cabo los trámites aduaneros.
El exámen del expediente administrativo pone de manifiesto que en las relaciones entre Nivisa y y Nissan Trading la operación aparece descrita como "compra", sin que la circunstancia de que la misma se realice con las condiciones FOB altere la esencia del negocio jurídico. Las ventas FOB pueden realizarse mediante mandatario que actúa en su propio nombre frente al adquirente extranjero, haciéndolo por cuenta del propietario de las mercancías, sin impedir por ello la preexistente operación entre Nivisa y Nissan Trading.
Como recuerda la Inspección en el acto de liquidación, ya en el informe de 11-V-98 se habían detectado ventas triangulares (Nivisa-NTE-destinatarios extracomunitarios) con forma de entrega FOB Barcelona en el primer caso y FOB puerto de Barcelona en el segundo. Igualmente, consta que las facturas que documentan la compraventa, y que, en el caso del IVA tienen especial relevancia, son anteriores a las DUAS, siendo incompatible la circunstancia de que exporte "por cuenta propia" una mercancía que ya no es suya. Así se ha puesto de manifiesto en las diferentes versiones de la operación dadas a la Inspección y documentadas en las sucesivas diligencias, en las que inicialmente manifiesta que exportaba "en nombre y por cuenta de NTE", luego "por cuenta de NTE" y finalmente "Nivisa en nombre y por cuenta propios".
Finalmente, en el fundamento quinto, la Sala rectifica el criterio sentado por el TEAC sobre el plazo para el ejercicio del derecho a la repercusión. Cuestión sobre la que el Sr. Abogado del Estado ha manifestado su discrepancia, haciéndolo objeto de su recurso de casación; pero debemos adelantar que la pretensión del sujeto pasivo debe prosperar, por lo que carece de objeto el recurso de casación mantenido por el Sr. Abogado del Estado.
Segundo.-Frente a la sentencia, la entidad Nissan Motor Ibérica, S.A., absorbente de Nissan Vehículos Industriales, S.A. (NIVISA), articula su recurso de casación con base en tres motivos.
En el primero, al amparo del art. 88.1c) de la Ley de esta Jurisdicción, alega la infracción del art. 90 del Reglamento de Procedimiento Económico-Administrativo, al haber dictado el TEAC su resolución sin tener presentes las alegaciones formuladas por NIVISA ni los documentos originales probatorios aportados, lo que supone una ausencia total y absoluta del procedimiento, originándole indefensión, que no se ve subsanada, como la sentencia a que de la Audiencia Nacional se recoge, tal y como quedó transcrito.
Según la recurrente, la sentencia obvia la trascendencia que la privación del trámite de alegaciones tuvo para ella, ya que no se trata de una cuestión meramente formalista, sino de la privación misma de la oportunidad de fundamentar su pretensión en vía económico-administrativo, con lo que no puede ser reparado sino mediante la remisión de las actuaciones al trámite alegatorio.
En el segundo motivo, al amparo de la letra d) del art. 88.1 de la Ley Jurisdiccional, se invoca la infracción del art. 21 de la Ley 37/1992, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y del art. 9 de su Reglamento.
Mantiene que procedió a transmitir determinados vehículos a la entidad Nissan Trading Europe (en adelante, NTE), cuyo destino inmediato era la exportación a territorio extracomunitario, acordándose en todos los casos bajo la condición F.O.B. de los Incoterms, es decir, que la transmisión de la propiedad de los vehículos, en cuanto bienes muebles, se produciría en el momento de la puesta a disposición de las mercancías a bordo del buque que habría de transportar las mercancías al tercer país extracomunitario, constando en toda la documentación aduanera NIVISA como exportadora, sin matiz alguno, sin representar a ninguna otra entidad.
Agrega que, de igual forma, NIVISA era la responsable del transporte de los vehículos a sus destinatarios extracomunitarios, habiendo suscrito en nombre propio los correspondientes contratos de transporte y seguros.
En todo caso, y ante la conclusión a que llega la Sala de que NIVISA no actuaba ante las autoridades aduaneras en nombre propio, sino en nombre de la adquirente de las mercancías, por lo que no podía considerársele como exportadora a efectos de la aplicación de la exención, sostiene que ni la Ley 37/92, en el art. 21, ni el art. 9 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre de 1992, contienen mención ni establece requisito alguno en tal sentido, y por ello la sentencia infringe estas normas al establecer la exención tanto para los casos en los que el transmitente expide mercancías como para los supuestos en los que simplemente los transporta fuera de la Comunidad, circunstancias que concurren en el caso.
Finalmente, en el tercer motivo, también al amparo de la letra d) del art. 88.1 de la Ley Jurisdiccional, alega la infracción de la normativa aduanera -art. 788 del Reglamento CEE 2454/93- los Usos Comerciales Internacionales y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre ellos recaída.
Manifiesta la parte que la sentencia impugnada infringe el art. 21 de la Ley 37/92 también al no haber otorgado a la cláusula Incoterms FOB el sentido que le es propio, y por lo tanto haberle infringido también, todo ello en íntima relación con la normativa comunitaria aduanera de aplicación al caso, especialmente los artículos 161 y 162 del Código Aduanero Comunitario (Reglamento CEE 2913/92, del Consejo, de 12 de octubre) y el Reglamento CEE 2454/93, en lo que se refiere a las características, requisitos y procedimientos administrativos propios de la exportación, recordando que entre las obligaciones del vendedor, derivadas de la condición F.O.B., figuran las de entregar la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque convenido, obtener a su propio riesgo y expensas cualquier licencia de exportación u otra autorización oficial, y soportar todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento en que haya sobrepasado la borda del buque.
Tercero.-En relación con el primer motivo, articulado al amparo del apartado 1.c) del art. 88 de la Ley de la Jurisdiccional, conviene significar que el precepto contempla el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión, por lo que, refiriéndose el motivo a un defecto en el procedimiento económico-administrativo, el cauce adecuado era el motivo de la letra d) que alude a la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la Jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
No obstante, dejando a un lado esta imperfección técnica, lleva razón la recurrente al quejarse de que el TEAC no tuvo en cuenta al resolver las alegaciones que formuló en vía económico-administrativa, sin duda, por extravío de las mismas. Ahora bien, hay que reconocer que las mismas tenían, en este caso, el mismo contenido que las alegaciones formuladas al acta de inspección, y que el TEAC resolvió centrando el conflicto en los términos planteados desde el inicio de las actuaciones inspectoras por el propio sujeto pasivo, por lo que no cabe afirmar la existencia de indefensión y menos que la resolución del TEAC, de haber tenido en cuenta las alegaciones planteadas en tiempo y forma, hubiera sido de signo distinto y no se hubiera llegado a la instancia ante la Audiencia Nacional.
Siendo todo ello así, es obvio que la petición de remisión de actuaciones al trámite alegatorio en la vía económico- administrativa resulta en este caso contrario al principio de economía procedimental.
Cuarto.-La cuestión que late en los motivos de fondo del recurso consiste en determinar si se puede aplicar la exención prevista en el art. 21.1 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad por el transmitente o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de éste, cuando existe una compra previa en el territorio de aplicación del Impuesto realizada con forma de entrega F.O.B., y el transporte de los bienes se halla ligado a la primera entrega.
Estos son los hechos que realmente se deducen de la documentación aportada a las actuaciones, esto es, que en el periodo liquidado NIVISA realizó ventas de vehículos a NTE, Sucursal Barcelona, siendo las condiciones de entrega de las mercancías F.O.B. Barcelona, estando destinadas las mismas a la exportación, y habiendo sido NIVISA no sólo quien despachó en la Aduana de Barcelona la documentación aduanera sino quien contrató también el transporte.
Según la sentencia impugnada, siguiendo el criterio del TEAC, existió una primera entrega en territorio nacional por NIVISA a NTE, y por ello sujeta al IVA, y una posterior exportación, habiendo actuado NIVISA por cuenta de NTE, no siendo obstáculo que las ventas al exterior lo fueran en condiciones F.O.B.
En cambio, para el recurrente la primera venta no era relevante, al ser exportador en nombre propio y no haber pasado la propiedad de los vehículos a NTE hasta que se pusieron sobre la cubierta del barco, al realizarse con las condiciones F.O.B.
Quinto.-Ha de rechazarse, ante todo, la oposición que realiza el Abogado del Estado, ya que el recurso no pretende modificar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de instancia, sino clarificar el tratamiento tributario de la operación controvertida de acuerdo con las condiciones pactadas, y no en base a las presunciones establecidas por la Administración Tributaria, pues las diligencias de la Inspección recogen manifestaciones contradictorias de los representantes de NET, y las declaraciones fiscales, modelos 347 y 392, que resumen respectivamente las compras a Nivisa y las exportaciones realizadas, no pueden ser determinantes.
En todo caso, es necesario poner de relieve que la sentencia asume los argumentos contenidos en la resolución del TEAC, sin tener en cuenta la prueba incorporada a los autos, por lo que la valoración que hizo el Tribunal debe estimarse como parcial.
Sentado lo anterior, la Sala anticipa que procede estimar los motivos por las siguientes razones:
Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 37/1992 estarán exentas de dicho Impuesto, en las condiciones y requisitos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes operaciones de exportación:
"1.ª Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad por el transmitente o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de éste".
En este caso, la recurrente aparece ante la Aduana como exportadora en nombre propio, como se deduce de las facturas de las operaciones en las que NIVISA envía a un país ajeno a la Unión Europea los bienes, haciéndose constar que son destinados a la exportación, así como de la propia documentación aduanera, sin que en ella se refleje que se hace en nombre y por cuenta de su cliente NTE.
Frente a lo anterior no cabe alegar que las facturas expedidas a NET son todas anteriores a la fecha de los documentos aduaneros, ya que la venta de los vehículos por NIVISA a NTE se realiza en condiciones de entrega F.O.B., lo que significa que el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque convenido, por lo que hasta ese momento no existía puesta a disposición del comprador, y tenía, por tanto, la propiedad o derecho de disposición sobre las mercancías el transmitente.
Segunda.- El hecho determinante para la exención es la salida efectiva de los bienes del territorio comunitario y esta salida fue realizada por la recurrente, sin que la circunstancia de que NET sea comprador establecido en el Territorio de Aplicación del Impuesto sea relevante, ya que en operaciones encadenadas lo decisivo es que el transporte de los bienes se halle ligado a su primera entrega, no existiendo duda que es NIVISA quien transporta en nombre propio la mercancía a país ajeno a la Unión Europea, y quien asume y contrata el transporte de los vehículos fuera de la Unión Europea.
Tercera.- Así se viene pronunciando la Dirección General de Tributos, en resoluciones de 15 de febrero, 29 de julio de 1996, 18 de mayo de 1999 y, más recientemente, en las consultas de 26 de mayo de 2008 y 12 de marzo de 2010, en las que se mantiene la exención existiendo dos entregas sucesivas de los bienes y un único transporte con destino a país o territorio tercero, cuando el transporte esté vinculado a la primera entrega de bienes entre la empresa transmitente inicial y el primer destinatario o adquirente.
Sexto.-Estimado el recurso de casación, procede resolver el debate de la instancia, de acuerdo con lo que previene el art. 95.2.d), de la Ley Jurisdiccional, lo que obliga, por las mismas razones, a estimar el recurso contencioso-administrativo, con anulación de la resolución que confirma la liquidación impugnada, sin que se aprecien circunstancias para una imposición de costas a las partes.
Primero.-Estimar el recurso de casación interpuesto por la representación de Nissan Motor Ibérica (absorbente de Nissan Vehículos Industriales, S.A.), contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 28 de abril de 2005, que se casa y anula.
Segundo.-Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Nissan Vehículos Industriales, S.A., contra la resolución del TEAC de 5 de junio de 2002, con anulación de esta resolución así como de la liquidación que confirma.
Tercero.-Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. Abogado del Estado, por haber quedado sin objeto.
Cuarto.-No hacer imposición de costas tanto en la instancia como en casación.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el Consejo General del Poder Judicial, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Montalvo Juan Gonzalo Martinez Mico Emilio Frias Ponce Angel Aguallo Aviles Jose Antonio Montero Fernandez Ramon Trillo Torres
Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma D. Jose Antonio Montero Fernandez, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 90
 artículo 88
 artículo 21
 artículo 9
 artículo 88
 artículo 788
 Resolución 
 Resolución 
e contrario
 artículo 62
 resolución 
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 Real Decreto 
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 resolución 
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