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Timestamp: 2020-04-06 05:52:24+00:00

Document:
Fecha de disposición: 28/12/06
Título: LEY 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón.
PREAMBULO TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.-Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
Artículo 2.-Principio general de protección de los consumidores y usuarios.
Artículo 3.-Concepto de consumidor y usuario.
Artículo 4.-Derechos básicos de los consumidores.
Artículo 5.-Colectivos de consumidores especialmente protegibles.
Artículo 6.-Productos, bienes y servicios objeto de especial atención.
Artículo 7.-Irrenunciabilidad de los derechos de los
TITULO I DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Artículo 8.-Productos, bienes y servicios seguros y medioambientalmente adecuados.
Artículo 9.-Sujetos responsables.
Artículo 10.-Obligaciones de los sujetos responsables.
Artículo 11.-Vigilancia y control.
Artículo 12.-Inmovilización de bienes y productos y cierre o suspensión de establecimientos y servicios.
Artículo 13.-Avisos especiales a ciudadanos potencialmente expuestos a riesgos.
Principios generales de actuación,
de protección y de garantía
Artículo 14.-Principio general de protección al consumidor. Condición más beneficiosa.
Artículo 15.-Actuación de las Administraciones públicas de Aragón.
Artículo 16.-Protección de contenidos básicos en relación con los intereses económicos y sociales de los consumidores.
Artículo 17.-Garantías y recambios.
Artículo 18.-Protección especial en materia de vivienda.
Artículo 19.-Derecho a la protección jurídica y a la reparación o indemnización por daños.
Artículo 20.-Mediación.
Artículo 21.-Arbitraje. Sistema arbitral de consumo.
Artículo 22.-Fomento del sistema arbitral de consumo.
Artículo 23.-El sector público y el sistema arbitral de consumo.
Artículo 24.-Principio general.
Artículo 25.-Extensión del derecho de información.
Artículo 26.-Información en materia de precios.
Artículo 27.-Fomento de la información.
Artículo 28.-Oficinas de información al consumidor. Implantación obligatoria de oficinas municipales y comarcales.
Artículo 29.-Funciones de las oficinas de información al consumidor.
Artículo 30.-Datos a facilitar a las oficinas de información al consumidor.
Artículo 31.-Campañas de información.
Artículo 32.-Campañas específicas de información en materia de seguridad en el consumo. Memoria anual pública.
Artículo 33.-Promoción y difusión de espacios informativos y divulgativos sobre consumo.
Artículo 34.-La información al consumidor a través de las nuevas tecnologías.
Artículo 35.-El consumo en la sociedad de la información.
Artículo 36.-Principio de equiparación en la protección.
Artículo 37.-Empresarios y profesionales de la sociedad de la información.
Artículo 38.-Aplicación del derecho público aragonés.
Artículo 39.-Particularidades respecto de la información.
Artículo 40.-Presunción de que los actos por los que se adquieren o conciertan bienes o servicios en la sociedad de la información son actos de adhesión.
Artículo 41.-Reclamaciones por vía electrónica.
Artículo 42.-Fomento del arbitraje de las empresas que operan en la sociedad de la información.
Artículo 43.-Inmovilización o retirada de productos o servicios en redes electrónicas, telemáticas o informáticas.
Artículo 44.-Principio general.
Artículo 45.-Actuaciones y programas.
Artículo 46.-La defensa del consumidor y el sistema educativo.
Artículo 47.-Cooperación interadministrativa para la formación.
Artículo 48.-Asociaciones de consumidores y usuarios.
Artículo 49.-Cooperativas de consumidores y usuarios.
Artículo 50.-Derechos de las asociaciones de consumidores.
Artículo 51.-Las Administraciones públicas y las asociaciones de consumidores.
Artículo 52.-Beneficios atribuibles a las asociaciones de consumidores.
Artículo 53.-Control público del funcionamiento y actividad de las asociaciones de consumidores.
Artículo 54.-Obligaciones y deberes de las asociaciones de consumidores.
Artículo 55.-Trámite de audiencia.
Artículo 56.-Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios.
Artículo 57.-Consejo Aragonés de Consumo.
TITULO II COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS E INSPECCION DE CONSUMO
Artículo 58.-Administraciones públicas.
Artículo 59.-Municipios y demás entidades locales.
Artículo 60.-Comarcas.
Artículo 61.-Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 62.-Deber general de control e inspección.
Artículo 63.-Servicios de Inspección de Consumo.
Artículo 64.-Funciones de la Inspección de Consumo.
Artículo 65.-Obligaciones ante la Inspección de Consumo.
Artículo 66.-Carácter de autoridad y cooperación y coordinación interadministrativas.
Artículo 67.-Realización de las actuaciones inspectoras.
Artículo 68.-Visitas de inspección.
Artículo 69.-Toma de muestras.
Artículo 70.-Citaciones.
Artículo 71.-Requerimientos.
Artículo 72.-Documentación de la actuación inspectora.
TITULO III DE LA POTESTAD SANCIONADORA
Artículo 73.-Potestad sancionadora.
Artículo 74.-Organos administrativos competentes.
Artículo 75.-Actuaciones y medidas provisionales.
Artículo 76.-Infracciones en materia de protección a la salud y seguridad de los consumidores.
Artículo 77.-Infracciones por alteración, adulteración, fraude o engaño.
Artículo 78.-Infracciones por transacciones comerciales, condiciones técnicas de venta y en materia de precios y garantía.
Artículo 79.-Infracciones en materia de normalización, documentación y condiciones de venta.
Artículo 80.-Otras infracciones.
Artículo 81.-Clasificación de las infracciones.
Artículo 82.-Infracciones leves.
Artículo 83.-Infracciones graves.
Artículo 85.-Sujetos responsables.
Artículo 86.-Responsabilidades en supuestos de extinción de personas jurídicas.
Artículo 87.-Restitución de la situación alterada por la infracción.
Artículo 88.-Restitución de cantidades indebidamente percibidas.
Artículo 89.-Ejecución forzosa.
Artículo 90.-Sanciones pecuniarias. Cuantías.
Artículo 91.-Amonestaciones.
Artículo 92.-Sanciones complementarias en supuestos de infracciones graves o muy graves.
Artículo 93.-Efectos accesorios de las sanciones.
Artículo 94.-Graduación de las sanciones. Circunstancias atenuantes y agravantes.
Artículo 95.-Reincidencia y reiteración.
Artículo 96.-Concurso de infracciones.
Artículo 97.-Principio de non bis in idem.
Artículo 98.-Principios de proporcionalidad y efectividad de las sanciones.
Artículo 99.-Prescripción.
Disposición adicional única.-Aplicación preferente de la legislación específica en materia de vivienda protegida.
Disposición transitoria primera.-Oficinas de información a los consumidores en las comarcas.
Disposición transitoria segunda.-Régimen transitorio de los procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la vigencia de esta ley.
Disposición final segunda.-Subsistencia del derecho reglamentario anterior.
Disposición final tercera.-Revisión de cuantías.
La defensa de los consumidores y usuarios constituye una pieza clave del Estado constitucional, y su necesaria garantía es
principio rector de nuestro ordenamiento jurídico. En ese contexto, el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 35.1.19.ª, confiere a la Comunidad Autónoma de Aragón competencias exclusivas en materia de comercio interior y defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia, a cuyo amparo se dictó en su día la Ley 8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón que, aun reconociendo sus amplios niveles de protección del consumidor, medidos en términos relativos en relación con otras leyes autonómicas que son cabecera en la materia en sus respectivos ámbitos geográficos, ha venido a resultar necesitada de actualización, habida cuenta que la materia consumo, aun circunscrita específicamente a su vertiente jurídica de defensa del consumidor y del usuario, es de imposible aprehensión en su totalidad por lo impreciso del concepto, por el carácter cambiante y volátil de lo que bajo él subyace y por su vocación indiscutiblemente expansiva, elementos éstos que someten a los instrumentos normativos reguladores a unos riesgos específicos de obsolescencia sobrevenida, riesgos que han determinado el inicio de un nuevo proceso de actualización normativa.
De este catálogo debe destacarse como cuestión más novedosa la relativa a la protección del consumidor en el contexto de las nuevas tecnologías o, si se quiere utilizar la denominación técnico-jurídica, en el contexto de la sociedad de la información. En este punto, la Ley parte de la consideración de que existe un nuevo espacio que debe cubrirse desde el derecho
público aragonés para la defensa de consumidores y usuarios. Así, partiendo de un principio básico de equiparación necesaria en la protección del consumidor en la sociedad de la información, la Ley considera necesario aludir a cuestiones tales como los nuevos sujetos responsables en un contexto en el que el comerciante, distribuidor o prestador de servicios tradicional ha sido sustituido por operadores diversos que reciben denominaciones tales como proveedores de servicios de la sociedad de la información, proveedores de acceso a redes telemáticas, titulares de medios de pago operativos en red; también considera necesario entrar en cuestiones tales como la aplicación del derecho público aragonés en la materia, las particularidades respecto de la información que debe acompañar a estas a veces peculiares ofertas y la presunción de que los actos por los que se adquieren o conciertan bienes o servicios en la sociedad de la información son actos de adhesión, así como entiende la necesidad de abordar, siquiera sea en los inicios de una práctica inexistente todavía hoy, el futuro de las reclamaciones por vía electrónica, el fomento del arbitraje a través de medios electrónicos o, en el plano más puramente protector, la inmovilización o retirada de productos o servicios en redes electrónicas, telemáticas o informáticas del mismo modo que se puede proceder a esta inmovilización de productos o servicios en establecimientos de comercio o consumo tradicionales.
El Título III, dedicado a la potestad sancionadora, se estructura en siete capítulos y contiene una pormenorizada regulación de un moderno derecho sancionador que, amén de incorporar conceptos no utilizados expresamente por la Ley anterior, tales como infracción masiva, infracción continuada, concurso de normas y catálogo de atenuantes y agravantes, presta una especial atención a la extensión de la responsabilidad y a la obligación de restitución de la legalidad paralela al procedimiento sancionador, estableciéndose un marco abierto para que el órgano competente para sancionar imponga al infractor, en concepto de restitución de la legalidad, y como consecuencia de la infracción cometida, determinadas obligaciones de hacer o de dar que incluso contemplan expresamente la de la devolución automática e inmediata al consumidor de las cantidades indebidamente cobradas
por exceder de los precios anunciados o presupuestados, obligaciones éstas cuyo incumplimiento, además de poder permitir la apertura de vías de ejecución forzosa, puede dar lugar a la imposición por la Administración pública actuante de multas coercitivas.
b) Las personas jurídicas y las entidades asociativas sin personalidad jurídica que adquieren, utilizan o disfrutan sin ánimo de lucro bienes, productos o servicios de naturaleza
3. El antecedente listado de bienes y servicios objeto de
especial atención podrá ser objeto de ampliación reglamentaria.
Artículo 7.-Irrenunciabilidad de los derechos de los consumidores.
d) El nivel de advertencia hacia los consumidores que estén en condiciones de mayor riesgo en la utilización del producto, y en
particular hacia los colectivos especialmente protegibles.
2. Los sujetos responsables deberán actuar con diligencia para contribuir al cumplimiento de la obligación general de seguridad; en particular, se abstendrán de suministrar productos cuando sepan o debieran conocer, sobre la base de los elementos de información que posean y como profesionales, que los mismos no cumplen con dicha obligación. En especial, dentro de los límites de sus actividades respectivas, deberán participar en la vigilancia de la seguridad de los productos comercializados y colaborarán en las actuaciones emprendidas para evitar los
riesgos que éstos presenten.
Las Administraciones públicas de Aragón, así como los empresarios o profesionales que de conformidad con esta Ley resulten ser sujetos responsables en relación con la seguridad, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de ciudadanos potencialmente
expuestos a riesgos por el consumo o uso de productos, bienes o servicios, actuarán de la manera que estimen más conveniente para que esos ciudadanos sean informados a la mayor brevedad posible, incluso mediante la publicación de avisos especiales en prensa, radio, medios audiovisuales o cualesquiera otros que puedan cumplir eficazmente con dicho objetivo informativo.
d) Vigilar que la actividad publicitaria se desarrolle de conformidad con los principios de veracidad, objetividad y autenticidad, persiguiendo cualquier manifestación publicitaria engañosa o ilícita que atente contra los legítimos intereses de los consumidores. En este sentido fomentarán la participación de las asociaciones de consumidores en los procedimientos tendentes
a cesar las campañas publicitarias que no respeten los principios citados.
b) La entrega de factura o documento acreditativo de las operaciones realizadas o de los servicios prestados, debiendo constar, al menos, la fecha del contrato, todos los conceptos que formen el objeto del mismo y el precio, desglosado para cada uno de los conceptos, de modo que la factura o documento acreditativo sea un reflejo fiel de los bienes y servicios adquiridos por el consumidor. La primera copia de la factura o documento acreditativo deberá extenderse de forma gratuita. La no inclusión
de algún concepto en ese momento o la falta de correspondencia entre original y copia se interpretará en beneficio del consumidor.
n) Cualesquiera otras circunstancias y cuestiones que, en relación con la protección de los intereses económicos y sociales de los consumidores, tanto con carácter general o sectorial, se determinen reglamentariamente.
2. Con independencia del derecho a acudir directamente a la vía judicial, los consumidores podrán dirigirse a los órganos competentes de la Administración pública en materia de consumo a fin de ser atendidos en relación con la información, consulta y
orientación sobre el modo eficaz de ejercer dicho derecho.
1. Las Administraciones públicas de Aragón impondrán la obligación, en el ámbito de sus respectivas competencias, de que sus empresas públicas establezcan necesariamente en sus condiciones generales de contratación, y en sus contratos con los
usuarios, cláusulas de sometimiento al sistema arbitral de consumo para la resolución de los conflictos y reclamaciones derivados de la prestación de los sus servicios, cuya aplicación dependerá directamente de la voluntad del consumidor.
b) La oportuna información sobre la seguridad, el modo de utilización, las contraindicaciones y las garantías de los
productos y servicios puestos en el mercado a disposición de los consumidores.
f) Facilitar a los consumidores los datos referentes al registro y autorización de los productos o servicios puestos en el mercado a su disposición y los de aquéllos que se encuentren suspendidos,
retirados o prohibidos por su riesgo de peligrosidad, así como información sobre la regulación de los precios y condiciones de los productos o servicios de uso o de consumo común, ordinario y generalizado.
1. Con la finalidad de conseguir que los consumidores tengan los conocimientos adecuados, las Administraciones públicas de Aragón llevarán a cabo campañas informativas y de divulgación sobre las normas que regulan las características y la comercialización de bienes y servicios, encaminadas a un mejor conocimiento de las
mismas por parte de los consumidores, así como de empresarios y profesionales.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma publicará anualmente una memoria detallada de actividades, indicando los
resultados de la información y controles efectuados y presentando como anexos los fundamentos de sus decisiones.
2. Los productores, distribuidores, comercializadores y
asimilados tienen asimismo las mismas obligaciones para con los consumidores en la sociedad de la información que en el contexto de la relación de consumo clásica, sin perjuicio de las particularidades que se establecen en los artículos siguientes.
4. La resolución de inmovilización o retirada de productos o
servicios obligará en todo caso al proveedor de acceso a la red a tomar las medidas técnicas necesarias para imposibilitar el acceso electrónico desde Aragón a la información, producto o servicio que impliquen o puedan implicar riesgo para la seguridad o los intereses legítimos de los consumidores.
Las cooperativas de consumidores y usuarios tendrán la consideración de asociaciones de consumidores a los efectos de
esta Ley cuando cumplan los siguientes requisitos:
e) Informar los proyectos de disposiciones de carácter general en
materia de ejecución y desarrollo de la legislación en materia de consumo.
3. Informar a los empresarios y profesionales, durante la realización de sus actuaciones, sobre las exigencias,
cumplimiento y aplicación de la normativa vigente en materia de protección y defensa de los derechos de los consumidores, así como facilitar a los consumidores la información que precisen para el adecuado ejercicio de sus derechos, divulgando el sistema arbitral de consumo.
d) A permitir que se practique la oportuna toma de muestras de los productos o mercancías que elaboren, distribuyan o comercialicen o que se practique cualquier otro tipo de control o ensayo sobre productos o bienes en cualquier fase de elaboración,
envasado o comercialización.
2. Las tomas de muestras reglamentarias se efectuarán por triplicado y las cantidades que compongan cada uno de los ejemplares de muestra tendrán la dimensión o tamaño suficiente para garantizar la práctica correcta de los ulteriores análisis o comprobaciones que requiera la correcta protección y defensa de
2. Las actas de inspección son documentos que redactan los inspectores de consumo en los que se recoge el resultado de la función inspectora de vigilancia y verificación del cumplimiento de las disposiciones y normativa de protección y defensa de los consumidores durante las visitas de inspección y en las que deben figurar, como mínimo, la fecha, hora y lugar de la inspección, la
identificación de los funcionarios actuantes, el motivo de la inspección, la ubicación del establecimiento o actividad inspeccionada y la referencia a los hechos constatados. Deberán extenderse en presencia del titular de la empresa o establecimiento afectado, o de su representante legal o, en su defecto, de cualquiera que sea dependiente de aquél.
1 La potestad sancionadora en materia de defensa del consumidor se ajustará al procedimiento sancionador vigente y se ejercerá por los órganos competentes de las Administraciones públicas aragonesas. Las infracciones de los preceptos de esta Ley, de la normativa que la desarrolle o de la normativa básica estatal en esta materia, serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran concurrir.
b) Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o seguridad de los consumidores, ya sea
de forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate.
j) El incumplimiento de la normativa vigente o de las condiciones ofrecidas al consumidor, si fueran más favorables, en materia de garantía y arreglo o reparación de bienes de consumo, especialmente si son de uso duradero, así como la insuficiencia de la asistencia técnica o inexistencia de piezas de repuesto,
contraviniendo lo dispuesto en la normativa aplicable o las condiciones ofrecidas al consumidor en el momento de adquisición de tales bienes, si fueran más favorables.
a) La negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor producidas de buena fe o conforme al uso establecido, cuando su satisfacción esté dentro de las disponibilidades del vendedor o prestador habitual, así como cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas.
b) El suministro de información inexacta o documentación falsa, así como la negativa, resistencia u obstrucción a suministrar datos y a facilitar la información requerida por las autoridades competentes en orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias a que se refiere esta Ley, en especial,
las encaminadas a evitar las tomas de muestras o impedir la eficacia de la inspección, la manipulación, traslado o disposición de cualquier forma de mercancía cautelarmente intervenida.
2. También se reputarán infracciones leves las contempladas en los apartados a), b), c), e), f), h) y j) del párrafo 1 del artículo 83 cuando, sin concurrir ninguna circunstancia agravante en su comisión, concurran al menos dos de las circunstancias atenuantes reguladas en el párrafo 3 del artículo 94 de esta ley.
g) Las tipificadas en los apartados e), g), y k) del artículo 78
1. En el caso de infracciones cometidas por personas jurídicas que se extinguieren antes de ser sancionadas, la responsabilidad administrativa, en lo que se refiere a las sanciones pecuniarias de multa y de comiso, se exigirá a los administradores y, además, a las personas físicas que desde los órganos de dirección
b) El cierre temporal total o parcial de la empresa, establecimiento o instalación infractora por un plazo máximo de tres meses si hubieran concurrido circunstancias agravantes. Esta sanción comportará la prohibición de continuar la oferta o comercialización en los servicios de la sociedad de la información cuando la infracción se hubiera cometido por este medio
2. El Gobierno de Aragón podrá regular la imposibilidad de ser perceptor de ayudas oficiales, tales como créditos, subvenciones,
desgravaciones fiscales y otros, por parte de las personas físicas o jurídicas que hubieren sido sancionadas por infracciones muy graves en materia de defensa de los consumidores.
1.1. Las infracciones a que se refiere esta Ley prescribirán por el transcurso de los siguientes plazos: las muy graves, a los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, al año.
1.2. El plazo de prescripción empezará a contar desde el día siguiente al de la comisión de la infracción. A efectos de la determinación de este momento inicial se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Se entenderá cometida la infracción el día de finalización de la actividad o el del último acto con el que la infracción esté
plenamente consumada.
1.3. Interrumpirá la prescripción de la infracción la iniciación, con conocimiento del presunto responsable, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
2.1. Las sanciones por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año.
2.2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
2.3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Los procedimientos sancionadores en materia de protección y
defensa de los consumidores que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se tramitarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Esta Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99
 artículo 35

Artículo 7
 resolución 
 resolución 
 artículo 83
 artículo 94
 artículo 78
 resolución