Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/CHILE.12219sp.htm
Timestamp: 2017-07-23 10:40:54+00:00

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3. Luego del análisis de los argumentos de las partes, de los derechos establecidos en la Convención y del resto de las pruebas que constan en el expediente, la Comisión concluye en este informe que el Estado no es responsable de la violación de los artículos 1(1), 2, 11 y 12 de la Convención Americana, reclamada en este caso. II. TRÁMITE POSTERIOR AL INFORME SOBRE ADMISIBILIDAD
6. Los peticionarios alegan que las presuntas víctimas al cumplir 18 años de edad, de conformidad con la legislación vigente en el Estado chileno, se encuentran bajo la obligación de cumplir con el servicio militar obligatorio. Los peticionarios sostienen que en el mes de diciembre de 1998, con anterioridad a la confección por parte del Estado de la lista de los ciudadanos que deben cumplir con el servicio militar, la cual se publica en el mes de marzo de cada año, las presuntas víctimas presentaron solicitudes individuales ante la oficina de Partes del Departamento de Reclutamiento de la Dirección General de Movilización del Estado de Chile, en las cuales expresaban su objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y a su participación en dicho servicio militar. 7. Los peticionaron manifiestan que las presuntas víctimas nunca recibieron respuesta a las solicitudes presentadas y que, pese a la expresa objeción de conciencia, sus nombres fueron incluidos en el llamamiento ordinario y obligatorio a rendir el servicio militar. Asimismo, los tres jóvenes fueron citados a presentarse los días 18 y 19 de marzo de 1998 a las 8.00 a.m., para así dar curso regular al cumplimiento de esa obligación. 8. En relación con el requisito de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, los peticionarios señalan que los peticionarios presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a favor de su derecho de libertad de conciencia contenido en el artículo 19(6) de la Constitución Política de la República de Chile. El 22 de marzo de 1999, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró la inadmisibilidad del recurso de protección. Los peticionarios presentaron un recurso de reposición contra esta decisión que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 29 de marzo de 1999. 9. Los peticionarios sostienen que el Estado de Chile ha incurrido en la violación de los derechos y garantías contenidos en los artículos 12 y 11 en conexión con los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, en perjuicio de los señores Cristian Daniel Salhí Vera, Claudio Salvador Fabricio Basso Miranda y Javier Andrés Garate Neidhardt.
12. De esta manera, los peticionarios sostienen que, el derecho a la libertad de conciencia, contenido en el artículo 12 de la Convención, se transforma en un límite frente al actuar del Estado sobre el ámbito personal del hombre, el cual se encuentra objeto de medidas restrictivas atentatoria a sus creencias más íntimas en lo referente a la forma de llevar a cabo sus planes de vida. 13. Sostienen los peticionarios que la legislación chilena no posibilita, en lo referente al servicio militar obligatorio, la oportunidad de utilizar alguna forma de objeción de conciencia, ya que todas las exenciones son basadas en la incapacidad de los sujetos, en la calidad especial o fuero de estos.[5] Según los peticionarios, la única situación que podría ser llamada como objeción de conciencia es aquella que dice relación con la posibilidad que tienen los descendientes directos de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el gobierno militar y que se encuentren incluidas en el informe emitido por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Esta situación no constituye objeción de conciencia propiamente tal, sino es una simple excepción en razón de una situación histórico-política puntual y excepcional que merece un trato especial.[6] 14. Agregan los peticionarios que los distintos instrumentos internacionales referidos a derechos humanos y que han sido ratificados por Chile consagran la libertad de conciencia y religión.[7] Las distintas instancias internacionales y la doctrina internacional encabezada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han realizado una campaña de concientización desde mediados de la década de los ochenta en lo referente a la abolición de la instrucción militar obligatoria, así como de la necesidad de la incorporación a las legislaciones que mantengan el carácter obligatorio de esta institución, de a lo menos la objeción de conciencia como un eximente de responsabilidad al respecto. Sostienen que la legislación chilena no contempla la objeción de conciencia como situación excepcional al servicio militar obligatorio, y que si bien en el artículo 19(6) de la Constitución chilena se contempla al derecho a la libertad de conciencia y religión así como su libre ejercicio, los tribunales chilenos y su organismo de administración de justicia no contemplan a la objeción de conciencia como expresión de ésta, negando de esta forma el ejercicio de un derecho humano y fundamental consagrado por la Constitución de la Republica, y por los instrumentos internacionales incorporados a la legislación chilena, dejando indefensos a los peticionarios frente a una situación de obligatoriedad. Enfatizan que los jóvenes han sido privados de “poder determinar la forma de vida de su propia existencia”,[8] negándoles un derecho inherente a su calidad de hombres y convirtiéndolos en delincuentes según lo dispuesto por la ley de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas. 15. Los peticionarios consideran que el Estado realiza una restricción a la libertad de conciencia y religión prohibida por la Convención Americana que implica una “supresión del contenido mínimo esencial de la garantía establecida en el articulo 12”[9]. De esta manera, sostienen los peticionarios, el Estado no puede utilizar mecanismos legítimos de restricción que anulen y vuelvan ineficaces los derechos consagrados por la Convención Americana. Así la restricción impuesta por el Estado se torna, alegan los peticionarios, en una derogación absoluta del contenido mínimo o esencial del derecho a la libertad de conciencia y religión, transgrediendo el artículo 29(a) de la Convención Americana. Agregan que, el Estado al no permitir que los jóvenes ejercieran la objeción de conciencia, les privó de uno de los ámbitos más básicos de su derecho a la libertad de conciencia y de religión. 16. Subrayan, que sin perjuicio de que el texto del artículo 12 no reconoce de modo expreso la existencia de un derecho a la objeción de conciencia al servicio militar de carácter obligatorio, la interpretación dinámica del mismo, apoyado por la jurisprudencia y la doctrina internacional, llevan a concluir que tal derecho se encuentra protegido por la Convención Americana.
22. El Estado ha manifestado en su escrito del 16 de abril de 2003, que se encuentra en un proceso de reforma del sistema de servicio militar, que en principio sería mayormente voluntario y sólo se acudiría a un sorteo si no se alcanza a cubrir el número mínimo necesario de personas con el sistema voluntario. Este proceso incluiría a todos por igual. Asimismo acepta que la legislación interna chilena, no provee ninguna garantía para aquellas personas que consideran que no pueden cumplir con el servicio militar obligatorio por objeción de conciencia se estaría violando el principio de la igualdad ante la ley. Durante la audiencia que se realizó para discutir la admisibilidad del caso, el Estado puso de manifiesto que no es posible aceptar la objeción de conciencia en Chile sin una reforma constitucional, lo cual requiere un proceso complejo.[15] 23. El Estado afirma que la Constitución Política en su artículo 19(6) reconoce el derecho contenido en el artículo 12 de la Convención Americana, asegurando a todas las personas la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Asimismo, el Estado señala que esa norma debe relacionarse con lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 1 de la Constitución que dispone que: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.” Además, el artículo 90 de la Constitución chilena expone que: “Las Fuerzas Armadas están integradas sólo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizar el orden institucional de la República.”
25. El Estado sostiene que la Convención admite la limitación a la libertad de conciencia en aras de ciertos valores inalterables, como es la seguridad, que, además es indispensable para el ejercicio de los derechos y libertades que tanto la Constitución chilena y la Convención reconocen como básicas e inherentes a toda persona.”[18] Argumenta que el servicio militar obligatorio se enmarca dentro del concepto de prevención para la conservación de la seguridad nacional interna y externa y no puede considerarse una violación a la libertad de conciencia y religión, sino solamente como una contribución al mantenimiento de la seguridad del país. Además sostiene que no obliga a las personas a hacer nada frente a sus creencias más íntimas, “debido a que no es más que una preparación o entrenamiento militar durante un plazo previamente determinado”.[19] Agrega que es la temporalidad del servicio militar obligatorio lo que hace que “no atente contra el derecho a determinar la forma de vida o la propia existencia”.[20] Por lo tanto, señala, el servicio militar obligatorio es una contribución a la seguridad nacional que el Estado exige a los jóvenes por un tiempo determinado y limitado. 26. En cuanto a la situación específica de los jóvenes Sahli, Basso y Garate, el Estado señala que ninguno de los denunciantes hasta el presente, “ha recibido alguna citación de las Fuerzas Armadas, de un tribunal militar o civil, o sufrido amenaza, coacción, seguimientos, procesamiento, privación de libertad y sanción civil, administrativa o penal alguna por el hecho que motiva la denuncia en cuestión” de modo que ninguno sus derechos humanos pudo haber sido violado por el Estado.[21] El Estado considera por lo tanto, que la queja es infundada e injustificada y en consecuencia debe ser rechazada por no caracterizar violaciones a la Convención Americana, agregando además, que en los últimos veinte años ningún joven ha sido detenido por no hacer servicio militar. El Estado afirma que “no divisa desde ninguna perspectiva el daño sufrido por los peticionarios ni el fundamento real de sus reclamos ni la existencia de algún derecho reconocido por la Convención que haya sido conculcado, por lo que no se da el presupuesto de competencia de la Comisión”.[22]
31. Si bien el Estado realizó varias presentaciones ante la Comisión en este caso, en ninguna controvirtió los hechos tal como fueron presentados por los peticionarios. V. ANÁLISIS DEL FONDO A. Consideraciones generales
32. Las partes en el caso no impugnan los hechos; la cuestión que atañe al caso es puramente de derecho. La cuestión jurídica podría resumirse así: si los artículos 11 y/o 12 de la Convención Americana crea(n) un derecho a objetar, por razones de conciencia, el cumplimiento de la legislación interna en lo que hace al servicio militar obligatorio cuando dicha legislación no prevé tales excepciones. Específicamente, la cuestión es si la condición de “objetor de conciencia” puede ser invocada por los tres peticionarios en este caso, que fueron llamados al servicio militar chileno y trataron de afirmar su derecho a una excepción en base a que dicho servicio ofende su conciencia y sus creencias. 33. La legislación chilena prevé el servicio militar obligatorio pero no la condición de objetor de conciencia, por lo cual, fracasó todo intento de los peticionarios de obtener una reparación de la justicia chilena a nivel nacional. No obstante, la legislación chilena exceptúa del servicio militar a ciertas categorías de personas. El artículo 17 del Decreto Ley N.º 2.306 exime a ciertas personas del servicio militar obligatorio.[25] Pero el artículo 17 de este Decreto Ley no incluye a las personas fuera de una orden religiosa que simplemente afirmen el derecho a la libertad de conciencia y, como corolario, el derecho a ser “objetores de conciencia”.
36. En el sistema interamericano, hasta ahora no se ha dictaminado en casos sobre la cuestión de la objeción de conciencia y la Comisión sólo ha hecho referencia a la cuestión fuera del contexto de las peticiones individuales.[27]
Dado que las Naciones Unidas y el sistema europeo han debido interpretar disposiciones similares de sus respectivos instrumentos de derechos humanos, un breve examen de su jurisprudencia puede servir de orientación en este caso. 37. La Convención Americana no crea y ni siquiera menciona expresamente el derecho de “objeción de conciencia”, el alegado derecho a no ser obligado a cumplir, por razones de conciencia, las imposiciones de la ley. El término “objetores de conciencia” sólo aparece una vez en la Convención Americana. En el artículo 12, que establece el derecho a la libertad de conciencia y religión, no se hace mención explícita al término “objeción de conciencia”, sino que se hace referencia al mismo en el artículo que define el trabajo forzado u obligatorio.[28] El artículo 6 de la Convención Americana define el derecho a ser libre de la esclavitud o de la servidumbre involuntaria, y el artículo 6(3)(b), siguiendo el Convenio Nº 29 de la OIT sobre la misma materia, expresamente excluye de la definición de trabajo forzado o compulsivo el “servicio militar y, en los países que reconocen a los objetores de conciencia, el servicio nacional que la ley prevea en lugar del servicio militar.” (subrayado del autor).
38. En suma, y conforme al análisis resumido que se realiza a continuación, la jurisprudencia internacional de derechos humanos reconoce la condición de objetor de conciencia en los países que prevén dicha condición en sus leyes nacionales. En los países que no prevén la condición de objetor de conciencia, los órganos internacionales de derechos humanos concluyen que no existe violación del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión. El sistema europeo se ha negado a reconocer un derecho a la objeción de conciencia dentro del contexto más amplio del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 9), debido a la referencia explícita a los “objetores de conciencia” en el artículo que exceptúa el servicio militar u otros servicios de la definición de trabajo forzado o compulsivo (artículo 4(3) de la Convención Europea). El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en general, ha reconocido explícitamente la existencia del derecho, como derivado del artículo 18 (libertad de conciencia) del Pacto, pero sólo en los estados que prevén la condición de objetor de conciencia en su legislación interna. En los estados que han reconocido la condición de objetor de conciencia, el Comité tiende a no examinar la evaluación por las autoridades del estado de los fundamentos para otorgar o negar dicha condición, pese a su advertencia general de que “cuando este derecho se reconozca en la ley o en la práctica no habrá diferenciación entre los objetores de conciencia sobre la base del carácter de sus creencias particulares”.[29] El Comité parece sí dispuesto a determinar si existe un sistema de creencias fundado en un marco coherente o “filosófico” y a aceptar la mera autodefinición como objetor de conciencia. Una vez identificado el sistema de creencias, el Comité no manifestará preferencia por uno u otro ni discriminará entre ellos. a. Tratamiento del derecho a la condición de “objetor de conciencia” por los sistemas de las Naciones Unidas y Europeo
42. En el caso Muhonen, decidido en 1981, el Comité de Derechos Humanos de la ONU evitó decidir si el “el artículo 18, inciso 1, garantizaba un derecho a objetar el servicio militar por razones de conciencia”.[33] En agosto de 1976, el señor Muhonen solicitó permiso para desempeñar un servicio distinto al armado o un servicio no armado en las fuerzas armadas. La Junta Examinadora rechazó su solicitud, a la que el peticionario apeló, pero su apelación fue rechazada. En 1978 fue llamado al servicio, se presentó y se negó a cumplir el servicio militar. Se inició un proceso judicial penal contra él por negativa a cumplir el servicio militar y fue sentenciado a 11 meses de reclusión. La Alta Corte confirmó la sentencia y empezó a cumplir la sentencia en junio de 1980. En el otoño de ese año, mientras cumplía sentencia, la Junta Examinadora le concedió una nueva audiencia y falló en su favor. Afirmó que el señor Muhonen había tenido oportunidad de exponer sus convicciones personalmente ante la Junta y esta dictaminó que el “tenía una convicción ética dentro del significado de la (…) Ley. Fue indultado el 27 de marzo de 1981 y liberado de la prisión dos semanas después. 43. La cuestión ante el Comité era si el señor Muhonen tenía derecho a una indemnización de acuerdo con el artículo 14(6) del Pacto.[34] La indemnización le fue denegada porque el Comité sostuvo que no había sido indultado, puesto que su condena se fundó en un error judicial. Su condena fue impuesta porque la Junta Examinadora, en 1977, le negó la condición de objetor de conciencia. No había estado presente en el examen que la Junta hizo de su caso en 1977, pero sí compareció en 1980 y logró convencer a la Junta de sus objeciones éticas en persona. De acuerdo con la ley finlandesa, “quien se niegue al servicio militar sin haber sido reconocido como objetor de conciencia por la Junta Examinadora comete un delito punible. Ello significa que el derecho a rechazar el servicio militar no surge automáticamente una vez cumplidos los requisitos sustantivos prescritos, sino sólo después del debido examen y reconocimiento de los alegados fundamentos éticos por el órgano administrativo competente .”[35]
(ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia. 45. En 1987, el Comité de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución 1987/46, en la que instaba al reconocimiento universal del derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar. Pero, está claro que, en 1987, en sus interpretaciones del alcance del derecho a la libertad de conciencia, el Comité seguía todavía procurando algo más que una simple alegación del derecho y que cada autor tenía que sustanciar su pretensión. En una decisión de 1987, V.M.R.B. c. Canadá,[37] la Comisión de Derechos Humanos de la ONU determinó que era inadmisible una denuncia en que el autor pretendía que las actuaciones de deportación habían restringido su ejercicio de la libertad de conciencia o expresión. El Comité dictaminó que esta afirmación había sido refutada por la declaración no impugnada del Estado de que, ya en noviembre de 1980, el autor había sido excluido del ingreso a Canadá por razones de seguridad nacional y concluyó que la comunicación era inadmisible porque las denuncias del autor eran infundadas.
47. En 1991, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en J.P. c. Canadá
(446/1991), in dictum, reconoció que el artículo 18 del Pacto protege el derecho “a tener, expresar y divulgar opiniones y convicciones, incluida la objeción a las actividades y gastos militares. . .”.[38] El peticionario, un cuáquero, sostuvo que el uso de una parte de sus impuestos para fines militares o de defensa, violaba su libertad de conciencia y religión. La petición fue declarada inadmisible por el Comité en base a que “la denuncia claramente queda fuera de la protección del artículo 18”.[39]
El Comité estableció una distinción entre las manifestaciones privadas y públicas del derecho a la libertad de conciencia y aceptó la penalización de la manifestación pública del acto de conciencia cuando implicara una violación de la ley.
53. Los disidentes en Foin concluyeron que el servicio más prolongado para los objetores de conciencia se basaba en criterios razonables y objetivos y no equivalía a discriminación.[52] Los disidentes indicaron que el otorgamiento de la condición de objetor de conciencia, que sigue quedando a opción del Estado (dado el renvoi
al artículo 8), requiere fundamentos de conciencia y que la mera oposición al servicio militar sería “inaceptable”.[53] 54. En Westerman c. Países Bajos (682/1996), uno de los casos pilotos considerados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la materia, el peticionario procuró ser reconocido como objetor de conciencia pero fue rechazado por las autoridades holandesas. Pese a sus objeciones, fue reclutado en el servicio militar, tras lo cual se rehusó a cumplir tareas militares, lo que lo hizo responsable y fue acusado penalmente. Al comienzo del servicio militar, se le ordenó vestir el uniforme, a lo que se negó, y se negó a todo tipo de servicio militar, por razones de conciencia. Fue juzgado y condenado por ser un “objetor total”, por negarse a todo tipo de servicio militar. La “negativa total” a cumplir el servicio militar era delito cuando así actuó, de acuerdo con el antiguo Código Penal Militar y de acuerdo con el nuevo Código Militar. El Estado argumentó que el Pacto no precluye la institución del servicio militar obligatorio y la cuestión de si el Estado reconoce las objeciones de conciencia al servicio militar queda expresamente en manos de los propios Estados.[54]
El Consejo de Estado no fue convencido y rechazó el pedido de reconocimiento de la condición de objetor de conciencia el 12 de febrero de 1990. 57. La cuestión que se planteó el Comité era si la imposición de sanciones para hacer cumplir el servicio militar era una infracción del derecho del autor a la libertad de conciencia. La mayoría del Comité de Derechos Humanos de la ONU observó que las autoridades estatales evaluaron los hechos y argumentos planteados por el autor en respaldo de su reclamo de la condición de objetor de conciencia a la luz de las disposiciones legales relacionadas con la objeción de conciencia y que esas disposiciones eran compatibles con las disposiciones del artículo 18.[60] Es importante observar que el Comité reconoció el derecho a la condición de objetor de conciencia en el marco del artículo 18. El Comité concluyó que el autor no había logrado convencer a las autoridades estatales de que era un objetor de conciencia que se oponía al “uso de medios violentos” y decidió no sustituir su propia evaluación por la de las autoridades nacionales.[61] De modo que, pese a que en el Comentario General 22 se afirma que del artículo 18 puede derivarse el derecho a objetar el servicio militar por razones de conciencia, “en tanto la obligación de usar la fuerza letal podría contradecir seriamente la libertad de conciencia y el derecho a manifestar la religión o las creencias” y se agrega que, “cuando este derecho esté reconocido por la ley o la práctica, no debe existir diferenciación entre los objetores de conciencia en base a la naturaleza de sus creencias particulares, el Comité no reconoció la alegación del autor ante el Consejo de Estado de que los miembros de las fuerzas armadas se ven obligados a abdicar de “su derecho a actuar conforme a su destino moral o ser esencial (…) y a transformarse en un instrumento en manos de otros, un instrumento que en última instancia se orienta a matar al prójimo –lo cual hace pensar en un sistema de creencias pacifistas, por desprolija que haya sido su articulación. Este sistema de creencias pacifistas fue sí considerado por los disidentes en este caso.
63. Aunque la jurisprudencia de la Convención Europea no reconoce el derecho a la exención del servicio militar obligatorio por razones de conciencia, los peticionarios han argumentado a favor de un derecho a un servicio sustitutivo. La Comisión Europea ha tratado estas reivindicaciones con una lectura literal del artículo 4(3) de la Convención Europea (comparable al artículo 6(3)(b) de la Convención Americana), que específicamente exceptúa al servicio militar o alternativo de la definición de trabajo forzado. Esta disposición excluye “todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio” de la prohibición del “trabajo forzado o compulsivo” establecida por la Convención (subrayado agregado). La Comisión Europea interpretó literalmente que esas palabras significan que el Estado puede -pero no está obligado a ello- reconocer la objeción de conciencia y sólo si así procede debe considerar ofrecer un servicio diferente al servicio militar obligatorio. 64. La autoridad de los Estados para exigir a las personas que hagan el servicio militar o el servicio civil obligatorio fue materia de la Comisión Europea en el caso de Johnasen c. Noruega 44 DR 155 (1985). La Constitución noruega impuso un deber general a los ciudadanos varones de hacer el servicio militar, aunque desde 1922 reconoce la objeción de conciencia al servicio militar. Si una persona objetaba el servicio militar, debía cumplir un servicio civil. Si se negaba a éste, el caso sería llevado a los tribunales y se ordenaría a la persona que trabajara en un campamento especial por el tiempo del servicio civil. Si no asistía al campamento o se negaba a cumplir las tareas asignadas, sería recluido por el resto del período del servicio civil. El peticionario, un pacifista, se opuso al servicio militar y al servicio civil pues consideraba que este último era una forma de apoyo a aquél. Las autoridades lo reconocieron como objetor de conciencia y lo obligaron a cumplir el servicio civil, a lo cual se negó. Su caso fue referido a los tribunales, los que dictaminaron que había infringido sus deberes legales. Luego, la persona presentó una denuncia ante la Comisión Europea alegando una violación de los derechos consagrados en la Convención Europea. La Comisión declaró que su petición era inadmisible porque el deber de cumplir el servicio civil:
Al interpretar esta disposición, la Comisión tuvo en cuenta el artículo 4(3)(b) de la Convención . . . Como la Convención reconoce expresamente que se puede exigir a los objetores de conciencia que cumplan un servicio civil, es claro que la Convención no garantiza un derecho a estar eximido del servicio civil. La Convención no impide que un Estado tome medidas para hacer cumplir el servicio civil, ni que imponga sanciones a quienes se nieguen a cumplir ese servicio .[69] 65. Pese a la estricta construcción de estas disposiciones por parte de la Comisión Europea, existe un debate en el Consejo de Europa sobre la cuestión de si se debe eximir a las personas de cumplir las obligaciones públicas, especialmente el servicio militar, en atención a un derecho a la libertad de conciencia. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ya en 1967, aprobó la resolución 337(1967) que deriva un derecho a la objeción de conciencia del artículo 9 de la Convención Europea:
1. Las personas comprendidas por la conscripción para el servicio militar que,
por razones de conciencia o por profunda convicción derivada de motivos religiosos, éticos, morales, humanitarios, filosóficos o similares, se niegue a cumplir el servicio armado gozarán de un derecho personal a ser eximidas de la obligación de cumplir dicho servicio.
2. Se entenderá que este derecho deriva lógicamente de
los derechos fundamentales del individuo en los Estados con régimen de derecho que están garantizados por el Artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos.[70] (subrayado agregado)
71. En un caso reciente, el sistema europeo de derechos humanos planteó dudas sobre su jurisprudencia de que una sentencia dictada por la negativa a cumplir el servicio militar no fue considerada, de por sí, una infracción del artículo 9 de la Convención Europea; pero, pese a la “duda”, la Corte Europea afirmó su antigua jurisprudencia sobre el tema. En el caso de
Thlimmenos c. Grecia, decidido por la Gran Sala de la Corte Europea el 6 de abril de 2000, un ciudadano griego alegó que la negación de las autoridades a designarlo para un cargo de contador público por su condena penal por desobedecer, en razón de sus creencias religiosas, la orden de usar un uniforme militar, era una infracción del artículo 14 (no discriminación), leído conjuntamente con el artículo 9 (libertad de conciencia) de la Convención Europea.[76] Además, alegó que las actuaciones ante el tribunal administrativo nacional no fueron conducidas de acuerdo con los requisitos del debido proceso, dispuestos en el artículo 6(1) de la Convención. La Comisión Europea, en su informe sobre el fondo, emitido el 4 de diciembre de 1998, falló a favor del peticionario y sostuvo que había habido una violación del artículo 9 de la Convención, conjuntamente con el artículo 14 y el artículo 6, inciso 1.
74. El 18 de abril de 1991, la Sala Tercera de la Suprema Corte Administrativa celebró audiencia y el 25 de mayo de 1991 decidió referir el caso al plenario de la Corte debido a las importantes cuestiones que el mismo planteaba. La propia opinión de la Sala era que la persona que no estaba calificada para la designación en el servicio civil no podía ser designada como contador público. De acuerdo con la ley (el Código del Servicio Civil) ninguna persona condenada por un delito grave podía ser designada en la administración pública.[78]
El 11 de noviembre de 1994, el plenario de la Corte sostuvo que el Directorio había actuado conforme a la ley y el caso fue devuelto a la Sala Tercera para examinar las cuestiones pendientes. El 28 de junio, la Sala Tercera rechazó un pedido del Sr. Thlimmenos de revisión judicial considerando que “su no designación por el Directorio no se relacionaba con sus creencias religiosas, sino con el hecho de que había cometido un delito penal.” [79]
76. La Corte Europea observó que el peticionario no denunciaba su condena inicial por insubordinación. El peticionario denunciaba que la ley que excluía a las personas condenadas de un delito grave de las designaciones a cargos de contador público no distinguía a los condenados sus creencias religiosas de los condenados por otras razones.[84] Sostuvo que su no designación estaba directamente vinculada a la manifestación de sus creencias religiosas, por lo cual, quedaba comprendido en el ámbito del artículo 9 de la Convención Europea. No había sido designado –argumentó- porque se había negado a prestar servicios en las fuerzas armadas, negativa que se debía a que manifestaba sus creencias como Testigo de Jehová.[85] Agregó que la clase de personas a la que pertenecía, a saber, un Testigo de Jehová varón, era diferente de la clase perteneciente a la mayoría de los demás delincuentes y no servía ningún fin útil excluir a alguien de la profesión de contador público por haberse negado a prestar servicios en las fuerzas armadas por razones religiosas. A juicio del peticionario, la ley no debería haber excluido a todas las personas condenadas por un delito grave.[86] 77. El Estado argumentó que los artículos 14 y 9 no eran aplicables y que el peticionario no había sido designado porque la norma excluía a todas las personas condenadas por un delito grave. La norma era neutral y las autoridades no podían indagar las razones que llevaron a la condena. El Estado también subrayó que la Corte “no tenía competencia para examinar la condena inicial del peticionario. (…) Ello no tenía nada que ver con sus creencias religiosas. La obligación de hacer el servicio militar se aplicaba a todos los griegos varones, sin excepción alguna por razones religiosas o de conciencia.”[87]
La Comisión Europea explicó luego, que la cuestión del examen, a la luz del artículo 9, de la condena del peticionario por insubordinación, hubiera sido inadmisible ratione temporis, y que había sido interpuesta fuera del plazo de seis meses que requería su admisibilidad: La Comisión ha considerado anteriormente que una sentencia pronunciada por negativa a cumplir el servicio militar no puede constituir de por sí una violación del Artículo 9 de la Convención (…). Sin embargo, en el caso presente, la Comisión no está llamada a determinar si la condena original del peticionario estaba justificada de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9. En todo caso, la Comisión no podía realizar dicho examen puesto que el peticionario fue condenado en 1983 y Grecia reconoció la competencia de la Comisión para recibir peticiones individuales en relación con actos, decisiones, hechos o eventos posteriores al 19 de noviembre de 1985. Además, la petición fue presentada más de 6 meses después de la condena definitiva del peticionario.[93]
B. ¿Comprende el artículo 12 de la Convención Americana un derecho a la condición de objetor de conciencia con respecto al servicio militar obligatorio? 84. El artículo 12 de la Convención Americana dispone lo siguiente: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 85. ¿Admite el artículo 12 de la Convención Americana una lectura en el sentido de que una persona puede invocar la condición de objetor de conciencia como fundamento para una exención del servicio militar obligatorio? Si y no. El término sólo se menciona una vez en la Convención Americana, en el artículo 6(3)(b), que exceptúa expresamente el servicio militar y, “en los países donde se admite exención por razones de conciencia”, el servicio nacional o alternativo, de la definición de “trabajo forzado o compulsivo”.
91. El Estado sostiene que la Convención enumera expresamente en el artículo 12(3) las limitaciones admisibles del derecho a la libertad de conciencia y que estas limitaciones incluyen la preservación de la seguridad del Estado. La preservación de la seguridad del Estado –argumenta este- es “indispensable para el ejercicio de los derechos y libertades que tanto la Constitución chilena y la Convención reconocen como básicas e inherentes a toda persona. La desaparición o amenaza de la seguridad nacional, restringe y volatiliza los derechos y libertades del individuo. Por esa misma razón, las medidas de prevención para la conservación de la seguridad nacional interna y externa, no pueden considerarse una violación a la libertad de conciencia y religión, sino que solamente como una contribución de los ciudadanos al cumplimiento de los deberes del Estado y al mantenimiento de la seguridad del país”.[98] 92. El Estado sostiene que el servicio militar obligatorio debe ser entendido dentro de este contexto de protección y que es la contribución que el Estado requiere de sus jóvenes, por un período fijo, para preservar la seguridad nacional. El hecho de que la contribución sólo sea requerida por un período fijo es decisivo para demostrar que no constituye una interferencia arbitraria con el sistema de creencias o la vida privada del individuo:
97. La Comisión no ve razón alguna para apartarse de esta jurisprudencia coherente y constante de los órganos internacionales de derechos humanos, que deriva de una interpretación con sentido común del significado claro y normal del texto de los respectivos instrumentos. La Comisión lee el artículo 12 (el derecho a la libertad de conciencia) conjuntamente con el artículo 6(3)(b) de la Convención Americana interpretando que reconocen expresamente el derecho a la condición de objetor de conciencia en los países en que dicha condición está reconocida en su legislación interna. En Chile, la condición de objetor de conciencia no está reconocida en las leyes nacionales, por lo cual el Estado argumenta convincentemente que no está obligado a otorgarla, dado que el artículo 12 de la Convención autoriza expresamente al Estado a limitar el ámbito del derecho por razones de seguridad nacional, habiendo así, por tanto, procedido. 98. En sus observaciones finales del 30 de enero de 2004, los peticionarios sostienen que el artículo 29(a) de la Convención Americana impide que los Estados partes interpreten una disposición de la Convención –en este caso, específicamente, la limitación dispuesta en el artículo 12(3)- como equivalente a impedir el goce del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o a restringirlos más que lo admitido en la Convención”.[101]
99. La Comisión rechaza esta línea de argumentación y opina que esta interpretación desconoce el texto expreso del artículo 6(3)(b) de la Convención Americana, una disposición que inequívocamente admite que el Estado no reconozca a los objetores de conciencia. La interpretación de los peticionarios pretende que el derecho a la libertad de conciencia y religión sea absoluto e inmune a toda limitación, como si se tratara del derecho a ser libre de la tortura, que no admite excepciones. Cabría una analogía, por ejemplo, entre el caso europeo del peticionario holandés, un tambero, que se negó, por razones religiosas, a participar en un plan de sanidad obligatorio para prevenir la tuberculosis en el ganado.[102]
La Comisión Europea sostuvo que su condena no comportaba violación alguna de su libertad de conciencia, conforme a la Convención Europea, pues el plan en cuestión podía ser justificado por referencia a la “protección de la salud”, prevista en el artículo 9(2) de la Convención Europea. Argumentar que la participación en un plan de sanidad obligatorio “elimina” el derecho del tambero a ejercer su libertad de conciencia o religión y, por tanto, se trata de una limitación inadmisible en el artículo 12 de la Convención Americana, revela el alcance hiperbólico del argumento del peticionario.
100. La Comisión opina que el hecho de que el Estado chileno no reconozca la condición de “objetor de conciencia” en su legislación interna y no reconozca a
Cristian Daniel Sahli Vera, Claudio Salvador Fabrizzio Basso Miranda y Javier Andrés Garate Neidhardt como “objetores de conciencia” del servicio militar obligatorio no constituye una interferencia con su derecho a la libertad de conciencia. La Comisión entiende que la Convención Americana no prohíbe el servicio militar obligatorio y que su artículo 6(3)(b) prevé específicamente el servicio militar en los países en que no se reconoce a los objetores de conciencia. En consecuencia, la Comisión entiende que el Estado chileno no violó el artículo 12 de la Convención Americana en perjuicio de los peticionarios en este caso.
101. El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege el derecho de las personas a la privacidad y a la vida privada: Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
E. Violación alegada de los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana 106. En vista de las conclusiones que anteceden, la Comisión opina que no surgen otras cuestiones para su consideración en virtud de los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana.
La Comisión tiene competencia para conocer de este caso y con fundamento en el análisis precedente, concluye que el Estado chileno no es responsable de la violación del derecho a la libertad de conciencia, consagrado en el articulo 12, ni del derecho a la protección de la vida privada, consagrado en el artículo 11, respectivamente, de la Convención Americana, en perjuicio de los jóvenes Cristián Daniel Sahli Vera, Claudio Salvador Fabrizzio Basso Miranda y Javier Andrés Garate Neidhardt.
[2] Informe Nº45/02 Cristián Daniel Sahli Vera et al., Caso No. 12.219 (Chile), CIDH, INFORME ANUAL (2002), pág. 252
[16] Respuesta del Estado del 16 de abril de 2003. [17]
[25] El artículo 17 prevé: “Estarán exentos del deber militar mientras permanezcan en sus cargos: 1.- El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Viceministros y aquellos que tengan rango de Ministro de Estado, los Subsecretarios y el Contralor General de la República: 2.- Los miembros del Consejo de Estado y los Parlamentarios; 3.- Los Embajadores, Ministros Plenipotenciarios, Encargados de Negocios, Consejeros, Secretarios de Embajadas y Legaciones, Cónsules y Agentes Consulares; 4.- Los Ministros, Secretarios y Relatores de las Cortes de Justicia, los Jueces de Letras y Secretarios de Juzgados los funcionarios que ejercen el Ministerio Público y los Defensores Públicos;5.- Los Intendentes, Gobernadores y Alcaldes; 6.- Los Ministros o religiosos de cualquier culto o religión que acrediten tal calidad mediante certificado del obispo o autoridad religiosa a quien dependan, cuya solicitud de eximición sea aceptada por el Director General; 7.- El personal de Carabineros e Investigaciones de Chile, en la forma y condiciones que determine la ley, y 8.- Los que ejerzan cargos que no puedan ser abandonados por razones de interés nacional, previa calificación del Presidente de la República. Estarán igualmente exentas del deber militar las mujeres casadas y las madres de menores de dieciocho años”. [26] Decreto Ley N.º 2.306, supra nota 5.
[27] CIDH, INFORME ANUAL 1997 pág. 1087-8, e INFORME ANUAL 1998, vol.
II, pág. 1242-3.
[29] Comité de Derechos Humanos de la ONU, Comentario General No. 22 sobre el artículo 18 (1993). [30] Véase, ONU, Comisión de Derechos Humanos, DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, INCLUIDA LA CUESTION DE LA OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR (Informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), E/CN.4/2004/55, 16 de febrero de 2004.
[38] J.P. c Canadá (446/1991) párr. 4.1. [39]
Id. párr. 4.2
Id., párr. 9.2
[46] Id., párr. 9.3. Véase también la opinión disidente en Tadman y otros c. Canadá (816/1998) de P. Bhagwati, E. Evatt, L.Henkin y C. Medina, quienes discreparon con la opinión de la mayoría de que el caso era inadmisible. Los hechos revelaron que la Provincia de Ontario otorgaba un beneficio a la comunidad católica al incorporar sus escuelas religiosas al sistema escolar público y financiándolas en su totalidad. Los disidentes opinaron que este beneficio era discriminatorio porque prefiere a un grupo de la comunidad en base a la religión y que aquellos cuyas escuelas religiosas no eran financiadas de esta manera eran sin duda víctimas de discriminación. Los disidentes señalaron que los padres que desean dar a sus hijos una enseñanza religiosa, no cuentan con esta dentro del sistema escolar y tienen que financiar el costo de dicha educación, también deberían ser considerados víctimas. Los disidentes señalaron que los peticionarios estaban en tal situación, por lo cual sus reivindicaciones debían ser consideradas admisibles. [47] En forma similar, en analogía con Tadman (supra), la Provincia de Ontario no estaba obligada a financiar las escuelas religiosas, pero, si decidía hacerlo, debía financiar las escuelas de todas las religiones y no sólo de las católicas romanas. Los peticionarios en Tadman no procuraban escuelas religiosas financiadas por el estado para sus hijos, sino, al contrario, procuraban que se eliminara el financiamiento de las escuelas católicas romanas.
[51] Id. [52] Los disidentes en Foin eran N. Ando, E. Klein y D. Kretzmer.
Véase párr. 3 de la opinión disidente.
[58] Id. [59] Id. párr. 9.4. [60] Id. párr. 9.5.
Id. [62] Id. Los disidentes eran P. Bhagwati, L. Henkin, C. Medina, F. Pocar, M. Scheinin y Solari Yrigoyen.
Id. pág. 165.
[70] Consejo de Europa, Cons. Ass., 18o período ordinario de sesiones (Parte Tercera), Textos Aprobados (1967), reiterado por la Asamblea Parlamentaria en su Res. 816 (1977), aprobada el 7 de octubre de 1977; Collected Texts, Estrasburgo, 1987, págs.
222-3. Citado en P. van Dijk, G.J.H. van Hoof, THEORY AND PRACTICE OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS (2d ed. 1990) pág. 399.
[73] Com. Eur. D. H., Fadini c. Suiza, E.H.R.R. CD 13.
App. Nos. 17003/90 y 18206/91.
[89] Id. párr. 42. [90] Id. párr. 43.

References: artículo 19
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 29
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 90
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 14
 resolución 
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 4
 resolución 
 artículo 9
 Artículo 9
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 9
 Artículo 9
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 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 29
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 11
 Artículo 11
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 18