Source: https://vlexvenezuela.com/vid/reinaldo-enrique-munoz-pedraza-642624117
Timestamp: 2020-02-28 05:27:39+00:00

Document:
Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Junio de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 642624117
Número de Expediente: 16-0524
Expediente 16-0524
El 03 de junio de 2016, los Abogados R.E. MUÑOZ PEDROZA, LEYDUIN E.M.C. y R.D.C.C.A., titulares de las cédulas de identidad números V-10.869.426, V-15.573.074 y V-5.344.015, debidamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 96.868, 142.392 y 63.720, respectivamente, actuando con el carácter de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (E), el primero, Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República el segundo y representante de la Procuraduría General de la República la tercera, acudieron por ante la Secretaría de esta Sala para interponer “ACCIÓN DE A.C., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en contra de las ACTUACIONES, VÍAS DE HECHO Y AMENAZAS DE DAÑO INMINENTE EMANADAS DEL PRESIDENTE, DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA MAYORÍA DE DIPUTADOS QUE CIRCUNSTANCIALMENTE CONFORMAN LA ASAMBLEA NACIONAL (…) con la finalidad de consumar un golpe de Estado con pretendidos y negados visos de legitimidad, asumiendo graves daños colaterales a la población, que han venido siendo contrarrestados por el Ejecutivo Nacional.”.
En esa misma oportunidad, la Sala acordó asumir el asunto como Ponencia Conjunta de los Magistrados y Magistradas que la componen, quienes, con tal carácter, suscriben la presente decisión.
Realizado el estudio de la solicitud planteada, la Sala pasa a decidir sobre la base de las consideraciones que se exponen a continuación:
La representación de la Procuraduría General de la República expuso en el escrito presentado ante esta Sala, los alegatos que transcriben parcialmente lo siguiente:
Que “constituye un hecho público notorio y comunicacional que a partir de su instalación el día 05 de enero de 2016, la actual mayoría de la Asamblea Nacional, circunstancial y opositora al Gobierno Nacional, encabezada por su presidente y demás miembros de la junta directiva, han venido desplegando una serie de actuaciones legislativas y no legislativas (como acuerdos parlamentarios sin forma de ley), incluso vías de hecho, que han tenido como objetivo destruir la credibilidad del gobierno nacional y entorpecer de forma evidentemente ilegítima e ilícita su gestión, con grave perjuicio y amenaza de daños al p.v., especialmente a los sectores más vulnerables del P.V.. Esta actuación, cubierta de cierta “formalidad” ha sido apoyada por un incesante ataque mediático nacional e internacional y el apoyo parcializado de ciertas organizaciones internacionales que vienen criticando abiertamente el modelo político y económico de participación y protección preferente del p.v.”
Que “en alianza con potencias extranjeras, con trasnacionales y otros grupos de poder, las máximas autoridades de la Asamblea Nacional y muchos de sus diputados agrupados en la MUD han atacado y descalificado todas las acciones del Ejecutivo Nacional para solucionar la coyuntura económica que atraviesa el país como consecuencia, principalmente, de la caída de los precios internacionales del petróleo; han manipulado la opinión pública nacional e internacional para promover la pretendida existencia de una crisis humanitaria sin precedentes en el país; han ofendido e insultado a las máximas autoridades de los poderes públicos, amenazándolas incluso con la persecución y la cárcel; han promovido desórdenes públicos y violencia contra los Poderes Públicos y sus funcionarios; y, en fin, han generado de manera deliberada, intencional, directa y manifiesta, un clima de zozobra e ingobernabilidad con la intención abierta y francamente declarada de deponer a las autoridades de todos los poderes públicos y ‘renovarlas’ con personas afectas a su movimiento político o que pudieran ser genuflexas a sus instrucciones”
Que “las actuaciones de la Asamblea Nacional y su directiva no han cesado en sus intentos por desarticular las políticas públicas del Gobierno Nacional destinadas a la protección de los ciudadanos y ciudadanas, y, por el contrario, amenazan con arreciar ante la paulatina pérdida de credibilidad y de poder que han venido aquejando en los últimos meses. Al respecto, en sus casi 150 primeros días de gestión han centrado sus esfuerzos en:
Dictar leyes que obstaculicen o impidan la aplicación de las políticas públicas del Ejecutivo Nacional en materia económica y de protección social, así como cualquier medida especial o extraordinaria dictada en el marco de la emergencia económica decretada por el Ejecutivo Nacional conforme a la Constitución.
Convocar, de forma recurrente y desordenada, a todos los funcionarios del gabinete ejecutivo o con cargos en empresas e instituciones estratégicas para el funcionamiento de la economía nacional, sin indicar con al menos mediana especificidad las razones y materia de tales convocatorias.
Adelantar juicios y sanciones políticas contra altos funcionarios del Gobierno Nacional, usurpando incluso funciones del Poder Ciudadano, que sólo pueden ser ejercidas a través de la Contraloría General de la República, y cuyo fin ha sido la desmoralización del Gabinete Ejecutivo y del p.v..
Dictar acuerdos, sin forma de ley, que no tienen utilidad o fin alguno en el plano de la gestión pública, sino pre constituir pruebas fraudulentas de una supuesta situación de crisis humanitaria y violación sistemática de derechos humanos por parte de los poderes públicos legítimamente constituidos.
Dictar leyes y actos sin forma de tales, a través de los cuales pretende subrogarse en el ejercicio de competencias de otros poderes, o asegurarse tal ejercicio mediante la simulación de mecanismos de control, que no son más que fórmulas de usurpación de funciones ocultas tras la formalidad de la construcción de tales actos.
Insistir en la salida del Presidente de la República por cualquier medio, como única posibilidad de superación de la crisis económica y oportunidad de desarrollo nacional, invocando medios legítimos o no: la renuncia forzada, el revocatorio del mandato, el pronunciamiento de fuerzas militares, la injerencia de estados y organismos internacionales, la revuelta popular, la inhabilitación política y, en general, otras fórmulas de dudosa juridicidad que apuntan a la ruptura del orden constitucional por vías de hecho.
Descalificar las actuaciones del resto de los poderes públicos, sus instituciones y máximas autoridades, profiriendo amenazas contra éstas y sometiéndolas al odio público con el apoyo de las redes sociales.
Desconocer las actuaciones del resto de los poderes a través del desacato directo o el cuestionamiento ofensivo de sus decisiones”.
Que “No hay en la gestión de la Asamblea Nacional de estos primeros cinco (05) meses del año un solo logro positivo, un llamado a la reflexión o una intención de atender problemas reales del pueblo, que pueda evidenciarse en alguna de sus actuaciones. Por el contrario, las actuaciones del Ejecutivo Nacional destinadas a proteger a sus ciudadanos son inmediatamente atacadas por el Legislativo Nacional con miras en un rédito político que, solapadamente, esperan obtener en unas eventuales elecciones para renovación de dicho Poder”.
Que “Ya en oportunidades anteriores ha denunciado este órgano actuante diversos vicios de inconstitucionalidad cometidos por la Asamblea Nacional, al usurpar funciones propias de otros Poderes Públicos, pretender desde la Asamblea dictar leyes con evidente contenido de desarrollo de Políticas Públicas y desacatar las sentencias legítimamente dictadas por el Poder Judicial”.
Que “los miembros opositores al gobierno nacional de la Asamblea Nacional, actuando como Cuerpo Colegiado y por separado, en sus condiciones de Diputados, han venido de manera reiterada y sistemática realizando campaña activa con la única finalidad de derrocar el gobierno Legítimamente electo por el P.s. el pasado mes de abril de 2013”.
Que “haciendo uso legítimo de sus competencias constitucional y legalmente otorgadas, el Poder Ejecutivo ha venido denunciando e impugnando ante los distintos órganos jurisdiccionales una parte de estas actuaciones de injerencia en las funciones propias del Poder Ejecutivo y que constituyen un verdadero entorpecimiento de la gestión gubernamental. A manera de ejemplo podemos citar:
Solicitud de Declaratoria de constitucionalidad del Decreto de Emergencia Económica dictado por el Ejecutivo Nacional y desaprobado por la Asamblea Nacional.
Solicitud de constitucionalidad de la prórroga del Decreto anterior.
Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados.
Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud.
Solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Solicitud de Declaratoria de constitucionalidad del Decreto de Estados de Excepción y de Emergencia Económica”.
Que “En ninguna de esas actuaciones el Ejecutivo Nacional ni el resto del Estado han acudido a actuaciones materiales que menoscaben el ejercicio de las competencias de la Asamblea Nacional. Antes bien, ha recurrido a los mecanismos de resolución de conflictos constitucionalmente consagrados, a través de los órganos jurisdiccionales competentes. Sin embargo, el cuestionamiento de la Asamblea Nacional a la legitimidad y legalidad del resto de los Poderes (no resuelto en ninguna instancia a esta fecha) ha sido una cómoda posición adoptada por dicho órgano colegiado para evitar sus deberes frente al Poder Público”.
Que “Esta inédita mayoría de la Asamblea Nacional, temporal y opositora al gobierno y al orden constitucional, no ha cesado ni cesará en ningún momento de intervenir en las competencias propias del Poder Ejecutivo, solicitando la comparecencia de Ministros y otros altos funcionarios del Gobierno, con la finalidad de que participasen en reuniones de planificación y establecimiento de políticas públicas en diversas materias de la economía nacional; lo cual constituye una evidente usurpación de funciones, viciada con nulidad absoluta de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre otras tantas actuaciones similares que obstaculizan la garantía de los derechos constitucionales del p.v.”.
Que “Por otra parte, han desplegado los Diputados opositores al gobierno y a la Constitución, una verdadera campaña de desprestigio con respecto a la gestión de gobierno desarrollada desde el Ejecutivo Nacional con la finalidad de atacar y contrarrestar la profunda crisis económica que vive el País actualmente; con lo cual, se han visto notoriamente disminuidos los efectos de las acciones tomadas desde el Ejecutivo para aminorar las causas de dicha crisis”.
Que “Como corolario de lo anterior, la mayoría opositora al gobierno y circunstancial de la Asamblea Nacional, tomándose atribuciones que no le corresponden, se han dirigido a instancias internacionales, con la evidente finalidad de poner en tela de juicio la democracia en Venezuela y el Gobierno legítimamente electo por el P.s.”.
Que “Sobre este último particular, ha sido grave la actuación de representantes de la Asamblea Nacional ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en abierta complicidad con el Secretario General de dicha organización, con la intención de promover la aplicación de medidas contra la República Bolivariana de Venezuela sobre la base de un informe construido con falsas argumentaciones y hechos simulados. Esta situación, indudablemente notoria, ha sido cubierta exhaustivamente por los medios nacionales e internacionales”.
Que “Las actuaciones de la mayoría opositora al gobierno y circunstancial de la Asamblea Nacional en el ámbito de las relaciones exteriores de la República son, sin temor a dudas, írritas. Pues corresponde de manera exclusiva y excluyente al Presidente de la República, de conformidad con el artículo 236, numeral 4° (sic) de nuestra Carta Magna, la dirección de las relaciones exteriores de la República”.
Que “Adicionalmente a esa flagrante usurpación de funciones del Presidente de la República, por parte de la Asamblea Nacional, subsiste una profunda duda de la legitimidad e imparcialidad de la actuación del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) al convocar el C.P. de dicha organización para el análisis del caso venezolano, de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA, pues dicho diplomático ha efectuado recurrentemente declaraciones contra el Gobierno venezolano mediante las redes sociales, sin ningún tipo de contemplaciones. Llegando incluso al extremo de difundir una misiva en la cual se refería de manera peyorativa al Presidente de la República y al Gobierno Nacional. Además de esto, el mencionado funcionario no oculta su aversión contra el Gobierno venezolano y sus funcionarios, y se muestra adulante con personeros de la oposición venezolana, conductas que no escatima en dejar claras en sus asistencias a numerosos eventos públicos organizados y financiados por entidades que promueven la desestabilización de la República”.
Que “La solicitud de la Asamblea Nacional ante la OEA ha colocado al país en una delicada situación política internacional, creando la sensación de una crisis de institucionalidad y la eminente ruptura del orden constitucional. Fraude que impactará en lo inmediato en todos los asuntos económicos del país, principalmente en aquellos que guardan relación con la credibilidad de inversores o acreedores de la República que esperan una situación política estable y sana para asegurar sus inversiones o acreencias. Este resultado pareciera premeditado por parte de los actores de partidos políticos de la MUD concentrados en la Asamblea Nacional, evidentemente interesados en obtener un rédito político, como hemos dicho, de las situaciones económicas coyunturales, en la medida que afecten gravemente al p.v.”.
Que “Es un hecho público, notorio y comunicacional, los actos de solicitud de injerencia extranjera que han solicitado varios diputados de la Asamblea Nacional adversos al gobierno del Presidente N.M., incluso viajando a diversos países con viáticos de la Asamblea Nacional en franca desviación de las competencias atribuidas en el artículo 187 constitucional; por cuanto es bien sabido que la representación de la República es potestad del Presidente legítimo y constitucional, propiciando con sus actos la afectación de la imagen de la Presidencia de la República; situación que desde el inicio del mandato del Presidente Nicolás Maduro se ha estado hilvanando por diversos actores; así se ha reseñado por ejemplo en algunos medios de comunicación lo siguiente (…); ‘La diputada de la Unidad, M.C.M., denunció en Chile la situación de crisis en el país. ‘Lo que estamos viviendo en Venezuela es una situación de represión brutal’, aseguró a CNN en el país suramericano. Machado acusó al presidente N.M. de ‘robarse las elecciones’ presidenciales, realizadas el domingo 14 de abril’.(http://globovision.com/articulo/maria-corina-machado-la-comunidad-internacional-sabe-que-en-venezuela-hay-un-gobierno-ilegítimo) –aun cuando gran parte de los lesionados en las protestas violentas son miembros de cuerpos de seguridad del Estado, aun cuando las principales víctimas de sicariato político han sido miembros de la Revolución y del Estado, y aun cuando la oposición al gobierno, (previo sabotaje de la economía y engaño del electorado), ganó las elecciones parlamentarias después de 17 años de victorias absolutas de la Revolución Bolivariana”.
Que “La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde el Preámbulo promueve la cooperación pacífica entre las naciones y persigue impulsar y consolidar la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; consolidándose esta aspiración en artículo 1.- ‘La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador’. Por lo que ‘La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público’ (Articulo 5), por lo que mal pueden actores políticos venezolanos solicitar e incitar la intervención de potencias extranjeras en el territorio de la República. Contraviniendo el postulado constitucional del artículo 130 que dispone lo siguiente: Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación. Pudiendo el despliegue de esta conducta generar traición a la patria delito previsto en el Código Penal vigente (…) Razones de oportunidad, tiempo y espacio, impiden a este órgano actuante ampliar la exposición sobre la lamentable, grave y larga cadena de acciones emprendidas por la Asamblea Nacional, hechos y situaciones generados, cuyo análisis alerta de inmediato su interrelación, así como su relación con los fines de desestabilización del país y sus instituciones, la abolición progresiva de los poderes públicos legítimamente instituidos y la clara sustitución de éstos, lo que configura la usurpación de funciones alcanzada por vía del fraude a la constitución y la actuación ilegítima por desviación de poder”.
Invocan el contenido de “los artículos 1, 2, 3, 5 y 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…) y 136 al 139 del Texto Fundamental…”
Que “de los hechos anteriormente narrados, se evidencia la flagrante violación de las mencionadas normas constitucionales por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y del resto de diputados de la misma que coinciden en usurpar atribuciones y generar crisis en la población y en las instituciones de la República, para intentar seguir generando malestar social, enfrentar al Pueblo con el gobierno que ha reivindicado de forma inédita sus derechos desde hace 17 años, y ganar de esa forma espacios políticos a costa de graves perjuicios para la población cuya responsabilidad también pretenden achacarla al Gobierno Nacional que impulsó la única Constitución que ha aprobado el Pueblo mediante referéndum y que ha defendido de forma más amplia y paradigmática los derechos humanos”.
Que “Dicha declaratoria funciona como una denuncia anticipada ante la ruptura del rígido principio de legalidad que antecede al mencionado artículo constitucional, en la redacción dada a los artículos 136 y 137”.
Que “El Constituyente de 1999 ha sido muy riguroso al sancionar la conducta violatoria del principio de legalidad administrativa y sus eventuales efectos: ninguno. La férrea prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público impide que un sujeto pueda realizar actos que estén fuera o al margen de su competencia específica. Esa competencia debe estar previamente establecida en el ordenamiento jurídico, de manera anticipada y expresa”.
Que “en aplicación del principio de legalidad, la Constitución, la ley o el ordenamiento jurídico de rango sublegal habilitado previamente por éstos, deben prever los supuestos, el sujeto y la conducta “autorizada” de éste último”.
Que “Las fórmulas para la determinación de la competencia utilizadas por el Constituyente de 1999 son bastante claras, y pocas veces generan alguna confusión. En la distribución de competencias de las máximas autoridades del Poder Legislativo Nacional y del Poder Ejecutivo Nacional fue particularmente cuidadosa la redacción, pues se trataba entonces de modelar un sistema Presidencialista heredado de la Constitución de 1961, con los matices propios de la “ingeniería constitucional del nuevo sistema de gobierno semi-presidencial flexible”, en términos de la exposición de motivos de la propia Constitución. Puede notarse una extensa enumeración, y el afán por la precisión de los segmentos de competencia que pudieran corresponder al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo cuando concurrieran en una materia. Así, por ejemplo, precisó con claridad que corresponde a la Asamblea Nacional ‘aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional’ (art. 187, num 18 CRBV), como un segmento específico dentro del resto de la competencia material otorgada al Presidente de la República, de manera precisa, relativa a la dirección de las relaciones exteriores de la República, así como la celebración y ratificación de los tratados, convenios o acuerdos internacionales, contenida en el numeral 4 del artículo 236 constitucional”.
Que “ha sido reiterada y pacífica la jurisprudencia patria al categorizar al vicio de usurpación de funciones como la forma más grave de incompetencia prevista, de allí que se sancione con la más alta consecuencia jurídica, su nulidad absoluta…”
Que “En efecto, una importante parte de las actuaciones desplegadas por el Poder Legislativo, narradas en el capítulo precedente, transgreden abiertamente el límite de las competencias legalmente establecidas a ese Poder e invade flagrantemente el ámbito competencial de las esferas de otros Poderes, principalmente del Poder Ejecutivo, configurándose así, el vicio de inconstitucionalidad por usurpación de funciones establecido en la norma arriba citada”.
Que “al acudir ante instancias internacionales pretendiendo la representación de intereses de la República, la Asamblea Nacional usurpó la función atribuida en el artículo constitucional 236, numeral 4° (sic), ‘Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales’; al incluir en los textos legislativos los mecanismos y fuentes de financiamiento sin consultar al Ejecutivo Nacional, usurpa la función de Administrar la Hacienda Pública Nacional contenida en el numeral 11° (sic) ejusdem; al pretender imponer las condiciones de negociación o condicionar la relación de la República con determinados organismos de financiamiento internacional, usurpan la competencia del Presidente de la República relacionada con la negociación de empréstitos nacionales, fijada en el numeral 12° (sic) ejusdem; (…) cuando emite pronunciamientos sobre cuál debe ser la política económica del país, pretendiendo incluso prefijarla en las leyes que elabora, usurpa la competencia del Presidente para Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución (num 18, art. 236 CRBV)”.
Que “Resulta abundante continuar con una larga lista de desaciertos de la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus funciones, que ha generado una invasión de competencias de otros poderes, como las de control fiscal, otorgadas a la Contraloría General de la República, pero confundidos por dicha instancia legislativa con la sanción política a la que se encuentra habilitada en ejercicio del control legislativo. Por lo que sólo pretendemos hacer énfasis en la intencionalidad y sistematicidad con la cual la Asamblea Nacional viene actuando, en franca desviación de poder, para sustituirse de forma hegemónica en el resto de los poderes públicos y estimular un conflicto de poderes, la ruptura del orden constitucional y la apariencia de estado fallido ante la comunidad internacional”.
Que “Adicionalmente a lo anterior, del análisis de todas y cada una de las actuaciones antes descritas, se observa que la intención desarrollada por la Asamblea Nacional no es otra que derrocar al Poder Ejecutivo, legítimamente electo por voluntad popular, configurándose así el vicio de desviación de poder, es decir, la actividad de la Asamblea no pretende desarrollar su principal función, sino provocar ingobernabilidad para así finalmente sacar al Presidente de la República del Poder, en franca violación a la soberanía, a la independencia, democracia y a los derechos constitucionales que me atañen como ciudadano y beneficiario de las políticas públicas que ahora pretende suprimir la mayoría circunstancial de la Asamblea Nacional, opositora al Gobierno Nacional, y que también atañen al P.v. y a sus habitantes, tales como los derechos a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la seguridad jurídica, entre otros tantos”.
Que “Por las razones expuestas, no cabe duda de que las actuaciones señaladas de la mayoría -circunstancial y opositora al gobierno- de la Asamblea Nacional, encabezada por su presidente y demás miembros de la Junta Directiva, constituyen claros supuestos de inconstitucionalidad por usurpación de funciones, desviación de poder, vulneración de derechos fundamentales y violación al orden constitucional que pudieran generar graves daños a la estabilidad de la República, de la Región y del mundo en general a corto, mediano y largo plazo”.
Que “en virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, solicito a esa Honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, admita y declare procedente la presente acción de a.c., y, en consecuencia:
Dicte aquellos actos que considere necesarios para restablecer la situación jurídica infringida y exhorte al Poder Legislativo Nacional para que cese en la usurpación de funciones del resto de los Poderes Públicos, cese en su intento de desestabilizar al Gobierno Nacional y en sus acciones contra la paz y la constitucionalidad de la República.
Notifique de la presente acción a las demás instituciones que corresponda para honrar las respectivas atribuciones constitucionales, y hacer cesar la manifiesta impunidad con la que obra la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y demás diputados opositores al Gobierno que están violando de manera flagrante el orden constitucional y jurídico de la República”.
La representación de la Procuraduría General de la República presenta ante esta Sala “ACCIÓN DE A.C., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en contra de los ACTUACIONES, VÍAS DE HECHO Y AMENAZAS DE DAÑO INMINENTE EMANADAS DEL PRESIDENTE, DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA MAYORÍA DE DIPUTADOS QUE CIRCUNSTANCIALMENTE CONFORMAN LA ASAMBLEA NACIONAL (…) con la finalidad de consumar un golpe de Estado con pretendidos y negados visos de legitimidad, asumiendo graves daños colaterales a la población, que han venido siendo contrarrestados por el Ejecutivo Nacional.”.
Ahora bien, aun cuando la demanda de autos es calificada de a.c., del contenido del escrito de autos se observa que el mismo no se sustenta de forma directa en la violación de derechos constitucionales, sino en la presunta vulneración de competencias y atribuciones constitucionales inherentes al Poder Ejecutivo Nacional (“usurpación de funciones”), por parte del Presidente, de la Junta Directiva y de la mayoría de diputados que integran la Asamblea Nacional, circunstancia que, más allá de las implicaciones que ello pudiera tener en la esfera de los derechos subjetivos, identifica la presente acción con una demanda de controversia constitucional, a la cual se reconduce la presente acción, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Sala (vid. infra).
En tal sentido, el artículo 336.9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone lo siguiente:
Al respecto, en sentencia N°. 226 del 18 de febrero de 2003, esta Sala estableció:
La disposición recién transcrita, prevé una especialísima acción destinada a salvaguardar la normal prestación de la actividad pública que despliega cada uno de los órganos del Poder Público que, en un determinado momento, pudiera verse afectada cuando dos o más de ellos estiman atribuida a su favor una facultad, competencia o atribución constitucionalmente prescrita, dando lugar al ejercicio paralelo de la función disputada (conflicto positivo); o, por el contrario, cuando ninguno de estos entes reconoce ostentar la titularidad de esa facultad, competencia, o atribución constitucional, provocando la omisión de acometer una función encomendada a alguno de ellos por la Carta Magna (conflicto negativo).
De modo tal que existen dos elementos objetivos que permiten calificar un concreto conflicto como una controversia constitucional: (i) debe suscitarse entre órganos del Poder Público, entendiendo por éstos los distintos entes de consagración constitucional que conforman el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional (que, a su vez, se encuentra integrado por los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral) ex artículo 136 de la Constitución; y (ii) debe suscitarse con ocasión del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones previstas por la Constitución, como máximo cuerpo normativo que diseña y ordena la estructura orgánica del Estado.
Cumplidos ambos extremos, no deben caber dudas en cuanto a que la competencia para resolver tales conflictos corresponde a esta Sala, como máximo garante del orden constitucional, pues la sola existencia de estos desórdenes en la prestación de los servicios públicos encomendados a los órganos en pugna, afecta «la esencia misma de la Constitución, a la cuidadosa distribución de poder y de correlativas competencias por ella operada», a decir del profesor español G.d.E. («La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional», Ed. Civitas, Madrid, 1985, pp. 149 y 150)”.
A su vez, el artículo 25.9 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia también contempla, en los mismos términos del artículo 336.9, la competencia respecto de la naturaleza del escrito formulado.
Ello así, al pretenderse la reivindicación y protección de atribuciones constitucionales entre órganos del Poder Público, esta Sala asume la competencia para conocer de la demanda de autos. Así se declara.
Resuelto lo anterior, esta Sala debe examinar la admisibilidad de la acción de autos.
Al respecto, sobre la admisibilidad de la acción de resolución de controversias constitucionales que se susciten entre los órganos del Poder Público, esta Sala, en sentencia n° 3191/2002, del 11 de diciembre, señaló lo siguiente:
esta Sala pasa de seguidas a precisar los requisitos de admisibilidad de la acción de resolución de conflictos entre órganos del Poder Público, en atención al objeto y alcance de la misma. Así, será inadmisible la acción cuando se alguno de los siguientes supuestos:
1.- Cuando el accionante sea una persona distinta a un ente que ejerza potestades de Poder Público Constitucional.
2.- En caso de que el conocimiento de la acción competa a otro tribunal. Deja así esta Sala claramente establecido que la acción de conflicto constitucional no sustituye los recursos procesales existentes, de modo que resultará inadmisible si el recurrente persigue adelantar un pronunciamiento sobre un asunto planteado ante otro órgano jurisdiccional o pretende sustituir algún medio ordinario a través del cual el juez pueda solventar la controversia.
Salvo que, presentes los requisitos apuntados en el capítulo anterior, el asunto revista una gravedad tal que aconseje su solución por esta Sala; o el nivel en que se plantee la controversia exija un fallo sólo destinado a resolver el asunto constitucional planteado sin que tenga efectos en la demanda de instancia; o la situación, aun teniendo elementos resolubles en las demás jurisdicciones, involucre hechos o situaciones que la Sala Constitucional deba, por las especiales circunstancias, resolver. En fin, cuando el objetivo de mantener la paz social, el orden democrático o el principio de separación de poderes exija la intervención de la Sala. De no ser así, se dejaría sin contenido la atribución a que se contrae el citado artículo 336.9., pues, en abstracto, prácticamente cualquier controversia podría ser encauzada por una vía ordinaria.
3.- Cuando se acumulen acciones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles;
4.- Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción es admisible;
5.- Si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos o es de tal modo ininteligible o contradictoria que resulte imposible su tramitación;
6.- Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuya el actor.
7.- Cuando en sentencias de esta Sala, anteriores a su interposición, se haya resuelto el punto, y no sea necesario modificarlo. Este motivo de inadmisibilidad no opera en razón de la precedencia de una decisión respecto al mismo asunto planteado, sino a la persistencia en el ánimo de la Sala del criterio sustentado en la decisión previa
Por su parte, el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone lo siguiente:
5. Cuando contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos
Examinadas las causales de inadmisibilidad previstas en la norma transcrita, esta Sala advierte, de su estudio preliminar, que la demanda de autos no se subsume, prima facie, en ninguna de las referidas causales y, en consecuencia, admite el presente recurso de nulidad interpuesto, sin perjuicio de la potestad que asiste a esta Sala de examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia en cualquier estado y grado del proceso. Así se declara.
Como consecuencia de dicha admisión, y en virtud de lo establecido en el artículo 135 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena citar mediante oficio a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, así como notificar a la Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo y al Procurador General de la República. A tales fines, remítase a los respectivos funcionarios, copia certificada de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad y del presente auto de admisión.
Asimismo, se ordena el emplazamiento de los interesados mediante cartel.
Por último, remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que realice las citaciones y notificaciones ordenadas en el presente fallo, y efectúe el emplazamiento de los interesados, conforme a lo dispuesto en la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal, y continúe el procedimiento. Así se decide.
Así pues, esa norma reconoce, en el m.d.C. II, “De los procesos ante la Sala Constitucional”, inscrito en el Título XI, denominado “Disposiciones Transitorias”, las potestades cautelares generales que ostenta la Sala Constitucional con ocasión a los procesos jurisdiccionales tramitados en su seno.
En efecto, la disposición transcrita recoge la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala (Cfr. s. S.C n.° 269 del 25.04.2000, caso: ICAP), en la que se estableció que la tutela cautelar constituye un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo de modo explícito y directo; en otras palabras, un instrumento cardinal para salvaguardar la situación jurídica de los justiciables, a fin de impedir que sufran una lesión irreparable o de difícil reparación mientras se tramita la causa (ver sentencia nro. 2.370/2005, del 1 de agosto, caso: Línea S.T. C.A.); de allí su carácter instrumental, esto es, que las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que se encuentran pre-ordenadas a una decisión ulterior de carácter definitivo, por lo que en relación al derecho sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguarda del eficaz funcionamiento de la función jurisdiccional.
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Como Vocera del P.S.
ACUERDO EXHORTANDO AL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN, Y SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL, DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Y DEL C.N.E. PARA LA PRESERVACIÓN DE LA PAZ Y ANTE EL CAMBIO DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA
Que el desconocimiento por el Ejecutivo Nacional y por el Tribunal Supremo de Justicia, de la autoridad de la Asamblea Nacional, cuerpo representativo del p.v., cuya legitimidad deriva de la expresión mayoritaria del electorado y de la soberanía popular, promueve un ambiente de conflictividad política que atenta contra la estabilidad institucional y contra las posibilidades de p.d.p. venezolano;
Que todos los Poderes Públicos, en particular el Ejecutivo Nacional y el C.N.E., están en la obligación constitucional de garantizar, en su ámbito de actuación, los derechos fundamentales de todos los venezolanos, siendo responsables de generar las condiciones más favorables para el ejercicio de la participación política, conforme lo dispone el artículo 62 de la Constitución;
Que el C.N.E. está en el deber constitucional de garantizar la participación ciudadana y la eficiencia de los procesos electorales y referendarios, conforme lo dispone el aparte único del artículo 293 de la Constitución;
Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San J.d.C.R., y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho a votar en elecciones auténticas y en procesos refrendarios que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores; teniendo en cuenta que la consolidación y la defensa de la democracia trasciende los intereses nacionales, como lo evidencia la adopción de la Carta Democrática Interamericana por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, cuyo artículo 4 enumera entre los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia, la probidad y la responsabilidad de los gestores públicos, así como el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la subordinación constitucional a la autoridad civil de todas las instituciones del Estado;
Que la Carta Democrática Interamericana, como guía de buen comportamiento de las autoridades del Poder Público de cada Nación, declara en su artículo 23 que los Estados son responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos, y que la situación política actual de Venezuela exige de todas las instituciones públicas el respeto de los mecanismos democráticos e impone al C.N.E. objetividad e imparcialidad;
Que la falta de respuesta adecuada del C.N.E., así como la exigencia de condiciones y formalidades no previstas en la Constitución, vulneran el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos a que se organice el referendo y comprometen la responsabilidad personal de los rectores del C.N.E., por no ajustar su actuación al mandato constitucional de despartidización, imparcialidad y promoción de la participación ciudadana con transparencia y celeridad; CONSIDERANDO Que el C.N.E., al no generar las condiciones favorables para la realización del referendo revocatorio solicitado por la Mesa de la Unidad Democrática, pone en riesgo la estabilidad política de Venezuela, atenta contra la paz de un pueblo que busca soluciones a la crisis de gobernabilidad y 5 acentúa el enfrentamiento institucional fomentado desde el Poder Ejecutivo Nacional.
Primero: Denunciar la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela, materializado en la violación a las disposiciones constitucionales por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del C.N.E..
Segundo: Instar al Poder Ejecutivo, en la persona del Presidente de la República, ciudadano N.M.M., a remover los obstáculos que impiden el dialogo y pretenden reducirlo a una herramienta propagandística, asumiendo una actitud irresponsable de querer permanecer en el poder a costa de la paz del país.
Tercero: Exigir al Presidente de la República, N.M.M., que dé muestras claras de su responsabilidad en la conducción del gobierno y asegure la paz en el país, y en consecuencia: (i) derogue el Decreto N° 2.309, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.225 de fecha 2 de mayo de 2016 (ii) active los mecanismos de liberación de los presos políticos, (iii) acepte la ayuda humanitaria en materia de alimentos y medicamentos, (iv) abandone el discurso de la ofensa y de odio, (v) construya una agenda común con todos los sectores del país para la producción nacional, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la reivindicación de los derechos humanos. De manera especial, exigimos a N.M.M. que respete irrestrictamente el mandato de cambio democrático y constitucional que expresó el p.d.V. el 6 de diciembre de 2015 y, por lo tanto, que no utilice a los demás Poderes Públicos para impedir u obstaculizar las acciones que adelante constitucionalmente esta Asamblea Nacional para resolver la crisis económica y para solucionar los problemas de gobernabilidad que aquejan al país.
Quinto: Exigir a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que sean intérpretes estrictos del texto constitucional; que no incurran en abusos en el ejercicio de la función jurisdiccional y a que hagan valer la independencia del Poder Judicial frente a los intereses de N.M.M. y del partido de Gobierno.
Séptimo: Exigir al C.N.E., en particular a su Presidenta, T.L., que asuma responsablemente su obligación constitucional de generar condiciones favorables para el ejercicio del derecho fundamental a la participación política de los venezolanos, a través de los mecanismos constitucionales del referendo, consulta popular y revocatoria de mandato, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62, 70 y 293, último aparte, de la Constitución. En este sentido, se conmina al Poder Electoral para que actúe como un órgano imparcial de modo que en los próximos meses, dentro del año 2016, el p.d.V. pueda expresar libremente su voluntad de cambio democrático a través de un referéndum revocatorio al ciudadano N.M.M., Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Octavo: Instar a la Defensoría del Pueblo para que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 281, numerales 1 y 4, de la Constitución, vele por el efectivo respeto y garantía de los derechos políticos reconocidos en los artículos 62, 70 y 72 de la Constitución, 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José”, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 3 al 6 de la Carta Democrática Interamericana, e intente las acciones y recursos que correspondan contra la Presidenta del C.N.E., responsable de la actual violación y menoscabo de los mencionados derechos políticos.
Noveno: Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; al Secretario General y al C.P. de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como a los órganos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para que en ejercicio de sus competencias emitan pronunciamiento y adopten las medidas que corresponda, tendientes a exigir a los Poderes Públicos garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en Venezuela, con particular vigilancia sobre la Presidenta del C.N.E., para que esta garantice el ejercicio y goce efectivo de los derechos políticos de los venezolanos, entre ellos el derecho al referéndum revocatorio.
Undécimo: Notificar del contenido del presente acuerdo a cada uno de los representantes de los Poderes Públicos Nacionales, a la Fuerza Armada Nacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; al Secretario General y al C.P. de la Organización de Estados Americanos (OEA), al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), al Parlamento Latinoamericano, al Parlamento del Mercosur, al la Unión Interparlamentaria Mundial, al Nuncio Apostólico de su Santidad el Papa Francisco, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a los representantes de los embajadores pertenecientes al cuerpo diplomático debidamente acreditados en el país, a las academias nacionales, a los rectores de las universidades, a los gobernadores y alcaldes, a las organizaciones sindicales, a la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela.
R.E.M.B.
La Asamblea Nacional de Venezuela, en uso de sus facultades constitucionales como poder autónomo y electo por la mayoría del p.v. el pasado 6 de diciembre de 2015
Que el Secretario General de la OEA, L.A., el pasado 19 de mayo recibió un informe sobre la situación política, económica y social de Venezuela, para presentarlo ante el C.P. y activar la aplicación de la Carta Democrática
Que el canciller paraguayo solicitó el pasado 26 de mayo una convocatoria a una reunión de cancilleres de MERCOSUR para estudiar la situación que está atravesando la República Bolivariana de Venezuela en el m.d.P.d.U.
Que UNASUR, por medio de los ex presidentes L.F., M.T. y J.L.R.Z. inició un proceso de acercamiento para un posible diálogo entre la Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno venezolano para conseguir soluciones a la profunda crisis que vive nuestro país.
Que la S.S. y el papa Francisco han manifestado por diversas vías su preocupación sobre la crisis en Venezuela, siendo la última, la expresada en la Comisión Episcopal Latinoamérica el pasado 19 de mayo
Que es deber de la comunidad internacional dar cumplimiento a los tratados y acuerdos internacionales, sobre todo los que establecen el marco jurídico internacional para el respeto de los derechos humanos y garantizan el mantenimiento de la democracia en la región
Respaldar la decisión del Secretario General de la OEA, L.A., de solicitar una reunión extraordinaria del C.P. para examinar la situación y evitar que se agrave la crisis humanitaria así como el aumento exponencial de la violencia y la conflictividad que vive nuestro país. Así mismo reiteramos la disposición para que H.R.A. presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela intervenga en dicha reunión de acuerdo al criterio del Secretario General expresado en el informe OSG/243-16 del 30 de mayo de 2016
Respaldar el llamado del Canciller de Paraguay a la reunión de Cancilleres de MERCOSUR con la finalidad de estudiar en el m.d.P.d.U. la actual situación que vive nuestro país
Respaldar los llamados de la S.S. sobre la gravísima situación política, social y económica que estamos padeciendo los venezolanos y solicitamos que ayude a facilitar los mecanismos de diálogo y de ayuda humanitaria
Agradecer y hacer un llamado a los parlamentos de Brasil, Chile, Costa Rica, México, Colombia y Uruguay a que mantengan su atención sobre la Asamblea Nacional de Venezuela puesto que cada día aumentan las amenazas físicas a los diputados electos y el desconocimiento de sus actos por parte del Ejecutivo Nacional
Respalda plenamente el trabajo realizado por la UNASUR y los ex presidentes R.Z., Fernández, Torrijos en el proceso de acercamiento entre las partes en Venezuela para enriquecer el debate y permitir un diálogo genuino
Hacer llegar este acuerdo a todas las Embajadas en Venezuela, a la Fuerza Armada Nacional, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de Naciones Unidas, a la Unión de Naciones Sudamericanas y a todos los demás organismos que este Parlamento consideren necesario y tenga a bien informar.
Dar publicidad al presente Acuerdo a través de los medios de difusión y publicación de la Asamblea Nacional.
H.R.A. Presidente de la Asamblea Nacional
E.M.P.P.V.
J.S.C. Segundo Vicepresidente
R.E.M.B. Secretario
J.L.C. Subsecretario”
Décimo: Instar al Parlamento Latinoamericano y al Parlamento del Mercosur para que en ejercicio de sus atribuciones se pronuncien y adopten las medidas conducentes al ejercicio de la democracia representativa en Venezuela y a coadyuvar con la Asamblea Nacional en los esfuerzos para garantizar que se respeten los derechos políticos de los venezolanos
SEGUNDO: Respaldar la decisión del Secretario General de la OEA, L.A., de solicitar una reunión extraordinaria del C.P. para examinar la situación y evitar que se agrave la crisis humanitaria así como el aumento exponencial de la violencia y la conflictividad que vive nuestro país. Así mismo reiteramos la disposición para que H.R.A. presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela intervenga en dicha reunión de acuerdo al criterio del Secretario General expresado en el informe OSG/243-16 del 30 de mayo de 2016
Artículo 152. Las relaciones internacionales de la República responden a los f.d.E. en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales
Por ello, sería contrario al ordenamiento constitucional subyugar los intereses de la República Bolivariana de Venezuela, a un sistema normativo que desconozca los f.d.E. y, particularmente, el ejercicio de la soberanía o contraríe los intereses del pueblo. Así, el contenido del artículo parcialmente transcrito, enmarcado en la “Sección Quinta: De las Relaciones Internacionales”, del Capítulo I “De las Disposiciones Fundamentales”, del Título IV “Del Poder Público”, establece un parámetro interpretativo sustantivo, que regula el ejercicio de las competencias atribuidas a los distintos órganos del Poder Público que ejercen competencias vinculadas con las relaciones del Estado en el sistema internacional.
De ello resulta pues, que cualquier interpretación que conlleve a afirmar una concepción de comunidad internacional o de cualquier grado de integración, que negase o anule en su totalidad la soberanía, autonomía o integridad de la República o se constituya en un elemento que niegue los fines contenidos en el artículo 152 de la Constitución, debe descartarse, por cuanto las relaciones internacionales de la República deben responder a los f.d.E. contenidos en el Texto Fundamental, en función a consolidar del ejercicio de la soberanía interna y externa en los términos antes expuestos y de los intereses del pueblo.
Periodista: C.A..
Este martes los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron, con los votos salvados de los integrantes del Bloque del Gran P.P., el Acuerdo que respalda el Interés de la Comunidad Internacional hacia Venezuela, es decir, un Acuerdo que refleja el interés que han manifestado, dada la grave crisis política, social y económica, entre otros el G-7, OEA, UNASUR, MERCOSUR y Vaticano.
Los legisladores debatieron sobre la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela y las opiniones que se han generado en el mundo producto de la “crisis humanitarias que atenta contra el desarrollo del p.v.”.
El diputado L.F. (Unidad-Lara), en su condición de presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, presentó el punto ante la Plenaria y explicó que el Acuerdo busca garantizar una salida democrática ante la postura del Gobierno nacional de negarse a “realizar el referéndum revocatorio como salida a la profunda crisis que vive el país”.
Florido indicó que el p.v. no ha encontrado soluciones al desabastecimiento de alimentos y medicamentos que impiden el bienestar y desarrollo de la población. Consideró que el pueblo está pasando necesidades, mientras que una oligarquía roja vive como reyes.
Tienen cuentas en distintos bancos del mundo y el pueblo no tiene nada que comer, el que vive en un barrio no le alcanza el dinero, ve con mucha preocupación cómo se burlaron de él
, agregó el legislador.
Florido manifestó su apoyo al Secretario General de la OEA, L.A. y lo exhortó a activar el artículo 20 de la Carta Democrática para Venezuela.
Agradecemos el apoyo de todos los países de Suramérica quienes se han manifestado a favor de una salida democrática, a una salida consultiva como el referéndum revocatorio, sin duda desde la Comisión de Política Exterior hemos logrado que el mundo tuviera una visión distinta del país y supiera lo que ocurría en él (…) la verdad es que en nuestro país el pueblo ya no come tres veces al día
Por su parte el diputado S.O. (GGP/Carabobo) respondió a los señalamientos del diputado Florido. Denunció que detrás de esta jugada internacional se encuentra el gobierno de Estados Unidos presionando a algunos gobiernos para que se convoque la Carta Democrática en contra de Venezuela, “justificando que se alteró y violó el orden democrático en el país”.
Almagro no tiene las competencias suficientes para solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela porque aquí no se ha alterado el orden democrático
, explicó el legislador.
Y por su incompetencia de prometer al pueblo acciones que no pueden cumplir (…) ya vamos a cumplir 6 meses y no han podido por la vía democrática sacar al presidente (Nicolás) Maduro lo que se convierte para ustedes en un peligro con su propio electores
Por su parte el diputado Á.M. (Unidad-Anzoátegui) negó que detrás de la solicitud de la oposición exista alguna intención injerencista o militarista para que otro país u organismo internacional ingrese en el país.
Se ha solicitado el apoyo para salir de la crisis de una manera política nuestra propuesta se fundamenta en consultar al pueblo con el referéndum revocatorio y salir de esta crisis por la vía democrática
No promovemos la intervención internacional pero si promovemos que el mundo conozca cómo estamos viviendo y en qué condiciones todos los venezolanos
Sostuvo que L.A. se ha parcializado, sin escrúpulo alguno, ni ética, con los sectores golpistas, violentos y antidemocráticos que, con apoyo de factores injerencistas internacionales, promueven el derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional del Presidente N.M.M..
El secretario solo puede actuar cuando un gobierno soberano se lo solicite. Hoy no ha sido activada la Carta Democrática, hoy simplemente el secretario general, violando las leyes internacionales y la constitución de la republica, ha convocado a un c.p. para discutir la activación de la carta democrática contra un país soberano donde hay un orden constitucional
Finalmente el documento, el cual será enviado a todas las Embajadas acreditadas en el país, a la Fuerza Armada Nacional, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de Naciones Unidas, a la Unión de Naciones Suramericanas y a todos los demás organismos que el Parlamento considere necesario, fue aprobado solo con los votos de los diputados de la Unidad. Los del Gran P.P. dejaron constancia de su voto salvado”.
Periodista: M.M.
La Carta Democrática Interamericana, convertida en noticia en los últimos días por su invocación contra Venezuela por el Secretario General de la OEA, L.A., no contempla en su articulado intervenciones armadas contra ningún Estado miembro de la Organización sino que hace hincapié en los buenos oficios regionales, en la promoción y consolidación de la democracia en las Américas.
Las gestiones de la OEA son de carácter diplomático, de acuerdo con esta carta, que en su artículo 20 establece; En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del C.P. para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.
Para concretar esos mecanismos, el C.P., según la carta de la OEA aprobada en septiembre de 2001, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso aconsejare, el C.P. convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones allí incluidas.
Es el artículo 20 que ha permitido el accionar de Almagro en el caso Venezuela, en virtud del cual convocó al C.P. de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio del presente año y presentó un informe de 132 páginas.
El Secretario General de la OEA alega que se debe, "atender a la alteración del orden constitucional en Venezuela y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático
del país. Almagro refiere las denuncias realizadas por la Asamblea Nacional.
De concretarse la reunión y aceptarse el derecho de palabra solicitada por el Presidente del Poder Legislativo, H.R.A., quien ha insistido en señalar que expresará sus opiniones en el foro internacional sobre la situación del país a pesar de las amenazas del Presidente de la República, N.M. de presentar una demanda en su contra, no sería un proceso inédito porque ya se aplicó la Carta Democrática Interamericana en 2002.
Ese año, la Asamblea General de la OEA publicó una resolución que condenaba la salida del poder del fallecido presidente H.C. y pedía una solución democrática del conflicto.
El documento también ha sido invocado en otros países, incluyendo a Honduras, cuando se utilizó para condenar la salida del poder de M.Z..
Lo cierto es que la Carta Democrática de la OEA es un texto que enfatiza la defensa del sistema democrático y su objetivo lo recuerda expresamente al señalar que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula democrática que establece, que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el p.d.C. de las Américas.
El pasado martes, 31 de mayo, la plenaria de la Asamblea Nacional acordó respaldar la decisión del Secretario General de la OEA, L.A., de solicitar una reunión extraordinaria del C.P. para examinar la situación y evitar que se agrave la crisis humanitaria así como el aumento exponencial de la violencia y la conflictividad que vive nuestro país.
Así mismo reiteró la disposición para que H.R.A., presidente del Parlamento intervenga en dicha reunión de acuerdo al criterio del Secretario General expresado en el informe del 30 de mayo de 2016.
El documento aprobado por la plenaria también señala el respaldo al llamado del Canciller de Paraguay a la reunión de Cancilleres de MERCOSUR con la finalidad de estudiar en el m.d.P.d.U. la actual situación que vive nuestro país.
La AN respalda igualmente los llamados de la S.S. sobre la gravísima situación política, social y económica que estamos padeciendo los venezolanos y solicita que ayude a facilitar los mecanismos de diálogo y de ayuda humanitaria.
Finalmente respalda plenamente el trabajo realizado por la UNASUR y los ex presidentes R.Z., Fernández, Torrijos en el proceso de acercamiento entre las partes en Venezuela para enriquecer el debate y permitir un diálogo genuino
FLORIDO: PRESIDENTE MADURO AÚN NO HA TRIUNFADO EN LA OEA 02-06-2016 08:26:16
A juicio del presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, diputado L.F. (Unidad/Lara) el gobierno del presidente de la República, N.M., no puede hablar aún de haber triunfado en la Organización de Estados Americanos (OEA) contra la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Durante la entrevista que ofreció este jueves en Globovisión, el parlamentario resaltó que después de una sesión de 10 horas del C.p. del organismo multilateral, Maduro no debe sentirse vencedor porque la resolución aprobada refleja un lenguaje muy diplomático de la crisis venezolana. “La resolución reconoce que hay una crisis en Venezuela”.
En su opinión, el embajador de Venezuela ante la OEA, B.Á., firmó una declaración con la que no estaba de acuerdo el Gobierno Nacional. Recalcó que la sesión del C.P. de este miércoles arrojó apenas una primera resolución, "...porque todavía no se ha considerado la solicitud del secretario general L.A.".
No descarta la posibilidad del diálogo que recomendó la OEA. "Estamos dispuestos a dialogar con los ex presidentes J.L.R.Z. (España), M.T. (Panamá) y L.F. (República Dominicana), pero tienen que aceptarse las condiciones sobre la aplicación del referendo revocatorio, la liberación de los presos políticos, la entrega de medicinas y el respeto a la Constitución Nacional"-indicó
FLORIDO: VENEZUELA ESTÁ SIENDO TRATADA INTERNACIONALMENTE COMO UN PAÍS EN CRISIS 02-06-2016 12:52:22
Para el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, diputado L.F. (Unidad/Lara), en la sesión de este miércoles del C.P. de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno del presidente de la República, N.M., sufrió una derrota contundente.
El parlamentario, durante la rueda de prensa que ofreció este jueves en el Palacio Federal Legislativo, dijo que entre las conclusiones del C.P. destaca también el hecho de que el p.v. siempre estuvo presente en los países miembros.
Explicó detalladamente que en esta sesión del C.P. se celebró a pedido del gobierno argentino, a objeto de debatir sobre la crisis venezolana. "Argentina presentó una resolución sobre un llamado al diálogo y Venezuela presentó otra para pedir apoyo al gobierno de Maduro. Seguido, un grupo de 25 países, encabezado por México, propuso una resolución que contemplaba distintos temas. Esa resolución se debatió durante 10 horas, lo que demuestra que en Venezuela hay una crisis profunda, donde los estados americanos se han dado cuenta de que tienen que actuar".
Aseguró que la decisión de ayer no tiene que ver con la citación que hace el secretario de la OEA, L.A.. El informe debe ser traducido al francés, al inglés y al portugués para votarlo en el próximo c.p. que se convocará para debatir sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana
ACUERDO QUE RESPALDA EL INTERÉS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ACERCA DE G-7, OEA, UNASUR, MERCOSUR Y VATICANO EN LA CRISIS VENEZOLANA
- Que es COMPETENTE para conocer la presente acción ejercida por los Abogados R.E. MUÑOZ PEDROZA, LEYDUIN E.M.C. y R.D.C.C.A., ya identificados, actuando con el carácter de Procurador General de la República (E), el primero, Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República el segundo y representante de la Procuraduría General de la República la tercera, en contra de las presuntas actuaciones, vías de hecho y amenazas de daño Inminente, presuntamente emanadas del Presidente, de la Junta Directiva y de la Mayoría de diputados que conforman la Asamblea Nacional.
- Se RECONDUCE la presente acción a una demanda de controversia constitucional.
- Se ADMITE la referida acción y, en consecuencia, se ordena su sustanciación conforme a lo previsto en el artículo 128 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
-.- ACUERDA medida cautelar innominada consistente en:
- Ordena que se cite a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
- ORDENA notificar a la Fiscal General de la República.
- ORDENA notificar al Defensor del Pueblo.
- ORDENA notificar al Procurador General de la República.
- ORDENA notificar a los interesados mediante cartel.
- ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de continuar con la tramitación del recurso.
Decisión nº 099-2011 de Tribunal Primero de Juicio de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 14 de Junio de 2011

References: artículo 27
 resolución 
 artículo 138
 artículo 236
 artículo 20
 artículo 187
 artículo 1
 artículo 130
 artículo 236
 artículo 27
 artículo 336
 artículo 136
 artículo 25
 artículo 336
 resolución 
 resolución 
 artículo 336
 artículo 133
 artículo 135
 artículo 62
 artículo 293
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 281

Artículo 152
 artículo 152
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 128

Decisión nº