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⭐VÍCTIMAS ESPECIALMENTE VULNERABLES. TRATAMIENTO PENAL
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Agustín Fuentes Rivas
1 VÍCTIMAS ESPECIALMENTE VULNERABLES. TRATAMIENTO PENAL Carmen Requejo Conde Sumario: 1. Planteamiento de la cuestión - 2. Tratamiento en el código penal español de la víctima especialmente vulnerable Violencia de género y familiar Delitos sexuales Explotación sexual y laboral Víctima de tráfico viario Víctimas de delitos patrimoniales y de delincuencia organizada - 3. Tratamiento procesal de la víctima especialmente vulnerable en las últimas propuestas de reforma de la LECR - Bibliografía 1.Planteamiento de la cuestión Los artículos 60 y 61 del Estatuto procesal de la víctima establecen un régimen jurídico asistencial de mayor protección a las víctimas especialmente vulnerables: por la naturaleza de la víctima, menores, discapaces, o por la gravedad del delito cometido contra ellas, destacando en este aspecto la Directiva 2012/29/UE los delitos de terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual, violencia de género, o discriminación. El art. 22 de la Directiva establece una evaluación especial de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección, instando a los Estados miembros para que velen por la realización de una evaluación puntual e individual de la víctima a fin de dispensarles una especial protección en el proceso penal evitando la victimización secundaria, la intimidación o las represalias. Esta especial evaluación tomará en cuenta en efecto las características personales de la víctima, el tipo o naturaleza del delito, y las circunstancias del hecho, en concreto, delitos de especial gravedad, delitos motivados por prejuicios o discriminación relacionada con las características personales de la víctima, de víctimas con relación de dependencia con el infractor, y más en particular, todas las víctimas de los delitos de terrorismo, delincuencia organizada, trata de personas, violencia de género, explotación sexual, y delitos de odio y discriminación. La Directiva hace además especial hincapié en las víctimas con discapacidad, y a los menores de edad. Se trata de garantizar con una mayor contundencia los derechos de la víctima especialmente vulnerable a la inmediata protección de su vida, integridad, libertad, honor, intimidad y cualquier otro derecho lesionado o amenazado por el hecho punible. La víctima especialmente vulnerable por su edad, enfermedad, discapacidad o situación peculiar contará con servicios de apoyo y de justicia reparadora: según dispone el Estatuto procesal de la víctima, la Policía judicial, el Ministerio fiscal y los Tribunales adaptarán la forma del acto procesal y tomarán las medidas necesarias para evitar o reducir en lo posible los efectos perjudiciales, con el dictamen de expertos si fuese conveniente y con el máximo respeto por el contenido esencial del derecho de defensa, protegiéndolas frente a la victimización secundaria o reiterada. Con las víctimas de terrorismo, por ser un delito muy grave contra la sociedad, los Estados se esforzarán por proteger su dignidad y su seguridad. Con 12 las víctimas de violencia de género, por su discriminación por razón de género. Con las víctimas de explotación sexual, laboral, de tráfico de personas, o de discriminación, por su vulnerabilidad por razón de género, pero también económica, de edad, de residencia, de raza, de creencia o religión, de discapacidad, o de identidad sexual. 2.Tratamiento en el código penal español de la víctima vulnerable El legislador penal español ha ido otorgando cada vez mayor protección a la especial vulnerabilidad de la víctima de un delito con motivo de las sucesivas reformas del código penal de Así sucedió con la Ley Orgánica 11/1999 en relación a los delitos sexuales, las Leyes Orgánicas 11/2003, 15/2003 y 1/2004, de Protección contra la violencia de género, en relación a los actos de violencia de género o terrorismo, o la Ley Orgánica 5/2010, en relación a la trata de seres humanos. Se trata de un perfil de personas que el legislador ha considerado necesitado de una tutela específica, y por ello lo ha incluido como sujeto pasivo específico de algunos delitos, como el delito de maltrato intrafamiliar, o el delito de provocación al odio y a la discriminación; o como personas a las que debe dispensarse una tutela más reforzada que a otras, como sucede en los delitos contra su libertad o indemnidad sexual, dignidad o seguridad. De por sí, la discriminación en la comisión del delito por razón de ideología, religión, creencia, etnia, raza o nacionalidad, sexo, orientación o identidad sexual, y enfermedad o discapacidad (término que sustituyó al de minusvalía con la Ley Orgánica 5/2010) constituye una agravante genérica de responsabilidad penal (art. 22.4), que en ocasiones forma parte del medio comisivo del delito o se convierte en una agravante específica. Una protección específica a los colectivos vulnerables se prevé además entre los delitos contra la Constitución española con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertad públicas, cuando se provoque a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racitas, antisemitas, u otros relativos a la ideología, religión o creencias, situación familiar, pertenencia a raza, etnia o nacionalidad, sexo u orientación sexual (no se indica identidad sexual), o enfermedad o minusvalía (no se indica discapacidad) (art. 510). Entre estas situaciones, la Directiva destaca la especial vulnerabilidad por razón de edad (menores), y la especial vulnerabilidad por razón de discapacidad. Discapacidad, física o psíquica, que no se identifica con la vulnerabilidad por razón de enfermedad. La Ley Orgánica 5/2010 amplió la agravación contemplando esta vulnerabilidad por razón de discapacidad sólo en algunos delitos, entendiendo que enfermedad y discapacidad no son conceptos sinónimos. Y ello de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor desde el 3 de mayo de 2008, que las define como personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Y de acuerdo además con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, que define la discapacidad como padecimientos de 23 deficiencias mentales, físicas o sensoriales de larga duración, o a quienes se reconoce un grado de minusvalía superior al 33%. Además, el código penal español también la posibilidad de apreciar otras circunstancias de vulnerabilidad por razón situación, mujeres embarazadas, marginación, indigencia, etc. La protección por razón de la especial vulnerabilidad de la víctima se dispensa por tanto no sólo ante determinadas actuaciones procesales sino reforzando los bienes jurídicos de estas personas, en algunos delitos contemplándolo como un medio comisivo, aprovecharse de la (especial) vulnerabilidad de la víctima, en otros, como una agravante específica de responsabilidad criminal, y en otros como una circunstancia de determinación del sujeto pasivo digno de recibir una respuesta más contundente por el Derecho penal Violencia de género y familiar Así se contempla en múltiples delitos contra bienes jurídicos eminentemente personales. En el maltrato intrafamiliar, las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados (art ) se incluyen entre el círculo de personas que junto a los familiares pueden llegar a ser víctimas de malos tratos. Una protección reforzada de la víctima especialmente vulnerable que conviva con el agresor se prevé además junto a la mujer, ex mujer o persona que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad aun sin convivencia en los artículos 153 y 148, relativos a los delitos de lesiones leves y lesiones graves, en defensa rigurosa de su integridad, así como en los artículos y en los delitos de amenazas y coacciones leves, en defensa de su libertad, que en las reformas del código penal de 2003 y 2004 pasaron de delitos a faltas o a convertirse en cualificaciones de estos delitos. Expresión de víctima especialmente vulnerable que conviva con el agresor que ha servido además para salir al paso frente a las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas contra estas normas por vulneración del principio de igualdad y de discriminación negativa en contra de la figura del varón, sobre todo en delitos que como las lesiones, amenazas o coacciones leves, no tiene por qué suponer una manifestación de odio, abuso de superioridad, actitud machista o discriminación del varón hacia la mujer, antes al contrario, ello tendría más sentido en delitos más graves, como el maltrato habitual, o incluso en los delitos contra la vida en que desemboca el maltrato, en los que sin embargo no se contempla la especial agravación. El aprovechamiento de la especial vulnerabilidad de la víctima por la mayor facilidad para cometer el delito o facilitar su impunidad forma parte además de otros delitos, en muchas ocasiones delitos de carácter internacional, y sujetos o susceptibles de sujeción a la universalidad de la justicia. Se trata de una especial vulnerabilidad por razón de edad, enfermedad o situación, a la que la Ley Orgánica 5/2010 añadió por razón de discapacidad, pero con defectuosa técnica, en tanto sólo lo hizo para algunos delitos y no para todos, y que el Anteproyecto de reforma del código penal de 16 de julio de 2012 tampoco ha corregido. 34 2.2. Delitos sexuales En los delitos sexuales, concretamente en las agresiones sexuales, se prevé en el art la agravante de víctima especialmente vulnerable, por razón de edad, enfermedad, discapacidad o situación, con la salvedad del art. 183, donde se contemplan desde la Ley Orgánica 5/2010 de reforma del código penal los abusos y agresiones sexuales de menores de 13 años, y donde la especial vulnerabilidad se sustituyó por la total indefensión, y en todo caso, cuando sea menor de cuatro años (caso Mª Luz). En los abusos sexuales, ya sean comunes, o de prevalimiento o fraudulento (arts y 182.2), la agravante es la misma, víctima especialmente vulnerables por razón de edad, enfermedad, discapacidad o situación, por remisión expresa al art En el delito de acoso sexual (art ), constituye igualmente una agravante, pero en este caso sólo se protege a la víctima especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o situación, y no por discapacidad Explotación sexual y laboral Algo distinto sucede en los delitos relativos a la explotación de seres humanos, por razón sexual, laboral, o de otro tipo. Por ejemplo, en los delitos relativos a la prostitución de persona mayor de edad (art ) constituye uno de los medios comisivos del delito abusar de una situación de vulnerabilidad de la víctima, sin especificar cuáles pueden ser éstas. En los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis 2), hasta 1988 vinculados con los delitos de explotación sexual, constituye en cambio una agravante específica abusar de una situación de especial vulnerabilidad de la víctima, así como también en los delitos de lesa humanidad de carácter sexual (art. 607 bis 9), aunque aquí se indica sólo abusar de una situación de vulnerabilidad de la víctima. Sin embargo, en otro delito muy vinculado a los anteriores, el delito de trata de seres humanos, en redacciones anteriores del código penal regulado conjuntamente con ellos hasta quedar convertido en delito autónomo por el legislador de 2010, en una confusa redacción del tipo penal del art. 177 bis, no se deja claro si constituye una agravante traficar con víctima especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad, discapacidad o situación (art. 177 bis 4c), o constituye por el contrario un elemento básico del delito, abusar de una situación de vulnerabilidad de la víctima (art. 177 bis 1). Queda la duda de si el aprovechamiento de la especial vulnerabilidad es elemento del delito (en personas mayores de edad por ejemplo), o constituye una agravación, sobre todo porque el párrafo 2 menciona sólo a los menores con fines de explotación (sexual, laboral), pero no menciona a los incapaces (como tampoco el fin de extracción de sus órganos) Víctima de tráfico viario Pero además, la persona especialmente vulnerable es protegida en otras normas penales. Una muestra de ello son las normas que tipifican los delitos contra la 45 seguridad vial, que como delitos de peligro abstracto algunas de ellas (conducción con excesiva velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, conducción sin permiso) han supuesto un adelantamiento de las barreras punitivas en aras de un reforzamiento del derecho a la vida e integridad de las víctimas ante sospechas de peligros, que han puesto en entredicho principios clásicos del Derecho penal como ultima ratio, proporcionalidad, eficacia, o Derecho penal de hecho. Como normas penales en blanco que se integran con la normativa administrativa en materia de tráfico, también la Ley de seguridad vial y el Reglamento General de Circulación prevén en sus artículos 11 y 46 respectivamente una tutela específica a las víctimas especialmente vulnerables, en consonancia con la normativa comunitaria, sobre todo a partir del 12 de octubre de 1988, fecha en la que el Parlamento Europeo aprueba la Carta Europea de los Derechos del Peatón, advirtiendo de la necesidad de proteger especialmente cuando se trate de niños, ancianos, personas ciegas o en general personas con discapacidad y con problemas de movilidad. El principio de conducción dirigida junto a un criterio de seguridad en la prevención de riesgos encontrarán pues como excepciones el principio de confianza y el principio de defensa, esto es la acción correcta que no se espera de ciertos colectivos y ante la que habría que saber reaccionar a tiempo para evitarles a estas personas efectos perjudiciales. La manifiesta vulnerabilidad de determinados peatones y el consiguiente aumento de riesgo a sus bienes personales ha llevado incluso a seguir manteniendo y a castigar más severamente en las últimas reformas del código penal la omisión de socorro a víctima de accidente fortuito o imprudente de tráfico, pese a quienes abogaban por su derogación y reconducción a modalidades básicas Víctimas de delitos patrimoniales y de delincuencia organizada Pero esta atención del legislador a las personas especialmente vulnerables no sólo ha tenido lugar en delitos contra bienes jurídicos netamente personales. También hay que mencionar la introducción en 2010 en los delitos de hurto y robo con fuerza en las cosas de la agravante de utilización de menores de catorce años en la comisión del delito (art y art. 241 por remisión), y su mayor especificación en el delito de tráfico de drogas, previéndose en este caso además también a los disminuidos psíquicos como víctimas, para conformar una agravante de segundo grado (art ), dejándose la agravante de primer grado para los casos de facilitación de la droga a los menores de edad, a los disminuidos psíquicos y a las personas que se encuentran en tratamiento de deshabituación o desintoxicación, o de hacerlo en centros docentes o centros de rehabilitación o deshabituación o incluso en sus proximidades (art y 7). Lugares y víctimas en fase de formación o de prevención y/o curación que les hace ser manifiestamente vulnerables a estas situaciones. Más allá de los delitos relativos al narcotráfico, otros delitos que forman parte también de la delincuencia organizada, y que menciona expresamente la Directiva como delitos cuyas víctimas pueden requerir de una atención y tutela específica por 56 su vulnerabilidad, son los delitos de terrorismo y delincuencia organizada, esto es, los denominados por el legislador penal español, organizaciones y grupos criminales (art. 570 bis ss), especificando después las organizaciones y grupos terroristas (art. 571 ss), y la pertenencia a estas organizaciones o grupos criminales, o la actuación en el seno o marco de los mismos, que se prevé como agravante de otros muchos delitos, algunos ya citados anteriormente como delitos que tutelan específicamente a la víctima especialmente vulnerable, convirtiéndolas con ello en personas doblemente tutelables, como los delitos sexuales (arts f, 187.4, b e), trata se seres humanos (art. 177 bis 6), delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis 4), delitos contra la intimidad (art ), y otros de carácter patrimonial y económico, como el blanqueo de capitales (art ). Algunos de ellos, se contemplan asimismo también como agravantes del delito general de organizaciones y grupos criminales, como ocurre con los delitos sexuales y de tráfico de seres humanos (art. 570 bis 3), previéndose el concurso normativo y el principio del mayor rango punitivo del art. 8.4 del código penal en la aplicación de la norma preferente (art. 570 quáter 2). Y algunos de ellos incluso conservan la redacción anterior a la reforma del código penal español por Ley orgánica 5/2010, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades (arts 177 bis 6, 187.4, e y 318 bis 4). Resto de esa regulación anterior es esa otra forma de delincuencia organizada que subsiste en nuestro Derecho penal español como delito autónomo, los delitos relativos a las asociaciones ilícitas, cuando además tengan como fin promover o incitar a la discriminación, al odio o a la violencia, contra personas, grupos o asociaciones, por razón de ideología, creencia o religión, pertenencia de sus miembros a raza, etnia o nacionalidad, o por sexo u orientación sexual (no se indica identidad sexual), o por situación familiar, o por enfermedad o minusvalía (no se indica discapacidad). Y además la expresa previsión de la responsabilidad penal de la persona jurídica, para los delitos cometidos en el seno, con la colaboración o a través de empresas u organizaciones con personalidad jurídica (arts 31 bis y 129) prevista igualmente en muchos de los delitos citados, tráfico de seres humanos (art. 177 bis 7), delitos sexuales (art. 189 bis), delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis 4), o delitos de organizaciones o grupos criminales (aunque con defectuosa técnica legislativa, art. 570 quáter 1). Todo ello es la muestra de un conjunto heterogéneo de normas, unas protectoras del orden público, otras de los derechos constitucionales, y, otras, en última instancia, de la vida, integridad, seguridad, libertad, intimidad, de la víctima especialmente vulnerable, por sus propias características, por la gravedad del delito, o por la particularidad del sujeto activo, en la lucha contra las proliferantes redes de explotación sexual, laboral, o económica. 3. Tratamiento procesal de la víctima especialmente vulnerable en las últimas propuestas de reforma de la LECR A nivel procesal, como indicaba el Preámbulo del Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2012 y, posteriormente, del Código procesal penal 67 (art. 14, art. 432), el supuesto de las personas vulnerables enlaza con las exigencias del Derecho Europeo y del llamado Estatuto de la Víctima. La ley parte de un principio de jurisdiccionalidad, adoptar medidas de protección a favor de las víctimas especialmente vulnerables, víctimas a las que por las especiales características del delito y por sus singulares circunstancias personales, precisan adaptar su intervención en el procedimiento a su particular situación, y en todo caso esas víctimas que por razón de edad, enfermedad o discapacidad no puedan someterse directamente al examen contradictorio de las partes. En estos casos excepcionales, se declarará mediante resolución judicial motivada la situación de vulnerabilidad y se recabará el auxilio de expertos para examinarlas. Así por ejemplo, como víctimas de un delito, cuando se trate de tener que prestar declaración en presencia del investigado o acusado, podrá acordarse por resolución judicial motivada que la declaración testifical se realice empleando medios que eviten la confrontación visual. Como testigos de un delito, cuando resulte absolutamente inadecuado el examen contradictorio por las propias condiciones de edad, enfermedad o discapacidad, se debe establecer un cauce especial de aseguramiento, mediante la colaboración de un especialista con conocimientos idóneos para entablar la adecuada comunicación con el testigo vulnerable, y obtener de este modo los datos pertinentes evitando en lo posible victimizaciones secundarias. Además, debe admitirse en todo caso la lectura de la declaración del testigo vulnerable que no haya sido considerado apto para ser sometido a examen contradictorio en el plenario. Declaraciones de menores y discapacitados podrán hacerse valer en el juicio oral mediante la reproducción de lo grabado cuando el juez o tribunal considere que por razón de su vulnerabilidad no han de someterse al examen contradictorio de las partes. 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 ARTÍCULO 46
 RESOLUCIÓN 
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 Artículo 569
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 Artículo 23
 resolución 
 Artículo 1
 Real Decreto