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Timestamp: 2019-03-21 16:52:22+00:00

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Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 18 de Abril de 2011 (caso Lupetrone, Armando Pascual c/Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia) s/Demanda contencioso administrativa) - Jurisprudencia - VLEX 559094374
Presidente: Pettigiani-Negri-Genoud-Soria-Hitters
En la ciudad de La Plata, a 18 de abril de 2011, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores P., N., G., S., Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 59.527, "Lupetrone, A.P. contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia). Demanda contencioso administrativa".
El señor A.P.L., por propio derecho, promueve demanda contencioso administrativa contra el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se anule la resolución 103.606/97, pronunciada por el señor I. de la Policía provincial; a través de la cual se ordenó el pase a retiro del personal policial desde la jerarquía de C.I. -en la que revistaba el reclamante- hasta la de C. General de todos los agrupamientos; así como la resolución ministerial 637 dictada por el señor Ministro de Justicia y Seguridad, que rechazó el recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio, oportunamente interpuesto.
Asimismo, solicita que se condene a la autoridad administrativa al dictado de otra resolución que deje sin efecto el pase a retiro, transformándolo en prescindibili-dad, así como al pago de la suma que se determine en concepto de indemnización de daños; con más las costas del presente juicio.
Manifiesta que se desempeñó por más de 27 años ininterrumpidos en la fuerza, hasta el 15-I-1998 en que le fue notificado el contenido de la resolución 103.606 mediante la que se dispuso su pase a retiro con fundamento en el estado de emergencia declarado por la ley 11.880.
Agrega que interpuso recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio contra la medida adoptada, el que fuera rechazado mediante resolución ministerial 637 del 6-VIII-1998 y que le fuera notificada el 25 de agosto del mismo año, encontrándose -a su entender- habilitada la instancia judicial.
Sostiene que el acto administrativo que dispuso su pase a retiro carece de fundamentos suficientes y que la Administración ha excedido sus competencias, aún dentro de las facultades que le confiere la ley 11.880 y su prórroga, ley 12.056, calificando al mismo de "acto de gobierno o acto político".
Expresa que, sin perjuicio de su naturaleza, dichos actos no quedan excluídos del control jurisdiccional si de los mismos aparecen vulnerados derechos individuales de los ciudadanos, sin que ello signifique desconocer la potestad discrecional de la Administración de reestructurar una repartición del Estado.
Alega que el Poder Ejecutivo debió declararlo prescindible con derecho a indemnización, prevista por la propia ley 11.880, pues al no contar con 30 años de antigüedad no se encontraba en condiciones de acceder al retiro obligatorio.
Señala que la medida adoptada por la administra-ción afecta una serie de derechos adquiridos por el actor, tales como el derecho a la estabilidad, a la carrera, derecho a una justa retribución y al honor y dignidad.
Con relación al beneficio previsional obtenido, argumenta que el mismo es un derecho nacido, en su caso, al tiempo de su cese, con independencia de que lo haya solicitado o no y que encontrándose de baja, sin sueldo y sin indemnización alguna, resulta infundado pretender esgrimir esta circunstancia como consentimiento tácito de la medida segregativa.
Manifiesta, en primer término, que la resolución 103.606/97, que ordenó el pase a retiro del actor, tuvo adecuado fundamento en las leyes 11.880 y 12.056.
Expresa que la ley tuvo por finalidad declarar en estado de emergencia a la Policía Bonaerense y que dicha situación comprendió, tal como surge de su art. 2, los aspectos organizativos, funcionales, operativos y laborales de la Institución.
Agrega que la ley facultó a la autoridad administra-tiva a poner en disponibilidad, jubilar o pasar a retiro, según el caso, o determinar la prescindibilidad del Personal de la Policía Bonaerense (art. 4).
De modo que la ley 11.880 estableció tres situacio-nes diferentes con relación a los miembros de la Policía Bonaerense:
personal declarado disponible, el cual debía incorporarse a los cursos de capacitación y reentrenamiento.
Personal declarado prescindible, que alcanzaba a aquellos funcionarios que no se encontraban en condiciones de acceder a un retiro o jubilación y para el que se contemplaba una indemnización conforme con lo establecido por el art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, siempre que no estuviera sujeto a sumario administrativo o causas penales (arts. 6 y 7).
Personal que se hallaba en condiciones de ser pasado a retiro o jubilación, aquél que reunía los requisitos de años de servicios y edad exigidos por las leyes provisionales, tal el caso del actor.
Es por ello que en ejercicio de las facultades que le fueron otorgadas por la ley 11.880, el Interventor de la Policía Bonaerense ordenó, el 22-XII-1997 "el pase a retiro del personal policial de la Institución, desde la jerarquía de C.I. hasta la de C. General de todos los agrupamientos que integran esta Institución".
En ese contexto, la resolución alcanzó al señor L. que detentaba, al momento del cese, la categoría de C.I., habiéndosele otorgado el beneficio jubilatorio a partir del 16-I-1998, el que asciende al 88,95% del sueldo asignado a la máxima categoría alcanzada en la institución policial (v. prueba documental acompañada a fs. 28 de autos).
Niega que la Administración se haya excedido en el marco de facultades que la propia ley de emergencia le atribuía, al desconocer el texto del decreto ley 9550/1980, y disponer su pase a retiro, como afirma el actor, cuando lo que correspondía era disponer su prescindibilidad.
Reitera las facultades que surgen del art. 4 citado, a la vez que destaca lo establecido por el art. 6 en tanto dispone...
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 4 de Octubre de 2012 (caso Carrazana, Rodrigo S/Procesamiento)

References: resolución 
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