Source: https://www.memoriacatalunya.org/documents/doc110.htm
Timestamp: 2020-02-27 00:47:32+00:00

Document:
.PROPOSICIONES NO DE LEY
:-SOBRE EL RECONOCIMIENTO MORAL DE TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES QUE PADECIERON LA REPRESIÓN DEL RÉGIMEN FRANQUISTA POR DEFENDER LA LIBERTAD Y POR PROFESAR CONVICCIONES DEMOCRÁTICAS. PPRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001512)
-POR LA QUE SE DECLARA Y SE INSTA A LOS PODERES PÚBLICOS A REPARAR MORALMENTE A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL DESAPARECIDAS Y ASESINADAS POR DEFENDER VALORES REPUBLICIANOS Y A RECONOCER EL DERECHO DE FAMILIARES Y HEREDEROS A RECUPERAR SUS RESTOS, NOMBRE Y DIGNIDAD. PRESENTADA POR GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001591)
-SOBRE DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS EXILIADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001636)
-PARA PROCEDER A LAS EXHUMACIONES DE FOSAS COMUNES DE LA GUERRA CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001672)
-SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LA DIGNIDAD A LOS FAMILIARES DE LOS FUSILADOS DURANTE EL FRANQUISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
Comunico a la Comisión que las votaciones correspondientes al orden del día de esta sesión se celebrarán no antes de las doce del mediodía, en todo caso al final del debate, de todos los asuntos que están incluidos en ella. Tengo que anunciar también que por acuerdo de la Mesa y de la Junta de Portavoces se ha decidido traspasar el debate del primero de los asuntos, sobre el reconocimiento de Blas Infante como padre de la patria andaluza, a continuación del debate que vamos a hacer de los puntos 2, 3, 4 y 5, más otra proposición que incluimos de la señora Lasagabaster y que se traten en un solo bloque por entender que se trata de un asunto conexo entre todos ellos. Dado que la señora Lasagabaster no está en la sala, comenzamos por el punto número 2. Tiene la palabra el representante de Izquierda Unida, señor Alcaraz, para que defienda la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre el reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que padecieron la represión del régimen franquista por defender la libertad y por profesar convicciones democráticas.
El señor ALCARAZ MASSATS: No sé si defender de manera conjunta la proposición con respecto a las fosas.
El señor PRESIDENTE: También hemos acordado, siento no haberlo dicho, que, con independencia de que cada proponente defienda su proposición puede hacer referencia a las demás proposiciones que son objeto del debate.
El señor ALCARAZ MASSATS: Señor presidente, el silencio es uno de los poderes más fuertes porque nadie parece que lo ejerce. Yo creo que hoy aquí 20 de noviembre, que conmemoramos también la muerte del señor Franco, un dictador, vamos a hacer entre todos un ejercicio de memoria, de intentar recuperar si no una memoria unánime, que sería importante, sí una memoria respetable para todos, una memoria que nos permita un edificio mucho más habitable. Ustedes verán que se publican constantemente novelas, historia noveladas, películas sobre temas de gentes que lucharon por la libertad, que no se rindieron, que lucharon por un régimen legítimo, el de la República y que, sin embargo, no se sienten totalmente representados, no habitan de manera serena en esta situación a pesar de la Constitución de 1978, denominada Constitución de la reconciliación.Se planteó entonces la transición también como una especie de pacto de olvido. Se planteaba, por lo menos tácitamente así han sido las consecuencias, el olvido de Franco como un dictador, pero al mismo tiempo también el olvido de todos los que lucharon por la libertad y por la democracia y de los que cayeron a partir de 1936-1939, en función de su adscripción militante: socialistas, comunistas, anarquistas, gente de izquierda en general que lucharon a fondo, nacionalistas, mucha gente que luchó por la libertad y que se sienten olvidados, expresos, guerrilleros, enterrados, esclavos del franquismo, perseguidos, exiliados.Verán ustedes que constantemente se reproducen aquí las iniciativas con respecto a estos hombres y mujeres; iniciativas que no siempre obtienen resultados o casi siempre obtienen resultados negativos y entonces, repito, la casa no es totalmente habitable. No se ha hecho de manera plena la reconciliación nacional y quedan esta serie, digámoslo así, aunque no es la palabra adecuada, de flecos que nos dejan ver que hay que seguir luchando por esta memoria unánime, por esta memoria habitable de este país llamado España. Gente que se siente tanto más incómoda cuando ven que se conceden recompensas al señor Melitón Manzanas y fuertes cantidades de dinero, extremo éste que vamos a solucionar también mañana, a través de un acuerdo unánime de cara a la reforma de la ley de víctimas de terrorismo, pero son temas que hay que ir solucionando, porque son temas de una enorme importancia que corresponden a nuestra propia memoria, a nuestra propia historia. A veces se ha hablado, sobre todo últimamente en este país, del patriotismo constitucional, pero el sentido riguroso de este término no se está empleando en España. El patriotismo constitucional no es una especie de táctica o estrategia de cohesión de un grupo en torno a un texto sin memoria y de cohesión de un grupo que incluso utiliza o puede utilizar -y no estoy hablando concretamente de nadie- el patriotismo constitucional como también herramienta partidista. Fin
(Continúa el señor Alcaráz.)Desde el principio A y compañía utilizan la denominación patriotismo constitucional como cohesión plural y cohesión con respecto a la memoria, con respecto al pasado. Así se hace en toda Europa. Reivindicaciones, indemnizaciones, recuerdos de todo tipo, estatuas, conmemoraciones que se hacen respecto a los luchadores frente al nazi-fascismo, los luchadores por la libertad, de los guerrilleros, de los exiliados. Sin embargo, aquí parecía como si la transición hubiese pactado, cosa que no conocemos nadie, no está firmado por nadie, el olvido de toda esta gente. Recuerdo que cuando aquí planteábamos la reivindicación de los guerrilleros, no como bandidos, no como facinerosos, sino como gentes que no quisieron declinar su lucha en defensa de un régimen legítimo votado popularmente, el régimen de la República frente a una sublevación fascista, alguien nos dijo que aquella podía ser como la panda de soldados que se quedaron sin referente en la Guerra de Secesión norteamericana o en otras guerras. Tuvimos que recordar, otra vez históricamente, que no, que era la defensa de un régimen legítimo la que se hacía, a pesar de enormes dificultades y de consecuencias muy negativas. Por tanto, no es posible construir un edificio sano, leal, limpio, totalmente habitable sin recomponer esta memoria unánime que hace falta, esta memoria que sin duda también pasa por la caracterización de lo que fue la sublevación de 1936 y de su condena. No se puede restablecer esa memoria adecuada y unánime sin tener en cuenta que hay que enterrar dignamente a los muertos clandestinos, establecer una situación digna a partir de ahora. Y en eso me parece que estamos empeñados muchos. Exigimos un esfuerzo de memoria y de justicia, porque los ex presos, los guerrilleros, los represaliados, los exiliados, los enterrados clandestinamente son la base moral y épica de nuestra libertad. Ellos permanecen en esta situación de clandestinidad y de indignidad, mientras permanecen callejeros y estatuas que no reproducen para nada lo que es la conquista de la libertad por hombres y mujeres de este país.
Se han dado dos pasos, aunque limitados, en el Congreso, pero que hay que tener en cuenta. De una parte, la dignificación de los guerrilleros, considerándolos como luchadores por la libertad y no como bandidos ni facinerosos, no como sabandijas que estaban fuera de la legalidad y luchaban en función de sus propios intereses. Se dio otro paso el otro día de cara a la dignificación de mucha gente que trabajó como esclavos por el franquismo en obras que todos conocemos, y que, sin embargo, ni cobraban, ni tenían ninguna dignidad, ni trabajaban de manera adecuada, de manera racional. El otro día aprobamos una resolución dignificando esa situación. No se ha podido probar hasta ahora ningún tipo de indemnización en ambos casos, pero se han producido también una serie de renuncias que es preciso empezar a remediar.
Señor presidente, nosotros siempre hemos caracterizado nuestra memoria, teniendo en cuenta los partidos progenitores de Izquierda Unida, como la fuerza política de la reconciliación nacional. En 1956 aprobamos esta política hasta 1978, que es el punto de llegada de esta política de la reconciliación nacional y del pacto por las libertades. La guerra no la había perdido una parte de España frente a otra parte y que esas partes iban a cuajarse y permanecer así separadas hasta que se enfrentaran de nuevo, sino que la que guerra la habíamos perdido la inmensa mayoría, se hubiese luchado en el bando que se hubiese luchado, y la habían ganado los intereses, muy concretos de siempre, que habían explicado la historia de una determinada manera. A partir de ahí, estamos planteando esta serie de reivindicaciones, por ejemplo la que se refiere a ex presos y represaliados políticos. En una serie de comunidades autónomas que han legislado sobre este asunto, lo han hecho aprobando cuantías diferentes en función de textos y caracterizaciones diferentes. En otra serie de comunidades autónomas, todavía no se ha legislado sobre este asunto, la reposición y las indemnizaciones correspondientes. Al mismo tiempo, hay una serie de luchadores antifranquistas que en la actualidad no viven en nuestro país. De cara a remediar esta situación, planteamos la primera proposición no de ley que se remite a la necesidad de reafirmar, una vez más, y proceder al reconocimiento moral a todos los hombres y mujeres que padecieron la represión del régimen franquista por defender la libertad y por profesar convicciones democráticas. Este texto concreto se ha aprobado con respecto a guerrilleros y a los esclavos del franquismo, pero no con respecto a ex presos y represaliados. Igualmente, pedimos que se revisen que con carácter general todos los derechos reconocidos a los perseguidos y represaliados por el régimen franquista que en la actualidad no residen en territorio español y que no pueden acogerse a ninguna de las leyes autonómicas aprobadas hasta ahora para tal fin. En el tercer punto, pedimos que se remita a esta Cámara, en el plazo de cuatro meses, un estudio comparativo de toda la legislación estatal y autonómica vigente, que recoja los casos resueltos y pendientes de los afectados en materia de reparación material de las referidas situaciones.
Planteamos también una proposición no de ley para proceder a las exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil. En el libro La voz dormida, Dulce Chacón reproduce situaciones concretas que se daban y que ahora no podemos comprender, o lo hacemos con dificultad, a la hora de identificar lo que allí pasó y la gente que sufrió personalmente las consecuencias. Por eso, a la hora de reproducir situaciones que se daban, en este texto se dice, refiriéndose a un personaje: Por eso va todas las mañanas al cementerio del Este y se esconde con su sobrina Isabel en un panteón, hasta que dejan de oírse las descargas. Por eso corre después hacía los muertos y corta con unas tijeras un trocito de tela de su ropa y se lo muestra a las mujeres que esperan a la puerta, las que han sabido a tiempo el día de sus muertos, para que algunas de ellas los reconozcan en aquellos retales pequeños y entren al cementerio y puedan cerrarles los ojos y les laven la cara. (Hasta aquí la cita.) Se mataba a mucha gente. Se habla entre 35.000 y 100.000 que todavía permanecen en fosas comunes y que no han sido desenterrados. En muchos casos no había forma de identificarlos y se utilizaban una serie de artimañas, de astucias, para intentar en un número apreciable de casos saber dónde estaba cada uno de los familiares que desaparecían. Nosotros pensamos que este conflicto, que se ha venido en llamar de las dos españas, no terminará hasta que no se restituya toda la verdad de lo ocurrido y se reconozca a todos estos familiares el dolor que padecieron y padecen, devolviéndoles los cuerpos de sus familiares, a fin de poderles dar sepultura digna. Los que perdieron la guerra fueron condenados al silencio impuesto por la dictadura, y hasta cierto punto pareció consensuarse tras la Ley de amnistía de 1977, un silencio, repito, que no se ha firmado en ningún lado, que podemos superar hoy si convenimos una recuperación unánime de una parte de la memoria, condena que aún siguen padeciendo los familiares en tercera generación. No creo que pretendamos que esta situación de silencio y de indignidad para mucha gente llegue a una cuarta generación. Las voces de todas estas personas estuvieron obligadas a un sueño largo, a un silencio triste, denso, que todavía dura. Aún hoy quedan muchas voces dormidas. Incluso hay gente que baja el tono de voz para hablar de estos hechos, y necesita cerrar las ventanas como si se tratara de clandestinos. Hay mucha gente que no quiere recordar, que tiene el recuerdo dentro pero que no quiere expresar, sacar a la luz, sacar de dentro este recuerdo. Es importante que el Congreso de los Diputados haga un esfuerzo en esta dirección, recuperar la voz dormida durante más de 60 años para señalar en dónde se encuentran enterrados en fosas comunes muchísimos familiares víctimas de la represión que desde el levantamiento del 18 de julio puso en marcha Franco. Repito, comunistas, socialistas, republicanos, anarquistas, nacionalistas que defendían el régimen legalmente establecido en la II República. Una anciana, hace poco, en una de las excavaciones que se están haciendo en las comarcas de Villablino y El Bierzo, con deudos, hermano y cuñado bajo tierra, derramaba lágrimas sin olvidar las palabras malévolas que entonces pronunció el cura del pueblo a la hora de sepultar a 37 republicanos ejecutados en noviembre de 1937.
Termina el señor ALCARAZSi serán demonios estos rojos que ni la tierra los quiere, sermoneó cuando un vecino le anunció que su perro, excavando, había sacada parte de un cadáver.
Hoy siguen castigados aquellos que fueron fieles a la causa de la libertad y la democracia. Si no se pone remedio desde el Gobierno, desde la responsabilidad del Estado, ordenando y clasificando las excavaciones, poniendo todos los medios necesarios para la localización, excavación e identificación, seguiremos en las mismas y no habremos hecho completamente habitable esta casa que estamos construyendo de nueva planta, de 1978 a esta parte. Hay entre 35.000 y 100.000 personas enterradas en esta situación. La organización de las Naciones Unidas, a través de un grupo de trabajo específico, remitió a principios de noviembre una recomendación al Gobierno para que investigue la desaparición a manos del régimen franquista de al menos dos casos de republicanos fusilados tras la guerra civil. La Asociación por la recuperación de la memoria histórica presentó en agosto pasado 64 casos, pero la ONU se ha limitado a lo sucedido a partir de 1945, fecha de fundación de este organismo.
En todo caso, señor presidente, nosotros creemos que el Estado español -y voy terminando-, en cumplimiento de la resolución de 18 de diciembre de 1992, sobre desaparición forzada, debe cumplir, a través de sus instituciones públicas, con el deber de investigar y aclarar los hechos, ordenando, siempre que las familias lo soliciten, la exhumación de los cuerpos que se encuentran en fosas comunes a partir de julio de 1936. Pensamos que el Estado español debe proceder a la identificación de los cuerpos mediante las técnicas forenses, incluso pagando la prueba del ADN. Hay que reconocer, asimismo, mediante placas de homenaje a las personas que allí se encuentran, y sería necesario digitalizar todos los archivos relacionados con la guerra civil.
Estas son nuestras peticiones, señor presidente. Pedimos un esfuerzo para recuperar la memoria de nuevo. Ha habido un paréntesis inexplicable de 1977 a esta parte, y la memoria no ha parado de hacerse presente: libros, homenajes, novelas, películas…; y no va a parar, porque no se sienten en su casa, en un edificio plenamente habitable. De modo que pido hoy aquí que se haga un esfuerzo de memoria y de convencimiento democrático, a partir de este momento, para recuperar el sentido histórico del país, teniendo en cuenta lo que pasó. El patriotismo constitucional, si se hace sin memoria, sin contar con la pluralidad real de la sociedad y tal como ocurrieron las cosas, no es más que la lealtad partidista a un texto.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las proposiciones que están en el punto tres y cuatro, doy la palabra al señor Guerra, en primer lugar.
El señor GUERRA GONZÁLEZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, muy brevemente haré exposición de la proposición no de ley sobre desarrollo de una política de Estado para el reconocimiento de los ciudadanos y ciudadanas exiliados. Brevemente no porque el tema no sea de un importancia tal que merezca extensión en la explicación de la proposición, sino porque el hecho de que haya coincidido en esta Comisión con otras proposiciones referidas a la guerra, a la represión durante la posguerra, a las fosas comunes en que yacen los restos de fusilados durante la guerra y posteriormente, hace que todos los que vamos interviniendo repitamos los mismos argumentos. Esta proposición está presentada por un motivo concreto: el Congreso de los Diputados aprobó en septiembre de 1999 una proposición no de ley para que los grupos políticos, a través de las fundaciones ligadas a ellos, pudieran realizar algún tipo de actos conmemorativos que vinieran a recordar y a sacar a la luz el fenómeno del exilio derivado de la guerra civil. Dentro de este esquema, la fundación ligada al Partido Socialista, la Fundación Pablo Iglesias, ha preparado durante este año una serie de acontecimientos -exposiciones, libros, películas…- alrededor del conocimiento del exilio.Hay una interpretación, que hoy empieza a correr quizá excesivamente, que pretende desnaturalizar la transición española mostrándola como un pacto para olvidar -para sacar del presente y del futuro- lo que ocurrió durante la guerra civil y en la larguísima posguerra de la dictadura franquista. Creo que es una interpretación que no responde a la realidad. Sí es verdad que la transición llevaba dentro de sí el germen de algunas renuncias. Los partidos políticos que estuvieron trabajando por una Constitución de consenso y por una transición pacífica, eran conscientes de que renunciaban a algunos de los principios que más noblemente defendían en beneficio de una convivencia que fuese duradera; es decir, que se trabajaban más para los herederos que para los que lo hacían propiamente en ese momento. De ahí que sea verdad que hubo cierto olvido durante la transición de algunas cuestiones que deberían haberse tratado, pero me parece que no es acertado tratar de atribuirlo a un pacto explícito o tácito de la transición para olvidar. De hecho, como se puede ver, a esta Cámara se traen insistentemente proposiciones que pretenden justamente sacar a la luz el conocimiento del pasado.Por el contrario, los que a veces argumentan sobre la inconveniencia de que hablemos de estos asuntos, toman como principio básico de su argumentación el hecho de que eso no es más que reabrir heridas que no deberíamos reabrir. Mi punto de vista es exactamente el contrario: las heridas existen, no las reabrimos nosotros con estas propuestas; y sacarlas a la luz puede hacer que las heridas cicatricen. Muy al contrario de lo que algunos piensan de que hablar de exhumar cadáveres de las fosas comunes de fusilados puede reabrir heridas del pasado, de la guerra, yo creo que lo que puede hacer precisamente es cicatrizar las heridas que aún quedan del pasado.
Entre las secuelas de la guerra civil está el hecho de que muchos españoles y españolas se vieron obligados a salir de su país, y a eso hace referencia esta proposición no de ley. Los técnicos que han estudiado detenidamente el fenómeno del exilio español derivado de la guerra civil, calculan que, en total, pudieron salir en un número muy cercano al millón de personas; pero que nunca estuvieron un millón de personas en el mismo momento fuera de nuestro territorio de una manera forzada, sino que salían y entraban. Al principio, salían por el País Vasco y volvían a entrar por la zona aún republicana de Cataluña. El número máximo de españoles que estuvieron fuera de nuestro país a la fuerza de una sola vez -febrero de 1939- está en torno al medio millón de personas. Medio millón de personas que se reducirá después, porque habrá bastantes retornos en los dos años posteriores a la guerra; personas que se ven forzadas a estar fuera de su país, y que se sienten tan españoles -o probablemente más- como los que estaban dentro, bien patrimonializando el concepto de patria con el régimen franquista o bien luchando contra un régimen autoritario. Sienten la contaminación del régimen en los conceptos de patriotismo, patria y España, y quizá estas personas que estaban fuera de España, considerados aquí oficialmente como antiespañoles y antipatriotas, fueran las que reunían mejores condiciones como españoles, ya que tenían a su país como su verdadera religión -ya lo he dicho alguna otra vez-. España era la religión de los exiliados. Ellos vivían, día a día, pendientes de España. Se conoce la anécdota de que, miles y miles de españoles, tuvieron siempre la maleta preparada detrás de la puerta. Cuando las potencias internacionales infringen su última llamémosla traición a la legalidad republicana, admitiendo el ingreso de la España del general Franco en Naciones Unidas, esas maletas se deshacen, perdida ya la esperanza de la recuperación de la legalidad anterior. Pero ellos siempre mantuvieron ese concepto de España como su país, intentando rehacer su vida en los países de acogida; una acogida, primero, no como refugiados sino como prisioneros, puesto que la acogida de Francia y de Inglaterra no fue ejemplar, sino todo lo contrario.
(Termina el señor Guerra.)
Pero pasados veinticinco años de la recuperación de la democracia, no parece que pueda haber obstáculos a que España reivindique el derecho a conocer qué fue el exilio y la reparación moral y la atención material a los españoles y españolas que después de más de sesenta años viven fuera de su país, no por un acto de voluntad, sino por un forzamiento de un régimen ante el que tenían incluso el peligro de su propia vida.
Esta iniciativa lo que pretende es el estudio, la adopción de medidas concretas, normativas algunas, de actuación otras, a favor de los exiliados, entendiendo por exiliados los hombres y mujeres que salieron a consecuencia de la Guerra Civil y han vivido fuera de nuestro país, y también los que nunca han tenido consideración de exiliados, han estado siempre en tierra de nadie, los niños que salieron de España por los mismos motivos.
La propaganda del régimen franquista convenció a los españoles de que los niños que salen de España con motivo de la guerra, los niños de la guerra, eran sólo los niños que fueron a la Unión Soviética. Nada más falso, porque en la Unión Soviética hubo unos 3.000 niños de la guerra, mientras que en Francia quedaron unos 17.000; en Bélgica, 5.000; en Gran Bretaña, 4.500 y 800 en Méjico y unos pocos en Dinamarca también. Es decir, que estuvieron repartidos en muchos países. Estos niños nunca han sido considerados como exiliados y no han podido tener los mínimos beneficios que a través de estos años se han ido reconociendo a los españoles que vivían fuera de su país a consecuencia del exilio.
Lo que pretendemos es que haya una reparación moral y también una atención material. En primer lugar, nos parece casi vergonzoso tener que reivindicar que esos españoles recuperen su nacionalidad española. Algunos se vieron obligados a renunciar a ella porque los países de acogida así se lo exigieron y están deseosos de recuperar la nacionalidad por la que se sienten verdaderamente vinculados, la nacionalidad española.
También una protección económica de los exiliados que estén en condiciones más difíciles desde el punto de vista económico. Se trata de completar, mediante un convenio especial de la Seguridad Social, al menos hasta la cuantía mínima de las pensiones de jubilación y viudedad en su modalidad contributiva en España.
Igualmente, el deseo de que se pueda dar una cobertura de asistencia sanitaria mediante la ampliación del plan de salud. Se están produciendo verdaderas situaciones de necesidad entre los españoles en el exilio.Si ellos han tenido a España como su preocupación fundamental, como el sentido vital que les ha mantenido durante estos años con el orgullo de ser español, creemos que hay que facilitarles el derecho de voto para que vuelvan a participar en la manera de marcar el destino, el futuro de su propio país.
Igualmente, solicitamos un plan integral del retorno, concertando criterios homologados entre distintas administraciones -central, autonómica y local- ya que algunas iniciativas se han hecho, pero había que ponerlas en acuerdo a todas ellas.Nos parece interesante también que se pueda ayudar a las organizaciones, a las instituciones de exiliados a recuperar los archivos para que no perdamos esa posibilidad de conocer, y sobre todo en el futuro se conozca, porque hay que decir que algunas de las iniciativas que a tenor del acuerdo de 1999 de esta Cámara se han tomado durante el último año han tenido una repercusión extraordinaria, hay larguísimas colas, larguísimas esperas de las personas por el deseo de conocer qué ocurrió durante aquellos años que motivaron que cerca de un millón de personas tuvieran que irse al exilio, es un deseo real; por tanto, recuperar los archivos, los documentos que constituyen la memoria histórica de nuestro exilio nos parece fundamental.Casi por último, quiero hacer expresión reiterada de la necesidad de considerar a los niños de la guerra como exiliados políticos. Muchos de ellos fueron niños que huyeron por la frontera porque sus padres murieron en los bombardeos y ellos desamparados, en una indigencia absoluta, salieron por la frontera y nunca han sido considerados como exiliados y están fuera del censo político en España y fuera de España. Creo que hay que hacer una especial insistencia en que esos deben ser considerados como exiliados.
Por fin, quizá algún tipo de distinción honorífica que se pueda dar a los exiliados repararía moralmente también el sufrimiento que han tenido durante todos estos cerca de setenta años.El hecho de que tengamos que responder a esto y que las instituciones, en este caso el Gobierno de la nación, tenga que responder con prontitud, está sobre todo derivado de un hecho propio de la ley de la naturaleza y es que los exiliados son personas muy mayores y en muy poco tiempo comprobaremos que no habrá exiliados porque están muriendo en un número muy importante porque la edad es muy alta y tendríamos que cubrir estas necesidades lo más pronto posible. Veinticinco años después de recuperar la democracia, creo que tenemos la obligación moral y política de atender a unos españoles que se han considerado siempre españoles sin ningún tipo de duda, que han creído en la España en la que ellos participaron y no han aceptado nunca la legalidad que no procediera de la decisión legítima y libre de los españoles y que, estoy seguro, esperan ansiosamente que la España de hoy reconozca su sufrimiento, su valor, su acción y reconozcamos que la legalidad democrática durante muchos años ha estado precisamente en los españoles que vivían fuera y que luchaban, en la medida de sus posibilidades, por una recuperación democrática, que viene a centrarse en la Constitución de 1978.Mi preocupación personal por estos temas es de muchos años, pero la espoleta que me lanzó a hacer una serie de actividades fue una conversación con exiliados españoles en Méjico, que me hablaron de que cada año ellos hacen un homenaje a la Constitución española y yo, pensando que era lo lógico, les pregunté si lo hacían el 14 de abril y me contestaron que no, que lo hacían el 6 de diciembre porque entendían que las aspiraciones y las ilusiones que ellos pusieron en la Constitución de 1931 se veían reflejadas en la Constitución de 1978. Respondamos nosotros a ello reconociéndoles el valor y el trabajo que han hecho para mantener una legalidad que venía del año 1931 pero que reconocen en la Constitución de 1978
.-POR LA QUE SE DECLARA Y SE INSTA A LOS PODERES PÚBLICOS A REPARAR MORALMENTRE A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL DESAPARECIDAS Y ASESINADAS POR DEFENDER VALORES REPUBLICANOS Y A RECONOCER EL DERECHO DE LOS FAMILIARES Y HEREDEROS A RECUPERAR SUS RESTOS, NOMBRE Y DIGNIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001591.)
El señor PRESIDENTE: Para defender la proposición a que se refiere el punto 3 del orden del día, tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, señoras y señores diputados, el 18 de julio de 1936 un grupo de militares rebeldes se sublevaron contra el Gobierno legítimo de la República Española. Aquel golpe militar fue seguido por otros y dio lugar a una guerra, la Guerra de España, que causó un millón de muertos, un millón de españoles muertos, desaparecidos o exiliados.A los desastres de la guerra se sumó el terror desatado por los falangistas y otros. Es importante recordar aquí, señorías, un testimonio recogido por Rafael Torres en su obra Desaparecidos de la Guerra de España, un testimonio del general Mola, que dice: Hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio, eliminando, sin escrúpulos ni vacilación, a todos los que no piensen como nosotros. Esta orden del general Mola, esta táctica militar, paramilitar, aplicada durante la Guerra Civil les costó a muchos españoles, sólo por haber sido leales al Gobierno legítimo de la República, ser sacados de sus casas, ser asesinados y morir en los caminos y cunetas de España. Allí permanecen más de 30.000. Es bien cierto que no son los únicos, también aquellos que hicieron la guerra en el otro bando tuvieron muchos muertos, pero el trato fue desigual y discriminatorio. Señorías, es bien aleccionador recordar la Orden de 22 de octubre de 1936 en la que se decía: Siendo numerosas las legítimas solicitudes tramitadas para traslados de muertos en campaña de unos lugares a otros del territorio ocupado por nuestro glorioso ejército, las solicitudes en términos generales se vienen concediendo, ya que las circunstancias actuales precisan dar el máximo de facilidades en estos traslados para quienes dieron su vida por la patria.
(Termina la señora Valcarce.)
Hay otro texto que es también bien aleccionador. Es una Orden de 6 de mayo de 1939 en la que se dispuso que todo aquel que desease exhumar el cadáver de alguno de sus deudos asesinados, tenía el derecho de hacerlo de alguno que fuera asesinado por la horda roja para inhumarlos de nuevo en el cementerio y para ello había de solicitarlo al gobernador civil de la provincia y tendría toda la ayuda y el apoyo de sus familiares. Señorías, este trato desigual y discriminatorio ha hecho que los nombres de algunos muertos estén hoy inscritos, reconocidos y honrados en las lápidas que siembran los camposantos y las iglesias españolas y que tengan su reconocimiento en el Valle de los Caídos. Sin embargo, para otros no ha habido ni reconocimiento ni honra, sólo la memoria ocultada. Señorías, recientemente el Ministerio de Defensa la decisión acertada, según nuestro criterio, de recuperar los muertos españoles de la División Azul en Rusia. Lo ha hecho pagando a una empresa alemana Folbundt?. Ha pagado para que sus cadáveres sean recuperados y sean repatriados a España. Señorías, hay más de 30.000 españoles que permanecen en las cunetas y en los caminos de este país. No han sido olvidados ni por su familia, ni por sus amigos, ni por las gentes de bien, pero no han tenido el duelo de quienes les quisieron, no han tenido un enterramiento, ni han tenido identidad, ni dignidad, ni reconocimiento moral.
Señorías, hoy precisamente hace 27 años que murió Franco, el anterior jefe del Estado de España. Dos años más tarde se inició la transición política que representó la voluntad de todos los españoles de poner fin a la dictadura. La transición política quiso superar la confrontación incivil, reconciliar a los españoles y, ante todo, quiso mirar al futuro. Pero, señorías, la transición política supuso también una gran injusticia para estos españoles y sus familias.
Quiero recordar aquí el testimonio de alguien muy representativo, nada menos que el actual presidente del Tribunal Constitucional de España que hace algunos años escribió que, si bien fue beneficioso el disimulo del constituyente cuando había que salir de la dictadura para entrar en la democracia, perseverar en el mismo disimulo se convierte en una perjudicial hipocresía. Junto a esta opinión de autoridad quiero señalar otra que es muy importante. Miquel Castell, un hombre cuyo padre fue fusilado en el Camp de la Bota y sus huesos yacen en el fosar de La Pedrera, en Montjuic, la pasada semana con toda serenidad decía: Se me pidió aceptar una reconciliación que supuso el olvido del pasado. Yo quiero que mi padre tenga una tumba digna. A estos dos testimonios añadiré un tercero. El ex presidente del Gobierno Felipe González, cuando en la obra El futuro no es lo que era fue preguntado por la transición política española y por la falta de reconocimiento hacia los republicanos que dieron su vida por la legalidad de aquel Gobierno, respondió: Fue un error.
¿Qué es lo queremos nosotros hoy, señorías? Queremos que la democracia salde una deuda pendiente, una deuda por quienes dieron su vida por España, por quienes dieron su vida por el gobierno legítimo y por quienes perdieron la vida de forma alevosa. Quienes no les han olvidado: familia, amigos, gentes de bien, hoy quieren recuperar sus restos, darles un enterramiento y recuperar esa memoria enmudecida. Ese proceso se inició en Priaranza del Bierzo. No fue el único sitio donde ocurrió pero creo que fue muy representativo. Allí se abrió una fosa en la cual yacía un grupo de hombres que habían sido asesinados durante la guerra civil. Los restos de este grupo de hombres pudo ser identificado mediante pruebas de ADN gracias a la colaboración de la universidad de Granada. Fueron entregados a sus familiares y enterrados con dignidad. A Priaranza le siguieron Fresnedo y Piedrafita de Babia, León. Más tarde, lo mismo ocurrió en Valdestillas, Valladolid -los nueve de Valdestillas, se les llamó-, en Candeleda, en Serós, Lleida, en Castellolí, etcétera. Señorías, en todos los pueblos y tierras de España hay fosas comunes, en Oviedo, en Mérida, en Jaén, etcétera. Hay todo un clamor para recuperar a estos hombres y estas mujeres.
¿Qué es lo que pedimos, señorías? Única y exclusivamente que el Congreso de los Diputados haga hoy un pronunciamiento de reconocimiento público y moral de respeto a aquellas personas asesinadas en la guerra civil española por defender valores republicanos que ayude a reparar el sufrimiento de sus familias y amigos devolviéndoles la dignidad. Señoras y señores diputados, para hacer esto creemos que, aun reconociendo la importantísima labor que están realizando muchos ayuntamientos y muchas asociaciones tan meritorias como la Asociación para la recuperación de la memoria histórica, la Asociación guerra y exilio y otras asociaciones que han facilitado que en este momento exista ya un pronunciamiento de la ONU instando al Gobierno de España a recuperar precisamente a los fusilados durante la guerra civil, el Congreso de los Diputados debe ser capaz de instar a la administración general del Estado para facilitar la identificación de las víctimas mediante el acceso de familiares y herederos a los archivos históricos de la guerra civil, incluidos los archivos militares. Además, señorías, pedimos que el Congreso de los Diputados declare la conveniencia de que, tras los estudios pertinentes, el Consejo General del Poder Judicial adopte las medidas necesarias que faciliten la actuación de todos los órganos judiciales que resulten competentes para exhumar, identificar, practicar las pruebas forenses a que haya lugar, incluida la determinación de ADN, y entregar a las familias los restos de las víctimas de la guerra civil para que sean enterradas con dignidad.
Señorías, el duelo es una práctica común a todas las civilizaciones. Esta costumbre explicita un sentimiento profundo, el deber con aquella persona que se fue, pero también una obligación para con nosotros mismos, las familias y los amigos. Señorías, el Congreso de los Diputados, las Cortes Españolas representan la soberanía popular. Los españoles podemos hacer hoy aquí un reconocimiento a estas personas y devolverles su dignidad. Para ello pedimos que apoyen esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Para defender la proposición no de ley sobre devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: No es necesario decir que hoy es un día señalado para hablar de estas cuestiones y, en definitiva, para rescatar la historia silenciada. Pero para hablar de ciertos temas y para cerrar viejas heridas primero hay que saber qué falta por cerrar y después solucionar las cuestiones, los temas y los elementos pendientes. Se ha hablado aquí -no lo voy a reiterar, pero sí señalaré algunas de estas cuestiones pendientes- de aspectos que van desde la recuperación de la memoria, su conservación y, por tanto, todo lo que se refiere a los archivos, hasta la cuestión fundamental del reconocimiento moral, social y económico de los exiliados y también -como aquí se ha dicho- de los llamados niños de la guerra. Asimismo, hay una cuestión muy concreta a la que nosotros hacemos referencia en nuestra proposición que es la devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo.
(Termina la señora Lasagabaster.)
Ciertamente, ésta es una cuestión pendiente porque para poder resolver el conflicto hay que hablar del mismo. Existe un elemento que sería necesario trabajar y resolver. ¿Cuál es la situación en este momento? Es evidente que durante la dictadura del general Franco se recuperaron de forma programada y oficial los cuerpos de aquellos fallecidos pertenecientes al bando de los alzados y se colocaron placas y monumentos conmemorativos que todavía persisten. Tal cuestión nunca fue posible en relación con aquellas personas desaparecidas, ejecutadas y fusiladas, los llamados republicanos que engloba a muchísima gente, porque nunca recuperaron sus cuerpos, nunca tuvieron ningún reconocimiento en aquella época y nunca tuvieron la posibilidad de devolverles la dignidad. Creemos que actualmente -aunque en los tiempos de la democracia en algunos lugares los familiares de estos desaparecidos en ejecuciones extrajudiciales han intentado y han podido recuperar un número de cuerpos sin contar con apoyo institucional y sin ningún tipo de asesoramiento técnico- al día de hoy siguen pendientes estas cuestiones. En el año 2000 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica promueve la apertura de una fosa con 13 personas, republicanos ejecutados en 1936, que fueron enterrados en Priaranza del Bierzo. Hasta la fecha podemos decir que se han recuperado alrededor de unos 40 cuerpos de personas fusiladas en León, Burgos, Guipúzcoa y Ávila. Las exhumaciones han contado con el apoyo de las autoridades municipales y en dos casos se ha producido la intervención judicial del correspondiente Juzgado de instrucción que ha tutelado las investigaciones. Los hallazgos casuales de restos humanos en obras civiles que se han realizado en distintos lugares no han sido infrecuentes. En estos casos los restos han sido analizados sin establecer una posible identificación por ausencia de un plan concreto en esta materia. Hasta el momento los trabajos han implicado a historiadores, arqueólogos, antropólogos y médicos, amén lógicamente de los familiares de estas personas desaparecidas y se han realizado en régimen de voluntariado sin apoyo económico ni institucional alguno. Durante este verano pasado las exhumaciones han contado también con la colaboración de voluntarios venidos del extranjero en forma de campo de trabajo internacional. Gracias a Dios el impacto mediático ha sido importante y se han recibido miles de llamadas a estos organizadores y a esta asociación manifestando, y abriendo ese campo que quedaba pendiente por abrir, el interés por las personas desaparecidas durante la guerra civil y las represalias posteriores que tuvieron lugar. Así en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica consta información de unas 700 fosas en el territorio del Estado español. Son numerosas las instancias de la Administración, laboratorios de universidad, técnicos de policía judicial y forenses de la Administración de justicia que han manifestado su interés por implicarse en estas investigaciones aportando medios técnicos y humanos. El Congreso todavía al día de hoy -esperemos que esto se subsane- no se ha manifestado al respecto. Nosotros queremos que el Congreso y las todas administraciones manifiesten su apoyo a esta cuestión.
Esto ha ocurrido igualmente en Euskadi, donde ha habido aviso de familiares que señalan ubicaciones de varias fosas en Euskadi o que buscan desaparecidos. Esto se ha canalizado a través de una serie de equipos que tratan de coordinar vertientes diferentes, históricas, arqueológicas y antropológicas. La actuación se ha realizado en Zaldibi, con la recuperación de dos cuerpos y en una sima de Arrasate en la que se han hallado otros dos, pero aún quedan exhumaciones pendientes en otras localidades como en Muxica, Elgoibar y en Ollarzu. Se ha recibido el apoyo del Gobierno vasco y del diputado general de Guipúzcoa, pero creemos que esta cuestión tiene que abrirse en el Estado español a todos los apoyos generales de todas las instituciones. Se considera que aproximadamente se va a poder localizar no llega al 10 por ciento de los 30.000 desaparecidos. Todo eso supone lógicamente importantes y nuevas intervenciones que habrán de realizarse con toda la capacidad técnica y la rigurosidad que se requieren en estos casos.
Estamos pendientes de la opinión que pueda manifestar Naciones Unidas, ya que la representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha expuesto el alcance de esta cuestión reclamando todo su apoyo. En primer lugar, esto requiere el reconocimiento de la existencia de fosas comunes de personas fusiladas y ejecutadas extrajudicialmente que al día de hoy, como decía antes, puede ascender a los 30.000 desaparecidos más o menos, aunque difícilmente se podrá recuperar o localizar ni el 10 por ciento. En segundo lugar, se requiere el apoyo de los representantes de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados y por último, no quiero alargarme, se requiere ayuda técnica, material y económica. Habrá que crear un plan y afrontar cuáles son las diferentes necesidades en relación con esta cuestión. Eusko Alkartasuna en su momento planteó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado haciendo un análisis de cuál es la ayuda económica necesaria, porque estamos hablando de trabajo de toda índole con especialistas en diversa materia, con necesidades de identificación de los restos y en definitiva, con análisis técnicos muy importantes. Esto es una cuestión fundamental y al día de hoy planteamos que hay que hablar de la historia silenciada, rescatarla y reconocer a todas aquellas personas moral, social y económicamente que han sufrido en la dictadura de Franco. El reconocimiento de los exiliados y el reconocimiento económico es urgente e importante, lógicamente también a los niños de la guerra. En definitiva, lo que hoy pretendemos en nuestra proposición es una cuestión muy concreta: la devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo.
El señor PRESIDENTE: A las proposiciones no de ley que se habían presentado y que acaban de defenderse por los grupos proponentes, se había presentado una enmienda de modificación por parte del Grupo Popular. Dicha enmienda ha sido retirada por cuanto en conversaciones posteriores todos los grupos parlamentarios han presentado una enmienda transaccional a todas las proposiciones no de ley referidas que, por su importancia y para que quede constancia en el "Diario de Sesiones", voy a proceder a su lectura. Está firmada por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por el Grupo Parlamentario Mixto con la firma de la portavoz de Eusko Alkartasuna, por el Partido Nacionalista Vasco y por el Grupo Popular. La enmienda dice así: La Constitución de 1978 llamada por todos, con indudable acierto, como la Constitución de la concordia intentó poner punto final a un trágico pasado de enfrentamiento civil entre los españoles. Guerras civiles, pronunciamientos, dictaduras, en suma regímenes políticos o sistemas basados en la imposición violenta de ideologías o formas de Gobierno habían sido hasta entonces el negro balance padecido por la inmensa mayoría del pueblo español como si nuestro sino histórico fuera el del fracaso colectivo.
Aquel triste lamento del poeta Machado: "Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón", es fiel reflejo de esta dramática realidad existencial de la nación española. Por fortuna en 1978 una generación de españoles, recordando el lamento de aquel otro gran español Manuel Azaña cuando abrumado por la magnitud de la tragedia civil pronunció aquellas dramáticas palabras desgraciadamente caídas en el olvido: "Paz, piedad y perdón", decidieron no volver a cometer los viejos errores, mirar hacia delante y apostar con un generoso impulso de reconciliación por un nuevo sistema democrático para que nunca más hubiera dos Españas irreductiblemente enfrentadas. Los portavoces de los principales grupos políticos dejaron en las Cortes Constituyentes testimonios concluyentes de este espíritu de concordia nacional que no es ocioso recordar en este momento.
La actual Constitución española está impregnada de esa voluntad de convivencia. Todos los constituyentes en aras de aquel consenso básico orientado al establecimiento de un marco democrático duradero hicieron importantes renuncias, incluso de posturas largamente defendidas a lo largo de la historia, para buscar puntos de encuentros capaces de superar viejos y endémicos conflictos. Fue a los pocos meses de las primeras elecciones democráticas, con motivo de la aprobación de la amnistía, cuando se puso de manifiesto esta voluntad de entendimiento basada en el perdón y en el olvido. De entre los muchos testimonios podemos destacar los siguientes: Para nosotros, cito textualmente, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos 40 años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática y la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Fin.
(Termina el señor presidente)
Queremos abrir la vía a la paz y la libertad. Queremos cerrar una etapa. Queremos abrir otra, nosotros precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia delante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso. Las palabras anteriores son del diputado Camacho, portavoz del Grupo Comunista. La amnistía es fruto -y cito también textualmente- de la voluntad de enterrar un pasado triste para la historia de España y de construir otro diferente sobre presupuestos distintos, superando la división que ha sufrido el pueblo español en los últimos cuarenta años. Diputado Benegas, portavoz del PSOE. La amnistía es simplemente -sigo citando- un olvido, una amnistía para todos, un olvido de todos para todos. No vale en este momento aducir hechos de sangre, porque hechos de sangre ha habido por ambas partes, también por el poder y algunos bien tristes, bien alevosos. La amnistía es un camino de reconciliación, pero también de credibilidad y de cambio de procederes. Diputado Arzalluz, portavoz del PNV. La amnistía es -y cito textualmente- el presupuesto ético-político de la democracia, de aquella democracia a la que aspiramos que, por ser auténtica, no mira hacia atrás, sino que, fervientemente, quiere superar y trascender las divisiones que nos separaron y enfrentaron en el pasado. Diputado Arias-Salgado, portavoz de UCD.
El voto prácticamente unánime dado por las Cortes a la Ley de Amnistía de 1977 fue un acontecimiento histórico, pues puso fin al enfrentamiento de las dos Españas, enterradas allí para siempre. Es cierto que algunos no quisieron sumarse a este escrito de reconciliación y trataron, por todos los medios a su alcance, de impedir, mediante la violencia o el terror, que la voluntad de concordia nacional germinara en frutos de paz y libertad para todos. No lo han conseguido ni lo conseguirán nunca más. España ha cumplido en este año el vigésimo quinto aniversario de la recuperación de las libertades democráticas y el próximo podrá conmemorar el primer cuarto de siglo de vigencia de la Constitución de 1978. Han transcurrido sesenta y seis años desde el comienzo de la Guerra Civil de 1936, apenas quedan supervivientes de la gran tragedia y, por supuesto, nada queda en la sociedad española del endémico enfrentamiento civil, porque consciente y deliberadamente se quiso pasar página para no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha.
Por otra parte, en estos veinticinco años se han dictado numerosas disposiciones, tanto por parte de la Administración general del Estado como por parte de las comunidades autónomas dirigidas a reparar, en la medida de lo posible, la dignidad de las personas que padecieron persecución durante el régimen franquista y a proporcionarles los recursos necesarios. Dentro de este grupo de personas que padecieron las terribles consecuencias de la guerra se encuentran los exiliados y en septiembre de 1999 el Congreso aprobó una proposición no de ley sobre conmemoración del 60 aniversario del exilio español con ocasión de la finalización de la Guerra Civil. En línea con dicho compromiso la Fundación Pablo Iglesias ha preparado la exposición Exilio, con el hilo conductor de la inequívoca aportación de los exiliados a la recuperación de las libertades en España, contribuyendo de esta forma a la creación de las condiciones que permitieron afrontar el cambio político operado en los años de la transición a la democracia española. En la diáspora del exilio lo perdieron todo y el dolor de éxodo nunca se ha podido superar, porque el forzado apartamiento de la patria es uno de los mayores padecimientos. La reconciliación no se compadece en esta ocasión con el olvido de este grupo de personas, muchas de las cuales cuando pudieron regresar a España no lo hicieron, porque durante sesenta años habían tejido sus relaciones personales y familiares en las tierras de acogida. A estos ciudadanos y ciudadanas exiliados, así como los llamados niños de la guerra, supervivientes ya de aquel trágico episodio de nuestra historia, el Congreso de los Diputados considera un deber rendir un tributo de admiración y afecto por la lealtad a sus convicciones y el sufrimiento que hubieron de padecer por una guerra impropia de una nación, cuya razón de ser ha de estar en el respeto a los valores democráticos.
Por todo lo anterior, el Congreso acuerda. Primero. El Congreso de los Diputados en este vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones libres de nuestra actual democracia, reitera que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática. Segundo. El Congreso de los Diputados reitera que resulta conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia. Tercero. El Congreso de los Diputados reafirma, una vez más, el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias que se llevan a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones, evitando en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil. Cuarto. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que desarrolle de manera urgente una política integral de reconocimiento y de acción protectora, económica y social, de los exiliados de la Guerra Civil, así como de los llamados niños de la guerra, que incluya la recuperación, en su caso, de la nacionalidad española y su extensión a sus descendientes directos con conocimiento del derecho de voto.
Este es el contenido de la enmienda transaccional que vamos a pasar a debatir.
En primer lugar, tiene la palabra, por orden de menor a mayor, la señora Lasagabaster, que no está presente. El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra. El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tampoco está presente.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señor presidente, antes de formular consideraciones relativas a la enmienda transaccional -que todos los grupos parlamentarios hemos suscrito- en relación con el cúmulo de iniciativas que se han incluido en el orden del día de la Comisión, para debatir en relación con el pasado, con los acontecimientos sucedidos en torno a la Guerra Civil y la represión franquista, quisiera hacer unas reflexiones previas sobre esta problemática.
En el mes de septiembre de este año, hace ahora aproximadamente dos meses, unos arqueólogos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi escavaban, en la localidad guipuzcoana de Zaldivia, una fosa en la que encontraron los restos humanos de dos jóvenes que fueron fusilados en la Guerra Civil. Se supone que son dos de los dieciséis vecinos de Andoain que desaparecieron para ser clandestinamente ejecutados, extrajudicialmente ejecutados, por las tropas franquistas. Para identificarlos sería necesario realizar una prueba de ADN, que el departamento de medicina legal de la Universidad del País Vasco parece dispuesto a asumir. Los especialistas de este período de la historia calculan que en el territorio de lo que hoy es la Comunidad Autónoma del País Vasco, los desaparecidos en estas circunstancias o en condiciones similares, pueden sumar unos tres mil. Solo en Guipúzcoa, donde los desmanes fueron mucho más crueles y pudieron ampararse en la absoluta falta de control que imperó durante los primeros meses de la guerra, existe ya un listado de más de mil personas, perfectamente identificadas que fueron llevados de paseo desde sus casas, desde las plazas de los pueblos en los que vivían o desde las cárceles en las que estaban recluidos, sin que volvieron a ser vistos. La gran mayoría de este largo millar de desaparecidos en Guipúzcoa, más de cuatrocientos, fueron fusilados junto a los cementerios de Hernani y de Oyarzum. En estas dos localidades hubo sendos pelotones de fusilamiento integrados por hijos de las familias alineadas que veraneaban en San Sebastián, que se apuntaron a estas labores para impedir que se les enviase al frente. Hoy estos dos municipios, Oyarzum y Hernani, están gobernados por Batasuna. ¿Será pura casualidad o tendrá algo que ver con lo que allí sucedió hace ahora setenta años? ¿Habremos de recordar también aquí aquello de los lodos y de los polvos?
FIN(Termina el señor Erkoreka)
A los nacionalistas vascos, muchos de ellos como se sabe católicos, el clero franquista les negaba la absolución si antes no gritaban vivas a España. Una clara muestra de lo que se entiende por un proyecto sugestivo de vida en común.
También en otros lugares de Guipúzcoa hubo pelotones destinados a llevar a cabo estas ejecuciones extrajudiciales. Algunos de ellos se han desvelado después sin ningún rubor. Por ejemplo, José Luis de Vilallonga, marqués de Castelvell y Grande de España, en uno de sus libros de memorias nos aporta un testimonio escalofriante. Leo el texto. A estas alturas -dice el marqués- algún lector habrá que querría preguntarme: ¿pero no es cierto que usted mismo formó parte de un pelotón de ejecución en un pueblo llamado Mondragón mientras se afanaban en vano en pasar a través del cinturón de hierro que defendía Bilbao? Pues, sí, es cierto. Estuve fusilando gente durante más de 15 días por gentileza de un amigo de mi familia, el coronel don Joaquín Gualde Torella(¿), que consideró poco conveniente mandar directamente al frente a un muchacho de 16 años que unos días antes estaba todavía interno en un colegio. De acuerdo con mi padre, que aplaudió la idea, Gualde Torella(¿) consideró que para endurecerme, para acostumbrarme a la vista de la sangre y al ruido de los disparos de los fusiles nada mejor que dedicarme a asesinar vascos a mansalva contra la pared del interior de un antiguo convento. Hasta aquí la cita literal. Otros muchos fueron asesinados en los caminos y en las cunetas, siendo enterrados en cualquier lugar próximo al de la ejecución, en fosas pequeñas que albergan entre dos y 10 cadáveres.
Los testimonios orales hablan de fosas de este tipo dispersas por toda la geografía guipuzcoana, también por la vizcaína aunque en menor medida. Las marismas de Amara, el Alto de descarga(¿), el cruce de la carretera de Zarauz y Llodio que conduce hacia Aya, en Ataun, en Echegarate, en Tolosa, etcétera. Cualquier denuncia de nacionalismo vasco, de republicanismo, de socialismo, de comunismo o de anarquismo era suficiente para que alguien fuera detenido e inmediatamente ejecutado sin respetar ni su derecho a un juicio justo ni su derecho a la defensa. En la mayoría de los casos las muertes no constan en ningún registro. Al salir de la cárcel les hacían firmar su libertad, de esa manera quedaba registrada oficialmente su liberación y nadie podía aportar una prueba documental del fallecimiento. La perversidad del método, como puede verse, era increíble. No se contentaban con matar a los vivos, pretendían también matar a la muerte misma. Que los ejecutados no figurasen ni como vivos ni como muertos, de suerte que sus familiares y allegados no pudiesen disfrutar de su compañía pero tampoco rendirles duelo, ni expresar su aflicción, ni celebrar funerales, ni guardarles luto.
Se trata, señorías, de una dolorosísima secuencia de nuestra historia de los últimos años que el sistema democrático no puede ignorar, no puede desconocer. Son hechos que nos interpelan crudamente, reclamándonos una respuesta en un doble sentido. En primer lugar, en el sentido de facilitar a los familiares, amigos y allegados de los que en estas tristes condiciones tuvieron que fallecer el derecho a rememorar la muerte de uno de sus seres cercanos en los correspondientes actos de duelo; y en segundo lugar, de formular una declaración simbólica, que sirva para reconocer a los fallecidos en estas trágicas circunstancias, un reconocimiento moral que habrá de ir acompañado de las compensaciones económicas que en su caso se acuerden.
Se ha presentado por parte de todos los grupos una enmienda transaccional que plantea el deber de la sociedad democrática en dos órdenes. En primer lugar, el deber de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil y posteriormente padecieron la represión de la dictadura franquista, y en segundo lugar, el deber de la sociedad democrática de impulsar el apoyo institucional a las iniciativas puestas en marcha por los familiares de los afectados con un límite, un límite inexorable con el que estamos absolutamente de acuerdo. El límite consiste en que no hay que resucitar el enfrentamiento civil. La enmienda plantea perdonar, plantea superar el resentimiento, plantea ahogar los sentimientos de venganza, pero no olvidar, porque olvidar es algo que no se puede exigir. Habría que citar al poeta José Hierro, cuando decía aquello de que bendito sea Dios, que inventó la memoria. La memoria viva, la memoria activa nos permite conocer lo que hicimos en el pasado y valorarlo críticamente hoy para no incurrir de nuevo en los mismos errores. Por el contrario, la desmemoria, la amnesia, y peor aun si han sido deliberadamente buscadas, sólo persiguen ignorar la experiencia acumulada para hacer lo que se quiera haciendo borrón y cuenta nueva. Nos parece importante, en este sentido, el punto primero de la declaración recogida en la enmienda transaccional, cuando dice que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios, contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática. Nos parece importante porque es una declaración clara, rotunda y determinante que creo que estaba todavía por hacer.
Damos por supuesto que las instituciones a las que se refiere el punto tercero de la parte resolutiva de la enmienda transaccional incluyen también, lógicamente, las instituciones del Estado, sobre todo en lo que se refiere a las importantes responsabilidades que la Administración general del Estado tiene de cara a responder a las iniciativas familiares que puedan plantearse en este sentido, sobre todo en lo que se refiere a la apertura de los archivos, de los registros que contienen información que pueda contribuir a clarificar los oscuros avatares que ocurrieron en aquellas épocas y también, por qué no, en lo que se refiere a la aportación de los fondos económicos necesarios para materializar estas iniciativas, que aunque emerjan de las familias de las gentes afectadas y puedan materializarse sobre todo en el ámbito local, no tienen por qué no ser también financiadas por fondos procedentes de la Administración general del Estado, que es quien de alguna manera tiene que plantear un liderazgo importante en todo lo que se refiere a la resolución de la problemática a la que acabo de hacer referencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Nosotros, en principio, hemos aportado nuestra posición en defensa de las proposiciones no de ley que hoy aquí se han presentado y ahora queremos opinar, aunque sea brevísimamente, con respecto a una enmienda que hemos debatido en tiempo y forma antes de ser presentada en esta comisión y que aceptamos plenamente.
Como decía Marcelino Camacho en 1977, nosotros nunca hemos pasado factura de nada y hemos entregado bastante en esta memoria sobre la que se ha construido esta democracia, que marcha con 25 años de propulsión real.
Hoy conmemoramos efemérides históricas muy importantes, como se ha dicho aquí por la representante de Eusko Alkartasuna, o simplemente lo reseñamos como algo que existe y seguirá existiendo porque lo que hay que olvidar es el rencor que enfrentó la posibilidad de dos Españas. Habría que olvidar ese rencor, ese motor de odio y de enfrentamiento, pero no hay que olvidar lo que pasó. No hay que olvidar cómo pasó, no hay que olvidar los actores del drama y las posiciones ideológicas y políticas que se enfrentaron en un momento determinado, precisamente para que no vuelvan a ocurrir hechos como los que aquí estamos intentando entre todos superar. Aquellos que entonces cayeron y que se han olvidado durante un periodo largo de esta democracia, o no se han recordado con el suficiente celo histórico (comunistas, republicanos, socialistas, anarquistas, nacionalistas…) son gente que está claro que no lucharon con sangre ajena y está claro que lucharon por la libertad y por un régimen legítimo y votado universalmente en las urnas en el espacio en que estamos todos ubicados. Por tanto, en función de esta enmienda que entre todos suscribimos y aprobamos se va a activar una situación nueva de recomposición de la dignidad a través de actitudes concretas de familiares y de actores de aquella situación y también se va a activar un intento de recomposición indemnizatoria, tal como figura en los puntos de esta enmienda.Fin (Termina el señor Alcaraz Masats.)
Por tanto, lo que pido al Congreso de los Diputados y al Ministerio de la Presidencia o a quien corresponda del Gobierno es que se tenga en cuenta la ejecución de esta resolución en los casos concretos que vayan saliendo de ahora en adelante, en comunidades autónomas, en ayuntamientos y que no miremos hacia otro lado como si estuviésemos procediendo ahora a una aprobación ceremonial y simplemente estética, porque estamos aprobando cosas muy específicas que van a tener consecuencias muy concretas. Se podría decir que hoy es un día histórico para este Congreso, porque a partir de este momento y de la constatación de que aprobamos cosas concretas, que tienen consecuencias singulares para gente que tienen muchos años -como ya se ha dicho aquí- y que están en la recta final del camino, mucho más cerca del final que de la última curva, se tiene que actuar con muchísima prisa y responsabilidad para que todos, de manera conjunta y unánime, estemos reparando las consecuencias concretas de esta resolución.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señorías, a estas alturas es obvio que la transición política, que fue ejemplar en muchísimos aspectos y sirvió de modelo incluso para otros estados y países, se hizo bajo condicionantes, como, pongamos por caso, el sistema político existente, la voluntad testamentaria del General Franco, el ordenamiento jurídico, la existencia de poderes fácticos innegables y un largo etcétera. Esto no hacía otra cosa -repito- que condicionar los pasos hacia la libertad. Quizá no había otros senderos en aquellos momentos mas que el silencio, en algunos casos, el semiolvido, en otros, dejar las cosas como estaban, sin remover lodos, incluso usar las leyes del movimiento nacional -que curioso- para legalizar los partidos políticos, inclusive el partido comunista de España o convocar elecciones libres de carácter legislativo que, en su momento, se fue convirtiendo en constituyente. En ese tránsito, según nuestra manera de verlo -más allá de Su Majestad el Rey, por supuesto- hubo tres actores: Por un lado, los reformistas del régimen, convencidos de que sin Franco era imposible mantener el franquismo; los contrarios al régimen, unos en el exterior, exiliados, muchos de ellos olvidados, muchísimos sin posibilidad de retorno, como aquí se ha puesto de manifiesto a lo largo de esta semana, y otros en el interior, dispuestos a reinstalar la democracia y poniendo mucha generosidad y empeño en ese objetivo; y el tercer actor, está constituido por lo que uno denomina las voces silenciadas, es decir, las víctimas, unas asesinadas, dejadas en fosas comunes y olvidadas por todos o casi todos, y otras instaladas forzadamente en un sórdido exilio interior de tipo anímico, porque el miedo o la amenaza simplemente a desaparecer les había obligado a vivir en la niebla constante, eran seres muertos en vida. La Constitución de 1978, un texto para la concordia -como aquí se ha puesto de manifiesto y que nosotros suscribimos totalmente-, se hizo con voluntad de sumar energías deseosas de superar la historia y de construir un puente hacia un futuro convivencial basado en la libertad, como expresión de la diversidad y de la pluralidad. Como don Alfonso Guerra ha puesto de manifiesto esta mañana en su brillante intervención, de hecho, se trabajó para los herederos. Es decir, se trabajó pensando más en las futuras generaciones que en la generación de políticos -biología al margen- que hizo posible la Constitución de 1978. Es cierto que entonces no hubo tiempo para realizar el reconocimiento moral de las voces silenciadas desde las Cortes Generales, ni en las Cortes Constituyentes, ni en la primera, ni en la segunda ni en la tercera legislatura constitucional. Era mucho el trabajo para realizar, eran notables las dificultades y el retrovisor, ni era lo más importante ni quizá lo más conveniente en aquellos momentos, por lo que quedó como asignatura pendiente y hoy precisamente intentamos pasar el examen. Pasar el examen 30 años después, respecto del presente Texto Constitucional han pasado 25 años, pero no para reabrir heridas, como aquí se ha puesto de manifiesto por algún portavoz, sino para reconocer a tanta gente anónima su aportación, altamente generosa, incluso con su vida, a una España democrática, europeizada, moderna, plural y diversa. Una España que, afortunadamente -como se pone de manifiesto en el texto transaccionado-, ha sabido conjurar el maleficio de la confrontación interior para sembrar semillas de futuro. Desde esta perspectiva, señor presidente, señorías, del reconocimiento al tercer actor de nuestra transición política y del bienestar general alcanzado en este último cuarto de siglo, nuestro grupo parlamentario hace suyas las distintas propuestas que aquí se han aportado y expuesto, así como las palabras -todas ellas de gran equilibrio- que han sido pronunciadas por otros portavoces de los grupos parlamentarios, incluidas por supuesto las palabras referidas a la apertura de los llamados archivos de la muerte, es decir, el libre acceso a los fondos documentales militares. Señor presidente, nuestro grupo parlamentario -como usted mismo ha puesto de manifiesto- ha suscrito el texto que hemos sabido, podido y, sobre todo, querido transaccionar los distintos grupos parlamentarios presentes en la Cámara. Un texto que hace referencia a la dramática realidad histórica de España, nutrida de golpes de Estado, de constituciones nacidas, pero prácticamente no aplicadas, de pronunciamientos militares, de dictaduras y de un largo etcétera, que precisamente lo hacen dramático y deseamos que quede ahí en la historia, para sirva de ejemplo de un camino que nunca más se debe pisar. Además, hemos suscrito este texto, que ha leído el señor presidente, porque también queremos participar de manera oficial en el establecimiento de un lugar honorable para quienes padecieron todo tipo de secuelas alrededor de la última Guerra Civil española. En palabras de don Felipe Alcaraz, nuestro querido compañero de Comisión, para que el edificio construido a partir de 1977 pueda ser habitado también por todos. Como ha recordado don Alfonso Guerra, respecto de su viaje a Méjico, para que desde ese reconocimiento a la Constitución de 1978 sirva de cobijo para quienes todavía están en el exterior y que tienen dificultades humanas, profesionales, etcétera y de todo tipo, para reintegrarse a la España de hoy como ciudadanos de la misma. Nuestro grupo parlamentario -y termino, señor presidente-, ya que la Constitución de 1978 nos unió a todos en una apuesta de futuro, en un generoso reencuentro de todos, desea que el texto que S.S. ha leído -y que es fruto del acuerdo de todos los grupos parlamentarios que hoy cierra con credibilidad el rosario de propuestas de naturaleza parlamentaria que hemos venido debatiendo en los últimos tiempos alrededor de los hechos de la Guerra Civil y de sus víctimas- ponga fin a este rosario. Fin(Termina el señor López de Lerma)
Y con el deseo de que el Gobierno cumpla respecto de aquello que desde esta Cámara le será trasladado, como ha expresado el señor Alcaraz, esperamos cerrar un debate que tenemos abierto desde hace algún tiempo y que ha generado confrontaciones que no debían haberse dado en la Cámara, toda vez que, afortunadamente, nos unen la Constitución, la libertad y el concepto de democracia. Nuestro grupo parlamentario, repito, desea que ese texto, que el señor presidente va a someter a votación de SS.SS. y que viene avalado por todos los grupos parlamentarios, cierre un debate que fue abierto hace ya tiempo -necesariamente abierto porque, como ha dicho con acierto el señor Alcaraz, hay que olvidar el rencor pero no se puede olvidar lo sucedido-, en beneficio de todos, sobre todo de aquéllos que fueron víctimas de la guerra civil, con un reconocimiento moral y también -¿por qué no?- de las futuras generaciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido. El señor
LÓPEZ GARRIDO: Como todos los grupos de la Cámara, afortunadamente, nuestro grupo también ha suscrito este texto, que se va a someter a votación conjunta y que entendemos recoge plenamente las inquietudes y las propuestas que se han defendido esta mañana en esta Comisión Constitucional, en relación con las iniciativas que figuraban en el orden del día.
Nos felicitamos de que esto sea la culminación de una serie de constantes, de pacientes intentos, desde hace muchos años, de mucha gente, de las fuerzas democráticas y progresistas, para conseguir alcanzar un texto como el que hoy se va a someter a votación en esta Comisión. A 26 años del nacimiento de la Constitución Española y a 66 del comienzo de la guerra civil, una de las más espantosas de la historia europea, se va a producir un texto en el que se condena el totalitarismo, se condena la represión franquistas, se aboga por la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos como única forma civilizada de convivencia, la única posible para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, de nuestro Estado; un texto que representa un compromiso para el Gobierno de una reparación moral -económica también, pero moral fundamentalmente- a personas que esencialmente han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de aquella contienda y de la represión política posterior. Es, como decía el señor Alcaraz, el compromiso con la memoria, la presencia de la memoria, o, como decía la señora Lasagabaster, la recuperación de la historia silenciada, o lo que autores como Alfaya y Sartorius llamaban la memoria insumisa.
La verdad es que la pretensión de las fuerzas democráticas y progresistas, durante todos estos años, de que se digan cosas como las que aparecen en este texto, que se va a someter a votación y que recoge las propuestas defendidas por los grupos parlamentarios esta mañana, no ha sido, en absoluto, un capricho ni algo producto de las exigencias de la coyuntura política, sino que hay algo en el fondo de nuestra sociedad que ha requerido y requiere una permanente pedagogía democrática. Este texto resume esa pedagogía democrática e incita y obliga a los poderes públicos a seguirla.
Hay que recordar que este es un país que, probablemente, ha sufrido la guerra civil más cruenta de la historia contemporánea europea; que ha sufrido una dictadura de más de 40 años, y que sigue teniendo todavía en su interior, desgraciadamente, el virus de la violencia y del terror. Este país requiere una pedagogía democrática constante, repito, y esto es lo que queremos significar con el texto de esta propuesta. Las fuerzas, los movimientos, la sociedad, los grupos sociales que han estado persiguiendo constantemente todas estas cosas que hoy se manifiestan, y que se van a aprobar en esta Comisión, han intentado conseguirlo, básicamente, a través de dos procedimientos: uno, mediante la condena global del régimen que hizo posible todas estas consecuencias nefastas y, por otro lado, a través de la reparación de problemas que las personas individuales, con nombres y apellidos, personas de carne y hueso, han sufrido y siguen sufriendo. Hoy estamos especialmente en esta segunda dimensión y lo mismo que se han aprobado iniciativas para proteger a las víctimas del terrorismo y darles reparación, también aquí hoy tomamos, proponemos, instamos medidas para que haya una reparación social y moral de quienes todavía hoy siguen sufriendo las secuelas de aquella tremenda confrontación civil y del terrible régimen político que la siguió.
Creo que este es un paso muy positivo e importante que da la Cámara; un paso adelante muy importante que da salida a debates importantes que se han producido, porque, en definitiva, a quienes sufrieron y sufren, a las víctimas que irreparablemente murieron, a los familiares que aún viven, a personas que lo sufrieron de forma especialmente importante y que viven todavía, se les dice aquello que puede resumir la mayor reparación moral: ustedes tenían razón cuando defendieron la democracia ante una amenaza de su destrucción por la imposición violenta de las ideas.
Por tanto, nos felicitamos y felicitamos a todos los grupos parlamentarios por producir y por votar, seguro que lo haremos unánimemente, esta resolución.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señorías, tengo el honor y la satisfacción de intervenir -por la confianza y la generosidad demostradas tanto por la dirección del Grupo Parlamentario Popular como del portavoz en la Comisión, José Antonio Bermúdez de Castro- en esta Comisión Constitucional para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en este debate de tanta trascendencia.
El Grupo Popular había presentado inicialmente enmiendas a las cuatro iniciativas que abrían el debate que estamos realizando, y lo había hecho con la voluntad de alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones específicas que se habían formulado y, especialmente, sobre la cuestión central y global que unía a todas ellas. Y como tal era nuestra voluntad, que afortunadamente ha coincidido con la del resto de los grupos parlamentarios, ha sido posible ofrecer un texto transaccional, de todos, para abordar desde la integración, desde la normalidad democrática, desde la concordia, desde la reconciliación que animaron a nuestros constituyentes, y mirando hacia el futuro, cuestiones espinosas de nuestra vida común.
Como ha dicho el señor presidente en su intervención, al leer el tenor literal de la iniciativa que se somete a nuestra consideración, la Constitución de 1978, por cierto, la primera no impuesta, la primera de consenso, Constitución de las libertades, pero sobre todo Constitución de la concordia, intentó poner punto final a un trágico pasado de enfrentamiento civil entre españoles. FIN
CONSTITTUCIONAL TURNO 11
20/11/02 ISABEL/MORENO
(Continúa el señor Atencia)Poner punto final a aquello que S.S., al leer el texto de todos, recordaba en las palabras de don Antonio Machado, o cuando más tarde, al hablar de don Manuel Azaña, se ponía en relación con el espíritu que animó a los constituyentes de 1978.
Por fortuna, señorías, señor presidente, en el año 1978 una generación de españoles a la que, si me permiten, quiero desde otra generación, desde la generación de la democracia rendir homenaje, de esa generación de la democracia a la que pertenecemos muchos de los que estamos en esta Cámara. Tengo la fortuna de tener sentado a mi derecha al portavoz en esta Comisión, José Antonio Bermúdez de Castro, que tenía 15 años, no en el momento del advenimiento de las libertades, sino en la fecha que hoy se ha hecho referencia de la muerte del dictador; don Ignacio Gil tenía 17 años y el que habla también. Por tanto, desde esa perspectiva histórica y desde el reconocimiento a la generación de la democracia, desde el Grupo Popular valoramos que los constituyentes decidieran no cometer los viejos errores, mirar hacia adelante y apostar con un generoso impulso de reconciliación, como se dice literalmente en la iniciativa, por un nuevo sistema democrático para que nunca hubiera dos Españas irreductiblemente enfrentadas.
Como señalaba el señor presidente en la exposición de motivos del texto que nuestro grupo presentó como enmiendas y que ahora forma parte del texto de todos, los portavoces de los principales grupos políticos dejaron en las Cortes Constituyentes testimonios concluyentes de ese espíritu de reconciliación, de concordia nacional que no es ocioso volver a recordar en este momento. Así, la Constitución de la concordia del año 1978 está impregnada de esa voluntad de convivencia. Todos los constituyentes, en aras de aquel consenso básico orientado al establecimiento del marco democrático, un marco democrático duradero, hicieron importantes renuncias, incluso de posturas largamente defendidas a lo largo de la historia para buscar puntos de encuentro, puntos de acuerdo capaces de superar viejos y endémicos conflictos. Pues bien, señor presidente, señorías, como bien se ha recordado a los pocos meses de las primeras elecciones libres y democráticas, con motivo de la aprobación de aquella ley de amnistía que puso fin a las responsabilidades penales de ambos lados derivados de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista, ley que, como SS.SS. saben, es la piedra angular de toda la legislación y disposiciones que en nuestra democracia hemos aprobado, que tenía como finalidad paliar las consecuencias de la Guerra Civil y las situaciones de discriminación producidas con posterioridad a la misma, por el régimen autoritario y todo ello con un espíritu de reconciliación nacional y de igualación de derechos, ley con cuya aprobación se puso de manifiesto esa voluntad de entendimiento basada en el perdón y en el olvido.
Son muy relevantes, señorías, los testimonios que ha recordado literalmente el presidente, a los que se hace referencia en le propio texto que estamos discutiendo, de los portavoces del Grupo Comunista, señor Camacho, del Grupo Socialista, señor Benegas, presente en esta Comisión, del señor Arzallus, portavoz entonces del Partido Nacionalista Vasco, o el señor Arias Salgado, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, o el señor Arias Salgado, portavoz de la Unión de Centro Democrático, testimonios que son muy relevantes y a los que han hecho referencia todos los portavoces.
Efectivamente, señorías, el voto de las Cortes a la ley de amnistía del año 1977 fue un acontecimiento histórico y puso fin al enfrentamiento de las dos Españas enterradas allí para siempre ahora, 25 años después, en el año 2002, cuando España ha cumplido el vigesimoquinto aniversario de la recuperación de las libertades, de la libertades democráticas y el próximo año conmemoraremos el primer cuarto de siglo de vigencia de la Constitución de 1978, conviene ver estas cosas con perspectiva histórica y ver cómo hubo muchas personas, como se ha dicho aquí en la iniciativa que ha defendido el señor Guerra y que se ha reflejado en el espíritu de la iniciativa de todos, muchas personas que padecieron las terribles consecuencias de la Guerra Civil, y hubo muchos españoles que se vieron obligados a marcharse al exilio. Como se ha recordado el Pleno del Congreso de los Diputados en septiembre de 1999 aprobó una proposición no de ley sobre conmemoración del sesenta aniversario del exilio español con ocasión de la Guerra Civil. En esa línea, como ha dicho el señor Guerra, la Fundación Pablo Iglesias ha preparado la Exposición Exilio con el hilo conductor de la inequívoca aportación de los exiliados a la recuperación de las libertades contribuyendo de esta forma a la creación de las condiciones que permitieran afrontar el cambio político operado en los años de nuestra ejemplar transición democrática. A estos exiliados, así como a los llamados niños de la guerra, supervivientes de aquel trágico episodio de nuestra historia, el Grupo Popular, como todos los grupos de esta Cámara considera un deber de la misma rendir un tributo de admiración y de afecto, como ha hecho hace dos días, el pasado lunes, Su Majestad el Rey en Méjico, con motivo de conmemorarse los 25 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas de España y dicho país. Tributo de admiración y afecto por la lealtad a sus convicciones y el sufrimiento que hubieron de padecer por una guerra impropia de una nación cuya razón de ser ha de estar en el respeto de los valores democráticos.
Señorías, el tenor literal de esta iniciativa de todos los grupos, nadie por delante, nadie por detrás, ofrece cuatro puntos fundamentales, y todos ellos encajados en la ocasión de encontrarnos conmemorando 25 años de democracia desde la normalidad democrática, desde la Constitución y desde nuestra experiencia en común. En primer lugar se reitera que nadie puede sentirse legitimado para utilizar la violencia para imponer sus convicciones políticas. En segundo lugar, se reitera que es conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia, el espíritu de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y la tramitación pacífica de la dictadura a la democracia. En tercer lugar, se reafirma el reconocimiento moral, y también cuando nos referimos a estos asuntos de carácter económico, de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil española y de los que sufrieron la represión en el régimen autoritario, en la dictadura franquista posterior. Y este reconocimiento lo hacemos desde la integración, desde la normalidad de una democracia consolidada en España, desde el consenso político y desde la Constitución. No es un reconocimiento desde la confrontación. Afortunadamente es un reconocimiento desde la integración y hacia la integración. Con este mismo espíritu que nos ha animado a sacar del debate político este tema, la guerra y sus secuelas, también conviene olvidar aquellos comportamientos individuales que no casaban con los principios constitucionales. Nos estamos refiriendo, señorías, a todo aquello que no queremos que vuelva a ocurrir nunca más.
En nuestra resolución nos referimos también a iniciativas promovidas por familias de los afectados en todas las situaciones. En iniciativas anteriores se ha hablado de las fosas. Pues bien, señorías, entre todos hemos buscado en las últimas horas la redacción más adecuada, pero hay una filosofía común compartida, que nadie pueda utilizar, ni lo podrá hacer, la localización de restos humanos de todas las fosas, da igual de donde procedan para reabrir viejas heridas y revivir viejos rencores. Lo decía el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco. Hemos hablado de instar a las instituciones implicadas porque conviene plantear esta cuestión, pero poniendo límites para no reabrir viejas heridas y reavivar viejos rencores. Por eso hemos exigido el apoyo de las instituciones a la familia y sólo a la familia, evitando que ni familiares, ni ninguno pueda reabrir heridas y rencores. Fi n
(Termina el señor Atenzia)
Todo ello, insisto, desde la integración y la concordia, y sin duda creo que la sociedad española nos lo va a agradecer. En todas las iniciativas late este acuerdo, el espíritu de integración, de reconciliación y de concordia; concordia en nuestra democracia, 25 años de democracia.
Por último, señor presidente, se plantea un cuarto punto concreto que ya no es de un reconocimiento o valoración política o reafirmación del Congreso de los Diputados, se insta al Gobierno a llevar a cabo una política integral de reconocimiento moral y de acción protectora, económica y social de los exiliados de la guerra civil, así como de los llamados hijos de la guerra. Este reconocimiento al exilio y a los niños de la guerra que hacía al principio de mi intervención, también debemos hacerlo desde el recuerdo y desde la integración en la democracia española. Después de 25 años de democracia estas cuestiones sobre las que estamos hablando, la guerra civil y sus secuelas, la represión posterior, ya no pueden estar en la estrategia política. Hemos hecho mucho. Hemos alcanzado acuerdos entre muchos grupos de esta Cámara, los más importantes, para quitar del debate político y que estén fuera de la confrontación política algunos asuntos. Por ejemplo, el acuerdo sobre las libertades y contra el terrorismo. Hoy hacemos lo mismo respaldando en este estado procesal esta resolución de forma unánime y haciendo los reconocimientos desde la integración, desde la concordia y desde nuestra Constitución.
La iniciativa que se va a someter a votación, que se va a aprobar sin duda, no contempla todo lo que se ha planteado. El acuerdo es un punto de encuentro de todos grupos parlamentarios de esta Cámara de hoy y para siempre. Se trata de sacar del debate político estas cuestiones, y sacarlas desde la Constitución, desde los 25 años de nuestra consolidada democracia y desde la concordia. Señorías, creo que todos hacemos hoy un buen servicio a la sociedad española con nuestra decisión. Sin duda -y con esto termino, señor presidente- todos los grupos queremos que hoy se produzca un cierre con credibilidad, como ha dicho el señor López de Lerma, del rosario de iniciativas parlamentarias que sobre esta cuestión se han planteado en la Cámara. Con la resolución que se va a aprobar de forma unánime hoy, queremos sacar del debate político este tema, ponerle fin, culminar, como ha dicho el señor López Garrido, es decir, cerrar y culminar el debate, como han dicho algunas de SS.SS., en beneficio de todos, en beneficio de las víctimas y en beneficio de las futuras generaciones, y todo ello desde el espíritu de la integración de nuestra Constitución y de nuestra democracia.
Votamos la enmienda transaccional presentada por los grupos Socialista, Nacionalista Vasco, Popular, Grupo Mixto -Eusko Alkartasuna-, Catalán (Convergència i Unió), Mixto e Izquierda Unida a las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que padecieron la represión del régimen franquista por defender la libertad y por profesar convicciones democráticas; del Grupo Socialista, por la que se declara y se insta a los poderes públicos a reparar moralmente a las víctimas de la guerra civil desaparecidas y asesinadas por defender valores republicanos a reconocer el derecho de familiares y herederos a recuperar sus restos, nombres y dignidad; del Grupo Socialista, sobre el desarrollo de una política de Estado para el reconocimento de los ciudadanos y ciudadanas exiliados; del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para proceder a las exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil, y la proposición presentada por la señora Lasagabaster en el mismo sentido.
Por último, votación de la proposición no de ley sobre prohibición de archivos informáticos que contengan datos personales no autorizados expresamente por los interesados, con la incorporación de la enmienda transaccional propuesta por la representante del Grupo Popular, cuyo texto entrego a los servicios de la Cámara. Efectuada la votación, dijo
Señorías, se levanta la sesión. Era la una y diez minutos de la tarde. FIN

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