Source: https://boletinjuridico.gtt.es/la-aplicacion-de-la-ley-de-servicios-de-pago-al-ambito-fiscal/
Timestamp: 2019-01-18 13:20:22+00:00

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La Ley de Servicios de Pago es el resultado de la trasposición de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior. La mencionada Ley se encuadra en del ordenamiento mercantil e incrementa el conjunto de los derechos de los consumidores en materia de pagos bancarios. Por otra parte, la aplicación de dicha Ley al ámbito tributario será únicamente con carácter supletorio, sin que en ningún caso sea de aplicación lo establecido en los artículos 33 y 34 relativos a devoluciones de operaciones de pago.El Dictamen 119/2009 del Consejo de Estado relativo al Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago, definía a los servicios como: “toda prestación de servicios que tenga por objeto facilitar el modo solutorio por antonomasia de las obligaciones, queda después debidamente acotada, en nuestro Ordenamiento interno y en el Derecho comunitario europeo, a aquellos supuestos en que tal prestación se lleve a cabo de forma profesionalizada, masiva, por determinadas personas jurídicas y a través de ciertos medios”.Más concretamente, se puede definir a los servicios de pago como el conjunto de prestaciones comerciales regladas que, a través de una entidad de pago debidamente autorizada, pueden realizar el ordenante o el beneficiario, los cuales pueden ser personas físicas o jurídicas, con diferentes acciones sobre fondos existentes en una cuenta de pago.Según datos del Banco de España, por encima de las tarjetas de crédito, las transferencias y los cheques bancarios, se encuentra como forma de pago más habitual la domiciliación, favorecida también por la facilidad a la hora de poder realizar la devolución de los recibos domiciliados siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos. También se puede añadir que es una forma cómoda para efectuar pagos periódicos
La necesidad de una regulación uniforme en los distintos países de la Unión Europea se contempló en el “Plan de Acción de Servicios Financieros, puesto en marcha por la Comisión Europea en 1999 (Comunicado del Comisión, de 11 de mayo de 1999, sobre la «Aplicación del marco de acción para los servicios financieros: Plan de acción» OM (1999) 232), con el que se persiguen tres fines fundamentales: instaurar un mercado único de los servicios financieros al por mayor, hacer accesibles y seguros los mercados minoristas y reforzar las normas de supervisión cautelar”.
En este sentido, la Exposición de Motivos de la Directiva establece en el Considerando 5 que: “Dicho marco jurídico debe garantizar la coordinación de las disposiciones nacionales en materia de requisitos prudenciales, acceso al mercado de los nuevos proveedores de servicios de pago, requisitos de información y derechos y obligaciones respectivos de los usuarios y proveedores de estos servicios”.
Igualmente, y como no podía ser de otra manera, la configuración del consumidor de servicios de pago se realiza desde un punto de vista próximo a la concepción que el Derecho mercantil tiene de la figura del consumidor. En este sentido, la Directiva otorga la condición de consumidor a toda: “[…] persona física que, en los contratos de servicios de pago que son objeto de la presente Directiva, actúa con fines ajenos a su actividad económica, comercial o profesional”.
La Directiva 2007/29/CE viene a complementar el corpus comunitario en materia de defensa de los consumidores integrado por diversas Directivas. En esta línea, el Considerando 22 de la Exposición de Motivos de la Directiva señala que: “Procede proteger a los consumidores contra prácticas comerciales engañosas y desleales, tal como establece la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, así como la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), y la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores”.
Así, el artículo 2.a) de la Directiva 2005/29/CE establece que: “a) «consumidor»: cualquier persona física que, en las prácticas comerciales contempladas por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad económica, negocio, oficio o profesión”.
Incluso, nuestra normativa nacional contempla la figura del consumidor en términos similares. En este sentido, el artículo 3 del RD Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, establece: “A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto,son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional”.
En cuanto a las devoluciones tributarias, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que a falta de norma comunitaria, corresponde al Derecho nacional la regulación de dicha materia. En este sentido, valga como ejemplo la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 20 de octubre de 2011, dictada en el asunto C-94/10 que establece en su apartado 24: “A este respecto, procede señalar que, según jurisprudencia reiterada, a falta de normas de Derecho de la Unión en materia de solicitudes de devolución de tributos, corresponde al Ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular las condiciones en que pueden formularse tales solicitudes, siempre que dichas condiciones respeten los principios de equivalencia y de efectividad (véanse las sentencias de 6 octubre de 2005, MyTravel, C-291/03, Rec. p. I-8477, apartado 17, y de 15 marzo de 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, Rec. p. I-2425, apartado 37)”.
En este sentido, el artículo 7.2 de la Ley General Tributaria establece que “tendrán carácter supletorio las disposiciones generales de Derecho administrativo y los preceptos de Derecho común”.
“El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo. Podrá efectuarse mediante efectos timbrados cuando así se disponga reglamentariamente.
El pago de las deudas en efectivo podrá efectuarse por los medios y en la forma que se determinen reglamentariamente”.
A modo de ítem lógico, el artículo 34.3 del Reglamento General de Recaudación dispone que: “Se entiende pagada en efectivo una deuda cuando se ha realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos competentes, entidades colaboradoras, entidades que presten el servicio de caja o demás personas o entidades autorizadas para recibir el pago”.
La consideración de pagado de una deuda mediante el ingreso “en las Cajas de los órganos competentes, entidades colaboradoras, entidades que presten el servicio de caja o demás personas o entidades autorizadas para recibir el pago” no deja de ser sino la plasmación material del mecanismo a través del cual se cumple con el deber de contribuir que establece la Constitución Española en su artículo 31.
En consecuencia, el artículo 34.4 del Reglamento General de Recaudación establece que: “Cuando el pago se realice a través de entidades de crédito u otras personas autorizadas, la entrega al deudor del justificante de ingreso liberará a este desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe que figure en él, quedando obligada la entidad de crédito o persona autorizada frente a la Hacienda Pública desde ese momento y por dicho importe, salvo que pudiera probarse fehacientemente la inexactitud de la fecha o del importe que conste en la validación del justificante”.
“1. La domiciliación bancaria deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
5. En los términos y condiciones en que cada Administración lo establezca, cuando el pago se realice a través de terceros autorizados de acuerdo con lo que establece el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, éstos deberán estar expresamente autorizados por la Administración para efectuar la domiciliación del pago en cuentas de su titularidad”.
· – La domiciliación en cuenta bancaria se podrá realizar cuando el obligado tributario sea el titular de la cuenta o cuando, aún no siéndolo, lo autorice el titular de la misma.
· – Para que se produzca la domiciliación es necesario que el obligado comunique la orden de domiciliación a la Administración tributaria. Este requisito se antoja fundamental por cuanto que tal comunicación implica una doble obligación para el obligado y para la Administración: para el primero conlleva que deberá de aceptar que se pague la obligación tributaria a través de este mecanismo; y para la Administración tributaria supone que no podrá intentar el cobro por otra vía distinta de la domiciliación al menos hasta que venza el plazo establecido para el pago.
· – Si el obligado no hace frente al pago de la deuda mediante este mecanismo, ésta no se considerará pagada.
· – Si la Administración no hace lo necesario para conseguir el cobro mediante la domiciliación, los perjuicios que pudieran derivarse correrán de su cuenta.
En el artículo 41 del Reglamento General de Recaudación se establece el derecho de los obligados a que se expidan los correspondientes justificantes de pago. En este sentido, el apartado 2 del precepto señala que, entre otros, se considerarán justificante de pago “los recibos”.
“[…] sólo podrán actuar como entidades que presten el servicio de caja o como entidades colaboradoras las siguientes entidades de crédito:
c) Las cooperativas de crédito”.
· – Las mencionadas entidades son las que se refiere el artículo 79 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y por tanto son las que tienen la consideración de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.
· – Dichos sujetos tienen la consideración de entidades de pago y, por ello, sujetas a la Ley de Servicios de Pago, lo que implica que están sometidas a una doble regulación, mercantil y tributaria. En este sentido, deberán aplicar cada una de estas regulaciones en función de los asuntos que se encuentren en liza, sin que, en principio, sea predicable la utilización indiscriminada de una normativa más allá de campo competencial de la misma, ya que ello supondría la violación del principio de preferencia de aplicación de Ley especial sobre general.
“La recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva podrá realizarse, según se establezca en cada caso:
b) A través de una o varias entidades de crédito con las que se acuerde la prestación del servicio”.
“1. La comunicación del periodo de pago se llevará a cabo de forma colectiva, y se publicarán los correspondientes edictos en el boletín oficial que corresponda y en las oficinas de los ayuntamientos afectados. Dichos edictos podrán divulgarse por los medios de comunicación que se consideren adecuados.
El anuncio de cobranza podrá ser sustituido por notificaciones individuales”.
Por último, el artículo 25 del Reglamento General de Recaudación establece que “las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado […]”.
El artículo 31.1 de la Constitución Española dispone que: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Es por ello por lo que tanto la doctrina como la normativa tributaria recoge el denominado principio de indisponibilidad tributaria. Así, el artículo 18 de la Ley General Tributaria preceptúa: “El crédito tributario es indisponible salvo que la Ley establezca otra cosa”.
Por otra parte, el artículo 17.1 de la Ley General Tributaria establece que la relación jurídico-tributaria la constituyen “[…] el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos”.
En este sentido, el artículo 30.1 de la Ley General Tributaria establece que: “La Administración tributaria está sujeta al cumplimiento de las obligaciones de contenido económico establecidas en esta Ley. Tienen esta naturaleza la obligación de realizar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, la de devolución de ingresos indebidos […]”.
A mayor abundamiento, artículo 34.1.b) de la Ley General Tributaria señala que los obligados tributarios tienen el “derecho a obtener, en los términos previstos en esta Ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan […]”.
En este sentido, admitir la devolución por la mera voluntad de los sujetos de Derecho privado implicaría una suerte de “derogación” en la práctica de los procedimientos de obtención de devoluciones indebidas que la Ley General Tributaria (art. 221) y el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por RD 520/2005, de 13 de mayo (art. 15, principalmente), establecen para reconocer el derecho a tal devolución. Evidentemente, los afectados obviarían tales procedimientos administrativos y se limitarían solicitar (y obtener) la devolución al margen de todo control administrativo.
Lo dicho es especialmente preocupante en aquellos casos en los que los propios afectados puedan decidir en el contrato marco que se proceda a la devolución de las cantidades pagadas sin necesidad de que se den ninguna otra circunstancia adicional que la mera voluntad del ordenante. En este sentido, se recuerda que el artículo 33 de la Ley de Servicios de Pago establece que: “A efectos de los adeudos domiciliados, el ordenante y su proveedor de servicios de pago podrán convenir en el contrato marco que el ordenante tenga derecho a devolución de su proveedor de servicios de pago, aun cuando no se cumplan las condiciones para la devolución contempladas anteriormente”.
Sin embargo, en el caso de pago domiciliado de deudas tributarias, el pago que se realiza ni surge como consecuencia de una relación de Derecho privado, ni la Administración tributaria busca un interés propio o particular, sino al contrario, ya que, como señala el artículo 103 de la Constitución, “la Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.
· – El importe supere lo que razonablemente pudiera esperar teniendo en cuenta sus anteriores pautas de gasto.
· – Que el importe supere las condiciones de su contrato marco.
· – Por último, que el importe supere las circunstancias pertinentes al caso.
En todo caso, especialmente en el de los tributos de notificación colectiva y periódica, si el importe del impuesto supera el razonablemente esperado por el sujeto pasivo, lo normal es que se deba a subidas tributarias establecidas mediante Ley. No entran en juego “pautas de gasto”, ni “contrato marco”, ni “circunstancias pertinentes al caso”, sino que el importe del tributo lo marca la Ley.
“1. Las entidades colaboradoras centralizarán la operación de ingreso en el Tesoro de las cantidades recaudadas y el envío al órgano de recaudación competente de la información a que se refiere el apartado 2.
3. Las entidades colaboradoras de los órganos del Estado, comunidades autónomas o entidades locales se regirán, en esta materia, por las disposiciones específicas aplicables dictadas por dichos órganos y, en ausencia de estas, por lo dispuesto en este artículo”.
“1) ¿El plazo de ocho semanas para solicitar la devolución es también aplicable en el caso de pago de deudas tributarias mediante adeudo domiciliado?
2) En caso afirmativo, ¿habría que entender que durantes esas ocho semanas las entidades colaboradoras de la Administración tributaria no tienen por qué poner a disposición de ésta los fondos recaudados en su nombre?”.
“1) Aplicación del artículo 34.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
En particular, el artículo 29 del RGR regula los ingresos en la cuenta del Tesoro de las cantidades recaudadas por las entidades colaboradoras, estableciendo que dichas entidades ingresarán en el Tesoro lo recaudado durante cada quincena «dentro de los siete días hábiles siguientes al fin de cada una». Por tanto, no pueden retener los fondos durante las ocho semanas a las que se refiere el consultante”.
“En Italia es posible pagar algunos impuestos a través de banco. El tipo de pago se llama F23 o F24 (el nombre del formulario utilizado). El ciudadano acude al banco, rellena el formulario con el código del impuesto, la fecha del pago, la cantidad, etc. y puede pagar en efectivo o dar la autorización para un débito en su cuenta bancaria. El banco otorga la justificación de la recepción del pago.
¿Este tipo de pago se encuentra en el ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios de Pago? Por ejemplo, el ciudadano tiene que recibir toda la información del Título III, antes y después del pago, y tiene todos los derechos y deberes del Título IV, por ejemplo a la devolución y a la revocación”.
Al respecto, las instituciones comunitarias responden: “Sí, este tipo de pagos cae en el ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios de Pago. Por lo tanto, los Títulos III y IV se les aplican”.
· – O que no se ha realizado una meditación más profunda del tema, lo que hubiera podido conllevar otro tipo de respuesta.
· – O que la respuesta se realiza desde una concepción anglosajona del Derecho, donde los ámbitos públicos y privados no tienen la clara distinción que se observa en el Derecho continental.
Carta Tributaria – Monografías, Nº 10, Sección Monografías, Octubre 2013, Editorial CISS
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