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Timestamp: 2018-09-22 17:40:44+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA C-647 DE MAYO 31 DE 2000
SENTENCIA C-647 DE 31 DE MAYO DE 2000
CONTENIDO:CARRERA NOTARIAL. NO HAY PERMANENCIA PARA QUIENES NO INGRESARON POR CONCURSO. RESUELVE LAS OBJECIONES PRESIDENCIALES AL PROYECTO DE LEY 148 DE 1998 - SENADO DE LA REPÚBLICA Y 221 DE 1999 - CÁMARA DE REPRESENTANTES, "POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD NOTARIAL".
TEMAS ESPECÍFICOS:CARRERA NOTARIAL, APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY, SELECCIÓN EN LA CARRERA NOTARIAL, CONCURSO DE MÉRITOS EN LA CARRERA NOTARIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:344 DE AGOSTO DE 2000, PÁG.1572
Sentencia C-647 de mayo 31 de 2000
NO HAY PERMANENCIA PARA QUIENES NO INGRESARON POR CONCURSO
EXTRACTOS: «Se destaca en negrillas los artículos del proyecto de ley objetados por inconstitucionalidad y en ella se subrayan los apartes que el ejecutivo objetó en forma parcial:
“PROYECTO DE LEY 148/98 SENADO Y 221/99 CÁMARA
“Por medio del cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial
ART. 1º—Notariado y competencias adicionales. El notariado es un servicio público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe pública o notarial.
PAR. 1º—Las notarías y consulados podrán ser autorizados por la Superintendencia de Industria y Comercio como entidades de certificación, de conformidad con la Ley 527 de 1999.
PAR. 2º—Las notarías y consulados podrán transmitir como mensaje de datos, por los medios electrónicos, ópticos y similares a los que se refiere el literal a del artículo 2º de la Ley 527 de 1999, a otros notarios o cónsules, copias, certificados, constancias de los documentos que tengan en sus archivos, así como de los documentos privados que los particulares quieran transmitir con destino a otros notarios y cónsules o personas naturales o jurídicas. Dichos documentos serán auténticos cuando reúnan los requisitos técnicos de seguridad que para transmisión de mensajes de datos establece la Ley 527 de 1999.
ART. 2º—Propiedad e interinidad. El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso de méritos.
En caso de vacancia, si no hay lista de elegibles, podrá el nominador designar notarios en interinidad, mientras el organismo competente realiza el respectivo concurso.
De igual modo se procederá cuando el concurso sea declarado desierto.
El organismo rector de la carrera notarial realizará directamente los exámenes o evaluaciones académicas o podrá hacerlo a través de universidades legalmente establecidas, de carácter público o privado.
Dichas pruebas estarán destinadas a medir los conocimientos de los concursantes.
Cuando se presente un número plural de notarías vacantes, el organismo rector, convocará tantos concursos cuantas vacantes existan. Cada aspirante podrá inscribirse únicamente a uno de ellos y quien no lo apruebe podrá concursar un año después. A tales concursos serán convocados los aspirantes que acrediten el lleno de los requisitos exigidos por el estatuto notarial.
ART. 3º—Lista de elegibles. Los notarios serán nombrados por el gobierno de la lista de elegibles que le presente el organismo rector de la carrera notarial, las cuales deberán publicarse en uno o varios diarios de amplia circulación nacional. La lista de elegibles tendrá una vigencia de dos años.
El organismo competente señalado por la ley, convocará y administrará los concursos así como la carrera notarial.
ART. 4º—Para la calificación de los concursos se valorará especialmente la experiencia de los candidatos, así como la capacidad demostrada en actividades relacionadas con el servicio notarial, antigüedad en el mismo, capacitación y adiestramiento que hubieren recibido en materias propias del notariado, obras de investigación y divulgación, estudios de postgrado y estudios de especialización o diplomados, particularmente, los relacionados con el notariado, así como el ejercicio de la cátedra universitaria y la participación y desempeño en funciones de orden legislativo, gubernativo y judicial. Todos estos factores serán concurrentes.
a) La prueba de conocimientos, tendrá un valor de 40 puntos, de las 100 del concurso. Los exámenes versarán sobre derecho notarial y registral.
Las experiencias valdrán hasta 35 puntos así: cinco (5) puntos por cada año o fracción superior a seis meses por el desempeño del cargo de notario, cónsul, dos (2) puntos por cada año o fracción superior a seis (6) meses en el ejercicio de autoridad civil o política, dirección administrativa, función judicial y legislativa o cargos del nivel directivo, asesor o ejecutivo; un (1) punto por cada año o fracción superior a seis (6) meses del ejercicio de la profesión de abogado; un (1) punto por cada año del ejercicio de la cátedra universitaria, un (1) punto por cada año o fracción superior a seis (6) meses de funciones notariales o registrales.
La entrevista, hasta diez (10) puntos, y evaluará la personalidad, vocación de servicio y profesionalismo del aspirante.
PAR. 2º—Quien haya sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado o por faltas como notario consagradas en el artículo 198 del Decreto Ley 960 de 1970, no podrán concursar para el cargo de notario.
PAR. 3º—El contenido de la prueba de conocimientos y criterio jurídico variará de acuerdo con la categoría del círculo notarial para el que se concurse.
ART. 5º—Para ser notario a cualquier título se requiere cumplir con las exigencias previstas en el capítulo II del título V del Decreto Ley 960 de 1970.
ART. 6º—Situaciones consolidadas y aplicación del artículo 58 de la Constitución Política.Los notarios que en la actualidad se encuentren en la carrera notarial permanecerán en ella, con los derechos propios de ésta, establecidos en la Constitución Política y la ley. Los notarios que antes de la Constitución de 1991 ingresaron en propiedad por concurso se consideran incorporados a la carrera notarial.
ART. 7º—Postulaciones. El aspirante al cargo de notario, en la solicitud de inscripción anotará el círculo al que aspira, si en el círculo existe más de una notaría indicará también el orden de su preferencia.
ART. 8º—Continuidad del servicio notarial. No se podrá remover de su cargo a los notarios que se encuentren participando en el concurso aquí previsto, salvo por las causales establecidas en la ley.
El notario que reemplace al que no supere el concurso o al que se retire por las causas previstas en la ley, prestará la garantía necesaria para asegurar la continuidad en la prestación del servicio notarial, de acuerdo con lo que determine el reglamento del organismo rector.
ART. 9º—Régimen disciplinario. El régimen disciplinario aplicable a los notarios será el previsto en el Decreto Ley 960 de 1970, con estricta observancia de los principios rectores y del procedimiento señalado en la Ley 200 de 1995, Código Único Disciplinario.
ART. 10.—El protocolo y en general el archivo de las notarías podrá ser llevado a través de medios magnéticos o electrónicos.
ART. 11.—Cualquier concurso para notarios que en la actualidad se esté adelantando tendrá que ajustarse a lo preceptuado en esta ley.
ART. 12.—La presente ley deroga los artículos 164, 170, 176, 177 y 179 del Decreto Ley 960 de 1970 y las demás disposiciones que le sean contrarias, rige a partir de su publicación.
Las objeciones formuladas por la Presidencia de la República, se dividen en dos grupos, el primero, que es un cargo general frente a la ley, y el segundo que recae parcialmente sobre el último inciso del artículo 2º y el artículo 6º del Proyecto de Ley 148 de 1998 - Senado y 221 de 1999 - Cámara, “por medio del cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial”.
3. El examen material de las objeciones.
3.1. Primera objeción: la violación del artículo 169 de la Constitución Política.
En primer término, se pronunciará la Corte en cuanto a las objeciones en relación con la violación del artículo 169 de la Constitución Política. En efecto, en criterio del Gobierno Nacional el conjunto de normas que integran el proyecto de ley desconoce el principio según el cual el título de la iniciativa no es preciso con relación al contenido de la norma.
A juicio de la corporación, no es de recibo la interpretación que el ejecutivo hace a este respecto, en relación con el título de las leyes y la unidad de materia que debe guiar la actividad legislativa, según los artículos 158 y 169 superiores.
La Corte debe recordar una vez más lo expuesto en su doctrina jurisprudencial, especialmente la sentencia C-390 del 22 de agosto de 1996, en la cual dijo la corporación lo siguiente:
“La delimitación constitucional está deferida, entonces, doblemente al Congreso, pues éste se halla obligado a definir con precisión, como lo exige la Carta, desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias en que se ocupe al expedir esa ley, y simultáneamente ha de observar una estricta relación interna, desde el punto de vista sustancial, entre las normas que harán parte de la ley, para que todas ellas estén referidas a igual materia, la cual, desde luego, deberá corresponder al título de aquélla”.
Más adelante la misma providencia precisó cómo deben entenderse estos criterios:
“Empero, no pueden ser entendidos dentro del criterio de una rigidez formal por cuya virtud se desconozcan o ignoren las relaciones sustanciales entre normas que, en apariencia, se refieren a materias diversas pero cuyos contenidos se hallan ligados, en el ámbito de la función legislativa, por las finalidades perseguidas, por las repercusiones de unas decisiones en otras, o, en fin, por razones de orden fáctico que, evaluadas y ponderadas por el propio legislador, lo obligan a incluir en un mismo cuerpo normativo disposiciones alusivas a cuestiones que en teoría pueden parecer disímiles” (M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
En este orden de ideas, debe la Corte insistir una vez más, que las disposiciones que integran una ley, así como el título que se le dé a las mismas, deben guardar relación sustancial, bien sea por las finalidades perseguidas, por las repercusiones de las normas, o porque a juicio del legislador, deban pertenecer a ese cuerpo normativo.
Así las cosas, en el caso que ocupa la atención de la Corte, el proyecto de ley tiene por título: “por medio del cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial”.
De otra parte, observa la corporación, que el contenido que conforma el universo normativo, se refiere a varios aspectos del servicio público notarial. En efecto, el artículo 1º se ocupa del notariado y sus componentes adicionales, el artículo 2º a la propiedad e interinidad en el nombramiento de notarios, el artículo 3º a las listas de elegibles, el artículo 4º a la calificación de los concursos, el artículo 5º a los requisitos para ser notario, el artículo 6º a las situaciones consolidadas con anterioridad a la ley, el artículo 7º a las postulaciones, el artículo 8º a la continuidad del servicio notarial, el artículo 9º al régimen disciplinario, el artículo 10 al protocolo y al archivo, el artículo 11 a los concursos que se estén celebrando y el artículo 12 se ocupa de las derogatorias expresas y tácitas del legislador.
En este sentido, como se puede observar, el proyecto de ley regula el concurso para el nombramiento de notarios, pero también comprende otros temas inescindibles con la actividad notarial. Por lo tanto, en criterio de la corporación, el título del proyecto de ley describe correctamente su contenido, guarda una íntima relación de conexidad con la materia reglamentada y refleja la integridad de su contenido, por lo tanto, se ajusta al artículo 169 constitucional y por lo mismo carece de todo asidero constitucional la objeción formulada por el ejecutivo en este aspecto.
3.2. Segunda objeción: violación del principio de igualdad y acceso a la función pública.
En segundo término, en relación con el último inciso del artículo 2º del proyecto de ley, estima el ejecutivo nacional, que dicha disposición parcialmente desconoce los artículos 13, 40 numeral 7º y 93 de la Constitución Política, como quiera que el legislador, al disponer que el organismo rector, es decir, el Consejo Superior de la Carrera Notarial, convoque tantos concursos como cuantas vacantes existen, en el evento de que se presente un número plural de notarías disponibles, desconoce el derecho constitucional de igualdad de los aspirantes de acceder por sus méritos y capacidades a cualquiera de las notarías. Aduce, igualmente, el Gobierno Nacional que la propuesta contenida en el proyecto de ley, se constituye en una aparente convocatoria a un número plural de concursos públicos, pero que en la práctica, se convierte en la aplicación de concursos cerrados, toda vez que la aplicación de la metodología de escogencia referida, descarta automáticamente al aspirante con buen puntaje no favorecido en un determinado concurso, y le impide participar por otra notaría, que por su categoría y condiciones merece ser provista a éste, premiando a quien a pesar de haber obtenido un regular o mal resultado sí estaba inscrito.
En efecto, en criterio de la Corte, el segmento normativo acusado es ambiguo y confuso en su redacción, en la medida en que suscita interpretaciones que conducen a lesionar principios constitucionales que garantizan el ingreso de los ciudadanos idóneos y capaces a la función pública notarial, ya que la misma disposición puede entenderse como una autorización para que el Consejo Superior del Notariado lleve a cabo diferentes convocatorias para proveer un número plural de notarías pertenecientes a la misma categoría, lo cual se convertiría en una violación del derecho a concursar en condiciones de igualdad, desconociendo y tergiversándose el carácter abierto de los concursos para ingresar a la función notarial, tal como esta Corte en reiteradas oportunidades lo ha exigido, entre otras en las sentencias SU-250 de 1998, C-741 de 1998 y C-153 y 155 de 1999.
Por lo tanto, al existir la limitación legal de inscribirse únicamente a uno de los concursos, los participantes que consigan buenos resultados en determinada posesión, no pueden ser tomados en cuenta para llenar las vacantes de otras notarías del mismo nivel, lo que naturalmente puede comportar una clara violación del derecho a concursar en condiciones de igualdad.
De otra parte, la Corte comparte plenamente el argumento expuesto por la vista fiscal en el sentido de que no cabe la menor duda de que la norma objetada propicie situaciones discriminatorias que pueden ser contrarias a los principios superiores que rigen el acceso a la función pública, toda vez que se estaría favoreciendo injustificadamente con la designación de notario a quien luego de practicarle las evaluaciones pertinentes, no consigue una calificación sobresaliente en relación con la que obtuvo el aspirante que se presentó para proveer la vacante de otra notaría del mismo nivel, todo ello en perjuicio de la función notarial, puesto que sería muy oneroso para el organismo rector de la carrera disponer de toda una infraestructura operativa con los costos que ello demanda, con el fin de efectuar diversos concursos destinados a proveer vacantes para un número plural de notarías.
No obstante lo anterior, también observa la Corte, que ciertamente la norma objetada pudiese entenderse como una autorización, para que el órgano rector de la carrera lleve a cabo diferentes convocatorias para proveer un número plural de notarías pertenecientes a diferente categoría, y desde este punto de vista no habría transgresión directa de las normas constitucionales, si se entiende que tal atribución conferida al órgano rector de la carrera solamente se puede ejercer cuando las notarías vacantes pertenecen a distinta categoría, porque en este caso la organización de los concursos propendería por la realización de la igualdad en el acceso a la función notarial.
En efecto, en criterio de la corporación, si las notarías donde existen las vacantes, pertenecen a diferente nivel, resultaría válido que el legislador limitara la participación de los aspirantes a todos los concursos, como también sería razonable impedirles que concursen pasado un año de la convocatoria, como quiera que, mediante el mecanismo diseñado por el legislador, se garantizaría no sólo la efectividad del derecho a ingresar a la actividad fedente, sino que también se racionaliza la gestión del organismo rector de la carrera notarial.
En este orden de ideas, debe recordar nuevamente esta corporación, que el principio de igualdad implica no sólo idéntica posibilidad de acceso sino idéntico tratamiento, para quienes aspiran a ocupar cargos públicos. En consecuencia, la doctrina jurisprudencial de esta Corte(2), con relación al artículo 13 superior, ha sido enfática en sostener que un trato legal diferente no implica automáticamente una violación de la igualdad, siempre y cuando el legislador persiga objetivos constitucionales legítimos y la diferencia de trato constituya un medio adecuado, proporcionado y razonable para la consecución de la finalidad perseguida. El principio de la igualdad no puede ser entendido como una prohibición de las diferencias, sino una exigencia de que las distinciones que se establezcan tengan una justificación objetiva y razonable. En otras palabras, el principio de igualdad tan solo elimina la arbitrariedad y las diferencias de trato.
(2) Sentencias T-401 de 1992, T-422 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-022 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-342 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-230 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-104 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Bajo esta perspectiva, estima la Corte que el texto normativo objetado en cuanto a que cada aspirante pueda inscribirse únicamente a una de las notarías existentes en un círculo notarial y si no aprueba el examen que previamente haya convocado el organismo rector, sólo podrá concursar un año después, resulta a todas luces desproporcionado como quiera que genera una exclusión automática de los aspirantes con más altos puntajes para participar por otra notaría de la misma categoría, pero ubicada dentro del mismo círculo notarial, cuando se presente un número plural de notarías vacantes, pese a haber obtenido, luego de un proceso público, abierto, riguroso y objetivo un puntaje significativo en relación con otros aspirantes que se hayan inscrito únicamente para una notaría en particular. En este sentido, estima la corporación que la igualdad designa un concepto racional y no una cualidad, es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones, por lo que, como reiteradamente lo ha sostenido esta corporación(3) es siempre el resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de elementos que son “términos de comparación”.
(3) Sentencias C-221 de 1992, T-441 de 1992, C-221 de 1993, T-307 de 1993, T-510 de 1993, T-564 de 1993, T-228 de 1995, C-351 de 1995, T-352 de 1997, C-384 de 1997, T-390 de 1998, T-643 de 1998.
Por lo tanto, estima la Corte que la disposición objetada debe ser declarada inexequible, pues tal segmento normativo, resultaría irrazonable, desproporcionado e injusto, como quiera que, mediante este mecanismo no se garantiza la efectividad del derecho a ingresar a la función pública en condiciones equitativas, pues no se racionaliza la gestión del organismo rector de la carrera notarial, ya que el alcance material del inciso sexto del artículo 2º objetado resulta contrario al ordenamiento superior, pues lo que pretende el constituyente es que quienes se inscriban al concurso deban hacerlo en forma libre, de tal manera que el legislador respete los parámetros constitucionales destinados a garantizar la plena igualdad de oportunidades, con el propósito de que se adjudique a quien obtenga el mejor puntaje. Así las cosas, es claro para la Corte, que la disposición jurídica objetada comporta una injusticia material que desconoce el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 superior, así como que desconoce la doctrina constitucional vigente sobre la materia.
3.3. Tercera objeción: Permanencia de los notarios en la función notarial.
De otra parte, se objeta el artículo 6º del proyecto de ley, pues se considera que la ley no puede amparar la situación de aquellos notarios que en la actualidad se encuentren en la carrera notarial, toda vez que la garantía de los derechos adquiridos solamente cobija a quienes obtuvieron su designación, luego de haber superado el concurso público de méritos correspondiente.
Esta Corte coincide con la objeción presidencial en el sentido de estimar que la norma censurada establece un privilegio desmedido a favor de los notarios que a cualquier título se encuentren en la carrera notarial y a quienes injustificadamente se les protege su situación laboral con la estabilidad que otorga dicha carrera, de modo tal que están excluidos de participar en los concursos que se convoquen para proveer las vacantes existentes.
En efecto, cuando se observa el contenido normativo aprobado por el legislador se advierte que el legislador pretende cobijar con la garantía constitucional establecida en el artículo 58, las “situaciones consolidadas” de quienes al momento de entrar en vigencia el proyecto objetado, estén en la carrera notarial a cualquier título, lo cual se hace evidente al disponer a renglón seguido la norma, que los notarios que antes de la Carta de 1991, ingresaron en propiedad mediante concurso, se consideran incorporados a la carrera notarial. Es decir, la interpretación que formula el Congreso de la República por vía de este proyecto de ley, parte de la hipótesis, según la cual merece idéntica protección tanto la situación de los notarios que actualmente se encuentren en la carrera notarial, sin importar si han llegado a la misma por vía distinta al concurso de méritos, como la de aquellos que efectivamente superaron las pruebas para acceder a la función fedente.
La Corte debe precisar una vez más, que conforme a su doctrina jurisprudencial, la estabilidad en el cargo que otorga el concurso de méritos no es absoluta, puesto que la persona que ha ingresado a la función pública notarial debe mostrar rendimiento satisfactorio y respetar el régimen disciplinario para poder continuar en el ejercicio del cargo, ya que la propia Carta consagra entre las causales de retiro del servicio oficial, la calificación no satisfactoria del desempeño del cargo.
En este orden de ideas, estima la corporación que el legislador se ha excedido en la interpretación de los derechos adquiridos consagrados en la Carta en su artículo 58 superior, la cual solamente puede operar bajo el entendido de proteger aquellas situaciones jurídicas que se han configurado bajo el imperio de leyes anteriores, pero no respecto de situaciones como la de los notarios que ingresaron a la carrera sin presentar el respectivo concurso, los cuales no han cumplido con la exigencia constitucional establecida en el supuesto de hecho, contemplado en el artículo 131 superior, de acceder a la función notarial en propiedad mediante concurso.
Así las cosas, debe la Corte una vez más reiterar su doctrina jurisprudencial vigente en el sentido de señalar la perentoriedad de la carrera notarial como mecanismo idóneo para garantizar la profesionalización del servicio público que prestan los notarios. En cuanto se refiere a la posibilidad de algunos notarios de alegar derechos adquiridos frente al nuevo ordenamiento superior, la Corte sostuvo en la sentencia C-155 de 1999, doctrina hoy vigente, lo siguiente:
“El principio de aplicación inmediata de la nueva Constitución conlleva también efectos frente a los hechos sucedidos con anterioridad y con posterioridad a su entrada en vigencia. En este sentido, respecto de los nombramientos de notario en propiedad que en cualquier tiempo hayan podido llevarse a cabo prescindiendo del concurso que exige la Constitución vigente, la Corte precisa que quienes en virtud de tales designaciones ocupan actualmente tales cargos, no pueden alegar un derecho adquirido. En efecto, no es dable aducir derechos adquiridos frente a la nueva Constitución, que expresamente ha querido que todos los notarios accedan por concurso a la carrera notarial, y que la estabilidad en el cargo se derive del hecho de la participación en la mencionada oposición y del puntaje obtenido en ella.
Ya esta Corte se había referido al fundamento de la estabilidad en el cargo, a partir del concurso, cuando en la sentencia C-741 de 1998, tantas veces citada, expresó lo siguiente:
“... la Constitución, al establecer que el nombramiento de los notarios en propiedad se debe hacer mediante concurso (C.P., art. 131), es obvio que está ordenando que se realice un proceso de selección objetivo que reúna mínimamente los requisitos anteriormente mencionados. En tal contexto, es natural que se confiera el derecho a la estabilidad a quien obtenga el mejor puntaje en un verdadero concurso de méritos, pues la persona, en un proceso abierto, riguroso y objetivo, ha demostrado ser el más idóneo para el ejercicio de la función”.
En virtud de lo anterior, todos los notarios que ejercen actualmente el cargo en propiedad, pero que accedieron a él sin el agotamiento del concurso que exige la Constitución vigente, independientemente de la fecha en que hayan sido nombrados, si quisieran continuar en el ejercicio, tendrían que participar en el nuevo concurso que sea convocado para la provisión del cargo de notario en propiedad que actualmente desempeñan y, naturalmente, ganarlo”. (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
Bajo esta perspectiva, para la Corte es claro, que el legislador, con la interpretación elaborada, a través del artículo 6º del proyecto, tergiversó el espíritu y el alcance, no solamente de los derechos adquiridos consagrados en el artículo 58 de la Carta, sino también de la jurisprudencia que esta Corte ha desarrollado a propósito de la carrera notarial y de la intención del constituyente de profesionalizar la actividad fedente, a través de someter al régimen de concurso público y abierto, para que sean nombrados en propiedad los notarios y garantizar la idoneidad de quienes desarrollan esa función pública, pues si la Constitución ordena perentoriamente que los notarios en propiedad sean nombrados por concurso, la existencia de la carrera notarial es la consecuencia natural de ese mandato constitucional.
En suma estima la Corte que la expresión: “Los notarios que en la actualidad se encuentren en la carrera notarial permanecerán en ella con los derechos propios de ésta, establecidos en la Constitución Política y la ley. Los notarios que antes de la Constitución de 1991 ingresaron en propiedad por concurso se consideran incorporados a la carrera notarial”, consagrada en el artículo 6º del proyecto que se revisa es inexequible por violar los artículos 13, 40-7 y 131 superiores. En consecuencia, prosperan las objeciones presidenciales, si se tiene en cuenta que el propósito de este segmento normativo no se ajusta a los principios y criterios que gobiernan el acceso a la función notarial, ni recogen lo expuesto por la jurisprudencia de la Corte, a propósito de los alcances constitucionales del artículo 131 superior y la doctrina constitucional vigente, vertida por esta corporación, entre otras en las sentencias SU-250 de 1998 y C-153 y 155 de 1999, así como en la C-741 de 1998, en el sentido de señalar reiteradamente que el ingreso a la carrera notarial se debe hacer mediante concurso público y abierto. En efecto, debe la Corte una vez más reiterar la sentencia C-153 de 1999, en donde esta corporación sostuvo lo siguiente:
“La Corte Constitucional ha sido enfática en indicar que para ingresar a un cargo de carrera administrativa, notarial o judicial, se exige la superación de un concurso público y abierto, que respete los parámetros constitucionales destinados a garantizar la plena igualdad de oportunidades. En efecto, en reiteradas oportunidades esta corporación ha señalado que no cualquier concurso satisface las condiciones que exige la Constitución para la implementación adecuada de un verdadero régimen de carrera. Si los concursos no tuvieran que respetar parámetros básicos de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad, resultaría en extremo sencillo diseñar un régimen perverso que, bajo la máscara del concurso, permita un altísimo grado de subjetividad en la selección del personal de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas y, sin embargo, tendrían pleno derecho a la estabilidad en sus respectivos cargos. Por esta razón, la Corte ha indicado que viola el derecho a la igualdad de oportunidades para el ingreso a los cargos públicos, el concurso que no se someta a los criterios de objetividad que exige la Constitución” (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
3.4. Cuarta objeción: Desconocimiento de las competencias constitucionales para regular la actividad notarial.
El ejecutivo manifiesta que el proyecto de ley en revisión lesiona lo dispuesto en los artículos 113 y 131 superiores, en la medida en que solamente le corresponde al Consejo Superior de la Carrera Notarial, creado en el artículo 164 del Decreto 960 de 1970, en ejercicio de sus competencias disponer todo lo relacionado con los concursos de los notarios y el ingreso y permanencia en el servicio porque el gobierno está autorizado para crear, suprimir y fusionar los circuitos de notariado y registro y determinar por lo tanto el número de notarías y oficinas de registro pertinentes.
La Corte estima que esta objeción es infundada porque en distintas oportunidades esta corporación se ha pronunciado sobre la viabilidad constitucional de la carrera notarial. A este respecto la Corte ha señalado que el servicio notarial es una función pública que puede ser ampliamente regulada por el legislador (C.P., art. 131). En este sentido, resulta indicado recordar que es la propia Constitución que impone la carrera notarial, pues no otra cosa puede deducirse de la norma constitucional que establece que todo aquel que ejerza la función fedante debe acceder a su cargo, mediante un concurso público de méritos. Así las cosas, no cabe duda alguna que la carrera notarial encuentra pleno respaldo constitucional, pues dicho régimen no hace otra cosa que regular el acceso, permanencia y retiro de una función pública de naturaleza eminentemente técnica, la cual, según la Constitución, sólo puede ser ejercida, en propiedad, por personas que han ganado un concurso público.
En este orden de ideas, la competencia del Congreso para legislar sobre la carrera notarial, además del artículo 131 superior, deriva también del mandato contenido en el artículo 150-23 fundamental, que faculta al órgano legislativo para expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos. Por lo tanto, resulta equivocado sostener que las disposiciones contempladas en las normas objetadas contraríen el orden constitucional en cuanto comportan una usurpación de competencias del Consejo Superior de la Carrera Notarial, pues, en criterio de la corporación, dicho consejo simplemente cumple funciones administrativas y no posee un rasgo u origen constitucional, por lo que naturalmente en la Carta Política, ningún precepto le asigna directamente la función de reglamentar lo atinente a la carrera notarial.
Por último, estima la corporación que resulta claro que la regulación del servicio notarial contenida en el proyecto de ley que se analiza, no desconoce el orden constitucional ni mucho menos transgrede el sistema constitucional, porque estos preceptos no hacen otra cosa que desarrollar los principios constitucionales establecidos en los artículos 150-23 y 131 fundamentales, relativos a la facultad para legislar en materias relacionadas con la función pública notarial.
Finalmente, debe la Corte reiterar, una vez más, los pronunciamientos judiciales relacionados con el tema notarial y particularmente las consideraciones de la sentencia SU-250 de 1998, en la cual esta corporación llama la atención del Congreso y del gobierno sobre la ausencia de una reglamentación de concursos públicos y abiertos para la provisión de cargos notariales, que reglamente adecuadamente el artículo 131 de la Constitución Política, que comprenda de manera apropiada todos los criterios trazados por la jurisprudencia de esta corporación, para la selección de notarios que habrá de aplicarse en el futuro.
1. DECLARAR INFUNDADAS las objeciones respecto del título del Proyecto de Ley 148 de 1998 - Senado de la República y 221 de 1999 - Cámara de Representantes “por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial”, porque no viola el canon 169 superior, y en consecuencia, es EXEQUIBLE el referido título.
2. DECLARAR FUNDADAS las objeciones de inconstitucionalidad formuladas por el ejecutivo contra el inciso 6º del artículo 2º del proyecto de ley, y en consecuencia declarar INEXEQUIBLE dicha disposición.
3. DECLARAR FUNDADAS las objeciones presidenciales formuladas contra el artículo 6º del proyecto de ley “Los notarios que en la actualidad se encuentren en la carrera notarial permanecerán en ella, con los derechos propios de ésta, establecidos en la Constitución Política y la ley. Los notarios que antes de la Constitución de 1991 ingresaron en propiedad por concurso se consideran incorporados a la carrera notarial”, y en consecuencia declarar INEXEQUIBLE dicho artículo.
4. Salvo las decisiones anteriores, DECLARÁNSE INFUNDADAS las objeciones contra el proyecto de ley en cuanto se refiere a que el Congreso sí tiene competencia para regular la materia notarial.
5. Remítase copia del expediente legislativo y de esta sentencia al señor presidente del Congreso de la República, para efecto de que se dé cumplimiento a los artículos 167 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2067 de 1991.
Cópiese, comuníquese y notifíquese al Presidente de la República y al presidente del Congreso, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase».
(Sentencia C-647 de mayo 31 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

References: artículo 2
 artículo 198
 artículo 58
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 169
 artículo 169
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 169
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 131
 artículo 6
 artículo 58
 artículo 6
 artículo 131
 artículo 164
 artículo 131
 artículo 150
 artículo 131
 artículo 2
 artículo 6