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Timestamp: 2017-12-11 19:10:44+00:00

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boletin GAL: N° 445. Martes 2 de Octubre de 2007
N° 445. Martes 2 de Octubre de 2007. Año II. Boletín Electrónico del Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y Acceso a la Información Ambiental en Comunas de la Región Metropolitana, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, CONAMA RM. Editor, Luis Alberto Gallegos Mendoza. Comparten 19.716 lectores(as).
RESULTADOS DE LOS PROYECTOS PRESELECCIONADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 2008
Santiago, lunes 1 de Octubre de 2007, Conama RM
PRESIDENTE DE LA ACHM: PARO DE FUNCIONARIOS RELEVA IMPORTANCIA DE MODERNIZAR LAS PLANTAS MUNICIPALES
Santiago, lunes 1 de octubre de 2007, ACHM
ALCALDES INMOBILIARIOS
Santiago, martes 2 de octubre de 2007, por Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad, La Nación
SANTIAGO, CIUDAD SIN SENTIDO
Santiago, martes 2 de octubre de 2007, por Fabiola Oropesa, Radio Universidad de Chile
EL TC TIENE LA PALABRA
Santiago, lunes 1 de octubre de 2007, por Patricio Herman, Fundación "Defendamos la Ciudad", El Mostrador
Santiago, lunes 1 de octubre de 2007, Crónica Digital
RELOJ GIGANTE RECORRERÁ LAS CALLES DE SANTIAGO EN LA SEMANA DE LA CIENCIA
Santiago, martes 2 de octubre de 2007, La Tercera
DEBATE EN CHILE: ECOLOGISTAS ENTREGAN A BACHELET INFORME ALTERNATIVO SOBRE USO DE ENERGÍA NUCLEAR
Santiago, lunes 1 de octubre de 2007, Econoticias
PRESIDENTA BACHELET RECIBE INFORME CIUDADANO CONTRARIO AL DESARROLLO NUCLEAR EN CHILE
Santiago, lunes 1 de Octubre de 2007, Chile Sustentable
SENADOR NAVARRO: DEFINICIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA CHILENA NO PASA POR EL LOBBY NUCLEAR
ANTOFAGASTA: 31 PERFILES DE PROYECTOS POSTULAN AL FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE CONAMA
Antofagasta, lunes 1 de octubre de 2007, Conama
VALDIVIANOS ANALIZARON REDISEÑO DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL
Valdivia, lunes 1 de octubre de 2007, Conama
CONAMA APRUEBA MODIFICAR NORMATIVA SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS
Santiago, martes 2 de octubre de 2007, por José Miguel Jaque, La Nación
POR ERRORES DE FORMA CORTE DE APELACIONES ANULA SENTENCIA CONTRA BARRICK GOLD
Santiago, lunes 1 de octubre de 2007, El Mercurio
DIPUTADOS AVANZAN EN DESPACHO DE PROYECTO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Lunes 1 de Octubre de 2007, Cámara de Diputados
ACCIONA ENERGÍA CHILE DECIDIÓ RETIRAR DEL SEIA EMBLEMÁTICO PROYECTO DE ENERGÍA EÓLICA EN CALDERA
Caldera, lunes 1 de octubre de 2007, por Jéssica Esturillo O., Diario Financiero
LICANCEL: ¿VUELVE A FUNCIONAR?
Curicó, martes 2 de octubre de 2007, por Guillermo Bustamante, El Amaule
ECUADOR: ACUERDO PAÍS ASEGURA MAYORÍA EN ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Quito, Ecuador, lunes 1 de Octubre de 2007, por Eduardo Tamayo, Alai
TRIBUNAL LATINOAMERICANO DEL AGUA SESIONA SOBRE SIETE CASOS DE RIESGO HÍDRICO, INCLUYENDO EL DE LOS PELAMBRES DE CHILE
Ciudad de México, México, lunes 1 de Octubre de 2007, por Patricia Muñoz Ríos, Ecoportal
URUGUAY: NUEVAS INVERSIONES CONFIRMAN LA ESTRATEGIA DE TRAER AL SUR LA INDUSTRIA DE LA CELULOSA
Montevideo, Uruguay, lunes 1 de Octubre de 2007, por Víctor Bacchetta, Ecoportal
BOTNIA A PUNTO DE EMPEZAR
Fray Bentos, Uruguay, lunes 1 de Octubre de 2007,
SEÑALAN QUE GOBIERNO PERUANO PISOTEA LOS DERECHOS HUMANOS, EL MEDIO AMBIENTE Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES
Ica, Perú, lunes 1 de octubre de 2007, por David Bayer, Codehica
BRASIL RATIFICA CONSTRUCCIÓN DE HIDROELÉCTRICAS PESE A DAÑOS PREVISTOS AL MEDIOAMBIENTE
La Paz, Bolivia, lunes 1 de Octubre de 2007, ABI
SE INICIÓ II CONGRESO LATINOAMERICANO DE PARQUES NACIONAL
San Carlos de Bariloche, Argentina, lunes 1 de Octubre de 2007, por Alfredo Seguel, Azkintuwe
II CONGRESO DE PARQUES NACIONALES: ESTIMAN QUE AMAZONÍA PODRÍA CONVERTIRSE EN CONTAMINANTE
Bariloche, Argentina, martes 2 de Octubre de 2007, APM
II CONGRESO DE PARQUES NACIONALES: MODELO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA ARRASA CON ECOSISTEMAS Y ÁREAS PROTEGIDAS
Bariloche, martes 2 de Octubre de 2007, por Marcela Valente IPS
DERECHO AMBIENTAL: PROPONEN CREAR UN RÉGIMEN JURÍDICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Buenos Aires, Argentina, martes 2 de Octubre de 2007, por Dr. Federico Moeyknes, La Gaceta
PAÍSES EUROPEOS FIRMAN MANIFIESTO CONTRA LA ENERGÍA NUCLEAR
Viena, Suiza, lunes 1 de Octubre de 2007, El Financiero
CREAN UNA NUEVA GIGANTESCA TRANSNACIONAL DE LA ENERGÍA
Oslo, Noruega, lunes 1 de Octubre de 2007, Adnmundo
PRESENTAN ESTUDIO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO A GOBIERNO SUECO
Estocolmo, Suecia, lunes 1 de octubre de 2007, por Anna Karin Gauding, Agencias
PARA VER EL SIGLO XXI CON EL LENTE DE GRAMSCI
Roma, Italia, lunes 1 de octubre de 2007, por Alberto Burgio, filósofo italiano, Bolpress
Santiago, lunes 1 de Octubre de 2007, Conama RM.- Fondo de Protección Ambiental 2008: Resultados de los proyectos preseleccionados. Este año la convocatoria está enfocada en tres temas: cambio climático; conservación de la biodiversidad y educación ambiental, y eficiencia energética. Esta es la nómina de los perfiles de proyectos preseleccionados. Las organizaciones deben presentar el formulario de proyectos a más tardar el 22 de octubre hasta las 15 horas, en la oficinas de Conama Región Metropolitana. El formato del formulario de proyecto lo pueden solicitar al correo oirs.rm@conama.cl o mgarrido@conama.cl; se deben adjuntar todos los antecedentes que se les solicita en el punto 2.2 de las Bases Administrativas del XI concurso FPA 2008.
El objetivo del FPA es "Financiar, total o parcialmente proyectos o actividades orientadas a la protección o reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental". Conama ha orientado dicho fondo a la ejecución de iniciativas comunitarias locales de mejoramiento ambiental, de capacitación y difusión destinadas a fortalecer las capacidades de acción de dichas comunidades. Ver listado:
http://www.conama.cl/rm/568/articles-41093_perfiles.doc PRESIDENTE DE LA ACHM: PARO DE FUNCIONARIOS RELEVA IMPORTANCIA DE MODERNIZAR LAS PLANTAS MUNICIPALES
Santiago, lunes 1 de octubre de 2007, ACHM.- La Asociación Chilena de Municipalidades, AChM, señaló está mañana que el paro de los funcionarios municipales es una oportunidad histórica para avanzar en un proyecto real de modernización de las plantas en las administraciones comunales del país. El presidente de la AChM, alcalde de Puerto Montt Rabindranath Quinteros señaló que la movilización convocada por los funcionarios de planta ratifica que es necesario contar con una ley que permita mejorar y modernizar la situación de los municipios.
Quinteros señaló que, de acuerdo a los antecedentes recogidos por la AChM, a las 11 de la mañana de este lunes 1 de octubre la convocatoria al paro alcanzaba una adhesión del 80 por ciento. "Reconocemos la amplia respuesta al paro, que no sentimos sea un paro en contra de los alcaldes y ello pone de relieve la importancia de legislar en esta materia". Quinteros señaló que desde hace 13 años que las plantas municipales no se modernizan. "Las ciudades crecen, las responsabilidades de los municipios son mayores y necesitamos contar con equipos más grandes y capacitados para enfrentar este nuevo rol de los municipios. Los municipios cambiaron, pero no su estructura formal", sostuvo la autoridad.
El presidente de los municipios señaló que la AChM concuerda con la ASEMUCH en que el proyecto de ley que regula el 121 se puede perfeccionar. En ese contexto, señaló que "la Asociación ha propuesto a la ASEMUCH crear un frente común para abordar el perfeccionamiento del proyecto de Ley ante el Parlamento". Precisó Quinteros que existen puntos de acuerdo con ASEMUCH frente al proyecto de modernización de las plantas, como mejorar los incentivos por retiro a quienes están en edad de jubilar y también para quienes quieran retirarse anticipadamente.
"A los municipios nos interesa profesionalizar las plantas y garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores municipales, que es algo que hoy no ocurre". El representante de los municipios explicó que actualmente los funcionarios de planta son poco más del 60 por ciento del total del personal que trabaja en los municipios, en tanto hay cerca de un 40 por ciento que trabaja a honorarios y a través de programas que el Gobierno ha derivado a las administraciones comunales. "El proyecto de ley del artículo 121 nos ayudará a regular esta situación y darle una oportunidad de normalizar su situación a las personas que trabajan en los municipios sin pertenecer a la planta", precisó Quinteros, junto con señalar que el proyecto de ley cuestionado por los funcionarios establece claramente una serie de resguardos para evitar que la designación de las plantas se politice.
Entre éstas, se considera que la nómina de plantas sea aprobada por dos tercios del concejo Municipal, que esté en concordancia con el plan de desarrollo de cada comuna, PLADECO, que no exceda el tope legal de gastos en personal y que sea fiscalizado por la Contraloría. "Con estas medidas, no hay gremio en Chile más resguardado que el de los funcionarios municipales".
El Presidente de la AChM hizo también un llamado al Gobierno en cuanto a comprometer el respaldo con los recursos necesarios para financiar la puesta en marcha de la ley que reglamenta la modernización de las plantas establecida en el artículo 121 de la constitución. "La modernización no se hace con palabras, se hace con recursos y esperamos el respaldo del Gobierno y del Parlamento en esta dirección", aseveró la autoridad.
Santiago, martes 2 de octubre de 2007, por Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad, La Nación.- El concejal Hugo Unda anunció la presentación de judiciales contra el alcalde Francisco de la Maza. Lo más juicioso sería que la máxima autoridad de Las Condes renuncie a su cargo por las características de sus actividades privadas. A raíz de una nota periodística publicada hace un tiempo en "El Mercurio", la opinión pública se enteró de que el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, se desenvolvía en el negocio inmobiliario, una situación que sospechábamos; no obstante, el mérito de Bernardita Aguirre, la profesional que confeccionó el reportaje, fue que dio algunos nombres de las constructoras y las inmobiliarias en las que este servidor público tenía intereses comerciales.
¿Qué fue lo que escribió la aguda periodista?: "¿Concejo municipal imparcial? Hay otro momento en que pueden surgir conflictos de interés, cuando se aprueban las modificaciones a los planes reguladores, decisión que recae en los alcaldes y concejales de cada comuna. Investigamos en Dicom y descubrimos que el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, aparece como socio en ocho sociedades constructoras e inmobiliarias. Al presentarle a De la Maza los documentos que muestran sus sociedades, aclaró que hoy pertenece a cinco constructoras e inmobiliarias, pero que éstas no construyen en Las Condes. Reconoció que posee 28,33% de Constructora Santa Teresa, una de las que le confrontamos, y al presentarle el edificio que construyeron en el sector del Canta Gallo y que tiene recepción municipal en 2004, señaló que "era sólo como constructora". Al ser consultado por los nombres de sus demás sociedades, dijo no recordarlos.
El 26 de septiembre asistimos al Concejo Municipal de Las Condes, acompañando a los vecinos de una comunidad que iban a exponer la situación compleja debido a la cual se iba a deteriorar su calidad de vida. En esa sesión se leyó un contundente informe elaborado por la Contraloría a propósito de la participación del alcalde De la Maza en el negocio inmobiliario. No es que ese concejo haya procedido con transparencia al dar a conocer dicho informe, sino que se actuó así en virtud de mandato expreso del ente fiscalizador. Fue el concejal PPD Hugo Unda el que hizo la responsable denuncia ante la Contraloría debido a los evidentes conflictos de interés que se daban: la máxima autoridad municipal no podía estar en ambos bandos.
Según el texto, el 14 de enero y el 28 de junio de 2005 De la Maza hizo sendas declaraciones de intereses y patrimonio, donde reconoció vinculación en la Constructora Santa Teresa y en Inversiones Victoria Limitada. Dijo que en ambas tenía porcentajes de participación en sus capitales; expresó que también poseía porcentajes de derechos en la Sociedad De la Maza Chadwick y Compañía Limitada y en la Sociedad Agrícola Los Puquios Limitada, pero al alcalde se le olvidó declarar sus relaciones con otras empresas: Gestora y Desarrollo Inmobiliario CSTSA, Inversiones Rige Sociedad Anónima, Inmobiliaria Quino Sociedad Anónima, Empresa de Desarrollo Inmobiliario Limitada e Ingeniería, Arquitectura y Construcción Limitada: declaró relaciones con cuatro empresas y no declaró relaciones con cinco, porque éstas estaban inactivas, según el descargo efectuado por él en su testimonio.
La conclusión de la Contraloría fue lapidario. En el documento DMSAI 492 del 4 de septiembre de 2007, dado a conocer el día siguiente, por orden del contralor se lee lo siguiente en cuanto al hecho principal: "Se ha establecido además, que es efectivo lo señalado por el recurrente (Unda) en cuanto a que el alcalde de esa municipalidad ha tenido y tiene intereses en sociedades inmobiliarias, varias de las cuales no incluyó en las declaraciones sobre intereses y patrimonio que presentó ante esta Contraloría y que tampoco se inhabilitó de participar, primero como concejal y luego como alcalde, en las sesiones del Concejo Municipal en que se realizaron modificaciones al Plano Regulador Comunal, conforme lo prescrito en el dictamen Nº 25.517, de 2004, en relación con el principio de probidad administrativa".
En "El Mostrador" del domingo 30 de septiembre el concejal Hugo Unda anunció la presentación de recursos judiciales contra este alcalde. Estimamos que lo más juicioso sería que De la Maza renuncie a su cargo por las características de sus actividades privadas.
Santiago, martes 2 de octubre de 2007, por Fabiola Oropesa, Radio Universidad de Chile.- La semana pasada, la Casa Central de la Universidad de Chile fue el espacio donde se reunieron académicos y especialistas que debatieron en torno a las tendencias de desarrollo de las ciudades chilenas, latinoamericanas y europeas. El marco fue el seminario "La Ciudad del Futuro: Espacio Público, Ciudadanía y Sustentabilidad. Un desafío para la ciencia y el arte", organizado por la Universidad de Chile y el Goethe Institute.
"Santiasco" le decimos, a veces, molestos por la contaminación, la congestión vehícular y lo que consideramos una ciudad poco feliz para vivir y respirar. Lo afirmamos con cierto grado de disgusto, pero también de tragedia, como si todo lo que sucediera en ella fuera parte de una desgracia predeterminada, sin salida. Le echamos la culpa al fundador, Pedro de Valdivia, a quien se le ocurrió emplazar a Santiago en un valle rodeado de cerros, que hoy constituyen el escenario perfecto para los altos niveles de polución. No vino a fundar ciudades sino a tomar territorios, dicen los analistas, explicando las falencias estructurales que la capital muestra desde su origen; un problema surgido a partir de la distinción que Maquiavelo hacía entre los lugares fundados por sus residentes, como es el caso de Atenas o Venecia, y las ciudades coloniales, levantadas por extranjeros, de las que ejemplos tenemos a todas en América Latina.
Pero a pesar de esta impronta marcada por la conquista, Santiago no siempre fue un territorio sin sentido. La prueba más fehaciente es su trazado geométrico y el orden numérico que le dio forma y del que todos se admiraban en sus inicios. Lo que la transformó en lo que ahora conocemos vino después: la falta de planificación, de regulación y de una visión clara sobre lo que se esperaba construir, aaracterísticas que también se encuentran en otras ciudades del país, según explica el arquitecto y académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, Humberto Eliash. "Estamos participando en estudios estratégicos en varias zonas urbanas de Chile y a muchas ciudades les pasa lo mismo: no tienen visión de conjunto y viven de resolver urgencias; si hay una inundación o se corta el puente, pero no hay una idea de lo que se quiere y hacia que objetivo avanzar. Falta un proyecto común que encauce y guíe el desarrollo de la ciudad", explica.
"Sin esa articulación y una orientación que guíe su crecimiento, Santiago ha estado a merced del vaivén de las autoridades", prosigue Eliash. A ratos con iniciativas que sorprenden por su armonía y su alta valoración del espacio público, como la construcción del paseo Bulnes en los años '30 o la Remodelación San Borja a finales de los 60'. Iniciativas plausibles pero que hoy, especialmente en el segundo caso, muestran su decadencia y los vestigios que quedaron de un lugar creado para el encuentro, que nadie preservó a través de los años. En contraste con ello, está la concepción que actualmente proponen los nuevos proyectos inmobiliarios que han irrumpido en históricas comunas residenciales. De ahí que el académico de la Universidad de Chile y autor del "Diccionario crítico del diseño", Juan Guillermo Tejeda, sostenga que no hemos sabido decidirnos por un modelo determinado. "Los santiaguinos estamos divididos entre dos modelos de ciudad, uno de ellos el que corresponde a nuestra historia, a la matriz mediterránea, que es una ciudad en torno al ágora, a la plaza pública, y que tiene como ejemplos a Grecia, Roma, España y a la ciudad colonial barroca. Pero paralelamente está el influjo de la ciudad anglosajona, norteamericana, más vegetal, más separada, que reemplaza a la plaza pública por un mall. Y a nosotros los chilenos nos gusta la plaza y nos gusta el mall, así que tenemos una doble personalidad en ese sentido", afirma.
Para Tejeda, el problema también es político, ya que Santiago no cuenta con una autoridad urbana que se haga cargo de todos los temas en su conjunto. "Es una ciudad abandonada desde el punto de vista político, que no tiene un sistema propio para resolver sus problemas y de generar un modelo. Elegimos diputados por circunscripción, elegimos alcaldes por barrios, pero no tenemos una autoridad macro capaz de enfrentar los temas de contaminación, de transporte o seguridad, que son cuestiones transversales a toda la ciudad. Coincido con Eliash en que no hay ninguna ciudad de este tamaño que no tenga un gobierno urbano; nosotros somos la excepción", afirma Tejeda.
La baja participación ciudadana agrava la escasa preocupación de las autoridades por los temas urbanos. Lo dice el diputado (DC) Patricio Hales, reconociendo la falta de compromiso por parte de los distintos poderes que intervienen. "La gente cree que las ciudades se echan a perder solas, pero en realidad se echan a perder desde el poder de la inversión y de los gobernantes que hacen políticas públicas. Por lo tanto, como los ciudadanos no tienen conciencia urbana, los políticos pueden dormir tranquilos y nadie les pasa la cuenta porque las personas creen que las ciudades malas son una fatalidad del destino, una desgracia propia del desarrollo. ¡Pero no es verdad! Esto pasa en Chile; en otras partes del mundo el progreso hace ciudades mejores", señala.
Hoy, en 2007, contamos con una ley de vivienda y urbanismo que nunca ha sido discutida en el Congreso. Se promulgó en 1931, sin parlamento, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y su única modificación se realizó en 1975 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Los gobiernos de la Concertación han prometido su reformulación durante los últimos veinticinco años, período en que se ha mandado un nuevo proyecto, se ha postergado, se ha retirado del Congreso, hasta nuestros días, donde aún esperamos que se envíe una nueva iniciativa que regule mejor el uso del suelo.
Los expertos sostienen que sin una política integral, las autoridades locales o centrales toman decisiones que afectan negativamente a la ciudad en su conjunto. Se deciden proyectos inmobiliarios, obras públicas y de vialidad, que no contemplan el impacto que generan, por ejemplo, las autopistas sobre las poblaciones, las casas y las personas que van quedando detrás de sus muros. Santiago crece tironeado por todos lados, sin un sentido que lo unifique. Por eso, no es lo mismo, dice Tejeda, ser una ciudad grande que una gran ciudad.
Santiago, lunes 1 de octubre de 2007, por Patricio Herman, Fundación "Defendamos la Ciudad", El Mostrador.- Se dice que en nuestro país impera en plenitud el derecho y quienes nos hemos adentrado en los vericuetos de la Administración sabemos que ello no es así. También estamos conscientes que la buena opinión que tienen de la institucionalidad chilena los líderes políticos y de opinión de la comunidad internacional está motivada por una "pomada" muy bien montada por quienes ejercen el poder, en el sentido amplio de la palabra. Con esta mentirilla las grandes empresas y el propio Estado obtienen créditos baratos en el sistema financiero del primer mundo, mientras los pequeños empresarios son esquilmados por los bancos que operan por estos lados.
Lo anterior se está consolidando, ahora aún más, con la "doctrina" incubada en los tribunales superiores de justicia, quienes han determinado que la Contraloría General de la República carece de atribuciones para pronunciase sobre el fondo de la legalidad de los actos administrativos. Los altos magistrados (afortunadamente no todos) han sostenido que los permisos urbanísticos y ambientales otorgados por funcionarios municipales y/o del gobierno central necesariamente tienen que ser legales porque no se puede poner en duda la competencia técnica de quienes los visan. Es decir, los jueces creen que tales funcionarios son infalibles, posiblemente porque estiman que a los permisos de edificación o ambientales hay que asignarles certeza jurídica a toda costa, sin importar que violen los marcos regulatorios que la sociedad se ha dado.
Lo anterior, a pesar de que en la propia ley del procedimiento administrativo se contempla la invalidación de los permisos cuando éstos son contrarios a derecho. La Corte Suprema, en los diferentes casos en que le ha tocado intervenir en el último tiempo con ocasión de recursos de protección de particulares en contra de dictámenes de la Contraloría que declaran la ilegalidad de las autorizaciones urbanísticas o ambientales que les han sido otorgadas, ha señalado que no se puede vulnerar el derecho de propiedad de aquellos que presentaron esos recursos. Al respecto, en los casos fallados a favor de particulares los dictámenes de la Contraloría nunca trasgredieron esa garantía constitucional, sino tan solo señalaron que los terrenos tenían que someterse a parámetros establecidos en la normativa urbana-ambiental.
La Contraloría General ha sido inflexible en exigir el cumplimiento de los usos de suelo de las áreas verdes y de aquellas de valor natural, porque está consciente que la Constitución garantiza a la ciudadanía el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Las afectaciones de aquellas tipologías se justifican porque en las ciudades civilizadas se debe conservar el patrimonio ambiental que le pertenece a todos y por ello la ley establece restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades.
Lo preocupante es que en las sentencias de la Corte Suprema nunca se ha analizado el marco regulatorio específico aplicable a los distintos casos, todos los cuales se refieren a situaciones complejas que se apartan del fin esencialmente cautelar del recurso de protección y por ello sostenemos que ameritan un análisis exhaustivo con fase probatoria en procedimiento propiamente contradictorio: sólo así se acreditarán fehacientemente los derechos controvertidos, mediante el examen de planos, ordenanzas, visitas a terreno etc. Pero la institucionalidad judicial, verdaderamente remolona y proclive al reclamo del sector inmobiliario, ha aceptado el procedimiento simplificado de los recursos de protección.
En tal sentido debemos tener presente que, si queremos aspirar seriamente al desarrollo, debe existir una coordinación entre los distintos organismos de la Administración del Estado, de tal forma que los Seremi de Vivienda y Urbanismo emitan pronunciamientos que ratifiquen o corrijan las decisiones de los municipios, pero siempre sujetos al control de juridicidad, que bien puede reclamarse por vía jurisdiccional -juicio ordinario o de lato conocimiento que resuelva la esencia de la materia debatida o de protección, si concurren los supuestos para la interposición de la acción cautelar- bien por vía administrativa, recurriendo al ente contralor quien, conforme lo consigna la Constitución, debe velar por la legalidad de los actos de la Administración.
Es decir, todo individuo que se sienta afectado ha de poder recurrir a cualquiera de las vías citadas, sin que el ejercicio de la administrativa impida la judicial, llamados como están los Tribunales de Justicia a dictar la última palabra en los conflictos de orden temporal. Si se recurre a la Contraloría, es natural y lógico que se logre un pronunciamiento integral -fondo y forma- de acatamiento obligatorio para la Administración y los interesados, del mismo modo que si decide optar por las otras alternativas, ya que ni la Administración ni los Tribunales de Justicia restringen el conocimiento, análisis y decisión de los asuntos que les corresponde conocer a aspectos meramente formales, razón por la cual no se advierte fundamento alguno parar realizar esa distinción en el carácter de única para el ente de control.
En el transcurso de los últimos 10 meses, nos hemos reunido en 2 ocasiones con don Enrique Tapia, Presidente de la Corte Suprema, para abordar esta situación. Como nos ha ido mal, porque él no puede pronunciarse sobre los fallos de sus pares, le manifestamos que siendo así, teníamos que llevar la controversia al Tribunal Constitucional, para que éste resuelva en definitiva. Nuestra Fundación exige que todas las actuaciones de la Administración sean apegadas a derecho y no aceptamos que se siga mal utilizando el recurso de protección por parte de aquellos particulares que desean sacar ventajas en sus negocios relacionados con el uso del suelo. Cuando la Contraloría haya emitido un dictamen que no sea del agrado de los anteriores y para que se restituya el Estado de Derecho, los tribunales de justicia, a través de juicios de lato conocimiento, son los que tienen que analizar los complejos asuntos de la normativa urbana-ambiental.
Por lo anterior, será gravitante la resolución que adopte el Tribunal Constitucional porque si, por esas cosas curiosas que suceden en Chile, se llegara a confirmar la "doctrina" que hemos aludido, lo mejor será eliminar a la Contraloría por tratarse de una institución "molesta" para aquellos patriotas que invierten en Chile con el sólo propósito de dar trabajo.
En todo caso, somos optimistas en cuanto a lo que resolverá en definitiva el Tribunal Constitucional, porque en estos días está en juego la incorporación plena de Chile al selecto grupo de 30 países top que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y sería muy mal visto que sus integrantes supieran que, en esta angosta faja de territorio, todo está permitido y que la ley se debe entender como una mera indicación voluntaria para los agentes del mercado.
Santiago, lunes 1 de octubre de 2007, Crónica Digital.- Para este viernes el movimiento "Aquí La Gente" junto al parlamentario Nelson Avila convocaron a una manifestación para recordar el triunfo del NO, el 5 de octubre de 1988, y entregarán una carta al gobierno para que "fomente la justicia social y la igualdad entre los chilenos".
El parlamentario dijo a la prensa que "nosotros queremos mostrar al país el rostro de aquellos sectores que el sistema va dejando de lado; el banquete de hoy agrupa a no más del 20 por ciento de la población". Reveló que sólo el 10 por ciento "recibe puro filete y un amplio sector está debajo de la mesa viendo por si caen migajas". En tanto, Ernesto Medina, presidente del movimiento "Aquí la gente", sostuvo que la marcha será totalmente "tranquila, silenciosa, ante tanta desigualdad que está afectando y destruyendo a la familia chilena".
Al ser consultado sobre los posibles infiltrados, Medina aseguró, que "no habrán desmanes, ya que cada organización va a hacerse cargo de la gente que va a ir, que son principalmente dirigentes con mucha disciplina y no va a haber lugar a que hayan actos de vandalismo". Por último, el dirigente reiteró al gobierno "sin la participación de la gente no es posible realizar un cambio".
Santiago, martes 2 de octubre de 2007, La Tercera.- El Programa Explora Conicit en su XIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, SNCYT, que este año tiene como lema Energía y Sociedad", realizará un circuito con un reloj gigante montado en un camión que, con el lema Activa tu Energía, recorrerá las calles de Santiago desde el martes 9 al sábado 13 de octubre.
El escenario móvil rodará por la capital con bailarines, grupos de música y animadores que interactuarán con los espectadores haciendo trivias y regalando premios. Los famosos también estarán presentes en esta celebración y serán quienes hagan funcionar el reloj con energía cinética mediante el pedaleo de cuatro bicicletas. El punto de partida será el martes 9 desde la Biblioteca de Santiago, ubicada en Matucana 151. Algunas de las estaciones contempladas son: Av. Alameda, La Florida, Plaza de la Constitución y Estación Mapocho.
El término del recorrido del camión será el sábado 13 a la medianoche a la espera del cambio de horario de verano. El broche de oro lo pondrá el grupo Chancho en Piedra que a partir de las 23.15 horas animará al público en el Estadio Víctor Jara, cerrando así la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Respecto a la importancia de esta celebración Vivian Heyl, presidenta de Conicyt afirmó que, Energía y Sociedad encarna lo que probablemente es el gran tema del nuevo siglo. La capacidad de usar eficientemente la energía es un aprendizaje no acabado por la humanidad y es un tema que nos compete a todos, tanto por su relevancia e implicancias para la vida del planeta, como por la responsabilidad que tenemos de preservarla".
Santiago, lunes 1 de octubre de 2007, Econoticias.- El informe, elaborado por ambientalistas, entrega información técnica clave que permite refutar los argumentos esgrimidos por la industria nuclear y así descartar esta opción para nuestro país. Organizaciones ecologistas firmantes del Acuerdo de Chagual entregaron esta mañana en el Palacio de La Moneda el libro "La Energía Nuclear No Tiene Futuro", que se configura como un informe alternativo al que será entregado en los próximos días por la Comisión Zanelli.
El informe, elaborado por ambientalistas, entrega información técnica clave que permite refutar los argumentos esgrimidos por la industria nuclear y así descartar esta opción para nuestro país, a lo que la presidenta Bachelet se comprometió en el punto siete del acuerdo antes mencionado.
De esta manera, el libro desmitifica información entregada relativa a la energía nuclear: la dependencia frente al uranio, recurso no renovable, escaso a nivel mundial y en reservas de baja ley; desmiente además que la energía nuclear sea una alternativa limpia frente al cambio climático, ya que a pesar de que al momento de la generación del reactor se emite poco CO2, estas emisiones aumentan durante el ciclo de combustión.
Por otra parte, este informe aclara que la energía nuclear no es la más barata, pues los cálculos que muestra la industria nuclear están basados en estimaciones teóricas, que no se corresponden con los costos de generación nuclear en su generación histórica y no consideran una serie de costos asociados. Asimismo, desmiente el hecho de que ésta sea la energía del futuro, ya que la energía nuclear hoy tiende a la baja debido a la persistencia de problemas como los desechos y los riesgos de proliferación nuclear, junto al rechazo ciudadano que suscita el desarrollo de esta energía.
Otro de los puntos relevantes del informe está relacionado con el peligro que constituye para un país sísmico como lo es Chile el construir una planta nuclear, lo que implica riesgos inaceptables para la sociedad, los recursos naturales y el desarrollo nacional, ya que los terremotos han superado históricamente la magnitud de 7º Ritcher que considera la industria nuclear a nivel mundial.
Esta opción, según señala el informe, tampoco daría independencia y seguridad a la matriz energética en Chile, ya que el sistema de salvaguardias y controles de la tecnología nuclear no permite acceder a todos los procesos del ciclo de combustible nuclear, por tanto nuestro país dependería de una decena de países que pueden fabricar combustible nuclear (Francia, Canadá, Japón, Rusia, Inglaterra, EE.UU., Alemania, Corea del Sur, España y Suecia); de 4 que reprocesan desechos (Francia, Japón, Rusia e Inglaterra); y de uno que acepta almacenar basura radioactiva de otros países (Rusia, en la zona de Mayak).
Este libro surge como una alternativa frente a los próximos resultados que entregará la Comisión Zanelli, los que son esperados por diversos sectores como el primer paso para comenzar a desarrollar la energía nuclear en Chile. En ese sentido, Manuel Baquedano, presidente del IEP, declaró antes de entregar el libro en La Moneda, que en todo momento se pensó que "los estudios que mandó a realizar la presidenta tienen que ver más que nada con un Estudio del Arte y excluye cualquier tipo de factibilidad o localización de alguna planta". Además señaló que "yo quiero confiar en que la presidenta va a cumplir su compromiso y que la decisión en torno a este tema no va a ocurrir en este gobierno".
A la entrega del libro "La Energía Nuclear No Tiene Futuro" asistieron Eduardo Giesen (Codeff), Flavia Liberona (Fundación terram), Omar Turres (Fundación por la Tierra), Eduardo Medina (Consejo de Defensa de Maipú), Fresia Figueroa e Isabel Lincolao (Renace), Fernando Dougnac (Fiscalía del Medio Ambiente), Rosa Moreno junto a Sara Larraín (Programa Chile Sustentable) y Manuel Baquedano (Instituto de Ecología Política), entre otros.
Santiago, lunes 1 de Octubre de 2007, Chile Sustentable.- Las organizaciones ecologistas entregaron el documento técnico en el Palacio de La Moneda, en la antesala de conocerse en Informe Zanelli. Organizaciones ambientalistas firmantes del Acuerdo de Chagual entregaron este lunes, en el Palacio de La Moneda, un informe ciudadano, alternativo al de la Comisión Zanelli, en el cual refutan técnicamente los argumentos aducidos por la industria nuclear para recomendar el desarrollo de la tecnología nuclear en Chile.
La concusión de esta investigación alternativa es que optar por la energía nuclear significaría concentrar inversiones de gran escala en una tecnología compleja, riesgosa y rechazada por la ciudadanía, y que alejaría a Chile de la tendencia mundial que apunta al desarrollo de las energías renovables, socialmente populares y ambientalmente sustentables. El texto recomienda al gobierno iniciar hoy el desarrollo de un Plan Maestro de desarrollo energético, que contemple todas las alternativas tecnológicas, analizándolas desde la perspectiva de su ciclo de combustible completo (de la cuna a la tumba) y no en base a sesgos de mercado o del lobby asociado a la industria nuclear
Santiago, lunes 1 de octubre de 2007, Crónica Digital.- El senador Reiteró sus críticas al viaje de la Comisión de Minería y Energía a Rusia, para conocer "en terreno" las plantas de energía nuclear ubicadas en Balakova, a mil kilómetros de Moscú. "porque uno entendería que la prioridad es primero definir la matriz energética que Chile espera desarrollar en las próximas décadas, antes de casarse con una sola fuente, que además es la más cara y la más peligrosa", dijo el senador Alejandro Navarro. Señaló estar "impresionado por el lobby que están desplegando dentro y fuera de nuestro país las empresas nucleares".
El parlamentario indicó que "claramente la definición de nuestra matriz energética debe estar basada en los antecedentes que nos aportan los estudios científicos, a partir de la realidad natural y geográfica que tenemos y en ningún caso ésta puede conformarse a partir del lobby que hagan las empresas nucleares u otras. Por ello hemos insistido y lo seguiremos haciendo en que deben invertirse más recursos en investigar y estudiar las posibilidades de potenciar las energías renovables, como la geotermia y la eólica, entre otras que sí existen en el país".
"Por eso también -agregó- hemos rechazado que sea el Estado quien deba asumir estudios de cualquier tipo sobre energía nuclear. Primero porque es un tema que algunos quieren poner a la fuerza en la agenda, que además no es parte del programa de la Concertación, ni antes ni ahora y, en tercer lugar, porque si alguien quiere hacer estudios que los financie de su propio bolsillo. El Estado no debe comprometer recursos públicos realizando estudios que irán en beneficio de transnacionales, ya que éstas tienen el suficiente dinero e interés para pagarlos".
Navarro enfatizó que "quienes creen que la solución al tema energético chileno pasa por el tema nuclear y porque el Estado haga las inversiones iniciales que son multimillonarias, hay que decirles que esto es éticamente reprochable: no puede ser que se recurra al Estado sólo para que financie caros estudios y se cuestione su rol para operar e intervenir en áreas estratégicas de la economía y la energía. Esto es manifestación de esquizofrenia, de doble personalidad".
El parlamentario aseguró que "cualquier preliminar estudio de factibilidad y costo para el desarrollo de la energía nuclear en Chile va a superar largamente toda la inversión de las últimas décadas sobre energías renovables y por eso el Estado no debe hacerlos. La Presidenta comprometió su palabra y tengo la firme convicción que la respetará, en cuanto a que en su gobierno este tema no es parte de la agenda".
"Los mismos que han clamado al cielo para que el gobierno haga los estudios, han hecho poco y nada para resolver la matriz energética de Chile. Más bien sólo han defendido la matriz hidroeléctrica, por su bajo costo, como la esencial. Así se hizo con Pangue, Ralco y se proyecta en el Baker. Hasta hoy toda la inversión de megaproyectos, ha sido privada en sus costos y privada en sus utilidades. Así también lo fueron los estudios, proyectos y construcción de los gaseoductos en el centro y norte del país. No parece ajustado a la costumbre pedir ahora al Estado que haga estudios que los privados deberían hacer".
El senador socialista señaló que "quienes quieran investigación nuclear en Chile pueden partir mañana a través de créditos y con una amplia oferta de tecnología en el mundo. De hecho, pueden ahorrar mucho dinero en lobby y comenzar de una buena vez, aunque creo que no lo harán, pues nadie quiere hacer la inversión inicial y no existe voluntad para asociarse. No lo lograron en los gaseoductos, no lo lograron en las termoeléctricas y no lo lograron en las represas hidroeléctricas: su opción fue siempre competir y no colaborar".
Finalmente el legislador del PS valoró, "como un paso importante que en el Presupuesto 2008 se consideren 2.472 millones de pesos para implementar el Programa de Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales. Esa medida forma parte del programa de gobierno que le ofreció al país la Presidenta Bachelet y que tiene como meta más cercana que al 2010 tengamos un 15% de generación de energía a través de uso de las renovables".
Antofagasta, lunes 1 de octubre de 2007, Conama.- Hasta las 15:00 horas del lunes 22 de octubre, tendrán plazo los organismos ejecutores cuyos perfiles de proyectos fueron preseleccionados, para presentar sus respectivos Formularios de Proyectos y continuar así con el proceso de postulación al XI Concurso Nacional del Fondo de Protección Ambiental, FPA año 2008 de CONAMA. De acuerdo a lo que explicó la Encargada Regional del Programa, Erika Tapia, en esta oportunidad se seleccionaron 31 perfiles de proyectos de un total de 36, cifra bastante alta si se considera que el año pasado se presentaron 16 ideas de proyectos.
De acuerdo a las bases del concurso, los preseleccionados pasan ahora a una segunda etapa que corresponde a la presentación de su respectivo Formulario de Proyecto, cuyo formato se encuentra disponible en la página www.conama.cl/fpa y/o en las oficinas de esta Dirección Regional, ubicadas en Prat 461 oficina 1407. Dicha presentación deben hacerla directamente en CONAMA antes del vencimiento del plazo. Cabe precisar que no se admitirán formularios de proyectos enviados por fax o correo electrónico. Ver listado:
http://www.conama.cl/portal/1301/articles-41096_recurso_1.pdf VALDIVIANOS ANALIZARON REDISEÑO DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL
Valdivia, lunes 1 de octubre de 2007, Conama.- El viernes 28 de septiembre se desarrollaron en Valdivia dos talleres orientados a recabar una visión regional sobre la nueva institucionalidad ambiental de nuestro país. En las jornadas participaron representantes de los servicios públicos con competencia ambiental, universidades, ong´s ambientales, y asociaciones empresariales.
El director regional de CONAMA, Nelson Bustos, señaló que las jornadas están insertas en un proceso participativo de discusión a nivel nacional cuyo fin es generar los mayores consensos posibles respecto a este desafío. "Los talleres buscaron recoger el mayor número de aportes para la construcción de la nueva institucionalidad ambiental, a partir de la experiencia y visiones de la región de Los Lagos y la futura región de Los Ríos".
En las jornadas participó el asesor ministerial, Luis Cordero, quien presentó un diagnóstico de la institucionalidad ambiental del país y las variables a considerar en el rediseño, cuya meta es contar con un proyecto de Ley a inicios del segundo semestre del 2008. Al respecto, los asistentes analizaron la figura del Ministerio de Medio Ambiente y de una Superintendencia de Fiscalización Ambiental, acciones comprometidas por el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Santiago, martes 2 de octubre de 2007, por José Miguel Jaque, La Nación.- Proyectos mineros serán evaluados con un Estudio de Impacto Ambiental. Consejo de Conama aprobó modificar normativa sobre áreas protegidas. El acuerdo de los ministros responde al polémico permiso concedido por la Corema de la Primera Región al proyecto de la minera de Angelini en la Reserva Nacional Las Vicuñas. El director ejecutivo de Conama aún revisa esa autorización. El pasado 20 de septiembre la ministra de Medio Ambiente,Ana Lya Uriarte, solicitó al consejo directivo de Conama modificar el Artículo 9 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sobre áreas protegidas. Los ministros acogieron la propuesta y se resolvió afinar el texto de la modificación, lo que será resuelto el 18 de octubre en la próxima reunión de la instancia.
Sin embargo el artículo está listo: Las actividades o proyectos que impliquen exploración para explotación o extracción de recursos naturales en área protegidas requieran siempre de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tal como lo había anunciado a La Nación luego de estallar el conflicto por la aprobación del proyecto Choquelimpie de la Minera Vilacollo de empresas Copec en la Reserva Nacional Las Vicuñas, ubicada en la Primera Región. "Lo importante es que todos los ministros estuvieron de acuerdo en abordar una modificación normativa en torno a las áreas protegidas", comenta la ministra Uriarte.
La modificación excluye a los parques nacionales, pues existe consenso internacional sobre la imposibilidad de intervenirlos. En las restantes áreas protegidas -reservas, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, humedales, etc.- se requerirá un EIA "siempre y cuando los proyectos a desarrollar sean compatibles con el objeto de protección que se tuvo en vista al momento de efectuar la declaración de área protegida", aclara.
Respecto del conflicto que dio el punto de partida de esta modificación, Uriarte explica que la revisión que ella misma solicitó de ese permiso otorgado por la Corema de la Primera Región sigue su curso. El director ejecutivo de Conama, Álvaro Sapaj, ya requirió a la intendenta Antonella Sciaraffia para que informe sobre el procedimiento y los argumentos jurídicos para aprobar vía Declaración de Impacto Ambiental la polémica exploración minera. También solicitó el pronunciamiento de los servicios públicos con competencia ambiental. "Habiendo solicitado la información, el director de la Conama tiene que concluir un pronunciamiento final" para el que no hay fecha aún.
Ambientalistas entregan su estudio alternativo
"Entregamos este informe paralelo a la Presidenta para que tenga dos estudios que guíen la discusión", explicó Sara Larraín al dejar en La Moneda el libro "La energía nuclear no tiene futuro", junto al resto de los ambientalistas que firmaron el acuerdo de Chagual con la entonces candidata Michelle Bachelet el 2005. El texto de 56 páginas entrega los fundamentos del mundo ambiental para oponerse a la alternativa nuclear, a días de que la comisión que lidera Jorge Zanelli entregue el estudio que encargó la Mandataria.
El proyecto minero en Las Vicuñas fue aprobado por la Corema mediante una simple Declaración de Impacto Ambiental. Un Estudio de Impacto Ambiental exige línea de base, mitigación del daño y agrega la participación ciudadana.
Santiago, lunes 1 de octubre de 2007, El Mercurio.- Corte de Apelaciones anula sentencia en caso Pascua Lama. El fallo establece que la jueza suplente del 14° Juzgado Civil, María Isabel Reyes Kokisch, omitió el trámite de "citación a oír sentencia" antes de emitir su fallo y que, además, la resolución no cuenta con la certificación del secretario del tribunal.Por errores de forma. Así fue que la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la sentencia del Décimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, la que acogió una demanda presentada por el ingeniero Rodolfo Villar García en contra de la Minera Nevada y la canadiense Barrick Gold, por la propiedad de pertenencias mineras en el yacimiento de Pascua Lama, Tercera Región.
En fallo unánime, las ministras Gloria Ana Chevesich, Dobra Lusic y la abogada integrante María Victoria Valencia (redactora), acogieron un recurso de casación presentado por la empresa minera en contra del fallo del 19 de junio de 2006, que acogió una demanda presentada en contra de Pascua Lama por la compra de terrenos en la cordillera de la Región de Atacama. El fallo establece que la jueza suplente del 14° Juzgado Civil, María Isabel Reyes Kokisch, omitió el trámite de "citación a oír sentencia" antes de emitir su fallo y que, además, la resolución no cuenta con la certificación del secretario del tribunal.
"En consecuencia, como por lo expuesto en esta sentencia aparece que la resolución que citaba a las partes a oír sentencia no es tal, por la falta de autorización legal, sin perjuicio de que no fue notificada a las partes, razón por la cual no produjo efectos jurídicos, se debe concluir que, en el caso de autos, se faltó a un trámite declarado esencial por la ley, alterándose la ritualidad procesal, lo que conduce a declarar la nulidad de lo obrado", dice el fallo. De esta forma el tribunal de alzada capitalino ordena que un tribunal no inhabilitado continué con la tramitación del proceso hasta la dictación de la sentencia de primera instancia.
Por su parte, la minera Barrick dio a conocer su satisfacción a través de un comunicado en el que expresó que la empresa siempre tuvo "plena confianza en que los Tribunales de Justicia chilenos aplicarían la ley, la cual respalda nuestros argumentos y, por lo tanto, nunca dudamos de que detectarían los evidentes vicios y circunstancias irregulares en la que se dictó el fallo de primera instancia". Además, agregó que "se ha hablado mucho sobre este caso y se le ha dado una connotación exagerada respecto a los alcances para el desarrollo del Proyecto Pascua-Lama. Sin embargo, éste nunca ha estado en riesgo y sigue su curso normal".
El litigio comenzó en marzo de 1997, cuando Rodolfo Villar vendió a Minera Nevada, filial chilena de Barrick Gold, manifestaciones mineras que abarcan ocho mil 200 hectáreas en Amarillo Sur y Amarillo Norte. Amarillo Sur, de 3.100 hectáreas, ubicada en la cara superior de Pascua Lama, rodea a la propiedad por el norte, el oeste y el sur, y por ella pasa gran parte del acceso.
Cuando Villar viajó a Santiago para averiguar por qué no recibía el millón de dólares que esperaba, comprobó -según sus palabras- que en el contrato de compraventa figuraba que Nevada había reinscrito estas pertenencias con el nombre de Tesoro, y que él recibiría..., 10 mil pesos. Villar demandó a Nevada el 2001 y el abogado Hernán Montealegre asumió el caso cuando, a fines del 2006, aquél estaba perdiendo el juicio en primera instancia en el 14° Juzgado de Letras de Santiago. Esto, porque acusaba a Nevada de haberle falsificado la escritura pública, cambiándole la hoja del millón de dólares, lo que era algo imposible de probar, fuera de lo tardío.
En cambio, Montealegre dio un giro al caso, argumentando, en 350 carillas, una demanda de nulidad absoluta de contrato de compraventa, apoyándose en el mayor experto chileno en la materia, Arturo Alessandri Palma (1868-1950). Centró su argumento en que era una compraventa "sin precio". Porque, como se trataba de un "precio irrisorio", según planteó, éste no alcanzaba a ser precio, y, siendo el precio un requisito del contrato, la compraventa era nula. La jueza subrogante del 14° Juzgado, María Isabel Reyes, le dio la razón y junto con cuestionar la actuación de la jueza subrogante, Barrick Gold apeló a esa sentencia de primera instancia. El 5 de julio se realizaron los alegatos en la cuarta sala de la Corte de Apelaciones, conformada por las ministras Ana Gloria Chevesich, Dobra Lusic y la abogada integrante María Victoria Valencia.
DIPUTADOS AVANZAN EN DESPACHO DE PROYECTOS SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Lunes 1 de Octubre de 2007, Cámara de Diputados.- La Comisión de Gobierno Interior, que preside el diputado Gonzalo Duarte, sesionó este lunes en el Palacio Ariztía, con el objeto de avanzar en el despacho del texto legal. El grupo parlamentario se abocó al estudio de las indicaciones recaídas en el proyecto, calificado con urgencia simple, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, el cual está identificado con el Boletín N° 3562. El diputado Duarte explicó que el objetivo es despachar esta iniciativa legal a la Sala de la Cámara a fines de octubre.
El proyecto fija un marco legal común para todas las asociaciones que no se rigen por un estatuto jurídico especial e incentiva la creación de asociaciones, posibilitando su acceso a recursos públicos para el financiamiento de los proyectos y programas que emprendan. Asimismo, establece una regulación básica para el trabajo del Voluntariado. Al respecto, el diputado Duarte señaló que las indicaciones apuntan a regular el acceso al Fondo y dar más transparencia al mismo y cómo se asegura el derecho de libre asociación de los ciudadanos.
Caldera, lunes 1 de octubre de 2007, por Jéssica Esturillo O., Diario Financiero.- Cercanos a la firma aseguran que la posibilidad de reponer el proyecto en esa zona es baja y que la empresa estaría evaluando una nueva ubicación para instalar el parque Señora Gabriela. Tras 14 meses de tramitación ante la Conama de la Tercera Región, Acciona Energía Chile decidió retirar del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto para levantar un parque eólico conocido como Señora Gabriela, en la comuna de Caldera. Razones económicas habrían motivado la decisión de la hispana.
Estas instalaciones corresponden al proyecto más ambicioso en términos de inversión y capacidad instalada planteado hasta el momento en el país, en base a este tipo de energía renovable no convencional (ERNC), ya que la filial del grupo constructor Acciona -ligado a la familia Entrecanales- planeaba invertir más de US$ 190 millones para instalar 138 MW, mediante aerogeneradores distribuidos en las llanuras localizadas al sur de las localidades de Caldera y Bahía Inglesa.
En la empresa no accedieron a comentar las razones que los llevaron a presentar el desistimiento, que fue aceptada por la autoridad ambiental el 12 de julio pasado. Sin embargo, ejecutivos y especialistas consultados dijeron que varios motivos explicarían la decisión de la firma. Uno que suena con fuerza es que Acciona habría determinado que las condiciones de viento del lugar escogido eran deficientes, y por eso estarían evaluando trasladar el proyecto un poco más al sur. Según una autoridad de la zona, la firma estaría mirando la comuna de Freirina, también en la Región de Atacama.
A diferencia de las centrales hidroeléctricas, el viento no puede guardarse o dosificarse y por eso los parques eólicos sólo pueden generar algunas horas durante el día, lo que complica a los operadores para contratar energía, ya que producto de esta variabilidad o bajo factor de carga -como se denomina técnicamente-, la legislación los obliga a contar con generación de respaldo. De esta forma, la opción que estos proyectos tienen es la venta en el mercado spot, que según los conocedores está pensado para los grandes operadores que comercializan ahí su energía excedentaria. Además, es posible que la disponibilidad de viento no coincida con los puntos de mayor consumo eléctrico, lo que también atenta contra su rentabilidad.
El senador Ricardo Núñez, representante de la zona y presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, dijo que el proyecto no está cancelado sino suspendido hasta que los ejecutivos de Acciona puedan saber "en qué condiciones se promulgará la Ley de ERNC, para ver si el proyecto se hace rentable", señaló.
La decisión de Acciona causó sorpresa en Caldera, donde recién la semana pasada se enteraron del desistimiento. La alcaldesa, Brunilda González, dijo estar un tanto desilusionada. "Siempre vimos el parque eólico como un proyecto de primer orden, porque sería un aporte para la comuna", apuntó.
Curicó, martes 2 de octubre de 2007, por Guillermo Bustamante, El Amaule.- La planta de celulosa ubicada en litoral costero de la Provincia de Curicó, podría volver a funcionar en el corto plazo ¿costo o beneficio para nuestra Región? Opina en tu diario ciudadano.
Los últimos desastres ecológicos producidos por la planta de celulosa Licancel no sólo han puesto en el tapete la discusión sobre las políticas ambientales de las grandes empresas, sino que también el costo o beneficio del funcionamiento de este tipo de empresas en las diferentes Regiones. Si bien es cierto se cursaron sumarios sanitarios a la empresa Licancel y se realizaron estudios, uno de los cuales la empresa se comprometió a cancelar y ahora se está negando a hacerlo, la factibilidad de que empiece nuevamente a funcionar es inminente.
Así lo dio a conocer el Intendente del Maule Alexis Sepúlveda, quien señaló que "si Licancel cumple con los compromisos adquiridos no habría problema alguno en que vuelva a funcionar". Esta posible reapertura de la planta de celulosa tiene dos posibles lecturas. La primera de ellas es positiva pues se presupone la contratación de mano de obra que quedó sin empleo tras su cierre, lo cual es más que positivo tomando en cuenta los niveles de desocupación de nuestra Región. El problema radica en la segunda mirada, que es la negativa y la pesimista: ¿cuánto tiempo tardará en haber otro desastre ecológico de similares proporciones? ¿cuánto tiempo tardará en reconstruirse el ecosistema dañado?
La verdad es que no es ser desconfiado el plantear la interrogante de cuánto más tendremos que esperar para que ocurra otro desastre ecológico, sólo basta con recordar que cuando se estaba realizando la investigación del primer derrame de riles al Río Mataquito, a todos nos sorprendió la noticia de un nuevo derrame. Además, no es sólo el ecosistema el que es necesario reconstruir, sino que también la imagen turística de la zona que quedó por los suelos tras los reiterados y mediáticos casos de contaminación.
Quito, Ecuador, lunes 1 de Octubre de 2007, por Eduardo Tamayo, Alai.- Acuerdo País asegura mayoría en Asamblea. Tras el contundente triunfo alcanzado por Acuerdo País en las elecciones de ayer (30 de septiembre) que le permitirá contar con una cómoda mayoría en la próxima Asamblea Constituyente, el Presidente Rafael Correa anunció que dialogará "con todos los grupos que sinceramente buscan el bienestar del país".
Correa señaló a los corresponsales de la prensa extranjera que "ahora que hay un equilibrio de fuerzas" se sentará a conversar con la banca en función de bajar las tasas de interés y con los empleadores para que puedan hacer negocios pero para "decirles claramente se acabó la explotación laboral, se acabó esa alcahuetería llamada terciarización o esa explotación llamada trabajo por horas".
El Presidente, igualmente, se mostró muy crítico con la propuesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, de instalar la Asamblea Nacional de los Pueblos del Ecuador en la ciudad de Montecristi, sede de la Asamblea Constituyente.
Luego de señalar que el movimiento indígena ha cometido errores y que la CONAIE no es la única organización indígena, acusó a la dirigencia de tener "una visión demasiado etnocéntrica , excluyente". "Bienvenida su propuesta pero cuidado que se quieren imponer sobre las grandes mayorías, dentro de las grandes mayorías también están indígenas, porque han perdido gran cantidad, capacidad de representación (…..) una asamblea paralela indígena nos parece un completo absurdo, totalmente fuera de lugar, si quieren hacer veeduría ciudadanía qué mayor veeduría la que ha sido elegida por los ciudadanos, pero en todo caso, si quieren hacer veeduría ciudadana maravilloso que concerten con el resto de la sociedad", señaló Correa.
Según el conteo rápido de votos reales realizado por Participación Ciudadana, Acuerdo País contaría con 71 escaños, de las cuales 15 son nacionales y 56 provinciales. El total de Asambleístas es de ciento treinta, incluyendo a 6 representes por los migrantes, cuyos resultados aún no se conocen. El conteo de Participación Ciudadana tiene un carácter extraoficial. En unos 10 días el Tribunal Supremo Electoral dará a conocer los resultados oficiales, cuya tabulación reviste una gran complejidad dada la gran cantidad de candidatos que participaron en las contienda.
El segundo lugar en la Asamblea ocuparía el Partido Sociedad Patriótica (PSP) que dirige el expresidente Lucio Gutiérrez y su hermano Gilmar (7,1% de los votos), el PRIAN del magnate bananero Alvaro Noboa (6.7%), el Partido Social Cristino ( 4.2%), de acuerdo a participación Ciudadana. Con porcentajes menores, estarán representados en la Asamblea, el Movimiento Popular Democrático, Red Ética y de Democracia, movimiento UNO, entre otros.
La derecha, en general, ha salido golpeada en esta contienda, habiéndose frustrados sus planes de boicotear la Asamblea. En la provincia del Guayas, la más poblada del Ecuador, se perfila un retroceso significativo del Partido Social Cristiano que ha controlado por muchos años tanto la Alcaldía de Guayaquil como la prefectura del Guayas, habiendo ganado Acuerdo País que alcanzaría 8 de los 16 curules. El partido de gobierno, por otro lado, desplazó a la Izquierda Democrática, de tendencia social demócrata, de ciudades como Quito y Cuenca y de provincias de gran población como Pichincha y Azuay.
A la tendencia de izquierda tampoco le fue bien en estas elecciones. El recientemente creado Polo Democrático, que agrupa a los sindicatos petroleros y otras organizaciones sociales, al parecer no logrará estar representado en la Asamblea. Pachakutik tendría una escasa representación (dos o tres asambleístas) habiendo perdido terreno en provincias de fuerte composición indígena como Cotopaxi, Bolívar o Chimborazo. El que saldrá bien librado en esta tendencia es el Movimiento Popular Democrático que alcanzaría entre 3 y 7 asambleístas gracias a su campaña que "prometía ratificar a Correa y disolver el Congreso".
La tarea fundamental de la Asamblea Constituyente, que se instalará a fines de octubre, será la elaboración de una nueva Constitución que sustituya a la que actualmente está vigente y fue aprobada en 1997/1998. Si bien esta última, reconoció algunos derechos sociales, introdujo normas para aplicar el modelo neoliberal y la privatización de áreas estratégicas y bienes esenciales, estableciendo, además, el marco legal para la entrega de los recursos naturales a las transnacionales y el reparto de las instituciones del Estado como botín político.
Como se trata de una Asamblea de plenos poderes, el partido de gobierno propone que disuelva el actual Congreso, cuyos niveles de aceptación popular son sumamente bajos.
En sustitución del parlamento, el presidente Correa sugiere que la Asamblea nombre una comisión legislativa que se encargue de aprobar, entre otras, las leyes orgánicas claves en temas sociales, económicos, institucionales, tributarios, etc. que complementaría y darían viabilidad a la nueva Constitución. Esta comisión duraría el tiempo que dure la Asamblea. Los nuevos parlamentarios se elegirían después de la consulta popular que deberá convocarse para aprobar la nueva Constitución. Dado que Acuerdo País contará con la mayoría absoluta para tomar decisiones, la suerte del Congreso parece estar echada. El asambleísta nacional electo por Acuerdo País, Alberto Acosta dijo que el Congreso "tiene que entrar al menos en receso y sobre eso esperamos simplemente la comprensión de los señores diputados, que deberían ellos mismos, por dignidad, establecer algún mecanismo para no generar más confrontaciones en el país".
Alberto Acosta, señaló que primera vez en mucho tiempo en la historia ecuatoriana un solo movimiento logra un reconocimiento nacional. "Estamos representados en todas las regiones del país y mayoritariamente, yo creo que esa es una señal de unidad nacional y de voluntad de cambio", agregó. Acosta, que ha sido postulado para ocupar la Presidencia de la Asamblea, se refirió a algunos de los ejes que impulsará su movimiento en la Asamblea.
"Planteamos una revolución económica, señaló, en la que hemos dicho con claridad, queremos propietarios no monopolistas, vamos a combatir a los monopolios y a las prácticas oligopólicas, vamos a controlar el mercado, queremos también una sociedad de productores no de especuladores (…) queremos recuperar espacios de soberanía para nuestra política económica: la soberanía alimentaría, la soberanía energética, la soberanía ecológica que es fundamental, recuerden que aquel país que pierde el control de su naturaleza, pierde el control de su economía y pierde el control de su política.
"Hemos hablado también de una revolución social, vamos a combatir frontalmente, la inequidad, la miseria y la pobreza, educación y salud gratuitas y de primerísima calidad, son derechos humanos que habrá que plasmarlos en la Constitución y en la práctica de los futuros gobiernos. "Queremos combatir el racismo, como queremos combatir el hecho de que existe en nuestro país el machismo, queremos una sociedad con equidades, porque ese es el camino para fortalecer la democracia y la base para el desarrollo. "También hablamos de una revolución ética, somos claramente frontales al respecto, vamos a combatir toda forma de corrupción, entendida esta como abuso del poder. Haremos todos los esfuerzos para que las sanciones sean ejemplarizadoras para que no haya impunidad, para quienes han robado los recursos del Estado".
De otro lado, el vicepresidente de la República, Lenin Moreno, se refirió a la necesidad de que la Asamblea Constituyente adopte leyes para brindar seguridad jurídica a un millón 600 ecuatorianos que sufren de discapacidad. Moreno, quien quedó inválido a raíz de un asalto y se desplaza en una silla de ruedas, señaló que aún antes de que se instale la Asamblea, el gobierno ha destinado un elevado presupuesto de "ayudas técnicas que les permitan equiparar sus oportunidades".
La cineasta Tania Hermida, que, de acuerdo a los resultados extraoficiales, habría sido electa asambleísta nacional por Acuerdo País, dijo que irá a la Asamblea a colocar el tema de los derechos culturales como derechos humanos. "Ese es un tema que todavía no se ha colocado en el tapete político del Ecuador y ahora es cuando lo podemos poner en el debate: el tema de la política cultural como una política de Estado, que apunta a tener una población con capacidad para crear sus propios referentes simbólicos, también muy vinculado al tema de los medios de comunicación, es decir, recuperar la soberanía simbólica del país, recuperar el espacio simbólico, recuperar el espacio de producción y reproducción de referentes culturales".
Ciudad de México, México, lunes 1 de Octubre de 2007, por Patricia Muñoz Ríos, Ecoportal.- Denunciarán siete casos en los que se ponen en riesgo recursos hídricos de América Latina. El Tribunal Latinoamericano del Agua celebrará una audiencia pública en México, en la que expertos de la región emitirán recomendaciones sobre siete casos que amenazan los recursos de la región. Se presentarán pruebas documentales y orales que certifiquen la afectación y se dictarán resoluciones sobre los mismos. Se presentarán cuatro casos de México, uno de Chile, otro de Perú y uno más de Honduras.
El Tribunal Latinoamericano del Agua celebrará una audiencia pública en México, en la que expertos de la región emitirán recomendaciones sobre siete casos que amenazan los recursos de la región, como son la afectación –por parte de constructoras– del acuífero Chalco-Amecameca, que abastece 55 por ciento de agua del Distrito Federal, y la grave contaminación del río Santiago, en Jalisco, que ya empezó a provocar enfermedades entre pobladores de El Salto y Juanacatlán.
Del 8 al 11 de octubre también se analizarán los casos de las afectaciones a la población de Cerro San Pedro por la explotación a cielo abierto que lleva a cabo la empresa Minera San Xavier, y la contaminación del pozo El Calvario que afecta el abasto de agua de Cuautla, Morelos, por las operaciones de la gasolinera Millenium 3000. Este tribunal, que es una "instancia alternativa de justicia ambiental", llevará a cabo la audiencia pública en Guadalajara, Jalisco, en octubre próximo. Antes ha sesionado en San José, Costa Rica, en los años 2000 y 2004, y en la ciudad de México, el año pasado, precisó el director de este organismo, Javier Bogantes.
En conferencia de prensa señaló que se seleccionaron siete casos, los cuales son de gran relevancia para la conservación de los cuerpos de agua en México y América Latina. Apuntó que el incremento a las tarifas del agua no es una medida oportuna para resolver el problema de escasez del líquido. Puntualizó que como en todos los tribunales se presentarán pruebas documentales y orales que certifiquen la afectación y se dictarán resoluciones sobre los mismos. Se presentarán cuatro casos de México, uno de Chile, otro de Perú y uno más de Honduras.
En cuanto a México, resaltó los daños que se provocan a la salud de los pobladores de El Salto y Juanacatlán, por efecto de la excesiva contaminación del río Santiago, en Jalisco, ya que se ha comprobado que las emanaciones tóxicas provenientes de ese caudal han generado graves impactos sanitarios en las comunidades, por los desechos de nitratos, residuos agroquímicos y de fertilizantes que se vierten al mismo, y que provocan enfermedades respiratorias y digestivas en los niños. Dijo que también se analizará la afectación al acuífero Chalco-Amecameca por la construcción de proyectos inmobiliarios en el Valle de México, lo que es grave porque provee de agua a 55 por ciento de los habitantes de la Zona Metropolitana del Distrito Federal y se estima que la construcción de dichos proyectos en la zona de recarga del acuífero pondrá en entredicho el abasto.
También están bajo amenaza los recursos hídricos y comunidades del Valle del Pupío, en Chile, como resultado de las operaciones de la minera Los Pelambres, porque la construcción de un tanque para residuos mineros se pone en riesgo las fuentes hídricas de la comunidad. En la misma situación está el municipio de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, ya que la Minera San Xavier desarrolla un proyecto sobre una zona de recarga acuífera que abastece a 40 por ciento de la población del estado.
Otros casos que se analizarán son la sobreexplotación y contaminación de 19 de las 22 fuentes de agua del Valle de Siria, Honduras, por efecto de la actividad minera, que ha dejado a 40 mil personas sin acceso al líquido y la amenaza a las comunidades autóctonas de Carhuancho, Perú, por la construcción de un canal recolector de 73 kilómetros.
Montevideo, Uruguay, lunes 1 de Octubre de 2007, por Víctor Bacchetta, Ecoportal.- Uruguay: nuevas inversiones. Para hacer celulosa hay que venir al sur. Los anuncios de posibles nuevas inversiones en Uruguay, a raíz de la última gira europea del presidente Tabaré Vázquez, confirman la estrategia de trasladar al Sur la industria trasnacional de la madera y la voluntad del gobierno uruguayo de llevar hasta sus últimas consecuencias el modelo forestal definido hace 20 años.
Desde los años noventa grandes plantaciones de árboles y fábricas de celulosa comenzaron a instalarse en América del Sur, cumpliendo una estrategia definida por los mayores grupos industriales de Suecia, Finlandia, España y Estados Unidos, acompañada por sus similares de Brasil y Chile. En Uruguay, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) presentó en 1987 el informe sobre el "Plan maestro para el establecimiento de plantaciones de árboles y utilización de la madera plantada", coronado a los nueve meses con la nueva ley forestal y al año con el plan nacional de forestación basado en ese informe. En el Norte se han ido cerrando decenas de fábricas que producían 100, 200 y 300 mil toneladas de celulosa por año, mientras en el Sur se instalan plantaciones para abastecer fábricas de un millón de toneladas anuales, ocupando vastas áreas de bosques y praderas naturales, así como de tierras aptas para la producción de alimentos.
La visión desde el norte
En los países de origen de estos grupos industriales este proceso, que involucra asimismo grandes flujos de capital, es estudiado sistemáticamente. La Academia Sueca de Agricultura y Silvicultura organizó en abril de este año, en Estocolmo, el seminario titulado "Tilting forest industries from North to South" (Moviendo las industrias forestales de Norte a Sur), donde se analizó la tendencia de la industria sueca de forestación y celulosa a invertir en países del Sur. Si bien el seminario incluyó solamente a representantes de la industria de la forestación y la celulosa, permitió conocer las opiniones existentes en el sector.
Varios participantes en el evento destacaron el "fantástico" desempeño de las plantaciones de eucalipto en Brasil, que producen diez veces más madera por hectárea que en Suecia. "Si quieren que los árboles crezcan rápido, hablen portugués", llegó a afirmar un orador. Además de Brasil, Angola, Chile, Mozambique y Uruguay fueron considerados lugares con "perspectivas interesantes" para la instalación de inversiones por ser "países de bajo costo", debido al precio de la tierra y el agua, la mano de obra barata y los bajos aportes fiscales.
La conocida consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC) abona esas apreciaciones. En el informe "Risk and Rewards" (Riesgo y recompensas) de este año define a América del Sur como el continente con los recursos forestales más ricos del planeta. "Bendecido, en partes importantes, con un clima favorable, suelos fértiles y tierra abundante, el continente tiene uno de los más bajos costos del mundo en fibra de madera, lo que se ha vuelto una ventaja competitiva de primera clase en los mercados mundiales para las industrias basadas en plantaciones de crecimiento rápido, especialmente para celulosa", dice PwC.
Al hacer un análisis por países, la consultora canadiense indica que en Uruguay "en total entre 2,5 y 3 millones de hectáreas han sido consideradas aptas para la forestación, siendo la cifra mayor equivalente a un 20 por ciento de la superficie total" y señala que el gobierno ha abierto las puertas a la inversión extranjera en el sector. Más adelante, PwC informa que luego de venir plantándose en el país a un ritmo de 50 mil hectáreas anuales, en los dos a tres últimos años se produjo un enlentecimiento, pero esta tendencia es considerada transitoria y se prevé que con las nuevas plantaciones el ritmo se elevará a 100 mil hectáreas anuales.
En términos globales, América Latina es un actor menor en el consumo de productos de papel. De ahí el interés de los inversores en concentrarse en la oferta de celulosa y no en la producción de papel en la región. De un 9 por ciento del total de la producción global de pulpa y un 18 por ciento de la pulpa de mercado en 2005, las estimaciones de la industria indican que en 2010 América Latina proveerá el 25 por ciento de la pulpa destinada al mercado internacional. En este crecimiento se incluyen las inversiones en curso en Brasil, Chile y Uruguay.
Durante su última visita a Portugal, el gobierno uruguayo destacó las reuniones con el grupo lusitano Portucel en torno a la posible construcción de una planta de celulosa en el país. Se aludió incluso a una ilusoria "pulseada" con Brasil por esta inversión. Las declaraciones de Tabaré Vázquez y los ministros que lo acompañaban sirvieron para reafirmar la voluntad política favorable a la concreción no sólo de este proyecto sino también de muchos otros. No por casualidad salieron a luz pública en los últimos días manifestaciones similares de interés en Uruguay por parte del grupo japonés Nippon Paper y la estadounidense International Paper Co.
"Tenemos un megaproyecto posible. Los montos superan largamente los mil millones de dólares en total. Podría, en la eventualidad de concretarse, localizarse en el este del país", declaró el ministro Danilo Astori en Portugal. "Esperamos en los próximos días una nueva delegación de esta empresa que -aspiramos- pueda avanzar en el camino de confirmar la inversión en Uruguay, porque de alguna manera sería culminar ese ciclo forestal que se ha planteado en el país desde hace tanto tiempo", agregó el ministro Víctor Rossi, quien aparece como encargado de los contactos iniciales con la empresa portuguesa.
A la hora de presentar algunos datos luego de la visita a una de las plantas de Portucel, los ministros uruguayos fueron sin embargo bastante poco precisos. "La planta que visitamos ocupa, en tres turnos, todo el año, a 1.700 personas. Y exporta 750.000 toneladas de papel al año a 80 países del mundo. Una verdadera maravilla", comentó Astori. Por su parte, Rossi informó que Portucel ocupa a 1.400 trabajadores y que su posible instalación en Uruguay incluiría tanto la producción de celulosa como la fabricación de papel.
De acuerdo con las informaciones de la propia empresa, Portucel posee tres instalaciones en Portugal, una en Setúbal, que produce 510 mil toneladas de celulosa y 270 mil de papel al año, con 800 empleados (ésta habría sido la planta visitada por la delegación uruguaya), otra en Figueira da Foz (la mayor planta de celulosa y papel de la península ibérica), que produce 550 mil toneladas anuales de celulosa y 750 mil de papel, con 850 empleados, y la tercera en Cacia, que produce sólo 260 mil toneladas anuales de celulosa y tiene 300 empleados. Los datos de la empresa permiten algunas consideraciones sobre el eventual proyecto en Uruguay.
Las dos instalaciones principales de Portucel combinan la producción de celulosa con la de papel y esto explica su alto número de empleados. Al instalarse en América del Sur estas empresas excluyen la fabricación de papel, por no constituir la región el destino final de este producto, siendo esta fase la que emplea mayor número de trabajadores. A su vez, las plantas que se construyen hoy aquí para obtener mayor rentabilidad amplían la escala a un millón de toneladas de celulosa anuales y más, pero esto no significa mayor empleo que en el Norte sino menos. Los proyectos similares en curso no superan los 300 trabajadores.
Uruguay, "país verde"
Durante la visita presidencial a Europa, casi toda la prensa uruguaya recogió con orgullo una clasificación de "la prestigiosa publicación Reader Digest" (SIC), según la cual Uruguay figura entre los primeros nueve países "más verdes" del mundo así como "más preocupados por su medio ambiente y por el bienestar de su población". La fuente principal de dicha clasificación es el Índice de Sustentabilidad Ambiental 2005 (ESI, por sus siglas en inglés) elaborado por las universidades de Yale y Columbia para el Foro Económico Mundial, que puso a Uruguay en el tercer puesto de los países con mayor sustentabilidad, atrás de Finlandia y Noruega. Hace dos años, la noticia tuvo también amplia repercusión local, a pesar de que se comprobó que ese indicador tenía errores conceptuales. Uruguay utilizó la versión del ESI 2005 en una reunión del Mercosur como demostración de su alto grado de preocupación ambiental. Valga decir que Uruguay no apareció en el ESI 2006, por falta de datos, y que este año el ESI dejó de calcularse sin que se dieran razones de ningún tipo.
Fray Bentos, Uruguay, lunes 1 de Octubre de 2007, Adnmundo.- La planta que la empresa Botnia instaló en Fray Bentos se encuentra "prácticamente finalizada" y comenzará a producir una vez que concluya el proceso de permisos. En un comunicado difundido hoy a través de su página de internet, Metsa Botnia indicó que su planta instalada sobre el río Uruguay "comenzará a producir una vez que concluya el proceso de permisos". "La planta -precisó- solo podrá comenzar con su producción una vez que la autorización ambiental, la cual se encuentra en proceso de tramitación, le sea otorgada".
De esta forma, queda ahora en manos del gobierno uruguayo la última palabra para dar comienzo a la producción de pasta de celulosa. Esta es la etapa más temida por los ambientalistas de Gualeguaychú, que en las últimas horas endurecieron sus protestas, tras conocerse que el presidente Néstor Kirchner dijo en Nueva York que la planta no sería relocalizada. Semanas atrás trascendió que el gobierno argentino habría solicitado el uruguayo que no comience la producción en la pastera hasta después de las elecciones del 28 de octubre.
En el comunicado la empresa agregó que "las obras de construcción e instalación de la planta de celulosa de Botnia en Uruguay están prácticamente finalizadas". De esta forma, la firma "está trabajando conjuntamente con las autoridades correspondientes a los efectos de concluir con el trámite relativo a la autorización, luego del cual la planta se pondrá en marcha". "De acuerdo con el cronograma original, se preveía que la planta comenzara con la producción hacia fines del tercer trimestre del año 2007", con lo cual solo se retrasaría algunas días respecto de ese plan.
Ica, Perú, lunes 1 de octubre de 2007, por David Bayer, Codehica.- La comunidad de Carhuancho, Provincia de Huaytara, Región Huancavelica, ha demandado al Gobierno Central del Perú y al Gobierno Regional de Ica ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, ubicado en San José, Costa Rica (
http://www.tragua.com/en/ ). La demanda de Carhuancho cita varias violaciones de los Gobiernos Central y Regional en relación al Proyecto Ingahuasi, siendo implementado por el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) donde pretenden construir el Canal Ingahuasi.
Más de mil familias de comunidades campesinas circundantes al Proyecto serán las afectadas y se quedarían sin agua en una eventual construcción de los 73 kilómetros del Canal Colector Ingahuasi que va a rodear el cerro (nevado) Palomo de 5.188 metros sobre el nivel del mar. Las aguas que va a colectar Ingahuasi, son recursos hídricos que vienen de bofedales y las tierras alrededor de todo el recorrido de 73 km. por los pastizales de siete comunidades. Al entrar Ingahuasi, estas aguas no estarán disponibles para el uso de las comunidades que allí residen y que juntos tienen unos 146,000 cabezas de ganado (alpacas, llamas y ovinos). Si se incluyen las cuatro comunidades del Distrito de Ascensión, Huancavelica, que también serán impactados, hay 199,300 cabezas de ganado.
Las violaciones citadas en la demanda incluyen las leyes internacionales y los acuerdos que Perú ha firmado para proteger los derechos humanos, laborales y el Medio Ambiente. Aquí son algunas de las violaciones contra los derechos de las comunidades de estos gobiernos del Perú:
1- El Proyecto Ingahuasi no ha incluido las comunidades impactadas en la Directiva de PETACC.
2- El Proyecto no ha logrado ninguna norma legal que garantiza una compensación y una indemnización para los danos a las tierras y a las aguas comunales de los 11 comunidades impactadas por el Canal Ingahuasi.
3- El Proyecto no ha tomado en consideración las alternativas factibles para incrementar los recursos hídricos que necesitan los agroexportadores del Valle costera de Ica como el uso mas eficiente del sistema de irrigación y recarga que ellos manejan o un cambio de cultivos, dejando los espárragos que necesitan bastante agua para sembrar olivos o dátales que usaran siete veces menos agua y son alternativos mucho mas apropiados para el clima desértico de Ica. Ingahuasi tiene como meta traer 36 millones de metros cúbicos (MMC) de agua de las sierras de Huancavelica pero anualmente 32 MMC de agua corre por el Rió Ica al mar Pacifico. Se puede justificar Ingahuasi que cuesta $ 35 millones dado estos hechos?
4- El proyecto viola al Convenio OIT 169 que firmo el Perú el 2 de febrero de 1994. El referido Convenio establece obligaciones de consulta y participación de los pueblos indígenas en los asuntos que los afectan.
5- Va contra la Convención Internacional RAMSAR suscrito por el Perú con Resolución Legislativa No. 25353, el 23 de noviembre 1991 que compromete el país proteger sus humedales. En el caso de Ingahuasi, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) ha observado varias veces que el Proyecto va a secar los humedales de la Sierra Central que todavía existen.
La consultora Lahmeyer Agua y Energía S.A. presentó el informe final del estudio de factibilidad de Ingahuasi durante la tercera semana de Febrero 2007 e indica que es un proyecto viable sin que haya ejecutado ninguna Estudio de Impacto Ambiental. Por los últimos 50 anos se ha almacenado 150 MMC de agua en la Laguna Choclococha. Estas aguas han secado los pastizales y los humedales e inundado a las comunidades. Ingahuasi expandiría la capacidad de Choclococha con otro 100 MMC de agua logrando una capacidad de 250 MMC. Es bastante claro que este Proyecto tendrá un impacto grande y negativo sobre las once comunidades en su area de influencia.
La audiencia publico del caso seria escuchado el 8 de octubre de 2007 en Guadalajara, México. Este caso levanta preguntas bastantes serias sobre la capacidad del Gobierno de García cumplir con los acuerdos internacionales como el Tratado de Libre que planea firmar con los Estados Unidos de América. Puede confiar que García va a proteger los derechos laborales y el Medio Ambiente cuando su Gobierno demuestra constantemente que esta haciendo lo opuesto cada día?
Publicado por Medio Ambiente de Pudahuel en 9:09

References: artículo 121
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 resolución 
 Artículo 9
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