Source: https://www.lexureditorial.com/legislacion/20151127/ley-162015-de-9-de-noviembre-por-la-que-se-modifica-la-ley-32003-de-10-de-abril-del-sistema-de-servicios-sociales-de-la-region-de-murcia/
Timestamp: 2020-07-06 13:14:25+00:00

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Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. | Lexur Editorial
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
El artículo 148.1.20 de la Constitución española establece que «las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de asistencia social».
En virtud de dicho precepto, la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, en su artículo 10.Uno, apartado 18, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de asistencia y bienestar social; desarrollo comunitario, política infantil y de la tercera edad; instituciones de protección y tutela de menores, respetando en todo caso la legislación civil, penal y penitenciaria; promoción e integración de los discapacitados, emigrantes y demás grupos sociales necesitados de especial protección, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.
Por último, en desarrollo de dichas previsiones se dictó la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de servicios sociales de la Región de Murcia, cuyo título IV regula la llamada Iniciativa en la Prestación de Servicios Sociales (artículos 25 y 26). Más en concreto, su artículo 25 dispone que «se reconoce el derecho de la iniciativa privada a participar en la prestación de servicios sociales con sujeción al régimen de registro, autorización e inspección establecido en esta ley y demás legislación que resulte de aplicación».
Asimismo, en su apartado 3 se establece que «las administraciones públicas darán prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, a los servicios y centros dedicados a la prestación de servicios sociales de los que sean titulares entidades de iniciativa privada sin fin de lucro y atiendan preferentemente a personas de condición socioeconómica desfavorable».
Dicho reconocimiento está en consonancia con el principio de participación recogido en su artículo 5, según el cual los poderes públicos deberán promover la participación de los usuarios, de las entidades y de los ciudadanos en general en la planificación y gestión de los servicios sociales en los términos recogidos en la citada ley.
Así pues, como principio que ha de regir el sistema de servicios sociales se encuentra el de participación, que ha de ser promovida y garantizada por los poderes públicos a todos los niveles, es decir, participación de los ciudadanos y de las entidades de iniciativa social tanto en la planificación como en la gestión de los servicios sociales.
Para garantizar y hacer efectiva esa participación se hace necesaria la modificación que se pretende de la Ley de Servicios Sociales, con el objeto de establecer de un modo claro los modos de organización de la gestión de los servicios sociales contemplando el régimen de concierto social con entidades privadas y de convenios con entidades sin ánimo de lucro. Así las cosas, se está permitiendo, por un lado, que las administraciones públicas con competencia en la materia puedan encomendar de manera subsidiaria y complementaria a otras entidades la prestación de los servicios incluidos en el catálogo de servicios sociales mediante un régimen de concertación. El régimen de concierto así previsto es una modalidad diferenciada del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público.
Y, por otro lado, se contempla la posibilidad de que, en virtud de lo establecido en el ya citado apartado 3 del artículo 25, las administraciones públicas puedan celebrar convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro para la prestación de los servicios sociales de su competencia en los supuestos en que, por razones de urgencia, la singularidad del servicio o prestación de que se trate, o su carácter innovador o experimental, aconsejen la no aplicación del régimen de concierto y así se motive.
A mayor abundamiento, dados los problemas existentes que se intentan solventar, para entender la motivación de la presente modificación hay que acudir al Derecho Comunitario, y en concreto a la Directiva 24/2014 UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, que ha de ser objeto de transposición por el Estado español.
Dicha directiva recoge en su considerando 114 que «los Estados miembros y los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos esos servicios u organizar las servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación».
Se hace referencia a otras formas de organización de la gestión de los servicios sociales en el considerando y no en la parte dispositiva, por cuanto el objeto de la directiva no es la regulación de los servicios sociales sino la contratación. No obstante, resulta llamativo el hecho de que se reconozca en una directiva sobre contratación (aunque sea en su parte expositiva) la posibilidad de admitir formas de organización de la gestión de servicios sociales distintas a las modalidades contractuales.
Con estas previsiones, se comprueba que el Derecho comunitario contempla la gran disparidad de formas de organización de la gestión que existen en los distintos Estados miembros en la materia. Además, hay que tener en cuenta que estamos ante una materia que no es competencia exclusiva de la Unión Europea, sino que, de acuerdo con el artículo 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, le corresponde tomar medidas que garanticen la coordinación de los Estados miembros.
Por tanto, teniendo en cuenta la importancia del contexto cultural y el carácter de estos servicios, la directiva diseña las líneas generales de un sistema de adjudicación en el que debe ofrecerse a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para organizar la elección de los proveedores de los servicios del modo que consideren más oportuno, imponiendo solo la observancia de los principios fundamentales de transparencia e igualdad de trato. Así pues, abre la posibilidad, con el respeto a dichos principios, de que las distintas administraciones públicas adopten fórmulas de organización de la gestión de servicios públicos en el ámbito de los servicios sociales distintos a los contenidos en la legislación contractual e incluso una amplia flexibilidad en la contratación en el ámbito de los servicios sociales.
Así pues, teniendo en cuenta la regulación comunitaria, a la vista de la legislación de otras comunidades autónomas y a la espera de la transposición por el Estado español de la misma, se puede considerar que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene competencias para aprobar la presente modificación que tiene por objeto establecer las cuatro formas de organización de la gestión de los servicios sociales. A los tradicionales modos de gestión directa e indirecta en el marco de la legislación de contratos, hay que añadir ahora el concierto social y los convenios de colaboración y dar cobertura al desarrollo posterior del concierto social y la utilización del convenio de colaboración con las entidades privadas sin ánimo de lucro. Todo ello, en virtud de sus competencias exclusivas en materia de servicios sociales.
En efecto, el fundamento radica pues en la necesidad de seguir prestando estos servicios, que ha de garantizar la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia superando las actuales incertidumbres existentes como consecuencia de la falta de un régimen jurídico específico de aplicación a este tipo de servicios. Nos encontramos ante servicios que son de obligado cumplimiento para la Administración como es el caso de la protección o la reforma de menores por cuanto esta es la entidad pública garante de la protección de menores tutelados o viene obligada a la ejecución de sentencias judiciales. O, por otro lado, nos encontramos ante servicios derivados de la Ley de Dependencia, que quedan configurados como derechos subjetivos de las personas en situación de dependencia y que, por tanto, la Administración ha de garantizar.
Uno. Se añade un artículo 7 bis (dentro del título ll, dedicado a la organización y planificación del Sistema de Servicios Sociales) con el título «Modos de organización de la gestión de los servicios sociales» y con el siguiente contenido:
Dos. Se añade un nuevo artículo 25 bis, con el siguiente título y contenido: «Régimen de concertación».
Tres. Se añade un nuevo artículo 25 ter, «Objeto de los conciertos», con el siguiente contenido:
Cuatro. Se añade un nuevo artículo 25 quáter, «Requisitos de las entidades».
Cinco. Se añade un nuevo artículo 25 quinquies, «Formalización de los conciertos».
Seis. Se añade un nuevo artículo 25 sexies, «Efectos del concierto».
2. Se suscribirá un único concierto cuando se concierten simultáneamente pluralidad de servicios o prestaciones, para la reserva y la ocupación de plazas en varios centros o para la gestión integral de una pluralidad de prestaciones o servicios cuando todos ellos dependan de una misma entidad titular. Esta suscripción se efectuará en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
Siete. Se añade un nuevo artículo 25 septies, «Duración, renovación, modificación y extinción de los conciertos».
Ocho. Se añade un nuevo artículo 25 octies, «Participación de los usuarios en el coste de los servicios concertados».
5. En el caso de que el usuario participe en la financiación del servicio mediante el pago de un precio público, siempre se garantizará, con independencia de la forma de prestación del servicio, de que el usuario mantendrá como mínimo un 15 % de sus ingresos para su libre disposición.
Nueve. Se añade un nuevo artículo 25 nonies, con el siguiente título y contenido: «Régimen de convenios».
Diez. Se añade un nuevo artículo 25 decies, con el siguiente título y contenido: «Medidas para la transparencia».
Once. Se añade un nuevo artículo 25 undecies, con el siguiente título y contenido: «Garantía de igualdad».
Murcia, 9 de noviembre de 2015.–El Presidente, Pedro Antonio Sánchez López.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 262, de 12 de noviembre de 2015)

References: artículo 148
 artículo 10
 artículo 25
 artículo 5
 artículo 25
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
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