Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/12140
Timestamp: 2020-05-31 00:22:41+00:00

Document:
Sentencia: CE SIII E 18402 DE 2006
Entidad administrativa modifica criterios de participación en licitación pública
CE SIII E 18402 DE 2006
ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA LA CIRCULAR 0080 DEL 29 DE MARZO DE 2000 DE LA UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN
Circular de la DIAN que establece criterios de interpretación de la Ley 550 de 1990
CIRCULAR 0080 DEL 29 DE MARZO 2000
Con fundamento en la facultad conferida en los literales i) y pp) del artículo 19 del Decreto 1071 de 1999 y los numerales 1o, 7o y 35 del artículo 11 del Decreto 1265 del mismo año y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 3o del artículo 57 de la Ley 550 de 1999, que en su tenor literal señala: "para participar en una licuación pública, presentación de ofertas o adjudicación de contratos con alguna entidad del Estado, el licitante deberá estar al día en sus obligaciones tributarias nacionales. Para tal efecto, la DIAN en el nivel nacional o la entidad que haga sus veces en los niveles territoriales certificarán tal hecho", nos permitimos precisar el contenido de la misma, en el siguiente sentido:
El requisito exigido en el parágrafo 3o del artículo 57 de la Ley 550 del 28 de diciembre de 1999, sobre la exigencia de la certificación a las personas nacionales o extranjeras que aspiran a contratar con el Estado, sólo se debe solicitar en relación con las que se encuentren interesadas en participar en un proceso de licitación o concurso público, de que tratan los artículos 24 numeral 1o y 30 de la Ley 80 de 1993, en sus diferentes etapas.
De acuerdo con lo anterior, las entidades estatales deberán exigirle a los aspirantes nacionales o extranjeros a participar en licitaciones o concursos públicos abiertos por éstas, la certificación expedida por el administrador de impuestos y/o aduanas nacionales de la ciudad de donde sea contribuyente el aspirante sobre el hecho de que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones relativas al impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas y retenciones en la fuente, incluidos intereses y sanciones cuando fuere el caso, o tiene vigente una facilidad para el pago de sus obligaciones y ésta se encuentra cumplida, a la presentación de las ofertas y la adjudicación del contrato.
Es de anotar que la administración respectiva expedirá la certificación dentro de los ocho (8) días siguientes a la solicitud que presente el aspirante, por cuanto ésta debe efectuar las verificaciones a que haya lugar.
No obstante es de aclarar que mediante la Circular 020 del 18 de enero del año 2000, este despacho se pronunció en el sentido de señalar que dicho requisito se debía solicitar a los aspirantes a contratar con el Estado, sin distinguir sobre la posibilidad de que fuera únicamente en los procesos de licitación o concurso público. Dicha situación se presenta teniendo en cuenta que el tenor literal del parágrafo 3o del artículo citado de la Ley 550 de 1999, permite una interpretación extensiva, aplicable a las dos interpretaciones señaladas, teniendo en cuenta que de una parte distingue 3 situaciones a saber licitación pública, presentación de ofertas y adjudicación de contratos, dentro de las cuales es posible inferir que la solicitud de la certificación se extiende al proceso de contratación directa en sus modalidades de contratos con o sin formalidades plenas. Sin embargo al señalar a renglón seguido la obligación para "el licitante", permite deducir que hace relación únicamente a los procesos de selección de licitación pública o concurso público.
¿Puede una entidad pública emitir una circular que modifica las condiciones de participación en licitación pública para personas naturales exigiendo un paz y salvo en las obligaciones tributarias nacionales sin violar el artículo 57 parágrafo 3° de la Ley 550 de 199, que excluye a las personas naturales del paz y salvo?
Pérdida de ejecutoria de acto administrativo como consecuencia de declaratoria de inexequibilidad. «(…) la consecuencia de una declaratoria en tal sentido no conlleva la nulidad de los actos administrativos que la desarrollen, sino únicamente su decaimiento a futuro y por lo tanto, tales actos, aunque sin la posibilidad de continuar siendo ejecutados, aún hacen parte del ordenamiento jurídico y solo podrán ser expulsados del mismo mediando la declaratoria de su nulidad, a través de sentencia judicial en ejercicio de las acciones contempladas por el ordenamiento jurídico -artículos 84 y 85 del C. C. A.-.(…)»
«(…) en ningún aparte de dicha Circular se señaló de manera expresa que el requisito de aportar el paz y salvo expedido por la Autoridad de Impuestos y Aduanas del lugar de operaciones del aspirante a contratista del Estado, debía ser cumplido también por las personas naturales que tuvieran dicha pretensión, lo cual implica que el cargo esgrimido carece de un fundamento válido; pues lo que la Circular en revisión dispuso, fue que las Entidades Estatales estaban en el deber de hacer cumplir el requisito del parágrafo 3o del artículo 57 Ibídem, y para ello, en primer lugar la DIAN trascribió dicha norma en el acto acusado y más adelante fijó el criterio bajo el cual debía ser interpretada, cual era, que la exigencia señalada debía ser cumplida respecto de los aspirantes a participar en licitaciones o concursos de méritos (…) la Circular acusada únicamente se refirió a la interpretación dentro de la cual debía ser aplicado tal parágrafo, es decir a licitantes y concursantes, sin hacer ninguna mención a que se debían incluir las personas naturales. (…) no fue la Circular demandada la que extendió dicho requisito a todos los licitantes o concursantes, estén o no incursos en procesos de reactivación empresarial, sino que fue la misma ley 550 de 1999 en el parágrafo 3o del artículo 57, vigente aún al momento de la expedición de la Circular, día 29 de marzo de 2000, toda vez que la sentencia que declaró la institucionalidad de esa norma fue dictada por la Corte Constitucional el 13 de septiembre del mismo año. (…)»
Una entidad pública puede emitir una circular que modifica las condiciones de participación en licitación pública para personas naturales exigiendo un paz y salvo en las obligaciones tributarias nacionales sin violar el artículo 57 parágrafo 3° de la Ley 550 de 1999, que excluye a las personas naturales del paz y salvo, porque los que dispuso la circula fue lo mismo señalado en la norma supuestamente transgredida. Además, lo que fijó la entidad fue un criterio bajo el cual se interpretaría dicha disposición, el cual era que la exigencia señalada debía ser cumplida solamente por los aspirantes a participar en licitaciones o concursos de méritos.
SE NIEGAN las pretensiones de la demanda.Sin condena en costas.
CE SI 5410 DE 2000 CE A ABRIL 23 DE 1975 CE SI 1948
Procedibilidad de acción de nulidad en contra de circulares de servicio. «(…) las circulares de servicio pueden ser demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que éstas constituyan verdaderos actos administrativos, pues la voluntad de la Administración puede revelarse de diferentes maneras y lo relevante, a efectos de establecer si una determinada manifestación de la voluntad de la Administración es un acto administrativo, es que tenga la aptitud de producir efectos jurídicos tales como la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas generales o particulares. (…)»
Documento: CE SIII E 18402 DE 2006
Entidad administrativa modifica criterios de participación en licitación pública..

References: artículo 19
 artículo 11
 artículo 57
 artículo 57
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