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Timestamp: 2019-11-12 11:14:53+00:00

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AIRE » 2019 » marzo: Asociación Independiente de Registradores
3 de marzo de 2019 cnmv.es
Se crea una Comisión de Seguimiento para promover la máxima cooperación entre ambas partes
El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, han firmado hoy un convenio de colaboración para la persecución del fraude financiero, en particular el relacionado con personas o entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión.
La CNMV tiene también previsto suscribir en fecha próxima un convenio de colaboración similar con la Dirección General de la Guardia Civil.
Operaciones contra los chiringuitos financieros
25/03/2019 – eleconomista.es
Jueves 21 de marzo de 2019 lamoncloa.gob.es
Se elimina el procedimiento por el que las empresas asumían directamente el pago de la Incapacidad Temporal y después lo descontaban de las obligaciones de cotización al sistema.
​La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, ha dictado una resolución que recoge y señala el procedimiento por el que finaliza la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social, tal como indicaba el Real Decreto-ley 28/2018 aprobado el pasado mes de diciembre.
El Tribunal de Cuentas, tras evaluar dos informes aprobados en marzo de 2014 y marzo de 2018, formuló a la Seguridad Social la recomendación de derogar esta modalidad de colaboración voluntaria en la gestión, al detectar múltiples problemas e ineficiencias en la gestión de la prestación económica de Incapacidad Temporal por contingencias comunes.
Asimismo, el análisis arroja incumplimientos en la información que deben remitir a la Seguridad Social, así como otras irregularidades. El último informe del Tribunal está referido al ejercicio 2015 y señala que de las 240 empresas que colaboraron voluntariamente en la gestión, cesaron solo 22.
Jueves 28 de marzo de 2019 lamoncloa.gob.es
España tiene adoptado el huso UTC/GMT+1 – aunque por nuestra posición geográfica nos correspondería estar en el GMT+0 -, coincidente con la mayor parte de Europa, a excepción de Reino Unido, Irlanda y Portugal, que se mantienen en el UTC/GMT+0. Esta adscripción de huso es la que marca, desde 1940, la «hora oficial» española, adelantada en 60 minutos a la «hora universal».
Miércoles, 27 de marzo de 2019 – poderjudicial.es
Carlos Lesmes dirige una carta al presidente del Senado francés tras la declaración suscrita por 41 miembros de esa cámara en relación con el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha remitido hoy al presidente del Senado francés, Gérard Larcher, una carta en respuesta a la declaración suscrita por 41 miembros de esa cámara en relación con la causa especial 20907/2017 que se sigue en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición y otros.
En el escrito, Lesmes señala que la afirmación de que determinados representantes políticos de la Generalitat de Cataluña están sufriendo prisión por razón de las opiniones vertidas en el ejercicio del mandato conferido por los electores “es manifiestamente contraria a la verdad y resulta de todo punto inadmisible al señalar la existencia en España, y más concretamente en el Tribunal Supremo, de una situación de represión de representantes políticos por razón de sus opiniones”.
“Conviene recordar a este respecto que en España existen partidos políticos abiertamente independentistas que vienen concurriendo en los distintos procesos electorales desde hace más de cuarenta años con absoluta libertad y normalidad, sin que jamás se haya abierto un proceso penal contra sus dirigentes, militantes o votantes por razón de sus ideas u opiniones políticas, cuya legitimidad está amparada por la propia Constitución Española”, añade.
El presidente del Poder Judicial recuerda que el alto tribunal únicamente enjuicia “actuaciones atribuidas a los acusados y realizadas en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, actos que pudieran ser constitutivos de delito, sin que en ningún caso se estén juzgando sus ideas u opiniones”; afirma que le resulta “especialmente doloroso” tener que recordar a miembros de una institución como el Senado francés que en España “se respetan escrupulosamente los postulados del Estado de Derecho” y asegura que la declaración ha generado “profundo malestar” en el Tribunal Supremo, al constituir “una descalificación de nuestra actuación como jueces y de la propia democracia española en su conjunto, basándose esa descalificación en unos hechos que no se corresponden con la realidad y que son producto de la propaganda y de la desinformación interesada”.
“Estimado Sr. Presidente del Senado de la República Francesa:
He tenido conocimiento por los medios de comunicación de mi país de la existencia de una declaración suscrita el pasado día 24 de marzo por 41 senadores integrantes de la cámara que V.E. preside, denominada “Pour le respect des libertés et des droits fondamentaux en Catalogne”, en la que entre otras manifestaciones, se afirma que determinados representantes políticos de la Generalitat de Cataluña están sufriendo prisión por razón de las opiniones vertidas en el ejercicio del mandato que les ha sido confiado por sus electores, siendo juzgados por este motivo en el Tribunal Supremo del Reino de España, Tribunal que tengo el honor de presidir.
El Tribunal Supremo, en cumplimiento de su obligación de garante de la legalidad y del Estado de Derecho en nuestro país, está celebrando en estos momentos un proceso en el que únicamente se enjuician determinadas actuaciones atribuidas a los acusados y realizadas en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, actos que pudieran ser constitutivos de delito, sin que en ningún caso se estén juzgando sus ideas u opiniones. Conviene recordar a este respecto que en España existen partidos políticos abiertamente independentistas que vienen concurriendo en los distintos procesos electorales desde hace más de cuarenta años con absoluta libertad y normalidad, sin que jamás se haya abierto un proceso penal contra sus dirigentes, militantes o votantes por razón de sus ideas u opiniones políticas, cuya legitimidad está amparada por la propia Constitución Española.
Precisamente por ello, como representante del Poder Judicial de España me resulta especialmente doloroso tener que recordar a personas integrantes de la Institución que usted preside que en nuestro país, miembro de pleno derecho de la Unión Europea desde hace más de treinta años, se respetan escrupulosamente los postulados del Estado de Derecho, muy especialmente en lo que se refiere a los derechos fundamentales y libertades públicas y a la independencia del Poder Judicial.
En las últimas décadas Francia y España han avanzado juntas en la construcción europea, tanto en el ámbito judicial como en otros muchos, con sustento en la existencia de valores compartidos, en la confianza mutua entre sus Instituciones, así como por el mantenimiento de especiales relaciones de afecto, cercanía y colaboración a todos los niveles.
Por esta razón la declaración suscrita por los 41 senadores ha generado profundo malestar en el Tribunal que presido, la más alta instancia judicial de España, al constituir una descalificación de nuestra actuación como jueces y de la propia democracia española en su conjunto, basándose esa descalificación en unos hechos que no se corresponden con la realidad y que son producto de la propaganda y de la desinformación interesada.
Me consta, Sr. Presidente, que, según se ha afirmado posteriormente, la declaración de los 41 senadores lo ha sido a título individual. Y también me consta que ayer mismo, día 26 de marzo, V.E. ha hecho público un comunicado manifestando su plena confianza y apoyo a las autoridades españolas, gesto que le agradecemos profundamente, dada la relevancia de la Institución que preside.
Agradeciendo la atención que estoy convencido que le prestará a este asunto, le hago llegar el testimonio de mi más alta consideración, así como un respetuoso saludo”.
Oficina de prensa. Nota informativa nº 34/2019 – tribunalconstitucional.es
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo tercero del art. 34.2 (para procuradores) y del inciso “y tercero” del párrafo segundo y cuarto del art. 35.2 (para los abogados) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. El texto impugnado determina la ausencia de recurso frente al decreto del letrado de la administración de justicia cuando los honorarios de los abogados se discuten por indebidos. Sin embargo, dicho decreto no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.
La sentencia, cuya ponente ha sido la Magistrada Encarnación Roca, considera que “la exclusión de recurso frente al decreto priva del acceso al control jurisdiccional de una decisión adoptada en el seno de un proceso por un órgano no investido de función jurisdiccional y da lugar al inicio del procedimiento de ejecución, prescindiendo de ese control y excluyendo a la parte de la posibilidad de impugnación contra la decisión del letrado de la administración de justicia”.
La cuestión interna de inconstitucionalidad que se ha planteado por parte del TC afecta al régimen de recursos contra los decretos de la administración de justicia en las reclamaciones de honorarios de abogados regulados en la LEC, en la medida en que su aplicación pueda eventualmente impedir que las decisiones de aquellos letrados sean revisadas por los jueces y tribunales, que son los titulares en exclusiva de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE).
Por tanto, se trata de determinar si la previsión cuestionada es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que garantiza el art. 24.1 CE y con el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional recogido en el art. 117.3 CE.
La sentencia explica que dicha actuación “prescinde de control jurisdiccional y se excluye a la parte de la posibilidad de impugnación, pues no es un órgano jurisdiccional el que resuelve sobre la procedencia de los honorarios sino el letrado de la administración de justicia”.
De ahí que la mera posibilidad de impedir que dicho acto no pueda ser objeto de revisión por parte de un juez o tribunal origine una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
El Tribunal concluye señalando que “en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia es el de revisión al que se refiere el art. 454 bis LEC”.
Miércoles 20 de marzo de 2019 – lamoncloa.gob.es
Tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía y Empresa prevén que el PIB crecerá este año un 2,2% en España, por encima de la media comunitaria y de los principales países europeos.
El Banco de España ha publicado sus proyecciones macroeconómicas de la economía española para el periodo 2019-2021. Según sus previsiones, el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá en 2019 un 2,2% y en 2020 el 1,9%: «Se mantiene el buen ritmo de avance de la economía española a pesar de la desfavorable evolución del entorno exterior».
El «notable dinamismo» de la economía española que constata el Banco de España ha permitido cerrar 2018 con un crecimiento del 2,5% del PIB. La tasa de crecimiento registrada en el último trimestre, del 0,7%, fue la mayor de todo 2018. En el informe se asegura que «a medio plazo, se prevé la prolongación de la actual fase expansiva de la economía española».
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha destacado que estas previsiones confirman la «favorable coyuntura económica española. Nuestro diferencial positivo de crecimiento con respecto a las principales economías de la zona euro se amplió en la última parte de 2018 y, según las previsiones de la Comisión Europea, este diferencial se agrandará aún más en 2019».
*La norma sistematiza y aclara la actual norma, fruto de 28 reformas
20/03/2019 – eleconomista.es
Miércoles, 20 de marzo de 2019 poderjudicial.es
La Sala Tercera señala que la base imponible de dicho tributo debe fijarse sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación y no sobre el valor real del inmueble
Martes, 19 de marzo de 2019 – poderjudicial.es
4 marzo, 2019 uso.es
3541 – BOE 12 de marzo de 2019
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para la consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del Registro Mercantil.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España han suscrito, con fecha de 7 de marzo de 2019, el Convenio de Colaboración para la consulta de la titularidad Real de Sociedades Mercantiles a través del Registro Mercantil, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y se incluye como anexo a esta resolución.
Madrid, 7 de marzo de 2019.–El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá Belmonte.
Convenio de colaboración entre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para la consulta de la titularidad real de Sociedades Mercantiles a través del Registro Mercantil
De una parte, don José Luis Escrivá Belmonte, Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), nombrado para este cargo por Real Decreto 118/2014, de 21 de febrero («BOE» de 22 de febrero de 2014), actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuyen el artículo 25 e) de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el artículo 25.s) del Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo («BOE» de 29 de marzo de 2014), por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a los efectos de suscripción de convenios.
De otra parte, doña M.ª Emilia Adán García, mayor de edad, y domicilio a estos efectos en Madrid. Actúa en nombre y representación del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (en adelante el Colegio de Registradores), con NIF Q-2863012-G y domicilio en la Calle Diego de León n.º 21, 28006 Madrid, en su condición de Decana de la citada institución en virtud de la representación que le otorga el art. 23 del RD 483/1997 de 14 de abril por el que se aprueban sus Estatutos. Formaliza el presente convenio de conformidad con lo acordado por su Junta de gobierno en su reunión celebrada el 13 de noviembre de 2018.
Ambos intervienen se reconocen mutuamente la capacidad legal y la representación necesaria para el otorgamiento del presente Convenio de Colaboración, y a tal efecto,
Que la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamente Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, en su artículo 30.3 establece que «Los Estados miembros se asegurarán de que la información (…) sobre la titularidad real se conserve en un registro central en cada Estado miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades (…) o en un registro público».
La Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación tiene como principal novedad el documento que lleva por rúbrica «Declaración de identificación del titular real» mediante el cual, las sociedades mercantiles deben identificar ante el Registro Mercantil la titularidad real de las mismas.
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España es una Corporación de Derecho público amparada por la Ley, reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, que tiene entre sus fines los de coordinar el ejercicio de la actividad profesional de los Registradores, velando por la ética y dignidad profesional y por el ejercicio de sus funciones y procurar con todos los medios a su alcance la permanente mejora de las actividades profesionales de los Registradores, promoviendo las medidas que sean necesarias para su progreso y colaborando con Administraciones e Instituciones Públicas en beneficio del interés general.
La AIReF, en el marco de las competencias que tiene atribuidas, y para la adecuada ejecución de las mimas, requiere un acceso ágil y eficiente al Registro Mercantil para la consulta de las titularidades reales de las entidades inscritas.
A estos efectos, el Colegio de Registradores ha desarrollado un servicio web que permite la comunicación de las aplicaciones de gestión de la AIReF con los Registros Mercantiles para, a través del mismo, acceder, de forma centralizada, a la consulta de titularidades reales. También se ha desarrollado como alternativa un portal web para, de forma más sencilla e individualizada, formular las indicadas consultas.
En atención a lo expuesto, atendiendo a las circunstancias concurrentes, las partes formalizan el presente Convenio de Colaboración conforme a las siguientes
El presente Convenio tiene por objeto definir las condiciones de acceso y características técnicas del servicio a través del cual, la AIReF accederá a la consulta sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles por medio de dos sistemas alternativos ofrecidos por el Colegio de Registradores. Existen dos opciones en función de las necesidades de la AIReF:
– Servicio Web: la consulta y recepción de la información resultante se realiza a través de las aplicaciones de gestión propias de la AIReF mediante servicios web automatizadas. La AIReF será responsable de acometer todas aquellas adaptaciones y desarrollos necesarios, en sus sistemas y equipos, para conectarse al servicio en las condiciones definidas por el Colegio de Registradores a los efectos de garantizar el correcto funcionamiento del servicio y la seguridad de las comunicaciones.
– Portal de Titularidades Reales: los funcionarios o personal laboral al servicio de la AIReF podrán cursar consultas individuales a través de un portal web previa identificación mediante un certificado digital reconocido por el CORPME en cuyos atributos conste identificada la AIReF.
Sin perjuicio de otras consultas que puedan ser programadas, en el futuro, el servicio de consulta de titularidades reales permitirá a la AIReF realizar tres tipos de consultas, articuladas mediante la invocación de tres servicios distintos:
1 Servicio solicitud información. Titulares reales de una sociedad.
Mediante la introducción del NIF de una sociedad mercantil facilitado por la AIReF, e indicando el año al que se circunscribe la consulta, el servicio devolverá la información de los titulares reales que conste en el registro mercantil competente en el indicado ejercicio. El usuario puede configurar la consulta para que, en el caso de que el titular real con un porcentaje superior al 25%, tenga una participación indirecta, se devuelva la información de las sociedades intervinientes en la cadena de control, en caso de que esta se haya solicitado.
En caso de no constar información sobre los titulares reales presentada en el ejercicio consultado, el servicio devolverá la última información que figure presentada en ejercicios anteriores.
2 Servicio solicitud información. Sociedades de las que una persona física es titular real.
Dado un titular real, se informa de en qué sociedades es titular real, ya sea como un titular real con participación superior al 25% o como titular real asimilado.
3 Servicio solicitud información. Sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de control de un titular real:
Dada una sociedad, se informa de las sociedades en las que aparece como sociedad interviniente en la cadena de control de un titular real.
La información mostrada por cada uno de los tres servicios será la información coherente que exista depositada en el Registro Mercantil en el momento de realizar la consulta en función de los datos declarados por la sociedad en su última presentación de cuentas anuales o, en su caso, actualizada en un momento posterior mediante la presentación de una nueva declaración.
Sin perjuicio de lo anterior, el Registro Mercantil podrá complementar la información procedente del depósito de cuentas con otra información obrante en el mismo Registro Mercantil, siempre que en la información mostrada se distinga claramente el origen de una y otra información.
Tercera. Comité de Coordinación y seguimiento.
El Convenio contará con un Comité de Seguimiento en el que estarán representadas ambas partes y que se encargará de las siguientes funciones:
– Actuar como canal de comunicación entre ambas entidades permitiendo una ágil interlocución y solución de las incidencias que puedan surgir. Los integrantes del comité actuarán en representación de las partes a los efectos de adopción de las decisiones de ejecución del convenio que no impliquen modificación del mismo.
– Llevar a cabo el seguimiento de la normal ejecución de los compromisos previstos en el presente Convenio, determinando los criterios y medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de los mismos.
– Procurar la resolución de los problemas de interpretación y de ejecución que pueda plantear el Convenio.
– Elevar propuestas de suscripción de Acuerdos específicos complementarios del presente Convenio.
El Comité estará formado por:
– Por parte del Colegio de Registradores: El Director del SSI.
– Por parte de la AIREF: El Director de la División Jurídico-Institucional.
El Comité se reunirá siempre que lo requiera la buena marcha de las actuaciones comprendidas en el Convenio.
Cuarta. Duración del Convenio.
El presente Convenio entra en vigor en el día de su firma y tendrá una duración de 4 años, pudiendo prorrogarse por un nuevo periodo de cuatro años más, previo acuerdo por escrito de las partes.
Con independencia de lo acordado en cuanto a su duración y, atendiendo a la naturaleza voluntaria del procedimiento objeto del mismo, cualquiera de las partes podrá en cualquier momento resolver el convenio unilateralmente con tan solo comunicarlo a la otra parte por escrito con dos meses de antelación a la fecha prevista de finalización del mismo.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la legislación nacional vigente en esta materia, cada una de las Partes queda informada de que los datos de contacto que constan en el Convenio serán tratados por la otra Parte con la finalidad de permitir el desarrollo, cumplimiento y control del presente convenio, siendo la base del tratamiento el cumplimiento de la relación establecida en el mismo y conservándose los datos durante todo el tiempo en que esta subsista y aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidad derivadas de ella.
Los datos de las Partes podrán ser comunicados a terceros únicamente en la medida que fuera necesario para cumplir con sus respectivas obligaciones contractuales o legales de conformidad con la normativa vigente. Los datos tratados a efectos de suscribir el presente convenio son necesarios para la efectiva suscripción de mismo, la negativa a facilitarlos podría suponer la imposibilidad de su suscripción. Los afectados podrán solicitar el acceso a los datos personales, su rectificación, supresión, portabilidad y la limitación de su tratamiento, así como oponerse al mismo, en la dirección de la sede social de cada parte y podrán interponer, en caso de vulneración de derechos, una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, sita en Calle Jorge Juan n.º 6, Madrid (www.agpd.es).
El dato de contacto del Delegado de Protección de Datos del Colegio de Registradores es el siguiente: dpo@corpme.es, donde en todo momento los interesados pueden dirigirse para cualquier cuestión relativa a protección de datos de carácter personal.
Política de privacidad: Los funcionarios y personal laboral al servicio de la AIReF que utilicen los servicios del Colegio de Registradores descritos en el presente convenio, deberán observar las condiciones de uso del portal y ser informados por la AIReF de la Política de Privacidad del Colegio de Registradores sobre el tratamiento de sus datos. Esta información estará disponible en el acceso a los servicios.
Sexta. Causas de extinción del Convenio.
El presente Convenio podrá extinguirse si concurre alguna de las siguientes causas de resolución:
b) Por acuerdo unánime de las partes.
c) Por el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguno de los firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del mismo.
La Comisión de Seguimiento que se instituye en este texto será la competente para conocer y valorar los incumplimientos que cualquiera de las partes denuncie en cuanto a las recíprocas obligaciones y compromisos que contraten en el mismo.
Séptima. Naturaleza, jurisdicción y competencia.
El presente instrumento tiene el carácter de Convenio al amparo de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando excluido de la aplicación de la legislación de contratos del sector público en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Las partes acuerdan someter las cuestiones litigiosas derivadas del presente procedimiento a los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo de la ciudad de Madrid.
En su virtud y de conformidad con lo establecido, para que así conste a los efectos oportunos, suscriben el presente Convenio por duplicado en el lugar y la fecha expresados en el encabezamiento.–Por el Colegio de Registradores, la Decana, M.ª Elena Adán García.–Por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Presidente, José Luis Escrivá Belmonte.
Marzo 12, 2019 Notas de prensa – registradores.org
◾Los miembros de la última promoción (60% mujeres y 40% hombres) han jurado o prometido sus cargos en un acto presidido por la ministra de Justicia
◾Dolores Delgado destaca que el Cuerpo de Registradores “es un referente tecnológico, símbolo de innovación y modelo jurídico”
◦Los contratos no pueden ser rescindidos por el comercializador unilateralmente, antes de la finalización del plazo del primer año o de su prórroga.
◦Si ha contratado un precio fijo no se lo pueden modificar hasta que no finalice el contrato o su prórroga.
◦La comercializadora no puede imponer la discriminación horaria sin autorización, aunque beneficie al consumidor.
1.Rescisión de los contratos. Ante el escenario de precios elevados registrado en el mercado mayorista durante el año 2018, hay varios comercializadores que están rescindiendo o modificando los contratos con sus clientes sin mantener las condiciones pactadas inicialmente con ellos. Por esta razón, se recuerda que los contratos con consumidores en baja tensión no pueden ser rescindidos por el comercializador unilateralmente, antes de la finalización del plazo del primer año o de la finalización de sus prórrogas, también anuales.
2.Variación en los precios de los contratos. El 70% de los contratos existentes contempla un precio fijo para todo el año de duración del contrato, de acuerdo con los datos recogidos en el comparador de ofertas de la CNMC. Aun así, es habitual que los contratos contemplen la posibilidad de modificar estos precios ante variaciones de determinados componentes de la factura.
Durante los últimos diez años, ha aumentado considerablemente la proporción de mujeres jóvenes –con edades entre 30 y 34 años- que cuentan con educación terciaria. En el conjunto de países de la UE-28, el promedio ha pasado de un 34,3% en 2008 a un 45,5% en 2018. Entre los hombres jóvenes las tasas también han avanzado, pero la cifra media de la Unión Europea alcanzada en 2018 solo llega al 35,5%, situándose diez puntos por debajo de la tasa de las mujeres. En este caso hay una clara brecha de género en favor de las mujeres.
Lituania, con casi un 70%, y Chipre, con un 64,4%, encabezan la clasificación. Irlanda, Luxemburgo y Suecia superan el 59% de mujeres jóvenes con estudios universitarios. Eslovenia y Dinamarca están en torno al 57%, mientras que Polonia y Letonia alcanzan tasas cercanas al 55%. Bélgica, los Países Bajos, Finlandia, el Reino Unido y Grecia también cuentan todos con más de un 50% de mujeres jóvenes con educación terciaria. España ha logrado un gran avance en estos últimos años y consigue superar el promedio europeo con una tasa del 48%. Entre los hombres españoles, sin embargo, la cifra es notablemente más baja, ya que se sitúa en un 35,8%.
Por debajo del promedio están, entre otros, Austria, Portugal y una serie de países de reciente adhesión que todavía superan el 40% o se quedan muy poco por debajo. Alemania (35,3%9, Italia (34,4%9 y Rumanía (28,1%) cierran la clasificación.
Jóvenes entre 30 y 34 años con educación terciaria en la UE-28
(Año 2018*)
PAÍSES Mujeres Hombres
Lituania 69,1 46,7 Francia 50,2 40,5
Chipre 64,4 49,0 España 48,0 35,8
Irlanda 59,8 50,6 UE-28 45,5 35,5
Luxemburgo 59,2 50,0 Austria 44,0 37,4
Suecia 59,1 45,7 Eslovaquia 43,5 30,4
Eslovenia 57,6 31,4 Portugal 42,3 23,6
Dinamarca 57,0 41,0 Bulgaria 40,8 27,0
Estonia 56,7 39,1 Rep. Checa 40,2 27,3
Polonia 55,2 36,2 Hungría 39,9 27,2
Letonia 54,7 31,2 Croacia 39,6 25,5
Bélgica 53,4 40,4 Malta 35,8 32,3
Países Bajos 52,4 46,1 Alemania 35,3 34,4
Finlandia 52,1 36,2 Italia 34,4 21,5
Reino Unido 51,8 46,0 Rumanía 28,1 21,8
Grecia 51,4 37,6
Departamento de estadística. Banco de España
bde,.es
Los Registros españoles, considerados entre los más seguros del mundo
España ocupa el puesto 33 en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad
5/03/2019 – eleconomista.es
España ocupa el puesto 33 en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2018 sobre un total de 125 países, tras obtener una buena puntuación en las encuestas sobre el Registro de la Propiedad (9, 6 sobre 10) y la protección de patentes (8,7).
Este índice está considerado como el estudio internacional más importante para medir la importancia tanto física como intelectual de los derechos de propiedad, como también su protección para el bienestar económico.
Para realizarlo, cada año se toman en cuenta tres componentes esenciales: entorno legal y político; derechos de propiedad física y derechos de propiedad intelectual, y la puntuación se realiza sobre una escala de puntos que va desde cero a diez puntos.
Estas tres áreas, a su vez, están compuestas por 10 variables, que se centran en tres áreas: independencia judicial, confianza en los tribunales, estabilidad política y corrupción, protección del derecho de propiedad, registro de propiedad y acceso a créditos; y protección de la propiedad intelectual, fortaleza de las patentes, piratería y protección de marcas.
Los diez países que obtienen un mejor resultado son Finlandia, Nueva Zelanda, Suiza, Noruega, Singapur, Suecia, Australia, Holanda, Luxemburgo y Canadá.
Les siguen en el ranking de 2018 Japón, Dinamarca, Hong Kong, Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Alemania, Bélgica, Irlanda e Islandia. Francia ocupa el puesto 23 y le siguen Estonia (24), República Checa (27), Portugal (28), Malta (30), España (33), Italia (50) y Grecia (67).
Los últimos puestos del ranking los ocupan Haití, Yemen, Venezuela, Bangladesh, República Democrática del Congo y Chad.
La perores notas que las encuestas arrojan para España se refieren a la facilidad de acceso a los préstamos (4,5), la independencia judicial (5,3), la piratería sobre los derechos de autor (5,6), la protección de los derechos de propiedad intelectual (5,9) y la situación legal y política (6,1).
Nota informativa nº 26/2019
El TC declara que la ley 5/2018, que establece medidas rápidas para recuperar la vivienda ocupada ilegalmente, no vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a una vivienda digna
Nota informativa Nº 25/2019
El TC ampara a un periodista en su derecho a la información y anula la sentencia que le condenó por un delito de revelación de secretos La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de amparo promovido por un periodista al considerar que se ha vulnerado su derecho fundamental a la libertad de información (art. 20.1 d) de la Constitución y, en consecuencia, declara la nulidad de la sentencia de la Audiencia Provincial de León que confirmó la condena por un delito de revelación de secretos.
La sentencia, de la que ha sido ponente el Presidente del Tribunal Juan José González Rivas, considera que la noticia publicada por el recurrente en un diario digital y en la que se incluía un “extracto de movimientos de la cuenta bancaria”, de la entonces presidenta de la Diputación Provincial de León, cumple con las exigencias de la doctrina constitucional sobre la libertad de información; es decir, que la “información difundida tenga relevancia pública de aquello que se comunica y que sea veraz”.
El caso estudiado por el Tribunal es el siguiente: el periodista publicó en un diario digital un artículo en el que relataba que la persona concernida “cobra de Caja España los kilómetros que hace con el coche oficial de la diputación provincial”, incluyendo una imagen de los movimientos en la cuenta bancaria de dicha persona, que reflejaba los ingresos efectuados por el concepto aludido. Al pie de dicha imagen se insertó una nota explicativa con el siguiente tenor: “Registro de ingresos en la cuenta personal de la presidenta de la Diputación por los inexistentes desplazamientos en vehículo particular. En realidad la presidenta se desplazó”. Finalmente, el texto decía: “Hasta en once ocasiones la Presidenta de la Diputación ha realizado cobros de la entidad financiera como que hubiera usado su vehículo particular cuando en realidad; usaba el oficial/ Carrasco es consejera por el Ayuntamiento y no por la Diputación/ La Presidenta cobró más de mil euros con ‘utilización fraudulenta de bienes públicos’”.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional anula dicha condena porque “el extracto bancario publicado no incluye una imagen completa de la cuenta bancaria de la que era titular la persona afectada por la noticia, sino que solo comprende los asientos correspondientes a los ingresos realizados por Caja España en concepto de ‘kilometraje’ para asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la entidad, con indicación de la fecha de la operación, la referencia, el importe en euros y el concepto”. Por tanto, “aparecen tachados los datos de saldo así como los relativos a otras operaciones, y no figura la numeración de la cuenta ni el nombre de la titular de la misma”. La Sala Primera entiende que tanto la noticia publicada como los datos económicos asociados a ella tienen una “importancia social”, ya que se refieren a una persona que goza de un cargo público y, además, tienen que ver con percepciones económicas y utilización de bienes públicos. La sentencia subraya que los datos bancarios publicados refuerzan la veracidad de la noticia, sirviendo a la credibilidad de la información transmitida, por lo que “no pueden calificarse de irrelevantes, gratuitos o innecesarios”. Madrid, 4 de marzo de 2019
Explica la nota de la Aeat que «una vez elegida la forma en que se va a desarrollar dicha actividad, lo que en ningún caso es susceptible de elección es el modo en que deben tributar las rentas que se obtengan a consecuencia de aquella, pues, esta va a estar condicionada por la verdadera naturaleza de la actividad realizada».
Se encuentra usted en los archivos de AIRE de marzo de 2019.

References: resolución 

Resolución 
 artículo 48
 Real Decreto 
 artículo 25
 artículo 25
 Real Decreto 
 artículo 30
 resolución 
 artículo 47
 artículo 6