Source: http://elpetroleoesnuestro.blogspot.com/
Timestamp: 2017-07-25 20:27:03+00:00

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Contra la crisis y el gobierno usurpador ¡Representantes del Pueblo a la Cámara de Diputados y congresos locales! La profunda crisis que sufrimos y nos hunde en la miseria, es resultado de los gobiernos neoliberales que desde 1982 han privatizado nuestras riquezas nacionales y anulado los derechos laborales y sociales de los mexicanos. La única solución a la crisis, favorable al Pueblo de México, consiste en rescatar nuestro patrimonio nacional, usar los recursos naturales y la capacidad de trabajo de los mexicanos, no para seguir enriqueciendo a las transnacionales, sino para producir los satisfactores que necesitamos y hacer cumplir los derechos laborales y sociales que nos han sido arrebatados, como el derecho al trabajo, al salario constitucional, servicios médicos, pensiones, vivienda y seguridad social. En este 2009 -los mismos que nos han despojado, y que burlando la voluntad popular impusieron al gobierno usurpador de Felipe Calderón- pretenden continuar aplicando sus políticas depredadoras y para eso quieren seguir controlando la Cámara de Diputados así como los gobiernos y congresos estatales, con el fin de seguir imponiendo leyes para saquear a la nación, como lo han hecho con la reforma petrolera, el alza a las gasolinas, la ley del ISSSTE y la ley Televisa. Esa minoría que se pretende dueña del país, también busca imponer gobiernos estatales contrarios a los intereses populares, que les garanticen el robo sin límites y que no titubeen en reprimir las protestas populares, como lo han hecho Enrique Peña Nieto en Atenco, Ulises Ruiz en Oaxaca y Mario Marín en Puebla. El fraude electoral está anunciado, pues es totalmente falso que -como dicen supuestas encuestas- el próximo año ganarán las elecciones el PRI, el PAN y los chuchos. Por el contrario, la evidente mayoría que en 2006 votó por Andrés Manuel López Obrador ha crecido con la lucha por la defensa del petróleo y sigue creciendo conforme la crisis aumenta el desempleo y la carestía, arrojando a los estratos medios a la pobreza y hundiendo a los pobres en la miseria. Somos millones, la gran mayoría del pueblo mexicano, quienes rechazamos el destino que pretenden imponernos los neoliberales. La mayoría estamos dispuestos a cambiar el rumbo de la nación y orientarlo en beneficio del Pueblo de México. Hace falta que esta gran mayoría que somos en todo el país, alcancemos la organización suficiente para que los poderes del Estado, hoy en manos de usurpadores, sean obligados a respetar la voluntad popular. Como se ha demostrado en otros momentos de la Historia y en experiencias recientes, los pueblos movilizados masivamente son capaces de hacer respetar su voluntad. Durante los últimos 26 años los trabajadores y el pueblo mexicano no solamente hemos tenido derrotas. Hemos logrado triunfos parciales como frenar e impedir la aplicación total de los planes neoliberales que nos habrían llevado ya a una situación similar a la que en sus peores momentos se vivió en Argentina, Bolivia o Venezuela. Sin embargo, las transnacionales no tienen límites y si no lo impedimos, nos despojarán totalmente de la nación, por eso siguen preparando y avanzando en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la privatización total de la industria eléctrica y petrolera y el aplastamiento militar de las comunidades zapatistas. Por todo lo anterior, llamamos al Pueblo de México, a organizarnos en nuestras poblaciones, centros de trabajo, escuelas y comunidades, para participar masivamente en todas las etapas del proceso electoral que ya inició, para elegir a los candidatos que representen los intereses populares, para evitar la confusión y no dar ni un voto, ni al PRI, ni al PAN ni a los chuchos y que como pueblo organizado derrotemos al fraude electoral que ya está anunciado. Necesitamos auténticos representantes populares en la Cámara de Diputados congresos locales y gobiernos estatales. Organizados podremos hacer valer la enorme mayoría que somos en el país, para que desde las legislaturas se emitan leyes y se hagan cumplir medidas efectivas para enfrentar la crisis a favor del Pueblo y para rescatar a la nación. Para esto es necesario echar abajo las leyes y reformas a la contitución, mediante las que se intenta legalizar el saqueo. Es necesaria la más amplia discusión del mandato que deben llevar los auténticos representantes populares, para que después de lograr la mayoría en las legislaturas, se lleven a cabo. Esta es nuestra propuesta de mandato los representantes populares que surjan de las elecciones de este año: 1) 50% de aumento salarial de emergencia y control de precios. Disposiciones legales para hacer cumplir el derecho al salario suficiente que establece la Constitución. 2) Seguro de desempleo con salario suficiente en todo el país y reducción de la jornada laboral a 6 horas con pago de 56, para generar fuentes de empleo hasta hacer cumplir el derecho constitucional al trabajo. 3) Establecimiento de un sistema alimentario nacional que abarque desde la producción hasta la distribución y almacenamiento, para garantizar Alimentos suficientes y baratos producidos en México 4) Bajar y limitar las tasas de interés de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios. Anular y prohibir las deudas usureras. 5) Reducir a la mitad los sueldos de legisladores, jueces y altos funcionarios, establecer tope máximo a sus percepciones totales. Cárcel a funcionarios corruptos y confiscación de sus bienes mal habidos. Eliminación del secreto bancario. 6) Recuperación total de PEMEX, el petróleo, la industria eléctrica y el agua. Cancelación de contratos inconstitucionales. Nacionalización de las más de mil empresas privatizadas hasta poner bajo dominio de la nación las áreas estratégicas como bancos, minería, telecomunicaciones y medios masivos de comunicación. 7) Fortalecimiento de la industria nacional, especialmente a la pequeña y mediana industria, las cooperativas y empresas sociales. Eliminación del modelo maquilador. 8) Reforma fiscal a favor del pueblo: que paguen más impuestos sin exención las grandes empresas y progresivamente menos hasta llegar a los salarios menores. 9) Sistema de salud gratuito a toda la población, en todos los niveles y formas de atención, incluyendo la medicina tradicional, alternativa y homeopática. 10) Nacionalización de las AFORE´s y abrogación de la Ley del ISSSTE. Reestablecimiento del IMSS e ISSSTE solidarios. Nacionalización de los hospitales privados y de los sistemas privados de jubilación y pensión. 11) Suspensión del pago de la deuda externa e interna. Eliminación de la autonomía del Banco de México. 12) Cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que ha sido uno de los principales mecanismos de saqueo y destrucción de la planta productiva y del campo. 13) Vivienda para todos. Reestablecimiento y ampliación de las instituciones de vivienda de interés social. Nacionalización de las empresas que han lucrado al amparo de las instituciones como el INFONAVIT y el FOVISSSTE. 14) Policía comunitaria y barrial para proteger al Pueblo. Liberación de los presos políticos. Desaparición de la PFP y la AFI. Regreso de los militares a los cuarteles. Establecimiento una política social integral basada en el trabajo socialmente útil, la educación, la cultura y el deporte para combatir las adicciones, el narcotráfico y la descomposición social. 15) Cancelación de la mal llamada “Alianza por la Calidad de la Educación” (ACE). Cumplimiento del artículo tercero Constitucional, garantizando educación para todos y al servicio del Pueblo. Ampliación de la capacidad de las Escuelas públicas de todos los niveles hasta garantizar plenamente el derecho a la educación. Nacionalización de las escuelas privadas. 16) Promoción de la investigación científica y tecnológica para resolver problemas nacionales y no para beneficio de los centros imperialistas. 17) Democracia directa. Participación informada con espacios de deliberación y decisión para el Pueblo: Referéndum, plebiscito, revocación de mandato, cabildos abiertos y presupuesto participativo. 18) Política exterior para formar un bloque latinoamericano y alianzas con los pueblos del mundo para enfrentar a los bloques imperialistas, en defensa de nuestras soberanías y recursos nacionales. 19) Por una nueva central de trabajadores del campo, la ciudad y el mar. ¡Hagamos respetar la voluntad popular! ¡Abajo el gobierno usurpador! Movimiento la Esperanza se Respeta, 14 de enero de 2009. laesperanzaserespeta@yahoo.com.mx www.geocities.com/laesperanzaserespeta Publicado por
Mexicano: El petróleo es nuestro
LOS 7 DICTÁMENES DE LA REFORMA ENERGÉTICA Y LA CONSTITUCIÓN DE MÉXICO. María Fernanda Campa Uranga Antecedentes o Marco jurídico histórico En el transcurso del 2008, la pretensión de realizar cambios neoliberales en la legislación del sector energético ha tenido numerosos obstáculos, de tal manera que Calderón presentó su iniciativa hasta el 8 de abril, poco antes del cierre del período de sesiones de las cámaras de senadores y diputados. El problema toral es el artículo 27 de la Constitución, que junto con los artículos 25, 26 y 28, es definitivo en cuanto a la propiedad originaria de todos los mexicanos sobre nuestro petróleo con dominio directo, inalienable e imprescriptible de la Nación, para ser explotado por Petróleos Mexicanos en forma integral, exclusiva y excluyente. En el seno del Congreso Constituyente de Querétaro en 1917, “ un puñado de diputados radicales encabezados por el General Francisco J Mújica, incrustaron en el majestuoso artículo 27 Constitucional, los principios que hicieron posible la reivindicación de los recursos petroleros: i) el principio de la propiedad originaria de la Nación sobre tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, y ii) el principio del dominio directo, inalienable e imprescriptible, del dominio absoluto de la Nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo. Esta epopeya jurídica motivó el desconocimiento de la Constitución Mexicana de 1917 por parte de las compañías petroleras, ni EEUU reconoció al gobierno de Venustiano Carranza ni a los siguientes, mientras subsistiera el artículo 27 Constitucional ( Dr Raúl Jiménez). El gobierno de EEUU negoció con Álvaro Obregón los Acuerdos de Bucareli en 1923, y en 1925 los legisladores en turno, promulgaron la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, donde se reconocían derechos a las empresas internacionales, en base a la no retroactividad de la Constitución estipulada en los Tratados de Bucareli. La presión de las empresas extranjeras cobijadas por el gobierno de EEUU nunca ha cesado hasta la fecha. Por ejemplo, en una carta del Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos enviada a su jefe el secretario de Estado, se dice que “las compañías petroleras han visto, por fin, el momento de regresar triunfantes a México. El Departamento de Estado no tiene preferencia por ninguna de ellas; solo busca que su regreso sea astuto y cauteloso en la forma, porque probablemente los mexicanos le darían gran importancia al hecho de que se guarden las apariencias. El Gobierno de México debe insistir, antes que nada, en que los derechos sobre el subsuelo seguirán siendo propiedad de la Nación y debe tratar de evitar la mención de la palabra concesión. Si las compañías petroleras tomarán parte en el desarrollo 2 de la industria, tendrá que ser bajo contrato, de manera que el gobierno mexicano pueda evitar la impresión de que se están dando concesiones a intereses extranjeros ( Dr Raúl Jiménez). Esta cita de actualidad asombrosa, es de 1946. Y el resultado de la aprobación vergonzante de los 7 dictámenes por la mayoría de legisladores este octubre, después de diez meses de debate, es fiel a la cita de 1946 y abre la puerta a las empresas extranjeras del petróleo intentando simular que se mantiene el control y de que no se están dando concesiones inconstitucionales. Además, el discurso es una incongruente mezcla de dichos, pero en los que subsiste claramente el avance –hasta-donde sea-posible de la intención privatizadora de un proyecto publicitado como modernizador, con la clara intención de convencer a quienes no entienden pero pretenden tener una fachada de preocupación. 1er dictamen: Modernización de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional. Este dictamen decreta reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del petróleo. 1. En 24 hojas, 17 firmas avalan el documento. Entre ellas están senadores del PAN, PRI y algunos del FAP: Graco Ramirez Garrido Abreu, Pablo Gómez Álvarez y Arturo Núñez Jiménez (No firmó Dante Delgado Rannauro). 2. En las consideraciones, los senadores declaran que querían llegar a un consenso para que los cambios fueran constitucionales, con el control que debe tener Petróleos Mexicanos como organismo encargado de desarrollar la explotación y usufructo del petróleo, como patrimonio de todos los mexicanos. Se trata dicen, de que Pemex dependa lo menos posible de decisiones tomadas desde dependencias ajenas a sus órganos de gobierno y acto seguido, crean un marco jurídico “moderno” inconstitucional que lo hace depender más de la alta burocracia del gobierno federal y ceder sus funciones sustantivas a contrato con las grandes empresas extranjeras. 3. Los legisladores dicen que están modernizando la industria petrolera nacional (compañías privadas contratadas) con Petróleos Mexicanos al frente, para que permanezca como un organismo estatal, pero con mayor flexibilidad (cesión de actividades básicas) para operar con las empresas privadas contratadas (pág.4). En resumen, la modernización y flexibilización en el contexto del decreto de ley aprobado, significa ceder aún más concesiones y contratos inconstitucionales a las empresas privadas extranjeras. Con esto, formalizan los avances privatizadores que en la práctica ya eran permitidos, es decir, pretenden legalizar las inconstitucionales asignaciones de contratos que han 3 entregado ilegalmente con anterioridad a las transnacionales petroleras. Sin embargo es claro que, las propias reformas violan el marco constitucional, por tanto, se tipifica jurídicamente como fraude a la Constitución. 4. La modernización propuesta parte de reconocer que Pemex tiene graves problemas financieros, de administración y de capacidad de ejecución. Y sin ningún análisis de las causas de ese deterioro, ni su relación con el gobierno federal del cual depende, solo se plantean un sistema de pesos y contrapesos políticos del gobierno federal y del Congreso, dejando intocadas las causas que tienen a Pemex en la crisis financiera, de administración y de operación. Por ejemplo, se mantiene el régimen fiscal confiscatorio, se fortalece la corrupción de quienes hacen negocios con Pemex al cobijo del poder, llámense gobernantes en turno o familiares de éstos o del sindicato petrolero, etc. 5. El dictamen recuerda en un renglón –así como que no quiere- la dependencia de fuentes primarias de energía de México (90%) lejos del promedio de otras naciones (60%), y dice que la reforma es un primer paso para la transición energética, que también está rezagada. No analiza ni conceptualiza hacia donde iría esa transición, ni se encuentran documentadas las causas del rezago de esa estrategia energética del gobierno federal para cambiarla y tampoco se propone ninguna medida alternativa. 6. La ley se interpreta sin rubor y separa lo que es explotación de lo que no lo es (pág.8), así como la renta petrolera, y se declara que “el núcleo básico de tales actividades es lo que entendamos por explotación, uso y aprovechamiento, aunque ello no significa que el Estado tenga que hacer todas las actividades materiales de esas áreas (pág.9)”. O sea que se da otra interpretación violatoria sin disimulo de las obligaciones constitucionales. Aquí cabe recordar, pues el texto no lo hace, que el proceso petrolero tiene como funciones básicas la exploración del recurso, la producción, distribución, refinación, petroquímica y comercialización de los productos, y que son restringidos íntegramente al sector público, por la Constitución. 7. Los legisladores se pusieron de acuerdo para otorgar contratos con compensaciones para todas o alguna de esas actividades básicas de PEMEX, en otras palabras, llegaron a un consenso de cómo violar la Constitución, mediante los siguientes cambios decretados: Artículo 1º. Corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional -incluida la plataforma continental- en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que componen el aceite mineral crudo, lo acompañan o se derivan de él. Es inconstitucional, por tanto, separar el gas para privatizarlo. 4 Artículo 2o. Sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera en los términos del artículo siguiente. En esta Ley se comprende con la palabra petróleo a todos los hidrocarburos naturales a que se refiere el artículo 1o. La reforma hace caso omiso de la inconstitucionalidad de separar el gas y privatizarlo, y solo adicionan el concepto de yacimientos transfronterizos que serán explotados en los términos de los tratados internacionales. Léase los contratos de áreas límite con Texas, EEUU, tanto en Tamaulipas y Nuevo León (Cuenca de Burgos) como en el fondo del Golfo de México. Artículo 3o.- La industria petrolera abarca: I.La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación; II. La exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración, y Se exceptúa del párrafo anterior el gas metano (conocido como gas grisú) asociado a los yacimientos de carbón mineral, para regular mediante la Ley Minera, su recuperación y aprovechamiento, en forma de asignaciones de áreas y bloques, que incluyen los yacimientos de aguas profundas. Ello es claramente inconstitucional como se confirma en el apartado que sigue. III. La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos, que a continuación se enumeran: 1. Etano; 2. Propano; 3. Butanos; 4. Pentanos; 5. Hexano; 6. Heptano; 7. Materia prima para negro de humo; 8. Naftas; y 9. Metano, cuando provenga de carburos de hidrógeno, obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio nacional y se utilice como materia prima en procesos industriales petroquímicos. Artículo 4º. La Nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3o, que se consideran estratégicas en los términos del artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. 5 El decreto separa el gas metano asociado a los yacimientos de carbón mineral, de la legislación petrolera, y lo privatiza conjuntamente con las disposiciones vigentes (pag13). En la reforma subsiste la clasificación arbitraria de petroquímica primaria o básica y secundaria, para confirmar la privatización de las actividades industriales para producir los productos petroquímicos (que incluye el amoníaco, producto estratégico para fertilizantes). Artículos 5º y 6º. El gobierno federal otorga a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, las asignaciones de áreas de exploración y explotación petroleras (o bloques, según la legislación de EEUU), y permite contratos de obras y prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, esto es contratos con compañías transnacionales incluidas, ya que en el siguiente párrafo, explícita que no se someterán a jurisdicciones extranjeras. Artículo 7º. Dice literalmente “El reconocimiento y la exploración de las áreas para investigar sus posibilidades petrolíferas, requerirán únicamente permiso de la Secretaría de Energía”. Esto es, los contratos de exploración de áreas con reservas prospectivas serán otorgados directamente por la Secretaria de Energía y Pemex solamente ejecutará acciones de limpieza ambiental con sus respectivos costos (7bis). Artículo 8º. Para reforzar que las actividades exploratorias serán administradas directamente por el gobierno federal, este artículo, junto con el 11, estipula que el ejecutivo federal decidirá sobre zonas de reservas petroleras, así como incorporación o desincorporación de reservas, solamente por decreto presidencial. Pregunta, donde queda esa función sustantiva de Pemex-PEP (Exploración y Producción), Respuesta, en manos del ejecutivo en turno, en este caso del gobierno usurpador interesado en entregar estos contratos a las transnacionales del petróleo. Como se expresa claramente, en lugar de autonomía de gestión para Pemex, la reforma es una usurpación inconstitucional de sus funciones. Artículo 10º. Los ductos y plantas de almacenamiento de Pemex están obligados a prestar servicios al transporte y distribución de gas manejado por empresas privadas. Absurda ventaja adicional a las empresas extranjeras que podrán ser beneficiarios de la infraestructura creada por Pemex. Artículo 13º Los interesados en obtener los permisos para asignaciones y contratos para exploración y producción petrolera (párrafo segundo del artículo 4o. de esta Ley), deberán presentar solicitud a la Secretaría de Energía que contendrá: el nombre y domicilio del solicitante, los servicios que desea prestar, las especificaciones técnicas del proyecto, los programas y compromisos de inversión y, en su caso, la documentación que acredite su capacidad financiera. ¿Puede haber alguna duda sobre la privatización explícita con lo establecido como requisitos en este artículo? La cesión de los permisos podrá realizarse, previa autorización de la Secretaría 6 de Energía y siempre que el cesionario reúna los requisitos para ser titular y se comprometa a cumplir en sus términos las obligaciones previstas en dichos permisos. En ningún caso se podrá ceder, gravar o enajenar el permiso, los derechos en él conferidos o los bienes afectos a los mismos, a gobierno o estado extranjero. Permisos y contratos implícitamente a compañías extranjeras, deberán seguir normas mexicanas. Este artículo es totalmente claro de la determinación de entregar contratos a empresas petroleras extranjeras. Articulo 14. Precios y tarifas de contratos también pasan a ser establecidos por el gobierno federal. Y se agrega un 14bis, donde se establecen contratos de franquicia y otros esquemas de comercialización de gasolinas que excluyen a extranjeros, requisito que ya existía y no se respeta como lo muestra el caso del fallecido Juan Camilo Mouriño y más aún en el de su padre Mouriño Atanés, ciudadano español con fuertes contratos en Pemex. Artículo 15. Refuerza el control del ejecutivo federal sobre Pemex, cuando se vendió como gran logro una supuesta autonomía de ésta. Establece control del ejecutivo también sobre permisionarios privados de servicios de ductos de distribución y venta de gas, gasolinas y productos petroquímicos. Y el 15bis, se dedica a sanciones por incumplimientos diversos de los contratistas. Y 15 Ter a la clausura de obras a cargo del ejecutivo federal. Como puede observarse, se incrementa la regulación sobre la privatización encubierta en la asignación de contratos inconstitucionales. Artículo 16. Remacha el control de la alta burocracia del Ejecutivo Federal, al ser los responsables de la aplicación de esta ley. En resumen, la modernización y los cambios de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, reforzaron la inconstitucionalidad del funcionamiento de la industria petrolera, y aumentaron la usurpación autoritaria de funciones sustantivas que cumple con eficacia y eficiencia Pemex-PEP, en manos del ejecutivo federal que asignará los contratos a empresas privadas extranjeras. Es motivo de amparo para su nulidad, juicio político por traición a la patria y juicio popular frente a la impunidad que existe por el deterioro de las instituciones de la República. 7 2º dictamen: La nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y reformas a otras leyes conexas (Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios). 1. En 78 hojas firmadas por 18 senadores del PAN, PRI y algunos del FAP: Graco Ramirez, Pablo Gómez y Arturo Núñez (no firmó Dante Delgado). 2. Se trata de un nuevo marco normativo para Petróleos Mexicanos, en su forma jurídica de organismo público descentralizado, previsto en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. 3. Se declara que el organismo enfrenta una situación crítica que no fundamenta pero establece una fachada declaratoria con la necesidad de modernizarlo sin privatizarlo, por lo que en los contratos, se decreta sin rubor que la prohibición constitucional no abarca a los contratos de desempeño y otros de exploración y desarrollo francamente una aberración jurídica (pag5). Para ello se enlista lo que Pemex puede contratar y lo que no puede, de acuerdo con la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27, que dispone: En los artículos 5º y 6º, el gobierno federal otorga a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, las asignaciones de áreas de exploración y explotación petroleras, y permite contratos de obras y prestación de servicios, esto es contratos con compañías transnacionales incluidas, ya que en el siguiente párrafo, explicita que no se someterán a jurisdicciones extranjeras. 4. Las modalidades de contratación se sujetan a seis disposiciones que parecen actos de fe, pues en el párrafo siguiente, se permite realizar modificaciones a los proyectos de incorporación de avances tecnológicos, por variación de precios de insumos y equipos utilizados en las obras o por la adquisición de nueva información que contribuya a mejorar la eficiencia del proyecto. En otras palabras, se permite todo tipo de contratos con empresas privadas, por ejemplo, los negocios de perforación marina en aguas profundas con empresas transnacionales (por ejemplo los contratos con Exxon-Mobil y Shell que rentan equipos a empresas noruegas). 5. 8 Respecto a los pagos de los contratos, también se enlistan seis condiciones, la última de las cuales, contradice las anteriores pues permite compensaciones adicionales a los contratistas, fiscalizadas por la Auditoria Superior de la Federación, con lo cual se abre la discrecionalidad y la corrupción de funcionarios negociadores con las trasnacionales y a la evasión disfrazada de impuestos. El registro de los contratos tendrá lugar en la Comisión Nacional de Hidrocarburos dependencia nueva del ejecutivo federal que vendrá a engrosar la dispendiosa alta burocracia con cuotas de poder para los fieles colaboradores de los partidos con fachada de oposición. 6. Luego de una serie de frases retóricas pero vacías de contenido, se proponen 4 consejeros nombrados por Calderón para un período de 6 años, lo cual desmiente la cacareada autonomía y deja en manos del gobierno el otorgamiento de contratos, gobierno que es principal representante de los intereses de las empresas extranjeras. 7. Se plantea que los órganos internos de Pemex evalúen el desempeño del organismo de acuerdo con las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público y de Obras y servicios relacionadas con los mismos y proceder a auditar el incumplimiento detectado por la Secretaria de la Función Pública. Los titulares de los órganos internos de control de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios serán nombrados por el ejecutivo federal, con lo cual se convierten en juez y parte, se prohíja la corrupción y se fortalece la simulación, además de aumentar la carga burocrática sobre las asfixiadas finanzas de PEMEX. 8. Los bonos ciudadanos serán emitidos por Pemex y regulados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sin que otorguen derechos a los dueños particulares sobre la toma de decisiones de Pemex. No queda claro el tipo de ganancias o beneficios que los tenedores de bonos obtendrán, pero sí está clara la ilegalidad de los mismos, al entregar parte de la renta petrolera a los ricos inversionistas tenedores de bonos, cuando esa riqueza pertenece a todos los mexicanos. 9. Se reconoce el desastre del mercado nacional de fertilizantes por la privatización de las partes más rentables de la petroquímica básica y el gas como insumo en la producción de amoniaco, pero se deja al gobierno federal para que implemente un programa especial, lo cual significa que, en el mejor de los casos Monsanto o alguna transnacional monopolizará el mercado interno de México. Con las consideraciones anteriores, se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, con seis capítulos que contienen 73 artículos y cuatro artículos con diversas 9 disposiciones transitorias, de los cuales solo se comentan los más relevantes en relación con la contrarreforma privatizadora aprobada. Artículo 3º Se repiten las funciones sustantivas otorgadas a Pemex, aunque en el último párrafo se agrega que puede cogenerar energía eléctrica y vendérsela a Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, o sea el mismo método de la cogeneración de electricidad en manos de particulares, que permite incorporarlos inconstitucionalmente al sistema eléctrico nacional, que es un servicio público. A la fecha la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado 737 permisos privados para la generación eléctrica en todas sus modalidades, esto es el 48% de la capacidad nacional de generación de electricidad, que ya está ilegalmente en manos de empresas trasnacionales y sus filiales. Artículo 6º Permitirá a Calderón desmembrar aún más a Petróleos Mexicanos en cuantos organismos subsidiarios decida discrecionalmente. La estructura organizacional y operativa, que ya es dispendiosa, ineficiente y no transparente con las subsidiarias actuales enlistadas, no explica la presencia de PMI, SA de CV, empresa de comercialización internacional que funciona en la Torre de Petróleos Mexicanos pero es privada y tampoco explica los confiscatorios precios de transferencia de su política comercial de los productos petroleros tasados en Houston, Texas, y que provocan las sistemáticas pérdidas de las refinerías y petroquímicas de Pemex. En otras palabras, se da marco legal a las violaciones constitucionales que ya se vienen efectuando, lo cual no deja de ser una paradoja pues el nuevo marco legal viola la Constitución. Artículo 8º Especifica que el Consejo de Administración de Pemex estará formado por 10 consejeros nombrados por Calderón y 5 por el STPRM, o sea que se de deja la relación corporativizada antigua con el sindicato pero se refuerza el control de la alta burocracia federal. No hay una sola crítica al funcionamiento poco transparente hasta hoy de la perversa relación dirección de Pemex-STPRM. Con ello, se fortalece la corrupción tanto de los círculos gubernamentales como dentro del sindicato, una de las rémoras principales con que carga Pemex. Artículo 12º. Los consejeros podrán ser removidos por no excusarse de conocer y votar los asuntos en que tengan conflicto de interés. Se reconoce con ello que es común esa práctica, que bajo ninguna circunstancia debería generarse. Los sueldos son bastante altos, por lo que debería haber prohibición expresa a prestar servicios a empresas privadas o participar en ellas a quienes formaran parte de estos consejos. Artículo 18. Se despliega la administración desmembrada y dispendiosa con la repetición de las prácticas del corporativo en los organismos subsidiarios, donde se 10 abrirán consejos de administración y un director, nombrados y removidos directamente por Calderón, nueva reiteración de la falsedad sobre la supuesta autonomía de Pemex. Articulo 19. Acerca de las atribuciones de ese nuevo consejo de administración de PEMEX, es grave permitir que una serie de operaciones financieras no requieran su aprobación, ya sea por ser menores (sic) o por haber sido realizadas a precios internacionales de mercado, se refuerza una práctica más para fortalecer la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad que tanto daño hace a Pemex. También se deja a la discrecionalidad aprobar la constitución de nuevos organismos subsidiarios para la realización de actividades estratégicas, así mismo la constitución de empresas filiales y sociedades mercantiles, que a todas luces son inconstitucionales, a pesar de lo cual vienen funcionando con dispendios nada transparentes en su administración. Artículo 27. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos permite a cada organismo subsidiario tener su propio comité de estrategia e inversiones y otro de contratos de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios, o sea se aprobó el desmembramiento dispendioso y poco transparente reforzado, con el consiguiente incremento de alta burocracia, discrecionalidad, corrupción y venalidad. Artículo 30. Establece que el Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica deberá proponer al Consejo de Administración, acciones de investigación y desarrollo de tecnología en distintos campos propios y relacionados con las actividades de la industria petrolera que se otorgan a contrato privado. Un silencio ominoso acerca del IMP, brazo de investigación y tecnología de Pemex. Se duplican funciones y seguir el proceso de desmantelamiento silencioso del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Artículo 44. Donde se establecen las obligaciones de la deuda pública y se permite a Petróleos Mexicanos realizar negociaciones oficiales, gestiones informales sobre la posibilidad de acudir al mercado de dinero y capitales, contratar financiamientos externos que se requieran o que se concerten en moneda extranjera, así como contratar obligaciones constitutivas de deuda, sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo en el artículo siguiente, 45, solo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobará lineamientos respecto al endeudamiento, de acuerdo con la estrategia del gobierno federal. En otras palabras, desde la crisis por el error gubernamental de diciembre de 1994, la relación es inversa, ya que Pemex es el garante de la línea de créditos del Banco Mundial al gobierno federal, con el agravante que la deuda de Pemex, siendo deuda pública, se usa para quebrar tramposamente a la empresa y justificar la entrega de contratos a las empresas trasnacionales. 11 Artículo 47. Regula los bonos ciudadanos, que son realmente acciones puestas a disposición de los mexicanos (ricos), de manera directa, los beneficios de la riqueza petrolera nacional, esto es el reparto de la renta petrolera directamente con grupos privados de sociedades de inversión de fondos de retiro, fondos de pensiones, sociedades de inversión y otros intermediarios (especuladores) financieros del mercado. El estilo norteamericano de especulación financiera que hoy en día está en una crisis sin fondo y que se constituirá en una nueva sangría para Pemex y en un nuevo camino de expoliación de la riqueza petrolera de los mexicanos. Artículo 54. Los contratos para adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas se efectuarán POR REGLA GENERAL, a través de licitaciones públicas con convocatoria previa. Pero en el siguiente párrafo se completa la idea discrecional: cuando, por excepción, las licitaciones públicas no sean idóneas, las contrataciones podrán llevarse a cabo por medio de procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa, fortaleciendo una vez más los caminos de la discrecionalidad autoritaria y corrupción. Dicho de otra manera, se legaliza la entrega de contratos a funcionarios públicos o familiares de éstos que se enriquecen al cobijo del poder (hijos de Marta Sahún, padre de Mouriño, como ejemplos emblemáticos) o la entrega de contratos a trasnacionales a cambio de porcentajes (el famoso diezmo). Artículos 56, 57 y 58. Una retórica que pretende justificar sin regular, la discrecionalidad centralizada de los procedimientos para otorgar los contratos de invitación restringida o adjudicación directa a empresas internacionales, que por lo demás se reitera, contraviene el marco constitucional y disposiciones de las otras leyes reguladoras del sector público y que no se justifican. Artículo 59. Inhabilita TEMPORALMENTE a empresas contratadas para adquisiciones y obras para actividades SUSTANTIVAS de carácter productivo, que a todas luces violan los artículos estipulados en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional. Esta joya de párrafo muestra claramente que, además de admitir la usurpación de funciones sustantivas constitucionales, no determina la nulidad de contratos ilícitos en definitiva sino que, por lo contrario cobija la corrupción. Artículo 60. Titulado como Modalidades Especiales de contratación, se repite lo dicho en las reformas a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, donde se permite que Pemex realice contratos de obras y prestación de servicios, sujetos a 6 condiciones, al final de las cuales se agrega un párrafo (pág.59), donde se estipulan modificaciones discrecionales a los contratos (retrato hablado de las empresas trasnacionales perforadoras de pozos). 12 Esta batería de artículos de excepción de contratos (del 54 al 60) abre la puerta al contratismo descontrolado. Artículos 62 al 69. Es una serie donde se reconoce implícitamente el desastre de la petroquímica privatizada desde hace más de 20 años, y reabre la posibilidad de producir fertilizantes a partir del amoniaco en PEMEX o en cualquier otra empresa privada, como un intento para detener la creciente importación. Artículo 72. Se trata de que los actos jurídicos que celebren Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios de acuerdo con las leyes federales aplicables, PERO en los actos de carácter internacional se podrá convertir la aplicación de DERECHO EXTRANJERO, LA JURISDICCION DE TRIBUNALES EXTRANJEROS EN ASUNTOS MERCANTILES y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga, artículo que contradice la fachada retórica que dice que la única jurisdicción válida es la nacional y pasa por encima del marco constitucional. Además abre la puerta para que tribunales internacionales impongan los intereses de las grandes transnacionales petroleras. Artículos Transitorios. Tercero, donde se hace un recuento de los organismos subsidiarios, sin que se enliste a PMI- SA de CV, para confirmar el silencio ominoso antes exhibido, manteniéndose la ilegalidad de una empresa privada, comercializadora de nuestro petróleo en el mercado especulativo internacional. Noveno, en materia de presupuesto, establece que Pemex podrá emplear hasta el 35% de sus excedentes de ingresos propios o 11 mil millones de pesos para incrementar su gasto, por supuesto más raquítico que los impuestos confiscatorios de los ingresos de Pemex para cubrir cerca de la mita del gasto del gobierno federa. No se modificó en nada el régimen fiscal causante de sus restricciones operativas y recortes presupuestales, siendo que uno de los argumentos centrales para promover la reforma a Pemex era la de acabar con el asfixiante régimen fiscal y la enorme carga que éste representa para la paraestatal. Décimo Segundo. Valida todos los contratos vigentes y permite modificaciones reguladas por el Consejo de Administración a discrecionalidad, lo cual es gravísimo pues da barniz legal a toda la contratación inconstitucional que se ha venido realizando y formaliza el saqueo ilegal que se viene desarrollando de la riqueza petrolera En resumen, el análisis de esta ley, no modifica para nada los procedimientos que han llevado a Petróleos Mexicanos al deterioro actual reconocido (saqueo, corrupción, contratismo, dispendio, ineficiencia y poca transparencia), sino lo contrario, lo fortalece. 13 3er dictamen. Ley de la Comisión Reguladora de Energía Aprobada con 18 firmas, que incluyen a los senadores del FAP, está contenida en 25 hojas. Las reformas dan mayores atribuciones al ejecutivo federal y ampliar el objeto de la CRE en control de la regulación del gas y electricidad, o sea las partes del sector energético en proceso de privatización silencioso, después de 13 años de su creación y que ha ido recortando inconstitucionalmente las funciones sustantivas de CFE y Pemex, como organismos públicos a favor de las empresas privadas. Después de una serie de párrafos retóricos se reitera que los cambios a la ley, otorgarán mayor autonomía y capacidad de regulación a la CRE a expensas de realizar actividades sustantivas de PEMEX en lo concerniente al gas y a CFE en lo concerniente a la electricidad. Por esta vía es que se ha reforzado el proceso de privatización inconstitucional. Artículo 1. Confirma ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, pero con autonomía de gestión, aunque no se aclara qué implica esa supuesta autonomía, sin reconocer explícitamente que viene funcionando cada día más acorde a los intereses de Houston, EEUU, con el pretexto de los acuerdos de libre comercio (NAFTA). Articulo 2. Modifica las fracciones V, VI y VII, donde se establece que, las ventas de primera mano del gas, combustóleo y petroquímicos básicos serán privatizadas, a pesar de que pertenecen a actividades sustantivas que solo PEMEX puede desarrollar por ley. Y decreta lo mismo, para el transporte, distribución y almacenamiento de gas y bioenergéticos a través de los ductos de PEMEX. Es una muestra más del acuerdo político consensado entre los legisladores para violar la Constitución por mayoría, pues una minoría nada despreciable de cerca de 100 legisladores (solo 6 senadores) dignamente se opusieron y votaron en contra de una vergonzante reforma impuesta en sesiones irregulares, sin lectura ni análisis. Artículo 3. Refuerza las disposiciones anteriores relativas a permitir las ventas de primera mano privadas de gas, combustóleo y petroquímicos básicos, con la expedición de términos y condiciones a que deberán sujetarse, así como las zonas geográficas exclusivas para la distribución de productos y actividades, que como se reitera, son violatorias de la Constitución. La CRE aprobará, expedirá y actualizará modelos de convenios y contratos privatizadores y ella misma vigilará su cumplimiento, con plena autonomía nacional pero fiel traductora de los acuerdos dictados por el BM-FMI, lo que es un relevante colofón a la tarea privatizadora del gobierno de Calderón y una 14 evidencia más de lo inconstitucional y lesiva que es a los intereses nacionales, el paquete de reformas en cuestión. 4º dictamen- Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (Cambiaron el nombre de Comisión Nacional Reguladora del Petróleo, titulo del dictamen). El decreto fue aprobado en 25 hojas con 18 firmas, incluidas las de los senadores del FAP, donde queda claro que los senadores y los diputados en su mayoría, parecen no escuchar ni querer hacer esfuerzos por comprender el contenido ni la intención privatizadora de Calderón y socios, pues llegaron a un ominoso consenso para violar el estado de derecho sin asomo de vergüenza. A través de este nuevo organismo desconcentrado de la Secretaria de Energía denominado Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), junto con las funciones asignadas a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el gobierno federal introduce los contratos de proyectos petroleros a cargo de empresas trasnacionales de exploración, reservas y explotación, en competencia con las funciones sustantivas de Pemex- PEP. Otro organismo de la alta burocracia de Calderón pagado por Pemex para sustituirlo a largo plazo. Este solo hecho implica el rechazo absoluto del paquete de reformas, que en cambio, fue aprobado sin rubor alguno y se intenta defender tras la fachada declaratoria que evita hablar de la privatización de Pemex y CFE, cuando es evidente que se han dado los pasos necesarios para aparentar legalidad en el saqueo de parte sustancial de la renta petrolera en beneficio de las transnacionales petroleras. Analizaremos solamente los artículos relevantes para mostrar lo dicho. Artículo 2º La CNH tendrá por objeto regular y supervisar la exploración y extracción de petróleo en cualquiera de sus estados físicos, o sea gases y crudos, así como las actividades de proceso (exploración que incluye la perforación de pozos), el transporte (ductos de producción y distribución) y almacenamiento de los gases y crudos. Las otras actividades exceptuadas para este organismo nuevo, son cubiertas por la CRE: refinación de crudos, almacenamiento, transporte y distribución de gasolinas; almacenamiento, transporte y ventas de primera mano de gas 15 natural; TODO LO RELACIONADO CON EL GAS ASOCIADO A YACIMIENTOS DE CARBÓN, que es metano, o sea un tipo de hidrocarburo, y la elaboración, almacenamiento, transporte distribución y ventas de primera mano de productos petroquímicos básicos procedentes de los gases. De esta manera se despoja a Pemex de sus atribuciones fundamentales y constitucionales y se le dan a una comisión nombrada por quien usurpa la Presidencia de la República, cuyo objetivo central es hacer negocios con las trasnacionales del petróleo. Artículo 3º En 6 propósitos se constriñen las funciones de este organismo, que son las mismas de Pemex-PEP, pero manejadas directamente por la alta burocracia del ejecutivo federal, cuyo interés fundamental queda al descubierto y es necesario reiterarlo, está al servicio de las grandes transnacionales del ramo. Articulo 4º Las atribuciones de la CNH son las mismas que las de Pemex-PEP, sin que se analice esa duplicidad funcional, sino hasta el artículo 15 donde responsabiliza a Petróleos Mexicanos a pagar los gastos del organismo, lo cual es el colmo, se despoja a Pemex de sus responsabilidades fundamentales y se le carga el costo de una nueva burocracia que operará con discrecionalidad, corrupción y felonía en contra de los intereses nacionales. En resumen, Calderón y socios dividen las actividades sustantivas y productos de la industria petrolera en dos organismos, la dupla CRE y CNH, ambas complementarias y dependientes del ejecutivo federal, para continuar el avance del desmembramiento y la privatización de actividades y productos designados constitucionalmente a Pemex y CFE, obrando a favor de las empresas privadas (eufemismo para hablar de las trasnacionales del petróleo). 5º dictamen Secretaria de Energía: Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal En 15 hojas, 18 senadores firmaron la aprobación de este decreto de ley mediante el cual se modifican las funciones de la Secretaría de Energía. A lo largo de un extenso texto retórico se plantea que el gobierno requiere de un verdadero coordinador sectorial, para lo cual dotan a la Secretaría de Energía de atribuciones adicionales e instrumentos para que la presidencia asegure el mejor aprovechamiento posible de los hidrocarburos en territorio nacional. 16 Incorporan a esa Secretaría atribuciones para normar y supervisar que LA EXPLOTACION DE YACIMIENTOS se lleve a cabo con la mayor eficiencia con el uso de las mejores técnicas de evaluación y ejecución de proyectos, con emitir la normatividad y supervisar el USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS, así como con dictaminar y supervisar la ejecución de los PROYECTOS DE EXPLOTACION que lleva a cabo Petróleos Mexicanos. Además la Secretaría determinará la PLATAFORMA ANUAL DE PRODUCCIÓN de petróleo (crudos) y gas, así como la política específica de restitución de reservas de hidrocarburos. También se dice que ejercerá los derechos de la Nación en materia de hidrocarburos y minerales radioactivos y lo que se requiera para generar, conducir, transformar y abastecer energía eléctrica. Para esos fines se establece el Consejo Nacional de Energía presidido por la Secretaría de Energía, con lo cual se completa la tríada de alta burocracia CRE, CNH y CNE. Las tareas de este Consejo son diversas: proponer criterios y elementos de política energética, apoyar la planeación sectorial, OTORGAR, MODIFICAR, REVOCAR Y, EN SU CASO, CANCELAR ASIGNACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES para contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, incluidos los acuerdos internacionales en materia de yacimientos transfronterizos. Se conserva la atribución de seguridad nuclear y salvaguardas y expedir normas para el uso, producción, explotación, aprovechamiento, transportación, enajenación, importación y exportación de materiales radiactivos. Llaman la atención las funciones decretadas para este Consejo, que dejan en claro que no hay tal autonomía de Pemex y sí en cambio subordinación a una alta burocracia producto del cuatismo imperante, y por tanto muchas veces, ignorante, inepta, corrupta y altamente discrecional o autoritaria, además de contraria a los intereses nacionales. En el mejor de los casos, se duplican las mismas atribuciones otorgadas a Pemex, acerca de EJERCER DERECHOS DE LA NACIÓN (II) y PROMOVER QUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICULARES EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR sea legal (IV). Así mismo, la Secretaría de Energía establecerá LA ASIGNACIÓN DE ÁREAS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA Y DE PERMISO DE RECONOCIMIENTOS Y EXPLORACIÓN SUPERFICIAL (XV), así como propondrá ZONAS DE RESERVAS PETROLERAS (XVI), los famosos bloques de territorio nacional de los que tanto se ha hablado y que, en realidad, son formas o estilos norteamericanos de contratación, una parte del proceso privatizador en la producción de crudos y gas, pero no necesariamente su aspecto central y más pernicioso. En resumen el cuerpo de modificaciones al artículo 33, otorga atribuciones sustantivas a la Secretaria de Energía y sus organismos desconcentrados, que la Constitución deposita en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad, con la clara intención de establecer contratos y convenios con 17 grandes empresas petroleras transnacionales para explorar y explotar el petróleo del territorio mexicano, dejando a Pemex y a CFE en la indefensión como empresas cualquiera para competir en el mercado petrolero controlado por Houston, ya que las condiciones de desventaja que Pemex arrastra tales como la enorme carga fiscal, la corrupción, la discrecionalidad, se fortalecen con el paquete de reformas como hemos venido demostrando. 6º dictamen Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y para el Financiamiento de la Transición Energética Esta ley es un apéndice declarativo en 22 hojas, que presentaron tardíamente el PRI y PVEM y fue aprobada por 16 senadores que incluyen a Pablo Gómez, Graco Ramirez y Arturo Núñez del FAP, pero al nombrar las energías renovables, lo único que refuerza es el contratismo privado inconstitucional del negocio de la cogeneración de electricidad, sin mencionar a CFE, acorde con las otras reformas decretadas. En los marcos de un discurso retórico, mencionan en un renglón que hay que modificar las fuentes primarias de energía que actualmente dependen del petróleo en un 90%. Abren una alternativa discursiva del posible desarrollo de los bioenergéticos y definen la transición energética como el proceso que conduce a sustituir y diversificar las fuentes primarias de energía utilizadas en diferentes regiones del país. Además concretan la idea de buscar recursos financieros para explotar la energía eólica (viento), microhidráulica (microturbinas) y solar. Concluyen adelante su retórica de fachada, que la Secretaria de Energía, en coordinación con otras entidades y dependencias de la Administración Pública Federal (no dicen cuales), deberán fomentar el aprovechamiento de las energías renovables y LA COGENERACION de electricidad en manos de empresas privadas, con lo cual se fortalece el proceso de privatización del gas y electricidad que venía funcionando, en los hechos, de manera ilegal, violando el marco Constitucional. De ahí que proponen la constitución de un fondo administrado por un Comité para la transición energética conformado por la alta burocracia del ejecutivo federal bajo la responsabilidad de la Secretaría de Energía, fondo que se obtendría con recursos fiscales, donaciones públicas, privadas y sociales e incluso INTERNACIONALES, así como la venta de certificados de energías renovables, creando así una nueva nata de cortesanos cargada de privilegios, con cargo al erario. 18 Llama la atención que en sus 31 artículos, al tratar el tema de la cogeneración de electricidad, jamás se refieran a la CFE. Tal parece que está destinada a ser parte del decorado de los negocios inconstitucionales de la energía. En resumen, es una ley declarativa que intenta con retórica muy cuestionable, cubrir los espacios vacíos de atención a energías alternas renovables en la Secretaría de Energía, para así dar una fachada de reforma energética integral. 7º dictamen Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía Un grupo de senadores del PAN propuso hasta septiembre esta ley en 20 hojas aprobada por unanimidad de los 18 de siempre mencionados antes. Es un tardío y poco afortunado recordatorio acerca del concepto de la sustentabilidad de la ONU en 1980, donde se plantea sustituir la denominación de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía por el de Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con un Consejo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía formado por investigadores voluntarios del SNI (organismo que otorga becas o sobresueldos a investigadores). A lo largo de sus 33 artículos, queda claro que quedará recogida esta parte de la estrategia energética como discurso escenográfico, sin apoyos reales ni fondos especiales del Ejecutivo federal y sus dependencias. Es inexplicable que los senadores hayan aprobado como ley, este discurso vacío de contenido e intención de llevarlo a cabo. Una concesión más al panismo dominante. Las letras cursivas son comentarios que refuerzan la lectura de las leyes aprobadas inconstitucionamente por los legisladores. Versión: viernes 31 de octubre del 2008
¡Todos a recuperar PEMEXy el petróleo!Sigamos el ejemplo del Pueblo mexicano que en 1938, organizado y encabezado por el Gral. Lázaro Cárdenas, logró nacionalizar el petróleo, en cumplimiento del artículo 27 constitucional, conquistado por la Revolución Mexicana.Hoy millones de mexicanos estamos dispuestos a recuperar nuestro petróleo que es la mayor fuente de ingresos que tiene el Pueblo de México para afrontar la crisis económica nacional e internacional, que en estos momentos amenaza con sumirnos en la peor miseria.Es el momento de organizarnos con asambleas en nuestras colonias, pueblos, centros de trabajo, escuelas y comunidades para, desde el Pueblo, preparar la realización del Plan de Acción propuesto el 24 de febrero pasado, por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente legítimo de México.Formemos miles de brigadas en todo el país, realicemos mítines y asambleas en todo el territorio nacional para que millones organizados emprendamos acciones masivas hasta llegar al PARO PATRIÓTICO NACIONAL. Obliguemos al Congreso de la Unión a derogar la reforma calderonista que fue aprobada disfrazada de 7 dictámenes. Hagamos respetar el mandato popular de que se cumpla el artículo 27 constitucional y se renacionalice PEMEX. Expulsemos a las empresas privadas de PEMEX y recuperémosla completamente. 30 de octubre de 2008, Movimiento La Esperanza se Respetawww.geocities.com/laesperanzaserespeta Descarga el volante
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Descarga esta presentación (en "power point"), que contiene datos importantes sobre la magnitud de la riqueza petrolera que nos quieren robar, incluyendo información sobre flujos financieros, petroquímica, gas, ductos etc.Este material fue enviado por el Ing. José Carlos Quiroz de Mexicali, B.C.

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 Artículo 2
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 artículo 15
 Artículo 33
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