Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-22639-de-2000?documento=legcol&contexto=legcol_75992041ac95f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-10 03:16:32+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 22639 DE 2000
RESOLUCIÓN 22639 DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:SECTOR AVALUADOR. SE REGLAMENTAN LAS LEYES 546 Y 550 DE 1999 Y EL DECRETO 422 DE 2000, EN LO CORRESPONDIENTE A LA INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES.
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 13314 DE 2001 ARTÍCULO 11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN 22639 DE 2000
“Por la cual se reglamentan los artículos 50 de la Ley 546 de 1999; 60 y 61 de la Ley 550 de 1999 y el Decreto 422 de 2000”.
(Nota: Derogada por la Resolución 13314 de 2001 artículo 11 de la Superintendencia de Industria y Comercio).
en ejercicio de las facultades legales, en especial de las que le confieren los artículos 50 de la Ley 546 de 1999; 60 y 61 de la Ley 550 de 1999; los artículos 5º, 6º numerales 1º y 4º; 7º y 8º del Decreto 422 de 2000 y el artículo 2º, numeral 21 del Decreto 2153 de 1992, y
1. En el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 422 de 2000 se señala que la Superintendencia de Industria y Comercio fijará los criterios para llevar las listas que conforman el registro nacional de avaluadores;
2. En el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 se faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para reglamentar la integración y actualización de la lista a la que deberán pertenecer las personas que realicen los avalúos que se requieran para las operaciones activas y pasivas de que trata la mencionada ley;
3. En el artículo 61 de la Ley 550 de 1999 se faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para reglamentar la integración y actualización de la lista a la que deberán pertenecer las personas que realizarán los avalúos de bienes diferentes a terrenos o construcciones que se requieran para la negociación, celebración o ejecución de los acuerdos de reestructuración a que se refiere la ley 550 o para probar las pretensiones de acciones judiciales previstas en la misma;
4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 422 de 2000 el registro nacional de avaluadores estará conformado por los avaluadores incluidos en las listas de las entidades autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para realizar tal actividad;
5. De conformidad con lo que se contempló en el artículo 60 de la Ley 550 de 1999 la Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la vigilancia del registro nacional de avaluadores;
6. Según lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 422 de 2000 corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez cumplidos los requisitos que ella fije, autorizar a las lonjas, agremiaciones profesionales o personas jurídicas para que lleven las listas que conforman registro nacional de avaluadores; así como indicar las especialidades de avaluadores, la información que deben contener las listas que integrarán el registro nacional de avaluadores, la periodicidad con que las listas deberán actualizarse y el procedimiento que se seguirá para que el registro nacional de avaluadores sea único en el país;
7. Según lo señalado en el numeral 4º del artículo 6º del Decreto 422 de 2000 la Superintendencia de Industria y Comercio establecerá de manera general las reglas para la suspensión o cancelación de la inscripción en el registro nacional de avaluadores;
8. En el artículo 7º del Decreto 422 de 2000 se faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para determinar de manera general la forma como debe organizarse el registro nacional de avaluadores; resolver las impugnaciones de las decisiones tomadas por las entidades autorizadas para llevar las listas que conforman el registro nacional de avaluadores; resolver sobre la existencia de causales de inhabilidad, incompatibilidad o motivo de recusación respecto de los avaluadores para trabajos específicos; tramitar las quejas que reciba relacionadas con la actividad de las entidades que llevan las listas que conforman el registro nacional de avaluadores e instruir a sus destinatarios la manera como deben cumplirse las disposiciones de avalúos; fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos que faciliten su aplicación;
9. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 266 de 2000 el proyecto de resolución fue publicado el 19 de junio del presente año en el Diario Oficial 44049, otorgándose un plazo de 15 días para presentar observaciones, sugerencias o propuestas alternativas. Al respecto presentaron comentarios dentro del término, las siguientes personas:
1. Cámara Colombiana de Registros Inmobiliarios y Avaluadores Profesionales, Camalonjas.
2. Lonja de profesionales avaluadores, Lonpa.
3. Lonja Colombiana de avaluadores.
4. Lonja nacional de avaluadores profesionales.
5. Cámara de la propiedad raíz.
6. Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, Fedelonjas,
7. Consejo nacional de avaluadores.
8. Registro nacional de avaluadores profesionales.
9. Julio César Alarcón Gil, Germán Prieto Pacheco.
Así mismo se recibieron los siguientes escritos de manera extemporánea:
1. Coltécnica Limitada.
2. Olga Cuéllar de García,
3. Corporación lonja colombiana de finca raíz y de avaluadores.
4. Duque Pérez y Asociados.
5. Roberto Henao Duque.
6. Lonja colombiana de peritos valuadores de propiedades, planta y equipo, Lonjaval.
7. Superintendencia de Sociedades.
10. En cumplimiento del artículo 33 del Decreto 266 de 2000 la Superintendencia de Industria y Comercio procede a dar cuenta razonada de los elementos de juicio que se tuvieron en cuenta para la aceptación o rechazo de los comentarios y sugerencias propuestas. Para lo anterior se agruparon temáticamente las observaciones, sugerencias y propuestas alternativas contenidas en las diferentes comunicaciones:
1. Fundamento jurídico de la resolución.
Los comentarios en torno a la legalidad del Decreto 422 de 2000 no son de recibo, toda vez que mientras no sea declarada su nulidad forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento.
Tampoco se considera que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la presente resolución haya excedido sus facultades, las mismas están contenidas en las normas señaladas en los considerandos 1 al 8 de la resolución.
Se modifica su definición con el fin de reducir el número de especialidades.
3. Conformación y denominación del registro nacional de avaluadores
La Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con lo señalado en los artículos 60 y 61 de la Ley 550 de 1999, 50 de la Ley 546 del mismo año y en el Decreto 422 de 2000 está facultada para reglamentar la integración y actualización de las listas de avaluadores a las que se refieren dichas leyes y para determinar la forma como debe organizarse el registro nacional de avaluadores. En esa medida la integración de las listas antes mencionadas al registro nacional de avaluadores se encuentra dentro del ámbito de su competencia.
Esta integración tiene como objetivo evitar la multiplicidad de listas manejadas por entidades diferentes. En tales circunstancias la misma persona tendría que tramitar diferentes inscripciones para una misma especialidad. Igualmente evita que una entidad tramite solicitudes de autorización diferentes para llevar listas en una misma especialidad.
En lo relacionado con la modificación del nombre del registro nacional de avaluadores, esta superintendencia no tiene facultades para tal efecto ya que el mismo fue dado en la Ley 550 de 1999. Se aclara no obstante, que el registro nacional de avaluadores al que se refiere la presente resolución es diferente de los registros privados de avaluadores existentes o de las personas jurídicas que los llevan.
4. Requisitos de las entidades que llevarán las listas del registro nacional de avaluadores.
• Capacidad administrativa y de soporte. En la resolución se mantienen los requerimientos de personal pero se suprime el requisito de su vinculación laboral.
Se acogen las observaciones en el sentido de que la revisión de avalúos sólo deberá hacerse en el evento en que se solicite.
• Capacidad económica. No se acogen las propuestas referentes a la eliminación de este requisito pues el mismo tiene como objetivo garantizar una adecuada estabilidad de las entidades que lleven el registro.
La capacidad económica se exige a toda entidad que pretenda obtener autorización para llevar listas, independientemente de si la entidad ya existe o se va a constituir, razón por la cual se modifica la redacción del artículo evitando, en lo posible, la diferenciación que se hacía entre entidades existentes y las que se van a constituir. Se establece un capital mínimo obligatorio para todas las entidades que pretendan desarrollar esta actividad, con el fin de garantizar su estabilidad financiera y la continuidad del servicio.
No se acoge la solicitud de exigir un número mínimo de inscritos reales ya que podría constituir una barrera para el ingreso de entidades que no lleven registros privados y que estén interesadas en desarrollar esta actividad.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que si bien las condiciones señaladas en la resolución son iguales para todas las entidades que soliciten la autorización para llevar las listas del registro nacional de avaluadores, la forma de acreditar el cumplimiento de las mismas puede ser diferente teniendo en cuenta sus circunstancias particulares.
Se modifican los requisitos de independencia exigidos para los directores, administradores y empleados. Sin embargo, se mantienen algunos relacionados con la independencia a fin de que los directivos, administradores y empleados no intervengan en decisiones sobre su actividad o inscripción o la de sus familiares, cuyos lazos de consanguinidad o afinidad podrían afectar la imparcialidad.
Así mismo se establece que las entidades autorizadas para llevar listas no podrán designar, proponer o sugerir avaluadores toda vez que el Decreto 422 de 2000 no las faculta para ello.
6. Cancelación de la autorización.
Se define el procedimiento que se observará para que las listas que lleven las entidades a las que se les cancela la autorización pasen a ser manejados por otras entidades. Igualmente, se precisan las causales para cancelar la autorización para llevar las listas que conforman el registro nacional de avaluadores.
7. Requisitos para ingresar a las listas.
Se aceptan las propuestas en las cuales se solicitaba aumentar el número de avalúos exigidos para acreditar la experiencia aumentándolo a 5 certificaciones para cada año.
No se acoge la propuesta de incluir los cursos de capacitación específica como requisito para la inscripción en el registro. Dada la heterogeneidad de éstos es muy difícil establecer requisitos de calidad e intensidad efectivos. De otra parte, el examen es un mecanismo que permite una evaluación más homogénea del conocimiento de las técnicas propias de las especialidades.
Se modifica el texto a fin de aclarar la procedencia del recurso de apelación contra la decisión de la entidad que niega la inscripción.
Se precisa que el requisito de tarjeta profesional sólo procede en los casos en que la ley haya previsto este documento para el ejercicio de la profesión.
Las pólizas de responsabilidad no se establecen como un requisito obligatorio. No obstante, las personas jurídicas deberán informar en caso de haberlas contratado.
9. Renovación.
Se amplía el término de la renovación a cinco años y se suprime el requisito del examen para la misma.
10. Exámenes.
De acuerdo con lo señalado en el numeral 3º del artículo 6º del Decreto 422 de 2000, a las entidades autorizadas para llevar las listas les corresponde "Conceder, a quienes acrediten las condiciones para ser avaluadores, la inscripción en el registro nacional de avaluadores". En consecuencia, no se considera procedente que sea la Superintendencia quien realice y evalúe los exámenes. No obstante, se adiciona la posibilidad de que las entidades que lleven las listas contraten avaluadores expertos en la materia con el fin de que realicen y evalúen los exámenes correspondientes.
11. Causales y términos para la suspensión y cancelación de la inscripción en el registro.
Acogiendo varias sugerencias en este sentido, se redujeron algunos de los términos previstos para la suspensión y se modificaron algunas de las causales.
Con relación a la solicitud de definir un procedimiento para la suspensión y exclusión se aclaró que el que debe aplicarse es el previsto en el libro primero del Código Contencioso Administrativo relativo a actuaciones administrativas.
En cuanto a la inquietud de que una vez ha concluido el período de suspensión es imposible acreditar experiencia se precisa que, para la renovación del registro no es indispensable acreditar experiencia adicional.
12. Consejo asesor.
En lo que se refiere a la propuesta de conformar un consejo asesor en materia valuatoria, tal posibilidad desborda las facultades reglamentarias de la Superintendencia de Industria y Comercio consagradas en las leyes 546 y 550 de 1999 y en el Decreto 422 de 2000.
13. Vigencia de la resolución.
En el artículo 25 se define que la vigencia de la resolución es a partir de su publicación en el Diario Oficial.
14. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de la Resolución es el definido en las leyes 546 y 550 de 1999 y en el Decreto 422 de 2000. Es importante tener en cuenta que en el artículo 60 de la Ley 550 de 1999 se dispone que "Sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás autoridades catastrales en relación con el avalúo de bienes inmuebles, el Gobierno Nacional expedirá un reglamento que contenga normas referentes a los requisitos que deben reunir los avalúos y los avaluadores, orientadas a que en la práctica de los avalúos se cumplan con las disposiciones técnicas específicas adecuadas al objeto del mismo; se tenga en cuenta su uso actual y se reconozcan adecuadamente las contingencias de pérdida que lo afecten".
La norma faculta para expedir un reglamento sobre avalúos y avaluadores. La única salvedad es en lo relacionado con las disposiciones aplicables al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás autoridades catastrales.
De acuerdo con lo anterior, lo dispuesto en la presente resolución debe ser observado en el desarrollo de la actividad valuatoria, sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones previstas en otras disposiciones que regulen la materia y del régimen aplicable al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás autoridades catastrales.
15. Personas autorizadas para llevar las listas.
No se acoge la sugerencia de excluir a las sociedades comerciales de la posibilidad de llevar las listas del registro nacional de avaluadores. Teniendo en cuenta que en el artículo 5º del Decreto 422 se señala expresamente que las listas que conforman el registro nacional de avaluadores "...podrán llevarse por lonjas, agremiaciones profesionales o personas jurídicas..." la resolución no puede excluirlas.
16. Tarifas.
La determinación de los costos que tendrán los servicios será libre y cada entidad los establecerá de la manera que considere más adecuada a las condiciones de libre mercado que deberán prevalecer en la actividad. Así mismo, no se encuentran facultades ni razones que ameriten la imposición de precios regulados.
17. Licencias otorgadas por las lonjas y agremiaciones.
El artículo 3º del Decreto 422 de 2000 exige título profesional o experiencia de 10 años para suplir ese requisito. En esa medida las licencias otorgadas por las lonjas y agremiaciones no son documentos idóneos para acreditar estos requisitos y por lo tanto no se pueden considerar como alternativa.
18. Personas jurídicas no pueden ser avaluadores.
Las personas jurídicas podrán ejercer la actividad valuatoria en la medida en que las personas que realicen sus avalúos estén inscritas en las listas del registro nacional de avaluadores.
19. El proyecto de resolución deroga o modifica el artículo 36 del Decreto 266 de 2000.
Inicialmente, es necesario aclarar que mediante una resolución no se puede derogar o modificar un decreto ley.
Así mismo, teniendo en cuenta lo manifestado en el numeral 14 del considerando décimo de la presente resolución sobre su ámbito de aplicación y que en el numeral 6º del artículo 1º del Decreto 422 de 2000 se señala que los avalúos de bienes inmuebles deben realizarse por personas inscritas en el registro nacional de avaluadores se considera que la presente resolución no deroga ni modifica el contenido del artículo 36 del Decreto 266 del presente año.
De otra parte mientras el Decreto 422 de 2000 regula de manera general la actividad valuatoria y establece algunas condiciones para la realización de avalúos, el Decreto 266 del mismo año establece requisitos respecto de las personas que pueden realizar los avalúos de entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas.
En consecuencia los avalúos a los que se refiere el Decreto 266 de 2000 pueden ser realizados por peritos privados inscritos en las lonjas de propiedad raíz tales peritos, en virtud del Decreto 422 de 2000, para desarrollar la actividad valuatoria correspondiente deben estar inscritos en el registro nacional de avaluadores.
20. Certificaciones de experiencia para suplir el requisito de título profesional.
Como el parágrafo del artículo 3º del Decreto 422 establece esta posibilidad sólo para quienes a la fecha de entrada en vigencia de dicho decreto tengan experiencia acreditable de 10 años, se entiende que los certificados de experiencia sólo pueden provenir de entidades constituidas con anterioridad a la vigencia del decreto.
21. Proceso de selección para avalúos de que trata la Ley 546 de 2000.
En lo relacionado con la posibilidad de incluir en la resolución un procedimiento de selección de los avaluadores para las operaciones de que trata la Ley 546 de 2000, se aclara que la Superintendencia de Industria y Comercio no cuenta con facultades para reglamentar este aspecto.
22. Régimen transitorio.
Este artículo no establece que se concederá la autorización a las entidades que en la actualidad llevan registros de avaluadores. La disposición establece un régimen de transición mientras transcurre un tiempo suficiente para que se autoricen las personas que llevarán las listas que componen el registro nacional de avaluadores. Para que dichas personas puedan llevar las listas de forma permanente deben cumplir con las condiciones señaladas en esta resolución y solicitar la autorización correspondiente a esta superintendencia,
ART. 1º—Registro nacional de avaluadores. Las listas previstas en los artículos 50 de la Ley 546 de 1999 y 61 de la Ley 550 del mismo año se integrarán y actualizarán con la integración y actualización del registro nacional de avaluadores en las especialidades respectivas de acuerdo con lo previsto en la presente resolución.
ART. 2º—Especialidades para la lista del artículo 50 de la Ley 546 de 1999. La lista prevista en el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 será la conformada por los avaluadores incluidos en las listas del registro nacional de avaluadores en las especialidades contenidas en los numerales 1º al 14 del artículo 5º de la presente resolución.
ART. 3º—Especialidades para la lista del artículo 60 de la Ley 550 de 1999. Las especialidades previstas en el artículo 60 de la Ley 550 de 1999 serán las descritas en los numerales 1º al 4º y 13 del artículo 5º de la presente resolución.
ART. 4º—Especialidades para la lista del artículo 61 de la Ley 550 de 1999. La lista prevista en el artículo 61 de la Ley 550 de 1999 será la conformada por los avaluadores incluidos en las listas del registro nacional de avaluadores en las especialidades contenidas en los numerales 5º al 12 y 14 del artículo 5º de la presente resolución.
Estructura del registro nacional de avaluadores
ART. 5º—Especialidades del registro nacional de avaluadores. Las especialidades del registro nacional de avaluadores serán las siguientes:
1. Inmuebles urbanos. Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenos y bodegas situados total o parcialmente en áreas urbanas.
Para determinar si el inmueble es rural o urbano se tendrá en cuenta la delimitación de las autoridades competentes.
2. Inmuebles rurales. Terrenos rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de riego, drenaje, vías, adecuación de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, explotaciones agrícolas y demás infraestructura de explotación situados totalmente en áreas rurales.
3. Edificaciones de conservación arquitectónica y monumentos históricos.
4. Inmuebles especiales. Incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas, avance de obras, estructuras especiales para proceso, puentes, túneles, acueductos y conducciones, presas, aeropuertos, muelles, y demás construcciones civiles de infraestructura similar. Incluye todos los inmuebles que no se clasifiquen dentro de los numerales anteriores.
5. Maquinaria industrial y equipo de proceso. Equipos eléctricos y mecánicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros eléctricos, equipos de generación, subestaciones de transmisión y distribución, equipos e infraestructura de transmisión y distribución, maquinaria de construcción, movimiento de tierra, y maquinaria para producción y proceso.
6. Equipos de cómputo. Microcomputadores, impresoras, monitores, módems y otros accesorios de estos equipos, redes, minicomputadores, main frames, periféricos especiales y otros equipos accesorios de éstos. Equipos de telefonía, electromedicina y radiocomunicación.
7. Vehículos. Vehículos de transporte terrestre como automóviles, camperos, camiones, buses, tractocamiones y remolques.
8. Naves y aeronaves.
9. Negocios. Establecimientos de comercio, negocios en marcha, good-will, primas comerciales, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado.
10. Activos financieros: acciones, futuros, opciones y títulos inmobiliarios, bonos, ADR cédulas hipotecarias y títulos valores y valores en general, seguros, cartera.
11. Arte y joyas.
13. Recursos naturales. Bienes ambientales, minas, yacimientos y explotaciones minerales.
14. Semovientes. Semovientes y muebles no clasificados en otra especialidad.
ART. 6º—Contenido de las listas que conforman el registro nacional de avaluadores. Las listas que componen el registro nacional de avaluadores deberán contener los siguientes capítulos:
1. Capítulo I avaluadores inscritos
Cada avaluador tendrá un número de registro por cada especialidad en que se encuentre registrado. El número de inscripción tendrá el siguiente formato:
A: Corresponde a un número consecutivo otorgado a cada avaluador por la Superintendencia de Industria y Comercio. Dicho número será único para cada avaluador.
E: Corresponde al número de la entidad ante la cual tramitó la inscripción en la especialidad.
O: Corresponde al código de la especialidad.
Existirá un registro por cada especialidad de cada avaluador. Cada registro deberá contener la siguiente información:
1.1. Avaluadores personas jurídicas:
1.1.1. Número de registro en el registro nacional de avaluadores
1.1.2. Especialidad en la que está inscrito
1.1.3. Fecha de vencimiento de la inscripción en la especialidad
1.1.4. Entidad ante la cual se encuentra registrado.
1.1.5. Nombre de la persona jurídica.
1.1.6. Número de la matrícula mercantil o identificación del acto mediante el cual se reconoció personería jurídica.
1.1.7. Cámara de comercio en que fue matriculada
1.1.8. Nombre del representante legal
1.1.9. Número y tipo de identificación del representante legal
1.1.10. En el caso en que se tengan contratadas pólizas de responsabilidad civil profesional deberán informar lo siguiente:
a) Monto asegurado;
b) Vigencia del seguro;
c) Entidad aseguradora, y
d) Número de identificación del seguro.
1.1.11. Para cada uno de los avaluadores vinculados a la empresa inscritos en el registro en la especialidad objeto de registro:
b) Número y tipo del documento de identificación;
c) Números de registro en el registro nacional de avaluadores para la especialidad respectiva.
1.2. Avaluadores personas naturales.
1.2.1. Número de registro en el registro nacional de avaluadores.
1.2.2. Especialidad en la que está inscrito.
1.2.3. Nombre, número y tipo de documento de identificación.
1.2.4. Entidad ante la cual se encuentra registrado.
1.2.5. Fecha de vencimiento de la inscripción en la especialidad.
1.2.6. Profesión del avaluador.
1.2.7. Entidad educativa que otorgó el título.
1.2.8. Otros títulos de educación formal obtenidos.
1.2.9. Años de experiencia.
1.2.10. Si trabaja independiente o la entidad avaluadora a la cual está vinculado.
2. Capítulo II Solicitantes a los que se les ha negado el registro
Se debe llevar una lista de las personas que se les negó la inclusión al registro. Cada avaluador tendrá un registro por cada especialidad en que se le haya negado el registro. Cada registro deberá contener la siguiente información:
2.1. Nombre del avaluador.
2.2. Número y tipo de documento de Identificación.
2.3. Razón por la cual no le fue concedido el registro.
2.4. Fecha en que se le negó la admisión al registro.
2.5. Entidad que le negó la admisión al registro.
2.6. Especialidad para la que se le negó el registro.
PAR.—Se debe llevar un registro para cada una de las especialidades para cada avaluador a quien se niegue el registro. Cada registro se deberá mantener en este capítulo durante dos años a partir del momento en que se niega el registro. En los casos en que se presenten las circunstancias previstas en el parágrafo segundo del artículo 14 de la presente resolución el registro se mantendrá indefinidamente.
3. Capítulo III Suspendidos
Se debe llevar una lista de las personas que se les haya suspendido el registro. Cada avaluador tendrá un registro por cada especialidad en que se le haya suspendido el registro. Cada registro deberá contener la siguiente información:
3.1. Nombre del avaluador.
3.2. Número y tipo de documento de identificación.
3.3. Números de registro en el registro nacional de avaluadores.
3.4. Entidad ante la cual se encuentra registrado.
3.5. Causal por la cual fue suspendido.
3.6. Especialidad en la cual se suspendió el registro.
3.7. Fecha en que se le suspendió el registro.
3.8. Fecha hasta la cual rige la suspensión.
4. Capítulo IV Registros cancelados
Se debe llevar una lista de las personas que se les canceló la inclusión al registro. Cada avaluador tendrá un registro por cada especialidad en que se le haya cancelado el registro. Cada registro deberá contener la siguiente información:
4.1. Nombre del avaluador.
4.2. Número y tipo de documento de identificación.
4.3. Números de registro en el registro nacional de avaluadores.
4.4. Entidad ante la cual se encuentra registrado.
4.5. Causal por la le fue cancelado el registro.
4.6.Especialidad en la cual se canceló el registro
4.7. Fecha en que se le canceló el registro
Procedimientos del registro nacional de avaluadores
ART. 7º—Inscripción de avaluadores personas naturales. Las personas naturales que soliciten la inscripción en el registro nacional de avaluadores deberán presentar su solicitud ante alguna de las entidades autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para llevar las listas que componen dicho registro.
Para la mencionada inscripción deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Presentar carta suscrita por el avaluador, señalando las especialidades en las que desea inscribirse.
2. Allegar copia del documento de identidad del solicitante.
3. Presentar y aprobar el examen previsto para cada especialidad en la que solicite la inscripción.
4. Presentar copia del título universitario y de los demás títulos obtenidos. En los términos del parágrafo del artículo 3º del Decreto 422 de 2000, si no tiene título universitario se entenderá que cumple con el requisito si cuenta con experiencia de 10 años acreditable de la manera que se indica en el numeral siguiente.
5. Acreditar el tiempo mínimo de 3 años de experiencia de la siguiente manera:
a) Si la actividad se realizó como independiente, para cada año calendario acreditado debe allegarse certificaciones de haber realizado por lo menos cinco (5) avalúos durante el mismo. La certificación debe precisar el tipo de bien avaluado, la fecha en que se realizó el avalúo y estar suscrita por la persona para la que se realizó el avalúo. Excepto los realizados en el exterior, de acuerdo con el régimen aplicable, a partir del 30 de septiembre de 2000 no serán válidos los avalúos certificado que se hayan realizado sin contar con la inscripción en el registro nacional de avaluadores, y
b) Si la actividad la realizó como empleado de una firma avaluadora o de un avaluador, deberá allegar un certificado expedido por el empleador en el cual se señale el tiempo laborado y se precise al menos cinco avalúos, que haya realizado o en los que haya colaborado, por cada año laborado. Si el avaluador es propietario y empleado de la sociedad avaluadora la experiencia se acreditará de acuerdo con lo señalado en el literal precedente. Las certificaciones de empleadores que correspondan a avalúos realizados con posterioridad al 1º marzo de 2000, sólo serán válidas si son expedidas por avaluadores que estuvieren inscritos en las listas del registro nacional de avaluadores a la fecha en la cual se realizó el avalúo o por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi u otras autoridades catastrales.
Además de por razón de la falta de alguno de los anteriores requisitos, será negada la inscripción si el solicitante realizó el examen incurriendo en alguna conducta no permitida.
PAR. 1º—La entidad ante la cual se solicita el registro podrá solicitar la información y los documentos que considere necesarios para corroborar los datos incluidos en el certificado.
PAR. 2º—Las personas que no cumplan con los requisitos para ser inscritos en una especialidad del registro nacional de avaluadores se les negará la inscripción. No obstante, podrán insistir en su aceptación ante la misma entidad en que les fue negada. Transcurridos dos años desde la primera negación, podrán solicitarla en una entidad diferente.
ART. 8º—Inscripción de avaluadores personas jurídicas. Las personas jurídicas que soliciten la inscripción como avaluadores en el registro nacional de avaluadores deberán presentar su solicitud ante alguna de las entidades autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para llevar las listas que componen dicho registro.
1. Presentar carta suscrita por el representante legal solicitando la inscripción en el registro nacional de avaluadores, señalando las especialidades en las que se pretende obtener el registro.
2. Allegar certificado de existencia y representación legal o copia del acto mediante el cual se le reconoció personería jurídica, en el que conste que el objeto social de la entidad incluye la realización de avalúos.
3. Presentar copia del documento de identificación del representante legal.
4. Contar como mínimo con un avaluador inscrito por cada especialidad en la que se pretenda inscribir.
ART. 9º—Actualización de la información. Las personas inscritas en las listas del registro nacional de avaluadores deberán informar a la entidad autorizada para llevar las listas ante la cual se encuentra inscrito todas las novedades respecto de los datos registrados dentro de los cinco días siguientes a la ocurrencia del hecho o del momento en que haya sabido de la ocurrencia.
ART. 10.—Trámite de las solicitudes. Las entidades autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para llevar listas del registro nacional de avaluadores no darán trámite a la solicitud en los siguientes casos:
1. Si el solicitante se encuentra dentro del período de suspensión o le ha sido cancelado el registro.
2. Si los documentos necesarios no se allegaren completos o sin las formalidades previstas.
3. Si dentro de los dos años siguientes a la fecha inicial en la cual fue negada la inscripción, el candidato hace la solicitud para la especialidad afectada en una entidad diferente.
4. Completada la documentación necesaria y presentado el examen correspondiente la entidad deberá informar al candidato si cumple las condiciones para su inclusión o no en la lista en un plazo de 30 días corrientes. En caso de que el solicitante no haya cumplido con dichas condiciones o haya presentado el examen de manera no permitida, se deberá oficiar al solicitante, informándole que su solicitud ha sido negada e informándole cuáles requisitos no satisfacen los requisitos.
ART. 11.—Renovación. La inscripción en las listas del registro nacional de avaluadores deberá renovarse cada 5 años, durante el trimestre anterior al vencimiento. Para el efecto, el avaluador deberá actualizar la información necesaria y la adicional que hubiese suministrado para la inscripción. Además, las personas naturales, deberán reportar los estudios y experiencia adquiridos con posterioridad a la inscripción o a la última inscripción.
ART. 12.—Exámenes. Para la elaboración y calificación de los exámenes que evalúen el conocimiento de las personas que soliciten la inscripción en las listas del registro nacional de avaluadores las entidades que lleven las listas podrán realizar convenios con universidades o contratar avaluadores expertos en la especialidad respectiva.
1. Exámenes con expertos:
Cuando las entidades autorizadas opten por contratar avaluadores:
El procedimiento para la elaboración y calificación de los exámenes deberá estar contenido en un reglamento elaborado de común acuerdo por éstos y autorizado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Deberán contratarse por lo menos tres expertos en cada especialidad.
Previamente a la designación de los avaluadores que elaborarán y calificarán los exámenes se deberán enviar las hojas de vida de los candidatos a la división de cámaras de comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se verificará que el avaluador cuenta con amplia experiencia en la actividad valuatoria.
Los avaluadores expertos aprobados por la división de cámaras de la Superintendencia de industria y Comercio serán eximidos de la presentación del examen para la especialidad correspondiente.
2. Exámenes con universidades:
En caso que las entidades autorizadas para llevar las listas contraten diferentes universidades, se deberán coordinar los temarios y procedimientos para su calificación.
ART. 13.—Requisitos de los exámenes. En todo caso en los exámenes de cada especialidad se deberán observar los siguientes requisitos:
1. Debe ser igual en todas las entidades que llevan listas en cada fecha.
2. Anualmente deberán existir y anunciarse 4 fechas fijas para examinar a todos los avaluadores que solicitan inscripción para una especialidad determinada. Estas fechas deberán ser anunciadas en el mes de noviembre del año anterior por la división de cámaras de comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
3. Los exámenes deben evaluar los conocimientos del evaluador en la especialidad respectiva.
4. Deberán contener por lo menos 20 preguntas.
5. Las preguntas deben ser diferentes en cada fecha que se realice el examen.
6. Los exámenes sólo deberán ser conocidos por quienes los elaboran y califican.
7. El evaluador reportará a la entidad correspondiente los casos en que el examinado haya realizado el examen de manera no permitida.
8. La mínima calificación requerida para tener por cumplido el requisito de ingreso será idéntica para todas las entidades que lleven las listas.
ART. 14.—Suspensión o cancelación. Constituyen causales para que las entidades autorizadas para llevar las listas suspendan o cancelen la inscripción del avaluador en el registro nacional de avaluadores por el tiempo estipulado en cada una de ellas, las siguientes:
1. Proporcionar datos inexactos u omitir información que tenga incidencia en la obtención o renovación del registro: 2 años.
2. Utilizar indebidamente la información a la que tenga acceso en desarrollo del avalúo encomendado: 2 años.
3. Realizar avalúos en casos en los cuales esté interviniendo profesionalmente mediante la formulación de un proyecto o mediante la dirección o colaboración en la dirección de la obra o empresa. 4 años.
4. Actuar a sabiendas de estar incurso en causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses en especial. 4 años.
5. Realizar reiteradamente o por una vez de manera grave, avalúos incumpliendo lo señalado en los artículos 1º y 2º del Decreto 422 de 2000 o las normas que los complementen reglamenten o adicionen. 4 años.
6. Omitir o no responder a las peticiones o solicitudes de las autoridades competentes en la materia, en relación con avalúos por él efectuados. 5 años.
7. Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de lucro diferente a la remuneración pactada, proveniente directa o indirectamente del usuario del servicio o de cualquier persona que tenga interés en el resultado de su gestión. Cancelación.
PAR. 1º—Si un avaluador se encuentra incurso en más de una de las causales, la suspensión deberá ser efectiva por el mayor período prevista en éstas.
Vencido el término de la suspensión, el avaluador podrá solicitar la restitución en el registro, para lo cual deberá acreditar los requisitos para permanecer inscrito.
PAR. 2º—A quien realice avalúos mientras se encuentre suspendido, reincida en la misma infracción, o presente los exámenes incurriendo en prácticas no permitidas, le será cancelado o negado el ingreso al registro de manera permanente.
PAR. 3º—Si quien incurriere en alguna de los casos señalados en este artículo, estuviere ejerciendo como directivo de una entidad autorizada para llevar listas será removido del cargo por la junta directiva o quien haga sus veces.
ART. 15.—Sanciones a personas jurídicas. Tratándose de personas jurídicas, la suspensión o cancelación será aplicable en todos los casos tanto a la entidad inscrita como al avaluador directamente involucrado.
ART. 16.—Competencia para la suspensión y exclusión del registro. De acuerdo con los numerales 4º y 6º del artículo 6º y el numeral 2º del artículo 7º del Decreto 422 de 2000, serán competentes para conocer de las investigaciones tendientes a la suspensión o cancelación del registro nacional de avaluadores, en primera instancia la entidad autorizada para llevar las listas que conforman el registro nacional de avaluadores en que primero se hubiere inscrito el investigado. La segunda instancia de estos procesos se adelantará ante el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.
ART. 17.—Procedimiento para la suspensión del registro. En las actuaciones e investigaciones que se adelanten con el objetivo de establecer la ocurrencia de los hechos que originen la suspensión o cancelación de la inscripción en el registro nacional de avaluadores se aplicará lo señalado en el libro primero de Código Contencioso Administrativo sobre procedimientos administrativos, especialmente lo previsto en el artículo 28.
ART. 18.—Actualización de las listas que componen el registro nacional de avaluadores. La consolidación y actualización de las listas que componen el registro nacional de avaluadores se hará de la siguiente manera:
1. Dentro de los 10 primeros días de los meses de abril, julio, septiembre y enero las entidades autorizadas para llevar las listas remitirán a la Superintendencia de Industria y Comercio su información sobre los siguientes aspectos resaltando las novedades:
a) Los avaluadores que fueron incluidos;
b) Los avaluadores que renovaron;
c) Los avaluadores que no renovaron;
d) Los avaluadores a quienes les fue negado el registro;
e) Los avaluadores suspendidos, y
f) Los avaluadores excluidos.
2. La Superintendencia de Industria y Comercio consolidará la información y asignará el número de registro de acuerdo con la forma señalada en la presente resolución. Dicho número se conservará en lo sucesivo. Una vez consolidada la información, la superintendencia la remitirá a las entidades. Las modificaciones distintas de suspensiones y exclusiones serán válidas, para todos los efectos, a partir de la expedición de la información consolidada por parte de esta entidad.
Entidades que van a llevar listas
ART. 19.—Condiciones de las entidades que van a llevar las listas que conforman el registro nacional de avaluadores. Las entidades que pretendan llevar las listas del registro nacional de avaluadores deberán acreditar ante la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de hacer la solicitud y mantenerlas mientras desarrollen esta actividad las siguientes condiciones en adición a lo previsto en el artículo 5º del Decreto 422 de 2000:
1. Capacidad administrativa y técnica
Capacidad administrativa y técnica que le permita cumplir las siguientes funciones:
1.1. Administrar las listas que conforman el registro nacional de avaluadores.
1.2. Adelantar los procedimientos relacionados con los conflictos que se puedan presentar con ocasión de la administración de listas.
1.3. Resolver quejas sobre la actividad de los avaluadores inscritos en las listas.
1.4. Evaluar directa o indirectamente la idoneidad profesional de las personas que soliciten su inscripción en el registro nacional de avaluadores.
1.5. Suspender o cancelar la inscripción en las listas que conforman el registro nacional de avaluadores en los casos previstos en esta resolución.
2. Infraestructura de sistemas
2.1. Infraestructura de sistemas tal que le permita llevar las listas de manera confiable y trasmitir información por vía electrónica de manera segura.
Se entenderá que la infraestructura permite llevar las listas de manera confiable si el acceso y modificación de los registros solamente puede hacerse por personal autorizado y cuenta con controles que registren todos los cambios y modificaciones realizados, permitiendo identificar la persona que lo realizó y la fecha de la modificación.
Se entenderá que la transmisión de información es segura si el sistema le permite verificar la procedencia y la integridad de los mensajes que envía y recibe.
2.2. Capacidad de almacenamiento suficiente para la demanda proyectada.
2.3. Recursos necesarios para hacer copias de seguridad de toda la información.
2.4. Estar en capacidad de atender la expedición de certificados del registro.
3.1. Disponer de un archivo documental, con controles adecuados a fin de garantizar la integridad y prevenir la adulteración de los documentos proporcionados por los avaluadores y terceros.
3.2. Contar con un área de atención al público.
Patrimonio mínimo de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e ingresos suficientes para sufragar los costos que generen la actividad.
Para determinar el patrimonio mínimo, sólo se tomarán en cuenta las cuentas patrimoniales de capital suscrito y pagado, reserva legal, superávit por prima en colocación de acciones y revalorización de patrimonio y se deducirán las pérdidas acumuladas y las del ejercicio en curso.
ART. 20.—Requisitos documentales. Para efectos de acreditar el cumplimiento de los anteriores requisitos, la entidad deberá adjuntar a la solicitud, por lo menos los siguientes documentos:
1. Certificado de existencia y representación legal o copia del acto mediante el cual se le reconoció personería jurídica.
2. Estatutos vigentes.
4. Costo de la nómina y honorarios.
5. Relación del personal destinado al desarrollo de las funciones señaladas en el artículo anterior donde se especifique: número de funcionarios, cargos que desempeñan, perfil, funciones, tipo de vinculación y remuneración.
6. Relación de la infraestructura física detallando las instalaciones, oficinas, archivos y áreas de atención con las que cuenta precisando si son propias o arrendadas y los costos que generarán.
7. Relación de la infraestructura de sistemas donde se detalle el software, hardware, sistemas de seguridad, de programación y de transmisión electrónica de datos con la que contará y los costos que generaría.
8. El patrimonio mínimo deberá acreditarse por medio de estados financieros, con una antigüedad no superior 6 meses, certificados por el representante legal y el revisor fiscal, si lo hubiere.
9. Presupuesto, debidamente sustentado, que considere los gastos que generará la infraestructura administrativa, técnica, física y de sistemas establecidas en los numerales 5º, 6º, 7º y 8º del presente artículo.
El costo de los gastos considerados en el presupuesto mismo debe compensarse con los ingresos justificados que se proyecte, teniendo en cuenta el número de inscritos potenciales y/o actuales, de acuerdo con las tarifas que se pretendan cobrar.
Para ese efecto el número de inscritos actuales o potenciales se podrá probar con el número de avaluadores inscritos en el registro privado que lleve la entidad solicitante o allegando las hojas de vida de avaluadores que manifiesten por escrito su intención de obtener su registro a través de la entidad que se va a conformar.
Si la entidad desarrolla actividades adicionales a la administración de las listas de avaluadores, en el presupuesto se podrán incluir ingresos generados para la entidad por otras actividades, siempre y cuando se superen los gastos que demanda el desarrollo de dichas actividades.
ART. 21.—Remisión de información. Con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos las entidades autorizadas para llevar listas deberán enviar a la Superintendencia de Industria y Comercio, el 15 de febrero y el 15 de agosto de cada año, los estados financieros con corte a 31 de diciembre y 30 de junio respectivamente, así como una actualización de los demás documentos que hubiesen sido soporte para la autorización.
ART. 22.—Independencia. Las entidades autorizadas para llevar listas, sus directivos, administradores y empleados deberán cumplir con los siguientes requisitos y condiciones de independencia:
1. Requisitos de directivos, administradores y empleados:
1.1. En caso de optar por ello, solicitar su inscripción o renovación al registro nacional de avaluadores ante una entidad diferente a la que se encuentren vinculados. Si hubieren tramitado su inscripción, previamente a su designación, ante la entidad a la cual se vincula, tanto el funcionario como la entidad, deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio dicha situación para que ésta designe la entidad a la cual se deberá transferir el registro.
1.2. No tramitar quejas relacionadas con la actividad de las firmas con las que estén vinculados o de las cuales sean propietarios.
1.3. No intervenir en el proceso de las inscripciones, renovaciones en el registro o quejas presentadas por o contra los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
1.4. No designar, proponer o sugerir avaluadores.
2. Requisitos de la entidad.
2.1. No realizar avalúos.
2.2. No tramitar solicitudes de inscripción en el registro ni quejas presentadas por o contra directivos, administradores ni empleados de la entidad.
2.3. No tramitar la inscripción de personas que sean titulares de aportes de capital en o de la entidad.
2.4. No designar, proponer o sugerir avaluadores.
PAR.—Cuando una entidad o sus directivos, administradores o empleados se encuentren incursos en alguna de las causales señaladas deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio para que ésta disponga la entidad que dará el trámite correspondiente.
ART. 23.—Cancelación de la autorización a las entidades que van a llevar las listas. Previas las explicaciones a que haya lugar, el Superintendente de Industria y Comercio podrá cancelar la autorización para llevar las listas de avaluadores a aquellas entidades que incumplan las condiciones previstas en los artículos 19, 21 y 22 de esta resolución, los requerimientos efectuados por la Superintendencia de Industria y Comercio, o las disposiciones que regulan su actividad.
Las personas que estén inscritas en la entidad a la que se le cancele la autorización de acuerdo con este artículo continuarán inscritas en el registro nacional de avaluadores. Sus documentos serán trasladados a la entidad que disponga la Superintendencia de Industria y Comercio. La entidad designada quedará facultada para conocer de los asuntos relacionados con dichas inscripciones.
ART. 24.—Revisión de avalúos. La revisión de los avalúos prevista en el numeral 7º del artículo 6º del Decreto 422 de 2000 sólo procederá cuando sea solicitada por un tercero o por el mismo avaluador.
ART. 25.—Avalúos realizados por personas jurídicas. Los avalúos realizados por las personas jurídicas inscritas en las listas del registro nacional de avaluadores deberán estar suscritos por el representante legal de las mismas. Adicionalmente deberá indicar el nombre, identificación y número de registro del avaluador persona natural que lo realizó.
ART. 26.—Régimen transitorio. Hasta el 1º de marzo de 2001 se entenderán inscritos en el registro nacional de avaluadores quienes aparezcan en los registros que lleven las lonjas, agremiaciones profesionales, o personas jurídicas que:
1. Estuviesen constituidas antes de la entrada en vigencia del Decreto 422 de 2000.
2. A más tardar el 30 de septiembre del presente año manifiesten a la Superintendencia de Industria y Comercio la intención de solicitar autorización para llevar listas.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 11

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 50
 artículo 61
 artículo 4
 artículo 60
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 resolución 
 artículo 33
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 25
 resolución 
 Resolución 
 artículo 60
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 36
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 5
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 5
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 5
 artículo 14
 resolución 
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 28
 artículo 5
 artículo 6