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Timestamp: 2019-09-16 14:26:25+00:00

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STC 27/2013, 11 de Febrero de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 427581338
STC 27/2013, 11 de Febrero de 2013
Número de Recurso: Recurso de amparo 4176-2009
Recurso de amparo 4176-2009. Promovido por Valzorzales, S.L., en relación con las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que desestimaron su demanda contra la Junta de Extremadura sobre denegación de ayuda a la siembra de cáñamo. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (error patente) y a un proceso con todas las garantías: negativa a plantear cuestión prejudicial de interpretación de las normas reguladoras de la organización común de mercados del lino y el cáñamo que se funda en una interpretación razonable y motivada del régimen jurídico de la cuestión prejudicial y que sigue la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la noción de acto claro. Voto particular.
Sentencia citada en: 378 sentencias, 6 artículos doctrinales
STC 027/2013
En el recurso de amparo núm. 4176-2009, interpuesto por Valzorzales, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Myriam Álvarez del Valle Lavesque y asistida por el Letrado don Cruz Fernández Mariscal, contra la Sentencia de 3 de noviembre de 2008 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casación núm. 2916-2004 formalizado frente a la de 30 de octubre de 2003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dictada en las actuaciones relativas al recurso contencioso-administrativo núm. 514-2001. Ha comparecido el Letrado de la Junta de Extremadura, en nombre y representación de la misma. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal.I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 5 de mayo de 2009, la Procuradora de los Tribunales doña Myriam Álvarez del Valle Lavesque, en nombre y representación de Valzorzales, S.L., interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de casación citada en el encabezamiento.
La demandante de amparo solicitó una ayuda a la siembra de cáñamo para la campaña 1999-2000, que le fue denegada por resolución del Director General de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, de 16 de octubre de 2000, confirmada en alzada por resolución de 27 de febrero de 2001 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. El motivo de la denegación residió en que las parcelas declaradas habían sido destinadas el año anterior al cultivo de lino textil, de modo que no se cumplía el requisito de la rotación de cultivos que recoge el art. 10 de la Orden de dicha Consejería de 21 de enero de 1999, según el cual “se deberá respetar la rotacionalidad en los cultivos de lino no textil, cáñamo y lino textil, no pudiéndose utilizar tierras que en la campaña anterior fueron utilizadas para algunos de estos cultivos”.
La recurrente impugnó esas resoluciones ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Se apoyaba en la normativa comunitaria reguladora de la organización común de mercados del sector del lino y el cáñamo, y denunciaba que la orden autonómica de referencia, dictada en el marco de ejecución administrativa del régimen de ayuda previsto en los reglamentos comunitarios, extralimitó su competencia al introducir un requisito no previsto (rotación anual de cultivos) y varió con ello las condiciones de la reglamentación comunitaria para poder ser beneficiario de la ayuda. La norma autonómica, de ese modo, desatendía el principio general de Derecho comunitario de primacía de la norma comunitaria sobre el Derecho nacional, la obligatoriedad de todos sus elementos, el carácter exhaustivo de la regulación y la eficacia directa de los reglamentos comunitarios, así como los principios generales de reparto de competencias entre los Estados miembros y la Comunidad Europea y la aplicación plena y uniforme del Derecho comunitario en relación con el principio de no discriminación e igualdad de trato entre los productores, pues perjudicaba a quienes solicitaron la ayuda a través de la Administración autonómica extremeña frente a los que lo hicieron ante otras Administraciones españolas o en otros Estados miembros.
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 30 de octubre de 2003, sin someter previamente cuestión prejudicial interpretativa al Tribunal de Justicia, indica que la Comisión ha fijado los rendimientos mínimos, pero no ha definido lo que sean las faenas normales de cultivo, por lo que la normativa comunitaria no impide que la Administración autonómica, dentro de la actividad de control conferida a los Estados miembros y a las Comunidades Autónomas, pueda concretar lo que haya de entenderse por aquel concepto “y establecer la rotación de cultivos o en definitiva, que la tierra no se siembre dos años consecutivos de cáñamo o lino, por ser una actividad normal del cultivo de tales productos, para garantizar una cosecha adecuada”. En consecuencia, declara que la orden autonómica es aplicable al caso y desestima el recurso.
La actora acudió ante el Tribunal Supremo en casación. Denunciaba de una parte, al amparo del art. 88.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, un quebrantamiento de las normas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia, al haberse obviado las exigencias constitucionales de congruencia con las alegaciones formuladas (pretensión en la que se invocaba el art. 24.1 CE y que fue rechazada en el fundamento de Derecho noveno de la Sentencia de la que se dará seguidamente cuenta), y, de otra parte, al amparo del art. 88.1 d) de la Ley de la jurisdicción, la infracción de normas del Ordenamiento jurídico comunitario y nacional y de la jurisprudencia aplicable al caso. En relación con ello pedía que, si la Sala lo consideraba oportuno para emitir su fallo, elevase al Tribunal de Justicia cuestión prejudicial interpretativa de las citadas reglas europeas.
[E]l eje del debate lo constituye el concepto ‘faenas normales de cultivo’ expresión contemplada en el art. 4 del Reglamento 1164/1989, de la Comisión de 8 de abril relativo a la disposiciones de aplicación de la ayuda para el lino textil y el cáñamo.
De todo lo anterior se concluye inequívocamente que el concepto ‘buena práctica agraria’ en el ámbito del cultivo del lino, en aras a beneficiarse de una ayuda comunitaria, exige una alternancia en los cultivos o el descanso de la tierra mediante el barbecho.
Valzorzales, S.L., promovió contra dicha Sentencia incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), que fue desestimado por Auto de 17 de marzo de 2009.
En la demanda de amparo la sociedad recurrente alega que la Sentencia de 3 de noviembre de 2008 incurre en error patente con relevancia constitucional (art. 24.1 CE), dado que realiza su enjuiciamiento a partir de elementos que no corresponden al caso de autos, sino a otro anterior, el de la Sentencia de 29 de marzo de 2006 de la misma Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación núm. 7009-2003, que no es igual al actual. Asimismo, porque en el fundamento de Derecho primero y en el fallo identifica erróneamente el acto administrativo impugnado (pues dice que se trata de una solicitud de ayuda al lino textil en lugar de al cáñamo y le atribuye una fecha distinta de la suya propia, precisamente la de un acto anterior relativo al cultivo del lino que había sido objeto de otro proceso contencioso-administrativo: el anteriormente reseñado) y porque en los fundamentos de Derecho décimo y undécimo alude a la parquedad de la demanda de instancia (pese a que ésta desarrollaba ampliamente las razones que sostenían la impugnación) y a un tercer motivo de casación (que no existía), todo lo cual evidencia que su argumentación constituye una motivación contraria al art. 24.1 CE y produce una incongruencia constitucionalmente relevante desde la perspectiva del art. 24.2 CE.
Mediante providencia de 15 de noviembre de 2010, la Sala Primera de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el art.11.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó admitir a trámite la demanda y, a tenor de lo establecido en el art. 51 LOTC, requerir atentamente a la Sección Cuarta de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para que remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 2916-2004, y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que hiciese lo propio con las relativas al recurso contencioso-administrativo núm. 514-2001. Asimismo, encomendaba al último órgano judicial citado que realizase los emplazamientos correspondientes.
El Letrado de la Junta de Extremadura se personó por medio de escrito de fecha 30 de diciembre de 2010. Por diligencia de ordenación de 4 de febrero de 2011 se acordó tenerle por personado y parte en el procedimiento y se dio vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio público, a fin de que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme a lo establecido en el art. 52.1 LOTC.
La representación de la actora registró sus alegaciones el día 8 de marzo de 2001, en las que reitera en esencia los argumentos de su demanda de amparo.
El Letrado de la Junta de Extremadura, en escrito presentado el día 8 de marzo de 2011, alega que no procede la admisión del recurso de amparo porque considera que no se ha justificado siquiera la especial transcendencia constitucional del recurso; subsidiariamente manifiesta que debe desestimarse porque no se ha vulnerado ningún derecho fundamental.
El Fiscal evacuó el trámite de alegaciones el 14 de marzo de 2011. Sobre la queja relativa a la existencia de un error patente con relevancia constitucional, reseña la doctrina constitucional y constata que buena parte de la Sentencia impugnada es reproducción exacta del contenido del fundamento jurídico 9 de otra Sentencia antecedente (la STS de 29 de marzo de 2006), lo que denota una, al menos, dice, desordenada y poco reflexiva traslación del contenido de una resolución anterior, pues fue dictada en un caso de cultivo de lino en el que intervino la misma sociedad ahora demandante de amparo, pese a que al presente supuesto se refiere, en cambio, al cultivo de cáñamo. Sin embargo, a pesar del reproche que lo anterior pueda merecer desde otras perspectivas, piensa que no hay elementos contundentes para considerar plausible que la resolución hubiera sido otra de haberse referido expresa y correctamente al cultivo de cáñamo. En efecto, el debate producido a raíz del trámite de audiencia sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial y el propio debate deliberativo previo a emitir Sentencia, al igual que el articulado en la impugnación por el recurrente en casación, revelan que la razón de la decisión se fundó en la validez y ajuste al Derecho comunitario de la orden autonómica que exige la rotación de cultivos, norma que es aplicable tanto al lino textil como al cáñamo y al lino no textil, por lo que, concluye el Fiscal, el denunciado error (que por lo demás la parte recurrente enuncia sin argumentar por qué podría haber tenido un efecto en el fallo) carecería de relevancia.
Por providencia de 7 de febrero de 2013, se señaló para deliberación y fallo de la Sentencia el día 11 del mismo mes y año.
La sociedad recurrente dirige su demanda de amparo contra la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2008, que confirmó en casación la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 30 de octubre de 2003, en las actuaciones relativas al recurso contencioso-administrativo núm. 514-2001. Denuncia que incurrió, en primer lugar, en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por error patente (art. 24.1 CE), al realizar su enjuiciamiento a partir de elementos que no corresponden al caso de autos, y, en segundo término, que lesionó sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) porque decidió no plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial de interpretación que había sido solicitada sobre la normativa comunitaria que establecía y regulaba la organización común de mercados del lino y el cáñamo, y procedió a aplicar la Orden de 21 de enero de 1999 de la Junta de Extremadura que, en su opinión, la contraviene. Es del mismo parecer el Ministerio Fiscal, en cuanto se refiere a la segunda queja enunciada, mientras que se opone a todas las pretensiones del recurso la representación de la Junta de Extremadura, según ha quedado expuesto con detalle en los antecedentes de esta resolución.
Antes de entrar a examinar la cuestión de fondo, debemos determinar si concurre o no el óbice procesal alegado por el Letrado de la Junta de Extremadura, referido al incumplimiento del requisito de justificar en la demanda la especial trascendencia constitucional del recurso [art. 49.1 in fine de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)].
Aunque la hipotética estimación de cualquiera de los dos motivos de amparo articulados supondría la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la Sentencia de casación, de 3 de noviembre de 2008, el eventual otorgamiento del amparo por la falta de planteamiento de la cuestión prejudicial tendría un mayor efecto retroactivo, pues determinaría que el Tribunal Supremo, antes de plantearse la decisión del fondo del proceso (fase a la que afecta la otra queja articulada en el recurso de amparo), debería cuestionar al Tribunal de Justicia sobre el sentido de la normativa comunitaria que establecía y regulaba la organización común de mercados del lino y el cáñamo. De modo que, con base en la reiterada doctrina constitucional que dispone que se otorgará prioridad a aquellas quejas de las que pueda derivarse la retroacción de las actuaciones y, dentro de éstas, a aquéllas que den lugar a la retroacción a momentos anteriores (por todas, SSTC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 2; y 65/2011, de 16 de mayo, FJ 2), aquél habrá de ser el motivo por el que comencemos nuestro análisis.
Al resolver sobre la legalidad de la denegación de una ayuda a la siembra de cáñamo solicitada por la recurrente en amparo en la campaña 1999-2000, la Sentencia del Tribunal Supremo que se impugna situó el eje del debate en el concepto “faenas normales de cultivo”, expresión contemplada en el art. 4 del Reglamento (CEE) núm. 1164/1989 de la Comisión, de 28 de abril de 1989, relativo a las disposiciones de aplicación de la ayuda para el lino textil y el cáñamo. El Alto Tribunal consideró que tal expresión no constituye un concepto jurídico indeterminado que deba ser precisado por el Tribunal de Justicia, ante la posibilidad de interpretaciones divergentes en los distintos Estados de la Unión, sino un término “cuya complitud puede ser efectuada por los Tribunales nacionales”.
Para abordar el examen de la mencionada queja debemos en primer lugar precisar los contornos del canon constitucional que hemos de emplear. Según es consolidada y unánime doctrina constitucional, tal como recordamos recientemente en la STC 13/2012, de 30 de enero, FJ 3, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 24.1 CE, comprende el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso. Ello significa, en primer lugar, que la resolución judicial ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y, en segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho (SSTC 276/2006, de 25 de septiembre, FJ 2, y 64/2010, de 18 de octubre; FJ 3) o, lo que es lo mismo, que sea consecuencia de una exégesis racional del Ordenamiento y no fruto de un error patente o de la arbitrariedad (por todas, STC 146/2005, de 6 de junio, FJ 7). En definitiva, el art. 24 CE impone a los órganos judiciales “no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria” (STC 8/2005, de 17 de enero, FJ 3).
Con arreglo a estos presupuestos no hay duda de que la Sentencia del Tribunal Supremo recurrida en amparo, como ya antes la dictada en la instancia, se justifica en una interpretación de la legalidad ordinaria y de la jurisprudencia aplicables en relación con la ejecución interna del Derecho de la Unión Europea, que está razonada y que no resulta manifiestamente irrazonable o arbitraria y, por tanto, se trata de una resolución judicial que no puede calificarse a primera vista como no fundada en Derecho, con independencia de su acierto o desacierto últimos. En estas condiciones, y al igual que hemos declarado asimismo en otras ocasiones semejantes (SSTC 22/1996, de 12 de febrero; 105/2009, de 4 de mayo; 38/2011, de 28 de marzo; y 13/2012, de 30 de enero), la Sentencia impugnada en amparo cumple con las exigencias constitucionales del art. 24.1 CE. Las conclusiones obtenidas por el Tribunal Supremo, y previamente por el Tribunal de instancia, y la forma en que fueron argumentadas, no constituyen ni aisladamente ni en su conjunto una interpretación manifiestamente irrazonable de la legalidad ordinaria, sin que este Tribunal tenga que entrar a examinar si otras interpretaciones también posibles debían prevalecer sobre aquella.
Desde esta misma perspectiva constitucional de control de la motivación de las resoluciones judiciales carece igualmente de fundamento la vulneración del art. 24.1 CE que la sociedad recurrente denuncia para combatir la interpretación judicial que descartó la necesidad de plantear la cuestión prejudicial. Pues si el Tribunal Supremo manifestó que no tenía duda alguna sobre la interpretación de la normativa europea aplicable al caso, es claro que no existía la obligación de remitir ante la jurisdicción europea una cuestión de interpretación del Derecho comunitario que para el órgano sentenciador no existía, pues la jurisprudencia del Tribunal de Justicia excluye la necesidad de planteamiento del reenvío judicial en relación con los denominados “actos claros”. Determinar si el Tribunal Supremo interpretó correctamente el Derecho comunitario al inferir la compatibilidad o no de la exigencia de rotación de cultivos es una cuestión sobre la que este Tribunal, que no es una tercera instancia, según hemos declarado repetidamente, no puede en efecto pronunciarse, salvo que la motivación judicial resultara irrazonable, arbitraria o incursa en error patente (últimamente, por todas, STC 13/2012, de 30 de enero). Circunstancias que no concurren en el presente caso toda vez que la Sentencia impugnada se funda también en una interpretación razonable y motivada del régimen jurídico del planteamiento de la cuestión prejudicial, y que sigue además la propia doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia sobre el “acto claro”.
Una vez examinada la primera de las quejas debemos abordar las demás tachas que el recurrente reprocha a la Sentencia recurrida. Así las referidas a la inclusión de elementos que no corresponden al caso de autos sino a otro anterior, la identificación errónea del acto administrativo impugnado y la introducción de diversas alusiones que no se ajustan a su demanda de instancia o su recurso de casación, todo lo cual evidenciaría a su juicio un error patente con relevancia constitucional, una motivación contraria al art. 24.1 CE o una incongruencia constitucionalmente relevante, queja que inadecuadamente el recurrente sitúa en el art. 24.2 CE y no en el art. 24.1 CE, según consolidada doctrina de este Tribunal (últimamente, SSTC 133/2010, de 2 de diciembre, FJ 3 y 155/2012, de 16 de julio, FJ 2). En realidad, las tachas que el demandante de amparo reprocha a la Sentencia impugnada no determinarían la existencia de un error patente o una incongruencia sino de un defecto de motivación. En efecto, los defectos e inexactitudes causados por la asunción y la transcripción de argumentos y consideraciones jurídicas vertidos en una Sentencia anterior del mismo órgano judicial y relativa a un caso distinto aunque similar que afectaba al mismo demandante no plantearían una vulneración del art. 24 CE por falta de enjuiciamiento o por error en el enjuiciamiento, como alega el demandante de amparo, sino un error en la motivación, en cuanto que aquellos defectos revelaran la inadecuación o desajuste de las razones aportadas por el órgano judicial para sustentar la decisión del litigio, por responder al enjuiciamiento de un objeto ajeno. Así pues, nos limitaremos a examinar los reproches planteados por el demandante desde esta concreta perspectiva.
La resolución del presente recurso de amparo debiera haber seguido la línea jurisprudencial desarrollada en las SSTC 58/2004, de 19 de abril, y 78/2010, de 20 de octubre, en las que declaramos que el no planteamiento de la cuestión prejudicial puede llevar aparejada la lesión del art. 24 CE por incumplimiento de la obligación de remitir al intérprete de la normativa europea el cuestionamiento sobre el alcance de una norma, salvo que sea patente que no concurre duda alguna aplicando los criterios jurisprudenciales europeos al respecto. Por el contrario, nuestra actual Sentencia se separa de la consistencia de aquella argumentación, al asumir como suficiente que la interpretación de la norma europea resulte clara a juicio del órgano judicial que ha de aplicarla, conforme a los parámetros de razonabilidad exigibles en el enjuiciamiento de la legalidad ordinaria. Con tal argumento la obligación impuesta por el art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) de plantear la cuestión queda excepcionada con base en un particular entendimiento de la doctrina europea del acto claro que la desfigura hasta hacerla irreconocible.
El art. 267 TFUE establece la competencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse “con carácter prejudicial” sobre “la interpretación de los Tratados” y sobre “la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión”. Cuando un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, deba resolver un asunto que requiere interpretar el significado de una norma o de un acto propio del Derecho de la Unión, “estará obligado a someter la cuestión al Tribunal”. Planteamiento de la cuestión que para los demás órganos jurisdiccionales nacionales es meramente facultativo. Por lo tanto, ante una duda interpretativa sobre una cuestión de Derecho de la Unión en un litigio pendiente ante un órgano jurisdiccional cuya decisión no es susceptible de ulterior recurso, el único órgano judicial competente para conocer de ella es el Tribunal de Justicia.
De las tres concretas excepciones que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia admite frente a la obligación del planteamiento de la cuestión prejudicial —impertinencia de la cuestión, identidad o analogía de la cuestión con otra ya resuelta por el Tribunal de Justicia o “acto aclarado”, y claridad de la cuestión o “acto claro”—, la resolución impugnada en amparo acudía a la hipótesis del “acto claro” como justificación del no planteamiento de la cuestión. Y, conforme a los criterios sentados en la doctrina Cilfit (STJCE de 6 de octubre de 1982, en especial apartados 9 a 21), el “acto claro concurre cuando la correcta aplicación del Derecho de la Unión pueda imponerse con tal evidencia que no deje lugar a duda alguna sobre la solución de la problemática suscitada”. Para alcanzar tal evidencia, deben cumplirse algunos exigentes requisitos en el proceso intelectivo conducente a tal convicción, concretamente que se tenga en cuenta que: a) los textos de Derecho de la Unión están redactados en varias lenguas y que las diversas versiones lingüísticas son auténticas por igual, lo que determina que la interpretación de una disposición de Derecho de la Unión obliga a una comparación de las versiones lingüísticas por parte del órgano jurisdiccional nacional; b) el Derecho de la Unión utiliza una terminología propia, de modo que los conceptos jurídicos no tienen necesariamente el mismo contenido en ese Derecho y en los diferentes Derechos nacionales; y, finalmente, c) cada disposición de Derecho de la Unión debe ser situada en su contexto e interpretada a la luz del conjunto de las disposiciones de ese Derecho, de sus finalidades y de su grado de evolución en la fecha en la que debe hacerse aplicación de la disposición de que se trata. Todo ello puede sintetizarse en la condición de que el órgano jurisdiccional nacional alcance con criterios objetivos la convicción de que la misma evidencia será compartida por los órganos jurisdiccionales de los otros Estados miembros, y aún por el propio Tribunal de Justicia.
La Sentencia impugnada en su fundamento jurídico séptimo afirmaba el carácter innecesario del reenvío “al evidenciarse con toda nitidez cómo debe ser interpretada la disposición reglamentaria de la Comunidad Autónoma sin que la misma incida en una interpretación no uniforme o divergente del Derecho comunitario a aplicar los órganos jurisdiccionales nacionales”, pues “no nos hallamos ante un concepto jurídico que pueda tener distinto contenido en derecho comunitario y en los diferentes derechos nacionales (fundamento jurídico 19 de la sentencia Cilfit)”. Y después de reproducir textualmente un fragmento del apartado 16 de la Sentencia Cilfit del Tribunal de Justicia sobre la necesidad de que la correcta aplicación del Derecho comunitario se imponga “con tal evidencia que no deje lugar a duda razonable alguna sobre la solución de la cuestión suscitada”, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo señaló lo siguiente: “Entendemos que nos encontramos ante un supuesto que no ofrece dudas sobre la manera de resolver aunque no haya sido objeto de interpretación reiterada del TJCE. Mantenemos que la hermenéutica de la Orden del Gobierno autónomo extremeño, de contenido análogo tanto en la campaña de 1998 como en la de 1999/2000 no deja lugar a duda razonable respecto a la incidencia o divergencia sobre las disposiciones comunitarias”. Es decir, considera claro que el Gobierno autonómico está legitimado para desarrollar, completar o interpretar el concepto de “faenas normales de cultivo”.
[L]a regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas, de su cuantía, de los posibles beneficiarios, e incluso de ciertos aspectos del procedimiento de tramitación de las solicitudes, empezando por el plazo de presentación, así como otras prescripciones de verificación y control, se contienen en los Reglamentos comunitarios …. El margen para una normativa complementaria, de desarrollo o ejecutiva es muy estrecho y, por lo general, se limita a prescripciones de orden organizativo y procedimental, que resultan necesarias para instrumentar la concesión y pago de las ayudas dentro de los diferentes Estados miembros. Solo en contadas ocasiones la legislación nacional puede complementar la normativa comunitaria europea aplicable a los casos de que tratamos, por remisión de ésta, con prescripciones de contenido sustantivo, relativas a la definición de los beneficiarios o a algunas condiciones, límites o suplementos de las ayudas.
(STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 3)
Nuestra Sentencia desestima el recurso de amparo aplicando el canon ordinario de exigencia de motivación suficiente y no irrazonable, proyectándolo sobre el mismo objeto sobre el que el Tribunal Supremo aplica su argumentación: el significado de las “faenas normales de cultivo”, y la lógica de los criterios agronómicos para entender que la rotación de cultivos es consustancial a tales faenas (FJ 6). Es decir, se entra a interpretar la norma europea considerando que dada la razonabilidad de la rotación de cultivos, no sería lógico que la norma europea impidiera adicionar tal requisito. Así, nuestra Sentencia declara:
Resulta en efecto plausible la premisa de la que parte el órgano sentenciador de que los reglamentos comunitarios aplicables al cultivo del cáñamo admiten un complemento normativo a cargo de las autoridades estatales competentes para su ejecución, de forma que pueden ser complementados con criterios específicos acordes con las características del lugar en que el que iban a ser aplicados. Igualmente, resulta perfectamente entendible que, dentro de su capacidad para desarrollar el concepto de ‘faenas normales del cultivo’, la autoridad autonómica competente estableciera la exigencia de la rotación para el disfrute de las ayudas comunitarias al cultivo del cáñamo, requisito cuya lógica y adecuación agronómica no cabe cuestionar. Deducidas y trabadas de una forma no arbitraria las premisas de su razonamiento, el órgano sentenciador dedujo finalmente, sin lugar a duda alguna, la compatibilidad con el Derecho comunitario de la exigencia de la rotación de cultivos.
STS 905/2013, 3 de Diciembre de 2013
SAP Alicante 556/2007, 31 de Julio de 2007

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