Source: http://elmuertoquehabla.blogspot.com.es/2011/05/
Timestamp: 2017-08-17 17:37:21+00:00

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El Muerto |||: mayo 2011
Solo faltan 5 meses. ¡Estamos llegando! A partir de noviembre se acabarán las posibilidades de revancha de éstos resentidos y recalcitrantes izquierdistas y los pupilos del Super Ratón quedaran impolutos de cualquier "presunta" responsabilidad por apremios físicos e ilegales.Las "presuntas" boletas de los PRESUNTOS desaparecidos,(fiambre en Brasil) acaban de ser blanqueadas por la muy fiel Suprema Corte de...¿Justicia? en una forma más potable que las "presuntas" violaciones a los derechos humanos en su modalidad de desaparición forzada.-
Nadie tuvo la lúcida profundidad de análisis y la brillante , valerosa decisión del compañerito Víctor que con su inquebrantable militancia rectilínea , vió la importancia que el tema siguiese sobre el tapete (aunque más no sea hasta noviembre) y no extinguirlo dándo vuelta la página como quieren los milicos y la derecha.-
Es - como yo - un incomprendido más.-
La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualesquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Corte ratifica que delitos no son considerados de lesa humanidad
Prescripción. Delitos de la dictadura no podrán juzgarse desde noviembre | Piden anulación de lo actuado en el caso Gelós Bonilla
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes y no de lesa humanidad. Ello es de vital trascendencia jurisprudencial para los casos, que prescribirán el próximo 1° de noviembre.
En una sentencia emitida el pasado 6 de mayo, la Corporación condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 homicidios muy especialmente agravados, descartando la imputación realizada por la fiscal Mirtha Guianze quien los acusó de ser autores de ilícitos de desaparición forzada.
La diferencia entre una imputación y otra radica en que la visión de la mayoría de la SCJ -que aprobó la sentencia por cuatro votos a favor y la discordia de un ministro- implica que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes para los cuales se computa plazo de prescripción y no de lesa humanidad, que se consideran imprescriptibles.
Sin embargo, Guianze presentó un recurso de aclaración ante la Corporación ya que entendió que si bien la SCJ descartó la imputación de desaparición forzada, no se pronunció respecto a si los homicidios muy especialmente agravados pueden ser considerados o no delitos de lesa humanidad.
La respuesta de la Corporación ante ese planteo ratificará la posición de los ministros en cuanto a que se trata de ilícitos comunes. Los ministros de la SCJ acordaron ayer el texto de la contestación que enviarán a Guianze, el cual será firmado en las próximas horas, dijeron fuentes judiciales a El País.
De esa forma, el máximo órgano del Poder Judicial deja asentado un importante antecedente jurisprudencial de cara a la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura que, según la tesis jurídica mayoritaria, no podrán ser juzgados después del próximo 1° de noviembre.
Eso debido a que el Código Penal prevé 20 años de prescripción para los delitos de homicidio. El plazo puede ser ampliado en un tercio en función de las agravantes del caso, lo que establece un máximo de 26 años y ocho meses.
Así, como a nivel judicial no se computa el tiempo transcurrido en el período de facto (1973-1985), la prescripción debe ser contabilizada desde el retorno a la democracia el 1° de marzo de 1985, lo que arroja la fecha definitiva del próximo 1° de noviembre.
Le tesis de la prescripción es avalada, incluso, por varios de los abogados denunciantes de casos de derechos humanos, que si bien están a favor de la postura de Guianze, admiten que jurídicamente es muy difícil imputar el delito de desaparición forzada.
En la vereda contraria, varios de los abogados defensores de militares denunciados -entre ellos el catedrático penalista Miguel Langón, abogado del general Miguel Dalmao- sostienen que la mayoría de los casos ya prescribieron, porque no computan las agravantes.
LOS ARGUMENTOS. El fallo de la SCJ que condenó a Gavazzo y Arab como responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados explica que al momento de los hechos no existía el delito de desaparición forzada y por eso no puede imputarse ese ilícito.
La sentencia señala que la figura delictiva que pretendía aplicar Guianze se creó por ley en octubre de 2006 cumpliendo con lo que prevé la legislación de la Corte Penal Internacional, pero no puede ser aplicada en función del principio jurídico que prohíbe la "irretroactividad de la ley penal", previsto en el artículo 15 del Código Penal.
Para la mayoría de los ministros de la Corporación, "al no existir la norma al momento de ejecutarse los hechos a juzgar, no corresponde su aplicación en forma retroactiva...".
Además, la sentencia, firmada por los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Jorge Chediak y Daniel Gutiérrez, explica que una norma penal no puede ser aplicada con criterios retroactivos en función de la existencia del "principio de legalidad", establecido en la Constitución.
Según los ministros de la Corporación, la única situación en la que se podría aplicar una ley penal en forma retroactiva es cuando ésta favorezca al imputado, como por ejemplo, la derogación de un delito o la reducción de su pena.
La resolución de la SCJ tuvo el voto discorde del presidente del máximo órgano judicial, Leslie Van Rompaey, que se pronunció a favor de la postura de la fiscal Guianze, y consideró que sí es posible imputar el delito de desaparición forzada.
Para Van Rompaey, aunque el ilícito no existiera al momento de los hechos, sí puede ser aplicado en la actualidad porque "se sigue consumando en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueron ultimados por los agentes estatales".
"Las víctimas estarán muertas, pero igualmente continúan desaparecidas, por lo que el delito se sigue consumando", opinó Van Rompaey en su voto discorde a la posición mayoritaria de la Corporación.
Nuevo revés para juicios sobre dictadura
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Para evitar capitales 'privados' que quieran construir hoteles 'cinco estrellas' en Cabo Polonio, Mujica cederá tierras al Ejército (2006)
Impedir que se instale un "hotel cinco estrellas" en la zona de Cabo Polonio fue una de las razones aducidas por el Ministerio de Ganadería para anunciar que cederá al Ejército un millar de hectáreas de su propiedad en ese lugar. Pero la iniciativa generó "malestar" en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que acusó a la cartera que encabeza José Mujica de no haber coordinado su plan con los demás integrantes del Poder Ejecutivo y con la Intendencia de Rocha.
En medio de esa polémica sobre el futuro de Cabo Polonio-un balneario rochense que a fines de los sesenta fue refugio del líder tupamaro Raúl Sendic-
Una Organización No Gubernamental (ONG) que integran habitantes, vecinos y pescadores del lugar, entregó ayer a la entidad Uruguay Transparente una serie de "denuncias sobre el manejo estatal del Polonio para confirmar si efectivamente se está ante la presencia de irregularidades que configuren algún delito".
Los planes y proyectos para Cabo Polonio fueron objeto de consideración pública la semana pasada. El jueves 25, Búsqueda difundió que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca transferirá cerca de 1.000 hectáreas de su propiedad ubicadas en la zona costera de ese balneario al Ministerio de Defensa para que en ese lugar se instale un espacio de esparcimiento público similar al "Parque Nacional Fortaleza de Santa Teresa".
Mujica señaló en esa oportunidad que tenía previsto reunirse con el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales. El ministro explicó que la idea es crear "un parque para que los pobres puedan ir a poner sus carpas" como en Santa Teresa. La extensión de tierras que posee Ganadería en el Cabo Polonio comprende algunas viviendas y una franja costera deshabitada.
El ministro informó que a cambio de esas tierras, el Ministerio de Defensa cederá cerca de 3.000 hectáreas que tiene distribuidas en diferentes puntos del país. Esta semana, al ser consultado por Búsqueda, Mujica informó que se reunió con Rosales.
"Agarró viaje con la idea", dijo.
o "Cinco estrellas". El jueves 25 y el viernes 26 en su audición "Hablando al sur" en la FM M24 Mujica defendió su iniciativa. Argumentó que "ese territorio es codiciado por proyectos de hoteles cinco estrellas, con la promesa de generar fuentes de turismo, de trabajo".
Considerando que "la inmensa mayoría de los terrenos aledaños de la costa están privatizados", dijo que "sería bueno que con un sentido de justicia social también los débiles tengan derecho a pasar unos días lindos en el Este".
Insistió en que las Fuerzas Armadas cuiden ese territorio, mediante la creación de un parque público similar al Santa Teresa, porque advirtió que "de lo contrario los más audaces se van a ir quedando con esas cosas y después hay que hacer pleito para sacarlos".
Mujica enfatizó que esa decisión también apunta a "entorpecerle las posibilidades de algunos intereses privados importantes que van a querer hacer hoteles cinco estrellas en semejante belleza de la naturaleza".
En línea con esta idea, la semana pasada, Mujica le transmitió a vecinos del Cabo Polonio que rechazó ofertas para que inversores extranjeros levanten hoteles en la zona.
Ayer miércoles, en el informativo "Subrayado" de canal 10, Mujica relató que su idea cuenta con el respaldo del presidente Tabaré Vázquez. "Hace seis meses en el Consejo de Ministros lo dije y el presidente me apoyó y bueno, es probable que alguna gente no estuviera enterada, pero había ministros, entre ellos la ministra de Defensa, Azucena Berrutti y el ministro (Mariano) Arana", afirmó.
Video y malestar. El lunes 29 de octubre "El Observador" publicó que el cantautor francés Manu Chao compuso e interpretó un tema en defensa de Cabo Polonio y en rechazo a los planes del Ministerio de Vivienda y de la Intendencia de Rocha para ese lugar.
"El Cabo es un lugar único. (...) Espero que nunca consigan aquí construir ningún hotel de mierda", dice el músico en un video que se encuentra en "Youtube" desde el lunes 29.
En ese video se muestran imágenes del ministro de Vivienda, Mariano Arana, de la directora de Medio Ambiente, Alicia Torres, y del intendente de Rocha, Artigas Barrios, mientras suena de fondo la melodía "Mentira, la mentira".
Desde el Ministerio de Vivienda, la movida de Mujica "no cayó nada bien", según dijeron a Búsqueda altas fuentes de esa cartera.
El diario "La República" dio cuenta ayer miércoles de esa situación e informó que se puso de manifiesto en la reunión que Mujica y Arana, Berrutti, el ministro de Turismo, Héctor Lescano, y el intendente de Rocha, Artigas Barrios, mantuvieron el martes 30 para abordar la situación.
"Existe un convenio firmado entre todos los ministerios que participaron en la reunión con respecto al área protegida de Cabo Polonio. Mujica se cortó solo pero en la reunión se le explicó y se le mostraron planos que muestran que no todo el Cabo es del Ministerio de Ganadería, allí hay predios privados", dijo un jerarca de Vivienda.
Otro informante de esa cartera fue más enfático a la hora de dejar en evidencia su "malestar" con la actitud de Mujica. "No entiendo porqué 'el Pepe' se mete en estos temas si yo a él no le digo que pinte a las ovejas de rosado", relató.
o Las denuncias. En tanto, ayer los vecinos de Cabo Polonio denunciaron a Uruguay Transparente una serie de hechos que consideran "irregulares" y que aspiran a que se indaguen para corroborar si "hay delito", según supo Búsqueda.
Los pobladores quieren saber cómo la Intendencia de Rocha dio en concesión a "un privado para que se instalara en la Playa de los Pescadores y en Playa Sur, con un quiosco en cada playa, el arrendamiento de reposeras y sombrillas".
"La instalación la hicieron (...) sin permiso escrito. Existe denuncia penal en Rocha sobre este asunto con un expediente levantado por Prefectura tomando testimonio a quien estaba al frente de los quioscos y en su respuesta, que está en el expediente, dice que llamen a Pablito... a lo cual los de Prefectura le preguntan que Pablito y el señor (César) Hutton dijo Pablito Barrios, el hijo del intendente", dice el escrito presentado ayer miércoles.
Señala que también se dio en "concesión el servicio de transporte en lancha a los turistas a las islas que están frente a Cabo Polonio".
"No existe permiso escrito por parte de la empresa que da el servicio ni aclaraciones en cuanto a la venta del servicio que hacían los guardaparques empleados de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)", agrega.
Además, señala que "la empresa que da este servicio, que no la integra ningún poblador de Cabo Polonio, en estos momentos está gestionando una donación ante dos entidades italianas como si fueran pescadores de Cabo Polonio".
El enfrentamiento de los pobladores y vecinos de Cabo Polonio con las autoridades nacionales y departamentales, en este caso con Barrios, no es novedad. La saga incluye duros cuestionamientos que los pobladores realizaron a Barrios y a jerarcas del Poder Ejecutivo en la audiencia pública que se realizó en Cabo Polonio el 31 de agosto pasado.
"Innumerables veces hemos solicitado como Comunidad al Ministerio de Vivienda reuniones, nunca nos recibieron. El actual intendente de Rocha nunca vino formalmente a reunirse con los pobladores. La mayoría de nosotros no le hemos visto la cara. (...) Pero bueno, tan solos no estamos. Debemos reconocer que el Ministerio de Ganadería a través del director Daniel Montiel es con quien solemos tener un tiempo para repasar algunas de las situaciones más complicadas que nos tocan vivir", dice el texto que los pobladores del Cabo Polonio leyeron aquel día.
En Cerro Largo, el Presidente Mujica comentó sobre el Proyecto de Ley para traspasar inmuembles (terrenos), que son del Ministerio de Agricultura y Pesca, al Instituto de Colonización.
Habla de terrenos que están en Cabo Polonio, Área Protegida, y en otras zonas de Rocha.
El Instituto de Colonización puede disponer a su antojo de estos terrenos, y el Presidente no solo nos cuenta cómo, sino que además critica a los ecologistas que se oponen a esto.
Mas burro que nunca (2011)
Videoclip de Manu Chao: "SOS Cabo Polonio".
Recogida de firmas Las Dunas del Cabo Polonio no se venden, Sr Presidente
Para:comunicacion@presidencia.gub.uy
Recogida de firmas para que el presidente de la Republica Oriental del Uruguay, Jose Mujica abandone su proyecto de venta del patrimonio natural de las Dunas del Cabo Polonio a los capitales privados.
Dunas del Polonio Zona protegida Monumento Natural
http://www.snap.gub.uy/dmdocuments/CaboPolonio-ProyectoingresoSNAPmayo2009.pdf
Una cosa es vender tierras improductivas del latifundio (intocable), y otra la venta del patrimonio nacional.
Esta es la carta con la que contestamos al presidente desde valizas votada en cabildo abierto x unanimidad. Difundir!
de Comando Valizas, el miércoles, 01 de junio de 2011
Barra de Valizas, 31 de mayo de 20011
Sr. Presidente del pueblo uruguayo:
Nosotros, representantes del cabildo popular de Barra de Valizas hacemos a través de este medio, uso de nuestro derecho a réplica en respuesta a las declaraciones emitidas por ud, el pasado 27 de mayo, en cuyo discurso se nos alude directamente.
Nos reunimos hoy, en este lugar, movidos por la sorpresa y la indignación pero sobre todo movidos por nuestra necesidad de luchar a favor de la libertad, y de otra visión de país; bastante diferente de la que en este momento se plantea y lleva adelante por nuestros servidores públicos.
Sorpresa es habernos enterado del proyecto de ley que pretende privatizar el patrimonio del estado, sorpresa es darnos cuenta cuan mal informados están los de allá arriba de la realidad de los de la base de la estructura
Sorpresa e indignación fue haberlo escuchado a usted, presidente, allá por Melo, mandándose un discurso de lo más gracioso, acerca de ecologistas y del pobrerío de los arenales de la costa atlántica.
Le paso a explicar algunos detalles de su discurso, que están completamente y repito, COMPLETAMENTE equivocados.
Allá lejos, aquellos arenales de la costa atlántica forman para que lo sepa, el Parque Nacional de Cabo Polonio, que hace escasísimos 2 años fue creado y publicitado con bombos y platillos a nivel mundial, por un gobierno del cual ud formaba parte. Forma parte del sistema nacional de áreas protegidas, y si, sabemos que un área protegida es compatible con privados, pero está claro que si los terrenos del área protegida son propiedad del estado…. no debería existir una mejor garantía para su conservación. Usted dice: “… no sirven para ganadería, no sirven para agricultura…”, muy bien, ¡Vaya novedad! Claro que no sirven para eso! Si son arenales!!!!
Ahí usted revela señor presidente, un modelo de Uruguay Productivo que pertenece a otro paradigma de productividad, un paradigma pasado….pasado.
Productivo ya no solo significan, vacas y cultivos…. Si se queda en esa…. Suceden estas cosas en donde podemos verlo ciego a apreciar todo lo que significan estos arenales para los que vivimos y disfrutamos en este lugar. TODO, lo que produce esta zona no se mide en cantidad de vacas.
Pensamos que usted entregó en allá en Melo 800 has. Para 2 grupos de 5 colonos y acá tenemos 2000 has. Para 250 grupos de al menos 3 colonos turísticos por grupo, por familia. Haga números; deje contentos a 10 y descontentos a 750 y vea donde lo lleva la ecuación.
Luego usted continúa y dice “…qué vengan turistas, que hagan su casa, y que el pobrerío les arregle el jardín y les cuide la casa…” respecto a eso 2 cositas: en el área protegida, por ley, no se puede clavar ni un palo. Y 2 …. ¿de dónde sacó usted que arreglar jardincitos e irla llevando es lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos?!. Linda imagen del Uruguay productivo nos presentó: con ejércitos de jardineros, mucamas y mayordomos para limpiarle el culo a los ricos!.
Tenemos otra noticia: usted hace referencia a que han logrado pasar esto al Instituto de Colonización, y nosotros le recordamos que... Eso es un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado por el parlamento, y de paso le decimos que, ver firmado ese proyecto de ley por TODOS sus ministros revela que visión tiene el gobierno respecto del cuidado de su patrimonio, y también revela la calidad de asesoramiento que tiene usted, señor presidente, de todo su equipo. ¿No ha habido ninguno de su equipo que le haya dicho que están por cometer una locura de las malas?.
Luego en su discurso usted dice…. “Aparece un movimiento ecologista que dicen: que No! Que cómo vas a privatizar eso!”. Nuevamente mal informado, no somos un grupo de ecologistas, señor presidente, nuestra bandera es otra que sí incluye la ecología, pero sabe? Somos mucho más que eso: somos el cabildo de Barra de Valizas y en este corto tiempo nuestra causa ha recibido el apoyo de los cabildos de otros pueblos vecinos y de muchas organizaciones sociales, e incluso usted no se enteró que el comité de base dirigido por la mesa política del FA de nuestra vecina ciudad de Castillos se pronunció por unanimidad en contra de la privatización?. Entonces le decimos a usted: “No! Como vas a privatizar eso?” y ahí está su respuesta que condensa cuantos años de lucha, de sueños, de ideales, de muertes de horror… una cantidad de años para que usted, si! Justamente usted diga con tanto énfasis: ¡Pero claro que vamos a privatizar!.
Para colmo, después agrega, “…que los que tengan “lana” paguen, y podamos comprar tierras para nuestros colonos…” Usted ya debería saber, señor presidente cuantas atrocidades se han cometido con una “buena causa” como bandera. Guerras santas, inquisición, conquista de América, exterminio indígena en Uruguay y más recientemente la guerra contra el terrorismo llevada adelante por los presidentes de EEUU y sus socios. ¿Qué los diferencia a ellos de usted con esa bandera que está levantando por el Instituto de colonización? Nosotros apoyamos a los colonos, esto tiene que quedar clarísimo, lo que no queremos, es que se desvista a un santo para vestir a otro. Además, señor presidente, esa estrategia de ponernos en contra de los colonos, como opuestos incompatibles…. Vamos! Es el clásico divide y reinarás. No se va por ahí, señor presidente.
Pero este discurso suyo siguió y recuerdo esa parte donde dice “… y me llegaron a decir que van a pescar por ahí y veo a los venados atrás” de esto tenemos también un par de cosas que decir: 1) utiliza usted un tono tan despectivo que aborrecemos y nos preguntamos si cuando usted estaba en la lucha, y le hablaban desde el poder usando ese discurso… ¿como se sentía? (aquí me viene a la mente la “Pedagogía del oprimido” del célebre Paulo Freire, cuando dice que los oprimidos cuando llegan al poder…. Se vuelven opresores) Como dijo alguien por acá: “se ha convertido en una macabra negación de sí mismo”. Y 2) eso de ir a pescar con los venados corriendo por ahí, es uno de los valores que queremos mantener para el disfrute de todos los uruguayos. TODOS eh? Libres en ese lugar.
Y termina diciendo que le dan ganas de llorar, no sabe cuántas lágrimas de indignación y decepción generó con ese discurso, muchas y de muchos. A nosotros nos da vergüenza ajena, la verdad!.
Una cosa cierta sin embargo hubo en su discurso, luego de esas pausas en donde toma aire para decir algo trascendental, uste dijo que “lo único permanente es el cambio” y que “no hay que tenerle miedo al cambio”, le tenemos una noticia más lo que usted quiere hacer no es un cambio, eso ya está hecho en muchos lados y tiene nombre bien conocido: se llama PRIVATIZACIÓN (le suena de alguna lucha antes de llegar al poder?) No es lo que queremos, ni cerca!, y no somos sólo nosotros, que eso quede claro.
Cambie para bien presidente, anímese a cambiar y no siga siendo un servidor de los ricos y poderosos, ni pretenda convertirnos en esclavitos.
Ultima noticia: Riqueza es eso que tenemos ahí natural y del pueblo como es y el poder no está allá afuera, el poder está en nosotros y se lo prestamos, señor presidente, hasta el final del partido.
Estos son los padrones de area protegida que van a pasar a manos privadas....
los que hayan subido al buena vista, uno de ellos es por donde pasamos para ir de Valisas al cabo...
Parte de uno de los padrones que quiere vender mujica, con su respectiva playa por supuesto.... pondrán peaje para pasar pal Cabo?....
Publicado por El Muerto en 14:09 5 comentarios Enlaces a esta entrada
Video sobre el Gral. Don José Gervasio Artigas, emitido en la serie Caudillos del canal argentino Encuentro, y más allá de algunas omisiones o errores, contiene importantes y valiosos testimonios de historiadores uruguayos, como el Prof. Gonzalo Abella entre otros
Es a través de estos testimonios que se puede reconstruir una imagen de ese hombre que fue el Gral. Artigas, sus orígenes, infancia, juventud en el campo...sus años "charrúas" conviviendo con sus hermanos como un igual y reconocido por éstos como un líder...el Karai Guazú...
De allí surge esa relación especial de Artigas con la macro-etnia charrúa como con las otras culturas que poblaron estas tierras hasta el Paraná, incluyendo los guaraníes, chanás, guenoas, todos partícipes junto a los afro-orientales, y los criollos, de esa multiculturalidad que protagonizó una de las epopeyas de mayor singularidad, tanto por el sueño de una Confederación de estados como forma organizativa de las Provincias Unidas, como por la característica esencial de la lucha independista liderada por Artigas: la de ser un pueblo en armas y en asamblea, que defendía las libertades y derechos de los que ya gozaban, y se consagraban con el proyecto artiguista...
Que los más infelices fueran los más privilegiados...Artigas resumía el proyecto federal, la integración multicultural, la justicia y la dignidad. Eso es lo que fue reconocido en su proclamación de Protector de los Pueblos Libres y lo que explica la conformación de la Liga Federal o Liga de los Pueblos Libres o Protectorado de Artigas, y que reunía a la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, las Misiones Orientales y Córdoba...
Enfrente de este conglomerado de hombres libres, que peleaban por mantener una forma de vida y plasmar un tipo de organización que consagrara sus libertades y si integración multicultural, se posicionaba claramente el proyecto unitario de la oligarquía porteña, plasmado el 9 de Julio de 1816, pero que ya había sido hecho a saber a Artigas en 1813, cuando en Buenos Aires se rechazan sus diputados en una reunión de representantes de todas las provincias, estos diputados orientales portaban las llamadas "Instrucciones del año XIII", resultado de una consulta entre todas aquellas culturas discriminadas por el proyecto unitario y reafirmada frente a los muros de Montevideo, y en donde el 4 de Abril de 1813 Artigas definirá con claridad:
"Ciudadanos: el resultado de la campaña pasada me puso al frente de vosotros por el voto sagrado de vuestra voluntad general (...)"
"(...) La Asamblea general tantas veces anunciada empezó ya sus sesiones en Buenos Aires. Su reconocimiento nos ha sido ordenado. Resolver sobre el particular ha dado motivo a esta congregación porque yo ofendería gravemente vuestro carácter y el mío (...) si pasara a decidir por mí una materia reservada sólo a vosotros (...) Examinad si debéis reconocer la Asamblea por obedecimiento o por pacto (...)" y si bien recomienda lo segundo, aclara: "(...) Esto ni por asomo se acerca a una separación nacional; garantir las consecuencias del reconocimiento no es negar el reconocimiento"
Los orientales deciden mandar a sus diputados, pero con instrucciones a las que deberán ajustarse...De esas "Instrucciones del año XIII" se resalta:
"Art 1. Primeramente pedirá la declaración de la Independencia absolutas de estas colonias, que ellas serán absueltas de toda obligación a la Corona de España y familia de los Borbones y que toda conexión política entre ellas y el estado de España es y debe ser totalmente disuelta.
Art.2. No admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que forman nuestro estado (...)
Art 3. Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable (...)"
Los diputados orientales no son aceptados...
"(....) Artigas va fortaleciendo las redes de las culturas discriminadas y para ello tiene sabios asesores entre los caiques charrúas, los jefes tapes, los gauchos y los afro-orientales como Joaquín Lencina. Luego del segundo sitio "el Montevideo español se derrumba. Primero entran los porteños, luego éstos son derrotados por Artigas en Guayabos y Fernando Otorgues (uno de los lugartenientes de Artigas) irrumpe con sus gauchos dentro de las murallas de la ciudadela. Artigas no entra. En realidad, desde los catorce años de edad, las pocas veces que José Artigas se aproxima a alguna ciudad es para sitiarla (...)"
Como dato adicional, la bandera artiguista que se enarbola en Montevideo en ese momento, tiene una disposición diferente de las franjas, y llega a nuestros días como "la bandera de Otorgués", bandera que el Frente Amplio en 1971 toma como distintiva de la fuerza política hasta nuestros días.
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El misterioso grupo Bilderberg se reunirá este año para su cónclave anual en la turística ciudad de St. Moritz, en el sureste de Suiza, entre el 9 y 12 de junio, pero tendrá mucha compañía. St. Moritz está a poca distancia de Davos, el sitio de la reconocida reunión regular de miles de banqueros, líderes políticos y otros notables del llamado Foro Económico Mundial. Pero, a diferencia de Davos, donde la prensa es siempre bienvenida, Bilderberg todavía trata de mantener un secreto absoluto.
Bilderberg se reunirá en Suiza
Bilderberg St.Moritz Schweiz 11.06.2011
(solo en alemán)
Etiquetas: Bilderberg st Moritz
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29 mayo 1969, Agustín Tosco
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Tierra Libre con el fiscal Enrique Viana
Una producción de El Potrillo rezano
Montes del Plata y los contratos "confidenciales" de las multinacionales.
El contrato confidencial de Montes del Plata
El contrato de inversión que Uruguay realizó con la empresa Montes del Plata está bajo el rótulo de “Confidencial”. Saber qué dice y qué no dice ese contrato, así como mantener el derecho de acceso a la información y a la soberanía del país, es el objetivo del fiscal Enrique Viana, quien realizó una serie de intimaciones para que el mismo salga a la luz pública.
Cuando el capital obtiene privilegios y concesiones que van más allá de los derechos y deberes de los ciudadanos consagrados en la Constitución de la República, las negociaciones se tornan exclusivas y corruptas. Así es el contrato de inversión que el gobierno uruguayo realizó con la empresa Montes del Plata, que comenzará a construir la planta de producción de celulosa en Punta Pereira, Conchillas.
Cabe recordar que de acuerdo a un decreto presidencial del ex mandatario Tabaré Vázquez, aquellas inversiones que superen determinado monto, se tratarán directamente por la Presidencia de la República y con el rótulo de interés del país.
Este decreto también fue utilizado por la administración de José Mujica para la negociación del Estado uruguayo con la empresa Montes del Plata y al igual que el gobierno anterior cuando acordó con Botnia (hoy UPM), el tratado se mantuvo en el mayor de los secretos.
Por ello, el pasado 25 de abril, el fiscal Enrique Viana presentó un recurso ante la Justicia donde argumenta e intima a los ministerios del Exterior, de Economía y Finanzas y de Viviendas, a la Presidencia de la República y a la empresa Montes del Plata a que den a conocer el contrato de inversión que suscribieron. EL ECO accedió a la demanda presentada por el fiscal de la Nación.
Argumentaciones de Viana
Para Enrique Viana los contratos de inversión son ilícitos por contrarios al orden público constitucional y, en consecuencia, absolutamente nulos. También consigna que ha requerido información pública a diversas entidades estatales en relación a la construcción y posterior puesta en funcionamiento de la fábrica de celulosa en el paraje Punta Pereira, sobre costas del Río de La Plata, vecino a la localidad de Conchillas, pero que se le ha negado, bajo el argumento de confidencialidad. Viana, en su escrito, indica que éste “consiste en un nuevo emprendimiento industrial, a cargo de un conjunto de multinacionales, Stora Enso y Arauco, que, a nivel nacional, operan con el nombre de Montes del Plata. La actividad industrial anunciada refiere a la producción de pasta de celulosa a partir de la madera proveniente de plantaciones forestales (eucaliptus y pinos), con destino a la elaboración de papel. Implica variados procesos químicos para el blanqueo respectivo en los que se emplean diversas substancias peligrosas para el ambiente (azufre, dióxido de cloro, óxido de sodio, etc.). Y sabido es que la industria de la celulosa es generadora de diversos y significativos impactos ambientales negativos, tanto directos: emisiones atmosféricas, contaminación de las aguas por efluentes tóxicos, residuos sólidos, mal olor, potenciales afectaciones de la salud humana, etc., como indirectos: degradación de recursos naturales por el aumento de la forestación, perturbaciones a otras actividades productivas y al turismo, etc. Inclusive, a la fecha, también se anticipan graves y variados impactos sociales: desempleo, exclusión, pobreza, prostitución, prostitución infantil, etc.”
El contrato confidencial
Ante esto, el fiscal solicitó información; el Ministerio de Economía y Finanzas contestó el requerimiento judicial, pero en los siguientes términos: “Por Resolución de 18 de enero de 2011, el Poder Ejecutivo aprobó el proyecto de contrato de inversión celebrado en esa misma fecha entre el Estado y Montes del Plata. En el numeral 5º de dicho contrato se estableció una cláusula de confidencialidad, por la que se declaró que se consideraban confidenciales, tanto el contenido del convenio, como todas las informaciones adicionales presentadas por el co-contratante. Las partes se obligaron a no divulgar ni total ni parcialmente ninguna información que se relacione con dicho convenio, salvo de común acuerdo expreso. En virtud del tenor de dicha cláusula, el Poder Ejecutivo está impedido por Derecho a proporcionar la información que fuera intimada”.
La experiencia dice que estos contratos de inversión son una continuidad de los Tratados de Inversión, que, de por sí, habilitan la renuncia de la soberanía y “la cesión de la jurisdicción y de la potestad normativa para el otorgamiento de estatutos de privilegio o de islas normativas singulares en favor de las Corporaciones Multinacionales Privadas, contrariándose el principio de igualdad de las personas ante la ley y atentándose contra los mismísimos conceptos de República y de Estado independiente. El propio Código Penal sanciona como delito contra la patria la ejecución de actos directos para someter el territorio nacional, o una parte de él, a la soberanía de un gobierno extranjero, o con el fin de menoscabar la integridad o alterar la unidad del Estado”, expresa el escrito de Viana.
Además, recuerda que una gran voz de alerta ya fue pronunciada por el egregio constitucionalista argentino German Bidart Campos: “Impedir que la economía trasnacionalizada despoje al Estado de su capacidad de reaccionar para supervisar y controlar y, a la inversa, fortalecer las competencias estaduales para regular la irrupción en el mercado interno desde el propio Derecho Constitucional, es difícil, pero no imposible. Si el colapso que los condicionamientos provenientes de un poder económico multinacionalizado significan para la política interna e internacional del Estado no consigue superarse, el espacio de la política socio-económica del Estado quedará acotado en desmedro de derechos primarios de los seres humanos, arrasados por el furor lucrativo y transgresor de la globalización económica. Habrá que rescatar, aunque cueste, la noción básica de que en cada Estado democrático, y en todos, la economía, la hacienda pública, la actividad financiera, y los particulares que operan en sus áreas deben subordinarse solidariamente a una inesquivable finalidad pública: hacer efectivos los derechos y las instituciones de la Constitución”.
En estos días, Hebert Gatto se ha pronunciado en similar advertencia: “Importa con todo recordar que los países pequeños deberíamos ser muy cuidadosos con las entregas incondicionadas de soberanía. No es placentero, en un mundo de gigantes, ser juzgados en el exterior por tribunales internacionales que ordenan conductas como amos a sus súbditos. Es cierto que los tratados tienen rango constitucional, pero eso no deroga nuestra Constitución que los contempla. Otra cosa es que, como se anuncia, demos muestra de sumisión”. (Gelman vs. Uruguay, El País, 30 de marzo de 2011).
“Se ven seriamente conmovidos los conceptos de República y de Soberanía Nacional, habilitándose aquella presión chantajista de los monstruos, tal cual se ha advertido con alarma que viene aconteciendo con la multinacional del tabaco, Philip Morris Internacional. El múltiple abandono de soberanía que suponen los Tratados de Inversión y sus sucedáneos, los contratos de inversión, conducen, inexorablemente, a que el Estado deje de ser independiente, a su deconstrucción como tal, mutándolo en una mera cáscara o apariencia, o convirtiéndolo en un simple fenómeno de ventriloquia (síndrome de Mr. Chasman y Chirolita). Va de suyo, entonces, que la antijuridicidad o ilicitud de estos contratos de inversión refieran nada menos que a la violación del orden constitucional”.
Derecho – Deber
Viana también afirma que con lo que se viene explicando, queda claro que el contrato de inversión cuyo conocimiento se deniega por el MEF es un asunto de interés general o público, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República y en la Ley; por tanto, sobre el mismo no puede operar secreto, ni reserva, ni confidencialidad alguna; por el contrario, rige la regla de su publicidad o, en términos más actuales, del libre acceso a la información pública, derecho – deber (derecho de todo ciudadano, deber del funcionario público), derivado de la libertad de expresión de pensamientos, consagrada en la Constitución de la República.
Con estos antecedentes, el fiscal Enrique Viana realizó la correspondiente intimación ante la Justicia el pasado 25 de abril:
“1º) Que se le tenga por presentado, con la documentación adjunta.-
2º) Se INTIME al MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES, a que, en un término de SEIS DÍAS, INFORME sobre los hechos denunciados al inicio de este escrito y con la incorporación de copia, debidamente certificada, de todos los antecedentes administrativos que posea, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
3º) Se INTIME al MINISTERIO de ECONOMIA Y FINANZAS, exigiéndole que, en un plazo de SEIS DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con la firma Montes del Plata, con más todos los antecedentes administrativos que posea al respecto, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
4º) Se INTIME a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, exigiéndole que, en un plazo de VEINTE DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con la firma Montes del Plata, con más todos los antecedentes administrativos que posea al respecto, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
5º) Se INTIME a la firma MONTES DEL PLATA, exigiéndole que, en un plazo de VEINTE DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con el Estado – Poder Ejecutivo, bajo apercibimiento, cometiéndose”.
Capital extranjero y soberanía nacional
En paralelo con el procedimiento de autorización ambiental previsto por la ley vigente, las autoridades uruguayas están negociando un memorandum de entendimiento con la empresa Zamin Ferrou (Aratirí). El contrato de inversión firmado para la planta de celulosa en Conchillas puede servir de ejemplo del procedimiento y de los temas en discusión con la minera
TRANSPARENCIA DE LA INTRANSPARENCIA
La firma en ceremonia pública de un contrato de inversión entre el gobierno uruguayo y la empresa internacional Montes del Plata fue solo la fachada de un compromiso que pretende sustraerse del dominio ciudadano pero, de confirmarse los trascendidos en la prensa, estaríamos ante una renuncia sin precedentes de la soberanía del país, así como de sus normas de protección social y ambiental
El 18 de enero pasado fue firmado el contrato de inversión entre el gobierno uruguayo y la empresa Montes del Plata, una asociación del grupo sueco Stora Enso y el chileno Arauco, para la construcción y operación de una planta de producción de pasta de celulosa en el departamento de Colonia. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, puso la firma en nombre del gobierno y explicó a la prensa el motivo de la ceremonia.
Breccia dijo que “se llegó a este acuerdo luego de un largo proceso de negociación que llevó nueve meses” y explicó “que este tipo de emprendimientos requiere una normativa especial”. Agregó que “se tomaron todos los recaudos” para garantizar el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de los uruguayos. Por último, destacó que el hecho ratificaba “la política del gobierno en materia de inversiones extranjeras”.
Tan calificado esfuerzo y loables fines justificaban, sin duda, la ceremonia y el festejo, con la condición de que la población pudiera conocer el contenido de ese acuerdo. Pero he aquí que, pese a los esfuerzos de algunos ciudadanos –tales como el fiscal Enrique Viana y el periodista firmante de esta nota–, ni a través de la Justicia ni de una solicitud de acceso a información pública es posible ver el documento.
“Deniégase (…) el acceso a la información relativa al contrato firmado el 18 de enero de 2011 entre el gobierno uruguayo y las empresas Eufores S.A., Stora Enso Uruguay S.A., Forestal Conosur S.A., El Asparragal Asociación Agraria de Responsabilidad Limitada, Zona Franca Punta Pereira S.A., Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. y Terminal Logística e Industrial de M’Bopicuá S.A., todas ellas identificadas como “Montes del Plata”, en razón del carácter confidencial del referido contrato”, reza la resolución firmada por el presidente José Mujica y ocho de sus ministros.
Viana recibió la misma respuesta. Veremos a continuación cuáles son los fundamentos de esa resolución y las implicaciones para el fiscal de tal procedimiento. Paralelamente, el Semanario Búsqueda publicó el 12 de mayo último, reservándose sus fuentes, unos fragmentos del referido documento. Dada la importancia de las citas y que esa versión no ha sido desmentida, incluiremos una valoración de su contenido.
La negación del acceso al contrato se fundamenta en un artículo de la Ley Nº 18.831 de Derecho de Acceso a la Información Pública, en nombre de la cual se hizo la solicitud. El artículo 8 de esta ley establece que “Las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley y las que se definan seguidamente como de carácter reservado y confidencial”.
Hasta aquí puede parecer razonable la reserva, pero cuando se va a la definición de lo que se debe considerar información confidencial, el artículo 10, establece:
“I) Aquella entregada en tal carácter a los sujetos obligados, siempre que:
II) Los datos personales que requieran previo consentimiento informado.”
El dicho popular ‘hecha la ley, hecha la trampa’ advierte a la sociedad sobre la necesidad de vigilar a los tramposos. Pero aquí la trampa está en la misma ley que, por una parte, se propone “promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública” y, por la otra, posee un mecanismo que la anula.
En efecto, el amparo por una cláusula de confidencialidad del inciso C queda en manos de los firmantes del contrato y, como se ve por los otros incisos, no se trata de defender un patrimonio o los datos de una persona ni el secreto comercial. Se trata simplemente de salvaguardar un secreto que las partes se reservan por si y ante sí, vedando en ese mismo acto todo control externo. Es decir, legitima la posible arbitrariedad.
Así nos enteramos que el numeral 5º del contrato entre el gobierno y Montes del Plata estableció que “se consideraban confidenciales, tanto el contenido del convenio, como todas las informaciones adicionales presentadas por el co-contratante” y que las partes firmantes “se obligaron a no divulgar ni total, ni parcialmente, ninguna información que se relacione con dicho convenio, salvo de común acuerdo expreso”.
Por lo tanto, debemos creer que el señor Breccia, el presidente y los ministros firmantes consiguieron salvaguardar nuestros intereses tras una ardua negociación con la empresa de marras. Los uruguayos deberíamos agradecer y dar loas al Señor, sin preocuparnos por el procedimiento tan poco republicano o democrático. Lamentablemente, algunos espíritus incrédulos y las indiscreciones públicas no nos lo permiten.
Legalidad del contrato
En una nueva acción ante la Justicia, el fiscal Enrique Viana afirma que, con la negativa de acceso a la información solicitada, “se hace evidente la antijuridicidad del contrato de inversión en cuestión; ilicitud, que explica su aducida confidencialidad; secretismo, significativamente demostrativo de opacidad por actuaciones que lesionan los conceptos de Soberanía y de República y el principio de igualdad ante la ley“.
De acuerdo con la información de la Presidencia, en dicho contrato se define el marco legal aplicable al proyecto de inversión, el plazo para su presentación, las obligaciones de las partes, las eventuales contrapartidas especiales, el plazo para su cumplimiento y el alcance de los beneficios especiales a otorgar. Para el fiscal, estos contratos son contrarios al orden constitucional y, por lo tanto, ilícitos y nulos.
Viana fundamenta su afirmación en que “en el derecho constitucional contemporáneo “nadie” – ni particulares, ni órganos de poder – pueden hacer prevalecer su voluntad contraria al orden público. La constitución – el “derecho de la constitución” – es “derecho” público, y es de orden público, todo lo cual significó en la concepción romanista, derecho imperativo y forzoso, no dispensable ni derogable por nadie”.
Para el fiscal, la inconstitucionalidad deviene del intento de establecer una norma por encima del orden público ambiental estampado en la Ley Fundamental. Y agrega que “toda actuación funcional que se sumerja por debajo de los umbrales de tutela jurídica ambiental, que se ha dado la Nación, es repudiable, deviene antijurídica” y habilita al Ministerio Público y a la Justicia a actuar para restaurar el orden público.
En la medida que la Constitución uruguaya asigna a la Administración Pública el deber fundamental de protección del medio ambiente, el Poder Ejecutivo no puede ser juez y parte frente a Montes del Plata, como se convierte al firmar un acuerdo con la empresa responsable del emprendimiento, reforzado por el secreto del mismo, que lo inhibe aún más para ejercer la imparcialidad u objetividad necesaria para fiscalizarla.
Estos contratos, afirma Viana, son “un sucedáneo de los Tratados de Inversión, que, de por sí, habilitan la renuncia de Soberanía y la cesión de la jurisdicción y de la potestad normativa, para el otorgamiento de estatutos de privilegio o de islas normativas” en favor de empresas trasnacionales, contrariando el principio de igualdad de las personas ante la ley y vulnerando los conceptos de República y de Estado independiente.
Implicaciones múltiples
La intransparencia del procedimiento utilizado y la ausencia de un desmentido oficial de lo trascendido públicamente en torno a un tema de esta envergadura, habilitan a plantear adicionalmente — es decir, más allá de los cuestionamientos jurídicos ya referidos — las mayores interrogantes que se abren ante un acto justificado por el fin de “dar certeza y previsibilidad” a la política del gobierno en materia de inversiones extranjeras.
La primera que surge y se refuerza con la revelación de Búsqueda, nada inocente y con todo derecho, es que ninguna empresa extranjera que venga a instalarse o se encuentre en el país va a aceptar beneficios inferiores. Con mucho más derecho aún, tampoco se justificaría dejar al margen de esta “normativa” a las empresas nacionales. Si no fuera así, ¿adónde quedaría la mentada equidad y seguridad jurídica del Uruguay?
Con respecto a las fuentes de trabajo que justifican habitualmente a estas inversiones, la segunda interrogante es cuál será la posición de las organizaciones sindicales ante unas cláusulas que violarían derechos establecidos por ley, tales como el porcentaje de mano de obra nacional en zonas francas, así como las reiteradas referencias a medidas para garantizar las condiciones económicas o de rentabilidad del emprendimiento.
En este sentido, las disposiciones del contrato de inversión irían más lejos aún de las contenidas, por ejemplo, en el Tratado de Inversiones firmado con Finlandia en 2002, donde el artículo 6 referido a la Compensación por Pérdidas de la inversión incluyó aquellas ocasionadas “por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones” (sic).
En este nuevo acuerdo, el medio ambiente sigue siendo invocado con frases elocuentes, que se desvirtuarían de inmediato con los compromisos asumidos por el gobierno para garantizar la rentabilidad de la inversión. Citando al fiscal Viana, sería “una asociación, no clandestina, y por dicha razón, sólo en apariencia legítima, pero absolutamente contraria al deber fundamental de protección del medio ambiente”.
Así titula el Grupo Guayubira un análisis de los comentarios de Búsqueda y de las citas textuales atribuidas al documento confidencial, del cual presentamos un resumen:
1. Beneficios tributarios. La planta industrial y el puerto operarán bajo el régimen de zona franca y con los beneficios de la ley de inversiones. Además, las plantaciones y faenas asociadas de manejo, cosecha y transporte, reciben todos los beneficios de la ley forestal vigente. En cuanto a la zona franca, según el documento, la empresa podría solicitar la ampliación de la superficie para aumentar su capacidad de producción o incorporar industrias conexas, hasta el doble de la superficie otorgada (361 hectáreas). Por si fuera poco, dice Guayubira, el Poder Ejecutivo se comprometió a autorizar a Montes del Plata a emplear un porcentaje mayor de personal extranjero que, según la Ley de Zonas Francas, es de hasta un máximo del 25% de la plantilla.
2. Rentabilidad blindada. Si hubiera “cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto”, el gobierno y la empresa “revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar” los eventuales perjuicios. (Con comillas las que serían citas textuales del contrato.)
3. Reclasificación de suelos. De acuerdo con Búsqueda, el gobierno y Montes del Plata acordaron hacer los “los mejores esfuerzos para encontrar soluciones alternativas para lograr una superficie forestable de 100.000 hectáreas, con posibilidad de ser plantadas dentro del radio de 200 kilómetros de Punta Pereira”. Entre tales esfuerzos se menciona un estudio de la Dirección de Recursos Naturales Renovables (RENARE) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) “que permitirá el enriquecimiento de la cartografía de suelos y una subdivisión de los categorizados como 5.02b”.
“Hasta ahora no se había logrado por parte del movimiento ambiental y por sectores académicos — afirma el Grupo Guayubira –, que el Poder Ejecutivo revisara la definición y extensión de los suelos de aptitud forestal por argumentos de interés público, como otros criterios técnicos adicionales al tipo de suelos que se habían utilizado tradicionalmente, incluyendo características del ecosistema y de los otros recursos naturales, sus relaciones con el ciclo hidrológico, etc. Pero, por los intereses de una empresa – que ya maneja más de 200.000 hectáreas en propiedad y otras formas de tenencia – rápidamente se pone a trabajar al MGAP, y se obliga a plazos terminantes para cumplir el condicionamiento establecido.”
De este capítulo se derivaría el compromiso de ampliar, a solicitud de la empresa, los suelos categorizados de aptitud forestal, sin tomar en cuenta a la población local y su gobierno. El Intendente de Colonia, Walter Zimmer, que había dicho “es un asesinato forestar en esta parte del país”, el 18 de enero se mostró feliz.
4. La ley de seguridad fronteriza. El contrato establecería asimismo la realización de “un análisis de los eventuales impactos del proyecto de ley de seguridad fronteriza y en caso que dicha norma establezca restricciones a la actividad de esa empresa, ambas partes buscarán en forma conjunta las alternativas que permitan evitar perjuicios a ese proyecto de inversión”. Esa iniciativa propone fijar una franja de 20 kilómetros de distancia de las fronteras seca y fluvial del país con los países vecinos, en la que los propietarios de los campos no podrán ser ciudadanos extranjeros.
5. El Instituto de Colonización. El gobierno habría asumido además el compromiso de que el Instituto de Colonización no ejercerá la opción de compra de las tierras que serán transferidas por las empresas Eufores y El Esparragal – vinculadas a Ence – a Montes del Plata, en la medida que se manejen ‘valores de mercado’.
6. Más beneficios aún. El MGAP había autorizado a El Esparragal S.A. a ser titular del derecho de propiedad de inmuebles rurales. Por el contrato de inversión, el gobierno se habría comprometido ahora a exonerar del Impuesto al Patrimonio a las explotaciones agropecuarias de sociedades vinculadas a esa empresa, cuyos accionistas son personas jurídicas autorizadas expresamente a ser tenedoras de inmuebles rurales, otorgándole el mismo tratamiento que a las sociedades cuyos accionistas son personas físicas. Según la versión de Búsqueda, “el gobierno aceptará como válidas esas autorizaciones para las compras futuras de tierras necesarias para el proyecto de Montes del Plata”.
El orgullo presidencial
Con una inversión de 1900 millones de dólares, la empresa Montes del Plata finalmente confirmó la instalación de una planta de celulosa en Conchillas, Colonia.
Teledoce 18.01.2011
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References: artículo 15
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 6