Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6925
Timestamp: 2019-05-23 08:55:44+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 143/2011
SENTENCIA 143/2011, de 26 de septiembre
ECLI:ES:TC:2011:143
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 16 de diciembre de 2008, la Procuradora de los Tribunales doña Rosa María Arroyo Robles, en nombre y representación de don Bathie Diop, manifestó su intención de interponer recurso de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento, a cuyo fin solicitaba la designación de Abogado del turno de oficio. Tras los trámites oportunos, y mediante escrito presentado el 26 de junio de 2009, la citada representación formalizó la demanda de amparo.
2. Los hechos de los que trae causa el recurso son, en síntesis, los siguientes:
a) Por Sentencia de 6 de julio de 2004, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el recurso contencioso-administrativo núm. 134-2003, interpuesto contra resolución dictada por el Ministerio de Justicia (Dirección General de los Registros y del Notariado) de fecha 19 de noviembre de 2002, que desestimaba el recurso de reposición articulado por el recurrente de amparo frente a resolución previa, de 12 de julio de 2002, que le denegó la concesión de la nacionalidad española.
b) El demandante de amparo interpuso recurso de casación por infracción de los arts. 21 y 22 del Código civil, así como del art. 24.1 CE, por indebida apreciación de los hechos por parte del Tribunal de instancia en lo relativo a la valoración de la buena conducta cívica. El Tribunal Supremo, en Sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29 de octubre de 2008, recuerda que la actividad de apreciación y valoración de hechos es competencia exclusiva del Tribunal de instancia, y que sólo puede ser revisada en vía casacional en supuestos de infracción de preceptos legales sobre valoración de la prueba tasada, o cuando la misma se cuestione como ilógica o arbitraria, “supuestos que en el presente caso ni concurren ni se han alegado”. Por tanto, declara, debe confirmarse la Sentencia impugnada, visto que la carga de acreditar la buena conducta cívica correspondía al recurrente y que éste no ha ofrecido “prueba alguna en relación con las circunstancias personales tomadas en consideración por el Tribunal de instancia para desestimar la pretensión de reconocimiento de la nacionalidad española, ya que las únicas pruebas que se consideran acreditadas por la Sala cuyo pronunciamiento se combate, más que acreditar la buena conducta cívica, lo que hacen es justificar el arraigo de la recurrente, sin que por la misma se haya justificado que las consideraciones tomadas en cuenta por el Tribunal de instancia permitan tener por acreditada un buena conducta que en modo alguno se ha demostrado por parte de la actora” (sic).
3. Contra dichas Sentencias, la representación procesal de don Bathie Diop interpone recurso de amparo, por vulneración del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho a obtener una respuesta fundada en Derecho. A su juicio, la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, de 6 de julio de 2004, resulta arbitraria e ilógica, pues se aparta de la doctrina que establece en sus primeros fundamentos de Derecho y deniega el reconocimiento de la nacionalidad por una presunta falta contra la seguridad del tráfico por la que el recurrente fue condenado dos años antes de la solicitud, soslayando que se trata de un único acto aislado en una vida recta y honrada durante catorce años en España, que en el momento de la solicitud carecía de antecedentes y que una falta contra la seguridad del tráfico sólo puede cometerse a título de imprudencia; todo ello sin tener tampoco en cuenta los factores positivos concurrentes (pruebas aportadas en el proceso).
4. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 15 de noviembre de 2010, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), solicitar a la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo y a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional la remisión de certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, así como, al último órgano judicial citado, que procediera al emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el proceso, a excepción del demandante de amparo, para que pudieran comparecer en el presente procedimiento constitucional.
5. El día 23 de noviembre de 2010 compareció el Abogado del Estado. Por diligencia de ordenación de 30 de diciembre de 2010 de la Secretaría de Justicia de la Sección Segunda de este Tribunal, se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por los órganos judiciales y por personado al Abogado del Estado, acordándose asimismo, de conformidad con lo previsto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días, para que pudiesen presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.
6. El recurrente, en escrito registrado en este Tribunal el día 4 de febrero de 2011, se ratificó íntegramente en la demanda interpuesta.
7. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado el 14 de febrero de 2011, interesando con carácter principal la inadmisión del recurso de amparo y, subsidiariamente, la desestimación del mismo.
8. El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el día 25 de enero de 2011. Interesa la inadmisión de la demanda y, subsidiariamente, su desestimación. Entiende, con carácter principal, que el demandante no cumplió el requisito del agotamiento de la vía judicial previa, al no haber promovido incidente de nulidad de actuaciones frente a la Sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo. En cuanto al fondo del asunto, analiza la fundamentación de las Sentencias impugnadas, de instancia y casación, para concluir que han llevado a cabo una motivación adecuada de las pretensiones deducidas, aplicando el ordenamiento jurídico en términos claros, sin incurrir en error, arbitrariedad o irrazonabilidad, y en particular sin desestimar la pretensión con base en los antecedentes negativos, policiales y penales, sino a tenor de la insuficiencia probatoria de la buena conducta cívica exigida en el Código civil. Esto es, las resoluciones judiciales apreciaron que el demandante no realizó esfuerzo probatorio alguno para acreditar ser legamente merecedor de su petición, pues se limitó a impugnar la resolución administrativa denegatoria con el argumento de que los antecedentes negativos estaban cancelados, con lo que no cumplió el deber de aportación de una prueba positiva de buena conducta, que es lo reclamado en aquel cuerpo normativo (art. 22 del Código civil).
1. El presente recurso de amparo impugna la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 29 de octubre de 2008, recaída en recurso de casación núm. 9530-2004, y la Sentencia que la anterior resolución confirmó, de 6 de julio de 2004, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución del Ministerio de Justicia (Dirección General de los Registros y del Notariado) de fecha 19 de noviembre de 2002, que denegó la solicitud del demandante de amparo de reconocimiento de nacionalidad española.
2. Con carácter previo al examen de fondo de las quejas formuladas debemos examinar si, como alega el Ministerio Fiscal, procede la inadmisión del recurso de amparo a tenor de lo dispuesto en el art. 50.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en relación con el art. 49.1 de la misma Ley Orgánica, por no haber satisfecho el recurrente la carga que le incumbía de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso. Este análisis no resulta impedido por el momento procesal en el que nos encontramos, pues es doctrina reiterada de este Tribunal que los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan sanados porque la demanda haya sido inicialmente admitida a trámite. Por consiguiente, la comprobación de los presupuestos para la viabilidad del recurso pueden volverse a abordar o reconsiderarse en la Sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar, en su caso, a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos, criterio que también rige cuando se trata de la carga de justificación de la especial trascendencia constitucional que corresponde al recurrente (por todas, en este último sentido, STC 69/2011, de 16 de mayo, FJ 2).
Tipo y número de registro Recurso de amparo 9975-2008
Promovido por don Bathie Diop frente a las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que desestimaron su demanda contra el Ministerio de Justicia en materia de reconocimiento de nacionalidad española.
El ahora demandante de amparo solicitó la nacionalidad española. Esta solicitud le fue denegada tanto por el Ministerio de Justicia como en contencioso-administrativo, al no justificarse suficientemente el requisito legal de la buena conducta cívica.
Se inadmite el recurso de amparo porque el demandante no justificó la especial trascendencia constitucional en su demanda.
Para las demandas interpuestas con anterioridad a la fecha de la publicación de la STC 155/2009, este tribunal ha atenuado el rigor en la valoración de los términos en los que se produce el cumplimiento de justificar la especial trascendencia constitucional, ahora bien, este criterio flexible no puede desvirtuar el requisito, ni tampoco suponer una excepción del deber de cumplimiento de la carga justificativa [FJ 2].
El recurrente sitúa implícitamente el cumplimiento de la carga justificativa de la especial trascendencia constitucional en la argumentación con la que sostiene la lesión de los derechos fundamentales alegados, confundiendo la vulneración del derecho con la especial trascendencia constitucional del recurso, incumpliendo de modo radical un deber que ha de satisfacer necesariamente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 49.1 in fine LOTC y la doctrina constitucional sobre el particular [FJ 2].
El demandante no ha justificado una proyección objetiva del amparo solicitado que traduzca en el plano formal —art. 49.1 LOTC— la exigencia material y formal de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo establecida por el art. 50.1 b) LOTC como requisito de procedibilidad de la demanda (STC 69/2011; ATC 264/2009) [FJ 2].
Carencia de justificación de la especial trascendencia constitucionalCarencia de justificación de la especial trascendencia constitucional, f. 2
Denegación de nacionalidadDenegación de nacionalidad, f. 1

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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in fine