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Timestamp: 2017-06-26 12:37:58+00:00

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Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés público by Publicaciones Universidad de Ibague - issuu
Facultad de Derecho y Ciencias PolíticasClínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público
Álvaro Javier González Bocanegra
María Stella Pena de MéndezIbagué, Colombia
2012NOTAS Universitarias | 1ISSN 2216-0302Notas Universitarias
Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público
Octubre de 2012Presidente del Consejo Superior
Olga Lucía Troncoso Estrada© Universidad de Ibagué. 2012
© Álvaro Javier González Bocanegra, Islena Rocío Herrera Peña, Juan Sebastián Díaz Cruz, Anny
Lorena Vaquiro Benítez, Angélica del Rocío Llache Olaya. 2012Diseño y diagramación
Universidad de Ibagué, Oficina de Publicaciones
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Ibagué-Tolima, Colombia.
angela.castano@unibague.edu.coEsta obra no puede reproducirse sin la autorización expresa y por escrito
de la Universidad de Ibagué.Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público by Universidad de Ibagué is licensed under
a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.NOTAS Universitarias | 2Contenido
Presentación ........................................................................................................................................ 5
María Stella Pena de MéndezLos incentivos económicos en las acciones populares ........................................................................ 7
Islena Rocío Herrera Peña, Juan Sebastián Díaz CruzLa acción de tutela contra actos administrativos ............................................................................... 19
Anny Lorena Vaquiro Benítez, Alvaro Javier González BocanegraLa suspensión provisional del acto administrativo como medida cautelar
en el medio de control de nulidad ..................................................................................................... 29
Angélica del Rocío Llache OlayaNOTAS Universitarias | 3NOTAS Universitarias | 4PresentaciónLa Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público pertenece a la Red Colombiana
de Clínicas Jurídicas y se encuentra adscrita al Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación de la Universidad de Ibagué en el área de Derecho Público; su objeto es el
ejercicio y la investigación de las acciones públicas constitucionales y contenciosas
administrativas, como instrumento para la protección de los derechos de los asociados que
intervienen como actores o coadyuvantes en las mismas. Está integrada por estudiantes de
tercero a décimo semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, bajo la dirección
del área de Derecho Público del Consultorio Jurídico.
La Clínica Jurídica a través del Consultorio Jurídico de la Universidad de Ibagué,
inició sus labores colaborando con la comunidad ibaguereña en la formulación de las
acciones de rango constitucional: Acción de tutela, populares, de grupo y cumplimiento.
Debe precisarse que las mismas pueden ser formuladas a favor de personas víctimas de
desplazamiento forzado y a toda la población tolimense por medio del Consultorio Jurídico
Virtual, cuando se cumplan los requisitos de Ley fijados, para obtener asistencia jurídica
gratuita y se requiera la protección de sus derechos fundamentales o colectivos.
De la misma manera se ha querido explorar otros campos, con la finalidad de
brindar ayuda a la comunidad estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Ibagué. Por ello en el semestre B de 2010, en el año 2011 y en el semestre A de 2012, se
han investigado temas que guardan intima relación con el Derecho Público y
Constitucional, obteniendo como resultado del trabajo juicioso de varios estudiantes y del
Director de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público, doctor Alvaro
Javier González Bocanegra, la elaboración de artículos jurídicos meritorios de publicación
como primer producto de investigación que ofrece la Clínica Jurídica.
Los lectores encontraran tres artículos de interés: el primero está dedicado a analizar
la regulación que estipula la Ley 1425 de 2010, en cuanto a la decisión de eliminar el
incentivo económico que era otorgado al actor popular según lo establecía la Ley 472 de
1998. El segundo nos plantea el interrogante: ¿La acción de tutela es el mecanismo idóneo
para pretender la nulidad de los actos administrativos?, respuesta que se desarrolla deNOTAS Universitarias | 5acuerdo a los diferentes criterios proferidos por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, con el propósito de obtener una visión clara sobre los diferentes intereses
que se pretenden proteger con la acción de tutela y el trato que se le da a un acto
administrativo, y la esencia que el mismo constituye. Finalmente, el tercer artículo trata el
tema de la suspensión provisional del acto administrativo como medida cautelar en el
medio de control de nulidad.
De esta forma, con los anteriores trabajos la Clínica Jurídica presenta a toda la
comunidad universitaria sus primeros resultados como grupo de investigación e invita a
todos los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Ibagué a investigar, aprender y formar parte de este grupo, al cual le auguro significativos
resultados.María Stella Pena de Méndez
y Centro de Conciliación
Universidad de IbaguéNOTAS Universitarias | 6Los incentivos económicos en las acciones populares
Islena Rocío Herrera Peña*
Juan Sebastián Díaz Cruz*Resumen
Debido a la imperiosa necesidad de garantizar los derechos e intereses colectivos en un
Estado Social de Derecho, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 elevó a rango
constitucional las acciones populares, y estableció de esta manera un mecanismo efectivo
para la protección de estos derechos. Pero es importante precisar que no obstante existía
este mandato constitucional, transcurrieron siete años para que el Legislador expidiera la
Ley 472 de 1998 que reglamentó el Artículo 88 de la Constitución Política de Colombia.
Podemos afirmar que la acción popular es un instrumento jurídico que tiene como
finalidad evitar la vulneración de los derechos e intereses colectivos mediante un
procedimiento especial y preferencial. Con la expedición de la Ley 472 de 1998 que regula
lo concerniente a este tipo de acciones, el Legislador otorgó un beneficio económico al
actor popular con el fin de incentivar la protección de los derechos colectivos en virtud del
principio de solidaridad, por el cual todos los colombianos estamos obligados a contribuir o
aportar al bienestar de la comunidad.
Sin embargo, recientemente el Legislador mediante la Ley 1425 de 2010 decidió
eliminar este incentivo que era otorgado al actor popular en virtud de la mala utilización de
esta acción, debido a que en muchas ocasiones el accionante interponía la demanda no en
virtud del principio de solidaridad sino con intereses personales. Por ello debemos
preguntarnos: ¿Es conveniente la eliminación de los incentivos económicos de las acciones
populares? Para responder el anterior interrogante, analizaremos algunas sentencias de la*Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué. Integrantes de la
Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público de la Universidad de Ibagué.NOTAS Universitarias | 7Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el tema, así como las ventajas y
desventajas de los incentivos en esta clase de acciones.
Palabras claves: Constitución Política de Colombia. Estado Social de Derecho. Acción
Popular. Derechos e Intereses Colectivos. Incentivos económicos. Jurisdicción Contencioso
Administrativo. Trámite preferencial. Acción u omisión. Prevención. Actor popular.
El constituyente de 1991 con el fin de proteger los derechos colectivos consagró en el
Artículo 88: “La Ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de
similar naturaleza que se definen en ella”. En virtud de esta disposición, el Congreso de la
República reglamentó las Acciones Populares mediante la Ley 472 de 19981, la cual las
define como “los medios procesales para la protección de los derechos e intereses
Podemos señalar que la acción popular es el mecanismo mediante el cual cualquier
persona por sí misma o mediante un apoderado judicial puede acudir ante la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, cuando el sujeto pasivo es una entidad pública o bien ante la
Jurisdicción Ordinaria Civil, en el caso de que el sujeto pasivo sea un particular, para la
protección de sus derechos e intereses colectivos.2
Al respecto, debemos aclarar que esta acción es preventiva, pues su objetivo no es
obtener una indemnización por un daño ya ocasionado, como ocurre con la acción de
1Ley 472 de 1998: Por la cual se desarrolla el Artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
Artículo 12 de la Ley 472 de 1998: Podrán ejercitar las acciones populares:
3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre que la
amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos no se hayan originado en su acción u omisión.
4. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros Distritales y municipales, en
lo relacionado con su competencia.
5. Los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección y
defensa de estos derechos o intereses.NOTAS Universitarias | 8grupo, sino por el contrario, evitar que este se produzca. Esta misma Ley hace alusión de
manera taxativa a los derechos colectivos que se pretenden proteger, al trámite que esta
acción trae consigo, a las medidas cautelares que proceden, a lo referente al pacto de
cumplimiento y a las medidas coercitivas que se pueden tomar en el trámite de este tipo de
La Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el nuevo Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el Artículo 144 señala el derecho
que tiene cualquier persona de evitar que se produzca un daño frente a cualquier derecho
colectivo, cuando esta afectación provenga de cualquier autoridad o entidad pública. Esta
norma aclara que no se trata de una acción de nulidad, puesto que señala que el juez no
puede anular el acto administrativo o contrato que vaya en contra de los derechos
colectivos, sino que la función del juez de la República, en este caso, es adoptar todas las
medidas pertinentes para proteger el derecho vulnerado o evitar su infracción. Respecto a
esta disposición, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-644 de 2011 señaló:
El hecho que el legislador haya establecido que el juez de la acción popular no puede
decidir sobre la anulación de los actos administrativos y contratos estatales, en nada afecta
el carácter principal o autónomo y no subsidiario de la acción. Se trata de una medida
legítima del órgano legislativo que busca armonizar la regulación legal de los distintos
medios de control judicial de la administración, al establecer que en las acciones populares
no es procedente anular contratos o actos de la administración, en tanto para ello están las
acciones contencioso administrativas correspondientes.Sin embargo, es importante resaltar que para que proceda esta demanda, primero el
ciudadano debe hacer una solicitud a la entidad pública para que adopte las medidas que
considere necesarias con el fin de procurar la no vulneración del derecho colectivo. De esta
manera, el Legislador otorga quince (15) días para que la Administración responda esta
solicitud; de no hacerlo, el demandante podrá recurrir ante el juez para que otorgue una
efectiva protección del derecho en litigio. No obstante, la norma consagra una excepción a
este requisito de procedibilidad de la demanda cuando “exista inminente peligro de ocurrir
un perjuicio irremediable”.NOTAS Universitarias | 9Por otro lado, en cuanto al tema principal de este escrito, la Ley 472 de 1998 en los
Artículos 39 y 40 otorgaba un incentivo de tipo económico al actor popular que se
preocupaba por la defensa de los derechos colectivos. Además, esta Ley señalaba que si el
actor popular era una entidad pública, el incentivo se destinaba al Fondo de Defensa de los
Intereses Colectivos. Este derecho oscilaba entre 10 y 150 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, y tratándose de acciones populares que versen sobre la moral
administrativa, este correspondía al 15% del valor que la entidad pública hubiera
recuperado. El juez era el encargado de fijarlo de acuerdo a la valoración de las
circunstancias de cada acción popular, tales como el esfuerzo del actor, la carga de este, el
derecho colectivo que se pretende proteger, entre otras.
Respecto a lo anterior, la Sentencia C-459 de 2004 por la cual se declaró la
exequibilidad de los Artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, determinó que: “El incentivo
económico es una manera de compensar la carga que asume el demandante, pues de no
existir, sería una carga desproporcionada para quien inicia la acción”. La Honorable Corte
Constitucional hace alusión principalmente al principio de solidaridad al señalar que este no
siempre puede surgir de manera espontánea por parte del ciudadano; es decir, que este
mismo tome la iniciativa con fines puramente altruistas, sino que también el Estado puede
promoverlo o patrocinarlo; por ejemplo, mediante los incentivos, con el fin de obtener una
protección efectiva de los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia.
En esta Sentencia, la Corte Constitucional se refiere al “respeto por la pluralidad de
pensamiento”, ello en virtud de que cada persona tiene una forma de pensar diferente
acerca de cómo debe cumplir con su obligación de solidaridad. Es decir, que aunque el
actor recibe un beneficio para sí mismo, la comunidad también está siendo beneficiada con
la acción. Así mismo, señala que los incentivos económicos no dependen únicamente de la
discrecionalidad del juez, ya que para ello existen unos límites establecidos por la Ley en
los cuales se tiene que basar para otorgarlos. En cuanto a la diferencia que se establece
respecto a los incentivos de acciones populares que versen sobre la moralidad
administrativa, la Corte Constitucional señaló que: “[…] por esa vía se refuerza la
protección al bien jurídico de la moralidad pública y el recto manejo de la administraciónNOTAS Universitarias | 10pública y en consecuencia la diferenciación se encuentra constitucionalmente justificada”
(Sentencia C-459 de 2004).
Como consecuencia, surge el siguiente interrogante: ¿En la mayoría de casos, el
actor popular interpone la acción en virtud del principio de solidaridad o por el contrario
busca un beneficio económico personal? Al respecto, el Gobierno Nacional presentó un
Proyecto de Ley (Gaceta del Congreso 622, 2009) mediante el cual se buscaba eliminar los
incentivos económicos de las acciones populares, señalando que “eran las condenas por
incentivos económicos en las acciones populares contra el Estado colombiano, las que
habían creado un grave problema financiero para el presupuesto de sus entidades
territoriales”. Además, determinó que debido al auge de las acciones populares, podía
concluirse que el actor no pretendía proteger los derechos e intereses colectivos, sino por el
contrario, en muchas ocasiones aquello que buscaban era satisfacer intereses personales de
tipo económico y así mismo, señaló que muchas veces estas acciones no cumplían con su
objetivo de lograr un verdadero bienestar a la comunidad, sino que entorpecían las
actividades de la Administración.
Luego de ser debatido el Proyecto de Ley, el Congreso de la República expidió la
Ley 1425 de 2010, por la cual se derogaron los Artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998.
Esta Ley no solo eliminó los incentivos de las acciones populares, sino que también negó la
posibilidad de que los ciudadanos puedan solicitar copias auténticas de los documentos
concernientes a la contratación. Como consecuencia de lo anterior, han surgido varios
problemas en virtud de la nueva Ley. Uno de estos inconvenientes está relacionado con la
disyuntiva de si se deben pagar los incentivos o no en procesos iniciados antes de la
vigencia de la Ley 1425 de 2010.
Con solo observar la jurisprudencia del Consejo de Estado podemos concluir que no
existe una unificación frente al tema. Lo anterior en virtud de que la Sección Primera
(Sentencia, 2011, 26 de mayo) del Honorable Consejo de Estado, señala que “los
procedimientos aplicables para hacer efectivas las normas sustanciales son las vigentes en
la época en que estos se adelanten”. Es decir, que la Ley 1425 de 2010 no es retroactiva y
por ende se deben reconocer los incentivos económicos en procesos anteriores a la
promulgación de esta Ley. Ello en razón a que la Ley no genera efectos retroactivos aNOTAS Universitarias | 11menos que la misma lo consagre expresamente; además, por tratarse de una Ley sustancial,
la vigencia de esta se presenta a partir del momento en que se sanciona.
Por el contrario, la Sección Tercera (Sentencia, 2011, 23 de marzo) del Consejo de
Estado, señala que no se debe otorgar el incentivo económico de la acción popular ya que:
[...] Se trata de normas de contenido sustantivo, que su aplicación requiere de su vigencia, y
por eso debe aplicarse la nueva normativa, no obstante que el proceso se tramitó en vigencia
de la Ley 472 de 1998, pero ocurre que no basta esta circunstancia para aplicar su contenido
al caso en estudio […] En estos términos, referidos al caso concreto, la Sala ya no encuentra
norma vigente qué aplicar, y por eso no concederá el incentivo.Lo anterior puede ser considerado como un problema inminente, ya que los jueces
de la República fallan de distinta manera de acuerdo a la tesis más acertada para ellos,
generando con ello inseguridad jurídica.
Otro de los inconvenientes al derogar estos Artículos es el derivado de las diferentes
posiciones frente al tema de la eliminación del incentivo, que incluso conllevó a que se
presentaran demandas de inconstitucionalidad, lo cual generó que la Honorable Corte
Constitucional se pronunciara al respecto mediante la Sentencia C-630 de 2011. Como
primera medida, en esta Sentencia la Corte aclara lo concerniente a la declaratoria de
exequibilidad que ya había realizado de estos mismos Artículos3, mediante la Sentencia C459 de 2004. Al respecto señala: “De ninguna forma significa que toda disposición legal
declarada exequible deba permanecer sin modificación alguna en el ordenamiento, lo cual
desconocería la cláusula general de competencia del Congreso para derogar leyes y
conduciría a la petrificación de la legislación”. Es decir, tal como lo señala la Honorable
Corte, las normas no son inmutables y por lo tanto el Congreso actuó de acuerdo a sus
funciones constitucionales.
Uno de los argumentos del demandante de la norma consistió en que la eliminación
del incentivo conllevaba a que se impusieran cargas que el accionante no podía soportar,
además, según este, al tener que asumir los gastos del proceso se vería desmotivado a
ejercer la acción popular. Al respecto, la Corte señala que esta carga no es irrazonable, pues
3Artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998.NOTAS Universitarias | 12aclaró que aunque el juez no otorga el incentivo económico, debe conceder las costas del
proceso. En relación con el argumento anterior, la Corte Constitucional hace referencia a
que no se desconoce el derecho a la igualdad y que por lo tanto no se podría recurrir a este
derecho como pretexto para declarar la inexequibilidad de la norma, pues entonces, se
debería hacer lo mismo con las demás acciones constitucionales, como por ejemplo la
acción de tutela, en la que no se conceden incentivos económicos.
De igual manera, la Honorable Corte aclara que no se presenta “un retroceso de la
acción”, ya que contrario a como lo afirma el accionante, los incentivos económicos no son
derechos adquiridos, ello en virtud de que las acciones populares se promueven para
proteger los derechos colectivos; es decir, que el interés no es particular sino de la
comunidad. Al respecto la Sala afirma: “La carencia de contenido subjetivo de las acciones
populares implica que no le es inherente un resarcimiento de tipo pecuniario en favor de
quien promueve el reclamo judicial de un interés colectivo y por tanto, no constituye un
elemento estructural de las acciones que demandan la protección de derechos colectivos,
sino un instrumento accesorio” (Sentencia C-630 del 24 de agosto de 2011. M. P.: María
Victoria Calle Correa). Por último, la Corte alude y le otorga prevalencia al principio de
solidaridad, porque que según esta, la finalidad del accionante debe ser la protección de los
derechos e intereses colectivos en virtud de la obligación de los ciudadanos de contribuir en
En esta Sentencia (C-630 del 24 de agosto de 2011) el Magistrado Luis Ernesto
Vargas Silva salvó voto, argumentando que el incentivo en la acción popular contiene una
serie de beneficios o ventajas, como es la de impulsar o promover a que las personas
acudan a la administración de justicia para proteger los derechos e intereses colectivos.
Genera una compensación de tipo pecuniario, pues se le retribuyen los gastos en que ha
incurrido el actor popular al interponer la demanda. También se nivelan las partes dentro
del proceso, para garantizarle al actor popular igualdad y seguridad, pues según el
Magistrado, suprimir los incentivos económicos en este tipo de acciones: “Genera una
carga desproporcionada al actor popular, que carecería de posibilidad material de defender
derechos e intereses colectivos, labor que va más allá de la presentación de la demanda,
pues incorpora otras múltiples tareas”.NOTAS Universitarias | 13La solución que ofrece el doctor Vargas Silva en su salvamento de voto al problema
de mala utilización de las acciones populares, consiste en que es más conveniente acudir a
sanciones para imponer a aquellos actores que interponen acciones temerarias y no eliminar
los incentivos económicos, pues esta circunstancia terminaría por desmotivar a la
comunidad para que defiendan los derechos colectivos. De igual manera, en concepto del
Magistrado, el juez cumple un papel muy importante al otorgar los incentivos y por lo tanto
este debe someterse a una serie de parámetros como lo son la calificación de la actuación
del actor popular y la incidencia del derecho que se protege para que al concederlos no lo
haga de manera arbitraria.
Con el fin de realizar un análisis crítico acerca de si es conveniente o no la
supresión de los incentivos de las acciones populares en nuestro ordenamiento, en primera
medida, queremos referirnos al principio de solidaridad, el cual puede ser considerado
como la base de la discusión acerca de si se deben eliminar los incentivos de las acciones
populares, puesto que como lo señalamos, es nuestro deber proteger los derechos colectivos
establecidos en la Constitución Política. En principio podríamos concluir que al tratarse de
un deber de todo ciudadano no es necesario que el Estado reconozca incentivos para
estimularnos a velar por estos derechos. Sin embargo, compartimos el argumento de la
Corte Constitucional en la Sentencia C-459 de 2004, la cual consistía en que no obstante se
trata de un deber, esto no es un obstáculo para que el Estado motive o promueva mediante
incentivos a que los ciudadanos participen en la protección de los derechos e intereses
Por lo tanto, aquello que se pretende es que se cumplan las dos obligaciones, por un
lado la de los ciudadanos y por otro la del Estado, para lograr la participación de la
comunidad en general. En este sentido, el Gobierno Nacional al exponer los motivos del
Proyecto de Ley que pretendía eliminar los incentivos económicos en las acciones
populares destacó la problemática que ha surgido en virtud del aumento de demandas. Ello
en razón a que existen personas que se han dedicado exclusivamente a interponer acciones
populares, obrando por interés propio y no por el deber de solidaridad en protección del
interés general. Por tal motivo, para el Gobierno Nacional no se estaba haciendo un buen
uso de esta acción, ya que algunos accionantes han pretendido utilizar los incentivosNOTAS Universitarias | 14económicos incluso como un medio de subsistencia, degradando la acción popular y
actuando en contra del patrimonio público.
Frente a este argumento, no solo del Gobierno Nacional sino también del Congreso
de la República, debemos hacer alusión de nuevo a la Sentencia C-459 de 2004, puesto que
en esta ocasión, la Corte Constitucional al decidir sobre quién debe recaer la
responsabilidad del pago de los incentivos, concluye que será quien haya atentado o
vulnerado el derecho colectivo, porque no es racional que se condene al pago de los
incentivos al mismo Estado, ya que esta no es la finalidad de la acción popular. Al respecto
la Honorable Corte señala:
Sin lugar a dudas este monto debe pagarlo la persona que atentó o vulneró el
correspondiente derecho o interés colectivo, pues, no sería lógico ni jurídico que en la
perspectiva de proteger derechos e intereses vinculados al cumplimiento de las tareas
estatales, sea el mismo Estado quien deba soportar una erogación con ocasión de un proceso
en el que se demostró la responsabilidad de un tercero (Sentencia C-459 de 2004).Lo mismo ocurre, con mayor razón, con el Artículo 40 de la Ley 472 de 1998
cuando se protege la moralidad administrativa, debido a que no sería beneficioso para el
Estado tener que otorgar el incentivo al actor popular del dinero que ha recuperado. Cabe
resaltar que frente a esta situación, el Estado puede ejercer la acción de repetición contra
aquellos servidores públicos que hubieren vulnerado o atentado contra un derecho
colectivo. Por tal motivo, podemos concluir que el Estado no sufre un detrimento
económico de su patrimonio, ya que el particular responsable deberá asumir las
consecuencias jurídicas de sus actos. Además, como lo señala el Consejo de Estado
(Sentencia 2001, 4 de octubre): “No puede considerarse dicho pago como un gasto
injustificado sino como la retribución de una gestión adelantada con el fin de mejorar la
calidad de vida de la población”. Por lo tanto, la misma comunidad será beneficiaria de esta
Es importante resaltar que el objetivo principal de la Ley 472 de 1998 con los
incentivos económicos, es garantizar una efectiva participación por parte de los ciudadanos
para proteger intereses de carácter general, puesto que el Legislador vio la necesidad de
otorgar un reconocimiento y de esta manera motivar a la persona que ejerce la acciónNOTAS Universitarias | 15popular. Es decir, en muchas ocasiones resulta difícil que las personas ejerzan la acción por
fines puramente altruistas puesto que en algunas circunstancias, quien quiere proteger un
derecho colectivo no tiene los recursos económicos suficientes para poder sufragar los
gastos del proceso, recibiendo una afectación directa a su patrimonio.
Lo anterior, sin contar además que el accionante deberá tener el tiempo adecuado
para interponer la acción. Por ello se hace necesario este beneficio de tipo económico para
reconocer el esfuerzo que realiza la persona interesada en proteger el derecho vulnerado o
amenazado. Sin embargo, consideramos que a pesar de que el accionante puede verse
estimulado con el beneficio que recibirá por su acción, no debe desconocer el deber de
solidaridad que tiene con la sociedad.
Como consecuencia de lo anterior, el accionante al no contar con los recursos
suficientes al momento en que interpone la acción, puede estar en una situación de
desigualdad frente a la contraparte. Un ejemplo claro de ello se presenta cuando quien
vulnera un derecho colectivo es la Administración Pública, debido a que esta cuenta con
todos los mecanismos necesarios para controvertir la demanda, pues es quien tiene la
posición dominante; por ende el actor popular no podría ejercer una buena gestión al
momento que presenta la demanda en beneficio del interés general.
En conclusión, en nuestro concepto, la eliminación de los incentivos económicos de
las acciones populares podría generar consecuencias que no benefician la protección de los
derechos e intereses colectivos. Por ello es necesario interrogarnos: ¿Existe otra medida
menos drástica que la que adoptó el Congreso de la República de eliminar los incentivos
Realizado el análisis anterior, consideramos que se podrían adoptar otras medidas
para evitar que algunos ciudadanos utilicen indebidamente las acciones populares; o sea,
cuando interpongan esta acción con el fin de obtener un beneficio personal económico y no
con el verdadero objetivo por el cual se reglamentó esta acción, que es defender los
derechos colectivos.NOTAS Universitarias | 16Algunas de las medidas que se pueden adoptar, es el fortalecimiento y la verdadera
implementación de las sanciones que refiere el Artículo 38 de la Ley 472 de 19984,
tratándose de acciones temerarias. Al respecto, el Consejo de Estado (Sentencia, 2004, 15
de abril) señaló:
En efecto, pese a que las acciones populares se previeron para proteger derechos colectivos,
ninguna de las pretensiones está encaminada a esa finalidad; por el contrario, lo solicitado
en las mismas es ajeno a la naturaleza de dicha acción y a su objeto, su sola lectura
evidencia que con ellas se busca la satisfacción de intereses particulares y no la protección
de los derechos colectivos invocados en la demanda, razón por la que, carecen de todo
fundamento a la luz de la acción popular. El actor a sabiendas del objeto de la acción
popular, hizo uso de ella para obtener fines, totalmente, diversos a aquel; es decir, conocía
la falta de fundamento de sus pretensiones y pese a ello ejerció la acción en comento.A pesar de que el Legislador regula este tema, es fundamental la función que debe
cumplir el juez, ya que en estos casos el accionante solo realiza una serie de afirmaciones
sin soporte probatorio alguno y por ende traslada al juez el deber de establecer la veracidad
de sus declaraciones. Otra medida que se podría implementar consiste en que el juez realice
un verdadero juicio, en el que otorgue los incentivos de acuerdo al esfuerzo del actor
popular y el beneficio obtenido por la comunidad al proteger el derecho colectivo.
En razón a lo dicho, consideramos que los incentivos económicos de las acciones
populares no debieron haberse eliminado por el Legislador mediante la Ley 1425 de 2010,
pues esta no se ajusta al principio fundamental de un Estado Social de Derecho como es la
prevalencia del interés general, como quiera que no se tuvo en cuenta el beneficio que
obtenía la sociedad con las acciones populares. Además, en nuestro concepto, la
eliminación de estos beneficios constituye un retroceso de la acción que analizamos, debido
a que podría considerarse que al no existir estos estímulos, la normatividad que regula esta
acción no tendría plena eficacia dentro de nuestra sociedad.4"Artículo 38, Ley 472 de 1998. Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las
costas. Solo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al
demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las
partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán
destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás
acciones a que haya lugar".NOTAS Universitarias | 17Referencias
Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el Artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
Ley 1425 de 2010. Por medio de la cual se derogan Artículos de la Ley 472 de 1998. Acciones Populares y
Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Proyecto de Ley publicado en la Gaceta del Congreso Nº 622 de 2009.
Sentencia C-459 (2004, 11 de mayo). Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Ponente: Jaime Araujo
Sentencia C-630 (2011). Corte Constitucional de Colombia. Magistrada Ponente: María Victoria Calle.
Sentencia C-644 (2011). Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
Sentencia (2001, 4 de octubre). Consejo de Estado. Sección Tercera. Nº 25000-23-24-000-2001-0186-01.
Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque.
Sentencia (2004, 15 de abril). Consejo de Estado. Sección Tercera Nº 76001-23-31-000-2001-04017-0.
Sentencia (2011, 23 de marzo). Consejo de Estado. Sección Tercera. Nº 17001-33-31-001-2009-0148901(AP). Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Sentencia (2011, 26 de mayo). Consejo de Estado. Sección Primera Nº 25000232500020060037601(AP).
Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso.NOTAS Universitarias | 18La acción de tutela contra actos administrativos
Anny Lorena Vaquiro Benítez*
Alvaro Javier González Bocanegra*Resumen
Es evidente que nuestra actual Constitución Política consagra un sin número de garantías y
derechos constitucionales, los cuales han permitido que la verdadera finalidad de un Estado
Social de Derecho como el nuestro se materialice y se haga realidad, no solo a través de
estas potestades, sino también instituyendo diversos mecanismos para su protección,
resguardo y garantía. Uno de los mecanismos creados por nuestro constituyente hace veinte
años fue la acción de tutela, la cual permite la protección y reconocimiento de los derechos
fundamentales de todos los ciudadanos colombianos, aunque en algunas excepciones puede
proteger derechos de segunda o tercera generación a través de la figura denominada como
*Anny Lorena Vaquiro Benítez: Egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
de Ibagué, quien se desempeñó como Monitora Judicante de la Clínica de Derechos Humanos e Interés
Público de la Universidad de Ibagué, la cual se encuentra adscrita al Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación de la misma dependencia, en el año 2011.
Alvaro Javier González Bocanegra: Abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Especialista en Derecho
Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es candidato a Magíster en Derecho,
con énfasis en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Ha sido docente de
tiempo completo y Coordinador de la Especialización de Derecho Administrativo de la Universidad de
Ibagué, Asesor del Área de Derecho Público y Director de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés
Público del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Ibagué. Docente de Postgrado
de las Universidades del Tolima, Gran Colombia y de Caldas. Litigante en el área de Derecho Administrativo,
Laboral y Civil. Asesor Jurídico: del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, en liquidación; del
Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, en liquidación; de la Cámara de Representantes; de la
Fábrica de Licores del Tolima, de la Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.; de Entidades Territoriales, entre otras,
municipios de Ibagué, Melgar, Chaparral; Departamento del Tolima. En la actualidad se desempeña como
Magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima. Correo electrónico: alvjavi@hotmail.comNOTAS Universitarias | 19conexión, por medio de la cual derechos que no poseen el carácter de fundamental pueden
ser protegidos siempre y cuando con su quebranto se vea involucrado, vulnerado o
amenazado un derecho de primera generación.
Por lo anterior, tal mecanismo tiene como objetivo proteger de manera inmediata los
derechos fundamentales vulnerados, o en algunas ocasiones, derechos no fundamentales si
se encuentra vulnerado o lesionado un derecho de primera generación, imponiendo como
uno de los tantos requisitos para su procedencia que solo puede ser utilizada cuando la
persona no tenga otro medio de defensa o cuando esté en curso un peligro grave o
inminente. Ese requisito de procedibilidad de la acción de tutela es el que se intenta
ahondar en el presente escrito, puesto que la norma jurídica ha sido muy clara al establecer
que si se pretende la nulidad de un acto administrativo por cualquier motivo, contra los
mismos procederán las acciones contenciosas de simple nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho. Por ello se hace necesario preguntarnos: ¿La acción de tutela
es el mecanismo idóneo para pretender la nulidad de los actos administrativos?
La respuesta al anterior cuestionamiento será desarrollada al tener como base los
diferentes criterios emitidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, con la
finalidad de establecer una visión clara sobre los diferentes intereses que se pretenden
proteger con la acción de tutela y con el tratamiento que se le da a un acto administrativo y
la esencia que el mismo constituye.
Palabras Claves: Constitución Política de Colombia. Estado Social de Derecho. Acción de
Tutela. Actos Administrativos. Derechos fundamentales. Debido proceso. Vía gubernativa.
Acción de nulidad. Acción de nulidad y restablecimiento de derecho. Mecanismo
transitorio. Perjuicio irremediable.
La acción de tutela es definida como aquel mecanismo constitucional que va dirigido a
proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, cuando se considere que los
mismos están amenazados, han sido vulnerados o puestos en peligro. El Artículo 86
superior5 al consagrar este instrumento constitucional establece como requisito de5El Artículo 86 constitucional al referirse a la acción de tutela establece: Toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumatorio,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en un orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga
de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en
todo caso, esté lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.NOTAS Universitarias | 20procedibilidad que la persona que considere afectados sus derechos fundamentales no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo si la misma se utiliza como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Debe resaltarse que esta acción de rango constitucional puede ser ejercida por toda
persona que encuentre amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales, actuando por
sí misma o a través de apoderado judicial y la misma procederá contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas, que hayan violado, violen, amenacen o vulneren
cualquiera de los derechos constitucionales fundamentales. Pero no se puede dejar de lado
que la acción de tutela también tendrá cabida contra las acciones u omisiones de los
particulares siempre y cuando estos presten un servicio público, su actividad comprometa o
afecte de manera grave un interés colectivo, haya una relación de indefensión o
subordinación entre dos particulares o el afectado no disponga de otro medio judicial
alternativo6. Es de tal importancia esta acción que la misma procederá aun en los estados de
excepción tales como el estado de guerra, estado de conmoción interior y la declaratoria de
emergencia económica7.
Aclaradas algunas de las principales características de la acción de tutela, es
menester ocuparnos del tema central, como es el determinar la procedencia o no de la
acción de tutela contra actos administrativos, entendidos estos como aquella manifestación
de la voluntad de la Administración que va dirigida a producir efectos jurídicos de carácter
particular o general. Pues bien, para poder determinar la procedencia o no de la acción de
tutela contra actos administrativos debemos partir de establecer cuándo la acción de tutela
se considera como improcedente (Artículo 6º, Decreto 2591 de 1991):
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La Ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto
de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el Artículo
86 de la Constitución Política de Colombia.
Artículo primero del Decreto 2591 de 1991 por medio del cual se reglamenta la acción de tutela consagrada
en el Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia.NOTAS Universitarias | 21Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Se afirma que la
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas corpus.
Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás
mencionados en el Artículo 88 de la Constitución Política. Aunque lo anterior no obsta
para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones
que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un
Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo
cuando continué la acción u omisión violatoria del derecho.
Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.De las causales de improcedencia de la acción de tutela consagradas anteriormente,
se debe enfatizar en la que tiene que ver con la improcedencia de este mecanismo
constitucional cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial; toda vez que a
simple vista y acudiendo a este requisito de improcedencia de la tutela, la misma no podrá
recaer contra actos administrativos, ya que los mismos tienen su propio control; en
principio, los recursos que el Código Contencioso Administrativo establece8 y con
8El Código Contencioso Administrativo en su Artículo 50 establece que: Por regla general, contra los actos
que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el mismo propósito. No habrá
apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamento administrativo, superintendentes
y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas
especiales que tengan personería jurídica.
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. El recurso de queja es facultativo y podrá
interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al
que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso. De este recurso se
podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión. Recibido el
escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del
caso. Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan
imposible continuarla.
El nuevo Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo Ley 1437 de 2011, en su
Artículo 74 establece frente a los Recursos que: Por regla general, contra los actos definitivos procederán los
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.NOTAS Universitarias | 22posterioridad al agotamiento de los mismos las acciones contenciosas administrativas
creadas por nuestro Legislador9. Pero la afirmación anterior merece un análisis másNo habrá apelación de las decisiones de los ministros, directores de departamento administrativo,
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u
organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes
superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario
que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya
negado el recurso.
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la
decisión. Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y
decidirá lo que sea del caso.
En cuanto a la oportunidad de presentación de los recursos de reposición y en subsidio apelación, en
el Artículo 76, se consagra que: deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso.
El Código Contencioso Administrativo en los Artículos 84, 85 y 87 contempla las acciones contenciosas que
proceden contra los actos administrativos:
1. Articulo 84. Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante,
que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos
administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido
expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse
que se declare la nulidad de las circulares del servicio y de los actos de certificación y registro.
2. Articulo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada
en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La
misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la
devolución de lo que pagó indebidamente.
3. Articulo 87. Acciones contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que
se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones
consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al
responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán
demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso,
dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de
estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez
celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad
absoluta del contrato [Subrayado fuera de texto]. El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un
interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para
declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración solo
podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes [Subrayado fuera de
texto].NOTAS Universitarias | 23profundo, porque a pesar de que los actos administrativos tienen su propio control e
instrumentos para ser controvertidos, en contadas excepciones la acción de tutela sí puede
proceder contra ellos, siempre y cuando se cumplan con los parámetros que más adelante se
señalarán.
Pero antes de enfatizar en esos parámetros, es importante tener en cuenta que la
acción de tutela requiere como requisito primordial para su aceptación la vulneración de un
derecho fundamental o, por lo menos, la amenaza seria y actual de su vulneración. Sobre
este punto, es importante recordar que la vulneración es el efectivo menoscabo que un
derecho fundamental padece y por su parte, la amenaza, es la expectativa de la ocurrencia
del daño.10
Ello justifica que el constituyente haya puesto a disposición del afectado frente a la
transgresión de su derecho este mecanismo excepcional de protección para que de manera
inmediata cese la vulneración en el primer caso, o para que, con la misma prontitud se
ordene por el juez, la cesación de cualquier acto que fundadamente implique una amenaza
de quebranto inminente de un derecho fundamental (Sentencia T 231 de 1993).Si partimos de lo anterior, se evidencia que tan solo con la vulneración o amenaza
seria y actual de un derecho fundamental, la persona afectada tiene derecho a ejercer el
mecanismo de la acción de tutela, además debemos acudir al Artículo 84 del Decreto 2591
de 199111, que establece la acción de tutela como mecanismo transitorio y en el que seEn los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa
se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de
El nuevo Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011,
contempla en sus Artículos 137, 138 y 141, los medios de control que proceden contra los actos
administrativos: Nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho y controversias contractuales.
10En la Sentencia T 231 de 1993 nuestra Honorable Corte Constitucional afirmó que el núcleo esencial de la
amenaza de un derecho fundamental es la inmediatez de un daño, el cual solamente puede ser percibido por el
Juez de Tutela para cada caso en específico.
Decreto 2591 de 1991 Articulo 8º. La tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga
de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente
sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción
instaurada por el afectado.NOTAS Universitarias | 24convierte a este instrumento constitucional como el más apto, idóneo y efectivo para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales de todos los habitantes del
territorio colombiano, pues nuestro Legislador ha permitido que la misma sea ejercida a
pesar de que exista otro medio de defensa judicial —en este caso en contra de los actos
administrativos los recursos de vía gubernativa, la acción de nulidad o la acción de nulidad
y restablecimiento de Derecho—, siempre y cuando estos mecanismos resulten ineficaces y
se configure un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela procede como mecanismo
transitorio hasta tanto la autoridad correspondiente decida de fondo sobre el asunto;
perjuicio irremediable que ha sido definido como: “aquel que crea una situación fáctica
que resulta físicamente imposible de retrotraer o devolver, es decir, el que produce efectos
fatales, irremovibles, irrecuperables si el perjuicio llega a acaecer, circunstancia extrema
que es la que hace razonable la tan excepcional intervención del juez de tutela en estos
casos” (Sentencia T 823, 1999).
Si se intenta la acción de tutela como mecanismo principal, existiendo previamente
una vía judicial distinta, la tutela se convierte en improcedente por existir mecanismos
administrativos o judiciales diferentes para su defensa. En caso contrario, si se utiliza como
mecanismo transitorio y para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, la
misma procederá y el juez de tutela quedará revestido de potestad para suspender la
aplicación del acto administrativo u ordenar que el mismo no se aplique mientras se surte
el proceso respectivo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Para que el juez de tutela considere procedente la acción de tutela debe verificarse
que la situación adversa a los intereses del demandante sea el producto de una actuación
manifiestamente irregular —acciones u omisiones ilegítimas y contrarias a derecho—, que
no puede ser evitada mediante el mecanismo judicial ordinario que tiene a su disposición
(Sentencia T 016, 2008, 18 de enero). En ese orden de ideas es importante anotar desde
En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del
fallo de tutela. Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.
Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también
podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el
acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso.NOTAS Universitarias | 25ahora, que de conformidad con la jurisprudencia constitucional en caso de comprobarse la
existencia de otro mecanismo de defensa judicial idóneo y la ausencia de un perjuicio
irremediable, la acción de tutela resulta improcedente, pues en ningún caso el mecanismo
constitucional puede ser utilizado en lugar de los medios judiciales ordinarios existentes.
Contrario sensu, si a pesar de que exista otro mecanismo de defensa, este no se considera
idóneo, se comprueba la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, existe un
perjuicio irremediable, la tutela se interponga como mecanismo transitorio y bajo el
principio de inmediatez, la misma procederá y se deberá proteger y salvaguardar los
derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
Lo anterior porque nuestros operadores jurídicos deben mantener un respeto
habitual por los requisitos de subsidiariedad e inmediatez de la acción de tutela,
considerándolos como condiciones necesarias para el conocimiento de fondo de las
solicitudes de protección de derechos fundamentales por vía excepcional. Esta naturaleza
subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez y viabilidad
de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y
prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los
ciudadanos se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que quien alega la
vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado los medios de defensa
disponibles por la legislación para el efecto.
Esta exigencia se centra en el principio de subsidiariedad de la tutela, el cual
persigue el aseguramiento de que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma
como un mecanismo que permita evitar el agotamiento de los mecanismos previamente
señalados por nuestro Legislador para llevar a cabo distintos tramites jurisdiccionales, ni
mucho menos, una vía para reemplazar aquellos que han sido diseñados por nuestro
Legislador, con la finalidad de solucionar errores u omisiones de las partes en los procesos
judiciales (Sentencia T 158 de 2007).
Sin embargo, como se expresó en líneas anteriores, la tutela también ha sido
considerada como un mecanismo procesal supletorio de los mecanismos ordinarios, frente
a la ineficacia del mecanismo ordinario de protección, circunstancia ligada a la inminenciaNOTAS Universitarias | 26del perjuicio irremediable12; ello claramente se ve reflejado cuando la Honorable Corte
Constitucional en Sentencia T 823 de 1999 concedió el amparo a los derechos
fundamentales del actor, porque a pesar de existir otros mecanismos de defensa en contra
de los actos que vulneraban los derechos fundamentales del peticionario, se comprobó la
causación de un perjuicio irremediable y la interposición de la acción de tutela como
mecanismo transitorio13.
Pero, en otra oportunidad, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
Estado en Sentencia del 25 de julio de 2006, negó las peticiones del actor, por no
demostrarse la presencia de un perjuicio irremediable y para ello afirmó que la acción de
tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.14
No podemos compartir la posición asumida por algunos jueces de la República
frente a la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter
laboral que niegan el reconocimiento de factores salariales de servidores públicos,
vinculados por más de tres (3) o cinco (5) años al sector público, bajo el supuesto de la12Fue por ello que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T 1058 de 2007, afirmó que la acción de
tutela transformó su virtud cautelar modulándola para convertirla en mecanismo tutelar transitorio.
Si se aceptara la tesis según la cual la tutela solo procede como mecanismos transitorio, en todo caso, el
juez contencioso tendría que llegar a la misma decisión a la que llegó el juez constitucional, pues el caso no
está regulado por normas de su especialidad cuya aplicación –respecto de la cual aquel es él interprete
autorizado- pudiera variar el sentido de la decisión. En estos casos, solo se impondría una carga innecesaria al
usuario del servicio público de justicia y se aumentaría innecesariamente el volumen de procesos al interior de
la Rama Judicial. Cosa distinta ocurre cuando se trata de un caso en el cual es necesario acudir al derecho
legislado o reglamentario para encontrar la solución adecuada o cuando es necesario adelantar una labor
probatoria imposible durante el trámite de la acción de tutela. En estos casos, el juez de tutela solo puede
adoptar una decisión provisional de manera tal que el juez competente, en ejercicio de su autonomía y en
pleno uso de sus facultades, realice la interpretación adecuada del derecho aplicable o practique las pruebas
pertinentes, a fin de resolver el caso, de manera definitiva. En virtud de lo anterior, la Sala considera que en el
presente caso la acción de tutela procede como mecanismo principal de protección de los derechos
fundamentales vulnerados.
En dicho pronunciamiento el Consejo de Estado negó las pretensiones del peticionario, toda vez que la
acción de tutela se encaminaba a que se suspendiera la aplicación de dos resoluciones que fueron expedidas
por el alcalde de Bucaramanga, las cuales podían ser atacadas por el interesado mediante la solicitud de la
suspensión provisional de las mismas y no mediante la interposición de una acción de tutela porque el actor
no demostró la causación de un perjuicio irremediable, toda vez que dentro de la orden de restitución de un
bien, tanto en la primera como en la segunda instancia del proceso ordinario de prescripción adquisitiva, el
actor no probó su condición de poseedor.NOTAS Universitarias | 27vulneración del principio consistente en: a trabajo igual salario igual. Por lo tanto, y
conforme a lo manifestado, cabe preguntarnos: ¿Dónde queda entonces el principio de la
inmediatez y el elemento esencial de la transitoriedad de la acción de tutela frente a un
probado perjuicio irremediable, cuando exista otro mecanismo de defensa judicial como en
este preciso caso es la acción de nulidad y de restablecimiento del Derecho?
Por lo anterior se puede concluir que la acción de tutela cuando se interpone en
contra de un acto administrativo merece un especial estudio por parte del juez
constitucional, en el entendido de determinar la procedencia o no de la misma, toda vez
que procederá si con los medios de control propios de los actos administrativos no se
genera una adecuada protección a los derechos fundamentales amenazados o vulnerados
del peticionario; se comprueba la causación de un perjuicio irremediable y si la acción de
tutela ha sido interpuesta como mecanismo transitorio. De no cumplirse con lo anterior, el
estudio que ha de realizar el juez constitucional iría encaminado a negar la acción de tutela,
porque la misma no debe convertirse en un instrumento que permita el desconocimiento de
las demás acciones judiciales o recursos legales, creados en nuestro ordenamiento jurídico
para generar seguridad jurídica y respetar así cada uno de los postulados de nuestro Estado
Social de Derecho.Referencias
Decreto 2591 de 1991. Por medio del cual se reglamentó la acción de tutela consagrada en el Artículo 86 de la
Decreto 01 de 1984. Por medio del cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.
Sentencia T 823 (1999). Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia T 1483 (2000). Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.
Sentencia T 158 (2007). Corte Constitucional de Colombia. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Sentencia T 016 (2008, 18 de enero). Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Ponente: Mauricio
González Cuervo.NOTAS Universitarias | 28La suspensión provisional del acto administrativo
como medida cautelar en el medio de control de nulidad
Angélica del Rocío Llache Olaya*Resumen
El medio de control de nulidad es el derecho que tenemos todas las personas para solicitar a
la Jurisdicción Contencioso Administrativa la anulación de un acto administrativo de
carácter general y excepcionalmente particular, que se encuentre en contra de la Ley por
vicios de forma o irregularidades de fondo.
El objetivo del presente artículo es determinar cuál es la operatividad de la
suspensión provisional y la viabilidad frente al acto administrativo objeto de demanda
(como medida cautelar cuando este afecta a un particular o a toda una comunidad) y la
importancia de su solicitud como medida cautelar en el medio de control de nulidad,
cuando el acto administrativo afecta a un particular o a toda una comunidad y aquellos
pretenden por medio de esta la cesación de un daño.
Es menester señalar que para el decreto de la suspensión provisional como medida
cautelar, debe revelarse con la simple confrontación del acto y de los hechos de la
demanda, la violación notoria de las normas, sin necesidad de realizar un estudio
exhaustivo de la mencionada confrontación, pues se estaría desvirtuando el objetivo de esa
solicitud de medida cautelar. De igual forma, es apropiado mencionar la eficacia y los
inconvenientes en la utilización de esta figura en nuestro país, desde la perspectiva de
aplicación, de operatividad en los despachos, del criterio del juez o magistrado conocedor
del caso en concreto y su decisión de decretarla o negarla, de acuerdo a los hechos, al daño
que está generando, a los límites y requisitos que la norma misma norma consagra.
*Estudiante de décimo semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Integrante de la Clínica
Jurídica de Derechos humanos e Interés Público de la Universidad de Ibagué.NOTAS Universitarias | 29Palabras claves: Suspensión provisional. Acto Administrativo. Medidas cautelares.
Prevención. Acción. Simple nulidad. Ley. Constitucion. Legislación.
La promulgación de la Carta Política de 1991 trajo consigo en materia del Derecho
Administrativo unas transformaciones sustanciales, como el llegar a considerarse que el fin
esencial de la Administración Pública es la protección y eficacia de los derechos
fundamentales y de los derechos económicos sociales y culturales, constituyéndose así un
nuevo criterio o juicio que caracteriza a la Administración Pública y al Derecho
Administrativo para la protección y efectividad de tales derechos y que afirma que los
colombianos tenemos una constitución predominantemente garantista.
Dentro de las innovaciones que surgieron a lo largo del estudio constitucional, se
evidencia que el constituyente de 1991 decidió elevar a rango constitucional en el Artículo
238 la regla de la suspensión provisional de los actos administrativos, al precisar que se
trata de la suspensión de los efectos y remitiendo al Legislador la obligación de establecer
los motivos y el procedimiento para que opere tal figura en pro de los administrados, puesto
que su derecho podría ser vulnerado si la suspensión no se aplicaba.
Anteriormente a la consagración de esta figura en la Constitución de 1991, el
Decreto 1º de 1984 estipulaba la institución de la Suspensión Provisional de los Actos
Administrativos en el Artículo 15215, al establecer que esta procedería en tanto el acto
administrativo objeto de la acción simple de nulidad no infringiera una de las disposiciones
invocadas como fundamento de la misma, por la confrontación directa o mediante
documento público aducidos en el escrito de demanda, es decir, que existía la necesidad de
que tal violación a la norma superior fuera ostensible.
15Artículo 152. Procedencia de la suspensión . El Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos podrán
suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:
1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado,
presentado antes de que sea admitida.
2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones
invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos
aducidos con la solicitud.
perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor.NOTAS Universitarias | 30Actualmente el Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo16 prevé en el Título V Capítulo XI las medidas cautelares, en
el que se le incrementan las facultades de acción al Juez Contencioso Administrativo, todo
con la finalidad de ejercer un eficiente control al actuar de la Administración, pues en el
Artículo 22917 se le da la facultad al juez de decretar las medidas cautelares que considere
necesarias, otorgándole de esta manera una libertad a los sujetos procesales para pedir las
que consideren adecuadas para la protección de los derechos y garantías fundamentales.
Posteriormente, el Artículo 230 señala el contenido y el alcance de las medidas
cautelares que le es posible dictar al juez contencioso administrativo, las cuales podrán
tener las características de: Prevenir, conservar, anticipar o suspender, a su vez el juez o
magistrado podrá decretar una o varias medidas. No obstante lo anterior, se debe cumplir
con unos requisitos consagrados en el Artículo 231, para que se decrete una medida
cautelar, en este sentido una medida de suspensión del acto administrativo y que señala que
esta “procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud
que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto
demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas, como violadas o del
estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.
Cumplidos los requisitos señalados, las medidas cautelares podrán ser solicitadas
desde la presentación de la demanda o en cualquier etapa del proceso, una vez el juez o
magistrado ponente admita la demanda, deberá ordenar en auto separado (sobre el cual no
procede recurso alguno) el traslado de la solicitud de medida cautelar para que el
demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días
(plazo que corre en forma independiente al de la contestación de la demanda; pero se
16Ley 1437 de 2012, en vigencia desde el 02 de julio del 2012.
Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta
jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a
petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el
objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los
derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.
17NOTAS Universitarias | 31notifica simultáneamente con el auto admisorio de la demanda). Si la medida cautelar es
solicitada en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra parte para que se
pronuncie sobre ella y una vez valorada por el juez o magistrado ponente, la deniegue o
decrete en la misma audiencia.
Cuando no es llevada por audiencia, la decisión sobre las medidas cautelares,
deberán proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que
dispone el demandado para pronunciarse sobre ellas. Por otro lado, si la medida hubiere
sido negada, podrá solicitarse nuevamente solo si se han presentado hechos sobrevinientes
y en virtud de ellos se logra cumplir con las condiciones requeridas para su decreto.
Con los postulados anteriores se continúa evidenciando el carácter garantista de la
Ley 1437 de 2011, al permitir que en el curso del proceso, si surgen hechos nuevos que
hacen posible la solicitud de la medida cautelar, pueda realizarse, evitando de esta manera
un perjuicio. De igual forma, la norma nos señala que cuando se trate de la suspensión
provisional de los efectos de los actos administrativos no será necesaria la caución de los
procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses
colectivos, de los procesos de tutela, ni cuando la solicitante de la medida cautelar sea una
entidad pública. De todo lo esbozado anteriormente, es importante preguntarnos: ¿Qué tan
eficaz es esta medida cautelar en el Código Contencioso Administrativo en las acciones de
simple nulidad? y ¿cuál será la nueva situación que se afrontará con la entrada en vigencia
de la Ley 1437 de 2011?18
Frente al primer interrogante, podemos afirmar que esta figura puede ser eficaz en la
medida que al presentarse, sus resultados sean en cumplimiento del objetivo para lo cual se
creó, esto es que se suspendan por trasgredir el orden jurídico superior, pues como bien lo
establece la norma, procederá la suspensión en tanto el acto administrativo objeto de la
acción de simple nulidad infrinja notablemente el ordenamiento jurídico; es decir, que
nosotros podamos evidenciar a simple vista como la disposición atenta o trasgrede el
ordenamiento jurídico, pero a su vez es limitada la norma al restringir su aplicación en la
medida en que debe existir como ya lo mencionamos una violación ostensible.
18Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Fecha de Expedición:18/01/2011. Fecha de entrada en vigencia:02/07/2012.NOTAS Universitarias | 32Frente al segundo interrogante, debemos precisar que esta suspensión provisional
como medida cautelar en el medio de control de nulidad, está consagrada a darse
excepcionalmente, en razón a que la norma señala que el juzgador será quien decida de esa
solicitud cuando la violación mencionada surja de la confrontación de lo demandado con la
norma superior, y de este modo debemos observar que el mencionado postulado es
favorable en unos puntos y negativo en otros. Es positivo en el sentido de que la norma en
comparación con el Decreto 01 de 1984, es más concreta y garantiza de mejor forma la
aplicación de la suspensión, en protección del particular o de una comunidad en cuanto a la
cesación de un daño, así como la pronta decisión de las mismas y la celeridad cuando es
tramitada en audiencia; respecto al sentido negativo, se puede observar que en el análisis
del acto demandado con la violación de la norma, no precisa realizar ningún tipo de análisis
de fondo sobre el contenido del acto administrativo demandado, de esta manera nos
afrontamos a que el juez o magistrado a su criterio, efectuará una verificación de
fundamentos o supuestos normativos con el fin de asegurar el resultado del proceso, esto es
la suspensión del acto administrativo.
Frente al tema de la suspensión provisional, en reiteradas ocasiones ha sido objeto
de diversos pronunciamientos por la Corte Constitucional, la cual le da tratamiento al tema
de la procedibilidad de la acción de nulidad y la acción de tutela, al explicar en el caso
concreto que:
[…] La acción de tutela no debe ser incoada para cesar los efectos de un acto
administrativo impersonalmente, pues esta aplica solo cuando surte efectos inter partes,
mientras en la nulidad se podría hacer uso de la suspensión provisional en caso de que
afectará a una comunidad (efectos erga omnes) o si bien, es un acto particular, pero el
accionante busca solo su nulidad, sus efectos están violando el derecho del accionante
perteneciente a la comunidad afectada, que el acto sea falto de legalidad (Sentencia T
480 del 26 de octubre de 1993).Posteriormente, la Corte Constitucional se pronunció respecto a la pérdida de fuerza
ejecutoria del acto administrativo, consagrada en el Artículo 66 del Decreto 01 de 1984,
realizando un estudio sobre la obligatoriedad del acto administrativo como regla general
“salvo norma expresa en contrario”, y es de esta afirmación de la cual se erigen las
excepciones como lo son: la pérdida de fuerza ejecutoria, la suspensión provisional, elNOTAS Universitarias | 33decaimiento del acto administrativo por el transcurso del tiempo (cuando al cabo de cinco
años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos), por cumplimiento de la condición resolutoria a que esté sometido y cuando
pierdan su vigencia (vencimiento del plazo). De igual forma, el Alto Tribunal afirma que
“la suspensión provisional es una declaración judicial atribuida por la Constitución Política
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” (Sentencia C-069 del 23 de febrero de
1995).19 Respecto a la demanda de nulidad de un acto administrativo, la misma sentencia
El actor deberá solicitar la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo,
por considerarlo contrario al Ordenamiento Jurídico superior al cual debe sujetarse, y el
juez o magistrado ponente podrá decretarla, si es decretada aquel acto, pierde su fuerza
ejecutoria en forma temporal hasta tanto haya un pronunciamiento definitivo sobre la
legalidad o ilegalidad del mismo, es decir, que los efectos no rigen, en forma tal que la
Administración no puede aplicarlos, ni son oponibles [Subrayado fuera de texto].La Corte concluye sobre el tema que la suspensión provisional es “una declaración
judicial atribuida por la Constitución Política a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo”, y por lo tanto esta no es contraria a los preceptos constitucionales. Por su
parte el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, expresa que la
suspensión provisional debe solicitarse y motivarse expresamente en la demanda o en
escrito separado, observa que en dicho proceso la parte actora, quien solicitaba la
suspensión, no existía fundamentación o sustentación clara que llevará al juez a un
convencimiento para decretar dicha medida cautelar (Expediente Nº1387, en Auto del 18 de
julio de 1990).20
19Sentencia C-069 del 23 de febrero de 1995. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 66 (parcial)
del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). Magistrado Ponente: Hernando Herrera
Si al demandarse la nulidad de un acto administrativo, el actor solicita la suspensión provisional, por
considerarlo contrario al ordenamiento jurídico superior al cual debe sujetarse, y el juez de lo contencioso
administrativo la decreta, aquel, pierde su fuerza ejecutoria en forma temporal hasta tanto haya un
pronunciamiento definitivo sobre la legalidad o ilegalidad del mismo, es decir, que los efectos no rigen, en
forma tal que la Administración no puede aplicarlos, ni son oponibles.
Expediente Nº 0387, en Auto del 18 de julio de 1990. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda - Subsección A. Consejero Ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda.
En lo relacionado al tema de la estudio de este Articulo, la Sala manifestó:NOTAS Universitarias | 34La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa manifiesta respecto al
tema que:
[…] Solo son susceptibles de la medida de la suspensión provisional de los actos que
incurran en una manifiesta, ostensible y directa violación de la norma o normas que le
sirven de fundamento o cimiento, estimable por cotejo directo o mediante documentos
públicos aducidos con la solicitud que demuestren, por ejemplo, la expedición irregular
del acto (Consejo de Estado. Fallo 19777, 2001).Finalmente, una vez leídos y analizados los anteriores pronunciamientos, se puede
concluir como la suspensión provisional en nuestro ordenamiento ha variado en su
reglamentación y aplicación, en razón a que antes de la promulgación del nuevo Código era
poco factible que se llegará a decretar esa medida cautelar, pues debía existir una violación
manifiesta que fuera evidente de entrada, al examinar el caso; es decir, que con el análisis
del caso se pueda determinar si procede o no la suspensión provisional, pues el realizar un
estudio detallado de si procede o no aquella suspensión provisional ya no sería tan obvia la
violación a la norma superior como lo exige el Decreto 01 de 1984, ahora con lo dispuesto
en los Artículos 229 al 241 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, al establecer que estas medidas cautelares pueden ser
aplicadas por el juez a petición de parte y con una debida sustentación y al no restringir al
juzgador de ninguna manera la posibilidad del decreto de una u otra medida, dentro de las
cuales puede hallarse la suspensión provisional; es notorio que los cambios son grandes en
favor del administrado en la protección de sus derechos y la tarea del juzgador es
comprometedora y ardua para la óptima, eficiente y garantista aplicación de esta figura.Referencias
Código Contencioso Administrativo Colombiano - Decreto 01 de 1984.
“[…] La suspensión provisional debe solicitarse y sustentarse de modo expreso en la demanda o en escrito
separado, y esto quiere decir, ni más ni menos, que de todos modos habrá de dedicársele capítulo separado si
se plantea en el mismo libelo o presentarse en texto independiente de la demanda, más en cualquier supuesto
deberán expresarse concreta y debidamente los fundamentos que tiene el demandante para pedirla, esto es,
señalar específicamente cuáles son los textos de mayor rango jerárquico que considera transgredidos
manifiestamente por el acto acusado y expresar el concepto de la violación. En síntesis, constituye carga
procesal del actor el efectuar la debida escogencia de las disposiciones que, a su juicio, ofrecen las
características que autorizan la suspensión provisoria y así indicarlas al juzgador, para que este concentre su
atención y análisis en ellas y tome la decisión que en derecho correspondiere”.NOTAS Universitarias | 35Expediente Nº 0387, en Auto del 18 de julio de 1990. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Fallo 19777 de 2001. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejero
ponente: Ricardo Hoyos Duque. Fecha de expedición: 13/12/2001. Fecha de entrada en vigencia:
13/12/2001.
Sentencia C-069 del 23 de febrero de 1995. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 66 (parcial)
del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo.). Magistrado Ponente: Hernando Herrera
Vergara.Cibergrafía
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http://www.consejodeestado.gov.co/
http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp#
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http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15869&Anchor=
http://www.factum.edu.uy/document/constit/sec17.htmlBibliografía recomendada
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Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
Palacio Hincapié J. A. (2004). Derecho procesal administrativo. Medellín, Colombia: Librería Jurídica
Sánchez.NOTAS Universitarias | 36All pages:2356789101112131415161718192021222324252627282930313233343536InfoRead laterLikeShareDownloadMoreClínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés público Published on Nov 6, 2012 María Stella Pena de MéndezpublicacionesunibagueFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

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