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Timestamp: 2017-12-16 03:33:53+00:00

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II. Ámbitos de validez de la norma constitucional
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II. Ámbitos de validez de la norma constitucional	GC	2017-06-04T14:24:12+00:00
Capítulo II. Ámbitos de validez de la norma constitucional.
Los ámbitos de validez de una norma hacen referencia a las dimensiones en que una norma resulta obligatoria. En otras palabras, los ámbitos de validez representan los alcances de la obligatoriedad de un enunciado normativo.
La doctrina reconoce cuatro ámbitos de validez, a saber, el material, el personal, el temporal y el espacial.
Ámbito material de validez de la constitución.
Al hablar del ámbito material de una norma, se designa a la realidad social objeto de regulación.
En ese sentido la constitución, al ser creación de un poder soberano, puede regular cualquier materia, sea ésta civil, penal, laboral, administrativa, política, electoral, mercantil, ambiental, económica, política exterior, fiscal, etc., incluyendo en cualquier caso tanto el aspecto sustantivo como el adjetivo. A continuación se citan algunos ejemplos:
Artículo 4…
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
De los preceptos citados, se aprecia que la CPEUM abarca todas las materias de regulación jurídica e incluso establece mecanismos para obtener una solución jurídica para aquellas circunstancias que no fueron previstas por el constituyente. Un ejemplo de lo anterior es derecho de acceso a la justicia del artículo 17, mismo que interpretado de manera conjunta con el artículo 14 constitucional que establece como fuente de derecho a los principios generales del derecho, permiten que todas las pretensiones que sean planteadas a los órganos jurisdiccionales tengan una regulación jurídica.
Asimismo la CPEUM establece una distribución de competencias que abarca cualquier materia, según se aprecia del artículo 124 de la CPEUM:
En conclusión, la constitución carece de restricciones en cuanto al ámbito material de validez y en consecuencia puede regular cualquier aspecto de la realidad social de la comunidad política en la que surge.
Ámbito personal de validez de la constitución
El ámbito personal de validez está constituido por los sujetos a los que una determinada norma les resulta aplicable y por ende obligatoria.
A efecto de determinar el ámbito personal de validez de la CPEUM se citan los siguientes preceptos:
Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.
Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.
De los preceptos resulta que la CPEUM es obligatoria tanto para los particulares como para las autoridades, de donde se sigue que él único excluido es el poder constituyente, es decir el poder soberano que creó la CPEUM, pues el resto de los sujetos que conforman la comunidad mexicana se encuentran obligados por el texto constitucional.
Una vez dicho lo anterior, resulta claro que todas las autoridades pueden de hecho, transgredir la CPEUM cuando su conducta no observe lo dispuesto por los preceptos de la Carta Magna, es por esa razón que los criterios de “jurisprudencia” (por llamarlos de alguna forma, ya que ni siquiera cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 107 constitucional para ser considerados jurisprudencia, ello en virtud de que la jurisprudencia es una fuente formal de derecho subordinada a la norma que interpreta y en el presente caso no existe precepto constitucional alguno que permita interpretar que los jueces de distrito no pueden violar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y por el contrario existe el artículo 1° constitucional que los obliga a respetar los derechos fundamentales) que a continuación se citan son anticonstitucionales:
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia. Contradicción de tesis 14/94. Entre las sustentadas por los Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre otros. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. V, Enero de 1997, página 5. No. de registro 199492.
JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS DE LOS.
Si el recurrente manifiesta en su escrito de expresión de agravios que el Juez de Distrito violó sus garantías constitucionales, tales agravios son infundados, ya que los Jueces de Distrito al ser los encargados del control constitucional, en sus acuerdos o resoluciones no pueden cometer violaciones a los derechos subjetivos públicos de los gobernados, sino, en todo caso, infracción por inobservancia a la Ley de Amparo.
Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Amparo en revisión 321/95. Francisco Javier Fuentes Segura. 25 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Abril de 1996, página 250. No. de Registro 202834.
SENTENCIAS DE LOS JUECES DE DISTRITO. NO SON CONCULCATORIAS DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES.
Las sentencias de los jueces de Distrito, atento a la naturaleza sobre la que versa y la técnica del juicio de amparo, que es el examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de autoridad, jamás pueden ser estimadas conculcatorias de las garantías que consagra en favor de todo individuo la parte dogmática de la Constitución General de la República, sino sólo en lo que atañe a la indebida aplicación de los artículos de la Ley de Amparo, así como de las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando se invocan existiendo disposición expresa en la ley de la materia o se contraríe la debida interpretación jurídica de sus normas.
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Amparo en revisión 89/95. Augusto Jacinto Hernández. 11 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Novena Época. II, Agosto de 1995, página 396. No. de registro 204732.
Las anteriores “tesis” argumentan falazmente que los jueces de distrito no pueden violar la CPEUM, pero dicha afirmación es absurda pues presupone que no existen jueces de distrito corruptos y deshonestos y que las autoridades que ejercen algún tipo de control constitucional siempre actuarán conforme la CPEUM, circunstancias ellas que incluso están en contra de los presupuestos del constitucionalismo que ve a las autoridades como personas susceptibles de violar normas jurídicas y que incluso tienden a abusar del poder.
Adicionalmente, el hecho de que los jueces de distrito tengan asignadas algunas funciones de control constitucional no implica que ejerzan dichas funciones de la forma correcta y sin excesos.
Por otra parte, las tesis incurren en contradicción al señalar que los jueces de distrito no pueden violar la constitución pero si la Ley de Amparo, pues existen conductas que transgreden de forma directa tanto la Ley de Amparo como la CPEUM simultáneamente. Enseguida se citan algunos ejemplos:
Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:
Artículo 74. La sentencia debe contener:
II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios;
III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio;
IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer;
V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y
VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa.
El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma.
Los preceptos transcritos de la Ley de Amparo establecen claramente que los jueces de amparo deben ser ajenos a los intereses planteados en los juicios de amparo que resuelvan y también establecen que las sentencias que dicten deben ser exhaustivas y tener fundamento legal para ser válidas.
Si se observan los derechos fundamentales reconocidos por la CPEUM, también se pueden encontrar los artículos 14, 16 y 17 que regulan los aspectos relativos a la imparcialidad, exhaustividad y principio de legalidad:
Si tanto la Ley de Amparo, como la CPEUM establecen que los jueces de distrito y toda autoridad jurisdiccional deben ser imparciales, exhaustivos y fundar sus determinaciones en precepto legal alguno, resulta que las violaciones a los artículos 51 y 74 de la Ley de Amparo también implican violaciones directas a la Constitución. En consecuencia las tesis de “jurisprudencia” citadas, al reconocer que los jueces de distrito al momento de resolver los juicios de amparo pueden, de hecho, violar la Ley de Amparo, también están reconociendo que pueden violar la CPEUM
Por otra parte, si fuera cierto que los jueces de distrito, al ejercer funciones de control constitucional, siempre actuaran de la forma correcta y no violaran preceptos constitucionales, sería innecesario que la CPEUM hubiese establecido el recurso de revisión del artículo 107 constitucional:
En conclusión, todas las autoridades y los particulares que habiten en el territorio nacional están sometidos a la CPEUM, sin excepción alguna.
Ámbito temporal de validez de la constitución
El ámbito temporal de validez refiere al lapso durante el cual una norma jurídica es obligatoria. Tratándose de la actual CPEUM emitida por el Poder Constituyente de 1917, el texto constitucional inició su vigencia según lo establecido por el artículo primero transitorio:
Como se puede observar, el artículo primero transitorio estableció el inicio de vigencia de la Constitución.
Por otra parte, y en cuanto a la terminación de la vigencia de la CPEUM se debe señalar que la misma estará vigente hasta que exista otro poder constituyente que establezca otra constitución, situación que no puede ser prevista por la propia CPEUM, ante lo cual solamente existe una pretensión de que el texto constitucional tenga una vigencia permanente que se ve reflejada en lo dispuesto por el artículo 136:
En conclusión el ámbito temporal de validez de la constitución es cierto en cuanto a su inicio e indeterminado en cuanto a su fin, no obstante ello, existe una pretensión de permanencia.
Ámbito espacial de validez de la constitución.
El ámbito espacial de validez de una norma, lo constituye la dimensión física en la cual es obligatoria, misma que puede clasificarse en: a) superficie terrestre; b) subsuelo; c) plataforma continental y zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; d) mares territoriales; y e) espacio aéreo.
Para definir la superficie terrestre en la cual es obligatoria la CPEUM se debe estar a lo dispuesto por los siguientes preceptos constitucionales:
Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.
Artículo 47. El Estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el Territorio de Tepic.
El precepto que establece los alcances de la CPEUM respecto del subsuelo es el artículo 27. Para un estudio detallado del contenido de dicho artículo se sugiere como lectura el Libro de Oscar Morineau titulado: “Los derechos reales y el subsuelo en México”.
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos;…
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales… Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional.
Plataforma continental y zócalo submarinos de las islas, cayos y arrecifes
Por su parte la fracción IV del artículo 42 al describir el territorio nacional establece lo siguiente:
En relación a este punto, la CPEUM únicamente se limita a señalar como parte del territorio nacional a la plataforma continental y los zócalos submarinos sin dar una descripción de lo que se debe entender por dichos conceptos, de lo que se concluye que los mismos representan términos jurídicos indeterminados a la luz del derecho constitucional mexicano.
Es importante aclarar que el derecho internacional puede definir dichos conceptos, pero dichas definiciones no son constitucionales por lo tanto dichos conceptos si bien son jurídicos, no son propios del sistema constitucional mexicano.
A diferencia de los conceptos de plataforma continental y zócalo submarino la CPEUM, al referirse al mar territorial, sí hace una remisión expresa al derecho internacional.
A continuación se citan algunas disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para definir los alcances del ámbito espacial de validez de la norma constitucional.
Régimen jurídico del mar territorial, del espacio aéreo situado sobre el mar territorial y de su lecho y subsuelo
1. La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores y, en el caso del Estado archipelágico, de sus aguas archipelágicas, a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial.
2. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar.
3. La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho internacional.
Límite exterior del mar territorial
4. Las líneas de base rectas no se trazarán hacia ni desde elevaciones que emerjan en bajamar, a menos que se hayan construido sobre ellas faros o instalaciones análogas que se encuentren constantemente sobre el nivel del agua, o que el trazado de líneas de base hacia o desde elevaciones que emerjan en bajamar haya sido objeto de un reconocimiento internacional general.
6. El sistema de líneas de base rectas no puede ser aplicado por un Estado de forma que aísle el mar territorial de otro Estado de la alta mar o de una zona económica exclusiva.
La CPEUM hace mención expresa de este término, en el artículo 27.
Por su parte la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece lo siguiente:
Régimen jurídico específico de la zona económica exclusiva
La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta Parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención.
Derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la zona económica exclusiva
a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos;
i) El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras;
c) Otros derechos y deberes previstos en esta Convención.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona económica exclusiva en virtud de esta Convención, el Estado ribereño tendrá debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás Estados y actuará de manera compatible con las disposiciones de esta Convención.
3. Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del mar y su subsuelo se ejercerán de conformidad con la Parte VI.
Anchura de la zona económica exclusiva
La zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.
Derechos y deberes de otros Estados en la zona económica exclusiva
1. En la zona económica exclusiva, todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan, con sujeción a las disposiciones pertinentes de esta Convención, de las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos a que se refiere el artículo 87, y de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los vinculados a la operación de buques, aeronaves y cables y tuberías submarinos, y que sean compatibles con las demás disposiciones de esta Convención.
2. Los artículos 88 a 115 y otras normas pertinentes de derecho internacional se aplicarán a la zona económica exclusiva en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte.
3. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona económica exclusiva en virtud de esta Convención, los Estados tendrán debidamente en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos dictados por el Estado ribereño de conformidad con las disposiciones de esta Convención y otras normas de derecho internacional en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte.
Para efectos de definir el ámbito espacial de validez de la Constitución es importante señalar que los espacios y/o superficies denominadas “Zona” y “Alta mar” quedan fuera del ámbito especial de validez de la CPEUM con fundamento en las propias disposiciones internacionales a las cuales remite el artículo 42 fracción V de la Carta Magna.
Aplicación de las disposiciones de esta Parte
Las disposiciones de esta Parte se aplican a todas las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de un Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado archipelágico. Este artículo no implica limitación alguna de las libertades de que gozan todos los Estados en la zona económica exclusiva de conformidad con el artículo 58.
Ilegitimidad de las reivindicaciones de soberanía sobre la alta mar
Términos empleados y alcance
1. Para los efectos de esta Convención:
1) Por “Zona” se entiende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional;
Si bien la fracción VI del artículo 42 remite al derecho internacional para definir los alcances del espacio aéreo, la realidad es que la comunidad internacional aún no ha conseguido un acuerdo claro respecto a las dimensiones y características de dicho espacio.
Al respecto se puede citar a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que respecto al espacio aéreo establece lo siguiente:
Es importante mencionar que una de las principales indeterminaciones del espacio aéreo es la concerniente a su altura, misma que serviría para distinguirla con claridad del espacio ultraterrestre.
[i] En relación a este tema véase los artículos titulados: a) Las violaciones de derechos humanos cometidas por los tribunales de amparo y b) La responsabilidad de los tribunales que crean jurisprudencia contraria a derechos humanos, en http://constitucionalistasmexicanos.blogspot.mx/
Índice Derecho Constitucional
I. Las causas de la constitución
III. La constitución como regla de reconocimiento
VI. La interpretación de la constitución
V. Distribución de competencias entre niveles de gobierno
IV. El principio de división de poderes
VII. La modificación de la constitución
VIII. Garantías de supremacía constitucional
Blibliografía (DC)

References: Artículo 4
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 124

Artículo 5
 resolución 
 resolución 

Artículo 136
 artículo 107
 artículo 1

Artículo 51

Artículo 74
 artículo 107
 artículo 136

Artículo 43

Artículo 47
 artículo 27
 artículo 42
 artículo 27
 artículo 87
 artículo 42
 artículo 58
 artículo 42