Source: http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2013/07/la-nueva-normativa-europea-sobre.html
Timestamp: 2017-08-17 23:19:14+00:00

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Pedro de Miguel Asensio: La nueva normativa europea sobre litigios en materia de consumo
I. Directiva 2013/11/UE
Esta Directiva establece un marco armonizado básico con respecto a las entidades y los procedimientos de resolución alternativa de litigios en materia de consumo. El plazo de incorporación de la Directiva al Derecho nacional se extiende hasta el 9 de julio de 2015. Su contenido está condicionado por la situación actual, caracterizada por la gran disparidad existente en esta materia entre los Estados miembros, pues el nivel de desarrollo de la resolución alternativa de litigios varia significativamente. La utilidad de este tipo de mecanismos y su importancia para favorecer la confianza en el comercio electrónico resultan manifiestas, habida cuenta de que Internet facilita la celebración de contratos de consumo internacionales, con gran frecuencia relativos a pequeñas cuantías, lo que determina que el coste de una reclamación judicial pueda resultar desproporcionado en relación con los litigios derivados de esas transacciones.
En este contexto, el contenido esencial de la Directiva va referido al establecimiento de requisitos que deben cumplir las entidades de resolución alternativa de litigios; el acceso de los consumidores a tales entidades; las condiciones que deben reunir las personas físicas encargadas de la resolución alternativas de litigios (conocimientos especializados, independencia e imparcialidad); las obligaciones de transparencia de dichas entidades; la eficacia de los diversos tipos de procedimientos y su eficacia; el régimen jurídico aplicable en tales procedimientos; la información y asistencia a los consumidores en este ámbito; la cooperación entre entidades de resolución y entre estas y las autoridades nacionales competentes; así como las funciones de dichas autoridades y de la Comisión. Dos aspectos resultan aquí de particular interés. De una parte, el relativo al ámbito de aplicación de la Directiva; de otra, el que atañe a los diversos tipos de procedimientos contemplados en la Directiva, su eficacia y régimen jurídico.
A concretar el ámbito de aplicación de la Directiva, aparece dedicado su artículo 2, según el cual la Directiva resulta de aplicación no sólo con respecto a todas las entidades establecidas de manera duradera que ofrezcan la resolución de un litigio entre un consumidor y un comerciante mediante un procedimiento de resolución alternativa y que hayan sido incluidas en lista prevista en la propia Directiva, sino también a todas las entidades de resolución de litigios autorizadas por los Estados miembros a imponer soluciones vinculantes para las partes. El criterio básico es que la Directiva se aplica a los litigios entre consumidores y comerciantes relativos a obligaciones contractuales derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios, celebrados o no en línea, en todos los sectores económicos menos los exceptuados. La Directiva es aplicable tanto a los “litigios nacionales” como a los “litigios tranfronterizos”, categorías definidas en el artículo 4 (en concreto, la última de esas dos categorías se define como “litigio contractual derivado de un contrato de compraventa o de servicios en el que el consumidor, en el momento de realizar la orden de pedido, tiene su residencia en un Estado miembro distinto de aquel en que está establecido el comerciante”). La Directiva se aplica a las reclamaciones presentadas por consumidores contra comerciantes, pero no a las presentadas por comerciantes, sin perjuicio de que lo Estados miembros puedan regular estas últimas. Además, con carácter general, la Directiva no impide que los Estados miembros mantengan o introduzcan legislación en materia de procedimientos de resolución extrajudicial de litigios en contratos celebrados con consumidores que sea acorde con los requisitos establecidos en la Directiva.
Para valorar el significado de la Directiva, es necesario detenerse en la delimitación negativa de su ámbito de aplicación, es decir, en los procedimientos o litigios a los que no es aplicable. Así, la Directiva no regula ciertos procedimientos, algunos de los cuales desempeñan un papel relevante en la práctica del comercio electrónico, por ejemplo, en el caso de los mercados virtuales, como son los procedimientos internos de tramitación de reclamaciones gestionados por el comerciante o los procedimientos en los que las personas físicas responsables de su resolución son contratadas o retribuidas exclusivamente por el comerciante. También se hallan excluidas de la Directiva las negociaciones directas entre las partes y los procedimientos extrajudiciales creados ad hoc para un único litigio. Con respecto a la mediación, la Directiva 2013/11/UE establece como criterio de base que debe entenderse sin perjuicio de la Directiva 2008/52/CE sobre mediación, pero afirma que, como está destinada a aplicarse de manera horizontal a todo tipo de procedimientos de resolución alternativa, se incluyen los regulados por la Directiva 2008/52/CE.
II. Reglamento (UE) 524/2013
Para valorar la aportación de la plataforma en línea cuyo establecimiento regula el Reglamento 524/2013 y su interacción con otros mecanismos de resolución alternativa de controversias, resulta de interés detenerse en ciertos aspectos de los artículos 9 y 10, relativos a la tramitación de las reclamaciones y la resolución del litigio. El empleo de esta vía de solución extrajudicial no se basa en la existencia previa de un acuerdo de las partes, de modo que la presentación de la reclamación no asegura que esta vía prospere, salvo que las partes una vez presentada la reclamación se pongan de acuerdo en que una entidad resuelva la controversia: “Si, transcurridos 30 días naturales desde la presentación del formulario de reclamación, las partes no hubieran llegado a un acuerdo sobre una entidad de resolución alternativa, o si la entidad de resolución alternativa se negara a conocer del litigio, se pondrá fin a la tramitación de la reclamación” (art. 9.8). No obstante, cuando la parte reclamada es un comerciante, puede darse la circunstancia de que el comerciante esté obligado a recurrir a una entidad de resolución alternativa concreta para resolver los litigios de consumo. Cada entidad de resolución aplica sus propias normas de procedimiento, incluidas las relativas a las costas, si bien se establecen ciertas reglas comunes, en particular con respecto al plazo para concluir el procedimiento, la no exigencia de comparecencia de las partes y el intercambio de información con la plataforma de resolución de litigios (art. 10). Por lo demás, con respecto a otras cuestiones, como las que conciernen a los efectos de las resoluciones -el resultado del procedimiento puede tener carácter vinculante o no vinculante en función de la entidad de resolución y el tipo de procedimiento (art. 9.5.e)-, resulta de importancia el dato de que el Reglamento debe considerarse conjuntamente con la Directiva 2013/11/UE.

References: resolución 
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 artículo 2
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 artículo 4
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