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Timestamp: 2018-09-22 17:36:39+00:00

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﻿ LEY 516 DE 1999
LEY 516 DE 04 DE AGOSTO DE 1999
CONTENIDO:SE APRUEBA EL "CÓDIGO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL", ACORDADO POR UNANIMIDAD EN LA "REUNIÓN DE MINISTROS - MÁXIMOS RESPONSABLES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS", CELEBRADA EN MADRID (ESPAÑA) EN SEPTIEMBRE DE 1995.
“Por medio de la cual se aprueba el “Código Iberoamericano de Seguridad Social”, acordado por unanimidad en la “Reunión de ministros - máximos responsables de seguridad social de los países iberoamericanos”, celebrada en Madrid (España) los días dieciocho y diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco”.
visto el texto del “Código Iberoamericano de Seguridad Social”, acordado por unanimidad en la “Reunión de ministros - máximos responsables de seguridad social de los países iberoamericanos”, celebrada en Madrid (España) los días dieciocho (18) y diecinueve (19) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), que a la letra dice:
ART. 1º—1. El código reconoce a la seguridad social como un derecho inalienable del ser humano.
2. Este derecho se concibe como garantía para la consecución del bienestar de la población, y como factor de integración permanente, estabilidad y desarrollo armónico de la sociedad.
ART. 2º—Es una responsabilidad indeclinable de los estados ratificantes establecer programas de protección social que tiendan a garantizar a la población su derecho a la seguridad social cualquiera que sea el modelo de organización institucional, los modos de gestión y el régimen financiero de los respectivos sistemas protectores que, dependiendo de sus propias circunstancias históricas, políticas, económicas y sociales, hayan sido elegidos.
ART. 3º—1. El código se propone contribuir al bienestar de la población de los estados ratificantes y fomentar la cohesión social y económica de éstos en el plano internacional.
2. Sus preceptos obligan a satisfacer unos mínimos de seguridad social y comprometen la voluntad de los estados ratificantes en la mejora progresiva de los mismos.
ART. 4º—1. Cada uno de los estados ratificantes se compromete a elevar progresivamente el nivel mínimo de seguridad social inicialmente asumido, de conformidad con las previsiones del artículo 25 de este código.
2. De igual modo y alcanzados los niveles mínimos de protección a que se refiere el artículo 25 de este código, cada uno de los Estados ratificantes se compromete a esforzarse, con arreglo a sus posibilidades, para elevar progresivamente dichos niveles de protección.
El cumplimiento de ese compromiso de progresividad debe valorarse globalmente, y no para cada una de las distintas prestaciones a que se refiere la parte II de este código por separado.
Regresiones circunstanciales de alguna o de algunas de las prestaciones pueden ser compensadas por progresos de mayor intensidad en otras, sin que quepan regresiones por debajo de los mínimos establecidos en las prestaciones reguladas en las distintas secciones de la parte segunda, en los términos señalados en el artículo 25 de este código.
ART. 5º—1. La contribución del código a la cohesión social y económica de los estados ratificantes se configura como un objetivo compatible con sus respectivas diversidades nacionales, entendidas como expresión plural de una misma raíz cultural e histórica.
2. En todo caso, sus normas constituyen un apoyo directo a los procesos en curso de integración de las economías nacionales mediante la convergencia de objetivos en el ámbito de las prestaciones sociales.
ART. 6º—1. El contenido y alcance de los mínimos de las prestaciones sociales que el código contempla se fijan respetando las normas de otros instrumentos del derecho social de alcance universal.
2. La recepción de tales normas se efectúa adaptándolas a la particular incidencia en el ámbito iberoamericano de las necesidades sociales que en ellas se contemplan.
3. Las normas del código se interpretan de conformidad con las del derecho social internacional a las que se refiere el número 1.
ART. 7º—Las estimaciones sobre cobertura de obligaciones mínimas deben valorar los efectos que, sobre las necesidades sociales en cada caso consideradas, puedan resultar de la confluencia de otras instituciones protectoras.
ART. 8º—Los estados ratificantes del código se proponen como objetivo el otorgamiento gradual de prestaciones suficientes que hagan posible la superación de las diversas contingencias y riesgos que puedan acaecer, considerando, igualmente, que en la financiación de las prestaciones deberá tenerse en cuenta la naturaleza de las mismas.
ART. 9º—El derecho a la seguridad social debe extenderse de forma progresiva a toda la población, sin discriminaciones por razones personales o sociales.
ART. 10.—1. Para la determinación de los mínimos de seguridad social en Iberoamérica, el código presta atención preferente al impulso, dentro de las posibilidades de cada país, de las actuaciones necesarias para el desarrollo efectivo del derecho a la salud, especialmente en los ámbitos preventivos y de atención primaria.
2. Del mismo modo el código se plantea como objetivo prioritario, dentro de las modalidades contributivas, hacer efectivos los principios de sustitución de rentas y de garantía del poder adquisitivo, de manera que las prestaciones económicas guarden relación con el esfuerzo contributivo realizado.
3. La articulación de programas de servicios sociales facilita el cumplimiento de los fines de la seguridad social orientados al desarrollo y la promoción del ser humano, a la integración social de las personas marginadas y a la priorización de actuaciones dirigidas a los sectores más vulnerables de la población.
ART. 11.—1. Los estados ratificantes proponen la implantación de mecanismos de protección complementarios de los regímenes generales de protección social que incentiven el ahorro en beneficio de la previsión.
2. La conjunción de regímenes generales y complementarios facilita el cumplimiento de los objetivos de las políticas de desarrollo y progreso social.
ART. 12.—1. El derecho a la seguridad social se fundamenta, entre otros, en el principio de solidaridad.
2. Las prestaciones mínimas de alcance universal, de acuerdo con los requisitos establecidos por las legislaciones y prácticas nacionales, requieren la solidaridad de todos los miembros de la comunidad.
Sólo las prestaciones selectivas, de financiación contributiva y finalidad sustitutoria de rentas, admiten la aplicación de solidaridades parciales, sin perjuicio de la asignación de recursos generales del Estado a estos regímenes de prestaciones selectivas en las condiciones que se determinen.
3. Los estados ratificantes recomiendan una política de racionalización financiera de la seguridad social basada en la conexión lógica entre las diferentes funciones protectoras de ésta, la extensión de la solidaridad según sus destinatarios, y la naturaleza compensatoria o sustitutiva de rentas de sus prestaciones, que guarde la debida concordancia con las capacidades económicas del marco en que debe operar y basada en el adecuado equilibrio entre ingresos y gastos y la correspondencia, en términos globales, entre la capacidad de financiación y la protección otorgada.
ART. 13.—1. Deben compatibilizarse los fines y los medios de las políticas económicas y de protección social, mediante una conjunta consideración de ambas en orden a promover el bienestar.
2. La financiación de la acción protectora debe tener en cuenta las características y condicionantes políticos, económicos y sociales vigentes en cada Estado.
3. Se reconoce la estrecha relación entre la financiación de las modalidades contributivas de la protección, obtenida a través de cotizaciones y las políticas de empleo, así como la conveniencia de compatibilizar ambas.
4. Los estados ratificantes admiten las limitaciones asistenciales que imponen los condicionamientos económicos, pero también advierten de las posibilidades que ofrece una política equilibrada de redistribución de la renta nacional en orden a satisfacer las necesidades sociales básicas.
5. La integración de las políticas económicas y de protección social resulta necesaria para propiciar el propio desarrollo económico.
ART. 14.—1. La efectividad protectora de los sistemas de seguridad social depende, en gran parte, de la coordinación de los diferentes programas de protección social que se encuentran estrechamente ligados entre sí al objeto de garantizar una cobertura más racional y eficaz de las diversas necesidades.
2. Los estados ratificantes se declaran inclinados a favorecer el progreso de la idea de coordinación institucional y operativa de las ramas, regímenes, técnicas y niveles de protección social.
ART. 15.—La eficacia en la gestión de la seguridad social requiere el planteamiento permanente de un objetivo de modernización de sus formas y medios de gestión, que incorpore el análisis de sus costos operativos y la aplicación de avanzados instrumentos y métodos de gestión, equilibradamente dimensionados y apoyados en recursos humanos sujetos a programas constantes de formación.
ART. 16.—Los estados ratificantes, cualquiera que sea el modelo organizativo e institucional adoptado, propiciarán una gestión apoyada en los principios de eficacia y eficiencia, simplificación, transparencia, desconcentración, responsabilidad y participación social.
ART. 17.—1. Los estados ratificantes destacan la conveniencia de promover las labores de estudio y previsión de los factores socio-económicos y demográficos que influyen sobre la seguridad social, y de establecer planes plurianuales que comprendan las actividades a desarrollar durante varios ejercicios presupuestarios.
2. Igualmente, consideran que las siguientes medidas aseguran progresos apreciables, en la administración de los sistemas:
a) La integración y sistematización de los textos legales aplicados, simplificando y aclarando sus preceptos;
b) La mejora del conocimiento general de la seguridad social y de sus instituciones por parte de los usuarios, en particular por lo que se refiere al derecho a las prestaciones y al destino que se asigna a los fondos recaudados;
c) La expansión de los medios de contacto directo con los usuarios, facilitando su acceso a los servicios administrativos, y la utilización de las modernas técnicas de comunicación dirigidas no sólo a aquéllos, sino también a la opinión pública en general para favorecer la sensibilidad ante la seguridad social y su aprecio social;
d) Tomar en consideración como método para evaluar la calidad, la opinión de los beneficiarios sobre los servicios y prestaciones que reciben, y
e) El establecimiento de métodos eficaces de afiliación y recaudatorios y la administración rigurosa de los recursos disponibles.
ART. 18.—1. La garantía de los derechos individuales de seguridad social debe disponer de mecanismos jurídicos e institucionales suficientes.
2. Deben agilizarse los procedimientos de trámite y reconocimiento de las prestaciones y potenciarse los mecanismos que permitan un mayor control en el cumplimiento riguroso de las obligaciones.
3. Deben regularse, de acuerdo con la legislación y las prácticas nacionales, procedimientos de reclamación y recurso a través de los cuales los interesados puedan impugnar las decisiones de los órganos gestores de la seguridad social.
ART. 19.—Los estados ratificantes, de acuerdo con sus prácticas nacionales, promoverán mecanismos de participación social en la seguridad social.
ART. 20.—1. El objetivo de convergencia de las políticas de seguridad social debe facilitar el de coordinación de las legislaciones respectivas en su aplicación concurrente, sucesiva o simultánea, al caso de los trabajadores migrantes.
2. Con ese fin, los estados ratificantes se comprometen a elaborar un protocolo adicional al código, relativo a la seguridad social de los trabajadores que se desplazan en el interior de sus fronteras, y a la de sus familias.
ART. 21.—El propósito de coordinación legislativa, así como el de convergencia de las políticas protectoras, motiva a los estados signatarios para comprometer la elaboración y, en su caso, aprobación, de un protocolo adicional, conteniendo una propuesta de lista iberoamericana de enfermedades profesionales.
ART. 22.—1. Los Estados ratificantes coinciden en la necesidad de establecer medios y procedimientos de orden internacional capaces de asegurar la eficacia del código.
Así mismo, convienen en la utilidad de adoptar en común cuantas medidas puedan facilitar la interpretación y aplicación de sus preceptos, y procurar el desarrollo de sus principios y derechos mínimos.
2. Con esa finalidad, el capítulo I de la parte tercera instituye los procedimientos y órganos convenientes para el control de su aplicación por los estados ratificantes, y asigna funciones de apoyo a organizaciones internacionales especializadas.
Norma mínima seguridad social
ART. 23.—1. A los efectos del presente código:
a) La expresión “fase de aplicación progresiva personal” designa el porcentaje de personas respecto de categorías determinadas de trabajadores asalariados, de población económicamente activa o, en su caso, de población, que cada Estado, según la fase que haya asumido y como mínimo, se compromete a dar cobertura en relación con cada una de las prestaciones a que se refieren las secciones segunda a décima del presente código;
b) La expresión “nivel cuantitativo de prestación” designa el importe de las prestaciones económicas a que se refieren las secciones tercera, cuarta, quinta, sexta, octava, novena y décima del presente código, que cada Estado, según el nivel que haya asumido, se compromete como mínimo a reconocer;
c) La expresión “trabajador asalariado” designa a un trabajador que realiza su actividad en régimen de dependencia con respecto a otra persona y en razón de la cual recibe un salario;
d) La expresión “población económicamente activa” designa el conjunto de los trabajadores asalariados, de los desempleados y de los trabajadores independientes en los términos, respecto a estos últimos, que prevean la legislación y las prácticas nacionales;
e) La expresión “persona en estado de viudez” designa al cónyuge sobreviviente que estaba a cargo del otro cónyuge en el momento del fallecimiento de éste;
f) La expresión “hijo a cargo” designa a un hijo en la edad de asistencia obligatoria a la escuela o que tiene hasta 15 años de edad, según prevean la legislación y las prácticas nacionales, y
g) La expresión “período de calificación” designa un período de cotización, un período de empleo, un período de residencia o cualquier combinación de los mismos, según prevean la legislación y las prácticas nacionales.
2. A los efectos de las secciones segunda (asistencia sanitaria), sexta (asistencia sanitaria por accidente de trabajo y enfermedad profesional) y octava (asistencia sanitaria por maternidad), todas ellas del capítulo II de esta parte segunda, el término “prestaciones” significa las prestaciones en forma de asistencia o las prestaciones indirectas consistentes en un reembolso de los gastos hechos por la persona interesada, de acuerdo con el modelo de gestión que cada Estado tenga establecido.
ART. 24.—1. Todo Estado para el que esté en vigor este código deberá:
i) La parte primera.
ii) El capítulo I de la parte segunda.
iii) La sección primera del capítulo II de la parte segunda.
iv) Las secciones segunda (asistencia sanitaria) y tercera (vejez), de aceptación obligatoria, y otras dos secciones optativas, elegidas por el Estado miembro, de entre las secciones cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y undécima, pertenecientes todas ellas al capítulo II de la parte segunda.
v) La parte tercera;
b) además de la aceptación obligatoria de las secciones segunda y tercera, especificar en la ratificación cuáles son, de las secciones cuarta a undécima, aquellas respecto de las cuales acepta las obligaciones de este código.
2. Todo Estado, en el momento de la ratificación del presente código, especificará en cuál de las fases de aplicación progresiva personal, respecto a las personas protegidas, acepta las secciones segunda a décima del capítulo II de la parte segunda. Así mismo, especificará en cuál de los distintos niveles cuantitativos de prestación acepta los artículos 30 a 32 de este código.
Los niveles cuantitativos de prestación a que se refieren los artículos 30 a 32 de este código son acumulables a las fases de aplicación progresiva personal, respecto de las personas protegidas, contenidas en las secciones segunda a décima del capítulo II de esta parte segunda. En tal sentido, la aceptación, en sus distintas fases de aplicación progresiva personal, de cualquiera de las secciones segunda a décima del capítulo ii) de esta parte segunda, podrá ser combinada, a elección del propio Estado, con la aceptación de cualquiera de los niveles cuantitativos de prestación a que se refieren los artículos 30 a 32 de este código.
3. La acreditación de que el Estado cumple los compromisos derivados de los distintos niveles cuantitativos de prestación en que se haya aceptado la sección primera o los compromisos derivados de las distintas fases de aplicación progresiva personal en que se hayan asumido las secciones segunda y tercera de aceptación obligatoria y las demás secciones de aceptación voluntaria, todas ellas del capítulo II de esta parte segunda, se efectuará en la fecha de rendición de la primera memoria a que se refieren los artículos 112 y siguientes de este código.
ART. 25.—1. Todo Estado que haya ratificado este código, con independencia de las obligaciones asumidas en el momento de la ratificación inicial, deberá:
a) Ampliar, a los dos años de la ratificación inicial del código, el ámbito de aplicación del mismo, pudiendo elegir el Estado por obligarse a una nueva sección o a una nueva fase de aplicación progresiva personal, en lo que se refiere a las personas protegidas, respecto de las secciones ya asumidas con anterioridad.
La acreditación de que se cumplen los compromisos de las nuevas obligaciones asumidas, a que se refiere el párrafo anterior, se efectuará a los cinco años, contados a partir de la fecha en que tengan efectos las mismas;
b) Proceder, a los cinco años a contar desde la fecha en que tengan efectos las nuevas obligaciones asumidas a que se refiere la letra a) anterior, a ampliar el ámbito de aplicación del código, pudiendo elegir el Estado entre, obligarse a una nueva sección o a una nueva fase de aplicación progresiva personal, en lo que se refiere a las personas protegidas, respecto de las secciones ya asumidas con anterioridad.
La acreditación de que se cumplen los compromisos de las nuevas obligaciones asumidas, a que se refiere el párrafo anterior, se efectuará a los cinco años, contados a partir de la fecha en que tengan efectos las mismas.
2. Las obligaciones de ampliación progresiva del contenido asumido del código, en los términos señalados en el número 1 anterior, cesarán cuando el Estado se haya comprometido aplicar las dos secciones obligatorias y, al menos, otras dos de las secciones optativas, a que se refiere el párrafo iv), letra a), número 1, del artículo 24 de este código, todas ellas, en lo que se refiere a las personas protegidas, en la segunda fase de aplicación progresiva personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
ART. 26.—Cuando el Estado, cumpliendo las obligaciones que se contienen en los artículos 24 y 25 de este código, y de conformidad con las previsiones del artículo 128, haya ampliado voluntariamente los niveles cuantitativos de prestación aceptados de los artículos 30 a 32, las secciones asumidas, de entre las secciones optativas del capítulo II de la parte segunda o, en su caso, las distintas fases de aplicación progresiva personal, respecto de las personas protegidas, de las secciones segunda a décima del capítulo II citado, la acreditación de que se cumplen los compromisos de ellas derivados se efectuará a los cinco años, contados a partir de la fecha en que tengan efectos las nuevas obligaciones asumidas.
ART. 27.—Cuando a los efectos del cumplimiento de cualquiera de las secciones segunda a décima del capítulo II de la parte segunda, que hubiesen sido mencionadas en la ratificación, un Estado esté obligado a proteger a categorías establecidas de personas que, en total, constituyan por lo menos un porcentaje determinado de trabajadores asalariados, de población económicamente activa o del total de la población, o esté obligado, respecto de las personas protegidas, a satisfacer unas prestaciones económicas que constituyan un porcentaje del módulo de referencia utilizado, según los niveles cuantitativos de prestación a que se refieren los artículos 30 a 32 de este código, dicho Estado deberá cerciorarse de que los porcentajes correspondientes han sido ya alcanzados o que se prevé alcanzarlos en las fechas a que se refieren, respectivamente, el número 3 del artículo 24, las letras a) y b), del número 1 del artículo 25 o el artículo 26, todos ellos de este código, antes de comprometerse a cumplir la correspondiente sección.
ART. 28.—El Estado que haya ratificado este código establecerá las modalidades de financiación de las correspondientes prestaciones, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales.
ART. 29.—De conformidad con las orientaciones contenidas en el artículo 13 de este código, en la financiación de las distintas prestaciones se procurará:
a) Que la misma quede enmarcada dentro de las políticas económicas correspondientes, considerando al tiempo su incidencia en la generación del empleo;
b) Que las cotizaciones sociales se dediquen esencialmente a la financiación de las prestaciones contributivas, mientras que las no contributivas se financien a través de aportaciones generales, y
c) Que se establezca el necesario equilibrio entre contribución y prestación.
ART. 30.—1. En lo que respecta a las pensiones contributivas, excepto cuando las legislaciones nacionales establezcan requisitos y procedimientos diferentes para el cálculo de la prestación, el importe inicial de los pagos periódicos se calculará, según el nivel cuantitativo de prestación en que se acepte la presente sección, de acuerdo con lo previsto en los números siguientes:
2. En lo que se refiere a las pensiones por vejez y por invalidez, cuando se reúnan los requisitos establecidos en el número 1 del artículo 50 o, en su caso, en el número 1 del artículo 96, así como a las pensiones por incapacidad, derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, el importe inicial de la prestación será, cuando menos:
a) Primer nivel:
El 30 por 100 del módulo de referencia utilizado.
b) Segundo nivel:
El 40 por 100 del módulo de referencia utilizado.
c) Tercer nivel:
El 50 por 100 del módulo de referencia utilizado.
3. En lo que se refiere a las pensiones en favor de la persona en estado de viudez y de los hijos a cargo, derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, así como en lo que respecta a las pensiones en favor de las personas indicadas, derivadas de accidente no laboral o enfermedad común, cuando, en estos últimos casos, se reúnan los requisitos señalados en el número 1 del artículo 103 de este código, el importe inicial del conjunto de las prestaciones en favor de la persona en estado de viudez y de los hijos a cargo será:
4. A efectos de aplicar lo dispuesto, en los números anteriores, se tomará como módulo de referencia el salario sujeto a cotización o imposición, en la contingencia de que se trate, correspondiente al período de calificación que, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, se tome para el cálculo de la prestación respectiva.
Cuando se trate de categorías determinadas que comprendan personas no asalariadas, se tomará como módulo de referencia los ingresos sujetos a cotización o imposición, en la contingencia de que se trate, correspondientes al período de calificación que, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, se tome para el cálculo de la prestación respectiva.
5. En cualquier caso y una vez aplicados los porcentajes señalados en los números 2 y 3 de este artículo sobre el correspondiente módulo de referencia, que se especifica en el número 4 anterior, la legislación y las prácticas nacionales podrán establecer límites máximos al importe de la prestación a percibir por los beneficiarios.
ART. 31.—1. En lo que respecta a las prestaciones económicas de naturaleza contributiva, que no tengan la forma de pensión, a excepción de las prestaciones por desempleo y de las prestaciones familiares, el importe inicial de los pagos periódicos será, cuando menos:
El 60 por 100 del módulo de referencia utilizado.
2. En lo que respecta a las prestaciones económicas de naturaleza contributiva por desempleo, el importe inicial de los pagos periódicos será, cuando menos:
El 20 por 100 del módulo de referencia utilizado.
3. A efectos de aplicar lo dispuesto en los números anteriores, se tomará como módulo de referencia el salario sujeto a cotización o imposición, en la contingencia de que se trate, correspondiente al período de calificación que, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, se tome para el cálculo de la prestación respectiva.
Cuando se trate de categorías determinadas que comprendan personas no asalariadas, se tomará como módulo de referencia los ingresos sujetos a cotización o imposición, en la contingencia de que se trate, correspondientes al período de calificación que, de conformidad, con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, se tome para el cálculo de la prestación respectiva.
4. En cualquier caso y una vez aplicados los porcentajes señalados en el número 1 de este artículo sobre el correspondiente módulo de referencia, que se especifica en el número 3 anterior, la legislación y las prácticas nacionales podrán establecer límites máximos al importe de la prestación a percibir por los beneficiarios.
ART. 32.—1 En lo que respecta a las prestaciones económicas de naturaleza no contributiva, el importe inicial de los pagos periódicos será, cuando menos:
2. A efectos de determinar el cumplimiento de lo dispuesto en el número anterior, se tomará como módulo de referencia el salario mínimo u otro parámetro objetivo establecido, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales.
ART. 33.—Los importes de las prestaciones económicas y, en particular, de las pensiones, serán revisados periódicamente, cuando se produzcan variaciones sensibles del coste de la vida, considerando así mismo la situación económica y las prácticas nacionales.
ART. 34.—1. Los estados organizarán las modalidades de gestión de las prestaciones establecidas en esta parte segunda, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales.
2. Cuando la gestión de las mismas se lleve a cabo por entidades privadas, se establecerán los mecanismos y controles necesarios por las autoridades públicas tendentes a asegurar los derechos de los interesados.
ART. 35.—Para el cumplimiento obligatorio de esta sección, todo Estado que haya ratificado el código se compromete a desarrollar sus servicios de salud, a fin de que, con la progresividad que sea necesaria y conforme a las posibilidades económicas de cada momento y al desarrollo de la capacidad asistencial del país, las prestaciones sanitarias tiendan a configurarse como prestaciones de carácter universal en favor de la población contemplando integralmente los aspectos relacionados con la prevención y la asistencia de la enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas.
ART. 36.—Se entenderá cumplida esta sección del código cuando las personas protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se acepte el código, comprendan:
i) A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de todos los trabajadores asalariados, así como, cuando lo prevean la legislación y las prácticas nacionales, a los cónyuges y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
ii) O a categorías determinadas de la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 30 por 100 de toda la población económicamente activa, así como cuando lo prevean la legislación y las prácticas nacionales, a los cónyuges y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
i) A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de todos los trabajadores asalariados, así como cuando lo prevean la legislación y las prácticas nacionales, a los cónyuges y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
ii) O a categorías determinadas de la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de toda la población económicamente activa, así como cuando lo prevean la legislación y las prácticas nacionales, a los cónyuges y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
iii) O a categorías determinadas de la población que, en total, constituyan al menos el 30 por 100 de toda la población.
i) A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 60 por 100 de todos los trabajadores asalariados, así como cuando lo prevean la legislación y las prácticas nacionales, a los cónyuges y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
ii) O a categorías determinadas de la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de toda la población económicamente activa, así como cuando lo prevean la legislación y las prácticas nacionales, a los cónyuges y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
iii) O a categorías determinadas de la población que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de toda la población.
ART. 37.—Todo Estado habrá de garantizar a las personas protegidas el acceso a prestaciones sanitarias de carácter preventivo, curativo o de rehabilitación, de conformidad con los siguientes artículos.
ART. 38.—La asistencia sanitaria, prestada de conformidad con los artículos anteriores tendrá por objeto promover, preservar, restablecer o mejorar el estado de salud de las personas protegidas, así como en su caso su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.
ART. 39.—Las prestaciones ofrecidas deberán proteger las contingencias relacionadas con todo tipo de estado mórbido, cualquiera que fuese su causa y en cualquier estadio de su evolución. Así mismo, se protegerán las contingencias derivadas del embarazo, el parto y sus consecuencias.
ART. 40.—Las prestaciones sanitarias, cuyo acceso debe garantizarse, comprenderán:
a) En relación con estados mórbidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de este código:
i) La asistencia médica general.
ii) La asistencia por especialistas en hospitales o fuera de ellos a personas hospitalizadas o no.
iii) El suministro de productos farmacéuticos esenciales necesarios, recetados por médicos u otros profesionales calificados, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales.
iv) La hospitalización, cuando fuese necesaria.
b) En caso de embarazo, parto y sus consecuencias:
i) La asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal.
ii) La hospitalización, cuando fuese necesaria.
ART. 41.—Del gasto de la asistencia sanitaria recibida podrá participar el beneficiario o su familia, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales. Dicha participación no deberá significar un gravamen de magnitud tal que dificulte el acceso a las prestaciones ofrecidas.
ART. 42.—La asistencia sanitaria mencionada en el artículo 40 de este código deberá garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido el período de calificación que se considere necesario y cuando lo prevean la legislación y las prácticas nacionales, a los cónyuges y a los hijos a cargo de las personas protegidas que hayan cumplido dicho período.
ART. 43.—Las prestaciones mencionadas en el artículo 40 de este código podrán condicionarse, en el caso de los cónyuges y de los hijos a cargo de las personas comprendidas en categorías determinadas, a que no tengan derecho por sí mismas y en virtud de otro título a prestaciones de igual naturaleza.
ART. 44.—1. Las prestaciones mencionadas en el artículo 40 de este código deberán concederse durante el transcurso de la contingencia cubierta, si bien en el caso de estado mórbido, la duración de la prestación, podrá limitarse, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, pero sin que dicho límite pueda ser inferior a quince semanas.
De igual modo, deberán adoptarse las disposiciones que permitan la ampliación del límite a que se refiere el párrafo anterior, cuando se trate de enfermedades para las que, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, se haya reconocido la necesidad de una asistencia más prolongada.
2. No obstante lo establecido en el número anterior, las prestaciones no podrán suspenderse mientras continúe abonándose una prestación monetaria por enfermedad.
ART. 45.—Los estados organizarán sus servicios de salud, según sus prácticas nacionales. No obstante, deberá quedar asegurada la suficiencia de los medios en los que se presta la asistencia, cuando se trate de medios distintos de los servicios generales de salud puestos a disposición de los beneficiarios por las autoridades públicas o por otros organismos, públicos o privados, reconocidos por las autoridades públicas.
ART. 46.—Para el cumplimiento obligatorio de esta sección, todo Estado que haya ratificado el código deberá garantizar a las personas protegidas el otorgamiento de prestaciones por vejez, de conformidad con los artículos siguientes.
ART. 47.—1. La contingencia cubierta será la supervivencia más allá de una edad determinada.
2. La edad para el acceso a las prestaciones por vejez no deberá exceder de 65 años, salvo que los estados fijen una edad más elevada teniendo en cuenta la capacidad de trabajo y la esperanza de vida de las personas de edad avanzada en el país de que se trate.
ART. 48.—Se entenderá cumplida esta sección del código cuando las personas protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se acepte el código, comprendan:
i) A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de todos los trabajadores asalariados.
ii) O a categorías determinadas de la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 30 por 100 de toda la población económicamente activa.
i) A categorías determinadas de los trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de todos los trabajadores asalariados.
ii) O a categorías determinadas de la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de toda la población económicamente activa.
i) A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 60 por 100 de todos los trabajadores asalariados.
ii) O a categorías determinadas de la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de toda la población económicamente activa.
ART. 49.—1. Cuando la protección comprenda a categorías determinadas de trabajadores asalariados o a categorías de la población económicamente activa, la prestación consistirá en un pago periódico calculado, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de este código.
2. Cuando la protección comprenda a categorías determinadas de la población cuyos recursos durante la contingencia no excedan de los límites que establezcan la legislación y las prácticas nacionales, la prestación consistirá en un pago periódico calculado, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de este código.
ART. 50.—1. La prestación mencionada en el artículo 49 de este código deberá garantizarse, en la contingencia cubierta y en la cuantía que corresponda, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia y de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, un período de calificación que no deberá exceder de cuarenta años de cotización o de empleo o de cuarenta años de residencia.
2. Cuando la prestación mencionada en el número 1º del artículo 49 de este código esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una cuantía reducida, por lo menos, a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia y de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, un período de veinte años de cotización o empleo.
ART. 51.—1. La legislación y las prácticas nacionales podrán fijar los requisitos para el reconocimiento de la prestación o suspender el pago de la misma, si la persona que habría tenido derecho a ella ejerce actividades que den lugar a su inclusión, en el respectivo sistema de seguridad social.
2. La legislación y las prácticas nacionales podrán reducir los importes de las prestaciones contributivas, cuando los ingresos del beneficiario excedan de un determinado valor. De igual modo, la legislación y las prácticas nacionales podrán reducir los importes de las prestaciones no contributivas, cuando los ingresos o los demás recursos, o ambos conjuntamente, tanto del beneficiario como de la familia en que esté inserto, excedan de un determinado valor.
3. Lo señalado en los números anteriores no se aplicará en el marco de las legislaciones nacionales exceptuadas en el número 1 del artículo 30.
ART. 52.—La prestación mencionada en el artículo 49 de este código deberá concederse en la contingencia, conforme con las reglas propias del régimen de que se trate.
Prestaciones monetarias por enfermedad
ART. 53.—Todo Estado que haya aceptado esta sección del código deberá garantizar a las personas protegidas el otorgamiento de prestaciones monetarias por enfermedad o accidente, de conformidad con los artículos siguientes:
ART. 54.—La contingencia cubierta deberá comprender la incapacidad temporal para el trabajo, a causa de la enfermedad o el accidente, distintos de la enfermedad profesional o del accidente de trabajo, que ocasione la suspensión de ingresos, según quede definida en la legislación y las prácticas nacionales.
ART. 55.—Se entenderá cumplida esta parte del código cuando las personas protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se acepte el código, comprendan:
0ii) O a categorías determinadas de la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 0 por 100 de toda la población económicamente activa.
i) A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de todos los trabajadores asalariados.
ii) O a categorías determinadas de la población, económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de toda la población económicamente activa.
ART. 56.—La prestación consistirá en un pago periódico, calculado de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de este código.
ART. 57.—La prestación mencionada en el artículo 56 de este código deberá garantizarse en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, el período de calificación que se considere necesario.
ART. 58.—1. La prestación mencionada en el artículo 56 de este código deberá concederse durante el transcurso de la contingencia, si bien podrá limitarse a quince semanas por cada período de enfermedad, con la posibilidad de poder no pagarse la prestación por los cinco primeros días en cada caso de suspensión de ingresos.
2. Se entenderá cumplida la obligación a que se refiere el número anterior, cuando la legislación del Estado prevea un pago por un importe, al menos, igual al señalado en el artículo 31, a cargo de instituciones, organismos públicos, empresas u otras entidades, a partir del quinto día de suspensión de ingresos.
ART. 59.—La prestación mencionada en el artículo 56 de este código podrá suspenderse cuando el beneficiario, sin motivos o causas razonables, se negase a seguir el tratamiento médico que se hubiese prescrito para el restablecimiento y la recuperación de su estado de salud.
ART. 60.—La prestación mencionada en el artículo 56 de este código podrá suspenderse o suprimirse cuando el beneficiario, de la misma trabaje en régimen de dependencia o por cuenta propia, o cuando haya actuado de forma contraria a la legislación y a las prácticas nacionales para obtener o conservar la prestación.
Prestaciones o auxilios por desempleo
ART. 61.—Todo Estado que haya aceptado esta sección del código deberá procurar a las personas protegidas el otorgamiento de prestaciones o auxilios por desempleo, de conformidad con los artículos siguientes.
ART. 62.—La contingencia cubierta deberá comprender la pérdida de salarios, según prevean la legislación y las prácticas nacionales, originada por la previa pérdida involuntaria de empleo, en el caso de una persona protegida que sea apta para trabajar y esté disponible para el trabajo.
ART. 63.—Se entenderá cumplida esta parte del código cuando las personas protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se acepte el código, comprendan:
A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de todos los trabajadores asalariados.
A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de todos los trabajadores asalariados.
A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 60 por 100 de todos los trabajadores asalariados.
ART. 64.—1. La prestación por desempleo consistirá en un pago periódico, calculado de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de este código.
2. Los auxilios por desempleo podrán consistir en un pago periódico o en un pago único, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales.
ART. 65.—Las prestaciones mencionadas en el artículo 64 de este código deberán garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, el período de calificación que se considere necesario.
ART. 66.—1. Las prestaciones mencionadas en el artículo 64 de este código deberán concederse durante el transcurso de la contingencia, si bien su duración podrá limitarse a doce semanas durante un período de veinticuatro meses.
2. Las prestaciones podrán no ser pagadas durante un período de espera fijado en los treinta primeros días en cada caso de pérdida de salarios.
3. Cuando se trate de trabajadores de temporada, la duración de las prestaciones y el período de espera podrán adaptarse a las condiciones de empleo.
ART. 67.—Las prestaciones mencionadas en el artículo 64 de este código podrán suspenderse suprimirse, cuando la pérdida de salarios, motivada por la pérdida de empleo, haya sido ocasionada por una conducta de los propios beneficiarios contraria a la legislación y las prácticas nacionales, o haya mediado connivencia entre los mismos y los empleadores para obtener indebidamente la prestación.
ART. 68.—El pago de las prestaciones mencionadas en el artículo 64 de este código podrá condicionarse a que los beneficiarios de las mismas realicen cursos de formación profesional u ocupacional, establecidos por las autoridades públicas o en centros o instituciones de entidades privadas, reconocidas por las autoridades públicas, con la finalidad de que los mismos obtengan una mayor capacitación profesional que les permita una mejor y más rápida reinserción en el mercado de trabajo.
ART. 69.—El pago de las prestaciones mencionadas en el artículo 64 de este código podrá igualmente condicionarse a que los beneficiarios de las mismas realicen trabajos comunitarios de contenido social, así como actividades propias del voluntariado social, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales. No obstante, deberá procurarse que la realización de las actividades comunitarias de contenido social, o de actividades propias del voluntariado social, por parte de los beneficiarios de las prestaciones mencionadas, no implique una distorsión importante en el mercado de trabajo.
Prestaciones en caso de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales
ART. 70.—Todo Estado que haya aceptado esta sección del código deberá, de conformidad con los artículos siguientes, garantizar a las personas protegidas el otorgamiento de prestaciones en caso de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, definidos como tales en la legislación y las prácticas nacionales.
ART. 71.—Las contingencias cubiertas deberán comprender:
b) Incapacidad temporal para trabajar que entrañe la suspensión de ingresos, según la definan la legislación y las prácticas nacionales;
c) Incapacidad permanente que ocasione la pérdida total o parcial de la capacidad para trabajar, que exceda de un grado establecido por la legislación y las prácticas nacionales, y
d) Muerte del sostén de familia que ocasione la pérdida de los medios de subsistencia sufrida por la persona en estado de viudez o por los hijos a cargo. En el caso de la persona en estado de viudez, el derecho a las prestaciones podrá quedar condicionado, conforme a lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, a que sea incapaz de subvenir a sus propias necesidades personales o al cumplimiento de una determinada edad.
ART. 72.—A fin de lograr en el ámbito iberoamericano una definición común de las enfermedades profesionales, en el marco de los objetivos definidos en el artículo 21 de este código y con base en los instrumentos jurídicos en él previstos, se confeccionará una “lista iberoamericana de enfermedades profesionales” que contemple la especificidad del mercado de trabajo y de los procesos productivos presentes en Iberoamérica.
ART. 73.—Se entenderá cumplida esta sección del código cuando las personas protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se acepte el código, comprendan:
i) A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de todos los trabajadores asalariados, así como respecto de los pagos periódicos derivados de la muerte del sostén de la familia, a las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
ii) O a categorías determinadas de la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 30 por 100 de toda la población económicamente activa, así como respecto de los pagos periódicos derivados de la muerte del sostén de la familia, a las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
i) A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de todos los trabajadores asalariados, así como respecto de los pagos periódicos derivados de la muerte del sostén de la familia, a las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
ii) O a categorías determinadas de la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de toda la población económicamente activa, así como respecto de los pagos periódicos derivados de la muerte del sostén de la familia, a las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
i) A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 60 por 100 de todos los trabajadores asalariados, así como respecto de los pagos periódicos derivados de la muerte del sostén de la familia, a las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
ii) O a categorías determinadas de la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de toda la población económicamente activa, así como respecto de los pagos periódicos derivados de la muerte del sostén de la familia, a las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo de los miembros de estas categorías.
ART. 74.—1. Con respecto al estado mórbido producido por el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, las prestaciones deberán comprender la asistencia sanitaria, en los términos establecidos a continuación.
2. La asistencia sanitaria comprenderá:
a) La asistencia médica general;
b) La asistencia por especialistas en hospitales o fuera de ellos, a personas hospitalizadas o no, comprendiendo las visitas a domicilio;
c) La atención en un hospital, lugar de convalecencia u otra institución médica.
d) El suministro de productos farmacéuticos esenciales necesarios, recetados por médicos u otros profesionales calificados, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales.
3. La asistencia sanitaria, prestada de conformidad con lo dispuesto en el número 2 anterior, tendrá por objetó promover, preservar, restablecer o mejorar el estado de salud de las personas protegidas, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a las necesidades personales, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.
ART. 75.—1. Las prestaciones mencionadas en esta sección se combinarán con medidas activas que incentiven la prevención de los riesgos profesionales.
2. Las prestaciones mencionadas en esta sección deberán contemplarse en el marco de una concepción integral de recuperación y reincorporación de las personas que han sufrido el accidente de trabajo o han sido víctimas de una enfermedad profesional.
3. Los estados procurarán, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, la articulación de políticas y la adopción de medidas encaminadas a prevenir los riesgos laborales y a mejorar las condiciones de higiene y seguridad en los centros y puestos de trabajo.
ART. 76.—1. En los casos de incapacidad temporal para trabajar, la prestación deberá consistir en un pago periódico calculado de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de este código.
2. En los casos de incapacidad permanente que ocasione la pérdida total de la capacidad de trabajar, o de muerte del sostén de la familia, la prestación deberá consistir en un pago periódico, calculado de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de este código.
3. En los supuestos de incapacidad permanente que ocasione la pérdida parcial de la capacidad para trabajar, la prestación, cuando deba ser pagada, podrá consistir en un pago periódico que represente una proporción de la cuantía prevista en caso de pérdida total de la capacidad para trabajar.
4. Cuando la legislación y las prácticas nacionales lo prevean, los pagos periódicos podrán sustituirse por un capital, pagado de una sola vez, en especial:
a) Cuando el grado de incapacidad sea reducido, o
b) Cuando se garantice a las autoridades competentes el empleo razonable de dicho capital, para establecerse por cuenta propia.
ART. 77.—Las prestaciones mencionadas en los artículos 74 y 76 de este código deberán garantizarse en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que estuvieran empleadas como asalariadas en el territorio del Estado en el momento del accidente o en el momento en que se contrajo la enfermedad; y si se tratase de pagos periódicos resultantes del fallecimiento del sostén de la familia, a la persona en estado de viudez y a los hijos a cargo.
ART. 78.—Las prestaciones mencionadas en los artículos 74 y 76 de este código deberán concederse durante el transcurso de la contingencia. En el caso de incapacidad temporal para trabajar, la prestación económica podrá no pagarse por los tres primeros días en cada caso de suspensión de ingresos.
ART. 79.—Todo Estado que haya aceptado esta sección del código deberá garantizar a las personas protegidas el otorgamiento de prestaciones familiares, de conformidad con los artículos siguientes.
ART. 80.—La contingencia cubierta será la de tener hijos a cargo.
ART. 81.—Se entenderá cumplida esta sección del código cuando las personas protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se acepte el código, comprendan:
i) A categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de todos los trabajadores asalariados,
ART. 82.—Las prestaciones podrán consistir en:
a) Un pago periódico satisfecho a toda persona protegida, o
b) El suministro a los hijos o para los hijos de alimentos, vestido, vivienda y el disfrute de vacaciones o asistencia doméstica, o
c) Beneficios o reducciones fiscales, tanto en la imposición directa como indirecta, o
d) Una combinación de las prestaciones señaladas en las letras a), b) y c).
ART. 83.—Las prestaciones mencionadas en el artículo 82 de este código deberán garantizarse, por lo menos, a las personas protegidas que hayan cumplido, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, un período de calificación que no deberá exceder de un año de cotización o de empleo, o de dos años de residencia.
ART. 84.—Las prestaciones que consistan en un pago periódico deberán concederse durante el transcurso de la contingencia. No obstante, la legislación y las prácticas nacionales podrán condicionar el otorgamiento de las citadas prestaciones al nivel o a la cuantía de los ingresos de las personas protegidas.
ART. 85.—Todo Estado que haya aceptado esta sección del código deberá de garantizar a las personas protegidas el otorgamiento de prestaciones por maternidad, de conformidad con los artículos siguientes.
ART. 86.—Las prestaciones deberán cubrir las contingencias derivadas del embarazo, del parto y sus consecuencias, así como la suspensión de ingresos resultante de las mismas, según queden definidos en la legislación y en las prácticas nacionales.
ART. 87.—Se entenderá cumplida esta sección del código cuando las personas protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se acepte el código, comprendan:
i) A las mujeres que pertenezcan a categorías determinadas de trabajadoras asalariadas que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de todas las trabajadoras asalariadas.
ii) O a las mujeres que pertenezcan a categorías determinadas de mujeres pertenecientes a la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 30 por 100 de todas las mujeres pertenecientes a la población económicamente activa.
i) A las mujeres que pertenezcan a categorías determinadas de trabajadoras asalariadas que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de todas las trabajadoras asalariadas.
ii) O a las mujeres que pertenezcan a categorías determinadas de mujeres pertenecientes a la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de todas las mujeres pertenecientes a la población económicamente activa.
i) A las mujeres que pertenezcan a categorías determinadas de trabajadoras asalariadas que, en total, constituyan al menos el 60 por 100 de todas las trabajadoras asalariadas.
ii) O a las mujeres que pertenezcan a categorías determinadas de mujeres pertenecientes a la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de todas las mujeres pertenecientes a la población económicamente activa.
ART. 88.—1. En lo que se refiere a las contingencias derivadas del embarazo, del parto y sus consecuencias, las prestaciones médicas de maternidad deberán comprender la asistencia sanitaria mencionada en la letra b) del artículo 40 de este código.
2. La asistencia sanitaria mencionada en el número anterior tendrá por objeto promover, preservar, restablecer o mejorar el estado de salud de la mujer protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.
ART. 89.—Con respecto a la suspensión de ingresos resultante del embarazo, del parto y sus consecuencias, la prestación consistirá en un pago calculado de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de este código.
ART. 90.—La prestaciones mencionadas en los artículos 88 y 89 de este código deberán garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las mujeres pertenecientes a las categorías protegidas que hayan cumplido, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, el período de calificación que se considere necesario.
ART. 91.—Las prestaciones mencionadas en los artículos 88 y 89 de este código deberán concederse durante el transcurso de la contingencia. Sin embargo, los pagos podrán limitarse a doce semanas.
ART. 92.—Todo Estado que haya aceptado esta sección del código deberá garantizar a las personas protegidas el otorgamiento de prestaciones por invalidez, de conformidad con los artículos siguientes.
ART. 93.—La contingencia cubierta deberá comprender la incapacidad para ejercer una actividad laboral, en el grado y en la forma determinados por la legislación y las prácticas nacionales, cuando sea probable que esta incapacidad será permanente o, en los términos previstos en dicha legislación, cuando la incapacidad subsista después de cesar el pago de las prestaciones monetarias por enfermedad.
ART. 94.—Se entenderá cumplida esta sección del código cuando las personas protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se acepte el código, comprendan:
ART. 95.—1. Cuando la protección comprenda a categorías determinadas de trabajadores asalariados o a categorías determinadas de la población económicamente activa, la prestación consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de este código.
Cuando la legislación y las prácticas nacionales lo prevean, los pagos periódicos podrán sustituirse por un capital, pagado de una sola vez, en especial:
2. Cuando la protección comprenda a categorías determinadas de la población cuyos recursos durante la contingencia no excedan de los límites establecidos por la legislación y las prácticas nacionales, la prestación consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de este código.
ART. 96.—1. La prestación mencionada en el artículo 95 de este código deberá garantizarse, en la contingencia cubierta y en la cuantía que corresponda, por lo menos, a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia y de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, un período de calificación que no deberá exceder de cuarenta años de cotización o de empleo o de cuarenta años de residencia.
2. Cuando la prestación mencionada en el número 1 del artículo 95 de este código esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una cuantía reducida, por lo menos, a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia y de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, un período de quince años de cotización regular o de empleo.
ART. 97.—1. La legislación y las prácticas nacionales podrán suspender el pago de las prestaciones contributivas, si la persona que hubiese tenido derecho a las mismas ejerce actividades, remuneradas o no, que no fuesen compatibles con el estado de incapacidad o pudiesen implicar una agravación del mismo, o no se sometiese o se negara, sin causa justificada, a las prescripciones médicas pertinentes.
2. De igual modo y en lo que respecta a las prestaciones no contributivas, la legislación y las prácticas nacionales podrán extinguir las mismas o reducir sus importes, cuando los ingresos o los demás recursos, o ambos conjuntamente, tanto del beneficiario como de la familia en que esté inserta, excedan de un determinado valor.
3. Lo señalado en los números anteriores no se aplicará en el marco de las legislaciones exceptuadas en el número 1 del artículo 30.
ART. 98.—Las prestaciones previstas en el artículo 95 de este código deberán concederse en la contingencia, conforme a las reglas propias del régimen de que se trate, o hasta que sean sustituidas, en su caso, por una prestación por vejez.
ART. 99.—Todo Estado que haya aceptado esta sección del código deberá garantizar a las personas protegidas el otorgamiento de prestaciones por supervivencia, de conformidad con los artículos siguientes.
ART. 100.—1. La contingencia cubierta deberá comprender la pérdida de medios de subsistencia sufrida por la persona en estado de viudez o por los hijos a cargo del sostén de la familia como consecuencia de la muerte de éste. En el caso de la persona en estado de viudez, el derecho a la prestación podrá quedar condicionado, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, a que sea incapaz de subvenir a sus propias necesidades personales o al cumplimiento por aquélla de una determinada edad.
2. La legislación y las prácticas nacionales podrán suspender la prestación si la persona que teniendo derecho a ella ejerce actividades remuneradas. Igualmente podrán reducir las prestaciones cuando los ingresos del beneficiario excedan de un determinado valor.
ART. 101.—Se entenderá cumplida esta sección del código cuando las personas protegidas, según la fase de aplicación progresiva personal en la que se acepte el código, comprendan:
i) A las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo del sostén de la familia que pertenezca a categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de todos los trabajadores asalariados.
ii) O a las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo del sostén de la familia que pertenezca a categorías determinadas de la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 30 por 100 de toda la población económicamente activa.
i) A las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo del sostén de la familia que pertenezca a categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de todos los trabajadores asalariados.
ii) O a las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo del sostén de la familia que pertenezca a categorías determinadas de la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 40 por 100 de toda la población económicamente activa.
i) A las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo del sostén de la familia que pertenezca a categorías determinadas de trabajadores asalariados que, en total, constituya, al menos el 60 por 100 de todos los trabajadores asalariados.
ii) O a las personas en estado de viudez y a los hijos a cargo del sostén de la familia que pertenezca a categorías determinadas de la población económicamente activa que, en total, constituyan al menos el 50 por 100 de toda la población económicamente activa.
ART. 102.—La prestación consistirá en un pago periódico, cuyo importe se determinará, respectivamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 de este código.
ART. 103.—1. La prestación mencionada en el artículo 102 de este código deberá garantizarse, en la contingencia cubierta y en la cuantía que corresponda, por lo menos, a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido, según prevean la legislación y las prácticas nacionales, un período de calificación que no deberá exceder de cuarenta años de cotización o de empleo o de cuarenta años de residencia.
2. Cuando la prestación mencionada en el artículo 102 de este código esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una cuantía reducida, por lo menos, a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, un período de cinco años de cotización o de empleo.
ART. 104.—Para que una persona en estado de viudez sin hijos, a la que se presuma incapaz de subvenir a sus propias necesidades o que haya cumplido la edad que, en su caso, prevean la legislación y las prácticas nacionales, tenga derecho a una prestación por supervivencia, podrá prescribirse una duración mínima de convivencia conyugal.
ART. 105.—La prestación prevista en el artículo 102 de este código deberá concederse en la contingencia, conforme con las reglas propias del régimen de que se trate.
ART. 106.—Todo Estado que haya aceptado esta sección del código deberá establecer los correspondientes programas de servicios sociales, en los términos y de conformidad con los artículos siguientes:
ART. 107.—Los programas de servicios sociales que puedan establecerse, de conformidad con lo previsto en esta sección, se articularán de manera que progresivamente alcancen a toda la población, con arreglo en la legislación y las prácticas nacionales.
ART. 108.—En las condiciones que establezcan la legislación y las prácticas nacionales, los programas de servicios sociales tendrán como objetivo básico poner a disposición de las personas y de los grupos en que éstas se integran, recursos, acciones y, en su caso, prestaciones para el logro de su más pleno desarrollo.
ART. 109.—El Estado que haya aceptado esta sección del código procurará, de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, establecer prioritariamente una red de servicios sociales comunitarios, con la finalidad de impulsar la promoción y el desarrollo de los individuos, grupos específicos o comunidades étnicas, potenciando la vía de participación y el fomento de la asociación, como cauce eficaz para el impulso del voluntariado social.
ART. 110.—En la medida que lo permitan las disponibilidades económicas y de conformidad con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, se establecerá una red de servicios sociales en favor de los sectores más vulnerables de la población que, por sus condiciones y circunstancias, necesiten de una atención específica.
ART. 111.—Cuando, en el marco de los programas de servicios sociales, se hayan establecido centros o residencias de estancia en favor de categorías determinadas de personas, se podrá fijar, conforme prevean la legislación y las prácticas nacionales, cuotas compensatorias a cargo de las personas beneficiarias de dichos centros o residencias.
Normas de aplicación del código
Procedimiento para la rendición de las memorias e informes generales
ART. 112.—1. Los estados ratificantes del código se comprometen a rendir cada dos años una memoria sobre la situación de la legislación y práctica seguida en su país en relación con las materias contenidas en aquél.
2. La memoria incluirá, por separado, información detallada de las prestaciones contenidas en las secciones segunda y tercera del capítulo II de la parte II de este código, así como de las correspondientes a las otras secciones del mencionado capítulo asumidas voluntariamente por el respectivo Estado e información general sobre las demás secciones.
ART. 113.—1. La presentación de la memoria deberá tener lugar dentro del tercer trimestre del año natural anterior a aquel que proceda su examen por el órgano de control gubernamental regulado en el artículo 117. La presentación se efectuará ante la secretaría general a la que se refiere el artículo 123, quien al fin indicado enviará recordatorio a los estados con antelación suficiente.
2. En la memoria se recogerán las medidas de todo orden adoptadas por el respectivo país en el período de los años anteriores a su presentación, aun cuando la ratificación del código, se hubiera producido dentro del expresado período. No existirá obligación inicial de elaborar aquella memoria en el supuesto de que la ratificación haya tenido lugar una vez abierto el período establecido para su presentación.
3. La memoria será redactada en la forma que establezca el órgano de control gubernamental y contendrá los datos y documentos que se soliciten.
ART. 114.—1. Antes de proceder a la presentación de la memoria, cada gobierno enviará copia de ella a las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas de su país.
2. En plazo que terminará el último día del mes natural siguiente a aquel en el que su gobierno les haya efectuado traslado de la memoria, las organizaciones citadas podrán manifestar por escrito sus observaciones sobre el contenido de aquélla, dirigiendo comunicación a su respectivo gobierno, quien las incorporará, si las hubiere, a la memoria antes de su remisión a la secretaría general.
La secretaría general pondrá a disposición inmediata del órgano de expertos al que se refiere el artículo 120, las memorias y comunicaciones recibidas, sin perjuicio de prestarle el apoyo administrativo y técnico que pueda resultar necesario.
ART. 115.—1. Los estados ratificantes del protocolo primero que no hayan ratificado el código, se comprometen a rendir un informe general sobre la legislación y prácticas seguidas en su país en relación con las materias contenidas en éste.
2. El informe general se ajustará, en cuanto a los plazos para su rendición y contenido, a lo dispuesto respecto de las memorias y estará excluido de su traslado a las organizaciones a que se refiere el artículo 114.
Órganos de control y apoyo
ART. 116.—Para el seguimiento, control, apoyo y demás cuestiones vinculadas a la aplicación del presente código, se constituyen los siguientes órganos:
a) El órgano de control gubernamental;
b) El órgano de expertos, y
c) El órgano de apoyo o secretaría general: secretaría general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
Órgano de control gubernamental
ART. 117.—El órgano de control gubernamental estará integrado por un representante de cada uno de los estados ratificantes del código. Para su normal funcionamiento, vendrá asistido por la secretaría general en su condición de órgano de apoyo.
ART. 118.—1. Corresponden al órgano de control gubernamental las siguientes funciones:
a) Elaborar y aprobar, a la vista el dictamen emitido por el órgano de expertos, la declaración general sobre el nivel de aproximación a los fines del código para el conjunto de los países con base en las memorias, informes generales y comunicaciones recibidas;
b) Dirigir observaciones, por mayoría simple de sus miembros o recomendaciones, por mayoría de los dos tercios de los anteriores, cuando estimen la existencia de alguna desviación o posible incumplimiento de las obligaciones de los estados ratificantes del código;
c) Determinar, a propuesta del órgano de expertos, la forma y contenidos conforme con los cuales los gobiernos han de elaborar sus memorias o informes generales;
d) Modificar, por mayoría de los dos tercios de sus miembros, el período al cual han de quedar referidas las memorias e informes generales, así como establecer los nuevos plazos y términos que como consecuencia de ello hayan de deducirse;
e) Designar las organizaciones o asociaciones internacionales que han de proponer las personas llamadas a integrar el órgano de expertos y aprobar o rechazar los candidatos propuestos, de acuerdo con lo previsto en los artículos 120 y 121;
f) Conocer las signaturas, ratificaciones, denuncias y declaraciones formuladas por los Estados. Respecto de las ratificaciones y subsiguientes declaraciones que pudieran producirse, el órgano de control gubernamental podrá determinar, por mayoría simple de sus miembros, si unas y otras se ajustan a las previsiones contenidas en el código, admitiéndolas o rechazándolas;
g) Establecer su régimen de actuación interno, eligiendo de entre sus miembros al presidente y, en su caso, al vicepresidente o vicepresidentes, y constituir comisiones o ponencias para el estudio y propuesta de determinadas materias o para la distribución de tareas;
h) Proponer, por acuerdo unánime de los asistentes a la reunión en cuyo orden del día figure tal asunto, enmiendas al código distintas a las enunciadas en la anterior letra d). Las propuestas de enmiendas se aprobarán conforme con lo dispuesto en el artículo 130;
i) Adoptar, por mayoría de los dos tercios de sus miembros, Protocolos al código que no impliquen enmienda de las obligaciones mínimas establecidas en él, que quedarán sometidos a su posterior aceptación por cada uno de los estados signatarios o ratificantes de aquél, y
j) Resolver cuantas otras cuestiones se planteen en relación con el código.
2. El órgano de control gubernamental, salvo previsión específica distinta al respecto, adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los asistentes, decidiendo, en caso de empate, el voto de su presidente.
ART. 119.—1. El órgano de control gubernamental celebrará reuniones ordinarias cada dos años y extraordinarias siempre que así lo considere necesario su presidente o lo soliciten, al menos, un tercio de sus miembros.
2. La convocatoria, con el orden del día de la reunión, se efectuará por la secretaría general siguiendo instrucciones del presidente.
Salvo para las reuniones expresamente declaradas de urgencia, deberá mediar un tiempo no inferior a los dos meses entre la fecha en que se efectúa la convocatoria y la del día en que la reunión haya de celebrarse. Para las declaradas de urgencia aquel tiempo quedará reducido a quince días.
3. El orden del día será establecido por el presidente, quien deberá incorporar aquellas cuestiones que le sean solicitadas por, al menos, un tercio de los miembros del órgano de control gubernamental.
4. El órgano de control gubernamental se entenderá válidamente constituido siempre que, efectuada la oportuna citación, estén presentes la mitad de sus miembros en primera convocatoria y un tercio en segunda.
5. A las reuniones ordinarias y extraordinarias asistirá, con voz pero sin derecho a voto, la secretaría general, quien levantará actas de las mismas con el visto bueno del presidente. La secretaria general asistirá con el mismo carácter a las reuniones de las comisiones o ponencias que el órgano de control gubernamental pudiera constituir, de acuerdo con lo previsto en el número 1, letra g) del artículo 118.
A todas las reuniones del órgano de control gubernamental podrán ser invitados, si se estimara oportuno por el presidente, uno o varios miembros del órgano de expertos u otros expertos.
Órgano de expertos
ART. 120.—1. El ejercicio de las funciones correspondientes al órgano de expertos, previstas en el presente código, se articulará a través del concurso de organizaciones o asociaciones internacionales con amplia y reconocida experiencia en seguridad social en Iberoamérica, incluyéndose entre las mismas a la Organización Internacional del Trabajo, a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y a la Asociación Internacional De seguridad Social. A tal fin, por el órgano de control gubernamental se suscribirá el oportuno convenio de colaboración con las referidas organizaciones o asociaciones de manera que, por las mismas, se asuma la prestación del apoyo necesario para garantizar el normal funcionamiento del órgano de expertos.
2. Estas organizaciones o asociaciones internacionales propondrán al órgano de control gubernamental las personas que consideren adecuadas para integrar el órgano de expertos, correspondiendo su presidencia a la persona propuesta a tal efecto por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Dichas personas, en número de ocho, gozarán de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, serán designadas por un período de seis años, y se renovarán por mitad cada tres, pudiendo ser nuevamente propuestas y designadas.
Transcurridos tres años desde la constitución inicial del órgano de expertos, se determinará por sorteo qué mitad de sus miembros debe ser objeto de renovación.
Si un miembro hubiese sido designado para sustituir a otro cuyo mandato no haya expirado, desempeñará su puesto hasta el término del mandato que hubiera correspondido a su predecesor.
ART. 121.—1. Corresponden al órgano de expertos las siguientes funciones:
a) Conocer las memorias e informes generales emitidos por los gobiernos en relación con los fines del código, así como las comunicaciones enviadas por las organizaciones a que se refiere el artículo 114, número 2, en cuanto a las citadas memorias;
b) Proponer al órgano de control gubernamental la forma y contenidos conforme con los cuales los gobiernos deben elaborar sus memorias e informes generales;
c) Integrar los informes generales recibidos en un proyecto de declaración general, expresando su criterio, sobre el nivel de aproximación a los fines del código para el conjunto de los países, sometiéndolo a la consideración y aprobación del órgano de control gubernamental;
d) Emitir su criterio sobre el nivel de ejecución de las obligaciones asumidas por cada Estado ratificaste del código para su consideración por el órgano de control gubernamental;
e) Asesorar al órgano de control gubernamental acerca de la interpretación del código y sus protocolos, así como sobre las modificaciones, enmiendas o adopción de otros nuevos, y
f) Establecer su régimen de actuación interno, así como constituir grupos de trabajo para el estudio de determinadas materias.
2. El órgano de expertos adoptará sus decisiones por mayoría simple de los asistentes, decidiendo en caso de empate el voto de su presidente.
ART. 122.—1. La convocatoria de las reuniones del órgano de expertos, así como las demás cuestiones relativas a su normal actuación, se ajustará a lo establecido por el propio órgano, de acuerdo con lo previsto por el artículo anterior en su letra f). En este sentido, se dispondrá que el órgano de expertos se entenderá válidamente constituido siempre que, efectuada la oportuna convocatoria, estén presentes, al menos, tres de sus miembros.
2. De lo tratado y/o resuelto por el órgano de expertos se dará traslado inmediato por la secretaría general a todos los miembros que componen el órgano de control gubernamental.
ART. 123.—1. La secretaría general, como órgano de apoyo al código, será desempeñada por la secretaría general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
2. Corresponden a la secretaría general las siguientes funciones:
a) Servir de enlace entre la cumbre iberoamericana, los estados y los órganos previstos en el código;
b) Custodiar la documentación relativa al código, expidiendo las certificaciones y comunicaciones que procedan;
c) Desempeñar las labores de apoyo que posibiliten la aplicación del código, asistiendo en su normal funcionamiento a los restantes órganos previstos por el mismo;
d) Cuantas resulten o se deduzcan de lo dispuesto en los demás artículos de este código, y de forma expresa dar conocimiento a los estados y a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, en la medida que, en cada caso, corresponda de los acuerdos adoptados por el órgano de control gubernamental, así como las que específicamente le pudieran ser encargadas por dicho órgano.
Constitución inicial de los órganos de control
ART. 124.—1. A efectos de la constitución inicial de los órganos de control previstos en el código, y una vez haya entrado en vigor, la secretaría general dirigirá consulta a los estados que hayan de contar con representante en el de carácter gubernamental y procederá a efectuar la primera convocatoria de este último.
2. En la primera reunión del órgano de control gubernamental, los asistentes elegirán de entre ellos al presidente, vicepresidente o vicepresidentes, establecerán por mayoría su régimen de actuación interno, y designarán las organizaciones internacionales a que se refiere el artículo 120 para que por las mismas se propongan los expertos que consideren adecuados.
3. Designadas por el órgano de control gubernamental, las personas que han de integrar el órgano de expertos, la secretaría general procederá a la convocatoria de este último.
4. En la primera reunión del órgano de expertos, los asistentes elegirán de entre ellos al miembro que, en su caso, pueda sustituir al presidente y establecerán por mayoría simple de sus miembros su régimen de actuación interno.
Firma, ratificación, vigencia y enmiendas
Firma, ratificación y vigencia
ART. 125.—El presente código queda abierto a la ratificación de los estados representados en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno.
ART. 126.—1. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante la secretaría general.
2. La secretaría general notificará dicho depósito a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, a todos los estados que tuvieran signado el código, aun cuando no lo tuviesen ratificado y al órgano de control gubernamental.
ART. 127.—1. El código entrará en vigor el día primero del segundo mes natural siguiente a aquel en el cual se haya efectuado el depósito del segundo instrumento de ratificación del mismo.
La entrada en vigor no pospone la eficacia de los acuerdos adoptados por los Estados signatarios del código en relación con el órgano de apoyo y a su ejercicio de las funciones atribuidas, así como en materia de colaboración a prestar por las organizaciones internacionales, respecto de todo lo cual su eficacia se iniciará, a partir de la firma del código o del correspondiente protocolo.
2. Para aquellos estados que ratifiquen el código en un momento posterior al de la segunda ratificación, mencionada en el número anterior, la vigencia del mismo tendrá lugar el día primero del segundo mes natural siguiente a aquel en el cual el respectivo Estado hubiera efectuado el depósito del correspondiente instrumento.
Declaraciones posteriores de los Estados, denuncias, enmiendas y cláusula de garantía
ART. 128.—1. El Estado que hubiera ratificado el código podrá declararse obligado por otras secciones del capítulo II de la parte II de este código, anteriormente no asumidas, dirigiendo comunicación formal en tal sentido a la secretaría general. Las nuevas obligaciones aceptadas se reputarán como parte integrante de la ratificación, y surtirán plenos efectos, a partir del día primero del segundo mes natural siguiente a aquel en que la notificación hubiera sido efectuada.
2. Lo expresado en el número anterior será igualmente de aplicación a las declaraciones de los Estados de no sentirse obligados por alguna de las secciones del capítulo II de la parte II de este código que previamente hubieran asumido, siempre que, como consecuencia de ello, no dejaran de cumplir las condiciones mínimas exigidas para la ratificación de aquél. En otro caso, aquellas declaraciones tendrán el carácter de denuncia, debiendo acomodarse a lo previsto respecto de esta última.
3. La secretaría general actuará respecto de las comunicaciones y declaraciones antes citadas en los términos previstos en el número 2 del artículo 126.
ART. 129.—1. Ningún Estado ratificaste del código podrá proceder a su denuncia hasta que haya transcurrido un período de cuatro años desde que aquél entró en vigor para el mismo. La validez de aquella denuncia queda condicionada a su notificación formal a la secretaría general con una antelación de seis meses a la fecha en que debiera surtir efectos.
2. La secretaría general informará de las denuncias notificadas a todos los países signatarios del código, aun cuando no lo tuviesen ratificado. La denuncia no afectará a la validez del código respecto de los demás estados, siempre que el número de los que mantengan la ratificación no sea inferior a dos.
3. Salvo declaración expresa en tal sentido, la denuncia del código no afectará a la obligación del Estado de rendir el informe general a que se refiere su protocolo primero.
ART. 130.—El órgano de control gubernamental podrá proponer, por acuerdo unánime de los asistentes a la reunión en cuyo orden del día figure tal asunto, enmiendas al código.
Adoptado el acuerdo antes mencionado, la secretaría general dará traslado del mismo a todos los Estados que conformen el referido órgano gubernamental para que manifiesten su conformidad o reparos. Obtenida la conformidad de la totalidad de los Estados que tuvieran ratificado el código, el nuevo texto revisado, se considerará aprobado y entrará en vigor el día primero del segundo mes natural siguiente a aquel en que se hubieran cumplido las expresadas condiciones. La secretaría general librará, al efecto, las oportunas comunicaciones.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social de España, como organizador de la “Reunión de ministros, máximos responsables de seguridad social de los veintiún países iberoamericanos”, celebrada en Madrid (España), los días 18 y 19 de septiembre de 1995,
Que el presente documento contiene, fielmente, el “texto definitivo del Código Iberoamericano de Seguridad Social”, acordado por unanimidad, en la referida reunión de Madrid, con la asistencia y rúbrica de los representantes que se relacionan nominal e individualmente.
Dicho documento, fue presentado a la V cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno que tuvo lugar en San Carlos de Bariloche (Argentina), el 16 y 17 de octubre de 1995
Firmado: José Antonio Griñán Martínez,
Ministro de Trabajo y Seguridad Social de España.
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado del “Código Iberoamericano de Seguridad Social”, acordado por unanimidad en la “Reunión de ministros, máximos responsables de seguridad social de los países iberoamericanos”, celebrada en Madrid (España), los días dieciocho (18) y diecinueve (19) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 8 de octubre de 1997.
Santafé de Bogotá, D.C., 4 de septiembre de 1997.
ART. 1º—Apruébase, el “Código Iberoamericano de Seguridad Social”, acordado por unanimidad en la “Reunión de ministros - máximos responsables de seguridad social de los países iberoamericanos”, celebrada en Madrid (España) los días dieciocho (18) y diecinueve (19) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Código Iberoamericano de Seguridad Social”, acordado por unanimidad en la “Reunión de ministros – máximos responsables de seguridad social de los países iberoamericanos”, celebrada en Madrid (España) los días dieciocho (18) y diecinueve (19) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

References: artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 128
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 13
 artículo 50
 artículo 96
 artículo 103
 artículo 39
 artículo 40
 artículo 40
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 artículo 30
 artículo 32
 artículo 49
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 artículo 30
 artículo 49
 artículo 31
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 31
 artículo 56
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 artículo 31
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 64
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 artículo 21
 artículo 31
 artículo 30
 artículo 82
 artículo 40
 artículo 31
 artículo 30
 artículo 32
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 30
 artículo 95
 artículo 102
 artículo 102
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 artículo 117
 artículo 123
 artículo 120
 artículo 114
 artículo 130
 artículo 118
 artículo 114
 artículo 120
 artículo 126
 artículo 1
 artículo 1