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Timestamp: 2020-08-11 01:09:52+00:00

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2006 mayo 04 « LA ARGENTINIDAD….. AL PALO
El regreso de Juan Carlos Baglietto
ARI Olivera Enrique Diputado
LA ARGENTINIDAD RECUERDA QUE EN DEMOCRACIA LOPEZ HOY NO FESTEJA NAVIDAD
GREENPEACE LLAMA A LA FLOTA BALLENERA JAPONESA QUE PERMANEZCA EN EL PUERTO
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“De la Sota le miente a la gente”
Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en mayo 4, 2006
La dirigente del ARI, Griselda Baldata, acusó al gobernador José Manuel de la Sota de mentirle a la gente y hacer anuncios de campaña a pesar de que son de imposible cumplimiento
Con un operativo de prensa exagerado y desmedido, el gobernador anunció antes de las elecciones de octubre pasado la construcción de la Autovía Córdoba-Río Cuarto. Al igual que la cárcel para Río Cuarto, esta obra tampoco se realizará, lo cual pone al descubierto el apego que tiene el gobernador por las prácticas demagógicas y falaces para manipular la voluntad del electorado”, declaró Baldata.
Cuando se anunció el proyecto de la autovía, el ARI le reclamó al gobierno que se cumpliera con el llamado a concurso antes de adjudicar la obra. “Al reconocer el gobernador las dificultades para la realización de la autovía, podemos demostrar que nuestra preocupación era una visión racional y honesta de cuáles deben ser los mecanismos para llevar adelante una campaña electoral”, opinó Baldata
Carrió le pega duro a Alberto Fernández tras el informe en Diputados
“Fue un discurso de campaña menor”
La jefa del ARI, que ayer permaneció en el recinto media hora de las cuatro que duró la primera presentación del año del jefe de Gabinete en la Cámara baja, planteó la necesidad de cambiar “el sistema de interpelación”. Y lanzó: “No me presto más al circo”.
A pesar de que la sesión fue más tranquila de lo que los cruces previos podían hacer prever, las aguas no se aquietaron del todo tras el primer informe de gestión en Diputados del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en lo que va del año. Una de las críticas más duras a la presentación fue de la jefa del ARI, Elisa Carrió, quien permaneció apenas media hora de las cuatro que duró la intervención en la Cámara baja. “Ayer estábamos frente a un discurso de campaña menor”, criticó.
“Yo escuché al jefe de Gabinete y me retiré. Porque no tiene sentido, si no se van a dar explicaciones, si no se van a responder preguntas, participar de un escenario del que no estoy dispuesta a participar”, lanzó en declaraciones a radio Mitre.
Y fue más lejos en las críticas, al pedir que se cambie el sistema de informe y asegurar que no se presta más al “circo”.
“Es posible el debate cuando hay diálogo y cuando manejan bien el castellano. Ayer estábamos frente a un discurso de campaña menor”, sentenció.
En esta primera intervención del año, el jefe de Gabinete soportó algunas críticas por el desempeño oficial en el conflicto con el Uruguay y por la prohibición de exportar carne.
EL ARI CUESTIONO AL JEFE DE GABINETE
El arista Eduardo Macaluse le replicó que “la denuncia es una atribución nuestra, salvo que quiera que también le deleguemos esa facultad, y en realidad lo que nos preocupa es que politice la justicia”.
Y enumeró las preguntas que, a su criterio, Fernández no respondió por escrito (ver aparte): “¿Por qué se otorga un subsidio a Cargill en lugar de incentivar a los pequeños chacareros para bajar el precio de la carne?; ¿por qué en casi todas las renegociaciones de las empresas de servicios públicos se aumentan las tarifas?; ¿por qué no se universalizan los planes sociales?”, entre otros. El resto de los diputados también abordó las omisiones en las que habría incurrido el funcionario sobre los temas centrales de la coyuntura.
Jubilados. María América González (ARI) recordó que está pendiente la promesa electoral de revisar la reforma previsional. Mirando a la diputada, Fernández concedió que era un tema pendiente y se comprometió a convocarlos para hacer algo. Maffei se había quejado de que el aumento a los jubilados los seguía dejando por debajo de la canasta familiar.
Uno de los planteos que quedó sin contestar fue el de Marcela Rodríguez. “Los derechos humanos están siendo vulnerados todos los días en las cárceles, con la violencia de género, con las minorías étnicas y con los menores, por eso pregunto cuál es la política de derechos humanos para el presente, más allá de la reparación por las violaciones que cometió el Estado en la dictadura”, expresó la diputada del ARI en el recinto
El ARI denunció sobreprecios en la compra de colchones y almohadas
La adquisición de esos bienes por compra directa la concretó el gobierno bonaerense en diciembre de 2005 para cubrir las pérdidas luego del incendió que afectó a esa unidad carcelaria el pasado 15 de octubre y en el que perdieron la vida 33 internos. En su presentación judicial, el ARI pide que se investigue un presunto sobreprecio en esa operación de más del 80 por ciento
Desde el bloque arista de la Cámara Baja bonaerense denunciaron al Gobierno Nacional de defraudar al Estado por el supuesto pago de un 82 por ciento de sobreprecio detrás de la compra de colchones y almohadas ignífugas para equipar unidades carcelarias luego de la tragedia de Magdalena.
El ARI, que presentó la denuncia en la Unidad funcional de Instrucción Nº 8 de la Fiscalia de La Plata, basó su acusación en una investigación propia que asegura que “en la compra de 25 mil colchones y almohadas ignífugos que hizo el Ministerio de Justicia para reemplazar los de las cárceles existen cinco millones de pesos de sobreprecio”.
Así lo aseguró el presidente de la fuerza en la Cámara de Diputados de la Provincia, Horacio Piemonte, quien en diálogo con este medio criticó que “el Gobierno, amparado en la emergencia, pagó en compras directas valores de un 82 por ciento más caros que los vigentes en el mercado”.
“Le pedimos a la Justicia que investigue y determine porque acá no sólo hay un incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios sino que también existe el delito de defraudación al Estado”, acusó Piemonte quien además focalizó en las empresas con las cuales el Gobierno realizó la transacción.
Según el legislador “ninguna de ellas estaba inscripta en el registro de proveedores del Estado para venta de colchones”.
A ocho meses de la muerte de 33 presos en el penal de Magdalena, el Gobierno Nacional aceleró, a través de un Decreto gubernamental de diciembre, la compra de dichos artículos de material ignífugo para prevenir la repetición de tal episodio registrado el último 15 de octubre cuando, tras una fuerte represión de los guardias a la pelea de un grupo de internos, tuvo lugar el incendio que se agravó luego de que los presos decidan cubrirse con colchones de poliuretano, material altamente inflamable.
“El gobierno, tarde como siempre, después de la tragedia de Magdalena aceleró el proceso a través del sistema de compra directa que se ampara en la emergencia y por eso no llama a licitación, cuestión en la que no estamos para nada de acuerdo porque eso no le da lugar a comprar a precios de mercado qua casi duplican el valor de plaza”, criticó el legislador.
La denuncia, presentada en la mañana de ayer, sostiene que los fondos destinados a la compra de ambos artículos carcelarios de material ignífugo son “excesivos”.
Según el legislador, el Gobierno no debería haber empleado una suma mayor a los 6 millones de pesos a tal fin, pero sin embargo el costo se elevó a los 11 millones con lo cual el sobreprecio denunciado rondaría, en la versión del ARI, los 5 millones de pesos en la compra de ambos elementos.
“Nosotros hemos recabado información, hemos pedido precio a las empresas proveedoras y lo concreto es que por ambas cosas, colchones y almohadas, el gobierno pagó 457 pesos y en el valor de plaza a mes de marzo, el precio cotizaba en 250”, garantizó el diputado quien insistió: “Sumarle a la tragedia de Magdalena la derivación de estos hechos es bochornoso”.
Trama oscura de buenos negocios
La Cuota Hilton es un cupo establecido por la Unión Europea, que acepta la introducción en su territorio de cortes enfriados vacunos, sin hueso y de alta calidad, libres de aranceles, para lo cual asigna dicho cupo a cada país exportador, que para la Argentina equivale a 28 mil toneladas. Se cotizan en el mercado en el orden de los 7 mil dólares la tonelada, lo que representa según el año entre U$S 2.000 y 3.000 más que los restantes rubros de carne.
El problema fundamental de la Hilton radicó en la inestabilidad de los criterios de distribución. Se usaron distintos criterios pero ninguno satisfizo a los distintos actores involucrados en la exportación y finalmente estalló el conflicto de manera generalizada cuando los frigoríficos que se consideraban perjudicados en la adjudicación de cuotas realizaron sus demandas a la justicia y comenzó a sobrevolar la idea de que los amparos obtenidos se otorgaban por connivencia y en algunos casos corrupción. Tampoco quedó exenta la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de la sospecha de utilizar mecanismos non sanctos de adjudicación.
En octubre de 2004, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) definió los volúmenes de exportación Hilton correspondientes al ciclo 2004-2005. De las 28.000 toneladas de la cuota Hilton, Agricultura repartió 17.800; las 10.200 restantes, habían sido distribuidas por distintos jueces que fallaron en recursos de amparos presentados por muchos frigoríficos. Esto fue lo que se denominó judicialización de la cuota.
A partir de allí comienza la “Guerra” entre el Consorcio ABC (donde figuran los principales frigoríficos exportadores como Swift, Quickfood, Gorina, Finexcor -de Cargill- y Arrebeef) y el Secretario Campos. El ABC afirmó en varios comunicados que el procedimiento de distribución “da lugar a la sospecha de un gran negociado con complicidad de funcionarios de la Secretaría” y cuestionó que la SAGPyA haya aceptado la distribución establecida por los fallos judiciales, a pesar de que “hay jurisprudencia de la Corte Suprema” que la habilita a ejercer su derecho a repartir la totalidad del volumen.
Elisa Carrió presentó un Proyecto de Ley de Atención Médica Integral para los ex combatientes de Malvinas.
La diputada Nacional por el ARI, Elisa Carrió (Ciudad de Buenos Aires) presentó un proyecto de Ley que tiene como objeto “garantizar el acceso igualitario a una atención médica integral para los veteranos de guerra –Ex combatientes de Malvinas y Atlántico Sur, que en ningún caso serán considerados pasivos, salvo aquellos que hubieran pasado a situación de retiro”, según dice el Artículo primero.
“Este proyecto busca una reparación y reconocimiento a quienes participaron en la guerra de Malvinas, que han sido olvidados por una sociedad que prefiere no verlos” afirmó Carrió.
La iniciativa de Carrió propone suplir un vacío legal y aporta una resolución definitiva a la temática de salud integral del ex combatiente y de todo su núcleo familiar para lograr una mejora en su calidad de vida. Entre los derechos, que establece la Ley, dice el artículo 3 que los veteranos “quedan incorporados como beneficiarios de la Obra Social de la respectiva Fuerza Armada y/o Fuerza de Seguridad y/u organismo dependiente del Estado Nacional donde prestó servicio durante el conflicto bélico o del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a su libre elección”.
El proyecto de la diputada del ARI se refiere a la necesidad de dar cobertura de salud a centenares de ex combatientes de Malvinas que no han sido reconocidos como tales por las Fuerzas Armadas y que en algunos casos fueron dados de baja con la consiguiente pérdida de toda cobertura médica. En otros casos, en las que los veteranos tiene cobertura médica no es la adecuada para patologías específicas como las que padecen.
En el artículo noveno, Carrió estipula que las obras sociales recibirán los fondos que a cada uno de los beneficiarios se les descuenten de sus haberes “…más un aporte equivalente al 300 % de ese monto, que les remitirá el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.
Por tal motivo en el artículo 10, la líder del ARI planteó que las Obras Sociales “no pueden negarse bajo ninguna causa o pretexto a prestar los servicios médico asistenciales que cada caso requiera”, así como “deben adecuar sus planteles profesionales a todas y cada una de las distintas patologías secuelares que la contienda bélica de dejó en sus participantes”,“A la fecha existen situaciones referidas a su salud integral, que reflejan una cobertura insuficiente de las afecciones originarias y/o secuelares devenidas”, escribió Carrió en los fundamentos del proyecto de Ley
“Los límites del ARI”
Alicia Gutiérrez, integrante de la mesa nacional del ARI, señaló que del congreso partidario realizado en Mar del Plata surge una serie de elementos que, a su entender, "consolidan un camino partidario".
Aseguró que el congreso, con la presencia de representantes de todo el país "ratificó unánimemente el liderazgo de Elisa Carrió. Incluso ella misma en su discurso ratificó las autonomías provinciales para decidir alianzas políticas, pero se advirtió de límites a quienes concretaran esos acuerdos".
La diputada santafesina recordó que Carrió dijo, entre otras cosas que el ARI no permitirá "que los liderazgos construidos en la calle queden prisioneros de una estructura y se utilicen para avalar prácticas políticas que nada tienen que ver con este espacio. El contrato moral es para todos: es una alianza de conductas para reconstruir el país, no una alianza partidocrática".
Durante el encuentro, Gutiérrez recordó que los congresales hablaron de los contenidos coincidentes con los principios éticos, la transparencia en la gestión, con la redistribución de la riqueza y el respeto a gobiernos republicanos, donde se garantice la división de poderes.
"De esto se desprende claramente que en nuestra provincia y en todo el país no podrán hacerse alianzas con sectores justicialistas y kirchneristas", afirmó la legisladora santafesina. Aclaró que el ARI "no está apurado por llegar al poder por atajos, sino por llegar con la gente, nunca cambiando conductas éticas por cargos".
Por último, la dirigente señaló que la mesa nacional advirtió a los dirigentes provinciales, que a pesar de mantener la autonomía partidaria "se deberá informar a la misma sobre cualquier intención de coaliciones con sectores que no apoyen a Carrió en las próximas presidenciales".
Carrió pidió a Kirchner que disminuya el nivel de conflicto con Uruguay
La diputada del ARI dijo que el objetivo debe ser mantener a toda costa la hermandad entre ambos pueblos.
La diputada del ARI Elisa Carrió reclamó ayer al presidente Néstor Kirchner "bajar el nivel de conflicto Estado-Estado" con el gobierno del Uruguay y pidió "defender la hermandad entre los pueblos argentino y uruguayo", haciendo presentaciones conjuntas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.La dirigente opositora dijo que "el objetivo debe ser mantener, a toda costa, la hermandad uruguayo-argentina, sin concesión de los derechos ambientales, pero el agravio entre funcionarios de Estado a Estado no puede ser permitido".En una conferencia de prensa en la Legislatura porteña, Carrió fustigó "las declaraciones bárbaras de personas ignorantes" entre los que mencionó a "el jefe de Gabinete (Alberto Fernández) o el ministro del Interior (Aníbal Fernández) que hablan -dijo- de la barbarización de nuestro país".La diputada del ARI propuso resolver el conflicto diplomático ambiental por las papeleras con "la hermandad de ciudadanos argentinos y uruguayos que hagan presentaciones cautelares" en sus respectivas "Cortes de Justicia" y luego, ante "la Corte Internacional de Derechos Humanos".Carrió consideró que la Corte Internacional "es la única instancia capaz de obligar a los Estados y a las empresas a paralizar obras" de las plantas de celulosa que se construyen en Fray Bentos, sobre la costa del Río Uruguay, frente a Gualeguaychú.En ese marco, opinó que "el conflicto debe tornarse sobre las empresas que contaminan y la responsabilidad del Estado" uruguayo por permitir su instalación, pero reiteró: "Se debe bajar el nivel de conflicto entre Estado-Estado".La líder del ARI advirtió que "cuando se mantiene (el conflicto entre Estados) en este nivel, lo que se rompe es la hermandad entre los pueblos. No solo eso, Argentina está viviendo el caso de pueblos enfrentados (en su interior) por la situación" generada por las papeleras, denunció. Carrió recordó que estuvo "hace dos años" en Gualeguaychú "antes de que se inicien los cortes" de ruta que generaron fuertes conflictos con el Uruguay, y ya en ese momento, le propuso a los asambleístas que se oponen a la instalación de las papeleras, que "la solución definitiva va más allá de la mediación en el corto plazo".La diputada aconsejó que "ambientalistas argentinos y uruguayos presenten medidas cautelares en las Cortes (de Justicia) de sus respectivos países y llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después, demandando a las empresas y al Estado nacional" que no cumpla con las normas de medio ambiente.Carrió opinó que "el Mercosur no está roto por esto", en alusión a las críticas del presidente uruguayo Tabaré Vázquez por la falta de intervención del bloque regional en el conflicto.Por último, la legisladora reconoció que "nuestros hermanos uruguayos soportaron muchas veces nuestra prepotencia" y si bien, dijo comprender "la desconfianza hacia el Estado" de los asambleístas de Gualeguaychú, dijo que los cortes de rutas y la dura posición del gobierno argentino "fueron tomados por los uruguayos como una agresión en términos del país más grande o poderoso".Carrió pidió "entender que Tabaré tiene muy poco margen" de maniobra en su propio país "porque los uruguayos han mal usado esta cuestión".
Carrio comparó a Kirchner con Cavallo
La titular del ARI aseguró que el actual presidente es responsable de construir “un desorden cada vez más violento”.
La titular del ARI a nivel nacional, Elisa Carrió, comparó este domingo al presidente Néstor Kirchner con el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, y propuso una "alianza de conductas" entre los sectores de la oposición.
"El líder político más parecido a Kirchner es Cavallo. El también tenía la impronta de pelearse con todos, y con él también los titulares de los diarios tenían que ver con los niveles de crecimiento", señaló Carrió.
En este sentido, la diputada nacional consideró que el actual Gobierno es "igualmente corrupto" que el del ex presidente Carlos Menem, pero remarcó que es "más brutal en lo político, más fascista en relación a los medios de comunicación, y levemente mejor en materia de derechos humanos".
"Este modelo ya se llevó puesto a tres ministros y un gobernador por la corrupción en la obra pública del ministro (de Planificación Federal, Julio) De Vido. Yo por eso decidí ser linyera y soy feliz", dijo la líder del ARI. En la misma línea, Carrió evaluó que Kirchner es "responsable" de "construir un desorden cada vez más violento", que -según dijo- implica "la falta de respeto a las instituciones, la falta de reglas claras en la economía y la no redistribución del ingreso".
"Como consecuencia, lo que se está construyendo, tapado por el dinero, es lo mismo que se construyó en la década del 90 o en la época de Martínez de Hoz", sostuvo.
En este marco, Carrió consideró que "el gran desafío de la Argentina que viene" es una "alianza de conductas" entre los sectores de la oposición, para "acordar cuestiones pre ideológicas, como la moral, la republicana y la redistribución del ingreso".
Si bien incluyó en la posible alianza al titular de la UCR, Roberto Iglesias, al socialismo y a la izquierda, descartó incluir en la convocatoria al líder del PRO, Mauricio Macri. "No, con Macri no se puede hacer un acuerdo de conductas", explicó.
HECTOR QUAGLIARO CIUDADANO DISTINGUIDO
El Presidente del Concejo Municipal de Rosario, Miguel Angel Zamarini, y el concejal Nire Roldán, tienen el agrado de invitar a Ud. al acto durante el cual se declarará Ciudadano Distinguido de la ciudad de Rosario a Héctor Quagliaro, por su inquebrantable compromiso en defensa de las libertades democráticas, los derechos del movimiento obrero de nuestra región y por su contribución al movimiento popular de nuestro país.
Día y Hora: 9 de mayo – 12,00 hs
Lugar: Recinto de Sesiones – Concejo Municipal -Córdoba y 1º de Mayo
Jornada sobre Medio Oriente
Martes 9 de mayo de 10 a 17.30 hs
Organiza partido ARI y Hannah Arendt, instituto de formación cultural y política
Aula Magna Instituto Arendt
Av. Rivadavia 1479 piso 1
Primera mesa // 10 a 12 hs
Geopolítica y sistemas de gobierno en Medio Oriente. La relación entre religión y política.
Claudio Uriarte (Jefe y analista internacional de Pagina/12)
Damian Szvalb (Politólogo, docente de la UBA, secretario de redacción de la revista Horizonte )
Khatchik Der Ghougassian, (PHD International Relations , University of Miami, Master en Relaciones Internacionales Flacso/Argentina, profesor Invitado en la Carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés)
Erwin Viera ( Lic. En Ciencia Políticas UBA, especialista en relaciones internacionales en FLACSO-Argentina)
//Coffe break de 12 a 13 hs //
Segunda mesa // 13 a 15 hs
La incidencia de la religión en la situación de Medio Oriente. Coordina Diputada Dra. Elisa Carrió
Dra. Regine Azria (Socióloga de la Universidad de Sorbonne y profesora de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris) invitada del Centro Franco Argentino de Altos Estudios de la UBA.
Omar Abboud (Centro Islámico Argentino)
Rabbi Adrian Herbst (Decano del Seminario Rabinico Latinoamericano “Marshall T. Meyers”)
//Coffe Break 15 a 15.30 hs//
Tercera mesa // 15.45 a 17.30 hs
Medio Oriente en el contexto de la situación energética mundial. Coordina Diputado Carlos Raimundi
José Freda (ingeniero, Fundación Arturo Illia)
Lic. Darío Jinchuk (Jefe Dpto. Relaciones Internacionales CNEA)
Y los ingenieros del Grupo de Energía del ARI: Alfredo Fernández Francini, René Flores y Sixto Negro.
Por la regulación de cibers
"Aspiramos a romper con el imaginario de la gente acerca de los políticos.
Pero, para alcanzar esto, es necesario que el pueblo se involucre"
Jorge Maier.
Tal como se había comprometido anteriormente, Jorge Maier, concejal paranaense por la Concertación Entrerriana junto a Aldo Bachetti, elevó en el día de hoy a Juan Carlos Albornoz, presidente del Concejo Deliberante de Paraná, el Proyecto de Ordenanza que apunta a regular el funcionamiento de los cibers de la capital entrerriana.
Adjuntamos el material para que sea analizado y publicado.
Área Comunicación. ARI Entre Ríos.
Don Juan Carlos Albornoz
Jorge Maier y Aldo Bachetti, concejales del Bloque Concertación Entrerriana, elevan a Ud. el PROYECTO DE ORDENANZA para su estudio y posterior tratamiento, y por los considerandos que a continuación se expresan, solicitamos su aprobación.
Es indudable que el acceso a Internet es un fenómeno mundial. Se ha expandido y masificado al punto tal que, la computación y el acceso a Internet son herramientas de gran necesidad para el desarrollo laboral, educativo, etc.
Es el mismo Estado, en sus diversos organismos, el que ofrece la alternativa de cumplimentar con los trámites a través de este sistema, para mencionar algunos, AFIP; DGR, ANSES, etc. Asimismo, hay entidades que ofrecen la posibilidad de pago de servicios y operaciones bancarias, posibilitando una mayor comodidad para cumplir con los compromisos. Las Instituciones Educativas ofrecen cursos a distancia a través de Internet, y así se podría mencionar un sinnúmero de actividades que se desarrollan o se ofrecen a través de lo que hoy se denomina la "WEB".
Este servicio, si bien tiene aspectos sumamente beneficiosos, como la democratización del conocimiento y de la información, también tiene aspectos nocivos, a partir de la utilización mal intencionada, por ello, los Estados han generado mecanismos de control y de regulación.
En este orden, podemos observar cotidianamente, la preocupación que existe en otras ciudades de nuestro país y del mundo por el uso que se hace de este recurso, de la propalación y la propaganda de una serie de delitos a través de la Internet, difundiéndose material peligroso para sectores sensibles de la población, como son los menores. Entre otros, las páginas pornográficas, las que difunden la xenofobia, las con apología del delito y de la violencia, en definitiva, material nocivo que puede estar al alcance de cualquiera.
Se ha generado un importante comercio a partir de la masificación del uso de la informática. Muchos son los hogares que no tienen una computadora e Internet, lo que trajo como consecuencia, negocios que ofrecen una cantidad importante de servicios ligados a la comunicación, ya sea, el de telecabinas, el de acceso a Internet, etc. Es una obligación del Estado establecer mecanismos de control para que, en primer lugar, estos locales estén habilitados bajo normas que garanticen la seguridad de sus usuarios, teniendo en cuenta lo antes mencionado.
Este Honorable Concejo Deliberante sancionó una Ordenanza que regulaba el funcionamiento, la seguridad y los controles necesarios para limitar el acceso a estas páginas peligrosas. Sin embargo, el Departamento Ejecutivo la vetó totalmente, con argumentos bastantes llamativos que, el mismo Ejecutivo contradice, remitiendo un proyecto de Ordenanza, tratando de regular el funcionamiento de estos locales planteando controles muy difusos y superficiales, tomando con una ligereza preocupante esta problemática.
Es tan grave lo manifestado por el Gobierno, que minimiza la instalación de filtros en los ordenadores aseverando que no resultaría una adecuada contención y control de los contenidos de violencia, discriminación, racismo y/o pornografía. Contrasta con el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos, quien opina que estos sitios pueden ser frenados en hasta un 90 % y que los filtros se utilizan en todo el mundo, es más, en la ciudad de Santa fe se exigen en los establecimientos para ser habilitados.
La apreciación del Gobierno es tan arrogante y contradictoria que, en otro párrafo del veto, el Departamento Ejecutivo asume la incapacidad de contar con personal especializado, medios e insumos específicos para controlar estos locales. Ahora bien, si no tiene personal calificado, sobre que base establece que los filtros son insuficientes. Es evidente la ligereza con que trata este tema.
Se hace imperioso que la Municipalidad de Paraná firme convenios con Universidades y Colegios Profesionales, que posibiliten la instrucción del personal y los controles a estos locales. Es un deber de los gobernantes reconocer cuando no están capacitados y buscar el asesoramiento necesario para suplir esta falencia, es por ello que, en la presente ordenanza propiciamos que se firmen convenios con instituciones que ayuden al Estado en esta materia.
Asimismo se establece que, a partir de la vigencia de la misma, el pedido de habilitación de un local con estos servicios, debe estar acompañado de una certificación de un profesional matriculado en el Colegio de Ingenieros Especialista de Entre Ríos, certificando el cumplimiento de los requerimientos que esta Ordenanza fija respecto de filtros y especificaciones técnicas de los equipos e instalaciones, semejante a lo que sucede cuando se requiere para la presentación de documental para la habilitación de otro tipo de locales, donde es necesario el acompañamiento de esta certificación.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de la
Artículo 1º – Todo local comercial habilitado, o que tenga actuaciones administrativas iniciadas y/o nuevas, que ofrezcan el servicio de Internet y/o de juegos en red, a través de ordenadores personales, programas aplicativos y equipamiento informático y de comunicaciones anexos, deberán contar con habilitación especial y expresa a tales efectos, cumplimentando con los requisitos exigidos por las disposiciones en vigencia y con lo estipulado en la presente ordenanza.
Artículo 2º – Los equipos informáticos deberán reunir determinadas condiciones, a saber:
Filtro de Contenido : deberán poseer sistemas que mantengan bloqueados a sitios que contengan escenas de violencia, discriminación, racismo, pornografía y otros contenidos que agredan al desarrollo emocional e intelectual de las personas.
1 – Mecanismos auto- limpiantes de sesión de usuario. Todos los equipos deberán borrar absolutamente las ventanas y accesos realizados por un cliente antes de hacer uso del servicio otro cliente en el mismo equipo.
2 – Los servidores deberán carecer de programas " Spyreware". Ningún equipo en la red de computadoras deberá tener instalado software alguno que permita observar sesiones ( datos) de otros usuarios ni estar configurado para ello.
Equipos y sistemas de comunicación de datos:
1 – Cableados de red: El cableado de red deberá cumplir
con la normativa vigente EIA-TIA 586 A o B de cableado estructurado de datos y equipos de comunicaciones de datos, no pudiendo exceder los límites del local comercial.
2 – Firewal y Antivirus actualizados : El o los servidores deberán poseer Firewal y Antivirus actualizados, para prevenir accesos externos, indeseados y probables infecciones de virus y otros códigos maliciosos a los archivos potenciales de los usuarios del servicio.
3 – Frecuencia de los monitores: Deberán tener una frecuencia de refresco de imagen de 70 HERZT como mínimo.
Artículo 3º – Las especificaciones técnicas mencionadas en el artículo anterior deberán estar certificadas por un Ingeniero en Sistemas de Información, habilitado por el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos, según Ley Provincial Nº 8815, debiendo certificarse para la habilitación y , periódicamente con una cadencia no mayor a los 6 meses.
Artículo 4º – En el local a utilizar para este servicio, se deberá contar con espacio para cada equipo garantizando que ninguna otra persona que pueda ver a lo que accede el usuario.
Artículo 5º – Los menores de 16 años podrán permanecer hasta las 22 horas y los menores de 18 años hasta las 24 hs, sólo pudiendo exceder este horario
si son acompañados por un mayor que acredite parentesco con el menor.
Artículo 6º – Los establecimientos deberán exhibir en un lugar visible, la certificación citada en el Artículo 3 º, así como los horarios que pueden permanecer
los menores de 16 y 18 años.
Artículo 7º – El titular o responsable del establecimiento comercial debe activar los
filtros de contenido en sus equipos, cuando los usuarios de los mismos
Artículo 8º – La Municipalidad de Paraná firmará convenio con Instituciones Educativas, Colegios Profesionales u Organizaciones que considere conveniente, con el objeto de promover la capacitación del personal Municipal para el control de estos locales. Asimismo, podrá extender el alcance del convenio para realizar los controles periódicos a los locales habilitados.
Artículo 9º – El titular de un establecimiento que no cumpla con lo establecido en la presente ordenanza será sancionado con una multa equivalente al valor de doscientos (200) litros de nafta común. De insistir en la falta, se procederá a la clausura del establecimiento o del área de acceso a Internet por hasta 15 días, y de reincidir se clausurará por 30 días, y ante la tercera reincidencia se clausurará definitivamente.
Artículo 10º – Se establece un plazo de noventa días a partir de su promulgación, para que los establecimientos tomen los recaudos necesarios para dar cumplimiento a la presente Ordenanza.
Artículo 11º – A los efectos del cumplimiento de esta normativa se prevé que la Dirección de Habilitaciones, Seguridad Alimentaria y Espectáculos Públicos sea la autoridad de aplicación
Aseguran que el Gobierno bonaerense pagó $376,5 por cada colchón y $81,35 por cada almohada. Afirman que los precios de plaza a marzo de 206 no superaban los $250. Sostienen que la gestión Solá pagó un sobreprecio de $5 millones en la compra de esos elementos.
Diputados del bloque del ARI realizaron esta mañana una presentación judicial para determinar la responsabilidad de Felipe Solá y Eduardo Di Rocco por "sobreprecios" pagados en la compra directa de 25 mil colchones y 25 mil almohadas para el servicio penitenciario.
Según la presentación realizada por el diputado Horacio Piemonte, se habría detectado que a fines de 2005 y durante el corriente año, "el Poder Ejecutivo pagó un total de $11,435.745, a razón de $376,5 por cada colchón y $81,35 por almohada, lo que conformaba un precio final promedio de $457,85 por los dos productos. Los precios de plaza, a marzo de 2006, no superaban los $250, según pudo verificarse a través de cotizaciones pedidas en el mercado".
"La situación es un escándalo público ya que, aprovechando la emergencia, se pagaron 5 millones de pesos de sobreprecio. La justicia debe determinar la responsabilidad penal de aquellos que amparándose en la función pública la utilizan para hacer negocios en beneficio propio", manifestó Walter Martello, diputado de la bancada del ARI
El ARI pidió el juicio político a Canicoba Corral por los sobresueldos
El diputado nacional Adrián Pérez solicitó al Consejo de la Magistratura la remoción del magistrado por sobreseer al titular del Banco Central de la República Argentina, Martín Redrado, a pesar del “cúmulo de probanzas colectadas” en su contra.
El diputado nacional de ARI, Adrián Pérez, presentó en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, por mal desempeño y posible comisión de delitos en una causa vinculada con el pago de sobresueldos durante el gobierno de Carlos Menem.
En el escrito, Pérez cuestionó la decisión de Canicoba Corral de sobreseer al presidente del Banco Central, Martín Redrado, en la causa que se le sigue por el cobro de sobresueldos cuando era titular de la Comisión Nacional de Valores, entre 1991 y 1994.
“Pese a haber transcurrido dos años desde que la causa pasó a tramitarse en su juzgado, y pese a que el cúmulo de probanzas colectadas resultaban harto suficientes para generar el grado de sospecha necesario para citar a prestar declaración indagatoria al imputado, el magistrado resolvió sobreseerlo”, cuestionó Pérez en su escrito, que también lleva la firma de su colega de bancada, Susana García.
Canicoba Corral tomó la decisión de sobreseer a Redrado en noviembre del año pasado, “a pesar de las medidas solicitadas por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido y mediante una resolución desincriminatoria que no hace otra cosa que dar cuenta de la falta de voluntad de investigación”, se quejó el legislador de ARI.
Según Pérez, el Juez omitió además “considerar los testimonios que corroboran la existencia de los fondos reservados”, a través de los cuales se pagaban los sobresueldos. En tal sentido recordó que varios funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo en la década de los 90, entre ellos el ex ministro de Defensa Omar Camillión y la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, reconocieron haber percibido “sobresueldos”, y consecuentemente la existencia de asignación y manejos irregulares de fondos públicos de similares características a los denunciados en la causa Redrado
Carrió pidió informes por los conflictos con otros países
La diputada nacional y líder del ARI, Elisa Carrió, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que responda sobre el "manejo discrecional e irrespetuoso del Presidente" en materia de relaciones exteriores.
Según Carrió, esta actitud del primer mandatario causó 19 "conflictos" con otros Estados y "pone al país en una situación de objetiva gravedad institucional para el presente y el futuro". Este pedido, que consta de veinte preguntas, se basó en un trabajo realizado por la diputada en el que contabilizó los roces con otros países desde que Kirchner asumió al poder.
Enumeró que el gobierno argentino tuvo diferencias con "Sudáfrica, México, Vietnam, China, Alemania, Japón, Rusia, Brasil, Holanda, Uruguay, Chile, Francia, Finlandia, Canadá, Italia, Portugal, Paraguay, España y Gran Bretaña". En la presentación, que también fue firmada por los diputados de ese partido, Eduardo Macaluse y Carlos Raimundi, se solicitó "al Poder Ejecutivo que explique cuáles son las razones del conflicto generalizado de la Republica Argentina con el mundo".
"La relación de conflicto y desprecio por las más elementales formas de relación con la comunidad internacional por parte del gobierno argentino plantean un escenario de conflictividad y aislamiento creciente de la Argentina en el mundo", advirtió Carrió. Agregó que "los presidentes abandonan el cargo una vez cumplido su deber, pero la sociedad civil y el conjunto de las instituciones continúan" y remarcó que "cualquier política contraproducente o perniciosa para el país, no se revertirá con un golpe de timón".
Entre los fundamentos de su pedido, Carrió destacó que "en ninguna otra materia como en las relaciones internacionales las formas son sustancia y los gestos y actitudes denotan siempre amistad o enemistad".
PEDIDO DE INFORMES SITUACIÓN AGENCIA TELAM
DIPUTADA NACIONAL ELISA CARRIÓ (ARI)
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos correspondientes, informe sobre la situación y conflicto gremial que atraviesa la Agencia Nacional de Noticias TELAM
1) Cuáles fueron los motivos por los que se despidió al Sr. Jorge Claudio Azar. Si dicho trabajador incurrió en faltas graves, ¿la Agencia abrió el correspondiente sumario administrativo y se le brindó la posibilidad de realizar su descargo? Sírvase anexar toda la documentación respaldatoria por el cual se tomó dicha decisión.
2) Transcurridos quince días de huelga y habiendo el gremio denunciado el conflicto a través del Secretario de Interior de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), D. Roberto Pico, ¿por qué el Ministerio de Trabajo no ha convocado a las partes?
3) Cuáles fueron los motivos por los que el presidente de la agencia TELAM desplazara de sus cargos al jefe de la Sección Policiales, Gustavo Scalcini; Oscar Manfredini; Ariel Bargach; Javier Mazars; Hernán Dearriba y Hernán Pereira que se desempeñaba como Jefe de Editores.
4) En virtud de lo expresado en el punto 3) sírvase informar si estos desplazamientos tienen relación con la participación de cada uno de ellos en la/s asamblea/s y/o reclamos que se realizaron en la agencia por parte de los trabajadores
.5) Cuáles fueron las razones por las que el día 14 de abril, alrededor de 20 efectivos del Cuerpo de Infantería de la Policía Federal se apostaron frente a la Agencia Nacional de Noticias TELAM en actitud intimidatoria.
6) Qué medidas ha tomado el Poder Ejecutivo Nacional para la solución del conflicto.
Desde el 10 de abril pasado la Agencia Nacional de Noticias TELAM se encuentra con un conflicto gremial que hasta el día de la fecha no se ha resuelto y que, de acuerdo con lo manifestado por los integrantes de la comisión interna, en diferentes comisiones de esta Honorable Cámara de Diputados, los representantes de los trabajadores no tienen posibilidades de acercar posiciones con la presidencia de la agencia y se continúan poniendo en juego los derechos laborales adquiridos por el personal.
Asimismo cabe resaltar que desde que comenzaron las medidas de fuerza no ha intervenido el Ministerio de Trabajo, el cual fue notificado del conflicto a través del Secretario General de la Federación Argentina de Prensa (FATPREN).
Resulta preocupante el desplazamiento de personal que se venía desempeñando en determinadas áreas de la agencia, no encontrándose motivos fundados para que la presidencia tomara estas decisiones. Es más, a simple vista pareciera ser que dichas acciones fueron tomadas en relación con la participación de los trabajadores en las diferentes acciones que vienen desarrollándose en torno al conflicto.
Por otro lado, es preocupante la intervención, el pasado 14 de abril, del Cuerpo de Infantería de la Policía Federal Argentina en actitud intimidatoria hacia los trabajadores que se encontraban ejerciendo el derecho de huelga y petición a las autoridades.
La Agencia Nacional de Noticias TELAM brinda servicios de información y noticias para todo el país y debe ser considerada como una herramienta fundamental, por parte del Estado, para la libertad de prensa y expresión. En virtud de la magnitud del conflicto y del riesgo que corren los trabajadores en relación con su fuente de trabajo, resulta necesario que el Poder Ejecutivo Nacional arbitre los medios a su alcance para una pronta solución del conflicto.
Por tal motivo solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
¿De quién es el correo electrónico en una empresa
La diputada del ARI por la Ciudad de Buenos Aires, Delia Bisutti presentó la semana pasada un proyecto de Ley de Protección Jurídica del Correo Electrónico. En diálogo con Canal AR, la legisladora señaló: “Creo que no se puede tomar represalia si no se establece una política clara al respecto dentro de una empresa. De hecho, creo que es necesario regularizar el uso del correo personal en el horario laboral para que no haya conflictos”.
El empleador deberá notificar fehacientemente al empleado su política respecto del acceso y uso de correo electrónico no suministrado por él, desde el lugar de trabajo (correo electrónico personal del trabajador)”. Este es uno de los puntos más importantes que se lee en el proyecto de Ley de Protección Jurídica del Correo Electrónico presentado la semana pasada en la Cámara de Diputados por Delia Bisutti, diputada del ARI por la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de llegar a un punto medio en el conflicto que a menudo se genera entre empleadores y trabajadores en torno a la apertura de la correspondencia electrónica.
"A los efectos legales, el correo electrónico se equipara a la correspondencia epistolar", señala el comienzo del texto que busca penar la apertura del e-mail de un tercero, y darle a la cuestión un marco jurídico para que no se siga resolviendo en los juzgados basándose en la jurisprudencia que protege la privacidad del empleado. Para eso, aclara en su artículo 4 que "cuando el correo electrónico sea provisto por el empleador al trabajador en función o con motivo de una relación laboral, se entenderá que la titularidad del mismo corresponde al empleador siempre y en todos los casos, independientemente del nombre y clave de acceso que sean necesarias para su uso".
Es así que a partir de este proyecto, el empleador tendría la facultad de acceder y controlar toda la información que circule y prohibir su uso para fines personales, ya que no están incluidas en esta ley las direcciones de correo electrónico que pudiera tener el empleado en carácter personal o privado, se abrieran o no estos desde el lugar de trabajo.
Pero, para que estas facultades tengan vigencia, el empleador deberá notificar al trabajador acerca de las políticas de la empresa al respecto al momento de poner a su disposición una dirección de correo electrónico para el ámbito laboral. “Será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses, el que abriere indebidamente una carta, un correo electrónico, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido”, dice el artículo 5. “Se le aplicará prisión de 1 mes a 1 año, si el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, correo electrónico, escrito o despacho”.
Según Bisutti, el proyecto nació porque "muy pocas empresas le avisan a sus empleados que le van a revisar el e-mail ". En diálogo con Canal AR, también explicó que trabajó en el desarrollo de este proyecto de la mano de abogados asesores que entienden cuestiones relacionadas a la tecnología, y la idea nació de un reciente fallo en el que se pretendía despedir sin pago de indemnización a una empleada por utilizar el e-mail personal en horario laboral.
“Yo creo que no se puede tomar represalia si no se establece una política clara al respecto dentro de una empresa. De hecho, creo que es necesario regularizar el uso del correo personal en el horario laboral para que no haya conflictos”, dijo la diputada. “De todas formas, y considerando la cantidad de tiempo que hoy un empleado pasa en el ámbito laboral, este proyecto no restringe la utilización del uso del correo personal, pero sí incentiva al establecimiento de un tiempo de uso por un acuerdo previo de las partes”.
Por último manifestó: “El objetivo es delimitar y regular las utilización de los adelantos tecnológicos. Creo que era necesaria una regulación de este tipo que dé garantías a las dos partes. Estimamos que va a funcionar, ya que nos basamos en los casos que ya sucedieron en el país y en un estudio de la normativa al respecto que existe en otros países. Todavía no nos hemos encontrado con ninguna opinión contradictoria, creo que da un marco de tranquilidad a la empresa y al trabajador”.
Lista única en el ARI santafesino para renovar sus autoridades
El ARI provincial renovará en pocos días su mesa de conducción luego de un acuerdo al que arribaron tres sectores del partido, evitando así la realización de elecciones internas. La presidencia será en breve ocupada por el rosarino Alberto Muñoz, quien reemplazará en el cargo a la diputada nacional Susana García.
Esta circunstancia abriría la posibilidad de un acuerdo a nivel provincial del ARI con el Frente Progresista Cívico y Social que lidera el diputado nacional Hermes Binner, de cara a las elecciones generales de 2007, que incluya -además- un respaldo de la coalición local a la candidatura presidencial de la diputada nacional Elisa Carrió.
Tres sectores eran los que iban a pugnar en la interna que debía realizarse el 29 de abril pasado para dirimir la conducción del ARI provincial, liderados por la diputada provincial Alicia Gutiérrez, Susana García y Muñoz, actual secretario del bloque de diputados provinciales del ARI.
Paso al costado, pero en el plato
La línea que quedó afuera del acuerdo es la que integran los ex radicales rosarinos Carlos Comi y Pablo Javkin, quienes decidieron dar un paso al costado y no participar de la conducción consensuada, pero sin sacar todavía los pies del plato arista.
Tras la conformación de la lista de consenso -que es única-, no fue necesario realizar la elección interna y sólo resta completar los trámites administrativos correspondientes.
La mesa provincial estará conformada por: Alberto Muñoz (presidente), Alicia Gutiérrez (vice primera), Noelia Chiementín -actual concejal de la ciudad de Santa Fe- (vice segunda), y el actual diputado provincial Aldo Strada (secretario general).
Respecto del cambio en la mesa de conducción del ARI, Susana García explicó que se corrió de la mesa provincial "para trabajar más libremente a nivel nacional con (Elisa) Carrió".
Muñoz integra la organización no gubernamental Asamblea por el Derecho al Agua y fue segundo candidato a concejal de Rosario en 2005 -detrás de Carlos Comi-, sin alcanzar los votos necesarios. El dirigente comparte el sector interno con el titular del bloque de diputados provinciales, Antonio Riestra, el también legislador Aldo Strada, y además está muy cerca del ex diputado nacional y alto dirigente de la Unión Obrero Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, Alberto Piccinini.
Dudan sobre el origen de los índices de desnutrición y mortalidad infantil en Santa Fe Desde le ARI solicitaron detalles sobre los datos ofrecidos por la ministra de salud Silvia Simoncini ya que afirman que no coinciden con los arrojados por el Indec.
La diputada del ARI Alicia Gutiérrez, ante distintos índices brindados por el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) y la ministra de Salud de la provincia, Silvia Simoncini, solicitó que el Ministerio de Salud de la Nación que informe cuales son los índices de mortalidad infantil y los relacionados con desnutrición infanto juvenil discriminados por departamentos de los años 2002, 2003, 2004 y 2005 en el territorio santafesino.
Gutiérrez también pidió que se detallen cuales son las metas provinciales de mortalidad infantil esperadas para los años 2006 y 2007, y si desde el Ministerio de Salud y Medio Ambiente, se coordinaron acciones con la Secretaria de Acción Comunitaria a efectos de atacar la indigencia infantil que según datos del Indec del segundo semestre del 2005, supera en 12 puntos la media nacional.
Bajo el titulo:”Uno de cada tres chicos es indigente en Santa Fe”, el Indec publicó los índices de indigentes de la ciudad de Santa Fe correspondientes al segundo semestre del año 2005. Según dicho informe la indigencia infantil ascendió a 32,7%, cuando en la segunda mitad del año 2004 se ubicaba en un 28,8 %, es decir que en un año aumentó aproximadamente 4 puntos.
“Estos datos no se condicen con los datos recientemente aportados por la titular del Ministerio de Salud, quien recientemente anunció que bajó el índice de mortalidad infantil en la provincia respecto a 2002”, explicó la legisladora y agregó: “En realidad han sido numerosos y reiterados los pedidos de informes respecto a los índices de mortalidad y de desnutrición infantil en la provincia, sin que hasta la fecha, hayamos podido tener acceso a dichos datos”.
Finalmente, la diputada del ARI explicó que este requerimiento se realiza a efectos de tener certeza de cuales son los verdaderos índices de mortalidad en la provincia, de indigencia y las acciones concretas tomadas desde el Poder Ejecutivo.
DIPUTADA ALICIA GUTIERREZ (ARI)
La diputada del ARI Dra. Alicia Gutiérrez, acompañada por el Bloque del ARI, ha presentado un proyecto de Audiencia Pública para los Servicios Públicos:
Art. 1º: Incorpórese en la estructura de los Entes de Control de los Servicios Públicos el mecanismo obligatorio y vinculante de Audiencia Pública, como procedimiento de consulta previo a la toma de decisiones, en lo que refiere a la formulación o ejecución de políticas, programas o proyectos públicos, o para evaluar la marcha de los mismos.
La Audiencia Pública es una instancia transparente de participación ciudadana para la toma de decisiones vinculantes, de carácter legislativas y/o administrativas y de control de gestión, referidas al servicio público.
Art. 2º: El objetivo de la Audiencia Pública es :
La participación de los usuarios en la toma de decisiones y control de la prestación de los Servicios Públicos, a los efectos de tutelar sus propios intereses.
La regulación y el control a las empresas prestadoras de servicios públicos de carácter públicas, semi-públicas y privadas en el territorio provincial.
Establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos.
Art. 3º: Serán sometidas a Audiencia Pública, sin que tal enumeración signifique limitación a otras situaciones:
Cualquier tentativa de modificación de las normativas vigentes.
El desarrollo administrativo y gestión del Servicio Público.
Todo propósito de modificación referido al Régimen Tarifario.
Los Planes de Mejoras y Desarrollo que se formulen.
Las denuncias sobre cualquier tipo de incumplimiento y/o violación a las normativas vigentes por parte de prestadores o usuarios.
Las iniciativas, informes y dictámenes que formule el Ejecutivo Provincial en todo lo relativo al planeamiento, análisis, resolución de financiamiento, contratación, ejecución y control de proyectos de obras públicas, referidas
al abastecimiento de los servicios públicos.
Cualquier decisión que afecte al conjunto de los usuarios del sistema.
Síntesis de Fundamentos
La profundización en los años ’90 del neoliberalismo y de la concentración del poder económico, significó una progresiva transferencia de roles de control y de funciones ejecutivas desde un Estado desertor al sector
privado. Lo que dio en llamarse “las privatizaciones de las empresas públicas”, implicó pésimos resultados en nuestro país, tanto en el ámbito nacional, provincial y municipal, en general por incumplimientos permanentes de sus compromisos de ejecución de obras y servicios eficientes, en complicidad con laxos controles de los organismos por el Estado que tenían el objetivo puntual de que las obligaciones contraídas por los concesionarios fuesen cumplidas.
Estas causales nos convencen de la imperiosa necesidad de la implementación de mecanismos de participación ciudadana como la Audiencia Pública
LA CUOTA HILTON: la oscura trama de los “buenos” negocios
Susana García.
Diputada de la Nación (ARI)
Situación Compleja de la Cuota Hilton
A partir de allí comienza la “Guerra” entre el Consorcio ABC (donde figuran los principales frigoríficos exportadores como Swift, Quickfood, Gorina, Finexcor -de Cargill- y Arrebeef) y el Secretario Campos. El ABC afirmó en varios comunicados que el procedimiento de distribución "da lugar a la sospecha de un gran negociado con complicidad de funcionarios de la Secretaría" y cuestionó que la SAGPyA haya aceptado la distribución establecida por los fallos judiciales, a pesar de que "hay jurisprudencia de la Corte Suprema" que la habilita a ejercer su derecho a repartir la totalidad del volumen.
El 28 de diciembre de 2004, el juzgado en lo criminal y correccional federal número 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, realizó un allanamiento en una de las áreas de la SAGPyA a raíz de la denuncia penal que interpuso el ABC por la última distribución de la cuota Hilton. La requisitoria de la Justicia es parte de una serie de medidas dispuestas en la causa 16.022/04 que tramita Canicoba Corral por supuesto "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público", que impulsó el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas contra el secretario de Agricultura, Miguel Campos, y el subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos, Claudio Sabsay.
Parece ser una constante de la última distribución hecha por el actual titular de Agricultura y Ganadería, Miguel Campos, que los frigoríficos que más normas violan, están en peores condiciones sanitarias o que registran más deudas con el Estado nacional y la banca pública son los que más han sido favorecidos con la distribución 2004/2005.
Se configura una especie de asociación de hecho entre empresarios incumplidores, jueces y políticos: el empresario obtiene una ganancia que sin la mediación de sus contrapartes jamás habría podido obtener; mientras que jueces y políticos obtienen -de formas diversas- alguna porción de esos beneficios extraordinarios”.
Recién en abril de 2006 tenemos el procesamiento efectivo del Secretario Campos. De acuerdo al juez Canicoba Corral quedó suficientemente probado que el Secretario Campos no cumplió con los deberes de funcionario público al no solicitar los requisitos mínimos a determinados frigoríficos para acceder a la Cuota Hilton. Este es un punto de partida para desarmar el ovillo de uno de los focos de corrupción que atravesó varios gobiernos y cuya trama es diversa y compleja.
Carrió tiene fuertes sospechas de connivencia entre funcionarios y empresarios
La jefa del ARI Elisa Carrió aseguró que entre los legisladores de su partido hay "una fuerte sospecha de que hay connivencia entre funcionarios y empresarios para adjudicar" la central hidroeléctrica de Aña Cuá, en Yacyretá, a la empresa "IMPSA" y, por ello, presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo.
Los diputados, según el texto del proyecto, buscan saber "¿cuáles son los motivos por los que se resuelve beneficiar a Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) con la figura del "iniciador privado?", ya que su proyecto guarda una "evidente similitud" con otro elaborado previamente por la firma "HARZA-CIDY".
El mecanismo de iniciador privado favorece a las empresas que desarrollan a riesgo propio un proyecto de infraestructura y, en compensación por su tarea intelectual, cuentan con ventajas al decidirse la licitación.
Pero en el ARI advierten que el proyecto presentado por IMPSA guarda "similitud" con un estudio de factibilidad que el ente administrador de la represa había encargado al Consorcio de Ingeniería de Yacyretá (CIDY).
"Tenemos un fuerte sospecha de que hay connivencia entre funcionarios y empresarios para adjudicar la obra a IMPSA", aseguró hoy la jefa del ARI.
Según adelantó la semana pasada, los diputados Carrió y Adrián Pérez denunciaron ante la Justicia que la licitación para la construcción de la nueva central hidroeléctrica en Yacyretá habría tenido "sobreprecios por 200 millones de dólares".
Al conocerse la acusación, voceros de Yacyretá se limitaron a señalar que no podían "opinar del tema porque no tenemos una comunicación fehaciente" de la denuncia. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que el Ente Binacional Yacyretá ya había enviado al juzgado, a cargo del magistrado Daniel Rafecas, "cajas con documentación" sobre la licitación en respuesta a la presentación de los legisladores
“El domingo debe ser un día no laborable”
Diputada Delia Bisutti (ARI-Capital)
– Hay muchos proyectos en materia de legislación laboral. ¿Pero qué dicen los directivos de las pymes?
– Por suerte hay un gran respaldo desde las agrupaciones que las representan, que nos vienen pidiendo la reforma de una ley de los años ‘90 que se suponía que era en beneficio del funcionamiento de las pymes, pero en realidad no fue así.
– ¿Es la ley Pymes?
– La Comisión de Legislación Laboral está trabajando para derogar o sustituir un artículo de la denominada ley Pymes, porque parece un poco loco, ya que en realidad lo que necesitan las pequeñas y medianas empresas son mayores formas de financiamiento y mejores accesos al crédito para poder competir en el mercado con las empresas grandes. Nada semejante a lo que indica el artículo 3.
– ¿Qué otros pedidos realizaron?
– La relación entre los empresarios de las pymes y sus empleados no es igual que en las multinacionales, sino que son más socios, con un clima familiar, lo que obliga a relaciones distintas entre ellos. Este es otro de los pedidos para modificar, ya que la legislación está elaborada desde la órbita de las grandes empresas con normas y precios establecidos.
– ¿Pero los pedidos de los pequeños no afectan a las empresas grandes?
– Jamás se puede conformar a todos, aunque siempre hay que tratar de equilibrar las relaciones que en la actualidad están muy desfavorables para las pymes.
– En el mismo sentido, ¿cuál es la postura de las grandes empresas respecto al descanso dominical?
– Seguramente estarán en contra de convertir nuevamente el día domingo en un día de descanso porque tienen muchos intereses que defender, como los shopping y el servicio al turismo.
– ¿Existe consenso sobre este tema?
– Por el momento no porque es un tema muy controvertido, pero estamos luchando para que el domingo sea un día no laborable.
En el día mundial de la libertad de prensa es necesario no solo tener en cuenta su trascendencia, sino también que su defensa se conquista día a día, hora a hora, minuto a minuto. Es necesario recordar que el nivel de libertad de prensa depende de la calidad institucional de la Republica y de nuestro compromiso con estos valores.
Pero el camino no es fácil: El gobierno actual no tolera a quien piensa distinto y pretende expresarlo. El nivel de libertad de prensa es el mas bajo desde el retorno democrático. Algunos ejemplos son muy claros en este aspecto: Cristina Fernández frenó la Ley de Acceso a la Información Pública. La actual Ley de Radiodifusión sigue vigente desde la dictadura. Solo se le brinda información a los periodistas "amigos" del gobierno. Recordamos además, los casos emblemáticos de Pepe Eliaschev, la revista "Noticias", el diario "Perfil" y tantos otros… En muchos casos, el temor impide la libertad de expresión y contra esto debemos luchar.
Nuestra consigna hoy mas que nunca debe ser poder informarnos y expresarnos con absoluta libertad y en democracia, aunque no todos lo entiendan.
Diputado Nacional ADRIÁN PEREZ “El ARI pidió el juicio político a Canicoba Corral por los sobresueldos
Según Pérez, el Juez omitió además “considerar los testimonios que corroboran la existencia de los fondos reservados”, a través de los cuales se pagaban los sobresueldos. En tal sentido recordó que varios funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo en la década de los 90, entre ellos el ex ministro de Defensa Omar Camillión y la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, reconocieron haber percibido “sobresueldos”, y consecuentemente la existencia de asignación y manejos irregulares de fondos públicos de similares características a los denunciados en la causa Redrado.
EDUARDO MACALUSE (ARI)
Con 138 diputados en el recinto, la sesión comenzó con una queja del jefe del bloque del ARI, Eduardo Macaluse, por la no concurrencia de Fernández a la cámara en el último año "incumpliendo el artículo 101 de la Constitución Nacional", apuntó.
"Nunca estuvo en el ánimo de la jefatura de Gabinete eludirlo", aseguró Fernández en relación al informe sobre la gestión presidencial. Pero indicó que "a veces a los cuerpos colegiados de la Argentina los años electorales los hacen funcionar con otro ritmo" para justificar su ausencia.
Además, respondiendo a una presentación judicial del ARI por su prolongada ausencia dijo que: "en vez de hacer denuncias por la normativa que ha violado el jefe de Gabinete, valdría la pena que a la Argentina se la cuide con propuestas y con debates".
El jefe de Gabinete ingresó al recinto a las 12:45, con 145 legisladores sentados en sus bancas, y poco después de que el titular del bloque del ARI, Eduardo Macaluse, advirtiera que el informe del ministro con las respuestas a las preguntas que habían enviado con antelación los diputados fue entregado "pocos minutos antes de la sesión".
Poco antes de que se iniciara el debate, cuando no había más de 50 legisladores en el recinto, empleados del Congreso distribuyeron en las bancas el informe de la Jefatura de Gabinete, donde constan las respuestas a las más de 440 preguntas, que se detallan en 651 páginas.
"Quiero destacar que no se cumplieron los plazos previstos, porque el jefe de Gabinete debía enviar las respuestas con siete días de antelación", dijo Macaluse antes de subrayar que la ausencia de más de un año del funcionario "evitó que se lo consultara sobre temas gravísimos".
El diputado del ARI detalló: "Ocurrieron cosas gravísimas con el petróleo. Por una situación similar en Bolivia los responsables de Repsol YPF fueron presos y aquí no se hizo ni una auditoría para investigar qué ocurrió con las reservas petroleras".
EL PROYECTO DE PORTAEQUIPAJES EN LOS TAXIS SEGUIRA ESPERANDO EN COMISION.
Comi lamentó la decisión que posterga una vez más la necesidad de las personas con discapacidades motrices.
El concejal por el ARI Carlos Comi informó que el proyecto de su autoría que prevé la instalación de portaequipajes en el 50% de los taxis de la ciudad quedó frenado en la comisión de servicios públicos que aceptó el planteo de algunas entidades del sector que se quejaron por la medida.
Comi expresó su disenso con esta decisión que posterga una vez más la necesidad de utilizar este medio de transporte de las personas con discapacidades motrices disminuidas, por la imposibilidad de trasladar las sillas de ruedas en los baúles ocupados con los tubos de GNC.
Para el concejal el portaequipaje es una solución sencilla y barata que resolvería esta problemática pero lamentó que fuera negada en forma terminante por los taxistas que plantearon que el mismo significaría una desnaturalización del servicio que consiste esencialmente en transportar pasajeros.
Sin embargo Comi informó que para salvar esta posibilidad, se había elaborado un artículo extra del proyecto donde se detallaba que los objetos a transportar en el coche serían los que normalmente entrarían en el baúl del mismo como valijas o bolsos y especialmente las sillas de ruedas de personas discapacitadas pero aún así tampoco fue aceptado.
Por último Comi recordó el concepto de universalidad que está en la esencia del servicio público y que en el caso de los taxis no se respeta, aunque consideró que en realidad este episodio se trata de un capitulo más del absoluto descontrol de un servicio que funciona más de acuerdo al deseo de sus titulares que a las necesidades de los ciudadanos.
– La falta de taxis en horas de la noche o los fines de semana son cuadros de esta película que los Rosarinos padecemos cotidianamente –
ALICIA GUTIERREZ: “OBRAS PÚBLICAS POR ENCIMA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES”
“Hemos notado que el gobernador continúa en la línea del Kirchnerismo colocando a las obras públicas por encima de las políticas sociales”, analizó la diputada provincial por el ARI Alicia Gutierrez.
“Donde nombra proyectos para los jóvenes abarcan solamente a 1.500 jóvenes cuando en esta provincia hay miles de personas que están por debajo de la línea de pobreza, no dedica una sola línea al trabajo en negro y tampoco al tema de las políticas universales ni a la salud”, subrayó Gutierrez.
En este último punto “no se le dedica especial atención a la salud primaria, en una provincia que sigue teniendo las cifras más altas de mortalidad materna y es justamente por esta falla”, explicó la legisladora y agregó: “Esta deuda no se salda”.
“En el área educativa vuelve a prometer lo mismo que en el 2003, con la diferencia de que suaviza las expectativas: en el 2003 prometió la derogación de la ley federal de educación y también un Congreso pedagógico, hoy lo reduce a una mesa de trabajo entre los docentes, los padres y las Cámaras legislativas”.
“La Reforma Constitucional es una deuda pendiente de us legisladores como también el derecho a la información. Son los legisladores de su partido los que se niegan a tratar estos temas que hoy el gobernador nombra como muy importantes”, finalizó

References: resolución 
 artículo 3
 artículo 10

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 Artículo 3

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 resolución 
 artículo 4
 artículo 5
 resolución 
 artículo 3
 artículo 101