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Timestamp: 2017-10-23 16:56:53+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 4) de 30 de junio de 2000. Prueba testifical. Incomparecencia de testigos - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 30 de junio de 2000
Prueba testifical. Incomparecencia de los testigos. La actora no solicitó la suspensión de los actos de conciliación y juicio. Al exteriorizarse la incomparecencia de los testigos no se formuló protesta de indefensión, limitándose a interesar tal prueba para mejor proveer.
Primero.-Por sentencia del día 2 de marzo de 1999 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la actora Dña. Ascensión S.G. contra la sentencia dictada el día 16 de julio de 1998 por el Juzgado de lo Social Nº 5 de los de dicha capital, en autos sobre invalidez seguidos a instancia de dicha recurrente contra el INSS y otros.
En el Juzgado de instancia, antes del acto del juicio la parte actora, propuso entre otras pruebas que fueron aceptadas, la testifical que comprendía la citación e interrogatorio de cuatro testigos, compareciendo dos de ellos al acto de la vista. Uno de los testigos incomparecido había sido correctamente citado, y al cuarto, cuya citación que igual que los anteriores se intentó por correo certificado con acuse de recibo, no se le entregó la comunicación por estar ausente en las horas de reparto.
Contra dicha resolución del Tribunal Superior se preparó e interpuso el recurso de casación para la unificación de doctrina en un extenso escrito en el que se transcriben varias sentencias que entiende discrepantes con la recurrida, y que se articula en tres motivos, en los que alega como contradictorias, para el primero, las sentencia dictada el 19 de junio de 1993 por esta Sala IV del Tribunal Supremo; para el segundo la dictada igualmente por la misma Sala de este Tribunal del 22 de junio de 1992; y finalmente para el tercero la dictada por la Sala de lo Social del País Vasco del 4 de noviembre de 1997.
Segundo.-El análisis, con carácter previo de los requisitos que constituyen el presupuesto del recurso de casación unificadora hay que rechazar los dos primeros motivos por no concurrir el requisito de la contradicción.
Efectivamente en relación con el primero motivo del recurso, fácilmente lleva a la conclusión de que no existe esa discrepancia entre las sentencias, puesto que en la del Tribunal Superior de Madrid del 2 de marzo de 1999, no se produjo una negativa del órgano judicial a practicar la prueba oportunamente propuesta por la parte, sino que aceptada, no comparecieron al acto dos de los testigos, uno voluntariamente y otro por no haberle llegado la citación al estar ausente. Por el contrario que en la sentencia de la Sala del 19 de junio de 1993, la Audiencia Nacional, que conocía del proceso en primera instancia, rechazó la prueba oportunamente propuesta y con distinto criterio la sentencia de comparación estimó que la misma debió de considerarse pertinente. Es incontrovertido que la situación de hecho que contemplan las sentencias es diversa.
En el segundo de los motivos, en el que se alega como contradictoria la sentencia de esta Sala IV del Tribunal Supremo del 22 de junio de 1992, necesariamente se llega a la misma conclusión. Es intranscendente que estamos en presencia de la aplicación de distinta normativa, aunque que la sentencia de esta Sala aplicó el artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por el Real Decreto Legislativo 1568/80, que se corresponde con el actual artículo 56 del presente Texto Articulado, y aunque en el año 1980 subsistían, sin orden preferente para su utilización, la notificación personal y la efectuada por correo certificado, en el momento actual, dado los términos utilizados en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral cuando indica que "las diligencias de comunicación no pudieran efectuarse en la forma indicada se practicarán mediante entrega de cédula al destinatario"hay que estimar que el legislador da preferencia, en razón del principio de celeridad, a la última de las formas citadas, y es este precepto que se cita como infringido en unión del artículo 56 del mismo texto.
Como se pone correctamente de manifiesto en la impugnación del recurso y señala el Ministerio Fiscal en su informe, no se está en presencia de hechos homogéneos, por cuanto, si en ambos supuestos estamos en presencia de algunos defectos en los actos de comunicación, la transcendencia de los mismos para el resultado de la lítis a los efectos de alcanzar la tutela judicial efectiva es muy distinta, pues así como en la combatida se trata de esos defectos en la citación de un testigo y de la incomparecencia de otro, sin que en el acto de la vista la parte alegase una posible indefensión por la ausencia, en la de contraste estamos ante un defecto de citación de una de las partes, y este acto de comunicación trata de garantizar, como señalan las sentencias del Tribunal Constitucional 1/1983, 110 y 141/89, la defensa de las partes de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en situación de indefensión y que por ello no pudo comparecer, violando su derecho a la tutela judicial que le garantiza la Constitución, afirmación que con carácter de generalidad no se puede realizar ante la falta de citación de un testigo. En consecuencia ambos motivos ha de ser rechazados por carencia del presupuesto de la contradicción.
Tercero.-En el tercer motivo del recurso tampoco concurre dicho presupuestos de recurribilidad, entre la sentencia combatida y la citada para su comparación que es, como se ha indicado, la dictada el día 4 de noviembre de 1997, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ya que entre ellas existen algunas diferencias cuya valoración pueden determinar una disparidad justificada en la solución de la controversia.
Cuando se denuncian infracciones procesales es igualmente necesario que concurran las identidades previstas en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral como presupuesto necesario para el entrar a conocer del recuso, como han señalado con reiteración la Sala en sentencias entre otras y a vía de ejemplo del 5 de abril de 1993 y 2 de octubre de 1995, citadas en la del 12 de junio de 1998 y esa identidad no se da entre las sentencias que se contrastan.
En la sentencia que es objeto de este recurso de casación unificadora constan que en la instancia, como hemos vistos, a solicitud de la parte actora se practicaron varias pruebas, como son la testifical de los testigos comparecidos, la confesión del demandado y la documental consistente en la aportación de 13 documentos, al igual que el expediente de invalidez. Consta igualmente, que la actora no solicitó con carácter previo la suspensión los actos de conciliación y juicio, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Rituaria, ante la incomparecencia de dos de los testigos de los cuatro propuestos y si esa ausencia la pasó desapercibida, hecho que no se refleja en el acta pues en ella se indica que los testigos fueron llamados, lo que presupone ese conocimiento, al exteriorizarse la incomparecencia no formuló protesta de indefensión por la citada ausencia de dos de los testigos, limitándose en trámite de conclusiones a interesar que dicha prueba se practicara como diligencia para mejor proveer. Sobre esta base la sentencia de instancia, aunque hace una referencia a la valoración conjunta de la prueba, razona ampliamente sobre la misma, poniendo de relieve por ejemplo las contradicciones entre las manifestaciones de la actora vertidas en su demanda y las efectuadas previamente ante el INSS, pues si en la demanda indica que la pretendida relación laboral la inició en el año 1969 en el mencionado expediente indicó que había prestado servicios por cuenta ajena desde el 1 de diciembre de 1986, El Juzgador razona igualmente sobre el tiempo que estima acreditado de prestación de servicios, a tenor de esas declaraciones y los certificados aportados a los autos, servicios por cuenta ajena que la actora indicaba que había prestado, entre otros a un hermano. Sobre esta base al resolver las infracciones denunciadas en el recurso de suplicación, en el que alega no haber acreditado la relación de trabajo par falta de la prueba testifical, la sentencia combatida le indica que la valoración de la prueba es una facultad del juzgador a tenor de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, concluyendo que la práctica de la diligencia que interesa es facultativa para el Juzgador de instancia, ya que mediante estas medidas de verificación de las afirmaciones de las partes el Juzgador no puede utilizarlas para suplir la inactividad o falta de diligencia de la parte.
Distinto es el supuesto de la sentencia de contraste, en la que se reclamaba el abono de cuotas a la Seguridad Social, donde únicamente se propuso y no pudo practicarse la prueba testifical, como señala el Ministerio Fiscal en su informe, y a fin de dar efectividad al principio de la tutela judicial efectiva, sin suplir ningún defecto de la parte, la Sala acuerda la celebración de dicha prueba. y se acordó la nulidad de actuaciones para realizar dicho el interrogatorio por ser una prueba previamente propuesta y aceptada.
Ello determina como hemos dicho que no concurran las identidades del artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, por lo que el recurso no debió de ser admitido, que en la fase actual del proceso se convierte en causa de desestimación. Sin Costas.

References: resolución 
 artículo 32
 Real Decreto 
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 56
 artículo 217
 artículo 83
 artículo 97
 artículo 217