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Timestamp: 2019-07-23 13:15:19+00:00

Document:
BOCG. Senado, apartado I, núm. 302-2200, de 14/02/2014
cve: BOCG_D_10_302_2200
La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de seguridad privada.
Palacio del Senado, 4 de febrero de 2014.—Ester Capella i Farré.
La seguridad ha sido desde siempre una de las funciones principales de los Estados. Indudablemente, con la evolución de los Estados autoritarios hacia los Estados democráticos el concepto de seguridad ha evolucionado.
La seguridad, tradicionalmente se preocupaba únicamente de garantizar el orden como una expresión de la fuerza y supremacía del poder del Estado. Hoy en día, los Estados democráticos promueven modelos policiales acordes con la participación de la ciudadanía, entendiendo que la protección de la ciudadanía por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debe darse en un marco de respeto de la institución, las leyes y los derechos fundamentales. La perspectiva de los derechos humanos, obliga a cambiar y ampliar el concepto de seguridad, éste no puede, ni debe, limitarse a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de un nuevo concepto de seguridad, vinculado a la creación de un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas y el pleno desarrollo de su personalidad.
El Proyecto de Ley de Seguridad Privada,comporta una peligrosa cesión de la Seguridad pública a empresas privadas. No sólo a nivel práctico, sino incluso a nivel conceptual: con esta cesión se cuestiona la definición weberiana de Estado, ya que el Estado deja de tener el monopolio legítimo de la violencia. Y
peor aún, la seguridad física deja de ser un derecho igualitario —si es que lo era— y emprende el camino de un privilegio para quien se lo puede costear.
Si bien el proceso de privatización de la seguridad pública no es nuevo (vigilancia en edificios institucionales o prisiones), el presente Proyecto de Ley supone un importante salto cualitativo, es un auténtico cambio de modelo, al permitir a los vigilantes de seguridad privados ejercer en la calle, en el espacio público, de garantes de la justicia, la seguridad o «el orden», es decir, como policías. No obstante, los vigilantes de empresas privadas, cumplen otras funciones y en consecuencia su preparación es y debe ser otra. Su proceso de formación y preparación no es el mismo que reciben los cuerpos policiales del Estado, no tienen la misma preparación que un policía en la resolución de los conflictos, en el conocimiento de la legislación y los procedimientos a seguir o, incluso, en los derechos de la ciudadanía. Ello tampoco se arregla formando a los vigilantes de empresas privadas. La formación necesaria para realizar estas labores se debe realizar bajo la estricta formación y supervisión pública, y el desarrollo de estas labores mediante la responsabilidad y control directamente públicos como funcionarios del Estado.
La pretensión de ampliar las competencias de los vigilantes de las empresas privadas de seguridad está directamente relacionada con la pretensión de reducir los cuerpos públicos de policía. No tanto por la voluntad de reducción del gasto público (ninguna privatización lo ha demostrado fehacientemente sin reducir la calidad del servicio), sino por la voluntad de beneficiar a determinadas empresas —¿o debemos decir empresarios?—.
Desde Esquerra Republicana defendemos que el orden público no es susceptible de privatización y consideramos que no puede garantizarse la seguridad ciudadana con medios privados.
Por todo lo anteriormente expuesto, Esquerra Republicana de Catalunya presenta enmienda de veto al Proyecto de Ley de Seguridad Privada.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de seguridad privada.
Palacio del Senado, 4 de febrero de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
La exposición de motivos del Proyecto de Ley de Seguridad Privada destaca los «notables avances en la consideración ciudadana y en replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, reconociéndose la importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público —privadas como medio para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad». A juicio de nuestro Grupo Parlamentario, este breve párrafo condensa la finalidad perseguida por el Gobierno en todo el texto del Proyecto de Ley, que no es otra que la de abrir la puerta a la privatización de la Seguridad Pública. Los argumentos de eficiencia y eficacia de las alianzas público— privadas para resolver los problemas de seguridad, junto a una demanda social inexistente, no difieren en mucho a los ya esgrimidos para justificar las privatizaciones que están llevando a cabo los Gobiernos del PP en sanidad, educación o justicia.
En este contexto, y de forma coherente con nuestra posición, solo cabe reiterar nuestro rechazo absoluto a la política de privatizaciones emprendida por este Gobierno con la seguridad pública. Al mismo tiempo, no puede obviarse que el extraordinario desarrollo que en los últimos años ha experimentado el sector privado de la seguridad responde directamente a decisiones políticas que se han tomado desde las distintas administraciones públicas, pero no a la existencia de una demanda social real. España tiene una
de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, y sus ciudadanos no perciben la delincuencia como uno de los problemas más importantes.
El Gobierno apoya esta reforma de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, y su desarrollo —ciertamente disperso— en una premisa que no podemos compartir y que consideramos radicalmente falsa. No existe una demanda social que justifique la prestación de nuevos servicios de seguridad privada, o lo que es lo mismo, para que las empresas del sector amplíen su campo de negocio.
Basta comparar someramente la norma vigente en la actualidad, Ley 23/1992, con el presente Proyecto de Ley para comprobar que el Gobierno pretende privatizar una gran parte de la seguridad pública, llegando hasta el punto de convertir la seguridad privada en una especie de «Policía Privada», lo cual es sumamente preocupante y muy perjudicial para el Estado de Derecho. El Proyecto de Ley de Seguridad Privada, así entendido, determina una mayor privatización de la Seguridad Pública, y ahonda en un efecto discriminatorio en la ciudadanía, que podría traducirse en que tendrá seguridad «quién pueda pagársela».
Por otro lado, las prerrogativas que señala el Proyecto de Ley para las empresas de seguridad privada (en vigilancia e investigación), se ven ampliadas en gran medida, lo cual significa un incremento del control social, absolutamente injustificable. En el binomio de libertad-seguridad, siempre inestable, se descompensa de nuevo hacia la seguridad, entendida como mayor represión (aunque sea con la apariencia de «prevención», situacional y/o disuasiva especialmente).
El Proyecto de Ley incide en todo momento en la complementariedad de la seguridad privada respecto a la pública, como así lo refleja en su exposición de motivos y en su artículo 1, insistiendo también en que la seguridad privada debe ser un «recurso externo» de la pública. Así lo recoge el artículo 4, cuando se establecen los fines de la seguridad privada, se explicitan sus objetivos, y entre ellos se recoge el de complementar la seguridad privada: «complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública». Eufemismos todos ellos cuyo fin primordial es justificar que la seguridad privada desbanque y sustituya a la seguridad pública cada vez en más sectores y áreas.
Resulta incongruente que en la exposición de motivos se afirme que «la seguridad no es solo una valor jurídico, normativo o político, es igualmente un valor social, es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos», para a continuación poner ese valor esencial o pilar fundamental en manos de empresas privadas cuyos fines son lógicamente comerciales y sus criterios de actuación son básicamente economicistas.
La invasión de áreas de la Seguridad Pública por parte de la seguridad privada, la pretensión de situar a las empresas de seguridad privada en pie de igualdad —complementarias y colaboradoras— con los cuerpos policiales; o la consideración de «agentes de la autoridad» para empleados privados —entre otras cuestiones, pueden contravenir la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en algunos casos, son de dudosa constitucionalidad.
El Proyecto de Ley desarrolla conceptos sobre la relación entre las empresas privadas y la Seguridad Pública (desde complementariedad a subordinación), que permitiría a las empresas privadas situarse en un plano de igualdad, en sus funciones, con los cuerpos de Seguridad Pública. Si su capacidad lo permite, operarán en consecuencia, al máximo de su potencial. A juicio de nuestro Grupo Parlamentario, estas empresas privadas han de ser «auxiliares» en la Seguridad Pública siempre.
Especialmente preocupante resulta además la ampliación de servicios de vigilancia y protección en espacios o vías públicas. En este apartado no podemos obviar el impacto en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, dónde se ha dado el primer paso de privatización en la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, con el rechazo total de los sindicatos del sector, que alertan sobre el temor a que este sea sólo el primer paso para la privatización de las seguridad en los centros penitenciarios.
Es más, la nueva regulación, origina una diversificación privatizadora inaceptable para una política pública de promoción de la seguridad. La ampliación de la intervención de las empresas privadas en la Seguridad Pública va en detrimento de la dirección oportuna de la misma. Ni las condiciones que establece el Proyecto de Ley, ni la experiencia de este modelo privatizador (EEUU, Bélgica, etc.), avalan la mejora de la seguridad, sino todo lo contrario. Países que han ahondado en la privatización de la seguridad han empeorado sus indicadores delincuenciales, como en las comunidades autónomas de España que más empresas de seguridad privada intervienen observamos los índices de delincuencia más altos (los datos señalan que a más seguridad privada más delincuencia)— añadimos que más control privado y menos libertades.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de seguridad privada.
Palacio del Senado, 11 de febrero de 2014.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
El Preámbulo del Proyecto de Ley de Seguridad Privada destaca los «notables avances en la consideración ciudadana y en replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, reconociéndose la importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público-privadas como medio para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad». Creemos que este breve párrafo condensa la finalidad perseguida por el Gobierno en todo el texto del Proyecto de Ley, que no es otra que la de abrir la puerta a la privatización de la Seguridad Pública. Los argumentos de
eficiencia y eficacia de las alianzas público-privadas para resolver los problemas de seguridad, junto a una demanda social inexistente, no difieren en mucho a los ya esgrimidos para justificar las privatizaciones que están llevando a cabo los Gobiernos del PP en sanidad, educación o justicia.
En este contexto, y de forma coherente con nuestra posición, solo cabe reiterar nuestro rechazo absoluto a la política de privatizaciones emprendida por este Gobierno con la seguridad pública. Al mismo tiempo, no puede obviarse que el extraordinario desarrollo que en los últimos años ha experimentado el sector privado de la seguridad responde directamente a decisiones políticas que se han tomado desde las distintas administraciones públicas, pero no a la existencia de una demanda social real. España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, y sus ciudadanos no perciben la delincuencia como uno de los problemas más importantes.
Resulta incongruente que en el Preámbulo se afirme que «la seguridad no es solo una valor jurídico, normativo o político, es igualmente un valor social, es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos», para a continuación poner ese valor esencial o pilar fundamental en manos de empresas privadas cuyos fines son lógicamente comerciales y sus criterios de actuación son básicamente economicistas.
Es más, la nueva regulación, origina una diversificación privatizadora inaceptable para una política pública de promoción de la seguridad. La ampliación de la intervención de las empresas privadas en la Seguridad Pública va en detrimento de la dirección oportuna de la misma. Ni las condiciones que establece el Proyecto de Ley, ni la experiencia de este modelo privatizador (EEUU, Bélgica, etc.), avalan la mejora de la seguridad, sino todo lo contrario. Países que han ahondado en la privatización de la seguridad han empeorado sus indicadores delincuenciales, como en las comunidades autónomas de España que más empresas de seguridad privada intervienen observamos los índices de delincuencia más altos (los datos señalan que a más seguridad privada más delincuencia) añadimos que más control privado y menos libertades.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de seguridad privada.
Palacio del Senado, 11 de febrero de 2014.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
El texto remitido por el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de seguridad Privada constituye un nuevo ataque del gobierno del Partido Popular a los derechos de la ciudadanía y justifica y facilita la privatización y mercantilización de la Seguridad Pública en nuestro país.
Presentamos esta enmienda de veto porque no podemos tolerar, ni permitir, que la seguridad ciudadana deje de ser un servicio público atribuido exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como dice explícitamente nuestra Constitución, y como reconoce taxativamente el Preámbulo, y pueda ser ejercida alternativamente por otros colectivos como las empresas de seguridad privada.
Las senadoras y senadores firmantes de esta enmienda estamos plenamente de acuerdo en que se modifique la Ley vigente y que se mejoren las condiciones del gran colectivo de profesionales que prestan sus servicios en la actividad de la seguridad privada, pero siempre que la nueva ley respondiera a los principios de coordinación y subordinación con la seguridad pública, sin menoscabo de las funciones propias de los diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también de la coordinación con las Comunidades Autónomas que tienen competencias en esta materia. Y esta norma no lo cumple.
La propia memoria de análisis de impacto normativo, que acompaña al proyecto de ley, incluye afirmaciones, que confirman el verdadero interés del Ejecutivo, como que «entre las medidas adoptadas por esta ley, cabe destacar la posibilidad de ampliar el ámbito en el que las empresas del sector van a poder prestar sus servicios de vigilancia y protección en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, a determinados lugares de titularidad pública o privada pero de uso público (entre otros, la vigilancia perimetral de centros penitenciarios y de centros de internamiento de extranjeros, así como la vigilancia en espacios exteriores de grandes superficies comerciales, acontecimientos deportivos o sociales en vías o zonas públicas), actividades que antes se les impedía».
Rechazamos frontalmente el texto de esta norma, en el que se amplían las competencias de las empresas de seguridad privada y de los vigilantes de seguridad, hasta convertir en muchas ocasiones la seguridad privada en una alternativa a la seguridad pública, siendo el único límite de elección el presupuestario. Esta ley rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que, a partir de ahora, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada.
El Gobierno renuncia con esta ley a seguir concibiendo la seguridad como un derecho para convertirla en un negocio, donde las mayores beneficiadas serán las grandes empresas de seguridad.
Es una constante en nuestras propuestas de veto legislativas, recordarle al Partido Popular su obligación de defensa del interés general en su acción de gobierno y, más en normas como este Proyecto de Ley que esconden claramente una regulación partidaria y partidista a favor de determinados intereses. No hemos encontrado en la documentación que acompaña al mismo, ningún diagnóstico o dato objetivo que demuestre efectivamente la demanda social que justifique la prestación de nuevos servicios de seguridad privada y menos en sustitución de los que ejerce la seguridad pública. Lo que si podemos constatar es que nuestro país tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de toda Europa, y los ciudadanos no consideran la delincuencia como uno de los problemas más importantes, según los resultados de la encuesta del CIS.
No podemos tolerar la ampliación de servicios de vigilancia y protección a las empresas de seguridad privada en espacios y en la vía pública, o frente a riesgos accidentales o derivados de la naturaleza. En este sentido, tememos que la incorporación de la seguridad ejercida por empresas, en detrimento de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, a la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios abre la puerta a una futura privatización de la seguridad de estos centros.
Tampoco es razonable que las personas que ejercen tareas de seguridad privada sean consideradas como «agentes de la autoridad», contraviniendo claramente el espíritu del artículo 104 de la Constitución, y el artículo séptimo de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Con este texto, el Gobierno vuelve a presentar una propuesta legislativa sobre uno de los pilares básicos de los derechos de la ciudadanía, como es la Seguridad Pública, planteando unos cambios sin justificación razonable que suponen recortes de derechos y privatización de un servicio público que ha demostrado su eficiencia y eficacia y que tiene una gran valoración por parte de la población de nuestro país. Este proyecto de Ley encaja perfectamente, es una pieza más, al igual que la mayor parte de las iniciativas legislativas del Gobierno, que no responden a demandas objetivas de la sociedad sino a pura ideología: privatización de servicios públicos esenciales y precarización de quien las va a ejercer (disminución de la calidad del servicio y condiciones laborales abusivas —temporalidad, sueldos reducidos, etc.—) La creación de la figura del «auxiliar de vigilante» de seguridad constituye un ejemplo claro de la precarización del sector que facilita la norma.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de seguridad privada.
Palacio del Senado, 11 de febrero de 2014.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.
La presente propuesta de modificación de la vigente Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, el proyecto de ley de Seguridad Privada del Gobierno del Partido Popular sólo puede enmarcarse en el contexto de una ofensiva neoliberal para abrir nuevos «nichos» de mercado mediante la privatización de los servicios públicos en un ataque político contra la universalización de derechos básicos de la ciudadanía y la individualización, a través del mercado, del acceso a los mismos.
En este caso, el objeto real del proyecto de ley es abordar el ámbito de la seguridad privada ofreciendo nuevas posibilidades de mercado. La privatización de la seguridad pública es uno de los paradigmas neoliberales que van más allá de la privatización de lo público y ahondan en las raíces del estado social y democrático deteriorando el concepto de seguridad como una competencia propia del Estado.
Desde un punto de vista político responde a intereses ideológicos del Gobierno y del Partido Popular y de su concepción de la seguridad en el Estado de Derecho, según la cual, dado que privados son los bienes y los derechos a proteger, privada ha de ser su protección para quien pueda pagarla, acentuando, una vez más, un principio discriminatorio y de desigualdad.
Perspectiva que representa un cambio radical y una involución respecto al marco constitucional de tutela pública de la seguridad por parte del Estado, con un alcance que va mucho más allá de criterios económicos o políticos coyunturales, representando un cambio estructural en el modelo de Estado mediante la mercantilización de la seguridad, cuyas consecuencias alcanzarán a todas las esferas de la convivencia ciudadana y de la calidad democrática del Estado.
Porque el impulso a una nueva ley de seguridad privada no nace de una necesidad normativa o jurídica relevante, fruto de cambios sociales, sino que busca dar carta de naturaleza y la cobertura jurídica necesaria al negocio integral de la seguridad del Estado en manos privadas. La sociedad española no percibe la inseguridad ciudadana como uno de sus problemas de importancia, de hecho, nuestro país tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa. Haciendo más que evidente, que los cambios que trae la nueva normativa van dirigidos a la favorecer la obtención de beneficios privados mediante un cambio normativo que permita traspasar el bien tutelado de la capacidad coercitiva del Estado y por tanto de la seguridad del propio Estado a manos privadas.
Esto se refleja en la propia exposición de motivos del proyecto de ley en el que mediante el recurso a una serie de eufemismos se viene a encubrir el objetivo de privatizar amplios espacios de la seguridad pública. El salto cualitativo pasa de subordinar la seguridad privada a la pública, tal y como consagraba
de manera nítida la vigente ley de 1992, a considerar, ahora el presente proyecto de ley, la seguridad privada como auxiliar o complementaria a la seguridad pública, acentuando, en este ámbito, los principios de cooperación o corresponsabilidad. Es decir, fórmulas de cooperación público privada que amplían los ámbitos susceptibles de abordarse desde la seguridad privada, a través de las consabidas fórmulas de externalizaciones, privatizaciones, etc.
Eufemismos sobre la citada complementariedad de la seguridad privada respecto de la pública que se extienden a lo largo de todo el texto, como en su artículo 1 o en su artículo 4, cuando al referirse este último a los fines de la seguridad privada se señala entre ellos, el de «complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública».
No en vano, los grandes principios que pretende asentar este Proyecto de Ley se diluyen en la aplicación práctica y en el desarrollo de la realidad normativa que contiene. Cuestiones de dudosa inconstitucionalidad como la invasión de áreas de la seguridad pública por parte de la seguridad privada, la pretensión de equiparar a las empresas de seguridad privada —complementarias y colaboradoras— con los cuerpos policiales o la consideración de «agentes de la autoridad» de empleados privados, en suma, poner la seguridad de los ciudadanos en manos de intereses privados con la amplitud que lo hace este texto, resulta cuando menos incoherente con la defensa que de la seguridad parece hacerse en la exposición de motivos del mismo texto cuando se afirma que «la seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político, es igualmente un valor social, es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos».
En consecuencia, y en la práctica, asistimos a una transferencia directa del principio de autoridad del Estado a manos privadas. La titularidad de la Autoridad es jurídicamente inexcusablemente del Estado, porque desde una perspectiva democrática sólo el Estado puede gozar de la capacidad punitivita y coercitiva. Transferir estas competencias de la colectividad representada por el Estado a grupos privados es un atentado a los principios democráticos básicos y al orden de convivencia establecido, dejando que los intereses privados actúen y modulen a sus objetivos el campo de los derechos colectivos.
No olvidemos que el mantenimiento de la seguridad pública, la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana, constituye un verdadero servicio público cuyo titular es el Estado, tal y como se dispone en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y, en el que congruentemente, se declara que son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las del Estado dependientes del Gobierno de la Nación, así como los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. En este mismo sentido, como ha señalado, entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 196/1987 por referencia a la persecución y castigo de los delitos, la defensa de la paz social y de la seguridad ciudadana son bienes reconocidos en los artículos 10.1 y 104.1 de la Constitución. Mientras en su sentencia 325/1994 insistía en que la seguridad ciudadana, cuya salvaguardia como bien jurídico de ámbito colectivo, no individual, es función del Estado, tiene su sede propia en el artículo 104 de la Norma Fundamental.
Por ello, el articulado de este proyecto de ley viene a confrontar, en aspectos básicos, los preceptos de nuestra carta magna en los que se asienta el principio de Autoridad del Estado. Así, con el artículo 17 que regula la detención, la asistencia jurídica del detenido y el habeas corpus; con el artículo 103 que establece que es la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho y regulando por Ley el estatuto de los funcionarios públicos y el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad; con el artículo 149 que fija como competencia exclusiva del Estado, entre otras, la seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica, y, sobre todo, con el artículo 104 que delimita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Así, el concepto de seguridad pública diseñado por este obligado marco normativo aparece alterado por algunos preceptos del proyecto de ley que nos ocupa. En el artículo 15 se autoriza la cesión de datos y la creación de bases de datos de la ciudadanía con criterios de seguridad. El artículo 31 confiere la titularidad pública de agente de la autoridad al vigilante privado, el cual no reúne ninguno de los requisitos exigidos por ley para los ejercicios de tal autoridad pública, el principal no ser servidor del Estado. En el artículo 32 se habilita para la detención y ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos,
lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión. Mientras en el art. 41 se da carta de naturaleza a la prestación del servicio de seguridad privada más allá de los espacios naturales de su competencia y abre la posibilidad a su actuación en los espacios públicos abiertos permitiéndose la actividad de seguridad pública. Entre otros, establece la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios y de los centros de internamiento de extranjeros, e incluso se utilizan formulas genéricas como la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial, que habilitan y atisban, muy peligrosamente, cualquier privatización de la seguridad pública.
Siendo muy sintomático de las pretensiones que se persiguen, el hecho de que la Memoria de análisis del impacto normativo que acompaña al Proyecto de Ley, al referirse al artículo 41, y a la ampliación de los posibles ámbitos de actuación de los servicios de seguridad privada, señale que dicha norma se establece al objeto de contar con la necesaria habilitación legal en el caso de que se estime conveniente ponerla en práctica en un futuro en función del mayor o menor coste que pueda suponer la contratación de personal de seguridad privada o la creación de nuevas plazas, medios personales disponibles, redistribución de efectivos, etc . Y continúa diciendo que la posibilidad de contratar a personal de seguridad privada para realizar determinadas funciones que, hasta el momento sólo podían realizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es una opción, en ningún caso una obligación, de manera que, en cada momento, se decidirá que sea más conveniente a efectos presupuestarios. Lo que viene a confirmar que el Proyecto de Ley asienta conceptos sobre la relación entre el ámbito privado y el público en materia de seguridad que permitiría a las empresas privadas situarse en un plano de igualdad, en sus funciones, con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Es más, el texto contempla una serie de limitaciones a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en relación a información que pueden trasladar a las empresas de seguridad como a la que pueden acceder, que no sólo no es conforme con la propia Constitución, sino que se inmiscuye en el ámbito regulador de distintas normas vigentes como Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se establecen los requisitos y garantías necesaria para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan acceder a informaciones relevantes para garantizar la seguridad ciudadana, sin que conceptos como «la buena fe» puedan considerarse suficientes para eximir del cumplimiento de obligaciones legales ya establecidas.
Esta ausencia de garantías reales para la seguridad pública también cabe predicarse en el ámbito de la ciberseguridad. Este Proyecto de Ley evidencia la ausencia por parte del Ejecutivo de una idea clara de lo que debe ser la seguridad informática, ya que en ocasiones pasa referirse a ella, para en otras, en cambio, excluirla. Estableciendo, sin embargo, este Proyecto de Ley, una habilitación reglamentaria, una más, para poder regular este importante ámbito, a través de una normativa que, en consecuencia, estará sustraída al conocimiento del Parlamento.
Ambigüedad y falta de claridad que también cabe predicarse en otros aspectos del texto. Y es que si bien su Exposición de Motivos se refiere a los importantísimos cambios tecnológicos, que condicionan la prestación de servicios de seguridad, y la tendencia a la integración de las distintas seguridades en un concepto de seguridad integral, cuando llega el momento de su concreción lo liquida con una remisión reglamentaria. Únicamente se refiere a ello expresamente para dejar fuera del concepto de seguridad las actividades de las empresas para su protección, contradiciendo lo dispuesto en otras disposiciones legales como la Ley para la Protección de las Infraestructuras Críticas o lo recogido en documentos como la Estrategia de Seguridad Nacional, para obligar a su inscripción en el Registro Nacional de empresas de seguridad o para sancionar a las empresas que incumplan unos requisitos que, sin embargo, no se recogen en la Ley.
Por otra parte, también en esa esencia desreguladora, de favorecimiento de la actividad económica, que impregna todo el texto, es en la que cabe enmarcar la medida dirigida a extraer del ámbito de actividades excluidas de la aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, determinados servicios de seguridad privada como son los referidos, los centros de formación de personal de seguridad privada, los despachos de detectives privados y las empresas de instalación y mantenimiento. Ya que someterlos a autorización administrativa, según este Proyecto de Ley, es un sistema más gravoso, razón por la que lo somete a declaración responsable, lo que en la práctica garantiza la ausencia de control público en materias de especial relevancia como la formación. Además de excluir de su ámbito otras como la planificación, la consultoría y el asesoramiento
en materia de actividades de seguridad privada, las cuales quedan excluidas de esta Ley, sin que se expliquen las razones, y cuya realización tiene todo su sentido que sea llevado a cabo por profesionales sometidos a la Ley de Seguridad Privada. Abundando aún más en esta línea la pretensión de incluir los riesgos accidentales o los derivados de la naturaleza, es decir, materias propias de la protección civil, como servicios que puedan prestarse de manera opcional por empresas públicas o privadas.
Una dinámica que se revela aún más preocupante ante la ausencia en el texto de medidas dirigidas a establecer requisitos exhaustivos en la formación y el control de los centros de formación, a apostar por una formación reglada con la intervención de las autoridades académicas o a reforzar la formación continua que tienen que ofrecer las empresas.
Lo que entronca con otras medidas que suponen auténticos ataques al reconocimiento de la profesión y a los derechos laborales de sus profesionales, lo que contribuirá, en muchos casos, a reducciones salariales y a la precarización de puestos de trabajo. Destacando entre ellas, la regulación del derecho de huelga de los profesionales del sector, la delimitación exhaustiva de la prestación de servicios para las empresas de seguridad privada, el régimen sancionador más estricto con el incumplimiento que en ocasiones realizan las empresas en perjuicio de los derechos laborales o la falta de medidas efectivas contra el intrusismo.
Centrándonos en estos dos últimos aspectos cabe señalar, que en relación al ámbito sancionador en tanto en el Proyecto de Ley no se establece adecuación alguna entre la conducta infractora, la sanción a imponer y la capacidad económica del infractor, se consiente que, ante la comisión de infracciones, se graven más las sanciones económicas al personal empleado que a las empresas responsables. Mientras que en relación al intrusismo, el Proyecto de Ley lo facilita al permitir a las empresas de seguridad privada la realización de otras actividades, al margen de los servicios de seguridad, y al concebir, paralelamente, la novedosa figura del auxiliar de vigilante a los que se permite la ejecución de tareas auxiliares o subordinadas de ayuda o socorro; dándose así a las empresas carta blanca para utilizar una subcategoría de vigilantes, que deja fuera del control y sanción de la Ley, que cobrarán menos y que no generarán obligaciones para la empresas, con la consiguiente y previsible degradación salarial de la vigilancia. Lo que viene a cuestionar una de las razones esgrimidas para la aprobación de esta ley, la creación de empleo de calidad en este sector económico.
Todo ello en el marco de un abuso de remisión a la habilitación reglamentaria. El texto no sólo contiene una habilitación genérica para su desarrollo reglamentario en su disposición final tercera, sino que todo el articulado está plagado de remisiones en blanco, siendo muy discutible, desde la perspectiva de la reserva exigida de ley y de la seguridad jurídica, el establecimiento de obligaciones en la Ley de las que posteriormente el reglamento puede eximir.
Todos estos elementos conforman un proyecto de ley de seguridad privada gravemente lesivo para el ejercicio de los derechos democráticos de la ciudadanía, básicamente porque el interés general representado por los servicios y servidores públicos queda transferido a empresas privadas con intereses particulares, que giran en torno a la obtención de beneficios privados por encima de la defensa del bien público. Se dibuja así un sistema de seguridad privada que por una parte rebaja el estándar constitucional en relación con la seguridad, y por otra, a través de conceptos jurídicos indeterminados abre la posibilidad a una ampliación de las competencias a la seguridad privada desbordando el modelo actual.
Sin embargo, la Ley de Seguridad Privada no es una medida aislada. Esta restricción de derechos fundamentales no puede desligarse de otro proyecto de ley anunciado por el mismo Ministro, el del Interior, el Proyecto de Seguridad Ciudadana que en su propósito de recortar libertades, tipificando nuevos delitos y viniendo a suplir la ausencia de faltas en el, también pendiente de aprobación, nuevo Código Penal, sigue la senda de este último en la restricción de derechos fundamentales y el endurecimiento de condenas que plantea. Lógica a la que también responde el aumento abusivo de las tasas judiciales impulsada por el mismo Ministro Ruiz Gallardón, artífice igualmente del citado proyecto de reforma del Código Penal. Y en este contexto, el Proyecto de Ley que nos ocupa se enmarca en una deriva gubernamental de tonos liberticidas en las que todo, incluso la privatización, vale en aras de una seguridad a la que no le importa en absoluto sacrificar las libertades y nuestro modelo de convivencia. Acciones legislativas y reguladoras de carácter involucionista que van todas ellas en una única dirección, la privatización de la seguridad interior del Estado, de tal modo que tenga la protección y el derecho a la seguridad el que los pueda pagar, criminalizando al tiempo la protesta social, estratificando los sectores sociales entre los de «orden» con acceso y derecho a la protección de sus intereses y el resto de la población, la mayoría social, a la que hay que contener activamente para perpetuar el orden y la seguridad de los que pagan.
En suma, bajo el eufemismo de la colaboración público privada nos encontramos ante un asalto estratégicamente estructurado a los servicio públicos y a las propias Administraciones Públicas. Echándose en falta, en cambio, la puesta en marcha de una estrategia que frene la política de deterioro organizado por el Gobierno de los servicios públicos de seguridad y que estos cuenten con la dotación de personal necesaria para cumplir los objetivos sociales que tienen fijados legalmente. Se echa en falta una oferta de empleo público que cubra las necesidades actuales en los sectores de la seguridad del Estado como garantía de crecimiento de empleo neto. La seguridad privada debe de buscar su crecimiento, y su mercado, con un empleo de calidad en el ámbito privado y no sobre la destrucción de los servicios públicos.
Deriva privatizadora e involucionista, que, lejos de enmendarse, como esperaba nuestro grupo parlamentario, a lo largo de la tramitación del texto en el Congreso de los Diputados, se ha visto acentuada. En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista formula la presente propuesta de veto al Proyecto de Ley de Seguridad Privada, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.

References: artículo 107
 resolución 
 artículo 107
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 104
 artículo 107
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 104
 artículo 17
 artículo 103
 artículo 149
 artículo 104
 artículo 15
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 41