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Timestamp: 2019-10-14 05:29:43+00:00

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STC 153/2016, 22 de Septiembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 652647761
Número de Recurso: 1067-2014
Se enjuicia la constitucionalidad de la Ley de las Cortes Valencianas 4/2013, de 27 de noviembre, que tenía por objeto suprimir la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de titularidad de la Generalitat y autorizar al Consell la extinción, disolución y liquidación de la empresa pública Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. Se desestima el recurso. La Sentencia afirma que el reglamento de Les Corts no establece límite material alguno para la presentación de proposiciones de ley, de manera que no se ha producido vulneración del procedimiento legislativo por tener la norma impugnada origen en una proposición en vez de un proyecto de ley, aunque conllevara unas importantes repercusiones sociales, económicas y jurídicas. Tampoco constituye vicio del procedimiento la alegada falta de presentación de los antecedentes necesarios: tales antecedentes no pueden ser, como sostienen los recurrentes, los trámites y requisitos que determina la Ley del Consell, exigibles sólo a proyectos de ley, y asimismo la Mesa consideró que la exposición de motivos de la proposición contenía ya los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ella, sin que sea preciso que se presenten por separado. Se rechaza, por último, que el procedimiento de lectura única conculque el principio democrático y los derechos de participación política. Dicho procedimiento es válido y corresponde a la Mesa proponer su utilización y al Pleno aprobarlo ante la concurrencia de los supuestos previstos. En este caso, la simplicidad de formulación es clara a la vista de la norma impugnada (tres artículos, dos disposiciones adicionales, una derogatoria y una final). La Sentencia declara la pérdida sobrevenida del objeto del recurso en todo lo demás, toda vez que las leyes 12/2015 y 6/2016 han restablecido el servicio público de radiotelevisión.
Con fecha 24 de febrero de 2014 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito de doña Virginia Aragón Segura, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, mediante el cual promovió recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., publicada en el “Diari Oficial de la Comunitat Valenciana” número 7.161, de 27 de noviembre de 2013. La fundamentación que sustenta la impugnación se resume a continuación.
Comienza el recurso examinando los antecedentes de la cuestión.
El ente público Radiotelevisión Valenciana aprobó, en agosto de 2012, un procedimiento colectivo de reducción de la plantilla de personal del grupo Radiotelevisión Valenciana (RTVV) que implicaba la extinción de un total de 1.198 contratos de trabajo. Contra dicho procedimiento se presentaron, en septiembre de 2012, varias demandas de impugnación del expediente de regulación de empleo (ERE) colectivo acordado. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por la Sentencia número 2338/2013, de 4 de noviembre de 2013, estimó las pretensiones de los representantes de los trabajadores y declaró nulo el despido colectivo (ERE) acordado por Radiotelevisión Valenciana.
El día 8 de noviembre de 2013 se presentó por el Grupo Parlamentario Popular de Les Corts una “Proposición de Ley de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de RTVV, SAU”. En una breve “exposición de motivos” se refería explícitamente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anulaba el ERE del ente público RTVV, como la causa directa que hacía necesario el cierre de RTVV.
En el Pleno del 27 noviembre, se aprobó, con los votos favorables del Grupo Popular, la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de “Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU”.
Al día siguiente de la aprobación de la referida Ley 4/2013, el Consell, constituido en junta general de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., adoptó el acuerdo de cesar a los miembros del consejo de administración de Radiotelevisión Valenciana, incluido el director general, y de disolver, liquidar y extinguir la empresa Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., nombrando una comisión liquidadora y autorizando al secretario del consejo de administración para que pudiese realizar los actos necesarios para la ejecución de los acuerdos adoptados.
El mismo día 28, a propuesta del presidente de la Generalitat, el Consell acordó el cese de las emisiones del servicio de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat, prestados por la empresa Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., por cualquier medio o canal de difusión.
A continuación el escrito de los recurrentes sostiene la inconstitucionalidad de la norma impugnada con base en los siguientes fundamentos jurídicos.
Sostiene el escrito de los recurrentes que la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, vulnera los artículos 9.3 y 23.2 de la Constitución. La Ley habría limitado el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, en el proceso de elaboración de esta norma en sede parlamentaria.
Asimismo sostiene el escrito de los recurrente que la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, vulnera los artículos 20.3 y 23.2 de la Constitución por hurtar el derecho a la regulación por ley de la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes.
Alegan en tercer lugar la inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, por vulneración de los artículos 20.1 a) y d), y 20.3, en relación con los artículos 9.2 y 10.1, todos ellos de la Constitución, por cercenar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a recibir información, impidiendo el libre desarrollo de la personalidad, de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, e incumpliendo la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas.
A juicio de los recurrentes el presente caso no es comparable, ni le resulta aplicable lo resuelto en la STC 86/1982 , de 23 de diciembre, respecto a la Ley 11/1982, de 13 de abril, de supresión del organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, puesto que ni se debatía la misma cuestión, ni puede entenderse que el pronunciamiento sobre una ley de supresión de un organismo público de gestión, para la posterior privatización o liquidación de algunos medios impresos del Estado, sea equiparable a la renuncia a la prestación del servicio público de radio y televisión autonómica que no puede sustituirse por ningún otro medio. La existencia y el servicio público en información y contenidos que ofrecen los medios de comunicación autonómicos, en especial en las Comunidades con claras identidades históricas, culturales y lingüísticas, se necesitan en mucho mayor grado, ni siquiera son comparables con el servicio público que ofrece RTVE, cuya información y contenidos, en alguna medida, podrían entenderse sustituidos por los que ofrecen las otras cadenas privadas sin dejar de atender estas identidades.
En cuarto lugar se alega en el recurso presentado la inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, por vulneración de los artículos 20.1 a), 20.1 d), y 20.3, en relación con el 149.1.27, así como los artículos 9.2 y 10, todos ellos de la Constitución, por cercenar el derecho a expresarse y recibir información y contenidos audiovisuales en la lengua propia de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.
Se alega, asimismo, la inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, por vulneración del artículo 20.3 de la Constitución, al limitar el acceso a los medios de comunicación públicos de la Comunitat Valenciana de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas de España.
Recuerdan los recurrentes la doctrina de esta Tribunal contenida en la STC 86/1982 y solicitan su revocación en la línea de lo sostenido en el Voto particular del Magistrado Díez de Velasco. Para los recurrentes el Tribunal debe pronunciarse sobre un debate y una realidad distinta a la que se pronunciaba la STC 86/1982 , que se proyectaba sobre la realidad mediática de 1982, que con la Ley 11/1982 recurrida este derecho de acceso apenas se reducía, ya que se mantenía con la posibilidad de acceder a una televisión pública estatal que era la única televisión que estaba emitiendo y a una posición mayoritaria de la radio pública, que permitían mantener con ciertas garantías dicho acceso. Sin embargo, este derecho de acceso aplicado en 2014, con el evidente proceso de concentración multimedia y referido a una Comunidad Autónoma con características culturales y lingüísticas particulares, se ve totalmente restringido con la Ley 4/2013, que cercena las posibilidades de acceso a una radio y televisión pública autonómica, reduciendo, prácticamente a la nada, el acceso de los grupos sociales y políticos significativos específicos de la Comunitat Valenciana a los medios públicos, por lo que, en estos momentos, y con esta Ley 4/21013, la quiebra de este derecho de acceso resulta inconstitucional.
Alegan los recurrentes la inconstitucionalidad de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, por vulneración de los principios constitucionales que amparan la división de poderes y la justicia como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, y en especial del artículo 9.3 que garantiza, entre otros principios, la seguridad jurídica y la no interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, el artículo 24.1 al reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva y del artículo 118, también del texto constitucional, en el que se establece la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales.
Alegan finalmente los recurrentes que con lo preceptuado en la disposición adicional primera de la Ley 4/2013 se ha obligado a que el cierre, en el aspecto laboral, deba efectuarse conforme al procedimiento establecido en el artículo 51 y la disposición adicional vigésima de la Ley del estatuto de los trabajadores. Es decir, se obliga a que los derechos económicos que les pueden corresponder a los trabajadores por el despido se deriven y se computen a partir de un supuesto ERE de extinción, produciéndose una afectación directa de los derechos individuales de los trabajadores, en un claro atentado contra el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 24.1 CE, que incluye la llamada garantía de indemnidad, entendida como la tutela vertebrada por el ordenamiento jurídico tendente a proteger al accionante de derechos laborales o funcionariales de toda represalia que provenga de su empresa o Administración por el mero hecho de haber pretendido acceder a los tribunales para la defensa de sus derechos.
El Pleno mediante providencia de fecha 10 de marzo de 2014, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad y acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme dispone el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno de la Nación, así como a la Generalidad Valenciana y a las Cortes Valencianas, al objeto de que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. Por último, se acordó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”.
Con fecha 19 de marzo de 2014 se registra en el Tribunal un escrito del Presidente del Senado mediante el que se comunica que la Mesa de la Cámara ha adoptado el acuerdo de personarse en el proceso, poniéndose a disposición del Tribunal.
Mediante escrito registrado en el Tribunal Constitucional el día 19 de marzo de 2014 el Presidente del Congreso de los Diputados comunica que la Mesa de la Cámara ha adoptado el acuerdo de personarse en el proceso, poniéndose, asimismo, a disposición del Tribunal.
Con fecha 26 de marzo de 2014 se registra escrito del Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta, en el que se persona y comunica que en el presente procedimiento no va a formular alegaciones.
El día 27 de marzo de 2014 el Director General de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, en la representación que legalmente ostenta, se dirige al Tribunal personándose en el proceso y solicita una prórroga para formular sus alegaciones.
El día 28 de marzo de 2014 el Pleno de este Tribunal acuerda incorporar a las actuaciones el escrito del Director General de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana de 27 de marzo de 2014, tenerle por personado y concederle una prórroga de ocho días para formular las alegaciones.
El día 4 de abril de 2014 se registra en el Tribunal un escrito del Letrado de las Cortes Valencianas, en nombre y representación del mismo, en el que se solicita una prórroga para formular sus alegaciones.
El día 7 de abril de 2014 el Pleno de este Tribunal acuerda incorporar a las actuaciones el escrito del Letrado de las Cortes Valencianas de 4 de abril de 2014, tenerle por personado y concederle una prórroga de ocho días para formular las alegaciones.
Mediante escrito registrado en el Tribunal Constitucional el día 24 de abril de 2014 se registra el escrito mediante el cual el Letrado de las Cortes Valencianas formula las alegaciones que resumidamente se exponen.
Tras exponer los antecedentes de la cuestión, sostiene el escrito del Letrado de las Cortes Valencianas que la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, es conforme a los artículos 9.3 y 23.2 de la Constitución. La insistencia en que el origen de la Ley 4/2013 debiera ser un proyecto de ley supone negar la capacidad de iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios para plantear propuestas ante la Cámara, lo que entra en contradicción directa con lo preceptuado tanto en el Estatuto de Autonomía como en el Reglamento de las Cortes Valencianas.
En relación con la alegación de los recurrentes de la presunta ausencia de antecedentes, recuerda el escrito del Letrado de las Cortes que la STC 108/1986 , referida en su momento al proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, señalaba, como recoge la demanda presentada, que “la ausencia de un determinado precedente solo tendrá trascendencia si se hubiera privado a las cámaras de un elemento de juicio necesario para su decisión, pero en este caso, el efecto, tuvo que ser conocido de inmediato, hubiese debido ser denunciado ante las mismas cámaras y los recurrentes no alegan en ningún momento que esto ocurriese”. Señala el escrito del Letrado que el funcionamiento y la situación de la radio televisión valenciana era un tema común y constante en los debate parlamentarios, tanto como un tema específico de diferentes iniciativas como dentro de los debates de carácter general. Por ello no es posible afirmar que se careciera de información, de precedentes, que impidieran a la Cámara tener elementos de juicio necesarios para la adopción de la decisión.
Argumenta en segundo lugar el escrito del Letrado parlamentario que la Ley 4/2013 no vulnera los artículos 20.3 y 23.2 de la Constitución, en concreto, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes queda garantizado.
La tesis mantenida en la demanda parece consistir en que la ausencia en la Ley 4/2013 de una previsión expresa de instrumentos de control parlamentario, supone que se renuncia o se hace imposible el ejercicio del control parlamentario de las actuaciones relacionadas con la liquidación y cierre de RTVV. Sin embargo, para el Letrado de las Cortes que no haya una previsión expresa dentro de esta Ley, no significa que no exista posibilidad de control, no supone un límite adicional al ejercicio de una función que corresponde a los parlamentarios y que “forma parte del núcleo esencial de su condición de representantes” (entre otras, ATC 215/2000 ).
De acuerdo con el escrito del Letrado de las Cortes la libertad de expresión y del derecho a recibir información está, también, plenamente garantizada en la Comunitat Valenciana. Los arts. 20.1 a) y d) y 20.3 CE se encuentran adecuadamente protegidos en la Comunitat Valenciana.
A continuación considera el escrito del Letrado de las Cortes que el derecho a expresar y recibir información y contenidos audiovisuales en lengua propia de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana está garantizado por el Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana.
Para el Letrado de las Cortes la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, no limita asimismo derechos contemplados en el artículo 20.3 de la Constitución.
Para el Letrado de las Cortes la doctrina del Tribunal Constitucional contenida en la referida STC 86/1982 , de 23 de diciembre, se encuentra plenamente vigente en cuanto que el art. 20.3 CE lo que pretende es garantizar que la organización, gestión y control de los medios de comunicación social que en cada momento dependan del Estado o de cualquier ente público, se ajustará a los criterios establecidos por el precepto. Junto a ello, recuerda el Letrado de las Cortes, que la situación tecnológica del año 1982 era muy diferente de la que nos encontramos. En la actualidad, los grupos sociales y políticos no solamente pueden acceder a comunicarse con la sociedad a través de los medios tradicionales, incluyendo como tales a la televisión, sino que existen otros medios e instrumentos alternativos que permiten una comunicación eficiente, por lo que tampoco se produce una limitación al pluralismo.
A continuación alega el Letrado de las Cortes Valencianas que la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, respeta la separación de poderes, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva.
Señala el escrito del Letrado que el fallo del Tribunal Superior de Justicia 2338/2013 obliga a la reincorporación de los trabajadores afectados a los correspondientes puestos de trabajo. No supone que tras la reincorporación deben permanecer en la situación en que se encontraba la Radiotelevisión Valenciana previamente a los acuerdos que dieron lugar a la demanda. A sensu contrario , para los recurrentes, si no hubiese existido el proceso de despido colectivo que dio lugar a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, el legislador valenciano podría haber aprobado una ley como la Ley 4/2013, por la que se suprime la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U.
Recuerda el escrito del Letrado de las Cortes que el último fundamento de la demanda considera que la disposición adicional primera de la Ley 4/2013 supone una vulneración de la garantía de tutela judicial efectiva, consagrada en el art. 24.1 CE, dado que a su juicio, la Ley es una medida de represalia contra el ejercicio de los derechos de los trabajadores.
Mediante escrito registrado en el Tribunal Constitucional el día 25 de abril de 2014 el Director General de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, en nombre y representación de la misma, formula las alegaciones que resumidamente se exponen.
Comienza el escrito del Director General de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana abordando una serie de cuestiones previas. Así niega la existencia de una obligación de los poderes públicos de mantener un servicio público de radiodifusión y televisión, pues ello es ajeno al contenido de la Constitución, al del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, así como al régimen jurídico contenido en la Ley básica estatal 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual. La Constitución contempla una realidad palpable anterior y coetánea a su aprobación (la existencia de medios de comunicación estatales) previendo una serie de principios que deben ser respetados, elevándolos al rango de constitucionales, pero no determina la obligatoriedad de mantener medios públicos de radiodifusión y televisión, ni los considera un servicio público de necesaria prestación por parte de los poderes públicos.
Con base en el Estatuto y el Reglamento de las Cortes alega el escrito del representante de la Generalitat la total legitimidad de que un grupo parlamentario inste una proposición de ley que acabó derivando, tras su tramitación, en la Ley 4/2013.
A continuación procede el escrito del representante de la Generalitat a examinar la alegación relativa a que la Ley 4/2013 vulnera el contenido de los arts. 20.3 y 23.2 CE al carecer de una regulación relativa a la organización y el control parlamentario del medio de comunicación social público suprimido, lo cual impide el correcto desarrollo de las funciones públicas atribuidas en su condición de representantes de la soberanía popular.
Procede a continuación el escrito del Abogado de la Generalitat a examinar conjuntamente las siguientes tres alegaciones de la demanda.
Aborda, a continuación, el escrito del representante de la Generalitat los motivos sexto y séptimo de la demanda. Así considera que no es cierto que la Ley 4/2013 haya posibilitado el incumplimiento del contenido de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que la misma ha sido ejecutada correctamente, y por tanto, cumplida absolutamente, con independencia de lo establecido por el legislador valenciano. El efecto primordial de la declaración contenida en la Sentencia no es otro que la obligada readmisión de los trabajadores despedidos como consecuencia del resultado final del ERE, y teniendo en cuenta esta afirmación, hay que advertir que la comisión liquidadora de la mercantil pública llevó a cabo escrupulosamente dicha readmisión en su integridad.
Recuerda el escrito del Director General de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana que el objeto del procedimiento ante la Sala de lo Social era dilucidar la legalidad del ERE, juzgando desde la concurrencia, o no, de las causas económicas y organizativas que habían sido expuestas por el empresario, hasta el análisis de la atención al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores durante el procedimiento, y es muy importante recordar que, lo único que podría haber cuestionado la razón última de la verdadera intención de la Generalitat, la grave situación financiera, nunca fue puesta en duda por el Juzgador, no fue ésta la esencia de su fallo. Y considerando esta realidad, parece evidente para el representante de la Generalitat, que las justas causas exhibidas para dejar de prestar el servicio fueron asumidas por el Juzgador, no incidiendo las mismas en el contenido del fallo judicial de decretar la nulidad del ERE, pero amparándose en otros hechos y fundamentos. La Sentencia no reconoce un derecho de los trabajadores a que la empresa siga abierta sine die , máxime considerando que las causas económicas y organizativas no fueron puestas en entredicho. Por todo ello, entiende el representante de la Generalitat que la decisión adoptada por ley de prescindir del servicio, que con el marco normativo descrito es prácticamente imposible llevar a cabo de otra forma, considerando la reserva de ley del Estatuto de Autonomía (artículo 79) para la creación de empresas públicas como RTVV, es totalmente ajustada al marco constitucional, está amparada en planteamientos nada arbitrarios ni ilegítimos y basados en la consecución del interés general, ni guarda relación alguna con sentimientos de revancha frente a los trabajadores que vulneren el contenido del art. 24 CE, por lo que desde estas perspectivas es totalmente ajustada la Ley 4/2013 al marco de la Constitución.
Con fecha 29 de enero de 2016 se registra en el Tribunal un escrito de doña Virginia Aragón Segura, Procuradora de los Tribunales, quién en nombre y representación de los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista que interpusieron recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/2013, solicita que se acuerde la finalización del procedimiento por pérdida de objeto, toda vez que la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, ha derogado de manera expresa el art. 2 de la Ley 4/2013 y ha recuperado la prestación del servicio de radio difusión y televisión en el ámbito de la Comunidad.
Mediante escrito registrado en el Tribunal Constitucional el día 3 de mayo de 2016 la Directora General de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana solicita que se acuerde la finalización del procedimiento por perdida de objeto, toda vez que la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, ha derogado de manera expresa el art. 2 de la Ley 4/2013 y ha recuperado la prestación del servicio de radio difusión y televisión en el ámbito de la Comunidad.
Mediante escrito de 29 de julio de 2016 la Directora General de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana solicita, de nuevo, que se acuerde la finalización del procedimiento por perdida de objeto, toda vez que la reciente Ley 6/2016, de 15 de julio de la Generalitat del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat que, en definitiva, tiene por objeto regular la prestación del servicio público audiovisual de titularidad de la Generalitat, así como establecer el régimen jurídico de las entidades a las que se encomienda la gestión directa de este servicio público, viene a ratificar la situación generada por la Ley 12/2015, de 29 de diciembre.
Por providencia de 20 de septiembre de 2016 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año.
El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U.
Con carácter previo a realizar un enjuiciamiento del fondo, resulta necesario determinar la vigencia de la controversia planteada a la vista de las modificaciones operadas en la Ley que es objeto del presente recurso. En efecto, durante la tramitación de este procedimiento, se han dictado una serie de modificaciones legislativas que ha de determinarse si impiden que podamos pronunciarnos sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
Al respecto, este Tribunal tiene fijada doctrina en relación con la pérdida sobrevenida del objeto del proceso en el ámbito de los recursos de inconstitucionalidad, de acuerdo con la cual, dado que se trata de “un recurso abstracto y orientado a la depuración objetiva del ordenamiento, la pérdida sobrevenida de la vigencia del precepto legal impugnado habrá de ser tenida en cuenta por este Tribunal para apreciar si la misma conlleva ‘la exclusión de toda la aplicabilidad de la Ley’, pues si así fuera ‘no habría sino que reconocer que desapareció, al acabar su vigencia, el objeto de este proceso constitucional que, por sus notas de abstracción y objetividad, no puede hallar su exclusivo sentido en la eventual remoción de las situaciones jurídicas creadas en aplicación de la Ley, acaso inconstitucional (art. 40.1 LOTC)’, de modo que carecería de sentido que este Tribunal se pronunciase ‘sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya de dicho ordenamiento … de modo total, sin ultraactividad’” (últimamente, entre otras, SSTC 223/2012 , de 29 de noviembre, FJ 3; 131/2013 , de 5 de junio, FJ 3; 158/2013 , de 26 de septiembre, FJ 3; 160/2013 , de 26 de septiembre, FJ 3; 165/2013 , de 26 de septiembre, FJ 10; 120/2014 , de 17 de julio, FJ 4; 214/2014 , de 18 de diciembre, FJ 2; 237/2015 , de 19 de noviembre, FJ 3, 270/2015 , de 17 de diciembre, FJ 2, y STC 140/2016 , de 21 de julio, FJ 2).
Como excepciones a esta doctrina general, hemos establecido aquellos casos en que el recurso de inconstitucionalidad versa sobre una controversia de carácter competencial y ésta no ha desaparecido con la nueva norma [entre otras, SSTC 134/2011 , de 20 de julio, FJ 2 b); 7/2012 , de 18 de enero, FJ 2; 96/2013 , de 26 de abril, FJ 2; 142/2014 , de 11 de septiembre, FJ 2, y 230/2015 , de 5 de noviembre, FJ 3 b)]. Igualmente aquellos casos en los que se trata de controlar normas de vigencia temporal limitada como son, por ejemplo, las leyes de presupuestos, pues “excluir la posibilidad de examen constitucional en estos supuestos ‘sería tanto como negar la posibilidad de control por este Tribunal Constitucional de determinadas normas con vigencia limitada en el tiempo ... creándose así un ámbito normativo (estatal o autonómico) inmune al control de la jurisdicción constitucional’” (por todas, SSTC 13/2007 , de 18 de enero, FJ 1; y 26/2013 , de 31 de enero, FJ 2, con cita de la STC 197/2012 , de 6 de noviembre, FJ 2). Asimismo aquellos casos en los que el motivo alegado en el recurso afecta al procedimiento legislativo de aprobación de la disposición con rango de ley y a su contenido posible [entre otras, SSTC 60/1986 , de 20 de mayo, FJ 1; 137/2003 , de 3 de julio, FJ 2; 108/2004 , de 30 de junio, FJ 4; 136/2011 , de 13 de septiembre, FJ 2; 47/2015 , de 25 de marzo, FJ 2 c); y 106/2015 , de 28 de mayo, FJ 2]. Se trata, en estos supuestos, de no consagrar zonas inmunes al control de constitucionalidad de las leyes con graves consecuencias para el correcto funcionamiento del sistema de fuentes del Derecho.
En lo que se refiere al contenido de la Ley impugnada debemos destacar que la misma consta de tres artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final.
Con posterioridad a la interposición del presente recurso de inconstitucionalidad, las Cortes Valencianas dictaron la Ley 5/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, del servicio público de radiotelevisión valenciana que tiene por objeto sentar los principios generales para la puesta en funcionamiento de medios de comunicación audiovisual públicos. La Ley 5/2015, de 2 de abril, no restablecía, propiamente, el servicio público de radiotelevisión, ni derogaba la Ley 4/2013, de 27 de noviembre aquí impugnada, sino que establecía la posibilidad de que tal restablecimiento se produjese “en el supuesto de que resulte factible” y sometía tal eventual restablecimiento a unos principios determinados.
De lo expuesto, y aplicando la doctrina general más arriba resumida, se puede deducir que las modificaciones y derogaciones del texto legal impugnado suponen la pérdida de objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, en lo que se refiere a la parte fundamental del mismo —y a salvo de lo que a continuación diremos en relación con la vulneración de los arts. 9.3 y 23.2 CE por vicios en el procedimiento legislativo—, pues no nos encontramos dentro de las excepciones reconocidas en la indicada doctrina general que permitirían considerar viva la controversia.
Así, en efecto, debemos apreciar la pérdida sobrevenida de objeto del presente recurso con motivo de las modificaciones legales llevadas a cabo por las Leyes 12/2015 y 6/2016, pues en la medida en que lo esencialmente cuestionado por la parte recurrente ha sido la supresión del servicio público de radiotelevisión por la Ley 4/2013, y este ha de quedar restablecido tras la aprobación de aquellas normas, ha de concluirse que la controversia planteada ha desaparecido en lo que se refiere a la impugnación de la norma por vulneración de los artículos 20.1 a), 20.1 d) y 20.3 en relación con el art. 149.1.27; 24.1 y 118; así como los arts. 9.2 y 10 de la Constitución. Todo ello, sin perjuicio de advertir que, en su caso, y en el marco de aquellos procesos que se desarrollen ante los jueces y tribunales ordinarios se podrán plantear las correspondientes solicitudes sobre los preceptos que se hallan impugnados en este recurso [STC 140/2016 , de 21 de julio, FJ 2].
En efecto, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal “es función esencial de esta jurisdicción garantizar ‘la primacía de la Constitución’ (art. 27.1 LOTC) y asegurar en todo momento, sin solución de continuidad, el correcto funcionamiento del sistema de producción normativa preconizado por la Norma fundamental, depurando y expulsando del ordenamiento las normas impugnadas que se aparten de dicho sistema, con independencia de que se encuentren o no en vigor cuando se declara su inconstitucionalidad. Es la pureza misma del ordenamiento jurídico la que se ventila en esta sede jurisdiccional, y ello ha de decidirse en términos de validez o invalidez ex origine de las normas impugnadas, sin atender a su vigencia o derogación en el momento en que se pronuncia el fallo constitucional” (STC 136/2011 , de 13 de septiembre, FJ 2).
En relación con los vicios de validez en que pudiera haberse incurrido al momento de la aprobación de la Ley 4/2013, alegan los recurrentes que, por un lado, se habría limitado el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (art. 23.2 CE) y por otro se habría vulnerado el principio de seguridad jurídica que la Constitución garantiza en el artículo 9.3, habida cuenta de que entre los objetivos y obligaciones del procedimiento legislativo está el de conseguir que los textos aprobados alcancen la calidad técnica necesaria para que la norma aprobada cumpla con los elementos propios de aquel principio.
En lo que se refiere a la vulneración del procedimiento legislativo por tener la norma impugnada su origen en una proposición de ley y no en un proyecto de ley no cabe sino desestimar la misma, pues ningún obstáculo se ha establecido en el Estatuto de Autonomía o en el Reglamento de Les Corts a la capacidad de los grupos parlamentarios de presentar proposiciones de ley.
Por su parte, el apartado 2 de ese mismo artículo 26 dispone que “la iniciativa legislativa de Les Corts se ejercerá por los Grupos Parlamentarios y por los Diputados y Diputadas en la forma que determine el Reglamento de Les Corts.”.
En lo que se refiere a la vulneración del procedimiento legislativo por la falta de presentación de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre la proposición de ley presentada, cabe señalar que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, tras disponer que la potestad legislativa dentro la Comunidad Valenciana corresponde a Les Corts (artículo 21), establece que estas aprobarán su propio Reglamento (artículo 25.1). El artículo 124 del Reglamento de Les Corts instituye que “las proposiciones de ley se presentarán acompañadas de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellas”. Este último precepto es el que cabe entender integrado en el bloque de constitucionalidad (SSTC 238/2012 , de 13 de diciembre, FJ 2, y 132/2013 , de 5 de junio, FJ 3), y es por tanto la norma que directamente sustenta el enjuiciamiento por este Tribunal del denunciado vicio relativo a la insuficiencia de los antecedentes que acompañaron la proposición de ley que dio lugar a los preceptos legales ahora impugnados.
Entre otros pronunciamientos, dicha doctrina puede encontrarse en las SSTC 136/2011 y 176/2011 , en las que se dio respuesta a un reproche de infracción de determinadas reglas del procedimiento parlamentario —entre ellas, la relativa al deber de acompañar el proyecto de ley de los antecedentes necesarios—. En aquellas resoluciones este Tribunal procedió a rechazar la existencia de tales vicios “por no haberse acreditado que su alcance era de tal magnitud que hubiese alterado, ‘no de cualquier manera, sino de forma sustancial, el proceso de formación de la voluntad de una Cámara, habiendo afectado, en consecuencia, al ejercicio de la función representativa inherente al estatuto del parlamentario’ (STC 136/2011 , de 13 de septiembre, FJ 10)” [STC 176/2011 , FJ 2 f)]. Asimismo, como complemento de esta doctrina, hemos de citar la STC 68/2013 , de 14 de marzo, en la cual sostuvimos que “[e]n relación con las alegaciones de vulneración del procedimiento legislativo, la doctrina de este Tribunal establece la necesidad de ‘examinar, ante todo, si se ha producido o no vulneración de la normativa reguladora de la elaboración de las leyes para, sólo después, y en su caso, valorar si aquella vulneración pudo tener relevancia para la formación de la voluntad legisladora’ [STC 238/2012 , de 13 de diciembre, FJ 2 a)]”. De ahí que, como se recordó en relación con el art. 88 CE, “la ausencia de un determinado antecedente sólo tendrá trascendencia si se hubiere privado a las Cámaras de un elemento de juicio necesario para su decisión (STC 108/1986 , de 28 de julio, FJ 3). Para determinar si esto último se ha producido, será relevante tener en cuenta aspectos tales como el relativo a sí un determinado informe tiene carácter facultativo o preceptivo, aspecto que fue subrayado en la STC 108/1986 , de 28 de julio, FJ 3, o el rango de la norma que lo prevea, extremo que fue determinante para considerar inconstitucional en la STC 35/1984 , de 13 de marzo, FJ 6, la adopción de un decreto-ley que omitió un trámite de informe previsto en la disposición adicional tercera de la Constitución” (FJ 2).
Una vez hemos rechazado en el apartado anterior que quepa establecer la preferencia de un concreto tipo de iniciativa frente a otro, es preciso subrayar que los trámites o requisitos a los que el art. 42 de la Ley 5/1983 se refiere son trámites y requisitos que el ordenamiento exige a los anteproyectos de ley del Gobierno y no a las proposiciones de ley de Les Corts, por lo que no cabe tenerlos en cuenta para determinar la ausencia de los antecedentes necesarios a los que se refiere el art. 124 del Reglamento. Así, la norma que impone que los anteproyectos de ley aprobados por el Consell se adecuen a una serie de trámites y requisitos no es directamente aplicable a las condiciones de presentación de proposiciones de ley en la Cámara parlamentaria. No cabe proyectar sobre la facultad de los grupos parlamentarios de presentar proposiciones de ley exigencias y requisitos exigidos sólo por el ordenamiento para los proyectos de ley del Gobierno [SSTC 36/2013 , de 14 de febrero, FJ 4, y 111/2013 , de 9 de mayo, FJ 2 b)], por ejemplo, en relación con la intervención, mediante informe, del Consejo de Estado]. Las disposiciones legales que traen causa, como aquí fue el caso, de una proposición de ley no resultan inconstitucionales, en suma, por el mero hecho de que se hayan presentado ante las Cámaras sin aquellos requisitos documentales que el bloque de la constitucionalidad exige a los proyectos de ley.
De acuerdo con nuestra doctrina le corresponde a la propia Mesa de la Cámara interpretar individualizadamente, de conformidad con las normas aplicables, qué materiales son imprescindibles en cada ocasión para poder realizar adecuadamente el control formal que se plasma en la calificación y en la decisión sobre la admisibilidad de las iniciativas legislativas, y para que el debate legislativo se realice con plena libertad de decisión. Debe hacerlo motivadamente y de manera razonable, siendo el control que puede realizar este Tribunal meramente externo y limitado a la suficiencia y coherencia jurídica de dicha motivación (SSTC 38/1999 y 177/2002 ), pues, como hemos dicho en la STC 242/2006 , de 24 de julio, FJ 6, cuando se trata de enjuiciar decisiones de la mesas de una cámara parlamentaria “las consideraciones funcionales que rodean a esta institución y a su control no pueden ser desconocidas y obligan a limitar nuestro control a las decisiones arbitrarias o manifiestamente irrazonables”.
Debemos finalmente dar respuesta a la alegación de los recurrentes, según la cual, la tramitación de la Ley por el procedimiento de lectura única —sin concurrir las condiciones que el Reglamento de Les Corts asocia a la selección del procedimiento legislativo en cuestión—, habría conculcado el principio democrático y vulnerado los derechos de participación política a través de representantes, al haberse recurrido de forma inadecuada a un procedimiento especial que limita el debate público.
El art. 135.1 del Reglamento de Les Corts, vigente cuando se tramitó la Ley impugnada, afirma que “cuando la naturaleza de un proyecto o proposición de ley lo aconseje y su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de Les Corts, a propuesta de la Mesa, de acuerdo con la Junta de Síndics, o a iniciativa de ésta, podrá acordar que dicho proyecto o proposición de ley se tramite directamente y en lectura única ante el Pleno o una comisión. Este acuerdo supondrá el decaimiento del derecho de presentación de enmiendas.”. La lectura única consiste en un debate sujeto a las normas establecidas para los de totalidad, que irá seguido de una sola votación. Si el resultado de la votación es favorable, será aprobado; en caso contrario, rechazado
Las lesiones denunciadas solo podrían traer causa del incumplimiento de los supuestos en los que el Reglamento parlamentario permite acudir a este procedimiento excepcional, esto es, cuando su naturaleza lo aconseje o la simplicidad de su formulación lo permita. La propia jurisprudencia constitucional reconoce que “la figura de los proyectos o proposiciones de ley en lectura única, típica del Derecho parlamentario... tiene precisamente su razón de ser en iniciativas legislativas cuya naturaleza o simplicidad de formulación permiten una tramitación abreviada de las mismas” (STC 274/2000 , de 15 de noviembre, FJ 10).
En efecto, en cuanto a la naturaleza de la norma, cabe recordar que este Tribunal ha afirmado que ni siquiera la reforma constitucional ha quedado excluida del procedimiento de lectura única, pues ni de la lectura del texto constitucional en su conjunto, ni de modo especial del título X dedicado por la propia Constitución a su posible reforma, ni del Reglamento del Congreso de los Diputados, se advierte que la aprobación de la reforma constitucional haya quedado excluida del procedimiento de lectura única, pues aquellos preceptos no establecen materias vedadas a dicha tramitación, como sí sucede con el Reglamento parlamentario de alguna Asamblea autonómica (ATC 9/2012 , de 13 de enero, FJ 3).
En cuanto a la simplicidad de su formulación, no resulta arbitrario interpretar —y para ello basta con la lectura de la Ley impugnada que consta de tres artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final—, que ésta reviste la característica exigida por el Reglamento de Les Corts relativa a “la simplicidad de su formulación”. Este concepto jurídico indeterminado es, por otra parte, totalmente ajeno, en contra de lo que afirman los recurrentes, al consenso político que pudiera suscitar el proyecto de ley, a la repercusión pública que éste pueda tener, o a la complejidad material intrínseca que supone la función administrativa de aplicación del ordenamiento jurídico, que no se ha trasladado en modo alguno a la formulación de la ley [STC 129/2013 , de 4 de junio, FJ 10].
Una vez hemos descartado la existencia de vicios en el procedimiento legislativo, debemos desestimar igualmente la impugnación por vulneración del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE que se vincula por los recurrentes con la existencia de tales vicios; sin perjuicio de recordar que este Tribunal no es juez de la calidad técnica de las leyes (STC 102/2016 , de 25 de mayo, FJ 5).
Declarar la pérdida sobrevenida de objeto del recurso, en lo que se refiere a la vulneración de los arts. 20.1 a), 20.1 d) y 20.3, en relación con el art. 149.1.27, 24 y 118, así como los artículos 9.2 y 10 de la Constitución por la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat.
STSJ Cataluña , 2 de Diciembre de 2004
ATS 971/2017, 25 de Mayo de 2017

References: artículo 20
 artículo 9
 artículo 24
 artículo 118
 artículo 51
 artículo 20
 artículo 9
 artículo 26
 artículo 124