Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831049.html
Timestamp: 2019-11-20 20:17:08+00:00

Document:
as201831049
Auto Supremo Nº 49
Expediente : 142/2017
Demandante : Raúl Gonzales Dávila
VISTOS: El Auto de Vista 238/2016 de 28 de septiembre, cursante de fs. 195 a 196, dictado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dentro el proceso social de Reclamación de Pensiones, el Auto que concede el recurso de fs. 207, el Auto Supremo de admisión 142/2017-A de 14de abril, antecedentes del proceso; y:
Ante la solicitud de calificación de Renta de Vejez de Raúl Gonzales Dávila, la Comisión Regional de Prestaciones del Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA) dicta la Resolución 1147 de 29 de agosto de 1994, otorgándole Renta Básica de Vejez equivalente al 60% de su promedio salarial, pagadera a partir de marzo de 1994 (fs. 64 de obrados).
Al fallecimiento del titular en fecha 23 de febrero de 2011, su derechohabiente Amira Sánchez Pacheco se beneficia con una renta de viudedad, calificada por la Comisión de Calificación de Renta del SENASIR mediante la Resolución 2303 de 14 de abril de 2011, equivalente al 80% de la renta que le correspondía a su causante, a pagarse a partir de marzo de 2011 (fs. 90 del expediente).
El 17 de junio de 2014 la derecho habiente Amira Sánchez Pacheco solicita la calificación de renta de orfandad vitalicia de su hija Mary Isabel Yesmy Gonzales Sánchez, adjuntando la Resolución 1146 de 17 de noviembre de 2011, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones de la Caja Nacional de Salud, que autoriza la inscripción al Seguro de Enfermedad sin límite de edad a favor de Mary Isabel Gonzales Sánchez como hija beneficiaria derechohabiente del asegurado Raúl Gonzales Dávila; solicitud de renta de orfandad que es Desestimada por Resolución 2986de 7 de julio de 2015 de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto.
La señora Amira Sánchez Pacheco, presenta a nombre de su hija incapacitada Mary Isabel Yesmy Gonzales Sánchez, recurso de reclamación contra la desestimación de renta de orfandad, mismo que es resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante Resolución 738/15 de 9 de octubre, que confirma la resolución reclamada (fs. 163 a 168 de obrados).
En apelación interpuesta por Amira Sánchez Pacheco, madre de la solicitante de renta de orfandad vitalicia por invalidez, la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista 238/2016 de 28 de septiembre, cursante de fs. 195 a 196, revoca la resolución dictada por la Comisión de Reclamación, debiendo el SENASIR proceder al cálculo y pago de la Renta de Orfandad Vitalicia por Discapacidad a favor de Mary Isabel Yesmy Gonzales Sánchez, desde la fecha de solicitud al SENASIR, incluyendo los demás beneficios de ley, en cumplimiento del art. 29 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.
Contra el Auto de Vista, la entidad gestora formula recurso de casación en el fondo, cuyo escrito cursa de fs. 200 a 201, conforme los argumentos siguientes:
Con referencia a la derogación del art. 61 numeral 2 del Manual de Prestaciones, por el Decreto Supremo (DS) 28888 de 18 de octubre de 2006, argumentado en el Auto de Vista para revocar la resolución del SENASIR, señala que el ente gestor en representación del Estado protege el cumplimiento de la norma específica legal y vigente, refiriéndose al Manual de Prestaciones que es la norma de aplicación preferente; dejando establecido que aplica el principio general de derecho: “norma especial prima sobre norma general”
El Auto de Vista al no aplicar preferentemente el art. 61.2 del Manual, viola e interpreta erróneamente la ley, porque debió tomar en cuenta la naturaleza del proceso, las normas aplicables y el bien jurídico protegido; incumplimiento que va en perjuicio de una institución pública y en un notorio daño económico ocasionado al Estado, vulneración que deberá ser reparada por el Tribunal Supremo de Justicia con una nueva valoración, sujeta a la normativa en Seguridad Social, confirmando la resolución del ente gestor.
Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia previa deliberación en el fondo, Case el Auto de Vista 238/2016 de 28 de septiembre, Confirmando en todas sus partes la resolución administrativa del SENASIR.
El modelo constitucional imperante en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, jerarquiza de manera horizontal los derechos individuales, colectivos y difusos, igualdad que no puede limitarse únicamente al texto escrito de la Constitución, sino también su desarrollo tiene origen en Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos y en directrices, principios y estándares jurisprudenciales que emanan de órganos supra-estatales de protección de derechos humanos, por lo que la materialización de estos derechos en el marco de una armonía tanto en el Sistema Universal como Interamericano de protección de Derechos Humanos, debe ser abordada desde el Bloque de Constitucionalidad.
En este marco, la concepción plural, descolonizante e intercultural del Bloque de Constitucionalidad está compuesta por: el texto escrito de la Constitución, los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos, los Tratados y Acuerdos de Integración y los Principios y Valores plurales supremos a la luz del vivir bien.
En la actualidad, producto de las gestiones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), e instituciones supranacionales, como la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), el consenso internacional considera a la seguridad social como un derecho humano inalienable. En este entendido el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”; norma concordante con el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
Concordante con esta posición internacional, el art. 45 parágrafos I, II, III y IV de la CPE, dispone que, todos los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; derecho que se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo su dirección y administración al Estado, con control y participación social. La seguridad social cubre la atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas, maternidad y paternidad, riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. Este artículo pone en ejecución lo dispuesto en el art. 1 del Código de Seguridad Social (CSS) Ley de 14 de diciembre de 1956, cuando señala: “El Código de Seguridad Social es un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar”.
Con la finalidad de materializar tanto el principio de constitucionalidad (art. 410 de la CPE), como el de convencionalidad (arts. 13.IV y 256 de la CPE), se exige a las autoridades interpretar toda la normativa interna vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, desde y conforme la Constitución Política del Estado y a las normas del Bloque de Constitucionalidad, precautelando el respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales; es decir que el contenido de las normas infra-constitucionales se impregnen no solo de las normas supremas positivas, sino esencialmente en cuanto al parámetro de convencionalidad y en relación a valores y principios plurales supremos; mediante la utilización de pautas objetivas de interpretación, acompañadas de una coherente argumentación jurídica.
Los arts. 13.I y 256 de la CPE establecen pautas de interpretación constitucional, aplicándose el principio de progresividad, que permite al intérprete de la norma, realizar una labor interpretativa que exceda el tenor literal de la norma interpretando su contenido y alcance de la norma de la manera más extensiva y favorable a derechos o principios de rango constitucional.
Aplicando estos argumentos al caso concreto, el ente gestor desestima la renta de orfandad vitalicia por invalidez a Mary Isabel Yesmy Gonzales Sánchez, hija del causante Raúl Gonzáles Dávila porque la solicitud fue presentada pasados los 3 años del fallecimiento de su padre y titular de la renta de vejez, en aplicación del art. 61 del Manual de Prestaciones; sin realizar ninguna otra consideración como que la fecha de Resolución que declara la invalidez permanente de la hija del rentista es de 17 de noviembre de 2011, cuando la beneficiaria tenía 32 años de edad, en atención al examen del Departamento Nacional de Medicina del Trabajo, informe del especialista Otorrinolaringólogo, antecedentes médicos e informe de Trabajo Social de la Caja Nacional de Salud (CNS), determinando que presenta retraso mental leve con discapacidad secundaria de aprendizaje hipoacusia bilateral leve a predominio oído derecho, procesos crónicos e irreversibles, reconocidos por los servicios médicos de la Caja, antes de cumplir 19 años, que determinan el estado de Invalidez Permanente; el fallecimiento del titular 23 de febrero de 2011 y la calificación de renta de viudedad 14 de abril de 2011; cronología que denota, la desinformación de los padres para tramitar la incapacidad de su hija antes de cumplir los 19 años, debido a la falta de orientación por parte del Médico Tratante, Trabajadora Social, Vigencia de Derechos, Enfermera de Consultorio; incluso demuestra que por desconocimiento de la madre, pese a tener la calificación de invalidez el 17 de noviembre de 2011, solicita la inserción de beneficiaria vitalicia el 17 de junio de 2014.
Considerando que los aportes a la seguridad social de largo plazo del sistema de reparto realizado por Raúl Gonzáles Dávila generó primero, la calificación de su renta de vejez; luego a su fallecimiento, la renta de viudedad de su esposa derechohabiente, equivalente al 80% de la renta que le correspondía a su causante; la calificación de la renta de orfandad vitalicia por invalidez será equivalente al 20% de la renta que percibía el causante (art. 39 del Manual de Prestaciones); calificación que de ninguna manera ocasionaría daño económico al Estado, tal como manifiesta la institución recurrente, al ser una prestación prevista por ley y generada por los aportes realizados por su padre y titular de la renta durante su vida laboral.
Es necesario dejar constancia que el DS 28888 de 18 de octubre de 2006, fue derogado por el art. 199 de la Ley 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010, manteniendo vigente solo el art. 2 de dicho Decreto Supremo.
El Sistema Plural de Control de Constitucionalidad compele a las autoridades jurisdiccionales, administrativas y autoridades de los pueblos indígenas, originarios campesinos; como primeros garantes y celadores del respeto a los derechos fundamentales, a que, en el ejercicio de sus roles, gracias al principio de aplicación directa de la constitución, utilicen el criterio de interpretación desde y conforme la constitución; en este entendido, garantizando el derecho fundamental a la seguridad social, concretamente a la renta de orfandad y aplicando los principios de favorabilidad, pro-actione y efectividad, no considera infringida ni quebrantada ninguna norma del sistema de reparto, al revocar el Auto de Vista recurrido.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 200 a 201, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR” mediante el apoderado del representante legal.

References: Resolución 
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