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Timestamp: 2019-12-08 21:23:07+00:00

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STC 151/2001, 2 de Julio de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 107244
STC 151/2001, 2 de Julio de 2001
Número de Recurso: 1957/1997
RA 1957/97. Promovido por doña María del Rosario A. T. frente al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que desestimaron su demanda para rescindir su contrato de trabajo. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (intangibilidad): Sentencia que deniega la rescisión de un contrato, por previo despido, contradiciendo una previa Sentencia firme que había declarado subsistente la relación laboral.
Sentencia citada en: 6755 sentencias, 19 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 1957/97, promovido por doña María del Rosario A.T., representada por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Morales Price y asistida por el Abogado don Emilio Colubi del Rosal, contra Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fechas 23 de febrero de 1996 (proveniente de autos 738/95 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Oviedo), y 13 de septiembre de 1996 (proveniente de autos 35/96 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Oviedo); así como contra Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictado en recurso de casación para unificación de doctrina el 20 de marzo de 1997. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en el Tribunal el 10 de mayo de 1997 doña María del Rosario A.T., representada por el Procurador don Eduardo Morales Price, y asistida por el Abogado don Emilio Colubi del Rosal, interpuso recurso de amparo contra las Sentencias y el Auto de que se hace mérito en el encabezamiento por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, producción de indefensión y falta de respeto de las garantías del procedimiento (art. 24 CE).
La recurrente en amparo había presentado servicios para la empresa Mercados y Frigoríficos, S.A., desde el 2 de mayo de 1983, con categoría profesional de Oficial 1ª. El día 22 de octubre de 1991 causó baja por ILT derivada de enfermedad común, pasando posteriormente a invalidez provisional. El día 5 de junio de 1995 causó alta por curación, reincorporándose a su puesto de trabajo.
El día 28 de junio de 1995 recibió fax de la empresa en el que se le comunicaba su cese en la prestación de servicios con efectos al día 1 de julio de 1995. Con fecha 30 de junio de 1995 la empresa inició un expediente de regulación de empleo. La trabajadora continuó asistiendo a su puesto de trabajo hasta el 4 de julio de 1995, fecha en la cual, verbalmente, se le comunicó que no debería volver a trabajar. El 18 de julio (ya presentada la papeleta de demanda de conciliación contra el despido) recibió un telegrama comunicándole que se considerase de vacaciones hasta la resolución definitiva del expediente de regulación de empleo. El día 3 de agosto de 1995 se celebró acto de conciliación, que resultó sin efecto por incomparecencia de la empresa.
Formulada demanda ante el Juzgado de lo Social, correspondió su conocimiento al núm. 2 de los de Oviedo, y, celebrado el juicio, se dictó Sentencia de fecha 3 de octubre de 1995, en la cual, al no quedar acreditada la existencia de decisión empresarial de dar por extinguido el contrato de trabajo, "elemento fáctico sustancial que no resulta acreditado en estas actuaciones", se considera que la actora continúa en alta en la Seguridad Social, no se le ha comunicado su despido y se halla incursa en un expediente de regulación de empleo pendiente de resolución definitiva, razones que determinan la desestimación de la demanda.
Contra el referido pronunciamiento se presentó el correspondiente recurso de suplicación, en el cual se interesaba por la recurrente la introducción, como hechos probados, de la recepción del fax comunicándole su cese el 28 de junio de 1995, del cese efectivo ordenado verbalmente el día 4 de julio de 1995, y de la circunstancia de no existir prueba alguna de la continuación del alta en la Seguridad Social ni del abono de salarios ni de las cotizaciones. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias resolvió el recurso por Sentencia de 23 de febrero de 1996, dando como probado el contenido del fax y como no acreditado el despido verbal y el resto de las circunstancias alegadas. La Sentencia considera que el primer cese fue dejado sin efecto espontáneamente por la propia empleadora al mantener a la trabajadora en alta y en situación de vacaciones; por lo que "la Magistratura se encuentra ante una situación jurídica en la que falta precisamente el hecho nuclear del presupuesto legal base de la acción objeto del pleito, es decir, la declaración de voluntad extintiva por parte del empleador".
El día 9 de noviembre de 1995 la actora presentó papeleta de conciliación interesando el abono de los salarios devengados y no percibidos desde el 1 de julio de 1995 al 31 de octubre de 1995. El Juzgado de lo Social núm. 3 de Oviedo, en Sentencia de 6 de marzo de 1996, que es firme, condenó a la empresa al abono de los salarios reclamados.
El día 19 de diciembre de 1995 la demandante solicitó la rescisión de su relación laboral, por no encomendarle la empresa trabajo alguno ni abonarle los salarios devengados. Sin efecto la conciliación, formuló la correspondiente demanda. El Juzgado de lo Social núm. 2 de Oviedo dictó Sentencia el 14 de febrero de 1996, en la que declara que, comunicado el cese de la demandante el día 28 de junio de 1995, sin que haya constancia de que desde entonces haya vuelto a trabajar, ni percibido retribución alguna, se concluye que "su pretensión no puede tener favorable acogida, pues el contrato de trabajo que unía a la actora con la empresa demandada ya fue extinguido en la indicada fecha".
Formulado el correspondiente recurso de suplicación, en éste se interesaba la introducción en los hechos probados del siguiente texto: "Por Sentencia de 3 de octubre de 1995 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Oviedo se desestimó la demanda por despido formulada en su día por la demandante, por no haberse podido acreditar la existencia de la decisión empresarial de dar por extinguido el contrato de trabajo, ya que la actora continúa en alta en la Seguridad Social, no se ha comunicado su despido y se halla incursa en un expediente de regulación de empleo pendiente de resolución definitiva". Por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de fecha 13 de septiembre de 1996, se procedió a desestimar la reclamación efectuada al considerar que "ninguna relevancia tienen los actos fácticos contenidos en dicha resolución judicial, ya que la misma se dicta en base a unos hechos, actos y circunstancias concretas, determinadas y diferentes a las concurren en el supuesto", concluyendo, por ello, que el procedimiento del art. 50 LET resulta inviable en este caso al requerir el ejercicio de esta facultad que el contrato de trabajo se encuentre vigente, "condición que no concurre en la demandante, cuya relación laboral con la empleadora demandada se extinguió el 4 de julio de 1995".
La recurrente formalizó el correspondiente recurso de casación para unificación de doctrina, que fue inadmitido por Auto de 20 de marzo de 1997 por no haberse cumplido el requisito de recoger y expresar la relación precisa y circunstanciada de la contradicción que se alegaba y no efectuarse un pormenorizado examen de los hechos, fundamentos y pretensiones deducidas.
Se interpone recurso de amparo contra Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 23 de febrero de 1996 (proveniente de autos 738/95 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Oviedo) y 13 de septiembre de 1996 (proveniente de autos 35/96 del mismo Juzgado), así como contra Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictado en recurso de casación para unificación de doctrina de fecha 20 de marzo de 1997, interesando su nulidad por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
Mediante providencia de 10 de noviembre de 1997 la Sección Tercera acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de lo Social núm. 2 de Oviedo y a las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias y del Tribunal Supremo para que, en plazo de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos 35/96, al recurso de suplicación, rollo 1009/96, y al recurso de casación para unificación de doctrina 3992/96, respectivamente, así como para la práctica de los emplazamientos pertinentes.
Por providencia de 11 de diciembre de 1997 la Sección, habiendo recibido testimonio de las actuaciones correspondientes a los autos núm. 35/96, interesadas del Juzgado de lo Social núm. 2 de Oviedo, y diligencia negativa de emplazamiento de la entidad Mercados y Frigoríficos, S.A., acordó librar comunicación a dicho Juzgado a fin de que, a la mayor brevedad, procediera a practicar las diligencias necesarias para el emplazamiento de la referida entidad.
Mediante providencia de 30 de abril de 1998 la Sección acordó unir a las actuaciones diversas comunicaciones dirigidas a localizar el domicilio actual de la mercantil Mercados y Frigoríficos, S.A., y, desconociéndose su actual domicilio, emplazarla (para que, en el plazo de diez días, pudiera comparecer, si lo desease, en el recurso de amparo) por medio de edictos que se publicaron, uno, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid de 25 de mayo de 1998, y, otro, en el tablón de anuncios de este Tribunal.
La Sección, por providencia de 25 de junio de 1998, acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
Por escrito registrado en el Tribunal el 24 de julio de 1998 la representación actora formuló alegaciones, reiterando las ya vertidas en la demanda de amparo, subrayando que entre la Sentencia de 3 de octubre de 1995, confirmada por la de 23 de febrero de 1996, y la de 14 de febrero de 1995, confirmada por la de 13 de septiembre de 1996, existía una clara contradicción, ya que en las primeras se declara subsistente y no extinguida la relación laboral el día 4 de julio de 1995, y, sin embargo, en las segundas se mantiene que la relación laboral se extinguió el día 4 de julio de 1995. Estas declaraciones contradictorias, concluye, han provocado una total indefensión de la demandante y suponen un fallo en el principio de tutela judicial efectiva.
Por providencia de 28 de junio de 2001 se acordó señalar el día 2 de julio del mismo año para la deliberación y votación de la presente Sentencia.
La cuestión que debemos resolver en el presente proceso constitucional de amparo consiste en determinar si la demandante ha visto vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24.1 CE, por cuanto la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el 13 de septiembre de 1996 no ha tenido en cuenta los hechos declarados probados en una resolución judicial anterior ya firme. Con este actuar se produce, a juicio de la actora, la paradoja de que, mientras en el anterior procedimiento fueron declarados probados determinados hechos en virtud de los cuales se llegaba a la decisión judicial final de que la actora no había sido despedida y que, por consiguiente, permanecía en toda su vigencia la relación laboral que la unía con la empresa demandada, en cambio, en el segundo de los procedimientos, en el que se ejercita una acción rescisoria del vínculo laboral invocando la causa de extinción prevista en el art. 50.3 LET, se ha dictado una nueva resolución judicial en la que se parte de una previa extinción de aquel vínculo laboral, alterándose, en consecuencia, la declaración formal de verdad que se había realizado anteriormente, llegándose, por consiguiente, en este caso por falta de fundamento, a la misma decisión judicial desestimatoria de la demanda.
Antes de comenzar el análisis de la cuestión de fondo es preciso, a juicio del Ministerio Público, delimitar el ámbito de las resoluciones que son objeto del presente recurso. En este sentido considera el Fiscal que el Auto de 20 de marzo de 1997 dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo debe quedar excluido del eventual otorgamiento del amparo invocado. Tal proposición debe ser estimada porque, como hace ver el Ministerio Público, ninguna irregularidad de alcance constitucional generadora de verdadera y real indefensión se aprecia en el Auto impugnado. Debe entenderse, igualmente, excluida la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 23 de febrero de 1996, pronunciamiento que, al no haber sido objeto de impugnación, quedó firme y, por ende, fuera del ámbito de conocimiento del presente recurso de amparo.
Es doctrina reiterada y uniforme de este Tribunal que una de las proyecciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE es, ciertamente, la que se concreta en el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia querida por el Ordenamiento, lo que significa tanto el derecho a que se ejecuten en sus propios términos como a que se respete su firmeza y la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas, aun sin perjuicio, naturalmente, de su modificación o revisión a través de los cauces extraordinarios legalmente previstos. En otro caso, es decir, si se desconociera el efecto de la cosa juzgada material, se privaría de eficacia a lo que se decidió con firmeza en el proceso, lesionándose así la paz y seguridad jurídicas de quien se vio protegido judicialmente por una Sentencia dictada en un proceso anterior entre las mismas partes (SSTC 77/1983, de 3 de octubre, 159/1987, de 26 de octubre, 119/1988, de 20 de junio, 189/1990, de 26 de noviembre, 242/1992, de 21 de diciembre, 135/1994, de 9 de mayo, 87/1996, de 21 de mayo, 106/1999, de 14 de junio, 190/1999, de 25 de octubre, y 55/2000, de 28 de febrero).
Pasando de la órbita general de la jurisprudencia al análisis de las particularidades del caso, analizando el supuesto de hecho, se aprecia que la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 13 de septiembre de 1996 se limita a rechazar la pretensión de la recurrente de que fuera tenido en cuenta el fallo anteriormente dictado en una precedente resolución ya firme, en la cual se llegaba a la decisión final de reputar como aún subsistente la relación laboral que unía a la actora con la empresa demandada. Por ello, el fundamento por el cual se ejercitaba una nueva acción procesal, esta vez de rescisión del vínculo laboral por incumplimiento grave de los deberes empresariales, era, precisamente, la anterior resolución ya firme.
Es evidente que la situación jurídica de la ahora demandante en amparo concluyó en un verdadero punto sin retorno, toda vez que, cuando pretendió ejercitar su acción en reclamación de despido, vio cerradas las puertas a su inicial pretensión con un pronunciamiento judicial firme que desestimaba su demanda sustentado en la afirmación de que su relación laboral todavía permanecía en vigor y no se había extinguido. Y, por otro lado, cuando posteriormente intentó ejercitar, con apoyo en el anterior pronunciamiento, una acción rescisoria de su contrato de trabajo por incumplimiento grave de los deberes empresariales, vio nuevamente cerrada toda posibilidad de alcanzar el triunfo de su pretensión, en esta circunstancia porque los propios órganos jurisdiccionales, incurriendo en una contradicción con su anterior decisión, ya firme, estimaron ahora que sí se había producido la extinción del contrato laboral por despido, y, por consiguiente, que carecía de fundamento la acción que se ejercitaba.
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Rosario A.T. y, en consecuencia:
Declarar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente.
Restablecerla en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias núm. 2456/96, de 13 de septiembre, recaída en autos núm. 35/96, retrotrayendo las actuaciones al momento procesal oportuno para que se dicte nueva sentencia conforme con el derecho fundamental vulnerado.

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