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Timestamp: 2019-04-24 23:51:11+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1997-18195
Documento BOE-A-1997-18195
«BOE» núm. 192, de 12 de agosto de 1997, páginas 24405 a 24422 (18 págs.)
BOE-A-1997-18195
https://www.boe.es/eli/es-vc/l/1997/06/25/5
I. MARCO NORMATIVO
En el ámbito estatal, la modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de Protección Jurídica del Menor, reconociéndose explícitamente los derechos de los niños y niñas y arbitrándose nuevas figuras de protección. Asimismo, se ha aprobado fa Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, encuadrando al voluntariado social, con plena incidencia en la materia que es objeto de esta Ley, por lo que se refiere a nuestro ámbito autonómico. Se aprobó la Ley 7/1994 de la Generalidad, de la Infancia y en su ámbito de potestad reglamentaria, el Consejo de la Generalidad ha ido estableciendo nuevas ayudas económicas.
II. DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
III. DE LA ESTRUCTURA DE LA NUEVA LEY
1. Título preliminar
2. Título I
3. Título II
4. Título III
5. Título IV
6. Títulos V y VI
7. Título VII
a) La prevención, tratamiento y eliminación de cualquier causa o situación de marginación o desigualdad social.
b) La coordinación de los recursos y de las iniciativas públicas y privadas, así como de los aspectos sociales de los sistemas sanitarios y educativos.
c) El pleno desarrollo de la persona en el seno de la sociedad y el fomento de la solidaridad y de la participación ciudadana en el campo de los Servicios Sociales.
Artículo 3. De los titulares de los derechos.
Artículo 4. Principios generales de actuación.
a) Responsabilidad pública. Será responsabilidad de la Generalidad Valenciana dar respuesta a los problemas sociales, mediante la aportación de los recursos financieros, técnicos, humanos y organizativos necesarios, de conformidad con el artículo 9.2 de la Constitución.
b) Solidaridad y participación de la sociedad civil en la planificación y control de las actuaciones, garantizando una justa distribución de los recursos.
c) Prevención, planificación y evaluación de los resultados, a fin de hacer una gestión eficiente y eficaz.
d) Igualdad y universalidad, asegurando una protección a todos los ciudadanos y las ciudadanas sin discriminación de ninguna clase.
e) Globalidad e integración, contemplándose al individuo (desde su núcleo familiar o convivencial de origen) inmerso en una realidad social compleja.
f) Descentralización, desconcentración y coordinación en la gestión, para lograr una mayor aproximación a los ciudadanos y las ciudadanas, potenciando los Servicios de Atención Primaria dispensados por las Administraciones Locales.
Artículo 5. De las competencias de la Generalidad.
a) Elaborar un Plan General de Servicios Sociales de carácter plurianual que tendría como objetivo el reducir los desequilibrios territoriales y deficiencias estructurales en dicha materia en el ámbito de la Comunidad Valenciana. A tal objeto deberá ser oído el Consejo de Bienestar Social previsto en esta Ley.
b) Coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas y de la iniciativa privada, a fin de racionalizar y optimizar el uso de los recursos disponibles en materia de Servicios Sociales.
c) Establecer las prioridades tanto en la programación de las actuaciones como en las inversiones a realizar en los equipamientos de Servicios Sociales, teniendo en cuenta las propuestas del Consejo Valenciano de Bienestar Social, de las Corporaciones Locales y las iniciativas sociales.
d) Establecer los mínimos de calidad que han de cumplir todos los centros y servicios que actúen en el ámbito de los Servicios Sociales, con el fin de garantizar las condiciones dignas y adecuadas de los mismos, así como el nivel de participación de los usuarios y las usuarias en su organización.
e) La autorización, el registro y la acreditación, sin perjuicio de las competencias atribuidas por la legislación vigente a otras Administraciones Públicas, la puesta en marcha y funcionamiento de los centros y servicios dedicados a la prestación de Servicios Sociales.
f) Supervisar y controlar, a través de la función inspectora, la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios y las usuarias, tanto con respecto a los recursos públicos como privados.
g) Fijar la participación de los usuarios y las usuarias en la financiación de los servicios que reciban, en función de sus circunstancias económicas, a través de los precios públicos.
h) Determinar la participación de la sociedad en la gestión de los Servicios Sociales, a través de organismos establecidos a tal efecto, como los Consejos de Bienestar Social de ámbito autonómico, comarcal y local.
i) Investigar, documentar y formar en la problemática que presentan los diferentes sectores de los Servicios Sociales, promoviendo, en este contexto, la colaboración con la Universidad y otros foros formativos, educativos, culturales, sindicales y empresariales.
j) Diseñar la recogida de datos estadísticos sobre la demanda existente y los recursos disponibles, así como identificar nuevas necesidades.
k) Crear, mantener y gestionar aquellos servicios, centros y prestaciones económicas que la presente Ley le encomienda, sin perjuicio de la colaboración de otras entidades.
l) Asesorar técnicamente y apoyar económicamente, en la medida de sus disponibilidades presupuestarias, a las entidades locales y privadas que soliciten colaborar en la prestación de Servicios Sociales.
m) Desarrollar reglamentariamente la presente Ley y dictar cuantas otras disposiciones se requieran para su aplicación.
n) Aprobar el sistema de admisiones en los centros sostenidos con fondos públicos y sus reglamentos de régimen interior, garantizando la existencia de una Junta democrática en los centros con la participación de su dirección, profesionales y usuarios.
o) Cualquier otra que se le encomiende por una disposición legal con incidencia en materia de servicios Sociales.
p) La tutela de las fundaciones de carácter benéfico, cuya competencia corresponde a la Generalidad.
Artículo 6. De las competencias de las Administraciones Locales.
1. Corresponde a las entidades locales municipales, comarcas y entidades supramunicipales sin perjuicio de las obligaciones establecidas por la legislación de régimen local, las siguientes actuaciones:
a) El análisis de las necesidades y de la problemática social existentes en su ámbito territorial.
b) La titularidad y gestión de los Servicios Sociales Generales, integrados por equipos interdisciplinarios con profesionales especializados. Reglamentariamente se establecerán las normas mínimas del funcionamiento de éstos.
c) La programación de actividades en su campo social, conforme a la planificación de la Administración de la Generalidad y la coordinación de sus actividades con las instituciones y asociaciones privadas, en el ámbito de su territorio.
d) El fomento de la acción comunitaria, promoviendo la participación de la sociedad civil en la política global de Servicios Sociales de la Generalidad.
e) La gestión de los programas y de las ayudas económicas que le pueda encomendar la Administración de la Generalidad, según se determine mediante acuerdo de ambas Administraciones, dentro del marco del Plan Concertado que se desarrolle reglamentariamente.
f) La titularidad y gestión de aquellos Servicios Sociales Especializados que le corresponda por razón de su competencia territorial.
g) Aquellas otras que le correspondan por disposición normativa.
2. Para el cumplimiento de sus fines en materia de Servicios Sociales, las entidades locales recibirán el apoyo técnico y económico de la Administración de la Generalidad, a través de un Plan de Financiación Concertado con las entidades locales, con las condiciones que se fijen reglamentariamente. Para la financiación de dicho Plan se estará a lo previsto en el título V de esta Ley. Las actuaciones o servicios de las entidades locales que se enmarquen en la planificación de la Administración de la Generalidad tendrán prioridad dentro del Plan Concertado.
3. Será competencia de las Diputaciones Provinciales la cooperación y la ayuda técnica y económica a los Municipios para el adecuado ejercicio de sus funciones en este campo, todo ello sin perjuicio de sus competencias previstas por la legislación de régimen local. Asegurarán, en el marco de la planificación del Consejo, el acceso en los Municipios menores de 10.000 habitantes de todos los ciudadanos y las ciudadanas a los Servicios Sociales y los fomentarán.
Artículo 7. De los Servicios Sociales y la integración laboral.
1. La Administración de Servicios Sociales de la Generalidad coordinará con los servicios de trabajo la programación y la promoción laboral de personas y colectivos con edad laboral activa y riesgo de exclusión social, con el fin de alcanzar la autonomía económica de las personas.
2. Por Decreto de la Generalidad se fijarán los diferentes instrumentos de inserción laboral, los colectivos objeto de protección, las ayudas económicas y técnicas y los requisitos de acceso a las ayudas.
3. Los proyectos de inserción podrán ser promovidos por la Administración municipal, comarcal y la iniciativa social.
Artículo 8. Del Plan de Financiación Concertado con las Entidades Locales.
1. Por Decreto del Gobierno Valenciano se regulará el marco que deberá inspirar el contenido de los convenios entre la Administración de la Generalidad y las Entidades Locales.
2. Con el fin de garantizar los principios de descentralización y desconcentración, expuestos en esta Ley, se procederá a la creación de una Comisión de Participación del Plan de Financiación Concertado con las entidades locales, con la finalidad de que las corporaciones locales puedan, de modo efectivo, integrarse en el seguimiento de Ja gestión de dicho Plan. Estará integrada por representantes de las corporaciones locales elegidos por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y por representantes de la Administración autonómica en el número que se determine reglamentariamente.
3. Elaboración de un informe bianual de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y de la Consejería de Bienestar Social sobre la situación real de las necesidades sociales en los Municipios de la Comunidad Valenciana.
Artículo 9. Contenido de los Servicios Sociales.
Artículo 10. De la estructura de los Servicios Sociales.
a) Servicios Sociales Generales o Comunitarios.
b) Servicios Sociales Especializados.
Artículo 12. Contenido de los Servicios Sociales Generales.
a) Servicio de Información. Orientación y Asesoramiento técnico, dirigido a todos los ciudadanos y las ciudadanas para informarles, orientarles y asesorarles acerca de sus derechos, del ejercicio de los mismos y de los recursos sociales adecuados para resolver sus necesidades.
b) Servicio de Ayuda a Domicilio, para prestar atención de carácter doméstico, psicológico, rehabilitador, social, personal y educativo, cuando la situación individual o familiar sea de especial necesidad, procurando la permanencia de la persona en su núcleo familiar o convivencia) de origen.
c) Programas de Cooperación Social, para impulsar y fomentar la iniciativa social, el asociacionismo y el voluntariado social, de forma que se facilite una integración más eficaz de las personas en la sociedad, así como la animación comunitaria en la finalidad de promover actividades grupales tendentes a que sean las propias personas de una comunidad los que asuman su problemática, buscando soluciones a la misma.
d) Programas de Convivencia y Reinserción Social orientados a promover la convivencia social y familiar, así como a posibilitar la integración en la comunidad, todo eso por medio de servicios de asesoramiento y orientación, acciones divulgativas generales y ayudas a carencias familiares y de situaciones conflictivas con el fin de:
1. Prevenir, poner remedio a los problemas derivados de la desintegración familiar.
2. Procurar la solución de situaciones carenciales, fomentando medios de reinserción para colectivos con alto riesgo de marginalidad.
e) Programas de Ocio y Tiempo Libre, que podrán ser gestionados por la Administración de la Generalidad, por las entidades locales en su ámbito territorial y por instituciones o asociaciones promovidas por la iniciativa privada.
f) Programas que tendrán por objeto la atención de las necesidades más básicas de aquellos ciudadanos y aquellas ciudadanas que no las puedan abordar por sí mismos, mediante la gestión de las prestaciones económicas.
g) Programas de prevención y reinserción social que tendrán por objeto el desarrollo de la intervención social en personas o grupos de alto riesgo que necesiten ayuda para la prevención de sus conflictos y su inserción personal en el medio social.
Artículo 13. Definición.
Artículo 14. De la familia, infancia y juventud.
Artículo 15. Actuaciones en el sector de la familia.
1. Programas especializados de intervención familiar.
2. Programas de mediación familiar.
3. Defensa de los derechos de los menores y las menores en caso de ruptura familiar.
4. Programas de apoyo a las familias numerosas.
5. Programas de atención al maltrato infantil.
Artículo 16. Actuaciones en el sector de la infancia.
Artículo 17. De las instituciones colaboradoras de integración familiar y de las entidades de mediación en materia de adopción internacional.
1. Autorizadas como Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar en materia de Protección de Menores.
2. Acreditadas como Entidades de Mediación en materia de Adopción Internacional, conforme a la normativa estatal e internacional vigente.
Artículo 18. Actuaciones en el sector de la juventud.
Artículo 19. Del Comisionado para la Protección del Menor.
1. La coordinación e impulso de la ejecución de los programas previstos en la Ley de la Infancia de la Generalidad, de conformidad con su Plan Integral de Atención. Se incluyen los programas de:
a) Información.
b) Accesibilidad.
c) Cooperación.
d) Convivencia.
e) Reinserción Social.
2. La evaluación global de las acciones y la verificación de los resultados de la planificación, pudiendo:
a) Proponer la modificación o adaptación del Plan Integral.
b) Formular recomendaciones al órgano competente.
e) Proveer las medidas necesarias en situaciones de urgente necesidad social.
3. Para la implantación de los programas del Plan Integral de Atención a la Infancia, el Comisionado del Gobierno Valenciano para la Protección del Menor se constituirá en observatorio permanente de la situación del niño/a en la Comunidad Valenciana, y asumirá la coordinación entre los órganos gestores y los órganos de planificación.
Artículo 20. De la tercera edad.
a) Promover el desarrollo socio-cultural de las personas mayores, potenciando su máxima libertad, actividad y plena integración social y óptima calidad de vida.
b) Prevenir la marginación, procurando su integración y participación en la sociedad.
c) Favorecer que las personas mayores permanezcan en su medio habitual, realizando acciones que eviten desarraigos que puedan conducir a su marginación, o atenten contra su libertad y salud.
d) Garantizar a las personas mayores una atención residencial adecuada en los casos de necesidad, incapacidad y falta de apoyo familiar, prestando una atención preferente a las personas mayores más desprotegidas y garantizando a todas ellas la libertad de elección de Centro Residencial.
e) Potenciar aquellos programas de intervención dirigidos a crear, coordinar o fomentar recursos sociales próximos (tales como la propia familia o vecindario) que proporcionen apoyos para la población mayor y que favorezcan su integración social con autonomía y su funcionamiento autónomo en el seno de la comunidad, para el correcto desarrollo de su bienestar y salud.
Artículo 21. De las personas con discapacidades.
1. Respecto de las personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial, parálisis cerebral o enfermedad mental, se promoverán actividades de:
a) Prevención:
b) Tratamiento/asistencia:
2. Las actuaciones tendentes a realizar los objetivos anteriormente mencionados y, en particular, el objetivo genérico de una integración social y laboral lo más amplia posible para las personas con alguna capacidad reducida, requieren prestar una atención específica a los diferentes grupos de personas afectadas por discapacidades, adecuando instalaciones y servicios a cada grupo de personas.
3. La Generalidad, a través de los organismos que gestionen los Servicios Sociales y la Sanidad, fomentará un área de servicios socio-sanitarios para atender a aquellas personas afectadas por discapacidades que, además de medidas sociales, precisen de atención sanitaria.
4. Para abarcar todos los ámbitos de actuación, se fomentarán actividades de ocio con la finalidad de que las personas discapacitadas tengan las mismas oportunidades de disfrute del tiempo libre, de romper con su rutina diaria, salir de su entorno habitual, así como de proporcionar con ello una ayuda a las familias.
5. Se prestará atención especial en el contexto socio-sanitario a los enfermos mentales. Para ellos se articulará una red asistencial en la que los recursos sanitarios y sociales se conjunten atendiendo a sus múltiples necesidades desde una perspectiva global. En particular, como se recoge en artículos siguientes de esta misma Ley, se complementarán los centros de atención sanitaria con instalaciones que den respuesta a las necesidades psicosociales específicas de este conjunto de personas.
6. Con el fin de coordinar las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas en este ámbito, se crea una oficina para las personas con discapacidades, a la que corresponderá coordinar las actuaciones entre las distintas administraciones del ámbito de actuación de la presente Ley sobre los extremos relacionados con la integración social y ocupacional de las personas discapacitadas. Por medio de Decreto del Gobierno Valenciano se regulará esta oficina.
Artículo 22. De las drogodependencias.
Artículo 23. De los enfermos terminales.
a) Apoyo y atención psicológica al paciente y la paciente y a su entorno familiar, y al equipo asistencial.
b) Atención integral al paciente y la paciente en colaboración con hospitales especializados y atención primaria.
c) Atención y preparación de la familia en el proceso del duelo.
d) Resolución de la problemática social existente en torno a los enfermos y las enfermas y su familia, acceso a recursos sociales y establecimiento de la coordinación con la comunidad.
e) Actividad formativa continua (mediante programas específicos) para todas las personas profesionales implicadas o interesadas en estos problemas.
Artículo 24. De la mujer.
Artículo 25. De las minorías étnicas.
1. Su integración social, desde las fases educativas iniciales hasta la fase laboral.
a) En las fases educativas iniciales se luchará especialmente contra el absentismo escolar y toda forma de discriminación.
b) En la fase laboral se requerirá (del Departamento que en el Gobierno Valenciano gestione el fomento del empleo) la realización de planes específicos, en especial, de autoempleo para este colectivo, dadas las circunstancias especialmente complejas que acompañan su inserción en el mundo del trabajo.
2. La erradicación del chabolismo y la vivienda precaria, mediante la promoción, por parte de los poderes públicos, de alternativas urbanísticas y residenciales adecuadas y consensuadas con los destinatarios.
Artículo 26. De otros colectivos con riesgo de marginación.
1. Se desarrollarán actuaciones tendentes a la prevención de la delincuencia, la reinserción social de las personas internadas en centros penitenciarios y de aquellas que hubiesen cumplido ya condena, así como de atención y apoyo a sus familias.
2. Se realizarán actuaciones tendentes a favorecer la integración social de aquellos colectivos específicos que por una u otra causa se encuentren en situaciones carenciales, tales como marginados y transeúntes, refugiados y asilados, emigrantes, retornados, sean éstos hombres o mujeres, etcétera.
Artículo 27. De los Centros Sociales.
a) Información, orientación y asesoramiento a la ciudadanía sobre sus derechos y los recursos existentes en el ámbito de los Servicios Sociales.
b) Prevención, detección y análisis de las situaciones de riesgo y necesidad social.
c) Desarrollo del asociacionismo como cauce para la cooperación social.
d) Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (como prestación de carácter doméstico, social y de apoyo) al individuo dentro de su núcleo familiar o de convivencia habitual.
e) Prestación de los Servicios de Convivencia y Reinserción Social, como alternativas al internamiento en instituciones.
f) Realización de aquellas otras actuaciones que se determinen según la normativa vigente.
g) Cooperación y animación comunitaria estimulando la participación de las entidades sociales y ciudadanas en los asuntos sociales que más directamente les atañen.
Artículo 28. De los Centros de Día.
1. Los Centros de Día podrán implantarse bien con carácter específico en cada uno de los sectores de tercera edad, discapacitados y discapacitadas, personas necesitadas de estimulación precoz, menores, mujeres y otros grupos, bien con carácter polivalente.
2. Desarrollarán actividades que, en función de las carencias de los colectivos a los que van dirigidas, eliminen el riesgo de desarraigo del entorno familiar o social, favoreciendo que se retarde o se evite el internamiento en Centros Residenciales.
3. A ese fin, los Centros de Día procurarán:
a) La integración social de la ciudadanía y el asociacionismo.
b) La ocupación de los espacios de ocio y vida social.
c) La prevención y rehabilitación con el fin de lograr unas facultades físicas y psíquicas adecuadas.
d) El apoyo y tratamiento preciso para alcanzar la autonomía personal y el desarrollo social y afectivo.
Artículo 29. De los Centros de Acogida Albergue y Comedores Sociales.
1. Estos centros se configuran para la asistencia, urgente y temporal, de personas sin hogar o con graves problemas de convivencia.
2. Podrán realizar las siguientes prestaciones:
a) Asistencia integral.
b) Prestaciones completas de carácter residencial, alojamiento y manutención.
c) Tratamiento especializado.
d) Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda.
e) Apoyo psicosocial.
f) Asesoramiento jurídico.
g) Seguimiento postinstitucional, si fuera necesario.
Artículo 30. De los Centros Residenciales.
1. Los distintos tipos de Centros y Servicios Residenciales son equipamientos sustitutivos del hogar familiar, configurándose como centros de atención integral dirigidos a amplios sectores de personas y problemáticas con necesidades diferenciadas.
2. Se procurará que sus dimensiones sean reducidas con el fin de procurar una atención integral a sus usuarios y usuarias.
3. Se procurará su ubicación en zonas con demanda suficiente, y en el propio núcleo urbano o en sus cercanías.
4. Se procurará su ubicación en lugares cercanos al trasporte comunitario.
5. Este recurso facilitará las prestaciones básicas a las personas usuarias del servicio cuando no puedan ser atendidas, de forma suficiente, en su unidad básica de convivencia, una vez agotadas otras alternativas de Servicios Sociales.
6. En función de las necesidades de los usuarios, ofrecerán:
b) Alojamiento.
c) Manutención.
d) Actividades educativas, de convivencia, cooperación y autoayuda.
e) Tratamiento especializado.
f) Apoyo psicosocial.
g) Promoción de la salud.
Artículo 31. De los Centros de Estimulación Precoz
1. En ellos se llevarán a cabo actividades en régimen ambulatorio y de Centro de Día destinadas al tratamiento asistencial y/o preventivo del niño o niña con problemas en el desarrollo o riesgo de padecerlos por causas de origen prenatal, perinatal o postnatal.
2. Sus beneficiarios son niños y niñas entre cero y tres años, con discapacidad o riesgo de padecerla.
3. Se procurará su ubicación en centros urbanos y en lugares próximos a equipamientos comunitarios.
4. Las prestaciones consistirán esencialmente en:
Artículo 32. De los Centros Ocupacionales.
1. Los Centros Ocupaciones son centros de ocupación terapéutica dirigidos a personas con discapacidad a fin de conseguir un mejor ajuste psicosocial y la máxima adaptación al marco social en el que viven.
2. Un Centro Ocupacional es un lugar donde las personas adultas con discapacidad realizan determinadas actividades en los ámbitos siguientes:
a) Ámbito laboral (servicio de terapia ocupacional y actividades que permitan el equilibrio personal y favorezcan el desarrollo de habilidades, hábitos y destrezas laborales, con independencia del resultado productivo de las mismas).
b) Ámbito social (formación en habilidades, hábitos y destrezas para la convivencia social, así como orientación para una correcta utilización de los recursos comunitarios necesarios para el desarrollo y relación del discapacitado).
c) Ámbito personal (actividades tendentes a potenciar la autonomía personal y tratamientos psicológicos que favorezcan un proceso de autoestima y equilibrio emocional).
Artículo 33. Otros equipamientos.
1. Para un adecuado desarrollo del Sistema de Servicios Sociales, se implantarán aquellos centros que la evolución y dinámica social requieran y se consideren necesarios para la atención de la población.
2. En coordinación con la Consejería de Sanidad, la Consejería de Bienestar Social aportará los centros y equipamientos previstos en el Plan de Salud Mental de la Comunidad Valenciana.
Artículo 34. De las condiciones de los centros.
1. Reglamentariamente se procederá a establecer las condiciones de funcionamiento de cada uno de los centros de Servicios Sociales, así como la preceptiva participación de los usuarios y las usuarias en su organización.
2. Se definirá, para cada uno de los centros, todos los condicionantes relativos a beneficiarios, ubicación, capacidad, habitabilidad, temporalidad, prestaciones, plantillas de personal y cualesquiera otras medidas que se consideren oportunas y favorezcan el bienestar psicológico y físico de los usuarios y las usuarias.
3. Todos los centros deberán contar, como mínimo, para obtener la autorización de funcionamiento, con un reglamento de régimen interior, dar publicidad al sistema de ingresos de los usuarios y las usuarias y a las tarifas de precios, y cumplir con la legislación vigente en los ámbitos sanitario, arquitectónico y de seguridad.
4. La atención farmacéutica en las Residencias Socio-Sanitarias se llevará a cabo a través de los servicios de farmacia y los depósitos de medicamentos. En el ámbito de éstos, los farmacéuticos o farmacéuticas responsables de estas estructuras desarrollarán las funciones que establece la Ley del Medicamento.
Artículo 35. De los programas.
1. El desarrollo de los programas con incidencia en el campo de los Servicios Sociales podrá ser realizado por las distintas Administraciones o por la iniciativa social, debiendo estar coordinadas sus actuaciones para alcanzar la eficacia máxima en el logro de la eliminación de las desigualdades sociales.
2. Se priorizará la implantación de aquellos programas que:
3. En aquellos sectores regulados por disposiciones legislativas específicas, se estará a la tipología de programas establecida en las mismas.
Artículo 36. Sobre algunos programas específicos.
Artículo 37. De las prestaciones económicas.
1. La Administración de la Generalidad establecerá ayudas que complementen el Sistema de Servicios Sociales, estableciéndose reglamentariamente los requisitos, condiciones y cuantías de las mismas, de forma que cubran las necesidades básicas de las personas perceptoras.
2. Dichas ayudas podrán tener carácter personal o podrán estar dirigidas a la familia o a un núcleo convivencial dado. Este es el caso de las prestaciones económicas regladas. A los beneficiarios y beneficiarias se les podrá exigir la realización de actividades y podrán recibir ayudas tendentes a la normalización de sus hábitos y a su plena integración social, a través de la formación o de la cooperación social que se determine en la propuesta de concesión.
Artículo 38. De las prestaciones económicas individualizadas.
a) Ayudas de Emergencia, que serán de carácter extraordinario y no periódico, con la finalidad de atender a quienes se hallen en situación de extrema necesidad.
b) Ayudas para el Desarrollo Personal, que podrán articularse a través de distintas modalidades: Ayudas técnicas, ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas, ayudas para facilitar el desplazamiento de personas con algún tipo de impedimento...
c) Ayudas de Acogimiento Familiar, tanto de carácter primario como especializado.
d) Ayudas de Atención Institucionalizada, cuando se agoten otros recursos alternativos.
e) Bono-Residencia para la tercera edad y discapacitados, que favorezca el acceso a una plaza pública y el uso final gratuito, por parte de todo titular, según lo descrito en la presente Ley.
f) Ayudas para el cuidado de ancianos y ancianas en el ámbito familiar o núcleo convivencial dado. Con este tipo de medidas se potenciará que determinados conjuntos de personas sean atendidos por sus allegados, que constituyen su fuente más importante de apoyo social.
g) Otras ayudas que puedan establecerse en el futuro para formación o, en general, bienestar de las personas afectadas.
Artículo 39. De la gestión y pago de las prestaciones económicas.
1. La Generalidad desarrollará reglamentariamente los requisitos, condiciones y cuantías de cada una de las prestaciones económicas reguladas en este capítulo.
2. Asimismo, se desarrollará reglamentariamente la gestión, tramitación y pago de las prestaciones económicas por parte de la Generalidad y de los Servicios Sociales municipales o comarcales.
3. El Plan Valenciano de Servicios Sociales evaluará las necesidades sociales con el fin de prevenir las partidas presupuestarias para cubrir las ayudas económicas de este capítulo.
Artículo 40. De los órganos específicos de asesoramiento y participación.
1. Se crea el Consejo Valenciano de Bienestar Social órgano de participación social, asesoramiento y colaborador de la Generalidad en aquellas actividades que incidan en el campo de los Servicios Sociales.
2. El Consejo Valenciano de Bienestar Social se adscribe a la Consejería de Bienestar Social.
3. El Consejo Valenciano de Bienestar Social tendrá su sede en la ciudad de Valencia, sin perjuicio de que pueda celebrar sesiones en cualquier Municipio de la Comunidad Valenciana.
Artículo 41. De las funciones del Consejo Valenciano de Bienestar Social
a) Asesorar al Gobierno Valenciano en materia de Servicios Sociales, formulando propuestas destinadas a mejorar los Servicios Sociales que sean competencia de la Generalidad y, en general, proponiendo cuantas medidas tengan relación directa con el ámbito de las funciones del Consejo.
b) Conocer, valorar e informar los proyectos legislativos y de planificación sectorial relativos a los diversos ámbitos de los Servicios Sociales.
c) Promover y apoyar el asociacionismo y las iniciativas de solidaridad de carácter social.
d) Promover la realización de iniciativas análogas en los ámbitos municipal y comarcal.
e) Recoger las demandas sociales emanadas de los distintos sectores y colectivos sociales.
f) Fomentar las actividades de prevención, promoción y desarrollo social y cultural de los sectores sociales a los que sirve.
g) Fomentar la participación de los distintos sectores sociales y de las restantes Administraciones Públicas, impulsando la creación de Consejos de Bienestar Social en el ámbito local, comarcal o provincial.
Artículo 42. De los medios del Consejo Valenciano de Bienestar Social.
1. El Consejo Valenciano de Bienestar Social contará, para el cumplimiento de sus fines, con los recursos económicos que al efecto se consignen en los Presupuestos de la Generalidad.
2. El Gobierno Valenciano facilitará al Consejo Valenciano de Bienestar Social la ayuda estadística, técnica y de otro tipo que sea necesaria para el desarrollo de su cometido.
3. El patrimonio del Consejo Valenciano de Bienestar Social quedará integrado, a todos los efectos, en el patrimonio de la Generalidad.
4. El Consejo Valenciano de Bienestar Social formulará anualmente su propuesta de anteproyecto de presupuesto, que será aprobada por el Pleno de dicho Consejo para su remisión a la Consejería a la que se adscriba que, basándose en tal propuesta, redactará el anteproyecto.
5. El Consejo Valenciano de Bienestar Social formulará anualmente su propuesta de anteproyecto de presupuesto, que será aprobada por el Pleno de dicho Consejo para su remisión a la Consejería de Economía y Hacienda que, basándose en tal propuesta, redactará el anteproyecto definitivo.
6. El personal del Consejo Valenciano de Bienestar Social quedará vinculado a éste por una relación sujeta al Derecho laboral. La contratación a efectuar por el Consejo Valenciano de Bienestar Social se desarrollará en régimen de Derecho privado, si bien la selección de su personal se efectuará mediante convocatoria pública y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, previstos en el artículo 103 de la Constitución Española de 1978, todo ello de conformidad con los procedimientos y modalidades establecidos en la legislación vigente.
Artículo 43. De la composición del Consejo Valenciano de Bienestar Social.
1. El Pleno del Consejo Valenciano de Bienestar Social, integrado por:
Dos representantes de asociaciones del pueblo gitano. Un representante de asociaciones de otras minorías étnicas.
Dos representantes de las Universidades Valencianas. Dos representantes de las asociaciones de usuarios y usuarias.
Con posibilidades de incrementar el número de representantes en función de la creación de nuevas entidades que tengan incidencia en el. ámbito de los servicios sociales.
2. Los representantes a los que se refiere el apartado anterior serán elegidos de entre las entidades con mayor representación en cada sector y serán nombrados por el Consejero/a encargado de Asuntos Sociales.
3. La representación de las organizaciones sindicales y empresariales se fijará de acuerdo con los criterios de proporcionalidad establecidos en el título III de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
4. La presidencia del Consejo, oído el Pleno del mismo, nombrará a un Vicepresidente/a y un Secretario/a.
5. El mandato de los miembros del Consejo será de cuatro años, renovable por períodos de igual duración, que comenzará a computarse desde el día de la toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo que hayan de suplirles.
6. Reglamentariamente, se determinarán las normas de funcionamiento del Consejo.
Artículo 44. De las atribuciones de los miembros del Consejo Valenciano de Bienestar Social.
1. El Consejo Valenciano de Bienestar Social podrá funcionar en plenario o por comisiones especializadas que se consideren convenientes. A las diferentes sesiones podrán asistir los expertos y asesores técnicos invitados por el Consejo. La periodicidad de las sesiones plenarias será como mínimo una al cuatrimestre.
2. Previo dictamen favorable del Consejo Valenciano de Bienestar Social, un Decreto desarrollará las funciones, la organización y el funcionamiento de este órgano de participación.
Artículo 45. De la ordenación de los Servicios Sociales.
1. Cualquier iniciativa privada que redunde en beneficio de interés social habrá de canalizarse a través de la Administración competente, donde encontrará apoyo suficiente.
2. Para el cumplimiento de sus fines, las instituciones y asociaciones, sin ánimo de lucro, podrán acceder a subvenciones públicas cuando reúnan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
3. En dicha disposición se determinará, entre otras obligaciones, la de presentar sus fuentes de financiación, el plan económico para su funcionamiento, el sistema de contabilidad, balances y resto de documentación exigible.
4. Asimismo se regularán las condiciones para su concesión, el procedimiento de tramitación, resolución y recursos contra la misma, la forma de pago, justificación del gasto, evaluación y seguimiento.
5. Anualmente, mediante Orden de la Consejería competente, se publicarán los créditos disponibles y se establecerán las prioridades para la concesión de las subvenciones.
Artículo 46. De los Registros.
1. Aquellas entidades o personas físicas que lleven a cabo su actividad en la Comunidad Valenciana en el ámbito de los Servicios Sociales deberán inscribirse en el Registro que a tal efecto se constituya.
2. Igualmente, se procederá a inscribir cada centro o servicio, una vez autorizado su funcionamiento.
3. Reglamentariamente se regulará el funcionamiento y organización de los diferentes Registros. Se impulsará la creación de Registros descentralizados y la conexión informática entre todos ellos.
Artículo 47. De la autorización.
a) Que el centro o servicio/programa se ubique o funcione en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
b) Que el titular solicitante de autorización esté inscrito en el Registro correspondiente.
c) Que en el funcionamiento del centro o servicio/programa se garantice la participación de los usuarios y las usuarias y su organización sea de carácter democrático.
d) Que en los centros sostenidos con fondos públicos se constituyan órganos colegiados con participación de la dirección del centro, de su personal y de los propios usuarios y usuarias.
e) Que el centro o servicio/programa cuente con los recursos humanos y medios materiales u organización adecuados.
f) Que el centro publicite su sistema de ingresos y los precios de cada uno de sus servicios, debiendo poner a disposición de los usuarios y las usuarias el reglamento de régimen interior.
g) Que el centro o servicio/programa se coordine con la Administración Pública competente y se someta a los requerimientos de la función inspectora.
h) Que el centro cumpla las condiciones físicas, sanitarias y arquitectónicas adecuadas para su funcionamiento, en especial la eliminación de barreras arquitectónicas.
Artículo 48. De la autorización provisional.
Artículo 49. De la autorización definitiva.
Artículo 50. Sobre sanciones por no tener autorización.
Sin la autorización, provisional o definitiva, ningún centro o servicio podrá entrar en funcionamiento, pudiendo sancionarse la conducta contraria, según se determina en el título correspondiente de esta Ley, además de acordarse el oportuno cierre del establecimiento o centro y el cese de la actividad o servicio.
Artículo 51. De la modificación de las condiciones.
Artículo 52. De la competencia para las autorizaciones de funcionamiento.
1. La competencia para dictar las resoluciones de autorizaciones, atribuida a la Administración de la Generalidad, podrá delegarse en los Ayuntamientos en el caso de las autorizaciones de los centros y servicios de Servicios Sociales Generales que actúen en su ámbito territorial, de conformidad con los artículos 7 y 27 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.
2. En los supuestos de descentralización de la competencia, los Ayuntamientos deberán regirse por las disposiciones de esta Ley y de su desarrollo reglamentario, en lo referente a las condiciones y requisitos exigibles para alcanzar un mínimo de calidad en los servicios prestados, sometiéndose expresamente a la función inspectora de la Administración de la Generalidad.
3. Será atribución del Consejero competente en la materia de Servicios Sociales la formalización del oportuno acuerdo con la entidad local correspondiente.
4. La competencia para dictar las restantes resoluciones de autorización corresponderá, en todo caso, a la Administración de la Generalidad.
Artículo 53. Del concierto de plazas residenciales con la iniciativa privada.
1. Por Decreto del Gobierno Valenciano se regulará la colaboración de las Administraciones Públicas con las iniciativas sociales, pudiendo concertarse plazas de centros de titularidad privada con aquellas entidades que, habiendo sido previamente autorizadas con carácter definitivo, acrediten experiencia en la gestión de centros de Servicios Sociales y garanticen la calidad adecuada en la prestación de los servicios. En dicha regulación se establecerán las fórmulas regladas que garanticen una justa distribución de los fondos por medio de convocatoria pública para el establecimiento de los oportunos conciertos.
2. Dichos conciertos podrán tener carácter plurianual.
Artículo 54. Del voluntariado.
1. Las Administraciones Públicas, en sus distintos niveles competenciales, fomentarán el asociacionismo en materia de Servicios Sociales, impulsando el voluntariado social.
2. Se fomentará la actuación y formación específica del voluntariado social que colabore en el ámbito de los Servicios Sociales, regulándose sus funciones de forma tal que no implique en ningún caso relación de carácter laboral o mercantil, sin que ello implique la ocupación y el desarrollo de funciones que normalmente deberían ser competencia de un puesto de trabajo definitivo.
Artículo 55. Sobre presupuestos.
1. La Generalidad consignará en sus presupuestos anuales los créditos necesarios para financiar las distintas prestaciones, atenciones y servicios contenidos en la presente Ley que sean ejecutables en el ejercicio de sus competencias específicas, así como para contribuir al desarrollo mejora de las competencias de las entidades locales y al sostenimiento de programas con entidades sin fin de lucro.
2. De igual forma, las entidades locales consignarán en sus presupuestos los créditos necesarios para hacer frente a las prestaciones que en materia de Servicios Sociales figuren dentro del ámbito de sus competencias.
Artículo 56. Sobre conciertos.
1. La Generalidad contribuirá financieramente al desarrollo y mejora de las competencias de las entidades locales, así como al sostenimiento de programas de contenido social realizados por entidades sin ánimo de lucro.
2. Asimismo, la Generalidad consignará anualmente en sus presupuestos los fondos necesarios para atender los conciertos con centros privados que se regulan en la presente Ley.
Artículo 57. Sobre precios públicos.
Artículo 58. Sobre el Reglamento de Financiación Local para el Plan Concertado.
Con la finalidad de establecer un marco de financiación estable y suficiente, el Plan de Servicios Sociales establecerá las condiciones de concertación económica plurianual entre la Administración de la Generalidad y las entidades locales para el desarrolla de los Servicios Sociales Generales y Especializados gestionados por éstas.
Artículo 59. Sobre el carácter del Plan Concertado.
1. Los convenios de ejecución del Plan Concertado podrán ser de carácter plurianual con la finalidad de establecer un marco de actuación estable y de conseguir la mayor efectividad posible en las actuaciones que se realicen.
2. Podrán apoyarse financieramente también aquellos servicios especializados cuya titularidad ostenten los entes locales.
3. A tal fin, la Generalidad consignará en sus presupuestos anuales los créditos correspondientes a la financiación aprobada en el citado Plan.
Artículo 60. De la regulación de los precios públicos.
Artículo 61. Sobre los principios que presiden el establecimiento de precios públicos.
Artículo 62. Sobre la definición de centro concertado.
Artículo 63. Sobre el Reglamento de los centros concertados.
Artículo 64. Sobre los conciertos.
1. Los conciertos que se celebren con centros de atención social se regirán por lo previsto en esta Ley y en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos las entidades sin ánimo de lucro que, con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, fueran beneficiarias de subvenciones de la Generalidad para el mantenimiento de Centros de Atención Social.
Artículo 65. Sobre cuantías y plazos de los conciertos.
1. Los conciertos tendrán carácter plurianual a fin de posibilitar un marco estable, a medio plazo, para la financiación de los centros acogidos a este sistema. Al finalizar este plazo podrán ser renovados, sin perjuicio de su posible extinción prematura por causa de incumplimiento grave o cualesquiera otras causas que se fijen reglamentariamente.
2. La cuantía global anual de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados se establecerá en los presupuestos de la Generalidad mediante líneas presupuestarias diferenciadas para cada sector de atención social.
Artículo 66. Sobre normas para la cobertura de plazas en centros concertados.
Artículo 67. Sobre la extinción de conciertos.
1. Los conciertos podrán extinguirse antes de su finalización mediante resolución por incumplimiento grave.
2. El incumplimiento no grave dará lugar al apercibimiento por parte de la Administración. Caso de que el incumplimiento no grave fuese reiterativo, no se procederá a la renovación del concierto.
3. En los supuestos de extinción del concierto con anterioridad a su vencimiento natural, la Administración adoptará las medidas necesarias para procurar la continuidad en la atención a los usuarios y las usuarias.
4. Si el incumplimiento hubiera conllevado la percepción indebida de fondos públicos por parte del titular del centro, la resolución de éste conllevará la devolución de las mismas.
Artículo 68. Sobre las causas de incumplimiento.
Artículo 69. De la función inspectora.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de Servicios Sociales la función inspectora de las entidades, centros y servicios de Servicios Sociales, ya sean públicos o privados, con el fin de verificar el exacto cumplimiento de la normativa que les es de aplicación, así como proporcionar una información puntual sobre la calidad de los Servicios Sociales que se presten en el territorio de la Comunidad Valenciana.
2. La Consejería en cuestión contará para ello con el apoyo de las otras inspecciones de la Generalidad y con la colaboración de las otras Administraciones Públicas que tengan facultades inspectoras.
Artículo 70. Sobre las funciones básicas de la Inspección.
1. Velar por el respeto de los derechos de los usuarios y las usuarias de los Servicios Sociales.
2. Controlar el cumplimiento de los niveles de calidad de los Servicios Sociales que se presten en la Comunidad Valenciana.
3: Supervisar el destino y la adecuada utilización de los fondos públicos concedidos a personas físicas o jurídicas por medio de subvenciones, contratos, convenios o cualquier otra figura similar contemplada en la normativa vigente.
4. Proponer a la Dirección General competente los planes de mejoras en la calidad de los servicios e informar de los resultados de su actividad inspectora.
5. Facilitar el asesoramiento e información a las personas interesadas sobre sus derechos y deberes así como la forma de cumplir las disposiciones vigentes sobre la materia.
Artículo 71. Sobre el desarrollo de las funciones inspectoras.
1. Comprobar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de Servicios Sociales, con propuesta de adopción de medidas correctoras y de sanción adecuada, en su caso.
2. Prestar asistencia técnica, facilitando información y colaborando con otros servicios de la Dirección General competente.
3. Obtener información de datos de cualquier naturaleza para facilitar el control de calidad de los Servicios Sociales que se presten en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
4. Elaborar informes y estudios en relación con las materias objeto de la Inspección.
5. Verificar el cumplimiento de los requisitos y de las condiciones exigidas en la normativa para la integración en la red de Servicios Sociales de entidades, centros y servicios.
6. Comprobar la actuación de los centros y servicios, financiados total o parcialmente por fondos públicos, en sus aspectos funcionales, administrativos y económicos.
7. Llevar a cabo cualquier otra actuación que se le atribuya por la normativa vigente de Servicios Sociales.
8. Entrevistarse y solicitar información a los usuarios y las usuarias de los Servicios Sociales.
Artículo 72. Sobre los inspectores.
La Inspección de Servicios Sociales, dependiente de la Dirección General competente, tiene, en el ejercicio de sus funciones, la condición de autoridad pública, para lo cual los inspectores/as actuantes deberán acreditarse como tales, pudiendo recabar, si lo estiman necesario para el cumplimiento de sus atribuciones, el auxilio de otras instituciones públicas, así como citar á las personas responsables cuando lo consideren procedente, haciendo constar expresamente lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla.
a) Entrar libremente, y sin previa notificación, en cualquier momento, en todo centro, establecimiento o servicio sujeto a esta Ley.
b) Efectuar las pruebas, tomas de muestras, investigaciones o exámenes necesarios para comprobar el cumplimiento de esta Ley y sus normas de desarrollo.
c) Realizar cuantas actuaciones sean precisas para el cumplimiento de las funciones de inspección que desarrollen.
Artículo 73. De la actuación de la inspección.
Artículo 74. De las actas de inspección.
1. La Inspección extenderá acta de todas sus intervenciones y emitirá los informes que le sean requeridos. Dicha acta se efectuará en modelo oficial y en ella se deberán consignar todos los datos relativos a la entidad, centro o servicio inspeccionado.
2. Si los inspectores. actuantes apreciaren algún hecho que pudiera ser constitutivo de infracción, se deberá hacer constar en el acta levantada al efecto:
3. Los hechos consignados en las actas (que en el ejercicio de sus funciones levante la Inspección de Servicios Sociales) tendrán presunción de certeza siempre que hayan sido constatados personalmente por los inspectores actuantes y cumplan los requisitos señalados en el apartado anterior, salvo –en todo caso– la prueba en contrario.
4. El acta será obligatoriamente firmada por el titular o representante de la entidad, centro o servicio a fin de garantizar el conocimiento del contenido de la misma. En caso de negativa a ser firmada, la Inspección lo hará constar en la misma.
5. Del acta levantada se entregará copia a la persona interesada, en caso de negativa a recibirla el inspector lo hará constar en el acta, siendo ésta remitida al interesado por alguno de los medios previstos en las disposiciones legales vigentes.
Artículo 75. Sobre situaciones de riesgo inminente.
1. En el caso de que los inspectores actuantes apreciaren una situación de riesgo inminente o perjuicio grave para la salud o la seguridad, de los usuarios y las usuarias, podrán adoptar las siguientes medidas cautelares durante el tiempo que subsista la situación o las causas que las han motivado:
2. De la adopción de dichas medidas se dará conocimiento inmediato al titular de la Dirección General competente, quien podrá confirmarlas o dejarlas sin efecto.
Artículo 76. De los sujetos responsables.
1. Son sujetos responsables las personas físicas o jurídicas, titulares o gestores de entidades, centros o servicios que presten asistencia en las áreas de intervención señaladas en la presente Ley.
2. Será obligación de los/las titulares y gestores de las entidades, centros y servicios el permitir a la inspección el acceso a las instalaciones y facilitar la información, documentos, libros y demás datos que les sean requeridos, así como a prestar toda la colaboración precisa para la comprobación del cumplimiento de la normativa vigente.
Artículo 77. Sobre las responsabilidades.
1. Las responsabilidades administrativas derivadas de la presente Ley se exigirán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o laborales que pudieran derivar.
2. En los supuestos en que los hechos pudieran ser constitutivos de delito, se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal o del órgano judicial competente.
3. La Administración suspenderá el procedimiento sancionador cuando tenga conocimiento de la tramitación de un proceso judicial fundado en los mismos hechos. Si la autoridad judicial competente no estima la existencia de delito, la Administración reanudará el procedimiento siempre y cuando los hechos en cuestión se hayan considerado como probados por dicha autoridad.
4. En todo caso, las medidas administrativas que se hayan adoptado para garantizar la salud o la seguridad de las personas se mantendrán hasta que la autoridad judicial se pronuncie sobre ellas.
Artículo 78. De las infracciones administrativas.
Artículo 79. De los tipos de infracciones.
Artículo 80. Sobre las infracciones leves.
Artículo 81. Sobre infracciones graves.
Artículo 82. Sobre infracciones muy graves.
Artículo 83. Del concepto de reincidencia.
Artículo 84. Sobre sanciones administrativas.
2. Multa de 50.000 a 500.000 pesetas.
1. Multa de 500.001 a 2.500.000 pesetas.
1. Multa de 2.500.001 a 10.000.000 de pesetas.
Artículo 85. De la graduación de las sanciones.
1. La gravedad del riesgo o peligro para los usuarios o usuarias.
Artículo 86. De la prescripción de las infracciones y de las sanciones.
1. Las infracciones a que se refieren la presente Ley prescribirán al año si son leves, a los tres años si son graves y a los cinco años si son muy graves, desde el momento en que se hubieran cometido.
Artículo 87. Sobre excepciones.
Artículo 88. Del procedimiento sancionador.
Artículo 89. De la iniciación del procedimiento sancionador.
Artículo 90. Del instructor.
1. Para la incoación del expediente sancionador, el titular de la Dirección General competente nombrará instructor del mismo a un funcionario o funcionaria adscrito/a a la unidad administrativa competente en razón de la materia.
Artículo 91. Sobre medidas provisionales.
3. Inmovilizar y retirar productos por razones de higiene, sanidad y seguridad.
4. Inhabilitar dependencias o suspender temporalmente servicios específicos prestados por entidades y centros por razones de higiene, sanidad y seguridad.
5. Suspender la admisión de nuevos usuarios o usuarias.
Artículo 92. De la resolución del expediente sancionador.
Artículo 93. De recursos.
1. Contra las resoluciones recaídas por infracciones y dictadas por la persona titular de la Dirección General competente, se podrá interponer recurso administrativo ordinario ante la persona titular de la Consejería de Bienestar Social en el plazo de un mes.
2. Las resoluciones dictadas por la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, recaídas en los procedimientos sancionadores, ponen fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
Artículo 94. De la publicidad de las sanciones.
Artículo 95. Sobre generalidades acerca de derechos y deberes de los usuarios y las usuarias.
1. En el ingreso, permanencia y salida de los centros de Servicios Sociales se respetará la propia voluntad del usuario o usuaria o de su representante legal cuando se trate de menores de edad o personas mayores incapacitadas. En este último caso será necesaria además la pertinente autorización judicial de acuerdo con el artículo 211 del Código Civil.
2. En caso de urgencia podrá procederse al ingreso sin la autorización judicial, según lo dispuesto en el párrafo anterior, y habrá de comunicarse inmediatamente a la autoridad judicial competente para que dicte la resolución que proceda.
3. En el caso de incapacidad sobrevenida al internamiento, las personas responsables del centro deberán ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad judicial a los efectos de lo previsto en el referido artículo del Código Civil.
Artículo 96. De los reglamentos de los centros de Servicios Sociales.
Artículo 97. Sobre obligaciones de los usuarios y las usuarias.
1. Cumplir las normas de convivencia fijadas en los reglamentos de régimen interior de los centros de Servicios Sociales.
3. Colaborar con el personal especializado encargado de prestar la asistencia necesaria.
1. Se creará mediante Decreto una Comisión Mixta, de carácter interdepartamental, integrada por representantes de las áreas de Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Economía y Hacienda y Función Pública, a fin de coordinar las diversas actuaciones de la Administración Autonómica en materias propias de la presente Ley.
2. La composición, régimen y funcionamiento de esta Comisión serán establecidas de forma reglamentaria.
1. Progresivamente, en los Presupuestos de la Administración de la Generalidad y de los entes locales, se alcanzará una cuota económica de participación o consignación presupuestaria anual para la financiación de los Servicios Sociales.
2. La cuota de participación de los entes locales les permitirá acceder con carácter preferente a los conciertos con la Generalidad.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3028, de 4 de julio de 1997; corrección de errores en «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3032, de 10 de julio de 1997)
Entrada en vigor: 4 de agosto de 1997.
Publicada en el DOCV núm. 3028, de 4 de julio de 1997.
por Ley 3/2019, de 18 de febrero (Ref. BOE-A-2019-3489).
los arts. 60 y 61, SE MODIFICA los arts 47.1 y 47 bis.1 y SE AÑADE la disposición adicional 6, por Ley 27/2018, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2019-1987).
el art. 66.3, por Ley 21/2017, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-1871).
los arts. 6.1, 53, 56.2, el título VI y SE AÑADE el art. 44 bis, por Ley 13/2016, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-1291).
el art. 38, por Ley 10/2015, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2016-1205).
los arts. 46 a 52, 80 a 82 y 87, y SE AÑADE el art. 47 bis, por Ley 7/2014, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-1236).
los arts. 12, 13 y 26, por Ley 16/2008, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-1603).
SE DEROGA el art. 19 y se modifica el art. 31, por Ley 12/2008, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2008-14050).
sobre renta garantizada de ciudadanía: Ley 9/2007, de 12 de marzo (Ref. BOE-A-2007-8278).
sobre perros de asistencia para personas con discapacidades: Ley 12/2003, de 10 de abril (Ref. BOE-A-2003-10296).
SE DEROGA el art. 21, por Ley 11/2003, de 10 de abril (Ref. BOE-A-2003-10295).
con el art. 15, regulando la mediación familiar: Ley 7/2001, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-2001-24093).
regulando la accesibilidad y supresión de barreras: Ley 1/1998, de 5 de mayo (Ref. BOE-A-1998-13360).
DEROGA Ley 5/1989, de 6 de julio (Ref. BOE-A-1989-18910).
DE CONFORMIDAD con el art. 31.24 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio (Ref. BOE-A-1982-17235).

References: Artículo 3

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Artículo 8

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Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92
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Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95
 artículo 211
 resolución 

Artículo 96

Artículo 97