Source: http://luis-revilla.blogspot.com/2017_02_01_archive.html
Timestamp: 2017-03-30 02:41:50+00:00

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Luis Revilla: February 2017
El Alcalde de La Paz, Luis Revilla, indicó que la Resolución Administrativa Departamental 1059 de la Gobernación, que define los límites entre La Paz y Palca, es un “gran avance” para solucionar este conflicto, que estuvo pendiente por muchos años.
La primera autoridad del municipio paceño dijo no conocer en detalle la información proporcionada por el Gobernador, Félix Patzi, porque señaló que espera que se le comunique de manera oficial, pero insistió que será de gran beneficio para ambos comunas.
Patzi, informó, en las últimas horas, que mediante la Resolución, se pretende poner fin al problema de límites territoriales entre los municipios de La Paz - Palca, ya que en la misma se establecen datos geofísicos entre ambas regiones.
La Gobernación de La Paz mediante la Dirección de Límites, informó que a través de sus atribuciones legales emitió la Resolución señalada para definir los linderos entre Palca y La Paz, que permaneció por años en discusión, para lo cual se fijó la calle 60 de Ovejuyo como zona divisoria.
EL Gobernador explicó que desde la calle 60 se marca un límite entre ambos municipios, formando parte de La Paz, Auquisamaña, Ovejuyo, parte de Pedregal, Alto Irpavi, Pampahasi, Chinchaya, Chicani, Achumani y Hampaturi.
Indicó que Villlacota pertenece a Palca y está dividida quebrada de Villcacota, y los ríos Lacakollo y Chiarkollo son perteneciente al municipio de La Paz, hasta la cima del cerro J’acha Kasi.
Explicó que la resolución dio un plazo de cinco días hábiles al municipio Palca, para que pueda realizar sus observaciones, si en el lapso de ese tiempo no se conocieran oficialmente reclamos, dicha resolución se entraría automáticamente en vigor.
Por su parte, el director del Límite Territorial, Remberto Catari, indicó que para realizar esta Resolución departamental, se hizo una consulta previa a las zonas que estaban en esta disyuntiva, “se dialogó con la junta de vecinos de los lugares más difíciles de tratar para lograr consensos sobre este tema”, señaló.
Las autoridades de las alcaldías de La Paz y Palca sostuvieron arduas reuniones para por el tema de límites. En todas las oportunidades los municipios expusieron sus criterios técnicos jurisdiccionales sobre los sitios en conflicto.
Los encuentros auspiciados por la Gobernación, contaron con la presencia de las organizaciones sociales para establecer un cronograma de inspecciones a los puntos limítrofes en conflicto.
El rechazo de extrabajadores de La Paz Limpia (LPL) a los memorandos de despido será considerado hoy, viernes, en audiencia prevista para las 07.30 por la Jefatura Departamental de Trabajo, a cargo de la Evelin Vizcarra. Entretanto que el alcalde, Luis Revilla, aclaró en la víspera que esta decisión responde a un proceso de evaluación y selección del personal requerido para el efectivo cumplimiento de las tareas comprometidas con la comuna paceña.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Hugo Tórrez, señaló que la exigencia de los trabajadores tiene que ver con el respeto a la estabilidad laboral acordado con la empresa y bajo compromiso del alcalde de La Paz, Luis Revilla, por lo que deberá participar de la audiencia.
El dirigente departamental afirmó que el despido de los trabajadores de LPL es un acto de desacato a la normativa laboral, toda vez que las medidas de evaluación al desempeño, no corresponde aplicar a personal con más de 20 años de experiencia, muchos de los cuales cumplen esas funciones desde las ex concesionarias del aseo urbano en la ciudad como Starco, Clima y Sabenpe.
Según se conoció, se trata de un proceso de evaluación y selección del personal requerido por la empresa privada en actual operación. Según ese procedimiento las empresas tienen la prerrogativa de evaluar al personal de su dependencia en función de los objetivos esperados y, en este caso, para prestar un mejor servicio a la ciudadanía de la ciudad de La Paz.
Por su parte, el alcalde Revilla solicitó un informe en detalle acerca de las consideraciones efectuadas, antes de que LPL emitiera los memorandos de desvinculación de la empresa, con la finalidad de evitar malos entendidos en este tema.
El municipio de La Paz elabora una normativa para establecer los protocolos de intervención de locales nocturnos que permitan precautelar los derechos a la intimidad, el honor y la vida privada de las trabajadoras sexuales, regulación que incluye a la Policía Boliviana, a la Guardia Municipal y los actores vinculados al tema.
El tratamiento de este tema recoge los criterios de instituciones y autoridades municipales expuestos en un encuentro organizado desde el Concejo Municipal de La Paz, en el que participaron instituciones nacionales y autoridades municipales, además de organizaciones de trabajadoras sexuales representadas legalmente.
“Si bien es una normativa municipal, el debate que esperamos que se abra tiene que darse a nivel nacional. Tenemos muchas barreras como el artículo 321 del Código Penal que ha permitido amparar o frenar la falta de acción entre ellas, pero que con la Ley de Autonomías estamos en condiciones de superar”, refirió la concejal Cecilia Chacón, presidenta de la Comisión de Gestión Institucional y Administración del Concejo Edil paceño.
De acuerdo con lo anunciado, la propuesta de normativa municipal para la regulación de los espacios autogestionarios de las trabajadoras sexuales debe permitirles mejorar su calidad de vida desde una política municipal integral, propuesta que será presentada en el curso de este primer trimestre.
La propuesta municipal, en el marco de sus políticas sociales, plantea la necesidad de trabajar más allá de la crítica y construir políticas de respeto, y espacios de protección para las trabajadoras sexuales y mujeres en situación de prostitución, a partir de la inclusión, resultado de la doble moral institucional que ha excluido a este sector de las políticas nacionales.
“Estamos trabajando en una política en la que se consideren varios aspectos, como el acceso a la salud, a la educación, a los centros integrales infantiles y de atención a la población femenina que quiere salir de esta actividad. Y para quienes decidan continuar con esta actividad, garantizar condiciones de seguridad y de protección a su derecho a la intimidad”, apuntó.
La concejal Khatia Salazar señaló que la apertura al diálogo sobre un tema tan sensible, como es el trabajo sexual, exige superar tabúes y paradigmas, aprender a escuchar abiertamente los aspectos que hacen a este oficio y sensibilizar a la población para que entienda la razón de esta actividad desde una perspectiva integral.
“Debemos hacer un proyecto que permita a las trabajadoras sexuales tener una norma de respeto al trabajo y la decisión sobre su cuerpo. Hay operativos de control de salud, contra la trata y tráfico de personas, cuyas formas de ejecución violentan los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, porque se las asocia con el delito del narcotráfico y trata de menores. Son sujetos de exposición al delito, pero no son sujetos de derechos como cualquier ciudadano”, apunta.
En este sentido, para el Gobierno local es un reto la construcción de una norma que regule esta actividad permitiendo condiciones adecuadas respetando la libre elección sobre su cuerpo y oficio asumido por muchas mujeres.
Las instituciones ejercen violencia sobre ellas (trabajadoras sexuales), porque no tiene una regulación que formalice su oficio, son las instalaciones nocturnas, las personas que ejercen el proxenetismo y la explotación sexual las que ejercen autoridad sobre las mujeres que han optado por esa actividad, coincide la concejal Salazar.
La violencia económica sobre las trabajadoras sexuales es uno de los aspectos casi naturalizado, toda vez que son ellas quienes generan las ganancias, pero las que reciben el mínimo rédito debido a que la falta de una regulación las empuja al ámbito de lo clandestino, de la mafia y la explotación encubierta.
AVANZAR ES IMPORTANTE
Desde las afirmaciones de las trabajadoras sexuales, Nelva, nombre ficticio, considera que este tema apenas empieza a ser visibilizado con el aporte de las autoridades municipales y de otras instituciones que comprenden las implicaciones del desarrollo social y el por qué de este oficio, como una opción laboral que merece mejores condiciones.
La falta de una normativa que ampare a las trabajadoras sexuales, para que tengan condiciones adecuadas, es la mayor debilidad, porque sin ser una actividad penada tampoco es reconocida legalmente, lo que da lugar a que los dueños de los locales nocturnos, sus administradores y todo el entorno vinculado al control ciudadano, como la Policía, la Municipalidad y los medios de comunicación, aborden el tema sin tomar en cuenta los derechos de la otra persona.
La falta de acceso a la salud es una de las mayores deficiencias –refiere Nelva– no tiene la suficiente capacidad para el número de mujeres que ejercen este oficio. Por otra parte, la atención en salud se reduce al análisis de sangre y revisión genital, y ninguna otra atención integral.
El alcalde Luis Revilla advirtió que la probable falta de lluvias en febrero y marzo puede provocar el racionamiento en el servicio en la ciudad de La Paz desde mediados de año. En opinión de la autoridad las precipitaciones no se presentaron con frecuencia ni la intensidad esperada.
“Como nosotros lo habíamos previsto, si las lluvias se mantienen en niveles bajos en febrero y en marzo podemos tener racionamiento (de la provisión de agua potable) a partir de mediados de año, nuevamente. Pero habrá que esperar que ocurrirá con las lluvias de febrero y marzo”, afirmó este viernes el Alcalde.
Recordó que la población enfrentó desde noviembre de 2016 una crisis en el suministro de agua potable que derivó en que se adelantaran las obras en las represas. El día 8 de ese mes, EPSAS determinó un racionamiento en 94 barrios de la zona Sur y la ladera Este de la ciudad.
“Quizá el punto positivo de la crisis es que las obras que tenían que desarrollarse para ampliar la represas se las ha adelantado, producto de la emergencia y eso nos va a dar tranquilidad para los próximos años, es decir, las obras que se están haciendo en este momento para la ampliación de las represas van a evitarnos dificultades mayores los siguientes años, como el que hemos tenido que sufrir en 2016”, dijo el Alcalde Revilla.
En diciembre de 2016, el presidente Evo Morales comprometió inversión para la ejecución de trasvases en las lagunas de Kasiri (Palcoma), Pongo y Estrellani (ruta a Yungas), además, represas y plantas potabilizadoras en los ríos Irpavi y Choqueyapu.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, solicitó el sábado al gobernador, Félix Patzi, emitir resoluciones en los próximos días para poner fin al conflicto de límites con los municipios colindantes de Palca y Mecapaca.
“Aprovecho este momento para hacer un llamado al gobernador, un pedido, una solicitud para que estos días, ojalá esta próxima semana pueda emitir las dos resoluciones que pongan fin a la problemática de límites con Palca y Mecapaca”, dijo en conferencia de prensa.
Precisó que, en el caso del municipio de Palca, la autoridad departamental tiene la facultad para establecer el límite entre ambas jurisdicciones, mientras que en el caso de Mecapaca, debe enviar documentos al Viceministerio de Autonomías para seguir un proceso para la convocatoria a referendo de consulta a los habitantes de ese municipio.
“Esto para evitar justamente esta distorsión de los límites y siga permitiendo este tipo de acciones irregulares (avasallamientos)”, indicó.
Este tema volvió al debate luego que el miércoles se produjo el deslizamiento de un farallón en la zona de Auquisamaña, en la que quedaron afectadas 5 viviendas.
Auquisamaña Propietarios y Alcaldía decidirán sobre destino de terrenos afectados
El destino que tendrán los terrenos de las casas afectadas por el desmoronamiento de un farallón, ocurrido el pasado 15 de febrero en la zona de Auquisamaña, será determinado de manera conjunta entre los dueños de los predios y la Alcaldía de La Paz, sobre la base de los estudios técnicos geológicos de la superficie impactada y su área de influencia.
“Es una decisión que más adelante se tomará con los vecinos, está vinculada al análisis de los geólogos si ese espacio que ocupaban las viviendas pueden ser aptos para la construcción después de la estabilización o eventualmente deban pasar a formar parte de los espacios municipales, como área destinada a estabilizar el talud o farallón”, señaló el alcalde Luis Revilla.
La posibilidad de que estos predios fueran expropiados o no, también dependerá del análisis jurídico, toda vez que algunas de ellas contarían con un servicio de seguro, medida de previsión que cubrirá algunas contingencias.
“Si es que esos predios pasaran a ser propiedad municipal, por su puesto, tendrá que llevarse adelante un procedimiento específico que está previsto en la Ley, como la expropiación o alguno similar”, remarcó la autoridad edil.
ESTUDIARÁN EL CASO
Entre tanto, los dueños de las casas afectadas plantearon que este tema será analizado una vez que se clarifiquen las causas del desastre y las opciones que técnicamente planteen certezas.
En relación con la posibilidad de una expropiación, uno de los damnificados Adolfo Vera, señaló que es parte de la realidad y dentro de la legalidad, por tanto no puede dejar de ser tomado en cuenta “es un tema de sentido común y está en las leyes”, refirió al aclarar que en su caso, se trata de una casa que cumple con todas las exigencias municipales y que no está tipificado como un área de riesgo.
“Tengo que sentarme a pensar no he imaginado la magnitud del desastre. Los cálculos posibles eran que un deslizamiento taparía el embovedado del río. Creo que esto ha sido por una situación extraña”, según Javier Vera, también afectado.
A decir de Javier Vera, de proceder una expropiación ésta tendría que ser por la totalidad de la casa y no así sólo por un terreno, toda vez que se trata de un bien totalmente saneado “correspondería que la Alcaldía evalúe todos estos aspectos”, advirtió.
La configuración geológica de los farallones con taludes subverticales y quebradas con valles profundos, así como la vulnerabilidad de estos suelos por efecto de los fenómenos climatológicos son condiciones que imposibilitan efectuar tareas preventivas en el sector que se desmoronó el miércoles pasado 15 de febrero en Bajo Auquisamaña.
El informe técnico geológico presentado este sábado por el alcalde de La Paz, Luis Revilla y su equipo técnico, señala que no era efectuar posibles tareas preventivas que requiere maquinaria pesada en una configuración de alta pendiente como los farallones de Auquisamaña.
“En el caso de los farallones de Auquisamaña imposible pensar en que maquinaria pesada pueda subir de manera vertical para hacer algún tipo de trabajo”, apuntó el Alcalde al señalar que dadas las condiciones generadas por el desastre es posible acceder a farallones de menor tamaño.
Sin embargo, era pertinente la observancia de la Ley de Municipalidades 2028/99 que estable guardar 25 metros de distancia entre el levantamiento de edificaciones este tipo de formaciones y ríos, toda vez que la construcciones datan a partir de 1988 y 2004.
La intervención municipal de emergencia efectuada a partir del 15 de febrero que desplazó a por lo menos 300 funcionarios cumple tareas en:
Asistencia técnica; evaluación técnica geológica del sector afectado y colindancia; intervención de rescate para evaluar daños personales; evacuación de las viviendas afectadas; intervención con maquinaria pesada para eliminar amenazas; impermeabilización del sector; y monitoreo 24 horas con personal técnico y de rescate.
Los resultados de la evaluación sobre las condiciones de los predios afectados por el desmoronamiento del farallón señalan que cinco casas de propiedad privada colapsaron en su totalidad, de los cuales dos se encuentran en observación.
Por otra parte, seis casas próximas al derrumbe fueron evacuadas como medida preventiva.
La valoración establece que cuatro lotes no cuentan con planos aprobados, mientras que los planos de otros ocho lotes fueron aprobados entre 1988 y 2004, un lote cuenta con planos de regularización de 2016.
Entre las gestiones 2005 y 20016 la Alcaldía de La Paz invirtió Bs 21.345.779 en obras de infraestructura y equipamiento urbano, entre las más importantes incluyen:
Canalización río Auquisamaña y obras de complementación.
Construcción de muros de gaviones en la zona y quebradas
- Control de torrenteras río Auquisamaña
- Construcción de áreas de equipamiento
- Mejoramiento de áreas verdes
- Mejoramiento de barrios
- Mejoramiento de calles y avenidas
- Asfaltos de calle y avenidas
- Implementación de transporte municipal
- Servicio de aseo urbano
Se espera un informe en 14 días Equipo técnico evalúa área del deslizamiento
En un acto, realizado ayer, en Palacio de Gobierno, el presidente en ejercicio, Álvaro García, aprobó el contrato de préstamo de 30 millones de dólares, crédito proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que irá para beneficio de proyectos de drenaje pluvial para La Paz y El Alto. En la oportunidad tanto el alcalde de La Paz, Luis Revilla, como el mandatario acordaron seguir trabajando en conjunto en el tema de riesgos. La autoridad edil de El Alto no asistió al acto.
Durante el acto de promulgación de la nueva ley que viabiliza créditos para las alcaldías de La Paz y El Alto, donde el Presidente en ejercicio, suscribió un contrato de préstamo, las autoridades intercambiaron criterios, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, sostuvo que los recursos que en ese momentos eran aprobados serán destinados a proyectos de construcción de obras hidráulicas del rio Huayllani, Kellumani, Irpavi y Achumani, entre otros.
REVILLA AGRADECIÓ
El alcalde Revilla, a tiempo de agradecer al Gobierno por facilitar los créditos, explicó que el financiamiento permitirá cubrir la tercera fase del Programa de Drenaje Pluvial en La Paz.
“Como parte de la continuación de este programa a través de esta tercera fase tenemos, de la misma manera, la ejecución de proyectos muy importantes para la ciudad como son la continuación de la doble bóveda de Choqueyapu, desde la gruta de Lourdes hacia la parte baja, o la canalización del río Irpavi detrás del Megacenter”, dijo la autoridad edil.
Asimismo, añadió que la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos realizó, en los últimos 15 años, una inversión cercana a 1.000 millones de dólares en prevención de riesgos y, de acuerdo a sus cálculos, se requeriría otro monto similar para que se ejecuten obras en los próximos 15 años.
Posteriormente, el Presidente en ejercicio, a tiempo de manifestar el interés de atrabajar conjuntamente y apoyar a la municipalidad en temas relacionados con el riego para La Paz, señaló priorizarán créditos para evitar desastres y para agua.
“Estamos instruyendo a nuestro ministro Arce que en reunión con usted (alcalde Revilla) priorice todo lo que tiene que ver con crédito para prevención de desastre y crédito para agua potable. Vamos a darle una mano hermano alcalde de La Paz, hermana alcaldesa de la ciudad de El Alto, no le vamos a colocar restricciones”, dijo en pleno.
DETALLE DE CRÉDITO
Por otro lado, el ministro Arce, indicó que los 39,9 millones de dólares provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una contraparte de las dos alcaldías.
García Linera señaló complementó que el total del financiamiento para los proyectos es de 17 millones de dólares para La Paz, de los cuales 15 millones son de crédito y 2,4 millones de aporte propio de la Alcaldía. En el caso de El Alto el financiamiento llega a 16,5 millones de dólares, 15 millones de dólares de crédito y 1,5 millones de dólares de aporte edil.
ALCALDESA CHAPETÓN
El Presidente en Ejercicio también lamentó que la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón no asistiera al acto de suscripción de créditos.
“Hemos invitado a la Alcaldesa de El Alto, como el Alcalde de La Paz, lamentablemente no nos respondió (…) Lamento esta actitud de la Alcaldesa”, dijo García.
En el 2016, se conoció que la alcaldesa Chapetón fue excluida de la invitación que en ese entonces hizo el presidente Evo Morales a todos los alcaldes de los municipios del departamento paceño para que presenten sus proyectos para el programa de “Mi Agua” IV, en Palacio de Gobierno.
En la oportunidad la autoridad edil de El Alto, llegó a Palacio de Gobierno y, después de hacerla esperar minutos en puertas –cuando los otros alcaldes ya estaban dentro, logró ingresar para entregar al presidente Morales los proyectos para la ciudad más joven del país.
Video Entrevista a Revilla sobre los deslizamientos en Auquisamaña
La Comuna paceña evalúa la posibilidad de desafiliar a los trabajadores ediles de la Caja Nacional de Salud (CNS) debido a la “deplorable” prestación del servicio, informó ayer el alcalde Luis Revilla. Adelantó que se analizará la normativa para ver la posibilidad si los hospitales municipales pueden cumplir con esta tarea y atender los funcionarios.
Las declaraciones del Alcalde se dieron a conocer luego de que el Gobierno central aprobó esta mañana un decreto supremo que determinó establecer la libre afiliación al sistema de salud, lo que permitirá que un trabajador pueda elegir en qué caja quiere recibir atención médica.
“Nosotros también, desde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, estamos evaluando la posibilidad de desafiliarnos de la Caja Nacional de Salud y que nuestros propios funcionarios puedan ser atendidos en nuestros hospitales municipales, que ahorita no es del todo posible por razones normativas”, dijo la autoridad edil luego de un acto de entrega de certificaciones al Consejo Ciudadanos de las Mujeres realizado en el Salón Rojo del Palacio Consistorial.
La Municipalidad realizó inversiones cuantiosas para construir y poner en funcionamiento de los hospitales municipales de segundo nivel Los Pinos (Sur), La Merced (Periférica), La Portada (Max Paredes) y, próximamente, Cotahuma que se está equipando y San Antonio, este último está en proyecto.
Según Revilla, el servicio de salud que presta la CNS es “deplorable” y pese a que el ente asegurador tiene muchos recursos no se realizaron inversiones para mejorar la atención a los pacientes.
“Si ustedes van ahorita a cualquier hospital donde está algún asegurado en la Caja el servicio es deplorable y una entidad que tiene muchos recursos que ni siquiera se ejecutan para mejorar la infraestructura o para mejorar el personal para que se preste un servicio de calidad”, remarcó la autoridad edil.
En esa línea, calificó de buena la decisión del Gobierno central a fin de poner en vigencia la libre afiliación. Además, la medida promoverá la mejora de la prestación del servicio de salud en la CNS y en otras entidades aseguradoras.
“Es una buena decisión porque eso va a obligar a que la Caja pueda para conseguir finalmente los recursos para tener afiliados prestar un buen servicio y no estar cómodamente esperando que todos vengan porque es la única alternativa que les queda”, indicó la autoridad edil.
Autoridad de control y fiscalización de las cajas de salud
En referencia al anuncio gubernamental de la creación de un ente regulador para sancionar a las cajas que presten un mal servicio al asegurado, Revilla dijo que la medida no funcionará mientras no se resuelva el asunto de competencias respecto a los tres niveles en los centros de salud y hospitales.
La autoridad puso en claro que el principal problema es que el sistema de salud está dividido en tres: centros de salud (primer nivel), en el cual la infraestructura es de competencia edil y el personal debe ser contratado por la Gobernación; hospitales de segundo nivel, que son responsabilidad integral de la Comuna; y los de tercer nivel, que son enteramente atribución de la instancia central del Estado.
“Mientras este problema de las competencias, este control sobre el servicio en los distintos niveles no se resuelve y se clarifique de manera adecuada no van a funcionar. Nosotros invertimos en construir un centro de salud, lo equipamos con la última tecnología pero no depende de nosotros el personal”, refirió la autoridad
En ese sentido, Revilla informó que propuso al Gobernador La Paz, Félix Patzi, realizar un convenio a fin de que la Comuna tenga una mayor coordinación y supervisión sobre el personal de los centros de salud a fin de que se mejore la prestación del servicio.
Finalmente, consultado por una periodista sobre la subvención que realiza la Municipalidad con la prestación del servicio de salud a habitantes de otros municipios, Revilla refirió que “deberíamos tener la capacidad el gobierno de convocarlos a la autoridades que estamos involucrados en la temática para escucharnos y dialogar, para que juntos establecer un modelo del sistema de salud en el país que verdaderamente funcione y respetando las responsabilidad de todos y mejorando la coordinación entre todos”.
El anuncio del decreto supremo se conoció hoy en el marco de un conflicto en la Caja Nacional de Salud. Los trabajadores del ente asegurador exigen la destitución del gerente general Juan Jordán.
Este miércoles en la mañana, el Vicepresidente ratificó a Jordán en el cargo durante tres meses, tiempo en el cual deberá impulsar auditorias. Posterior a este tiempo, tiene que dejar el puesto.
Cornejo: Antes de fijar bono se debió realizar un censo
Para determinar una medida social como el pago del bono para las personas con discapacidad grave y muy grave lo primero que se debió realizar era un censo a nivel nacional para conocer el tipo y grado de invalidez de los beneficiarios, dijo esta mañana la concejala por Soberanía y Libertad (Sol.bo), Andrea Cornejo.
La autoridad legislativa, que se desplaza en silla de ruedas, destacó que el bono es una conquista social de la protesta realizada el año pasado; sin embargo, cuestionó la forma del procedimiento gubernamental de delegar el pago a las alcaldías de una manera inconsulta.
La concejala planteó en 2016 que se realice un censo nacional de las personas con discapacidad lo que permitiría contar con un registro para luego identificar las necesidades del sector, generar políticas de inclusión laboral y otorgar la renta a quienes sufran discapacidad grave.
“A mí me parece muy irresponsable la medida que se está tomando, primero por qué no se tienen los datos certeros de la cantidad de personas con discapacidad que existen en Bolivia, no sólo en La Paz”, refirió la autoridad.
Agregó que a partir de esos datos se podrá hacer recién un estudio técnico sobre la sostenibilidad del bono, para que sea un pago efectivo y a largo plazo y no una medida coyuntural que no beneficie más que por poco tiempo a las personas con discapacidad.
La autoridad espera que se realice una reunión entre autoridades municipales y gubernamentales a fin de efectivizar el bono para la personas con discapacidad grave y muy grave. “El bono no está en tela de juicio, sino el procedimiento”, remarcó.
Precisión. Los grandes son utilizados aproximadamente por 3.000 personas al día; los medianos reciben a diario a unos 1.000 usuarios; y los pequeños, aproximadamente a 250. La Ordenanza Municipal 452/2005 clasifica los baños en públicos municipales (administrados por la Alcaldía) y públicos privados (administrados por particulares).
El proyecto de ley de pago de un bono mensual de Bs 250 a favor de las personas con discapacidad, por cuenta de los municipios, fue rechazado por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien señaló la urgencia de un pronunciamiento por parte de Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), así como de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), para efectuar un adecuado análisis antes de su ejecución.
La autoridad edil recordó que la falta de recursos económicos fue uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno durante la movilización, que por más de tres meses efectuaron las personas con discapacidad en la sede de Gobierno, por lo que transferir esa responsabilidad a los municipio no es una respuesta adecuada, toda vez que las alcaldías enfrentan un importante recorte financiero.
“El Gobierno central administra el 85% del presupuesto de todo el país, mientras que entre los municipios y las gobernaciones el presupuesto que se nos transfiere es 15%. El Ejecutivo dice que no tiene dinero, pero los municipios debieran tener, es una contradicción”, afirmó el burgomaestre de La Paz, a tiempo de lamentar la actuación del poder central sin buscar previo consenso.
Señaló que a la carencia de recursos financieros se debe sumar la falta de una previa evaluación técnica emergente de un Censo, que tampoco existe. “Primero deberíamos tener el registro de las personas con discapacidad y los niveles de discapacidad, para saber de cuánto estamos hablando”, refirió.
Ante el anuncio efectuado por el presidente del Estado, Evo Morales, en sentido de transferir tal responsabilidad a los gobierno locales, el alcalde Revilla demandó de la FAM y la AMB convoquen a una reunión de emergencia a los municipios para evaluar este tema.
“La Federación de Asociaciones Municipales ni la Asociación de Municipalidades de Bolivia se han pronunciado sobre este tema, porque el presidente de la FAM por ser del partido de gobierno ¿no pueden convocar a los municipios?, ¿no pueden pedir una reunión con el gobierno para manifestarle nuestra preocupación?, cuestionó la autoridad.
En este mismo sentido, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, exigió que “con carácter de urgencia se convoque a una reunión de municipalidades”, antes de que el proyecto de ley sea tratado por el Legislativo Nacional, para evaluar objetivamente cuál el alcance en términos económicos en cada uno de los municipios, de modo que la solución a la demanda de la población discapacitada tenga respuestas en el marco de una mejor organización y que sea de concertación.
Por otra parte, recordó que el dinero del Estado retirado a los partidos políticos, con el que supuestamente financiarían campañas electorales, sería destinado a esa población, pero que a la fecha no se conoce el destino de tales fondos.
“Si ha utilizado el dinero de los partidos políticos y no se paga a los discapacitados, dónde están esos recursos”, señaló el Alcalde paceño, tras remarcar que el utilizar dineros municipales para este objetivo implicaría resignar algunos proyectos como la construcción de hospitales, el desayuno escolar o la atención a unidades educativas.
Por otra parte, recordó que la drástica reducción de la transferencia por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) afectó en Bs 58 millones al presupuesto municipal de La Paz.
“El Presupuesto de la gestión 2012 era de Bs 2 mil millones, la gestión 2017 es de Bs 1.8 mil millones. Tenemos una reducción de presupuesto y un aumento de responsabilidades”, afirmó.
Entre tanto, el concejal de oposición (MAS) Jorge Silva señaló que la responsabilidad desde el Estado tiene un sentido concurrente y que son tres instancias de la administración las que deben atender a la población discapacitada.
“Cuando decimos Estado no sólo se refiere al Gobierno nacional, sino también al gobierno departamental y municipal. La Constitución Política del Estado (CPE) señala que es un responsabilidad del Estado y no del Gobierno central”, afirmó.
En este sentido, el concejal señaló que antes de rechazar o apoyar el proyecto de Ley, debiera contarse con la documentación pertinente para definir si es posible, o no, asumir determinada actitud.
El municipio de La Paz revisa canon de multas y penalidades establecidas para las construcciones fuera de norma; la nueva disposición municipal que se prevé será aprobada hasta fines del presente mes es un mecanismo que desincentivará las edificaciones con cargo a regularización, anunció el secretario Concejal, Fabián Siñani.
Explicó que la Comisión de Tierra y Territorio del Concejo Municipal ultiman detalles para un nuevo procedimiento técnico–administrativo de fiscalización predial, que plantea “drásticas sanciones, especialmente, para las construcciones más grandes, como edificios”, advirtió el munícipe.
La medida responde a la necesidad de subsanar debilidades de la organización institucional como Estado, una de estas a las limitaciones de los gobiernos municipales para actuar de manera coercitiva.
Adelantó que las sanciones para las construcciones fuera de norma tienen que ver con la imposibilidad de acceder al catastro urbano, las regularizaciones sujetas a fuertes multas económicas, que estarían por encima de los Bs 50 mil.
“Lo que vamos a hacer con esta ley municipal es controlar y frenar las irregularidades. Si no pagan la multa, que es muy alta, no van a tener catastro, en el caso de los edificios no podrán tener la división de la propiedad horizontal”, señaló.
En este sentido, el munícipe expresó preocupación y molestia por la importante cantidad de construcciones nuevas sin haber concluido los trámites previos, como son edificios y urbanizaciones privadas.
DEBILIDAD EJECUTIVA
A decir de la autoridad edil, una de las limitaciones de la Alcaldía para actuar con mayor contundencia es que no tiene facultades ejecutivas, por lo que es obligada a actuar con el apoyo de la Policía Boliviana o del Ministerio Público para la demolición de construcciones ilegales y muchas veces en acciones de avasallamiento de terrenos públicos.
“Es un tema de responsabilidad de los propietarios, de adecuarse a las disposiciones municipales. A pesar de estas limitaciones, en muchos casos, hemos ingresado a paralizar varias obras en Limanipata, Irpavi, Periféricay otras zonas, en ocasiones hemos ingresado con un importante contingente de recursos humanos de la propia Alcaldía”, señaló.
URBANIZACIÓN VERDE OLIVO
En el caso de la urbanización Verde Olivo señaló que se trata de edificaciones que no cuentan con la autorización municipal respectiva, pese a ello hicieron caso omiso de las disposiciones, notificaciones e instrucciones reiteradas desde el año 2002.
Por su parte, el subalcalde de la zona Sur, Óscar Sogliano, señaló que se prestará la mayor colaboración posible a los copropietarios del condominio policial, para que obtengan el certificado de catastro de sus viviendas, lo que posibilitará posteriormente impulsar la obtención de la planimetría del lugar.
“Ellos debían haber presentado sus papeles y la certificación de su urbanización, pero el trámite fue abandonado por los administradores. No hay un reconocimiento legal de la urbanización, porque no se han terminado los pasos administrativos”, explicó.
Añadió que se realizará una nueva metodología para que los interesados puedan regularizar la propiedad horizontal por departamento y tener la legalidad, pero deben presentar una serie de documentos.
Alcaldía de La Paz anuncia sanción contra Uber La Alcaldía de La Paz amenazó con sancionar a la plataforma tecnológica Uber, que aterrizó en la ciudad paceña este lunes, por comenzar a ofrecer sus servicios de transporte compartido de forma "irregular y sin autorización".
Antes de que comenzara a funcionar, Uber informó que se había reunido con "el equipo del alcalde Revilla" y que "fue evidente su apertura a conocer cómo Uber puede ayudar a aliviar la congestión y la escasez de espacio público que preocupa a los paceños". Posted by
Alcalde Revilla: “Para que Uber ofrezca servicios se necesita una normativa edil”
El alcalde Luis Revilla informó ayer que el servicio de transporte que ofrece la aplicación Uber aún no cuenta con autorización para funcionar en La Paz, ya que la comuna no cuenta con una norma específica.
“No tenemos una norma para este tipo de transporte como el que presta Uber. No existe una norma en el municipio. Tiene que aprobarse una nueva reglamentación para que ese servicio empiece a funcionar y eso va a ocurrir en el transcurso de las dos semanas”, dijo la autoridad edil luego de un acto en la Unidad Educativa Copacabana, en Villa Copacabana.
El Alcalde dijo que hasta que no exista una normativa al respecto, el servicio no puede ofrecerse en el municipio. “Para que Uber ofrezca servicios en el municipio de La Paz se necesita una normativa edil”.
“No puede funcionar, sencillamente porque ellos más allá que el servicio sea contratado por internet, es un servicio de transportes de pasajeros y por tanto tiene que estar sujeto a una reglamentación que en este momento no existe”.
La aplicación permite que conductores independientes puedan ofrecer sus servicios de transporte a pasajeros que lo necesiten dentro de la ciudad. La herramienta se activó en octubre del año pasado en Santa Cruz.
Alcalde de La Paz rechaza asumir pago de bono para discapacitados
La propuesta de Ley para que los municipios asuman el pago de un bono de Bs 250 a la población con discapacidad grave y muy grave fue rechazada por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, toda vez que la reducción a la transferencia del Impuesto Específico a los Hidrocarburos (IDH) afectó de manera importante al erario local.
“La Alcaldía no está en condiciones de asumir esa responsabilidad, mucho menos después de la reducción de los recursos del IDH”, señaló la autoridad, a tiempo de remarcar que el Gobierno central no puede asumir el uso de recursos que no le corresponden y mucho menos sin una previa concertación.
“Si, el Gobierno, quiere dar un bono a las personas con discapacidad y quiere hacerlo con recursos municipales tiene que hablar con nosotros con los alcaldes, particularmente de las ciudades capitales donde se concentra la mayor cantidad de personas con discapacidad”, señaló.
En este contexto, afirmó que este accionar del Gobierno no es buena señal para el tratamiento del nuevo Pacto Fiscal, cuando lo importante es dar curso a la negociación.
A decir de la autoridad edil, los municipios debieran contribuir con la realización del censo de la población discapacitada, pero no con el pago. Espero que antes de que se apruebe ninguna Ley podamos analizar para ver de manera conjunta cómo podemos dar solución al problema de las personas con discapacidades”, afirmó.

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 artículo 321