Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp262-2016-46244-de-enero-20-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_367937e52e274f1e930fca3eff367c78&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-16 00:18:48+00:00

Document:
SENTENCIA SP262-2016 DE 20 DE ENERO DE 2016
CONTENIDO:INHABILIDAD EN EL EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS NO PUEDE SUPERAR EL MÁXIMO ESTABLECIDO EN LA LEY. SE EXPLICA QUE SI BIEN EL INCISO 3º DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 599 DEL 2000 INDICA QUE EN CUALQUIER CASO “LA PENA DE PRISIÓN CONLLEVARÁ LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS, POR UN TIEMPO IGUAL AL DE LA PENA A QUE ACCEDE”, NO HAY QUE OLVIDAR QUE LA INHABILIDAD EN FUNCIONES PÚBLICAS NO PUEDE EXCEDER EL MÁXIMO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO PENAL, EL CUAL IMPONE UN LAPSO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LOS 5 Y 20 AÑOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, EMPLEOS PÚBLICOS, PORTE DE ARMAS, HOMICIDIO AGRAVADO, INHABILIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS, FABRICACIÓN DE ARMAS DE FUEGO
Sentencia SP262-2016/46244 de enero 20 de 2016
SP262-2016
Radicación 46244
5. En cuanto hace al primer aspecto, impera recordar que el inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000 prevé que, en cualquier caso, “la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede”. Sin embargo, la disposición en comento también establece que dicho monto no puede “exceder el máximo fijado en la ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51”, la cual se relaciona con la intemporalidad de tal sanción, prevista en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, para los eventos en los que son condenados los servidores públicos por delitos contra el patrimonio del Estado.
El citado artículo 51 del Código Penal, que regula en su integridad la duración de las penas privativas de otros derechos, señala que la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá “una duración de cinco (5) a veinte (20) años”.
Interpretadas esas disposiciones de manera armónica, la Sala en reiteradas decisiones ha sido pacífica al señalar que, en ningún evento esa sanción accesoria superará los veinte (20) años, sin importar que la pena privativa de la libertad a la que es aneja por mandato legal, corresponda a un guarismo mayor (CSJ. SP, 10 feb. 2010, rad. 32216 y SP, 25 sep. 2013, rad. 40241).
6. En el presente asunto, el juez de primera instancia condenó a P.L. a la pena principal de cuatrocientos sesenta (460) meses de prisión, es decir, a treinta y ocho (38) años y cuatro (4) meses de privación de la libertad. También le impuso como sanción accesoria de ley la de inhabilitación “por el mismo tiempo de la pena principal”.
Según lo analizado en precedencia, el lapso reconocido por el juez en este punto desborda el límite máximo establecido por la legislación penal sustantiva, desatino que el Tribunal, en el fallo impugnado, no advirtió y por el contrario le impartió confirmación integral a la decisión del a quo.
Como la referida pretermisión compromete una garantía judicial emanada del principio de legalidad de la pena de la cual es titular el aquí sentenciado, la Sala, de manera oficiosa, casará parcialmente la providencia, en el sentido de declarar que la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá un término no superior a los veinte (20) años.
7. Ahora bien, la segunda cuestión que concita el pronunciamiento de la Corte se relaciona con la dosificación de la pena restrictiva de otros derechos, a saber, la de “privación del derecho a la tenencia y porte de arma” reglada en los artículos 43 numeral 6º y 49 del Código Penal, tema en relación con el cual la Sala en posición mayoritaria concluyó que “así como ocurre en la dosificación de las penas que restringen la libertad, en las privativas de otros derechos, bien sean principales o accesorias, es imperativo sujetarse al sistema de cuartos previsto en el artículo 61 y demás normas concordantes del Código Penal” (CSJ. SP14467, 21 Oct. 2015, rad. 44367).
Las razones que en esa ocasión puntualizó, y que ahora reitera, son las siguientes:
En efecto, el rótulo jurídico del artículo 60 del Código Penal, que contiene la aplicación del sistema de cuartos para el proceso de dosificación punitiva, es “fundamentos para la individualización de la pena”; no dice “fundamentos para la individualización de la pena de prisión”, ni “fundamentos para la individualización de las sanciones principales”. En otras palabras, la expresión “pena”, al no ir acompañada de otra que la especifique o restrinja, debe comprender las sanciones contempladas en el estatuto punitivo, incluidas las penas privativas de otros derechos a las cuales alude el artículo 52 inciso 1º de la Ley 599 de 2000
Esta última norma, por lo demás, figura en el capítulo II del Código Penal, denominado “de los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad”, que a su vez hace parte del Título IV, intitulado “de las consecuencias jurídicas de la conducta punible”. Y preceptos como los del artículo 52, que trata de las penas privativas de otros derechos, así como los referidos tanto a las penas principales como a las accesorias, al igual que las que restringen la libertad y las de naturaleza pecuniaria (artículos 34 a 42), están comprendidos dentro de ese mismo Título, en su capítulo I: “de las penas, sus clases y sus efectos”. Es decir, el capítulo II es el que contiene todos los parámetros de dosificación que se deben observar para cualquier sanción abarcada por el capítulo I.
2.2. La dosificación de las penas en la Ley 599 de 2000 obedece a dos aspectos esenciales: el sustento razonable y la discrecionalidad reglada. El sistema de cuartos del artículo 61 del Código Penal es la emanación lógica de este último.
(...) Teniendo en cuenta que la pena principal privativa de la libertad respecto del delito base se impuso dentro del primer cuarto (60 meses) pues solamente concurrían circunstancias de menor punibilidad, las referidas sanciones accesorias también debían ser situadas dentro del mismo rango. Sin embargo, como lo revela la transcripción, el juez unipersonal las fijó en 5 años, esto es, en el primer caso, dentro del segundo cuadrante y, en el segundo evento, en el extremo máximo del último margen, superando con suficiencia el marco legal, yerro que no fue advertido por el ad quem(1).
Desconocieron de esa manera los falladores el principio de legalidad, garantía de estirpe fundamental prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, al amparo de la cual los funcionarios están obligados a determinar las sanciones, cuando a ello hay lugar, dentro de los límites cuantitativos y cualitativos establecidos en la ley(2).
Encuentra la Sala que en este caso se impone acudir a la facultad consagrada en el artículo 216 de la Ley 600 de 2000 para casar oficiosa y parcialmente el fallo impugnado, pues se advierte que la sentencia resultó violatoria del principio de legalidad, dado que no se dosificó adecuadamente la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas impuesta a los procesados (…). Como ya ha tenido de señalarlo esta Corporación (CSJ SP9226, 16 jul. 2014, rad. 43514), el citado precepto (artículo 61 de la Ley 599 de 2000) establece que una vez fijados los extremos mínimo y máximo de la pena, el juez procederá a dividir el ámbito punitivo de movilidad en cuartos, labor que debe emprenderse tanto respecto de las sanciones principales como de las accesorias, pues la ley no introduce distinción al respecto.
En este caso los falladores acudieron al sistema de cuartos para cuantificar la pena de prisión, pero no procedieron de igual forma respecto de la sanción de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, pues impusieron el extremo punitivo máximo, lo cual denota que desconocieron el principio de legalidad, garantía de estirpe fundamental prevista en el artículo 29 de la Código Penal, al amparo de la cual los funcionarios judiciales están obligados a determinar las sanciones dentro de los límites cuantitativos establecidos en la ley, circunstancia que impone a la Corte acometer oficiosamente dicha ponderación y efectuar la respectiva enmienda(3).
Lo único que se puede predicar de la consagración por parte del legislador de unas sanciones privativas de derechos distintos al de la libertad en la parte especial del Código Penal y unas penas de idéntica índole que se pueden imponer como accesorias, es el reconocimiento, en el segundo caso, de una facultad discrecional en el juez para establecerlas (sujeta a las circunstancias de cada caso y a los supuestos consagrados en el artículo 52 inciso 1º de la Ley 599 de 2000), así como la necesidad, en el primero, de eliminar la referida potestad judicial, en tanto su imposición siempre repercutiría para la protección del bien jurídico. Pero esto de ninguna manera supedita o altera el proceso de dosificación punitiva que debe regir en la dosificación de las penas principales y accesorias.
De hecho, de los presupuestos indicados en el inciso 1º del artículo 52 del Código Penal sería posible colegir fines diversos (“cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado (de los derechos) o haber facilitado su comisión”). Así, por ejemplo, un juez podría imponer una pena privativa de otro derecho únicamente con el argumento de que el procesado abusó del mismo, sin que por lo demás hubiese la posibilidad de repetición. Es decir, la función que cumpliría dicha sanción sería de retribución justa, mas no de prevención.
8. Obsérvese que en el asunto objeto de pronunciamiento el a quo respecto de la “privación del derecho a la tenencia y porte de arma” impuso el máximo de quince (15) años consagrado en el inciso 6º del artículo 51 de la Ley 599 de 2000 sin tener en cuenta el sistema de cuartos enunciado, pese a que en la dosificación de la pena privativa de la libertad sí se valió de este.
De haber seguido el régimen de cuartos en la imposición de la pena restrictiva del derecho a tener armas de fuego, el juez de primer grado no hubiera podido individualizarla en el extremo superior establecido en el artículo 51 inciso 6º, sino que habría tenido que seleccionar el primer cuarto, que fue el ámbito de determinación en el cual, de acuerdo con los preceptos del artículo 61 del Código Penal, tuvo que moverse el funcionario para efectos de individualizar la pena de prisión, y dentro de ese seleccionar el límite inferior, esto es, doce (12) meses, como también lo hizo para la fijación de la magnitud correspondiente a los dos delitos concursales.
Tal desafuero, que atenta contra el principio de legalidad de la pena, tampoco fue corregido por el ad quem, razón por la cual la Sala Mayoritaria en ejercicio de su potestad lo corregirá en el sentido de ajustar al monto señalado la respectiva sanción.
1. CASAR oficiosa y parcialmente la sentencia de 10 de abril de 2015 emitida en este asunto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de XXX.
2. En consecuencia, DECLARAR que la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta a L.E.P.L. tiene una duración de veinte (20) años, y la sanción consistente en la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego es por un lapso de doce (12) meses.
3. PRECISAR que la decisión del ad quem se mantendrá incólume en todo lo demás que no fue objeto de modificación.
(1) CSJ SP, 4 dic. 2013, rad. 41511.
(2) CSJ SP9226, 16 jul. 2014, rad. 43514.
(3) CSJ SP2636, 11 Mar. 2015, rad. 44221.
Con el respeto de siempre por la opinión mayoritaria de la Sala, y acorde con las manifestaciones que expresé durante la discusión del respectivo proyecto, me permito reiterar que no comparto la decisión de casar de oficio y parcialmente la sentencia de segundo grado en razón de la vulneración del principio de legalidad, como consecuencia de que los falladores de instancia no hubieran aplicado el sistema de cuartos en la determinación concreta de la pena accesoria de “privación del derecho a la tenencia y porte de arma”.
2. Sin embargo, en la providencia de la que respetuosamente me aparto se dejan de lado los temas relativos a (i) la naturaleza y fines de las penas accesorias y (ii) razones de justicia material, concretadas en el principio de proporcionalidad de la sanción penal. En este último aspecto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61 del Código Penal, se ofrece adecuado inaplicar el sistema de cuartos en la dosificación de las penas accesorias, habida cuenta que tal labor ha de entenderse como un ejercicio de ponderación motivada, delimitado por lo dispuesto en el artículo 51 ídem.
2.1. En cuanto al primer aspecto, cabe anotar que las penas restrictivas de otros derechos (art. 43, C.P.) son aquellas que privan o restringen a su titular del ejercicio de facultades o prerrogativas distintas a la libertad personal o a su peculio. Dichas sanciones pueden ser principales cuando así se consagren en el respectivo tipo penal (art. 35 ídem) o accesorias, cuando no obren como tales (art. 34 ejusdem).
Sobre cómo se determinan cuantitativamente las penas accesorias, cabe destacar que dos aspectos permiten concluir que en ese ejercicio no tiene cabida el sistema de cuartos —art. 61 C.P.—, el cual está previsto para la individualización de las penas principales, ellos son: (i) la función primordial que cumplen las penas accesorias difiere de la que tienen asignada las penas principales; y, (ii) el margen de apreciación reglado del que goza el sentenciador, según se extracta de los artículos 52, inc. 1º, y 59 ídem, lo faculta para imponer o no en cada caso las penas accesorias que estime necesarias, así como para fijar el término de duración de las mismas.
Ahora, como se señaló párrafos atrás, las penas accesorias, en cuya imposición e individualización el juez goza de un margen de apreciación motivado, no hay una determinación legislativa absoluta del aspecto cualitativo. Este es flexible, al punto que corresponde al juzgador determinar en qué casos resulta necesaria su imposición, atendiendo a las particularidades del asunto concreto, obviamente respetando las pautas establecidas en la ley —art. 52, inc. 1º, C.P.— y considerando que aquellas tienen una marcada finalidad preventiva(6), en tanto que con su aplicación se pretende precaver la afectación futura de bienes jurídicos concretos mediante la restricción de derechos o prerrogativas, distintas a las que resultan limitadas con la aplicación de la sanción principal —con injerencia en la libertad personal y el patrimonio económico—.
Aunque ello sea bastante obvio a tenor de lo ya dicho hasta ahora, sobre todo en el análisis del concepto de “factor final de la IJP(10)”, no es recurrente señalar que los fines de la pena son el presupuesto fundamental de la IJP. La determinación de qué fines persigue la pena, en qué momento y con qué intensidad en cada momento de la intervención del sistema penal, es la clave a partir de la cual se obtiene respuesta tanto a la cuestión de la dirección valorativa de los factores reales que concurren en la IPJ, como a la del peso de los mismos en la pena final a imponer(11). Creo que no es exagerado decir que la racionalización de la IJP debe empezar por clarificar la cuestión de los factores finales de la IJP, ya que dependiendo de qué fin de la pena se tome como punto de referencia, la individualización de la pena por el juez en el caso concreto puede conducir a resultados muy diferentes(12) (Negrilla y subraya fuera del texto original).
En efecto, tal como se indicó párrafos atrás, las reglas contenidas en los artículos 60 y 61 del Código Penal para la determinación del marco de punibilidad y la individualización de la pena, responden principalmente a factores objetivos relacionados con el injusto típico, que no son aplicables a las penas accesorias, pues no cabe duda que los extremos mínimo y máximo de estas últimas no se modifican porque concurra una causal específica de agravación o atenuación punitiva, que se predican del tipo básico o especial, tampoco cuando el delito es tentado, ni frente a ellas se pueden considerar circunstancias tales como la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas —art. 56 C.P.—, o la ira e intenso dolor —art. 57 ídem—, entre otras, lo cual se explica en que el fin preventivo–especial de las sanciones accesorias obedece a factores subjetivos de la conducta, que corresponde al juez valorar para fijar el monto de la pena atendiendo, verbi gratia, el criterio legal de la intensidad del abuso del derecho en la realización del delito, contenido en el artículo 52, inc. 1º, del Código Penal.
3. Por último, pero no menos importante, cabe destacar que la decisión mayoritaria de la cual me aparto desconoce el principio constitucional de proporcionalidad, desde la perspectiva del mandato de protección suficiente, el cual está relacionado con el postulado de vigencia de un orden justo(17) y, por ende, con el imperativo del Estado de promover ese orden y el deber de investigar y sancionar las infracciones a la ley penal, imponiendo penas condignas con el grado del injusto y de culpabilidad, pero sin dejar de lado la función que aquellas han de cumplir en cada caso.
En efecto, el fin preventivo especial de las sanciones accesorias facultativas queda comprometido porque si a quien es declarado penalmente responsable del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego (art. 365, C.P.), se le impone la pena mínima privativa de la libertad prevista en la ley —9 años—, en ese orden, siguiendo el sistema de cuartos, termina por aplicársele el extremo ídem de la pena accesoria, valga decir, un año de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, sin detenerse a examinar las particularidades del caso que, en determinados eventos, verbi gratia, cuando el arma que se porta ilegalmente se usa para cometer otro delito, aconseja restringir el respectivo derecho en un quantum superior al mínimo que resultaría de aplicar la regla prevista en el artículo 61 del Código Penal, en orden a precaver la afectación futura de bienes jurídicos concretos.
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO.
(1) Art. 52, inc. 3º, C.P.; art. 16 C. Co.; art. 163 de la Ley 685 de 2001 y art. 24 Ley 1257 de 2008.
(2) Posada Maya Ricardo y Hernández Beltrán Harold Mauricio, El sistema de individualización de la pena en el derecho penal colombiano, Medellín, 2001, pág. 260.
(3) Art. 52, inc. 1º, C.P.
(4) Art. 4º Código Penal.
(5) Morrillas Cueva Lorenzo, Teoría de las consecuencias jurídicas del delito, Madrid, 1991, pág. 18.
(6) Posada Maya Ricardo y Hernández Beltrán Harold Mauricio, El sistema de individualización de la pena en el derecho penal colombiano, Medellín, 2001, pág. 260.
(7) Ídem, pág. 337.
(8) Posada Maya Ricardo y Hernández Beltrán Harold Mauricio, El sistema de individualización de la pena en el derecho penal colombiano, Medellín, 2001, pág. 337.
(9) Ediciones Universidad de Salamanca, 1ª Edición: mayo de 1999.
(10) Individualización Judicial de la Pena.
(11) “Hirsch, Günter, “Vorbemerkungen...”, Op. cit., p. 9; Gribbohm, Günter, “Vorbemerkungen...”, Op. cit., p. 103”.
(12) Página 73.
(13) Cfr., CSJ, SP. 27/02/13, rad. 33254 y 24/06/15, rad. 40.382, entre otras.
(14) “Art. 52. Las Penas accesorias. Las penas privativas de otros derechos, que pueden imponerse como principales, serán accesorias y las impondrá el Juez cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena”.
(15) Posada Maya Ricardo y Hernández Beltrán Harold Mauricio, El sistema de individualización de la pena en el derecho penal colombiano, Medellín, 2001, pág. 339.
(16) En SCC C-272 de 1999, sobre dicho principio y el de estricta legalidad, el Tribunal Constitucional refirió que “ciertamente, la Corte estima que el proceso penal, en cuanto manifestación del poder punitivo del Estado, se encuentra sometido a los principios de estricta legalidad y jurisdiccionalidad”, y en cita de pie de página añadió que “mientras que el primero de estos principios determina que los delitos se encuentren inequívocamente consagrados en una ley que exista previamente a la conducta humana que, conforme a esa ley, se considera delictuosa, el segundo requiere que las acusaciones en contra del acusado sean sometidas a una estricta verificación judicial y puedan ser ampliamente controvertidas por el imputado. Sobre la significación y alcance de estos principios en el Estado democrático de derecho contemporáneo, véase Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, Madrid, Trotta, 1995, pp. 34-38, 94-97, 373-385, 603-623”.
(17) SCC T-429 de 1994 y SCC C-306 de 2012, entre otras.
(18) CSJ SP, 29 jul. 2009, rad. 28725.

References: ARTÍCULO 52
 ARTÍCULO 51
 artículo 52
 artículo 51
 artículo 122
 artículo 51
 artículo 61
 artículo 60
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 61
 artículo 29
 artículo 216
 artículo 29
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 61