Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45774
Timestamp: 2017-10-18 22:24:10+00:00

Document:
Gaceta: LXII/2SPO-86/45774
Propone definir a la “Banda de frecuencias”, como segmentos del espectro radioeléctrico que comprenden un determinado rango de frecuencias, estas presentan similitudes en sus características propias, como pueden ser las de propagación o longitud de onda, factores que incluyen en la determinación de los tipos de servicios que se pueden prestar en esos rangos. Crea el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias el cual deberá promover el desarrollo eficiente y convergente de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de asegurar la mejor operación de los servicios y la utilización y aprovechamiento eficiente del espectro radioeléctrico. En cualquier caso de interferencia perjudicial el Instituto actuará con la debida oportunidad para tomar las medidas necesarias que garanticen la continuidad de los servicios de telecomunicaciones afectados. Asimismo, el Instituto emitirá reglas para establecer límites aplicables a las diferentes bandas de frecuencias para evitar la concentración de espectro. Los límites que al efecto se establezcan deberán fomentar la libre competencia en el sector en general y permitir que los concesionarios establecidos puedan atender el crecimiento del mercado y acceder de manera continua a nuevas generaciones tecnológicas.
Señala que se requiere concesión del Instituto para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional. Las concesiones del espectro radioeléctrico podrán ser para uso comercial, público, privado y social.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá fomentar la utilización neutra de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico concesionadas. Para dichos efectos, el Instituto deberá procurar la reasignación regulada de los servicios atribuidos a las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico a fin de que los concesionarios estén en posibilidad de prestar toda clase de servicios convergentes.
Establece que el Instituto expedirá, cuando menos una vez al año, un programa de licitaciones públicas sobre las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial, susceptibles de ser concesionadas, en el cual se indicarán las coberturas geográficas de las bandas disponibles para dichos efectos.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUEREFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN MATERIA DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y DE OPERADORES PREPONDERANTES O CON PODER SUSTANCIAL.
La suscrita, MARCELA GUERRA CASTILLO, Senadora de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Honorable Soberanía, la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, EN MATERIA DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y DE OPERADORES PREPONDERANTES O CON PODER SUSTANCIAL, al tenor de la siguiente:
A través de la evolución que ha experimentado el hombre y derivado de la necesidad de comunicarse con sus congéneres, fue desarrollando medios de comunicación a distancia que fue perfeccionando con el pasar de los años.
Han contribuido para este desarrollo los factores económico, regulatorio, tecnológico y los fenómenos sociales que han marcado al mundo, por lo que en diversos países Europeos y del continente Americano, inventores y científicos fueron sistematizando las telecomunicaciones, que propiamente nacieron a principios del Siglo XIX con la creación del telégrafo óptico, años más tarde en 1851, en Europa se desarrollo el telégrafo eléctrico, para extenderse después por todo el mundo.
Al principio este servicio era propiedad del Estado pero posteriormente, se permitió la participación de empresas privadas en su prestación, haciendo notar que este servicio que se fue desarrollando a la par de las líneas férreas y del tendido de cables para el servicio de electricidad.
Hacia 1870 se empiezan a tender cables submarinos intercontinentales que significaron cuantiosos gastos económicos por lo que los Gobiernos de los Países que se beneficiaban con dichos servicios se vieron en la necesidad de permitir que compañías privadas participarán en la inversión y posteriormente en la prestación del Servicio de Telégrafo, en el mismo siglo surge el teléfono que permitió facilitar las necesidades de la comunicación, pero en sus inicios, su costo era alto por lo que solo algunos eran los beneficiados por este servicio.
Al pasar de los años, el servicio telefónico se fue volviendo un poco más accesible económicamente y surgió la necesidad de conectar entre sí a diversas poblaciones, situación que genero problemas por las características técnicas de las redes locales por lo que en varios países fue el propio Estado el encargado de la prestación de este servicio.
A finales del siglo XIX, en Estados Unidos de América surgen las primeras compañías privadas que mediante concesión que les daba el estado, prestaban el servicio de telefonía como Western Unión, Bell Telphone, así como ATT, la primera de ellas fue acusada de monopolio, pero lo que fue más importnate y que marco un presente para la prestación de este servicio, es que surgieron entre ellas los primeros acuerdos de interconexión.
En los primeros años del siglo XX, surgieron los primeros organismos reguladores en distintos países como en Estados Unidos, como la Comisión de Comercio Interestados (Interstate Commerce Commision) y la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commision).
Por lo que hace a América Latina, en la mayoría de los países que contaban con el servicio telegráfico, este era prestado por el Estado y el servicio telefónico fue concesionado, pero muchas de esas concesiones estaban en poder de compañías Europeas o Norteamericanas, o bien, lo prestaban compañías nacionales que contaban con capital de compañías extranjeras y también se hacían cargo de las comunicaciones internacionales por cable submarino y por radiotelegrafía.
Al presentar el servicio telefónico severos problemas de interconexión, se hizo necesario invertir grandes cantidades de dinero y tomar diversas decisiones para tratar de solucionarlos. En México hacía 1925, la Compañía Ericsson, Teléfonos de México (TELMEX) y el Estado realizaron un acuerdo para suministrar el servicio y para vender los equipos.
Por lo que respecta al sistema de Radio, inventada por Marconi, esta fue usada inicialmente en las comunicaciones para la navegación y científicos de otras naciones crearon sus propios sistemas, por lo que a principios del Siglo XX surgen las primeras disposiciones para reglamentar su uso y para otorgar los permisos para su utilización.
La Primera Guerra Mundial (1914-1918), implicó para los países involucrados el desarrollo no solamente armamentista, de tácticas militares y de inventos para usarlos en el conflicto bélico, sino que marco el inicio del desarrollo del uso de la Radiotelefonía y de la Radiodifusión, servicio que era prestado por compañías del sector privado a través de la figura de la concesión.
En los años siguientes a la primera guerra mundial, se descubrió que las ondas electromagnéticas se propagaban por la ionosfera, por estar estas capas de la atmosfera dotadas de una fuerte ionización a causa de la radiación solar, lo que permitió dar auge a la explotación de las ondas cortas y de las comunicaciones intercontinentales, por lo que dicho medio de comunicación fue explotado por diversas compañías, lo que implicó una competencia comercial de tarifas entre las mismas que hoy conocemos como “Competencia Liberalizada del Mercado”.
Para el periodo comprendido de 1939 a 1945 en el que se llevo a cabo la Segunda Guerra Mundial, se descubrió la forma de generar ondas de menor longitud y con grandes anchuras de banda a través de las cuales se podían transmitir múltiples comunicaciones y señales de televisión mediante el uso de cables coaxiales submarinos, de cables coaxiales terrestres y de radioenlaces, por lo que la prestación de este servicio necesitaba de grandes inversiones por lo que se fueron creando Consorcios de Operadores y se dio paso al uso de Satélites artificiales permitiendo el auge de las comunicaciones comerciales internacionales.
Entre 1956 a 1960, Rusia y Estados Unidos comienzan sus lanzamientos de los primeros satélites artificiales colocados en orbitas relativamente bajas entre los 800 y 5 mil Kilómetros de altura y posteriormente se colocaron en órbita geoestacionaria a alturas superiores a los 30 mil kilómetros y en 1965 se puso en órbita geoestacionaria el primer satélite para comunicaciones comerciales por Intelsat.
En los años 70´s, surge la necesidad de normar los parámetros, características de la tecnología y de los aparatos empleados en las telecomunicaciones, situación en la que intervino la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), situación que permitió crear la Red Conmutada Automática facilitando las conexiones a distancia y en esta misma década se crea el Internet y se crean redes de transmisión de datos y se regulan los servicios de datos y derivado de la competencia entre consorcios se van abriendo paso a las redes automáticas.
De igual forma, en la década de los setentas, se desarrolla en Estados Unidos y Europa la tecnología celular, pero se esta tecnología se pudo comercializar hasta 1983 considerando el primer servicio de telecomunicación liberalizado y los Operadores de este servicio implementaron la tarifa aire.
En la década de los 80´s, se crea el facsímil que permite inmediatez en la comunicación, la tecnología digital se aplica a la telefonía y se desarrolla la fibra óptica lo que permite tener un medio de transmisión que posibilita miles de transmisiones digitales y permitió tener usuarios determinados para los tipos de servicios de telecomunicaciones de donde surgen las empresas prestadoras de telefonía local, de larga distancia, comunicaciones vía satélite, compañías de televisión por cable y si bien se tenía sobre todo en los Estados Unidos de América un libre mercado, había compañías que buscaban conseguir una posición dominante, incluso monopolios, además de que surgen alianzas internacionales entre compañías para captación de nuevos mercados.
Y en los años 90´s, se utilizaron en la telefonía móvil tanto tecnología analógica como tecnología digital. Por lo que hace a México, en 1990, a raíz de la privatización de la empresa pública paraestatal TELMEX, se alcanzaron acuerdos de interconexión y de acceso y en 1996 se liberalizó el mercado.
En México las telecomunicaciones han ido evolucionando a la par de ciertos fenómenos económicos y sociales como en otros países del mundo, por lo que el telégrafo eléctrico fue el primer servicio de comunicación a distancia que se utilizo en nuestro país, marcando el inicio de las telecomunicaciones en el 1851, con el tendido de la primera Red de telégrafos entre la Ciudad de México y Nopalucan, Puebla, la primera concesión para operar dicho servicio se le dio a un empresario llamado Juan de la Granja y la red creció constantemente durante los siguientes 20 años y la población veía con aprecio el uso de dicho servicio por ser un medio que transmitía mensajes breves en corto tiempo.
En 1880 el servicio de telégrafo se centraliza y el Estado se hace cargo de la prestación del servicio, durante los cinco años posteriores se dio un gran desarrollo de este servicio, toda vez que las líneas de telégrafo se construían ala par de las vías férreas, por lo que para 1887, ya se tenía establecida comunicación telegráfica entre México y Guatemala, además de que se contaba con enlaces con las oficinas de la empresa Norteamericana Western Union Telegraph.
En 188 la telefonía llega a nuestro país y la primera línea telefónica fue tendida entre el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional; en 1883 se realizó la primera llamada telefónica internacional, saliendo del Estado de Tamaulipas, al Estado de Texas en la Unión Americana, más tarde, en los primeros años del siglo XX, se implementa la transmisión de datos por medio de ondas electromagnéticas (radiotelegrafía).
En 1882, la Compañía Telefónica Mexicana era el proveedor único del servicio telefónico y en 1905 inició sus operaciones la Compañía Mexicana Telefónica Ericsson, generando competencia entre ambas empresas concesionarias, pero sus redes no se encontraban interconectadas, por lo que los clientes de una empresa no podían comunicarse con los de la otra y hasta 1947 se realizó la interconexión.
En los albores de la Revolución Mexicana, las telecomunicaciones jugaron un papel importante para las estrategias y tácticas de los militares como de los alzados, destacando el telégrafo que fue el servicio más utilizado por lo que cada bando destruía o tendía líneas de cableado a efecto de evitar que fluyeran o a fin de reconectar las comunicaciones de cada bando.
En 1916, el presidente Venustiano Carranza expide un decreto por el cual se prohibía explotar estaciones radiotelegráficas sin autorización del Gobierno Federal y en la Constitución de 1917 se incluyó a la radiotelegrafía como una excepción a la prohibición de monopolios que establecía el artículo 28 constitucional;en 1920 se inician en el país las primeras transmisiones de Radio y diez años más tarde, se contaba ya con 71 estaciones y para 1942 ya se tenían 240.
En 1926 se expidió la Ley de Comunicaciones Eléctricas, que regulaba las comunicaciones a través de la telegrafía, radiotelegrafía, telefonía y radiotelefonía, así como cualquier otro sistema de transmisión o recepción, con hilos conductores o sin ellos, de sonidos, signos o imágenes; mientras que en 1940 se promulgó la Ley de Vías Generales de Comunicación en la que se previó que toda vía de comunicación era de utilidad pública, por lo que su construcción, establecimiento y operación, así como los servicios conexos, requerían de concesión o permiso del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
De 1930 a 1950, se da la experimentación de la televisión y se le da la primera concesión a la estación XHTV que en ese entonces el canal 4.
En 1947 se crea Teléfonos de México, S.A. que se constituyó con los activos de la empresa Mexeric y en 1950 la empresa telefónica “La Mexicana” se fusiona con TELMEX.
En 1958, la telefonía da un gran paso cuando las compañías extranjeras controladoras de Telmex venden sus acciones a inversionistas mexicanos y en 1972 Telmex se convierte en una compañía del Estado cuando el Gobierno Federaladquiere el 51% de las acciones de dicha compañía y para 1981 se convierte en la única compañía prestadora de servicios de telefonía y esta década se inicia el servicio de telefonía móvil.
En 1977 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibe la primera solicitud de concesión para instalar, operar y explotar un sistema de radiotelefonía móvil en la Ciudad de México y hasta 1981 se inició la comercialización de este servicio.
En 1960 se expidió la Ley Federal de Radio y Televisión en donde ya se incluían las concesiones y permisos para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico a fin de prestar servicios de radio y televisión abierta; en 1973 los canales 2, 4, 5 y 8 se agruparon en Telesistema Mexicano para luego convertirse en el consorcio TELEVISA;para 1989 había en el país 567 estaciones cuya cobertura abarcaba el 70% de la población, de ahí surgen los canales XEIPN-Canal 11, la Televisión Rural del Gobierno Federal, el sistema de Telesecundaria e IMEVISIÓNoperaba los canales 7, 13 y 22.
En 1962, la UNAM comenzó las primeras investigaciones espaciales para contar con servicios de comunicación vía satélite y nuestro país se adhiere al INTELSAT para adquirir mayor capacidad satelital y comenzar la construcción de estaciones terrenas para servicios satelitales y para 1985 se lanzan los primeros satélites mexicanos, Morelos I y Morelos II, los servicios satelitales eran prestados por el organismo descentralizado del Gobierno Federal denominado TELECOMM.
En 1987 a la empresa Radiomóvil DIPSA, integrada a TELMEX para administrar la radiotelefonía móvil se le permite prestar el servicio de telefonía celular en Mexicali, Baja California y un año después de le autoriza prestar el servicio a nivel nacional, de donde surge la compañía TELCEL como operador de radiotelefonía móvil, en 1990 se empieza a comercializar la tecnología celular en la Ciudad de México y en el área metropolitana y también comienza a prestar este servicio la la empresa IUSACELL.
En el año de 1989 en el Gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari se da la desincorporación de TELEMEX y en 1990 se privatiza la empresa para contar con mayores oportunidades de financiamiento, la mejora en la calidad de los servicios y la promoción de una competencia equitativa con otras empresas de telecomunicaciones.
Cuando México suscribe el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se compromete en el tema de liberalización de las telecomunicaciones del control estatal y se establecen medidas relacionadas con acceso, uso de redes y servicios de telecomunicaciones, se crean obligaciones sobre monopolios, privilegios exclusivos, de transparencia y publicidad en las medidas vinculadas con el acceso a Redes y servicios de telecomunicaciones.
En agosto de 1990 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó una nue­va concesión a Telmex, dando a la empresa un monopolio en el servicio de larga distan­cia nacional e internacional hasta 1996.
En octubre de 1990 se adoptó un nuevo marco regulador (Reglamento de Telecomunicaciones), en el que se especificaban las responsabilidades de la SCT, y se preveía el otorgamiento de nuevas concesiones en todas las áreas, excepto las reservadas al go­bierno.
En 1993 la Ley de Inversión Extranjera aumentó la participación de la inversión ex­tranjera en el sector de las telecomunicaciones. Los cambios permitieron la inversión extranjera con derecho de propiedad hasta de 49% en operadores de red fija y mayores niveles de inversión extranjera en las empresas de telefonía celular, siempre que la par­te inversora obtuviese una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
En enero de 1994, México celebró un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN). El capítulo XIII del tratado incluyó las telecomunicaciones, el acceso a las redes de telecomunicaciones y su uso, así como los circuitos privados sobre una base razonable y no discriminatoria.
En julio de 1994 la SCT publicó una resolución sobre la correcta celebración de conve­nios de interconexión entre las empresas de larga distancia y el incumbente. La misma resolución planteó un calendario para abrir la competencia con igualdad de acceso, empezando con 60 ciudades en 1997, y extendiéndose a todo el país para el año 2000. En la resolución también se estableció que la interconexión se orientaría a los costos y sería acorde a las normas y parámetros internacionales.
Después de la crisis económica de 1994, IUSACELL se enfoca a clientes de alto poder adquisitivo con planes de renta a precios elevados y TELCEL concibió planes a precios medianamente accesibles, ambas empresas impulsaron los primeros planes de prepago y en los últimos años de la década de los 90´s surgen otros operadores del servicio que invirtieron masivamente para incrementar y modernizar la infraestructura usada hasta ese momento y el tamaño de los teléfonos se fue reduciendo a la par del precio del servicio.
En marzo de 1995 la Constitución mexicana se modificó para permitir la inversión ex­tranjera privada en las comunicaciones satelitales.
En junio de 1995 se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones en sustitución de gran parte de la antigua Ley de Vías Generales de Comunicación, que se aplicaba desde 1940.
En 1995 se reforma el artículo 28 constitucional para permitir la participación del sector privado en la comunicación satelital, pasando de ser un área estratégica a un área prioritaria y la tendencia liberalizadora se concreta con la Ley Federal de Telecomunicaciones, en 1995 que establece un cambio radical en el papel del Estado como regulador de las telecomunicaciones.
Por ello, se establece en la Constitución que le corresponde al Estado, ser rector de la economía y promotor del desarrollo, establecer las condiciones que permitan la concurrencia de la iniciativa e inversión de los particulares, bajo un marco regulatorio claro y seguro por lo que se genera la transición hacia mercados más abiertos y de promoción de la competencia en las telecomunicaciones aprovechando su avance tecnológico.
La Ley Federal de Telecomunicaciones estableció obligaciones en el tema de las interconexiones para fomento de la competencia y de la libre competencia, se faculta a la autoridad para imponer obligaciones en cuanto a tarifas, calidad e información, así como el tratamiento a los concesionarios declarados como agentes económicos con poder sustancial en algún mercado de las telecomunicaciones y permitía el ingreso del sector privado a la prestación de servicios satelitales.
En 1995 y 1996 se otorgaron concesiones a entrantes para servicios fijos de larga distan­cia nacional e internacional. En 1996 la SCT intervino en la primera disputa sobre interconexión y emitió un fallo (resolución), en ese mismo año, un decreto presidencial estableció un regulador específico del sector, siendo este la Comi­sión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), por mandato de ley y se estipularon las normas para preseleccionar las empresas que prestarían servi­cios de larga distancia nacional e internacional.
En enero de 1997 dio inicio la competencia en el mercado de larga distancia cuando comenzaron a operar seis nuevas empresas y en diciembre de ese mismo año, la Comisión Federal de Competencia (COFECO), determino que Telmex tenía “poder sustancial de mercado”, y en marzo de 1998 confirmó su resolución.
En diciembre de 1998 la COFETEL publicó una resolución que detallaba las tarifas de in­terconexión que se aplicarían en 1999 y 2000. La resolución redujo dichas tarifas e intro­dujo el sistema “el que llama paga” para teléfonos móviles. Además, el Órgano Regulador publicó normas para la separación contable, reducciones del número de áreas de servicio local y un programa para que los números nacionales aumentaran de ocho a diez dígitos, conforme al Plan Técnico Fundamental de Numeración.
En 1998 la licitación de espectro (banda de 1.9 GHz) permitió la entrada de un tercer y un cuarto participantes: UNEFON, que más tarde se fusionó con IUSACELL, y PEGASO, que después fue adquirido por TELEFÓNICA.
En el año 2000 inicia la evolución tecnológica de las redes en México y la telefonía móvil da un giro radical toda vez que dejó de ser considerado un artículo de lujo y pasa a ser un artículo necesario, para el año 2002 algunas compañías utilizan el sistema GSM y otras desarrollaron redes iDEN.
En 2003 se permitió a las compañías de cable ofrecer servicios de internet con señales bi­direccionales.
En 2005 la COFECO intentó introducir topes máximos de espectro para la licitación de éste. Hubo una impugnación y los tribunales rechazaron la medida.
En octubre de 2006 el Acuerdo de Convergencia de 2006, expuso las condiciones en las que los operadores de telecomunicaciones podrían ofrecer televisión de paga, y las te­levisoras podrían ofrecer telecomunicaciones.
De 2006 y 2008 se implementan en la telefonía móvil los servicios de tercera generación, bajo el estándar UMTS y HSDPA mejorando sus servicios de datos e implementando GPS, videollamadas, entre otros.
Desde 1996, TELMEX incursionó en el servicio de internet al comprar IBM, SEARS y el proveedor de internet Prodigy Comunications, posteriormente se convierte en SBC Yahoo!, por lo que para el 2004 Prodigy ya contaba con más del 70% de acceso a internet vía telefónica y el 40% en DSL en México, en el 2009 Telmex unifica su servicio de internet mediante la marca INFINITUM y para diciembre de 2010 inicia la construcción de la red FTTH para brindar servicios de Triple Play.
En julio de 2008 la COFETEL introdujo la portabilidad de los números fijos y móviles y en ese mismo año, la SCT resolvió la disputa sobre interconexión entre AXTEL y TELCEL, y TELEFÓNICA y IUSACELL, reduciendo las tarifas en 50%.
En 2010 la COFETEL completó la licitación del espectro para servicios de 3G+. La adjudicación del espectro se retrasó debido a los juicios, y luego fue otorgada a la alian­za Televisa-Nextel. Sin embargo, otros juicios fueron motivo de que Televisa se retirara, en marzo de 2010 la COFECO emitió una decisión que confirmaba que TELCEL tenía poder sustancial de mercado. Sin embargo, la regulación asimétrica permitida por esta de­terminación no se materializó debido a las impugnaciones presentadas ante los tribunales, en julio de ese mismo año, la SCT modificó la concesión de telecomunicaciones de la Comisión Federal de Electricidad, permitiéndole ampliar la cobertura de servicio de su red de fibra óptica de 71 a 200 ciudades.
En julio de 2010 la fibra óptica no utilizada de la Comisión Federal de Electricidad fue otorgada en licitación a GTAC (consorcio conformado por Megacable, Telefónica y Televisa), por 884 millones de pesos, lo que permitió una alternativa a la infraestructura de la red de Telmex y se estima que GTAC po­dría dar acceso a otros operadores.
En agosto de 2010 la COFETEL licitó 80 MHz del espectro de 1.7 GHz. Los licitadores gana­dores fueron NEXTEL y TELEVISA (30 MHz), TELCEL (20 MHz en 7 regiones y 20 MHz en dos regiones) y TELEFÓNICA (10 MHz en seis regiones).
Durante 2011 la COFETEL se comprometió a lograr reducciones en las tarifas de interconexión de reventa en telefonía fija y móvil y por su parte, la COFECO impuso una multa de 1 000 millones de dólares (12 000 mi­llones de pesos) a TELCEL por abusar de su posición dominante al hacer cargos excesivos por el acceso a la red, en mayo de ese año, la Suprema Corte determinó que las decisiones reguladoras respecto a la interconexión no podían suspenderse mediante impugnaciones presentadas ante los tribunales ni por la interposición de amparos, por lo que la COFETEL pudo rebajar en 70% las tarifas de terminación de telefonía fija (de 0.01 dólar a 0.003 dólar) y redujo en 95% las tarifas de terminación de larga distancia en las áreas rurales.
En junio de 2011 se impuso a TELMEX una multa de 86 millones de dólares (91.5 millo­nes de pesos) por negar a MOVISTAR el acceso a su red fija en 2007 y 2008 y se adoptó la facturación por segundo sólo para la interconexión, en julio de ese año la COFETEL publicó el Plan Técnico Fundamental de Calidad de Redes Móviles y dos meses más tarde, inició el proceso de consulta pública para la regula­ción asimétrica de los operadores dominantes en el mercado de enlaces dedicados y sobre los términos de una Oferta de Interconexión de Referencia para el incumbente fija.
Es de hacer notar que el concepto Triple Play ha dominado las telecomunicaciones en los últimos 14 años ya que los operadores ofrecen servicios que incluyen voz, banda ancha y televisión de paga.
El 12 de marzo del año de 2013, derivado de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones, siendo una de las más importantes reformas para México.
El 21 de marzo de 2013, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6°, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su minuta se remitió al Senado de la República para su estudio y dictaminación.
El 19 de abril del 2013, el Senado de la República aprobó con modificaciones la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones y el 25 de abril la Cámara de Diputados aprueba la minuta remitida por el Senado y la devuelve a dicha cámara con modificaciones.
El 30 de abril de 2013, el Senado de la República aprobó la modificación aplicada la Minuta por la Colegisladora y la remitió a las Legislaturas de los Estados y el 22 de mayo del mismo, la Comisión Permanente realizó la declaratoria de aprobación del Decreto que reforma y adiciona los artículo 6°, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones por haberlo aprobado 23 Congresos Locales y finalmente el 11 de junio de 2013 se público en el Diario Oficial de la Federación el mencionado decreto.
De manera breve, en el cuadro que se reproduce a continuación, se hace mención de las normas que se incluyeron en las reformas y adiciones aplicadas a la Constitución General en materia de Telecomunicaciones:
ASPECTO SOBRE EL QUE VERSAN LAS REFORMAS Y ADICIONES.
Regular el derecho a la información y la protección de datos personales; se garantiza la inclusión de la población a la sociedad de la información y del conocimientos, acceso a tecnologías de las información y a servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones incluida la banda ancha e internet.
Establece la inviolabilidad de la difusión de opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.
Establece que las concesiones para la explotación, uso o aprovechamientode la radiodifusión y de las telecomunicaciones las otorgará el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Prevé el castigo la concentración o acaparamiento de servicios o el impedir la libre concurrencia o la competencia, crea dos nuevos órganos autónomos constitucionales, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, este último regulará la competencia económica de los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, además establece la competencia y atribuciones de cada estos órganos autónomos.
Faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de tecnologías de la información, la comunicación, la radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet.
Suprime la facultad de la Comisión Permanente de ratificar los nombramientos de los integrantes de los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones y competencia económica.
Se determina que el Consejo de la Judicatura determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones, competencia económica de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre dos órganos constitucionales autónomos, entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
El mencionado decreto tiene dieciocho artículos transitorios entre los cuales establece que el Congreso de la Unión tendrá 180 días naturales para legislar en diversos temas, a efecto de realizar las adecuaciones o modificaciones que resulten necesarias a las leyes secundarias, y sobre todo deberá expedir un solo ordenamiento legal para las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Sin duda la reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones del 2013, es la más importante en esta materia de los últimos años, pero lo más complicado será realizar las acciones que deberá de llevar a cabo el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión para poder incluir en las leyes secundarias, en los reglamentos y en los actos administrativos todos los efectos que lleva implícita la multicitada reforma constitucional.
Algunos de los plazos para modificar y expedir las leyes secundarias que determinarán las nuevas reglas del sector ya se vencieron o están por vencerse, tal es el caso de la expedición de un solo ordenamiento jurídico que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, entre otros rubros, toda vez que dicho ordenamiento debía estar elaborado, aprobado, promulgado y publicado a más tardar el día 9 de diciembre de 2013.
Para realizar la adecuación y expedición de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, debemos tomar muy en cuenta que lo que se debe de fomentar es su crecimiento y que se mantengan competitivos.
Los Órganos Autónomos que regulan la competencia en nuestro país, pueden incidir en un desarrollo más satisfactorio de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en México, observando una actuación eficaz en la promoción de un sector de telecomunicaciones más competido y más competitivo, que desarrolle todo su potencial en beneficio de los ciudadanos que se sirven de dichos servicios públicos, del progreso de las propias telecomunicaciones y de toda la economía nacional.
En la experiencia internacional, la competencia intensa que se ha dado en los últimos treinta años entre las empresas de telefonía, como también se ha dado en México han impactado los precios de manera importante, ya que se han dado reducciones sustanciales en comparación con los vigentes durante las etapas en que han existido monopolios de los derechos sobre la invención, como ha sido el caso de México y lo que es muy evidente es el impacto positivo de la competencia en el crecimiento del sector de las telecomunicaciones.
Si bien en todos los países se ha observado un crecimiento de las telecomunicaciones, en los países en desarrollo que tienen una mayor competencia el avance ha sido más rápido, en la experiencia nacional, pese a la apertura en teoría de las telecomunicaciones a la competencia, TELMEX sigue siendo una empresa absolutamente dominante, que ha conservado un poder casi monopólico, ya que conserva el 94% del mercado de telefonía fija y en telefonía celular, a través de TELCEL, ostenta cerca del 80% del mercado, no obstante las incursiones de diversas empresas que han intentado hacerle competencia.
Actualmente en nuestro país se cobra más por las telecomunicaciones, en especial la telefonía, que cuando ésta era un monopolio del Estado y si bien ha habido una reducción del precio real de las telecomunicaciones, esta reducción se queda muy por debajo de la registrada en otros países, lo importante no es que se reduzcan los precios, sino que se reduzcan de manera paralela o similar a los que registran otros países a efecto de que México se mantenga competitivo.
Hemos podido darnos cuenta que de 1995 al 2013, en México ha privado la ausencia de una regulación eficaz en materia de telecomunicaciones y la posición dominante de una sola empresa es absoluta.
La industria de las telecomunicaciones se ha convertido en uno de los motores de la sociedad, así como para el desarrollo económico de los países, por lo que es tal la importancia de esta industria, que es evidente la ventaja que tienen las naciones con una industria de las telecomunicaciones competitiva y madura, con respecto a las naciones que carecen de ella.
Sobre las telecomunicaciones tiene injerencia factores como la economía, los mercados, las políticas públicas y la regulación por afectar de manera directa dicho sector y su comportamiento es resultado de la interacción de esos factores que incidirán sobre su estructura y ellos moldearán su futuro en las próximas décadas, además de que también influyen en el sector componentes como el entorno tecnológico, el entorno conformado por todos los agentes que intervienen en la regulación y las políticas de la industria, así como el entorno del mercado integrado por los elementos relacionados con los modelos y las estrategias de negocio y, por los modelos que determinan la oferta y la demanda de servicios y todos estos elementos se ven afectados, a su vez, por el entorno económico nacional e internacional.
En México conviven multitud de tecnologías, entre las cuales destacan las relacionadas con servicios de telefonía móvil (de segunda, tercera y cuarta generaciones), telefonía fija (en todas sus modalidades), televisión y radio abiertas y restringidas y, por supuesto, el acceso a Internet, por lo que en las regiones más pobladas del país, las empresas más importantes han empezado a migrar sus redes hacia alternativas más modernas que permitan proveer algunos servicios avanzados, pero que en poco tiempo serán insuficientes para el nuevo contexto de convergencia.
Las redes de telefonía local están siendo modificadas para ofrecer servicios digitales basados en banda ancha (xDSL, WiMAX, etc.) y servicios alternativos de telefonía (VoIP) o televisión (TVIP), así como todos los otros servicios basados en Internet, mientras que las redes de televisión restringida, están siendo reconvertidas para ofrecer servicios bidireccionales de voz y de datos, en tanto que las redes de telefonía móvil están migrando a las tecnologías de tercera y cuarta generación, con lo cual se logrará tener acceso a Internet con velocidades de varios Megabits por segundo.
De acuerdo a diversos estudios, existen tres tecnologías que entrañan un gran potencial para la industria en México, ya que pueden ser usadas con el propósito de llevar servicios a lugares incomunicados o con comunicaciones deficientes y son la tecnología inalámbrica de banda ancha WiMAX, los sistemas celulares CDMA operando en bajas frecuencias y el uso de la red de suministro de energía eléctrica para comunicaciones PLC, lo más importante de estas tecnologías es que pueden ser desplegadas rápidamente sin la necesidad de inversiones excesivas; las dos primeras por su naturaleza inalámbrica y la tercera por la enorme cobertura de la red eléctrica.
En lo referente al entorno del gobierno, en México ha habido avances sustantivos en las últimas dos décadas, tales como la creación de Órganos Constitucionales Autónomos reguladores de la industria, la introducción de competencia y la apertura de recursos públicos para ser utilizados por los operadores, pero el reto generado por la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, implica dejar atrás las limitantes que afecten negativamente a la industria, por lo que se debe de desechar la regulación inadecuada y/o deficiente que se tiene actualmente y se debe de dotar a los órganos autónomos reguladores de herramientas legales para que puedan hacer cumplir la legislación que vaya entrar en vigor, de igual forma se deben de diseñar los mecanismos necesarios para evitar el excesivo uso de recursos jurídicos a fin de impedir la adecuada aplicación de la ley o para aprovechar los vacíos existentes en el marco normativo.
El mercado mexicano de telecomunicaciones muestra altos niveles de concentración, ya que en telefonía fija, móvil e internet y banda ancha existe un agente con amplia ventaja sobre sus competidores cuyas participaciones son mayores al 70%, en los últimos años, la entrada de distintos agentes en nuevos servicios está reduciendo la diferencia que en el mediano plazo, podría resultar en un reequilibrio de fuerzas.
La adopción de servicios de telecomunicaciones en México está condicionada por factores como la disponibilidad de equipos, la cobertura del servicio y las capacidades de los usuarios y estos factores pueden ocasionar consecuencias importantes sobre el crecimiento de los mercados y el futuro de la industria, siendo un ejemplo de esto la banda ancha fija que si continúa con el ritmo de crecimiento de los últimos años en el mercado, en menos de tres años se podría cubrir el total de hogares que cuentan con una computadora.
De acuerdo al estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México elaborado entre 2011 y 2012, se señala que desde la perspectiva tecnológica, las redes de telecomunicaciones han dado origen a tres tendencias globales: la conectividad de gran capacidad que se refiere a un mayor ancho de banda, la movilidad total y la interoperabilidad relacionado con plataformas y redes interconectadas y por el hecho de que las redes más avanzadas están evolucionando a lo que se denomina “Redes de Nueva o Siguiente Generación” (NGN - Next Generation Networks), basadas en transporte con el protocolo IP.
En lo referente a la regulación, se puede observar que los organismos normativos están centrando su atención en impulsar a las redes de banda ancha mediante la implantación de normas que buscan mantener la competencia entre dichas redes, sin frenar su evolución hacia las Redes de Nueva o Siguiente Generación, así como en el aprovechamiento óptimo del espectro a través de la reasignación de frecuencias para nuevos servicios (conocido como spectrum refarming), la redistribución del espectro disponible o “liberado” por las nuevas tecnologías, y la concesión de licencias con condiciones distintas a las tradicionales (espectro secundario, neutralidad tecnológica, etc.).
En el ámbito de los servicios, destaca la aparición de una nueva clase de servicios innovadores, conocidos como mservices que pueden dividirse en dos grupos, el primero generado tras adaptar los servicios tradicionales a dispositivos y acceso móviles –TV y videoconferencia móvil, Internet móvil, etc.–, yel segundo, centrado en el desarrollo de servicios específicos para ambientes de movilidad, destacándose los que se basan en la localización del equipo terminal (publicidad y búsquedas por contexto, alarmas de presencia, etc.). lo que ha originado elementos característicos de la siguiente generación de servicios y que son la ubicuidad de los servicios para contar con todo ellos en todo momento y en todo lugar, y la digitalización extremo-a-extremo.
Debemos tomar en cuenta para la elaboración y adecuación de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que las tendencias del mercado en el ámbito internacional se han centrado en los procesos de consolidación y por la incursión de los agentes en nuevos mercados, situación que ha dado como resultado el empaquetamiento de servicios (cuádruple, quíntuple y séxtuple play), así como la evolución del papel del usuario, que ha pasado de tener una actitud pasiva, de “consumidor” de servicios, a una activa, de productor de contenidos.
De acuerdo a diversos estudios, la competitividad de la industria de las telecomunicaciones está relacionada con las “capacidades competitivas” de los elementos que intervienen en ella, como la capacidad tecnológica, la capacidad institucional, la capacidad de inversión, la capacidad de los mercados y la capacidad de los usuarios, por lo que los elementos que afectan cada una de tales capacidades pueden actuar como habilitadores o como impulsores.
Los impulsores fundamentales que podrían ayudar a incrementar la competitividad de la industria de las telecomunicaciones en México son la innovación tecnológica, la inversión en redes y equipos, el impulso a la competencia en los mercados y el uso y la adopción intensiva de los servicios y como habilitadores serían necesarios la estabilidad regulatoria, la colaboración entre los actores que integran la industria y centros de Innovación, Investigación y Desarrollo (I+D+i), la disponibilidad de recursos humanos y materiales para actividades de I+D+i y, por último, la asequibilidad de los servicios y la alfabetización digital.
Lo que hay que evitar para el sector, es que siga con las debilidades caracterizadas por la baja competencia en la oferta de los servicios, el no fortalecer a los órganos autónomos reguladores, evitar dualidad de atribuciones, la resolución de conflictos que pasen por alto el interésy tener un marco normativo inadecuado.
Ha llegado el momento de que el Estado tiene que intervenir de manera firme para generar mayores oportunidades favoreciendo un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, poniendo a disposición del mercado la capacidad ociosa de las redes de propiedad pública (como la fibra oscura de CFE) e impulsando el correcto aprovechamiento del espectro radioeléctrico, no hay que pasar por alto que la industria podría verse amenazada si no se consigue instrumentar una regulación eficiente y estable, capaz de atraer inversiones con el objeto de evitar que sean desviadas a otros países.
De igual forma, el Estado debe implementar un Plan Integral en el que la industria tenga un papel bien definido, toda vez que México se encuentra en desventaja en el campo de la innovación, en la aplicación de la regulación y en el fortalecimiento de una competencia efectiva en la oferta de servicios.
Las telecomunicaciones sirven como herramienta para mejorar la productividad y el crecimiento económico, además de que generan la posibilidad de que los gobiernos mejoren la prestación de los servicios públicos y México no es la excepción, ya que lo que este país necesita es el impulso socioeconómico generado por un mayor acceso a servicios de comunicaciones eficientes, en particular a la banda ancha de alta velocidad.
De acuerdo a información generada por la OCDE, la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones se estimo para el periodo comprendido de 2005 al 2009, en 129 200 millones de dólares, que equivalió al 1.8% del producto interno bruto anual, por ello, dicha organización recomienda que en México se eliminen los límites o topes existentes a la inversión extranjera, se simplifique el sistema para otorgar concesiones, convirtiéndose en un régimen de título de concesión único, salvo en los casos en que existan restricciones asociadas a recursos escasos, como el espectro radioeléctrico.
De igual manera, la OCDE recomienda para efectos de impactar la industria de manera positiva, que cuando se impongan obligaciones a un operador, éstas deben cumplirse y vigilarse de manera efectiva, se debe simplificar y alentar la entrada de revendedores, así como facilitar la entrada de operadores de redes móviles virtuales (mvno) mediante la imposición de obligaciones de roaming nacional.
Elagente dominante en los rubros de telefonía fija y móvil y de banda ancha de nuestro país, ha hecho uso abusivo de la figura jurídica de la suspensión del acto reclamado, lo que le ha permitido interponer ante el poder judicial demandas de amparo en las que se han suspendido y anulado de manera sistemática las decisiones de política y regulación, sin que el Poder Judicial tome en cuenta que se está dañando el interés público y por ello la necesidad de especializar Tribunales y Juzgados Federales.
En la ley que tenga a bien expedirse en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión se deben establecer con claridad las funciones de regulación y de supervisión de mercados de la autoridad reguladora que garantice la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y el logro de los objetivos de las políticas públicas que requiere el sector.
De igual manera se debe incluir en la nueva legislación multas significativas que sean lo bastante elevadas que sean realmente un instrumento disuasorio y garanticen la observancia de la regulación, así como el cumplimiento de sus objetivos y en el ámbito de sus atribuciones, se debe de dotar al órgano autónomo regulador de la facultad para requerir información a las empresas a fin de cumplir con sus obligaciones, así como para sancionar a aquellas que no respondan a los requerimientos razonables.
El IFETEL deberá de estar facultado para regular ex ante las tarifas de interconexión, con el fin de fomentar la competencia entre operadores, así como para facilitar el desarrollo y crecimiento del sector, proporcionando certeza reguladora e igualdad de condiciones en el mercado móvil y para declarar cuellos de botella e infraestructuras esenciales, toda vez que el acceso a estas últimas debe llevarse a cabo en condiciones no discriminatorias que incluyan la desagregación del bucle local del incumbente y comprendida la coubicación con precios orientados a los costos.
Por otro lado, se coindice con la opinión de diversos actores relacionados con la industria, de que a Telmex no se le debe dar la autorización para prestar servicios de televisión, a menos que esté sujeto a una adecuada regulación asimétrica, que exista el mecanismo para asegurar que cumplirá con la misma y de que no recurrirá a impugnaciones o apelaciones judiciales para demorar o suspender su cumplimiento.
Otro aspecto que se debe de incluir entre las atribuciones del IFETEL, es el que pueda imponer la separación funcional o en caso de ser necesario, la estructural, de cualquier operador que continúe abusando de su poder de mercado, y ayudar a asegurar la igualdad de acceso y equivalencia de insumos de los operadores.
Además, deberá liberarse suficiente espectro para satisfacer la creciente demanda de servicios de datos en banda ancha móvil, por lo que el diseño de una licitación de dicho espectro debe ser cuidadoso de garantizar que no sea una sola empresa la que domine este mercado y como medida que puede adoptar el Gobierno Federal, es la de facilitar el desarrollo del mercado de banda ancha licitando más “fibra oscura” de la Comisión Federal de Electricidad.
Otro aspecto que debe procurar el IFETEL es el promover la compartición eficiente de infraestructuras y eliminar las barreras para la obtención de derechos de paso o derechos de vía, ya que en México, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados inefi­cientes que imponen costos significativos a nuestra economía y que inciden de ma­nera negativa en el bienestar de la población.
El sector de telecomunicaciones mexicano se ha caracterizado por altos precios, situándose entre los más elevados de los países miembros de la OCDE, y por la falta de competencia, lo que genera una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos.
Si bien es cierto que los mercados de telefonía móvil y fija, de banda ancha y de te­levisión de paga han crecido en nuestro país, este hecho resulta minimizado cuando se le compara con otros países de la OCDE que han desarrollado mercados más abiertos y competitivos, y que han distribuido los beneficios resultantes a los consumidores.
Como ya hemos establecido, el mercado mexicano de telecomunicaciones está dominado por una sola compañía que tiene 80% del mercado de telefonía fija y 70% del de telefonía móvil. La deficiente competencia ha dado por resultado una escasa penetración en los mercados de telefonía fija, móvil y de banda ancha, lo que coloca a México en los lugares 34, 33 y 32, respectivamente, de los 34 países de la OCDE, por lo que en relación con estos países, México ocupa el último lugar en términos de inversión per cápita, mientras que los márgenes de rentabilidad del incumbente casi duplican el promedio de la OCDE.
Desgraciadamente hasta hace poco, en México las decisiones en fa­vor de la competencia han surgido con lentitud y, una vez tomadas, han sido frustradas por la ineficacia de la regulación administrativa o por los vacios de la ley, por ello, hay que cuidar que las nuevas concesiones de espectro se diseñen con el objetivo de crear una estructura más competitiva en el mercado de telefonía móvil.
México necesita un plan nacional de banda ancha con visión prospectiva que garantice un mercado competitivo para el acceso a las redes de nueva generación, para lo cual se requiere en primer lugar hacer un diagnóstico sobre el estado que guarda México en términos de acceso de la población y las empresas a redes de banda ancha, el grado de competencia por región en los diferentes segmentos, alámbrico e inalámbrico, de los precios y velocidades que se observan en los distintos mercados, los problemas de calidad que enfrentan los usuarios que contratan servicios de acceso a banda ancha, entre otras cuestiones.
Una vez que se tenga este diagnóstico, habrá que enfocarse a determinar las metas de largo plazo para México en términos del porcentaje de hogares con acceso a redes de banda ancha, a velocidades específicas y así el IFETEL podrá determinar las modificaciones necesarias a las reglas que dependen de la actuación de ese órgano y las modificaciones que será necesario aplicar al marco legal que deberán de proponerse al Congreso de la Unión.
Se requiere modificar la ley para lograr una regulación efectiva en materia de dominancia, así como para replantear la forma en que se regula la interconexión en un contexto de redes de nueva generación, dándole un papel protagónico al consumidor, de igual forma hay que replantear un cambio de fondo al concepto de servicio universal en nuestro país y la forma de financiarlo y operarlo.
Otros retos por vencer, son la provisión de capacidad y el logro de una estructura del sector telecomunicaciones más competitiva y equilibrada, por lo que las nuevas concesiones de espectro deben diseñarse con el objetivo de crear una estructura más competitiva en el mercado de telefonía móvil.
En los últimos tres años se han realizado acciones tendientes a favorecer la competencia del mercado de backhaul, como la licitación de fibra oscura perteneciente a la Comisión Federal de Electrici­dad que fue un paso importante, por lo que se debería de poner más fibra a disposición del mercado.
También hay que realizar esfuerzos para eliminar las barreras que enfrentan los operadores entrantes en el mercado mexicano para la compartición de infraestructura, como los múltiples y tardados trámites para la obtención de permisos, la solicitud de derechos de paso y el hecho de que no sea exigible a los operadores que compartan su propia infraestructura pasiva, como conductos y estaciones base de telefonía celular, lo que hace del despligue de las redes un gran obs­táculo para la competencia.
Por lo que respecta a la transición a la televisión digital, está va a contribuir de forma significativa a liberar espectro para que sea utilizado en la prestación de servicios de banda ancha móvil de alta velocidad, de igual forma, los operadores de telecomunicaciones han ingresado al sector audiovisual como proveedores de servicios de televisión, y las empresas de radio y televisión están cada vez más dispuestas a prestar servicios de telecomunicaciones lo que genera un ambiente de oportunidades tanto para los participantes en el mercado como para los reguladores.
Por ello, se deben realizar esfuerzos coordinados para que el sector de las telecomunicaciones de nuestro país deje atrás lo que hasta nuestros días lo ha caracterizado, con son el tener una alta concentración, una débil competencia, un nivel deficiente de desarro­llo de infraestructura, precios altos y la escasa demanda de servicios.
Los precios de la telefonía fija en México aún son de los más caros entre los países de la OCDE, lo que impacta de manera directa a los consumidores y en particular impacta el costo de las comunicaciones comerciales, en particular para las pequeñas y medianas empresas, que predominan en nuestro país.
Por lo que respecta al espectro, su asignación era esporádica, lo que provocó escasez y brindó ventajas comerciales a las compañías que tenían recursos de espectro, la administración del espectro en México está condicionada a dos elementos, el operador móvil dominante, que es TELCEL, actualmente tiene más del 70% de las suscripciones móviles y el otro elemento es que el tráfico de datos móviles en México crecerá en 65 veces de 2010 a 2015, de 918 terabytes a 60 peta-bytes mensuales, pero debido a la cobertura incompleta de las redes fijas en México, es pro­bable que las tecnologías inalámbricas proporcionen un gran componente de servicios de banda ancha, por lo que son clave para alcanzar los probados beneficios para el crecimien­to económico que ésta puede aportar.
Es por esto que los principales retos para la política en materia de espectro son, el proporcionar la capa­cidad para lograr los objetivos de banda ancha del país y el alcanzar una estructura competi­tiva más equilibrada en el sector de las comunicaciones móviles.
El IFETEL tiene el deber de administrar el espectro radioeléctrico y promover su uso eficiente, y elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, así como proponer su actualización, ya que el crecimiento esperado en datos móviles en países de la OCDE requerirá más fre­cuencias disponibles para evitar la “crisis del espectro”.
El apagón analógico crea oportunidades para la liberación del espectro entre los países integrantes de la OCDE con fines de comunicación móvil, más servicio digital terrestre u otros servicios, por este motivo es importante para nuestro país avanzar rápidamente en los pla­nes para implementar el cambio a la televisión digital.
El espectro es el medio para dar servicios de radiodifusión, tanto terrestres abiertos como satelitales de paga por lo que las nuevas atribuciones de espectro deberán diseñarse con el objetivo de conseguir una estructura más competitiva en el sector móvil, por lo que una mayor competencia, que reduzca los precios, multiplique las opciones, mejore la calidad de los servicios, fomente el empoderamiento del consumidor y amplíe la cobertura de la red, favorecerían enormemente los intereses de la economía y de los consumidores.
El espectro radioeléctrico y sus frecuencias utilizadas como medio de transmisión para los distintos servicios de telecomunicaciones que van desde la Radio, la televisión, la telefonía móvil, la comunicación satelital, el acceso WiFi, entre otros, son un recurso natural, finito y escaso, por lo que su uso debe de ser eficiente y óptimo de acuerdo a los avances tecnológicos, por ello la presente iniciativa se basa en la contribución que la suscrita realiza a los cambios de las disposiciones normativas que se necesitan implementar a las leyes secundarias, específicamente a la Ley Federal de Telecomunicaciones, misma que tendrá que ser reformulada para integrar la radiodifusión y que dichos rubros sean regulados de manera convergente.
Por ello, nuestra propuesta legislativa tiene como principal objetivo, hacer un uso eficiente del espectro, por lo que se proponen definir los tipos de concesiones que podrán ser para uso comercial, pública y social y redefinir el uso del espectro en primario, secundario y libre.
El uso del espectro primario contará con protección de cualquier tipo de interferencia, el Secundario no deberá de causar interferencias al primario ni sus usuarios podrán reclamarprotección contra interferencias de primarios o secundarios ya establecidos, ejemplo de esto serían las Microondas punto a punto y por lo que respecta al uso libre, este podrá ser utilizado por el público en general, un ejemplo sería el WiFi (wireless fidelity).
De igual forma se proponen disposiciones que contengan reglas en materia de Certidumbre Jurídica, en cuanto a las asignaciones de espectro vía licitación y la posibilidad de su renovación automática, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones del título y aceptado los nuevos términos y condiciones.
También se propone integrar a la ley que regula las telecomunicaciones, normas que regulen las siguientes figuras:
Spectrum Caps (Límite a la acumulación del espectro),para efecto deestablecer límites de espectro que aseguren la competencia pero que permitan el crecimiento de los operadores actuales; la Neutralidad de servicios,que incluirá a todos los servicios técnicamente factibles; el Spectrum Trading/Leasing,que incluye la posibilidad de ceder o arrendar el espectro de uso comercial; el Refarming,como la obligación de reordenar frecuencias por interés público o a solicitud de dos o más concesionarios; y el establecimiento de un programa de licitaciones anual bajo consulta pública.
Otro rubro que la suscrita considera importante incluir dentro de las nuevas disposiciones que deberá contener la ley que regula las telecomunicaciones, es el de los operadores preponderantes o con poder sustancial, determinando al operador preponderante como cualquier agente económico que cuente con una participación nacional mayor al 50% en la prestación de uno o más servicios, que pueden incluir telefonía fija, telefonía móvil, acceso fijo a Internet / banda ancha, acceso móvil a internet / banda ancha, transporte de datos, enlaces privados / dedicados locales, nacionales, televisión restringida, Radio, televisión radiodifundida, mientras que el Operador con Poder Sustancial de Mercado es el agente económico que tendría la capacidad de fijar precios o restringir el abasto en algún mercado de telecomunicaciones en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, haciendo notar que un mismo operador puede o no, tener al mismo tiempo la condición de preponderante en un servicio y de Operador con Poder Sustancial de Mercados al que pertenece dicho servicio.
Por ello se propone incluir en la ley de la materia, normas para eliminar eficazmente las barreras a la competencia y libre concurrencia, se definen las figuras de operador preponderante y de operador con poder sustancial de mercado, se prevén obligaciones en materia de información, oferta y calidad de servicios; exclusividades; uso de equipos terminales entre redes; y separación contable, así como la regulación On-Net/Off-Net para evitar el efecto comunidad.
De igual manera se incluyen disposiciones jurídicas para evitar exclusividades en terminales, contenidos, servicios, puntos de venta y de recarga electrónica, acceso a edificios y derechos de vía, entre otros, se prevé la prohibición de que los teléfonos vengan bloqueados y se determinan obligaciones en materia de tarifas e Infraestructura de red (interconexión), así como tarifas de interconexión asimétricas, por lo menos con un diferencial del 60%, se prevén disposiciones sobre el Convenio Marco de Interconexión, sobre las obligaciones en materia de desagregación de elementos esenciales y compartición de infraestructura; sobre procedimientos para la determinación de preponderancia y poder sustancial ya sea abierto, transparente y con derecho de audiencia y sobre las sanciones y acciones adicionales que podrá llevar a cabo el Órgano Regulador como la separación funcional, estructural y revocación del título de concesión.
Por último, la presente iniciativa propone integrar disposiciones a la ley de la materia sobre el rubro de la Transparencia con el propósito de incluir reglas y procesos de transparencia que deban contener toda resolución, acto u omisión del IFETEL para dar certidumbre jurídica a los regulados, además de que se incluyen principios de claridad, previsibilidad, autonomía, rendición de cuentas, participación y acceso abierto a la información.
Se proponen disposiciones que deberán cumplir los Comisionados del IFETEL, como son la de estar impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto, serán sujetos del régimen de responsabilidades de la Constitución y de juicio político; la asignación aleatoria de asuntos del Pleno a un Comisionado con responsabilidad de llevar al Pleno el proyecto de resolución correspondiente con una anticipación de al menos 5 días hábiles a la fecha en que serán discutidos en el Pleno, se integra la obligación de hacer públicas las fechas de la sesiones del Pleno con su respectiva agenda, así como publicar las resoluciones y versiones estenográficas de los Plenos al día hábil siguiente.
También se prevén disposiciones para el caso que existan desacuerdos entre operadores, que los comisionados solamente puedan recibir a las partes involucradas previa cita y de forma conjunta, por lo que en caso de que una de las partes no asista, no obstante haber sido citada, se tendrá por cumplida esta condición, y sobre todo por el hecho de que los comisionados deberán informar al Pleno de los temas abordados y dichos informes serán turnados al expediente del asunto o del proceso.
Se propone incluir la obligación para el órgano regulador de publicar en el Diario Oficial de la Federación, previo a su aplicación, las normas generales y políticas públicas que emita el IFETEL así como avisos previos a emisión de regulación, además de que se incluyen causas para efectos de la remoción del cargo de los Comisionados por haber incurrido en la abstención de voto sin causa justificada o por la falta de presentación de los informes trimestrales o su presentación deficiente, o por la de cumplimiento de los objetivos y metas trazados en el programa de trabajo.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN I, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y 23, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LAS ACTUALES SECCIONES III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL CAPÍTULO II, PARA PASAR A DENOMINARSE CAPÍTULO III CON LAS SECCIONES I, II, III, IV, V Y VI, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
I.Banda de frecuencias: segmentos del espectro radioeléctrico que comprenden un determinado rango de frecuencias. Estas frecuencias presentan similitudes en sus características propias, como pueden ser las de propagación o longitud de onda, factores que incluyen en la determinación de los tipos de servicios que se pueden prestar en esos rangos.
II.… a XVII. …
Artículo 10.El uso del espectro radioeléctrico deberá sujetarse a los principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ajustarse a lo dispuesto en elCuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
El Cuadro Nacional de Atribución deFrecuencias deberá promover el desarrollo eficiente y convergente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. A dichos efectos, garantizará la disponibilidad de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para nuevos servicios así como para actividades relacionadas con seguridad nacional, conectividad y cobertura social.
Los servicios atribuidos al espectro radioeléctrico serán aquellos que establezca el Instituto en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. La atribución de bandas del espectro radioeléctrico se hará:
I.A título primario: servicios que contarán con protección contra interferencias perjudiciales, y
II.A título secundario: servicios cuyas estaciones radioeléctricas no deben causar interferencia perjudicial a la estaciones de un servicio a título primario, ni pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio a título primario; sin embargo, tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de otra estación secundaria posteriormente autorizada.
El Instituto publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación, antes de finalizar el primer trimestre de cada año, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias con sus respectivas adecuaciones y actualizaciones.
Artículo 11. El Instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de asegurar la mejor operación de los servicios y la utilización y aprovechamiento eficiente del espectro radioeléctrico. En cualquier caso de interferencia perjudicial el Instituto actuará con la debida oportunidad para tomar las medidas necesarias que garanticen la continuidad de los servicios de telecomunicaciones afectados.
Artículo 12. El Instituto emitirá reglas para establecer límites aplicables a las diferentes bandas de frecuencias para evitar la concentración de espectro. Los límites que al efecto se establezcan deberán fomentar la libre competencia en el sector en general y permitir que los concesionarios establecidos puedan atender el crecimiento del mercado y acceder de manera continua a nuevas generaciones tecnológicas.
El Instituto podrá modificar o ampliar la atribución de una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico en aras del interés público, de los tratados internacionales o regionales celebrados por los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los avances tecnológicos disponibles.
Los concesionarios podrán solicitar al Instituto, la modificación o ampliación de la atribución de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. Si el Instituto no contesta en un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud, se entenderá que la autorización ha sido concedida.
Artículo 13. Se requiere concesión del Instituto para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional.
Artículo 14. Las concesiones del espectro radioeléctrico podrán ser para uso comercial, público, privado y social, de conformidad con lo siguiente:
Uso Comercial: Bandas de frecuencias que tengan por destino la prestación de cualquier clase de servicios con fines de lucro;
Uso Privado: Bandas de frecuencias utilizadas de manera exclusiva por una o más personas, sin fines de lucro;
Uso Público: Bandas de frecuencias utilizadas por la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y municipales, organismos autónomos constitucionales y concesionarios de otros servicios públicos distintos a las telecomunicaciones y la radiodifusión, en éste último caso, cuando sean necesarias para la operación o seguridad del servicio de que se trate;
Uso social: Bandas de frecuencias utilizadas para la comunicación con fines sociales, de carácter educativo, cultural, entre otros similares, sin fines de lucro; y
Artículo 15. Las concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial se otorgarán mediante licitación pública conforme a lo señalado en la presente ley.
El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente, previa opinión no vinculante de la autoridad hacendaria, misma que deberá emitirse en un plazo no mayor de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que se emita la opinión, el Instituto continuará los trámites correspondientes.
Los concesionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial podrán, previa notificación al Instituto, ceder y arrendar en todo o en parte, las bandas de frecuencias a ellos concesionadas.
El término del arrendamiento o cesión de bandas de frecuencias no podrá superar aquél por el que las bandas de frecuencia hayan sido concesionadas.
Artículo 16. Las concesiones para uso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa.
Los titulares de bandas de frecuencias de uso público que requieran bandas adicionales para satisfacer necesidades internas de telecomunicaciones, deberán acreditar que dichas necesidades no pueden ser atendidas con el uso eficiente de las bandas de frecuencias con las que ya cuenta y que se encuentre aprobado el presupuesto para la instalación de la infraestructura adicional correspondiente.
Artículo 17. Las concesiones sobre bandas de frecuencias se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos.
Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar; lo solicite a partir del inicio de la última quinta parte de vigencia de su concesión, y acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables. El Instituto resolverá lo conducente en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales. Si cumplido el plazo el Instituto no resuelve lo conducente, se entenderá que fue resuelto en sentido afirmativo.
Artículo 18. El título de concesión sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico contendrá como mínimo lo siguiente:
I.El nombre y domicilio del concesionario;
II.Las bandas de frecuencias objeto de concesión, y zona o región geográfica en que pueden ser utilizadas;
III. Las características técnicas y operativas del proyecto;
IV.El período de vigencia;
V. Las contraprestaciones que, en su caso, deberán cubrirse por el otorgamiento de la concesión, y
VI.Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios.
Las concesiones de uso público, privado y social serán intransferibles y estarán sujetas a lo dispuesto en esta Ley y en título de concesión correspondiente.
Artículo 19. El Instituto deberá fomentar la utilización neutra de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico concesionadas. Para dichos efectos, el Instituto deberá procurar la reasignación regulada de los servicios atribuidos a las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico a fin de que los concesionarios estén en posibilidad de prestar toda clase de servicios convergentes.
Artículo 20. El Instituto podrá intercambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada, en los siguientes casos:
I.Cuando lo exija el interés público;
III.Por razones de seguridad nacional;
IV.Para la introducción de nuevas tecnologías;
V.Para solucionar problemas de interferencia perjudicial;
VI.Para asignarlas a servicios que generen mayor beneficio económico o social; y
VII.Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
Para estos efectos, el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario nuevas bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados o, en su caso, procederá la indemnización, previo estudio técnico y económico.
El Instituto deberá intercambiar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada cuando así sea solicitado por dos o más concesionarios de espectro radioeléctrico.
Artículo 21 El Instituto expedirá, cuando menos una vez al año, un programa de licitaciones públicas sobre las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial, susceptibles de ser concesionadas, en el cual se indicarán las coberturas geográficas de las bandas disponibles para dichos efectos.
Para la elaboración del programa a que se refiere este artículo, el Instituto seguirá el procedimiento de consulta pública que se describe a continuación:
I.Del 1 al 30 de agosto de cada año, establecerá un procedimiento para que cualquier persona pueda presentar propuestas, debidamente justificadas, para la integración de los programas anuales. Entre otros mecanismos, estas propuestas podrán presentarse por vía electrónica y a distancia, y serán públicas desde el momento de su presentación;
II.Con sus propias propuestas y las que considere convenientes de las que hubiere recibido conforme a la fracción anterior, el 1 de octubre siguiente el Instituto publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación el anteproyecto de programa anual de licitaciones a la opinión pública;
III.El Instituto recibirá comentarios sobre su anteproyecto, a más tardar, el 1 de diciembre siguiente;
IV.Con los ajustes que, en su caso realice al anteproyecto de programa anual, el Instituto, a más tardar el 15 de enero de cada año, publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación el programa anual de licitaciones públicas; y
V.A más tardar el 31 de enero, el Instituto hará disponible, para consulta electrónica y a distancia, un informe en el que exprese de manera general las razones por las que consideró conveniente incluir o desechar, total o parcialmente, las propuestas y la opinión a que se refieren las fracciones I y II anteriores, mismas que en ningún caso serán vinculantes para el Instituto.
Para la integración del programa anual de licitaciones, el Instituto buscará el beneficio del público usuario, el uso eficiente y convergente del espectro radioeléctrico, el desarrollo de la competencia, y la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones.
Los servicios a prestar con las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico incluidas en el programa anual, serán todos los contemplados en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para la respectiva banda de frecuencias, salvo que existan interferencias perjudiciales significativas o en razón de los tratados y acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 22. El Instituto podrá emitir resoluciones por las que declarebandas del espectro radioeléctrico específicas como bandas de uso libre, sujetas a los requisitos operativos y a las especificaciones técnicas que se prevean en la propia resolución.
Los interesados en ofrecer servicios a terceros sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso libre, requerirá concesión para la prestación de los servicios.
Asimismo, atendiendo a lo dispuesto por los tratados internacionales correspondientes, el Instituto podrá determinar una o más bandas del espectro radioeléctrico como bandas internacionales para efectos de radionavegación, comunicaciones radio marítimas, radio aeronáuticas,de auxilio y salvamento, entre otros.
Artículo 23. El Instituto podrá otorgar concesiones de uso comercial por periodos específicos para que personas físicas o morales interesadas puedan utilizar una o más bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico con fines experimentales. En ningún caso, este derecho podrá ser superior a dos años a partir del otorgamiento de la concesión.
Artículo 29. ….
Artículo 40 Bis.- …
ARTÍCULO SEGUNDO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO X INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS QUE VAN DEL 75 AL 89, A LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
De los operadores preponderantes o con poder sustancial
Artículo 75. Las disposiciones de este Capítulo tienen por objeto eliminar eficazmente las barreras a la competencia y libre concurrencia, derivadas de la condición de los operadores preponderantes y de los operadores con poder sustancial de mercado, mediante la regulación a que deberán sujetarse dichos operadores a fin de garantizar lacompetencia efectiva en los servicios y mercados de televisión, radio, telefonía y datos.
Artículo 76. Se entiende por operador preponderante, el agente económico que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento en la prestación de uno o más servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, entre los que se incluyen los siguientes:
I.Servicios de telefonía fija;
II.Servicios de telefonía móvil;
III.Servicios fijos de banda ancha para acceso a internet;
IV.Servicios móviles de banda ancha para acceso a internet;
V.Servicios de transporte de datos;
VI.Servicios de televisión restringida;}
VII.Servicios de radio; y
VIII.Servicios de televisión radiodifundida.
Para la determinación del porcentaje a que este artículo se refiere se tomará en cuenta, indistintamente cualquiera de los siguientes conceptos: número de usuarios o suscriptores, audiencia, tráfico o capacidad utilizada de la red; de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto.
Artículo 77. Se entiende por operador con poder sustancial de mercado, el agente económico que, en ausencia de regulación, tendría la capacidad de fijar precios o restringir el abasto unilateralmente en algún mercado relevante de telecomunicaciones o radiodifusión, en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica.
Artículo 78. La condición de operador preponderante no prejuzga sobre la condición de operador con poder sustancial de mercado, por lo que un mismo operador puede o no tener al mismo tiempo la condición de preponderante en un servicio y de operador con poder sustancial en el mercado al que pertenece dicho servicio. Las disposiciones de este Capítulo aplicarán por igual al operador que tenga una o ambas condiciones.
Artículo 79. En materia de información, oferta y calidad de servicios; exclusividades; uso de equipos terminales entre redes; y separación contable, funcional o estructural, los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado deberán:
I.Abstenerse de ofrecer a sus usuarios condiciones de servicio, calidad y precio para comunicarse dentro de su propia red, incluyendo cualquier tipo de oferta, empaquetamiento, promoción, política comercial, regalo, bonificación o descuento, , más favorables que las correspondientes a comunicaciones destinadas a las redes del resto de los operadores.
II.Ofrecer a los demás operadores, mediante oferta pública, servicios mayoristas respecto de cualquier servicio que ofrezcan a sus usuarios finales;
III.Abstenerse de aplicar al resto de los operadores tarifas y condiciones menos favorables que las ofrecidas a sus usuarios finales, debiendo hacer extensivos los beneficios de las menores tarifas a dichos operadores, incluyendo las tarifas implícitas por servicios, capacidades y funciones desagregadas, como la terminación de llamadas en su red;
IV.Abstenerse de establecer tarifas que de cualquier forma limiten la competencia o libre concurrencia de los demás operadores;
V.Cumplir con los estándares mínimos de calidad que defina el Instituto tanto para los servicios finales a los usuarios como para los servicios mayoristas que presten a los demás operadores.
VI.Abstenerse de establecer cualquier tipo de exclusividad para la comercialización de terminales, contenidos, servicios, redes de distribución y recargas de tiempo aire, publicidad y demás productos y servicios que defina el Instituto;
VII.Abstenerse de establecer exclusividades para instalar, operar u ofrecer servicios de telecomunicaciones en inmuebles, fraccionamientos, colonias o cualesquiera otros sitios que determine el Instituto;
VIII.Abstenerse de establecer cualquier tipo de bloqueo sobre las terminales que comercializan, y de limitar el uso y acceso de las mismas en redes de otros operadores;
IX.Proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca el Instituto, así como aquella que permita conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones, y
X.Sujetarse a las obligaciones específicas que en estas materias establezca el Instituto.
Artículo 80. Las siguientes tarifas de los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado, por los servicios a que se hace referencia en el artículo anterior, deberán ser aprobadas por el Instituto previamente a ser ofrecidas a sus usuarios finales:
I.Las que pretendan cobrar por cualquier conjunto o subconjunto de servicios, incluyendo aquellas tarifas que, para estos mismos servicios, formen parte de cualquier tipo de oferta, promoción, política comercial, regalo, bonificación o descuento, ya sean de carácter permanente o temporal;
II.Las de cualquier servicio o paquete de servicios que pretendan comercializar en donde cualquiera de los componentes que integran el paquete de servicios, se encuentre disponible para cualquier persona física que así lo solicite, de forma desagregada y al precio imputado en la solicitud que, en su caso, apruebe el Instituto;
III.Las demás que establezca el Instituto.
Las tarifas serán aprobadas conforme a la metodología de evaluación y al procedimiento que para tal efecto establezca el Instituto, siempre que no contravengan las disposiciones u objetivos previstos en este Capítulo.
Artículo 81. En materia de infraestructuras de red, los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado deberán:
I.Aplicar las tarifas asimétricas de interconexión que fije el Instituto, con base en un modelo de costos que considere las economías derivadas de su mayor escala de operación, las cuales podrán ajustarse a la baja en cualquier tiempo para asegurar condiciones de equidad en el proceso de competencia.
II.Abstenerse de aplicar a otros operadores por los conceptos de interconexión y uso de otros servicios e insumos esenciales, tarifas superiores a los cargos implícitos en las tarifas a los usuarios finales por funciones que utilizan la infraestructura de red de manera similar. En caso contrario, las tarifas aplicables a los operadores deberán ajustarse a la baja para cumplir con esta obligación;
III.Ofrecer al menos un punto de interconexión en cada área de servicio local en donde presten servicios. Los puntos de interconexión deben tener la capacidad requerida para cursar el tráfico de interconexión con otras redes, así como contar en todo momento con la capacidad de ampliación para soportar los crecimientos de tráfico que se presenten. El número total de áreas de servicio local será definido por el Instituto;
IV.Ofrecer el servicio de roaming nacional de voz, SMS y datos a otros concesionarios en los mismos términos y condiciones en los que prestan los servicios de interconexión móvil o los que determine el Instituto. En ningún caso, las tarifas cobradas por roaming nacional podrán ser superiores a la mínima tarifa que ofrezcan en el mercado minorista, menos los costos evitables.
V.Ofrecer interconexión directa en todas las localidades en donde se presten servicios de telecomunicaciones;
VI.Proporcionar a los demás operadores, en la forma y plazos que determine el Instituto, la información en materia de interconexión que éste determine, la que deberá incluir, al menos, la relativa a capacidad, infraestructura y coubicaciones disponibles;
VII.Sujetarse a las obligaciones específicas que en esta materia establezca el Instituto.
Artículo 82. El operador preponderante o con poder sustancial de mercado deberá presentar al Instituto, para su aprobación, un convenio marco de interconexión que contenga los términos y condiciones a que se obligue con los demás operadores y que les permita a éstos conocer los servicios de interconexión que se ofrecen, los tiempos para la atención de solicitudes de servicios de interconexión, las condiciones técnicas para la interconexión, los principios aplicables a las tarifas de interconexión prevalecientes; así como las tarifas aplicables en su momento, las cláusulas de responsabilidad y obligaciones de no discriminación.
Artículo 83. En materia de desagregación de elementos esenciales, los operadores preponderantes o con poder sustancial deberán:
I.Poner a disposición de los demás operadores, en condiciones de mayoreo, cualquier servicio, función o elemento de red que ofrezcan a sus usuarios. Las condiciones de mayoreo no podrán ser menos favorables en calidad, disponibilidad y precio que las ofrecidas por el operador preponderante o con poder sustancial a sus usuarios o a sus propias operaciones, filiales, subsidiarias o cualesquier integrante del grupo de interés económico al que pertenezcan;
II.Ofrecer mediante oferta pública a los demás concesionarios el acceso a los insumos esenciales que permitan la prestación del servicio. Se consideran como insumos esenciales los elementos, servicios, funciones, capacidades o instalaciones de una red pública de telecomunicaciones, que un concesionario, o un grupo de concesionarios posee o provee de modo predominante, y cuya duplicación por parte de otro concesionario no es técnica o económicamente factible, pero son necesarios para proveer sus servicios;;
III.Garantizar la desagregación efectiva de la red, de manera que otros operadores puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red del operador preponderante o con poder sustancial;
IV.Acatar los precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como el calendario de implantación que fije el Instituto; y
V.Sujetarse a las obligaciones específicas que en esta materia establezca el Instituto.
Artículo 84. Los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado están obligados a presentar toda la información y documentación relacionada con sus servicios que le sea requerida por el Instituto, en los medios, forma y tiempos que éste determine.
Artículo 85. El Instituto determinará mediante declaratoria la condición de operador preponderante en uno o más servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, conforme a lo siguiente:
I.El procedimiento iniciará de oficio o a petición de cualquier interesado, entendiéndose como tal, cualquier usuario, cliente u operador que peste o pretenda prestar los mismos servicios que el operador sobre el cual se pretenda recaiga la declaratoria;
II.La solicitud se formulará por escrito, debiendo el interesado:
a.Señalar su nombre, denominación o razón social, así como domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, personas autorizadas para tales efectos;
b.Señalar a las personas que en su caso autorice para realizar promociones en su nombre y representación;
c.Acompañar el documento con que se acredite la personalidad, en caso de que la solicitud se formule por conducto de representante legal; y
d.Expresar las razones por las que considere que el operador de que se trate tiene la condición de preponderante en uno o más servicios y acompañar la información y documentación que al efecto estime pertinente.
III.El Instituto podrá prevenir al interesado dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito, para que precise o aclare su solicitud o presente la información o documentación faltante;
IV.La prevención deberá desahogarse en un plazo de cinco días. Si la prevención no se desahoga en tiempo y forma, el Instituto desechará la solicitud y notificará personalmente al interesado el acuerdo respectivo dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo que para el desahogo de la prevención se señala esta fracción;
V.Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud o al debido desahogo de la prevención, según corresponda, el Instituto dictará el acuerdo de inicio del procedimiento, el cual contendrá un proyecto de declaratoria que será elaborado con base en los datos que obren en poder del Instituto. Si el procedimiento inicia de oficio, el acuerdo podrá ser emitido en cualquier tiempo;
VI.Dentro de los cinco días siguientes a su emisión, el instituto publicará el acuerdo de inicio en sus medios de difusión, lo notificará personalmente al operador que pretenda declararse como preponderante y mandará publicar un extracto en el Diario Oficial de la Federación;
VII.El operador al que pretenda declararse como preponderante, y los interesados a que se hace referencia en la fracción I de este artículo, incluido el solicitante del procedimiento, contarán con un plazo de diez días para manifestar lo que a su derecho convenga sobre el acuerdo de inicio y los razonamientos expresados por el instituto en el proyecto de declaratoria. Este plazo comenzará a contar, para los interesados, a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de inicio en el Diario Oficial de la Federación y, para el operador al que pretenda declararse como preponderante, a partir del día siguiente al de dicha publicación o del que surta efectos la notificación del acuerdo, lo que ocurra después; y
VIII.Dentro de los veinte días siguientes a que concluya el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Instituto emitirá la resolución que corresponda, la publicará en sus medios de difusión y mandará publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Si la declaratoria resultó procedente, notificará personalmente la resolución al operador preponderante.
Artículo 86. La condición de operador con poder sustancial en uno o más mercados relevantes de telecomunicaciones o radiodifusión será determinada por declaratoria del Instituto, con base en los criterios establecidos en los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Competencia Económica, sin que sea aplicable el artículo 33 bis de dicho ordenamiento, sujetándose a lo siguiente:
a.Señalar y acompañar la información y documentación a que se refieren los incisos a, b y c del artículo 85; y
b.Aportar los elementos que puedan ser de utilidad al Instituto para determinar el poder sustancial.
V.Dentro de los cinco días siguientes, el Instituto dictará el acuerdo de inicio y mandará publicar un extracto del mismo en el Diario Oficial de la Federación;
VI.En un término de sesenta días contados a partir de la publicación del extracto, el Instituto formulará los requerimientos de información que estime pertinentes y, con la información recabada y la que obre en su poder, emitirá un dictamen preliminar que será publicado en sus medios de difusión y notificado personalmente al operador al que pretenda declararse con poder sustancial. Los datos relevantes de dicho dictamen se mandarán publicar en el Diario Oficial de la Federación;
VII.El operador al que pretenda declararse con poder sustancial, así como los interesados a que se refiere la fracción I de este artículo, incluido el solicitante de la declaratoria, en su caso, contarán con un plazo de veinte días para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, respecto de la información contenida en el dictamen preliminar. Este plazo comenzará a contar, para los interesados, a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de inicio en el Diario Oficial de la Federación y, para el operador al que pretenda declararse con poder sustancial, a partir del día siguiente al de dicha publicación o del que surta efectos la notificación del acuerdo, lo que ocurra después; y
VIII.En un plazo de cuarenta días contados a partir de la integración del expediente, el Instituto emitirá la resolución que corresponda, la publicará en sus medios de difusión y mandará publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Si la declaratoria resultó procedente, notificará personalmente la resolución al operador con poder sustancial.
Artículo 87. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado quedarán sujetos a lo dispuesto en este Capítulo, a los noventa días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de los datos relevantes de la resolución que contenga la declaratoria correspondiente.
Artículo 88. El instituto establecerá para cada operador preponderante o con poder sustancial, las obligaciones específicas conducentes a la eliminación de las limitaciones a la competencia y libre concurrencia derivadas de tal condición, conforme al siguiente procedimiento:
I.En el término de sesenta días hábiles contados a partir de la publicación a que se refiere el artículo anterior, el Instituto publicará en sus medios de difusión y notificará personalmente al operador preponderante o con poder sustancial de mercado, el proyecto de resolución correspondiente, debiendo publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación;
II.El operador preponderante o con poder sustancial y los interesados, entendiéndose como tales a los usuarios, clientes o competidores de dicho operador, contarán con un plazo de veinte días para manifestar lo que a su derecho convenga respecto del proyecto de resolución. Este plazo comenzará a contar, para los interesados, a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de inicio en el Diario Oficial de la Federación y, para el operador preponderante o con poder sustancial de mercado, a partir del día siguiente al de dicha publicación o del que surta efectos la notificación del acuerdo, lo que ocurra después;
III.En un término de treinta días contados a partir del vencimiento del plazo previsto en la fracción anterior, el instituto emitirá, notificará personalmente al operador preponderante o con poder sustancial de mercado y ordenará la publicación de la resolución definitiva en el Diario Oficial de la Federación. La resolución contendrá la forma y plazos en que deberán cumplirse las obligaciones específicas.
Artículo 89. Cuando debido a la evolución tecnológica o a cualquier otra causa, se presenten cambios en las circunstancias prevalecientes al momento en que se hayan establecido las obligaciones específicas, el Instituto, mediante el desahogo del procedimiento previsto en el artículo anterior, deberá ampliar dichas obligaciones o realizar las modificaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en este Capítulo.
Artículo 90. Sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere esta Ley, el Instituto establecerá todas aquellas medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias para:
I.Contrarrestar los efectos de la concentración de mercado;
II.Limitar el ejercicio indebido de la capacidad de los agentes preponderantes o con poder sustancial de mercado y fomentar el equilibrio entre los diversos operadores;
III.Garantizar la eficiente operación e interoperabilidad de lar redes, garantizando el acceso a los insumos esenciales de los operadores preponderantes o con poder sustancial, en condiciones de equidad;
IV.Permitir a los operadores la integración de ofertas competitivas bajo condiciones de eficiencia operativa; y
V.En general, garantizar condiciones de competencia efectiva en los servicios y mercados de telecomunicaciones y radiodifusión.
Artículo 91. Las obligaciones previstas en este Capítulo, así como las que establezca el Instituto en los términos del mismo, se extinguirán en sus efectos una vez que el operador de que se trate deje de tener la condición de preponderante o de operador con poder sustancial de mercado, previa declaratoria que emita el Instituto conforme al procedimiento previsto en el artículo 85 o en el artículo 86, según corresponda.
Artículo 92. La autorización a los operadores preponderantes para la prestación de nuevos servicios, adicionales a los que son objeto de su concesión, o para transitar al modelo de concesión única, se condicionará al cumplimiento de lo dispuesto en este Capítulo y a las medidas que determine el Instituto conforme a sus facultades.
El Instituto deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este artículo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas y determinará las contraprestaciones correspondientes.
Artículo 93. Los operadores preponderantes o con poder sustancial en los servicios o mercados de telecomunicaciones o televisión radiodifundida, no tendrán derecho a la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita; lo que en ningún caso se reflejará como costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios.
Estos operadores deberán acordar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la retransmisión. En caso de diferendo, el Instituto determinará la tarifa bajo principios de libre competencia y concurrencia.
Artículo 94. El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado dará lugar a las sanciones establecidas en la presente Ley. En caso de reincidencia, el Instituto ordenará la separación funcional o estructural y, en su caso, la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de dichos operadores o de los agentes que pertenezcan al mismo grupo de interés económico, en las proporciones que sean necesarias para eliminar su condición de preponderantes o su poder sustancial de mercado. Estas facultades correctivas también serán ejercidas por el Instituto en caso de que las medidas de fomento a la competencia en su conjunto resulten insuficientes para garantizar la competencia efectiva en los servicios o mercados de telecomunicaciones o radiodifusión.
SEGUNDO. Las disposiciones contenidas en el presente decreto, no serán aplicables a las declaratorias y obligaciones específicas cuyos procedimientos hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
TERCERO. Los operadores a quienes se declare preponderantes o con poder sustancial de mercado, podrán continuar aplicando a sus usuarios finales las tarifas que efectivamente les cobraban hasta antes de la entrada en vigor de esta Ley, sin que se requiera la previa aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Dado en el Senado de la República, el dieciocho de febrero del año dos mil catorce.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45774

References: artículo 28
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 28
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución 

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Artículo 13

Artículo 14
in fine
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Artículo 84

Artículo 85
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 resolución 

Artículo 86
 artículo 33
 artículo 85
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Artículo 87
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Artículo 88
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91
 artículo 85
 artículo 86

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94