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Timestamp: 2019-05-23 06:03:45+00:00

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REAL DECRETO 383/1984
MINISTERIO TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Sistema especial de prestaciones sociales y económicas para minusválidos.
(Actualizado con las modificaciones introducidas por la Resolución 6-8-86 del Mº de Trabajo y el RD 1734/1994)
CAPITULO I.-Normas generales.
Artículo 1. Régimen de las prestaciones para minusválidos.
Artículo 2. Beneficiarios del sistema de prestaciones sociales y económicas.
CAPITULO II.-De la acción protectora.
Sección 1.ª-De la asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.
Artículo 6. Extensión.
Sección 2.ª-De la rehabilitación médico-funcional.
Artículo 9. Extensión.
Sección 3.ª-De la recuperación profesional.
Artículo 12. Extensión.
Artículo 13. Programa individual de recuperación profesional.
Artículo 14. Ejecución de la recuperación profesional.
Artículo 15. Recuperación profesional en Empresas o Centros de trabajo.
Artículo 16. Subsidio de recuperación profesional.
Sección 4.ª-De las medidas de integración social.
Artículo 18. Beneficiarios.
Artículo 19. Extensión.
Sección 5.ª-Del subsidio de garantía de ingresos mínimos.
Sección 6.ª-Del subsidio por ayuda de tercera persona.
Sección 7.ª-Del subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
CAPITULO III.-Normas comunes.
Artículo 26. Nacimiento del derecho a las prestaciones.
Artículo 27. Efectividad de las prestaciones.
Artículo 28. Duración de las prestaciones.
Artículo 29. Extinción, suspensión y pérdida del derecho a las prestaciones.
Artículo 31. Revisión.
CAPITULO IV.-Régimen económico de las prestaciones.
Artículo 32. Nivel de recursos personales.
Artículo 33. Estimación de los recursos personales.
Artículo 34. Cuantía de los subsidios.
Artículo 35. Compatibilidad con los recursos personales.
Artículo 36. Cuantía de los subsidios en supuestos especiales.
Artículo 37. Personas computables a efectos de incrementos del nivel máximo de recursos personales.
Artículo 38. Pago de los subsidios.
Artículo 39. Prescripción del derecho al percibo de las prestaciones.
Artículo 40. Intransferibilidad e inembargabilidad de las prestaciones.
Artículo 41. Reintegro de prestaciones indebidas.
Artículo 42. Régimen de compatibilidades.
CAPITULO V.-De la gestión de las prestaciones.
Artículo 43. Competencia administrativa.
Artículo 44. Procedimiento administrativo.
Artículo 45. Dispensación de las prestaciones.
CAPITULO VI.-De la financiación de las prestaciones.
a) Estar afectado por una disminución, previsiblemente permanente, en sus facultades físicas, psíquicas o sensoriales, de la que se derive una minusvalía en grado igual o superior al que se determina en el presente Real Decreto para las distintas prestaciones, o estar afectado por un proceso degenerativo que pudiera derivar en minusvalía, en las prestaciones en que así se establezca expresamente.
c) No ser beneficiario o no tener derecho, por edad o por cualesquiera otras circunstancias, a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía otorgada por otro Organismo público.
La acción protectora del sistema especial de prestaciones sociales y económicas comprenderá:
g) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
Serán beneficiarias de la prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica aquellas personas que, además de las condiciones contenidas en el apartado c) del artículo 2.º, reúnan las siguientes:
b) No tener derecho, por cualquier título, obligatorio o como mejora voluntaria, sea como titulares o como beneficiarias, a las prestaciones de asistencia sanitaria, incluida la farmacéutica, del régimen general o regímenes especiales del sistema de la Seguridad Social.
b) No tener derecho, sea como titulares o como beneficiarias, a los tratamientos previstos en el artículo 9.º, con cargo al régimen general o a regímenes especiales del sistema de la Seguridad Social.
2. A efectos del otorgamiento de la prestación de rehabilitación médico-funcional, se consideran asimiladas a la condición de beneficiarias aquellas personas en las que el equipo multiprofesional aprecie riesgo fundado de aparición de una disminución de no aplicarse los tratamientos correspondientes.
-Terapia del lenguaje.
-Medicina ortopédica.
2. Estos servicios incluirán el suministro, adaptación, conservación y renovación de aparatos de prótesis y ortesis, así como de sillas de ruedas y otros elementos auxiliares, correspondientes a los otorgados en concepto de asistencia sanitaria por el sistema de la Seguridad Social, para los minusválidos cuya disminución lo aconseje.
La recuperación profesional tendrá por objeto el conjunto de prestaciones dirigidas a facilitar la inserción o, en su caso, reinserción laboral de los beneficiarios, a través de la obtención o conservación de un empleo adecuado, contribuyendo de esta manera, a la integración social del minusválido.
1. Serán beneficiarias de las prestaciones de recuperación profesional aquellas personas en edad laboral que, además de las condiciones establecidas en los apartados b), c) y d) del artículo 2.º, reúnan las siguientes:
-Tratamientos de rehabilitación médico-funcional.
-Formación, readaptación o reeducación profesional según los casos.
1.1. Los tratamientos de rehabilitación médico-funcional serán los regulados en la sección 2.ª de este capítulo II, siempre que tengan por finalidad la recuperación profesional del minusválido.
1.2. La orientación profesional, tanto sea facilitada antes del tratamiento de rehabilitación médico-funcional como durante el mismo o al finalizar éste, tendrá por objeto la determinación de las actividades laborales más adecuadas al minusválido, en base a sus aptitudes, actitudes e intereses y empleo precedente, en su caso, teniendo asimismo en cuenta las exigencias peculiares de las profesiones consideradas y las posibilidades del mercado de trabajo.
1.3. La formación profesional comprenderá el conjunto de actividades formativas que tengan por objeto desde el adiestramiento para el desempeño de un puesto de trabajo, hasta las enseñanzas sistemáticas, reguladas o no, para el desarrollo de una profesión o empleo.
1.5. La reeducación profesional comprenderá las actividades formativas a que se refiere el apartado 1.3 del presente artículo, dirigidas a la incorporación del minusválido a un oficio o profesión diferente del que hubiera desempeñado con anterioridad.
2. La formación y reeducación a que se refieren los apartados anteriores comprenderán una preformación general básica, cuando sea necesario.
2. El disfrute de las prestaciones de recuperación profesional, así como la percepción del subsidio a que se refiere el artículo 16 estará condicionado al cumplimiento del programa y a la observancia de sus prescripciones por parte del beneficiario.
b) En Centros especiales de formación o de recuperación profesional, preferentemente de la Seguridad Social, en los casos en que la formación no sea posible en los Centros ordinarios.
Cuando la actividad formativa se lleve a cabo en Empresas o Centros de trabajo habrá de elaborarse el contrato especial a que se refiere el artículo 34, número 2, de la Ley 13/1982, de 7 abril.
Las medidas de integración social son aquellas que, por sí mismas o como parte complementaria de un proceso de rehabilitación médico-funcional o de recuperación profesional, tienden a lograr la mayor autonomía posible de la persona con disminución a mejorar su capacidad de desplazamiento o a facilitar las relaciones de aquéllas con su entorno, cuando por el grado o naturaleza de la deficiencia lo precise, a juicio del equipo multiprofesional.
Podrán ser beneficiarias de las medidas de integración social aquellas personas que, además de reunir las condiciones establecidas en los apartados b), c) y d) del artículo 2 se hallen afectadas por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100.
b) Aportaciones económicas para contribuir a la financiación de los gastos derivados de, entre otros supuestos posibles, la construcción, adquisición, renovación y adaptación de los útiles a que hace referencia el apartado anterior, la adaptación funcional del hogar, la obtención del permiso de conducir y la adquisición o adaptación del vehículo destinado al servicio personal del minusválido.
El subsidio de garantía de ingresos mínimos consistirá en una prestación económica de carácter periódico, destinada a subvenir a las necesidades básicas, tales como alimentación, vestido y habitación, de quienes, careciendo de los medios necesarios para su subsistencia, no estén en condiciones, por razón del grado de su minusvalía, de obtenerlos.
b) Hallarse afectadas por una minusvalía en grado igual o superior al 65 por 100.
2. A los efectos previstos en el apartado c) del número anterior, se entenderá por empleo adecuado todo trabajo retribuido, bien se desarrolle en Empresas, en Centros de carácter ordinario o en Centros especiales de empleo para minusválidos, y toda actividad anatómicas o funcionales, necesiten, a juicio del autónomo que resulte acorde con la edad, aptitudes y, en su caso, empleo precedente del minusválido.
El subsidio por ayuda de tercera persona consistirá en una prestación económica, de carácter periódico, destinada a aquellas personas afectadas por una minusvalía que, a consecuencia de pérdidas, anatómicas o funcionales, necesiten, a juicio del equipo multiprofesional, la asistencia de otra persona para realizar actos esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
Serán beneficiarios del subsidio por ayuda de tercera persona quienes reúnan, además de las condiciones enumeradas en los apartados b), c) y d) del artículo 2.º, las siguientes:
1. Serán beneficiarias del subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte aquellas personas que reúnan, además de las condiciones previstas en los apartados b), c) y d) del artículo 2.º, las siguientes:
b) Estar afectadas por pérdidas funcionales o anatómicas o por deformaciones esenciales, en grado igual o superior al 33 por 100, que le dificulten gravemente utilizar transportes colectivos de acuerdo con el baremo específico que se fije reglamentariamente.
2. Asimismo serán beneficiarios del subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte los minusválidos atendidos en Centros en régimen de media pensión, o los que, siendo su régimen de internado, se desplacen fuera del Centro, como mínimo, diez fines de semana al año.
1. Las prestaciones de carácter técnico se harán efectivas a partir de la fecha en que, reconocido el derecho a su percepción, el equipo multiprofesional determine la necesidad de su aplicación.
2. Los tratamientos de asistencia sanitaria y farmacéutica serán prestados desde el día en que sean prescritos por el facultativo correspondiente y mientras éste los estime precisos.
4. Lo dispuesto en los números anteriores sobre período de duración de las prestaciones se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29.
a) Pérdida de alguna de las condiciones generales, así como de las específicas, exigidas para el reconocimiento del derecho a cada prestación.
d) Traslado de residencia al extranjero, sin perjuicio de lo que en su caso, se disponga en desarrollo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 2.º.
3. La decisión sobre si procede la suspensión temporal del derecho o la pérdida definitiva del mismo será adoptada por la Dirección Provincial correspondiente, mediante resolución motivada, previo informe del equipo multiprofesional. A tales efectos, se valorarán la gravedad, intencionalidad, perjuicios económicos producidos, capacidad de discernimiento del interesado y demás circunstancias concurrentes.
4. La suspensión temporal del derecho podrá devenir en pérdida definitiva del mismo, en caso de reiteración de las causas que motivaron la suspensión a criterio de la Dirección Provincial correspondiente, previo informe del equipo multiprofesional.
5. En los supuestos previstos en el apartado c) del número 2 del presente artículo y en el apartado a) del artículo 30, la Dirección Provincial correspondiente, antes de proceder a la decisión sobre la suspensión o, en su caso, pérdida del derecho a las prestaciones, requerirá al interesado para que acepte o se reincorpore al tratamiento o programa, observe las prescripciones o medidas rehabilitadoras o coopere a la mayor eficacia de las mismas, otorgándole para ello un plazo razonable y advirtiéndole sobre las consecuencias a que podría dar lugar de persistir en su actitud.
Los beneficiarios del presente sistema especial de prestaciones, o, en su caso, sus representantes legales, vendrán obligados a:
d) Utilizar cuidadosa y adecuadamente prótesis, ortesis, sillas de ruedas y elementos auxiliares cedidos en usufructo, de acuerdo con lo previsto en el número 4 del artículo 9.º.
e) Comunicar, en el plazo máximo de quince días desde que se produzcan las modificaciones sobrevenidas en su situación que pudieran tener repercuciones en relación con el derecho a las prestaciones o con el contenido de las mismas, y, en general, proporcionar cuanta información le sea requerida a efectos de las prestaciones.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, en las resoluciones administrativas de reconocimiento del derecho a las prestaciones se establecerá el plazo en que deberá procederse a la revisión de oficio, de conformidad con el dictamen emitido por el equipo multiprofesional correspondiente.
4. Unicamente podrá dejar de señalarse un plazo para efectuar la revisión de oficio cuando, a juicio del equipo multiprofesional, el grado de disminución que presente el interesado no sea susceptible, mediante la aplicación, en su caso, de las oportunas medidas de rehabilitación, de una modificación que pueda tener repercusión sobre el derecho a la prestación correspondiente.
6. Sin perjuicio de la obligación a que se refiere el apartado e) del artículo 30, los beneficiarios vendrán obligados a acreditar anualmente, en las fechas y con arreglo al procedimiento que por Orden ministerial se determine, que siguen reuniendo los requisitos de orden económico exigidos en su día, para el reconocimiento de la prestación correspondiente.
1. Tendrán derecho a percibir las prestaciones reguladas en el presente Real Decreto, sin perjuicio de lo que a efectos de la asistencia sanitaria y prestación farmacéutica se establece en la sección 1.ª del capítulo II, los minusválidos cuyos recursos personales sean inferiores en cuantía al 70 por 100, en cómputo anual del salario mínimo vigente en cada año.
2. En el supuesto de que el minusválido tenga personas a su cargo, el nivel máximo de recursos personales previsto en el número anterior se incrementará por cada una de ellas en un 10 por 100 del citado salario mínimo.
3. (derogado por Resolución 6-8-86 del Mº de Trabajo)
4. (derogado por Resolución 6-8-86 del Mº de Trabajo)
1. A efectos de estimación de los recursos personales, se considerarán como tales todos los bienes, rentas o ingresos, incluidos los procedentes del derecho a alimentos que conforme a la legislación civil pueda tener reconocidos, que perciba, disfrute o posea el interesado, cualquiera que sea su naturaleza o procedencia.
2. Asimismo, a efectos de dicha estimación se tendrán en cuenta las siguientes situaciones:
a) Cuando el minusválido tenga a personas a su cargo o forme parte de una unidad familiar de la que dependa, se considerarán recursos personales los que él o esas personas posean, perciban o disfruten en concepto de bienes, rentas o ingresos, sea cual fuere su naturaleza y procedencia.
b) A efectos de percepción de subsidios, en ningún caso se computarán como recursos personales, sino como subvenciones deducibles de la cuantía correspondiente del subsidio, las prestaciones públicas que persigan igual finalidad a la del subsidio al que pudiera tener derecho.
Anualmente, se determinarán las cuantías de los distintos subsidios que, con las particularidades que se establecen en los artículos siguientes, tendrán carácter uniforme para todos los minusválidos con derecho a los mismos, salvo en el subsidio de recuperación profesional, cuyo importe habrá de adecuarse a las necesidades del beneficiario, siempre que no sobrepase la cuantía máxima que para el mismo se establezca.
Los subsidios serán compatibles con los recursos personales del beneficiario, siempre que éstos no superen el límite máximo a que se refiere el artículo 32. A los efectos previstos en este artículo, se computarán como recursos personales los correspondientes al año natural anterior al del reconocimiento del derecho o, en su caso, al de revisión anual del subsidio.
1. En caso de que el beneficiario perciba prestación económica del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales o de la Seguridad Social, la cuantía de los subsidios a que pudiera tener derecho se reducirá en una cantidad igual al importe de aquella prestación.
2. En el caso de minusválidos atendidos en Centros se tendrán en cuenta, a efectos de la determinación del importe del subsidio, las siguientes situaciones:
a) Los atendidos en régimen de internado en Centros públicos o privados financiados totalmente con fondos públicos tendrán derecho, durante el período o períodos en que permanezcan en dicho régimen, a percibir un 10 por 100 de la totalidad o, en su caso, de la parte del subsidio de garantía de ingresos mínimos a que pudiera tener derecho.
1. A los efectos previstos en el número 2 del artículo 32 y número 2, a), del artículo 33, se considerarán personas a cargo del minusválido.
1. Corresponderá al Instituto Nacional de Servicios Sociales, a través de sus Direcciones Provinciales, el reconocimiento del derecho a las prestaciones de carácter técnico, así como a los subsidios de contenido económico, regulados en el presente Real Decreto, y la gestión de los mismos, sin perjuicio de lo que se establece en el apartado 3 de este artículo.
a) (derogado por Resolución 6-8-86 del Mº de Trabajo)
e) iniciar el oficio el procedimiento para la revisión, suspensión, pérdida o extinción del derecho a las prestaciones cuando proceda.
1. El reconocimiento del derecho, a las prestaciones a que se refiere el artículo 26 se efectuará previa solicitud del interesado o, en su caso, de su representante legal.
2. Los equipos multiprofesionales que se constituyan de conformidad con lo establecido por los artículos 10 y 11 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, emitirán dictamen previo al reconocimiento del derecho, así como los que procedan, en el ámbito de las funciones que les son propias, en relación con la modificación, suspensión, pérdida o extinción del mismo.
3. En la tramitación y resolución administrativa de los expedientes relativos al reconocimiento, revisión, suspensión, pérdida o extinción de los derechos reconocidos por el presente Real Decreto, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normas de carácter general sobre procedimiento administrativo. (Nueva redacción según RD 1734/1994)
4. Las normas establecidas en los dos apartados inmediatamente anteriores, serán de aplicación asimismo en la tramitación y resolución de las incidencias que, en su caso, pudieran derivarse de la ejecución de las distintas prestaciones.
7. Durante el transcurso del plazo para la emisión de la certificación se podrá resolver expresamente sobre el fondo, de acuerdo con las normas aplicables y sin vinculación a los efectos atribuidos a la resolución presunta cuya certificación se ha solicitado. (Añadidos los apartados 5, 6 y 7 por RD 1734/1994).
1. Contra las resoluciones dictadas por las Direcciones provinciales del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en ejercicio de las competencias que les atribuye el artículo 43 y relativas a reconocimiento, revisión, suspensión, pérdida o extinción de los derechos contemplados por la citada norma, podrá interponerse recurso ordinario ante el Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales en el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación o publicación 2. Contra la resolución de este recurso podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de esta jurisdicción (según redacción dada por RD 1734/1994)
2. Dicha financiación, que comprenderá los gastos de administración que la gestión de las prestaciones lleva consigo, se hará efectiva mediante la transferencia anual de las correspondientes consignaciones específicas de los Presupuestos Generales del Estado a los de la Seguridad Social.
1.ª En tanto se constituyan los equipos multiprofesionales a que hace referencia el artículo 10 de la Ley 13/1982, de 7 abril, el dictamen previo establecido en dicho artículo será efectuado por los equipos de valoración y orientación de los centros base del Servicio Social de Minusválidos Físicos, Psíquicos y Sensoriales del Instituto Nacional de Servicios Sociales, los cuales se atendrán en su actuación a las normas establecidas en el Real Decreto 1723/1981, de 24 julio.
2.ª Para el reconocimiento del derecho a las prestaciones incluidas en la acción protectora del sistema especial regulado en el presente Real Decreto podrán utilizarse los datos que consten en los expedientes de las declaraciones de la condición de minusválido o subnormal realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, salvo que existan dudas razonables sobre la vigencia de los citados datos o se estime conveniente o aconsejable por los respectivos equipos multiprofesionales, proceder a una nueva valoración del solicitante.
3.ª 1. La cuantía que para el subsidio de garantía de ingresos mínimos se determine se incrementará periódicamente, como mínimo cada año, en el porcentaje que se establezca por el Gobierno, según lo establecido en la disposición final séptima de la Ley 13/1982, de 7 abril, de Integración Social de los Minusválidos.
2. En el año décimo de vigencia de la propia Ley, y a partir de dicha fecha, la cuantía de subsidio, de acuerdo con lo establecido en el párrafo primero de dicha disposición final séptima, en relación con el artículo 14.3, de la Ley, no podrá ser inferior al 50 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente.
1.ª Se considerarán subsumidas, en su caso, en las respectivas prestaciones que contempla el presente Real Decreto, a partir de la fecha de entrada en vigor de éste y para los reconocimientos de derecho a que hayan de efectuarse en lo sucesivo:
b) La aportación económica por subnormalidad que concede la Seguridad Social, regulada por Orden de 8 mayo 1970.
c) El complemento familiar especial, establecido por el Decreto 2741/1972, de 15 septiembre, en favor de los hijos minusválidos de los funcionarios civiles y militares, y extendido por la Orden de 23 octubre 1973, a los funcionarios de la Administración Local.
2.ª Lo dispuesto en este Real Decreto se entiende sin perjuicio de lo previsto en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.
3.ª A efectos de la inmediata aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, la cuantía inicial de las prestaciones económicas que se aplicará a partir de la fecha de entrada en vigor de aquél se fija en las siguientes cantidades mensuales:
Cuantía inicial a que se refiere la disposición transitoria tercera de este Real Decreto, 10.000 pesetas.
Subsidio por ayuda a tercera persona, 5.000 pesetas.
1.ª Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para dictar las disposiciones complementarias que precise la aplicación y desarrollo del presente Real Decreto.
2.ª Antes de la entrada en vigor del presente Real Decreto se aprobará y publicará el baremo para la determinación de los grados de minusvalía a que se refiere el número 1, apartado a), del artículo 2.º del presente Real Decreto.

References: Resolución 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 6

Artículo 9

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 9
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 artículo 16
 artículo 34
 artículo 2
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 artículo 29
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 artículo 30
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