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Timestamp: 2018-10-17 00:16:38+00:00

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Decreto 60/2009, de 14 abril del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012. TÍTULO II. Fomento del mercado del alquiler (Vigente hasta el 12 de Noviembre de 2009).
Fomento del mercado del alquiler
Artículo 28 Requisitos de los arrendatarios de viviendas acogidas a este Decreto
Los arrendatarios de las viviendas acogidas a las ayudas financieras de este Decreto deberán estar inscritos en el Registro de solicitantes de vivienda protegida, y cumplir con los requisitos previstos en el Reglamento de Registro de solicitantes de vivienda protegida y de adjudicación de viviendas protegidas de Aragón.
Artículo 29 Fomento del mercado de alquiler
1. En el marco del Plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación, el fomento del mercado del alquiler tendrá lugar mediante las siguientes actuaciones:
a) La promoción de vivienda protegida de nueva construcción destinada a arrendamiento, con las condiciones establecidas en este Decreto.
b) Ayudas financieras para inquilinos y para propietarios de viviendas libres desocupadas, para su cesión a las bolsas públicas de alquiler de vivienda, con arreglo a lo establecido en los siguientes artículos.
c) Ayudas para la rehabilitación de viviendas, destinadas al arrendamiento, con arreglo a lo establecido en el artículo 74 de este Decreto.
d) La creación de bolsas públicas de alquiler de vivienda con los requisitos establecidos en este Decreto.
2. Se entenderá por vivienda libre desocupada aquella que no haya sido habitada durante los doce meses anteriores a la solicitud de la ayuda prevista en la letra b del punto 1 anterior. A estos efectos deberá acreditarse la ausencia de consumos de servicios domiciliarios relevantes.
Artículo 30 Régimen de arrendamiento y precios de venta
1. Las viviendas protegidas destinadas a arrendamiento habrán de mantener dicho régimen de uso durante 10 ó 25 años.
2. Las viviendas protegidas destinadas a arrendamiento a diez años podrán venderse, una vez transcurrido dicho plazo desde la calificación definitiva, por un precio máximo de 1«5 veces el determinado en la calificación provisional, y todo ello con independencia del mantenimiento de su condición de protegidas; o de 1«7 veces, en el caso de viviendas protegidas en arrendamiento a 10 años con opción de compra. Si el plazo de tenencia en régimen de arrendamiento hubiera de prolongarse por encima de diez años, por exigencia de la legislación de arrendamientos urbanos, dicho precio máximo podrá actualizarse anualmente, a partir del cumplimiento del plazo de 10 años, en función de las variaciones porcentuales del Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo.
3. Las viviendas protegidas destinadas a arrendamiento a 25 años podrán venderse, una vez transcurrido dicho plazo desde la calificación definitiva, por un precio correspondiente al de una vivienda protegida del mismo tipo y calificada provisionalmente en el momento de la venta.
4. A efectos de lo previsto en los apartados 2 y 3, tendrán preferencia para adquirir las viviendas los inquilinos que hayan permanecido al menos cinco años en régimen de arrendamiento en dichas viviendas. En el caso de no cumplir los requisitos de acceso de vivienda en propiedad no tendrán derecho a la financiación concertada. No será exigible el plazo mínimo de cinco años de alquiler para aquellos inquilinos que hayan accedido a la vivienda mediante sorteo público.
5. En el caso de viviendas protegidas destinadas a arrendamiento a 10 años, una vez finalizado el periodo previsto en un contrato de alquiler, el último inquilino tendrá preferencia para la firma de un nuevo contrato, siempre que cumpla los requisitos de acceso a una vivienda protegida de arrendamiento.
6. La duración legal del régimen de protección, independientemente del régimen de uso, será la establecida en el artículo 9 de este Decreto.
7. La enajenación y gestión de promociones de viviendas protegidas en arrendamiento se regirá por lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, en las condiciones que se regulan en el presente Decreto, y en concreto de lo establecido en el artículo 20 referente a la composición y ubicación de las promociones de viviendas de régimen tasado.
Artículo 31 Vivienda protegida en arrendamiento a 10 años con opción de compra
1. Los contratos de arrendamiento de las viviendas protegidas de nueva construcción con destino a arrendamiento a diez años podrán incluir una cláusula de opción de compra a favor del inquilino que permanezca al menos cinco años en la vivienda protegida.
2. La opción de compra podrá ejercitarse, una vez transcurridos diez años desde la calificación definitiva, por el inquilino que haya permanecido al menos los cinco últimos años en la vivienda.
3. Los inquilinos de los primeros cinco años desde la calificación definitiva de las viviendas protegidas de nueva construcción con destino a arrendamiento a diez años podrán prorrogar su contrato de forma obligatoria para el arrendador hasta que puedan ejercer su derecho a la opción de compra por haber transcurrido el plazo inicial de diez años desde la calificación definitiva.
4. El inquilino que desee ejercer la opción de compra deberá manifestarlo por escrito al arrendador y remitir copia al Registro de solicitantes de vivienda protegida y de adjudicación de viviendas protegidas de Aragón dentro del último año de los cinco necesarios para generar tal derecho, salvo que se prorrogue el arrendamiento, en cuyo caso deberá manifestarlo durante el último año de la prórroga.
5. Si el comprador fuera el inquilino de la vivienda, se deducirá del precio a satisfacer, en concepto de pagos parciales adelantados el treinta por ciento de la suma de los alquileres satisfecho por el inquilino y sin actualizaciones.
Artículo 32 Viviendas de promoción pública para arrendamiento
1. Con el fin de incrementar el parque de viviendas públicas para arrendamiento, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá cofinanciar con el Ministerio de Vivienda la promoción pública de viviendas destinadas a este régimen, en las condiciones previstas en el artículo 31 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
2. La renta de estas viviendas será la prevista en el artículo 24 de este Decreto.
Alojamientos protegidos en arrendamiento para colectivos específicos
Artículo 33 Régimen de los alojamientos para colectivos específicos
1. Se podrán promover alojamientos protegidos sobre suelos a los que la ordenación urbanística atribuya un uso compatible con el destino de estos alojamientos, con los siguientes requisitos:
a) La superficie útil mínima será de 15 metros cuadrados por persona. En todo caso, los alojamientos no podrán superar los 45 metros cuadrados.
b) Un máximo del 25 por ciento de la superficie destinada a alojamiento podrá dedicarse a alojamientos de hasta 90 metros cuadrados.
c) La superficie útil de servicios generales, comunes o asistenciales susceptible de financiación no podrá exceder del 30 por ciento de la superficie útil de los alojamientos, con independencia de que la superficie real sea superior.
d) También podrán estar protegidas las plazas de garaje que se vinculen a los alojamientos.
2. Estos alojamientos podrán destinarse a colectivos relacionados con la comunidad universitaria, personal investigador y científico y otros similares, debiendo aprobar la Dirección General competente en materia de vivienda las concretas condiciones de acceso a los mismos.
3. La renta máxima será la determinada en este Decreto para las viviendas de régimen general. A estos efectos, se imputará un máximo del 30 por ciento de la superficie destinada a servicios generales, comunes o asistenciales. En todo caso, en las calificaciones provisional y definitiva se autorizarán los servicios comunes, de acuerdo con lo previsto en el punto 5 de este artículo. Los servicios comunes se facturarán con independencia de la renta de alquiler, en el caso de su utilización voluntaria por cada inquilino. El precio de estos servicios sumado a la renta que pague el inquilino no podrá ser superior al máximo correspondiente a la renta de una vivienda protegida para arrendamiento a 25 años de régimen tasado.
4. Los promotores de estos alojamientos podrán acogerse a la financiación prevista para las viviendas de alquiler de régimen general a 25 años, siendo la cuantía de estas subvenciones la específica para estos alojamientos.
5. La promoción de estos alojamientos protegidos requerirá la celebración de un convenio específico entre el Departamento competente en materia de vivienda y el promotor de la actuación. Este convenio deberá prever, entre otras circunstancias, todos los aspectos relativos a los servicios comunes de la promoción, así como los relativos a la adjudicación y condiciones técnicas de los alojamientos. En el caso de que la promoción se realice en suelo de titularidad municipal será preciso un acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento, en la que participará el Ayuntamiento afectado.
Artículo 34 Régimen de los alojamientos para colectivos específicos especialmente protegidos
1. Se podrán promover alojamientos protegidos con las mismas características determinadas en el artículo anterior para colectivos especialmente protegidos.
2. Tienen la consideración de colectivos especialmente protegidos a los efectos del apartado anterior y del Plan de vivienda:
c) Familias, jóvenes de hasta 35 años, personas separadas y divorciadas, con ingresos familiares que no excedan de 1«5 veces el IPREM.
h) En los convenios previstos en el artículo 33.5 se podrán definir otros colectivos similares a los anteriores.
3. La renta máxima del alojamiento no podrá exceder de la prevista para las viviendas de alquiler de régimen especial.
4. Los promotores de estos alojamientos podrán acogerse a la financiación prevista para las viviendas de alquiler de régimen especial, siendo la cuantía de las subvenciones la específica para estos alojamientos.
Artículo 35 Ayudas financieras a los inquilinos de vivienda libre
1. Podrán recibir una ayuda, cuya cuantía máxima anual no excederá del 40 por ciento de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo absoluto de 3.200 euros, aquellos inquilinos de vivienda libre cuyas unidades de convivencia tengan ingresos que no excedan 1«5 veces el IPREM o que pertenezcan a los colectivos especialmente protegidos definidos en el artículo 34. La cuantía de la ayuda no excederá del 20 por ciento de la renta anual a satisfacer con un máximo de 1.600 euros para aquellos inquilinos cuyas unidades de convivencia tengan ingresos que estén comprendidos entre 1«5 y 2«5 veces el IPREM. Los ingresos familiares anuales se refieren a todos los ocupantes de la vivienda con independencia de que exista o no relación de parentesco.
2. Podrán recibir la ayuda referida aquellos inquilinos de vivienda libre que cumplan las siguientes condiciones:
b) Que la renta máxima anual inicial a percibir por el titular de la vivienda no supere la prevista en el artículo 40 de este Decreto.
c) Tener necesidad de vivienda conforme a lo establecido en la normativa vigente y estar inscrito en el Registro de solicitantes.
3. La duración máxima de esta subvención será de veinticuatro meses, condicionados a que se mantengan las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda. No se podrá obtener nuevamente esta subvención hasta transcurridos al menos cinco años desde la fecha de su reconocimiento.
4. En el caso de que el inquilino haya celebrado el contrato de arrendamiento a través de una bolsa pública de alquiler, podrá solicitar la ampliación de la ayuda hasta completar un periodo máximo de cinco años. En este caso no se podrá obtener nuevamente esta subvención hasta transcurridos, al menos, cinco años desde de la fecha de finalización de las ayudas.
5. Esta subvención podrá ser entregada al inquilino directamente por la Administración o a través de la agencia o sociedad pública que se encargue de la gestión del arrendamiento, en el caso de que la vivienda esté dentro de una bolsa pública de alquiler.
6. No podrá concederse la ayuda si:
a) Alguno de los restantes titulares del contrato de arrendamiento fuera beneficiario de la ayuda establecida en el apartado1 del presente artículo, o de la renta básica de emancipación regulada en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.
7. Para la concesión de este tipo de ayudas será necesario que el solicitante presente el contrato de arrendamiento para su visado ante el órgano competente en materia de vivienda.
Artículo 36 Ayudas financieras a los inquilinos de vivienda protegida
1. Los inquilinos de vivienda protegida recibirán las mismas ayudas financieras y con las mismas condiciones que las previstas para los inquilinos de vivienda libre en el artículo anterior.
2. Los beneficiarios de las ayudas previstas en el punto anterior podrán solicitar la ampliación hasta completar un periodo máximo de 5 años. En este caso no se podrá obtener nuevamente esta subvención hasta transcurridos al menos cinco años desde la fecha de finalización de las ayudas.
3. La solicitud deberá ser presentada con una antelación mínima de 2 meses respecto de la fecha de finalización de la ayuda concedida inicialmente.
Artículo 37 Fomento del parque residencial desocupado
1. Los propietarios de viviendas libres, no destinadas al alquiler durante los últimos doce meses, y cuya superficie no supere los 120 metros cuadrados, que las cedan por un período mínimo de cinco años, para su arrendamiento por las bolsas públicas de alquiler de vivienda, podrán obtener, a través de la entidad gestora de la bolsa y con las condiciones establecidas en este Decreto y en su normativa de desarrollo, una subvención de 6.500 euros destinada a la rehabilitación aislada de la vivienda de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de este Decreto. Esta subvención será incompatible con todas las establecidas en el Título tercero.
2. La renta máxima neta anual inicial a percibir por el titular de la vivienda libre, a través de la entidad gestora de la bolsa, no podrá superar la prevista para una vivienda protegida de régimen tasado a 10 años, computando la superficie real de la vivienda. En el caso de que existieran garaje y trastero, sus rentas no podrán exceder de las correspondientes a las de las superficies máximas de los mismos establecidas en este Decreto para las viviendas protegidas de nueva construcción, con independencia de que las superficies útiles del garaje y trastero pudieran ser superiores a las indicadas.
Bolsas públicas de alquiler de viviendas
Artículo 38 Ámbito de aplicación, habilitación y convenios para la mejora de la gestión
1. Podrán crear bolsas públicas de vivienda en alquiler las Administraciones Públicas por sí o a través de entes instrumentales y sociedades públicas. Las viviendas cedidas a las bolsas públicas de vivienda en alquiler deberán destinarse a arrendamiento para residencia habitual de sus destinatarios, previamente inscritos en el Registro de solicitantes de vivienda protegida.
2. Las Administraciones públicas o sus entes instrumentales y sociedades públicas deberán solicitar a la Dirección General competente en materia de vivienda la habilitación correspondiente para crear una bolsa pública de alquiler, y actuar como entidad gestora a través de cualquiera de los medios establecidos en la legislación.
3. El titular del Departamento competente en materia de vivienda podrá establecer mediante Orden las condiciones que habrán de cumplir las entidades gestoras de vivienda en alquiler y las entidades colaboradoras para su habilitación como tales. Asimismo, se podrán firmar convenios de colaboración para la gestión de las bolsas de alquiler.
Artículo 39 Gestión de la bolsa pública de vivienda en alquiler
1. La entidad gestora desarrollará la actividad de intermediación en el arrendamiento de las viviendas que sean incluidas en las bolsas públicas de vivienda en alquiler.
2. Para el desarrollo de la actividad de intermediación corresponden a las bolsas públicas de vivienda en alquiler de vivienda las siguientes funciones:
a) Recibir ofertas de inclusión de viviendas en las bolsas publicas de vivienda en alquiler de sus respectivos titulares.
b) Analizar el estado de la vivienda y valorar la posibilidad de su arrendamiento. No podrán incluirse en las bolsas públicas de vivienda aquellas viviendas que no reúnan las condiciones esenciales de habitabilidad.
c) Asesorar al titular de la vivienda para cumplimentar la solicitud de inclusión de la vivienda en las bolsas públicas de vivienda y adjuntar la documentación precisa, incluso la ficha descriptiva y la documentación gráfica.
d) Asesorar al titular de la vivienda y al inquilino para la celebración del contrato de arrendamiento, así como suscribir el contrato de arrendamiento con el inquilino.
e) Depositar la fianza ante la Administración de la Comunidad Autónoma.
f) Percibir las subvenciones correspondientes al cedente y al inquilino.
g) Tramitar las ayudas para las obras de rehabilitación de la vivienda precisas para su puesta en alquiler y solicitar las subvenciones correspondientes a las mismas. A estos efectos, se deberá certificar por la entidad gestora la ejecución de las obras.
h) Gestión, administración y cobro de la renta y, genéricamente, velar por el buen fin de la relación arrendaticia así como abonar la renta de alquiler al titular cedente de la vivienda reteniendo, una vez formalizado el contrato, la retribución que proceda, que nunca será superior al diez por ciento de las rentas anuales que se pacten. La retención podrá incrementarse en el coste de la contratación de seguros multirriesgo, con un límite máximo del 10 por ciento de las rentas anuales que se pacten.
i) Exigencia al inquilino de un aval bancario, que quedará en depósito en la entidad gestora, por un importe máximo equivalente a las cuatro primeras mensualidades completas de renta que cubra la vigencia del contrato. En el caso de viviendas libres el aval podrá sustituirse por otras garantías consideradas suficientes por la entidad gestora.
j) Servicio de defensa jurídica en relación con las incidencias que suscite la relación arrendaticia, y, en todo caso, en la reclamación por desahucio y reclamación de rentas.
k) Cualesquiera otras establecidas en este Decreto y en su normativa de desarrollo.
3. Siempre que figure el arrendamiento de viviendas como objeto social en la entidad gestora, ésta podrá incorporar viviendas de su patrimonio a la bolsa, en las mismas condiciones que el resto de cedentes de viviendas. Podrán también incorporarse a la bolsa viviendas procedentes del patrimonio de otras administraciones o empresas públicas.
Artículo 40 Renta máxima
1. La renta máxima anual inicial a percibir por la entidad gestora de las bolsas públicas de vivienda en alquiler, será la siguiente:
a) Si se trata de vivienda protegida procedente del patrimonio de la entidad gestora u otra administración o empresa pública, la renta máxima que resulte de aplicación en función del régimen de protección.
b) Si se trata de vivienda libre, una renta anual no superior al 5 por ciento del valor máximo de venta de la vivienda usada protegible con arreglo a este Decreto en el mismo ámbito territorial.
2. La renta correspondiente al garaje y trastero, en su caso, no podrá exceder la determinada aplicando el sesenta por ciento de la que corresponda al metro cuadrado de la vivienda con la que se arrienden, con un máximo de veinticinco metros cuadrados y ocho metros cuadrados, respectivamente, con independencia de que las superficies útiles reales.
Artículo 41 Destinatarios de las viviendas incluidas en la bolsa
1. Las condiciones y requisitos para acceder a las viviendas de las bolsas públicas de vivienda en alquiler serán equivalentes a las exigidas para acceder a una vivienda protegida para dicho uso. Podrán arrendarse las viviendas de las bolsas públicas de vivienda en alquiler a varias unidades de convivencia entendiendo por tales las establecidas en la legislación aragonesa. En tal caso, a los solos efectos de bolsas públicas de vivienda en alquiler dichas unidades serán consideradas una única unidad de convivencia.
2. Los demandantes de vivienda podrán acceder a las viviendas disponibles en la bolsa, que se ajusten por su número de habitaciones o metros cuadrados de superficie a las características y al número de miembros de la unidad de convivencia. Asimismo se priorizará el acceso a viviendas cuya renta a pagar por el inquilino no supere el 40 por ciento de los ingresos de la unidad de convivencia.
3. Los demandantes que rechacen una vivienda sin que sea justificada por motivos económicos podrán excluirse de la bolsa pública de vivienda en alquiler durante el periodo de un año. A estos efectos se considerará justificada la renuncia a una vivienda cuya renta supere el treinta por ciento de los ingresos de la unidad de convivencia.
Artículo 42 Visado de contratos y solicitud de subvenciones a inquilinos
1. La entidad gestora deberá someter a visado previo los contratos de arrendamiento relativos a las viviendas de las bolsas públicas de vivienda en alquiler y solicitar en el mismo trámite la concesión de las subvenciones que procedan a favor de los inquilinos.
2. Corresponderá realizar el visado y pronunciarse sobre las subvenciones que se soliciten al Servicio Provincial del Departamento competente en materia de vivienda en cuyo ámbito funcional se ubique la vivienda arrendada.
3. Podrá denegarse el visado por cualquiera de las circunstancias establecidas con carácter general en la legislación de vivienda y, en particular, por falta de cumplimiento por los inquilinos de las condiciones de acceso establecidas en este Decreto.
4. La resolución de concesión de la subvención surtirá efectos desde la firma del contrato de arrendamiento. No procederá el abono de la subvención a inquilinos en caso de impago de la parte de renta cuyo pago hayan de asumir directamente, debiendo éstos reembolsar las cantidades indebidamente percibidas.
Artículo 43 Ayudas financieras a la gestión de bolsas públicas de alquiler
Las entidades gestoras de bolsas públicas de alquiler podrán ser beneficiarias de una subvención máxima de 650 euros anuales durante un máximo de cinco años por cada contrato de alquiler suscrito para vivienda libre que cumpla con los siguientes requisitos:
a) La renta neta máxima anual inicial a percibir por el titular de la vivienda libre, a través de la entidad gestora de la bolsa, no podrá superar la prevista para una vivienda protegida de régimen tasado a 10 años en el mismo ámbito territorial.
b) Los ingresos de la unidad familiar del inquilino no podrán superar en 4,5 veces el IPREM.
c) La percepción de esta subvención será incompatible con la práctica de retenciones en el abono de la renta de alquiler al titular cedente de la vivienda, salvo aquéllas que deriven de los costes de la contratación por la entidad gestora de seguros multirriesgo.

References: Artículo 28

Artículo 29
 artículo 74

Artículo 30
 artículo 9
 artículo 30
 Real Decreto 
 artículo 20

Artículo 31

Artículo 32
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 24

Artículo 33

Artículo 34
 artículo 33

Artículo 35
 artículo 34
 artículo 40
 Real Decreto 

Artículo 36

Artículo 37
 artículo 74

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42
 resolución 

Artículo 43