Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0435&language=ES
Timestamp: 2018-01-23 20:09:55+00:00

Document:
INFORME sobre la propuesta de nombramiento de Harald Noack como miembro del Tribunal de Cuentas - A6-0435/2007
Procedimiento : 2007/0817(CNS)
Ciclo relativo al documento : A6-0435/2007
PE 396.479v02-00 A6-0435/2007
sobre la propuesta de nombramiento de Harald Noack como miembro del Tribunal de Cuentas
(C6-0308 – 2007/0817(CNS))
ANEXO 1: CURRICULUM VITAE DE Harald Noack
ANEXO 2: RESPUESTAS DE HARALD NOACK AL CUESTIONARIO
– Vistos el artículo 247, apartado 3, del Tratado CE y el artículo 160 B, apartado 3, del Tratado Euratom, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C6-0308),
– Visto que, en su reunión de 6 de noviembre de 2007, la Comisión de Control Presupuestario oyó al candidato designado por el Consejo como futuro miembro del Tribunal de Cuentas y examinó las cualificaciones del candidato a la luz de los criterios establecidos en el artículo 247, apartado 2, del Tratado CE y el artículo 160 B, apartado 2, del Tratado Euratom,
– Visto el artículo 101 de su Reglamento,
– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A6-0435/2007),
1. Emite dictamen favorable respecto a la propuesta de nombramiento de Harald Noack como miembro del Tribunal de Cuentas;
2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y, para información, al Tribunal de Cuentas, así como a las demás instituciones de las Comunidades Europeas y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros.
Para el adecuado funcionamiento del sistema de control financiero de la Unión Europea es fundamental contar con una buena relación de trabajo entre el Tribunal de Cuentas Europeo y el Parlamento Europeo. Sin embargo, el Parlamento Europeo desempeña un cometido muy marginal en el procedimiento de nombramiento de los miembros del Tribunal. Los miembros del Tribunal son nombrados por el Consejo a propuesta de los Estados miembros. Al Parlamento sólo se le consulta antes del nombramiento. Por consiguiente, podrían surgir tensiones en caso de discrepancia de opinión entre el Parlamento y el Consejo. El Parlamento procuró reducir el riesgo de discrepancia de opinión publicando los principios generales en que se basa su dictamen en sendas Resoluciones de 1992 y 1995 sobre el procedimiento de consulta al Parlamento Europeo para el nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas(1).
En particular, en su Resolución de 1992, a fin de reforzar la transparencia, el Parlamento publicó el siguiente conjunto de criterios para su evaluación de los candidatos:
a) experiencia profesional adquirida a alto nivel, bien en las finanzas públicas o bien en la gestión o el control de gestión,
b) en su caso, concesión previa del descargo para las funciones de gestión ejercidas anteriormente por el candidato,
c) una reputación de gestor sin tacha para aquellos candidatos que hayan ejercido funciones de gestión pública o privada,
d) que no se ejerza ningún tipo de mandato electivo ni ningún tipo de responsabilidad en un partido político a partir de la fecha de nombramiento,
e) habida cuenta del carácter de los trabajos, se tomará en consideración también la edad de los candidatos: a título indicativo, parece razonable que, al término de un primer mandato, la edad de un miembro no sea superior a 65 años y, al término de un segundo mandato, 70 años. Por otra parte, no sería normal que el nombramiento en el Tribunal de Cuentas tenga como efecto el que pueda eludirse el límite de edad que comporta el ejercicio de la misma función en el país de origen,
f) por último, más allá de la apreciación de los méritos individuales, el Parlamento velará por que se mantenga un equilibrio razonable en el Colegio de miembros. Si la actual composición del Tribunal puede considerarse afortunada por la diversidad de origen de sus miembros, la falta de representación femenina es injustificable,
g) no parece conveniente que un miembro pueda ejercer más de dos mandatos.
Las experiencias adquiridas en el pasado muestran que, a pesar de las citadas resoluciones, las diferencias de opinión no siempre se resolvieron mediante una solución consensuada. En 2004, la Comisión de Control Presupuestario emitió un dictamen negativo sobre dos de los diez nuevos miembros del Tribunal propuestos con arreglo a lo previsto en el Tratado de Adhesión. Uno de los candidatos se retiró; pero el otro, no. A pesar de que el dictamen negativo se confirmó en sesión plenaria, el candidato fue nombrado miembro del Tribunal por el Consejo.
En lo relativo al actual procedimiento de nombramiento, diferentes candidatos propuestos por los Estados miembros no cumplen todos los criterios establecidos en la Resolución de 1992 del Parlamento. Además, las actuales propuestas de los Estados miembros socavan la voluntad del Parlamento de velar por un equilibrio razonable en la composición del Tribunal y poner fin a su escasa representación femenina. En la actualidad, son miembros del Tribunal 22 varones y 5 mujeres; si se nombrara a todos los candidatos designados, la proporción pasaría a ser de 23 varones y 4 mujeres.
A la luz de lo expuesto, la ponente considera que se precisan mecanismos más eficaces para velar por una fructífera relación entre el Parlamento, y en particular su Comisión de Control Presupuestario, y cada uno de los miembros del Tribunal a partir de la fecha de su nombramiento. La ponente considera que resulta urgentemente necesario revisar, consolidar y comunicar al Consejo, a las autoridades de los Estados miembros competentes para la designación de candidatos y a la opinión pública los criterios y procedimientos previstos en las Resoluciones de 1992 y 1995.
En conclusión, la ponente recomienda que se prevea una cooperación mucho más estrecha entre el Parlamento y el Consejo (ECOFIN) en el procedimiento de nombramiento. El Parlamento debería recibir con la debida antelación información sobre los candidatos propuestos por cada Estado miembro. A medio plazo, el Consejo y el Parlamento deberían consensuar un procedimiento más coherente y eficiente de nombramiento, lo que constituiría una importante aportación a la urgente reforma organizativa del Tribunal de Cuentas Europeo.
Resolución A3-0345/92, DO C 337 de 21.12.1992, p. 51. y Resolución A4-0001/95, DO C 43 de 20.02.1995, p. 75.
Nombre y apellido: Harald Noack
Fecha y lugar de nacimiento: 22 de abril de 1949, Fráncfort del Meno
1970-1975 Estudios de Derecho en la Universidad Johann Wolfgang Goethe en Fráncfort del Meno
1975 Primer examen estatal de Derecho
1978 Doctorado y segundo examen estatal de Derecho
Abril de 1979 Juez en prácticas en el Ministerio Fiscal
Julio de 1980 Asesor del Ministerio de Justicia del Estado Federado de Hesse
1983 Administrador principal y jefe de los Departamentos de presupuesto y ordenación del territorio del Ministerio de Justicia del Estado Federado de Hesse
1985 Fiscal General, a la vez que mantiene su cargo de jefe de departamento y otras actividades como examinador para el primer examen estatal de Derecho y profesor en el Colegio de Estudios Administrativos de Wiesbaden, sección de Fráncfort
1987 Jefe de sección y jefe de los Departamentos de presupuesto y ordenación del territorio del Ministerio de Justicia del Estado Federado de Hesse
Enero de 1989 Jefe de sección, Miembro del Tribunal de Cuentas Federal y jefe de la auditoría de pensiones
Septiembre de 1991 Jefe de subdivisión y jefe del Departamento de regulación nuclear y protección frente a las radiaciones del Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Asuntos Federales del Estado Federado de Hesse
Enero de 1994 Secretario de Estado en el Ministerio de Finanzas del Estado Federado de Hesse
Abril de 1999 Retiro temporal
Mayo de 1999 Abogado y socio del bufete Heiermann Franke Knipp, Fráncfort del Meno
Agosto de 1999 Miembro del Comité de Vigilancia de la OLAF por recomendación del Gobierno Federal y por decisión conjunta de las instituciones europeas
De julio de 2000 a julio de 2004 Secretario de Estado del Ministerio de Finanzas del Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia
De septiembre de 2004 a Miembro del Consejo de administración de la
diciembre de 2004 Asociación Federal de Bancos Alemanes
Desde enero de 2005 Vicepresidente de la Asociación Federal de Bancos Alemanes
1. ¿Podría destacar los principales aspectos de su experiencia profesional en materia de hacienda pública, gestión o gestión de auditorías?
En mis más de nueve años como representante permanente de los ministros de Hacienda de los Estados Federados de Hesse y Renania del Norte-Westfalia he sido responsable, entre otras cosas, de la elaboración y ejecución de los presupuestos de esos Estados Federados. Su volumen presupuestario representaba hasta 2001 cerca de 25 000 y 50 000 millones de euros, respectivamente. En mi calidad de jefe administrativo de esos Ministerios de Hacienda era corresponsable de la sección del Ministerio de Hacienda y de su ejecución reglamentaria y rentable. Los ejercicios de 1995 a 2004 fueron particularmente difíciles en Alemania desde una perspectiva económica debido a la reunificación de ambos Estados alemanes, lo que también se dejó sentir en esos Estados Federados. Sin perjuicio del aumento de las tareas del sector público, el cometido de los responsables de las finanzas públicas era velar por los criterios nacionales y europeos de estabilidad.
Durante mi período como miembro del Tribunal Federal de Cuentas, mi tarea consistía en fiscalizar el sistema general alemán del seguro de pensiones. El importe del seguro de pensiones de obreros y empleados alemanes representaba en los años 1988 a 1991 cerca de 125 000 millones de euros. Su gestión era competencia de los servicios de pensiones de obreros y empleados, en los que en aquel entonces trabajaban cerca de 50 000 funcionarios. Una tarea esencial en el ámbito del control de la regularidad y rentabilidad del seguro de pensiones era asesorar a la Comisión de Presupuestos del Bundestag Alemán. De importancia similar era asesorar constructivamente a las corporaciones autónomas del sistema del seguro de pensiones y sus servicios sobre cuestiones administrativas o sistémicas.
A lo largo de mi actividad profesional, ya sea como fiscal, funcionario ministerial, miembro del Tribunal Federal de Cuentas de la República Federal de Alemania o secretario de Estado en dos Gobiernos regionales siempre he procurado velar por un desempeño pronto y regular de mis tareas en beneficio de los ciudadanos y el Estado. Otra enseñanza básica es que el funcionamiento de las instituciones democráticas es un garante fundamental del bienestar y el desarrollo de la sociedad.
En mi calidad de secretario de Estado en los Ministerios de Hacienda de los Estados Federados de Hesse y Renania del Norte-Westfalia intervine en la adopción de numerosas decisiones importantes. Debido al secreto fiscal, al que sigo estando sujeto, no puedo informar al respecto. Una decisión importante y espectacular en la intervine en sentido amplio fue la fusión de los sistemas de pensiones de la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania al hilo de la unificación alemana. Ese proceso, también muy complejo desde una perspectiva jurídica, incidía en mi ámbito de fiscalización, por lo que participe activamente en esa tarea.
Me gustaría destacar asimismo la norma jurídica sobre las inversiones financieras del seguro alemán de pensiones propuesta por los servicios de fiscalización del Tribunal Federal de Cuentas bajo mi competencia. Tras comprobarse en las fiscalizaciones que la inversión del capital del seguro de pensiones en fondos especiales de valores era poco productiva en aquel entonces, con arreglo a las observaciones de mis servicios, el Tribunal Federal de Cuentas propuso una nueva regulación jurídica de esas inversiones para evitar daños económicos a los seguros de pensiones y sus consiguientes perjuicios para los asegurados y contribuyentes. La modificación jurídica propuesta por el Tribunal Federal de Cuentas fue incluida por el Bundestag Alemán en el Código Social y sigue vigente en la actualidad.
En cuanto miembro del Consejo de Dirección de la Asociación Federal de Bancos Alemanes he intervenido en diferentes medidas y actividades de los mercados financieros en los ámbitos político y legislativo. Debido a los compromisos de confidencialidad contraídos no puedo informar detalladamente al respecto. Lo que sí puedo es describir en líneas generales el complejo proceso de transposición al Derecho nacional de la directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID). La transposición de una directiva o reglamento europeo al Derecho nacional, el proceso de debate e incorporación a escala nacional y la subsiguiente aplicación de la directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros mediante medidas concretas en las empresas son por su complejidad y su funcionalidad un ejemplo impresionante de cooperación de las fuerzas políticas a escala europea y nacional y del eficiente intercambio de puntos de vista sobre las cuestiones empresariales y las opciones políticas existentes entre el Estado y las empresas.
La independencia inherente a la función conlleva la obligación de no acatar instrucciones ajenas, lo que supone que el cargo debe desempeñarse con arreglo a los conocimientos y experiencias adquiridos en la vida profesional, con la mirada puesta en los objetivos de la institución, es decir, del Tribunal de Cuentas Europeo. La regularidad y la rentabilidad en la recaudación de ingresos o utilización de fondos presupuestarios europeos deben examinarse sin tener en cuenta el prestigio o reputación de las personas implicadas. En el Tribunal de Cuentas Europeos los resultados de la fiscalización deben presentarse al Colegio únicamente con arreglo a esos criterios. Los conocimientos y experiencias adquiridos deben ofrecerse y ponerse incondicionalmente al servicio el Parlamento y sus diputados. Conviene colaborar asimismo con las demás instituciones europeas por el bien de Europa y sus Estados miembros.
La independencia otorgada a los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo sirve además para asegurar un empleo sin interferencias de los propios conocimientos y opiniones.
4. ¿Han sido objeto de un procedimiento de aprobación de la gestión las funciones que realizaba usted anteriormente, en caso de que dicho procedimiento sea aplicable?
Tal procedimiento ni estaba ni está previsto.
5. ¿Desempeña usted una actividad económica o tiene intereses financieros u otros compromisos que pudieran entrar en conflicto con sus futuros cometidos? ¿Está usted dispuesto a revelar al Presidente del Tribunal todos sus intereses económicos, así como cualquier otro compromiso y a que éstos se hagan públicos? En caso de encontrarse envuelto en algún procedimiento judicial en curso, ¿podría dar detalles al respecto?
No poseo intereses participaciones empresariales o de capital u otros compromisos que pudieran colisionar con mis futuras tareas. Naturalmente, estoy dispuesto a comunicar al Presidente del Tribunal todos mis intereses financieros y darlos a conocer públicamente. No estoy implicado en ningún proceso penal, disciplinario o de defensa del honor que pudiera afectar a mi independencia.
No desempeño ningún cometido en ese sentido.
En tal caso procuraría, de común acuerdo con el Presidente y el Colegio del Tribunal de Cuentas Europeo suspender o abandonar definitivamente todas las competencias que pudieran provocar el más mínimo conflicto de intereses.
La administración pública es un servicio, en la medida en que no se trate de funciones de orden público o judicial. Se trata, por consiguiente, de utilizar eficiente y regularmente, sin perjuicio del principio de subsidiariedad, los recursos financieros generados por los ciudadanos y las empresas que se facilitan para la realización de tareas públicos en virtud de decisiones políticas. La utilización de los fondos debe examinarse continuamente con arreglo al principio de mejores prácticas y destinarse sosteniblemente al fin previsto.
9. Con arreglo al Tratado, el Tribunal de Cuentas «asistirá al Parlamento Europeo […] en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto». ¿Cómo describiría sus funciones respecto a la información al Parlamento Europeo y, en particular, a su Comisión de Control Presupuestario?
El Tribunal de Cuentas Europeo desempeña con respecto al Parlamento Europeo y, en particular, su Comisión de Presupuestos, una importante función de asesoría y asistencia. Todos los conocimientos y experiencias adquiridos deben ponerse al servicio de esas instituciones. Por consiguiente, no hay conflicto entre la soberanía del Parlamento y sus órganos y la independencia del Tribunal y sus miembros.
10. ¿Cuál piensa usted que es el valor añadido de las auditorías operativas y cómo deberían incorporarse sus resultados a la gestión auditada?
La fiscalización tradicional se refiere básicamente a la legalidad en la utilización de los fondos públicos. Pero los fondos públicos no sólo deben utilizarse legalmente con arreglo a las directrices y fines políticos, pues, al igual que en el sector privado, también conviene utilizarlos rentablemente para la consecución de los objetivos previstos. La utilización eficiente de los fondos públicos es inseparable de su legalidad. La auditoría de resultados complemente e impulsa la utilización reglamentaria de los fondos públicos en beneficio de los ciudadanos y las empresas y una utilización sostenible de los recursos.
11. ¿Cómo podría mejorarse la cooperación entre el Tribunal de Cuentas Europeo, las Instituciones nacionales de auditoría y el Parlamento Europeo (Comisión de Control Presupuestario) en lo que se refiere a la auditoría del presupuesto de la UE?
Puesto que la cooperación entre las instituciones competentes y, si procede, la mejora de esa cooperación son algo incesante, sólo podré formarme una opinión al respecto en el marco de la cooperación colegiada del Tribunal de Cuentas Europeo cuando haya adquirido mis propias experiencias y extraído mis propias consecuencias al respecto.
12. ¿Retiraría su candidatura si el dictamen del Parlamento sobre su nombramiento como miembro del Tribunal fuese desfavorable
Dado que he sido propuesto por el Gobierno de la República Federal de Alemania, adoptaría la decisión pertinente en estrecha cooperación con éste.
Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (Harald Noack)
N6-0020/2007 – C6-0308/2007 – 2007/0817(CNS)
Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jan Mulder, Francesco Musotto, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Alexander Stubb, Paul van Buitenen y Kyösti Virrankoski
Chris Davies, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Gabriele Stauner y Petya Stavreva
Última actualización: 15 de noviembre de 2007 Aviso jurídico

References: artículo 247
 artículo 160
 artículo 247
 artículo 160
 artículo 101
 Resolución 
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