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Timestamp: 2013-06-19 01:43:03+00:00

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FORMATO O TIPO DE ACTA DE CONCILIACIÓN POR DECISIÓN DEBIDAMENTE MOTIVADA DEL CONCILIADOR (PERSONAS NATURALES) [visto 12327 veces] D.S. 014-2008-JUS, REGLAMENTO DE LA LEY DE CONCILIACION ARTICULOS 1 AL 55 [visto 11468 veces] TITULO III PROCESO SUMARISIMO Capítulo I Disposiciones Generales [visto 10605 veces] PROCESO UNICO DE EJECUCION ANTES LLAMADO PROCESO EJECUTIVO [visto 10412 veces] SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TC SOBRE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS [visto 10050 veces] TITULO II PROCESO ABREVIADO [visto 9053 veces] LA VISION ACTUAL DE LA CONCILIACION EN EL PERU [visto 7705 veces] LEY Nº 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL [visto 7556 veces] PROCESOS NO CONTENCIOSOS [visto 7317 veces] JURISPRUDENCIA DEL TC SOBRE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL [visto 7206 veces]
Corte Suprema establece significado de causal para recurso de casaci�n
Categoría: DERECHO PROCESAL CIVIL — gcornejo @ 01:09 — Visto: 142 veces
SOBRE LA INTERPRETACI�N ERR�NEA DE NORMACorte Suprema establece significado de causal para recurso de casaci�nPara orientar a los litigantes que pretendan interponer el recurso de casaci�n, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema estableci� el significado de la causal interpretaci�n err�nea de una norma sustantiva para la interposici�n de dicho recurso.As�, a criterio de la m�xima instancia, implica denunciar que una sala especializada al resolver una determinada litis atribuye un sentido que no tiene una norma invocada para la soluci�n del conflicto.Esta causal, agreg�, puede ser invocada cuando el litigante observe que la instancia superior en su pronunciamiento correspondiente, restringe o extiende indebidamente los alcances de una norma aplicable al caso materia de litis.La causal fue definida en estos t�rminos mediante la sentencia reca�da en el Expediente Cas. N� 8241-2008 Ica, en virtud de la cual se declar� fundado un recurso de casaci�n.Pensiones�En el caso materia de an�lisis, el colegiado igualmente determin� la interpretaci�n correcta del art�culo 1 de la Ley N� 23908, que fija el monto m�nimo de las pensiones de invalidez y jubilaci�n.Seg�n el colegiado, la interpretaci�n correcta de este art�culo es que la norma dispuso el incremento de todas aquellas pensiones que al 8 de setiembre de 1984 eran inferiores al m�nimo legal (equivalente a tres sueldos m�nimos vitales), las cuales deben ser reajustadas a dicho monto.�Litigantes deben atender las precisiones a la interpretaci�n err�nea de una norma sustantiva.�PRECISIONESLa casaci�n es un recurso extraordinario cuyo objeto es anular �una sentencia judicial �que contiene una incorrecta interpretaci�n o aplicaci�n de la ley o que ha sido dictadaen un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales.Publicado: 27/04/2013EL PERUANO
EL CORREO ELECTR�NICO COMO PRUEBA CIVIL PERTINENTE. Categoría: DERECHO PROCESAL CIVIL — gcornejo @ 12:25 — Visto: 300 veces
EL CORREO ELECTRÓNICO COMO PRUEBA CIVIL PERTINENTE.miércoles, 8 de febrero de 2012 Texto completo sobre el fallo del Juzgado Comercial n° 18. Autos:G., D. E. c/C. SA s/ diligencia preliminar, expte. N° 39749, Sec. N° 36 p. 12 Buenos Aires, Octubre 23 de 2001. 1. El demandante solicitó “la constatación judi-cial acerca de la existencia en los equipos de computación sito en las oficinas de la calle... de mensajes electrónicos envia-dos a la bandeja de entradas de Outlook y/o sistema similar donde se archiven los mails” y que lo tengan como “remitente, destinatario o con copia” a él mismo. Justificó su medida de prueba anticipada en el hecho que la misma pueda desaparecer o tornarse impracticable con el transcurso del tiempo, ya que “con sólo apretar una te-cla del equipo de computación desaparecerían todos los mails que le han sido enviados a la demandada” al equipo de computa-ción por ella utilizado en esas oficinas. Esos “mails” –según el demandante- acreditarían parte de las razones por las cuales rescindió el contrato que la unía con la recipiendaria de los mensajes. 2.1. Que antes de ingresar al análisis procesal de la procedencia de la medida de prueba anticipada, vale la pena formular algunas reflexiones sobre el desafío que para la resolución de los conflictos judiciales presentan las tecnolo-gías de la información (TI). En tal sentido, se ha dicho que "El ambiente de las redes digitales, que transmiten información de diversa na-turaleza a alta velocidad y que permiten la interconexión masi-va ha afectado a todas las actividades, generando con ello una nueva forma de relación. En la visión de Gordon Moore, la po-tencia de los microprocesadores –que posibilitan aquél entorno- se duplica cada dieciocho meses; pudiendo asumirse esa evolu-ción como la tasa de crecimiento de la tecnología. Es precisa-mente el postulado de la Ley de Moore, el que subyace detrás de afirmaciones que alertan acerca de los efectos "del incesante progreso tecnológico", "del súbito impacto de las nuevas tec-nologías" y de otras similares sentencias que intentan -a veces dogmáticamente- lograr alguna explicación a esta crisis. Desco-llando la arquitectura del chip, la causa primera y esencial de esta transformación -y con ello la de la alta tecnología- resi-de en aquella persona que tiene la idea generadora: quien está detrás -antes- del producto terminado. Es aquél que escribe en laboratorios de investigación a la nueva ley; la que con tácita autoridad prorroga todas las jurisdicciones, rige nuestra vida en este tramo de la historia reciente y conmueve al sistema le-gal "off line". Hoy, para reducir la complejidad de un conflic-to que las involucre y resolverlo -en cualquier sede- no basta el dominio de una ciencia en particular: es necesario el cono-cimiento y aún la pericia en los aspectos centrales de estas nuevas tecnologías." (Gustavo Quetto, "La información es la me-dida de la libertad", http://www.lawnuevo.com). 2.2.Dicho esto, es preciso también formular al-gunas consideraciones previas acerca de la naturaleza del lla-mado –con alguna imprecisión del lenguaje- “correo electrónico” o “e-mail” (por electronic mail). La historia del correo electrónico indica que fue Leonard Kleinrock, un profesor de informática de la univer-sidad de UCLA, quien mandó el primer mensaje de e-mail a un compañero en Stanford (cfr. Irene Albarrán Lozano, Carmen de Pablos Heredero, Antonio Montero Navarro, “Uso del correo elec-trónico: Un análisis empírico en la UCM” (http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc/9909/9909.htm). Pero no fue sino hasta 1971 que Ray Tomlinson, un ingeniero de la firma Bolt Beranek y Newman, contratada por el gobierno de los Estados Unidos para construir la red Arpanet (la precursora de Internet), tuvo la idea de crear un sistema para enviar y recibir mensajes por la red. Tomlinson había es-crito un programa para que los desarrolladores de la Arpanet se dejaran mensajes en las computadoras que compartían (15 en toda la red nacional. Jugando con otro protocolo para transferir ar-chivos entre las máquinas diseminadas por la red, notó que jun-tos podían usarse para acceder a todas las casillas de correo. Allí eligió la arroba, que en inglés se lee "at” (en tal lu-gar), para especificar el destinatario del mensaje: Fulano en tal lugar. Acto seguido, se envió un mensaje a sí mismo y dio inicio a la era del e-mail, aunque él mismo no lo consideró entonces un invento importan-te(http://www.maccare.com.ar/Historia1.htm). Sin embargo, su uso se extendió de forma gradual con el uso de los "mainframes" y miniordenadores basados en re-des locales en los setenta y tuvo un rápido crecimiento con el uso de Internet en la década de los ochenta. El correo electró-nico en sus inicios se plantea como un medio de intercambio de información para grupos pequeños y selectos. Actualmente su uso se ha extendido a millones de usuarios por todo el mundo, y es el servicio más utilizado de los que existen hoy en Internet (cfr. Irene Albarrán Lozano, Carmen de Pablos Heredero, Antonio Montero Navarro, ob. cit.; María Luisa Fernández Esteban, “Nue-vas tecnologías, Internet y Derechos Fundamentales”, Ed. Mac Graw Hill, Madrid, 1998, p. 26), llegando a circular cada día en la red mas de 7.000 millones de correos electrónicos, según recientes cálculos (diario Clarín del 15 de Octubre de 2001, página 63, http://www.clarin.com/diario/hoy/s-06301.htm). Una publicación oficial de “El Servicio de Enla-ce con las Organizaciones No Gubernamentales de las Naciones Unidas (SLNG)y La Fundación Friedrich Ebert(Nueva York), defi-nió al correo electrónico como “un equivalente electrónico del correo convencional con papel”, y “una de las aplicaciones más frecuentemente utilizadas de las comunicaciones por computado-ras. Con el correo electrónico las personas pueden enviar men-sajes a un receptor, o a varios receptores simultáneamente, con un tiempo de envío que va de los pocos segundos a algunas horas, hasta más de un día en algunos casos dependiendo del servicio utilizado.” (“EL CORREO ELECTRONICO @ SU ALCANCE”, http://www.fes.de/organisation/america/handbook/esp/index.html) El texto adoptado por la Comisión de las Nacio-nes Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) en su 29º período de sesiones (Nueva York, 28 de mayo a 14 de junio de 1996), llamado Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, estableció en su artículo 2 la siguientes defini-ciones (véase el texto completo en http://www.zur2.com/users/fipa/objetivos/leyextran/cnudmi.htm): “a) Por "mensaje de datos" se entenderá la in-formación generada, enviada, recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax; “b) Por "intercambio electrónico de datos (EDI)" se entenderá la transmisión electrónica de información de una computadora a otra, estando estructurada la información confor-me a alguna norma técnica convenida al efecto; “c) Por "iniciador" de un mensaje de datos se entenderá toda persona que, a tenor del mensaje, haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado para enviar o generar ese mensaje antes de ser archivado, si éste es el caso, pero que no haya actuado a título de intermediario con respecto a él; “d) Por "destinatario" de un mensaje de datos se entenderá la persona designada por el iniciador para recibir el mensaje, pero que no éste actuando a título de intermediario con respecto a él; “e) Por "intermediario", en relación con un de-terminado mensaje de datos, se entenderá toda persona que, ac-tuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicho mensa-je o preste algún otro servicio con respecto a él; “f) Por "sistema de información" se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.” Si bien es de cierta ambigüedad el término men-saje “electrónico” cuando los datos así volcados inicialmente son transmitidos en algunos casos a través de redes de fibra óptica (donde los datos dejan de tener soporte electrónico para transformarse en luz o “no-luz”), acierta el proyecto cuando entiende al "intercambio electrónico de datos (EDI)" como “la transmisión electrónica de información de una computadora a otra” (así se inicia), y define al mismo tiempo a la figura del “intermediario” y al “sistema de información” (véase una guía actualizada de legislación comparada sobre documentos electró-nicos en http://www.lawnuevo.com/f_links.htm ). En ese sentido, es de público y notorio conoci-miento que la forma actual mas popular y difundida de envíos de mensajes de correo electrónico se produce a través de la Inter-Net (cuyo acceso a todos los habitantes de la República Argen-tina fue declarado de interés Nacional por el Poder Ejecutivo Nacional a través del –BO: 23/06/97 Decreto 554/97) donde la comunicación entre computadoras raramente se establece en forma directa sino por medio de los llamados ISP (proveedores de ser-vicio de Internet) a través del manejo de las cuentas llamadas POP3 (abreviatura de Post Office Protocol Versión 3, es un es-tándar que define el acceso a un buzón de correo en una máquina host que se encuentra en la red, que permite al usuario trans-ferir el correo alojado en el servidor a su propia computadora (cfr. Federico Carlos Vibes, “Internet y Privacidad. La difusón en Internet de imágenes lesivas de la intimidad, el honor y otros derechos personalísimos, La Ley , 2000-D, p. 1013; http://vip.interplanet.es/faq2/general.htm y http://www.digigrup.net/faq.htm). Alcanza con utilizar cual-quier programa de los llamados “ruteadores” (vgr. NEOTRACE que se consigue en http://www.neotrace.com) para verificar todos los ISP por los que circula la información de una computadora hasta alojarse en otra. Ello ha dado lugar a profusa doctrina e incipiente legislación y fallos sobre la responsabilidad por daños de estos proveedores, tema ajeno al marco de esta resolu-ción. 2.3. Nuestro país carece todavía tanto de una ley de regulación del comercio electrónico, como de otra rela-tiva a la certificación de la firma digital, necesaria para va-lidar la autenticidad, integridad y el no repudio del llamado documento electrónico (cfr. Ana I. Piaggi, “El Comercio elec-trónico y el nuevo escenario de los negocios”, La Ley, 1999-E, p. 1186; Apolonia Martínez Nadal, “Comercio electrónico, firma digital y autoridades de certificación”, Editorial Civitas, 2da. Edición, Islas Baleares, 2000, p. 39 y sgtes.). En el ámbito de la administración pública, el art. 30 de la ley 24.624 (Presupuesto Nacional para 1996) auto-rizó a almacenar su documentación en medios electrónicos u óp-ticos indelebles, la que en esas condiciones tiene pleno valor probatorio a los fines legales. El documento original en papel, luego de reproducido, pierde su valor jurídico. Los antecedentes reseñados por la COMISION REDACTORA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE FIRMA DIGITAL refieren a normativas dictadas en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, al amparo de dicha ley, mas inaplicables a los actos jurídicos cuyas formas están regidas por los Códigos de fondo. Estas son: Decreto Nº 427/98 del PODER EJECUTIVO - Firmas Digitales para la Administración Pública Nacional. Autoriza el em-pleo de la firma digital en la instrumentación de los actos internos del Sector Público Nacional, que no pro-duzcan efectos jurídicos individuales en forma directa. La firma digital tiene los mismos efectos de la firma manuscrita, siempre que se hayan cumplido los recaudos establecidos y dentro del ámbito de aplicación en el Sector Público Nacional, dentro del cual se comprende la administración centralizada y la descentralizada, los entes autárquicos, las empresas del Estado, las Socieda-des del Estado, las Sociedades Anónimas con participa-ción estatal mayoritaria, los bancos y entidades finan-cieras oficiales y todo otro ente, cualquiera sea su de-nominación o naturaleza jurídica, en que el Estado Na-cional o sus organismos descentralizados tengan partici-pación suficiente para la formación de sus decisiones. La correspondencia entre una clave pública, elemento del par de claves que permite verificar una firma digital, y el agente titular de la misma, se acredita mediante un certificado de clave pública emitido por un certificador de clave pública. Se establecen los requisitos y condi-ciones para la vigencia y validez de los certificados de clave pública (emisión, aceptación, revocación, expira-ción y demás contingencias del procedimiento), así como las condiciones bajo las cuales deben operar los certi-ficadores de clave pública licenciados integrantes de la citada Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional. (http://www.pki.gov.ar/PKIdocs/Dec427-98.html; http://infoleg.mecon.ar/txtnorma/50410.htm ) Resolución MTSS N° 555/97 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - Normas y Procedimientos para la In-corporación de Documentos y Firma Digital. Define el do-cumento digital, la firma digital, el certificador de clave pública, el certificado, la clave privada, la cla-ve pública y establece que los documentos digitales se considerarán válidos y eficaces, surtiendo todos los efectos legales y probatorios cuando estén firmados di-gitalmente. Resolución SAFJP Nº 293/97 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACION Y PENSIONES - Incorporación del Correo Electrónico con Firma Digital. Establece que los CD-ROMs remitidos por las Administra-doras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, debidamente identificados por el Sistema, serán válidos y eficaces, surtiendo todos los efectos legales y probatorios, a partir de la fecha y hora en que queden disponibles en las bandejas de entrada y que la firma electrónica o clave de seguridad habilitante para acceder al sistema poseerá el mismo valor legal que la firma manuscrita. (http://infoleg.mecon.ar/txtnorma/43569.htm) Resolución SFP Nº 45/97 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA - Incorporación de Tecnología de Firma Digital a los Procesos de Información del Sector Público. La SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA adhiere y hace suyos los conceptos vertidos por el Sub-Comité de Criptografía y Firma Digital del CUPI en el documento "Pautas Técni-cas en la Materia de Normativa de Firma Digital" y auto-riza el empleo de ésta tecnología para la promoción y difusión del documento y la firma digitales en el ámbito de la Administración Pública Nacio-nal(http://www.pki.gov.ar/PKIdocs/Res45-97.html; http://www.sfp.gov.ar/res45.html ). Resolución SFP Nº 194/98 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA - Estándares Aplicables a la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional del Decre-to Nº 427/98.(http://infoleg.mecon.ar/txtnorma/54714.htm; http://ol.pki.gov.ar/standard/actual.html). Resolución SFP Nº 212/97 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA - Políticas de Certificación para el Licencia-miento de Autoridades Certificantes (http://ol.pki.gov.ar/policy/actual.html; http://infoleg.mecon.ar/txtnorma/55346.htm). Decreto 1335/99 del PEN (BO, 19/11/99), que declara de interés nacional el proyecto "una dirección de correo electrónico para cada argentino", en el marco del pro-grama "argentin@internet todos", destinado a proveer una cuenta de correo electrónico gratuita a cada habitante de la República Argentina que posea documento nacional de identidad y a cada persona jurídica que posea clave única de identificacion tributaria. Resolución Nro. 4536/1999 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES (BO, 21/12/199), por el cual se designa al correo oficial de la República Argentina como autori-dad oficial de certificacion de la firma digital de los poseedores de una dirección de correo electrónico asig-nada de conformidad con lo establecido por el decreto nro. 1335/99. mecanismos y procedimientos para que cada habitante disponga de una casilla de correo electronico. Ley 25.237 (Presupuesto General de la Administración Na-cional para el Ejercicio de 2000, BO, 10/01/2000), cuyo ARTICULO 61 establece que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION ejercerá las funciones de Organismo Auditante en el régimen de empleo de la firma digital en la instru-mentación de los actos internos del Sector Público Na-cional. El proyecto de LEY DE PROTECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO (http://infoleg.mecon.gov.ar/normas/68794.htm) in-dica en su artículo 1° que “Se entiende por correo electrónico toda correspondencia, mensaje, archivo, dato u otra información electrónica que se transmite a una o más personas por medio de una red de interconexión entre computadoras”. Si bien es criticable en estos tiempos tanto la denominación de “electrónico” como la condición de validez ju-rídica a una “red de interconexión entre computadoras” (descar-tando las conexiones “punto a punto”), es importante la defini-ción que seguidamente se establece en el art. 2: “A los efectos legales, el correo electrónico se equipara a la correspondencia epistolar. La protección del correo electrónico abarca su crea-ción, transmisión y almacenamiento.” No puede sino compartirse esa equiparación, ya consagrada constitucional y legalmente –explícita o implícita-mente- en otros países latinoamericanos(entre otros, en Vene-zuela, la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas es-tablece en su art. 5° que "Los Mensajes de Datos estarán some-tidos a las disposiciones constitucionales y legales que garan-tizan los derechos a la privacidad de las comunicaciones y de acceso a la información personal"; en Ecuador, el Art. 22, inc. 9° de su Constitución dice: “9. La inviolabilidad y el secreto de la correspondencia. Solo podrá ser aprehendida, abierta y examinada en los casos previstos en la Ley. Se guardara absolu-to secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivare su exa-men. El mismo principio se observará con respecto a las comuni-caciones telegráficas, cablegráficas, telefónicas, electrónicas y otras similares. Los documentos obtenidos con violación de esta garantía no harán fe en juicio y los responsables serán sancionados conforme a la Ley”; ver también en el mismo senti-do, las Constituc- tomado de Abogados Rosarinos
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EXP. N.� 06998-2006 PHC/TC CASO NAJARRO, TUTELA DE DERECHOS SUBJETIVOS Y VULNERACION DEL DERECHO DE DEFENSA
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EXP. N.� 06998-2006 PHC/TC
VILLAGARAY Y OTROS
En Lima, a los 20 d�as del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los se�ores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luna Tupayachi contra la resoluci�n emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, de fojas 164, su fecha 30 de mayo de 2006, que declar� infundada la demanda de autos.
Con fecha 18 de abril de 2006, el recurrente interpone demanda de h�beas corpus a favor de Carmen Najarro Villagaray, Elvis Arg�elles Loayza, Julio Cortegana Cachi, Javier Guardamino �lvarez, Viviana Acu�a Goveya, Hugo �ique Vera y Juana �lvarez Armijo, contra el titular del Sexto Juzgado Penal del Cuzco, An�bal Paredes Matheus, por amenaza a la libertad individual, a la libertad de tr�nsito y al debido proceso. Afirma que los favorecidos fueron denunciados ante el Sexto Juzgado Penal del Cuzco por los delitos de estafa y asociaci�n il�cita para delinquir en el proceso penal N.� 1343-2005, y que se les abri� instrucci�n, dict�ndose mandato de comparecencia con restricciones mediante auto de fecha 19 de diciembre de 2005, orden�ndose a la Polic�a Nacional del Per� les notifique la apertura del proceso en su domicilio real de Lima, a efectos de personarse ante el Juzgado el 10 de enero de 2006 para su instructiva, luego de lo cual el Secretario del Juzgado inform� que los inculpados no concurrieron a prestar su instructiva. Se�ala el recurrente que la Polic�a Judicial de Lima inform� a su par de Cuzco que no fue posible la notificaci�n de los inculpados pues el oficio del Juzgado �lleg� extempor�neamente� y que posteriormente la Polic�a Judicial del Cuzco remiti� el radiograma mediante oficio al Sexto Juzgado Penal, sin reiterarse el oficio para la comparecencia de los inculpados. Asimismo, que vencido el plazo ordinario de investigaci�n los autos fueron remitidos a vista fiscal retornando con dictamen pidiendo la ampliaci�n del plazo investigatorio por 30 d�as para que se tome la declaratoria de los inculpados, tras lo cual el Juzgado, mediante la Resoluci�n N.� 12, expidi� el auto ampliatorio de instrucci�n, su fecha 20 de marzo de 2006, declar�ndolos reos ausentes, ordenando su captura y su conducci�n al despacho judicial mediante Oficio N.� 387-2006-CSJC-6JP-PJ-NPE.
El Quinto Juzgado Penal de Cuzco, con fecha 26 de abril de 2006, declara infundada la demanda por considerar que los favorecidos ten�an pleno conocimiento del proceso en raz�n de que a fojas 15 y 17 aparecen otros inculpados enterados del proceso, quienes presentan solicitudes de se�alamiento de nueva fecha para programaci�n de la instructiva.
1. El recurrente arguye que los favorecidos fueron denunciados ante el Sexto juzgado Penal de Cuzco por los delitos de estafa y asociaci�n il�cita para delinquir; que no obstante que no fueron notificados con el auto de fecha 19 de diciembre de 2005 se les abri� instrucci�n y se dict� mandato de comparecencia restringida en su contra, mandato que luego fuera revocado por detenci�n, mediante auto ampliatorio de instrucci�n de fecha 20 de marzo de 2006, por no haberse presentado los inculpados a rendir declaraci�n instructiva. Refiere que no han tenido oportunidad de conocer el proceso penal que se les sigue ante el Sexto Juzgado Penal de Cuzco en el proceso N.� 1343-2005, y que el juez revoc� la comparecencia inicial por mandato de detenci�n amenazando de este modo sus derechos fundamentales a la libertad personal, a la libertad de tr�nsito y al debido proceso.
2. Conforme a lo anterior, se estar�a amenazando la libertad individual en la sustanciaci�n de un proceso penal en el que se habr�a vulnerado el derecho de defensa contenido en el derecho al debido proceso, al no haber sido notificados los beneficiarios de la demanda con el auto de apertura de instrucci�n con mandato de restricci�n, de fecha 12 de diciembre de 2005, lo que tuvo como consecuencia que ahora se encuentren con mandato de detenci�n.
3. Tal como ha sostenido este Colegiado en la sentencia N.� 03062-2006-PHC/TC (caso Jyomar Yunior Faustino Tolentino), el derecho fundamental de defensa est� considerado como la fuerza motriz del proceso; como la garant�a suprema que atiende a su esencia misma, pues sin �l no estaremos ante un verdadero proceso, toda vez que, ante su ausencia, no habr� contradictorio, siendo este un atributo principal de las partes sujetas a proceso. De otro lado, este derecho tiene su origen en el precepto sustancial seg�n el cual nadie puede ser juzgado sin ser o�do y vencido en juicio.
La Convenci�n Americana de Derechos Humanos en su art�culo 8.�, inciso d), lo reconoce como
[...] derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elecci�n y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.
Y en nuestra Constituci�n (139.14) se enuncia del siguiente modo:
[...] El principio de no ser privado del derecho de defensa en ning�n estado del proceso. Toda persona ser� informada inmediatamente, y por escrito, de la causa o las razones de su detenci�n. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elecci�n y a ser asesorada por �ste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.
4. Este enunciado, para ser cumplido, requiere necesariamente que el justiciable se informe de la existencia del proceso penal, en atenci�n a su derecho de conocer de forma cierta, expresa e inequ�voca los cargos que pesan en su contra. De ah� que el derecho de defensa sea, entre otros, una manifestaci�n del derecho al debido proceso, derecho irrenunciable dado que la parte no puede decidir si se le concede o no la posibilidad de defenderse; e inalienable pues su titular no puede sustraerse a su ejercicio.
5. Es en raz�n de lo antes expresado que este Tribunal expidi� resoluci�n con fecha 11 de octubre del 2006 oficiando al Sexto Juzgado Penal del Cuzco para que remitiera con la mayor brevedad copias certificadas de las papeletas de notificaci�n por medio de las cuales fueron emplazados los favorecidos a efectos de rendir su declaraci�n instructiva en el marco del proceso penal N.� 1343-2005, conforme aparece a fojas 6 del cuadernillo del TC.
6. Este Colegiado ha recibido respuesta del Sexto Juzgado Penal del Cuzco, mediante Oficio N.� 3281-2006-6JPC-CSJC-PJ-MAQA, recepcionado con fecha 5 de enero de 2007, obrante en autos a fojas 9 del cuaderno del TC, adjuntando copia certificada de la documentaci�n atinente al caso. En la documentaci�n adjunta obra el Informe de la Especialista Legal del Sexto Juzgado Penal de Cuzco, do�a Mar�a Ang�lica Quispe Apaza, obrante a fojas 14, 15 y 16, su fecha 22 de diciembre de 2006, de cuyo texto se colige que si bien es cierto el juez emplazado curs� el Oficio N.� 165-2005-CSJC-6JP-PJ-YHE al jefe de la Polic�a Judicial de Lima, �el oficio no ha merecido la atenci�n del caso, consiguientemente no obra en autos papeleta alguna que contenga las notificaciones de los mencionados justiciables�. A continuaci�n, el informe da cuenta de que �se ha expedido la resoluci�n de fecha 20 de marzo del 2006, en virtud de la cual los justiciables han sido declarados reos ausentes, disponi�ndose su captura, habi�ndose cursado dos oficios: el N.� 387-2006-CSJC-6JP-PJ-NPE, dirigido a la Polic�a Judicial de Lima, y el N.� 386-2006-CSJC-6JP-PJ-NPE, dirigido al Jefe de la Polic�a Judicial- Divisi�n de Requisitorias a Nivel Nacional, oficios ambos que datan del 20 de marzo de 2006, y �al d�a de la fecha no han sido atendidos por que no obra en autos contestaci�n alguna al efecto [...]�.
7. De ello se desprende que no obran en los actuados los cargos de las notificaciones solicitados por este Tribunal, omisi�n que no hace sino abonar a lo afirmado por el recurrente en el sentido de que los favorecidos no fueron notificados del auto de apertura de instrucci�n, ni tampoco del auto ampliatorio de instrucci�n.
8. Consiguientemente, el Juzgado Penal de Cuzco var�� la comparecencia dictada en el auto de apertura de instrucci�n por la orden de detenci�n contra los favorecidos al no haberse personado a rendir su instrucci�n, sin verificar previamente si efectivamente la polic�a los hab�a notificado, ni mucho menos haberse publicado los edictos de ley, vulnerando el derecho fundamental al debido proceso y el derecho de defensa de los favorecidos.
9. Por lo anteriormente expuesto, la demanda debe ser estimada al haberse acreditado que el auto ampliatorio de instrucci�n, de fecha 20 de marzo de 2006, dictado por el demandado Juez Penal del Sexto Juzgado Penal de Cuzco, ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso, espec�ficamente el derecho de defensa de los beneficiarios de esta demanda, y amenazado su libertad individual, resultando de aplicaci�n el art�culo 2.� del C�digo Procesal Constitucional.
2. Disponer la inaplicabilidad de la Resoluci�n N.� 12, Auto Ampliatorio de Instrucci�n, su fecha 20 de marzo de 2006, en el extremo que declara reos ausentes a los beneficiarios; as� como la inaplicabilidad de los Oficios N.os 165-2005-CSJC-6JP-PJ-YHE, 387-2006-CSJC-6JP-PJ-NPE y 386-2006-CSJC-6JP-PJ-NPE, disponiendo la ubicaci�n y captura de los favorecidos.
3. Disponer que el Sexto Juzgado en lo Penal de Cuzco notifique debidamente a los favorecidos se�alando fecha y hora para que rindan su declaraci�n instructiva, con arreglo a Ley.
EXP. N.� 8125-2005-PHC/TC CASO JEFFREY IMMELT SOBRE DERECHO DE DEFENSA DE LAS PARTES Y DEBIDO PROCESO
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EXP. N.� 8125-2005-PHC/TC
LIMA JEFFREY IMMELT
En Lima, a los 14 d�as del mes de noviembre de 2005, reunido el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los se�ores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda, Garc�a Toma, Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia, con los votos singulares de los magistrados Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli,
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Fernando Garrido Pinto a favor don Jeffrey Immelt y otros contra la resoluci�n de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 245, su fecha 31 de agosto de 2005, que declara improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
Con fecha 3 de agosto de 2005, se interpone demanda de habeas corpus a favor de Jeffrey Immelt, Joseph Anthony Pompei, John Mc. Carter, Nelson Jacob Gurman, C�sar Alfonso Aus�n de Iurruar�zaga, Jorge Montes, James Campbell, Dave Cote, Donald Breare Fontaine, Steve Reidel, Steve Sedita, David Blair, John Welch, Dennis Dammerman, James K. Harman, Helio Mattar, W. James Mcnerney, James E. Mohn, Robert L. Nardelli, Dennis K. Williams y John Opie, ejecutivos de la empresa General Electric Company contra el Juez del Vig�simo Quinto Juzgado Penal de Lima, don C�sar Herrera Cassina. Se sostiene que el Juez demandado dict� auto de apertura de instrucci�n por delito de estafa contra los beneficiarios, disponiendo la detenci�n de todos ellos, sin motivar debidamente su decisi�n sobre las razones que tuvo para imputarles el delito de estafa, lo que les imposibilita enfrentar adecuadamente el proceso penal (N� 357-2005) que se les ha instaurado, situaci�n que atenta contra sus derechos constitucionales a la libertad personal y de defensa.
Investigaci�n sumaria
Realizada la investigaci�n sumaria, el Juez demandado rinde su declaraci�n explicativa sosteniendo que el pronunciamiento de su Juzgado ha sido en m�rito de lo dispuesto expresamente por la Cuarta Sala Penal Superior que por resoluci�n de fecha 19 de octubre de 2004, orden� abrir instrucci�n penal contra los beneficiarios, y que la medida coercitiva de detenci�n se trata de una decisi�n jurisdiccional arreglada a derecho. Por su parte, el promotor de la demanda de habeas corpus al rendir su declaraci�n indagatoria sostuvo que se ha vulnerado los derechos constitucionales de los ejecutivos denunciados, porque han sido acusados sin ninguna raz�n, afect�ndose adem�s su derecho a la libertad personal mediante un mandato de detenci�n que violenta la libertad de tr�nsito, por cuanto por razones de sus trabajos tiene que trasladarse de un pa�s a otro.
Resoluci�n de primera instancia
El Trig�simo Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, a fojas 217, con fecha 11 de agosto de 2005, declar� improcedente la demanda por estimar que la parte demandante no ha cumplido con acreditar que la resoluci�n que dispone el mandato de detenci�n contra los beneficiarios, y que vulnerar�a manifiestamente su libertad individual y tutela procesal efectiva haya quedado firme, como as� lo exige el art�culo 4� del C�digo Procesal Constitucional.
Resoluci�n de segunda instancia
La recurrida confirm� la apelada por los mismos fundamentos.
�. 1. Cuesti�n procesal
1. El Tribunal entiende que hay una cuesti�n preliminar sobre la que debe detenerse a fin de evaluar correctamente el sentido de la pretensi�n, y es que trat�ndose de un habeas corpus contra una resoluci�n judicial como es el auto de apertura de instrucci�n, se debe precisar primero la aplicaci�n del art�culo 4� del C�digo Procesal Constitucional, que prescribe la procedencia del habeas corpus contra resoluciones judiciales firmes.
2. Al respecto, el Tribunal Constitucional no comparte la tesis de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, que desestim� la demanda de habeas corpus por considerar que la decisi�n judicial de detenci�n adoptada por el juez emplazado no tiene la calidad de firme y definitiva que �sta requiere para ser revisada en v�a constitucional.
3. Analizados los argumentos de la demanda, este Tribunal considera que la controversia en el presente caso, fundamentalmente gira en torno a la legitimidad misma del proceso penal instaurado contra los beneficiarios mediante el cuestionado auto de apertura de instrucci�n, resoluci�n respecto de la cual este Tribunal ha establecido en la sentencia reca�da en el expediente N� 6081-2005-HC/TC (Caso: Alonso Esquivel Cornejo. F.J. N� 3), que si bien uno de los requisitos para cuestionar mediante habeas corpus una resoluci�n de car�cter jurisdiccional es que tenga la calidad de firme, conforme a lo previsto en el art�culo 4� del C�digo Procesal Constitucional, trat�ndose del auto de apertura de instrucci�n no corresponde declarar la improcedencia de la demanda, toda vez que contra esta resoluci�n no procede ning�n medio impugnatorio mediante el cual se pueda cuestionar lo alegado en este proceso constitucional.
4. En efecto, el auto de apertura de instrucci�n, constituye una resoluci�n que resulta inimpugnable por ausencia de una previsi�n legal que prevea un recurso con este fin. Siendo as�, una alegaci�n como la planteada en la demanda contra este auto, se volver�a irresoluble hasta el momento de la finalizaci�n del proceso penal mediante sentencia o por alguna causal de sobreseimiento, lo que no se condice con el respeto del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva.
� 2. Determinaci�n del objeto del proceso constitucional de habeas corpus
5. En reiterada jurisprudencia, emitida por este Supremo Tribunal, se ha establecido que el Tribunal Constitucional no es instancia en la que pueda dictarse pronunciamiento tendiente a determinar si existe, o no, responsabilidad penal del inculpado, ni tampoco la calificaci�n del tipo penal en que este hubiera incurrido, toda vez que tales cometidos son exclusivos de la jurisdicci�n penal ordinaria. Sin embargo, debe quedar plenamente establecido que si bien el juzgador constitucional no puede invadir el �mbito de lo que es propio y exclusivo del juez ordinario, en los t�rminos que aqu� se exponen, dicha premisa tiene como �nica y obligada excepci�n la tutela de los derechos fundamentales, pues es evidente que all� donde el ejercicio de una atribuci�n exclusiva vulnera o amenaza un derecho reconocido por la Constituci�n, se tiene, porque el ordenamiento lo justifica, la posibilidad de reclamar protecci�n especializada en tanto es ese el prop�sito por el que se legitima el proceso constitucional dentro del Estado constitucional de derecho.
6. No se trata naturalmente de que el juez constitucional, de pronto, termine revisando todo lo que hizo un juez ordinario, sino, espec�ficamente, que fiscalice si uno o algunos de los derechos procesales con valor constitucional est�n siendo vulnerados. Para proceder de dicha forma existen dos referentes de los derechos de los justiciables: la tutela judicial efectiva como marco objetivo y el debido proceso como expresi�n subjetiva y espec�fica, ambos previstos en el art�culo 139�, inciso 3 de la Constituci�n Pol�tica del Per�. Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los �rganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepci�n garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acci�n frente al poder-deber de la jurisdicci�n, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de car�cter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivaci�n; en su faz sustantiva, se relaciona con los est�ndares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisi�n judicial debe suponer. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido estas dos manifestaciones del debido proceso en sus sentencias reca�das en los expedientes N� 2192-2002-HC/TC (F.J. N� 1), N� 2169-2002-HC/TC (F.J. N� 2) y N� 3392-2004-HC/TC (F.J. N� 6).
7. En el supuesto de que una resoluci�n judicial desconozca o desnaturalice algunos de los componentes de cualquiera de los derechos aqu� mencionados, estaremos, sin lugar a dudas, ante la circunstancia de un proceder inconstitucional, y ante un contexto donde, al margen de la funci�n judicial ordinaria ejercida y de la exclusividad que se le reconoce, resulta procedente el ejercicio del proceso constitucional como instrumento de defensa y correcci�n de una resoluci�n judicial contraria a la Constituci�n. Puntualizado queda, en todo caso, que solo si vulnera el contenido esencial de alguno de los derechos antes mencionados, estaremos ante un proceso inconstitucional, quedando totalmente descartado que, dentro de dicha noci�n, se encuentren las anomal�as o simples irregularidades procesales -violaci�n del contenido no esencial o adicional-, que no son, por s� mismas, contrarias a la Constituci�n sino al orden legal. Mientras que el proceso que degenere en inconstitucional se habr� de corregir mediante el ejercicio del proceso constitucional, la simple anomal�a o irregularidad lo ser� mediante los medios de impugnaci�n previstos al interior de cada proceso. Ese es el l�mite con el cual ha de operar el juez constitucional y, a la vez, la garant�a de que no todo reclamo que se le hace por infracciones al interior de un proceso pueda considerarse un verdadero tema constitucional.
8. Particularmente, si bien el proceso de habeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, en el presente caso, habida cuenta que las vulneraciones aducidas no s�lo implican la observancia del derecho al debido proceso sino que incidir�a en el ejercicio de la libertad individual de los beneficiarios, el Tribunal Constitucional tiene competencia ratione materiae, para evaluar la legitimidad constitucional de los actos considerados lesivos.
� 3. An�lisis del caso materia de controversia constitucional
9. Se alega en la demanda la falta de motivaci�n del auto de apertura de instrucci�n, que estriba principalmente en la ausencia de fundamentaci�n de la vinculaci�n de la imputaci�n judicial que se hace a los beneficiarios con los hechos que constituir�an delito de estafa, gener�ndoles con ello una situaci�n de indefensi�n, por desconocer los hechos concretos respectos de los cuales deb�an defenderse.
Falta de motivaci�n del auto de apertura de instrucci�n.
10. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la funci�n jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administraci�n de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constituci�n y las leyes (art�culos 45� y 138.� de la Constituci�n) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa.
11. En efecto, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los �rganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporci�n a los t�rminos del inciso 5) del art�culo 139� de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentaci�n jur�dica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeci�n a la Constituci�n y a la ley; pero tambi�n con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relaci�n y sea suficiente y proporcionado con los hechos que al juez penal corresponde resolver.
12. En el caso de autos, se debe analizar en sede constitucional si es arbitrario el auto de apertura de instrucci�n dictado contra los beneficiarios, por la falta de motivaci�n que se alega en la demanda. Al respecto, el art�culo 77� del C�digo de Procedimientos Penales (modificado por la Ley N� 28117), regula la estructura del auto de apertura de instrucci�n, y en su parte pertinente establece que:
�Recibida la denuncia y sus recaudos, el Juez Especializado en lo Penal s�lo abrir� instrucci�n si considera que de tales instrumentos aparecen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se ha individualizado a su presunto autor o part�cipe, que la acci�n prenal no ha prescrito o no concurra otra causa de extinci�n de la acci�n penal. El auto sera motivado y contendr� en forma precisa los hechos denunciados, los elementos de prueba en que se funda la imputaci�n, la calificaci�n de modo espec�fico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado, la motivaci�n de las medidas cautelares de car�cter personal o real, la orden al procesado de concurrir a prestar su instructiva y las diligencias que deben practicarse en la instrucci�n�.
13. Como se aprecia, la indicada individualizaci�n resulta exigible en virtud del primer p�rrafo del art�culo 77� del C�digo de Procedimientos Penales, obligaci�n judicial que este Tribunal considera que debe ser efectuada con criterio de razonabilidad, esto es, comprender que nada m�s lejos de los objetivos de la ley procesal el conformarse en que la persona sea individualizada cumpliendo s�lo con consignarse su identidad (nombres completos) en el auto de apertura de instrucci�n (menos a�n, como se hac�a a�os antes, �contra los que resulten responsables�, hasta la daci�n de la modificaci�n incorporada por el Decreto Legislativo N� 126 publicado el 15 de junio de 1981), sino que, al momento de calificar la denuncia ser� necesario, por mandato directo e imperativo de la norma procesal citada, controlar la correcci�n jur�dica del juicio de imputaci�n propuesto por el fiscal, esto es, la imputaci�n de un delito debe partir de una consideraci�n acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de los imputados.
14. Esta interpretaci�n se condice con el art�culo 14�, numeral 3), literal �b� del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, que a este respecto, comienza por reconocer que: � Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendr� derecho, en plena igualdad, a las siguientes garant�as m�nimas: a) A ser informada sin demora, en un idiona que comprenda y en forma detallada , de la naturaleza y causas de la acusaci�n formulada contra ella�. Con similar predicamento, el art�culo 8�, numeral 2), literal �a� de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos, dispone que: �Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las garant�as m�nimas:...b) Comunicaci�n previa y detallada de la acusaci�n formulada�. Reflejo de este marco jur�dico supranacional, es el art�culo 139�, inciso 15) de nuestra Norma Fundamental, que ha establecido: �El principio que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detenci�n�. Se debe se�alar que, a pesar del tenor de esta norma constitucional, de la que pareciera desprenderse que el derecho del imputado se limita al momento de su propia detenci�n, lo cierto es que esta toma de conocimiento, constituye la primera exigencia del respeto a la garant�a constitucional de la defensa que acompa�a a lo largo del proceso en todas las resoluciones del mismo.
15. Examinado el cuestionado auto de apertura de instrucci�n (fs. 175/180), de conformidad con la Cuarta Disposici�n Final Transitoria de la Constituci�n, es posible afirmar que tal resoluci�n no se adec�a en rigor a lo que quieren tanto los instrumentos jur�dicos internacionales de derechos humanos, como la Constituci�n y la ley procesal penal citados. No cabe duda que el art�culo 77� del C�digo de Procedimientos Penales ofrece los m�ximos resguardos para asegurar que el imputado tome conocimiento de la acusaci�n que contra �l recae, al prescribir que : �El auto sera motivado y contendr� en forma precisa los hechos denunciados, los elementos de prueba en que se funda la imputaci�n, la calificaci�n de modo espec�fico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado�.
16. En otras palabras, la obligaci�n de motivaci�n del Juez penal al abrir instrucci�n, no se colma �nicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de aquellos cargos que se le dirigen, sino que comporta la ineludible exigencia que la acusaci�n ha de ser cierta, no impl�cita, sino, precisa, clara y expresa; es decir, una descripci�n suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan, y no como en el presente caso en que se advierte una acusaci�n gen�rica e impersonalizada, que limita o impide a los procesados un pleno y adecuado ejercicio constitucional del derecho de defensa.
17. En este sentido, cuando el �rgano judicial superior jer�rquico ordena abrir instrucci�n, ello no exonera al a quo de fundamentar lo ordenado, de conformidad con los requisitos previstos en el art�culo 77� del C�digo de Procedimientos Penales. En consecuencia, al haber omitido el Juez penal la formalizaci�n de cargos concretos, debidamente especificados, contra todos y cada uno de los beneficiarios, lo que denota una ausencia de individualizaci�n del presunto responsable, en los t�rminos anteriormente expuestos, ha infringido el deber constitucional de motivaci�n de las resoluciones judiciales, lesionando el derecho de defensa de los justiciables, al no tener �stos la posibilidad de rebatir los elementos f�cticos que configurar�an la supuesta actuaci�n delictiva que se les atribuye, en funci�n del art�culo 139�, inciso 5 de la Constituci�n Pol�tica del Per�.
18. Por lo anteriormente expuesto, la presente demanda debe ser estimada al haberse acreditado que el auto de apertura de instrucci�n, de fecha 2 de agosto de 2005, dictado por el demandado Juez penal del Vig�simo Quinto Juzgado Penal de Lima ha vulnerado los derechos constitucionales de los beneficiarios de esta demanda, referidos a la motivaci�n de las resoluciones judiciales y de defensa, resultando de aplicaci�n el art�culo 2� del C�digo Procesal Constitucional (Ley N� 28237).
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la Constituci�n Pol�tica del Per�,
1. Declarar FUNDADA la demanda de habeas corpus.
2. Declarar NULA la resoluci�n de fecha 2 de agosto de 2005, expedida por el Vig�simo Quinto Juzgado Penal de Lima en el proceso penal N� 357-2005, mediante la cual se abre instrucci�n y se dicta mandato de detenci�n a los beneficiarios de esta demanda, en consecuencia, se dispone la suspensi�n de las �rdenes de captura dictados contra todos los afectados.
3. Disponer se dicte un nuevo auto de apertura de instrucci�n, si fuera el caso, teniendo en consideraci�n los fundamentos que sustentan la presente demanda.
VOTO SINGULAR DEL DOCTOR JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI
Emito este voto singular con el debido respeto por la opini�n vertida por el ponente, por los fundamentos siguientes:
1. Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal Constitucional el recurso de agravio constitucional interpuesto por Luis Fernando Garrido Pinto a favor de Jefrey Immelt y otros, contra la sentencia emitida por la Primera Sala Penal de Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la apelada declara improcedente la demanda de habeas corpus.
2. Se cuestiona el auto que abre instrucci�n en la v�a sumaria por el delito de estafa, emitido por el Juez del 25� Juzgado Penal de Lima contra 21 funcionarios de la sociedad mercantil General Electric Company a quienes, en dicha resoluci�n, se les ha dictado mandato de detenci�n. Se afirma que el referido auto no se encuentra adecuadamente motivado porque el Juez no expone las razones que ha tenido en cuenta para imputar la comisi�n del referido delito por cada uno de los imputados, habida cuenta que estos tendr�an que responder individualmente uno por uno durante la investigaci�n judicial solo por hechos tipificantes, omisi�n que los coloca en un estado de indefensi�n que viola el debido proceso.
3. Al respecto este Supremo Tribunal en jurisprudencia uniforme ha se�alado que la sede constitucional no es una instancia en la que pueda dictar pronunciamiento para determinar si existe o no responsabilidad penal del inculpado o calificando el tipo penal por el que se le procesa, toda vez que dichas facultades son exclusivas de la jurisdici�n penal ordinaria por lo que el juzgador constitucional no puede invadir el ambito de lo que es propio y exclusivo del juez ordinario.
4. Asi, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a impugnaciones contra el auto de apertura de instrucci�n, en el caso del proceso N� 0799-2004-HC, se�alando que �No resulta atendible la solicitud de dejar sin efecto un auto apertorio de instrucci�n alegando la inexistencia de pruebas de la comisi�n del delito, por cuanto es la etapa de la instrucci�n la que tiene por objeto reunir elementos probatorios de la realizaci�n del il�cito penal�. Del mismo modo en la STC N.� 2365-2002-HC ha se�alado que atendiendo al objeto de dicho proceso, dejar sin efecto el auto de apertura de instrucci�n constituye �pretensi�n imposible de satisfacer mediante esta acci�n de garant�a, toda vez que �sta no se puede instrumentalizar con el objeto de impedir que se realicen las investigaciones judiciales derivadas del auto apertorio de instrucci�n� el Tribunal Constitucional considera que cualquier anormalidad o irregularidad que pueda presentar el auto cuestionado deber� remediarse mediante el ejercicio de los recursos que la ley procesal penal prev�, y no v�a este proceso que tiene como finalidad proteger la libertad individual y los derechos conexos con ella�. En s�ntesis, el Tribunal Constitucional tras reproducir parte del texto del art�culo 77.� del C�digo de Procedimeintos Penales ha dicho que no es instancia revisora para dilucidar si los fundamentos que sustentan el auto de apertura de instrucci�n son suficientes o cumplen con los requisitos legales, dejando en claro que dicha reclamaci�n deber� de ser impugnada al interior del proceso penal en tr�mite pues es prerrogativa de la judicatura ordinaria resolver dichas controversias.
5. El C�digo Procesal Constitucional, Ley 28237, en el Art�culo 4�, segundo p�rrafo, prev� la revisi�n de una resoluci�n judicial via proceso de habeas corpus siempre que se cumplan 2 presupuestos: 1) que se trate de una resoluci�n judicial firme y 2) que la vulneraci�n a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva sea de forma manifiesta.
6. Consecuentemente, para legitimar el ingreso del Tribunal Constitucional a la revisi�n de una resoluci�n judicial que en este caso constituye la expresi�n misma de la autonom�a del Juez y la independencia del Poder Judicial debe acreditarse fehacientemente el cumplimiento de dichos presupuestos; caso contrario estaremos convirtiendo a este Supremo Tribunal en una suprainstancia capaz de revisar todos los autos de apertura de instrucci�n evacuados por la jurisdicci�n ordinaria a nivel nacional.
7. Debemos tener en cuenta primero que tratandose del cuestionamiento al auto que abre instrucci�n con el argumento de una indebida o deficiente motivaci�n, la pretensa vulnerac�n no puede ser conocida a trav�s del habeas corpus sino del amparo puesto que el auto de apertura, en puridad, no est� vinculado directamente con la medida cuatelar de naturaleza personal que se dicta al interior de dicha resoluci�n, medida contra la que la ley procesal permite la apelaci�n. Este mandato se emite en funci�n a otros presupuestos procesales, se�alando el Art�culo 135 del C�digo Procesal Penal, taxativamente, los requisitos m�nimos que deben concurrir para su procedencia, que no son los mismos que los exigidos para el auto que abre instrucci�n establecidos en el Art�culo 77� del C�digo de Procedimientos Penales. En consecuencia considero que si se denuncia que el juez ordinario, abusando de sus facultades, abre instrucci�n contra determinada persona cometiendo con ello una arbitrariedad manifiesta, se estar�a acusando la violaci�n del debido proceso ya sea este formal o sutantivo, para lo que resulta v�a id�nea la del amparo reparador. La medida coercitiva de naturlaeza personal s� incide directamente sobre la libertad; empero, contra esta medida existen medios impugnatorios previstos en la ley procesal penal que tendr�an que agotarse para obtener la firmeza de la resoluci�n en lo referente a la detenci�n preventiva u otras limitaciones a la libertad personal.
8. Sin perjuicio de lo anterior creo pertinente considerar que si bien es cierto la normatividad procesal penal no ha previsto expresamente un medio impugnatorio para cuestionar el auto de apertura de instrucci�n, tambien lo es que de existir vacios en el tratamiento por dicho ordenamiento procesal, �ste se rige supletoriamente por el C�digo Procesal Civil, en cuanto le sea aplicable, seg�n la previsi�n de la Primera Disposici�n Complementaria y Final del aludido C�digo que a la letra dice: �las disposiciones de este C�digo se aplican supletoriamente a los dem�s ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza�. Si esto es as�, encontramos que en el Art�culo 171� del referido complexo legal se prev� que la nulidad de un acto procesal �(...) puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtenci�n de su finalidad�.
9. El recurrente afirma que el auto de apertura de instrucci�n carece de motivaci�n suficiente pues no expone las razones que el Juez ha tenido en cuenta para imputar la comisi�n del delito de estafa a cada uno de los instruidos, ni los hechos por los que tendr�an que responder individualmente durante la investigaci�n judicial, es decir afirma que el acto procesal no cumple con los requisitos m�nimos de validez. Siendo as� los recurrentes tuvieron a su alcance el remedio previsto en el art�culo 171� del C.P.C. a trav�s de la formulaci�n de la nulidad del referido acto procesal y lograr en sede ordinaria la correcci�n del vicio que se acusa o, en su defecto, conseguir la resoluci�n firme que lo habilite a recurrir a la via excepcional y sumarisima del extraordinario proceso de urgencia.
10. En cuanto a la exigencia referida a que la vulneraci�n a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva sea de forma manifiesta, de la revisi�n de autos considero que no existe tal manifiesta vulneraci�n que como presupuesto requiere el segundo p�rrafo del art�culo 4� del C�digo Procesal Constitucional para ingresar al an�lisis de fondo, por los siguientes argumentos: a) las consideraciones que ha tenido el Juez emplazado para dictar el auto de apertura han sido en funci�n a lo dispuesto por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal -Reos Libres- de la Corte Superior de Justicia de Lima, por resoluci�n de fecha 26 de abril del 2005, mediante el cual se le ordena abrir instrucci�n contra los recurrentes, constituyendo una materia que compete de forma exclusiva al juzgador penal; b) mediante los fundamentos de la resoluci�n superior y de la resoluci�n cuestionada se motiva claramente las razones por las que la Sala y el Juez emplazado consideran que la actuaci�n de los funcionarios de la Empresa General Electric Company encuadra en el delito que se les imputa a todos ellos; y c) la invocaci�n de la alegada vulneraci�n del principio de motivaci�n es prematura, pues tratandose de un proceso penal en etapa inicial, obviamente a�n no existe una sentencia firme que sindique a los accionantes como responsables de la comisi�n del delito instruido, permanenciendo inalterable su presunci�n de inocencia, no resultando posible determinar el grado de participaci�n de cada uno de ellos, lo que sera materia precisamente de la investigaci�n en el proceso judicial. Por tanto, no existe la manifiesta vulneraci�n a la libertad individual ni a la tutela procesal efectiva.
11. Es preciso dejar sentado que el imperio del Estado delegado a sus jueces ordinarios para que en su representaci�n hagan posible el ius puniendi no puede ser desconocido con la afirmaci�n de que dicha facultad se est� ejerciendo arbitrariamente para sustraerse de la jurisdicci�n, que constituye expresi�n de la soberan�a. En todo caso existe el proceso de responsabilidad civil de los jueces previsto en el Art�culo 509� y siguientes del C.P.C. como v�a alterna suficiente para sancionar, por dolo o culpa, a los representantes jurisdiccionales del Estado que en el ejercicio de su autonom�a causan agravios insuperables.
12. Por las precedentes consideraciones no encuentro capacidad en el Tribunal Constitucional para ingresar al proceso penal de su referencia y convertirse, de motu propio, en el ultra revisor de lo determinado por Juez competente en un proceso regular en tr�mite, m�xime cuando estando a lo que hoy mi�rcoles cuatro del mes de enero del dos mil seis el diario Gesti�n, en su p�gina veinte, informa de una multiplicaci�n de procesos de habeas corpus por demandas de cada uno de los imputados en distintos juzgados, lo que adem�s significar�a abrir las puertas a muchos miles de imputados que vendr�an al Tribunal con iguales impugnaciones cada vez que un juzgado penal d� tr�mite a la denuncia del Fiscal abriendo el correspondiente proceso.
Pero algo m�s, con el mismo derecho y por la misma puerta, otros miles de emplazados recurrir�an tambi�n al proceso constitucional cada vez que un Juez Civil admita a tr�mite una demanda de acuerdo al Art�culo 430� del C.Procesal Civil, ley procesal que no ha previsto la via recursiva para cuestionar la decisi�n del Juez que da origen a un proceso ordinario. Y para ambos casos - penal y civil � todo imputado y todo emplazado tendr�n los �argumentos� necesarios para exigir el mismo tratamiento, lo que, a no dudarlo, al poco tiempo la carga procesal ser�a inmanejable para este Tribunal ampliando sus facultades cuando hoy las viene reduciendo. Mi voto, por tanto, es por la improcedencia de la demanda.
Y OTROS VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BARDELLI LARTIRIGOYEN
Me adhiero av oto del Magistrado Vergara Gotelli, en el sentido de declarar improcedente la demanda de autos, compartiendo la posici�n adoptada, debiendo reiterar que este Colegiado no es sede en la que se pueda dictar pronunciamiento tendiente a determinar si existe o no responsabilidad penal de inculpados, ni de efectuar la calificaci�n del tipo penal, toda vez que �stas son facultades exclusivas de la jurisdicci�n penal ordinaria. Por tanto, al resolver el presente proceso constitucional de h�beas corpus, no puede avocarse al conocimiento de cuestiones de orden penal, pues no son de su competencia.
• • • junio 13, 2012
LA INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE SANEAMIENTO PRODUCE LA CONCLUSI�N DEL PROCESO
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LA INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE SANEAMIENTO PRODUCE LA CONCLUSI�N DEL PROCESO(*) (Marianella LEDESMA NARV�EZ)
EXPEDIENTE N� 2615-05
ESPECIALISTA Marcelo D�valos
RESOLUCI�N N� 9
Vista la raz�n que antecede: t�ngase presente y estando a la inconcurrencia a la audiencia se�alada para la fecha de las partes, de conformidad con lo previsto en el art�culo 203 del C�digo de Procedimientos Civiles, SE��LESE nuevamente fecha para los efectos de llevarse a cabo la audiencia de saneamiento y conciliaci�n para el d�a doce del mes de julio del a�o 2006, a horas 9 am, hora exacta y sin tolerancia alguna, bajo apercibimiento de declararse concluido el proceso, en caso de inasistencia reiterada de las partes.- Firmado JUEZA: JACQUELINE GANIKU HIGA.- En los seguidos por Banco Continental con Aldo Enzo de Souza Fr�as sobre obligaci�n de dar suma de dinero.
Se�ora jueza:
Resoluci�n N� 10
Lima, doce de julio del a�o dos mil seis
Vista la raz�n que antecede: t�ngase presente y estando a la inconcurrencia a la audiencia se�alada para la fecha, de las partes, h�gase efectivo el apercibimiento decretado mediante resoluci�n nueve de fecha catorce de junio del a�o en curso, en conformidad con el art�culo 203 del C�digo Procesal Civil, se resuelve, declarar: CONCLUIDO EL PRESENTE PROCESO, archiv�ndose los presentes autos, remiti�ndose los actuados al Archivo Central de la Corte Superior de Lima.
AN�LISIS Y CR�TICA JURISPRUDENCIAL
La ideolog�a que inspira a nuestro ordenamiento procesal, se orienta hacia un juez dotado de poderes oficiosos para dirigir la vida del proceso desde el inicio hasta el final; ello porque �l es el �rgano al cual el Estado (no los particulares) encomienda restablecer el derecho vulnerado, por lo tanto, debe tener una intervenci�n activa y �til.
Bajo ese contexto se aprecia con bastante preocupaci�n la forma c�mo se viene ejerciendo la direcci�n de los procesos, en especial la interpretaci�n que hace la jueza del Juzgado de Paz Letrado de Lince, de las normas procesales que gu�an los deberes y facultades de los jueces en el proceso, afectando con dicho criterio la pronta soluci�n a los conflictos.
La defensa de la parte actora ha cuestionado dicho pronunciamiento, recurriendo a la apelaci�n, m�s a�n, si en la fecha se�alada para la audiencia �es de p�blico conocimiento� que se hab�a iniciado a nivel nacional la paralizaci�n de labores del personal auxiliar del Poder Judicial, motivando que algunas dependencias no laboren. En tanto se dilucide ello, los costos de satisfacci�n por el servicio brindado en esta instancia judicial, seguir�n siendo materia de inquina y frustraci�n para quienes sufren de manera directa tama�as decisiones. Bajo ese contexto es prop�sito de este art�culo apreciar el anverso de esa decisi�n, pues, all� estar� la raz�n.
II. PRESENTACI�N DEL CASO Y FORMULACI�N DE LA INTERROGANTE
El Banco Continental interpone en procedimiento abreviado, la pretensi�n de pago de una suma dineraria contra Aldo Enzo de Souza Fr�as. El procedimiento por Ley, luego de la postulaci�n, incide en volver a realizar el saneamiento procesal e intentar conciliar el conflicto, caso contrario, continuar con el debate, fijando puntos controvertidos y admitiendo los medios de prueba para pronunciar luego sentencia.
Este camino as� dise�ado por la norma procesal se puede alterar por razones provocadas o naturales, que van a afectar el desarrollo normal del proceso, provocando una crisis. Son situaciones especiales que aparecen descritas en los diversos supuestos del art�culo 321 del CPC y en otras disposiciones legales, que van a conducir a la conclusi�n del proceso.
El art�culo 203 del CPC es una expresi�n de ella, pues al referirse a la actividad probatoria el C�digo Procesal precisa que �si a la audiencia concurre una de las partes, esta se realizar� solo con ella. Si no concurren ambas partes, el juez fijar� nueva fecha para su realizaci�n. Si en la nueva fecha tampoco concurren, el juez dar� por concluido el proceso�.
Bajo este contexto, se aprecia de la resoluci�n en comentario, la citaci�n a la audiencia de saneamiento y conciliaci�n, invocando el art�culo 203 del CPC, advirtiendo que en caso de inconcurrencia reiterada de ambas partes se proceder� a declarar concluido el proceso.
En efecto, seg�n la raz�n que emite el secretario del juzgado, el supuesto f�ctico de la inasistencia se materializ�, por lo tanto, sin mayor reflexi�n la jueza Ganiku Higa procedi� a materializar la advertencia y ordena la conclusi�n del proceso con el consecuente archivo del expediente. Expresado as� los hechos, nos permite plantear la siguiente interrogante: �la inasistencia reiterada de las partes a la audiencia de saneamiento y conciliaci�n condiciona la conclusi�n del proceso?
1. La actividad que se realiza en el proceso puede ser calificada bajo deberes, obligaciones y cargas. Los deberes se instituyen en inter�s de la comunidad; las obligaciones en inter�s de un acreedor; y las cargas se determinan en raz�n de nuestro propio inter�s. Couture califica los deberes procesales como �aquellos imperativos jur�dicos establecidos a favor de una adecuada realizaci�n del proceso. No miran tanto el inter�s individual de los litigantes, como el inter�s de la comunidad�(1).
Estos deberes no solo pueden ser atribuidos a las partes, sino a terceros y al propio juez. En el caso de las partes, estos aparecen regulados en el art�culo 109 del CPC y se refieren a los deberes de decir la verdad, de lealtad, de probidad en el proceso. Los deberes tambi�n alcanzan a los terceros, tales como el deber de declarar como testigo, de actuar como perito luego de haber aceptado el encargo. En el caso de los jueces, esta actividad tiene una regulaci�n en los art�culos 50 al 53 del C�digo Procesal Civil, en la que se describen no solo a los deberes sino tambi�n a las facultades y, por ende, las responsabilidades de los jueces en el proceso.
Como se aprecia de la redacci�n del inciso 1 del art�culo 50 del CPC, es deber del juez en el proceso �dirigir el proceso, velar por su r�pida soluci�n, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralizaci�n y procurar la econom�a procesal�. Esto nos lleva a preguntar si la actividad saneadora que hace el juez es una facultad o un deber. La Ley Org�nica del Poder Judicial ha contemplado tales supuestos al se�alar, en el inciso 5 del art�culo 184 de la Ley Org�nica del Poder Judicial, como deber del magistrado: �sanear en materia civil, agraria y laboral las irregularidades y nulidades del proceso, dictando el auto de saneamiento procesal correspondiente, conforme a Ley�.
2. El considerar al saneamiento como un deber del juez resulta coherente, porque el saneamiento es la primera sentencia de contenido puramente procesal, que se pronuncia sobre la validez de la relaci�n procesal entablada, a fin de evitar vicios en la actividad jurisdiccional, haciendo realidad los principio de econom�a y celeridad procesal. El saneamiento implica un proceso de pasteurizaci�n sobre los presupuestos y las condiciones de las acciones de la relaci�n procesal. As� tambi�n, busca remover las nulidades del proceso y verifica si su titular est� en condiciones de pedir una decisi�n de fondo, caso contrario, da por concluido el proceso si constata la presencia de un defecto insubsanable. A trav�s del saneamiento se busca que no haya distracci�n de la actividad jurisdiccional; que no exista p�rdida de tiempo; que se eviten gastos in�tiles; que hagan viable un pronunciamiento sobre el fondo del litigio, evitando sentencias inhibitorias.
3. Si asumimos que la actividad saneadora es un deber, el cumplimiento de ese deber debe materializarse a trav�s de la oralidad o de manera escrita. La actividad de saneamiento no reviste formalidades a satisfacer, bajo sanci�n de nulidad. Esta puede operar a trav�s de la escritura o la oralidad, recogida luego en un acta. La norma procesal no la condiciona, a tal punto, que es flexible en permitir que el saneamiento se produzca por escrito. Si revisamos el art�culo 449 del CPC, se aprecia que absuelto el traslado de las excepciones o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez, en decisi�n debidamente motivada e inimpugnable, puede prescindir de los medios probatorios pendientes de actuaci�n, declarando infundada la excepci�n y saneado el proceso. De lo contrario, fijar� d�a y hora para la audiencia de saneamiento, la que ser� inaplazable.
Esto nos lleva a sostener que el ejercicio del deber de saneamiento, no requiere materializarse a trav�s de la oralidad, en la audiencia de Ley, sino que puede plasmarse a trav�s de la escritura. En similar sentido, al pronunciar sentencia el juez puede optar por hacerlo oralmente, que ser� recogida en el acta que se redacta en la audiencia respectiva; o por escrito, pero en ambos casos, tienen como soporte el papel, pero el �mbito de producci�n en el que se emite o produce el acto es diverso.
El impulso de oficio que orienta el proceso civil debe llevar a que el juez camine hacia la soluci�n de los conflictos sin esperar el impulso de las partes, ello significa que el cumplimiento de los deberes procesales del juez, como el saneamiento, no debe estar condicionado a la asistencia o no de las partes a la audiencia de saneamiento, perfectamente el juez puede cumplir con su deber, procediendo luego a impulsar el procedimiento a su fase siguiente. En opini�n de Ariano si bien �el proceso se impulsa de oficio a un cierto punto, inevitablemente, se detiene porque si no hay audiencias el proceso no prosigue: y no hay audiencia si (como es l�gico que as� sea) al menos una de las partes no comparece a la misma�(2). Efectivamente, consideramos que el impulso del proceso se trunca en las audiencias, pero hay que precisar, en las audiencias de pruebas, d�nde se requiere la presencia de las partes, situaci�n que no es extensiva para la actividad saneadora a la cual refiere el caso en comentario, pues, ella es una actividad propia del juez, que solo a �l corresponde declararlo, sea por escrito u oralmente en audiencias.
4. Hay casos donde el dise�o procesal separa las etapas del proceso para ser realizadas en diversas audiencias, seg�n la actividad que se quiere realizar, por citar, si se va a realizar el saneamiento, se calificar� de audiencia de saneamiento; si va a realizar la conciliaci�n, se calificar� audiencia de conciliaci�n; y si se va a realizar la actividad probatoria, se calificar� la audiencia de pruebas.
En el caso materia de comentario, al referirse a un procedimiento abreviado, tanto la conciliaci�n como el saneamiento procesal se realizan en una misma audiencia, continuando en otra la actuaci�n probatoria; sin embargo, hay casos en que el procedimiento est� dise�ado para hacer en audiencia �nica, todas las etapas procesales: saneamiento, conciliaci�n, pruebas y sentencia. V�ase el caso del procedimiento sumar�simo y el ejecutivo.
5. En nuestra interrogante, �se requiere de la presencia de las partes para realizar el saneamiento? Esto es, �el juez debe contar con la presencia de las partes, en la audiencia fijada para tal fin, para que pueda cumplir con su deber de sanear el proceso? Ergo, si las partes no concurren, no podr� realizar sus deberes en el proceso, es decir, �dirigir el proceso, velar por su r�pida soluci�n, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralizaci�n y procurar la econom�a procesal�.
Consideramos que no es necesaria esa presencia para que el juez materialice el saneamiento. El juez perfectamente puede realizar dicha actividad, utilizando la oralidad o la escritura. Si opt� por la oralidad, en aplicaci�n del art�culo 493 del CPC, proceder� acto seguido, ante la inasistencia de las partes, no ha concluir la audiencia ni el proceso, sino a dictar la correspondiente providencia saneadora que le correspondiera al caso, en la m�s completa orfandad de las partes.
Al no estar presentes las partes para intentar la conciliaci�n, proceder� a fijar los puntos controvertidos, si los hubiera, como el correspondiente saneamiento probatorio.
La jueza que suscribe la a resoluci�n en comentario, deber�a volver a leer el art�culo 472 del CPC que dice: �No procede el archivamiento por ausencia de las partes a la audiencia de conciliaci�n�, por lo tanto, al ser un impedimento para intentar la conciliaci�n el no estar presentes las partes en la audiencia, el juez debi� impulsar el proceso, hacia la siguiente actividad procesal, como es, la fijaci�n de los puntos controvertidos y admisi�n de medios probatorios, para proceder luego a fijar fecha para la audiencia de actuaci�n de pruebas, en la cual reci�n frente a la inasistencia reiterada de las partes, proceder a la conclusi�n del proceso, invocando el art�culo 203 del CPC, esto es, concluir el proceso sin declaraci�n de fondo.
La condici�n procesal del demandado en el proceso, tambi�n contribuye a reforzar la tesis que sostenemos: no es necesaria la presencia de ambas partes para el saneamiento. Como indica el art�culo 460 del CPC, �declarada la rebeld�a, el juez se pronunciar� sobre el saneamiento del proceso. Si lo declara saneado, proceder� a expedir sentencia, salvo las excepciones previstas en el art�culo 461 del CPC�.
6. Como se�ala la resoluci�n en comentario, se convoc� la realizaci�n de la audiencia para la actividad saneadora y adem�s para propiciar la conciliaci�n. Trat�ndose de un procedimiento abreviado, conforme lo se�ala el art�culo 493 del C�digo Procesal Civil, ambos actos se realizar�n en una sola audiencia.
No puede ser extensiva los efectos de la inasistencia de las partes a la audiencia de pruebas, a que refiere el art�culo 203 del CPC, a la audiencia de saneamiento y conciliaci�n, como aparece de la resoluci�n en comentario.
Basta colegir, de la simple lectura del art�culo 203 del CPC, que el efecto de la conclusi�n del proceso es para la inasistencia de las partes en la audiencia de pruebas y no para el saneamiento y conciliaci�n. No se entiende bajo que supuestos la jueza ha decidido hacer extensivo dicha norma a los alcances de la audiencia de saneamiento. No se trata de un vac�o normativo, al que hubiere tenido que recurrir a la integraci�n de la norma, ni tampoco se trata de alguna regulaci�n supletoria impl�cita, pues, simplemente estamos ante un deber procesal imputable ��nica y exclusivamente� a la juez y no a las partes.
El saneamiento procesal es un deber del juez, no es un deber de las partes; por lo tanto, no se comprende c�mo la propia juez generadora del incumplimiento de su propio deber procede luego a concluir el proceso invocando la ausencia de las partes. Ser�a bueno recordar que �el juez debe impulsar el proceso por s� mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia� (ver art�culo II del TP CPC), en lugar de buscar justificantes para su inoperancia en el art�culo 203 del CPC. Como se aprecia, el caso es parad�jico, pues, se traslada el incumplimiento del deber, bajo la excusa de no estar presentes las partes en la audiencia de saneamiento y conciliaci�n.
A�n m�s, si la jueza hubiere considerado que son perfectamente extensivos los alcances de la audiencia de pruebas al saneamiento, debe tener en cuenta que no caben analog�as, frente a situaciones jur�dicas restrictivas de derechos. En ese sentido, ser�a bueno revisar lo normado en el art�culo IV del TP del C�digo Civil que dice: �(...) la ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analog�a�.
En todo caso, si se trata de concurrencia de las partes a la audiencia de saneamiento o de otra actividad procesal fijada, esta debe contemplar lo dispuesto en el inciso 5 del art�culo 109 CPC, que califica como deberes de las partes �concurrir ante el juez cuando este los cite y acatar sus �rdenes en las actuaciones judiciales�; y proceder, si fuera el caso, a aplicar las sanciones a quienes hubieren incumplido dichos deberes. El propio inciso 6 del citado art�culo 109 precisa la sanci�n pecuniaria (multas no menor de tres ni mayor de cinco unidades de referencia procesal) a la que puede recurrir el juez en caso de que las partes no le presten su diligente colaboraci�n.
7. Desde ya debemos se�alar que situaciones como las que nos presenta la jueza Ganiku Higa en la resoluci�n en comentario no son exclusivas de su judicatura, pues estas se hacen extensivas en muchos segmentos de la judicatura nacional, por diversos factores que rebasan la justificaci�n jur�dica, como: la presunci�n de un desinter�s de las partes en continuar con el proceso, la sustracci�n de la pretensi�n del �mbito jurisdiccional, etc.; sin embargo, debemos reconocer con gran satisfacci�n que hay estamentos judiciales que miran la din�mica del proceso, en un sentido diferente a la que promueve la jueza Ganiko en sus resoluciones. V�ase el caso del pronunciamiento emitido por la Sala en materia Comercial de Lima, en la que se se�ala expresamente �no puede entenderse �como afirma el a quo� que las normas aplicables a los procesos ejecutivos contienen un vac�o o deficiencia en el tema de las consecuencias de la inasistencia de las partes a la audiencia �nica, advirtiendo el Colegiado por el contrario, una ausencia en ellas de voluntad del legislador para que tal situaci�n genere t�cnicamente la conclusi�n del proceso. En tal medida, no es pertinente que la jurisdicci�n dicte por analog�a sanciones tan gravosas como la que contiene la resoluci�n apelada, pues ello atenta contra la tutela jurisdiccional efectiva y deja latente un conflicto de intereses sustentado en t�tulo al que la ley otorga preliminarmente certeza�(3).
Asistimos a una deformaci�n a la forma c�mo se interpreta el art�culo 203 del C�digo Procesal Civil, que solo est� referido a la audiencia de pruebas porque, bajo el principio dispositivo que regula la actividad probatoria en el proceso, son las partes quienes no solo deben ofrecer sus medios de prueba sino que adem�s tienen la carga de su actuaci�n.
Ello no es un deber del juez, sino una carga de las partes, a la que solo ellas son las llamadas a satisfacer, por lo tanto, en toda la din�mica del proceso, perfectamente, este podr�a desarrollarse con el solo impulso de oficio del juez, pero llegar� un momento en que este impulso tendr� que paralizarse para dar paso �a la actividad de parte� en la prueba.
8. Si partimos por asumir que los deberes procesales no pueden ser objeto; a diferencia de las obligaciones y cargas, de ejecuci�n forzosa, la efectividad en el cumplimiento de los deberes procesales se obtiene mediante sanciones, ya sean de car�cter f�sico o personal, como el arresto del testigo que se reh�sa a asistir a declarar; ya sean de car�cter pecuniario, como multa impuesta al perito que no presenta su dictamen oportunamente; ya sean de car�cter funcional, como la p�rdida o la suspensi�n del cargo del funcionario judicial. Estas sanciones son formas de coacci�n moral, de intimidaci�n, pues, no hay forma material para hacer cumplir por la fuerza esta clase de deberes.
Debe reconocerse que un juez puede vulnerar el cumplimiento de deberes, de �ndole procesal o extraprocesal. El caso materia de comentario recoge la vulneraci�n de deberes procesales descritos en el art�culo 50 del CPC, donde textualmente el inciso 1, dice �dirigir el proceso, velar por su r�pida soluci�n, adoptar las medidas convenientes para impedir su paraliza
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Dictan pautas para la ejecuci�n de los fallos contra el Estado
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JUDICATURA. EN CONTRA DEL ESTADO
Dictan pautas para la ejecuci�n de los fallos
Pago de deudas ser� ordenada con cargo a los pliegos presupuestarios
El presidente de la Corte Suprema, C�sar San Mart�n, remarc� a los magistrados los lineamientos adoptados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para el procedimiento de ejecuci�n de sentencias de condena de pago de sumas de dinero dictadas contra el Estado y las medidas cautelares en forma de retenci�n contra las entidades estatales.
En efecto, mediante la RA N� 149-2012-P-PJ, la judicatura refiere que la ejecuci�n de estas sentencias debe ser ordenada a cargo de los presupuestos anuales de los pliegos presupuestarios respectivos y no contra la Direcci�n General de Endeudamiento y Tesoro P�blico.
La medida fue decidida despu�s de haberse constatado que algunos jueces, al dictar mandatos cautelares o en la ejecuci�n de sentencias contra instituciones del Estado, vienen ordenando inapropiadamente que dichos mandatos deban ser ejecutados directamente por la Direcci�n General de Endeudamiento y Tesoro P�blico, refiere la disposici�n legal.
Da cuenta, tambi�n, de la preocupaci�n del Poder Judicial por proteger los derechos de todas las partes que intervienen en un proceso, sean p�blicas o particulares. De ah� que rechazan que estas precisiones constituyan una intromisi�n en el ejercicio de la independencia de los magistrados. FUENTE: EL PERUANO
Fecha:16/04/2012
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Sumilla: "...habi�ndose dictado en primera instancia sentencia que declara fundada en parte la demanda sobre Obligaci�n de Dar Suma de Dinero, el Superior Colegiado, mediante la sentencia de vista, revoca la apelada y declara improcedente la citada demanda; sin embargo, del an�lisis de dicha sentencia se advierte que �sta no contiene la m�s m�nima fundamentaci�n jur�dica que le haya servido para desvirtuar las conclusiones f�ctico jur�dicas del A Quo; acto omisivo con el que se viola el citado principio de motivaci�n escrita de. las resoluciones judiciales; incurri�ndose as� en la causal de nulidad ..."
CAS. N� 3800-2009 LIMA. Obligaci�n de Dar Suma de Dinero. Lima, ocho de setiembre del a�o dos mil diez. LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REP�BLICA: Vista la causa n�mero tres mil ochocientos gui�n dos mil nueve, en Audiencia P�blica llevada a cabo el d�a
de la fecha; y producida la votaci�n con arreglo a Ley. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casaci�n interpuesto por Pedro Pablo Cordero Bravo, en representaci�n de E&P del Per� Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, contra la sentencia de fojas ciento noventa y dos, de fecha quince de abril del a�o dos mil nueve, expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que revocando la sentencia apelada de fojas ciento cuarenta y ocho, fechada el catorce de julio del a�o dos mil ocho, declara improcedente la demanda.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta Suprema Sala mediante resoluci�n de fecha quince de diciembre del a�o dos mil nueve, declar� procedente el recurso de casaci�n por la causal contenida en el inciso tercero del art�culo trescientos ochenta y seis del C�digo Procesal Civil, denunciando que la sentencia de vista no ha cumplido con citar de manera expresa la norma aplicable que sustenta su decisi�n, incurriendo en causal de nulidad, vicio de validez que es un flagrante incumplimiento de una formalidad procesal, lo que a su vez, constituye causal de casaci�n.
Primero.- Que, iniciando el an�lisis por el agravio denunciado por el recurrente, se tiene que el principio procesal de la motivaci�n escrita de las resoluciones judiciales se halla consagrado en el art�culo ciento treinta y nueve inciso quinto de la Constituci�n Pol�tica del Estado, el cual tiene como finalidad principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento l�gico jur�dico empleado por las instancias de m�rito para justificar sus decisiones jurisdiccionales y as� puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisi�n asumida;
Segundo.- Que, esta motivaci�n escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para los Magistrados, tal como lo establecen los art�culos cincuenta, inciso sexto, y ciento veintid�s, inciso tercero del C�digo Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores se�alen en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jur�dico a la que �sta les ha llevado, as� como los fundamentos f�cticos que sustentan su decisi�n, respetando los principios de jerarqu�a de normas y de congruencia;
Tercero.- Que, en el presente caso, habi�ndose dictado en primera instancia sentencia que declara fundada en parte la demanda sobre Obligaci�n de Dar Suma de Dinero, el Superior Colegiado, mediante la sentencia de vista, revoca la apelada y declara improcedente la citada demanda; sin embargo, del
an�lisis de dicha sentencia se advierte que �sta no contiene la m�s m�nima fundamentaci�n jur�dica que le haya servido para desvirtuar las conclusiones f�ctico jur�dicas del A Quo; acto omisivo con el que se viola el citado principio de motivaci�n escrita de. las resoluciones judiciales; incurri�ndose as� en la causal de nulidad prevista en el art�culo ciento veintid�s, inciso tercero, del C�digo Procesal Civil;
Cuarto.- Que, siendo ello as�, se ha configurado el vicio procesal denunciado sobre violaci�n del Principio Constitucional de Motivaci�n Escrita de las Resoluciones Judiciales, que es suficiente para casar la sentencia de vista, dado que para su an�lisis se debe partir de una sentencia que cuenta con su respectiva fundamentaci�n factual y jur�dica, lo cual no ha existido conforme ya se ha indicado; de conformidad con el numeral dos punto uno inciso segundo del art�culo trescientos noventa y seis
del C�digo adjetivo, a efectos de que la Sala Civil de su procedencia dicte nueva sentencia con arreglo a Ley;
Quinto.- Que, de otro lado, resulta evidente que por el incumplimiento de este elemental requisito en la expedici�n de resoluciones se est� causando un perjuicio al recurrente, toda vez que est� dilatando el proceso con la consecuente violaci�n de los principios de celeridad y econom�a previstos en el art�culo quinto del T�tulo Preliminar del C�digo Procesal Civil. Estando a las consideraciones que preceden, declararon: FUNDADO el recurso de casaci�n interpuesto a fojas doscientos uno por Pedro Pablo Cordero Bravo, en representaci�n de E&P del Per� Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada por la causal contenida en el inciso tercero del art�culo trescientos ochenta y seis del C�digo Procesal Civil, CASARON la resoluci�n de fecha quince de abril del a�o des mil nueve, obrante a fojas ciento noventa y dos; en consecuencia NULA misma; DISPUSIERON que la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima dicte nueva sentencia con arreglo a Ley; asimismo, RECOMENDARON a los se�ores Jueces Superiores, Carbajal Portocarrero, Echevarr�a Gaviria y C�spedes Cabala un mejor estudio de autos a fin de que resuelvan con pleno cumplimiento de sus obligaciones; ORDENARON la publicaci�n de la presente resoluci�n en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por E&P del Per� Empresa Individual de Responsabilidad Limitada contra Inmobiliaria Mej�a
Contratistas Generales Sociedad An�nima Cerrada, sobre Obligaci�n de Dar Suma de Dinero; y los devolvieron. Ponente se�or Salas Villalobos, Juez Supremo.- SS. TICONA POSTIGO, PALOMINO GARC�A, MIRANDA MOLINA, SALAS VILLALOBOS, ARANDA RODR�GUEZ C-605062-307
Publicado en el DIARIO PERUANO el 28-02-2011 P�gina 29686
JURISPRUDENCIA SOBRE INEXISTENCIA DE MOTIVACION O MOTIVACION APARENTE DE RESOLUCIONES JUDICIALES
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EXP. 3943-2006-PA/TC
Lima, 11 de diciembre de 2006
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan de Dios Valle Molina contra la resoluci�n de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Rep�blica, de fojas 163 del segundo cuaderno, su fecha 17 de noviembre de 2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y,
1. Que con fecha 25 de octubre de 2002 el recurrente interpone demanda de amparo contra los Vocales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Rep�blica, se�ores Jos� Antonio Silva Vallejo, Carlos T�vara Calder�n, Jorge Isa�as Carri�n Lugo, Mario Otto Torres Carrasco y Jos� Marcial Carrillo Hern�ndez, a fin de que se deje sin efecto tanto la resoluci�n integrada que declara improcedente el recurso de casaci�n que interpuso y que le fue notificada con fecha 26 de abril de 2002; como la resoluci�n integradora notificada con fecha 11 de marzo de 2002. Alega que dichas resoluciones le causan agravio, en primer lugar, porque convalidan la falta de sustento jur�dico de las resoluciones de primera y segunda instancia y, m�s espec�ficamente, porque contienen una fundamentaci�n aparente y errada por cuanto declaran improcedente el recurso �(...) adjudic�ndome invocaciones de [algunos] incisos [1 y 2 del art�culo 386 del C�digo Procesal Civil] que no hice y que no figuran en mi Recurso de Casaci�n� ( sic).
2. Que con fecha 15 de junio de 2004 la Sexta Sala Civil de la Corte Superior, declar� improcedente la demanda por considerar que �(...) de la revisi�n de los autos no se aprecia que las resoluciones judiciales materia de la litis hayan sido emitidas dentro de un procedimiento irregular, no habi�ndose acreditado la violaci�n del derecho Constitucional Procesal (sic), en consecuencia no procede emitir, v�a acci�n de amparo, un pronunciamiento que conlleve a la declaraci�n de nulidad del Auto calificatorio del recurso de casaci�n (...)� [considerando 4]. Por su parte la recurrida confirm� la apelada por considerar que el recurrente pretende que se revise el fondo de la controversia.
3. Que este Tribunal advierte que el recurrente instaur� un proceso civil de �obligaci�n de hacer� contra la Direcci�n General de Capitan�as y Guardacostas a fin de que se le otorgue el despacho de �Oficial de Reserva Naval�, bajo el argumento de que el Reglamento de Capitan�as y Actividades Mar�timas Fluviales y Lacustres, al no contemplar tal cargo para su situaci�n, era �discriminatorio�. La sentencia de primera instancia, con una fundamentaci�n extensa, declar� infundada su demanda, la que fue confirmada obviamente luego de su apelaci�n. Posteriormente el recurrente interpuso recurso de casaci�n, el cual fue declarado improcedente mediante resoluci�n de fecha 21 de enero de 2002. Antes de que dicha resoluci�n cause ejecutoria, mediante resoluci�n de fecha 2 de abril de 2002, la misma Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Rep�blica se pronunci� en torno a dos temas [pronunciamiento sobre las causales previstas en los incisos 1) y 2), art�culo 386� del C�digo Procesal Civil] que, a su criterio, fueron omitidos al expedirse la referida resoluci�n de fecha 21 de enero de 2002. Luego de evacuada esta resoluci�n, a trav�s de diferentes articulaciones el recurrente hizo ver al �rgano emplazado que el pronunciamiento en torno a las causales previstas en los incisos 1) y 2) art�culo 386� del C�digo Procesal Civil no fueron planteados en su recurso de casaci�n. Todas esas articulaciones fueron desestimadas por el �rgano judicial emplazado. Por �ltimo, el recurrente en el amparo ha considerado que el pronunciamiento sobre esos aspectos vulnera su derecho a la motivaci�n de las resoluciones judiciales.
4. Que el Tribunal Constitucional considera que debe desestimarse la pretensi�n. Al hacerlo ha de recordar que el derecho a la debida motivaci�n de las resoluciones judiciales es una garant�a del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jur�dico o los que se deriven del caso.
Sin embargo no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resoluci�n judicial constituye autom�ticamente una violaci�n del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivaci�n de las resoluciones judiciales. A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado en los siguientes supuestos:
a) Inexistencia de motivaci�n o motivaci�n aparente.
b) Falta de motivaci�n interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensi�n; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisi�n; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisi�n. Se trata, en ambos casos, de identificar el �mbito constitucional de la debida motivaci�n mediante el control de los argumentos utilizados en la decisi�n asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su correcci�n l�gica o desde su coherencia narrativa.
c) Deficiencias en la motivaci�n externa; justificaci�n de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez f�ctica o jur�dica.
d) La motivaci�n insuficiente, referida b�sicamente al m�nimo de motivaci�n exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisi�n est� debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas[1], la insuficiencia, vista aqu� en t�rminos generales, s�lo resultar� relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la �insuficiencia� de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se est� decidiendo.
e) La motivaci�n sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivaci�n de las sentencias, obliga a los �rganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los t�rminos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificaci�n o alteraci�n del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligaci�n, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisi�n del marco del debate judicial generando indefensi�n, constituye vulneraci�n del derecho a la tutela judicial y tambi�n del derecho a la motivaci�n de la sentencia (incongruencia omisiva).
5. Que en el caso presente, como se ha expuesto en el considerando 3, supra, de esta resoluci�n, en la resoluci�n de fecha 21 de enero de 2002 el �rgano judicial emplazado se pronunci� sobre el supuesto planteado en el recurso de casaci�n, esto es, sobre la causal prevista en el inciso 3) del art�culo 386� del C�digo Procesal Civil. Sin embargo, al expedir la resoluci�n de fecha 2 de abril de 2002, integr� la resoluci�n del 21 de enero de 2002, pronunci�ndose tambi�n en torno a las causales establecidas en los incisos 1) y 2), art�culo 386 del C�digo Procesal Civil, supuestos que no fueron invocados.
Si bien tal proceder de la Sala Civil emplazada no responde en estricto a las reglas procesales a los que se encuentra sujeto el recurso de casaci�n, no obstante, de ello no puede deducirse una afectaci�n del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivaci�n de las resoluciones judiciales. Esto es as� porque la Corte no ha decidido por causal no invocada ni tampoco ha incurrido en ausencia o insuficiencia de motivaci�n, puesto que lo que ha hecho en todo caso es incurrir en un �exceso� de motivaci�n para rechazar el recurso de casaci�n, no s�lo por la causal invocada, sino tambi�n por las dem�s establecidas en la ley procesal.
6. Que finalmente en relaci�n a los otros extremos descritos en la demanda, el Tribunal recuerda su doctrina jurisprudencial, constante y uniforme, seg�n la cual el amparo no es un medio impugnatorio adicional al que existen en los procesos ordinarios, ni su interposici�n autoriza que los jueces constitucionales se conviertan en jueces de casaci�n de los jueces de casaci�n y, por tanto, que puedan corregir los errores in procedendo o in iudicando sin relevancia constitucional.
Por ello, este Colegiado, considera que debe aplicarse al caso el inciso 1) del art�culo 5� del C�digo Procesal Constitucional.
Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constituci�n Pol�tica del Per�
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo
Publ�quese y notif�quese
[1] V�ase este criterio en la STC en el Expediente N.� 1291- 2000-AA/TC.
• • • octubre 06, 2011
Australia: transexuales fueron reconocidos como hombres sin operaci�n. Tribunal determin� que identificar el sexo de personas no requiere de genitales
Categoría: DERECHO PROCESAL CIVIL — gcornejo @ 10:46 — Visto: 303 veces
Australia: transexuales fueron reconocidos como hombres sin operaci�n. Tribunal determin� que identificar el sexo de personas no requiere de presencia de genitales masculinos o femeninos
Jueves 06 de octubre de 2011 - 07:52 pm La justicia de Australia fall� a favor de los transexuales. (AP / Archivo)
Sidney (EFE). Dos transexuales australianos ser�n reconocidos como hombres sin haberse sometido a una operaci�n de genitales, seg�n una decisi�n del Tribunal Superior de Australia, informaron hoy fuentes judiciales. El tribunal determin� que las caracter�sticas que identifican f�sicamente a las personas como hombre o mujer se limitan a las apariencias exteriores y por tanto no se requiere la presencia de genitales masculinos para ser reconocidos como varones. �El reconocimiento social del sexo de una persona no requiere conocer si tiene vestigios de sus �rganos sexuales�, manifest� en un comunicado el tribunal, la �ltima instancia judicial en Australia. CONTRADICCI�N
La sentencia contradice la legislaci�n del estado de Australia Occidental, que estipula que el sexo reconocido oficialmente vaya ligado al tipo de genitales. Los dos transexuales, identificados solamente como AB y AH, iniciaron hace cinco a�os una batalla legal para ser reconocidos como varones sin necesidad de someterse a una peligrosa reconstrucci�n genital en Australia Occidental. Ambos ya se hab�an extirpado los pechos y sometido a terapias hormonales, pero a�n retienen algunos de sus �rganos femeninos reproductivos, seg�n un comunicado del Tribunal Superior. Para cambiar de sexo en el estado de Australia Occidental se necesita un documento que certifique que la persona se ha sometido a una operaci�n quir�rgica. El abogado Steven Penglis dijo que sus dos clientes est�n muy satisfechos con la decisi�n despu�s de haber luchado durante cinco a�os en los tribunales. �Ganaron primero en el Tribunal Estatal Administrativo, perdieron en la Corte de Apelaciones y ahora ganaron por 5 a 0 en el Tribunal Superior�, dijo el letrado a la radio australiana ABC.
SEXO �INDETERMINADO�
A mediados del mes pasado, el Gobierno australiano anunci� una nueva medida para que los transexuales o hermafroditas puedan elegir en los pasaportes un tercer tipo de sexo indeterminado, diferente de las opciones �hombre� o �mujer�. La nueva opci�n �X� estar� disponible para aquellos que tengan un certificado m�dico, aunque no hayan sido sometidos a una operaci�n de cambio sexual completa, y no s�lo incluir� a los transexuales sino a aquellas personas hermafroditas o de �sexo neutro�.

References: resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1