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Timestamp: 2020-02-25 21:39:26+00:00

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ÍNDICE - Informe No. 121/18
Informe No. 121/18
POSICION DE LAS PARTES
I.RESUMEN 2
II.POSICION DE LAS PARTES 3
A.Parte Peticionaria 3
B.Estado 8
III.DETERMINACIONES FACTICAS 13
A.Antecedentes y contexto 13
1.Antecedentes históricos 13
2.Incremento de las tensiones entre el Gobierno de Panamá y el de Estados Unidos 16
3.Operación Justa Causa 19
4.Pronunciamientos a nivel internacional en el marco de la Operación “Justa Causa” 21
5.Hechos posteriores a la invasión militar 23
B.Hechos respecto a las presuntas víctimas 25
1.Personas que perdieron la vida 26
2.Personas desaparecidas 46
3.Personas con afectaciones físicas y/o psicológicas 48
4.Personas detenidas 65
5.Daños a la propiedad privada 65
IV.ANALISIS DE DERECHO 74
A.Responsabilidad internacional extraterritorial y control efectivo 74
B.Aplicabilidad del derecho internacional humanitario como lex specialis 78
C.Derecho a la vida, integridad personal y protección a la infancia 81
1.Principios de distinción, proporcionalidad, necesidad y precaución 82
2.Análisis del caso 90
D.Derecho a la propiedad 95
E.Derecho a la justicia, verdad y reparación 99
1.Consideraciones generales 99
2.Análisis del caso 101
F.Derecho a la integridad personal 104
V.INFORME No.169/17 104
VI.MEDIDAS POSTERIORES AL INFORME No. 169/17 105
VII.INFORME DE FONDO (FINAL) No. 70/18 106
VIII.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 106
IX.PUBLICACIÓN 107
CASO 10.573
JOSÉ ISABEL SALAS Y OTROS
El 10 de mayo de 1990 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por el abogado José Luís Morín y la abogada Gilma Camargo en representación del Centro por los Derechos Constitucionales (en adelante “los peticionarios” o “la parte peticionaria”)2 en la cual se alega la responsabilidad internacional de Estados Unidos de América (en adelante “Estado americano”, “Estado”, “Estados Unidos” o “EE.UU”) en perjuicio de las personas identificadas como presuntas víctimas de la invasión militar iniciada por los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989 en Panamá.
La Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 31/93 el 14 de octubre de 19933. El 12 de noviembre de 1993 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar a una solución amistosa4. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo5. El 3 de febrero y 6 de septiembre de 1995, y el 9 de diciembre de 2016 la CIDH celebró audiencias sobre el fondo del caso. Dada la complejidad de este caso, desde la última audiencia, la Comisión ha dedicado especial atención al análisis del fondo y a llevar el asunto a una conclusión. Toda la información recibida durante el trámite del caso fue debidamente trasladada entre las partes6.
Los peticionarios alegaron la violación de principios fundamentales establecidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos, en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas así como derechos humanos fundamentales establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En particular los peticionarios argumentaron que tanto durante la invasión como en la ocupación militar, el Estado violó principios esenciales del derecho internacional humanitario consuetudinario. La parte peticionaria afirmó la responsabilidad internacional del Estado en cuanto a sus acciones y omisiones durante la invasión por causar afectaciones a la vida, libertad e integridad de las personas, así como por vulnerar el derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión, el derecho a la constitución y a la protección de la familia, el derecho de protección a la maternidad y la infancia, el derecho de residencia y tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la preservación de la salud y bienestar, el derecho a la educación, el derecho a los beneficios de la cultura, el derecho al trabajo, derecho de sufragio y de participación en el gobierno, derecho de reunión, derecho de asociación, el derecho a la propiedad, y el derecho de asilo.
El Estado alegó que la operación militar fue llevada siguiendo las normas procedentes para entablar combate y empleando todos los esfuerzos para minimizar el número de víctimas civiles. Igualmente continuó presentando alegatos relativos a la admisibilidad de la petición en particular sobre la falta de agotamiento de recursos internos, la incompetencia de la CIDH en razón de la materia, la falta de detalle y especificidad de los reclamos de los peticionarios y la inadmisibilidad en cuanto a las víctimas no identificadas.
Con base en sus determinaciones de hecho y de derecho, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos I (derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona), VII (derecho de protección a la infancia), XXIII (derecho a la propiedad) y XVIII (derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración Americana” o “la Declaración”). La Comisión emitió las recomendaciones correspondientes.
Parte Peticionaria
Manifiesta la parte peticionaria que las víctimas del presente caso son panameños civiles no combatientes que sufrieron lesiones personales, pérdidas materiales y/o fueron víctimas mortales de la invasión militar por parte de los Estados Unidos en Panamá llevada a cabo el 20 de diciembre de 1989. La parte peticionaria indica que las víctimas actúan en nombre propio y en nombre de todos los panameños que fueron “similarmente perjudicados” por las acciones temerarias e indiscriminadas de las fuerzas militares del Estado al utilizar una fuerza abrumadora para borrar una pequeña cantidad de resistencia. En la etapa de admisibilidad individualizaron por nombre a 315 personas.
Los peticionarios argumentan que con la participación de soldados del Ejército, la Marina y los Marines de Estados Unidos se emprendió un ataque por aire, tierra y mar en la República de Panamá atacando a 27 objetivos militares de manera simultánea con el uso de un número abrumador de armas militares incluyendo el armamento más sofisticado de los Estados Unidos y tropas terrestres de más de 24.000 soldados.
En particular, la parte peticionaria explica que el objetivo pretendido de esta intervención era expulsar al General Noriega del poder y trasladarlo a Estados Unidos para que fuese sometido a juicio por tráfico de drogas, entre otros delitos. Sostiene que, como parte de la estrategia de la invasión, el gobierno panameño encabezado por Guillermo Endara fue juramentado en la noche de la invasión en un acto que tuvo lugar en la base militar de los Estados Unidos y luego fue instalado como jefe de gobierno.
La parte peticionaria argumenta que el número de presuntas víctimas presentadas en este caso demuestran la destrucción máxima y la profunda victimización infligida en la sociedad panameña en violación de la Carta de la OEA y de la DADDH. En concreto, la parte peticionaria argumenta que las fuerzas militares del Estado tomaron acción con un gran descuido imprudente y temerario a la seguridad personal de los panameños civiles “en flagrante violación de los derechos humanos de los panameños bajo la Declaración Americana”.
En consecuencia, la parte peticionaria argumenta que el Estado violó principios fundamentales establecidos en los artículos 11, 14, 16, 19, 18, 20 y 27 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, en el artículo 2(4) de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas así como derechos humanos establecidos en los artículos I, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XX, XXI, XXII, XXIII, XXVII y XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en los artículos 3, 5, 17(2), 28 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La parte peticionaria asevera que tanto durante la invasión como en la ocupación militar, el Estado violó principios esenciales del derecho internacional humanitario consuetudinario como el principio de discriminación entre civiles y militares, así como el principio de proporcionalidad de la fuerza y de necesidad.
Asimismo los peticionarios sostienen que la intervención militar y operaciones de las fuerzas armadas estadounidenses en Panamá contravinieron los principios del derecho internacional que protegen la vida civil en tiempos de combate militar. En particular, la parte peticionaria menciona el artículo 3 del IV Convenio de Ginebra que provee la obligación de aplicar “como mínimo” protecciones a la vida e integridad para personas que no participen directamente en las hostilidades, así como los artículos 51 y 52 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra que prohíben los ataques indiscriminados por bombardeo a personas y comunidades civiles.
En particular la parte peticionaria argumenta que el Estado es responsable por el uso de fuerza militar de manera excesiva y el bombardeo aéreo indiscriminado en comunidades residenciales muy pobladas de Panamá, específicamente en la ciudad de Panamá y la ciudad de Colón, lo cual “privó a miles de panameños de sus vidas y amenazó la seguridad personal de aquellos que sobrevivieron” constituyendo una violación grave a los principios internacionales afianzados que buscan proteger a los civiles.
De acuerdo con la parte peticionaria, las razones presentadas por Estados Unidos no cumplen con las condiciones requeridas por el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza militar como defensa. Sostiene que los hechos precedentes a la invasión militar no constituyeron “la amenaza de un ataque armado inminente requerido por la Carta de la ONU para justificar el argumento de autodefensa”.
La parte peticionaria explica que la resolución de la Asamblea Nacional panameña mediante la cual se declaró un estado de guerra el 15 de diciembre 1989 no fue una declaración de guerra como tal, y no contenía ninguna indicación de que Panamá intentaría atacar a los Estados Unidos. Por el contrario, fue una respuesta a acciones y provocaciones, tales como las sanciones económicas impuestas a Panamá en 1987 y el congelamiento de bienes panameños en Estados Unidos. En este sentido la parte peticionaria afirma que la Asamblea Nacional Panameña, al habilitarle al General Manuel Noriega poderes extraordinarios, declaró a la República de Panamá “en estado de guerra” mientras “los actos de agresión de los Estados Unidos en contra del pueblo panameño continúen”.
La parte peticionaria sostiene que los incidentes con oficiales y ciudadanos estadounidenses que fueron tomados por los Estados Unidos como detonantes de la invasión eran insuficientes para justificar una invasión de la nación ofensiva. Asimismo la parte peticionaria sostiene que la “defensa de la democracia” como justificación para invadir una nación soberana no presenta ningún fundamento legal bajo el derecho internacional para un ataque militar. En cuanto a la existencia de un derecho a proteger al Canal de Panamá bajo el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá invocado por los Estados Unidos para justificar su intervención militar, la parte peticionaria alega que dichos tratados le otorgaban a Estados Unidos el derecho a proteger el Canal en caso de que el tráfico naval estuviese en riesgo, pero no el derecho a intervenir militarmente.
La parte peticionaria enfatiza que, en un acuerdo de entendimiento suscrito por ambos Estados, estos acordaron que la norma sobre el derecho al uso de la fuerza no implicaba ni incluía el “derecho de Estados Unidos a intervenir en los asuntos internos de Panamá”. Las acciones de Estados Unidos debían estar solo dirigidas a asegurar que el Canal permaneciera abierto, seguro y asequible. De acuerdo con la parte peticionaria, si bien los Estados Unidos alegaba que el gobierno de Panamá había acosado a personal estadounidense y que estas amenazas interferían con las operaciones del Canal, estas actividades no habían impedido el funcionamiento del Canal.
La parte peticionaria sostiene que la planificación inicial para la invasión comenzó por orden de los “Joint Chiefs of Staff” de los Estados Unidos en febrero de 1988 luego de la imputación por Estados Unidos al General Manuel Antonio Noriega de crímenes relacionados con el tráfico de drogas y otros ilícitos de la ley estadounidense. En este sentido la parte peticionaria insiste que, con anterioridad al ataque militar e invasión, Estados Unidos tenía un exhaustivo conocimiento de Panamá, de la composición de las Fuerzas de Defensas Panameñas, de la ubicación de sus cuarteles generales, así como conocimiento específico del alto número de civiles y negocios que se ubicaban en las proximidades de las áreas militares.
A partir de 1988, la parte peticionaria sostiene que las Fuerzas de Defensas Panameñas estaban integradas por 15.000 unidades con menos de la mitad considerada lista para combate y el resto encargados de deberes policiales, de inmigración, aduanas y otros deberes de naturaleza civil.
La parte peticionaria reclama que hubo una planificación para evacuar a los civiles estadounidenses de las áreas de la ciudad de Panamá y de Colón, y una ausencia de planificación para desalojar y proteger civiles panameños. Alega igualmente que el gobierno de los Estados Unidos no había preparado suficientemente ni seguido con los procedimientos debidos para identificar, registrar y disponer de los restos humanos de manera pronta y con el nivel necesario de detalle.
Al no advertir a la población civil del ataque inminente se generaron muertes y lesiones en un número significativo de personas, incluyendo niños, mujeres, y aquellos quienes su condición les imposibilitaba huir rápidamente.
La parte peticionaria cuestiona las cifras oficiales presentadas por el gobierno de los Estados Unidos de 202 civiles y 314 militares panameños fallecidos como resultado de la invasión, y resalta las cifras de fuentes independientes que apuntan a más de 2.000 civiles. Para la parte peticionaria, la forma en la que abandonaron los restos mortales de civiles panameños evidencia que hay razones para considerar la existencia de más fosas comunes en las que se podrían encontrar a las personas aún desaparecidas.
En este contexto, alega que los Estados Unidos no desarrolló ninguna planificación o preparación para el cuidado de las personas desplazadas o de aquellas que quedaron sin hogar, como resultado de la invasión. Al respecto, la parte peticionaria estima que 18.000 civiles quedaron sin hogar siendo afectados en particular las áreas residenciales de El Chorrillo, Ciudad de Panamá, y Ciudad de Colón.
En conexión con lo anterior, la parte peticionaria alega que las víctimas civiles panameñas sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes al incumplirse la obligación estatal de proteger a la población civil y al ser sometidos a circunstancias y conductas en los campamentos de refugio que violaron su derecho de un trato digno. En este contexto, la parte peticionaria se refirió adicionalmente a las afectaciones a la salud, estabilidad económica, libertad y seguridad como consecuencia del desplazamiento a 17 nuevas áreas, así como el trauma psicológico causado por las muertes y destrucción.
En cuanto a la extensiva destrucción de propiedades y bienes, los peticionarios argumentan que en un gran número de casos el principio de necesidad no fue aplicado y que pérdidas sufridas fueron el resultado de actos deliberados e ilegales de las fuerzas invasoras. En particular con la destrucción de El Chorrillo, la parte peticionaria señala que el bombardeo indiscriminado al Cuartel General de las Fuerzas de Defensa “La Comandancia” ubicado la zona de El Chorrillo, un área densamente poblada por civiles, comenzó después de la medianoche. Subrayan que por lo menos uno de los incendios en El Chorrillo fue consecuencia del bombardeo indiscriminado llevado a cabo por las fuerzas de los Estados Unidos, aunque remarcan que varios civiles afirman que los soldados estadounidenses usaron lanzallamas para quemar las casas. Durante estos eventos, las fuerzas estadounidenses destruyeron hogares, negocios y otros bienes inmuebles como el Mercado Periférico El Chorrillo, el centro de detención juvenil “Tutelar de Menores”, una escuela, y dos estaciones de buses. Argumentan que las fuerzas de Estados Unidos estaban en completo control del área para las 6 am del 20 de diciembre de 1989.
Los peticionarios alegan que al mismo tiempo que El Chorrillo se incendiaba como consecuencia de los ataques, soldados estadounidenses comenzaron a ordenar la evacuación de civiles. Señalan que las fuerzas de Estados Unidos negaron el acceso a la zona de El Chorrillo, como en otras zonas, por tres días incluso a la Cruz Roja panameña, y en días sucesivos comenzaron operaciones de limpieza ordenadas por las autoridades estadounidenses, en los que edificios fueron demolidos y los escombros fueron arrogados al mar. Sostienen que con estas operaciones de limpieza destruyeron la evidencia de bombardeos ilegales, incluyendo con los restos mortales de los civiles.
Durante la intervención y ocupación, la parte peticionaria afirma que las fuerzas de Estados Unidos tomaron posesión y control sobre los ministerios, la universidad nacional, las estaciones de radios y las oficinas de los periódicos. Afirma que “capturaron documentos, bienes, licores y hasta obras de artes del Instituto Nacional de la Cultura” y participaron en saqueos de “edificios, tiendas, museos e instituciones gubernamentales”. Argumenta que las fuerzas de Estados Unidos permitieron la destrucción desenfrenada de negocios y hogares.
Sostiene que los Estados Unidos creó un equipo para “vender el gobierno de Endara al pueblo panameño” mientas instalaba un entorno de persecución en contra de aquellos señalados como pro-Noriega y de aquellos que no mostraran un apoyo por la invasión. La parte peticionaria argumenta que la “Operación promover la Libertad” fue creada y dirigida a promover la falsa idea de que las intenciones de los Estados Unidos eran apoyar y ayudar al gobierno de Endara a convertirse en un gobierno democrático que respondiera a las necesidades del pueblo.
Sostiene que las fuerzas militares estadounidenses le requirieron a la población civil instalar “grupos de protección vecinales” e hicieron llamados a divulgar información sobre la ubicación del General Noriega, y sus aliados políticos. Consecuentemente, según la parte peticionaria, las fuerzas de los Estados Unidos continuaron una persecución sistemática de opositores al nuevo gobierno realizando allanamientos ilegales casa por casa en los cuales generaron daños adicionales, en búsqueda de seguidores de Noriega.
En este contexto, la parte peticionaria argumenta que más de 5.000 hombres fueron detenidos arbitrariamente e interrogados en campamentos para prisioneros de guerra, sin notificar a sus familias. En estos campamentos eran sometidos a permanecer por horas bajo el sol y la lluvia con las manos atadas en sus espaldas sin ningún tipo de protección.
La parte peticionaria, fundamentándose en las Convenciones de la Haya de 1907, argumenta que la potencia ocupante tiene el deber de tomar todas las medidas dentro de su poder para restaurar y garantizar el orden público y la seguridad. En este sentido la parte peticionaria sostiene que, además de permitir daños adicionales a la propiedad de las víctimas por no prevenir los saqueos, los Estados Unidos impuso puestos de control vehicular y el cierre de zonas como San Miguelito, El Chorrillo y Río Hato, y que la invasión dejó a varias personas desplazadas afuera de Panamá. El Estado mantenía la transmisión de información contradictoria, por un lado pidiéndole a los miembros de la comunidad volver a actividades diarias, mientras que civiles estaban siendo sometidos a ser víctimas de asaltos y homicidios en los puntos de control.
La parte peticionaria argumenta fundamentándose en el artículo 50 del I Convenio de Ginebra, la responsabilidad del Estado por “infracciones graves” al derecho humanitario. Alega el homicidio intencional y deliberado de varias víctimas del presente caso como consecuencia de la acción y la omisión de Estados Unidos lo que resultó en el “sufrimiento y dolor innecesario infligido en la población civil”.
La parte peticionaria propone en cuanto a las reparaciones, la instalación de una Comisión para la compensación de civiles panameños. En este sentido plantea que sea establecida en base al modelo de la Comisión de Compensación de las Naciones Unidas, con un fondo administrado por la OEA o las Naciones Unidas dotado de fondos por los Estados Unidos, en particular de las ganancias que recibió por las operaciones del Canal de Panamá con la posibilidad de buscar otras fuentes estatales para los fondos. En la opinión de la parte peticionaria, la Comisión propuesta deberá tener un procedimiento de reclamación y uno para clasificar los daños.
La parte peticionaria insiste que, como consecuencia de la “intervención ilegal en violación de la Carta de la OEA”, los Estados Unidos debe ser considerado responsable de indemnizar a todos los civiles panameños que sufrieron pérdidas de vidas, lesiones personales y destrucción de viviendas y bienes.
En este sentido, la parte peticionaria solicita que la Comisión Interamericana declare que la invasión militar del Estado en Panamá fue ilegal y violatoria de la Carta de la OEA, de los principios de no intervención, de inviolabilidad de la soberanía y del respeto a los derechos humanos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, en el Convenio de Ginebra y sus protocolos, en el Tratado del Canal de Panamá de 1977, y en el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, de conformidad con el artículo 3 de la Carta de la OEA. Asimismo solicita que la CIDH declare que como consecuencia de estas violaciones del derecho internacional y de los daños causados a las víctimas, el Estado debe compensar a los peticionarios y a “todos aquellos que hayan sido similarmente perjudicados”.
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2018 -> Informe No. 92/18
2018 -> Informe No. 94/18

References: artículo 2
 artículo 3
 Artículo 51
 resolución 
 artículo 50
 artículo 3
 resolucióN