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Timestamp: 2017-12-18 08:59:21+00:00

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marzo 2009 – Ayj Asociados
Corte Interamericana Derechos Humanos celebrará audiencias en la SCJ
La Suprema Corte de Justicia dominicana fue escogida como sede por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para la celebración del XXXVIII Período Extraordinario de Sesiones Santo Domingo-República Dominicana, en fecha 30 de marzo al 3 de abril del año en curso. En el marco de éste período extraordinario, se conocerán dos audiencias públicas sobre casos que se encuentran actualmente en la jurisdicción del tribunal interamericano.
En las audiencias, a ventilarse en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia los días 1 y 2 de abril, de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, se tratarán los casos Usón Ramírez vs. Venezuela y Anzualdo Castro vs. Perú, el primero se refiere a una demanda por presuntas violaciones a las garantías fundamentales en las que habría incurrido el Estado venezolano contra el general retirado Francisco Usón Ramírez, y el segundo, es otra demanda contra el Estado de Perú por la desaparición forzada el 16 de diciembre de 1993 del estudiante Kenneth Ney Anzualdo Castro, de 25 años.
Para el martes 31 de marzo, previo al conocimiento de esos dos expedientes, dentro de sus actividades académicas, la CIDH impartirá el seminario “Recepción Nacional de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y Desafíos Presentes y Futuros del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia.
En esta jornada académica intervendrán la magistrada Cecilia Medina Quiroga y el magistrado Diego García-Sayán, presidenta y vicepresidente de la CIDH, respectivamente.
Además, los magistrados Sergio García Ramírez, Manuel E. Ventura Robles, Leonardo A. Franco, Margarette May Macaulay y Rhadys Abreu Blondet, también de la Corte Interamericana.
El programa se desarrollará con la cooperación de la Suprema Corte de Justicia dominicana, la Organización de Estados Americanos, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. En esta última tendrá lugar el acto inaugural el lunes 30 marzo con la asistencia del presidente de la República, doctor Leonel Fernández, y en donde el magistrado Jorge A. Subero Isa, presidente del alto tribunal judicial dominicano, pronunciará un discurso y firmará un importante convenio con la CIDH en la sede de la Cancillería.
ayjasociados	Uncategorized	Deja un comentario marzo 27, 2009 2 Minutes
En fecha 25 de Marzo 2009
CPP. – Código Procesal PenalAsesinato Policial
Un hermano nuestro fue muerto a manos de un policía que lo había amenazado en varias oportunidades. En mi familia queremos justicia, pero carecemos de los medios para pagar un abogado, y queremos saber si tenemos el derecho de acompañar y hacer acto de presencia ante los fiscales y jueces que conocen del expediente. Lucas Dionisio Reyes.
Voy a suponer que ustedes como víctima no van a constituirse como querellantes o en actor civil, para lo cual necesariamente necesitan la asistencia de un abogado.
Los deudos más inmediatos de su hermano muerto, como víctima de esta infracción, son considerados por el CPP un sujeto procesal, y por tanto, una parte integrante del proceso penal con derechos propios reconocidos por el Código Procesal Penal.
Como víctima tienen el derecho de reclamar al Ministerio Público que les informe de los resultados del procedimiento en las distintas etapas y medidas que se adopten. El artículo 296 especifica que el Ministerio Público tiene la obligación de notificar “la acusación a la (…) víctima de domicilio conocido que haya pedido ser informada de los resultados del procedimiento”.
También la víctima de una infracción que así lo haga saber al Ministerio Público tiene derecho a ser escuchada en las distintas jurisdicciones y momentos del proceso, antes de cada decisión que pudiera implicar la extinción o suspensión de la acción penal.
Esto lo que significa es que la víctima puede comparecer personalmente y hacer constar su parecer sobre lo que puede resultar de una decisión que extinga o suspenda la acción penal.
Uno de los derechos más trascendente reconocidos a la víctima, actuando como tal, es el derecho de poder recurrir todos actos que den por terminado el proceso. Un ejemplo muy frecuente es el auto de no ha lugar. El derecho de apelar esa decisión permite que se pueda conocer en segundo grado bajo qué presupuesto el juez decidió no enviar el caso a la jurisdicción de juicio. El artículo 396 del CPP dispone de modo expreso que “la víctima aunque no se haya constituido en parte puede recurrir las decisiones que pongan fin al proceso”. Estos actos y decisiones son los que le ponen fin a la acción penal en una jurisdicción, solo pudiendo continuarse por vía del ejercicio de los recursos.
De todo lo expuesto resulta que conforme las disposiciones del CPP toda víctima puede no sólo acompañar de modo pasivo el curso del proceso penal derivado de la infracción cometida en su contra, sino que tiene derechos específicos que le dan cierto nivel de participación activa. El aseguramiento del cumplimiento de estos derechos corresponde al Ministerio Público en la forma dispuesta por CPP.
De todos modos lo más conveniente es que las víctimas presenten su querella, y en tal virtud, promueva por sí mismo la acción penal y que se constituya en actor civil a fin de demandar reparación por el daño sufrido.
La Procuraduría General de la República tiene una oficina de asistencia a las víctimas de escasos recursos que no pueden sufragar la representación de un abogado.
Principios generales para la adecuación de las sociedades comerciales al nuevo régimen o estructuras corporativas consagradas en la Ley 479-08.
• Podrá contener el nombre de uno o varios socios y deberá ser precedida por las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o las siglas “S.R.L.”
• De 2 a 50 socios.
• Mínimo de RD$100,000.00
• No podrá incluir el nombre, apellido o apodo del propietario y deberá contener las palabras “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada” o las siglas EIRL.
• Un Único dueño.
• Limite no fijado por la Ley.
• Podrá contar con cualquier apelativo de fantasía, seguido de las palabras “Sociedad anónimas S.A.
• 2 0 más accionistas.
• Mínima de RD$30,000,000.00
Las sociedades anónimas actuales (C. par A.) cuyo capital social sea inferior a 30 millones de pesos y deseen continuar operando bajo este tipo, deberán aumentarlo, de lo contrario, tendrán que optar por la transformación a uno de los tipos societarios contemplados en la Ley.
Las sociedades anónimas podrán ser de suscripción privada (Registro Mercantil) o de suscripción pública (Superintendencia de Valores).
ayjasociados	Uncategorized	Deja un comentario marzo 24, 2009 1 Minute
En fecha 24 Marzo 2009
Cita de visa sin paquete de cita
Tengo una cita de visa de residencia la semana próxima, pero tengo una duda: No he recibido mi paquete de cita. Mi madre la recibió apenas hace unos días, y la cita es para el primero de abril. ¿Usted cree que puedo ir a la cita solamente con la copia enviada por fax del paquete de cita? ¿Cómo me hago mi examen médico?
Puede asistir a la cita con la copia del paquete de cita, el cual puede ser enviado por fax aquí. Con ese paquete, podrá asistir a la entrevista del Consulado, y también podrá ir a hacerse el examen médico. ¡Suerte!
Visa para visitar madre enferma
Mi hermano y yo estamos pedidos en residencia hace más de 7 años, pero mi madre está muy enferma. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo pedir una visa de paseo de forma normal? No me quiero quedar a vivir allá, sólo quiero verla ya que su enfermedad no le permitirá durar mucho tiempo. ¿Qué me recomienda? ¿Puedo ir al Consulado a pedir visa y decir que es para ver a mi madre enferma? Lisa G.
Claro que puede pedir la visa, pero su éxito va a depender de la capacidad que tenga de probarle al Cónsul su deseo de regresar. Esto es más difícil en su caso por el hecho de estar pedida en residencia, pero soy de opinión que si tiene un trabajo bien estable y bien remunerado, puede intentarlo. Por otro lado, suponiendo que usted es y permanecerá soltera, su prioridad llegará en un total aproximado de 9 años y lleva ya 7. Cuando esa prioridad esté vigente, se puede hacer un proceso especial para que la cita le llegue más rápidamente. ¡Mucha suerte!
Mi hermano me está pidiendo en residencia. El caso está en el Centro Nacional de Visa, y nosotros pensamos que el caso estaba completo. Me sorprendió mucho que a último minuto nos pidieron el original del acta de matrimonio de mi hermano, y también el certificado de matrimonio así como todos los divorcios. Esto nos está tomando mucho tiempo, pues mi hermano se ha casado y divorciado varias veces. ¿Porqué nos están pidiendo esto ahora?
El Centro Nacional de Visa debe requerir el acta de matrimonio, de nacimiento y todos los divorcios junto con los pronunciamientos de divorcios de los peticionarios que sean o hermanos de ciudadanos americanos o padres de ciudadanos americanos. Ese es un requisito relativamente nuevo, pero debe ser cumplido para usted obtener la residencia.
ayjasociados	Uncategorized	Deja un comentario marzo 24, 2009 2 Minutes
23 Marzo 2009, 11:49 PM
1. Tengo un trabajador agrícola. El me solicita su bonificación. Su forma de trabajo es la siguiente: El gana por salario fijo de 30,000 al año. Lo demás es por contrata de trabajo. Lo que deseo saber es si su liquidación depende de su salario anual o también interviene la contrata de trabajo. Además, el quiere su liquidación y seguir trabajando conmigo. Le pido que valla a la SET y él no quiere, ¿qué me recomienda?
Si los señalados 30,000 pesos se pagan anualmente, es decir una sola vez en el año, entonces no entran en la base de cálculo de la liquidación. Hay jurisprudencia constante de la Suprema Corte en ese sentido: SCJ 3 Dic. 1976; SCJ 3 Dic. 1978, B. J. 793, Pág. 2053; SCJ 28 Ene. 1981, B. J. 842, Pág. 85.
En el caso que usted plantea la liquidación debería hacerse en base a lo que él percibe por “contrata de trabajo”; y lo otro podría incluirse, si los 30,000 al año que usted menciona, se distribuyen y pagan mensualmente.
Por otro lado, en cuanto a la propuesta que él le hace de recibir “su liquidación y seguir trabajando”, eso no es legal. Así lo ha juzgado la jurisprudencia en par de ocasiones: SCJ 10 Nov. 1976, B. J. 792, Pág. 1878 y 3° Cám. SCJ 7 Mar. 2001, B. J. 1084, Pág. 638.
Hay una nueva ley (No. 187-07) llamada “de pasivo laboral”, que declaró válidas las liquidaciones seguidas de una continuidad en el trabajo. Sin embargo, una jurisprudencia de la Suprema Corte confirmó que dicha ley se limita a los casos anteriores al 1° de enero del 2005, diciendo que “descarta la posibilidad de que después de esa fecha la liquidación anual libere al empleador de ese cómputo, al momento de la terminación definitiva del contrato de trabajo” (Pleno SCJ, 13 Ago. 2008).
Mi recomendación es que converse con su empleado, para ver de qué modo podría él continuar laborando con usted; y en caso de que eso no sea posible, tratar de llegar a una terminación de mutuo acuerdo.
2. Considera nuestra legislación laboral prestaciones laborales para la trabajadora doméstica e inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social.
No le tocan prestaciones laborales.
En cuanto a la inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), todavía no están siendo inscritas, pero según la implementación gradual de la ley prontamente lo estarán (información dada el 8 de julio 2008, por la DIDA).
En fecha 18/ MArzo /2009
Con cierta frecuencia leo en la prensa que dominicanos o extranjeros son enviados específicamente a EE. UU. para ser juzgados en ese país. En esta misma semana, una persona que fue juzgada en ese país fue enviada aquí, y sin embargo no va a ser juzgada en el país. En realidad estoy confundido sobre la competencia de los tribunales penales dominicanos en estos casos. Ismael Aybar.
El principio que rige en materia penal es que los tribunales penales tienen competencia para juzgar a toda persona que cometa un hecho que conforme la ley dominicana constituya una infracción, sin importar si es nacional o extranjero, o de qué persona se trate, es decir, si es funcionario o militar o policía o civil o religioso.Son excepciones de este principio el caso de los extranjeros, que conforme a convenciones diplomáticas ratificadas por el país, gozan de inmunidad diplomática. También los menores de edad, que de entrar en conflicto con la ley penal, son juzgados por un tribunal especial, el de Niños, Niñas y Adolescentes. Es distinto en los casos en que un extranjero o dominicano comete una infracción en el territorio de un Estado extranjero. Cuando estas personas se ocultan en nuestro país y son localizados, el país extranjero normalmente solicita su extradición. Esta materia se rige en el país por la Ley 489 del 1969 y sus modificaciones, que determina las causas que permiten y que prohiben la extradición, y por el CPP que establece el procedimiento judicial que ha de seguirse para otorgar la extradición, siendo de la competencia de la Suprema Corte de Justicia.Cuando una persona es solicitada en extradición por la comisión de una infracción en el país solicitante, para otorgarse tiene que tratarse de una de las infracciones contempladas en la ley 489, debiéndose aportar los elementos de prueba suficientes que lo vinculen al hecho punible. Si la persona solicitada en extradición es un nacional dominicano, en principio, conforme la ley dominicana no puede ser extraditado. Constituye una excepción a esta ultima regla la existencia de un tratado internacional que expresamente permita la extradición de los nacionales, como sucede en el caso de la República Dominicana y los Estados Unidos, por haberse firmado un tratado en el 1910 que así lo consiente. Bajo su amparo es que la Suprema Corte de Justicia ha extraditado a los dominicanos acusados de la comisión de delitos en ese país.El asunto se hace complejo cuando la misma persona ha violado la ley dominicana y la ley extranjera.En esos casos lo natural fuera que el órgano judicial, por respeto a la soberanía del Estado Dominicano juzgara al nacional o extranjero que ha violado la ley dominicana, máxime si ha sido apresado en territorio dominicano.En parte por las debilidades de nuestras instituciones y por sometimiento, la Suprema Corte ha admitido renunciar a la soberanía del órgano judicial y declinado a favor de una jurisdicción extranjera.Es necesario precisar que luego de juzgado en el país extranjero, independientemente de si es condenado o descargado, esa persona no podrá ser juzgado en el país por esos mismos hechos pues constituiría una violación al principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, principio mejor conocido como non bis in idem.Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
ayjasociados	Uncategorized	Deja un comentario marzo 18, 2009 2 Minutes
13 Marzo 2009 – 10:04 am
AM. – Garrafal Error
El magistrado Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en una entrevista en el semanario Clave, afirmó algo que quiero creer fue un error del periodista, porque si la expresión es cierta, denota una total ignorancia de lo que representa un tribunal constitucional para la vida democrática de un país.
El magistrado Subero Isa, según el semanario, dijo: “Conozco todos los tribunales constitucionales donde existen, y todos están en línea con el Gobierno, con el Presidente de la República. Todos.”
Una afirmación de ese tipo denota una ignorancia que no es propia de un presidente de Suprema Corte y no se justifica ni siquiera como argumento de estrado, donde todo está permitido, para denostar al oponente.
Por el contrario, los tribunales constitucionales, en la gran mayoría de los países, son los órganos más populares por su defensa de los derechos de los individuos frente al Estado y, particularmente, contra el Poder Ejecutivo.
Es peregrino y raya en la mala fe, afirmar que del Tribunal Constitucional alemán al de Sudáfrica; que del de España al de Colombia, y del de Estados Unidos a los de los países recién salidos de la órbita soviética, para sólo citar casos conocidos, “están en línea con el Gobierno”.
Es más, si algún presidente de estos tribunales se entera de la generalización absurda del presidente de nuestro más alto tribunal, se va a morir de la risa, aceptando el disparate como otro ejemplo más del subdesarrollo.
Los tribunales constitucionales representan el tránsito a una democracia constitucional.
ayjasociados	Uncategorized	Deja un comentario marzo 17, 2009 1 Minute
+ preguntas sobre migración (Enfermedad de alto riesgo)
En fecha 17 MArzo del 2009
Estoy pedida en residencia por mi madre, quien es ciudadana americana. En la actualidad, tengo una enfermedad de alto riesgo, una enfermedad transmisible – HIV. Aún no he desarrollado ningún síntoma significativo. No sé si debo seguir con esta petición, pues sé que lo primero que tengo que hacer cuando llegue la cita es hacerme un examen médico, y va a salir a relucir la enfermedad. ¿Cuáles son las opciones que tengo para seguir con este caso, si es que las hay? Anónimo.
Existe un memorando de fecha Octubre del 2002 donde USCIS estableció una serie de normas para proceder en los casos como el suyo. La enfermedad que usted tiene es denominada, en términos de la Ley de Inmigración de los Estados Unidos, una enfermedad de transmisión de importancia significativa en cuanto a la salud pública. Como tal, existen waivers o excepciones legales que le permitirían a usted ingresar a territorio americano. Siendo usted hija de una ciudadana americana, usted es elegible para empezar. En primer lugar está el asunto de carga pública. Para hacer esa determinación, es decir, para saber si una persona puede convertirse en carga pública para el Estado Norteamericano, se toman en consideración algunos factores, entre los cuales están: Edad, salud, status familiar, activos, recursos, status financiero, y la educación y/o habilidades que la persona tenga.Citando las políticas establecidas, se consideran los siguientes factores: 1. El peligro para la salud pública de los Estados Unidos que puedan ser creados por la admisión de este individuo a territorio americano, 2. La posibilidad de que se extienda la infección por causa de su ingreso a territorio americano, 3. Que no exista costo alguno de parte de una agencia norteamericana sin el consentimiento previo de una agencia gubernamental norteamericana. Para cumplir con esos requisitos, es recomendable buscar evidencia de los arreglos efectuados para seguir el tratamiento necesario en los Estados Unidos así como pruebas de la voluntad de la persona infectada de asistir a seminarios o conferencias o de búsqueda de consejos educativos relacionados a la enfermedad de la persona que aplica, e incluso, el conocimiento que éste tenga de las formas de transmisión de esa enfermedad.Por favor envíe sus preguntas a: karinaperezrojas@hotmail.com, para citas llame al 809-566-9615
ayjasociados	Uncategorized	Deja un comentario marzo 17, 2009 2 Minutes
SCJ APRUEBA REGLAMENTACION PARA FACILITAR EL DESLINDE DE CONSTANCIAS ANOTADAS
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó en fecha 5 de marzo de 2009 el Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde.El nuevo Reglamento se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Poder Judicial, a través del Programa para la Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria, a los fines de eficientizar y asegurar los procedimientos tendentes al registro propicio de los derechos sobre bienes inmuebles.Procura que los tenedores de Constancias Anotadas puedan, a través de un procedimiento administrativo, sustituirlas por Certificados de Títulos, cuando exista acuerdo de voluntades respecto a la ubicación de los derechos de propiedad. El control y reducción de las constancias anotadas, ha sido uno de los esfuerzos llevados a cabo en el proceso de reforma y modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria, garantizando con ello la seguridad jurídica y la inversión sobre bienes inmuebles en el país. Mediante la determinación de los derechos registrados se cumplen estos propósitos. La disposición coadyuvará significativamente a la celeridad de la conversión de Constancias Anotadas a Certificados de Títulos, evitando que sea resuelta mediante el procedimiento judicial contradictorio.A través del acto de Regularización Parcelaria, se efectúa el levantamiento parcelario por medio del cual, la totalidad de los titulares de Constancias Anotadas, de común acuerdo, determinan sus porciones de parcelas por la vía administrativa. El trabajo técnico debe ser aprobado por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente, para luego ser remitido al Registro de Títulos competente.Otro aspecto de la medida, radica en el procedimiento de deslinde, en el que se optimiza el régimen de publicidad del proceso, permitiendo el conocimiento por parte de terceros sobre la existencia del mismo, facilitando el acceso a la justicia y acortando la duración de éste. Ver Resolución Núm 355-2009
ayjasociados	Uncategorized	Deja un comentario marzo 16, 2009 1 Minute
En razón de que la Ley núm. 491-08, que modificó la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, no establece el procedimiento que debe seguirse para solicitar la suspensión de la ejecución de una sentencia recurrida en casación en materia laboral y de amparo, la Suprema Corte de Justicia, en virtud de las atribuciones que le confieren los artículos 28, inciso 2, de la Ley núm. 821 de Organización Judicial y 14 de la Ley núm. 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, estableció mediante resolución el procedimiento que debe seguirse a tales fines. En tal sentido y en base a la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2009, que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación; así como del artículo 639 del Código de Trabajo, el artículo 29 de la Ley núm. 437-06, que establece el Recurso de Amparo y la Ley núm. 834 de 1978, del 15 de julio de 1978, que modificó varias disposiciones del Código de Procedimiento Civil, el máximo tribunal judicial de la República dispuso que para obtener la suspensión de la ejecución de una sentencia en materia laboral o de amparo, recurrida en casación, el recurrente deberá elevar una solicitud a la Suprema Corte de Justicia la que puede ordenarla, siempre que se le demuestre evidentemente que de la ejecución pueden resultar graves perjuicios a dicho recurrente; que así mismo la demanda en suspensión será interpuesta por instancia firmada por abogado, que el recurrente hará notificar a la parte recurrida. La notificación de la instancia suspenderá provisionalmente la ejecución de la sentencia impugnada, hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva acerca del pedimento. La parte demandada puede impugnar la demanda en suspensión por escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia dentro de los cinco días de la notificación de la instancia. Transcurrido este plazo, la Suprema Corte de Justicia decidirá en Cámara de Consejo, sin asistencia de abogados, si concede o no la suspensión. Cuando la demanda en suspensión fuere desestimada, la parte recurrida podrá ejecutar la sentencia impugnada después de obtener previamente del secretario, un certificado en que conste que la suspensión fue denegada. Cuando la demanda fuere acogida, la Suprema Corte de Justicia deberá fijar, por la misma resolución, la fianza en efectivo o en garantía, real o personal, que prestará el recurrente para garantía del recurrido, la cual será regida en todos los casos, en cuanto a su constitución y modalidades, por los artículos 131 al 133 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978. Esta fianza constituirá un privilegio especial a favor exclusivamente del recurrido, hasta la concurrencia de su crédito. El Secretario de la Corte no expedirá la copia certificada de la resolución de suspensión si no se le entrega la correspondiente constancia de la garantía. A falta de esta entrega dentro de los ocho días subsiguientes a la fecha de la notificación de la resolución, el recurrido podrá solicitar la perención de la misma. Sin embargo el recurrente podrá presentar la garantía después del vencimiento de dicho plazo, mientras no se haya pronunciado la perención de la resolución. Declarada la perención, la sentencia podrá ser ejecutada por el recurrido.De esta manera, de conformidad con la citada resolución, la suspensión del recurso de casación en materia laboral está sometida a las mismas condiciones existentes con anterioridad a la publicación de la Ley núm. 491-08, descartándose que sea ejecutoria de pleno derecho la sentencia impugnada en casación. Ver resolución
ayjasociados	Uncategorized	Deja un comentario marzo 16, 2009 3 Minutes
RT @RollingJr: Pésimo y penoso lo visto detrás del home plate en el juego entre #Águilas y #Licey. Algo así no lo merece tan grandioso espe… 5 hours ago
RT @SomosAguiluchos: Descripción gráfica de los Aguiluchos en estos momentos 💛💪 #SomosAguiluchos https://t.co/sx6x5kHznd 5 hours ago
@aquilescorrea1 No hombre, ese palo se lo dieron a Lino Rivera. A ese es qué hay apuntárselo. 9 hours ago
Hay HR que se los dan a los lanzadores y hay HR que se los dan a los Dirigentes. Ese de Juan Francisco anótenlo a L… twitter.com/i/web/status/9… 9 hours ago
RT @fanquinco: Juan Francisco (40), Juan Carlos Pérez (38), Franchy Cordero (36) son los tres primeros en ponches recibidos 15 hours ago

References: artículo 296
 artículo 396
 Resolución 
 resolución 
 artículo 639
 artículo 29
 resolución 
 resolución