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Timestamp: 2018-02-19 15:59:36+00:00

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El Blog | El Abogado de confianza
bancos, clausula suelo, reclamación
¿Tu hipoteca tiene cláusula suelo? Has estado pagando de más.
La cláusula suelo, o cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés que pactaste con el Banco al suscribir tu hipoteca, impide que te beneficies de las variaciones bajistas del índice de referencia, generalmente el EURIBOR A UN AÑO para las hipotecas firmadas en los último 10 años.
Esta limitación generalmente viene “camuflada” dentro de las cláusulas financieras de tu hipoteca, y generalmente trae como contrapartida una limitación al alza, es decir, el tipo de interés que se aplica al capital pendiente de devolver -el precio que pagas por recibir el dinero en préstamo- no bajará de ese mínimo suelo, y tampoco subirá por encima de ese otro límite al que nos referiremos como techo.
Si bien a priori esto nos pueda parecer “justo” (acepto que no baje tanto el tipo de interés a fin de estar protegido de que suba mucho) sin embargo en la práctica es un propuesta que únicamente beneficia al Banco.
Por tal motivo, puedes -y debes- intentar la eliminación de dicha cláusula, generalmente nula porque:
no la negociaste
no la aceptaste expresamente
no tenías la información necesaria para colegir el alcance de la misma.
Normalmente no se te entregó el “borrador” de la Escritura que ibas a firmar, para poder informarte sobre la letra pequeña que se escondía en la misma, y además existe una evidente desproporción entre el suelo y el techo.
¿A qué estas esperando? Muévete, y empieza a prepararte para eliminar esa cláusula nula, y ahorrarte mucho dinero. No sólo eso, prepárate para recuperar (casi) todo tu dinero (*).
Para ello, y antes de nada, debes hacer números, y calcular el dinero que has perdido al no poder beneficiarte de las bajadas de los tipo de interés
Y para ayudarte en esta ardua tarea (que también puedes conseguir con un hoja de cálculo) quisiera remitirte a esta pagina de la Organización de Consumidores y Usuarios, donde se pone a disposición de los usuarios una calculadora on line para averiguar cuanto dinero perdiste
Dicha aplicación SOLO es válida para préstamos firmados a partir de enero de 2001.
Para utilizar esta calculadora, debes tener a mano los datos de tu préstamo:
fecha en que se firmó la hipoteca
el tipo de interés aplicable
el diferencial y..
el “suelo”, es decir, el interés por debajo del cual no puede bajar, que es la famosa “cláusula suelo”. Si no lo sabes, consulta la Escritura de Préstamo
No consientas en seguir perdiendo dinero. Reclama tus derechos. Infórmate GRATIS en info@mj-abogados.es
(*) Tras el dictado de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, los tribunales de justicia están aplicando la retroactividad en la eliminación de la cláusula suelo hasta el 2013.
¿A qué edad finaliza la obligación de los padres/madres de pagar alimentos a los hijos mayores de edad?
Cada vez que algún tribuna dicta una resolución en la que se resuelve sobre cuestiones referentes a las pensiones de alimentos para hijos mayores, se genera cierto “revuelo mediático”: Facebook, Twitter y las consabidas tertulias televisivas se llena de multitud de opiniones de padres (y madres) separados acerca de hasta cuando es justo seguir manteniendo a hijos que ya han terminado su formación, o que ni estudian ni trabajan, los llamados “ninis”.
El Tribunal Supremo, en su reciente sentencia dictada el pasado 21 de septiembre de 2016 por el magistrado Eduardo Baena (otrora insigne Magistrado en la Audiencia Provincial de Córdoba), sentó algunas interesantes premisas que resulta interesante para abordar esta cuestión.
El caso objeto de enjuiciamiento versaba sobre un hijo cuyos alimentos eran objeto del procedimiento, que contaba con 27 años de edad, y según manifestaron tanto la madre como él mismo, había terminado su formación, había desarrollado algunos trabajos eventuales pero no tenía acceso al mercado laboral.
No hay que olvidar que cuando tras un proceso de divorcio, en el que la guarda y custodia de los hijos menores se atribuye a uno de los cónyuges en exclusiva, y andando el tiempo esos hijos alcanzan la mayoría de edad, se entiende que se “prorrogan” las circunstancias anteriores, salvo mejor “opinión” del hijo, hasta tanto en cuanto se produce esa definitiva “emancipación”.
En el caso de autos, la madre, dueña de una inmobiliaria, afirmaba que no podía proporcionarle un puesto de trabajo porque tenía ya contratada a otra persona (su nuera) y no podía afrontar el coste de una segunda nómina, motivo por el que reclamaba al padre el abono de una pensión de alimentos por importe de 1000 euros.*
El juzgado de Primera Instancia denegó esta petición, pero la Audiencia Provincial revocó este pronunciamiento, estableciendo una pensión por importe de 200 euros mensuales a cargo del padre.
La Sentencia del Tribunal Supremo que comentamos, efectúa las siguientes consideraciones en relación con este tema, recapitulando sentencias anteriores:
Los alimentos a los hijos no se extinguen por la mayoría de edad; han de ser abonados hasta que éstos alcancen “suficiencia” económica, siempre y cuando su situación de necesidad no haya sido creada o provocada por la conducta del propio hijo.
El fundamento del derecho de alimentos de los hijos mayores de edad viene determinado por el «principio de solidaridad familiar», que, a su vez, debe ponerse en relación con la actitud personal de ese hijo; es decir, sólo se reconoce cuando concurren situaciones de verdadera necesidad, en contraste con el caso de los hijos menores, cuyos alimentos constituyen un deber insoslayable, derivado de la propia filiación.
Continúa la sentencia reconociendo que no es fácil establecer pautas para determinar el momento en el que se extingue la obligación de pago: la ley no establece ningún límite de edad, y el casuismo es realmente amplio
Recordando que procede valorar siempre las circunstancias de cada caso, así como las socioeconómicas del momento temporal en que se postulan los alimentos, esta sentencia hace un recorrido por otros casos enjuiciados por el alto tribunal:
En su sentencia 603/2015, de 28 octubre, el Tribunal Constitucional negó alimentos a un hijo de 25 años alegando que “Esta Sala …, ha declarado conforme al art. 142 del Código Civil que han de abonarse alimentos a los hijos mayores de edad mientras dure su formación y su prolongación no pueda serles imputable por desidia o falta de aprovechamiento. En el presente caso es hecho acreditado que “no se ha probado una reiniciación de la vida académica de modo serio y determinante”. Es más, intentó simularlo a la vista de la contestación a la demanda (FDD 4º de la sentencia del juzgado, no discutido por la Audiencia, que lo denomina “oportunista”).». Mantiene el TS esta misma posición respecto de dos hermanos de 26 y 29 años para no favorecer su situación de pasividad.
Y por otro lado, en sentencia 700/2014, de 21 noviembre, el Tribunal Supremo sí que reconoció alimentos a una hija de 25, argumentado que “consta que la menor ha sido diligente en su formación, que ha intentado obtener trabajo y que no lo ha conseguido, pese al esfuerzo desarrollado con carácter sostenido, en áreas que no eran propias de su primera titulación lo que denota un alto interés por incrementar su potencialidad laboral, viviendo en régimen de dependencia familiar, y en la casa de la madre, por lo que no se puede aceptar la extinción de la pensión alimenticia y, en este sentido, se casa la sentencia recurrida, por infringir la doctrina jurisprudencial”.
Sentada la premisa de que hay que analizar las circunstancias de cada caso concreto para reconocer o no, el derecho a alimentos, valora en el caso de Autos la Sala como determinante el hecho de que el hijo podría tener empleo en la inmobiliaria de su madre –que es precisamente, quien formula la reclamación de alimentos- pero que por tener empleada a otra persona (su nuera), no puede pagar otro sueldo.
Con base a tal circunstancia estima el Supremo el recurso de casación, revocando la pensión de 200 euros concedida por la Audiencia Provincial, porque no se puede olvidar que quien postula alimentos para el hijo es la madre, al amparo del artículo 93 del Código Civil, y carece de sentido y no es razonable que aduzca la dificultad del mismo para acceder a un empleo cuando precisamente ella tenía en su mano facilitárselo. Siendo ello así no puede accederse al derecho de alimentos solicitado por la madre para el hijo.
En conclusión: únicamente cabe reclamar alimentos para hijos mayores de edad, que han terminado su formación, si se acredita de manera fehaciente que no alcanzan esa “suficiencia” económica por causas nunca imputables a su desidia y pasividad, siendo así que hace todos los esfuerzos en su mano posibles para encontrar un trabajo, o complementar su formación.
* Véase, Artículo 93 del Real Decreto 24 de julio de 1889 (Código Civil) y artículo 142 del mismo texto, para la determinación del importe de las pensiones de alimentos.
Compañías Eléctricas: ¿Qué hacer si te acusan de manipular el contador?
Hace unos días llegó un cliente al despacho, y nos entrega una carta que le había remitida su Comercializadora Eléctrica.
En ella, le “informaban” que habían detectado una alteración del Contador de consumo eléctrico, y que le iban a facturar el importe de los que ellos consideraban que había dejado de marcar el contador.
En otras palabras, cogían la Constitución Española, el principio de presunción de inocencia, hacían con ambos una “bola” y literalmente le pegaban una patada y tiraban ambos a la basura.
En efecto, la comercializadora había mandado un técnico a revisar el Contador de este cliente -que para más inri se encuentra en plena vía pública, en una ubicación a la que sólo acceden los técnicos de la eléctrica- y había determinado, -por supuestos sin acreditarlo mediante testigos, fotografías, ni otro principio de prueba-, que el usuario había manipulado el contador.
Y como buen juez y verdugo, tras considerar la culpabilidad presunta del usuario, le imponía la “pena”: le calculan el consumo que durante los últimos 5 años hubiera realizado, si TODOS los días hubiera mantenido un consumo igual al TOTAL DE LA POTENCIA CONTRATADA durante seis horas cada día. Traducido a cifras:
Si tienes contratado 4,4 KW de potencia, ellos suponen que cada día de esos 5 años, -es decir durante 1825 días has consumido un total de 26,4 KW de energía, lo hace un total de 48.180 KW en ese período. Esto traducido a €uros significa casi uno 5.000 €.
Evidentemente, te descuenta lo que ya has pagado, pero te re facturan hasta esas cantidades. En el caso del cliente, suponía que tenía que abonarles unos 2.850 € adicionales.
Y claro… te dan como plazo para pagar, el mismo que para pagar cualquier factura: hasta 1 mes después del recibo de la misma, lo que se traduce en que SI NO PAGAS LA SUMA, TE CORTAN LA LUZ POR IMPAGO DE FACTURA.
En primer lugar, partimos de la base que NO HAS MODIFICADO EL CONTADOR. Por ello te animamos a que les hagas frente. Aunque, eso significa llevarlos ante los tribunales, con los costos que ello supone*.
Pero ten en cuenta que tendrás que seguir los siguientes pasos:
Pagar lo que te reclaman: si no lo haces, te cortarán la luz. Si no puedes pagarlo todo de una vez , puedes llamar a tu comercializadora (normalmente es un número gratuito que viene en la propia carta que recibes) para solicitar un pago fraccionado.
En esta página de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU.org) han creado un formulario de demanda, que, si lo que te reclaman no supera los 2.000 €, puedes rellenar y presentar tu mismo, completando los espacios en blanco y siguiendo las instrucciones en rojo. (Gracias OCU.org)
Imprime 3 copias de la demanda (más una copia para que te la sellen) y llévalas al Juzgado de Primera Instancia que te corresponde por código postal (aquí puedes buscar los juzgados de tu localidad). El original es para el Juzgado, 2 copias para la Comercializadora y la Distribuidora (debes demandar a ambas) y la última de las copias te la quedas tú. La que va para el juez debe llevar adjuntos los documentos originales necesarios (facturas de la luz, contratos, certificados…), y debes hacer copia de tales documentos para cada una de las otras copias.
El Juzgado te remitirá una carta, en la que te indicarán el Juzgado que lleva tu asunto, el Número de Autos y te citará para un juicio verbalen el que no necesitarás ni abogado ni procurador (insisto, siempre que lo que te reclame la eléctrica sea inferior a 2.000 euros)
Si la cantidad que te reclaman fuese superior, necesitarías contratar abogado y procurador, pues la propia demanda que presentases ya debería firmarla tu abogado, y debería representarte un procurador (Art. 23 de la Ley 1/2000, de 7 enero de Enjuiciamiento Civil (LEC), Art. 31 LEC y Art. 437 LEC).
* Hay que tener en cuenta que el Art. 394 LEC establece que quién pierde un juicio tiene que hacer frente a una condena en costas (pagar al contrario lo que éste se haya gastado en su Abogado y Procurador); claro, si acudiste sin abogado ni procurador (por reclamar una cantidad inferior a 2.000 euros) únicamente podrían pedirte que pagases el desplazamiento al juzgado del representante de la eléctrica (artículo 32.5 LEC).
El despido más barato, según el Tribunal Supremo
Desde que el 12 de febrero de 2012 entrase en vigor el RD Ley 3/2012, de 10 de febrero de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral mucho se ha escrito, para bien y para mal, sobre la misma.
Y desde entonces, y debido a la prolijidad de la misma, y los profundos cambios que introdujo, han sido innumerables las resoluciones dictadas, con mejor y pero fortuna, para interpretar la aplicación de sus preceptos.
Uno de los temas más espinosos, y que más “alarma social” ha venido creando, es el relativo a los aspectos económicos del Despido.
Como sabemos, el artículo 18 modificaba, entre otros, el art. 56 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo desde la entrada en vigor de la misma (12 de febrero de 2012 ) diversas limitaciones al cálculo de las indemnizaciones por despido improcedente (abaratamiento del despido)
Esto supuso que en las extinciones de contratos laborales producidas desde la entrada en vigor de la Reforma, problemas a la hora de calcular las indemnizaciones, como consecuencia de la coexistencia de las dos normativas de cálculo:
A) Indemnización de 45 días de salario por año de servicio con límite de 42 mensualidades.
B) Indemnización de 33 días de salario, por año de servicio, con límite de 24 mensualidades
Para venir aún mas a “complicar” la situación, el RDL 3/2012 en su Disposición transitoria Quinta, Indemnizaciones por despido improcedente, apartado segundo, establecía que “ La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.”
En este contexto, con fecha 29 de septiembre de 2014, la Sala de los Social del TS dictó una Sentencia, que estableció que los despidos de trabajadores con antigüedad anterior a la entrada en vigor de la reforma laboral, esto es, del 12 de febrero de 2012, podrán seguir acumulando indemnización después de esa fecha aunque hubieran superado el tope que fija la propia reforma laboral, de dos años, es decir, de 720 días.
En efecto, la Sentencia reseñada establecía, en su Fundamento Jurídico Segundo, que las recurrentes denunciaban que la Sentencia recurrida había infringido la referida Disposición Adicional Quinta, apartado segundo del RDLey 3/2012, al establecer el límite de los 720 días en el calculo de la indemnización, sin tener en cuenta la extensión de los periodos trabajados antes y después del 12 de febrero de 2012.
El TS en aquella ocasión consideraba que el periodo calculado anterior a la entrada en vigor de la Reforma era inferior a las 42 mensualidades, aunque superase el límite de los 720 días, por lo que al ser “anterior” el límite habrían de ser los 42 meses.
Pero es más, el Fundamento de Derecho Tercero, al referirse a la segunda de las recurrentes, sanciona que si la suma de los días “devengados” con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma, añadido al número de días calculados con anterioridad no superaba las 42 mensualidades, aquellos habrán de añadirse a éstos, al operar el límite de los 42 mensualidades.
Este fallo que causó gran preocupación en las empresas, y los jueces han venido aplicándolo desde entonces -así Ss. De los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid, Cantabria y Castilla y León-, sin embargo ha sido dejado sin efecto tras el dictado de dos sentencias, de fecha 16 y 18 de febrero de 2015, que unifican doctrina, y anulan la sentencia de 2014 abaratando nuevamente el despido y volviendo la situación a la línea establecida por dicha reforma.
Mediante las dos sentencias , la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha rectificado el cálculo de las indemnizaciones por despido improcedente a raíz de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 3/2012 en el sentido de que deben diferenciarse dos periodos de prestación de servicios, actuando la fecha del 12 de febrero de 2012 como separadora.
En efecto, Sentencia de 18 de febrero de 2016, en su Fundamento de Derecho Tercero, expone el razonamiento lógico en virtud de la cual alcanza la nueva convicción que deja sin efecto lo anteriormente establecido en la Sentencia de 2014:
“o es fácil determinar el exacto alcance que posea esta norma intertemporal, dirigida a dulcificar la rebaja de la cuantía indemnizatoria que la Ley 3/2012 llevó a cabo (de 45 a 33 días por año; de 42 a 24 mensualidades como máximo).
En la STS 29 septiembre 2014 (rec. 3065/2013) realizamos una primera aproximación al tema, conforme a la cual si el día 12 de febrero de 2012 se hubieran superado los 720 días indemnizatorios (aplicando el módulo de 45 días por año) sería posible seguir devengando indemnizaciones (a razón de 33 días por año) hasta alcanzar el módulo de las 42 mensualidades.
Posteriormente, al resolver el recurso 1624/2014, en la STS de 2 de febrero de 2016 hemos advertido que el importe indemnizatorio por el período de servicios anterior al 12 de febrero de 2012 no puede ser superior a cuarenta y dos mensualidades en ningún caso, con independencia de que posteriormente se hayan prestado servicios.
C) Sobre la base de las referidas sentencias, a la vista de los datos que el presente caso arroja, y con ánimo de clarificar nuestra doctrina, interesa que precisemos el alcance que consideramos adecuado a la citada Disposición Transitoria:
Así, a la hora de establecer el cálculo de la indemnización, la Sentencia establece que el montante anterior a la entrada en vigor de la reforma, se respetará aunque sea superior a 720 días. Si el 12 de febrero de 2012 el empleado no hubiera alcanzado 720 días, podrá sumar los días necesarios para hacerlo contando a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Como dicen las sentencias, “para el tiempo anterior a 12 de febrero de 2012, opera una indemnización de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año”.
Esto significa, “que debemos contabilizar [en el caso enjuiciado] diecinueve años y dos meses de actividad; el prorrateo por meses desemboca en el devengo de 3,75 días indemnizatorios por cada mensualidad de servicios prestados. Puesto que 19 años y dos meses equivalen a doscientas treinta mensualidades, el total de días indemnizatorios (862,5) supera los 720 días”.
En este caso “opera la excepción: la indemnización será de 862,5 días de salario. Prescribe la norma que “se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso”.
De acuerdo con dicho razonamiento, el TS concluye: “Aunque no se hubiera alcanzado el máximo indemnizatorio absoluto de las 42 mensualidades, el tiempo de servicios posterior a 12 de febrero de 2012 es inhábil para acrecentar la cuantía fijada. Dicho de otro modo: al entrar en vigor la reforma legislativa de 2012, el trabajador ha prestado servicios por tiempo superior a 19 años y eso provoca que el ulterior trabajo resulte inocuo”.

References: resolución 
 artículo 93
 Artículo 93
 Real Decreto 
 artículo 142
 artículo 18