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Timestamp: 2020-07-10 18:59:47+00:00

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Informe - P. de la C. 2443
Página Número ()
17ma. Asamblea 5ta Sesión
La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la misma, tiene a bien someter su Informe con relación al Proyecto de la Cámara 2443 recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña a este Informe.
El Proyecto de la Cámara 2443 pretende enmendar el inciso (g) del Artículo 2, los incisos (j) y (l) del Artículo 11, el inciso (d) del Artículo 12 y el Artículo 13 de la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada, conocida como la “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto Rico ”, a los fines de otorgarle a la Junta de Examinadora de Psicólogos la facultad para desarrollar y ofrecer un examen de reválida y mantener el examen desarrollado por la “Association of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB)” como opción para cumplir con los requisitos de licenciamiento de psicólogo en Puerto Rico y establecer medidas transitorias.
De la Exposición de Motivos de la medida se desprenden los siguientes asuntos:
Que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la Psicología es la “ciencia que estudia los procesos mentales en personas y en animales”. En Puerto Rico, para el año 1983, se estableció la Ley Núm. 96, en donde el Estado entendió pertinente el reglamentar el ejercicio de la profesión de la Psicología con el fin de “establecer controles de calidad profesional que garanticen a la ciudadanía mejores servicios sicológicos.” (Véase la Exposición de Motivos - Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983).1
Que durante el pasado cuatrienio, para el año 2012, se radicó el Proyecto del Senado 2488 el cual se convirtió en la Ley Núm. 281-2012. Dicha Ley enmendó varias disposiciones de la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto Rico”, a los fines de autorizar a la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico a formar parte de la “Association of State and Provincial Psychology Boards” (ASPPB), y para autorizar a la Junta a utilizar el examen de reválida desarrollado por la ASPPB, u otro de alcance nacional y complejidad similar, para cumplir con uno de los requisitos para obtener la licencia de psicólogo en Puerto Rico y para que la Junta prepare y administre un examen que evalúe las competencias en asuntos éticos, legales y profesionales; y para otros fines relacionados.2
Que en base a la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 281-2012, la Ley tenía el objetivo de “autorizar a la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico para que forme parte de la ASPPB, y para autorizar a la Junta a que acepte y utilice el examen de reválida EPPP.” requiriendo “que el examen se ofrezca en el idioma español o inglés, de forma que el candidato o candidata pueda escoger el idioma de su preferencia.” La razón para dichas enmiendas era el permitir a la Junta Examinadora el poder de “agilizar los trabajos en cuanto al uso del examen desarrollado por la ASPPB, en conformidad con las condiciones establecidas por la presente legislación y el cumplimiento de los requisitos para la otorgación de licencia de psicólogo/a en Puerto Rico.” (Véase la Exposición de Motivos - Ley Núm. 281-2012).3
Que a pesar de esto, al presente la implementación de la Ley Núm. 281-2012 ha causado terribles problemas para los egresados de los programas de psicología de las universidades acreditadas en Puerto Rico. Desde que se estableció el examen de reválida “S-EPPP” (versión en español) en Puerto Rico, ha ocurrido un disloque en la profesión de psicología en Puerto Rico, provocado grandes controversias dentro de los programas académicos en Puerto Rico.4
Que para atender esta situación, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizó dos (2) Vistas Públicas y dos (2) Vistas Ejecutivas sobre la Resolución de la Cámara 11 para investigar y buscar soluciones para resolver este asunto; y del análisis del problema, existe el siguiente consenso de parte de todos los deponentes que se mencionan a continuación:
la Junta Examinadora de Psicólogos,
la Asociación de Psicología de Puerto Rico,
el Grupo de Frente a la Reválida S-EPPP,
el Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico,
la Prof. Maria de los Ángeles Gómez Escudero, Catedrática y Coordinadora del programa graduado de psicología clínica del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico
la Escuela de Psicología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico,
el Programa Doctoral en Psicología de la Universidad del Turabo del Sistema Universitario Ana G. Méndez, y
la Escuela Graduada de Psicología de la Pontificia Universidad Católica Puerto Rico.
Que del consenso a que llegaron los deponentes antes mencionados fueron los siguientes:
Que la Ley Núm. 281-2012 se trabajó de forma acelerada, sin Vistas Públicas y sin contar con el sentir de toda la academia.
Que la Ley Núm. 281-2012 implantó en Puerto Rico el S-EPPP, el cual es un examen, que dentro del sector académico, existen grandes controversias a favor y en contra del mismo por motivos de su validez y confiabilidad; debido a que muchos sectores académicos dentro del área de la psicología entienden que el mismo no responde a la ponderación detenida que las distintas universidades llevan a cabo sobre los conocimientos que todo egresado de un programa de psicología debería tener.
Que la Ley Núm. 281-2012 ha creado un desfase en los aspirantes a tomar la reválida de psicología en Puerto Rico y ha afectado negativamente el futuro de la profesión de la psicología, toda vez que está provocando una crisis al no tener nuevos profesionales de psicología revalidados; lo cual es bien necesario por la falta de profesionales que provean servicios a los pacientes de salud mental de nuestro país, que a su vez afectan las opciones y oportunidades de los ciudadanos para recibir tratamiento y ayudas terapéuticas.
Que se debe restituir el estado de derecho anterior a la Ley Núm. 281-2012, en donde la Junta Examinadora otorgaba un examen de reválida producido localmente en Puerto Rico que recoge los conocimientos en áreas fundamentales de la psicología, así como la capacidad del candidato para integrar y aplicar dicho conocimiento al ejercicio eficiente, ético y responsable de la profesión de la psicología en base a la idiosincrasia de nuestro país.5
Luego de expresada la intención del Proyecto de la Cámara 2443, esta Comisión para el análisis de esta medida; realizó dos (2) Vistas Públicas y dos (2) Vistas Ejecutivas sobre la Resolución de la Cámara 11 para investigar y buscar soluciones para resolver el problema que creó la Ley Núm. 281-2012; cuando eliminó el examen de reválida de psicología local y estableció que se aceptara y utilizara como examen de reválida para ejercer la profesión de sicología en Puerto Rico el examen de reválida EPPP; requiriendo que el examen se ofrezca en el idioma español o inglés, de forma que el candidato o candidata pudiera escoger el idioma de su preferencia. Por tanto, para los efectos de este Informe Positivo sobre el P. de la C. 2443, serán utilizados los memoriales sometidos sobre este asunto que dan lugar a la medida informada; y los deponentes son los siguientes:
Junta Examinadora de Psicólogos
Grupo de Frente a la Reválida S-EPPP
Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico
Prof. Maria de los Ángeles Gómez Escudero, Catedrática y Coordinadora del programa graduado de psicología clínica del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico.
Escuela de Psicología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico
Programa Doctoral en Psicología de la Universidad del Turabo del Sistema Universitario Ana G. Méndez
Escuela Graduada de Psicología de la Pontificia Universidad Católica Puerto Rico.
NOTA: Incluimos como Anejo a este Informe una Comunicación recibida del Lcdo. Gabriel Cirino Gerena, el cual es Presidente de Test Innovations, Inc. y cuya compañía administra el examen ECAELP, el cual es complementario al S-EPPP. En dicha comunicación se expresan varios asuntos relacionado con el examen de reválida local anterior a la Ley Núm. 281-2012 y al nuevo examen de reválida. Ante lo cual lo añadimos a este Informe para conocimiento de los miembros de este Cuerpo Legislativo; pero que su contenido será analizado posteriormente dentro del Informe a realizarse al amparo de la R.C. 11 sobre este asunto.
Por tanto, ante lo cual reproducimos el contenido de los memoriales sobre las posiciones de las agencias y entidades que participaron de los procesos de Vistas Públicas y Ejecutivas antes mencionadas en este Informe para que se tuviera con claridad la necesidad de esta medida y las razones por las cuales surge la misma; y por lo tanto, son las siguientes:
El Departamento de Salud expresó lo siguiente en su Memorial Explicativo lo siguiente:
La Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada, conocida como Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto Rico, regula la profesión de la psicología en nuestra jurisdicción. Además establece la política pública local en la formulación, aplicación e interpretación de normas para la práctica de la misma y crea la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico (en adelante Junta). En virtud de ello la Ley facultó a la Junta para reglamentar la admisión al ejercicio de la profesión, disponer los procedimientos necesarios para garantizar los controles de calidad profesional en la provisión de servicios psicológicos, así como promover el bienestar humano a través del desarrollo de la psicología como ciencia y profesión.
Por virtud de la Ley, toda persona aspirante al ejercicio de la profesión de la Psicología en Puerto Rico viene obligada a cumplir con varios requisitos entre los cuales se incluye la aprobación de un examen de reválida diseñado para evaluar la amplitud del conocimiento en áreas sustantivas de la psicología, así como la capacidad y competencia del candidato para integrar y aplicar dicho conocimiento.
En el año 2012, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley Núm. 96, supra, mediante la Ley Núm. 281 de 29 de septiembre de 2012, a los efectos de autorizar a la Junta a formar parte de la “Association of State and Provincial Psychology Boards”(ASPPB), y utilizar el examen de reválida desarrollado por estos, así como para que la Junta prepare y administre un examen que evalúe las competencias en asuntos éticos, legales y profesionales, y para otros fines relacionados.
Se manifestaba en la Exposición de Motivos de la referida Ley que todos los estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Islas Vírgenes, Guam y las Provincias Canadienses requieren la aprobación del “Examination for the Professional Practice of Psychology (EPPP) que prepara la ASPPB. Añadía que adoptar el uso del EPPP y aceptar las puntuaciones de este examen, obtenidas en otras jurisdicciones permitiría mayor movilidad a los profesionales de la psicología, en y fuera de Puerto Rico. Además, la aprobación de la misma permitiría a la Junta agilizar los trabajos en cuanto al uso del examen desarrollado por la ASPPB, en conformidad con las condiciones establecidas por la legislación propuesta y el cumplimiento de los requisitos para la otorgación de licencia de psicólogo en Puerto Rico.
A esos efectos el Articulo 11, de la Ley Num. 96, supra, dispone lo siguiente:
“Articulo 11.- Deberes y facultades La Junta tendrá los siguientes deberes y facultades:
(j) Preparar y administrar exámenes a fin de medir la capacidad y competencia profesional de los y las aspirantes a licencia.
(k) Formar parte de la “Association of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB)”.
(l) Aceptar y utilizar el examen de reválida desarrollado por la “Association of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB) u otro de alcance nacional y de complejidad similar, para cumplir con los requisitos para obtener la licencia. La Junta vendrá obligada a ofrecer el examen en español e inglés, de forma tal que cada candidato o candidata pueda escoger el idioma en que tomara el examen. El costo de la administración del EPPP será determinado por la ASPPB. El pago por tomar el EPPP que requiera ASPPB a las personas candidatas a licenciamiento, será adicional a los derechos que cobra el Estado por los trámites relacionados con el procesamiento de la solicitud de licencia y por el otorgamiento de la licencia. La Junta podrá contratar o aprobar la contratación de servicios para el desarrollo, preparación, administración, valoración, informe de resultados y evaluación de los exámenes en consulta con el Departamento de Salud.
(m) Preparar y administrar un examen para evaluar las competencias en asuntos éticos, legales y profesionales.”
Así mismo se enmendó el Artículo 12 de la Ley Núm. 96, supra, para que leyera como sigue:
“Articulo 12.- Solicitud de Licencia.
d) Haber aprobado el examen de reválida EPPP y el examen de competencias en asuntos éticos, legales y profesionales, excepto para los/las aspirantes a licencia que se acogen a las disposiciones del Artículo 14 de esta Ley.- La puntuación de aprobación del EPPP será la establecida por la ASPPB como la que refleja el estándar mínimo aceptable para la práctica de la psicología. La puntuación de aprobación del examen sobre los requisitos de competencias en asuntos éticos, legales y profesionales será no menor al 80%.”
Los resultados obtenidos por los candidatos a revalida indican que a pesar de que la Junta ha estado implementando aquello que por Ley se le ordenó, dicha implementación no ha tenido resultados positivos toda vez que de los egresados de los programas graduados de psicología que han tomado dicho examen, solo (1) persona lo ha aprobado. De la información provista por la Junta se nos ha informado que se han aprobado 206 solicitudes de examen entre febrero 2013 y noviembre 2014, hasta el día de hoy 43 candidatos han tomado el examen que prepara la ASPPB y tan solo (1) persona ha pasado el mismo. Tanto el sector académico, así como estudiantes y profesionales de la psicología han alegado que el nuevo examen de reválida carece de validez y confiabilidad. Por otro lado, resaltan que la traducción al español es deficiente lo que dificulta su comprensión, que el examen no es cónsono con la realidad del contexto cultural puertorriqueño y que resulta ser defectuosa toda vez que deja fuera los conocimientos de los aspirantes a practicar la psicología en Puerto Rico, al no tomar en cuenta la experiencia de las universidades que forman a esos profesionales.
La Ley Núm. 81 de 14 de mayo de 1912, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Salud, y las secs. 5 y 6 del Art. IV de la Constitución del Estado Libre Asociado, imponen a la Secretaria de Salud el deber ministerial de velar por los asuntos relacionados con la salud, sanidad y beneficencia pública. Velar por la salud mental de nuestra población es un asunto de alto interés para nuestro Departamento, ello en aras de garantizar una buena calidad de vida y sana convivencia en nuestra Isla.
Nos preocupan enormemente los resultados obtenidos en esta nueva revalida por los aspirantes a psicólogos ya que se podría provocar un problema de salud pública ante la ausencia de profesionales de la psicología. A la luz del panorama que existe en Puerto Rico por el grave deterioro de la salud mental del país es necesario conservar y promover el estudio de la psicología toda vez que son estos profesionales los convocados a atender junto con otros profesionales la salud mental de nuestra población. Reconocemos la importancia de garantizar los controles de calidad profesional en la provisión de servicios psicológicos, pero dichos controles no deben resultar ser tan onerosos que imposibiliten que futuros profesionales puedan fungir en la profesión. Permitir esto incidiría negativamente en el futuro de la profesión de la psicología toda vez que podría provocar una crisis por falta de profesionales que provean servicios a los pacientes de salud mental de nuestro país, afectando las opciones y oportunidades de los ciudadanos para recibir tratamiento y ayudas terapéuticas.
Es por ello que recomendamos a esta Comisión que en virtud del panorama existente considere revisar la Ley Núm. 281, supra, y evaluar otras alternativas de examen de reválida que cumpla los criterios indispensables de validez y confiabilidad. Si luego de efectuar esta Comisión un análisis cuidadoso sobre el asunto, optara por realizar cambios en el examen de reválida, es de suma importancia que se garantice a la Junta un periodo de transición para poder implementar los cambios que se dispongan por ley. Debe llevarse a cabo un proceso justo y participativa en el cual se tome en consideración a todos los sectores involucrados incluyendo a la academia, los psicólogos de Puerto Rico en general, la Junta y el Departamento de Salud, todo ello sin perder de perspectiva que el fin primordial es contar con profesionales de excelencia que puedan brindar un servicio de primera a nuestra población puertorriqueña que tanto lo necesita.
Por su parte, la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico expreso lo siguiente:
A tenor con las responsabilidades que nos confiere la Ley 96 de 1983 según enmendada a los fines de velar por el bienestar de la salud pública y la reglamentación de los profesionales de la psicología, respetuosamente proporcionamos la información solicitada por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes a la Dra. Ana Ríus, Secretaria del Departamento de Salud, respecto a los exámenes de reválida que ofrece la Junta.
En conformidad con la convocatoria de la Comisión, se atienden los temas a continuación:
Exámenes otorgados luego de la aprobación de la Ley 281-2012.
Cantidad de personas que han tornado el examen; cuantos han aprobado y cuantos han reprobado.
Procedimientos utilizados para la estandarización del examen.
Forma de creación del examen, entiéndase si el examen lo hace la Junta o si es contratado por un ente externo para la elaboración del mismo.
Cantidad de preguntas del examen y la valoración de las mismas.
Nota de pase y forma de computar la misma
Si hay acuerdo de reciprocidad existente con otros estados.-
Requerimientos académicos para poder tomar el examen
Educación continua requerida, si alguna.
Reglamentación y responsabilidad profesional
La Ley 96-1983, según enmendada, reglamenta el ejercicio de la profesión de la psicología en Puerto Rico y crea la Junta con las facultades para adoptar un reglamento (Núm. 8333 de 2013), expedir, suspender, revocar o denegar las licencias para el ejercicio de la profesión; definir los requisitos de preparación académica y practicas supervisadas que deben completar los candidatos; preparar y administrar exámenes a fin de medir la capacidad y competencia profesional de los(as) aspirantes a licencia; aceptar y utilizar el examen de reválida desarrollado por la Association of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB) para cumplir con los requisitos para obtener la licencia; preparar y administrar un examen para evaluar las competencias en asuntos éticos, legales y profesionales; contratar o aprobar la contratación de servicios para el desarrollo, preparación administración, valoración, informe de resultados y evaluación de los exámenes en consulta con el Departamento de Salud, y realizar investigaciones relacionadas con el cumplimiento de la ley y el reglamento; entre otras. La profesión de la psicología en Puerto Rico está reglamentada de forma general procurando la implementación de estándares mínimos de práctica que promueven y protegen la salud individual y colectiva.
El propósito de la Ley 96-1983 es "establecer controles de calidad profesional que garanticen a la ciudadanía mejores servicios psicológicos". Dichos controles de calidad son de carácter abarcador y aplicable a las diversas áreas del quehacer profesional. La ley pretende salvaguardar el bienestar y la seguridad ciudadana, de individuos que sin poseer las cualificaciones necesarias se anuncian y ejercen como psicólogos(as) (impostores) y de psicólogos(as) incompetentes que carecen de adiestramiento adecuado o que han violentado los cánones éticos y profesionales.
Requerimientos académicos para ser admitido a examen
El alcance y los límites en las facultades de las Juntas Examinadoras para la reglamentación de profesiones u oficios han sido demarcados por la amplia jurisprudencia establecida en los tribunales de Puerto Rico. Por ejemplo, en el caso de la Asociación Directores de Medicina, Cultura, Salud v. Morales (1993), el tribunal indico que "El Estado tiene amplia discreción en cuanto a la fijación de normas y procedimientos relativos a la admisión al ejercicio de profesiones u oficios". En el caso del Tribunal Examinador de Médicos v. Cañas Rivas (2001) se reiteró la norma previamente fijada afirmando que la obligación de velar por que los profesionales tengan la capacidad y la aptitud necesaria para ejercer su profesión dentro de los parámetros de excelencia recae en las entidades gubernamentales que reglamentan las profesionales de la salud para lo cual el Estado le ha otorgado amplias facultades.
Es preciso notar que en conformidad con la doctrina de razón de Poder de Estado (police power), al reglamentar una profesión el Estado no puede excluir aspirantes de forma o por motivos que violenten el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes, pero que se puede establecer unos requisitos de conocimientos mínimos, capacidad, destreza, entereza moral o cualquier otra cualificación que este racionalmente relacionada con el objetivo de garantizar que los admitidos posean la competencia para ejercer la profesión en forma adecuada (e.g., Paz Lisk v. Aponte Roque, 1989; Santiago Girona v. Tribunal Examinador de Médicos, 1986). En el caso de Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores del ELA (2004), el Tribunal Supremo de Puerto Rico señalo lo siguiente, ''En nuestro ordenamiento legal no existe un derecho absoluto al ejercicio de las profesiones u oficios. Dicho ejercicio está subordinado al poder de reglamentación del Estado a los fines de proteger la salud y el bienestar público y evitar el fraude y la incompetencia," Pueblo v. Villafañe, Contreras (1995); Col. Ing. Agrim v. A.A.A. (1992). A esto añade "En virtud de dicha facultad, el estado puede condicionar el derecho a practicar una profesión al requisito previo de obtener una licencia, permiso o certificado de alguna entidad u oficial examinador [Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., supra; Pérez v. Junta Dental, (1985)] y "Además, puede requerir "la comprobación de conocimientos indispensables y la necesaria solvencia moral del candidato" [De Paz Lisk v. Aponte Roque, (1989)]. Afirmando que "Estos requisitos no privan a los ciudadanos de sus profesiones, simplemente las regulan por el eminente interés público del cual están revestidas."
A tenor con la jurisprudencia citada y de las disposiciones de la ley habilitadora (Ley 96-1983), la Junta posee amplias facultades para examinar a las personas que soliciten la licencia y autorizar el ejercicio de la profesión a quienes reúnan los requisitos establecidos para ello. La Ley habilitadora también le concede a la Junta cualquier otra facultad necesaria para cumplir con las disposiciones de la ley (Artículo 11[o]). La Junta es la única autorizada para determinar capacidad o aptitud de los aspirantes y la suficiencia de los exámenes.
Como parte de sus obligaciones en la protección ciudadana, la Junta tiene la facultad legal para establecer y emplear criterios y procedimientos para asegurar que los candidatos cumplen con normas mínimas para admisión a la profesión. Conforme al Artículo 2(e) de la Ley 96-1983, según enmendada, para ser admitido a examen de reválida el candidato debe poseer un grado mínimo de maestría en cualquier área de práctica en psicología exceptuando a los egresados de programas en psicología clínica a quienes se les requiere un grado doctoral. Todos los grados tienen que ser conferidos por instituciones autorizadas para la otorgación de grados universitarios en el campo de la psicología. El mencionado artículo también indica que la Junta establecerá los requisitos de preparación académica y experiencias o práctica supervisadas que debe completar todo psicólogo para ejercer en su área de práctica. Estos requisitos están establecidos en el Reglamento General de Psicólogos de Puerto Rico y Normas Éticas de la Profesión 8333 (2013).
Conforme al Artículo 1 del mencionado Reglamento, a partir de agosto de 2015, todo candidato a examen a revalida debe demostrar que ha tornado cursos en las áreas sustantivas de la Psicóloga, cursos en el área de practica (mínimo de 12 créditos) y un mínimo de 500 horas de practica supervisada. Las áreas sustantivas son:
Bases Cognitivas y Afectivas del Comportamiento
Bases Sociales y Multiculturales del Comportamiento Crecimiento y Desarrollo en el Ciclo de Vida
Asuntos Éticos, Legales y Profesionales

References: Artículo 2
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 12
 Artículo 14
 Artículo 2
 Artículo 1