Source: http://www.libertadidioma.com/2002/20020819.htm
Timestamp: 2018-11-19 11:56:17+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Lunes 19 Agosto 2002
No ceder a la dictadura euskonazi
Yolanda SALANOVA G. La Razón 19 Agosto 2002
Amenazas de la paz
Luis GONZÁLEZ SEARA La Razón 19 Agosto 2002
CIU, en la encrucijada antiterrorista
Editorial La Razón 19 Agosto 2002
¿Bálsamo de Fierabrás
Luis María ANSON La Razón 19 Agosto 2002
Apología criminal y terrorismo
Manuel COBO DEL ROSAL La Razón 19 Agosto 2002
Sólo con el imperio de la Ley se puede vencer al terrorismo
Editorial El Mundo 19 Agosto 2002
La ilegalización: Una razonable necesidad
CARLOS RUIZ MIGUEL El Mundo 19 Agosto 2002
Hacia el detonante
Lorenzo Contreras La Estrella 19 Agosto 2002
Bono: «Hay que ser legal e inmisericorde para acabar con ETA»
AGUSTIN YANEL El Mundo 19 Agosto 2002
Los siete pecados más que capitales
Cartas al Director ABC 19 Agosto 2002
Presiones sobre CiU
Pablo Sebastián La Estrella 19 Agosto 2002
FRANCISCO MERCADO | Madrid El País 19 Agosto 2002
Yolanda SALANOVA G. es miembro del Foro Ermua La Razón 19 Agosto 2002
El PNV/EA continúa apoyando a Batasuna. Por encima de los asesinados, para ellos están los verdugos. Ésos que con su abstención negociada bajo cuerda hacen posible que el tripartito saque adelante los presupuestos. Es en realidad un «cuatripartito», puesto que es Batasuna el partido criminal bisagra para beneficio de unos y otros: del PNV, que de esa forma puede «gobernar» a cambio de la cobertura de los cómplices de los matarifes, con lo que, sin más, es también cómplice culpable. La simbiosis aberrante entre los criminales de bomba y pistola y los nacionalistas que continuan con la táctica victimista, mal llamados «moderados» y «democráticos», pretende llegar, en efecto, al escenario deseado: la dictadura secesionista nazi.
Al igual que IU, vagón de cola, comparte complicidad con los dinamitadores del Estado de Derecho, por más que en tibias declaraciones intenten convencer de lo contrario. La táctica del gángster malvado y del gángster duro, pero sensible (más bien sensiblero) está al descubierto. Siempre lo ha estado, pero la evidencia es cada vez más palmaria. Así que la culpa de los asesinatos la tiene sólo y exclusivamente Eta, dicen los «moderados». Sus hermanos radicales, «sólo guardan silencio», un silencio cómplice que no guardaban con anterioridad a la ley de partidos, leyendo comunicados en ayuntamientos con la sangre fría de quienes tienen por costumbre asesinar y viven del asesinato con el pretexto del «conflicto». Defender una formación proterrorista o presuntamente terrorista, es un posicionamiento que raya, si no es que entra de lleno, en el delito de apoyo al terrorismo. Las declaraciones de Eguibar y demás impresentables, viene a ser una amenaza. Amenaza con más terror y muerte, con más bombas y más dictadura. Tratarán no muy tarde de movilizar a sus acólitos para crear opinión y, sobre todo, más miedo. Una forma solapada de ejercer el terrorismo.
Una vez ilegalizada Batasuna no tendrán el apoyo necesario para conservar y ejercer el poder totalitario, como hasta ahora, de forma institucional, ni en el parlamento ni en los ayuntamientos; ése es el miedo que tienen, perder poder, un poder omnímodo impuesto, con patente de corso y sin oposición en los municipios, ya que bajo amenaza, difícilmente se podrán elaborar listas para las próximas elecciones. Aunque así fuera, el voto seguirá estando secuestrado sobre todo en municipios pequeños (como Maruri, por ejemplo), donde la coacción del miedo campa a sus anchas y con el apoyo explícito de los «moderados» nacionalistas.
No hace mucho el PNV declaró que de ilegalizarse a Batasuna, incluirían en sus listas a miembros de esta formación. ¿Puede empeorar más aún la situación? Es evidente que sí: de momento, las amenazas tácitas de los nacionalistas incitan una vez más a la bestia, justificando sus motivos perversos. Más asesinatos, más bombas... Más terror. «Ya lo habíamos advertido», dirán entonces hipócritamente los «cristianos» euskonazis, incluyendo a los tres ínclitos obispos. Es posible que el anuncio de los compañeros de viaje de Batasuna sea el principio de otra escalada de terror y crimen. Pero aún así, la ilegalización de Batasuna tiene que continuar adelante, sin cesión al miedo ni al chantaje.
Es posible que lleguen, de la mano de los eguibares, arzallus, ibarretxes, azkárragas, oteguis... tiempos de sangre, sudor y lágrimas. Setién puso un precio a la paz en sangre. Y sus secuaces están preparados para cumplirlo. Los demócratas no podemos ceder. No debemos ceder. Si caen (o caemos), abatidos por tiros o bombas, resistentes a esta macabra dictadura, será terrible: pero no más que continuar bajo la dictadura euskonazi. Por lo pronto, procuremos ponérselo muy difícil. Si al menos dieran la cara (¿cobardes!) al menos se podría morir ejerciendo la legítima defensa.
Dice la banda dialogante de Eta que tomará medidas contra quienes apoyen o se abstengan en la votación para poner en marcha la ilegalización de Batasuna y sus gestoras pacifistas. Pero ocurre que hace ya un tiempo inmemorial que viene tomando las medidas que acostumbra y sabe: el diálogo letal a través de bombas y pistolas. La última aún resuena en Santa Pola. Estaban las buenas gentes, en uso de su soberanía personal, rindiendo culto alegre a los dioses del sol y de la mar, cada uno a su manera. Tal vez alguien más dado a la melancolía estuviera mirando el azul plácido del Mediterráneo, musitando en silencio algún verso de Pessoa: «Taô cedo passa tudo quanto passa». Y, justamente, de pronto, se puso a pasar la bestia con su diálogo preferido de reventar con bombas a niñas que juegan o a paseantes que toman el autobús.
Se trata de un estilo cultural propio, al parecer tan digno de «respeto» como cualquier otro. Dice Ibarreche que todas las ideas son respetables, empezando por las de Batasuna y Eta, que vienen a ser lo mismo. Por eso, Eta se apresuró a amenazar y a sembrar temor entre quienes no se opongan frontalmente a la «idea» de ilegalizar a la organización criminal. Hasta Llamazares es capaz de descubrir una cierta identidad entre los dos gemelos abertzales y sus dos ideas respetables de buscar la paz a través del asesinato.
Sólo el PNV insiste en que tratar de poner freno no ya a las ideas sino a los actos sucesivos y cotidianos que llevan a la práctica esa dialéctica asesina y violenta, es sembrar obstáculos en la marcha fúnebre de la paz. Algunos ingenuos han sostenido el mismo peregrino razonamiento, añadiendo la humorada de que, con la ilegalización, Eta y Batasuna se van a radicalizar más. Salvo que empiecen a matar curas, no se ve en qué puede consistir tal radicalismo.
Ha llegado la hora de acabar con las florituras retóricas de salón. Y el uso torticero de la paz es el más nocivo de los usos retóricos. Ya el clarividente Tácito escribía en la antigüedad romana: «Hacen una carnicería y la llaman paz». Adolfo Hitler hablaba también de paz a todas horas, lo mismo que el camarada Stalin. Y es comprensible que lo hicieran, según reza la aguda observación de Clausewitz: «Un conquistador ama siempre la paz: él preferiría invadirnos sin encontrar resistencia».
Sin embargo, en las carnicerías etarras que puede contemplar el PNV, ni siquiera hay conquistadores. Sólo hay gentes fuera de la humanidad, incapaces de imaginar algo que no sea el sufrimiento ajeno. ¿De qué paz hablan entonces?
Pese a las reclamaciones insistentes de Partido Popular y PSOE, lo más probable es que CiU no modifique su postura abstencionista en la iniciativa para deslegalizar Batasuna, que hoy empezará su trámite parlamentario en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
De ser, efectivamente, ésta su decisión, la coalición que hoy gobierna Cataluña perderá una notable oportunidad para desmarcarse de una concepción espúrea del nacionalismo, bien diferente a la que el grupo de Pujol sostiene en su práctica cotidiana. Porque sólo una sintonía sentimental hacia los partidos soberanistas puede explicar que una coalición tan seria y constructiva como CiU no vea lo que toda España ve: que Batasuna no es más que el brazo civil de una trama terrorista, de la que sólo le separa el papel que cada cabeza de esa hidra ejecuta. No basta, por eso, que la excusa ideológica de Batasuna sea pretendidademente política, de corte nacionalista. Al menos, no debiera bastarle a CiU, que tendría que actuar justo en sentido contrario a esa aquiescente abstención: demostrar la distancia que hay entre nacionalismo democrático y terrorismo. Es decir, rechazar de plano a aquellos que aprueban o ejercen el terrorismo para conseguir fines nacionalistas.
Pero no es sólo un error conceptual. También lo es de imagen. CiU debe enfrentarse pronto a las elecciones, y sus dudas frente a Batasuna (o lo que es lo mismo, frente a Eta) le pueden pasar factura. Y eso lo sabe muy bien Maragall, que lo explotará cuanto pueda.
¿Bálsamo de Fierabrás?
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón 19 Agosto 2002
¿La Ley de Partidos es el bálsamo de Fierabrás? Me parece que no. Tal vez ayude a combatir a Eta y eso lo celebrarían todos los españoles. Pero convendría no crear demasiadas expectativas. Pasarán muchos años antes de que se pueda embridar a la banda etarra. Alonso Quijano era un iluso pero Cervantes no se inventó el bálsamo de Fierabrás. Rodríguez Marín cree que lo descubrió en la Historia caballeresca de Carlomagno. Fierabrás le dice a Oliveros que para sanar su herida busque su caballo y en él encontrará «dos barrilejos atados al arzón de la silla, llenos de bálsamo, que por fuerza de armas gané en Jerusalén; de este bálsamo fue embalsamado el cuerpo de tu Dios cuando le descendieron de la Cruz y fue puesto en el sepulcro; y si dello bebes, quedarás luego sano de tus heridas».
Aznar cree que se curarán las atrocidades de Eta con el nuevo bálsamo de Fierabrás: la Ley de Partidos. Cuestión de fe. Espejo de ilusión. Pero la realidad es otra. Terminar con Eta exigirá una larga, larga paciencia. Algo positivo, sin embargo, va a dejar la operación: Madrazo, el comunista, se ha pasado al apoyo a Batasuna. ¿Qué descanso! Hubiera sido terrible que Madrazo votara con los demócratas. ¿Pobre Batasuna! La que le ha caído encima con el apoyo de Madrazo. «Fuése con Satanás, culto y pelado: ¿mirad si Satanás es desgraciado!», escribió, feroz, Quevedo a la muerte de Góngora, al que amaba tiernamente como Luis del Olmo a Javier Arzallus. Claro que Madrazo no es Góngora. Pero, bien mirado, Aznar tampoco es Quevedo.
El brutal fenómeno terrorista que, desde hace más de 30 años, padece la ciudadanía española, ha llevado al Poder Legislativo a emprender una serie de actividades legisladoras, conforme se a ido exacerbando la amplitud, diversidad y crueldad del citado fenómeno, siempre, por lo demás, execrable y mucho más en una sociedad democrática. Hace un par de años, escribí, un tanto molesto, y con finalidad básicamente polémica, un artículo sobre la problemática de la apología criminal (LA RAZÓN, «Tribuna Libre», 20/08/2000) que, dos años más tarde, y a pesar de la reforma habida por Ley Orgánica 7/2000 de 22 de diciembre, no ha sido resuelta, ni muchísimo menos. Y no lo ha sido, porque el camino elegido por el legislador ha sido, una y otra vez, el equivocado, y la equivocación en el tratamiento jurídico penal del terrorismo conlleva consecuencias muy graves; también el error político, más si cabe. El Poder Ejecutivo hace poco ha criticado, muy acremente, al Poder Judicial (Sala de lo Penal del Tribunal Supremo), cuando lo que tendría que hacer es criticarse a sí mismo, por cuanto tiene como soporte una absoluta mayoría parlamentaria más que suficiente como para hacer o modificar una Ley Orgánica, como es el Código Penal. No lo han hecho y, cuando lo hicieron (2000) lo hicieron, por cierto, bastante mal.
Así las cosas, y tras la vigencia de la desafortunada modificación legislativa citada, se producen unos concretos hechos que no son, la verdad sea dicha, ninguna novedad:
«D. Arnaldo Otegi Mondragón es miembro del Parlamento vasco. El día 30 de marzo último, la organización Batasuna celebró un mitin en el frontón Jai Alai, de la ciudad francesa de San Juan de Luz, con ocasión de Aberri Eguna (Día de la Patria). En ese acto, según las agencias de prensa, Arnaldo Otegi Mondragón tomó la palabra y, al fin, cerró su intervención gritando: Gora Euskadi ta Askatasuna (Viva Eta).
Por tal motivo, el Ministerio Fiscal ha formulado querella contra él, al entender que esa expresión podría construir un delito de los del art. 578 del Código Penal, perseguible en España, en virtud de lo que dispone el art. 23,4 b) LOPJ; siendo el órgano competente al respecto la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a tenor de lo previsto en los arts. 57.1,2ª LOPJ y 26.6 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
Ante estos hechos, la cuestión de competencia resulta, sin duda, clara: si estamos ante un delito de terrorismo, la jurisdicción española puede y debe perseguir penalmente los hechos, en tanto que si no fuese delito de esa naturaleza, al haber sido cometidos en Francia, el Tribunal Supremo no podría actuar. En efecto, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone: «4. Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley Penal española, como alguno de los siguientes delitos: a) (...) b) Terrorismo (...)».
El Fiscal venía calificando la conducta de Otegui como típica del artículo 578 del Código Penal: «El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años», precepto incluido por el legislador bajo el genérico título «de los delitos de terrorismo». Sin embargo, el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo concluye, con toda razón, a mi juicio, declarando que no estamos ante un delito de terrorismo sino ante un delito de apología del terrorismo incluido, en su nueva ubicación sistemática, dentro del Código Penal, en el capítulo titulado de los delitos de terrorismo. Pero, dicha ubicación sistemática, y su simple titulación, no es todo, ni puede ni debe serlo.
En consecuencia, el hecho de que un tipo de injusto se incluya dentro de la rúbrica legal de los «delitos de terrorismo», como sucede con el vigente artículo 578 del Código Penal no significa, por sí mismo, que el delito sea necesariamente «terrorismo», pues esto último debe derivarse de la interpretación de la materia penalmente prohibida recogida por el tipo de injusto y no de la simple sistemática utilizada por el legislador para ordenar, a veces de forma tan sólo estética, los Capítulos y Títulos del Código Penal. Así, la apología del terrorismo no es considerada por el Tribunal Supremo como un acto terrorista a los efectos de perseguibilidad de la conducta del Sr. Otegui, pues ello, con seguridad, acabaría suponiendo una segura condena de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la consiguiente ¬y mucho más dañina «victoria moral» para los apologetas de los terroristas. La apología es un simple delito de opinión o, si se quiere, más ampliamente, de expresión, y nunca puede ser considerado como un acto delictivo terrorista. Así, el Consejo de la Unión Europea, en su reunión de 27 de diciembre de 2001 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 28 de diciembre de 2002) entiende, con toda corrección, por acto terrorista:
«... el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, puede perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el Derecho nacional, cometido con el fin de: i) intimidar gravemente a una población; ii) obligar indebidamente a los Gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; iii) o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional: a) atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte; b) atentados contra la integridad física de una persona; c) secuestro o toma de rehenes; d) causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos, o propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; c) apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías; f) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas; g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; i) amenaza de llevar a cabo cualesquiera de las acciones enumeradas en las letras a) a h); j) dirección de un grupo terrorista; k) participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro de información o medios materiales, o mediante cualquier forma de financiación de sus actividades, con conocimiento de que esa participación contribuiría a las actividades delictivas del grupo».
Como es claro, la exaltación, o si se quiere, el enaltecimiento, de todas estas conductas pese a ser sin duda censurable y, desde luego, delictivo, sería, sin más, un delito de apología del delito, pero no un delito de terrorismo. Basta pensar que si así fuese, la pena de uno a dos años con la que el Código Penal amenaza este delito, sería, realmente, muy escasa, por demás. La simple rúbrica legal, de orden meramente clasificatorio, no puede suplantar, ni mucho menos, la redacción de los tipos de injusto en la medida en que solamente ellos son las que, taxativamente, describen las conductas penalmente prohibidas y conminadas con una pena criminal. Hace ya mucho tiempo me pronuncié en el mismo sentido, y veo, con satisfacción, casi medio siglo después, que no tengo que rectificar, ni un punto ni una coma. Que reformen, pues, la LOPJ e incluyan como propios de la jurisdicción española, los delitos de opinión «relativos a los delitos de terrorismo», aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, recogiéndolos en el citado artículo 23, igual que se hace con «los delitos relativos a la prostitución», o los, en su día, «relativos al control de cambios». Sólo así sería posible un enjuiciamiento en España de tales hechos si se es respetuoso con el principio de legalidad, principio éste mucho más trascendente que los vaivenes y torpes escarceos de la política, en un momento concreto, y por un gobierno determinado. La ineptitud o falta de visión que hayan tenido quienes han presentado el proyecto de reforma del Código Penal en dicho concreto aspecto, y que no fue modificado durante su transcurrir parlamentario, ni es motivo para censurar tan injusta e imperitamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ni menos para protestar contra nadie: las protestas quizá deberían empezar por un reflexivo proceso de autocensura.
De suerte que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha hecho lo que debía hacer, y le es constitucional y orgánicamente de todo punto exigible, esto es: simplemente aplicar la Ley, y nada más que la Ley y en este caso de forma, por demás, acertada y correcta, en congruencia con inveterada doctrina científica que, personalmente, además he defendido tanto bajo la pasada dictadura como en la actual democracia. Criticar severamente, como se ha hecho, de forma pública, a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, además de una injusticia es una ignorante memez, pues así se desconoce lo que es y debe ser la función jurisdiccional: juzgar, aplicando la Ley, y ejecutar lo juzgado. Y nada más, pero también nada menos.
Manuel Cobo del Rosal es catedrático de Derecho Penal y abogado
Las palabras de Bono, recordando la actuación de Alemania «sin ningún tipo de complejos» contra la banda Baader-Meinhof, no parecen las más apropiadas en la víspera de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso para debatir la oportunidad de un Pleno sobre la ilegalización de Batasuna. La sombra de sospecha que aún se mantiene sobre la muerte en la cárcel de militantes de la banda terrorista alemana obliga a recordar que sólo el escrupuloso respeto a la legalidad vigente es lo que debe dar fuerza a los demócratas para combatir al mundo etarra.Es la Ley la que empuja a la ilegalización de Batasuna y será su aplicación la que termine con un partido que se ha colocado al margen de la sociedad democrática. Mientras tanto hoy ofrecemos datos que reflejan un claro cambio cualitativo en ETA.
El número de presos de la organización terrorista en cárceles españolas ha crecido un 13,15% en el último año. Pero tal vez el dato más llamativo sea el incremento que ha experimentado, en ese mismo periodo, el número de mujeres de la banda encarceladas. El porcentaje de éstas últimas ha aumentado en un 33,3%. De los actuales 499 etarras que están en centros penitenciarios 64 son mujeres. Estos datos reflejan un cambio en la militancia de la banda que, tras el desmantelamiento que la eficacia policial ha producido en sus filas, tiene que recurrir a mujeres y a hombres mucho más jóvenes para llenar los huecos en los comandos. Las nuevas etarras, siguiendo el ejemplo de personajes tan siniestros en la historia del terrorismo como Idoia López Riaño, la tigresa, o María Soledad Iparaguirre, no han tenido inconveniente en pasar a primera fila para ser protagonistas de algunos de los atentados más sangrientos que se han producido en el último año y medio.
La ilegalización de Batasuna es viable y necesaria en nuestro Estado de Derecho. Por un lado, la consideración de los principios vertebradores del Estado constitucional español nos permite concluir que esa ilegalización es una necesidad ineludible del sistema para mantener su coherencia. Por otro, un análisis de las reglas contenidas en la Ley de Partidos pone de manifiesto que la pretensión de ilegalizar a Batasuna tiene muy sólidos apoyos jurídicos.
Desde la perspectiva de los principios constitucionales, debemos tomar como premisa fundamental que la Constitución establece un «Estado de Derecho» (artículo 1.1) y que tanto los particulares como los poderes públicos se hallan sometidos «a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» (art. 9.1). Un Estado de Derecho no puede ser coherente si, mientras unos poderes públicos y unos ciudadanos realizan sus competencias o persiguen sus intereses sometiéndose a las limitaciones que les impone el Derecho, otros poderes públicos y otros ciudadanos trataran de hacer lo mismo sin ese sometimiento. La vida constitucional es una vida civilizada en la que nadie debe hacer trampas en el juego político, pues si el jugador tramposo no sólo no es sancionado sino que ve reconocidas sus ganancias, ¿con qué argumento se podrá obligar al resto de jugadores de la política a que sigan jugando limpiamente? Batasuna es un jugador de la política que hace trampas: amenaza a otros participantes del juego político y hasta ahora ha visto como el Estado ha reconocido todas sus ganancias. El juego político solo tendrá credibilidad para el resto de participantes si se sanciona al tramposo. Es la única manera de no incentivar a otros jugadores para que también hagan trampas.
Si se examina el asunto desde la perspectiva de las reglas establecidas por la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos (LOPP) las conclusiones son convergentes. Los preceptos claves para responder a la pregunta son los apartados 2 y 3 del articulo 9 de la LOPP, que son detalladísimos, pues como ha explicado Roberto Blanco Valdés (máximo experto español en partidos políticos) se pretende evitar la gran ambigüedad que dominaba esta materia en la anterior Ley de Partidos de 1978. Una lectura atenta de los preceptos allí contenidos y su cotejo con la actuación de Batasuna después de la aprobación de la LOPP permite fundar la pretensión de ilegalizar a Batasuna.
Los hechos producidos después de la entrada en vigor de la ley son muchos, pero quiero destacar tres. En primer lugar, Batasuna y su portavoz se han negado a condenar el doble asesinato e incluso se niegan a calificarlo de tal (Otegi lo llamo «fallecimiento», eso sí, «doloroso»). En segundo lugar, el portavoz de Batasuna ha llamado a «adoptar decisiones contundentes para hacerle un plante al Estado y para decirle que... si no, el panorama va a ser todavía mucho más dramático». En tercer lugar, Batasuna, después de la entrada en vigor sigue manteniendo entre sus dirigentes a sujetos como Arnaldo Otegi que fueron condenados por pertenecer a ETA y que no sólo no han rechazado públicamente los medios y fines de ETA, sino que incluso los han alabado en publico.
Las normas de la LOPP para enjuiciar estos hechos son muy claras.Según el artículo 9.2 de la LOPP un partido será ilegalizado cuando «su actividad» vulnere los principios democráticos, mediante la realización «reiterada y grave» de algunas de las siguientes conductas: a) vulnerar «sistemáticamente» los derechos fundamentales «promoviendo, justificando o exculpando los atetados contra la vida»; b) «fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos»; y c) «complementar y apoyar la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional». A pesar de que este artículo 9.2 de la LOPP parece muy claro, lo cierto es que el apartado 3 del artículo 9, hace una interpretación que lo detalla aun más. De esta suerte, se entenderá que en un partido político concurren las circunstancias del 9.2 cuando se produzca la «repetición o acumulación» de alguna de las nueve conductas que enumera el articulo 9.3. De entre ellas tienen especial relevancia para el caso las tres primeras: dar apoyo político «expreso o tácito» al terrorismo, bien «legitimando» las acciones terroristas o bien «exculpando y minimizando» su significado y la violación de derechos que comporta; «acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones» que «persiguen intimidar, hacer desistir, neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a la misma»; y, finalmente, «incluir regularmente en sus órganos directivos» a «personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas».
La aplicación de estas reglas a los hechos antes expuestos mediante un sencillo silogismo nos revela los motivos fundamentales para ilegalizar a Batasuna. El primer motivo es que Batasuna vulnera sistemáticamente los derechos fundamentales justificando o exculpando atentados contra la vida de las personas como se demuestra por varios datos incontestables: que Batasuna, se ha negado a condenar el asesinato de ETA y a calificarlo de asesinato lo que supone dar un apoyo «tácito» al terrorismo «minimizando» el significado y la violación del derecho a la vida que conlleva; y que esta conducta es «repetida» en todas las ocasiones en las que Batasuna se ha visto invitada a condenar el asesinato y en que su portavoz se ha pronunciado. El segundo motivo es que Batasuna fomenta, propicia o legitima la violencia como método para la consecución de objetivos políticos al acompañar atentados como el de Santa Pola con programas y actuaciones que persiguen intimidar o neutralizar a quienes se oponen a esa violencia (así, el llamamiento de Otegi a tomar «decisiones contundentes» para hacerle «un plante al Estado» pues si no el panorama seria «todavía mucho más dramático»).El tercer motivo, es que Batasuna complementa y apoya políticamente la acción de organizaciones terroristas al mantener, después de aprobada la ley, en sus puestos directivos a personas condenadas por pertenecer a ETA y que no han rechazado públicamente ni los medios ni los fines de ETA.
La ilegalización de Batasuna es una necesidad de nuestro Estado de Derecho, pues no hay Estado de Derecho cuando hay grupos por encima del Derecho. La razonable interpretación del Derecho vigente así lo avala.
Carlos Ruiz Miguel es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela
Ahora descubren que hay una doble financiación de los partidos vascos, de modo que la prevista ilegalización de Batasuna, como brazo político de ETA, podría ver atenuados sus efectos sancionadores a la escala que más le dolería: la del dinero. Antes de que se planteara el proyecto de situar a la coalición "abertzale" fuera de la ley, el Tribunal de Cuentas no había notado nada y la Ley de Financiación de Partidos Políticos se conculcó sistemáticamente sin que nadie protestase, entre otras razones, porque los fondos y subvenciones también favorecían a los que hoy denuncian esas realidades.
Pero ya no es lo mismo. Aunque Batasuna no perciba desde hace años las ayudas del Estado, el apoyo financiero que le dispensa la Administración vasca, desde 1995 especialmente, supone en la práctica dejar sin efecto una de las mayores consecuencias de la ilegalización. Subvenciones que no son de tapadillo pueden continuar, con lo cual el desafío para el Gobierno central será doble: la actividad batasuna seguirá siendo económicamente respaldada y el Gobierno vasco, junto con el PNV, se enfrentará a la Ley de Partidos y entrará en una ilegalidad descarada.
Son, entre otras cosas, las primeras consecuencias del proceso político y jurídico contra Batasuna. Es decir, la dificultad de aplicar la ley sancionadora de sus actividades y sus conexiones con ETA. Por si no era suficiente con la resistencia de los nacionalistas catalanes a votar la Ley de Partidos en el Parlamento central, ahora se plantea la probabilidad, por no decir seguridad, de la gran desobediencia a la norma por parte de los nacionalistas vascos. Mucho más, en consecuencia, que una contra-argumentación política o un debate de ideas y posiciones.
A la vista de los hechos que se van perfilando, la situación vicaria del PNV respecto a la banda terrorista se hace evidente. Y de paso arrastra, como ese temía, la actitud de CiU, que ya no se atreve a dar su voto para la aprobación de la Ley ilegalizadora de Batasuna, pese a que Cataluña ha sido una de las comunidades más castigadas por el terrorismo etarra con asesinatos muy resonantes, entre otros el del ex ministro catalán Ernest Lluch, cuya muerte tampoco, por supuesto, fue condenada desde las filas de la coalición "abertzale".
Se intenta presentar desde el PSOE de Zapatero la eventual negativa de Ibarreche a suprimir la financiación de Batasuna como un desacato al Tribunal de Cuentas. Pero es mucho más. Es dar un paso sustantivo hacia la ruptura con el sistema. En la doble presión que el Ejecutivo de Vitoria experimenta, una desde Madrid y la otra desde el mundo pro etarra, la determinante va a ser la segunda. La Ley de Partidos se convertirá así en el detonante de la bomba política más peligrosa. El arsenal de medidas que el Gobierno central y el Estado tienen a su disposición en la normativa constitucional cuando una comunidad autónoma se insubordina (artículo 155 de la Constitución, por ejemplo) puede demostrar con su más que probable inaplicación la fragilidad de fondo del Estado organizado a partir de 1978. Paso a paso, el Euskadi de Arzallus y compañía gana terreno en la dirección soberanista. Y si esa tendencia no se zanja, llegará un momento en que el proceso no tenga marcha atrás.
El PNV y tres diputados del Grupo Mixto votarán hoy en contra de convocar un Pleno extraordinario para debatir la ilegalización de Batasuna / IU, CiU, el BNG y la Chunta se abstendrán
El Congreso de los Diputados inicia hoy el proceso con el que se pretende declarar ilegal a la coalición 'abertzale' Batasuna
MADRID.- El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, considera que, a la hora de luchar contra el terrorismo, los ejemplos de las Brigadas Rojas italianas, la Baader-Meinhof alemana o el IRA irlandés «no deberían ser despreciados». «El único complejo de culpa que debemos tener es que existan los asesinos de ETA, pero no debe acomplejarnos acabar con ellos», manifestó.
En su opinión, sería un error pensar que el terrorismo va a desaparecer declarando ilegal a Batasuna. «Con ETA no sólo se acaba con leyes y con declaraciones; se acaba ilegalizando a los cómplices de asesinato, pero siempre que le siga una actuación legal e inmisericorde que termine con la banda criminal, sin ningún tipo de complejos, como se ha acabado con el IRA o con las Brigadas Rojas o con la Baader-Meinhof», añadió Bono.
En su localidad natal de Salobre (Albacete), el presidente castellano-manchego declaró ayer a la agencia Europa Press: «Los asesinos no pueden ser diputados, como lo han sido en el Parlamento vasco. Dicho de otro modo, los diputados vascos no pueden ser asesinos».
«Cuando se quema una bandera española en un Ayuntamiento sin que pase nada, cuando a un asesino que le ha explotado una bomba o ha muerto en una acción policial se le nombra hijo predilecto de un municipio del País Vasco, entonces no emerge el Estado de libertad y de Derecho, sino que aflora un Estado de desecho», añadió.
Estas declaraciones de José Bono se producen en un momento en que la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados va a dar hoy el primer paso en el proceso que previsiblemente llevará a declarar ilegal a Batasuna: el PP y el PSOE lograrán, con una importante mayoría, que sea convocado un pleno extraordinario para el próximo día 26, en el que el Congreso debatirá este asunto y acordará pedir al Gobierno que solicite al Tribunal Supremo la ilegalización de la coalición abertzale.
El Gobierno ha cumplido su propósito de iniciar los trámites para la ilegalización de Batasuna cuanto antes y ha tardado sólo dos meses en dar el primer paso: el pasado 4 de junio fue aprobada la Ley de Partidos y el 10 de agosto, seis días después del atentado que costó la vida a un hombre y a una niña de seis años en Santa Pola (Alicante), pactó con el PSOE reunir hoy a la Diputación Permanente del Congreso para convocar un pleno extraordinario.
De los 49 diputados que integran la Diputación Permanente, los de Izquierda Unida (IU) y los de Convergència i Unió (CiU) se van a abstener hoy. Entre otras razones para adoptar esa postura, ambos grupos coinciden en que debiera ser el Gobierno o el fiscal el que solicitara la ilegalización de Batasuna y no el Parlamento.El Bloque Nacionalista Galego y la Chunta Aragonesista también se abstendrán.
Los diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y tres del Grupo Mixto (de Eusko Alkartasuna, de Iniciativa per Catalunya-Verds y de Esquerra Republicana de Catalunya) votarán en contra de convocar el pleno porque están en contra de que Batasuna sea declarada ilegal. Todos ellos opinan que estas decisión no sólo no resolverá el problema del terrorismo, sino que dará más fuerza a esa coalición abertzale.
Pero el fondo del asunto, es decir, si se solicita al Gobierno que pida la ilegalización de Batasuna, se decidirá en un pleno extraordinario del Congreso que, salvo imprevistos de última hora, la Diputación Permanente acordará convocar hoy para el día 26 de agosto. Será la segunda ocasión en toda la democracia española en que los diputados se reúnan en pleno en agosto, después de la sesión del 5 de agosto de 1993 en que el entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, explicó las medidas de ajuste económico que había aprobado el Gobierno del PSOE.
El próximo día 26 es prácticamente seguro que el 90% de los diputados, aproximadamente, votará a favor de un pleno extraordinario.
La Fiscalía General del Estado recibe del Gobierno «siete» motivos para la ilegalización de Batasuna, entre ellos dos declaraciones de Otegi, incidentes en Vitoria y Lasarte, y otros pocos hasta hacer siete. No, no son siete los pecados de Batasuna, son muchos más, son tantos como atentados de ETA que no ha sido capaz de condenar, son tantos como sepelios a los que no ha sido capaz de acudir a mostrar su condolencia, son tantos como actos a favor del terrorismo y de la violencia en todas sus formas que ha fomentado y amparado, son tantos y tantos que no terminaríamos nunca.
Primero hubo una seria polémica con la ley de Partidos, pero en su gran mayoría «los demócratas» la apoyaron, ahora cuando al amparo de ese texto legal se pretende el inicio de un procedimiento para la eliminación de Batasuna, parece que unos y otros se desbancan, ¿será consecuencia del último de los comunicados de los violentos?
Ni son sólo siete, ni era necesaria una legislación nueva para declarar un acto como apologético del terror cuando se apoya a una banda armada que en democracia no puede existir.
Es triste, muy triste que en democracia se tenga que hilar fino para declarar violento lo que a la vista de todos no deja duda, es triste que en democracia haya que andar con pies de plomo para declarar fuera del ordenamiento a los que apoyan a los violentos, es triste que en democracia mueran personas por pensar diferente, y unos, que se llaman demócratas, no estén unidos como una piña para establecer la línea clara entre estar o no estar.
Con Batasuna se termina, pero cómo terminaremos con quienes sigan defendiendo la violencia, para ello ya existía y existe, un Código Penal. José Javier Solabre Heras. Madrid.
Hoy se reúne la Diputación Permanente del Congreso para poner en marcha el proceso de ilegalización de Batasuna por iniciativa de los partidos políticos representados en el Congreso de los diputados. Esta iniciativa que parte del Gobierno de José María Aznar cuenta con el apoyo del PSOE , la oposición de PNV y EA, y con la abstención de IU y de CiU.
El Gobierno ha querido implicar a los políticos en la ilegalización de otros partidos políticos, dejando de lado otras vías que permiten la propia Ley de Partidos como la vía judicial o la propia iniciativa del Gobierno. Lo ideal en este caso hubiera sido la vía puramente judicial por iniciativa de la Fiscalía General del Estado o de algún juez instructor, pero el Gobierno ha querido implicar a todos en esta iniciativa con dos objetivos: uno, no quedarse solo en el empeño y dos, poner en evidencia a los que no apoyan el procedimiento.
En todo esto también hay algo, o mucho, de electoralismo, de ahí que el PSOE, que en un principio prefería la vía del fiscal, se haya sumado al camino parlamentario. Y de ahí también que el PP y PSOE estén presionando a Convergencia i Unió para intentar evitar la imagen de un frente españolista contra otro frente nacionalista. Pero por el momento los de CiU se mantienen en el ámbito abstencionista y, a decir verdad, su posición parece la más razonable porque ha apoyado la Ley de Partidos y pide la vía del fiscal para iniciar el proceso de ilegalización con el claro objetivo, muy razonable, de que unos partidos no impulsen un procedimiento para ilegalizar otro partido que ha concurrido hace poco a las elecciones autonómicas del País Vasco, porque podría dar la impresión de que el frente españolista que fue derrotado en aquellas elecciones se toma su revancha en Madrid por el camino de ilegalizar a Batasuna. Y ello a pesar de que hasta el momento existen dudas jurídicas sobre si Batasuna, con sus silencios oficiales y algaradas callejeras, ha inflingido a día de hoy los preceptos fundamentales de la Ley de Partidos.
El proceso seguirá, el día 26 lo aprobará el Congreso con una importante mayoría y falta ver cual es la decisión judicial. CiU se ha quedado sola pero su posición parecía la más razonable desde el punto de vista político y judicial.
El Tribunal de Cuentas cifra en 26 millones de euros los créditos vencidos y no pagados en 1999
La banca ha condonado en tres años (1997- 1999) deudas a los partidos por importe de 19,1 millones de euros y ha tolerado el impago de créditos ya vencidos (26 millones de euros sólo en 1999). El Tribunal de Cuentas denuncia en sus tres últimos informes este trato de favor a las formaciones políticas, y subraya que las condonaciones suponen 'una aportación extraordinaria no prevista en la ley, que debe prohibirse o autorizarse expresamente'. Tal creciente endeudamiento y morosidad de los partidos se produjo a pesar de que en esos tres años sumaron 448 millones en subvenciones públicas.
El informe sobre contabilidad de los partidos políticos de 1999 permite conocer el nivel de endeudamiento de cada formación y el trato que le dispensó la banca. La auditoría, al igual que en los ejercicios de 1998 y 1997, revela tres anomalías. La primera y más común es la opacidad y el caos que envuelven estas operaciones. 'Carencia de algunas de las pólizas de las operaciones concertadas; falta de conciliación en determinadas operaciones entre el importe contabilizado y el comunicado por la entidad financiera; falta de contabilización de operaciones concertadas o de los intereses devengados, especialmente los correspondientes a operaciones vencidas'.
Pese a tales trabas, el Tribunal de Cuentas ha sido capaz de dibujar en sus tres últimos informes dos anomalías excepcionales que constituyen un trato de favor de la banca hacia los partidos:
En primer lugar, 'la existencia de operaciones que no han sido objeto de amortización en los plazos previstos'. Esto significa que pólizas millonarias ya vencidas duermen, a veces a lo largo de años, en un cajón sin que el partido la abone ni renegocie su pago. Simplemente se aparcan y olvidan. Pero no hay compromiso expreso para su perdón. Esta partida suponía 26 millones de euros en 1999.
Pero hay una fórmula extrema de favor bancario. Aquella en la que, 'como consecuencia de acuerdos expresos o tácitos de renegociación de operaciones de crédito', los partidos obtienen la 'condonación de parte de su deuda'. Tal regalo supuso 9,8 millones de euros en 1997; 6,9 en 1998 y 2,3 en 1999. El tribunal denuncia que 'la condonación de deuda supone una aportación extraordinaria para el partido no regulada expresamente en la ley 3/87 (financiación de partidos), por lo que se considera necesario disponer de una normativa expresa que contemple su autorización o prohibición y establezca el régimen al que, en su caso, debiera someterse'.
El tribunal precisa qué formaciones fueron agraciadas en 1999 con la condonación de deudas: PNV y Eusko Alkartasuna. La primera vio borrada de un plumazo una deuda de 921.687 euros de capital y 608.433 de intereses. Eusko Alkartasuna se libró del pago de 843.373 euros de intereses.
El Tribunal de Cuentas describe así la singular relación de EA con la banca, a la que debía en 1999 casi cuatro millones de euros, un millón menos que el año anterior: 'Durante el ejercicio se ha renegociado verbalmente la deuda con una entidad de crédito a la que ya anteriormente se le venían haciendo pagos a criterio del propio partido (...). El acuerdo alcanzado supone la condonación de la deuda por intereses y el no devengo de intereses por el saldo pendiente hasta su amortización'. Este partido, además, registraba ese año una 'deuda vencida con otras dos entidades por 1,7 millones de euros, sin que exista algún tipo de acuerdo o propuesta para la amortización'.
El PNV, que en ese ejercicio aumentó su deuda con entidades de crédito hasta tocar un techo de 14,1 millones, también alcanzó 'un acuerdo verbal' con los bancos para renegociarla. El tribunal sospecha que hubo más condonaciones -'El PNV no aporta documentación alguna que acredite que las regularizaciones no corresponden a condonaciones de deuda'-, pero sólo certifica una por el monto señalado.
En 1998, los agraciados con la condonación fueron EA (164.000 euros), Par (873.000) y PSOE (5,8 millones). En total, la deuda condonada supuso ese año 6,9 millones. En su mayoría la deuda perdonada eran intereses: 6,8 millones. Esta práctica supuso el año precedente, 1997, la condonación 9,8 millones en deudas. El PSOE fue uno de los partidos más favorecidos.

References: artículo 23
 artículo 578
 artículo 578
 artículo 23
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9