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El abono del arresto domiciliario en el cumplimiento de la pena
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INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY PENAL
ANUARIO DE DERECHO PENAL 2005
EL ABONO DEL
ARRESTO DOMICILIARIO EN EL CUMPLIMIENTO
DE LA PENA: PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN
SUMILLA: I. Introducción. II. Arresto domiciliario,
comparecencia y detención preventiva. III. Equivalencia entre arresto domiciliario y pena privativa de libertad. IV. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad. V. Componente judicial.
El debate sobre el abono del arresto domiciliario en el cumplimiento de la
pena privativa de libertad permite identificar tres posturas. Para cierto sector doctrinal, ambas formas de privación de libertad son equivalentes, y
debe descontarse cada día de arresto domiciliario por un día de pena.1 Una
segunda postura considera que esta equiparación es inaceptable y que las
«ventajas», «beneficios» o «privilegios» del arresto domiciliario impiden
que tenga relevancia alguna en el cómputo de la pena.2 Finalmente, desde
otra posición —en cierta forma, intermedia— se entiende que tales «privilegios» no evitan que la detención domiciliaria sea una forma de restricción
BARONA 1999: 468. En la legislación comparada, el art. 460, párrafo 1 del CPP de Costa
Rica de 1996 ordena el descuento del arresto domiciliario en el cómputo de la pena.
Radicalmente, GAMARRA HERRERA 2005.
de la libertad ambulatoria, por lo cual merece tomarse en cuenta para descontarla de la pena privativa de libertad pero no de modo equivalente o
aritmético. Esto es, varios días de privación de libertad domiciliaria, dos,
cuatro, seis, etc., podrán descontarse por uno de pena.3
El primer planteamiento ha motivado diversas propuestas legislativas y
reformas legales que alcanzaron a aplicarse por la Corte Suprema e impugnarse ante el Tribunal Constitucional.4 Ello ha generado un intenso debate
en nuestro medio sobre la constitucionalidad del abono del arresto domiciliario en la ejecución de la pena privativa de libertad a razón de un día de
pena por uno de arresto, orientación que de lege ferenda adopta el art. 490
N.° 2 del nuevo Código Procesal Penal, aprobado mediante el DLeg 957,
del 29 de julio de 2004, y que entrará en vigencia desde el 1 de febrero de
2006. La Comisión Especial Revisora del Código Penal, creada mediante la
ley 27837, asumió la misma regla en el anteproyecto de abril de 2004, al
establecer en el art. 45 lo siguiente: «El tiempo de detención policial o judicial, incluido el arresto domiciliario, que haya sufrido el procesado se
abonará para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de detención». Una regla similar motivó el
polémico proyecto de ley 12952/2004-CR,5 aprobado por el Congreso de la
República el 8 de junio de 2005, que modificó el art. 47 CP y establece:
«El tiempo de detención preliminar, preventiva y domiciliaria, que haya sufrido el imputado, se abonará para el cómputo de la pena impuesta a razón
de un día de pena privativa de libertad por cada día de detención. Si la
pena correspondiente al hecho punible es la de multa o limitativa de derechos, la detención preliminar, preventiva y domiciliaria se computará a razón de dos días de dichas penas por cada día de detención». Dado que el
Poder Ejecutivo no observó ni promulgó dicha ley, esta fue promulgada finalmente por el presidente del Congreso de la República, y publicada el 3
de julio de 2005 como ley 28568. Luego, la generalizada valoración de que
esta ley «favorece la corrupción» 6 trajo consigo su inmediata derogación
Así, por ejemplo, el adjunto para asuntos constitucionales de la Defensoría de Pueblo
cfr. MEINI MÉNDEZ 2005b.
Exp. 0019-2005-PI/TC, del 21 de julio de 2005. Sentencia inserta en el anexo IX del
presente volumen.
Cfr. MEINI MÉNDEZ 2005a.
Sobre todo, ante la ejecutoria del 7 de julio de 2005 de la primera sala penal transitoria de
la Corte Suprema en el expediente 1205-05 que, tras aplicar la ley 28568 para descontar
mediante la ley 28577, publicada el 9 de julio de 2005, la que «restituyó»
el texto original del art. 47 CP, que permite el abono de la detención preventiva en la ejecución de la pena privativa de libertad, sin referencia alguna a la posibilidad o imposibilidad de descontar de igual modo el tiempo
del arresto domiciliario.
Sin embargo, paralelamente a la derogación, 31 congresistas demandaron —el 8 de julio de 2005— la inconstitucionalidad de la ley 28568 aduciendo que violaba los principios de igualdad ante la ley (art. 2.2 Const.) y
el de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (art. 139.22 de la Carta
Magna). Así, mediante sentencia del 21 de julio de 2005, expediente 00192005-PI/TC, publicada al día siguiente en el diario oficial, el Tribunal
Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la frase «y domiciliaria»
del párrafo 1 del art. 47 del Código Penal modificado por la ley 28568,
esto es, la regla de que el tiempo de arresto domiciliario se abone para el
cómputo de la pena privativa de libertad a razón de un día de pena por
cada día de arresto. 7 El máximo tribunal considera que dicha regla es inconstitucional tanto porque viola el principio de igualdad ante la ley,8
como porque «anula» todo fin preventivo-general de la pena privativa de libertad y «contraría» la finalidad preventivo-especial de dicha pena.9 La
sentencia estima que la derogación de la ley 28568 no determina la sustracción de la materia,10 pues conforme al precedente del caso ITF, la demanda de
el tiempo de arresto domiciliario del plazo máximo de la detención preventiva en caso
de sentencias condenatorias recurridas, ordenó la libertad de los señores Moisés y Alex
Wolfenson Woloch en el proceso que se les sigue por delito de peculado. Dicha ejectuoria motivó la calificación de la ley 28568 como la «ley Wolfenson», y determinó la denuncia constitucional del 11 de julio de 2005 (acusación 431) contra los cinco vocales
supremos por delito de prevaricato, interpuesta por los congresistas Heriberto Benítez
Rivas y Ana Elena Towsend Diez Canseco, entre otros.
7 Debe tenerse en cuenta que el párrafo 2 del art. 47 del CP (párrafo modificado por la ley
28568) no fue cuestionado por la demanda de inconstitucionalidad ni declarado como
tal. Según dicha disposición: «Si la pena correspondiente al hecho punible es la de multa o [alguna pena] limitativa de derechos, la detención preliminar, preventiva y domiciliaria se computará a razón de dos días de dichas penas por cada día de detención». Dicho párrafo solamente ha sido sustituido por la ley 28577, que restableció el texto
original del art. 47 del CP, con lo que la actual redacción elimina la referencia a la detención preliminar y domiciliaria.
8 Cfr. § 6, F. N.os 24 a 29.
9 Cfr. § 10, F. N.os 43 a 50.
10 Cfr. § 2, F. N.os 4-6.
inconstitucionalidad procede contra normas derogadas en dos casos: cuando
esta sigue desplegando sus efectos y cuando, pese a no seguir surtiendo
efectos, «[…] la sentencia de inconstitucionalidad puede alcanzar a los
efectos que la norma cumplió en el pasado, esto es, si hubiese versado sobre materia penal o tributaria».11 En ese sentido, el Tribunal considera que
«[…] la declaración de inconstitucionalidad “aniquila” todo efecto que la
norma pueda cumplir, incluso los que pueda haber cumplido en el pasado,
en caso haya versado sobre la referida materia penal o tributaria», como se
deduciría del art. 83 del Código Procesal Constitucional.12 Conforme a esa
comprensión, el Tribunal Constitucional establece las consecuencias temporales de la inconstitucionalidad, asume una postura absoluta en el sentido
de que la norma prácticamente no existió, y señala casuísticamente cómo
debe actuar la jurisdicción por medio de cuatro reglas:13 a) ningún juez o
magistrado puede aplicar la ley 28568 por haber cesado en sus efectos; b)
los pedidos no resueltos de aplicación de la ley deben ser desestimados; c)
los jueces o magistrados que tramiten medios impugnatorios o de nulidad
en los que se pretende la revisión de decisiones en las que se aplicó la ley,
deben estimar los recursos y declarar nulas dichas resoluciones;14 y d) la
obligación de los jueces y magistrados de actuar conforme a las reglas b y
c15 es exigible incluso antes de la publicación de la sentencia de inconstitucionalidad, pues los fundamentos que la motivan «imponen la aplicación
del control difuso contra la ley impugnada».16
Una adecuada valoración de estos planteamientos pasa por tomar en
cuenta determinados aspectos que lamentablemente se han perdido en el
debate local y que, desde mi punto de vista, conducen a considerar que el
STC 0004-2004-AI/acumulados, F. N.o 2.
F. N.o 5.
Ídem F. N.o 2. B de la parte resolutiva.
En ese sentido, la ejecutoria del 22 de julio de 2005, adoptada en mayoría por la primera sala transitoria de la Corte Suprema, expediente 1205-05, que declaró nula la citada
resolución del 7 de julio de 2005 (que declaró procedente la libertad de los señores Alex
y Moisés Wolfenson Woloch); con ello se ordenó, en consecuencia, la ubicación y captura de dichos imputados y su reingreso al establecimiento penitenciario.
15 Esto es, conforme a los F. N.os 62 y 63 de la sentencia.
16 Así, la citada ejecutoria del 22 de julio de 2005, adoptada en mayoría por la primera
sala transitoria de la Corte Suprema en el caso Wolfenson, esto es, un día antes de la eficacia de la STC publicada el 22 y exigible desde el día siguiente (art. 204 párrafo 1 in
fine de la Constitución, art. 81, párrafo 1 del Código Procesal Constitucional).
arresto domiciliario —conforme a su actual configuración legal en el art.
143, párrafo 1 y N.° 1 de 1991, y al modo laxo o discriminatorio en que los
tribunales nacionales imponen esta medida— sí debe abonarse en el cómputo de la pena por lo menos a razón de dos días de efectiva ejecución de
esta medida cautelar por uno de pena privativa de libertad. La frustrada
modificación del art. 47 CP mediante la ley 28568 no siguió este criterio;
impuso la regla del uno por uno, que solo parece justificada en el marco
del nuevo Código Procesal Penal de 2004 (art. 490 N.° 2), y que restringe
ampliamente el ámbito subjetivo del arresto domiciliario para aquellas personas para las que objetivamente —por su edad, salud, incapacidad física o
estado de gestación (art. 290 N.° 1)— la detención provisional puede ser
desproporcionada frente al objetivo de controlar cautelarmente el peligro
II. ARRESTO DOMICILIARIO,
COMPARECENCIA Y DETENCIÓN PREVENTIVA
La regla que se discute no solo afecta a los casos de corrupción; puede
afectar también el tratamiento de delitos más graves como el homicidio, la
violación sexual, el robo, el secuestro o la desaparición forzada de personas. También puede tener impacto en delitos que —bien por la pena o por
el grado de desvaloración social— suelen considerarse menos graves, y que
pueden acarrear detención domiciliaria, como el hurto calificado, la estafa,
el libramiento indebido, el fraude tributario o los delitos contra la propiedad intelectual. Por ese motivo tan evidente, es poco afortunado considerar
que esta materia solo puede legislarse bajo dos alternativas: «favorecer la
corrupción» o «luchar contra la corrupción».17 Si se quiere ser coherente,
no estamos ante una medida que solo afecta a la llamada «lucha anticorrupción» sino al tratamiento de toda forma de criminalidad que pueda acarrear
detención domiciliaria.18
17 GAMARRA HERRERA 2005.
18 Los F. N.os 47, 48, 59, 60, 65, 67 de la STC 0019-2005-PI/TC, sobre la ley 28568, relacionan el arresto domiciliario con la llamada «lucha anticorrupción». Sin embargo, esta
relación no parece suficientemente sustentada porque la información de que más del
66 por ciento de imputados con arresto domiciliario están «vinculados con actos de corrupción» (F. N.o 47), deriva de un dato periodístico, más aun cuando la llamada «jurisdicción penal especial» o «anticorrupción» tiene competencia no solo para casos de corrupción,
Es necesario ponderar los diversos intereses en conflicto a fin de arribar,
como señala Meini, a una alternativa que respete el principio de proporcionalidad.19 Ello implica poner de relieve lo es que es obvio: no es lo mismo
afrontar la detención preventiva en un centro penitenciario (la cárcel) que
el arresto «domiciliario». En el plano formal, el Tribunal Constitucional
considera que «[…] de acuerdo con el artículo 143 CPP, la detención domiciliaria impuesta […] es una modalidad del mandato de comparecencia; por
lo tanto, no constituye un mandato de detención propiamente dicho».20 La
práctica del arresto domiciliario en el Perú confirma esta aseveración: bajo
arresto domiciliario puede mantenerse el vínculo familiar y, hasta cierto
punto, el social; en algunos casos el imputado puede trabajar en su domicilio y seguir generando rentas; puede gozar de aquellas comodidades que le
permite su situación socioeconómica, etc. El Tribunal Constitucional pone
de relieve estos rasgos del arresto domiciliario en la sentencia de inconstitucionalidad del 21 de julio de 2005, pues, a su juicio:
[…] tal como a la fecha se encuentran regulados el arresto domiciliario y la
prisión preventiva, y aun cuando comparten la condición de medidas cautelares personales, son supuestos sustancialmente distintos en lo que a su incidencia sobre el derecho fundamental a la libertad personal respecta; ello
porque, en el caso del arresto domiciliario, el ius ambulandi se ejerce con
mayores alcances; no existe la aflicción psicológica que caracteriza a la reclusión; no se pierde la relación con el núcleo familiar y amical; en determinados casos, se continúa ejerciendo total o parcialmente el empleo; se sigue
gozando de múltiples beneficios (de mayor o menor importancia) que serían
ilusorios bajo el régimen de disciplina de un establecimiento penitenciario;
y, en buena cuenta, porque el hogar no es la cárcel.21
Dadas esas diferencias objetivas, el TC considera que la «identidad matemática» entre el arresto domiciliario y la pena privativa de libertad lesiona el principio de igualdad, más aun porque favorece que el condenado esté
menos tiempo confinado en un centro de reclusión o, incluso, que no ingrese
sino también para los de asociación ilícita, delitos contra los Derechos Humanos y otros
delitos comunes conexos. Pero más allá de ello, aunque la información fuera acertada o
cercana a la realidad, ello no enervaría el principio constitucional del art. 10, párrafo 1
de que «Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas,
pero no por razón de la diferencia de personas».
19 MEINI MÉNDEZ 2005b: 11, N.o 6 in fine.
20 STC del 9 de diciembre de 2003, expediente 2000-2003-HC/TC. En <http://
www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/2000-2003-HC.html>
21 F. N.o 23.
nunca,22 lo que, en definitiva, debilita los fines de prevención general y especial que la Constitución asigna al ordenamiento penal.23
Sin embargo, de la existencia de estas ventajas objetivas no se deriva
que el arresto domiciliario sea una forma de comparecencia simple; más
bien, es la forma más grave de comparencia restringida que reconoce el vigente Código Procesal Penal o, dicho de otro modo, es el grado de coerción
personal inmediatamente inferior después de la detención preventiva. Con
ello, el arresto domiciliario no deja de ser arresto o detención. Es, en definitiva, la forma cautelar de privación de libertad menos grave después de la
detención preventiva. Por ese motivo, Sánchez Velarde considera que la
ubicación de esta medida cautelar en el Código Procesal Penal de 1991
«[…] bajo el capítulo correspondiente a la comparecencia, no parece muy
acertada […]. La situación del procesado es de detención o comparecencia;
ésta puede ser revocada, pero no hay estados intermedios ni superpuestos;
no hay comparecencia con detención. La detención domiciliaria es una forma de privación de la libertad y su ubicación corresponde en el marco referido a aquélla, como alternativa para casos predeterminados».24 La misma
orientación predomina en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; así,
en la sentencia del 5 de agosto de 2002, expediente 1565-2002-HC/TC, en
el caso de Héctor Chumpitaz Gonzales, se consideró:
No cabe duda de que con la detención domiciliaria sucede algo semejante,
aunque no con los alcances de la detención judicial preventiva: La obligación de permanecer, en forma vigilada, dentro del domicilio, es, sin duda,
también una limitación seria de la libertad locomotora, cuyo dictado, por
cierto, debe necesariamente justificarse, pues sucede que ésta constituye, entre las diversas fórmulas con las que se puede decretar la comparecencia restrictiva en nuestro ordenamiento procesal penal, la más grave. Por ello, el
Tribunal Constitucional considera que también tal medida restrictiva de la libertad locomotora debe sujetarse a su conformidad con los principios de
subsidiaridad, provisionalidad, razonabilidad y proporcionalidad.
22 F. N.os 25 a 28.
23 Véase § 10. Para ello, el TC desarrolla en el § 7 el contenido de las diversas teorías de
la pena, y lo contextualiza en el marco de la relación entre derecho penal y constitución
(§ 8 y § 9), donde ratifica el principio de lesividad (F. N.o 35, párrafo 1) y se acerca a
las posturas constitucionalistas amplias (párrafo 2), aspectos que no se analizan en esta
24 SÁNCHEZ VELARDE 1994: 225 y s.
Es razonable, en consecuencia, que los días o meses de arresto domiciliario sí se tomen en cuenta, de modo proporcional, para restringir la extensión de la pena privativa de libertad. La STC del 21 de julio de 2005 no se
opone a esta alternativa, sino —y tan solo— a la posibilidad de que se abone un día de arresto domiciliario por un día de pena privativa de libertad.
Contra esta postura ha sostenido Meini que el arresto domiciliario es incapaz de satisfacer los fines de prevención general y, en especial, que se
atribuye a la pena, bien porque se trata de una medida cautelar, bien porque
no es materialmente idéntica a la detención preventiva —a la que Meini sí
le atribuye eficacia preventiva—, entre otras razones vinculadas a la función de la pena.25 No obstante, esta argumentación no es convincente. Y es
que la trascendencia de los fines de la pena no puede trasladarse sin más al
ámbito de las medidas cautelares porque, como indica San Martín Castro,
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —en
especial, desde la sentencia del 12 de noviembre 1997, en el asunto Suárez
Rosero— establece que «De lo expuesto en el art. 8.2 de la Convención se
deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá
de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva».26 De
allí que a juicio de San Martín solo quepa otorgar a la prisión preventiva
funciones de contención del peligro de fuga o del entorpecimiento de la actividad probatoria,27 y no se acepten otros fines como el control del peligro de reiteración delictiva o la preservación del orden público.28 Ello coincide con los presupuestos materiales del art. 135 CPP: la detención
preventiva no persigue funciones punitivas, como tampoco las persigue el
arresto domiciliario, tal como se aprecia en el art. 143, párrafo 1 y N.° 1.
Y es que «En definitiva, la prisión preventiva en ningún caso puede perseguir objetivos del derecho penal material, propios de la pena. La persecución de fines de prevención general o especial presupone la firmeza del
presupuesto de ese Derecho penal material: la culpabilidad del afectado»;29
MEINI MÉNDEZ 2005b: 11, N.o 7.
Párrafo 77.
SAN MARTÍN CASTRO 2003: 1118.
SAN MARTÍN CASTRO 2003: 1119 y ss.
SANGUINÉ 2004: 467.
[…] [la] utilización de la prisión preventiva con la «finalidad de prevención
de delitos» es inconstitucional. Desde parámetros constitucionales normativos, en particular la presunción de inocencia, no es legítimo utilizar la prisión preventiva para perseguir objetivos del Derecho penal material exclusivos de la pena o de la medida de seguridad, que sólo pueden perseguirse
con éstas y no con instrumentos procesales, pues convertiría aquella medida
en instrumento preventivo de lucha contra la criminalidad en el curso del
proceso, lo que implica el castigo anticipado de una persona sin fundamento
jurídico, en tanto trata al sospechoso, cuya culpa está pendiente de prueba,
como mero instrumento de la función preventiva policial del Estado.30
El art. 47 CP permite descontar cada día de detención preventiva por
cada día de la pena impuesta al condenado. Sin embargo, esta regla no puede justificarse suficientemente en esas funciones punitivas de facto que
suelen atribuirse a la prisión preventiva.31 Si fuera así, el abono del tiempo
de la detención preventiva encontraría fundamento en el principio de ne bis
in idem, material que conforme a la STC del 16 de abril de 2004, expediente 2050-2002-AA/TC, implica que «no cabe la doble sanción del mismo sujeto por un mismo hecho cuando la punición se fundamenta en un mismo
contenido injusto, esto es, en la lesión de un mismo bien jurídico o un mismo interés protegido».32 Pero si la detención preventiva no puede concebirse como una pena adelantada, ni corresponde perseguir con ella la satisfacción de fines preventivos, entonces la imposición de una pena que no tome
en cuenta la prisión preventiva no podría configurar un bis in idem, una doble sanción por el mismo contenido de injusto.
Por ese motivo, debe aceptarse que por medio del descuento de la prisión preventiva el Estado sencillamente renuncia a una parte de la ejecución de la pena y, con ello, a perseguir, si no con el saldo de pena, los fines
de prevención. A juicio de Jescheck, la prisión provisional sirve a otros fines diferentes de la pena, con lo que el abono de la detención preventiva
trae consigo que la pena ya no pueda cumplir del mismo modo su función
de resocialización porque se disuelve por medio de la prisión provisional
poco a poco, de modo que solo permanece el resto de la pena como tal, una
vez condenado el sujeto a pena privativa de libertad.33 La afectación de la
libertad ambulatoria es igual de intensa en la detención preventiva y en la
SANGUINÉ 2004: 469.
SANGUINÉ 2004: 499.
F. N.o 19.a.
JESCHECK y KRÜMPELMANN 1971: 977.
pena privativa de libertad; el distinto fundamento —procesal (aseguramiento) y material (culpabilidad) respectivamente— no altera de modo alguno la
afectación del contenido esencial de esa libertad. De modo similar, la STC
del 21 de julio de 2005 establece:
[…] más allá de los distintos presupuestos que justifican el dictado, de un
lado, de una detención provisional, y, de otro, de una pena privativa de libertad, lo cierto es que los efectos personales generados por el dictado de
una u otra son sustancialmente análogos. No sólo resulta que ambas son
cumplidas en un establecimiento penitenciario, sino que, en los hechos, producen el mismo grado de limitación de la libertad personal, la misma sensación de encierro, la misma aflicción psicosomática que conlleva la separación del núcleo familiar, la imposibilidad de desempeñar el empleo, y, en
general, el brusco quiebre que representa el tránsito de una vida desarrollada
fuera de las paredes de un penal, a una sometida al férreo régimen disciplinario propio de todo centro de reclusión.34
De ahí que la antigua y constante previsión en nuestro ordenamiento legal
referida a la aplicación del tiempo de la prisión preventiva al cómputo de la
pena privativa de libertad (artículo 31 del Código Penal de 1863, artículo 49
del Código Penal de 1924 y artículo 47 del Código vigente) […] no sólo resulta plenamente compatible con el principio-derecho de dignidad humana
(artículo 1 de la Constitución) y con los fines de reeducación, rehabilitación
y resocialización del régimen penitenciario (inciso 22 del artículo 139 de la
Constitución), sino que, strictu sensu [sin duda se quiso decir stricto sensu],
por exigencia de tales principios, es una obligación legislativa.
Las materialmente idénticas incidencias sobre el derecho fundamental a la libertad personal no pueden ser relativizadas en virtud de algún paradigma
teórico (la distinta naturaleza jurídica entre una detención preventiva y una
sanción punitiva), permitiendo que, en los hechos, una persona purgue prisión por un tiempo mayor a aquel previsto en la ley al momento de la comisión del delito. Ello no sólo implicaría una desproporcionada afectación del
derecho a la libertad individual, sino una evidente vulneración del principio
de legalidad penal (literal f, inciso 24 del artículo 2 de la Constitución).35
De esta forma, cuando el Estado recurre a la detención preventiva, asume el riesgo —en caso de una condena posterior— de canjear ese tiempo
de detención con fines cautelares por una parte del tiempo de la condena
que debe orientarse a la prevención. En otras palabras, con la detención
34 F. N.o 8.
35 F. N.o 9.
preventiva, desde una perspectiva ex ante, el Estado limita o atenúa los objetivos de prevención en caso de que el imputado sea hallado responsable.
Y esto obedece —como no podía ser de otra forma— a una concepción utilitaria tanto del proceso como de la pena. El Estado tiene la oportunidad de
perseguir la prevención por medio de la pena, pero ello presupone que el
imputado sea condenado. Cuando este presupuesto peligra (peligro procesal) y es necesaria la detención preventiva, es razonable sacrificar una parte
de la pena y sus fines para asegurar que el procedimiento permita develar
si la pretensión punitiva estatal tiene suficiente fundamento para determinar
una condena. No aceptar ese sacrificio —no abonar el tiempo de detención
preventiva— implicaría poner por encima de la libertad personal la persecución de la prevención, con lo que se vulneraría el principio de proporcionalidad o prohibición de exceso. Esta concepción explica por qué legislaciones como la española (art. 58 CP de 1995), siguiendo la tradición anterior
del Tribunal Supremo, permiten incluso que la detención preventiva impuesta en otro proceso se abone en el cómputo de la pena impuesta por
otro u otros delitos cometidos antes de ejecutarse la detención preventiva.36
Si el abono se fundamentara en una suerte de adelanto en el ejercicio de la
prevención general y especial, entonces sería incomprensible por qué se
permite el abono de la detención preventiva impuesta en un proceso por
otro hecho punible.
III. EQUIVALENCIA
ENTRE ARRESTO DOMICILIARIO Y PENA PRIVATIVA DE
Esta perspectiva sistemática de las funciones del derecho penal y procesal
penal que empieza a desarrollarse en nuestra tradición jurídica,37 puede facilitar el análisis sobre los grados de equivalencia o no equivalencia entre
el arresto domiciliario y la privación de libertad como pena. Como se adelantó, la detención domiciliaria es una forma de privación de libertad menos
36 JORGE BARREIRO 1997: 246.
37 Cfr. por todos RAGUÉS I VALLÈS 2004: 152 y ss., aunque destacando las funciones de prevención general de la prisión provisional que, desde mi punto de vista, no dejan de ser
fácticas y, en consecuencia, no pueden fundamentar posiblemente una instrumentalización del imputado (no condenado) con el objetivo social de evitar conductas semejantes
a la que se le atribuyen.
intensa que la detención preventiva, y de lege lata se concibe como una
forma de comparecencia restringida. Esa menor entidad hace razonable que
el arresto domiciliario pueda descontarse de la pena, pero no de modo aritmético sino de modo proporcional. Una regla coherente con el texto original del párrafo 2 del art. 47 CP, antes de la nueva ley 28568, consiste en
considerar que, cuando menos, dos días de arresto domiciliario deben abonarse como un día de la condena a pena privativa de libertad. Según la norma original: «Si la pena correspondiente al hecho punible es la de multa o
limitativa de derechos, la detención se computará a razón de dos días de dichas penas por cada día de detención».
Para efectos de lo que se quiere resolver, ello significa que cada día de
detención preventiva —que según lo expresado es equivalente a cada día
de la pena privativa de libertad— equivale, según la norma antes citada, a
dos días de la pena de limitación de días libres o arresto de fin de semana
(art. 35 CP), sanción que forma parte del catálogo de las penas limitativas
de derechos (art. 31 CP). La pena de arresto de fin de semana consiste en
la obligación de permanecer los sábados, domingos y feriados por un lapso
de 10 a 16 horas por cada fin de semana «en un establecimiento organizado
con fines educativos y sin las características de un centro carcelario». Luego, conforme al art. 47 CP se considera que esta pena es menos grave que
la prisión preventiva y, por tanto, que la propia pena privativa de libertad,
valoración que se asemeja a la del arresto domiciliario. Es más, siendo más
exhaustivos puede analizarse qué afecta más la libertad ambulatoria, si la
obligación de permanecer en el domicilio todos los días mientras duren la
medida cautelar o el proceso (detención domiciliaria), o la obligación de
permanecer por 10 a 16 horas cada fin de semana en un centro con fines
educativos y no carcelarios (pena de arresto de fin de semana). Es razonable considerar que la detención domiciliaria es más grave para la libertad
personal, ya que el imputado no puede abandonar el domicilio en ningún
momento, mientras que el condenado goza de una mayor libertad ambulatoria en el arresto de fin de semana, puede trabajar fuera del domicilio, puede
preservar de mejor manera su vida social y familiar, etc. En esa medida, si
la detención domiciliaria afecta la libertad ambulatoria de forma no menor
(más intensa, en estricto) que el arresto de fin de semana, y si dos jornadas
de esta última equivalen de lege lata a un día de detención preventiva —esto
es, a un día de la propia pena privativa de libertad—, puede concluirse que
en el sistema original del CP —ratificado por la ley 28577, que derogó la
28568—, dos días de arresto domiciliario deben equivaler, por lo menos, a
un día de pena privativa de libertad.
La frustrada modificación del art. 47 CP, acentuaba mediante la ley 28568
esa paridad entre el arresto domiciliario, la detención preventiva y la pena
privativa de libertad. Con ella, toda forma de detención del imputado ante el
peligro procesal (detención preliminar, preventiva y domiciliaria), debía abonarse en el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa
de libertad por cada día de detención. Del mismo modo, en caso de penas de
multa o limitativas de derechos, la detención del imputado debía computarse
a razón de dos días de dichas penas por cada día de detención. Esta regulación —acorde con una gran tendencia en el derecho comparado— no ha tomado en consideración las diferencias materiales entre la detención en un
centro de reclusión y en el domicilio, diferencias que, según se ha visto anteriormente, pueden conducir, por ejemplo, a considerar que dos días de detención domiciliaria deben descontarse, cuando menos, por uno de pena. Tampoco se consideraron los criterios de selección que utiliza el Poder Judicial para
imponer el arresto domiciliario, aspecto esencial para evitar que la medida y
su abono en el cómputo de la pena no conduzcan a resultados lesivos del
principio de igualdad y no discriminación.
IV. EFECTOS
DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Podría defenderse que la regla del uno por uno —vigente del 4 al 9 de julio
de 2005—38 debe aplicarse necesariamente en los siguientes casos: a) delitos cometidos durante su vigencia, y en cuya persecución procesal se ordene la detención domiciliaria; b) delitos cometidos antes de la vigencia de la
ley 28568 como producto de la retroactividad benigna que ampara el art.
103, párrafo. 2 Const.. Luego, toda posible modificación que desmejore la
regla del uno por uno —en concreto, la restitución del texto original del art.
47 CP mediante la ley 28577— solo podría vincular el cómputo de la pena
respecto de hechos punibles cometidos tras la nueva modificación; lo contrario implicaría una aplicación retroactiva perjudicial.39 En esa perspectiva,
38 Regla impuesta por la reforma del art. 47 del CP por medio de la ley 28568, publicada
el 3 de julio de 2005 y derogada por la ley 28577, publicada el 9 de julio de 2005.
39 Esta es la postura del voto singular del vocal supremo Robinson Gonzáles, del 22 de julio de 2005, en el expediente 1205-05 frente a la pretensión de nulidad del mandato de
libertad del 7 de julio de 2005, concedido por la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema a favor de los imputados Alex y Moisés Wolfenson Woloch.
el fundamento de la retroactividad benigna no podría reposar —al menos,
no en su totalidad—, en que el art. 47 CP contiene una regla de determinación de la pena, 40 es decir de derecho penal material. Como señala Jescheck, la regla del abono afecta en estricto la ejecución penal: «[…] no se
trata de un acto de individualización de la pena, sino de una decisión judicial en el ámbito de la ejecución penal, porque la pena debe estar ya definitivamente determinada en su clase y cuantía antes de que el tribunal entre a
considerar la cuestión […]».41 Con ello, la decisión sobre el abono no afecta a la llamada «individualización judicial de la pena» en sentido estricto,
esto es, la determinación del tipo y cuantía de la pena cuya determinación
solo depende de la entidad del injusto y de la culpabilidad del condenado
por el hecho punible. El abono afecta la extensión de la pena previamente
individualizada, los límites de su ejecución. Este abono tiene injerencia en
lo que clásicamente se consideraba la individualización administrativa o penitenciaria de la pena. Dicho abono, como ya se adelantó, afecta los límites
de la libertad ambulatoria del condenado, de modo que su vinculación a la
ejecución —aunque se regule dentro del CP— no debilita la regla de la retroactividad benigna de la ley penal que, como he desarrollado en otra ocasión, incluye el régimen de la ejecución en tanto este afecta derechos fundamentales,42 postura manifiestamente contraria a las criticables sentencias
del TC del 10 de diciembre de 200343 y del 30 de enero de 2004,44 que equiparan la ley penitenciaria con la ley procesal con la finalidad de extender el
principio tempus regit actum a la ejecución penal y, por ese medio, establecer que los beneficios penitenciarios se rijan por las normas vigentes al
momento de solicitar el beneficio.
La STC que declara la inconstitucionalidad de una ley solo tiene efectos
ex nunc o hacia el futuro, y rige desde el día siguiente de su publicación en
el diario oficial (art. 204 Const., arts. 81 y 82 del CPC).45 Antes bien, la
40 Como afirma VILLAVICENCIO TERREROS 2001: 192.
41 JESCHECK 1993: 813, aunque el propio autor llega a considerar que «[…] es conveniente
seguir ocupándose sistemáticamente del abono […] en el marco de la individualización
penal, puesto que, en definitiva, la cuantía de la pena viene también parcialmente determinada por la decisión que se tome en la cuestión del repetido abono».
42 CARO CORIA 2004.
43 Expediente 2196-2002-HC/TC, F. 8, 9 y 10.
44 Expediente 1593-2003-HC/TC, F. 9, 10, 11 y 12.
45 Véase ABAD YUPANQUI 2004: 165; LANDA ARROYO 2003a: 104.
STC del 21 de julio de 2005 zanja —según se adelantó—46 las diversas
consecuencias temporales de la inconstitucionalidad de la ley 28568, pese a
que ya había sido derogada mediante la ley 28577 (por considerar que la
declaración de inconstitucionalidad «aniquila» todos los efectos que la norma pueda cumplir, incluso los que puede haber cumplido en el pasado en
caso de que haya versado sobre materia penal). Esto último, conforme al
art. 83 del CPC, cuando la declaración de inconstitucionalidad puede acarrear consecuencias más beneficiosas para el reo, como quedó establecido
desde la STC del 15 de noviembre de 2001, expediente 005-2001-AI/TC,47
ya que el art. 103, párrafo 2 Const. autoriza la retroactividad de la ley penal benigna. 48 Sin embargo, este supuesto no corresponde a la ley 28568:
su inconstitucionalidad implica dejar sin efecto una ley más favorable al
reo. Por ese motivo no se comprende por qué el TC toma acciones como regular con exagerada casuística los efectos del fallo de inconstitucionalidad,
prohibir que los jueces apliquen de modo alguno la norma inconstitucional
—como si jamás hubiera existido—, ordenar que se desestimen los pedidos
de aplicación de dicha norma, que se estimen las impugnaciones o nulidades planteadas contra su aplicación, y señalar que estas reglas son exigibles
incluso antes de la publicación del fallo por medio del control difuso. Con
ello, la sentencia de inconstitucionalidad adquiere fuerza retroactiva pese a
ser perjudicial para el reo, extiende su eficacia más allá de lo permitido por
el art. 204 Const., rige incluso antes de que se publique. Dicho de otro
modo, conforme al derecho vigente en el Perú, la inconstitucionalidad de
una ley penal favorable rige desde el día siguiente del fallo, aniquila los
efectos de la ley para el futuro; la deroga, mas no anula su existencia ni los
efectos ya desplegados. Esto no concuerda con lo ordenando por el Tribunal: si la ley 28568 estuvo vigente entre el 4 y el 9 de julio, estamos frente a
una ley intermedia que debe tomarse en cuenta porque es más favorable y concuerda con el sentido del art. 6 CP,49 de manera que sus efectos benignos
46 Cfr. supra N.o III.
47 En el F. 1: «La derogación de una norma no implica, necesariamente, exonerar al Tribunal Constitucional de un pronunciamiento sobre su inconstitucionalidad, ya que los efectos en el tiempo de la norma derogada pueden variar ante una declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, en este proceso, no es necesaria tal declaración de
inconstitucionalidad, dado que la nueva ley tendrá que ser aplicada respecto de los efectos de la antigua, en virtud del principio de la retroactividad penal benigna».
48 HUERTA GUERRERO 2005: 175. MESÍA 2004: 461, 468.
49 HURTADO POZO 2005: 324.
podrán aplicarse ultractivamente, sin justificarse los citados preceptos y
prohibiciones impuestos por el TC a los jueces y magistrados.
Tampoco se comprende por qué para el TC:
[…] el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable no puede ser interpretado desde la perspectiva exclusiva de los intereses
del penado.
La interpretación de aquello que resulte más favorable al penado debe ser
interpretado a partir de una comprensión institucional integral, es decir, a
partir de una aproximación conjunta de todos los valores constitucionalmente protegidos que resulten relevantes en el asunto que es materia de
La retroactividad benigna sustentada en una ley inconstitucional carece de
efectos jurídicos.50
La mínima exigencia de seguridad jurídica parece incompatible con una
prohibición general de retroactividad de normas que han regido durante un
periodo, y cuya declaración de inconstitucionalidad carece de efectos retroactivos.
V. COMPONENTE JUDICIAL
El gran debate sobre el arresto domiciliario y sus consecuencias sobre la
pena tiene un componente judicial que no se ha puesto de relieve con suficiente claridad. En el marco del CPP de 1991, la detención domiciliaria
puede operar como una forma de comparecencia restringida obligatoria51
—esto es, conforme al párrafo 1 del art. 143—, cuando el imputado tiene
más de 65 años y está enfermo o incapacitado,52 pero siempre que el peligro
50 F. 52.
51 SAN MARTÍN CASTRO 2003: 1161 y s.
52 La vinculación de la detención domiciliaria a situaciones de vejez, enfermedad o razones
humanitarias, en general, es común en el derecho comparado. En el sistema argentino,
donde puede operar incluso como una forma de pena privativa de libertad, conforme al
art. 10 del CP y al art. 33 de la ley 24.660, se aplica para penas de hasta seis meses a las
«mujeres honestas» y las personas mayores de sesenta años o valetudinarias (enfermiza o
procesal pueda evitarse razonablemente, dado que si dicho riesgo no puede
superarse con la prisión domiciliaria el juez deberá ordenar la detención
preventiva. Así, esta medida opera como un sustituto53 o como subsidiaria
de la prisión provisional, configuración legal que conduce a Oré Guardia a
entender lo siguiente: «La detención domiciliaria no es una medida coercitiva autónoma sino, más bien[,] una medida coercitiva accesoria o complementaria, aplicable como una restricción cuando al procesado se le imponga la medida de comparecencia en sustitución a la detención; por ello
siempre presupone una menor intensidad del peligro procesal». 54 Ahora
bien, el CPP de 1991 también permite que el arresto domiciliario se acuerde como una forma de detención restrictiva facultativa, como una alternativa a la prisión preventiva para aquellas personas que no sufren enfermedad o
incapacidad,55 «en aquellos supuestos en que los fines de la prisión preventiva pudieran alcanzarse de modo menos gravoso para el imputado».56 Esta
amplia extensión del arresto domiciliario que, al menos de plano, no cabe rechazar, ha tenido una proyección judicial no uniforme: empíricamente se
aprecia su constante uso, precisamente, en casos de corrupción de funcionarios, delitos vinculados a la criminalidad organizada, etc., y frecuentemente a
favor de personajes públicos del mundo político, de la farándula, empresarios, entre otros, lo que conduce a la percepción de que el arresto domiciliario se utiliza de modo discriminatorio, como una alternativa a la prisión preventiva para favorecer a determinados personajes públicos, a quienes el
Poder Judicial vendría tratando con estándares más elevados respecto a otros
procesados sin perfil público o con poca connotación social.
La ausencia de trato igualitario aconsejaba una reforma del arresto domiciliario, que el nuevo CPP de 2004 ha llevado al extremo de reducir tajantemente su aplicación como «[…] una medida sustitutiva acordada cuando,
por razones humanitarias, es conveniente establecer un régimen de privación de libertad más apropiado a las condiciones objetivas o subjetivas del
inculpado»;57 es decir —según el art. 290 N.° 1—, solo cuando el imputado
delicada), y si la pena es superior a seis meses se aplica a los mayores de setenta años y
a los enfermos terminales, Cfr. ZAFFARONI, ALAGIA y BLOCAR 2002: 949 y ss.
SÁNCHEZ VELARDE 1994: 225; ídem 2004: 745.
ORÉ GUARDIA 1999: 349.
SAN MARTÍN CASTRO 2003: 1162.
ASENCIO MELLADO 2005: 501.
ASENCIO MELLADO 2005: 501 y s.
sea mayor de 65 años, adolezca de una enfermedad grave e incurable, sufra
grave incapacidad física permanente que afecte de modo sensible su capacidad de desplazamiento o cuando se trate de una madre gestante, pero siempre que el peligro procesal pueda controlarse con dicha medida (N.° 2),
puesto que en caso contrario corresponderá imponer la detención preventiva aunque el imputado reúna las condiciones personales que avalan la detención domiciliaria. Como indica Mavila León, «La medida está condicionada a que el peligro de fuga se pueda evitar razonablemente». 58 Esta
regulación de lege ferenda es bastante restrictiva:59 si desaparecen dichas
condiciones personales (enfermedad, incapacidad, gestación) el juez deberá
poner término al arresto domiciliario e imponer la detención preventiva (N.°
3). En este contexto resulta razonable la previsión del art. 490.2 del nuevo
CPP de descontar un día de pena privativa de libertad por uno de detención
domiciliaria. Se trata de imputados a los que el arresto en el domicilio no
se les impone como alternativa —discriminatoria— a la prisión preventiva,
sino como sustituto de esta,60 y solo mientras subsistan —salvo el caso de
los mayores de 65 años— las excepcionales circunstancias personales que
motivaron una detención en condiciones menos gravosas que en un centro
58 MAVILA LEÓN 2005: 100.
59 TALAVERA ELGUERA 2004: 46.
60 ASENCIO MELLADO 2005: 502.
La suerte es aquello que sucede cuando la

References: de lege ferenda

resolución 
 artículo 143
in fine
 artículo 49
 artículo 47
 artículo 139
 artículo 2
de lege lata
de lege lata
de lege ferenda