Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421526.html
Timestamp: 2019-04-24 18:53:00+00:00

Document:
as201421526
Auto Supremo: 526/2014
Sucre: 15 de septiembre 2104
Expediente: LP - 71 – 14 – S
Partes: Fernando Eduardo Miranda Mendoza. c/ Juan Del Granado Cosío en
representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Proceso: Mejor derecho de propiedad, reivindicación y resarcimiento por hecho
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1017 a 1044 vta., interpuesto por Vladimir Gutiérrez Ramírez en representación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en contra del Auto de Vista Nº 365/2013 de 23 de diciembre de 2013, cursante de fs. 1001 a 1005, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre mejor derecho propietario, reivindicación y resarcimiento seguido por Fernando Eduardo Miranda Mendoza contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; la respuesta al recurso de fs. 1046 a 1048 vta.; el Auto de concesión de fs. 1049; los antecedentes del proceso, y:
Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz, emitió Sentencia Nº 04/2010 de 05 de enero de 2010, de fs. 573 a 577 vta., declarando probada en parte la demanda, en consecuencia, declara el mejor derecho de propiedad del actor sobre el inmueble de 690 m2 ubicado en el Pasaje General Gonzales Nº 1271, zona San Pedro, e inscrito en Derechos Reales; e improbada en todo lo demás. Asimismo, improbada la acción reconvencional.
En apelación, la Sala Civil Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 365/2013 de 23 de diciembre de 2013, de fs. 1001 a 1005, resolvió confirmar la Resolución Nº 674/08 de fs. 140-141, y el auto de fs. 145 vta., asimismo, la Sentencia Nº 04/10 de 05 de enero de 2010, y autos de fs. 580 y 607, contra la mencionada Resolución el demandado interpone recurso de casación en el fondo y en la forma.
Por infracción del art. 254-4) en relación al art. 236 del Código de Procedimiento Civil. El Auto de Vista incurre en ausencia de motivación porque no se pronuncia respecto a los otros agravios denunciados en el recurso de apelación.
Art. 254-1) del Código de Procedimiento Civil, por vulneración de los arts. 394 y 395 de la mencionada norma: Clausurado que fue el término probatorio mediante Auto de fs. 527 vta., las partes por su orden formularon sus alegatos, empero, el Juez no dictó Sentencia dentro de las 48 horas, tras el alegato del demandado, transcurrieron dos meses y cinco días para el decreto de autos, lo que significa que el A quo perdió competencia antes de dictar fallo.
Infracción del art. 254-7) por vulneración del art. 192-3) del Código de Procedimiento Civil: el Auto de Vista es incongruente y contradictorio porque no consideró la prueba que acredita derecho propietario de la entidad municipal ni su demanda reconvencional; los fallos deben ser congruentes entre los fundamentos y la parte dispositiva, debe versar sobre lo pedido sin ir más allá (ultra petita) o fuera de lo demandado (extra petita).
Infracción del art. 254-4) del Adjetivo Civil por incongruencia omisiva: La prueba cursante de fs. 966 a 971, del Gobierno Municipal, no fue considerada por el Tribunal de Apelación, el razonamiento de la Resolución 227/2011 a fs. 966 a 971, versa sobre el reconocimiento hecho por el actor respecto a la propiedad municipal pidiendo la adjudicación de dicha área residual, sin embargo, no existe respuesta a ese reconocimiento, la confesión presunta y la aplicación del art. 424 del Código de Procedimiento Civil, el señalamiento de audiencia a la que no acudió según consta en el acta de fs. 465, lo que significa que se dé por confeso al actor, empero, soslayaron aplicar el art. 404 de la citada norma.
Violación del art. 254 num. 1) y 7) por infracción del art. 197 del Código de Procedimiento Civil: La Sentencia no dispuso la consulta del fallo al Tribunal Ad quem. El juzgador debe remitir al Tribunal Superior en consulta exista o no recurso de apelación, conforme dispone la parte final del art. 197 del Adjetivo Civil. Sin embargo, no es admisible realizar la consulta en cualquier momento del proceso, el Auto de Vista no pondera que a momento de haberse emitido dicho Auto el Juez ya no tenía competencia para modificar los alcances de su fallo y peor aun cuando ya existía el recurso de apelación de su parte. La prueba documental de reciente obtención de fs. 540 a 543, de la cual no se realizó el juramento para recibir dicha prueba.
Con dichos antecedentes, pide la nulidad de obrados inclusive a fs. 568, para que se reciba el juramento de prueba de reciente obtención del Gobierno Municipal o la nulidad inclusive hasta fs. 999, para que se emita nuevo Auto de Vista.
Violación del art. 1538 del Código Civil y de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887: La controversia sobre el derecho propietario del bien inmueble objeto de la litis, deviene de una superficie total de 2.701 m2 ubicados en el Garaje Romero-Aires del Río Karahuichinca, inscrito el 8 de noviembre de 1991 de fs. 448. Dentro de esa superficie global se incluye el área reclamada por el demandante sobre la superficie de 313.63 m2, de los cuales solo una parte viene el demandante ocupando a título de detentador, y por la otra, tiene posesión total el Municipio. Éste tiene inscripción anterior a la supuesta tradición de la parte demandante, y de obrados se acredita que no existe la superficie de 690 m2 como efecto de la transferencia que pretende hacer valer el actor quien se ha auto rectificado, en tanto que la Municipalidad tiene inscrito su derecho propietario.
Inexistente tradición de derecho propietario de Fernando Eduardo Miranda Mendoza, quien aduciendo ser supuesto propietario de un bien inmueble ubicado en el Psje. General Gonzales Nº 1271 de 690 m2, sin embargo, en la Escritura Pública Nº 276/2005 se la efectuó ilegalmente en base a una aclaración de superficie lo que confirma que está invadiendo propiedad municipal. El plano de fs. 21 a 22, emitido por el IGM, entidad incompetente en aspectos relacionados al Ordenamiento Territorial de un Municipio, plano al que el Auto de Vista ha pretendido darle valor probatorio que demuestra una inexistente superficie de 690 m2.
Violación de los arts. 1283, 1286, 1287, 1310 y 1311 del Código Civil, y 330 del Código de Procedimiento Civil: El Auto de Vista cometió infracción expresa de los mencionados arts. porque no valoró la prueba presentada por el Gobierno Municipal de La Paz, como ser los antecedentes del interdicto de adquirir la posesión, el recurso de amparo constitucional, el plano digitalizado de levantamiento de aires del río Karahuichinca y mosaico del sector de preferencia, los memoriales de reconocimiento de derecho propietario del municipio que hace el demandante, el reconocimiento de que los aires de río son de propiedad municipal que hizo el Tribunal Supremo, la Resolución Municipal Nº 133/99 de 17 de junio que en base a la Ley Nº668 de 4 de noviembre de 1984, prohíbe loteamientos y construcciones en zonas urbanas y suburbanas.
La prueba de inspección judicial favorable al Gobierno Municipal de 31 de julio de 2009, que acredita su legítima posesión sobre el inmueble. La prueba pericial del Gobierno Municipal de fs. 483 a 514, respecto del Informe de Peritaje Técnico que acredita esa desposesión del bien inmueble, las referentes técnicas de ubicación del bien inmueble de propiedad municipal y la notaria invasión y construcciones fuera del muro de piedra, además de planos mosaicos digitalizados, etc.
Error de derecho del art. 1296-I del Código de Procedimiento Civil, al no haber dado valor probatorio a los documentos legales y técnicos del Municipio de fs. 746 a 782, por los cuales correspondía declarar probada la acción reconvencional sobre mejor derecho de propiedad.
Violación expresa del art. 404-II y 424 del Código de Procedimiento Civil: El demandante, a través de memoriales de fs. 112 a 114, y 955, reconoció el derecho propietario del municipio respecto a los muros de contención del río Karahuichinca, lo que constituye confesión expresa del actor que pretendió adjudicarse y al no lograrlo realizó una auto rectificación o auto aclaración de superficie de propiedad municipal a su favor, pero tampoco se ponderó la prueba de fs. 445 a 449 respecto al cuestionario de fs. 416, de confesión provocada para el demandante, éste no se hizo presente debiendo dársele por confeso, se infraccionaron los arts. 404 y 424 del Adjetivo Civil.
Violación expresa de los arts. 339-II de la Constitución Política del Estado y 84, 85-4) y 86 de la Ley de Municipalidades Nº 2028: se aplica una lógica civilista y de derecho privado sobre una cuestión púbica y se asume una supuesta falta de título cuando éste es válido y existente. La disposición contenida en el precepto constitucional, art. 339-II, constituye título, los actos administrativos constituyen título idóneo para la afectación de un bien al dominio público, y en consecuencia, habilitan a incorporar al patrimonio municipal, el inmueble en litigio es de propiedad del Gobierno Municipal y por tanto, los jueces se hallan limitados en su competencia.
Casación sobre el fondo contra el Auto de Vista por falta de interpretación sistemática de la norma: El Auto de Vista incurrió en falta de interpretación sistemática de la norma desconociendo el carácter y rango constitucional de los bienes de dominio público (art. 339-II CPE) y las leyes especiales del ámbito municipal (art. 85-4 Ley 2028) ni el art. 85 del Código Civil, lo que significa desconocer la prevalencia de la norma especial frente a la general.
Violación del art. 115-II de la Constitución Política del Estado: El Auto de Vista transgrede dicho precepto constitucional porque niega el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la protección de los derechos subjetivos del Municipio al haberse abstenido de emitir criterio sobre los agravios expuestos.
Con dichos antecedentes, pide Casar el Auto de Vista recurrido declarando improbada la demanda y probada la acción reconvencional.
Señala que el Tribunal de Alzada incurrió en ausencia de motivación al no responder en sentido negativo o positivo a los otros agravios denunciados en su apelación, transgrediendo el art. 236 del Adjetivo Civil:
Que no consideró ni mencionó los agravios provocados al Municipio por mala valoración de las pruebas en la Sentencia. El Ad quem ha efectuado consideraciones en el punto cuatro del segundo considerando de su resolución, respecto al documento cursante 444, correspondiente a la parte demandada, señalando que es idónea para esta parte en cuanto a hacer valer su derecho propietario, y a partir de la mención de esta prueba, se observa que a lo largo de este punto de análisis y consideraciones está referido a la manera en que el A quo ha valorado las pruebas.
Que no se ha motivado respecto a la inembargabilidad e inviolabilidad de los bienes de dominio público municipal; el Ad quem en este punto señaló que al no haber demostrado que el inmueble objeto del litigio constituya Aires de Río (de dominio público), consecuentemente, no se ha vulnerado la Ley Nº 2028.
Que el Tribunal de Alzada no señaló nada respecto a la prueba pericial; sobre dicha esta prueba cursante de fs. 483 a 514, la Resolución de grado afirma que no se extrae que el recurrente haya estado en posesión del inmueble, sino que si existía un muro que fue edificado a consecuencia de la orden de la entidad municipal conforme cursan de las notas y memorándums de fs. 401-402.
Que hubiera omitido señalar sobre los fundamentos de su acción de nulidad, el Gobierno Municipal demandó reconvencionalmente la nulidad de la escritura pública Nº 276/2005 de 12 de mayo de fs. 19 y vta.; al respecto el Ad quem señaló que el Municipio no demostró que el inmueble litigado constituya aires de río y por ello, no ingresa dentro de las causales insertas en los arts. 549, 485, 452 del Código Civil, en cuanto al objeto y causa ilícita, habiéndose el A quo, enmarcado en los arts. 190 y 192 de dicha norma.
Que el Tribunal de Apelación no señaló nada respecto a sus agravios sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, a la jurisdicción y al de la efectividad. El Municipio en su recurso de apelación alegó que al haberse declarado improbada su acción reconvencional se le negó tales derechos; el Ad quem le ha respondido diciendo que el A quo a tiempo de declarar improbada la demanda reconvencional actuó de acuerdo al derecho acreditado y demostrado inequívocamente por el reconvencionista, y que en ese sentido, la entidad reconvencionista no demostró su acción negatoria para la procedencia de la cancelación de la partida del derecho inscrito en Derechos Reales, del actor. Seguidamente, el Ad quem estableció que mal puede acusarse vulneración del art. 397 del Código de Procedimiento Civil, ya que el A quo tiene la facultad privativa de valorar las pruebas y en el caso no se quebrantó dicha norma pues asignó valor probatorio a las pruebas de acuerdo a la idoneidad, naturaleza jurídica y trascendencia de la acción pretendida por el reconvencionista.
Sobre la inexistente tradición del derecho propietario del actor, en su apelación el Municipio señaló que la escritura pública Nº 276/2005 se la efectuó ilegalmente en base a una aclaración y rectificación de superficie que el demandante se hizo a sí mismo para pretender usurpar la propiedad municipal. El Tribunal de Alzada le ha manifestado que este punto fue dilucidado puesto que la entidad edilicia no demostró la ilicitud de dicha aclaración al no haber probado que el inmueble constituya Aires de Río.
Que no se manifestó sobre el agravio de violación expresa al no haber considerado el reconocimiento de la propiedad municipal que realizó el demandante; el Tribunal de grado le respondió indicando que si bien es evidente ese extremo no es menos evidente que ante el conocimiento de que el inmueble no era de propiedad del recurrente, es que interpuso su pretensión demandada a efecto de establecer su derecho propietario.
Sobre el agravio por violación del art. 404 del Adjetivo Civil, sobre confesión provocada al demandante; se ha señalado que debe tenerse presente que el Juez valora las pruebas de acuerdo a su pertinencia, y que en ese sentido, dicha confesión careció de relevancia para establecer las pretensiones demandadas. Con ese mismo criterio, el Ad quem le señala, se valoró el plano de fs. 21 a 22, del cual el apelante señala que fue emitido por el IGM, incompetente para ello, el Ad quem le aclara que el documento mencionado no otorga derecho propietario alguno.
En cuanto al agravio por vulneración del art. 330 del Procedimiento Civil, en la prueba presentada de contrario; el Juez de segundo grado ha dicho que las partes, si bien tienen la oportunidad procesal de presentar sus pruebas con la demanda, empero, también tienen la oportunidad de presentar sus pruebas dentro del término probatorio aperturado como el que se dio para dichas probanzas.
Del agravio por incumplimiento del art. 1310 y 1311 del Código Civil, en su apelación el Municipio señala que las muestras fotográficas de fs. 41 a 44, y 227 a 228, pese a ser objetadas fueron consideradas en Sentencia, y que la prueba de fs. 201, 202, 204, 209, 211, 220-221, 225-226, 255, 212, 280, 291, 294, ha sido cuestionada de su parte al ser copias simples. El Ad quem, al respecto, señaló que el Juez da valor a las pruebas de acuerdo a su eficacia y la trascendencia de éstas en cuanto a lo demandado y pretendido por las partes.
Del agravio por qué no consideró que la prueba testifical fue abandonada y desistida por el demandante; esta alegación se respondió señalando que aquello es de perjuicio directo del demandante por lo que no es legítimo para hacer valer por el recurrente.
Con la respuesta del Juez de segundo grado a los puntos alegados por el recurrente, no se evidencia transgresión al art. 236 del Codigo Adjetivo.
Vulneración de los arts. 394 y 395 del Código de Procedimiento Civil, tras los alegatos el Juez no dictó Sentencia dentro de 48 horas del decreto de autos perdiendo competencia.
De los datos que se tienen en esta parte del proceso, se observa que el recurrente, Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz, fue el último en formular sus conclusiones (fs. 540 a 557), el 11 de septiembre de 2009, mas, el recurrente al haber acompañado documentos a su memorial de conclusiones y al no haber justificado los mismos, el Juez de la causa a fs. 560 vta., le conminó a que señale en qué calidad estaba acompañando dicha documentación, a lo que en el subsiguiente memorial, el representante de la entidad municipal, en vía de aclaración señaló que acompaña dichos documentos en calidad de prueba de reciente obtención, aceptándose la misma por el Juez mediante providencia de fs. 563 vta., la cual corrida en traslado a la parte demandante, objetó a los mismos, tramitándose dicha objeción mediante providencias a fs. 565 vta., y 568 concluida la misma el A quo decretó autos para Sentencia a fs. 569 vta., por lo que no es cierto ni evidente que el Juez haya perdido competencia pues debido a que el propio recurrente no presentó su prueba de reciente obtención, oportunamente, sino clausurado el término de prueba, en etapa de conclusiones, el Juez privilegió este trámite antes de decretar autos para Sentencia.
Del art. 395 de la precitada norma, se colige que el juzgador cuenta con 48 horas subsiguientes a la última presentación de alegatos para emitir el decreto de autos, situación que en el presente caso no aconteció por los motivos referidos, sin embargo, el recurrente señala en su agravio, que el juzgador no dictó Sentencia dentro de las 48 horas. A partir del decreto de autos de fecha 17 de noviembre de 2009, la Sentencia se pronunció dentro del plazo establecido en el art. 204-I num.1) del Adjetivo Civil, plazo que conforme al parágrafo II, se computan desde la providencia de autos. De ello, se deduce que el recurrente erradamente acusa de pérdida de competencia en base a una errada interpretación de lo que establecen los arts. 204 y 395 del Código de Procedimiento Civil, de los cuales no se advierte vulneración.
Vulneración del art. 192-3) del Adjetivo Civil, el Auto de Vista es contradictorio e incongruente porque no consideró las pruebas que acreditan derecho propietario municipal, es ultra y extra petita.
Toda resolución debe cumplir con dos principios: la motivación y la congruencia, es decir, debe ajustarse a las peticiones deducidas por las partes y a los aspectos que han sido motivo de la controversia. El art. 236 del Código de procedimiento Civil señala: “El Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el artículo 227…”. La jurisprudencia constitucional establece que las resoluciones pronunciadas por los juzgadores de grado deben ser precisas, concretas, positivas y acordes con las pretensiones expuestas por las partes, sin que ello signifique otorgar la razón a quien la pide sin tenerla, es decir, que se deben observar los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, tanto de las pruebas aportadas y acumuladas en el trámite del proceso como de los fundamentos alegados por las partes.
De la revisión del Auto de Vista se observa, en cuanto a que no se consideraron la prueba que acredita derecho propietario de la entidad municipal sobre el inmueble, el reconocimiento como propiedad municipal que del inmueble hizo el actor, la prueba de inspección judicial, la pericial, el abandono de la prueba testifical, la audiencia de confesión provocada a la que no asistió el actor y la acción reconvencional del Municipio, todos estos puntos alegados fueron parte de las consideraciones del Auto de Vista en los puntos 1 al 4 del segundo considerando. Como habíamos señalado en el primer punto del presente análisis, dichas pruebas fueron consideradas en detalle en la Resolución no habiendo el Ad quem omitido resolver los mismos, por lo que no es evidente que el Auto de Vista se torne ultra o citra petita, encontrándose en relación a lo resuelto en el fallo de primera instancia, circunscribiéndose dentro de la congruencia y exhaustividad previstas en los arts. 190 y 236, con relación al art. 227 del Procedimiento Civil, en plena concordancia entre el pedido formulado por el demandante y el reconvencionista, las pruebas aportadas por ellos, y lo resuelto en la Sentencia, habiéndose ajustado a los agravios manifestados en el recurso de apelación y a la resolución del inferior, consiguientemente, no hay motivo para una nulidad procesal.
Infracción del art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia omisiva es decir, cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración.
Sobre la acusación de que las literales de fs. 966 a 971, adjuntadas al proceso por el Municipio, no fueron tomados en cuenta por el Tribunal de Apelación; en el primer punto del presente análisis habíamos referido que la valoración de la prueba es facultad privativa del Juez (jueces y tribunales de instancia), incorporándolas y ponderándolas de acuerdo a su sano criterio y al objeto a probar, conforme a la pertinencia y oportunidad de las mismas, con esa orientación, el Ad quem en su Resolución Nº 365/2013 ha señalado que las pruebas que merecen ponderación de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 397 del Código de Procedimiento Civil y 1286 del Sustantivo Civil, son aquellos que demuestran la postulación demandada por las partes en el proceso.
Por lo demás, en cuanto al reconocimiento hecho por el actor respecto a la propiedad municipal por el que pidió la adjudicación de dicha área residual, a la confesión presunta en aplicación del art. 404 y 424 del Código de Procedimiento Civil, al señalamiento de audiencia de confesión provocada del demandante a la que no acudió según el acta de fs. 465, que significaba se dé por confeso al actor, o a las acciones reconvencionales del Gobierno Municipal de fs. 120 a 132, de estos puntos se evidencia el pronunciamiento del Ad quem, conforme se ha señalado en el punto primero, coligiéndose que no es cierta la incongruencia omisiva de la Resolución de Alzada.
Violación del art. 254 num. 1) y 7) por infracción del art. 197 del Código de Procedimiento Civil: La Sentencia no dispuso la consulta, la resolución de grado pretendió justificar la negligencia del Juez alegando que de todas maneras el A quo dispuso la consulta de oficio mediante Auto de fs. 607, sin ponderar que al momento de emitir dicho Auto el Juez ya no tenía competencia para modificar los alcances de su fallo y peor aun cuando ya existía el recurso de apelación en el que se denunció esta negligencia como agravio.
De la revisión de la Sentencia de fs. 573 a 577, efectivamente se observa que el Juez Décimo de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz, no dispuso la remisión del proceso en cumplimiento del art. 197 del Código de Procedimiento Civil, y que advertido de su omisión por el representante del Gobierno Autónomo Municipal, en su apelación de fs. 584 a 606, el A quo por auto de fs. 607, dispuso la consulta de oficio, providencia contra la cual la entidad municipal interpuso recurso de apelación de fs. 609 a 612, el cual absuelto por el Ad quem en su fallo, señaló que la remisión en consulta emitida después de la Sentencia se realizó mediante auto complementario, y como tal no fue pronunciado sin competencia.
El art. 197 del Adjetivo Civil señala que: “Todas las Sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general, serán consultadas de oficio ante el superior en grado sin perjuicio de la apelación que pudiere interponerse”, disponiéndose la consulta de oficio ante el superior en grado de aquellas Sentencias dictadas contra el Estado en general, exista o no recurso de apelación. En ese sentido, existe una obligación del Juez de elevar el proceso a objeto de que sea revisada la Sentencia desfavorable, en segunda instancia, y tiene por finalidad precautelar los intereses del Estado ante una eventual falta de apelación por parte del mismo Estado, y existiendo aquella, la revisión se ampliará no solo a la consulta sino también al recurso. En consecuencia, el art. 197 precitado, tiene por único objeto la revisión de la Sentencia por una instancia superior y no exige otro formalismo, la norma impone y dispone la consulta de una Sentencia desfavorable para el Estado, por lo que es intrascendente que la parte resolutiva de la Sentencia o una providencia posterior haya dispuesto la remisión, no es una decisión facultativa sino es impuesta por la norma.
En el sub lite se advierte que mediante el Auto complementario de fs. 607, dictado ciertamente después de la presentación del memorial de apelación del Municipio, pero con anterioridad a la concesión de la Alzada, fue dispuesta la consulta, sin embargo, dicho Auto complementario a la Sentencia, no obstaculiza la revisión de la misma en grado de consulta. De su parte, el Tribunal de Apelación señaló que la ley no dispone la nulidad de obrados hasta antes de la Sentencia por falta de consulta y que en el caso de que no se hubiera subsanado aquella omisión, el Ad quem, advertido de dicha omisión, hubiera resuelto anular el Auto de concesión de Alzada disponiendo se conceda también en aplicación del art. 197 de la citada norma, y no así la nulidad hasta antes de la Sentencia.
El otro agravio formulado en este punto se refiere a que habiendo presentado prueba de reciente obtención de fs. 540 a 543, cuyo juramento no se produjo porque el expediente se encontraba en despacho para Sentencia, cuando debió ordenarse previo al decreto de autos; en el segundo punto del presente examen nos hemos referido a esta cuestión, al respecto el Tribunal Ad quem en su fallo señala que el recurrente tuvo la oportunidad procesal de presentar su juramento durante dicho lapso y al no haber procedido así, es debido a su negligencia y no del órgano judicial. Efectivamente, mediante providencia de 16 de octubre de 2009 de fs. 563 vta., se admitió el juramento de reciente obtención, y el decreto de autos para Sentencia de fs. 269 vta., se pronunció el 17 de noviembre de 2009, por lo que el recurrente contó con ese lapso de tiempo (1 mes) para prestar su juramento por lo que esa omisión le es atribuible al recurrente.
Por lo anteriormente expuesto, del recurso de casación en la forma no se advierte las omisiones e infracciones acusadas, deviniendo el mismo en infundado.
Violación del art. 1538 del Código Civil y de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887, e inexistente tradición de derecho propietario de Fernando Eduardo Miranda Mendoza, quien aduciendo ser supuesto propietario de un bien inmueble ubicado en el Psje. General Gonzales Nº 1271 de 690 m2, sin embargo, en la Escritura Pública Nº 276/2005 se la efectuó ilegalmente en base a una aclaración.
De la revisión de los antecedentes que contiene el proceso, se tiene:
De la información de Derechos Reales cursante a fs. 444, se acredita que bajo la partida Nº 01138210 Asiento A-1 del folio real Nº 2010990065368 de 08 de noviembre de 1991, se halla inscrito el derecho propietario de la H. Alcaldía Municipal sobre el lote de terreno de 2701,92 m2, ubicado en el garaje Romero-Aires del Río Karahuichinca, adquirido mediante adjudicación, según Resolución Municipal de 11 de septiembre de 1991.
De otro lado, se acredita el derecho del demandante Fernando Eduardo Mendoza Miranda a través de la transferencia de inmueble celebrada mediante Escritura Pública Nº 238 el 28 de noviembre de 2003, cursante de fs. 16 a 18, y su inscripción mediante el folio real Nº 2.01.0.99.0040278 de 19 de agosto de 2005, que cursa a fs. 13, y cuya titularidad de dominio deriva inicialmente de la Escritura Pública Nº 49 de 09 de marzo de 1949, e inscrita en Derechos Reales el 25 de mayo de 1949, originada en una adjudicación judicial de derechos y acciones, conforme sale de fs. 5 a 12 vta.
En el memorial de respuesta y reconvención de fs. 120 a 132 vta., el representante legal del Gobierno Municipal señaló: “…En lo referente al derecho propietario del Municipio, corresponde indicar que este deviene de una superficie total de 2.701 m2 ubicados en el Garaje Romero-Aires del Río Karahuichinca, inscrita bajo la Partida Computarizada de 8 de noviembre de 1991, y que dentro de esta superficie global se incluye el área reclamada por la ahora parte demandante sobre la superficie consignada de 313.63 m2 de los cuales solo una parte viene detentando el demandante con posesión total del resto por parte del municipio…”, en el ofrecimiento de prueba de fs. 445 a 449, señala que se ha inscrito del derecho propietario de la municipalidad con una superficie de 2701,92 m2 ubicados en el Garaje Romero Aires del Río Karahuichinca.
El informe de peritaje técnico de fs. 483 a 487 con sus respectivos anexos, se determinó invasión a propiedad municipal de 313,63 m2 a partir de la sumatoria de dos detectadas, es decir de 147,98 m2 y la segunda de 165,65 m2, y que según Tarjeta Catastral MAU de 01 de agosto de 1967, la superficie del predio es únicamente de 376,37 m2, estableciéndose que la propiedad de los Aires del Río Karahuichinca tiene Código Catastral 004-0040-001 registrado en Derechos Reales bajo la Tarjeta de Propiedad 01138210, y el inmueble del demandante ubicado sobre el Psje. General Gonzáles Nº 1271, lleva Código Catastral 004-0015-0024.
En el verificativo de inspección judicial de fs. 526 a 526 vta., se evidenció que al frente del cordón de acera de la calle, en el otro flanco, la existencia de dos sumideros que habrían sido instalados sobre el Río Karahuichinca de esta zona, cuyo embovedado ha servido para la habilitación de la vía pública. Del resultado de dicha inspección judicial, en la Sentencia se llegó a establecer que la fracción de terreno objeto de la litis, se encuentra ubicada sobre la acera del frente aproximadamente a 150 metros hacia arriba (lado oeste) del lugar donde se encuentra el predio denominado Garaje Romero, llegándose a comprobar que el inmueble del demandante, en esa parte (de atrás del inmueble) que da a la calle Antonio Paredes Candia es el único que guarda solución de continuidad de línea y nivel en relación a las propiedades colindantes a ambos lados cuyas construcciones de línea y nivel no guardan esa continuidad hallándose más bien apeados al ancho de la acera, en el entendido que el trazo de línea y nivel ha sido colocado por el Municipio.
En base a dichos antecedentes, corresponde concluir en lo siguiente:
El art. 85 de la Ley de Municipalidades Nº 2028, establece los bienes de dominio público, señalándose en el numeral 4): “Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento”, a efecto de hacer efectiva dicha disposición legal, corresponde a la entidad demandada establecer los límites de su dominio público municipal, en ese sentido, de la revisión de los datos del proceso, no se advierte que el recurrente hubiera procedido a delimitar la propiedad que le corresponde en los aires del río en aplicación de la norma transcrita precedentemente, lo que hubiera ayudado a dilucidar su derecho propietario, en cumplimiento del art. 1283-I del Código Civil, teniendo en cuenta que el informe técnico pericial no señala con objetividad este aspecto. Si bien llega a determinar que es de propiedad municipal porque se encuentra registrada a su nombre pero no precisa con exactitud hasta dónde abarca esa propiedad, señala que la superficie total del predio del demandante es de 376,37 m2 según Tarjeta Catastral MAU y que de esa superficie, 313,63 m2 son de propiedad del Municipio, sobre la cual el demandante habría invadido, lo que en cifras significa que el derecho propietario de la parte actora se reduciría a 62 m2 y algo más, sin considerar la superficie que se consigna en los documentos de propiedad de la otra parte, tomando en cuenta que en la transferencia original del predio que cursa de fs. 5 a 12, se partió de un primer antecedente que señaló: … los límites del inmueble son bien conocidos, llegando por la espalda hasta el río entubado como se indican en los títulos antiguos… (referencia establecida en la cláusula tercera), de donde se advierte que correspondía fijar al recurrente si los aires de río alcanzan hasta el trazo de la línea y nivel efectuado por el mismo, o si éste comprende más allá que estuviera dentro de los 25 metros establecidos por ley, hasta su coronamiento.
De otro lado, en el informe de Derechos Reales se estableció que el derecho propietario de la Alcaldía Municipal es de 2701,92 m2, ubicado en el garaje Romero-Aires del Río Karahuichinca, y en ese sentido, en la contestación a la demanda, el demandado señaló que su derecho deviene de una superficie total de 2.701 m2 ubicados en el Garaje Romero-Aires del Río, estas afirmaciones fueron corroborados por el Juez de primera instancia, quien en su fallo estableció que la fracción de terreno en controversia, se encuentra sobre la acera del frente a una distancia de 150 metros aproximadamente, del lugar donde se halla el predio más conocido como garaje Romero, extremos que nos permiten concluir que el predio objeto de la controversia no se encuentra dentro de propiedad municpal.
En consecuencia, al haberse establecido que el derecho propietario del actor deriva originalmente de la transferencia realizada a través de la Escritura Pública Nº 49 cuya inscripción en Derechos Reales data del 25 de mayo de 1949, y que es anterior al derecho de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que tiene sobre los aires del Río Karahuichinca que data de 8 de noviembre de 1991, consiguientemente, el derecho de propiedad del actor es oponible con la eficacia erga omnes de conformidad al parágrafo I, art. 1538 del Codigo Civil, y a las disposiciones pertinentes de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887.
Con respecto al agravio de inexistente tradición del derecho propietario de Fernando Eduardo Miranda Mendoza, hecha mediante Escritura Pública Nº 276/2005 de 12 de mayo de 2005, sobre aclaración y rectificación unilateral que revela que ha invadido propiedad municipal; precedentemente, habíamos señalado que de acuerdo al informe de Derechos Reales así como a lo manifestado por el representante del Gobierno Municipal, el derecho propietario de éste se encuentra, es decir, los aires del Río Karahuichinca, se encuentran ubicados en el lugar denominado Garaje Romero, el cual, conforme al resultado de la inspección judicial, se encuentra a un lado y en línea diagonal de la fracción de terreno que se litiga, lo que significa que legalmente el recurrente no está en condiciones de reclamar la “aclaración y rectificación de superficie” efectuada por el demandante mediante la Escritura Pública Nº 276/2005 (fs. 19 y vta).
Violación de los arts. 1283, 1286, 1287, 1310 y 1311 del Código Civil, y 330 del Código de Procedimiento Civil: El Auto de Vista cometió infracción expresa de los mencionados arts. porque no valoró la prueba presentada por el Gobierno Municipal de La Paz.
El recurrente, a tiempo de alegar el presente agravio se basa en el art. 253-1) de la precitada norma, sin embargo acusa falta de valoración de la prueba desconociendo que cuando se cuestiona este aspecto, el reclamo debe subsumirse al numeral 3) del art. 253 prenombrado. En ese sentido, se observa que el recurrente en una primera parte de su reclamo pasa a señalar e individualizar las pruebas y asimismo, se sirve señalar las fojas del expediente en las que éstas se encuentran, sin embargo, omite señalar en qué errores de hecho o de derecho se ha incurrido en esa valoración puesto que procedió a efectuar un listado de dichas pruebas, habida cuenta que en casación es incensurable la apreciación de la prueba a menos que se demuestre objetivamente el error de hecho o de derecho manifiesto en que se ha incurrido. En una segunda parte, el recurrente señala que merece hacer énfasis en el reconocimiento del derecho propietario del Municipio que el actor hizo en diferentes memoriales (fs. 112, 113 y 114) que no habrían sido valorados ni compulsados en el Auto de Vista. Esta Resolución en su análisis señaló ser evidente dicho extremo pero ante el conocimiento de que el inmueble, del cual solicitó la adjudicación residual, no era de propiedad municipal es que interpuso la demanda pidiendo se reconozca su mejor derecho propietario. De la revisión de los memoriales del demandante, se aprecia que claramente solicitó la adjudicación del área residual emergente del trazo de la calle vehicular denominada “Antonio Paredes Candia”, sin embargo, no es menos cierto que este trámite fue intentado en la vía administrativa concluyendo con un proceso técnico administrativo contra Fernando Eduardo Miranda Mendoza, emitiéndose resolución de revocatoria y jerárquico, en ese ámbito.
Respecto a que la prueba de inspección judicial fue favorable al Gobierno Municipal, ya que se evidenció legitima posesión del que fue despojado primero por la edificación de un muro luego por precarias construcciones; de principio, la inspección judicial fue dispuesta para establecer in situ, cuestiones de hecho, por lo que lo alegado por el recurrente no es atinente.
Sobre la falta de valoración de la prueba pericial presentada por la entidad municipal de fs. 483 a 514; este aspecto ha sido desglosado en el punto primero al cual nos remitimos.
Por lo establecido, no se advierte que dichas disposiciones legales hubieran sido violadas.
Error de derecho del art. 1296-I del Código de Procedimiento Civil, al no haber dado valor probatorio a los documentos legales y técnicos del Municipio de fs. 746 a 782.
De los documentos referidos se advierte del proceso técnico administrativo seguido al actor, cuyas copias legalizadas cursan de fs. 746 a 782, entre otros documentos, de las cuales el recurrente acusa no haber reconocido su valor probatorio y que ello significaría error de derecho conforme al art. 253-3) del Adjetivo Civil, y que en ese sentido, se ha restado el valor probatorio de dichos documentos, conforme exige el art. 1296-I precitado; el artículo mencionado está referido a despachos, títulos y certificados, en cambio, lo que se tiene entre fs. 746 a 782, son copias o reproducciones que además han sido acreditado por un sello que señala que es copia fiel del original. Señala el recurrente que por los mencionados documentos correspondía declarar su mejor derecho de propiedad demandado en vía reconvencional. En líneas precedentes se estableció que efectivamente el Gobierno Municipal, a través del informe de Derechos Reales demostró su derecho propietario sobre una extensión de 2701,92 m2 que constituyen Aires del Río Karahuichinca, y que no obstante, de acuerdo a la inspección del Juez, se encontraría en un lugar diferente del predio objeto de la controversia, por lo que en este caso, no basta demostrar el derecho sobre la cosa y su inscripción en Derechos Reales, sino que la misma sea inequívoca a efectos de establecer el derecho propietario del recurrente.
Violación expresa del art. 404-II y 424 del Código de Procedimiento Civil.
Respecto al reconocimiento que hiciera el demandante sobre la propiedad municipal, este punto ya fue abordado en los puntos 1 y 2 de este acápite, a los cuales nos remitimos. En cuanto a la audiencia de confesión provocada diferida al demandante y que al no haber asistido, señala el recurrente, solicitó se tenga por confeso de acuerdo al art. 424 del Codigo de Procedimiento Civil. De la revisión del cuestionario anexado a fs. 570 a 571, se observa que a través del mismo la entidad edilicia pretendió que a través de la confesión reconozca que anteriormente procedió a solicitar la adjudicación del área residual; anteriormente habíamos señalado que, según la prueba arrimada por el demandado, consta este extremo sin embargo, estas solicitudes se hicieron en un contexto administrativo, que al haber sido agotado, se abrió la vía judicial para ambas partes, que es el que define en última instancia el derecho de los mismos, no obstante, el Garaje Romero lugar donde se encuentra el derecho propietario del Gobierno Municipal, conforme a su propia manifestación, se ha establecido que objetivamente el Garaje Romero se encuentra a una distancia considerable del inmueble en cuestión.
Violación expresa de los arts. 339-II de la Constitución Política del Estado y 84, 85-4) y 86 de la Ley de Municipalidades Nº 2028.
No se ha desconocido el derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sobre los aires de río ubicados en el lugar denominado Garaje Romero en 2701,92 m2, pero, conforme a los datos del proceso, no es posible establecer que la parte demandante haya invadido esta propiedad, ya que de acuerdo a lo manifestado por el recurrente, en cuanto a la ubicación del predio de su propiedad no coincide con lo verificado en la audiencia de inspección judicial, consiguientemente, no se advierte violación de las disposiciones legales señaladas.
Casación sobre el fondo contra el Auto de Vista por falta de interpretación sistemática de la norma.
A efecto de ser respondida el presente agravio, igualmente nos remitimos al punto anterior precedente.
Violación del art. 115-II de la Constitución Política del Estado, porque niega el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la protección de los derechos subjetivos del Municipio.
Conforme a la demanda reconvencional se ha establecido que el mejor derecho de propiedad del recurrente no se ha justificado frente al mejor derecho propietario del actor, ni aquel ha demostrado ser propietario de la cosa.
Por los motivos referidos, el recurso en el fondo resulta infundado.
Por las razones anotadas, corresponde a este Tribunal de Casación la aplicación del art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 271 num. 2) y art. 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y el fondo interpuestos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, representado legalmente por Vladimir Gutiérrez Ramírez, en contra del Auto de Vista Nº 365/2013 de 23 de diciembre de 2013, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre mejor derecho propietario, reivindicación y resarcimiento seguido por Fernando Eduardo Miranda Mendoza contra el recurrente. Sin costas por ser el demandado ente municipal.

References: Resolución 
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e contrario
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 artículo 227
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