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Timestamp: 2019-01-17 15:39:57+00:00

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﻿ Los delitos de lesa humanidad
CONTENIDO:La comunidad internacional consciente de la existencia de delitos que afectan a toda la humanidad, desarrrolló el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con el objeto de consagrar allí los delitos que atentan contra la especie humana. La tipificación de estas conductas junto con los elementos de los crímenes desarrollados por la jurisprudencia de otros tribunales internacionales que además, sirven de parámetro para el juzgamiento de estas conductas, conforman un Código Penal y un Código de Procedimento Penal para la humanidad.
AUTOR:Raúl Eduardo Sánchez Sánchez
REVISTA DERECHO PENAL N°:14, ene.-mar./2006, págs. 87-120
La comunidad internacional consciente de la existencia de delitos que afectan a toda la humanidad, desarrolló el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con el objeto de consagrar allí los delitos que atentan contra la especie humana.
La tipificación de estas conductas junto con los elementos de los crímenes desarrollados por la jurisprudencia de otros tribunales internacionales que, además, sirven de parámetro para el juzgamiento de estas conductas, conforman un Código Penal y un Código de Procedimiento Penal para la humanidad.
Corte Penal Internacional; lesa humanidad; elementos de los crímenes; tribunales especiales; Naciones Unidas; legalidad; genocidio; conflicto armado; población civil.
Podemos decir que un crimen de lesa humanidad, es aquel que ofende los principios generales del derecho y se convierte en una preocupación de la comunidad internacional. Este tipo de crímenes tiene repercusiones más allá de las fronteras nacionales y pueden llegar a exceder por su magnitud y salvajismo cualquier límite tolerable por la civilización moderna.
La comunidad internacional tanto en el siglo pasado como en el presente ha hecho pública su preocupación sobre la atrocidad de estas conductas, cometidas tanto en tiempos de paz como de guerra, por tal razón, se ha venido evolucionando desde los estatutos de Nuremberg, Tokio y la Ley 10 del Consejo de Control, en la segunda guerra mundial, pasando por los de Yugoslavia y Ruanda, hasta llegar a decantarse con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El presente escrito tiene como finalidad estudiar los delitos de lesa humanidad a la luz del derecho penal internacional, con base en la jurisprudencia de los tribunales penales y las diferentes normas que regulan estas conductas, analizando especialmente las conductas constitutivas de lesa humanidad en el Estatuto de Roma.
En virtud de lo anterior, se hará una revisión histórica de los delitos de lesa humanidad, luego se estudiarán los aspectos generales, que incluyen los diferentes elementos para la configuración de estas conductas. Y, en tercer lugar, se analizarán de manera específica los distintos delitos, para llegar a las conclusiones.
Las expresiones “humanidad”, “leyes de humanidad” y “dictados de la humanidad” fueron usadas, por primera vez, en el preámbulo de la Convención IV de La Haya, del 18 de octubre de 1907, respecto a las leyes y costumbres de la guerra terrestre.
El parágrafo segundo del preámbulo señala que los Estados contratantes están: “Animados del deseo de atender, aun en esa extrema hipótesis, a los intereses de la humanidad y a las exigencias siempre crecientes de la civilización” (Sánchez); entre tanto, el parágrafo 8.º del preámbulo —la denominada cláusula Martens—, dispone que: “... las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública” (Sánchez).
El término de “crímenes de lesa humanidad” fue usado en un sentido no técnico en la declaración del 28 de mayo de 1915 de los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia, en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del imperio Otomano como “crímenes de lesa humanidad y civilización por lo que todos los miembros del Gobierno turco serán hallados responsables junto con sus agentes implicados en las masacres” (Kittichaisaree).
Esta terminología fue usada en declaraciones posteriores a la primera guerra mundial. Por ejemplo, la comisión de los quince miembros fue establecida por la Conferencia Preliminar de Paz, en enero de 1919, para investigar las responsabilidades relacionadas con la Primera Guerra Mundial. El capítulo II del informe de la comisión estableció, entre otras cosas, que: “Todas las personas que pertenezcan a los Estados enemigos (...), quienes hayan sido culpables de los delitos contra las leyes y costumbres de la guerra y contra la humanidad, serán procesados penalmente” (Kittichaisaree).
Los crímenes de lesa humanidad fueron investigados por los tribunales militares penales internacionales de Nuremberg y Tokio, toda vez que los estatutos de estos tribunales establecían las conductas constitutivas como delitos de lesa humanidad.
En efecto el artículo sexto, literal c), del Estatuto de Nuremberg señalaba:
“Los siguientes actos, o cualquiera de ellos, son crímenes que entran dentro de la jurisdicción del Tribunal y por los cuales se deberá responder de manera individual.
c) Crímenes contra la humanidad: a saber, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, o las persecuciones sobre bases políticas, raciales, o religiosas, en la ejecución o en conexión con algún delito dentro de la jurisdicción del Tribunal, ya sea que fuese o no en violación del derecho interno del país donde fuera perpetrado. Los líderes, organizadores, instigadores y cómplices de estos hechos, que participaran en la preparación o ejecución de un plan común o conspiración para la comisión de cualquiera de estos crímenes son responsables de todos los actos cometidos por cualquier persona en la ejecución de dicho plan” (Sánchez).
Los delitos de lesa humanidad, en el estatuto precedente, se pueden dividir en dos categorías, por un lado, delitos de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos, cometidos contra la población civil, antes o durante la guerra; y, por el otro, las persecuciones con base en motivos políticos, raciales o religiosos. Para la comisión de estas conductas se requería entonces que se realizaran en conexión o en desarrollo con cualquier delito de competencia del tribunal, esto significaba que eran delitos conexos a un principal.
La Ley 10 del Consejo de Control de 1945, señalaba los siguientes delitos como de lesa humanidad:
“Crímenes contra la humanidad. Atrocidades y delitos, incluyendo pero no limitándose a asesinato, exterminación, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación, y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil o persecución basada en motivos religiosos o raciales ya sea en violación de las leyes domésticas del país donde son perpetrados o no”.
Como se puede observar, la Ley 10 agregó el encarcelamiento, la tortura y la violación a la lista de delitos y se alejó del requerimiento del Estatuto de Nuremberg, con relación a la conexión con otro delito de competencia del tribunal como lo eran los delitos contra la paz y los crímenes de guerra.
Finalmente, el último tribunal establecido para juzgar los delitos cometidos en la segunda guerra mundial, el del lejano oriente —Tokio—, también consagró dentro de su jurisdicción esta clase de conductas, y es así como el literal c) del artículo 5.º disponía:
“Delitos contra la humanidad: como son, el asesinato, la exterminación, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o después de la guerra, o persecuciones con base en motivaciones políticas o raciales en ejecución de o en conexión con cualquier delito contemplado dentro de la jurisdicción del tribunal, bien sea con violación o no de las leyes internas del país donde esos delitos estén siendo perpetrados. Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices de estos que participen en la formulación o ejecución de un plan común o conspiración para cometer cualquiera de los delitos mencionados son responsables por todos los actos llevados a cabo por cualquier persona que ejecute esos planes” (Sánchez).
Esta disposición, seguía lo establecido en el Tribunal de Nuremberg, a excepción de las bases religiosas frente a las persecuciones, debido —probablemente— a que en la guerra en el Lejano Oriente, los delitos cometidos por los japoneses no abarcaban persecuciones motivadas en la religión.
Luego de 45 años, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por medio de sendas resoluciones, crea los tribunales para juzgar los delitos cometidos en los conflictos de Yugoslavia y Ruanda. Es así como el artículo 5.º del Estatuto del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, bajo el nombre de “Delitos de lesa humanidad” estipula que el tribunal tendrá la potestad de perseguir penalmente a las personas responsables por la comisión de las conductas cometidas cuando sean realizadas en un conflicto armado, bien sea de carácter nacional o internacional, y dirigidas contra la población civil, tales como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, prisión, tortura, violación, persecuciones sobre motivos religiosos, políticos y raciales, y cualquier otro acto inhumano.
Nótese cómo se vincula nuevamente con conflictos armados como lo establecían los tribunales de Nuremberg y Yugoslavia, sin embargo, fue la propia jurisprudencia del Tribunal de Yugoslavia, en el caso de Dusko Tadic(1), la que señaló que para la configuración de estos delitos no era necesario la relación con un conflicto armado de carácter internacional.
Mientras que el artículo tercero del Estatuto del Tribunal de Ruanda señala los crímenes de lesa humanidad, alejándose del criterio de que sean cometidos con ocasión de un conflicto armado, no obstante, le agrega una condición de procesabilidad en el sentido de que para la configuración de esta clase de delitos se requiere que sean cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra cualquier población civil sobre bases nacionales, políticas, religiosas, étnicas o raciales. Se incluyen las bases étnicas toda vez que el conflicto en Ruanda involucraba dos clases de etnias, como lo eran los tutsis y los hutus.
Finalmente, el artículo 7.º del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, señala que se entenderán como delitos de lesa humanidad “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” (Sánchez).
De acuerdo con Daryll Robinson (Robinson), la definición de los crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma no se constituye en una innovación, por el contrario, recoge los diferentes desarrollos del derecho internacional humanitario desde Nuremberg.
De la definición planteada en el Estatuto de 1998, se puede observar que los elementos esenciales de los delitos de lesa humanidad son los actos inhumanos en naturaleza y carácter que causan gran sufrimiento o serios daños en la salud física o mental, además de ser cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático y en contra de la población civil(2).
De igual forma, de manera específica se puede anotar en comparación con las definiciones contenidas en los diferentes estatutos que se incluye “el traslado forzoso de población” como una conducta alternativa a la deportación. Además, expande la conducta de encarcelación para incluir “otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”. En el caso de los delitos sexuales se adicionan conductas, tales como “esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”.
En cuanto a los delitos de persecución, se establece que deben ser realizados contra “un grupo o colectividad con identidad propia” sobre bases políticas, raciales, nacionales, étnicas, culturales, religiosas, “u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional”. Se agregan también los delitos de apartheid y desaparición forzada. Finalmente, los otros actos inhumanos deben ser “de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
De los elementos esenciales de los delitos de lesa humanidad contenidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional se pueden desprender los siguientes:
2.1. Aspecto subjetivo
En adición a los elementos específicos exigidos para cada conducta, la persona que comete la misma debe tener conocimiento sobre el delito de lesa humanidad, en el sentido de que debe entender el contexto amplio y general en que el acto ocurre. A su vez, debe tener un conocimiento actual o potencial de que la conducta es o será parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil en desarrollo de un plan o política, no en vano el encabezado del artículo 7.º dispone que el autor debe poseer “conocimiento de dicho ataque”, de lo contrario, sin este conocimiento especial, su aspecto subjetivo se enmarcaría dentro de un delito común.
El conocimiento es examinado sobre un nivel objetivo y puede ser derivado de las circunstancias fácticas(3) de la conducta, tal como lo estableció el Tribunal de Yugoslavia en el caso Blaskic(4).
Entonces no son necesarios los motivos del autor, porque recordemos que los motivos para el derecho penal solo tienen relevancia frente a las causales de agravación o atenuación. Los motivos o razones personales no son excluyentes de responsabilidad penal. En la Alemania nazi, por ejemplo, el vecino o el familiar que denunciaba a un judío a la Gestapo con el fin de ser arrestado o penado, la conducta de denunciarlo podía enmarcarse como un delito de lesa humanidad, aunque los móviles hayan sido los de deshacerse de una esposa que no quisiera el divorcio, un suegro intolerante o tomar venganza de un arrendador.
Sin embargo, en el caso de Tadic del 15 de julio de 1999, los jueces Shahabudeen y Nieto Navia se apartaron de la decisión adoptada por la mayoría, expresando que un acto que estuviera motivado por razones eminentemente personales y no estuviera relacionado con el ataque a la población civil, no se podía considerar como delito de lesa humanidad, así el autor fuera consciente del ataque(5).
2.2. Aspecto material
El aspecto material de la conducta hace referencia a que el ataque debe ser inhumano en su naturaleza y carácter, que cause un gran sufrimiento, o serios daños al cuerpo, a la salud física o mental. Además, tal como lo señaló la jurisprudencia en el caso de Akayesu y en el de George Rutaganda(6), la conducta inhumana debe ser cometida como parte de un ataque generalizado o sistemático contra miembros de la población civil.
2.3. Nexo con un conflicto armado
El artículo 5.º del Estatuto del Tribunal de Yugoslavia requiere que el delito de lesa humanidad sea cometido en desarrollo de un conflicto armado. No es necesario entonces que sea ejecutado como parte de un plan o política de un grupo que participe en la guerra, sin embargo, la exigencia de que sea con ocasión de un conflicto armado es un elemento que define la competencia del tribunal y no un ingrediente esencial normativo de esta clase de delitos(7). De igual manera, no necesita probarse el nexo entre los actos presuntamente cometidos por el acusado y el conflicto armado, toda vez que los crímenes de lesa humanidad pueden ser perpetrados tanto en tiempo de guerra como de paz(8).
2.4. Ataque
El literal a) del párrafo dos del artículo 7.º del Estatuto de Roma, define el “ataque contra una población civil” como “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos —señalados como delitos de lesa humanidad—, contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”. El ataque puede o no contener violencia, como es el caso del apartheid.
De igual forma, puede ser cometido a través de acción u omisión. En el caso Kambanda(9), por ejemplo, el acusado fue encontrado culpable con relación a delitos de lesa humanidad por no haber cumplido plenamente con sus deberes oficiales como Primer Ministro de Ruanda, al no proteger a los niños y a la población de las masacres que eventualmente sucedieron, especialmente después de haber realizado la solicitud de protección.
2.5. Nexo entre el delito específico y el ataque
Un delito de lesa humanidad debe ser cometido como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población. La disposición “como parte de” se relaciona con el ataque. La Cámara de Apelaciones del Tribunal de Yugoslavia en el caso Tadic, señaló que: “La Cámara del juicio correctamente reconoció que los crímenes que no se relacionan con un ataque generalizado y sistemático en contra de una población civil no deberían ser perseguidos penalmente como delitos de lesa humanidad. Los delitos contra la humanidad son crímenes de una naturaleza especial con un grado mayor de inmoralidad en su conducta frente a delitos comunes.
Entonces, para condenar a un acusado de crímenes de lesa humanidad, debe probarse que los delitos estaban relacionados al ataque sobre la población civil (...) y que el acusado sabía que sus conductas así se relacionaban”(10).
2.6. Cometidos en contra de la población civil
Cuando se menciona a la población civil, las reglas del derecho internacional consuetudinario señalan que esta noción cubre no solamente a civiles, sino a personal militar, como es el caso de miembros de las fuerzas armadas o de resistencia(11) quienes se encuentran fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa. La calidad de civil no se pierde ni aun en los casos en los cuales un padre de familia tiene que empuñar un arma para defender a su familia o los miembros de la policía por ser un organismo civil, y así lo ha reconocido la jurisprudencia penal internacional en el caso Blaskic(12).
La norma señala que es frente a “cualquier” “población civil”, esto significa que cubre a todas aquellas personas apartadas, o a civiles de la misma nacionalidad del autor de la conducta o a ciudadanos extranjeros(13).
Finalmente, al señalarse el término “población”, no se requiere que toda la población de un Estado o territorio tenga que sufrir el ataque, lo que busca esta expresión es excluir actos aislados de crímenes de guerra o delitos comunes.
2.7. Bases sistemáticas y generalizadas
De acuerdo con la jurisprudencia penal internacional, “generalizado” significa “masivo, frecuente, acción a larga escala, llevado a cabo colectivamente con seriedad considerable y dirigida contra una multiplicidad de víctimas”(14); mientras que “sistemático” hace referencia a “cuidadosamente organizado y que sigue un patrón regular sobre las bases de una política común que envuelva sustanciales recursos públicos y privados”, aunque esa política no sea adoptada oficialmente como tal por un Estado.
De igual manera, en la decisión de la Cámara de Juzgamiento en el caso Tadic de 1997, el Tribunal de Yugoslavia consideró que para la comisión de un delito de lesa humanidad se requería la realización del ataque generalizado o sistemático, esto es, no era necesario la ocurrencia de ambas bases. Sin embargo, el literal a) del párrafo dos del artículo séptimo del Estatuto de Roma, señala que el ataque contra una población civil debe entenderse como “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 —conductas de lesa humanidad—, contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”.
En ese sentido, el ataque debe ser tanto generalizado como sistemático, lo que implica pues que el Tratado de Roma de 1998 pretenda evitar o excluir acciones aisladas que no se enmarquen dentro de los delitos de lesa humanidad.
2.8. El elemento de política o plan
Aunque el Estatuto de Nuremberg no incluía como requisito la existencia de un Estado o una política organizacional, el Tribunal de Nuremberg expresó que los actos inhumanos calificados como crímenes de lesa humanidad fueron cometidos como parte de la política de terror, y fueron, en muchos casos, organizados y sistemáticos. El Tribunal de Ruanda, al referirse a este aspecto, manifestó en el caso de Kayishema y Ruzindana, que el requerimiento para la comisión de un delito de lesa humanidad en seguimiento de una política, está dirigido a excluir las situaciones donde una persona cometa un acto inhumano por su propia iniciativa o en desarrollo de su propio plan criminal, sin el aliento o dirección de un Gobierno o un grupo organizado.
La política organizacional o estatal no necesita ser concebida al más alto nivel directivo o ser anunciada de manera expresa, formal, clara o precisa, sino que puede ser inferida de diversas circunstancias fácticas(15).
Los crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidos en desarrollo de una política organizacional de un Estado o de un actor no estatal. La jurisprudencia que ha estudiado los crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Kupreskic y otros(16), ha señalado que estos pueden ser realizados por o en nombre de grupos con control de facto sobre un territorio particular, aunque esas entidades no tengan reconocimiento internacional como Estados de derecho, por lo que también pueden ser llevados a cabo por un grupo u organización terrorista. Lo anterior es reforzado cuando se lee el artículo séptimo del Estatuto de Roma, toda vez que este establece que “de conformidad con la política de (...) una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”.
Finalmente, se puede decir que la política puede localizarse en una región geográfica particular solamente, como fue el caso de Yugoslavia, en la región de Vlasenica, o la política de cometer actos inhumanos en contra de la población civil en el territorio de Opstina Prijedor, con el fin de alcanzar la creación del gran Estado de Serbia(17).
3. Conductas específicas
En virtud de los diferentes estatutos como el de Nuremberg, Tokio, la Ley 10 del Consejo de Control, los de la antigua Yugoslavia y Ruanda, así como el de la Corte Penal Internacional, se han consagrado diversas conductas como constitutivas de delitos de lesa humanidad, las cuales encontraron un reconocimiento expreso en el artículo séptimo del Estatuto de Roma.
3.1. Asesinato
El Tribunal de Ruanda —en el caso de Akayesu— expresó que asesinato puede ser definido como “la ilegal muerte intencional de un ser humano” con los siguientes requisitos:
“1. La víctima esté muerta;
2. La muerte sea el resultado de una acción u omisión ilegal del perpetrador o de un subordinado;
3. Al momento de la muerte el perpetrador o el subordinado tenía la intención de matar o infligir serios daños en el cuerpo del occiso sabiendo que tal daño en el cuerpo probablemente le causaría a la víctima la muerte, y lo tenga sin cuidado si la muerte se produce o no”(18).
En el caso de Kayishema y Ruzindana(19), el Tribunal de Ruanda se aseguró en colocar un nivel alto para el procesamiento penal, en el sentido de que para la configuración de este delito la fiscalía debe establecer la intención y la premeditación por parte del acusado. En este contexto, la conducta es premeditada cuando el sujeto agente tiene el tiempo necesario para reflexionar, mientras que el resultado es intencional cuando ese es el propósito del autor, o este es consciente de que eso pasará en el curso ordinario de los eventos.
Para poder imputar esta conducta como delito de lesa humanidad se requiere que el agente se involucre en una conducta, que es ilegal, que debe causar la muerte de otra persona por una acción u omisión premeditada, con la intención de matar o causar graves daños al cuerpo de dicha persona.
Finalmente, los elementos de los crímenes del Estatuto de Roma señalan cuáles serán los requisitos para la configuración de esta conducta:
“1. Que el autor haya dado muerte a una o más personas.
3. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo”(20).
3.2. Exterminio
El literal b) del parágrafo segundo del artículo 7.º define el exterminio como “la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población” (Sánchez).
El Tribunal de Ruanda, en el caso de Kayishema y Ruzindana, señaló los elementos del delito de exterminio cuando se pronunció en el sentido de que “el actor participa en muertes masivas o en la creación de condiciones de vida que llevan a la muerte masiva de otros, a través de acciones u omisiones; habiendo intentado la muerte, o siendo desinteresado o groseramente negligente como si el resultado muerte se hubiera producido y, siendo consciente de que sus acciones u omisiones forman parte de un evento de muertes masivas, en donde sus acciones u omisiones forman parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de cualquier población civil (...)(21).
Un actor puede ser culpable de exterminio si él mata, o crea las condiciones de vida de muerte, de una sola persona, teniendo en cuenta que el actor es consciente de que su acción u omisión forma parte de un evento de muertes masivas. Un “evento” existe cuando las muertes —masivas— tienen proximidad en tiempo y espacio”(22).
De acuerdo con el Tribunal de Ruanda —en el caso mencionado—, el término “masivo” puede significar “larga escala” y debe ser establecido en cada caso particular usando el sentido común.
La creación de condiciones de vida que lleven al exterminio son las circunstancias que causan las muertes masivas de las personas, como el encarcelamiento de un gran número de individuos, el retiro de la satisfacción de necesidades básicas, la introducción de virus mortales en la población o la privación de cuidados médicos, entre otros.
La principal diferencia entre asesinato y exterminio radica en la escala de las acciones u omisiones, toda vez que este último es un asesinato a larga escala, son asesinatos masivos.
Entre tanto, los elementos de los crímenes determinan como requisitos del delito de exterminio, los siguientes:
“1. Que el autor haya dado muerte, a una o más personas, incluso mediante la imposición de condiciones de existencia destinadas deliberadamente a causar la destrucción de parte de una población.
2. Que la conducta haya consistido en una matanza de miembros de una población civil o haya tenido lugar como parte de esa matanza.
4. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo”(23).
3.3. Esclavitud
El literal c) del parágrafo segundo del artículo séptimo de la Corte Penal Internacional, define esclavitud como “el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños” (Sánchez). Esta definición sigue los parámetros establecidos en las convenciones sobre esclavitud de 1926 y 1956.
En la formulación de la acusación en el caso Foca(24), el Tribunal de Yugoslavia señaló que la esclavitud se configuraba en el evento en el cual un grupo de personas era retenido en una casa en contra de su voluntad para la realización de trabajo manual para los soldados serbios, y si no obedecían las órdenes serían golpeados físicamente.
Durante la definición del delito se mencionó el trabajo forzado como forma de esclavitud, sin embargo, algunas delegaciones manifestaron que esto era competencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además, porque en la definición se establecía el ejercicio de derecho de propiedad sobre las personas, lo cual podría generar estas situaciones de trabajo forzado. En la definición también se encuentra como forma de esclavitud el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niños.
Los elementos de los crímenes indican, además de las dos últimas disposiciones comunes, el requisito de: “Que el autor haya ejercido uno de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas, como comprarlas, venderlas, prestarlas o darlas en trueque, o todos ellos, o les haya impuesto algún tipo similar de privación de libertad”(25).
3.4. Deportación o traslado forzoso de población
El literal d) del parágrafo segundo del artículo séptimo señala este delito como “el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional” (Sánchez).
La deportación es generalmente entendida como mover forzadamente a las personas del territorio de un Estado a otro, mientras que traslado forzoso hace referencia al desplazamiento forzado de las personas de un territorio a otro dentro del mismo Estado.
Al señalar la definición que se haga en contra de las normas del derecho internacional, lo que se busca es la configuración del delito en los casos de la deportación de inmigrantes ilegales, o la reubicación o evacuación de la población en casos de peligro o bienestar.
El mejor caso para explicar el concepto de traslado forzoso de población se presentó con Blaskic(26), toda vez que 247 musulmanes civiles de un pueblo fueron forzados por grupos paramilitares a marchar a otra población, donde los colocaron sentados viendo hacia un edificio en forma de escudos humanos durante tres horas antes de ser llevados a casas en las que apenas cabían parados, para después ser evacuados y trasladados en camiones fuera del pueblo.
Por otro lado, los elementos de los crímenes(27) establecen que para la configuración de esta conducta se requiere: “Que el autor haya sido deportado o trasladado por la fuerza, sin motivos autorizados por el derecho internacional y mediante la expulsión u otros actos de coacción, a una o más personas a otro Estado o lugar”. En segundo término: “Que esa o esas personas hayan estado presentes legítimamente en la zona de la que fueron deportadas o trasladadas”. Y, por último: “Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que determinaban la legitimidad de dicha presencia”.
3.5. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física
El literal e) del parágrafo 1.º del artículo 7.º de la Corte Penal Internacional, dispone como delito la “encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”. Es de anotar que la expresión “grave” no significa que el autor de la conducta tenga que hacer una valoración subjetiva sobre la gravedad o no de la misma.
Los elementos de los crímenes (Sánchez), indican que para la configuración se requiere: “Que el autor haya encarcelado a una o más personas o las haya sometido de otra manera, a una privación grave de la libertad física”. Además, “que la gravedad de la conducta haya sido tal que constituya una infracción de normas fundamentales del derecho internacional”. Y, finalmente: “Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que determinaban la gravedad de la conducta”.
3.6. Tortura
De acuerdo con el caso Akayesu(28), el derecho internacional humanitario define tortura como inflingir intencionalmente dolor físico o mental severo; o sufrimiento a la víctima por un funcionario o alguien que actúe por instigación, o la aquiescencia o consentimiento de un funcionario o persona que actúe como servidor público, con uno de los siguientes propósitos: obtener información o confesión de la víctima o de una tercera persona, castigar a la víctima o a una tercera persona, intimidar o coaccionar a la víctima o a una tercera persona, o por cualquier razón basada en discriminación de cualquier tipo.
El literal e) del parágrafo segundo del artículo 7.º del Tratado de Roma, señala como tortura el “causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas” (Sánchez).
La conferencia deliberatoria en Roma consideró que los crímenes de lesa humanidad podrían ser instigados o cometidos por actores estatales o no estatales, por lo tanto, el requisito de que sea un servidor público no fue incluido, como tampoco el “propósito” de la tortura. La expresión “sanciones lícitas” fue incluida a petición de los países musulmanes, toda vez que algunas formas de castigo en dichos países podrían considerarse como tortura a la luz de la definición del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Al respecto, los elementos de los crímenes señalan que la tortura se comete cuando:
“1. El autor haya infligido a una o más personas graves dolores o sufrimientos físicos o mentales.
3. Que el dolor o el sufrimiento no haya sido resultado únicamente de la imposición de sanciones legítimas, no fuese inherente ni incidental a ellas” (Sánchez).
Además, ratifica que no es necesario un propósito o una intención para la configuración del delito.
3.7. Delitos sexuales
Los delitos sexuales tipificados como de lesa humanidad son la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.
En Akayesu violación es definida como “la invasión física de naturaleza sexual cometida sobre una persona bajo circunstancias que son coercitivas”(29); las circunstancias de coerción no necesariamente tienen que ser físicas, sino que pueden presentarse a través de las amenazas, la intimidación o la extorsión. En los casos de Akayesu y Musema, la introducción de una pieza de madera en el órgano sexual de una mujer, así como la penetración del órgano sexual masculino en la boca, son conductas constitutivas de violación.
Los elementos de los crímenes establecen como delito de violación:
“1. Que el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo.
2. Que la invasión haya tenido lugar por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión sicológica o el abuso de poder, contra esa u otra persona o aprovechando un entorno de coacción, o se haya realizado contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento” (Sánchez).
Los pies de página disponen que: “El concepto de ‘invasión’ se utiliza en sentido amplio para que resulte neutro en cuanto al género”, esto es, que pueda ser cometido por hombres o mujeres. Además, “se entiende que una persona es incapaz de dar su libre consentimiento si adolece de una incapacidad natural, inducida o debido a la edad”.
b) Esclavitud sexual
La esclavitud sexual se puede presentar en aquellos casos en los cuales las víctimas son restringidas de su libertad y obligadas a tener relaciones o actos sexuales con sus captores. La guerra civil en Ruanda mostró un claro ejemplo de la comisión de esta conducta, cuando las mujeres se casaban de manera forzada con el fin de salvar a sus hijos del genocidio que estaba ocurriendo, siendo encerradas o confinadas en sus casas corriendo el peligro de ser golpeadas si se escapaban.
Los elementos de los crímenes determinan como requisitos de este delito:
“1. Que el autor haya ejercido uno de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas, como comprarlas, venderlas, prestarlas o darlas en trueque, o todos ellos, o les haya impuesto algún tipo similar de privación de libertad.
2. Que el autor haya hecho que esa o esas personas realizaran uno o más actos de naturaleza sexual” (Sánchez).
Por la complejidad de este delito los autores podrían ser dos o más personas concertadas para realizar esta conducta; además, la privación de la libertad podría incluir la realización de trabajos forzados o la reducción de una persona a una condición servil, tal como lo define la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, concertada en 1956. De igual manera, incluiría el tráfico de personas, en especial de mujeres y niños.
c) Prostitución forzada
Sobre este delito no había antecedentes, ni en los estatutos penales de los tribunales internacionales, ni en la jurisprudencia penal internacional.
Frente a esta conducta, los elementos de los crímenes disponen:
“1. Que el autor haya hecho que una o más personas realizaran uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder contra esa o esas personas u otra persona, o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su libre consentimiento.
2. Que el autor u otra persona hayan obtenido, o esperaran obtener, ventajas pecuniarias o de otro tipo a cambio de los actos de naturaleza sexual o en relación con ellos” (Sánchez).
d) Embarazo forzado
El literal f) del parágrafo segundo del artículo séptimo, define el embarazo forzado como “el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo” (Sánchez).
Esta última parte fue incluida para aliviar las preocupaciones de algunas delegaciones en el sentido de que no se eleva de manera universal la permisión al aborto o que no restringe las competencias de los Estados para regular los nacimientos de acuerdo a sus propios principios constitucionales, filosóficos o religiosos.
Los elementos de los crímenes repiten lo contenido en el parágrafo mencionado.
e) Esterilización forzada
Los elementos de los crímenes establecen para su configuración los siguientes requisitos:
“1. Que el autor haya privado a una o más personas de la capacidad de reproducción biológica.
2. Que la conducta no haya tenido justificación en un tratamiento médico o clínico de la víctima o víctimas, ni se haya llevado a cabo con su libre consentimiento” (Sánchez).
Por la preocupación de China, en desarrollo de su política de control a la natalidad, se debe entender que estas medidas de control de la natalidad no deben tener un efecto permanente en la práctica. Además, la expresión “libre consentimiento” no incluye el consentimiento que ha sido obtenido mediante engaño.
En el caso Akayesu, el Tribunal de Ruanda definió violencia sexual como “cualquier acto de naturaleza sexual que sea cometido sobre una persona bajo circunstancias que son coercitivas y no están limitadas a la invasión física del cuerpo humano, pero pueden incluir actos que no impliquen penetración o contacto físico”(30), como fue la situación de desnudar a las mujeres y obligarlas a hacer ejercicios físicos enfrente de una multitud.
Los elementos de los crímenes dan los requisitos para la configuración de dicha conducta:
“1. Que el autor haya realizado un acto de naturaleza sexual contra una o más personas o haya hecho que esa o esas personas realizaran un acto de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa o esas personas u otra persona o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su libre consentimiento.
2. Que esa conducta haya tenido una gravedad comparable a la de los demás crímenes del artículo 7.º 1) g) del Estatuto —los delitos sexuales analizados—.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que determinaban la gravedad de la conducta” (Sánchez).
3.8. Persecución
El literal g) del parágrafo segundo del artículo 7.º del Estatuto de Roma, define la persecución como “la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad” (Sánchez).
El delito de persecución puede presentarse en variadas formas, desde asesinatos hasta limitaciones a las profesiones, así como actos de violación a los derechos básicos en términos físicos, económicos o judiciales. Un ejemplo de ello, que el mundo puede recordar, es cuando a los judíos en la Alemania nazi se les obligaba a portar brazaletes, se les prohibía abrir cuentas de banco, no podían pertenecer al Ejército, etc.
El artículo 7.º del Estatuto de Roma señala que el delito debe realizarse sobre un grupo o una colectividad que posea una identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género —bien sea masculino o femenino, en el contexto de la sociedad—, o por motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. Esta última parte relacionada al derecho internacional, se incluyó para señalar que la lista no es exhaustiva, pero tampoco demasiado amplia.
Así mismo, el literal dispone que el delito de persecución debe estar en conexión con cualquier conducta mencionada como delito de lesa humanidad o con cualquier crimen de la competencia de la Corte, toda vez que algunas delegaciones, durante la conferencia realizada en Roma, consideraron demasiado vaga y elástica la definición, razón por la cual decidieron establecer un tipo penal conexo.
Los elementos de los crímenes establecen para su configuración:
“1. Que el autor haya privado gravemente a una o más personas de sus derechos fundamentales en contravención del derecho internacional.
3. Que la conducta haya estado dirigida contra esas personas por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, según la definición del párrafo 3 del artículo 7.º del Estatuto —“masculino o femenino en el contexto de la sociedad”—, o por otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.
4. Que la conducta se haya cometido en relación con cualquier acto de los señalados en el párrafo 1 del artículo 7.º del Estatuto —conductas de lesa humanidad—, o con cualquier crimen de la competencia de la Corte”(31).
3.9. Desaparición forzada de personas
El literal i) del párrafo 2 del artículo 7.º, define la desaparición forzada de personas como “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado” (Sánchez). Esta definición sigue los parámetros de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994.
Los elementos de los crímenes recogen una serie de temores de algunas delegaciones frente a la jurisdicción ratione temporae, toda vez que este es un delito de ejecución permanente, y no termina, sino hasta cuando se informa sobre la suerte o el paradero de la persona, por tal razón, se incluyeron una serie de notas aclaratorias.
Es así como los elementos de los crímenes señalan al respecto:
“1. Que el autor: a) Haya aprehendido, detenido o secuestrado a una o más personas; o
3. Que el autor haya sido consciente de que: a) Tal aprehensión, detención o secuestro sería seguido en el curso normal de los acontecimientos de una negativa a reconocer la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas; o
4. Que tal aprehensión, detención o secuestro haya sido realizado por un Estado u organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia.
6. Que el autor haya tenido la intención de dejar a esa persona o personas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”(32).
3.10. ‘Apartheid’
El artículo primero de la Convención Internacional para la Eliminación y Castigo del Crimen de Apartheid de 1973, señala que este es un delito de lesa humanidad y son crímenes contra el derecho internacional; mientras que el artículo tercero de la convención, imputa responsabilidad penal individual en el ámbito internacional frente a este delito.
El literal h) del párrafo 2 del artículo 7.º define el apartheid como “los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 —conductas de lesa humanidad— cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen” (Sánchez).
La presente definición sigue los lineamientos establecidos en el artículo segundo de la Convención de 1973, la cual trae una serie de conductas que pueden considerarse como apartheid, que pueden otorgar luces a la Corte Penal Internacional cuando asuma el conocimiento de esta clase de actuaciones, como son:
“a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la vida y a la libertad de la persona:
f) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid privándolas de derechos y libertades fundamentales” (Sánchez).
3.11. Otros actos inhumanos
Esta disposición se encuentra presente en los diferentes estatutos penales internacionales, desde Nuremberg hasta Roma, toda vez que busca evitar los vacíos en las conductas penales. El artículo séptimo señala la punición de “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” (Sánchez).
En el caso de Kayishema y Ruzindana(33), el Tribunal de Ruanda manifestó que esos otros actos inhumanos son aquellos que causan un daño o sufrimiento mental o físico serio, o constituyen un ataque a la dignidad humana de comparable seriedad o gravedad a otros crímenes de lesa humanidad enunciados en los diferentes instrumentos internacionales.
Conductas que atenten la propiedad privada, que impliquen experimentación científica, humillaciones físicas o sicológicas podrían enmarcarse dentro de esta clase de acciones.
Los elementos de los crímenes recogen básicamente lo establecido en el párrafo 1 del artículo 7.º.
Los delitos de lesa humanidad son rechazados de forma tajante por la sociedad internacional, toda vez que afectan las bases mismas de la civilización; por tal razón, se ha creado el máximo Tribunal Penal Internacional para la investigación y juzgamiento de delitos considerados atroces en el ámbito social internacional.
Se ha llegado a una tipificación adecuada de estas conductas, en virtud de la jurisprudencia penal emanada de los tribunales de Ruanda y Yugoslavia, que servirán de parámetros para el juzgamiento de estas acciones, además de los elementos de los crímenes que se convertirán en el Código Penal aplicable en la Corte.
Finalmente, puede observarse cómo las herramientas jurídicas están dadas para que los autores de estas conductas no queden en la impunidad, habida cuenta que se tiene el aparato normativo y judicial para lograr este fin, además de mandar un mensaje a todos aquellos que han cometido o pretendan cometer esta clase de actuaciones en desmedro de la humanidad.
Kittichaisaree, Kriangsak. International Criminal Law. Oxford University Press, 2001.
Robinson, Daryll, “Defining ‘Crimes Against Humanity’ at the Rome Conference”, American Journal of International Law N.º 93 de 1999. Disponible en: www.ajil.org
Sánchez Sánchez Hernando y Sánchez Sánchez Raúl Eduardo. Grandes Textos del Derecho Penal Internacional. Texto Inédito en revisión para publicación.
Tribunal de Ruanda (www.ictr.org):
Prosecutor v. Jean Kambanda, Caso N.º ICTR 97-23-S del 4 de septiembre de 1998.
Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Caso N.º ICTR-96-4-T, Cámara I, del 2 de septiembre de 1998.
Prosecutor v. Kayishema and Obed Ruzindana, Caso N.º ICTR-95-1-T, Cámara II, del 21 de mayo de 1999.
Prosecutor v. George Rutaganda, Caso N.º ICTR-96-3, Cámara I, del 6 de diciembre de 1999.
Tribunal de Yugoslavia (www.un.org/icty):
Prosecutor v. Dusko Tadic, Caso N.º IT-94-1, ICTY Cámara de Apelaciones. Decisión sobre la moción de la defensa para una apelación interlocutoria sobre la jurisdicción, del 2 de octubre de 1995 (moción preliminar).
Prosecutor v. Dusko Tadic, Caso N.º IT-94-1-T, Cámara II del 7 de mayo de 1997 (fallo de primera instancia).
Prosecutor v. Dusko Tadic, Caso N.º IT-94-1-A, Cámara de Apelaciones, del 15 de julio de 1999 (fallo de segunda instancia).
Prosecutor v. Gagovic and others, Caso N.º IT-96-23 (acusación del 26 de junio de 1996).
Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Caso N.º IT-95-14-T, Cámara I, del 3 de marzo de 2000.
Prosecutor v. Zoran Kupreskic and others, Caso N.º IT-95-16-T Cámara II, del 14 de junio de 2000.
Prosecutor v. Dragan Nikolic, Caso N.º IT-94-2-R61, del 20 de octubre de 1995.
(1) Prosecutor v. Dusko Tadic. Caso N.º IT-94-1, ICTY Cámara de Apelaciones. Decisión sobre la moción de la defensa para una apelación interlocutoria sobre la jurisdicción del 2 de octubre de 1995, parágrafo 149.
(2) Prosecutor v. Jean Paul Akayesu. Caso N.º ICTR-96-4-T, Cámara I, del 2 de septiembre de 1998, parágrafos 565-568. Disponible en: www.ictr.org.
(3) Por ejemplo, las circunstancias históricas o políticas en que la conducta ocurre, las funciones del acusado en los períodos en los cuales los crímenes fueron cometidos, sus responsabilidades en la jerarquía política o militar, la generalidad y seriedad de las conductas cometidas, y la naturaleza de los crímenes cometidos, así como su notoriedad.
(4) Prosecutor v. Tihomir Blaskic. Caso N.º IT-95-14-T, Cámara I, del 3 de marzo del 2000, parágrafos 244-250. Disponible en: www.un.org/icty.
(5) Prosecutor v. Dusko Tadic. Caso N.º IT-94-1-A, Cámara de Apelaciones, del 15 de julio de 1999. Disponible en: www.un.org/icty. Salvamento de voto del juez Shahabudeen, parágrafos 37-38, y del juez colombiano Rafael Nieto Navia, parágrafo 12.
(6) Prosecutor v. George Rutaganda. Caso N.º ICTR-96-3, Cámara I, del 6 de diciembre de 1999, parágrafo 65. Disponible en: www.ictr.org.
(7) Prosecutor v. Dusko Tadic. Caso N.º IT-94-1-A, Cámara de Apelaciones, del 15 de julio de 1999. Disponible en: www.un.org/icty. Parágrafo 249.
(8) Ibíd., parágrafo 251.
(9) Prosecutor v. Jean Kambanda. Caso N.º ICTR 97-23-S del 4 de septiembre de 1998, parágrafos 39 y 40. Disponible en: www.ictr.org.
(10) Prosecutor v. Dusko Tadic. Caso N.º IT-94-1-A, Cámara de Apelaciones, del 15 de julio de 1999. Disponible en: www.un.org/icty. Parágrafo 271 (traducción libre).
(11) En el procesamiento penal adelantado en Francia en contra de Klaus Barbie “el carnicero de Lyon”, la Cour de Cassation de ese país señaló que este había cometido crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil al atacar a los miembros de la resistencia francesa.
(12) Prosecutor v. Tihomir Blaskic. Caso N.º IT-95-14-T, Cámara I, del 3 de marzo del 2000, parágrafo 214. Disponible en: www.un.org/icty.
(13) Prosecutor v. Dusko Tadic. Caso N.º IT-94-1-T, Cámara II del 7 de mayo de 1997, parágrafo 619.
(14) Prosecutor v. Jean Paul Akayesu. Caso N.º ICTR-96-4-T, Cámara I, del 2 de septiembre de 1998, parágrafo 580 —traducción libre—. Disponible en: www.ictr.org.
(15) Entre las que se pueden encontrar: las circunstancias generales históricas y el entero contexto político en los cuales se realiza la conducta; la creación e implementación en el territorio de una institución política de cualquier nivel de poder; propaganda política; la creación e implementación de instituciones políticas militares autónomas; la movilización de fuerzas armadas; las repetidas y coordinadas ofensivas militares; las conexiones entre la jerarquía militar y las instituciones políticas y sus programas; las modificaciones de la composición étnica de la población; las medidas discriminatorias, sean estas administrativas o de otra índole —como restricciones bancarias y solicitudes de pases de viaje—; y el ámbito de las ejecuciones llevadas a cabo, en particular, muertes y otras formas de violencia física, hurtos, detenciones arbitrarias, deportaciones, expulsiones, o destrucción de propiedad no militar, especialmente edificios religiosos. Prosecutor v. Tihomir Blaskic. Caso N.º IT-95-14-T, Cámara I, del 3 de marzo del 2000, parágrafo 214. Disponible en: www.un.org/icty —traducción libre—.
(16) Prosecutor v. Zoran Kupreskic and others. Caso N.º IT-95-16-T Cámara II, del 14 de junio del 2000, parágrafos 654 y 655. Disponible en: www.un.org/icty.
(17) Así se determinó en el caso de Prosecutor v. Dragan Nikolic. Caso N.º IT-94-2-R61, en la decisión de revisar la acusación de acuerdo a la Regla N.º 61 de las reglas de procedimiento y prueba, del 20 de octubre de 1995, parágrafo 27. Disponible en: www.un.org/icty.
(18) Prosecutor v. Jean Paul Akayesu. Caso N.º ICTR-96-4-T, Cámara I, del 2 de septiembre de 1998, parágrafo 589. Disponible en: www.ictr.org —traducción libre—.
(19) Prosecutor v. Kayishema and Obed Ruzindana. Caso N.º ICTR-95-1-T, Cámara II, del 21 de mayo de 1999, parágrafos 137 a 140.
(20) La Corte Penal Internacional, elementos de los crímenes, U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). —La expresión “dado muerte” es intercambiable con la expresión “causado la muerte”. Esta nota será aplicable a todos los elementos en que se emplee uno de los dos conceptos—. En: Sánchez Sánchez, H. y Sánchez Sánchez, R. Cit.
(21) Prosecutor v. Kayishema and Obed Ruzindana. Caso N.º ICTR-95-1-T, Cámara II, del 21 de mayo de 1999, parágrafo 144 (traducción libre).
(22) Prosecutor v. Kayishema and Obed Ruzindana. Caso N.º ICTR-95-1-T, Cámara II, del 21 de mayo de 1999, parágrafo 147 (traducción libre).
(23) Elementos de los crímenes. La conducta podría consistir en diferentes formas de matar, ya sea directa o indirectamente. La imposición de esas condiciones podría incluir la privación del acceso a alimentos y medicinas. La expresión “como parte de” comprendería la conducta inicial en una matanza. En: Sánchez Sánchez, H. y Sánchez Sánchez, R. Cit.
(24) Prosecutor v. Gagovic and others. Caso N.º IT-96-23 (acusación del 26 de junio de 1996), parágrafos 10.6 a 10.8.
(25) Elementos de los crímenes. Se entiende que ese tipo de privación de libertad podrá, en algunas circunstancias, incluir la exacción de trabajos forzados o la reducción de otra manera a una persona a una condición servil, según se define en la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, de 1956. Se entiende, además, que la conducta descrita en este elemento incluye el tráfico de personas, en particular de mujeres y niños. En: Sánchez Sánchez, H. y Sánchez Sánchez, R. Cit.
(26) Prosecutor v. Tihomir Blaskic. Caso N.º IT-95-14-T, Cámara I, del 3 de marzo del 2000, parágrafos 549 y 550. Disponible en: www.un.org/icty.
(27) Elementos de los crímenes. “Deportado o trasladado por la fuerza” es intercambiable con “desplazado por la fuerza”. La expresión “por la fuerza” no se limita a la fuerza física, sino que puede incluir la amenaza de la fuerza o la coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión sicológica o el abuso de poder, contra esa o esas personas u otra o aprovechando un entorno de coacción. En: Sánchez Sánchez, H. y Sánchez Sánchez, R. Cit.
(28) Prosecutor v. Jean Paul Akayesu. Caso N.º ICTR-96-4-T, Cámara I, del 2 de septiembre de 1998, parágrafos 593 y 594. Disponible en: www.ictr.org.
(29) Prosecutor v. Jean Paul Akayesu. Caso N.º ICTR-96-4-T, Cámara I, del 2 de septiembre de 1998, parágrafos 597 y 598. Disponible en: www.ictr.org.
(30) Prosecutor v. Jean Paul Akayesu. Caso N.º ICTR-96-4-T, Cámara I, del 2 de septiembre de 1998, parágrafos 598 y 688 (traducción libre). Disponible en: www.ictr.org.
(31) Elementos de los crímenes. “Este requisito se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6 de la introducción general a los elementos de los crímenes. Se entiende que en este elemento no es necesario ningún otro elemento de intencionalidad además del previsto en el elemento 6”. En: Sánchez Sánchez, H. y Sánchez Sánchez, R. Cit.
(32) Elementos de los crímenes. “Dado el carácter complejo de este crimen, se reconoce que en su comisión participará normalmente más de un autor con un propósito delictivo común. El crimen será de la competencia de la corte únicamente si el ataque indicado en los elementos 7 y 8 se produjo después de la entrada en vigor del Estatuto. La palabra ‘detenido’ incluirá al autor que haya mantenido una detención existente. Se entiende que, en determinadas circunstancias, la aprehensión o la detención pudieron haber sido legales. Este elemento, incluido a causa de la complejidad de este delito, se entiende sin perjuicio de la introducción general a los elementos de los crímenes. Se entiende que, en el caso del autor que haya mantenido detenido a alguien que ya lo estaba, se daría ese elemento si el autor fuese consciente de que esa negativa ya había tenido lugar”. En: Sánchez Sánchez, H. y Sánchez Sánchez, R. Cit.
(33) Prosecutor v. Kayishema and Obed Ruzindana. Caso N.º ICTR-95-1-T, Cámara II, del 21 de mayo de 1999, párrafo 151.

References: artículo 5
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