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Timestamp: 2019-10-20 00:31:54+00:00

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Proceso a seguir para la modificación de medidas instada por los herederos en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges - El Derecho
Foro 01-10-2013 Coordinador: Prieto Fernández-Layos
Nuestro compañero y colaborador D. Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga me ha propuesto para debatir en Foro Abierto la siguiente cuestión que por su compresión no precisa de comentario alguno y que paso a copiar textualmente:
"Partiendo de la consideración de que en los litigios matrimoniales, las únicas partes admitidas son los contrayentes, existen dos procesos, al menos, en que el objeto es modificar o extinguir una medida acordada en un procedimiento de separación o divorcio, pero no a instancia de uno de los cónyuges o ex cónyuges, sino de sus herederos. El procedimiento para ello ¿es el de modificación de medidas del art. 770 LEC (EDL 2000/77463) por remisión del art. 775 LEC o debe ser el ordinario o verbal, atendiendo a la cuantía?
Los dos procesos a que hago referencia son los siguientes:
1º.- Acción para la extinción del derecho de uso sobre la vivienda familiar, en el caso de fallecimiento del cónyuge excluido de la ocupación de la vivienda, por parte de los herederos de éste, que adquieren la propiedad o copropiedad del inmueble, que ya no puede mantener la calificación de familiar de la pareja inicial.
2º.- Al amparo del art. 101.2 CC (EDL 1889/1), el derecho a la pensión compensatoria fijada en resolución judicial o en convenio regulador aprobado judicialmente, no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor, sino que se transmite a sus herederos. Sin embargo, éstos pueden solicitar del Juez la supresión o reducción de la misma "si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda sin afectar a la legítima", lo que implica la promoción de un proceso por los herederos contra el acreedor de la pensión.
Esta posibilidad plantea una serie de problemas, que podían ser considerados también: ¿Se trata de la legítima larga o corta? ¿Qué quiere decir afectar al caudal hereditario? ¿Que se pague con los intereses o rentas o que se abone con el capital heredado en concepto de legítima? Teniendo en cuenta que la extinción o reducción exige, en defecto de acuerdo, un litigio, que éste no se puede comenzar hasta el fallecimiento, la obtención de los certificados de defunción y última voluntad, determinación del inventario del caudal relicto y partición de la herencia de conformidad con el testamento si lo hubiere, y que en estos trámites pueden transcurrir muchos meses ¿qué ocurre con las pensiones que venzan en este tiempo, que por imperativo legal no están reducidas o extinguidas?
Hay que tener en cuenta que el art. 775 LEC legitima para el ejercicio de la acción de modificación únicamente al ministerio Fiscal, si hay hijos menores o incapacitados, y a los cónyuges. Es más, los demandantes no ejercitan un derecho a la acción, adquirido por sucesión y que perteneciera a un cónyuge (o ex cónyuge), sino que es un derecho propio".
Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho de Familia", el 1 de octubre de 2013.
Se nos plantea la cuestión de cuál es el proceso a seguir par...
Se nos plantea la cuestión de cuál es el proceso a seguir para la modificación de medidas, adoptadas en un procedimiento de separación o divorcio, instada por los herederos en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges.
Dos son los escenarios contemplados en los que los herederos podrían instar la modificación de las medidas adoptadas en un previo procedimiento matrimonial, un vez fallecido uno de los cónyuges y del que devienen herederos: Para pedir la extinción del derecho de uso sobre la vivienda familiar al adquirir la propiedad o copropiedad del inmueble tras el fallecimiento y, al amparo del art. 101.2 CC (EDL 1889/1), para solicitar la reducción o supresión de la pensión compensatoria si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima.
Es claro que legitimados en los procesos matrimoniales están única y exclusivamente los cónyuges cuya separación o divorcio es objeto del procedimiento. La Sentencia del TS de 24 de abril de 2000 (EDJ 2000/5839), dictada en el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal en interés de ley, ante las diferentes soluciones dadas cuando en un procedimiento matrimonial se solicitaba la adopción de medidas, en concreto pensión alimenticia, para los hijos mayores de edad, declaró que los únicos legitimados en los procedimientos de separación o divorcio eran los cónyuges, sin perjuicio de que pudieran adoptarse medidas que afectaran a terceros, al considerar estos alimentos una carga matrimonial.
Cuestión distinta es quién está legitimado para instar la modificación de las medidas acordadas en un procedimiento matrimonial tras el fallecimiento de uno de los cónyuges, en los casos contemplados anteriormente, y cuál debe ser el procedimiento a seguir para ello.
Es claro que tras el fallecimiento de uno de los cónyuges quienes van a estar legitimados para instar la modificación de las medidas acordadas previamente son los herederos, al pasar a asumir las obligaciones que antes recaían sobre el cónyuge fallecido. Quienes suceden al cónyuge fallecido son quienes van a poder instar la modificación de las medidas, bien por haber devenido propietarios o copropietarios de la vivienda en el primer caso, y tener que soportar por tanto el uso de la vivienda, o por haber sucedido al cónyuge fallecido en la obligación de abono de la pensión compensatoria. Con relación a esta última obligación expresamente lo recoge el art. 101.2 CC, al disponer que "el derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor". El pago de la pensión compensatoria, que en principio es una obligación de carácter personalísimo derivada de una situación de ruptura del matrimonio, pasa a los herederos. Y este mismo precepto contempla los supuestos en los que los herederos están legitimados para instar la reducción o supresión de la pensión, a saber, que el caudal hereditario no pueda satisfacer las necesidades de la deuda, esto es, que no pueda cubrir la cuantía de la pensión, o que afecte a sus derechos en la legítima. Lógicamente a estos dos supuestos se tendrá que unir la posibilidad de instar la reducción o supresión de la pensión cuando concurra alguna de las causas que para ello prevén los arts. 100 y 101.1 CC.
Con relación a cuál es el procedimiento que debe seguirse para la modificación o extinción de las medidas entiendo que debe ser el procedimiento previsto en el art. 775 LEC (EDL 2000/77463). Establece este precepto que "el Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del tribunal la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas".
En principio, conforme a este precepto, los únicos legitimados para instar el procedimiento de modificación de medidas serían el Ministerio Fiscal, en interés de los hijos menores de edad, y los cónyuges, sin embargo, entiendo que en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, y al transmitirse a sus herederos, bien la carga del uso sobre la vivienda de la que devienen propietarios o copropietarios, o la obligación de abono de una pensión compensatoria, consecuencia de las medidas que se adoptaron en un proceso matrimonial, no hay nada que obste a que para la modificación de las medidas que en este se acordaron se sigan los mismos trámites que se seguirían en el supuesto de que quien instara la modificación fuera uno de los cónyuges. Entiendo que estamos ante una suerte de sucesión procesal, aunque el proceso no se haya iniciado en el momento del fallecimiento, y que debe seguirse el trámite previsto en el art. 775 LEC, que a su vez remite al art. 770 LEC. Lo contrario sería colocar en una posición distinta, peor, a los herederos con relación a la que le hubiera correspondido al cónyuge fallecido. No son iguales las reglas en un procedimiento ordinario o verbal que las del procedimiento especial al que remite el art. 775 LEC. No olvidemos por ejemplo la posibilidad de adoptar medidas provisionales durante la tramitación del procedimiento. En los Juzgados de Barcelona es el trámite previsto en el art. 775 LEC el que se sigue cuando los herederos instan la modificación de las medidas acordadas en un proceso matrimonial.
Una vez instado el procedimiento de modificación de medias se nos plantea también la cuestión de que ocurre con las pensiones que venzan durante la tramitación del procedimiento y que por imperativo legal no están reducidas o extinguidas. Los efectos de la sentencia de modificación de medidas no pueden retrotraerse al momento del fallecimiento. La modificación o la extinción de la pensión lo será desde la fecha de la sentencia, sea cual sea la duración de los trámites que sean precisos para iniciar el procedimiento. No debe olvidarse, sin embargo, la opción que ofrece el art. 775, párrafo 3º, LEC. Conforme al mismo, "Las partes podrán solicitar, en la demanda o en la contestación, la modificación provisional de las medidas definitivas concedidas en un pleito anterior. Esta petición se sustanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 773".
Por ello, ante la previsión de una excesiva duración del procedimiento, los herederos podrían solicitar la adopción de medidas que acuerden la reducción o supresión provisional de la medida.
Las preguntas que se formulan precisarían tener en consideración numerosos ...
Las preguntas que se formulan precisarían tener en consideración numerosos matices y la legislación civil foral aplicable en cada caso concreto, lo que dificulta en una breve exposición ofrecer una contestación única de todo ello; no obstante, en términos generales, se puede indicar:
1. VIVIENDA FAMILIAR. La atribución en un procedimiento matrimonial del derecho de uso y disfrute de la que se constituyera en su día como vivienda familiar conforme a lo previsto en el art. 96 CC (EDL 1889/1) es un derecho de naturaleza personalísimo que se extingue, entre otros motivos, por consecuencia de la muerte o fallecimiento del (ex) cónyuge no beneficiario de la medida, lo que significa que una vez producida dicha circunstancia sustancial, los herederos del causante pueden hacer valer sus derechos sobre el inmueble en cuestión pero para ello habrá de diferenciarse dos posibles situaciones:
1ª) Si el causante ostentaba la titularidad única del inmueble, es decir, si la vivienda era de titularidad privativa del fallecido, sus herederos podrán ejercitar acción posesoria contra quien fuera su ocupante al carecer de título legítimo para ello, por lo que a partir de ese momento, el/la ocupante del inmueble pasa ser ocupante sin título, precarista, que posibilita el ejercicio por los herederos de la acción contemplada en el art. 250.1.2 LEC (EDL 2000/77463), para lo cual no es necesario acudir al procedimiento de modificación de medidas a que se refieren los arts. 770 y 775 LEC ni, por tanto, la competencia objetiva corresponde al Juzgado de Familia, sino que el trámite a seguir, como hemos dicho, lo será el verbal ante el Juzgado de Primera Instancia que conforme a las reglas generales de competencia territorial corresponda conocer del asunto; y
2ª) En cambio, cuando la naturaleza de la vivienda es ganancial, postganancial a consecuencia de la disolución del régimen económico matrimonial decretado por la sentencia definitiva y firme recaída en el procedimiento matrimonial de separación, divorcio o nulidad, entonces difiere sustancialmente la situación, ya que, a su vez, habría de diferencias dos posible hipótesis con efectos dispares:
(i) si la sociedad legal de gananciales, ya disuelta, ipso iure, por sentencia judicial no ha sido liquidada, entonces lo procedente será acudir a los trámites previstos para ello (arts. 806 y ss. LEC); y
(ii) si, por el contrario, la sociedad de gananciales se liquidó pasando los (ex) cónyuges a ser cotitulares de la vivienda en proindivisión, y por iguales partes, no como integrantes de una sociedad legal de gananciales, sino como miembros de una comunidad ordinaria, para poner fin a esa indivisión, el procedimiento adecuado a seguir no es el anteriormente indicado, sino el declarativo que corresponda en razón a su cuantía, interesando la división de la cosa común, por cuanto que, como hemos indicado, a partir de la muerte o fallecimiento del cónyuges no ocupante de la vivienda familiar, desaparecen las limitaciones que respecto al uso se imponían por sentencia judicial.
2. PENSIÓN COMPENSATORIA POR DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. Determina el art. 101 CC en su segundo inciso que el derecho a la pensión (compensatoria) no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor, añadiendo que en tales casos los herederos podrán (facultativamente) solicitar del juez la reducción o supresión (extinción) de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima. En estos supuestos, la obligación de pago recaerá sobre los herederos a partir del momento en que lleven a cabo la aceptación de la herencia pura y simplemente, ya lo sea de modo expreso o tácito (arts. 998 y 999 CC), quienes pasan a asumir mancomunadamente el cumplimiento de la pensión compensatoria constituida a favor del cónyuge del causante desde el mismo momento de su muerte o fallecimiento, lo que se constituye como una carga de la herencia.
En estos casos, entiendo, una vez cumplidos los trámites oportunos e imprescindibles de conocer la última voluntad del causante en testamento, si lo otorgó, o en su caso, llevada a cabo la declaración de herederos ab intestato, aceptación de la herencia, formación de inventario, avalúo, etc., los herederos pueden, facultativamente, ejercitar la acción judicial interesando la reducción o extinción de la pensión compensatoria, para lo cual, a diferencia del supuesto anterior, presentarán demanda de modificación de medidas ante el Juzgado de Familia competente por los trámites del procedimiento establecido en el art. 770 al que remite el art. 775 LEC, ya que el/los heredero/s vienen a subrogarse en la situación que anteriormente tenía su causante y además por ser uno de los procedimientos a que se refiere el Título IV del Libro I CC, sin que se precise intervención del Ministerio Fiscal habida cuenta tratarse de medida dispositiva que no afecta a menores ni al orden público.
Si se tratara de pensión compensatoria fijada con carácter indefinida, debe practicarse una comparación entre cuál sea su cuantía y la legítima, aspecto sobre el que el legislador no contempla en la norma comentada, para lo cual parece que lo más procedente sea operar mediante la capitalización de la pensión acudiendo a normas fiscales.
Que afecta al caudal hereditario, a mi juicio, significa estar a los bienes en concreto de la masa hereditaria a la muerte o fallecimiento del causante, sin que puedan tenerse en consideración para los cálculos rentabilidades que de futuro puedan obtenerse a favor de los herederos.
Indudablemente, el tiempo que transcurra desde la muerte del causante hasta que se obtenga una sentencia judicial firme por la que se resuelva bien la reducción o la extinción de la pensión compensatoria puede jugar a favor o contra de una u otra parte litigante (ex cónyuge y herederos del fallecido), pues la sentencia definitiva a dictar tiene efectos constitutivos y, en principio, debe producirlos desde el momento de su firmeza, por lo que para evitar esos posibles desajustes temporales que puedan ocasionarse no parece desacertado interesar, en base a lo previsto en el art. 775.2 LEC, la adopción de medidas provisionales hasta que se de término al procedimiento principal.
El art. 808 CC considera como legítima, en el caso de existencia de hijos y descendientes, las dos terceras partes del haber hereditario del padre o de la madre, quedando pues incluido el tercio de mejora en dicho concepto, por lo que cuando el art. 101 alude a la pensión compensatoria, debe entenderse que la parte de la herencia que debe quedar libre de afección al pago de la pensión compensatoria incluye también el tercio de mejora, es decir, hablar de la legítima supone estar a la legítima larga.
Cierto es que en los litigios matrimoniales, por regla general , las únicas ...
Cierto es que en los litigios matrimoniales, por regla general , las únicas partes admitidas son los contrayentes, de modo que las mismas, es decir, los cónyuges o contrayentes son los que pueden instar la acción sobre modificación o extinción de una medida acordada en un anterior proceso de separación o divorcio, siendo así que no hay dudas sobre el cauce procesal para la modificación de la medida que se solicite, de acuerdo con lo establecido en el art. 775, con remisión al art. 770, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (EDL 2000/77463), cuando las partes son los propios cónyuges.
La cuestión que se plantea en este foro no tiene fácil respuesta por lo que se debe tener en consideración la doctrina y jurisprudencia que esta propia Sala viene teniendo en cuenta en orden a la cuestión procesal que se deriva tras el fallecimiento de uno de los cónyuges, y cuando se trata de solicitar la supresión o la reducción de la pensión compensatoria.
En vía de apelación es relativamente frecuente que la representación del cónyuge fallecido venga a poner en conocimiento de la Sala el hecho del fallecimiento de dicho cónyuge obligado al pago de la pensión compensatoria, a los efectos oportunos, una vez que ya constaba la personación del mismo, como parte apelante, quien interesó en primera instancia, y también en la alzada, la extinción de la pensión compensatoria o la reducción de la misma, al tiempo que se insta que la continuación del procedimiento, interesando tener por parte, como apelantes, a los herederos del cónyuge fallecido, en orden a la personación de los mismos ante la Audiencia Provincial, como apelantes, y con el fin de mantener la acción instada en su momento por el contrayente que falleció, en relación a la extinción de la pensión compensatoria o la reducción de la cuantía.
La respuesta procesal dada en la Sala a tal petición siempre ha sido la de acceder a dicha pretensión, requiriendo al procurador representante del cónyuge fallecido para que informe sobre la identidad de los herederos, a fin de ser requeridos en la alzada, individualizadamente, para la personación en legal forma.
Cumplimentado tal requerimiento por el procurador de dicho cónyuge fallecido, identificados los herederos, habiendo comparecido los mismos ante la Sala y formalizada en forma la de aquellos se ha continuado el trámite del recurso de apelación, en la fase procesal en el que se hallaba, en orden a la prueba, si hubiere sido admitida en su momento, celebración de la vista o de la deliberación, concluyendo de modo absolutamente normal el trámite del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, dictándose en la alzada la oportuna sentencia dando respuesta de fondo a la pretensión planteada inicialmente por el contrayente fallecido, sobre la extinción de la pensión compensatoria o sobre la reducción de su, pretensión mantenida en la alzada por sus herederos, a los que se ha tenido por parte apelante en el trámite del recurso de apelación.
De admitir otra solución, la consecuencia, si no se admite el cauce procesal prevenido en el art. 775, con remisión al art. 770, una vez producido el fallecimiento del recurrente, a la sazón, el cónyuge que interesaba las pretensiones sustantivas antes indicadas, en la alzada, y en el rollo de apelación, es la de decretar el archivo del rollo de apelación sin dar respuesta de fondo al recurso, reservando a los herederos del cónyuge fallecido las acciones oportunas en orden a las pretensiones inicialmente planteadas para su ejercicio en el procedimiento declarativo ordinario.
Como quiera que estamos admitiendo la posibilidad de la personación de los herederos del cónyuge fallecido en el trámite del recurso de apelación, ello implica necesariamente la necesidad de concluir que no existe inconveniente procesal alguno en orden a admitir el ejercicio de la acción, para la extinción de la pensión compensatoria, o la reducción de la cuantía, por el cauce procesal del procedimiento prevenido en el art. 775, en su relación con el art. 770, ambos del texto procesal antes citado.
Otra conclusión, una vez que damos por sentado la posibilidad de la continuación del trámite del recurso de apelación por medio de la personación de los herederos del contrayente fallecido, sobre la remisión de estos últimos al procedimiento declarativo ordinario correspondiente, determinaría una clara contradicción formal y procesal entre lo admitido en la segunda instancia y la prohibición de instar la modificación de las medidas ante el juzgado por dichos herederos del contrayente fallecido.
En definitiva, y en lo que se refiere a la acción para la extinción o la reducción de la cuantía de la pensión compensatoria, entiendo perfectamente viable el cauce procesal del procedimiento de modificación de efectos prevenido en el art. 770, por remisión del art. 775 LEC.
El foro también plantea cuestiones de orden sustantivo, en lo referido a la determinación del caudal hereditario, consideración de la legítima larga o corta, abono por medio de intereses rentas, o pago por medio del capital heredado en concepto de legítima.
Entiendo que la extinción de la pensión compensatoria procedería en aquellos supuestos en los que el patrimonio hereditario neto no determina la viabilidad del mantenimiento del pago de la pensión compensatoria, cualquiera que fuera su cuantía, siempre que dicho patrimonio adjudicado a cada uno de los herederos venga a destinarse a afrontar las propias necesidades de dichos herederos, sin posibilidad de destinar parte del mismo al abono de la deuda derivada de la pensión compensatoria.
Para ello habrá que tener en cuenta lo definitivamente adjudicado a cada uno de los herederos, deducidas las obligaciones, las deudas y los pagos que deben realizarse con cargo a la herencia, lo cual se debe verificar por medio de las operaciones particionales correspondientes, con valoración del patrimonio, en su activo y pasivo, formación de lotes, división y adjudicación de los mismos.
Dicho lo que antecede, no veo razones para aplicar solamente la legítima corta en orden a la determinación del caudal que debe servir de referencia para afrontar el pago de la pensión compensatoria, pues, a la postre, los medios económicos derivados de la adjudicación del patrimonio hereditario se deben analizar teniendo en cuenta el global de lo adjudicado a cada uno de los herederos, de tal manera que si se concede la legítima larga, este parámetro es el que debe definir el mantenimiento de la pensión compensatoria, así como la cuantía de la misma.
Cierto es que el procedimiento de modificación de efectos no puede comenzar hasta tanto se haya producido el fallecimiento del deudor inicial establecido en el anterior proceso, a la sazón, el contrayente, y también lo es que resulte posible otro proceso en orden a la determinación del inventario del caudal relicto y las operaciones particionales, hasta la definitiva división y adjudicación de los lotes correspondientes a cada uno de los herederos, y que ello puede dar lugar al transcurso de un periodo de tiempo más o menos extenso.
Por ello, entiendo posible, iniciado el proceso de modificación de medidas, una vez que se produzca el hecho del fallecimiento del contrayente obligado a la prestación económica, solicitar en fase de medidas provisionales del proceso de modificación de medidas la suspensión de la obligación de pago de la pensión compensatoria, o la reducción provisional de su cuantía, pudiéndose interesar también en la demanda que se declare en sentencia que ponga fin al proceso de modificación de efectos el carácter retroactivo de la extinción, o de la reducción de la cuantía de la pensión compensatoria.
En cuanto a la acción para la extinción del derecho de uso sobre la vivienda familiar, en el caso del fallecimiento del cónyuge excluido de la ocupación de la vivienda, por parte de los herederos de éste, que adquiere la propiedad o copropiedad del inmueble, entiendo que en este supuesto, y puesto que no hay soporte sustantivo análogo al que se establece en el art. 101.2 CC, en relación a la pensión compensatoria, su extinción o reducción de la cuantía , es lo procedente reservar a los terceros, herederos del contrayente excluido de la ocupación de la vivienda, la acción a ejercer en el proceso declarativo ordinario que corresponda, o verbal, para interesar la extinción de tal derecho sobre el uso de la vivienda familiar.
La cuestión que se nos plantea en este Foro Abierto comprende dos preguntas ...
La cuestión que se nos plantea en este Foro Abierto comprende dos preguntas diferentes que paso a contestar por el mismo orden en que nos son formuladas.
La primera se refiere al cauce procesal a seguir para solicitar la extinción del derecho de uso de la vivienda familiar atribuido en un proceso matrimonial, en caso de fallecimiento del cónyuge excluido de la ocupación, por parte de los herederos de éste que adquieren mortis causa la propiedad o copropiedad del inmueble.
El tema suscita curiosas interrogantes desde un punto de vista material o sustantivo, principalmente, el de la subsistencia y oponibilidad, frente a los herederos, del derecho de uso inscrito en el Registro de la Propiedad, según que el inmueble afectado por el uso pase a ser propiedad exclusiva o copropiedad de los herederos, dada la jurisprudencia existente sobre la subsistencia de tal derecho en caso de adjudicación del inmueble a terceros en subasta y las indudables similitudes entre este y aquel supuesto.
Pero, al margen de tales interrogantes, sin duda de gran interés, y de otros no menos sugerentes (Quid en el supuesto en que la muerte del cónyuge excluido del uso se produjere pendiente el proceso por él iniciado para demandar la extinción del derecho de uso de la vivienda familiar, ¿podrán los herederos del mismo, ex art. 16 LEC (EDL 2000/77463), continuar ocupando en dicho juicio la misma posición del causante?), en lo concerniente al cauce procesal a seguir por los herederos para solicitar la extinción del derecho de uso de la vivienda que fue familiar, lo primero que ha de establecerse, para resolver la cuestión, es si los herederos ejercitan una acción derivada del derecho de propiedad adquirido mortis causa o, por el contrario, ejercitan un derecho a la acción de modificación de medidas que les ha transmitido, por sucesión, el cónyuge causante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 661 CC (EDL 1889/1).
Pues bien, en mi opinión, cuando los herederos demandan en juicio la extinción del derecho de uso de la vivienda familiar adquirida mortis causa, ejercitan una acción propia y no una adquirida por sucesión. Ello es así en cuanto, de una parte, las acciones matrimoniales tienen carácter personalísimo y son intransmisibles inter vivos o mortis causa y esa cualidad debe predicarse también de la acción para entablar el proceso de modificación de medidas previsto en el art. 775.1 LEC, y, de otra, los herederos, cuando demandan al cónyuge titular del derecho de uso atribuido en el proceso matrimonial, no solicitan en realidad la extinción de tal derecho de uso, porque, en principio, al haber sido atribuido en un proceso del que no formaron parte, no puede afectarles (sin perjuicio de los efectos que produzca frente a los terceros la anotación o inscripción del derecho de uso de la vivienda familiar en el Registro de la Propiedad), sino que hacen valer las facultades que les corresponden como titulares dominicales al amparo de lo previsto en los números 2º, 3º y 7º del apartado 1º del art. 250 LEC.
En otras palabras, lo que piden no es la modificación de la medida de atribución del derecho de uso para pedir la extinción de tal medida ya que carecen de legitimación para ello al no haber sido partes en el proceso en que se dictaron las medidas cuya modificación se pretende, sino que ejercitan las facultades posesorias dimanantes del derecho de propiedad del inmueble adquirido por herencia. En consecuencia, el proceso a seguir por los herederos no será el de modificación de medidas regulado en el art. 775 LEC, ya que ninguna modificación se pide, sino el juicio declarativo que corresponda conforme a lo dispuesto en los arts. 248 y ss LEC, que vendrá a ser el juicio verbal por razón de la materia (números 2º, 3º y 7º del apartado 1º del art. 250 LEC).
Por lo que se refiere a la acción que el párrafo 2º del art. 101 CC confiere a los herederos para solicitar la reducción o extinción de la pensión compensatoria que viniere obligado a abonar su causante por considerar que el caudal hereditario no puede satisfacer las necesidades de la deuda o afecta a sus derechos en la legítima, cabe entender que, al ejercitar una acción propia, para la que les confiere legitimación el párrafo 2º del art. 101 CC, tendente a modificar una medida establecida en un anterior proceso matrimonial, el cauce procesal a seguir habrá de ser el de modificación de medidas previsto en el art. 775 LEC.
En mi opinión, puede sostenerse que el párrafo 2º del art. 101 CC, al contemplar una acción de reducción o extinción de la pensión compensatoria, y ser estos los contenidos propios de la acción dirigida a la modificación de la medida que fija una pensión compensatoria, es una norma que remite al proceso declarativo especial previsto en el art. 775 LEC, de modo que, por aplicación de lo establecido en el art. 248 LEC en relación con el art. 101, párrafo 2º CC, el cauce procesal a seguir por los herederos para solicitar la reducción o extinción de la pensión compensatoria ha de ser el de modificación de medidas del art. 775 LEC.
No es óbice para ello la circunstancia de que este último precepto únicamente legitime para el ejercicio de la acción de modificación al ministerio fiscal (en caso de existir hijos menores o incapacitados) o a los cónyuges, pues, según se ha dicho, los herederos del cónyuge obligado al pago de pensión compensatoria suceden al causante en todos sus derechos y obligaciones (art. 661 CC), y, por tanto, no sólo en sus derechos sustantivos, sino también en los de orden procesal, de modo que no sólo pueden pedir la reducción o extinción de la pensión por las causas contempladas en el párrafo 2º del art. 101 CC, sino también por el cese de la causa que motivó el establecimiento de la pensión (cese del desequilibrio), por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona.
Podría decirse que, si tras el fallecimiento del cónyuge excluido del derecho de uso de la vivienda familiar, sus herederos deben acudir al juicio declarativo que por razón de la materia corresponda para hacer valer, frente al cónyuge supérstite titular del derecho de uso, las facultades posesorias inherentes al derecho de propiedad sobre el inmueble adquirido mortis causa, no se entiende por qué deben acudir al proceso de modificación de medidas previsto en el art. 775.1 para solicitar la reducción o extinción de la pensión compensatoria. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre uno y otro supuesto.
Así, el derecho de uso sobre la vivienda familiar atribuido en el proceso matrimonial no es susceptible de transmisión ni activa ni pasivamente, inter vivos ni mortis causa, de modo que, fallecido el cónyuge titular del derecho de uso, éste se extingue, y, fallecido el cónyuge excluido del uso, a los herederos de éste no les ha de afectar en su derecho de propiedad sobre el inmueble adquirido mortis causa el referido derecho de uso.
En cambio, en el caso de la pensión compensatoria, los herederos del cónyuge obligado a su pago suceden pasivamente al causante en la obligación de satisfacer la pensión compensatoria y, por tanto, se subrogan en la posición sustantiva y procesal del causante, tanto para solicitar la extinción de la pensión por las causas generales previstas en el párrafo 1º del art. 101 CC como por las específicas contempladas en el párrafo 2º del precepto. Y si suceden al causante en su obligación, parece de razón que puedan ejercitar todas las acciones de extinción o reducción de la pensión compensatoria que les competen con el mismo alcance y por idéntico cauce procesal al que correspondía a su causante, en cuya posición se subrogan.
En los procesos de modificación de medidas definitivas del divorcio, separac...
En los procesos de modificación de medidas definitivas del divorcio, separación o nulidad del matrimonio, suscitados a tenor de los arts. 775 y 770 LEC (EDL 2000/77463), si se trata de los de carácter contencioso, o, del art. 777.9, si tienen naturaleza consensuada, tan solo son partes o sujetos de la relación jurídico-procesal, los contrayentes o cónyuges matrimoniales.
Ello es así incluso cuando se deducen pretensiones sobre las pensiones de alimentos de los hijos mayores de edad, que conviven con uno de los progenitores y carecen de independencia económica. En los procesos de modificación de medidas para instar el incremento de la pensión alimenticia o su extinción, por concurrencia de circunstancias sobrevenidas, tales descendientes no intervienen en dichos procesos, sino que son solamente litigantes los contrayentes del matrimonio, actuando el progenitor con el que conviven los hijos mayores de edad en interés de los mismos.
Si bien ello es así ha de considerarse, ahora, las cuestiones o causas indicadas en las cuestiones a analizar en el presente foro abierto.
La acción que puedan ejercitar los herederos del cónyuge fallecido, excluido de la atribución del uso de la vivienda familiar, tras la adquisición por sucesión por causa de muerte de la titularidad exclusiva o la cotitularidad del inmueble, que ya no tiene el carácter de familiar de la pareja matrimonial inicial, ha de deducirse en el proceso declarativo verbal u ordinario pertinente, y no ya por la vía adjetiva de los arts. 775 y 770 LEC.
La legítima a la que se refiere el art. 101.2 CC (EDL 1889/1), puede ser la larga o la corta, al no distinguir el precepto entre una u otra. La afectación a la legítima del débito derivado de la pensión compensatoria por desequilibrio económico, faculta pues a los herederos legitimarios a deducir la acción de supresión o reducción de la pensión compensatoria, y mientras no se declare en el proceso declarativo, en virtud de sentencia, la procedencia de la pretensión deducida, las pensiones que vayan venciendo son susceptibles de ser reclamadas cualquiera que sea la duración y la tardanza del procedimiento sucesorio con sus diversas fases hasta la aceptación y liquidación del caudal relicto.
Precisamente porque es un derecho propio no pueden incardinarse estas peticio...
Precisamente porque es un derecho propio no pueden incardinarse estas peticiones dentro de un proceso de modificación de medidas, ya que en éste los legitimados para interponerlas son las partes del conflicto, y en cuanto ya entran terceros, como podrían ser los hijos, no pueden estos articular por la vía del art. 775 LEC (EDL 2000/77463) un proceso de modificación de medidas. Más que nada porque el art. 775 LEC es claro a la hora de otorgar la legitimación para el ejercicio de la acción y sólo confiere ésta al Fiscal, si hay menores, y por ellos, o a las partes, pero no para que los hijos puedan actuar en defensa de sus derechos pro fallecimiento de uno de los cónyuges. Y luego el art. 770 remite al juicio verbal pero sólo para procesos matrimoniales, pero para los que insten los herederos del finado para reclamar cuestiones ya resueltas en el proceso matrimonial que pudo tener el finado.
Así, en cuanto a la acción para la extinción del derecho de uso sobre la vivienda familiar debe entenderse que el cauce adecuado para ello es el juicio ordinario del art. 249.2 LEC ya que actúa como “cajón de sastre”, ya que el verbal no puede articularse bajo una hipotética aplicación del art. 250.2 para calcular la cuantía del pleito ya que es más propio el del cauce del ordinario por ser de cuantía inestimable. Así, si los herederos de quien no usa la vivienda y han adquirido su parte desean que se extinga el derecho de uso el cauce procesal para ello es el juicio ordinario en donde en proceso aparte y separado pueden ejercitar esta acción para hacerla valer e, indudablemente, fuera del proceso de familia, ya que se trata de una acción que aunque tenga relación con el derecho concedido al usuario tras un proceso de familia, nace de un derecho propio de carácter hereditario y ajeno al derecho de familia, por lo que conocería de esta acción, incluso, el juzgado de primera instancia al que le correspondiera por turno de reparto.
Por otro lado, tampoco sería adecuado procesalmente articular la solicitud de reducción de una pensión por los herederos del deudor bajo la vía del art. 775 LEC, pero no por carecer de legitimación los herederos del deudor, ya que la tienen por la vía del art. 101.2 CC (EDL 1889/1), sino porque el art. 775 LEC no les confiere facultades procesalmente para utilizar este cauce para ello, y tener, por ende, que remitirse al art. 249.2 LEC ya que se trata de un proceso complejo que exige la determinación del haber partible entre los herederos y la conclusión de cuál es el reparto económico que se lleva a cabo a cada heredero en cuanto a importe en euros que se distribuye, ya que no pueden contabilizarse los bienes distribuidos a los herederos, sino sólo el haber partible económicamente entregado como numerario del que se debe llevar a cabo el reparto obligacional que a cada heredero le corresponde y si éste es difícil de afrontar es cuando se interesaría la reducción del importe al haber sobrevenido nuevas circunstancias que dimanan, sobre todo, de la falta de ingresos evaluables económicamente y en base a lo cual se satisfacía ese importe como pensión.
Por ello, desaparecidos los ingresos del deudor que es la fuente del pago de la pensión, indudablemente ello repercute en una disminución posible de la pensión a satisfacer los herederos, ya que nótese que el art. 101.2 no sólo habla de la reducción sino también de la supresión y, para ello, habría que acudir a un juicio ordinario y demostrar la consecuencia que supone la desaparición de los ingresos del finado y la reducida transmisión de numerario cuantificable en euros recibida por los herederos para interesar bien la reducción o bien la supresión. Lo cierto y verdad es que, al producirse el fallecimiento del deudor, la parte acreedora dejaría de recibir los abonos y habría que tramitar de forma ágil la determinación del haber partible para fijar esa nueva cuantía o su desaparición.
En puridad, la cuestión que se plantea tiene una solución muy simple: dado ...
En puridad, la cuestión que se plantea tiene una solución muy simple: dado que la analogía no puede aplicarse en temas procesales, si en el art. 775 LEC (EDL 2000/77463) sólo se contempla la modificación a instancia del Ministerio Fiscal (si hay hijos menores o incapacitados) o de los propios cónyuges, fallecido uno de ellos, los herederos tendrán que acudir al procedimiento ordinario o verbal en función de la cuantía en que se fije la pretensión de reducir o extinguir la pensión compensatoria, o en su caso, extinguir la medida relativa a la atribución del uso. Hay que tener en cuenta que los arts. 249.2 LEC ("Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de seis mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo") y 250.2 LEC ("Se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de seis mil euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas en el apartado 1 del artículo anterior") son preceptos que regulan el procedimiento a seguir cuando un determinado asunto no tenga una tramitación específica en la norma procesal.
Otra interpretación posible sería considerar que si el heredero se sitúa en la posición del causante, la acción que tenía el cónyuge fallecido de interponer una demanda de modificación al amparo de lo establecido en el art. 755 LEC se trasmite al heredero y, por tanto, no existe obstáculo para solicitar la reducción o extinción por las cauces previstos en el citado artículo. Sin embargo, se comenta al formular el tema de debate que los herederos no ejercitan un derecho a la acción, adquirido por sucesión y que pertenecía a un cónyuge, sino un derecho propio, lo cual iría en contra de esta segunda postura.
Desde mi punto de vista, ésta es una más de las cuestiones que deberían estar perfectamente claras en la norma procesal para evitar que los distintos tribunales, como así sucede en la práctica, adopten una u otra postura, dada la inseguridad jurídica que se crea. Nos da igual que se tramite por el juicio verbal o por el ordinario, la cuestión es que debemos saberlo antes de interponer la demanda. Habrá que trasladar el problema procesal al legislador ahora que está en ciernes una reforma sustantiva y procesal del derecho de familia para resuelva definitivamente la controversia.
De todos modos, siendo prácticos, la opción menos arriesgada es acudir al procedimiento ordinario, pues es el que más garantías ofrece a los litigantes.
Al hilo de la cuestión planteada, es importante tener en cuenta que cuando se ejerce una acción modificativa o extintiva de la pensión, previamente debe haber quedado perfectamente determinado el caudal hereditario, pues, como señaló la Sentencia AP Baleares, Sec. 4ª, de 25 de marzo de 2011 (EDJ 2011/76791), no puede convertirse el procedimiento ordinario en el que se pide la reducción o extinción de la pensión compensatoria en el cauce adecuado para dilucidar cuál es realmente el caudal hereditario y cuya determinación es decisiva a fin de considerar si es procedente o no una reducción o supresión de la pensión compensatoria por afectar a la legítima:
"Y tales pretensiones principales de la demanda: reducción, primero, y extinción, después, de la pensión compensatoria, tal y como señala correctamente el Juez "a quo" en la sentencia de instancia no pueden prosperar. Y ello por cuanto, con carácter previo, es necesario determinar cuál es realmente el caudal hereditario para sí, después, poder saber si tal caudal hereditario puede o no satisfacer las necesidades de la deuda o ésta afecta o no a los derechos legitimarios. Es decir, el objeto de la demanda principal no lo constituye el determinar cuál es el caudal de la herencia, sino que la acción que se ejercita en la misma lo es al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 101 del Código Civil: reducción, primero, y extinción, después, de la pensión compensatoria, dando por sentado el actor, en la repetida demanda y como hecho indiscutible, que el caudal hereditario está compuesto únicamente por un depósito a la vista que el causante tenía en la entidad "Sa Nostra" con un saldo de 2.374,43 euros".
Por último, y en relación con el tema que se apunta del perjuicio que puede causarse a los herederos la dilación en la determinación del caudal hereditario como paso previo a solicitar la modificación o extinción de la pensión, ya que tendrán que seguir pagándola hasta tanto una sentencia la reduzca o la declare extinguida, la única solución será solicitar que el pronunciamiento modificativo o extintivo tenga efectos desde la fecha de fallecimiento del cónyuge obligado al pago de la pensión, lo cual implica alegar el enriquecimiento injusto, pues es de todos conocido la dificultad que se encuentra en los procesos modificativos para dar efectos retroactivos a la medida más allá de la fecha de presentación de la demanda.
Puesto que la modificación se plantea en un procedimiento de separación o d...
Puesto que la modificación se plantea en un procedimiento de separación o divorcio, pero en un momento en el que uno de los legitimados legales ha fallecido, lo que exige la entrada en el procedimiento de sus herederos, siendo la opción entre el incidente de modificación de medidas (remisión al art. 775.2 LEC, EDL 2000/77463; o al art. 770 de la misma), o al declarativo que por cuantía corresponda, entiendo innecesario modificar el específicamente establecido, que al fin y al cabo es un declarativo verbal, por el que determina la cuantía. Creo que ni por el cambio de legitimación que permite entrar a alguien diferente de los legalmente establecidos (los cónyuges), ni por la circunstancia de que se trate de un derecho propio de los herederos, sería necesario modificar aquel procedimiento incidental. No creo tampoco que este procedimiento incidental por el mero hecho de ser verbal, produzca algún tipo de indefensión a las partes.
Puesto que la expresión del art. 101, párrafo 2º CC (EDL 1889/1) es que el caudal hereditario “no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda” o “afectara a sus derechos en las legítimas”, se impone como imprescindible para que la reducción o, en su caso la supresión de la pensión, se consiga que una de tales circunstancias concurra. “Afectar al caudal hereditario” que utiliza la pregunta pero que no es expresión legal debe referirse a impedir cubrir las deudas que el caudal hereditario tenga o perjudicar a las legítimas, como alternativa.
El art. 806 CC define la legítima sin añadir calificativo, y los restantes preceptos que a la misma se refieren tampoco emplean los que la doctrina ha utilizado para diferenciar el primero del segundo tercio. En consecuencia, la falta de individualización entre una y otra me permite decir que cuando el art. 101 hace referencia a “las legítimas” debe estar refiriéndose al concepto más amplio, es decir a la larga, comprensiva de la legítima estricta y del tercio de mejora.
En cuanto a lo que ocurre con las pensiones que venzan durante el procedimiento que debe instarse para conseguir la modificación de la pensión, o su extinción, entiendo que el fallecimiento de la parte obligada al pago de la pensión debe vincularse a la concurrencia de la causa determinante de las “alteraciones sustanciales” a que se refiere el art. 100 CC, es decir que no se puedan cubrir las deudas o que se vean afectadas las legítimas; pues bien, puesto que el precepto lo que hace es poner por delante los derechos hereditarios (o los de los acreedores del caudal de la herencia) sobre los del acreedor de la pensión (Encarnación Roca Trías), deberá ésta verse afectada desde la presentación de la demanda, teniendo efectos la sentencia desde su admisión a trámite puesto que la modificación sustancial de circunstancias que se concreta en el fallecimiento del obligado a la prestación ya se ha dado en el momento de reclamarse la reducción o extinción de la misma.
Tras agradecer a la Dirección del Foro Abierto que ostenta el Magistrado D. ...
Tras agradecer a la Dirección del Foro Abierto que ostenta el Magistrado D. José Mª Prieto y Fernández-Layos su amabilidad de atender mi petición de someter al examen del Foro la cuestión que le empleaba y la de los compañeros que van a concretar sus pareceres, paso a expresar mi opinión, surgida de la duda que el tema me plantea.
Por de pronto, he de manifestar que, si bien tiene un punto de conexión, en realidad se trata de dos temas distintos y, por lo tanto, los trataré de forma separada, aunque empezaré por tratar aquello que les es común.
Para modificar lo anteriormente resuelto, me inclino por estimar que no podrá ser el regulado en el art. 775 LEC (EDL 2000/77463), en sede de los procedimientos especiales matrimonial y de menores (juicio verbal especial), porque, en líneas generales, en estos procesos sólo pueden ser parte los cónyuges y excepcionalmente el Ministerio Fiscal, cuando hay hijos menores o incapacitados y, en concreto, y referido al procedimiento de modificación de medidas o efectos definitivos, así lo especifica el mismo art. 775 LEC, que en su número 2 se remite a la tramitación del art. 770 LEC.
La competencia funcional para conocer de este proceso corresponderá al Juez de Familia que determinó la pensión, allí donde lo haya. Territorialmente, de con­formidad con el art. 769.1 LEC, al no haberse dispuesto ninguna otra cosa, la competencia corresponderá, a elección del demandante, al Juez del último domicilio conyugal o el del domicilio del demandado.
De cual­quier forma, la tramitación deberá acomodarse a la normativa del art. 770 LEC (juicio verbal familiar con contestación a la demanda por escrito), por tratarse de un proceso de extinción de un derecho establecido en el Título IV del Libro Primero del Código Civil (EDL 1889/1), por disposición expresa del mencionado art. 770 LEC que “Las demandas de separación y divorcio, salvo las previstas en el artículo 777 , las de nulidad del matrimonio y las demás que se formulen al amparo del Título IV del Libro I del Código Civil , se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, conforme a lo establecido en el Capítulo I de este Título , y con sujeción, además, a las siguientes reglas:…”.
Sin embargo, como en la actualidad se realizan atribuciones del domicilio común y se establecen pensiones por desequilibrio que no se corresponden con parejas casadas, estas normas procesales no serán de aplicación en tales casos, porque carecen de todo amparo del Título IV del Libro I CC, porque éste se concreta al matrimonio.
En esos últimos supuestos, no tratándose de un proceso especial, hay que acudir a las normas que se pronuncian a favor del juicio ordinario, en primer lugar por razón de la materia (art. 248.2 LEC) de las que ninguna de las especificadas en el precepto se corresponde con el caso que contemplamos. Si acudimos a idéntico criterio para los juicios verbales, tampoco aparece el supuesto que estamos tratando (solamente el número 7º del art. 250 LEC podría tener alguna aplicación cuando el demandante fuera el único titular de un derecho real de propiedad o usufructo sobre la totalidad del inmueble y lo tuviera inscrito en el Registro de la Propiedad, mientras que el beneficiario del derecho de uso, no tuviera éste igualmente inscrito; pero nos parece un poco traído por los pelos).
No existiendo aplicación a determinación alguna por razón de la materia, de acuerdo con el mencionado art. 248.2 LEC, debemos acudir a las normas de determinación por razón de la cuantía, que se inclinan por el ordinario si la cuantía excede de 6.000 € o si el interés económico resulta imposible de calcular (art. 249.2 LEC) o por el verbal si la cuantía no excede de 6.000 € (art. 250.2 LEC).
Ello nos remite al art. 251 LEC referido a las reglas de determinación de la cuantía. ¿Puede considerarse aplicable la norma 8ª de esta art. 251 LEC, que dice que “En los juicios que versen sobre la existencia, validez o eficacia de un título obligacional, su valor se calculará por el total de lo debido, aunque sea pagadero a plazos. Este criterio de valoración será aplicable en aquellos procesos cuyo objeto sea la creación, modificación o extinción de un título obligacional o de un derecho de carácter personal, siempre que no sea aplicable otra regla de este artículo”.
Pero, si consideramos que el objeto del proceso puede ser la extinción de un derecho de carácter personal, ¿cuál es el total de lo debido? Porque además de ser un derecho gratuito, de él no se deduce deuda alguna. Para más confusión, la doctrina (vid. Sentencia del TS de 23 de enero de 1998, EDJ 1998/308), se muestra partidaria de no atribuir valor alguno a este derecho de uso de la vivienda familiar.
En resumen, me inclino por creer que la tramitación del proceso de extinción promovido por el o los herederos del excluido del uso debe hacerse conforme a las reglas del ordinario por considerar el interés difícil o imposible de calcular, regulándose la competencia territorial por las normas generales.
Por otra parte, se plantea el problema de si en estos litigios de modificación de medidas definitivas, no comprendidas en el art. 775 LEC pueden adoptarse medidas provisionales, como establece el apartado 3º de este precepto, en su redacción por Disp. Final 1.5 de la Ley 15/2005, de 8 de julio (EDL 2005/83414), que dispone que “las partes podrán solicitar, en la demanda o en la contestación, la modificación provisional de las medidas definitivas concedidas en un pleito anterior. Esta petición se sustanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 773”. Aunque en materia procesal es principio general el de inadmisibilidad de la aplicación de normas por analogía, en este caso nos encontramos con que el objeto del proceso es claramente la modificación de un efecto definitivo establecido en sentencia recaída en proceso familiar y, por tanto, esta posibilidad deviene de la literalidad del texto, aunque exista el posible obstáculo de que este proceso no se acomoda a la generalidad de los requisitos comprendidos en el art. 775 LEC.
En todo caso, cuando los herederos demanden la extinción de la adjudicación del uso o la supresión o modificación de la cuantía de la pensión compensatoria, podía ser aconsejable la adopción de una medida provisional, que disminuyera los dañinos efectos de la demora en la resolución principal.
No obstante, la medida la referida a la pensión compensatoria tropieza con otro obstáculo y es que las medidas provisionales tienen sus objetos limitados por los arts. 102 y 103 CC, entre cuyas medidas no se encuentra ninguna relativa a la pensión, aunque sí al uso de la vivienda.
Si en la adopción de medidas provisionales no puede resolverse, con tal carácter transitorio, sobre la determinación de la pensión compensatoria, ¿po­dría hacerse respecto a su reducción o extinción? Es cierto que en los arts. 102 y 103 CC no está incluida la pensión del art. 97 y que ésta es consecuencia de la producción de un desequilibrio, por la sentencia de separación o divorcio. Pero en la modificación, el hecho objeto del litigio es otro –el cambio de fortuna, la cesación de la causa que la motivó, el matrimonio o convivencia, u otra causa de extinción–, que deberían poder analizarse en estas medidas pro­visionales del art. 775, esencialmente distintas de las iniciales.
Entrando en el análisis diferenciado de los dos objetos de las modificaciones a que se refieren estas líneas, comienzo por la acción para la extinción del uso de la vivienda familiar.
1º.- ACCIÓN PARA LA EXTINCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR, atribuido en litigio matrimonial, paterno filial o de ruptura de pareja de hecho, promovido por los herederos de un cónyuge difunto, que adquieren la titularidad o cotitularidad del derecho en virtud del cual disfrutaba la pareja de la ocupación de la vivienda.
Prescindiendo de las razones de fondo para solicitar la extinción del derecho de uso establecido a favor del demandado en resolución judicial en pleito contencioso o en aprobación de un convenio regulador que así lo determine (a mi entender, por de pronto, se limita el derecho del heredero titular del título ocupacional, partiendo de que éste concurría en dos personas, que mantenían en él su vivienda familiar, lo cual deja de ocurrir con la muerte de uno de ellos) la pretensión del actor es la modificación de una resolución judicial por cambio de circunstancias, que aparece legitimada por el art. 90 CC, en su párrafo penúltimo (“Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias”) y el art. 91 CC in fine (“Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias”), que está limitado a los cónyuges sino a aquellos que hayan sustituido en los derechos de los mismos afectados por la resolución o la aprobación.
2º.- ACCIÓN POR PARTE DE LOS HEREDEROS DEL DEUDOR DE UNA PENSIÓN COMPENSATORIA PARA REDUCIR O EXTINGUIR LA OBLIGACIÓN porque el caudal hereditario no pueda satisfacer las necesidades de la deuda sin afectar a la legítima.
EL SUPUESTO. El art. 101 párrafo 2º CC dice así: El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima.
Para empezar, hay que señalar la deficiente redacción del precepto. Este párrafo 2º del art. 101 CC señala en primer término lo que NO le ocurre a la pensión compensatoria – no se extingue – sin mencionar siquiera lo que sí afecta. Porque si no se extingue y el obligado desaparece, la única posibilidad lógica es que la adquiera alguien, que sólo podrían ser, al menos en teoría, la Seguridad Social o los herederos.
LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA ESTABLECIDA EN SENTENCIA, EN LA SUCESIÓN DEL DEUDOR. La primera cuestión a contemplar es la consideración de esta obligación, que no se extingue, en la herencia del deudor y, dentro de ella, si la obligación de pago de la pensión compensatoria, constituye una deuda del causante –de cuantía y plazo, en muchos casos, in­determinados– que se integra como tal en el pasivo de la herencia o constituye una carga o gravamen, que se impone sobre dicha herencia.
Las cargas sobre la herencia nacen con la muerte del causante, mientras que las deudas existen con anterioridad y persisten después del fallecimiento del deudor. La trascendencia de esta diferencia es mucha. En el supuesto de tratarse de una deuda, se integraría en el pasivo de la herencia y su importe –de imposible determinación exacta– se deduciría del activo para configurar como resultado, el importe neto del caudal relicto, sobre el que han de calcularse las legítimas. El art. 32 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (EDL 1991/15431) considera que es una deuda del causante por encontrarse reconocida en sentencia judicial firme anterior. De conformidad con el art. 659 CC, la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extingan por la muerte y la pensión compensatoria tiene esta condición porque claramente previene el art. 101.2 CC, que no está sujeta a tal extinción.
El art. 818. 1 CC determina que “para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes que quedaren a la muerte del testador, con deducción de las deudas y cargas, sin comprender entre ellas las impuestas en el testamento”. Como dice Vallet de Goytisolo, ello responde a la inclusión en la herencia, conforme dice el artículo 659, de las obligaciones de una persona que no se extingan por la muerte». Combinadas ambas disposiciones recogen dos requisitos naturales para de­ducir las deudas y cargas para el cómputo del caudal relicto líquido: 1º. Que sean obligaciones del causante; no obligaciones creadas por éste mortis causa, es decir, los legados o modos que él hubiera dispuesto; 2º. Que no se extingan con la muerte.
En el caso de la pensión compensatoria se reúnen ambas condiciones, ya que ni es una obligación creada por el causante mortis causa, ni se extingue con su muerte. Y, sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se produce una pura inclusión en la herencia, sino que se trata de una situación sujeta a un condi­cional alternativo, ya que el art. 101.2 CC contempla que pueda o no afectar a la legítima. Si se tratara de una deuda integrable en el pasivo de la herencia, siempre afectaría a los derechos legitimarios, ya que la legítima es siempre una parte alícuota del caudal relicto neto. El problema es muy complejo, quizá porque, una vez más, el legislador ha configurado un producto híbrido, con mezcla de todas las instituciones y con contradicciones flagrantes.
Marín García de Leonardo inicialmente defiende, con lógica, que el contenido indemnizatorio que hemos señalado es acorde precisamente con la conceptuación de la misma como una deuda del causante, transmisible mortis causa y, como tal, entra a formar parte del pasivo de la herencia, pero lo contradice que pueda no integrar la herencia en la medida que afecte al heredero.
Algunos autores, subrayan, al realizar su reflexión sobre este tema, que la obligación que se transmite es la misma que la existente con anterioridad. Para Campuzano la obligación de pago de la pensión por parte de los herederos no es una obligación que surge ex novo por ministerio de la Ley, sino que se trata de la misma pensión que el acreedor venía recibiendo de su ex cónyuge y que, a su muerte, se transmite pasivamente a sus herederos.
Marín García de Leonardo, aun defendiendo el carácter de deu­da, matiza la singularidad del tratamiento dado a la pensión, concretando que en definitiva nos encontramos con una deuda hereditaria que no se detrae de los bienes para determinar el relictum sino que se le puede dar el tratamiento de deuda de la herencia, es decir, no se detrae en su caso para calcular la legí­tima, a lo que añade que «el cónyuge con derecho a pensión se convierte en acreedor sui generis ya que aunque en principio el derecho a pensión se trans­mite como deuda del causante, posteriormente su regulación legal se plasma como carga de la herencia . La realidad es que, de una parte, la deuda no nace con el fallecimiento del deudor, sino con la resolución judicial que fija o aprueba la pensión compen­satoria en vida del mismo, y no se extingue –permanece– con la muerte del deudor, pero igualmente cierto es que no es la misma deuda en la que se subrogan los herederos. No solamente cambia la persona del obligado al pago, sino lo que más importante: la obligación posterior a la muerte del deudor, no está sujeta únicamente a las mismas condiciones que la inicial.
Por ministerio de la ley, se ha novado la obligación, pero no se concreta sino en que tras la muerte del cónyuge deudor, puede reducirse o extinguirse, por razones diferentes a las originarias, con la duda de permanecen intangibles las originarias. En todo caso, esta mutación esencial ha de considerarse como una novación, no sólo por la sustitución del deudor (art. 1203-2.º CC), sino como extintiva de la obligación anterior al ser de todo punto incompatibles ambas –la anterior y la posterior– de acurdo con el art. 1204 CC. Esta sustitución de una deuda por otra, fundamentalmente diferente por añadir causas esenciales de extinción, por obra del fallecimiento del obligado al pago, permite considerar que la nueva, nacida como consecuencia de la muerte del deudor, constituye una carga de la herencia, que trae causa de una anterior, pero que no es la misma. No es, pues, una deuda del causante, sino una carga de la herencia.
Esta interpretación confiere un sentido y una lógica a la posibilidad, con­templada en el art. 101.2 CC, de que la pensión no afecte a las legítimas y de que, en consecuencia, recaiga exclusivamente sobre la parte de libre disposición. De esta forma, también se obviaría que el acreedor –posi­ble ex-cónyuge del causante, que quizá concurra con un nuevo viudo o viuda y unos hijos de otra unión– pueda oponerse a que se lleve a efecto la partición (art. 1082 CC), mientras no se le pague o se afiance su importe –la pensión es periódica, de cuantía variable y por plazo indeterminado–; ni que tampoco pueda intervenir en la partición (art. 1.083 CC) y exigir el pago de sus deudas por entero de cualquiera de los herederos que no hubiera aceptado la herencia a beneficio de inventario, o, en caso de haberla admitido con dicho beneficio, hasta donde alcance su porción hereditaria (art. 1084 CC). Hay que subrayar que la regulación general, además, concede al acreedor del causante un dere­cho preferencial sobre el de los herederos y legatarios, que se antoja incompa­tible con los límites establecidos en el art. 101.2, y con el principio de intangi­bilidad, cuantitativa y cualitativa que los inspira, aunque la fijación de dichos límites exija la previa solicitud del heredero para que puede el Juez reducirle la obligación y, por ende, la cuantía de la deuda.
De calificarse como una deuda, también habría que tomar en considera­ción que, si el causante lega algo al acreedor de una pensión compensatoria, habría que aplicar el art. 873 CC; esto es, que, a menos que el testador lo haya dispuesto de modo expreso, no podrá imputarse este legado al pago del cré­dito, representado por la pensión.
Pero, repito, el art. 101 CC in fine establece la posibilidad de reducir o extinguir, si afectara a los derechos del heredero en la legítima. Esta consideración la realiza el legislador en condicional –si le afec­tara–, lo cual evidencia que contempla que puede no afectarle en la legítima. Pero como la legítima es una porción del caudal líquido (arts. 806 y ss. CC) y éste se configura deduciendo de los activos, los pasivos, entre los que se en­cuentran las deudas, de ser la pensión compensatoria una deuda, siempre afecta­ría al importe de la legítima. Sobraría el condicional. Siempre tendría el dere­cho a reducir o suprimir la pensión.
Considero, pues, que constituye una carga o gravamen de la sucesión, im­puesto ex lege sobre la parte de libre disposición de la herencia, sin afectar a legítima. Aunque, no sea una obligación que nazca con la muerte del causan­te, no es tampoco la misma obligación, sino que ha sido novada por dicho fallecimiento, como contempla el art. 1205 CC, por sustituirse el nuevo deudor –el heredero– en lugar del primitivo y por haberse alterado condicio­nes esenciales incompatibles con la primera.
En este sentido se pronuncia García Cantero: Para nuestro Derecho vigente resulta claro que la pensión por desequilibrio es una carga o gravamen de la sucesión del ex cónyuge obligado a su pago, que va a reducir la parte de libre disposición, pero que está limitada por el derecho de los legitimarios (entre los que se incluyen los hijos del matrimonio disuelto, los habidos en el nuevo matrimonio del divorciado y el segundo cónyuge).
Por su parte, Mezquita del Cacho esboza una matización diferente, ca­lificando la pensión heredada como un legado, al decir que «la actual regula­ción del art. 101.2 CC parece configurar la pensión como un legado legal, pues la responsabilidad de los herederos en cuanto a su pago es la misma que a aquellos corresponde con respecto al pago de los legados y no con respecto de las deudas propiamente dichas de la herencia». Aunque existe una ausencia notable de jurisprudencia menor en esta materia, la SAP 5.ª Sevilla 5.2.1999 (EDJ 1999/8682) coincide con esta apreciación y no deduce la deuda por pensión del haber hereditario para valorar éste a los efectos del art. 101 CC.
Naturalmente, nada tiene que ver esta carga, con la deuda por pensiones ya vencidas e impagadas o por posibles plazos insatisfechos de la pensión capitali­zada. Éstas son deudas de la herencia, con un tratamiento similar al de cual­quier otro débito, y sobre cuya exigencia no cabe aplicar la posibilidad de extinguir o reducir del art. 101.2 CC.
LEGITIMACIÓN. Cuando se trata de la acción nacida del art. 101.2 CC, ésta co­rresponde al heredero por sí mismo y no por sustitución. En este caso ¿cabe considerar que también debe aplicarse esta normativa por tratarse de una mo­dificación de efectos definitivos de una sentencia recaída en un pleito matri­monial, haciendo una interpretación extensiva de la legitimación?
Pero dentro de los herederos, este derecho a impetrar la reducción o extinción de la pensión se limita a los legitimarios, no a todos los herederos, porque aquellos son los únicos que pueden verse afectados por el supuesto contemplado en el art. 101.2 CC. Estarán legitimados activamente los herederos, individualmente considera­das, por ser su obligación mancomunada.
En el caso primero –que el caudal hereditario no sea bastante para pagar la pensión–, todos los herederos estarán legitimados, mientras que en el segundo supuesto –que afecte a la legítima–, sólo los legitimarios tendrán acción.
A la hora de determinar los legitimarios, no habrían de excluirse aquellos que hayan recibido la legítima por donaciones colacionables (art. 1035 CC).
Pero es preciso realizar algunas otras consideraciones:
La obligación de pago de la pensión compensatoria se produce como consecuencia de la aceptación de la herencia y, en consecuencia, depende de la forma de aceptación que los herederos se hagan o no res­ponsables con su propio patrimonio de las deudas de la herencia, según señala el art. 1003 CC».
Por lo tanto, el heredero que repudie la herencia, no adquirirá obligación alguna al respecto, ya que nunca la adquisición del deber de pago de la pensión podría ir en perjuicio de sus acreedores propios (art. 1001-1 CC). En cuanto al que acepte la herencia pura y simplemente (art. 998 CC), de modo expreso o tácito (art. 999 CC), sus efectos –por lo tanto, la obliga­ción de pago de la pensión compensatoria, que no puede hacerse ni en parte, ni a plazo, ni condicionalmente (art. 990 CC)– se retrotraen al momento de la muerte de la persona a quien se hereda (art. 989 CC).
Es evidente, sin embargo, que se mantiene el derecho del heredero a aceptar la herencia a beneficio de inventario, con los efectos que señala el art. 1023 CC: esto es, el heredero no queda obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia, sino hasta donde alcancen los bienes de la misma; con­serva contra el caudal de la herencia todos los derechos y acciones que tuviera contra el difunto; y no se confunden para ningún efecto, en daño del herede­ro, sus bienes particulares con los que pertenezcan a la sucesión.
Sin embargo, Haza Díaz considera que quienes aceptan a beneficio de inventario, carecen de la acción de extinción o reducción. Se parte de que la acción se concede, por tanto, sólo a los herederos que han aceptado la herencia pura y simplemente, pues sólo ellos tendrán que hacer frente con su propio patrimonio al pago de la pensión como parte integrante del pasivo hereditario. No obstante, no existiendo excepción alguna en el art. 101.2 CC referida a este supuesto, no considero que puede negarse a quienes hayan aceptado a beneficio de inventario la acción de extinguir o reducir la pensión, especial­mente cuando, concluido el inventario, tienen la obligación de pronunciarse (art. 1019 CC) y aceptar o repudiar. La pensión afecta, en todo caso, a la herencia y, por lo tanto, la posibilidad de cancelarla y minimizarla, será en definitiva un beneficio para la sucesión.
Lledó Yagüe se pregunta si el cónyuge viudo es o no heredero en razón a la cuota que como legitimario le asigna la ley en usufructo, ya que la opinión predominante se ha decantado en considerarle como no heredero, así la doc­trina jurisprudencial ha declarado que entre el heredero propiamente dicho y el sucesor usufructuario, aunque lo sea a título universal, sobre todo cuando la designación es voluntaria y no legal, median profundas y esenciales diferencias que dan lugar a la imposibilidad de confundirlas. Así entre otras las siguientes: la conjunción de derechos y obligaciones que coloca al heredero en igual situación que el difunto, y el ius disponendi, que falta en el usufructo ius in re aliena, desmembración de la propiedad del ius fruendi; la transmisión directa de la posesión al heredero, que debe entregarla al usufructuario; el carácter vitali­cio del usufructo que lo hace intransmisible mortis causa; el distinto destino de la herencia y usufructo en caso de renuncia y la distinta responsabilidad o afección por las deudas y cargas. De todo lo cual deduce Francisco Lledó que el sucesor usufructuario no puede confundirse con un heredero ni con un legatario de parte alícuota y que aunque esté designado a título universal, no se trata de un continuador de la personalidad del testador.
Pese a tan claras y poderosas razones para no considerar heredero al cónyu­ge viudo, por su cuota usufructuaria, el tema ha sido discutido ampliamente. Quienes optan por así calificarlo, toman como base que el propio art. 805.3º CC incluye al viudo o viuda entre los herederos forzosos, aunque sólo a ellos –y no a hijos y descendientes (1º), ni a padres y ascendientes (2º)– aplicando la condición de que sea en la forma y medidas que establece este Código. Pero el art. 814 CC, referente a la preterición, se refiere al cónyuge, en la siguiente forma: “No obstante, la institución de heredero a favor del cónyuge sólo se anulará en cuanto perjudique a las legítimas”, regulando las consecuencias de esta institu­ción, diferenciándola de la cuota viudal, que forma parte de los derechos for­zosos. Por su parte, se regulan las causas de desheredación del cónyuge en el art. 855 CC, lo cual refuerza el carácter legitimario del viudo, pero diferencia­do de su condición de heredero, en sentido propio. En cuanto a los derechos del cónyuge viudo, el art. 839 CC contrapone claramente la condición de los herederos, a quienes atribuye la facultad de satisfacer su parte de usufructo de la forma que regula este precepto, con la de cónyuge.
En cualquier caso, por todo ello, De Buen considera que cuando tanto el Código Civil como la jurisprudencia se refieren al cónyuge viudo como heredero, emplean esta palabra en un sentido lato e impropio. El TS ha basado sus resoluciones negando la responsabilidad del cónyuge viudo legitimario por razón de las deudas hereditarias. Vallet de Goytisolo es contundente en la negación del carácter de heredero del cónyuge viudo en cuanto a legitimario.
Si son varios los herederos hay que preguntarse si su responsabilidad es solidaria o mancomunada y, en este último caso, cuál es la proporcionalidad en la asunción del débito entre ellos. Una vez más, existen importantes diferencias doctrinales. Para Haza Díaz los herederos se convierten en responsables del pago de la deuda a prorrata de su respectivo derecho sobre la herencia. Si la pensión, como defiendo, es una carga de la herencia, la sucesión en la obligación corresponde a los herederos a prorrata de su respectiva participa­ción en la parte libre de herencia, dado que la legítima, en todo caso, ha de quedar libre de toda afección. Por el contrario, si se trata de una deuda, co­rresponde su pago solidariamente a los herederos y el acreedor puede ir contra cualquiera de ellos en reclamación de la totalidad de la pensión, aunque el deudor que pague pueda repetir contra los demás coherederos (art. 1084 CC). Como ya he dicho, me inclino por la primera posición, conservando individualmente su derecho a obtener una extinción o reducción de cuantía, atendiendo a sus circunstancias personales.
Confirma esta posición el propio art. 1137 CC, que establece la presun­ción de mancomunidad, ya que en este caso, la obligación no establece ex­presamente la solidaridad, lo cual es, además, lógico. Pero, en aplicación del art. 1138 CC, ello supondría que la deuda no quedaría dividida en tantas partes iguales como deudores, al deberse considerar que del texto de la obliga­ción novada, ha de deducirse su división, de acuerdo con su participación en la parte de libre disposición de cada heredero.
¿Son los herederos por sustitución (arts. 774 y ss CC) posibles titulares de la obligación, legitimados para pedir la reducción o extinción de la pensión?
Parece evidente que, de conformidad con el art. 780 CC, el sustituto quedará sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas al instituido, sin que el testador, en este caso, pueda disponer expresamente lo contrario, dado el carácter legal de la carga, ni le sea de aplicación la excepción de este mismo artículo, ya que el gravamen no es personal del instituido, sino inhe­rente a la condición de heredero. Lo que ocurre es que, pudiendo ser sustituidas dos o más personas a una sola, y al contrario, una sola a dos o más herederos (art. 778 CC), las circuns­tancias necesarias para el ejercicio de la acción de reducción o extinción, de­berán afectar al sustituto que la pretenda y no al sustituido.
Pero, ¿cuál es la situación del acreedor de la pensión, cuya obligación de pago ha sido transmitida mortis causa? Como quiera que los acreedores del causante tienen derecho a que sus créditos sean satisfechos con preferencia al derecho sobre la herencia de legatarios, herederos o legitimarios, la pensión compensatoria se habría de pagar o calcular en primer lugar. Este derecho, preferente sobre el de los herederos y legatarios, parece con­tradictorio con los límites establecidos en el art. 101.2 CC y parece atri­buirle aún más esa condición que defendemos de carga, como consecuencia de una obligación que nace de la novación y que es a cargo del heredero. Es más, si unimos los términos del art. 101.2 CC, que sólo hacen una mención negativa –no se extingue el derecho–, sin una correlativa afirmación de la sucesión de la obligación, y las consideraciones, ya formuladas en defensa de su considera­ción como carga, el acreedor por la pensión pasaría de serlo del causante a serlo de los herederos. De esta manera, como ya hemos anticipado, se obviaría que el acreedor –posible ex-cónyuge del causante, que quizá concurra con un nuevo viudo o viuda y unos hijos de otra unión– pueda oponerse a que se lleve a efecto la partición (arts. 1082 CC y 782.4 LEC), mientras no se le pague o se afiance su importe, con la enorme dificultad que ello implica en la práctica, ya que la pensión es periódica, su cuantía, dejando libre la legítima, es ignorada y, frecuentemente, por un plazo indeterminado. También se evitaría que pudiera intervenir en la partición (art. 1083 CC) y exigir el pago de sus deudas por entero de cualquiera de los herederos, que no hubiera aceptado la herencia a beneficio de inventario, o, en caso de haberla admitido con dicho beneficio, hasta donde alcance su porción hereditaria (art. 1084 CC) o pu­diera instar la intervención judicial de la herencia (arts. 792.2, 793.4º y 796.3 LEC).
Pero ¿pueden pedir la modificación por alteraciones de la fortuna del o de los nuevos deudores? De las acciones que corresponden a los herederos hay que tener en cuenta que en cualquier momento, los herederos pueden solicitar, una vez que hayan sucedido al causante en la obligación de pago de la pensión compensatoria, la modificación de la cuantía de la misma, al amparo del art. 100 CC, por altera­ciones sustanciales en la fortuna del acreedor, siendo de aplicación cuanto llevamos expuesto para este caso, de forma igual a la acción que hubiera co­rrespondido al cónyuge o ex-cónyuge deudor.
Es cierto que el art. 100 sólo se refiere a los cambios en la fortuna de los cónyuges, pero si es una carga que heredan con todas sus condiciones, no existe razón alguna para que este derecho se les niegue. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el propósito del legislador es que se pague la pensión con el caudal hereditario, exceptuada la legítima, o sea, como ya he dicho, con la parte de libre disposición, no parece muy lógico que otras alteraciones en la fortuna –en el patrimonio o en los medios– del deudor heredero autoricen la disminución de la parte de pensión que a él le corresponde pagar. O, dicho de otra forma, si el heredero deudor puede pagar la pensión de los frutos y rentas de la parte libre de la herencia, es lógico que, si este patrimonio heredado se altera de forma peyorativa, pueda accionar para disminuir la cuantía de la pensión. De otro modo, aunque inicialmente pagara la pensión con el rendimiento de los bienes heredados, no incluidos en la legítima, la pérdida sufrida en éstos produciría la consecuencia de que sería él quien, con sus propios bienes o ingresos, no heredados, terminaría pagando la pensión, que es lo que el legislador ha querido evitar. Por otra parte, si la parte libre de la herencia puede seguir satisfaciendo la pensión, los avatares, por ejemplo, laborales del deudor heredero no deberían tener incidencia en la cuantía de la pensión compensatoria.
Naturalmente, con respecto a los herederos el término temporal compara­tivo, habrá de corresponderse, no con el momento en que se cuantificó la pensión, sino cuando ellos suceden al deudor anterior. En cuanto al acreedor, como no existe una medición de sus medios económicos en el momento de la transmisión hereditaria, ya que el art. 101.2 CC sólo hace referencia a cir­cunstancias de la herencia, la alteración de la fortuna del acreedor debe corres­ponder a una comparación con el momento en que se determinó la cuantía o en la última modificación, si ha habido más de una.
También pueden pedir la extinción de la pensión por las mismas causas que podría hacerlo el deudor original. La modificación de la cuantía al amparo del art. 100 que suponga su anulación por reducirse a cero, se regirá por las mismas normas anteriores. En cuanto a las contenidas en el art. 101 CC, hay que distinguir entre las que afectan ex­clusivamente al beneficiario de la pensión –nuevo matrimonio o convivencia marital–, que siguen las normas generales de extinción, y la que entraña una comparación entre acreedor y deudor o deudores: el cese en la causa que motivó el derecho.
Sin embargo, hay que puntualizar que el nuevo matrimonio o la convi­vencia more uxorio del acreedor, extinguen la pensión, aunque se produzcan, después del fallecimiento del obligado al pago, con quien el acreedor estaba o estuvo casado.
¿Es posible una segunda sucesión de la obligación y, en caso positivo, es de aplicación a ella el derecho a la reducción o supresión, en la misma forma que en la primera?
Si se considera que es posible la transmisión hereditaria en la sucesión del deudor, que, a su vez, ha heredado la obligación, esta nueva transmisión mortis causa debe estar regulada de la misma manera. Los motivos que justifican estas causas de extinción o modifi­cación, atendiendo a las circunstancias de la herencia, son igualmente válidas en una posterior sucesión.
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN. De la propia expresión de la causa se deduce que la ley pretende que la legítima permanezca inalterable frente a una obligación personalísima como es la de compensar el desequilibrio que la separación o el divorcio produzca en un cónyuge en relación con la posición económica del otro, que, en este caso, ha fallecido y que puede estar fundamentada, como lo está en muchos casos –la mayoría– en unos ingresos que desaparecen con la muerte del perceptor.
Es una consecuencia lógica de la intangibilidad de la legítima, establecida en los arts. 813 y 817 CC, en relación con el art. 806 CC. En el primero de ellos, se prohíbe al testador privar a los herederos de su legí­tima, salvo los casos en los casos expresamente determinados en la ley y el segundo previene que las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos, definida en el tercer precepto citado, es nula, y éstos podrán reclamarla cuando muera aquél. Esta protección de la legítima es la que, sin duda, ha inspirado la normativa del art. 101 CC.
En segundo lugar, la circunstancia extintiva o limitativa es que el caudal “no pueda satisfacer las necesidades de la deuda”. Pero, ¿cuáles son las necesidades de una deuda? ¿Puede calificarse el pago de la deuda, total o parcial, como una necesidad?
Más: Cuando se habla de quién no pueda realizar tal acto extraño –la satisfacción de las necesidades de la deuda– se establece que el protagonista de tal imposibilidad es el caudal hereditario. ¿Qué quiere decir esto? ¿El caudal puede hacer o no hacer algo? Parece que se quiere decir que los herederos o el heredero no puedan con su parte o partes hacer frente al pago de la deuda y que dicha parte sea la legítima. Parece.
Ésta es la condición exigida por la norma, que exige el establecimiento de dos supuestos económicos y de una comparación de ambos. Desde luego, partiendo de que el desequilibrio que constituye el origen de la obligación, que se intenta compensar, podría concurrir el mismo entre los cónyuges al inicio del litigio, pero puede que con herencia o sin ella, no persista entre el heredero o herederos del deudor y el acreedor, con lo que para que se mantenga el fundamento de solidaridad familiar (¡!) sería preciso que permaneciera.
CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN PARA REDUCIR EL IMPORTE O EXTINGUIR LA OBLIGACIÓN. Para su examen, se exigen tres acciones:
a) Determinación de la legítima del heredero.
b) Determinación del importe de la obligación de pago de la pensión.
c) Comparación entre ambos factores, para comprobar si existe afección de la primera por la segunda.
Para empezar, y en el orden temporal, para realizar esta comparación con el caudal hereditario comprendido en la legítima es preciso que tras el fallecimiento del deudor y obtención de la documentación acreditativa del hecho (dos semanas), se logre el certificado de últimas voluntades, que abre las puertas a una declaración de herederos ab intestato o una partición voluntaria o contenciosa, que pueda determinar el “caudal” de la legítima y de la parte, en su caso, no comprendida en ella, operaciones necesarias para comparar con la pensión y determinar si se puede pagar sin afectar a dicha legítima.
A) DETERMINACIÓN DE LA LEGÍTIMA DEL O DE LOS HEREDEROS.
De los dos términos de la comparación que exige el art. 101.2 CC para obtener la extinción o reducción de la pensión, éste –la determinación de la legítima– es por el que debe comenzar nuestra reflexión.
¿Cuáles son los derechos del heredero respecto de la legítima?
a. Lo primero que habría que precisar es la normativa de aplicación a la sucesión que es de indudable trascendencia, y no sólo para la determinación de quienes son los herederos, sino muy espe­cialmente para la concreción del alcance de las legítimas, esto es, para la de­terminación de la parte no afectable por la obligación de pago de la pensión compensatoria. Es más, el ordenamiento de aplicación puede no ser el mismo en el matrimonio y en la sucesión. Hay que tener en cuenta que en muchas legislaciones extranjeras o españolas, las legítimas son inexistentes o varían sensiblemente en su porcentaje al igual que la existencia o determinación de pensiones entre cónyuges. Es evidente, por otra parte, que para ello hay que apli­car las normas que sean las adecuadas para regular el matrimonio (pensión compensatoria: existencia, modificabilidad y extinción) y la sucesión del causante, sean éstas nacionales o de otro país extranjero y, dentro de España, sean las de derecho común o las forales o especiales, que correspondan.
En el Derecho civil común, esencialmente, la legítima de hijos y descendientes constituye los dos tercios del haber hereditario (art. 808 CC); la de ascendientes (art. 809 CC), cuando no existe viudo, la mitad de dicho haber y concurriendo con viudo, un tercio. Por otra parte, como hemos visto, comprende la cuota viudal, que si existen descendientes, consiste en el usufructo del tercio de mejora (art. 834 CC); si concurre con ascendientes, es el usufructo de la mitad, y si no hay ni descendientes ni ascendientes el usufructo de dos terceras partes.
b. En cualquier caso, es preciso examinar si el término legítima se refiere a la corta o estricta, o a la larga, que incluye el tercio de mejora, a favor de los hijos o descendientes, en su caso (art. 823 CC). La realidad es que el art. 808 CC califica de legítima, en el caso de existencia de hijos y descendientes, a las dos terceras partes del haber hereditario del padre o de la madre, incluyendo, pues, en este término el tercio de mejora. Parece, en consecuencia, que la parte de la herencia que ha de quedar libre de la afección al pago de la pensión compensatoria comprende el tercio de mejora.
Sin embargo, Hernández González defiende que el tercio segundo sólo es legítima cuando no es mejora, esto es, que únicamente en caso de que el testador no haga uso de la facultad que le confiere el art. 823 CC y se distri­buya de modo igualitario entre los herederos forzosos, tendría el carácter de legítima.
En cualquier caso, me inclino por considerar a estos efectos que la mejora dentro del concepto de legítima del art. 101 CC, por la ausencia de disponibilidad del testador sobre ella.
Pero además de la aplicación del derecho nacional o el extranjero, hay que tener en cuenta la incidencia del los derechos forales o especiales, que con el límite máximo del Código Civil, llega en algunos a no reconocer legítima alguna.
c. Por otra parte, la cuota viudal usufructuaria generada por el fallecimiento del deudor, casado de nuevo, ¿forma parte de la legítima o por el contrario su precaria existencia no le exime de pagar la pensión de su predecesora en el matrimonio?
Por otra parte, en la sucesión se está contemplando el aspecto patrimonial exclusivamente, puesto que de herencia se trata y la ley utiliza el término “caudal”, que semánticamente quiere decir “conjunto del dinero y cosas convertibles en dinero que una persona posee” y que aun cuando esté deficientemente utilizado, hace referencia sin duda al patrimonio y no a sus intereses, rentas o beneficios. Sin embargo, como ya hemos visto anteriormente, lo más común es que sean los medios, esto es, las rentas, in­gresos, beneficios, sueldos o salarios, los que se ponderen en la determinación y cuantía de este derecho, más conforme a la legislación familiar catalana, que hemos visto. ¿Habrán de considerarse las alteraciones en estos elementos eco­nómicos, no ya del acreedor, que es natural que así se mantenga, sino del deudor, para poder modificar o extinguir la pensión?
En todo caso, la herencia, está integrada por un patrimonio o capital, formado por un activo de bienes, derechos, acciones y por un pasivo de deu­das y obligaciones, a los que habrá de unirse el importe de las donaciones colacionables (art. 818.2.º CC).
La obligación ¿se divide al fallecimiento del deudor?
Con independencia del carácter mancomunado o solidario de la deuda, aunque íntimamente liga­do con el mismo, hay que considerar si la obligación se divide entre los nue­vos deudores, si son más de uno, a los efectos de su posible extinción o reduc­ción individualizada, de conformidad con las circunstancias personales de cada uno de ellos.
Parece evidente que la pluralidad de deudores se produce como consecuencia de la atribución de la misma a varios herederos, cuya singularidad es plenamente relevante.
Respecto a la obligación considerada por sí misma.
Lo normal es que si queda obligación por abonar al fallecimiento del deudor, es porque la compensa­ción consiste en una pensión, esto es, una cantidad periódica, actualizable anualmente, para encontrar este valor hay que partir de la incertidumbre en cuanto al pe­riodo que reste por abonar y la cifra de futuro.
En cuanto a las condiciones exigidas para la determinación de la obligación de abono de la pensión compensatoria, debemos señalar que la primera y básica, el desequilibrio, debería persistir con relación a los herederos, ya que constituye el fundamento de la pensión. Una de las causas de extinción de la pensión compensatoria, que permane­ce tras la transmisión a los herederos, es el “cese de la causa que la motivó” (art. 101 CC). Pero la causa que la motivó es el desequilibrio producido por la separa­ción o el divorcio entre los cónyuges y tras la defunción del deudor, faltaría uno de los términos de la comparación para medir el desequilibrio.
¿Cuándo después del fallecimiento del deudor puede considerarse que ha cesado el desequilibrio?. Con respecto al acreedor puede estimarse que cuando logra superar su estado anterior por venir a mejor fortuna. Pero, ¿y con rela­ción al deudor? ¿Puede establecerse la comparación con el heredero o, mejor dicho, con respecto a cada uno de los herederos si fueran varios?
En principio, parece que este parámetro de la comparación se sustituye por la limitación de que el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima (art. 101 in fine CC), pero habría que completarlo con un elemento temporal: mientras el caudal lo permita, ya que si se extingue o sufre reducciones posteriores a la transmisión o novación de la obligación, debería permitir la reducción o extinción.
Cuando se está hablando de herencia, como ya he dicho, parece evidente que cada heredero adquiere la parte alícuota de la herencia que le corresponde en ella. Pero, ante el respeto del legislador a la legítima, ¿debe hacerse sólo en relación con la parte de libre disposición? Del texto legal no se puede obtener mucha luz, pero me inclino por considerar la obligación como una carga o gravamen referida a esta parte libre, y dividir mancomunadamente la obliga­ción entre los partícipes en esta fracción, y en proporción a su interés en ella.
A este respecto, hay que tener en cuenta que, cuando se produzcan cam­bios da naturaleza económica que, bien hagan cesar la causa determinante de su concesión –el desequilibrio–, bien afecten a los medios de los interesados, el estudio de la pensión siempre ha de ponderar dos posiciones comparativas: la del acreedor y la del deudor. ¿Habrá que considerar en la sucesión la situación económica de todos los herederos para constatar el cambio? Respecto a estos herederos, ¿el cambio ha de partir de la situación del causante y de la de los herederos desde el momento del fallecimiento del causante, que es cuando tiene lugar la sucesión?
C) COMPARACIÓN ENTRE AMBOS FACTORES.
Habrá que distinguir entre las dos acciones posibles:
a. Acción fundada en que el caudal hereditario no pueda satisfacer las necesidades de la deuda.
Por de pronto, Campuzano censura la terminología del precepto en cuanto al objeto a satisfacer: “las necesidades de la deuda”. La realidad es que el supuesto resulta incomprensible. ¿Cuáles son las necesidades de una deuda? ¿Que hayan de ser satisfechas? ¿Éstas pueden ser sus necesidades?. La deuda ha de ser abonada a su titular y nada más. ¿O se puede referir a los intereses? Sobra la palabra necesidades. Considera Sancho Rebullida que tal expresión parece significar que las rentas del caudal sean insuficientes para servir la pensión que, en su caso, el servicio de la pensión lesione la legítima.
Para Haza Díaz este supuesto concurre cuando «el caudal hereditario no puede satisfacer las necesidades de la deuda. [...] una vez calculadas las otras deudas del causante, el caudal relicto no alcance para satisfacer el derecho de crédito que frente a la herencia tiene el beneficiario de la pensión».
El propósito del legislador es, según Marín García de Leonardo, que en ningún caso alcance la deuda por la pensión al patrimonio originario de los herederos: «Por otra parte – dice se quiere que las necesidades de la deuda se satisfa­gan con el caudal hereditario, evitando así la responsabilidad ultra vires de los herederos. Se trata en definitiva de una medida para proteger a los herederos. Pero ¿en qué medida?
b. Acción fundada en que la deuda afecta a los derechos del heredero en la legítima.
Haza Díaz estima que son dos las vías que pueden utilizarse para de­terminar cuándo la legítima se ve afectada en el sentido exigido por el art. 101.2º.
La primera de ellas parte de considerar que la pensión se puede extinguir total o parcialmente en los casos en que la participación en la herencia de los legitimarios sea menor que el crédito del beneficiario de dicha pensión; es decir, los herederos pueden ejercitar la acción cuando la cantidad de bienes o de dinero a que tiene derecho este acreedor con cargo a la herencia es supe­rior a la que le corresponde a los legitimarios, en estos supuestos pueden pedir que la pensión se reduzca a un límite justo, que puede ser un máximo, el valor de los bienes a que tiene derecho los legitimarios.
La segunda vía para fijar el límite máximo del crédito del beneficiario de la pensión es su consideración de ex cónyuge del causante. A tal efecto, es necesario distinguir previamente si el causante dejó cónyuge viudo y por tan­to, si la pensión concurre o no con usufructo viudal sobre parte de la heren­cia.
Pero, en realidad, esta posición, al igual que la adoptada por Marín García de Leonardo, parte de la consideración de la pensión como una deuda.
Si afectar es menoscabar, perjudicar o influir desfavorablemente, la existencia de la pensión como deuda siempre afectará a la legítima. Ésta, como parte alícuota del caudal líquido de la herencia, será siempre de un importe menor, deduciendo del activo este pasivo, que no haciéndolo, y, además, como deuda habría de ser pagada en primer lugar.
Este gravamen nunca ha de disminuir la legíti­ma, calculada sobre el saldo resultante de los restantes activos y pasivos de la herencia (art. 818 CC), por lo que si no puede satisfacerse con la parte de la herencia que excede de las legítimas, podrá reducirse su importe o extinguirse.
En cualquier caso, como hemos señalado, el propósito del legislador ha sido mantener incólume la legítima en sentido amplio, y que gravite la obligación de pago de la pensión, sobre los bienes dejados por el deudor a su fallecimiento, deducida dicha legí­tima. Por consiguiente, cada uno de los herederos deberá poder satisfacer la parte que le corresponda de la pensión, con cargo a la parte de libre disposi­ción, que la haya correspondido en la herencia del deudor.
Por lo tanto, para comparar ambos conceptos, habría que reducirlos ambos a los mismos parámetros o a factores homogé­neos: o los dos a importes periódicos o ambos a valoraciones globales.
El primer sistema de comparación, pues, sería la consideración de si los rendimientos o rentas de la totalidad de la herencia, en la primera acción, o de la parte de libre disposición, en la segunda, son suficientes para el abono de la pensión periódica o en qué parte pueden hacerlo.
Esta comparación habría de hacerse –o podría hacerse–, al menos en teoría, periódicamente, ya que la actualización puede superar o ser inferior a la evolución de las rentas o intere­ses del capital de las citadas partes del caudal hereditario, convirtiendo, cuando no haya sido suprimida la pensión, la parte que no pudiera cubrirse, en infe­rior o superior. Pero para adoptar esta posición –generadora del manteni­miento de una permanente fricción–, habría que partir de una rentabilidad de la herencia inamovible. Sin embargo, hay otro factor de cambio más. Los herederos pueden administrar las partes que les correspondan, con mayor o menor acierto, repercutiendo quizás en la desaparición de la pensión, que nunca se restauraría en el futuro, O si tomamos la rentabilidad oficial del dinero, habría que saber cuál es la cuantificación futura.
El segundo sistema de comparación partiría de la capitalización de la pen­sión compensatoria. Para ello, se cuenta con una posibilidad, por aplicación del art. 31 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, capita­lizando como una renta anual, al interés legal del dinero. De esta forma, se hallaría la cantidad necesaria para producir en renta el importe preciso para satisfacer la pensión o la parte de ella a que se redujera por el ejercicio de esta acción. Otra fórmula sería aplicar a la pensión las reglas fiscales del usufructo. De conformidad con el art. 10.2.a) de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (EDL 1993/17918), habría que distinguir entre la pensión temporal y la vitalicia. En el primer caso, la capitalización se realizaría al dos por ciento por año, con un límite del setenta por ciento del valor de los bienes de la herencia. En el caso de la vitalicia, se partiría con igual límite del setenta por ciento, cuando el beneficiario de la pensión tuviera menos de veinte años en el momento de la defunción del deudor, reduciendo un uno por ciento por cada año más de edad del acreedor, con el límite mínimo de un diez por ciento del valor del capital.
En realidad la aplicación del concepto vitalicio de una pensión a la pen­sión indefinida, a los efectos de capitalización de la misma, resulta evidente­mente improcedente. La pensión vitalicia sólo tiene una causa de extinción: el fallecimiento del beneficiario. Sin embargo, la pensión compensatoria del art. 97 CC, además de la citada causa de extinción, tiene otras de gran y frecuente incidencia, que deberían disminuir actuarialmente el valor de su capitalización. Nada menos que el cese de la causa que las motivó –la desaparición del dese­quilibrio–, o el matrimonio posterior del acreedor y su convivencia marital, son en la práctica hechos determinantes de la finalización de la pensión que deberían tener su justa ponderación a la hora de valorar la pensión compensa­toria. Y además, existen cada vez más, pensiones temporales, que pueden ver reducido su plazo por la concurrencia de una causa extintiva antes de finalizar su término.
RESUELTA LA ACCIÓN, ESTA RESOLUCIÓN ¿ES CONSTITUTIVA O DECLARATIVA? Del texto del precepto se deduce que es constitutiva, ya que se concede al Juez la facultad, exclusiva y excluyente, de resolver sobre la extinción o disminución. Por lo tanto, sólo se reduce o ex­tingue cuando la resolución sea firme, sin perjuicio da las posibilidades de ejecutoriedad o ejecución provisional, que permite la LEC. Las consecuencias de este carácter constitutivo son importantes y graves. Como, dadas las causas de extinción o reducción, sólo es posible iniciar el proceso después de una serie de sucesos, que llevan su tiempo, tales como el conocimiento de la última voluntad del causante, la aceptación de la herencia, la formación del inventario y la práctica del avalúo –aun sin tener en cuenta posibles incidencias, impugnaciones, juicios sobre división de la herencia, etc.– puesto que sólo tras todo ello puede saberse si el caudal de la herencia puede o no pagar la pensión y si esta obligación afecta o no a la legítima, ocurre que en ese intermedio –largo intermedio seguramente– la pensión nunca puede con­siderarse extinguida, sino en toda su cuantía heredada, aunque posteriormente se demuestre que haya causa para su supresión o reducción. La pensión, pues, se mantiene y se adeuda. Hasta que se extinga o reduzca. Aunque la herencia sea inexistente. Mientras no haya una resolución judicial el heredero viene obligado a su pago. Increíble, pero cierto.
TIEMPO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN. Es cierto que el ejercicio de la acción puede realizarse desde el fallecimiento del causante, si bien, en la mayoría de los casos, en la práctica no podrá verificarse hasta que se abra su testamento o se declaren los herederos ab intestato, que acep­ten o rechacen la herencia o lo hagan a beneficio de inventario, y se conozca quiénes son los sucesores en la obligación, y hasta que se forme, voluntaria o judicialmente, el inventario y pueda conocerse si la herencia puede satisfacer las necesidades de la deuda o afecta a la legítima
La acción –personal– prescribirá en el plazo de quince años, al no tener se­ñalado plazo especial (art. 1964 CC), a contar desde el día en que pudo ejercitarse (art. 1969 CC), para lo cual habrá de tenerse en cuenta lo ya seña­lado en relación con la determinación de los herederos y del caudal heredita­rio.
No hay que confundir esta acción con las ya señaladas para modificar o ex­tinguir por cambio de circunstancias económicas, cuyo plazo contará desde que la alteración de la fortuna se produzca.
La interesante cuestión debatida merece a juicio de nuestros colaboradores una contestación con numerosos matices que, incluso según se apunta por alguno de ellos, debe tener en cuenta la legislación foral civil aplicable, lo que dificulta en una breve exposición una única contestación para todos los planteamientos objeto de debate.
Existe gran disparidad en la opinión de nuestros colaboradores y así por ejemplo tenemos la posición sostenida por Dña. Gema Espinosa que entiende que, tanto en el caso de la solicitud por los herederos de modificación de medidas como de la extinción del derecho de uso de la vivienda familiar, estamos ante una suerte de sucesión procesal, aunque el proceso no se haya iniciado en el momento del fallecimiento, y que debe seguirse el trámite previsto en el art. 775 LEC (EDL 2000/77463), que a su vez remite al art. 770 LEC. Lo contrario sería colocar en una posición distinta, peor, a los herederos con relación a la que le hubiera correspondido al cónyuge fallecido. No son iguales las reglas en un procedimiento ordinario o verbal que las del procedimiento especial al que remite el art. 775 LEC.
Otra corriente de opinión estima sin embargo que, por un lado, cuando los herederos demandan en juicio la extinción del derecho de uso de la vivienda familiar adquirida mortis causa, ejercitan una acción propia y no una adquirida por sucesión. Ello es así en cuanto, de una parte, las acciones matrimoniales tienen carácter personalísimo y son intransmisibles inter vivos o mortis causa y esa cualidad debe predicarse también de la acción para entablar el proceso de modificación de medidas previsto en el art. 775.1 LEC (EDL 2000/77463), y, de otra, los herederos, cuando demandan al cónyuge titular del derecho de uso atribuido en el proceso matrimonial, no solicitan en realidad la extinción de tal derecho de uso, porque, en principio, al haber sido atribuido en un proceso del que no formaron parte, no puede afectarles (sin perjuicio de los efectos que produzca frente a los terceros la anotación o inscripción del derecho de uso de la vivienda familiar en el Registro de la Propiedad), sino que hacen valer las facultades que les corresponden como titulares dominicales al amparo de lo previsto en los núms. 2º, 3º y 7º del aptdo. 1 del art. 250 LEC. Es decir, aquí ya no se pide la modificación de la medida de atribución del derecho de uso ya que se carecen de legitimación sino que ejercita la facultad posesoria dimanante del derecho de propiedad adquirido por herencia. Por otro lado sin embargo, puede sostenerse que el párrafo 2º del art. 101 CC (EDL 1889/1), al contemplar una acción de reducción o extinción de la pensión compensatoria, y ser estos los contenidos propios de la acción dirigida a la modificación de la medida que fija una pensión compensatoria, es una norma que remite al proceso declarativo especial previsto en el art. 775 LEC, de modo que, por aplicación de lo establecido en el art. 248 LEC en relación con el art. 101, párrafo 2º CC, el cauce procesal a seguir por los herederos para solicitar la reducción o extinción de la pensión compensatoria ha de ser el de modificación de medidas del art. 775 LEC.
Por último, otros colaboradores como Don J. M. Jiménez de Parga, Don V. Magro Servet, Don A. J. Pérez Martín y Don L. Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga entienden que el procedimiento será en todo caso el declarativo verbal u ordinario pertinente recordando para ello, entre otros argumentos, que en los procesos de modificación de medidas definitivas del divorcio, separación o nulidad del matrimonio, suscitados a tenor de los arts. 775 y 770 LEC, si se trata de los de carácter contencioso, o, del art. 777.9, si tienen naturaleza consensuada, tan solo son partes o sujetos de la relación jurídico-procesal, los contrayentes o cónyuges matrimoniales. En esta corriente de opinión incluso Don A. J. Pérez Martín va más allá e indica que, a su juicio, la cuestión tiene una solución muy simple: dado que la analogía no puede aplicarse en temas procesales, si en el art. 775 LEC sólo se contempla la modificación a instancia del Ministerio Fiscal (si hay hijos menores o incapacitados) o de los propios cónyuges, fallecido uno de ellos, los herederos tendrán que acudir al procedimiento ordinario o verbal en función de la cuantía en que se fije la pretensión de reducir o extinguir la pensión compensatoria, o en su caso, extinguir la medida relativa a la atribución del uso. Hay que tener en cuenta que los arts. 249.2 LEC ("Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de seis mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo") y 250.2 LEC ("Se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de seis mil euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas en el apartado 1 del artículo anterior") son preceptos que regulan el procedimiento a seguir cuando un determinado asunto no tenga una tramitación específica en la norma procesal.
litigio matrimonial

References: resolución 
 artículo 773
 artículo 777
 artículo 773
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 artículo 659
sui generis
 resolución 
in fine
in fine
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
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