Source: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2014/06/15/nuestros-lectores-136/
Timestamp: 2018-02-23 06:25:53+00:00

Document:
junio 15, 2014 at 1:10 am
Imperativo, detener la reforma energética: profesionistas petroleros
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros se ha manifestado de muchas maneras en contra de la reforma energética en lo general, y seguimos apostando a que, ya sea por la vía judicial, la decisión consciente de los legisladores o por la vía de la consulta popular, ésta sea detenida.
Las afectaciones a los mexicanos son:
1. Los contratos privados de extracción de hidrocarburos –y en particular las licencias–, que son concesiones con otro nombre para dar la vuelta a su prohibición constitucional y regalar las utilidades del pueblo mexicano.
2. La pérdida severa de control sobre las cantidades de crudo producidas y exportadas. Con ello se pierde el control del suministro de combustibles a nivel nacional.
3. El nuevo modelo de participación de particulares en toda la cadena de la actividad petrolera. Esto traerá consigo el decaimiento inexorable de la industria mexicana, el desabasto a nivel nacional, el auge de las importaciones, pues las trasnacionales instaladas en México no cubrirán el faltante.
4. La servidumbre legal, instrumento para despojar de tierras y lotes urbanos a sus dueños si son de utilidad para alguna fase de la actividad industrial o comercial de los hidrocarburos.
5. El despojo de la riqueza en este país, el consiguiente retroceso dramático para el bienestar de los mexicanos y constituirnos en los hechos en una colonia pobre del imperio del Norte.
6. La posibilidad de la intervención, incluso militar, de extranjeros en los destinos políticos y sociales de nuestra nación, como ya lo han hecho recientemente en otros países.
7. El desprecio y la rabia de nuestros descendientes, que nunca nos perdonarán no haber luchado por impedir este despojo.
8. Lo peor: no menciona el aseguramiento de las fuentes de trabajo para los mexicanos.
Ante esto, debemos dejar sin efecto la iniciativa de Ley de Hidrocarburos, todas las reformas relacionadas y la propia reforma energética.
Sin embargo, no podemos dejar de lado la responsabilidad de pronunciarnos en lo particular respecto del articulado de las leyes secundarias de la materia, gravemente lesivas a los derechos de los trabajadores, que deben ser revertidas en el caso de que trágicamente se decida sostener la reforma energética en su conjunto. Las afectaciones más importantes a los trabajadores son:
1. El tope al gasto en servicios personales impuesto por la Secretaría de Hacienda, que se constituye como nuevo patrón, en lo salarial, de los petroleros.
2. Este tope implica también que no habrá verdadera negociación colectiva.
3. El lenguaje usado en la legislación que equipara a los trabajadores con maquinaria e insumos y lo aleja de la protección de la legislación laboral.
4. La afectación directa al Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en materia de vacantes.
5. La negativa al reparto de utilidades para los petroleros, ya sea en Pemex o empresas privadas.
6. La participación de extranjeros en el Consejo de Administración, no interesados en el trabajador mexicano.
7. El final, con la multiplicidad de contratos colectivos de trabajo, la relación bilateral patrón-trabajador en Pemex. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) está en vías de convertirse en un sindicato blanco.
Considerando su función técnica como legisladores, creemos que es necesario ahondar tanto en la afectación nacional como la laboral.
En cuanto a lo nacional, la iniciativa de Ley de Hidrocarburos no trae beneficio para el desarrollo económico social o político del país; por el contrario, representa un retroceso mayúsculo para el bienestar de nuestro pueblo. El Congreso de la Unión fue presionado para que se aprobara esa iniciativa sin la discusión suficiente y sin respetar el debido proceso y en los estados ni siquiera se leyó. Por eso consideramos que no tiene ninguna legitimidad a los ojos del pueblo mexicano, y no podemos reconocer leyes de facto impuestas a espaldas del pueblo mexicano.
Como ya se saben, según los planes del presidente Peña Nieto, sus asesores y los cabilderos estadunidenses y de otros países, el Estado llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares nacionales e internacionales. Las modalidades de contratación serán, entre otras, contratos de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia.
El Estado pagará contraprestaciones a sus empresas productivas o a los particulares en efectivo para los contratos de servicios; con un porcentaje de la utilidad para los contratos de utilidad compartida; con un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida; con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo para los contratos de licencia o cualquier combinación de éstas. Las licencias no son más que concesiones con otro nombre para dar la vuelta a su prohibición constitucional. Con estas figuras, el gobierno mexicano perderá todo control de las cantidades extraídas de crudo y, por lo tanto, del abasto nacional de combustibles vía la refinación. La consecuencia será el desabasto de gasolinas y demás energéticos relacionados.
Por su parte, en complemento a las actividades que continuará realizando Pemex, se contempla un nuevo modelo de participación de particulares en actividades de refinación, petroquímica, así como transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, gas natural y los derivados de estos hidrocarburos. De igual modo se permitirá su participación activa en la venta al público de los productos. En el caso de la industria del gas natural se prevé también la participación de terceros, a través de otras empresas productivas del Estado. Esto traerá consigo el decaimiento de la industria nacional y el auge de las importaciones, pues las trasnacionales instaladas en México no cubrirán el faltante.
La iniciativa contiene conceptos sumamente perniciosos por la forma en que se aplica la ley en el país, que siempre es en detrimento de los sectores más pobres, como la llamada “servidumbre legal”, que es un instrumento para despojar de tierras y lotes urbanos a sus dueños si estos contienen yacimientos petrolíferos o son de utilidad para alguna fase de la actividad industrial o comercial de los hidrocarburos. Los venden como los valúe el Estado o serán expropiados.
Reiteramos que estas reformas no deben ocurrir.
La reforma energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, señala en el artículo 20 transitorio que:
“Su régimen de remuneraciones será distinto del previsto en el Artículo 127 de esta Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]”.
En diversos artículos de la Ley de Petróleos Mexicanos, que serán dictaminadas en el Senado y en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Título Quinto Bis, con su techo de gasto en Servicios Personales, que será dictaminada en la Cámara de Diputados, se desarrollan de forma más precisa aspectos laborales muy negativos.
En el artículo 43 de la propuesta nueva Ley de Pemex se establece que el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, del que será parte principal el secretario de Hacienda y Crédito Público, tendrá a su cargo, entre otras funciones, proponer al Consejo de Administración la política de contratación y de remuneraciones del personal de Petróleos Mexicanos.
El uso de los términos “remuneraciones” en vez de salarios, de “recursos humanos” en vez de ‘trabajadores’ o “servicios personales” en vez de “fuerza de trabajo”, así como el uso del término “optimización” para referirse al manejo de la mano de obra que se da en el artículo 11 de la Ley de Pemex, tiene el fin de alejar al profesionista y al trabajador de la protección del derecho laboral. Exigimos que cualquier pieza legislativa, incluyendo estos artículos, use un lenguaje adecuado para el resguardo de los derechos humanos laborales.
En el artículo 71, que al igual que el 72 y el 73 forma parte de las especificaciones de un nefasto régimen especial de Pemex en materia de remuneraciones, se refuerza la noción de que los trabajadores dejan de ser servidores públicos. Es menester leerlo en conjunto con el artículo 45, que dice que:
“El director general […] tendrá las funciones siguientes:
“VIII. Suscribir los contratos colectivos y convenios administrativos sindicales que regulen las relaciones laborales de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias con sus trabajadores, conforme a las previsiones máximas previamente aprobadas por el Consejo de Administración, así como expedir el reglamento de trabajo del personal de confianza, en términos del Artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.”
Con eso, es evidente que se convierte a los trabajadores de Pemex en empleados de una empresa comercial. Se echa por la borda el sacrificio de muchos trabajadores muertos en la gesta de 1938 y años anteriores; se les aleja de la protección del Estado y, además, ya no son responsables de nada ante la nación, lo que beneficiará en especial a los altos funcionarios.
En el artículo 72 se establece que:
“En el ejercicio del presupuesto de servicios personales, Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán a lo dispuesto en el Título Quinto Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.”
Dicho Título Quinto Bis establece un “techo de gasto en servicios personales” fijado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y confirmado por el Congreso de la Unión. Con esto y su participación en el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, Hacienda se formaliza como el patrón en materia salarial, un patrón con el que no se puede negociar dado que por ley tiene derecho a fijar –con el apoyo de un Congreso adverso a la clase trabajadora– dicha bolsa para servicios personales. Con este papel para Hacienda se demuestra que no hay autonomía para Pemex, como tanto se ha pregonado. Por otra parte, con ello y con el uso de lenguaje que hemos comentado, el trabajo no recibe un tratamiento de derecho humano sino de factor económico-contable-presupuestal, como lo son otros “insumos”, como la maquinaria o la materia prima. De hecho el “factor trabajo”, salarios, prestaciones y pensiones incluidas, es más fácilmente recortable que estos dos elementos cuando se busca dar cumplimiento a los objetivos de ganancia, y eso es lo que les espera a los trabajadores de la energía. Especialmente amenazado está el personal transitorio y los técnicos y profesionistas llamados “de confianza”, en virtud del Convenio 10717 firmado entre Pemex y el STPRM el año pasado. Consideramos que tanto el artículo 72 de la Ley de Pemex, como el Título Quinto Bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria deben ser modificados para desaparecer el citado “techo de gasto en servicios personales”, y así lo haremos saber también a sus colegas de la Cámara de Diputados.
En el artículo 73 se dice que:
“La política de contratación de personal deberá requerir la publicación y recepción de solicitudes en la página de internet de Petróleos Mexicanos, de cualquier vacante que dicha empresa o sus empresas productivas subsidiarias pretendan contratar.”
Este precepto pretende ir por encima de lo que dice el Contrato Colectivo vigente de Pemex, al no hacer referencia de que el STPRM tiene prioridad para proponer candidatos para las vacantes. Atropella, por tanto, derechos laborales colectivos y contradice con ello el artículo 2 transitorio de la reforma energética, así como el 9 transitorio de la propuesta Ley de Pemex.
Además, busca proyectar la ficción de una contratación abierta a todo público, cuando en los hechos una gran cantidad de ellas ocurren por recomendaciones de funcionarios, ya sean justificables o no. Sin embargo no iremos en contra de esfuerzos de transparencia, por lo que más que pedir su eliminación, exigimos que el artículo diga:
“La política de contratación de personal deberá requerir la publicación y recepción de solicitudes en la página de internet de Petróleos Mexicanos, de cualquier vacante en términos del Contrato Colectivo de Trabajo vigente en dicha empresa o sus empresas productivas subsidiarias pretendan contratar.”
“El Consejo de Administración […] tendrá las funciones siguientes:
“IX. Aprobar las previsiones económicas máximas para las negociaciones del Contrato Colectivo de Trabajo aplicable en Petróleos Mexicanos”.
Lo mismo señala el artículo 45 ya citado.
Es decir que no hay espacio para la negociación colectiva.
Esta fracción debe desaparecer, así como la correspondiente parte del artículo 45.
Según la anterior fracción y el artículo 45, ya citado, el director general queda más sujeto que antes al poder del Consejo de Administración en materia laboral, un Consejo crecido en poder que estará plagado de empresarios y funcionarios partidistas y que además tendrá extranjeros en su seno, dado que la nueva Ley ya no incluye el requisito de nacionalidad mexicana para los consejeros y otros que impedían esta conformación en la Ley de Pemex aún vigente.
Pero además, lo que es más grave, señala este artículo 45 que es facultad del director general:
“Suscribir los contratos colectivos y convenios administrativos sindicales que regulen las relaciones laborales de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias con sus trabajadores.”
La redacción propuesta, en plural, de contratos colectivos en sustitución de la ley vigente que dice en su artículo 31 fracción V:
“Convenir con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana el contrato colectivo de trabajo.”
Se abre la puerta a que ya no sea el STPRM el titular del Contrato Colectivo de Trabajo y que se dé el fin de la bilateralidad patrón-obrero en Pemex. Se propicia la situación de tantos contratos colectivos (y reglamentos de trabajo del personal de confianza) como empresas sean creadas, y con ello, que éstas puedan ser vendidas con mayor facilidad. Así se da el visto bueno para desaparecer, si así se considera necesario, el Contrato Colectivo de Trabajo del STPRM, que costó cientos –si no miles– de vidas de petroleros para escribirse e imponerse en la industria petrolera mexicana. Se crean condiciones para que haya contratos a gusto del patrón, es decir, contratos de protección y para la venta de la empresa por partes. Liquidaciones contractuales, aguinaldo, fondo de ahorro, jubilaciones y pensiones, ciertamente están en riesgo.
No podemos dejar de mencionar el artículo 67 de la Ley de Derechos sobre Hidrocarburos:
“Las utilidades de los contratistas y asignatarios no se repartirán entre sus trabajadores. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme a la legislación laboral, puedan otorgar a sus trabajadores cualquier incentivo, compensación, bono, gratificación o comisión por el desempeño de sus labores.”
No puede haber justificación para excluir del beneficio de la participación de los trabajadores en las utilidades a los petroleros. Se trata de un trato discriminatorio y por lo tanto legalmente impugnable frente a la práctica en otras industrias.
Como técnicos y profesionistas consideramos que la política de contratación y remuneraciones de los trabajadores petroleros debe ser determinada de manera conjunta entre la dirección de la empresa y sus trabajadores a través de sus dos sindicatos: el STPRM y la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros y exigimos que esto se refleje en la redacción del citado artículo 45.
Por último, reiteramos como solución de fondo la anulación de las reformas en su conjunto.
¡Por una industria petrolera integrada y nacional al servicio de la patria!,
Secretario general, ingeniero Moisés Flores Salmerón; secretaria de Relaciones, ingeniera Silvia Ramos Luna
Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal; Rodolfo Fernando Ríos Garza, procurador general de Justicia del Distrito Federal; Hector Serrano Cortés, secretario de gobierno del Distrito Federal; Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos:
El Observatorio Nacional de Prisiones México, como parte de la Red de Alerta Temprana, con domicilio para recibir notificaciones en Guillermo Prieto, 110, departamento 202, colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, código postal 06470, expresa su preocupación ante la detención arbitraria de Juan Pablo Torices del Cruz, Carlos Vázquez Santillán y Lourdes Inés Martínez Frías, así como las restricciones y ataques a la libertad de expresión mediante la protesta pública pacífica de los habitantes de la Honorable Casa Nacional del Estudiante, AC. Al respecto señalamos los siguientes
El 11 de junio de 2014 fueron detenidos Juan Pablo Torices del Cruz, Carlos Vázquez Santillán y Lourdes Inés Martínez Frías cuando realizaban una protesta pacífica afuera de las oficinas del gobierno del Distrito Federal, con motivo de la omisión de la delegación Cuauhtémoc al atender las quejas de los habitantes de la Honorable Casa Nacional del Estudiante (HCNE) con respecto a las amenazas, agresiones físicas e invasión de la sede del inmueble histórico por parte de los vendedores ambulantes que se encuentran alrededor de la Plaza del Estudiante y Callejón de Girón.
La manifestación se llevó a cabo en la calle 20 de Noviembre donde un cuerpo de policías de Seguridad Publica del Distrito Federal arremetió en contra de la manifestación atropellando y empujando hasta dividir y encapsular a los manifestantes para impedir que continuaran con su expresión. Instantes después fueron atacados por agentes de Seguridad Pública tres estudiantes egresados de la HCNE, que al estar observando a los encapsulados, fueron violentados en su integridad física y sicológica con uso desmedido de la fuerza policial.
Según nos informan, los detenidos fueron presentados ante el ministerio público, Coordinación Territorial II de la delegación Cuauhtémoc, alrededor de 1 hora después de su detención; ya mostraban golpes, rasguños y uno de ellos una lesión en el pie izquierdo. Fueron puestos en libertad sin haberles levantado cargos. Cabe destacar que los agentes policíacos de Seguridad Publica del Distrito Federal se retiraron las placas y los nombres que los identificaban para que con mayor libertad pudieran hostigar y agredir sin poder ser denunciados mientras realizaban el encapsulamiento.
El 4 de junio de 2014 el estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Alfredo Santiago Gómez fue atropellado de forma intencional por un motociclista tras haber reclamado a un comerciante que perforaba una de las columnas del monumento histórico para fijar la estructura de un puesto, esto sumado a una serie de “asaltos”, tiros al aire y amenazas de muerte cada vez más frecuentes.
El 7 de enero de 2012, a las 21:15 horas, fue apuñalado a las puertas de la HCNE, el asociado Pablo Téllez Munguía, en un contexto parecido al que ahora se presenta.
El último acercamiento con los funcionarios de la delegación Cuauhtémoc ocurrió a principios de 2013, cuando los estudiantes solicitaron su intervención para que los comerciantes aledaños dejaran de sujetar sus puestos en las debilitadas columnas de la Casa. A la fecha, no les han dado respuesta: vigas y ataduras improvisadas siguen funcionando como postes de la edificación.
A decir de los habitantes de la Casa, en algunos momentos la indiferencia gubernamental se ha tornado en ofensiva. El embate más reciente se originó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En diciembre de 2012, Alejandra Barrios, diputada local y presidenta de la Asociación Legítima Cívica Comercial, de filiación priísta, presentó un punto de acuerdo para que el gobierno del Distrito Federal realice una investigación sobre el uso que actualmente se le da a la Casa del Estudiante; pidió además que “se realice el desalojo de las personas que indebidamente la usan como almacén de mercancía, hotel y espacio de consumo de sustancias prohibidas y se reintegre al patrimonio inmobiliario del Distrito Federal”.
Históricamente, la Casa ha desempeñado una importante labor social y política; también de defensa a la educación pública y gratuita, puesto que sus moradores son estudiantes pobres.
La HCNE ha tratado de agotar las vías legales para la resolución de estos conflictos, como es la queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal MPQ-Q1052-14. Las últimas denuncias fueron realizadas el pasado 12 de mayo ante la Dirección Territorial Centro Histórico (folio 000582), la Jefatura Delegacional de la delegación Cuauhtémoc (folio 00024) y la Coordinación General de Atención Ciudadana del gobierno capitalino (folio 024813), sin que hasta el momento haya tenido una respuesta a sus peticiones.
1. Se realice una investigación exhaustiva e imparcial para deslindar las responsabilidades correspondientes y castigar a los servidores públicos responsables de las agresiones.
2. Atender los reclamos que han presentado reiteradamente los habitantes de la HCNE.
3. Abrir una mesa de diálogo donde se asegure la presencia de las partes involucradas y se atiendan los planteamientos de los estudiantes afectados.
4. De manera general ajustar sus acciones a lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales firmados y ratificados por México.
Por las organizaciones de la Red de Alerta Temprana, licenciada Abigail Escalante; y por el responsable del Observatorio Nacional de Prisiones (onp.mexico@gmail.com).
Red de Alerta Temprana está conformada por: la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC; el Observatorio Nacional de Prisiones México; Fundación Diego Lucero, AC; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México; Asociación Nacional de Abogados Democráticos; la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos; el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, AC; la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México; Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y Equidad de Género.
Exigen garantías de seguridad para defensoras de derechos sexuales y reproductivos
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) manifestamos nuestra preocupación por las acciones que buscan obstaculizar el derecho a decidir de las mujeres en los estados de Nuevo León y de Guerrero; así como por las agresiones contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos.
La RNDDHM ha sido informada de las campañas de desprestigio que se han emprendido contra defensoras de derechos humanos a favor del aborto, a través de las cuales se les acusa de asesinas, se incita al odio, la estigmatización y discriminación. Con estos actos, se evidencia que la violencia sufrida por las defensoras no se puede aislar de la discriminación que todas las mujeres, en mayor o menor medida, enfrentamos por el sólo hecho de ser mujeres y el riesgo que enfrentamos quienes defendemos los derechos humanos de las mujeres.
Desde la RNDDHM manifestamos nuestra preocupación por las leyes que buscan criminalizar a las mujeres por ejercer su derecho al aborto legal. De octubre de 2008 a la fecha 18 estados de la República han aprobado reformas a sus constituciones, en las que buscan reconocer “el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”, lo que significaría un grave retroceso al avance que las mismas mujeres hemos tenido a favor del reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos.
En este caminar hemos sido testigas de la labor que han emprendido las defensoras de derechos sexuales y reproductivos ante la pretensión de prohibir a nivel constitucional la interrupción legal del embarazo, incluso en casos de violación. Hemos constatado la enorme batalla que defensoras de derechos humanos de nuestro país han emprendido para que las mujeres decidamos libremente sobre nuestro cuerpo; que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sean garantizados; que se generen políticas públicas que prevengan los embarazos no deseados; que garanticen el ejercicio pleno de la sexualidad; que se generen los debates necesarios sobre el tema con la participación directa de las mujeres; la participación de expertos y sin la injerencia religiosa, entre otras exigencias.
Sin embargo, las defensoras de derechos humanos que luchan a favor de la despenalización del aborto se han enfrentado a la descalificación y desconocimiento de su palabra. Recientemente la RNDDHM ha sido informada de las agresiones físicas y verbales de las que fueron objeto defensoras de derechos humanos en Guerrero, luego de la iniciativa presentada por el gobierno del estado el pasado 5 de mayo, a través de la cual se busca despenalizar el aborto en dicho estado.
En ese contexto, el pasado 28 de mayo defensoras de derechos humanos acudieron a un debate público sobre el derecho a decidir, convocado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En el evento las defensoras fueron increpadas por algunas de las personas panelistas y por personas que se encontraban en el público, quienes les gritaron y se portaron agresivas con las participantes que apoyan la despenalización del aborto, no dejando que hablaran libremente.
Asimismo, los pasados 13 y 15 de mayo, un grupo de defensoras a favor de una maternidad libre y segura en Guerrero fueron intimidadas cuando se encontraban a las afueras del Congreso del estado por personas que arribaron con lonas y panfletos, quienes también las agredieron verbalmente.
De igual forma, las defensoras de derechos humanos en el estado de Nuevo León se enfrentan actualmente a la búsqueda de imponer la prohibición del aborto, a través de la reforma al Artículo 1 de la Constitución local, al elevar a rango constitucional el derecho a la vida “desde su inicio en la fecundación, hasta la muerte natural”, lo que podría derivar en la criminalización y penalización contra las mujeres, además del incremento de abortos inseguros, violaciones a los derechos humanos y las garantías mínimas de las mujeres, así como la muerte a causa de abortos clandestinos practicados en condiciones insalubres o por métodos no controlados, como lo han documentado organizaciones civiles de nuestro país como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Ante este clima de hostilidad y de estigmatización contra defensoras de derechos humanos, como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, instamos a los congresos locales del estado de Nuevo León y Guerrero a que ponderen la voz y los derechos de las mujeres y a no retroceder en la garantía y ejercicio de nuestros derechos. Como defensoras de derechos humanos exigimos a las autoridades estatales y federales que podamos realizar nuestra labor en condiciones de seguridad y libertad a fin de salvaguardar el derecho humano a la libre expresión, libre manifestación de ideas y el derecho a defender los derechos humanos.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 135 defensoras de derechos humanos de 83 diversas organizaciones, ubicadas en 19 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal
El Caribe: recursos en disputa
Muchas gracias por incluir en su publicación reportajes sobre lo que pasa en el Caribe. Muy bueno el titulado “Estados Unidos captura el Mar Caribe frente al BRIC”. El problema de la interdependencia que atraviesan las fronteras internacionales se ha transformado en un caos de conflictos de inseguridad de bienes. Uno de los casos más notables e importantes –por su gran envergadura– es el de la región Caribe y los países aledaños, quienes durante años han mantenido una guerra de poder y que han logrado poner al Mar Caribe en el escenario de conflictos fronterizos marítimos que se derivan de antiguos conflictos terrestres e incesantes reclamos territoriales.
Estos conflictos han derivado en lo que hoy constituye al Mar Caribe como una zona de desarrollo con las mayores producciones de hidrocarburos en el mundo, uno de los mayores productores de petróleo, pesca, fauna, flora, grandes zonas bananeras, además de poseer una diversidad de culturas y grandes sectores de turísticos.
Sin embargo, a pesar de poseer una diversidad de riquezas territoriales y marítimas, su problema radica en la falta de soluciones en el sector, que se limita al trasfondo de intereses y mal manejo de sus recursos, además de la negación de la existencia de un conflicto.
De acuerdo con esto, podemos decir que los problemas del futuro dependerán del desarrollo económico de los diferentes y diversos estados que se convierten en productores y exportadores de bienes, y sobre todo del reconocimiento marítimo y el uso que se genera frente a sus recursos.
Marcela Barreto Esguerra
Saqueado el Mar Caribe por Estados Unidos, considera
Felicidades por el artículo “Estados Unidos captura el Mar Caribe frente al BRIC”: El Mar Caribe ha sido violado y usurpado por Estados Unidos. Me atrevo a afirmar lo anterior porque ha construido barreras entre los mismos países en lugar de promover lo contrario. La ilegalidad es otro de los problemas que nuestro Mar Caribe sufre. Pero lo peor es que Estados Unidos incluye a otros países que son los que están usufructuando este tesoro que tenemos los países del Caribe. Estamos olvidando esta riqueza, pero, peor que eso, estamos permitiendo que se aprovechen de esta grandeza azul.
Lorraine S Caballero
Unadm no cumple a facilitadores
Muy bueno el artículo “La Unadm en picada: recorte salarial a facilitadores y educativo a los alumnos”. Lo que puedo decir es pasa el tiempo y las cosas no mejoran; hasta ahora siguen sin pagarnos y los teléfonos no responden.
Muy bien, camaradas, por el reportaje “La hora de las Normales Rurales”. Soy exalumno de la Escuela Normal Rural de Tenería, Estado de México, y me parece muy interesante la investigación que han publicado. Sin embargo debemos seguir inculcando a las generaciones la conservación de este sistema educativo, que es realmente en donde se forman verdaderos maestros y hacer lo posible por que la Universidad Pedagógica Nacional desaparezca, ya que se ha calificado como una empresa para comprar maestros que cuando llegan a las aulas no saben ni como se llaman.
Inocencio M Palestina Enríquez
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References: artículo 20
 Artículo 127
 artículo 43
 artículo 11
 artículo 71
 artículo 45
 Artículo 123
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 73
 artículo 2
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 31
 artículo 67
 artículo 45
 resolución 
 Artículo 1