Source: http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com.es/2009/12/
Timestamp: 2017-10-21 19:31:46+00:00

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ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS (AEPLC): 1/12/09 - 1/01/10
El TC da la razón a los propietarios de unos terrenos en la costa
Anula una sentencia del Supremo basada en un deslinde que había sido anulado y que afecta a la comunidad de propietarios de la Colonia Nueva Berria.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha concedido el amparo solicitado por la comunidad de propietarios de la Colonia Nueva Berria (Santoña) y otras personas frente a la sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó una demanda sobre la propiedad de unos terrenos en la costa.
La sentencia considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes por lo que anula el fallo del Supremo, de 28 de noviembre de 2005, y ordena retrotraer las actuaciones judiciales al momento anterior al de dictarse dicha sentencia para que se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido a los recurrentes.
Según recoge la sentencia, que estima las alegaciones de los recurrentes sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la comunidad de propietarios de la Colonia Nueva Berria interpuso un recurso contra la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 25 de septiembre de 1990, por la que se aprobó el deslinde del dominio público-terrestre en la playa de Berría, al considerar contrario a derecho la inclusión de dicha urbanización dentro del dominio público marítimo-terrestre. Dicho recurso fue estimado por una sentencia de 11 de octubre de 1996, confirmada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 24 de octubre de 2001.
La misma comunidad interpuso un segundo recurso contencioso-administrativo contra diversas resoluciones administrativas, entre otras, aquellas por las que se acordaba la cancelación de las inscripciones registrales de los títulos de propiedad otorgados a favor de la Comunidad, y que también fue estimado por una sentencia del Supremo de 22 de octubre de 2001.
Sin embargo, los demandantes de amparo también interpusieron un tercer recurso con el fin de que se reconociera la plena propiedad sobre sus inmuebles y la nulidad de las inscripciones registrales practicadas a favor del Estado. Aunque una sentencia dictada el 24 de octubre de 1996 estimó íntegramente la demanda, el Abogado del Estado interpuso recurso de apelación, tramitado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santander, que fue estimado por sentencia el 11 de enero de 1999, argumentado que los bienes habían sido deslindados e incluidos dentro del dominio público marítimo-terrestre conforme a derecho.
Los demandantes de amparo interpusieron entonces un recurso de casación ante el Supremo, que en sentencia dictada el 28 de noviembre de 2005 desestimó el recurso de casación civil, partiendo en sus argumentaciones de la validez del deslinde administrativo.
Los recurrentes adujeron en su demanda de amparo que la resolución impugnada vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva. En primer lugar, alegaron que se incurrió en un error patente, ya que, habiéndose admitido como prueba las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en las que se confirmaba la nulidad de la orden de deslinde y la inscripción de las fincas a favor de la Administración, se rechazó su tercer recurso tomando como presupuesto fáctico la subsistencia del deslinde como único argumento.
Igualmente señala que tras desestimarse su pretensión en apelación, interpusieron un recurso de casación, alegando, entre otras cuestiones, que el deslinde practicado por la Administración había sido anulado en cuanto a la inclusión en el dominio público marítimo-terrestre de sus propiedades por sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 11 de octubre de 1996, no siendo firme al estar pendiente de resolución el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado.
Del mismo modo, el Constitucional destaca que, una vez admitido a trámite el recurso de casación civil, los recurrentes adjuntaron sendas sentencias de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 22 y 24 de octubre de 2001. En la última se confirmaba la anulación del deslinde administrativo y en la primera se anulaban las resoluciones administrativas que ordenaban la cancelación de las inscripciones registrales de los títulos de propiedad otorgados a favor de los recurrentes. Ambas sentencias fueron admitidas como prueba documental por Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2002, aunque finalmente el recurso fue desestimado por sentencia de 28 de noviembre de 2005.
El TC señala que en esta resolución no se hace mención alguna a las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo admitidas como prueba documental ni en los antecedentes ni en la fundamentación jurídica, fundamentando la desestimación del recurso en la validez del deslinde administrativo.
Todo ello lleva al Constitucional a otorgar el amparo solicitado por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva pues --dice-- como también ha señalado el Ministerio Fiscal, ha quedado acreditado que concurren todos los requisitos para dotar de relevancia constitucional al error denunciado.
Por un lado --señala-- la concurrencia del error fáctico se evidencia "de forma palmaria" en las actuaciones, donde es "indubitada" la existencia de las sentencias de los órganos judiciales de lo contencioso-administrativo, anulando el deslinde practicado, y el hecho de que las mismas fueron admitidas como pruebas documentales en el recurso de casación.
Por otro lado, también se constata que dicho error no ha sido inducido por el recurrente, ya que la ausencia de la toma en consideración del contenido de dichas resoluciones resulta sólo imputable al órgano judicial. Y, por último, indica que el razonamiento para desestimar la pretensión de los recurrentes tiene como presupuesto determinante dicho error, toda vez que ha concedido carácter decisivo a la validez de un deslinde administrativo que ya había sido anulado previamente de manera firme por los órganos judiciales competentes.
Así, el TC dictamina que la conclusión de que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes determina que deba acordarse la nulidad de la resolución impugnada y la retroacción de actuaciones para que se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido, señala el Constitucional.
http://www.eldiariomontanes.es/20091229/local/castro-oriental/razon-propietarios-unos-terrenos-200912291058.html
Publicado por AEPLC en martes, diciembre 29, 2009 Enlaces a esta entrada
El Constitucional "mutila" la Ley de Costas canaria e impide blindar el litoral
Aunque el Alto Tribunal levanta la suspensión de los artículos 2 y 3 de la norma canaria, mantiene la del artículo más importante, el 1, con el que el Gobierno regional quiere preservar los núcleos costeros afectados por la ley estatal. El Ejecutivo reconoce que con esta prohibición "la ley canaria no se va a aplicar mucho".
http://www.eldia.es/2009-12-29/canarias/4-Constitucional-mutila-Ley-Costas-canaria-impide-blindar-litoral.htm
La Ley de Costas impide proteger los nucleos tradicionales pero no impide destruir el litoral cuado se trata de macrourbanizaciones u hoteles; es más, se autoriza a modelar el litoral al antojo de los inversores y si no tienen playa, no hay problema, se les fabrica una. Esto es lo que se llama una auténtica DEMOCRACIA.
ANFÍ DE MAR, Gran Canaria 1962
ANFÍ DE MAR 1992
ANFÍ DE MAR 2000
ANFÍ DE MAR 2009 (Toda la costa en manos de la urbanización)
Una costa modelada a capricho del promotor
ESTE ES EL FIN PARA EL QUE SE HIZO LA LEY DE COSTAS QUE TANTO DEFIENDE NUESTRO GOBIERNO.
Proasal pierde su batalla legal contra Costas por las marismas
A LOS PROPIETARIOS QUE SE CREAN A SALVO DE LOS DESLINDES DE COSTAS Y A LOS QUE ESTÉN PENSANDO EN ADQUIRIR UNA PROPIEDAD CREYENDO QUE LO HACE CON TODAS LAS DE LA LEY, SEPAN QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN TOTAL INSEGURIDAD JURÍDICA E INDEFENSIÓN EN CUALQUIER MOMENTO.
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=100739&i=19&f=0
La empresa salinera Proasal, afincada en Sanlúcar, ha perdido en los tribunales su batalla legal contra la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en un litigio que afecta a unas 1.300 hectáreas propiedad de la salinera que tras la aprobación de la Ley de Costas, pretenden ser catalogados como zona marítimo terrestre por la Administración.
Los actuales propietarios de Proasal han llegado hasta el Tribunal Supremo con este asunto - que ya heredaron del anterior propietario-, presentando un recurso contra la sentencia que dictó la Audiencia nacional en abril de 2005. Sin embargo, el Alto Tribunal ha rechazado el recurso y ahora, la única opción legal que resta es recurrir al Tribunal de Estrasburgo, una medida que según el propietario de Proasal, Juan Manuel Díaz, “estamos barajando”, ya que de momento están a la espera de que Costas les conceda tras la expropiación una concesión administrativa sobre los terrenos durante 60 años, según han dado a conocer fuentes de la empresa.
La sentencia que acaba de ratificar el Supremo supone para la salinera la pérdida de la propiedad de estos terrenos en las marismas sanluqueñas, para cuya recuperación e incorporación al dominio público marítimo terrestre, Costas se basa en que son “naturalmente inundables”.
Sin embargo, el gabinete jurídico de la empresa ha basado en lo contrario su recurso ante las sentencias que han ido obteniendo por parte de las distintas instancias jurídicas. Además de argumentar que la zona “no es naturalmente inundable” y que “la ribera actual se ha configurado de manera natural”, Proasal ha defendido la propiedad sobre los terrenos asegurando que infringía una de las disposiciones contempladas en la Ley de Costas, por las que, a su juicio, habiéndose aprobado anteriormente dos deslindes sobre la zona -en 1965 y en 1977 - y habiéndose reconocido la titularidad privada de los terrenos de la salina, no procede su expropiación.
Sin embargo, el pronunciamiento del Tribunal Supremo ha venido a ratificar los argumentos recogidos en la sentencia dictada por la Audiencia nacional hace cuatro años, desestimando los argumentos esgrimidos por la empresa en el recurso de casación presentado y dando la razón a Costas sobre su reivindicación.
La sentencia sostiene la capacidad de la Demarcación de Costas para incoar el expediente, alegando que eran marismas naturalmente inundables. Además el Supremo considera también que la propia Ley de Costas no prohíbe la práctica de nuevos deslindes en los tramos ya deslindados, es más, justifica este hecho con la finalidad de adecuar el antiguo deslinde a la definición de dominio público marítimo terrestre pues “con el deslinde no se persigue la revisión de actos contrarios al ordenamiento jurídico, sino la determinación del dominio público marítimo terrestre a fin de constatar si efectivamente un terreno reúne o no las características contempladas en los artículo 3, 4 y 5 de la Ley de Costas, y ello cuantas veces fuera necesario”, según se recoge la sentencia para rebatir el argumento de que sobre la zona ya se habían practicado anteriormente otros deslindes sin que se incluyeran los terrenos que Costas ha obtenido ahora.
Publicado por AEPLC en sábado, diciembre 26, 2009 Enlaces a esta entrada
"LA TIERRA NO PERTENECE A NADIE, SALVO AL VIENTO" (ZP, Copenhague)
LIBREME DIOS................. DEL VIENTO
Publicado por AEPLC en domingo, diciembre 20, 2009 Enlaces a esta entrada
Discurso del Presidente del Gobierno en la Cumbre de Cambio Climático
"Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la Tierra, nuestra Tierra, en la que viven pobres, demasiados pobres, y ricos, demasiado ricos. Pero la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento".
SE LE OLVIDÓ DECIR... "Y AL GOBIERNO ESPAÑOL POR LA LEY DE COSTAS".
A NOSOTROS NO PERMITE QUE SE NOS OLVIDE QUE YA NO TENEMOS HOGAR PORQUE SE LO HA QUEDADO EL GOBIERNO APROPIANDOSE DE LO QUE NO ES SUYO....SINO DEL VIENTO.
"EL HURACÁN" DEL GOBIERNO DICE QUE LA COSTA LES PERTENECE A ELLOS. AL VIENTO NI SE LE NOMBRA EN LA LEY QUE APROBARON EN 1988 .
¿POR QUÉ NO PONE EN PRÁCTICA CON SUS CIUDADANOS SU ALMIBARADA FRASE:"Seamos leales con nuestros pueblos y con nuestros compatriotas"?.
"Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la Tierra, nuestra Tierra, en la que viven pobres, demasiados pobres, y ricos, demasiado ricos".
Esa debe de ser la consigna que ha pasado a las Demarcaciones de Costas, que somos demasiado ricos y los hoteleros y constructores demasiado pobres, por lo que hay que equilibrar la balanza derribando a unos para que construyan otros.
¿COMPRENDIÓ ZP QUE LA TIERRA SÓLO LE PERTENECE AL VIENTO MIENTRAS REFLEXIONABA EN SU HUMILDE MORADA DE LA MARETA?...
¿FUÉ ALLÍ DONDE SE DIÓ CUENTA DE QUE NO SOPORTARÍA VER AHOGARSE A SU PUEBLO Y A SUS COMPATRIOTAS CON LA SUBIDA DEL MAR DEL AÑO 3.000 Y DEBÍAN ANTICIPARSE DERRIBÁNDOLO TODO PARA EVITARNOS SUFRIMIENTOS INÚTILES?...
http://www.la-moncloa.es/Presidente/Intervenciones/Discursos/prdi20091217.htm
Publicado por AEPLC en viernes, diciembre 18, 2009 Enlaces a esta entrada
El Tribunal de Estrasburgo condena a España por el mal funcionamiento de la justicia
La Corte europea considera que el Supremo violó el convenio de derechos humanos al rechazar el recurso de un vecino de Bocairent
La decisión del Tribunal Supremo de rechazar por "falta de datos" el recurso de un vecino de Bocairent contra la decisión de la Conselleria de Urbanismo de desclasificar unos terrenos de su propiedad "violó" el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por un mal funcionamiento de sus instituciones, en este caso, judiciales. El fallo de la Corte de Estrasburgo establece que el Supremo, que tardó cuatro años en inadmitir el recurso, vulneró el derecho de todo ciudadano de la Unión a que una causa sea oída de manera equitativa, pública y en un plazo razonable.
El autor de la demanda, Martín Vicente Llavador, presentó en 1994 un litigio contra un cambio en las normas de planeamiento de Bocairent promovidas por el ayuntamiento y aprobadas por la Conselleria de Urbanismo del Gobierno valenciano, que afectaba de lleno a su propiedad. En concreto, el ayuntamiento modificó el planeamiento urbanístico para cambiar de urbano a no urbanizable de Protección Especial unos terrenos, de 350.000 m2 de superficie, propiedad de la familia del recurrente en el entorno de la Serra Mariola y sobre los que pretendía levantar una urbanización: "Desclasificaron mis parcelas diciendo que había demasiado suelo urbano y luego recalificaron otros de Protección Especial para hacer un camping, entonces propiedad de la esposa del arquitecto municipal y de dos concejales", según explicó ayer Martín Llavador a Levante-EMV tras conocer el fallo de Estrasburgo.
Agotada la vía administrativa, Llavador presentó un recurso contencioso-administrativo, que fue parcialmente admitido en marzo de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. No contento con el fallo del TSJ-CV, recurrió en casación ante el Supremo, que admitió el recurso en febrero de 1998 y "apremió a la otra parte [la conselleria y el ayuntamiento] a que compareciera en un plazo de 30 días para poder oponerse a la apelación". Casi 4 años después, en una sentencia de 18 noviembre de 2002, el Tribunal Supremo rechazó el recurso por "falta de datos en el escrito de presentación", según la resolución.
Tumbado en el Constitucional
Pero el periplo judicial de este empresario de Bocairent continuó en el Tribunal Constitucional, donde en una estrecha votación de tres a dos, se resolvió dar por buena la decisión del Supremo. En un voto particular, uno de los magistrados que apoyó la admisión del recurso reseñó que se habían tomado por parte de la administración "medidas exacerbadas" contra el recurrente.
El afectado recordó que se gastó 10 millones de pesetas de la época "en la redacción del proyecto, en llevar la luz eléctrica a la zona y en excavar un pozo". Sin embargo, según dijo ayer Llavador, "no me bajé los pantalones como querían y fue cuando me vinieron encima todos los problemas", declaró el recurrente, quien ayer no quiso extenderse más en sus valoraciones sobre la sentencia porque "todavía no la tengo en mis manos. Sólo conozco lo que me han dicho a través del teléfono. Lo que si sé es que me destrozaron la vida y voy a llegar hasta el final para defender mis intereses y que cada uno asuma sus responsabilidades", adelantó.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/12/16/tribunal-estrasburgo-condena-espana-mal-funcionamiento-justicia/661379.html
European court of Human Rights slams Spains' slow justice system
The European Court of Human Rights has criticised Spain for its "slow" justice system. The case was presented by Martín Vicente Llavador, a Spanish citizen from Alicante, after his case was accepted in 1999 only to be thrown out four years later for insufficient evidence. The ECHR found Spain to be in breech of article 6.1 of the European Agreement on Human Rights, which states that all EU citizens have the right to "·speedy equitable and effective justice".
Sr Vicente presented a complaint against a decision by the Valencian Development Ministry that affected land which he owned in Bocairent (Valencia). After his complaint was dismissed by the Minsitry, Sr Vicente appealed to the local court for a ruling (recurso contencioso-administrativo) which was partially admitted in May of 1998 by the Supreme Court of the Community of Valencia.
However, the case was finally accepted by the court in 1999 and the Court gave the other party 30 days to submit evidence for the trial. As nothing was ever received, it took almost four years for tyhe case to be reviewed, at which point (in November 2002) the Court ruled that too much time had passed and archived the case without hearing it.
Sr Vicente then appealed against this decision, and his case was accepted for trial by the ECHR.
The sentence condems Spains slow justice system and theoretically opens the way for the EU to insist that Spain speeds up its justice system. It also paves the way for Sr Vicente, and others in a similar situation, to ask for compensation from the State for infringement of their human rights. It could also allow Sr Vicente to reopen his original case.
http://www.thereader.es/en/spain-news-stories/1327-european-court-of-human-rights-slams-spains-slow-justice-system.html
Publicado por AEPLC en miércoles, diciembre 16, 2009 Enlaces a esta entrada
http://www.diagonalperiodico.net/Un-hotel-de-lujo-que-incumple-la.html
Publicado por AEPLC en martes, diciembre 15, 2009 Enlaces a esta entrada
Preocupación entre políticos y agentes sociales por Las Aletas
El polígono de Las Aletas sigue estancado y envuelto en polémica. El mayor proyecto empresarial para el desarrollo económico de la Bahía está seriamente tocado después de que el Tribunal Supremo tumbara, hace dos meses, su puesta en marcha alegando que vulnera la Ley de Costas. Un recurso de la organización ecologista Adena ha frenado en seco la iniciativa de levantar en zona de marismas un complejo industrial y logístico.
El Gobierno central y la Junta de Andalucía pusieron en manos de la Abogacía del Estado, en noviembre, el contraataque judicial para continuar con las obras y corregir los defectos de forma que había detectado el Alto Tribunal en los expedientes del proyecto Aletas.
Sin embargo, lo que en un principio era justificar con todo lujo de detalles el interés económico y social del proyecto parece ahora que se trata de un tema legal más grave y complejo. El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, reconocía el viernes que se moverán todas las fichas políticas para que el proyecto salga adelante y, el sábado en Cádiz, añadía que la Abogacía de Estado seguía inmersa en el estudio para defender judicialmente la construcción del polígono.
El proyecto está en el aire y los agentes sociales de la provincia quieren recuperar el espíritu de Las Aletas y sacar el proyecto adelante. Los empresarios y los sindicatos están preocupados y han forzado para hoy la reunión del Consejo Económico y Social -que integran también políticos-, para despejar el futuro de Las Aletas y recibir una versión clara de sus promotores: el Gobierno central y la Junta. A la reunión acude el vicepresidente del Consorcio de Las Aletas y consejero de Empleo, Antonio Fernández, que se encargará de dar cuenta de los avances desde que el Tribunal Supremo tumbara en octubre el proyecto. Los propios agentes sociales han reconocido que el revés judicial ha sido grave y no se pueden permitir que el proyecto caiga en saco roto.
Por su parte, el parlamentario andaluz de IU por Cádiz , Ignacio García, considera que la Junta «no va a poder resolver tan fácilmente como presume» el problema del polígono de Las Aletas, en Puerto Real, porque el asunto es «muy complicado» y, a su juicio, el Gobierno andaluz «no tiene clara la estrategia» a seguir, estimando que «no se solucionará en todo el 2010», lamentó.
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20091214/ciudadanos/preocupacion-entre-politicos-agentes-20091214.html#comentarios
¿Y que se esperaban? sólo hay que ver la foto para darse cuenta de que es una marísma y la Ley de Costas obliga a su protección. ¿Pués no han sido los que ahora se lamentan los autores de la misma? ¿Qué pensaban, que la ley sólo la tenemos que sufrir los ciudadanos de a pié?
Yo me pregunto porqué debemos correr con los gastos de semejante ineptitud. ¿Por qué no pagan de su bolsillo, que para eso tienen buenos sueldos, a los abogados del Estado que tienen que encontrar la fisura por donde entrar y salirse con la suya? ¿No es lo que nos ocurre a nosotros, que además de pagar abogados que nos defiendan, encima pagamos con el dinero de nuestros impuestos a los abogados del Estado, ingenieros y demás personal que nos atacan sin piedad?
¡Todos están preocupadísimos!, ¿por qué, si no se ha empezado a hacer nada después de un dispendio millonario del que han aprovechado unos y otros? ¿Es que acaso van a devolver los sueldos que les han pagado mientras vivian del cuento de la lechera? Desde luego, si tuvieran la más mínima ética, ya habrían dimitido en bloque; pero no, todos a reunirse una y otra vez para ver como evitan la Ley de Costas.
¡¡¡QUÉ AMARGA ES LA PROPIA MEDICINA!!! ¿VERDAD?........
Publicado por AEPLC en lunes, diciembre 14, 2009 Enlaces a esta entrada
Unanimidad para pedir un nuevo deslinde de Costas
El pleno del Consell Insular de Formentera aprobó por unanimidad la petición de practicar un nuevo deslinde de la zona marítimo terrestre del litoral de la isla, en base al informe jurídico emitido recientemente por los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma que avala esta posibilidad. La demanda se dirige al Ministerio de Medio Ambiente y a la Demarcación de Costas de Balears con el objeto de que inicien los trámites pertinentes que desemboquen en la revisión del deslinde aprobado en 1997 que afecta a las propiedades de numerosos vecinos de la isla. Además se añaden los acuerdos adoptados en este sentido tanto por el Parlament balear, como por el Senado y el Congreso de los Diputados.
El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, reiteró el compromiso de la institución en esta materia y mencionó el trabajo desarrollado por la plataforma de afectados Salvem Formentera, que aporta toda una serie de documentación a la propuesta aprobada. Asimismo se comprometió a dar salida a la resolución del pleno con la máxima celeridad para que la Administración del Estado la reciba cuanto antes e inicie el proceso para realizar una nueva delimitación del litoral. Este fue el único acuerdo aplaudido por los vecinos asistentes a la sesión.
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2009/12/11/unanimidad-pedir-nuevo-deslinde-costas/378585.html
Publicado por AEPLC en viernes, diciembre 11, 2009 Enlaces a esta entrada
BNG lleva al Congreso una propuesta de modificación de la Ley de Costas
Los diputados del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera y Olaia Fernández Davila, han registrado en la Cámara Baja una proposición de ley para modificar la normativa estatal de Costas y acabar, así, con la "inseguridad jurídica en la que se encuentran varios núcleos de población en Galicia".
Según recuerdan los nacionalistas, la ley de Costas establece una servidumbre de dominio público marítimo terrestre de 20 metros para el suelo calificado como urbano antes de la entrada en vigor de esta normativa, mientras que para el resto del territorio la servidumbre de protección se establece en 100 metros.
Sin embargo, los diputados del BNG recuerdan que en Galicia esta aplicación legal suscita una "problemática" derivada de la existencia de numerosos municipios que cuentan con asentamientos de población tradicionales, situados en la costa desde el siglo XIX y vinculados a actividades pesqueras.
A este respecto, los parlamentarios recuerdan que la entrada en vigor de la ley dejó afectados a estos núcleos por la servidumbre de 100 metros en lugar de los 20 metros que fija la ley para suelos urbanos debido a que están calificados así en la normativa de planeamiento municipal como suelo no urbanizable, pese a reunir los requisitos "para ser calificados como suelo urbano". En esta situación se encuentran asentamientos de Marín, Illa de Arousa, Ribeira, Moaña, Redondela, Pobra do Caramiñal o Malpica.
En este contexto, recuerdan que la Xunta, en uso de sus competencias que tiene atribuidas por el artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía, que le otorga competencias exclusivas en ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, aprobó (con el bipartito y por unanimidad del Parlamento) una modificación de ley autonómica 9/2002, de Ordenación urbanística y de protección del medio rural de Galicia, para solucionar esta situación.
Sin embargo, el Estado presentó un recurso de invasión de competencias a la Disposición Adicional Segunda de la Ley Autonómica de Vivienda de Galicia. "Esta disposición establece una salida legal para los núcleos preexistentes de carácter tradicional afectados por un error en la clasificación urbanística de la normativa de planificación municipal", manifiestan los nacionalistas. [...]
http://www.europapress.es/galicia/noticia-bng-lleva-congreso-propuesta-modificacion-ley-costas-20091208164645.html
Publicado por AEPLC en martes, diciembre 08, 2009 Enlaces a esta entrada
Gobierno y oposición municipal se unen en sus críticas a Costas
El Ayuntamiento de Escalante no tiene previsto quedarse con los brazos cruzados. Tras conocerse, el jueves, que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha paralizado los trabajos de levantamiento del relleno de la marisma, al detectarse sustancias químicas altamente contaminantes y peligrosas para la salud, el alcalde aseguró ayer a este periódico que pedirá la intervención de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, competente en la gestión de los espacios naturales protegidos.
Tanto el alcalde, Pedro Jado (PRC), como el portavoz del PP, Juan José Alonso Venero, volvieron a cargar las tintas ayer contra la Demarcación de Costas en Cantabria y, en particular, contra el responsable de este organismo, José Antonio Osorio, por la gestión que ha realizado del asunto. En concreto, le reprochan haber adjudicado la obra sin estudio previo de impacto ambiental, pese a que el proyecto implica el movimiento de 50.000 metros cúbicos de tierra en pleno corazón del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
«Lo han empezado mal y mal va a acabar», aseguró ayer el alcalde, Pedro Jado (PRC). «Ha sido una gestión descabellada, que ahora tiene estas consecuencias», añadió, a su vez, el portavoz municipal del PP, Juan José Alonso Venero.
Tanto el equipo de gobierno del PRC como la oposición municipal del PP manejaron ayer sendas propuestas como respuesta al anuncio de la paralización de los trabajos, una vez detectada la presencia de fenoles -un derivado del alcohol altamente tóxico y muy soluble en el agua- en la superficie de terreno que el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto levantar para restituir la marisma a su estado original.
«Ahora resulta que tenemos fenoles: a ver si vamos a acabar teniendo fenoles por toda la reserva», advertía Pedro Jado, para quien «se demuestra que era necesaria la evaluación de impacto ambiental».
«Todo ha sido un despropósito: la adjudicación por urgencia, la falta de evaluación ambiental, el no haber atendido a los requerimientos del pueblo...», sostiene Alonso, quien responsabilizó al jefe de la Demarcación de Costas, José Antonio Osorio, y aseguró que su grupo pedirá una reunión de los técnicos de Costas con los vecinos.
http://www.eldiariomontanes.es/20091205/region/escalante/gobierno-oposicion-municipal-unen-20091205.html
Resulta que en Escalante (Cantabria) deciden que tienen que levantar unos terrenos que rellenaban una pequeña parte de la marísma para volverla a su estado natural (no se sabe si como estaba en la època de los romanos o en el siglo XIX) sin hacer evaluado antes las consecuencias de semejante acción, que ya se está viendo cuales son, mientras que en la otra punta de España, en Puerto Real (Cádiz), son ellos mismos, los de Costas, quienes dan autorización para rellenar y desecar cientos de hectáreas de marisma, perfectamente conservadas, para hacer un polígono industrial.
¿Cómo pueden ir de ecosalvadores en una provincia y destruyendo las marismas en otra? ¿Es que acaso no son ambas actuaciones delitos ecológicos?
¿No está pensando el Gobierno en reducir gastos? Pués que empiece a cerrar todas las Demarcaciones de Costas y dediquen el presupuesto a cosas mucho más necesarias en estos momentos. EL MEDIO AMBIENTE SE LO AGRADECERÁ.
Publicado por AEPLC en sábado, diciembre 05, 2009 Enlaces a esta entrada
Publicado por AEPLC en jueves, diciembre 03, 2009 Enlaces a esta entrada
El Bloc critica la aplicación "arbitraria" de la Ley de Costas y que el Consell no asuma las competencias de la gestión
El secretario general del Bloc, Enric Morera, consideró hoy que el Gobierno central está aplicando la Ley de Costas de una manera "totalmente arbitraria" y que está "perjudicando especialmente" a la Comunitat Valenciana y lamentó que el Consell que "no se atreve a asumir las competencias que da el Estatuto de Autonomía, entre las que se encuentra la competencia de ordenación y gestión del litoral".
Morera afirmó en un comunicado que la postura del Consell en el derribo de establecimientos y casas en la costa es "la más cómoda, porque critican al Gobierno central de todo lo que está pasando pero no se atreven a asumir las competencias que recoge el Estatuto de Autonomía" porque, a su juicio, "no tienen voluntad política ni dinero suficiente para tener más competencias, tal vez por el despilfarro de los recursos públicos en temas de poco interés para el pueblo valenciano".
Además, consideró que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está aplicando la Ley de Costas de una manera "totalmente arbitraria y que está perjudicando especialmente" a la Comunitat, puesto que, según dijo, no hay "constancia de que las máquinas estén derribando ningún local ni en Cataluña ni en Andalucía pero sí en nuestra tierra". Así, resaltó que los valencianos, "una vez más, son víctimas de las políticas agresivas y represoras de Zapatero y del gobierno central".
El también diputado en las Corts recordó que el 27 de noviembre de 2008, los portavoces de los grupos parlamentarios pactaron una enmienda a una propuesta de su formación por la que se acordaba instar al Consell a solicitar una reunión de la Comisión Mixta Estado-Comunitat Valenciana para determinar el desarrollo de las competencias que establece el Estatuto de Autonomía en materia de ordenación y gestión del litoral.
También se pidió que se tratara, en el seno de dicha comisión, la transferencia de funciones y traspasos inherentes a las competencias estatutarias de la Generalitat en esa materia y que se garantizase, de acuerdo con la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de 2002, la participación ciudadana y de los ayuntamientos afectados en la tramitación de los planes de ordenación del litoral, así como en el Plan de Acción Territorial del Litoral.
Por ello, lamentó que, "un año después, el Consell no ha hecho nada y se dedica a llorar como partido lo que no sabe defender como valenciano", ya que, según dijo, "opta por la vía fácil, que es no hacer nada y cargar las responsabilidades a otros".
Lamentó que, mientras tanto, los hoteles, restaurantes y locales que generan trabajo y riqueza en las poblaciones costeras valencianas "están ahora en el punto de mira de las excavadoras de la dirección general de Costas", a la que "no le importa nada más que aplicar la ley de una forma arbitraria y perjudicial para nuestros intereses, aún más en una época de crisis dónde hace falta incentivar todos los sectores y, sobre todo, el turístico, que es un motor de la economía valenciana".
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-bloc-critica-aplicacion-arbitraria-ley-costas-consell-no-asuma-competencias-gestion-20091201133752.html
SE PODRÁ HABLAR MÁS ALTO, PERO NO MÁS CLARO.
¿POR QUÉ NINGUNA AUTONOMÍA COPIA A CATALUÑA CUANDO HAY QUE DEFENDER LOS INTERESES DE SUS CIUDADANOS Y SU INTEGRIDAD TERRITORIAL?
¿ES QUE LOS ESPAÑOLES DE LAS DEMÁS REGIONES COSTERAS SOMOS CIUDADANOS DE 2ª?
NOS ESTÁN CONFISCANDO LA PROPIEDAD Y EL TERRITORIO, COMO EN ÉPOCAS FEUDALES, Y ¿SÓLO LO VE CLARO EL BLOC?
¿DÓNDE ESTÁN EL RESTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE TANTO PELEAN POR EL VOTO DE SUS CIUDADANOS CUANDO LLEGAN LAS ELECCIONES?
Publicado por AEPLC en martes, diciembre 01, 2009 Enlaces a esta entrada

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 artículo 3
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 artículo 27