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Timestamp: 2018-04-26 15:20:13+00:00

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A propósito de la inconstitucionalidad del derecho a someter a arbitraje un conflicto por voluntad exclusiva de una de las partes. Un aviso a la mediación | Civil | LawAndTrends
Comentarios a la sentencia TC (pleno) de 11 de enero de 2018
Es precisamente esta "unilateralidad" la que se entiende vulneradora de los artículos 24.1 en relación con el artículo 117.3. de la Constitución. Ciertamente la aplicación de la norma en cuestión implicaría necesariamente que una de las partes hubiera de acudir al arbitraje en contra de su voluntad, por cuanto, obviamente, ve vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva que le garantiza el artículo 24 de la Constitución, pues impide su acceso a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Justicia, que son los que, ante la falta de voluntad concurrente de las partes en conflicto, tienen constitucionalmente encomendada la función de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado" tal y como manda el artículo 117 de la Constitución, que de esta forma quedará igualmente vulnerado.
En el caso del Arbitraje, la propia ley que lo regula (Ley 60/2003, de 23 de diciembre) predispone la existencia de un convenio arbitral previo, que ha de estar suscrito por ambas partes, y que según se establece en el artículo 9 de dicha norma "deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual ". Así las cosas, queda patente que el art. 76 e), hoy inconstitucional, en cuanto permitía la preeminencia de la voluntad del asegurado a la hora de acudir al arbitraje, se oponía a la propia regulación legal de dicha institución. En otras palabras, la sentencia del Tribunal Constitucional, lejos de menoscabar a la institución, la defiende en su esencia.
En lo referente a la Mediación, en la que los protagonistas y artífices del acuerdo que eventualmente se consiga son las propias partes, esa misma "voluntariedad" se encuentra asida al propio concepto legal de la institución, así, la propia Ley 5/2012, de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la define en su art. 1 como "aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador", y en su art. 6 eleva este carácter voluntario a la categoría de principio informador de la misma. Ello resulta lógico, por otra parte, teniendo en cuenta que mal se puede concebir que nadie pueda alcanzar algún acuerdo de mediación si ni siquiera desea usar de este método de resolución de disputas, o dicho de otro modo; el hecho de que las partes acudan voluntariamente a una mediación da por sentado que desean al menos intentar llegar un acuerdo y, justamente por el contrario, si una de ellas acude por obligación y no porque realmente lo desee, sin duda será porque no tiene la intención de obtener un acuerdo o es que ha ya se ha decantado por acudir a la vía jurisdiccional para salvaguardar sus intereses usando del derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución le garantiza.
Así pues, no cabe la menor duda de que la inconstitucionalidad ahora declarada del art. 76 e) de la LCS y que, a tenor de la sentencia aludida, el Tribunal Constitucional sustenta en entender vulnerado el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva por tolerar que una de las partes en conflicto pueda acudir contra su voluntad a un procedimiento extrajudicial, constituye un antecedente muy a tener en cuenta en un escenario como el actual en el que lo políticamente correcto es fomentar el uso de estos métodos alternativos de resolución de disputas, y sobre todo de la Mediación en particular, que a raíz de la publicación de su ley reguladora a nivel estatal ha desencadenado una serie de reformas legislativas de índole procesal que transcurren muy próximas a la línea roja que se dibuja en el debido respeto al derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución.
Inconstitucionalidad Ley Del Contrato De Seguro Arbitraje Seguros Mediación Mercantil Mediación

References: artículo 117
 artículo 24
 artículo 117
 artículo 9
 resolución 
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 artículo 24