Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/25197
Timestamp: 2020-02-20 14:54:40+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 211/2016
SENTENCIA 211/2016, de 15 de diciembre
ECLI:ES:TC:2016:211
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 1 de febrero de 2013 el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpone recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 1.2, letras a) a e); 2.1, letras b), c), d), f), i) y l); 2.2 y 5 del Decreto-ley de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción. El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE, a fin de que se acordarse la suspensión de los preceptos impugnados.
A juicio del Abogado del Estado esa motivación resulta inadmisible en tanto que se incardina en un ámbito meramente especulativo sobre previsiones futuras y se presenta como respuesta a una modificación del marco normativo estatal del que se deduce la necesidad de que la Comunidad Autónoma ocupe un determinado espacio normativo con el fin de excluir del mismo a la norma estatal. No justificaría la urgencia la necesidad de adaptación a las concretas medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 20/2012 sobre horarios comerciales y ventas promocionales, pues la norma estatal permite una aplicación diferida y fija plazos para la citada adaptación, de manera que, al igual que en el caso resuelto en la STC 31/2011, de 17 de marzo, tampoco desde esta segunda perspectiva se justifica el recurso a la legislación de urgencia.
El Abogado del Estado alude a la doctrina constitucional sobre la extensión de las bases en materia de horarios comerciales. Doctrina en la que se han examinado diversas normativas estatales que establecían muy diversos grados de liberalización y, por tanto, permitían un correlativo mayor o menor espacio de desarrollo autonómico. Las SSTC 225/1993, FJ 4; 264/1993, FJ 3 c), y 284/1993, FJ 4 examinan una legislación estatal completamente liberalizadora estableciendo una doctrina que se reitera en la STC 140/2011, según la cual “cuando la normativa estatal básica desregule, por liberalizar, un sector, resulta lógico que no permita normativa autonómica de desarrollo, salvo que ésta se limitase a reproducir la liberalización ya efectuada desde la norma básica. Pero es que además, una norma básica que afecte sólo a una submateria —horarios comerciales— de un título competencial autonómico más amplio –comercio interior—, nunca puede producir un vaciamiento, por sí sola, de esta competencia, dado que ésta siempre tendría un ámbito material más extenso sobre el que podría seguir desplegándose, y que no quedaría afectado por el ejercicio por el Estado de la competencia liberalizadora en materia económica”.
Afirma que el artículo 2 contradice la norma básica (art. 5 de la Ley de horarios comerciales) en lo siguiente: la limitación de la exclusión del horario comercial general solo en el supuesto de establecimientos comerciales situados en lugares accesibles únicamente desde el interior de las estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo [artículo 2.l b)]; la limitación de la exclusión del horario comercial general únicamente en el supuesto de establecimientos comerciales anexos a las gasolineras que se dediquen esencialmente a la venta de recambios y otros productos complementarios de la automoción [artículo 2.l c)]; la inclusión entre los supuestos de exclusión del horario comercial general de los establecimientos situados en municipios turísticos, de acuerdo con la definición que de los mismos hace el artículo 3 de la Ley 8/2004, “municipios en los que, por afluencia estacional, la media ponderada anual de población es superior al número de residentes y en los que el número de alojamientos turísticos y segundas residencias es superior al número de viviendas de residencia primaria, o que son lugares con gran afluencia de visitantes por motivos turísticos”, ya que no se recogen los criterios establecidos en la norma estatal para la determinación de las zonas de gran afluencia turística; la limitación de la exclusión del horario comercial general únicamente en el supuesto de las farmacias, olvidando incluir a los estancos [artículo 2.1 f)]; la limitación de la exclusión del horario comercial general únicamente en el supuesto de establecimientos comerciales de venta personalizada o en régimen de autoservicio cuyos titulares son pymes, que no pertenezcan a grupos o cadenas de distribución ni operen bajo el mismo nombre comercial, siempre que la superficie de venta no supere los 150 metros cuadrados y tengan una oferta orientada esencialmente a productos de compra cotidiana de alimentación o que, con la misma limitación de superficie de venta, estén situados en municipios de menos de 5.000 habitantes, previa autorización en este último caso del Pleno municipal y comunicación del Ayuntamiento a la Dirección General de Comercio [arts. 2.1 i) y 1)] y, finalmente, la restricción a la libertad horaria impuesta por el artículo 2.2 a los establecimientos situados en municipios turísticos, a las tiendas de conveniencia y a los establecimientos comerciales de venta personalizada o en régimen de autoservicio recogidos en las letras i) y 1) del artículo 2.1, adelantando su horario de cierre a las 20:00 horas los días 24 y 31 de diciembre y obligando a que permanezcan cerrados los día 1 de enero y 25 de diciembre.
2. Por providencia de 26 de febrero de 2013 el Pleno, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, contra los arts. 1.2, letras a) a e) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redacción dada por el art. 1 del Decreto-ley 4/2012; los arts. 2.1, letras b), c), d), f), i) y l) y 2.2 de la misma Ley 8/2004, en la redacción dada por el art. 2 del Decreto-ley 4/2012 y el art. 5 del Decreto-ley 4/2012; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes; tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso —1 de febrero de 2013— para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el “Boletín Oficial del Estado” para los terceros y publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña”.
3. Mediante escrito registrado con fecha 6 de marzo de 2013 el Presidente del Senado comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Lo mismo hizo el Presidente del Congreso de los Diputados por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 8 de marzo de 2013.
4. Las alegaciones presentadas por la Abogada de la Generalitat de Cataluña interesando la desestimación del recurso fueron registradas en este Tribunal el día 22 de marzo de 2013.
Por otra parte las reformas propuestas exceden del ámbito competencial estatal por cuanto carecen de la incidencia directa, inmediata y significativa en la marcha general de la economía que conforme a la doctrina constitucional se requiere para que las medidas tengan amparo en el art. 149.1.13 CE y, en cualquier caso, exceden del ámbito funcional atribuido al Estado por dicho precepto, lo que se traduce en una invasión de la competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña en materia de comercio (art. 121 EAC). Para justificar la existencia de dichas infracciones recuerda la doctrina constitucional en materia de comercio y, en especial, el alcance de la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE cuando concurre con competencias autonómicas exclusivas y su proyección específica sobre la materia comercio, lo que se traduce en la aplicación restrictiva del título competencial estatal, que ha de ir acompañado, además, de una interpretación finalista conforme a la cual únicamente pueden considerarse amparadas en dicho título horizontal aquellas medidas que guarden una relación directa e inmediata con la dirección y planificación de la actividad económica y tengan una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general. Dicha doctrina es puesta en relación con las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de comercio atribuidas por el art. 121.1 EAC y su conformidad constitucional según la STC 31/2010, FJ 68, pronunciamiento del que deduce que corresponde a la Generalitat de Cataluña la regulación de todas las modalidades de venta, incluida la venta en rebajas, y que asimismo es competente para establecer los horarios comerciales, si bien en este caso, la fijación de los horarios y días de apertura debe cohonestarse con las determinaciones que legítimamente pueda establecer el Estado al amparo del art. 149.1.13 CE. De acuerdo con lo anterior, se alega que los preceptos impugnados no tienen cobertura en el art. 149.1.13 CE e invaden la competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña en materia de comercio y su competencia compartida en materia de planificación de la actividad económica.
La parte final del escrito de la Letrada de la Generalitat de Cataluña se dedica a justificar la conformidad competencial de los preceptos impugnados que entiende dictados al amparo de la competencia exclusiva en materia de comercio del art. 121.1 EAC. Estima que existe una contradicción entre las 90 horas de apertura semanal previstas en la norma estatal y las 72 horas de la regulación autonómica, divergencia que no comporta la inconstitucionalidad de la regulación autonómica, pues la norma estatal no puede operar como canon de constitucionalidad. Ese mismo exceso competencial se le reprocha a la libertad de cierre y apertura diaria que el art. 3.2 de la Ley de horarios comerciales otorga a los comerciantes y a la regulación de la apertura en domingos y festivos del art. 4.2 y 4.5 de la Ley de horarios comerciales. Respecto a los establecimientos con régimen especial de horarios la Letrada de la Generalitat niega que los artículos 2.1 b) y c) infrinjan las bases, pues lo único que hacen es introducir modulaciones permitidas por la norma estatal. En cuanto al artículo 2.1 e), que otorga libertad horaria y de días de apertura a los establecimientos situados en municipios turísticos, conforme a la definición de municipio turístico recogida en el art. 3, no aprecia la existencia de contradicción pues existe una concurrencia de criterios entre la regulación autonómica que prevé, con carácter general la libertad de horarios para los establecimientos instalados en municipios que, conforme a la normativa autonómica, merezcan la calificación de turísticos y la previsión estatal de que en las zonas de gran afluencia turística rija la libertad de horarios y días de apertura. Sobre el artículo 2.1 f) indica que la omisión de los estancos no convierte, sin más en inconstitucional la norma autonómica, ni afecta a la norma estatal, que mantendrá su eficacia en la medida en que se trate de una norma constitucionalmente legítima. En cuanto a los arts. 2.1 i) y l) reconoce que la contradicción con la norma estatal es evidente, pero que dicha contradicción no puede saldarse con la inconstitucionalidad del precepto autonómico, dado el exceso competencial en el que habría incurrido la norma estatal. Igualmente respecto al artículo 2.2 considera que las limitaciones derivadas de la norma autonómica son de índole menor. Finalmente señala que el artículo 5 se ampara en la competencia que el art. 121.1 b) EAC atribuye a la Generalidad de Cataluña sobre la regulación administrativa de las modalidades de ventas y no infringe el orden constitucional de competencias.
La Letrada de la Generalitat de Cataluña solicita mediante otrosí, el levantamiento anticipado de la suspensión, por las razones que ya quedaron expuestas en el antecedente 4 del ATC 146/2013, de 5 de junio.
5. La Letrada del Parlamento de Cataluña formuló sus alegaciones mediante escrito registrado el día 25 de marzo de 2013.
Por último, la Letrada del Parlamento de Cataluña solicita mediante otrosí, el levantamiento anticipado de la suspensión, por las razones que ya quedaron expuestas en el antecedente 5 del ATC 146/2013, de 5 de junio.
6. El Pleno, por providencia de 1 de abril de 2013, acordó incorporar a los autos los escritos de alegaciones que formulan los Letrados del Gobierno y del Parlamento de Cataluña, en representación de dicho Gobierno y Parlamento, y en cuanto a las solicitudes que formulan en los otrosíes acerca del levantamiento anticipado de la suspensión, oír al Abogado del Estado para que, en el plazo de cinco días, exponga lo que estime procedente al respecto.
Evacuado dicho trámite por el Abogado del Estado el 9 de abril de 2013, el Pleno por ATC 146/2013, de 5 de junio, acordó mantener la suspensión de los preceptos impugnados en el presente recurso.
7. Por providencia de 13 de diciembre de 2016, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 15 del mismo mes y año.
1. La presente resolución ha de resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Presidente del Gobierno contra los arts. 1.2, letras a) a e); 2.1, letras b), c), d), f), i) y l) y 2.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales, y 5 del mismo Decreto-ley 4/2012.
2. Pendiente el presente proceso la disposición derogatoria.1 de la Ley 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción de Cataluña, ha derogado la norma impugnada, lo que nos obliga a plantearnos los efectos que dicha derogación tiene sobre este recurso de inconstitucionalidad.
a) En primer lugar, la derogación de normas aprobadas en virtud de facultades legislativas de urgencia que tiene lugar durante la pendencia del recurso de inconstitucionalidad no excluye el control de este Tribunal sobre si al dictarlas se desbordaron los límites constitucionales ex art. 86.1 CE y, en lo que aquí interesa, sobre si concurría el presupuesto habilitante de la norma de urgencia (SSTC 155/2005, de 9 de junio, FJ 2; 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 4, y 68/2007, de 28 de marzo, FJ 4). De este modo, este Tribunal puede velar por el recto ejercicio de la potestad de dictar decretos-leyes, dentro del marco constitucional, decidiendo la validez o invalidez de las normas impugnadas, sin atender a su vigencia o derogación en el momento en que se pronuncia el fallo [por todas, STC 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 2 c)].
Esta doctrina supone que la denuncia de vulneración de los arts. 86.1 CE y 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) no se ve afectada por la regla general de la pérdida de objeto. La derogación de la norma no impedirá, por tanto, que podamos controlar si el ejercicio de la potestad reconocida al Gobierno de la Generalitat de Cataluña se realizó siguiendo las condiciones que le imponen la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña [en un sentido similar, STC 230/2015, de 5 de noviembre, FJ 3 a)].
b) La STC 82/2016, de 28 de abril, sintetiza la doctrina de este Tribunal acerca de la pérdida de objeto de los recursos de inconstitucionalidad con contenido competencial del modo siguiente: “a) en primer lugar, no pierden objeto cuando la norma impugnada es derogada y sustituida por otra que plantea esencialmente los mismos problemas competenciales, para lo cual resulta necesario realizar un contraste entre la Ley impugnada y la Ley vigente (así, SSTC 168/1993, de 27 de mayo, FJ 7; 61/1997, de 20 de marzo, FJ 3; 196/1997, de 13 de noviembre, FJ 2; 147/1998, de 2 de julio, FJ 5; 233/1999, de 12 de diciembre, FJ 3; 148/2000, de 1 de junio, FJ 3; 72/2003, de 10 de abril, FJ 2, y 18/2011, de 3 de marzo, FJ 3, por todas); b) lo mismo se ha afirmado cuando la norma impugnada no ha sido derogada, sino simplemente modificada, siempre y cuando el resultado de esa modificación permita concluir que el nuevo texto legal continúa suscitando, en esencia, los mismos problemas competenciales (así, SSTC 111/2012, de 24 de mayo, FJ 2, y 133/2012, de 19 de junio, FJ 2), pues en caso contrario habrá de concluirse que el recurso de inconstitucionalidad ha perdido su objeto [por todas, STC 143/2012, de 5 de julio, FJ 2 c)] de acuerdo con ese mismo criterio objetivo, si la norma impugnada es lisa y llanamente derogada sin que otra venga a sustituirla, o si la que la sustituye ya no plantea el mismo problema competencial, o si estamos ante una modificación en la que el nuevo texto legal resultante altera la controversia competencial planteada, la conclusión habrá de ser la aplicación de la regla general, según la cual el recurso de inconstitucionalidad se extingue en caso de derogación o modificación normativa, por desaparición sobrevenida del objeto del proceso constitucional”.
c) El análisis debe realizarse, por tanto, precepto por precepto. La aplicación de los anteriores criterios al caso que examinamos produce el siguiente resultado.
d) En suma, en el presente proceso analizaremos la vulneración de los arts. 86.1 CE y 64 EAC que se imputa a todos los preceptos impugnados y las tachas de extralimitación competencial que se formulan a las letras a), b) y e) del art. 1.2, así como al art. 2.1, letras b), c), d), f), i) y l) y 2.2 de la Ley 8/2004, en la redacción del Decreto-ley 4/2012, y 5 del mismo Decreto-ley 4/2012.
3. Es también doctrina de este Tribunal —doctrina que se ha establecido en relación con los Decretos-leyes estatales pero que resulta igualmente de aplicación a los Decretos-leyes autonómicos (STC 104/2015, de 28 de mayo, FJ 4)— que “el examen de las infracciones que se refieren al art. 86 CE ha de ser prioritario en el orden de nuestro enjuiciamiento, toda vez que en este caso las infracciones denunciadas inciden directamente sobre la validez de los preceptos impugnados y se cuestiona la legitimidad constitucional de su inclusión en una norma de urgencia … de modo que, si se estimaran las alegaciones relativas al art. 86 CE, resultaría innecesario el examen de las restantes alegaciones” (entre otras, SSTC 1/2012, de 13 de enero, FJ 3; 182/2013, de 23 de octubre, FJ 3, y 104/2015,de 28 de mayo, FJ 4).
Este Tribunal ha considerado que aunque la Constitución no prevea el Decreto-ley autonómico nada impide que el legislador estatutario pueda atribuir al Gobierno de las Comunidades Autónomas la potestad de dictar normas provisionales con rango de ley que adopten la forma de Decreto-ley siempre que los límites formales y materiales a los que se encuentren sometidos sean, como mínimo, los mismos que la Constitución impone al Decreto-ley estatal (SSTC 93/2015, de 14 de mayo, FFJJ 3 a 6; 104/2015 de 28 de mayo, FJ 4, y 38/2016, de 3 marzo, FJ 2, entre otras). Esto es, el Estatuto puede sólo añadir “cautelas o exclusiones adicionales” con el fin de “preservar más intensamente la posición del parlamento autonómico”. Ello implica que, para resolver la impugnación planteada frente al Decreto-ley catalán 4/2012, debamos tomar en consideración tanto la doctrina constitucional relativa al art. 86.1 CE, como los límites que haya podido concretar o añadir el legislador estatutario para el decreto-ley autonómico. En lo que resulta relevante para este proceso, el art. 64.1 EAC se refiere también a la “necesidad extraordinaria y urgente” como presupuesto habilitante para que el Gobierno pueda dictar “disposiciones legislativas provisionales bajo las forma de Decreto-ley”.
En el examen de esta cuestión hemos de partir de la doctrina de la STC 93/2015, de 14 de mayo, recogida en la STC 230/2015, de 5 de noviembre. Allí señalamos que “un Estatuto de Autonomía no puede atribuir al Consejo de Gobierno autonómico poderes de legislación de urgencia que no estén sujetos, en lo que corresponda, a los límites consignados en el art. 86.1 CE como garantía del principio democrático. En todo caso el Tribunal Constitucional podrá, aplicando directamente el parámetro constitucional ínsito en dicho principio, controlar la constitucionalidad de la legislación de urgencia que pueda adoptar el citado Consejo de Gobierno”, y se añade que “a la hora de enjuiciar la concurrencia del presupuesto habilitante del art. 86.1 CE, esto es, la extraordinaria y urgente necesidad del decreto-ley autonómico, este Tribunal deberá ponderar la competencia autonómica ejercida al efecto, pues la naturaleza y alcance de las competencias autonómicas hacen, en principio, menos necesario el recurso a la aprobación de normas legales de urgencia” (STC 93/2015, FJ 5).
La doctrina de este Tribunal ha sostenido también que, al efectuar “la valoración conjunta de factores que implica el control externo del presupuesto que habilita a acudir al Decreto-ley, un factor importante a tomar en cuenta es el menor tiempo que requiere tramitar un proyecto de ley en una Cámara autonómica (dado su carácter unicameral, así como su más reducido tamaño y menor actividad parlamentaria, en comparación con la que se lleva a cabo en las Cortes Generales), pues puede hacer posible que las situaciones de necesidad sean atendidas tempestivamente mediante la aprobación de leyes, decayendo así la necesidad de intervención extraordinaria del ejecutivo, con lo que dejaría de concurrir el presupuesto habilitante” (STC 157/2016, de 22 de septiembre, FJ 5, con cita de otras).
Lo anterior supone que el Gobierno autonómico debe describir, como se le exige al ejecutivo estatal, “la situación de necesidad de modo explícito y razonado”, sin necesidad de que “se refiera expresamente a todos y cada uno de los elementos determinantes de la misma, lo que no sería coherente con que la citada doctrina constitucional califique la decisión gubernativa de dictar un decreto-ley de ‘juicio político o de oportunidad’ y defina la verificación de esta decisión que atañe al Tribunal como ‘control externo’ a realizar mediante una ‘valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional’” (STC 93/2015, FJ 5). Finalmente nuestra doctrina recuerda que, es potestad del Tribunal valorar, de acuerdo al control externo referido, la concurrencia del presupuesto habilitante en términos más exigentes que los expresados en relación con los decretos-leyes estatales, a la hora de valorar la necesidad de “una acción legislativa que se materialice ‘en un plazo más breve que el requerido para la tramitación de las Leyes’ (por todas, STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 6)” y a la hora de encuadrar el ejercicio de la potestad normativa autonómica dentro del haz de competencias que son propias de la Comunidad Autónoma.
4. Conforme a lo anterior, cumple ahora valorar si, siempre dentro del “control externo” que nos compete, concurría el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad en el momento de ser aprobado el Decreto-ley 4/2012.
Tras exponer la evolución del régimen de la actividad comercial en Cataluña, señala que la publicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, introduce modificaciones normativas significativas en la regulación de los horarios comerciales y en la regulación de las actividades promocionales de ventas, que, a juicio de la exposición de motivos, “introducen nuevos elementos de ambigüedad en relación al marco normativo aplicable a partir de las competencias que el Estatuto de autonomía de Cataluña reconoce como exclusivas”. Indica además que “este Real Decreto-ley establece una serie de preceptos en materia de horarios comerciales con unos plazos que finalizan bien a los seis meses de su entrada en vigor o bien el 31 de diciembre de este año”, mientras que respecto a la venta en rebajas explica que la regulación estatal señala por un lado que “las rebajas se podrán realizar en los períodos estacionales de mayor interés comercial, según el criterio de cada comerciante; asimismo se establece que la duración de cada período de rebajas será decidido libremente por cada comerciante” y también fija en cuanto a los criterios a tener en cuenta a la hora de determinar los días festivos de apertura comercial autorizada —“la apertura en domingos y festivos correspondientes a los períodos de rebajas”, lo que “obliga a establecer cuáles son estos períodos en los que el comerciante libremente podrá realizar, o no, venta en rebajas sin las limitaciones, que desaparecen, que hasta la entrada en vigor del Real decreto ley 20/2012, se establecían en el punto 2 del artículo 25 de la Ley 7/1996 —duraciones mínimas y máximas de la venta en rebajas”.
5. De acuerdo con lo expuesto y en el ámbito del control externo que corresponde realizar a este Tribunal, “que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno” (STC 182/1997, de 30 de octubre, FJ 3), el Tribunal aprecia, en primer lugar, que el Gobierno de la Generalitat cumple con la exigencia de exponer explícita y razonadamente la situación de extraordinaria y urgente necesidad que le habilita, según el art. 64 EAC, a dictar disposiciones legislativas provisionales con la forma de decretos-leyes, aportando una justificación suficiente que permite apreciar la existencia de dicho presupuesto habilitante.
Tal y como ha apreciado este Tribunal [STC 18/2016, de 4 de febrero, FFJJ 9 a) y b)], el Real Decreto-ley 20/2012 contenía diversas remisiones al legislador autonómico para que, dentro de unos plazos perentorios, complementara la regulación estatal, estableciendo, en su defecto, la aplicación de un régimen de libertad de horarios y de apertura en domingos y festivos. Ciertamente la norma que examinamos ha fijado una ordenación de los horarios comerciales, de la apertura de domingos y festivos y de las temporadas de rebajas que no ha resultado pacífica en cuanto que también ha sido impugnada por motivos competenciales, pero eso no resulta relevante en este momento del enjuiciamiento, centrado en la existencia del presupuesto habilitante de la norma de urgencia. Lo que sí es relevante es que, como también ha señalado el Abogado del Estado en sus alegaciones, la regulación en la norma estatal de los horarios comerciales y de los domingos y festivos de apertura autorizada no era cerrada, sino que incluía una remisión a la legislación autonómica para que determinara, dentro de los límites fijados por el propio Real Decreto-ley 20/2012, el horario global semanal y el calendario de domingos y festivos de apertura para el año 2013. También dispuso, en ausencia de regulación autonómica, la plena libertad de los comerciantes para la fijación de los horarios comerciales y de los domingos y festivos de apertura autorizada. Es decir, que era la propia norma estatal la que reclamaba la intervención normativa autonómica estableciendo, en su defecto, un régimen de plena libertad horaria. Junto a ello, también ha quedado justificada, desde la perspectiva de la extraordinaria y urgente necesidad que estamos examinando, la necesidad de regular los períodos de venta en rebajas, pues la exposición de motivos argumenta que puede deducirse de un determinado entendimiento de las normas estatales [art. 25 de la Ley de ordenación del comercio minorista en relación con el art. 4.5 b) de la Ley de horarios comerciales], que correspondía a las Comunidades Autónomas determinar las temporadas de ventas en rebajas, sin que nos corresponda ahora hacer juicio alguno sobre dicha interpretación desde la perspectiva de la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma.
Esta conclusión no se ve enervada por la referencia a la primera de las razones alegadas —la discrepancia competencial con la norma estatal— que, a juicio del Abogado del Estado, se presenta como respuesta a una modificación del marco normativo estatal del que se deduce la necesidad de que la Comunidad Autónoma ocupe un determinado espacio con el fin de excluir del mismo a la norma estatal, en tanto se sustancia por el Tribunal Constitucional la controversia competencial en esta materia. En efecto, de las afirmaciones de la exposición de motivos acerca del debate competencial trabado entre la norma estatal y la autonómica no cabe deducir, como hace el Abogado del Estado, que el Decreto-ley se dicte con la finalidad de no cumplir la norma estatal, sino únicamente su voluntad de establecer la ordenación del comercio en Cataluña, específicamente en los tres aspectos que ya se han mencionado que, en el ejercicio de sus competencias, se considere mejor para los intereses de la Comunidad Autónoma. La circunstancia de que esta regulación se dicte con la finalidad de fijar de manera clara las normas aplicables no es, en sí misma, merecedora de reproche alguno, pues de la misma solo cabe presumir el legítimo ejercicio de sus competencias, sin perjuicio de advertir que, en el momento en que esta norma de urgencia se aprueba, el carácter básico de las previsiones del Real Decreto-ley 20/2012 no había sido confirmado por este Tribunal (en un sentido similar, STC 157/2016, FJ 6).
6. En segundo lugar el Abogado del Estado alega la extralimitación competencial en la que incurrirían los preceptos impugnados al regular los horarios comerciales, que se entienden contrarios a las competencias estatales del art. 149.1.13 CE.
Las partes no discuten el encuadramiento competencial de la cuestión discutida que es el del comercio interior, competencia en la que, conforme a nuestra doctrina, se integran los horarios comerciales (por todas, STC 88/2010, de 15 de noviembre, FJ 2). El debate se centra en determinar si la norma autonómica vulnera la normativa básica en materia de horarios comerciales constituida, en el momento de interponerse el recurso, por la Ley 1/2004, en la redacción dada por el art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012, o si, por el contrario, la regulación estatal que se propone como parámetro indirecto o mediato de constitucionalidad no tiene realmente carácter básico.
Se plantea así un problema que la doctrina de este Tribunal ha calificado de inconstitucionalidad mediata o indirecta, de manera que lo primero que hay que analizar es “si la norma estatal infringida por la ley autonómica [es], en el doble sentido material y formal, una norma básica y, por tanto, dictada legítimamente al amparo del correspondiente título competencial que la Constitución haya reservado al Estado. Y, en segundo lugar, [si] la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, [es] efectiva e insalvable por vía interpretativa” (SSTC 219/2013, de 19 de diciembre, FJ 4, y 210/2014, de 18 de diciembre, FJ 4, citada en STC 200/2015, de 24 de septiembre, FJ 4).
El artículo 27 del Real Decreto-ley 20/2012 es un precepto formalmente básico, pues con tal carácter se proclama en su disposición final cuarta. Su carácter materialmente básico se desprende de la doctrina que este Tribunal ha establecido en las SSTC 156/2015, de 9 de julio, FJ 10, y 18/2016, de 4 de febrero, FJ 9. En ambas se señaló que el Estado al dictar las reglas impugnadas contenidas en el art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012, con el carácter de norma básica ex art. 149.1.13 CE, se había atenido a un ejercicio adecuado de sus competencias, sin incurrir en un exceso competencial vulnerador de las competencias autonómicas en materia de comercio interior, criterio ratificado en decisiones posteriores, como las SSTC 37/2016, de 3 de marzo, FJ 4, y 55/2016, de 17 de marzo, FJ 4.
7. Abordaremos en primer lugar las impugnaciones relativas al art. 1.2 de la Ley 8/2004.
a) El artículo 1.2 a) dispone que “los establecimientos comerciales no pueden permanecer abiertos, ni realizar ninguna actividad de venta entre las 22 h y las 7 h. Los días 24 y 31 de diciembre han de adelantar su horario de cierre a las 20 h”.
Este precepto contradice la norma básica, el art. 3 de la Ley de horarios comerciales, en dos aspectos. Por un lado es básica la norma que atribuye al propietario, dentro del respeto al límite semanal, determinar el horario diario de apertura y cierre del establecimiento (STC 26/2012, FJ 7). Con respecto al horario diario de apertura, la Ley de horarios comerciales establece el principio básico de libertad de decisión por parte de cada comerciante, libertad que, en todo caso, puede ser limitada por la norma autonómica en el horario global semanal al que han de ajustarse los establecimientos comerciales de su territorio y dentro del cual corresponderá a cada comerciante determinar el horario diario de apertura y cierre de su establecimiento. Resulta entonces que la base estatal establece, con los límites del respeto al horario global semanal antes aludidos, un régimen de libertad de horarios respecto de los días laborables de la semana que, al igual que los examinados en otras ocasiones por este Tribunal (STC 140/2011, FJ 4, y las allí citadas), excluye la intervención autonómica en este concreto aspecto.
b) La letra e) del artículo 1.2 prescribe que “los establecimientos comerciales tienen que permanecer cerrados con carácter general los días 1 y 6 de enero, Domingo y Lunes de Pascua, 1 de mayo, 24 de junio, 11 de septiembre y 25 y 26 de diciembre”.
El Abogado del Estado alega la contravención de dos de los criterios del art. 4.5 de la Ley de horarios comerciales, los de las letras a) “La apertura en al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o más días festivos continuados” y d) “La apertura en los domingos o festivos de la campaña de Navidad”. La STC 156/2015, FJ 10, afirmó el carácter básico de ambos, pues sostuvo que la regulación de criterios para la determinación de los domingos y festivos de apertura en función del atractivo comercial para los consumidores “no supone sino el establecimiento de unas directrices o criterios globales que cumplen, dado su carácter de condiciones mínimas y comunes, los parámetros constitucionales para su consideración material de norma básica, en tanto que la misma encierra una serie de objetivos de política económica aplicables a un sector de gran trascendencia en nuestra economía como es el de la distribución comercial”. La STC 18/2016, FJ 9 b) consideró que “la nueva redacción del art. 4.5 de la Ley 1/2004, establece un régimen mínimo de regulación en materia de apertura de comercios en domingos y festivos, mínimo que, una vez respetado, permite a las Comunidades Autónomas determinar el número y los concretos días de apertura, respondiendo así, en cuanto tiene por finalidad fijar las bases de la regulación en la ordenación de la actividad comercial, a un adecuado ejercicio de las competencias estatales del art. 149.1.13 CE, tal como hemos dejado sentado en la STC 156/2015, FJ 10”.
Afirmado el carácter materialmente básico de las normas estatales, la conclusión no puede ser otra que la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos “domingo y lunes de pascua” y “25 y 26 de diciembre” del art. 1.2 e) de la Ley 8/2004, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2012, en los que, atendiendo a los criterios establecidos por las bases (STC 59/2016, de 17 de marzo, FJ 4), se residencia la contradicción entre el precepto autonómico y las normas estatales antes señaladas.
8. Del art. 2 de la Ley 8/2004 se han impugnado su apartado 1, letras b), c), d), f), i) y l) y su apartado 2, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2012.
a) El primer precepto impugnado es el art. 2.1 b) que, entre los supuestos de exclusión del horario comercial general, contempla “Los establecimientos instalados en puntos fronterizos y los que solo son accesibles desde el interior de las estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo”. El parámetro de contraste que se entiende vulnerado es el art. 5.1 de la Ley de horarios comerciales que reconoce libertad horaria a, entre otros, los establecimientos situados “en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo”.
El artículo 5 es un precepto básico, conforme a la STC 18/2016, FJ 9 c), que afirma lo siguiente: “En cuanto al primero de los aspectos discutidos la Generalitat de Cataluña cuestiona que la nueva regulación del artículo 5 en lo relativo a los establecimientos que gozan de libertad horaria supone el vaciamiento de la competencia autonómica en la materia. Tacha que no puede ser apreciada, pues, en la medida en que se establece una desregulación para determinados tipos de establecimientos es aplicable la doctrina de la STC 140/2011, de 14 de septiembre, FJ 4, en la que consideramos, en relación a determinados establecimientos que resultaba ‘legítimo que el Estado, por consecuencia, establezca un régimen homogéneo de libertad para todo el territorio nacional, de modo que el empresario decida el régimen de horarios que en cada caso resulta más conveniente para la atención de dicha demanda; legitimidad que no resulta enervada porque en este caso, a diferencia de otras regulaciones de la misma ley, no quepa intervención normativa de las Comunidades Autónomas’”.
b) El artículo 2.1 c) incluye entre los supuestos de exclusión del horario comercial general a los establecimientos dedicados a “la venta de combustibles y carburantes, sin que esta excepción abarque los establecimientos comerciales anexos a las gasolineras a menos que se limiten, esencialmente, a la venta de recambios y otros productos complementarios de la automoción.”
c) El siguiente precepto impugnado es el artículo 2.1 d) según el cual “los establecimientos situados en municipios turísticos de acuerdo con lo que establece el artículo 3” están excluidos del horario comercial general.
Ahora bien, la demanda se limita a señalar que el art. 3.1 de la Ley 8/2004, precepto al que se remite el que ahora impugna, vulnera los apartados 4 y 5 del art. 5 de la Ley de horarios comerciales, sin que tal alegación venga acompañada de un mínimo de argumentación acerca del reproche de inconstitucionalidad que se formula. Por ello, en relación con esta supuesta infracción de la normativa básica y de la vulneración mediata de la Constitución que podría conllevar, el Abogado del Estado ha incumplido la carga alegatoria que le incumbe, por lo que no procede entrar a examinarla (en un sentido similar, STC 157/2016, FJ 8).
d) Se impugna el art. 2.1 f) que dispone que están excluidos del horario general “las farmacias, que se rigen por su normativa específica”, en razón de que la norma no ha incluido a los estancos en el precepto, lo que sí hace el art. 5.6 de la Ley de horarios comerciales.
e) El artículo 2.1 i) prescribe la exclusión del horario general de “los establecimientos comerciales, de venta personalizada o en régimen de autoservicio, cuyos titulares son pequeñas o medianas empresas, que no pertenezcan a grupos o cadenas de distribución ni operen bajo el mismo nombre comercial, siempre que la superficie de venta no supere los 150 m2 y tengan una oferta orientada esencialmente a productos de compra cotidiana de alimentación”.
Se ha señalado ya que la regulación del artículo 5 de la Ley de horarios comerciales en lo relativo a los establecimientos que gozan de libertad horaria, ha de ser considerada básica [STC 18/2016, FJ 9 c), con remisión a la STC 140/2011, de 14 de septiembre, FJ 4]. Del contraste de la norma básica con la regulación autonómica se deduce que esta última introduce tres restricciones incompatibles con la libertad horaria reconocida a los establecimientos comerciales que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados en los términos del art. 5.2 de la Ley de horarios comerciales. Exige una superficie menor, 150 metros cuadrados; una limitación en la oferta de productos, esencialmente productos de compra cotidiana de alimentación, y que se trate de establecimientos de titularidad de pequeñas o medianas empresas. Por tanto, al incurrir en dicha contradicción con la norma básica, este precepto es contrario al orden constitucional de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucional y nulo.
f) Sobre el artículo 2.1 l) no hay argumentación específica en la demanda pues la que se formula, bien que vinculada al artículo 2.1 i), se refiere en realidad a la letra j). Dicha letra j) no ha sido formalmente impugnada, dado que no aparece en el acuerdo del Presidente del Gobierno por el que se decide interponer el presente recurso, el cual sí incluye la mencionada letra l). Procede, por tanto, su desestimación.
g) Resta por examinar el artículo 2.2 según el cual “los establecimientos situados en municipios turísticos, las tiendas de conveniencia y los establecimientos a los que hacen referencia las letras i) y l) del punto 1 de este artículo han de adelantar también su horario de cierre a las 20:00 horas los días 24 y 31 de diciembre, y tienen que permanecer cerrados los días 1 de enero y 25 de diciembre”.
La STC 26/2012, FJ 7, ya declaró que las normas estatales establecían “el principio básico de libertad de decisión por parte de cada comerciante, libertad que, en todo caso, puede ser limitada por la decisión autonómica en torno al horario global semanal al que han de ajustarse los establecimientos comerciales de su territorio y dentro del cual corresponderá a cada comerciante determinar el horario diario de apertura y cierre de su establecimiento, aspecto este último integrado en el margen de decisión otorgado a cada comerciante por la base estatal”. Ese principio básico se encuentra en el art. 3.2 de la Ley de horarios comerciales. A ello se añade que el carácter básico del reconocimiento de los supuestos de establecimientos comerciales que gozan de libertad horaria en el art. 5 de la Ley de horarios comerciales ha sido confirmado por la STC 18/2016, FJ 9.c). Ambas circunstancias determinan que el precepto, en cuanto limita el horario de apertura de establecimientos que gozan de libertad horaria conforme a la propia norma autonómica, incurra en una contradicción con las bases que resulta insalvable por vía interpretativa.
9. El último precepto impugnado es el artículo 5 que intitulado “Períodos para realizar ventas en rebajas” dispone lo siguiente:
“La venta en rebajas se puede llevar a cabo, a criterio de cada comerciante y durante el plazo que este considere adecuado, dentro de los siguientes períodos estacionales:
b) Período estacional de verano: desde el día 1 de julio hasta el día 31 de agosto, ambos incluidos.”
Esta queja ha de ser estimada. La ya citada STC 59/2016, FJ 4, se pronunció sobre un precepto materialmente muy similar incluido en la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra. Allí se señaló que: “El art. 28.3 del Real Decreto-ley 20/2012 es un precepto básico en el doble sentido material y formal. En el sentido formal, porque así se declara en la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 20/2012. También lo es en sentido material, pues ‘le es aplicable nuestra doctrina según la cual las normas que regulan un marco temporal para el desarrollo de específicas modalidades de ventas, deben considerarse integradas en las normas que velan por la defensa de la competencia (por todas, STC 106/2009, de 4 de mayo, FJ 2), siendo, por tanto, competencia del Estado ex art. 149.1.13 CE’ (STC 18/2016, FJ 10)”. Además consideramos que “la norma básica no circunscribe la temporada de rebajas a uno o varios periodos estacionales concretos, como tampoco otorga a este tipo de figura promocional una duración determinada, permitiendo así que sea el comerciante quien libremente adopte las correspondientes decisiones al respecto”.
Al igual que en el caso resuelto en la STC 59/2016, el contraste entre el tenor del precepto estatal y el contenido del precepto autonómico es evidente, resulta indudable ya que este último limita el número de períodos de ventas en rebajas a dos únicas temporadas al año, acotando las épocas en que cada una de ellas podrá tener lugar, e impone, además, para cada uno de tales períodos una duración máxima de dos meses. De este modo en el régimen aplicable a las ventas en rebajas, se introducen unas medidas restrictivas de la libertad del comerciante que no tienen cabida en el régimen liberalizador que configura el legislador estatal con carácter básico en este ámbito.
1º Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la impugnación de los arts. 1.2 c) y 1.2 d) de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción.
2º Declarar que son inconstitucionales y nulos los arts. 1.2 a) y b); los incisos “domingo y lunes de pascua” y “25 y 26 de diciembre” del art. 1.2 e); el inciso “los que solo son accesibles desde el interior de” del art. 2.1 b); el art. 2.1 i) y el art. 2.2, todos ellos de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción, así como el inciso “dentro de los siguientes períodos estacionales” y las letras a) y b) del art. 5 del Decreto-ley 4/2012, de 30 de octubre.
Se estima parcialmente el recurso. En relación con los preceptos que imponen límites espaciales o temporales a los horarios y días festivos de apertura de los comercios, así como límites al período de venta en rebajas, la Sentencia declara que contradicen la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, de carácter básico. Estos preceptos son incompatibles con el régimen liberalizador introducido por el legislador estatal, que deja estas decisiones en manos de los comerciantes. En consecuencia, la Sentencia concluye la inconstitucionalidad y nulidad de estos preceptos.
Se desestima el recurso en todo lo demás. Por un lado, en relación con el presupuesto habilitante del Decreto-ley, la Sentencia declara que no se han excedido los límites constitucionales ni estatutarios en su utilización. Por otro, se declara que el resto de preceptos, que establecen determinadas excepciones al régimen horario general según el tipo de comercio, pueden ser interpretados de forma que no exista contradicción con la libertad horaria reconocida por la normativa básica.
La ley básica estatal establece un régimen sobre libertad de horarios, que determina la intervención autonómica; y, vulnerando la libertad otorgada por la ley básica estatal, la norma autonómica impone límites al horario diario de apertura de los establecimientos comerciales [FJ 7].
La urgente y extraordinaria necesidad se encuentra en el ejercicio de la potestad autonómica de determinación del régimen de horarios comerciales, con el fin de evitar que la ausencia de regulación territorial comportase la aplicación del régimen de libertad absoluta establecido en la normativa estatal (Real Decreto-ley 20/2012); y viene también justificada por la disolución del Parlamento catalán debido a la convocatoria de elecciones autonómicas lo que, ya de por sí, imposibilitaba la intervención de la Cámara para aprobar las normas reclamadas o permitidas por la regulación estatal en el plazo por ella prevista [FJ 5].
Aplica la doctrina sobre la pérdida de objeto de recursos de inconstitucionalidad con contenido competencial contenida en la STC 82/2016 [FJ 2].
Aplica la doctrina sobre el carácter básico de la normativa estatal, el artículo 27 del Real Decreto-ley 20/2012, contenida en las SSTC 156/2015 y 18/2016 [FJ 6].
En el régimen aplicable a las ventas en rebajas, se introducen medidas restrictivas de la libertad del comerciante que no tienen cabida en el régimen liberalizador que configura el legislador estatal, con carácter básico, en este ámbito [FJ 9].
Artículo 1.2 a) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre) (anula)
Artículo 1.2 b) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre) (anula)
Artículo 1.2 e) expresión "25 y 26 de diciembre" (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre) (anula)
Artículo 1.2 e) expresión "domingo y lunes de Pascua" (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre) (anula)
Artículo 2.1 b) expresión "los que solo son accesibles desde el interior de" (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre) (anula)
Artículo 2.1 c) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre)
Artículo 2.1 d) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre)
Artículo 2.1 f) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre)
Artículo 2.1 i) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre) (anula)
Artículo 2.1 l) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre)
Artículo 2.2 (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre) (anula)
Artículo 5 a) (anula)
Artículo 5 b) (anula)
Artículo 5 expresión "dentro de los siguientes períodos estacionales" (anula)
Artículo 86.1, ff. 2, 3, 5
Artículo 149.1.13, ff. 1, 6, 7, 9
Artículo 25 (redactado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio), f. 9
Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio. Desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria
Artículo 29 g), f. 8
Artículo 3.1 (redactado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio), f. 6
Artículo 4 (redactado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio), f. 6
Artículo 4.2 (redactado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio), f. 2
Artículo 4.5 (redactado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio), f. 7
Artículo 4.5 a), f. 7
Artículo 4.5 b), f. 5
Artículo 4.5 d), f. 7
Artículo 5 (redactado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio), ff. 6, 8, 9
Artículo 5.1 (redactado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio), f. 8
Artículo 5.4 (redactado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre), ff. 6, 8
Artículo 5.5 (redactado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre), ff. 6, 8
Artículo 5.6, f. 8
Disposición adicional primera (redactada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio), f. 6
Disposición adicional segunda (redactada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio), f. 6
Artículo 1.2 (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), f. 7
Artículo 1.2 a) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), ff. 2, 6, 7
Artículo 1.2 a) a e) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), ff. 1, 2
Artículo 1.2 b) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), ff. 2, 6, 7
Artículo 1.2 c) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), f. 2
Artículo 1.2 d) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), f. 2
Artículo 1.2 e) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), ff. 2, 6, 7
Artículo 1.2 e) expresión "25 y 26 de diciembre" (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), f. 7
Artículo 1.2 e) expresión "domingo y lunes de Pascua" (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), f. 7
Artículo 2 (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), f. 8
Artículo 2.1 a) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), f. 8
Artículo 2.1 b) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), ff. 2, 6, 8
Artículo 2.1 b) expresión "los que solo son accesibles desde el interior de" (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), ff. 1, 8
Artículo 2.1 c) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), ff. 1, 2, 6, 8
Artículo 2.1 d) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), ff. 1, 2, 6, 8
Artículo 2.1 f) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), ff. 1, 2, 6, 8
Artículo 2.1 i) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), ff. 1, 2, 6, 8
Artículo 2.1 j), f. 8
Artículo 2.1 l) (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), ff. 1, 2, 6, 8
Artículo 2.2 (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), ff. 1, 2, 6, 8
Artículo 3 (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), f. 8
Artículo 3.1 (redactado por el Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre), f. 8
Artículo 64, ff. 2, 5
Artículo 64.1, ff. 3, 5
Artículo 27, ff. 1, 5, 6
Artículo 28, ff. 1, 5, 9
Artículo 28.3, f. 9
Disposición transitoria decimocuarta, f. 5
Disposición final cuarta, ff. 6, 9
Decreto-ley de la Junta de Castilla y León 1/2012, de 16 de agosto. Establece medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria
Decreto de la Generalidad de Cataluña 104/2012, de 1 de octubre. Convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución
Decreto-ley de la Junta de Extremadura 3/2012, de 19 de octubre. Estímulo de la actividad comercial
Decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears 11/2012, de 19 de octubre. Modifica la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad en las Illes Balears
Artículo 5 a), f. 9
Artículo 5 b), f. 9
Decreto-ley de la Diputación General de Aragón 1/2013, de 9 de enero. Modifica la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial y la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura de festivos
Decreto-ley de la Junta de Andalucía 1/2013, de 29 de enero. Modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del comercio interior de Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico
Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero. Horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción
Artículo 1.2 b), f. 2
Artículo 1.2 e), f. 2
Artículo 16.10, f. 2
Artículo 7.1 , f. 6
Inconstitucionalidad mediataInconstitucionalidad mediata, ff. 6 a 9
Medidas de liberalización económicaMedidas de liberalización económica, ff. 6 a 9
Ordenación del comercioOrdenación del comercio, ff. 6 a 9
Carácter básico de las normas jurídicasCarácter básico de las normas jurídicas, ff. 6 a 9
Decretos-leyes autonómicosDecretos-leyes autonómicos, ff. 3 a 5
Horarios comercialesHorarios comerciales, ff. 6 a 8
Ventas en rebajasVentas en rebajas, f. 9

References: artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 5
 resolución 
 Real decreto 
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 5
 artículo 27

Artículo 1

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Artículo 2

Artículo 2

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Artículo 5

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Artículo 86

Artículo 149

Artículo 25

Real Decreto 

Artículo 29

Artículo 3

Artículo 4

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Artículo 5

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Artículo 1

Artículo 1

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Artículo 1

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Artículo 2

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Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

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Artículo 2

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Artículo 2

Artículo 3

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Artículo 64

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Artículo 27

Artículo 28

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Artículo 5

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Artículo 1

Artículo 1

Artículo 16

Artículo 7