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Timestamp: 2019-09-20 18:43:46+00:00

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﻿ SENTENCIA SL13797-2017/54175 DE AGOSTO 29 DE 2017
SENTENCIA SL13797-2017 DE 29 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:SI LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, NO ESTABLECE QUE EL REQUISITO DE EDAD PARA ACCEDER A LA PENSIÓN SE PUEDE CUMPLIR CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO SÓLO PROCEDE CUANDO CONCURRAN TODOS LOS REQUISITOS EN VIGENCIA DEL VÍNCULO LABORAL. SE RECUERDA QUE CUANDO LAS PARTES NO ESTIPULAN EXPRESAMENTE EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, UNA CLÁUSULA RESPECTO, A QUE LA EDAD NECESARIA PARA ADQUIRIR EL DERECHO A LA PENSIÓN SE PUEDA CUMPLIR CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 467 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJOEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO SÓLO PROCEDE SIEMPRE Y CUANDO, CONCURRAN LOS REQUISITOS, DE EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO, EN VIGENCIA DEL VÍNCULO LABORAL. POR ELLO, SI EN UN PROCESO SE TIENE QUE EL REQUISITO DE EDAD NECESARIA PARA ACCEDER A LA PENSIÓN, SE CUMPLIÓ CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL BAJO EL SUPUESTO QUE LA CONVENCIÓN COLECTIVA LO DEFINIÓ ASÍ, PESE A NO CONTEMPLARLO, SE GENERA UN ERROR DE APRECIACIÓN QUE CONLLEVA A QUE EL RECURSO DE CASACIÓN PROSPERE, REVOCANDO LA CONDENA AL PAGO DE LA PENSIÓN CONVENCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, CONVENCIÓN COLECTIVA, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, PENSIÓN CONVENCIONAL, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN
Sentencia SL13797-2017/54175 de agosto 29 de 2017
SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 2
Rad. 54175
Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.
Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (fls. 23, cdno. del Tribunal y 5, cdno. de la Corte).
No le asiste razón a la parte opositora en los defectos que, en su parecer, presenta la demanda de casación. En efecto, al hacerlo por la vía indirecta, la convención se convierte en documento probatorio a partir del cual se pudo cometer error de hecho por apreciación errónea. Igualmente, al citar los artículos 467 a 480 del Código Sustantivo del Trabajo como normas infringidas, son suficientes para su estudio de fondo. Si bien, la Sala advierte que el casacionista no indicó el desenlace procesal, luego de casar la sentencia, tal falencia es superable, bajo el entendido que, si se llegare a casar el fallo, el querer del impugnante es la revocatoria de la sentencia de primera instancia y su absolución.
Estima el recurrente que el Tribunal apreció erróneamente las pruebas, primero, la convención colectiva de trabajo suscrita entre la EDIS y su sindicato de trabajadores, para la vigencia 1989-1990. Alude que el artículo 30 referente a la pensión de jubilación no es aplicable en el evento de que, quien fuera servidor de la empresa, ya no lo sea al momento de cumplir la edad convenida. Y en segundo lugar, dejó de apreciar las certificaciones de tiempo de servicio, que dan cuenta que finalizó su vínculo el 3 de octubre de 1994, así como el registro civil de nacimiento del demandante, que, demuestra que cumplió los 50 años el 18 de diciembre de 2003, cuando ya no era trabajador de la empresa.
Dispone el artículo 30 convencional:
“Pensión de jubilación: El derecho para gozar de la pensión de jubilación, quedará así:
a) El personal con veinte (20) años o más de servicio exclusivamente a la Empresa y cincuenta (50) años de edad se pensionará con el ochenta y cinco (85%) de la asignación mensual promedio en el último año de servicio”.
Sobre el tema del sentido que ha de dársele a las normas convencionales, la Corte viene sosteniendo que no es la encargada de fijarlo, por cuanto sus cláusulas no tienen las características de ley sustancial de alcance nacional, correspondiendo entonces a las partes hacerlo; excepto cuando el desatino es muy notorio y, por tanto, pueda considerarse como error de hecho manifiesto. Sin embargo, la Corporación ha venido fijando en cada caso, el único criterio posible.
Pero, para el evento que en esta ocasión ocupa la atención de la Corte —causación del derecho pensional convencional en vigencia del contrato de trabajo—, independientemente de cada convención colectiva, ha dejado de lado la interpretación razonable que hace el juez a través de la formación libre del convencimiento, para señalar derroteros de interpretación unívoca.
Así, por ejemplo, en sentencia CSJ SL, ago. 1º/2006, rad. 27491, se dijo:
[…] Como la discusión se circunscribe al entendimiento que debe darse a la cláusula décimo séptima de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Compañía de Electricidad y Gas de Cundinamarca S.A. ‘Celgac S.A.’ y la agremiación sindical Sintraelecol (fls. 35 a 53), con vigencia para el bienio 1991-1993, a efectos de establecer si de la pensión de jubilación allí prevista son beneficiarios también quienes habiendo prestado sus servicios a la empresa durante el tiempo mínimo de servicio (20 años), cumplen la edad mínima (51 años) cuando ya no tienen la calidad de trabajadores (fls. 45 a 46), importa recordar que, como lo ha explicado la Corte en reiteradas oportunidades, el objeto del recurso de casación no es fijarle el sentido que como norma jurídica pueda tener una convención colectiva de trabajo, ya que, no obstante su gran importancia en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho del trabajo, jamás puede participar de las características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes que las celebran quienes están llamadas, en primer término, a establecer su sentido y alcance.
Precisamente en atención al origen y finalidad de la convención colectiva de trabajo, carece ella del alcance nacional que tienen las leyes del trabajo sobre las cuales sí le corresponde a la Corte interpretar y sentar criterios jurisprudenciales, por lo que, en tanto actúa como tribunal de casación, lo único que puede hacer, y ello siempre y cuando las características del desatino sean de tal envergadura que puedan considerarse un error de hecho manifiesto, es corregir la equivocada valoración como prueba de tales convenios normativos de condiciones generales de trabajo […].
Posteriormente, en la sentencia CSJ SL, ene. 23/2008, rad. 32009 precisó:
[…] En concordancia con esa directriz legal, esta Sala de la Corte ha sostenido reiteradamente que no se produce un error de hecho cuando el juzgador de instancia opta por uno de los entendimientos que es factible atribuirle a una cláusula convencional, porque en tal caso el juez no hace cosa diferente que acudir a la facultad que le otorga el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, para formar libremente su convencimiento y ese ejercicio es intocable en sede de casación, salvo —se aclara— que en esa actividad interpretativa se altere por completo el texto convencional respectivo. Por otra parte, la convención colectiva es en casación una prueba del proceso y por lo tanto la función de “unificación de la jurisprudencia nacional”, que se le ha atribuido al recurso extraordinario, no puede desarrollarse a partir de las cláusulas de dichos acuerdos colectivos.
De conformidad con los parámetros que se anotaron, no incurrió el Tribunal en un error protuberante cuando dio al precepto convencional el alcance reseñado, porque la expresión relativa a que la pensión se reconocerá a los trabajadores que hayan cumplido 50 años de edad bien admite el entendimiento otorgado por el juzgador, esto es, que la edad debe cumplirse estando el trabajador en servicio activo y no con posterioridad al retiro, por cuanto ese es el significado obvio de las palabras utilizadas por las partes, sin que esta interpretación se muestre como irrazonable o contraria al contenido literal de la disposición o a la intención de los contratantes.
Conviene agregar que en principio es cierto que legalmente se descarta la extensión de las disposiciones convencionales a situaciones acaecidas después de terminados los contratos de trabajo en tanto así lo consagra el categórico imperativo legal del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, sin embargo, es posible que las partes, dentro de su autonomía, acuerden dicha extensión, sin que ello sea per se contrario al orden público o a normas superiores, considera sin embargo, que en tales eventos la obligación debe quedar expresa y explícitamente estipulada, precisamente por ser una excepción al principio legal contenido en la norma que se acaba de señalar, que impone el deber de su consagración manifiesta, clara e inequívoca […].
Luego, en sentencia CSJ SL, jul. 14/2009, rad. 32402, asentó:
[…] Y, en el caso bajo estudio, ciertamente que la norma convencional de marras no condiciona la prerrogativa pensional a la circunstancia de ostentar el peticionario la calidad de trabajador activo al cumplir la edad que ella prevé, por lo que, con mayor, razón, entonces, el alcance pregonado por el ad quem no comporta arbitrariedad, capricho o desafuero alguno, sino una conclusión debidamente fundamentada, ponderada y plenamente admisible, incluso avizorada por otras autoridades judiciales como la Sala de Consulta del Consejo de Estado(1) y la Corte Constitucional, en la materia específica acá tratada, o esta Sala, en asuntos un tanto similares como el traído a colación por el ad quem. De tal postura, pues, es factible discrepar, en todo o parcialmente, pero, per se, la misma no denota error de hecho alguno, manifiesto o evidente que permita la prosperidad de la acusación.
Debe advertir la Sala que la decisión aquí tomada en nada contradice a la sentencia por ella proferida el 18 de mayo de 2005, radicación 23776, ya que, aun cuando la problemática en ambos casos es similar, y la parte demandada la misma, la convención colectiva de trabajo que originó la litis fue celebrada entre sindicato y entidad diferentes (secretaría de obras públicas del distrito con su sindicato de trabajadores), amén de que el texto convencional no es igual. Cuestión diferente es que el Distrito Capital haya tenido que asumir los pasivos legales de diversas entidades […].
Igualmente, en providencia CSJ SL, sep. 13/2011, rad. 39859 apuntó:
[…] Sin embargo, si se pudieren dispensar los señalados desatinos de igual manera la acusación, que alude a la interpretación que diere el tribunal al citado artículo 30 de la Convención Colectiva de Trabajo, no encontraría prosperidad alguna al remitirse la Sala a sus múltiples pronunciamientos al respecto en los que se ha insistido en que no puede ser función de la Corte fijar el sentido de las normas convencionales que no tienen el carácter de leyes de alcance nacional y en tal razón sólo podría estructurarse error manifiesto de hecho cuando se les hace decir lo que no expresan o se desvirtúa su contenido.
Así lo diría la Sala, como en diferentes y múltiples oportunidades lo ha expresado, en sentencia de radicación 32835 de noviembre de 2007 referida por la recurrente, en proceso contra la misma demandada y en relación a idéntica controversia:
En efecto, ha explicado esta Sala de la Corte que el objeto del recurso de casación no es fijar el sentido que pueda tener una convención colectiva de trabajo, ya que, no obstante su gran importancia en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho del trabajo, jamás puede participar de las características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes que las celebran quienes están llamadas, en primer término, a establecer su sentido y alcance; por imperativo legal los contratos y convenios entre particulares —y la convención no es otra cosa diferente a un acuerdo de voluntades sui generis— deben interpretarse ateniéndose más a la intención que tuvieron quienes lo celebraron, si dicha intención es claramente conocida, que a las palabras de que se hayan servido los contratantes. Esta regla de interpretación está expresada en el artículo 1618 del Código Civil, y aun cuando referida en principio a los contratos de derecho común, también debe ser tomada en consideración por los jueces del trabajo; y dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo faculta a los jueces laborales para que en las instancias aprecien libremente la prueba, es un deber de la Corte, en su condición de tribunal de casación y en todos los casos en que no se configure error de hecho manifiesto, respetar las apreciaciones razonadas que de la convención colectiva de trabajo —mirada ella como prueba de las obligaciones que contiene— haga el Tribunal fallador.
De igual manera se pronunció la Sala, en sentencia de radicación 24485 de febrero de 2005, en debate similar en las que se hacían las siguientes reflexiones:
“En relación con el aspecto de fondo, la acusación gira en torno al alcance del precepto convencional que consagra la pretendida pensión, y en el cual se apoyó el Tribunal para acceder a su concesión. A este respecto cabe recordar, como lo ha señalado insistentemente esta Corporación, que “no es función de la Corte fijar el sentido que puedan tener las convenciones colectivas de trabajo, puesto que carecen ellas de las características de las normas legales de alcance nacional, sobre las cuales sí le corresponde interpretar y sentar criterios jurisprudenciales, por lo que, en tanto actúa como tribunal de casación, lo único que puede hacer, y ello siempre y cuando las características del desatino sean de tal envergadura que puedan considerarse errores de hecho manifiestos, es corregir la errónea valoración como prueba de tales convenios …” (sentencia de junio 23 de 2000, reiterada el 23 de noviembre de 2001 y, más recientemente, el 11 de diciembre de 2003, rads. 13856, 16700 y 21112) […].
“De tal modo, e independientemente de que se comparta o no la apreciación del Tribunal, ha de excluirse de plano, en el sub examine, la presencia de un error evidente de hecho, como que la sola lectura de la norma no permite precisar si la edad exigida para acceder a la pretendida pensión de jubilación, debe haberse cumplido como trabajador activo de la empresa, como lo sugiere la censura o si, como lo entendió el sentenciador, puede ésta cumplirse con posterioridad al retiro.
En tal razón y en virtud a lo expuesto la Sala respeta los diferentes y hasta opuestos criterios, que frente a los alcances de una misma norma convencional se ostenten por lo que siendo ellos plausibles y razonables en manera alguna podrían estructurar, como se dijo, error manifiesto de hecho.
Explica con suficiencia lo dicho la razón de los resultados disímiles en relación a controversias respecto al entendimiento de una norma convencional en los que la Corte aplica el mismo principio señalado […].
Más recientemente, en sentencia CSJ SL6181-2014, recordó:
[…] Así las cosas, no se erige como descabellada la valoración probatoria del Tribunal, con base en la apreciación de la cláusula de marras, siendo tal postura razonada y ajustada a lo estipulado por las partes convencionalmente y por consiguiente no queda otro camino que respetarla y mantenerla.
Cabe agregar, que al no ser las estipulaciones de una convención colectiva de trabajo normas legales sustanciales de alcance nacional, sólo en el evento de una interpretación absurda por parte del sentenciador la Corte puede separarse de ella para derivar un yerro ostensible por la errónea valoración de una prueba, situación que no ocurre en esta oportunidad.
Ahora bien, no desconoce la Sala que la apreciación que le imprime el recurrente en casación a la aludida cláusula convencional también es razonada; pero mientras esta Corporación no encuentre irracional o alejado totalmente del texto convencional el entendimiento dado por el juzgador, no es viable dar por acreditado un error de hecho con el carácter de manifiesto o protuberante.
Sobre esta precisa temática, concerniente a la estimación de la prueba de la convención colectiva de trabajo, cuando admite más de una interpretación razonada, la cual queda enmarcada dentro de la potestad de apreciar libremente los medios probatorios otorgada a los Jueces por el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 61, entre otros pronunciamientos, en sentencia de la CSJ SL, ene. 28/98, rad. 10170, reiterada en casaciones del 30 de junio de 2005, rad. 24938 y 25 de junio de 2009, rad. 35549, la Sala adoctrinó:
Planteada la situación así, se tiene que frente a dos ejercicios hermenéuticos en torno a una misma norma convencional, igualmente atendible por su desarrollo lógico y racional, no es posible concluir que se dé un yerro fáctico de tal entidad que dé lugar a la prosperidad del cargo en el recurso extraordinario de casación, ya que como se expresó en sentencia del 22 de octubre de 1997, radicación 9839, la “(...) Sala ha sostenido en reiteradas providencias que respecto al alcance y extensión de textos convencionales, no se configura error de hecho capaz de hacer prosperar cargo en casación cuando éste se sustenta en el planteamiento de alternativa de interpretación de precepto de acuerdos colectivos al menos tan racionalmente acogibles como los expuestos por el ad quem, pues ello además implicaría inmiscuirse en el fuero que a tal juzgador le otorga el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral.
En este orden de ideas, no es factible concluir en la presente causa, que al valorarse la norma convencional en comento —que valga decir, no es del todo clara en su redacción—, se hubiere presentado una mala apreciación de este medio de convicción […].
Continuó la Corte con el mismo criterio, al disponer en Sentencia SL1238-2015:
[…] Conforme se expone en el cargo, corresponde determinar a esta Corporación si el Tribunal erró al momento de interpretar el literal b) del artículo 42 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la empresa distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, y el sindicato Sintratatel, vigente entre el 1º de septiembre de 1997, y el 31 de agosto de 1999, en tanto la prestación económica allí consagrada, únicamente beneficia a aquellos trabajadores que en vigencia de la relación laboral acrediten los requisitos de tiempo de servicios y edad.
De antaño, ha sostenido esta Corporación, que el error de hecho debe ser manifiesto, evidente u ostensible, y dada su protuberancia, encontrarlo no merezca mayor esfuerzo.
Además, se ha indicado que no es una finalidad del recurso extraordinario de casación, el entrar a establecer el sentido de las normas convencionales, en tanto su clausulado no comporta las características de que gozan las normas legales de alcance nacional, siendo en consecuencia las partes quienes deben establecer su sentido y alcance, excepto cuando el desatino es tan notorio, que se llegue a considerar como un error de hecho manifiesto, y comporte realizar las correcciones necesarias.
Por otro lado, no debe pasar inadvertido, que tal como lo señala el artículo 1618 del Código Civil, los contratos y convenciones celebrados entre particulares, deben interpretarse conforme a su intención, y no en cuanto a su literalidad; adicional a lo anterior, dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social faculta a los juzgadores a formar libremente su convencimiento, sin estar sujetos a la tarifa legal de pruebas, deben respetarse las apreciaciones razonadas que se hagan los jueces de la convención colectiva de trabajo, a menos que, como se dijo precedentemente, se configure un error ostensible de hecho.
Precisado lo anterior, no se encuentra que la interpretación dada por el Tribunal al literal b) del artículo 42 de la convención colectiva de trabajo sea irracional o absurda, descartando de esa manera el yerro evidente, en tanto de dicha cláusula dable es entender, tal como lo hizo el juez de apelación, que ese beneficio cobijaba a los extrabajadores de la accionada […].
Pero, ya en la Sentencia SL11803-2017, dio un giro en cuanto a los diferentes y posibles alcances que de una misma cláusula convencional hagan los operadores judiciales, al sostener que se puede apartar de aquellos y fijar el único posible, cuando asentó:
[…] Puestas las cosas en sus debidas dimensiones, en el presente asunto le corresponde a la Sala dilucidar si el actor tiene derecho a la pensión restringida de jubilación consagrada en el artículo 42 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la EDT y su sindicato de trabajadores, cuyo tenor literal es el que sigue: […]
[…] Ahora bien, en asuntos similares adelantados contra la hoy recurrente esta Sala sostenía que no era su función fijar el sentido de las cláusulas plasmadas en las convenciones colectivas de trabajo, pese a la gran importancia que tienen esos acuerdos en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho laboral, dado que no son normas legales sustanciales de alcance nacional y, que por tal razón, son las partes las que, en principio, están llamadas a determinar su sentido y alcance.
De ahí que esta Corporación sólo podía separarse de la interpretación que le asignara el juzgador, en caso de que ella se exhibiera absurda, para concluir que, por su errónea apreciación como prueba, se produjo un yerro ostensible, protuberante o manifiesto.
No obstante, en Sentencia CSJ SL2733-2015 la Corte rectificó dicho criterio para señalar que la interpretación más sólida y mejor construida y, por tanto, acertada, es aquella según la cual, la pensión de jubilación prevista en la norma que viene de transcribirse se causa o adquiere con el requisito de la prestación de los servicios y un retiro diferente al despido por justa causa, de modo que el cumplimiento de la edad constituye una mera condición para su exigibilidad […].
Y continuó la línea en providencia SL609-2017:
[…] El artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo consagra que la convención colectiva tiene por objeto “fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”.
De lo anterior se deriva que en principio, las disposiciones que pacten las partes en virtud de la negociación colectiva, debe entenderse que tienen vocación de ser aplicadas a situaciones existentes en el lapso que conserve su vigor el contrato de trabajo, pues una vez éste termine, cesan las obligaciones recíprocas.
Ahora bien, la jurisprudencia de la Corporación ha considerado entre otras, en sentencia CSJ SL, ene. 23/2008, rad. 32009, reiterada en la sentencia CSJ SL8655-2015, que esa regla general atinente a que las previsiones convencionales no se extienden allende la vigencia de los contratos de trabajo, admite una excepción, cuando las partes de común acuerdo así lo dispongan, y prevean la extensión de sus efectos a situaciones ulteriores, sin que ello implique vulneración del ordenamiento jurídico por no existir prohibición expresa al respecto. Sin embargo, esa situación por ser excepcional, debe quedar consagrada de manera expresa, clara y manifiesta.
Así se pronunció la Corporación, en las providencias referidas:
Conviene agregar que en principio es cierto que legalmente se descarta la extensión de las disposiciones convencionales a situaciones acaecidas después de terminados los contratos de trabajo en tanto así lo consagra el categórico imperativo legal del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, sin embargo, es posible que las partes, dentro de su autonomía, acuerden dicha extensión, sin que ello sea per se contrario al orden público o a normas superiores, considera sin embargo, que en tales eventos la obligación debe quedar expresa y explícitamente estipulada, precisamente por ser una excepción al principio legal contenido en la norma que se acaba de señalar, que impone el deber de su consagración manifiesta, clara e inequívoca.
Esto significa, que como las partes en la convención colectiva en el sub lite, no entronizaron la previsión pensional dejando expresamente consagrada la voluntad de que el derecho fuera reconocido en favor de los extrabajadores, permitiendo así el cumplimiento del requisito de la edad después de extinguida la relación laboral, hecho que no se discute dada la orientación jurídica del ataque, el Tribunal no podía conceder la prerrogativa deprecada tratando de desentrañar la intención de los contratantes ni apelando a “la filosofía y finalidad de la prestación pretendida”, pues con esa conducta transgredió el recto entendimiento que debe darse al artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con el cual se itera, la vocación legal de los acuerdos colectivos es regular las relaciones laborales mientras ellas perduren, salvo que las partes expresamente en el ejercicio de la autonomía de la voluntad dentro del marco legal prevean otra cosa.
Tampoco era viable la aplicación del principio in dubio pro operario, pues por regla general éste sólo “opera frente a un conflicto real en las fuentes de derecho, que no ante una incertidumbre fáctica” (CSJ SL, nov. 4/2009, rad. 5818, tesis reiterada en la CSJ SL7807-2016).
Entonces, cuando las partes no estipulen expresamente que la prestación pensional de origen convencional puede ser causada con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, la única lectura posible de la cláusula, de conformidad con el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, es que el derecho procede siempre y cuando se reúnan los requisitos en este caso, de edad y tiempo de servicios, mientras esté en vigor el vínculo laboral, y en ese punto de precisa la doctrina de la Corporación vigente sobre el tema […] (negrillas fuera del texto).
Reiterada en la sentencia SL2478-2017:
[…] Del contenido de la previsión, surge con nitidez que las partes no estipularon expresamente que la prestación pensional de origen convencional pudiera causarse con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo; en consecuencia, la única lectura posible de la cláusula, con arreglo al artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, es que el derecho procede siempre y cuando se reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios mientras esté en vigor el vínculo laboral, como se consideró en el fallo gravado, por lo que el juzgador no incurrió en un defecto valorativo respecto de ese medio de convicción […].
Y en la providencia SL6107-2017 concluyó:
[…] Por lo demás, y aún si se pasaran por alto los anteriores dislates, el cargo no tendría vocación de prosperidad, porque la Sala no hallaría error manifiesto del tribunal en la interpretación de la cláusula convencional, pues de su texto emerge que las partes no estipularon expresamente que la prestación pensional de origen convencional pudiera causarse con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo.
En un caso de similares contornos, contra la misma demandada Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP, y frente a la cláusula convencional objeto del presente proceso, esto es, el artículo 38 de la convención colectiva suscrita entre el sindicato de trabajadores de la secretaría de obras públicas de Bogotá D.C. y Bogotá D.C., con vigencia entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1996, precisó la Sala en sentencia CSJ SL2478-2017:
La Corte no encuentra error manifiesto de apreciación probatoria por parte del tribunal. En efecto, dice el artículo 38 convencional:
“ART. 38.—Pensión de jubilación: Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, continuará reconociendo y pagando la pensión mensual vitalicia de jubilación a todos los trabajadores de la secretaría de obras públicas que hayan cumplido cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos a Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital.
Del contenido de la previsión, surge con nitidez que las partes no estipularon expresamente que la prestación pensional de origen convencional pudiera causarse con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo; en consecuencia, la única lectura posible de la cláusula, con arreglo al artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, es que el derecho procede siempre y cuando se reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios mientras esté en vigor el vínculo laboral, como se consideró en el fallo gravado, por lo que el juzgador no incurrió en un defecto valorativo respecto de ese medio de convicción […].
En efecto, dado que la Corte ha venido precisando el alcance de las cláusulas convencionales, sin querer significar con ello, que, tales instrumentos sean fuente de interpretación atacables por vía directa; sino, por el contrario, que siguen siendo documentos probatorios susceptibles de errores, siempre atacables por la indirecta, se tiene que, en consonancia con los tres últimos precedentes jurisprudenciales transcritos, el cargo referido prospera por los siguientes motivos:
El contrato de trabajo que unió a las partes, finalizó el 3 de octubre de 1994, superando los 20 años de servicio; mientras que el trabajador cumplió los 50 años para adquirir el derecho pensional el 18 de diciembre de 2003, es decir ya finalizado el vínculo. Lo que quiere decir que el error advertido por el casacionista en la apreciación errónea de la Convención Colectiva en cuanto se tuvo por demostrado que el actor cumplió con los requisitos del artículo 30 y, la falta de apreciación de los demás documentos relacionados con la prestación del servicio y la edad del demandante, como resultado del error de no dar por probado estándolo, que el demandante al momento de cumplir la edad, ya no era trabajador de la demandada, resultaron probados.
La Convención Colectiva de Trabajo no contiene cláusula relacionada con que, la edad necesaria para adquirir el derecho a la pensión, se pueda cumplir luego de terminado el contrato de trabajo, lo cual implica que al tenor del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo la cláusula 30 de la Convención fue mal apreciada, ya que debe entenderse que los requisitos de edad y tiempo deben concurrir en vigencia del vínculo laboral.
En conclusión, el cargo prospera y se casará el fallo.
El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante fallo del 30 de octubre de 2009, resolvió (fls. 525 a 536, cdno. del juzgado):
“1. Condenar a la demandada Bogotá Distrito Capital - Secretaría de Hacienda representada legalmente por el dr. Luis Eduardo Garzón o por quien haga sus veces a pagar al demandante señor Libardo Melo [sic] identificado con C.C. 19.217.976 [sic] de Bogotá una pensión de jubilación en cuantía inicial de $ 388.425.63, desde el 18 de diciembre de 2003, junto con los incrementos legales y mesadas adicionales a que haya lugar, sin que dicha pensión pueda ser inferior al salario mínimo mensual para dicha fecha, pero solo será pagadera desde el 28 de marzo de 2004, ya que las mesadas anteriores se encuentran prescritas. Lo anterior, conforme a la parte motiva de ésta providencia.
2. Absolver a la demandada de las restantes súplicas de la demanda.
3. Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción sobre las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 28 de marzo de 2004.
4. Condenar en costas a la parte demandada”.
La parte demandada apela la condena bajo la argumentación expuesta en casación y, que, efectivamente dio lugar a la prosperidad del recurso. En consecuencia, el numeral 1º del fallo se revocará y en su lugar se absolverá a la accionada del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación como lo indicó el a quo.
De otro lado, dada la revocatoria de la pensión convencional, como se indicó, y por cuanto el demandante, en subsidio de aquella, pretende el reconocimiento y pago de la pensión legal de jubilación establecida en el artículo 3º, numeral 10 del Decreto 716 del 20 de noviembre de 1996, y que el a quo expresó que “dado el resultado anterior se hace innecesario el estudio de estas [sic] pretensiones subsidiarias”, se abordará su análisis.
El Decreto 716 de 1996, en su artículo 3º dispuso:
“ART. 3º—Además de las funciones previstas en el acuerdo 2 de 1977 y demás normas que lo modifiquen o adicionen, el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - Favidi tendrá las siguientes funciones:
[…] 10. Reconocer y pagar pensiones a quienes hubieren cumplido veinte (20) años de servicio a 31 de diciembre de 1995 y no tengan la edad señalada para adquirir el derecho a pensión, una vez acrediten los requisitos de tiempo y edad para tal efecto, siempre y cuando no se encuentren afiliados a ninguna otra administradora del régimen de pensiones de cualquier orden.
La demandada, en su contestación se opone a esta pretensión. Explica que la norma aludida se refiere a la pensión legal y, que, el actor cumpliría la edad (55 años) en el 2008. Lo cual implica que opera la petición antes de tiempo.
En la sustentación del recurso de apelación, aunque el a quo no se refirió a la pretensión subsidiaria, la accionada insiste en su apreciación y, que, la pensión legal con 50 años de edad, señalada en la Ley 33 de 1984 [sic] y Ley 6ª de 1945, no le asiste al demandante, debido a que el parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985 señaló que a los empleados oficiales que a la entrada en vigencia de la ley, hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos, se les aplica las disposiciones anteriores a esa vigencia, es decir, Ley 6ª de 1945 (50 años), lo que no ocurre en este caso, ya que a esa data (13 de febrero de 1985) completaba 10 años, 11 meses y 7 días (sic).
Asiste razón a la parte demandada en cuanto sostiene que, el Decreto 716 de 1996 en su aparte citado por el actor como fuente de la pensión legal de jubilación, se refiere, en su caso, a la prestación regulada por la Ley 33 de 1985; y, que, su parágrafo 2º dispuso la excepción a esta nueva normativa para seguir teniendo el derecho con la legislación anterior, solo a quienes al 13 de febrero de 1985 hayan cumplido 15 años de servicio.
Así las cosas, no le asiste el derecho reclamado, ya que, el demandante a ese día acumulaba 10 años, 7 meses y 6 días, siendo que, en aplicación de la norma en comento, solo tendría derecho a la pensión legal de jubilación al cumplir 55 años de edad, lo que sucedió el 18 de diciembre de 2008; como la demanda se presentó el 18 de mayo de 2007, se concluye que a ese día no cumplía con los dos requisitos.
Las excepciones propuestas no se estudian como tales, al no declarar ningún derecho reclamado.
En consecuencia, en sede de instancia se modificará el fallo del a quo en el siguiente sentido:
— Revocar el numeral 1º en cuanto condenó a la pensión convencional; en su lugar se absuelve de dicha pretensión.
— Revocar el numeral 3º en cuanto declaró probada la excepción de prescripción.
— Adicionar el numeral 2º, en el sentido de absolver a la demandada de la pretensión subsidiaria (pensión legal de jubilación).
— Revocar el numeral 4º y, en su lugar condenar en costas de la primera instancia a la parte demandante. Se confirma en lo demás. Sin costas en la segunda por cuanto no aparecen causadas.
Como consecuencia del triunfo del recurso de casación propuesto, las costas en el trámite del mismo quedan a cargo de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.500.000 que se incluirán en la oportunidad señalada en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el treinta (30) de septiembre de dos mil once (2011) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Libardo Camelo en contra de Bogotá Distrito Capital y la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C.
En sede de instancia, se modifica el fallo del a quo en el siguiente sentido:
Costas como se indicó en la motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen”.
(1) Rad. 1468, 14 de noviembre de 2002, C.P. Flavio Rodríguez Arce. Fls. 748 a 759.

References: ARTÍCULO 467
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 61
 artículo 467
e contrario
 artículo 30
sui generis
 artículo 1618
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 42
 artículo 1618
 artículo 61
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 467
 artículo 467
e contrario
 artículo 467
in dubio
 artículo 467
 artículo 467
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 467
 artículo 30
 artículo 467
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 366