Source: https://www.scribd.com/document/237320365/Peticion-contra-el-Estado-Argentino
Timestamp: 2017-01-23 07:19:13+00:00

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Petición contra el Estado Argentino
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. Todas las causas restantes, serán juzgadas en un solo juicio en septiembre de 2015. Solo una de ellas contiene acusación por 84 hechos, y las restantes un promedio de diez imputaciones cada una. 004. Sintéticamente, denunciamos que en la persecución penal, y en la detención y prisión preventiva del Sr. Félix Victorio DONAMARÍA, por medio de las autoridades judiciales del Distrito Judicial Sur y del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, el Estado Argentino ha violado su derecho a la libertad personal, a no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario, y a recurrir a las autoridades para que cese su detención (arts. 7.1, 7.3 y 7.6, CADH); se violó asimismo su derecho a la integridad física debido al deterioro de su estado de salud que continúa en progreso mientras permanece detenido (art. 5, CADH); su derecho a un tribunal imparcial (art. 8.1, CADH); su derecho de defensa, a la presunción de su inocencia y su derecho a ser oído (art. 8.1 y 8.2, CADH); el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación (art. 8.2.b, CADH); el derecho a que se le 1
Artículo 261, párrafo primero, del Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo” (destacado agregado). 3 3 concedan los medios para la preparación de su defensa (art. 8.2.c, CADH); el derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes y de obtener la comparecencia como testigos de personas que podían arrojar luz sobre los hechos (art. 8.2.f, CADH); el derecho al plazo razonable del proceso (art. 8.1, CADH); el derecho al recurso contra la sentencia penal condenatoria (art. 8.2.h, CADH), todos ellos en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana. 005. Dada las múltiples y gravísimas violaciones de las que ha resultado víctima el Sr. Félix DONAMARÍA, en esta primera presentación nos limitaremos a describir los hechos vinculados con la privación arbitraria de su libertad personal. Las demás violaciones a los derechos mencionados en el párrafo anterior serán desarrolladas en nuestra próxima presentación. III. Los hechos denunciados III. 1. La detención preventiva 006. El 30 de abril de 2010, el Sr. Félix Victorio DONAMARÍA fue condenado por el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur (MAGRANER, GARCÍA ARPON y PAGANO ZAVALÍA) a dos años y seis meses de prisión en suspenso, por el delito de peculado, en la causa Nº 1.161/07, “DONAMARÍA, Félix Victorio y MERLINO, José Roberto s/peculado”. 007. El 12 de septiembre de 2013, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, integrado por los jueces Roberto Jorge MAGRANER, Maximiliano GARCÍA ARPON y Alejandro PAGANO ZAVALÍA, condenó a Félix Victorio DONAMARÍA a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, como coautor del delito de peculado reiterado en dieciocho oportunidades (ver Anexo 001, p. 65). 008. En la misma sentencia, el Tribunal ordenó la “inmediata detención” del Sr. Félix DONAMARÍA —quien estaba presente en la audiencia— “en carácter de prisión preventiva”. Se dispuso que quedara detenido en el “establecimiento que la autoridad penitenciaria disponga” y que permanecía a disposición de ese tribunal (ver Anexo 01, p. 65). 009. El Fiscal Mayor Guillermo MASSIMI, en su alegato final solicitó al Tribunal de Juicio: Finalmente solicitó se disponga la inmediata detención en carácter de prisión preventiva de los condenados a pena efectiva (Anexo 01, p. 12). 4 4 010. Todos los fundamentos del Tribunal de Juicio para ordenar la detención preventiva del Sr. Félix DONAMARÍA fueron los siguientes: En otro orden, como ya se dijera en anteriores pronunciamientos (Causas “Melivilu Painevil”; “Franco”; “Costa Bustamante- Incidente Suhit”; “Cárdenas Díaz- Ñancul Montecino”, “Chacón”, entre muchas otras), el grado de certeza que otorga el presente pronunciamiento es más que suficiente para conformar un cuadro presuncional como para dar por cumplidos los extremos del inciso 1º del Art. 284 del C.P.P., por lo que, de compartirse las respuestas efectuadas al cuestionario realizado y, especialmente el monto de pena de prisión que imposibilita su ejecución condicional, propongo se ordene la inmediata detención de Félix Victorio Donamaría y José Roberto Merlino, quienes deberán quedar alojados en el establecimiento que la autoridad penitenciaria disponga, en carácter de comunicados, a disposición de este Tribunal hasta que la presente quede firme y de allí en más a disposición del Sr. Juez de Ejecución, oficiándose al efecto al Servicio Penitenciario (conf. Art. 284 inc. 1º del C.P.P.). Es dable señalar que la circunstancia de que los encartados Donamaría y Merlino hayan estado a derecho en libertad durante la tramitación del proceso y hasta la presente sentencia, no significa que de continuar esa libertad vayan a seguir respetando tales obligaciones y fundamentalmente que no se evadan, pues de adquirir firmeza la condena que he dejado propuesta y su unificación, los imputados se enfrentarán a una pena de efectivo cumplimiento severa. Ello naturalmente hace variar las circunstancias, y a la vez crea el riesgo que de continuar en libertad pudieran sustraerse a la acción de la Justicia y en especial al cumplimiento de la pena impuesta, justificando plenamente la adopción de una medida cautelar al respecto por parte del Tribunal. Sobre este punto me permito recordar que el Superior Tribunal de Justicia en la ya mencionada causa “Melivilu Painevil” expuso: “...si el Juez de Instrucción, con un grado menor de conocimiento (el juicio de probabilidad sobre la realización del hecho y su autoría) puede ordenar la prisión preventiva del imputado, cuánto más podrá hacerlo el Tribunal de Juicio en lo Criminal que habiendo adquirido la certeza exigida para dictar sentencia condenatoria puede ver peligrar la finalidad del proceso con la evasión del imputado del cumplimiento de la pena”. Por ello, y para no abundar y teniendo presente además que la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia -que ha sido reafirmada con la actual composición en los autos “Muceda” y más recientemente en “Alday”- resulta de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores, corresponde la detención de los imputados Donamaría y Merlino en carácter de prisión preventiva, de acuerdo al Art. 284 inc. 1º del C.P.P.- (ver Anexo 001, ps. 40 y siguiente). 011. El 18 de octubre de 2003 el mismo tribunal volvió a condenar a DONAMARÍA, y con idéntica solicitud del Fiscal Mayor MASSIMI y los mismos argumentos del tribunal, ordenó la detención preventiva del Sr. Félix DONAMARÍA (ver Anexo 002, p. 17, y ps. 51 y s., respectivamente). 012. Ambas sentencias fueron recurridas por la defensa, pero en esos recursos no se trató el tema del encarcelamiento preventivo. Se prefirió realizar un pedido de excarcelación autónomo para desarrollar mejor los fundamentos de la arbitrariedad de la privación de libertad anticipada (Anexo 03). A continuación presentamos un cuadro con el litigio del encarcelamiento preventivo. 5 5 014. En la única oportunidad en la cual fueron tratados nuestros argumentos (formalmente) fue en la resolución del Tribunal de Juicio que rechazó nuestra solicitud de excarcelación (Anexo 04). Luego de eso, el recurso de casación (Anexo 05), la queja por recurso de casación denegado (Anexo 07) y el recurso extraordinario federal (09) fueron declarados inadmisibles. La doctrina aplicada en todos los casos fue que el rechazo de la excarcelación no es recurrible. Como consecuencia de esa doctrina, luego de nueve (9) meses aún estamos esperando que un tribunal distinto al que ordenó la detención preventiva revise su aplicación. 015. Nuestro recurso de queja (Anexo 11) aún espera ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gran problema es que dicho recurso —a diferencia del recurso de casación rechazado por el Superior Tribunal de Tierra del Fuego— no constituye un “derecho”, pues la Corte Suprema tiene absoluta discreción para rechazar el recurso sin entrar a considerar su admisibilidad
. 016. El planteo que exigía la libertad del Sr. DONAMARÍA contenía los siguientes puntos: a) falta de fundamentos de la privación de libertad; b) violación del principio de proporcionalidad; y c) obligatoriedad de respetar las reglas y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Todos y cada uno de ellos fueron ignorados, como veremos en el punto que sigue (IV). III. 2. La unión de juicios pendientes 017. La cantidad irracional de hechos imputados al Sr. Félix DONAMARÍA y que están pendientes de ir a juicio —a pesar de que solo fue indagado y procesado por cinco o seis de ellos
— son 2
Ver Corte IDH, Caso “Mohamed vs. Argentina”, Sentencia de 23 de noviembre de 2007, párrs. 107 y siguientes. 3
Esta práctica de recibir declaración indagatoria por un solo hecho, lograr el procesamiento por ese hecho y, después, acusar y elevar a juicio por muchísimos hechos más es producto de la mala fe del Fiscal Mayor Guillermo MASSIMI. Tal modo de acusar, además, ha sido permitido y aprobado por el Fiscal ante el Superior Tribunal, Oscar FAPPIANO, por el juez de instrucción DE GAMAS SOLER, y por los miembros del Tribunal de Juicio y del Superior Tribunal. Esta práctica será desarrollada en nuestra próxima presentación. 6 6 varios, y estaban programados para ser resueltos en seis juicios, cinco de los cuales se realizarían este año 2014, y el último en abril de 2015. 018. Los primeros días de marzo de 2014, antes del primero de todos los juicios pendientes, presentamos una solicitud para que todas las imputaciones pendientes se realizaran en un único juicio (ver Anexo 12). Nuestros fundamentos fueron dos: a) derecho al plazo razonable del proceso; y b) afectación del derecho de defensa. 019. El 7 de marzo de 2014, por primera y única vez en este proceso, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur “hizo lugar” a nuestra solicitud. Lamentablemente, fue una victoria pírrica. La nueva fecha de debate para el único juicio que se realizará fue fijada para el 7 de septiembre de 2015 (ver Anexo 14, p. 3). 020. El Código Procesal Penal de Tierra del Fuego establece un límite temporal para el encarcelamiento preventivo. En el caso de quienes aún no han sido llevados a juicio y condenados por sentencia no firme, el límite máximo es de un año. En caso como el del Sr. DONAMARÍA, donde ya hay sentencia condenatoria pero aún no ha adquirido firmeza, el plazo es de dos años (art. 285, Código Procesal Penal). 021. Pues bien, el Tribunal de Juicio por única vez “nos dio la razón” y unió todos los casos pendientes en un solo juicio. El problema es, sin embargo, la fecha del nuevo juicio: el 7 de septiembre de 2015. Téngase en cuenta que el Tribunal de Juicio dijo: 022. El Tribunal de Juicio, además, explicó por qué razón había escogido esa nueva fecha (el 7 de septiembre de 2015): 7 7 023. Hasta aquí los hechos que denunciamos ante esta Ilustre Comisión, sin perjuicio de ampliar las demás violaciones a los derechos del Sr. DONAMARÍA en una próxima presentación, para lo cual necesitamos un tiempo por ahora no disponible, dado que el Tribunal de Juicio y el Superior Tribunal consumen gran parte de nuestro tiempo. IV. DERECHOS VIOLADOS IV. 1. Marco general 024. El derecho a la libertad personal se halla garantizado en el artículo 7 de la Convención Americana. La norma citada contiene siete incisos. El primero de ellos se diferencia claramente de los demás pues regula el derecho a la libertad —y a la seguridad— personal de manera positiva. De este modo, al aplicar a estas reglas que reconocen derechos en sentido positivo los criterios interpretativos del derecho internacional de los derechos humanos, se establece claramente una protección amplia e incondicionada del derecho a la libertad personal, que sólo puede ser limitada en la medida en que se respeten los criterios previstos en los artículos 29 y 30 de la Convención
. 025. Esta primera cláusula, además de definir el amplio alcance de la protección a la libertad personal garantizado en la Convención, impone a los Estados Parte, conforme al artículo 1.1, el deber de “organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras del poder 4
Véase, en este sentido, Martín ABREGU, La aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por los tribunales locales: una introducción, en AA.VV., La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Editores Del Puerto, Buenos Aires, 1997, ps. 18 y ss.; Mónica PINTO, El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos, en AA.VV., La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Editores Del Puerto, Buenos Aires, 1997, ps. 163 y siguientes. 8 8 público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”
. 026. Los incisos 7.2 y 7.3 prohíben, respectivamente, las detenciones ilegales y las detenciones arbitrarias. En este aspecto, es importante señalar que el artículo 7.2 incorpora al texto de la Convención las normas constitucionales y legales de los Estados Parte. Ello pues, según el texto del inciso 7.2, toda detención que vulnere los requisitos formales y materiales del derecho interno se considera una detención contraria a las exigencias de la Convención Americana. Los incisos 7.4, 7.5 y 7.6 regulan diferentes mecanismos tendientes a posibilitar el ejercicio efectivo del derecho de defensa de toda persona detenida y, también, a garantizar el control judicial de la legalidad de toda privación de libertad. IV. 2. La ilegalidad y arbitrariedad de la detención a) Mérito sustantivo 027. Para determinar si una detención ha sido realizada conforme lo exige la Convención Americana, es necesario analizar el procedimiento en el marco del cual se ordenó o se autorizó la privación de libertad. Así, debe ser verificado el cumplimiento de todas las exigencias sustantivas. 028. El mérito sustantivo consiste en la sospecha fundada de que una persona determinada pueda ser responsable como partícipe en un hecho punible. En este aspecto, los principios establecidos en la jurisprudencia interamericana son claros. Así, por ejemplo, la Corte Interamericana se ha pronunciado en sus últimas sentencias de casos contenciosos: 107. El Estado dispuso la prisión preventiva del señor Daniel Tibi, sin que existieran indicios suficientes para suponer que la presunta víctima fuera autor o cómplice de algún delito; tampoco probó la necesidad de dicha medida. Por ello, este Tribunal considera que la prisión preventiva a la que estuvo sometido el señor Tibi fue arbitraria y constituyó violación del artículo 7.3 de la Convención” (Caso Tibi vs. Ecuador, destacado agregado). 029. Si bien el encarcelamiento preventivo requiere el mérito sustantivo, éste no representa su justificación sino uno de sus presupuestos necesarios. Debe quedar claro que se trata de un presupuesto de la medida cautelar, pero que éste jamás opera, por sí solo, como legitimación de la detención preventiva. 5
Corte I.D.H., Excepciones al agotamiento de los recursos internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A, Nº 11, 9 9 030. En realidad, el mérito sustantivo es un presupuesto para iniciar o continuar con la persecución penal. Es hasta cierto punto incorrecto afirmar que el mérito sustantivo es un presupuesto de la medida cautelar. En verdad, el mérito sustantivo es un presupuesto de la persecución penal y, si no existe sospecha sustantiva, no debe existir persecución alguna y, mucho menos, medidas cautelares tendientes a garantizar un proceso que no se ha abierto o que ha sido clausurado. 031. Se trata de establecer una sospecha sustantiva acerca de que el imputado ha cometido un hecho punible reprimido con pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento. Si no existe este mérito sustantivo, no sólo pierde sentido el encarcelamiento preventivo sino, también, el desarrollo del mismo procedimiento penal en contra del imputado. En este caso, el problema no fue la inexistencia de mérito sustantivo sino, por el contrario, que se tomó la existencia de tal mérito sustantivo como justificación para la prisión cautelar. 032. En este caso particular, el único y exclusivo fundamento utilizado por los tribunales se basó en el mérito sustantivo de la imputación. En efecto, la aplicación del supuesto previsto en el art. 284, inc. 1: Artículo 284.- El Juez ordenará la prisión preventiva del imputado al dictar el auto de procesamiento cuando: 1) Al delito o al concurso de delitos que se le atribuye corresponda objetivamente la aplicación de una escala sancionatoria de pena privativa de libertad que por su monto impida la condena de ejecución condicional (destacado agregado). 033. De esta manera, se está tomando en cuenta para privar de libertad anticipadamente al Sr. DONAMARÍA, la gravedad de la pena que el tribunal ha considerado aplicable a su caso. Como se sabe, el mérito sustantivo, no es ni puede ser el fundamento del encarcelamiento preventivo. 034. Los argumentos dados por el Tribunal de Juicio fueron, precisamente, los de la gravedad de la pena en expectativa: … como ya se dijera en anteriores pronunciamientos… el grado de certeza que otorga el presente pronunciamiento [la sentencia condenatoria] es más que suficiente para conformar un cuadro presuncional como para dar por cumplidos los extremos del inciso 1º del Art. 284 del C.P.P., por lo que, de compartirse las respuestas efectuadas al cuestionario realizado y, especialmente el monto de pena de prisión que imposibilita su ejecución condicional, propongo se ordene la inmediata detención de Félix Victorio Donamaría y José Roberto Merlino… párr. 23. 10 10 … la circunstancia de que los encartados Donamaría y Merlino hayan estado a derecho en libertad durante la tramitación del proceso y hasta la presente sentencia, no significa que de continuar esa libertad vayan a seguir respetando tales obligaciones y fundamentalmente que no se evadan, pues de adquirir firmeza la condena que he dejado propuesta y su unificación, los imputados se enfrentarán a una pena de efectivo cumplimiento severa. Ello naturalmente hace variar las circunstancias, y a la vez crea el riesgo que de continuar en libertad pudieran sustraerse a la acción de la Justicia y en especial al cumplimiento de la pena impuesta, justificando plenamente la adopción de una medida cautelar al respecto por parte del Tribunal. 035. Si bien el Tribunal de Juicio realizó un intento de justificar la existencia de peligro de fuga, lo cierto es que tal intento vinculó directamente tal peligro a la pena en expectativa, con lo cual volvemos al mérito sustantivo. Hasta aquí los “argumentos” del Tribunal de Juicio. Lo más grave, sin embargo, han sido los criterios establecidos por el Superior Tribunal de Justicia en este caso, al rechazar todos nuestros planteos. 036. El vocal Javier D. MUCHNIK del Superior Tribunal se opuso a conceder nuestro recurso contra las resoluciones del Tribunal de Juicio con argumentos que no se pueden considerar serios y mucho menos, de buena fe. MUCHNIK nos ilustró señalando que las pautas tomadas por el legislador provincial en el art. 284, inc. 1º, del Código Procesal Penal —exclusivamente, que se imponga una pena de cumplimiento efectivo— son “compartidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, con citas fuera de contexto de informes totalmente desactualizados de la Comisión (Informes Nº 12/96 y Nº 2/97). MUCHNIK agregó: 037. Realmente, no logramos comprender cuál es la relación entre ambos párrafos. Se afirma que el legislador fundó la regla del art. 284 al considerar en abstracto la severidad de la pena. Eso es cierto. Pero de dicha afirmación no deriva ninguna posibilidad de que se habilite al Tribunal de Juicio a ordenar la detención preventiva. En primer término, pues no existe regla 11 11 legal alguna que conceda competencia al Tribunal de Juicio para imponer la prisión preventiva. En efecto, la única regla que atribuye competencia para encarcelar preventivamente dice: Artículo 284.- El Juez ordenará la prisión preventiva del imputado al dictar el auto de procesamiento cuando: 1) Al delito o al concurso de delitos que se le atribuye corresponda objetivamente la aplicación de una escala sancionatoria de pena privativa de libertad que por su monto impida la condena de ejecución condicional. 2) Aunque corresponda pena privativa de libertad que permita la condena de ejecución condicional, si no procede conceder la libertad provisoria, según lo dispuesto en el artículo 292. 038. La disposición se refiere, claramente, al Juez de Instrucción. Es decir que la detención preventiva del Sr. DONAMARÍA fue ordenada por un tribunal que carece de competencia para ordenarla. Probablemente ello se deba a un error en el texto aprobado legislativamente. Pero el Superior Tribunal no puede solucionar la omisión legislativa con jurisprudencia pretoriana, máxime cuando se trata de atribuir competencia para restringir el derecho a la libertad personal. Veamos ahora los estándares del sistema de protección interamericano: 039. En este párrafo del Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, de esta Honorable Comisión, se destaca expresamente que el supuesto aplicado al caso del Sr. Félix DONAMARÍA representa una detención contraria a las exigencias de la Convención. b) Fin procesal de la detención preventiva 040. Una segunda exigencia sustantiva que ha sido desarrollada por la jurisprudencia interamericana es la del único fin que justifica el encarcelamiento preventivo, esto es, el fin de neutralizar un peligro procesal, que admite dos supuestos: a) neutralizar el peligro de fuga; y b) neutralizar el entorpecimiento de la investigación. 12 12 041. Así lo determinó firmemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello pues la segunda exigencia fundamental que la Corte derivó del principio de inocencia en el caso Suárez Rosero
consistió en el fin exclusivamente procesal atribuido a la coerción cautelar como presupuesto de su legitimidad. La Corte determinó, en este sentido, que del “artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva” (Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, párr. 77). 042. La sentencia de la Corte IDH en el caso López Álvarez es más explícita aún: 69. Del artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia [nota omitida]… 043. Además, para que la sospecha exigida pueda ser considerada razonable se requiere, de manera necesaria, la verificación efectiva de circunstancias objetivas cuya existencia sea demostrada a través de la obtención, incorporación y valoración de elementos de prueba en el marco del proceso en un caso concreto. Así lo ha establecido esta Comisión: … la detención preventiva es una medida excepcional y que se aplica solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación preliminar intimidando a los testigos, o destruir evidencia (Informe Nº 12/96, caso 11.245, Argentina, destacado agregado). 85. A su vez, el riesgo procesal de fuga o de frustración de la investigación debe estar fundado en circunstancias objetivas. La mera alegación sin consideración del caso concreto no satisface este requisito… (Informe Nº 35/07 [art. 50], Caso 12.553, Uruguay, destacado agregado) 044. Si analizamos los argumentos utilizados por el Tribunal de Juicio y, mucho más claramente, los del Superior Tribunal para fundar la necesidad del encarcelamiento preventivo, veremos que no cumplen con estas exigencias. 045. A continuación MUCHNIK se dedica a describir la doctrina que, según él, es compatible con los estándares del sistema interamericano. Lo curioso es que no es posible que MUCHNIK crea realmente tal afirmación. Además, la doctrina que él defiende por interpretación de una sola regla de rango legal no resulta compatible para nada con las exigencias de la Convención Americana. 6
Corte IDH, Caso Suárez Rosero (Ecuador), Sentencia de 12 de noviembre de 1997. 13 13 En efecto, su interpretación del art. 284, inc. 1, del Código Procesal Penal, ni siquiera es compatible con el derecho constitucional provincial: 046. Dice MUCHNIK que el supuesto del art. 284, inc. 1º, “no vincula la peligrosidad procesal al dictado de la medida de cautela y solo contempla la escala penal objetivamente prevista por el legislador”, es decir, se trata de un supuesto de aplicación automática que excluye toda consideración de circunstancias subjetivas y objetivas que permitan sostener que no existe ningún peligro procesal que justifique el encarcelamiento anticipado. Resulta irracional afirmar que esta interpretación es compatible con la Convención Americana. c) Prueba del peligro procesal 047. Dado el punto de vista del Superior Tribunal sobre esta cuestión, es evidente que no se ha preocupado por ella. Recordemos que la existencia demostrada del peligro procesal sí es una exigencia conforme a los estándares del sistema interamericano. Veamos cómo se define esta exigencia en el Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas: 048. Queda demostrado más allá de toda duda, entonces, que la detención preventiva automática que se ha dictado contra el Sr. Félix DONAMARÍA es una detención arbitraria, pues, aun si hubiera sido llevada a cabo conforme a la ley vigente en la Provincia de Tierra del Fuego, el peligro de fuga no fue determinado atendiendo a las circunstancias personales y del caso concreto. Desde nuestro primer escrito, por otra parte, hemos solicitado que se nos contestara la pregunta de cómo podría fugarse el Sr. DONAMARÍA, y jamás hemos obtenido respuesta alguna. 14 14 Lo que ha sucedido es que el Fiscal Mayor a cargo del caso se ha opuesto sistemáticamente a cualquiera de nuestros planteos, en vez de acreditar la real necesidad de dictar el encarcelamiento preventivo, tal como surge del Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. 049. El Tribunal de Juicio intentó justificar, sin éxito, la existencia de peligro de fuga. En primer término, se admitió que el Sr. DONAMARÍA había estado a derecho durante todo el proceso. Y de una manera muy curiosa, de tal circunstancia se infirió la situación contraria, esto es, la posible fuga. 050. Lo razonable hubiera sido decir: "si ha estado a derecho todo el proceso, y lo mismo en procesos anteriores, ninguna circunstancia indica que en esta oportunidad no lo hará". Lo incomprensible del razonamiento es que la conducta procesal del Sr. DONAMARÍA, sin importar cuál hubiera sido, sería invocada en todos los casos para privarlo de su libertad. 051. Para ello el tribunal mencionó la variación en las circunstancias al ser pronunciada la condena. De allí derivó que se "crea el riesgo que de continuar en libertad pudieran sustraerse a la acción de la Justicia...". En este sentido debemos señalar que dicho "riesgo" solo surge de las suposiciones del tribunal, “fundadas” en la presunción establecida por el legislador. 052. Más allá de ello, cabía preguntarse si tal posibilidad existía para un hombre de la edad y del tamaño del Sr. DONAMARÍA. Félix DONAMARÍA tiene 69 años, 1,86 m de estatura, más de 150 kilos de peso, tiene el colesterol alto, es paciente con hipertensión arterial, le cuesta caminar por su problema de sobrepeso, casi no puede subir escaleras, tiene problemas de retención de orina por su edad y sus problemas de próstata, sufre de obesidad y sedentarismo, y tiene trastornos 15 15 cardíacos. Tampoco sabe nadar ni conducir automóviles. El médico le ordenó caminar 40 minutos diarios, pero no puede hacerlo debido a razones climáticas, por lo cual no solo no puede seguir el tratamiento sino que, además, la flebitis en las piernas le está aumentando, y su estado general de salud se está deteriorando. 053. Es por eso que en nuestro escrito nos preguntamos: ¿Cómo podría fugarse él de una ciudad como Ushuaia, donde tiene su residencia actual? ¿Cuáles son las diversas maneras de evadir la acción de la justicia a las que DONAMARÍA podría recurrir? ¿Tomar un avión en el aeropuerto? ¿Ir en automóvil hasta el Paso de San Sebastián
? ¿Cruzar el mar a nado para salir de la isla hasta llegar a tierra firme? 054. Nada de esto fue objeto de análisis por parte del Tribunal de Juicio, ya que se limitaron a afirmar de manera dogmática: "[se] crea el riesgo que de continuar en libertad pudiera sustraerse a la accción de la Justicia..." (ver Anexo 01, p. 41). 055. El argumento del Tribunal de Juicio que detuvo preventivamente al Sr. DONAMARÍA, de modo evidente, ligó de modo incuestionable la gravedad de la pena impuesta con la imposibilidad de disponer la libertad del imputado. Ello vulnera la pacífica jurisprudencia del sistema interamericano que exige la necesidad de que el peligro procesal que se invoca sea verificado a través de elementos de convicción objetivos existentes en el caso concreto: 81. En el presente caso, pese a que el artículo 93 de la Constitución de Honduras determina que “[a]ún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida […], si otorga caución suficiente”, el artículo 433 del Código de Procedimientos Penales sólo permitía la concesión de dicho beneficio en el supuesto de delitos que “no merezca[n] pena de reclusión que pase de cinco años”. La pena aplicable por tráfico ilícito de drogas, del que se acusó a la presunta víctima, era de 15 a 20 años de reclusión. En razón de ello, la privación de la libertad a que fue sometido el señor Alfredo López Álvarez fue también consecuencia de lo dispuesto en la legislación procesal penal. Dicha legislación ignoraba la necesidad, consagrada en la Convención Americana, de que la prisión preventiva se justificara en el caso concreto, a través de una ponderación de los elementos que concurran en éste, y que en ningún caso la aplicación de tal medida cautelar sea determinada por el tipo de delito que se impute al individuo (Corte IDH, Caso López Álvarez vs. Honduras, Sentencia de 1º de febrero de 2006, destacado agregado). 056. El deber de probar la necesidad de ordenar la medida restrictiva de la libertad (prisión preventiva) ha sido considerado en particular por la Corte Interamericana. Al analizar tal deber, la 7
El Paso de San Sebastián es un puesto fronterizo chileno por el cual se ingresa en automóvil a la Provincia de Tierra del Fuego, luego de cruzar el Estrecho de Magallanes en un transbordador. 16 16 Corte IDH concluyó en que su incumplimiento tornaba a la detención en una detención arbitraria, en violación del artículo 7.3 de la Convención: 107. El Estado dispuso la prisión preventiva del señor Daniel Tibi, sin que existieran indicios suficientes para suponer que la presunta víctima fuera autor o cómplice de algún delito; tampoco probó la necesidad de dicha medida… (Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, destacado agregado). 057. Por si quedaran dudas, el Superior Tribunal, al declarar inadmisible nuestros recursos, dijo expresamente que en este supuesto, se debe ordenar la prisión preventiva sin tener en cuenta nada más que la imposición de una pena no firme de cumplimiento efectivo. Todos estos precedentes del sistema interamericano (ver Anexo 03, ps. 7 y ss.), así como la jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos (ver anexo 03, ps. 16 y ss.) fueron expuestos en nuestra solicitud de excarcelación. Ni siquiera fueron contestados. IV. 3. Libertad personal, inocencia e imparcialidad 058. La decisión sobre la unión de los juicios es otro grave problema que afecta al principio de inocencia (art. 8.2, CADH), al derecho a la libertad personal (7.1, CADH) y a la garantía de imparcialidad (art. 8.1, CADH). En efecto, con la excusa de que nuestros argumentos eran válidos, el Tribunal de Juicio tomó una decisión que no fue solicitada y, además, que afecta los derechos del Sr. DONAMARÍA. Eso confirma, nuevamente, la ausencia de imparcialidad con que ha sido juzgado nuestro defendido. 059. Nótese en primer lugar, la nueva fecha elegida: el 7 de septiembre de 2015. ¿Por qué esa fecha? Porque una semana después habrá vencido el plazo de dos años del límite máximo del encarcelamiento preventivo, quien está detenido desde el 12/09/2013. Esta coincidencia no es casualidad. El mensaje está claro: es el deseo del Tribunal de Juicio, en el caso de que la sentencia no quede firme, que el Sr. Félix DONAMARÍA agote ese plazo detenido en prisión preventiva. Y los jueces saben que no nos será concedido ningún recurso por los tribunales provinciales, y que en todos los casos deberemos llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 060. El gran problema en este episodio consiste en que se ha decidido de manera anticipada cuánto tiempo permanecerá detenido el Sr. Félix DONAMARÍA: el plazo legal máximo. De modo claro, se está utilizando al encarcelamiento preventivo como pena anticipada. Otro grave problema de esta decisión surge de sus propios fundamentos. Dice el Tribunal de Juicio: 17 17 • Debe diferenciarse entre (1) detenidos con condenas no firmes (DONAMARÍA), y (2) quienes se hayan detenidos desde la etapa de investigación y su causa recién es remitida al Tribunal de Juicio. • En el segundo supuesto, “debe tenerse en cuenta indefectiblemente” que esos casos deben ser juzgados antes de “cumplir el año de detención, o en su defecto deberían recuperar su libertad en forma inmediata”. • El cronograma del tribunal es modificado de forma permanente según los ingresos de estas causas. • Por ello, sin opción alguna, se fija audiencia para el 7/9/2015. 061. Nótese la terminología: “indefectiblemente”, “sin opción alguna”. Al menos nos advirtieron para que no recurriéramos. De todas maneras, en una resolución previa nos hicieron notar que las fechas de las audiencias dependen de su exclusiva voluntad. 062. Lo más grave, sin embargo, es que escribieron expresamente que el fundamento de la continuación de la privación de libertad del Sr. Félix DONAMARÍA se funda en la necesidad de neutralizar el peligro de fuga ajeno. Esto es gravísimo, y el hecho de que lo hayan escrito con todas las letras es una muestra de la arbitrariedad incontrolada con la que están acostumbrados a manejarse. 063. Sería interesante saber cómo pueden predecir con exactitud que tendrán el tiempo suficiente, precisamente, una semana antes de que venza el plazo de dos años. Queda claro que el Tribunal de Juicio recién se toma el trabajo de juzgar a las personas detenidas cuando se acerca el plazo legal para que recuperen su libertad. El plazo legal, así, no es un límite máximo, es un permiso para mantener detenidas a las personas inocentes. V. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD V. 1. Agotamiento de los recursos internos y plazo 064. El derecho de cualquier persona a “presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte” (art. 44, CADH), está supeditado a: Art. 46.1.a): que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos. 18 18 065. Este requisito de admisibilidad se ha establecido para garantizar al Estado de que se trata, la oportunidad de resolver las disputas dentro de su propio marco jurídico. En el caso concreto, por tratarse de un caso de detención preventiva arbitraria, basta con la solicitud de excarcelación y su denegatoria (ver Informe Nº 12/96, Argentina, Caso 11.245). En este caso hemos ido mucho más allá de ello, pues hemos agotado todas las instancias de la justicia provincial, incluyendo el recurso extraordinario federal presentado ante el Superior Tribunal de Justicia (Anexo 09) y su rechazo (Anexo 10). V. 2. Ausencia de litispendencia 066. A su vez, el artículo 46.1.c de la Convención establece que la admisibilidad de una petición está sujeta también al requisito de que el asunto o materia de la petición “no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional”, y el artículo 47.d, CADH, estipula que la Comisión no podrá admitir una petición que “sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional". En el caso, no se dan ningunas de esas dos circunstancias de inadmisibilidad. VI. 3. Caracterización de los hechos alegados. La violación de los derechos garantizados por la CADH 067. En el caso, se alega y acredita, concreta y fundadamente, la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana, por lo que deben darse por cumplidos igualmente los requisitos del artículo 47, literales b y c, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 22. La Corte reitera que el esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos, para establecer su compatibilidad con la Convención Americana. A la luz de lo anterior, se deben considerar los procedimientos internos como un todo, incluyendo las decisiones de los tribunales de apelación. La función del tribunal internacional es determinar si la integralidad del procedimiento, inclusive la incorporación de prueba, se ajustó a la Convención [nota omitida]. 23. En el presente caso, la demanda de la Comisión no pretende la revisión de los fallos o decisiones de los tribunales internos, sino que solicita que se declare que el Estado violó preceptos de la Convención Americana en la detención y juzgamiento de los señores Chaparro y Lapo. Por lo tanto, la Corte considera que no está en este caso ante una excepción preliminar sino ante una cuestión vinculada al fondo del asunto (Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñíguez vs. Ecuador). 19 19 VI. PRUEBA QUE SE ADJUNTA 068. Adjuntamos como prueba documental los siguientes Anexos: Anexo 01. Sentencia del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur en las causas Nº 1.434, Nº 1.378 y 1.398, del 12 de septiembre de 2013. Anexo 02. Sentencia del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur en la causa Nº 1.417/11, del 18 de octubre de 2013. Ane xo 03. Escrito de excarcelación. Anexo 04. Auto que rechaza la excarcelación. Anexo 05. Recurso de casación. Anexo 06. Auto que rechaza el recurso de casación. Anexo 07. Recurso de queja por casación denegada. Anexo 08. Rechazo recurso de queja por casación denegada. Anexo 09. Recurso extraordinario federal. Anexo 10. Rechazo recurso extraordinario federal. Anexo 11. Queja por rechazo de recurso extraordinario federal denegado. Anexo 12. Solicitud de unión de juicios. Anexo 14. Resolución del Tribunal de Juicio fijando una única fecha de debate para todos los casos pendientes. VII. SOLICITUD 069. Por las razones expuestas, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos las siguientes medidas: 1. Se dé el trámite correspondiente a esta presentación; 2. Se tenga por ofrecida la prueba documental que se adjunta; 3. Se declare admisible la petición; 20 20 4. Oportunamente, se pronuncie sobre los méritos del caso, declarando la violación de los derechos garantizados en la Convención Americana que aquí describimos. Sin más, saludamos a Ud. y por su intermedio, a todos los miembros de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos muy atentamente. 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