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DICTAMEN Nº. 290/2012, de 5 de.diciembre* - PDF
DICTAMEN Nº. 290/2012, de 5 de.diciembre*
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Rafael Cabrera Araya
1 DICTAMEN Nº. 290/2012, de 5 de.diciembre* Expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración tramitado a instancia de D. X, a causa de daños derivados de la intervención quirúrgica de una hernia discal efectuada en la Clínica C, a la que fue remitida por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). ANTECEDENTES Primero. Reclamación.- Con fecha 27 de julio de 2011 tuvo entrada en SESCAM la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D. X, por los daños y perjuicios sufridos con ocasión de la irregular asistencia sanitaria prestada por el SESCAM en relación con la intervención quirúrgica, llevada a cabo el día 15 de diciembre de 2009, por derivación del SESCAM, en la Clínica C, en la cual se me practicó artrodesis como consecuencia de la existencia de una hernia discal L5-S1 derecha. Solicita una indemnización de ,51 euros. Según refiere el reclamante, el 23 de junio de 2008 fue intervenido por el Servicio de Neurocirugía del Hospital H, practicándosele una hemilaminectomía parcial y extirpación de hernia L5-S1 izquierda, liberándose raíz y saco tecal. En el mes de abril de 2009 comenzó con dolores en la espalda y pierna derecha, prescribiéndose una resonancia magnética (RM) que reveló una importante HD L5-S1 posterolateral derecha y además fibrosis posquirúrgica en engloba raíz S1 derecha. Tras la correspondiente cita en el Servicio de Neurología del Hospital H, se prescribió cirugía de hernia discal lumbar con fijación lumbar posterior, de la cual fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica C el día 15 de diciembre de 2009 por derivación del SESCAM, efectuándose Artrodesis transforaminal L5-S1 derecha con implante intersomático Hedrocel de 7 mm y tornillos pediculares GS Medical. Al no obtener buenos resultados en la rehabilitación llevada a cabo en el Hospital B durante los meses de febrero y marzo de 2010, el 1 de agosto de ese año se efectuó una RM en la que se reconoce una estenosis foraminal L5-S1 derecha, con pérdida del plano graso epidural, lo que a juicio del reclamante supone que a pesar de que la intervención quirúrgica se programó para proceder a la extracción del disco herniado que comprimía la raíz y posterior fijación lumbar (artrodesis), nos encontramos con que la hernia no se extirpó y no se liberó la raíz del nervio, siendo ésta la causa por la que se encuentra peor que antes de la intervención y continúa con la misma hernia discal que ya tenía y con una estenosis foraminal que no existía antes de la intervención, de cuya posibilidad no fue informado. Añade que el día 27 de septiembre de 2010 comenzó a ser atendido por la Unidad de Dolor del Hospital B mediante diversos tratamientos y que, según consta en el informe emitido por la Dra. P, el cual dice acompañar como documento número 7, pero que no obra en el expediente (el documento referenciado como 7 es propuesta de jubilación de la Agencia Tributaria) presenta la siguiente patología: no ha mejorado tras las intervenciones. [ ] Calambres, dolor también en reposo y en cualquier postura. [ ] VAS1 7, Lattien 11, dolor intenso, frecuencia continuo, tipo de dolor profundo. [ ] Lassegue + 45º en mmii dcho. [ ] HD L5-S1 posterior extensa con ocupación de receso lateral derecho. Dice el reclamante que como consecuencia de las dolencias y secuelas que le quedaron tras la intervención quirúrgica, con fecha 20 de febrero de 2011 la Agencia Estatal de Administración Tributaria le declaró en situación de jubilación por incapacidad permanente para toda profesión u oficio, previo dictamen evaluador del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de 15 de diciembre de 2010, en el que se dictamina una lesión o proceso patológico, estabilizado e irreversible o de cierta irreversibilidad, que me inhabilita, por completo, para toda profesión u oficio. También alega falta de consentimiento informado. Al respecto, en su reclamación dice que en ningún momento, fui informado de la posibilidad de que, tras la intervención quirúrgica, continuara con la misma hernia discal y, además, una estenosis foraminal y, desde luego, si yo hubiera sabido que existía la posibilidad de que se dieran tales secuelas tras la intervención, con toda posibilidad, no hubiera prestado mi consentimiento a la intervención quirúrgica llevada a cabo el día 15 de diciembre de 2009, añadiendo en la misma que si bien es cierto que yo firmé el documento de consentimiento informado, a mi no se me informó de la posibilidad de que, tras la intervención, pudiera continuar la misma hernia discal. Por tanto, si ese era un riesgo general y no se me informó de ello, existe infracción de la lex artis por falta de información y consentimiento y, si no es un riesgo general o previsible, la existencia del mismo supone, también, infracción de la lex artis. El importe de la indemnización solicitada lo desglosa el reclamante de la siguiente forma: - Rigidez lumbar server (20 puntos). - Paresia nervio ciático (20 puntos). - Neuralgia nervio ciático (25 puntos). Total 65 puntos a 2.125,21 cada punto ,65. * Ponente: José Sanroma Aldea 1
2 - Factor de corrección (10 %) ,86. - Invalidez permanente absoluta ,00. Total ,51. A la reclamación adjunta diversos informes médicos; la resolución del Director Adjunto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 10 de febrero de 2011, mediante la que se le declara la jubilación por incapacidad permanente para toda profesión u oficio y el dictamen evaluador del INSS, en el que consta que tiene las siguientes limitaciones orgánicas funcionales: HD L5-S1 IQ en dos ocasiones con mal resultado. Estenosis foraminal y fibrosis postquirúrgica. Segundo. Admisión a trámite.- El día 4 de agosto de 2011 el Secretario Provincial del SESCAM en Ciudad Real acordó el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración motivado por la reclamación mencionada, designando a la médica de la Inspección de los Servicios Sanitarios encargada de su instrucción, lo que fue notificado al reclamante y a la Clínica C, informándoles también de la tramitación aplicable al mismo, del plazo señalado legalmente para su resolución -seis meses- y de los efectos desestimatorios derivados del silencio administrativo, en su caso. Tercero. Informes médicos.- Al expediente se ha unido un amplio informe emitido por el Director Médico de C, en el que manifiesta lo siguiente: Primero: D. X es derivado desde el SESCAM para la intervención programada de artrodesis lumbar, al haber presentado recidiva de hernia discal de lado contralateral tras la hemilaminectomía a la que fue sometido un año antes en el Complejo H. Tras el pertinente estudio preoperatorio, es intervenido a fecha 15 de diciembre de 2009 realizándose una artrodesis transforaminal L5-S1 derecha con implante intersomático hedrocel de 7 mm y tornillos pediculares GSMedical. Dicha cirugía cursa sin complicaciones reseñables, siendo dado de alta a los dos días de dicha intervención con el tratamiento y recomendaciones a seguir en domicilio. Segundo: Es revisado a fecha 12 de febrero de 2010, donde se apunta textualmente el curso favorable de su dolencia, solicitándose en dicha consulta de revisión, estudio radiográfico de columna lumbar donde no se objetivan datos de aflojamiento ni complicaciones, con óptima colocación del material de osteosíntesis (Documento 1, 2 y 3). Dada estabilidad clínica tras la cirugía practicada se programa para nueva revisión para el plazo aproximado de 6 meses, de no existir eventualidad que hiciese adelantar dicha consulta de revisión. Tercero: Es nuevamente revisado a fecha 2 de septiembre de 2010, apuntando el neurocirujano responsable de su intervención (Dr. S), la mejoría global tras la intervención realizada, apuntando asimismo la presencia de ciatalgia residual tras la misma, por lo que considera la necesidad de infiltración foraminal por su parte, indicando el ser citado para la realización de la misma en próximos días (Documento 4). Cuarto: Es citado desde el Servicio de Lista de Espera de nuestra clínica para la realización de dicha infiltración para el día 28 de ese mismo mes, llamando el paciente un día antes de la realización de la misma, indicando en dicha llamada el que por el momento no quería hacerse la infiltración al encontrarse bien. [ ] A partir de dicha consulta, a la que el paciente decide no acudir al encontrarse clínicamente mejor, no vuelve a consultar en nuestra clínica ni a través de posteriores revisiones con el Servicio de Neurocirugía, ni atención alguna en nuestro Servicio de Urgencias, que haga presuponer un empeoramiento clínico de su dolencia. [ ] Sí llama la atención cuando se índice en la misma, textualmente: La rehabilitación llevada a cabo durante los meses de febrero y marzo no dio buenos resultados, ya que el dolor de espalda continuaba y se irradiaba por la pierna derecha, y por el contrario la revisión realizada en esa misma época en nuestro centro y acompañada por el Documento 1 indica la buena evolución clínica tras la cirugía practicada, no apuntándose la persistencia de dolor, lo que hubiese obligado a revisar al paciente en un tiempo menor a los 6 meses, que consideró su cirujano responsable. [ ] Si la evolución de su dolencia había sido tan negativa, como indica el reclamante, llama igualmente la atención el que en los siguientes meses no solicitase revisión alguna en nuestro centro para valoración por el Servicio de Neurocirugía. Respecto al informe suscrito por el Dr. R, dice que el estudio es realizado sin supervisión médica, motivo por el que no se administra contraste iv. [ ] Ruego se me permita indicar la poca validez de la prueba aportada por el reclamante como principal, y que le da para llegar a acusar de infracción de la lex artis (acusación afirmada por el mismo en dicha reclamación, que no supuesta), dado que la no administración de contraste en un paciente intervenido en dos ocasiones de cirugía de columna limita enormemente el estudio, al no poderse discernir sin dicha administración de Gadolinio si el problema es una recidiva herniaria o la presencia de fibrosis postquirúrgica. [ ] Lo indicado es corroborado en dicho informe por el especialista en Radiología que informa dicho estudio, al apuntarse textualmente en uno de los últimos párrafos de dicho informe la frase: aunque no podemos determinar si es por presencia de tejido fibrocicatricial o recidiva herniaria. Respecto de la falta de consentimiento dice que es una afirmación completamente falsa, dado que fue informado debidamente por el Neurocirujano responsable de su intervención, tanto verbalmente como por escrito (Documento 6).[ ] 2
3 En dicho consentimiento informado, firmado por el paciente aunque él asegura el no habérsele dado por escrito, en el apartado de riesgos, complicaciones y posibles secuelas, se puede leer textualmente: El comité de ética de la Sociedad Española de Neurocirugía, ha elaborado una lista de complicaciones con su frecuencia, lesión radicular nueva, persistencia o agravamiento de la existente (0,02 %), recidiva de hernia discal que necesite de reintervención (2,8-11 %), etc. [ ] Indicar el que como se apunta, este tipo de cirugías presentan un alto porcentaje de recidiva, motivo por el cual es una cirugía que se reserva única y exclusivamente cuando han fracasado los tratamientos conservadores. Concluye que tanto la cirugía practicada, así como su posterior seguimiento, fue óptimo, dado que su cirujano responsable, trató en todo momento de dar la mejor solución al cuadro clínico del paciente, aunque éste no atendiese a los tratamientos propuestos por éste, argumentando mejoría clínica de su dolencia. También se ha aportado al expediente el informe suscrito por el Dr. K, Jefe de Servicio de Neurocirugía del Complejo H, en el que consta lo siguiente: Según los datos que obran en nuestra historia clínica, el paciente fue intervenido de una hernia discal izquierda a nivel L5-S1 con carácter urgente, el día 23/06/08, iniciándose la intervención a las 16:00 horas y finalizando a las 17:15. [ ] El día 18/08/08 el paciente acude a consultas externas, habiendo recuperado la fuerza del pie izquierdo, según refiere camina sin tropezar, sube y baja escaleras sin problemas y en la exploración no se objetiva paresia alguna. [ ] De nuevo el día 13/02/09 acude a consultas externas donde refiere encontrarse clínicamente bien y sin molestias. [ ] El día 21/09/09 el paciente acude a consultas externas, refiriendo lumbalgia crónica, con molestias al incorporarse, con irradiación ciática bilateral derecha más que izquierda, aumentando en la bipedestación. [ ] En julio de 2009 se practica de nuevo resonancia magnética que muestra una discopatía degenerativa L5-S1 con leve fibrosis en el lado izquierdo y protrusión en el lado derecho. [ ] El neurocirujano que en aquel momento lo valora en consultas externas plantea tratamiento quirúrgico, que consiste en una descompresión L5-S1 derecha y fijación dinámica con sistema Dynesys. [ ] El día 13/10/10, el paciente acude de nuevo a nuestras consultas externas, donde nos informa que ha sido intervenido en Clínica C, donde se practica según el informe que consta en nuestra historia una artrodesis transforaminal L5-S1 derecho, con implante intersomático Hedrocel de 7 mm y tornillos pediculares GS Medical. [ ] En nuestra opinión, son dos procesos distintos, el primero tratado mediante lo que en su momento se consideró oportuno, es decir, una hemilaminectomía parcial, que el paciente autoriza mediante consentimiento informado con fecha 23/06/08 como consta en nuestra historia clínica, y que se resuelve favorablemente recuperando la paresia previa a la cirugía. [ ] El segundo proceso en nuestra opinión, debería haberse tratado de la forma que al paciente se le expuso en consultas externas y que él autorizó firmando el correspondiente consentimiento informado. [ ] En la primera intervención se trató de una hernia discal L5-S1 izquierda, y en la segunda ocasión se trató de una protrusión L5-S1 derecha, por tanto, dos patologías independientes, aunque la causa sea un discopatía degenerativa del mismo nivel. [ ] Consideramos que el paciente ha sido tratado correctamente por parte del Servicio de Neurocirugía, y que decidió libremente ser atendido la segunda vez en el Centro Concertado en la Clínica Capio. [ ] No procede en nuestra opinión indemnización alguna, puesto que las secuelas a las que el paciente hace mención entran dentro de las posibles complicaciones que el paciente firmó en el consentimiento informado. Cuarto. Historia clínica.- Al expediente se ha unido la historia clínica de la paciente, entre cuyos documentos figuran los siguientes: - Informe radiológico de 11 de julio de 2009, en el que consta como diagnóstico Hernia discal posterolateral derecha L5-S1. Fibrosis postquirúrgica alrededor de la raíz S1 izquierda. - Informe de alta quirúrgica de la Clínica C de la intervención de la hernia discal L5-S1 derecha efectuada el 15 de diciembre de 2009, en el que se dice que el procedimiento quirúrgico llevado a cabo fue Artrodesis transforaminal L5-S1 derecha con implante intersomático Hedrocel de 7 mm y tornillos pediculares GS Medical. - Informe de seguimiento de consultas externas del Servicio de Rehabilitación emitido por el Dr. R el día 5 de julio de Consta en el mismo lo siguiente: A la exploración, efectivamente, claro empeoramiento, con S. de Tensión Radicular + dchos. Con Lassegue + a 40º y Bragard t. +. M. Lanzamiento, BAdo, etc. Incluso tb. Positividad para Lasegue contralateral. [ ] Empeoramiento tb. De retracción isquio-tibial bilateral, no superando de nuevo los 50º en ambas piernas. [ ] Abolición de ROTs aquile dcho. E hiporreflexia de izdo. + hipoestasia borde interno pie dcho. Aunque sin déficits motores. [ ] RM: Cambios postq L5-S1 con tornillos en buena posición y Herniación discal L5-S1 con discreta extensión en receso lateral izdo. [ ] Plan: Subir dosis Lyrica a mg/12 horas. Remito a NRC y a U. del Dolor. Añadir tb. Ibuprofeno + Codeina (el Tramadol le sienta peor). Citar tras ello. - Informe de Radiología fechado el 15 de julio de 2010, en el que consta lo siguiente: Estudio realizado sin supervisión médica motivo por el que no se administra contrasta iv. [ ] Vacio de señal intradiscal L5-S1 que sugiere técnica de nucleototomía (valorar protocolo quirúrgico). Se sigue identificando la hernia discal L5-S1 posterior extensa con ocupación de receso lateral derecho, aunque de menor tamaño comparativamente con exploración previa y la zona de hipointensidad alrededor de la raíz S1 izquierda (imagen correspondiente a zona de fibrosis vista en Rm previa con contraste) que permanece sin cambios. Actualmente se reconoce una estenosis foraminal L5-S1 derecha, con pérdida del plano graso epidural (imágenes algo distorsionadas por la osteosíntesis) que justificarían su clínica, aunque no podemos determinar si es por presencia de tejido fibrocicatrizal o recidiva herniaria. - Documento de consentimiento informado para la Extirpación de hernia de disco lumbar mediante incisión lumbar. En este documento contiene información sobre la hernia discal y sobre cuando está indicada la intervención. 3
4 También se informa del procedimiento de intervención que se va a seguir, diciendo al respecto que La intervención quirúrgica de la hernia discal lumbar se conoce genéricamente como discectomía [ ] Consiste en la extracción del disco degenerado (o de sus fragmentos) y liberación de las estructuras nerviosas comprimidas. Se aborda por vía posterior mediante una incisión cutánea de pocos centímetros en la zona lumbar y la resección de un ligamento (flavectomía) y una porción mayor o menor del hueso (laminectomía). En el apartado de riesgos, complicaciones y posibles secuelas se describen las que pueden aparecer, especificando que El comité de ética de la Sociedad Española de Neurocirugía ha elaborado una lista de complicaciones con su frecuencia: Lesión radicular nueva, persistencia o agravamiento de la existente (0,02%). Reciba de hernia discal que necesite la reintervención (2,8-11 %). Fístula del líquido cefaloraquídeo (0,1-0,9 %) [ ]. Quinto. Informe de la Inspección Médica.- Igualmente obra en el expediente un informe suscrito por la Médico Inspectora de Servicios Sanitarios e instructora del expediente el día 23 de julio de 2012, en el que se contiene el siguiente juicio crítico y conclusiones: 1.- D. X debuta con un cuadro de lumbocialgia severa y pérdida de fuerza en miembro inferior izquierdo (MII) en abril de 2008, con un diagnóstico por RMN de hernia subligamentaria perforada L5-S1 con compresión radicular y del saco tecal. Se le realiza tratamiento quirúrgico urgente, previo consentimiento informado, en el Servicio de Neurocirugía del H el 23/06/08, consistente en hemilaminectomía parcial, extirpación de la hernia y liberación del nervio y del saco tecal. El paciente permanece asintomático hasta abril de 2009, diez meses tras la cirugía, en que comienza con molestias ciáticas y parestesias en MID, que son tratadas con fisioterapia sin éxito. Con diagnóstico, por RM con gadolinio, de importante hernia discal L5-S1 postero-lateral derecha y fibrosis postquirúrgica que engloba la raíz S1 izquierda, es nuevamente remitido a Neurocirugía del H y el paciente acepta la realización de tratamiento quirúrgico de esta nueva HD, por lo que es incluido en registro de demanda quirúrgica para realizarle hemilaminectomía y estabilización Dynesys, técnica de neutralización dinámica alternativa a la fijación (artrodesis). 2.- Al paciente se le oferta por el H la realización de esta segunda cirugía en un Centro Concertado (Clínica C), aceptando y firmando CI correspondiente el 19/12/09, fecha en la que le realizan una artrodesis transforaminal L5-S1 derecha, con implante intrasomático hedrocel de 7 mm y tornillos pediculares GDMedical, propuesta por el Neurocirujano de ese Centro. El porcentaje de éxito de este tipo de cirugía varía entre el 65 % y el 90 %. El documento de CI de esta segunda cirugía al mismo nivel que la de junio de 2008, recoge la recidiva herniaria y la FPQ (fibrosis postquirúrgica), como posibles complicaciones, firmando el paciente ser conocedor de ello, en contra de lo manifestado en su escrito de reclamación. 3.- En mayo de 2010, por persistencia de dolor con irradiación a MMII (miembros inferiores), más al derecho, el rehabilitador le solicita una RMN con gadolinio, que le es realizada en julio, pero sin el contraste y en la que se aprecia una HD L5-S1 más pequeña, fibrosis y estenosis foraminal L5-S1 derecha, que no es posible determinar si es por la presencia de tejido fibrocicatricial o por una recidiva herniaria. Como recojo en consideraciones médicas, el estudio de RM sin y con contraste, presenta una precisión del 79 al 96% en la distinción entre HD recurrente y la FPQ. 4.- Los consentimientos informados que el paciente firma para las dos intervenciones (junio de 2008 y diciembre de 2009), no recogen la técnica concreta que se le va a realizar, pero sí recogen tanto la recidiva herniaria como la FPQ, como posibles complicaciones. La bibliografía consultada contempla que ambas complicaciones pueden causar estenosis foraminal, como presentaba D. X tras la segunda cirugía, y esta estenosis puede justificar la clínica que el paciente tenía en , dado que los síntomas de la estenosis foraminal son similares a aquellos que producen las hernias discales. CONCLUSIONES: Considero por todo lo referido, y a la vista de la documentación estudiada, que D. X, estaba informado de los riesgos de la cirugía realizada el 19/12/09 y que la actuación de los facultativos intervinientes, fue ajustada a la lex artis. Propongo por lo tanto, que la reclamación sea desestimada. Sexto. Trámite de audiencia.- Mediante resolución de la instructora se confirió trámite de audiencia a la Clínica C y al reclamante. En uso de este trámite, la representante de la Clínica C presentó el día 17 de agosto de 2012 un escrito de alegaciones en el que tras ratificarse en lo manifestado por el Director Médico de dicha Clínica, se muestra conforme con las conclusiones recogidas en el informe de la Inspección Médica. Estima que no se ajustan a la verdad las manifestaciones del reclamante en relación con la falta de consentimiento informado y que carece de base la afirmación del paciente de que el neurocirujano del Hospital H se sorprendió al ver que la hernia persistía tras la operación. Por su parte el reclamante presentó otro escrito de alegaciones en el que considera que en el expediente han quedado acreditadas las secuelas referenciadas en la reclamación, así como que la intervención quirúrgica que se le practicó era diferente a la que figuraba en el documento informado suscrito por el mismo, puesto que el autorizó la realización de cirugía de hernia discal lumbar consistente en descompresión L5-S1 derecha y fijación con sistema Dynesys y fue intervenido de artrodesis transforaminal L5-S1 con implante intersomático de 7 mm y tornillos pediculares GS Medical. 4
5 Séptimo. Propuesta de resolución.- Con fecha 20 de septiembre de 2012 fue formulada propuesta de resolución por parte del Secretario General del SESCAM, de carácter desestimatorio, basada en que el personal del servicio médico interviniente ha obrado de conformidad con la lex artis ad hoc, concluyendo que el daño objeto de reclamación no tendría carácter antijurídico. Octavo. Informe del Gabinete Jurídico.- Por último, previa petición cursada al efecto, con fecha 5 de octubre de 2012 se emitió informe por parte del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades en relación con el expediente y propuesta de resolución analizados, en el que el Letrado informante considera ajustada a derecho la solución propugnada por el SESCAM, proponiendo igualmente la desestimación de la reclamación. En tal estado de tramitación V. E. dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en el que tuvo entrada el día 5 de noviembre de A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes. CONSIDERACIONES I Carácter del dictamen.- El procedimiento que motiva la solicitud de dictamen tiene su origen en una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración, por la que se requiere del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) el pago de una indemnización reparadora de los perjuicios físicos aducidos por la propia accionante, que los considera derivados de la atención médica recibida de los servicios sanitarios del Hospital B. En consecuencia, las actuaciones desarrolladas en dicho procedimiento se han conducido conforme a las reglas formales aplicables al instituto jurídico regulado en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo artículo versión resultante de la modificación operada por la disposición final cuadragésima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible-, se dispone que para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un procedimiento general [ ] [en el que] será preceptivo el dictamen del Consejo Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. Por su parte, el artículo 54.9.a) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispone que este último órgano deberá ser consultado en los expedientes tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades que versen sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a 601 euros. Consiguientemente, como el perjuicio patrimonial objeto de reclamación ha sido cifrado en ,51 euros, superando así la suma a la que se anuda la obligatoriedad de la consulta, ha de conferirse al presente dictamen carácter preceptivo. II Examen del procedimiento tramitado.- Las normas aplicables a los procedimientos tramitados como consecuencia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas a la Administración se encuentran plasmadas primordialmente en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, disposición mediante la que se produjo el desarrollo reglamentario expresamente previsto en el ya aludido artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Del examen de las actuaciones realizadas en el curso de la instrucción, que han sido descritas pormenorizadamente en los antecedentes, se desprende que la tramitación efectuada se ha ajustado, en lo esencial, a lo establecido en la normativa que resulta de aplicación, por lo que procede a analizar las cuestiones sustantivas que se derivan del expediente. III Presupuestos normativos y jurisprudenciales para la exigencia de la responsabilidad patrimonial.- La responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución jurídica que goza en nuestros días de rango constitucional, con reflejo en los artículos 9.3 y de la Constitución, el último de los cuales establece que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Los presupuestos caracterizadores de la responsabilidad patrimonial de la Administración tienen su principal formulación legal en los apartados 1 y 2 del artículo 139 y 1 del 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los que se establece que los 5
6 particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; que, en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas; y que sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. A partir de las notas legales antedichas, la copiosa jurisprudencia existente sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina, según la cual los requisitos exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva realidad de un daño material, individualizado y económicamente evaluable; segundo, que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen (Reglamento, acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que no se haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija la Ley -Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 23 de febrero de 2004 (Ar. JUR 2004\83545, FJ 2º) y de 13 de octubre de 2006, entre otras muchas, o, en parecidos términos, Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1989 (Ar. RJ 1989\1986, FJ 3º)-. A la relación de requisitos precitados cabría agregar también, como elemento de singular significación para apreciar la referida responsabilidad patrimonial, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido. El sistema de responsabilidad extracontractual aplicable a nuestras Administraciones Públicas ha sido calificado por la doctrina como de carácter objetivo. Este rasgo ha sido perfilado por nuestra jurisprudencia señalando que al afirmar que es objetiva se pretende significar que no se requiere culpa o ilegalidad en el autor del daño, a diferencia de la tradicional responsabilidad subjetiva propia del Derecho Civil, ya que se trata de una responsabilidad que surge al margen de cuál sea el grado de voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente, y de ahí la referencia al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en la dicción del artículo 40 [de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, hoy 139 de la Ley 30/1992], pues cualquier consecuencia dañosa derivada de tal funcionamiento debe ser, en principio, indemnizada, porque de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público que, en algunos casos, debe ser soportada por la comunidad -Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1998 (Ar. RJ 1998\6836) o de 28 de noviembre de 1998 (Ar. RJ 1998\9967)-. Sin embargo, como dijo el Consejo de Estado en su dictamen de 3 de junio de 1999, este carácter objetivo, tal y como en reiteradas ocasiones ha puesto de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de Estado, no implica que todos los daños producidos en los servicios públicos sanitarios sean indemnizables, pues ello llevaría a configurar la responsabilidad administrativa en estos casos, de forma tan amplia y contraria a los principios que la sustentan, que supondría una desnaturalización de la institución. Así pues, de acuerdo con dicha doctrina, para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la lex artis, de modo que tan solo en el caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el caso de que no se infrinja la lex artis, ha de concluirse que tales perjuicios no son imputables a la Administración y han de ser soportados por el particular, sin que generen, en modo alguno, el derecho a percibir una indemnización. En idéntica línea el Tribunal Supremo en su Sentencia de 4 de abril de 2000 declaró que el criterio fundamental para determinar si concurre responsabilidad patrimonial en materia de asistencia sanitaria es la de la adecuación objetiva del servicio prestado, independientemente de que existan o no conductas irregulares por parte de los agentes de la Administración y del buen o mal éxito de los actos terapéuticos, cuyo buen fin no siempre puede quedar asegurado, añadiendo en otra Sentencia de 25 de abril de 2002 que prestada la asistencia sanitaria con arreglo a la regla de la buena praxis desde el punto de vista científico, la consecuencia de la enfermedad o padecimiento objeto de atención sanitaria no son imputables a la actuación administrativa y por tanto no pueden tener la consideración de lesiones antijurídicas. Así mismo, la responsabilidad patrimonial de la Administración se asienta en el criterio objetivo o concepto técnico de lesión, entendida ésta como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber de soportar. Dicho deber existe cuando la medida impuesta por la Administración constituye una carga general que todos los administrados afectados por su esfera de actuación están obligados a cumplir, y puede venir determinado por la concurrencia de una concreta imposición legal o por otros factores vinculados ordinariamente a la propia situación o actitud del perjudicado, con incidencia sobre la entidad del riesgo generado por el actuar de la Administración. La carga de la prueba de los hechos en que se base la reclamación de responsabilidad patrimonial recae necesariamente sobre el sujeto que la plantea, lo que incluye la acreditación de la relación causal invocada, de los daños producidos y de su evaluación económica. Es ésta una formulación enunciada sistemáticamente por nuestra jurisprudencia, que encuentra ahora su principal apoyo en los artículos 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, que viene a recoger las reglas del onus probandi dentro de la categoría de las obligaciones, sentando la conocida máxima de que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su excepción al que la opone; todo ello, sin perjuicio del deber genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre la Administración, en consonancia con lo previsto en los artículos 78.1 y 6
7 80.2 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que se extiende a sus órganos, autoridades y funcionarios. De otro lado, recae sobre la Administración imputada la carga de la prueba cuando ésta verse sobre la eventual concurrencia de una conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la presencia de causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción -v. gr. Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1999 (Ar. RJ 1999\4440) y de 21 de marzo de 2000 (Ar. RJ 2000\4049)-. También debe de ser objeto de consideración el tiempo que haya mediado entre la producción del evento lesivo y el ejercicio de la acción tendente a su reparación, pues, conforme a lo dispuesto en los artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 4.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación o estabilización de sus efectos lesivos. El análisis de la relación de causalidad existente entre el actuar administrativo y los efectos lesivos producidos aparece de ordinario como elemento esencial en el examen de los procedimientos seguidos en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración. Ante la falta de referencias legales respecto de sus notas caracterizadoras, se dispone de una amplía creación jurisprudencial al respecto, que vino tradicionalmente considerando como rasgos definitorios de dicho vínculo teleológico su carácter directo, su inmediatez y su exclusividad respecto de los perjuicios generadores de la reclamación -así, Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1987 (Ar. RJ 1987\426) o de 4 de junio de 1994 (Ar. RJ 1994\4783)-. Sin embargo, dicha tendencia doctrinal ha sido matizada y corregida, admitiéndose también formas de producción mediatas, indirectas y concurrentes que plantean la posibilidad de una moderación de la responsabilidad cuando intervengan otras causas, lo que deberá tenerse en cuenta en el momento de fijar la indemnización -Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de julio de 2001 (Ar. RJ 2001\10061), de 15 de abril de 2000 (Ar. RJ 2000\6255) o de 4 de mayo de 1999 (Ar. RJ 1999\4911)-. Este planteamiento conduce en cada supuesto al examen de las circunstancias concretas concurrentes y a la búsqueda de referentes en la abundante casuística que ofrece la jurisprudencia existente. Finalmente, la intervención de este Consejo Consultivo en los procedimientos seguidos como consecuencia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial debe centrarse esencialmente en el examen de los elementos aludidos en el artículo 12.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en el que se dispone: Se solicitará que el dictamen se pronuncie sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de indemnización [...]. IV Requisitos para el ejercicio de la acción.- Expuestos los presupuestos jurídicos exigidos legalmente para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial, procede examinar si concurren en el supuesto objeto de consulta. En relación con la legitimación activa vinculada a la reclamación formulada, queda acreditada por cuanto la reclamante es quien ha sufrido los daños y perjuicios por los que reclama. En cuanto a la legitimación pasiva de la Administración autonómica imputada, el supuesto examinado se incardina dentro del grupo de los derivados de reclamaciones dirigidas contra actuaciones ejecutadas por contratistas o concesionarios de la Administración, puesto que la actuación médica cuestionada fue llevada a cabo en las instalaciones y por el personal médico de la Clínica C, en donde se intervino quirúrgicamente a la afectada merced al concierto sanitario que tiene suscrito con el SESCAM. Se integra, por ello, en el caso específico de los procedimientos motivados por reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas contra actuaciones realizadas en centros sanitarios concertados con cualesquiera entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud, para los que la disposición adicional 12ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que observarán la tramitación administrativa prevista en dicho cuerpo legal, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo, en todo caso. Este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones sobre supuestos similares al ahora analizado, admitiendo la legitimación pasiva de la Administración autonómica cuando se entabla reclamación de responsabilidad por actos médicos ejecutados en clínicas u hospitales concertados. Ello, sin perjuicio de que la Administración en su resolución, indique si es a ésta o a la empresa contratista, -de forma directa o bien cuando la Administración autonómica le repita la suma previamente abonada por ella al reclamante-, a quien corresponde, en su caso, el cumplimiento de la obligación. Así se refleja en el dictamen 174/2006, de 11 de octubre, en el 3/2009, de 14 de enero y en el 294/2010, de 29 de diciembre. Por lo que al plazo del ejercicio de la acción se refiere, los artículos de la Ley 30/1992 y 4.2 del Real Decreto 429/1993 establecen que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En el presente supuesto, a la intervención quirúrgica a la que la interesada anuda su reclamación le ha seguido una actuación clínica relacionada con el resultado de la intervención, entre la que cabe citar a estos efectos el tratamiento recibido en la Unidad del Dolor el día 23 de noviembre de 2010, por lo que al haber presentado la reclamación el día 27 de julio de 2011, la misma se encuentra presentada en plazo. V Requisitos sustantivos, daño, relación de causalidad y antijuridicidad de aquél.- Pasando a ponderar la efectividad de los perjuicios alegados por la reclamante, debe puntualizarse que aunque en el expediente no obra el informe 7
8 de la Dra. P, al que se refiere el interesado en el punto 9 de los antecedentes de hecho de la reclamación, que, según el afectado, contiene las secuelas derivadas de la intervención, sí consta en el mismo el dictamen evaluador del INSS, el cual acredita que el Sr. X presenta el siguiente cuadro clínico y las limitaciones orgánicas funcionales siguientes: HD L5-S1. IQ. en dos ocasiones con mal resultado. Estenosis foraminal y fibrosis postquirúrgica, las cuales se consideran estabilizadas e irreversibles y le inhabilitan por completo para toda profesión u oficio, siendo estas secuelas las que han motivado la declaración de jubilación permanente para toda profesión u oficio, efectuada por el Director Adjunto de la Agencia Tributaria el día 10 de febrero de Por ello, cabe considerar que ha quedado acreditado en el expediente la producción de un daño susceptible de evaluación económica. 1.- El reclamante imputa a la Administración una irregular actuación sanitaria en relación con la intervención quirúrgica que le fue efectuada el día 15 de diciembre de 2009 en la Clínica C por derivación del SESCAM, que concreta, por una parte, en una deficiente actuación del cirujano que le intervino y, por otra, en la falta del preceptivo consentimiento informado. Aunque el reclamante concreta su imputación en la intervención quirúrgica efectuada el 15 de diciembre de 2009, resulta conveniente para el análisis de su reclamación efectuar una breve referencia a los antecedentes de la misma, a los cuales se refiere el interesado en los puntos 1 a 4 de su reclamación. Según refiere, el 23 de junio de 2008 fue intervenido por el Servicio de Neurocirugía del Hospital H, quien le practicó una hemilaminectomía parcial y extirpación de hernia L5- S1. Posteriormente, en el mes de abril de 2010 comenzó a sentir dolores en la espalda y en la pierna derecha que, al no mejorar, aconsejaron la realización de una nueva intervención quirúrgica, para lo cual fue derivado a la Clínica C, donde el día 15 de diciembre de 2009 se procedió a realizar Artrodesis transforaminal L5-S1 derecha con implante intersomático Hedrocel de 7 mm y tornillos pediculares GS Medical. Añade que la rehabilitación llevada a cabo en el Hospital B durante los meses de febrero y marzo de 2010 no dio buenos resultados, continuando con dolor en la espalda que se irradiaba por la pierna derecha, por lo que el 1 de agosto de 2010 se le efectuó una RM en la que, dice, se sigue identificando la hernia discal L5-S1 posterior extensa con ocupación de receso lateral derecho, reconociéndose una estenosis foraminal L5-S1 derecha, con pérdida del plano graso epidural. Como se desprende del contenido de la reclamación, ésta parte de constatar el mal resultado derivado de la intervención, pero el reclamante no trata de fundamentar en ningún momento que dicho resultado traiga su causa de la propia intervención y menos aún que ésta se practicara con infracción de la lex artis. Dice en la reclamación que a pesar de que la intervención se programó para proceder a la extracción del disco herniado que comprimía la raíz y posterior fijación lumbar (artrodesis), nos encontramos con que la hernia no se extirpó y no se liberó la raíz del nervio. Su afirmación no se corresponde a la realidad. Según se indica en el informe aportado por la Clínica C, la intervención quirúrgica cursó sin complicaciones reseñables, siendo dado de alta a los dos días de dicha intervención con el tratamiento y recomendaciones a seguir en domicilio. Posteriormente, el 12 de febrero de 2010, tras el correspondiente estudio radiográfico de columna lumbar, se ratifica la buena evolución al no observarse aflojamiento ni complicaciones, con óptima colocación del material de osteosíntesis, por lo que dada la estabilidad clínica tras la cirugía practicada se programa para nueva revisión para el plazo aproximado de 6 meses. El 2 de septiembre de 2010, el neurocirujano responsable de su intervención, tras constatar la mejoría global tras la intervención realizada, apunta la presencia de ciatalgia residual tras la misma, por lo que considera la necesidad de infiltración foraminal a cuyo efecto se cita al paciente el día 28 del mismo mes, no efectuándose la misma por negativa del mismo. Lo que sucedió en el caso de este paciente fue que se produjo una recidiva herniaria, riesgo que figuraba en el consentimiento informado. Según la literatura médica, la estenosis foraminal es una condición de la columna vertebral que afecta generalmente a uno o a más nervios. Las raíces y los nervios raquídeos emergen desde la columna espinal para ir a los músculos y órganos a través de agujeros llamados forámenes de conjunción. Estas estructuras se forman y están en íntima relación con estructuras óseas, ligamentosas y de los discos vertebrales. Al existir alteraciones en estas estructuras, como ha sucedido en este caso con la hernia discal que tenía el paciente, el diámetro normal de este agujero se estrecha, pudiendo llegar a comprimir los nervios que transcurren por ellos. Aunque las estenosis foraminales se pueden producir en cualquiera de los forámenes de la columna, son más frecuentes en los segmentos lumbares y cervicales, donde también se producen habitualmente las hernias discales. En el caso del reclamante, como consecuencia de la intervención se produjo una estenosis foraminal, aunque, como dice la Médico Inspectora, no ha sido posible determinar si tuvo el origen en la hernia discal o en la fibrosis epidural postquirúrgica que puede aparecer después de la intervención. Pero, tanto fuese por una u otra causa, ese era un riesgo contemplado como posible en el consentimiento informado, aunque bajo la denominación genérica de recidiva de hernia discal. Lo expuesto lleva a este Consejo a determinar que en el expediente no ha quedado acreditado que la intervención quirúrgica efectuada el día 15 de diciembre de 2009 haya sido la causa de su situación actual, por lo que no existe relación causal entre la intervención efectuada y los daños que sufre. A este respecto, es de señalar, como dijo el Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de septiembre de 2009 (Arz. RJ 2009,5481), para que se origine el derecho de los particulares a ser indemnizados por la Administración tratándose de responsabilidad derivada de la prestación sanitaria no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de los razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no es posible ni a la ciencia ni a 8
9 la Administración garantizarlo en todo caso, puesto que la obligación de los profesionales de medicina es de medios, no de resultados. 2.- Procede a continuación examinar la imputación que efectúa el reclamante respecto del consentimiento informado. En su reclamación afirma, primero, que nunca fue informado ni verbal ni documentalmente respecto de la intervención quirúrgica que se le realizó el día 15 de diciembre, pero, después, en la misma reclamación admite que firmó un documento de consentimiento informado, pero que no se le informó de que, tras la intervención, pudiera continuar la misma hernia discal. Respecto de estas imputaciones, resulta suficiente efectuar una lectura del consentimiento informado suscrito por el interesado para desestimar esta imputación, ya que en la hoja segunda de dicho documento (página 45 del expediente) se describen los posibles riesgos de la extirpación de la hernia de disco lumbar, se dice que El comité de ética de la Sociedad Española de Neurocirugía ha elaborado una lista de complicaciones con su frecuencia: Lesión radicular nueva, persistencia o agravamiento de la existente (0,02 %). Reciba de hernia discal que necesite la reintervención (2,8-11 %). Fístula del líquido cefaloraquídeo (0,1-0,9 %). Esto es, la reaparición de la hernia discal de la que dice que no fue informado y que de haberlo sido no se habría intervenido, figuraba como uno de los riesgos específicos de la intervención que le fue practicada, y con un porcentaje de que así sucediera -del 2,8 al 11 por Según la Médico Inspectora, La recidiva de la sintomatología tras una cirugía de Hernia Discal (HD) es causada por múltiples patologías, entre las más frecuentes y que presentan dificultad diagnóstica entre ellas, están la fibrosis epidural posquirúrgica y la HD recurrente, añadiendo que La bibliografía consultada contempla que ambas complicaciones pueden causar estenosis foraminal, como presentaba D. X tras la segunda cirugía, dado que los síntomas de la estenosis foraminal son similares a aquellos que producen las hernias discales. En conclusión, aunque se hubiera acreditado la relación causal entre las secuelas que padece el reclamante y la intervención efectuada el 15 de diciembre de 2009 en la Clínica C, el paciente estaba informado del posible riesgo y los asumió mediante la firma del consentimiento informado, lo que supone que dichos daños no tienen carácter antijurídico. Tras el trámite de audiencia y previa consulta del expediente, el reclamante modifica el sentido de la imputación referente al consentimiento informado, alegando que el suscrito era para la extirpación de hernia de disco lumbar mediante incisión lumbar y que en dicho consentimiento informado no consta que me informara de que se me iba a realizar una artrodesis con implante intersomático y tornillos pediculares. La artrodesis es una técnica quirúrgica que consiste en la realización de una fusión de unas vértebras con otras. Según se dice en la literatura médica, al realizar una resección del disco intervertebral puede resultar una inestabilidad entre las vértebras, es decir que se muevan más de lo normal, siendo la solución para esto su fusión. Es cierto, como dice la Médico Inspectora que en ninguno de los consentimientos informados suscritos por el paciente en el año 2008 y 2009 se recoge la técnica concreta que se le va a realizar, pero el paciente era conocedor de que se le iba a realizar una artrodesis puesto que afirma que la intervención quirúrgica se programó para proceder a la extracción del disco herniado que comprimía la raíz y posterior fijación lumbar (artrodesis), lo que implica que el paciente era conocedor de que se iba a utilizar la técnica quirúrgica que le fue efectuada. La no inclusión de la técnica quirúrgica en el consentimiento informado puede responder a la problemática que se ha planteado ante el Tribunal Supremo, quien en su Sentencia de 2 de enero de 2012 (Arz. RJ 2012,1) dijo al respecto lo siguiente: Cierto es que la paciente tiene y debe conocer tanto la finalidad de la operación como también cómo se va a realizar la misma y que posibilidades y riesgos hay, pero, entrando ya en la técnica concreta quirúrgica, en cómo se va a abordar la intervención, se adentra en un campo de extraordinaria complejidad médica y que determina en el paciente que va a recibir la información una capacidad de entendimiento y comprensión propia de profesionales médicos al poder suponer una información excesiva y disuasoria en función de los factores concurrentes. En este punto, ciertamente, el deber de información previa no determina que la información haya de comprender ya la técnica quirúrgica compleja, salvo que la misma resulte relevante para los riesgos o complicaciones que se puedan producir, puesto que ello corresponde al profesional médico y que difícilmente puede explicarse en términos sencillos y profanos. Aunque no incluido en el documento, el paciente recibió información verbal sobre la técnica que se iba a realizar y que se realizó. Pero además, consta en el documento de consentimiento informado suscrito por el paciente una autorización al cirujano de que de presentarse circunstancias no previstas durante la operación que puedan hacer necesaria la utilización de técnicas quirúrgicas diferentes a la previamente planeada, autorizo al cirujano a que actúe con arreglo a lo que él considere más conveniente de acuerdo con la ciencia médica, por lo que en cierto modo se está previendo la posibilidad de que se utilice una técnica distinta a la prevista inicialmente en función de las incidencias que surgiesen durante la intervención. A tenor de todo el conjunto de valoraciones médicas precedentes, que no han sido rebatidas por informe pericial alguno, no cabe advertir tacha alguna respecto a la idoneidad del controvertido proceso asistencial, toda vez que en el mismo no se advierten rasgos de anormalidad, ni en el aspecto material ni formal, sobre los que apoyar un pronunciamiento estimatorio, ligado a un funcionamiento irregular del servicio público sanitario en ninguna de las posibles facetas a considerar. De tal modo, ha de concluirse que no concurren los requisitos necesarios para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración. VI 9
10 Sobre la indemnización solicitada.- Pese a no concurrir los elementos necesarios para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, cabe finalmente efectuar una última y breve consideración sobre el importe de la indemnización instada por la reclamante. El reclamante solicita una indemnización de ,51 euros por las secuelas, efectuando en la reclamación una valoración de las secuelas que dice padecer, pero dicha valoración no se encuentra respaldada por ningún informe médico. Según se ha dicho en la anterior consideración, en el expediente ha quedado acreditado que al reclamante le ha quedado como secuela de las intervenciones quirúrgicas de hernia discal una estenosis foraminal que le inhabilita por completo para toda profesión u oficio, pero no existe documento médico alguno que permita a este Consejo efectuar una valoración motivada de la indemnización que, de estimarse la reclamación, tendría derecho a percibir, más allá de la que resulta de la incapacidad permanente absoluta. En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen: Que careciendo de carácter antijurídico los daños sufridos por D. X, a consecuencia de la intervención quirúrgica de hernia discal lumbar efectuada en la Clínica C, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada. 10

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 54
 Real Decreto 
 artículo 139
 artículo 40
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución