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Timestamp: 2018-04-23 09:54:45+00:00

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Decreto Ley 8/2014, de 23 de diciembre, por el que se crea el Registro de traductores e intérpretes judiciales para su actuación ante los órganos judiciales con sede en Cataluña - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO LEY 8/2014, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES JUDICIALES PARA SU ACTUACIÓN ANTE LOS ÓRGANOS JUDICIALES CON SEDE EN CATALUÑA (DOGC 6777 DE 24)
Bajo la vigencia del Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979, y mediante los reales decretos 966/1990, de 20 de julio, y 409/1996, de 1 de marzo, se traspasaron de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña las funciones en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de justicia y de las fiscalías. Estas funciones y servicios se atribuyeron en su día al Departamento de Justicia mediante el Decreto 129/1996, de 16 de abril ( LCAT 1996, 227 ) . Más recientemente, esta atribución de competencias resulta del artículo 3.12.1 del Decreto 200/2010, de 27 de diciembre ( LCAT 2010, 876 y LCAT 2011, 18) , de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Generalidad de Cataluña, según el cual corresponden al Departamento de Justicia las funciones relacionadas con la Administración de justicia en Cataluña y su modernización.
No existe en nuestro ordenamiento jurídico ningún tipo de regulación positiva de la figura del traductor e intérprete judicial. Solo se refieren a ellos en algunos preceptos la Ley de enjuiciamiento criminal (artículos 440 y 441 y 762.8) y la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio ( RCL 1985, 1578 y 2635) , del poder judicial (artículo 231.5), si bien con unas garantías que no son las exigidas por la Directiva mencionada.
Dado que la Comisión Europea ha contactado con España para verificar en qué situación se encuentran los textos en preparación y ha requerido motivadamente el Estado español por no haber tomado medidas para adaptar la Directiva 2010/64/UE y que, por lo tanto, cabe la eventualidad de que se abra un expediente de incumplimiento por este motivo, lo cual, de acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, justifica la necesidad extraordinaria que, a su vez, justifica el recurso al Decreto ley;
Por todo ello, en uso de la autorización concedida por el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, a propuesta del consejero de Justicia y de acuerdo con el Gobierno, decreto:
1.1 Este Decreto ley tiene por objeto crear y regular el Registro de traductores e intérpretes judiciales para su actuación ante los órganos judiciales con sede en Cataluña, así como establecer los criterios generales y requisitos mínimos de acceso al Registro.
1.3 Las disposiciones de este Decreto ley son aplicables a los procedimientos ante los órganos judiciales con sede en Cataluña.
Son finalidades de este Decreto ley:
b) Fomentar la idoneidad de la interpretación y traducción dentro del ámbito de aplicación de este Decreto ley, mediante la incorporación al Registro de aquellas personas que puedan acreditar un conocimiento adecuado del idioma para la interpretación y traducción judicial, que permita garantizar la equidad del proceso.
Artículo 3. Creación del Registro
Artículo 4. Funciones del responsable del fichero automatizado del Registro de traductores e intérpretes judiciales
a) Integrar en el Registro los datos que figuran en el anexo 1, referidos a los traductores e intérpretes incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto ley. En el Registro de traductores e intérpretes judiciales no puede figurar ningún dato relativo a la ideología, la creencia, la religión, el origen racial, la salud ni la orientación sexual de los traductores e intérpretes.
Artículo 5. Comunicación de datos
Artículo 6. Acceso a los datos
Artículo 7. Tratamiento de datos
Artículo 8. Inscripción al Registro
Artículo 9. Conocimiento de los idiomas oficiales de Cataluña
Se autoriza a la persona titular del departamento competente en materia de justicia para que dicte los actos y las disposiciones reglamentarias que se consideren necesarias para el desarrollo de este Decreto ley.
Título emitido por la Comunidad Autónoma de Galicia ( Decreto 267/2002, de 13 de junio ( LG 2002, 291 ) , por el que se regula la habilitación profesional para la traducción y la interpretación jurada de otras lenguas al gallego, y viceversa).
Título emitido por la Comunidad Autónoma del País Vasco ( Decreto 88/2009, de 21 de abril ( LPV 2009, 198 ) , sobre habilitación de traductores e intérpretes jurados).
Título universitario en traducción e interpretación
Títulos extranjeros de educación superior
Títulos y grados académicos de posgrado universitario
Títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias
Titulación del lenguaje de signos
Titulación de los idiomas oficiales

References: artículo 3
 artículo 64

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9