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Timestamp: 2019-06-18 10:58:27+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Manuel Aresti Durban con MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Manuel Aresti Durban con MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA Rol: C4383-18
Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Villa Alemana, ordenándose la entrega de los correos electrónicos institucionales enviados por el Sr. Alcalde José Sabat Marcos y Sr. Concejal Marcelo Valderrama Magna, respectivamente, con la empresa de aseo Santa Teresita SpA, entre el 01 de marzo y el 21 de agosto de 2018. Lo anterior, por tratarse de correos electrónicos generados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas y respecto de los cuales no concurren las causales de secreto o reserva de distracción indebida y afectación de los derechos de las personas invocadas al efecto. Con todo, en el evento de que no obren en poder de la reclamada los correos electrónicos enviados por don Marcelo Valderrama Magna el órgano deberá informar dicha circunstancia de modo fundado al solicitante y a este Consejo. Este acuerdo se adoptó con el voto disidente del Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, para quien se configura respecto de los antedichos emails, la causal de secreto o reserva de afectación de los derechos de las personas, debiéndose; en consecuencia, rechazar el amparo en esta parte. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a los correos electrónicos reclamados, relativos a los señores Concejales Claudio de la Horra Donoso, Álvaro Brauchi González, Juana Tapia Gaete, Carolina Pfaff Rojas, Raúl Bustamante Bertoglio, Antonio Barchiesi Ferrari y Raúl Alvear Guerra, por tratarse de información inexistente, no contando este Consejo con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por los aludidos terceros.
DECISIÓN AMPARO ROL C4383-18
Ingreso Consejo: 12.09.2018.
Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Villa Alemana, ordenándose la entrega de los correos electrónicos institucionales enviados por el Sr. Alcalde José Sabat Marcos y Sr. Concejal Marcelo Valderrama Magna, respectivamente, con la empresa de aseo Santa Teresita SpA, entre el 01 de marzo y el 21 de agosto de 2018. Lo anterior, por tratarse de correos electrónicos generados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas y respecto de los cuales no concurren las causales de secreto o reserva de distracción indebida y afectación de los derechos de las personas invocadas al efecto. Con todo, en el evento de que no obren en poder de la reclamada los correos electrónicos enviados por don Marcelo Valderrama Magna el órgano deberá informar dicha circunstancia de modo fundado al solicitante y a este Consejo.
Este acuerdo se adoptó con el voto disidente del Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, para quien se configura respecto de los antedichos emails, la causal de secreto o reserva de afectación de los derechos de las personas, debiéndose; en consecuencia, rechazar el amparo en esta parte.
Se rechaza el amparo en lo que se refiere a los correos electrónicos reclamados, relativos a los señores Concejales Claudio de la Horra Donoso, Álvaro Brauchi González, Juana Tapia Gaete, Carolina Pfaff Rojas, Raúl Bustamante Bertoglio, Antonio Barchiesi Ferrari y Raúl Alvear Guerra, por tratarse de información inexistente, no contando este Consejo con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por los aludidos terceros.
En sesión ordinaria N° 979 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de marzo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C4383-18.
1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 21 de agosto de 2018, don Manuel Aresti Durban solicitó a la Municipalidad de Villa Alemana: "copia de todos los correos electrónicos institucionales del Alcalde y Concejales, con la Empresa de Aseo Santa Teresita, desde el 01 de marzo de 2018 a la fecha de esta solicitud de información".
2) RESPUESTA: Por medio de Ord. N° 514, de 11 de septiembre de 2018, el órgano requerido, denegó la entrega de lo pedido por resultar aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, atendida la cantidad de funcionarios que tendrían que abocarse a la recopilación de dichos antecedentes.
3) AMPARO: El 12 de septiembre de 2018, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento.
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado mediante Oficio N° E7862, de 10 de octubre de 2018, traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Villa Alemana.
Por medio de Ord. N° 878, de 05 de noviembre de 2018, el órgano reclamado presentó sus descargos u observaciones en esta sede, señalando en resumen, que la causal de reserva invocada se funda "en que el reclamante solicitó una gran cantidad de información la cual se debe recopilar con sus más de 300 funcionarios de planta y contrata y un número similar de servidores a honorarios, distrayéndolos así evidentemente de sus funciones propios en esta Municipalidad". A lo anterior, se suma que el requirente no especificó qué tipo de correos electrónicos se refiere, por lo que además su divulgación podría afectar la vida privada de las personas.
5) GESTIÓN OFICIOSA: Atendida una consulta efectuada por este Consejo, por medio de correo electrónico de fecha 06 de diciembre de 2018, el órgano reclamado remitió datos de contacto de los terceros interesados en el presente amparo.
6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante Oficios N° 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, todos de fecha 19 de diciembre de 2018, confirió traslado, respectivamente, a los señores Claudio de la Horra Donoso, Álvaro Brauchi González, Juana Tapia Gaete, Carolina Pfaff Rojas, José Sabat Marcos, Raúl Bustamante Bertoglio, Marcelo Valderrama Magna, Antonio Barchiesi Ferrari y Raúl Alvear Guerra.
Por medio de presentación escrita ingresada a este Consejo con fecha 03 de enero de 2019, los señores Concejales Claudio de la Horra Donoso, Álvaro Brauchi González, Juana Tapia Gaete, Carolina Pfaff Rojas, Raúl Bustamante Bertoglio, Antonio Barchiesi Ferrari y Raúl Alvear Guerra, de forma conjunta, evacuaron sus descargos u observaciones del caso señalando, en síntesis, que la respuesta entregada por el órgano en ningún momento les fue comunicada ni tuvieron noticia de la misma hasta la notificación efectuada por este Consejo. Acto seguido sostienen que la mentada respuesta es "del todo desafortunada, porque del tenor de la misma, permite suponer que existe algún tipo de comunicación como la requerida por el recurrente, y que no fue entregada", en circunstancias que "es imposible dar lugar al requerimiento de información solicitada, toda vez que no existe, ni ha existido comunicación alguna entre los ediles que suscriben y la empresa por la cual se consulta". Finalmente hacen presente que ellos han cuestionado la licitación por la cual se consulta, recurriendo incluso a la Contraloría General de la República.
Por su parte, por medio de Ord. N° 08, ingresado a este Consejo con fecha 04 de enero de 2019, el señor José Sabat Marcos, evacuó sus descargos u observaciones del caso, señalando, en síntesis, que el órgano denegó en la información pedida en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. No obstante, agrega que "el suscrito estima además, que podrían verse afectadas las garantías legales y constitucionales, referidas a la protección de la vida privada y de las comunicaciones del mismo carácter, consagradas en la Ley N° 19.628, así como en los N°s. 4 y 5, ambos del artículo 19 de la Constitución Política del Estado".
A la fecha, no consta que el señor Marcelo Valderrama Magna, haya evacuado descargos u observaciones en esta sede.
1) Que, el presente amparo tiene por objeto el acceso a los correos electrónicos enviados por el Sr. José Sabat Marcos, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Villa Alemana y los Sres. Claudio de la Horra Donoso, Álvaro Brauchi González, Juana Tapia Gaete, Carolina Pfaff Rojas, Raúl Bustamante Bertoglio, Marcelo Valderrama Magna, Antonio Barchiesi Ferrari y Raúl Alvear Guerra, en sus calidades de miembros del Concejo Municipal, desde sus respectivas casillas institucionales, con la empresa de aseo Santa Teresita SpA, entre el 01 de marzo y el 21 de agosto de 2018. Al respecto, el órgano requerido denegó el acceso a la información fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, atendida la cantidad de funcionarios que tendrían que abocarse a la recopilación de dichos antecedentes y el artículo 21 N° 2 del mismos cuerpo legal.
2) Que, conforme se señaló en el numeral 6° de lo expositivo de esta decisión, este Consejo dio traslado a todos los terceros interesados en el presente amparo en sus calidad de titulares de los correos electrónicos pedidos, manifestando al efecto, los señores Concejales Claudio de la Horra Donoso, Álvaro Brauchi González, Juana Tapia Gaete, Carolina Pfaff Rojas, Raúl Bustamante Bertoglio, Antonio Barchiesi Ferrari y Raúl Alvear Guerra, que las comunicaciones pedidas -pese a las alegaciones del órgano requerido- no obran en su poder, por ser dichas comunicaciones inexistentes. Luego, es menester señalar que como ha sostenido este Consejo, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública -y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública- aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente.
3) Que, en la especie, se han señalado los motivos específicos por los cuales la información expresamente requerida es inexistente, razón por la cual, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por los terceros interesados, se rechazará el presente amparo en lo que se refiere a los correos electrónicos relativos a los señores Concejales Claudio de la Horra Donoso, Álvaro Brauchi González, Juana Tapia Gaete, Carolina Pfaff Rojas, Raúl Bustamante Bertoglio, Antonio Barchiesi Ferrari y Raúl Alvear Guerra.
4) Que, en tal orden de ideas, en lo que se refiere a los restantes correos electrónicos pedidos, esto es, los relativos al Alcalde Sr. José Sabat Marcos y Concejar Sr. Marcelo Valderrama Magna, procede que este Consejo analice la concurrencia de las causales de reserva alegadas en esta sede.
5) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. Luego, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido o el tercero interesado en su caso, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.
6) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, cabe señalar que dicha norma dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".
7) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.
8) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.
9) Que, en efecto, en el presente caso, el órgano ha señalado que la entrega de la información solicitada implica que una gran cantidad de funcionarios deba avocarse a su búsqueda y recopilación. Con todo, no especificó la cantidad de antecedentes que comprende la información solicitada, el número de funcionarios necesarios para su búsqueda ni el tiempo que dichas actividades les tomaría, situación que no permite tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la configuración de la causal de reserva de distracción indebida, razón por la cual procede el rechazo de la misma.
10) Que, ahora bien, en cuanto a la concurrencia de la especie hipótesis de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, es menester señalar que este Consejo, en decisión de mayoría, estima que los correos electrónicos generados desde una casilla institucional -entendiéndose por ésta aquella provista por el organismo respectivo- , son públicos, en la medida que digan relación directa con el ejercicio de competencias públicas. En efecto, el ejercicio actual de la función pública, supone el uso de toda forma de comunicación para concretizar los fines que la Administración del Estado persigue, es por esto que a cada funcionario se le otorga una casilla institucional financiada con recursos del erario nacional, sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas.
11) Que, lo anterior es una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación consagrados en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del MINSEGPRES, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Luego, y siendo los correos electrónicos la herramienta que permite un intercambio eficaz de información, en tanto han venido a reemplazar, en parte, a los documentos administrativos contenidos en formato papel, tales como memorándums, oficios u ordinarios empleados por la Administración, no están ajenos al escrutinio y control social que la ciudadanía pueda hacer de ellos, en los términos dispuestos en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia y 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República.
12) Que, en tal orden de ideas, si se estimara que los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos por servidores públicos respecto de materias propias del desempeño de sus funciones son comunicaciones de carácter privado, se crearía un canal secreto que transformaría en reservados documentos esencialmente públicos por el puro hecho de ser remitidos por esa vía. Así ocurriría, por ejemplo, con los documentos adjuntos a un e-mail o con las respuestas que los órganos de la Administración otorgan electrónicamente, como ocurre en la mayoría de las solicitudes presentadas conforme a la Ley de Transparencia. De esta manera, el secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente. Sólo así son posibles el control y la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión.
13) Que, como manifestación de lo expuesto precedentemente, los correos electrónicos, son empleados cada vez más, como fundamentos de actos o decisiones de los órganos de la Administración del Estado. Como ejemplo pueden verse las resoluciones N° 4.140 y 8.802, de 2009; N° 95, N° 270, N° 833, N° 1.178, N° 2.954, N° 2.957, N° 2.960, N° 3.084 y N° 3.787, de 2011; y N° 9.844, N° 9.920 y N° 9.951, todas de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, así como el decreto supremo N° 634/2011, del mismo Ministerio; las resoluciones N° 661/2007, y N° 429/2008, ambas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, así como los decretos supremos N° 84/2004, y N° 13, N° 30 y N° 170, de 2006, todos de la misma cartera; la resolución N° 109/2011, de la Subsecretaría de Transportes; las resoluciones N° 550/2003, y N° 28/2007, ambas de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción; y, el decreto supremo N° 157, de 2011, del Ministerio de Minería, todos ellos publicados en el Diario Oficial.
14) Que, la práctica señalada precedentemente no hace sino reconocer que estos correos constituyen una forma de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional en cada uno de esos casos, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública. A mayor abundamiento, las entidades públicas ponen servidores de correo electrónico a disposición de sus funcionarios y les entregan cuentas de correo sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas. Se trata de una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación establecidos en la ley orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado.
15) Que, en efecto, en cuanto a la eventual afectación de los derechos de los terceros interesados señores José Sabat Marcos y Marcelo Valderrama Magna, a juicio de este Consejo, en la especie, no se produce toda vez que, por una parte, sólo el primero de ellos se opuso en esta sede a su entrega invocando de forma genérica una afectación a la esfera de su vida privada sin acreditar o justificar de forma concreta como aquella se produciría, mientras que el segundo, no alegó la concurrencia de ninguna causal de hecho o reserva que haga procedente su denegación.
16) Que, en consecuencia, es pertinente la entrega de los correos electrónicos requeridos por el reclamante, en lo que se refiere a los señores José Sabat Marcos, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Villa Alemana y Marcelo Valderrama Magna, en su calidad de miembro del Concejo Municipal, que fueron generados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas, al no concurrir una causal de secreto o reserva a su respecto. Ello, en la medida que se trate de comunicaciones electrónicas que obren en poder del Municipio.
17) Que, en razón de lo anterior, se acogerá el amparo en esta parte y, conjuntamente con ello, se ordenará al órgano requerido la entrega de los correos electrónicos enviados por el Sr. Alcalde José Sabat Marcos y el Sr. Concejal Marcelo Valderrama Magna, desde sus respectivas casillas institucionales, con la empresa de aseo Santa Teresita SpA, entre el 01 de marzo y el 21 de agosto de 2018. Lo anterior, debiendo tarjarse previamente todos los datos personales de contexto incorporados en la información pedida, tales como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. Con todo, y atendido que a la fecha don Marcelo Valderrama Magna no ha emitido pronunciamiento sobre los correos electrónicos que le conciernen en el evento de que dichas comunicaciones no obren en poder del órgano reclamado, deberá acreditar en sede de cumplimiento esta circunstancia de conformidad al punto 2.3 de la Instrucción General N° 10 dictada por esta Corporación.
I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Manuel Aresti Durban en contra del Municipalidad de Villa Alemana, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
a) Entregue al reclamante todos los correos electrónicos enviados desde sus pertinentes casillas institucionales, por él y el señor Concejal Marcelo Valderrama Magna, respectivamente, con la empresa de aseo Santa Teresita SpA, entre el 01 de marzo y el 21 de agosto de 2018.
Se hace presente que de forma previa a la entrega de dichos antecedentes, deberá tarjar todos los datos personales de contexto incorporados en la información pedida, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.
En el evento de no obrar en poder del órgano los correos electrónicos enviados por don Marcelo Valderrama Magna, deberá acreditar en sede de cumplimiento esta circunstancia de conformidad al punto 2.3 de la Instrucción General N° 10 dictada por esta Corporación.
III. Rechazar el amparo en lo que se refiere a los correos electrónicos pedidos relativos a los señores Concejales Claudio de la Horra Donoso, Álvaro Brauchi González, Juana Tapia Gaete, Carolina Pfaff Rojas, Raúl Bustamante Bertoglio, Antonio Barchiesi Ferrari y Raúl Alvear Guerra, por tratarse de información inexistente.
IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Manuel Aresti Durban, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Villa Alemana y a los terceros interesados en el presente amparo.
La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado en los considerandos 9° a 16° del presente acuerdo, estimando que respecto de aquellos correos electrónicos requeridos en la especie respecto del Sr. Alcalde José Sabat Marcos y Sr. Concejal Marcelo Valderrama Magna, debe ser rechazado, en base a las siguientes consideraciones:
1) Que, respecto de dichos correos electrónicos solicitados estos, tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, son interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que dichos correos electrónicos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decantados en casillas institucionales. En efecto, se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la administración del Estado y que no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social.
14) Que, por lo anterior, a criterio de este disidente, se configura respecto de los mails de los señores José Sabat Marcos y Marcelo Valderrama a que se refiere la solicitud, la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, debiéndose, en consecuencia, rechazarse el amparo en esta parte.

References: artículo 21
 artículo 21
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 8
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 7
 artículo 21
 resolución 
 artículo 33
 artículo 11
 artículo 33
 artículo 11
 artículo 21