Source: http://ereupsvallecas.blogspot.com/2009/02/resolucion-nref-regulacion-de-empleo.html
Timestamp: 2018-09-25 21:41:16+00:00

Document:
N/REF: REGULACIÓN DE EMPLEO. RAA/JPG
ASUNTO: Expte.: 45/08. Empresa UNITED PARCEL
SERVICE ESPAÑA LTD y CÍA S.R.C.
VISTO: El expediente de extinción colectiva de contratos de trabajo presentado por D. Juan Manuel Lucas González en representación de la empresa UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD y CÍA, S.R.C., con domicilio social en Madrid, D.P. 28033, Vía de los Poblados 1, Parque Empresarial Alvento, y dedicada a la actividad de reparto y recogida de paquetería;
PRIMERO.- El día 25 de junio de 2008 tuvo entrada en este Centro directivo el referido expediente en el que por la representación empresarial referida se solicita autorización para extinguir la relación laboral de 245 trabajadores, de los 1.167 que conforman el conjunto de la plantilla de la empresa.
SEGUNDO.- Con la solicitud fue adjuntada, entre otra, la siguiente documentación:-
-Escrito de solicitud de extinción colectiva de contratos;
Exp.: 45/08
- Memoria Explicativa de las causas que determinan el expediente;
- Balances, Cuentas anuales e informes de gestión de los ejercicios 2004-2006, junto con el Balance de situación provisional a la fecha de presentación del expediente; y
- Plan Social y Medidas de Acompañamiento.
TERCERO. - Este Órgano directivo, mediante oficio de fecha 2 de julio de 2008, requirió a la representación de UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTDy CÍA, S.R.C., la subsanación de defectos de procedimiento que en el mismo se detallan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del R.D. 43/96, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos.
El día 10 de julio siguiente, fue remitido a la misma representación empresarial nuevo escrito de requerimiento, complementario del anterior, incidiendo en la necesidad de especificar los centros de trabajo que resultarían afectados por el expediente, así como el número de trabajadores afectados en cada uno de ellos.
En sendos escritos de requerimiento se advertía de la obligación de dar traslado de la respuesta a la representación legal de los trabajadores.
CUARTO.- El día 9 de julio de 2008 tuvo entrada en este Organismo el escrito presentado por la Presidenta del Comité de Empresa de UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD y CÍA, S.R.C., en el centro que tiene su sede en Vallecas [C/ Gamonal n° 11, de esta capital], Da Rosa TORRES SASTRE. Del mismo se dio traslado, en fecha 22 de julio siguiente, a la representación empresarial, al objeto de poder formular a su respecto las alegaciones que a su derecho pudieran convenir, por referirse su contenido a aspectos esenciales del procedimiento.
QUINTO.- El día 21 de julio de 2008 tuvo entrada en esta Dirección General de Trabajo el escrito enviado por la representación UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD y CÍA, S.R.C., comunicando que por su medio se daba cumplimiento al requerimiento de subsanación.
Sin embargo, habiéndose constatado por este Órgano directivo que dicha respuesta sólo contenía una subsanación parcial de lo requerido [no se subsanaba, en concreto, lo relativo a la especificación de "cuales son los centros de trabajo concretos que resultarán afectados por el expediente y número de trabajadores que resultarán afectados en cada centro", que fue solicitado en el oficio de 10.07.08], esta Dirección General de Trabajo volvió a requerir, mediante escrito de fecha 22 de julio de 2008, una concreta y cumplida respuesta, puntualizándose que la no obtención de la misma impediría dar continuidad a la tramitación del expediente, conllevando ello el consiguiente archivo de las actuaciones.
SEXTO.- Procede dejar constancia de que los términos conclusivos de cada uno de los reiterados oficios de requerimiento de subsanación incidían en la obligación de hacerse entrega de las respectivas respuestas de subsanación a la representación legal de los trabajadores de cada uno de los centros de trabajo.
A este respecto, debe señalarse que los miembros del Comité de Empresa y delegados del sindicato COBAS del centro con sede en Vallecas manifestaron no habérseles hecho entrega, a fecha 29 de julio de 2008, de escrito alguno de subsanación, haciéndose referencia particular al referido, en el apartado QUINTO precedente.
SÉPTIMO.- El día 4 de agosto de 2008 se recibió en este Organismo nuevo escrito de respuesta a la subsanación requerida, enviado por la representación empresarial. Su contenido, que consta en el expediente, se da por reproducido en aras de la economía procedimental.
Sin embargo, en relación con la obligatoria entrega de dicho escrito a los miembros del Comité de Empresa del centro de Vallecas y el consiguiente deber de negociar de buena fe la tramitación del expediente, debe señalarse que han sido denunciadas por dicha representación legal de los trabajadores. Se ha efectuado tanto presencialmente en este Organismo como a través de distintos escritos [con fecha de entrada: los días 25 de agosto, 3 y 29 de septiembre, y 10 y 24 de octubre, todos de 2008]. En ellos se desmiente que se les haya hecho entrega de la completa documentación del expediente, incidiéndose en particular en que no se les ha entregado la documentación relativa a la subsanación reseñada. También se ratifica que por la dirección de la empresa se evita negociar de buena fe.
OCTAVO.- En relación con los escritos relacionados en el apartado precedente, también debe señalarse que por la representación empresarial se han enviado escritos de alegaciones, con fecha de entrada éstas: los días 4 de agosto y 17 y 24 de octubre, también de 2008. Su contenido, asimismo, se tiene por reproducido en aras del principio de economía procedimental.
NOVENO.- En fecha 30.10.08 se recibió el escrito enviado por D. Mario Marín Moreno que, en nombre de FCT-CC.OO y por las razones que en el mismo se exponen, solicita el archivo del expediente.
Habiéndose dado traslado del mismo a la representación empresarial, por ésta se formularon las correspondientes alegaciones -con fecha de entrada en este Organismo el 5.11.08-. También ellas se tienen por reproducidas por el reiterado principio de economía procedimental.
DÉCIMO.- En fecha 10.11.08 se recibió el escrito enviado por la Federación Estatal de TCM-UGT, éste también de oposición a la aprobación del expediente.
UNDÉCIMO.- Por oficios que fueron enviados por esta Dirección General de Trabajo a los legitimados como parte en la tramitación del expediente, los días 13 y 14 de noviembre de 2008, ellos fueron convocados a las reuniones que se celebrarían en la sede de este Organismo con el Inspector de Trabajo y Seguridad Social D. Alfonso Morón Merchante, quien actuaría como mediador en lo relativo a la tramitación del expediente.
No habiéndose conseguido acuerdo a través de dicha mediación, y teniendo en cuenta el contenido del escrito presentado en este Organismo el día 26.12.2008 por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, D. Alfonso Morón Merchante, en su calidad de mediador, se da dicha mediación por finalizada siendo constancia de lo mismo el escrito que obra en el expediente presentado por el mediador con fecha de entrada el día 26.12.2008.
DUODÉCIMO.- En fecha de 30.12.2008 se recibieron los escritos enviados por D. Jesús Gutiérrez Blanco, delegado de la Sección Sindical de COBAS de UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA del centro de trabajo de Vallecas, y por Da. Rosa Torres Sastre, presidenta del Comité de Empresa de UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA en el centro de Vallecas. Y el día 2 de enero de 2009 se recibió el escrito presentado por D. José Parras Jiménez que, en nombre del sindicato CC.OO y de la representación sindical ostentada en los centros de trabajo afectados por el expediente. El contenido de los mismos también se tiene por reproducido en aras de la reiterada economía procedimental.
DECIMOTERCERO.- Finalmente, el día 4.02.2008 tuvo entrada en este Organismo el escrito enviado por D. Juan Manuel Lucas González, en nombre y representación de UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD y CÍA, S.R.C., conclusivo del periodo de consultas, sin que quede acreditada en modo alguno la existencia de Acuerdo entre las partes, solicitándose por parte de la empresa, la extinción, a través del expediente de regulación de empleo tramitado, de los contratos de 82 trabajadores, que han manifestado su decisión voluntaria de acogerse al sistema de baja indemnizada propuesta por la
dirección, así como los acogimientos voluntarios a las medidas del acuerdo suscrito con la representación de la UGT, ratificado mediante acta del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, de fecha 4 de noviembre. Así mismo, se solicita la extinción de 126 contratos (120 de Vallecas y 6 de Benavente), de aquellos trabajadores que en el plazo máximo de veinte días contados a partir de la fecha en que se dicte la resolución, manifiesten su decisión voluntaria de acogerse a las medidas extintivas del contrato que se incorporan la plan social que se adjuntan, con valor de propuesta definitiva y unilateral de la empresa.
En resumen, la empresa solicita autorización para extinguir 208 contratos de trabajo, Sin Acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores durante el período de consultas.
DECIMOCUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales y reglamentarias de general aplicación.
PRIMERO.- Esta Dirección General de Trabajo es competente para resolver la presente solicitud, de conformidad con: a) el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; b) el Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos; c) el artículo 12 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999; d) el Real Decreto 1129/2008, de 4 de Julio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo e Inmigración; y e) la Orden TIN 1540/2008, de 30 de mayo, sobre delegación de competencias.
SEGUNDO.- Según se ha expuesto en los ANTECEDENTES [Cfr. Apartados TERCERO y QUINTO], por esta Autoridad Laboral se requirió a la representación empresarial especificación concreta tanto de cuáles eran los centros de trabajo afectados por el expediente como del número de trabajadores que resultarían afectados en cada uno de ellos.
La reconducción que se hizo por dicha representación al documento del expediente en que se describe el conjunto de la plantilla -por centros de trabajo y categoría de los trabajadores que la componen- fue considerada insuficiente. El artículo 51 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y el Reglamento que lo desarrolla, el Real Decreto 43/96, prescriben que la extinción y suspensión colectivas de contratos de trabajo han de fundamentarse en alguna de las causas establecidas: la económica, la técnica, la organizativa o la de producción. Siendo una consecuencia de éstas la exigencia de especificar los concretos centros de trabajo de la empresa en que la causa o causas aducidas concurren y, dentro de dichos centros, las áreas o secciones en que lo hacen, así como el grado de su presencia. Ha de ser justamente la presencia de esa causa o causas, preexistentes al inicio de la tramitación del expediente [así se le comunicó a la representación empresarial en los oficios de requerimiento de subsanación], la que condicionará el número y categoría de trabajadores que, como consecuencia, van a ser propuestos como afectados. Sólo así podría justificarse -así se le reiteraba- la medida de extinción de los contratos de hasta un máximo de 245 trabajadores que se proponía.
Una medida de carácter traumático, como es la rescisión del contrato a un número tan elevado de trabajadores, necesariamente debe ser proporcionada a la presencia y magnitud de la causa concurrente. Y ello de acuerdo con la finalidad que le es propia al
expediente de regulación de empleo: la de contribuir a hacer competitivo y viable el proyecto empresarial.
TERCERO.- En el escrito de solicitud de extinción colectiva de contratos presentado se hacía constar, en el apartado relativo a la causa o causas en que el expediente se fundamenta, que éste "se inicia en base a causas organizativas, con proyección de efectos económicos..."
Es, por tanto, la causa organizativa la que constituye la base del expediente, si bien ésta no debe ser aisladamente considerada sino en concordancia con la causa económica que de la misma deriva.
CUARTO.- A continuación se procede al análisis de las dos causas aducidas, comenzando por la organizativa, por ser la primeramente alegada y, también, ser ella la que constituye la base de la económica, la segunda aducida.
Con pretensión de concreción de la causa organizativa, en el escrito que tuvo entrada en esta Dirección General de Trabajo el 4.08.2008, por la representación empresarial se especificaba que los centros de trabajo a los que se extendía la medida de extinción de contratos eran: el de Vallecas [en el que el despido afectaría a la totalidad de sus 180 trabajadores y comportaría el cierre del establecimiento], el de Alvento [con 36 trabajadores afectados] y el de Benavente [en el que se resultarían afectados 14 trabajadores].
Habiendo sido 230 el número de trabajadores propuestos como afectados, se añadía que los quince trabajadores restantes -hasta alcanzar el número de 245-correspondían a los que se acogieran a la medida de baja -según las estimaciones de la empresa- "en diferente grado de voluntariedad".
Analizando los términos utilizados para describir dicha causa organizativa, se observa que ellos no son determinados y concretos sino, por el contrario, imprecisos e indefinidos. Tal como ellos aparecen en el "Informe/Memoria", fechado el 11 de febrero de 2008 y elaborado por la firma Forest Partners, bajo el título "Proyecto Futuro. Diagnóstico de negocio", son del tenor siguiente los más relevantes: "la atomización de normas colectivas y condiciones de trabajo distintas y diferenciadas en cada ámbito geográfico y centro de trabajo"', "existencia de modelos organizativos, estructurales, de procesos operativos y de producción sensiblemente diferenciados entre los distintos ámbitos geográficos"; "separación de modelos organizativos y estructurales aplicados hasta la fecha por UPS en ámbitos geográficos concretos respecto de los vigentes en las restantes empresas del sector"; "duplicidades operativas y solapamiento de funciones y actividades"; "deficiencias, gravámenes y obstáculos para el desarrollo y penetración de la actividad empresarial en ámbitos geográficos más amplios".
QUINTO.- Si más allá de los vocablos concretos utilizados se analiza el apartado en el que el citado Informe se refiere al despido colectivo [cfr. "Plan estratégico de UPS en España], se constata que el propósito que orienta la reorganización que la empresa pretende llevar a cabo aparece ya formulado en el resumen contenido en el apartado 1 donde, textualmente, se sostiene que "con la implantación del Plan Estratégico, UPS España pretende consolidar un modelo de negocio único en el territorio nacional basado en la subcontratación".
Centrándose en el contenido de dicho Plan, se observa que el mismo descansa sobre tres pilares básicos: referidos esencialmente a los centros de Benavente, Vallecas y Wroclaw (Polonia). Sobre cada uno de ellos destaca lo siguiente:
1°.- El que se describe en primer lugar se refiere al traslado del turno de día del centro de distribución (Hub) de Benavente al centro de Costada. Según se expone, se trata de mejorar la eficiencia de las operaciones a través de la racionalización y mejora del
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servicio de una serie de rutas logísticas. Para ello se han realizado inversiones en la delegación de Coslada que permiten tratar el volumen de Benavente.
La aplicación de esta medida supone el despido de los 14 trabajadores que comprende el citado turno de día de Benavente.
Sobre dicho traslado, como también se manifiesta por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, debe señalarse que no se advierte la requerida relación directa entre el traslado de la actividad y el despido de los trabajadores que la llevan a cabo. En ausencia de otra explicación -no aducida por la representación empresarial-, cabe suponer que la actividad realizada por los trabajadores de Benavente debe continuar siendo realizada, con independencia del cambio de lugar de ejecución. Por otra parte, tampoco se dice nada sobre qué trabajadores van a asumir las tareas de dicho turno en Coslada, de cómo lo van a hacer, ni de por qué no se han ofertado medidas de movilidad geográfica a los trabajadores que hasta ahora han venido desempeñando sus funciones. En resumen, en cuanto se refiere a los 14 trabajadores del centro de Benavente para los que se solicita la extinción de su contrato, no se explica ni justifica la razón por la que su trabajo deviene superfluo como consecuencia del traslado del turno.
2°.- El segundo pilar se refiere a la consolidación de un único centro en Madrid, que cubriría el área metropolitana y, apoyado por tres centros subcontratados, también cubriría determinadas zonas de la Comunidad y de las provincias limítrofes.
Según se expone, el actual reparto de los servicios en la Comunidad de Madrid condiciona la eficiencia de UPS, por producir determinadas duplicidades: existen zonas con puntos cubiertos por conductores tanto de Vallecas como de Coslada, al tener diferenciada la entrega de internacional y nacional. Este hecho, así se señala, condiciona la baja productividad de los conductores de Vallecas, medida en términos de paradas por conductor.
También se señala que la delegación de Vallecas es la única que cuenta con conductores propios para realizar la entrega y recogida de paquetes [con coste superior al de los conductores subcontratados: cifrándose éste en torno a un 30% entre salario y cotizaciones sociales, o a un 44% si se incluye el coste de los vehículos propios].
La medida que en este caso se propone es el cierre del centro de Vallecas y el despido de sus 180 trabajadores. Puede afirmarse que este hecho constituye el núcleo del expediente, pues supone más del 70% de las extinciones de contratos que se solicitan.
Para justificar dicha medida se aduce lo siguiente:
a) Que el reparto de los servicios en la Comunidad de Madrid condiciona la eficiencia de la compañía y es causa de una baja productividad de los conductores.
Sobre dicha justificación cabe decir -también señalado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social- que si el problema detectado tiene como causa un inadecuado reparto de los servicios, la medida a adoptar para darlo solución no ha de ser la alegada del volumen de la plantilla y tampoco la del despido del conjunto de sus trabajadores, sino la de la reorganización de dicho reparto de servicios. Sólo ello puede resultar adecuado para mejorar la eficiencia de la entidad y el incremento de la productividad de sus conductores.
b) La segunda motivación aducida por la empresa no se refiere al hecho de si los trabajadores son eficientes o productivos, sino al hecho de que tener trabajadores propios es considerado menos rentable que tenerlos subcontratados.
Sobre dicha motivación esta Dirección General debe puntualizar que el despido de los 180 trabajadores del centro de Vallecas, a través del expediente de regulación de empleo, no es una medida acorde con lo establecido en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, pues la finalidad de las medidas de este tipo de procedimientos -el de los expedientes de regulación de empleo- no es sino la de garantizar la viabilidad futura de la
empresa y la del empleo en ella a través de una más adecuada organización de los recursos. Este precepto determina, por tanto, que no basta la presencia de una causa organizativa sino que, además, la adopción de la medida propuesta ha de contribuir a garantizar la viabilidad futura del empleo en ella.
In casu, sin embargo, se desprende -del análisis efectuado- que se trata de la intención de cerrar un centro de trabajo y de extinguir los contratos de la totalidad de su plantilla sin constar causa justificativa de que supuestamente sobren sus 180 trabajadores: en sus diversas categorías y en sus distintos puestos de trabajo.
Por otra parte, también cabe añadir que el cierre del centro de Vallecas y la extinción de los contratos de sus trabajadores están en contradicción con la afirmación que consta en el Informe-Memoria [cfr. Apartado 5 del "Plan de Reorganización"] de que en la zona de influencia de la delegación de Madrid se necesitarán en el período 2008-2012 entre 120 y 137 conductores, frente a los 72 conductores propios actuales. Dicho número de conductores obligaría, según la misma fuente, a que fuera el centro de Costada el que debería absorber el volumen proyectado en una única delegación, dado que el de Vallecas sólo tiene capacidad para 58 vehículos.
Asimismo -también según se expone en el Informe- para atender las necesidades de clasificación derivadas de los volúmenes proyectados en la delegación de Costada en el turno AM, se necesitarían aproximadamente 47 trabajadores en 2008, y crecerían hasta 61 personas en 2012: supondría un incremento, sobre la situación actual, de 9 a 11 personas en el período 2008-2011. En cuanto al turno PM, se necesitarían entre 59 trabajadores en 2008 y 79 en 2011: supondría a su vez un incremento de 6 a 8 personas en dicho intervalo. Aunque no se especifica cuántos trabajadores se dedican en el centro de Vallecas a las tareas de clasificación, de lo expuesto se desprende la previsión de que el número de trabajadores que se dedican a esta actividad tienda a incrementarse, nunca a disminuir.
De lo expuesto cabe concluir que no existe indicio alguno de que la plantilla de UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD y CÍA, S.R.C., en el área de la Comunidad de Madrid sea excesiva, ni de que requiera ser ajustada. Sí que consta, por el contrario, la pretensión por parte de la dirección de la empresa de sustituir los trabajadores propios por personal externo, supuesto éste que no siendo una actuación ilícita -entra dentro de la facultad de dirección del empresario-, para ser válida como causa legitimadora de la decisión extintiva de contratos -de las establecidas en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores- ha de responder a una verdadera necesidad, objetivamente acreditada, para asegurar la viabilidad de la empresa o su competitividad, ante un peligro real y cierto, y no que dicha pretensión responda una mera conveniencia: como medio para lograr un incremento del beneficio empresarial. Según pronunciamiento del Tribunal Supremo, "únicamente si se demuestra que la utilización de la contrata es un medio hábil para asegurar la viabilidad de la empresa o su competitividad". la descentralización podrá justificar la extinción de la relación laboral; en otras palabras, es necesario que la "descentralización constituya una medida racional en términos de eficacia de la organización productiva y no un simple medio para lograr un incremento del beneficio empresarial". [Cfr. STS de 21.03.1997]
En cuanto a la pretensión en el supuesto concreto de UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD y CÍA, S.R.C, según ella se refleja en el "Infome-Memoria", se puede afirmar que se trata de lograr un incremento de beneficios. Según la previsión que se hace, una vez en aplicación el Plan estratégico en 2009, podrán generarse "a partir de este año unos beneficios de 1,6 millones de euros".
3°.- En cuanto al punto relativo a la centralización de determinadas funciones de soporte en Wroclaw (Polonia), se pretende -según se expone- consolidar las funciones administrativas en un único ámbito de trabajo con objeto de mejorar la eficiencia de sus procesos administrativos.
La consecuencia sería, en este caso, la extinción de los contratos de 36 trabajadores del centro de Alvento.
Por lo que se refiere a este punto procede señalar que no consta haberse efectuado el debido estudio por equipo alguno interno de UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD y CÍA, S.R.C, que, habiendo sido experto en la implantación del CSC (Centro de Servicios Compartidos), hubiera podido evaluar los procedimientos y procesos para definir las actividades y tareas que pueden verse afectadas por el proceso de centralización. Deberá ser dicho estudio y correspondiente evaluación los que podrán determinar y justificar la necesidad y adecuación de la medida propuesta a la necesidad real que pueda existir. La medida de extinción de los contratos de 36 trabajadores no puede consistir en una mera estimación apriorística llevada a cabo por un órgano externo a la compañía, esto es, por la empresa que ha confeccionado el Informe, sin constar que dicho número haya sido propuesto por la propia dirección de la empresa.
SEXTO.- Si bien lo manifestado en los distintos puntos del presente FUNDAMENTO DE DERECHO se ha referido a la solicitud inicialmente presentada por la representación de UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD y CÍA, S.R.C., ello es igualmente de aplicación a la solicitud finalmente formulada en el escrito de fecha 4.02.2009, conclusivo del periodo de consultas, pues, aunque en éste se reduce el número de afectados, ello no se hace de modo sustancial.
Por otra parte, en relación con la causa organizativa alegada, también procede señalar que carece de fundamento que en el documento relativo al Plan Social se prevea la posibilidad de extender las medidas a la totalidad de los centros de la empresa en España [las causas de la solicitud formulada por UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD y CÍA, S.R.C., se han vinculado únicamente a los centros de Benavente, Vallecas y Alvento] y que el número de extinciones previstas afecte a 245 trabajadores y no a los 230 contemplados en el Informe: la solicitud de extinción del contrato de los 15 trabajadores adicionales aparece por ello absolutamente desprovista de causa justificativa.
SÉPTIMO.- Por lo que se refiere a la concurrencia de la causa económica, puesta en conexión con la organizativa tratada, procede analizar los aspectos que a continuación se exponen.
Para que esta causa pueda ser tenida en cuenta, como justificativa de la medida extintiva de contratos a través de un expediente de regulación de empleo, es necesaria la concurrencia de un doble requisito:
a) El primero requisito es que la empresa de que se trata ha de estar incursa en una verdadera situación de crisis económica, esto es, que del análisis y notas que en ella concurren resulte patente e incuestionable la existencia y realidad de que se encuentra en una situación deficitaria. Sin exigirse que esta causa económica motivadora de la crisis empresarial revista el carácter de irreversible, ella sí que ha de ser expresiva de haber sido elevadas las pérdidas sufridas. Se trata, este primer requisito, de un hecho, pretérito y presente y, como tal, su prueba incumbe al empresario. Para autorizar la extinción de los contratos de trabajo que se propone se requiere, por tanto, que la situación económica negativa aducida para justificarla obedezca, real y efectivamente, a una grave crisis financiera que puede comprometer el futuro de la empresa y al empleo en ella.
El segundo requisito es que la medida de extinción de la relación laboral propuesta contribuya a superar dicha situación. Es debido a que la situación deficitaria de la empresa no es definitiva sino recuperable, el motivo por el que la amortización de los puestos de trabajo que se proponen ha de contribuir a superar dicha situación negativa. Tratándose -este requisito- no de un hecho pasado o actual sino de una previsión de futuro, la prueba exigida consistirá en acreditar la existencia de una razonable expectativa de la consecución del fin pretendido.
Entre ambos requisitos, por otra parte, ha de existir una necesaria correlación, consistente ella en que la amortización de los puestos de trabajo ha de contribuir a la finalidad esencial de conseguir la superación de la situación desfavorable en que se encuentra la empresa. El art. 51.6 del R.D. 1/95 (Estatuto de los Trabajadores) dispone a este respecto que las medidas propuestas han de ser «necesarias a los fines previstos», lo que significa que las medidas extintivas han de contribuir a superar la situación de crisis. Es unánime la doctrina jurisprudencial respecto de la presencia de esta conexión de instrumentalidad entre las extinciones de contratos que se proponen y la superación de la situación desfavorable en el marco de un plan de recuperación empresarial, así como de la exigencia de la debida proporcionalidad entre los despidos que se vayan a realizar y los efectos que el empresario pretende lograr, [ínter alia, SSTS de 24.04.96 y 14.06.96].
0 OCTAVO.- Expuesta la exigencia de los requisitos enumerados en el apartado precedente, procede en éste verificar si de la documentación obrante en el expediente puede concluirse que existe constancia de que dichos requisitos están presentes.
Del examen del conjunto de la documentación, sea ella la aportada al inicio de la tramitación del expediente o sea la añadida en el transcurso del procedimiento, procede manifestar que no constan datos justificativos de la existencia de una situación económica negativa de la empresa. No consta, en concreto, que hayan sido aportados datos contables probatorios de que la esfera o ámbito de los resultados de explotación de la empresa sean los propios de una situación de crisis financiera. Su concreción, de haber tenido lugar, hubiera debido tener su reflejo en las cifras y datos desfavorables de producción, o de costes de factores, o de explotación empresarial, tales como resultados negativos en las cuentas del balance, retraso tecnológico respecto de los competidores, obsolescencia o pérdida de cuota de mercado de los productos o servicios, etcétera. Sin embargo, no puede afirmarse que en el expediente consten datos expresivos de dicha realidad: sea de estancamiento de sus ingresos o de sus beneficios, o sea de carecer de liquidez suficiente para cumplir los cometidos de su actividad, u otros, motivo por el que este Organismo no puede dar favorable acogida a dicha causa.
Si se observa algunos de los datos económicos concretos de UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD y CÍA, S.R.C., según ellos se reflejan en el "Informe-Memoria" que obra en el expediente, ellos no son negativos:
Por lo que se refiere al total de ingresos obtenidos en los ejercicios 2005, 2006 y 2007, en millones de euros, fueron del orden siguiente: de 154.51 en 2005; de 166,67 en 2006; y de 183,19 en 2007. [Presentado el expediente en el transcurso de 2008, de este ejercicio no se aportan cifras]. [Cfr. Pg. 32]
Por lo que se refiere al volumen (n° de paquetes) facturado, también en relación a los mismos años, las cifras son: de 19.707.802 en el año 2005; de 21.027.969 en el año 2006; y de 22.922.734 en 2007. [Cfr. Pg. 33] Si lo que se contabiliza son las previsiones de volumen diario de recogidas v entregas, ambos conceptos de modo conjunto, las cifras ofrecidas para el conjunto de Madrid y para el centro de Vallecas son: o a) Para el conjunto de Madrid: de 37.164 para el año 2008; de 39.718 para el año 2009; y de 42.276 para el año 2010; para los años siguientes las cifras son igualmente crecientes. [Cfr. Pg. 51] o b) Y si lo que se observa son las previsiones para el centro concreto de Vallecas -principal afectado por el expediente-, las cifras reflejadas son del orden siguiente: de 6.410 para 2008; de 6.784 para 2009; y de 7.158 para 2010; siendo también crecientes las previsiones de años sucesivos. [Cfr. Pg.51]
NOVENO.- De la documentación que conforma el expediente no consta no sólo que la medida extintiva de los más de doscientos contratos contribuya a superar situación alguna de crisis económica de UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD y CÍA, S.R.C., o, en su caso, que ella contribuya a lograr la viabilidad y competitividad necesarias en el mercado que le es propio, sino que tampoco consta que dicha medida, la traumática del despido de un número tan elevado de contratos, sea la única forma que tiene la empresa
Exp.: 46/08
para, en el supuesto de que éstas se hubieran visto cuestionadas, poder permitir superarla.
Cabría incluso añadir que, aún en el supuesto de que hubieran concurrido alguna o varias de las situaciones descritas, para poder ser consideradas ajustadas a lo establecido en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores citado, debería acreditarse por la empresa la imposibilidad de adopción de medidas alternativas en evitación de la más traumática del recurso a las extinciones de contratos. Pues en los supuestos en los que la reducción del volumen de empleo puede contribuir a disminuir los costes laborales -y con ello los costes generales de la empresa-, si esta reducción puede lograrse con otras medidas con menor Impacto en el empleo, ellas han de ser de aplicación prioritaria. Debería por ello constar que, en el uso de las medidas, ha tenido lugar una necesaria graduación -ello no es así en el presente expediente-, confinando la reducción del empleo para los exclusivos supuestos en que ella es ineludible: cuando otras medidas fracasan o cuando en modo alguno cabe su utilización.
DÉCIMO.- No constando, según lo expuesto, que la causa organizativa aducida, consistente sustancialmente en la subcontratación de los servicios de la actividad de sus conductores, justifique la medida de extinción de contratos que se propone; no constando tampoco que la propia empresa se encuentre en una situación económica negativa y que, en el hipotético caso de que así fuera, dicha situación exigiera para conseguirse la correspondiente recuperación la adopción de la medida extintiva del contrato de los 208 trabajadores que se solicita; y, finalmente, tampoco constando que exista la necesaria correlación o nexo causal entre la amortización de estos puestos de trabajo y la consecuencia pretendida de superación de la situación económica negativa de la empresa o, en su caso, de su propia viabilidad futura; no constando en el expediente ninguno de los referidos presupuestos, por esta Dirección General de Trabajo no puede darse amparo a la solicitud de autorización para extinguir los contratos de los 208
trabajadores formulada por la representación de la empresa UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTDy CÍA, S.R.C.
Siendo verdad que en la solicitud final presentada -la formulada en el escrito conclusivo del periodo de consultas- se condiciona la extinción concreta de los contratos a la voluntariedad de los propios trabajadores, tampoco dicha solicitud puede ser estimada, no constando, como se ha expuesto, existencia ni de la requerida causa justificativa, ni de la debida proporcionalidad entre dichas extinciones y los efectos consecuentes a ellas.
DENEGAR a la empresa UNITED PARCEL SERICE ESPAÑA LTD y CÍA, S.R.C., la solicitud para extinguir la relación laboral de 208 trabajadores, que ha sido formulada a través del presente expediente de regulación de empleo.
NOTIFÍQUESE.- Esta resolución a los interesados de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, pudiendo interponerse contra la misma recurso de alzada en el plazo de un mes desde su notificación, ante el Ministro de Trabajo e Inmigración, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107 y 114 de la citada Ley 30/92.
Da Rosa Torres Sastre (Presidenta Comité Empresa de Vallecas).- UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTDy CÍA S.R
Publicado por c_denostado en 20:57
Me ha producido una gran alegría leer que los trabajadores(desafortunadamente no todos) de Vallecas han luchado y conseguido paralizar -de nuevo- al gigante UPS. Los trabajadores son "pequeñitos" pero con unos corazones muy de grandes. No es que crea en la justicia. Pero me alegro mucho que en esta ocasión no hayan vencido los gigantes. Si pudiera expresar un deseo diría que habría que aprovechar la ocasión para invitar a irse del comité de empresa a todos los que trabajan para el sindicato y no para los trabajadores de UPS que defienden su puesto. Eso miembros del comité me aprece que sólo buscan "vivir bien" a toda costa, quieren hacer carrera política. Aducen razones que vienen muy bien a los intereses de la empresa. ¿Qué dimitan! ¿Qué se vayan! Esa es la consigna. Los directivos que han llevado a cabo esta regulación, del mismo modo, deberían presentar su dimisión por no haber gestionado "bien" la eliminación o "solución final" para los tozudos trabajadores que pelean con el puto salario.
En fin, que me alegro muchos por tod@s aquell@s que habeis luchado por vuestro puesto. Desde Alicante os mando un abrazo. Mañana seguimos con todas las luchas. Hasta la victoria siempre que decía el otro. Un obrero que vive en el Levante.

References: artículo 6
 artículo 51
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 51
 Real Decreto 
In casu
 resolución