Source: http://www.diarioconstitucional.cl/articulos/aproximacion-a-la-controversia-sobre-el-silala-entre-chile-y-bolivia
Timestamp: 2019-06-16 19:14:50+00:00

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Quedaba entonces en suspenso la demanda por el Silala, por lo que Chile tomó la iniciativa de hacerlo, sorprendiendo a Bolivia, y presentó su Memoria en julio de 2016. Respondió con la Contra-Memoria, luego de una postergación acordada con Chile en mayo de 2018. Correspondieron a continuación, la Réplica boliviana en febrero de 2019, y la Dúplica chilena, presentada recientemente el 5 de mayo de este año. Concluye así la etapa escrita. Cabe tener en consideración que el Pleito se encuentra bajo el compromiso de las partes de mantenerlo en reserva, por lo que se desconocen públicamente los argumentos precisos invocados por las dos partes, que sólo analizan los equipos jurídicos litigantes.
Siendo un recurso vital, fue utilizado por el Ferrocarril Antofagasta (Chile)-Oruro (Bolivia) a carbón, por una concesión gratuita, en junio de 1908, por el Prefecto interino de Potosí a “The Antofagasta-Bolivia Railway Company”. En 1961 la compañía renovó su flota del carbón al petróleo. Las aguas pasaron a ser utilizadas por la Corporación del Cobre chilena, y otros usuarios. En 1997 el Prefecto boliviano revisa el permiso, y por Decreto Supremo, el Presidente boliviano Sánchez de Lozada, unilateralmente, pone fin a la concesión por uso diferente, abriendo una licitación pública en 1999. Chile desconoce lo obrado y tal licitación, por ser un rio internacional. El 2003 Bolivia descarta proceder al aprovechamiento, y la compañía boliviana pierde su licencia. Desde entonces, no hay ningún acuerdo vigente sobre el recurso hídrico, y se intensifican las reclamaciones. Entre ellas, Bolivia sostiene el uso exclusivo del Silala por no ser internacional, y en consecuencia, sostiene que puede utilizarlo en su totalidad, y que Chile lo hace de manera ilegítima. No hay, hasta ahora, ningún uso de dichas aguas por Bolivia, sin embargo, ha sido acusado de “robar las aguas” y de “pirata”, entre otros epítetos, por el propio Presidente Evo Morales.
Al no prosperar éstos, ni haber un convenio bilateral, se deben aplicar las normas internacionales consuetudinarias relativas a los recursos hidrológicos compartidos. De especial atingencia, resulta la “Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua para fines distintos de la navegación” (1997), adoptada como Anexo a la Resolución 51/229 de la Asamblea General de la ONU, vigente desde 2014. Chile votó a favor, Bolivia se abstuvo. No son Estados Parte de ella, pero igual puede ser aplicable, por constituir una Fuente No Clásica o No Tradicional de Derecho Internacional, que de ser una mera recomendación por consignarse en una resolución, puede evolucionar hasta serla, por Costumbre (Fuente Clásica), en la medida en que se cumplan sus requisitos: el objetivo (tiempo), y el subjetivo (opinio iuris, o ser considerada derecho). Constituyen el marco universalmente aplicable a los recursos de agua dulce compartidos, como Convención Marco, y en cumplimiento del mandato de la Resolución 2669 (XXV) de 1970, sobre “Desarrollo Progresivo y Codificación de las Normas de Derecho Internacional sobre los cursos de agua internacionales”, que elaboró la Comisión de Derecho Internacional (CDI). No hubo acuerdo sobre un Tratado Multilateral General al respecto, por lo que se optó por adoptarlo por la Resolución citada. Paralelamente, se aprobó otra Resolución Adjunta sobre aguas subterráneas transfronterizas confinadas, y se recomendó que se rigieran por los principios adoptados en la Convención.
Ésta se divide en VII Partes que fueron dedicadas a: I. Introducción. II. Principios Generales. III. Medidas proyectadas. IV. Preservación, Protección, y Gestión. V. Condiciones perjudiciales y situaciones de emergencia. VI. Disposiciones diversas. Y VII. Clausulas Finales. Hay que destacar que en caso de controversias, el artículo 33 expresa en su punto 10, que “al momento de ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención, o adherirse a ella, o en cualquier momento posterior, una parte que no sea una organización de integración económica regional, podrá declarar en un instrumento presentado por escrito al Depositario que, en relación con una controversia no resuelta de conformidad con el párrafo 2 (negociaciones, buenos oficios, mediación, conciliación, arbitraje o fallo de la CIJ), acepta con carácter obligatorio ipso facto y sin acuerdo especial en relación con cualquiera de las Partes que acepte la misma obligación que: a) La controversia sea sometida a la Corte Internacional de Justicia.” La Convención contiene, además, un Apéndice sobre el procedimiento de Arbitraje.
Luego se menciona el principio básico de utilización y participación equitativa y razonable, teniendo en cuenta a los demás Estados que lo comparten, y los factores y circunstancias pertinentes, señalados en una lista indicativa. Más adelante, se expresan las obligaciones sensibles y complementarias, cuando hay daño por un Estado, y una solución equitativa y razonable por ambos usos. La posibilidad de usos y beneficios, protección, preservación, gestión de los ecosistemas de apoyo de la vida humana y otras formas de vida. Asimismo, se definen los conceptos mencionados. La Convención ha sido utilizada por la Corte en algunos casos, y es muy apropiado que Chile la invoque en el pleito, si bien como se dijo, por la reserva aplicada, no tenemos constancia de ello.
Tampoco tenemos conocimiento, por sobre los anuncios a la prensa, que han decidido las partes juntamente con la Corte, sobre si habrá presentaciones escritas o alegatos orales. Según informaciones recientes, Chile respondió la Reconvención boliviana en su Réplica y Bolivia respondió en su Dúplica. Asimismo, se señaló que Chile, volverá a presentar sus puntos de vista, por escrito, en un documento adicional, que debe ser respetado, de conformidad al citado artículo 80. Lo conoceremos en la fase oral del caso.
Entre éstas, se ha señalado que Bolivia, recientemente y por “Tuit” del Presidente Morales, habría dado un giro en su Contrademanda contra Chile, expresando que “sólo un cauce considerable del rio Silala fluye artificialmente a territorio chileno”; reformulando sus peticiones en la Contrademanda, añadiendo que: “1. Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje en el Silala que están ubicados en su territorio. 2. Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala en su territorio y Chile no tiene derecho a ese flujo”. Llama la atención la distinción. El curso de agua constituye un todo, sea artificial o natural, y precisamente es todo el curso el compartido internacionalmente, y no solamente aquel que está encauzado artificialmente. Será materia que tendrá que resolver la Corte apelando a los informes técnicos que correspondan sobre el caudal del Silala. Igualmente, la Corte podrá determinar si hay o no derecho a compensaciones de una parte a la otra, si se ha sobrepasado sin acuerdo vigente, el 50% del uso compartido, su sistema de cálculo, y solución en caso de desacuerdo. Bolivia ha sostenido que Chile adeudaría sumas exorbitantes y desde hace siglos. No es un punto cualquiera y puede dar lugar a nuevos conflictos indemnizatorios que resolver.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 33
 artículo 80