Source: http://debatecultural.net.ve/NuevoSur21/NoamChomsky.htm
Timestamp: 2019-02-23 10:01:11+00:00

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Cuadernos Nuevo Sur Sudaca N° 21-22 - Noam Chomsky - El terrorista en el espejo. Agravios y consecuencias
El terrorista en el espejo. Agravios y consecuencias
Capítulo del libro Hegemonía o supervivencia del lingüista y analista político Noam Chomsky, citado por Chávez en la Asamblea General de la ONU.
Un segundo hecho es que la guerra se declaró y se llevó a cabo más o menos por la misma gente que estaba dirigiendo la guerra, otra vez declarada, contra el terrorismo. El componente civil de esa Guerra contra el Terror tiene al frente a John Negroponte, designado el pasado año para supervisar todas las operaciones de contraterrorismo. Como Embajador que fue en Honduras, estuvo a cargo de la mayor operación de la primera Guerra contra el Terror, la guerra de la contra hacia Nicaragua, promovida y lanzada sobre todo desde bases estadounidenses en Honduras. Volveremos a examinar sus tareas. El componente militar de la Guerra de nuevo declarada estaba dirigido por Donald Rumsfeld. Durante la primera fase de la Guerra contra el Terror, Rumsfeld fue el enviado especial de Reagan en Oriente Próximo. Allí, su principal cometido fue establecer estrechas relaciones con Sadam Hussein para que EEUU pudiera proporcionarle ayuda a gran escala, incluidos medios para desarrollar armas de destrucción masiva, prosiguiendo mucho después con las bestiales atrocidades contra los kurdos y el fin de la guerra con Irán. El objetivo oficial, en absoluto disimulado, era la responsabilidad que Washington asumió para ayudar a los exportadores estadounidenses y el “notablemente unánime punto de vista” de Washington y sus aliados británicos y arabo-saudíes de que “cualquiera que fueran los pecados del dirigente iraquí, ofreció a Occidente y a la región una mejor esperanza para la estabilidad de su país que la que podían ofrecer aquellos que sufrieron su represión” – afirmó Alan Cowell, el corresponsal en Oriente Próximo del New York Times, describiendo el criterio de Washington acerca de que George Bush I autorizó a Sadam para aplastar, en 1991, la rebelión chií que probablemente habría derrocado al tirano.
Esos son varios de los hechos fundamentales y son los que sin duda importan. Volvamos a la segunda de las directrices: los principios morales básicos. El más básico de todos es una obviedad auténtica: las personas decentes se aplican a ellas mismas las mismas normas que aplicarían a los demás, o más estrictas aún. La adhesión a este principio de universalidad tendría muchas consecuencias útiles. Para empezar, se salvarían muchos árboles. Si se cumpliera ese principio, se reduciría radicalmente la información publicada y los comentarios acerca de asuntos políticos y sociales. Eliminaría virtualmente la disciplina puesta de moda hace poco sobre la teoría de la Guerra Justa. Y haría casi borrón y cuenta nueva con respecto a la Guerra contra el Terror. La razón es la misma en todos los casos: se rechaza el principio de universalidad, en la mayor parte de los casos de forma tácita, aunque en otros explícitamente. Esas son afirmaciones demoledoras. Las he expuesto crudamente a propósito para invitarles a desafiarlas y espero que lo hagan. Creo que encontrarán que aunque las afirmaciones están un tanto en números rojos, sin embargo están incómodamente cercanas a la certeza y, de hecho, profusamente documentadas. Prueben suerte Vds. mismos y verán.
Esta es una clara y honorable afirmación del principio de universalidad. Pero el mismo juicio de Nuremberg violó de forma decisiva este principio. El Tribunal tenía que definir “crimen de guerra” y “crímenes contra la humanidad”. Se manipularon cuidadosamente estas definiciones para que los delitos fueran considerados criminales sólo si no eran los aliados los que los cometían. Se excluyó el bombardeo de urbes con concentraciones de civiles, porque los aliados habían llevado a cabo bombardeos de forma aún más bárbara que los nazis. Y los criminales de guerra nazis, como el Almirante Doenitz, pudieron alegar con éxito que sus homólogos británicos y estadounidenses habían desarrollado las mismas acciones. El razonamiento fue perfilado por Telford Taylor, un distinguido abogado internacionalista que fue el jefe de los fiscales de Jackson para Crímenes de Guerra. Explicó que “castigar al enemigo –especialmente al enemigo derrotado- por conductas en las cuales la nación que las impone se ha visto involucrada, sería tan extremadamente injusto que desacreditaría las mismas leyes”. Eso es correcto, pero la misma definición operativa de “crimen” también desacredita a las propias leyes. Tribunales posteriores se han visto desacreditados por el mismo defecto legal, pero la auto-exoneración de los poderosos del derecho internacional y de los principios morales elementales va más allá del ejemplo anterior y alcanza justo a todos los aspectos de las dos fases de la Guerra contra el Terror.
Volvamos al tercer tema de fondo: definir qué es “terror” y diferenciarlo de agresión y resistencia legítima. He estado escribiendo sobre el terror durante 25 años, incluso desde que la administración Reagan declaró su Guerra contra el Terror. He estado utilizando definiciones que parecen ser adecuadas por partida doble: en primer lugar, tienen sentido; y en segundo, son las definiciones oficiales de esas formas de hacer la guerra. Tomando una de esas definiciones oficiales, terrorismo es “el uso calculado de la violencia o de la amenaza de violencia para conseguir objetivos que son de naturaleza política, religiosa o ideológica… mediante la intimidación, la coacción o inculcando temor”, típicamente sobre objetivos civiles. La definición del gobierno británico es parecida: “Terrorismo es el uso, o amenaza, o acción, de violencia, que causa daños o perturba, y que se planea para influir en gobiernos o intimidar a pueblos con el propósito de hacer progresar una causa política, religiosa o ideológica”. Estas definiciones parecen ser bastante claras y en su uso normal resultan cercanas. También parece que hay acuerdo general en que son adecuadas cuando se trata del terrorismo de los enemigos.
Sin embargo, podemos preguntarnos si esos crímenes, como el del ataque de estado contra Nicaragua, son realmente terrorismo o si elevan el listón hasta el crimen mucho más grave de agresión. El concepto de agresión fue definido con mucha claridad por el Juez Jackson en Nurenberg en términos que fueron reiterados básicamente en una autorizada resolución de la Asamblea General. Un “agresor”, propuso Jackson al Tribunal, es un estado que es el primero en cometer acciones tales como “invasión de sus fuerzas armadas, con o sin declaración previa de guerra, del territorio de otro Estado”, o “Prestación de apoyo a bandas armadas formadas en el territorio de otro Estado; o denegación de apoyo, a pesar de la solicitud del Estado invadido; o negarse a adoptar en su propio territorio todas las medidas que estén en su mano para privar a esas bandas de cualquier ayuda o protección”. La primera provisión se aplica sin ambigüedades a la invasión anglo-estadounidense de Iraq. La segunda, de forma clara, se aplicaría a la guerra de EEUU contra Nicaragua. Sin embargo, podríamos conceder el beneficio de la duda a los actuales detentadores del poder en Washington y a sus mentores, considerándoles sólo culpables del crimen menor de terrorismo internacional, pero a escala inmensa y sin precedentes.
El Tribunal Internacional no asumió la acusación de agresión en el caso de Nicaragua. Las razones son instructivas y de enorme relevancia contemporánea. El caso de Nicaragua fue presentado por el profesor de Derecho de la distinguida Universidad de Harvard Abram Chayes, anterior consejero legal en el Departamento de Estado. El Tribunal rechazó gran parte de su caso sobre la base de que al aceptar la jurisdicción creada por el Tribunal Internacional de 1946, EEUU había introducido una reserva por la que quedaban excluidos de procesamiento en virtud de tratados multilaterales, incluida la Carta de NNUU. El Tribunal, por tanto, tuvo que restringir sus deliberaciones al derecho internacional consuetudinario y a un tratado bilateral Nicaragua-EEUU, a fin de que las acusaciones más graves quedaran excluidas. Incluso con una esfera tan reducida de actuación, el Tribunal acusó a Washington de “uso ilícito de fuerza” –hablando en román paladino, de terrorismo internacional- y ordenó poner fin a los crímenes y el pago de importantes compensaciones. Los Reaganitas reaccionaron mediante una escalada de la guerra, aprobando también ataques de sus fuerzas terroristas contra “objetivos fáciles”, blancos constituidos por civiles indefensos. La guerra terrorista dejó el país arruinado, con un número de muertes de 2,25 millones, más del total de la suma de todas las víctimas de guerra de la historia de EEUU. Una vez que el destrozado país cayó de nuevo bajo control estadounidense, la situación de miseria se deterioró aún más. Ahora es el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití – y de forma accidental, también el segundo después de Haití en la intensidad de la intervención estadounidense durante el pasado siglo. La forma habitual de lamentar estas tragedias es decir que Haití y Nicaragua aparecen “arrasadas por tormentas que ellas mismas han creado”. Citando al Boston Globe, en el extremo liberal del periodismo estadounidense. Guatemala figura en el tercer lugar tanto por la miseria como por las intervenciones, más tormentas fabricadas asimismo por su culpa…
Estas consideraciones están relacionadas con la frontera entre terror y agresión. ¿Qué ocurre con la frontera entre terror y resistencia? Una de las cuestiones que se plantean es la legitimidad de las acciones para conseguir “el derecho a la autodeterminación, libertad e independencia derivadas de la Carta de las Naciones Unidas de los pueblos privados a la fuerza de ese derecho…, particularmente de los pueblos bajo regímenes coloniales y racistas y ocupación extranjera…” ¿Caen esas acciones bajo el concepto de terror o de resistencia? Las palabras citadas provienen de la denuncia más enérgica del crimen de terrorismo efectuada en la Asamblea General de UN, en diciembre de 1987, asumida bajo presiones Reaganitas. Por eso es, obviamente, una resolución importante, incluso más aún por la casi unanimidad del apoyo prestado. La resolución fue aprobada, por 153 votos afirmativos frente a 2 negativos (sólo Honduras se abstuvo). Afirmaba que “nada en la presente resolución podrá perjudicar en forma alguna el derecho a la autodeterminación, libertad e independencia”, como se señalaba en las palabras citadas. Los dos países que votaron en contra de la resolución explicaron sus razones en la sesión de Naciones Unidas. Se basaban precisamente en el párrafo citado. Entendían que la frase “regímenes racistas y coloniales” se refería a su aliado, el apartheid sudafricano, que entonces consumaba sus masacres por los países vecinos y continuaban con la brutal represión dentro del suyo. Evidentemente, EEUU e Israel no podían aceptar la resistencia ante el régimen del apartheid, especialmente cuando estaba dirigido por el ANC de Nelson Mandela, uno de los “grupos más notoriamente terroristas” del mundo, como Washington lo definió en aquella época. Admitir legitimidad a la resistencia contra “la ocupación extranjera” era también inaceptable. Se entendía que la frase se refería a la ocupación militar israelí apoyada por EEUU, que entonces cumplía veinte años. Evidentemente, la resistencia a esa ocupación no podía ser nunca consentida, aunque en la época de la resolución apenas existiera: a pesar de las extendidas torturas, la degradación, la brutalidad, el robo de la tierra y los recursos y otras concomitancias familiares para la ocupación militar, los palestinos bajo ocupación seguían siendo todavía “Samidin”: aquellos que resisten silenciosamente.
Hasta el momento actual, el terrorismo dirigido o apoyado por los estados más poderosos no ha parado, eligiendo con frecuencia medios escandalosos. Estos hechos ofrecen una útil sugerencia acerca de cómo mitigar la plaga propagada por “los depravados adversarios de la civilización misma” en “una vuelta a la barbarie en tiempos modernos”: Acabar con la participación y con el apoyo al terrorismo. Eso contribuiría ciertamente a las objeciones proclamadas. Pero esa sugerencia también está fuera de agenda por las razones de siempre. Cuando se la invoca en alguna ocasión, la reacción que se produce nos lleva a reflexionar: una pataleta alegando que quienes hacen esta propuesta, que realmente es más bien conservadora, culpan de todo a EEUU.
Incluso saneando cuidadosamente la discusión, los dilemas surgen constantemente. Muy recientemente afloró uno cuando Luis Posada Carriles entró de forma ilegal en EEUU. Aunque le apliquemos la definición operativa restringida de “terror”, es de forma clara uno de los más tristemente célebres terroristas internacionales desde los años de la década de los sesenta hasta la actualidad. Venezuela pidió que fuera extraditado para que se enfrentara a la acusación de haber hecho estallar una bomba en un avión de CUBANA en Venezuela en el que murieron 73 personas. Tras escapar increíblemente Posada de una prisión venezolana, el liberal Boston Globe informó, “Había sido contratado por operativos secretos estadounidenses para dirigir la operación de reabastecimiento desde El Salvador para la contra nicaragüense” – es decir, que había jugado un papel destacado en atrocidades terroristas que son incomparablemente peores que hacer estallar el avión de CUBANA. De ahí el dilema. Citando a la prensa: “Si fuese extraditado y se le sometiera a juicio, se estaría enviando una señal preocupante a los agentes secretos extranjeros de que no pueden contar con la protección incondicional del gobierno estadounidense, y se expondría a la CIA a revelaciones públicas vergonzosas sobre anteriores actuaciones”. Evidentemente, es un problema con difícil solución.
La doctrina de Bush de que “quienes albergan a terroristas son tan culpables como los mismos terrorismos” fue promulgada cuando los talibanes pidieron evidencias antes de entregar a las personas sospechosas, según EEUU, de terrorismo – no había evidencias creíbles, como el FBI concedió muchos meses después. Esa doctrina es tomada muy en serio. Graham Allison, especialista en relaciones internacionales de Harvard, escribe que “se ha convertido de hecho en una norma de relaciones internacionales”, revocando “la soberanía de los estados que proporcionan santuario a los terroristas”. Pero sólo en el caso de algunos estados, gracias al rechazo del principio de universalidad.
Uno podría haber pensado que también se podría haber planteado un dilema cuando John Negroponte fue nombrado para el puesto de jefe del contraterrorismo. Como Embajador en Honduras durante los años ochenta, estuvo al frente de la mayor estación de la CIA del mundo, no porque Honduras desempeñara un gran papel de Honduras en los asuntos mundiales, sino porque Honduras era la base principal de EEUU en la guerra terrorista internacional por la que Washington fue condenado por el Tribunal Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad (por ausencia de veto). Conocido en Honduras como “el Procónsul”, Negroponte tenía la misión de asegurar que las operaciones terroristas internacionales, que alcanzaron niveles notables de brutalidad, funcionaran eficientemente. Sus responsabilidades en el control de la guerra sobre el escenario sufrieron un vuelco al prohibirse la financiación oficial en 1983, y tuvo que cumplir las órdenes de la Casa Blanca de sobornar y presionar a los antiguos generales hondureños para que aumentaran sus apoyos a la guerra terrorista utilizando fondos procedentes de otras fuentes, más tarde llegaron fondos transferidos ilegalmente de la venta de armas de EEUU a Irán. El más vicioso de los asesinos y torturadores hondureños fue el General Alvarez Martínez, jefe de las fuerzas armadas hondureñas en aquella época, quien había informado a EEUU de que “tenía la intención de utilizar el método argentino para eliminar a los sospechosos de subversión”. Negroponte negó siempre los espantosos crímenes de estado cometidos en Honduras asegurando que la ayuda militar continuaría fluyendo para el terrorismo internacional. Conociendo todos los hechos de Alvarez, la administración Reagan le concedió la medalla del Mérito de la Legión por “apoyar el éxito de los procesos democráticos en Honduras”. La unidad de elite responsable de los peores crímenes en Honduras era el Batallón 3-16, organizado y preparado por Washington y sus asociados neo-nazis argentinos. Los oficiales militares hondureños a cargo del Batallón figuraban en la nómina de la CIA. Cuando el gobierno de Honduras trató finalmente de abordar esos crímenes y llevar a los responsables de los mismos a la justicia, la administración Reagan-Bush rechazó permitir que Negroponte testificara, como requirieron los tribunales.
No hubo virtualmente reacción alguna ante el nombramiento de un importante terrorista internacional para el puesto más importante del contraterrorismo mundial. Ni tampoco frente al hecho de que, justo al mismo tiempo, a la heroína de la lucha popular que derrocó el atroz régimen de Somoza en Nicaragua, Dora María Téllez, se le negara un visado por terrorista para ir a enseñar en el Harvard Divinity School. Su crimen era haber ayudado a derrocar a un tirano y asesino de masas apoyado por EEUU. Orwell no habría sabido si llorar o reír. Hasta el momento, me he estado ajustando a la clase de tópicos que podrían abordarse en una discusión sobre la Guerra contra el Terror que no ha sido deformada por las leyes de hierro de la doctrina. Y eso apenas llega a arañar la superficie. Pero permítanme ahora asumir la hipocresía y cinismo reinantes en Occidente y mantener la definición operativa de “terror”. Es idéntica a las definiciones oficiales, pero con la misma excepción de Nuremberg: el terror inadmisible es tu terror; el nuestro está exento.
Sin duda, incluso con esta limitación, el terror es un problema importante. Y mitigar o acabar con esa amenaza debería ser una prioridad absoluta. Lamentablemente, no lo es. Todo eso es demasiado fácil de demostrar y, probablemente, las consecuencias van a ser muy graves.
La invasión de Iraq es quizás el ejemplo más aplastante de la escasa prioridad concedida por los dirigentes anglo-estadounidenses a la amenaza del terror. Los planificadores de Washington habían advertido, incluso a través de sus propias agencias de inteligencia, que era probable que la invasión aumentara el riesgo del terrorismo. Y así fue, como sus propias agencias de inteligencia lo confirman. El Consejo Nacional de Inteligencia informó hace un año que “Iraq y otros posibles conflictos en el futuro podrían proporcionar reclutamiento, campos de entrenamiento, habilidades técnicas y capacidad para una nueva clase de terroristas que se han ‘profesionalizado’ y para quienes la violencia política se convierte en un fin en sí misma”, extendiéndose por todas partes para defender las tierras musulmanas de los ataques de “invasores infieles” mediante una red globalizada de “difusos grupos islámicos extremistas”, con Iraq reemplazando ahora los campos de entrenamiento afganos para esa red más extensa; todo como resultado de la invasión. Un examen gubernamental de alto nivel de la “guerra contra el terror” dos años después de la invasión ‘se centró en cómo afrontar el aumento de una nueva generación de terroristas entrenados en Iraq en los dos últimos años. Altos funcionarios gubernamentales están concentrando su atención cada vez más para poder anticipar lo que uno llamó “el desangramiento” de cientos o miles de yihadistas entrenados en Iraq regresando a sus países de origen a través de Oriente Próximo y Europa Occidental. “Es un elemento nuevo de una ecuación nueva”, dijo un antiguo funcionario de la administración Bush. “Si no sabes quiénes están en Iraq, ¿cómo vas a localizarles en Estambul o en Londres? (Washington Post).
El pasado mayo, la CIA informó que “Iraq se ha convertido en un imán para los militantes islámicos de forma parecida a como lo fue el Afganistán ocupado por los soviéticos de hace dos décadas y Bosnia en la década de 1990”, según afirmaron los funcionarios estadounidenses en el New York Times. La CIA concluyó que “Iraq puede probar ser un campo de entrenamiento de extremistas islámicos más efectivo aún de lo que fue Afganistán en los primeros tiempos de Al Qaeda, porque está sirviendo como auténtico laboratorio mundial para el combate urbano”. Poco después de las bombas de Londres en julio pasado, Chatham House publicó un estudio que concluía diciendo que “no hay duda de que la invasión de Iraq ha ‘servido para impulsar la red de Al Qaida en cuanto a propaganda, reclutamiento y aumento de financiación’, mientras que ha proporcionado un área ideal de entrenamiento a los terroristas”; y que “el Reino Unido estará sometido a riesgos especiales por ser el aliado más cercano de EEUU” y va “a horcajadas” de la política estadounidense en Iraq y Afganistán. Hay extensas evidencias que muestran que –como ya se vaticinó- la invasión ha aumentado el riesgo de terrorismo y proliferación nuclear. Desde luego, ninguna de esas evidencias muestra que los planificadores prefirieran estas consecuencias, pero sí deja ver que no les preocupaban gran cosa en comparación con prioridades más importantes y poco claras, sólo a aquellos que prefieren lo que los investigadores en derechos humanos denominan en algunas ocasiones “ignorancia deliberada”.
Una vez más encontramos, y muy fácil fácilmente, una vía para reducir la amenaza del terrorismo: no actuar de forma que –previsiblemente- se aumente la amenaza. Aunque se previno un aumento del terror y de la proliferación, la invasión lo consiguió incluso por vías imprevisibles. Se dice a menudo que no se encontraron armas de proliferación masiva en Iraq tras una búsqueda exhaustiva. Sin embargo, eso no es muy exacto. Había depósitos de esas armas en Iraq: fundamentalmente las producidas en la década de los ochenta gracias a la ayuda proporcionada por EEUU e Inglaterra, entre otros. Esos lugares habían sido revisados por los inspectores de Naciones Unidas, quienes desmantelaron el armamento. Pero los inspectores fueron despedidos por los invasores y los lugares quedaron sin vigilancia. No obstante, los inspectores continuaron desarrollando su trabajo con imágenes vía satélite. Descubrieron un sofisticado saqueo masivo de estas instalaciones en unos 100 lugares, incluido el equipamiento para producir misiles a propulsión sólidos y líquidos, bio-toxinas y otras sustancias utilizables para elaborar armas químicas y biológicas, un equipo de alta precisión capaz de construir elementos para elaborar armas químicas y nucleares y misiles. Un periodista jordano fue informado por funcionarios encargados de vigilar la frontera jordano-iraquí que una vez que las fuerzas anglo-estadounidenses se hicieron con el país, se detectaron materiales radioactivos en uno de cada ocho camiones que cruzaban hacia Jordania con destino desconocido.
En otros lugares de Oriente Próximo también se consideraba el terror como algo secundario frente a la necesidad de asegurar que la región está controlada. Otro ejemplo es la imposición de Bush de nuevas sanciones a Siria en mayo de 2004, poniendo en práctica el Acta de Responsabilidad de Siria aprobada por el Congreso unos cuantos meses antes. Siria está en la lista oficial de estados que patrocinan el terrorismo, a pesar de que Washington ha reconocido que Siria no ha estado implicada en actos terroristas desde hace muchos años y que ha cooperado en gran medida a la hora de proporcionar datos importantes de inteligencia a Washington sobre Al Qaida y otros grupos islamistas radicales. La gravedad de la preocupación de Washington acerca de los vínculos de Siria con el terrorismo se reveló cuando el Presidente Clinton ofreció sacar a Siria de la lista de patrocinadores del terrorismo si se mostraba de acuerdo con las condiciones de paz de EEUU e Israel en la zona. Cuando Siria insistió en recuperar su territorio ocupado, siguió en la lista. La puesta en práctica del Acta de Responsabilidad de Siria privó a EEUU de una fuente importante de información sobre el terrorismo islamista radical para tratar de lograr el objetivo mas importante de establecer en Siria un régimen que aceptara las demandas israelo-estadounidenses.
¿Por qué debería el Departamento del Tesoro dedicar más energía a estrangular a Cuba que a la “guerra contra el terror”? Las razones fundamentales aparecían explicadas en documentos internos de los años Kennedy-Johnson. Los planificadores del Departamento de Estado advirtieron que la “existencia misma” del régimen de Castro es un “desafío triunfante” a las políticas estadounidenses que se remonta a 150 años atrás, a la Doctrina Monroe; no a los rusos, sino el intolerable desafío al dueño del hemisferio, igual que ocurrió con el caso de Irán con el desafío exitoso en 1979, o el rechazo por Siria de las demandas de Clinton. Supimos por documentos internos que se consideraba totalmente legítimo castigar a la población. “El pueblo cubano es responsable de su régimen”, decidió el Departamento de Estado de Eisenhower, por lo que EEUU tiene el derecho de hacerles sufrir mediante el estrangulamiento económico, llegando posteriormente al terrorismo directo de Kennedy. Eisenhower y Kennedy estuvieron de acuerdo en que el embargo apresuraría la salida de Fidel Castro como consecuencia del “malestar creciente entre los hambrientos cubanos”. El pensamiento fundamental fue resumido por el funcionario del Departamento de Estado Lester Mallory: Castro sería eliminado “mediante el desencanto y el desafecto debido a la insatisfacción y a la dureza económicas, por eso deberían emprenderse con prontitud todos los medios posibles a fin de debilitar la vida económica de Cuba para llevar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”. Cuando Cuba estaba en situación desesperada tras el colapso de la Unión Soviética, Washington intensificó el castigo al pueblo cubano, a iniciativa de los liberales demócratas. El autor de las medidas de 1992 para intensificar el bloqueo declaraba que “mi objetivo es causar estragos en Cuba” (Representante Robert Torricelli). Todo este estado de cosas ha proseguido hasta el momento actual.
Si reducir la amenaza del terrorismo fuera una prioridad fundamental para Washington o Londres, como así debería ser, habría vías para poder actuar – además de la inadecuada idea de retirar la participación. El primer peldaño sería, sencillamente, intentar entender sus raíces. Con respecto al terrorismo islámico, hay un amplio consenso entre las agencias de inteligencia y los investigadores. Identifican dos categorías: los yihadistas, que se consideran ellos mismos como vanguardia, y su auditorio, que puede rechazar el terrorismo pero que, sin embargo, considera justa su causa. Una seria campaña contraterrorista empezaría por tanto considerando los agravios y, allí donde sea conveniente, los debería someter a tratamiento, que es lo que tendría que hacerse con o sin la amenaza del terrorismo. Hay amplio consenso entre los especialistas de que el terrorismo al estilo de Al Qaeda “es actualmente menos un producto del fundamentalismo islámico que un sencillo objetivo estratégico: forzar a los EEUU y a sus aliados estratégicos occidentales a retirar sus fuerzas de combate de la Península Arábiga y de otros países musulmanes” (Robert Pape, quien ha hecho la investigación más importante sobre los suicidas-bomba). Serios analistas han señalado que las palabras y los hechos de bin Laden están muy correlacionados. Los yihadistas organizados por la administración Reagan y sus aliados pusieron fin a su terrorismo con sede afgana en el interior de Rusia una vez que los rusos se retiraron de Afganistán, aunque lo prosiguieron desde la musulmana Chechenia ocupada, escenario de horripilantes crímenes rusos que nos hacen retroceder al siglo XIX. Osama se volvió en 1991 contra EEUU porque los consideró ocupantes de la tierra sagrada árabe; lo que fue admitido más tarde por el Pentágono como razón para cambiar de sitio las bases estadounidenses de Arabia Saudí a Iraq. Además, estaban enojados con aquel país por rechazar unirse al ataque contra Saddam.
En la más amplia investigación académica del fenómeno de la yihad, Fawaz Gerges llega a la conclusión que, tras el 11-S, “la respuesta dominante en el mundo musulmán hacia Al Qaeda fue muy hostil”, especialmente entre los yihadistas, que lo miraban como un ala extremista peligrosa. En lugar de valorar esa oposición ante Al Qaeda que se ofreció a Washington, “la vía más efectiva de acabar con algo” encontrando “medios inteligentes para alimentar y apoyar las fuerzas internas que se oponían a ideologías militantes como la red de bin Laden”, expone, la administración Bush hizo exactamente lo que bin Laden esperaba que hiciera: recurrir a la violencia, particularmente con la invasión de Iraq. La medersa de Al-Azhar, en Egipto, la institución más antigua de enseñanza religiosa superior del mundo islámico, emitió una fatwa, que consiguió grandes apoyos, aconsejando a “todos musulmanes del mundo emprender la yihad contra las fuerzas invasoras estadounidenses” en una guerra que Bush había declarado contra el Islam. Una personalidad religiosa de Al-Azhar, que había sido “uno de los primeros académicos musulmanes en condenar a Al Qaeda, y era a menudo acusado por clérigos ultraconservadores como reformador pro-occidental, decidió que los esfuerzos para detener la invasión estadounidense [de Iraq] son un ‘deber islámico obligatorio’”. Investigaciones realizadas por la inteligencia saudí e israelí, apoyadas por institutos de estudios estratégicos, concluyen que los combatientes extranjeros en Iraq, que suponen el 5-10% de la insurgencia, se habían movilizado a causa de la invasión y no tenían antecedentes previos de asociación con grupos terroristas. Son impresionantes los logros de los planificadores de la administración Bush inspirando el radicalismo islámico y el terrorismo y uniéndose a Osama en la creación de un “choque de civilizaciones”.
Michael Scheuer, el antiguo analista de la CIA responsable de seguir el rastro de Osama bin Laden desde 1996, escribe que “bin Laden ha sido muy preciso al expresarle a EEUU las razones por las que ha emprendido la guerra contra nosotros. Ninguna de esas razones tiene nada que ver con nuestras libertades y democracia, sino todo que ver con las políticas y acciones de EEUU en el mundo musulmán”. La preocupación de Osama “es cambiar de manera drástica las políticas occidentales y estadounidenses en el mundo musulmán”, Scheuer escribe: “Es un guerrero práctico, no un terrorista apocalíptico en busca del Armageddon”. Como Osama repite constantemente, “Al Qaeda no apoya a la resistencia islámica que trata de conquistar nuevas tierras”. Al preferir consolar ilusiones, Washington ignora “el poder ideológico, la letalidad y el potencial de crecimiento de la amenaza personificada por Osama bin Laden, así como el ímpetu que a esa amenaza le ha dado la invasión y la ocupación, encabezada por EEUU, del Iraq musulmán, [que es] la guinda en el pastel para Al Qaeda”. “Las fuerzas y políticas estadounidenses están logrando que se complete la radicalización del mundo islámico, algo que Osama bin Laden ha estado tratando de hacer con considerable pero incompleto éxito desde los primeros años de la década de 1990. Como resultado, [Scheuer añade], es justo concluir que los Estados Unidos de América siguen siendo el único aliado insustituible de bin Laden”.
Los agravios son muy reales. Un panel consultivo del Pentágono concluía hace un año que “los musulmanes ‘no odian nuestra libertad’, sino que más bien odian nuestras políticas”, añadiendo que “cuando la diplomacia estadounidense habla de llevar la democracia a las sociedades islámicas, es visto nada más que como una hipocresía egoísta”. Las conclusiones se retrotraen a hace muchos años. En 1958, el Presidente Eisenhower se sentía desconcertado por “la campaña de odio contra nosotros” en el mundo árabe, “no por parte de los gobiernos sino de los pueblos”, que están “del lado de Nasser”, apoyando el nacionalismo laico independiente. Las razones de la “campaña de odio” fueron subrayadas por el Consejo Nacional de Seguridad: “A los ojos de la mayoría de los árabes, EEUU parecen oponerse a la consecución de los objetivos del nacionalismo árabe. Creen que EEUU está buscando proteger sus intereses petrolíferos en Oriente Próximo mediante el apoyo al statu quo y oponiéndose al progreso político y económico”. Además, esa percepción es compresible: “nuestros intereses económicos y culturales en la zona han llevado de forma antinatural a que EEUU estreche relaciones con elementos del mundo árabe cuyos intereses fundamentales descansan en el mantenimiento de relaciones con Occidente y del statu quo en sus países”, impidiendo la democracia y el desarrollo.
El Wall Street Journal halló más de lo mismo cuando investigó las opiniones de “acaudalados musulmanes” inmediatamente después del 11-S: banqueros, profesionales, empresarios, se sentía comprometidos con los “valores occidentales” oficiales y estaban empotrados en el proyecto de globalización neoliberal. Estaban también consternados por el apoyo de Washington a estados autoritarios duros y por las barreras levantadas contra el desarrollo y la democracia al “apoyar a regímenes opresores”. Sin embargo, tenían nuevos agravios más allá de los apuntados por el Consejo Nacional de Seguridad en 1958: el régimen de sanciones de Washington contra Iraq y el apoyo a la ocupación militar israelí y la absorción de los territorios. No se investigó a las inmensas cantidades de gente pobre y sufriente, pero es probable que sus sentimientos fueran más intensos, asociados con un amargo resentimiento hacia las elites accidentalizadas y hacia los gobernantes brutales y corruptos respaldados por el poder occidental que están asegurando que la enorme riqueza de la región fluya hacia occidente, además de enriquecerse ellos mismos. La invasión de Iraq más que anticipar sólo intensificó aún más esos sentimientos.

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