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Timestamp: 2019-01-17 09:25:57+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00114 de diciembre 2 de 2010
SENTENCIA 2008-00114 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:AUSENCIA DE MOTIVACIÓN VICIA DE NULIDAD EL ACTO ADMINSITRATIVO. CADA VALOR RECHAZADO DEBE SER EXPLICADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, REQUERIMIENTO ESPECIAL DE LA DIAN, LIQUIDACIÓN OFICIAL
Sentencia 2008-00114 de diciembre 2 de 2010
Ref. : 250002327000-2008-00114-01
Rad.: 18010
Bogotá, D.C., diciembre dos de dos mil diez.
Se decide en esta instancia el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 1º de octubre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.
Según el apelante, la liquidación oficial de revisión se encuentra debidamente motivada, toda vez que esta indica, en forma precisa, las deficiencias detectadas por la administración en la declaración tributaria.
Observa la Sala que, conforme lo anotó el a quo, la liquidación oficial de revisión demandada(2) adolece de la explicación sumaria consagrada en el literal g) del artículo 712 del estatuto tributario. Esta se limitó a incluir un cuadro en donde se relaciona lo que se acepta por concepto de “IVA relacionado con la producción”, sin precisar las razones por las cuales se rechazan los demás valores declarados.
Igualmente en el Requerimiento Especial(3) 128-06 del 15 de marzo de 2006 la administración se limitó a incluir un cuadro donde se relacionó el “IVA causado”, el “IVA declarado” y el “IVA descontado de más” señalándose como razones en que se sustentó ese acto las siguientes: “La dirección de rentas de la secretaría de Hacienda de Cundinamarca se permite manifestarle que en relación con la declaración privada del impuesto al consumo y participación porcentual presentada, se ha evidenciado una inexactitud correspondiente a la incorrecta liquidación del impuesto, en razón a que los valores denunciados en la declaración privada son diferentes a los determinados con nuestra base gravable”.
Reiteradamente la Sala(4) ha señalado que tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial son actos administrativos que requieren ser motivados, pues si la autoridad tributaria rechaza la liquidación privada presentada por el contribuyente, debe poner en conocimiento de este los motivos de desacuerdo, para permitirle ejercer su derecho de contradicción.
En efecto, de conformidad con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos que contienen decisiones que afectan a los particulares deben motivarse al menos de forma sumaria, pues el análisis de los hechos y razones que fundamentan la decisión, garantizan el derecho de defensa y de audiencia del contribuyente y enmarcan el contenido de la liquidación de revisión y su discusión. Por lo anterior, los motivos de los actos administrativos constituyen un elemento estructural, y su ausencia genera la nulidad del acto, de conformidad con el artículo 84 ibidem. Del mismo modo, si el acto previo a la liquidación de revisión se expide sin explicación sumaria, se afecta la validez del proceso administrativo, con base en precisas normas tributarias, como son los artículos 703 y 730-4 del estatuto tributario(5).
Asimismo, el asunto en discusión ha sido analizado por esta corporación con ocasión de una demanda presentada por el mismo accionante, en la que coinciden los fundamentos de hecho y de derecho con los que se estudian, por lo que en esta oportunidad se reitera la posición asumida al respecto por la Sala(6):
“Se confirmará la decisión del tribunal que declaró la nulidad de los actos administrativos y la firmeza de la declaración privada presentada por la Empresa de Licores de Cundinamarca el 5 de agosto de 2003 del impuesto al consumo e IVA de licores, vinos, aperitivos y similares, correspondiente a la segunda quincena de julio de 2003.
De conformidad con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos que contengan decisiones que afecten a los particulares deben motivarse al menos de forma sumaria, pues el análisis de los hechos y razones que fundamentan la decisión garantizan el derecho de defensa y de audiencia del contribuyente y enmarcan en este caso, el contenido de la liquidación de revisión y su discusión. Por lo tanto, los motivos de los actos administrativos constituyen un elemento estructural y su ausencia o la falsa motivación generan la nulidad del acto, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo(7).
La Ley 788 de 2002, en el artículo 59, sobre el procedimiento tributario territorial, dispuso: “Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos”.
De conformidad con lo dispuesto por el legislador, tratándose del caso de actos de determinación del impuesto al consumo e IVA de licores, vinos, aperitivos y similares, cedidos a los departamentos(8), el procedimiento debe ajustarse a las normas del estatuto tributario nacional.
Este ordenamiento establece la posibilidad de modificar, por una sola vez, las declaraciones privadas de los contribuyentes, mediante liquidación de revisión(9), previo requerimiento especial, que debe contener todos los puntos que pretenda modificar y las razones o motivos que lo justifican(10).
Respecto del requerimiento especial, la Sala ha reiterado que es un acto de simple trámite, que no crea una situación jurídica de carácter particular, que en él se proponen las modificaciones que la administración pretende efectuar a la liquidación privada y que debe ser expedido previamente a la práctica de la liquidación oficial. Por tanto, atendiendo a su naturaleza de acto preparatorio, no es autónomamente un acto objeto de control jurisdiccional(11).
Sin embargo, ha sostenido que si el acto previo a la liquidación de revisión se expide sin explicación sumaria, se afecta la validez del proceso administrativo; además, que otra garantía del derecho de defensa es el principio de correspondencia consagrado en el artículo 711 del estatuto tributario, conforme al cual la liquidación de revisión debe contraerse exclusivamente a los hechos que hubieran sido analizados en el requerimiento especial(12).
De otra parte, el estatuto tributario establece que la liquidación de revisión debe contener, entre otros, “la explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la declaración”(13).
Este requisito es esencial a los actos administrativos(14), por ser las razones fácticas y jurídicas en que se funda la decisión las que el administrado en ejercicio del derecho de contradicción y defensa puede discutir; su omisión daría lugar a la causal de nulidad prevista en el artículo 730, numeral 4º del estatuto tributario.
Al examinar luego la Liquidación de Revisión 53-06 del 14 de febrero de 2006(15), se lee en la parte considerativa lo siguiente:
“2. Una vez vencido el término para dar respuesta al Requerimiento Especial 022-05 de fecha 18 de julio de 2005, esta dirección estableció que el contribuyente no dio respuesta satisfactoria al acto administrativo.
Tal omisión prevista en el estatuto tributario como causal de nulidad de los actos administrativos razón suficiente para confirmar la decisión del tribunal que anuló los actos administrativos demandados, sin que tenga prosperidad el recurso interpuesto por la demandada”.
Teniendo en cuenta lo expuesto, es claro que la demandada no cumplió con el deber que le imponen los artículos 711 y 712 literal g) del estatuto tributario, respecto a la debida motivación de los actos oficiales, razón por la cual se configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 4º del artículo 730 ib, motivo suficiente para confirmar la sentencia apelada.
CONFÍRMASE la sentencia del 1º de octubre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
(3) Folio 39.
(4) Sentencias de 5 de octubre del 2001, Expediente 12095, actor: Productora de Papeles Propal S.A. y de mayo 18 del 2006, Expediente 14778, actor: HAP Electrónica Ltda., C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
(5) Normas aplicables al procedimiento departamental de conformidad con el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.
(6) Sentencia del 18 de marzo de 2010, Expediente 17452, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(7) Sentencia del 18 de mayo de 2006, Expediente 14778, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
(8) Ley 788 del 2002, artículo 54. Mantiénese la cesión del IVA de licores a cargo de las licoreras departamentales de que tratan los artículos 133 y 134 del Decreto Extraordinario 1222 de 1986.
El impuesto liquidado en ningún caso podrá ser afectado con impuestos descontables, salvo el correspondiente a los productores oficiales, que podrán descontar del componente del IVA de este impuesto, el IVA pagado en la producción de los bienes gravados [aparte subrayado fue derogado por el art. 78 de la L. 1111/2006].
(9) Artículo 702, estatuto tributario.
(10) Artículo 703 y ss. ib.
(11) Sentencia de 14 de agosto de 2008, Expediente 15871, C.P. Héctor Romero Díaz.
(12) Sentencia del 12 de julio de 2007, Expediente 15440, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
(13) Artículo 712, estatuto tributario.
(14) Artículo 35, Código Contencioso Admnistrativo.
(15) Ver fls. 89 y 90, cuaderno principal.

References: artículo 712
 artículo 35
 artículo 84
 artículo 35
 artículo 84
 artículo 59
 artículo 711
 artículo 730
 artículo 730
 artículo 59
 artículo 54
 Artículo 702
 Artículo 703
 Artículo 712
 Artículo 35