Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/738147153
Timestamp: 2019-03-22 05:55:35+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 351/18 de Corte Constitucional, 30 de Agosto de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 738147153
Actor: ALPC
Demandado: AFP PORVENIR S.A.
Expediente: T-6651518
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR EN PENSION DE SOBREVIVIENTES. RECONOCIMIENTO A FAVOR DE HIJAS MENORES QUIENES ESTAN A CARGO DE ABUELA EN CALIDAD DE CUIDADOR. La accionante, actuando en representación de tres nietas, aduce que la entidad demandada vulneró derechos fundamentales por los siguientes hechos: 1º. Reconocer el 50% de una pensión de sobrevivientes al presunto compañero permanente de la causante, quien era su hija y padre de las menores. 2º. Negar la solicitud de reconocimiento y pago de dicha prestación a favor suyo, en calidad de abuela materna de las niñas, frente a quienes ejerce la condición de cuidadora y, 3º. Entregar el pago del 50% de la prestación asignado a las niñas a su padre, bajo el argumento de ser el representante legal de las mismas y administrador de sus bienes, a pesar de que no les entrega ni cumple con el deber legal de alimentos para con ellas. Se aborda temática relacionada con el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes; el derecho fundamental a la seguridad social; la naturaleza, finalidad y principios constitucionales de la pensión de sobrevivientes y, la patria potestad y la custodia. Se CONCEDE la protección, como mecanismo definitivo, del derecho fundamental a la seguridad social y, como mecanismo transitorio, del derecho al mínimo vital de las agenciadas. Se adoptan una serie de medidas conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados. Recibo Relatoria:
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las M.G.S.O.D., C.P.S. y el Magistrado A.J.L.O., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
Hechos y relato contenidos en el expediente
El 12 de mayo de 2016, ALPC rindió declaración juramentada ante la Notaría Segunda del Círculo de S.M. en la que manifestó que su hija convivió con SDSA desde el año 1999 hasta el momento de su muerte. Posteriormente, la agente oficioso se retractó y manifestó ante la AFP PORVENIR y ante el Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de Santa Marta que al momento del fallecimiento de la causante, el señor SDSA no convivía con ella.
(i)	Como medida de protección, que se le ordene “el pago de la mesada pensional de marzo, que se paga en los primeros días de abril”.
(ii)	En virtud del amparo otorgado, que se ordene el pago de las mesadas causadas desde mayo 2016.
Respuestas e intervenciones en la acción de tutela
El Juzgado Quinto Civil Municipal de S.M., mediante auto del 16 de marzo de 2017 admitió la acción de tutela, vinculó al Juzgado Segundo de Familia en oralidad de Santa Marta y al señor SDSA, en calidad de padre de las tres (3) niñas agenciadas, y corrió traslado para el ejercicio del derecho de defensa.
De otra parte, no accedió a decretar la medida provisional solicitada, tras considerar que se requería una valoración exhaustiva para establecer la procedencia del amparo de reconocimiento de una prestación económica .
4.1. Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de Santa Marta
4.2. AFP PORVENIR SA
Frente al pago de las mesadas, indicó que es absolutamente necesario adjuntar registro civil de nacimiento de las niñas con nota marginal donde se evidencie que la señora ALPC fue designada como curadora o guardadora mediante sentencia judicial. Adjuntó copia de la respuesta fechada el 27 de marzo de 2017 .
4.3. ALPC
•	La AFP accionada desconoció la importancia del derecho fundamental de los niños y el interés superior del menor, al reconocer y pagar a SDSA, omitiendo solicitar un proceso judicial desde el inicio del trámite, toda vez que este fue requerido sólo después de un año de la solicitud de pensión de sobrevivientes y luego de presentada la acción de tutela.
•	El señor SDSA abandonó a sus hijas y la AFP PORVENIR “lo premia pagándole la mesada pensional de las menores, (…) cuando le notifican la tutela se quieren proteger en una declaración, (…) su actuar no tiene justificación, (…) le dan más valor a formalismos legales que a la Constitución y al derecho más relevante de la Carta Magna [derecho de los niños]”.
4.3. SDSA
•	Convivió en unión marital desde el año 1999 hasta la muerte de la causante, por lo que solicitó la pensión de sobrevivientes, en calidad de compañero permanente y representante legal de sus tres (3) hijas.
•	La señora ALPC, madre de su compañera permanente, inicialmente se opuso a su pretensión de ser beneficiario. Posteriormente, coadyuvó la solicitud por lo que rindió la declaración extrajudicial que sirvió de soporte para el reconocimiento otorgado.
•	En cuanto al tema de la custodia, explicó que “obedeció a un acuerdo entre la señora ALPC y el suscrito quien en reiteradas ocasiones me solicitó que necesitaba un documento donde constara que ella ejercía la custodia de las menores y con la cual podían concederle algún derecho como beneficiaria de la causante, peticiones que la misma Porvenir le denegó ya que aparecía el suscrito como compañero de la causante y, como padre de las menores, era la única persona que podía solicitar la prestación de pensión de sobrevivientes”.
•	La AFP PORVENIR SA retuvo el valor del retroactivo generado y pidió que se declarara judicialmente la existencia de la unión marital, siendo vinculada ALPC al proceso en curso ante el Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta.
Adicionalmente, señaló haber recibido la suma de 50 millones de pesos por concepto de seguro de vida constituido por DMOP y afirmó haberlos entregado íntegramente a ALPC “con la finalidad de adquirir unos bienes inmuebles que beneficiaran a las menores de lo cual hoy no hay razón del manejo e inversión del dinero” .
●	Acta de “Diligencia de Conciliación en Asuntos de Familia”, realizada el 6 de noviembre de 2015 y su auto aprobatorio (folios 8 al 10).
●	Petición presentada el 25 de abril de 2016 ante la AFP PORVENIR SA (folios 11 y 12).
●	Registros civiles de nacimiento de las tres (3) niñas agenciadas (folios 13 al 15).
●	Acta #333 de 2015, “Constancia de Imposibilidad de Acuerdo”, suscrita el 10 de junio de 2015 (folio 16).
●	Demanda de declaración de existencia de la unión marital de hecho y reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho promovida por SDSA, contra herederos determinados e indeterminados de la causante DMOP (folios 17 al 20).
●	Auto del 29 de septiembre de 2016 que admitió la citada demanda, proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta (folio 21).
●	Contestación de la referida demanda, presentada por ALPC, a través de apoderado judicial (folios 22 al 25).
●	Petición presentada el 3 de febrero de 2017 ante la AFP PORVENIR SA (folio 26).
El 31 de marzo de 2017, el Juzgado Quinto Civil Municipal de S.M., concedió como medida transitoria el amparo solicitado, tras considerar que los derechos de las agenciadas no pueden esperar al resultado del proceso en curso ante el Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta. Al respecto, manifestó:
“se toma como elemento esencial para determinar que el mínimo vital de la accionante y de sus nietas está siendo vulnerado, en razón de que el vinculado no solo toma su porción, sino además las de sus hijas que le son pagadas a él por la empresa PORVENIR S.A. por ser su representante legal, por ende es pertinente conceder el amparo constitucional a sus derechos vulnerados, mediante la acción de tutela como medio transitorio, por un periodo de 6 meses para que mientras se rinda una sentencia debidamente ejecutoriada en el proceso de radicación número 47001-31-10-002-2016-00485-00 que cursa en el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE SANTA MARTA, que defina su actual situación, se pague a la señora ALPC(…) la pensión de sobrevivientes que le corresponde a las hijas de la causante (…) por estar a su cuidado, con el objetivo de que no se les siga vulnerado el derecho al mínimo vital, es decir le serán pagadas a la accionante, pero deber ser destinadas a las necesidades de sus nietas, sin perjuicio del porcentaje que recibe el señor SDSA, en su condición de compañero permanente”.
En consecuencia, ordenó a la AFP accionada que proceda a cancelar a la agente oficioso las mesadas de las niñas agenciadas, en razón de tener su custodia como abuela materna y advirtiéndole sobre la transitoriedad del amparo, “mientras se resuelve de fondo la situación derivada de la representación legal de las menores el cual es llevado mediante una demanda de DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO Y RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO que cursa en el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE SANTA MARTA” .
Al respecto, manifestó que el haber recibido “una facultad temporal o provisional para ejercer la custodia y cuidado personal de las menores no quiere decir que se le haya delegado el ejercicio de la representación de las mismas, derecho que en ausencia de su señora madre me corresponde y vengo ejerciendo a cabalidad hasta la presente (…)” .
Añadió que cedió la custodia de sus hijas ante la solicitud de la señora ALPC “quien pretendía cumplir requisito para acceder a ser beneficiaria de pensión de sobrevivientes de su señora hija ante Porvenir, entidad que le negó dicha solicitud por estar excluida de los beneficiarios para acceder por ley a tal prestación” .
El 14 de mayo de 2017, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de S.M. confirmó el fallo de primera instancia, por las mismas razones expuestas por el a quo, resaltando que la protección fue otorgada de manera transitoria, ante la inminencia del perjuicio, por ello, la agente oficioso deberá “iniciar las acciones ordinarias pertinentes ante el Juez natural para obtener la protección definitiva de los alimentos de las menores”.
Auto de 17 de mayo de 2018
Mediante auto de 17 de mayo de 2018, el magistrado sustanciador decretó la práctica de pruebas, pidiendo información relevante a las partes , el estado actual de las actuaciones surtidas ante el Juzgado Segundo de Familia en oralidad de Santa Marta y ante la Fiscalía General de la Nación y, por último, un estudio socio familiar de las niñas JM, SP y MJ al ICBF -Regional Magdalena- .
2.1. Según informe del 8 de junio de 2018 de la Secretaría General de esta Corporación , se recibieron las siguientes comunicaciones:
●	Oficio del 24 de mayo de 2018 , firmado por L. de J.T.A., Juez Segundo de Familia de S.M., mediante el que adjuntó copia íntegra del expediente radicado bajo el Nº 47-001-31-10-002-2016-00485-00, proceso verbal de declaratoria de unión marital de hecho y de la consecuente sociedad patrimonial, promovido por SDSA.
●	Oficio 1346 del 29 de mayo de 2018 , firmado por Y.R.N.S., Fiscal 14 Unidad de Delitos contra la Asistencia Alimentaria, en el que indicó sobre la denuncia instaurada por ALPC el 2 de mayo de 2017, “según hechos ocurridos el 01/01/2015. En la actualidad el despacho se encuentra recaudando elementos probatorios para proceder al traslado del escrito de acusación”.
2.2. Según informes del 12 y 13 de junio de 2018 de la Secretaría General de esta Corporación , se recibieron escritos del 8 y 12 de junio de 2018 , firmados por D.M.C., en calidad de Directora de Litigios del Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR SA, en los que aclaró que desde el 26 de mayo de 2016 se contrató la renta vitalicia para el pago de la mesada pensional por el fallecimiento de la afiliada DMOP con la Compañía de Seguros de Vida ALFA SA.
2.3. Según informes del 22 y 29 de junio de 2018 de la Secretaría General de esta Corporación , se recibieron escritos del 21 y 28 de junio de 2018 , firmado por el apoderado de la agente oficioso, mediante el que da respuesta a lo requerido por esta Corporación, de la que se extrae -sintetizado- lo siguiente:
•	ALPC tiene buen estado de salud y deriva sus ingresos, principalmente, de la actividad desarrollada por su compañero como “Maestro de Obra”, con un promedio mensual de $800.000. Adicionalmente, se dedica a la modistería en su lugar de residencia, actividad que le genera un promedio de $250.000 mensuales. La mesada que reciben es destinada especialmente para transporte y merienda y en productos de uso personal. Sus abuelos les suministran la alimentación.
•	Reside con su compañero y sus nietas en el inmueble ubicado en el barrio Las Acacias y manifestó que “no está legalizado, no tiene título, pero es de su propiedad”.
•	No ha iniciado trámite judicial para obtener designación como curadora o guardadora, debido a que el padre cedió voluntariamente la custodia de sus hijas, en audiencia de conciliación celebrada ante el ICBF en noviembre de 2015.
•	La joven YMSO está validando el bachillerato y se encuentra afiliada a Coomeva EPS, su hermana SPSO cursa 8º de educación media y la niña MJSO cursa 5º de educación básica primaria, ambas se encuentran afiliadas a Mutualser EPS; “todas en el régimen contributivo en su condición de pensionadas”.
Traslado de las pruebas
3.2. Según informe del 6 de agosto de 2018 de la Secretaría General de esta Corporación , se recibió el oficio 4710100/5-2018-311031-4701 del 31 de mayo de 2018, enviado el 7 de julio de 2018, mediante el cual la Coordinadora del Centro Zonal Santa Marta Sur remitió el estudio Socio familiar y económico solicitado por esta Corporación .
Cuestiones previas. Verificación del cumplimiento de requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
La jurisprudencia constitucional ha recordado que la validez de esta figura se cimienta en tres principios constitucionales, a saber: (i) el principio de la eficacia de los derechos fundamentales, que impone a la administración de justicia la ampliación de mecanismos institucionales orientados a realizar efectivamente este tipo de garantías; (ii) la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, que busca conjurar que por circunstancias meramente procedimentales se violen derechos fundamentales; y (iii) el principio de solidaridad, que impone a la sociedad velar por la protección y efectividad de los derechos ajenos, cuando ellos por sí mismos no pueden promover su defensa.
De esta manera, en la sentencia de unificación SU-055 de 2015 la Corte Constitucional señaló los requisitos que deben cumplirse para que se considere que en un caso concreto se configura la agencia oficiosa, acorde con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, así: (i) quien pretende actuar como agente oficioso manifieste en el escrito de tutela esa calidad, y (ii) que se acredite que la persona cuyos derechos se agencian no se encuentre en condiciones de promover su defensa. Como lo ha señalado la jurisprudencia, este segundo requisito tiene una excepción, que se presenta cuando la persona sí estaba en condiciones de acudir a la administración de justicia, pero una vez radicada la acción de tutela ratifica la actuación del agente oficioso . Adicionalmente, de acuerdo con esta misma norma, (iii) no es de la esencia que exista una relación formal entre quien actúa como agente y aquel cuyos derechos se agencian.
2.1.3. Particularmente, cuando se trata de menores de edad, los padres están legitimados para promover la acción de tutela con el fin de proteger sus derechos fundamentales afectados o amenazados, debido a que ostentan la representación judicial y extra judicial de los descendientes mediante la patria potestad . Además, el inciso 2º del artículo 44 de la Carta Política, establece que "[l]a familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores."
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que cualquier persona está legitimada para interponer acción de tutela en nombre de los niños o niñas, siempre y cuando en el escrito o petición conste la inminencia de la violación de sus derechos fundamentales, y/o la ausencia de representante legal. Este último requisito se ha fijado con el fin de evitar intervenciones ilegítimas o inconsultas .
•	De manera general y preferente, la representación legal de los niños y niñas corresponde a sus padres o a quien ejerza la patria potestad. Son estas personas las llamadas a ejercer las acciones legales pertinentes, entre ellas la acción de tutela, cuando resulte necesario proteger los derechos de los menores de edad mediante la actividad de las autoridades estatales .
•	El ejercicio de la agencia oficiosa por parte de personas distintas a quien ejerce la patria potestad del menor, por ende, impone un deber mínimo de justificación por el agente oficioso. Así, deberá demostrarse, incluso de manera sumaria, que: (i) no concurre persona que ejerza la patria potestad o la misma está formal o materialmente inhabilitada para formular las acciones judiciales o administrativas necesarias; o (ii) que si bien concurren los padres o guardadores, existe evidencia que los mismos se han negado a formular las acciones y dicha omisión afecta gravemente los derechos del niño o niña concernida. En los demás casos, la agencia oficiosa resultaría en una extralimitación contraria a las facultades que confiere la patria potestad .
•	En todo caso, cabe aclarar que la legitimación prevalente de los representantes legales para presentar la tutela en favor de menores de edad, no impide que otras personas, excepcionalmente, agencien sus derechos. En efecto, en casos límite en los cuales los derechos fundamentales invocados y la gravedad de los hechos demuestren que el niño está en riesgo de sufrir un perjuicio, es posible que otra persona, distinta de los representantes legales, actúe en calidad de agente oficioso.
2.1.5. En el presente caso, la acción de tutela fue presentada -a través de apoderado judicial - por ALPC, quien manifestó en el escrito de tutela que actuaba como “representante legal de sus menores nietas”, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.
Ahora bien, la Sala advierte que si bien el escrito de tutela utiliza erróneamente la expresión de “representante legal”, aparentemente, confundiendo la custodia legal de las hermanas YMSO, SPSO y MJSO, es de aclarar que la S. ha verificado que la señora ALPC es la abuela de las niñas y es la titular de su custodia legal. Además, se advierte que una de las razones que motivan la presentación de esta acción es el actuar negligente u omisivo del padre de las niñas, quien no ha demostrado interés en promover la defensa del derecho fundamental al mínimo vital de las menores de edad, por ende, se configura una inminente vulneración del mismo. Por lo expuesto, la Sala encuentra legitimada para actuar a ALPC, a través de la figura de agencia oficiosa en favor de las niñas YMSO, SPSO y MJSO.
Por tratarse de un particular encargado de la prestación de un servicio público , como lo es la seguridad social (CP art. 48 y Ley 100 de 1993, art. 2), la Sala constata el cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por pasiva, en los términos del artículo 86 Superior y el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
En primer lugar, el 25 de abril de 2016 fue elevada la referida petición, obteniendo respuesta negativa de la AFP accionada mediante comunicación del 6 de mayo de 2016 . Adicionalmente, el 28 de febrero de 2017, presentó escrito de intervención y contestación en el proceso de declaración de existencia de la unión marital de hecho y reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho, actuando como vinculada.
2.5.	Subsidiariedad. Procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
2.5.1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia constitucional adoptada en la materia y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual sólo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo: (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) cuando existiendo, ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto; así mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental.
En el evento de proceder como mecanismo transitorio, la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario .
Empero, esta Corporación a través de la jurisprudencia ha ajustado dicho principio a las reglas consignadas en la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, señalando que existen algunos eventos en los cuales es posible que el juez constitucional pueda resolver de fondo controversias relacionadas con el reconocimiento y pago de un derecho pensional. Es decir que, en cada caso, corresponde al fallador examinar sus particularidades, puesto que esta prestación podría convertirse en el único medio que tienen las personas para garantizar para sí mismos un mínimo vital y, en esa medida, una vida digna .
En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para resolver el problema jurídico y no existe riesgo de configuración de un perjuicio irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto a consideración, la tutela será procedente de manera definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de medios de defensa idóneos y eficaces, pero existe riesgo de configuración de un perjuicio irremediable , el amparo será procedente de manera transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del accionante . Lo anterior, implica que la idoneidad y la eficacia del otro medio de defensa no pueden ser valoradas en abstracto por parte del juez constitucional, sino que por el contrario, el fallador deberá centrarse en responder si, de acuerdo con las condiciones particulares del accionante, dicho medio le permite ejercer la defensa de los derechos que considera vulnerados de manera oportuna y eficaz.
En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha establecido de manera pacífica una serie de reglas que permiten evaluar si, en los casos en los que se solicita el reconocimiento y pago de una pensión, el medio es idóneo y eficaz para ejercer la defensa material de los derechos, de conformidad con las particularidades del caso concreto . Así, el juez constitucional deberá valorar (i) la edad del accionante, puesto que las personas de la tercera edad y los menores son sujetos de especial protección constitucional; (ii) su estado de salud y las condiciones de vulnerabilidad en las que pueda encontrarse; (iii) la composición de su núcleo familiar; (iv) las circunstancias económicas en las cuales se encuentra; (v) que se haya agotado cierta actividad administrativa y judicial tendiente a obtener el reconocimiento del derecho; (vi) el tiempo transcurrido entre la primera solicitud y la interposición del amparo constitucional; (vii) su grado de formación escolar y el posible conocimiento que tenga acerca de la defensa de sus derechos y, por último, (viii) que tenga cierto nivel de convicción sobre la titularidad de los derechos reclamados.
Planteamiento del caso, problemas jurídicos a resolver y esquema de solución
(i)	¿Procede la acción de tutela para determinar los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de la causante DMOP, siendo que le sobreviven tres hijas menores de edad y existiendo la duda sobre el extremo final de la unión marital de hecho de la causante, lo que podría desvirtuar la calidad de su compañero permanente y actual beneficiario del 50% de la mesada pensional?
(ii)	¿AFP Porvenir SA ha vulnerado los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de las agenciadas YMSO, SPSO y MJSO, al reconocerles el 50% de una pensión de sobrevivientes, pero negar el pago a ALPC, en calidad de abuela materna de las niñas, quien tiene su custodia legal; bajo el argumento que la representación legal y administración de sus bienes está en cabeza del presunto compañero permanente y padre de las beneficiarias, pese a la afirmación de que éste no las entrega ni cumple con el deber legal de alimentos para con sus hijas?
(iii)	¿Con el fin de proteger el derecho fundamental al mínimo vital de las agenciadas YMSO, SPSO y MJSO, procede como medida de protección transitoria la suspensión de la patria potestad de SDSA frente a sus hijas y designación como su guardadora a la abuela materna ALPC?
La prevalencia del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Reiteración jurisprudencial
En efecto, la calidad de sujetos de especial protección constitucional de los niños, las niñas y adolescentes , deviene del:
(i)	Artículo 44 Superior el cual establece -entre otros aspectos- que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como la plena materialización de sus derechos fundamentales (la vida, la integridad física, la salud la seguridad social y la educación, entre muchos otros);
(ii)	Marco internacional , en virtud del cual los menores de dieciocho años merecen un mayor amparo por parte del Estado, al ser considerados sujetos de especial protección constitucional;
(iii)	Código de la Infancia y la Adolescencia - el principio del interés superior del menor de dieciocho años se encuentra establecido expresamente en su artículo 8°, así “(…) Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”. Por otra parte, el artículo 25 del citado Código, siguiendo el precepto superior de la prevalencia de los derechos de los menores de dieciocho años sobre los demás, estableció: “(…) En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona (…)”.
El derecho fundamental a la seguridad social en condiciones dignas y justas
Naturaleza, finalidad y principios constitucionales de la pensión de sobrevivientes. Reiteración jurisprudencial
Resulta necesario partir de que, como su mismo nombre lo indica, lo que pretende tal prestación es brindar el apoyo monetario a quienes sobrevivan al causante. En ese sentido, la Corte Constitucional ha considerado que la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad esencial impedir que, tras la muerte de la persona afiliada al régimen de seguridad social, su grupo familiar más próximo se vea expuesto a un ostensible menoscabo de los derechos fundamentales. Lo anterior, comoquiera que, a la luz de la Carta Política, al dejar de contar con los recursos económicos que tal persona aportaba, las condiciones de la familia tienden a transformarse, al punto que quedan desprotegidos frente a las necesidades que requiere cada uno de sus integrantes para proseguir con el proyecto de vida .
Es bajo esta lógica que, la Sala considera que la pensión de sobrevivientes tiene como interés jurídico fundamental a la institución familiar, la cual, según los términos previstos en el artículo 42 de la Carta Política, se constituye como un derecho y núcleo fundamental de la sociedad . De hecho, asegurar la pensión a los sujetos más próximos al causante, que dependían y compartían la vida con aquel, se erige en una garantía para la propia familia, en el sentido que, como institución social, la misma se funda en la vida en común, la ayuda mutua, el sostenimiento y la comprensión entre los integrantes que permanecen .
Requisitos y beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en el régimen de capitalización individual con solidaridad
Vistas así las cosas, para que proceda el derecho a esta clase de pensión para la compañera o compañero permanente es forzoso demostrar la existencia de una convivencia marital continua y estable, vivida bajo el mismo techo y con la intención de formar una familia, donde haya existido codependencia económica y lazos de solidaridad, pues no puede perderse de vista, la finalidad de la pensión de sobrevivientes, consistente en mitigar la desprotección en que queda quien está afectado por la muerte de su pareja, de ahí que no cualquier convivencia ni la existencia de cualquier relación de pareja conlleva al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, se requiere de la calidad de cónyuge o compañero permanente, y que se demuestre una convivencia real y efectiva, fundada en la solidaridad y ayuda mutua .
Breve conceptualización sobre la patria potestad
En efecto, la patria potestad hace referencia a un régimen paterno-filial de protección del hijo menor no emancipado, en cabeza de sus padres, que no deriva del matrimonio de éstos pues surge por ministerio de la ley independientemente a la existencia de dicho vínculo” .
“(i) al usufructo de los bienes del hijo, (ii) al de administración de esos bienes, y (iii) al de representación judicial y extrajudicial del hijo. En relación con el derecho de representación, la legislación establece que el mismo es de dos clases: extrajudicial y judicial. El primero, se refiere a la representación que ejercen los titulares de la patria potestad, sobre los actos jurídicos generadores de obligaciones que asume el hijo, y que no involucran procedimientos que requieran decisión de autoridad. El segundo, el de representación judicial comporta las actuaciones o intervenciones en procedimientos llevados a cabo, no sólo ante los jueces, sino también ante cualquier autoridad o particular en que deba participar o intervenir el hijo de familia, ya sea como titular de derechos o como sujeto a quien se le imputan responsabilidades u obligaciones. En cuanto a los derechos de administración y usufructo, éstos se armonizan con el de representación, y se concretan en la facultad reconocida a los padres para ordenar, disponer y organizar, de acuerdo con la ley; el patrimonio económico del hijo de familia y lograr de él los mejores rendimientos posibles, constituyéndose, el usufructo, en uno de los medios con que cuentan para atender sus obligaciones de crianza, descartándose su utilización en beneficio exclusivo de los padres. En relación con los derechos sobre la persona de su hijo, que se derivan de la patria potestad, se relacionan con el derecho de guarda, dirección y corrección, materializado en acciones dirigidas al cuidado, la crianza, la formación, la educación, la asistencia y la ayuda del menor, aspectos que a su vez constituyen derechos fundamentales de éste” .
La jurisprudencia constitucional ha definido la patria potestad como “una institución de orden público, obligatoria e irrenunciable, personal e intransferible, e indisponible, porque es deber de los padres ejercerla en interés del menor, sin que tal ejercicio pueda ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia voluntad privada, sino en los casos que la propia ley lo permita” .
Por las razones expuestas, la Sala reitera que los padres , de común acuerdo o mediante la conciliación extrajudicial, no pueden terminar o suspender el ejercicio de la patria potestad sobre su menor hijo, es decir, no pueden “suspenderla o perderla” para sustraerse a las obligaciones que constitucional y legalmente le son exigibles para con ellos. La pérdida o suspensión de la patria potestad debe ser decretada mediante sentencia por la autoridad judicial competente.
Breve conceptualización sobre la custodia y cuidado personal
El Código Civil Colombiano respecto a las obligaciones de los padres con sus hijos dispone que corresponde a los padres de manera conjunta, o al padre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos . Según la Corte Constitucional, con la custodia se busca, “(...) como regla general, asegurar el desarrollo armónico, integral, normal y sano de los niños, desde los puntos de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual y ético, así como la plena evolución de su personalidad” .
La custodia se puede fijar por medio de conciliación entre las partes y, en caso de no llegar a un acuerdo, a través de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos ante el ICBF o mediante un Proceso Verbal Sumario ante el Juez de Familia.
De lo probado en el caso concreto
•	SDSA y DMOP convivieron en unión marital de hecho desde el mes de marzo de 1999 y producto de esa unión hay tres (3) hijas YMSO, SPSO y MJSO, actualmente de 17, 16 y 10 años de edad, respectivamente.
•	La señora ALPC es la madre de DMOP y abuela materna de las niñas YMSO, SPSO y MJSO.
•	En Acta del 10 de junio de 2015, SDSA y DMOP suscriben “Constancia de Imposibilidad de Acuerdo”, de la que se transcribe el problema o asunto a conciliar, así:
“la señora DMOP solicitó audiencia de conciliación para que se le fije una cuota alimentaria para las menores llamadas [YMSO, SPSO y MJSO], 14, 12 y 6 años de edad, respectivamente, y el señor SDSA le ofreció la suma de $100.000 mil pesos mensual y la señora no aceptó” .
•	DMOP falleció el 29 de julio de 2015.
•	El 6 de noviembre de 2015, se celebró y aprobó Diligencia de Conciliación en Asuntos de Familia ante el ICBF -Regional Santa Marta- entre SDSA y ALPC, mediante el cual acordaron que la custodia de las niñas YMSO, SPSO y MJSO estará en cabeza de su abuela materna, en los siguientes términos: “comparezco a esta defensoría de familia con el objeto de entregar la custodia y cuidados personales de mis hijas antes mencionadas a la abuela materna señora ALPC. Teniendo en cuenta que la madre falleció el día 29 de julio del presente año” .
•	Consecuentemente, SDSA solicitó ante la AFP PORVENIR SA la pensión de sobrevivientes, en calidad de compañero permanente de la causante y como padre y representante legal de las niñas beneficiarias.
•	La AFP PORVENIR SA verificó que la causante cotizó en los tres años anteriores a su fallecimiento un total de 141 semanas, por lo que designó como beneficiarios a SDSA, con el 50%, en calidad de compañero permanente; y el 50% restante a las tres (3) hijas, en partes iguales.
•	Antes del reconocimiento, el 25 de abril de 2016, ALPC solicitó a la AFP PORVENIR SA que suspendiera o negara el pago al señor SDSA y le reconocieran el pago de las mesadas a ella, en calidad de “madre de la causante encargada del cuidado y custodia de sus sobrevivientes” , en consideración a la no convivencia al momento de la muerte de la causante.
•	El 6 de mayo de 2016, AFP PORVENIR SA respondió a la petición elevada por ALPC informándole que (i) en atención a la manifestación de no convivencia al momento del fallecimiento, se ha solicitado sentencia ejecutoriada del proceso de declaración de existencia de la unión marital de hecho entre la afiliada y SDSA; (ii) se procederá a efectuar los pagos de las mesadas pensionales de las niñas YMSO, SPSO y MJSO al señor SDSA por ser su representante legal sobre los beneficios económicos de sus hijas; y (iii) le indicó que podrá allegar poder debidamente otorgado en el que el padre la autorice a recibir los pagos en calidad de quien tiene la custodia y cuidado de las beneficiarias o, en su defecto, deberá allegar el registro civil de nacimiento de cada una de las niñas con nota marginal donde se evidencie que fue designada como curadora o guardadora mediante sentencia judicial .
•	En comunicación del 10 de mayo de 2016, AFP PORVENIR SA informó a SDSA que su solicitud pensional “resulta jurídicamente improcedente”, razón por la cual la suspende, hasta tanto no presente copia de la sentencia debidamente ejecutoriada donde se declare la existencia de la unión marital de hecho constituida entre este y la afiliada, en esa actuación judicial deberá ser vinculada ALPC.
•	El 12 de mayo de 2016, ALPC rindió declaración juramentada ante la Notaría Segunda del Círculo de S.M. en la que manifestó:
“Declaro bajo la expresión de seriedad que mi hija DMOP (Q.E.P.D.), (…) fallecida el 29 de julio de 2015, convivió con el señor SDSA (…) desde el año 1999 hasta el momento de su muerte, de esta unión nacieron tres hijas (…)” .
Adicionalmente, obra en el expediente copia del Informe de Investigación para Pago de Prestaciones Económicas presentado ante la AFP PORVENIR en el que los testigos adujeron que la unión libre alegada habría durado hasta el fallecimiento de la causante .
•	En comunicación sin fecha, AFP PORVENIR SA informó a SDSA -como representante de sus hijas beneficiarias- que su solicitud pensional ha sido aprobada, que el reconocimiento se otorga en forma retroactiva, a partir del 29 de julio de 2015, fecha del fallecimiento de la afiliada.
•	En comunicación del 8 de junio de 2016, AFP PORVENIR SA informó a SDSA -como representante de sus hijas beneficiarias- que se adelantó el proceso de cotización y contratación de una Póliza de Renta Vitalicia, que la mejor propuesta la presentó la Compañía de Seguros de Vida Alfa SA, que para empezar a pagar la mesada a partir del mes de junio de 2016 son necesarios unos documentos relacionados con la cuenta bancaria y afiliación a EPS.
•	En efecto, pese a que la abuela materna tiene la custodia legal de las agenciadas, el pago de las mesadas es entregado al padre de las niñas, SDSA, bajo el argumento de ser el representante legal de las niñas. Al respecto, la agente oficioso enfatizó que el señor SDSA recibe el pago de la pensión de sobrevivientes en representación de sus hijas pero no lo entrega o invierte en ellas.
El vinculado no controvirtió esta afirmación ni demostró pago de alimentos a sus hijas, ni en sede de instancia o de revisión, por lo que esta S. lo valorará como hecho cierto.
•	El 27 de julio de 2016, el señor SDSA promovió la demanda de declaración de existencia de la unión marital de hecho y reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho, con la finalidad de que se declare que entre él y DMOP existió unión marital de hecho desde el año 1999; que la sociedad patrimonial de hecho surgida quedó disuelta y en estado de liquidación por la muerte de ésta; y que en virtud de esa disolución originada por el fallecimiento, se ordene la liquidación de la sociedad patrimonial y se le reconozca la calidad de compañero permanente para acceder como beneficiario de la pensión de sobrevivientes.
•	El 29 de septiembre de 2016 fue admitida la demanda de declaración de existencia de la unión marital de hecho y reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho promovida por SDSA, contra herederos determinados e indeterminados de la causante DMOP .
•	El 3 de febrero de 2017, ALPC nuevamente solicitó a la AFP PORVENIR SA que suspendiera los pagos al señor SDSA y se le pague a ella la mesada pensional a favor de sus nietas, por tener su custodia legal. Aduce que no recibió respuesta alguna.
•	El 15 de marzo de 2017, la señora ALPC presentó acción de tutela contra la AFP PORVENIR SA, como agente oficioso de sus nietas menores YMSO, SPSO y MJSO.
•	El 27 de marzo de 2017, la AFP accionada respondió extemporáneamente la petición elevada por ALPC, en los siguientes términos: (i) frente al reconocimiento del 50% a SDSA indicó que se determinó su calidad de compañero permanente en virtud de la “ratificación en declaración juramentada rendida el 12 de mayo de 2016”, por lo que su inconformidad con ese reconocimiento debe ser tramitado ante la jurisdicción ordinaria; y (ii) frente al pago de las mesadas pensionales de las niñas YMSO, SPSO y MJSO informó que está siendo pagado a SDSA por ser su representante legal.
•	En primera instancia, el 31 de marzo de 2017, el Juzgado Quinto Civil Municipal de S.M., concedió el amparo solicitado como medida transitoria, por un término de 6 meses.
•	En segunda instancia, el 14 de mayo de 2017, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de S.M. confirmó el fallo por las mismas razones expuestas por el a quo, resaltando que la protección fue otorgada de manera transitoria, ante la inminencia del perjuicio, por lo que la agente oficioso deberá “iniciar las acciones ordinarias pertinentes ante el Juez natural para obtener la protección definitiva de los alimentos de las menores”.
•	El 2 de mayo de 2017, ALPC instauró demanda contra SDSA por el delito de inasistencia alimentaria por presuntos hechos cometidos desde el año 2015 y el 17 de mayo de 2017 por el delito de actos sexuales con menor de catorce años, por presuntos hechos ocurridos en los años 2012 y 2016.
•	Mediante auto del 16 de mayo de 2018, el Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta decretó la terminación del proceso de declaración de existencia de la unión marital de hecho y reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho, en aplicación de la sanción prevista por el artículo 372 CGP por la inasistencia injustificada de las partes a la audiencia inicial. Esta decisión se encuentra en firme y ejecutoriada, toda vez que no se interpuso recurso alguno.
•	El 8 y 12 de junio de 2018, en respuesta a las pruebas decretadas en sede de revisión , la AFP PORVENIR SA informó que -a través de la Compañía de Seguros de Vida ALFA SA- ha pagado la mesada pensional por el fallecimiento de la afiliada DMOP, a favor de las tres niñas beneficiarias (50%), desde el mes de abril de 2017 al mes de mayo de 2018, en la cuenta bancaria de ALPC.
•	En el escrito de tutela: Desde el año 2009 no convivían, así se puede constatar en el acta del 10 de junio de 2015 .
•	En la petición presentada en abril de 2016, ante AFP PORVENIR SA: SDSA es el progenitor de las tres niñas YMSO, SPSO y MJSO que le sobreviven a DMOP, “pero con quien al momento de su muerte no convivía” .
•	En la contestación de la demanda presentada ante el Juez de familia, señaló que la unión marital de hecho inició en 1999, “pero se disolvió en el mes de marzo de 2009, como consecuencia del incumplimiento del demandante de sus obligaciones de padre y compañero” y que el señor SDSA “siempre ha estado ausente a partir del fallecimiento de DMOP” .
•	En la petición presentada en febrero de 2017, ante AFP PORVENIR SA: “el señor SDSA al momento del fallecimiento de mi hija, hacía más de cinco años no convivía con mi hija” .
•	En la respuesta a las pruebas decretadas en sede de revisión, manifestó que la convivencia entre SDSA y DMOP no fue permanente, “el señor aparecía, convivía con la causante, hasta que quedaba en embarazo, después desaparecía, solo durante un periodo corto vivieron en Barranquilla, antes del nacimiento de la segunda hija, el resto del tiempo siempre vivieron en casa de ALPC; al momento del fallecimiento de la causante, hacia 4 años no convivían. Tanto así que lo citó (…) a un centro de conciliación para que suministrara alimentos a sus hijas y se negó el señor SDSA, en esta acta queda claro que no convivían y ahí aparece la dirección de S.S.”
11.1.2. Posición de SDSA. Por su parte, el padre de las menores YMSO, SPSO y MJSO ha sostenido, tanto en el formulario de solicitud ante la AFP accionada, como en la respuesta de oposición a la acción de tutela y en la demanda presentada ante el Juez de familia que existió unión marital de hecho entre él y DMOP desde el año 1999, que convivieron en “comunidad de vida marital permanente y singular de hecho” y que “se disolvió por la muerte de DMOP (QEPD) el día 29 de julio de 2015” .
Como soporte a su afirmación, obra en el expediente la declaración juramentada rendida por la agente oficioso ALPC y copia del Informe de Investigación para Pago de Prestaciones Económicas, aportado como prueba en la demanda de declaración de existencia de la unión marital de hecho y reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho, que determinó que vivieron “en unión libre (…) durante dieciséis años vigentes al momento del fallecimiento de la afiliada” . En dicho informe se consignó que la información fue confirmada por entrevista telefónica con el hermano, la madre y dos amigos de la afiliada.
Respecto a esa declaración rendida en mayo de 2016, en la respuesta a las pruebas decretadas en sede de revisión, la señora ALPC explicó que “el señor SDSA se presentó a mi casa llorando y delante de las menores me manifestó que tenía cáncer de garganta, que necesitaba que por favor hiciera esa declaración, sólo era para utilizar la EPS, que él cuándo recibiera el pago se lo entregaba a sus hijas. Las menores me pidieron en lágrimas, que por favor ayudara a su padre, esto sumado a hecho que yo conozco al papá de SDSA y padecía esa enfermedad (cáncer en la garganta), le creí y le colaboré, a petición de mis nietas, con la declaración. Para mi desdicha, SDSA desapareció desde el momento que recibió el primer pago; fue un acto de caridad, que le hice a él por mis nietas, a pesar que siempre fue un pésimo marido y un mal padre, pensé que iba a cambiar su comportamiento, siempre fue así de malo, hasta el punto que mi hija y mis nietas siempre vivieron en mi casa; (…)” .
Sin embargo, obra en el expediente que, mediante auto del 16 de mayo de 2018, el Juzgado Segundo de Familia de S.M. decretó la terminación del referido proceso, en aplicación de la sanción prevista por el artículo 372 CGP por la inasistencia injustificada de las partes a la audiencia inicial. La Sala advierte que esa decisión se encuentra en firme y ejecutoriada.
Ahora bien, en gracia de discusión, al tomar el 29 de julio de 2015, como fecha de disolución por la muerte de la causante, se advierte que la demanda civil (familia) fue presentada el 27 de julio de 2016, de manera oportuna , dentro del año del presunto hecho generador de la disolución de la sociedad patrimonial de hecho , dando cumplimiento al artículo 8º de la Ley 54 de 1990, a cuyo tenor literal:
Contrario sensu, la acción judicial tendiente a la declaración de la unión marital de hecho, podrá ejercerse durante su existencia, aún unidos los compañeros permanentes y, por ende, antes de su terminación o después de ésta y es imprescriptible en lo relativo al estado civil .
•	A la causante le sobreviven tres (3) hijas menores de edad que son sujetos de especial protección constitucional.
•	Prevalencia del interés superior de las tres menores YMSO, SPSO y MJSO, ante la posibilidad de acceder al 50% restante de la mesada pensional. Si bien las controversias referentes al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se deben ventilar ante la justicia laboral, dicho medio ordinario de defensa con que cuentan las agenciadas carece de eficacia para proteger sus derechos fundamentales al mínimo vital; habida consideración de que el cubrimiento de sus necesidades básicas no puede estar supeditado a un proceso laboral, cuyo trámite puede dilatarse comprometiendo aún más su situación de precariedad.
•	En consideración a la imprescriptibilidad de los derechos relacionados con el estado civil y su respectivo proceso declaratorio de unión marital, resultaría inconstitucional someter a las niñas a la iniciación y resolución de un eventual nuevo proceso para declarar la existencia de la unión marital de hecho .
•	Lo que se encuentra en discusión es el hecho generador de la disolución de la unión marital de hecho (por muerte o por separación de los compañeros), por ello, surge la necesidad de determinarlo en sede de revisión.
•	En la Constancia de Imposibilidad de Acuerdo, suscrita el 10 de junio de 2015, se logra evidenciar que SDSA y DMOP tienen domicilios diferentes .
•	En la denuncia presentada el 2 de mayo de 2017 por el delito de inasistencia alimentaria, ALPC declaró que cuando su hija falleció “ya tenía 4 años de no vivir con el papa de las niñas (…) ahora que tengo a cargo a sus hijas menos les da, no pasa ni a verlas ni a visitarlas, no pregunta por ellas (…)” .
•	En la denuncia presentada el 17 de mayo de 2017 por el delito de actos sexuales con menor de catorce años, ALPC declaró que la pareja convivió en las ciudades de Santa Marta y Barranquilla, que residieron en Barranquilla hasta el año 2012 cuando su hija (la señora DMOP) consiguió trabajo en el Hotel Sansiraka, por lo que la familia se devolvió a la ciudad de Santa Marta. La fecha exacta de iniciación del trabajo es demostrada con la información laboral de la causante contenida en el Informe de Investigación, aportado en la demanda de declaración de existencia de la unión marital de hecho y reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho, en el que se estableció que “(…) laboró en el hotel Sansiraka, ubicado en la ciudad de Santa Marta - Magdalena, durante tres años (…) reporta afiliación a salud (…) en calidad de cotizante dependiente, con fecha de afiliación: 01 diciembre de 2012 (…)” .
Igualmente, declaró que la familia se quedó viviendo con ella, que SDSA vivió unos cuantos meses en su casa, hasta el día que le pegó a su hija. Al respecto manifestó “ese día que él le pegó a mi hija DMOP yo no aguante y pelié con él y lo eché de la casa. Desde ese día, él dejó de convivir con mi hija” .
•	En la contestación de la demanda de declaración de existencia de unión marital de hecho, la curadora ad litem de los herederos indeterminados se opuso a las pretensiones, dado que “no existe prueba que entre las partes haya una convivencia, como a bien se sabe la unión marital conlleva a compartir techo, lecho y mesa, y de los expuestos por el demandante no se deduje que se den esas situaciones que hagan concluir su existencia” .
11.3.3. Solución respecto de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de DMOP. De conformidad con el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, se denomina compañero y compañera permanente al hombre o la mujer que forman parte de la unión marital de hecho, que constituye una comunidad de vida permanente y singular. En efecto, según esa definición legal, la Corte Suprema de Justicia ha consagrado tres requisitos para su conformación “una comunidad de vida, la singularidad y la permanencia en el tiempo” .
En efecto, SDSA no resulta beneficiario de la pensión de sobrevivientes de DMOP, toda vez que, al momento de su muerte, 29 de julio de 2015, no existía la convivencia, la solidaridad, el apoyo mutuo, todas estas características que definen una comunidad de vida y determinan la consecuente calidad de compañero permanente , requerida para acceder al beneficio pensional.
Por ello, la Sala Quinta de Revisión modificará el fallo proferido el 14 de mayo de 2017 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de S.M. que, a su vez, confirmó la providencia del 31 de marzo de la misma anualidad dictada por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta, en el sentido de que concederá, como mecanismo definitivo, la protección del derecho fundamental a la seguridad social de las agenciadas YMSO, SPSO y MJSO.
En consecuencia, ordenará a la AFP PORVENIR SA el reconocimiento y pago del 100% de la mesada pensional como únicas beneficiarias de la pensión de sobrevivientes de la causante DMOP. En todo caso, las menores YMSO, SPSO y MJSO tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, según la ley, hasta que cumplan la mayoría de edad o 25 años, siempre que acrediten su calidad de estudiantes .
La Sala reitera que cuando los padres descuidan el cumplimiento de los deberes que tienen para con los hijos, o no ejercen en forma adecuada las atribuciones legales que les han sido reconocidas para favorecer los intereses de los menores de edad, se exponen a ser despojados de las facultades derivadas de la patria potestad . En efecto, ha de presumirse razonablemente, que quien se ha desligado de sus hijos, o no ha cumplido con el deber de alimentos o ha sido sujeto activo de violencia intrafamiliar, no es en principio la persona idónea para representar y defender los intereses del hijo, y en menor medida, el llamado a beneficiarse con la administración y el usufructo de los bienes de aquél.
13.2.1. Obligación estatal de administrar justicia con perspectiva de género. Para esta Corte es claro que el Estado Colombiano tiene obligaciones ineludibles en torno a la eliminación de cualquier tipo de discriminación ejercida contra una persona (Artículo 13 CP) . En cuanto a la discriminación por razón de su sexo, se ha incorporado al ordenamiento jurídico textos normativos tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado , en aplicación a los diferentes instrumentos internacionales que ha celebrado . Con base en ellos, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el Estado debe (a) garantizar a todos y todas, una vida libre de violencia y discriminación por razón del sexo; (b) prevenir y proteger a las mujeres y a las niñas de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida en su contra; e (c) investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, entre muchas otras. Esta última obligación, en esencia, dentro de nuestro ordenamiento, está en cabeza de la Rama Judicial del Poder Público y de quienes ejercen funciones jurisdiccionales; por lo que, son los operadores judiciales del país quienes deben velar por su cumplimiento .
La Corte Constitucional ha reconocido que la discriminación contra la mujer hace parte de un contexto de violencia estructural contra la mujer que compromete a la administración de justicia tanto en su conocimiento y comprensión, como en su abordaje integral. De esta manera, es importante resaltar que existe una población que no accede en condiciones de igualdad a la justicia y por ende no puede llegar a los estrados judiciales por diversos motivos y que, más allá de las limitaciones económicas, es la discriminación en razón del género un factor determinante en las limitantes para el acceso a la administración de justicia. “La discriminación de género hace referencia a que no se otorga igual valor, iguales derechos, responsabilidades y oportunidades a hombres y mujeres y que a las mujeres por el hecho de serlo se les menosprecia y se les pone en desventaja en relación con los varones. El preámbulo de la CEDAW, reconoce explícitamente que ‛las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones’ y subraya que ‛la discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana’, estableciendo que ésta puede darse por distinción, exclusión o restricción; prohíbe tanto los actos que tienen la intención de hacerlo como aquellos que no teniendo la intención, ocasionan discriminación” .
Por ello, esta Corporación ha desarrollado medidas diferenciales a favor de la mujer, en consideración a que los administradores de justicia en la aplicación de los principios hermenéuticos deben tener en cuenta las situaciones de discriminación y desigualdad contra la mujer, toda vez que la desigualdad histórica de la mujer es un hecho notorio que no requiere ser probado . De esta manera, consciente del rol esencial que desempeñan los funcionarios en la erradicación de la violencia contra la mujer y en la subsistencia de patrones discriminatorios y estereotipos de género en el desarrollo de los procesos judiciales , este Tribunal ha enunciado un mínimo de condiciones para asegurar el acceso a una justicia con perspectiva de género, a saber:
“(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; (vi) considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; (vii) efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; (viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres” . (N. fuera del texto original)
•	La abuela ayudó a cuidar a las niñas desde antes del fallecimiento de su madre.
•	Desde la muerte de la madre y ante el abandono del padre, la abuela asumió su cuidado integral.
•	Posteriormente, el padre cedió la custodia legal de sus hijas en favor de la abuela.
•	El padre no demostró el cumplimiento de su deber de alimentos para con sus hijas e, incluso, recibe el pago de las mesadas pensionales a favor de aquellas, sin entregárselas o invertir en ellas.
•	La designación como guardadora de sus nietas YMSO, SPSO y MJSO a la señora ALPC y, en consecuencia, se le reconoce la representación legal de las mismas, mientras dure la suspensión de la patria potestad.
•	El pago del 100% de la pensión de sobrevivientes se realizará a la cuenta bancaria que, para el efecto, escoja la señora ALPC, mientras tenga la representación legal de sus nietas. A medida que ellas vayan adquiriendo la mayoría de edad, podrán escoger su propia cuenta bancaria.
•	Comunicar la presente decisión al ICBF -Regional Magdalena- para que designe un defensor de familia que (i) realice el seguimiento al cumplimiento de las órdenes dadas en esta sentencia y (ii) en aplicación del artículo 82 del Código de la Infancia y la Adolescencia , promueva los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de las niñas YMSO, SPSO y MJSO, tales como -a manera enunciativa- el de pérdida de patria potestad, de privación de la administración de los bienes, el de designación de tutor o curador y/o de fijación de cuota alimentaria.
•	Comunicar la presente decisión al ICBF -Regional Magdalena- Centro Zonal Sur, con destino al proceso de custodia en curso de la niña MJSO.
•	Compulsar copias de esta providencia a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Delegada de Familia en Santa Marta, para lo de su competencia.
PRIMERO.- MODIFICAR el fallo proferido el 14 de mayo de 2017 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de S.M. que, a su vez, confirmó la providencia del 31 de marzo de la misma anualidad dictada por el Juzgado Quinto Civil Municipal de S.M., dentro del expediente T-6.651.518.
P..- AUTORIZAR a AFP PORVENIR SA a compensar el pago del 50% de las mesadas recibidas por las agenciadas desde mayo de 2017.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº T 42928 de 7 de Abril de 2016

References: artículo 10
 artículo 44
 artículo 86
 artículo 42
 artículo 86
	Artículo 44
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 42
 artículo 372
 artículo 372
 artículo 8
 resolución 
 artículo 1
 artículo 82