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Timestamp: 2019-03-18 15:58:49+00:00

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RESOLUCIONES DGRN AGOSTO-2006
176. PODERES: JUICIO DE SUFICIENCIA Y RESEÑA IDENTIFICATIVA. R. 9 de junio de 2006, DGRN. BOE de 25 de agosto de 2006. Vinculante.
La nota de calificación es de 24 de marzo de 2005, es decir, quince meses previa a la Resolución.
Anulada por sentencia de 13-2-2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona, por extemporánea. La Sentencia de 22-1-2008 de la Audiencia Provincial de Barcelona (aún no publicada en el BOE), desestima el recurso de apelación y además pone en tela de juicio, rebatiéndola, la doctrina DGRN sobre el pretendido carácter vinculante de sus resoluciones para todos los Registros (hoy, para todos los Registradores) desde el momento de su publicación en el BOE aún estando pendientes de resolución judicial firme.
1) Nulidad de la resolución por extemporánea
La Sentencia considera que no cabe la aplicación incondicionada de las normas del procedimiento administrativo común arts 42 y 43 LRJAPPAC- (que permitirían a la DGRN resolver en sentido diferente al del silencio negativo desestimatorio fuera del plazo de 3 meses) a los arts 327 y 328 LH, cuyos plazos son de ineludible cumplimiento, sin que la DGRN, transcurridos tres meses desde la interposición del recurso pueda dictar resolución contraria a la ficción legal que comporta la aplicación del silencio negativo.
Para ello se basa en los efectos especiales del silencio negativo en el recurso gubernativo por la singularidad de su aplicación al Registro de la Propiedad como consecuencia de la incertidumbre que ello podría generar y que resulta contrario al principio de seguridad jurídica art 9-3 CE-.
Al efecto considera que el silencio administrativo nace como garantía del administrado frente a la Administración como una ficción de desestimación de su petición con la finalidad de interponer seguidamente los recursos admisibles contra la actuación de la Administración que no puede ser inmune al control jurisdiccional; y que con la aplicación de los preceptos de la LRJAPPAC dicha garantía puede convertirse en ocasiones en un perjuicio irreversible al no tener presente la singularidad de los asientos y las inscripciones registrales que pueden quedar sin efecto por mor de la inactividad de la Administración y la posibilidad de dictar una resolución tardía que supere no ya solo el plazo de 3 meses sino el de un año y un día para que se cancele el asiento de presentación, con lo que una garantía del administrado puede convertirse en un perjuicio irreversible por quedar imposibilitado un derecho para acceder al Registro incluso en aquellos casos de resolución tardía estimatoria como en el supuesto examinado se ha provocado por la DG.
La tesis formalista que defendía el Abogado del Estado (aplicación incondicionada de los artículos 42 y 43 LRJAPPAC, aun reconociendo los perjuicios que pudiera generar) es contraria a la protección del interesado e incluso de los terceros, pues no tiene en cuenta que la reserva de prioridad que se produce con el asiento de presentación tiene un plazo temporal de vigencia, de modo que si apoderásemos a la Administración para que en tiempo indefinido pueda dictar resoluciones tardías quedaría desnaturalizado el principio de seguridad jurídica
A diferencia de lo que ocurre en el procedimiento administrativo, en los recursos gubernativos no existe un derecho subjetivo público sino que tanto el Registrador como la propia DGRN actúan en defensa de la legalidad y de unos presuntos terceros que no se encuentran presentes pero que pueden ver alcanzados sus derechos, como ha sucedido en el caso examinado. No reconocer lo obvio sería como desconocer el principio de prioridad base del sistema registral- y que éste quede sujeto a la voluntad o a los medios (escasos o con deficiencia estructural) de la Administración para dictar la resolución fuera de plazo legal y en cualquier momento.
Concluye señalando que aunque pudiera debatirse si la DG conserva un margen temporal fuera de los tres meses y hasta los cinco meses más que el administrado tiene para acudir a la vía jurisdiccional e incluso hasta el año y un día en que se produce la cancelación del asiento de presentación, lo que no cabe es apoderar cualquier resolución tardía de la DGRN, incluso la producida, como en el supuesto litigioso, al año y dos meses cuando el Registrador procede (habiéndolo previamente advertido con antelación a la DG) a la cancelación del asiento de presentación y queda obligado a despachar los asientos pendientes, incluso contrarios al del recurrente en el cauce gubernativo (como también ha ocurrido en el caso), por lo que la misma deviene nula.
2) Doctrina DGRN sobre el carácter vinculante de sus resoluciones.
A lo largo de la sentencia (FD 1º-9, FD 2º-1 y 4) pero sobre todo en el último apartado del FD 3º, se pone en tela de juicio, rebatiéndola, la doctrina DGRN sobre el pretendido carácter vinculante de sus resoluciones para todos los Registros (hoy, para todos los Registradores) desde el momento de su publicación en el BOE aún estando pendientes de resolución judicial firme: A mayor abundamiento ha de recordarse que la Exposición de Motivos de la LH señala que los Registros deben estar bajo la dependencia exclusiva del Ministerio de Justicia y bajo la inspección de la autoridad judicial, siendo ésta únicamente la llamada a decidir las dudas y cuestiones que se susciten. Lo que a derechos civiles se refiere, no puede con arreglo a nuestra legislación política estar subordinado a la autoridad del orden administrativo, principio de salvaguardia judicial que acoge el artículo 1 LH y por tanto la doctrina de la DG no puede ser de superior rango que la jurisprudencia dictada por la sala 1ª del TS, por lo cual, si el asunto de fondo debatido se encuentra pendiente de resolución firme por los Tribunales y sujeto al control jurisdiccional, hasta tanto no se pronuncien definitivamente los Tribunales su vinculación no resulta pertinente.
Confirmada por la Sentencia de 30-3-2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Burgos por falta de nulidad de la misma ya que la DG no carece de la facultad de dictar una resolución expresa por extemporánea que fuere (se basa en los artículos 327 y concordantes de la LH) y por falta de legitimación activa del Registrador, ya que no acredita interés particular para poder recurrir, dado que el interés a que se refiere el art. 328 LH no ha de ser el público derivado de su condición de Registrador sino particular. Se basa también la sujeción funcionarial a los criterios de unidad, jerarquía y eficacia administrativas contra lo que iría el habilitar dentro de la Administración que sus funcionarios rebatiesen fuera de un interés o derecho particular las resoluciones de sus superiores jerárquicos.
La Sentencia de 29-11-2007 de la Audiencia Provincial de Burgos desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia sin entrar en la cuestión de fondo ya que reitera la falta de legitimación activa del Registrador. Reconoce que establecer el ámbito concreto de esa legitimación resulta una tarea complicada, especialmente a la vista del artículo 102 LH, pero considera que es claro que la voluntad del legislador ha sido evidentemente restrictiva y viene a exigir la existencia y acreditación de un interés concreto y no general por razón de su función calificadora o por la responsabilidad anudada a aquella. La sentencia se fija en el iter legislativo y en la exposición de motivos de la Ley 24/2005, y cita en su apoyo otras sentencias (SAP Valladolid 30-6-2003) y resoluciones DGRN (Res 13-11-2006).
Anulada por extemporánea por la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid, de 19 de mayo de 2010 (publicada en el BOE de 7-10-2011). La falta de resolución en el plazo de tres meses provoca, por silencio, una resolución presunta desestimatoria del recurso planteado, que puede ser recurrida ante los Tribunales en el plazo de un año desde que se interpuso el recurso gubernativo. En el caso de autos, la DGRN resolvió el Recurso un año y dos meses después de tener entrada en la propia Dirección, por lo que la calificación negativa emitida por el Registrador de la Propiedad devino firme, al no haberse interpuesto en el plazo de un año demanda en vía jurisdiccional por los interesados contra la resolución desestimatoria presunta de la DGRN (JCC)
1.-Respecto de la finca objeto de reanudación de tracto, que figura inscrita con una superficie de 2,1880 has., mientras en el documento se describe con una superficie de 1,2204 Has. por existir dudas sobre la identidad de la misma o de la porción objeto de reanudación dada la reducción de su cabida y la modificación de sus linderos. La Dirección estima el recurso porque las dudas sobre la identidad de la finca pueden ser alegadas por el Registrador en los casos de inmatriculación o inscripción de excesos de cabida por título público o por certificación administrativa, pero no en los supuestos de expediente de dominio, pues en este último caso se trata de un juicio que corresponde exclusivamente al Juez y el hecho de que sean distintos los linderos no obsta para la inscripción de un expediente de dominio para la reanudación del tracto, ya que en el procedimiento se ha entendido que la finca, con su nueva descripción, es la misma que la que figura inscrita y cuyo tracto se reanuda.
Nota: En esta Resolución no se alude a la Instrucción de 26 de marzo de 1999 de la propia DGRN donde se indica: Es conveniente por tanto aclarar que la certificación descriptiva y gráfica a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, sobre constancia documental y registral de la referencia catastral e inmatriculación de fincas es la suministrada en los formatos disponibles en la Dirección General del Catastro, aunque no figuren los nombres de los propietarios colindantes, siempre que no existan dudas de que se corresponden con la identidad de la finca, a saber: Que los datos de situación, denominación y superficie, coincidan con los del título y, en su caso, con los del Registro de la Propiedad; entendiendo que coincide la superficie, aunque las diferencias no sean superiores al 10 por 100 siempre que además no existan dudas de la identidad de la finca derivadas de otros datos descriptivos. En el caso presente hay una diferencia inferior al 10%, pero se trata de dos fincas catastrales; ahora bien, la DGRN no alude a esta segunda circunstancia en su escueta argumentación..
Una finca aparece inscrita a favor de unos cónyuges de nacionalidad holandesa, casados en régimen de comunidad de bienes, quienes la adquieren  con sujeción a su régimen matrimonial, sin que se especifique cuota alguna de los dos partícipes. Se presenta mandamiento del Recaudador Municipal ordenando el embargo de la mitad indivisa perteneciente al marido.
HECHOS: Se protocoliza por un contador partidor una escritura de herencia, en la que se entrega a uno de los hijos el legado de un inmueble, con obligación por éste de pago de determinada cantidad a sus hermanos. La cláusula del testamento dice:  Lega a su hijo X con cargo a los tercios de mejora y resto de libre disposición de su herencia y en lo que fuera necesario, con cargo a su participación en el tercio de legítima, una participación indivisa del 80% en pleno dominio, de la mitad indivisa que corresponde al testador en el local en calle XX. En otro apartado indica El legado se realiza imponiendo al legatario la obligación de satisfacer a cada una de sus hermanas Z e Y y a su hermano W, la suma de xx pesetas, en el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha en que su herencia sea recibida por sus cuatro citados herederos, sin que devengue interés alguno. Con dichos abonos por parte del legatario, éste compensaría a sus hermanos principalmente de las posibles diferencias, en su caso, que tuvieran los mismos, en sus respectivas legítimas, a tenor de las valoraciones que pudieran tener los bienes objeto de adjudicación en su día. La escritura se inscribe, sin hacerse constar en el Registro el apartado de la cláusula referente a la compensación en metálico.
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
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 resolución 
 artículo 102
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