Source: https://psicolog.org/boletn-de-novedades-n-264.html?page=5
Timestamp: 2019-12-14 23:57:47+00:00

Document:
C.N.A.T. S.IX - Boletín de novedades Nº 264
C.N.A.T. S.IX. S.I. 9.216 del 29/11/2006 Exp.19.905/06 “CAPECE, Juan Carlos c/ALPARGATAS Textil S.A. s/ejecución de créditos laborales”.
Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Vigencia del art. 21 inc. 5 de la ley 24.522. Sistema de verificación imperativo. Incompetencia de la justicia comercial. Supuesto en que no se encontraba vigente el art. 9 de la ley 26.086.
Corresponde dejar sin efecto la resolución que dispuso devolver las actuaciones a la Justicia Comercial, donde no se habría configurado la opción del art. 9 de la ley 26.086, por no hallarse vigente. El art. 21 inc. 5 de la hoy modificada ley 24.522, establecía un sistema de verificación imperativa. Por lo tanto, resulta evidente que la promoción de un proceso verificatorio más allá de su ubicación temporal y aún calificada como petición tardía no implica una decisión del demandante por la jurisdicción comercial, ya que –en el caso- no existía otra vía sobre la cual formular opción y resultaba así una consecuencia imperativa del sistema legal vigente. Es obvio, entonces, que lo dispuesto en el art.9 de la ley 26.086 debe entenderse referido a opciones expresas llevadas a cabo con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma porque es esta ley la que creó distintos caminos para el acceso a la jurisdicción que pueden ser el objeto de la opción. (Del Dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala).
C.N.A.T. S.I. S.I. 57.398 del 31/10/2006. Exp. 18.713/03. “DIEZ, José Luis c/Obra social del Personal Docente O.S.P.L.A.D. s/despido”.
Proc. 49 bis Inconstitucionalidad. Declaración de oficio.
No obsta a la declaración de inconstitucionalidad del decreto 146/01 el hecho de que no haya sido planteada en la apelación. La función del juez es suplir el derecho que las partes no le invocan o le invocan mal. Es consecuencia de ello que los hechos del proceso deben ser invocados y probados por las partes, pero en lo atinente al derecho aplicable el juez debe fallar conforme a lo que él considera y razona como conducente a la decisión del proceso. Es que el control de constitucionalidad no depende de las partes puesto que la supremacía de la Constitución Nacional es de orden público. Contra lo expuesto no puede argüirse la posible violación del derecho de defensa, ya que frente al “derecho aplicable” no se puede argumentar el de defensa, ya que hay que prever la cuestión constitucional dentro de ese derecho de defensa, y el no tenerlo en cuenta por las partes sólo sería una imprevisión imputable a ellas.
C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.717 del 09/11/2006. Exp. 19.358/2005. “DAIX, Odina Elizabeth c/LA TORTERIA S.R.L. s/despido”. (F.-R.B.).
Proc. 51 Iura novit curia. Inaplicabilidad de dicho principio. Imposibilidad de aplicar un tope indemnizatorio cuando la convención colectiva no había sido invocada por las partes.
No corresponde al juez aplicar el tope correspondiente a la indemnización prevista en una convención colectiva de trabajo, cuando ésta no ha sido invocada por las partes. El trabajador debe individualizar en forma precisa la convención colectiva cuyos beneficios procura, no sólo para posibilitar el derecho de defensa del empleador sino también para que el juzgador esté en condiciones de decidir si aquél está comprendido o no en sus prescripciones. La falta de invocación no puede ser suplida por aplicación del principio iura novit curia. Si bien conforme a esta regla el juez tiene la facultad y el deber de discutir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando automáticamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que las rigen, con prescindencia de los fundamentos o argumentos jurídicos que enuncien las partes, el aludido principio sólo alcanza a las normas de origen estatal, que se presumen conocidas, y no a las que, como el convenio colectivo de trabajo, son génesis contractual.
C.N.A.T. S.V. S.D. 69.034 del 22 /11/2006. Exp. 20.681/02. “MARTIN, Jorge Alberto c/TEYMA ABENGOA S.A. y otro s/despido”. (Z.-S.).
Proc. 57 2 Medidas cautelares. Embargo. Subsidio para la satisfacción de necesidades de niños, niñas y adolescentes.
No cabe hacer lugar al planteo de inembargabilidad del subsidio que la demandada recibía con destino al mantenimiento de niños, niñas y adolescentes de los hogares que administra, pues si bien este subsidio está enmarcado en las políticas públicas reflejadas entre otras en la Ley de la Ciudad Nº 114, sobre Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, integraba el patrimonio de la demandada que es garantía común de los acreedores. (Del Dictamen de la Fiscal Adjunta “ad hoc”, al que adhiere la Sala).
C.N.A.T. S.VII. S.I. 28.110 del 28/11/2006. Exp. 19.049/05. “ROMAN, María José c/SAN BENITO, José Labre Asoc. Civil s/despido”.
Proc. 57.4. Medidas cautelares. Inhibición general de bienes. Medida subsidiaria de la frustración de un embargo. Inadmisibilidad.
La inhibición general de bienes es subsidiaria de la frustración de un embargo y por lo tanto dicha medida no sería admisible en el caso de no haberse intentado previamente la afectación del patrimonio de una empresa contra la cual se invoca su responsabilidad. (En igual sentido, S.I. 66447, 31/03/97, "Lozadon, Juan Carlos c/ Vazquez Antonio o otro s/ despido", Sala III).
C.N.A.T. S.III. S.I. 57572 del 22/11/06. Exp. 6306/06 "MIRANDA, Norberto Sebastián c/ UNIVERTEX S.A. y otros s/ despido".
Proc. 57.4. Medidas cautelares. Inhibición general de bienes. Mera enunciación de posibilidad de insolvencia. Inadmisibilidad.
La normativa vigente no autoriza la traba de medidas cautelares ante la mera enunciación de la posibilidad de insolvencia futura, sino para el supuesto de probarse sumariamente la materialización de un disminución patrimonial (art. 62, L.O. y art. 209 CPCCN).
Proc. 57 Medidas cautelares. Traba respecto de los créditos postconcursales.
La prohibición de dictar medidas cautelares establecida por el art. 21 ley 26.086 sólo rige para los procesos contemplados en ese artículo, es decir, los “de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación”, por lo que no resulta impedida la traba de este tipo de medidas respecto de los créditos postconcursales.
C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.874 del 23/11/2006. Exp. 9.819/2005. “GRAZIOLI, Marcelo Luis c/Compañía LACTEA DEL SUR S.A. s/despido”. (Gui.-M.).
Proc. 62 Notificaciones. Carta documento. Naturaleza de instrumento público.
La carta documento desde su creación y reglamentación (Conf. Ley 20.216 y Resoluciones 1926/77 y 4156/78 de ENCOTEL –vigentes hasta el dictado de la Resolución 3252/04 del 8/10/04, que en lo sustancial mantuvo en vigencia el régimen anterior-), ha sido emparentada al telegrama en cuanto a su naturaleza, alcances y efectos, y que, respecto de este último reiteradamente se ha sostenido su calidad de instrumento público. Si bien la carta documento es un servicio en régimen de libre competencia, Correo Argentino S.A. en su calidad de concesionario del correo oficial, asumió la prestación del servicio postal público de conformidad con la normativa vigente y aún después de la entrada en vigencia del decreto 1187, que suprimió el monopolio postal del estado, siguió operando el Correo Oficial –cuya concesión a favor de Correo Argentino S.A. recientemente fue rescindida, conf. dec. 1075/03- con el debido control de la Comisión Nacional de Comunicaciones, por lo que la circunstancia de que el servicio se halle concesionado a una empresa privada, no le quita el carácter de servicio público. En tal contexto, el correo oficial gozó siempre de la máxima calificación para operar en materia postal y su producto “carta documento” reviste todas las condiciones necesarias para garantizar su eficacia. Por ello, cuando la carta documento está redactada en el formulario de estilo, con el sello de la oficina postal y demás recaudos formales, debe razonablemente entenderse que lleva ínsita la prueba de su autenticidad, y en consecuencia de su remisión.
C.N.A.T. S.II. S.D. 94.614 del 21/11/2006. Exp. 5.384/2005. “PORTO, Jorge Eduardo c/Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina s/despido”. (Pi-Gui).
Proc. 62 Notificaciones. Carta documento. Prueba de la recepción.
Cuando la carta documento está redactada en el formulario de estilo, con el sello de la oficina postal y demás recaudos formales, debe razonablemente entenderse que lleva ínsita la prueba de su autenticidad, y en consecuencia de su remisión. En este sentido en el fallo Plenario “López, Atilio c/Cabrera, José” del 25/10/62 de la Cámara Civil, se sostuvo que “no es al remitente que ha acompañado las constancias de la remisión y recepción de la carta documento a quien incumbe acreditar su autenticidad y recepción, sino a quien la niega”; y en sentido concordante, se señaló que en cuanto a la prueba de la recepción de una carta documento no es necesario que la constancia de recibo esté firmada por el destinatario, siempre que la entrega se hubiese efectuado en su domicilio y existan en autos elementos que acrediten esta circunstancia (CNCiv., sala V, 7/7/88, “Barros, Vicente c/Pesci Angel s/cobro de pesos”).
Proc. 64 Partes. Empleadora que pretende encubrir la verdadera categoría desempeñada por la trabajadora. Teoría de los actos propios.
El trabajador que se desempeñó siempre como jefe de planta, y su supuesto nombramiento como director de la sociedad no ha sido más que una maniobra de encubrimiento, por parte de la empleadora, de su verdadera categoría y remuneración a los efectos de sustraerse de la normativa laboral (falta de presentación de recibos de haberes, falta de registración de la relación, certificado de trabajo no conteste a la realidad de la prestación laboral), resulta plenamente aplicable a la conducta de la empleadora, que sostiene la condición de director de la sociedad del actor, la “teoría de los actos propios”, principio de derecho que impide a un sujeto colocarse en un proceso judicial en contradicción con su anterior conducta, y determina que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.
C.N.A.T. S.V. S.D. 69.006 del 13/11/2006. Exp. 25.257/02. “LOPEZ, Alejandro César c/EDP Miguez S.A. s/cobro de pesos”. (Z.-S.).
Proc. 64 bis Perención de instancia.
Habiendo concluído las actuaciones por uno de los modos anormales de terminación del proceso, esto es, la perención de instancia, la cuestión se encuentra firme y precluída. El fundamento de esta irrevisibilidad responde a motivos de seguridad y orden,” porque la preclusión opera al margen de situaciones que, prima facie, pudieran aparecer como injustas, situación que tiene lugar tanto en el caso de consentimiento expreso como tácito, puesto que basta la simple conducta omisiva del “no cuestionamiento” para que el acto no pueda volver a discutirse” (conf. “Ley de Procedimiento Laboral”, dirigida por Amadeo Allocati, pág. 288).
C.N.A.T. S.IX. S.I. 9.212 del 28/11/2006. Exp. 27.872/2003. “ALBORNOZ, Graciela Beatriz c/SEGESSO Rodolfo s/despido”.
Proc. 68. Prueba. Documental. Libros. Falta de exhibición. Art. 55 LCT. Operatividad.
La operatividad de la presunción del art. 55 de la L.C.T. depende de la demostración de la existencia de un vínculo laboral. Es operativa ante "la falta de exhibición a requerimiento judicial o administrativo del libro, registro, planilla y otros elementos de contralor previstos por los arts. 52 y 54 (...)", pero la jurisprudencia es pacífica en cuanto a que aquélla también rige cuando, como en el caso, el trabajador no se halla registrado en el libro de sueldos y jornales a pesar de que debía estarlo, conforme el reconocimiento que uno de los codemandados efectuó.
C.N.A.T. S.III. S.D. 88324 del 23/11/2006. Exp.20475/04."CORONEL, Hector Luis c/ MAYTEL S.R.L. y otro s/ despido". (Ei-P).
Proc. 70 6 Recurso de nulidad. Notificación de embargo a un domicilio equivocado. Incidente de nulidad deducido por la demandada. Carga de la prueba. Tempestividad del planteo. Art. 59 L.O.
Ante el planteo de nulidad deducido por la demandada al sostener que el domicilio donde fue notificado el embargo no era el suyo, incumbe a ella la carga procesal de probar la falsedad del domicilio. Por su parte, a los fines de establecer -de conformidad con la pauta del art. 59 L.O.- la tempestividad del planteo, la parte debe especificar la fecha de toma de conocimiento del vicio alegado. Resulta ajustada dicha exigencia temporal a la nulidicente de acuerdo con la télesis del art. 59 L.O., que tiende a evitar que, sobre la base de afirmaciones dogmáticas, sean confirmadas las nulidades procesales que por su esencia son relativas. (Del Dictamen de la Fiscal Adjunta “ad hoc”, al que adhiere la Sala).
Proc. 72 Representación. Retractación de despido emanada de una persona distinta del administrador del consorcio pero con apariencia de tal.
En defecto de plena representatividad social, los actos de quienes representen a la persona jurídica, con apariencia razonable de facultad para celebrar contratos de trabajo, obligan a la sociedad frente al trabajador. En este sentido, los problemas internos de un consorcio no pueden redundar en perjuicio de la trabajadora quien resulta “res inter alias” y que no hizo más que notificarse en un primer término del despido y preaviso otorgado y luego, antes del vencimiento de éste, recibir una retractación de aquél y la orden de reintegrarse a sus labores, la que si bien provino de una persona diferente a la que venía administrando, lo cierto es que no incumbía a la trabajadora tomar los recaudos para averiguar si dicha notificación provenía de persona que tenía la designación de administradora con el acta correspondiente y protocolizada notarialmente, como asimismo si el acto por el cual se la designaba cumplía con el requisito de la mayoría exigida a tal efecto, extremos que carecen de importancia en lo que respecta a la actora en virtud de lo dispuesto por el art. 36 L.C.T..
C.N.A.T. S.V. S.D. 68.986 del 02/11/2006. Exp. 25.582/03. “DIAZ, Marta del Valle c/Consorcio de Propietarios del Edificio Rivadavia 9422/9428 s/despido”. (S.-G.M.).
Proc. 81. Telegramas. Trabajador incapacitado. Intimaciones no efectuadas personalmente. Validez.
Salvo la renuncia que, de conformidad con lo establecido en el art. 240 de la L.C.T., debe ser formalizada mediante colacionado cursado personalmente por el trabajador, ninguna otra norma del cuerpo legal establece este requisito para considerar válidas las intimaciones que se practiquen (SD 61566, 29/05/91, "Escarlos Quitin c/ Saldaño, Rubén s/ despido", Sala III). - En el caso, la cónyuge del actor envió los telegramas mientras éste se encontraba incapacitado, siendo posteriormente ratificados.
Proc. 82 Temeridad y malicia. Aporte de documentación fraguada en la etapa probatoria.
La declaración de la temeridad y malicia respecto del comportamiento de una de las partes se da en casos extremos, debiendo quedar el comportamiento malicioso y temerario debidamente configurado y dejar en el ánimo de quien debe aplicarla el convencimiento absoluto de que se ha actuado con dolo o culpa grave, pues de lo contrario, se puede afectar el principio constitucional de defensa en juicio. En el caso, la conducta asumida por la demandada en la etapa probatoria, fija una postura maliciosa tendiente a eludir obligaciones patronales, ya que fue presentada documentación adulterada consistente en las cifras que constaban en los vales de pago, las cuales habían sido modificadas con posterioridad a su confección y presentadas con el objeto de acreditar la existencia de pagos.
C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.725 del 13/09/2006. Exp. 17.589/2004. “LEGUIZAMON, Hugo Walter y otro c/TRADICO S.A. s/despido”. (F.-R.B.).
Proc. 82 Temeridad y malicia. Demanda entablada contra la persona con la que se mantuvo una relación íntima.
Resulta temeraria la conducta del actor que conocía por anticipado que la pretensión planteada carecía de todo andamiento debido a la relación afectiva que lo unió con la accionada.
C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.740 del 20/11/2006. Expte. 582/05. “RINALDINI, Edmundo Conrado c/SOLARES, Graciela María s/despido”. (R.B.-F.).
D.T. 27 19 Contrato de trabajo. Extinción por mutuo acuerdo. Acuerdo en sede administrativa. Plenario “Lafalce”. Transgresión del art. 4 del decreto 1169/96.
El acuerdo en sede administrativa, debidamente homologado, produce los efectos de la cosa juzgada en un posterior reclamo en sede judicial (doctrina del plenario “Lafalce”); para impugnar aquel acto administrativo homologatorio, el trabajador debe acreditar algún vicio relativo al propio instrumento, o la existencia de vicios de la voluntad al momento de suscribir el acuerdo y la ausencia de hechos posteriores que convaliden aquel acto. En este sentido resulta un vicio instrumental trascendente, la transgresión de lo normado por el art. 4 del decreto 1169/96, según texto del decreto 1347/99, en tanto prescribe que: “En el acto de ratificación del acuerdo espontáneo el trabajador deberá ser asistido por un letrado o representante sindical”, y en el caso, quien concurriera con el actor al acto de ratificación del acuerdo ha sido el abogado, que realizaba tareas profesionales a favor de la requerida.
F.G. Exp. 12.916/2003. S. X “RODRIGUEZ, Jorge Alberto c/Orígenes AFJP S.A. y otros s/despido”. Dictamen Nº 43.252 del 20/11/2006 (Vázquez).
Proc. 22 Conciliación. Acuerdo ante el SECLO no homologado. Incumplimiento. Ejecución. Art. 139 L.O.
Resulta viable la ejecución ante el incumplimiento de un acuerdo celebrado ante el SECLO sin su homologación, por aplicación de lo normado en el art. 139 de la L.O.. Allí se contempla el caso en que, mediante acta levantada ante un funcionario público competente o ante un escribano público, se hubiere reconocido a favor de un trabajador un crédito líquido y exigible que tuviere por origen la relación laboral, y que dicho trabajador con la presentación del instrumento respectivo o copia auténtica del mismo, podrá iniciar juicio ejecutivo para el cobro de ese crédito, siempre que el deudor no estuviese sometido a ejecución colectiva.
F.G. Exp. 17.221/06. S.III “RIVERA, Alberto Antonio c/FIGUEIRA, Eduardo Adrián s/ejecución de créditos laborales”. Dictamen Nº 43.321. (Alvarez).
Proc. 66 Pluspetición. Art. 20 LCT. Responsabilidad solidaria del letrado en las costas.
En cuanto a la responsabilidad solidaria del letrado en las costas en virtud de la pluspetición a que alude el art. 20 L.C.T. cabe sostener, que éste no puede ser responsable por la mendacidad de los hechos que el cliente le hubiese manifestado como sucedidos, salvo que, desvirtuándose la presunción de buena fe que guía la interpretación, se acreditase su complicidad o una clara negligencia en la comprobación de la exactitud de esos dichos. En contraposición, sí es factible predicar la responsabilidad del letrado si su actuación revela un error de derecho inexcusable, en definitiva, una ostensible mala praxis profesional, que haya sido la causa de un litigio sin razones, peticionándose lo no debido inexcusablemente, esto es, sin excusa, sin motivo, sin pretexto. La regla de la responsabilidad solidaria del abogado sólo se operativiza cuando hubo malicia en la exposición de los hechos o “desconocimiento craso del derecho”. De no configurarse esas situaciones especiales, la responsabilidad por el pago de las costas corresponden sólo al litigante.
F.G. Exp. 6.222/04. S I “SALUM, Jorge Eduardo c/NESPOLA, Guillermo y otros s/despido”. Dictamen Nº 43.213 del 09/11/2006 (Vázquez).
D.T. 30 bis. Daño moral. Daño psíquico como injuria para considerarse despedido.
El daño psicológico padecido por el trabajador, computado al sólo efecto de determinar si resulta apto para constituir injuria que no consienta la prosecución del vínculo con su empleadora, resulta insuficiente para justificar su conducta apresurada e insustancial de considerarse despedido extemporáneamente, sin haber dado a su empleadora oportunidad para revertir dicha lesión, en el caso de que la pericial psicológica haya determinado una incapacidad parcial leve, no irreversible, subsanable con un tratamiento durante un año, una vez por semana. A ello debe añadirse que contaba con otros remedios legales suficientes como para resarcirse en casos de daños sufridos en ocasión del trabajo y preservando la continuidad del vínculo.
Juzg. 41. Exp. 11773/04. “PECORARI, Pablo A. c/T.I.B.A. S.A.s/Despido”. Sent. del 15/11/06.
PLENARIOS CONVOCADOS
"CASADO, Alfredo Aníbal c/ Sistema Nacional de Medios Públicos s/ despido" (Expte. N° 14.506/2003 - Sala VI), convocado por Resolución de Cámara N° 14 del 16/8/2006.
Temario: “El recargo previsto en el artículo 2° de la ley 25.323 ¿se aplica, en las relaciones regidas por la ley 12.908, a las indemnizaciones dispuestas en el artículo 43, incisos b) y c), de esta última ley? Asimismo ¿Se aplica a la indemnización dispuesta en el inciso d) del mismo artículo?”.
“VANADIA MEDINA, Leda R. c/CAJA DE SEGUROS DE VIDA S.A. s/seg. De vida obligatorio”. (Expte. Nº 11060/2004 – Sala III), convocado por Resolución de Cámara Nº 34 del 14/12/2006.
Tema: Norma aplicable para el cálculo del capital obligatorio del seguro de la ley 13003 respecto de los agentes jubilados o ex agentes de la administración pública.
“BUSQUIAZO, Guillermo E. c/GATE GOURMET ARGENTINA S.A. s/Despido”. (Expte. Nº 20829/2004 – Sala IV), convocado por Resolución de Cámara Nº 35 del 14/12/2006.
Tema: Alcances de la duplicación indemnizatoria contemplada en el art. 16 de la ley 25561, respecto del resarcimiento previsto en el art. 45 de la ley 25345.
D.T. 1 19 4 Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Cosa. Ausencia de riesgo en la acumulación de agua de lluvia y en la utilización de zapatillas de goma. 2
D.T. 1 19 4 c) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Dueño y guardián. Trabajador que sufre un accidente por la acción de otro dependiente. 2
D.T. 1 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley 24.557. Empleador exonerado de responder en los términos de la ley de riesgos de acuerdo al Decreto 334/96. 2
D.T. 1 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley 24.557. Prestación adicional de $40.000 prevista en en el inc. b) del art. 3 del decreto 1278/2000. 2
D.T. 18 Certificado de trabajo. Art. 80 LCT. Requisito de la intimación previa. 2
D.T. 18. Certificado de trabajo. Empledora usuaria de los servicios del trabajador. Empresa contratante. Solidaridad. Obligación de entrega de certificados a cargo de cualquiera de las empresas. 2

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 43
 Resolución 
 Resolución