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Timestamp: 2020-02-23 05:09:24+00:00

Document:
Voto particular en el SUP-REC-1187/2018 y acumulados (Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón) | Votación | Caso de ley
En el SUP-REC-1187/2018 compartí el voto particular del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón al considerar que, si no existe una medida concreta establecida legal o administrativamente, no resulta válido alterar la composición de los congresos en sede jurisdiccional para tutelar la paridad.
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Ppt Miembros de Mesa
SÍNTESIS DEL VOTO PARTICULAR EMITIDO EN EL SUP-REC-1187/2018 y
RECURRENTES: MARCELA ZAPTA SUÁREZ DEL REAL Y OTROS
AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL MONTERREY (SRM)
Tema: PARIDAD
Asignación de diputaciones por Representación Proporcional (RP) en
1 y 8 de julio de 2018
Jornada, cómputo estatal y El 1 de julio se realizó la jornada para elegir entre otros cargos las diputaciones de SLP.
asignación de diputados en El 8 de julio, el OPLE de SLP realizó el cómputo estatal y asignó diputaciones de RP.
OPLE El PRD quedó subrepresentado por lo que para ajustar su votación quitó 1 diputación al PT,
la que le había sido entregada por superar el 3% de la votación.
El Tribunal local resolvió que asistía la razón al PT y a una candidata del PAN ubicada en la
Resolución del Tribunal local 3ª posición de la lista, por lo que le reasignó su diputación al PT, y para ajustar la paridad
en la integración del órgano otorgó 1 diputación a la mencionada candidata, entre otras
La SRM determinó que ante la subrepresentación del PRD debía ajustarse su votación con
Sentencia impugnada la del partido sobrerrepresentado y, por tanto, le quitó 1 diputación al PT.
Asimismo, determinó que, para garantizar la integración paritaria, se debían ajustar las listas
de los partidos políticos con mayor % de votación válida en la etapa de resto mayor
Decisión de la mayoría de la Sala Superior: Confirmar la resolución de la SRM.
En el tema de paridad, se consideró que fue correcto el ajuste que hizo la SRM
determinando que ello se hacía considerando las fases del procedimiento de
asignación a la inversa y, por tanto, empezando por la fase de resto mayor, donde
se debía considerar a los partidos con menor votación.
Aunque se está de acuerdo en garantizar una integración paritaria del órgano colegiado,
no se justifican las medidas de ajuste adoptadas por la SRM*
1. Alcances del principio de paridad en la 2. Desproporcionalidad y falta de necesidad de la
integración de órganos electos medida
➢ El mandato constitucional de paridad de género obliga a las
autoridades electorales a generar condiciones de igualdad ➢ No se justificó la medida, no era necesaria. Además, la
➢ Sin embargo, las medidas afirmativas para ello, no deben ser medida no era necesaria, antes de los ajustes el Congreso
adoptadas en sede jurisdiccional y después de la elección, se integraba con 12 mujeres (44.4%) y 15 hombres (55.5%)
porque el mandato referido es para el acceso al cargo y para ➢ La integración anterior fue de 9 mujeres (33.3%) y 18
ofrecer soluciones temporales ante las estructuras de hombres (66.6 %), lo que evidencia que aumentó
inequidad por lo que pueden modificarse si las circunstancias notablemente le número de mujeres, por lo que las acciones
cambian. afirmativas adoptadas antes de la jornada tuvieron
➢ Por ello, no existe obligación constitucional de alterar los efectividad, así que no había necesidad de medidas
resultados de una elección para una integración paritaria, adicionales.
sobre todo, que no existe una media previa que así lo prevea. ➢ La SRM sólo expuso el mandato constitucional de
➢ EL mandato de paridad de género debe armonizarse con otros integración paritaria y que, por la ausencia de normas, debía
principios como certeza y autoorganización de los partidos. realizarse el ajuste bajo parámetros establecidos por la
➢ No se puede perder de vista que los partidos preparan su propia Sala.
estrategia electoral para el triunfo o para posicionarse. ➢ La SRM también indicó que las medidas que tomó no
➢ En estos temas, las autoridades electorales pueden realizar afectan desproporcionadamente, sin embargo, no justificó
medidas de ajuste en la etapa de preparación de la elección o con razones válidas y objetivas la medida.
antes, para respetar la certeza y seguridad jurídica que incide ➢ El artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal no
en la autoorganización. impone condiciones adicionales porque los estados tienen
➢ Por ello, no se comparte que la SRM haya implementado amplio espacio de libertad configurativa guiada por los
nuevas reglas oficiosamente después de la jornada de SLP. principios constitucionales.
Conclusión: No se comparte la decisión mayoritaria que era necesario, realizar de forma oficiosa, una revisión
judicial de la asignación de curules en la integración del Congreso de SLP, para aplicar una acción afirmativa para
implementar paridad sin estar legislado por el constituyente local, atendiendo a la libre configuración legislativa.
Se precisa que el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, si bien emitió voto particular respecto de las consideraciones del umbral del 3% de la votación y, por tanto,
no compartió el proyecto mayoritario en la forma de ajustar la subrepresentación, lo que se puede advertir en su voto particular al respecto, se une al presente voto,
sólo, en los razonamientos que se emiten en el tema de paridad de género.
VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS REYES
RODRÍGUEZ MONDRAGÓN Y FELIPE DE LA MATA PIZAÑA, EN
RELACIÓN CON LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN SUP-
REC-1187/2018, SUP-REC-1197/2018, SUP-REC-1198/2018, SUP-
REC-1216/2018 Y SUP-REC-1217/2018, ACUMULADOS 1
Con fundamento en el artículo 187, párrafo séptimo, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, respetuosamente formulamos el
presente voto particular porque no compartimos una parte de la
argumentación que sustenta la decisión, ni el sentido en el que la mayoría
decide confirmar la resolución emitida por la Sala Regional Monterrey, al
resolver los juicios de revisión constitucional electoral identificados con las
siguientes claves: SM-JRC-270/2018, SM-JRC-271/2018, SM-JRC-
272/2018, SM-JDC-769/2018, SM-JDC-770/2018, SM-JDC-771/2018, SM-
JDC-772/2018 y SM-JDC-773/2018, acumulados, promovidos en contra
de la asignación de diputados por el principio de representación
proporcional del estado de San Luis Potosí.
Con la aclaración de que el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, si bien
emitió voto particular respecto de las consideraciones del umbral del 3%
de la votación y, por tanto, no compartió el proyecto mayoritario en la
forma de ajustar la subrepresentación, se une al presente voto,
únicamente respecto de los razonamientos que se emiten en el tema de
1. Argumentos de la sentencia aprobada por quienes integran la mayoría 2
1.1. Ajustes en la sobre y subrepresentación ................... 2
2. Posición de quienes suscribimos el voto respecto al ajuste hecho en la
sobre y subrepresentación ................................. 3
3. Ajuste para garantizar la paridad de género en la integración del
Congreso local .......................................... 9
3.1. Posición de quienes suscribimos el voto respecto a la segunda
parte de la sentencia aprobada .............................. 9
3.2. Alcances del principio de paridad respecto de la integración de los
Colaboraron: Julio César Cruz Ricárdez, Alfonso Dionisio Velázquez Silva, Lorena
Mariana Barrera Santana, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, Alexandra Danielle Avena
Koenigsberger, Olivia Yanely Valdez Zamudio, Ydalia Pérez Fernández Ceja, Alonso
Caso Jacobs, Ismael Camacho Herrera y Gabriela Alejandra Leyva Orozco.
órganos electos ......................................... 9
3.3. Desproporcionalidad y falta de necesidad de la medida ....... 14
1. Argumentos de la sentencia aprobada por quienes integran la
La sentencia aprobada por la mayoría, se basa en dos temas
fundamentales: i) considera, conforme a Derecho, el ajuste que la Sala
Monterrey hizo en la sobre y subrepresentación de los partidos políticos en
lo relativo al número de integrantes del Congreso de San Luis Potosí, al
deducir un diputado por el principio de representación proporcional al
Partido del Trabajo2 y otorgárselo al Partido de la Revolución
Democrática3, y ii) sostiene que es conforme a Derecho que se haga un
ajuste relativo a la paridad de género en la integración final del Congreso
local, puntualizando que la modificación de género debe incidir sobre la
segunda candidatura plurinominal del partido MORENA, como lo sostuvo
1.1. Ajustes en la sobre y subrepresentación
La sentencia aprobada expone consideraciones que están relacionadas
con los límites a la sobre y subrepresentación de los partidos políticos en
la integración del Congreso local de San Luis Potosí, mismas que
presento a continuación. Se menciona que la previsión de límites en la
representación está reflejada en los artículos 44 de la Constitución de San
Luis Potosí, 410 y 411, de la Ley Electoral de dicho estado y precisan que,
en la integración de la legislatura el porcentaje de representación de un
partido político, no podrá ser menor al porcentaje de votación emitida que
hubiere recibido, menos ocho puntos porcentuales. Que en el artículo 413
de la Ley Electoral local se establece el procedimiento de asignación de
diputaciones por el principio de representación proporcional, en donde,
entre otras cosas, se prevé que, una vez efectuada la asignación de
diputados de representación proporcional, se determinará si es el caso de
aplicar a algún partido político los límites de subrepresentación
establecidos en el artículo 411 de la citada codificación local.
Asimismo, destaca que de actualizarse la subrepresentación, se
En adelante PT.
En adelante PRD.
procederá a restar al partido o partidos políticos que se ubiquen con el
mayor porcentaje de sobrerrepresentación en la legislatura, las
diputaciones de representación proporcional que sean necesarias para
compensar al partido o partidos políticos que se encuentren en los límites
inferiores determinados por el citado artículo 411, hasta ajustarse a los
En ese tenor, concluyen que el legislador potosino determinó la forma en
la que se debe efectuar el ajuste correspondiente con el fin de evitar la
subrepresentación de un partido político, sin establecer alguna excepción
en el sentido de que sólo tuviera que realizarse en las etapas de cociente
natural y resto mayor, y sin dar lugar a interpretar que la asignación directa
de curules, por haber alcanzado el porcentaje del 3 % de la votación, se
encuentre exenta de eventuales ajustes para compensar y corregir la
subrepresentación de algún partido político con base en los mayores
porcentajes de sobrerrepresentación de otro partido.
Por ello, y a fin de cumplir con los límites previstos en el artículo 116
constitucional, relativos a la sobrerrepresentación y a la subrepresentación
en la integración de los Congresos locales y, en aras de una libertad de
configuración legislativa, se permitió a las legislaturas estatales regular de
qué forma deben realizarse los ajustes, cuando los partidos políticos se
ubiquen en el supuesto de subrepresentación.
Finalmente concluyen que, con base en lo anterior, los precedentes
señalados por el PT y su candidata (SUP-REC-1273/2017 y SUP-REC-
1036/2018) no resultaban aplicables al presente asunto, porque en ambos
se interpretaron normativas electorales (Nayarit y Nuevo León) que no
prevén la forma en la cual deben realizarse los ajustes cuando los partidos
políticos a los que se les debe asignar una curul, se encuentren
subrepresentados.
2. Razones de disenso del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón,
respecto al ajuste hecho en la sobre y subrepresentación
No comparto lo razonado en la sentencia aprobada, porque si bien
coincide en que fue correcto el ajuste hecho por la Sala Monterrey para
compensar la subrepresentación del PRD, ello se debe a motivos
adicionales a los expuestos en la sentencia, en la cual se confirma la
reasignación con base en la premisa de que se atendió al procedimiento
de compensación previsto en la legislación de San Luis Potosí para casos
de subrepresentación.
Los motivos en los que sustento mi decisión y con base en los cuales me
aparto de lo razonado en el precedente SUP-REC-1273/2017, cuyo criterio
se reiteró en el diverso precedente SUP-REC-1036/2018, son los
En el precedente SUP-REC-1273/2017, esta Sala Superior modificó la
en el estado de Nayarit, al considerar que, con la finalidad de propiciar el
pluralismo en la integración de los órganos legislativos, no es viable retirar
a algún partido político la única curul de representación proporcional
obtenida, más aún si la legislación prevé que por el solo hecho de
alcanzar cierto porcentaje de votación, tienen derecho a una diputación
por ese principio.
Partiendo de ese punto, al resolver el asunto bajo estudio, la mayoría
consideró que no era aplicable el precedente, pero únicamente porque en
este supuesto sí existe una disposición legal que indica que la
compensación debe hacerse retirando una curul de representación
proporcional al partido mayormente representado, sin importar si es el
único escaño asignado por esa vía o si se trata de una asignación directa.
De lo expuesto, es posible advertir que el tema analizado en el precedente
es similar al que hoy se presenta, pues de igual forma, al PT se le retiró su
único escaño de representación proporcional para compensar la
subrepresentación del PRD, a pesar de que la Ley Electoral local prevé
una ronda de asignación directa para aquellos partidos que obtengan el 3
% de la votación válida emitida.
En efecto, tal como lo señala el artículo 413, fracción IV, de la Ley
Electoral local, una vez concluidas las rondas de asignación que prevé el
mismo dispositivo en sus fracciones I, II y III, por asignación directa, por
cociente natural y por resto mayor, se debe revisar la sub y
sobrerrepresentación en la conformación de la legislatura, de lo que deriva
que la compensación -en caso de existir subrepresentación- se debe
hacer restando una curul al partido que esté mayormente
sobrerrepresentado.
Sin embargo, con independencia de la existencia o no de un mecanismo
expreso para compensar la subrepresentación, considero que fue correcta
la decisión de la Sala Monterrey al argumentar que al momento de revisar
la subrepresentación, era válido, en el caso, restar la única diputación de
representación proporcional que obtuvo el PT, pues con ello no se limita
su representación en el Congreso local, debido a que, dejando de lado las
asignaciones de representación proporcional, obtuvo dos escaños bajo el
sistema de mayoría relativa, lo cual garantiza su participación en la toma
de las decisiones legislativas y, del mismo modo, una integración
parlamentaria plural.
Así, resulta que, aunque en su momento compartí el sentido del fallo en el
precedente del SUP-REC-1273/2017, derivado de una nueva reflexión del
asunto, me aparto de los razonamientos hoy reafirmados de manera
implícita por la mayoría para confirmar, aunque por motivos distintos, la
decisión de la Sala Monterrey.
Esto es así porque, como ya se dijo, los sistemas electorales que se
integran, al menos parcialmente, con el principio de representación
proporcional tienen como finalidad incorporar a la composición
parlamentaria los votos de aquellos partidos políticos que, aunque no
alcanzan triunfos uninominales, cuentan con cierto porcentaje de respaldo
De ese modo, se evita que las mayorías tomen decisiones
unilateralmente, pues, aunque sea en menor o mayor medida, en el
debate legislativo deben atenderse las ideas y necesidades de aquellos
grupos sociales que encuentran en los diputados de representación
proporcional, la vía para hacerse escuchar.
Lo anterior es precisamente lo que puede entenderse como pluralismo
político, pues al converger en el Congreso todas las fuerzas que tienen el
respaldo de algún sector de la población se genera un escenario más
diverso e incluyente, lo que, a su vez, posibilita el fortalecimiento
Así, para dar cabida al principio de representación proporcional y el
pluralismo político que éste genera, las legislaturas estatales cuentan con
la potestad de regular los mecanismos de acceso a las diputaciones por
ese principio, en ejercicio de la libertad configurativa que les confiere el
artículo 116, fracción II, párrafo 3, de la Constitución general.
En el caso particular, la ley electoral de San Luis Potosí dispone, en su
artículo 413, fracción I, que, “para la asignación de diputados por el
principio de representación proporcional, al partido político que obtenga en
las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación válida emitida,
se le asignará una curul por el principio de representación proporcional,
independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido”.
Es decir, el diseño legislativo aplicable contempla una primera ronda de
asignación directa, mediante la cual, aquellos partidos políticos cuyo
porcentaje de votación haya superado el umbral del 3 % de la votación
válida emitida, pueden por regla general, contar con un lugar en la
legislatura, con la finalidad de conceder espacios a las minorías, y, con
ello, materializar el pluralismo político necesario en la toma de decisiones.
Ahora bien, como se ha referido en múltiples ocasiones, la libertad
configurativa no es absoluta, sino que invariablemente debe sujetarse a
otra serie de derechos y principios constitucionales, como lo son los
límites de sub y sobrerrepresentación, previstos en el artículo 116 de la
Partiendo de esas premisas, considero que, en el caso, la observancia de
los límites de sub y sobrerrepresentación debe prevalecer ante la libertad
configurativa y, que, a su vez, debe -y puede- confluir de modo
conciliatorio con el principio de pluralismo político.
Ello, porque se debe enfatizar que, si bien la ronda de asignación directa
prevista en la Ley local garantiza la representación, no necesariamente
garantiza la proporcionalidad, pues esta última característica depende de
la aplicación de los límites constitucionales de sobre y subrepresentación.
Es decir, aunque es cierto que el hecho de otorgar una diputación a todos
los partidos que alcancen el umbral legal, garantiza en principio que estos
estén representados en virtud de que la votación que obtuvieron se
convierte en escaños, también lo es que, para que las asignaciones sean
proporcionales se deben analizar otras cuestiones y atenderse otros
principios, como son los triunfos de mayoría relativa y su repercusión en la
correlación votos-curules.
Esto es así porque el acceso a diputaciones de representación
proporcional no debe entenderse como un derecho automático y absoluto
de los partidos políticos, sino que debe concebirse como un principio cuyo
fin constitucional es la participación de las minorías en la integración de
los Congresos. Así por ejemplo, si un partido político ya cuenta con
triunfos de mayoría relativa que reflejan en escaños su porcentaje de
votación, éste no se encuentra en un supuesto de ausencia total que
genere el riesgo de verse invisibilizado en la conformación parlamentaria.
Pretender mantener las asignaciones directas a partidos cuyo porcentaje
del congreso es mucho mayor a su porcentaje de votación, sin tomar en
cuenta si con ello se afectan otros valores o principios, como lo es la
subrepresentación de otro partido político, distorsiona el propósito de la
De este modo, la representación debe entenderse con todos sus matices,
incluyendo los límites de sobre y subrepresentación, cuestión que sólo se
logra al ajustar los porcentajes de votación a los porcentajes de
representación en el órgano legislativo, esto último con base en un análisis
global de la conformación parlamentaria, sin excluir las asignaciones
directas, es decir, tomando en consideración el cúmulo total de diputados
electos por ambos principios, pues de analizarse de manera individual (por
partido político), se estaría generando una revisión artificial de la
subrepresentación.
Por tanto, considero que la reasignación que realizó la Sala Monterrey en
el caso que se analiza no tiene impacto alguno en el principio de
pluralismo político, pues como se dijo, los triunfos de mayoría relativa que
el PT obtuvo le garantizan participación en el Congreso y, a su vez, el
número de diputados con los que queda al final, evita que esté
sobrerrepresentado y permite compensar al PRD para evitar que siga
subrepresentado, con lo que se asegura tanto una representación
verdaderamente proporcional, como la inserción en el Congreso local de la
voluntad ciudadana que votó por dicho partido.
Adicionalmente, es importante precisar que, en la primera etapa de
asignación en San Luis Potosí, -por porcentaje mínimo- se adjudicaron 9
escaños a un costo de 34,240 votos cada uno, es decir, la primera etapa
tiene un alto grado de representación que coincide con la pluralidad. Sin
embargo, los dos diferentes métodos de asignación modifican el tamaño
de la circunscripción en cada etapa, lo que incide en la proporcionalidad.
En la segunda etapa disminuyó la proporcionalidad porque el conjunto de
curules a distribuir redujo su número a 3, debido a que en la primera etapa
se adjudicaron 9 escaños. Ello implica que en la segunda etapa sólo
pudieron alcanzar escaños los partidos con mayor votación (incluso
ningún partido alcanzó el costo del cociente que tenía un valor de
265,983.537 votos), por lo que se tuvo que acudir al resto mayor, de lo
que derivó que para el PAN el escaño tuviera un costo de 192,542.29
votos, para el PRI, 145,725.29 votos y para MORENA 200,040.29 votos.
De lo expuesto se desprende que, el excluir los escaños obtenidos
mediante asignación directa del grupo del que se tomarán las curules para
compensar la subrepresentación, genera una distorsión importante en la
En el caso concreto, el PT obtuvo 49,555 votos con los que ganó dos
curules de mayoría relativa y recibió un escaño por porcentaje mínimo. Es
decir, cada curul de mayoría le costó 24,777 votos. La curul por porcentaje
mínimo tuvo un costo para el PT, de 34,240 votos. Si se incluye el escaño
por porcentaje mínimo para efectos del cálculo de la sobre y
subrepresentación, pero se excluye para efectos de la deducción para la
compensación, se ocasiona una distorsión mayor en la proporcionalidad.
Lo mismo ocurre con la mayoría de las curules de representación
proporcional, pues 9 de ellas se distribuyeron mediante asignación directa
con un costo muy bajo (34,240 votos) con relación a los asignados
mediante resto mayor (PAN: 192,542.29 votos, PRI: 145,725.29 y
MORENA: 200,040.29).
Por tanto, la distorsión consiste en que, si sólo se pueden deducir escaños
obtenidos por cociente natural y resto mayor, se desperdicia una cantidad
de votos mucho mayor que los que implica desperdiciar si se incluye a los
de porcentaje mínimo entre los escaños deducibles, con lo que muchos
más votos tendrán valor de logro.
Es por los motivos expuestos que considero que las curules, ya sean de
asignación directa o aquellas que sean las únicas de representación
proporcional asignadas a determinado partido político, sí pueden ser
retiradas y usadas para compensar la subrepresentación de otro u otros
de los partidos que integran la legislatura, porque los principios que con
ello se busca salvaguardar son de mayor peso que los protegidos en la
restricción fijada en precedentes.
En la segunda parte de la sentencia aprobada, la mayoría considera que
fue correcto que el ajuste de paridad realizado por la Sala Monterrey se
realizara con la fórmula del partido que resultara con el mayor porcentaje
de votación válida emitida en la etapa de distribución de curules por resto
mayor, para sustituir a la segunda fórmula, que es la de género masculino
del partido MORENA, por una fórmula del género femenino de ese mismo
parte de la sentencia aprobada
No compartimos la argumentación sostenida en la segunda parte de la
sentencia aprobada, ni la solución jurídica que se propone a la
controversia. Consideramos que no estaba justificado tomar las medidas
de ajuste por razón de género adoptadas por la Sala Regional Monterrey,
y que, a criterio de la mayoría, fueron adecuadas.
El mandato de paridad de género, reconocido en el artículo 41 de la
Constitución general, es una manifestación del principio de igualdad y no
discriminación. Así, en nuestro concepto, el mandato constitucional de
paridad de género obliga a las autoridades electorales a generar
condiciones de igualdad en el acceso a los distintos cargos de elección
popular, entre hombres y mujeres.
Este mandato, pues, obliga a implementar y adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar un piso parejo entre hombres y mujeres dentro
de un contexto en el cual las mujeres han experimentado obstáculos para
ejercer sus derechos político-electorales.
Así, aun cuando el mandato de paridad de género deriva del principio de
igualdad y no discriminación, alcanzarlo justifica que adoptemos medidas
especiales, conocidas como acciones afirmativas, que implican un trato
diferenciado a favor de las mujeres. Este trato diferenciado se justifica por
la existencia de una serie de obstáculos estructurales que impiden a las
mujeres a acceder, en condiciones de igualdad, a estos cargos.
Ahora bien, la literatura especializada ha sido exhaustiva en señalar las
finalidades que buscan las medidas afirmativas. Así, se ha coincidido en
que estas acciones no están diseñadas –en sentido estricto– para generar
cambios estructurales que eliminen las causas que generan las
desigualdades entre hombres y mujeres. Contrariamente, las acciones
afirmativas son paliativos temporales que principalmente buscan
contrarrestar los efectos que generan las estructuras de inequidad 4. Es por
esto que, aun cuando las acciones afirmativas ofrecen resultados positivos
de manera acelerada, deben ir siempre acompañadas de otro tipo de
medidas que buscan transformar y cambiar las estructuras de inequidad.
Así, la literatura especializada sugiere que un proyecto de justicia social
que busca la igualdad sustancial entre hombres y mujeres debe echar
mano tanto de las medidas afirmativas, como de las medidas
transformativas5.
Lépinard, Eléonore. 2014. Gender Quoatas and Transformative Politics, Robert
Schuman Center for Advanced Studies, Global Governance Programme, Policy Papers,
Eurpeam University Institute; Fraser, Nancy. 1995. “From Redistribution to Recognition?
Dilemmas of justice in a “Post-Socialist” age”, New Left Review, vol. 1, num. 212. pp. 68-
Browne. Judy. 2014. “The Critical Mass Marker Approach: Gender Quotas and Social
Justice”, Political Studies, vol. 62. pp. 862-877.
Ahora bien, coincidimos con el criterio mayoritario en cuanto a que se
debe aspirar a una sociedad más paritaria, dentro de la cual, los órganos
de gobierno y de toma de decisión estén integrados paritariamente. Sin
embargo, en nuestra opinión, esta aspiración escapa de la función
jurisdiccional y, más aun, de las medidas afirmativas adoptadas en sede
jurisdiccional y de manera posterior a la celebración de las elecciones.
En efecto, si entendemos la principal finalidad de las medidas afirmativas,
es factible advertir por qué éstas no deberían ser adoptadas en sede
jurisdiccional y en un momento posterior a la celebración de las
elecciones. En primer lugar, porque como expusimos antes, las acciones
afirmativas enmarcadas dentro del mandato constitucional de paridad de
género están encaminadas a ofrecer las condiciones adecuadas y de
igualdad entre hombres y mujeres para el acceso a cargos de elección
En segundo lugar, porque también como ya advertimos, las acciones
afirmativas buscan ofrecer soluciones temporales a los efectos producidos
por estructuras de inequidad, de modo que pueden modificarse si cambian
las circunstancias. Esto es, no están diseñadas para combatir
directamente las causas estructurales que generan las desigualdades
entre hombres y mujeres, aunque visto en el largo plazo puedan abonar
en cierto grado. Así, en el caso concreto, consideramos equivocado querer
apoyarse en las acciones afirmativas para cambiar situaciones que
derivan de una desigualdad estructural entre hombres y mujeres que tiene,
como efecto, que una parte importante de la ciudadanía siga eligiendo
mayoritariamente a hombres.
En nuestro concepto, este tipo de sesgos que permean todavía en la
sociedad y en el electorado, y que tienen como efecto que se siga votando
mayoritariamente a hombres frente a mujeres, deben ser combatidos por
acciones transformativas que escapan de la función electoral y, por ende,
de los tribunales especializados en la materia.
De esta forma, consideramos que no existe una obligación constitucional
para alterar los resultados de una elección de forma tal que la integración
de los órganos de gobierno sea paritaria, sobre todo tomando en cuenta
que no existe, ya sea aprobada en sede legislativa o administrativa,
una medida adoptada previamente que así lo prevea. Consideramos
que esta es una finalidad legítima pero que no se encuentra justificada,
tanto por lo que acabo de exponer, como por el hecho de que, al no
haberse adoptado previamente, vulnera principios constitucionales de
Si bien la Sala Superior ha reconocido la importancia que tiene el principio
de paridad de género en la conformación de los órganos de
representación popular, como es el caso de los congresos locales 6, y en
este sentido, es congruente que se adopten las medidas o reglas que
instrumenten la paridad de género, no se debe perder de vista que ello
debe atender a los principios rectores de la materia, tales como el de
certeza, y autoorganización de los partidos políticos, dependiendo de cada
caso concreto y atendiendo a la normativa local aplicable.
Así, consideramos que el mandato de paridad de género debe
armonizarse con otros mandatos y principios constitucionales, tales como
la certeza jurídica y la autoorganización de los partidos políticos.
Las decisiones adoptadas por las autoridades electorales no pueden
perder de vista que los actores políticos preparan su estrategia de manera
previa al registro de las fórmulas correspondientes, a fin de obtener el
triunfo en la contienda, o bien, posicionarse de la mejor manera posible
dentro del órgano de representación popular respectivo, para lo cual
planifican y realizan sus procedimientos internos, de conformidad con un
marco normativo, el cual debe ser previsible, además de que la ciudadanía
emite el sufragio tomando en consideración las candidaturas que
presentan los partidos políticos en los comicios.
Por otra parte, conforme con diversos estándares que rigen en nuestro
marco jurídico7, las autoridades tienen la obligación de implementar,
LXXVIII/2016 de rubro: “PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA INTEGRAR CONGRESOS LOCALES Y
CABILDOS, INCLUSIVE INICIADAS LAS CAMPAÑAS ELECTORALES”
Artículos 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer; 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 7; II y III de la
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, párrafo quinto del artículo 1º
constitucional, artículos 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1 y
26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6, inciso a), de la Convención
medidas orientadas a garantizar el derecho de las mujeres al acceso a la
función pública en condiciones de igualdad. No obstante, y para el caso de
las autoridades electorales, si bien pueden adoptar reglas de ajuste en la
asignación de cargos de representación proporcional, tales medidas
deben estar justificadas y ser adoptadas necesariamente en la etapa de
preparación de la elección o antes.
Lo anterior obedece al deber de respetar los principios constitucionales de
certeza y seguridad jurídica, que inciden en la autoorganización de los
partidos políticos y en la expectativa generada hacia las y los candidatos
que se postulan en las listas de representación proporcional.
Consideramos que la regla de ajuste en las listas de representación
proporcional no supone ignorar el derecho de autoorganización de los
partidos políticos, ya que atender a la temporalidad de la contienda
permite a todos los participantes del proceso electoral conocer de
antemano las reglas respectivas, generando previsibilidad sobre la
actuación de la autoridad al momento de la asignación correspondiente y
certidumbre a los partidos en torno a aquello que deben hacer dentro del
proceso electoral8.
En este sentido, no compartimos que la Sala responsable haya
implementado oficiosamente nuevas reglas, con posterioridad a la jornada
electoral para la elección de diputados locales llevada a cabo en San Luis
Potosí, porque ello se traduce en una afectación desproporcionada a los
principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica antes citados.
Finalmente, tampoco consideramos que la medida fuese necesaria, ya
que, en nuestra opinión, las medidas afirmativas adoptadas tanto en sede
legislativa como administrativa ya habían mostrado resultados positivos en
comparación con el proceso electoral anterior. En efecto, la integración del
Congreso local anterior estaba conformada por nueve mujeres (33.3 %) y
dieciocho hombres (66.6 %), mientras que, sin la medida tomada por la
Sala regional, el congreso habría quedado representado por doce mujeres
(44.4%) y quince hombres (55.5%). De esta forma, no advertimos la
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1 y 2 de
Véase el fallo del asunto de clave SM-JDC-19/2015 y acumulados.
necesidad de haber creado otra medida afirmativa adicional a las ya
adoptadas, a costas de otros principios constitucionales que se vieron
Por ello, no coincidimos con la posición de la mayoría en la que,
implícitamente, al confirmar la medida aplicada por la Sala Regional
Monterrey, validan que se haya hecho un ajuste en sede jurisdiccional
para integrar paritariamente el órgano legislativo local, en un contexto en
el que no existe una medida adoptada previamente que así lo indique9. La
obligación constitucional que tenemos, como autoridades electorales, es
implementar y adoptar todas las medidas necesarias que nos conduzcan a
una condición de igualdad en el acceso a estos cargos. En el caso, y toda
vez que no existía una porción normativa que garantizara una integración
paritaria del congreso de San Luis Potosí, consideramos que las
autoridades electorales ya habían cumplido con el mandato constitucional
de paridad de género, al haber adoptado todas las medidas tendentes a
garantizar condiciones de igualdad en el acceso a cargos de elección
3.3. Desproporcionalidad y falta de necesidad de la medida
La medida adoptada por la Sala responsable no puede ser considerada
proporcional o necesaria en los términos de criterios como el contenido en
la jurisprudencia 35/2015 de rubro “REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE
CANDIDATURAS REGISTRADA”10, ya que no se justificó la necesidad de
dicha medida adicional; máxime que conforme con el acuerdo de
asignación dictado por el OPLE y con el ajuste a la subrepresentación del
PRD que hizo la Sala Monterrey, el congreso local habría quedado
representado por doce mujeres (44.4%) y quince hombres (55.5%).
Además, es necesario señalar que la integración del Congreso local
anterior estaba conformada por nueve mujeres (33.3 %) y dieciocho
hombres (66.6 %), cuestión que evidencia que, al haber aumentado
Esto, de hecho, es la diferencia de mi voto particular en el SUP-REC-930/2018, donde
se estableció la paridad en la integración del Congreso en el Estado de Yucatán.
Jurisprudencia 35/2015, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015,
páginas 49, 50 y 51.
notablemente el número de mujeres en la nueva integración resultante de
la elección celebrada el primero de julio, puede observarse que las
acciones afirmativas adoptadas antes de la jornada electoral han
conseguido cierta efectividad, por lo que, si las autoridades no justifican
empíricamente y de manera objetiva la necesidad de adoptar medidas
adicionales, se estarían afectando de manera desproporcionada otros
principios como el pluralismo democrático, la certeza, la seguridad jurídica,
así como la autoorganización de los partidos políticos.
En el caso, la sala regional se limitó a exponer que existe un mandato
constitucional de integración paritaria de los órganos legislativos y que en
virtud de la ausencia de normas o directrices específicas que regulen la
forma en que deben llevarse a cabo los ajustes correspondientes para
garantizar la integración paritaria del Congreso local en San Luis Potosí,
dicho ajuste debía realizarse bajo determinados parámetros establecidos
hasta esa instancia jurisdiccional por la propia sala.
Igualmente, señaló que las medidas implementadas no afectan de manera
desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral, sin
embargo, no expresó las razones en que sustentó dicha afirmación.
En nuestra opinión, las autoridades administrativas e incluso
jurisdiccionales deben justificar, con razones válidas y objetivas, la
necesidad de implementar una medida adicional orientada a optimizar el
principio de paridad de género, de modo que no sea exigible solamente en
la postulación de las candidaturas, sino que trascienda en la integración
de los órganos de elección popular.
Es pertinente mencionar que si bien el artículo 116, fracción II, de la
Constitución Federal, establece que los congresos locales integren el
principio de mayoría relativa y de representación proporcional en sus
ordenamientos, lo cierto es que no impone condiciones adicionales,
debido a que gozan de un amplio espacio de configuración legislativa 11.
Sirve de apoyo en lo aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, P./J. 8/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, febrero de 2010, de rubro: “DIPUTADOS LOCALES. LA LIBERTAD
LEGISLATIVA DE LOS ESTADOS PARA COMBINAR LOS SISTEMAS DE ELECCIÓN
(MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL) EN LA
INTEGRACIÓN DE SUS CONGRESOS LOCALES, ESTÁ SUJETA A LOS LÍMITES
IMPUESTOS POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN
En este sentido, se reconoce que las entidades federativas definan
sistemas electorales acordes con las particularidades de sus realidades
concretas y necesidades, para instaurar el sistema mixto congruente con
las bases generales del marco constitucional federal.
De esta manera, tales facultades no son irrestrictas, toda vez que se
deben ejercer en observancia de los principios y bases establecidos en la
Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado
Bajo este contexto, concluimos que la Sala Regional Monterrey se excedió
en sus facultades, al considerar que le correspondía corregir el escenario
de subrepresentación de las mujeres en el congreso local y a su vez
determinar oficiosamente un procedimiento de asignación con ajuste por
paridad de género12, ya que si bien el orden jurídico de San Luis Potosí no
contempla una medida que conlleve a obtener una conformación paritaria
del Congreso Local, la autoridad responsable se encuentra obligada a
respetar el principio de libre configuración legislativa que en
representación proporcional establece la constitución general.
Por ello es que no compartimos el hecho de que nuestros pares avalaran
el que la sala regional de forma oficiosa, implementara en la etapa de
revisión judicial de la asignación de curules para la integración del
Congreso de San Luis Potosí, una acción afirmativa que buscara
implementar la paridad sin que estuviera así legislado por el constituyente
potosino, atendiendo a la libre configuración legislativa que la propia
constitución general así lo establece en el artículo 116.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TOMANDO EN CUENTA LOS
PORCENTAJES SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA PROPIA
La sustitución debe iniciar en la fase de resto mayor con el candidato del partido que
hubiere obtenido el mayor porcentaje de votación válida emitida.
a. En cociente natural la sustitución debe recaer en el candidato asignado cuyo partido hubiere obtenido
el mayor porcentaje de votos de la votación válida emitida. Cuando la sustitución recaiga en un instituto
político que reciba dos o más curules en esta fase, se efectúa en el candidato ubicado en último lugar
de su lista de prelación.
b. En la sustitución por porcentaje específico debe llevarse a cabo con el partido que hubiere obtenido el
menor porcentaje de votación válida emitida.
Por las razones expuestas es que nos apartamos del sentido y las
consideraciones que sustentan la sentencia aprobada por la mayoría en
los presentes medios de impugnación acumulados.
REYES RODRÍGUEZ FELIPE DE LA MATA
MONDRAGÓN PIZAÑA
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References: Resolución 
 resolución 
 artículo 116
 artículo 187
 resolución 
 artículo 413
 artículo 411
 artículo 411
 artículo 116
 artículo 413

artículo 116

artículo 413
 artículo 116
 artículo 41
 artículo 1
 artículo 116
 ARTÍCULO 116
 artículo 116
 ARTÍCULO 52