Source: https://boe.vlex.es/vid/desestiman-acumuladas-interpuestas-18256669
Timestamp: 2020-05-31 04:42:01+00:00

Document:
Sentencia num. 4/1988, de 21 de enero, del pleno del tribunal constitucional por la que se desestiman las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas nums. 102 y 452/1986, interpuestas contra el art. 32 de La Ley 33/1984, de 2 de agosto, de ordenación del seguro privado, en Relacion con el art. 4.6 del Real Decreto-Ley 10/1984, de 11 de Julio... - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 18256669
Sentencia num. 4/1988, de 21 de enero, del pleno del tribunal constitucional por la que se desestiman las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas nums. 102 y 452/1986, interpuestas contra el art. 32 de La Ley 33/1984, de 2 de agosto, de ordenación del seguro privado, en Relacion con el art. 4.6 del Real Decreto-Ley 10/1984, de 11 de Julio...
Marginal: BOE-T-1988-3143
Por Auto de 3 de enero de 1986, la Magistratura de Trabajo núm. 13 de las de Madrid, elevó a este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 32 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de Ordenación del Seguro Privado, en relación con el art. 4.6 del Real Decreto-ley 10/1984, de 11 de julio, por el que se establecen medidas urgentes para el saneamiento del sector de seguros privados y para el reforzamiento del Organismo de control,por su supuesta contradicción con los arts. 9.3, 24.1, 35 y 117.3 de la Constitución.
Ante la Magistratura mencionada presentaron el 14 de julio de 1984 demanda en reclamación de salarios don Manuel Fernández Lago y otros trabajadores contra la Empresa «Aseguradora Mundial, S. A.» (en liquidación). Por providencia de 12 de diciembre de 1984, a instancia de los demandantes, la Magistratura acordó el embargo preventivo de bienes de la Entidad demandada, llevándolo a efecto sobre diversos bienes.
Tras celebrarse el acto de juicio, el 17 de abril de 1985, la Magistratura referida dictó providencia en la misma fecha del siguiente tenor:
Apreciándose una posible inconstitucionalidad en la Ley del Seguro Privado de fecha 2 de agosto de 1984 ("BOE" de 4 de agosto de 1984), en su art. 32, en relación con lo que dispone el art. 32 del Estatuto de los Trabajadores, y toda vez que al existir un embargo preventivo en estos autos, la Sentencia necesariamente, conforme al art. 1.418 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habrá de hacer pronunciamiento de dicho embargo, es evidente que esto último constituye una medida propiamente ejecutiva cuya posibilidad aparece vedada durante el plazo de un año a partir de la resolución que se dicte, al juzgador, a virtud de la indicada normativa de la Ley de Seguro Privado. Con carácter previo a adoptar la decisión al respecto, óigase a las partes, al Ministerio Fiscal, para que en el plazo común e improrrogable de diez días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear dicha cuestión, suspendiéndose el plazo para dictar dicha Sentencia.
Por Auto de 3 de enero de 1986, la Magistratura acordó elevar al Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad «del art. 32 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, en relación con el art. 4.6 del Real Decreto-ley 10/1984, de 11 de julio»; considera que dichos preceptos, al privar temporalmente a los Tribunales de Justicia de la competencia para ejecutar sus propias Sentencias, conculcan el art. 1 17.3 de la Constitución y los principios y derechos de seguridad jurídica (art. 9.3), tutela efectiva de los Tribunales (art. 24.1) y el deber y derecho al trabajo y el de remuneración de éste (art. 35). La protección del derecho de los asegurados, en Entidades que precisen liquidación con intervención del Ministerio de Economía y Hacienda, no justifica la limitación de facultades que incumben por imperativo constitucional a los Tribunales y la asunción, aunque sólo sea transitoriamente, por la Administración estatal de facultades en exclusiva reservadas a aquéllos. Aquellos derechos de los asegurados, merecedores de protección y defensa, no deben ser antepuestos en un Estado social de Derecho a los más frágiles, y precisados de una más singular protección, de los trabajadores por sus salarios, resaltando al efecto lo previsto en el art. 35 C.E. y por el art. 32 del Estatuto de los Trabajadores, Ley ordinaria prevista en la Constitución. La norma legal cuestionada omite esta singular protección de los derechos laborales, además de determinar una injerencia del Poder ejecutivo en el área de actuación propia del Poder judicial, privando al ciudadano de su tutela efectiva y de las garantías que tiene que dispensarle y, por último, impone una paralización temporal del proceso judicial que no se compadece con la perentoria protección que, por propia naturaleza y efectos, ha de dispensarse a los derechos laborales.
La Sección Tercera de este Tribunal acordó, por providencia de 5 de febrero de 1986, admitir a trámite la cuestión promovida, hacer pública en el «Boletín Oficial del Estado» la incoación de la misma y dar traslado de las actuaciones recibidas al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes; al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el improrrogable plazo de quince días pudieran personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
Por escrito de 4 de marzo de 1986 formuló sus alegaciones el Fiscal General del Estado, interesando el rechazo de la cuestión por incurrir en motivos de inadmisión previstos en el art. 37.2, por referencia al 35.1, ambos de la LOTC.
El Letrado del Estado, por escrito de 8 de marzo de 1986, formuló sus alegaciones,solicitando la inadmisión de la cuestión y, subsidiariamente, la declaración de conformidad a la Constitución de los preceptos legales cuestionados.
Estima preciso referirse, en primer lugar, a la falta de ajuste del órgano judicial proponente a las exigencias del art. 35.2 de la LOTC, señalando, al respecto, que la providencia de 17 de abril de 1985, por sus inconcretos términos, parece haber provocado una insuficiente identificación de la norma legal cuestionada y de los preceptos constitucionales infringidos, como el Ministerio Fiscal alegó ante la Magistratura. Igualmente destaca el hecho de que, tras el escrito de 27 de mayo de 1985 de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, sin dársele al Ministerio Fiscal nueva audiencia, se planteó la cuestión, lo que determinó una solicitud de nulidad de actuaciones rechazada por el órgano judicial y que se acompaña ahora. En idéntico sentido afirma que el Auto de 3 de enero de 1986 no se atiene a lo propuesto en la providencia inicial y extiende el ámbito de la cuestión tanto en lo referente a las normas legales cuestionadas -no ya sólo el art. 32 de la Ley 33/1984, sino los «demás» preceptos concordantes de la misma, con cita del art. 36, y además en relación con el art. 4.6 del Real Decreto-ley 10/1984, de 11 de julio-, como en lo que respecta a las normas constitucionales empleadas como parámetro, pues no sólo se suscita por presunta vulneración del art. 117.3 C.E., como cabria deducir de la providencia,sino de otros preceptos vinculados al principio de plenitud de la función jurisdiccional. Señala, por último, que es dudoso que el Auto cumpla la exigencia de la necesaria concreción de las normas legales cuya constitucionalidad cuestiona, pues ni se precisan cuáles sean las «normas concordantes» de la Ley 34/1984 cuestionadas, salvo el art. 36, ni para éste, ni para la relación de tal Ley con el art. 4.6 del Real Decreto-ley 10/1984, se especifica la conexión ni la relevancia en el proceso. Esta imprecisión suscita interrogantes sobre el modo en que el órgano judicial entiende aplicable uno u otro precepto, frente a la inaplicabilidad del art. 32 de la Ley 33/1984 al caso que adujo la Comisión mencionada, o acerca de la relación entre la Ley y el Real Decreto-ley.
Añade a continuación el Letrado del Estado diversas consideraciones previas al contraste de esta regla de suspensión con los preceptos constitucionales invocados. Resalta,así, que el efecto de la liquidación administrativa forzosa no transciende del plazo procesal al sustantivo, pues subsisten las reglas generales de prelación de créditos y, en concreto, los privilegios materiales de los créditos salariales, salvo el caso del art. 33 de la Ley 33/1984, aunque no la facultad de ejecución separada del art. 32.5 del Estatuto de los Trabajadores. La liquidación bajo intervención administrativa, aunque el último inciso del art. 4.6 del Real Decreto-ley 10/1984 no sea suficientemente claro, en ningún caso impide el ejercicio separado de acciones judiciales; sólo suspende la ejecución de las Sentencias firmes recaídas.
Para examinar la cuestión desde la perspectiva de los otros preceptos citados es necesaria, por otro lado, caracterizar la naturaleza del procedimiento de liquidación forzosa: Es un procedimiento administrativo de liquidación universal en el que la Administración, mediante Entidad de personalidad jurídico-pública que desarrolla su actividad en régimen de Derecho privado, asume la función de intentar una liquidación ágil y ordenada que, salvaguardando, en mejor medida que la aplicación de las normas generales sobre ejecución universal, el conjunto de los intereses afectados se supedita a la aprobación por los acreedores; pero deja a salvo las garantías jurisdiccionales, y así las derivadas de los arts. 16 de la Ley de Suspensión de Pagos y 901 y 902 del Código de Comercio, referentes a la impugnación por los acreedores ausentes o disidentes del Convenio sometido a aprobación de la Junta, que pueden acudir, pues, tras reclamación previa en vía gubernativa,al Juez civil ordinario, y éste dejar sin efecto la resolución adoptada en el procedimiento seguido por la Administración; además, caso de no aprobarse el plan, queda expedito el ejercicio de las actuaciones correspondientes para instar las acciones judiciales necesarias, según dispone el art. 4.6, párrafo último, del Real Decreto-ley 10/1984. Este precepto, en la interpretación dada por algún Juzgado en casos a que alude implica que, en tanto se encuentra en tramitación el procedimiento de liquidación forzosa administrativa, quedan en suspenso los efectos de la suspensión de pagos o de la quiebra que, antes de incoarse tal procedimiento administrativo o durante la tramitación de éste, se puedan haber producido.
Por otra parte, la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia en Auto de 25 de marzo de 1986, había promovido la cuestión núm. 452/1986 por considerar que el art. 4.6, párrafo último, del Real Decreto-ley 10/1984, de 11 de julio, puede ser contrario a los arts. 24.1, 117.3 y 118 de la Constitución.
En 2 de abril de 1984 presentó demanda de juicio ejecutivo don Lorenzo Sánchez Leira, contra «Valenciana de Seguros Mutuos» (VALSEM), en reclamación de 4.002.080 pesetas, de la que conoció el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de los de Valencia, despachándose ejecución y procediéndose al embargo de concretos bienes. En rebeldía la Empresa VALSEM, el Juzgado dictó Sentencia de remate en 30 de mayo de 1984, que resultó firme ante la no interposición de recurso alguno.
En virtud de escrito de 8 de marzo de 1985, don Juan Tarazaga López, se personó en el Juzgado, poniendo de manifiesto que por escritura otorgada ante Notario, en 17 de diciembre de 1984, había sido nombrado Liquidador-Delegado para la Entidad VALSEM, con las facultades que se derivan tanto del Real Decreto-ley 30/1984, como de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de Ordenación del Seguro Privado y Ley de 17 de julio de 1951 de Sociedades Anónimas, solicitando que en aplicación de lo establecido en el art. 4.6 del citado Real Decreto-ley se dejara sin efecto la traba y embargo acordados en su día; se hiciera entrega de los bienes afectados al representante legal de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, dejando sin efecto, finalmente, la ejecución instada, con archivo del procedimiento y reserva expresa en favor del ejecutante para reiniciar la reclamación en caso de que no se aprobara el plan de liquidación en trámite.
Con oposición del actor en el proceso de ejecución, y mantenida la Entidad VALSEM en situación de rebeldía, el Juzgado dictó providencia en 20 de marzo de 1985 accediendo a lo interesado por el Liquidador-Delegado, hasta tanto no se diera el supuesto del párrafo último del art. 4 del mencionado Real Decreto-ley. Instado recurso de reposición, que fue desestimado por Auto de 6 de abril de 1985, se admitió a trámite recurso de apelación que, tramitado con arreglo a Derecho, motivó que por la Sala de lo Civil, en providencia de 17 de diciembre de 1985, se acordara oír a las partes y al Ministerio Fiscal a tenor de lo establecido en el art. 35.2 de la LOTC, sobre pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 4.6 del tantas veces citado Real Decreto-ley en cuanto presuntamente opuesto a lo preceptuado en los arts. 24 y 117 -según se dice en el Auto- de la Constitución.
Por Auto de 25 de marzo de 1986, según se ha dicho, la Sala acuerda promover la cuestión, señalando en su parte dispositiva que el art. 4.6, párrafo último, del Real Decreto-ley debatido, pudiera ser contrario a las disposiciones contenidas en los arts. 24.1 y 113.3 y 118 de la Constitución. Argumenta al respecto, que el problema básico es que existe una Sentencia firme (la de 30 de mayo de 1984) que puede llegar a no ser ejecutada en virtud de una actuación administrativa (o privada y, en todo caso, de dudosa calificación) que puede estar vaciando de contenido lo que dispone el primero de los preceptos citados.
El art. 4.6 cuestionado, incide en el art. 24.1 de la Constitución, por cuanto, según ha proclamado la jurisdicción constitucional, comprende «el derecho a la actividad ejecutiva de los órganos judiciales». Es dudoso que pueda admitirse, según la Sala promovente, la suspensión e incluso la no ejecución aislada e independiente de una Sentencia «cuando lo que existe es simplemente una actividad administrativa (o privada) de liquidación». Con esta actividad administrativa se incide en las facultades de ejecución que el art. 117.3 de la Constitución atribuye a los Jueces y Tribunales, «lo que se cuestiona -insiste- es que un órgano administrativo pueda suspender el ejercicio de la potestad jurisdiccional».Relaciona el precepto constitucional que terminamos de señalar, con el art. 118 de la propia Ley fundamental.
Por providencia de 7 de mayo de 1986, de la Sección Tercera de este Tribunal, se admitió a trámite la referida cuestión núm. 452/1986 y se verificó el traslado previsto por el art. 37.2 de la LOTC para la personación y formulación de alegaciones del Congreso de los Diputados, Senado, Gobierno y Fiscal General del Estado.
El Fiscal General del Estado, por escrito de 27 de mayo de 1986, formuló sus alegaciones, solicitando el rechazo de la cuestión promovida por la Sala de lo Civil mencionada, tanto por el defecto en el modo de tramitarla como por la improcedencia de su planteamiento.
El Letrado del Estado en representación del Gobierno, formuló sus alegaciones por escrito de 31 de mayo de 1986, solicitando que se declarara la conformidad a la Constitución del art. 4.6, párrafo último, del Real Decreto-ley 10/1984, de 11 de julio. Comienza por destacar que el Auto de planteamiento de la cuestión la ciñe a la posibilidad de que las actuaciones judiciales quedan suspendidas por la actuación de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, centrando su argumentación en que el efecto suspensivo de la actividad jurisdiccional sólo podría venir determinado por una actividad igualmente jurisdiccional (así el proceso concursal), pero que la actividad de una autoridad administrativa que, además, actúa en régimen de Derecho privado, nunca podría dificultar o impedir el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Aunque sea tal el objeto específico de la cuestión,es ineludible para la motivación misma tomar como punto de arranque el origen y fundamentación del sistema total de liquidación de entidades aseguradoras instaurando por el Real Decreto-ley y normas legales y reglamentarias de desarrollo, la interpretación de su régimen jurídico, resultante de sucesivos textos normativos, y la conexión entre el procedimiento administrativo de liquidación y los procesos judiciales de ejecución universal. Tales materias fueron objeto de exposición en la cuestión 102/1986, dándola aquí por reproducida, y estimando pertinente la acumulación de dicha cuestión y la 452/1986, lo que solicitaba.
La Sección Tercera acordó, por providencia de 4 de junio de 1986, oír al Fiscal General del Estado acerca de la acumulación solicitada por el Letrado del Estado y el Pleno de este Tribunal, por Auto de 26 de junio de 1986, acordó acumular la cuestión núm. 452/1986 a la núm. 102/1986.
Por providencia de 14 de enero último se señaló para deliberación y votación de las presentes cuestiones de inconstitucionalidad el próximo día 21 de enero actual.
Parece ineludible precisar, en primer término, cuál o cuáles son los preceptos legales cuya constitucionalidad se pone en duda en las dos cuestiones acumuladas por nuestro Auto de 26 de junio de 1986, pues si bien la planteada por la Audiencia Territorial de Valencia se circunscribe expresamente al párrafo final del art. 4, apartado 6.° del Real Decreto-ley 10/1984 («De no aprobarse el plan, quedará expedido a los acreedores el ejercicio de las acciones legales correspondientes para instar las actuaciones judiciales necesarias») con exclusión de cualquier otro (aunque sin perjuicio, dice, de lo que este Tribunal pueda acordar al amparo de lo dispuesto en el art. 39 de su Ley Orgánica), la Magistratura de Trabajo núm. 13 de Madrid cuestiona el «art. 32 de la Ley 33/1984, de Ordenación del Seguro Privado, en relación con el art. 4.6 del Real Decreto-ley 10/1984, de 11 de julio» incluso se refiere en el fundamento segundo de su Auto, a «la posible contradicción del art. 32 y demás concordantes de la repetida Ley 33/1984... en relación con el art. 4.6 del Real Decreto-ley 10/1984... con normas de rango constitucional».
Es cierto que esta alusión genérica a los «artículos concordantes» puede ser en este momento pasada por alto, puesto que no se refleja en la parte dispositiva del Auto, pero aun reduciéndonos a éste hay que determinar, si es la totalidad o sólo parte de los preceptos en él incluidos los que se cuestionan. Este acotamiento viene facilitado, en cierto sentido, por la relación que el Magistrado del Trabajo establece entre ellos, puesto que, en virtud de tal conexión resulta evidente que no están en cuestión ni los dos primeros párrafos del mencionado art. 4.6 del Real Decreto-ley 10/1984, ni el apartado 3.° del art. 32 de la Ley 33/1984. Los preceptos cuya constitucionalidad somete el Magistrado a nuestra consideración son, en definitiva, los contenidos en los apartados 1.° y 2.° del art.32 de la Ley en el párrafo final del art. 4.6 del Real Decreto-ley que determinan la suspensión de la ejecución de las Sentencias judiciales.
Precisado lo anterior, es necesario dar respuesta a las objeciones que tanto el Letrado del Estado como el Ministerio Fiscal oponen a la admisión a trámite de estas cuestiones. Estas razones son, como resulta de los antecedentes, de dos órdenes distintos. Unas se refieren a la improcedencia de aplicar a los casos controvertidos los preceptos constitucionales, o a la incorrección de la interpretación que los órganos cuestionantes hacen de ellos; otras a los defectos procedimentales en los que éstos han incurrido.
Las normas constitucionales que ambos órganos proponentes consideran vulneradas por las cuestionadas son, en primer lugar, las contenidas en los arts. 24.1, 117.3 y 118, pero a ellas añade también la Magistratura de Trabajo las que garantizan la seguridad jurídica (art. 9.3) y el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente (art. 35). Iniciaremos nuestro análisis por el del supuesto contraste existente entre los arts. 4.6, párrafo final, del Real Decreto-ley 10/1984 y 32.1 y 2 de la Ley 33/1984 con los preceptos mencionados en último término, para continuar después con el de la argumentación en la que coinciden la Magistratura de Trabajo de Madrid y la Audiencia Territorial de Valencia.
La colisión entre los preceptos legales cuestionados y el principio constitucionalmente garantizado de seguridad jurídica se afirma en el Auto de la Magistratura de Trabajo (fundamento 3.°) de manera apodíctica. No es fácil, por tanto, determinar las razones que apoyan tal afirmación que ha sido ignorada por el Ministerio Fiscal y de la que entiende también la Abogacía del Estado que cabe prescindir. No podemos nosotros, tampoco, tomarla en consideración, pues ni es tarea de este Tribunal hacer cábalas o conjeturas sobre las razones que abonan las afirmaciones de inconstitucionalidad, cuando ni de modo explícito ni de modo implícito se le ofrece, ni le sería lícito, aunque llegara a adivinarlas, tomarlas en cuenta para su decisión, pues rompería con ello la igualdad de las partes al aceptar argumentos que los demás intervinientes en el proceso constitucional no tuvieron ocasión de controvertir.
Debe abordarse ahora la cuestión de si los apartados 1.° y 2.° del art. 32 de la Ley 33/1984 y el párrafo final del art. 4.6 del Real Decreto-ley 10/1984 contradicen lo dispuesto por los arts. 24.1, 117.3 y 118 de la Constitución, núcleo central de los argumentos coincidentes de las dos resoluciones judiciales de planteamiento de este proceso.
Abordando, en primer lugar, el examen específico de la constitucionalidad de los apartados 1.° y 2.° del art. 32 de la Ley 33/1984, debe, ante todo, destacarse su preciso contenido. Dichas normas imponen la paralización temporal de las ejecuciones derivadas de acciones individuales de acreedores de Entidades aseguradoras; expresamente deja a salvo la posibilidad de formular demandas judiciales contra ellas y de seguir los procesos correspondientes hasta la resolución por Sentencia firme. Este primer dato importa a los efectos de resaltar cómo las normas mantienen intactos los derechos de acceso al proceso, de obtención de un pronunciamiento de fondo y el eventual de acceso a los recursos.
El art. 4.6, párrafo último, del Real Decreto 10/1984, para los supuestos en que la liquidación se lleva a cabo por la CLEA, impone a los acreedores la suspensión del «ejercicio de las acciones legales correspondientes para instar las actuaciones judiciales necesarias», ejercicio que queda expedito de no aprobarse el plan de liquidación que tal Comisión debe elaborar.
ATC 293/2013, 17 de Diciembre de 2013
EDICTO de 20 de enero de 2014, de notificación de la incoación y de la propuesta de resolución de expedientes sancionadores.
Real Decreto 2032/1983, de 29 de Junio, sobre Traspaso de Funciones a la Comunidad autonoma de Castilla-la Mancha en materia de Camaras oficiales de la Propiedad urbana.
DECRETO 1/2004, de 7 de enero, de disolución de las comisiones de Gobierno.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 

Real Decreto