Source: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5847/7740
Timestamp: 2016-10-23 22:01:32+00:00

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La configuración jurisprudencial de los derechos fundamentales. El caso del derecho constitucional a una defensa adecuada | Magaloni Kerpel | Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional
Número 19 >	Magaloni Kerpel
En todos los países en donde existe un sistema de jurisdicción constitucional, determinados órganos jurisdiccionales tienen la facultad de establecer los criterios de interpretación constitucional que vinculan al resto de los tribunales. En el modelo de control constitucional concentrado es un único órgano, el Tribunal Constitucional, mientras que en el modelo de control difuso son los tribunales con jurisdicción de apelación (Tribunal Supremo y tribunales intermedios). Este último es el caso de México. En efecto, como todos sabemos, en México la Suprema Corte de Justicia (en pleno y en salas) y los tribunales colegiados de circuito están facultados para establecer jurisprudencia vinculante para el resto de los tribunales, federales y estatales, tanto en materia constitucional como legal.1 La Corte es el órgano vértice del Poder Judicial federal y, por ello, puede unificar los criterios de interpretación constitucional. Todos los tribunales del país están vinculados a su jurisprudencia. Los tribunales colegiados, en cambio, sólo generan jurisprudencia obligatoria hacia los tribunales, federales y estatales, que se encuentran dentro de su jurisdicción territorial. En cuanto a las formas de creación de la jurisprudencia constitucional, las leyes en la materia distinguen tres tipos en función del tipo de asuntos que les dan origen. En primer término, la jurisprudencia que genera el pleno de la Corte a partir de la resolución de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. En estos casos, las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias serán jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país, siempre que hayan estado de acuerdo con ellas ocho de los once ministros.2 En segundo término, la jurisprudencia que se genera a través de los juicios de amparo. En este caso, el carácter vinculante de los criterios de interpretación constitucional se genera por el denominado "sistema de reiteración", es decir, a través de cinco sentencias ininterrumpidas por otra en contrario. Además, se necesita un número específico de votos a favor en dichas resoluciones: en el caso del pleno, se necesitan ocho de los once ministros, en el caso de las salas, cuatro de los cinco ministros y, finalmente, tratándose de los tribunales colegiados se necesita que exista unanimidad entre los tres magistrados que integran el tribunal. En tercer término, la jurisprudencia constitucional también se puede generar a través de las resoluciones de contradicción de tesis. En estos casos, no se requiere reiteración ni número específico de votos. El pleno resuelve las contradicciones de tesis de las salas y éstas resuelven las de los tribunales colegiados. Basta con la decisión para que se establezca un criterio de interpretación constitucional vinculante para todos los tribunales inferiores, federales y estatales.3 Ahora bien, más allá de estas distintas formas en que se genera la jurisprudencia constitucional en México, lo más relevante, en términos de su capacidad para dotar de contenido y garantizar la eficacia de la Constitución, está en la forma en que opera en la práctica judicial el carácter vinculante de la misma. ¿Qué significa que una decisión judicial que resuelve una controversia de carácter constitucional sirva de parámetro normativo en la resolución de otros litigios?
En el juicio penal, la práctica común es que el juez designe a un defensor de oficio, cuando el acusado no puede contratar a un abogado privado. Ello, según los datos de la encuesta, sucede en 73% de los acusados. Sin embargo, 45% decide remplazar al abogado de oficio por uno privado a la mitad del juicio; la razón principal del cambio es que, en su opinión, no hizo nada para defenderle.8 Lo cual nos habla de lo que todo el mundo sabe: la defensoría pública, en el ámbito de la justicia penal local, es una de las instituciones más abandonadas del país. Nosotros creemos que se debe, en parte, a que los jueces constitucionales no han dotado de contenido sustantivo al derecho a una defensa adecuada. Es decir, la ausencia de verdaderos defensores públicos no tiene ningún costo para nadie: los ministerios públicos continúan ganando juicios y las sentencias de los jueces no son revocadas por ese motivo. ¿Por qué mejorar la calidad de la defensa pública?
Sin embargo, la propia Suprema Corte, en los escasos dos asuntos que ha resuelto el pleno en esta materia, ha reforzado la equivocada equiparación de la persona de confianza y el abogado defensor. En palabras del máximo tribunal: "una defensa adecuada no sólo la pueden ejercitar los profesionales del derecho, sino también diversos ciudadanos, que sin tener la calidad de abogados, debido a sus nexos de amistad o de parentesco con el inculpado, poseen mayor interés personal para ayudarlo y protegerlo". De ahí que la Corte concluya que, la interpretación del artículo 20, fracción IX de la Constitución, al permitir la defensa a una persona de confianza lo que está garantizándole al inculpado es "una facultad amplísima para designar a la persona o personas que se encarguen de los actos de defensa".11 De esta manera, queda vacío de contenido la verdadera garantía constitucional: contar con una defensa adecuada. ¿Cómo va a llevar a cabo una defensa adecuada una persona que no es abogado?
Las tesis aisladas y jurisprudenciales que se refieren al defensor durante el juicio de primera instancia son 11, de las cuales sólo una es jurisprudencia. Este escaso desarrollo jurisprudencial del derecho a la defensa indica que los amparos directos que llegan a los tribunales colegiados no están planteando la vulneración a este derecho, a pesar de que, como ya señalamos, la evidencia empírica demuestra que el derecho a la defensa es frecuentemente vulnerado durante el juicio. Todo parece indicar que estamos ante un problema circular: como el acusado no tiene un buen abogado que lo defienda, tampoco tiene la posibilidad de demandar, a través del amparo, la violación a ese derecho. La forma de resolver este círculo vicioso es que los tribunales colegiados estuviesen dispuestos a hacer uso de la amplia suplencia de la queja que existe en el amparo penal y la Corte ejerciera su amplia facultad de atracción para así analizar de oficio los problemas relativos a la calidad de la defensa en el juicio. De esta manera, dichos tribunales podrían establecer una serie de criterios jurisprudenciales que generaran incentivos para que el juez de primera instancia no se conformase, como hasta ahora, con que el defensor esté presente sin hacer nada, o bien, que simplemente simule su presencia firmando las constancias de autos. Sin embargo, las pocas tesis que existen en esta materia indican que la Corte y los tribunales colegiados no han ni siquiera detectado el problema, ¿cómo entonces podrían idear alguna solución? Nuevamente en esta fase del proceso nos encontramos ante un conjunto de tesis formalistas y repetitivas, que lo único que vienen a intentar garantizar es que el abogado de la defensa esté presente en las distintas diligencias procesales. En efecto, de las 11 tesis relativas a la defensa en el juicio de primera instancia todas, salvo una de ellas, circunscriben el derecho a la defensa a lo que literalmente establece la fracción IX del artículo 20: el inculpado "tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso". Estas tesis entienden que "comparecer" es el equivalente a "estar presente físicamente". Su contenido se limita a definir los distintos actos procesales en donde se requiere su presencia: declaración preparatoria, careos, audiencias de ofrecimiento y de desahogo de pruebas, audiencia de vista, etcétera. De no estar presente el abogado de la defensa en alguna de esas diligencias, las tesis estipulan que se requerirá su reposición.13 La única tesis, jurisprudencial, que busca alejarse de esta interpretación formalista y literal de la Constitución, es la XI.2o. J/11 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.14 En ella, el tribunal acertadamente distingue entre la presencia física del defensor y los actos procesales de defensa. Además establece que estos últimos son los que garantizan el derecho del inculpado a contar con una defensa adecuada. Dicho de otra manera, no basta con la presencia del defensor en las distintas diligencias procesales. Para que se considere garantizado el artículo 20, fracción IX de la Constitución, la comparecencia del defensor debe "traducirse en actos procesales que revelen una asistencia técnica profesional hacia el inculpado".15 ¿Cómo podrían evaluar los jueces vinculados a esta jurisprudencia hasta qué punto los actos procesales de la defensa revelan una "asistencia técnica profesional hacia el inculpado"? Para ir dotando de contenido a este estándar que estableció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, se requeriría de un proceso casuístico, concatenado y consistente de decisiones posteriores. Ello permitiría que, a partir de las circunstancias de fácticas de cada caso, el tribunal fuese definiendo qué características tienen los actos procesales que son propios de una "asistencia técnica profesional" y cuándo y en qué circunstancias se estima que no satisfacen dicho estándar de asistencia legal.16 Sin embargo, el hecho de que en el caso mexicano la jurisprudencia constitucional no se desarrolle en forma concatenada como sucede en Estados Unidos y en Europa, hace que, en la práctica, un criterio jurisprudencial sustancialista y prometedor como el de este Tribunal Colegiado sea difícil de aplicar y operar en términos jurisdiccionales. La fragmentación de sentidos normativos que provoca la manera en que se establece y utiliza la jurisprudencia constitucional en México tiene, entre otras consecuencias negativas, la imposibilidad de configurar líneas jurisprudenciales que concreticen o expliciten la manera como los preceptos materiales de la Constitución pueden tener impacto real en la forma como los jueces en general interpretan el derecho y resuelven casos concretos. En franco contraste, las tesis textualistas y formalistas, que por su propio contenido no necesitan de un desarrollo jurisprudencial casuístico y concatenado, son fácilmente operables y aplicables por los jueces inferiores.17 En este sentido, es más probable que un criterio jurisprudencial formalista tenga mayor impacto en las decisiones judiciales posteriores que uno sustancialista o axiológico. Más allá de esta problemática, lo cierto es que el primer problema por atender con relación al desarrollo jurisprudencial de la Constitución es la pobre calidad de las tesis jurisprudenciales. De las 11 tesis que existen con relación a la defensa durante el juicio, 10 de ellas lo único que vienen a garantizar es que el defensor esté presente en las distintas diligencias procesales. Ello de por sí lo establece de forma literal la Constitución. Los jueces constitucionales sirven para dotar de sentido normativo, lo que no es obvio ni se desprende de forma literal del texto constitucional. Tal es el caso de la interpretación de lo que significa el texto constitucional de "defensa adecuada" a que se refiere el artículo 20, fracción IX, de la Constitución. Mientras no se desarrolle el sentido normativo de ese atributo específico del derecho a la defensa, la mayoría de los procesados, sobre todo los que son "defendidos" por el defensor público, seguirán siendo acusados y juzgados en absoluto estado de indefensión.
En nuestra opinión, este criterio tiene varios problemas. En primer término, esa defensa oral a la que se refiere la Primera Sala es bastante irrelevante para el sentido final de la decisión del tribunal de segunda instancia. Lo que cuenta, en esta fase del proceso, son los argumentos del escrito de apelación, no lo que el abogado de la defensa exprese en la audiencia de vista. En segundo término, suponiendo que fuese tan determinante para la defensa dicha audiencia, entonces cómo es que los ministros permiten que, de no asistir el abogado del sentenciado, el tribunal designe en ese momento al defensor público para que lleve la defensa oral en la audiencia respectiva. No se necesita ser experto en la materia para entender que cualquier abogado requiere de un tiempo razonable para analizar el expediente y determinar cuáles son los errores del juez inferior que permitirían revocar y modificar el sentido de su sentencia. La forzosa improvisación que tendrá que llevar a cabo el defensor público para deshogar una audiencia de un caso que no conoce resulta a todas luces violatorio del derecho que los jueces constitucionales intentan proteger.20 Finalmente, el problema más serio de esta tesis jurisprudencial son los costos que tiene para el sentenciado: la reposición del procedimiento de segunda instancia por la no comparecencia del abogado de la defensa lo único que provoca en la práctica es dilación en la impartición de justicia. Sería muy interesante medir empíricamente el porcentaje de reposiciones del procedimiento de segunda instancia producto de la ausencia del defensor en la audiencia de vista que tienen como consecuencia el cambio de sentido de la sentencia final. Nuestra sospecha es que son tan pocas que resulta completamente contraproducente para los derechos del sentenciado y para la propia eficiencia del aparato judicial la reposición del procedimiento por este motivo. Este criterio lo estableció la Corte en 2005. Sin embargo, un año después, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, estableció jurisprudencia justamente en el sentido contrario de lo que estableció la Primera Sala. Según la tesis II.1.P.J/12: debe considerarse que la inasistencia de la defensa particular a la audiencia de vista en la apelación y la designación oficiosa en dicho acto por parte de la sala del defensor adscrito, implican una limitación a las garantías de audiencia y de defensa ya que no existe certeza jurídica de que el defensor de oficio haya tenido un plazo suficiente para imponerse de las constancias existentes y estar en aptitud de alegar a favor del inculpado.21 Este mismo criterio lo han establecido otros dos tribunales colegiados.22 A pesar de que es mejor, en términos del derecho a la defensa, las tesis jurisprudenciales de los colegiados, de acuerdo con las reglas que rigen la vinculación judicial a la jurisprudencia, la tesis de la Primera Sala es la que debe regir esta cuestión. Su tesis jurisprudencial vincula jurídicamente a todos los tribunales del país. Sin embargo, lo que este caso de contradicción de criterios revela es que habría que estudiar con más cuidado cómo es que varios tribunales colegiados establecieron tesis jurisprudenciales, por reiteración, que frontalmente iba en contra de la jurisprudencia previamente establecida por la Corte. ¿Qué tan frecuente es que esto ocurra? Sin duda, esta es una pregunta clave que deberían buscar responder los ministros, pues ello, de ser una práctica recurrente, revela una Corte con menos poder y autoridad de lo que suponemos.23 La regla constitucional que se puede extraer de las jurisprudencias durante esta etapa es que el defensor tiene que estar presente en la audiencia de vista de segunda instancia, ya que de otro modo se tendrá que reponer el procedimiento. Lo que está en duda es si el tribunal de apelación puede designar al defensor de oficio, en caso de que el abogado de la defensa no acuda a la audiencia de vista. La Primera Sala dice que sí, pero los tribunales colegiados no están de acuerdo. Sin embargo, lo verdaderamente relevante es que nada de lo que la Corte o los tribunales colegiados han dicho respecto al derecho a la defensa en la segunda instancia tiene que ver con la parte sustantiva del derecho: qué significa, en términos constitucionales, una defensa real y efectiva.
Ésta es la segunda categoría de nuestra clasificación. En este rubro se encuentran 21% del total de las tesis aisladas y jurisprudenciales en torno al derecho constitucional a una defensa adecuada. La cuestión constitucional que buscan resolver es ¿cuándo debe proceder la designación del defensor de oficio?
Por lo que toca al defensor particular, la Primera Sala ha establecido que la designación del propio acusado de su defensa puede o no recaer en un abogado profesional; la Constitución le da una amplia prerrogativa al inculpado para elegir a cualquier persona que lo defienda.26 El Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito ha hecho, además, una distinción a este respecto entre la fase de averiguación previa y la del juicio. Según dicho tribunal, en la fase de averiguación previa el acusado puede ser defendido por el más amplio abanico de personas. La defensa a cargo de persona de confianza, según el Tribunal Colegiado, "no exige ninguna relación previa de amistad, parentesco o afinidad tal que genere un motivo de posible `confianza´ en el sentido personal". Con tal expresión, según dicho Tribunal, sólo se busca diferenciar la defensa por abogado o por sí mismo del resto de "defensores" que no caigan en esos dos supuestos. La persona de confianza en el sentido constitucional será, por tanto, una categoría residual: todo lo que no entre en las categorías de defensa por sí mismo o por abogado. Además, dicha persona de confianza no tendrá que tener ningún atributo que asegure la calidad de su desempeño en la averiguación previa.27 Sin embargo, en la fase de juicio, el mismo Tribunal Colegiado limita la amplitud de opciones para el acusado. En este caso, según el Tribunal, "si la persona designada no es abogado con título profesional registrado, se le requerirá [al procesado] para que designe, además, a quien lo sea, para que asesore técnicamente al defensor no abogado".28 ¿Por qué mantener dos criterios tan distintos para la fase de averiguación previa que para la del juicio? En nuestra opinión, está claro que tal distinción no se justifica: el inculpado siempre tendría que estar asesorado por un abogado. Por lo que toca a las características del defensor público, todas las tesis vienen a establecer que sólo pueden actuar como tales los abogados con título profesional. Lo más interesante es que las razones que dan para ello parecen perfectamente aplicables para limitar el papel de la defensa a cargo de personas de confianza. En efecto, la Primera Sala ha establecido que el defensor público tiene que ser un abogado, pues ello asegura "a las personas de escasos recursos económicos que durante el desarrollo del proceso al que se encuentran sujetos estén asesorados por profesionales del derecho, por personas con capacidad en la materia que pueden defender con conocimiento jurídico suficiente sus intereses".29 ¿Ello no debería ser aplicable en todo caso? ¿Por qué los jueces constitucionales continúan manteniendo tan abierta la opción de defensa a cargo de persona de confianza en agencias del Ministerio Público? Nosotras creemos que ello son resabios de jueces constitucionales que operaron por muchos años en el contexto de un sistema político autoritario. Finalmente, también parecen resabios de una cultura judicial autoritaria la nula atención que los jueces constitucionales han puesto en quién puede figurar como defensor cuando el inculpado confiesa el delito que se le imputa. En efecto, una excepción constitucional importante en cuanto a la posibilidad de ser defendido por persona de confianza tiene que ver con la confesión del acusado. Según el artículo 20, fracción II de la Constitución, la confesión, sea ante el juez o el Ministerio Público, carecerá de valor probatorio si se produce sin asistencia de su defensor. La interpretación más razonable de este precepto es que en estos casos no es posible que el acusado se defienda por sí sólo o a través de una persona de confianza; requiere forzosamente de una asesoría legal profesional. Una confesión es una prueba extrema, pues significa la renuncia del inculpado a defenderse o a resistir la acusación. Por ello se requiere que dicha confesión se produzca en un contexto de plena libertad, ajeno a todo tipo de coacción verbal o física y con plena conciencia, por parte de quien confiesa, de las consecuencias legales que ello lleva aparejado.30 Un abogado es quien, en principio, está en posibilidad de asegurar que todo ello suceda.31 Sin embargo, la jurisprudencia constitucional no ha distinguido la persona de confianza del abogado público o privado en caso de que el acusado confiese el delito que se le imputa. Esta distinción sería de especial relevancia en las agencias del Ministerio Público, en donde, como señalamos, prevalece la práctica de que la defensa esté a cargo de una persona de confianza. No obstante, los jueces constitucionales no parecen preocupados por el tema. Las tesis aisladas y jurisprudenciales estipulan que, en caso de que el inculpado confiese en una agencia del Ministerio Público, se tendrá que designar un defensor de oficio sólo cuando el inculpado no haya manifestado su voluntad de defenderse por sí mismo o por persona de confianza.32 Resulta desolador constatar lo poco que han hecho los jueces constitucionales para cerrar las puertas a la arbitrariedad con la que ha funcionado la procuración de justicia en México.
Cuando los jueces tienen facultades para establecer jurisprudencia deben tomar en cuenta que sus decisiones no sólo tienen que ver con el pasado y las partes que acudieron a juicio, sino también con el futuro y la sociedad. Ello es particularmente cierto en el caso de las decisiones constitucionales de la Suprema Corte y los tribunales colegiados. Una forma de evaluar la dimensión prospectiva de sus sentencias es analizarlas en términos de incentivos: ¿cómo la sentencia coloca incentivos para que los operadores jurídicos no repitan en el futuro las mismas violaciones a la Constitución?
En las agencias del Ministerio Público, como señalamos, la práctica común es "simular" la existencia de una defensa a partir de la persona de confianza. Gracias a esta simulación, todos los derechos constitucionales del detenido son violados en forma sistemática. La Corte y los tribunales colegiados podrían terminar con dicha simulación impidiendo que la persona de confianza sea el único defensor y, a la vez, garantizando que la defensa cumpla con un conjunto de características sustantivas básicas. Ello lo lograrían de dos maneras. En primer término interpretando sustantivamente la cláusula constitucional de "defensa adecuada". Y, en segundo, estableciendo que si en la agencia del Ministerio Público se viola este derecho, la acusación no podrá prosperar en el juicio, es decir, el juez penal deberá estar obligado a dictar auto de libertad. Ambas cuestiones colocarían los incentivos para que el Ministerio Público deje de simular que el detenido contó con la una defensa a través de la persona de confianza y comience a garantizarle un abogado que lo defienda. Por lo que toca a la fase de juicio, la defensa es inexistente pues los jueces constitucionales se han conformado con que el defensor, público o privado, esté presente en todos los actos procesales y dicha presencia se comprueba con la sola firma del defensor en las constancias de autos. Gracias a ello, en la práctica, la mayoría de los acusados, sobre todo los que atiende el defensor público, no tienen una defensa legal adecuada. El juez penal sólo debe verificar que estén todas las firmas del defensor en el sitio que les corresponde, haya o no estado presente en las diligencias procesales, para demostrar al juez de amparo que el proceso cumplió con los requisitos constitucionales de una defensa legal adecuada para el acusado. Para modificar estas prácticas autoritarias, los jueces constitucionales tendrían que definir las características básicas de una defensa adecuada y establecer que si no se cumplen esas características, el juez tendrá que reponer el procedimiento. Ello significaría colocar los incentivos en el lugar correcto, pues los jueces penales buscarán evitar tener que volver a instruir el proceso de principio a fin. En suma, los altos niveles de arbitrariedad que padece un inculpado desde el momento de la detención hasta la sentencia, están directamente relacionados con la inadecuada configuración jurisprudencial de sus derechos constitucionales. En concreto, con la ausencia de criterios jurisprudenciales que tengan como propósito modificar las prácticas autoritarias del sistema penal mexicano. La Suprema Corte y los tribunales colegiados deben hacerse cargo de la dimensión axiológica o material de los derechos fundamentales y ello, necesariamente, significa modificar la forma en que se genera, utiliza y publica la jurisprudencia en México. Finalmente, lo que está en juego para poder resolver los problemas centrales que tiene la jurisprudencia constitucional es la posibilidad de que Poder Judicial federal abandone las viejas prácticas judiciales propias de un sistema político autoritario y las sustituya por las prácticas que caracterizan a los jueces constitucionales en una democracia. Esta transformación es una verdadera "revolución judicial". No hay nada más difícil, en términos de una reforma judicial, que modificar la mentalidad de los jueces y el método con el que argumentan sus decisiones. ¿Cómo lograrlo? Ello es el mayor desafío que tiene enfrente el Poder Judicial de la Federación. Anexo 1. Tesis y jurisprudencias que no tienen relación con el papel del defensor. Se presentan por número de registro, ya que de esta manera es más fácil localizarlas en el sistema IUS de la Corte. Criterios respecto al papel del defensor
23 Esta contradicción entre los dos criterios, siendo el de la Primera Sala anterior al del Tribunal Colegiado, puede estar revelando un problema que habría que analizar empíricamente con mucho cuidado. La pregunta a estudiar es: ¿qué tanto siguen los tribunales colegiados la jurisprudencia de la Corte? Dada la bajísima probabilidad de que los ministros revisen amparos directos que sólo tengan por objeto el control constitucional de la aplicación judicial de la ley, es posible que los tribunales colegiados no estén prestando toda la debida atención a la jurisprudencia de la Corte y que estén generando criterios, como el señalado, claramente contradictorios con lo que estableció el máximo tribunal, lo cual sería muy grave para la coherencia y unidad del desarrollo jurisprudencial de la Constitución. 23
30 El texto constitucional vigente fue producto de una reforma constitucional en 1993, cuyo objetivo central fue evitar que los ministerios públicos extrajeran confesiones por medio de tortura y amenazas. Dicha reforma pretendió cerrar las puertas a estas prácticas autoritarias a través del abogado defensor. 31 ¿Qué incentivos puede tener un acusado a confesar? En el caso de las leyes procesales mexicana no nos parece que existe ningún incentivo, ya que ello no reduce la pena ni la necesidad de pasar por todo el proceso penal, de principio a fin. En este sentido, es posible suponer que en México la confesión sólo puede ser producto de un acusado mal informado y sin asesoría legal. Según la Encuesta a Población en Reclusión, 36% de los detenidos rinden una confesión en la agencia del Ministerio Público. En contraste, por ejemplo, en el derecho procesal penal norteamericano, la confesión del acusado frente al fiscal puede llegar a cambiar la naturaleza de la acusación, reducir su pena y evitarse el juicio. Lo mismo sucede en Chile, en donde el juez de garantías sólo debe verificar en una audiencia oral que la confesión sea producto de la libertad del acusado y de la asesoría de su abogado. 32 Véase, al respecto, tesis XXIII. 1o. J/17, Novena Época, Primer Tribunal Colegiado del vigésimo tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, octubre de 1999, p. 1172. 32
37 El tema de la eficacia de los derechos fundamentales del acusado frecuentemente resulta chocante en un contexto de alta criminalidad como la que prevalece en México desde la década de los ochenta. Se piensa que lo primero es lograr que los criminales estén en la cárcel y dejen de delinquir y el tema de los derechos es un asunto que hoy no nos debe preocupar. Ésta es una aproximación muy simplista al problema. Si fuese verdad que la arbitrariedad es un mal necesario para hacer frente al crimen de forma eficaz, en México la tasa de impunidad no sería tan alta (90% de los delitos denunciados queda impune). En México, las procuradurías son tan ineficaces como arbitrarias. En este sentido, el tema de los derechos del acusado tiene que verse desde una óptica distinta: la eficacia de tales derechos es lo que eleva el profesionalismo y capacidad para investigar técnicamente los delitos por parte de las procuradurías. Los derechos imponen estándares de calidad al trabajo de ministerios públicos y policías. Ello, en el mediano plazo, aumenta en forma significativa su capacidad para detectar y acusar a los delincuentes profesionales. Hoy, las procuradurías, dados sus precarios estándares de calidad, solamente logran capturar al eslabón más débil de la cadena delictiva. En la ciudad de México, por ejemplo, en 2005, 47% de la población en reclusión se le sentenció por robo simple sin violencia por montos menores a dos mil pesos. En el caso de México, contrariamente a lo que comúnmente se piensa, ineficiencia y arbitrariedad se correlacionan en forma positiva: a mayor arbitrariedad, mayor ineficiencia. Para un desarrollo específico de este argumento, véase, Magaloni, Ana Laura, Ineficiencia y arbitrariedad en la procuración de justicia: dos caras de la misma moneda, México, CIDE, Documento de Trabajo, 2007, p. 25. 38 Dworkin hace la analogía con una novela seriatim escrita por distintos autores. Cada decisión judicial —señala el autor— representa un capítulo de la trama de la novela y, como tal, añade algo nuevo a la misma, pero, a la vez, para formar parte de esa novela, el juez debe tomar en cuenta lo que han escrito sus antecesores, es decir, su sentencia tiene que continuar en forma consistente la "historia" de la secuencia de decisiones previas. Dworkin, D., Law´s Empire, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1986, pp. 228-232. 38
Para Lectores	Para autoras/es	Para bibliotecarias/os	Cuestiones Constitucionales, núm. 35, julio-diciembre de 2016, es una publicación semestral editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México D. F., por medio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, México D. F., Tel. (52) 55 56 22 74 74, http://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales. Editor responsable Edgar Corzo Sosa. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2003-051211533300-102, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ISSN electrónico: 2448-4881. Responsable de la última actualización de este número: Secretaría Técnica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Lic. Raúl Márquez Romero y Departamento de Informática del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Lic. Doris Domínguez Zermeño, Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 04510, México D. F., fecha de la última modificación: 30 de julio de 2016.

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 artículo 20
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