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Timestamp: 2017-01-24 04:57:09+00:00

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DERECHO PROCESAL PENAL VENEZOLANO: Sentencia relacionada con la Demanda de Nulidad por Inconstitucionalidad conjuntamente con Solicitud de Medida Cautelar Innominada contra el Código de Ética del Juez Venezolano
Sentencia relacionada con la Demanda de Nulidad por Inconstitucionalidad conjuntamente con Solicitud de Medida Cautelar Innominada contra el Código de Ética del Juez Venezolano
SENTENCIA DEL 16 DE JUNIO DE 2016 DE LA SALA CONSTITUCIONAL QUE:
1) SUSPENDE DE OFICIO Y CAUTELARMENTE, HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA RESPECTO AL MÉRITO DE LA PRESENTE DEMANDA DE NULIDAD: LA PARTE IN FINE DEL ARTÍCULO 1, DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 6.207 EXTRAORDINARIO, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EL ENCABEZADO DEL ARTÍCULO 2 DEL MISMO CÓDIGO;
2) RATIFICA, HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA EN LA PRESENTE CAUSA: LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DICTADA DE OFICIO EN LA SENTENCIA N° 516 DEL 7 DE MAYO DE 2013, SEGÚN LA CUAL LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES SERÁ EL COMPETENTE PARA INICIAR DE OFICIO O POR DENUNCIA LAS INVESTIGACIONES CONTRA LOS JUECES O JUEZAS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ADMITIR LA DENUNCIA Y PRACTICAR LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES, TENDIENTES AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS;
3) RATIFICA, HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA EN LA PRESENTE CAUSA, LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA CONTENIDA EN EL DISPOSITIVO NOVENO DE LA SENTENCIA N° 516 DEL 7 DE MAYO DE 2013, MEDIANTE LA CUAL SUSPENDIÓ DE OFICIO “[…] EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 Y LOS CARDINALES 2, 3, 5, 7 Y 8 DEL ARTÍCULO 37 (RELATIVOS A LA COMPETENCIA DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN PARA REALIZAR LA ‘INVESTIGACIÓN PRELIMINAR’), TODOS DEL REGLAMENTO ORGÁNICO Y FUNCIONAL DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA Y JUDICIAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 39.750 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011; ASÍ COMO EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 39.797 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011’. Y
4) SE SUSPENDEN DE OFICIO Y CAUTELARMENTE, HASTA TANTO SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA EN EL PRESENTE CASO, LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS SEGUNDA EN SUS CARDINALES 1, 2, 3 Y 4; TERCERA, CUARTA Y QUINTA, EN LO QUE RESPECTA A LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR O DIRECTORA DEL ÓRGANO INVESTIGADOR DISCIPLINARIO DEL NUEVO CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 6.207 EXTRAORDINARIO, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015.
Exp. N° 16-0001
Visto que con ocasión del recurso de nulidad interpuesto contra el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236 del 6 de agosto de 2009, cuya reforma parcial fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, trámite durante el cual fue derogado por el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015; esta Sala Constitucional, mediante sentencia N° 6 del 4 de febrero de 2016, resolvió lo siguiente:
El 1 de marzo de 2016, con ocasión a la decisión N° 6 del 4 de febrero de 2016, dictada por esta Sala Constitucional, el abogado Tulio Jiménez Rodríguez, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número 1.196.401 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 8.476, actuando con el carácter de Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial, presentó escrito de oposición a las medidas cautelares innominadas dictadas de oficio por esta Sala.
El 10 de marzo de 2016, se dio cuenta en Sala y se acordó abrir cuaderno separado a los fines de resolver la oposición presentada.
Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a resolver la oposición formulada, previas las siguientes consideraciones.
DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN A LAS MEDIDAS CAUTELARES
El abogado Tulio Jiménez Rodríguez, en su condición de Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial, fundamentó su escrito de oposición, estructurado en tres capítulos, sobre la base de los alegatos que esta Sala resume a continuación:
I) DE LA APLICACIÓN A LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 6.207 EXTRAORDINARIO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015.
Que “[…] se aprecia del contenido del único aparte del artículo 1 del nuevo Código de Ética lo siguiente: ‘El presente Código igualmente rige la conducta de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y su control compete a los órganos señalados en el artículo 265 de la Constitución de la República’”.
Que “[l]a norma citada es clara al indicar que el nuevo Código de Ética regiría la conducta que deben observar los Magistrados y Magistradas en el ejercicio de sus funciones, ello entendido en el aspecto ético, no obstante, su régimen disciplinario corresponde evidentemente al Poder Moral, conforme lo establece el mencionado artículo 265 constitucional, ello permite arribar a la conclusión de que la nueva normativa en ningún momento infunde sospecha de contradicción alguna en relación a la norma de competencia contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que por el contrario, la norma suspendida cautelarmente es producto del mandato constitucional, previsto en el artículo 267, segundo aparte, según el cual: ‘… el régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas, estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana que dictará la Asamblea Nacional…’ como efectivamente así fue. Así pues, está claro que esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial no pretende abrogarse arbitrariamente el juzgamiento de Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, más bien el recientemente publicado Código de Ética da cumplimiento a la citada norma, sin evadir la esfera de competencia señalada en el artículo 265 eiusdem”.
Que “ […] en los términos en los que está redactada la nueva norma, son incluso más claros que el Código de Ética derogado, siendo evidente que si bien pudiera existir una aplicación del nuevo Código de Ética a los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, sólo sería en lo que respecta a las normas que describen las conductas éticamente reprochables, teniendo como límite el artículo 265 constitucional en lo relativo al ‘control’ que compete a los órganos del Poder Público allí señalados, esto resulta cónsono con el reconocimiento que realizó la propia Sala Constitucional , mediante sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013 […]”.
Que “[…] la medida cautelar decretada se traduce en una reprochable exclusión de los Magistrados y Magistradas de la normativa que regula la idoneidad y excelencia de todos los Jueces, Juezas y Magistrados y Magistradas de la República y genera incertidumbre respecto a cuáles serán los principios éticos y valores que regirán el desempaño de los mismos y cuáles serán las causales a las que se someterán para que el Poder Ciudadano califique la falta grave en la que pudieran incurrir, por cuanto la ratificación de la medida cautelar, insiste en excluirlos totalmente como sujetos pasivos de la aplicación del Código de Ética, resultando inaplicable todo su contenido”.
Que por todo ello, la parte actora se opone “[…] a la exclusión de los Magistrados y Magistradas de ese Alto Tribunal de la aplicación de la (sic) normas que rigen la conducta de los mismos, por lo que solicito el levantamiento de la medida cautelar dictada y que la misma sea adecuada en forma proporcional a los principios de necesidad e idoneidad, en razón de la necesaria ponderación de las normas declaradas en conflicto por esta Sala Constitucional”.
II) DE LA EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE EN EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 6.207 EXTRAORDINARIO, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015, A LOS JUECES TEMPORALES, OCASIONALES, ACCIDENTALES Y PROVISORIOS.-
Que “[l]a Sala Constitucional para fundamentar la ratificación de la suspensión de oficio y cautelar decretada al encabezado del artículo 2 del nuevo Código de Ética, tomó como base la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013 y señaló que con ello pretende evitar contradicciones entre las disposiciones contenidas en la Carta Magna y la jurisprudencia de esa Sala, respecto del régimen disciplinario aplicable a los jueces y juezas titulares (de carrera) y no titulares (provisorios, temporales y accidentales) así como para mantener la aplicabilidad del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, sin alterar las competencias de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, órgano encargado del control, disciplina y gobierno judicial”.
Que “[…] es criterio de quien suscribe que el ejercicio de la potestad sancionatoria supone la imposición de una sanción ante la existencia de una conducta que resulte calificada como ilícito disciplinario en el ejercicio de la función jurisdiccional, a la luz del ordenamiento jurídico disciplinario vigente, es así como independientemente del carácter titular, provisorio, temporal o accidental que ostente el sujeto que imparte justicia, debe ser éticamente disciplinable y el justiciable debe tener derecho a denunciar cualquier clase de irregularidad que estime conveniente en contra del administrador de justicia”.
Que “[…] todos los jueces y juezas de la República deben ser idóneos para el ejercicio de sus funciones, en consonancia con los principios de igualdad ante la ley y de responsabilidad en el ejercicio de la función pública; en ese sentido, conviene destacar que la estabilidad de tales funcionarios deriva del postulado contenido en el artículo 255 de la Constitución de la República, conforme al cual su ingreso y ascenso debe realizarse por concursos de oposición públicos, cuyo nombramiento y juramentación corresponde al Tribunal Supremo de Justicia”.
Que “[l]a situación de inestabilidad de los jueces y juezas venezolanos, se ha agudizado por la falta del llamado a concurso y resulta insólito que la Sala Constitucional excluya a los jueces temporales, ocasionales, accidentales o provisorios del proceso disciplinario judicial, basada en el argumento de que los mismos no deben contar con las mismas calificaciones que los jueces titulares, pues no ingresaron al sistema de justicia a través de los concursos de oposición sino por revisión de sus credenciales, motivado a lo cual, estos funcionarios no tienen garantizada su ‘estabilidad’ en el Poder Judicial, lo que incluso puede verse como una discriminación hacia los funcionarios en tales condiciones, en lo relativo a su ingreso y permanencia”.
Que tal situación “[…] pudiera trastocar derechos fundamentales de los jueces y juezas venezolanos, tal como el derecho a la no discriminación (trato desigual), por la ausencia de los concursos de oposición públicos, como lo prevé la Carta Magna en su artículo 255 […]”.
Que “[…] la condición de los jueces provisorios o temporales no es óbice para soslayar el derecho humano y constitucional a seguir un debido proceso ante la constatación de un hecho que diera origen a la remoción del cargo, en el entendido de que dicho acto administrativo, si bien es facultativo de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, siempre obedecerá a un hecho, conducta o circunstancia que podría subsumirse en un ilícito disciplinario sancionable por la vía disciplinaria judicial que hoy existe en el nuevo Código de Ética y a la vez debería tratarse bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso constitucionalmente consagrados”.
Que “[…] resulta evidente que la función de esta Jurisdicción es garantizar la aplicabilidad del régimen disciplinario a todos los jueces y juezas de la República y no, el régimen relativo a su ingreso, lo cual le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, no obstante, con las medidas cautelares acordadas se pretende otorgar a la Comisión Judicial del Máximo Tribunal funciones disciplinarias no establecidas en ley alguna, por cuanto, dicha competencia disciplinaria corresponde única y exclusivamente por mandato constitucional a ésta jurisdicción, ahora bien, tal oposición amerita la necesaria solicitud de adecuación y ponderación con los derechos constitucionales declarados en conflicto en la medida cautelar en referencia”.
III) DE LA OMISIÓN DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES EN LA ESTRUCTURA DISCIPLINARIA Y EL ROL QUE HA DE DESEMPEÑAR EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.
Que “[e]n la sentencia objeto de la presente oposición se establece que el nuevo Código de Ética omitió igualmente hacer referencia a la Inspectoría General de Tribunales, como único órgano instructor disciplinario; y a fin de preservar la competencia que le fue asignada al Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 267 constitucional, la cual ejerce a través del mencionado órgano, ratificó la medida cautelar innominada dictada en la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013 y su aclaratoria, en el sentido de atribuirle a dicha Inspectoría, de oficio y cautelarmente las competencias instructoras y de investigación que el nuevo Código de Ética le había asignado al Órgano Investigador Disciplinario –el cual no está operativo aún-… Asimismo, suspende de oficio y cautelarmente las disposiciones transitorias segunda en sus cardinales 1, 2, 3 y 4; tercera, cuarta y quinta, en lo que respecta a la designación del Director o Directora del Órgano Investigador Disciplinario, prevista en el nuevo Código de Ética”.
Que “[…] la Inspectoría General de Tribunales, en cuanto a sus funciones, está delimitada en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, referida principalmente a la inspección y vigilancia de los tribunales de la República, constituyendo un órgano dependiente de la Sala Plena del Máximo Tribunal. Así pues, la nueva estructura planteada en el novísimo Código de Ética no impide que en la práctica, la referida Inspectoría pudiera accionar ante el Órgano Investigador Disciplinario cualquier denuncia derivada de su funciones de inspección y vigilancia, no obstante, dejar en manos de ese órgano la exclusiva titularidad de la acción disciplinaria atentaría contra el principio de autonomía de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial”.
Que “[…] el propósito y espíritu del constituyente es que a ésta corresponda el ejercicio de la competencia disciplinaria en todas sus fases, debiendo entenderse que el Legislador consideró separar las atribuciones que anteriormente detentaba la Inspectoría General de Tribunales relativas a la instrucción del proceso disciplinario y otorgárselas a un órgano distinto a ella como lo es el Órgano Investigador Disciplinario, pudiendo actuar la Inspectoría General de Tribunales como un órgano auxiliar de éste, coadyuvante a la labor investigativa”.
Que “[l]a medida cautelar innominada a la cual me opongo, subordina la función jurisdiccional disciplinaria al Tribunal Supremo de Justicia, quedando en sus manos el impulso o no de cualquier denuncia ejercida, ello soslaya las bases de organización y funcionamiento del Poder Público, supondría vulnerar la estructura diseñada por el Constituyente para garantizar la independencia, autonomía y eficiencia del régimen disciplinario judicial y los principios éticos que deberían guiar la conducta de los jueces y juezas a nivel nacional, independientemente de su condición, ello es así, por estar expresamente preceptuado en el segundo párrafo del artículo 267 en relación con el artículo 261, ambos del texto constitucional”.
Que “[…] conforme a la obligación que tenemos todos los juzgadores de preservar la confianza de las personas en la integridad del Poder Judicial como parte del Sistema de Justicia, se hace necesario plantear oposición respecto a cualquier aplicación que vulnere la supremacía de la norma constitucional, lo que a todas luces se concreta en las medidas cautelares decretadas y que atribuye a la Inspectoría General de Tribunales una competencia que no le corresponde ni constitucional ni legalmente, ello en relación a la legitimidad sustancial contenida en la intención del constituyente que conlleva a un presunto conflicto de principios, puesto que dejó de lado el contenido del artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Que “[…] al momento de decidir la suspensión cautelar de las disposiciones transitorias segunda, numerales 1, 2, 3 y 4; tercera, cuarta y quinta, referidas a la designación del Director o Directora del Órgano Investigador Disciplinario, previstas en el nuevo Código de Ética, se obvió emitir pronunciamiento alguno acerca de la (sic) disposiciones transitorias primera y quinta, en lo que respecta a la designación del Juez Sustanciador o Jueza Sustanciadora, máxime cuando ya transcurrió con creces el lapso dispuesto por el legislador para que se efectuara la designación en cuestión. Asimismo, llama la atención la suspensión cautelar que recae sobre la disposición transitoria cuarta, relativa a las adecuaciones organizativas, financieras y de funcionamiento que deben realizarse con la entrada en vigencia del nuevo Código de Ética, cuando subsiste la necesidad de designar al funcionario que regentará el Juzgado de Sustanciación”.
Por todo ello solicitó que se levanten las medidas impuestas de oficio y cautelarmente referidas a las siguientes normas: artículo 1, encabezado del artículo 2 y las Disposiciones Transitorias Segunda, en sus cardinales 1, 2, 3 y 4; Tercera, Cuarta y Quinta, en lo que respecta a la designación del Director o Directora del Órgano Investigador Disciplinario, las cuales se encuentran previstas en el nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015 y la ratificación de la medida cautelar innominada dictada de oficio por la misma Sala Constitucional, mediante sentencia N° 516 de fecha 7 de mayo de 2013, según la cual, la Inspectoría General de Tribunales será el único competente para iniciar de oficio o por denuncia las investigaciones contra los jueces o juezas de la República Bolivariana de Venezuela, admitir la denuncia y practicar las diligencias conducentes, tendentes al esclarecimiento de los hechos, tomando en consideración que en ningún caso el texto del nuevo Código de Ética vulnera normas de orden constitucional, por el contrario, da estricto cumplimiento a los artículos 26, 49.8 y 267 de la Carta Magna, relativos a la tutela judicial efectiva, el derecho de los particulares de exigir la responsabilidad personal de los magistrados o magistradas y de los jueces o juezas, el debido proceso disciplinario judicial y la obligación de establecer el régimen disciplinario dentro de los parámetros de ley”.
Que “[…] es propicia la ocasión para solicitar a esa honorable Sala Constitucional emita el correspondiente pronunciamiento sobre el fondo del presente asunto, considerando que la demanda por inconstitucionalidad fue interpuesta en fecha 16 de septiembre de 2009, por la abogada Nancy Castro de Várvaro contra el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236, del 6 de agosto de 2009, cuya reforma parcial fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, actualmente derogado por el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015, cuya competencia para continuar conociendo de la referida demanda fue debidamente declarada, no obstante, hasta la presente fecha solo han sido decididas medidas cautelares innominadas, a través de la sentencia número 516 del 7 de mayo de 2013 y la que es objeto de esta oposición como lo es la sentencia N° 6 del 4 de febrero de 2016, evidenciándose el transcurso de un tiempo más que suficiente para emitir el respectivo pronunciamiento sobre el mérito de la causa”.
Finalmente, la parte actora solicitó que “[…] se declare CON LUGAR la presente oposición contra la sentencia N° 6 de fecha 4 de febrero de 2016, dictada en el expediente identificado bajo la nomenclatura 09-1038 y consecuentemente proceda a levantar las medidas dictadas por ser contrarias a derecho”.
Asimismo, adujo que “[l]a norma citada es clara al indicar que el nuevo Código de Ética regiría la conducta que deben observar los Magistrados y Magistradas en el ejercicio de sus funciones, ello entendido en el aspecto ético, no obstante, su régimen disciplinario corresponde evidentemente al Poder Moral, conforme lo establece el mencionado artículo 265 constitucional, ello permite arribar a la conclusión de que la nueva normativa en ningún momento infunde sospecha de contradicción alguna en relación a la norma de competencia contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que por el contrario, la norma suspendida cautelarmente es producto del mandato constitucional, previsto en el artículo 267, segundo aparte, según el cual: ‘… el régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas, estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana que dictará la Asamblea Nacional…’ como efectivamente así fue. Así pues, está claro que esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial no pretende abrogarse arbitrariamente el juzgamiento de Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, más bien el recientemente publicado Código de Ética da cumplimiento a la citada norma, sin evadir la esfera de competencia señalada en el artículo 265 eiusdem”.

References: IN FINE
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 2
 ARTÍCULO 35
 ARTÍCULO 37
 artículo 1
 artículo 265
 artículo 265
 artículo 267
 artículo 265
 artículo 265
 artículo 2
 artículo 255
 artículo 255
 artículo 267
 artículo 267
 artículo 261
 artículo 261
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 265
 artículo 267
 artículo 265