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Timestamp: 2018-12-18 17:54:20+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00135 de junio 11 de 2009
SENTENCIA 2008-00135 DE 11 DE JUNIO DE 2009
CONTENIDO:NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR VIOLENCIA CONTRA SUFRAGANTES. LA VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA CONTRA LOS ELECTORES, AUNQUE ES CAUSAL DE NULIDAD ELECTORAL, DEBE SER CALIFICADA POR EL JUEZ DEL PROCESO ELECTORAL, TANTO EN TÉRMINOS CUANTITATIVOS COMO EN SU COMPRENSIÓN CUALITATIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ELECTORAL, NULIDAD ELECTORAL
Sentencia 2008-00135 de junio 11 de 2009
2. Los señores Jairo Alberto Llano Gómez, Luis Fernando Marín (alcalde de Villamaría) y Jorge Eliécer Restrepo Henao (presidente del Partido Liberal en Villamaría), están bajo medida cautelar por cuenta de un proceso que adelanta la Fiscalía 16 Seccional de Manizales - Caldas. Ellos, dice el actor, se ocupan de intimidar física y psicológicamente a los habitantes de Villamaría.
8. La comunidad fue coaccionada bajo la amenaza de privarlos de beneficios como el Sisbén, Programa Familias en Acción, restaurantes comunitarios, auxilios para personas de la tercera edad, subsidios para vivienda de interés social, “si no votaban (...) por los candidatos a corporaciones públicas que los funcionarios de la Administración y los líderes del movimiento político liberal les exigiera”.
21. El 12 de octubre el demandante es víctima de un atentado cuando se dirigía a su casa, lo cual se denunció ante la Policía Nacional - Caldas.
2.3. Después del día de las elecciones.
2. Según las actas de escrutinio “son considerables y desproporcionados los errores aritméticos en más del setenta (70%) por ciento de las mesas de Villamaría - Caldas”, así como que “en algunas mesas” hubo más votos que votantes, no fueron atendidas las reclamaciones de los testigos electorales ni se dejó constancia en las actas. Los sobres fueron manipulados y no se sellaron debidamente, los formularios E-14 y E-25 no fueron puestos a disposición de los jurados “anomalía que se presentó en un número considerable de puestos de votación”.
5. La prueba aportada para demostrar la causal incoada de nulidad no es idónea y es insuficiente: Descalifica la idoneidad de las pruebas anexadas con la demanda porque: a. Los documentos se acompañaron en copia informal; b. Los videos no son claros en cuanto a la información que contienen, no se conoce su autoría ni la identidad de quienes aparecen en los mismos, en la mayoría de oportunidades en plazas públicas, y c. Los documentos públicos no se aportaron en la forma indicada en los artículos 262 y ss. del Código de Procedimiento Civil. Resulta extraño, agrega, que solo el Partido Cambio Radical haya alegado tales irregularidades en un proceso electoral en el que participaron cerca de 9 movimientos o partidos políticos y que ninguno de ellos haya reclamado sobre el particular.
VI. Concepto del ministerio público en segunda instancia
El acto de elección del doctor Mario Aristizábal Muñoz como gobernador del departamento de Caldas, por el Partido Liberal Colombiano y para el período constitucional 2008-2011, se probó con copia auténtica del acta de escrutinio de los votos para gobernador elecciones octubre de 2007 o formulario E-26 GO, expedido por los delegados del Consejo Nacional Electoral el 4 de noviembre de 2007 (1) .
1. Para que las copias de documentos tengan “el mismo valor probatorio del original”, se necesita que hayan sido autenticadas por cualquiera de las formas previstas en el artículo 252 (2) del Código de Procedimiento Civil (mod. D. 2282/89, art. 1º, num. 117), pues si ello no acontece el operador jurídico no puede darles eficacia probatoria frente a los hechos que con los mismos se pretenden demostrar. Por tanto, los documentos anexados con la demanda por el actor, visibles de folios 1 a 511 del cuaderno 1º, y los documentos aducidos por el demandado con su contestación, visibles de folios 579 a 687 del cuaderno 5º, por tratarse de copias informales carecen de mérito probatorio y por ello no serán tenidas en cuenta en el sentido de esta decisión.
En una extensa narración de supuestos de hecho el demandante Jairo Vallejo Román cuenta, desde su punto de vista, el antes, el durante y el después del día de las elecciones realizadas en el municipio de Villamaría el 28 de octubre de 2007 para elegir a las distintas autoridades del nivel territorial. Según él, allí existe una inveterada hegemonía del Partido Liberal Colombiano que ha consolidado el poder político en cabeza del doctor Jairo Alberto Llano Gómez —representante a la cámara—, quien ha hecho alianzas con personas que están sub judice como los señores Luis Fernando Marín (alcalde de Villamaría), Jorge Eliécer Restrepo Henao (presidente del Partido Liberal Colombiano en Villamaría), Enrique Emilio Ángel Barco, Dixon Tapasco, Ferney Tapasco y Edward James Carvajal (funcionario del municipio de Villamaría). Grosso modo dice que existen nexos con grupos paramilitares de la región y que gracias a la fuerza intimidatorio proveniente de los mismos, así como a la intervención en política de distintos funcionarios de la administración local, se provocó que el electorado apoyara al hoy demandado.
Por ejemplo, aquellos que lo hicieron desde la administración municipal amenazaban a los habitantes de Villamaría con privarlos de beneficios estatales como el Sisbén, Programa Familias en Acción, restaurantes comunitarios, auxilios para personas de la tercera edad y subsidios para vivienda de interés social. De igual forma, sostiene el actor, que ante su determinación de postularse como candidato a la alcaldía por el Partido Cambio Radical y no apoyar la candidatura a la gobernación del demandado, fue objeto de amenazas que por poco le cuestan la vida en un atentado que con arma de fuego se perpetró en su contra el 12 de octubre de 2007.
Dentro de las causales específicas de nulidad consagradas en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo (mod. L. 62/88, art. 17), se encuentra aquella que dice que los actos de elección son nulos “Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruido o mezclado con otras las papeletas de votación, o estas se hayan destruido por causal de violencia”. Por virtud del carácter taxativo de las causales de nulidad y como quiera que las mismas deben siempre interpretarse en forma restrictiva (3) , la jurisprudencia de esta sección (4) no admitía que la violencia contra los electores, bien para que se abstuvieran de votar o ya para que lo hicieran a favor de determinada opción política, pudiera enmarcarse como criterio anulatorio a la luz de la citada disposición, ciertamente porque sus supuestos de hecho no se adecuaban a ninguna de las hipótesis señaladas, consistentes en violencia contra los escrutadores o violencia sobre las papeletas electorales.
Sin embargo, al abrigo de la jurisprudencia acogida por esta sección, en el sentido de que los actos electorales también pueden juzgarse con base en las causales generales de nulidad (5) , la Sala aceptó que la violencia sobre los electores, con cualquiera de los fines indicados, lleva a configurar la causal de nulidad por infracción de normas superiores, contemplada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (mod. D. 2304/89, art. 14). En efecto, cuando el ciudadano es víctima de constreñimiento respecto del ejercicio de su derecho al voto, se produce una violación directa al ordenamiento constitucional por razones que bien pueden sintetizarse así: (i) Porque se desconoce que uno de los fines esenciales del Estado Colombiano es “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” (art. 2º), participación que se torna meramente formal si al depositar el voto el ciudadano no lo hace inspirado en sus propias convicciones ideológicas o políticas, sino llevado por el temor que las distintas formas de violencia pueden producir; (ii) Porque se atenta contra los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad (art. 16) y a la libertad de conciencia (art. 18), puesto que la libertad de opción política se anula por el mismo factor; (iii) Porque se vulnera el derecho al voto, en sí mismo considerado, ya que como mecanismo de participación democrática deja de contener la voluntad del pueblo para revelar la voluntad de unos cuantos, que prevalidos de la fuerza física o psicológica invaden la órbita de libre decisión política (art. 103); (iv) Porque deja de acatarse que el voto, como derecho-deber del que es titular el ciudadano en ejercicio, debe ejercerse “sin ningún tipo de coacción” (art. 258; mod. A.L. 01/2003, art. 11), postulado apenas elemental si se recuerda que el sistema democrático colombiano se finca sobre la idea de que “las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos” (C.E., art. 1º), para lo cual es requisito sine qua non que ningún tipo de presión o coacción recaiga sobre el elector al concurrir a las urnas a expresar, mediante el voto, su decisión democrática.
Ciertamente, a partir de lo anotado, es posible entender que esa conducta implica igualmente el desconocimiento del derecho a elegir y ser elegido establecido en el artículo 40 de la Carta Política y de los artículos 258 y 260 ibídem que, de un lado, le dan al voto el carácter de derecho y deber de los ciudadanos, y, de otro, le otorgan a los ciudadanos el derecho de elegir en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, miembros de juntas administradoras locales y, en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale (6) ”.
“La violencia, sea directa o indirecta, constituye un hecho reprobable que, si bien no necesariamente es causada por los electores, afecta la transparencia del proceso de manera, pues resulta razonable suponer que ella se ejerce con el objeto de alterar la voluntad popular. Ello implica, de otra parte, que no puede entenderse que toda violencia tenga el efecto anotado. Únicamente debe considerarse aquella que tenga una capacidad real para desvirtuar la transparencia del proceso electoral (7) ”.
Ha tocado el pronunciamiento anterior, en la parte destacada por la sección, un componente a considerar en punto de la fijación del alcance de la violencia que pueda haber rodeado los certámenes electorales: Su capacidad o incidencia para trastocar la auténtica expresión popular. Comoquiera que la violencia física o psicológica ejercida sobre el elector se anida en su fuero interno, para de allí transmitirse a su “decisión” de votar por determinada opción política, es menester que la jurisdicción, luego de constatar su existencia, califique su incidencia o intensidad, pues por las características propias de ciertos procesos electorales, algunos transcurren, en ocasiones, con cierto grado fervor o agitación social, generando roces y en algunas oportunidades pequeños disturbios que no pueden llevarse al nivel de la violencia establecida como causal de nulidad, pues si así fuera la fragilidad del sistema democrático se tornaría en regla, al punto que los resultados electorales se anularían por manifestaciones de violencia electoralmente inocuas o irrelevantes.
“Así, con apoyo en las pruebas que hicieron parte de aquel proceso, se supo con certeza el porcentaje de personas cuya votación no fue obstaculizada y el de las personas a quienes los actos de violencia les impidieron expresarse en las urnas o cuyos votos fueron destruidos, de lo cual resultó que el porcentaje de los últimos se encontraba muy por debajo de los primeros; de tal forma que, de haberse incluido la votación destruida, no cambiaba la decisión que contenía el acto administrativo demandado y, por ende, no había lugar a declarar la nulidad solicitada por el demandante (8) ”.
“La causal de nulidad prevista en el numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo exige que la violencia tenga una incidencia tal que logre afectar el resultado electoral (9) ”.
En el Acta 006 del 17 de octubre de 2007 (10) del comité departamental de seguimiento electoral - comisión regional de moralización, figura la siguiente intervención del demandado:
En el documento titulado “Comité departamental de seguimiento electoral” (11) , que carece de fecha y firmas, que fuera aportado por el demandante, se registran las denuncias efectuadas por Jairo Vallejo Román, Gladys Sánchez Londoño y Leonardo Montes, en el mismo sentido ya indicado. Allí la señora Gladys Sánchez Londoño admite ser líder comunitaria y estar “... apoyando al doctor Jairo Vallejo Román...”; y el señor Leonardo Montes admite ser “... el gerente de campaña del doctor Jairo Vallejo Román...”. A este documento le resultan aplicables los mismos reparos que hizo la Sala frente al acta anterior.
En el Acta 09 del 24 de octubre de 2007 (12) del Comité de garantías electorales se consignan las intervenciones de diferentes autoridades y personas. Allí solicitó el uso de la palabra el demandante Jairo Vallejo Román para denunciar la falta de imparcialidad del secretario de gobierno municipal y del personero municipal por supuestas irregularidades que señala en abstracto. Además, solicitó el uso de la palabra el candidato del Polo Democrático Alternativo para expresar, respecto a si requería seguridad policial, que: “... en el único momento en que le han ofrecido seguridad fue para seguirlos y averiguar si habíamos sido nosotros los que dañamos las Vallas”. Reitera la Sala que cada una de las denuncias aquí efectuadas por el demandante deben probarse dentro del informativo, y que si el reparo se reduce a la sola intervención en política de esos funcionarios municipales, no acompañada de actos de violencia física o psicológica, el juzgamiento de ese hecho no le corresponde al juez de lo electoral sino a la Procuraduría General de la Nación, por tratarse de una falta disciplinaria (13) .
Denuncia formulada por el señor Jairo Vallejo Román ante la estación de policía de Manizales el 13 de octubre de 2007, haciendo saber que el día anterior fue objeto de atentado con arma de fuego (14) . Este hecho, que sin duda alguna es bastante grave y corresponde a una de las más claras manifestaciones de violencia, por sí solo no permite concluir en la nulidad de la elección acusada, requiriéndose para ello la existencia de otros medios de prueba que permitan inferir que la violencia electoral en el municipio de Villamaría tuvo la extensión e intensidad requeridas para viciar las elecciones allí realizadas.
Se tiene la declaración rendida por la señora Gladys Sánchez Londoño, en la diligencia realizada el 19 de agosto de 2008 (15) , a la cual la Sala le resta mérito probatorio en conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, ya que existen circunstancias que llevan a tenerla como una testigo sospechosa, cuya credibilidad e imparcialidad es bastante cuestionable, debido a que según el documento titulado “comité departamental de seguimiento electoral” (16) , aportado en copia informal por el propio demandante, la misma admite haber “... apoya[]do al doctor Jairo Vallejo Román...” en su aspiración política por la alcaldía de esa entidad territorial. Además, la Sala no da crédito a muchas de sus afirmaciones porque no están basadas en su propia percepción de hechos relacionados con los cargos de la demanda, sino en lo que otros le contaron sobre el particular. Algunas de sus respuestas sobre eventos de violencia señalan:
“... todo esto me consta porque bajé al sector de Santa Ana y hablé con la comunidad; hable (sic) con una señora que es líder de Santa Ana, que se llama Ana María Rondón, ella es líder y hacer reuniones con la comunidad y ella ha tenido enfrentamientos con ese señor, con el señor Eduardo Hans Carvajal...” (fl. 4). Más adelante dice: “... El señor Eduardo Hans Carvajal ofreció a la señora María (sic) Eugenia, no recuerdo el apellido, pero si (sic) hablé con ellas (sic), ellas (sic) es madre de unos niños, la señora me confesó que él le ofreció $ 30.000 para que me pegara un buen susto a mí, para que dejara de molestar y dejara de estar fijando carteles en los postes de Villamaría dando a conocer los fallos de la fiscalía y la procuraduría...” (fl. 10). Al ser preguntada sobre si fue víctima de hechos de violencia contestó: “... a mi (sic) no me golpearon; si (sic) escuché y repartieron en toda Villamaría un volante donde si (sic) se agredió a una candidata de apertura liberal que fue agredida físicamente por unos seguidores del Partido Liberal; conocí ese hecho, porque fue dado a conocer en toda Villamaría por medio de un volante...” (fl. 12).
“... yo estaba dando a conocer los detalles [de una resolución de la PGN que sancionó a Jairo Alberto Llano Gómez] a la comunidad que circulaba por el sector cuando el señor Eduardo Hans Carvajal apareció con una cámara y me tomó fotos en todos los ángulos y al yo decirle que por qué me tomaba fotos, me dijo en voz alta que ‘usted es una perra hijueputa’. La señora que trabaja en el Sisbén, una señora Marta, que no recuerdo el apellido, también me profería tratos diciéndome ‘usted es una vieja loca, ridícula...’ ...” (fls. 4 y 5).
Se cuenta igualmente con la declaración rendida por Liliana Patricia Gómez Cardona en la misma diligencia (17) , a quien la Sala califica igualmente como testigo sospechosa porque allí admitió haber participado en la campaña política del demandante al afirmar: “... antes de las elecciones se veían los atropellos porque en el tiempo de campaña por parte de los partidos contrarios nos arrancaban los afiches; los partidos contrarios a nosotros, yo estaba con Jairo Vallejo...” (fl. 16). Además, esta declarante igualmente puede calificarse como de oídas ya que en algunos de sus apartes refiere episodios ajenos como el siguiente: “... yo le dije a mi mamá que me (sic) si me acompañaba para apoyar a mi hija que iba para el concejo; mi mamá me contestó, ‘patricia no puede, la gente de Luis Fernando Marín [actual alcalde], en la reunión nos dijo que si no votábamos por ellos, los del Partido Liberal, por parte de la alcaldía, no teníamos derecho a subsidio de vivienda...’” (fls. 16 y 17). Asimismo en otra parte dijo: “... Por medio de otras personas nos dimos cuenta que estaban dando por parte de la alcaldía materiales de construcción...” (fl. 17). Al ser convocada a precisar si ella u otros testigos electorales fueron objeto de actos violentos, además de referir el hecho de que fuera víctima la testigo anterior por parte de Eduar Hans Carvajal, agregó:
En la misma diligencia se recibió el testimonio de Wilson Darío Muñoz Muñoz (18) , frente a quien la Sala encuentra configurada la condición de sospechoso porque al contestar a sus anotaciones personales dijo “... soy empleado del señor Jairo Vallejo Román hace once (11) meses...” (fl. 24), además de haber admitido que “fu[e] candidato al concejo para las elecciones del 28 de octubre de 2007” (fl. 25). De igual modo sus revelaciones son las de un testigo de oídas porque sobre la denunciada presión de quitarle a los electores el apoyo del Sisbén dijo: “... de esto puede dar fe la señora Sandra Patricia Marín, ella me lo dijo a mi...” (fl. 25). Su falta de imparcialidad aflora en su declaración porque asume como suya la causa del demandante, pues al referirse a algunas irregularidades durante el proceso electoral sostuvo “... al terminar ese consejo de seguridad, la respuesta, más que una respuesta fue una sugerencia que dieron, fue la de terminar el día de las elecciones como iba, tratar de recoger las pruebas que más pudiéramos y tratar de entablar una demanda electoral en contra del proceso que se estaba llevando a cabo...” (fl. 27).
El 25 de agosto de 2008 se recibió la declaración de Jairo Antonio Valencia López (19) , cuya credibilidad también resulta sospechosa en virtud a que fue candidato por el Partido de la U a la alcaldía de Villamaría, siendo vencido por el candidato del Partido Liberal Colombiano, colectividad que conquistó ese cargo de elección popular. Aunque dice ser testigo de irregularidades cometidas desde la administración municipal, su propia versión aclara haber sido testigo de oídas pues, por ejemplo, dice que “... entre las anomalías que observe (sic) una de las que me llamo (sic) la atención fue como (sic) estando en un puerta a puerta en la parte urbana del municipio de Villamaría me informa la secretaria de la sede que el señor secretario de gobierno del municipio de Villamaría, señor Luis Fernando Rojas se había acercado en forma airada a decirle que teníamos o debíamos de quitar una mesa de información que el partido de la U había colocado en la plaza principal...” (fl. 38); más adelante asegura que “... el señor Eli (sic) Castillo candidato al concejo por el movimiento Alas Equipo Colombia en una de las muchas visitas que hice a la parte rural me comentaba como se estaba (sic) entregando mercados y materiales construcción por parte de amigos de la candidatura del Partido Liberal...” (ib.). En cuanto al a intimidación que recayó sobre beneficiarios del Sisbén sostuvo que en una reunión política programada por “una señora que en el momento no recuerdo su nombre..., dicha reunión la programó para la candidata al concejo por el partido de la U Teresa Valencia y en la reunión nos comentaba que faltaban muchas personas habitantes del barrio Santa Ana por estar allí, porque el señor Eduar Hans Carvajal los había intimidado...” (fls. 42 y 43). Y finalmente agregó: “... Directamente no conozco que el doctor Mario Aristizábal (sic) haya adelantado algo en contra de los partidos contrarios del Partido Liberal...” (fl. 44), desvirtuando con ello cualquier participación del demandado en supuestos hechos de violencia en el municipio de Villamaría.
En la diligencia del 25 de agosto de 2008 se recaudó la declaración de Rodrigo Antonio Aristizábal Correa (20) , quien como hechos irregulares cuenta: (i) Que al Partido de la U, del cual es simpatizante, el secretario de gobierno municipal de Villamaría le impidió tener una mesa de información en el parque principal, en tanto que toleró la ubicación de “una figura parecida al señor gobernador” (fl. 29); (ii) Que el día de las elecciones le “quitaron unos tarjetonsitos (sic) para enseñarle a la gente como debía de votar” y los obligaron a quitarse “la camiseta para ponernos de civil para poder seguir haciendo la campaña” (fl. 49); (iii) Que en la mesa de votación le entregaron las diferentes tarjetas electorales, menos la de alcalde, lo cual generó ciertas protestas de las personas; (iv) Que “fu[e] amenazado por el grupo del doctor Jairo Alberto Llanos...” (fl. 50), porque durante la campaña “... colocábamos afiches, pancartas y dábamos nosotros una vuelta y cuando regresábamos ya estaban destruidos” (fl. 51) o “nos ofendían verbalmente” (fl. 52), incluso señaló “No conozco de agresiones del señor Mario Aristizábal” (fl. 52); (v) Que frente al fenómeno del paramilitarismo ocurrió:
“Año 2001, segunda vez que entra el doctor Jairo Alberto Llanos a la alcaldía de Villamaría, se iguala con los “paracos” en el municipio de Villamaría, los entra al palacio municipal y les da toda la oportunidad para que ellos anden tranquilamente en la zona urbana y en la zona rural; a mi me consta esto porque yo trabajaba en el municipio en ese entonces cuando él entró a la alcaldía por segunda vez, porque uno los ve a los “paracos”, al comandante Franco y sus compañeros. Termina el mandato del doctor Jairo Alberto Llanos y sigue el doctor Alberto dándole (sic) todas las oportunidades a los mismos “paracos”; le digo por qué se terminaron los “paracos” en el municipio de Villamaría, porque en la vereda Rio (sic) Claro el año pasado detuvieron los “paracos” a dos policía (sic) de inteligencia que les estaban haciendo seguimiento a los “paracos”, los montan en un carro, los suben a una vereda llamada Miraflores y de la vereda Miraflores siguen a otra vereda llamada Alto Corosal, los bajan a un punto llamado vereda El Destierro, de ahí proceden a seguir por la vereda Nueva Primavera y los dejan en un punto llamado el pescador llegando a Chinchiná, y ahí los dejan tirados, muertos, no más. Sino (sic) hubieran matado a estas dos cabezas de la inteligencia, seguro que los “paracos” estarían en Villamaría, porque ellos eran los que intimidaban a la gente, lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer...” (fls. 50 y 51) (negrillas de la Sala).
En la misma diligencia se recibió el testimonio de Uriel Ocampo Patiño (21) , cuyo mérito probatorio no es relevante porque no da cuenta de hechos observados directamente por él, sino que le fueron comentados por otros. En cuanto a las intimidaciones lanzadas por el señor James Carvajal, al parecer almacenista de Villamaría, las conoció porque “... vino mucha gente del barrio Santa Ana antes de elecciones a colocar las quejas correspondientes...” (fl. 54). Además, al pedírsele que precisara sobre hechos de violencia física o psicológica contra los electores dijo: “Cometarios (sic), muchos. Personalmente vi que la policía no procedía como debe ser, que la policía parecía comprada, no hubo violencia porque somos muy cultos en Villamaría, no hubo ningún disturbio...” (fl. 55). En definitiva, la poca credibilidad de este testigo se funda en ser un testigo de oídas y en que no da a conocer ningún hecho de violencia en los términos que la causal de nulidad lo requiere.
El 26 de agosto de 2008 se recibió la declaración de John Wilmar Ospina Martínez (22) , quien como hechos irregulares cuenta que personas afectas al Partido Liberal Colombiano hicieron campaña en perímetros prohibidos, que se presentó “una pequeña manifestación” por supuesto carrusel electoral, que no se les permitió el acceso a los lugares de votación por haber llegado pasadas las 4:00 p.m., que durante la época preelectoral los candidatos al concejo de Villamaría Mario Patiño, Senelia Giraldo y Rosalba Ocampo ofrecieron mercados y afiliaciones al Sisbén para ganar votos, que algunos candidatos hicieron brigadas de salud con personal vinculado al Hospital San Antonio de Villamaría. Nota la Sala que ningún hecho de violencia es relatado por este testigo y que si bien se pudieron presentar estas irregularidades, las mismas no permiten concluir en la nulidad de la elección, dado el grado de abstracción que contienen, por tratarse de señalamientos tan vagos o imprecisos que no permiten saber si ello estuvo dirigido a favorecer solamente las candidaturas de esos aspirantes al concejo o si por el contrario tenían por finalidad favorecer la candidatura del demandado, lo cual resulta poco creíble porque al preguntársele al testigo sobre si el mismo ejecutó algún acto ilegal para recaudar votos en Villamaría, respondió: “... no, yo al señor personalmente no lo distinguí. No tengo conocimiento...” (fl. 63).
En la misma fecha se recibió la declaración de Silvino Pachón Lanchero (23) , cuya credibilidad es muy baja en cuanto a supuestos hechos de violencia porque al efecto dijo “... que me conste me conste no, simplemente me baso en lo que comentaban algunos empleados de la alcaldía sobre ello...” (fl. 68). Y respecto de supuestas presiones provenientes de la administración municipal dijo haber recibido “... ofrecimientos como los hacen siempre los políticos de puestos, de alguna nueva forma de empleo...” (ib.). Frente al actual gobernador dijo “... yo contra el gobernador no tengo absolutamente nada en contra, porque no estoy enterado de absolutamente nada de lo que haya sucedido contra él...” (fl. 67). En síntesis, este testigo no cuenta nada relevante frente a los supuestos hechos de violencia que se indagan con este proceso electoral.
Enseguida se recibió la declaración Nicolás Gilberto Jiménez Velásquez (24) , la cual es desestimada por la Sala por tratarse de un testigo sospechoso según lo dispuesto en el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, ya que al dar sus datos personales dijo: “... trabajo en el mismo partido con el doctor Jairo Vallejo Román, o sea, cambio radical...” (fl. 70). Esta circunstancia crea un sentimiento de solidaridad con el demandante, que lleva a la Sala a creer fundadamente que hace causa común con el mismo, resultando por tanto razonable que se dude de su imparcialidad.
El 27 de agosto de 2007 declaró ante el tribunal a quo Gonzalo Gómez Escobar (25) , persona mayor de 73 años, habitante igualmente de Villamaría, quien por ser beneficiario de los comedores comunitarios que el municipio tiene para las personas de la tercera edad, adujo que fue presionado por la “señorita que maneja el Sisbén, una Paula, o Paola...” (fl. 75), quien es la misma persona que maneja los auxilios que personas como él reciben. Precisa sí que esas presiones iban dirigidas a que votaran “por el candidato a la alcaldía ... pero por el candidato a la gobernación, no” (fl. 76). No obstante lo indebida de esta conducta de la funcionaria municipal, la misma carece de incidencia frente a la elección acusada, en razón a que las presiones comentadas por el testigo no se dirigieron a obligarlo a votar por el demandado como candidato a la gobernación de Caldas, presión que además resultó inane porque el testigo hizo caso omiso de las mismas al afirmar en su declaración: “Voté libremente, el voto es secreto; libre de presiones” (fl. 77).
Ahora, en la diligencia llevada a cabo el 20 de agosto de 2008 el Tribunal a quo recibió la declaración de los doctores Julio Néstor Echeverri Arias (juez 5º civil del circuito de Manizales) y Regina Castaño Araque (26) (notaría única de Villamaría), quienes actuaron como miembros de la comisión escrutadora municipal. De lo dicho por el doctor Echeverri Arias, sobre el desarrollo del proceso electoral, la Sala extracta:
“Yo diría que fueron normales, con la natural agitación que esto genera; hasta donde recuerdo, había en principio como una cierta molestia de los delegados de uno de los candidatos a la alcaldía cuyo nombre no recuerdo; yo hablé personalmente con ellos y percibí que pretendían perturbar de alguna manera el desarrollo de los escrutinios... Ellos entendieron la situación y permitieron que el escrutinio se desarrollara en un ambiente tranquilo. Incluso, para tranquilidad de ellos les autorizamos que filmaran todo el proceso y así lo hicieron... [Al preguntársele por la causa de la molestia de algunos interesados dijo] He sido escrutador infinidad de veces y esa actitud es típica de todos los movimientos perdedores en los debates electorales ... [sobre los supuestos hechos de violencia adujo] De todas manera (sic), allí en el escrutinio estaban representados una infinidad de movimientos políticos cuyo número no alcanzo a precisar y salvo al (sic) movimiento que presenta la demanda, cuyo nombre no recuerdo, no escuché ningún comentario parecido de los otros movimientos… [y en cuanto al derecho a formular reclamaciones sostuvo] No solamente se les permitió, sino que por iniciativa de la comisión escrutadora hicimos recuento de votos en los casos en los que estimamos pertinente tal como consta en el acta general de escrutinio. Incluso, en muchos casos, para adelantarnos al reclamo, de oficio recontamos los votos, dado que no era un gran número ... [por último, descartó cualquier forma de violencia señalando] Salvo la inicial molestia del movimiento al que me referí al principio, el proceso se desarrolló en un ambiente muy tranquilo y yo diría que hasta de camaradería...” (del original las negrillas).
“No tengo conocimiento y no me consta que durante el desarrollo de esos escrutinios se haya presentado algún tipo de violencia física o verbal sobre el electorado... Tajantemente no. No hubo ningún tipo de violencia física o moral que impidiera la labor...”
En otros videos se aprecian imágenes, al parecer, de los miembros de las comisiones escrutadoras, sin ningún tipo de sobresalto o violencia, es más con un desarrollo normal, que por cierto es avalado en su testimonio por el doctor Julio Néstor Echeverri Arias, quien como ya se apuntó en esta providencia, en su condición de juez de la República fue citado a prestar sus servicios como integrante de la comisión escrutadora municipal, aseverando en su declaración que “el escrutinio se desarroll[ó] en un ambiente tranquilo” (27) . Con este testigo concuerda la otra integrante de esa comisión escrutadora, la doctora Regina Castaño Araque —notaria de Villamaría—, quien aseguró en su versión que antes de las elecciones no advirtió ninguna forma de violencia y que su función escrutadora la pudo ejercer normalmente, como así lo hicieron igualmente los testigos electorales de los diferentes partidos políticos.
Ahora, la falta de incidencia de las conductas descritas por los diferentes testigos se pone en evidencia con los mismos resultados electorales. Según documentos oficiales (28) el gobernador electo doctor Mario Aristizábal Muñoz obtuvo un total 158.597 votos a nivel departamental, en tanto que el segundo candidato en votación, el doctor Francisco José Cruz Prada, alcanzó 145.682 votos; y en el municipio de Villamaría el vencedor obtuvo 7.888 votos mientras que el segundo conquistó 5.835 votos. Estos resultados revelan que la contienda electoral por la gobernación estuvo bien disputada, que no existió la anunciada hegemonía del candidato vencedor y que no es cierto que toda la población estuvo amedrentada y sometida para votar al unísono por el demandado; estos resultados son indicativos de la inocuidad de la acusación, pues aunque se le descontaran al demandado los 7.888 votos que obtuvo en el municipio de Villamaría, mantendría una votación total de 150.709 votos, con los que seguiría aventajando a su inmediato seguidor, el doctor Cruz Prada, quien alcanzó 145.682 votos.
1. En el hecho 25 de los fundamentos fácticos “anteriores a las elecciones”, se denuncia la ocurrencia de trashumancia electoral en el sector rural de Los Cuervos, Río Claro y Llanitos del municipio de Villamaría. Este reparo no es de recibo porque: (i) No fue determinado en debida forma, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de esta sección (29) , pues solo se anuncia la supuesta ocurrencia masiva del fenómeno pero no se indica en qué mesas ocurrió ni quienes fueron las personas que lo hicieron, y (ii) En tratándose de las elecciones del nivel seccional la ocurrencia de este fenómeno no está prevista como causal de nulidad, pues así lo dispuso el constituyente en su artículo 316 al prescribir que “En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio” (resalta la Sala), y así lo viene aplicando la jurisprudencia de esta sección (30) .
2. Con Oficio SCAL.DIRS.SBDS.GOPE 589569-1 del 19 de agosto de 2008, suscrito por el coordinador grupo operativo (e) y el subdirector seccional DAS - Manizales, se informó que el 27 de octubre de 2007, en operativo realizado en la Ferretería la 8ª, fue sorprendido el ciudadano Jaime Herrera Galeano recibiendo unos materiales para construcción, según él por donación de un concejal, al igual que portando un tarjeta electoral didáctica en la que aparecen los candidatos del Partido Liberal Colombiano a los diferentes cargos y corporaciones de elección popular.
5. Igualmente se dice que de acuerdo con las actas de escrutinio “son considerables y desproporcionados los errores aritméticos en más del setenta (70%) por ciento de las mesas de Villamaría - Caldas”, e igualmente que “en algunas mesas” se registraron más votos que votantes, que no fueron atendidas las reclamaciones de los testigos electorales, que se manipularon los sobres contentivos de los documentos electorales y que todo ello “se presentó en un número considerable de puestos de votación”.
Además, la posible existencia de errores aritméticos en los escrutinios debe alegarse como causal de reclamación ante las correspondientes autoridades electorales (C.E., art. 192), por ser de su competencia el conocimiento de tales irregularidades y no tener, a raíz de la expedición de la Ley 62 de 1988, el carácter de causales de nulidad electoral. Con todo, de esos hechos solamente podría ocuparse la jurisdicción a través de demandarse, junto con el acto de elección, los actos administrativos que para decidir tales reclamaciones hubieran expedido las comisiones escrutadoras, una vez agotado en debida forma el trámite administrativo (31) . Como nada de lo anterior se hizo, aunado a ello la falta de incidencia de las anomalías en el resultado electoral, colige la Sala que estos reparos tampoco prosperan.
(1) Cuaderno 1, folios 550 y 551.
(10) Cuaderno 1, fls. 36 a 46.
(11) Cuaderno 1, fls. 47 a 51.
(12) Cuaderno 3, fls. 83 a 86.
(14) Cuaderno 1º, fls. 52 y 53.
(15) Cuaderno 2º, fls. 3 a 15.
(16) Cuaderno1, fls. 47 a 51.
(17) Cuaderno 2, fls. 16 a 22.
(18) Cuaderno 2, fls. 24 a 33.
(19) Cuaderno 2, fls. 37 a 46.
(20) Cuaderno 2, fls. 48 a 53.
(21) Cuaderno 2, fls. 54 a 56.
(22) Cuaderno 2, fls. 59 a 65.
(23) Cuaderno 2, fls. 67 a 69.
(24) Cuaderno 2, fls. 70 a 73.
(25) Cuaderno 2, fls. 75 a 77.
(26) Cuaderno 3, fls. 9 a 17.
(27) Cuaderno 3, fls. 9 a 13.
(28) Cuaderno 3, folio 93.

References: artículo 252
 artículo 223
 artículo 84
 artículo 40
 artículo 223
 artículo 217
 resolución 
 artículo 217
 artículo 316