Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0294&language=ES
Timestamp: 2013-12-10 06:44:08+00:00

Document:
INFORME sobre las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos - A6-0294/2007
Procedimiento : 2006/2049(INI)Ciclo de vida en sesiónCiclo relativo al documento :
A6-0294/2007Textos presentados :
A6-0294/2007
PV 26/09/2007 - 15
CRE 26/09/2007 - 15
PV 27/09/2007 - 9.6
P6_TA(2007)0421
INFORME 187k 115k
23 de julio de 2007PE 388.384v02-00 A6-0294/2007
sobre las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos
(2006/2049(INI))
Ponente: Lasse Lehtinen
– Vistos los artículos 95 y 153 del Tratado CE,
– Vista la propuesta de directiva del Consejo sobre la responsabilidad del prestador de servicios (COM(1990)0482),
– Vista la Comunicación de la Comisión relativa a las nuevas orientaciones en materia de responsabilidad del prestador de servicios (COM(1994)0260),
– Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior(1) (Directiva Servicios),
– Visto el Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del acervo en materia de consumo (COM(2006)0744),
– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social titulada «Estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007–2013» (COM(2007)0099),
– Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la seguridad de los servicios prestados a los consumidores (COM(2003)0313),
– Visto el estudio sobre las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos, de marzo de 2007, solicitado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo,
– Vista la respuesta de la Comisión, de 12 de enero de 2006, a la pregunta escrita de Diana Wallis, diputada al PE(2),
– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0294/2007),
– Vistas las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Investigación sobre la Crisis de Equitable Life Assurance Society,
A. Considerando que el desarrollo económico y social de la UE depende en gran medida del sector de servicios, que está en constante crecimiento y representa casi el 70 % del PIB de la UE,
B. Considerando que la confianza del consumidor europeo en el consumo transfronterizo es baja, como lo demuestra el hecho de que sólo el 6 % de los consumidores realizasen una compra transfronteriza en línea en 2006,
C. Considerando que las cifras sobre comercio transfronterizo de servicios son extremadamente bajas si se comparan con las cifras del comercio de bienes,
D. Considerando que en 1985 se adoptó una Directiva sobre productos defectuosos(3) y que en 2001 se adoptó una Directiva relativa a la seguridad general de los productos(4),
E. Considerando que el nivel de seguridad y de protección del consumidor difiere de un Estado miembro a otro en lo que concierne a la prestación transfronteriza de servicios mientras que, en el caso de los bienes, la protección del consumidor está asegurada de modo satisfactorio tanto por el Derecho internacional como por el comunitario,
F. Considerando que, según un Eurobarómetro reciente, un 33 % de los consumidores informa de empresas que se han negado a vender o suministrar servicios porque el consumidor no residía en su país,
G. Considerando que la política en materia de consumo es tan importante como la política de competencia, puesto que unos consumidores bien informados ejercen una presión competitiva sobre los mercados,
H. Considerando que el actual acervo comunitario en materia de consumo está fragmentado: en razón de los Tratados y de las atribuciones de competencias previstas en los mismos, la UE ha establecido normas claras sólo en determinados sectores o servicios, como los contratos a distancia, las prácticas comerciales desleales, el crédito al consumo, las vacaciones combinadas y la utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido,
I. Considerando que hay datos que sugieren que la actual fragmentación del marco legislativo puede disuadir a los consumidores de llevar a cabo transacciones transfronterizas y se presta a las estafas y los fraudes transfronterizos,
J. Considerando que el Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo no aborda las obligaciones de los prestadores de servicios,
K. Considerando que no siempre el consumidor o el prestador del servicio son capaces de determinar con claridad qué régimen jurídico es aplicable a cada una de sus actividades, es decir, si ha de aplicarse el Derecho civil del país de acogida o del país de origen, o si rige el régimen regulador del país de acogida o del país de origen,
L. Considerando que, en algunos Estados miembros, los usuarios de servicios prestados por entidades privadas están mejor protegidos que los usuarios de servicios prestados por entidades públicas,
M. Considerando que, en general, la legislación vigente no aborda las obligaciones fundamentales de los prestadores de servicios ni ofrece soluciones específicas para el consumidor, por oposición a las medidas adoptadas en el ámbito de la libre circulación de bienes,
N. Considerando que la falta de una estructura legal a escala comunitaria que permita a los consumidores entablar acciones colectivas sobre una base transfronteriza contra defraudadores y prestadores de servicios deficientes constituye tanto una laguna del régimen regulador como, lo que es más importante, un obstáculo para que los consumidores obtengan reparación legal y compensación eficaz a escala transfronteriza,
O. Considerando que, en algunos Estados miembros, no existen órganos competentes para facilitar la solución extrajudicial de litigios y las estructuras existentes a escala comunitaria, como la Red CEC (Red de centros europeos de los consumidores) y FIN-NET, la red de cooperación entre órganos nacionales de resolución extrajudicial de litigios en materia de servicios financieros, no son lo suficientemente conocidas y además no disponen de recursos suficientes,
Mercado interior de los servicios
1. Insta a que se desarrollen medidas para completar el mercado interior de los servicios;
2. Está convencido de la necesidad de un sistema uniforme de obligaciones de los prestadores de servicios, habida cuenta de que el mercado de servicios presenta un carácter cada vez más transfronterizo, para facilitar un mejor desarrollo de un mercado interior de servicios sin fisuras;
3. Reconoce que la Directiva relativa a los servicios, que habrá de transponerse al Derecho nacional en todos los Estados miembros para el 28 de diciembre de 2009, tendrá una repercusión considerable en la prestación transfronteriza de servicios, pero señala que la Directiva no aborda las obligaciones sustanciales de los prestadores de servicios;
4. Opina que una clarificación del sistema legal de obligaciones de los prestadores de servicios en la UE incrementará la competencia y aumentará las posibilidades de elección para los consumidores pero, al mismo tiempo, no deberá crear obstáculos injustificados a la libre circulación de servicios en el mercado interior;
5. Estima que la diversidad de legislaciones, reglamentaciones y prácticas administrativas de los Estados miembros provoca inseguridad y falta de transparencia tanto para los prestadores de servicios como para los consumidores y dificulta el uso de los recursos comunes de la UE, pero también ofrece la oportunidad de hacer jugar la competencia en favor de la protección de los consumidores;
6. Lamenta que debido a la actual mezcla de instrumentos legislativos, entre las normas que regulan los conflictos de leyes y los instrumentos de mercado interior, y al hecho de que no se haya determinado claramente su interacción no siempre el consumidor o el proveedor del servicio pueden determinar con claridad qué régimen jurídico es aplicable a cada uno de los aspectos de sus actividades, es decir, si se aplica el Derecho civil del país de origen o del país del cliente o bien el régimen reglamentario del país de origen o del país del cliente;
7. Está convencido de que cuando los consumidores desconfían de la seguridad y calidad de un servicio tienden a levantar barreras mentales frente a los proveedores extranjeros y desisten, por lo tanto, de hacer uso de servicios transfronterizos y, con frecuencia, la experiencia negativa de un consumidor repercute injustamente en todos los proveedores extranjeros de servicios;
8. Señala que, en cuanto al rendimiento de un servicio, los consumidores no están tan bien protegidos en virtud del acervo comunitario como los consumidores que adquieren bienes;
9. Manifiesta, no obstante, sus reservas, a la espera de la plena aplicación de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, por lo que se refiere a los nuevos instrumentos horizontales de largo alcance para completar el mercado interior de los servicios;
10. Es consciente de que los servicios constituyen a menudo estructuras complejas que conllevan interacción humana y discreción;
11. Está convencido de que no sólo los consumidores sino también y en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), en calidad de compradores y vendedores de servicios transfronterizos, se beneficiarían de una mayor seguridad jurídica, simplicidad y reducción de costes;
12. Recuerda que, como se afirma en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, los servicios transfronterizos se prestan de muchas formas distintas que es necesario tener en cuenta (ventas por Internet, desplazamiento a otro país para obtener el servicio o desplazamiento del proveedor al país del cliente);
13. Observa que existen varias iniciativas legislativas pendientes cuyo objetivo es garantizar la seguridad jurídica por lo que se refiere a los derechos y, especialmente, a las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos, a saber, la propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (COM(2005)0650), la propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales (Roma II) (COM(2003)0427) y el Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del acervo relativo a los consumidores;
14. Subraya que el artículo 5 de la propuesta Roma I resulta esencial para determinar si se aplica la legislación en materia de protección del consumidor del país de origen (del proveedor del servicio) o del país del cliente (beneficiario del servicio); subraya que es importante esperar hasta conocer los resultados del procedimiento legislativo;
15. Está convencido de que el establecimiento de un mercado interior de servicios, cuyo marco jurídico se base en el principio del país de origen, depende de la claridad de las medidas pertinentes, tanto desde el punto de vista jurídico como práctico;
Prestadores de servicios públicos y privados
16. Pide a la Comisión que, cuando aborde la cuestión de las obligaciones de los prestadores de servicios, tenga en cuenta que no debería haber diferencia entre prestadores de servicios públicos y privados, que deberán estar incluidos de igual manera en el ámbito de aplicación de las directivas sobre la protección de los consumidores;
17. Reconoce que, si bien la legislación existente en la UE, como la Directiva relativa a los servicios y la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales(5), no contiene disposiciones específicas dirigidas a regular la responsabilidad transfronteriza de los prestadores de servicios, puede tener un efecto indirecto en la legislación de los Estados miembros en la materia;
18. Pide a la Comisión que supervise cuidadosamente la transposición y aplicación de la legislación horizontal y sectorial presente y futura relativa a la responsabilidad de los prestadores de servicios transfronterizos;
19. Pide a la Comisión que estudie medidas tales como la introducción de normas a escala europea como medio de promover la seguridad de los servicios prestados y garantizar los derechos de los consumidores relacionados con los servicios transfronterizos prestados por los Estados miembros;
20. Pide a la Comisión que elabore un código de conducta voluntario en el que puedan participar los prestadores de servicios y así ganarse mejor la confianza de los consumidores que incluya un mecanismo de certificación de calidad y un sistema de solución de litigios que cuente con los órganos adecuados para facilitar una solución de litigios simplificada; 21. Reconoce que en todos los Estados miembros existen regímenes de responsabilidad para los prestadores de servicios, si bien en grados diversos, pero opina que, en interés de la claridad y con miras a ganar la confianza de los consumidores, es necesaria cierta convergencia, especialmente en sectores transfronterizos clave; opina también que es necesaria una mayor cooperación entre los organismos reguladores nacionales y las organizaciones profesionales cuando proceda;
Solicitud de una propuesta de instrumento horizontal sobre obligaciones de los prestadores de servicios
22. Pide a la Comisión que en un plazo de doce meses, al tiempo que continúa su labor sobre una base sectorial en ámbitos clave, presente un programa de trabajo para una evaluación apropiada del impacto de la legislación presente y futura del mercado interior por lo que concierne a las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos, y la necesidad de establecer un instrumento horizontal amplio con el fin de alinear las normas relativas a la prestación de servicios transfronterizos y proporcionar de este modo un elevado grado de protección al consumidor;
23. Considera que dicha evaluación debería examinar un posible instrumento horizontal amplio que debería contener, al menos, normas generales básicas que exijan información adecuada sobre precios, términos de los contratos y soluciones en caso de servicios defectuosos o prestados con retraso;
24. Pide a la Comisión que defina claramente la interacción entre los instrumentos del Derecho internacional privado y los instrumentos del mercado interior con miras a despejar toda duda acerca de los casos en que es aplicable la legislación o el régimen regulador del país de acogida o del país de origen y, de este modo, en la medida de lo posible, eliminar toda carencia en el régimen de responsabilidad aplicable a los prestadores de servicios;
25. Considera que la Comisión debe tener en cuenta el impacto de cualquier iniciativa en las PYME;
26. Pide a todas las Direcciones Generales de la Comisión competentes para la legislación aplicable al sector de los servicios que participen en el trabajo en curso sobre el marco común de referencia con miras a incluir secciones sobre los contratos de servicios, especialmente en aquellos ámbitos en los que ya se produce, o es probable que se produzca, actividad transfronteriza como, por ejemplo, en el sector de los servicios financieros o en el sector sanitario;
27. Pide a la Comisión que siga desarrollando y promoviendo la labor de las redes CEC y FIN-NET, proporcionándoles los recursos adecuados y que, en el caso de que siga sin disponerse de sistemas alternativos de resolución de litigios en sectores clave de servicios en los Estados miembros, considere al menos una recomendación al respecto;
28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
P-4797/05.
Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).
Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4).
Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (Directiva de prácticas comerciales desleales), (DO L 149 de 11.6.2005, p.22).
El informe de marzo de 2007 sobre las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos, solicitado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, aborda la cuestión fundamental de la confianza de los consumidores europeos, como se resume a continuación.
Libre prestación de servicios y mercado interior
La libre prestación de servicios es una de las cuatro libertades fundamentales del mercado interior inscritas en el Tratado CE: el artículo 49. Hoy en día se reconoce –de conformidad con la inmensa relevancia económica y social del sector de los servicios en el mercado interior– como una libertad fundamental autónoma. Su función esencial es permitir la prestación o el uso de servicios con carácter transfronterizo sin que el prestador o el usuario tengan que trasladarse.
El sector de los servicios, que contribuye casi al 70 % del PIB europeo, reviste una gran importancia para el desarrollo económico y social de la UE. A fin de explotar mejor el potencial que el mercado interior tiene para este sector, la UE y la CE en los últimos años han adoptado varias medidas en determinados ámbitos y han creado un marco principal con la nueva Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior . Confianza del consumidor
En comparación con las medidas destinadas a fomentar el mercado interior y la protección del consumidor para el suministro de bienes transfronterizo, sigue existiendo un déficit considerable en el caso de los servicios, en particular en lo que se refiere a las normas comunes relativas a las obligaciones del prestador de servicios y las medidas correctoras del consumidor. Esto se refiere a los casos en los que el prestador de servicios no presta un servicio o lo hace de forma deficitaria, así como a los casos adicionales en los que se ve comprometida la seguridad del consumidor en relación con el servicio. A diferencia de la armonización de las leyes que regulan el suministro de bienes (entre otras, la Directiva sobre ventas de consumo y la Directiva sobre la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos), no hay instrumentos que tengan objetivos comparables ni una diversidad de aplicaciones para los servicios.
La variada naturaleza de las estructuras y las disposiciones de las legislaciones de los Estados miembros, por tanto, genera en la actualidad una gran falta de transparencia e incertidumbre tanto para el consumidor como para el prestador en el caso de los servicios transfronterizos. El estudio de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor de marzo de 2007 menciona cinco ámbitos concretos de particular importancia para el mercado interior (ocio, telecomunicaciones, transporte ferroviario, asesoramiento jurídico y sanidad). Existen diferencias considerables en cuanto a las obligaciones de los prestadores de servicios, en particular en los siguientes aspectos:
- las condiciones en las que se dan las obligaciones,
- medidas correctoras disponibles para los consumidores en caso de incumplimiento de estas obligaciones
- en ocasiones, la permisibilidad y los límites de las exclusiones de la responsabilidad de disposiciones concretas o condiciones normalizadas; posibles límites superiores en caso de daños; la carga de la prueba para la existencia de una obligación del prestador de servicios, por incumplimiento de una obligación y por daños, y
- la terminología jurídica y la estructura sistemática de las disposiciones relativas a las obligaciones de los prestadores.
Si existieran medidas destinadas a armonizar la legislación relativa a las obligaciones de los prestadores de servicios, las pequeñas y medianas empresas podrían valorar mejor sus obligaciones, así como los riesgos y oportunidades asociados a las transacciones transfronterizas. Al mismo tiempo, se consolidaría la confianza del consumidor para hacer uso de servicios transfronterizos, lo que incrementaría el uso que se hace del mercado interior (en correspondencia con las mayores posibilidades tecnológicas debidas, particularmente, a Internet). A fin de ser totalmente eficaces a este respecto, estas medidas deberían reforzar la tendencia actual de que las normas sobre las obligaciones de los prestadores de servicios se apliquen por igual a prestadores privados y públicos.
Obligaciones de los prestadores de servicios con respecto a los consumidores
El Derecho comunitario garantiza la libre prestación de servicios mediante la mencionada disposición del Tratado CE, pero no establece ninguna otra reglamentación general ulterior sobre la relación jurídica que existe entre los prestadores de servicios y los consumidores mediante disposiciones de la legislación secundaria. La mayor parte de las normas pertinentes a la relación entre el prestador y el consumidor se encuentra en las respectivas legislaciones de los Estados miembros y varía considerablemente. En 1990, la Comisión presentó una propuesta de Directiva destinada a establecer una normativa para la regulación de un capítulo importante de las obligaciones del prestador de servicios (COM(90) 482 final). Estas disposiciones se referían a la responsabilidad por los daños causados por culpa del prestador de servicios en la salud y la integridad física, así como a los bienes muebles e inmuebles, incluidos los que eran el objeto del servicio. Sin embargo, la Comisión retiró esta propuesta en 1994, por lo que no existe una regulación horizontal de este ámbito en el Derecho comunitario. Asimismo, la mayoría de las normas que son pertinentes para la relación entre los prestadores de servicios y los consumidores se inscriben en las leyes de los Estados miembros y difieren de un país a otro. Cuando un prestador quiere prestar servicios en territorio comunitario, recurriendo a la libre prestación de servicios, tendrá que cumplir normas jurídicas distintas que regularán sus transacciones comerciales en cada Estado miembro. Lo mismo se aplica en el caso contrario, cuando un consumidor quiere usar servicios de otro Estado miembro o desea comparar ofertas de prestadores de servicios en varios Estados miembros. En todos estos casos, el uso de la libre prestación de servicios (ilimitada desde el punto de vista jurídico) en la práctica supone una carga adicional para el prestador y el consumidor, ya que éstos tienen que informarse de las distintas condiciones jurídicas que existen en otro Estado miembro (con los costes que esto conlleva) o bien asumen un riesgo incalculable con respecto al marco jurídico para la transacción en cuestión. Esto resulta particularmente tedioso no sólo para los consumidores, sino también para las pequeñas y medianas empresas cuando son las receptoras de servicios, dado que, en comparación con el prestador, a menudo se encuentran en una posición económica más débil y cuentan con menos experiencia. En la mayoría de los casos, no se hallarán en disposición de evitar, sobre la base de las normas en vigor del Derecho internacional privado, la aplicación de la legislación nacional del Estado miembro en el que el prestador del servicio esté establecido.
Aunque estas circunstancias por sí solas son indicativas de la necesidad de crear instrumentos jurídicos que faciliten las transacciones comerciales transfronterizas, hasta el momento –ni en el marco del Derecho comunitario ni fuera de éste– no se han desarrollado puntos de partida para facilitar los servicios que puedan compararse a los del suministro transfronterizo de bienes.
Los abusos sistemáticos que se producen en la UE de las normas sobre la protección de los consumidores afectan cada año a millones de ellos. Los estafadores se aprovechan de la existencia de distintos sistemas jurídicos en la UE para timar a personas vulnerables con estafas como las loterías telefónicas o vacaciones falsas.
Un estudio de 2005 llevado a cabo por la Red europea de centros de consumidores (centros europeos de los consumidores) sobre quejas transfronterizas demuestra que:
- La queja más frecuente (46 %) está relacionada con problemas de entrega, falta de entrega, entrega parcial o entrega con demora.
- El segundo motivo (25 %) se refiere a los productos defectuosos o a que el producto no se ajusta a la descripción dada al realizar el pedido.
- El 8 % de las dudas se refiere a problemas con el precio y el pago; en la mayoría de los casos el vendedor en Internet cobra más dinero de lo acordado o añade cargos adicionales.
- Las condiciones contractuales también representan un problema en el 9 % de los casos relativos a problemas, dada la imposibilidad de cancelar un pedido y de lograr el respeto de los «periodos de reflexión».
- El 5 % de las dudas se refiere al hecho de que los compradores no consiguen ningún tipo de solución a su problema, refiriéndose la mayor parte de ellas a vendedores en Internet que no cumplen sus garantías.
- Se ha producido un aumento del 74 % en el número total de quejas recibidas por los centros europeos de consumidores aparecidos en el informe de 2004 (también debido a un aumento general de la actividad en Internet).
Desde la perspectiva de la protección, llaman la atención las deficiencias existentes principalmente en el la legislación actual en materia de servicios transfronterizos. El aumento de la confianza de los consumidores en las transacciones transfronterizas fomenta, por un lado, el futuro desarrollo del mercado interior como principal objetivo de la Comunidad Europea y, por otro, garantiza un elevado nivel de protección de los consumidores, fomenta su derecho a la información, educación y les permite organizarse para defender sus intereses. Como ocurre con las disposiciones sobre la realización del mercado interior, las disposiciones fundamentales del Tratado CE sobre protección de los consumidores también se refieren en principio a todas las actividades económicas y a las actividades de los consumidores. Se aplican del mismo modo a la protección de los consumidores tanto en el contexto de la oferta de bienes y como en el de la prestación de servicios.
En el caso de la oferta de bienes, el consumidor está protegido contra el incumplimiento y las deficiencias en la seguridad del producto, en buena medida y a un nivel relativamente elevado, gracias a la legislación secundaria. El nivel de protección en algunos Estados miembros puede, por supuesto, ser más elevado que el establecido; no obstante, el consumidor puede estar tranquilo de que el respeto de la normativa prescrita por las directivas comunitarias, tanto para las transacciones nacionales como para las transfronterizas, está garantizada. Sin embargo, esta protección exhaustiva que sirve de base para el fomento de la confianza en las transacciones transfronterizas en el mercado interior está garantizada por directivas que se refieren al suministro de bienes y a la seguridad de los productos (es decir, básicamente bienes muebles). No existe una protección equivalente, ni aproximada, en el caso de los servicios, pese a que éstos tienen una importancia para el mercado interior de magnitud similar a la de la circulación de bienes.
Entidades públicas como prestadores de servicios
En varios Estados miembros, los órganos públicos desempeñan un papel especial en la prestación de servicios en varias ramas importantes de la economía. Esto puede afectar a la libre circulación de servicios en el mercado interior y al nivel de protección del consumidor. Por ejemplo, los órganos públicos que prestan servicios de utilidad pública no estarán necesariamente sometidos, por ejemplo, a las normas sobre condiciones contractuales injustas, y/o no estarán protegidas frente a la competencia.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (27.6.2007)
para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
Ponente de opinión: Piia-Noora Kauppi
La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Insta a desarrollar medidas que completen el mercado interior de los servicios;
2. Manifiesta, no obstante, sus reservas, a la espera de la plena aplicación de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, por lo que se refiere a los nuevos instrumentos horizontales de largo alcance;
3. Observa que existen varias iniciativas legislativas pendientes, que tienen por objeto garantizar la seguridad jurídica por lo que se refiere a los derechos y, especialmente, las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos, a saber, la propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), la propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales (Roma II) y el Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del acervo relativo a los consumidores; 4. Subraya que el artículo 5 de la propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales resulta esencial para determinar si se aplica la legislación en materia de protección del consumidor del país de origen (del proveedor del servicio) o del país del cliente (beneficiario del servicio); subraya que es importante esperar hasta conocer los resultados de este procedimiento legislativo;
5. Lamenta que la mezcla actual de instrumentos legislativos, entre las normas que regulan los conflictos de leyes y los instrumentos de mercado interior, y el hecho de que no se haya determinado claramente su interacción signifiquen que ni el consumidor ni el proveedor del servicio puedan siempre determinar con claridad qué régimen jurídico es aplicable a cada uno de los aspectos de sus actividades, es decir, si se aplica el Derecho civil del país de origen o del país del cliente o si se aplica el régimen reglamentario del país de origen o del país del cliente;
6. Recuerda que, como se afirma en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, los servicios transfronterizos se prestan de muchas formas distintas (ventas por Internet, el traslado a otro país para obtener el servicio o el traslado del proveedor al país del beneficiario), que deben tenerse en cuenta;
7. Está convencido de que el establecimiento de un mercado interior de servicios, cuyo marco jurídico se base en el principio del país de origen, depende de la claridad de las medidas pertinentes, tanto desde el punto de vista jurídico como práctico.
Obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos
2006/2049(INI)
JURI16.3.2006
Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Francesco Enrico Speroni
Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon
IMCO16.3.2006
Comisión(es) competente(s) para emitir opinión Fecha del anuncio en el Pleno
Lasse Lehtinen21.2.2006
Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon, Barbara Weiler
André Brie, Wolfgang Bulfon, Konstantinos Hatzidakis, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Pier Antonio Panzeri, Béatrice Patrie, Anja Weisgerber
Holger Krahmer, Riitta Myller
Última actualización: 13 de septiembre de 2007Aviso jurídico

References: resolución 
 artículo 5
 resolución 
 Resolución 
 artículo 49
 resolución 
 artículo 5