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Timestamp: 2019-05-22 00:45:24+00:00

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Participación en la cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte (CDPD, artículo 30)
CAPITULO III Situación especial de los niños, las niñas y las mujeres con discapacidad 3.1 Situación de las mujeres con discapacidad (CDPD, artículo 6)
3.2.1 Representación de las mujeres con discapacidad
3.2.2 Acceso y participación de las mujeres con discapacidad
3.3.3 Acceso de la mujer con discapacidad a los servicios de Salud
3.3.4 Acceso de la mujer con discapacidad a la Educación
3.3.5 Acceso de la mujer con discapacidad al mercado de trabajo
Situación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad (CDPD, artículo 7)
RESULTADOS DE LA ENCO 2006
CAPITULO IV : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES Recomendaciones de carácter general
Recomendaciones de carácter específico
El artículo 30 de la Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida cultural, desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, a que se reconozca y apoye su identidad cultural y lingüística especial y a participar en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas en igualdad de condiciones con las demás. Para que ello ocurra, los Estados deben adoptar medidas para reconocer y promover el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida cultural, incluidas las oportunidades para desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual; asegurar que las instalaciones culturales, de esparcimiento, turísticas y deportivas sean accesibles a las personas con discapacidad, teniendo en cuenta los niños con discapacidad, incluso mediante la utilización condicional de la adquisición pública y la financiación pública; velar porque las leyes de propiedad intelectual no constituyan una barrera para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales, incluida su participación en actividades internacionales pertinentes; así como medidas para promover la cultura de los sordos. Deben, asimismo, adoptar medidas para apoyar la participación de personas con discapacidad en los deportes, incluida la eliminación del trato discriminatorio y diferenciado de las personas con discapacidad en la concesión de premios y medallas; y para asegurar que los niños con discapacidad tengan acceso en igualdad de condiciones con otros niños a la participación en las instalaciones de juego, recreación, esparcimiento y deportes, incluidas las que forman parte del sistema escolar.
La Ley General de las Personas con Discapacidad dispone que el CONADIS, en coordinación con el Instituto Peruano del Deporte (IPD) promueva el desarrollo de la actividad deportiva de la persona con discapacidad, disponiendo para ello de expertos, equipos e infraestructura adecuados para su práctica (artículo 28). Dicha institución ha sido encargada por la misma ley de promover, en coordinación con el IPD, la creación de las correspondientes Federaciones Deportivas Especiales que demanden las diferentes discapacidades, a fin de que el Perú pueda integrarse al Comité Para Olímpico Internacional y otros entes o instituciones internacionales del deporte especial. Asimismo, indica que los deportistas con discapacidad, que obtengan triunfos olímpicos y mundiales en sus respectivas disciplinas serán reconocidos por el IPD y el Comité Olímpico Peruano, en la misma forma con que se reconoce a los atletas y deportistas triunfadores sin discapacidad (artículo 29);y, asimismo, que toda persona que disponga de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad tendrá derecho a un descuento de hasta 50 (cincuenta) por ciento sobre el valor de la entrada a los espectáculos culturales y deportivos organizados y/o auspiciados por el Instituto Nacional de
Cultura (INC), el IPD y las Municipalidades (artículo 30).
La Ley Nº 28036, Ley General del Deporte del Perú, por su parte, establece la obligación de promover la actividad física entre las personas con discapacidad, estimular el desarrollo de sus habilidades físicas y mentales y garantizar su acceso al deporte en forma organizada (artículo 5, numeral 7) así como promover la Implementación de infraestructura, accesos y equipos adecuados para la participación deportiva, recreativa y de educación física de personas con discapacidad física y mental (Artículo 8, numeral 10).
El artículo 10 de la Ley General del Deporte señala, asimismo, que el IPD es dirigido por un Consejo Directivo en el que debe incluirse un miembro en representación de las organizaciones deportivas de la población con discapacidad. La Ley instituye, adicionalmente, las Federaciones Deportivas Especiales (FDE) que son asociaciones civiles de derecho privado y sin fines de lucro que desarrollan, promueven, organizan y dirigen la práctica deportiva, recreativa y de educación física de las personas con discapacidad, en sus diferentes disciplinas y modalidades. Sus estatutos, dirigentes y organizaciones de base se inscriben en el Registro Nacional del Deporte (artículo 47).
El IPD, en coordinación con el CONADIS, debe promover la actividad deportiva, recreativa y de educación física de las personas con discapacidad, así como la constitución de Federaciones Deportivas Especiales; reconociendo y estimulando a aquellos deportistas que obtengan triunfos olímpicos y mundiales en sus respectivas disciplinas en concordancia con lo señalado en la Ley N° 27050 y demás normas conexas y complementarias.
Lamentablemente no existen desde el Estado actividades de promoción cultural entre los colectivos de personas con discapacidad a pesar de que se ha dispuesto legalmente el descuento de 50% del costo de las entradas a los espectáculos públicos organizados por las entidades estatales. Y tampoco hay accesibilidad en los museos y acceso a los monumentos del patrimonio cultural; no se fomenta la creatividad cultural ni actividades deportivas.
Las personas con discapacidad que participaron de la validación de este informe mediante la encuesta aplicada a nivel nacional sigue con atención la creación de una Federación Nacional de deportes adaptados. Aunque anualmente se realizan juegos nacionales de deportes adaptados en los que participan todas las regiones en las disciplinas de básquet silla ruedas, careras silla ruedas, maratón, atletismo, tenis silla de ruedas o tiro, y que estos juegos son distintos a los que se realizan para las PCDs con Síndrome de Down, la mayor parte de las escasas medidas de apoyo que se dan a favor de la participación deportiva de las PCDs provienen de la empresa privada.
CAPITULO III Situación especial de los niños, las niñas y las mujeres con discapacidad
3.1 Situación de las mujeres con discapacidad (CDPD, artículo 6)
De acuerdo con el artículo 6 de la Convención, los aspectos relativos al género deben integrarse sistemáticamente en la aplicación de todos los artículos de la Convención, cuando proceda, y los Estados deben adoptar medidas para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de la mujer con discapacidad, a fin de garantizarle el ejercicio y disfrute de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Convención y la eliminación de toda forma de discriminación.
En su legislación y políticas los Estados deben (i) reconocer la desigualdad de género que afecta a las mujeres y las niñas con discapacidad; (ii) garantizar que estas disfruten de todos los derechos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad con los niños y los hombres con discapacidad; y (iii) que disfruten de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que les corresponden en igualdad de condiciones con las demás niñas y mujeres sin discapacidad.
Las mujeres con discapacidad en nuestro país, empero, se ven sistemáticamente afectadas por una doble discriminación: la que deriva del hecho mismo de ser mujeres y, adicionalmente, la que deriva de su discapacidad. Se ven así cotidianamente enfrentadas a los prejuicios de género que prevalecen en nuestra sociedad, y que afectan a las mujeres, y a las barreras que además enfrentan por razón de su discapacidad.
La especialista en temas de trabajo social y violencia familiar Beatriz Oblitas Béjar resume acertadamente esta situación de la siguiente manera:
“La mujer con discapacidad tiene doble desventaja, no sólo tiene que luchar con las barreras que encuentra en su entorno más directo: hogar, comunidad, sino también con obstáculos y dificultades adicionales, así como la falta de oportunidades derivadas de su discapacidad. Tiene mayor probabilidad de ser pobre, de estar desempleada, de depender física y económicamente de otros, de sufrir más abusos sexuales (…)”168
No existe normatividad específica, ni se ha realizado acciones por parte del Estado peruano para asegurar la protección de sus derechos y promoción de su desarrollo. De hecho, la Ley General de la Persona con Discapacidad no hace ningún señalamiento sobre la atención especial a las mujeres con discapacidad, a pesar de la situación de mayor exclusión y discriminación que sufren. Y todo ello, pese a que alrededor del 30% de las mujeres con discapacidad son jefas de su hogar, abandonadas por sus parejas con la carga económica del sustento de los hijos y sin alternativas desde el Estado que les permita insertarse en el mercado laboral y productivo. La mayoría de las mujeres que trabajan lo hacen en pequeños negocios, viéndose limitadas a ser vendedoras permanentemente y a realizar tareas modestas quedando fuera de la seguridad social.
Las mujeres con discapacidad tienen, además, mayores dificultades para ejercer su derecho a participación política y ciudadana, siendo vedado, por lo general, por los propios varones con discapacidad. A ello se suma las limitaciones económicas; la falta de accesibilidad existentes y la pervivencia de conceptos y prácticas tradicionales y culturales que restringen la participación política de la mujer con discapacidad.
La participación y representación pública de la mujer - y de la mujer con discapacidad en particular - es un requisito esencial para que las dificultades que encaran cotidianamente como consecuencia de la discriminación sistemática de que son objeto puedan integrarse en la agenda pública y ser encaradas de una manera sensible a la equidad de género. No obstante, son muy pocas las actividades de las mujeres con discapacidad en el Perú que logran tener impacto en las políticas o programas del Estado. Una de ellas, sin duda, fue el Primer Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad realizado los días 28 y 29 de abril del 2003 en el cual se recogieron propuestas que luego serian tomadas en cuenta en el PIO 2003-2007.
Más allá de este evento, son aún incipientes o precarios los pasos dados para dar continuidad y sistematicidad al proceso de ampliación de la representación de las mujeres con discapacidad en el espacio público y el desarrollo de iniciativas que amplíen sus capacidades y oportunidades de modificar sustantivamente la discriminación de que son objeto.
Una muestra de la debilidad de estas acciones se expresa en que las principales acciones llevadas a cabo desde el Estado para establecer lineamientos dirigidas a promover los derechos de las personas con discapacidad (el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2003-2007; el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009–2018; y el mismo Registro Nacional de Personas con Discapacidad) carecen de un enfoque que visibilice y disponga medidas para superar la desigualdad de género que afecta a las mujeres y las niñas con discapacidad. Un requisito indispensable para que el Estado pueda, como instruye la Convención, garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos y libertades en condiciones de igualdad con los niños y los hombres con discapacidad, así como respecto de las demás niñas y mujeres sin discapacidad.
Problema que se complejiza, aún más, cuando se advierte, como en el caso paradigmático del PIO 2003- 2007, que varias de estas iniciativas carecen de metas e indicadores esencialmente porque los parámetros estadísticos disponibles, como fue dicho previamente, carecen de fiabilidad.
Ello hace difícil cualquier tipo de análisis o definición de políticas sobre la situación de las mujeres con discapacidad en el Perú, dado que se carece de una data fiable en que basarse. Una muestra de lo anterior puede encontrarse en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (RNPD), a cargo del CONADIS, según el cual del total de personas con discapacidad registradas un 62% son varones y sólo un 38% son mujeres. Dada la índole voluntaria del registro, y las bajas cifras del número de mujeres con discapacidad inscritas en el RNPD (no obstante que la participación de las mujeres en el espectro total de población es mayor que la de los varones), ello podría estar indicando una dificultad en este campo cuya consecuencia es la sub representación de las mujeres en tales registros. Y la consecuencia de ello es que, sin un registro preciso de su ubicación y situación económica, social y de salud de las mujeres con discapacidad en el Perú, los distintos programas de desarrollo social propuestos o implementados desde el Estado carecen de fundamentos pertinentes para impulsar su participación o el tratamiento adecuado de su realidad.
Según la Encuesta de Hogares sobre Discapacidad en Lima Metropolitana169, apenas un 37% de las mujeres con discapacidad dispone de seguro social (versus una cobertura masculina de un 39%170), lo que pone de manifiesto el bajísimo grado de protección social del que disponen las mujeres con discapacidad en el Perú, así como la existencia de una barrera infranqueable que atropella su derecho a acceder a medicinas, tratamientos o rehabilitaciones para mejor su salud. Según la información recogida en la misma Encuesta, apenas un 13% de las mujeres con discapacidad está en condiciones de llevar a cabo una terapia o rehabilitación.
Las escasas posibilidades que las mujeres con discapacidad tienen de encontrar un trabajo dependiente y remunerado las ubica usualmente dentro de niveles socioeconómicos más bajos; lo que redunda en la imposibilidad de acceder a los sistemas privados o públicos de salud, en particular porque, en ambos casos, se trata de sistemas contributivos.
En general, la situación de las mujeres con discapacidad no dista de ser muy distinta de los hombres en cuanto al acceso a la salud. El panorama es descrito de manera sucinta y adecuada por el especialista en temas de salud Juan Arroyo cuando afirma que “El acceso a la salud y la seguridad social tiene como principal obstáculo el estrecho vínculo existente entre pobreza y discapacidad. El bajo porcentaje de acceso al empleo de las personas con discapacidad tiene incidencia directa en el bajo porcentaje de acceso al sistema de salud”. 171
Del 29.5 % de PCDs que declaran necesitar ayuda para sus actividades diarias, el 60 % son mujeres. Siendo la nuera, nietos y no personas del sector salud los que se dedican a su cuidado. 172
Para la gran mayoría de mujeres con discapacidad en nuestro país la educación es un derecho notoriamente transgredido: un 16% de las mujeres con discapacidad no tiene ningún nivel educativo, y apenas un 5% logro alcanzar un nivel educativo superior universitario completo según el perfil socio-demográfico de las PCDs que el INEI y CONADIS elaboraron con base a una encuesta de hogares en Lima y El Callao el 2005173.
Según el informe sobre el alcance del derecho a la educación para las PCDs en el Perú formulado por la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la República (CEEDIS), entre los factores que explican el porqué de la exclusión de las personas con discapacidad en ámbito educativo se encuentra “en primer lugar, el incumplimiento de las normas y leyes que rigen el sistema educativo; y en segundo lugar, el presupuesto es exiguo y no cubre el costo de los recursos materiales elementales y mucho menos de infraestructura accesible que hagan posible la inclusión efectiva y, finalmente se tiene como factor último, la resistencia cultural y el desconocimiento del problema”174.
De acuerdo con la misma Encuesta de Hogares sobre Discapacidad de Lima Metropolitana (2005) antes acotada, la proporción de mujeres que no sabe leer ni escribir es el doble de la de los hombres. Y son pocas las mujeres que han logrado leer o escribir a través del sistema braille, regleta y punzón o programa especial de computación.175 Situación similar a las obtenidas en la ENCO (2006), según la cual el analfabetismo en las mujeres con discapacidad es más del doble que el de los hombres176.
El sistema escolar peruano acoge a cerca del 1% de la población con discapacidad en edad escolar según estimaciones del Ministerio de Educación.177 Y si consideramos la cifra emitida por la CEEDIS, estaría cubriéndose alrededor del 3% de la población estimada para este rubro; es decir, se estaría dejando fuera del sistema entre el 97% y 99% de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Citado en: APRENDER Vida La Educación de las Personas con discapacidad - Teresa Tovar Samanez - Patricia Fernández Castillo- Estudios sobre Discapacidad- Comisión Especial de estudios sobre discapacidad – CEEDIS- 2005
En cuanto a niños con discapacidad matriculados en CEE (Centros de Educación Especial), discriminados por género, alrededor del 60% son varones y el 40% mujeres. Esta diferencia puede interpretarse desde dos niveles: que en los varones hay una mayor tendencia de nacer o adquirir una discapacidad o que los varones con discapacidad tienen mayor acceso a los centros educativos que las mujeres.
Fuente: APRENDER Vida La Educación de las Personas con discapacidad - Teresa Tovar Samanez - Patricia Fernández Castillo- Estudios sobre Discapacidad- Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad (CEEDIS) 2005.
El número de personas con discapacidad matriculados en Centros de Educación Ocupacional (CEOs) puede verse en el siguiente cuadro:
Fuente: APRENDER Vida La Educación de las Personas con discapacidad - Teresa Tovar Samanez - Patricia Fernández Castillo- Estudios sobre Discapacidad- Comisión Especial de estudios sobre discapacidad – CEEDIS- 2005
Este cuadro ofrece otra evidencia de porqué la situación educativa de las mujeres con discapacidad es extremadamente dramática, en la medida en que apenas un 30% del total de personas con discapacidad matriculadas en CEOs es mujer; lo que de por si es sumamente grave considerando que estas 700 personas constituyen apenas el 0,03% del total de matriculados en este tipo de establecimientos educativos.
El informe sobre el acceso a la educación de las personas con discapacidad formulado por el CEEDIS recuerda que el “principio de educación inclusiva supone que las escuelas modifiquen sustancialmente su estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica con el fin de dar respuesta a la diversidad de necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos aquellos que presentan una discapacidad178. Empero, entre los obstáculos que impiden la integración y acceso de las mujeres en los centros educativos se encuentra, precisamente, la escasez de centros educativos con una mirada inclusiva.
No obstante las dificultades y limitaciones antes anotadas, es importante resaltar también el trabajo que vienen realizando en este campo organizaciones de la sociedad civil, tales como el Foro Educativo, Save the Children, el CEE Ann Sullivan, los colegios de Fe y Alegría, la Sociedad Peruana de Síndrome Down o el Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad (CEMPDIS), quienes han constituido un conjunto articulado de organizaciones que impulsan el enfoque de la educación inclusiva y representan una nueva alternativa de inclusión educativa para las mujeres con discapacidad en la medida en que pretenden romper con uno de los principales factores que las afectan, esto es, la resistencia cultural ante la integración de la mujer con un rol igualitario en la sociedad.
En cuanto refiere al acceso de las mujeres con discapacidad al mercado Laboral, cabe señalar que muchos empleadores ven a las mujeres con discapacidad desde una perspectiva prejuiciosa y estereotipada que las identifica como personas poco eficientes; con posibilidades de menor productividad respecto de otras mujeres sin discapacidad; o como inductoras de mayores costos si son contratadas, todo lo cual contribuye a una menor tasa de demanda laboral.
De ello son testigos las cifras sobre la situación laboral de las mujeres con discapacidad en el Perú: para ambos sexos, el 76% de las PCDs se encuentran desempleadas; un 67% de ellas declara ser No Población Económicamente Activa (noPEA), es decir que no tiene trabajo o no se encuentra buscando trabajo.
Ahora bien, si bien es cierto no existe una gran brecha entre la tasa de desempleo de hombres y mujeres con discapacidad, la diferencia radica en que un 75% de las mujeres declaran ser NO PEA, mientras que en el caso de los hombres este guarismo llega sólo a un 59%, lo que comprueba el mayor grado de inactividad de las mujeres con discapacidad.
Cuando se aprecia la categoría ocupación por sexo179 se observa que la categoría más alta para las mujeres con discapacidad es la de trabajador independiente; y uno de los principales motivos que explican esta situación es el bajo nivel educativo al que acceden por lo cual, en su mayoría, recurren a trabajos independientes relacionados con la elaboración de manualidades o la gestión de pequeños negocios propios o a dedicarse a labores del hogar.
La idea anterior se reafirma si se observa que hay un alto porcentaje de mujeres con discapacidad que declaran ser NO PEA ya que se encuentran realizando labores domésticas o porque padecen de más de una discapacidad. Y si pertenecen a la PEA y tienen trabajo el mayor porcentaje es porque tiene trabajos independientes (por categoría de ocupación el 54.8% de la mujeres trabajó de forma independiente).
En cuanto al ingreso que perciben, apenas el 37% de las mujeres con discapacidad que forman parte de la PEA recibe ingresos por encima de la Remuneración Mínima Vital (RMV), mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es de un 54%.
Al ser excluida del acceso a un trabajo bien remunerado, dado sus bajos niveles educativos, las mujeres con discapacidad muchas veces no pueden cubrir sus necesidades básicas, ni mucho menos acceder a un servicio de salud de calidad. Con ello, como bien señala el ex Presidente de la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República Javier Diez Canseco, “se construye un círculo perverso entre discapacidad, exclusión y pobreza”180.
En adición a lo anterior, cabe resaltar que la mayor parte de las personas con discapacidad en el Perú es asistida en su alimentación, vivienda y salud por sus propios familiares. Y destaca en este ámbito, sobre todo, y tal como se aprecia en el cuadro siguiente, la significativa cantidad de mujeres con discapacidad que son jefas (y sostén único) de sus hogares:
El Código de Niños y Adolecentes, aprobado por Ley Nº 27337 el 21 de julio del 2000, señala algunos derechos de los niños con discapacidad. Entre ellos, la adopción de Programas de Rehabilitación que permitan su recuperación física y mental y que le ofrezcan atención especializada; educación especializada y capacitación; acceso a educación especial tendiente a su integración al sistema educativo regular y al aprendizaje de actividades manuales. Sin embargo, no señala otros derechos mencionados en la Convención como es el derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecta. No existen programas públicos sobre otros aspectos como es el deporte, acceso a la cultura, acceso eficaz y real a la educación inclusiva, acceso a la educación especial para los niños y niñas con discapacidades severas.
El reciente informe “Estado de la Niñez Indígena en el Perú”, presentado por UNICEF y el Instituto Nacional de estadística (INEI) en el año 2010, a pesar que no menciona datos específicos referentes a los niños con discapacidad, revela la grave desatención en que se encuentran los niños y niñas indígenas por parte del Estado peruano. Según los datos que el informe recoge del Censo Nacional 2007, los niños y niñas asháninkas y de otras lenguas originarias de la Amazonía a nivel nacional, el 11% de los jóvenes de 18 a 20 años carece del Documento Nacional de Identidad (DNI), y estos porcentajes aumentan en los jóvenes indígenas de la Amazonía donde más del 30% carece de este documento181.
Es posible que la mayoría dentro de este sector de jóvenes indígenas indocumentados tengan discapacidades por la situación de desatención y marginalidad en que se encuentran. En el ámbito educativo, la situación es peor, sólo el 32% de la población infantil indígena de 3 a 5 años asiste a un centro educativo frente al 55% de la niñez no indígena.
El “Informe sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre los derechos de los niños, niñas y adolecentes en el Perú” presentado el 2005 por el Grupo de Iniciativa Nacional (GIN) incluye entre sus Recomendaciones la de “Garantizar la aplicación irrestricta de los derechos y las medidas de protección para los niños y adolescentes expuestos a situaciones de riesgo, como son los niños y adolescentes trabajadores, los niños de la calle, los niños afectados por la violencia política e intrafamiliar, los niños con alguna discapacidad, los adolescentes infractores, por no contar con programas sostenidos y debidamente presupuestados”182.
Carecemos en el Perú de información estadística actualizada acerca de los niños que presentan alguna discapacidad y las últimas cifras registradas al respecto provienen del Censo Nacional de Población de 1993 donde se registra un total de 64,500 peruanos con discapacidad en edad escolar de 5 a 19 años.
Una característica de esta población infante con discapacidad, es que el nivel educativo al que pueden acceder es minoritario; es decir que las posibilidades de que ingresen a la escuela es de un 6% a nivel de colegios públicos y privados. En el campo la situación es peor dado que en los sectores rurales sólo puede acceder un 2% de dicha población. Finalmente el resto de niños que tienen problemas de discapacidad se insertan en colegios integradores; es decir, colegios de educación especial dándose el 94% de posibilidades restante.
De acuerdo con las cifras de dicho Censo, el segmento de jóvenes con discapacidad – población que de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 2 de la Ley Nº 27802 (Ley del Consejo Nacional de la Juventud) tiene entre 15 y 29 años de edad – ascendía entonces a 59,211 personas, lo que equivalía al 20.52% del total de personas con discapacidad censadas. De este número, 31,571 eran hombres y 27,640 mujeres, lo que equivalía al 21.56% y 19.44%, respectivamente, del total de personas con discapacidad que se contabilizaron entonces.
Dicho censo reveló también que la discapacidad más frecuente entre los jóvenes, era la discapacidad física (23.3%). La segunda discapacidad más frecuente era el retardo mental (21.61%), seguida por la discapacidad visual (19.96%). Adicionalmente, un 15.97% de los jóvenes con discapacidad censados eran sordos, y el 11.78% sufría de alteraciones mentales.
Referencias mas actualizadas sobre la composición, prevalencia y participación de la mujer en la condición de la mujer como jefa de hogar, según el tipo de discapacidad de alguno de sus miembros, pueden apreciarse en los siguientes cuadros:
RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL 2007: XI POBLACIÓN Y VIVIENDA. INEI
RECOMENDACIONES__CONCLUSIONES'>CAPITULO IV : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente informe alternativo sobre el cumplimiento de la CDPD en el país tiene como objetivo alcanzar el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el Perú, buscando reafirmar los avances, reorientar las metodologías de trabajo en el diseño de políticas públicas y señalar las malas prácticas que subsisten en el Perú, a pesar de la ratificación de la Convención y su Protocolo Facultativo.
La vigencia de la Convención y su ratificación por el Estado peruano profundizó la conciencia de derechos, voluntad de demanda y vigilancia por su cumplimiento en el seno de las organizaciones de personas con discapacidad. Al mismo tiempo, ha planteado al aparato estatal el reto de transformar una suma de actividades dispersas “en beneficio” de la población con discapacidad” en políticas públicas y programas que apunten a su desarrollo integral y a su efectiva inclusión social. Para ello es preciso superar las malas prácticas de discriminación, irrespeto a su dignidad y desigualdad de oportunidades que aún persisten en el Perú.
Una de las más importantes disposiciones de la Convención es la participación de las propias personas con discapacidad y sus organizaciones en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención y el seguimiento correspondiente de su cumplimiento. El Estado peruano no ha cumplido con este mandato, al no hacernos partícipes de la Comisión ad-hoc creada, ni de la elaboración de su informe oficial, pese a las demandas planteadas por las organizaciones y la sociedad civil organizada.
No se han creado tampoco los instrumentos metodológicos necesarios para la creación, ejecución y evaluación de los avances de la Convención. No existen datos estadísticos completos sobre la población con discapacidad que permitan el diseño, ni previsto las asignaciones presupuestales precisas que se requieren para hacer efectivos todos y cada uno de los derechos señalados en la Convención.
El informe oficial del Estado peruano presentado sobre los avances registrados en nuestro país para implementar la Convención, tiene un carácter disperso, sin articulación interinstitucional y está desprovisto de información concreta sobre la ejecución presupuestal efectuada para el cumplimiento de la Convención.
Presentamos, por ello y por intermedio del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, algunas recomendaciones para lograr el mejor cumplimiento de la Convención por parte del Estado peruano.
Instituir formalmente un mecanismo independiente, de carácter permanente, encargado de promover y supervisar la aplicación de la Convención, con la participación de las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad a nivel nacional, bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo183 y el concurso de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) del Perú184.
Tomar las medidas necesarias para permitir, en lo inmediato, la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en la Comisión Multisectorial Permanente (CMP) encargada del seguimiento y propuesta de medidas para la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asegurar la aprobación de la propuesta de nueva Ley General de las Personas con Discapacidad (LGPD) elaborada y presentada al Congreso de la República, con el respaldo de decenas de miles de firmas y mediante una iniciativa legislativa ciudadana185, para armonizarla con los mandatos de la Convención186.
Revisar y armonizar con los mandatos de la Convención el resto de la legislación nacional y los planes y programas relacionados con las personas con discapacidad: las leyes de trabajo, salud, seguridad social, vivienda, normas regionales y locales, el Código de los Niños y Adolecentes y el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres, entre otras.
Llevar a cabo un Censo sobre las personas con discapacidad que permita el diseño adecuado de políticas públicas y la elaboración de líneas de base sobre la situación - por ejemplo - de la salud, la educación y el acceso al empleo de las personas con discapacidad, y a partir de las cuales definir metas y medir los avances del cumplimiento de la Convención.
Elaborar un Plan Estratégico de cumplimiento de la Convención en armonía con el Plan Nacional de Derechos humanos que contenga actividades transversales y específicas, indicadores y las asignaciones presupuestales correspondientes, con enfoque de género y un énfasis especial en la atención de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad.
Instruir a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) que dé prioridad a la atención de personas con discapacidad en los planes de la Cooperación Técnica Internacional, visibilizando, mediante informes periódicos y de manera transparente, el destino de los fondos captados por esta fuente, así como velando porque la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo internacionales, sean inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad.
Implementar la recomendación del Secretario General de las Naciones Unidas formulada en la Asamblea General de 27 de julio de 2009, respecto a la “Realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con discapacidad mediante la aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Realizar campañas masivas de difusión de la Convención a través de los medios de comunicación pública (radio, prensa, TV y otros) y privada, en este último caso mediante estrategias concertadas de difusión; así como – atención al carácter multicultural y plurilingüe de la población peruana - difundir la CDPD en quechua, aimara y las demás lenguas que corresponden al conjunto de nacionalidades indígenas que habitan la amazonia del Perú.
Capacitar a los funcionarios de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) respecto de los mandatos de la Convención.
Diseñar, con la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, estrategias focalizadas dirigidas a revertir las principales vulneraciones que ocurren en relación con el derecho a la vida de las personas con discapacidad que están directamente asociadas a su baja calidad de vida o aquellas vinculadas a la prevalencia de prácticas culturales que amenacen a las personas con discapacidad, incluso los recién nacidos, a la privación arbitraria de sus vidas.
Modificar el artículo 119 del Código Penal para que el aborto eugenésico no tenga en el Perú una pena menor que otros abortos.
Adoptar medidas para eliminar las barreras que limitan la inscripción de las personas con discapacidad en el registro electoral impidiéndoles ejercer su derecho al voto; previendo, asimismo, una estrategia integral de medidas que permitan que estas puedan acceder a los centros de votación (durante el trayecto, el ingreso y en las mesas de votación); que se elaboren plantillas y cédulas de votación en formato braille para las personas invidentes; que se establezca mecanismos que faciliten la comunicación con personas que presenten alguna discapacidad auditiva; la realización de campañas de educación electoral para que ejerzan su derecho al voto; y, de igual manera, que se permita el acceso a la cámara de votación de una persona de confianza que acompañe a las personas que sufran de dedos anquilosados, de discapacidad en la parte superior de sus cuerpos o cuadripléjicas, para que las asistan en la emisión de su voto.
Incluir de manera más enfática la problemática de la violencia de género contra las mujeres con discapacidad en las estrategias nacionales de lucha contra la violencia de género, garantizando su acceso a servicios y/o programas de recuperación, rehabilitación y reintegración social, en caso de ser víctimas de violencia.
Adoptar medidas dirigidas a proteger a las mujeres y hombres con discapacidad a esterilizaciones forzosas.
Disponer medidas de apoyo que permitan que los padres con discapacidad puedan desempeñar adecuadamente sus responsabilidades en la crianza de sus hijos y no se permita que ningún niño/a sea separado de sus padres por razón de su discapacidad, o de la discapacidad de los padres o de uno de ellos.
Modificar la Ley 29392 sobre infracciones y sanciones por el incumplimiento de algunos artículos de la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 27050), encargando a las Municipalidades la aplicación de las sanciones y delegando en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) las tareas de fiscalización; fortaleciendo, al mismo tiempo, las funciones y recursos de las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPEDs) dedicando con tal efecto los ingresos recaudados por multas por no accesibilidad previstos en la Ley 29392 al desarrollo de sus funciones.
Normar el cumplimiento, por parte de las Municipalidades, de la presentación de informes sobre el uso del 0.5% de sus presupuestos destinados por ley a la ejecución de obras, reparación o modificaciones destinadas a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana.
Tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento efectivo de la legislación sobre la incorporación de opciones de acceso en las páginas web de las entidades públicas, universidades y otras organizaciones privadas que prestan servicios a través de internet, de modo que las personas con discapacidad visual, los adultos mayores y, en general, todas las personas puedan acceder a la información contenida en los portales de dichas instituciones sin limitación.
Legislar y tomar medidas para todas las campañas de salud (para prevenir el VIH/SIDA, ETS, dengue, malaria, etc.) sean accesibles para las personas con discapacidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la CDPD.
Modificar el Código Civil en orden a garantizar adecuadamente el ejercicio de los derechos civiles por parte de las personas sordomudas, ciego sordas y ciego mudas, así como las demás personas afectadas por una discapacidad intelectual o mental/psicosocial de modo que se ponga fin a la actual lesión de su dignidad y el trato discriminatorio del que vienen siendo objeto.
Implementar los ajustes razonables que se requieran en la administración de justicia - incluyendo la introducción del uso de lenguajes adaptados como el lenguaje de señas o la comunicación adaptada para personas con discapacidad intelectual, etc. –, así como un trato preferente y las medidas necesarias para dar celeridad a los juicios en que se encuentren involucradas las personas con discapacidad.
Prever la disponibilidad de recursos alternativos extra hospitalarios, premunidos de los correspondientes presupuestos e insertos en la comunidad, que sirvan de base para implementar el modelo de rehabilitación comunitaria para las personas con discapacidad psicosocial. El proceso de comunitarizacion de los servicios debería ir acompañado de un rediseño de los servicios actualmente existentes, de modo que no sólo guarden conformidad con los estándares previstos por la CDPD - lo que incluye que sean brindados con el consentimiento previo e informado de las personas con discapacidad mental/psicosocial, tal como postulan los artículos 17 y 25 de la Convención – sino que, se prevenga toda privación de la libertad fundada en la discapacidad, tal como refiere el artículo 14 de esta.
Con el propósito de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso en perjuicio de las personas con discapacidad, se debe asegurar que todos los servicios y programas al servicio de estas sean supervisados por un organismo independiente, conformado por la Defensoría del Pueblo y los organismos nacionales de derechos humanos. Entre otros aspectos, dicho organismo debe encargarse de vigilar de manera permanente el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial internadas en los centros hospitalarios; previendo, cuando corresponda, la desinstitucionalización de aquellas personas que permanezcan en estos en contravención a las garantías que al efecto les reconoce la CDPD. En el mismo sentido, debe derogarse la disposición de la Ley Nro. 29737 que permite el internamiento involuntario de personas con trastornos mentales sin fijar los presupuestos en que esto se puede dar, violando con ello su derecho a la igualdad ante la ley y a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás personas.
Crear programas de rehabilitación considerando las diversas zonas urbano marginales y rurales del país y con la participación de las personas con discapacidad en su implementación y evaluación.
Aplicar los recursos presupuestales y capacitación del personal de salud en el contenido de la CDPD, de modo que se cumpla de manera efectiva con el derecho a la atención de la salud de las personas con discapacidad, asegurando que los centros hospitalarios y centros de salud sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad, y que en estos ellas sean informadas y atendidas adecuadamente; asimismo, garantizar que todos los hospitales dispongan de servicios de rehabilitación para las diversas discapacidades.
Implementar bancos de ayudas bio-mecánicas, descentralizadas y de bajo costo, que permitan asegurar que todas las personas con discapacidad, y en particular las de menores recursos económicos o residentes en las zonas rurales y urbano marginales del país, gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible.
Destinar recursos presupuestales suficientes para lograr avances en el proceso de la inclusión escolar de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Los aspectos prioritarios a atender deben ser, en este aspecto, la promoción del derecho a la educación inclusiva de todos los niños y adolescentes con discapacidad; la capacitación técnica y sensibilización del personal docente de educación regular y especial, en particular en torno al trato del alumno con discapacidad y los procedimientos de enseñanza, así como las adecuaciones curriculares pertinentes: el desarrollo de una formación laboral para las y los jóvenes con discapacidad de acuerdo con sus capacidades, vocación y la demanda del mercado de trabajo.
Asegurar el cumplimiento efectivo de la cobertura del 3% de la planilla de las instituciones estatales para las personas con discapacidad.
Crear programas de inserción laboral y fomento de proyectos productivos a favor de las PCDs.
Remover las barreras que impiden o limitan la accesibilidad de las personas con discapacidad a su entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones públicas, tanto en zonas urbanas como rurales.
Disponer una pensión no contributiva en favor de las personas con discapacidad severa y en situación de pobreza extrema.
Disponer que el CONADIS cree mecanismos de apoyo para la creación y fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad y asegure su plena participación a nivel nacional, regional e local.
Garantizar la plena accesibilidad de las personas con discapacidad a todas las instalaciones de carácter cultural y/o deportivo, en especial en todas aquellas que se benefician de apoyos públicos, los mismos que deben condicionarse a la implementación de planes de accesibilidad.
Garantizar por parte del Estado la difusión del presente Informe Alternativo sobre el cumplimiento de la Convención, así como realizar reuniones y talleres nacionales, regionales y locales de información sobre los avances alcanzados.
El presente Informe ha sido elaborado por la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (CONFENADIP) gracias al apoyo del Fondo por los Derechos de las Personas con Discapacidad (DRF).
En su elaboración han participado personas con discapacidad organizadas en diferentes bases a lo largo del territorio nacional. Asimismo, han colaborado especialistas en derechos humanos y estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El proceso de formulación del presente Informe Alternativo fue supervisado por el Comité Directivo de la CONFENADIP conformado por:
Wilfredo Guzmán Jara – Presidente
Sonia Malca – Vice – Presidenta
Víctor Hugo Ismodes – Secretario General
Hugo León Ibáñez – Secretario de Economía
Mónica Honores – Secretaria de Organización
Severo Salazar Torres – Coordinador Norte
Luis Enrique Carpio – Coordinador Centro
Silvia Elena Aguilar – Coordinadora Sur
Janis Gómez – Coordinador Oriente
Y el Equipo Técnico a cargo de la redacción final del informe estuvo integrado por:
Javier Mujica Petit, Presidente del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD (Coordinador del Equipo de Redacción)
Claudia Ballena
Luis Ángel Briceño
Se aplicó 218 cuestionarios a representantes de organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional, de cuya tabulación se encargó el señor Vicente Velásquez.
Va también nuestro agradecimiento a la generosa colaboración de Sonia Povis y José Antonio Ysola.
1 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue suscrita el 30 de marzo de 2007, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, y aprobada por el Congreso de la República del Perú mediante Resolución Legislativa Nº 29127 del 31 de octubre de 2007. Dichos instrumentos fueron luego ratificados por el Estado peruano en diciembre 2007 mediante el Decreto Supremo Nº 073-2007-RE.
2 Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN) - Dirección de Geografía.
3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
4 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
5 El IDH es una medida sinóptica del desarrollo humano con el objetivo único de situar nuevamente a las personas en el centro del proceso de desarrollo, en términos de debates económicos, formulación de políticas y promoción.
6 Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2009. “Por una densidad del Estado al servicio de la gente”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
7 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
8 Según el XXX de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 2008, el resto de las economías de América Latina también creció sostenidamente entre los años 2003 y 2008, reduciendo la pobreza del 44% al 35% y la extrema pobreza de un 18,6% a 12,7% entre 1980 y el año 2007. Fuente:
9 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
10 El Índice de Gini es un número expresado en porcentajes entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad de ingresos y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad de ingresos. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Anuario Estadístico 2009.
11 PLANAS Pedro, Regímenes Políticos Contemporáneos, Fondo de Cultura Económica, Lima, 1997, págs. 70-82.
12 Artículo 108º de la Constitución.
13 Ídem. Artículo 122º.
14 Ídem. Artículo 31º y 33º.
15 Artículo 2º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), Ley Nº 29958.
16 Artículo 6º de la LOPE.
17 Artículo 2º y 5º del Reglamento del Congreso.
18 Artículo 26º Ley Orgánica del Poder Judicial.
19 Aunque ambas premisas puedan parecer contradictorias en principio, no resultan así. Por Gobierno unitario se entiende que el ordenamiento jurídico es uno y rige para todo el territorio peruano, es decir, los organismos públicos gozan de competencias nacionales. Este aspecto unitario se concretiza en el Gobierno Nacional y los órganos constitucionalmente autónomos.
20 El artículo 188 de la Constitución peruana refiere que ¨La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales¨.
21 Ídem. Artículo 35º.
22 Ídem. Artículo 42º
23 Ídem. Artículo 36º.
24 Una interpretación comprensiva de estos principios puede leerse en RUBIO CORREA, Marcial, “La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional”, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2005.
25 Código Procesal Constitucional, arts. 25 a 36.
26 Resolución Defensorial N°001-2009/DP/11 de febrero de 2009.
27 Constitución, artículo 200: “Son garantías constitucionales:(…) 4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. 5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.
28 Constitución, articulo 202 inciso 1.
29 Aprobado por Resolución Legislativa Nº 29127. promulgada el 01 de noviembre de 2007.
30 Perú ratifico la Convención y su Protocolo Facultativo mediante el Decreto Supremo Nº 073-2007-RE de fecha 30 de diciembre de 2007.
31 Ver en Diario Oficial “El Peruano”, 11 de diciembre 2005, pág. 306003.
32 CDPD, artículo 3: “Los principios de la presente Convención serán: a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; y h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas
33 Normas relacionadas: los artículos 6 al 10 de la Ley Nº 28164 (Ley que modifica diversos artículos de la Ley Nº 27050); el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH (Reglamento de la Ley Nº 27050), los artículos 5 a 13 de la Resolución de Presidencia Nº 009-2003-P/CONADIS (que modifican diversos artículos del Reglamento de Elección de Representantes de Asociaciones e Instituciones de Personas con Discapacidad, ante el Consejo Nacional del CONADIS).
34 Directrices relativas al documento específico sobre la Convención que deben presentar los Estados partes con arreglo al párrafo 1 del artículo 35 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobadas por el Comité sobre los Derechos de las Perdonas con Discapacidad durante su segundo período de sesiones, celebrado en Ginebra, del 19 a 23 de octubre de 2009, pto. A.3.2.h.
35 En http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/PIO-2003-2007.pdf
36 Cabe señalar que las estadísticas referenciales hasta entonces prevalecientes provenían del “VIII Censo Nacional de Población y Vivienda” (INEI, 1981) que consignaba 26,560 personas con discapacidad censadas; y del “Boletín estadístico sobre la Encuesta Nacional: Problemática del Minusválido en el País”. estudio realizado por la Gerencia de Prestaciones Sociales, Sub-gerencia de protección y rehabilitación social, División de Protección a Minusválidos del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) de 1982 que consignaba un total de 58,038 personas con discapacidad.
37 Modificando criterios previos, la "Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud" (CIF) no habla de deficiencia, discapacidad o minusvalía. Evitando las connotaciones negativas que ciertos términos convocan, no habla de "deficiencias" sino de "funcionamiento"; la palabra "discapacidad" es reemplazada por el término neutro "actividad". Las circunstancias negativas en esta dimensión, son descritas como "limitaciones de la actividad". El término "minusvalía" es reemplazado por el de "participación", y las circunstancias negativas en esta dimensión son descritas como "restricciones de la participación". No obstante, el aporte más valioso de la CIF fue que las restricciones a la participación, antaño aludida como “minusvalía”, ya no es interpretada desde una perspectiva de salud, como algo que afecta a un individuo aislado afectado por un daño, lesión o enfermedad, sino como una relación entre las personas y su mundo circundante (factores ambientales o errores de diseño).
38 En http://iinei.inei.gob.pe/iinei/RedatamCpv2007.asp?ori=C
39 Ley Nro. 27050, artículo 12.
40 Ídem. articulo 8.
41 Ver en http://www.conadisperu.gob.pe/web/registronacional.php
42 Plan Alternativo de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, CONFENADIP.
43En http://www.conadisperu.gob.pe/web/pld_transparencia.php?octocodigo=Asociaciones&octodescrip=RNASC. Fecha: 27 setiembre 2010.
44 CDPD, articulo 4 numeral 3.
45 Decreto Supremo Nº 007-2008-MIMDES que aprobó el Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2009-2018 (PIO). Ver en
http://www.conadisperu.gob.pe/web/documentos/pio_convencion/pio.pdf
46 Ver en
http://www.conadisperu.gob.pe/web/texto/pld_transparencia.php?octocodigo=Convocatorias%202009&octodescrip=ADM
47 Ver Informe en www2.ohchr.org/english/issues/.../PeruDefensoriadelPueblo.doc
48 Ver en Código Penal peruano (Decreto Legislativo 635), Capítulo II (Aborto), artículo 119 (Aborto terapéutico). En http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default codpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo
49 El inciso 24 del artículo 2 de la Constitución peruana señala que “toda persona tiene derecho a: A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. b) No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. c) No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. d) Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. e) Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. f) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. g) Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. h) Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad”.
50 Comité de Derechos Humanos, Comentarios Generales No 27: Libertad de movimiento (1999).
51 HUERTA, Jaime. Discapacidad y Diseño Accesible. Ver en http://www.codis.pe/publicaciones.php
52 Ver Informe Defensorial 140 en:
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-defensorial-140-vf.pdf
53 Tribunal Constitucional, Expediente Nº 3081-2007-PA/TC, R.J.S.A. Vda. de R., a nombre propio y en su calidad de curadora representante de su hija G. R. S. contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. La demandante interpuso demanda de amparo contra EsSalud, solicitando que se dejara sin efecto la orden de alta de su hija G. R. S. (46 años), quien padecía de esquizofrenia paranoide. Orden de alta otorgada por el Centro de Rehabilitación Integral para Pacientes Crónicos (CRIPC) Hospital 1 Huariaca-EsSalud – Pasco.
54 Ver al efecto, Código Civil (Decreto Legislativo 295), articulo 576 (Funciones del curador): “El curador protege al incapaz, provee en lo posible a su restablecimiento y, en caso necesario, a su colocación en un establecimiento adecuado; y lo representa o lo asiste, según el grado de la incapacidad, en sus negocios”. En http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codcivil.htm&vid=Ciclope:CLPdemo
55 Ver en http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php
57 Ley N° 29478, ver en: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29478.pdf
58 Artículo 263 de la Ley Orgánica de Elecciones.
59 CDPD, Preámbulo.
60 En: http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/mensual/default.aspx?y=2004&ap=ActProy
61 Informe Oficial, pág. 25.
62En http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/mensual/default.aspx?y=2004&ap=ActProy
63 Ver en Informe de Adjuntía N° 005-2009-DP/ADHPD:
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/varios/2009/Informe-005-2009-DP-ADHPD-vf.pdf, y Documento Defensorial N° 002: http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php
64 Ver en http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyNume_1p.asp
65 Tal como ha sido consignado en el Informe Oficial, pág. 52
66 Documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones, mediante Resolución 46/96, del 20 de diciembre de 1993
67 Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH.
68 HUERTA PERALTA, Jaime e ISOLA LAVALLE, José Antonio. “Discapacidad y accesibilidad- Dimensión desconocida” Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2006.
69 INEI – CONADIS (2006) “Lima Metropolitana: Perfil Socio-Demográfico de la Población con Discapacidad, 2005”. Encuesta de Hogares sobre Discapacidad de Lima Metropolitana - EHODIS 2005. Estudio realizado en Lima Metropolitana y Callao, pág. 130.
70 HUERTA PERALTA, Jaime e ISOLA LAVALLE, José Antonio. Op. Cit.

References: artículo 30
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 30
 artículo 10
in fine
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 119
 artículo 25
 artículo 14
 Resolución 
 Artículo 108
 Artículo 122
 Artículo 31
 Artículo 2
 Artículo 6
 Artículo 2
 Artículo 26
 artículo 188
 Artículo 35
 Artículo 42
 Artículo 36
 Resolución 
 artículo 200
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 35
 artículo 12
 artículo 119
 artículo 2
 Artículo 263
 Resolución