Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321591L.html
Timestamp: 2019-03-25 03:56:40+00:00

Document:
as201321591L
Auto Supremo: Nº 591
Expediente: SC – 148 – 08 – S
Proceso: Nulidad De Actos y otros
Partes: Ottomar Memm Dorado c/ Banco Bidesa S.A. en Liquidación
1.- EL recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por José Meruvia Villarroel, en su condición de Intendente Nacional de Liquidación del Banco Internacional de Desarrollo S.A. en Liquidación, de fojas 1115 a 1132, contra el Auto de Vista Nº 285 de 28 de mayo de 2008, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre nulidad de actos y determinaciones y daños y perjuicios, seguido por Ottomar Memm Dorado contra el Banco Bidesa S.A. en Liquidación, los antecedentes y;
2.1. Antecedentes del proceso.-Que, mediante sentencia de fojas 898 a 902 el Juez de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, declaró improbada la demanda principal de fojas 186 a 188, y probada la excepción de improcedencia e improbadas las excepciones de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho, contradicción.
Que, en grado de apelación interpuesto por Ottomar Memm Dorado, de fojas 905 a 913 vuelta, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 285 de fecha 28 de mayo de 2008, de fojas 1079 a 1083, revoca la sentencia de fojas 898 a 902 y deliberando en el fondo declara probada la demanda interpuesto por Ottomar Memm Dorado, de fojas 344 a 346, y dispuso el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, cuya calificación y cuantificación se la manda para ejecución de sentencia, sin costas.
Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 1115 a 1132, José Meruvia Villarroel en su condición de Intendente Nacional de Liquidación del Banco Internacional de Desarrollo S.A. en Liquidación, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, que a continuación se compendia.
3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- Se efectúan las siguientes denuncias:
En cuanto a la casación en la forma.- El recurrente denuncia que el Tribunal ad quem actuó de forma ultra petita, y de haber atentado contra el principio de pertinencia, ya que en la apelación no se efectúa el petitorio de cuál debería ser el pronunciamiento en segunda instancia, lo que denotaría incumplimiento del artículo 227 del Código de Procedimiento Civil; que el Tribunal ad quem no podía pronunciarse de oficio otorgando algo que no se ha solicitado en la apelación, porque no estaba abierta su competencia para ello, y acusa de haber infringido el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. Añade que el Auto de Vista impugnado no contiene fundamento ni sustento jurídico.
Se denuncia que no existe expresión de agravios en la apelación, ya que la apelación no se adecuó a lo establecido por el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el Tribunal ad quem no tenía abierta su competencia para pronunciarse y declarar probada la demanda disponiendo el resarcimiento de daños y perjuicios; afirma que no constituye expresión de agravios la simple y llana solicitud de revocatoria de la resolución pronunciada por el inferior, sin contener la pretensión que el apelante considera debe satisfacer el Tribunal de apelación, y reitera la violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, alegando que el Tribunal ad quem actuó de forma ultra petita.
Denuncia que el Tribunal ad quem no se ha pronunciado respecto a las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho, contradicción e improcedencia de la demanda y acusa al Tribunal ad quem de haber aplicado erróneamente los artículos 236 y 254-4) del Código de Procedimiento Civil, de haber violado la seguridad jurídica, el debido proceso y los principios de legalidad, trascendencia, imparcialidad y la tutela jurisdiccional efectiva.
Denuncia que el Tribunal ad quem ha perdido competencia, ya que dictó el Auto de Vista fuera de plazo, pues en fecha 14 de noviembre de 2007 se efectuó el sorteo y que de manera oficiosa, sin que exista motivo ni razón alguna, en fecha 21 de noviembre de 2007, con el pretexto de que el Ministerio Público promueve la acción de la justicia y la defensa de los intereses del Estado, deja sin efecto el sorteo y ordena pasar a vista fiscal, que no se hallaba justificada porque el Banco Internacional de Desarrollo S.A. en Liquidación no es una entidad del Estado.
En cuanto al recurso de casación en el fondo, se efectúan las siguientes denuncias:
Se acusa al Tribunal ad quem de haber inobservado los artículos 1286 del Código Civil, el artículo 32-b) de la Ley Nº 1760, artículo 50 de la Ley Nº 1488 y el artículo 1 de la ley Nº 2297, y la aplicación indebida de los artículos 3-1), 204-III), 209, 236 y 90 del Código de Procedimiento Civil. Añade que el Auto de Vista impugnado es una resolución carente de fundamentación y lógica jurídica, que el Tribunal ad quem ha incurrido en inobservancia y errónea aplicación de la norma sustantiva y adjetiva civil, que atenta contra los principios de legalidad, pertinencia, imparcialidad, garantías del debido proceso, tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. Acusa que el Tribunal ad quem omitió pronunciarse sobre cada una de las pruebas aportadas y producidas en juicio y que tampoco se pronunció sobre las excepciones opuestas por el Banco Bidesa S.A. en Liquidación, que omitió pronunciarse sobre el dictamen fiscal. Acusa que se ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba (literales de fojas 1 a 342; confesión judicial de fojas 617 a 618 de obrados, dictamen pericial; actas de reunión) atentando contra las reglas de la sana crítica al no haber valorado la prueba en forma objetiva e integral que acreditan que los créditos otorgados a Ottomar Memm Dorado fueron reportados por el mismo Banco Bidesa S.A., el año 1995, como vinculados y que posteriormente encontrándose el demandante como Director del mismo Banco instruyó su ilegal reprogramación de los mismos, como se evidencia de las pruebas documentales, periciales, testificales y confesión provocada. Añade que son créditos que fueron objeto de fusiones, renovaciones, reprogramaciones y ampliaciones en forma continua y nunca se pagaron, y que la presunción legal de prestatario vinculado a la entidad queda confirmada por el hecho de que los préstamos del actor están en mora, en cobranza judicial y no obstante de haber sido objeto de sucesivas reprogramaciones, en casi 11 años de haber sido concedidos, Ottomar Memm no pagó sus préstamos.
Denuncia que el Tribunal ad quem violó su derecho de defensa, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la garantía constitucional del debido proceso, por no pronunciarse sobre las pruebas aportadas ni sobre las excepciones perentorias planteadas por el Banco Bidesa S.A. en Liquidación.
Finalmente pide que se anule llanamente el Auto de Vista impugnado y que se rechace la apelación y se declare ejecutoriada la sentencia o en su caso se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo confirme la sentencia.
Por razón de método en primer término se examina el recurso de casación en la forma, pues en caso de estimarse dicho recurso, ya no corresponderá pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo.
Con relación al recurso de casación en la forma.- El debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez; consiguientemente es menester verificar si la resolución de instancia impugnada emerge de un debido proceso legal, por cuya razón se efectúan las siguientes disquisiciones legales:
El proceso civil boliviano finca, entre otros, en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a los hechos y a las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a los mismos, ya que ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.
La estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación es lo que se conoce como principio de congruencia; el cual se encuentra previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, cuyo quebranto se produce cuando el Tribunal ad quem, omite pronunciamiento expreso y exhaustivo sobre alguno de los agravios invocados por el apelante o se excede en el pronunciamiento más allá del pedido o fuera de lo pedido; en cuyo caso la resolución se halla viciada de nulidad por mandato del artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.
En el caso en examen, el demandante, en su apelación de fojas 905 a 913 vuelta, efectivamente en el petitorio no concretizo el pronunciamiento que solicitaba, es decir el objeto mediato de su pretensión, sin embargo del conjunto del recurso resulta evidente que la alzada pretende tanto la pretensión de nulidad de los actos y determinaciones que limitaron su derecho a los beneficios que otorga el artículo 1 de la Ley Nº 2297, como el resarcimiento de daños y perjuicios, pues no puede perderse de vista, que dentro del nuevo marco constitucional y legal, los jueces y Tribunales deben reducir al mínimo los formalismos en mérito al derecho a la tutela judicial efectiva.
En el recurso de apelación si se efectúa fundamentación en torno a los errores tanto in judicando cuando improcedendo que el apelante advierte en la sentencia y del conjunto del recurso es posible inferir el pedido con relación a la pretensión principal de nulidad y del resarcimiento del daño.
Evidentemente el Tribunal ad quem ha omitido pronunciamiento en torno a las excepciones perentorias opuestas por la parte demandada, pues al haber revocado el fallo de primera instancia que había desestimado la demanda y acogido la excepción de improcedencia de la demanda, correspondía que se pronuncie sobre dicha excepción y también con relación a las otras excepciones opuestas de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho y contradicción. Consiguientemente, es evidente que el Tribunal ad quem ha violado el principio de congruencia por omisión de pronunciamiento, y con ello ha violado el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual corresponde estimar el recurso de casación en la forma, en mérito a esta denuncia
Con relación a la pérdida de competencia.- Por disposición del artículo 204-III) del Código de Procedimiento Civil, el Auto de Vista debe pronunciarse en el plazo de 30 días computables desde el sorteo del expediente.
Conforme consta a fojas 1059, el sorteo se produjo en fecha 14 de noviembre de 2007; sin embargo por providencia de fojas 1060, se dejó sin efecto dicho sorteo. Luego en fecha 7 de mayo de 2008 se produjo el nuevo sorteo, de manera tal que el fallo de segunda instancia, pronunciado en fecha 28 de mayo de 2008, se encuentra dentro de los 30 días que señala el citado artículo 204-III) del Código Adjetivo Civil, computados desde la fecha del sorteo que se encuentra vigente.
Si bien es cierto que el recurrente interpuso recurso de reposición contra la providencia que dejó sin efecto el primer sorteo, sin embargo no ha persistido en su impugnación por medio de las acciones que el ordenamiento jurídico le reconocía, del cual resulta que finalmente ha consentido el sorteo del 7 de mayo de 2008, razón por la cual no puede ahora en casación, cuestionar un acto que finalmente consintió.
Habiéndose estimado el recurso de casación en la forma, ya no corresponde pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo.
4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA llanamente el Auto de Vista Nº 285 de 28 de mayo de 2008, de fojas 1079 a 1083 de obrados, disponiendo que el Tribunal ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, cumpliendo los requisitos de congruencia y exhaustividad.
4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el tribunal Ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.
Libro Tomas de Razón 591/2013

References: artículo 227
 artículo 236
 artículo 227
 resolución 
 artículo 236
 artículo 32
 artículo 50
 artículo 1
 resolución 
 artículo 90
 resolución 
 resolución 
 artículo 115
 artículo 236
 resolución 
 artículo 254
 artículo 1
 artículo 236
 artículo 204
 artículo 204
 artículo 8