Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552007000100060&lng=pt&nrm=iso&tlng=es
Timestamp: 2019-11-18 11:12:44+00:00

Document:
http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552007000100060
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXIX, 2007, pp. 701-715
Seminarios de 2007 de Historia del Derecho y de las Instituciones, de Derecho Romano y de Derecho Histórico Comparado en la Universitat Pompeu Fabra
(Seminario permanente "Josep Maria Font i Rius")
Patricia Zambrana Moral, Manuel J. Peláez
Organizadas por la Cátedra de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, como una iniciativa compartida con otras Universidades y fundaciones, tuvieron lugar unas jornadas en Cervera sobre "Los Derechos históricos y la España viable" de las que hemos tenido oportunidad de escribir en esta misma sede de la REHJ., lo que nos ahorra entrar en su consideración.
El catedrático jubilado de Derecho administrativo de la Universidad Complutense y antiguo Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Alejandro Nieto desarrolló, como una de las actividades del Seminario Permanente "Josep Maria Font i Rius", una conferencia sobre "Las facultades judiciales del alcalde castellano". Nieto es uno de los especialistas más destacados que hay en España en el estudio de la Historia del derecho administrativo y en la Historia de las instituciones públicas modernas y contemporáneas1 como se constata en obras suyas capitales como la Historia administrativa de la Regencia de María Cristina en su versión de 2006, que antes se publicó en 1996 con ese subtítulo pero con el enunciado principal de Los primeros pasos del Estado constitucional2. En 1986 vieron la luz en Madrid sus Estudios históricos sobre administración y Derecho administrativo. José Manuel Cuenca Toribio, catedrático de Historia contemporánea de la Universidad de Córdoba, intervino para hablar sobre el nacionalismo español. La catedrática de Historia del Derecho italiano de la Universidad de Milán, Maria Gigliola Di Renzo Villata, disertó sobre el Derecho común.
El día 5 de junio de 2007, Patricia Zambrana, profesora Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Málaga, presentó una ponencia relativa a la Metodología de la Enseñanza de la Historia del Derecho en el Espacio Europeo de Educación Superior. Experiencia ante un grupo piloto. Estructuraría su trabajo en cuatro partes. En la primera se ocupó de las líneas generales del Espacio Europeo de Educación Superior, donde repasó su gestación con una escueta referencia a los principales acontecimientos y documentos, precisando las aportaciones básicas de cada uno (Declaración de la Sorbona de 25 de mayo de 1998, Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999, Declaración de Praga de 19 de mayo de 2001, Comunicado de Berlín de 19 de septiembre 2003, Comunicado de Bergen de 19-20 de mayo de 2005 y Comunicado de Londres de 17-18 de mayo de 2007).
En la segunda parte, Zambrana Moral se detuvo en la situación del proceso de convergencia en España, concretando el marco normativo. Sitúa el inicio formal del proceso en nuestro país en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (lou), que dedica su título XIII al Espacio Europeo de Enseñanza Superior y que ha sido recientemente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril3. Le siguieron el Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título; el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se determinaba el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional; el Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional; el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado y el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado, modificado por el Real Decreto 1509/2005, de 16 de diciembre y el Real Decreto 189/2007, de 9 de febrero. De todas estas disposiciones, P. Zambrana expuso los principios que han inspirado la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (lou), así como sus principales novedades. Asimismo, se ocuparía del referido Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, cuyo fin es establecer un sistema flexible de titulaciones basado en dos niveles Grado y Posgrado, que se estructuran en tres ciclos. Por otra parte, los estudios universitarios de Posgrado se regulan en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero. El fin de estos estudios es "la especialización del estudiante en su formación académica, profesional o investigadora" y permiten alcanzar el título de Máster (segundo ciclo) o el de Doctor (tercer ciclo). A continuación, P. Zambrana trató de reflejar la situación actual a partir de los recientes Documentos de trabajo del Ministerio de Educación y Ciencia: Propuesta sobre la organización de las enseñanzas universitarias en España de 26 de septiembre de 2006; Propuesta de Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster de 21 de diciembre de 2006; Documento de 15 de febrero de 2007 sobre las materias básicas por ramas y Nota sobre profesiones reguladas y directrices de títulos universitarios (documentos de 30 de marzo y 12 de abril de 2007). No obviaría, en todo este panorama, las Conclusiones de la XIII Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho, celebrada en Zaragoza los días 22 y 23 de mayo de 2007 en relación al diseño del Título Grado en Derecho.
La tercera parte de la exposición estaría dedicada a la enseñanza de la Historia del Derecho en el Espacio Europeo de Educación Superior. El modelo vigente de docencia universitaria de carácter transmisivo debe cambiar. La transformación de la estructura de las enseñanzas debe ir necesariamente acompañada de cambios en la metodología enseñanza-aprendizaje que fomenten la formación de los estudiantes en competencias, como exige el proceso de convergencia europea. La nueva situación exige huir de la suprema autoridad del profesor como mero transmisor de contenidos y establecer una enseñanza centrada en el alumno, en su autonomía y en su capacidad para construir su propio aprendizaje (aprendizaje activo, significativo y abierto). Según este planteamiento, el papel del docente cambia, quedando en un segundo plano la función de transmitir conocimientos, pasando a actuar como un director y guía. Se trata de enseñar a aprender. Además, es preciso acercar los estudios universitarios al ejercicio profesional, potenciando los aspectos prácticos de la enseñanza. Sin embargo, P. Zambrana opina que no se puede generalizar y que la aplicación de estos principios admite variaciones sustanciales según el tipo de asignatura y de alumnado. Por este motivo, señalaría las dificultades concretas que surgen para la Historia del Derecho desde su tradicional ubicación en el primer curso de carrera (no es una asignatura eminentemente práctica, no se puede obviar el perfil del alumno y su preparación y la masificación existente en algunas Facultades de Derecho españolas). Al margen de otros problemas derivados de los medios económicos, técnicos, de infraestructura o de falta de recursos humanos, un problema común es la falta de información y sobre todo de formación del profesor en las nuevas técnicas de enseñanza siendo fundamental su motivación e interés por adaptarse a las mismas. Una vez expuestas estas dificultades, Zambrana analizaría las técnicas docentes que estima compatibles con la Historia del Derecho y con el Espacio Europeo. En primer lugar, las clases teóricas, donde defiende (tras analizar sus ventajas y las posibles soluciones a sus inconvenientes) que una clase magistral bien concebida no debe ser abandonada, siempre que no se utilice de forma exclusiva y se encuentre en adecuada combinación con otras técnicas pedagógicas novedosas, más abiertas y participativas. En cuanto a las clases prácticas determinó sus requisitos, sus objetivos y sus modalidades. Seguidamente, presentó el seminario con el fin de profundizar en la asignatura y motivar la investigación del alumnado, iniciándolo en la realización de un trabajo de carácter científico. No obvia las tutorías personalizadas como una de las claves para la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, indicando sus objetivos y sus principales problemas. Finalmente, no dudó del papel fundamental de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (tic) en la renovación metodológica al facilitar la comunicación y el intercambio de información. Tras examinar sus ventajas e inconvenientes consideró que la enseñanza virtual puede suponer un buen apoyo para la docencia, pero no cree que pueda sustituir totalmente a la presencial, al menos en una asignatura como la Historia del Derecho. Cerró este bloque de su intervención con un repaso a las principales técnicas de evaluación, partiendo de que el proceso de convergencia europea impone un sistema de evaluación continua, apartándose, así, del tradicional examen escrito, como única prueba objetiva para medir los conocimientos. A través de las técnicas propuestas (pruebas de conocimiento periódicas sobre los contenidos teóricos de la asignatura, prácticas, trabajos dirigidos —individuales o en grupo—, recensiones críticas, seminarios, portafolios o carpetas...) se valorarán los siguientes elementos (criterios de evaluación): conocimientos adquiridos y comprensión de los mismos, habilidades y destrezas para utilizar y aplicar los conocimientos y conceptos adquiridos a la resolución de casos prácticos/problemas y a comentarios de textos iushistóricos; capacidad crítica, de reflexión y diálogo; asimilación y correcto uso de la terminología jurídica e histórico-jurídica; capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo; expresión oral (exposiciones orales, intervención en los debates de clase) y escrita; capacidad de análisis y síntesis, distinguiendo lo principal de lo accesorio; interés demostrado a lo largo del curso: asistencia y participación activa en clases teóricas y prácticas, tutorías, seminarios, conferencias, congresos y otras actividades que pongan de manifiesto el trabajo diario del alumno en la preparación de la asignatura.
Zambrana Moral concluiría su intervención refiriendo su particular experiencia al frente de un grupo piloto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, deteniéndose en los principales elementos de la Guía Docente y en los problemas detectados. La conclusión es que afrontamos un largo camino por recorrer, siendo muchas las dificultades a superar y escaso el tiempo para conseguirlo (2010). En cualquier caso, habrá que esperar a la aprobación del Título de Grado en Derecho para saber exactamente a qué atenernos.
Ese mismo día, el norteamericano Stephen Jacobson, de la Universidad Pompeu Fabra, expuso su ponencia sobre Los abogados barceloneses en los siglos XVIII-XIX. Forma parte de un trabajo de investigación que verá la luz en 2008 en su libro titulado Catalan Advocates: Lawyers, Society and Politics in Barcelona, 1759-c. 1900, publicado por Chapel Hill: University of North Carolina Press, en su serie Studies in Legal History.
Comenzó precisando el número de abogados y notarios en Cataluña. Según el Censo de Floridablanca, en 1787 habría 195 abogados y 80 notarios en Barcelona y 195 abogados y 440 notarios en otros lugares. En base a la Guía Judicial de Cataluña de 1898, en Barcelona el número de abogados era de 417 y el de notarios de 53, mientras que en otros lugares habría 217 abogados y 150 notarios. Tras realizar un estudio de lo que denominó "densidad" de abogados de Barcelona, desde 1389 a 1897, observaría un descenso apreciable entre 1716 y 1729 (de 55 a 15 abogados por cada 10.000 personas), coincidiendo con una época de estancamiento demográfico, mientras que se produciría una recuperación a partir de 1802, llegando a 24 abogados por cada 10.000 personas en 1897.
Respecto a las características de la profesión en el siglo XVIII, S. Jacobson aludiría a la decadencia (directamente relacionada con la representación a Carlos IIl) y a la recuperación numérica y profesional; situando el balance de la segunda mitad del siglo XVIII entre la Ilustración y las fuentes de conocimiento tradicionales y entre la "reacción aristocrática" y la "revolución burguesa". Al mismo tiempo, es apreciable el incremento en el número de nuevos abogados en Cataluña entre 1778 y 1797 y un descenso entre 1798 y 1817.
A continuación el ponente, tras un minucioso análisis de las Decisiones de la Audiencia de Barcelona (Salas Civiles) entre 1660 y 1860, observó el punto numérico más álgido entre 1840 y 1860. Igualmente, se detuvo en el perfil social de los litigantes (demandantes y demandados). Así, entre 1716 y 1746 un 32% de los demandantes y un 36% de los demandados eran comerciantes, tenderos o artesanos (entre 1778 y 1808 la proporción se iguala al 36% de demandantes y demandados en este grupo); un 13% de los demandantes y un 8% de los demandados eran notarios, escribanos, médicos, funcionarios o desempeñaban otras profesiones letradas (entre 1778 y 1808 el porcentaje se eleva al 15% y 10%, respectivamente); un 18% de los demandantes y un 10% de los demandados pertenecían alas instituciones eclesiásticas (estaproporción baja al 9% y al 5%, respectivamente, entre 1778 y 1808); entre los campesinos, un 20% eran demandantes y un 29% demandados (un 28% y un 40% en el segundo periodo analizado), a la nobleza pertenecían un 11% de ambas partes (porcentaje que se reduce al 7% de demandantes y al 4% de demandados entre 1778-1808); un 5% a las Corporaciones (hospitales, gremios y universidades) (pasando al 4% de demandantes y al 5% de demandados entre 1778 y 1808) y un 1% de demandantes eran asalariados, no existiendo ningún demandado de este grupo (entre 1778 y 1808 se mantiene el 1% de demandantes y se aprecia un 2% de demandados).
Tras el examen de estos datos numéricos Jacobson se ocupó de distinguir entre la profesión liberal y la profesión conservadora. Relacionó la primera con la Guerra de la Independencia (abogados afrancesados y abogados liberales y absolutistas dentro de la resistencia), con las épocas revolucionarias (en las milicias y en las juntas), con la represión de la Década Ominosa y con la revolución liberal. Por su parte, sitúa a la profesión conservadora en instituciones como la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, el Colegio de Abogados y la Academia de Jurisprudencia.
Seguidamente, plantearía el perfil social de los abogados a partir del análisis de la profesión del padre de los nuevos abogados en Cataluña entre 1823 y 1833 y en 1857 y 1897. Concluyó que un 6% tenía como padre a un noble entre 1823-1833 y en 1857, bajando el porcentaje a un 2% en 1897; un 19% a campesinos o hacendados, entre 1823 y 1833, descendiendo a un 14% en 1857 y un 15% en 1897; un 28 % (el porcentaje más elevado) eran hijos de abogados, médicos, funcionarios u oficiales del ejército en el primer periodo, aumentando en 1857 a un 47% y descendiendo a un 36% en 1897; un 21% eran hijos de comerciantes entre 1823 y 1833, porcentaje que se mantiene en 1897, tras un ligero descenso al 18% en 1857; un 23% de artesanos y maestros y tan solo un 2% de labradores, entre 1823 y 1833. En 1857 un 15% tenía como padre a artesanos, asalariados y otras profesiones, pasando a un 24% en 1897.
Concluiría S. Jacobson presentando la situación del foro durante el último tercio del siglo XIX. Así, señaló un cambio en la estructura de dicho foro a partir de lo que denominaría la "crisis del pleito" y la saturación de la profesión que trata de explicar, en parte, por la defensa del derecho civil catalán y la llegada del catalanismo. Observó un cambio en el porcentaje entre los abogados ejercientes y no ejercientes. En 1856, el número total de abogados era de 346, de los que ejercían un 70% (242), mientras que un 30% eran no ejercientes (104). Por su parte, en 1899 había un total de 811 abogados de los que un 53% (433) eran ejercientes y un 47% (378) no ejercientes. Asimismo, se observa un considerable aumento de los litigios penales frente a los civiles.
Por otra parte, el día 20 de junio en el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili, en colaboración con la Universidad de Gerona y con la Pompeu Fabra dentro del Seminario Permanente que nos ocupa, tuvo lugar una sesión en el curso "Derecho y Estado de Derecho en los países hispánicos de ambos mundos", a cargo de Bernardino Bravo Lira, Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Chile, que llevaba por título Dios, rey, patria. Se profundizaría en temas relacionados con Una constitución para dos mundos. Señorío, Estado y monarquía múltiple. Factores centrípetos y centrífugos. Corona de Aragón y de Bohemia, monarquía hispánica (1479-1521)y austríaca (1526-1918). Estados sucesores. En la Universidad de Gerona habló sobre Honor, vida y hacienda y en la Pompeu Fabra disertó sobre Los dos cuchillos, reproduciendo la simbología de poderes que se le atribuye a ambos cuchillos en las Partidas. En la sesión de Tarragona se contó con la activa presencia de dos romanistas, que intervinieron en varias ocasiones durante el debate de la exposición, en concreto la catedrática de Derecho romano de la Universidad Rovira i Virgili, Maria Encarnació Ricart, y Lourdes Salomón, profesora de Derecho romano de la Universitat Oberta de Catalunya.
Particular atención tuvo la sesión celebrada el 26 de junio de 2007 en la que intervino el Decano de los historiadores del Derecho españoles el prof. Josep María Font i Rius, quien con sus 92 años, desarrolló una impecable lección sobre Regim polític de la Catalunya Carolíngia: la desintegrado del poder publie: el vasallatge. Partió del examen de la estructura política de la Pre-Cataluña, la ordenación normal del poder público y la delegación de los poderes, junto a la fidelidad de hombre a hombre. Resaltó la aparición de la inmunidad que llevaría al señorío y la relación de fidelidad de los séniores con respecto a Carlomagno y sus sucesores. La encomendación unía a dos hombres libres de estatus superior, pero, a partir de Carlomagno, la difusión del beneficio y del vasallaje se desarrolló y amplió a los distintos niveles de la estructura. Los vasallos reales, los casati, tenían beneficios territoriales. El contrato de vasallaje no era anulable unilateralmente, pues era vitalicio. El vasallo era miles, es decir, caballero y militar. El vasallaje carolingio influyó en los dominios catalanes y en general en toda la Septimania. Se ha de tener en cuenta que los hispani refugiados en el sur de las Galias eran personajes importantes, ya que la documentación habla de ellos como maiores etpotentiores. En 844 se constata la existencia del término fidelis y también de vassus noster. La palabrafidelis, como es conocido, es objeto de un debate científico, ya que para Torres López los fidèles visigodos no eran fidèles de sujeción personal, prefeudal, a pesar de que Claudio Sánchez-Albornoz mantiene lo contrario. Pierre Bonnassie sostuvo en su momento que de los vassi dominici solamente conocemos los hispani, y que tiempo después desaparecerían. De hecho, en Septimania la última referencia que se tiene es del año 852. Explicó luego Font i Rius el beneficio que se recibía del señor, acompañado del correspondiente obsequio. Un punto crucial de la intervención de Font fue aquel en el que reconoció que, de hecho, la independencia de Cataluña respecto a la monarquía franca pudo darse en el 985 o en el 988, aunque de derecho sólo es constatable a partir del tratado de Corbeil. Roma Pina Homs advirtió cómo Lalinde Abadía había hablado de cláusulas secretas de dicho tratado, según las cuales Jaime I nunca se proclamaría rey de catalanes. Para Josep Maria Font, los condes catalanes no debieron darse cuenta de lo que para ellos suponía la independencia de la monarquía franca.
En esa misma fecha del 26 de junio de 2007 intervinieron para homenajear a dos de los tres historiadores del Derecho recientemente fallecidos, Jesús Lalinde Abadía (1920-2007) y Víctor Ferro (1937-2007), diversos profesores venidos de diferentes Universidades del Estado español, en concreto Jesús Morales (profesor titular de Historia del Derecho y de las instituciones y antiguo Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza), José María Pérez Collados (Catedrático de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Gerona de la que ha sido Decano de su Facultad de Derecho hasta hace bien poco tiempo y actualmente es coordinador del programa de doctorados en su Facultad), Josep Serrano Daura (profesor de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad Internacional de Cataluña), Manuel J. Peláez (catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad de Málaga), Roma Pina i Homs (catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de las Islas Baleares), Sebastià Solé i Cot (profesor titular de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad Autónoma de Barcelona), Sixto Sánchez-Lauro (profesor titular de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Barcelona), Tomás de Montagut (catedrático de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad Pompeu Fabra, donde es Secretario general y Vicerrector de Relaciones institucionales) y el mencionado Josep Maria Font i Rius (catedrático emérito y luego honorario que fue de la de Barcelona). Junto a ellos también estuvieron presentes e intervinieron en los debates Jaume Ribalta Haro (profesor agregado de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad de Lérida), Antoni Jordà (profesor titular de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, en la que es Decano de su Facultad de Derecho, además de autor de miles de páginas publicadas, una parte de ellas recogidas en siete libros), Antonio Planas (profesor titular de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de las Islas Baleares), Elisabet Ferran i Planas4 (profesora de Historia del Derecho de la Universidad Abad Oliba), el citado norteamericano Stephen Jacobson (transitoriamente profesor de la Universidad Pompeu Fabra), Josep Capdeferro (profesor de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad Pompeu Fabra), Aniceto Masferrer (profesor de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad Literaria de Valencia), Judit Valls (profesora de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Gerona) y el chileno Manuel José Vial Dumas, que está a punto de terminar su tesis doctoral sobre la Historia del régimen económico matrimonial en Europa y que habla el griego moderno, sin dejar de conocer el clásico y el latín. No faltaron tampoco los dos historiadores del Derecho políglotas por antonomasia con que contamos en este momento en el Estado español, en concreto Tunde Mikes (profesora de Historia el derecho penal de la Universidad de Gerona) y Alfonso Aragoneses (profesor de Historia del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra) ; la primera domina el húngaro, el francés, el castellano, el catalán, el ruso y el alemán, mientras que Aragoneses se mueve como pez en el agua en francés, alemán, sueco, catalán, inglés, italiano y castellano. Es posible que Aragoneses haya sido el jurista español con doctorado europeo que haya hecho la defensa en un mayor número de lenguas, siendo una auténtica vergüenza como estos doctorados europeos se asignan en otros lugares con la sola defensa en dos idiomas: castellano e inglés.
Uno de los primeros discípulos de Lalinde, Jesús Morales, tuvo la suerte de tratarle en Zaragoza donde se formó a su lado. Lalinde fue el Decano de la transición en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, actuando como motor del cambio político de toda la ciudad. Tuvo Lalinde la voluntad de ser preciso y a la vez la capacidad para conseguirlo. Sus clases desde el punto de vista doctrinal eran como presenciar un bombardeo nuclear de conceptos, desarrollados con un lenguaje perfecto, acompasado con un sentido del equilibrio casi estético en cuanto a la proporción y el rigor. Su capacidad de concentración era asombrosa y la de adaptación al medio sorprendente. En los Congresos se transformaba y afirmaba con firmeza, dentro del habitual ritual académico, las posiciones que postulaba.
J. M. Pérez Collados, que se integró en el área de Historia del Derecho de la Universidad cesaraugustana en 1987, no fue discípulo de Lalinde, pero sí había sido alumno de una discípula suya Rosa María Bandrés en el primer año de Licenciatura. Resaltó la huella que había dejado y el respeto generalizado de que se hizo acreedor en la Universidad de Zaragoza. El catedrático de Derecho Constitucional Ramírez recordaba con frecuencia que había sido Vicedecano de Lalinde. La propia Facultad de Derecho de Zaragoza cuenta solamente con dos aulas dedicadas a profesores de la misma, a pesar de ser una institución centenaria, una de ellas es el aula "Jesús Lalinde Abadía" y la otra el aula "José Luis Lacruz Berdejo". El libro escrito por Lalinde sobre los Fueros de Aragón ha sido durante años texto de lectura obligatoria en algunos Institutos de Bachillerato, Colegios concertados y privados de la Comunidad Autónoma aragonesa, lo que hace que el nombre de Lalinde sea conocido por multitud de bachilleres de Aragón. Lalinde fue propuesto sin éxito para el Premio Príncipe de Asturias. En Zaragoza durante los años ochenta y noventa del pasado siglo XX subsistió el "mito Lalinde" y cuando era invitado a Zaragoza a impartir una conferencia, viejos profesores jubilados como César Infante Romance o José Maria Rivas Alba acudían a escucharle, junto a un número no escaso de docentes en activo de la Facultad de Filosofía y Letras.
El discípulo más directo que tuvo Lalinde fue Sixto Sánchez-Lauro, quien se hizo portador del agradecimiento de los dos hijos de Lalinde por el homenaje que le estábamos tributando. Resaltó en Lalinde la universalidad y en Víctor Ferro la precisión, y cómo fue testigo del encuentro entre ambos en Castelldefels. Lalinde tuvo siempre una altísima valoración del tratado de Ferro. Puso de relieve Sánchez-Lauro que Lalinde era irenista, austero, exento de ambiciones personales. En su producción científica de medio siglo tocó todos los campos de la Historia del Derecho, desde la manualística hasta el Derecho público, familia, sucesiones, obligaciones, penal, procesal. Su regreso a Barcelona, tras su paso por Zaragoza, no levantó las expectativas que él se esperaba. Su jubilación se anticipó como consecuencia de un cambio legislativo. Su rechazo a la petición de profesor emérito no fue tan inesperada, ni tan desconocida, aunque la comisión argumentó haberlo hecho con base exclusivamente curricular, para sorpresa de los que conocíamos la valía y la grandeza de ese profesor universitario que había dedicado una buena parte de sus investigaciones al estudio histórico-jurídico catalán y de los restantes territorios de la Corona de Aragón. Lalinde acusó el golpe y la ingratitud.
Joan Arrieta hizo referencia en su exposición a varios recuerdos de Lalinde, de quien fue alumno en Zaragoza y discípulo suyo en Barcelona. Lalinde le sugirió como tema de tesis doctoral el Consejo de Aragón. También resaltó Arrieta la importancia de Lalinde para la historiografía jurídica catalana, española y europea. Situó a Lalinde a una altura similar a la de los clásicos catalanes de la literatura jurídica (Jaume Callís, Jaime Cáncer, Lluís de Peguera, Antoni Acaci de Ripoll, Joan Pau Xammar, e incluso Fontanella), ya que Víctor Ferro en su aludido Dretpublic cátala así lo ubica, siendo el autor contemporáneo que más cita y estableciendo un diálogo científico a lo largo de toda su obra en lo que pudiera discrepar de Lalinde, cosa que Ferro no hace con otros autores del siglo XX.
Desde la Universidad de las Islas Baleares vino Roma Pina Homs, quien conoció a Lalinde el 28 de marzo de 1977, que formaba parte del tribunal que juzgó su tesis doctoral y supo responder a observaciones que le había hecho uno de los miembros precedentes en su intervención en relación al modo de entender el concepto de soberanía. Tanto Pina como Lalinde se abrieron paso en la Historia del Derecho desde la función pública. En 1982 Lalinde pronunciaba una conferencia en la Sociedad Arqueológica Luliana y en esa ocasión motivó a Pina para que abandonara su relevante cargo administrativo para dedicarse por completo a la Universidad: "No lo dude ni un instante —le precisó Lalinde—. En la Universidad, Ud. será alguien; en la administración, un mandado, sometido a las veleidades del poder de cada momento". Resaltó Román Pina que Lalinde fue muy riguroso y espartano en su disciplina personal, nada dado al histrionismo, pues sabía reír con inteligencia. La pérdida de su mujer, Ana María Jürs, le hizo perder la curiosidad, pero no la ternura.
Inaplazables encargos profesionales evitaron que Josep Serrano Daura estuviera directamente presente en la Universidad Pompeu Fabra, pero su texto fue leído por Tomas de Montagut. Quiso dejar constancia que Ferro dominaba nueve idiomas, fue amante de la música y traductor al castellano de La flauta mágica, licenciado en Derecho y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por Montevideo, sería profesor de Universidad en Cataluña y recibió el Premio Prat de la Riba del Institut d'Estudis Catalans. Pero, además, sería un hombre bueno, de fácil conversación y finísimo espíritu crítico.
Sebastià Solé i Cot se entretuvo en resaltar el método y estilo rigurosísimo que presidió la elaboración de la tesis doctoral, luego transformada en libro, de Lalinde sobre la institución virreinal en Cataluña. Para Solé la Iniciación histórica al Derecho Españoles clara en la Parte general y luego sigue una sistemática compleja en la Parte especial. En todos sus estudios institucionales ha conseguido un claro equilibrio. Según Solé Cot la vida de Víctor Ferro está marcada por un destino trágico de su exilio involuntario que le llevó de Cataluña al sur de Francia, luego a Paraguay y más tarde a Uruguay. Supo admirar el método riguroso que presidió su producción histórico-jurídica y las constantes referencias y comparaciones que hacía a las instituciones jurídicas según países. Según Solé hay cuatro síntesis geniales para el conocimiento de la historia del derecho catalán y de sus instituciones : las Instituciones de Derecho público general de España, con noticias del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en cualquier Estado, Madrid, 1800-1803 en 9 vols, de Ramón Llàtzer de Dou i de Bassols5; la Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del civil y exposición de las principales instituciones del Derecho Civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la Jurispudencia, Barcelona, 1918, de Guillem Maria de Broca i de Montagut6; los Apuntes de Historia del derecho español tomados de las explicaciones ordinarias de la Cátedra, Barcelona, 1969, de Josep Maria Font i Rius y El Dret public cátala: les Institucions a Catalunya fins al Décret de Nova Planta, Vic, 1987, de Víctor Ferro.
Tomás de Montagut tuvo a bien resaltar el carácter docente innovador de Lalinde en 1982, con una metodología que es ahora la que se trata de implantar en Europa con el sistema de Bolonia, pero que entonces era muy difícil de aplicar en la práctica con grupos de más de un centenar de alumnos. Se entretuvo en la dimensión europeísta y universal de Lalinde, a la vez que la dificultad de comprensión de la manualística lalindiana. En relación a Víctor Ferro señaló cómo le conoció a través de Sebastià Solé i Cot, y que, tras leer su libro, le invitó a que pudiera ser profesor de Historia del derecho catalán en la Universitat Pompeu Fabra, con el fin de que impartiera clases de Derecho público catalán. Páralos alumnos, el tratado de Ferro era difícil de entender, pero se hizo una adaptación del mismo por parte de Josep Capdeferro. La historia del Derecho procesal catalán también fue objeto de investigación por parte de Ferro, que redactó los correspondientes capítulos del manual al uso editado por la Universitat Oberta de Catalunya. Víctor Ferro fue un espíritu crítico, que utilizaba el método del Derecho comparado y abría muchas ventanas. Apuntó Tomás de Montagut cuatro orientaciones científicas futuras sobre Víctor Ferro y su obra: Ia) Agrupar las voces que aparecieron en la Gran Enciclopedia Catalana de historia del derecho catalán y publicarlas en un volumen aparte; 2a) editar su obra dispersa; 3a) publicar la versión actualizada en castellano de su tratado, que mereció dos ediciones en catalán y 4a) traducir el tratado al inglés. Esta información pudo completarse luego cuando Joan Arrieta habló de la redacción de una biografía intelectual de Jesús Lalinde con varias plumas.
Para Josep Maria Font i Rius, Jesús Lalinde fue una vocación universitaria frustrada en su juventud pero recuperada en la madurez, ya que se doctoró con 38 años y fue catedrático a la edad de 45 años. Puso de relieve igualmente la capacidad extraordinaria de trabajo de Lalinde en el que la tónica general era una inquietud continua por nuevos temas, una terminología distinta, apertura de caminos diferentes en la investigación, etc. En los Congresos de Historia de la Corona de Aragón Lalinde se convirtió en el ponente nato en historia institucional. Tras su jubilación, fue recibido en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona con un discurso en el que anticipó luego una obra en dos volúmenes de Historia del Derecho penal comparado. Fue, según Font, un ciudadano de clase media ilustrada, hombre fino, tranquilo, que daba una impresión firme y segura, siendo a la vez estoico, liberal, austero, sencillo y abierto a las novedades científicas del momento.
Resaltó Peláez cómo Lalinde ya ha pasado a integrarse en el cielo de los juristas, y es posible que también su preocupación conceptual le haya permitido encontrar alojamiento en la isla de los filósofos, y precisó que deseaba denominarlo simplemente Lalinde de la misma forma que al hablar o escribir sobre Bartolo da Sassoferrato o de Federico Carlos de Savigny, no los reconocemos como el profesor Bartolo, ni el Dr. Savigny. Comentó después cómo hizo La-linde una pequeña historia de su trayectoria histórico-jurídica, con ocasión de un encuentro celebrado en Segovia los días 21 y 22 de julio de 2001, que fueron unas Jornadas sobre la historia del AHDE., que sirvieron para concentrar a un número no pequeño de historiadores del Derecho, entre ellos los miembros del entonces Consejo de redacción del Anuario y otros que no se sabía cuáles eran la razones de que estuvieran allí, salvo para atraer gente al redil de la escuela denominada "escudería" o para fortalecer especiales vínculos en el futuro. Recordó Peláez a José Orlandis, que tuvo unas dificultades inmensas a la hora de poder manejarse en el sofisticado cuarto de baño del no menos sofisticado Hotel al que había que acceder con un calzado especial plástico que estaba disponible a la entrada y de lo que no nos avisaron. Por la noche del 21 hubo una cena en la que el propio Orlandis (en menor medida, por razones de prudencia), el jesuíta sabio y superilustrado Gonzalo Martínez Diez y Ramón Fernández Espinar tronaron, durante toda ella, contra el pobre asociado a tiempo completo de la Universidad de Granada José Garrido Arredondo, con la excusa de que era un izquierdista, que explicaba la Historia social del Trabajo con una metodología propia del materialismo histórico. ¿Hay otra forma de explicar algunas lecciones de la Historia social del Trabajo sin recurrir al marxismo? Pocas personas, como Garrido, no siendo ni siquiera doctor todavía, han sido responsables de un área de conocimiento como lo fue él durante años de la nuestra en la Universidad de Granada y supo defenderla con honestidad y con mano izquierda.
Pero volviendo a Lalinde, al día siguiente tuvo ocasión de disertar sobre su inserción en la historia del Derecho, hablando de su primitiva orientación hacia la Historia y la Literatura por obra y buen arte de un maestro de primera enseñanza y de su propio padre. Resulta algo difícil de calibrar que las personas recuerden como motivadores de su vida y guarden en su memoria a sus profesores de la Escuela, pero ya es posible encontrarse con varios casos y leyendo memorias no es infrecuente hallarse con esta referencia. La asignatura de Historia del Derecho la estudió Lalinde en Madrid con Galo Sánchez y Sánchez y mantuvo con él abundantes relaciones científicas en la Biblioteca del Ateneo de Madrid, que Sánchez frecuentaba casi a diario. Lalinde conoció a Claudio Sánchez-Albornoz en el exilio e incluso en una oportunidad, con ocasión de una de las Settimane del Centro de estudios medievales de Spoleto, leyó el texto de la ponencia de don Claudio, que al parecer en esa ocasión no pudo venir desde Argentina como de hecho vino en otras en viaje marítimo y como consta en las fotografías en que aparece en la edición que se hizo de los veinticinco años de las Settimane. Recordó Peláez cómo Lalinde le había comentado que, en su momento, con la beca del Centro di studi sull'alto medioevo lograba él cubrir casi todos los gastos. En los años setenta hubiera sido imposible, sin recurrir a la beneficencia pública, en la puerta de la catedral de Spoleto, no siendo tan menguada como lo era la que Lalinde disfrutó en su momento.
Sabemos que Lalinde trató también a Manuel Torres López en el doctorado, y admiró su profesionalidad siendo el único alumno que en algunos momentos acudía a sus clases, lo que no fue obstáculo para que Torres dejara de darlas o de preparárselas. Torres López no era doctor en Historia del derecho, sino en el más purista derecho romano, con una memoria sobre Las acciones noxales en el Derecho Romano, y era catedrático en Madrid de la restaurada asignatura del doctorado Historia de la literatura jurídica española que había desempeñado durante tanto tiempo Rafael de Ureña y Smenjaud y que en 1930 se propuso su substitución por la de Estudios Superiores de Ciencia Política y de Derecho Político. Se creó esta nueva, que ocuparía Fernando de los Ríos Urruti, pero no se substituyó por la anterior, dejándola subsistente pero sin cubrir. Como todos sabemos, la de Historia de la Iglesia y del Derecho Canónico, desactivada desde 1907, fue restablecida por una Orden del Ministerio de Educación Nacional de 30 de septiembre de 1939, acumulándose momentáneamente su docencia a la de Instituciones de Derecho Canónico, hasta que encontró dotación presupuestaria y fue ocupada por concurso por Fray José López Ortiz quien superó a Manuel Giménez Fernández y a José Escobedo y González Alberú, en 1941, y luego por concurso-oposición convocado el 5 de julio de 1950, y con nombramiento del 23 de octubre de 1952, por José Maldonado y Fernández del Torco, a quien no conviene confundir con ese otro José Maldonado, contemporáneo suyo, que fue el último Presidente de la República española del exilio.
Lalinde, a la vez que hacía el doctorado, calibró en aquellos momentos la conveniencia de hacer oposiciones al cuerpo de Letrados del Consejo de Estado; no obstante, al final se decantó por el Cuerpo Técnico del Estado. Algún tiempo después aterrizaba en Barcelona. Allí conoció a Jaume Vicens i Vives y a Josep Maria Pi Sunyer en la Universidad de la ciudad condal, aunque sería Josep Maria Font i Rius quien lo acogió y quedó sorprendido por los esquemas que había realizado en relación a lo que podía ser su tesis doctoral, que quedó rápidamente terminada y luego defendida con felicitaciones.
Hicieron referencia la mayor parte de los ponentes a las obras de Lalinde Derecho Histórico Español y sobre todo su Iniciación histórica al Derecho Español, títulos que han merecido varias valoraciones, y supusieron una auténtica revolución dentro de la materia. Peláez dijo que Lalinde Abadía ha sido el historiador del Derecho español más innovador del siglo XX. Además ha tenido mucha mayor proyección internacional europea que García-Gallo, que sí que tiene mayor incidencia que Lalinde en el mundo iberoamericano, pero Lalinde está más presente que García-Gallo en Francia, en Italia y en Alemania, y aparece su pluma en Milán, París, Ñapóles, Bucarest, Sassari, Palermo, Bruselas, Coimbra, Montpellier y Los Ángeles. Su propia concepción y estudios del Derecho Universal le abren más puertas y ventanas, lógicamente, de las que puede abrir el estudio del Concilio de Coyanza, del Fuero de Benavente o del testamento de San Martín de Dumio. Mírese la revista más importante del mundo en Historia del Derecho, la ZSS., en su sección de Derecho alemán o germánico, y véase el número de veces que allí es citado o recensionado Lalinde. Es el primero entre los historiadores del derecho español. Además, en España, Lalinde fue un adelantado. En 1992 escribía sobre la Historia del Derecho ante la reestructuración política de Europa.
No obstante, la Iniciación histórica al Derecho Español resulta un libro difícil de entender, no por falta de cañamazo histórico, como comentaba Font i Rius en un seminario en el año 1981, sino porque un alumno de primer año de carrera está carente del aparato conceptual e institucional que ahí se da por supuesto. Veamos algunos ejemplos. Si respecto a la compraventa se dice que "representa el arquetipo de contrato oneroso, consensual y bilateral" y además luego se añade que es "un contrato instantáneo" (p. 791), deviene muy difícil adivinar para un alumno de 18 años en qué consiste, máxime cuando probablemente se desconozca el sentido de cada uno de los elementos definidos que se dan por supuestos. ¿Qué es un arquetipo? ¿Qué significa oneroso y consensual, para una persona que es la primera vez que lo oye decir? En relación a la donación, señala Lalinde, que por un lado es "unilateral" y por otro lado "nullo iure cogente" (p. 790). El resumen elaboradísimo, pero resumidísimo al mismo tiempo, que hace de los contratos onerosos de cesión o se memoriza o es extraordinariamente complejo de entender para el discente. No digamos otra cosa cuando explica "el origen de las formas primarias de colaboración en la demanda de participación por las cosas para su explotación". En materia de responsabilidad civil y política es un ejemplo donde se puede constatar esa metodología empleada por Lalinde. Se pueden poner en este caso dos muestras de títulos o enunciados: "El reconocimiento de la lesión del derecho objetivo en las formas de ejercicio compartido del poder" o "La generalización de la responsabilidad civil con el empleo del sistema contractual en el cumplimiento de fines interiores".
En la compleja temática de Hacienda Pública y explicación de los impuestos, se vislumbra un caso concreto. Resaltó Peláez que, aunque no sean categorías históricas, algunas de las que mencionaba, y además no habiendo escrito nada sobre la materia, habría que explicarlo, en cada periodo histórico como Ingresos, Gastos y Organización de la Hacienda. En los ingresos explicar, según cada época, los impuestos personales, territoriales y aquellos indirectos que gravan el consumo y el tráfico. Ahora bien, veamos cómo lo hace Lalinde y con qué categorías, según enunciados y saltando de la época romana a la constitucional: Io) "El arbitrio de recursos económicos o ingresos para subvenir los quebrantos o gastos del poder público en el ejercicio de sus funciones", 2°) "La distinción permanente dentro de los ingresos entre medios de economía privada y de economía pública", 3o) "La importancia de los medios de economía privada en los periodos de escaso desarrollo de las estructuras políticas", 4o) "El impuesto o tributo como medio arquetípico de economía pública", 5o) "La pluralidad impositiva como sistema general", 6o) "La base política de la imposición directa", 7°) "La base preferentemente económica de la imposición indirecta", 8o) "El predominio del componente directo en la imposición mixta", 9o) "La conversión económica de las prestaciones personales" y 10°) "El carácter privilegiado de las rentas subrogadas". En el Derecho público, si se denomina a la constitución del Imperio romano "El autoritarismo institucional integral como mutación de autoritarismo personal" y para explicar el absolutismo monárquico de los Borbones en el siglo XVIII se habla de "El autoritarismo institucional integral como evolución del híbrido", que se diferencia del poder del monarca en el siglo XIII, según el modelo de las Partidas, en que ese es un caso de "hibridez del autoritarismo institucional exclusivista por reminiscencias personalistas", que también difiere de la monarquía visigoda en que ésta es un caso de "hibridez de autoritarismo institucional por superposición de fórmulas autoritarias personales", la pregunta que nos hacemos es : ¿ Qué puede llegar a entender la desilustrada jovencita salida de una primaria, una Secundaria y un bachillerato en un Centro público, pero es que ni siquiera las niñas procedentes de un Colegio Montessori o del Liceo francés o del suizo serán capaces de comprender estas cosas? Además, cuando la palabra hibridez no existe en castellano, no la admite la Real Academia.
En esta obra—lo pusieron de relieve Morales, Arrieta, Peláez, Sánchez—Lauro, Solé Cot y Montagut— se dan por supuestos muchos conceptos e instituciones y un marco histórico, que la mayor parte de los lectores a los que iba destinada desconocían en buena parte de su realidad.
La versión de esa Iniciación histórica al Derecho Español que lleva por título Instituciones político-administrativas y civiles que se publicó en Barcelona por PPU en 1989, resultaba muy difícil de entender para el alumnado, en concreto el de Málaga, al que iba destinada, como pudo comprobarse en su momento. Ad casum, algo tan sencillo de precisar como el Derecho foral, se denomina "La bifurcación de los sistemas especiales de Derecho privado en los caminos del individualismo romanista y del antiindividualismo autóctono" (pp. 474-475 de esa versión). Los resúmenes finales que suelen acompañar al libro, según Peláez, suscitaban más interrogantes al alumnado que le resolvían o aclaraban problemas. Sin embargo, Solé Cot, Joan Arrieta y Tomás de Montagut defendieron dichos resúmenes como clarividentes y útiles para el alumnado. Sixto Sánchez-Lauro, que es quien mejor los conocía y por tanto podía haberse pronunciado sobre el particular, no señaló nada al respecto.
La manualística lalindiana es una obra, mejor dicho son dos obras, en cuatro versiones, destinadas para los alumnos, pero escritas —según Peláez— para especialistas, para el investigador del pasado siglo XX y del presente XXI, y para éste un instrumento de trabajo conceptual paradigmático donde los haya.
Pero Jesús Lalinde Abadía no sólo fue un genio, ¡que lo ha sido sin duda! Sería además un hombre modesto y sencillo en su trato personal. Limitaba el gasto público. Su sobriedad personal era llamativa. A persona intelectualmente tan valiosa, causó extrañeza profunda que por razones de enemistades universitarias no se le reconociera la condición de profesor emérito en la Universidad de Barcelona, como ha dicho Sixto Sánchez-Lauro.
En cualquier caso manifestó Peláez que sería difícil para él olvidarse de aquel hombre inteligente y bien formado, modesto en el trato externo pero lleno de genialidades con la pluma, a quien vio por primera vez en 1976 en una Facultad de Letras y a quien recordaba tecleando aquella modesta máquina de escribir portátil, de uso común, apoyada sobre un carrito de madera, que Lalinde manejaba con enorme soltura para escribir trabajos jurídicos conceptuales. La enciclopedia Wikipendia sólo reproduce como historiadores del derecho españoles a Rafael Altamira y Crevea, Alfonso García-Gallo y Francisco Tomás y Valiente. Concluyó Peláez animando a moverse e implicar directamente a personas para que escriban y mantengan el recuerdo científico de Lalinde. En el habitual consultor científico de internet, google, Lalinde Abadía tiene 17.900 entradas y en entrecomillado 10.800, mientras que Alfonso García-Gallo cuenta con 26.400 sin entrecomillado. Según M. Peláez, en el mundo informático en el que nos movemos hay que lograr que la escuela catalana de Historia del derecho tenga el reflejo y el reconocimiento que se merece. Concluyó haciendo una serie de digresiones sobrenaturales sobre los homenajeados.
Tomas de Montagut clausuró los seminarios y actividades del curso 2006-2007 con una intervención de agradecimiento a todos los participantes venidos en este caso de ambos hemisferios y anunciando la próxima publicación de tres volúmenes, cuyos autores son Sebastià Solé i Cot, Teresa Tatjer i Prats y José Maria Pérez Collados dentro de la colección de libros del Seminario permanente "Josep Maria Font i Rius".
1 Ello no impide que cuente también con algún artículo referido a Derecho público medieval como El derecho como límite del poder en la Edad Media, en Revista de Administración Pública, 91 (1980), pp. 7-74. Interesante es su valoración de conjunto Orígenes de la Administración pública española, en Notitia Vasconiae 2 (2003), pp. 531-550.
2 En ambos casos en la Editorial Ariel de Barcelona en un volumen de 608 pp.
3 Boletín Oficial del Estado, 13 de abril de 2007.
4 Ha publicado recientemente un libro de dificilísima factura, El jurista Père Albert i les "Commemoracions"(Institut d'Estudís Catalans, Barcelona, 2006), que es obra que prueba la calidad de su nivel investigador, que sepulta en el olvido todo lo que sobre Père Albert escribieron en su momento Ramón d'Abadal, Ferran Valls Í Taberner Í Josep Rovíra Í Ermengol.
5 Ver PELÁEZ, Manuel J., Ramón Llatzer de Dou i de Bassols, en Juristas Universales (Madrid-Barcelona, 2004), II, pp. 710-712 [ Links ]y sensiblemente modificado en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos) (Zaragoza-Barcelona, 2005), I, pp. 284-286, N° 275.
6 Consultar con fruto el "Apèndix bibliogràfic complementari" que a la reedición anastática de su Historia, de 1985, escribe Antoni MIRAMBELL Abancó, pp. 885-955.

References: Real Decreto 
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