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Timestamp: 2018-01-18 18:20:40+00:00

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Frontera Cero no.06 by CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado - issuu
Nº 6 – Invierno de 2008 / 2009
CEAR se moviliza para que la nueva Ley de Asilo respete los derechos de los refugiados Redacción El 5 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la nueva de Ley de Asilo que durante los próximos meses se debatirá y previsiblemente se aprobará en el Parlamento. Despues de un pormenorizado análisis jurídico del texto y de haber entregado al Gobierno una amplia relación de propuestas para la mejora del anteproyecto de ley, CEAR considera que, de prosperar en sus términos actuales, la nueva Ley de Asilo supondrá un retroceso significativo en el compromiso de España con la protección de los refugiados. Durante los próximos meses, y en el marco de su treinta aniversario, CEAR desarrollará una intensa campaña en defensa del derecho de asilo y en ese marco promoverá un amplio apoyo social al manifiesto público que se reproduce en esta página. Entre los argumentos que plantea el Ejecutivo para promover una nueva Ley de Asilo está la necesaria transposición al ordenamiento legal español de tres directivas europeas. Sin embargo, CEAR valora de manera negativa que esta obligación que atiende con notable retraso lleve aparejada la opción por un retroceso en la legislación nacional de asilo, con recortes en garantías y derechos de los refugiados ya reconocidos desde la promulgación de la ley de 1984. Desde hace años, esta organización denuncia las trabas que los solicitantes de asilo tienen para ser reconocidos como refugiados, especialmente para que sus solicitudes sean estudiadas de manera individual y en profundidad. El proyecto de ley consolida dichas trabas, porque debilita el derecho a la asistencia letrada, refuerza los conceptos de país de origen y de tránsito seguro, excluye la posibilidad de solicitar asilo por parte de los ciudadanos de países de la Unión Europea (lo que vulnera de forma directa la Convención de Ginebra) y avanza en un entramado de procedimientos de inadmisión o abreviados que, en lugar de reforzar el estudio de los casos, incrementa el margen de maniobra de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior
Ley de Asilo, como la regulación de la protección complementaria (recae en personas que no son reconocidas como refugiadas pero que obtienen una protección internacional de menor rango) o la relevancia del compromiso de que España participará por fin en los programas de reasentamiento de refugiados de ACNUR con un cupo anual. Sin embargo, el proyecto de ley aprobado el 5 de diciembre debiera haber sido sometido a una reflexión más serena y haberse debatido en profundidad, ya que el Gobierno ha incumplido los plazos para la transposición de las directivas de la Unión Europea, por lo que no hay justificación alguna para precipitar la aprobación de una ley en un aspecto tan relevante de la protección de los derechos humanos.
LA AFGANA MALALAI JOYA Y LA KURDA LEYLA ZANA OBTIENEN EL VII PREMIO JUAN MARÍA BANDRÉS.- El 15 de octubre se reunió en Madrid el jura-
do del VII Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo y la Solidaridad con los Refugiados que otorgan CEAR y la Fundación CEAR. En esta edición, el jurado, presidido por el pintor Juan Genovés, decidió premiar ex aequo a la escritora Leyla Zana (primera kurda elegida para el Parlamento turco, encarcelada durante varios años y candidata al premio Nobel de la Paz) y a la diputada afgana Malalai Joya, refugiada cuando era una niña junto con su familia en Irán y Pakistán y expulsada del Parlamento de su país por denunciar a los “señores de la guerra”. También otorgó una mención de honor a la labor que realiza el sacerdote nigeriano Jeròme Otitoyomi Dykiya como director de la Misión Católica de Nuadibú (Mauritania). Leyla Zana y Malalai Joya viajarán a España a lo largo de 2009 para recoger el VII Premio Juan María Bandrés, que en ediciones anteriores recayó en Enrique Figaredo, Margueritte Barankitse, Javier Giraldo, Suzy Castor, Aminattou Haidar y Salah Salah. Más información: www.cear.es
para descartar peticiones de protección internacional sin una valoración suficiente y justa. Retroceso.- Asimismo, se devalúa el papel de ACNUR en el procedimiento en frontera, ya que su informe favorable a la admisión dejaría de ser garantía para la suspensión del retorno forzado.
Como elemento de especial preocupación, desaparece la posibilidad de solicitar asilo en España desde nuestras embajadas o consulados, una medida injustificada y de especial gravedad en el actual contexto de crecientes dificultades para incluso tener acceso al procedimiento. CEAR apoya los avances que incluye el proyecto de la nueva
Un derecho en crisis.- Las cifras revelan la magnitud de la crisis del derecho de asilo en España. En el primer semestre de 2008, las solicitudes descendieron el 43,48% respecto al mismo periodo de 2007 (de 4.177 personas a 2.361, frente a los más de veinte millones de personas bajo mandato del ACNUR en el mundo). El 52,19% de las peticiones han sido inadmitidas a trámite y el Gobierno sólo ha otorgado protección a 123 personas (el 5,03% del total de las resoluciones firmadas por el ministro del Interior). Desde su fundación en 1979, CEAR trabajó para que España se dotara de una ley de asilo y la promulgada en 1984 reconoce en el preámbulo su contribución. Y, aunque se opuso con fuerza a las restricciones introducidas en 1994, siempre ha aportado de forma rigurosa y abierta sus sugerencias y opiniones. Por ello, en los próximos meses esta organización movilizará a la sociedad y seguirá trabajando con el Gobierno y los grupos parlamentarios para que la nueva Ley de Asilo respete los derechos de los refugiados y honre la memoria de los centenares de miles de compatriotas que a lo largo de nuestra convulsa historia no tuvieron más opción que exiliarse y encontraron una acogida solidaria en otros países.
MANIFIESTO PÚBLICO Desde nuestros diversos ámbitos de responsabilidad y participación social nos concierne la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales como imperativo para la convivencia, la justicia y la paz de los pueblos. Por ello, nos dirigimos al Gobierno, los partidos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y, en definitiva, al conjunto de la sociedad para expresar que: 1. Constatamos con preocupación que el refuerzo del control de las fronteras europeas y el recientemente aprobado Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo suponen graves obstáculos para la protección de las personas refugiadas y vulneran derechos fundamentales de las personas migrantes. En el momento actual, cuando el Gobierno prepara una nueva Ley de Asilo y se construye un sistema europeo común de asilo, estamos convencidos de que España debe cumplir sus compromisos con las personas refugiadas, respetando su dignidad y sus derechos, de acuerdo con las obligaciones legales contraídas. 2. Consideramos que el proyecto de la nueva Ley de Asilo, aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre, supone un retroceso en garantías y derechos hasta ahora reconocidos. Nos preocupan especialmente la devaluación del papel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la utilización de listas de “paí-
En defensa del derecho de asilo ses seguros” y la eliminación de la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado en las misiones diplomáticas españolas. 3. Apoyamos los avances en la nueva Ley de Asilo, como la regulación de la protección complementaria o la relevancia del compromiso de que España participará por fin en los programas de reasentamiento de refugiados de ACNUR con un cupo anual. Sin embargo, estos avances quedan eclipsados por el retroceso global que supone un proyecto de ley que debería haber sido sometido a una reflexión más serena y un debate más profundo. 4. La legislación en materia de asilo sólo debe modificarse para fortalecer y ampliar sus garantías, asumiendo la solidaridad con las víctimas desplazadas y refugiadas ante los nuevos y complejos conflictos
que golpean diariamente la vida de millones de personas en muchas regiones del planeta. 5. Solicitamos al Gobierno y a todos los grupos políticos que se comprometan con la aprobación de una nueva Ley de Asilo que honre la memoria de los centenares de miles de compatriotas que a lo largo de nuestra historia tuvieron que exiliarse y encontraron una acogida solidaria en otros países. Pedimos que durante la discusión y tramitación del proyecto de ley en el Parlamento corrijan las deficiencias que se observan en el proyecto y aseguren que la nueva ley respeta la Convención de Ginebra de 1951, el artículo 13.4 de nuestra Constitución y todas las obligaciones adquiridas por España al adherirse a los instrumentos internacionales de protección del derecho de asilo y, en general, de los derechos humanos. 6. Llamamos a reafirmar los valores de solidaridad y respeto hacia las personas refugiadas y a trabajar por construir un mundo donde los derechos humanos no sean papel mojado para la inmensa mayoría de la humanidad. Exhortamos al conjunto de la sociedad a movilizarse en la defensa del derecho de asilo, cada día más amenazado. Envío de adhesiones a: manifiesto@cear.es
IV FSMM El acceso al derecho de 2010 asilo, Hacia Quito en peligro Nelsy Lizarazo Las voces del III Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), realizado en Rivas Vaciamadrid el pasado mes de septiembre, se siguen escuchando. África, Asia, América Latina y Europa, vivas y presentes en las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, se hicieron escuchar y sentir. Sus denuncias, demandas, iniciativas, búsquedas, aspiraciones, fueron el contenido de cuatro días intensos y profundos. En ese contexto, y como una señal para el mundo entero, el Comité Internacional del FSMM decidió, unánimemente, regresar a América Latina y en concreto a Ecuador, al pequeño territorio que contiene, desde hace al menos una década, la complejidad de la movilidad humana. La candidatura de Ecuador como sede del IV Foro Social Mundial de las Migraciones fue presentada por el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, un mesa interinstitucional en la que convergen desde hace más de cinco años instituciones que con especialidades distintas trabajan en torno al hecho migratorio: educación, investigación, comunicación, atención psicosocial, emprendimientos económicos, desde, con y para las personas migrantes, sus familias, las personas refugiadas y desplazadas. En la carta de postulación de la candidatura se enunciaban los argumentos de fundamentación en los siguientes términos. En primer lugar, Ecuador vive una compleja realidad de movilidad humana, con flujos de emigración principalmente hacia Europa y Estados Unidos y en menor medida hacia algunos países de América Latina; flujos de inmigración, especialmente procedentes de países vecinos como Colombia y Perú; lugar de acogida de más de 200.000 refugiados colombianos, que se concentran esencialmente a lo largo de la frontera. En segundo lugar, desde hace algunos años existe en el país una dinámica amplia y sostenida de acciones en torno a la cuestión migratoria. Iniciativas desde organizaciones sociales, instituciones del tercer sector, la universidad, medios de comunicación, estructuras financieras, se han ampliado y multiplicado a lo largo y ancho del país y más allá de las propias fronteras. En tercer lugar, el esfuerzo de años de trabajo y de incidencia se ha plasmado en la nueva Constitución del país, aprobada el 28 de septiembre, que incluye el tratamiento de todos los temas vinculados a la movilidad humana desde una perspectiva integral de derechos y reconociendo a Ecuador como país de origen, tránsito, destino y retorno. Ideas y propuestas surgidas durante los dos primeros FSMM han nutrido también el trabajo de incidencia llevado adelante en Ecuador. En cuarto lugar, el Estado ecuatoriano y el actual Gobierno han asumido la prioridad del hecho migratorio y funciona actualmente la Secretaría Nacional de Migraciones. Su rango ministerial le permite la definición de políticas, el desarrollo de programas y la implementación de acciones en los distintos campos de un hecho múltiple y complejo como la movilidad humana. Por último, aunque no es un tema menor, desde hace cuatro meses ninguna persona requiere visa para entrar en el territorio ecuatoriano: es un país de fronteras abiertas. Todos estos son argumentos suficientes para ratificar al Ecuador como sede del próximo Foro Social Mundial de las Migraciones. Para el país será una oportunidad maravillosa de enriquecer de contenido social, cultural, político y económico el hecho migratorio; una oportunidad para ratificar su vocación de territorio de fronteras abiertas y su convicción en torno a la ciudadanía universal como aspiración ética de un planeta que se globaliza; una oportunidad para recibir a los habitantes de la Pachamama, con el corazón humilde y el pensamiento circular del mundo andino. - Nelsy Lizarazo es la secretaria ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). www.aler.org
Invierno de 2008 / 2009
El asilo, un derecho en peligro de extinción ITZIAR RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA PRESIDENTA DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL Hace 60 años, las principales potencias mundiales se sentaron en la misma mesa para firmar que velarían por los 30 derechos fundamentales de todas las personas. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha hecho vieja con el paso de los años y algunos de sus artículos han acabado por desdibujarse. Así ha ocurrido con el artículo 14, que especifica que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”. Según ACNUR, en 2007 había alrededor de 16 millones de refugiados en el mundo y 26 millones de desplazados internos. A pesar del elevado número de personas que son victimas de violaciones de los derechos humanos y tienen derecho a protección internacional, en ese mismo año sólo se registraron 647.000 solicitudes de asilo en todo el mundo. No hay una única explicación que justifique esta cifra, insuficiente se mire por donde se mire. Pero, si nos ceñimos al ámbito europeo, podemos hablar de que cada vez menos personas pueden llegar a Europa, pedir asilo y obtener protección debido al endurecimiento de las políticas de asilo y de las medidas de control migratorio. Pese al alarmismo con el que se habla de migración en el continente europeo, la realidad es que la mayor parte de los desplazamientos forzosos de población se producen entre países del Sur. Más del 80% de los refugiados permanecen en sus regiones de origen y menos del 1% son reasentados en terceros países. Pakistán, Siria, Irán y Tanzania se encuentran entre los Estados que acogen a un mayor número de refugiados, a pesar de sus limitadas capacidades o recursos. Sin embargo, y como respuesta a esta mediática “presión migratoria”, en las últimas décadas las políticas europeas han socavado el derecho de asilo, del que el continente se había hecho abanderado en los años 50. A la vez que se han ido endureciendo los criterios para obtener el estatuto de refugiado, los gobiernos han impuesto cada vez más restricciones para acceder al procedimiento de asilo. Las multas a las compañías aéreas por transportar migrantes en situación irregular, el requisito de visado, los controles en escalinatas o las patrullas de FRONTEX hacen que la llegada física a territorio europeo para pedir asilo sea una auténtica carrera de obstáculos. Externalización.- Todas estas prácticas están trasladando la frontera europea más al sur y, al alejarse, la responsabilidad de nuestros gobiernos se difumina. Las nuevas políticas de control migratorio tienden a incorporar a los países del Magreb y de África Occidental a la gestión y control del paso de personas a través de acuerdos de cooperación y readmisión. El resultado ha sido la creación de limbos jurídicos que dan pie a graves y repetidas violaciones de derechos humanos. Algunos ejemplos son los incidentes en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla en 2005, donde murieron
al menos trece personas, las expulsiones al desierto argelino de ese mismo año, o en el año 2007, el caso del Marine I, en el que 23 personas fueron retenidas en un almacén en territorio mauritano por autoridades españolas durante más de tres meses, sin cargos, en condiciones no adecuadas y con oportunidades limitadas para pedir asilo. La primacía del control migratorio sobre los derechos humanos también ha conducido a la vulneración del principio de no devolución, norma imperativa que impide que alguien sea devuelto a un país donde su vida o libertad peligren a causa de su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a grupo social. Nuestro Gobierno tiene firmados acuerdos de readmisión con países que considera “terceros países seguros”, pero que en la práctica no garantizan el respeto a los derechos humanos. Todas estas políticas, además de violar derechos fundamentales, olvidan e invisibilizan que entre los flujos migratorios hay personas que huyen de violaciones de derechos humanos y tienen derecho a la protección internacional. España se encuentra a la cola de Europa en solicitudes y concesiones de asilo. Según las cifras de la OAR, pasamos de un porcentaje de admisión a trámite del 58,28% en 2006 al 45,56% en 2007. En España, sólo el 3,14% de los solicitantes de asilo obtuvo en 2007 el estatuto de refugiado (apenas 204 personas) y el 5,24% debió conformarse con la protección complementaria (340 personas). Sesenta aniversario de la Declaración Universal.- Amnistía Internacional reconoce el derecho del Estado español a controlar la inmigración, pero insiste en que dicho control debe respetar y proteger los derechos humanos de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por sus sucesivos gobiernos. Además de asistencia letrada, intérprete y unas condiciones de acogida y rescate dignas, el Estado español debe facilitar a estas personas el acceso al proceso de asilo y cuidar de que ninguna sea enviada a un país donde corran riesgo sus derechos humanos. Los refugiados también son titulares de los derechos a la protección frente la discriminación, a la libertad religiosa, a tener un documento de viaje e identidad, el derecho al trabajo, al alojamiento, a la educación y la asistencia, el derecho a la protección contra sanciones por entrada ilegal, a la libertad de movimiento y a una solución duradera en el país de asilo, al reasentamiento o la repatriación voluntaria. Los aniversarios deben celebrarse, especialmente el de una Declaración que hay que pelear diariamente por mantener con vida. Pero no por ello podemos olvidar que a nuestro alrededor se está tejiendo una red casi invisible de prácticas de control migratiorio que violan el que fuera uno de los principales derechos humanos. El derecho al asilo, 60 años después, es un derecho en peligro de extinción.
La Europa del asilo sólo puede ser una Europa solidaria ALFREDO ABAD SECRETARIO GENERAL DE CEAR En 1999, la Unión Europea se dio el propósito de construir una política de asilo común, en función de una de las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de Tampere (Finlandia) en el otoño de 1998: “El objetivo es una Unión Europea abierta y segura, totalmente comprometida con las obligaciones de la Convención sobre los Refugiados de Ginebra y otros relevantes instrumentos de derechos humanos, y capaz de responder a las necesidades humanitarias sobre las bases de la solidaridad”. Han transcurrido casi diez años desde aquella determinación y, según el desarrollo de los acontecimientos y de la actividad legislativa europea, todo apunta a que en 2010 se cumplirá el objetivo de tener un Sistema Europeo Común de Asilo. Cuestiones importantes se han invocado y se siguen usando como argumento para avanzar en esta dirección: la situación en el Cáucaso, la frontera oriental, la propia Grecia o la significativa diferencia que tiene una persona de obtener la protección internacional según el país en que presente su solicitud. Por ejemplo, un checheno tiene un 63% de posibilidades de ser protegido en Austria y ninguna en Eslovaquia o un somalí tiene un 98% en Malta y ninguna opción en Grecia o España, según nos transmitió recientemente en París el vicepresidente de la Comisión Europea, Jacques Barrot. Sin embargo, la firma del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo nos da que pensar sobre si no se habrá perdido algo en el camino desde la histórica resolución de Tampere. Aquella declaración está mucho más claramente inspirada en los derechos humanos y en la solidaridad que los actuales principios del Pacto suscrito por los 27 Estados de la Unión Europea en octubre en París. De los cinco principios que establece el Pacto, tres se relacionan con el control/seguridad, el interés eurocentrista y la lucha contra la inmigración irregular, mientras que quedan en segundo plano la defensa del derecho de asilo y el desarrollo vinculado a las migraciones. Derechos humanos.- También sorprende la confusión entre asilo y migración, que forman parte del mismo texto. La pretendida elevación de la protección del derecho de asilo armonizando al alza las distintas normativas nacionales queda comprometida al mezclar las cuestiones de control de flujos migratorios con la consecución de los derechos que corresponden a las personas en razón de la persecución o amenaza que sufren. Por otra parte, los propósitos de Tampere y de la Cumbre de La Haya (2004) priorizan la construcción de una Europa abierta donde el desarrollo de una política de asilo común corresponda a su profunda tradición como defensora de los derechos humanos, una Europa inclusiva donde la responsabilidad con la injusticia, las
desigualdades y la violencia en el mundo se ejerzan compartiendo y extendiendo el nivel de protección de que gozan los ciudadanos europeos a todos aquellos y aquellas que acoja. No obstante, a pesar de la participación social en el debate a través de la discusión del Libro Verde (analizado en el Informe 2008 de CEAR), la solidaridad se ha diluido como eje principal y emergen el miedo y la preocupación por la seguridad. En tercer lugar, y en la misma línea de comprometer la contribución europea al desarrollo y respeto de los derechos humanos, está la cuestión de la externalización de fronteras. Es una hipocresía desplazar el control de las fronteras a países limítrofes donde no están garantizados los derechos. El principio de “no rechazo”, como se afirmó en Tampere (“plena e inclusiva aplicación de la Convención de Ginebra, además de asegurar que nadie es devuelto a la persecución manteniendo el principio de ‘no rechazo”), es una responsabilidad y una obligación internacional que debemos de hacer extensiva a nuestros vecinos como exigencia y no utilizarles como “margen”, lo que acaba limitando seriamente las posibilidades de acceso al asilo. El Llamamiento de París que el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE en sus siglas inglesas) difundió en octubre, suscrito por CEAR, exige que la construcción de la Europa del Asilo se cimente sobre la protección y la solidaridad, no sobre la seguridad y el control. Sólo mediante este criterio será posible el pretendido ejercicio de responsabilidades compartidas y la Unión Europea será coherente con un desarrollo político que responda a sus raíces como constructora de paz y de justicia. Para CEAR, esta concreción requiere que los cambios en nuestra legislación sobre asilo vayan en la dirección de aumentar la protección y garantizar el acceso, de modo que las personas que llegan a nuestras fronteras puedan expresar su necesidad de protección y su caso sea estudiado en profundidad y con justicia. La Europa del Asilo debe ser una realidad estatal en cada uno de los países miembros de la Unión Europea, pero la vocación de la defensa del derecho debe ser la universalidad. El camino del error es el camino de la discriminación y la exclusión, como lo fue la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada el año 2000, que establece diferencias entre las personas para tener acceso a los derechos que deben ser universales porque son humanos. Si nuestra legislación y los pactos a nivel europeo no nos humanizan más y nos protegen más, sin discriminaciones de ningún tipo, estamos cerrando la puerta a la consecución de los fines de la paz y la justicia, la libertad y la solidaridad.
ENTREVISTA A JAVIER DE LUCAS, NUEVO PRESIDENTE DE CEAR
Por una ciudad sin exilio Eugenia García Raya El jurista experto en migraciones Javier de Lucas fue elegido el 24 de noviembre nuevo presidente de CEAR. Este catedrático de Filosofía del Derecho y de Filosofía Política de la Universidad de Valencia y director del Grupo de Estudios sobre Ciudadanía, Inmigración, Multiculturalidad y Minorías de esta universidad es uno de los más relevantes expertos europeos en derechos humanos. Docente, investigador y escritor, Javier de Lucas es autor de más de doscientas publicaciones sobre teoría y filosofía del derecho, derechos humanos o filosofía política, y es miembro de diferentes instituciones académicas internacionales. Por su compromiso con los derechos de los migrantes, ha recibido diversos reconocimientos. FC: El Gobierno acaba de aprobar el proyecto de la nueva Ley de Asilo. ¿Cuál es su opinión sobre esta iniciativa legislativa? - Creo que es necesaria una revisión al alza del marco normativo vigente, es decir, de la Ley 5/1984, que fue modificada considerable y progresivamente por la Ley 9/1994. En realidad, esta revisión no debería quedarse en el marco español, sino que debería alcanzar el internacional: es evidente la necesidad de reconsiderar el sistema de Ginebra (Convenio de 1951 y Protocolo de 1967) para dar cabida a la protección de quienes sufren otras formas de persecución y son víctimas de otro tipo de conflictos que exceden el estrecho marco de ese sistema. Dicho esto, como se ha destacado en algunas valoraciones (por ejemplo, en la toma de posición de CEAR al respecto), el proyecto de ley contiene algunos aspectos positivos, como el esfuerzo de precisar y delimitar la “protección complementaria” o la expectativa de que por fin España participe en los programas de reasentamiento de ACNUR y contemple una protección específica para las víctimas de la violencia de género, por las que el Gobierno ha acreditado una especial sensibilidad desde la anterior legislatura. Pero los elementos negativos son particularmente graves. Me limito a recordar tres, en los que asimismo insisten tomas de posición como la ya evocada de CEAR: un preocupante debilitamiento del papel que ACNUR debe tener en todo procedimiento, el recurso al mecanismo de listas de “países seguros” (reiteradamente denunciado y criticado por buen número de las ONG e instituciones internacionales que trabajan en este ámbito) y la desaparición de la vía diplomática para solicitar asilo. FC: ¿Cómo valora la crisis del derecho de asilo en Europa? - No puedo por menos que mostrar el más firme rechazo frente a la evolución cada vez más restrictiva de las políticas europeas de inmigración y asilo. Este año hemos asistido a tres hitos particularmente graves en ambos campos: el reciente Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, cuyo apartado relativo a la “Europa de asilo” desmiente esa noble tradición y hace temer que la UE se convierta en una fortaleza; la mal denominada “directiva de retorno” y el proyecto de Tarjeta Azul. Déjenme recordar que, por lo que se refiere al apartado V del Pacto relativo al asilo, y como han denunciado buena parte de las ONG (SOS Racismo o CEAR, por citar sólo dos), el objetivo es desarrollar el denominado “Sistema Europeo Común de Asilo” (SECA) que, entre otras cosas, supondrá modificar el Convenio de Dublín para establecer (en aras de la solidaridad entre los miembros de la UE) una especie de distribución compensada de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros. Dos recientes instrumentos jurídicos muy significativos, como la Comunicación sobre “Una Política Común de Emigración para Europa: principios, medidas e instrumentos” (COM 2008/359 de 17.6.08) y la Comunicación sobre el “Plan de política de asilo. Un planteamiento integrado de
Javier de Lucas fue pionero en la propuesta de un nuevo concepto de ciudadanía. FOTO: DANIEL MORDZINSKY
la protección en toda la UE” (COM 360/2008 de 17.06.08), confirman ese juicio. Lo más noble del proyecto europeo es su defensa del Estado de Derecho y de la universalidad de los derechos humanos. Pero, parafraseando a la jurista francesa Danielle Lochak, parece cada vez más verosímil que la UE ha elegido, ante los inmigrantes y los demandantes de asilo, la respuesta que se inspira en la lógica del estado de sitio, del estado de excepción, y no en la del Estado de Derecho. FC: El ministro de Trabajo e Inmigración ha anunciado para los próximos meses una reforma de la Ley de Extranjería. ¿Qué se puede esperar de dicha reforma, a la luz de las últimas medidas y mensajes en políticas de inmigración? - Los datos con los que contamos son más que preocupantes. Es cierto que la necesidad de revisar la ley es indiscutible, no tanto a la luz de las directivas europeas como sobre todo por la relevante (aunque, con todo, moderada) corrección impuesta por el Tribunal Constitucional en sus sentencias de diciembre de 2007 ante recursos de inconstitucionalidad interpuestos por insuficiente reconocimiento de derechos fundamentales. Pero lo cierto es que leídas las reiteradas declaraciones del ministro de Trabajo e Inmigración, y teniendo en cuenta la proposición presentada en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario del Partido Popular, es de temer que paradójicamente se aproveche esta reforma para introducir nuevas restricciones de derechos. En particular de un derecho que la Unión Europea reiteradamente trata a la baja, el reagrupamiento familiar, que no es otra cosa que el derecho a la vida familiar, una condición sine qua non para hablar de políticas de integración. No es una novedad. Al contrario, se trata de una prioridad constante en la política de la UE, al menos desde que al comienzo de la Presidencia austriaca en el segundo semestre de 1998 se elaborara un documento denominado “Estrategias sobre política de migración y asilo”, más conocido como “Documento Ma-
tzka”, en el que se apuntaba al reagrupamiento no como un derecho, sino como el mayor problema que debía afrontar la política de inmigración de la UE y al que debe responderse con una normativa decididamente restrictiva. El argumento que se esgrime es que por esta vía llegan inmigrantes que no son tales porque no son la fuerza de trabajo escogida que requiere el mercado laboral. Esta es la visión restrictiva que está en la base de nuestras políticas. FC: ¿Cuál debe ser la respuesta de las organizaciones sociales ante las vulneraciones de los derechos de los migrantes que se producen en el mundo, especialmente en Europa? - Creo que es evidente la necesidad de estrategias que lleven a la opinión pública los convincentes argumentos que muestran lo inaceptable en términos de legitimidad, pero también de eficacia, de esas políticas restrictivas, que en el fondo se basan en una interpretación miope de los desafíos –de los riesgos, sí, pero también de las oportunidades- que comporta hoy el fenómeno global de los movimientos migratorios. Y es absolutamente imprescindible insistir asimismo en la defensa de la coherencia con los principios, normas e instituciones del Estado de Derecho. Hay que usar los recursos que ofrecen los instrumentos jurídicos internacionales e internos; como señala el jurista Luigi Ferrajoli, desarrollar hasta el límite de lo posible la interpretación garantista de esos derechos. Sobre todo por lo que se refiere a esos sujetos particularmente vulnerables que son los inmigrantes, los asilados, respecto a los cuales el Derecho puede mostrar su lado más noble, ser la línea de defensa del más débil, la prioridad política más básica, como apuntara Camus. No tiene sentido contraponer criterios de eficacia y criterios de defensa de derechos. La condición de la eficacia es el respeto de esos derechos y la coherencia con las exigencias de garantía de los mismos. Por nuestro propio interés. FC: Usted fue pionero en la formulación de un nuevo concepto de ciudadanía. En el actual
“No puedo por menos que mostrar el más firme rechazo frente a la evolución cada vez más restrictiva de las políticas europeas de inmigración y asilo”
contexto, ¿qué implica hablar de ciudadanía? - Me parece que sobre todo es necesario denunciar un uso tan retórico como vacío de la noción de “ciudadano” pretendidamente extendida a los inmigrantes. No basta con llamarlos “ciudadanos” o “nuevos ciudadanos”. Si no hay igualdad de derechos, de nada sirve llamarlos ciudadanos, sino para hacer aún más evidente un doble lenguaje. Es una inaceptable contradicción con el mínimo de legitimidad democrática que exista una institucionalización de la exclusión, una “presencia ausente”, como la denominara Sayad, de quienes son tratados con un estatuto colonial (por no decir de esclavitud), demediados en derechos, sujetos a un cálculo continuo y mezquino del beneficio de su presencia. Quienes viven de forma estable entre nosotros, quienes son vecinos de la ciudad, como nosotros, deben poder decidir sobre la ley que rige en la ciudad y no sólo sufrirla. El recién llegado a la escalera y que paga a la comunidad como los demás (el que no es simplemente un visitante ocasional, sino un vecino más, aunque sólo sea desde anteayer), frente a lo que se ha sostenido, tiene tanto derecho a opinar sobre el ascensor, la basura o la iluminación como el que está allí desde que llegaron sus abuelos. FC: ¿Qué retos se le plantean como nuevo presidente de CEAR? - Creo que hay que distinguir. Permítanme que sea prudente respecto a los retos que afectan a la propia organización. Se acaba de producir la elección y como “vengo de fuera”, debo escuchar, estudiar y ponerme al día sobre el funcionamiento, las necesidades, los proyectos. En todo caso, soy consciente del valor impresionante que representa el capital humano de los trabajadores y de los voluntarios de una organización por otra parte tan compleja y plural como CEAR. En cuanto a los desafíos que nos impone la situación actual, sí puedo enunciar algunos que considero importantes. Lo primero que me parece preocupante es el monopolio de atención y recursos que se otorga a una crisis, la financiera, cuya relevancia es indiscutible, pero que tampoco es la única, ni la prioritaria, frente a otras crisis no menos globales, como las emergencias sanitarias o alimentarias, o los conflictos en los que mueren ante nuestros ojos centenares de miles de seres humanos, además, obviamente de los desplazamientos forzosos que afectan a decenas de millones de personas en todo el mundo. Todas ellas son crisis a las que no parece dedicarse el mismo esfuerzo, la misma decidida voluntad política de responder eficazmente. Lo peor es que, so pretexto de esa crisis, se imponga de nuevo una lógica de emergencia, como la que justificó la denominada guerra contra el terrorismo, en aras de la cual hemos vivido unas políticas de recorte de libertades y derechos. Ahora, la crisis tendría entre sus perdedores a aquellos a los que se nos presenta como “chivos expiatorios”, inmigrantes, asilados, frente a los que de nuevo se esgrime el argumento de la “preferencia nacional” respaldado por ese mezquino sentido común de “sálvese quien pueda” que entona el “primero nosotros” sin reparar en que ya no es posible una salvación que no sea global. Esa suerte de egoísmo que nos quieren hacer tragar como “racional” no sólo habla de una sociedad moralmente enferma sino que, a medio plazo incluso más que a la larga, se volverá contra nosotros. Por eso hay que reforzar las redes de actuación internacional, la relación con otras instituciones en el espacio no sólo estatal, sino europeo. Es la hora de reafirmar aquello en lo que decimos creer, la prioridad de los derechos fundamentales para todos, el respeto al Estado de Derecho, a una democracia plural e inclusiva, pero no sólo en el ámbito de España, sino en la UE, en el mundo. Es lo que supo formular con toda belleza Péguy, trabajar “por una ciudad sin exilio”. - Eugenia García Raya es la responsable de Información Pública de CEAR.
ACNUR elogia la “excelente” actitud de Chad hacia los refugiados, en contraste con el rechazo europeo Redacción La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Chad, Annette Rehrl, elogió el 2 de octubre la “excelente” actitud mostrada hacia los refugiados por un país tan pobre como Chad, cuyo Gobierno “nunca” ha negado sus derechos a los desplazados de la República Centroafricana y de la región sudanesa de Darfur y cuya población es “muy generosa y comparte lo poco que tiene”. Asimismo, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, lamentó el “olvido” en que se encuentran los refugiados centroafricanos en comparación con los de Darfur, a pesar de que “han sufrido absolutamente lo mismo”. La política de los gobiernos africanos en favor de los refugiados muestra, a su juicio, un “constraste increíble” en comparación con la de los europeos. El de Chad, por ejemplo, “jamás ha dicho que no a un refugiado que quisiera quedarse. A pesar de tener una situación muy crítica con Sudán, sabe diferenciar entre la gente que viene a refugiarse y el Gobierno sudanés”. “Legalmente, un refugiado debe tener los mismos derechos que un ciudadano del país que le acoge y Chad nunca ha negado esos derechos a nadie”. Chad alberga en la actualidad a cerca de medio millón de refugiados y desplazados, de los que 250.000 proceden de la región sudanesa de Darfur, 56.000 de República Centroafricana y 180.000 son desplazados internos por el conflicto del sur y este del país. Según Annette Rehrl, “los chadianos son de por sí muy generosos, por muy poco que tengan siempre lo comparten. Ello es así a pesar de que, paradójicamente, las condiciones de vida de la población de los campos de refugiados de Darfur es bastante mejor que las de la población local, sobre todo en el este de Chad, una región extremadamente pobre”. “Al mar-
gen de que la situación de un refugiado sea siempre un drama, dentro del contexto regional los refugiados de Darfur son los que mejor viven en el este de Chad”, explicó. “Tienen asistencia, comida, agua, leña, casas y todos los utensilios que sirven para sobrevivir, acceso a médicos, a escuelas”. Incluso los 180.000 desplazados internos chadianos cuentan con ayuda alimentaria, médicos, asistencia legal y con algunos proyectos de desarrollo, por ejemplo de la UE. Las aldeas de la zona, en cambio, “no tienen agua, ni escuelas ni médicos”. Por ello, para evitar tensiones ACNUR incluye a las poblaciones rurales de los alrededores en sus programas de apoyo a los refugiados para que puedan beneficiarse de sus proyectos de ayuda. Los refugiados de Darfur, según la portavoz, se reparten en doce campamentos situados en las zonas desérticas del este del país, pero sobreviven gracias a las ayudas internacionales y a que son personas acostumbradas a vivir en el desierto y a “no tener nada”. “Los refugiados sudaneses tienen muchísimo orgullo, muchísimo amor propio y una dignidad increíble. Han pasado por lo peor, pero tienen la cabeza muy alta y no quieren limosnas”. Además, explicó, la población refugiada procedente de Darfur está experimentando un “cambio brusco” en sus pautas de vida que podría acabar “poco a poco” con la sociedad tradicional en favor de las mujeres. “Entre el 80 y el 85% de los refugiados son mujeres con sus niños” y la mayor parte de los hombres están “muertos o combatiendo con los rebeldes”. “Los hombres mismos nos lo cuentan, admiten que no son importantes, que todo el poder para moverse lo tienen las mujeres. Habrá qué ver qué ocurrirá cuando vuelvan a sus tierras, pero lo que es seguro es que no van a poder vivir la vida tal como la dejaron atrás”.
Desplazados internos en las afueras de Goz Beida, al sureste de Chad.
Los otros refugiados.- Los refugiados procedentes de la República Centroafricana son “diferentes”, explicó. Son campesinos acostumbrados a una tierra fértil y sus cinco campamentos de refugiados se encuentran, de hecho, en una zona del sur de Chad mucho más fértil que les permite ser un poco más autosuficientes. “Tienen acceso a tierras, pueden cultivar y traer sus ganados”. Lo más lamentable, a su juicio, es el “olvido” en que se encuentran los refugiados centroafricanos en comparación con los de Darfur. “Los refugiados de la República Centroafricana han sufrido lo mismo, absolutamente lo mismo, que los de Chad. Las fuerzas de oposición les han bombardeado, les han quemado los pueblos, han matado a sus familias,
FOTO: H. CAUX / ACNUR
les han robado ganado”, pero mientras que para los refugiados de Chad se han destinado “bastantes fondos”, para los de la República Centroafricana no hay “casi nada”, denunció. La crisis de desplazamientos procedentes del norte de este país se produjo sobre todo entre 2006 y 2007 a causa de los ataques contra sus pueblos y a la violencia entre grupos étnicos. El pasado mes de enero, según Annette Rehrl, llegaron 10.000 refugiados procedentes de República Centroafricana, pero “no le interesó a nadie”. En cambio, la llegada de 13.000 refugiados de Darfur un mes más tarde atrajo el interés informativo “de todo el mundo”, lamentó. “Darfur está muy de moda, hay muchísimos políticos, artistas, organizaciones que se ocupan de ello”.
CEAR-Euskadi exige al Gobierno respeto al principio de no devolución Raquel Celis CEAR-Euskadi está desarrollando una campaña de incidencia política para reivindicar las obligaciones de España relativas al cumplimiento del principio de no devolución de las personas refugiadas en las actuaciones de control y vigilancia de la frontera sur de Europa. Esta campaña, presentada en septiembre durante el III Foro Social Mundial de las Migraciones, pretende contribuir a la defensa del derecho de asilo como derecho humano amenazado mediante el trabajo de incidencia política. A este fin se ha elaborado un informe y una página web sobre la situación del derecho de asilo en España y se promoverá el posicionamiento político de las instituciones vascas (los ayuntamientos de Vizcaya –Eudel-, Juntas Generales de Vizcaya y Parlamento Vasco), que será trasladado a las instituciones europeas a través del Consejo Europeo para los Exiliados y los Refugiados (ECRE), en cuyo comité ejecutivo CEAR está presente. España ha desarrollado, en el marco de la Unión Europea, un “sistema de control” de flujos migratorios que traslada su jurisdicción más allá de las fronteras de su territorio. El Gobierno actúa en aguas internacionales y en países de tránsito de migrantes y
establece acuerdos con Estados africanos para que controlen la salida de sus propias costas. Las medidas adoptadas para este propósito no están dirigidas a restringir la salida de las personas refugiadas de sus países de origen, ni a impedir que logren llegar a un país seguro, pero producen, de hecho, este efecto. En 2007, el porcentaje de personas que formalizaron su solicitud de asilo dentro del territorio nacional fue inferior al 50% del total. Por primera vez en la historia del derecho de asilo en España, la mitad de las personas refugiadas no pudieron entrar en el país para pedir asilo. Impedir a las personas refugiadas llegar a un país seguro en el que ejercer su derecho a solicitar asilo puede constituir de forma indirecta una violación del principio de no devolución, en el que se sustenta el ejercicio del derecho de asilo. Convención de Ginebra.- España tiene la obligación de cumplir el principio de no devolución en aplicación del artículo 33 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Las medidas de control de fronteras, con independencia de dónde se lleven a cabo, constituyen un ejercicio de jurisdicción estatal que no sólo no exime de cumplir los tratados internacionales, sino que, al contrario, obliga al Gobierno español a garantizarlos en cualquier lugar y en cualquier momento en que ejerza su jurisdicción. En consecuencia, CEAR-Euskadi considera que España debe asegurar el respeto al principio de no devolución en operaciones en aguas internacionales y países de tránsito; garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo de personas en alta mar teniendo siempre como principal objetivo la protección de la vida humana; y preservar el acceso al procedimiento de asilo por vía diplomática de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico español, activando los mecanismos necesarios para su efectividad. - Raquel Celis es la responsable de Comunicación de CEAREuskadi. - Web de la campaña: www.sinrefugio.org/europa
DOS VISIONES SOBRE LA LUCHA DEL PUEBLO PALESTINO
“La mayor parte de los judios nos avergonzamos del Estado de Israel”
“La imposibilidad del retorno de los refugiados es un mito construido”
Mireia Gallardo y Alberto Arce El profesor universitario estadounidense Norman Finkelstein participó entre el 29 y el 31 de octubre en la capital vizcaína en “La Iniciativa de Bilbao: Hacia una paz justa en Palestina” en el panel “Impasse político. El papel de la comunidad internacional”. FC: En su libro La Industria del Holocausto presenta una perspectiva muy crítica en torno a la forma en que se lo vincula con el Estado de Israel. - Para ellos (los israelíes) el Holocausto ha sido un vehículo para justificar la creación del Estado. Cuando crecí en Estados Unidos a nadie le importaba la historia de los supervivientes del Holocausto. De hecho, si mis padres habían sobrevivido, la pregunta podría ser ¿cómo habeis sobrevivido? Y era necesario justificarse. La industria del héroe y la mitificación del Holocausto se construyen a partir de toda una campaña de propaganda que comienza con el juicio a Eichmann en Jerusalén. FC: Entonces, usted no se siente identificado como judío con el uso que se le da a las narrativas sobre Israel como consecuencia del Holocausto. - No creo que nadie tenga el derecho de decirle a nadie cómo tiene que identificarse. Yo soy ateo y laico. Pero judío también, porque cualquiera que viera mi apellido se reiría si le dijese que no soy judío. A mí no me importa ser judío o cualquier otra cosa. Pero tengo que reconocer que mis padres me contaron su experiencia en Auschwitz, que impacta, pero no por eso me convierto en sionista. Muchos de quienes se llaman sionistas tampoco lo son. Se trata de una moda política relativamente moderna. Hasta 1967 no existía una identificación generalizada con el sionismo, existía una identificación con la tragedia del Holocausto. A partir de 1967 se vincula la existencia del Estado de Israel con el concepto de sionismo e, independientemente de ser judíos o no, todo un grupo inmenso de personas se convierten en sionistas. Ser sionista, como en el caso de muchos de los políticos norteamericanos es una cuestión oportunista. Ellos sólo se interesan por conceptos físicos, no filosóficos. Israel es poder, política de poder. No tenemos que luchar contra abstractos ideológicos como el sionismo, sino contra el poder de quienes defienden a Israel. Judaísmo o sionismo son términos circunstanciales que no deberían constituir el foco de nuestro discurso. Y la vinculación con el Holocausto es, simplemente, una narrativa espúrea. FC: ¿Cree que muchos judíos piensan así? - Solo vemos a la minoría activa de los judíos israelíes, pero la mayoría de los judíos nos avergonzamos del Estado de Israel: corrupción constante, ocupación, nuclearización. Para quienes vivimos fuera de Israel y nos consideramos liberales [progresistas], el Estado de Israel es una ofensa a nuestra inteligencia. Israel es como esa “tía loca” que querríamos ocultar en el ático. Soy profesor y estoy en contacto constante con jóvenes judíos norteamericanos, sé lo que piensa la mayoría silenciosa. FC: ¿Vislumbra la posibilidad del cambio? - Hay cada vez más diferencia entre los gobiernos y la gente de a pie. La gente pide cambios. No creo que Obama genere un cambio, pero genera la sensación de cambio y por eso gana. Jimmy Carter se ha posicionado escribiendo su opinión absolutamente negativa sobre el régimen israelí. Y si sumo las dos tendencias, junto a la realidad que observo entre los jóvenes, creo que la vinculación entre la población judía de Estados Unidos e Israel decrece constantemente. - FC: ¿Se siente censurado en su país por sus posturas contrarias a las políticas israelíes? - Institucionalmente tengo todas las trabas del mundo
Alberto Arce Salman Abu Sitta, nacido en lo que hoy se llama Beer Sheva y expulsado de su localidad por las milicias sionistas durante la Nakba de 1948, participó en “La Iniciativa de Bilbao: Hacia una paz justa en Palestina” como ponente en el panel “Derechos de los refugiados palestinos: morales, legales y posibles”. FC: ¿Qué es Al Nakba? - Se trata de la expulsión de tres cuartas partes de la población palestina de sus hogares, junto con el robo y el expolio de sus propiedades y patrimonio. Se trata de la continuación de un crimen de guerra que se mantiene desde entonces. Se trata de borrar su memoria e identidad, algo poco mencionado al hablar de personas refugiadas. Se trata de destruir su medio ambiente, borrar sus recuerdos y señales identitarias. En términos de robo de tierra y desplazamiento de propiedad, la escala con la que sucedió no tiene precedente en la historia de Palestina, ni durante la conquista otomana, ni durante la llegada de los cruzados en el siglo XI. Tampoco durante la expansión del Islam del siglo VII, ni en la expansión del cristianismo del siglo I. Así como es inusual ver algo así en el siglo XX. Mientras los soldados coloniales europeos se fueron a casa, al mismo tiempo que millones de seres humanos se libraban de la pesadilla del colonialismo, imperialismo, fascismo, racismo y apartheid, nuevos soldados coloniales judíos europeos llegaron a Palestina para desposeer a su población y convertirlos en personas refugiadas sin hogar. No se trata de algo circunstancial que sucedió en el pasado, es un proceso continuo que se mantiene en la actualidad y que dura ya 60 años. Pero gracias a la voluntad de la población palestina, el éxito de dicha empresa disminuye cada día. FC: La sociedad palestina está tratando de modificar las narrativas sobre la Nakba. ¿Cree que es posible conseguirlo? - Al Nakba es la más larga, sistemática y mejor planeada operación de limpieza étnica desarrollada desde que existen las Naciones Unidas. La ocupación de Gaza y Cisjordania es la más larga desde Napoleón. Podemos poner muchos ejemplos históricos, pero es mejor remitirse a los hechos y divulgarlos. Los hechos han sido cubiertos de mitos, falsificaciones y desinformaciones. Se ha dicho que Palestina era una tierra sin pueblo, que las personas refugiadas se fueron voluntariamente y que abandonaron sus casas para que fueran ocupadas por los recién llegados. Se dice que el plan de partición de Palestina fue aceptado por los sionistas y rechazado por la población palestina. Déjame hacerte una pregunta ¿si mañana veis miles de barcos cargados de extranjeros llegando a la bahía de Vizcaya apoyados por todos los poderes internacionales que os piden que les entreguéis la mitad del País Vasco, lo aceptaríais? FC: La mayoría de los problemas de las personas refugiadas en el mundo se derivan de una guerra. ¿Es ése el caso de los refugiados palestinos? - Nosotros no teníamos un ejército pese a lo que digan los sionistas. Y ellos llegaron para conquistarla, expulsándonos. Se despoblaron 675 aldeas palestinas, se despobló el territorio. Cinco millones de palestinos fueron expulsados de su territorio, se convirtieron en refugiados y viven en campos que aún permanecen dentro de lo que se llama Estado de Israel, los territorios palestinos ocupados y en los países vecinos. La Nakba es la expulsión de personas, el robo de sus tierras y el intento de borrar su identidad. Cuando Allenby llegó a Palestina se encontró con un país amplio, con unos 50.000 judíos que vivían sin
FOTO: ETCHESURI
para enseñar y publicar, pero allí donde voy observo cientos de personas interesadas en escuchar el discurso disidente que transmito sobre las violaciones israelíes del Derecho Internacional, sobre la necesidad de generar una resistencia ghandiana no violenta contra la ocupación israelí de Palestina. Llevo años defendiendo este discurso. Los israelíes nunca habrían podido construir el Muro si se hubieran encontrado con una resistencia popular no violenta o si el discurso tendente a presionar a los gobiernos para que obligaran a cumplir con las resoluciones del Derecho Internacional se aplicara en la práctica sin criterios de doble rasero. Es este tipo de discurso el que se censura y nos hemos dispersado tanto que cada victoria que se consigue acaba en la basura por falta de coordinación para hacerla avanzar. FC: ¿Cómo podríamos avanzar en campañas prácticas de solidaridad con Palestina? - En mi opinión, el primer objetivo sería terminar con la ocupación y existen vías para su consecución. Hay un consenso mundial en torno a que la ocupación es, cuando menos, mala y debe terminar. Centremos todos nuestros esfuerzos en acabar con ella. Centrar los debates en criticar la naturaleza del régimen sionista de Israel nos distraería, ya que los regímenes que le rodean como Egipto o Arabia Saudí son igual de despóticos y policiales que Israel. Centremos nuestro discurso en terminar con la ocupación de Palestina. Si lo mezclamos con apartheid, sionismo, un estado o dos estados, tenemos que ser conscientes de que hay muchos regímenes que aplican métodos similares y no centraremos un debate que nos permita avanzar. FC: Usted plantea medidas prácticas contra la ocupación. ¿Nos propone alguna? - Cada organización de derechos humanos ha señalado, por ejemplo, que los checkpoints son claramente ilegales. Una buena campaña en cada pueblo palestino, con apoyo y presencia internacionales, contra los chekpoints sin el uso de la violencia, remitiéndose a los informes de Amnistía Internacional o Human Rights Watch, habría terminado con los checkpoints hace tiempo. Pero no hay liderazgo, no hay coordinación, no hay estrategia. Hay discusiones políticas sobre conceptos abstractos que no inciden sobre la vida diaria de las personas y que no ayudan a mejorar su situación. Así no vamos a ganar nunca. - Mireia Gallardo es la delegada en Palestina de la ONG Paz con Dignidad. - Alberto Arce es el coordinador de la Iniciativa de Bilbao.
“Tenemos que luchar contra el poder de quiénes defienden a Israel”
problemas entre la población palestina y poseían el 2% de la tierra. Los sionistas crearon en pocos años un ejército de 120.000 personas, lo que constituía el 20% de la población. España tiene menos del 1% de su población en el ejército y Estados Unidos entre el 1% y el 2%. Los sionistas crearon un ejército con un Estado, no un Estado con un ejército. Durante el mandato británico se llegó al 5,5% de la propiedad de la tierra y, tras las masacres cometidas durante la ocupación de las fuerzas militares sionistas, han ocupado prácticamente el 100% de la tierra. FC: ¿Es posible el derecho al retorno de la población refugiada palestina? - Para los palestinos el retorno es sagrado, está incrustado en su psique. La población palestina no fue a Polonia a robar hogares judíos, los judíos polacos vinieron a robar hogares palestinos. Los palestinos nunca renunciarán a retornar a sus hogares. No tengo que recordar las cientos de resoluciones de Naciones Unidas. Como palestinos no tenemos que reinterpretar criterios religiosos ni buscar arqueología o leyes antiguas. Cada familia palestina, incluso los refugiados de tercera generación, sabe y recuerda exactamente de dónde fue expulsada. Es posible el retorno. El 97% de la población palestina refugiada está registrada en cien kilómetros a la redonda de sus lugares de origen. El 50% está refugiada a menos de 50 kilómetros. Muchas personas se levantan por la mañana y ven sus antiguas casas ocupadas por colonos rumanos o rusos. Nos dicen que no hay espacio físico para el regreso, pero los judíos israelíes viven en los mismos lugares en los que vivían durante el mandato británico, cuando los palestinos estaban en sus hogares. La mayoría de los pueblos palestinos siguen estando donde estaban, destruidos y vacíos, el 90%. Otros se han reconstruido y están ocupados por inmigrantes. FC: ¿Podría realmente aplicarse sin generar un problema similar para los habitantes judíos de la tierra? - ¿Cambiaría el mapa? No, porque regresarían a zonas que no modificarían la propiedad actual de la tierra fuera de las ciudades. Pueden retornar y convertirse en vecinos de los judíos y su retorno no implicaría que nadie tuviera que desplazarse. La idea de que el retorno es imposible es un mito construido. En el caso de Gaza, en sus zonas de origen, en torno a Beer Sheva, la densidad de judíos israelíes en toda la zona de kibbutz entre Ashkelon y Beer Sheva es de siete personas por kilómetro cuadrado y en Gaza viven 7.000 palestinos por kilómetro cuadrado. Sólo habría que echar abajo una valla y retornar a su tierra vacía, que es propiedad del Fondo Nacional Judío. No sería necesario desplazar a ningún judío.
“Cada familia palestina recuerda exactamente de dónde fue expulsada”
Implantación en Hospitalet.- La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR, entidad asociada a CEAR) ha abierto una nueva oficina en Hospitalet del Llobregat (Barcelona), en concreto en la calle Llobregat número 62. De manera conjunta con asociaciones de inmigrantes, Maloka, Nuevos Coletivos y Rumbos, la CCAR prestará en esta nueva oficina (conocida como la “Casa sin Fronteras”) sus programas de atención a las personas refugiadas e inmigrantes. Además, podrá incidir en el programa municipal de acogida a las personas recién llegadas y trabajar en red con las entidades locales especializadas. ÀGATA SOL, secretaria general de la CCAR.
Mediación para la vivienda.- Desde junio funciona en CEAR-Extremadura, subvencionado por la Junta, el Servicio de Intermediación para la Vivienda, cuyos objetivos son informar, orientar e intermediar para facilitar el acceso a la vivienda digna, en propiedad o régimen de alquiler, del colectivo de migrantes, refugiados, desplazados y beneficiarios de otras formas de protección. Una línea transversal de este servicio es la sensibilización para la prevención de abusos o el rechazo al alquiler de viviendas a miembros de este colectivo. Se incide, por lo tanto, en la sensibilización, la mediación, el acompañamiento y el asesoramiento e información, fomentando el total protagonismo del usuario. JOSÉ ÁNGEL CALLE, responsable del área de Incidencia y Participación Social de CEAR-Extremadura.
Movilización contra la Directiva de Retorno.- CEAR-PV ha puesto en marcha
una iniciativa para implicar a los municipios valencianos en la movilización social contra la conocida como “Directiva de la Vergüenza”. El ayuntamiento de Buñol (Valencia) ha sido el primero en sumarse a la campaña, al aprobar por unanimidad una moción de condena. Ésta denuncia los aspectos de la directiva más alarmantes en materia de recorte de derechos de las personas inmigrantes en situación irregular, exige verdaderas políticas de acogida e integración e insta a las instituciones europeas a retomar el camino del respeto a los derechos humanos y las garantías de las libertades fundamentales. Asimismo, solicita al Gobierno central y al autonómico que la transposición de esta directiva no reduzca los derechos actualmente existentes. SALVA LACRUZ, responsable de Voluntariado de CEAR-PV.
Curso de informática para migrantes y refugiados.- El 3 de noviembre se inició un curso de programador y desarrollador web en java para quince extranjeros, nueve de ellos derivados por CEAR-Madrid, con una duración de 650 horas de clase teóricoprácticas a lo largo de seis meses. El presupuesto total del curso supera los 200.000 euros, ya que los participantes disponen de becas de manutención y transporte durante todo el periodo de formación. La iniciativa partió a principios de 2007 de la Fundacion Accenture, que se puso en contacto con Cruz Roja, Cáritas, Fundación Tomillo y CEAR ante la gran demanda de profesionales con esta formación en el mercado laboral. El curso finalizará en la primavera de 2009 con el examen final que la propia plataforma java realiza a todos los alumnos en inglés y que certifica de manera oficial. JOAQUÍN AGUILAR, coordinador del área de Empleo y Formación de CEAR-Madrid.
Mejora de la intervención.- CEAR-Euskadi inició en octubre la ejecución del proyecto
“La estandarización del proceso de intervención con personas inmigrantes y refugiadas en Euskadi”, financiado en convocatoria de I+D+I por la obra social de la BBK. Su objetivo es implementar un conjunto de acciones sistemáticas, eficaces, eficientes y pioneras en los servicios de intervención directa de la entidad a fin de promover el bienestar de las personas inmigrantes y refugiadas dando una respuesta ajustada a sus necesidades. A lo largo de tres años, con el acompañamiento de la consultora de Iniciativas de Cooperación y Desarrollo, Incyde, se llevará cabo la reflexión, la identificación y la definición del Proceso de Intervención de la entidad. Posteriormente, la implementación, evaluación y estandarización de dicho Proceso y, finalmente, la difusión y transferencia del Proceso de Intervención de CEAR-Euskadi a otras comunidades autónomas, comenzando por Cataluña, Madrid, y Andalucía. PATRICIA BÁRCENA, directora de CEAR-Euskadi.
El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales premia a CEARSur.- Colegas agrupa a diferentes asociaciones en toda España que trabajan por la igual-
dad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. En 2006 el premio Colegas se otorgó a CEAR-Almería y en la celebración del X Premio Colegas Andalucía 2008 se ha premiado a CEAR-Sur por el trabajo activo que ha realizado en defensa de los derechos de este colectivo de personas. Entre otras acciones, hay que destacar el trabajo del servicio jurídico de CEAR-Sur, que en 2007 consiguió el primer estatuto de refugiado para una persona que tuvo que exiliarse por sufrir persecución en relación con su identidad de género. A la entrega del premio asistieron el presidente de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, el alcalde de Sevilla y el presidente de la Diputación de Sevilla. ANA GÓMEZ HARO, responsable de Sensibilización de CEAR-SUR.
La REDI amplía su trabajo a Canarias.- Organizado por la Red Estatal por la Defensa de los Derechos de los Migrantes (REDI), la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE), el Foro Intercultural de Lanzarote y CEAR y bajo la denominación de “Encuentro en Lanzarote de asociaciones y redes de personas migrantes en Canarias”, se celebró el 1 y 2 de noviembre en esta isla el primer encuentro autonómico de la REDI. Su objetivo era la constitución de un nodo de este proceso estatal en la comunidad autónoma y fue satisfecho al participar más de 90 organizaciones, entre asociaciones, partidos políticos y sindicatos, tanto de personas migrantes como del tejido asociativo local. JUAN MORENO, responsable de Comunicación de CEAR-Canarias.
Imagen de una comunidad bosquimana que participa en los proyectos de la Fundación CEAR.
La Fundación CEAR apoya la seguridad alimentaria de los bosquimanos en Namibia Silvia Sala Durante los últimos siglos, el pueblo San (también llamados bosquimanos) ha sido objeto de una de las persecuciones más crueles de la historia de África. Han sido asesinados, oprimidos, perseguidos y expulsados de sus tierras con la complicidad de la comunidad internacional. Estos pueblos tienen una larga historia, se ha demostrado que son genéticamente similares a los primeros humanos que abandonaron África y colonizaron el resto del mundo. Su historia más reciente ha sido sumamente dolorosa, culminando con la persecución y la expulsión de su tierra originaria en el desierto del Kalahari por parte del Gobierno de Botsuana a partir de los años 80. La idea de que son un pueblo primitivo que debe ser desarrollado y la codicia por los recursos naturales y minerales que alberga su tierra son algunas de las raíces actuales de este problema. En Namibia la situación de este pueblo ha sido precaria durante años. Con la llegada de la población de origen bantú y la colonización blanca, la población originaria se vio desplazada y sufrió la pérdida de sus tierras. Tras la independencia de Namibia, la mayoría de los San carecía de derechos a la propiedad de la tierra y a los recursos naturales y vivía en condiciones de extrema pobreza. Después de casi 19 años de independencia, tan sólo una pequeña proporción de la población del país ha mejorado sus condiciones de vida. Con la liberación del país, en 1990, el Gobierno de Namibia dio prioridad a los San en su política de reasentamiento y redistribución de la tierra, de forma que se les reasentó junto con otras etnias en zonas del interior del país. Muchos de estos proyectos no han funcionando por diversos motivos como la falta de espacio suficiente para llevar a cabo explotaciones agrícola-ganaderas, la organización forzada del trabajo comunitario (cuando los San organizan su trabajo en familias), la lejanía de los asentamientos, la falta de capacidades para autogestionar su producción… La Fundación CEAR trabaja desde finales de 2006 con comunidades mayoritariamente San en un programa de seguridad alimentaria en cuatro proyectos organizados por el Ministerio de Tierras y Reasentamiento namibio, con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El proyecto pretende mejorar la producción agrícola-ganadera, así como dar apoyo a iniciativas de actividades generadoras de ingreso como puede ser la artesanía. De manera paralela, se trabaja con dichas comunidades en el desarrollo
de sus estructuras organizativas, conocimiento de sus roles como líderes, resolución de conflictos, derechos, visión y planificación de futuro. Esta intervención emplea metodologías participativas, en las que las comunidades son las que deciden los pasos que quieren dar, a la vez que se utiliza un enfoque de desarrollo rural integrado. Es un proceso largo, pero, si no se trabaja teniendo en cuenta estos aspectos, el proyecto no será viable cuando la financiación termine. Fin del asistencialismo.- Para la ejecución contamos con un técnico agrario que trabaja tanto en huertos familiares como en huertos comunales y en la ganadería; además, participa un técnico especializado en formación de las capacidades humanas de las comunidades indígenas. Estos dos son apoyados por trabajadores de campo, que dinamizan y motivan constantemente a las comunidades en la participación de las actividades del convenio. Trabajar con comunidades San no es fácil, sobre todo después de que hayan sufrido más de cuarenta años de asistencialismo en los que la vivienda o la comida les venían dadas, tanto por parte del Gobierno como de la comunidad internacional. Actualmente, el Ejecutivo del país ha empezado a reducir la ayuda de manera súbita, sin estrategia alguna, por lo que el principal reclamo de las familias hacia el proyecto es siempre el mismo: “Tenemos hambre”. Una frase que parece increíble en pleno siglo XXI. El futuro para los San no es fácil, pero el proyecto que desarrollamos con ellos les alienta con resultados visibles: en el primer año del convenio han duplicado su producción agraria; las mujeres están empezando a tener ingresos a través de la actividad de producción artesanal y ya están en marcha los comités de desarrollo en sus comunidades. En estos momentos la comunidad se siente positiva y confía en que sus necesidades básicas puedan cubrirse en los próximos años. Cada pueblo indígena que desaparece es una puerta que se cierra a la riqueza de la humanidad. Esperamos que la rica cultura y la protección de la diversidad que realizan los bosquimanos no se pierdan nunca y que este proyecto contribuya a colocarlos en el lugar que les corresponde como uno de los pueblos más antiguos de la tierra. - Silvia Sala es la coordinadora en Namibia de la Fundación CEAR.
Conoce el trabajo de la Fundación CEAR www.fundacioncear.org
“Estoy dispuesto a dar mi vida por un Afganistán libre y democrático” Este refugiado afgano, cuya identidad protegemos por motivos de seguridad, llegó a España hace pocas semanas después de haber solicitado y obtenido el estatuto de refugiado por vía diplomática, con el apoyo del servicio jurídico de CEAR. Si el proyecto de la nueva Ley de Asilo prospera con su actual redacción y las embajadas españolas se cierran a los refugiados, personas como él quedarán expuestas de nuevo a la violencia y las violaciones de los derechos humanos. La situación de Afganistán la resume el siguiente dato: mi país ocupa el lugar 175 de los 177 Estados clasificados en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. No existe ninguna nación en toda Asia que esté en peores condiciones que la mía y a escala mundial sólo algunos países africanos tienen grados similares de destrucción, opresión y pobreza. Sin embargo, no soy pesimista a medio plazo, porque mi pueblo ha desarrollado una gran astucia política y, en cuanto la población afgana tenga una oportunidad real de expresarse sin presiones forasteras ni chantajes mafiosos, demostrará al mundo entero su potencial creativo y su rechazo a la violencia y el fanatismo en tanto que víctimas prolongadas de sus consecuencias. A nadie le gusta que violen a sus hermanas, secuestren a sus hermanos, humillen a sus padres o mutilen a sus hijos. Hace demasiados años que no sé lo que es tener actividad pública, la paz o la seguridad. Mi vida y la vida de toda mi gente amada se desarrolla en la más absoluta clandestinidad. En mi país y en los países vecinos he hecho todo tipo de tareas, desde alfabetización hasta documentación de violaciones de los derechos humanos. Todo ello era muy peligroso, arriesgaba mi vida. Amo a mi gente y a mi tierra y estoy dispuesto a dar mi vida por ver un Afganistán laico, libre y democrático. He sobrevivido a situaciones muy extremas, incluso me han herido de gravedad en más de una ocasión. Pero la fatiga y la presión después de tanto dolor acumulado durante años se habían convertido en los últimos tiempos en una pesada losa con la que no podía convivir más. Creo que lejos de Afganistán estaré seguro, al menos durante una temporada. Aquí, en mi nueva tierra de acogi-
da, quiero optar por las oportunidades que la guerra y los fundamentalistas me quisieron arrebatar. La primera dificultad es el desconocimiento del idioma, una barrera que salvaré con esfuerzo, estudio y mucha práctica. Sobre mi situación legal, por el momento no tengo quejas, porque mi caso está muy bien documentado y tiene mucho fundamento jurídico. Soy consciente de que los pocos afganos que viven aquí subsisten en condiciones infrahumanas y están entre la espada y la pared, entre la insoportable presión de la ilegalidad y, con frecuencia, la única opción de participar en actividades ilegales para sobrevivir. Cuando se encauce mi situación personal, quiero ayudar a mis compatriotas que viven aquí para que aprendan a apreciar este país, se hagan respetar y hagan valer sus derechos. Respecto a la difícil situación de mi país, considero que la primera medida debiera ser necesariamente un replanteamiento de la estrategia empleada contra mi país por Estados Unidos y sus aliados, como por ejemplo España. Son ya siete años de supuestos “errores” que sólo aumentan el peaje de sangre y lágrimas que los afganos estamos pagando. En segundo lugar, es imprescindible que Occidente y los países vecinos corten toda ayuda a los fundamentalistas que hoy detentan el poder; sus cabecillas, los líderes talibanes y los responsables del Gobierno títere de los años 80 deberían ser juzgados por crímenes contra la humanidad. Y, en tercer lugar, vamos a necesitar ayuda material que se traduzca en grandes proyectos de infraestructuras básicas: red eléctrica, canalizaciones de agua de riego, plantas potabilizadoras… No queremos ejércitos ni armas en Afganistan, sólo ingenieros civiles y recursos para que los proyectos de la reconstrucción del país se hagan realidad.
Miles de personas piden en París
Javier Ramírez Miles de personas se manifestaron en París el 18 de octubre para denunciar el carácter restrictivo de las políticas migratorias y de asilo europeas con el expresivo lema “puentes y no muros”. La manifestación respondió al llamamiento de unas trescientas organizaciones de una treintena de países, sobre todo africanos, que organizaron una Cumbre Ciudadana alternativa a la Cumbre de la UE celebrada el 15 y 16 de octubre que aprobó el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo. La marcha transcurrió por el centro de la capital francesa. Empezó a primeras horas de la tarde en la Plaza de la Bastilla y finalizó por la noche con un concierto gratuito en la Plaza de la República. “Puentes y no muros” proclamaba la pancarta que abría paso a más de siete mil personas y que sostenían, entre otros, el presidente de Cimade, una asociación que trabaja en los centros de internamiento de migrantes irregulares en Francia, o Aminata Traoré, presidenta del Foro Social de Malí y ex ministra de Cultura de este país. El 17 de octubre en Montreuil, en la periferia de París, la Cumbre Ciudadana adoptó una declaración en la que las 300 organizaciones participantes expresaron su rechazo a “una política que transforme Europa en una fortaleza”. “No podemos dejar el tema de las migraciones sólo en manos de los Estados, sobre todo de los Estados del Norte, en un contexto en el que la crisis económica y financiera aumenta ya la pobreza y corre el riesgo de fortalecer la xenofobia en los países de acogida y tránsito de migrantes. (…) A nosotros, sociedades civiles del Norte y del Sur, nos corresponde proponer juntos otras políticas migratorias y de desarrollo que se base en la justicia y el respeto de los derechos humanos”. Entre las doce exigencias que recoge la declaración aprobada por los movimientos
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TESTIMONIO DE UN REFUGIADO AFGANO
sociales en Montreuil, está, en primer lugar, la aplicación del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a migrar, y por tanto la despenalización de la migración irregular, así como la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias y el respeto efectivo a la Convención sobre los Derechos del Niño en los países de origen, tránsito y acogida. En segundo lugar, la declaración exige que se posibilite a todos los migrantes el acceso completo a la condición de ciudadanos y que toda la legislación en materia de migraciones se inspire en la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. Respeto del derecho de asilo.- El rechazo a los acuerdos bilaterales o multilaterales entre los países europeos y los del Sur para la repatriación de migrantes, el cese de la “militarización” de las fronteras africanas impuesta por la UE o la especial protección de las mujeres víctimas de la violencia y de los menores, con la prohibición de su internamiento o expulsión y el respeto de su derecho a la educación, son otros de los puntos de este manifiesto. En materia de asilo, las 300 organizaciones sociales que estuvieron presentes en la Cumbre Ciudadana de París, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, subrayaron el derecho de los solicitantes de asilo y los refugiados a elegir el país de acogida (y por tanto la derogación del Reglamento de Dublín), la supresión de todas las formas de externalización de los procedimientos de asilo y una interpretación amplia del concepto de refugiado, que incluya a las víctimas de la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales y a los llamados “refugiados medioambientales”. - Javier Ramírez es abogado de CEAR-Madrid.
Soldepaz Pachakuti desarrolla desde 2001 un programa de acogida temporal en Asturias de sindicalistas y defensores de los derechos humanos colombianos
Asturias-Colombia: entre el dolor y la esperanza Javier Orozco En el verano de 2001, Javier Arjona y el autor de este artículo, miembros de la ONG asturiana Soldepaz Pachakuti, se reunieron en Madrid con el entonces secretario general de CEAR, Enrique Santiago, para compartir la preocupación por el asesinato sistemático de militantes y dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal central sindical colombiana. El desafío era responder al llamamiento urgente para proteger sindicalistas amenazados de muerte en este país americano, pero no era un reto sencillo, puesto que, por una parte, la CUT quería mantener a los dirigentes que sobrevivían a la represión del ejército y los paramilitares y, por su parte, CEAR con su trabajo cotidiano comprobaba que el Gobierno español cerraba las puertas a los refugiados. En este contexto, se perfiló la idea de impulsar un programa de acogida temporal que respetara el criterio de la CUT de no perder dirigentes y activistas por la vía del asilo y que también sirviera para salvar vidas, desactivando los seguimientos y los atentados que se conocía que se preparaban contra algunos de ellos. Así, semanas después Amnistía InternacionalAsturias y Soldepaz Pachakuti presentaron un proyecto, que contó con el aval de otras organizaciones de la región, y recibió luz verde del Gobierno autonómico para iniciar una experiencia piloto. Se conformó una comisión asturiana con nueve organizaciones de apoyo entre sindicatos, ONG y comités solidarios, mientras que en Colombia se creó un comité de selección de casos integrado por cinco organizaciones. En octubre de 2001 llegaron a Asturias las cuatro primeras personas acogidas, dos hombres y dos mujeres, que fueron recibidas por el Ejecutivo autonómico y las organizaciones de apoyo. Estas personas se reunieron con los sindicatos, impartieron charlas en institutos de secundaria y universidades y dieron su testimonio a los medios de comunicación sobre la situación de su país. La respuesta de quienes les escuchaban en distintos foros era la incredulidad: no podía ser cierto que una “democracia” como la colombiana asesinara a personas que exigían sus derechos. “Allá llueve plomo a diario contra quienes nos oponemos a las arbitrariedades del Gobierno”, afirmó el negro Esteban, sindicalista de Cartagena de Indias. Las historias que narraban las llevaban escritas en su piel. María del Carmen, sindicalista y campesina, había soportado el asesinato de varios familiares y sido testigo de las masacres cometidas por los paramilitares contra el pueblo de Trujillo, en el Valle del Cauca. A Jesús, sindicalista, habían intentado asesinarle un par de veces en Barranquilla y se movía por su ciudad acompañado por escoltas armados. Noemí trabajaba en el sector eléctrico y tenía el miedo en el cuerpo, puesto que recordaba que iba por la calle hablando en medio de dos compañeros del sindicato y en un instante quedó sola… ya que se produjeron dos fogonazos y sus acompañantes se desplomaron mientras los asesinos se alejaron sin perderla de vista. Sus testimonios y los de otras personas perseguidas que llegaron después sacudieron a las personas que les escuchaban, que sabían que en Colombia hay un conflicto militar, pero que desconocían que los luchadores sociales reciben el trato de enemigos de guerra. Asturias solidaria.- Cada grupo de colombianos que llega a Asturias acogidos en el marco de este programa recorren el mismo camino durante los seis meses de estancia: los abrazos con los compañeros de Soldepaz Pachakuti al llegar; el descubrimiento de una nueva tierra, la hermosa Asturias, y de otras costumbres; las reuniones con las personas de las organizaciones de apoyo; las clases en la Universidad Popular; los testimonios de vida en los institutos ante unos muchachos entre curiosos y alarmados por las historias que les narran; las reuniones en distintos puntos de Asturias y en otras comunidades autónomas, en las que se repiten las historias personales y las de quienes luchan allá, el dolor por la separación de familiares y compañeros, la sensación de soledad… En octubre de 2004, llegaron a Gijón cuatro personas, entre ellas Luciano Romero Molina, dirigente sindical en la empresa Nestlé, que le había despedido de manera ilegal durante una huelga. Luciano era de cultura caribe, un hombre orgulloso de su tierra valle-
Un militante de Soldepaz Pachakuti pinta un mural que denuncia la represión a los sindicalistas en Colombia. nata, no perdía la alegría ni cuando escribía el nombre de sus hijas en la arena de la playa de San Lorenzo. Como todos los demás, hizo su tarea de denuncia y sensibilización en derechos humanos, aprendió a cocinar fabes y lloró conmovido por el espectáculo de la nieve cayendo en las orillas del Cantábrico. Se despidió de la gente solidaria de Asturias en abril de 2005 y en el aeropuerto le dijo al coordinador del Programa: “Sólo temo que mis hijas se queden solas”. El 10 de septiembre de aquel año fue secuestrado, torturado y asesinado con extrema crueldad por paramilitares en su ciudad de Valledupar. A las personas acogidas les sorprende la belleza de esta región. “Asturias es como Boyacá, pero con mar”, señaló una sindicalista acostumbrada al paisaje verde y a las montañas imponentes de los Andes. “No conocía un mar frío”, acotó su compañero de exilio. A casi todos les parece costosa la compra y empiezan las comparaciones de todo; llegar a Asturias significa un cambio enorme y la convivencia no es fácil. Son personas que proceden del mismo país, pero que no se conocían, vienen de culturas y costumbres distintas, con dolores y problemas pegados al cuerpo y al alma… Tienen que ponerse de acuerdo en la compra, cocinar y compartir las tareas domésticas del piso en el que se alojan, acostumbrarse a los ritmos, voces y silencios de otras personas y de otra tierra. No es fácil,
a pesar de la acogedora actitud asturiana, a pesar de la solidaridad de las personas que están más próximas al “combo colombiano”. Desde el 11 de septiembre de 2005, cuando intervienen en los medios de comunicación y en las reuniones se identifican como integrantes del Colectivo de Colombianos Refugiados en Asturias “Luciano Romero Molina”, una suerte de seudónimo colectivo que reivindica la memoria del compañero asesinado, unifica posiciones y facilita su identificación como perseguidos. No obstante, detrás de cada uno de ellos hay siglas que conducen a sindicatos, asociaciones de derechos humanos, defensores de presos políticos, organizaciones campesinas o indígenas, entidades estudiantiles, cuyos miembros son amenazados de muerte por defender la educación pública… El retorno a Colombia.- Este Programa es por ahora una experiencia única en España, una alternativa a los muros físicos y legales que la Unión Europea está erigiendo en los últimos años para impedir que los refugiados lleguen a su territorio. También es un gesto de solidaridad concreta frente a la crisis de los derechos humanos de Colombia y una expresión del compromiso con la vida asumido por el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, un gesto solidario estimulado por la izquierda plural asturiana. Entre las personas acogidas es frecuente el miedo al regreso a Colombia, unido al dolor por las ausencias, tal vez por eso semanas antes del regreso se reafirman: “Yo aquí no me quedo, debo regresar”. Tienen que regresar porque el programa es de acogida tem-
poral (“ése es el compromiso con mi organización”, “allá hacemos falta”). Sienten una mezcla de miedo a lo que pasará y al mismo tiempo la alegría de volver a abrazar a quienes tanto añoran, así como la satisfacción de volver a su país a luchar por los derechos humanos y por la transformación de Colombia. Algunos, sin embargo, tuvieron que solicitar el estatuto de refugiado en España o en otros países. Todos recibieron al llegar por primera vez una tarjeta de residencia por circunstancias excepcionales que les permite volver a salir de Colombia rumbo a España en el caso de que su vida corra un grave peligro. Entre octubre de 2001 y noviembre de 2008, el Programa Asturiano de Derechos Humanos ha acogido a 52 sindicalistas y defensores de los derechos humanos en riesgo inminente. El Gobierno autonómico proporciona los recursos para el funcionamiento del Programa y el Ayuntamiento de Gijón los complementa y pone a disposición dos pisos de acogida. Mientras, desde Colombia los retornados escriben, reportan que siguen vivos, recuerdan historias, envían saludos, estimulan a sus amigos astures para que les visiten y poder mostrarles sus luchas por los derechos humanos, para contagiarles el valor, la alegría, el cariño y la gratitud de la gente colombiana. Medio año escampando del terror es una experiencia tan hermosa como dura, salva vidas, aunque seis meses pasan pronto y el aguacero del terror no acaba. - Javier Orozco es refugiado colombiano y coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos.
El 4º Informe de la Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia ya puede leerse en http://www.nodo50.org/pachakuti Luciano Romero Molina.
Edita: Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Comité de redacción: Alfredo Abad, Mario Amorós (coordinador), Iván Forero, Eugenia García Raya y Mauricio Valiente. Maquetación: Creatividad y Comunicacion de Acción Social. Impresión: AFANIAS. Servicios Centrales de CEAR: Avda. General Perón, 32. 2º Dcha. 28020 Madrid. Tf.: 91 598 05 35. fronteracero@cear.es Depósito legal: M-26266-2005.
Frontera Cero no.06
Frontera Cero es el periódico trimestral de CEAR. Su objetivo es informar acerca de la situación de las personas refugiadas en España y en...

References: artículo 13
 artículo 14
 resolución 
 artículo 33
 resolución 
 artículo 13