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Timestamp: 2019-08-26 02:55:24+00:00

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Con Perfume de Paridad | Fundación Derecho Social
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Hoy, 17 de octubre de 2016, después de más de 3 años de litigio, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, puso fin a la causa López, más conocida como causa ROBUSTELLI.
Como recordarán nuestros lectores, la Cámara de Diputados santafesina, ante el fallecimiento de una legisladora mujer, decidió incorporar otra legisladora mujer (Robustelli) para asegurar el piso del 30% de mujeres diputadas.
Para eso, debió ‘puentear’ a dos varones electos que estaban antes que ella en la lista proclamada.
Uno de ellos, el Sr. Julio Roberto López, con el patrocinio del Dr. Iván Cullen, accionó buscando la nulidad de esa incorporación.
La Cámara de Diputados y Robustelli ganamos en primera instancia y en Cámara de Apelaciones.
Finalmente, por unanimidad, con algunas consideraciones de fondo y muchas de forma, la Corte Santafesina convalidó la incorporación de Robustelli como diputada provincial.
Aquí puede leerse y descargarse el FALLO COMPLETO.
Y también lo transcribimos abajo.
Nuestra nota principal con todos los escritos está AQUÍ, y algunas repercusiones periodísticas AQUÍ.
Resta decir que estamos ante un precedente trascendental: por primera vez en la historia argentina se asegura que el cupo femenino no sea solamente en el armado de las listas, sino en la formación de los cuerpos colegiados.
Esta es la evolución cultural a la que aspiraban el legislador y el constituyente cuando establecieron medidas positivas en procura de la mayor igualdad de género en la representación.
Y esas políticas deben ser profundizadas, ahora con un shock temporario de paridad de género en las listas.
Vamos por la paridad, desde el real reconocimiento del cupo.
Vacancias. En los casos del artículo anterior, producido un fallecimiento, incapacidad sobreviniente, renuncia, separación del cargo y/o cualquier otra causal que imposibilite la asunción o ejercicio del cargo, los reemplazos se harán siguiendo el orden correlativo de postulación (corrimiento) de las nóminas de titulares y luego suplentes, asegurándose que quien se incorpore al cuerpo, pertenezca al mismo partido político en el cual se produjo la
vacante”.
Por otra parte, reprocha arbitrariedad al Tribunal a quo por no decidir cuestiones planteadas (en el caso, la procedencia o no de los derechos ejercitados) sino que, al decidir la improcedencia de la vía escogida para hacerlo, la Sala renunció a la decisión en un tema que debió haber
resuelto y que afecta gravemente sus derechos constitucionales, y por haber incurrido en exceso ritual manifiesto en una cuestión de gravedad y trascendencia institucional al decir que el amparo no era la vía adecuada en tanto la cuestión requería mayor debate y prueba.
Le achaca a la Alzada grave error al haber afirmado que la Cámara de Diputados actuó dentro de sus facultades adoptando una decisión con mayoría necesaria para ello, en tanto no es cierto -sostiene- que la misma tenga facultades para desconocer el texto expreso del artículo 19 de la ley
12367 -dictada con posterioridad a la Ley de Cupo Femenino (10802), dentro del marco constitucional y convencional para garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres- y que se expresa con claridad total en cuanto al procedimiento a seguir en casos de vacancias.
Finalmente, invoca la doctrina de los actos propios -reprochándole a la Sala no haberla aplicado para juzgar la decisión de la Cámara de Diputados- según la cual debería haberse seguido el criterio que en oportunidad de suplir la vacancia de la diputada Bielsa se siguiera, ya que en ese caso se designó como diputado a Tessa (a pesar de que, al reemplazarla por un varón, el porcentaje de mujeres en la Cámara cayera al 32%) porque era el que seguía en el orden de corrimiento.
3. El Tribunal a quo denegó la concesión del remedio intentado con fundamento en la falta de autosuficiencia y de entidad de la cuestión constitucional planteada, resultando como expresión de su mera discrepancia con cuestiones opinables que se encontraban dentro de las prerrogativas del legislador, sin tampoco configurarse en la especie un supuesto de gravedad institucional que habilitara la instancia excepcional requerida (fs. 66/69v.).
4. Mediante resolución registrada en A. y S. T. 264, pág. 143, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución 84 (del 1.07.2014) dictada por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y
Comercial de Santa Fe por entender que la postulación de la recurrente -desde la apreciación mínima y provisoria que correspondía a ese estadio- contaba -“prima facie”- con suficiente asidero en las constancias de la causa y suponía articular con seriedad un planteo que exigía examinar si la
sentencia reunía o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución nacional y resultaba con idoneidad suficiente para habilitar esta instancia de excepción.
5. En el nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055 -con los principales a la vista- (oído el señor Procurador General -dictamen a fs. 488/491-) resulta imperativo verificar, con carácter previo al examen del remedio extraordinario en análisis, si subsisten en el
presente los requisitos que habilitan el ejercicio de la jurisdicción por esta Corte.
Ello es así por cuanto, como reiteradamente se ha sostenido, este Tribunal debe atender a las circunstancias existentes al momento de resolver el recurso de inconstitucionalidad, aunque las mismas sean sobrevinientes a su interposición (cfr., A. y S., T. 113, pág. 260; T. 146, pág. 32; T. 150, pág. 377; Fallos:253:346; 285:353; 290:329; 292:589; 304:984; 308:1489; 313:584; 314:1834; 316:3130), absteniéndose de emitir pronunciamiento cuando el mismo resultaría inoficioso por la desaparición de aquellos requisitos, pues tal hecho -al tornar inútil la sentencia pendiente (A. y S. T. 101, pág. 237; Fallos:243:146)- importa también, como regla, la extinción del poder de juzgar (Fallos:189:245; 248:51; 307:188; 308:1489; 311:787;
316:479), en tanto “…ha de ejercerse en la medida en que perdure una situación de conflicto de intereses contrapuestos en el marco de un ‘caso’ o ‘controversia’, lo que impide su ejercicio cuando estas circunstancias ya no existen…” (Fallos:311:787).
Lo dicho obedece a la fundamental trascendencia que el Máximo Tribunal nacional ha asignado a la efectiva comprobación de que la actualidad del interés se conserva, sobre todo en consideración a las transformaciones fácticas que se han operado sobre la realidad, control al que el Sentenciante está llamado a realizar aun de oficio.
Así, de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fundamento de la exigencia del perjuicio concreto, efectivo, actual e irreparable por otras vías jurídicas, descansa en la noción de que no corresponde al Tribunal emitir pronunciamientos inoficiosos (Fallos:279:322; 300:587; 306:1125), inútiles (Fallos:243:146), abstractos (Fallos:286:220), o innecesarios por ser sustituibles por otros.
7. En ese orden, es menester considerar que, habiendo vencido el mandato electoral para el cual el recurrente procurara resolución judicial, y habiéndose celebrado y concluido un nuevo proceso eleccionario, se configura una situación fáctica que disipa los gravámenes oportunamente
planteados ante esta Sede, quedando demostrada, en consecuencia, la inoficiosidad del dictado de una sentencia de mérito (cfr. criterio de Fallos:328:1488; 331:2309).
Verificada así la concurrencia de un obstáculo insalvable para el ejercicio de la jurisdicción por parte de esta Corte, corresponde declarar que se ha operado en el presente caso la sustracción de la materia litigiosa (A. y S., T. 118, pág. 217; T. 130, pág. 161; T. 238, pág. 323), lo cual no supone que este Tribunal haga propias las conclusiones expuestas en las instancias inferiores. Al no existir una conclusión que configure un pronunciamiento declarativo sobre el derecho de los litigantes para, desde esta premisa, fundar la decisión sobre las costas con base en el principio objetivo de la
derrota, dicha condenación debe distribuirse en el orden causado (Fallos:329:1854, 1898 y 2733, criterio reiterado en “Morales”, S.C.J.N. del 2.03.2011).
A la misma cuestión la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Erbetta expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Coincido con los argumentos y la solución dada por el voto del señor Ministro doctor Netri, principalmente porque la pretensión del actor mediante la acción de amparo consistió únicamente en postular la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución tomada por la Cámara de Diputados mediante la cual aprobó el 15 de agosto de 2013 en la 8° sesión ordinaria el dictámen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General incorporando como legisladora para cubrir la vacante producida por el fallecimiento de la Diputada Silvia De Césaris a los fines de completar el período correspondiente a la misma, a la señorita Mariana Robustelli, desestimando implícitamente el dictámen de la minoría que aconsejaba cubrir la aludida vacante con el actor. Como consecuencia de ello, solicitó la nulidad del juramento e incorporación efectiva al Cuerpo de la señorita Mariana Robustelli ordenándose a la Honorable Cámara de Diputados que reciba el juramento de práctica al suscripto y lo reincorpore como Diputado Provincial cubriendo la vacante producida por la diputada fallecida hasta completar el mandato por el que fuera electa ésta última, cesando de inmediato como Diputada provincial la señorita Robustelli, sin tener la presente
causa pretensiones económicas.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler expresó idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votó en igual sentido.
A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde expedirse sobre ésta.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Erbetta, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.
A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar que se ha operado en el presente caso, la sustracción de la materia litigiosa, imponiendo las costas en el orden causado.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Erbetta, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.
En mérito al acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar sustraída la materia en el presente caso. Costas por su orden.
FDO.: GUTIÉRREZ – ERBETTA – GASTALDI – NETRI – SPULER
– BORDAS (SECRETARIO).
Tribunal de origen: Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe.
Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de Santa Fe.
Referencia // http://www.domingorondina.com.ar/2016/10/con-perfume-de-paridad.html
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 artículo 11
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