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INCONFORMIDAD 424/2000 derivada del juicio de amparo 911/99
inconforme: bernardo pérez patlán.
PONENTE: MINISTRO juan N. silva meza
SECRETARIo: lic.edwin noé garcía baeza.
PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO
PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO
TRÁMITE DEL CUMPLIMIENTO
TRÁMITE DE LA INCONFORMIDAD
TEMPORALIDAD DE LA INCONFORMIDAD
AGRAVIOS DE LA INCONFORMIDAD
SECRETARIo: lic. edwin noé garcía baeza.
AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Trigésimo Penal del Fuero Común en el Distrito Federal y otras.
ACTO RECLAMADO.- El indebido pronunciamiento del Auto de Formal Prisión, dictado por el delito de Administración Fraudulenta.
SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO.- Concede el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y dicte una nueva resolución debidamente fundada y motivada.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO.- Confirma.
INCONFORME.- La parte quejosa.
De la resolución emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se advierte que la juez responsable después de narrar las constancias que integran la causa penal 160/99, precisó los hechos que a su juicio constituyen el tipo penal del ilícito denominado FRAUDE POR ADMINISTRACIÓN, señalando la forma de participación del sujeto activo, el resultado de la conducta delictiva, el nexo causal relacionante entre la conducta desplegada por el activo y el resultado ilícito obtenido, así como cada uno de los medios de prueba que acreditan dichos elementos. Seguidamente el a quo definió los elementos normativos del cuerpo del delito de que se trata, específicamente los términos “administración”, “bienes ajenos” y “patrimonio”, expresando los medios de prueba que acreditan tales elementos, al igual que aquellos que justifican la presencia del elemento subjetivo consistente en el dolo.
Se arriba a la consideración conclusiva de que ha quedado cumplido el efecto para el cual se otorgó el amparo, lo cual es corroborado con el contenido de la resolución que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo se dictó.
ÚNICO.- Se declara infundada la Inconformidad, promovida por BERNARDO PÉREZ PATLÁN, a que este toca se refiere.
“INCONFORMIDAD. EL PLAZO PARA PROMOVERLA ES EL DE CINCO DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO O INEXISTENTE LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO” (Foja 15).
“INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARÓ INEXISTENTE O INFUNDADA LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA SUPREMA CORTE DEBE EFECTUAR UN EXAMEN OFICIOSO, POR LO QUE NO SE REQUIERE LA FORMULACIÓN DE ARGUMENTOS O AGRAVIOS POR PARTE DE QUIEN LA HACE VALER” (foja 20).
“ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISION. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACION DE ESAS RESOLUCIONES” (foja 204).
ENGB/Hvf.
INCONFORMIDAD 424/2000, DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 911/99.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de febrero de dos mil uno.
PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, BERNARDO PÉREZ PATLÁN, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y autoridades que a continuación se transcriben:
“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: --- A) “ORDENADORAS: --- 1.- C. JUEZ TRIGÉSIMO “PENAL DEL FUERO COMÚN EN EL DISTRITO “FEDERAL. --- B) EJECUTORAS: --- 2.- C. “DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA JUDICIAL “DEL DISTRITO FEDERAL. ---- 3.- C. DIRECTOR “DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR “DEL DISTRITO FEDERAL. --- 4.- C. SUBDIRECTOR “DE IDENTIFICACIÓN, dependiente de la Dirección “de Especialidades Médicas, Identificación y Apoyo “Técnico, de la Procuraduría General de Justicia “del Distrito Federal. --- IV.- ACTO RECLAMADO: --- “De la autoridad responsable señala como “ordenadora, reclamo, el indebido pronunciamiento “del Auto de Formal Prisión, con restricción de mi “libertad personal, mediante mi material y física “detención dictado en mi contra, por un supuesto “delito de Administración Fraudulenta, así como la “Orden de mi identificación por los medios “administrativos en vigor (que se traduce en la “impresión de mi ficha signalética), como “consecuencia del propio Auto de Formal Prisión “impugnado. --- De las autoridades responsables “señaladas como ejecutoras, identificadas con los “numerales 2 y 3 del capítulo de autoridades “responsables, reclamo mi material y física “detención, con restricción de mi libertad personal, “en cumplimiento del Auto de Formal Prisión “dictado por la ordenadora. --- Finalmente, de la “autoridad responsable ejecutora, identificada con “el número 4 del capítulo de autoridades “responsables, reclamo mi material y física “identificación por los medios administrativos en “vigor (que se traduce en la impresión de mi ficha “signalética), en cumplimiento del Auto de Formal “Prisión dictado por la autoridad ordenadora. --- A “continuación, se relatan los hechos y “abstenciones que me constan, y que constituyen “los antecedentes de los actos Reclamados, “mismos que a su vez, sirven de fundamento a los “conceptos de violación que más adelante se “expondrán”.
El quejoso señaló como garantías violadas en su perjuicio, las contenidas en los artículos 16, primer párrafo y 19 constitucional, asimismo, expuso los antecedentes y conceptos de violación que estimó pertinentes.
SEGUNDO. Por auto de veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, quien por razón de turno conoció del asunto, admitió la demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 911/99. Seguido el juicio en sus trámites legales y previa celebración de la audiencia constitucional, se procedió a dictar sentencia, que fue autorizada el doce de enero de dos mil, y que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
“PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de “garantías, respecto a los actos que el quejoso, “BERNARDO PÉREZ PATLÁN, reclama de la “responsable, Director General de la Policía “Judicial del Distrito Federal (hoy Jefe General de “la Policía Judicial del Distrito Federal), por las “razones expuestas en la parte considerativa de “esta sentencia. --- ‘SEGUNDO.- La JUSTICIA DE LA “UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a BERNARDO “PÉREZ PATLÁN, contra los actos que reclama del “Juez Trigésimo Penal del Distrito Federal y del “Subdirector de Sistemas Tradicionales de “Identificación de la Procuraduría capitalina, por las “razones y en los términos precisados en el “contexto de la presente sentencia.”
Las consideraciones sustentadoras del precitado fallo, son las que enseguida, en su parte conducente, se transcriben:
“V.- Es fundado el tercer concepto de violación que “hace valer el quejoso BERNARDO PÉREZ “PATLÁN, y demás en suplencia de la deficiencia “de la queja, a que este tribunal federal se “encuentra obligado, de conformidad con lo “dispuesto en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley “de Amparo, se determina lo siguiente: --- El “artículo 19 Constitucional, establece: (Se “transcribe). --- Por su parte, el artículo 122 del “Código de Procedimientos Penales para el Distrito “Federal, señala: (Se transcribe). --- Dentro del “sistema de legalidad establecido por la “Constitución Política de los Estados Unidos “Mexicanos, no basta tener el carácter de “autoridad, entendida como tal a todo órgano del “estado, de facto o de jure, facultado para emitir “una orden o mandato que por su fuerza imperativa “o coercitiva repercuta en la esfera jurídica de los “gobernados, sino que es indispensable que funde “y motive la causa legal de su determinación y que “norme su actuación conforme a lo dispuesto en el “artículo 16 de la constitucional, que en su primer “párrafo dispone: (se transcriben). --- Cabe “mencionar, que la teleología del juicio de amparo “es, en primer término, tutelar las garantías de los “gobernados, de manera tal, que no solamente les “evite perjuicio que puedan ocasionarse con la “ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de “las autoridades, sino también, que dicho juicio “constitucional resulte ser un medio eficaz, para “que se les restituya en el goce de sus garantías “individuales. --- Conforme a lo anterior, es preciso “resaltar, que la autoridad judicial responsable “tiene ese carácter y está investida de facultades “de decisión pero para que sus determinaciones “sean acatadas obligatoriamente, además de estar “fundadas y motivadas, deben de estar apegadas a “derecho, ajustándose estrictamente a los “lineamientos establecidos en el precepto “constitucional invocado, pues de lo contrario, “estaría actuando al margen del mismo y por ende, “su acto sería ilegal. --- En especie, esta juzgadora, “que el auto de formal prisión dictado en contra del “quejoso BERNARDO PÉREZ PATLÁN, se aparta de “los referidos lineamientos, pues al emitir el “mismo, por su probable responsabilidad en la “comisión del delito de fraude por administración, “previsto y sancionado en el artículo 388 del “Código Penal para el Distrito Federal, el Juez “responsables inobservó el requisito de motivación “que debe contener todo acto de autoridad, que es “definido por al Suprema Corte de Justicia de la “Nación, en la jurisprudencia número 260, visible “en la página 175 del Tomo VI, Materia Común, del “Apéndice al Semanario judicial de la Federación, “compilación 1917-1995, que a la letra dice: “‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- (Se “transcriben). Esto es así, porque del estudio “pormenorizado del acto de molestia que por esta “vía se impugna, se advierte, que el Juez “responsable al acreditar el cuerpo del delito de “fraude por administración, previsto y sancionado “en el artículo 388 del Código Penal para el Distrito “Federal, no precisó cuáles son los elementos “objetivos a externos que constituyen la “materialidad del hecho delictivo a estudio, ni con “qué pruebas se acreditaba cada uno de ellos, sin “que esto implique que deba hacer una repetición o “transcripción de pruebas, pues no basta que “señale cuáles son las idóneas para acreditar los “extremos de cada uno de ellos; además de que, “conforme al 122, párrafo tercero del Código Penal “para el Distrito Federal, la autoridad judicial “responsable debió acreditar los elementos “normativos (de valoración jurídica o cultural), que “lo son los términos ‘administración’’ bien ajeno’ y “‘patrimonio’, como elementos constitutivos “esenciales de la conducta prevista como delito y “el elemento subjetivo, que se hace consistir en el “término ‘ a sabiendas’ y ‘con ánimo de lucro’, tal y “como lo exige el precepto legal antes señalado, “por ser también un elemento esencial de la “conducta prevista como delito por el artículo 388 “del Código Sustantivo del fuero y materia, sin que “pase desapercibido para esta juzgadora, que el “juez responsable, al señalar el quebranto “patrimonial que sufrió la ofendida del delito “(Banca Serfín), hizo alusión a tres cantidades “distintas, que son $2’471,495.59, $1’471,499.59 y “$41,471,495.59, razón por la cual, resulta necesario “que precise cuál de las cifras antes señaladas, es “la que corresponde al daño patrimonial sufrido por “la pasivo del delito en comento; circunstancia que “se traduce en seguridad jurídica al quejoso, “respecto de los actos de autoridad que reclaman a “las responsables y que no es otra cosa más que la “garantía que consagra a su favor el artículo 14 de “la Carta Magna y que ser hace consistir en que, en “los juicios del orden penal, queda prohibido “imponer por simple analogía y aun por mayoría de “razón, pena alguna que no esté decretada por una “ley exactamente, los argumentos y pruebas por “las cuales tenía por acreditados, los elementos “objetivos o externos que constituyen la “materialidad, del cuerpo del delito del antisocial “antes precisado, pues debió haber hecho un “enlace lógico jurídico entre los mismos, logrando “así un razonamiento que debió estar contenido en “el texto mismo del acto autoritario de molestia, “según el cual se dirige, se ajusta exactamente a “las prevenciones que determinados preceptos “legales establecen, pues motivar un acto es “externar las consideraciones relativas a las “circunstancias de hechos que se formula la “autoridad para establecer la adecuación del caso “concreto a la hipótesis legal. --- Por lo que bajo “esa circunstancias, se considera que los “razonamientos expuestos en la resolución de “mérito, se encuentran faltos del requisito “constitucional de motivación, siendo que el propio “artículo 19 del pacto federal, señala que para el “dictado de un auto de formal prisión, se debe “acreditar necesariamente el cuerpo del delito del “tipo penal en comento y la probable “responsabilidad del indiciado, requisito esto, que “como ya se dijo, dan seguridad jurídica a los “gobernados y los cuales debe observar las “autoridades judiciales, para el dictado de un auto “de término constitucional. --- En consecuencia, al “considerarse que el auto de formal procesamiento “dictado en contra del quejoso BERNARDO PÉREZ “PATLÁN, es violatorio de las garantías “consagradas en los artículos 16 y 19 de la “Constitución General de la República, al “concluirse que el mismo no se encuentra lo “suficientemente motivado, lo procedente es “concederle al mencionado impetrante de “garantías, el amparo y protección de la Justicia “Federal, contra los actos que reclama del Juez “Trigésimo Penal del Distrito Federal, del Director “del Reclusorio Preventivo Sur el Distrito Federal y “del Subdirector de Sistemas Tradicionales del “Identificación dependiente de la Procuraduría “General de Justicia del Distrito Federa. --- Por todo “lo anterior, atendiendo al sentido de este fallo y “dado que la concesión del amparo fue por falta de “requisitos formales, al no haberse respetado la “garantía de una debida motivación del auto de “formal prisión impugnado, no deben estudiarse “las demás cuestiones de fondo que se “propusieron por el quejoso en la demanda de “garantías, ello en atención a lo dispuesto por el “criterio jurisprudencial número 263, visible en la “página 177, del Tomo VI, Materia Común, del “Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, “1917-1995, que al rubro dice: “FUNDAMENTACIÓN “Y MOTIVACIÓN DEL ACTO, GARANTÍA DE. NO “PROCEDE EXAMINAR LAS VIOLACIONES DE “FONDO QUE SE PROPONGAN.- (Se transcribe).—“- La concesión de la protección constitucional “otorgada al ahora quejoso BERNARDO PÉREZ “PATLÁN, no impide desde luego que el juez “Trigésimo Penal del Distrito Federal, después de “analizar debidamente las constancias que integran “el expediente de donde derivan los actos “reclamados y al examinarlas en plenitud de “jurisdicción, dicte una nueva resolución en la que “cumpla con los requisitos a que se ha hecho “mención”.
Inconforme con la resolución anterior, el veintiséis de enero de dos mil la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo. Dicho recurso fue admitido por auto de tres de febrero de dos mil, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al que le tocó conocer por razón de turno.
Seguidos los trámites legales se procedió a dictar sentencia el veintiocho de abril del año dos mil, la cuál concluyó con el siguiente punto resolutivo:
“PRIMERO.- Por ineficacia de los agravios de la “Agente del Ministerio Público Federal QUEDA “FIRME LA SENTENCIA RECURRIDA. --- “SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y “PROTEGE A BERNARDO PÉREZ PATLÁN, en “contra de los actos que reclamó del JUEZ “TRIGÉSIMO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, “SUBDIRECTOR DE SISTEMAS TRADICIONALES “DE IDENTIFICACIÓN DE LA PROCURADURÍA “GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL “y DIRECTOR DEL RECLUSORIO PREVENTIVO “SUR DEL DISTRITO FEDERAL, precisados en “resultando primero de este fallo.”
TERCERO. El treinta y uno de mayo de dos mil, se recibió en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, el Oficio número 1731 de esa misma fecha, por medio del cual la Juez Tercera de lo Penal del Distrito Federal, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, remitiendo copia autorizada de dicha resolución.
El catorce de julio de dos mil, el quejoso interpuso recurso de queja en contra de la resolución emitida por la juez responsable en cumplimiento a la ejecutoria de ese H. Tribunal, el cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
“PRIMERO.- Se declara fundado el recurso de queja “hecho valer por BERNARDO PÉREZ PATLÁN, por “defecto en la ejecución de la sentencia dictada en “los presentes autos, que concedió al quejoso la “protección constitucional. --- SEGUNDO.- “Requiérase al Juez Trigésimo Penal de esta “ciudad, para que en el término de veinticuatro “horas a partir de su legal notificación, de “cumplimiento en sus términos, a la ejecutoria “dictada en los presentes autos.”
CUARTO.- Mediante oficio número 2407 emitido por la Juez Tercero de lo Penal del Distrito Federal, presentado ante la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal el diecinueve de julio de dos mil, por medio del cual informó sobre el cumplimiento ordenado por resolución de fecha dieciocho de julio del mismo año, a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia autorizada de dicha resolución.
Mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil, el Juez de Distrito ordenó dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento presentado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera.
Con base en lo anterior, por acuerdo de primero de agosto de dos mil, la Juez Federal tuvo por cumplida la sentencia de amparo, bajo las siguientes consideraciones:
“En uno de agosto del año dos mil la secretaría da “cuenta a la Juez, con el escrito signado por el “quejoso BERNARDO PÉREZ PATLÁN.- CONSTE.- “--- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A UNO DE “AGOSTO DEL AÑO DOS MIL. --- Por recibido el “escrito signado pro el quejoso BERNARDO PÉREZ “PATLÁN, por el cual se opone a que se tenga por “debidamente cumplida la sentencia de amparo “dictada por este Juzgado y solicita se requiera a la “Décima Primera Sala del Tribunal Superior de “Justicia del Distrito Federal, en su calidad de "superior jerárquico del juez responsable, para que "obligue a éste a acatar ejecutoria dictada en los "presentes autos, en términos de la resolución "dictada por este tribunal al resolver el recurso de "queja hecho valer por el peticionario de garantías, "por defecto en la ejecución de aquella; en "consecuencia y en atención a su contenido, "dígasele al promovente que no ha lugar a acordar "de conformidad su solicitud, en virtud de que este "órgano jurisdiccional estima que la ejecutoria "dictada en los autos que conforman en el juicio de "amparo número 911/99-1, se encuentra "debidamente cumplida en sus términos, por lo que "no procede requerir al superior jerárquico del Juez "responsable dicha circunstancia, por tal motivo "agréguese el ocurso de cuenta para que obre "como corresponde y para todos los efectos "legales a que haya lugar.”
QUINTO. Mediante escrito presentado ante el Juzgado del conocimiento el veinticinco de julio de dos mil, el quejoso se inconformó con la resolución precisada en el párrafo que antecede.
En acuerdo de nueve de agosto de dos mil, la Juez de Distrito ordenó el envío de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales conducentes.
En proveído de dieciocho de agosto de dos mil, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la inconformidad y ordenó formar y registrar el expediente correspondiente, y por diverso auto de veintidós de agosto del mismo año, ordenó turnar el asunto al Ministro que correspondiera, para que formulara el proyecto respectivo y diera cuenta con él para su resolución en la Sala de su adscripción; lo cual se realizó al señor Ministro Juan N. Silva Meza.
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente incidente de inconformidad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Tercero, fracción IV del Acuerdo Plenario 1/1997, de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, toda vez que no se está en el caso de aplicar la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. La presente inconformidad fue interpuesta dentro del término de cinco días previsto en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, toda vez que el acuerdo impugnado fue notificado por lista al quejoso el día dos de agosto de dos mil, por lo que el plazo aludido corrió desde el cuatro al diez de ese mismo mes y año, descontándose los días cinco y seis por ser sábado y domingo, respectivamente; por tanto, al haber interpuesto su inconformidad el día siete de agosto siguiente, es claro que lo hizo oportunamente.
Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son del tenor literal siguiente:
Tesis: P./J. 77/2000
“INCONFORMIDAD. EL PLAZO PARA “PROMOVERLA ES EL DE CINCO DÍAS “SIGUIENTES AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS “LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE “TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE “AMPARO O INEXISTENTE LA REPETICIÓN DEL “ACTO RECLAMADO. De la interpretación “sistemática de los artículos 105 y 108 de la Ley de “Amparo, en relación con el 24 y el 34 del mismo “ordenamiento, se advierte que el plazo de cinco “días para interponer la inconformidad en contra de “la resolución que tiene por cumplida una “sentencia de amparo o inexistente la repetición del “acto reclamado, debe computarse a partir del día “siguiente a aquel en que surta efectos la “notificación de la resolución respectiva pues, por “su naturaleza, una notificación sólo puede afectar “al notificado cuando ésta surte sus efectos y no “antes, de manera tal que los plazos relativos a la “impugnación de esa clase de resoluciones, “necesariamente tendrán que correr hasta que la “notificación haya surtido sus efectos, se diga “expresamente o no en el artículo en el que “concretamente se prevea el plazo específico, “porque al respecto opera la regla general “establecida en el artículo 24, fracción I, de la Ley “de Amparo, en el sentido de que el cómputo de los “plazos en el juicio de amparo comenzará a correr “desde el día siguiente al en que surta sus efectos “la notificación, incluyéndose en ellos el día del “vencimiento. Al respecto debe destacarse que el “conflicto de redacción que existe entre los “artículos 24, fracción I, por un lado, y los artículos “105 y 108, por otro, de la Ley de Amparo, en el “aspecto a que se hace referencia debe resolverse “interpretándolos de tal manera que se coordinen y “mantengan su vigencia y aplicación al caso “concreto, a fin de que el orden jurídico sea “coherente en sus diversas disposiciones y se “ajuste a los preceptos constitucionales que “tienden a asegurar el exacto cumplimiento de las “sentencias de amparo.
Contradicción de tesis 30/97. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 22 de junio de 2000. Mayoría de seis votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro, José Vicente Aguinaco Alemán, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número 77/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 76
 artículo 122
 artículo 388
 artículo 388
 artículo 388
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
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 artículo 105
 artículo 107
 artículo 105
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24