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Timestamp: 2018-08-19 03:46:48+00:00

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Politica de cookies - RRG - Asesores Técnicos Financieros
Preguntas frecuentes para : Ámbito de Aplicación de la Ley
2. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PRESTADORES
Preguntas frecuentes para : Obligaciones y Responsabilidades de los Prestadores
3. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y PUBLICIDAD
Preguntas frecuentes para : Contratación Electrónica y Publicidad
4. CÓDIGOS DE CONDUCTA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
6. AVISOS LEGALES EN SU PÁGINA WEB
7. CLÁUSULAS Y CONTRATOS
9. LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO
(Haga click en cada sección para ver el contenido)
1. ÀMBITO DE APLICACIÓN
Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) que incluye las modificaciones introducidas por la Corrección de error en BOE num. 187, de 6 de agosto de 2002, la Ley 32/2003. de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica; la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones; y la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Además es de aplicación a las empresas sujetas a esta Ley la siguiente normativa:
Código Civil y Código de Comercio.
RD 1906/1999 de 17 de diciembre de 1999 por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales de contratación.
Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, del comercio electrónico en el mercado interior.
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y comunicaciones electrónicas).
Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medias de Impulso de la Sociedad de la Información.
Preguntas frecuentes para: Ámbito de Aplicación de la Ley
La dirección y gestión de sus negocios esté centralizada en España o
La normativa española se aplicará a los contratos que los consumidores celebren con prestadores establecidos en España. El lugar de establecimiento en España de un prestador de servicios debe estar indicado en su página web y puede comprobarse mediante consulta al Registro Mercantil u otro en que el
prestador esté inscrito.
El artículo 27 de la Ley indica que la información previa a la contratación ha de ser clara, comprensible e inequívoca y debe ponerse a disposición del usuario de forma permanente, fácil y gratuita, antes de iniciar el procedimiento de contratación, mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación
En los demás casos, si un consumidor residente en España quisiera demandar a una empresa establecida fuera de nuestro país por el incumplimiento de un contrato celebrado por vía electrónica, sería necesario alegar otras
circunstancias, por ejemplo, que la obligación que da lugar a la demanda debía cumplirse en España, para fundar la competencia de los tribunales españoles.
4. CÓDIGOS DE CONDUCTA Y
Desde una perspectiva más amplia, algunas organizaciones internacionales han recopilado información sobre los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos por vía electrónica, los cuales pueden utilizarse para la resolución de los que surjan en transacciones entre personas residentes en distintos países. A este respecto, pueden consultarse en:
5. RÉGIMEN DE INFRACCIONES
En el ámbito de la Administración General del Estado, la potestad sancionadora corresponde al Ministro de industria, Turismo y Comercio en los términos previstos por el artículo 43 de la Ley.
Titular: ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L.
C.I.F.: B 83993881
Domicilio social: Paseo de la Habana, 109, 2ºA, Bloque 2, 28036 Madrid
Email: rrg@rrg-atf.com
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Cláusula de envío de correspondencia
Los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. son incorporados a un fichero, cuyo responsable es ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L. La recogida de datos tiene como finalidad informarle de nuestros servicios.
A efectos de ejercitar los derechos mencionados, puede Ud. dirigirse por escrito al Responsable del Fichero, en la siguiente dirección: Paseo de la Habana, 109, 2ºA, Bloque 2, 28036 Madrid
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El responsable del fichero es ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L., y conforme la LOPD y normativa de desarrollo se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal, y de su deber de guardarlos, adoptando las medidas necesarias adecuadas para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, mediante escrito dirigido a ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L., Paseo de la Habana, 109, 2ºA, Bloque 2, 28036 Madrid
El Titular de los datos presta su consentimiento para que ROLAND R GROTH ASESORES TECNICOS FINANCIEROS, S.L.. pueda dirigirle comunicaciones comerciales referidas a productos o servicios, relacionados con la actividad y servicios de la empresa, bien por correo electrónico, por correo postal o por cualquier otro medio, pudiendo solicitar en cualquier momento el cese en el envío de dichas comunicaciones.
En caso de Vd. que no preste su consentimiento para el envío de correspondencia comercial háganoslo saber escribiéndonos a Paseo de la Habana, 109, 2ºA, Bloque 2, 28036 Madrid
Obligaciones de régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información
Deberán comunicar al Registro Mercantil en el que se encuentren inscritos.
Las anotaciones practicadas en los Registros Mercantiles se comunicarán inmediatamente al Registro Mercantil Central.
1 Deberán cumplirse en el plazo de un mes desde la obtención, sustitución o cancelación del correspondiente nombre de dominio o dirección de Internet.
Obligado a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información:
Su nombre o denominación social; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.
Datos de su inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 9.
Actividad estuviese sujeta régimen de autorización administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización.
Un órgano competente por razón de la materia hubiera ordenado, en ejercicio de las funciones que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones.
Se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar afectados.
De datos deberán retener los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información por un período máximo de doce meses, en los términos establecidos en este artículo.
Serán únicamente los necesarios para facilitar la localización del equipo Terminal empleado por el usuario para la transmisión de la información.
Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán retener sólo aquellos imprescindibles para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio.
No podrán utilizar los datos retenidos para fines distintos de los indicados en el apartado siguiente u otros que estén permitidos por la Ley, y deberán adoptar medidas de seguridad apropiadas para evitar su pérdida o alteración y el acceso no autorizado a los mismos.
Los datos se conservarán para su utilización en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional, estos datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se hará con sujeción a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.
Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos.
Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, no serán responsables por:
e) Retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella.
3.º Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla.
No serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:
Artículo 17. Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces o contenidos o instrumentos de búsqueda.
De contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que:
a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona.
Artículos 18. Códigos de conducta.
Los códigos de conducta podrán tratar, en particular, la protección de los destinatarios frente al envío por vía electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas, así como sobre los procedimientos extrajudiciales.
Dichos códigos, habrá de garantizarse la participación de las asociaciones de consumidores.
En todo caso, será de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, a la obtención de datos personales, la información a los interesados y la creación y mantenimiento de ficheros de datos personales.
En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra “publicidad”.
En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación.
Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.
Si el destinatario de servicios debiera facilitar su dirección de correo electrónico durante el proceso de contratación o deberá poner en conocimiento de su cliente esa intención y solicitar su consentimiento para la recepción de dichas comunicaciones, antes de finalizar el procedimiento de contratación.
El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de con la simple notificación de su voluntad al remitente.
Los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado.
Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos se regirán por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial.
Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, satisfecho se contiene en un soporte electrónico.
Los contratos, negocios o actos jurídicos forma documental pública, la intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles o autoridades públicas, se regirán por su legislación específica.
La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las obligaciones que tiene su a lo establecido en la legislación sobre firma electrónica.
El soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental.
El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado en ningún caso, será inferior a cinco años.
Tendrá la obligación de informar al destinatario de manera clara, comprensible e inequívoca, y antes de iniciar el procedimiento de contratación, sobre los siguientes extremos:
b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos, las ofertas o propuestas de contratación realizadas por vía electrónica serán válidas durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio.
4 Condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.
El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación:
a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o
Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a las que se dirijan puedan tener constancia de ello.
Aquél haya sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones.
b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de eludir el cumplimiento de tal obligación.
Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán el lugar en que éste tenga su residencia habitual.
Que lesionen intereses colectivos o difusos de los consumidores podrá interponerse acción de cesación.
b) Los grupos de consumidores Enjuiciamiento Civil.
c) Las asociaciones de consumidores y usuarios, Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores.
El Instituto Nacional del Consumo y los órganos.
Los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de los consumidores y usuarios, y a los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de códigos de conducta.
De conflictos a que hace referencia el apartado anterior, podrá hacerse uso de medios electrónicos.
Los destinatarios y prestadores de servicios de la sociedad de la información podrán dirigirse a los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Justicia, de Economía y de Sanidad y Consumo, y a los órganos que determinen las respectivas Comunidades Autónomas, para:
El Ministerio de Ciencia y Tecnología controlará el cumplimiento por los prestadores de servicios.
Tienen la obligación de facilitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los demás órganos a que se refiere el artículo anterior toda la información y colaboración precisas para el ejercicio de sus funciones.
Igualmente, deberán permitir a sus agentes o al personal inspector el acceso a sus instalaciones y la consulta de cualquier documentación relevante para la actividad de control de que se trate, siendo la aplicación.
Como muy graves, graves y leves.
b) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente.
c) El incumplimiento de la obligación de retener los datos de tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad.
a) El incumplimiento de lo establecido en los párrafos a) y f) del artículo 10.1
b) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a destinatarios que no hayan autorizado o solicitado expresamente su remisión, o el envío en el plazo de un año, de más de tres comunicaciones comerciales por los medios aludidos a un mismo destinatario, cuando éste no hubiera solicitado o autorizado su remisión.
d) El incumplimiento confirmar la recepción de una aceptación, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor.
a) La falta de comunicación al registro público que estén inscritos, del nombre o nombres de dominio o direcciones de Internet que empleen para la prestación de servicios de la sociedad de la información.
c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20 para las comunicaciones comerciales, promocionales y concursos.
d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación no constituya infracción grave.
La cuantía de las multas que se impongan se graduará:
c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido por resolución firme.
c) Advertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras y de la incoación del expediente sancionador.
En casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses implicados, las medidas la iniciación del expediente sancionador. Las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá del recurso que proceda.
Muy graves, al Ministro de Ciencia y Tecnología, infracciones graves y leves, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
De 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas de desarrollo.
La Junta Arbitral Nacional de Consumo y aquellas otras de ámbito territorial inferior, autorizadas para ello por el Instituto Nacional del Consumo, podrán:
Los prestadores de servicios que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya vinieran utilizando uno de dominio o direcciones de Internet o de publicidad, en el plazo de un año desde la entrada en vigor.
A estos efectos, se considerará que la velocidad suficiente a la que se refiere el párrafo anterior es la que se utiliza de manera generalizada para acceder a Internet por los abonados al servicio telefónico fijo disponible para el público con conexión a la red mediante pares de cobre y módem para la banda vocal.”
El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.
2.º La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados.
6.º El vídeo bajo demanda, como servicio en el usuario puede seleccionar a través de la red.
7.º Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.
8.º El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad.
9.º Los servicios de radiodifusión sonora, y
10.º El teletexto televisivo y otros
b) “Servicio de intermediación”: servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios o el acceso a la información.
d) Persona física o jurídica que utiliza, sea o no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información.
f) “Comunicación comercial”: toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios.
g) “Profesión regulada”: toda actividad profesional.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 27
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 artículo 5
 artículo 9

Artículo 17
 resolución 
 artículo 10
 artículo 20
 resolución