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INFORME DE LA DÉCIMA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Quito, 6 al 9 de agosto de PDF
INFORME DE LA DÉCIMA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Quito, 6 al 9 de agosto de 2007
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Mercedes Naranjo Soto
1 Distr. LIMITADA LC/G.2361(CRM.10/8) 1 o de abril de 2008 ORIGINAL: ESPAÑOL INFORME DE LA DÉCIMA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Quito, 6 al 9 de agosto de2 iii ÍNDICE Párrafo Página I. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Lugar y fecha de la reunión Asistencia Elección de la Mesa Directiva Documentación Temario 11 2 II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN Sesión de apertura Informe de la Relatora Sesión de clausura CONSENSO DE QUITO Anexo 1 Declaración de Saint John s Anexo 2 Explicación de posición de Chile Anexo 3 Explicación de posición de Colombia Anexo 4 Explicación de posición de Costa Rica Anexo 5 Declaración de El Salvador sobre el Consenso de Quito Anexo 6 Explicación de voto de República Dominicana Anexo 7 Carta del Presidente de Perú Anexo 8 Declaración de Mujeres Indígenas de las Américas Anexo 9 Lista de participantes Anexo 10 Documentos de trabajo3 1 I. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Lugar y fecha de la reunión 1. La décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe fue convocada por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL en cumplimiento de la resolución 619(XXXI) de la CEPAL, y tuvo lugar en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de Asistencia 1 2. Participaron en la reunión representantes de los siguientes Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Italia, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Suriname y Uruguay. 3. También se hicieron representar los siguientes miembros asociados de la CEPAL: Antillas Neerlandesas, Islas Turcas y Caicos y Puerto Rico. 4. Participó en la Conferencia la Directora General Adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De la Secretaría de las Naciones Unidas asistieron la Subsecretaria General y Asesora Especial del Secretario General en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer y representantes del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. 5. Asistieron también representantes de los siguientes programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 6. Estuvieron representados asimismo los siguientes organismos especializados de las Naciones Unidas: Organización Internacional del Trabajo, Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 7. Asistieron también a la reunión representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales: Banco Interamericano de Desarrollo, Comisión Europea, Comunidad del Caribe, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Organización Internacional para las Migraciones. 8. Estuvieron asimismo presentes organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social y otras organizaciones no gubernamentales. 1 Véase el anexo 9.4 2 Elección de la Mesa Directiva 9. La Conferencia eligió la siguiente Mesa Directiva: Presidencia: Vicepresidencias: Relatoría: Ecuador Argentina Brasil Colombia Costa Rica Cuba España Guatemala Haití Honduras Islas Turcas y Caicos Jamaica México Panamá Paraguay Puerto Rico República Dominicana Suriname Uruguay Chile Documentación 10. La lista de documentos de trabajo presentados por la Secretaría a la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se incluye en el anexo 10. Temario 11. En su primera sesión plenaria, la Conferencia aprobó el siguiente temario: 1. Elección de la Mesa 2 Aprobación del temario provisional 3. Actividades realizadas por la Secretaría de la CEPAL y la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe desde la novena Conferencia Regional 4. Presentación del documento de posición El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe5 3 5. Análisis de la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado 6. Participación política y paridad de género en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles 7. Consideración y aprobación de los acuerdos de la Conferencia 8. Otros asuntos II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN Sesión de apertura 12. En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra María Fernanda Espinosa, Ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador; José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta primera de España; Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, y Rafael Correa, Presidente de Ecuador. 13. La Ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador afirmó que su país estaba en un proceso decidido por construir una sociedad más equitativa y democrática, un país más humano y más justo. Esto suponía reconocer la trascendencia de la mujer en todos los ámbitos y garantizar su participación política paritaria con mecanismos concretos, incluidas las cuotas. Estos mecanismos no eran una concesión de la sociedad masculina, sino un derecho. Las mujeres exigían el reconocimiento de su esfuerzo, talento, valor y compromiso con las causas justas y la solidaridad, en una lucha común y un camino compartido con hombres democráticos. 14. La equidad y democracia no serían posibles mientras no se desterrara la pobreza en América Latina. La Ministra se refirió en particular a las mujeres migrantes, a quienes definió como desterradas de la pobreza, y al aporte de estas a las economías de sus países de origen. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de elaborar políticas que despenalicen la migración y dignifiquen a los migrantes y se refirió a programas de retorno voluntario puestos en práctica en Ecuador, y a acuerdos sobre regularización y corrientes migratorias que habían contado con el apoyo del Gobierno de España. 15. A modo de conclusión, la oradora llamó a los participantes en la décima Conferencia a imaginar - en el país recorrido por la línea imaginaria del Ecuador- un futuro más humano y más justo, sobre la base del esfuerzo común de todas las mujeres de la región. 16. El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe recordó los dos temas en torno a los cuales se había organizado la Conferencia, ambos muy importantes no solo en relación con las políticas de género, sino también con las políticas sectoriales y las que influyen en el crecimiento económico, la superación de la pobreza y la cohesión social. 17. En cuanto al primero de ellos, dijo que paridad exigía renovados esfuerzos para que las mujeres estuvieran representadas en todos los ámbitos de la adopción de decisiones. En ese sentido, había mucho camino por recorrer en términos de la democratización interna de los partidos políticos y de la apertura de los sistemas electorales, aunque en los últimos tiempos se venía produciendo un notable avance en la6 4 participación de mujeres en el poder ejecutivo. Por otra parte, la presencia de mujeres en ministerios habitualmente reservados a los hombres era cada vez mayor y también lo era su elección a cargos públicos en función de su liderazgo, todo lo cual permitía que contribuyeran con su talento al mejor ejercicio del poder. 18. El análisis de la contribución de las mujeres a la economía y la protección social en relación con el trabajo no remunerado era crucial para el desarrollo de los países de la región. Durante mucho tiempo se había considerado que el trabajo remunerado y el acceso de las mujeres al mercado laboral eran un símbolo de progreso. De hecho, solían serlo en el caso de las familias que se beneficiaban de dicho acceso, pero no ocurría lo mismo cuando las sociedades no adoptaban medidas para aliviar la carga laboral total de las mujeres; no reconocían el trabajo en el hogar en el diseño de políticas de protección social y no daban los pasos necesarios para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, entendida como la capacidad de generar ingresos propios en condiciones de dignidad. 19. Por último, el Secretario Ejecutivo dijo que la CEPAL sería perseverante en su esfuerzo por propiciar y respaldar la adopción de políticas más justas y eficaces destinadas a realzar la igualdad entre mujeres y hombres, y expresó el compromiso de toda la institución, y en particular de la Unidad Mujer y Desarrollo, en el sentido de respaldar la ejecución de todas las tareas que fueran necesarias para lograrlo. 20. La Vicepresidenta primera de España transmitió el apoyo de su gobierno a las políticas públicas destinadas a promover la igualdad de las mujeres. Sobre ellas, incluso en las sociedades europeas, pesaba una doble loza de injusticia, debido a la cual eran tratadas de manera desigual y debían soportar los perjuicios de un mundo construido sobre un modelo patriarcal en el que se las consideraba ciudadanas de segunda clase. Las expresiones más visibles y dramáticas de la pervivencia del modelo de dominación eran la violencia de género y la feminización de la pobreza. 21. Frente a estos hechos, las mujeres se habían rebelado y avanzaban a ritmos que diferían de un país a otro, pero con la misma hoja de ruta y con el propósito de lograr una sociedad justa y decente. Los principales desafíos eran encontrar la forma de compartir entre mujeres y hombres las responsabilidades domésticas del cuidado, encargadas secularmente a las primeras, y las responsabilidades públicas y políticas, hasta ahora casi exclusivamente en manos de los hombres. Era esencial desplazar las tareas de cuidado que importan a toda la sociedad e inciden en su cohesión del ámbito de la responsabilidad privada al de la responsabilidad pública. En cuanto a la apuesta por la paridad en la representación política, la igualdad real, configurada por las leyes, era condición indispensable para la consolidación de la democracia. 22. Asimismo, las mujeres tenían que poner fin a la regla de la excepcionalidad y ser más en todos los ámbitos de responsabilidad política, económica y académica, porque solo así podrían liderar el cambio hacia una sociedad igualitaria. A modo de conclusión, señaló que, así como debía su cargo a muchas mujeres que antes habían luchado por hacerlo posible, cuando una mujer daba un paso adelante todas las mujeres lo hacían. Todas las mujeres, incluidas las que no estaban presentes y las que desconocían la celebración de la Conferencia, eran sus verdaderas protagonistas. 23. La Presidenta de Chile destacó el esfuerzo por abrir espacios para analizar la situación de las mujeres y valoró todas las actividades realizadas en ese sentido, porque gracias a ellas era posible ubicar la política sobre equidad de género en sus diversas dimensiones en el centro de la agenda de los países de la región. Eso explicaba su interés por participar en la sesión inaugural de la conferencia, en la que se hablaría de la equidad en las sociedades de la región, que deberían caracterizarse por ser más humanas y justas, no dar cabida al abuso de poder y permitir que todas las personas tuvieran iguales oportunidades.7 5 24. Refiriéndose al poder y las políticas públicas desde su propia experiencia, dijo que el hecho de que una mujer condujera un país estaba sirviendo de catalizador del cambio social y también acelerándolo. La oportunidad de desplegar la mirada de la mujer en el ámbito público era una aventura difícil, pero valiosa, y esencialmente se trataba de integrar la mirada femenina y la masculina, de armonizar la concentración en los logros con la concentración en la forma de concretar objetivos. En todo caso, era indudable que hombres y mujeres ya no querían seguir viviendo rutinas vacías de significado y deseaban cambiar el modelo prevaleciente hasta ahora. 25. Era indispensable que más mujeres llegaran al ámbito público y, precisamente por eso, celebraba la consideración de las medidas de acción positiva en esta conferencia. La necesaria incorporación de las mujeres a la política imponía la necesidad de adoptar medidas especiales, plenamente justificables por el hecho de tener un valor en sí mismas, dado que permitía el aporte de la mirada de género a las políticas públicas en todos los ámbitos de acción del Estado. Con la convicción de que la participación de las mujeres en política permitía mejorar la representatividad de las instituciones, el Gobierno de Chile se proponía tomar en los próximos meses medidas concretas para facilitar el acceso de las mujeres a cargos públicos. 26. En relación con el otro tema central de la Conferencia, dijo que el aporte de las mujeres al mundo del trabajo era fundamental. Una de las falencias competitivas de la región que dificultaban el desarrollo de los países era la discriminación de la mujer, que se manifestaba en las muchas trabas impuestas a su integración al ámbito laboral. La sociedad actual no era una sociedad de hombres y mujeres libres y la consecución la libertad exigía ante todo seguir avanzando en pro del cambio cultural por el que se esforzaron muchas generaciones de mujeres y que ahora estaba mucho más cerca de convertirse en realidad. 27. El Presidente de Ecuador se refirió con gran admiración a personajes femeninos que tuvieron una destacada participación en los procesos de independencia y fueron ignoradas por la historia contada desde el poder; a mujeres notables en los campos literario, artístico, social, político y de la lucha feminista de la región, así como a las primeras mujeres que ocuparon altos cargos en la administración pública de su país. Todas ellas representaban hitos de un proceso por el cual, aunque tradicionalmente postergadas, se habían convertido en sujeto de la historia que las había ocultado. 28. A continuación, enumeró medidas concretas adoptadas por su gobierno con el fin de impulsar la equidad de género y contribuir a una sociedad más justa y solidaria. Entre otras, mencionó la paridad exigida a las listas presentadas a la Asamblea Nacional Constituyente y la asignación de la mitad de los cargos del gabinete a mujeres; la concesión de un bono de inserción social destinado a reconocer el trabajo en el hogar de las mujeres más pobres y vulnerables; el aumento del salario mínimo de las empleadas domésticas, con miras a equipararlo al del resto de los trabajadores; la ejecución de programas productivos y la creación de guarderías, también dedicados a las mujeres de menores ingresos, y proyectos de reducción de la mortalidad materna y de prevención y tratamiento del VIH/SIDA, la mayoría de cuyas víctimas son mujeres. 29. Por último, dijo que el cambio cultural necesario para impulsar la superación definitiva de las inequidades era un proceso cotidiano y permanente que debía descansar tanto en la legislación como en la acción de las mujeres, e instó a que ciudadanos y ciudadanas se unieran en la tarea de apostar por un futuro de dignidad, equidad y democracia. 30. Con esta intervención concluyó la ceremonia inaugural.8 6 31. A continuación, hizo uso de la palabra la Directora General Adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) quien se refirió fundamentalmente a tres temas. El primero de ellos, la importancia de la cooperación interinstitucional y de la colaboración entre los Estados. La OIM ha colaborado de cerca con la CEPAL y los países de la región en la prestación de asistencia técnica sobre derechos humanos de los emigrantes, específicamente sobre los derechos de las mujeres que abandonaban su país de origen como tales. En segundo término, dijo que una de las principales inquietudes de la OIM era la vulnerabilidad de las migrantes, víctimas diarias de la discriminación, privadas de bienestar y de acceso a los servicios de salud y educación. Las migrantes, y sobre todo las que trabajan en el sector informal, son las que realizan los trabajos más indeseables, difíciles y peligrosos, de los que nadie desea encargarse en su país de destino. 32. En tercer lugar, dijo que había llegado el momento de que se reconociera el valor del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. Varios gobiernos habían comenzado ya a considerar la posibilidad de establecer un salario mínimo para las mujeres dedicadas al hogar, lo que les exigía determinar cuánto estaban dispuestos a pagar. La seguridad salarial era prioritaria en este sentido, como también era imprescindible tomar en consideración a las mujeres que no estaban en condiciones de exigir el respeto de sus derechos, dado que una política adecuada sobre la remuneración del trabajo era inconcebible sin normas que regularan su situación. Los gobiernos y los ministerios encargados de la seguridad social y la política laboral debían adoptar este nuevo paradigma, según el cual debía tomarse en cuenta también la contribución de las mujeres que se quedaban en el hogar. Había llegado el momento de que todas trabajaran juntas para lograr los cambios necesarios y si esta conferencia podía contribuir en alguna medida a su consecución podría considerarse que había sido un gran éxito. Presentación del documento de posición El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe (punto 4 del temario) 33. La Secretaría de la CEPAL presentó el documento de posición titulado El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe. La Jefa de la Unidad Mujer y Desarrollo recordó a los participantes que la Mesa Directiva había acordado examinar dos temas estratégicos en la décima Conferencia Regional: participación política y paridad de género en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles, y análisis de la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado. El documento era el producto de aportes de redes de mujeres, análisis académicos, estudios realizados por la Unidad Mujer y Desarrollo, dos foros virtuales (uno en inglés y uno en español) y tres reuniones subregionales preparatorias, en las que se habían analizado en detalle su contenido y las futuras agendas de investigación y políticas. En el documento se demostraba claramente que los dos temas elegidos eran en realidad dos caras de la misma moneda, dado que la desigualdad de género en los procesos de adopción de decisiones y la contribución económica de las mujeres estaban estrechamente vinculadas a dos importantes aspectos de la sociedad actual: la democracia, y el desarrollo económico y social. 34. La información sobre pobreza y empleo presentada en el documento ilustraba una de las formas más graves de desigualdad en la región menos equitativa del mundo: la desigualdad en la distribución del ingreso. En una época en que las tasas de participación laboral de mujeres y hombres se asemejaban cada vez más, la diferencia entre las respectivas tasas de desempleo y la brecha salarial entre los dos sexos eran un motivo de gran preocupación. El hecho de que la mitad de las mujeres en edad activa no percibieran ingresos era un punto en que la desigualdad económica se cruzaba con la desigualdad en la distribución del poder. Las mujeres que trabajan no solo hacen una contribución económica y a la educación, el cuidado y el desarrollo de su familia, sino que también aportan al desarrollo de una forma autónoma de ciudadanía y capacidad de negociación que les permite decir no a la violencia y el maltrato.9 7 35. Por consiguiente, en último término el logro de la paridad se había convertido en un interés de la democracia, porque la exclusión de las mujeres ponía en peligro su sustentabilidad. No se trataba solo de un desafío para la democracia formal e institucional, sino para la gobernabilidad en su conjunto. El concepto evocaba un antiguo lema del movimiento feminista, lo personal es político, que aludía a la necesidad de poner fin a la división entre la estructura politicoinstitucional y la familia y de recurrir a instrumentos legislativos para superar la inercia cultural y asignar al Estado la función de proteger los derechos de las mujeres, concebidos como componentes de los derechos ciudadanos. Las leyes sobre acción afirmativa y sobre cuotas no eran panaceas, pero sí se contaban entre los instrumentos más eficaces identificados hasta ahora. El objetivo general era cambiar las relaciones sociales entre hombres y mujeres, sobre todo dentro de las instituciones fundamentales de la familia, el Estado y el mercado, en un entorno amigable en el que puedan compartir no solo el poder sino también las responsabilidades de cuidado. Los servicios de cuidado respondían a una necesidad humana y no podían ser sustituidos por los adelantos tecnológicos o del conocimiento. Las mujeres de mayores ingresos podían contratar a mujeres pobres para que se encargaran de los servicios de cuidado, mientras estas últimas se veían obligadas a cuidar a otras familias además de la propia. Algunos políticos habían comenzado a darse cuenta que el permiso parental, los servicios de cuidado a los niños y otros beneficios similares no podían concebirse como una forma de altruismo para las mujeres vistas como dependientes de sus cónyuges, sino como una forma de propiciar el desarrollo simultáneo de hombres y mujeres. 36. En el documento se señalaba que la supuesta lógica del altruismo convertía la lógica del cuidado en una forma de subordinación y, por lo tanto, el cuidado debía ser compartido por ambos sexos. El hecho de que se ofreciera un examen a fondo de ese tema, obedecía a la necesidad de concentrarse en la importancia de la redistribución del tiempo disponible y las responsabilidades familiares y atender la situación de las trabajadoras domésticas, que eran el prisma que ofrecía una imagen ampliada de todas las formas de exclusión consideradas en el texto. 37. A continuación, Carlos Álvarez, Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, y Rachel Mayanja, Subsecretaria General y Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, comentaron el documento. 38. El Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur observó que conquistas como la ley de cuotas se habían logrado gracias a que las mujeres habían dejado cuestiones partidarias de lado en pro de un objetivo común. La presencia en los gobiernos de interlocutores más flexibles y receptivos; los mayores márgenes de autonomía para formular planes de desarrollo a mediano y largo plazo para la construcción de democracias amplias e incluyentes, y la reconfiguración de los sistemas de partidos, que estaban privilegiando un método de construcción de poder más colectivo y cercano a la gente y dejando atrás estructuras tradicionalmente machistas, constituían una oportunidad única para consolidar y profundizar los logros sobre la base de estrategias compartidas. 39. El orador hizo hincapié en la diferencia abismal existente entre las mujeres de sectores medios y altos, que habían contado con amplias posibilidades en materia de capacitación y desarrollo personal, y las que más sufrían la desigualdad por encontrarse en condiciones de pobreza y marginalidad. Estas últimas debían ser prioridad para las políticas, con el fin de crear sociedades más libres y justas. Al respecto, comentó que, mientras los negocios y las finanzas estaban transnacionalizadas, las luchas políticas y sociales rara vez trascendían el ámbito nacional, lo que había modificado las relaciones de poder en perjuicio de los sectores más desfavorecidos. Era esencial, entonces, la participación de las mujeres en los ámbitos de integración con un programa concreto a corto plazo y articulado a nivel10 8 regional. Asimismo, era preciso integrar en el debate sobre la calidad de la democracia el aporte que representaba la presencia de la mujer en los cargos políticos. 40. La Subsecretaria General y Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer dijo que la participación de las mujeres en el proceso de adopción de decisiones en los poderes legislativo y ejecutivo iba en aumento. El sistema de cuotas era el factor que más había contribuido a propiciar la participación de las mujeres en el parlamento, aunque las cuotas no eran una solución mágica, sino un mecanismo de apoyo, que daba mucho mejores resultados cuando se aplicaba en conjunto con otras medidas. Para que las mujeres tengan un buen desempeño en el parlamento, tienen que aprender las reglas del juego y aplicarlas con el fin de provocar transformaciones. Además, tienen que empezar a cambiar las reglas y recibir capacitación en este sentido, junto con aprender a desarrollar alianzas estratégicas con otras mujeres y también con los hombres. 41. La participación en el proceso de adopción de decisiones es un asunto de derechos humanos, en el que las mujeres tienen el derecho a estar representadas y a participar, lo que se aplica a todos los ámbitos, incluida la familia, la comunidad y el país, como también a nivel regional e internacional. 42. La oradora enumeró una serie de temas que invitó a los asistentes a considerar: la necesidad de crear condiciones favorables, que den respaldo a la mujer y faciliten su labor; la aprobación de leyes sobre igualdad de oportunidades y no discriminación; la adopción de medidas efectivas de lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer; el empleo de sistemas justos y transparentes de selección, evaluación de desempeño y ascensos en el medio laboral; la provisión de iguales oportunidades de acceso a la capacitación, la toma de medidas que garanticen iguales salarios por el mismo trabajo y horarios flexibles; la adopción del compromiso de fomentar la igualdad de género; la provisión de capacitación especializada a las mujeres sobre formulación y debate de políticas, formación de redes, planificación estratégica, oratoria y movilización de recursos; la creación de redes de mujeres con cargos de autoridad y mujeres que aspiran a ejercerlos, y el reconocimiento de la necesidad de que las dirigentes den apoyo activo a otras mujeres en su desarrollo profesional. En relación con el último punto, varios países han creado directorios o bases de datos con información sobre mujeres en cargos de poder, lo que podría constituir un buen ejemplo. Por ultimo, las dirigentes tendrían que desarrollar alianzas estratégicas con los hombres que estén dispuestos a dar apoyo activo a la participación de las mujeres y su trato igualitario. Intervención de la representante de las organizaciones no gubernamentales 43. En representación de las organizaciones no gubernamentales participantes en la conferencia, Ximena Machicao, de la Red de Educación Popular entre Mujeres, dio lectura a la Declaración de Quito del Foro de Redes, Articulaciones y Campañas Feministas de América Latina y el Caribe. En ella se expresaba la convicción de que la democracia política y sus instituciones pueden llegar a hacer efectivamente universales los derechos humanos. El espacio que ofrecía la Conferencia Regional había sido clave para fortalecer la igualdad y la equidad, aunque probablemente estas seguían siendo insuficientes. La presencia de las organizaciones aunadas en la Red obedecía, entonces, al deseo de convencer a sus participantes de que más que políticas focalizadas en la pobreza lo que se necesita eran políticas de redistribución de la riqueza, porque todas seguían luchando por la inclusión, la justicia social, el pluralismo intercultural y la no discriminación. 44. Las democracias de los países de la región no habían logrado aún un mínimo equilibrio en la relación entre gobiernos y sociedad civil, en tanto que la ejecución de programas sociales con fines clientelista seguía siendo una violación de los derechos políticos de la población y, en especial, de las mujeres. La oradora solicitó, entre otras cosas, la firma y ratificación de la declaración universal sobre los11 9 derechos de los pueblos indígenas y la creación de un foro permanente para los afrodescendientes; el cumplimiento de las disposiciones de la Plataforma de Acción de Beijing por parte de todos los Estados y del convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad de las trabajadoras. Para concluir, exhortó a todos los presentes a sumarse a la lucha de las organizaciones no gubernamentales contra todo tipo de fundamentalismos, cuyas mayores víctimas son las mujeres y las sociedad democráticas en su conjunto. 45. En el debate sobre el documento intervinieron representantes de organizaciones no gubernamentales y de las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, la República Bolivariana de Venezuela, la República Dominicana, Saint Kitts y Nevis y Uruguay. 46. Varias delegadas coincidieron en que los dos temas tratados en el documento eran de enorme trascendencia y que los respectivos análisis reflejaban claramente las desigualdades imperantes en la región. En el estudio se ponían de relieve los vínculos entre paridad y economía del cuidado, y se describían los correspondientes logros y retos en materia de equidad. El enfoque se basaba en el concepto de derechos humanos de las mujeres y de la importancia de estas como protagonistas del desarrollo social. Por ende, el documento constituía una verdadera agenda de trabajo para el futuro. 47. En lo que respecta a la paridad, se resaltó la eficacia de las cuotas. Aunque el concepto de paridad trascendía a este mecanismo de acción afirmativa, en el estudio se ilustraba claramente cómo su adopción impulsaba el avance de las mujeres en el sector público. La desproporción entre la participación de las mujeres en la actividad política y la ocupación de cargos en los distintos niveles de gobierno reflejaba su subrepresentación y realzaba la pertinencia de las reformas legislativas para subsanarla y lograr una igual distribución del poder. 48. La aplicación de la perspectiva de género al ámbito de la familia constituía un desafío de grandes proporciones. Por otra parte, la economía del cuidado se había visibilizado: se reconocía que el trabajo no remunerado de las mujeres era un fenómeno de grandes proporciones y que su contribución al capital social era muy importante. Cuando llegara a cuantificarse la contribución de las mujeres al cuidado en sus diversas formas, las cifras pertinentes seguramente influirían notablemente en el PIB de los países y contribuiría a reforzar el reconocimiento del aporte de las mujeres. 49. Varias delegadas también valoraron que se hubiera considerado la situación de las trabajadoras del hogar, las cuales, pese a hacer posible el avance de otras mujeres, se encontraban en inferioridad de condiciones con respecto a los demás trabajadores en términos de salario y protección social; por lo tanto, era imprescindible que se les reconocieran los mismos derechos. El poder que ejercían las mujeres de clase media y alta sobre las mujeres que trabajaban en sus hogares representaba un cuestionamiento de la condición humana de estas últimas, ya que en muchos casos las mismas injusticias condenadas a nivel social se reproducían en el ámbito doméstico. En otro plano, debía darse apoyo a las mujeres marginadas y a las organizaciones populares, a fin de que pudieran dar a conocer directamente sus inquietudes sin tener que recurrir a la intermediación de otras mujeres. Actividades realizadas por la Secretaría de la CEPAL y la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe desde la novena Conferencia Regional (punto 3 del temario) 50. La Presidenta saliente de la Conferencia Regional presentó un informe de las actividades realizadas en el período En primer lugar, recordó que en la novena Conferencia los Estados miembros habían reiterado su determinación de adoptar medidas para garantizar el pleno desarrollo y12 10 avance de las mujeres de todas las edades, así como su compromiso de reconocer el valor económico del trabajo doméstico no remunerado y del trabajo productivo, y de propiciar la adopción de políticas que permitan conciliar las responsabilidades que suponen la familia y lo laboral. Estos compromisos, junto con los acuerdos incluidos en el Consenso de México, D.F., habían sido ratificados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su trigésimo período de sesiones, celebrado en San Juan, Puerto Rico, del 28 de junio al 2 de julio de Desde entonces, los Estados miembros de la Conferencia venían trabajando muy activamente para hacer efectivo el cumplimiento de los acuerdos y responder a los compromisos asumidos en relación con la agenda regional sobre igualdad de género. 51. La participación de representantes de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las delegaciones oficiales de los Estados miembros al trigésimo y trigésimo primer período de sesiones de la CEPAL dejaban en claro el papel que jugaban dichos mecanismos en cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Mesa Directiva. Los gobiernos representados en la Mesa también habían participado activamente en los últimos tres períodos de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y, en ese marco, en la segunda evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing. La participación de muchos mecanismos nacionales de América Latina y el Caribe en los grupos de trabajo y debates de la Comisión ponían en evidencia la clara voluntad política de los gobiernos de la región y la sólida estructura jurídica e institucional desarrollada en ella. 52. Las cuatro reuniones de la Mesa Directiva realizadas en el período considerado habían sido un espacio privilegiado de comunicación e intercambio de experiencias entre los países y habían facilitado la creación de sinergias entre los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres, todo lo cual había permitido tomar en consideración sus inquietudes e intereses. De hecho, en los últimos treinta años, los mecanismos nacionales habían participado en los foros virtuales intergubernamentales para crear una trama regional que, sumada a la voluntad política de los gobiernos, los consolidaba como instancias rectora en material de género dentro y fuera de sus países. A su vez, el refuerzo de esa trama había contribuido a la consolidación de instancias subregionales como parte de los mecanismos de integración económica. El hecho de que muchas mujeres que habían participado en esos foros ocuparan ahora altos cargos en niveles de decisión en otros ámbitos de gobierno o en organismos internacionales eran prueba de que la Conferencia había fortalecido a quienes habían participado y seguían participando en ella en su quehacer y su capacidad de gestión. 53. La Jefa de la Unidad Mujer y Desarrollo presentó el informe de las actividades realizadas en el período considerado por la Secretaría de la CEPAL, con miras a propiciar los esfuerzos por darle carácter transversal a la perspectiva de género en el marco del proceso de desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. Los efectos logrados mediante esas actividades eran producto de las sinergias logradas entre el esfuerzo y la labor de muchos actores. En ese sentido, la función de la Mesa Directiva y de la CEPAL en su conjunto consistía en actuar como catalizadores de la espiral de resultados logrados por extensas redes y otras estructuras de colaboración activas en esta área. La CEPAL, y dentro de ella la Unidad Mujer y Desarrollo, actuaban como mecanismos y, a la vez, prestaban asistencia técnica y apoyo logístico a la red o confederación que en la que se había convertido de hecho la Mesa Directiva y a toda la constelación de organismos y otras organizaciones que trabajaban en la misma dirección. 54. En ese contexto, la labor realizada en el período había influido notablemente en las políticas públicas, por haber fortalecido los mecanismos para el adelanto de las mujeres, sobre todo mediante actividades destinadas a garantizar su sustentabilidad y continuidad; propiciar el perfeccionamiento del sistema de seguridad social y las políticas de protección, al igual que otras políticas sectoriales; dar seguimiento a los adelantos logrados en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio; avanzar en el desarrollo y uso de indicadores de género; contribuir a la gobernabilidad y las13 11 políticas de participación; propiciar el respeto de los derechos humanos y fomentar la adopción de medidas para poner fin a la violencia de género. 55. El trabajo que se estaba realizando en el área de los indicadores y las estadísticas de género se veía favorecido por la amplia capacidad de la Comisión en materia de análisis estadísticos. La convergencia de los esfuerzos de la Unidad Mujer y Desarrollo y de la División de Estadística y Proyecciones Económicas había dado lugar a la reciente creación de un grupo de trabajo sobre estadística de género en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas, que entre otras cosas se proponía alentar los esfuerzos por sistematizar las estadísticas nacionales con una perspectiva de género y fomentar la realización de encuestas sobre uso del tiempo. En cuanto a la producción y aplicación de conocimientos, se habían hecho variados estudios sobre un abanico de temas que incluía las políticas sobre pobreza y lucha contra la pobreza; las políticas sociales; la seguridad social y las pensiones; el empleo y, sobre todo, el trabajo no remunerado de las mujeres; paridad y participación política, y derechos humaos y violencia de género. Por último, la Jefa de la Unidad informó sobre la reciente firma de un acuerdo entre el Gobierno de España, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y CEPAL, cuyo objetivo era tomar medidas que permitieran concretar paulatinamente la creación de un observatorio de paridad de género que colabore con los países. Análisis de la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado (punto 5 del temario) 56. El panel 1 fue moderado por María Gabriela Núñez, Secretaria Presidencial de la Mujer del Gobierno de Guatemala, y contó con la participación de María de los Ángeles Durán, licenciada en ciencias políticas de la Universidad de Madrid; Saskia Sassen, profesora de sociología de la Universidad de Chicago, y Casimira Rodríguez, trabajadora del hogar quechua, dirigente sindical y ex Ministra de Justicia de Bolivia. 57. María de los Ángeles Durán invitó a las participantes a preguntarse en qué medida el conocimiento que manejaban las mujeres sobre la realidad y sobre sí mismas social e históricamente construido como todo conocimiento había sido hecho desde afuera y contra ellas. Los instrumentos de planificación política y los indicadores con los que se medía la realidad también habían sido concebidos sin la participación de las mujeres y constituían espejos deformantes. Las 24 horas del día eran un recurso uniforme para todos, pero las mujeres veían parte de su tiempo expropiado por tareas del hogar a cambio de las cuales no recibían pago. 58. El desarrollo de las encuestas del uso del tiempo daba visibilidad a la contribución económica de este trabajo, oculto hasta hace pocas décadas en las estadísticas. El propósito actual era romper los espejos deformantes para elaborar una nueva concepción de la economía y de la sociedad en la que las mujeres tuviesen un lugar más justo, para lo cual era indispensable perfeccionar la relación entre derechos y obligaciones y la redistribución del tiempo en el hogar y en la sociedad. Había que tener en cuenta que el costo de sustituir el trabajo injustamente asumido por las mujeres en el ámbito privado por servicios públicos planteaba dilemas presupuestarios y fiscales extremadamente difíciles de resolver, y especialmente acuciantes si se tenía en cuenta que el envejecimiento de las sociedades suponía un formidable aumento de la carga de cuidado de los adultos mayores. 59. Saskia Sassen planteó que el análisis del trabajo no remunerado debía trascender al tradicional enfoque individual para insertarse en un nivel más sistémico, concepto que ilustró con varios casos concretos. En primer lugar, el sujeto femenino invisible y relegado había pasado a incluir a ciertos hombres; tal era el caso de inmigrantes latinos en Estados Unidos, que desaparecían detrás de mujeres,14 12 convertidas en actores sociales de la familia que se encargaban de la interacción con el aparato del Estado, ganaban mejores sueldos y facilitaban la permanencia en el país de destino. En segundo lugar, ciertas situaciones de explotación cuya consideración habitualmente se limitaba a la víctima y al explotador en realidad eran parte de sistemas mucho más amplios, sistemas que era preciso captar con instrumentos teóricos y empíricos adecuados. Por ejemplo, sobre las espaldas de las mujeres víctimas del tráfico de personas se habían construido una serie de circuitos de enorme plusvalía, y describirlas como personas explotadas cuyo trabajo revestía poco valor agregado era indudablemente insuficiente. 60. En tercer término, algunas modalidades de trabajo no remunerado vinculadas a la explotación estratégica de las diferencias de género solamente se apreciaban a nivel de sistema, sobre todo cuando se trataba de mujeres que percibían altos sueldos. En un mundo financiero global capaz de convertir en activos elementos insospechados, la subjetividad específica de las mujeres era muy apreciada para tareas de intermediación cultural entre inversionistas o en el ámbito de las relaciones internacionales. En cuarto lugar, las integrantes del servicio doméstico que trabajaban en hogares de mujeres profesionales sometidas a altas exigencias laborales constituían, más que una clase de sirvientes, una infraestructura estratégica imprescindible para el funcionamiento de esos hogares. Tender este tipo de puentes analíticos permitía comprender la problemática del capitalismo actual, en la que hombres y mujeres se veían sometidos a una lógica de aumentar al máximo el beneficio que se podía extraer de ellos. 61. Casimira Rodríguez se refirió a las trabajadoras de casa particular, actualmente reunidas en la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, y a su lucha por dignificar y profesionalizar su trabajo, impulsar reformas legislativas que equiparen sus derechos a los de los demás trabajadores, capacitarse y educar a las empleadoras sobre sus respectivos derechos y obligaciones, y defender a las colegas víctimas de abusos. La organización que habían creado permitía apreciar los avances realizados, incluida la aprobación de la ley de regulación del trabajo asalariado del hogar en Bolivia, y las dificultades a las que seguían enfrentándose. Entre otras, subsistía aún la oposición de parlamentarios a aprobar los proyectos elaborados por los propios sindicatos en materia de horarios y remuneraciones mínimas; las antiguas normas que, indirectamente, legitimaban horarios extensos y salarios muy reducidos; la falta de respeto de la legislación pertinente; la supervivencia del maltrato o de un trato discriminatorio, paternalista y arbitrario por parte de algunas empleadoras, unido a prejuicios étnicos y raciales; el menosprecio de la sociedad en general por el aporte y el papel de las trabajadoras; la falta de acceso a la protección social e incluso, en algunos casos, la privación de libertad o la explotación sexual. En palabras de las propias interesadas, sus empleadoras, con quienes faltaba comunicación, no las miraban como personas, sino incluso como enemigas, lo que impedía alcanzar una verdadera justicia social. El desafío futuro consistía en crear alianzas con el resto de las mujeres, para pasar de las reivindicaciones gremiales a la lucha más general en defensa del respeto de los derechos de todas las mujeres. 62. En el debate intervinieron representantes de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana, quienes concordaron en la necesidad de una mayor visibilización del trabajo doméstico no remunerado y mencionaron algunas de las dificultades prácticas que la dificultaban. Los hombres debían asumir parte de las tareas del hogar y de cuidado, no como una ayuda a las mujeres sino como expresión de una auténtica redistribución del trabajo, enmarcada en reformas legislativas que apoyaran el proceso. Varias delegadas señalaron que también era necesario tener en cuenta el trabajo no remunerado de las mujeres en el sector agrícola y en pequeños establecimientos comerciales familiares, mientras otras observaron que la profesionalización del trabajo doméstico remunerado era una buena estrategia para realzar su valoración en la sociedad y aumentar la autoestima de las trabajadoras.15 El panel 3 fue moderado en la sesión de la mañana por Yolanda Ferrer, Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas y en la de la tarde por Faith Webster, Directora Ejecutiva a.i., de la Oficina de Asuntos de la Mujer de Jamaica. Contó con la participación de Ida Le Blanc, Secretaria General de la Unión Nacional de Empleadas Domésticas de Trinidad y Tabago, y Jeannette Sánchez, Ministra de Bienestar Social de Ecuador. 64. Ida Le Blanc comentó que el sindicato que representaba se había constituido en vista de la creciente toma de conciencia de la explotación de que eran víctimas las empleadas domésticas, sobre todo las que trabajaban puertas adentro. La Unión había decidido acoger también a una amplia gama de otros trabajadores de bajos ingresos, en respuesta a una demanda cada vez mayor de que el sindicato los representara en casos de despido indebido, violaciones del derecho a la maternidad, indemnización y reducción de personal. Después de años de lucha, la Unión se había afiliado al Centro Nacional de Sindicatos, pero aún no se lograba el reconocimiento de las empleadas domésticas en la ley de relaciones industriales. En contravención del Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación de la Organización Internacional del Trabajo, dicha ley excluía a las empleadas domésticas, por lo que personas, según las estadísticas oficiales, y según otras estimaciones, estaban privadas del derecho a apelar en caso de despido injusto. 65. Había que dar prioridad a la situación de las empleadas domésticas, que eran las que se ocupaban del cuidado y la crianza en la sociedad. Entre muchas otras tareas, cuidaban a los hijos de sus empleadores y a los miembros ancianos de la familia, pese a lo cual su trabajo no era reconocido y, aún más, no era valorado en la sociedad. Las empleadas domésticas permitían a otras mujeres desarrollar una carrera además de ser madres y esposas, pero no tenían derecho a jubilación, y eran víctimas de maltrato verbal e incluso de abuso sexual. En la mayoría de los casos, eran discriminadas por otras mujeres, por lo que era indudable que la única manera de garantizar la igualdad de derechos a todas las mujeres era partir de la base, asegurándoles a todas un trato justo. Los gobiernos eran responsables ante las empleadas domésticas, a las que debían dejar de tratar como ciudadanas de segunda clase, y debían reconocer el derecho de todos a acogerse a la protección que ofrecían las leyes laborales. 66. Jeanette Sánchez sostuvo que en Ecuador se habían tomado algunas medidas, aunque aún mínimas, sobre el servicio doméstico. Entre ellas destacó la aprobación de un alza del salario mínimo del 50% y la decisión de adoptar un sueldo mínimo aplicable a todas las categorías de trabajadores a partir de En Ecuador el trabajo doméstico no remunerado se reconocía como trabajo productivo desde 1998, pero en la práctica era poco lo que se ha logrado, sobre todo en lo que respecta a las mujeres indígenas. Uno de los aspectos más complejos de la desigualdad de género era la división del trabajo en función del género. Las primeras medidas imprescindibles debían consistir en dar visibilidad al problema, reducir la carga de trabajo de las mujeres y fomentar la responsabilidad compartida de hombres y mujeres. 67. El régimen neoliberal no había ofrecido soluciones al problema de la pobreza y las medidas tomadas al respecto habían sido marginales e insuficientes. La desigualdad seguía presente, pese a las acciones compensatorias. El 10% más pobre de la población percibía un 1% del ingreso, en tanto que el 10% más rico recibía el 44%, a lo que se sumaba el hecho de que la proporción de mujeres pobres superaba la de hombres. La nueva política social contaba entre sus pilares la inclusión económica, las garantías sociales básicas y el desarrollo de la ciudadanía. El bono de desarrollo humano de 30 dólares aprobado por el gobierno era una forma de transferencia de ingresos al 40% más pobre de los hogares, que también representaba una compensación y una forma de reconocimiento justo del trabajo de las mujeres, sobre todo de las jefas de hogar. Asimismo, destacó la creación de una red de servicios destinada a dar ayuda a esos hogares, entre otras cosas con el cuidado de los niños; específicamente, se estaba ejecutando un programa conocido como Nadie con hambre, dirigido a los niños y los ancianos. Sin16 14 embargo, aún quedaba mucho por hacer para fortalecer el sistema de protección social y, en términos más generales, para lograr una auténtica igualdad de género. Participación política y paridad de género en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles (punto 6 del temario) 68. El panel 2 fue moderado por Nilcéa Freire, Ministra Secretaria Especial de Políticas para las Mujeres de Brasil, y contó con la participaron de Epsy Campbell, integrante fundadora de la Red de Mujeres Afrocaribeñas y Afrolatinoamericanas, y Soledad Murillo, Secretaria General de Políticas de Igualdad del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales de España. De tarde este panel fue moderado por Flavia García, Secretaria de Estado de la Mujer de República Dominicana. 69. Epsy Campbell se refirió al tema de la democracia intercultural paritaria, que definió como el verdadero desafío democrático del siglo XXI. La oradora comenzó preguntándose si el hecho de que las mujeres detentaran cargos de poder había contribuido efectivamente a ofrecer nuevas oportunidades a las víctimas de formas extremas de discriminación, entre otras a las afrodescendientes. Si bien algunos consideraban que las cuotas eran instrumentos eficaces para las mujeres, lo cierto era no se había identificado aún a quienes lo demostraban, como tampoco se habían definido sus rasgos culturales, raciales y de clase; por lo tanto, todavía no se determinaba la real eficacia de las cuotas, fundamentalmente debido a que aún no se las consideraba desde la perspectiva intragenérica adecuada. Los regímenes de cuotas solo beneficiaban a una proporción limitada de mujeres, que excluía a las afrodescendientes, cuya exclusión podía llegar a acentuarse aún más. Por consiguiente, se hacía necesario construir Estados capaces de responder a sus demandas de inclusión, y se hacía imperativo cambiar las reglas del juego y tomar en consideración la diversidad cultural. 70. El sexismo era en realidad una forma de racismo, que contrastaba con el falso universalismo, según el cual todas las mujeres compartían una situación similar y todos los hombres gozaban de los mismos privilegios. La noción de paridad expuesta en el documento de posición podía considerarse como un objetivo digno de alcanzarse, pero en su consecución no podía ignorarse la perspectiva racial y étnica, puesto que ambas eran imprescindibles para lograr una auténtica paridad, requisito indispensable de toda verdadera democracia. El reto residía, por lo tanto, en construir un nuevo imaginario colectivo. En América Latina los afrodescendientes sumaban 150 millones de personas, un tercio de toda su población. Los datos sobre sus condiciones de vida y las de las indígenas mostraban otra imagen de la subregión. No se podía decir que había democracia cuando solo 10 de las 650 legisladoras de la región eran afrodescendientes, lo que revelaba la importancia de la adopción de medidas afirmativas directas destinadas a crear una verdadera democracia intercultural. 71. En su exposición, Soledad Murillo dijo que el Gobierno de España había demostrado una enérgica voluntad política de convertir el principio de paridad en ley y había conformado un gabinete paritario, integrado exactamente por igual número de mujeres y hombres. En el actual gobierno se había designado una Vicepresidenta primera y nombrado a una mujer para el cargo de Presidenta del Tribunal Constitucional. Era muy importante que se reconociera la paridad como un derecho, porque la igualdad no era algo que atañía exclusivamente a las mujeres; de hecho, el trato igualitario de hombres y mujeres era el indicador más confiable de una buena democracia en las sociedades contemporáneas. La adopción de leyes era imprescindible para corregir la desigualdad y sus consecuencias, pero luego de su promulgación estas debían ser aplicadas y observadas, para lo cual se requerían fondos especiales. 72. Aunque en realidad eran mayoría, a las mujeres se las trataba como minoría, lo que era incorrecto y las propias mujeres debían rechazarlo. A las minorías se les otorgaban favores y cuotas y estas últimas17 15 eran un excelente mecanismo que no debería verse fragilizado, pero la representación era un derecho constitucional y crucial, porque la democracia era sinónimo de representación de la mayoría. Las cuotas eran aplicables a las minorías, en tanto que la representación era el principio aplicable a las mayorías. Los partidos políticos imponían exigencias de mérito y competencia a las mujeres, pero no hacían ningún esfuerzo por demostrar que sus integrantes varones cumplían con los mismos requisitos. Las mujeres no estaban interesadas en recibir el trato especial que suponían las cuotas; eran ciudadanas de primera clase y debían actuar como tales. La suscripción de un pacto entre las mujeres sería un importante avance, porque no se trataba de conciliar las responsabilidades del trabajo y la familia, sino de compartir responsabilidades. 73. En el debate realizado a continuación participaron las delegaciones de los siguientes países: Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, la República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis y Uruguay. 74. El panel 4 estuvo integrado por Gloria Ardaya, doctora en sociología y docente de Bolivia; Rocío Villanueva, abogada y miembro del comité consultivo de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, y Line Bareiro, Directora del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay. Laura Albornoz, Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer de Chile, actuó como moderadora. 75. Gloria Ardaya dijo que la democracia era un proceso, un punto de partida y no de llegada, que conducía a la ciudadanía plena en el marco de un estado de derecho y de poderes públicos dispuestos a proteger los derechos de las personas y capaces de hacerlo. En su país se vivía una crisis de la representación vinculada a la informalidad política, la falta de institucionalidad, el corporativismo y la ausencia de un espacio público de debate y concertación. Era necesario recuperar la política, es decir la deliberada creación de futuro, y reconstituir el sentido de pertenencia y el pluralismo, con los correspondientes disensos y consensos, para abordar los temas más urgentes para el país. Según la oradora, aunque habían surgido nuevos actores públicos, no había ninguno que pudiese reclamar la representación de todos, y las agrupaciones ciudadanas y de pueblos indígenas mostraban respecto de la participación de las mujeres la misma cultura autoritaria y patriarcal que los partidos políticos. Esto se había traducido en la subordinación de los méritos, el liderazgo y los proyectos de las mujeres en al ámbito político a la cercanía personal o familiar con los dirigentes y a su incondicionalidad a estos. Aunque no eran recién llegadas a la actividad y habían estado presentes en todos los actos fundacionales y refundacionales de la república, las mujeres seguían accediendo a pocos cargos electivos, no se formaban para hacer una carrera política ni permanecían largo tiempo en esta. La paridad y el cumplimiento de las cuotas eran un tema político, y requerían una voluntad política hasta ahora ausente. 76. Rocío Villanueva evocó el precedente de la Declaración de Atenas, aprobada en la primera Cumbre Europea "Mujeres en el Poder", en la que se afirmaba que la democracia y la igualdad exigían paridad en la representación y el manejo de las naciones, y recapituló algunos artículos de constituciones de América Latina en los que se recogía ese espíritu paritario. Aunque el reconocimiento constitucional no garantizaba el cumplimento de los principios en la práctica, el análisis de las disposiciones sobre la materia era muy importante, sobre todo si se consideraba que algunos países de la región se encontraban en proceso de reforma constitucional. A continuación, la panelista hizo una síntesis de las demandas judiciales por incumplimiento de las normas en materia de cuotas planteadas ante tribunales internacionales y los debates sobre la constitucionalidad de estas disposiciones en el ámbito nacional. Estos procesos habían conducido a una reformulación de leyes con el fin de asegurar una paridad real, a la ratificación de las disposiciones o a la declaración de su inconstitucionalidad, según el caso.18 En relación con la presencia de mujeres en los parlamentos y las altas cortes de justicia, dijo que con escasas excepciones la participación de mujeres en los órganos supremos del poder judicial era inferior a la deseable, incluso en los países en los que habían logrado una representación significativa en el poder legislativo. Estos órganos eran instancias capitales de decisión, de los que las mujeres no podían estar ausentes. 78. Line Bareiro celebró la reforma del Código Electoral de Costa Rica, aprobada por unanimidad el 19 de julio de 2007, y conforme a la cual se establecía que las delegaciones, las nóminas y los órganos debían estar integrados por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. En toda la región, el movimiento de mujeres había hecho hincapié en una redacción muy precisa de las normas para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, incluso en la esfera política, y había disposiciones constitucionales que la consagraban. Las medidas sobre cuotas incluidas en las leyes electorales debían conformarse a estas disposiciones, lo que determinaba su trascendencia. Sin embargo, las leyes por sí solas no aseguraban la paridad, como había quedado demostrado en los hechos en países de la región. Para que las cuotas fueran eficaces, debían cumplirse tres condiciones: la vigencia de un estado de derecho que garantizara el cumplimiento de las normas; un movimiento de mujeres capaz de exigir eficientemente el respecto de sus derechos y disposiciones sobre cuotas que fueran compatibles con el sistema electoral del país. Asimismo, había que tener presente que ni las cuotas ni la paridad garantizaban la calidad de la representación, cuyo único respaldo era el reconocimiento de una diferencia que existía en todas las sociedades: la diversidad sexual. 79. A continuación se realizó un debate en el que participaron representantes de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y de organizaciones no gubernamentales. Varias delegaciones compartieron la experiencia de sus países en materia de cuotas y otras medidas legislativas a favor de realzar la paridad, evaluaron sus resultados y detallaron las tareas pendientes, incluidas reformas para evitar la evasión del cumplimiento de las normas por parte de los partidos. Se hizo referencia a la necesidad de consagrar en la constitución la participación igualitaria de la mujer antes de proceder a la adopción de nuevas leyes electorales, a fin de evitar su derogación por inconstitucionalidad. Las representantes de organizaciones no gubernamentales hablaron de las dificultades para lograr la paridad, entre las que se destacaba la falta de suficientes mujeres en los partidos políticos. Varios participantes coincidieron con las panelistas en la importancia fundamental de que los altos cargos del poder judicial también se repartieran de forma equitativa entre mujeres y hombres. Por último, se sugirió establecer un observatorio para controlar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones referentes a la paridad de género en los países, que entre otras funciones podría ocuparse de estudiar los casos de acoso y hostigamiento político en contra de las mujeres en cargos de poder. 80. En la tarde, el debate sobre este tema fue moderado por Lillian Boyce, Ministra de Salud y Servicios Humanos de las Islas Turcas y Caicos quien dijo que las mujeres caribeñas habían logrado grandes progresos en todos los aspectos de la vida, en todos los sectores y todos los niveles. Las mujeres desempeñaban un papel preponderante en todo el Caribe, prácticamente en todos los planos con excepción del desempeño de cargos sujetos a votación pública. De hecho, el Caribe podía vanagloriarse de tener el mayor número de altas autoridades per cápita en los poderes ejecutivo y legislativo. 81. Esas mujeres y muchas otras representaban el notable progreso que estaban logrando las caribeñas en el ámbito político, a lo que se sumaba un hecho alentador: el que las jóvenes de toda la región continuaran con esa tradición de ascendencia que les permitiría ser parte del proceso de toma de decisiones en el futuro. La mujer negra, y sobre todo la mujer negra del Caribe, se había convertido en la19 17 fuerza más influyente del mundo, a pesar de haber tenido que superar enormes limitaciones, y el ignorarlo sería una gran injusticia para las jóvenes y la próxima generación de mujeres. Presentación de los informes nacionales y de los organismos 82. Presentaron informes de actividades los siguientes Estados miembros y miembros asociados de la Comisión: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis y Uruguay. 83. Asimismo, presentaron informes de actividades los siguientes organismos: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Informe de la Relatora 84. La Relatora presentó un informe oral en que adelantó los elementos que contendría el informe final de la Conferencia e informó sobre los plazos que regirían para su examen y aprobación por parte de los países. Consideración y aprobación de los acuerdos de la Conferencia (punto 7 del temario) 85. La Ministra Laura Albornoz, en su calidad de relatora, sometió a la aprobación de la plenaria el Consenso de Quito, que fue aprobado por aclamación. 86. El Consenso de Quito fue aprobado por aclamación. Sesión de clausura 87. En la sesión de clausura participaron Laura Albornoz, Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) de Chile, en su calidad de relatora; Manuela Gallegos, Secretaria Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana de Ecuador, y José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 88. La Secretaria Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana de Ecuador dijo que el gobierno de su país se había propuesto tomar medidas durante el presente período presidencial con el fin de provocar cambios definitivos, que modifiquen para siempre la vida de todas las ecuatorianas, sin posibilidad de retrocesos. El gobierno había propuesto a la población una construcción colectiva, que respondiera al reconocimiento de que la mayoría de los ecuatorianos están excluidos del derecho básico a conocer sus derechos, por lo que no puede haber una plena democracia. Tampoco puede haber verdadera libertad mientras haya pobreza. Por esos dos motivos, se hacía imprescindible una ruptura radical, ya que20 18 solo con ciudadanos conscientes de sus derechos y dispuestos a participar en la construcción de su país se podrían lograr cambios. 89. Los derechos de la mujer ya estaban garantizadas por el gobierno, que había asumido un compromiso absoluto para que las mujeres contaran con todo su potencial para ser auténticamente lo que son. En este contexto, la celebración de la décima Conferencia Regional había sido un gran aporte a la revolución que se estaba realizando en Ecuador, inspirada por una visión de real cambio, justicia y paz compartida. 90. El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe destacó el consenso logrado, que a su juicio reflejaba el extraordinario avance del movimiento de mujeres en la región. El Consenso, que se convertiría en la hoja de ruta de la Conferencia en los próximos tres años, era el producto de la convergencia de ideas y propuestas de los actores sociales y políticos participantes. 91. La Conferencia representaba un hito en la región en varios sentidos. En primer lugar, por la participación de mandatarios, que ponía en evidencia el grado de compromiso de los gobiernos, compromiso que permitía albergar optimismo con respecto al cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de las mujeres de la región. Además, la presencia de numerosas mujeres, entre ellas jóvenes, indígenas y afrodescendientes, integrantes del movimiento feminista amplio de la región, animaban a pensar que se estaba avanzando en la dirección correcta en la búsqueda de conjugar las demandas de reconocimiento y de mayor equidad en la distribución de la riqueza, de oportunidades y del poder. 92. La CEPAL se enorgullecía de haber contribuido a fortalecer una agenda basada en la convicción de que la paridad y el reconocimiento del aporte que hacían las mujeres a través del trabajo remunerado y no remunerado eran factores indispensables de toda política pública. La décima Conferencia regional había vuelto a demostrar que aún había muchos desafíos pendientes que hacían necesario acelerar la adopción de medidas en distintos ámbitos, pero el logro de esos desafíos permitirían lograr un mejoramiento real en la vida de las mujeres a mediano plazo, facilitaría el cumplimiento de los objetivos del Milenio en la región y la paridad en la política, el mercado de trabajo y la familia, con el propósito final de ir dejando atrás privilegios y discriminaciones. CONSENSO DE QUITO Los gobiernos de los países participantes en la décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, representados por ministras y mecanismos para el adelanto de las mujeres del más alto nivel, reunidos en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007, Considerando que la población de América Latina y el Caribe es diversa, multicultural y multilingüe, compuesta por pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y diversas etnias, entre otros, 2 Reiterando la resolución 605(XXX) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la que se toma nota del informe de la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, reafirmando los compromisos emanados del Consenso de México D.F., especialmente la 2 Véase la Declaración de Mujeres Indígenas de las Américas, que figura en el anexo 8. Mostrar más
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