Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920686.html
Timestamp: 2019-11-20 02:14:18+00:00

Document:
as201920686
Auto Supremo: 686/2019 Sucre: 16 de julio de 2019
Expediente: CB-24-19-S
Partes: Osvaldo Jiménez Sempertegui c/ Mario Roberto Gutiérrez Guzmán y Luz Leonor Fernández Gutiérrez y otros.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 453 a 460, interpuesto por Mario Roberto Gutiérrez Guzmán y Luz Leonor Fernández de Gutiérrez y el recurso de casación de fs. 464 a 469 vta., opuesto por Osvaldo Jiménez Sempertegui, ambos en contra del Auto de Vista REG/S.MCFNA/SENT.04/12.01.2018 de 12 de enero de 2018 cursante de fs. 435 a 443 y su Auto complementario cursante a fs. 446 vta., pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso sobre mejor derecho, reivindicación y otros, seguido por Osvaldo Jiménez Sempertegui en contra de Mario Roberto Gutiérrez Guzmán y Luz Leonor Fernández Gutiérrez y otros; las respuesta a los recursos de casación cursantes de fs. 464 a 469 vta., y 475 y vta.; el Auto de concesión de los recursos de casación de 27 de febrero de 2019 cursante a fs. 481; el Auto Supremo de admisión de fs. 487 a 489; los demás antecedentes procesales; y:
Que, la Juez Publico Civil y Comercial Nº 6 de del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 30 de junio de 2016, cursante de fs. 384 a 393 vta., mediante la cual se declaró: IMPROBADA la demanda principal de fs. 16 a 18 subsanada en fs. 20, 115 a 117, 120 y 121 a 122, PROBADA la acción reconvencional cursante de fs. 129 a 134 y 138 a 139; PROBADAS las excepciones perentorias de falsedad en la demanda e improcedencia, opuestas por la defensora de oficio de los terceros interesados y presuntos ocupantes e IMPROBADAS las excepciones perentorias de ilegalidad y falta de acción y derecho.
Resolución de primera instancia que fue apelada por Osvaldo Jiménez Sempertegui, mediante el memorial de fs. 396 a 404; a cuyo efecto la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante el Auto de Vista REG/S.MCFNA/SENT.04/12.01.2018 de 12 de enero de 2018 cursante de fs. 435 a 443 y su Auto complementario cursante a fs. 446 vta., REVOCÓ la sentencia mencionada, arguyendo, entre otros, que para determinar cuál de las partes debe ser preferida por el derecho, es menester señalar, en principio, que de la valoración probatoria se establece que los títulos presentados no tienen un vendedor común y tampoco un mismo antecedente dominial, puesto que según la escritura pública del actor, éste adquirió el inmueble del Sr. Rene Javier Merino Vega, quien a su vez ostentaba su derecho propietario como efecto de una sentencia de usucapión, en cambio los demandados adquirieron su derecho propietario de Epifanía Elena Almanza de Agreda y Florentino Almanza Fuentes, por lo que la dilucidación del mejor derecho propietario no debe resolverse siguiendo el principio de prelación del registro, sino en base a un análisis de la cadena de hechos sobre la tradición de dominio que existió en ambos títulos.
En ese entendido, de los antecedentes se advierte que el demandante adquirió el inmueble de Rene Javier Merino Vega, quien a su vez adquirió su derecho propietario por efectos de un proceso de usucapión seguido contra los hoy demandados Mario Roberto Gutiérrez Guzmán y Luz Leonor Fernández de Gutiérrez, según se colige de las literales de fs. 311 a 323, sentencia que fue ejecutoriada y contra ella se presentaron una serie de acciones que no prosperaron, dando lugar la cosa juzgada no solo formal sino también material, produciéndose en consecuencia el efecto adquisitivo para Javier Rene Merino Vega y el efecto extintivo para los demandados en ese proceso y demandados también en esta litis.
Consiguientemente, quien resulta preferido por el derecho sobre el bien inmueble objeto de litis, resulta ser el actor, puesto que este adquirió su derecho propietario de Javier Rene Merino Vega, quien era propietario del inmueble por efecto del proceso de usucapión seguido contra los ahora demandados, quienes perdieron en ese procesó, con el efecto extintivo que deriva de la usucapión.
Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación de fs. 453 a 460, interpuesto por Mario Roberto Gutiérrez Guzmán y Luz Leonor Fernández de Gutiérrez y a través del recurso de casación de fs. 464 a 469 vta., opuesto por Osvaldo Jiménez Sempertegui; los cuales se analizan.
II.1. Recurso de Casación de Mario Roberto Gutiérrez Guzmán y Luz Leonor Fernández de Gutiérrez (fs. 453 a 460)
Tras exponer una relación de los antecedentes de esta litis, acusan que el Tribunal de alzada incurrió en una errónea interpretación del art. 56 de la CPE y el art. 1453 del CC, arguyendo que no se consideró que el derecho propietario del demandante deviene de una demanda de usucapión y que el derecho propietario que ellos ostentan tiene una tradición de más de 14 años, además que ambos derechos tienen una tradición diferente y que el demandante nunca estuvo en posesión del predio motivo de controversia.
Reclaman que el Tribunal de apelación funda su decisión en la relación de un proceso de usucapión que no es motivo de controversia, sin tomar en cuenta que el propio demandante reconoció que cuando se estaba tramitando dicho proceso, fueron ellos (los recurrentes) quienes, en su calidad de propietarios, ingresaron al inmueble y realizaron las construcciones, lo que en consecuencia importa que los falsos usucapientes nunca estuvieron en posesión del inmueble debatido.
En base a lo expuesto, solicitan se case el auto de vista impugnado.
II.2.- Recurso de casación de Osvaldo Jiménez Sempertegui (fs. 464 a 469 vta.)
Señala que el auto de vista, al ordenar la realización de avalúo de las construcciones introducidas por los demandados a efectos de que su persona realice el pago de mejoras en favor de los demandados, ha realizado una incorrecta aplicación de los arts. 218.I y 213 del Código Procesal Civil, ello debido a que en el memorial de fs. 115 a 117 se amplió la demanda y se solicitó el retiro de materiales de construcción y las construcciones realizadas en el inmueble; petición respecto a la cual, los demandados no emitieron ningún pronunciamiento, lo que importa su aceptación tácita conforme señala el art. 346 num. 2) del CPC.
En ese orden, señala que las construcciones introducidas por los demandados fueron realizadas cuando estos ya no tenían derecho propietario sobre el inmueble y que además fueron realizadas fuera de las normas del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; extremo que reclama, no puede ser desconocido por el Tribunal de alzada que debe fallar en base al principio de congruencia.
En base a lo expuesto solicita que este Tribunal Supremo case parcialmente el auto de vista recurrido y ordene el retiro de las construcciones y materiales introducidos en el inmueble objeto de este proceso y sea a costa de los demandados.
Respuesta de Osvaldo Jiménez Sempertegui (fs. 464 a 469)
Refiere que el auto de vista ha valorado correctamente la prueba que acredita que el proceso de usucapión tiene calidad de cosa juzgada y es irreversible; por lo tanto, su derecho propietario es legal y está vigente; en cambio, el derecho propietario de los recurrentes ha quedado extinto como resultado, del proceso de usucapión con calidad de cosa juzgada.
Solicita en base a lo expresado que el recurso de casación sea declarado infundado.
Respuesta de Mario Roberto Gutiérrez Guzmán y Luz Leonor Fernández de Gutiérrez (fs. 475 y vta.)
Señalan que la petición que realiza el demandante en su memorial de casación parcial, es totalmente incongruente, hasta parece una burla solicitar que se retiren las construcciones, como si se trataran de muebles que pueden ser desplazados de un lugar a otro.
Por lo expuesto, solicitan se case totalmente el auto de vista y se declare probada la acción reconvencional planteada en este proceso.
III.1. El efecto extintivo de la usucapión
El art. 110 del CC, regula las distintas formas de adquirir la propiedad, disponiendo que: “la propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión, por efectos de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por ley”. Precepto normativo del cual desprende que la usucapión constituye un modo originario de adquirir la propiedad, en cuya virtud el poseedor (de buena o mala fe) se convierte en propietario definitivo si ha poseído de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley, en general, sea que se trate de una usucapión ordinaria o una usucapión extraordinaria, tres son los presupuestos indispensables de este instituto, a saber: 1) que el bien sea susceptible de ser usucapido; 2) la posesión, y; 3) el transcurso de un plazo.
Ahora bien, por esta acción, se establece que el derecho propietario, no es un derecho inmune o absoluto; pues la acción de usucapión fue diseñada precisamente como un límite del derecho de propiedad, de tal manera que la misma ópera cuando se observa que el propietario de una cosa asume una conducta apática o indiferente respecto a sus facultades y derechos conferidos por el art. 105 del CC; conducta que junto al cumplimiento de los requisitos antes descritos, por parte del poseedor, traen como consecuencia que el derecho propietario se extinga, ello como una sanción a su indiferencia y/o dejadez en el ejercicio de su derecho.
De ahí que la jurisprudencia ordinaria en diferentes fallos haya establecido que: “…la usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido…”, (AS N° 262/2011 de 25 de agosto; el AS N° 475/2012 de 12 de diciembre; el AS N° 289/2013 de 06 de junio; el AS N° 159/2017 de 20 de febrero, entre otros) y en ese marco en el Auto Supremo N° 622/2014 de 30 de octubre, se haya razonado que: “…esta acción compete a aquella persona que mediante el transcurso del cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley ha poseído un bien inmueble, y se ejerce contra quien aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público de la Propiedad, con la finalidad de que se declare que se ha consumado la misma y que se ha adquirido el inmueble por prescripción, radicando el fundamento de esta instituto jurídico desde el punto de vista del sujeto activo, en la necesidad de poner fin a un estado de incertidumbre de derechos generados por la posesión apta para usucapir, y los de propiedad que le asisten al titular del dominio; en cambio para el sujeto pasivo, la prescripción adquisitiva descansa en la inercia del auténtico propietario del bien, quien lo abandonó o dejó en manos de otro poseedor, inercia que da lugar a la usucapión, que constituiría en una sanción impuesta al propietario negligente”
Sin duda este razonamiento encuentra su sustento en la necesidad de proteger y estimular el fin social del derecho a la propiedad que es consagrado por el art. 56 de la CPE, pues cabe recordar que si bien la Constitución Política del Estado reconoce a la propiedad como un derecho fundamental, también le impone al propietario el deber de cumplir una función social y al mismo tiempo el Código Civil en armonía con segundo parágrafo del mencionado artículo, impone al propietario que el ejercicio de su derecho lo realice en armonía con el interés colectivo y dentro de los límites y con las obligaciones que el orden jurídico prevé.
III.2. Sobre los alcances de las sentencias estimatorias en procesos referentes al mejor derecho propietario
Al respecto el Auto Supremo N° 832/2018 de 31 de agosto ha razonado lo siguiente: “…corresponde traer a colación el entendimiento asumido en el punto III.1 de la doctrina aplicable, en sentido que la figura jurídica del desapoderamiento o en este caso la entrega del inmueble, es un elemento que asegura la aplicación eficaz del contenido esencial del derecho de propiedad, por lo que sus alcances inequívocamente recae sobre la cosa litigiosa, cumpliendo así con el mandato del art. 213.I del Código Procesal Civil, toda vez que solamente de esta manera se puede asegurar la efectividad de los fallos judiciales como presupuesto esencial de la justiciabilidad de los derechos fundamentales, que en un contexto del diseño plural de nuestro Estado, donde priman los principios rectores de la administración de justicia establecidos en art. 180 de la CPE, como parte del bloque de constitucionalidad, exige la directa aplicabilidad de los derechos fundamentales en la resolución de las pretensiones de los justiciables de acuerdo al mandato del art. 109.I del texto constitucional, máxime cuando bajo este nuevo modelo plural prima el principio de constitucionalidad, que constriñe al juzgador a interpretar la norma desde y conforme los parámetros de constitucionalidad inmersos en el bloque, ello considerando que la Constitución está sobre todas las demás normas del sistema y que todo acto judicial tiene que encontrar su fundamento de validez en esta norma suprema.
Es en ese marco que justamente el derecho a la propiedad, encuentra tutela, cuando en una acción de mejor derecho propietario, el justiciable ha demostrado preferencia de su título, por tanto, merced a estos argumentos se evidencia que, la denegación a la entrega del inmueble, afecta inequívocamente la garantía de efectividad de los fallos judiciales como presupuesto de la directa aplicabilidad del derecho fundamental a la propiedad, más aún cuando esta pretensión ha sido enunciada en la argumentación respaldatoria de la acción impetrada (tal cual acontece en este caso).
En ese entendido, en el presente caso, el Tribunal de apelación, al haber desestimado esta pretensión por la presunta carencia de legitimación del demandado por el hecho de que ambas partes ostentaban derecho propietario inscritos en el registro público, no ha tomado en cuenta la garantía de efectividad de los fallos judiciales, pues tras haber determinado el mejor derecho propietario, debió disponer la entrega del inmueble a quien ostentara mejor título, toda vez que es lógico suponer que si una de las partes ha demostrado su mejor derecho propietario, ésta debe ser restituida a su propietario, y no como lo hizo en el presente caso dejando irresoluto y en tablas el proceso y en incertidumbre a las partes, respecto a quien debe poseer el predio, sin resolver el conflicto jurídico puesto a su conocimiento”.
Este razonamiento tiene su respaldo en la SCP 0121/12 de 02 de mayo, que señaló: “…las acciones de mejor derecho propietario -entre otras-, se configuran como verdaderas garantías jurisdiccionales destinadas a activar el aparato orgánico-jurisdiccional imperante y lograr por ende la emisión de una decisión jurisdiccional definitiva y de carácter declaratorio, que en caso de ser estimatoria a los derechos de propiedad invocados por el justiciable, asegure la eficaz y real aplicación del contenido esencial de este derecho fundamental…
…la facultad de las autoridades jurisdiccionales de ordenar el desapoderamiento en ejecución de fallos, para el caso de procesos en los cuales exista una sentencia estimatoria que declare el derecho propietario en relación a la parte actora, responde al principio de aplicación directa y efectiva del contenido esencial del derecho de propiedad, es decir, a la aplicación efectiva y real de sus tres elementos el uso, goce y disposición, por tanto, la omisión de ejercicio de esta atribución frente a un pedido expreso de parte, implica una limitación arbitraria al derecho de propiedad, aspecto que en esencia afecta de manera directa al principio de razonabilidad de las decisiones jurisdiccionales.
…en las sentencias declarativas de derechos propietarios, la eficacia del contenido esencial de este derecho, es decir, el uso, goce y disfrute del bien, en relación del cual se declara judicialmente la titularidad, debe ser resguardada y garantizada por la autoridad jurisdiccional, entendiendo que el art. 190 del CPC, interpretándolo armoniosamente con la tutela que se da al derecho de propiedad en el bloque de constitucionalidad, establece que “La sentencia (…) contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigiosas, en la manera en que hubieren sido demandadas (…), en ese orden, definitivamente al ser demandado el mejor derecho propietario y en caso de estimarse dicha pretensión, el desapoderamiento del bien en litigio, aunque no hubiese sido expresamente pedido en la demanda, es un aspecto que asegura la aplicación eficaz del contenido esencial del derecho fundamental de propiedad, por lo que sus alcances inequívocamente recaen sobre la cosa litigiosa, cumpliendo así con el mandato del art. 190 del CPC, razón por la cual, el ejercicio de esta facultad, de ninguna manera implica alteración de los efectos de la cosa juzgada de decisiones jurisdiccionales, por el contrario, asegura la efectividad de fallos judiciales como presupuesto esencial de la justiciabilidad del derecho fundamental de propiedad en un Estado Constitucional de Derecho”
IV.1. Recurso de casación de Mario Roberto Gutiérrez Guzmán y Luz Leonor Fernández de Gutiérrez (fs. 453 a 460)
El análisis de lo expuesto en los puntos 1) y 2) del referido recurso de casación, nos permite colegir que, como principal reclamo, los recurrentes cuestionan la errónea interpretación del art. 56 de la CPE, y el art. 1453 del CC, arguyendo que el Tribunal de alzada ha concedido la demanda del actor, únicamente en base a un proceso de usucapión que no es objeto de controversia, sin que se haya considerado que los recurrentes cuentan con un derecho propietario legal y vigente que tiene una tradición de más de 14 años (respecto al registro del actor), así como que los derechos de las partes tiene un tradición diferente (al no provenir del mismo causante) y que el demandante nunca estuvo en posesión del inmueble controvertido.
Para ingresar al análisis del reclamo de referencia, conviene hacer alusión a los fundamentos de la resolución recurrida, ya que solo así podremos advertir si lo razonado por el Tribunal de alzada cuenta con el sustento legal correspondiente o en su defecto incurre en las transgresiones acusadas por la parte demandada.
Así tenemos que entre los fundamentos del Auto de Vista REG/S.MCFNA/SENT.04/12.01.2018 de 12 de enero de 2018 cursante de fs. 435 a 443 y su Auto complementario cursante a fs. 446 vta., los juzgadores de grado concluyeron que los títulos presentados por las partes no tienen un vendedor común y tampoco un mismo antecedente dominial; extremo que resulta evidente, puesto que según la Escritura Pública del actor (EP. Nº 277/2008 de 19 de septiembre), la cual cursa en fs. 1 a 2 vta., se advierte que éste adquirió el inmueble del Sr. Rene Javier Merino Vega quien a su vez adquirió su derecho propietario como efecto de un proceso de usucapión conforme consta de la sentencia de fs. 311 a 313; en cambio los demandados, de acuerdo a la Escritura Publica N° 277/1994 de 28 de julio (ver fs. 31 a 32), adquirieron su derecho propietario de Epifanía Elena Almanza de Agreda y Florentino Almanza Fuentes y estos a su vez de los Sres. Rodolfo Vargas Soliz y Martha Corzo de Vargas según se tiene de la Cláusula Primera de la mencionada Escritura Publica N° 277/94.
Entonces, tomando en cuenta que en esta litis no existe un vendedor común, ni tampoco un mismo antecedente dominial en los derechos de las partes, en base a los razonamientos jurisprudenciales descritos en el Auto Supremo N° 1158/2017 de 01 de noviembre, el mencionado Tribunal, asumió que la solución del mejor derecho propietario, no pasa por la aplicación del principio de prelación registral, sino que esta debe realizarse en base a un análisis de la tradición de dominio que existió en ambos títulos.
Criterio que resulta adecuado, pues si tomamos en cuenta que el art. 1545 del CC, en el hipotético de que existan dos o más personas con títulos de propiedad sobre un mismo bien inmueble, adquirido de un mismo vendedor, concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título (art. 1545.- Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismo bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título); esta noción, también debe aplicarse a los hipotéticos donde dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien, no hubieren adquirido del mismo vendedor, sino que cada uno de estos hubiera adquirido el bien de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostentaban título de propiedad. Caso para el cual, deberá confrontarse el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y sus antecesores, con el objeto de verificar cual de los títulos fue inscrito con prioridad en el registro de DDRR y de esa manera establecer el mejor derecho de propiedad, además que deberá verificarse si los derechos y títulos exhibidos por las partes mantienen o no su validez, pues de haberse extinguido el derecho y/o anulado alguno de los títulos, por lógica consecuencia, se concederá el mejor derecho a la parte cuyo título y/o derecho continúe vigente.
En ese entendido, y acogiendo los razonamientos del Tribunal de alzada, se tiene que si bien en este proceso la parte recurrente cuenta un título de propiedad que no fue cancelado y cuya tradición es más antigua que el título de la parte actora (pues el registro de los recurrentes data del 01 de agosto de 1994 y el registro del actor del 22 de septiembre de 2008), no se puede perder de vista que el origen del título del demandante deviene de un proceso de usucapión que fue tramitado por quien fuere su vendedor, es decir el Sr. Javier Rene Merino Vega, proceso que justamente fue interpuesto en contra de los ahora demandados (ver fs. 311 a 313 vta.), los cuales al haber resultado perdidosos en dicha causa judicial, perdieron el derecho de propiedad que ahora pretenden hacer valer, pues por efectos de la prescripción adquisitiva generada en su contra, específicamente el efecto extintivo de la usucapión, su derecho de propiedad sobre el inmueble pretendido fue extinguido, lo que conlleva a asumir que los recurrentes no cuentan con un derecho de propiedad que justifique un cotejo de la prelación registral que implica el mejor derecho propietario, y en ese entendido corresponde otorgar tutela al derecho del actor que continua vigente.
Cabe en este punto señalar que si bien la Constitución Política del Estado, reconoce a la propiedad como un derecho fundamental al establecer que: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social”, también le impone al propietario el deber de cumplir la función social y al mismo tiempo el Código Civil en armonía con esta disposición constitucional, impone al propietario que el ejercicio de su derecho lo realice en armonía con el interés colectivo y dentro de los límites y con las obligaciones que el orden jurídico prevé, es decir que, el límite al ejercicio de ese derecho fundamental, de cumplir la función social, responde a la necesaria compatibilidad que debe existir con el interés colectivo a partir del ejercicio del derecho, pues de no suceder ello acaecerán sanciones como la prevista por el art. 138 de la norma sustantiva civil, referente a la prescripción adquisitiva. De ahí que autores como Guillermo Borda, señalen que: “…el funcionamiento esencial de la usucapión es la necesidad de proteger y estimular la producción y el trabajo”, para lo que añade que: “…quien durante varios años ha cultivado un inmueble, incorporando riqueza a la comunidad, debe ser protegido por la ley, afianzándose en su derecho, estimulando en su trabajo. Esta solución es tanto más justa si se piensa que frente a él está un propietario negligente, que ha abandonado sus bienes; quien se desinteresa de ellos no merece protección legal. Estos fundamentos de la usucapión tienen hoy mayor vigor que nunca. Las sociedades modernas no conciben ya la propiedad como un derecho absoluto, ser dueños supone crecientes responsabilidades, no solo derechos…”1
Así la usucapión aparece como un límite del derecho de propiedad, que opera cuando se observa que el propietario de una cosa asume una conducta apática o indiferente respecto a las facultades que le confiere el art. 105 del CC; conducta que, junto al cumplimiento de los requisitos establecidos por esta acción, traen como consecuencia que el derecho de propiedad se extinga, ello como una sanción a la indiferencia y/o dejadez del propietario.
Extremo que aconteció en el sub judice, pues en los antecedentes procesales, se puede constatar que hubo un proceso de usucapión interpuesto por el Sr. Rene Javier Merino Vega (quien es vendedor del demandante), en contra de los Sres. Mario Gutiérrez Guzmán y Luz Leonor Fernández de Gutiérrez (recurrentes); proceso que concluyó con la emisión de la Sentencia de 29 de agosto de 2007 (fs. 311 a 313 vta.), la cual declaró probada la demanda de usucapión, y en su parte resolutiva otorgó el derecho propietario sobre el inmueble objeto de litis en favor del vendedor del demandante de este proceso; resolución que por cierto fue ejecutoriada mediante el auto de fecha 18 de septiembre de 2007 conforme consta en fs. 315 y vta., generando la extinción del derecho que en su oportunidad ostentaban los demandados sobre dicho predio; es por ello que en esta causa, los recurrentes no pueden cuestionar que el Tribunal de alzada haya sustentado su determinación en base al referido proceso de usucapión, pues fue éste el que determinó el establecimiento del mejor derecho de propiedad del actor, en sentido de haber permito corroborar que los demandados ya no contaban con un derecho de propiedad vigente, independientemente de que este haya sido o no cancelado en el registro de DDRR.
Lo que conlleva a concluir que en este proceso no modifica en nada la resolución del Tribunal de alzada, el hecho de que los recurrentes hayan ostentado un registro de propiedad que cuenta con una tradición de más de 14 años, ya que el mismo ha quedado sin vigencia a partir de la ejecutoria de la sentencia que acoge la usucapión descrita, así como resulta indiferente que los títulos de las partes no cuenten con un antecedente dominial común, ya que la determinación del mejor derecho propietario debatido en esta litis, pasó por verificar únicamente la validez de ambos títulos y no por la tradición de los mismos. Finalmente, no pueden los recurrentes observar que el actor no se haya encontrado en posesión del predio, pues conforme fue desarrollado en la resolución impugnada, la acción de reivindicatoria ya no exige, del propietario, la posesión material de la cosa, en razón de que el derecho de propiedad conlleva la posesión civil.
Consiguientemente no es evidente la errónea interpretación del art. 56 de la CPE, y el art. 1453 del CC, denunciada en casación. Por lo que, amerita dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.
IV.2.- Recurso de casación de Osvaldo Jiménez Sempertegui (fs. 464 a 469)
De la lectura de los puntos 1) y 2) de este recurso de casación se puede colegir que el demandante reclama que el Tribunal de apelación, al ordenar la realización del avalúo de las construcciones introducidas en el inmueble en cuestión, a efectos de que su persona realice el pago de mejoras en favor de los demandados, ha realizado una incorrecta aplicación de los arts. 213 y 218.I del Código Procesal Civil, ello debido a que en su memorial de ampliación a la demanda de fs. 115 a 117, solicitó el retiro de materiales de construcción y las construcciones realizadas en el inmueble, sin que haya existido objeción por los demandados; y porque las construcciones introducidas por los demandados fueron realizadas cuando estos ya no tenían derecho propietario sobre el inmueble.
Al respecto, conviene tener presente que la reforma constitucional del año 2009, generó la implementación de un nuevo modelo de Estado diseñado a la luz del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, aspectos que marcaron la asunción de la última generación del constitucionalismo en nuestro diseño estatal. Es así que el modelo de Estado, a partir de la concepción del pluralismo, como elemento fundante, se estructura sobre la base de derechos individuales y también derechos con incidencia colectiva, pero además esta concepción configura un diseño de valores y principios plurales rectores, en mérito de los cuales se concibe una Constitución axiomática.
En efecto, a la luz de este diseño de Estado, la Constitución, ya no solo se caracteriza por su “valor normativo”, sino esencialmente por su “valor axiomático”, en mérito al cual, el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico; es decir, el proceso de irradiación de contenido en las normas infra-constitucionales y todos los actos de la vida social, no solamente comprende normas constitucionales positivizadas, sino también, valores y principios plurales supremos, que constituyen directrices del orden constitucional.
Es precisamente sobre esta base que la comprensión de los derechos, deberes y garantías no puede realizarse desde la óptica del constitucionalismo liberal, sino más bien abrirse a una pluralidad de fuentes; tarea que se hace posible con la adopción y reconocimiento del pluralismo jurídico que permite un dialogo intercultural entre derechos, pues conforme refiere la SCP N° 0790/2012 de 20 de agosto “…ya no existe una sola fuente de Derecho y de los derechos; de donde estos pueden ser interpretados interculturalmente, lo cual habilita el carácter dúctil y poroso de los derechos, permitiendo un giro en la comprensión de los mismos, generando su transformación para concebirlos como practica de dialogo entre culturas, entre mundos civilizatorios, en búsqueda de resignificar concretamente el contenido de los derechos para cada caso concreto...”
Criterio en mérito al cual, algunos autores nacionales destacan que en el nuevo modelo de Estado Plural, el Bloque de constitucionalidad consagra rasgos que lo distinguen de los demás modelos de Estado, tales como: 1) la igual jerarquía, directa aplicabilidad y directa justiciabilidad de los derechos fundamentales; 2) el cambio de roles de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, y; 3) El pluralismo como fuentes jurídicas2, a partir de los cuales opera el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, es decir que en este diseño, el Bloque de Constitucionalidad, introduce un compartimento referente a los principios y valores plurales supremos a la luz del vivir bien, evidenciando el rasgo axiológico del constitucionalismo boliviano, asegurándose de esta forma la materialización de un pluralismo de fuentes jurídicas, dinámico, inclusivo y acorde con el Estado Constitucional de Derecho, pues el ámbito de aplicación de los principios valores, está dirigido a lograr una convivencia armoniosa y equilibrada de la sociedad plural.
Así, se puede destacar que entre los valores plurales supremos que guían al Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentran la igualdad, la complementariedad, la solidaridad, reciprocidad, armonía, la inclusión, transparencia, igualdad de condiciones, bienestar común, responsabilidad entre otros, los cuales, a su vez, se complementan con los valores ético-morales plasmados en el art. 8.1 de la Constitución Política del Estado, como ser el suma qamaña (vivir bien), el ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y el qhapaj ñan (camino o vida noble) entre otros, los cuales, al encontrarse insertos en la parte dogmática de la Constitución, irradiarán de contenido a la parte orgánica de la norma suprema y también al orden infra-constitucional y a los actos de la vida social, para consolidar así el valor esencial y fin primordial del Estado Plurinacional de Bolivia, que es el “vivir bien”3.
Resultando relevante para el presente caso hacer alusión al qhapaj ñan o camino noble, que en su concepto, revela una serie de principios, pues además de ser considerado como un camino perfecto del descubrimiento de la verdad, la connotación principal que encierra, son los valores filosóficos de complementariedad, equilibrio, proporcionalidad, tolerancia, reciprocidad y paridad; que deben ser insertados como principios imprescindibles en la vida cotidiana. Deduciéndose que bajo la comprensión de este principio, los actos, hechos, acciones y omisiones, que signifiquen apartarse del “ñan-thaki” (camino), son considerados como un mal que causa anomalía (infracción), que afecta a toda la comunidad humana y la naturaleza, llevando a un espacio de crisis conjunta, por lo que reparar este alejamiento del camino (hacer justicia), mediante su aplicación, significa restituir al “ñan”, y garantizar el vivir bien4.
No cabe duda entonces que estos postulados han redefinido el sistema jurídico de nuestro país, de tal manera que el método del derecho y en particular el rol de las autoridades judiciales y administrativas como garantes de los derechos fundamentales y del Bloque de constitucionalidad, sufre una variación sustancial, pues al encontrarse estas autoridades, en la base del modelo de Estado de orden plural, constituyen los primeros garantes de los derechos fundamentales así como de los principios y valores plurales supremos, ya que su rol es materializar la irradiación constitucional, para lo cual, la interpretación constitucional y en particular la interpretación de derechos fundamentales constituyen una herramienta esencial para lograr el objetivo esencial de la nueva generación del constitucionalismo.5
De manera que los jueces y tribunales están compelidos a resolver los litigios a la luz de la Constitución normativa y axiológica; entendimiento que supone la materialización del principio de eficacia y aplicación directa de los derechos fundamentales. Correspondiendo en este punto señalar que la eficacia de los derechos fundamentales no se encuentra a merced de su desarrollo legislativo, sino que son directamente aplicables, lo cual significa: 1) que puede reivindicarse su tutela en cualquier actuación procesal con el solo fundamento de la norma constitucional; 2) que su falta de desarrollo legislativo no es obstáculo para su aplicación, y; 3) que debe interpretárselos a favor de su ejercicio6.
Lo que en consecuencia supone que a momento de resolver una determinada controversia, cualquiera fuera la materia, el juez, debe regular y equilibrar la situación problemática, en la medida que sus determinaciones restauren la armonía que se rompe entre las partes en conflicto y con ello rencaminarlos por el camino noble o qhapaj ñan (que involucra una relación de equilibrio, proporcionalidad) y de esa manera materializar el fenómeno de irradiación de la Constitución axiomática, dogmática y garantista, y ello también como un mecanismo para efectivizar la eficacia y aplicación directa de los derechos fundamentales, pues de acuerdo a lo preceptuado por el art 109 de la CPE “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de igual es garantías para su protección”. Lo que supone que todos los derechos, sin distinción, pueden ser directamente justiciables.
Es precisamente en virtud a estos criterios que el Auto Supremo N° 832/2018 de 31 de agosto, reorientó la interpretación del art. 1545 del Código Civil, referente a la acción de mejor derecho propietario, estableciendo que su aplicabilidad se encuentre orientada a efectivizar el ejercicio pleno del derecho fundamental a la propiedad (consagrado por el art. 56 de la CPE); de manera que dispuso que la interpretación de esta norma sea tendente a garantizar que quien en un juicio sobre el mejor derecho propietario demuestre tener un mejor título, sea restituido en el ejercicio de su derecho, aunque dicha restitución no haya sido impetrada de forma expresa, ello ante una Sentencia estimatoria de su pretensión, con la única finalidad de dar una correcta aplicación a la disposición inmersa en el art. 213.I del Código Procesal Civil.
Así, las acciones sobre mejor derecho propietario configuran verdaderas garantías jurisdiccionales destinadas a activar el aparato jurisdiccional y lograr la emisión de una decisión jurisdiccional definitiva, que, en caso de ser estimatoria al derecho de propiedad invocado por el justiciable, asegure la eficaz y real aplicación del contenido esencial de este derecho fundamental7. De ahí que podemos decir que esta acción constituye una verdadera garantía para la defensa del derecho de propiedad que busca prevenir, impedir o reparar una lesión a este derecho y al ejercicio de las facultades que este derecho conlleva y que trasunta en la aplicación directa de la Constitución por el cual, los derechos fundamentales tienen una efectividad plena más allá de un reconocimiento legislativo o de los formalismos extremos que puedan obstaculizar su plena vigencia.
Si esto es así, no cabe duda que al momento de declarase el mejor derecho de propiedad, corresponde también disponer la restitución y/o entrega de la cosa (a través del desapoderamiento de ser necesario), independientemente que dicha cuestión haya sido o no solicitada en la demanda o reconvención, pues solo así se garantiza la eficacia de la resolución de fondo para evitar supresiones y limitaciones arbitrarias al derecho fundamental de propiedad; y de esa manera la eficacia de los fallos, aparece condicionada a una aplicación directa y real del contenido esencial del derecho de propiedad con los tres componentes esenciales que reconoce el art. 105 del CC: usar, gozar y disponer.
Esto nos conduce a inferir que si el vencedor en un proceso sobre mejor derecho propietario, por efectos de la eficacia de la sentencia estimatoria y el principio de aplicación directa de los derechos fundamentales, tiene derecho a la restitución de la cosa, también tendrá el derecho a que se dispongan otras medidas tendentes a garantizar el pleno ejercicio de su derecho fundamental a la propiedad.
Entonces, si bien el Auto Supremo N° 832/2018 de 31 de agosto, establece una de estas medidas al señalar que uno de los efectos de la sentencia estimatoria del mejor derecho propietario, es la restitución de la cosa en favor del vencedor, esta resolución no considera la situación jurídica del título de la parte perdidosa, de manera que no determina si el título del perdidoso continua vigente o en su defecto la misma pierde su validez por efectos de la resolución que resuelve el mejor derecho de propiedad, así como tampoco analiza la situación de las mejoras útiles y necesarias que pudieren haber sido introducidas en la cosa; extremo que sin duda corresponde sea considerado por este Máximo Tribunal de Justicia, a manera de uniformizar los criterios rectores sobre esta acción y establecer parámetros que de alguna manera equilibren la situación jurídica de las partes que se vean involucradas en una acción sobre mejor derecho propietario y los reencaminen por el qhapaj ñan.
Ahora bien, si tomamos en cuenta que la acción de mejor derecho propietario, regulada por el art. 1545 del CC, tiene por objeto declarar y reconocer la prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro derecho de propiedad de un mismo inmueble, sin duda esta declaración deberá también generar efectos en el título de la parte perdidosa, puesto que al ser la sentencia que resuelve esta acción, una resolución que no genera la nulidad del título de las partes; significa que el registro del perdidoso (tras haber concluido el proceso) continua vigente, lo que quiere decir que la situación jurídica aún se mantiene en “tablas”; extremo que desde todo punto de vista restringe el ejercicio pleno de las facultades que otorga el derecho fundamental a la propiedad, a quien fuere el vencedor de esta contienda.
Ello se advierte, por ejemplo, cuando el perdidoso, en una actuación dolosa o de mala fe y en perjuicio del vencedor del proceso, así como de terceros, asumiendo que su título de propiedad no ha merecido restricción alguna (no obstante, de haber perdido el juicio sobre mejor derecho), realiza diferentes actos de disposición de la cosa (vender, hipotecar, pignorar, etc.), generando la proliferación de una serie de acciones judiciales en torno a dicho predio. De ahí que resulta necesario asumir otras medidas que garanticen el pleno ejercicio del derecho fundamental a la propiedad; medidas que el juez deberá adoptar, por ejemplo, con la inscripción de la sentencia emanada en dicho proceso, en el Folio Real o Partida de Derechos Reales del título de propiedad de la parte perdidosa, sin afectar la titularidad del perdidoso, ya que al no haber perseguido la acción de mejor derecho la invalidez o ineficacia del título de dominio de la contraparte, este se mantiene vigente, por lo tanto la referida inscripción hará que esta se torne pública, por lo que en caso de que la cosa sea transferida a terceros estos no podrán alegar desconocimiento sobre la situación jurídica de la cosa. Medidas que por cierto, según entiende la SCP Nº 0121/2012, de ninguna manera implican alguna alteración de los efectos de las decisiones jurisdiccionales que involucran a la acción sobre mejor derecho propietario, por el contrario, aseguran la efectividad de los fallos judiciales, como presupuesto esencial de la justiciabilidad del derecho fundamental de propiedad en un Estado Constitucional de Derecho.
Empero, la eficacia de las sentencias que estiman el mejor derecho de propiedad no debe detenerse ahí, pues si bien la misma busca el resguardo del ejercicio pleno del derecho propietario del vencedor de este juicio, ello no involucra desconocer los derechos de la parte perdidosa, ya que solo así se logrará una resolución justa y equitativa, que responda a los principios y valores plurales consagrados en el art. 8.I de la Constitución Política del Estado, tales como el qhapaj ñan o camino noble, que busca la complementariedad, el equilibrio, la proporcionalidad, la tolerancia y la reciprocidad en las resolución de las controversias judiciales, de manera que cuando deba establecerse el mejor derecho propietario se logre también restaurar la armonía que se rompe entre las partes por efecto de este pleito judicial.
En efecto, en la práctica forense existirán supuestos en los cuales la parte perdidosa se encontrará en posesión de la cosa; lo que significa que, bajo la creencia de tener un título legal y vigente (por lo menos hasta antes de resultar perdidoso en el juicio), éste hubo que haber ejercido el uso y goce de la cosa, situación que desde luego involucra haber realizado actos como la introducción de mejores y/o construcciones.
Ante este tipo de supuestos, no cabe duda que la autoridad judicial que determine el mejor derecho de propiedad y establezca la restitución de la cosa, deberá también considerar la situación jurídica de los actos de uso, goce y disposición que hubiere ejercido el perdidoso de la acción, de manera que si este introdujo mejoras o realizó construcciones útiles y necesarias para la conservación de la cosa, deberá disponerse, en su favor, el pago de las mismas (aun cuando estas no hayan sido solicitadas), pues es por ello que autores como Ricardo J. Papaño, Claudio M. Kiper y otros, señalan que: “Se debe tener en cuenta que cuando una persona ha poseído el inmueble y resulta condenada a restituirlo en virtud de una sentencia que hace lugar a la demanda de reivindicación, su posesión debe reputarse ilegitima (…) Esta situación genera derechos y obligaciones a cargo del poseedor vencido, pues se debe determinar (…) el derecho a la indemnización de las mejoras introducidas en la cosa y de los gastos incurridos…”8
Este tipo de medidas que regulan y equilibran la situación problemática emergente de la acción de mejor derecho propietario, tiene su sustento en el acápite referente a los derechos y obligaciones del poseedor en caso de restitución de la cosa, en donde encontramos que el art. 97.I del CC., establece que “El poseedor también tiene derecho a que se le indemnicen las mejoras útiles y necesarias que existan a tiempo de la restitución. Si es de buena fe, la indemnización se hace en la cuantía que haya aumentado el valor de la cosa; y si es de mala fe, en la cuantía menor entre la suma del importe y el gasto, por una parte, y el aumento del valor, por otra”; disposición de la cual se desprende que el poseedor de mala fe tiene derecho al pago por las mejoras útiles y necesarias que existan a tiempo de la restitución de la cosa en la cuantía menor entre la suma del importe y el gasto, por una parte, y el aumento del valor, por otra, pero no tiene derecho que la indemnización se haga en la cuantía que haya aumentado el valor de la cosa al momento del reembolso como tiene derecho el poseedor de buena fe, conforme describe dicha norma, es decir que la diferencia en el reembolso a favor del poseedor de buena fe y de mala fe; es que, al poseedor de buena fe debe restituirse al valor que tienen las mejoras a tiempo de la restitución, tomando en cuenta el valor de los gastos a la fecha de inversión, aunque luego se hayan deteriorado o desvalorizado; mientras que al poseedor de mala fe debe restituirse en la cuantía menor entre la suma del importe y el gasto, por una parte y el aumento del valor de la cosa.
El pago de la indemnización se encuentra garantizado por el derecho de retención establecido en el art. 98.I del CC, según la cual, el poseedor de buena fe retiene la cosa hasta que el propietario le pague o reembolse los derechos que le han sido reconocidos en la resolución que determina la restitución; es decir que, el poseedor puede retener la cosa hasta que se le abonen las indemnizaciones y se le reembolsen los gastos mencionados en las normas anteriores.
Empero cabe tomar en cuenta que el derecho de retención únicamente le es atribuible al poseedor de buena fe, por lo que, al determinarse el pago de las mejoras en favor del poseedor, deberá también establecerse la buena o mala fe con la que dicho sujeto poseyó la cosa, pues de ello dependerá la cuantía del pago y el reconocimiento del derecho de retención; establecimiento que bien puede el juez realizar al momento de emitir el fallo de fondo o en ejecución de sentencia.
De ahí que en el presente caso, independientemente que el recurrente haya solicitado el retiro de las construcciones introducidas por los demandados, y que estos no hayan expresado pronunciamiento alguno al respecto, se tiene que el Tribunal de alzada, tomó en cuenta los criterios desarrollados supra, pues al haberse concedido la acción de mejor derecho y reivindicación incoada por el actor, como consecuencia de esta determinación, debía también definirse la situación jurídica de las mejoras introducidas por los demandados, quienes como se tiene dicho, se encuentran en calidad de poseedores del predio, lo que en consecuencia conlleva que estos gocen de la tutela establecida por el art. 97 del CC, de manera que la determinación del Tribunal Ad quem, respecto al pago de las mejoras, no resulta atentatorio de los arts. 213 y 218.I del Código Procesal Civil, conforme denuncia el recurrente, situación por la cual no corresponde ingresar a mayores consideraciones al respecto.
Por lo que, amerita dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 453 a 460, interpuesto por Mario Roberto Gutiérrez Guzmán y Luz Leonor Fernández de Gutiérrez y el recurso de casación de fs. 464 a 469 vta., opuesto por Osvaldo Jiménez Sempertegui, ambos en contra del Auto de Vista REG/S.MCFNA/SENT.04/12.01.2018 de 12 de enero de 2018 cursante de fs. 435 a 443 y su Auto complementario cursante a fs. 446 vta., pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Sin costas ni costos.
1 Borda A. Guillermo (2012) “Tratado de Derecho Civil – Derechos Reales” Tomo I, Edit., FEDYE, p. 299.
2 Attard Bellido M. Elena, s.f. “Litigio Estratégico para la defensa constitucional de derechos fundamentales”, Sucre- Bolivia, Fundación Construir, 1994, s.p.
3 Tribunal Constitucional Plurinacional SCP N° 0131/2013 de 01 de febrero.
4 Tribunal Constitucional Plurinacional SCP N° 1189/2017-S1 de 24 de octubre.
5 Así se infiere del razonamiento vertido en la SCP N° 0112/2012 de 27 de abril, que dice: “…en la construcción judicial del nuevo derecho boliviano antes de mirarse a las normas constitucionales-reglas o las normas legales-reglas (contenidas en las leyes, códigos sustantivos y procesales) no debe perderse de vista a las normas constitucionales-principios. Estas últimas con ojos de constructor jurídico, por cuanto si bien están formuladas de modo expreso en la Constitución, verbigracia el caso de los principios ético-morales de la sociedad plural (art. 8.I de la CPE), los valores del Estado plurinacional (art. 8.II de la misma norma), etc., tarea que ya la hizo el legislador constituyente de composición plurinacional, ello no quita que pueden ser desarrollados, judicialmente a partir de su texto, como labor que ahora le compete a los jueces en sus diferentes roles. Al Tribunal Constitucional Plurinacional como órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, a los jueces y tribunales de garantías, como jueces constitucionales y a los jueces y tribunales de la pluralidad de jurisdicciones como garantes primarios de la Constitución…”
6 Tribunal Constitucional Plurinacional SCP N° 0790/2012 de 20 de agosto.
7 Tribunal Constitucional Plurinacional SCP N° 0121/12 de 02 de mayo.
8 Papaño J. Ricardo, Kiper M. Claudio, Dillon A. Gregorio y Causse R. Jorge, (2004) “Derecho Civil, Derechos Reales” Tomo 2, 2ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, Edit. Astrea, p. 435.

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