Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2013:378:FULL&from=EN
Timestamp: 2019-09-15 18:36:43+00:00

Document:
Diario Oficial C 378/2013
doi:10.3000/19770928.C_2013.378.spa
Recomendación del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros
Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 2013, relativa a las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales
Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 2013, sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los sospechosos o acusados en los procesos penales
Recomendación del Banco Central Europeo, de 17 de diciembre de 2013, al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo de la Banque centrale du Luxembourg (BCE/2013/51)
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.7100 — New Mountain Capital/Alexander Mann Solutions) ( 2 )
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6844 — GE/Avio) ( 2 )
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.7096 — Eni ULX/Liverpool Bay JV) ( 2 )
Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en su reunión, de 28 de junio de 2013, en relación con un proyecto de Decisión relativa al asunto COMP/39.847/E-BOOKS Electrónicos — Ponente: Lituania
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 25 de julio de 2013, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la unión europea y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39.847/E-BOOKS) [notificada con el número C(2013) 4750] ( 2 )
Notificación del Gobierno de la República Eslovaca, con arreglo al artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (Directiva sobre la electricidad), relativa a la designación de Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. como gestor de red de transporte en la República Eslovaca — GRT de electricidad
Notificación del Gobierno de la República Eslovaca con arreglo al artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (Directiva sobre el gas), referida a la designación de eustream, a. s. como gestor de la red de transporte en la República Eslovaca — GRT de gas
Notificación del Gobierno francés con arreglo al artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (Directiva sobre el gas), referida a la designación de las empresas GRTgaz y TIGF como gestoras de la red de transporte en Francia
Convocatoria de propuestas — Hércules II/2013/Formación
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.7052 — Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK) ( 2 )
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrío) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado ( 2 )
Corrección de errores de las convocatorias de propuestas de 2013 conforme al programa plurianual de trabajo de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) con vistas a la concesión de subvenciones para el período 2007-2013 (DO C 361 de 11.12.2013)
Corrección de errores de la convocatoria de propuestas de 2013 conforme al programa plurianual de trabajo de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) con vistas a la concesión de subvenciones para el período 2007-2013 (DO C 361 de 11.12.2013)
relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 292, en relación con su artículo 19, apartado 1,
A tenor del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), la igualdad es uno de los valores fundamentales de la Unión. Según el segundo párrafo del artículo 3, apartado 3, del TUE, la Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la protección de los derechos del niño.
Con arreglo al artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la definición y ejecución de sus políticas y acciones la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de raza u origen étnico.
El artículo 19, apartado 1, del TFUE permite la adopción por el Consejo de medidas adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
El artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea estipula que se prohíbe toda discriminación por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua o pertenencia a una minoría nacional.
La Directiva 2000/43/CE del Consejo (1), establece un marco para luchar contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico en toda la Unión en los ámbitos del trabajo y la formación profesional, la educación, la protección social (incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria), las prestaciones sociales y el acceso a bienes y servicios, incluida la vivienda.
A efectos de la presente Recomendación, el término «gitano» se utiliza, al igual que en otros documentos políticos del Parlamento Europeo y el Consejo, como un término genérico que abarca grupos de población con características culturales similares como los sinti, los ambulantes, la raza calé, gens du voyage, etc., independientemente de si son sedentarios o no.
Muchos gitanos de la UE padecen aún extrema pobreza, exclusión social, discriminación y obstáculos para ejercer sus derechos fundamentales, lo que les hace vulnerables a la explotación, por ejemplo a través de la trata de seres humanos. Por ello deben estudiarse medidas de integración social más eficaces adaptadas a su situación y necesidades.
Particularmente inquietante es la situación de los niños gitanos en la Unión, debido a una serie de factores que pueden hacerlos especialmente vulnerables y exponerlos, entre otras cosas, a problemas de salud, mala calidad de la vivienda, nutrición deficiente, exclusión, discriminación, racismo y violencia. La exclusión social de los niños gitanos está frecuentemente relacionada con no haber sido registrados al nacer y la falta de documentos de identidad, con la escasa participación en la enseñanza escolar temprana y la atención a la infancia, así como en la enseñanza superior, y con elevados índices de abandono escolar prematuro. La segregación es un grave obstáculo que impide el acceso a una enseñanza de calidad. Algunos niños gitanos son asimismo víctimas de trata y de explotación laboral.
Los gitanos nacionales de terceros países que residen legalmente en los Estados miembros pueden también verse en posición vulnerable, especialmente cuando comparten las mismas condiciones de vida precaria que los gitanos ciudadanos de la Unión, y deben asimismo hacer frente a los mismos retos que muchos migrantes procedentes de zonas situadas fuera de la Unión.
En el marco de la movilidad en el interior de la Unión, es preciso respetar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y las condiciones para ejercerlo, entre otras condiciones estar en posesión de recursos suficientes y de una cobertura sanitaria general, de conformidad con la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), intentando simultáneamente mejorar las condiciones de vida de los gitanos y persiguiendo medidas que promuevan su integración económica y social, tanto en los Estados miembros de origen como en los de residencia.
Las Resoluciones del Parlamento Europeo sobre la situación de la población gitana y sobre la libre circulación en la Unión Europea, de 9 de septiembre de 2010, y sobre la Estrategia de la UE para la integración de los gitanos, de 9 de marzo de 2011, piden a la Comisión y a los Estados miembros que movilicen las estrategias e instrumentos de la Unión existentes para garantizar la integración socioeconómica de los gitanos.
En su comunicación de 5 de abril de 2011«Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020», la Comisión alentaba a los Estados miembros a adoptar o a desarrollar más un planteamiento general y a aprobar determinado número de objetivos en los ámbitos de la educación, el empleo, la sanidad y la vivienda, a fin de acelerar la integración de los gitanos.
El 19 de mayo de 2011 el Consejo adoptó las conclusiones sobre el Marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020, donde expresa el compromiso de los Estados miembros para avanzar en la integración social y económica de los gitanos.
Las conclusiones del Consejo Europeo de 23 y 24 de junio de 2011 reclamaban la rápida aplicación de las conclusiones del Consejo de 19 de mayo de 2011, en particular en lo relativo a la elaboración, la actualización o el desarrollo por parte de los Estados miembros de estrategias nacionales de integración de los gitanos o conjuntos integrados de medidas en el marco más amplio de sus políticas de integración social para mejorar su situación.
En su comunicación de 21 de mayo de 2012«Las Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos: un primer paso para la aplicación del marco de la UE», la Comisión presentó los resultados de la primera evaluación de todas las estrategias nacionales de integración de los gitanos y conjuntos integrados de medidas e invitaron a los Estados miembros a contemplar una serie de adaptaciones para lograr avances.
La Comisión reforzó su diálogo con los Estados miembros sobre la integración de los gitanos, en particular estableciendo, en octubre de 2012, la red de puntos de contacto nacionales de integración de los gitanos, a fin de estudiar soluciones a los problemas identificados. En noviembre y diciembre de 2012, un grupo de puntos de contacto nacionales de integración de los gitanos volvió a estudiar la manera de reforzar la eficacia de las medidas para lograr la integración de los gitanos en los Estados miembros. Ese grupo informó posteriormente a la red de puntos de contacto nacionales de integración de los gitanos.
En su Comunicación de 26 de junio de 2013«Progresos en la aplicación de las estrategias nacionales para la inclusión de los gitanos», la Comisión hizo hincapié en la necesidad de proseguir los esfuerzos, con el fin de garantizar las condiciones previas necesarias para el éxito de la aplicación de las medidas destinadas a acelerar la integración de los gitanos lo antes posible.
La comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010«Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (en lo sucesivo «Estrategia Europa 2020») dio un nuevo impulso a la lucha contra la pobreza y la exclusión social fijando objetivos europeos comunes para reducir el número de personas en riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social, así como para reducir la tasa de abandono escolar prematuro y aumentar los niveles de instrucción escolar y empleo. La integración de los gitanos es un componente esencial de la convergencia de los esfuerzos de la UE y de los Estados miembros al respecto, en este contexto. La actual gobernanza del Semestre Europeo fomenta la aplicación de las recomendaciones específicas por países, y las Conclusiones del Consejo «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión», adoptadas el 20 de junio de 2013, ofrecen nuevas orientaciones en cuanto a los esfuerzos para garantizar un crecimiento integrador.
Habida cuenta de lo anteriormente considerado y de los problemas determinados, es preciso mejorar y supervisar la eficacia de las medidas de integración de los gitanos. Deberá hacerse respetando plenamente el principio de subsidiariedad y la responsabilidad primera de los Estados miembros en este ámbito, teniendo en cuenta que la obtención de datos por motivos étnicos puede ser un tema sensible, y reconociendo que los Estados miembros han de elegir sus propios métodos de supervisión, entre ellos los destinados a la obtención de datos, así como los posibles indicadores.
La presente Recomendación se basa en las distintas recomendaciones anteriormente establecidas en las Resoluciones del Parlamento Europeo, las comunicaciones de la Comisión, y en las Conclusiones del Consejo sobre integración de los gitanos. Pretende completar la legislación existente de la Unión en materia de lucha contra la discriminación, a fin de aumentar la eficacia de su aplicación y ejecución.
La presente Recomendación no cubre las diferencias de trato basadas en la nacionalidad y se entiende sin perjuicio de las disposiciones y condiciones relativas a la situación jurídica de los nacionales de terceros países y de los apátridas, en el territorio de los Estados miembros, de conformidad con el Derecho nacional o el Derecho de la Unión o a los efectos jurídicos de dicha situación.
El Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) contempla que los Estados miembros adopten, cuando proceda, un planteamiento integrado para abordar las necesidades específicas de las zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor riesgo de discriminación o exclusión, prestando una atención especial a las comunidades marginadas. El Reglamento (UE) no 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) para el periodo de programación 2014-2020 incluye una inversión prioritaria en virtud del Fondo Social Europeo especialmente destinada a la integración socioeconómica de las comunidades marginadas como los gitanos, completando los demás fondos estructurales y de inversión Europeos (EIE) (5).
El objeto de la presente Recomendación es orientar a los Estados miembros en la mejora de la eficacia de sus medidas para alcanzar la integración de los gitanos y reforzar la aplicación de sus estrategias nacionales de integración de los gitanos o la aplicación de sus conjuntos integrados de medidas al respecto, en el marco más amplio de sus políticas de integración social destinadas a mejorar la situación de los gitanos y a colmar toda brecha entre ellos y la población general.
Tanto las dimensiones como la situación social y económica de la población gitana varía considerablemente en los distintos Estados miembros. Por consiguiente los enfoques nacionales de la integración de la población gitana deberían adaptarse a las circunstancias y necesidades específicas existentes sobre el terreno, en particular adoptando o manteniendo políticas dirigidas a los grupos marginados y desfavorecidos, tales como los gitanos, en un contexto más amplio.
La presente Recomendación se centra explícitamente en las medidas para alcanzar la integración de los gitanos sin excluir a otros grupos marginados y desfavorecidos. Las medidas de integración deberán basarse en los mismos principios, en condiciones comparables.
RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS LAS SIGUIENTES ACCIONES:
1. ASPECTOS POLÍTICOS SUSTANCIALES
Medidas políticas eficaces
A fin de alentar la plena igualdad de los gitanos en la práctica, adoptar medidas eficaces que aseguren la igualdad de trato y el respeto de los derechos fundamentales, incluida la igualdad de acceso a la educación, el empleo, la asistencia sanitaria y la vivienda. Este objetivo podría alcanzarse bien mediante medidas convencionales o medidas centradas, incluidas medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas, o bien combinando ambas, prestando especial atención a la dimensión de género.
Adoptar medidas que podrían basarse en indicadores socioeconómicos, como el elevado desempleo de larga duración, el nivel de éxito en los estudios y los parámetros relacionados con la salud, o podrían centrarse en zonas geográficas marginadas o segregadas.
Adoptar medidas eficaces para garantizar la igualdad de trato y asegurar el pleno acceso de las niñas y los niños gitanos a la enseñanza general y de calidad y garantizar que todos los alumnos gitanos completen al menos la enseñanza obligatoria (6). Este objetivo podría alcanzarse mediante medidas tales como las siguientes medidas:
eliminando toda segregación escolar;
poniendo fin a toda escolarización inadecuada de los alumnos gitanos en escuelas para alumnos con necesidades especiales;
reduciendo el abandono escolar prematuro (7) en todos los niveles de la educación, incluida la educación secundaria y la formación profesional;
incrementando el acceso y la calidad de la educación y los cuidados de primera infancia, incluyendo, en su caso, ayudas específicas;
considerando las necesidades de cada alumno y abordándolas de la forma adecuada, en estrecha cooperación con sus familias;
utilizando métodos de enseñanza y aprendizaje integradores y adaptados, incluida la ayuda a los alumnos con dificultades de aprendizaje, la lucha contra el analfabetismo y el fomento de la disponibilidad y la utilización de actividades extraescolares;
fomentando una mayor participación de los padres y, en su caso, mejorando la formación de los profesores;
fomentando la participación de los gitanos en la enseñanza secundaria y terciaria y su consecución;
ampliando el acceso a la educación «de segunda oportunidad» y al aprendizaje de los adultos, y ayudando a la transición entre niveles educativos así como a la adquisición de competencias adaptadas a las necesidades del mercado de trabajo.
Adoptar medidas eficaces para garantizar la igualdad de trato de los gitanos en el acceso al mercado laboral y las oportunidades en materia de empleo. Este objetivo podría alcanzarse mediante medidas tales como las siguientes medidas:
apoyando la primera experiencia laboral, la formación profesional y la formación en el puesto de trabajo, el aprendizaje permanente y el desarrollo de capacidades;
apoyando el trabajo por cuenta propia y el emprendimiento;
favoreciendo la igualdad de acceso a los servicios públicos de empleo, además de a servicios específicos e individuales para los solicitantes de empleo, centrándose en la orientación personalizada y en la planificación individualizada y, en su caso, fomentando las oportunidades de empleo en la función pública;
eliminando barreras como la discriminación, que dificultan la (re)integración en el mercado laboral.
Adoptar medidas eficaces para garantizar la igualdad de trato de los gitanos en el acceso a los servicios de atención sanitaria universalmente disponibles (8), sobre la base de los criterios generales de admisibilidad. Este objetivo podría alcanzarse mediante medidas tales como las siguientes medidas:
suprimiendo todo obstáculo que impida acceder a los servicios de salud generales para la población gitana;
mejorando el acceso a las revisiones médicas regulares, la asistencia prenatal y postnatal, y la planificación familiar, así como a la atención sanitaria sexual y reproductiva, prestadas generalmente por los servicios sanitarios nacionales;
mejorando el acceso a los programas gratuitos de vacunación destinados a los niños y a los programas de vacunación para los grupos de mayor riesgo o las personas que vivan en zonas marginadas o remotas;
alentando la concienciación en cuanto a la salud y a las cuestiones sanitarias.
Adoptar medidas eficaces para garantizar la igualdad de trato de los gitanos por lo que se refiere al acceso a la vivienda. Este objetivo podría alcanzarse mediante medidas tales como las siguientes medidas:
eliminando la segregación espacial y el fomento de la «desegregación»;
fomentando un acceso no discriminatorio a la vivienda social;
facilitando áreas de descanso para los gitanos no sedentarios, proporcionalmente a las necesidades locales;
garantizando el acceso a los servicios (agua, electricidad y gas) e infraestructuras públicos para las viviendas, de conformidad con los requisitos legislativos nacionales.
Cuando proceda, garantizar que las solicitudes de las autoridades locales para proyectos de regeneración urbanística incluyan intervenciones integradas en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas.
Promover el desarrollo local dirigido por la comunidad o las inversiones territoriales integradas con ayuda de los EIE.
Asignar la financiación adecuada para la aplicación y supervisión de sus estrategias nacionales y locales y sus planes de acción a partir de las fuentes de financiación disponibles (locales, nacionales, de la Unión e internacionales), a fin de alcanzar los objetivos de la integración de la población gitana mediante medidas generales o específicas.
El fomento de la integración social y de la lucha contra la pobreza y la discriminación, incluyendo entre otras formas la integración socioeconómica de las comunidades marginadas como los gitanos, debe facilitarse mediante la asignación del 20 % como mínimo de los recursos totales del FSE en cada Estado miembro, para invertir en las personas como contemplan los artículos 3 y 4 del Reglamento (UE) no 1304/2013.
Dependiendo del tamaño y la situación social y económica de las comunidades gitanas, de la brecha entre la población gitana y no gitana, y de los problemas señalados en el contexto del Semestre Europeo para cierto número de Estados miembros, adoptar las medidas adecuadas para incluir la integración de los gitanos en las prioridades de los Acuerdos de Asociación sobre el uso de los EIE (9) para el periodo 2014-2020.
Mejorar sus capacidades de gestión, supervisión y evaluación, con el apoyo de la asistencia técnica de los EIE y facilitar la utilización de los fondos nacionales y de la UE en apoyo de la creación de capacidades para las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil para que puedan llevar a cabo eficazmente los proyectos.
La asignación de fondos públicos para aplicar las estrategias nacionales de integración de los gitanos o los conjuntos integrados de medidas debe seguir un enfoque ajustado a las necesidades específicas de los gitanos o de las zonas geográficas más afectadas por la pobreza y la exclusión social, y tener en cuenta la dimensión de género.
2. MEDIDAS POLÍTICAS TRANSVERSALES
Seguir esforzándose por asegurar la eficacia de la aplicación práctica de la Directiva 2000/43/CE, en particular garantizando que sus normas y prácticas administrativas nacionales, regionales y locales no sean discriminatorias y no tengan como resultado prácticas segregadoras. La jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe constituir un punto de referencia para la compatibilidad de las disposiciones y prácticas de los derechos humanos en este contexto.
En su caso, aplicar medidas contra la segregación a favor de los gitanos a nivel regional y local. Las políticas y las medidas de lucha contra la segregación deben ir acompañadas de programas adecuados de formación e información, que incluyan formación e información sobre la protección de los derechos humanos, destinados a los funcionarios locales y a los representantes de la sociedad civil y de la población gitana.
Garantizar que, en los casos de desalojos forzosos, se respeten plenamente, además del Derecho de la Unión, las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como las previstas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Aplicar en todos las esferas de la sociedad medidas de lucha contra la discriminación y el prejuicio contra los gitanos, a lo que a veces se hace referencia como «racismo contra la población romaní». Estas medidas podrían incluir medidas tales como las siguientes:
elevar la concienciación sobre las ventajas de la integración de la población gitana; tanto en las comunidades gitanas como entre el público en general;
elevar la concienciación del público en general sobre las distintas naturalezas de las sociedades y sensibilizar a la opinión pública en cuanto a los problemas de integración a que se enfrentan los gitanos, cuando proceda, con la inclusión de estos aspectos en los currículos de la enseñanza pública y en los materiales de enseñanza;
adoptar medidas eficaces para luchar contra la incitación al odio y la retórica contra los gitanos, y abordar el lenguaje racista, estereotipado o de otra forma estigmatizador, o los demás comportamientos que podrían incitar a discriminar a los gitanos.
Protección de los niños y las mujeres de etnia gitana
Luchar contra toda forma de discriminación que sufren los niños y las mujeres de etnia gitana, incluida la discriminación múltiple, y combatir la violencia, incluida la violencia doméstica, contra mujeres y niñas, la trata de seres humanos, los matrimonios de menores de edad y los matrimonios forzados, así como la mendicidad con niños, en particular mediante la aplicación de la legislación. Para ello, los Estados miembros deben garantizar la participación en ese ejercicio de todas las partes interesadas, incluidas las autoridades públicas, la sociedad civil y las comunidades gitanas. En este contexto, es de desear la cooperación entre los Estados miembros en las situaciones con dimensión transfronteriza.
Reducción de la pobreza mediante la inversión social
Combatir la pobreza y la exclusión social que afectan a la población desfavorecida, entre ésta la gitana, mediante inversiones en capital humano y políticas de cohesión social. Este objetivo podría alcanzarse mediante medidas tales como las siguientes medidas:
ayudando a los gitanos en todas las fases de sus vidas, comenzando lo antes posible y abordando sistemáticamente los riesgos a que se enfrentan, entre otras cosas invirtiendo en una enseñanza y atención infantiles de calidad e integradoras, unos sistemas de garantía para la juventud bien enfocados, el aprendizaje permanente y las medidas de envejecimiento activo;
aplicando políticas de activación y capacitación mediante el apoyo a la (re)integración en el mercado laboral a través de los sistemas de apoyo al empleo específicos o generales y fomentando mercados de trabajo inclusivos mediante la lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo;
haciendo más adecuados y sostenibles las prestaciones y servicios sociales para las personas desfavorecidas, entre éstas los gitanos, según la legislación nacional, mediante políticas sociales más integradas, simplificando los procedimientos y luchando contra el fraude y los errores; garantizando una mayor participación de los regímenes de asistencia social, y prestando ayudas suficientes a la renta a las personas que puedan beneficiarse de ellas.
Dependiendo del tamaño y de la situación social y económica de la población gitana, considerar la integración de los gitanos uno de los aspectos importantes de sus programas nacionales de reforma o de sus informes sociales nacionales en el contexto de la Estrategia Europa 2020.
Apoyar la ciudadanía activa de los gitanos y fomentar su participación social, económica, política y cultural en la sociedad, también a escala local, puesto que la implicación y participación activas de los mismos gitanos, incluso a través de sus representantes y organizaciones, es esencial para mejorar sus condiciones de vida y para su avance en la integración social.
Cuando así lo aconsejen las circunstancias locales para la integración, fomentar la formación y el empleo de mediadores cualificados dedicados a los gitanos, y utilizar la mediación como medida para abordar las desigualdades a que se enfrentan los gitanos en términos de acceso a la enseñanza de calidad, al empleo, a la atención sanitaria y a la vivienda.
Llevar a cabo actividades de información para concienciar más a la población gitana sobre sus derechos (especialmente en lo que se refiere a la discriminación y las posibilidades de reparación) y sus obligaciones cívicas.
Respetando la autonomía de las Administraciones locales y regionales, alentar a estas autoridades para que desarrollen planes de acción o estrategias locales o series de medidas en las más amplias políticas de integración social, como la fijación de líneas básicas, indicadores de referencia y objetivos cuantificables para la integración de los gitanos, y garantizar una financiación adecuada.
Implicar a las autoridades regionales y locales y la sociedad civil a nivel local en el desarrollo, la aplicación y el seguimiento de sus estrategias nacionales o series integradas de medidas en el marco más amplio de sus políticas de integración social. Las partes interesadas y los representantes pertinentes deben participar en los acuerdos de asociación y los programas operativos cofinanciados por los EIE. Las autoridades centrales y locales deben cooperar en la aplicación de las estrategias.
A tal fin, apoyar a las autoridades públicas locales para facilitar la aplicación de conjuntos de medidas de políticas a nivel local.
Intentar aplicar a escala local un planteamiento integrado para las familias de origen gitano que hagan frente a múltiples problemas como el abandono escolar, el endeudamiento, la pobreza y las malas condiciones de salud. Para ello, podría reforzarse la capacidad de las autoridades locales, respetando simultáneamente la separación de responsabilidades en cada Estado miembro, a fin de permitirles trabajar eficazmente en cooperación con las familias afectadas, y también con, por ejemplo, escuelas, las organizaciones juveniles, la policía, las organizaciones sanitarias públicas y las organizaciones de beneficencia y las empresas dedicadas a la vivienda.
Supervisión y evaluación de las políticas
Supervisar y evaluar adecuadamente la eficacia de sus estrategias nacionales o de series de medidas integradas en sus políticas más amplias de inclusión social. Esto podría hacerse con medidas como el establecimiento de líneas básicas u objetivos cuantificables, o recabando los datos cualitativos o cuantitativos pertinentes en cuanto a los efectos sociales y económicos de dichas estrategias o medidas, con arreglo a la legislación nacional y de la Unión aplicable, especialmente en lo que se refiere a la protección de los datos personales.
Utilizar todo los indicadores principales pertinentes y métodos empíricos de investigación social o de obtención de datos para supervisar y evaluar los progresos de forma periódica, en particular a nivel local, permitiendo así elaborar informes eficaces sobre la situación de la población gitana en los Estados miembros, con el apoyo facultativo de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales.
Respaldar la labor y la capacidad institucional de los organismos de promoción de la igualdad de trato asignándoles recursos adecuados para que sus prestaciones de asistencia jurídica y judicial puedan efectivamente beneficiar a los gitanos víctimas de la discriminación.
Alentar el diálogo periódico entre sus puntos de contacto nacionales de integración de los gitanos y los organismos nacionales de promoción de la igualdad de trato.
Puntos de contacto nacionales para la integración de los gitanos
Dotar a sus puntos de contacto nacionales para la integración de los gitanos con un mandato y unos recursos adecuados para desempeñar su papel, de forma que puedan coordinar eficazmente el seguimiento intersectorial de las políticas de integración de los gitanos con miras a su aplicación, respetando al mismo tiempo la separación de responsabilidades dentro de cada Estado miembro.
Hacer que los puntos de contacto nacionales para la integración de los gitanos participen en los procesos de toma de decisiones respecto al desarrollo, la financiación y la aplicación de las políticas pertinentes. Los puntos de contacto nacionales deben facilitar la participación y la implicación de la sociedad civil gitana en la aplicación de las estrategias nacionales y los planes de acción locales para la integración de los gitanos.
Fomentar el desarrollo de formas de cooperación transnacionales a nivel nacional, regional o local mediante iniciativas políticas, especialmente en proyectos y acuerdos bilaterales o multilaterales, y la participación en las mismas, a fin de:
coordinar los problemas relacionados con la movilidad transfronteriza de la población gitana dentro de la Unión; así como
apoyar el aprendizaje mutuo y la multiplicación de buenas prácticas, por ejemplo, mediante la cooperación entre las autoridades que gestionan los Fondos Estructurales, con objeto de diseñar formas de intervención eficaces para la integración de los gitanos.
La cooperación transnacional citada en el punto 3.10 debe completar las medidas adoptadas con arreglo a las estrategias nacionales de integración de la población gitana y los conjuntos de medidas en el marco más amplio de las políticas de integración social y en el marco de todo acuerdo de cooperación existente entre Estados miembros, como la Estrategia para la Región del Danubio, y demás organizaciones internacionales, como el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
4. ELABORACIÓN DE INFORMES Y SEGUIMIENTO
Comunicar a la Comisión toda medida adoptada con arreglo a la presente Recomendación antes del 1 de enero de 2016.
Con posterioridad, comunicar a la Comisión anualmente, al final de cada año, toda nueva medida adoptada así como la información sobre los progresos alcanzados en la aplicación de sus estrategias nacionales de integración de la población gitana o de los conjuntos de medidas adoptadas en el marco más amplio de sus políticas de integración social.
Garantizar que la información facilitada por los Estados miembros se utilice como base para la elaboración de los informes anuales al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de las estrategias nacionales de inclusión de los gitanos, y sirva como contribución para el Semestre Europeo de la Estrategia Europa 2020 a través de la formulación de las recomendaciones específicas por países.
Sobre esa base, supervisar de cerca la situación y, para el 1 de enero de 2019 evaluar si es necesario revisar y actualizar la presente Recomendación.
(1) Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DO L 180 de 19.7.2000, p. 22).
(2) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).
(3) Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
(4) Reglamento (CE) no 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1081/2006 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 470).
(5) Los EIE son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE); el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).
(6) El artículo 28 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño recoge el derecho del niño a la educación.
(7) Véase la Recomendación del Consejo de 28 de junio de 2011, relativa a las políticas para reducir el abandono escolar prematuro (DO C 191 de 1.7.2011, p. 1). Uno de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 aprobados por el Consejo Europeo es la reducción de la tasa de abandono escolar a menos del 10 % y garantizar que al menos el 40 % de la generación más joven complete la educación terciaria o equivalente.
(8) La presente Recomendación se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2004/38/CE, que estipula que todo ciudadano de la Unión que se traslade dentro de ésta disponga «para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida».
(9) Podrá utilizarse el FEDER para apoyar los proyectos de infraestructuras en los sectores de la salud, la enseñanza y la vivienda.
de 27 de noviembre de 2013
relativa a las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 292,
El objetivo de la presente Recomendación es incitar a los Estados miembros a reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados que no puedan comprender y participar eficazmente en un proceso penal debido a su edad, su condición mental o física o sus discapacidades (en lo sucesivo «personas vulnerables»).
Al establecer unas normas mínimas sobre la protección de los derechos procesales de los sospechosos o acusados, la presente Recomendación debe reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas judiciales penales de otros Estados miembros y, por tanto, puede contribuir a mejorar el reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal.
El Programa de Estocolmo (1) hace gran hincapié en la consolidación de los derechos de las personas en los procesos penales. En su punto 2.4, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar propuestas que conformaran un planteamiento progresivo del refuerzo de los derechos de los sospechosos o acusados (2).
Hasta la fecha, se han adoptado tres medidas, concretamente, la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5).
Cuando la presente Recomendación se refiera a sospechosos o acusados que han sido detenidos o privados de libertad, ello debe entenderse como cualquier situación en la que, durante un proceso penal, una persona sospechosa o acusada se ve privada de su libertad en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra c), del CEDH, según la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La detección y el reconocimiento rápidos de la vulnerabilidad de un sospechoso o acusado en un proceso penal resulta esencial. A tal fin, los agentes de policía, los cuerpos de seguridad o las autoridades judiciales deben realizar una primera evaluación. Asimismo, las autoridades competentes deben poder solicitar que un experto independiente examine el grado de vulnerabilidad, las necesidades de las personas vulnerables y la idoneidad de las medidas adoptadas o previstas en relación con las mismas.
Los sospechosos o acusados, o sus abogados, deben tener derecho a impugnar, de conformidad con el Derecho nacional, la evaluación de su posible vulnerabilidad en los procesos penales, especialmente si ello pudiera impedir o restringir significativamente el ejercicio de sus derechos fundamentales. Este derecho no conlleva la obligación de que los Estados miembros prevean un procedimiento específico de recurso o un mecanismo o procedimiento de reclamación aparte mediante el cual pueda impugnarse ese hecho.
El término «representante legal» se refiere a la persona que representa los intereses y supervisa los asuntos jurídicos de una persona vulnerable. Un ejemplo sería el tutor de una persona vulnerable designado por un órgano jurisdiccional.
El término «adulto adecuado» se refiere a un familiar o a una persona relacionada socialmente con la persona vulnerable que pueda interactuar con las autoridades y permitir a la persona vulnerable ejercer sus derechos procesales.
Durante los procesos penales, las personas vulnerables necesitan asistencia y apoyo adecuados. A tal fin, el representante legal de una persona vulnerable sospechosa o acusada o un adulto adecuado debe ser informado lo antes posible de la acción penal incoada en su contra, de la naturaleza de la acusación, de los derechos procesales y de las soluciones disponibles. El representante legal, o el adulto adecuado, deberá ser informado lo antes posible de la privación de libertad y de los motivos de la misma, salvo que ello vaya en detrimento de los intereses de la persona vulnerable.
Las personas reconocidas como especialmente vulnerables no son capaces de seguir y entender el proceso penal. A fin de garantizar su derecho a un juicio justo, no deben poder renunciar a su derecho a asistencia letrada.
Con objeto de garantizar la integridad personal de las personas vulnerables que se ven privadas de libertad, dichas personas deben tener acceso a un examen médico para evaluar su estado general y la compatibilidad con el mismo de las posibles medidas adoptadas contra ellas.
Las personas vulnerables no son siempre capaces de comprender el contenido de los interrogatorios de policía a que se les somete. A fin de evitar toda impugnación del contenido de una interpelación y, por ende, la repetición indebida de preguntas, dichas interpelaciones deben grabarse por medios audiovisuales.
En función de las circunstancias específicas de cada caso, la situación de vulnerabilidad no debe ser obstáculo para que el sospechoso o acusado acceda a las pruebas materiales en posesión de las autoridades competentes relacionadas con el proceso penal de que se trate en el ejercicio de sus derechos procesales y en relación con el derecho a soluciones efectivas.
La presente Recomendación se aplicará a las personas vulnerables que estén sujetas a procedimientos de entrega, con arreglo a lo dispuesto en la Decisión Marco 2002/584/JHA del Consejo (6) (procedimientos relativos a la orden de detención europea). Las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución deben aplicar los derechos procesales específicos de la presente Recomendación a los procedimientos relativos a la orden de detención europea.
Las referencias de la presente Recomendación a la necesidad de medidas adecuadas que garanticen el acceso efectivo a la Justicia de las personas con discapacidad deben entenderse a la luz de los objetivos definidos en la Convención de las Naciones Unidas de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad y, en particular, en su artículo 13.
Los profesionales que entren en contacto con personas vulnerables deben recibir formación adecuada para garantizar que son conscientes de las necesidades específicas de las mismas.
La presente Recomendación respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, la presente Recomendación aspira a promover el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo y el derecho de defensa.
Los Estados miembros deben informar a la Comisión sobre el seguimiento de la presente Recomendación en el plazo de (36 mese) a partir de su publicación. La Comisión debe supervisar y evaluar las medidas adoptadas por los Estados miembros sobre la base de la información recibida.
La presente Recomendación insta a los Estados miembros a fortalecer determinados derechos procesales de las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales y de las personas vulnerables sujetas a procedimientos relacionados con la orden de detención europea.
Los derechos procesales específicos de las personas vulnerables deben aplicárseles a partir del momento en que sean sospechosas de haber cometido un delito. Tales derechos se aplicarán hasta la conclusión del proceso.
Las personas vulnerables deben ser informadas de conformidad con sus intereses para el ejercicio de sus derechos procesales en función de su capacidad de comprender y participar efectivamente en el proceso.
IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS VULNERABLES
Las personas vulnerables deben ser identificadas y reconocidas como tales rápidamente. Los Estados miembros deben velar por que todas las autoridades competentes puedan recurrir a un reconocimiento médico efectuado por un experto independiente, con objeto de identificar a las personas vulnerables y determinar su grado de vulnerabilidad y sus necesidades específicas. Dicho experto podrá emitir un dictamen motivado sobre la conveniencia de las acciones adoptadas o previstas contra la persona vulnerable.
DERECHOS DE LAS PERSONAS VULNERABLES
Las personas vulnerables no deben ser objeto de discriminación alguna por la legislación nacional en el ejercicio de los derechos procesales mencionados en la presente Recomendación.
Los derechos procesales concedidos a las personas vulnerables deberán respetarse a lo largo de todo el proceso penal en función de la naturaleza y el grado de vulnerabilidad.
Presunción de vulnerabilidad
Los Estados miembros deben prever una presunción de vulnerabilidad, especialmente en el caso de las personas con deficiencias graves de orden psicológico, intelectual, físico o sensorial, o trastornos mentales o cognitivos, que les dificulten comprender y participar efectivamente en el proceso.
Las personas con discapacidad deben recibir, a petición propia, información relativa a sus derechos procesales en una forma que les resulte comprensible.
Las personas vulnerables y, si fuera necesario, su representante legal o un adulto adecuado deben ser informadas de los derechos procesales específicos previstos en la presente Recomendación, en particular los relativos al derecho a la información, el derecho a la asistencia médica, el derecho a un abogado, el respeto de la vida privada y, en su caso, los derechos relacionados con la prisión preventiva.
El representante legal o el adulto adecuado que nombre la persona vulnerable o las autoridades competentes para ayudar a dicha persona deben estar presentes en la comisaría de policía y durante las vistas ante el órgano jurisdiccional.
Si una persona vulnerable no es capaz de comprender y seguir el proceso, no debe poder renunciar al derecho a la asistencia de letrado, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2013/48/UE.
En caso de privación de libertad, las personas vulnerables deben tener acceso a asistencia médica sistemática y regular a lo largo del proceso penal.
Todo interrogatorio de personas vulnerables realizado durante la fase de investigación previa al juicio debe ser grabado por medios audiovisuales.
Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la privación de libertad de las personas vulnerables antes de su condena es una medida de último recurso, proporcionada y realizada en condiciones que se ajustan a sus necesidades. En caso de privación de libertad, deben adoptarse medidas adecuadas para garantizar que las personas vulnerables disponen de alojamiento razonable en función de sus necesidades particulares.
Las autoridades competentes deben adoptar las medidas adecuadas para proteger la vida privada, la integridad personal y los datos personales de las personas vulnerables, incluidos los datos médicos, a lo largo de todo el proceso penal.
Procedimientos relacionados con la orden de detención europea
El Estado miembro de ejecución debe garantizar que, tras su detención, las personas vulnerables sujetas a procedimientos relacionados con la orden de detención europea tienen los derechos procesales específicos mencionados en la presente Recomendación.
Los agentes de policía, los cuerpos de seguridad o las autoridades judiciales competentes en los procesos penales contra personas vulnerables deben recibir una formación específica.
Los Estados miembros deben informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas para aplicar la presente Recomendación en el plazo de (36 meses) a partir de su notificación.
(2) DO C 295 de 4.12.2009, p. 1.
(3) Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa a los derechos a la interpretación y la traducción en los procesos penales, DO L 280 de 26.10.2010, p. 1.
(4) Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, DO L 142 de 1.6.2012, p. 1.
(5) Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad, DO L 294 de 6.11.2013, p. 1.
(6) Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.
sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los sospechosos o acusados en los procesos penales
El objetivo de la presente Recomendación es reforzar el derecho a la asistencia jurídica gratuita para los sospechosos o acusados en los procesos penales y para las personas buscadas por el procedimiento de la orden de detención europea con arreglo a la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo (1), a fin de completar y hacer efectivo el derecho a la asistencia de letrado que establece la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2).
El derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales está consagrado en el artículo 47, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») y en el artículo 6, apartado 3, letra c), del Convenio Europeo de Derechos Humanos («CEDH»). También se reconoce en el artículo 14, apartado 3, letra d), del PIDCP. Los principios fundamentales en los que debe basarse un sistema de asistencia jurídica gratuita se recogen en los principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la justicia gratuita en los sistemas de justicia penal, adoptados el 20 de diciembre de 2012 por la Asamblea General.
El ámbito de aplicación y el contenido del derecho a la asistencia de letrado se establecen en la Directiva 2013/48/UE, y se entiende que la presente Recomendación no limita de ningún modo los derechos establecidos en dicha Directiva.
El sospechoso o el acusado en un proceso penal tiene derecho a la asistencia de letrado desde el momento en que tenga conocimiento, mediante notificación oficial u otro medio por las autoridades competentes, de que es sospechoso o de que se le acusa de haber cometido una infracción penal, con independencia de que esté privado o no de libertad. Este derecho se mantiene hasta la conclusión del proceso, que se entiende es la determinación final de si el sospechoso o acusado ha cometido el delito, incluidas, en su caso, la condena y la resolución de eventuales recursos. El mismo ámbito temporal debería aplicarse al derecho a la asistencia jurídica gratuita.
En la presente Recomendación, el término «letrado» se refiere a toda persona que, de conformidad con el Derecho nacional, está cualificada y habilitada, incluso por acreditación de un organismo autorizado, para prestar asistencia y asesoramiento jurídicos a los sospechosos y acusados.
La «asistencia jurídica gratuita» es la financiación y la ayuda que presta el Estado miembro para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la asistencia de letrado. La financiación debería cubrir las costas de defensa y procesales relativas a los sospechosos o acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en el procedimiento de la orden de detención europea.
Los sospechosos o acusados y las personas buscadas que carezcan de recursos económicos suficientes para sufragar la totalidad o parte de las costas de defensa y procesales deberían tener acceso a la asistencia jurídica gratuita, en la medida en que esta sea necesaria en interés de la justicia.
El sospechoso o acusado no debería tener que probar, fuera de toda duda razonable, que sus recursos económicos son insuficientes, tal como ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para determinar si el «interés de la justicia» exige que se conceda la asistencia jurídica gratuita, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha mantenido que deben tenerse en cuenta los criterios no acumulativos de la gravedad del delito, la severidad de la sentencia en cuestión, la complejidad del asunto y la situación personal del sospechoso o acusado.
Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que, cuando la privación de libertad esté en juego, se deberá considerar superada la prueba del interés de la justicia.
La decisión de conceder o no la asistencia jurídica gratuita en un proceso penal debe adoptarse con la suficiente antelación para que el sospechoso o acusado pueda presentar sus argumentos de forma concreta y eficaz.
Dada la independencia de la profesión jurídica, el comportamiento de la defensa es fundamentalmente una cuestión entre el sospechoso, el acusado o la persona buscada y su representante. Para asegurar un alto nivel profesional de la asistencia jurídica que garantice un juicio imparcial, los Estados miembros deberían establecer sistemas eficaces que garanticen el nivel general de los letrados de la asistencia jurídica gratuita. A tal fin, deben establecer sistemas de acreditación de los letrados de la asistencia jurídica gratuita. En cualquier caso, deberían asegurarse de que se adopten las medidas necesarias cuando se produzca una deficiencia manifiesta en la asistencia jurídica, y de que se ponga en conocimiento de los Estados miembros de forma adecuada.
Los abogados defensores y el personal que interviene en el proceso de toma de decisiones sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita, como los fiscales, los jueces y el personal de las oficinas de la asistencia jurídica gratuita, deben recibir la formación adecuada para promover el derecho al acceso efectivo a la asistencia jurídica gratuita.
Considerando la importancia de la confianza entre el letrado y su cliente, las autoridades competentes deberían tener en cuenta, en la medida de lo posible, las preferencias y los deseos del sospechoso o acusado al elegir al letrado que le prestará asistencia jurídica gratuita. No obstante, como ha reconocido en su jurisprudencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dichas autoridades pueden desatender tales deseos cuando existan motivos pertinentes y suficientes que lo justifiquen en interés de la justicia.
La presente Recomendación respeta los derechos fundamentales y se atiene a los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. En particular, la presente Recomendación se propone promover el derecho a la libertad, el derecho a un juicio imparcial y los derechos de la defensa. Debería interpretarse y cumplirse en consecuencia.
En la medida en que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea contiene derechos que corresponden a los derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el sentido y alcance de aquellos derechos deberían ser iguales a los establecidos por este Convenio. Por lo tanto, las disposiciones correspondientes de la presente Recomendación deberían interpretarse y aplicarse de forma coherente con dichos derechos, de acuerdo con su interpretación en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de las medidas adoptadas para cumplir la presente Recomendación.
En el plazo de 48 meses desde la notificación de la presente Recomendación, la Comisión debería evaluar la necesidad de adoptar nuevas medidas, incluso legislativas, para garantizar el pleno cumplimiento de los objetivos de la presente Recomendación.
La presente Recomendación se refiere al derecho a la asistencia jurídica gratuita de los sospechosos o acusados en los procesos penales y de las personas sujetas al procedimiento de la orden de detención europea, a fin de garantizar el derecho efectivo a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE.
Los sospechosos o acusados en los procesos penales deberían tener derecho a la asistencia jurídica gratuita desde el momento en que son sospechosos de haber cometido una infracción penal. Este derecho debería mantenerse hasta la conclusión del procedimiento.
ACCESO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Los Estados miembros deberían tomar las medidas adecuadas para garantizar que los sospechosos o acusados y las personas buscadas tengan derecho a recibir una asistencia jurídica efectiva que les garantice el derecho a un juicio imparcial, de acuerdo con la presente Recomendación.
Los sospechosos o acusados y las personas buscadas deberían recibir, como mínimo, asistencia jurídica gratuita cuando carezcan de recursos económicos suficientes para sufragar la totalidad o parte de las costas de defensa y procesales debido a su situación económica (evaluación de los medios económicos) y/o cuando dicha asistencia sea necesaria en interés de la justicia (evaluación del fundamento de la solicitud).
Deberían adoptarse todas las medidas necesarias para que la información pertinente sobre la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales sea fácilmente accesible y comprensible para los sospechosos o acusados y las personas buscadas, incluida la información sobre cómo y dónde solicitar tal asistencia, los criterios transparentes para reconocer a una persona el derecho a la asistencia jurídica gratuita, e información sobre las posibilidades de reclamación en caso de denegación de acceso a la asistencia jurídica gratuita o de que la asistencia jurídica gratuita prestada por el letrado sea insuficiente.
Evaluación de los medios económicos
Cuando se aplique el requisito de la falta de recursos económicos para determinar el derecho a la asistencia jurídica gratuita (evaluación de los medios económicos), la valoración de la situación económica del solicitante debería basarse en elementos objetivos como la renta, el patrimonio, la situación familiar, el nivel de vida y el coste de un abogado defensor. Cuando la asistencia jurídica gratuita se preste a un menor, se tendrán en cuenta los activos propios del menor, no los de sus padres ni los del titular de la responsabilidad parental.
Si la evaluación de los medios económicos tiene en cuenta la renta de la familia, pero algunos miembros de esta están enfrentados en un conflicto o no tienen el mismo acceso a la renta familiar, se considerará únicamente la renta de la persona que solicite la asistencia jurídica gratuita.
Al determinar si un sospechoso, un acusado o una persona buscada carecen de recursos financieros suficientes, deberían considerarse todas las circunstancias pertinentes.
Si un Estado miembro fija un umbral por encima del cual se considera que la persona es parcial o totalmente capaz de sufragar las costas de defensa y procesales, para la fijación de dicho umbral deberían tenerse en cuenta los factores mencionados en el apartado 6. Además, la existencia de este umbral no debería impedir a las personas que lo superen obtener asistencia jurídica gratuita para la totalidad o parte de las costas, si carecen de recursos económicos suficientes en su caso particular.
Los sospechosos o acusados y las personas buscadas no necesitan demostrar fuera de toda duda razonable que carecen de los recursos económicos necesarios para sufragar las costas de defensa y procesales.
Evaluación del fundamento de la solicitud
Cuando haya que determinar si el interés de la justicia exige que se preste asistencia jurídica gratuita (evaluación del fundamento de la solicitud), esta evaluación tendrá en cuenta la complejidad del asunto, la situación personal y social del sospechoso o acusado o de las personas buscadas, la gravedad del delito y la severidad de la posible pena aplicable. Deberían considerarse todas las circunstancias pertinentes.
En aquellas situaciones en que la persona sea sospechosa o acusada de un delito que pueda ser castigado con pena privativa de libertad, y en aquellas situaciones en que la asistencia jurídica sea obligatoria, debería considerarse que la concesión de asistencia jurídica gratuita redunda en interés de la justicia.
Cuando se conceda asistencia jurídica gratuita a sospechosos o acusados o a personas buscadas tras la evaluación del fundamento de la solicitud, los costes de la asistencia jurídica gratuita podrán recuperarse en caso de sentencia condenatoria, siempre que la persona disponga de recursos suficientes en el momento del cobro, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 6 a 10.
Decisiones sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuita
Las decisiones sobre la concesión o no de la asistencia jurídica gratuita deberían ser adoptadas sin demora por una autoridad competente independiente, en un plazo que permita a los sospechosos o acusados o a las personas buscadas preparar su defensa de manera concreta y eficaz.
Los sospechosos o acusados y las personas buscadas deberían tener derecho a recurrir las decisiones de denegación total o parcial de asistencia jurídica gratuita.
Las decisiones de denegación total o parcial de las solicitudes deberían motivarse por escrito.
EFICACIA Y CALIDAD DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Calidad de la asistencia jurídica prestada por los regímenes de asistencia jurídica gratuita
La asistencia jurídica prestada en el marco de los regímenes de asistencia jurídica gratuita debería ser de alta calidad, con vistas a garantizar la equidad del procedimiento. A este fin, deberían establecerse en todos los Estados miembros sistemas que garanticen el nivel profesional de los letrados de la asistencia jurídica gratuita.
Deberían establecerse mecanismos que permitan a las autoridades competentes sustituir a los letrados de la asistencia jurídica gratuita o exigirles que cumplan sus obligaciones, en los casos en que no presten una asistencia jurídica adecuada.
En cada Estado miembro debería establecerse y mantenerse un sistema de acreditación de los letrados de la asistencia jurídica gratuita.
Se insta a los Estados miembros a establecer criterios de acreditación de los letrados de la asistencia jurídica gratuita, teniendo en cuenta las mejores prácticas.
El personal que interviene en la toma de decisiones relativas a la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales debería recibir una formación adecuada.
Con el fin de garantizar un alto nivel de calidad de la asistencia y el asesoramiento jurídicos, debería promoverse la formación y el desarrollo de programas de formación de los letrados que prestan asistencia jurídica gratuita.
La acreditación de los letrados de la asistencia jurídica gratuita debería vincularse en lo posible a la obligación de seguir una formación profesional continua.
Designación de los abogados de la asistencia jurídica gratuita
Los sistemas nacionales de asistencia jurídica gratuita deberían tener en cuenta, en la medida de lo posible, las preferencias y los deseos de los sospechosos o acusados y de las personas buscadas a la hora de elegir al letrado que les prestará la asistencia jurídica gratuita.
El sistema de asistencia jurídica gratuita debería garantizar la continuidad de la representación legal por el mismo letrado, si el sospechoso o acusado o la persona buscada lo desea.
Deberían establecerse mecanismos transparentes y comprobables que garanticen que los sospechosos o acusados y las personas buscadas puedan tomar decisiones con conocimiento de causa sobre la asistencia jurídica en el marco del régimen de asistencia jurídica gratuita, libres de cualquier influencia indebida.
Los Estados miembros deberían recoger datos y estadísticas sobre las cuestiones pertinentes para el seguimiento de la presente Recomendación.
Los Estados miembros deberían informar a la Comisión de las medidas adoptadas para dar seguimiento a la presente Recomendación, en el plazo de 36 meses a partir de su notificación.
(1) Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).
(2) Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1).
RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo de la Banque centrale du Luxembourg
Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 27.1,
El mandato del actual auditor externo de la Banque centrale du Luxembourg expirará después de la auditoría del ejercicio de 2013. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2014.
La Banque centrale du Luxembourg ha seleccionado a DELOITTE AUDIT SARL como su auditor externo para los ejercicios de 2014 a 2018.
Se recomienda que DELOITTE AUDIT SARL sea nombrado auditor externo de la Banque centrale du Luxembourg para los ejercicios de 2014 a 2018.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 17 de diciembre de 2013.
Reparación de daños causados por desastres naturales
Presupuesto total: 28 CZK (en millones)
Presupuesto anual: 28 CZK (en millones)
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas, Silvicultura y explotación forestal
Reparación de daños causados por desastres naturales, Desastres naturales o acontecimientos excepcionales
Presupuesto total: 0,3 EUR (en millones)
Presupuesto anual: 0,3 EUR (en millones)
(Asunto COMP/M.7100 — New Mountain Capital/Alexander Mann Solutions)
El 13 de diciembre de 2013, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:
en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32013M7100. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.
(Asunto COMP/M.7096 — Eni ULX/Liverpool Bay JV)
El 19 de diciembre de 2013, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:
en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32013M7096. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.
Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en su reunión de 28 de junio de 2013 en relación con un proyecto de Decisión relativa al asunto COMP/39.847/E-BOOKS Electrónicos
Ponente: Lituania
El Comité Consultivo comparte las dudas en materia de defensa de la competencia expresadas por la Comisión en su proyecto de Decisión.
El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que el comportamiento puede tener efectos sobre el comercio entre los Estados miembros.
El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que los compromisos ofrecidos por Penguin despejan las dudas en materia de competencia planteadas por la Comisión.
El Comité Consultivo está de acuerdo en que los compromisos son adecuados.
El Comité Consultivo coincide con la Comisión sobre la duración de los compromisos.
El Comité Consultivo está de acuerdo en que los compromisos deben ser obligatorios en su totalidad.
El Comité Consultivo coincide en que, habida cuenta de los compromisos propuestos y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003, ya no hay motivos que justifiquen la intervención de la Comisión contra Penguin en lo que respecta a las objeciones en materia de defensa de la competencia reseñadas en el proyecto de Decisión.
El Comité Consultivo pide a la Comisión que tome en consideración cualquier otra observación formulada durante el debate.
de 25 de julio de 2013
(Asunto COMP/39.847/E-BOOKS)
[notificada con el número C(2013) 4750]
El 25 de julio de 2013 la Comisión adoptó una Decisión relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo EEE. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo (1) la Comisión publica los nombres de las partes y el contenido principal de la Decisión, incluidas las sanciones impuestas, teniendo en cuenta el interés legítimo de las empresas por que no sé revelen sus secretos comerciales.
Los destinatarios de la Decisión son Penguin Random House Limited (antes The Penguin Publishing Company Limited) y Penguin Group (USA), LLC (antes Penguin Group (USA), Inc.) (denominados conjuntamente, «Penguin») (2). La Decisión se refiere a la conducta de Penguin en relación con su participación en una posible práctica concertada relativa a la venta de libros electrónicos a los consumidores.
El 1 de diciembre de 2011, la Comisión incoó un procedimiento contra Apple Inc. («Apple»), Hachette Livre, SA («Hachette»), HarperCollins Publishers Limited y HarperCollins Publishers L.L.C. (denominados conjuntamente, «Harper Collins»), Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG y Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH (denominados conjuntamente, «Holtzbrinck/Macmillan»), Simon & Schuster, Inc., Simon & Schuster (UK) Ltd y Simon & Schuster Digital Sales Inc. (denominados conjuntamente, «Simon & Schuster»), (en lo sucesivo, denominadas conjuntamente las «cuatro editoriales»), y Penguin (en lo sucesivo, denominadas conjuntamente las «cinco editoriales»), a consecuencia de unas dudas preliminares relativas a posibles prácticas concertadas entre estas empresas con el objeto de incrementar los precios minoristas en el EEE. El 12 de diciembre de 2012, la Comisión adoptó una Decisión con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003 cuyos destinatarios eran las cuatro editoriales y Apple (en lo sucesivo, denominada «Decisión de 12 de diciembre de 2012»). La Decisión convertía en obligatorios los compromisos ofrecidos por las cuatro editoriales y Apple y archivaba el procedimiento en lo que a estas se refería. Penguin no era destinataria de dicha Decisión puesto que no ofreció compromisos en aquel momento. No obstante, Penguin decidió ofrecer compromisos formalmente a principios del presente año.
El 1 de marzo de 2013, la Comisión adoptó un análisis preliminar cuyo destinatario era Penguin.
El 16 de abril de 2013, Penguin presentó compromisos para solucionar los problemas expuestos en el análisis preliminar (en lo sucesivo, denominados «los compromisos»).
El 19 de abril de 2013, se publicó en el Diario Oficial una Comunicación con arreglo al artículo 27, apartado 4, por la que se invitaba a las terceras partes a presentar sus observaciones sobre los compromisos en el plazo de un mes a partir de su publicación (en lo sucesivo, denominada la «prueba de mercado»).
El 23 de mayo de 2013, la Comisión informó a Penguin sobre una observación recibida de un tercero interesado durante la prueba de mercado.
El 28 de junio de 2013 el Comité Consultivo aprobó el proyecto de Decisión basada en el artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003. Ese mismo día, el Consejero Auditor presentó su informe definitivo.
3. DUDAS EXPRESADAS EN EL ANÁLISIS PRELIMINAR
Acuerdos de agencia firmados entre cada una de las cinco editoriales y Apple en los EE.UU. y el EEE
En la línea del análisis preliminar dirigido a las cuatro editoriales, en el análisis preliminar dirigido a Penguin la Comisión concluyó con carácter preliminar que, en 2008 como máximo, al menos las cinco editoriales compartieron entre sí su preocupación por los precios minoristas de los libros electrónicos que Amazon, un gran minorista de venta por Internet, fijaba al nivel de los precios mayoristas o a niveles inferiores a éstos. La Comisión concluye con carácter preliminar que, no más tarde de diciembre de 2009, cada una de las cinco editoriales establecieron contactos directos e indirectos (a través de Apple) con el objetivo de subir los precios minoristas de los libros electrónicos por encima de los de Amazon (como fue el caso del Reino Unido) o de evitar que dichos precios llegaran al EEE (como fue el caso de Francia y Alemania). Para lograr este objetivo, las cinco editoriales, junto con Apple, planearon cambiar conjuntamente la venta de libros electrónicos de un modelo mayorista (en el que el minorista determina los precios minoristas) a un modelo de agencia (en el que el editor determina los precios minoristas) a escala mundial y en los mismos términos principales en materia de precios, en primer lugar con Apple y luego con Amazon y otros minoristas.
En el análisis preliminar, la Comisión concluyó con carácter preliminar que, para alcanzar este cambio conjunto, cada una de las cinco editoriales pasó información a las cuatro editoriales restantes y a Apple y recibió información de ellos sobre las intenciones futuras de las cinco editoriales respecto a: i) la posibilidad de participar en un acuerdo de agencia con Apple en los EE.UU y ii) los términos principales en los que cada una de las cinco editoriales participaría en dicho acuerdo con Apple en los EE.UU., incluida una cláusula NMF en precios minoristas, sistemas de precios máximos minoristas y el nivel de comisión que se pagaría a Apple. La cláusula NMF relativa a los precios minoristas establecía que cada una de las editoriales tendría que igualar en relación con la tienda iBookstore de Apple los precios más bajos que estuvieran disponibles para los mismos títulos de libros electrónicos de otros minoristas en línea. Combinada con los demás términos principales en materia de precios, la cláusula NMF habría supuesto menores ingresos para los editores si otros minoristas seguían ofreciendo libros electrónicos a los precios que prevalecían entonces en el mercado. La Comisión concluyó con carácter preliminar que las implicaciones financieras de la cláusula NMF en los precios minoristas para los editores eran tales que esta cláusula hacía de «dispositivo de compromiso» conjunto. Cada una de las cinco editoriales estaba en condiciones de obligar a Amazon a aceptar que se pasara al modelo de agencia porque, de lo contrario, tendría que hacer frente al riesgo de que se le denegara el acceso a los libros electrónicos de cada una de las cinco editoriales, si se supone que las cinco tenían el mismo incentivo durante el mismo periodo y que Amazon no habría podido soportar que se le denegara simultáneamente el acceso, aunque sólo fuera a una parte del catálogo de libros electrónicos de cada una de las cinco editoriales.
En el análisis preliminar la Comisión expresó su conclusión preliminar de que el objetivo de Apple era hallar una forma de que los precios minoristas se situaran al mismo nivel de los de Amazon pero preservando el margen que deseaba. Al parecer, Apple sabía que este objetivo y el de cada una de las cinco editoriales de subir los precios minoristas por encima del nivel establecido por Amazon (o impedir que Amazon introdujera precios más bajos) podría lograrse si Apple: i) hubiera seguido la sugerencia de al menos algunas de las cinco editoriales de que entrara en el mercado de venta de libros electrónicos con un modelo de agencia en vez de mayorista y ii) hubiera informado a cada una de las cinco editoriales de si alguna de las otras cinco editoriales, como mínimo, estaba suscribiendo un acuerdo de agencia con Apple en los EE.UU. en los mismos términos principales.
Artículo 101, apartados 1 y 3, del TFUE y artículo 53, apartados 1 y 3, del Acuerdo EEE
La conclusión preliminar de la Comisión era que cambiar conjuntamente la venta de libros electrónicos de un modelo mayorista a un modelo de agencia en los mismos términos principales de precios a nivel mundial equivalía a una práctica concertada con el objeto de aumentar los precios minoristas de los libros electrónicos en el EEE o de evitar que surgieran precios inferiores en el EEE para los libros electrónicos.
La práctica concertada entre las cinco editoriales entre sí y con Apple podría afectar de forma considerable al comercio entre Estados miembros a tenor del artículo 101, apartado 1, del TFUE y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE.
Además, la conclusión preliminar de la Comisión era que el artículo 101, apartado 3, del TFUE y el artículo 53, apartado 3, del Acuerdo EEE no son de aplicación en el presente asunto porque no se cumplen las condiciones acumulativas establecidas en dichas disposiciones.
Las dudas de la Comisión expuestas en el Análisis Preliminar no se refieren al uso legítimo del modelo de agencia para la venta de libros electrónicos. Penguin sigue teniendo libertad para establecer acuerdos de agencia de acuerdo con los compromisos siempre que dichos acuerdos y sus disposiciones no infrinjan la legislación de defensa de la competencia de la Unión.
El análisis preliminar, además, además, no prejuzga la legislación nacional que permita a las editoriales fijar los precios minoristas de los libros electrónicos a su discreción («leyes de precio fijo de los libros»).
4. COMPROMISOS Y PRUEBA DE MERCADO
Penguin no está de acuerdo con el análisis preliminar de la Comisión de 1 de marzo de 2013. A pesar de ello, y para disipar las dudas que la Comisión expuso en dicho análisis preliminar, el 16 de abril de 2013 Penguin ofreció compromisos que son sustancialmente idénticos a los ya presentados por las cuatro editoriales, y convertidos en obligatorios por la Decisión de la Comisión de 12 de diciembre de 2012.
Los elementos principales de los compromisos ofrecidos por Penguin son los siguientes:
Si Apple no ha puesto fin todavía, de conformidad con sus compromisos, a sus acuerdos de agencia suscritos con Penguin, Penguin pondrá fin a sus acuerdos con Apple a más tardar catorce días después de la fecha de adopción de la Decisión de la Comisión por la que los compromisos se convierten en obligatorios.
Penguin dará a cada minorista que no sea Apple la oportunidad de poner fin a cualquier acuerdo de agencia suscrito para la venta de libros electrónicos que i) restrinja, limite u obstaculice la capacidad del minorista de fijar, modificar o reducir los precios minoristas, o de ofrecer cualquier forma de promoción, o ii) contenga una cláusula NMF en los precios como se define en los compromisos de Penguin. En caso de que un minorista decida no aprovechar la oportunidad de poner fin a tal acuerdo, Penguin pondrá fin al mismo con arreglo a las condiciones establecidas en él.
Durante un periodo de dos años (el «periodo de cooling-off»), Penguin se compromete a no restringir, limitar u obstaculizar la capacidad del minorista de libros electrónicos de fijar, modificar o reducir los precios minoristas, y/o restringir, limitar u obstaculizar la capacidad del minorista de libros electrónicos de ofrecer descuentos o promociones. En caso de que, una vez finalizados los acuerdos antes mencionados, Penguin suscriba un acuerdo de agencia con un minorista de libros electrónicos, este minorista podrá, durante un plazo de dos años, reducir los precios minoristas de los libros electrónicos por un importe agregado igual a las comisiones totales que la editorial paga a ese minorista durante un periodo mínimo de un año en relación con la venta de sus libros electrónicos a los consumidores, y/o usar dicho importe para ofrecer otras formas de promoción.
Durante un periodo de cinco años, Penguin no suscribirá ningún acuerdo para la venta de libros electrónicos en el EEE que incluya cualquier cláusula NMF especificada en los compromisos de Penguin (cláusulas NMF en precios minoristas, precios mayoristas y cuotas de comisión/ingresos).
En respuesta a la prueba de mercado, la Comisión recibió una observación.
La observación se refería a consideraciones que no guardan relación con las dudas manifestadas en el análisis preliminar, a saber, la utilización de formatos de ficheros diferentes y la gestión de los derechos digitales que pueden hacer que algunos ficheros de los libros electrónicos solo sean compatibles con determinados tipos de lectores de libros electrónicos, y la fuerte posición de mercado de Amazon en el EEE.
5. VALORACIÓN Y PROPORCIONALIDAD DE LOS COMPROMISOS
En su análisis preliminar, la Comisión expresó la conclusión preliminar de que la posible práctica concertada entre las cinco editoriales entre sí y con Apple tenía como objetivo impedir, restringir o falsear la competencia en el EEE.
En su Decisión de 12 de diciembre de 2012, la Comisión consideró que deberían restablecerse en gran medida las condiciones de competencia que existían en el EEE antes de la posible práctica concertada («restablecimiento competitivo»).
Cada una de las cuatro editoriales y Apple ofrecieron compromisos que propiciarán ese reajuste competitivo al dar por finalizados los correspondientes acuerdos de agencia y acordar ciertas limitaciones al renegociar sus acuerdos comerciales para los libros electrónicos. Entre otros estaban, por lo que se refiere a las cuatro editoriales, tanto un periodo de cooling-off como la prohibición de cláusulas NMF en los precios y, por lo que se refiere a Apple, una prohibición de cláusulas NMF en los precios minoristas.
La Comisión consideró que los compromisos ofrecidos por cada una de las cuatro editoriales y Apple, conjuntamente, crearían en un plazo suficiente las condiciones para un reajuste competitivo en el EEE. Los compromisos generarían la suficiente incertidumbre respecto a las futuras intenciones de editores y minoristas sobre la elección de modelos de negocio (a saber, mayorista, agencia o un modelo nuevo) y los términos de precios que apliquen. También reducirían los incentivos para que cada una de las cuatro editoriales y Apple renegocien acuerdos para libros electrónicos con los mismos términos principales.
Los compromisos de Penguin contribuirán al reajuste competitivo propiciado por la Decisión de 12 de diciembre de 2012.
En primer lugar, los compromisos de Penguin pondrán fin a los acuerdos de agencia relevantes con minoristas (además de los acuerdos de agencia con Apple, a los que habrá que poner fin con arreglo a los compromisos convertidos en obligatorios para Apple por la Decisión de 12 de diciembre de 2012).
En segundo lugar, con arreglo a los compromisos de Penguin, el periodo de cooling-off de dos años ahora se aplicará a todos los títulos de libros electrónicos de Penguin ofrecidos por Apple y otros minoristas.
En tercer lugar, con arreglo a los compromisos de Penguin, la prohibición de cláusulas NMF en los precios se aplicará a cualquier acuerdo renegociado entre Penguin y los minoristas (además de la aplicación de la prohibición de NMF en los precios minoristas a cualquier acuerdo renegociado entre Penguin y Apple, tal como se prevé en los compromisos convertidos en obligatorios para Apple por la Decisión de 12 de diciembre de 2012).
La Comisión considera que, conjuntamente, los compromisos ofrecidos por Penguin, habida cuenta de los compromisos de las cuatro editoriales y Apple convertidos en obligatorios por la Decisión de 12 de diciembre de 2012, contribuirán aún más a crear en un plazo suficiente las condiciones para un reajuste competitivo.
En conclusión, la Comisión considera que los compromisos ofrecidos por Penguin son adecuados (tanto en lo que respecta a su alcance como a su duración) para disipar las dudas que la Comisión expuso en su análisis preliminar. Además, Penguin no ofreció compromisos menos onerosos que pudieran disipar también convenientemente esas dudas.
La Comisión ha tenido en cuenta los intereses de terceros, incluidos los de los que respondieron a la prueba de mercado.
La Decisión convierte en obligatorios los compromisos para Penguin durante un periodo total de cinco años a partir de la fecha de notificación de la Decisión, excepto durante el periodo de cooling-off, que será obligatorio durante un periodo total de dos años a partir de la fecha de notificación de la Decisión.
(2) El 1 de julio de 2013 concluyó la operación que dio lugar a la creación de la empresa en participación denominada Penguin Random House. Como resultado, Penguin Group (USA), Inc. ha pasado a llamarse Penguin Group (USA), LLC y The Penguin Publishing Company Limited ha pasado a llamarse Penguin Random House Limited. The Penguin Group (una división de Pearson plc) ha dejado de existir y los activos editoriales de Dorling Kindersley Holdings Limited se han transferido a Penguin Random House Limited o a sus filiales (sobre las que Penguin Random House Limited ejerce una influencia decisiva).
Notificación del Gobierno de la República Eslovaca, con arreglo al artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad («Directiva sobre la electricidad»), relativa a la designación de Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. como gestor de red de transporte en la República Eslovaca — GRT de electricidad
Tras la decisión final de la autoridad reguladora de la República Eslovaca, de 14 de octubre de 2013, sobre la certificación de Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. como gestor de red de transporte que opera en el marco de la separación patrimonial (artículo 9 de la Directiva sobre la electricidad), la República Eslovaca ha notificado a la Comisión la aprobación y designación oficiales de esta empresa como gestor de la red de transporte en la República Eslovaca, de conformidad con el artículo 10 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la electricidad.
Puede solicitarse más información en la siguiente dirección:
Notificación del Gobierno de la República Eslovaca con arreglo al artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural («Directiva sobre el gas»), referida a la designación de eustream, a. s. como gestor de la red de transporte en la República Eslovaca — GRT de gas
Tras la decisión final de la autoridad reguladora de la República Eslovaca, de 28 de octubre de 2013, sobre la certificación de eustream, a. s. como gestor de transporte independiente (capítulo IV de la Directiva sobre el gas), la República Eslovaca ha notificado a la Comisión la autorización y designación oficiales de esta empresa como gestor de la red de transporte en actividad en la República Eslovaca, de conformidad con el artículo 10 de la Directiva sobre el gas.
Notificación del Gobierno francés con arreglo al artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural («Directiva sobre el gas»), referida a la designación de las empresas GRTgaz y TIGF como gestoras de la red de transporte en Francia
Tras las decisiones finales de la autoridad reguladora francesa (Comisión de Regulación de la Energía), de 26 de enero de 2012, sobre la certificación de las empresas GRTgaz y TIGF como gestoras de red de transporte independientes (capítulo IV de la Directiva sobre el gas), Francia ha notificado a la Comisión la autorización y designación oficiales de estas empresas como gestoras de la red de transporte en actividad en Francia, de conformidad con el artículo 10 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el gas.
El Ministerio de Desarrollo Económico comunica que ha recibido una solicitud de permiso de exploración de hidrocarburos, denominada convencionalmente «ZANZA», de las empresas Northsun Italia SpA (representante único), Petrorep Italiana SpA y Aleanna Resources LLC, cuyas partes ascienden, respectivamente, al 75 %, 15 % y 10 %, para una zona situada en la región de Emilia-Romaña y, en concreto, en la provincia de Ferrara, delimitada por arcos de meridiano y de paralelo cuyos vértices se indican mediante las coordenadas geográficas siguientes:
Longitud O Monte Mario
Las coordenadas anteriores se determinan de acuerdo con el mapa nacional del Instituto Geográfico Militar (IGM) — Plancha no 76 del mapa de Italia a escala 1:100 000.
Según esta delimitación, la superficie asciende a 4,89 km2.
Las solicitudes también podrán enviarse a la dirección de correo electrónico certificado (PEC)«ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it» adjuntando la documentación pertinente en formato electrónico junto con la firma electrónica de un representante legal de la empresa solicitante.
1. Objetivos y prioridades
La presente convocatoria se refiere a las actividades contempladas en el artículo 1, letras a) y b), de la Decisión Hércules II, que consiste en la organización de cursos de formación técnica, seminarios y conferencias de apoyo a la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales, así como el desarrollo y la aplicación de las políticas de prevención y detección del fraude.
Todas las administraciones nacionales o regionales de un Estado miembro o de un país no perteneciente a la Unión, según lo establecido en el artículo 3 del Programa Hércules II, que promuevan el refuerzo de la actuación de la Unión para proteger sus intereses financieros.
El presupuesto total previsto se calcula que ascenderá a 1 000 000 EUR.
Se ofrecerá cofinanciación de la UE por un importe máximo del 80 % de los gastos subvencionables totales.
La formación debe estar relacionada con un proyecto que se inicie como muy pronto el 15 de junio de 2014 y concluya a más tardar el 15 de junio de 2015 o en una fecha anterior.
Las solicitudes deben remitirse a la Comisión el 6 de marzo de 2014 a más tardar.
El texto completo de la convocatoria de propuestas, el formulario de solicitud y los documentos anexos figuran en la página web siguiente:
Las solicitudes deben cumplir los requisitos establecidos en el texto completo y ser presentadas mediante el formulario facilitado a tal fin.
(Asunto COMP/M.7052 — Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK)
El 16 de diciembre de 2013, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas Lloyds Development Capital (Holdings) Limited («LDC», Reino Unido) y PostNL NV («PostNL», Países Bajos) adquiere el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de TNT Post UK (Reino Unido) mediante adquisición de acciones.
LDC es una entidad especializada en capital inversión y centrada en la gestión de compras, las compras institucionales y las operaciones de capital de desarrollo a partir de una red de oficinas regionales, situadas principalmente en todo el Reino Unido. Es una filial al 100 % de Lloyds Banking Group plc, que ofrece una gama completa de servicios financieros, entre los que se cuentan servicios de banca minorista y mayorista, de seguros y de gestión de inversiones,
PostNL presta servicios de correo, paquetería y apoyo, tanto físico como digital, en el mercado nacional de los Países Bajos, así como en el Reino Unido, Alemania, Italia, Luxemburgo y Bélgica (y en otros lugares). En el Reino Unido, PostNL presta sus servicios a través de TNT Post UK y Spring Global Mail,
TNT Post UK opera a través de una red de filiales operativas al 100 % a fin de prestar servicios postales en el Reino Unido.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.7052 — Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK, a la siguiente dirección:
(Asunto COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrío)
El 16 de diciembre de 2013, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa Sigma Alimentos, SA de C.V. («Sigma», México), bajo el control en última instancia de Alfa, S.A.B. de C.V. («Alfa», México), adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la totalidad de Campofrío Food Group, SA («Campofrío», España) mediante adquisición de acciones.
Alfa: su filial Sigma es activa en la producción, la distribución y la venta de productos cárnicos transformados, queso, yogur, bebidas y platos precocinados. Además, Alfa también desarrolla su actividad en los sectores de los hidrocarburos, la industria petroquímica, la fabricación de componentes de aluminio y los servicios de telecomunicaciones,
Campofrío: fabricación y venta de productos cárnicos transformados.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrío, a la siguiente dirección:
Corrección de errores de las convocatorias de propuestas de 2013 conforme al programa plurianual de trabajo de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) con vistas a la concesión de subvenciones para el período 2007-2013
( Diario Oficial de la Unión Europea C 361 de 11 de diciembre de 2013 )
«El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 17 de marzo de 2014.»,
«El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 11 de marzo de 2014.».
Corrección de errores de la convocatoria de propuestas de 2013 conforme al programa plurianual de trabajo de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) con vistas a la concesión de subvenciones para el período 2007-2013
En la página 7:
«El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 17 de marzo de 2014.»
«El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 11 de marzo de 2014.»

References: artículo 101
 artículo 53
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 292
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 28
 artículo 292
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 47
 artículo 6
 artículo 14
 resolución 
 artículo 27
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 101
 artículo 53
 artículo 30
 artículo 9
 artículo 27
 artículo 9

Artículo 101
 artículo 53
 artículo 101
 artículo 53
 artículo 101
 artículo 53
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3