Source: https://tc.vlex.es/vid/-58127021
Timestamp: 2019-05-26 21:57:27+00:00

Document:
STC 126/1987, 16 de Julio de 1987 - Jurisprudencia - VLEX 58127021
STC 126/1987, 16 de Julio de 1987
Número de Recurso: 240/1984, 377, 378, 379, 380, 381, 389, 390, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 431, 444, 445, 446, 447, 578, 579, 580, 581, 642, 643 644, 645, 646, 685, 704, 956, 1019, 1033, 1061, 1088, 1139, 1159, 1177, 1178, 1182, 1203, 1204 y 1205/1985, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 93, 94, 95, 145, 146, 246, 248, 311, 424, 432, 433, 434, 455, 459, 460, 475, 550,...
Sentencia citada en: 2246 sentencias, 88 artículos doctrinales, un tema práctico, 20 resoluciones administrativas
Se reitera doctrina de este Tribunal relativa a las exigencias contenidas en el art. 35.2 de su Ley Orgánica, en cuanto al juicio de relevancia la concreción de los preceptos constitucionales que el órgano judicial considere vulnerados y la fundamentación de la presunta vulneración.2. Como en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal, el derecho que consagra el art. 17 C.E. es un derecho a la seguridad personal y, por consiguiente, a la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas de detención o de otras similares que puedan restringir la libertad personal o ponerla en peligro, no pudiendo entenderse referida a la seguridad jurídica a que alude el art. 9.3 C.E.3. La garantía constitucional consagrada en el art. 33. C.E. no alcanza a las medidas cautelares que puedan adoptarse.4. La Ley a que se refiere en sus distintos apartados el art. 134 C.E. es aquella que, como núcleo fundamental, contiene la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, las previsiones de ingresos y las autorizaciones de gastos para un ejercicio económico determinado. Y, si bien dentro de la misma es posible incluir materias que, no siendo estrictamente presupuestarias, inciden en la política de ingresos y gastos del sector público o la condicionan, ello sólo puede efectuarse dentro de ciertos límites -derivados de la propia Constitución en el caso de los tributos-, y ni tal inclusión puede desvirtuar el contenido primordial que caracteriza a dicha Ley, ni de ella se sigue que dichas materias hayan de formar necesariamente parte de su contenido y no puedan ser reguladas por una Ley ordinaria.5. No existe una prohibición constitucional de la legislación tributaria retroactiva. Pero afirmar la admisibilidad de la retroactividad de las normas fiscales no supone mantener, siempre y en cualquier circunstancia, su legitimidad constitucional, que puede ser cuestionada cuando su eficacia retroactiva entre en colisión con otros principios consagrados en la Constitución, como los de capacidad contributiva, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad.6. El principio de seguridad jurídica, consagrado en el art. 9.3 de la Norma fundamental, no puede entenderse como un derecho de los ciudadanos al mantenimiento de un determinado régimen fiscal.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y doña Gloria Begué Cantón, don Angel Latorre Segura, don Francisco Rubio Llorente, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Antonio Truyol Serra, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa y don Luis López Guerra, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REYla siguienteSENTENCIA
En las siguientes cuestiones de inconstitucionalidad relativas a la Disposición adicional sexta , tres, de la Ley 5/1983, de 29 de junio, sobre Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria: núms. 377, 378, 379, 380, 381, 389, 390, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 430, 431, 444, 445, 446, 447, 578, 579, 580, 581, 642, 643, 644, 645, 646, 685, 704, 956, 1019, 1033, 1061, 1139, 1159, 1203, 1204 y 1205 de 1985; 93, 94, 95, 146, 311, 459, 460, 475, 550, 664, 698, 753, 754, 864, 865, 929, 1082, 1094, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1190 y 1249 de 1986; 188 y 465 de 1987, todas ellas planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona;núms. 1088 de 1985; 145, 424, 455 y 644 de 1986, planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia; núms. 1177, 1178 y 1182 de 1985; 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 246, 248, 432, 433 y 434 de 1986, planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres; núms. 568, 572, 718 y 1303 de 1986, planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife; núm. 993 de 1986, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla; núms. 1110 y 1236 de 1986; 116 de 1987, planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos; núm. 310 de 1987, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid. Han comparecido el Letrado del Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, y el Fiscal General del Estado, y ha sido Ponente la Magistrada doña Gloria Begué Cantón, quien expresa el parecer del Tribunal.
Con fecha 3 de mayo de 1985 tiene entrada en el Registro General de este Tribunal un oficio del Presidente de la Audiencia Territorial de Pamplona por el que, a los efectos del art. 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), remite adjunto testimonio de la totalidad de las actuaciones de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de dicha Audiencia Territorial en el recurso núm. 240/84, interpuesto por doña Melania Carrasco Rodríguez contra Resolución de 8 de marzo de 1984 de la Hacienda Foral de Guipúzcoa que había desestimado la reclamación núm. 43/84 formulada contra liquidación girada por el concepto de Tasa de Juego, año 1983, gravamen complementario. En dicho proceso contencioso-administrativo está personada como Administración demandada la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Del examen de las actuaciones se desprende: que la parte recurrente formuló en la demanda diversas alegaciones acerca de la pretendida inconstitucionalidad de la Ley 5/1983, de 29 de junio, sobre Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria, y del Real Decreto 2570/1983, de 21 de septiembre, así como acerca de la procedencia del planteamiento de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad; que la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó por providencia de 16 de marzo de 1985, con suspensión del plazo para dictar Sentencia, dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad, trámite que fue evacuado mediante los correspondientes escritos, en los que la parte recurrente y el Ministerio Fiscal mostraron su conformidad a dicho planteamiento, oponiéndose a él la parte demandada; y que, finalmente, la Sala dictó Auto el 26 de marzo de 1985, acordando plantear cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 5/1983, de 29 de junio, en su Disposición adicional sexta , núm. 3, en cuanto crea para 1983 un gravamen complementario a la Tasa de Juego sobre Máquinas de Azar, por entender que dicha Disposición pudiera infringir los arts. 134.7, 9.3 y 14, en relación con el 33.3 de la Constitución.
La mencionada Sala de lo Contencioso-Administrativo estima que debe accederse al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por los siguientes motivos:
La Ley 5/1983 constituye el único sustento jurídico del fallo a dictar en el presente proceso, de tal modo que, si se acomoda al Texto Constitucional, el gravamen en cuestión debe ser abonado y, en caso contrario, no procederá su imposición.
Dicha Ley no tiene carácter orgánico, ni es una ley especial en materia de establecimiento de tributos, ni existe a favor suyo una delegación para establecerlos procedente de otra ley que posea esas características.
Se trata de una Ley presupuestaria, de acuerdo con su título, que, como ocurre con la mayoría de ellas, sin perder su carácter principal contiene normas sobre financiación de Entes públicos y acomodación de cuotas tributarias, entre ellas la de Tasa de Juego que se creó en otra Ley anterior; pero su finalidad fundamental es la de prorrogar los Presupuestos de 1982 por no haberse aprobado los de 1983 (art. 134.4 C.E.).
Una vez aprobado el Presupuesto o, en su caso, prorrogado, cabe aprobar en la misma anualidad una ley que implique alteración, en más o en menos, de gastos e ingresos del mismo ejercicio (art. 134.5 y 6 C.E.), pero lo que no cabe, a través de una Ley de Presupuestos, es crear el tributo de que aquí se trata (art. 134.7 C.E.).
Además de la posible infracción de este último precepto constitucional, «se han podido infringir en ella los arts. 9.3, sobre el principio de legalidad e irretroactividad de la norma y de la seguridad jurídica, y el 14, que consagra el principio de igualdad ante la Ley, éste en relación con el 33.3 de la propia Constitución, en cuanto tal principio haga referencia a la excesividad tributaria, que suponga privación de bienes o derechos sin indemnización, y fuera de lo previsto en las leyes».
Por providencia de 8 de mayo de 1985, la Sección Primera del Pleno de este Tribunal acuerda admitir a trámite la cuestión planteada, a la que ha correspondido el núm. 377/85, dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
El Presidente del Congreso de los Diputados comunica, mediante escrito de 21. de mayo de 1985, que dicha Cámara no hará uso de sus facultades de personación y de formulación de alegaciones,.y, con la misma fecha, el Senado, por conducto de su Presidente, se persona en el procedimiento y ofrece su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la LOTC.
Por su parte, el Ministerio Fiscal presenta el 31 de mayo de 1985 su escrito de alegaciones. En él examina, en primer lugar, si la cuestión suscitada respeta los requisitos establecidos en la LOTC ya que, a su juicio, si bien es cierto que el Auto en que se plantea dicha cuestión fundamenta, aunque muy sucintamente, la alegada vulneración del art. 134.7 de la Constitución, no ocurre lo mismo con la presunta infracción del art. 9.3 de la misma, pues, por lo que a este último precepto concierne, se limita a una escueta alusión a los principios de legalidad, irretroactividad y seguridad jurídica, sin ofrecer argumentación alguna que permita conocer en qué funda la Sala sus dudas sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley en cuestión. Y lo mismo sucede -señala- con la invocación del art. 14 en relación con el 33.1, que se apoya exclusivamente en la «excesividad tributaria». Evidentemente -añade- si el Tribunal Constitucional, de conformidad con lo previsto en el art. 35.2 de su Ley Orgánica, ha de pronunciarse sobre la cuestión planteada por el órgano judicial, éste ha de razonar en qué advierte las posibles contradicciones de la Ley con la Constitución, del mismo modo que tal fundamentación es indispensable para que, en su caso, el Ministerio Fiscal pueda pronunciarse sobre la admisibilidad de la cuestión.
No obstante las consideraciones anteriores y para el caso de que este Tribunal estimare que debe entrar en el fondo de la cuestión planteada, el Ministerio Fiscal analiza las infracciones constitucionales aducidas por la Sala de lo Contencioso- Administrativo.
El primer artículo invocado en el Auto de dicha Sala es el 134.7 de la Constitución, según el cual la Ley de Presupuestos no puede crear tributos; sólo puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Por lo que se refiere a la presunta vulneración del art. 9. 3 de la Norma fundamental, el Ministerio Fiscal pone de relieve que el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se limita a citar el mencionado precepto, sin que tal invocación vaya acompañada de motivación alguna, por lo que también aquí es preciso acudir a las alegaciones de la parte actora.
Finalmente, el Auto examinado sostiene que ha podido infringirse el art. 14 en relación con el 33.3, ambos de la Constitución, por cuanto la «excesividad tributaria» puede suponer privación de bienes o derechos sin indemnización y fuera de lo previsto en las leyes. Sin embargo, el Auto no ofrece la más mínima explicación de cómo esa «excesividad tributaria» supone una confiscación o privación de bienes, y tampoco se advierte cómo puede producirse.
Por todo lo anterior, interesa de este Tribunal que rechace la cuestión de inconstitucionalidad planteada por ser notoriamente infundada en su planteamiento o, en su defecto, que la desestime por no ser la Disposición adicional sexta , 3, de la Ley 5/1983 contraria a los preceptos constitucionales invocados
Tras los correspondientes trámites y por Auto de 16 de julio de 1985, el Pleno del Tribunal acuerda, para su tramitación en un solo proceso y su resolución por una única Sentencia, acumular a la presente las siguientes cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona en relación con la misma Disposición adicional de la Ley 5/1983: 378/85 (en recurso contencioso-administrativo 244/84), 379/85 (en recurso contencioso-administrativo 268/84), 380/85 (en recurso contencioso-administrativo 238/84), 381/85 (en recurso contencioso-administrativo 232/84), 389/85 (en recurso contencioso-administrativo 226/84), 390/85 (en recurso contencioso-administrativo 256/84), 395/85 (en recurso contencioso-administrativo 224/84), 396/85 (en recurso contencioso-administrativo 228/84), 397/85 (en recurso contencioso-administrativo 230/84), 398/85 (en recurso contencioso-administrativo 234/84), 399/85 (en recurso contencioso-administrativo 270/84), 400/85 (en recurso contencioso-administrativo 312/84), 430/85 (en recurso contencioso-administrativo 288/84), 431/85 (en recurso contencioso-administrativo 342/84), 444/85 (en recurso contencioso-administrativo 229/84), 445/85 (en recurso contencioso-administrativo 235/84), 446/85 (en recurso contencioso-administrativo 274/84) y 447/85 (en recurso contencioso-administrativo 231/84). En dicho Auto se tienen asimismo por formuladas las alegaciones del Ministerio Fiscal en la cuestión 377/85 y se concede a éste, así como al Letrado del Estado, nuevo plazo para alegaciones. El Ministerio Fiscal, que había estimado procedente se tuviera por reproducido en las cuestiones acumuladas su dictamen relativo a la 377/85, se abstiene de formular nuevas alegaciones.
Por escrito que tiene entrada en este Tribunal el 29 de Octubre de 1985, el Letrado del Estado, tras exponer la situación procesal en que se hallan los distintos procedimientos sobre la misma cuestión, se opone a su planteamiento basándose en las alegaciones siguientes:
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona plantea asimismo, mediante Autos con idéntica fundamentación jurídica a la anteriormente expuesta, sucesivas cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la Disposición adicional sexta , 3 de la Ley 5/1983, de 29 de junio. Admitida a trámite cada una de ellas, el Presidente del Congreso comunica que dicha Cámara no hará uso de sus facultades de personación y alegaciones; el Senado, por su parte, se persona y ofrece su colaboración por conducto de su Presidente. El Letrado del Estado solicita en sus respectivos escritos la acumulación de estas cuestiones a las anteriores, interesando en unos casos la suspensión del plazo para alegaciones y reproduciendo en otros lo alegado con respecto a la 377/85 y acumuladas. El Ministerio Fiscal solicita la suspensión de su tramitación hasta tanto sea dictada Sentencia en relación con la 377/85 y acumuladas, remitiéndose en muchos casos a su anterior informe relativo a las mencionadas cuestiones. Y el Pleno de este Tribunal, por sucesivos Autos, acuerda denegar la acumulación a las anteriores de cada una de las nuevas cuestiones y suspender la tramitación de estas últimas hasta que recaiga Sentencia en las ya acumuladas. las cuestiones de inconstitucionalidad a que se hace referencia en este antecedente décimo son las siguientes:
3) Cuestión de inconstitucionalidad 580/85, planteada en recurso contenciosoadministrativo 233/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 de octubre de 1985.
4) Cuestión de inconstitucionalidad 581/85, planteada en recurso contencioso- administrativo 237/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 de octubre de 1985.
5) Cuestión de inconstitucionalidad 642/85, planteada en recurso contenciosoadministrativo 322/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 de octubre de 1985.
6) Cuestión de inconstitucionalidad 643/85, planteada en recurso contencioso- administrativo 360/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 de octubre de 1985.
7) Cuestión de inconstitucionalidad 644/85, planteada en recurso contencioso- administrativo 242/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 de octubre de 1985.
8) Cuestión de inconstitucionalidad 645/85, planteada en recurso contencioso- administrativo 308/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 de octubre de 1985.
9) Cuestión de inconstitucionalidad 646/85, planteada en recurso contencioso- administrativo 236/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 de octubre de 1985.
10) Cuestión de inconstitucionalidad 685/85, planteada en recurso contencioso- administrativo 402/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 de octubre de 1985.
11) Cuestión de inconstitucionalidad 704/85, planteada en recurso contencioso- administrativo 453/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 5 de diciembre de 1985.
12) Cuestión de inconstitucionalidad 956/85, planteada en recurso contencioso- administrativo 307/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 23 de enero de 1986.
13) Cuestión de inconstitucionalidad 1.019/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 289/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 13 de marzo de 1986.
22) Cuestión de inconstitucionalidad 94/86, planteada en recurso contencioso- administrativo 243/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 de abril de 1986.
23) Cuestión de inconstitucionalidad 95/86, planteada en recurso contencioso- administrativo 315/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 de abril de 1986.
24) Cuestión de inconstitucionalidad 146/84, planteada en recurso contencioso- administrativo 429/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 24 de abril de 1986.
25) Cuestión de inconstitucionalidad 311/86, planteada en recurso contencioso- administrativo 454/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 20 de mayo de 1986.
26) Cuestión de inconstitucionalidad 459/86, planteada en recurso contencioso- administrativo 24/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 12 de junio de 1986.
27) Cuestión de inconstitucionalidad 460/86, planteada en recurso contencioso- administrativo 456/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 12 de junio de 1986.
28) Cuestión de inconstitucionalidad 475/86, planteada en recurso contencioso- administrativo 143/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 19 de junio de 1986.
29) Cuestión de inconstitucionalidad 550/86, planteada en recurso contencioso- administrativo 120/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 10 de julio de 1986.
30) Cuestión de inconstitucionalidad 664/86, planteada en recurso contencioso- administrativo 269/84, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 18 de septiembre de 1986.
33) Cuestión de inconstitucionalidad 754/86, planteada en recurso contencioso- administrativo 138/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 25 de septiembre de 1986.
34) Cuestión de inconstitucionalidad 864/86, planteada en recurso contencioso- administrativo 222/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 23 de octubre de 1986.
35) Cuestión de inconstitucionalidad 865/86, planteada en recurso contencioso- administrativo 818/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 23 de octubre de 1986.
36) Cuestión de inconstitucionalidad 929/86, planteada en recurso contencioso- administrativo 144/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 23 de octubre de 1986.
46) Cuestión de inconstitucionalidad 188/87, planteada en recurso contencioso- administrativo 644/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 27 de marzo de 1987.
47) Cuestión de inconstitucionalidad 465/87, planteada en recurso contencioso- administrativo 819/85, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 28 de mayo de 1987.
Mediante Auto de 25 de noviembre de 1985, la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia plantea en el recurso contencioso-administrativo 2.130/1984 cuestión de inconstitucionalidad, registrada con el número 1088/1985, también relativa a la Disposición adicional sexta , 3, de la Ley 5/1983, y al Real Decreto 2570/1983, de 21 de septiembre.
La misma fundamentación jurídica, sin la referencia al art. 109 de la Constitución, sirve de base a dicha Sala para plantear las siguientes cuestiones de inconstitucionalidad: la 145/1986 (en recurso contencioso-administrativo 30/1985), y las 424/1986 (en recurso contencioso-administrativo 838/1985), 455/1986 (en recurso contenciosoadministrativo 284/1985) y 644/1986 (en recurso contencioso-administrativo 880/1985). En los Autos de planteamiento de estas tres últimas cuestiones se alude además a la «dudosa concordancia» de la norma cuestionada con los arts. 14, 17, 33 y 38 de la Constitución.
También la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres plantea varias cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la Disposición adicional sexta , 3, de la Ley 5/1983, de 29 de junio. En los respectivos Autos de planteamiento, idénticos en su fundamentación jurídica, razona que la norma cuestionada «se erige, no sólo en obligado punto de referencia en el contraste de legalidad del acto administrativo cuya anulación se insta en el proceso, sino en efectivo condicionante de la solución que haya de darse al mismo».
La disposición en cuestión puede suponer la retroactividad in peius de una ley fiscal. El denominado gravamen parece ser una tasa o complemento de la que grava los juegos de suerte, envite o azar, y por ello el hecho imponible de la misma habrá de ser la actividad administrativa autorizatoria [art. 26 a), de la L.G.T.] realizada con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, ya que se aplica a tasas devengadas correspondientes a 1983 y, por lo tanto, respecto a licencias otorgadas previamente a la fecha de 30 de junio de dicho año. Así entendida, la aplicación supone un incremento del tributo en la misma cuantía que la que se fija ex novo para las futuras autorizaciones.
Tal retroactividad puede vulnerar el art. 9.3 de la Constitución. A este respecto recuerda la Sala que los constituyentes suprimieron del texto la prohibición de la retroactividad de las normas fiscales, y que la irretroactividad tributaria ha estado históricamente vinculada al principio de legalidad y a la temporalidad de las leyes presupuestarias. Por otra parte -añade- la STC 6/1983 ha abordado el tema de la retroactividad de las leyes fiscales, distinguiendo entre la de grado máximo, medio y mínimo y pronunciándose tan sólo sobre esta última, y no puede olvidarse que en este caso puede tratarse de una retroactividad media o máxima dado que la norma tributaria parece incidir sobre una relación jurídico-tributaria ya consumada y extinguida por el pago, de conformidad con lo establecido en la Sección Segunda del Capítulo Quinto del Título II de la Ley General Tributaria.
Aunque como principio no está proscrita la retroactividad de las leyes fiscales, tal retroactividad puede resultar inconstitucional cuando su eficacia conculque el principio de seguridad jurídica, proclamado también en el art. 9.3 de la Constitución, o tenga carácter arbitrario o no «razonable», según expresión utilizada por la jurisprudencia norteamericana. En este mismo sentido, la doctrina alemana trabajosamente elaborada en torno a la Ley fundamental matiza las consecuencias constitucionales de la Ley fiscal retroactiva sobre la base de las exigencias del Estado de Derecho y concretamente del aludido principio de seguridad jurídica y la protección de la buena fe de los ciudadanos y la doctrina italiana lo hace basándose en el principio de capacidad contributiva reconocido en el art. 53 de su Constitución y que la nuestra reconoce en el art. 31.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife plantea, en relación igualmente con la Disposición adicional sexta , 3, de la Ley 5/1983, de 29 de junio, las cuestiones de inconstitucionalidad siguientes: 568/1986 (en recurso contencioso-administrativo 148/1985); 572/1986 (en recurso contencioso-administrativo 149/1985); 718/1986 (en recurso contencioso-administrativo 145/1985), y 1.303/1986 (en recurso contencioso-administrativo 181/1985). En los respectivos Autos de planteamiento, idénticos en cuanto a su fundamentación jurídica, la Sala se limita a afirmar que «la inconstitucionalidad podría venir determinada por infringir dicho gravamen lo dispuesto en el art. 9.3 de la Constitución, al establecer un gravamen con carácter retroactivo, y en el art. 137.7 -probablemente quiera hacer referencia al 134.7 C.E.- al crearse un tributo por una Ley cuyo objeto es suplir a la Ley de Presupuestos del año 1983, hasta su entrada en vigor» y que «la aplicación del indicado precepto es decisiva para la resolución de este recursos pues en él se impugna la validez de tal gravamen».
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla plantea, en el recurso contencioso-administrativo 493/1985, la cuestión de inconstitucionalidad 993/1986, en relación igualmente con la Disposición adicional sexta , 3, de la Ley 5/1983, de 29 de junio, por estimar que dicho precepto legal, que crea el gravamen complementario y del que depende la decisión del litigio, puede «infringir los arts. 9.3, 14 y 134.7 de la Constitución Española, en relación con el artículo 33.3 de la misma».
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos plantea las cuestiones de inconstitucionalidad 1.110/1985 (en el recurso contencioso-administrativo 243/1985) y 1.236/1986 (en el recurso contencioso-administrativo 176/1985), por entender, en respectivos Autos con idéntica fundamentación jurídica, que la decisión del proceso depende de la Disposición adicional sexta , 3, de la Ley 5/1983, y que ésta «pudiera suponer infracción de los arts. 1.1, 9.3, 14, 17.1, 31.1 y 3, y 134.7 de la Constitución, en cuanto afecta al principio del Estado de Derecho y a los subprincipios de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad al crear la apariencia de un tributo, que contradice el deber de claridad y la justicia del sistema tributario -entendido como los principios básicos normativos del sistema tributario- y en cuanto impone una prestación patrimonial de carácter público sin tener en cuenta el contenido material de la Ley respecto a cómo y de qué manera han de dictarse las normas tributarias, esto es, su delimitación material. Todo ello, sobre el tema decisivo de la eficacia retroactiva que concede la Disposición adicional citada a hechos imponibles ya realizados, implicando una retroactividad in peius.
La misma Sala de lo Contencioso-Administrativo plantea también la cuestión de inconstitucionalidad 116/1987, en el recurso contencioso-administrativo 453/1985, sobre la misma Disposición adicional sexta , 3, de la Ley 5/1983, mediante Auto de planteamiento fundamentado más sucintamente. En él sólo se hace referencia a que la norma cuestionada «pudiera suponer una infracción de los arts. 9.3, 31.3, 133.1 y 134.7 de la Constitución, en cuanto que la misma viene a dar eficacia retroactiva a hechos imponibles ya realizados, implicando con ello una retroactividad in peius que puede afectar a la seguridad jurídica», así como a que la decisión del proceso dependa de la norma controvertida.
La Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid plantea en el recurso 1.404/1986, promovido al amparo de la Ley 62/1978, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, cuestión de inconstitucionalidad 310/1987, por estimar que la Disposición adicional sexta , 3, de la Ley 5/1983 puede infringir los arts. 14 y 17, en conexión con los arts. 11, 9.3, 31.1 y 3, 33.1 y 3, y 38 de la Constitución.
En cada una de las cuestiones indicadas en los antecedentes anteriores, cuya tramitación había sido suspendida, se acuerda, por resolución del Pleno de 4 de junio último, levantar dicha suspensión y oír al Ministerio Fiscal y al Letrado del Estado para que formulen alegaciones en aquellas cuestiones en las que no lo hubieran efectuado al evacuar en su día el traslado conferido y para que manifiesten lo que estimen conveniente sobre la pertinencia de acumularlas a las ya acumuladas por Auto de 16 de julio de 1985.
El Ministerio Fiscal y el Letrado del Estado manifiestan que no se oponen a la acumulación de cada una de las cuestiones a la registrada con el núm. 377/1985 y demás ya acumuladas, y, en cuanto a la audiencia conferida para que formulen las alegaciones no efectuadas en su día, el Ministerio Fiscal reproduce las formuladas en la cuestión núm. 377/1985, y el Letrado del Estado se remite a las contenidas en sus escritos de alegaciones anteriores.
Por Auto de 30 de junio último, el Pleno acuerda, de conformidad con lo establecido en el art. 83 de la LOTC, aplicable en el presente supuesto por tratarse de una pluralidad de cuestiones suscitadas sobre la posible inconstitucionalidad del mismo precepto legal, acumular a la cuestión registrada con el núm. 377/1985 y demás ya acumuladas por Auto de 16 de julio de 1985, las cuestiones de inconstitucionalidad cuyos números de registro son los siguientes: 578, 579, 580, 581, 642, 643, 644, 645, 646, 685, 704, 956, 1019, 1033, 1061, 1088, 1139, 1159, 1177, 1182, 1203, 1204 y 1205 de 1985; 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 93 94 95 145 146 246 248 311 424 432 433, 434, 455, 459, 460, 475, 550, 568, 572, 644, 664, 698, 718, 753, 754, 864, 865, 929, 993, 1082, 1094, 1110, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1190, 1236, 1249 y 1303 de 1986, y 116, 188, 310 y 465 de 1987.
Por providencia de 2 de julio de 1987, el Pleno señala el día 7 para la deliberación y votación de la presente Sentencia.
Las presentes cuestiones de inconstitucionalidad se plantean por Autos de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de diversas Audiencias Territoriales -Pamplona, Valencia, Cáceres, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Burgos y Madrid-, en recursos contencioso-administrativos promovidos contra acuerdos de los Tribunales económico-administrativos que confirmaron liquidaciones practicadas por el concepto de «Tasa de juego, año 1983, gravamen complementario». Dichas liquidaciones se realizaron de conformidad con la Disposición adicional sexta , 3, de la Ley 5/1983, de 29 de junio, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria, por la que se creó un gravamen complementario de la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar, y de acuerdo con el Real Decreto 2570/1983, de 21 de septiembre, que lo regula.
En conjunto, los preceptos constitucionales que se estiman lesionados son los siguientes: 1.1; 9,3, en relación con el principio de irretroactividad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad, así como con el principio de la legalidad y de jerarquía normativa; 14, 17, 31, 33, 38, 133 y 134.7.
En sus escritos de alegaciones, tanto el Ministerio Fiscal como el Letrado del Estado suscitan, con carácter previo, diversas cuestiones relativas al posible incumplimiento de los requisitos procesales establecidos en el art. 35 de la LOTC.
Sin embargo, esta afirmación no puede ser compartida. A juicio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, su fallo depende exclusivamente de la validez de la Disposición adicional sexta , 3, de la Ley 5/1983, pues, si ésta es conforme al Texto constitucional, será exigible el gravamen complementario por ella creado y, en consecuencia, deberá abonarse la liquidación practicada, mientras que, si no lo es, no procede su imposición. Dado, pues, que la pretensión principal deducida en el recurso contencioso-administrativo formulado ante dicho órgano judicial es, en definitiva, la declaración de nulidad del acto administrativo por inconstitucionalidad de la referida norma, no existe base para sostener que resulta infundada la cuestión en cuanto a la legitimidad de su planteamiento.
Tanto el Ministerio Fiscal como el Letrado del Estado consideran, por otra parte, que algunos de los Autos de las Salas de lo Contencioso-Administrativo en que se acuerda plantear las diversas cuestiones de inconstitucionalidad adolecen de falta de fundamentación en cuanto a la presunta vulneración de algunos de los artículos de la Constitución invocados, por lo que, en cuanto a ellos, no cabe pronunciamiento del Tribunal Constitucional, de acuerdo con el citado art. 35 de la LOTC.
Una vez delimitada la cuestión de acuerdo con las consideraciones anteriores, procede examinar el fondo de la misma, que se concreta en la presunta inconstitucionalidad de la Disposición adicional sexta , 3, de la Ley 5/1983, por violación del art. 9.3, en cuanto dicha Disposición puede tener carácter retroactivo, y del 134.7, así como de los arts. 14, 17 y 33, todos ellos de la Constitución.
En definitiva, el núcleo fundamental de las respectivas argumentaciones viene a reducirse a la presunta vulneración del principio de irretroactividad reconocido en el art. 9.3 de la Constitución y del art. 134.7 de la misma, por la Disposición adicional sexta, 3, de la Ley 5/1983.
En definitiva, no puede entenderse que sea de aplicación a la Disposición adicional sexta , 3, de la Ley 5/1983 la prohibición contenida en el art. 134.7 de la Constitución, aun cuando dicha ley contenga normas presupuestarias o normas que, en ocasiones, figuran en Leyes de Presupuestos.
El principio de irretroactividad es invocado en los Autos dictados por todas las Audiencias, si bien en algunos casos la invocación se reduce a la mera cita del art. 9.3 de la Norma fundamental. Por ello las siguientes consideraciones hacen referencia únicamente a aquellos en los que aparece una mínima fundamentación, dentro de los cuales pueden advertirse distintas líneas argumentales.
En algún caso (Sevilla), la inconstitucionalidad se hace derivar del principio de irretroactividad contenido en el art. 9.3 de la Constitución, sin entrar a analizar el alcance constitucional de dicho principio.
En otro (Madrid), la inconstitucionalidad se hace derivar del mencionado principio en cuanto se considera que la Ley dota de eficacia retroactiva a una disposición restrictiva de derechos individuales: el derecho a un sistema tributario basado en la igualdad (art. 31.1 C.E.)y que respete el principio de legalidad (art. 31.3), el derecho de propiedad (art. 33.1 y 3 C.E.) y el derecho de libertad de empresa (art. 38 C.E.).
En los demás, la inconstitucionalidad se hace derivar del carácter retroactivo de la norma en cuestión en cuanto puede suponer un ataque a los fundamentos básicos del orden jurídico (Valencia), o puede conculcar el principio de seguridad jurídica y la protección de la buena fe de los ciudadanos, que constituyen exigencias del Estado de Derecho, o se estima contrario al principio de interdicción de la arbitrariedad o al de capacidad económica (Cáceres). La cita de los diversos principios se relaciona con la jurisprudencia elaborada, en relación con la inconstitucionalidad de las normas tributarias en Alemania, Estados Unidos e Italia.
A la vista de los términos en que aparecen planteadas las cuestiones, son dos los aspectos fundamentales que han de considerarse en el enjuiciamiento de la presunta inconstitucionalidad de la Disposición adicional sexta, 3, basada en su carácter retroactivo: a) En qué medida la norma cuestionada posee eficacia retroactiva, y b) Si esta eficacia retroactiva entraña una vulneración constitucional, lo cual puede suceder, bien porque la retroactividad de la norma infrinja directamente el principio de irretroactividad expresamente reconocido en el art. 9.3 de la Constitución, bien porque a través de ella se vulneren otros principios como pueden ser los de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, contenidos en el mencionado precepto, o el de capacidad económica, a que se refiere el art. 31.1 de la Norma fundamental. Este segundo punto obliga a analizar el alcance del principio constitucional de irretroactividad en relación con las normas tributarias y, concretamente, con la Disposición controvertida.
Por lo que a la primera cuestión se refiere, no cabe duda de que, si como pretende el Letrado del Estado, nos halláramos ante dos tributos de naturaleza distinta y cuyos elementos constitutivos fueran también diferentes, no sería posible hablar de eficacia retroactiva del gravamen complementario. Pero lo que sucede es que la argumentación en que ambas afirmaciones se basan no resulta convincente.
El alcance del alegado principio constitucional de irretroactividad de las normas fiscales y su incidencia en la legitimidad constitucional de la Disposición controvertida ha de abordarse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
No existe una prohibición constitucional de la legislación tributaria retroactiva. La prohibición que el art. 9.3 C.E. establece tan sólo para las «disposiciones sancionadoras no favorables» y para las «restrictivas de derechos individuales» se extendía también a las fiscales en el Anteproyecto de la Constitución, y la inclusión de las mismas se mantuvo en el Informe de la ponencia, pero desapareció en el Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales por estimarse que la causa de la prohibición ha de buscarse en todo caso en el carácter sancionador o restrictivo de las leyes, no en el objeto específico de las normas, y que la irretroactividad absoluta de las leyes fiscales podría hacer totalmente inviable una verdadera reforma fiscal.
Afirmar la admisibilidad de la retroactividad de las normas fiscales no supone mantener, siempre y en cualquier circunstancia, su legitimidad constitucional, que puede ser cuestionada cuando su eficacia retroactiva entre en colisión con otros principios consagrados en la Constitución. Esta postura, mantenida por la generalidad de la doctrina y reflejada en la jurisprudencia constitucional de otros países, está también en la base de algunos de los Autos de planteamiento de las presentes cuestiones, en los que la presunta inconstitucionalidad de la norma controvertida se fundamenta en la vulneración de los principios de capacidad económica, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad por referencia a la jurisprudencia italiana, alemana y norteamericana.
Basándose en un precepto constitucional análogo al español -su art. 53-, una parte de la doctrina italiana y la Corte Costituzionale en diversas Sentencias han mantenido que una norma tributaria retroactiva resulta constitucionalmente ilegítima si vulnera el principio de capacidad contributiva. Y que tal vulneración puede producirse si la ley establece como presupuesto un hecho o una situación pasada que no persisten en el momento de su entrada en vigor, o modifica, extendiendo sus efectos hacia el pasado, los elementos esenciales de un tributo existente en dicho momento, pues dicha capacidad ha de referirse no a la actual del contribuyente, sino a la que está ínsita en el presupuesto del tributo y, si ésta hubiera desaparecido o se hallase disminuida en el momento de entrar en vigor la norma en cuestión, se quebraría la relación constitucionalmente exigida entre imposición y capacidad contributiva (Ss. 45/1964, 44/1966, 75/1969 y 54/1980).
En cuanto al principio de seguridad jurídica también aducido, ha venido ciertamente configurándose, a partir de la Sentencia núm. 26 del Tribunal Constitucional Federal alemán, de 19 de diciembre de 1961, una línea argumental que, partiendo de la idea del Estado de Derecho y de los principios que lo informan, considera que las normas tributarias retroactivas pueden estimarse constitucionalmente ilegítimas cuando atentan a tal principio y a la confianza de los ciudadanos.
De acuerdo con las consideraciones anteriores es preciso analizar, en primer término, el alcance de la retroactividad de la Disposición adicional sexta, 3, cuya constitucionalidad se cuestiona.
La ponderación de los bienes constitucionales en juego, que el enjuiciamiento de la constitucionalidad de una norma fiscal con efectos retroactivos de este grado entraña, obliga a tomar en consideración la finalidad de la norma y las circunstancias específicas que concurren en el presente caso.
Desestimar las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de las Audiencias Territoriales de Pamplona, Valencia, Cáceres, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Burgos y Madrid, en relación con la Disposición adicional sexta , núm. 3, de la Ley 5/1983, de 29 de junio.
Sentencia 126/1987, de 16 de Julio del pleno del tribunal constitucional, por la que se desestiman las cuestiones de inconstitucionalidad números 377/1...
SAP Madrid 84/2004, 30 de Enero de 2004
STS 729/2007, 19 de Septiembre de 2007
STSJ Castilla y León 1155/2006, 9 de Junio de 2006

References: Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 33
 resolución 
 Real Decreto