Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as201620913.html
Timestamp: 2019-03-23 16:44:11+00:00

Document:
as201620913
Auto Supremo: 913/2016
Expediente: CB-126-15-S
Partes: Jorge Adolfo Granier Requena. c/ María Eugenia Guerra Guillén y Ruby
Ángeles Guerra Guillén de Farrachol.
Proceso: Nulidad de documento de compra venta, nulidad de registro y
VISTOS: Los recursos de casación interpuestos María Eugenia Guerra Guillen, cursante de fs. 602 a 603 y por Ruby Ángeles Guerra Guillén de Farrachol de fs. 607 a 609 de obrados respetivamente contra el Auto de Vista REG/SCII/ASEN.064/22/06/2015 de fecha 22 de junio de 2015, cursante de 592 a 598 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de justicia de Cochabamba, dentro del proceso de nulidad de documento de compra venta, nulidad de registro y resarcimiento de daños y perjuicios, la respuesta del recurso cursante de fs. 614 a 616, la concesión de los recursos de fs. 617, los antecedentes del proceso; y:
Tramitado el proceso, el Juez de Partido Undécimo en materia Civil de la ciudad de Cochabamba pronunció Sentencia Nº 53/2014, de fecha 25 de noviembre de 2014, cursante de fs. 549 a 556 de obrados por la cual declaró: PROBADA en parte la demanda de nulidad de minuta de transferencia definitiva de un lote de terreno y sus mejoras de fecha 11 de junio de 2007, protocolizada mediante Escritura Púbica de fecha 24 de marzo de 2008, con testimonio 187, de fs. 11 a 13, subsanada a fs. 16 interpuesta por Adolfo Granier Requena a través de su representante legal, probada respecto a la demanda de nulidad de documento por la causal prevista por el art. 549 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil y correspondiente cancelación de registro y gravámenes e IMPROBADA respecto a la causal de nulidad prevista por el art. 549 núm. 5) del Código de Procedimiento Civil, asimismo improbada respecto a la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios por hecho ilícito. De igual forma declaró IMPROBADAS las excepciones perentorias de prescripción, falta de acción y derecho e improcedencia interpuesta por la defensora mediante memorial de fs. 60, disponiendo nulo y sin valor alguna la minuta de transferencia de fecha 11 de junio de 2007 y correspondiente protocolización efectuara por escritura pública de fecha 24 de marzo de 2008, con testimonio No 187, otorgado por Notario de Fe Publica de Sacaba, asimismo se dispuso la cancelación de registro de la escritura pública de 24 de marzo de 2008en la matrícula No 3101010018995, bajo Asiento A-2 de fecha 27 de marzo de 2008 y de igual forma la cancelación de gravámenes registrados en la citada matrícula Nº 3101010018995, Asiento B-2 de 9 de diciembre de 2009 y Asiento B-4 de fecha 12 de diciembre de 2011, ambos por un monto de $us 20.430, a favor de la codemandada Ruby Ángeles Guerra Guillén de Farrachol, debiendo en ejecución de Sentencia notificarse al Juez registrador de derechos Reales de Sacaba.
Contra la Sentencia interpusieron recursos de apelación María Eugenia Guerra Guillen cursante de fs. 568 a 570 y de fs. 572 a 572 respectivamente, en conocimiento de los mencionados recursos la Sala Civil Segunda del tribunal Departamental de justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista No REG/SCII/ASEN.064/22/06/2015 de fecha 22 de junio de 2015, cursante de 592 a 598 vta., por el cual CONFIRMO la Sentencia apelada con costas con los siguientes fundamentos: con relación al Auto interlocutorio de fecha 27 de agosto de 2013, indico que corresponde alegar y dejar plenamente establecido que el Auto de fecha 27 de agosto de 2013 es claro, especifico y contundente en su pronunciamiento, toda vez que revisados los antecedentes procesales se advierte que lo que se discute en el proceso ordinario no es precisamente un derecho real cual es el bien inmueble que probablemente dio lugar a una transacción sino la nulidad de un documento que efectivamente se adecúa a lo previsto por el Art. 10 num. 2) del Código de Procedimiento Civil por tratarse de una acción personal cuyo documento fue suscrito en la ciudad de Cochabamba, consecuentemente de competencia de un Juez de Partido de la ciudad de Cochabamba. Con relación al recurso de apelación de María Eugenia Guerra Guillén expreso que la recurrente confundió el tema de los actos ilícitos en materia Civil con el de materia Penal al señalar errónea e incongruentemente que la causa es lícita porque no compro el inmueble para cometer actos ilícitos, siendo así que lo que se demanda es la nulidad del documento no de hechos ilícitos que maneja la materia penal, por ello tampoco es admisible manifestar que las declaraciones testificales no son relevantes porque estos nunca declararon que se hubiere actuado con ilicitud contra el ordenamiento público o las buenas costumbres, continuando con la confusión legal respecto a la ilicitud de un acto atribuido al bien inmueble y el uso que se le hubiera otorgado a este. Respecto al recurso de apelación de la codemandada Ruby Ángeles Guerra manifestó: Que la codemandada Ruby Ángeles Guerra también habla de subjetividades al manifestar que se hubiere actuado en concomitancia entre el demandante y la codemandada y que se habría procedido de esa manera para perjudicar el proceso ejecutivo y remate de inmueble en aquel proceso, cuando lo que en derecho correspondía era precisamente acreditar aquel supuesto hecho con prueba real objetiva y contundente sin llegar a meras especulaciones no admisible en materia Procesal Civil, finalmente sobre el tema de efectuar la transferencia de inmueble se habría aprovechado de la necesidad económica y confianza de su tío como el hecho de que el demandante se reservó el derecho de usufructo, son temas que lejos de observar la Sentencia apelada debieron ser acreditadas en el proceso, en período probatorio y con prueba fehaciente, sin concluir con subjetividades que en materia civil son vanas.
En conocimiento de la determinación de segunda instancia María Eugenia Guerra Guillén y Ruby Ángeles Guerra Guillén de Farrachol interpusieron recurso de casación, cursantes de fs. 601 a 603 y de fs. 607 a 609 vta.
Del recurso de casación de María Eugenia Guerra Guillén.-
1.- Denuncia que el Juez de la causa habiendo interpuesto la excepción de incompetencia, debió declarar probada dicha excepción, pues la autoridad competente para conocer el proceso era el Juez de la Localidad de Sacaba, indica que el Juez declaro improbada la excepción de incompetencia, siendo competente para el conocimiento de la causa, el Juez del lugar donde estuviera situada la cosa litigiosa o del domicilio del demandado a elección del demandante, por lo que el inmueble se encuentra ubicado en la Localidad de Sacaba y el domicilio de la demandada se encuentra en la ciudad de La paz, razón por la cual el Juez quebrantó esta disposición y realizo una mala aplicación de las reglas de competencia. Sobre el mismo punto refiere que era procedente la excepción de incompetencia porque la acción de nulidad del documento de transferencia es una acción real, el tribunal de Alzada al confirmar la Sentencia ha hecho una mala interpretación del art. 10 núm. 1) del Código de Procedimiento Civil.
Refiere infracción del art. 549 inc.3) del Código de Procedimiento Civil porque
al establecer que el contrato de compra venta es ilícito por ser contrario a las buenas costumbres y ofensivo al sentido común y en el caso no ha existido un contrato ilícito porque no existe prueba de que el contrato de compra venta se ha suscrito con ilicitud contra la Ley o contra las buenas costumbres. Asimismo refiere que es una aberración declarar la nulidad de la minuta de trasferencia sin disponer que el demandante devuelva a la demandada la suma de Bs. 30.000 recibida por la transferencia.
Concluye su recurso solicitando a este Tribunal que case el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare improbada la demanda principal.
Del Recurso de casación de Ruby Ángeles Guerra Guillen de Farrachol.-
1.- La recurrente denuncia que el proceso fue tramitado sin competencia en razón de que el inmueble objeto de transferencia en razón de que el bien inmueble objeto de transferencia, así como el domicilio del demandante se encuentra en la Localidad de Sacaba consiguientemente se habría infringido el art. 10-I del Código de Procedimiento Civil.
2.- Menciona que existe falta de motivación en la resolución de Alzada constituyendo esta una garantía al debido proceso pues el documento de compra venta suscrito entre el demandante y Eugenia Guerra Guillén, tiene el valor probatorio que le otorga el art. 1297 del Código Civil y que el simple hecho de no haberse cumplido con el compromiso de construir un almacén no implicaría que el contrato sería nulo, menciona también que el proceso ejecutivo es por el 50% de la propiedad es decir que no se le estaría causando ningún daño al derecho de usufructo.
Concluye su recurso solicitando a este Tribunal que se case el Auto de Vista se declare improbada la demanda.
Con relación al recurso de casación en la forma refiere que la excepción de incompetencia opuesta por las demandadas ha sido objeto de tratamiento por el Juez de la causa así como por el Tribunal de Alzada, aplicándose correctamente el art. 10 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil que establece que la pretensión de la acción es la nulidad de un documento que es una acción personal y que el documento fue suscrito en Cochabamba, estableciéndose que para acciones personales es competente el Juez del domicilio del demandado, el lugar donde debe cumplirse la obligación o de donde fue suscrito el contrato a elección del demandante, habiéndose tramitado el proceso con absoluta legalidad, sin que exista vicio procesal que se habría afectado de modo alguno el derecho a la defensa de la ahora recurrente.
Sobre el recurso de casación en el fondo indica que el recurso debe cumplir con ciertos requisitos como son los establecidos en el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil y que el recurso de María Eugenia Guerra Guillén no ha cumplido con la formalidad de especificar y fundamentar en qué consiste esa infracción del art. 549-3) del Código Civil y en cuanto a la valoración de la prueba menciona que esta es incensurable en casación más aún cuando la misma recurrente reconoce que el Juez A quo ha obrado con mucha imparcialidad, sobre el hecho de disponer que el demandante devuelva la suma de Bs. 30.000 recibida por la transferencia este reclamo ni lo menciono en recurso de apelación situación que no puede suplirse mediante el recurso de casación que únicamente debe sujetarse a los puntos resueltos por el Tribunal de Alzada.
III.1.- Sobre las reglas de la competencia:
El art. 10 del Código de Procedimiento Civil establece: “que fuera de los casos de prorroga expresa o tacita de que trata el art. 24 de la Ley Organización Judicial se seguirán las reglas de competencia siguientes: 1)En las demandas por acciones reales o mixtas sobre bienes en general y 2) En las demandas por acciones personales, juez del domicilio del demandando, el del lugar donde debe cumplirse la obligación o donde fue suscrito el contrato, a elección del demandante 3) En las sucesiones”
Que las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el Tribunal que va a conocer con preferencia o exclusión de los demás, de una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional, por ello se ha señalado que si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad; dicho de otro modo los jueces ejercen su jurisdicción en la medida de su competencia en relación a cada caso concreto.
Nuestro ordenamiento jurídico establece en general tres reglas diferenciando las demandas de acciones reales o mixtas, sobre bienes en general; las demandas por acciones personales y las demandas que tengan que ver con el tema de sucesiones.
III.2.- Sobre la falta de motivación:
Sobre la falta de motivación se orientó en el A.S. Del agravio referido se advierte como fundamento la falta o carencia de motivación del Auto de Vista, sobre este tópico relacionado a la motivación es menester previamente citar la SC. 0669/2012 de fecha 2 de agosto que ha referido:”…. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' ( SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).” Del entendimiento constitucional vertido se evidencia que para el cumplimiento del debido proceso en su elemento motivación de una resolución, no es necesario que la misma sea ampulosa, sino coherente, precisa y clara dando a entender el motivo de su resolución, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una resolución, empero, cuando los litigantes, no están de acuerdo con dicha motivación, otro resulta el tema y agravio a invocar, muy diferente al de la falta de motivación, ya que, no nos encontramos dentro del marco de la falta de motivación, sino por el contrario el de una errónea aplicación, interpretación o violación de la ley o en su caso errónea valoración de la prueba, mismo que debe ser impugnado vía recurso de casación en el fondo
III.3.- Respecto a la nulidad sustentada en el núm. 3) del art. 549 del Código Civil:
Con relación al tema se orientó en el Auto Supremo No 228/2016, de fecha 15 de marzo de 2016: “En relación a la ilicitud de la causa y la ilicitud del motivo que impulso a las partes a celebrar el contrato, el art. 589 del Código Civil tipifica la causa ilícita señalando que: “La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa”; se hace preciso indicar que la causa como un elemento constitutivo del contrato, está en la función económica-social que el contrato desempeña, que a decir de los hermanos Mazeaud, “...ésta cumple una función económico-social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes”. Bajo esos términos el Auto Supremo Nº 120/2012 de 17 de mayo señaló que: “…resulta necesario aclarar que como señala Francisco Messineo, la causa, entendida como el fin económico-social, tiene una función teleológica (es el porqué del contrato). En otras palabras para analizar la causa de un contrato debemos tener en cuenta el fin económico y social del mismo. En un contrato de venta el objeto es la transferencia de la propiedad de una cosa, en tanto que la causa, en términos generales, será el intercambio de una cosa a cambio de un precio y, en particular, para el vendedor la obtención del precio de la cosa, mientras que para el comprador la adquisición de la propiedad de la cosa; aunque con ello de ninguna manera se quiere decir que el precio sea realmente cancelado o la cosa realmente entregada”, por lo que la causa se enmarca el fin económico social que el contrato busca en su celebración, en ese margen el contrato se considera nulo por ilicitud de la causa cuando la finalidad del contrato es contraria al orden público (contrato prohibido) o a las buenas costumbres (contrato inmoral) o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa (contrato ilegal).
III.4.- El Incumplimiento de Prestación es causal de Resolución de Contrato.-
En el Auto Supremo No 515/2013 de fecha 1ro de Octubre de 2013 se orientó: “…la relación de los hechos en la que expuesto el derecho invocado, como resulta ser el art. 568 del Código Civil, entre otros, norma que textualmente señala: “…(Resolución por incumplimiento) I. En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la Resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el Juez, y no haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo quedará resuelto el contrato, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño…”, la norma descrita, establece tres posibilidades para la aplicación del articulado, la primera, simplemente cumplimiento de obligación, la segunda la Resolución del contrato, y la tercera una híbrida que faculta demandar el cumplimiento del contrato, bajo alternativa de que si no se cumple dicha obligación el contrato queda resuelto, consiguientemente, en memorial de demanda la actora la indicado que interpone demanda de cumplimiento de obligación (pago) y por memorial de fs. 26 efectúa la aclaración que en caso de incumplimiento del pago bajo conminatoria de quedarse por resuelto el contrato”
Del Recurso de casación de María Eugenia Guerra Guillén:
1.- La recurrente denuncia que los de instancia no habrían observado las reglas de competencia, toda vez que interpuesta la excepción de incompetencia por el abogado defensor de las demandadas, esta fue declara improbada, habiendo realizado una mala interpretación del art. 10 núm. 1) del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto diremos que conforme la doctrina aplicable en el punto III.1 en el caso que nos ocupa las demandadas María Eugenia Guerra Guillén y Ruby Ángeles Guerra Guillén de Farrachol interpusieron a través de su abogada defensora excepción de incompetencia, la cual fue declarada improbada por el Juez A quo, resolución que fue impugnada vía recurso de casación concedida en el efecto diferido y fue confirmada por el Tribunal de Alzada, en ese sentido la recurrente acusa que dicha excepción tendría que haberse declarado probada y que los Tribunales de instancia interpretaron de manera errónea el art- 10 núm. 1) del Código de Procedimiento Civil.
Conforme la doctrina expuesta en el punto III.1. las reglas de competencia se encuentran establecidas en el art. 10 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso de Autos, en ese sentido la acción que ha sido interpuesta en la presente causa es una acción de nulidad de documento de compra venta, nulidad de registro y resarcimiento de daños y perjuicios, siendo una acción que ataca la invalidez del documento, no siendo aplicable al caso de Autos el núm. 1) del art. 10 como pretende la recurrente, puesto que el mencionado artículo se refiere a las acciones reales o mixtas sobre bienes en general, teniendo en ese caso que ver la naturaleza de los derechos que se pretenden, siendo las acciones reales las que tienen por objeto la persecución de un derecho real y las acciones personales son aquellas que están determinadas para exigir del otro el cumplimiento de una obligación, siendo que en el presente proceso lo que se pretende es la nulidad del contrato el mismo que fue suscrito en la ciudad de Cochabamba, aplicable al caso de Autos el núm. 2) del art. 10 del Código de Procedimiento Civil que establece que en las acciones personales será competente el Juez del domicilio del demandado, el del lugar donde debe cumplirse la obligación o de donde fue suscrito el contrato a elección del demandante, aplicándose para el caso esta tercera opción referida al lugar donde fue suscrito el contrato, evidenciándose que el mismo fue suscrito en la ciudad de Cochabamba por el testimonio de Escritura Pública No 40/99 cursante de fs. 2 a 4 de obrados. De lo referido se establece que los jueces de instancia aplicaron correctamente las reglas de competencia, no siendo aplicable al caso de Autos el núm. 1) del art. 10 del Código de Procedimiento Civil como pretende la recurrente, deviniendo su reclamo en infundado.
1.- Denuncia infracción del art. 549 inc.3) del Código de Procedimiento Civil porque al establecer que el contrato de compra venta es ilícito por ser contrario a las buenas costumbres y ofensivo al sentido común y en el caso no ha existido un contrato ilícito porque no existe prueba de que el contrato de compra venta se ha suscrito con ilicitud contra la Ley o contra las buenas costumbres.
Al respecto corresponde realizar el siguiente análisis, en ese sentido nos remitiremos a los antecedentes del proceso, refiriendo que la presente demanda tiene como pretensión jurídica la nulidad del documento de transferencia de lote de terreno y sus mejoras de fecha 11 de junio de 2007, protocolizada mediante Escritura Pública de 24 de marzo de 2008 con testimonio No 187, suscrita entre el demandante Jorge Adolfo Granier Requena y sus sobrina María Eugenia Guerra Guillén, por el monto de Bs.30.000, que según refiere el demandante en el planteamiento de su demanda cursante de fs. 11 a 13 de obrados, nunca fueron cancelados por la compradora, asimismo según lo estipulado en la cláusula segunda del referido documento, el vendedor se observa el derecho de usufructo vitalicio y la comprado se obliga a la construcción de un almacén para el funcionamiento de algún negocio, aspectos que jamás fueron cumplidos por su sobrina dejando en total abandono y descuido, en ese sentido el demandante solicito la nulidad de la mencionada Escritura Pública basando su demanda en las causales previstas en el art. 549 numerales 3 y 4 del Código Civil así como en los arts. 984 y 994 y 1544 del mismo cuerpo legal, pidiendo que declarada probada la demanda se disponga la nulidad de la minuta de transferencia definitiva del lote de terreno y sus mejoras, la nulidad del registro de Escritura Pública descrita en el punto anterior, inscrito a nombre de la demandada María Eugenia Guerra Guillén, con la matrícula 3101010018995, bajo el Asiento A-2 de fecha 27 de marzo de 2008, el resarcimiento de daños y perjuicios por hecho ilícito averiguables en ejecución de Sentencia, más la cancelación de los gravámenes registrados en el inmueble a favor de la codemandado Rubí Ángeles Guerra Guillén de Farrachol.
Los tribunales de instancia declararon Probada en parte la demanda por la causal establecida en el art. 549 núm. 3) del Código Civil y determinaron la nulidad de la minuta de transferencia de fecha 11 de junio de 2007, correspondiente a la protocolización efectuada por escritura pública de fecha 24 de marzo de 2008, disponiendo también la cancelación del registro de la escritura pública y de igual forma la cancelación de gravámenes registrados sobre el bien inmueble en favor de la codemandada Ruby Ángeles Guerra Guillén de Farrachol, asimismo declararon improbadas las excepciones perentorias de prescripción, falta de acción y derecho e improcedencia.
Los fundamentos en los cuales basaron su decisión los Tribunales de instancia fueron que habiéndose establecido en el contrato derecho de usufructo en favor del vendedor para toda la vida, así como la construcción de un almacén para que exista un negocio que genere ingresos económicos al mismo, y faltando a esos compromiso asumidos por parte de la demandada, quien además es sobrina del demandante, no resultaba ético ni moral este actuar por parte de la compradora, encontrando los de instancia en este comportamiento, un comportamiento contrario a la ética y las buenas costumbres, en este análisis también consideraron la intención que tuvieron las partes contratantes, en ese sentido establecieron que el vendedor tuvo la intención de vender el bien inmueble, pero con la intención de permanecer y vivir en él hasta sus últimos días, razón por la cual habiendo sido hipotecada la casa por la suma de $us. 20.000 y objeto de un proceso ejecutivo, con el remate del 50% del bien inmueble, indicaron que no se respetó el derecho de usufructo establecido en el contrato de venta, encontrando también en este hecho, un actuar contrario a las buenas costumbres, y en mérito a ello declararon probada la demanda de nulidad, por la causal establecido en el art. 549 num. 3) del Código Civil.
Establecidos los antecedentes debemos referirnos a la nulidad del contrato por ilicitud de la causa e ilicitud del motivo, regulados en nuestro ordenamiento jurídico en el art. 549 num. 3) del Código Civil y hacer un análisis de la mencionada causal de nulidad que conforme la doctrina aplicable en el punto III.3 la causa ilícita es aquella que es contraria al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa.
La causa será licita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).
En el caso que nos ocupa el contrato de compra venta suscrito entre el demandante Jorge Adolfo Granier requena y la demandada María Eugenia Guerra Guillen fue un contrato que tuvo por causa el intercambio del bien inmueble a cambio de un precio, para el vendedor en particular la obtención del precio de la cosa, mientras que para el comprador la adquisición de la propiedad de la cosa, siendo esta la causa que motivo a la celebración del contrato de compra venta diremos que en el caso que nos ocupa el contrato tiene una causa lícita, cual es el intercambio de una cosa a cambio de un precio y en particular la obtención del precio de la cosa, y la adquisición de la propiedad, no siendo evidente que en el contrato haya existido una causa ilícita, sino que el intercambio que existió de adquisición de la propiedad a cambio del precio estuvo enmarcada dentro de una causa lícita, porque la compra venta no atento contra el orden público, ni es contrario a las buenas costumbres, ni el contrato suscrito constituyo un medio o instrumento para evitar o eludir la aplicación de una norma imperativa (contrato ilegal).
Ahora si bien es cierto que en el contrato suscrito se establecieron obligaciones en este caso para la compradora, como la construcción del almacén, y respetar el derecho de usufructo que se estableció en favor del vendedor, prestaciones que no se respetaron ni cumplieron por parte de la demandada, estas fueron en forma posterior al contrato suscrito y el incumplimiento de las mismas conforme la doctrina aplicable en el punto III.4.- es causal de resolución del contrato, no siendo motivo para subsumir este comportamiento como una causa licita por ser contraria a las buenas costumbres, pues el incumplimiento a las prestaciones no conlleva la existencia o la ilicitud de la causa sino la resolución del contrato.
De igual manera cabe señalar que si bien es cierto que el comportamiento posterior de la compradora-demandada con relación a no respetar el derecho de usufructo establecido en el contrato de venta, es un aspecto reprochable, así como no honrar sus compromiso asumido respecto a la construcción del almacén, los jueces de instancia no pueden asimilar este comportamiento con la ilicitud de la causa o motivo, porque este comportamiento demostrado por la demandada, como ya lo manifestamos anteriormente fue posterior al contrato suscrito.
En ese sentido es conveniente referirnos a la figura jurídica de la nulidad o invalidez la misma que es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación. De lo manifestado se puede establecer que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente, esta característica es esencial para diferenciar precisamente la nulidad de la resolución.
Es por eso que resulta necesario expresar, como ya lo dijimos antes que el incumplimiento de las obligaciones o prestaciones no configura de ninguna manera una causa de nulidad que afecte a la estructura del acto, como erradamente lo entendieron los Tribunales de instancia, toda vez que el incumplimiento de la obligación debida es siempre sobreviniente y no simultánea a la celebración del acto.
Por las razones expuestas resultan evidentes las infracciones acusadas por la parte recurrente correspondiendo emitir resolución conforme el art. 220-IV del Código Procesal Civil.
Del recurso de casación de Ruby Ángeles Guerra Guillén de Farrachol.
Con relación al reclamo referido a la excepción de incompetencia, y toda vez que es el mismo reclamo expresado por la codemandada María Eugenia Guerra Guillen, nos remitimos a la respuesta otorgada en la presente resolución, en el recurso de casación interpuesto por ella.
2.-Menciona que existe falta de motivación en la resolución de Alzada constituyendo esta una garantía al debido proceso pues el documento de compra venta suscrito entre el demandante y Eugenia Guerra Guillén, tiene el valor probatorio que le otorga el art. 1297 del Código Civil y que el simple hecho de no haberse cumplido con el compromiso de construir un almacén no implicaría que el contrato sería nulo, menciona también que el proceso ejecutivo es por el 50% de la propiedad es decir que no se le estaría causando ningún daño al derecho de usufructo.
Al respecto y conforme la doctrina aplicable en el punto III.2 la falta de motivación es la carencia en las expresión de motivos o razones en la Resolución sobre la decisión asumida, asimismo es conveniente señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En el caso en análisis el Tribunal de Alzada refirió. “ y conforme la cláusula segunda de la minuta de transferencia cuya nulidad de demandó el vendedor Jorge Adolfo Granier requena se reservó el derecho de usufructo que es derecho real de goce y disfrute de un bien ajeno que de acuerdo al 217del Código Civil, en cuanto a su duración no puede durar más que la vida del usufructuario, señalando en forma textual la referida cláusula segunda del documento cuya nulidad se pretende que se reserva el derecho de usufructo hasta sus últimos días, incluso de incluyó en la misma cláusula el derecho a un almacén que se construirá para el funcionamiento de algún negocio, infiriéndose que el referido almacén sería para que tenga algún ingreso el vendedor y beneficiario, almacén que no fue construido conforme se evidenció en la inspección judicial de fecha 18 de diciembre de 2013, cuya acta cursa a fs. 106 e informe pericial de fs. 501 a 508 efectuado por el art. Juan José Orellana Molina. Asimismo refirió que la actitud de la compradora va contra las buenas costumbres porque al margen de no haber cumplido con la construcción de almacén al favor del sr. Granier pone en riesgo el derecho de usufructo, resultando la causa y móvil de la demandada María Eugenia Guerra Guillen ilícita por ser contraria a las buenas costumbres, asimismo refirió que un acto jurídico es contrario a las buenas costumbres cuando es ofensivo contra el sentido público de moralidad y que por ello suscita reprobación.”
De lo expresado se evidencia que el Tribunal de Alzada expreso los motivos o razones por las cuales confirmó la Resolución de Alzada, no siendo evidente que este careciera de motivación, al margen de ello se debe considerar que conforme la doctrina aplicable en el punto III.3 esta no debe ser exageradamente ampulosa bastará con explicar las razones por las cuales consideró confirmar la Sentencia de primera instancia.
Sobre el reclamo de que el proceso ejecutivo afectaría solamente al 50% del bien inmueble del cual se pretende su nulidad, debemos decir que el proceso ejecutivo no es tema de debate del presente proceso, razón por la cual este Tribunal no realizara mayor análisis respecto a este punto.
Con relación a la respuesta del recurso de casación debemos decir que los recursos interpuestos por las codemandadas cumplen con la previsión contenida en el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, siendo estos aspectos formales que por el principio de impugnación establecido en el art. 180.II del Código de Procedimiento Civil, se garantiza el principio a impugnación, habiéndose superado la vieja práctica de no considerar el recurso por no haber cumplido con los mismos, siendo necesario referir que los reclamos que acusa la parte recurrente son claros y precisos y en mérito a ello este Tribunal ingresó a considerar los recursos de casación interpuestos por las codemandadas. En cuanto a que la codemandada María Eugenia Guerra Guillén no presentó ni produjo ninguna prueba para desvirtuar la pretensión del actor, debemos decir que conforme al principio de la comunidad de la prueba, las pruebas aportadas al proceso por cualquiera de las partes formar el conjunto probatorio del proceso y en función a ello este Tribunal realizo el análisis de la pretensión jurídica del demandante estableciendo que en el presente caso no existe nulidad por la causal de ilicitud de la causa e ilicitud del motivo establecidas en el art. 549 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil.
Por lo fundamentos expuestos corresponde a este Tribunal fallar conforme lo establecen el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220. II y IV del Código Procesal Civil en cuanto al recurso de casación de María Eugenia Guerra Guillén CASA el Auto de Vista REG/SCII/ASEN.064/22/06/2015 de fecha 22 de junio de 2015, cursante de 592 a 598 vta., y deliberando en el fondo declara Probada en todas sus partes la demanda de fs. 11 a 13, subsanada a fs. 16 e Improbadas la excepción previa de incompetencia y las excepciones perentorias de prescripción, falta de acción y derecho e improcedencia mediante memorial de fs. 60, y con relación al recurso de casación de Ruby Ángeles Guerra Guillén de Farrachol de fs. 607 a 609 de obrados declara INFUNDADO. Con costas y costos, se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1000.-

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