Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/77
Timestamp: 2019-10-23 18:27:39+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 35/1982
SENTENCIA 35/1982, de 14 de junio
ECLI:ES:TC:1982:35
En el recurso de inconstitucionalidad número de registro 24/1982, promovido por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley 9/1981, de 30 de septiembre, del Parlamento Vasco, sobre creación del Consejo de Relaciones Laborales, en el que han comparecido el Parlamento Vasco, representado por el Procurador don Juan Corujo López-Villamil, y el Gobierno Vasco, representado por el Abogado don Rafael Jiménez Asensio, siendo Ponente el Magistrado don Francisco Rubio Llorente, quien expresa el parecer del Tribunal.
3. Con fecha 20 de febrero de 1982, el Abogado don Rafael Jiménez Asensio, en nombre del Gobierno Vasco, presentó escrito conteniendo las alegaciones, en el que se solicitó la desestimación en todas sus partes y pretensiones de la demanda, declarando la improcedencia del recurso interpuesto contra la Ley 9/1981 del Parlamento Vasco por ajustarse en todos sus términos a la Constitución, y en la misma fecha presentó escrito el Procurador don Juan Corujo y López-Villamil en nombre del Parlamento Vasco, por el que en cuanto a la formulación de alegaciones se asumen íntegramente las efectuadas por el Gobierno Vasco, remitiéndose a las mismas para evitar reiteración.
Numéro et date BOE [Nº, 153 ] 28/06/1982 Correction1
Type et numéro d'enregistrement Recurso de inconstitucionalidad 24-1982
Fecha de resolución 14/06/1982
Promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley 9/1981, del Parlamento Vasco, sobre creación del Consejo de Relaciones Laborales
La distinción clásica entre Ley y Reglamento no es ni puede ser, por definición, criterio de delimitación competencial. Cuando la Constitución, en su art. 149, utiliza el concepto de legislación como criterio definidor del ámbito en el que las Comunidades Autónomas pueden adquirir competencias propias, tal concepto ha de ser entendido en sentido material, cualquiera que fuere el rango formal de las normas.
La determinación del ámbito de competencias de una Comunidad Autónoma no puede plantearse a partir de datos extrínsecos, sino, en cuanto sea posible, a partir sólo de nociones intrínsecas a la propia Constitución.
Cuando la Constitución reserva al Estado una materia en su integridad, la reserva estatal impide, no ya que una Comunidad Autónoma pueda asumir competencias sobre la materia reservada, sino también que pueda orientar su autogobierno en razón de una política propia acerca de ella, aunque pueda participar en la determinación de tal política en virtud de la representación específica que las distintas Comunidades tienen en el Senado. Cuando, por el contrario, la reserva estatal es sólo de ciertas potestades, correspondiendo otras a las Comunidades Autónomas que deseen asumirlas, éstas, en el ejercicio de su autonomía, pueden orientar su acción de gobierno en función de una política propia sobre esa materia, aunque en tal acción de gobierno no puedan hacer uso sino de aquellas competencias que específicamente le están atribuidas. Dentro de ellas, está sin duda la necesaria para fijar la «organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno» (art. 10.2 del Estatuto Vasco).
Las instituciones de autogobierno son primordialmente las que el Estatuto crea y que están constitucionalmente garantizadas, pero no sólo ellas, pues la Comunidad Autónoma puede crear otras en la medida en que lo juzgue necesario para su autogobierno. Así, es posible que en las materias en que a la Comunidad Autónoma sólo corresponde la ejecución, se puedan crear organismos o servicios no previstos por la legislación estatal pertinente.
Respecto de órganos tales, no integrados en servicios del Estado, la Comunidad Autónoma dispone de una mayor libertad de acción, pero sin que les pueda encomendar el ejercicio de competencias que la propia Comunidad Autónoma no tiene, ni atribuirles facultades que correspondan a los órganos previstos en la legislación pertinente, ni en ningún caso encomendarles tareas que impliquen directa o indirectamente violación o desconocimiento de tal legislación.
El concepto de «legislación laboral», con la fuerza expansiva ya indicada de su primer término, ha de entenderse referido estrictamente a la regulación de la relación de trabajo en el sentido del art. 1.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Ley del Parlamento Vasco 9/1981, de 30 de septiembre. Consejo de relaciones laborales
Artículo 7 (interpreta)
Artículo 9.2 b), f. 2
Artículo 9.2 c), f. 2
Artículo 12.2, ff. 2 a 4
Artículo 2.7, f. 3
Instituciones de autogobiernoInstituciones de autogobierno, f. 2
Legislación versus ejecuciónLegislación versus ejecución, f. 2
Principio de autonomíaPrincipio de autonomía, f. 3
Principio de unidad de la nación españolaPrincipio de unidad de la nación española, f. 2
LegislaciónLegislación, f. 2
LegislaciónLegislación, Concepto, f. 2
Relación entre leyes orgánicas y reglamentosRelación entre leyes orgánicas y reglamentos, f. 2
Servicios públicos estatalesServicios públicos estatales, ff. 2, 3
Consejo de relaciones laboralesConsejo de relaciones laborales, f. 3

References: resolución 

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 9

Artículo 12

Artículo 2