Source: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/Puente_y_Enlace_propuesta_legislativa_consumo_menores_abril2011.html
Timestamp: 2018-11-18 19:39:21+00:00

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﻿ PIE_propuesta legislativa consumo en menores _2011
PROPUESTA LEGISLATIVA PARA MENORES CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE INHALANTES, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
Constituye una prioridad del estado, de las instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en su conjunto, el atender la problemática de los menores consumidores de drogas, inhalantes y otras drogas lícitas como el alcohol y el tabaco.
Es traumático y doloroso, ser testigos impotentes del consumo de drogas por parte de los niños, niñas y adolescentes en los principales centros urbanos de Bolivia, se los puede encontrar en actividades de consumo a plena luz del día, afectando inconscientemente su estado mental, nutricional y de salud en general, ya sea voluntariamente, o por la presión de sus pares, el desinterés de las autoridades y de la población en general.
Dentro de su mismo instinto de conservación estos jóvenes estructuran pandillas que garantizan su tránsito y seguridad en sus zonas o territorios, asignados entre ellos mismos, y distribuidos en los centros urbanos de las ciudades más pobladas de Bolivia, constituyendo guetos de autoprotección.
Abandonados de asistencia médica y protección, la violación de sus derechos humanos por parte de las autoridades ya sea por acción u omisión recae fuertemente sobre estos niños, niñas y adolescentes en situación de calle, quienes buscan en las drogas suplir ausencias de afecto y respeto.
El consumo de inhalantes y otras drogas, como pasta base, tabaco y el alcohol, tiene factores detectables a primera vista, como la migración de los pueblos a las ciudades, la pobreza, la desarticulación familiar y el abuso infantil.
La legislación vigente aparentemente los protege y el Estado debía ampararlos, pero en la práctica los excluye, actúa solo en respuesta de los medios de difusión, presiones mediáticas, presión de la población que los percibe como delincuentes o los vincula a hechos delincuenciales, impulsando a la institución policial a reprimir y conculcar sus derechos elementales.
Si bien la legislación contempla acciones y procedimiento para afrontar el problema, se requiere:
· Recursos humanos especializados en salud, evaluación y captación, vale decir la línea primaria.
· Operadores judiciales (jueces del menor o defensorías de la niñez y adolescencia), que cuenten con los mecanismos idóneos para ejecutar su trabajo acorde a la norma.
· Adecuada infraestructura para su tratamiento y rehabilitación.
· Equipo multidisciplinario para su evaluación, asistencia y recuperación.
Ante la ausencia de esto, se produce entonces un círculo vicioso, Niño en situación de calle, detención – juzgado - hogar de acogida - detención temporal – nuevamente niño en situación de calle.
Esta situación obliga, a proponer a través de aportes legislativos con sensibilización de autoridades y población en general, para la creación de un Centro Multidisciplinario de Inclusión Social, donde las prioridades sean:
· Brindar la posibilidad a estos niños y jóvenes de una alternativa de bienestar a sus vidas.
· Cambiar nuestra mentalidad inducida por programas externos, los conceptos de consumo de drogas ligados a delincuencia, se debe meditar profundamente de que el consumo es un problema básico de salud mental, y que nuestras autoridades, conjuntamente con la sociedad civil, tenemos la responsabilidad de ayudar a su recuperación, evitando estigmatizarlos.
· Proponer legislativamente una norma y su procedimiento, que permita a los operadores de primera línea, jueces y personal multidisciplinario de atención, contar con los medios jurídicos y logísticos para afrontar adecuadamente su atención.
· El Estado o los gobiernos regionales asuman, la tutela temporal de los niños en situación de calle y abandono, hasta su recuperación.
· El Centro, acoge, desintoxica, estabiliza, realiza tratamiento, enseña actividades productivas y reinserta.
La presente propuesta referida al tratamiento de menores con adicción a las drogas, surge ante la falta de procedimientos legales reales para su manejo y tratamiento.
Los niños, niñas y adolescentes que presentan problemas de consumo de inhalantes, drogas y alcohol, son sistemáticamente estigmatizados, considerados amenaza para la sociedad, de tal suerte que reinsertarlos parece ser algo sin sentido, situación agravada en el hecho de que el Estado no cuenta con políticas dirigidas a este sector. Las medidas hasta ahora paliativas adoptadas, son las de reprimir, penalizar y finalmente privar de libertad temporal, antes que pensar en prevención o rehabilitación, medidas negativas que no resuelven el problema.
Por ello, la sociedad internacional ha tomado medidas para que los menores no sean vulnerados en sus derechos, desde la protección estatal, pasando por la inimputabilidad o responsabilización penal por sus actos, llegando a leyes especificas en cuanto a penalizaciones de quienes vulneren sus derechos.
La Declaración Internacional de los Derechos del Niño, en el año 1.989 a la cual nuestro País se adhirió y ratificó, es la norma internacional más importante y cada país incluyó en sus respectivas constituciones preceptos en esa dirección.
Bolivia promulga La Ley Nº 2026 en fecha 27 de octubre de 1.999, en la cual se autoriza la creación de Instituciones Gubernamentales y Privadas de atención a la Niñez y Adolescencia, con programas de atención o centros de orientación y tratamiento a jóvenes con consumo de drogas y alcohol, a partir de la cual, se hace posible el desarrollar proyectos diversos, con el objeto de tratar, rehabilitar y reinsertar a dichos menores, que presentan esencialmente conductas de riesgo por consumo de drogas asociadas a infracciones de la ley.
La presente propuesta legislativa, pretende otorgar los mecanismos legales necesarios para realizar una intervención personalizada dirigida a los menores, la familia y la comunidad, dándole una visión holística a dicha intervención.
Ante el hecho irrefutable de que un porcentaje de niños, niñas y adolescentes presentan consumo de drogas, siendo los mismos detenidos, porque resulta “lógico” vincularlos a delitos o por el propio consumo de drogas, son trasladados a los Centros de Emergencia de los Hospitales Generales, quienes a su vez derivan a la Defensorías de la Niñez y Adolescencia y/o al Servicio de Gestión Social (SEDEGES), posteriormente al Fiscal y finalmente al Juez del menor, quien sentencia o determina su internación en un centro adecuado de acogida.
Sin embargo estos hogares en la práctica se constituyen en centros de tránsito y distribución de menores, por lo que los niños, niñas y/o adolescentes no residen el tiempo suficiente en el Centro como para iniciar un proceso de atención o de tratamiento terapéutico especializado con regularidad y sin mayores dificultades, hacen abandono del hogar o centro, volviendo a la calle, nuevamente son detenidos cerrando un círculo sin salida beneficiosa.
Esta situación impulsa a priorizar su atención y proponer una norma legislativa, que permita contar con el marco legal correspondiente a fin de crear una política pública que tenga consigo la implementación de acciones, como la creación de un Instituto y/o centro de Prevención, Atención y Rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes que cursen con problema de consumo de inhalantes, drogas, alcohol y otros, de alto nivel y capacidad.
Se reconoce actualmente, que no existe una política efectiva de prevención de adicciones a nivel nacional, y menos aún, procesos o sistemas de tratamiento, rehabilitación y reinserción real.
En consecuencia la normativa legal y los mecanismos actuales resultan ser insuficientes, pues no existe en el país una norma que garantice la permanencia para la rehabilitación y reinserción social de los niños, niñas y adolescentes con algún grado de consumo problemático de drogas, situación agravada en el hecho de que existen disposiciones legales aisladas, ambiguas y contradictorias carentes de sistematización que resultan ser la causa de la desprotección jurídica a este grupo poblacional,
La necesidad de crear un instrumento legal que permita garantizar la permanencia de los niños, niñas y adolescentes con problemas de consumo de inhalantes y otros, en un Instituto y/o centro para su atención y rehabilitación, desde la perspectiva de salud mental, reducción de daños, debe ser prioridad de las autoridades y la sociedad civil en su conjunto.
La propuesta legislativa promueve la creación de una política y su estrategia basada en la reducción de daños tanto personal, para el demandante, como para la ciudadanía, que permita además implementar una institución de atención y rehabilitación.
Sentando las bases jurídicas para la paulatina resolución de una situación conflictiva en la cual los niños son los principales protagonistas y víctimas, sería un avance sustancial; la norma será aplicable en toda la comunidad boliviana, esto implica, impulsar un sistema legal operativo más pragmático, con jueces que estén relacionados con grupos multidisciplinarios, médicos, psicólogos, sociólogos, personal de acompañamiento, que resuelvan el problema de un menor, que consume o haya cometido delito bajo la influencia de las drogas.
Los recursos humanos de esta cadena de autoridades involucradas en dar solución al problema debe ser, proactiva, sensible, transparente y justa, con un equipo multidisciplinario, capaz de una valoración especializada, que defina científicamente la conducta terapéutica a seguir.
NORMATIVA LEGAL BOLIVIANA
El problema de los menores con problemas de consumo de drogas e inhalantes no es reciente, sigue siendo un tema sin resolver, situación declinada en el hecho de que la minoría de edad es la más vulnerable ante la desintegración familiar, el medio social hostil, la mala educación, influencia nociva de los medios de información, la pobreza, la ignorancia.
No cabe duda de que los menores con problemas de consumo de inhalantes y otras drogas, son resultado de la sociedad que hemos creado, por lo tanto somos directa o indirectamente responsables.
En este contexto es insoslayable que los ciudadanos y los gobiernos pongan mayor atención, resultando indispensable que nuestra normativa busque y permita contrarrestar este problema, máxime si consideramos que fuera de la normativa internacional existente, son muchas las disposiciones legales que existen en Bolivia en cuanto a la protección de la niñez en general y sus derechos fundamentales, pero lamentablemente las mismas no se adecuan a la realidad, en cuanto a los reducidos recursos humanos, económicos asignados y fundamentalmente de sensibilidad social de las autoridades y los ciudadanos, receta que facilita el atentado contra la integridad Biopsicosocial de niños, niñas y adolescentes inmersos en el problema.
A continuación detallamos la normativa existente en el tema:
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que se basa en el respeto de la igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, a establecido del Art. 58 al 61 los derechos de la niñez adolescencia y juventud, determinando en lo que atañe al caso que se analiza claramente lo siguiente:
“Art. 59.- I.- Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a un desarrollo integral… V.- El Estado y la sociedad garantizarán al protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo a ley.
Art. 60.- Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.
Código Niño, Niña y Adolescente (Ley Nº 2026 de 27 de octubre de 1999)
Artículo 1 (Objeto del Código) "El presente Código establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia".
Artículo 51 (Concepto)"La tutela es la potestad que por mandato legal, se otorga a una persona mayor de edad, a efectos de proteger y cuidar a un niño, niña o adolescente, cuando sus padres fallecen, pierden su autoridad o están suspendidos en el ejercicio de ella, con el fin de garantizarle sus derechos, prestarle atención integral, representarle en los actos civiles y administrar sus bienes".
Artículo 100 (Derechos)
"El niño, niña o adolescente tiene derecho a la libertad, al respeto, a la dignidad como persona en desarrollo."
Asimismo, como sujeto del derecho, están reconocidos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales garantizados por la Constitución, las Leyes, Convención internacional sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales ratificados por el Estado Boliviano.
Artículo 105 (Respeto)
"Ningún niño, niña o adolescente debe sufrir discriminación étnica, de género, social o por razón de creencias religiosas. Consiste en la inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral del niño, niña o adolescente."
"El Estado tiene la obligación de garantizar un trato respetuoso de igualdad y equidad a todos los niños, niñas y adolescentes que habitan en el territorio nacional."
Artículo 112 (Educación)
"El niño, niña y adolescente tienen derecho a una educación que les permita el desarrollo integral de su persona, les prepare para el ejercicio de la ciudadanía y cualifique para el trabajo, asegurándoles:
8. Derecho a su seguridad física en el establecimiento escolar.”
Artículo 115 (Deber del Estado)
"El Estado tiene el deber de asegurar a todo niño, niña y adolescente:
9. Adoptar mecanismos efectivos para evitar la deserción escolar."
Artículo 233 (Detención Preventiva)
Medida excepcional que puede ser determinada por el Juez de la Niñez y adolescencia como una medida cautelar, a partir del momento en que recibe la acusación y cuando se presentan cualesquiera de las siguientes circunstancias:
1. Que el delito tenga prevista pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de cinco años o más;
Artículo 237 (Clases)
"Comprobada la comisión de una infracción, el Juez de la Niñez y Adolescencia podrá aplicar las siguientes medidas:
· “Privación de libertad en Centros Especializados."
Artículo 240 (Tratamiento Especial)
“El adolescente que sufre trastornos mentales recibirá el tratamiento individual y especializado en instituciones adecuadas a su condición”
Artículo 252 (Centros de detención preventiva y de la privación de libertad)
"La privación de libertad, así como la detención preventiva, será cumplida en entidades exclusivamente establecidas para adolescentes, en local distinto a aquellos destinados a medidas de acogimiento, en rigurosa separación por criterios de edad, sexo y gravedad del delito.
"Durante el período de privación de libertad, inclusive de la detención preventiva, son obligatorias las actividades pedagógicas.
"En ningún caso el adolescente infractor será privado de su libertad en un centro destinado a adultos.
Artículo 253 (Concepto)
Se entiende por remisión a la medida por la cual se excluye al adolescente infractor, del proceso judicial con el de evitar los efectos negativos que el proceso pudiera ocasionar a su desarrollo integral.
En lo referente a la legislación en materia de drogas, en Bolivia se encuentra vigente la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas desde el 19 de julio de 1.988, más conocida por Ley 1.008 que cuenta con su Reglamento emitido y aprobado mediante Decreto Supremo Nº 22099 de 28 de diciembre de 1.988; dicha ley en su forma original establecía una procedimiento “especial” de Aplicación y Juzgamiento en sus artículos 80 al 131 de los títulos IV y V, siendo la misma duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil, abogados, defensores de Derechos Humanos e incluso Autoridades, por establecer penas excesivas a los delitos en ella tipificados y lo que fue peor, al establecer un procedimiento a todas luces inquisitivo y violatorio a las Garantías Constitucionales más elementales como son el del Debido Proceso y la Presunción de Inocencia que debe regir en todo proceso de juzgamiento, por lo que dicha Ley a través del establecimiento de un Procedimiento especial para los delitos por ella tipificados, con sanciones completamente exageradas, ocasionaba sin lugar a dudas una clara desventaja del acusado, dejándolo desamparado, desprotegido o ajeno a sus Garantías Constitucionales.
Durante los últimos años, la legislación Boliviana en general ha venido sufriendo una serie de cambios y modificaciones, y en especial en el área Penal al tratarse de una materia completamente dinámica que debe adecuarse a la realidad de la Población en búsqueda de establecer una correcta administración de Justicia, en la que se respeten las Garantías Constitucionales; en ese contexto la Ley 1.008 no ha quedado ajena a dichos cambios y modificaciones habiendo sido derogadas y/o abrogadas varios de sus artículos por medio de otras leyes
Siendo que las personas a las que se les atribuye la comisión de delitos tipificados por la 1.008, son juzgadas por el ordenamiento jurídico común, estos gozan de todos los derechos, beneficios y obligaciones que este procedimiento establece, incluida la posibilidad de poder asumir su defensa en completa libertad siempre y cuando cumplan las condiciones que establece dicho procedimiento, en consecuencia ya no existen los Tribunales y Procedimientos especiales establecidos inicialmente en la Ley 1.008 al haber sido derogados.
Sin embargo de lo mencionado, tomando en cuenta que las penas son las consecuencias jurídicas de los delitos, se debe resaltar que las penas y/o sanciones establecidas en la Ley 1.008 resultan ser muy severas, ya que en su mayoría se tratan de presidio y conforme determina el Art. 27 Inc. 1 del Procedimiento Penal el presidio se aplicara a los delitos que revisten mayor gravedad, desvirtuando el fin de la pena que es la enmienda y readaptación social del delincuente, fuera de que la mencionada ley no tiene ningún tipo de consideración cuando se trata de menores consumidores, tomando a los consumidores de manera general en su Art. 49 que a la letra señala lo siguiente
ARTICULO 49º.- CONSUMO Y TENENCIA PARA EL CONSUMO: El dependiente y el consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas en cantidades mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato, será internado en un instituto de farmacodependencia público o privado para su tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación.
Sin embargo en la práctica dicho articulado no se aplica, pues paradójicamente si exigiéramos el cumplimiento de la Ley, se debería enfocar más hacia comprobar si la norma se cumplió, por ende estaríamos por lo menos rescatando en centros especializados del Estado, y con personas recibiendo tratamiento y con posibilidades de rehabilitación si ese fuera el caso, lo cual no es evidente, lo que sí es cierto que a los consumidores de drogas los ven como delincuentes y no como enfermos, entonces nuestro sistema penitenciario no establece como tratarlos y rehabilitarlos, lo que ocasiona la búsqueda de un escenario en el que se busque de manera específicamente la rehabilitación de los menores consumidores de drogas e inhalantes.
En este punto se debe tener presente que el Art. 33 de la Ley 1.008 establece las siguientes definiciones:
ARTÍCULO 33º.- Para efectos de la presente ley se entiende por:
c) TOLERANCIA: Es la propiedad por la cual, para inducir u obtener el mismo efecto, es necesario aumentar las dosis utilizada;
d) DEPENDENCIA FÍSICA: Es el estado de adaptación a la droga, que cuando se suspende su administración provoca perturbaciones físicas y/o corporales;
e) DEPENDENCIA PSÍQUICA: Es el estado en que una droga produce una sensación de satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración periódica o continua de la misma por placer que causa para evitar malestar;
f) DEPENDENCIA QUIMICA O FARMACODEPENDENCIA: Es el estado psíquico y/o físico, debido a la interacción entre el ser humano y la droga, natural o sintética, que se caracteriza por alteraciones del comportamiento y otras reacciones causadas por la necesidad y el impulso de ingerir la droga natural o sintética, en forma continua o periódica, con objeto de volver a experimentar sus efectos y a veces para evitar el malestar producido por la privación de la misma;
n) CONSUMO: Se entiende por consumo al uso ocasional, periódico, habitual o permanente de sustancias controladas, de las listas I, II, III, IV.;
ñ) REHABILITACIÓN DEL CONSUMIDOR: Se entiende por rehabilitación la readaptación bio-psico-social del consumidor para su reincorporación a la actividad normal de la sociedad.
Debe tomarse en cuenta en el caso de los menores la imputabilidad y la inimputabilidad de los niños, niñas y adolescentes. En el primer caso, observamos que la imputabilidad es la aptitud concreta del sujeto para ser considerado penalmente responsable, según la conciencia, salud y madurez mental del autor.
El Código Penal, en su artículo 5, establece: "La ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, pero sus disposiciones se aplicarán a las personas que en el momento del hecho fueren mayores de dieciséis años". Este artículo señala que las personas menores de esta edad son inimputables por los delitos que cometan, teniendo derecho únicamente a ser asistidos por personeros de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia; respecto a los menores inimputables, el Código Penal señala en su artículo 17: "Está exento de pena él que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia no puede comprender la anti juridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión".
Así, vemos que al concepto de imputabilidad corresponde el polo opuesto de la inimputabilidad, que equivale a la ausencia de responsabilidad de los sujetos que carezcan, al cometer el hecho, de la capacidad para comprender lo que hacen.
La conducta del niño, niña o adolescente que consume inhalantes u otras drogas, repercute más allá del dominio estrictamente personal, y por lo tanto incumbe a la comunidad y las instituciones, quienes se ven obligadas a ejercer acciones, entendiendo que es problema de salud mental y asumiéndolo como tal, se deben proporcionar los medios para que se trate, rehabilite y reinserte en su comunidad, sin embargo la polémica es grande ya que mientras unos sostienen la eficacia criminógena de las drogas, otros abiertamente la rechazan (García, Sergio 1982: 46). La autora Hilda Marchiori, por ejemplo, expone que "la personalidad dependiente, con un síndrome de toxicomanía está muy relacionada a aspectos criminológicos, especialmente por la inestabilidad emocional que manifiesta, la desinhibición en sus relaciones con los demás y el progresivo deterioro psíquico y social". Según Tocavén, alcohólicos y toxicómanos "llegan a cometer infracciones contra la propiedad, impulsados, casi siempre, por la necesidad de procurarse dinero para satisfacer sus necesidades tóxicas, contra las buenas costumbres, debido a un erotismo desviado y mal contenido, de violencia por la falta de control emotivo, con tendencia al pleito, a la rebelión y a las reacciones impulsivas en general". (TOCAVEN Ob. Cit., p. 30)
Lo mencionado, implica la necesidad de plantear una propuesta legislativa, que busque una estrategia basada en la atención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social desde una mirada holística e integral de reducción de daños.
ANTEPROYECTO DE LEY PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO DE MENORES INFRACTORES, CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE INHALANTES, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
POR CUANTO EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL
ARTICULO 1.- La presente ley tiene por objeto reglamentar el tratamiento terapéutico de menores infractores con problemas de consumo de inhalantes, alcohol y otras drogas, siendo las disposiciones de la presente Ley de orden público, cumplimiento obligatorio y se reputan de interés social.
ARTICULO 2.- En la aplicación de esta ley se deberá garantizar el irrestricto respeto a los derechos consagrados por la Constitución Política del Estado las Leyes y los Tratados Internacionales.
ARTICULO 3.- El menor a quien se atribuya la comisión de una infracción y/o delito, con problemas de consumo de inhalantes, alcohol y otras drogas recibirá un trato justo y humano, quedando prohibidos, en consecuencia, el maltrato, la incomunicación, la coacción psicológica, o cualquier otra acción que atente contra su dignidad o su integridad física o mental.
ARTICULO 4.- La presente Ley determina el ámbito de acción del Instituto de Tratamiento Terapéutico de Menores Infractores con problemas de consumo de inhalantes, alcohol y otras drogas (ITTMI).
ARTICULO 5.- El ITTMI tiene por finalidad específica la reducción de daños, rehabilitación y posterior reinserción de los niños, niñas y adolescentes infractores con problemas de consumo de inhalantes, alcohol y otras drogas.
ARTICULO 6.- Para la reducción de daños, rehabilitación y posterior reinserción de los niños, niñas y adolescentes infractores con problemas de consumo de inhalantes, alcohol y otras drogas, el ITTMI es la entidad científica oficial autorizada.
ARTÍCULO 7.- El ITTMI contara con un equipo interdisciplinario que se integrara con los siguientes miembros; Médicos; Pedagogos; Licenciados en trabajo social; Psicólogo; Criminólogos, Personal técnico y administrativo.
ARTICULO 8.- El funcionamiento, financiamiento, infraestructura, personal, condiciones, características, diversos tratamientos terapéuticos de rehabilitación, criterios de educación especial, evaluación psicopedagógica, aprendizaje, estrategias metodológicas, procedimiento para la flexibilización de la escolaridad, seguimiento académico, del ITTMI, se lo realizará a través de un Reglamento sobre la presente Ley, el cual deberá ser realizado por especialistas en un plazo no mayor a los 90 días de la promulgación de la presente Ley.
ARTICULO 9.- Cuando en una investigación, denuncia, querella ante la policía, FELCC, FELCN, Ministerio Público, Juez, se atribuya a un niño, niña y/o adolescente con problemas de consumo de inhalantes, alcohol o drogas la comisión de una infracción o delito que corresponda a un ilícito tipificado por el código penal y/o ley 1.008, el ITTMI será la institución encargada y autorizada para su internación y rehabilitación sin perjuicio de las sanciones que se determine en su juzgamiento, para lo cual, el Juez de la causa ordenará su correspondiente internación obligatoria en dicho instituto; sin embargo, el tiempo que pase dentro del ITTMI será tomando a cuenta de su condena o sanción.
ARTICULO 10.- En caso de que no exista una sanción por su conducta y se compruebe que se trata de un consumidor, el Juez podrá ordenar su internación hasta que se logre su rehabilitación, dentro de los parámetros establecidos por el ITTMI.
ARTICULO 11.- El ITTMI a través de sus especialistas será la entidad legal autorizada, para determinar si se trata o no de un niño, niña y/o adolescente con problemas de consumo ocasional, periódico, habitual o permanente de inhalantes, alcohol o drogas, debiendo emitir un diagnóstico y dictamen técnico correspondiente; dicha etapa de diagnostico y dictámen tendrá una duración máxima de veinte días hábiles, contados a partir del primer día hábil siguiente al que se haya iniciado su remisión al ITTMI para su diagnóstico.
En caso de determinarse que se trata de un menor consumidor, dicho hecho será puesto en conocimiento del Juez y/o Autoridad correspondiente, quien emitirá la Resolución Fundamentada inicial de sujeción del menor al procedimiento del ITTMI, determinando la internación del niño, niña y/o adolescente con problemas de consumo ocasional, periódico, habitual o permanente de inhalantes, alcohol o drogas; dicha Resolución se emitirá dentro del plazo de dos días de recibido el diagnostico y dictamen del ITTMI por el Juez y/o Autoridad correspondiente, el cual deberá reunir mínimamente los siguientes requisitos:
1. Lugar, fecha y hora en que se emita;
2. Los elementos que, en su caso, determinan que se trata de un niño, niña y/o adolescente con problemas de consumo ocasional, periódico, habitual o permanente de inhalantes, alcohol o drogas los menores con problemas de consumo de inhalantes, alcohol o drogas;
3. Los elementos que determinen o no la presunta participación del niño, niña y/o adolescente en la comisión de la infracción y/o delito;
4. La sujeción del niño, niña y/o adolescente al procedimiento de tratamiento terapéutico en el ITTMI, con las reservas de ley;
5. Las determinaciones de carácter administrativo que procedan; y
6. El nombre y la firma del responsable del ITTMI.
ARTICULO 12.- La Resolución Fundamentada señalada en el articulado precedente, constituye el mecanismo legal por el cual el niño, niña y/o adolescente con problemas de consumo ocasional, periódico, habitual o permanente de inhalantes, alcohol o drogas, pueda ser internado en instalaciones del ITTMI, cuyo cumplimiento es obligatorio, pudiendo ordenarse para dicho fin la colaboración y actuación de la policía nacional a efectos de garantizar la permanencia del niño, niña y/o adolescente en instalaciones del ITTMI.
ARTÍCULO 1.- La presente Ley se aplicara de manera retroactiva a todos los casos en los que se esté juzgando a niños, niñas y/o adolescentes con problemas de consumo ocasional, periódico, habitual o permanente de inhalantes, alcohol o drogas, por lo que los mismos se resolverán conforme a la presente norma.
ARTÍCULO 2.- El Estado, a través de las instancias correspondientes, deberá implementar políticas públicas progresivas para la creación y funcionamiento del ITTMI. A su vez y siendo que el Estado en el marco de la Tutela Superior debe buscar la de reinsertar a los niños, niñas y/o adolescentes con problemas de consumo ocasional, periódico, habitual o permanente de inhalantes, alcohol o drogas, realizara campañas de información y sensibilización para prevenir el consumo.
ARTICULO 3.- La presente norma entrara en vigencia plena, seis meses después de su publicación, plazo en el cual se implementaran los correspondientes ITTMIS.
ARTÍCULO 1.- Las Instituciones del Estado realizarán cursos y campañas de capacitación, especialización, actualización y difusión para el conocimiento del ITTMI.
ARTÍCULO 1.- A partir de la vigencia de la presente Ley y su reglamento, se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente norma.
Con la presente propuesta se podrá contar con un mecanismo legal, que busque el tratamiento terapéutico a través de una estrategia basada en la reducción de daños, que permita implementar una institución de atención y rehabilitación, que cuente con el respaldo jurídico y los mecanismos legales para su funcionamiento.
Implementar, crear y garantizar la existencia a la brevedad posible del ITTMI, encargada del Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción de niños, niñas y/o adolescentes con problemas de consumo ocasional, periódico, habitual o permanente de inhalantes, alcohol y otras drogas.

References: resolución 

Artículo 1

Artículo 51

Artículo 100

Artículo 105

Artículo 112

Artículo 115

Artículo 233

Artículo 237

Artículo 240

Artículo 252

Artículo 253

ARTÍCULO 33
 artículo 5
 artículo 17

ARTÍCULO 7
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 1