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BOE.es - Documento BOE-A-1994-20235
Documento BOE-A-1994-20235
«BOE» núm. 219, de 13 de septiembre de 1994, páginas 28286 a 28294 (9 págs.)
BOE-A-1994-20235
Por cuanto el día 21 de marzo de 1994, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Washington el Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965.
Vistos y examinados el Preámbulo y los 75 artículos de dicho Convenio,
CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS
RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS
Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS
Hecho en Washington el 18 de marzo de 1965
SECCION 1. CREACION y ORGANIZACION
El Centro estará compuesto por un Consejo Administrativo y un Secretariado y mantendrá una Lista de Conciliadores y una Lista de Arbitros.
SECCION 2. EL CONSEJO ADMINISTRATIVO
c) adoptar las reglas procesales aplicables a la conciliación y al arbitraje (en lo sucesivo llamadas Reglas de Conciliación y Reglas de Arbitraje);
2. Cada miembro del Consejo Administrativo tendrá un voto y, salvo disposición expresa en contrario de este Convenio, todos los asuntos que se presenten ante el Consejo se decidirán por mayoría de votos emitidos.
SECCION 3. EL SECRETARIADO
2. Los cargos de Secretario general y de Secretario general adjunto serán incompatibles con el ejercicio de toda función política. Ni el Secretario general ni ningún Secretario general adjunto podrán desempeñar cargo alguno o dedicarse a otra actividad sin la aprobación del Consejo Administrativo.
El Secretario general será el representante legal y el funcionario principal del Centro y será responsable de su administración, incluyendo el nombramiento del personal, de acuerdo con las disposiciones de este Convenio y los reglamentos dictados por el Consejo Administrativo, desempeñará la función de registrador y tendrá facultades para autenticar los laudos arbitrales dictados conforme a este Convenio y para conferir copias certificadas de los mismos.
SECCION 4. LAS LISTAS
Las Listas de Conciliadores y la Lista de Arbitros estarán integradas por los nombres de las personas calificadas, designadas tal como se dispone más adelante, y que estén dispuestas a desempeñar sus cargos.
1. Cada Estado Contratante podrá designar cuatro personas para cada Lista, quienes podrán ser o no nacionales de ese Estado.
1. Las personas designadas para figurar en las Listas deberán gozar de amplia consideración moral, tener reconocida competencia en el campo del Derecho, del comercio, de la industria o de las finanzas e inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio. La competencia en el campo del Derecho será circunstancia particularmente relevante para las personas designadas en la Lista de Arbitros.
2. Cuando alguna persona hubiere sido designada para integrar una Lista por más de un Estado Contratante o por uno o más Estados Contratantes y el Presidente, se entenderá que lo fue por la autoridad que lo designó primero; pero si una de esas autoridades es el Estado de que es nacional, se entenderá designada por dicho Estado.
SECCION 5. FINANCIACION DEL CENTRO
Si los gastos del Centro no pudieren ser cubiertos con los derechos percibidos por la utilización de sus servicios, o con otros ingresos, la diferencia será sufragada por los Estados Contratantes miembros del Banco en proporción a sus respectivas suscripciones de capital del Banco, y por los Estados Contratantes no miembros del Banco de acuerdo con las reglas que el Consejo Administrativo adopte.
SECCION 6. STATUS, INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS
El Centro tendrá plena personalidad jurídica internacional. La capacidad legal del Centro comprende, entre otros, la de
Para que el Centro pueda dar cumplimiento a sus fines gozará, en los territorios de cada Estado Contratante, de las inmunidades y privilegios que se señalan en esta Sección.
El Presidente, los miembros del Consejo Administrativo, las personas que actúen como conciliadores o árbitros o como miembros de una comisión designados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 52 y los funcionarios y empleados del Secretariado.
b) cuando no sean nacionales del Estado donde ejerzan sus funciones gozarán de las mismas inmunidades en materia de inmigración, de registro de extranjeros y de obligaciones derivadas del servicio militar u otras prestaciones análogas, y asimismo gozarán de idénticas facilidades respecto a régimen de cambios de igual tratamiento respecto a facilidades de desplazamiento que los Estados Contratantes concedan a los representantes, funcionarios y empleados de rango similar de otros Estados Contratantes.
Las disposiciones del artículo 21 se aplicarán a las personas que comparezcan en los procedimientos promovidos conforme a este Convenio como partes, apoderados, consejeros, abogados, testigos o peritos, con excepción de las contenidas en el párrafo b) del mismo, que se aplicarán solamente en relación con su desplazamiento hacia y desde el lugar donde los procedimientos se tramiten y con su permanencia en dicho lugar.
1. Los archivos del Centro, dondequiera que se encuentren, serán inviolables.
2. Se entenderá como <nacional de otro Estado Contratante>:
a) toda persona natural que tenga en la fecha en que las partes consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en que fue registrada la solicitud prevista en el apartado 3 del artículo 28 o en el apartado 3 del artículo 36, la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso comprenderá las personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte en la diferencia; y
4. Los Estados Contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este Convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al Centro la clase o clases de diferencias que aceptarían someter, o no, a su jurisdicción. El Secretario general transmitirá inmediatamente dicha notificación a todos los Estados Contratantes. Esta notificación no se entenderá que constituye el consentimiento a que se refiere el apartado 1 anterior.
1. Ningún Estado Contratante concederá protección diplomática ni promoverá reclamación internacional respecto de cualquier diferencia que uno de sus nacionales y otro Estado Contratante hayan consentido en someter o hayan sometido a arbitraje conforme a este Convenio, salvo que este último Estado Contratante no haya acatado el laudo dictado en tal diferencia o haya dejado de cumplirlo.
2. A los efectos de este artículo no se considerará como protección diplomática las gestiones diplomáticas informales que tengan como único fin facilitar la resolución de la diferencia.
SECCION 1. SOLICITUD DE CONCILIACION
1. Cualquier Estado Contratante o nacional de un Estado Contratante que quiera incoar un procedimiento de conciliación dirigirá, a tal efecto, una solicitud escrita al Secretario general, quien enviará copia de la misma a la otra parte.
3. El Secretario general registrará la solicitud, salvo que, de la información contenida en dicha solicitud, encuentre que la diferencia se halla manifiestamente fuera de la jurisdicción del Centro. Notificará inmediatamente a las partes el acto de registro de la solicitud o su denegación.
SECCION 2. CONSTITUCION DE LA COMISION DE CONCILIACION
Si la Comisión no llegare a constituirse dentro de los noventa días siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de registro, hecho por el Secretario general conforme al apartado 3 del artículo 28, o dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el Presidente, a petición de cualquiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas partes, deberá nombrar el conciliador o los conciliadores que aún no hubieren sido designados.
SECCION 3. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
2. Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites de la jurisdicción del Centro, o que por otras razones la Comisión no es competente para oírla, se considerará por la Comisión, la que determinará si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo de la cuestión.
SECCION 1. SOLICITUD DE ARBITRAJE
1. Cualquier Estado Contratante o nacional de un Estado Contratante que quiera incoar un procedimiento de arbitraje dirigirá, a tal efecto, una solicitud escrita al Secretario general, quien enviará copia de la misma a la otra parte.
3. El Secretario general registrará la solicitud, salvo que, de la información contenida en dicha solicitud, encuentre que la diferencia se halla manifiestamente fuera de la jurisdicción del Centro. Notificará inmediatamente a las partes el acto de registro de la solicitud, o su denegación.
SECCION 2. CONSTITUCION DEL TRIBUNAL
1. Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el artículo 36, se procederá lo antes posible a la constitución del Tribunal de Arbitraje (en lo sucesivo llamado el Tribunal).
2. a) El Tribunal se compondrá de un árbitro único o de un número impar de árbitros, nombrados según lo acuerden las partes.
b) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el número de árbitros y el modo de nombrarlos, el Tribunal se constituirá con tres árbitros designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá el Tribunal, de común acuerdo.
Si el Tribunal no llegare a constituirse dentro de los noventa días siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de registro, hecho por el Secretario general conforme al apartado 3 del artículo 36, o dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el Presidente, a petición de cualquiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas partes, deberá nombrar el árbitro o los árbitros que aún no hubieren sido designados. Los árbitros nombrados por el Presidente conforme a este artículo no podrán ser nacionales del Estado Contratante parte en la diferencia, o del Estado contratante cuyo nacional sea parte en la diferencia.
2. Todo árbitro que no sea nombrado de la Lista de Arbitros deberá reunir las cualidades expresadas en el apartado 1 del artículo 14.
SECCION 3. FACULTADES Y FUNCIONES DEL TRIBUNAL
2. Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites de la jurisdicción del Centro, o que por otras razones el Tribunal no es competente para oírla, se considerará por el Tribunal, el que determinará si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo de la cuestión.
2. El Tribunal no podrá eximirse de fallar so pretexto de silencio u oscuridad de la Ley.
3. Las disposiciones de los precedentes apartados de este artículo no impedirán al Tribunal, si las partes así lo acuerdan, decidir la diferencia ex aequo et bono.
Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal, en cualquier momento del procedimiento, podrá, si lo estima necesario:
b) trasladarse al lugar en que se produjo la diferencia y practicar en él las diligencias de prueba que considere pertinentes.
1. El que una parte no comparezca en el procedimiento o no haga uso de su derecho no supondrá la admisión de los hechos alegados por la otra parte ni allanamiento a sus pretensiones.
2. Si una parte dejare de comparecer o no hiciere uso de su derecho podrá la otra parte, en cualquier estado del procedimiento, instar del Tribunal que resuelva los puntos controvertidos y dicte el laudo. Antes de dictar laudo el Tribunal, previa notificación, concederá un período de gracia a la parte que no haya comparecido o no haya hecho uso de sus derechos, salvo que esté convencido que dicha parte no tiene intenciones de hacerlo.
SECCION 4. EL LAUDO
5. El Centro no publicará el laudo sin consentimiento de las partes.
2. A requerimiento de una de las partes, instado dentro de los cuarenta y cinco días después de la fecha del laudo, el Tribunal podrá, previa notificación a la otra parte, decidir cualquier punto que haya omitido resolver en dicho laudo y rectificar los errores materiales, aritméticos o similares del mismo. La decisión constituirá parte del laudo y se notificará en igual forma que éste. Los plazos establecidos en el apartado 2 del artículo 51 y apartado 2 del artículo 52 se computarán desde la fecha en que se dicte la decisión.
SECCION 5. ACLARACION, REVISION Y ANULACION DEL LAUDO
2. De ser posible, la solicitud deberá someterse al mismo Tribunal que dictó el laudo. Si no lo fuere, se constituirá un nuevo Tribunal de conformidad con lo dispuesto en la Sección 2 de este Capítulo. Si el Tribunal considera que las circunstancias lo exigen podrá suspender la ejecución del laudo hasta que decida sobre la aclaración.
2. La petición de revisión deberá presentarse dentro de los noventa días siguientes al día en que fue descubierto el hecho y, en todo caso, dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.
4. Si el Tribunal considera que las circunstancias lo exigen, podrá suspender la ejecución del laudo hasta que decida sobre la revisión. Si la parte pidiere la suspensión de la ejecución del laudo en su solicitud, la ejecución se suspenderá provisionalmente hasta que el Tribunal decida sobre dicha petición.
d) Que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; o
e) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde.
2. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los ciento veinte días a contar desde la fecha de dictarse el laudo. Si la causa alegada fuese la prevista en la letra c) del apartado 1 de este artículo, el referido plazo de ciento veinte días comenzará a computarse desde el descubrimiento del hecho pero, en todo caso, la solicitud deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.
3. Al recibo de la petición, el Presidente procederá a la inmediata constitución de una comisión ad hoc integrada por tres personas seleccionadas de la Lista de Arbitros. Ninguno de los miembros de la Comisión podrá haber pertenecido al Tribunal que dictó el laudo, ni ser de la misma nacionalidad que cualquiera de los miembros de dicho Tribunal; no podrá tener la nacionalidad del Estado que sea parte en la diferencia ni la del Estado a que pertenezca el nacional que también sea parte en ella, ni haber sido designado para integrar la Lista de Arbitros por cualquiera de aquellos Estados ni haber actuado como conciliador en la misma diferencia. Esta Comisión tendrá facultad para resolver sobre la anulación total o parcial del laudo por alguna de las causas enumeradas en el apartado 1.
4. Las disposiciones de los artículos 41-45, 48, 49, 53 y 54 y de los capítulos VI y VII se aplicarán, mutatis mutandis, al procedimiento que se tramite ante la Comisión.
6. Si el laudo fuere anulado, la diferencia será sometida, a petición de cualquiera de las partes, a la decisión de un nuevo Tribunal que deberá constituirse de conformidad con lo dispuesto en la Sección 2 de este Capítulo.
SECCION 6. RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DEL LAUDO
2. A los fines previstos en esta Sección, el término <laudo> incluirá cualquier decisión que aclare, revise o anule el laudo, según los artículos 50, 51 ó 52.
1. Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un Tribunal existente en dicho Estado. El Estado Contratante que se rija por una constitución federal podrá hacer que se ejecuten los laudos a través de sus Tribunales federales y podrá disponer que dichos Tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que a las sentencias firmes dictadas por los Tribunales de cualquiera de los Estados que lo integran.
2. La parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los territorios de un Estado Contratante deberá presentar, ante los Tribunales competentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados Contratantes a este efecto, una copia del mismo, debidamente certificada por el Secretario general. La designación de tales Tribunales o autoridades y cualquier cambio ulterior que a este respecto se introduzca será notificada por los Estados Contratantes al Secretario general.
3. El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución se pretenda.
1. Tan pronto quede constituida una Comisión o un Tribunal y se inicie el procedimiento, su composición permanecerá invariable. La vacante por muerte, incapacidad o renuncia de un conciliador o árbitro será cubierta en la forma prescrita en la Sección 2 del Capítulo III y Sección 2 del Capítulo IV.
2. Los miembros de una Comisión o un Tribunal continuarán en sus funciones aunque hayan dejado de figurar en las Listas.
3. Si un conciliador o árbitro, nombrado por una de las partes, renuncia sin el consentimiento de la Comisión o Tribunal de que forma parte, el Presidente nombrará, de entre los que integran la correspondiente Lista, la persona que deba sustituirle.
Cualquiera de las partes podrá proponer a la Comisión o Tribunal correspondiente la recusación de cualquiera de sus miembros por la carencia manifiesta de las cualidades exigidas por el apartado 1 del artículo 14. Las partes en el procedimiento de arbitraje podrán, asimismo, proponer la recusación por las causas establecidas en la Sección 2 del Capítulo IV.
1. Cada Comisión o Tribunal determinará, previa consulta al Secretario general, los honorarios y gastos de sus miembros, dentro de los límites que periódicamente establezca el Consejo Administrativo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, las partes podrán acordar anticipadamente con la Comisión o el Tribunal la fijación de los honorarios y gastos de sus miembros.
1. En el caso de procedimiento de conciliación, las partes sufragarán por partes iguales los honorarios y gastos de los miembros de la Comisión, así como los derechos devengados por la utilización del Centro. Cada parte soportará cualquier otro gasto en que incurra, en relación con el procedimiento.
2. En el caso de procedimiento de arbitraje el Tribunal determinará, salvo acuerdo contrario de las partes, los gastos en que éstas hubieren incurrido en el procedimiento, y decidirá la forma de pago y la manera de distribución de tales gastos, de los honorarios y gastos de los miembros del Tribunal y de los derechos devengados por la utilización del Centro. Tal fijación y distribución formarán parte del laudo.
Si las partes se pusieren de acuerdo, los procedimientos de conciliación y arbitraje podrán tramitarse:
a) en la sede de la Corte Permanente de Arbitraje o en la de cualquier otra institución apropiada pública o privada, con la que el Centro hubiere llegado a un acuerdo a tal efecto; o
b) en cualquier otro lugar que la Comisión o Tribunal apruebe, previa consulta con el Secretario general.
Todo Estado Contratante podrá proponer enmiendas a este Convenio. El texto de la enmienda propuesta se comunicará al Secretario general con no menos de noventa días de antelación a la reunión del Consejo Administrativo a cuya consideración se ha de someter, y aquél la transmitirá inmediatamente a todos los miembros del Consejo Administrativo.
1. Si el Consejo Administrativo lo aprueba por mayoría de dos terceras partes de sus miembros, la enmienda propuesta será circulada a todos los Estados Contratantes para su ratificación, aceptación o aprobación. Las enmiendas entrarán en vigor treinta días después de la fecha en que el depositario de este Convenio despache una comunicación a los Estados Contratantes notificándoles que todos los Estados Contratantes han ratificado, aceptado o aprobado la enmienda.
2. Ninguna enmienda afectará los derechos y obligaciones, conforme a este Convenio, de los Estados Contratantes, sus subdivisiones políticas u organismos públicos, o de los nacionales de dichos Estados nacidos del consentimiento a la jurisdicción del Centro dado con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor.
1. Este Convenio será ratificado, aceptado o aprobado por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales.
2. Este Convenio entrará en vigor treinta días después de la fecha del depósito del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. Entrará en vigor respecto a cada Estado que con posterioridad deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, treinta días después de la fecha de dicho depósito.
Este Convenio se aplicará a todos los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable un Estado Contratante, salvo aquellos que dicho Estado excluya mediante notificación escrita dirigida al depositario de este Convenio en la fecha de su ratificación, aceptación o aprobación, o con posterioridad.
a) las firmas, conforme al artículo 67;
b) los depósitos de instrumentos de ratificación, aceptación y aprobación, conforme al artículo 73;
c) la fecha en que este Convenio entre en vigor, conforme al artículo 68;
d) las exclusiones de aplicación territorial, conforme al artículo 70;
e) la fecha en que las enmiendas de este Convenio entren en vigor, conforme al artículo 66; y
f) las denuncias, conforme al artículo 71.
Hecho en Washington en los idiomas español, francés e inglés, cuyos tres textos son igualmente auténticos, en un solo ejemplar que quedará depositado en los archivos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el cual ha indicado con su firma su conformidad con el desempeño de las funciones que se le encomiendan en este Convenio.
El presente Convenio entró en vigor de forma general el día 14 de octubre de 1966 y para España entrará en vigor el 17 de septiembre de 1994 de conformidad con lo establecido en el artículo 68, apartado 2, del Convenio.
Madrid, 2 de septiembre de 1994.-El Secretario general Técnico, Antonio Bellver Manrique.
Fecha de disposición: 18/03/1965
Ratificación por instrumento de 20 de junio de 1994.
Entrada en vigor: 17 de septiembre de 1994.
Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: el 2 de septiembre de 1994.

References: artículo 52
 artículo 21
 artículo 28
 artículo 36
 resolución 
 artículo 28
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 14
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 14
 artículo 67
 artículo 73
 artículo 68
 artículo 70
 artículo 66
 artículo 71
 artículo 68
 Resolución