Source: https://beta.e-justice.europa.eu/405/ES/taking_evidence_by_videoconference?ESTONIA&member=1
Timestamp: 2019-08-21 04:32:58+00:00

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Sí, es posible obtener pruebas mediante videoconferencia. El artículo 10, apartado 4, del Reglamento (CE) n.° 1206/2001 del Consejo, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, prevé el derecho de solicitar la utilización de la videoconferencia. La videoconferencia también puede utilizarse para la obtención de pruebas en virtud del artículo 17 del Reglamento; el órgano central o la autoridad competente fomentarán la utilización de los medios tecnológicos de comunicación como videoconferencias y teleconferencias. Los órganos jurisdiccionales estonios cuentan con las instalaciones necesarias para realizar videoconferencias. En virtud del artículo 15, apartado 6, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (disponible en línea aquí), las disposiciones de esta Ley son aplicables a la asistencia para la obtención de pruebas en Estonia sobre la base de las solicitudes realizadas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no esté previsto de otro modo en las disposiciones del Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil. De conformidad con el artículo 15, apartado 5, de la Ley, salvo que esté previsto de otro modo en la ley o en un acuerdo internacional, los órganos jurisdiccionales estonio proporcionarán asistencia judicial para la ejecución de un acto procesal a petición de un órgano jurisdiccional extranjero si, con arreglo a la legislación estonia, el acto procesal requerido se encuentra dentro de la jurisdicción del órgano jurisdiccional estonio y no está prohibido por la ley. Un acto procesal podrá también ejecutarse de conformidad con la ley de un Estado extranjero si es necesario para la tramitación del procedimiento en dicho Estado y los intereses de las partes del procedimiento no se ven perjudicados por ello. Las audiencias celebradas mediante videoconferencia están reguladas por el artículo 350 de la Ley. No son aplicables disposiciones o restricciones específicas a la realización de videoconferencias en virtud del Reglamento n.º 1206/2001, incluidas las videoconferencias realizadas directamente por el órgano jurisdiccional requirente de otro Estado miembro en virtud del artículo 17 del Reglamento.
De conformidad con el artículo 350, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una parte interviniente en una audiencia celebrada mediante videoconferencia tendrá la oportunidad de ejecutar actos procesales en tiempo real, es decir, podrá prestar declaración bajo juramento o sin juramento en un procedimiento petitorio; con arreglo al artículo 350, apartado 2, también se podrá tomar declaración a un testigo o perito mediante videoconferencia.
Es decir, una parte de un procedimiento podrá prestar declaración bajo juramento o, en un procedimiento de petición, sin juramento por videoconferencia, y un testigo o perito también podrá prestar declaración mediante este sistema.
En virtud del artículo 350, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional podrá organizar una audiencia mediante videoconferencia, de manera que las partes en el procedimiento o sus representantes o asesores tengan la oportunidad de encontrarse en otro lugar en el momento de la audiencia y de ejecutar actos procesales en tiempo real desde dicho lugar.
Es decir, el órgano jurisdiccional podrá organizar una videoconferencia, de manera que la persona no tenga que encontrarse presente en el órgano jurisdiccional cuando preste declaración.
Sí, se permite grabar las audiencias. La grabación se efectuará de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 52 o el artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La tecnología de teleconferencias utilizada por los órganos jurisdiccionales permite que las audiencias sean grabadas en virtud del artículo 52 de la Ley; sin embargo, los medios necesarios para almacenar, tratar y archivar dichas grabaciones no se han introducido aún en los órganos jurisdiccionales. Así pues, en la práctica no se graban las teleconferencias.
En virtud del artículo 32, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la lengua de los procedimientos judiciales es el estonio. Con arreglo al artículo 32, apartado 2, de la Ley, las actas de las audiencias y de los demás actos procesales se redactan en estonio. El órgano jurisdiccional podrá consignar cualquier testimonio o declaración prestados durante una audiencia en una lengua extranjera en las actas, literalmente en la lengua en la que se preste además de una traducción al estonio, si es necesario para una adecuada presentación del testimonio o de la declaración. La Ley de Enjuiciamiento Civil estonia no incluye ninguna disposición específica sobre la lengua utilizada en la toma de declaración o testimonio a petición de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro en virtud del Reglamento (CE) n.° 1206/2001 del Consejo, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, incluida la obtención de pruebas en virtud del artículo 17 del Reglamento.
De conformidad con el artículo 34, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si una parte interviniente en un procedimiento no es competente en estonio y no tiene un representante en el procedimiento, el órgano jurisdiccional dispondrá, si es posible, la intervención de un intérprete o traductor en el procedimiento a instancia de dicha parte o de oficio. No se dispondrá la intervención de un intérprete o traductor si el órgano jurisdiccional y las demás partes comprenden la declaración de dicha parte en el procedimiento. En el caso de imposibilidad de disponer inmediatamente de un intérprete o traductor, el órgano jurisdiccional dictará un auto por el que se exigirá a la parte en el procedimiento que necesite la asistencia de un intérprete o traductor que encuentre un intérprete, traductor o representante competente en estonio en un plazo fijado por el órgano jurisdiccional (artículo 34, apartado 2, de la Ley). La Ley de Enjuiciamiento Civil estonia no incluye disposiciones específicas sobre la ubicación del intérprete o traductor que participe en la obtención de pruebas en virtud del Reglamento.
De conformidad con el artículo 343, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el fin de notificar la hora y el lugar de una audiencia, el órgano jurisdiccional notifica citaciones a las partes en el procedimiento y a otras personas convocadas a la audiencia. Con arreglo al artículo 343, apartado 2, de la Ley, el intervalo entre la fecha de notificación de las citaciones y la fecha de la audiencia debe ser de diez días como mínimo. Dicho intervalo también podrá ser más corto si las partes del procedimiento así lo acuerdan.
Los costes aplicables a la obtención de pruebas en virtud del Reglamento n.º 1206/2001 están especificados en su artículo 18. De conformidad con el artículo 15, apartado 4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional requirente no sufraga los costes del acto procesal. El órgano jurisdiccional que ejecuta el acto procesal comunica al órgano jurisdiccional requirente los costes, que se consideran gastos relativos al asunto tramitado. Habida cuenta de que se trata de costes esenciales para el procedimiento, los costes de la obtención de pruebas se sufragan con arreglo al artículo 148, apartado 1, de la Ley, en el que se afirma que, a menos que el órgano jurisdiccional dicte lo contrario, las costas procesales esenciales serán abonadas por adelantado, en la medida que ordene el órgano jurisdiccional, por la parte en el procedimiento que presentó la demanda a la que estén asociados. Si ambas partes presentan la demanda, o si se cita a un testigo o perito, o se lleva a cabo una inspección de oficio, las partes comparten las cosas equitativamente. Puesto que los órganos jurisdiccionales tienen instalaciones de videoconferencia, no se aplicarán costes por su uso.
Es aplicable el artículo 17, apartado 2, del Reglamento, por el que se debe informar a las personas afectadas del carácter voluntario de la prestación de declaración ante el órgano jurisdiccional requirente.
De conformidad con el artículo 347, apartado 2, primer párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al comienzo de una audiencia el órgano jurisdiccional verifica que las personas citadas están presentes en la sala y sus identidades. La Ley no prevé un procedimiento específico para la verificación de la identidad personal en una audiencia, pero es obligatorio que el órgano jurisdiccional verifique la identidad de las personas citadas. Con este fin, comprueba, por ejemplo, un documento de identidad con foto de la persona citada.
En virtud del artículo 269, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una parte en un procedimiento debe prestar el siguiente juramento antes de prestar declaración:
«Yo, (nombre), juro por mi honor y conciencia que diré toda la verdad sobre el asunto sin ocultar, añadir ni cambiar nada». La parte en el procedimiento presta juramento oralmente y firma el texto del mismo.
Con arreglo al artículo 36, apartado 1, de la Ley, una persona que no sea competente en estonio debe prestar juramento en una lengua en la que sea competente; de conformidad con el artículo 36, apartado 2, deberá estampar su firma en el texto estonio del juramento, que se traduce directamente a la persona antes de que lo firme.
La segunda frase del apartado 1 del artículo 262 de la Ley dispone que, antes de la prestación de declaración, el órgano jurisdiccional debe explicar al testigo su obligación de decir la verdad y el contenido de los artículos 256 a 259 de la Ley. Según el artículo 303, apartado 5, de la Ley, las disposiciones relativas al interrogatorio de testigos serán aplicables también a los peritos. Se advertirá al perito que no sea un perito forense o un perito homologado, antes de que emita su dictamen pericial, de las consecuencias de emitir un dictamen pericial incorrecto a sabiendas, y el perito confirmará el dictamen firmando las actas o el texto de la advertencia. Dicha advertencia firmada se entregará al órgano jurisdiccional junto con el dictamen pericial.
De conformidad con el artículo 350, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en una audiencia organizada mediante videoconferencia debe quedar garantizado, el derecho de todas las partes en el procedimiento de presentar demandas y solicitudes y de contestar a las demandas y solicitudes de las demás partes, y la audiencia debe celebrarse en condiciones técnicamente seguras durante la transmisión en tiempo real al órgano jurisdiccional de la imagen y del sonido del interviniente en el procedimiento que no esté presente en las sede judicial y viceversa.
Todos los órganos jurisdiccionales cuentan con un empleado del Centro de Sistemas de Información y Registros que trabaja como especialista de TI en plantilla, y es el encargado del funcionamiento de las instalaciones de videoconferencia y de la resolución de cualquier problema técnico.
La información necesaria se encuentra en el formulario de solicitud. Cualquier información adicional necesaria dependerá de las circunstancias específicas de cada asunto judicial.

References: artículo 10
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 350
 artículo 17
 artículo 350
 artículo 350
 artículo 350
 artículo 52
 artículo 42
 artículo 52
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 17
 artículo 34
 artículo 343
 artículo 343
 artículo 18
 artículo 15
 artículo 148
 artículo 17
 artículo 347
 artículo 269
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 262
 artículo 303
 artículo 350
 resolución