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Timestamp: 2018-03-23 11:06:45+00:00

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Decreto 74/2014, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Cantabria - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 74/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA (BOC 235 DE 5 DE DICIEMBRE)
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su artículo 45 la obligación a las administraciones públicas de impulsar el empleo y la aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus competencias.
Pero, sin duda, es la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la que supone un hito decisivo en la regulación jurídica del uso de las tecnologías de la información en la actividad de las Administraciones Públicas, pasando de las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a un claro mandato dirigido a las Administraciones. Además, reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con éstas por medios electrónicos y establece que las comunicaciones entre Administraciones se realicen preferentemente por dichos medios.
Las previsiones de la legislación básica suponen el inicio de una transformación de la organización y actividad administrativa, que ha de estar presidida por el principio de eficacia, constitucionalmente afirmado en el artículo 103 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) , así como por un reforzamiento de la participación ciudadana y de la transparencia en la gestión, propias de una Administración moderna y eficiente.
Asimismo, los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, aprobados por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 158 y 695) , y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 159 y 694) , respectivamente, marcan las políticas que deben tener en cuenta las diferentes Administraciones Públicas a la hora de utilizar las tecnologías de la información y comunicación para el ejercicio de sus competencias.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria el proceso de incorporación de los medios electrónicos en la actuación administrativa recibe un importante impulso en el año 2012, con el Decreto 37/2012, de 13 de julio ( LCTB 2012, 132 ) , por el que se regulan el registro, las comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y sus organismos públicos. Ahora, la necesidad de regular los sistemas de firma y certificados electrónicos admitidos, el tablón de anuncios electrónico, el documento y la tramitación electrónica, entre otros aspectos, aconsejan aprobar un nuevo decreto que unifique en un único texto todo el régimen jurídico de la administración electrónica, permitiendo el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria para efectuar el desarrollo reglamentario de la Ley 11/2007, de 22 de junio, viene dada por su propia naturaleza de norma básica y la habilitación contenida en su disposición final octava, así como por el título competencial que ostenta la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de organización, régimen, funcionamiento y procedimiento administrativo, conforme a los artículos 24.1 y 24.32 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre ( RCL 1982, 49 ) , de Estatuto de Autonomía para Cantabria.
La Disposición adicional primera prevé la aplicación supletoria del Decreto a los procedimientos tributarios y a los de contratación del sector público autonómico, mientras que la
Disposición adicional segunda alude a la facturación electrónica.
En las disposiciones transitorias primera y segunda se contienen previsiones sobre los registros de apoderamientos y sobre la integración de las aplicaciones informáticas existentes.
Por su parte, la Disposición transitoria tercera se ocupa de los sistemas de firma electrónica que están siendo utilizados a la entrada en vigor de este Decreto.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 27 de noviembre de 2014, dispongo:
Los términos que se emplean en este Decreto tendrán el significado que se establece en la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en el anexo IV de Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 158 y 695) , por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, en el anexo del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 159 y 694) , por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, o normas que los sustituyan, y en el anexo del presente Decreto.
Artículo 4. Principios, Derechos y Garantías
1. La utilización de medios electrónicos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en su propia actividad y en las relaciones con los ciudadanos y otras Administraciones Públicas, deberá estar informada en todo momento por los principios generales previstos en el artículo 4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
1. El acceso a la información y a los documentos en soporte electrónico deberá respetar las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058 ) , de Protección de Datos de Carácter Personal y, en particular, las relativas a las medidas de seguridad conforme lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.
2. De conformidad con las previsiones del Decreto 48/1994, de 18 de octubre ( LCTB 1994, 79 ) , por el que se regulan los ficheros informatizados con datos de carácter personal dependientes de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos dependientes, la creación, modificación o cancelación de un fichero que contenga datos de carácter personal, se realizará mediante Orden de la Consejería a la que se encuentre adscrito el fichero, la cual se deberá publicar en el Boletín Oficial de Cantabria, sin perjuicio de la oportuna notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, para su incorporación, modificación o eliminación en el Registro General de Protección de Datos.
Artículo 7. Colaboración y cooperación con las Entidades Locales
Artículo 8. Actuaciones administrativas automatizadas
1. De conformidad con lo dispuesto en la letra a) del anexo a la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, se entenderá por actuación administrativa automatizada la producida por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular.
Artículo 9. Requisitos generales para aplicaciones y servicios de administración electrónica
1. La creación de nuevas aplicaciones o servicios de administración electrónica se hará contemplando las medidas de seguridad que correspondan según su categoría, en función de los procedimientos y directrices que establece el Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 158 y 695) . En el caso de contrataciones de desarrollo o mantenimiento, así como en el uso de servicios externos tipo «nube», se deberá incluir en los pliegos la categoría del sistema, el nivel de cada una de las dimensiones de la seguridad, y solicitar el cumplimiento de las medidas que correspondan.
2. En la contratación y en el desarrollo de nuevas aplicaciones o sistemas de información también se tendrán en cuenta los principios y medidas que establece el Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 159 y 694) .
Artículo 10. Servicios comunes de administración electrónica
1. La Dirección General competente en materia de administración electrónica es el órgano encargado de la implantación y gestión de los servicios comunes de administración electrónica.
Asimismo, garantizará que estos servicios cumplen las condiciones y requisitos establecidos en este Decreto y en el resto de la normativa aplicable.
Artículo 11. Órganos colegiados
1. De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos con respeto a los trámites esenciales establecidos en los artículos 26 y 27.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. El portal web institucional cabecera de la Comunidad Autónoma de Cantabria es el identificado por la URLwww.cantabria.esy constituye el instrumento integrador del acceso a la información y de los servicios facilitados y prestados por las distintas Consejerías de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, cuyos contenidos se difundan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
Artículo 13. Características de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
5. Se encuentra accesible en la dirección electrónicahttps://sede.cantabria.es.
8. La sede, así como sus contenidos y servicios cumplirán la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, así como sus normas de desarrollo que sean de aplicación a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Artículo 14. Contenidos y servicios de la sede electrónica
h) Declaración de conformidad relativa al Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 158 y 695) .
Artículo 15. Sedes electrónicas derivadas
Artículo 16. Registro electrónico común
1. El registro electrónico común creado por el Decreto 37/2012, de 13 de julio ( LCTB 2012, 132 ) , por el que se regulan, las comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus organismos públicos, es una oficina de registro que podrá ser utilizada para el ejercicio de la función de registro que se realice usando medios electrónicos por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sus organismos públicos y por las entidades de derecho público vinculadas o dependientes cuando éstas ejerzan potestades administrativas.
3. La Dirección General competente en materia de administración electrónica será el órgano responsable de la seguridad del registro electrónico común, así como de los protocolos y requisitos técnicos los cuales podrán ser consultados en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria «sede.cantabria.es».
Artículo 17. Acceso al registro electrónico común
Al registro electrónico común se accederá a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dirección electrónica«sede.cantabria.es», la cual dispondrá de una sección específica para el registro electrónico común.
Artículo 18. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
Artículo 19. Solicitudes, escritos o comunicaciones que pueden ser rechazados en el registro electrónico común
Artículo 20. Habilitación para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
Artículo 21. Identificación y autenticación de los ciudadanos por los empleados públicos
Artículo 22. Recepción
3. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico común, y siempre que sea posible, se dispondrán las medidas para que los usuarios resulten informados de esta circunstancia, así como de los efectos de la interrupción, con indicación expresa, en su caso, de la ampliación de los plazos de inminente vencimiento que podrá acordarse conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Además, se deberá informar de las oficinas de registro en las que se puede presentar la solicitud, escrito o comunicación.
Artículo 23. Cómputo de plazos
3. Conforme determina el artículo 26.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la dirección electrónica en la que esté disponible el registro electrónico común fijará los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo caso, no será de aplicación al registro electrónico común lo dispuesto en el articulo 48.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 24. Copias electrónicas compulsadas de documentos en soporte papel realizadas en las oficinas de registro
Artículo 25. Copias electrónicas aportadas por los interesados
Artículo 26. Acceso, archivo y custodia de los documentos
1. El acceso a los documentos electrónicos recibidos o remitidos por el registro electrónico común se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la normativa de protección de datos de carácter personal, y por el Esquema Nacional de Seguridad aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 158 y 695) .
Artículo 27. Reglas generales
Artículo 28. Sistemas de identificación y autenticación de los ciudadanos
1. Las personas físicas podrán utilizar cualquiera de los sistemas de firma electrónica a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en los términos establecidos en este Decreto.
2. La utilización de los sistemas de firma electrónica a los que se refiere el artículo 13.2.c de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, deberá aprobarse por Resolución del titular de la Dirección General competente en materia de administración electrónica; la misma deberá contener la denominación y descripción general del sistema de identificación, órgano, organismo o entidad de derecho público responsable de su aplicación y garantías de su funcionamiento y será publicada en el Boletín
Oficial de Cantabria y en la sede electrónica corporativa.
Artículo 29. Habilitación para la representación de terceros por entidades y colectivos colaboradores
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá habilitar, con carácter general o específico, a personas físicas o jurídicas autorizadas para la presentación electrónica de documentos en representación de las personas interesadas.
Artículo 30. Régimen de la representación habilitada ante la Administración
1. Las personas o entidades habilitadas para la presentación electrónica de documentos en representación de terceros deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el \l «I160» artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en los términos que resulten de la normativa específica de aplicación.
Artículo 31. Registro electrónico de apoderamientos
Artículo 32. Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público
Artículo 33. Identificación de la sede electrónica
1. La sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se identifica mediante un certificado de sede electrónica emitido por un prestador de servicios de certificación reconocido y mediante la constatación de manera visible e inequívoca de la condición de sede electrónica en la dirección electrónicahttps://sede.cantabria.es.
Artículo 34. Criterios generales para la aplicación de la firma electrónica
2. La firma de las autoridades podrá efectuarse por grupos o series de actos administrativos, con el fin de agilizar dicha firma. Asimismo, el titular del órgano competente podrá delegar la firma electrónica de todas o parte de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, en los términos y con los límites establecidos en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 35. Sistemas de firma electrónica de las autoridades y empleados públicos
c) Otros sistemas de firma electrónica aceptados por la Administración de la Comunidad
Artículo 36. Sello electrónico de órgano
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el certificado de sello electrónico incorporará, al menos, los siguientes contenidos: a) Descripción del tipo de certificado, con la denominación de «sello electrónico».
3. La creación de sellos electrónicos vinculados a órganos administrativos se realizará mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia de administración electrónica, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria y encontrarse accesible en la sede electrónica. Dicha Orden habrá de señalar: a) Las características técnicas generales del sistema de firma y certificado, así como el servicio de validación para la verificación del certificado; b) Las actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado; c) En su caso, la posibilidad de utilizar un código seguro de verificación para garantizar la autenticidad y la integridad de un documento o expediente electrónico, que se podrá superponer al sello electrónico con que se haya firmado.
Artículo 37. Sello electrónico de entidad
Artículo 38. Sistemas de código seguro de verificación
3. La aplicación de este sistema requerirá su aprobación por Orden del titular de la Consejería responsable del procedimiento correspondiente, previo informe preceptivo y vinculante de la Dirección General competente en materia de administración electrónica, que se publicará en la sede electrónica.
Dicha Orden además de describir el funcionamiento del sistema, deberá contener de forma inequívoca:
4. La administración de la aplicación de este sistema dispondrá de un procedimiento directo y gratuito para los interesados. El acceso a los documentos originales se realizará de acuerdo con las condiciones y límites que establece la legislación de protección de datos personales u otra legislación específica, así como el régimen general de acceso a la información administrativa establecido en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 39. Política de firma electrónica y de certificados
Artículo 40. Autoridades de registro de certificados
Artículo 41. Plataforma de firma electrónica
Artículo 42. Intercambio electrónico de documentos y datos en entornos cerrados de comunicación
Artículo 43. Comunicaciones interorgánicas e interadministrativas
2. Se adoptarán las medidas y se suscribirán los convenios necesarios para garantizar la efectividad de dicha comunicación con los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Artículo 44. Comunicaciones electrónicas
Artículo 45. Las notificaciones electrónicas
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación de acuerdo con el artículo 28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, se requiere que reúna las siguientes condiciones:
Artículo 46. Práctica de las notificaciones electrónicas
Artículo 47. Elección del medio de notificación.
Artículo 48. Modificación del medio de notificación
1. Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano, organismos o entidades correspondientes que las notificaciones sucesivas no se practiquen por el medio inicialmente elegido, indicándose en la solicitud de modificación el nuevo medio de notificación preferente, excepto en los casos en que la notificación por medios electrónicos tenga carácter obligatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Artículo 49. Tablón de anuncios electrónico
1. Se crea el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que se integra en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a la que se accede a través de la siguiente dirección electrónicahttps://sede.cantabria.es.
Artículo 50. Eficacia del tablón de anuncios electrónico
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la publicación de los actos, comunicaciones y notificaciones que, por disposición legal o reglamentaria, deba realizarse en el tablón de anuncios presencial podrá ser sustituida o complementada por el tablón de anuncios electrónicos, que tendrá el mismo carácter de oficialidad y autenticidad con el mismo valor y efectos jurídicos. En los supuestos en que sea preceptiva la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria o en los tablones de anuncios de otras Administraciones ésta será complementaria.
El carácter sustitutivo deberá estar expresamente previsto en la disposición reguladora del procedimiento de que se trate.
Artículo 51. Procedimiento de gestión de la publicación de actos, comunicaciones y notificaciones
1. Son competentes para ordenar la publicación de actos, comunicaciones y notificaciones en el tablón de anuncios electrónico, las secretarías generales u órganos en quien deleguen.
En el caso de actos o comunicaciones dictados a propuesta de varias Consejerías, la publicación será ordenada por la Secretaría General de la Consejería competente en administración electrónica.
Artículo 52. Características de los documentos administrativos electrónicos
1. De conformidad con lo dispuesto en la letra j) del anexo a la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, documento electrónico es la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
e) Ajustarse a los requisitos de validez previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 53. Metadatos del documento electrónico
Artículo 54. Requisitos de los documentos aportados por los ciudadanos
Artículo 55. Copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte susceptible de digitalización
2. Cuando sean realizadas por la Administración, las imágenes electrónicas tendrán la naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previstos en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
Artículo 56. Copias electrónicas de documentos administrativos electrónicos
Artículo 57. Copias en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos
Artículo 58. Compulsa electrónica
Artículo 59. Derecho a la obtención de copias.
Artículo 60. Archivo electrónico de expedientes y documentos electrónicos
4. Para preservar la conservación, el acceso y la legibilidad de los expedientes y documentos electrónicos objeto de archivo, se podrán realizar operaciones de migración, emulación y conversión de los documentos electrónicos, de acuerdo con las normas sobre copias electrónicas contenidas en el artículo 30 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en el presente Decreto y en la política de gestión de documentos electrónicos y archivo electrónico.
Artículo 61. Destrucción de documentos originales en soporte papel y de documentos electrónicos
2. Los documentos originales en soporte papel generados por la Administración Pública o aportados por los ciudadanos de los que se hayan generado copias electrónicas auténticas, solo podrán destruirse según lo dispuesto en la Ley 3/2002, de 28 de junio ( LCTB 2002, 187 ) , de Archivos de Cantabria y previo informe favorable de la Comisión de Patrimonio Documental de Cantabria.
Artículo 62. Política de gestión de expedientes y documentos electrónicos
3. Cuando los expedientes y documentos electrónicos contengan datos de carácter personal les será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058 ) , de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
Artículo 63. Expediente electrónico
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.
Artículo 64. Formación del expediente electrónico
f) Los documentos que se integran en el expediente electrónico deberán ajustarse al formato o formatos de larga duración que determina el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 159 y 694) , por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la normativa autonómica en materia de archivos.
Artículo 65. Remisión de expedientes electrónicos
3. En el caso de la remisión del expediente electrónico para procedimientos judiciales, éste deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 37.4 de la Ley 18/2011, de 5 de julio ( RCL 2011, 1298 ) , reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Artículo 66. Derecho de acceso
El ejercicio del derecho de acceso por parte de los ciudadanos a la información, registro y documentos administrativos que se encuentren en soporte electrónico se regirá por lo dispuesto en la Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) , en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre ( RCL 2013, 1772 ) , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás normativa de aplicación, realizándose preferentemente por medios telemáticos, sin perjuicio de su derecho a elegir el canal a través del cual relacionarse con la Administración Pública.
Artículo 67. Implantación e impulso de los medios electrónicos
Artículo 68. Criterios para la gestión electrónica de procedimientos
a) La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su sustitución por el acceso electrónico a datos e información, transmisiones de datos o emisión de certificaciones electrónicas y mediante la regulación de su aportación al finalizar la tramitación, conforme a lo establecido en el Decreto 20/2012, de 12 de abril ( LCTB 2012, 80 ) , de simplificación documental en los procedimientos administrativos.
Artículo 69. Fomento de la participación ciudadana por medios electrónicos
Artículo 70. Obligatoriedad del procedimiento administrativo electrónico.
Artículo 71. Certificados administrativos electrónicos.
Sección 2ª. Gestión del procedimiento administrativo electrónico
Artículo 72. Solicitudes de iniciación
f) Cláusula de información relativa a los derechos reconocidos por el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058 ) , de Protección de Datos de Carácter Personal, en relación a los datos de carácter personal consignados en el formulario normalizado que vayan a ser objeto de tratamiento automatizado protección de datos de carácter personal, con los requerimientos legalmente establecidos, y en especial, la información sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Artículo 73. Subsanación y mejora de la solicitud
1. Si la solicitud electrónica de iniciación no reúne los requisitos exigidos, el órgano competente requerirá al interesado para que proceda, en el plazo legalmente establecido, a subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hace se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y que deberá ser notificada según el medio elegido por el interesado.
2. Los interesados podrán aportar al expediente, en cualquier fase del procedimiento, documentos electrónicos y copias digitalizadas de documentos en soporte papel, en los términos establecidos en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios públicos.
Artículo 74. Consulta electrónica del estado de la tramitación
Artículo 75. Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos
1. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios electrónicos de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables de los procedimientos así como la tramitación ordenada de los expedientes, además de facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.
Artículo 76. Terminación del procedimiento utilizando medios electrónicos
Artículo 77. Terminación convencional utilizando medios electrónicos
De conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, la celebración de acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas físicas o jurídicas, así como de las reuniones necesarias para alcanzarlos podrán llevarse a cabo en entornos cerrados de comunicación o a través de otras fórmulas de sesiones virtuales, conforme a lo que se establezca por acuerdo de las partes intervinientes.
Artículo 78. Desistimiento y renuncia utilizando medios electrónicos.
Los ciudadanos podrán formular el desistimiento de la solicitud o la renuncia a los derechos en un procedimiento administrativo tramitado electrónicamente mediante documento electrónico en que conste, de forma clara, tal declaración de voluntad, utilizando alguno de los medios previstos en este Decreto, teniendo los efectos previstos en el artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) .
El presente Decreto, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, será de aplicación supletoria a los procedimientos en materia tributaria y a los procedimientos de contratación del sector público autonómico regulados en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ( RCL 2007, 1964 ) , aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre ( RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106) .
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Facturación electrónica
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Registros de apoderamientos existentes
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Integración de aplicaciones informáticas existentes
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Sistemas de firma electrónica que estén siendo utilizados a la entrada en vigor de este Decreto
Aquellos sistemas de firma electrónica que, a la entrada en vigor de este Decreto, estén siendo utilizados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, bajo la cobertura de la correspondiente norma reguladora, podrán seguir siendo usados con plena validez legal, siempre que se ajusten a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. En el plazo de doce meses, desde la entrada en vigor de este Decreto, en su caso, deberán realizarse las actuaciones normativas y técnicas que sean necesarias para su plena adaptación a lo previsto en el mismo.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo dispuesto en este Decreto, y en concreto las siguientes: artículos 25.6, 29.4 y 31 al 48, ambos inclusive, del Decreto 37/2012, de 13 de julio ( LCTB 2012, 132 ) , por el que se regulan el registro, las comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus organismos públicos, a excepción del párrafo primero del Artículo 46, en cuanto que crea la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Factura electrónica (según el artículo 1.1 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre ( RCL 2007, 2385 ) , de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información). Documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, además, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor.
Prestador de servicios de certificación (según el artículo 2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre ( RCL 2003, 2975 ) , de firma electrónica). Persona física o jurídica que expide certificados electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma electrónica.

References: artículo 45
 artículo 103
 Real Decreto 
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Artículo 4
 artículo 4

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9
 Real Decreto 
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Artículo 10

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 14
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Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22
 artículo 49

Artículo 23
 artículo 26

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26
 artículo 37
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Artículo 27

Artículo 28
 artículo 13
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 Resolución 

Artículo 29
 artículo 23

Artículo 30
 artículo 32

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34
 artículo 16

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Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38
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Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

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Artículo 47

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Artículo 55
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Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

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Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63
 artículo 32

Artículo 64
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Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72
 artículo 5

Artículo 73
 resolución 
 artículo 42
 artículo 35

Artículo 74

Artículo 75
 artículo 36

Artículo 76

Artículo 77
 artículo 88

Artículo 78
 artículo 91
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 artículo 13
 Artículo 46
 artículo 1
 artículo 2