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Timestamp: 2017-07-25 08:46:35+00:00

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Murcia Confidencial*: 23-nov-2011
Ecologistas se enfrenta a la Autoridad Portuaria de Cartagena en los tribunales por El Gorguel
CARTAGENA.- Ecologistas en Acción lleva a los juzgados la resolución por la cual la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) sanciona a los activistas que protestaron contra el proyecto de Macropuerto en El Gorguel que este mismo organismo promueve.
La acción pacífica y simbólica realizada en 2009 por Ecologistas en Acción a las puertas de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), para protestar contra el proyecto de instalación de una Terminal de Contenedores en el Gorguel y Zona de Actividades Logísticas (ZAL) anexa, avanza un paso más. El colectivo ecologista lleva a los juzgados la resolución por la cual la APC sanciona, de forma injustificada, a cada uno de los ocho activistas que participaron en la citada acción, con la desorbitada cantidad de 1.000 euros. Aunque, recuerdan, "inicialmente se amenazó con multas que podían llegar a los 60.000 euros por persona". Para Natalia Martín, responsable de costas de la asociación, "parece que con esta resolución sin sentido la APC quiera sancionar a Ecologistas en Acción por oponerse directamente a su proyecto estrella". Añade que sea cual sea el resultado "ningún tipo de sanción ni de demostración de poder por parte de la APC hará que desistamos en nuestra lucha por defender el medio ambiente". En este sentido, Martín asegura que, "pase lo que pase, seguiremos oponiéndonos a la ubicación en El Gorguel, ya que lo consideramos un auténtico atentado a los valores naturales y culturales de la zona". Ecologistas en Acción ofrecerá su versión al finalizar la vista del juicio, que tendrá lugar este jueves, día 24, a las 12,30 horas, en el juzgado Nº1 de lo Contencioso-Administrativo de Cartagena (C/ Ángel Bruna, 21).
El PSRM denuncia que el SMS niega asistencia sanitaria a parados sin cobertura de desempleo
CARTAGENA.- La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha denunciado este miércoles que el SMS está incumpliendo las leyes de Sanidad al negar la asistencia sanitaria a parados sin cobertura de desempleo y extranjeros.
Rosique explicó que en algunos centros de salud de la Región, por orden del SMS, se está negando la asistencia sanitaria, tanto a los parados nacionales o inmigrantes que han agotado las prestaciones por desempleo, así como a inmigrantes sin permiso de residencia que carecen de recursos. "Con esta actuación, el Servicio Murciano de Salud se ha retrotraído a principios de los años 80, antes de que se aprobara por parte del Gobierno socialista la Ley General de Sanidad, cuando el derecho a la atención sanitaria pública iba ligado a las cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, sólo tenían este derecho los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y sus familias". El Grupo Parlamentario Socialista asegura tener copia de la comunicación realizada en el último mes, desde la Secretaría General Técnica del Servicio Regional de Tarjeta Sanitaria, a través de la cual, se comunica a las personas afectadas el cese del derecho a la asistencia sanitaria a cargo del Servicio Murciano de Salud. En dicha comunicación se indica, según fuentes socialistas, que "para resolver esta incidencia, deberá solicitar en la Tesorería General de la Seguridad Social que se incluya como beneficiario de algún familiar que se encuentre en situación de alta, obviando que el derecho a la asistencia sanitaria se lo otorga la ley por el mero hecho de ser ciudadano español o por residir en España". Con esta actuación, según la diputada socialista, el SMS está incumpliendo todas las leyes en materia sanitaria. En concreto, explica en comunicado de prensa, incumple la Ley 14/1986 General de Sanidad, que en su artículo I establece que son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. Así como la Ley 4/1994 de Salud de la Región de Murcia, que establece como objeto de la misma todas las acciones que permitan hacer efectivos el derecho a la protección de la salud, la calidad de vida y la atención al ciudadano, siempre en el marco de la legislación básica estatal. Además de incumplir, a juicio del PSOE, la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles a los extranjeros que encontrándose en España estuvieran inscritos en el padrón del municipio donde tenga su domicilio habitual. A las que se une la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, contiene como uno de sus principios generales el aseguramiento universal y público por parte del Estado de las prestaciones en materia sanitaria. En su artículo 3, establece como titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional en los términos previsto en la Ley 4/2000. Y por último, la Ley 3/2009 de los Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia, en su artículo 20.3 establece que los extranjeros no empadronados y sin recursos económicos que se encuentren en la Región de Murcia y no tengan reconocido el derecho a la asistencia sanitaria al amparo de la normativa estatal, tendrán acceso en tanto regularizan su situación al conjunto de prestaciones y servicios que ofrece el Sistema Sanitario Público regional, de conformidad con el procedimiento que se determine reglamentariamente. Ese reglamento debía aprobarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley; sin embargo, señala Rosique, el Gobierno regional aún no lo ha aprobado, a pesar de estar dictaminado desde enero de 2011 por el Consejo Económico y Social. Así como la Resolución de 23 de julio de 2009 del director gerente del SMS, por la que se garantiza el derecho a la asistencia sanitaria pública y gratuita a las personas que, por desempleo o cese de la actividad laboral, causen baja en la Seguridad Social. Por lo que el Grupo Parlamentario Socialista considera que esta "inaceptable por ilegal actuación del SMS, requiere explicaciones urgentes de la consejera de Sanidad en la Asamblea, por lo que hemos pedido su comparecencia". La diputada recordó que esta no es una actuación aislada del PP, sino que se están dando también en otras comunidades autónomas donde gobiernan, como Galicia o Madrid. Rosique le exige a la consejera, María Ángeles Palacios, que "con carácter inmediato corrija este disparate con el que se están vulnerando derechos básicos de los ciudadanos en materia sanitaria".
El secretario general de la Consejería de Sanidad y Política Social, Martín Quiñonero, le ha respondido y ha asegurado que "no hay ni un solo murciano sin asistencia sanitaria".
Quiñonero explicó que para los casos en los que una persona deja de cobrar el subsidio por desempleo o para los extranjeros que residen en la Región existen varias vías de acceso al Sistema de Salud, bien como beneficiario del derecho del que sea titular un familiar o bien se le tramita el derecho a la asistencia sanitaria como persona sin recursos económicos, "pero en ningún caso se le niega el derecho por el hecho de estar en paro sin prestaciones o por ser extranjero".
"Afortunadamente, los murcianos, que cuando llegan a su centro de salud u hospital son atendidos sin problemas, saben distinguir la verdad de la falacia". Quiñonero aclaró que es habitual que el Servicio Murciano de Salud envíe cartas a los usuarios cuyas circunstancias laborales o sociales han cambiado para que pasen por su centro de salud o la Administración competente para actualizar su situación. Se trata, según el secretario general, de una actualización ordinaria de la base de datos de la tarjeta sanitaria para aquellos casos en los que el propio Servicio Murciano de Salud no puede actuar de oficio.
Aegon reclama 600 millones a la CAM en la Corte Internacional de Arbitraje
MADRID.- La subasta de la Caja Mediterráneo (CAM) está en la recta final, pero los problemas se multiplican. Además de la falta de solvencia y de los grandes vencimientos pendientes, quien se quede con la caja alicantina tendrá que tener provisionados 600 millones de euros hasta que se resuelva el litigio que tiene la entidad con Aegon. Aviva también mantiene un litigio con Bankia por 900 millones, según adelanta hoy 'El País'.
Aegon ha elevado a la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, un conflicto abierto con la CAM, con la que formó una sociedad en enero de 2004 para la venta de sus productos. La aseguradora considera que, tras el cambio de caja a banco, la CAM ha incumplido alguno de los términos del acuerdo. En su opinión, ya desde que negoció su integración con el Banco Base (liderado por Cajastur) había un cambio de control. Fuentes del mercado comentaron que el departamento jurídico de la CAM respondió que los cambios societarios obedecen a las obligaciones legales, ya que ha sido el Gobierno el que ha estipulado que las cajas traspasen todo su negocio financiero a un banco.Las mismas fuentes consideran que Aegon ha optado por la vía más rentable, la indemnización por ruptura unilateral del contrato, porque la cantidad en juego es muy alta y le permitiría entrar en otras cajas que están en proceso de fusión. También recuerdan que la CAM lleva más de un año sin dirección comercial clara, lo que ha repercutido en la baja facturación del negocio asegurador, lo que ha disgustado mucho a Aegon.La aseguradora holandesa estipuló que fuera la Corte de París la que decidiera ante posibles desacuerdos de máxima gravedad, como el actual. Esta condición ralentiza la resolución, lo que supone incrementar la incertidumbre sobre el futuro de la entidad.Los 600 millones son una cantidad relacionada con la inversión que Aegon hizo en la sociedad creada al 50%: la aseguradora aportó 150 millones en efectivo y 250 millones en activos financieros, bonos de alta calidad. En 2009, volvieron a valorar la sociedad conjunta y se determinó que era de 808 millones de euros.Mediterráneo Vida gestionaba 2.406 millones de euros hasta comienzos de año, según los registros públicos del sector. Esta cifra supone el 35% del negocio que maneja Aegon en España. La actividad de seguros a cierre de junio pasado, generó 35 millones de euros de ganancias.La alianza entre la CAM y Aegon se acordó por 30 años, aunque la primera fase de evaluación expiró a los cinco años.En la nota de resultados de Aegon, la compañía decía que se está "posicionando para crecer con algunos socios actuales y pondremos fin a la relación con los demás. Recientemente, Aegon ha cerrado un acuerdo con Cívica Banca y hemos puesto en marcha un proceso de salida de Caja Mediterráneo".Por otro lado, mañana concluye el plazo para entregar propuestas de compra de la CAM. Sin embargo, la decisión definitiva se retrasará varias semanas porque primero el Banco de España tiene que decir si la entidad es viable y, después, el FROB, determinará cuál es la oferta más ventajosa.
La gestión del Banco de España ha aumentado las pérdidas de CAM, según la CGT
ALICANTE.- El sindicato CGT ha denunciado que el trabajo de los administradores del Banco de España en Caja Mediterráneo (CAM), intervenida el pasado mes de julio, ha generado un aumento de las pérdidas en cerca de 600 millones de euros y una reducción de 5.000 millones de recursos de clientes.
"Todo ello motivado, en gran parte, por la campaña de acoso" a la CAM realizada por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, según han afirmado fuentes de CGT a través de un comunicado de prensa.La central sindical, que ha tildado de "pésima" la gestión de los administradores nacionales, considera que la labor de éstos está más encaminada a "regalarla a la banca privada" que a reflotar a CAM."Sus únicas soluciones son presionar a la plantilla mediante medidas ilegales, como prolongamientos de jornada sin remunerar, traslados indiscriminados y recortes de condiciones laborales", han asegurado las mismas fuentes.El sindicato ha hecho un llamamiento público al resto de organizaciones sociales para que continúen las movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo, de la Obra Social, de la unidad empresarial, "de la depuración de responsabilidades" y de la creación de "una banca pública al servicio de la ciudadanía".
Rosell denuncia la "codicia" de algunos directivos de cajas y pide controlar las indemnizaciones
MADRID.- El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha denunciado este miércoles la "codicia" y la conducta "escandalosa e inmoral" de algunos directivos de entidades financieras que, pese a hacer un "daño terrible" a sus 'empresas', son recompensados con "cantidades astronómicas".
En presencia del presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y durante un desayuno informativo en el Fórum Europa, Rosell, que no se ha referido a ningún caso concreto, ha insistido en la falta de "ética y moral" de algunos de estos directivos que, pese a ser pocos, hacen un "gran daño"."Ha habido directivos codiciosos, avariciosos y desvergonzados", ha criticado Rosell, que ha pedido una ley que controle las indemnizaciones que reciben los directivos de entidades financieras para evitar escándalos como los de los últimos meses.
Indignados y por la Regeneración Editado por Francisco Poveda y un grupo de sociólogos para contribuir a la regeneración de la vida pública española con toda aquella información u opinión de interés general que sirva de motor para la inevitable catarsis del sistema tras ser carcomido por la codicia y la impostura... http://indignadosyporlaregeneracion.blogspot.com/ Publicado por
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 artículo 20
 Resolución