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Timestamp: 2019-08-23 11:55:34+00:00

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PRESENTACIÓN - Proceso: actuaciones y autorizaciones administrativas
La Superintendencia de Sociedades, en cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea y, en especial, de lo dispuesto en los literales b y c del artículo 11 de la Ley 1712 de 20141, reglamentada por el Decreto 103 de 2015, en concordancia con el numeral 3 del artículo 8 de la Ley 1437 de 20112, ha preparado el presente manual con el objetivo de facilitar a los empresarios del sector real de la economía, así como a sus usuarios en general, el conocimiento de los procedimientos que la entidad aplica para ejercer las atribuciones de ivc, otorgadas por la Ley 222 de 19953, los Decretos 4350 de 20064 y 1023 de 20125.
Las referidas atribuciones, delegadas por el Presidente de la Republica como suprema autoridad administrativa, son diferentes de las medidas administrativas previstas en el artículo 87 de la misma ley. Es claro que las facultades de ivc están previstas constitucionalmente para la guarda del orden público económico. En cambio, las medidas administrativas de que trata el artículo 87 mencionado, fueron consagradas por el legislador como un mecanismo de protección de los socios y accionistas minoritarios de cualquier sociedad comercial no sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera.
Para el ejercicio de las medidas administrativas previstas en los numerales 1), 2) y 3) del artículo 87 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades solo puede actuar a solicitud de parte, previa acreditación por parte del peticionario de los requisitos establecidos para la adopción de cada una de las medidas.
En el trámite de las medidas administrativas se aplica: i) el procedimiento especial previsto en el numeral 1) para la convocatoria a reuniones del máximo órgano social; ii) el procedimiento especial establecido en el numeral 2) para la modificación de cláusulas sociales que vulneren la ley o los estatutos y; iii) el procedimiento sancionatorio regulado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) para las investigaciones administrativas de que trata el numeral 3) del artículo 87 de la Ley 222 de 1995.
En el trámite de las investigaciones administrativas, visitas generales, visitas especiales y demás facultades oficiosas derivadas de las atribuciones de ivc, otorgadas a la Superintendencia de Sociedades, se aplica el procedimiento común y principal regulado en el CPACA (art. 34 y ss)
Lo anterior toda vez que el pilar fundamental de la misión de la Superintendencia de Sociedades es contribuir a preservar el “ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO” por medio de las funciones de fiscalización gubernamental y éstas incluyen, pero no se limitan, a la imposición de sanciones o multas, sino que se concentran en la aplicación de medidas preventivas y correctivas de las diferentes conductas que lo vulneran o amenazan.
El Manual se enmarca dentro del debido proceso en su doble función de i) derecho fundamental y ii) principio rector de la actuación administrativa, igualmente, desarrolla los demás principios rectores establecidos en el artículo 3 del CPACA: igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los mencionados principios, en el Plan Vive Digital 2014 – 2018, en la Directiva Presidencial 04 de 2012 y en las disposiciones legales que permiten, garantizan y exigen de las autoridades públicas incentivar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para lograr que los procedimientos se adelanten con diligencia, austeridad y eficiencia, el Manual establece dos avances importantes: i) la notificación electrónica de todos sus actos administrativos a las personas jurídicas de derecho privado y comerciantes inscritos en el registro mercantil y; ii) la celebración de audiencias en el curso de las actuaciones con el objetivo primordial de asegurar el derecho de contradicción y adoptar decisiones oportunas.
C de Co Código de Comercio
CPACA Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo
XBRL Lenguaje estandarizado para presentación de información financiera y de negocios. Sigla del inglés [Extensible Business Reporting Language]
Administradores: son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. (Art. 23 Ley 222 de 1995).
Las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores de una sociedad por acciones simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores. (Parágrafo del art. 27 Ley 1258 de 2008).
Audiencia: de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), es la ocasión para aducir razones o pruebas que se ofrece a un interesado en juicio o en expediente. Su realización está prevista en el artículo 35 del CPACA que establece: “Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las actuaciones con el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción, o contribuir a la pronta adopción de decisiones. De toda audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella”.
Auditoría contable: revisión de la contabilidad de una empresa, de una sociedad, etc., realizada por un auditor. (DRAE) De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 43 de 1990, se requiere tener la calidad de contador público para desempeñarse como visitador en asuntos técnico contables de la Superintendencia Bancaria, de Sociedades, Dancoop, subsidio familiar, lo mismo que la Comisión Nacional de Valores y de la Dirección General de Impuestos Nacionales o de las entidades que la sustituyan.
Buena fe: principio rector de la actuación administrativa que exige de las autoridades y los particulares la presunción del comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. (art. 3.4 CPACA).
Causales de vigilancia: las establecidas en el Decreto 4350 de 2006, en el artículo 10 de la Ley 1445 de 2011 y en el artículo 7 de la Ley 1700 de 2013 (ver anexo 1)
Celeridad: las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. (art. 3.13 CPACA).
Conflicto de interés: no está definido en nuestra legislación, razón por la cual debe analizarse en cada caso, si en las actividades, operaciones y conductas realizadas por los administradores de las sociedades comerciales sometidas a inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, confluyen de manera simultánea sus intereses particulares con los de la sociedad y si para la realización de éstas se dio cumplimiento a lo previsto en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, reglamentado por el Decreto 1905 de 2009.
Competencia residual: las facultades asignadas en la Ley 222 de 1995 en materia de vigilancia y control a la Superintendencia de Sociedades, serán ejercidas por la Superintendencia que ejerza vigilancia sobre la respectiva sociedad, si dichas facultades le están expresamente asignadas. En caso contrario, le corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, salvo que se trate de sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. (Art. 228 Ley 222 de 1995).
Control: consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia, cuando así lo determine el Superintendente de Sociedades mediante acto administrativo de carácter particular. (Art. 85 Ley 222 de 1995)
Los administradores que impidieren el ejercicio del derecho de inspección o el revisor fiscal que conociendo de aquel incumplimiento se abstuviera de denunciarlo oportunamente, incurrirán en causal de remoción. La medida deberá hacerse efectiva por la persona u órgano competente para ello o, en subsidio, por la entidad gubernamental que ejerza la inspección, vigilancia o control del ente. (Art 48 Ley 222 de 1995)
Convocatoria a reuniones del máximo órgano social: anuncio o escrito con que se convoca (DRAE). En materia societaria generalmente hace referencia a la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas o a la Junta de Socios. Debe realizarse en la forma prevista en los estatutos y a falta de estipulación, mediante aviso que se publicará en un diario de circulación en el domicilio principal de la sociedad. Tratándose de asamblea extraordinaria en el aviso se insertara el orden del día (art. 424 del C de Co)
En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem. (Art 3.1 CPACA).
La declaración deberá contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el presupuesto que da lugar a la situación de control. (Art. 30 ley 222 de 1995).
Declaración de grupo empresarial: la declaración y orden de inscripción del supuesto anterior, también se efectuará en el evento que además de las presunciones de control establecidas en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio exista entre las entidades unidad de propósito y dirección. (Art 28 ley 222 de 1995).
Declaración juramentada: “Además la Superintendencia de Sociedades cumplirá las siguientes funciones: Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el examen de hechos relacionados con la dirección, administración o fiscalización de las sociedades sobre las cuales ejerce inspección, vigilancia o control.” artículo 7 numeral 21 del Decreto 1023 de 2012.
Derecho de inspección: consiste en la facultad de que disponen todos los asociados para examinar, directamente o mediante persona delegada para tal fin, los libros y comprobantes de la sociedad, con el fin de enterarse de la situación administrativa y financiera de la compañía en la cual realizaron sus aportes. (Oficio 220-109678 dic 12 1999).
El derecho de inspección está regulado en los artículos 369, 379, numeral 4 y 447 del Código de Comercio así como en el artículo 48 de la Ley 222 de 1995.
Derecho de retiro: cuando la transformación, fusión o escisión impongan a los socios una mayor responsabilidad o impliquen una desmejora de sus derechos patrimoniales, los socios ausentes o disidentes tendrán derecho a retirarse de la sociedad. (Art. 12 ley 222 de 1995).
Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. (Art. 243 CGP).
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones. (Art. 244 CGP).
Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente. (Art. 244 CGP).
Documento de reserva: de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 1755 de junio 30 de 2015, son reservados los documentos que expresamente determine la C. N. o la ley.
El artículo 61 del C de Co establece que los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios. Sin embargo, precisa que la restricción no aplica: i) para el ejercicio del derecho de inspección y, ii) a quienes cumplan funciones de vigilancia o auditoría.
Economía: en virtud de este principio las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. (art. 3.12 CPACA).
Eficacia: principio según el cual las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. (art. 3.11 CPACA).
Escisión: una sociedad sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o más sociedades existentes o las destina a la creación de una o varias sociedades. Una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes, que se transfieren a varias sociedades existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades. (Art. 3 Ley 222 de 1995)
Estados financieros: si bien los artículos 19 a 33 del Decreto 2649 de 1993, establecen la importancia, clasifican y definen los estados financieros, debe tenerse en cuenta que las NIIF desarrolla un nuevo marco de aplicación regulado en la Ley 1314 de 2009 y en sus decretos reglamentarios.
Para obtener la información actualizada de todos los Grupos I, II y III, sus cronogramas de preparación y presentación se recomienda consultar el link correspondiente de la página web de la entidad www.supersociedades.gov.co
Las inversiones en subordinadas deben contabilizarse en los libros de la matriz o controlante por el método de participación patrimonial. (art 35 Ley 222 de 1995).
La autoridad respectiva conservará copias de seguridad periódicas que cumplan con los requisitos de archivo y conservación en medios electrónicos, de conformidad con la ley. (Art 59 CPACA).
El sometimiento a vigilancia por extinción de dominio requiere la comunicación previa de la SAE antes DNE en los términos previstos en el inciso segundo del literal b) del artículo 4 del Decreto 4350 de 2006.
Fusión: habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una nueva sociedad. (Art. 172 C de Co).
Igualdad: principio rector de la actuación administrativa en virtud del cual, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. (art. 3.2 CPACA).
Imparcialidad: principio rector de la actuación administrativa que impone a las autoridades el deber de actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. (art. 3.3 CPACA).
Inhabilidad para ejercer el comercio: sanción administrativa que se aplica a los administradores de sociedades sometidas a control que han incumplido la ley y los estatutos administrador de una sociedad sometida a control por quien este inhabilitado para ejercer el comercio, condición que por demás se hace pública a través de la inscripción en el registro mercantil, no podrá por lo tanto gerenciar una empresa, ser parte de una junta directiva, tomar créditos mercantiles, constituir una sociedad, operar una cantera, contratar obras públicas con el Estado, realizar cotidianamente y de manera profesional compraventas de bienes, arrendamientos comerciales y construcciones.
Inspección: atribución de la Superintendencia de Sociedades para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia Bancaria o sobre operaciones específicas de la misma. La Superintendencia de Sociedades, de oficio, podrá practicar investigaciones administrativas a estas sociedades. (art. 83 Ley 222 de 1995).
Libros de actas y acciones: están definidos genéricamente en el artículo 195 del C de Co, esta disposición debe concordarse, al menos, con lo dispuesto en los artículos 403, 406 y 431 del mismo código y, con lo establecido en los artículos 12, 22 y 37 de la Ley 1258 de 2008.
Libros de comercio: definidos en el artículo 56 del C de Co, modificado por el artículo 173 del Decreto 019 de 2012.
Libros de contabilidad: consultar Circular Externa No. 100-000001 de 6 de marzo de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48366 de 8 de marzo de 2012.
3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento.”
El régimen de insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean contrarias. (art. 1 Ley 1116 de 2006).
Moralidad: en virtud de este principio rector de la actuación administrativa, todas las personas y los servidores públicos estamos obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. (art. 3.5 CPACA).
La búsqueda o la incorporación de personas naturales, para que estas a su vez incorporen a otras personas naturales, con el fin último de vender determinados bienes o servicios.
El pago, o la obtención de compensaciones u otros beneficios de cualquier índole, por la venta de bienes y servicios a través de las personas incorporadas, y/o las ganancias a través de descuentos sobre el precio de venta.
La coordinación, dentro de una misma red comercial, de las personas incorporadas para la respectiva actividad multinivel. (art. 2 Ley 1700 de 2013)
Orden Público Económico: de acuerdo con la Sentencia C-083/99 La noción de orden público económico hace referencia al sistema de organización y planificación general de la economía instituida en un país. En Colombia, si bien no existe un modelo económico específico, exclusivo y excluyente, el que actualmente impera, fundado en el Estado Social de Derecho, muestra una marcada injerencia del poder público en las diferentes fases del proceso económico, en procura de establecer límites razonables a la actividad privada o de libre empresa y garantizar el interés colectivo. En el sistema político colombiano, el orden público económico se consolida sobre la base de un equilibrio entre la economía libre y de mercado, en la que participan activamente los sectores público, privado y externo, y la intervención estatal que busca mantener el orden y garantizar la equidad en las relaciones económicas, evitando los abusos y arbitrariedades que se puedan presentar en perjuicio de la comunidad, particularmente, de los sectores más débiles de la población.
Participación: como principio rector de la actuación administrativa establece que las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. . (art. 3.6 CPACA).
Publicidad: principio en virtud del cual las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma. (art. 3.9 CPACA).
Principio de coordinación: señala como deber de las autoridades, la concertación de sus actividades con las de otras instancias estatales para el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares. (art. 3.10 CPACA).
Reconocimiento presupuesto de ineficacia: de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 87 de la Ley 222 de 1995, el reconocimiento de los presupuestos de ineficacia en los casos señalados en el Libro Segundo del Código de Comercio, será de competencia de Ia Superintendencia de Sociedades de oficio en ejercicio de funciones administrativas, en sociedades no sometidas a Ia vigilancia o control de otra superintendencia. A solicitud de parte sólo procederá en los términos del artículo 133 de Ia Ley 446 de 1998.
Remoción de administradores: sanción administrativa aplicable a los administradores de sociedades sometidas a control por incumplimiento de las órdenes de la Superintendencia de Sociedades, o de los deberes previstos en la ley o en los estatutos, de oficio o a petición de parte, mediante providencia motivada en la cual designará su reemplazo de las listas que elabore la Superintendencia de Sociedades. La remoción ordenada por la Superintendencia de Sociedades implicará una inhabilidad para ejercer el comercio, hasta por diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo correspondiente. (art 85.4 Ley 222 de 1995).
La sanción de remoción también aplica a los administradores que impidan el ejercicio del derecho de inspección y a los revisores fiscales que conociendo del incumplimiento se abstengan de denunciarlo oportunamente. En este evento la medida deberá hacerse efectiva por la persona u órgano competente para ello o, en subsidio, por la entidad gubernamental que ejerza la inspección, vigilancia o control del ente. (art. 48 Ley 222 de 1995).
La aprobación de las cuentas no exonerará de responsabilidad a los administradores, representantes legales, contadores públicos, empleados, asesores o revisores fiscales. (Art 45 Ley 222 de 1995).
Renuncia a la convocatoria: los accionistas de las SAS podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección respecto de los asuntos a que se refiere el inciso 2° del artículo 20 de la Ley 1258 de 2008, por medio del mismo procedimiento indicado.
Reserva documental: el carácter reservado de una información o de determinados documentos no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo. (art. 27 Ley 1755 de junio 30 de 2015).
Responsabilidad: señala que las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. (art. 3.7 CPACA).
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. El inciso 3 y el aparte subrayado fueron declarados exequibles por los cargos analizados por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-123-06 de 22 de febrero de 2006, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos. (Art. 24 Ley 222 de 1995).
El revisor fiscal debe contar con los conocimientos y experticia necesaria para realizar su función de fiscalización, al igual que para otorgar fe pública6 en los casos determinados en la ley, actividad por la cual se asimilan a funcionarios públicos en el establecimiento de responsabilidades legales.
Cabe resaltar que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública7, ha llamado la atención sobre dos situaciones de capital importancia: i) el hecho que la ausencia de una definición precisa, un marco conceptual y un modelo instrumental apropiado ha generado que la revisoría fiscal sea confundida con auditoría financiera, control interno o auditoría integral, según los casos y, ii) que la Revisoría Fiscal no puede circunscribirse a la realización de una evaluación posterior y selectiva, por cuanto no respondería a los requerimientos del control de fiscalización en alcance y oportunidad.
Revisoría fiscal obligatoria: La revisoría fiscal es obligatoria en i) las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras, las sociedades en las que por ley o por estatutos la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del 20 por ciento del capital (art. 203 C de Co). Igualmente, será obligatoria en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos legales mensuales y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos legales mensuales (art 13 Ley 43 de 1990).
Transparencia: dispone que la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal. (art. 3.8 CPACA).
Vía gubernativa: Puede definirse como el mecanismo que brinda la ley a los particulares que acuden a la administración para solicitar la revisión de las decisiones que ésta ha adoptado en relación con una solicitud, trámite o petición que ha efectuado, cuya respuesta no satisface los intereses del particular. Esta facultad no es una acción contenciosa, es decir se interpone ante la misma entidad pública que decidió el asunto, pero la presentación o agotamiento de esta vía si es prerrequisito para acudir ante el juez para que revise tal decisión.
Vigilancia: consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para velar porque las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, en su formación, funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos. La vigilancia se ejercerá en forma permanente. (Art. 84 de la Ley 222 de 1995).
Visita especial: la que se realiza a las sociedades en control, en virtud de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 85 de la Ley 222 de 1995.

References: artículo 11
 artículo 8
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 47
 artículo 87
 artículo 3
 artículo 35
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 23
 artículo 7
 artículo 48
 artículo 24
 artículo 61
 artículo 4
 artículo 195
 artículo 56
 artículo 173
 artículo 87
 artículo 133
 artículo 20
 artículo 151
 artículo 85