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Timestamp: 2020-07-07 15:06:48+00:00

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Ley 49/2007 de 26 de Dic (Régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad, no discriminación y accesibilidad de personas con discapacidad) | Iberley
LEY 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el regimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. - Boletín Oficial del Estado de 27-12-2007
04/12/2013 (Vigente)
27/03/2008 (Versión Original)
En atención a lo cual, la disposición final undécima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece que el Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de dicha Ley, remitirá a las Cortes un proyecto de ley que esta blezca el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
Tal previsión se fundamenta en los principios de legalidad y tipicidad en virtud de los cuales los límites de la actividad sancionadora de las Administraciones Públicas deben estar fijados por Ley, de conformidad con el artícu lo 25 de la Constitución que exige la reserva de ley en materia sancionadora, un rango necesario de las normas que tipifican las conductas ilícitas y que regulan las sanciones correspondientes con el fin de respetar y hacer respetar las garantías de la ciudadanía en un Estado social y democrático de Derecho.
La Constitución de 1978 atribuye al Estado la competencia para regular «las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales». Tal como ha afirmado el Tribunal Constitucional en jurisprudencia reiterada, el artículo 149.1. 1.ª de la norma fundamental «constituye un título competencial autónomo, positivo o habilitante, constreñido al ámbito normativo, lo que permite al Estado una '' regulación'', aunque limitada a las condiciones básicas que garanticen la igualdad, que no el diseño completo y acabado de su régimen jurídico».
En el ejercicio de esta competencia, la presente Ley articula precisamente ese equilibrio que exige el texto constitucional, conciliando el margen de regulación del Estado con los espacios competenciales previstos para las Comunidades Autónomas. Un equilibrio que necesariamente debe estar reforzado en el ámbito administrativo sancionador, materia de esta Ley, pues el propio Tribunal Constitucional ha declarado que «las Comunidades Autónomas pueden adoptar normas administrativas sancionadoras cuando, teniendo competencia sobre la materia sustantiva de que se trate, tales disposiciones se acomoden a las garantías constitucionales dispuestas en este ámbito del derecho sancionador (artículo 25.1 C. E., básicamente), y no introduzcan divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido respecto del régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio (artículo 149.1. 1.ª)». De esta manera, con la presente Ley se trazan las condiciones básicas que orientan la tarea normativa del legislador autonómico, respetando los ámbitos de decisión propia que constitucionalmente le corresponden, asegurando la existencia de un cuadro normativo mínimo y común para todo el territorio.
El Capítulo III regula determinados aspectos del régimen sancionador. Entre las cuestiones reguladas en este Capítulo, se encuentran las relativas a los posibles responsables de las infracciones; las personas interesadas en el procedimiento; la publicidad de las resoluciones sancionadoras; la prescripción de las infracciones y sanciones y el deber de colaboración.
El Título II, establece las normas específicas de aplicación por la Administración General del Estado. En el artículo 15, se determina que la competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a la Administración General del Estado cuando las conductas infractoras se proyecten en un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.
El Capítulo I de este Título II, se refiere a las infracciones y sanciones. En materia de infracciones se complementa la tipificación de infracciones recogida en el artículo 3, por medio de la definición de conductas, actuaciones u omisiones que se clasifican en infracciones leves, graves y muy graves.
Por último la Ley concluye con seis disposiciones adicionales y dos finales. Las disposiciones adicionales primera a cuarta se refieren a la exigencia de accesibilidad de los procedimientos sancionadores; a la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de las infracciones y sanciones en el orden social en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; a la sujeción a los plazos previstos en las disposiciones finales quinta a novena de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, para la aplicación de lo previsto en la Ley sobre infracciones en materia de accesibilidad y ajustes razonables, y a la facultad del Gobierno para revisar las cuantías establecidas en la Ley para las sanciones.
TÍTULO I. Régimen común de Infracciones y Sanciones
3. En todo caso, y sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán la consideración de infracciones graves.
a) Toda conducta de acoso relacionada con la discapacidad en los términos del artículo 7 a) de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y en sus normas de desarrollo.
1. Las infracciones serán sancionadas con multas que irán desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 1. 000.000 de euros.
1. Las sanciones se aplicarán en grado mínimo, medio y máximo con arreglo a los siguientes criterios.
2. Cuando el perjudicado por la infracción sea una de las personas comprendidas en el número 2 del artícu lo 8 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, la sanción podrá imponerse en la cuantía máxima del grado que corresponda.
Modificación realizada por Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptacion normativa a la Convencion Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (BOE de 02-08-2011) en vigor desde 03-08-2011
Texto Original. Publicado el 27-12-2007 en vigor desde 27-03-2008
1. Las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran, tendrán la consideración de interesados en estos procedimientos en los términos previstos en el artícu lo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Cuando una Administración Pública, en el transcurso de la fase de instrucción, considere que la potestad sancionadora en relación con la presunta conducta infrac tora corresponde a otra Administración Pública, lo pondrá en conocimiento de ésta en unión del correspondiente expediente.
TÍTULO II. Normas específicas de aplicación por la Administración General del Estado
2. Son infracciones leves
c) Obstaculizar la acción de los servicios de inspección
d) El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades
g) La negativa por parte de las personas obligadas a adoptar un ajuste razonable, en los términos establecidos en el artículo 7 c) de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
h) El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las previsiones efectuadas en el artículo 10.2 f) de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en lo referente a la elaboración de los planes especiales de actuación para la implantación de las exigencias de accesibilidad y la no discriminación en el ámbito de que se trate.
Las infracciones en la materia objeto de esta Ley se sancionarán del siguiente modo.
c) Las infracciones muy graves con multas, en su grado mínimo, de 90.001 a 300.000 euros; en su grado medio, de 300.001 a 600.000 euros; y en su grado máximo, de 600.001 a 1. 000. 000 de euros.
3. Será órgano competente para imponer las sanciones previstas en el Capítulo I del Título II de esta Ley.
Con carácter previo a la instrucción y como actuaciones previas a la incoación del correspondiente expediente sancionador, el órgano competente para iniciar el procedimiento deberá recabar informe acerca del contenido de la denuncia, orden o petición, de los siguientes órganos.
La resolución definitiva, en unión de todo el expediente, se remitirá a efectos informativos, a los siguientes órganos.
D.A. 1ª. Garantía de accesibilidad de los procedimientos.
D.A. 2ª. Orden Social.
D.A. 3ª. Infracciones en materia de accesibilidad y ajustes razonables.
La aplicación de lo dispuesto en los artículos 3.3. b), 16
2. a), 16.3. f), 16.3. g), 16.3. h), 16.4 f) y 16.4 g) de esta Ley, en cuanto se derive del incumplimiento de las exigencias de accesibilidad o negativa a adoptar un ajuste razonable, quedará sujeta a la entrada en vigor de los desarrollos normativos y a los plazos previstos en las disposiciones finales quinta a novena de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
D.A. 4ª. Revisión de la cuantía de las sanciones.
Las cuantías de las sanciones establecidas en los artícu los 4 y 17 de esta Ley, podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente por el Gobierno mediante Real Decreto, previo informe de las Comunidades Autónomas y del Consejo Nacional de la Discapacidad, teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumo.
D.A. 5ª. Medios materiales y personales.
D.A. 6ª. Información a las Cortes Generales.
El Título I, las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta, ésta última en relación con el artículo 4, se dictan al amparo del artículo 149.1. 1.ª, sin perjuicio de las competencias que, por razón del ámbito material corresponde a las Comunidades Autónomas, para acometer las medidas legislativas y ejecutivas necesarias para conseguir una igualdad efectiva de las personas con discapacidad en cumplimiento de los artículos 9.2 y 14, en relación con el artículo 49, de la Constitución.
04/12/2013 Última Redacción
desde 03/08/2011 hasta 04/12/2013
desde 27/03/2008 hasta 03/08/2011

References: artículo 149
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 10
 resolución 
 artículo 4
 artículo 149
 artículo 49