Source: https://boe.vlex.es/vid/conflicto-positivo-planteado-penitenciarias-18256636
Timestamp: 2020-08-13 06:45:39+00:00

Document:
Sentencia número 104/1988, de 8 de junio, del pleno del tribunal constitucional, en el conflicto positivo de competencia num. 817-1984, planteado por el Gobierno Vasco en Relacion con algunas Disposiciones del Real Decreto 1436/1984, de 20 de junio, sobre normas provisionales de Coordinacion de las administraciones Penitenciarias, por la que se... - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 18256636
Sentencia número 104/1988, de 8 de junio, del pleno del tribunal constitucional, en el conflicto positivo de competencia num. 817-1984, planteado por el Gobierno Vasco en Relacion con algunas Disposiciones del Real Decreto 1436/1984, de 20 de junio, sobre normas provisionales de Coordinacion de las administraciones Penitenciarias, por la que se...
Marginal: BOE-T-1988-16007
Por escrito que tuvo su entrada en este Tribunal el 24 de noviembre de 1984, la representación del Gobierno Vasco plantea conflicto positivo de competencia frente al Gobierno del Estado por entender que el Real Decreto 1.436/1984, de 20 de junio, sobre normas provisionales de coordinación de las Administraciones Penitenciarias («Boletín Oficial del Estado» núm. 181, de 30 de junio), no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía del País Vasco.
A los efectos del art. 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Gobierno Vasco, en la reunión de su Consejo de Gobierno de 4 de septiembre de 1984, acordó dirigir al Gobierno del Estado requerimiento de incompetencia en relación con el Real Decreto 1.436/1984, de 20 de junio, solicitando se derogue el art. 1.2 c), se eliminen determinadas expresiones del art. 2, se derogue el art. 3, art. 4.2, el inciso final del art. 4.3 y el art. 5.2, o, alternativamente, se declare la no aplicación de tales preceptos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicho requerimiento,se formuló mediante escrito de 24 de septiembre de 1984, que tuvo su entrada en la Delegación del Gobierno en el País Vasco en la misma fecha.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 1984, se acordó desatender el requerimiento por no estimarlo fundado, dado que la norma dictada tiene apoyo constitucional suficiente, dada la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación penitenciaria.
El escrito del Gobierno Vasco realiza, en primer lugar, un análisis de la distribución competencial Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco en materia penitenciaria, a la luz de la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Seguidamente, se analiza el articulado del Real Decreto 1.436/1984, de 20 de junio, a la luz de los criterios expuestos y respecto a los artículos concretos que han sido objeto de este conflicto positivo de competencia. El art. 1.2 c), al obligar a la Administración Penitenciaria a disponer de un número de plazas no inferior al 10 por 100 del total del cumplimiento destinadas a penados clasificados en primer grado de tratamiento, convierte este número de plazas indisponible para la Administración Penitenciaria, y ello supone una limitación directa en la organización y gestión de las Instituciones Penitenciarias. Aunque del art. 72.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria se deriva esta obligación de la Administración Penitenciaria de recibir a los internos que en el precepto se señalan, las medidas adoptadas para hacer viable esa obligación han de corresponder a la propia Administración por tratarse ya de una ejecución del precepto legal. Cosa muy distinta sería el establecimiento de los límites mediante la fijación de áreas de gestión indisponibles para la Administración Autonómica Penitenciaria, pues ello supondría una invasión competencial además perfectamente inútil.
Estas consideraciones son trasladables a la referencia contenida en el art. 4.2 del Real Decreto 1.436/1984, de 20 de junio, por cuanto suponen reiteración de la misma obligación. En el caso de este art. 4.2, la invasión competencial es tanto más patente en cuanto se exige la notificación para que las Administraciones Penitenciarias autónomas operen la clasificación de internos que no implique traslado extraterritorial, haciendo caso omiso del sistema establecido en el art. 80.2 del Reglamento Penitenciario en el que...
Sentencia 45/1991, de 28 de febrero, del pleno del tribunal constitucional, en los conflictos positivos de competencia 299/1985, 313/1985 y 318/1985 (a...
ORDEN 311/2006, de 7 de febrero, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se convoca un puesto de trabajo para su provisión por el sistema de Libre Designación en la referida Consejería.
ORDEN 316/2003, de 9 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se procede al nombramiento del Coordinador General, Vocales y Secretaria del Pleno del Consejo de Seguridad e Higiene Alimentaria de la Comunidad de Madrid.
ORDEN CYT/272/2009, de 13 de febrero, por la que se convocan subvenciones destinadas a Entidades Locales con una población inferior a 20.000 habitantes para financiar la redacción de Planes Directores o de estudios análogos y las intervenciones de conservación y restauración en castillos y elementos de la arquitectura militar de Castilla y León. (Continúa en Suplemento n.º 2).
DECRETO 186/1990, de 5 de junio, por el que se crea en Almería la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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