Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3774
Timestamp: 2020-01-22 16:24:44+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 32/1999
SENTENCIA 32/1999, de 8 de marzo
ECLI:ES:TC:1999:32
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Carles Viver Pi- Sunyer, Presidente, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde Martín de Hijas, y don Guillermo Jiménez Sánchez, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 3.753/97, promovido por Banco Central Hispanoamericano, S. A., representado por el Procurador don Rafael Reig Pascual y bajo la dirección de la Letrada doña Alicia Beatríz Muñoz Lombardía, por presuntas dilaciones indebidas en relación con el proceso ejecutivo 487/96 sección D1, seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Palma de Mallorca. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en el Juzgado de Guardia de Madrid el 1 de septiembre de 1997 el Procurador don Rafael Reig Pascual, en nombre y representación del Banco Hispanoamericano, S. A., interpuso recurso de amparo constitucional por el motivo reseñado en el encabezamiento.
A) La entidad ahora recurrente de amparo demandó en juicio ejecutivo a la entidad mercantil Balle Ferrer, S. A. y otros. El procedimiento se siguió ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Palma de Mallorca. Los deudores consignaron la suma por la que se había despachado la ejecución, por lo que la parte ejecutante percibió el principal de la deuda.
6. La representación de la entidad recurrente presentó sus alegaciones en escrito que quedó registrado en este Tribunal el 3 de marzo de 1998. Aduce que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas presenta un carácter autónomo respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, siendo el contenido de aquél determinado mediante los criterios de la complejidad del litigio, la conducta de los litigantes y las autoridades, y las consecuencias de la demora para las partes. En el presente caso, y por lo que respecta al primer elemento, el supuesto que motiva la demanda de amparo carece de toda complejidad. Se trata de un incidente de impugnación de la liquidación de intereses frente al que no se ha suscitado oposición, dada la situación de aquietamiento de la parte ejecutada. En el cómputo de dicha liquidación, el Juzgado toma como base de cálculo el saldo al cierre de un contrato de préstamo, deduciendo los intereses devengados hasta tal fecha y capitalizados; por el contrario, la parte ejecutante sostiene en su breve y sucinto escrito de impugnación que la base del cálculo sea el importe íntegro del saldo de la operación al cierre, incluidos intereses. En cuanto al segundo elemento, no se puede cuestionar la diligencia de la parte ejecutante, pues ha presentado tres escritos con fechas distintas -de 14 de abril, 11 de junio y 8 de julio de 1997- solicitando al Juzgado una resolución al respecto e invocando en el último de ellos la vulneración del art. 24 C.E., sin obtener respuesta ni siquiera de justificación del retraso. Con ello, según criterio de la recurrente, se ha dado cumplimiento a los dos presupuestos formales exigidos por la doctrina constitucional: la denuncia previa del retraso o dilación ante el Juez ordinario a efectos de colaboración del interesado en la tarea judicial; y la existencia de un proceso en curso ante el órgano judicial (SSTC 69/1993, 33/1995, 16/1996). En otros casos similares, el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Palma de Mallorca, que tiene asumida en exclusiva la competencia de todos los procedimientos ejecutivos del partido judicial, resuelve en un plazo razonable, de uno a dos meses o menos, y se caracteriza por lo general en la agilidad de la tramitación de los referidos procedimientos. Pero en este caso se ha demorado más de un año en resolver una cuestión sencilla, lo que ha privado a la parte ejecutante del cobro de los intereses que han sido previamente consignados por el deudor y que están depositados en la cuenta bancaria del procedimiento de un modo totalmente improductivo para el acreedor.
La parte recurrente añade que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo el Juzgado ha dictado un Auto con fecha 1 de octubre de 1997 en el que resuelve la cuestión en el sentido de desestimar la impugnación presentada en su día por la parte ejecutante, con entrega a ésta del importe fijado en la liquidación efectuada por el Juzgado. En cierto modo ello supone un "allanamiento" judicial al amparo solicitado. La recurrente concluye su escrito en los siguientes términos: "No obstante la actual inutilidad práctica de la demanda del derecho de esta parte a obtener la resolución inmediata de la reclamación incidental formulada en el procedimiento, debe otorgarse el amparo solicitado en aplicación de la perpetuatio jurisdictionis, visto que, como se acaba de exponer, la solución a la demora y dilación denunciadas no se había producido en la fecha de interposición de la demanda de amparo."
Cumpliendo el anterior requerimiento, el Secretario del Juzgado comunicó a este Tribunal lo siguiente: "examinadas las actuaciones de que se trata, los juicios ejecutivos 487/96, referido al caso y 487/95 al que erróneamente se dirige el escrito en cuestión, éste no figura incorporado a ninguno de ambos autos, sin que pueda confirmarse su recepción en este Juzgado, al corresponder el sello de su presentación al estampado por la Oficina de Reparto del Decanato".
3. Desde la primera Sentencia en que nos ocupamos de este derecho fundamental, la STC 24/1981, hemos declarado que el proceso no puede entenderse desligado del tiempo durante el que se tramita. El art. 24.2 C.E., como el art. 14.3 c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se refiere al derecho en un sentido negativo, en cuanto que proscribe las dilaciones indebidas en todo proceso público. En sentido positivo, y bajo la invocación del art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, hemos afirmado el derecho a un plazo razonable. En uno y otro sentido, y por lo que se refiere a los procesos judiciales, la titularidad del derecho corresponde a las partes, en tanto que se atribuye al órgano judicial la obligación correlativa de no incurrir en dilaciones indebidas o de ejercer su jurisdicción en un plazo razonable. Puesto que, como regla, el impulso del proceso se produce de oficio en virtud del art. 237 L.O.P.J. y del art. 307 L.E.C., a los Jueces y Tribunales les incumbe practicar los trámites oportunos invirtiendo en ello el mínimo tiempo posible. La Constitución no impone un principio de celeridad y urgencia en las actuaciones judiciales, al precio de ignorar los derechos de las partes. Por el contrario, pretende asegurar en este punto un equilibrio entre la duración temporal del proceso y las garantías de las partes, pues tan perjudicial es que un proceso experimente retrasos injustificados como que se desarrolle precipitadamente con menoscabo de las garantías individuales (STC 324/1994, fundamento jurídico 3º). Por ello, el derecho del justiciable a un proceso sin dilaciones indebidas supone correlativamente para los órganos judiciales, no la sumisión al principio de celeridad, sino la exigencia de practicar los trámites del proceso en el más breve tiempo posible en atención a todas las circunstancias del caso, que ciertamente pueden ser muy variadas.
Aunque el requisito de la previa invocación persiga el mismo fin que el del agotamiento de los recursos -el de garantizar la subsidiariedad del recurso de amparo-, no cabe confundir ambas exigencias para la admisión a trámite de un recurso de amparo desde una perspectiva material. Con la exigencia de agotar los recursos se trata de consumir las posibilidades de que los órganos judiciales reparen la eventual vulneración en la que hayan podido incurrir, en tanto que la previa invocación es necesaria para que el debate ante Jueces y Tribunales gire precisamente en torno a dicha vulneración. El art. 44.1 a) LOTC exige el agotamiento de aquellos recursos que sean utilizables en la vía judicial, con lo que se cumple el precepto cuando no está legalmente previsto ningún recurso o cuando no es utilizable por un motivo no imputable al justiciable. La referida norma no impone, en consecuencia, algo imposible, sino algo perfectamente realizable, pero siempre en función de los medios impugnatorios previstos por las leyes. Ocurre con frecuencia que la vulneración del derecho fundamental se atribuye a la última resolución judicial, con lo que no cabe ya ningún recurso. Pues bien, en tal hipótesis queda observado el art. 44.1 a) LOTC. Por su parte, el requisito de la previa invocación no es equiparable al de agotamiento de recursos. En algunas ocasiones se cumplimentarán conjuntamente cuando el medio impugnatorio coincida con el momento hábil para efectuar la denuncia de la vulneración. Pero en otras ocasiones no ocurrirá lo mismo. En efecto, puede no estar previsto legalmente un recurso adecuado para la reparación del derecho que se estima lesionado, como es el caso de la generalidad de las dilaciones por omisión (STC 5/1985, fundamento jurídico 2º), y no obstante ser exigible la denuncia previa de haber sido vulnerado el derecho fundamental. Pues respecto a esta última exigencia el art. 44.1 c) LOTC sólo obliga a que se realice "formalmente", lo que no quiere decir necesariamente a través de un recurso o medio impugnatorio, sino a través de cualquier medio, incluso oral (AATC 270/1989, 2/1991), que permita su acreditación fehaciente en el posterior proceso de amparo. En el caso de vulneraciones producidas a través de omisión, esa invocación se efectúa normalmente a través de un escrito con los datos necesarios para que la denuncia llegue a conocimiento del órgano judicial y tiene la finalidad, bien de que el órgano judicial repare la vulneración mediante una pronta reanudación de la marcha del proceso, bien de que si la vulneración ya está consumada ésta no se extienda aún más en el tiempo (STC 21/1998), dando incluso la oportunidad al Tribunal a quo de que la reconozca con el objeto de reclamar ante las instancias oportunas.
5. En el presente caso, la entidad bancaria recurrente de amparo aduce en su demanda que ha denunciado la paralización de las actuaciones ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Palma de Mallorca mediante tres escritos, con fecha 14 de abril de 1997, 11 de junio de 1997 y 8 de julio de 1997 [véase supra antecedente 2 E ) y D)]. Sin embargo, sólo aporta junto a la demanda el último de los citados, por lo que nuestra atención se debe centrar exclusivamente en dicho documento. Una vez recibidas en la Sala la copia de las actuaciones correspondientes al juicio ejecutivo 487/96, objeto del proceso a quo, y sometidas exhaustivamente a cotejo, se comprueba que ni siquiera el escrito de denuncia de las dilaciones de 8 de julio de 1997 se encuentra incorporado a las actuaciones. Se observa asimismo que en tal escrito figura erróneamente el año del número de registro del juicio ejecutivo, indicándose el 487/95 y no el 487/96, que es el que verdaderamente corresponde al procedimiento (véase supra antecedente 9).
Reiteradamente hemos señalado que sobre quien impetra el amparo constitucional pesa, no solamente la carga de abrir la vía para que este Tribunal pueda pronunciarse sobre las vulneraciones de la Constitución que se aleguen, sino además la de proporcionar la fundamentación fáctica y jurídica que razonablemente es de esperar, y que se integra en el deber de colaborar con la justicia del Tribunal Constitucional, sin que le corresponda a éste construir de oficio las demandas, ni suplir las razones de las partes, ni suscitar la eventual existencia de motivos relevantes fuera de los supuestos contemplados por el art. 84 LOTC (ATC 256/1991; en sentido similar: SSTC 45/1984, 1/1996, 7/1998; AATC 369/1989, 399/1990, 154/1992, 201/1996, 291/1997). Por otro lado, con carácter general al demandante le corresponde acreditar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la viabilidad del recurso de amparo (ATC 2/1991). Y, en particular, el ATC 331/1997 ha declarado que también es carga del recurrente aportar al Tribunal los elementos de convicción mínimos que permitan corroborar sus afirmaciones, si las propias resoluciones impugnadas aparecen carentes de toda referencia a los derechos fundamentales supuestamente invocados, como era el caso, y no existe ningún indicio objetivo que ratifique las afirmaciones de la demanda, formuladas por lo demás bajo la responsabilidad profesional de quienes la suscriben (arts. 81 y 95.3 LOTC y art. 442 L.O.P.J.). El mismo ATC 331/1997 añade que es suficiente la copia simple de cualesquiera de los documentos relevantes, sin perjuicio de que, en caso de admisión del recurso, proceda cotejar la documentación ofrecida por la parte en la fase de admisión con el testimonio auténtico de las actuaciones (requeridas tras aceptar conocer del recurso, ex art. 51.1 LOTC). Nuestra ley Orgánica permite que, en la fase inicial, el cumplimiento de los requisitos procesales se acredite mediante la simple copia o fotocopia de los documentos relevantes, con el fin de facilitar y agilizar dicha fase [como muestra el art. 49.2 b) LOTC], sin necesidad de requerir ni el traslado de los originales ni certificaciones.
Es cierto que la entidad recurrente ha aportado junto a la demanda el escrito de denuncia ya referido, en el que consta la expresión "es copia" y figura el sello de entrada del Registro del Decanato de los Juzgados de Palma de Mallorca, con fecha de 9 de julio de 1997. Aunque se dirige al Juzgado de Primera Instancia núm. 7, contiene el error, como ya ha quedado expresado, de tergiversar la fecha del número de autos, y no consta en las actuaciones.
Número y fecha BOE [Núm, 89 ] 14/04/1999 Corrección 1
Tipo y número de registro Recurso de amparo 3753-1997
Contra presuntas dilaciones indebidas en la tramitación de procedimiento ejecutivo seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Alicante.
Es doctrina reiterada de este Tribunal que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas también ha de ser observado en la fase de ejecución ( SSTC 26/1983, 10/1991, 33/1997, 53/1997); más concretamente, en la STC 78/1998 hemos examinado una queja similar formulada por la misma entidad recurrente en un juicio ejecutivo, caracterizado por la sumariedad y la cognición limitada, y que se desarrolla mediante una tramitación sumamente abreviada, que se ordena a atender, con la mayor celeridad posible, la efectividad de la acción ejecutiva ejercitada. [F. J. 2]
Por lo que se refiere a la segunda cuestión planteada, hay que partir de que con posterioridad a la interposición de la demanda de amparo por la actora, el Juzgado de Primera Instancia dictó un Auto con fecha 1 de octubre de 1997 en el que resolvió la impugnación sobre la liquidación de intereses en sentido contrario al solicitado por el Banco Central Hispanoamericano. La ejecución ha quedado concluida con esta resolución, y, por tanto, ha cesado la hipotética dilación durante la tramitación del presente proceso de amparo. Ahora bien, aun así, este mismo proceso constitucional de amparo no ha quedado desprovisto de objeto por la razón aludida, como hemos declarado en otras ocasiones (SSTC 26/1983, 5/1985, 61/1991, 35/1994, 180/1996, 21/1998, 78/1998). Pues se trata de determinar si el lapso de tiempo transcurrido desde la impugnación de la liquidación de intereses hasta la interposición de la demanda de amparo puede ser calificado, desde una perspectiva constitucional, como dilaciones indebidas. La inactividad judicial persistía al tiempo de la formulación del recurso de amparo, de modo que la resolución judicial posterior a este momento decidiendo la cuestión suscitada por la parte ejecutante no es capaz de reparar el eventual retraso experimentado. [F. J. 2]
La Constitución no impone un principio de celeridad y urgencia en las actuaciones judiciales, al precio de ignorar los derechos de las partes. Por el contrario, pretende asegurar en este punto un equilibrio entre la duración temporal del proceso y las garantías de las partes, pues tan perjudicial es que un proceso experimente retrasos injustificados como que se desarrolle precipitadamente con menoscabo de las garantías individuales (STC 324/1994, fundamento jurídico 3.o). Por ello, el derecho del justiciable a un proceso sin dilaciones indebidas supone correlativamente para los órganos judiciales, no la sumisión al principio de celeridad, sino la exigencia de practicar los trámites del proceso en el más breve tiempo posible en atención a todas las circunstancias del caso, que ciertamente pueden ser muy variadas. Por otra parte, conviene advertir ya desde ahora que la vulneración del referido derecho puede producirse tanto por omisión, que consiste en la mera inactividad judicial y que normalmente ocurrirá con mayor frecuencia; como por acción, mediante resoluciones que acuerdan la práctica de trámites que ocasionan un alargamiento innecesario del proceso. [F. J. 3]
La naturaleza subsidiaria del amparo pretende que sean los órganos judiciales los encargados de dispensar como "prima ratio" la tutela de todos los derechos fundamentales, correspondiendo a este Tribunal Constitucional pronunciar la última palabra en este aspecto, de conformidad con el art. 123.1 C. E. Y, por otra parte, la exigencia de la previa invocación descansa en el deber que la Constitución impone en el art. 118 a todos, incluidas las partes, de colaborar con los Jueces y Tribunales en el curso del proceso (SSTC 206/1991, 140/1998). Por todo ello, invariablemente la doctrina de este Tribunal ha afirmado la exigencia de que sean denunciadas las dilaciones en el proceso "a quo". [F. J. 4]
Puede no estar previsto legalmente un recurso adecuado para la reparación del derecho que se estima lesionado, como es el caso de la generalidad de las dilaciones por omisión (STC 5/1985, fundamento jurídico 2.o), y no obstante ser exigible la denuncia previa de haber sido vulnerado el derecho fundamental. Pues respecto a esta última exigencia el art. 44.1 c) LOTC sólo obliga a que se realice "formalmente", lo que no quiere decir necesariamente a través de un recurso o medio impugnatorio, sino a través de cualquier medio, incluso oral ( AATC 270/1989, 2/1991), que permita su acreditación fehaciente en el posterior proceso de amparo. [F. J. 4]
En otras situaciones similares de error en la identificación del número de los autos, varias resoluciones de este Tribunal han considerado que tal error no puede imputarse al órgano judicial, sino a la insuficiencia en la identificación del escrito del interesado, que, pudiendo hacerlo, no expresó los datos necesarios para que su escrito se uniera a las actuaciones correspondientes, cuando constituye una carga del compareciente la completa identificación del proceso en todas sus circunstancias, y el no hacerlo implica una falta de diligencia por su parte. [F. J. 5]
Artículo 307, f. 3
Artículo 44.1 c), ff. 4, 6
Artículo 49.2 b), f. 5
Criterios de apreciación de dilaciones indebidasCriterios de apreciación de dilaciones indebidas, ff. 4, 5

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 307

Artículo 44

Artículo 49