Source: http://europeanctj.org/2016/07/18/directrices-medidas-recomendaciones-y-propuestas-para-la-aplicacion-efectiva-del-acuerdo-final-sobre-justicia-transicional/
Timestamp: 2019-04-25 21:59:47+00:00

Document:
para la Aplicación Efectiva del Acuerdo Final sobre Justicia Transicional entre el Gobierno Nacional y la FARC-EP (las Partes)
Las presentes líneas directrices, medidas, propuestas y recomendaciones se fundamentan en un sólido acervo multilateral, cuyos hitos más recientes son el estudio detallado del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, las resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre “las mujeres y la paz y la seguridad”, la Resolución 2005/2215 del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres en los conflictos armados y su función en relación con la reconstrucción y en el proceso democrático en los países en situación de posconflicto, los artículos correspondientes de los Convenios relativos a los derechos humanos y al Derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Las siguientes directrices son contextuales y no deben ser consideradas como absolutas. Estas líneas directrices, medidas, propuestas y recomendaciones representan un pequeño vademécum de buenas prácticas, que puede servir para recordar ideas que ya se conocen. Esperamos que sirvan como recurso para encargados de la formulación de políticas, legisladores, abogados, jueces, miembros de la sociedad civil en sus esfuerzos por promover estrategias más eficaces para lograr los objetivos de la justicia transicional.
Una buena gestión de las situaciones post-conflicto constituye el mejor modo de evitar un nuevo conflicto.
Asuntos pendientes y tareas por realizar, tras la conclusión del conflicto, con vistas a alcanzar una paz firme, duradera, con justicia social y garantías de no repetición.
Los principales retos de orden político institucional y socio económico que deberá enfrentar Colombia tras la firma del Acuerdo Final con las FARC-EP, pueden ser resumidos del siguiente modo:
I.Recursos y legislación
Entre las medidas importantes figuran:
– Hacer efectiva la aplicación de las medidas y mecanismos de justicia transicional tutelados en los tratados internacionales, así como en los correspondientes instrumentos regionales de derechos humanos;
– Revisar el actual marco regulador internacional en relación con el Derecho internacional humanitario y enfocar la justicia transicional de manera coherente con el apoyo del ONU a la justicia penal internacional en general y a la Corte Penal Internacional (CPI) en particular;
– Establecer mecanismos de verificación internacional de su implementación efectiva. Se destaca el papel subsidiario de la CPI;
– Revisar la jerarquía constitucional de las medidas y mecanismos de justicia transicional “inclusiva” en materia de derechos humanos;
– Proponer que, en caso de suspensión de garantías, sea solamente el Congreso Nacional quien la apruebe;
– Establecer que la Corte Constitucional revise, de oficio, la constitucionalidad de los decretos que emita el Ejecutivo, durante la mencionada suspensión de derechos;
– Establecer explícitamente las garantías que no estarían sujetas a suspensión; reconocer el deber de respetar la garantía de audiencia en todos los supuestos, sobre todo en relación con el examen preliminar, la investigación, la detención y la entrega, la protección de las víctimas y los testigos, la libertad provisional y la ejecución de las sentencias;
– Adecuar el Marco Jurídico para la Paz para que los derechos humanos que se han reconocido a través de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, cuenten con un mecanismo de control, es decir, las acciones de inconstitucionalidad;
– Poner en marcha una reforma institucional del poder judicial, con objeto de mejorar el funcionamiento del Estado de Derecho con arreglo a las normas internacionales. La reforma institucional de las fuerzas policiales, el ejército y el poder judicial debe prever una mayor responsabilidad y transparencia en el proceso de transición. Otro de los ámbitos que requieren reformas estructurales es la mejora de las instituciones gubernamentales en los ámbitos local, regional y nacional y de los organismos seguridad;
– Determinar el papel que desempeñaran las fuerzas armadas, a fin de que se vaya restringiendo a medida que aumente la presencia de las fuerzas policiales civiles en las zonas posconflicto, y a que vele por el pleno respeto del debido procedimiento legal y de los derechos civiles y políticos por parte de los miembros de las fuerzas armadas y de la policía;
– Se ha de establecer un deber de colaboración general de los funcionarios públicos con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Sala de Amnistía e Indulto y el Tribunal para la Paz, así como de la Unidad de Investigación y Acusación con la Comisión y el Tribunal;
– Adoptar una reforma estructural para mejorar drásticamente la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Sala de Amnistía e Indulto y el Tribunal para la Paz, así como de la Unidad de Investigación y Acusación, a través de la garantía al principio de autonomía, del establecimiento de la participación de la sociedad civil en el nombramiento de sus titulares y de la precisión de su régimen de responsabilidades. La comprobación de los antecedentes del personal que trabajará en las instituciones de transición será una prueba de credibilidad para la justicia transicional en Colombia;
– Aplicar plenamente las siguientes resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad, en la que se pide la participación de las mujeres en todos los aspectos y a todos los niveles de la resolución de conflictos, y Resolución 1820 sobre la violencia sexual en situaciones de conflicto y posconflicto, así como las posteriores Resoluciones 1888, 1889 y 1960, que se basan en las resoluciones antes mencionadas;
– Formular con base en lo anterior, los escenarios futuros de corto, mediano y largo plazo y de las alternativas de participación de las mujeres en los procesos de paz y que se reconozca la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la prevención de conflictos, las operaciones de mantenimiento de la paz, la ayuda humanitaria y la reconstrucción posterior a los conflictos;
– Diseñar las estrategias e instrumentos políticos, económicos, financieros y regulatorios que permitan viabilizar y hacer sostenible el desarrollo de los mecanismos de justicia transicional;
– Definir las reglas de funcionamiento del Grupo de Trabajo sobre Reparaciones (GTR);
– Definir el papel de las asociaciones de víctimas, de las ONG y de la sociedad civil para la consecución de estos acuerdos;
– Solucionar los problemas legales y las cuestiones conexas a la restitución de la propiedad ilegítimamente sustraídas y Restitución de tierras: “establecer canales para un diálogo sereno y respetuoso que permita avanzar en la garantía de los derechos humanos de las víctimas reclamantes y de los segundos ocupantes que acrediten la buena fe” (ACNUR).
– Colombia habiendo ratificado la Convención contra la tortura (7 de enero de 1988), tiene un preciso deber internacionalmente sancionado de perseguir o extraditar hacia estados capaces de garantizar el derecho a un juicio justo a los responsables de este crimen. El principio aut dedere aut judicare es codificado en importantes tratados internacionales, y en particular en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y la Convención contra la Tortura (Nueva York, 10 de diciembre de 1984);
– Colombia debe aplicar un enfoque basado en los derechos que abarque todos los derechos humanos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, con el fin de integrar los principios de los derechos humanos en la aplicación de la justicia transicional inclusiva;
– Colombia ha ratificado el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, por lo que se han comprometido a hacer respetar estos derechos en su propio territorio;
– Estructurar una serie de propuestas que garanticen la participación de las FARC y organizaciones políticas alternativas, como insumo para que cuanto antes la guerrilla se convierta en actor político con las garantías acordadas: Estatuto de la Oposición, la modificación del régimen electoral colombiano y el establecimiento de las circunscripciones especiales de Cámara para zonas de conflicto;
– Reformar el “Marco legal para las elecciones” o Reforma electoral para la paz al fin de conseguir un sistema que resulte inequívoco, comprensible y transparente, así como los códigos de conducta, voluntarios o de otro tipo, que pueden tener un impacto directo o indirecto en el proceso electoral;
1.Medidas propositivas
– Eliminar las imprecisiones y colmar las lagunas de los acuerdos provisionales alcanzados hasta la fecha, especialmente en el caso de los relativos a la justicia transicional y a la reparación a las víctimas del conflicto armado;
– Presentar planes generales de elaboración y ejecución de política específica de justicia transicional que se centren en la búsqueda de la verdad, mecanismos de rendición de cuentas judicial y programas de compensación que incluyan a las víctimas de violencia sexual dentro de los plazos establecidos por el Acuerdo Final. Los planes presentados deberían indicar con exactitud las medidas que han de tomarse en cada uno de los compromisos para la implementación de los mecanismos de la justicia transicional. En ellos se establecería un calendario de reformas y medidas en favor de las víctimas –más de 7,5 millones de colombianos–, se definirían los papeles respectivos de las autoridades públicas y de otras organizaciones, y se determinaría cómo está previsto que se financie cada plan. Estos objetivos no pueden conseguirse de la noche a la mañana;
– Hacer públicas herramientas y buenas prácticas basadas en la aplicación de principios de justicia restaurativa: Centro de Servicio de Mediación de Libertad Condicional en procedimientos pre-juicio y en la corte; Conferencias de grupos comunitarios y familiares; Comités pacificadores; Sentencias en círculo; Programas restaurativos para delincuentes juveniles; Foros de justicia nativa y de costumbres y Construcción sobre prácticas de derecho consuetudinario;
– Materializar y aplicar con prontitud su(s) voluntad (es) de poner fin a la cultura de impunidad con respecto a los presuntos criminales de guerra y violadores de los derechos humanos;
– Crear las condiciones favorables post conflicto para la celebración de unas elecciones libres, imparciales y democráticas que se ajusten a las normas internacionales;
– Adoptar políticas de seguridad en favor de los refugiados, los desplazados y los grupos más vulnerables, para combatir el terrorismo, la violencia contra la mujer, la explotación y el tráfico (de drogas, armas y mercancías) y la trata de seres humanos;
– Aplicar la hoja de ruta de transición para lograr la plena restauración del orden constitucional, la gobernanza democrática y la unidad nacional, como componentes esenciales que son del proceso de paz global;
– Reconocer que el Estado colombiano tiene el deber de promover los derechos humanos en la totalidad de su territorio y que el desarrollo económico y social equitativo es garante de paz y condición necesaria para el crecimiento inclusivo y sostenible del país;
– Lograr una participación sistemática de las mujeres en el proceso de transición democrática, resolución de conflicto y en la toma de decisiones de carácter político y económico;
– Formular con base en lo anterior, los escenarios futuros de corto, mediano y largo plazo y de las alternativas de participación paritaria de las mujeres en las comisiones de investigación para la reconciliación que se formen, así como la integración de la perspectiva de género en las medidas aprobadas por dichas comisiones;
– Velar por que la legislación nacional colombiana sea acorde con las convenciones internacionales;
– Establecer la justicia de transición como un contenido fundamental de la educación en Colombia y elaborar una política específica sobre la justicia transicional con objeto de ayudar a las sociedades a abordar las vulneraciones cometidas en el pasado y luchar contra la impunidad. Los órganos del poder judicial deberían diseñar e incluir dentro de su programación cursos de capacitación, información y sensibilización dirigidos a la judicatura en el campo de la legislación vigente sobre temas relacionados con la justicia transicional. Se recomienda hacer uso de las plataformas de la educación virtual y el acompañamiento de universidades públicas y organismos internacionales, para tal efecto.;
– Movilizar a la opinión pública en lo tocante al derecho de todos a la educación de la justicia transicional inclusiva;
– Realizar campañas de sensibilización por conducto de los medios de comunicación, carteles, conferencias y formación;
– Formular políticas a largo plazo para que el desarrollo económico y social logre y mantenga objetivos de justicia transicional inclusiva;
– Lograr que el sector privado apoye la justicia transicional inclusiva;
– Forjar un consenso en torno a los conceptos de justicia transicional inclusiva y de calidad;
– Reformar la legislación con miras a apoyar la educación de la justicia transicional inclusiva de conformidad con las convenciones, y declaraciones y recomendaciones internacionales;
– Apoyar la creación de capacidad local para promover el progreso hacia la educación de la justicia transicional inclusiva;
– Es necesario aclarar más el término justicia transicional inclusiva y conseguir que lo adopten más ampliamente los educadores, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, los encargados de la formulación de políticas y los agentes sociales;
– Evitar la revictimización y coerción;
II.Jurisdicción Especial
La instrucción y el juicio de los sujetos involucrados por delitos relacionados con el conflicto estará constituida por una serie de salas de justicia, entre las que se incluye una Sala de Amnistía e Indulto y un Tribunal para la Paz. Los procedimientos y actuaciones de pacificación llevadas a cabo por estas Salas y secciones deberían ser rápidos y con todas las garantías (artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Las violaciones cometidas contra las mujeres y los niños deberán estar en el corazón de los temas abordados.
Teniendo como punto de referencia la Declaración de principios” del 7 de junio de 2014, Comunicados Conjuntos, las experiencias piloto y el paralelismo y lecciones de otros procesos alrededor del mundo. Las competencias de la Comisión para la verdad, el Tribunal para la Paz y Sala de Amnistía e Indulto en general, comprenderá a la postre los siguientes aspectos:
1). Derecho a solicitar documentos y pruebas físicas y de obligar a que comparezcan testigos;
2). Proporcionar documentos y pleno acceso a los Archivos del Estado, informes, publicaciones y cualquier otra información pertinente;
3). El poder de llamar a las personas a testificar;
4). La organización de audiencias públicas o privadas;
5). El poder de llevar a cabo inspecciones en los lugares públicos y privados;
6). Adoptar las medidas necesarias para proteger a las víctimas y los testigos;
7). Garantizar directamente reparaciones a las víctimas que tienen derecho y sin pasar por la mediación de la administración estatal;
8). Investigar y establecer en el modo más completo posible las causas de lo ocurrido;
9). Tomar las medidas necesarias para garantizar la reparación, la eliminación de la impunidad y la reconstrucción de la dignidad de las víctimas y otros mecanismos de conservación y difusión de informaciones sobre las violaciones de los derechos fundamentales. La reparación debería ser lo más inclusivo posible con el fin de evitar cualquier marginación de las víctimas y apoyar su reintegración y la potenciación de la sociedad;
10). Corregir los daños sufridos por las víctimas como consecuencia de delitos graves conforme al derecho internacional a través de una amplia gama de medidas y / o beneficios simbólicos a las víctimas. Estás pueden incluir la compensación monetaria, la rehabilitación (por ejemplo, servicios médicos y psicológicos, el apoyo educativo) y las medidas de reinserción socioeconómica, devolución de los bienes o la indemnización por la pérdida de los mismos, además disculpas oficiales a las víctimas, la construcción de museos y monumentos, y el establecimiento de días de conmemoración. Un enfoque centrado en las víctimas requiere la participación temprana y la participación activa de las víctimas y las comunidades afectadas, incluyendo los diversos grupos étnicos, raciales, religiosas y de otro tipo o minorías;
11). Promover la reconciliación nacional, investigar los crímenes cometidos de quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado;
12). Implementar políticas de reconciliación para todos aquellos que hayan rendido una confesión completa y hayan probado que los crímenes cometidos fueron motivados por razones políticas;
13). El castigo de los responsables de los delitos particularmente los más graves y representativos como los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, y los graves crímenes de guerra y potencialmente ejecutar penas reducidas (tratamiento especial) para todos los responsables que voluntariamente se comprometen a cooperar con el Tribunal Especial y la Comisión para la reconstrucción de la verdad de los hechos: “Quienes reconozcan su responsabilidad serían condenados a entre 5 y 8 años de cárcel; quienes reconozcan su responsabilidad tardíamente antes de la sentencia, tendrán una pena privativa de la libertad de entre 5 y 8 años; y quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables serán condenados hasta con 20 años de prisión” (propuesta del Gobierno en La Habana, la cual aún no se ha acordado con los negociadores de las Farc. Martes, 12 de Abr de 2016, diario el Espectador).
En cualquier caso, su carácter será marcadamente contradictorio y con fases bien delimitadas. La instrucción tendrá carácter eminentemente escrito y la vista naturaleza oral. El laudo o sentencia será dictada conforme el Derecho nacional e internacional. Además, podrían deferir los casos de violaciones de derechos humanos al poder judicial, incluidos secciones especializadas, en las posibles situaciones de procedimientos penales paralelos que pudieran suscitarse. Estos organismos constituyen entes autónomos, caracterizados por la independencia e imparcialidad.
Directrices de la Jurisdicción Especial: Salas de Justicia
– Fomentar la reforma de las instituciones encargadas de la justicia, la seguridad y los servicios básicos con el fin de ayudar a restablecer el Estado de Derecho y crear mejores condiciones para la transición democrática, los derechos humanos, un desarrollo sostenible y la legitimidad institucional;
– Establecer instancias judiciales imparciales e independientes encargadas de juzgar los delitos internacionales, aunque en los procedimientos de nombramiento, que le permita trabajar de manera efectiva para la eliminación de la impunidad y la reforma de los sistemas judiciales nacionales especializados. Esto deberá incluir medidas legislativas, aplicación de la ley y la reforma judicial, pero deberá realizarse en estrecha cooperación con las víctimas y la sociedad civil;
– La futura Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición debería contar con la representación más amplia posible, a composición integradora y producir resultados prácticos cuanto antes. Esta tiene la tarea de documentar las violaciones de los derechos humanos que se hayan producido desde el inicio del conflicto, estudiar los aspectos que dieron lugar a la crisis, investigar de forma abierta y exhaustiva las denuncias de abusos y discriminación contra las comunidades, hacer recomendaciones para lograr mejoras significativas, apoyar plenamente el proceso de reconciliación nacional y de diálogo integrador;
– La pronta instauración de estrategias de investigación y procedimiento jurisdiccional coherentes y eficaces son un elemento de fundamental importancia. Si es necesario, a través de listas de expertos imparciales y altamente capacitados que puedan desplegarse rápidamente para ayudar al gobierno a la realización de investigaciones independientes;
– Establecer una cooperación lo más estrecha posible entre el Tribunal para la Paz, la Sala de Amnistía e Indulto y la Comisión para la Verdad y las autoridades y los tribunales de Colombia;
– Establecer criterios comunes y concordar parámetros a la hora de acordar las disposiciones normativas atinentes a la tramitación del procedimiento judicial (Reglamento de Procedimiento) y Prueba y expedir un Código Disciplinario y efectuar las reformas que consagre clase de faltas, competencia, procedimiento, sanciones, de los miembros de las Salas y secciones, así como de los integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación;
– Definir las reglas de funcionamiento, la adopción del propio Reglamento y de los medios y recursos financieros necesarios de los miembros de las Salas y secciones, así como de los integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación: disposiciones generales, poderes, estructura operativa, administración y cuestiones financieras, comunicación e información y disposiciones finales. La independencia de los Tribunales especiales y de los titulares de mandato es un requisito esencial para su eficaz funcionamiento: se destaca la necesidad de disponer de una financiación específica para garantizar dicha independencia;
– Establecer criterios de presencia equilibrada de hombres y mujeres en dichos órganos;
– Crear mecanismos para definir la necesaria relación política jurídica entre Tribunal para la Paz, Sala de Amnistía e Indulto y Comisión para la verdad en los asuntos de su competencia y autonomía (Especial) y la jurisdicción de los tribunales penales internos y tribunales militares (Ordinaria) – conflicto de jurisdicción -. En tal sentido, son jueces ordinarios aquellos taxativamente indicados en las normas sobre el orden judicial, y provistos de una competencia generalizada; son en cambio especiales los jueces que tienen una cognición circunscrita a determinadas categorías de crímenes y con respecto de los que vale la prohibición de nueva institución. Sus principales notas diferenciadoras vienen proporcionadas por el carácter preexistente y permanente del órgano judicial ordinario y la constitución ad hoc de la institución Especial;
– Concebir en el propio Estatuto del Tribunal para la Paz, Sala de Amnistía e Indulto y Comisión para la Verdad (nonjudicial body) una norma que consienta utilizar el nombre y apellido de los perpetradores durante las audiencias públicas y en la relación final. Esto a tutela del derecho a la verdad, sancionada recientemente en un documento de las Naciones Unidas contra la impunidad, dirigida a garantizar una verdadera reconciliación;
– Hacer todo lo posible para que el Tribunal Especial cuente con el respaldo de la comunidad internacional y siente un precedente en el Derecho internacional. El Tribunal Especial desempeñará un importante papel en favor de la paz y la justicia en Colombia y deberá trabajar para garantizar un legado duradero; considerando que el Tribunal contribuirá a capacitar a los ciudadanos de Colombia en el ámbito judicial y que sus actividades extrajudiciales son esenciales para la consecución de una paz duradera en Colombia y la lucha contra la impunidad y el avance de la justicia penal internacional;
Justicia penal. Procedimientos y autores
Principales cuestiones y ámbitos de actuación concretos
– Cualquier causa penal relacionada con el conflicto debería resolverse, según los principios y standard internacionales del Justo proceso. El enjuiciamiento nacional debería basarse en objetivos claros y una investigación de todos los tipos de delitos, se tratarían todos los temas que incumben al conflicto, independientemente de los presuntos autores.
– Los autores de violaciones graves de los derechos humanos o de graves violaciones del derecho internacional humanitario deben ser objeto de investigaciones eficaces y deben contar con un procedimiento que aporte las garantías procesales reconocidas internacionalmente, como el ser informados del motivo de la detención, ser acusados de un delito concreto y tener un juicio justo lo antes posible, que deben adherirse a los principios de un juicio justo, el debido proceso y el acceso a la justicia para las víctimas. Ello debería acompañarse de una robusta estrategia de comunicación y difusión para enlazar con las víctimas y las comunidades afectadas y para ayudar a restaurar la confianza en las instituciones judiciales nacionales. En la misma línea, se ha de evitar los juicios llevados a cabo en ausencia y otorgar remedios apropiados que puedan garantizar a aquellos inculpados por error y la protección de testigos: disponer de infraestructuras para garantizar la protección de los testigos (el uso de videoconferencias) y entradas separadas para el público, los acusados y los testigos, y quienes estén a cargo de la diligencia que se pretende realizar velen porque las personas testigos y víctimas se mantengan, de previo a su declaración, en un ambiente propicio, en todo caso separado de declarantes e indiciados, tratando de evitar cualquier tipo de injerencia y/o contaminación de su testimonio por parte de factores externos o de terceros;
– Establecer procedimientos que permitan definir al acto jurisdiccional de una manera precisa: si los hechos punibles realizados en el pasado son sancionados de acuerdo con la ley vigente en el tiempo; si estas Salas de justicia resuelven según el Código de Procedimiento Penal o el Código militar colombiano en los casos de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos. Al respecto, se haría referencia al principio de irretroactividad de la norma penal y la jurisdicción, sea bajo el perfil ratione personae sea bajo el perfil ratione temporis (el mandato y la competencia). El primer perfil, constituye un fundamental corolario del principio de legalidad (nulo poena et nullum crimen sine proevia lege). El segundo concierne la competencia ratione temporis (razón de temporalidad) para concluir sus funciones: en el caso que fueran pocos años a disposición y no prorrogables puede determinar la imposibilidad para examinar todos los casos (crímenes cometidos). La competencia ratione materiae del Tribunal se debería fijar respecto a los gross human rights violations: el mandato de dicho Tribunal es procesar a aquellas personas que son en mayor grado responsables por las atrocidades perpetradas en Colombia y el hecho de que desarrolle sus actividades in situ contribuirá a una mayor repercusión a nivel local;
– Poner en marcha un proceso transparente de selección de los magistrados de los Tribunales especiales y constituir un mecanismo que cuente con la participación de terceros que gocen de legitimidad y credibilidad.
– Revisar la doctrina militar de Colombia con el fin de adaptarla y preparar a las fuerzas armadas para responder de manera efectiva y ágil a los nuevos retos y desafíos en la fase de posconflicto, sirviendo al mismo tiempo de garante de los Acuerdos de paz;
– En lo que respecta la FARC suspender su instrucción militar para dedicarse en lo sucesivo a la formación política y cultural en el marco del proceso destinado a poner fin al conflicto armado;
– Pedir a las FARC-EP que colaboren plenamente en la repatriación de los cuerpos sin vida de colombianos desaparecidos y que prosigan la búsqueda en la zona concreta en la que se sospecha que están enterradas las personas desaparecidas; a que cooperen y asuman toda su responsabilidad con el fin de alcanzar soluciones duraderas para las personas desplazadas;
– Las FARC deberán cooperar con el Estado en la sustitución de cultivos ilícitos;
– Encontrar una solución al problema de las personas desplazadas, en particular en lo referente a la solución eficaz de litigios sobre propiedades;
– Asegurar las condiciones de retorno de los desplazados internos y refugiados, así como la restitución de tierras;
– Crear las soluciones justas para las personas y comunidades desplazadas de sus tierras, acceso al trabajo digno y reconocimiento de derechos laborales y sociales en toda Colombia, y que debe darse un apoyo especial a determinados colectivos que han sufrido desproporcionadamente el conflicto, como el afrocolombiano y el indígena;
– Establecer claros objetivos estratégicos acompañados de medidas por ambas partes para poner fin al conflicto de forma definitiva, con el pleno apoyo político y sin obstrucciones en particular, el compromiso de todas las partes signatarias para poner fin a toda violación de los derechos humanos y su compromiso con la unidad, el diálogo y el restablecimiento del orden constitucional;
– Apoyar una estrecha cooperación entre Comisión para la verdad y grupos de víctimas y la sociedad civil, antes, durante y después del trabajo, así como en la ejecución y seguimiento de la fase;
– Comenzar cuanto antes un proceso negociador entre el ELN y el Gobierno colombiano que lleve a su integración social y política en paz;
– Establecer una Subcomisión de Género que garantice la integración de la perspectiva de género en las negociaciones y la participación de las víctimas de violencia sexual y de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en los diálogos de paz;
– En lo que respecta a otros cuatro aspectos fundamentales, se subsanen las diferencias en el funcionamiento de los puntos críticos y se garantice la aplicación y el seguimiento operativo de las decisiones adoptadas respecto a: la reforma rural, la participación política de los rebeldes, el problema del narcotráfico y la justicia transicional;
Amnistía, juicios y jurisdicción
La cuestión de licitud de las amnistías se presenta, a menudo, durante la negociación de los acuerdos de paz y durante otros procesos de transición. En virtud del derecho internacional humanitario, los Estados pueden conceder una amnistía a las personas que han participado en un conflicto armado no internacional por delitos como rebelión, sedición y traición. Los Estados también pueden conceder amnistía para los rebeldes por actos legítimos de guerra (como la matanza de miembros de fuerzas armadas opuestas). Esta disposición tiene por objeto fomentar la reconciliación mediante la liberación de las personas detenidas o castigadas por el mero hecho de haber participado en las hostilidades. Sin embargo, esto no abarca la amnistía para los que han cometido graves crímenes internacionales;
– La decisión de conceder una amplia amnistía o indulto para los delitos políticos y conexos relacionados con el conflicto, incluye la adopción de un proyecto de ley que defina claramente el alcance de los delitos comunes y que aporte igualmente claridad sobre otros delitos comunes como el narcotráfico y su nexo con los crímenes políticos. Conforme a la legislación colombiana actual, se consideran como crímenes políticos los que atentan contra el régimen constitucional, señaladamente la rebelión, la sedición y la asonada;
– Poner en marcha sistemas efectivos que permitan evaluar la relación entre los crímenes de narcotráfico y el conflicto armado, evitando que entren en la competencia de la Jurisdicción delitos comunes cometidos fuera del contexto del conflicto armado;
– Ser excluidos de toda amnistía o indulto los delitos de lesa humanidad, genocidio y los graves crímenes de guerra, el acuerdo se debe ajustar al Derecho internacional penal y humanitario, y a los instrumentos y normas internacionales de aplicación en el ámbito de los derechos humanos;
– Las amenazas e intimidaciones a las víctimas y testigos podrían ser los principales obstáculos para un procedimiento relativo a los crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Una situación particular será la adecuada coordinación con otros países de la región y la comunidad internacional (una respuesta internacional concertadas, en estrecha asociación con los países origen, los de tránsito y los de destino), al fin de resolver el problema de eventuales fugitivos de crímenes de guerra.
Eso antepuesto, resulta claro como los desafíos a los que esta llamada Colombia para la puesta en marcha de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, son múltiples y de no fácil solución.
En esta etapa las principales cuestiones pendientes son: las condiciones bajo las cuales será decretado el alto el fuego bilateral, así como el mecanismo para validar por la vía popular los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las FARC. Según declaraciones del jefe negociador del Gobierno de Colombia, el alto el fuego y el cese de las hostilidades deben ser bilaterales, indefinidos y con verificación.
Estas y otras cuestiones fundamentales serán los enormes costos de la transición, el miedo de represalias de parte de los responsables de los crímenes cometidos y el difuso deseo de justicia y conservación de la memoria (véase, VV. AA. Transitions from Authoritarian Rule 1986).
Además de lo que antecede:
– La pronta firma del Acuerdo Final que incluya la desmovilización de los guerrilleros de la FARC y el decomiso de su armamento;
– Es de capital importancia que se resuelva la problemática de la reincorporación a la vida civil de los miembros de las Farc y hacer manifiesto el deber de protegerlos por parte del Estado;
– El derecho de las víctimas del conflicto a una reparación plena, real y justa por los daños físicos, morales y materiales sufridos;
– Garantizar el derecho de los ciudadanos y, en particular, de las víctimas para acceder a la información y los documentos públicos es fundamental para alcanzar el restablecimiento de la verdad y la confianza en las instituciones;
– La necesidad de desmontar las organizaciones criminales, incluyendo las que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo son otro elemento imprescindible para alcanzar la paz;
– Apoyar el papel de monitoreo de la situación relativa a los derechos humanos en el escenario posterior a los acuerdos de paz que está llamada a desempeñar la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia;
– Apoyar activamente el recientemente creado mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición;
– Cooperar plenamente con los relatores especiales y expertos independientes de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, también cursando invitaciones permanentes y recibiendo a dichos expertos;
– Apoyar la Resolución que aprobó unánimemente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, autorizando la creación de una misión internacional para la verificación y monitoreo del DDR;
– Colaborar con los enviados especiales para acompañar las conversaciones de paz que designaron los Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea;
– La desmovilización y reintegración de los excombatientes, especialmente los programas psicosociales para los niños soldados y las mujeres combatientes que hayan sido víctimas de abusos sexuales, el programa de limpieza y erradicación de minas, los programas de desarrollo alternativo y rural y el refuerzo de las estructuras civiles del Estado en el medio rural y urbano como medio para contribuir a una solución duradera;
– El desminado rápido y eficiente del país será fundamental una vez alcanzada la paz para evitar más víctimas y borrar las señales del conflicto;
– Es indispensable que las penas impuestas a perpetradores de los crímenes contribuyan al objetivo de reparación de las víctimas y a la reconciliación política, por lo tanto, se apoya la idea de que los perpetradores de delitos menos graves que hayan aceptado su responsabilidad puedan cumplir sus penas fuera de las cárceles, de forma que puedan contribuir a la reparación de las víctimas y restablezcan sus vínculos con la comunidad;
– La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición como mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial debería construir conjuntamente un relato histórico veraz de lo ocurrido, porque solo sobre la descripción honesta del pasado y la asunción de todas las responsabilidades es posible construir un futuro reconciliado y dar respuesta a los derechos de todas las víctimas. La Truth and Reonciliation Commission de Suráfrica en su informe final identificó cuatro significados fundamentales que el concepto de la verdad puede asumir: la verdad fáctica y forense, la verdad personal y narrativa, la verdad social y la verdad sanadora y restauradora (Cfr. Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Final report, I, 1998. Véase Corte Constitucional colombiana, Sentencia C-579 de 2013; Corte Suprema de Justicia Sentencia en Segunda Instancia 2007/2694 60/147; Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005);
– La solución al problema de las drogas ilícitas.
Estas directrices son solamente un pequeño vademécum que puede servir para recordar ideas que ya se conocen. Esperamos que sirvan como recurso para encargados de la formulación de políticas, legisladores, abogados, jueces, miembros de la sociedad civil en sus esfuerzos por promover estrategias más eficaces para lograr los objetivos de la justicia transicional.
Si bien un acuerdo entre el Gobierno y las FARC es una condición fundamental e ineludible para alcanzar la paz en el país – y es de prever que la transición posconflicto dure años y exija un compromiso duradero y a largo plazo por parte de la comunidad internacional y las perspectivas a largo plazo para la coexistencia pacífica y el desarrollo exigen reformas institucionales exhaustivas que proporcionen al país un proceso regulador que garantice el Estado de Derecho – el conflicto es mucho más profundo que un enfrentamiento entre guerrilla y Gobierno. La persistencia de la delincuencia organizada y de la corrupción en Colombia obstaculiza la reforma política, frena el desarrollo económico y cuestiona el Estado de Derecho. Además, para la consecución efectiva de la paz en el país serán necesarias muchas medidas para reducir las desigualdades y potenciar una cultura de paz postconflicto.
Colombia necesita un planteamiento equilibrado del fenómeno de la justicia transicional, que sea integral desde el punto de vista geográfico y que esté basado en la solidaridad y la responsabilidad. Solo una solución política puede proporcionar una vía sostenible hacia una transición democrática.
El proceso de transición en Colombia ha de basarse en la reconciliación nacional y el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y los principios democráticos. Se trata de textos ambiciosos y con visión de futuro. Es importante tomar conciencia de que la transición política y la democratización deben combinarse con el respeto de los derechos humanos, la promoción de la justicia, la transparencia, la rendición de cuentas, la reconciliación, el Estado de Derecho y el establecimiento de instituciones democráticas, teniendo debidamente en cuenta la igualdad de género y la justicia de menores, el derecho a reparar las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el conflicto. La sostenibilidad de la paz, la construcción del Estado tras el conflicto y la superación de la fragilidad requieren una perspectiva a largo plazo, además de un compromiso firme, previsible y estable de la comunidad internacional.
En definitiva, la posición de Colombia ante la comunidad internacional deberá ser condicionada de la imparcialidad e independencia de la administración de la justicia, demostrar la voluntad política de ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de delitos graves conforme al derecho internacional, en especial a través de iniciativas que buscan el fortalecimiento o desarrollo de la investigación nacional, la defensa legal adecuada, y la protección y asistencia a largo plazo para los testigos y las víctimas.
Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (2014). Commissione per gli affari politici DR\1033859IT.doc
Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (2005). Commissione per gli affari politici Co-relatori: José Ribeiro e Castro e Ana Rita Sithole (Mozambico) RR\558665IT.doc
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References: Resolución 
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