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Cualitativa Trabajo Final 2 Corregido 4 de Diciembre
Glosario Reglamentación Administrativa
MINISTERIO JUSTICIA E INTERIOR.
PRISIONES. Reglamento penitenciario. Real Decreto 190/1996, de 9 febrero 1996. Aprueba el Reglamento Penitenciario.
BOE 15 febrero 1996, núm. 40/1996 [pág. 5380]
El presente Real Decreto aprueba el Reglamento Penitenciario de desarrollo
ejecución de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP), que opera una reforma completa de la normativa reglamentaria penitenciaria de 1981.
La necesidad de abordar una reforma completa del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo ya se ponía de manifiesto en el preámbulo del Real Decreto 787/1984, de 26 de marzo, por el que se efectuó la modificación parcial de mayor envergadura del mismo. Desde aquel momento hasta el presente las razones que llevaron a pensar la necesidad de desarrollar un nuevo Reglamento Penitenciario capaz de extraer las potencialidades más innovadoras de la LOGP, no sólo no han desaparecido sino que se han incrementado.
Es en el aspecto de la ejecución del tratamiento - conforme al principio de individualización científica que impregna la LOGP - donde se encuentra el potencial más innovador para que la Administración Penitenciaria pueda mejorar el cumplimiento de la misión de preparación de los reclusos para la vida en libertad que tiene encomendada, cuya consecución exige ampliar la oferta de actividades y de programas específicos para los reclusos, potenciando las prestaciones dirigidas a paliar, en lo posible, las carencias y problemas que presentan los internos y, en definitiva, evitando que la estancia de los internos en los centros penitenciarios constituya un tiempo ocioso y perdido.
Asimismo, la reciente reforma de nuestra legislación penal mediante la promulgación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
la modificación introducida en el artículo 38 de la LOGP mediante la Ley Orgánica 13/1995, de 18 de diciembre, que exige la regulación de las unidades de madres y de las visitas de convivencia familiar, aconsejan no demorar por más tiempo la aprobación de un nuevo Reglamento que proporcione a la Administración el instrumento normativo adecuado para afrontar la política exigida por el actual momento penitenciario y dar respuesta a los nuevos retos planteados.
La situación actual es muy distinta de la existente en 1981, no sólo por el notable incremento de la población reclusa - que ha exigido un importante esfuerzo para dotar a la Administración de nuevas infraestructuras y para adaptar los modelos de gestión de los centros -, sino también por las variaciones sustanciales producidas en su composición (mayor presencia de mujeres y de reclusos extranjeros, envejecimiento de la población reclusa) por la variación del perfil sociológico de los mismos como consecuencia del predominio de la criminalidad urbana y suburbana y de la irrupción del fenómeno de la delincuencia organizada,
desestabilización de
La aparición de nuevas patologías con especial incidencia entre la población
reclusa (drogadicción, SIDA,
sanitaria exigen una completa remodelación de la normativa reglamentaria de una de las prestaciones básicas de la Administración penitenciaria como es la prestación sanitaria. En este ámbito, al igual que ocurre en materia educativa o en el campo de la asistencia social, la normativa reglamentaria previa a la entrada en vigor de las Leyes básicas reguladoras de cada uno de estos sectores - Ley General de Sanidad de 1986 , Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 - debe ser adaptada a los principios establecidos en las mismas, así como a la efectiva asunción de competencias por diversas Comunidades Autónomas.
así como la universalización de la prestación
su vez, las modificaciones de las formas de contratación, del marco
estatutario de la función pública, del régimen jurídico de la Administración y del procedimiento administrativo, materias reguladas en leyes posteriores al Reglamento Penitenciario de 1981, de que resultan, lógicamente, de directa aplicación a la actividad penitenciaria, exigen también una profunda reordenación de las materias afectadas consolidando los avances establecidos en las mismas bajo el criterio de «normalización», de las instituciones penitenciarias, en el sentido de no definir marcos específicos salvo en aquellas cuestiones que por la singularidad de la actividad así lo exijan, rompiendo de esta forma la dinámica de «marginalización», a la que inconscientemente se ven sometidas las instituciones penitenciarias y que tantas veces ha sido denunciada por la doctrina y los Tribunales.
desarrollo de las nuevas tecnologías y la progresiva socialización de su
uso tampoco ha sido un proceso del que haya quedado exenta la institución penitenciaria. Por ello, resulta precisa la integración de la normativa referente al uso de ficheros informáticos, así como a la utilización de estas tecnologías por los propios internos.
progresivo cambio de mentalidad, hábitos y costumbres de la sociedad
española también ha repercutido de forma evidente en el entramado penitenciario exigiendo la flexibilización de determinadas reglas, en especial en el ámbito de las comunicaciones de los internos.
a) Profundizar el principio de individualización científica en la ejecución del
tratamiento penitenciario. Para ello se implanta la aplicación de modelos individualizados de intervención para los presos preventivos (que representan en torno al 20 por 100 de la población reclusa), en cuanto sea compatible con el principio constitucional de presunción de inocencia. Con esta medida se evita que la estancia en prisión de una parte importante de la población reclusa sólo tenga fines custodiales, al tiempo que se amplía la oferta de actividades educativas, formativas, socioculturales, deportivas y medios de ayuda que se programen para propiciar que su estancia en prisión sirva para paliar, en lo posible, las carencias detectadas.
Dentro de las formas especiales de ejecución se crean los Centros de Inserción Social y se regulan con detalle las unidades dependientes y las unidades extrapenitenciarias como instrumentos para el tratamiento de colectivos específicos de reclusos que permiten utilizar los recursos extrapenitenciarios existentes en la sociedad a la que se encomienda su gestión por vía de las entidades colaboradoras (artículo 62).
El desarrollo de las unidades de madres y de los departamentos mixtos - estos últimos con carácter excepcional- extiende el principio constitucional de protección a la familia al ámbito penitenciario, para paliar, en lo posible, la desestructuración de los grupos familiares que tengan varios miembros en prisión y para proporcionar la asistencia especializada necesaria a los niños menores de tres años que convivan en prisión con sus madres, en consonancia con la reciente modificación del artículo 38 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
tratamiento implica una mayor potenciación y diversificación de la oferta de actividades, para evitar que dichos instrumentos queden vacíos de contenido, dinamizándose la vida de los centros penitenciarios que, sin perjuicio de sus funciones custodiales, se configuran como un auténtico servicio público dirigido a la resocialización de los reclusos.
La utilización generalizada de los instrumentos de diseño y ejecución del
c) Apertura de las prisiones a la sociedad - que formula crecientes demandas de participación y se implica, cada vez más, en la actividad penitenciaria- para potenciar la acción de la Administración con los recursos existentes en la sociedad y para fortalecer los vínculos entre los delincuentes y sus familias y la comunidad, en línea con las conclusiones de las Naciones Unidas en su reunión de Tokio de diciembre de 1990.
d) En materia de régimen penitenciario, el Reglamento efectúa una redefinición del régimen cerrado (Capítulo IV del Título III) estableciendo dos modalidades de vida:
Departamentos especiales de control directo para los internos extremadamente peligrosos y módulos o centros de régimen cerrado para los reclusos manifiestamente inadaptados a los regímenes comunes, cuyo destino se efectúa mediante resolución motivada fundada en causas objetivas.
Por lo que se refiere al Estatuto jurídico de los reclusos, el Reglamento Penitenciario, regula con amplitud sus derechos y deberes, así como su acceso a las prestaciones de las Administraciones públicas.
recomendaciones del Consejo de Europa relativas a los reclusos extranjeros - que
no pueden ser discriminados por razón de su nacionalidad - y a las actividades educativas y prestaciones sanitarias.
En materia disciplinaria, se han mantenido las faltas tipificadas en los artículos 108, 109 y 110 y las sanciones establecidas en el artículo 111, así como la determinación de los actos de indisciplina grave del primer párrafo del artículo 124, todos ellos del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, en la redacción dada por el Real Decreto 787/1984, de 26 de marzo, por no haberse modificado la LOGP en estas materias. No obstante, se ha regulado detalladamente un procedimiento sancionador con las debidas garantías, en sintonía con la doctrina constitucional y con las observaciones formuladas por los Jueces de Vigilancia. Por otra parte, se especifican las manifestaciones del principio de oportunidad en materia disciplinaria mediante la regulación de los mecanismos de aplazamiento, suspensión de la efectividad y reducción o revocación de las sanciones impuestas.
En los aspectos estructurales, para mejorar la gestión el Reglamento regula los nuevos modelos del sistema prestacional de la Administración penitenciaria - con especial incidencia en la asistencia sanitaria - y de organización de los centros penitenciarios.
En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas en los artículos 97 y 149.1.6ª de la Constitución, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 9 de febrero de 1996, dispongo:
Artículo único. Aprobación del Reglamento. Se aprueba el Reglamento Penitenciario, en desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, cuyo texto se inserta a continuación.
Primera. Depósitos municipales de detenidos a disposición judicial.
La Administración penitenciaria competente entregará a los Ayuntamientos de
los municipios cabeza de partido judicial en que no exista establecimiento
penitenciario, para gastos de alimentación y estancia de los detenidos y
mantenimiento de las instalaciones, una cantidad por detenido y día, que se determinará por Orden del Ministro de Justicia e Interior o resolución autonómica equivalente.
2. Los Ayuntamientos rendirán cuentas mensualmente, a través de los centros
penitenciarios ubicados en la capital de la provincia, al Ministerio de Justicia e Interior o al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma mediante certificación acreditativa del número por día de detenidos y presos a disposición judicial o penados a arresto de fin de semana, con expresión de sus circunstancias personales, expedida por el secretario de la corporación municipal o por el encargado del depósito, con el visto bueno del Alcalde. Con dicha certificación se acompañará necesariamente copia certificada de las órdenes de detención, prisión, traslado o libertad dictadas por las autoridades judiciales.
Segunda. Viviendas penitenciarias.
establecimientos penitenciarios son bienes inmuebles de dominio público afectados
Las viviendas, residencias y dependencias anejas a los distintos centros y
al uso público de casa-habitación de los directivos, funcionarios y personal laboral de plantilla de instituciones penitenciarias con destino definitivo en los correspondientes centros penitenciarios, que estarán excluidas de arrendamiento conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
En razón de las necesidades de la Administración penitenciaria, estos bienes
inmuebles demaniales podrán desafectarse por los procedimientos legalmente establecidos para su integración en el Patrimonio del Estado o de la Comunidad
Autónoma correspondiente y su eventual enajenación, así como destinarse a un uso público distinto.
Los recursos derivados de los cánones de uso de las viviendas, residencias y
dependencias destinadas a funcionarios y personal laboral de plantilla penitenciarios
tendrán la naturaleza de ingresos públicos, que se ingresarán en el Tesoro Público para su posterior incorporación, mediante generaciones de crédito, a aquellos conceptos presupuestarios del Presupuesto de gastos de la Administración penitenciaria correspondiente que contribuyen al mejor cumplimiento de los fines de la actividad penitenciaria establecidos en el artículo 2 del Reglamento Penitenciario.
Por Orden del Ministro de Justicia e Interior o resolución autonómica equivalente
se regularán los órganos gestores, los sistemas de adjudicación, las obligaciones y derechos de los usuarios y de la Administración penitenciaria, las causas de extinción de la cesión de uso y el procedimiento de desahucio administrativo para la ejecución forzosa de las resoluciones de desalojo.
Tercera. Condecoraciones penitenciarias.
1. Los empleados públicos destinados en el ámbito de la Administración penitenciaria podrán ser premiados, previo expediente instruido al efecto para acreditar los méritos contraídos con las siguientes recompensas, que se anotarán en sus expedientes personales y se acreditarán mediante diploma expedido a nombre del interesado por la autoridad que las conceda:
a) Mención honorífica, por la realización de actuaciones relevantes en el desempeño de las tareas asignadas, así como por la satisfactoria prestación de servicios en instituciones penitenciarias durante períodos prolongados de tiempo. La mención honorífica se concederá por resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios.
b) Medalla de Oro al Mérito Penitenciario, por la realización de servicios en el
ámbito penitenciario, relacionados o no con los cometidos del puesto de trabajo,
que revistan una extraordinaria relevancia y denoten un alto espíritu de servicio. Esta condecoración se otorgará por Orden del Ministro de Justicia e Interior y confiere a su titular un tratamiento de excelentísimo señor.
c) Medalla de Plata al Mérito Penitenciario, por la prestación de servicios de especial
relevancia relacionados con la actividad penitenciaria de forma continuada que
denoten superior iniciativa y dedicación.
d) Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario, por la prestación de servicios
relevantes relacionados con la actividad penitenciaria que denoten una especial iniciativa y dedicación sin que concurran los superiores merecimientos a que se refieren los párrafos a) y b). Las condecoraciones de los párrafos c) y d) se otorgarán por resoluciones de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios.
Las instituciones, corporaciones, fundaciones, asociaciones y empresas, públicas
privadas, y, en su caso, los particulares, que se hayan distinguido en su
colaboración con la Administración penitenciaria, en cualquiera de las manifestaciones de la actividad penitenciaria, podrán ser recompensadas con las siguientes condecoraciones, que se acreditarán mediante diploma expedido a nombre de la entidad o persona premiada por la autoridad que las conceda:
Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario, por la realización de servicios de
extraordinaria relevancia, creación de entidades colaboradoras en la reinserción y
resocialización de los reclusos o por el extraordinario apoyo prestado a la
Administración penitenciaria en el desempeño de las funciones que tiene asignadas, así como por su contribución extraordinaria a la mejora de la actividad penitenciaria
La concesión de la Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario se efectuará por
Orden del Ministro de Justicia e Interior.
servicios en el ámbito penitenciario, así como por su importante contribución a la mejora de la actividad penitenciaria en cualquiera de sus manifestaciones.
semejantes a los establecidos en los párrafos a) y b) sin los extraordinarios y especiales merecimientos que en las mismas se indican. Las condecoraciones de los párrafos b) y c) se otorgarán por resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios. 3. Por resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios se convocarán anualmente el Premio Nacional «Victoria Kent». En dicha resolución se determinarán las bases del Premio y se designará el jurado encargado de su concesión, que deberá valorar los méritos extraordinarios de las entidades o particulares que concurran al mismo en materia de defensa, en el ámbito penitenciario de los derechos humanos o de las tareas de reinserción y resocialización de los reclusos de extraordinaria relevancia, así como en el fomento de la investigación multidisciplinar penitenciaria.
Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario, cuando concurran méritos
Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, por la realización de importantes
Cuarta. Disposiciones orgánicas.
1. En el ámbito de la Administración General del Estado, por centro directivo se
entiende el órgano de la Administración penitenciaria con rango igual o superior a
Dirección General que tenga atribuidas las competencias correspondientes.
2. El nivel de los órganos unipersonales regulados en el Reglamento Penitenciario
será el que se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
3. En la relación de puestos de trabajo de la Administración Penitenciaria General
del Estado se creará el puesto de Coordinador Territorial, con el número de
dotaciones, características y contenido que se determine en la misma.
1. Continuarán aplicándose después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento
Penitenciario que se aprueba por este Real Decreto los artículos 65 a 73 del Reglamento de los Servicios de Prisiones, aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956, y las disposiciones complementarias dictadas hasta dicha fecha por la Administración penitenciaria correspondiente en materia de redención de penas por el trabajo, a los únicos efectos siguientes:
a) Para determinar la ley penal más favorable para el reo conforme a lo establecido en las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y cuarta de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. b) Para el cumplimiento de las penas impuestas y que se ejecuten conforme al Código Penal que se deroga por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, en aplicación de lo previsto en las citadas disposiciones transitorias de dicha Ley Orgánica.
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, los Jueces o Tribunales no hubiesen acordado la revisión de la sentencia por considerar más favorable la liquidación efectuada conforme al Código Penal derogado y, como consecuencia de la pérdida por el interno del beneficio de la redención de penas por el trabajo, resulte que la pena que se está ejecutando pueda ser de duración superior a la que le correspondería por la citada Ley Orgánica 10/1995, el Director del centro
Cuando en aplicación de las citadas disposiciones transitorias de la Ley Orgánica
penitenciario, de oficio o a solicitud del interno, lo pondrá en conocimiento del Juez
por el trabajo a quienes se les apliquen las disposiciones de la Ley Orgánica
En ningún caso resultarán aplicables las disposiciones sobre redención de penas
las cuales se deban ejecutar conforme a las normas del Código Penal derogado y otras con arreglo a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, comenzará el cumplimiento por las penas cuya ejecución deba regirse por el Código
Cuando un penado deba cumplir dos o más penas privativas de libertad, unas de
derogado, aplicándose, entre éstas, el criterio de prelación fijado en el artículo 70.1 del mismo. Cumplidas todas éstas, se iniciará la ejecución de las penas impuestas o revisadas al amparo de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, aplicándose entre las mismas el criterio de prelación del artículo 75 de dicho Cuerpo Legal. En ningún caso resultará de aplicación a estas penas el beneficio de la redención de penas por el trabajo. Fijado el orden de cumplimiento conforme a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, el Director del centro lo pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia correspondiente a los efectos oportunos.
legales, se aplicarán las siguientes reglas:
Para computar las tres cuartas partes de la condena u otros plazos con efectos
1ª Se sumarán todas las penas de prisión, con independencia de que correspondan
a uno u otro Código, de tal manera que la suma de las mismas será considerada
como una sola pena. De la suma parcial de las penas cuya ejecución se rija por el Código derogado se rebajarán los días de redención concedidos al interno. 2ª En los casos en que el interno esté condenado a varias penas, de las cuales unas se rijan por el Código derogado y otras por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, y resultasen de aplicación las reglas penales de acumulación de condenas previstas en el artículo 70.2 del Código derogado o en el artículo 76.2 de la citada Ley Orgánica 10/1995, para la ejecución de la pena resultante se estará a lo que disponga el Juez o Tribunal, en orden al sometimiento de la ejecución a las normas de uno u otro Código.
Segunda. Adecuación de las normas de régimen interior.
1. En el plazo de tres meses, a partir de la fecha de entrada en vigor del
Reglamento Penitenciario que se aprueba por este Real Decreto, los Consejos de Dirección de los centros penitenciarios procederán a adecuar las normas de
régimen interior del centro correspondiente a los preceptos contenidos en el mismo, continuando en vigor las normas de régimen interior anteriores hasta que se produzca la indicada adecuación.
2. Las nuevas normas de régimen interior, una vez adecuadas por el Consejo de
Dirección, se remitirán al centro directivo de la Administración penitenciaria correspondiente para su aprobación.
El contenido de los artículos 277 a 324; 328 a 332 y 334 a 343 del Reglamento
Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, se mantendrá
vigente, con rango de resolución del centro directivo de la Administración
penitenciaria correspondiente, en lo que no se oponga a lo establecido en el
Reglamento Penitenciario que se aprueba por este Real Decreto, hasta que por el
centro directivo correspondiente se dicte la resolución que establezca la nueva
regulación de la organización de los servicios y unidades de los centros
penitenciarios así como las funciones de cada uno de los puestos de trabajo de los
Cuarta. Refundición de circulares, instrucciones y órdenes de servicio.
Se procederá a la refundición, armonización y adecuación a lo dispuesto en el
Reglamento Penitenciario que se aprueba por este Real Decreto de las circulares,
instrucciones y órdenes de servicio dictadas por los órganos directivos de la
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios antes de la entrada en vigor del
mismo. Dichas circulares, instrucciones y órdenes de servicio conservarán su
vigencia, en lo que no se opongan a lo dispuesto en el citado Reglamento, a partir
de su entrada en vigor y hasta que se produzca la mencionada refundición, en cuyo
momento se aplicarán íntegramente.
Las circulares, instrucciones y órdenes de servicio se publicarán de forma regular
en el Boletín de Información del Ministerio de Justicia e Interior o Boletín
autonómico equivalente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.10 de la Ley
Quinta. Régimen transitorio de los procedimientos.
Los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor del Reglamento
Penitenciario que se aprueba por este Real Decreto, se regirán por la normativa
procedimental anterior, sin que les resulten de aplicación las normas
procedimentales contenidas en el mismo.
2. En los supuestos de procedimientos disciplinarios penitenciarios iniciados antes
de entrar en vigor el citado Reglamento en los que no se haya dictado la resolución
de imposición de la sanción en el momento de su entrada en vigor, el órgano
competente para imponerla podrá aplicar las normas contenidas en el Capítulo II del Título X del mismo en cuanto resulten más favorables al infractor.
3. Los preceptos procedimentales contenidos en las normas de régimen interior y
en las circulares, instrucciones y órdenes de servicio anteriores continuarán aplicándose, en lo que no se oponga a lo establecido en el citado Reglamento, hasta que se produzca la adecuación a que se refiere la disposición transitoria segunda y
la refundición, armonización y adecuación indicadas en la disposición transitoria cuarta.
4. Los procedimientos iniciados después de la entrada en vigor del Reglamento
Penitenciario aprobado por este Real Decreto, se regirán, en todo caso, por las normas procedimentales contenidas en el mismo y, en lo que no resulte incompatible con dichas normas, por las contenidas en las normas de régimen interior, circulares, instrucciones y órdenes de servicio anteriores, hasta que se produzca la adecuación, refundición y armonización a que se refieren las disposiciones transitorias segunda y cuarta.
contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y en el
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que
Reglamento Penitenciario que se aprueba por el mismo.
Decreto de 2 de febrero de 195, declarados vigentes por el Real Decreto
Todos los preceptos del Reglamento de los Servicios de Prisiones aprobado por
1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera.
Penitenciario, así como el Real Decreto 787/1984, de 28 de marzo, que modificó el anterior, salvo los preceptos que se indican en el apartado siguiente.
El Real Decreto 2715/1986, de 12 de diciembre, sobre dotación de medios
El Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
económicos a los municipios para mantenimiento del Servicio de Depósito de
Detenidos a Disposición Judicial. d) El Real Decreto 319/1988, de 30 de marzo, sobre asistencia hospitalaria extrapenitenciaria a internos.
vigencia de los artículos 108, 109, 110 y 111 y del primer párrafo del artículo 124 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, en la redacción dada por el Real Decreto 787/1984, de 28 de marzo,, relativos a las faltas o infracciones de los internos, a las sanciones disciplinarias y a los actos de indisciplina grave cuya sanción puede ser inmediatamente ejecutada.
No obstante lo dispuesto en el párrafo b) del apartado anterior, se mantiene la
Unica. Desarrollo y entrada en vigor.
aplicación y desarrollo del Reglamento Penitenciario que se aprueba por este Real Decreto sean necesarias sin perjuicio de las habilitaciones específicas de desarrollo conferidas a la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios y al centro directivo
Se autoriza al Ministro de Justicia e Interior a dictar cuantas disposiciones de
correspondiente en otros preceptos del mismo.
vigor, previa completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», el día 25 de mayo de 1996.
El presente Real Decreto y el Reglamento Penitenciario que aprueba, entrarán en
Título I. Disposiciones generales Capítulo I. Ambito de aplicación y principios generales. Capitulo II. De los derechos y deberes de los internos.
Capitulo III. Protección de los datos de carácter personal de los ficheros penitenciarios. Capítulo IV. Establecimientos penitenciarios
Título II. De la organización general Capítulo I. Del ingreso en un establecimiento penitenciario. Capítulo II. De la libertad y excarcelación. Sección 1ª De los detenidos y presos. Sección 2ª De los penados. Sección 3ª Certificación y ayudas a la excarcelación. Capítulo III. Conducciones y traslados. Sección 1ª Competencias. Sección 2ª Cumplimiento de las órdenes de autoridades judiciales y gubernativas. Sección 3ª Desplazamientos a hospitales no penitenciarios. Sección 4ª Medios y forma de conducción. Sección 5ª Tránsito e incidencias. Capítulo IV. Relaciones con el exterior Sección 1ª Comunicaciones y visitas. Sección 2ª Recepción de paquetes y encargos. Capítulo V. Información, quejas y recursos. Capítulo VI. Participación de los internos en las actividades de los establecimientos. Capítulo VII. De la participación y colaboración de las organizaciones no gubernamentales. Capítulo VIII. De la seguridad de los establecimientos. Sección 1ª Seguridad exterior. Sección 2ª Seguridad interior. Sección 3ª Medios coercitivos.
Título III. Del régimen de los establecimientos penitenciarios Capítulo I. Disposiciones generales. Capítulo II. Régimen ordinario. Capítulo III. Régimen abierto. Capítulo IV. Régimen cerrado. Capítulo V. Régimen de preventivos.
Título IV. De la separación y clasificación de los internos Capítulo I. Separación de los internos. Capítulo II. Clasificación de penados.
Título V. Del tratamiento penitenciario Capítulo I. Criterios generales. Capítulo II. Programas de tratamiento. Capítulo III. Formación, cultura y deporte. Sección 1ª Criterios generales. Sección 2ª Enseñanza obligatoria. Sección 3ª Otras enseñanzas. Sección 4ª Medios personales y materiales. Sección 5ª Formación profesional, sociocultural y deportiva. Capítulo IV. Relación laboral especial penitenciaria. Sección 1ª Criterios generales. Sección 2ª Derechos y deberes laborales en la relación laboral especial penitenciaria. Sección 3ª Duración de la relación laboral especial penitenciaria. Sección 4ª Organización laboral del trabajo productivo. Sección 5ª Promoción de la relación laboral especial penitenciaria.
Sección 6ª Remuneración del trabajo productivo. Sección 7ª Tiempo de trabajo productivo. Sección 8ª Suspensión y extinción de la relación laboral especial penitenciaria. Capítulo V. Trabajos ocupacionales no productivos.
Título VI. De los permisos de salida Capítulo I. Clases, duración y requisitos de los permisos. Capítulo II. Procedimiento de concesión.
Título VII. Formas especiales de ejecución Capítulo I. Internamiento en un centro de inserción social. Capítulo II. Unidades dependientes. Capítulo III. Internamiento en un establecimiento o departamento mixto. Capítulo IV. Internamiento en departamentos para jóvenes. Capítulo V. Internamiento en unidades de madres. Capítulo VI. Cumplimiento en unidades extrapenitenciarias. Capítulo VII. Internamiento en un establecimiento o unidades psiquiátricas penitenciarias.
Título VIII. De la libertad condicional y de los beneficios penitenciarios Capítulo I. Libertad condicional. Capítulo II. Beneficios penitenciarios.
Título IX. De las prestaciones de la Administración penitenciaria Capítulo I. Asistencia sanitaria e higiene. Sección 1ª Asistencia sanitaria. Sección 2ª Higiene y alimentación. Capítulo II. Acción social penitenciaria. Capítulo III. Asistencia religiosa.
Título X. Del régimen disciplinario y de las recompensas Capítulo I. Ambito de aplicación y principios. Capítulo II. Determinación de las sanciones. Capítulo III. Procedimiento. Sección 1ª Iniciación. Sección 2ª Instrucción. Sección 3ª Resolución. Sección 4ª Procedimiento para faltas graves. Capítulo IV. Ejecución y cumplimiento de las sanciones. Capítulo V. Prescripción y cancelación. Capítulo VI. Recompensas.
Título XI. De la organización de los centros penitenciarios Capítulo I. Modelo organizativo de centro penitenciario. Capítulo II. Organos colegiados. Sección 1ª Consejo de Dirección. Sección 2ª Junta de Tratamiento y Equipos Técnicos. Sección 3ª Comisión disciplinaria. Sección 4ª Junta Económico-Administrativa. Capítulo III. Organos unipersonales.
Título XII. Del régimen económico y administrativo de los establecimientos penitenciarios Capítulo I. Principios generales. Capítulo II. Régimen patrimonial. Capítulo III. Gestión de los economatos, cafeterías y cocinas.
Capítulo IV. Gestión económico-administrativa de los gastos de alimentación. Capítulo V. Gestión económica del vestuario, equipo y utensilio de los internos. Capítulo VI. Custodia de los objetos de valor de los internos. Capítulo VII. Peculio de reclusos. Capítulo VIII. Normas relativas al organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
Artículo 1. Ambito objetivo y subjetivo de aplicación.
septiembre, General Penitenciaria, regula la ejecución de las penas y medidas de
El presente Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de
seguridad privativas de libertad, así como el régimen de los detenidos a disposición judicial y de los presos preventivos, siendo de aplicación directa en todo el territorio del Estado.
ejecución de la legislación penitenciaria estatal, en virtud de su potestad de
No obstante, en aquellas Comunidades Autónomas que ejerzan competencias de
autoorganización, será de aplicación supletoria lo dispuesto en aquellos preceptos de los Títulos XI y XII que regulen cuestiones organizativas o relativas al régimen económico-administrativo de los establecimientos penitenciarios, así como aquellas disposiciones contenidas en otros Títulos que regulen aspectos de la misma naturaleza.
penitenciarios militares.
El presente Reglamento se aplicará con carácter supletorio a los establecimientos
Artículo 2. Fines de la actividad penitenciaria. La actividad penitenciaria tiene como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de los detenidos, presos y penados y la asistencia social de los internos, liberados y de sus familiares.
privativas de libertad será la consideración de que el interno es sujeto de derecho y no se halla excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de la misma. En consecuencia, la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento, favoreciendo los vínculos sociales, la colaboración y participación de las entidades públicas y privadas y el acceso a las prestaciones públicas.
4. En cuanto sea compatible con su situación procesal, los presos preventivos
podrán acceder a las actividades educativas, formativas, deportivas y culturales que se celebren en el centro penitenciario, en las mismas condiciones que los penados.
5. Los órganos directivos de la Administración penitenciaria podrán dirigir las
actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante circulares, instrucciones y órdenes de servicio.
La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites
Los derechos de los internos sólo podrán ser restringidos cuando lo dispongan las
Principio inspirador del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad
CAPITULO II De los derechos y deberes de los internos
1. La actividad penitenciaria se ejercerá respetando la personalidad de los internos
y los derechos e intereses legítimos de los mismos no afectados por la condena, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión,
opinión, nacionalidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
a) Derecho a que la Administración penitenciaria vele por sus vidas, su integridad y
su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a torturas, a malos tratos
de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las
Derecho a que se preserve su dignidad, así como su intimidad, sin perjuicio de
las medidas exigidas por la ordenada vida en prisión. En este sentido, tienen
derecho a ser designados por su propio nombre y a que su condición sea reservada
Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y
culturales, salvo cuando fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el
Derecho de los penados al tratamiento penitenciario y a las medidas que se les
programen con el fin de asegurar el éxito del mismo.
Derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación.
Derecho a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la
Derecho a acceder y disfrutar de las prestaciones públicas que pudieran
Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación.
Derecho a participar en las actividades del centro.
Derecho a formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias,
judiciales, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal, así como a dirigirse a las
autoridades competentes y a utilizar los medios de defensa de sus derechos e
intereses legítimos a que se refiere el Capítulo V del Título II de este Reglamento.
Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y
El interno se incorpora a una comunidad que le vincula de forma especialmente
estrecha, por lo que se le podrá exigir una colaboración activa y un comportamiento
solidario en el cumplimiento de sus obligaciones.
En consecuencia, el interno deberá:
Permanecer en el establecimiento hasta el momento de su liberación, a
disposición de la autoridad judicial o para cumplir las condenas de privación de
libertad que se le impongan.
Acatar las normas de régimen interior y las órdenes que reciba del personal
penitenciario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.
Colaborar activamente en la consecución de una convivencia ordenada dentro del
centro y mantener una actitud de respeto y consideración hacia las autoridades, los funcionarios, trabajadores, colaboradores de instituciones penitenciarias, reclusos y demás personas, tanto dentro como fuera del establecimiento cuando hubiese salido del mismo por causa justificada.
d) Utilizar adecuadamente los medios materiales que se pongan a su disposición y
las instalaciones del establecimiento.
e) Observar una adecuada higiene y aseo personal, corrección en el vestir y acatar
las medidas higiénicas y sanitarias establecidas a estos efectos.
f) Realizar las prestaciones personales obligatorias impuestas por la Administración
penitenciaria para el buen orden y limpieza de los establecimientos.
CAPITULO III Protección de los datos de carácter personal de los ficheros penitenciarios
1. Ninguna decisión de la Administración penitenciaria que implique la apreciación
del comportamiento humano de los reclusos podrá fundamentarse, exclusivamente,
en un tratamiento automatizado de datos o informaciones que ofrezcan una definición del perfil o de la personalidad del interno.
2. La recogida, tratamiento automatizado y cesión de los datos de carácter personal
de los reclusos contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios se efectuará
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y sus normas de desarrollo. 3. Las autoridades penitenciarias responsables de los ficheros informáticos penitenciarios adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal en ellos contenidos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, y estarán obligadas, junto con quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento automatizado de este tipo de datos, a guardar secreto profesional sobre los mismos, incluso después de que haya finalizado su relación con la Administración penitenciaria.
de las funciones propias de la Administración penitenciaria no será preciso el consentimiento del interno afectado, salvo en los relativos a su ideología, religión o creencias.
Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, los datos de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios que resulten necesarios para que éstas puedan ejercer sus funciones respecto de los internos en materia de reclutamiento para la prestación del servicio militar, servicios sociales, Seguridad Social, custodia de menores u otras análogas.
También se podrán ceder datos de carácter personal contenidos en los ficheros
Tampoco será preciso el consentimiento del recluso afectado para ceder a otras
Cuando los datos de carácter personal de los reclusos se recojan para el ejercicio
informáticos penitenciarios sin previo consentimiento del afectado cuando la cesión
tenga por destinatarios al Defensor del Pueblo o institución análoga de las Comunidades Autónomas que ejerzan competencias ejecutivas en materia
penitenciaria, al Ministerio Fiscal o a los Jueces o Tribunales, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas, así como cuando se trate de cesión de datos de carácter personal relativos a la salud de los reclusos por motivos de urgencia o para realizar estudios epidemiológicos.
Las transferencias internacionales de datos de carácter personal contenidos en
los ficheros informáticos penitenciarios se efectuarán en los supuestos de prestación de auxilio judicial internacional, de acuerdo con lo establecido en los tratados o convenios en los que sea parte España.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los datos de carácter personal de
los reclusos relativos a opiniones políticas, a convicciones religiosas o filosóficas, al
origen racial y étnico, a la salud o a la vida sexual, que hayan sido recabados para formular los modelos individualizados de ejecución o los programas de tratamiento penitenciarios, sólo podrán ser cedidos o difundidos a otras personas con el consentimiento expreso y por escrito del recluso afectado o cuando por razones de interés general así lo disponga una Ley.
Cuando se soliciten de la Administración Penitenciaria este tipo de datos
especialmente protegidos por medio de representante del recluso, deberá exigirse,
en todo caso, poder especial y bastante otorgado por el mismo en el que conste expresamente su consentimiento para que su representante pueda tener acceso a dichos datos personales del recluso.
1. Los reclusos podrán solicitar de la Administración penitenciaria la rectificación de
sus datos de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos
penitenciarios que resulten inexactos o incompletos. De la rectificación efectuada se
informará al interesado en el plazo máximo de dos meses desde su solicitud, así
como al cesionario o cesionarios, en el supuesto de que los datos incorrectos
hubiesen sido objeto de cesión previa.
Los datos de carácter personal de los reclusos contenidos en los ficheros
informáticos penitenciarios no serán cancelados cuando, ponderados los intereses
en presencia, concurran razones de interés público, de seguridad y de protección de
los derechos y libertades de terceros, así como cuando posean un valor intrínseco
de carácter histórico y estadístico a efectos de investigación.
A efectos de este Reglamento, por establecimiento o centro se entiende una
entidad arquitectónica, administrativa y funcional con organización propia.
Los establecimientos estarán formados por unidades, módulos y departamentos
que faciliten la distribución y separación de los internos.
Los establecimientos penitenciarios contarán con el conjunto de dependencias y
servicios que se consideren necesarios para permitir una convivencia ordenada y
una adecuada separación de los internos, respetando en todo caso lo dispuesto en
el artículo 13 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Igualmente, contarán con locales adecuados para el desarrollo de las distintas
actividades encomendadas al personal penitenciario del establecimiento.
Se entiende por establecimiento polivalente aquel que cumple los diversos fines
previstos en los artículos 7 a 11 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
En los establecimientos polivalentes se deberá cuidar de que cada uno de los
departamentos, módulos o unidades que los integren tengan garantizados, en
igualdad de condiciones, los servicios generales y las prestaciones adecuadas a los
fines específicos a que vengan destinados y a los generales del sistema
penitenciario, y, en especial, el de la separación entre penados y preventivos.
El sistema penitenciario estará orientado por el principio celular, de manera que
cada interno disponga de una celda, salvo que sus dimensiones y condiciones de habitabilidad permitan, preservando la intimidad, alojar a más de una persona, en
cuyo caso se podrá autorizar compartir celda a petición del interno, siempre que no existan razones de tratamiento, médicas, de orden o seguridad que lo desaconsejen.
2. Temporalmente, cuando la población penitenciaria supere el número de plazas
individuales disponibles, se podrá albergar a más de un interno por celda.
3. En los establecimientos especiales y de régimen abierto podrán existir
dormitorios colectivos, previa selección adecuada de los internos que los ocupen.
1. Las celdas y dormitorios colectivos deben contar con el espacio, luz, ventilación
natural y mobiliario suficientes para hacerlos habitables, así como de servicios higiénicos.
2. Todo interno dispondrá de la ropa necesaria para su cama y uso personal y de un
lugar adecuado para guardar sus pertenencias, aunque se encuentre compartiendo celda con otros.
3. La Administración velará para que en la distribución de los espacios y en la
ornamentación de los edificios se cumplan los criterios generales de habitabilidad y
Del ingreso en un establecimiento penitenciario
El ingreso de una persona en prisión en calidad de detenido, preso o penado se
efectuará mediante orden judicial de detención, mandamiento de prisión o
sentencia firme de la autoridad judicial competente, salvo lo dispuesto en los dos
En el supuesto de que la orden de detención proceda de la Policía Judicial, en la
misma deberán constar expresamente los siguientes extremos:
Datos identificativos del detenido.
Delito imputado.
Que se halla a disposición judicial.
Hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención.
La Dirección del centro podrá denegar motivadamente el ingreso cuando en la
orden de detención que se entregue no consten expresamente los citados
Cuando la detención hubiese sido acordada por el Ministerio Fiscal, en la orden
constarán los datos de identificación de las diligencias de investigación y el
momento de vencimiento del plazo máximo de detención.
En los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores, admitido el
ingreso, la Dirección del centro procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 23.
Los internos extranjeros tienen derecho a que se ponga en conocimiento de las
autoridades diplomáticas o consulares correspondientes su ingreso en prisión. A tal
fin, en el momento del ingreso, incluido el voluntario a que se refiere el artículo
siguiente, se les informará de forma comprensible, a ser posible en su propio
idioma, de este derecho, recabando por escrito su autorización para proceder, en su
caso, a tal comunicación.
Una vez admitido un recluso dentro de un establecimiento, se procurará que el
procedimiento de ingreso se lleve a cabo con la máxima intimidad posible, a fin de
reducir los efectos negativos que pueden originar los primeros momentos en una
Artículo 16. Presentación voluntaria en un centro penitenciario. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá ser admitido en un
establecimiento penitenciario quien se presente voluntariamente. 2. En todo caso, la presentación voluntaria del interno se hará constar expresamente en su expediente penitenciario personal, debiéndose facilitar a éste certificación acreditativa de tal extremo, si lo solicitara.
3. En los casos de ingresos voluntarios, el Director del centro recabará del Juez o
Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes al ingreso, el correspondiente mandamiento, así como, en su caso, el testimonio de sentencia y liquidación de condena. Cuando se trate de internos evadidos que decidiesen voluntariamente
reingresar en un establecimiento distinto del originario, se solicitará del establecimiento del que se hubiesen evadido los datos necesarios de su expediente personal, sin perjuicio de lo que se determine en torno a su destino o traslado.
4. Si, transcurrido el plazo de las setenta y dos horas siguientes al ingreso, no se
hubiese recibido en el centro la documentación que legalice el mismo, se procederá
a la excarcelación del ingresado.
1. La Dirección del establecimiento admitirá a los hijos menores de tres años que
acompañen a sus madres en el momento del ingreso. Cuando éstas soliciten mantenerlos en su compañía dentro de la prisión, deberá acreditarse debidamente
la filiación y que dicha situación no entraña riesgo para los menores, poniendo en
conocimiento del Ministerio Fiscal la decisión adoptada a los efectos oportunos.
patria potestad podrán solicitar del Consejo de Dirección autorización para que éstos permanezcan en su compañía en el interior del centro penitenciario, que se
Las internas que tuviesen en el exterior hijos menores de tres años bajo su
concederá siempre que se acredite debidamente la filiación y que tal situación no entraña riesgo para los menores. A tal fin, se recabará la opinión del Ministerio Fiscal, a quien se le notificará la decisión adoptada.
Médico del establecimiento y, si éste no dispusiese otra cosa, pasarán a ocupar con sus madres la habitación que se les asigne dentro de la unidad de madres.
madre originados por el internamiento en un establecimiento penitenciario, deben primar los derechos de aquél, que, en todo caso deben quedar debidamente preservados en el modelo individualizado de intervención penitenciaria que se diseñe para la madre.
En los posibles conflictos que surjan entre los derechos del niño y los de la
Admitido el ingreso de los niños en prisión, deberán ser reconocidos por el
unidades de madres, que contarán con local habilitado para guardería infantil y
La Administración Penitenciaria dispondrá para los menores y sus madres de
estarán separadas arquitectónicamente del resto de los departamentos, a fin de facilitar las especificidades regimentales, médico-sanitarias y de salidas que la presencia de los menores en el centro hiciesen necesarias.
La Administración Penitenciaria fomentará la colaboración y participación de las
instituciones públicas y privadas de asistencia al menor en las unidades de madres
tercer grado que tengan en su compañía hijos menores de tres años. A tal fin, celebrará los convenios precisos para potenciar al máximo el desarrollo de la relación materno-filial y de la formación de la personalidad de los niños.
en las unidades dependientes creadas al efecto para internas clasificadas en
personal, efectuando la reseña alfabética, dactilar y fotográfica, así como a la inscripción en el libro de ingresos y la apertura de un expediente personal relativo a su situación procesal y penitenciaria de la que tendrá derecho a ser informado. Igualmente, se procederá al cacheo de su persona y al registro de sus efectos, retirándose los enseres y objetos no autorizados. 2. En el momento del ingreso se adoptarán las medidas de higiene personal necesarias, entregándose al recluso las prendas de vestir adecuadas que precise, firmando el mismo su recepción.
Admitido en el establecimiento un recluso, se procederá a verificar su identidad
1. Si en la orden o mandamiento de ingreso se dispusiera la incomunicación del
detenido o preso, una vez cumplimentado lo establecido en el artículo anterior, pasará a ocupar una celda individual en el departamento que el Director disponga y será reconocido por el Médico y atendido exclusivamente por los funcionarios encargados de aquél. Unicamente podrá comunicar con las personas que tengan expresa autorización del Juez.
Cuando la orden de incomunicación no especifique nada al respecto, el Director
del establecimiento penitenciario recabará la autorización del Juez de Instrucción
para que el interno incomunicado pueda disponer de aparatos de radio o televisión, prensa escrita o recibir correspondencia. 3. Mientras permanezca en situación de incomunicación, el Director del establecimiento adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las normas contenidas en las Leyes procesales.
4. Una vez levantada judicialmente la incomunicación a que se refieren los
apartados anteriores, se llevará a cabo lo establecido en el artículo siguiente.
1. Los detenidos y presos ocuparán una celda en el departamento de ingresos,
donde deberán ser examinados por el Médico a la mayor brevedad posible.
Los penados, tras ser reconocidos por el Médico si se trata de nuevos ingresos,
La estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será,
De la libertad y excarcelación
Igualmente, serán entrevistados por el Trabajador Social y por el Educador, a fin de detectar las áreas carenciales y necesidades del interno, y, si el Médico no dispusiese otra cosa, pasarán al departamento que les corresponda. Dichos profesionales emitirán informe sobre la propuesta de separación interior, conforme
lo dispuesto en el artículo 99, o de traslado a otro centro, así como acerca de la planificación educativa, sociocultural y deportiva y de actividades de desarrollo personal. Respetando el principio de presunción de inocencia, la Junta de Tratamiento, de acuerdo con dicho informe, valorará aspectos tales como ocupación laboral, formación cultural y profesional o medidas de ayuda, a fin de elaborar el modelo individualizado de intervención.
permanecerán en el departamento de ingresos el tiempo suficiente para que por
parte del Psicólogo, del Jurista, del Trabajador Social y del Educador se formule propuesta de inclusión en uno de los grupos de separación interior y se ordene por el Director el traslado al departamento que corresponda, previo informe médico. Por la Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, se contrastarán los datos del protocolo y se formulará un programa individualizado de tratamiento sobre aspectos tales como ocupación laboral, formación cultural y profesional, aplicación de medidas de ayuda, tratamiento y las que hubieran de tenerse en cuenta para el momento de la liberación.
como máximo, de cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad. De la prolongación se dará cuenta al Juez de Vigilancia correspondiente.
Artículo 21. Información. Al ingresar, el interno debe ser informado de sus derechos y de sus obligaciones, así como de los procedimientos para hacerlos efectivos, en los términos establecidos en el Capítulo V de este Título.
Sección 1ª. DE LOS DETENIDOS Y PRESOS
1. La libertad de los detenidos y presos sólo podrá ser acordada por mandamiento
de la autoridad competente librado al Director del establecimiento, sin perjuicio de
dispuesto en el artículo siguiente.
Recibido en el centro el mandamiento de libertad, el Director o quien
reglamentariamente le sustituya dará orden escrita y firmada al Jefe de Servicios
para que sea cumplimentada por funcionarios a sus órdenes.
3. Antes de que el Director extienda la orden de libertad a que se refiere el
apartado anterior, el funcionario encargado de la Oficina de Régimen procederá a
realizar una completa revisión del expediente personal del interno, a fin de comprobar que procede su libertad por no estar sujeto a otras responsabilidades.
4. El funcionario encargado del servicio o, en su defecto, el que designe el Jefe de
Servicios procederá a realizar la identificación de quien haya de ser liberado, cotejando las huellas dactilares y comprobando los datos de filiación y le acompañará, posteriormente, hasta la salida del centro penitenciario. 5. En el expediente personal del detenido o preso se extenderá la oportuna diligencia del mandamiento de libertad, expidiéndose y remitiéndose certificaciones de la misma a la autoridad judicial de que dependa el interno.
1. Cuando no se hubiere recibido orden o mandamiento de libertad o de prisión
expedido por la autoridad competente, los detenidos serán excarcelados por el
Director del establecimiento o quien reglamentariamente le sustituya, al
vencimiento del plazo máximo de detención o transcurridas las setenta y dos horas
siguientes al momento del ingreso.
En los supuestos a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 15 de este
Reglamento, el Director del establecimiento o quien haga sus veces comunicará el
ingreso, por el medio más rápido disponible que deje constancia de la recepción de
la comunicación, a la autoridad judicial a cuya disposición se encuentre el detenido,
dentro de las veinticuatro horas siguientes a su ingreso.
Remitida la comunicación a que se refiere el apartado anterior, si en el plazo
máximo de setenta y dos horas desde su ingreso o desde su detención no se
hubiese recibido orden o mandamiento judicial, se procederá a excarcelar al
interno, comunicándolo por el mismo medio a la autoridad que ordenó el ingreso y
a la autoridad judicial a cuya disposición hubiese sido puesto.
Sección 2ª. DE LOS PENADOS
Para poder proceder a la liberación de los condenados a penas privativas de
libertad será necesaria la aprobación de la libertad definitiva por el Tribunal
sentenciador o del expediente de libertad condicional por el Juez de Vigilancia.
Con una antelación mínima de dos meses al cumplimiento de la condena, el
Director del establecimiento formulará al Tribunal sentenciador una propuesta de
libertad definitiva para el día en que el penado deje previsiblemente extinguida su
condena, con arreglo a la liquidación practicada en la sentencia.
Si quince días antes de la fecha propuesta para la libertad definitiva no se
hubiese recibido respuesta, el Director del establecimiento reiterará la propuesta al
Tribunal sentenciador, significándole que, de no recibirse orden expresa en
contrario, se procederá a liberar al recluso en la fecha propuesta.
Las propuestas de libertad definitiva de los liberados condicionales se formularán
por el Director del centro a que estén adscritos, teniendo en cuenta lo dispuesto en
En el expediente personal del penado se extenderá la oportuna diligencia de
libertad definitiva, tanto si la liberación tiene lugar en el centro como si la última
parte de la condena se ha cumplido en situación de libertad condicional,
expidiéndose y remitiéndose certificaciones de libertad definitiva al Tribunal
sentenciador y al Juez de Vigilancia.
Artículo 25. Libertad por aplicación de medidas de gracia. Cuando la liberación definitiva de los penados se produzca por aplicación de medidas de gracia, el Director del centro se abstendrá, en todo caso, de poner en libertad a los penados sin haber recibido orden o mandamiento por escrito del Tribunal sentenciador.
Artículo 26. Penados extranjeros sometidos a medida de expulsión posterior al cumplimiento de la condena. En el caso de que el penado fuese un extranjero sujeto a medida de expulsión posterior al cumplimiento de la condena, conforme a lo dispuesto en la legislación de extranjería, el Director notificará, con una antelación de tres meses o en el momento de formular la propuesta de libertad definitiva a que se refiere el artículo 24.2, la fecha previsible de extinción de la condena a la autoridad competente, para que provea lo necesario con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente.
Artículo 27. Sustitución de penas impuestas a extranjeros por medidas de expulsión. También se notificará al Ministerio Fiscal la fecha previsible de extinción de la condena en los supuestos legales de sustitución de la pena por medida de expulsión del territorio nacional y, en todo caso, cuando se trate de penados extranjeros que extingan condenas inferiores a seis años de privación de libertad.
en la misma forma, en lo que atañe a la Oficina de Régimen, que la establecida para los detenidos y presos en el artículo 22.3.
Una vez recibida la orden de libertad definitiva o condicional, se cumplimentará
Comprobado por la Oficina de Régimen que el penado no está sujeto a otras
responsabilidades, se procederá como se indica en el artículo 22.4 para detenidos y
extinguido una condena, tengan alguna otra pendiente de cumplimiento,
Los Directores de los establecimientos retendrán a los penados que, habiendo
informando a aquéllos de la causa de la retención.
decretado prisión provisional, el Director lo comunicará a la autoridad judicial competente y al centro directivo para el traslado que, en su caso, proceda.
Cuando la retención lo sea por tener pendiente otra causa en que se haya
Sección 3ª. CERTIFICACIÓN Y AYUDAS A LA EXCARCELACIÓN
y entregará al liberado certificación acreditativa del tiempo que estuvo privado de libertad o de la situación de libertad condicional en su caso, así como, si lo solicita el interno o debe proseguir su tratamiento médico, informe sobre su situación sanitaria y propuesta terapéutica. En dicho informe médico no constará referencia alguna que indique que ha sido expedido en un centro penitenciario.
En el momento de la excarcelación de detenidos, presos o penados, se expedirá
Si el interno careciese de medios económicos, la Administración penitenciaria le
facilitará los necesarios para llegar a su residencia y subvenir a sus primeros
CAPITULO III Conducciones y traslados
Sección 1ª. COMPETENCIAS
Artículo 31. Competencia para ordenar traslados y desplazamientos. 1. Conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso.
Dicho centro directivo ordenará los traslados correspondientes en base a las
propuestas formuladas al efecto por las Juntas de Tratamiento o, en su caso, por el
Director o el Consejo de Dirección, así como los desplazamientos de los detenidos y presos que le sean requeridos por las autoridades competentes.
3. Los traslados se notificarán, si se trata de penados, al Juez de Vigilancia, y, si se
trata de detenidos y presos a las autoridades a cuya disposición se encuentren.
Artículo 32. Competencia para realizar las conducciones. Las órdenes de conducción de los reclusos, dictadas por el centro directivo, se llevarán a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tengan a su cargo este cometido, sin perjuicio, en su caso, de las competencias de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas.
Sección 2ª. CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE AUTORIDADES
JUDICIALES Y GUBERNATIVAS
Las salidas de los internos para la práctica de diligencias o para la celebración de
juicio oral se hará previa orden de la autoridad judicial dirigida al Director del
Las autoridades judiciales o gubernativas recabarán del centro directivo, con una
antelación mínima de treinta días, la conducción oportuna del interno, cuando
estuviere recluido en el centro penitenciario ubicado en otra provincia, y del
Director del establecimiento, si se trata de una misma provincia o localidad.
Recibida la comunicación a que hace referencia el apartado 2, el centro directivo
el Director del centro en su caso, recabarán la realización de la conducción del
órgano correspondiente.
Una vez asistido a juicio o celebrada la diligencia judicial, el Director del
establecimiento propondrá el traslado del interno al lugar de procedencia, salvo que
tuviese conocimiento de la existencia de otros señalamientos pendientes o fuese
preceptiva su clasificación siendo previsible su destino al propio centro.
En el caso de que una autoridad judicial interese el traslado de un penado que no
esté a su disposición para la práctica de diligencias, la Dirección del establecimiento
pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia.
Sección 3ª. DESPLAZAMIENTOS A HOSPITALES NO PENITENCIARIOS
1. La salida de internos para consulta o ingreso, en su caso, en centros
hospitalarios no penitenciarios será acordada por el centro directivo.
Acordada la conducción, el Director del establecimiento solicitará al Gobernador
civil o, en su caso, órgano autonómico competente, la fuerza pública que deba
realizar la conducción y encargarse de la posterior custodia del interno en el centro
hospitalario no penitenciario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 155.4.
En caso de urgencia, según dictamen médico, el Director procederá a la
conducción e ingreso en el centro hospitalario, dando cuenta seguidamente al centro directivo.
Sección 4ª. MEDIOS Y FORMA DE LA CONDUCCIÓN
1. Los desplazamientos de detenidos, presos y penados se efectuarán de forma que
se respete su dignidad y derechos y se garantice la seguridad de su conducción.
2. Se llevarán a cabo por el medio de transporte más idóneo, generalmente por
carretera, en vehículos adecuados y bajo custodia de la fuerza pública.
Excepcionalmente y sólo en casos de urgencia o necesidad perentoria, podrá
disponerse el traslado de internos a cargo de los funcionarios de instituciones
penitenciarias que el Director del establecimiento designe entre los que se hallen de servicio.
4. Cuando se trate de traslados en ambulancia, ya sea para ingreso en un hospital
o por traslado a otro establecimiento, el interno irá acompañado, en su caso, del personal sanitario penitenciario necesario que el Director designe.
1. Los penados clasificados en tercer grado y los clasificados en segundo grado que
disfruten de permisos ordinarios, podrán realizar, previa autorización del centro
directivo, los desplazamientos por sus propios medios sin vigilancia. Cuando se
trate de comparecencias ante órganos judiciales, se recabará la autorización del
Juzgado o Tribunal requirente. En estos casos, la Administración podrá facilitar a los
internos los billetes en el medio de transporte adecuado.
Los niños serán entregados a los familiares que estén en el exterior para que se
encarguen de su traslado y, de no ser posible, viajarán junto con sus madres en
vehículos idóneos y estarán acompañados por personal o colaboradores de
instituciones penitenciarias. En cualquier caso, se procurará no herir la sensibilidad
La entrega de los internos a los efectivos de las Fuerzas de Seguridad se hará
mediante acta suscrita por el Jefe de la escolta, en la que se indicará la hora de
salida y una referencia a la orden que disponga la conducción, indicando, cuando se
estime preciso, el grado de peligrosidad del interno, de lo que también se dará
cuenta, si fuera necesario, a la autoridad que hubiese recabado la conducción.
El Jefe de la fuerza conductora, al hacerse cargo de los internos para su traslado
otro centro penitenciario, lo hará también mediante recibo de sus expedientes
personales y equipajes, que entregará, con las mismas formalidades, en el
establecimiento de destino.
El establecimiento de origen proporcionará a los internos conducidos racionado
4. Por el centro de origen se acompañará el expediente médico del interno haciendo
constar, en su caso, la atención sanitaria que deba recibir.
Sección 5ª. TRÁNSITOS E INCIDENCIAS
Cuando los conducidos tengan que pernoctar, en condición de tránsitos en un
centro penitenciario, serán alojados, siempre que sea posible, en celdas o
dependencias destinadas al efecto, con separación del resto de la población reclusa.
De igual modo, cuando por causa de fuerza mayor no pudiera la conducción
llegar a su destino, el Jefe de la fuerza conductora podrá instar, mediante petición
escrita, la admisión de los reclusos en el centro penitenciario más próximo, cuyo
Director dará cuenta de dicha circunstancia al centro directivo y a la autoridad
judicial que recabó el traslado del recluso.
1. Si por razón de enfermedad del interno u otra causa justificada no pudiera
hacerse cargo del mismo la fuerza conductora, ni hubiera sido factible avisar de la incidencia con antelación suficiente, se hará entrega de escrito justificativo al Jefe de la fuerza por parte del establecimiento, dándose cuenta seguidamente en la forma expresada en el artículo anterior.
2. Desaparecida la causa que motivó la demora el Director del centro realizará las
gestiones precisas para que se lleve a cabo la conducción suspendida.
CAPITULO IV Relaciones con el exterior
Sección 1ª. COMUNICACIONES Y VISITAS
1. Los internos tienen derecho a comunicar periódicamente, de forma oral y escrita,
en su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación judicial.
2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, estas comunicaciones se celebrarán de manera que se respete al máximo la intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto a las personas y al
modo, que las impuestas por razones de seguridad, de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento.
su ingreso en un centro penitenciario, así como su traslado a otro establecimiento en el momento del ingreso.
Las comunicaciones ordinarias y extraordinarias que se efectúen durante las
Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente a su familia y abogado
visitas que reciba el interno, se anotarán en un libro de registro, en el que se hará
constar el día y hora de la comunicación, el nombre del interno, y el nombre, domicilio y reseña del documento oficial de identidad de los visitantes, así como la relación de éstos con el interno.
los artículos 216 y 217 de este Reglamento.
Además de las comunicaciones ordinarias señaladas en el horario de este
Las visitas de los familiares al interno enfermo se regularán por lo dispuesto en
servicio, se podrán conceder otras de carácter extraordinario como recompensa y
por urgentes e importantes motivos debidamente justificados en cada caso.
necesidades especiales de los reclusos extranjeros, a los que se aplicarán, en igualdad de condiciones con los nacionales, las reglas generales establecidas en este artículo.
Las comunicaciones y visitas se organizarán de forma que satisfagan las
Artículo 42. Comunicaciones orales. Las comunicaciones orales de los internos se ajustarán a las siguientes normas:
1ª El Consejo de Dirección fijará, preferentemente durante los fines de semana, los días en que puedan comunicar los internos, de manera que tengan, como mínimo, dos comunicaciones a la semana, y cuantas permite el horario de trabajo los penados clasificados en tercer grado. 2ª El horario destinado a este servicio será suficiente para permitir una comunicación de veinte minutos de duración como mínimo, no pudiendo comunicar más de cuatro personas simultáneamente con el mismo interno. 3ª Si las circunstancias del establecimiento lo permitieran, se podrá autorizar a los internos a que acumulen en una sola visita semanal el tiempo que hubiera correspondido normalmente a dos de dichas visitas. 4ª Las dificultades en los desplazamientos de los familiares se tendrán en cuenta en la organización de las visitas. 5ª Los familiares deberán acreditar el parentesco con los internos y los visitantes que no sean familiares habrán de obtener autorización del Director del establecimiento para poder comunicar.
1. Cuando, a tenor de lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, las comunicaciones orales deban ser restringidas en cuanto a las personas, intervenidas o denegadas, el Director del establecimiento, con informe previo de la Junta de Tratamiento si la restricción, intervención o denegación se fundamenta en el tratamiento, lo acordará así en resolución motivada, que se
notificará al interno, dando cuenta al Juez de Vigilancia en el caso de penados o a la autoridad judicial de la que dependa si se trata de detenidos o presos.
2. En los casos de intervención, los comunicantes que no vayan a expresarse en
castellano o en la lengua cooficial de la respectiva Comunidad Autónoma, advertirán de ello con anterioridad al Director del centro, que adoptará las medidas oportunas para que la comunicación pueda intervenirse adecuadamente.
1. El Jefe de Servicios podrá ordenar la suspensión de las comunicaciones orales,
por propia iniciativa o a propuesta del funcionario encargado del servicio, en los siguientes casos:
a) Cuando existan razones fundadas para creer que los comunicantes puedan estar
preparando alguna actuación delictiva o que atente contra la convivencia o la
Cuando los comunicantes no observen un comportamiento correcto.
cuya duración no será superior a tres horas ni inferior a una.
seguridad del establecimiento, o que estén propagando noticias falsas que
perjudiquen o puedan perjudicar gravemente a la seguridad o al buen orden del establecimiento.
éste, a su vez, si ratifica la medida en resolución motivada, deberá dar cuenta al Juez de Vigilancia en el mismo día o al día siguiente.
El Jefe de Servicios dará cuenta inmediata de la suspensión al Director del centro
adecuados para las visitas familiares o de allegados de aquellos internos que no disfruten de permisos ordinarios de salida.
visitas. 3. Los familiares o allegados que acudan a visitar a los internos en las comunicaciones previstas en este artículo no podrán ser portadores de bolsos o
Los Consejos de Dirección establecerán los horarios de celebración de estas
Todos los establecimientos penitenciarios dispondrán de locales especialmente
paquetes, ni llevar consigo a menores cuando se trate de comunicaciones íntimas.
mínimo, cuya duración no será superior a tres horas ni inferior a una, salvo que razones de orden o de seguridad del establecimiento lo impidan.
comunicación con sus familiares y allegados, que se celebrará en locales adecuados
internos con su cónyuge o persona ligada por semejante relación de afectividad e hijos que no superen los diez años de edad. Estas comunicaciones, que serán compatibles con las previstas en el artículo 42 y en los apartados 4 y 5 de este
Se concederán, previa solicitud del interesado, visitas de convivencia a los
Previa solicitud del interesado, se concederá, una vez al mes como mínimo, una
Previa solicitud del interno, se concederá una comunicación íntima al mes como
artículo, se celebrarán en locales o recintos adecuados y su duración máxima será de seis horas.
máximo la intimidad de los comunicantes. Los cacheos con desnudo integral de los visitantes únicamente podrán llevarse a cabo por las razones y en la forma establecidas en el artículo 68 debidamente motivadas. En caso de que el visitante se niegue a realizar el cacheo, la comunicación no se llevará a cabo, sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.
En las comunicaciones previstas en los apartados anteriores se respetará al
Artículo 46. Comunicaciones escritas. La correspondencia de los internos se ajustará a las siguientes normas:
1ª No se establecerán limitaciones en cuanto al número de cartas o telegramas que puedan recibir y remitir los internos, salvo cuando hayan de ser intervenidas por las mismas razones que las comunicaciones orales. En este caso, el número de las que puedan escribir semanalmente será el indicado en la norma 1ª del artículo 42.
2ª Toda la correspondencia que los internos expidan, salvo en los supuestos de intervención, se depositará en sobre cerrado donde conste siempre el nombre y apellidos del remitente y se registrará en el libro correspondiente.
3ª Las cartas que expidan los internos cuyo peso o volumen excedan de lo normal y
que induzcan a sospecha podrán ser devueltas al remitente por el funcionario encargado del registro para que en su presencia sean introducidas en otro sobre, que será facilitado por la Administración. En la misma forma se procederá cuando existan dudas respecto a la identidad del remitente. 4ª La correspondencia que reciban los internos, después de ser registrada en el libro correspondiente, será entregada a los destinatarios por el funcionario encargado de este servicio o por el de la dependencia donde se encuentre el interno, previa apertura por el funcionario en presencia del destinatario a fin de comprobar que no contiene objetos prohibidos. 5ª En los casos en que, por razones de seguridad, del buen orden del
caso, la comunicación y señalará la hora en que deba celebrarse.
establecimiento o del interés del tratamiento, el Director acuerde la intervención de las comunicaciones escritas, esta decisión se comunicará a los internos afectados y también a la autoridad judicial de que dependa si se trata de detenidos o presos, o
ser traducido en el establecimiento, se remitirá el escrito al centro directivo para su traducción y curso posterior. 6ª Las comunicaciones escritas entre los internos y su Abogado defensor o Procurador sólo podrán ser intervenidas por orden de la autoridad judicial. No obstante, cuando los internos tengan intervenidas las comunicaciones ordinarias y se dirijan por escrito a alguna persona manifestando que es su Abogado defensor
constancia expresa en el expediente del interno de que dicha persona es su Abogado o Procurador, así como de la dirección del mismo. 7ª La correspondencia entre los internos de distintos centros penitenciarios podrá ser intervenida mediante resolución motivada del Director y se cursará a través de la Dirección del establecimiento de origen. Efectuada dicha intervención se notificará al interno y se pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia. Estas intervenciones se limitarán exclusivamente a la correspondencia entre internos sin que afecte al resto de las comunicaciones escritas.
Procurador, dicha correspondencia se podrá intervenir, salvo cuando haya
Juez de Vigilancia si se trata de penados. Cuando el idioma utilizado no pueda
para visitar al interno.
al Abogado defensor o a otras personas.
comunicar telefónicamente con otra persona, lo solicitará al Director del
Podrá autorizarse la comunicación telefónica de los internos en los siguientes
Cuando los familiares residan en localidades alejadas o no puedan desplazarse
Cuando el interno haya de comunicar algún asunto importante a sus familiares,
El interno que, concurriendo los requisitos del apartado anterior, desee
El Director, previa comprobación de los mencionados requisitos, autorizará, en
Las comunicaciones telefónicas, que siempre que las circunstancias del
establecimiento lo permitan se efectuarán con una frecuencia máxima de cinco llamadas por semana, se celebrarán en presencia de un funcionario y no tendrán
una duración superior a cinco minutos. El importe de la llamada será satisfecho por
el interno, salvo cuando se trate de la comunicación prevista en el artículo 41.3 de
5. Salvo casos excepcionales, libremente apreciados por el Director del
establecimiento, no se permitirán llamadas desde el exterior a los internos.
6. Las comunicaciones telefónicas entre internos de distintos establecimientos
podrán ser intervenidas mediante resolución motivada del Director en la forma y
con los efectos previstos en la norma 7ª del artículo 46.
1. Las comunicaciones de los internos con sus Abogados defensores y con los
Procuradores que los representen se celebrarán de acuerdo con las siguientes reglas:
1ª Se identificará al comunicante mediante la presentación del documento oficial que le acredite como Abogado o Procurador en ejercicio. 2ª El comunicante habrá de presentar además un volante de su respectivo Colegio, en el que conste expresamente su condición de defensor o de representante del interno en las causas que se siguieran contra el mismo o como consecuencia de las cuales estuviera cumpliendo condena. En los supuestos de terrorismo o de internos pertenecientes a bandas o grupos armados, el volante deberá ser expedido por la autoridad judicial que conozca de las correspondientes causas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 3ª Estas comunicaciones se registrarán por orden cronológico en el libro
correspondiente, consignándose el nombre y apellidos de los comunicantes del interno, el número de la causa y el tiempo de duración de la visita y se celebrarán en locutorios especiales, en los que quede asegurado que el control del funcionario encargado del servicio sea solamente visual.
En las mismas condiciones señaladas en el apartado anterior, se autorizará la
comunicación de los Abogados y Procuradores cuando, antes de personarse en la
causa como defensores o representantes, hayan sido llamados expresamente por los internos a través de la Dirección del establecimiento o por los familiares de aquéllos, debiendo acreditarse dicho extremo mediante la presentación del volante del Colegio en el que conste tal circunstancia.
Las comunicaciones de los internos con el Abogado defensor o con el Abogado
expresamente llamado en relación con asuntos penales, así como con los Procuradores que los representen, no podrán ser suspendidas o intervenidas, en
ningún caso, por decisión administrativa. La suspensión o la intervención de estas comunicaciones sólo podrá realizarse previa orden expresa de la autoridad judicial.
apartados anteriores, cuya visita haya sido requerida por el interno, se celebrarán
Las comunicaciones con otros Letrados que no sean los mencionados en los
en los mismos locutorios especiales y se ajustarán a las normas generales del artículo 41. En el caso de que dichos letrados presenten autorización de la autoridad judicial correspondiente si el interno fuera un preventivo o del Juez de Vigilancia si se tratase de un penado, la comunicación se concederá en las condiciones prescritas en los anteriores apartados de este artículo.
Fiscal con los internos se verificará a la hora que aquéllos estimen pertinente y en
La comunicación de las autoridades judiciales o de los miembros del Ministerio
locales adecuados. Para la notificación de las resoluciones judiciales se autorizará la comunicación con cualesquiera funcionarios de la Administración de Justicia, que deberán acreditar su condición de tales y que son enviados por la autoridad judicial de la que dependen.
sus Adjuntos o delegados o con instituciones análogas de las Comunidades Autónomas, Autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser
suspendidas, ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo.
3. Los internos extranjeros podrán comunicar, en locales apropiados, con los
representantes diplomáticos o consulares de su país, o con las personas que las respectivas Embajadas o Consulados indiquen, previa autorización del Director del Establecimiento, y con aplicación en todo caso de las normas generales establecidas sobre número de comunicaciones y requisitos de las mismas en el artículo 41.
4. A los súbditos de países que no tengan representante diplomático o consular, así
como a los refugiados y a los apátridas, les serán concedidas comunicaciones en las
Las comunicaciones orales y escritas de los internos con el Defensor del Pueblo o
mismas condiciones con el representante del Estado que se haya hecho cargo de sus intereses o con la Autoridad nacional o internacional que tenga por misión protegerlos, o con las personas en quienes aquéllos deleguen.
5. Los Notarios, Médicos, Ministros de Culto y otros profesionales acreditados, cuya
presencia haya sido solicitada por algún interno por conducto de la Dirección del
Establecimiento para la realización de las funciones propias de su respectiva profesión, podrán ser autorizados para comunicar con aquél en local apropiado.
Sección 2ª. RECEPCIÓN DE PAQUETES Y ENCARGOS
En todos los Establecimientos existirá una dependencia para la recogida, control
habilitada al efecto.
comprobación por el funcionario del documento de identidad de quien lo deposita, a quien se pedirá relación detallada del contenido, registrando en el Libro
registro de los paquetes destinados a los internos o que éstos envíen al exterior.
Todos los paquetes deberán ser entregados personalmente en la dependencia
La recepción de paquetes dirigidos a los internos se llevará a cabo previa
número del documento de identidad de quien lo entrega. Una vez practicada la
Una vez distribuidos en las diferentes dependencias, el funcionario encargado de
El número de paquetes que pueden recibir los internos es de dos al mes, salvo
Se consideran artículos u objetos no autorizados todos aquellos que puedan
Los artículos u objetos cuya entrada no se autorice deberán ser recogidos de
correspondiente tanto el nombre del interno destinatario como el nombre, domicilio
anotación, se procederá a un minucioso registro de todos los elementos integrantes
de su contenido, así como a controlar las condiciones higiénicas de los objetos que reciba el interno y demás elementos. De la misma forma se controlará el contenido de los paquetes de salida antes de entregarlos al destinatario en el exterior. En ambos casos, se procederá, respecto de los objetos no autorizados, en la forma prescrita en el artículo siguiente.
este servicio procederá a hacer entrega de los paquetes o envíos a los internos, que firmarán el recibí correspondiente.
en los Establecimientos o departamentos de régimen cerrado, que será de uno al mes. El peso de cada paquete no excederá de cinco kilogramos, no computándose dentro de dicho peso máximo los libros y publicaciones, ni tampoco la ropa.
suponer un peligro para la seguridad, la ordenada convivencia o la salud, las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas salvo prescripción facultativa, los que contengan alcohol y los productos alimenticios, así como los que exijan para su control una manipulación que implique riesgo de deterioro y los expresamente prohibidos por las normas de régimen interior del Establecimiento.
inmediato por el remitente, salvo que se descubran cuando éste ya no se encuentre en las inmediaciones del Establecimiento, en cuyo caso, se notificará esta circunstancia al remitente en el domicilio que conste en el Libro correspondiente.
Los artículos u objetos intervenidos quedarán almacenados hasta que sean reclamados, destruyéndose los productos perecederos.
3. Transcurrido un plazo de tres meses desde su recepción, se colocará una relación
de tales artículos u objetos en el tablón de anuncios al público, invitando a que los mismos sean retirados, con la advertencia de que, transcurridos quince días desde la publicación, se procederá a su destrucción, salvo lo dispuesto para los objetos de valor en el artículo 317 de este Reglamento.
4. Las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas ocupadas se
remitirán a la Autoridad sanitaria competente, notificándolo a la Autoridad judicial
CAPITULO V Información, quejas y recursos
1. Los internos recibirán a su ingreso información escrita sobre sus derechos y
deberes, el régimen del Establecimiento, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas y recursos. Con este fin, se les entregará un ejemplar de la cartilla o folleto informativo general y de las normas de régimen interior del Centro penitenciario de que se trate, que el Centro Directivo de la Administración Penitenciaria correspondiente editará necesariamente en castellano y en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma donde radique el Centro penitenciario.
A los internos extranjeros se les informará, además, de la posibilidad de solicitar
traslado a otros países de personas condenadas, así como de la sustitución de las
aplicación de tratados o convenios internacionales suscritos por España para el
dirección y el número de teléfono de la representación diplomática acreditada en
A estos efectos, el mencionado Centro Directivo procurará editar folletos de
En todo caso, a aquellos internos españoles o extranjeros que no puedan
En el departamento de ingresos y en la Biblioteca de cada Establecimiento habrá,
disposición de los internos, varios ejemplares de la Ley Orgánica General
Todo interno tiene derecho a formular, verbalmente o por escrito, peticiones y
Dichas peticiones y quejas podrán ser formuladas ante el funcionario encargado
penas impuestas o a imponer por la medida de expulsión del territorio nacional, en los casos y con las condiciones previstas por las leyes. Igualmente, se les facilitará
España del país correspondiente.
referencia en aquellos idiomas de grupos significativos de internos extranjeros en
los Establecimientos españoles. A los extranjeros que desconozcan los idiomas en que se encuentre editado el folleto se les hará una traducción oral de su contenido por los funcionarios o internos que conozcan la lengua del interesado y, si fuese necesario, se recabará la colaboración de los servicios consulares del Estado a que aquél pertenezca.
entender la información proporcionada por escrito, les será facilitada la misma por
otro medio adecuado.
Penitenciaria, del Reglamento Penitenciario y de las normas de régimen interior del
Centro. La Administración procurará proporcionar a los internos extranjeros textos de la Ley Orgánica General Penitenciaria y de su Reglamento de desarrollo en la lengua propia de su país de origen, a cuyo fin recabará la colaboración de las autoridades diplomáticas correspondientes.
quejas sobre materias que sean competencia de la Administración Penitenciaria, pudiendo presentarlas, si así lo prefiere el interesado, en sobre cerrado, que se entregará bajo recibo.
de la dependencia que al interno corresponda, ante el Jefe de Servicios o ante el
Director del Centro o quien legalmente le sustituya. El Director o quien éste determine habrán de adoptar las medidas oportunas o recabar los informes que
estimen convenientes y, en todo caso, hacer llegar aquéllas a las Autoridades u organismos competentes para resolverlas.
3. Las peticiones y quejas que formulen los internos quedarán registradas y las
resoluciones que se adopten al respecto se notificarán por escrito a los interesados,
con expresión de los recursos que procedan, plazos para interponerlos y órganos ante los que se han de presentar.
4. Asimismo, los internos podrán dirigir peticiones y quejas al Defensor del Pueblo,
que no podrán ser objeto de censura de ningún tipo.
1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, los internos podrán
formular directamente las peticiones o quejas o interponer recursos ante el Juez de
Vigilancia Penitenciaria en los supuestos a que se refiere el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
2. Se entregará al interno o a su representante recibo o copia simple fechada y
sellada de las quejas o recursos que formule.
3. Cuando el escrito de queja o de recurso se presente ante cualquier oficina de
Registro de la Administración Penitenciaria, una vez entregado al interno o a su representante el correspondiente recibo o copia simple fechada y sellada, se remitirá, sin dilación y en todo caso en el plazo máximo de tres días, al Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente.
Participación de los internos en las actividades de los Establecimientos
Artículo 55. Areas de participación.
Los internos participarán en la organización del horario de las actividades de
orden educativo, recreativo, religioso, laboral, cultural o deportivo.
También se procurará la participación de los internos en el desenvolvimiento de
los servicios alimentarios y de confección de racionados, de acuerdo con el artículo
24 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y de lo que se establezca en las normas
de desarrollo de este Reglamento.
El Consejo de Dirección, mediante resolución motivada, podrá ampliar la
participación de los internos en otras áreas regimentales diferentes de las
mencionadas en el apartado 1 de este artículo.
La participación de los internos en estas actividades en los Establecimientos de
cumplimiento de régimen abierto y de régimen ordinario y en los de preventivos, se
efectuará a través de Comisiones ajustándose a las normas que desarrollan los
siguientes artículos.
En los Establecimientos de cumplimiento de régimen abierto podrán formarse
tantas Comisiones cuantas sean las áreas de actividades que los Consejos de
Dirección acuerden que deben participar los internos. En todo caso se constituirán
tres Comisiones: La primera para la programación y desarrollo de las actividades
educativas, culturales y religiosas; la segunda para las actividades recreativas y
deportivas, y la tercera para las actividades laborales.
Cada Comisión estará integrada, al menos, por tres internos actuando como
Presidente y Secretario de la misma los miembros que designe la propia Comisión
A las reuniones que celebren las Comisiones asistirá el Educador o empleado
público que tenga a su cargo las actividades cuya programación y desarrollo vaya a
ser objeto de estudio.
La elección de los internos que hayan de integrar las distintas Comisiones se
llevará a cabo anualmente o, en su caso, cuando se incumpla el requisito previsto
en el apartado 2 anterior.
Podrán presentarse como candidatos y participar como electores todos los
internos clasificados en tercer grado de tratamiento.
La convocatoria y recepción de las candidaturas corresponderá al Consejo de
7. Cada interno elegirá dos de los candidatos presentados para cada uno de los
8. La mesa que reciba los votos estará compuesta por el interno de más edad y el
más joven, y presidida por uno de los Educadores del Establecimiento.
9. Del resultado de la votación se levantará acta, que se expondrá en el tablón de
anuncios del Establecimiento.
En los Establecimientos de preventivos y en los de cumplimiento ordinarios, las
Comisiones serán las determinadas aplicando lo dispuesto en el artículo 56.1, debiendo estar compuestas, al menos, por un representante de cada una de las unidades de clasificación del Establecimiento, sin que en ningún caso el número de miembros pueda ser inferior a tres, ateniéndose en cuanto a la designación de
Presidente y Secretario a lo establecido en el apartado 2 del artículo anterior. A sus reuniones asistirá el Educador o empleado público encargado de las actividades sobre las que vayan a tratar.
2. El Consejo de Dirección del Establecimiento anunciará la renovación de las
Comisiones de internos que participen en las distintas actividades en períodos de un año o cuando una Comisión resulte con menos de tres internos miembros.
3. En cada una de las unidades de clasificación se instará a que los internos que
deseen participar en el desarrollo de las actividades previstas lo comuniquen al
funcionario encargado del departamento con la debida antelación.
El día señalado por el Consejo de Dirección se formará la mesa, que estará
compuesta por el interno de más edad y el más joven y presidida por un
funcionario de la unidad.
Los componentes de la mesa pasarán por las celdas del departamento
recogiendo los votos de los internos, procediendo con posterioridad al recuento de
los mismos y al anuncio de los resultados.
Todos los internos integrantes de cada unidad de clasificación podrán participar
en la elección y podrán presentarse para ser elegidos en la misma, siempre que no
hayan resultado elegidos en el plazo anterior de un año.
No podrán ser elegidos aquellos internos que tengan sanciones disciplinarias por
faltas muy graves o graves sin cancelar.
Si ninguno de los internos que deseen participar en las Comisiones resultase
elegido por más de un quince por cien de los internos de la unidad, los Consejos de
Dirección procederán a sortear entre los mismos para la designación de quienes
hayan de colaborar en el desarrollo de las actividades durante el período de tiempo
siguiente hasta una nueva convocatoria.
En caso de alteración del orden, los Consejos de Dirección podrán acordar
suspender el proceso, así como cuando se tenga conocimiento de la existencia de
irregularidades en la elección.
Cuando se trate de organizar la participación de los internos en una actividad
sectorial que no afecte a la totalidad del Establecimiento, el Consejo de Dirección
podrá limitar dicha participación a los internos afectados por la misma.
Los internos, a través de sus representantes, podrán de acuerdo con las normas de
régimen interior, organizar por sí mismos las actividades mencionadas o colaborar
en su organización con los funcionarios encargados del área correspondiente.
1. Igualmente, podrán presentar los representantes de los internos toda clase de
sugerencias, que deberán ser elevadas por el funcionario receptor al Director del
2. La participación de los internos, a través de la correspondiente Comisión, en la
programación y ejecución de las actividades laborales, se ajustará a lo previsto en
el Capítulo IV del Título V de este Reglamento.
CAPITULO VII De la participación y colaboración de las Organizaciones no gubernamentales
1. Las instituciones y asociaciones públicas y privadas dedicadas a la asistencia de
los reclusos deberán presentar, para su aprobación por el Centro Directivo, la correspondiente solicitud de colaboración junto con el programa concreto de intervención penitenciaria que deseen desarrollar, en el que deberán constar
expresamente los objetivos a alcanzar, su duración temporal, el colectivo de reclusos objeto de la intervención, la relación nominativa del voluntariado que vaya
a participar en la ejecución del programa, así como los medios materiales y, en su
caso, personales a utilizar y los indicadores y parámetros de evaluación del impacto
de los resultados del programa.
Aprobada la solicitud y el programa de colaboración por el Centro Directivo,
previo informe de la Junta de Tratamiento del Centro penitenciario correspondiente, la institución o asociación colaboradora deberá inscribirse, para poder actuar, en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras gestionado por el Centro Directivo, sin perjuicio, en su caso, de su previa constitución e inscripción en el Registro Público de Asociaciones correspondiente. La inscripción en el Registro Especial tendrá carácter meramente declarativo.
Finalizada la ejecución del programa de colaboración, la institución o asociación
De la seguridad de los Establecimientos
colaboradora elaborará un estudio de evaluación del impacto y resultados del programa que, junto con el informe de la Junta de Tratamiento del Establecimiento, se remitirán por el Director al Centro Directivo.
instituciones y asociaciones dedicadas a la resocialización y ayuda de los reclusos extranjeros, facilitando la cooperación de las entidades sociales del país de origen del recluso, a través de las Autoridades consulares correspondientes.
La Administración Penitenciaria fomentará, especialmente, la colaboración de las
Sección 1ª. SEGURIDAD EXTERIOR
Artículo 63. Competencia. 1. La seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, a los cuerpos de Policía de las
Comunidades Autónomas, los que, sin perjuicio de que se rijan por las normas de los Cuerpos respectivos, en materia de seguridad exterior de los Centros penitenciarios recibirán indicaciones de los Directores de los mismos.
Director o funcionario que le sustituya para informarle de las incidencias del servicio. De igual forma procederá cuando durante el servicio se produzca algún hecho que, por su importancia, deba ser puesto inmediatamente en conocimiento del Director del Establecimiento.
Una vez practicado el relevo, el Jefe de la guardia exterior deberá presentarse al
Sección 2ª. SEGURIDAD INTERIOR
Artículo 64. Competencia. La seguridad interior de los Establecimientos corresponde, salvo en los casos previstos en la disposición final primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria, a los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, con arreglo a los cometidos propios de cada uno y a la distribución de los servicios acordada por el Director del Establecimiento.
Artículo 65. Medidas de seguridad interior. Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los Establecimientos consistirán en la observación de los internos, los recuentos de la población reclusa y los registros, cacheos, requisas, controles e intervenciones que se describen en los artículos siguientes.
Artículo 66. Observación de los internos. La observación de los internos estará encaminada al conocimiento de su comportamiento habitual y de sus actividades y movimientos dentro y fuera del departamento asignado, así como de sus relaciones con los demás internos y del influjo beneficioso o nocivo que, en su caso, ejercieren sobre los mismos. Si en dicha observación se detectaran hechos o circunstancias que pudieran ser relevantes para la seguridad del Establecimiento o el tratamiento de los internos, se elevarán los oportunos informes.
1. Se realizarán diariamente los recuentos ordinarios de control de la población
reclusa en los momentos de la jornada regimental que coincidan con los relevos del personal de vigilancia, que se fijen en el horario aprobado por el Consejo de Dirección del Establecimiento penitenciario.
de Servicios, comunicándolo a la Dirección, teniendo en cuenta la situación
También se efectuarán los recuentos extraordinarios que se ordenen por el Jefe
Los recuentos ordinarios y extraordinarios se practicarán de forma que se
Se llevarán a cabo registros y cacheos de las personas, ropas y enseres de los
El cacheo con desnudo integral se efectuará por funcionarios del mismo sexo que
Si el resultado del cacheo con desnudo integral fuese infructuoso y persistiese la
De los registros, requisas, cacheos y controles citados se formulará parte escrito,
existente en el Centro o departamento en que se haya de practicar la medida, así como el comportamiento de los reclusos afectados por la misma.
garantice su rapidez y fiabilidad y sus resultados se reflejarán en parte escrito suscrito por los funcionarios que los hubiesen efectuado, que se dirigirá al Jefe de Servicios.
internos y requisas de las puertas, ventanas, suelos, paredes y techos de las celdas o dormitorios, así como de los locales y dependencias de uso común. 2. Por motivos de seguridad concretos y específicos, cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del Establecimiento, se podrá realizar cacheo con desnudo integral con autorización del Jefe de Servicios.
el interno, en lugar cerrado sin la presencia de otros internos y preservando, en todo lo posible, la intimidad.
sospecha, se podrá solicitar por el Director a la Autoridad judicial competente la
autorización para la aplicación de otros medios de control adecuados.
que deberá especificar los cacheos con desnudo integral efectuados, firmado por los funcionarios que lo hayan efectuado y dirigido al Jefe de Servicios.
Artículo 69. Otros registros y controles. Se procederá al registro y control de las personas autorizadas a comunicar con los internos, así como de quienes tengan acceso al interior de los Establecimientos para realizar algún trabajo o gestión dentro de los mismos, salvo en las visitas oficiales de las Autoridades. Asimismo, se efectuará un registro y control de los vehículos que entren o salgan del Establecimiento y de los paquetes y encargos que reciban o remitan los internos, conforme a lo establecido en el artículo 50 de este Reglamento.
Artículo 70. Intervenciones. 1. Se intervendrá el dinero, alhajas, u objetos de valor no autorizados, así como los objetos que se entiendan peligrosos para la seguridad o convivencia ordenada o de ilícita procedencia.
Tratándose de objetos peligrosos o prohibidos se procederá a su retirada, de la
que se dejará constancia por escrito, salvo en los casos en que deban ser remitidos
a la Autoridad judicial competente, así como cuando se trate de objetos de valor,
en cuyo caso se les dará el destino previsto en el artículo 317 de este Reglamento.
1. Las medidas de seguridad se regirán por los principios de necesidad y
proporcionalidad y se llevarán siempre a cabo con el respeto debido a la dignidad y
a los derechos fundamentales, especialmente las que se practiquen directamente
sobre las personas. Ante la opción de utilizar medios de igual eficacia, se dará preferencia a los de carácter electrónico.
2. Cuando los funcionarios, con ocasión de cualquiera de las medidas de seguridad
enumeradas en los artículos anteriores, detecten alguna anomalía regimental o cualquier hecho o circunstancia indiciario de una posible perturbación de la vida normal del Centro, lo pondrán inmediatamente en conocimiento del Jefe de Servicios, sin perjuicio de que, en su caso, hagan uso de los medios coercitivos a que se refiere el artículo siguiente.
tiempo estrictamente necesario.
Director entienda idóneos, y su cuantía y estado se reflejará en libro oficial.
Sección 3ª. MEDIOS COERCITIVOS
Penitenciaria, el aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada y las esposas. Su uso será proporcional al fin pretendido, nunca supondrá una sanción encubierta, y sólo se aplicarán cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida y por
No podrán ser aplicados los expresados medios coercitivos a las internas
Son medios coercitivos, a los efectos del artículo 45.1 de la Ley Orgánica General
mencionadas en el artículo 254.3 del presente Reglamento ni a los enfermos
convalecientes de enfermedad grave, salvo en los casos en los que de la actuación de aquéllos pudiera derivarse un inminente peligro para su integridad o para la de otras personas. Cuando se aplique la medida de aislamiento provisional el interno será visitado diariamente por el Médico.
Director, salvo que razones de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su conocimiento inmediatamente. El Director comunicará inmediatamente al Juez de Vigilancia la adopción y cese de los medios coercitivos, con expresión detallada de los hechos que hubieran dado lugar a dicha utilización y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento.
Los medios materiales coercitivos serán depositados en aquel lugar o lugares que
En los casos de graves alteraciones del orden con peligro inminente para las
La utilización de los medios coercitivos será previamente autorizada por el
personas o para las instalaciones, el Director con carácter provisional podrá recabar
caso de tener que utilizar las armas de fuego lo harán por los mismos motivos y
auxilio de las Fuerzas de Seguridad de guardia en el Establecimiento, quienes en
con las mismas limitaciones que establece la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final primera de
la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Por régimen penitenciario se entiende el conjunto de normas o medidas que
persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita
alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos.
2. Las funciones regimentales de seguridad, orden y disciplina son medios para
alcanzar los fines indicados, debiendo ser siempre proporcionadas al fin que persiguen, y no podrán significar un obstáculo para la ejecución de los programas de tratamiento e intervención de los reclusos.
3. Las actividades integrantes del tratamiento y del régimen, aunque regidas por un
principio de especialización, deben estar debidamente coordinadas.
El régimen ordinario se aplicará a los penados clasificados en segundo grado, a
los penados sin clasificar y a los detenidos y presos.
El régimen abierto se aplicará a los penados clasificados en tercer grado que
puedan continuar su tratamiento en régimen de semilibertad.
El régimen cerrado se aplicará a los penados clasificados en primer grado por su
peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes comunes anteriores
a los preventivos en quienes concurran idénticas circunstancias.
Los detenidos, presos y penados no tendrán otras limitaciones regimentales que
las exigidas por el aseguramiento de su persona y por la seguridad y el buen orden
de los Establecimientos, así como las que aconseje su tratamiento o las que
provengan de su grado de clasificación.
En su caso, a solicitud del interno o por propia iniciativa, el Director podrá
acordar mediante resolución motivada, cuando fuere preciso para salvaguardar la
vida o integridad física del recluso, la adopción de medidas que impliquen
limitaciones regimentales, dando cuenta al Juez de Vigilancia.
Mediante acuerdo motivado, el Consejo de Dirección, en el caso de los detenidos
presos, o la Junta de Tratamiento, en el caso de penados, propondrán al Centro
Directivo el traslado del recluso a otro Establecimiento de similares características
para posibilitar el levantamiento de las limitaciones regimentales exigidas por el
aseguramiento de su persona a que se refiere el apartado anterior.
Los acuerdos de traslado se comunicarán, en el caso de los detenidos y presos, a
la Autoridad judicial de que dependan y, en el caso de los penados, al Juez de
Vigilancia correspondiente.
En los Establecimientos de régimen ordinario los principios de seguridad, orden y
disciplina tendrán su razón de ser y su límite en el logro de una convivencia
2. La separación interior de la población reclusa, conforme a los criterios
establecidos en el artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se ajustará
a las necesidades o exigencias del tratamiento, a los programas de intervención y a las condiciones generales del Centro.
3. El trabajo y la formación tendrán la consideración de actividad básica en la vida
1. El Consejo de Dirección aprobará y dará a conocer entre la población reclusa el
horario que debe regir en el Centro, señalando las actividades obligatorias para todos y aquellas otras de carácter optativo y de libre elección por parte de los internos.
En cualquier caso, se garantizarán ocho horas de descanso nocturno, un mínimo
de dos horas para que el interno pueda dedicarlas a asuntos propios y tiempo
suficiente para atender a las actividades culturales y terapéuticas y a los contactos con el mundo exterior.
3. Igualmente el Consejo de Dirección aprobará mensualmente el calendario de
actividades previsto para el mes siguiente con indicación expresa de los días y horas de su realización, y de los internos a quienes afecte, en el caso de que no afectara a la totalidad de internos del Centro. Este calendario será puesto en conocimiento de los internos y estará expuesto permanentemente en lugar visible para los mismos.
4. El horario aprobado por el Consejo de Dirección, así como el calendario mensual
de actividades será puesto en conocimiento del Centro Directivo para su ratificación o reforma, antes del día quince del mes anterior a aquel a que se refiera.
Asimismo, vendrá obligado a difundir entre los internos, con la periodicidad que
Los Establecimientos de régimen abierto pueden ser de los siguientes tipos:
Centros Abiertos o de Inserción Social.
Secciones Abiertas.
se determine en las normas de régimen interior, aquellas actividades no regulares que se organicen en el Establecimiento.
cumplir y a colaborar con las medidas de higiene y sanitarias que se adopten,
Todos los reclusos están obligados a respetar el horario del Centro, así como a
procurando que las instalaciones se encuentren siempre limpias y haciendo un buen uso de las mismas.
Penitenciaria (RCL 1979, 2382), los internos vendrán obligados a realizar las prestaciones personales necesarias para el mantenimiento del buen orden, la limpieza y la higiene en los Establecimientos.
Conforme a lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley Orgánica General
Artículo 79. Participación de los internos. El Consejo de Dirección fomentará la participación de los internos en los casos y con las condiciones establecidas en el Capítulo VI del Título II.
clasificados en tercer grado de tratamiento. 3. La Sección Abierta depende administrativamente de un Establecimiento penitenciario polivalente, del que constituye la parte destinada a internos clasificados en tercer grado de tratamiento.
Reglamento, consisten en instalaciones residenciales situadas fuera de los recintos penitenciarios e incorporadas funcionalmente a la Administración Penitenciaria, mediante la colaboración de las entidades públicas o privadas prevista en el artículo 62 de este Reglamento, para facilitar el logro de objetivos específicos de tratamiento penitenciario de internos clasificados en tercer grado.
Las Unidades Dependientes, reguladas en los artículos 165 a 167 de este
El Centro Abierto es un Establecimiento penitenciario dedicado a internos
1. El régimen de estos Establecimientos será el necesario para lograr una
convivencia normal en toda colectividad civil, fomentando la responsabilidad y siendo norma general la ausencia de controles rígidos que contradigan la confianza que inspira su funcionamiento.
La ejecución del programa individualizado de tratamiento determinará el destino
concreto del interno a los Centros o Secciones Abiertas o Centros de Inserción
Social, tomando en consideración, especialmente, las posibilidades de vinculación familiar del interno y su posible repercusión en el mismo.
3. A las Unidades Dependientes, podrán ser destinados por el Centro Directivo, a
propuesta de la Junta de Tratamiento, aquellos internos que, previa aceptación expresa de las normas de funcionamiento, se adecuen a los objetivos específicos del programa establecido.
1. En los casos de penados clasificados en tercer grado con una peculiar trayectoria
delictiva, personalidad anómala o condiciones personales diversas, así como cuando exista imposibilidad de desempeñar un trabajo en el exterior o lo aconseje su
El ejercicio de estas funciones se regirá por los siguientes principios:
tratamiento penitenciario, la Junta de Tratamiento podrá establecer la modalidad de vida en régimen abierto adecuada para estos internos y restringir las salidas al exterior, estableciendo las condiciones, controles y medios de tutela que se deban observar, en su caso, durante las mismas.
en tercer grado, cuando se acredite que existe imposibilidad de desempeñar un trabajo remunerado en el exterior, pero conste, previo informe de los servicios sociales correspondientes, que va a desempeñar efectivamente las labores de trabajo doméstico en su domicilio familiar, se considerarán estas labores como trabajo en el exterior.
al interno a que inicie la búsqueda de un medio de subsistencia para el futuro o en
A los efectos del apartado anterior, en el caso de mujeres penadas clasificadas
La modalidad de vida a que se refiere este artículo tendrá como objetivo ayudar
su defecto, encontrar alguna asociación o institución pública o privada para su apoyo o acogida en el momento de su salida en libertad.
Esta modalidad de vida se asimilará, lo máximo posible, a los principios del
régimen abierto a que se refiere el artículo siguiente.
capacidades de inserción social positiva que presentan los penados clasificados en tercer grado, realizando las tareas de apoyo y de asesoramiento y la cooperación necesaria para favorecer su incorporación progresiva al medio social.
La actividad penitenciaria en régimen abierto tiene por objeto potenciar las
a) Atenuación de las medidas de control, sin perjuicio del establecimiento de programas de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por los
internos dentro y fuera del Establecimiento.
la organización de las actividades.
posible, atención a través de los servicios generales de la comunidad para facilitar
Autorresponsabilidad, mediante el estímulo de la participación de los internos en
Normalización social e integración, proporcionando al interno, siempre que sea
su participación plena y responsable en la vida familiar, social y laboral.
en la atención y reinserción de los reclusos, promoviendo criterios comunes de
actuación para conseguir su integración en la sociedad.
Coordinación con cuantos organismos e instituciones públicas o privadas actúen
1. Las normas de organización y funcionamiento de los Establecimientos de
régimen abierto serán elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el
Centro Directivo.
2. En los Establecimientos de régimen abierto se podrán establecer, a propuesta de
la Junta de Tratamiento, distintas modalidades en el sistema de vida de los internos, según las características de éstos, de su evolución personal, de los grados
de control a mantener durante sus salidas al exterior y de las medidas de ayuda que necesiten para atender a sus carencias.
3. Se establecerán modalidades de vida específicas para atender y ayudar a
aquellos internos que en el momento de acceder al tercer grado no dispongan de recursos suficientes para desarrollar una actividad estable en el exterior o tengan carencias importantes en el apoyo familiar o social que dificulten su integración.
1. Al ingresar el interno en un Establecimiento de régimen abierto mantendrá una
entrevista con un profesional del Centro, quien le informará de las normas de funcionamiento que rijan en la unidad, de cómo poder utilizar los servicios y
recursos, de los horarios y de todos aquellos aspectos que regulen la convivencia del Centro.
breve período de tiempo, el Equipo adoptará las decisiones más adecuadas para el desarrollo de lo establecido en el programa de tratamiento diseñado por la Junta de Tratamiento.
Un miembro del Equipo Técnico mantendrá una entrevista con el interno y en un
Los internos podrán salir del Establecimiento para desarrollar las actividades
Estas salidas deberán ser planificadas y reguladas por la Junta de Tratamiento,
El horario y la periodicidad de las salidas autorizadas serán los necesarios para
En general, el tiempo mínimo de permanencia en el Centro será de ocho horas
La Junta de Tratamiento regulará, de forma individualizada, en función de la
Como norma general, estos internos disfrutarán de salidas de fin de semana,
También podrán disfrutar de los días festivos establecidos en el calendario oficial
laborales, formativas, familiares, de tratamiento o de otro tipo, que faciliten su integración social.
señalando los mecanismos de control y seguimiento que se consideren necesarios, de acuerdo con lo establecido en el programa de tratamiento.
realizar la actividad y para los desplazamientos.
diarias, debiendo pernoctarse en el Establecimiento, salvo cuando, de modo voluntario, el interno acepte el control de su presencia fuera del Centro mediante dispositivos telemáticos adecuados proporcionados por la Administración Penitenciaria u otros mecanismos de control suficiente, en cuyo caso sólo tendrán que permanecer en el Establecimiento durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento para la realización de actividades de tratamiento, entrevistas y controles presenciales.
modalidad de vida establecida para cada interno, de su evolución en el tratamiento y de las garantías de control necesarias, las salidas de fin de semana de los internados en Establecimientos de régimen abierto.
como máximo, desde las dieciséis horas del viernes hasta las ocho horas del lunes.
de la localidad donde esté situado el Establecimiento. Cuando los días festivos sean
consecutivos al fin de semana, la salida se ampliará en veinticuatro horas por cada día festivo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Centro Directivo
podrá aprobar salidas de fin de semana con horarios diferentes a los indicados.
1. Como regla general, los internos en régimen abierto recibirán la asistencia
sanitaria que precisen a través de la red sanitaria pública extrapenitenciaria. 2. La Administración Penitenciaria velará para que los internos utilicen correctamente estos servicios y cuiden su salud, como un aspecto muy importante en su rehabilitación y, con este fin, planificará y ejecutará programas de prevención y educación para la salud.
Los servicios médicos del Establecimiento efectuarán el seguimiento necesario y
dispondrán la coordinación precisa de los servicios sanitarios de la institución con los del exterior, en el marco de los convenios suscritos por la Administración Penitenciaria a tal fin. Los trabajadores sociales del Centro ayudarán y orientarán a los internos en la realización de los trámites necesarios para utilizar la red sanitaria pública extrapenitenciaria.
CAPITULO IV Régimen cerrado
Artículo 89. Aplicación. El régimen cerrado, en consonancia con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, será de aplicación a aquellos penados que, bien inicialmente, bien por una involución en su personalidad o conducta, sean clasificados en primer grado por tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario y abierto.
10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria se cumplirá en Centros o módulos de régimen cerrado o en departamentos especiales ubicados en Centros de regímenes comunes, con absoluta separación del resto de la población reclusa. 2. En todo caso, se cumplirá en celdas individuales, caracterizándose por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos, exigiéndose, de manera especial el acatamiento de cuantas medidas de seguridad, orden y disciplina elabore el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento. En ningún caso, el régimen de vida para estos internos podrá establecer limitaciones regimentales iguales o superiores a las fijadas para el régimen de cumplimiento de la sanción de aislamiento en celda.
El régimen penitenciario de vida regulado conforme a lo establecido en el artículo
vida, según los internos sean destinados a Centros o módulos de régimen cerrado o a departamentos especiales.
Dentro del régimen cerrado se establecen dos modalidades en el sistema de
Serán destinados a Centros o módulos de régimen cerrado aquellos penados
clasificados en primer grado que muestren una manifiesta inadaptación a los
regímenes comunes.
primer grado que hayan sido protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, Autoridades, otros internos o personas ajenas a la Institución, tanto dentro como fuera de los Establecimientos y en las que se evidencie una peligrosidad extrema.
Serán destinados a departamentos especiales aquellos penados clasificados en
acordada por la Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, y será
autorizada por el Centro Directivo.
2. Procederá, en todo caso, la propuesta de reasignación de la modalidad en el
sistema de vida de los penados destinados en departamentos especiales que
muestren una evolución positiva, ponderando, entre otros, factores tales como:
La asignación de las modalidades de vida previstas en el artículo anterior será
Una adecuada relación con los demás.
La asignación de modalidad de vida se revisará en el plazo máximo de tres
meses, se notificará al interno y se anotará en su expediente personal.
1ª Los internos disfrutarán, como mínimo, de tres horas diarias de salida al patio.
Este número podrá ampliarse hasta tres horas más para la realización de actividades programadas. 2ª Diariamente deberá practicarse registro de las celdas y cacheo de los internos. Cuando existan fundadas sospechas de que el interno posee objetos prohibidos y razones de urgencia exijan una actuación inmediata, podrá recurrirse al desnudo integral por orden motivada del Jefe de Servicios, dando cuenta al Director. Este cacheo se practicará en la forma prevista en el artículo 68. 3ª En las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de dos internos juntos. Este número podrá aumentarse hasta un máximo de cinco para la ejecución de actividades programadas. 4ª Los servicios médicos programarán las visitas periódicas a estos internos,
informando al Director sobre su estado de salud. 5ª El Consejo de Dirección elaborará las normas de régimen interior sobre servicios de barbería, duchas, peluquería, economato, distribución de comidas, limpieza de celdas y dependencias comunes, disposición de libros, revistas, periódicos y aparatos de radio y televisión y sobre las ropas y enseres de que podrán disponer los internos en sus celdas. 6ª Para estos departamentos especiales se diseñará un modelo de intervención y programas genéricos de tratamiento ajustados a las necesidades regimentales, que estarán orientados a lograr la progresiva adaptación del interno a la vida en régimen ordinario, así como a la incentivación de aquellos factores positivos de la conducta que puedan servir de aliciente para la reintegración y reinserción social del interno, designándose el personal necesario a tal fin.
Las normas de régimen interior elaboradas por el Consejo de Dirección, así como
los programas a que hace referencia el apartado anterior, serán remitidas al Centro Directivo para su modificación o aprobación.
Artículo 94. Modalidad de vida en módulos o centros cerrados. El régimen de los módulos o centros cerrados se ajustará a las siguientes normas:
1ª Los internos disfrutarán, como mínimo, de cuatro horas diarias de vida en común. Este horario podrá aumentarse hasta tres horas más para la realización de actividades previamente programadas. 2ª El número de internos que, de forma conjunta, podrán realizar actividades en grupo, será establecido por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, con un mínimo de cinco internos. 3ª La Junta de Tratamiento programará detalladamente las distintas actividades culturales, deportivas, recreativas o formativas, laborales u ocupacionales que, se someterán a la aprobación del Consejo de Dirección. Estos programas se remitirán al Centro Directivo para su autorización y seguimiento.
Artículo 95. Traslado de penados a departamentos de régimen cerrado. 1. El traslado de un penado desde un Establecimiento de régimen ordinario o abierto a un Establecimiento de régimen cerrado o a uno de los departamentos especiales contemplados en este Capítulo, competerá al Centro Directivo mediante
resolución motivada, previa propuesta razonada de la Junta de Tratamiento contenida en el ejemplar de clasificación o, en su caso, en el de regresión de grado. De este acuerdo se dará conocimiento al Juez de Vigilancia Penitenciaria dentro de las setenta y dos horas siguientes a su adopción.
2. En el mismo plazo se notificará al penado dicha resolución, mediante entrega de
copia de la misma, con expresión del recurso que puede interponer ante el Juez de Vigilancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 76.2 f) de la Ley Orgánica General
3. Mediando motín, agresión física con arma u objeto peligroso, toma de rehenes o
intento violento de evasión, el traslado del penado a un Establecimiento de régimen
cerrado podrá acordarse por el Centro Directivo, aunque no se haya producido resolución clasificatoria en primer grado, que, en todo caso, deberá efectuarse dentro de los catorce días siguientes, dando cuenta inmediatamente del traslado al Juez de Vigilancia.
CAPITULO V Régimen de preventivos
1. Con carácter general, el régimen de los detenidos y presos será el previsto en el
Capítulo II de este Título.
2. No obstante lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley
Orgánica General Penitenciaria, serán de aplicación, a propuesta de la Junta de
Tratamiento y con la aprobación del Centro Directivo, las normas previstas para los Establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado a los detenidos y presos, cuando se trate de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados al régimen ordinario.
La peligrosidad extrema o la inadaptación manifiesta se apreciarán ponderando
la concurrencia de los factores a que se refiere el artículo 102.5 de este Reglamento, en cuanto sean aplicables a los internos preventivos.
anterior, requerirá, al menos, los informes razonados del Jefe de Servicios y del Equipo Técnico y será siempre motivado.
de las veinticuatro horas siguientes a su adopción, con expresión del derecho de acudir al Juez de Vigilancia, conforme a lo establecido en el artículo 76.2 g) de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Igualmente, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su adopción, se dará conocimiento al Juez de Vigilancia, mediante remisión del contenido literal del acuerdo y de los preceptivos informes en que se fundamenta. Si el acuerdo implica el traslado a otro Establecimiento penitenciario,
El acuerdo se notificará al interno, mediante entrega de copia del mismo, dentro
El acuerdo de la Junta de Tratamiento a que se refiere el apartado 2 del artículo
se comunicará dicha medida al Juez de Vigilancia y a la Autoridad judicial de la que dependa el interno, sin perjuicio de su ejecución inmediata.
En los supuestos previstos en el artículo 95.3, se procederá al traslado por el
Centro Directivo como se indica en dicho precepto, poniéndolo en conocimiento
tanto de la Autoridad Judicial de que dependa el interno, como del Juez de Vigilancia correspondiente.
tiempo necesario, hasta que desaparezcan o disminuyan significativamente las razones o circunstancias que sirvieron de fundamento para su aplicación.
podrá demorarse más de tres meses, previa emisión de los preceptivos informes.
La permanencia de los detenidos y presos en el régimen cerrado será por el
En todo caso la revisión del acuerdo a que se refiere el artículo anterior, no
TITULO IV De la separación y clasificación de los internos
Separación de los internos Artículo 99. Separación interior.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, los internos serán separados en el interior de los Establecimientos teniendo en cuenta, con carácter prioritario, los criterios de sexo, edad y antecedentes delictivos y, respecto de los penados, las exigencias del tratamiento.
Respecto de la separación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y de los militares que sean internados en Establecimientos
penitenciarios comunes, deberá observarse lo dispuesto en la legislación correspondiente. 3. Excepcionalmente, hombres y mujeres podrán compartir un mismo
departamento previo consentimiento de unos y otras y siempre que reúnan los requisitos regulados en el Capítulo III del Título VII.
4. Los jóvenes menores de veintiún años sólo podrán ser trasladados a los
departamentos de adultos cuando así lo autorice la Junta de Tratamiento,
poniéndolo en conocimiento del Juez de Vigilancia.
El primer grado determina la aplicación de las normas del régimen cerrado.
penados deberán ser clasificados en grados. Los grados serán nominados correlativamente, de manera que el primero se corresponda con un régimen en el que las medidas de control y seguridad serán más estrictas, el segundo con el régimen ordinario y el tercero con el régimen abierto.
proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.
No obstante, con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá
Además de las separaciones señaladas en el artículo anterior, tras el ingreso los
1. La clasificación en segundo grado implica la aplicación de las normas correspondientes al régimen ordinario de los Establecimientos.
El tercer grado determina la aplicación del régimen abierto en cualquiera de sus
penado, se realizará su clasificación, que determinará el destino al Establecimiento
Para la individualización del tratamiento, tras la adecuada observación de cada
cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado y, en su caso, al grupo o sección más idóneo dentro de aquél.
personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento.
Para determinar la clasificación, las Juntas de Tratamiento ponderarán la
circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin
capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad.
4. La clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que, por sus
circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.
5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, se clasificarán en primer grado a los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada, ponderando la concurrencia de factores tales como:
Serán clasificados en segundo grado los penados en quienes concurran unas
b) Comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las
personas, la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modos o formas
c) Pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas, mientras no
muestren, en ambos casos, signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina
interna de dichas organizaciones o bandas. d) Participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones.
e) Comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves, de
manera reiterada y sostenida en el tiempo.
f) Introducción o posesión de armas de fuego en el Establecimiento penitenciario,
así como la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas
La propuesta de clasificación inicial penitenciaria se formulará por las Juntas de
Tratamiento, previo estudio del interno.
La propuesta se formulará en el impreso normalizado aprobado por el Centro
Directivo en el plazo máximo de dos meses desde la recepción en el
Establecimiento del testimonio de la sentencia.
El protocolo de clasificación penitenciaria contendrá la propuesta razonada de
grado y el programa individualizado de tratamiento, en el que se dará cobertura a
las necesidades y carencias detectadas en el interno en los ámbitos señalados en el
artículo 20.2 de este Reglamento. En el programa se señalarán expresamente los
destinos, actividades, programas educativos, trabajo y actividades ocupacionales o
de otro tipo que deba seguir el interno.
La resolución sobre la propuesta de clasificación penitenciaria se dictará, de
forma escrita y motivada, por el Centro Directivo en el plazo máximo de dos meses
desde su recepción.
La resolución de clasificación inicial se notificará al interno interesado,
indicándole en la notificación que, de no estar conforme con la misma, puede acudir
en vía de recurso ante el Juez de Vigilancia.
El Centro Directivo podrá ampliar el plazo para dictar la resolución de
clasificación inicial hasta un máximo de dos meses más, para la mejor observación
de la conducta y la consolidación de los factores positivos del interno.
Cuando se trate de penados con condenas de hasta un año, la propuesta de
clasificación inicial formulada por la Junta de Tratamiento, adoptada por acuerdo
unánime de sus miembros, tendrá la consideración de resolución de clasificación
inicial a todos los efectos, salvo cuando se haya propuesto la clasificación en primer
grado de tratamiento, en cuyo caso la resolución corresponderá al Centro Directivo.
En este supuesto, el acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento de clasificación
inicial en segundo o tercer grado se notificará al interno, que podrá ejercitar la
impugnación referida en el apartado 5 de este artículo y se remitirá al Centro
Si la propuesta de la Junta de Tratamiento de clasificación en segundo o tercer
grado a que se refieren los apartados anteriores no fuese unánime, la misma se
remitirá al Centro Directivo para la resolución que proceda conforme a lo
establecido en los otros apartados de este artículo.
1. Cuando un penado tuviese además pendiente una o varias causas en situación
de preventivo, no se formulará propuesta de clasificación inicial mientras dure esta
2. Si un penado estuviese ya clasificado y le fuera decretada prisión preventiva por
otra u otras causas, quedará sin efecto dicha clasificación, dando cuenta al Centro Directivo.
Para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la condena o
condenas pueda ser propuesto para tercer grado, deberá transcurrir el tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado conocimiento del mismo y concurrir,
favorablemente calificadas, las variables intervinientes en el proceso de clasificación penitenciaria enumeradas en el artículo 102.2, valorándose, especialmente, el historial delictivo y la integración social del penado.
4. Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe
médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad.
1. Cada seis meses como máximo, los internos deberán ser estudiados
individualmente para evaluar y reconsiderar, en su caso, todos los aspectos
establecidos en el modelo individualizado de tratamiento al formular su propuesta
de clasificación inicial.
Cuando la Junta de Tratamiento no considere oportuno proponer al Centro
Directivo cambio en el grado asignado, se notificará la decisión motivada al interno,
que podrá solicitar la remisión del correspondiente informe al Centro Directivo para
que resuelva lo procedente sobre el mantenimiento o el cambio de grado. La
resolución del Centro Directivo se notificará al interno con indicación del derecho de
acudir en vía de recurso ante el Juez de Vigilancia.
Cuando una misma Junta reitere por segunda vez la clasificación de primer
grado, el interno podrá solicitar que su próxima propuesta de clasificación se haga
por la Central Penitenciaria de Observación. El mismo derecho le corresponderá
cuando, encontrándose en segundo grado y concurriendo la misma circunstancia,
haya alcanzado la mitad del cumplimiento de la condena.
La evolución en el tratamiento penitenciario determinará una nueva clasificación
del interno, con la correspondiente propuesta de traslado al Centro penitenciario
adecuado o, dentro del mismo Centro, a otro departamento con diferente
modalidad de vida.
La progresión en el grado de clasificación dependerá de la modificación positiva
de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, se
manifestará en la conducta global del interno y entrañará un incremento de la
confianza depositada en el mismo, que permitirá la atribución de responsabilidades
más importantes que impliquen un mayor margen de libertad.
La regresión de grado procederá cuando se aprecie en el interno, en relación al
tratamiento, una evolución negativa en el pronóstico de integración social y en la
personalidad o conducta del interno.
Cuando el interno no participe en un programa individualizado de tratamiento, la
valoración de su evolución se realizará en la forma descrita en el artículo 112.4,
salvo cuando la Junta de Tratamiento haya podido efectuar una valoración de la
integración social del interno por otros medios legítimos.
Para la resolución de las propuestas de progresión y de regresión de grado se
observarán las mismas formalidades, plazo y posible ampliación del mismo que se prevén en el artículo 103 para la resolución de la clasificación inicial.
Artículo 107. Notificación al Ministerio Fiscal. Todas las resoluciones de clasificación o progresión a tercer grado adoptadas por el Centro Directivo o por acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento según lo previsto en el artículo 103.7, se notificarán, junto con el informe de la Junta de Tratamiento, al Ministerio Fiscal dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su adopción.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 38
 artículo 38
 resolución 
 artículo 111
 artículo 124
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 70
 artículo 75
 artículo 70
 artículo 76
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 37
 resolución

 Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 124
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 13
 artículo 23

Artículo 16
 artículo 99

Artículo 21
 artículo 15

Artículo 25

Artículo 26
 artículo 24

Artículo 27
 artículo 22
 artículo 22

Artículo 31
 artículo 79

Artículo 32
 artículo 155
 artículo 51

Artículo 42
 artículo 51
 resolución 
 resolución 
 artículo 42
 artículo 68

Artículo 46
 artículo 42
 resolución 
 artículo 41
 resolución 
 artículo 46
 artículo 520
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 317
 artículo 76

Artículo 55
 artículo
24
 resolución 
 artículo 56

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 69
 artículo 50

Artículo 70
 artículo 317
 artículo 45
 artículo 254
 resolución 
 artículo 16
 artículo 29

Artículo 79
 artículo 62

Artículo 89
 artículo 10
 artículo 68

Artículo 94

Artículo 95

resolución 
 artículo 76
 resolución 
 artículo 10
 artículo 102
 artículo 76
 artículo 95
 Artículo 99
 artículo 16
 artículo 10

artículo 20
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 102

resolución 
 artículo 112
 resolución 
 artículo 103
 resolución 

Artículo 107
 artículo 103