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Timestamp: 2019-12-05 14:27:30+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 235, de 23/05/2001
Año 2001 VII Legislatura Núm. 235
NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas aparecieron, por error, numeradas desde la 3463 a la 3480. Tal error ha sido corregido en la presente edición electrónica.
celebrada el miércoles, 23 de mayo de 2001
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición.
(Número de expediente 121/000021.) . . . (Página 7064)
- Sobre desarrollo reglamentario de la ley organica de protección de datos de carácter personal.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000353.) . . . (Página 7068)
- Sobre ratificación de los protocolos adicionales cuatro y siete al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000594.) . . . (Página 7072)
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- EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO DE PETICIÓN.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión con el primer punto del orden del día: emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición. Existen tres puntos en el orden del día y se ha acordado que se acumulen las votaciones, que no serán en ningún caso antes de las once y cuarto de la mañana.
El informe de la ponencia pone de manifiesto que prácticamente han quedado aceptadas todas las enmiendas presentadas por los diferentes grupos, salvo las relativas al Grupo de Coalición Canaria, cuyo representante no se encuentra presente en la Comisión, aunque ha hecho llegar a la Presidencia su deseo de mantenerlas para su debate en el Pleno. ¿Algún grupo desea intervenir? Por el Grupo Vasco, el señor Erkoreka tiene la palabra.
El señor ERKOREKA GERVASIO: El proyecto de ley orgánica cuyo debate abordamos hoy en esta Comisión tiene por objeto regular el derecho fundamental de petición reconocido con carácter general en el artículo 29 de la Constitución, aunque el texto fundamental hace también una referencia adicional a este derecho en lo que se refiere a las Cámaras legislativas en el artículo 77.
El proyecto que nos ocupa se centra fundamentalmente en el desarrollo del artículo 29 y aspira, casi un cuarto de siglo después de aprobada la Constitución, a adaptar a sus previsiones y principios la regulación legal de este derecho, que estaba contenida hasta la fecha en una ley preconstitucional, la Ley 92/1960, de 22 de diciembre.
En su exposición de motivos, el proyecto hace un vivo alegato en defensa de este derecho constitucional afirmando que no se trata de un derecho menor, y ciertamente resulta difícil no compartir esta apreciación ya que, en un Estado democrático de derecho, no hay derecho subjetivo susceptible de ser caracterizado como fundamental que carezca de relevancia. Ya lo ha postulado el Tribunal Constitucional, importando la doctrina jurisprudencial americana de la preference position: los derechos fundamentales recogidos en la sección primera del capítulo II del título I de la Constitución, todos ellos sin excepción, incluido por supuesto el derecho de petición, ocupan en nuestro derecho positivo una posición de jerarquía institucional. Cierto es que el alto Tribunal ha calificado también este derecho con el adjetivo de residual, pero ello no comporta demérito para el derecho de petición ni supone infravaloración. El derecho de petición es efectivamente residual no porque sea de nivel inferior a los restantes derechos de naturaleza fundamental, sino porque su función principal, que consiste en propiciar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, ha quedado hasta cierto punto disminuida como consecuencia de la incorporación al ordenamiento jurídico de nuevos procedimientos y mecanismos de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, como los garantizados fundamentalmente en el artículo 23 de la Constitución, aunque también en otras previsiones de la Carta Magna que hacen referencia a los supuestos de democracia directa.
El proyecto incorpora, a nuestro juicio de un modo satisfactorio, lo que el Tribunal Constitucional ha venido definiendo durante los últimos años como el contenido esencial del derecho de petición; contenido esencial que denota los perfiles eminentemente formales de este derecho. Muy clarificadoramente la sentencia del Tribunal Constitucional 242/1993 ha señalado que el contenido de este derecho como tal es mínimo y se agota en la mera posibilidad de ejercitarlo formulando la solicitud, sin que de ello pueda derivarse perjuicio alguno para el interesado. Además, incluye la exigencia de que el escrito al cual se incorpore la petición sea admitido, se le dé el curso debido o se reexpida, en su caso, al órgano competente y se tome en consideración, sin que lo solicitado tenga que ser necesariamente aceptado.
Entrando en el contenido concreto del proyecto, quisiera destacar, en primer lugar, el importante esfuerzo de entendimiento que hemos llevado a cabo los grupos parlamentarios de esta Cámara con objeto de alcanzar un texto consensuado y compartido que, sin satisfacer en su integridad las pretensiones y aspiraciones de todos los grupos, pueda, sin embargo, concitar la adhesión del amplísimo arco ideológico que entre todos conformamos. Un aspecto del proyecto que merece una mención específica es el modo en el que el proyecto regula la titularidad del derecho fundamental que nos ocupa. La Constitución, efectivamente, se lo reconoce a todos los españoles.
Los antecedentes parlamentarios de la norma constitucional demuestran, además, que se excluyó expresamente la alternativa de redactar el precepto en términos impersonales, como lo están los preceptos que reconocen aquellos derechos que según el Tribunal Constitucional son inherentes a la dignidad de la persona. Una enmienda del senador Martín Retortillo que proponía una fórmula impersonal para el reconocimiento de este derecho fue originariamente aceptada en el Senado, pero inmediatamente corregida de nuevo por la Comisión Mixta.
Con arreglo a la dicción literal del artículo 29 de la Constitución, por tanto, la titularidad de este derecho corresponde en exclusiva a los españoles, a todos, sí, a todos los españoles, pero sólo a ellos.
En consonancia con esta caracterización del derecho de petición como derecho vinculado a la ciudadanía española, el Tribunal
Constitucional ha tenido oportunidad también de declarar que se trata de un derecho uti cives del que disfrutan por igual todos los españoles en su condición de tales. Igualmente, en un auto del año 1990, el alto Tribunal ha postulado que dicho derecho lo ostentan los ciudadanos precisamente en cuanto tales. Queda claro que en su configuración constitucional el derecho de petición no es un derecho asociado a la dignidad de la persona, sino un derecho vinculado a la participación política, un derecho que se reconoce en función de la ciudadanía. El proyecto que nos ocupa, sin embargo amplía el ámbito subjetivo del derecho, reconociéndoselo a toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, lo que incluye tanto a los que posean una nacionalidad distinta a la española como a los apátridas. Esta interpretación se ve confirmada por el artículo 4 que, al definir las formalidades que habrán de cumplimentar quienes formulen una petición, establece que en el escrito los peticionarios habrán de consignar, entre otros extremos, la nacionalidad si la tuvieren. Ciertamente no deja de resultar paradójico que en un momento en el que el legislador ha dictado una serie de normas en materia de extranjería que limitan a los extranjeros el ejercicio de algunos derechos fundamentales, que según el Tribunal Constitucional la Carta Magna les reconoce directamente, se opte por atribuirles la titularidad de un derecho que con arreglo a la Constitución corresponde en exclusiva a los españoles. Pero paradójico no es lo mismo que inconstitucional. El artículo 13 de la Carta Magna permite equiparar a los extranjeros con los españoles en el ejercicio de los derechos fundamentales y una ley orgánica, ésta en concreto, constituye, sin duda, un instrumento idóneo para hacer efectiva esta equiparación.
Compartimos plenamente el criterio adoptado en el seno de la ponencia de no entreverar la regulación del procedimiento a través del cual ha de tramitarse el derecho de petición, que se incluye en este proyecto con la regulación general del procedimiento administrativo, contenida básicamente, como se sabe, en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
De ahí que nuestro grupo haya retirado las enmiendas 15, 18 y 21 que importaban a esta ley aspectos del procedimiento administrativo general previstos en aquella Ley de procedimiento administrativo.
Me interesa hacer referencia a dos aspectos del proyecto que tienen que ver con otras tantas enmiendas que en su día presentó el grupo parlamentario al que represento. Me refiero a las enmiendas números 17 y 19 que fueron presentadas en relación con los artículos 11 y 12 del proyecto. La enmienda número 17 ha sido sustancialmente incorporada al artículo 11 del proyecto, excepto en el apartado en el que señala que la contestación a la petición en ningún momento podrá incurrir en arbitrariedad. Este es, sin duda, el aspecto más polémico del conjunto de enmiendas que nuestro grupo presentó al proyecto de ley originariamente remitido por el Gobierno a la Cámara. La enmienda número 17, a la que me refiero, no ignoraba que, según la jurisprudencia constitucional, el derecho de petición afecta a decisiones discrecionales y graciables. Es este un extremo que no se nos ocultaba ni se nos oculta. La jurisprudencia constitucional que se cita en la propia justificación de la enmienda pone de manifiesto que conocíamos perfectamente el dato. Pero como se señalaba también en la propia justificación de la enmienda, es preciso distinguir el dato de que el peticionario no tenga derecho a obtener una respuesta favorable a lo solicitado, del hecho de que la facultad administrativa discrecional de acceder o no a la petición pueda ejercerse arbitrariamente. La actividad discrecional de la Administración pública es lícita e incluso imprescindible en un mundo complejo como el actual, que con frecuencia requiere soluciones administrativas ágiles, flexibles y muy difíciles, pero la arbitrariedad está expresamente proscrita por el artículo 9.3 de la Carta Magna, un precepto que obliga sin excepción a todos los poderes públicos y que no distingue entre la actividad que éstos -los poderes públicos- desarrollan con motivo del ejercicio del derecho de petición por parte de un ciudadano y el que llevan a cabo al margen del mismo.
Parece claro, por ello, que cuando una Administración pública responde a una petición formulada por un ciudadano tampoco puede actuar arbitrariamente. La decisión de acceder o no a la petición será discrecional y graciable, como claramente lo ha establecido el Tribunal Constitucional, pero nunca podrá incurrir en arbitrariedad.
Cierto es que en la mayoría de los casos resultará sumamente difícil apreciar la arbitrariedad en una actuación de estas características, pero no es menos cierto que en alguna ocasión la arbitrariedad podrá ser patente porque la decisión es manifiestamente irrazonada o irrazonable, porque concurren contradicciones internas o errores lógicos o por cualquier otra razón de las que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido para identificar la existencia de actuaciones arbitrarias, y en tales casos será difícilmente conciliable con el sentido que rezuma el artículo 9.3 de la Carta Magna dar por buena la actuación pública así materializada. Hemos accedido a la supresión de la frase de nuestra enmienda que hacía referencia a la interdicción de la arbitrariedad porque ésta está ya garantizada por el texto constitucional y no resulta necesario datificarlo en todos los preceptos que le den desarrollo.
En lo que se refiere a la enmienda número 19 al artículo 12 del proyecto remitido por el Gobierno a la Cámara, hemos aceptado retirar la enmienda. Sin excluir la posibilidad de que las actuaciones administrativas o de los poderes públicos que respondan al ejercicio de un derecho de petición por parte de un ciudadano puedan ser objeto de recurso sin límite a través de los cauces legales que en cada momento procedan, es cierto que el cauce especial de protección jurisdiccional de los
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derechos fundamentales de la persona debe circunscribirse a aquellos aspectos del ejercicio del derecho de petición que conforman el contenido esencial del propio derecho, según lo ha configurado el Tribunal Constitucional. En este sentido aceptamos de buen grado las reflexiones que aparecen en el informe elaborado en su día durante la tramitación de la ley por el Consejo General del Poder Judicial que proponía esta consideración.
Finalmente hay que hacer una breve referencia forzosa al hecho de que la ponencia no haya podido incorporar al texto de la ley las tres enmiendas de coalición popular números 31, 32 y 33 (Varios señores diputados: Coalición Canaria.) Perdón, Coalición Canaria, me ha fallado el subconsciente. (Risas.) La enmienda 31 de Coalición Canaria propone incluir en la regulación del derecho de petición un aspecto que trasciende lo que se refiere al derecho, entreverando en la regulación del derecho de petición un elemento que pertenece a la regulación de otro derecho constitucional distinto, que requiere también desarrollo postconstitucional, pero que en principio es diferente. Propone hacerlo en unos términos que podrían ser contrarios a lo que establece el texto del artículo 29 de la Carta Magna que, como se sabe, cuando prohibe el ejercicio colectivo del derecho de petición por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos sometidos a disciplina militar lo que pretende es poner coto a la posibilidad de que acciones colectivas de estos cuerpos puedan ejercer una presión sobre los poderes públicos y permitir, como propone la enmienda de Coalición Canaria, que los miembros de estos cuerpos y fuerzas pudieran ejercer el derecho de petición a través de las asociaciones legalmente constituidas. Esto podría suponer defraudar la finalidad que persigue el texto constitucional y que reproduce el apartado 2 de este artículo en la ley.
En cuanto a las otras dos enmiendas que tampoco han sido incorporadas, no me voy a extender en justificar las razones por las que nuestro grupo ha considerado que no son susceptibles de incorporación al texto. El informe de la ponencia es suficientemente explícito a este respecto. Con esto doy por concluida mi intervención, subrayando una vez más la voluntad de consenso y el esfuerzo desarrollado por todos los grupos parlamentarios para alcanzar un texto que creemos que mejora el que fue remitido por el Gobierno y que dota al país de una regulación del derecho de petición adaptado a los tiempos y conforme con las exigencias y principios constitucionales.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Romeu.
El señor ROMEU I MARTÍ: Como ya se ha manifestado en la intervención que me ha precedido, la Constitución española recoge en su artículo 29 que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito, concretando en su apartado 2, que se refiere a este derecho, que los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar lo podrán ejercer sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. A pesar de todo, este derecho fundamental sólo está regulado actualmente por la Ley preconstitucional del 22 de diciembre de 1960 y es ahora el momento en que se trata este proyecto de ley, destinado a la regulación orgánica de un derecho fundamental, como ya se ha mencionado anteriormente, derecho que, como bien determina la exposición de motivos del proyecto, no es un derecho menor y no puede ni debe serlo, puesto que es una vía directa de dinamización y agilización de la participación ciudadana. Con esa nueva ley orgánica las instituciones, la vida política y las administraciones de todo ámbito se acercan a la ciudadanía y a la sociedad civil y ésta a su vez puede así abrir un camino para participar activamente en sus peticiones y reivindicaciones.
Muchos son los parlamentos europeos, incluso autonómicos dentro del propio Estado español, que gozan de esta regulación y todos con una filosofía clara: el derecho de petición no puede entenderse en pleno siglo XXI y en medio de democracias consolidadas como un derecho residual a considerar por obligación. La percepción del derecho de petición como un derecho dinámico de participación y de acercamiento a las instituciones es la idea fundamental con la que es tratado este derecho en el derecho comparado. En esa misma línea se manifiesta el proyecto de ley orgánica que hoy tratamos. No obstante, es de obligada mención y reconocimiento por parte del Grupo Parlamentario Socialista el esfuerzo, el trabajo y el diálogo permanente y fluido por conseguir una ley orgánica donde quede reflejada una máxima unanimidad. El trato que ha recibido este derecho fundamental por parte de todos los grupos anima a considerar que será un derecho de práctico ejercicio y que esta ley contribuirá al cumplimiento de esa filosofía de dinamización y participación anteriormente referida.
Me gustaría, señora presidenta, utilizar esta intervención para relacionar algunos aspectos que mi grupo cree importante resaltar y que contempla el proyecto de ley surgido de la ponencia, después del consenso y del diálogo encontrados. Es importante mencionar que en todo el espíritu de la ley hay una máxima que todos hemos intentado cuidar: la protección de las garantías del peticionario, del titular del derecho, para asegurar el buen éxito de su iniciativa. Vemos cómo el proyecto contempla y aboga por el máximo cumplimiento de las garantías en aspectos tan importantes como el hecho de que se reconozca la confidencialidad de los datos; el acuse efectivo de la petición, concretando el órgano y el procedimiento; el tiempo dado para subsanar las deficiencias, que se ha establecido en 15 días a favor del peticionario; la posibilidad de dirigirse en las lenguas cooficiales y ser contestado en la lengua elegida por la Administración general del Estado o los organismos
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públicos vinculados o dependientes de ella, ajustándose en todo caso a la legislación autonómica cuando se dirijan a las instituciones autonómicas o entidades locales; la no exigencia de nacionalidad para dar, como se ha mencionado anteriormente también, cabida directamente a los apátridas y, sobre todo, la exigencia de que se cumpla de manera efectiva lo que se solicita, siempre que se den todos los requisitos y resoluciones pertinentes. El proyecto de ley orgánica que se presenta establece una titularidad del derecho de manera amplia y efectiva, reconoce ese derecho a toda persona natural o jurídica prescindiendo de su nacionalidad, pudiendo ejercerse el derecho de manera individual o colectiva. En ese mismo sentido que establece la Constitución, como no podía ser de otra manera, se recoge este derecho para los miembros de las fuerzas o institutos armados o cuerpos sometidos a disciplina militar, atendiendo, como dice el precepto 29.2, a su legislación específica. El proyecto de ley que tratamos da un impulso loable a las nuevas tecnologías, aspecto necesario e imprescindible en una sociedad que mire y atienda el progreso tecnológico. Así, el peticionario puede dirigirse a través de los medios telefónicos e informaticos existentes, dinamizando aún más si cabe este cauce de participación ciudadana.
Es importante resaltar, aunque ya lo he mencionado, que en el proyecto se concreta de manera coherente el procedimiento propio para el cumplimiento efectivo del derecho de petición, sin que éste pueda colisionar con otros procedimientos ya iniciados, bien sean administrativos, legislativos o judiciales, para evitar duplicidades o paralelismos. Junto a lo anterior, el cumplimiento efectivo de lo pedido es uno de los aspectos más importantes a considerar. El derecho de petición no es un acto formal o simple que se realiza y no le acompaña un seguimiento completo. Tanto los plazos de subsanación como los plazos de resolución culminan con la obligatoriedad de la Administración u organismo de cumplir lo que ahí se ha solicitado y así resuelto. La seguridad jurídica que esto contiene elimina cualquier superficialidad que se pudiera encontrar a priori en la regulación del derecho en cuestión.
Para el seguimiento, control y análisis de la evolución de este derecho y la actividad que pueda ocasionar a las administraciones, organismos o entidades con capacidad de resolución, el proyecto incorpora la necesidad de realizar periódicamente un informe que contenga el conjunto de peticiones y su tramitación, estado y resolución para que los responsables institucionales puedan así conocer y proceder a su valoración, seguimiento y análisis, lo que supone una garantía más para quien opte por el ejercicio efectivo del derecho.
Por último, un aspecto que para mi grupo goza de una especial importancia y relevancia y que con el acuerdo y consenso del resto de los grupos hemos establecido en el proyecto de ley orgánica es el que se refiere a la audiencia especial, considerándola en dos aspectos: por un lado, dentro de la tramitación y contestación de peticiones admitidas, en el artículo 11 se establece que la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de presentación; asimismo podrá, si así lo considera necesario, dice el proyecto, convocar a los peticionarios en audiencia especial. Esto supone la definitiva apertura de las instituciones a la sociedad, la posibilidad de que los responsables políticos puedan conocer directamente de problemas, quejas, demandas, sugerencias y proceder según los criterios. Así, el peticionario ve reforzado una vez más su derecho a poder comparecer directamente ante quien tiene que tomar la resolución. Por otra parte, es en la propia disposición adicional primera del proyecto y en la propia exposición de motivos donde se establece que las peticiones dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas se tramitarán según lo establecido en sus respectivos reglamentos, que deberán recoger la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios si así se considera oportuno. Reiterando la idea de la participación ciudadana a que anteriormente me he referido y el acercamiento de las instituciones a la sociedad, en este caso también nos encontramos ante un impulso necesario, a criterio de quien suscribe por ser portavoz de la Comisión de Peticiones, de la misma Comisión, para que sea capaz de llevar ese dinamismo social y trasladarlo en iniciativas concretas. No obstante y en este sentido, la Constitución establece en el artículo 77 la posibilidad de presentar peticiones ante las Cámaras, bien individuales o colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas, y también que las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. Previa modificación consensuada, espero, del Reglamento de las Cortes, este diputado confía en que los grupos serán capaces de entender la dinamización de la Comisión de Peticiones, y dentro del propio espíritu del proyecto de ley orgánica del derecho de petición, permitir la audiencia especial en el Congreso.
Finalmente, señora presidenta, quiero hacer mención a la voluntad del proyecto que, siguiendo en el camino de la participación social efectiva, permite en su disposición adicional segunda que una iniciativa legislativa popular se convierta en petición atendiendo a los respectivos reglamentos, en caso de no resultar válida por no cumplir con todos los requisitos en su normativa reguladora. Con ello se pretende dar continuidad a una iniciativa que opta por dirigirse a las instituciones y no dejar el esfuerzo realizado por quienes se movilizaron para conseguir un determinado propósito. Por tanto, ante la convicción de haber participado en un completo... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señorías, es difícil que puedan recogerse las palabras que se están pronunciando.
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El señor ROMEU I MARTÍ: Gracias, señora presidenta.
Finalizo ya. Ante la convicción de haber participado en un completo proyecto de ley orgánica del derecho de petición y atendiendo al conjunto de lo expuesto anteriormente, finalizo la intervención no sin antes reiterar la satisfacción por la actitud, el diálogo y el permanente consenso que se ha llevado a cabo durante los trabajos de la ponencia, lo que nos ha llevado a conseguir que los ciudadanos y ciudadanas gocen del derecho de petición como cauce de expresión en defensa de sus intereses legítimos y de participación ciudadana en las tareas públicas. Por tanto, mi grupo acepta y votará a favor del informe de la ponencia tal como viene recogido, atendiendo a la admisión o rechazo de las diferentes enmiendas tal y como el informe establece.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Intervenir en último lugar tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja -y creo que es muy importante- es que permite resaltar el altísimo grado de consenso alcanzado en ponencia, al punto de que prácticamente no queda ni una sola enmienda viva que discutir en esta mañana, salvo aquellas que se refieren a aspectos y materias cuyo contenido sustancial no es propio del derecho de petición sino de otros derechos. El inconveniente es que precisamente por ese altísimo grado de consenso en este trámite de defensa del informe de la ponencia poco queda por decir, porque los portavoces de los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, si bien resaltando, como es natural, las aportaciones que a través de sus enmiendas se han introducido en el texto que se somete hoy a dictamen de esta Comisión, han explicado también con claridad las bondades de este proyecto de ley.
Es este un proyecto de ley a todas luces necesario, que va a permitir, como ya se ha dicho, superar la vigente normativa preconstitucional, la ya citada Ley de 22 de diciembre de 1960, que venía demostrándose insuficiente para garantizar y canalizar las necesidades actuales del derecho de petición reconocido en el artículo 29.1 y 2 de nuestra Constitución y necesitado, por tanto, de una norma de naturaleza orgánica que lo desarrollase al tratarse de un derecho fundamental. Un derecho que, aunque calificado por parte de la doctrina como de entidad menor o reliquia histórica, lo cierto es que es el primero y originario de todos los demás, teniendo además un carácter esencialmente político como vehículo para expresarse, para relacionarse con los poderes públicos y como instrumento para dar respuesta a las insuficiencias de que pudiera adolecer en un Estado complejo la democracia representativa, al punto de que el propio Tribunal Constitucional consideró en su célebre sentencia de 14 de julio de 1993 que el derecho de petición tiene mucho de instrumento de participación ciudadana y algo de ejercicio de libertad de expresión como posibilidad de opinar.
Pues bien, esa filosofía, esa naturaleza se recoge claramente en el proyecto de ley orgánica del derecho de petición que envió el Gobierno a las Cortes y que enriquecido por las enmiendas de los distintos grupos hoy valoramos. Por eso no es de extrañar que su contenido se caracterice por una concepción amplia que se da al citado derecho, tanto en su titularidad activa y pasiva como en el objeto de la petición, por la sencillez en su ejercicio huyendo de toda concepción formalista y por las garantías que se otorgan al peticionario derivadas del ejercicio de un derecho fundamental, y aunque no le conceden el derecho a obtener respuesta favorable a su pretensión, sí obligan a la autoridad u órgano competente para conocer la petición a contestar y a motivar su respuesta, sea favorable o desfavorable, todo ello en un plazo máximo de tres meses desde que se presentó el escrito de petición.
En relación a las mejoras que se han introducido en el trámite de ponencia, ya han sido glosadas por los portavoces de los distintos grupos, por lo que no me detendré en el examen de las mismas. Lo que sí quisiera resaltar y expresar en nombre de mi grupo es la satisfacción que nos produce -y esa es la ventaja de hablar en último lugar- haber alcanzado el máximo consenso en este proyecto de ley.
Siempre he manifestado en nombre de mi grupo parlamentario que los trabajos legislativos en esta Comisión deberían mantener el clima de diálogo, consenso y acuerdo como norma de conducta parlamentaria, pues si ese fue el espíritu del pacto constitucional, ese debe ser también el espíritu que impregne las normas de desarrollo, y ésta es una de ellas. Pues bien, en esta ocasión ese espíritu de consenso está plasmado en el texto que hoy valoramos, por lo que quisiera agradecer el talante demostrado por todos los ponentes y el esfuerzo que entre todos -y resalto entre todos- hemos hecho para que hoy podamos decir que este proyecto de ley, que en origen era un proyecto del Gobierno, ahora lo es también de prácticamente todos los grupos parlamentarios. Creo que el proyecto de ley ha sido mejorado y enriquecido por las enmiendas de los diferentes grupos y por ese motivo espero que, una vez aprobado, tenga larga vida y ayude a que el derecho de petición alcance toda la relevancia que merece y el mayor grado de conocimiento y utilidad en nuestra sociedad.
- SOBRE DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000353.)
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La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate y votación de la proposición no de ley sobre el desarrollo reglamentario de la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la ponente y firmante de dicha proposición no de ley.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Al presentar esta proposición no de ley del Grupo Socialista no puedo por menos que decir que el tiempo en este Parlamento es distinto al tiempo real. Estamos ante una proposición no de ley que se presentó en octubre de 2000. Decíamos en ella que hacía diez meses que la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal estaba en vigor sin que hubiera sido desarrollada reglamentariamente. Ahora hace año y medio y además, entre tanto, se ha producido una sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad parcial de los artículos 21 y 24 y que establece la existencia de un derecho fundamental a la protección de datos distinto al derecho a la intimidad.
Es posible que esta sentencia del Tribunal Constitucional haga necesaria la reforma de la ley precisamente para la mejor defensa de este derecho a la protección de datos, porque no sólo deja en entredicho los dos artículos a los que afecta directamente, sino también algunos otros. Pero sea o no así, el desarrollo reglamentario de la ley vigente es imprescindible para concretar y reforzar desde ahora y ya el ejercicio de este derecho, y es que hoy, en virtud de la disposición transitoria tercera de la Ley orgánica de protección de datos, siguen vigentes los reales decretos 428/1993 y 1332/1994, que regulaban, de acuerdo con el texto de la antigua Lortad, los derechos de acceso, rectificación y cancelación, el procedimiento sancionador y algún otro extremo y el estatuto de la Agencia de Protección de Datos. Y sigue vigente además el reglamento de medidas de seguridad, hijo póstumo de la Lortad, que fue aprobado cuando ya se estaba tramitando la vigente ley. La verdad es que nos encontramos en una situación bastante chusca que yo creo que hubiera hecho las delicias del difunto conde de Romanones. Tenemos los reglamentos antes de tener la ley. Si la ley se adapta a ellos, bien, y si no, allá penas. La situación es que lo regulado en estos reglamentos en ocasiones se contradice con la ley vigente, con la Ley de protección de datos. Por ejemplo, en cuestión de plazos de tramitación, en cuestión de plazos para el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación y rectificación, y hay ocasiones en que no se contradice, sino que quedan absolutamente sin regular aspectos fundamentales de esta ley de protección de datos como, por ejemplo, el ejercicio del derecho de oposición, que no contemplaba la Lortad, o como el censo promocional, que también es una figura nueva.
La verdad es que en esta situación extraña el Gobierno sigue sin acometer sus obligaciones de desarrollo reglamentario, y en este caso no son pocas. En el Grupo Socialista nos hemos tomado la molestia de contar las referencias al desarrollo reglamentario que hace la Ley de protección de datos y son nada menos que 11. Por enumerar algunas: artículo 4: reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que, atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos, se decida el mantenimiento íntegro de determinados datos. Artículo 9: reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deben reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de datos. Artículo 17: los procedimientos para ejercitar el derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación serán establecidos reglamentariamente. Artículo 18: las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente ley pueden ser objeto de reclamación en la forma que reglamentariamente se determine. Artículo 26: por vía reglamentaria se procederá a la regulación detallada de los distintos extremos que debe contener la notificación de los ficheros de titularidad privada. Artículo 31, los procedimientos por los que los interesados podrán solicitar no aparecer en el censo promocional se regularán reglamentariamente. La Agencia de Protección de Datos se regirá por lo dispuesto en la presente ley y en un estatuto propio que será aprobado por el Gobierno, etcétera, por no aburrir a SS.SS. Por último, ya que es importante, la disposición transitoriamente segunda: reglamentariamente se desarrollarán los procedimientos de formación del censo promocional, de oposición a aparecer en el mismo, de puesta a disposición de sus solicitantes y de control de las listas difundidas. El reglamento establecerá los plazos para la puesta en operación del censo promocional.
Tenemos aspectos de esta ley cuyo reglamento corresponde ya a una ley derogada, con las consiguientes incertidumbres y con la inseguridad jurídica que en casos como el de las sanciones puede originar este hecho, y tenemos aspectos, como el censo promocional o como el derecho de oposición, no desarrollados en absoluto después de año y medio de vigencia de la ley. La verdad es que nos parece un caso flagrante e inexcusable de pasividad del Gobierno y para esta pasividad no sirve de excusa ni la carga de trabajo del Instituto Nacional de Estadística en el año 2001, que aducía el vicepresidente segundo para no elaborar el reglamento que desarrolle el censo promocional en este año, ni siquiera las caritativas apreciaciones que hacía el director de la Agencia de Protección de Datos, que el pasado diciembre achacaba el retraso a la pendencia precisamente del recurso de inconstitucionalidad y que decía que hasta el momento de la sentencia la Agencia podía bandearse con el reglamento de la antigua Lortad. Sinceramente, pensamos que en protección de derechos fundamentales no se trata de bandearse, sino de garantizar el derecho a la protección de datos de los ciudadanos y de hacerlo de la forma más adecuada. Y para ello, como nuestra proposición no de ley pretende, son necesarias dos cosas: que se elaboren nuevos reglamentos y
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que estos nuevos reglamentos adecuados a la nueva ley se elaboren con una previa y amplia consulta a los sectores afectados, porque la protección de datos preocupa a ámbitos cada vez más amplios. Las continuas violaciones de este derecho que se vienen produciendo en el campo laboral y sanitario o en la banca o en las telecomunicaciones o en Internet hacen que el Gobierno, al reglamentarlo, deba oír la opinión de todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, de consumidores, las organizaciones sanitarias, las organizaciones de trabajadores y empresarios, en suma, la opinión de aquellos que conocen con detalle los distintos problemas, que están especialmente afectados y especialmente interesados en su contenido. No sería la primera vez que se hace este tipo de consultas y tiempo ha habido para hacerlas. Por eso exigimos que ahora se hagan de una vez y cuanto antes y que fructifiquen cuanto antes también en esos imprescindibles reglamentos.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señorías, la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal nació en enero de 2000 en medio de una fuerte polémica, ya que se otorgaron facilidades al tráfico mercantil de datos personales en detrimento del derecho constitucional a la intimidad. Sin un desarrollo reglamentario adecuado, como se denuncia en la proposición no de ley del Grupo Socialista, y con las carencias en origen mencionadas, están ocurriendo casos como el que ha salido a la luz pública recientemente en una publicación aragonesa: una empresa privada está realizando su trabajo comercializando con datos personales. En algunos casos denunciados por los afectados, se podría conculcar el derecho a la privacidad e intimidad, dado que se facilitaban datos de personas que tenían deudas con las administraciones públicas a entidades financieras sin ningún tipo de discriminación, sin distinguir, por ejemplo, entre aquellas personas que sí incumplen sistemáticamente con sus obligaciones fiscales de otros casos en los que la publicación en los boletines oficiales, en este caso en la provincia de Zaragoza, se pudiera deber a la mala gestión de las propias administraciones, con el consiguiente perjuicio y daño moral a los afectados al verse incluidos injustamente en listas de morosos.
Las asociaciones de consumidores, entre ellas la Unión de Consumidores de Aragón, reclamaron medidas urgentes para evitar posibles atropellos. La asociación de impositores de cajas de ahorros de Aragón recordó que este tipo de casos denunciados provoca que el usuario se entere de su inclusión en el registro cuando va a pedir un nuevo crédito y se lo deniegan sin haber contrastado previamente si esa cantidad se adeuda justamente. En este sentido, desde Chunta Aragonesista hemos pedido mediante una serie de preguntas escritas que el Gobierno español dé cuenta de los controles que impone sobre dichas empresas y de las sanciones que se han impuesto en los últimos años. Esta situación se ha denunciado recientemente en Aragón, pero puede ocurrir en cualquier otro lugar. Por este motivo y porque queremos que se cumpla la Directiva de la Unión Europea sobre protección de datos personales, donde se exige que el consentimiento del ciudadano es esencial a la hora del tratamiento de datos de su vida privada, votaremos a favor de la iniciativa presentada sin renunciar a posibles mejoras de la propia ley mediante iniciativas parlamentarias oportunas.
El señor ERKOREKA GERVASIO: La verdad es que resulta difícil no apoyar una proposición no de ley como la que nos ocupa, porque la Ley de protección de datos de carácter personal actualmente en vigor, la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, contiene varias remisiones directas al desarrollo reglamentario. La portavoz del Grupo Socialista, que es el promotor de la iniciativa, identificaba hasta 11, y aunque no todas son de la misma importancia, no todas estas remisiones revisten la misma relevancia, lo cierto es que son muchas y que aun cuando muy recientemente la sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre de 2000 nos ha recordado la fuerte presencia que la reserva de ley tiene en este ámbito, en estas remisiones al reglamento se encierran contenidos fundamentales e importantes de la regulación que efectúa la Ley de 1999. Por ello, el desarrollo es imprescindible y fundamental.
En algunos casos no es, sin embargo, tan urgente porque, efectivamente, los reglamentos anteriores contienen regulaciones que son en una elevada medida adaptables a los contenidos normativos de la Ley de 1999, pero en otros casos es imprescindible, como, por ejemplo, en la remisión reglamentaria contenida en el artículo 17 para la fijación del procedimiento para ejercitar el derecho de oposición o, por ejemplo, en las remisiones contenidas en el artículo 31 o en la disposición transitoria segunda, que hacen referencia al censo promocional, algo que evidentemente no está recogido en los reglamentos anteriores a la ley. Por tanto, puesto que la ley contiene numerosas remisiones al reglamento, remisiones directas además, y puesto que en algunos casos el desarrollo reglamentario es fundamental para el pleno ejercicio de los derechos que aparecen recogidos en la ley, el desarrollo es urgente, imprescindible e inaplazable. No voy a hacer ya referencia a la necesidad de que a lo largo de la tramitación del reglamento haya de consultarse con los sectores afectados, algo que, por otra parte, viene exigido ya por el artículo 105 de la Constitución en su apartado a). Nuestro grupo no encuentra razones para oponerse a esta proposición no de ley; antes al contrario, todo apunta en el sentido
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de la necesidad de apoyarlo porque los aspectos a los que se refiere son evidentes y la premura que plantea creemos que es innegable. Por ello, nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: En la misma línea del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), nuestro grupo parlamentario no puede hacer otra cosa que apoyar la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Es cierto que la ya citada sentencia del Tribunal Constitucional reclama reserva de ley para la cuestión que trata la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal que tramitó y aprobó esta Cámara junto con el Senado. Pero no es menos cierto que en esa misma ley hay mandatos al Ejecutivo para que desarrolle aspectos de la misma vía reglamentos y, como aquí se ha dicho, se identifican hasta un total de once. Si el Gobierno tiene dificultades para delimitar a la hora de la verdad en la práctica lo que es el ámbito reglamentario y lo que es la reserva de ley que marca el Tribunal Constitucional, lo más lógico es que, tras las consultas pertinentes y la tramitación bajo las exigencias legales que observamos, proponga una modificación de esta ley para convertir en ley lo que la vigente norma aprobada por las Cortes remite al desarrollo reglamentario. Si estas son sus dudas, eso es lo que debería hacer. Si no son tantas las dudas, como probablemente no lo sean, lo más lógico es que de una ley de 1999 tan importante y que tiene además un carácter orgánico por proteger unos datos de carácter personal, se haga un desarrollo reglamentario lo más notable posible, porque si no, hay vacíos interpretativos y de aplicación de la misma, sobre todo incumplimiento de la propia ley en los mandatos de desarrollo reglamentario de la misma. Por eso, nuestro grupo parlamentario no puede oponerse a lo que hoy nos trae el Grupo Socialista, que a fin de cuentas no es nada más que cumplir con una ley publicada en el "Boletín Oficial del Estado" y desarrollarla de acuerdo con lo que allí se dice o, en caso contrario -y yo creo que el Grupo Socialista también estaría de acuerdo-, si el Gobierno observara, a la luz, repito, de la sentencia del Tribunal Constitucional citada por mi compañero del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que es preferible mejorar la ley, traer aquí el correspondiente proyecto legislativo.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Intervengo en relación con esta proposición no de ley del Grupo Socialista en nombre del Grupo Popular, y quisiera, antes de emitir el sentido del voto del Grupo Popular, sobre la base de las diferentes intervenciones, hacer una pequeña aclaración de lo que ha supuesto la ley orgánica y cuál ha sido el iter, desde que se aprueba la Constitución española, del artículo 18, apartado 4.
El artículo 18 de la Constitución recogía en su apartado 4 la obligatoriedad de regular por medio de una ley el uso de la informática, especialmente para proteger determinados derechos como son el honor, la intimidad y la propia imagen. Esta ley, señoras y señores diputados, no se aprueba hasta el año 1992, catorce años después, a pesar de que en el Congreso y el Senado se presentaron más de ocho proposiciones no de ley y mociones en las que se instaba al Gobierno a elaborar dicha ley, pero debido, según se alegaba, a la complejidad de la cuestión, el Gobierno socialista no aprueba esta ley hasta el año 1992, justamente dos o tres meses antes de aprobarse en la Unión Europea la Directiva 95/46, en la que se exigían una serie de parámetros para la regulación de los tratamientos automatizados de datos. Cuando el Partido Popular se incorpora en el año 1996 al Gobierno, se encuentra con que vencía el período en el que se instaba la aplicación de la directiva. Por tanto, se remite al Congreso una modificación de la denominada Lortad, del año 1992, nada más incorporarnos al Gobierno, con un gran esfuerzo de regulación puesto que teníamos ya el tiempo muy controlado e incluso estábamos fuera de plazo, pues el Gobierno llegó a ser denunciado por la Unión Europea. Se elabora un texto con una serie de novedades que nos parecen muy importantes ya que se estaba aplicando no sólo a los archivos informatizados, sino también a los manuales y contenía otras novedades relativas no sólo al responsable del tratamiento de los datos sino también al encargado del mismo, así como una novedad tan importante como es el censo promocional. Efectivamente, tal como ha expuesto la portavoz del Grupo Socialista y los diferentes intervinientes por otros grupos, se hace una remisión en bastantes artículos a la regulación reglamentaria puesto que, como digo, cuando el Gobierno del Partido Popular elabora dicha norma intenta ser riguroso y aplicar técnicamente el contenido que exigía la directiva para regular algo tan importante como es el uso de la informática. En este momento estamos viendo la importancia que tienen los avances telemáticos en lo referente a comunicaciones y a la informatización, y yo recuerdo, como ponente que fui en dicho proyecto de ley, que los diferentes grupos nos pusimos a trabajar para darle un contenido que llevó incluso a modificar su título con el nombre actual que recibe esta ley orgánica. Estuvimos meses trabajando en ella, porque el contenido no es fácil de regular y es algo que nos preocupa no sólo a los partidos políticos sino también y sobre todo a la sociedad española y a las organizaciones, que tienen mucho que ver con el tratamiento informático de datos personales en archivos.
Pues bien, con la anterior introducción quiero decirles que se está trabajando en el desarrollo reglamentario, como no podía ser de otra manera, pero también
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quiero decir respecto a las declaraciones que se han hecho sobre si hay una laguna o si existe un desfase, que en esta ley se recoge en una disposición transitoria la subsistencia de los reglamentos preexistentes. Es decir, en este momento la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal sigue desarrollándose con estos reglamentos que, efectivamente, eran de la Lortad anterior, pero lo que está claro es que el artículo 31, donde figura el censo promocional, que es lo que recoge la exposición de motivos de la proposición no de ley del Grupo Socialista, no se está aplicando porque está en estudio el desarrollo de la regulación, ya que son muchos los ministerios que están implicados en la elaboración y en el desarrollo del mismo, que es muy importante también, como se ha recogido por el interviniente del Grupo Socialista y de otros grupos, sobre todo respecto a la voluntariedad de los ciudadanos que quieran estar en dicho censo o quieran oponerse a aparecer en el mismo.
Todo esto requiere una serie de inversiones, como se ha comentado, una serie de regulaciones, no sólo ya con el censo promocional, sino con otros aspectos que son muy importantes para la plena eficacia de todos los artículos de la ley que en estos momentos se está estudiando y, desde luego, con una comunicación previa y audiencia de todos los sectores sociales implicados. Pero no sólo porque lo diga la Constitución, tal y como ha manifestado el portavoz del PNV, sino porque además la Ley del Gobierno del año 1997 recoge, en su artículo 24.1, que en el desarrollo reglamentario no sólo se recabarán todos los informes y dictámenes necesarios y las consultas pertinentes, sino que se escuchará a los ciudadanos de forma individual o por medio de sus representaciones y asociaciones, cuando la regulación tenga una relación directa con sus derechos e intereses. Además, sólo podrá no llevarse a efecto esa audiencia, sino sobre la base del interés público. Lo que está claro es que esta regulación afecta muchísimo a los intereses y a los derechos de los ciudadanos y, en ese sentido, el Gobierno del Partido Popular, en todo el desarrollo que se lleva a cabo, va a tener en cuenta lo alegado por los ciudadanos y va a tener en cuenta todos los sectores, tal y como se ha dicho, en el ámbito de la sanidad, de las telecomunicaciones, consumidores y usuarios. Existe una Comisión de Derechos y Libertades que intervino muy directamente en la elaboración de esta norma que se aprobó en 1999.
El Grupo Popular no va a apoyar esta proposición no de ley. Nos parece que tres meses puede ser un período demasiado breve y, además, se está elaborando un reglamento adecuado y riguroso para el desarrollo de esta ley. No existe una laguna en el sentido de la palabra, puesto que, como recoge la ley en la disposición transitoria, están los reglamentos preexistentes, que se siguen aplicando. Lo que está claro es que el Gobierno del Partido Popular en su momento elaboró una normativa que la directiva comunitaria le exigía y va a elaborar el reglamento adecuado para que la ley pueda ser aplicada en su totalidad, siendo tan importante como es. No es cuestión de que sea una proposición no de ley o una iniciativa con la que podamos llenar un debate de una comisión tan importante como es la Comisión Constitucional. Esta es una regulación esencial para el futuro y para la protección de los derechos de los ciudadanos españoles.
Consideramos que estamos trabajando en ello y que poner un plazo muchas veces es lo más negativo que pueda surgir si se está trabajando ya, que es lo que está haciendo, repito, en este momento el Gobierno del Partido Popular.
- SOBRE RATIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS ADICIONALES CUATRO Y SIETE, AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000594.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 3.º del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley sobre ratificación de los protocolos adicionales cuatro y siete, al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Ha presentado una enmienda el Grupo Socialista. Entendemos que va a defender en este momento su iniciativa incorporando la enmienda presentada.
El señor LÓPEZ GARRIDO: El Grupo Socialista presentó en su momento una proposición no de ley sobre ratificación de los protocolos adicionales cuatro y siete al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La enmienda a la que se refiere la señora presidenta y que conocen SS.SS. añade la propuesta de que se inicie la adhesión y ratificación del protocolo doce. Por tanto, de lo que vamos a tratar en el debate de esta mañana es de los protocolos cuatro, siete y doce al Convenio europeo de los derechos humanos.
Se ha dicho con mucha razón que este convenio es la espina dorsal, la columna vertebral de la protección de los derechos humanos en Europa.
El Convenio europeo de los derechos humanos se ha convertido también en uno de los elementos de fondo de la construcción europea. El Tratado de Maastricht lo incluyó en sus referencias fundamentales en cuanto a la protección de los derechos humanos y forma parte de la identidad europea, de la ciudadanía europea. Sin embargo, algunos protocolos a ese convenio todavía no han sido ratificados por España, el Gobierno español, porque es el Gobierno el que tiene la potestad de ratificar en última instancia los convenios internacionales. Los protocolos cuatro y siete son antiguos; el cuatro es de 1963 y el siete, de 1984. Esmás reciente el protocolo doce; se ha puesto a la firma
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hace pocos meses. Estos protocolos, repito, no han sido debidamente ratificados por el Gobierno español. En el caso de los protocolos cuatro y siete de forma un tanto incomprensible . El protocolo doce tiene gran importancia y a él me voy a referir a continuación.
Como saben, con el protocolo doce al Convenio europeo de los derechos humanos, como con otros protocolos, ha ocurrido algo así como lo que pasó con las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, que después de ser aprobada se entendió que había determinados derechos que convenía introducir . En este caso ha ocurrido lo mismo. Después de un convenio europeo que data, recordemos, de 1950 -se acaba de cumplir el 50 aniversario-, se entendió que había determinados derechos y libertades que no estaban contemplados y que deberían añadirse. Por eso se hacen estos protocolos adicionales, algunos de los cuales han sido ratificados por España, por ejemplo, el de abolición de la pena de muerte, pero otros no, como estos de los que hoy tratamos. El protocolo número cuatro, quiero recordarlo, habla de la prohibición de la prisión por deudas. Dice: nadie puede ser privado de su libertad por razón de no poder ejecutar una obligación contractual. Y hay una serie de artículos que hablan de la libertad de circulación, fundamentalmente referido a los extranjeros, pero también referido a las personas que residen, sean nacionales o extranjeros, en un país. Se establece la libertad de circulación libre en el interior de un territorio o de un Estado, a escoger libremente la residencia y la prohibición de la expulsión de los nacionales de su propio territorio. Además de eso, este protocolo cuatro establece una prohibición muy importante, la de expulsiones colectivas de extranjeros, algo que debemos decir que está sucediendo en este país. Por ejemplo, un grupo de nigerianos fue expulsado colectivamente de España al comienzo de la llegada al poder del Gobierno del Partido Popular. Todo el mundo recuerda el caso de las 105 personas africanas que fueron drogadas y expulsadas colectivamente de España. Si España hubiera ratificado este protocolo al convenio, se hubiera producido una violación flagrante del Convenio europeo de los derechos humanos.
El protocolo siete añade unos procedimientos de garantía de expulsión de extranjeros, de personas que residan legalmente porque este protocolo no se refiere a extranjeros que residan ilegalmente. Se contempla la posibilidad de que esa persona expulsada pueda hacer valer sus razones, hacer que se examine su caso y defender todas sus garantías ante organismos públicos. Además, añade algunas otras garantías judiciales, en este caso referidas a todo tipo de personas, el derecho a la doble jurisdicción en materia penal, apelar en materia penal, el derecho a ser indemnizado cuando hay un error judicial, el derecho a no ser juzgado o castigado dos veces por el mismo hecho. Y también, el protocolo siete prescribe algo que no está en el Convenio europeo de los derechos humanos, que es la igualdad entre los cónyuges, la igualdad de derechos y de responsabilidades civiles entre sí y en sus relaciones con los hijos, por lo que respecta al matrimonio.
Se trata de contenidos importantes acerca de mayores garantías en relación con la protección de los derechos humanos esenciales, garantías procesales, garantías respecto de la situación de los extranjeros en un país, igualdad entre hombres y mujeres y entre cónyuges en el matrimonio. Todo esto creemos que se ve culminado de una forma muy significativa en el protocolo número doce y por eso nuestro grupo ha presentado esta enmienda a la proposición no de ley, para añadir que se inste al Gobierno en este Parlamento a iniciar el procedimiento de adhesión al protocolo número doce. Este protocolo al Convenio europeo de los derechos humanos es extraordinariamente importante, habiéndose escogido un momento muy significativo y muy simbólico para ponerlo en marcha: el 4 de noviembre de 2000, en un acto solemne, con participación de todas las instituciones del Consejo de Europa, de todos los Estados. Apoyado en principio por todos los Estados se pone a la firma dicho protocolo, que establece el principio de la no discriminación y de la igualdad con respecto a cualquier derecho. El protocolo doce señala que toda persona tiene el derecho a disfrutar de cualquier derecho previsto por la ley sin discriminación alguna, especialmente una discriminación que esté fundada en el sexo, en la raza, en el color, la lengua, la religión, las opiniones políticas o cualesquiera otras opiniones, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. En ese protocolo se hace una especial prohibición a las autoridades públicas, aunque no sólo a ellas, la prohibición de hacer objeto de discriminación a cualquier persona, ciudadanos, colectivos étnicos o marginados y otros sujetos.
Dicho protocolo es consecuencia de años de debate en el seno del Consejo de Europa.
En la Unión Europea y en Europa ha habido una especial preocupación y sensibilización ciudadana fundamentalmente sobre dos tipos de discriminación. Una es la que tiene que ver con las relaciones entre el hombre y la mujere. Por eso, este convenio se quiere completar con ese protocolo, precisamente para prohibir de manera específica cualquier tipo de discriminación en los derechos entre hombre y mujer. Y la otra se refiere al racismo y a la xenofobia. El Consejo de Europa ha estado trabajando en este asunto, impedir cualquier tipo de discriminación por razones de racismo o de xenofobia. Estas dos discriminaciones esenciales, la discriminación entre hombre y mujere, que en nuestra sociedad desgraciadamente se produce sistemáticamente y a veces con episodios de violencia intolerables, y la discriminación por racismo y xenofobia, en unas sociedades cada vez más multiétnicas o multiculturales, llevaron al Consejo de Europa a lanzar este protocolo número doce y a ponerlo en marcha a la firma de los Estados miembros, estableciendo una prohibición de
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discriminación general que era necesaria, puesto que el Convenio europeo de los derechos humanos habla de igualdad en el artículo 14, pero solamente de igualdad en el disfrute de los derechos contemplados en ese convenio, que es un convenio de mínimos, y no de un principio de igualdad genérico, de prohibir discriminaciones ante cualquier situación que tenga que ver con derechos concedidos. Por eso se ha considerado tan importante como un símbolo del 50 aniversario del Convenio europeo de los derechos humanos, símbolo de la profundización de la democracia y de las libertades en Europa, este protocolo, el cual culmina anteriores protocolos que han ampliado el sentido de dicho convenio, que, como se sabe, es un convenio que no solamente establece esos derechos, sino también un sistema de protección, el sistema de protección de derechos humanos más importante a nivel regional del mundo, con sede en Estrasburgo, a través del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Es de necesaria aplicación a España por nuestra Constitución, por lo que en ese sentido este protocolo doce sería la prolongación, la proyección a nivel europeo de lo que es el artículo 14 de nuestra Constitución, el principio de igualdad ante la ley. De hecho, esta última semana Amnistía Internacional se ha dirigido a los grupos parlamentarios solicitando de forma muy concreta la ratificación del protocolo número doce con motivo de que, dentro de unos meses, en agosto y septiembre de este año, va a tener lugar en Sudáfrica la tercera conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia. Por tanto, es un buen momento para instar a que se produzca ese inicio, que es lo único que decimos, del procedimiento de adhesión.
Resulta incomprensible que sea necesario traer cosas tan obvias como ésta, que se ratifiquen convenios sobre derechos humanos, y también resulta incomprensible que España no lo haya hecho, sobre todo en el caso de los protocolos números cuatro y siete, que llevan ya mucho tiempo abiertos a la firma. El protocolo número cuatro, que habla sobre garantías, sobre expulsión de los extranjeros o la no prisión por deudas, y que es del año 1963, ha sido ratificado ya por 33 Estados del Consejo de Europa. Solamente hay 10 que no lo han ratificado y entre ellos desgraciadamente está España. Salvo Grecia y el Reino Unido, todos los demás países de la Unión Europea han ratificado este protocolo número cuatro. Es sabido que el Reino Unido no es muy aficionado a ratificar convenios del Consejo de Europa, es parte de su tradición, por así decirlo. Y estamos acompañandos además de por el Reino Unido, por Grecia, en este ranking un poco lamentable de no ratificar convenios. Estados que no tienen ninguna tradición democrática, hay que reconocerlo, como Albania, Bulgaria, Georgia, Rumanía, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, lo han ratificado, lo que significa que en esta no ratificación estamos acompañados por muy pocos Estados, existiendo muchos otros que no tienen ninguna tradición democrática y que sin embargo se han adelantado y han ratificado el protocolo.
Lo mismo ocurre con el número siete. Hay 29 Estados que lo han ratificado, del Consejo de Europa, y 14 que no, entre ellos España.
En este caso hay algunos países más de la Unión Europea que no lo han ratificado, pero desde luego lo han hecho países como los que he citado antes: Albania, Bulgaria, Rumanía, Rusia o Ucrania. Sin embargo, el Gobierno español, porque esto es una competencia del Gobierno, no de las Cortes, no ha ratificado los protocolos números cuatro y siete. La incomprensión resulta ya total cuando tanto el Congreso como el Senado han instado por unanimidad, por tanto con la inclusión del Partido Popular, a su ratificación en tiempos pasados.
En el año 1995, con motivo de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que se debatió el 19 de septiembre, se instó al Gobierno y se aprobó por unanimidad la ratificación de los protocolos números cuatro y siete al Convenio europeo de los derechos humanos, que son de extraordinaria importancia, destacando el Partido Popular en su énfasis para que fueran ratificados. Hay que recordar que esa proposición no de ley se aprobó por unanimidad durante el último período del Gobierno Socialista. Fueron disueltas las Cortes y cuando el Partido Popular accedió al Gobierno en 1996, no envió el protocolo cuatro, que nunca lo ha enviado a esta Cámara, pero sí el siete. El Partido Popular envió a la Cámara el protocolo siete y lo envió con unas reservas. Lo envió para la autorización de ratificación. Tengo aquí el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 14 de octubre de 1996, cuando se publicó. Y fue debatido y aprobado el 12 de noviembre de 1996 por el Pleno del Congreso de los Diputados y luego por el Senado. Las Cámaras dieron al Gobierno la autorización para la ratificación y después no se sabe por qué, el Gobierno nunca llevó a ratificación este protocolo siete. Desde hace cinco años, el mismo Gobierno que trae este protocolo siete hace perder el tiempo -aunque en estas cosas nunca se pierde el tiempo- al Congreso y al Senado y después se olvida de que la ratificación de este protocolo fue autorizada por las Cámaras y nunca lo ha llevado a su ratificación.
Incluso en la subcomisión que se creó y que trabajó, en 1999, relativa al 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, también se insta a que se ratifiquen estos protocolos cuatro y siete.
Por tanto, repito, no tiene sentido alguno que, a estas alturas, estos protocolos cuatro y siete -del 12 ni siquiera se ha iniciado el procedimiento de firma y de ratificación- no estén ratificados por España. En el último caso, el del protocolo doce, hay que decir que la mayoría de los miembros del Consejo de Europa ya lo han firmado, aunque no puede entrar todavía en vigor porque hasta que no haya diez ratificaciones no puede hacerlo, pero la inmensa mayoría del Consejo de Europa ya lo ha firmado, lo que tampoco ha hecho España. Y eso depende
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sólo del Gobierno, de que quiera firmar ese protocolo y después traerlo a las Cámaras para que se autorice su ratificación.
En definitiva, señora presidenta, sobre la importancia de los derechos a los que se refieren estos protocolos, el cuatro, el siete y el doce, del Convenio europeo de los derechos humanos, hay que decir que algunos de estos derechos no están recogidos en la Constitución española, por lo que no hay forma de protegerlos constitucionalmente ante el Tribunal Constitucional -otros, sí- y si se ratificasen, podría ser garantizada al máximo nivel, ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la importancia de estos derechos, que no hay que exagerar. El hecho de que España está vergonzantemente en la cola de la ratificación de tratados internacionales tan importantes como son éstos, el hecho de que hemos cumplido el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y el 50 aniversario del Convenio europeo de los derechos humanos, ya serían razones para hacerlo. Además, por utilizar un argumento que ha empleado el portavoz del Grupo Popular, que en algunas ocasiones aciertan, cuando traen algunos argumentos, como en este caso, cuando dice que esta Comisión debería estar presidida por el máximo consenso y acuerdo, utilizando ese argumento del señor Bermúdez de Castro, que nos parece muy sensato y muy procedente, esperamos que haya un consenso sobre la necesidad de que se ratifiquen estos protocolos o se inicie el procedimiento adecuado en el caso del protocolo número doce.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Voy a ser muy conciso, porque tampoco en este caso el grupo al que represento encuentra motivos para votar negativamente la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista. Al contrario, compartimos plenamente con el grupo promotor de esta iniciativa la necesidad de suscribir estos protocolos, el cuatro, el siete y el doce, el Convenio europeo de los derechos humanos.
A este respecto habría que subrayar la importancia del Convenio europeo de los derechos humanos en la definición de ese conjunto de valores sobre el que se construye el edificio europeo. Habría que recordar que la Unión Europea se planteó la conveniencia de suscribirlo porque, efectivamente, compartía plenamente los valores que subyacían en este convenio y que conforman, de alguna manera, parte de ese acervo común sobre el que se construye la estructura europea. Y, dado que el Consejo de Europa no veía que la Unión Europea reuniese las condiciones necesarias para optar a la suscripción de este Convenio europeo de los derechos humanos, la propia Unión Europea optó por incorporar a sus tratados una referencia explícita a este convenio, haciendo suyo todo el conjunto de valores vinculados a los derechos fundamentales y las libertades públicas, de los que este convenio europeo es estandarte y referencia en todo el ámbito continental y probablemente también en el mundial.
Al margen de esta consideración, nuestro grupo comparte plenamente la necesidad de hacer vigentes en el conjunto del Estado español los valores y los derechos que se reconocen en estos protocolos, por lo que vamos a apoyar la iniciativa sin ninguna reserva.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Nuestro grupo parlamentario va a apoyar la propuesta que nos viene del Grupo Parlamentario Socialista, incluida, naturalmente, la automodificación, que no hace otra cosa que una correcta adecuación al momento procesal en que nos encontramos. Y lo va a hacer por razones de lógica que ya han sido comentadas ampliamente por el propio diputado, señor López Garrido.
Una lógica que se inicia con la firma en Roma del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, impulsado por el Consejo de Europa. Consejo de Europa al cual España se incorpora en plena transición democrática, como una muestra más de su voluntad y de su necesidad -ambas cosas- de pertenecer a lo que es el mundo occidental, regido por Estados de derecho, lo que, además, está de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que felizmente integra nuestro derecho propio desde hace ya bastantes años, con la aprobación de la Constitución.
Además, hay que ser coherentes y la coherencia nos lleva a votar hoy a favor de lo que ya votamos ayer, en las fechas citadas por el señor López Garrido, cuando el actual Gobierno del Partido Popular trajo a esta Cámara unos protocolos -no exactamente los mismos que nos sugiere el Grupo Parlamentario Socialista, pero sí en la línea que nos viene sugerida por dicho grupo- adicionales a ese convenio, que fueron avalados unánimemente, como se ha recordado, por los votos de cuantos formábamos o formaron la anterior legislatura, tanto en el Congreso como en el Senado.
Hay ámbitos de lógica, hay ámbitos de coherencia y yo diría que también hay ámbitos de necesidad, en contradicción con la innecesariedad de estar en el furgón de cola. Si estamos de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y firmamos el convenio de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y si el propio Gobierno nos ha traído la ratificación de algunos protocolos, no se entiende por qué a estas alturas, lo que es preciso, lo que es necesario, se convierte en impreciso e innecesario, como es la firma de esos protocolos que nos sugiere el Grupo Parlamentario Socialista, a través de su portavoz, el señor López Garrido.
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Por todas estas razones, señora presidenta, señoras y señores diputados, nuestro grupo va a apoyar esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Señorías, en relación con la proposición no de ley que el Grupo Socialista trae hoy a la Comisión, relativa a la ratificación de los protocolos adicionales al Convenio de los derechos humanos y libertades fundamentales, números cuatro y siete, y al inicio del procedimiento de adhesión y ratificación del protocolo número doce, último de ellos, que está abierto a la firma de los Estados miembros desde el 4 de noviembre de 2000, con motivo del 50 aniversario de dicho convenio, tenemos que comenzar diciendo que el contenido de estos protocolos prácticamente se encuentra en vigor en España.
Ya se ha dicho aquí que España ha venido ratificando la mayoría de convenios y tratados internacionales de derechos humanos y, en la proposición no de ley del Grupo Socialista, la incial, antes de la enmienda de sustitución que presentó, se dice: España es uno de los Estados que más tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ha ratificado hasta la fecha. Afirmación que tenemos que decir que es rigurosamente cierta. No parece en principio urgente ratificar los muy escasos instrumentos sobre derechos humanos que aún no ha ratificado España, en aras todo ello de mejorar la protección interna de los derechos humanos y por los motivos que luego expondré, por lo que adelanto que nuestro voto va a ser en contra de esta proposición no de ley.
Si nos remontamos a los antecedentes parlamentarios respecto de los protocolos números cuatro y siete, tenemos que decir que aún no han sido ratificados por España por razones técnicas. Es cierto que en la V Legislatura el señor López Garrido, entonces perteneciente al Grupo de Izquierda Unida, registró en 1993 una proposición no de ley instando al Gobierno a que remitiera los instrumentos de ratificación de los protocolos adicionales cuatro y siete. Durante el debate parlamentario de dicha proposición no de ley el Grupo Socialista presentó una enmienda de adición para que se realizase un estudio técnico-jurídico previo que aclarase las dudas de interpretación existentes sobre la compatibilidad de los mismos con la legislación vigente española. Esta proposición no de ley fue aprobada con tal enmienda, pero, por tratarse de una manifestación del Legislativo, en aras de orientar la labor del Ejecutivo, consideramos que caducó con el final de la V Legislatura. También es cierto, que durante la VI Legislatura, el primer Gobierno de José María Aznar remitió a las Cortes el texto del protocolo número siete en octubre de 1996, junto con las reservas y declaraciones que España había de formular en el momento de la ratificación, para que fuese autorizado por las Cámaras. Y tanto el Pleno del Congreso, en noviembre de 1996, como el Senado, en febrero de 1997, autorizaron la ratificación en los términos planteados.
En cuanto al protocolo número siete, que recoge, entre otros, el principio de non bis in idem, tenemos que decir que en España se admite la dualidad de sanciones, penal y administrativa, si existe una relación de sujeción especial y concurren distintos intereses jurídicamente protegidos y de proporcionalidad sancionadora. El Boletín Oficial de las Cortes Generales, el 14 de octubre de 1996, publicó el texto de la ratificación del protocolo siete y, conscientes, entre otros extremos, de la divergencia en el alcance del término penal entre el orden interno de Estrasburgo, se añadían, como ya señalé, una reserva y dos declaraciones a la ratificación.
Presentado el texto de ratificación en el Consejo de Europa, oficiosamente se solicitó por el secretario general de la organización precisiones normativas en cuanto al texto de la declaración segunda, declaración segunda que decía: Los artículos 2.º a 4.º del protocolo se aplican únicamente a las infracciones, a los procedimientos y a las decisiones calificadas como penales por la ley española. Se remitió al Consejo un posible nuevo texto, que no voy a desgranar ahora, y ni siquiera con las precisiones que se hicieron en ese nuevo texto la declaración satisfacía al secretario del Consejo de Europa.
Si insistimos en la ratificación con las declaraciones y reservas que antes he dicho, la posibilidad de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constatando violación del protocolo por España es muy alta. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular, siendo prudentes, creemos que no se debe proceder a una ratificación precipitada de esta forma. Así no arriesgamos la distinción entre la vía penal y la administrativa sancionadora tradicional en el derecho español. Un pronunciamiento del nuevo tribunal sobre esta materia es posible, porque no debemos ni podemos ignorar que Austria, Francia, Alemania, Italia y Holanda, entre otros, ratificaron en su día el protocolo número siete con la misma declaración que España presentó como original y que he leído anteriormente y fue invalidada por el Tribunal Europeo.
En relación con el protocolo número cuatro, el artículo 1.º establece que nadie puede ser privado de su libertad por la mera razón de no estar en condiciones de cumplir una obligación contractual. Se trata de una especificación de lo dispuesto en el artículo 5.º del convenio de 1950 sobre libertad y seguridad personal, que, aunque no está expresamente previsto en nuestra Constitución, tiene un reflejo en el artículo 1.911 del Código Civil. Ahora bien, si no se especifica con precisión el concepto de obligación contractual, puede producirse un supuesto de incompatibilidad en el caso de los convenios entre cónyuges judicialmente aprobados y recogidos en el artículo 227 del Código Penal.
La cuestión que se plantea es si el concepto de obligación contractual alcanza al convenio judicialmente
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aprobado en casos de separación, divorcio, nulidad, procesos de filiación o de alimentos, y no hay unanimidad en cuanto a que el Código Penal contemple una interpretación judicial sobre el convenio presentado por los cónyuges que le otorgue una naturaleza jurídica distinta a una obligación contractual. Asimismo, la posibilidad de aplicación del artículo 1.º del protocolo cuatro a la pena privativa de libertad por impago de prestación económica a favor del cónyuge o hijos, establecido, como he dicho anteriormente, en el Código Penal, artículo 227, se ha convertido en realidad, ya que se han presentado demandas contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por otro lado, en relación con el artículo 4.º de este protocolo número cuatro, en el tema de extranjería creemos que se debería estar a la espera de la aprobación del reglamento de desarrollo de la Ley de extranjería que se ha aprobado en esta legislatura.
Por todo ello, en el momento actual, ratificar los protocolos cuatro y siete significa un índice de probabilidad muy elevado de sentencias constatando violación de dichos protocolos para España, conllevando la inexcusable exigencia de modificar, en cumplimiento de lo exigido por Estrasburgo, nuestra actual realidad jurídica. Si se considera que no se viola ningún derecho fundamental por encarcelar a un padre o a una madre que no paga la pensión convenida y aprobada judicialmente o que tampoco se viola un derecho fundamental al sancionar administrativamente a una persona que por los mismos hechos fue absuelta penalmente, no debe olvidarse que, al ratificar estos protocolos, esas estimaciones no serán compartidas por el Tribunal de Estrasburgo.
Respecto al protocolo número doce, que supone la transformación del derecho de igualdad y la no discriminación en un derecho humano autónomo, ello no supone ningún problema para España, donde la igualdad y la no discriminación constituyen un derecho fundamental recogido por la Constitución. Sin embargo, y así lo ha manifestado el Gobierno español en los correspondientes foros, la prudencia aconseja no ratificar por el momento el protocolo número doce, al igual que han hecho países como Alemania, Portugal o Francia.
El hecho de considerar la igualdad y la no discriminación como un derecho autónomo va a suponer un notable incremento de demandas ante el tribunal recientemente reformado, con 41 jueces y jurisdicción sobre 900 millones de europeos. Sería un volumen de trabajo tan excesivo que podría hacer inoperante el tribunal. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Matador.
Señorías, yo comprendo que la sesión se alarga, pero es que los funcionarios de esta Casa tienen serias dificultades para recoger el contenido de las intervenciones. Les rogaría el mayor silencio posible.
La señora MATADOR DE MATOS: Por tanto, y termino ya, consideramos que, por razones de prudencia, es aconsejable retrasar la puesta en vigor del protocolo doce, y por los motivos que he expuesto anteriormente en relación a los protocolos cuatro y siete no consideramos en principio urgente ratificar los escasos instrumentos, como ya se ha dicho, sobre derechos humanos que todavía no ha ratificado España, de forma que podamos mejorar la protección interna de los mismos, evitar modificar nuestra actual realidad jurídica y al mismo tiempo evitar sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constatando violación de dichos protocolos. Todo ello en la línea seguida, y desde el punto de vista formal, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto en la etapa del Gobierno socialista como ahora, con el Gobierno popular. (El señor López Garrido pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido
El señor LÓPEZ GARRIDO: Quería hacer un turno de réplica a los argumentos expuestos por el Grupo Popular para oponerse a nuestra proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Brevemente, señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: El Grupo Popular ha intervenido exponiendo, entiendo, razones técnicas para no votar a favor de esta proposición no de ley, razones técnicas que en esta Casa sabemos todos que siempre encubren una razón política. Y yo creo que sería mucho más claro y más sincero exponer realmente las razones políticas que hay de fondo, porque las razones técnicas sabemos que se pueden solventar perfectamente a través de la técnica del derecho, que para eso está.
La señora Matador nos dice que hay problemas técnicos en el protocolo cuatro y en el siete y una razón más bien de prudencia en el protocolo doce, pero estas razones técnicas que nos expone son perfectamente superables. Existe una cosa que se llaman las reservas, en los tratados internacionales, y cuando un país quiere ratificar un tratado internacional y una parte no la quiera suscribir se pone una reserva. Y eso es lo que se puede hacer perfectamente en el protocolo cuatro en relación con las obligciones contractuales, la prisión por el incumplimiento de obligaciones contractuales. Por cierto, hay que decir que el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España, dice exactamente lo mismo que dice el protocolo cuatro sobre obligaciones contractuales. Y España lo ha ratificado y además sin reserva. ¿Por qué no puede ratificarse el protocolo cuatro, yo digo incluso con reservas, cuando hemos ratificado el pacto internacional de derechos civiles y políticos, que, en su artículo 11, dice exactamente lo mismo que el artículo 1
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del protocolo cuatro del Convenio europeo de los derechos humanos? En cuanto al argumento del reglamento de la Ley de extranjería, solamente se está pidiendo que el Gobierno inicie los trámites, que nos envíe a la Cámara la autorización de ratificación. El reglamento de la Ley de extranjería me imagino que será para dentro de un mes, porque usted me asusta al decir que está pendiente el reglamento de la Ley de extranjería. Si esto va a ser para dentro de un mes, según dice el señor Rajoy, no para dentro de años. Nosotros decimos que venga el protocolo cuatro para ser autorizada su ratificación.
Exactamente lo mismo con el protocolo siete. En el protocolo siete hay una posibilidad que son las reservas, y habrá que solventar los problemas técnicos que usted dice que se han planteado en el Consejo de Europa. Resuélvanse, solvéntense, pero nosotros lo único que decimos simplemente es que el Gobierno ratifique este protocolo. Si las razones técnicas las elevamos a categoría universal, nos está usted diciendo que el Grupo Popular y el Gobierno no quieren ratificar los protocolos cuatro y siete. Nosotros no estamos dando plazos, sino que lo haga, como una posición política, que esta Cámara está a favor de esos protocolos, el cuatro y el siete, y que el Gobierno los ratifique.
En cuanto al protocolo doce, el argumento que se da es que puede haber un aluvión de temas para el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Vamos a pensar en el caso español. En el año 2000 se presentaron contra España, contra el Estado español 260 casos en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional tiene 6.000 al año. Tampoco creo que sea una cifra extraordinaria.
Pensemos en el caso español. ¿Qué tienen que ver los demás Estados o el aluvión de otros Estados para lo que tiene que hacer España? No tiene nada que ver. España presenta su ratificación, ratifica este protocolo, y tendremos una garantía de que podremos ir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos si en España alguna autoridad vulnera el principio de la no discriminación. Si otros Estados lo quieren ratificar o no, allá ellos, pero salir ahora en defensa del trabajo del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos cuando el propio Tribunal ha auspiciado este protocolo es ser más papista que el Papa.
Es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos precisamente quien ha auspiciado el protocolo número doce. Entiendo, por tanto, que no hay razones técnicas que debieran impedir esto que el Partido Popular ya, enfática y entusiásticamente, dijo en 1995.
Para terminar, quisiera referirme a la entusiasta intervención del señor Martínez Casañ, portavoz del Grupo Popular, en 1995, con ocasión del debate de una proposición no de ley muy parecida a ésta que estamos debatiendo. Decía el señor Martínez Casañ: El Partido Popular defiende las libertades, como ha demostrado anteriormente en innumerables ocasiones, y una vez más el Gobierno -el Gobierno socialista de entonces- demuestra su falta de sensibilidad. Una vez más, señorías, el Gobierno no manda las cosas a tiempo a este Parlamento. Estaba diciendo que el Gobierno no había mandado la ratificación de los protocolos cuatro y siete. Continuaba diciendo el señor Martínez Casañ: Se trata de un olvido continuado, de una falta de atención, de una falta de eficacia del ministro de Asuntos Exteriores, que no sólo deja desatendidos asuntos importantes de la política exterior de nuestro país, como Marruecos, etcétera, sino que además no lleva a cabo la oportuna defensa de los derechos humanos, etcétera. Decía el Grupo Popular: Que nos expliquen a esta Cámara cuáles son las razones políticas, si existen, que han aconsejado no remitir a este Parlamento los instrumentos de ratificación de los protocolos adicionales.
Yo diría, reiterando las palabras del señor Martínez Casañ, portavoz del Grupo Popular, en el año 1995, que nos expliquen cuáles son las razones políticas que aconsejan no remitir a esta Cámara la autorización para la ratificación del protocolo cuatro y que impiden al Gobierno ratificar el protocolo siete e iniciar los trámites para ratificar el protocolo doce. Exactamente lo mismo que decía el señor Martínez Casañ. Estaba diciendo al Gobierno socialista de entonces que qué tarde llegó para esto. Y ahora el Grupo Popular dice exactamente lo contrario. Nos tendría usted que explicar las razones políticas por las cuales el Grupo Popular, que consideraba muy oportuna esa ratificación en el año 1995, con otro Gobierno en el poder, ahora, cuando tiene el Gobierno y lo puede hacer, no lo hace.
Yo creo que más bien lo que ocurre es que determinados contenidos de esos protocolos, la igualdad entre hombre y mujer, la no expulsión colectiva de extranjeros, las garantías para las expulsiones, la no discriminación, son principios que el Grupo Popular no quiere que se garanticen en este país al máximo nivel, ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Es una razón política, por la cual no se quiere aceptar que esta Cámara diga al Gobierno que ratifique los protocolos cuatro, siete y doce, derechos -algunos no están en la Constitución-, que deberían estar garantizados, derechos en todo caso de enorme importancia, derechos que forman parte de la ciudadanía europea, derechos que forman parte de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales aprobada por unanimidad en esta Cámara, con el voto del Grupo Popular, derechos de enorme importancia que a estas alturas en Europa y en España no deberían ser objeto de discusión en esta Cámara. Deberían ser algo absolutamente aceptado que deban tener las máximas garantías, incluso al nivel del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
La señora PRESIDENTA: Señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Señor López Garrido, yo le tengo que decir que voluntad hay. Ya le he explicado que es por razones técnicas por lo que
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todavía no se ha procedido a la ratificación de estos protocolos.
El Gobierno en estos momentos del Partido Popular ha seguido la misma línea que el Ministerio de Asuntos Exteriores en la época del Gobierno socialista.Por eso yo le traslado también la pregunta a usted: ¿Por qué no lo hizo en ese momento? Sea usted también un poco más solidario, aunque en aquel momento no formara parte del Grupo Parlamentario Socialista que apoyaba al Gobierno.
Por tanto, voluntad hay. No son cuestiones políticas. Se ha presentado el protocolo número siete para su ratificación, y se ha hecho con la declaración segunda, que ha sido echada para atrás, como antes le he dicho. Insisto en que hay voluntad por parte del Gobierno de que estos protocolos se ratifiquen. De hecho, prácticamente ahora mismo son aplicables en el Estado español. Por eso le digo que son razones de prudencia y de que se solventen estos problemas técnicas las que hacen que todavía no podamos apoyar esta proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Pasamos, por tanto, a las votaciones de los tres puntos del orden del día.
En primer lugar, votación de las enmiendas números 31, 32 y 33, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas por unanimidad. Por parte del señor Mardones consta por escrito el mantenimiento de su enmiendas para el Pleno.
Pasamos a la votación del texto de la ponencia.
Efectuada la votación, dijo La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
Votación del texto del proyecto.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad tanto el texto de la ponencia como el texto del proyecto.
Votación de la proposición no de ley sobre el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal.
Pasamos a votar la proposición no de ley sobre ratificación de los protocolos adicionales cuatro, siete y doce al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la proposición no de ley anteriormente mencionada.
Señorías, terminado el orden del día, se levanta la sesión.

References: artículo 29
 artículo 77
 artículo 29
 artículo 23
 artículo 29
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 29
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 resolución 
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 artículo 11
 artículo 77
 artículo 29
 artículo 4
 Artículo 9
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 26
 Artículo 31
 artículo 17
 artículo 31
 artículo 105
 artículo 18
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 artículo 31
 artículo 24
 artículo 14
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 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 227
 artículo 1
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 artículo 4
 artículo 11
 artículo 11
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