Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2008-10792.htm
Timestamp: 2017-08-22 03:26:33+00:00

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B.O.E. Nº 154 de 26/06/2008
La DisposiciÃ³n final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, delegÃ³ en el Gobierno la potestad de dictar un Real Decreto Legislativo que refundiera el texto de Ã©sta y los preceptos que aÃºn quedaban vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobÃ³ el Texto Refundido de la Ley sobre RÃ©gimen del Suelo y OrdenaciÃ³n Urbana. El plazo para la realizaciÃ³n de dicho texto era de un aÃ±o, a contar desde la entrada en vigor de aquÃ©lla.
Dicha tarea refundidora, que se afronta por medio de este texto legal, se plantea bÃ¡sicamente dos objetivos: de un lado aclarar, regularizar y armonizar la terminologÃ­a y el contenido dispositivo de ambos textos legales, y de otro, estructurar y ordenar en una Ãºnica disposiciÃ³n general una serie de preceptos dispersos y de diferente naturaleza, procedentes del fragmentado Texto Refundido de 1992, dentro de los nuevos contenidos de la Ley de Suelo de 2007, adaptados a las competencias urbanÃ­sticas, de ordenaciÃ³n del territorio y de vivienda de las Comunidades AutÃ³nomas. De este modo, el objetivo final se centra en evitar la dispersiÃ³n de tales normas y el fraccionamiento de las disposiciones que recogen la legislaciÃ³n estatal en la materia, excepciÃ³n hecha de la parte vigente del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre RÃ©gimen del Suelo y OrdenaciÃ³n Urbana, que tiene una aplicaciÃ³n supletoria salvo en los territorios de las Ciudades de Ceuta y Melilla y, en consecuencia, ha quedado fuera de la delegaciÃ³n legislativa por cuya virtud se dicta este Real Decreto Legislativo.
Como recuerda la ExposiciÃ³n de Motivos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, la historia del Derecho urbanÃ­stico espaÃ±ol contemporÃ¡neo se forjÃ³ en la segunda mitad del siglo XIX, en un contexto socio-econÃ³mico de industrializaciÃ³n y urbanizaciÃ³n, en torno a dos grandes tipos de operaciones urbanÃ­sticas: el ensanche y la reforma interior, la creaciÃ³n de nueva ciudad y el saneamiento y la reforma de la existente. Dicha historia cristalizÃ³ a mediados del siglo XX con la primera ley completa en la materia, de la que sigue siendo tributaria nuestra tradiciÃ³n posterior. En efecto, las grandes instituciones urbanÃ­sticas actuales conservan una fuerte inercia respecto de las concebidas entonces: la clasificaciÃ³n del suelo como tÃ©cnica por excelencia de la que se valen tanto la ordenaciÃ³n como la ejecuciÃ³n urbanÃ­sticas, donde la clase de urbanizable es la verdadera protagonista y la del suelo rÃºstico o no urbanizable no merece apenas atenciÃ³n por jugar un papel exclusivamente negativo o residual; la instrumentaciÃ³n de la ordenaciÃ³n mediante un sistema rÃ­gido de desagregaciÃ³n sucesiva de planes; la ejecuciÃ³n de dichos planes prÃ¡cticamente identificada con la urbanizaciÃ³n sistemÃ¡tica, que puede ser acometida mediante formas de gestiÃ³n pÃºblica o privada, a travÃ©s de un conjunto de sistemas de actuaciÃ³n.
Desde entonces, sin embargo, se ha producido una evoluciÃ³n capital sobre la que debe fundamentarse esta Ley, en varios sentidos.
En primer lugar, la ConstituciÃ³n de 1978 establece un nuevo marco de referencia para la materia, tanto en lo dogmÃ¡tico como en lo organizativo. La ConstituciÃ³n se ocupa de la regulaciÃ³n de los usos del suelo en su artÃ­culo 47, a propÃ³sito de la efectividad del derecho a la vivienda y dentro del bloque normativo ambiental formado por sus artÃ­culos 45 a 47, de donde cabe inferir que las diversas competencias concurrentes en la materia deben contribuir de manera leal a la polÃ­tica de utilizaciÃ³n racional de los recursos naturales y culturales, en particular el territorio, el suelo y el patrimonio urbano y arquitectÃ³nico, que son el soporte, objeto y escenario necesario de aquÃ©llas al servicio de la calidad de vida. Pero ademÃ¡s, del nuevo orden competencial instaurado por el bloque de la constitucionalidad, segÃºn ha sido interpretado por la doctrina del Tribunal Constitucional, resulta que a las Comunidades AutÃ³nomas les corresponde diseÃ±ar y desarrollar sus propias polÃ­ticas en materia urbanÃ­stica. Al Estado le corresponde a su vez ejercer ciertas competencias que inciden sobre la materia, pero debiendo evitar condicionarla en lo posible.
Aunque el legislador estatal se ha adaptado a este orden, no puede decirse todavÃ­a que lo haya asumido o interiorizado plenamente. En los Ãºltimos aÃ±os, el Estado ha legislado de una manera un tanto accidentada, en parte forzado por las circunstancias, pues lo ha hecho a caballo de sucesivos fallos constitucionales. AsÃ­, desde que en 1992 se promulgara el Ãºltimo Texto Refundido Estatal de la Ley sobre RÃ©gimen de Suelo y OrdenaciÃ³n Urbana, cuyo contenido aÃºn vigente, se incorpora a Ã©ste texto, se han sucedido seis reformas o innovaciones de diverso calado, ademÃ¡s de las dos operaciones de Â«legislaciÃ³n negativaÂ» en sendas Sentencias Constitucionales, las nÃºmero 61/1997 y 164/2001. No puede decirse que tan atropellada evoluciÃ³n -ocho innovaciones en doce aÃ±os-constituya el marco idÃ³neo en el que las Comunidades AutÃ³nomas han de ejercer sus propias competencias legislativas sobre ordenaciÃ³n del territorio, urbanismo y vivienda.
Esta situaciÃ³n no puede superarse aÃ±adiendo nuevos retoques y correcciones, sino mediante una renovaciÃ³n mÃ¡s profunda plenamente inspirada en los valores y principios constitucionales antes aludidos, sobre los que siente unas bases comunes en las que la autonomÃ­a pueda coexistir con la igualdad. Para ello, se prescinde por primera vez de regular tÃ©cnicas especÃ­ficamente urbanÃ­sticas, tales como los tipos de planes o las clases de suelo, y se evita el uso de los tecnicismos propios de ellas para no prefigurar, siquiera sea indirectamente, un concreto modelo urbanÃ­stico y para facilitar a los ciudadanos la comprensiÃ³n de este marco comÃºn. No es Ã©sta una Ley urbanÃ­stica, sino una Ley referida al rÃ©gimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a Ã©l asociados en lo que ataÃ±e a los intereses cuya gestiÃ³n estÃ¡ constitucionalmente encomendada al Estado. Una Ley, por tanto, concebida a partir del deslinde competencial establecido en estas materias por el bloque de la constitucionalidad y que podrÃ¡ y deberÃ¡ aplicarse respetando las competencias exclusivas atribuidas a las Comunidades AutÃ³nomas en materia de ordenaciÃ³n del territorio, urbanismo y vivienda y, en particular, sobre patrimonios pÃºblicos de suelo.
Con independencia de las ventajas que pueda tener la tÃ©cnica de la clasificaciÃ³n y categorizaciÃ³n del suelo por el planeamiento, lo cierto es que es una tÃ©cnica urbanÃ­stica, por lo que no le corresponde a este legislador juzgar su oportunidad. AdemÃ¡s, no es necesaria para fijar los criterios legales de valoraciÃ³n del suelo. MÃ¡s aÃºn, desde esta concreta perspectiva, que compete plenamente al legislador estatal, la clasificaciÃ³n ha contribuido histÃ³ricamente a la inflaciÃ³n de los valores del suelo, incorporando expectativas de revalorizaciÃ³n mucho antes de que se realizaran las operaciones necesarias para materializar las determinaciones urbanÃ­sticas de los poderes pÃºblicos y, por ende, ha fomentado tambiÃ©n las prÃ¡cticas especulativas, contra las que debemos luchar por imperativo constitucional.
En segundo lugar, esta Ley abandona el sesgo con el que, hasta ahora, el legislador estatal venÃ­a abordando el estatuto de los derechos subjetivos afectados por el urbanismo. Este reduccionismo es otra de las peculiaridades histÃ³ricas del urbanismo espaÃ±ol que, por razones que no es preciso aquÃ­ desarrollar, reservÃ³ a la propiedad del suelo el derecho exclusivo de iniciativa privada en la actividad de urbanizaciÃ³n. Una tradiciÃ³n que ha pesado sin duda, desde que el bloque de constitucionalidad reserva al Estado el importante tÃ­tulo competencial para regular las condiciones bÃ¡sicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, pues ha provocado la simplista identificaciÃ³n de tales derechos y deberes con los de la propiedad. Pero los derechos constitucionales afectados son tambiÃ©n otros, como el de participaciÃ³n ciudadana en los asuntos pÃºblicos, el de libre empresa, el derecho a un medio ambiente adecuado y, sobre todo, el derecho a una vivienda digna y asimismo adecuada, al que la propia ConstituciÃ³n vincula directamente con la regulaciÃ³n de los usos del suelo en su artÃ­culo 47. Luego, mÃ¡s allÃ¡ de regular las condiciones bÃ¡sicas de la igualdad de la propiedad de los terrenos, hay que tener presente que la ciudad es el medio en el que se desenvuelve la vida cÃ­vica, y por ende que deben reconocerse asimismo los derechos mÃ­nimos de libertad, de participaciÃ³n y de prestaciÃ³n de los ciudadanos en relaciÃ³n con el urbanismo y con su medio tanto rural como urbano. En suma, la Ley se propone garantizar en estas materias las condiciones bÃ¡sicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales de los ciudadanos.
En tercer y Ãºltimo lugar, la del urbanismo espaÃ±ol contemporÃ¡neo es una historia desarrollista, volcada sobre todo en la creaciÃ³n de nueva ciudad. Sin duda, el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneraciÃ³n de la ciudad existente. La UniÃ³n Europea insiste claramente en ello, por ejemplo en la Estrategia Territorial Europea o en la mÃ¡s reciente ComunicaciÃ³n de la ComisiÃ³n sobre una Estrategia TemÃ¡tica para el Medio Ambiente Urbano, para lo que propone un modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanizaciÃ³n dispersa o desordenada: impacto ambiental, segregaciÃ³n social e ineficiencia econÃ³mica por los elevados costes energÃ©ticos, de construcciÃ³n y mantenimiento de infraestructuras y de prestaciÃ³n de los servicios pÃºblicos. El suelo, ademÃ¡s de un recurso econÃ³mico, es tambiÃ©n un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalizaciÃ³n del suelo no puede fundarse en una clasificaciÃ³n indiscriminada, sino, supuesta una clasificaciÃ³n responsable del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades econÃ³micas y sociales, en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanizaciÃ³n y en el arbitrio de medidas efectivas contra las prÃ¡cticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera que el suelo con destino urbano se ponga en uso Ã¡gil y efectivamente. Y el suelo urbano -la ciudad ya hecha-tiene asimismo un valor ambiental, como creaciÃ³n cultural colectiva que es objeto de una permanente recreaciÃ³n, por lo que sus caracterÃ­sticas deben ser expresiÃ³n de su naturaleza y su ordenaciÃ³n debe favorecer su rehabilitaciÃ³n y fomentar su uso.
Por razones tanto conceptuales como competenciales, la primera materia especÃ­fica de que se ocupa la Ley es la del estatuto de derechos y deberes de los sujetos afectados, a los que dedica su TÃ­tulo I, y que inspiran directa o indirectamente todo el resto del articulado. Con este objeto, se definen tres estatutos subjetivos bÃ¡sicos que cabe percibir como tres cÃ­rculos concÃ©ntricos:
Segundo, el rÃ©gimen de la iniciativa privada para la actividad urbanÃ­stica, que -en los tÃ©rminos en que la configure la legislaciÃ³n urbanÃ­stica en el marco de esta Ley- es una actividad econÃ³mica de interÃ©s general que afecta tanto al derecho de la propiedad como a la libertad de empresa. En este sentido, si bien la edificaciÃ³n tiene lugar sobre una finca y accede a su propiedad -de acuerdo con nuestra concepciÃ³n histÃ³rica de este instituto-, por lo que puede asimismo ser considerada como una facultad del correspondiente derecho, la urbanizaciÃ³n es un servicio pÃºblico, cuya gestiÃ³n puede reservarse la AdministraciÃ³n o encomendar a privados, y que suele afectar a una pluralidad de fincas, por lo que excede tanto lÃ³gica como fÃ­sicamente de los lÃ­mites propios de la propiedad. Luego, allÃ­ donde se confÃ­e su ejecuciÃ³n a la iniciativa privada, ha de poder ser abierta a la competencia de terceros, lo que estÃ¡ llamado ademÃ¡s a redundar en la agilidad y eficiencia de la actuaciÃ³n.
Tercero, el estatuto de la propiedad del suelo, definido -como es tradicional entre nosotros-como una combinaciÃ³n de facultades y deberes, entre los que ya no se cuenta el de urbanizar por las razones expuestas en el pÃ¡rrafo anterior, aunque sÃ­ el de participar en la actuaciÃ³n urbanizadora de iniciativa privada en un rÃ©gimen de distribuciÃ³n equitativa de beneficios y cargas, con las debidas garantÃ­as de que su participaciÃ³n se basa en el consentimiento informado, sin que se le puedan imponer mÃ¡s cargas que las legales, y sin perjuicio de que el legislador urbanÃ­stico opte por seguir reservando a la propiedad la iniciativa de la urbanizaciÃ³n en determinados casos de acuerdo con esta Ley, que persigue el progreso pero no la ruptura.
Los procedimientos de aprobaciÃ³n de instrumentos de ordenaciÃ³n y de ejecuciÃ³n urbanÃ­sticas tienen una trascendencia capital, que desborda con mucho el plano estrictamente sectorial, por su incidencia en el crecimiento econÃ³mico, en la protecciÃ³n del medio ambiente y en la calidad de vida. Por ello, la Ley asegura unos estÃ¡ndares mÃ­nimos de transparencia, de participaciÃ³n ciudadana real y no meramente formal, y de evaluaciÃ³n y seguimiento de los efectos que tienen los planes sobre la economÃ­a y el medio ambiente. La efectividad de estos estÃ¡ndares exige que las actuaciones urbanizadoras de mayor envergadura e impacto, que producen una mutaciÃ³n radical del modelo territorial, se sometan a un nuevo ejercicio pleno de potestad de ordenaciÃ³n. AdemÃ¡s, la Ley hace un tratamiento innovador de este proceso de evaluaciÃ³n y seguimiento, con el objeto de integrar en Ã©l la consideraciÃ³n de los recursos e infraestructuras mÃ¡s importantes. Esta integraciÃ³n favorecerÃ¡, a un tiempo, la utilidad de los procesos de que se trata y la celeridad de los procedimientos en los que se insertan.
MenciÃ³n aparte merece la reserva de suelo residencial para la vivienda protegida porque, como ya se ha recordado, es la propia ConstituciÃ³n la que vincula la ordenaciÃ³n de los usos del suelo con la efectividad del derecho a la vivienda. A la vista de la senda extraordinariamente prolongada e intensa de expansiÃ³n de nuestros mercados inmobiliarios, y en particular del residencial, parece hoy razonable encajar en el concepto material de las bases de la ordenaciÃ³n de la economÃ­a la garantÃ­a de una oferta mÃ­nima de suelo para vivienda asequible, por su incidencia directa sobre dichos mercados y su relevancia para las polÃ­ticas de suelo y vivienda, sin que ello obste para que pueda ser adaptada por la legislaciÃ³n de las Comunidades AutÃ³nomas a su modelo urbanÃ­stico y sus diversas necesidades.
En lo que se refiere al rÃ©gimen urbanÃ­stico del suelo, la Ley opta por diferenciar situaciÃ³n y actividad, estado y proceso. En cuanto a lo primero, define los dos estados bÃ¡sicos en que puede encontrarse el suelo segÃºn sea su situaciÃ³n actual -rural o urbana-, estados que agotan el objeto de la ordenaciÃ³n del uso asimismo actual del suelo y son por ello los determinantes para el contenido del derecho de propiedad, otorgando asÃ­ carÃ¡cter estatutario al rÃ©gimen de Ã©ste. En cuanto a lo segundo, sienta el rÃ©gimen de las actuaciones urbanÃ­sticas de transformaciÃ³n del suelo, que son las que generan las plusvalÃ­as en las que debe participar la comunidad por exigencia de la ConstituciÃ³n. La Ley establece, conforme a la doctrina constitucional, la horquilla en la que puede moverse la fijaciÃ³n de dicha participaciÃ³n. Lo hace posibilitando una mayor y mÃ¡s flexible adecuaciÃ³n a la realidad y, en particular, al rendimiento neto de la actuaciÃ³n de que se trate o del Ã¡mbito de referencia en que se inserte, aspecto Ã©ste que hasta ahora no era tenido en cuenta.
Para facilitar su aplicaciÃ³n y garantizar la necesaria seguridad del trÃ¡fico, la recomposiciÃ³n de este panorama debe buscar la sencillez y la claridad, ademÃ¡s por supuesto de la justicia. Y es la propia ConstituciÃ³n la que extrae expresamente -en esta concreta materia y no en otras-del valor de la justicia un mandato dirigido a los poderes pÃºblicos para impedir la especulaciÃ³n. Ello es perfectamente posible desvinculando clasificaciÃ³n y valoraciÃ³n. Debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto. En consecuencia, y con independencia de las clases y categorÃ­as urbanÃ­sticas de suelo, se parte en la Ley de las dos situaciones bÃ¡sicas ya mencionadas: hay un suelo rural, esto es, aquÃ©l que no estÃ¡ funcionalmente integrado en la trama urbana, y otro urbanizado, entendiendo por tal el que ha sido efectiva y adecuadamente transformado por la urbanizaciÃ³n. Ambos se valoran conforme a su naturaleza, siendo asÃ­ que sÃ³lo en el segundo dicha naturaleza integra su destino urbanÃ­stico, porque dicho destino ya se ha hecho realidad. Desde esta perspectiva, los criterios de valoraciÃ³n establecidos persiguen determinar con la necesaria objetividad y seguridad jurÃ­dica el valor de sustituciÃ³n del inmueble en el mercado por otro similar en su misma situaciÃ³n.
En el suelo rural, se abandona el mÃ©todo de comparaciÃ³n porque muy pocas veces concurren los requisitos necesarios para asegurar su objetividad y la eliminaciÃ³n de elementos especulativos, para lo que se adopta el mÃ©todo asimismo habitual de la capitalizaciÃ³n de rentas pero sin olvidar que, sin considerar las expectativas urbanÃ­sticas, la localizaciÃ³n influye en el valor de este suelo, siendo la renta de posiciÃ³n un factor relevante en la formaciÃ³n tradicional del precio de la tierra. En el suelo urbanizado, los criterios de valoraciÃ³n que se establecen dan lugar a tasaciones siempre actualizadas de los inmuebles, lo que no aseguraba el rÃ©gimen anterior. En todo caso y con independencia del valor del suelo, cuando Ã©ste estÃ¡ sometido a una transformaciÃ³n urbanizadora o edificatoria, se indemnizan los gastos e inversiones acometidos junto con una prima razonable que retribuya el riesgo asumido y se evitan saltos valorativos difÃ­cilmente entendibles en el curso del proceso de ordenaciÃ³n y ejecuciÃ³n urbanÃ­sticas. En los casos en los que una decisiÃ³n administrativa impide participar en la ejecuciÃ³n de una actuaciÃ³n de urbanizaciÃ³n, o altera las condiciones de Ã©sta, sin que medie incumplimiento por parte de los propietarios, se valora la privaciÃ³n de dicha facultad en sÃ­ misma, lo que contribuye a un tratamiento mÃ¡s ponderado de la situaciÃ³n en la que se encuentran aquÃ©llos. En definitiva, un rÃ©gimen que, sin valorar expectativas generadas exclusivamente por la actividad administrativa de ordenaciÃ³n de los usos del suelo, retribuye e incentiva la actividad urbanizadora o edificatoria emprendida en cumplimiento de aquÃ©lla y de la funciÃ³n social de la propiedad.
El TÃ­tulo V contiene diversas medidas de garantÃ­a del cumplimiento de la funciÃ³n social de la propiedad inmobiliaria. Son muchas y autorizadas las voces que, desde la sociedad, el sector, las Administraciones y la comunidad acadÃ©mica denuncian la existencia de prÃ¡cticas de retenciÃ³n y gestiÃ³n especulativas de suelos que obstruyen el cumplimiento de su funciÃ³n y, en particular, el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Los avances en la capacidad de obrar de los diversos agentes por los que apuesta esta Ley (apertura de la iniciativa privada, mayor proporcionalidad en la participaciÃ³n de la AdministraciÃ³n en las plusvalÃ­as) deben ir acompaÃ±ados de la garantÃ­a de que esa capacidad se ejercerÃ¡ efectivamente para cumplir con la funciÃ³n social de la propiedad y con el destino urbanÃ­stico del suelo que aquÃ©lla tiene por objeto, ya sea pÃºblico o privado su titular.
Toda capacidad conlleva una responsabilidad, que esta Ley se ocupa de articular al servicio del interÃ©s general a lo largo de todo su cuerpo: desde la responsabilidad patrimonial por el incumplimiento de los plazos mÃ¡ximos en los procedimientos de ordenaciÃ³n urbanÃ­stica, a la posibilidad de sustituir forzosamente al propietario incumplidor de los plazos de ejecuciÃ³n, el mayor rigor en la determinaciÃ³n de los destinos de los patrimonios pÃºblicos de suelo o las medidas arbitradas para asegurar que se cumple ese destino aun cuando se enajenen los bienes integrantes de los patrimonios pÃºblicos de suelo.
El contenido del TÃ­tulo se cierra con una regulaciÃ³n del rÃ©gimen del derecho de superficie dirigida a superar la deficiente situaciÃ³n normativa actual de este derecho y favorecer su operatividad para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda y, con carÃ¡cter general, diversificar y dinamizar las ofertas en el mercado inmobiliario.
Por Ãºltimo, el TÃ­tulo VI contiene una serie de preceptos que, localizados hasta ahora de manera fragmentada en el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobÃ³ el Texto Refundido de la Ley sobre RÃ©gimen del Suelo y OrdenaciÃ³n Urbana, ha parecido razonable agrupar bajo la denominaciÃ³n de Â«RÃ©gimen JurÃ­dicoÂ». En Ã©l se contienen las actuaciones con el Ministerio Fiscal a consecuencia de infracciones urbanÃ­sticas o contra la ordenaciÃ³n del territorio, las peticiones, actos y acuerdos procedentes en dichos Ã¡mbitos, las posibles acciones y recursos pertinentes y las normas atinentes al Registro de la Propiedad que ya han sido objeto de desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprobaron las normas complementarias al Reglamento para la ejecuciÃ³n de la Ley Hipotecaria sobre inscripciÃ³n en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanÃ­stica.
La introducciÃ³n de este TÃ­tulo, y la de aquellos otros preceptos que habÃ­an perdido coherencia sistemÃ¡tica en el contenido subsistente del Real Decreto Legislativo 1/1992, que ahora la recuperan mediante su inserciÃ³n donde corresponde en la estructura de la Ley 8/2007, junto a la labor de aclaraciÃ³n, regularizaciÃ³n y armonizaciÃ³n realizadas, permiten derogar ambas disposiciones generales y recuperar finalmente en un solo cuerpo legal la unidad de la legislaciÃ³n estatal en la materia, al amparo de lo dispuesto en la DisposiciÃ³n final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 20 de junio de 2008,
ArtÃ­culo Ãºnico. AprobaciÃ³n del Texto Refundido de la Ley de Suelo.
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobÃ³ el Texto Refundido de la Ley sobre RÃ©gimen del Suelo y OrdenaciÃ³n Urbana y a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, se entenderÃ¡n efectuadas a los preceptos correspondientes del Texto Refundido que se aprueba.
b) El Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre RÃ©gimen del Suelo y OrdenaciÃ³n Urbana.
[encabezado]TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO
b) La protecciÃ³n, adecuada a su carÃ¡cter, del medio rural y la preservaciÃ³n de los valores del suelo innecesario o inidÃ³neo para atender las necesidades de transformaciÃ³n urbanÃ­stica.
c) Un medio urbano en el que la ocupaciÃ³n del suelo sea eficiente, que estÃ© suficientemente dotado por las infraestructuras y los servicios que le son propios y en el que los usos se combinen de forma funcional y se implanten efectivamente, cuando cumplan una funciÃ³n social.
3. Los poderes pÃºblicos promoverÃ¡n las condiciones para que los derechos y deberes de los ciudadanos establecidos en los artÃ­culos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las medidas de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica que procedan para asegurar un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, segÃºn proceda, los procesos de ocupaciÃ³n y transformaciÃ³n del suelo.
El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica estÃ¡ al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los tÃ©rminos que disponga la legislaciÃ³n en la materia.
El ejercicio de la potestad de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica deberÃ¡ ser motivado, con expresiÃ³n de los intereses generales a que sirve.
2. La legislaciÃ³n sobre la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica garantizarÃ¡:
b) La participaciÃ³n de la comunidad en las plusvalÃ­as generadas por la acciÃ³n de los entes pÃºblicos en los tÃ©rminos previstos por esta Ley y las demÃ¡s que sean de aplicaciÃ³n.
c) El derecho a la informaciÃ³n de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses afectados por los procesos urbanÃ­sticos, asÃ­ como la participaciÃ³n ciudadana en la ordenaciÃ³n y gestiÃ³n urbanÃ­sticas.
a) Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseÃ±o para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los lÃ­mites mÃ¡ximos admitidos por la legislaciÃ³n aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados.
b) Acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la utilizaciÃ³n de las dotaciones pÃºblicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso pÃºblico, de acuerdo con la legislaciÃ³n reguladora de la actividad de que se trate.
c) Acceder a la informaciÃ³n de que dispongan las Administraciones PÃºblicas sobre la ordenaciÃ³n del territorio, la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica y su evaluaciÃ³n ambiental, asÃ­ como obtener copia o certificaciÃ³n de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los tÃ©rminos dispuestos por su legislaciÃ³n reguladora.
d) Ser informados por la AdministraciÃ³n competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del rÃ©gimen y las condiciones urbanÃ­sticas aplicables a una finca determinada, en los tÃ©rminos dispuestos por su legislaciÃ³n reguladora.
e) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboraciÃ³n y aprobaciÃ³n de cualesquiera instrumentos de ordenaciÃ³n del territorio o de ordenaciÃ³n y ejecuciÃ³n urbanÃ­sticas y de su evaluaciÃ³n ambiental mediante la formulaciÃ³n de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la AdministraciÃ³n una respuesta motivada, conforme a la legislaciÃ³n reguladora del rÃ©gimen jurÃ­dico de dicha AdministraciÃ³n y del procedimiento de que se trate.
f) Ejercer la acciÃ³n pÃºblica para hacer respetar las determinaciones de la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica, asÃ­ como las decisiones resultantes de los procedimientos de evaluaciÃ³n ambiental de los instrumentos que las contienen y de los proyectos para su ejecuciÃ³n, en los tÃ©rminos dispuestos por su legislaciÃ³n reguladora.
a) Respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histÃ³rico y el paisaje natural y urbano, absteniÃ©ndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos por la legislaciÃ³n en la materia.
b) Respetar y hacer un uso racional y adecuado, acorde en todo caso con sus caracterÃ­sticas, funciÃ³n y capacidad de servicio, de los bienes de dominio pÃºblico y de las infraestructuras y los servicios urbanos.
c) Abstenerse de realizar cualquier acto o de desarrollar cualquier actividad que comporte riesgo de perturbaciÃ³n o lesiÃ³n de los bienes pÃºblicos o de terceros con infracciÃ³n de la legislaciÃ³n aplicable.
d) Cumplir los requisitos y condiciones a que la legislaciÃ³n sujete las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, asÃ­ como emplear en ellas en cada momento las mejores tÃ©cnicas disponibles conforme a la normativa aplicable.
La legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica regularÃ¡:
a) El derecho de iniciativa de los particulares, sean o no propietarios de los terrenos, en ejercicio de la libre empresa, para la actividad de ejecuciÃ³n de la urbanizaciÃ³n cuando Ã©sta no deba o no vaya a realizarse por la propia AdministraciÃ³n competente. La habilitaciÃ³n a particulares, para el desarrollo de esta actividad deberÃ¡ atribuirse mediante procedimiento con publicidad y concurrencia y con criterios de adjudicaciÃ³n que salvaguarden una adecuada participaciÃ³n de la comunidad en las plusvalÃ­as derivadas de las actuaciones urbanÃ­sticas, en las condiciones dispuestas por la legislaciÃ³n aplicable, sin perjuicio de las peculiaridades o excepciones que Ã©sta prevea a favor de la iniciativa de los propietarios del suelo.
b) El derecho de consulta a las Administraciones competentes, por parte de quienes sean titulares del derecho de iniciativa a que se refiere la letra anterior, sobre los criterios y previsiones de la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica, de los planes y proyectos sectoriales, y de las obras que habrÃ¡n de realizar para asegurar la conexiÃ³n de la urbanizaciÃ³n con las redes generales de servicios y, en su caso, las de ampliaciÃ³n y reforzamiento de las existentes fuera de la actuaciÃ³n.
La legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica fijarÃ¡ el plazo mÃ¡ximo de contestaciÃ³n de la consulta, que no podrÃ¡ exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor, asÃ­ como los efectos que se sigan de ella. En todo caso, la alteraciÃ³n de los criterios y las previsiones facilitados en la contestaciÃ³n, dentro del plazo en el que Ã©sta surta efectos, podrÃ¡ dar derecho a la indemnizaciÃ³n de los gastos en que se haya incurrido por la elaboraciÃ³n de proyectos necesarios que resulten inÃºtiles, en los tÃ©rminos del rÃ©gimen general de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones PÃºblicas.
c) El derecho de quienes elaboren instrumentos de ordenaciÃ³n de iniciativa privada, cuando hubieren obtenido la previa autorizaciÃ³n de la AdministraciÃ³n competente, a que se les faciliten por parte de los Organismos PÃºblicos cuantos elementos informativos precisen para llevar a cabo su redacciÃ³n, y a efectuar en fincas particulares las ocupaciones necesarias para la redacciÃ³n del instrumento con arreglo a la Ley de ExpropiaciÃ³n Forzosa.
d) El derecho del propietario a realizar en sus terrenos, por sÃ­ o a travÃ©s de terceros, la instalaciÃ³n, construcciÃ³n o edificaciÃ³n permitidas, siempre que los terrenos integren una unidad apta para ello por reunir las condiciones fÃ­sicas y jurÃ­dicas requeridas legalmente y aquÃ©llas se lleven a cabo en el tiempo y las condiciones previstas por la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica y de conformidad con la legislaciÃ³n aplicable.
b) La de edificar sobre unidad apta para ello en los tÃ©rminos dispuestos en la letra d) del artÃ­culo 6, cuando la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica atribuya a aquÃ©lla edificabilidad para uso o usos determinados y se cumplan los demÃ¡s requisitos y condiciones establecidos para edificar.
Todo acto de edificaciÃ³n requerirÃ¡ del acto de conformidad, aprobaciÃ³n o autorizaciÃ³n administrativa que sea preceptivo, segÃºn la legislaciÃ³n de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica. Su denegaciÃ³n deberÃ¡ ser motivada.
En ningÃºn caso podrÃ¡n entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenaciÃ³n territorial o urbanÃ­stica.
c) La de participar en la ejecuciÃ³n de las actuaciones de urbanizaciÃ³n a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artÃ­culo 14, en un rÃ©gimen de equitativa distribuciÃ³n de beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados en proporciÃ³n a su aportaciÃ³n.
Para ejercer esta facultad, o para ratificarse en ella, si la hubiera ejercido antes, el propietario dispondrÃ¡ del plazo que fije la legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica, que no podrÃ¡ ser inferior a un mes ni contarse desde un momento anterior a aquÃ©l en que pueda conocer el alcance de las cargas de la actuaciÃ³n y los criterios de su distribuciÃ³n entre los afectados.
1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende, cualquiera que sea la situaciÃ³n en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que no sean incompatibles con la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica; conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; asÃ­ como realizar los trabajos de mejora y rehabilitaciÃ³n hasta donde alcance el deber legal de conservaciÃ³n. Este deber constituirÃ¡ el lÃ­mite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios, cuando la AdministraciÃ³n las ordene por motivos turÃ­sticos o culturales, corriendo a cargo de los fondos de Ã©sta las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interÃ©s general.
En el suelo que sea rural a los efectos de esta Ley, o estÃ© vacante de edificaciÃ³n, el deber de conservarlo supone mantener los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosiÃ³n, incendio, inundaciÃ³n, para la seguridad o salud pÃºblicas, daÃ±o o perjuicio a terceros o al interÃ©s general; incluido el ambiental; prevenir la contaminaciÃ³n del suelo, el agua o el aire y las inmisiones contaminantes indebidas en otros bienes y, en su caso, recuperarlos de ellas; y mantener el establecimiento y funcionamiento de los servicios derivados de los usos y las actividades que se desarrollen en el suelo.
2. El ejercicio de las facultades previstas en las letras a) y b) del apartado primero del artÃ­culo anterior, en terrenos que se encuentren en el suelo rural a los efectos de esta Ley y no estÃ©n sometidos al rÃ©gimen de una actuaciÃ³n de urbanizaciÃ³n, comporta para el propietario, en la forma que determine la legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica:
b) Satisfacer las prestaciones patrimoniales que se establezcan, en su caso, para legitimar usos privados del suelo no vinculados a su explotaciÃ³n primaria.
c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexiÃ³n de la instalaciÃ³n, la construcciÃ³n o la edificaciÃ³n con las redes generales de servicios y entregarlas a la AdministraciÃ³n competente para su incorporaciÃ³n al dominio pÃºblico cuando deban formar parte del mismo.
1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el TÃ­tulo I, las Administraciones PÃºblicas, y en particular las competentes en materia de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica, deberÃ¡n:
a) Atribuir en la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica un destino que comporte o posibilite el paso de la situaciÃ³n de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanizaciÃ³n, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulaciÃ³n con Ã©l y preservar de la urbanizaciÃ³n al resto del suelo rural.
b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un rÃ©gimen de protecciÃ³n pÃºblica que, al menos, permita establecer su precio mÃ¡ximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesiÃ³n administrativa.
Esta reserva serÃ¡ determinada por la legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenaciÃ³n y, como mÃ­nimo, comprenderÃ¡ los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanizaciÃ³n.
No obstante, dicha legislaciÃ³n podrÃ¡ tambiÃ©n fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior para determinados Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanizaciÃ³n, se garantice en el instrumento de ordenaciÃ³n el cumplimiento Ã­ntegro de la reserva dentro de su Ã¡mbito territorial de aplicaciÃ³n y una distribuciÃ³n de su localizaciÃ³n respetuosa con el principio de cohesiÃ³n social.
c) Atender, en la ordenaciÃ³n que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energÃ©tica, de garantÃ­a de suministro de agua, de prevenciÃ³n de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevenciÃ³n y protecciÃ³n contra la contaminaciÃ³n y limitaciÃ³n de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.
2. Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrÃ¡n de adaptarse, en lo bÃ¡sico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marÃ­timo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de caracterÃ­sticas histÃ³rico-artÃ­sticas, tÃ­picos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirÃ¡ que la situaciÃ³n, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalaciÃ³n de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonÃ­a del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.
3. SerÃ¡n nulos de pleno derecho los actos administrativos de intervenciÃ³n que se dicten con infracciÃ³n de la ordenaciÃ³n de las zonas verdes o espacios libres previstos en los instrumentos de ordenaciÃ³n urbanÃ­stica. Mientras las obras estÃ©n en curso de ejecuciÃ³n, se procederÃ¡ a la suspensiÃ³n de los efectos del acto administrativo legitimador y a la adopciÃ³n de las demÃ¡s medidas que procedan. Si las obras estuvieren terminadas, se procederÃ¡ a su revisiÃ³n de oficio por los trÃ¡mites previstos en la legislaciÃ³n de procedimiento administrativo comÃºn.
2. Los acuerdos de aprobaciÃ³n definitiva de todos los instrumentos de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica se publicarÃ¡n en el Â«BoletÃ­n OficialÂ» correspondiente. Respecto a las normas y ordenanzas contenidas en tales instrumentos, se estarÃ¡ a lo dispuesto en la legislaciÃ³n aplicable.
3. En los procedimientos de aprobaciÃ³n o de alteraciÃ³n de instrumentos de ordenaciÃ³n urbanÃ­stica, la documentaciÃ³n expuesta al pÃºblico deberÃ¡ incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:
4. Las Administraciones PÃºblicas competentes impulsarÃ¡n la publicidad telemÃ¡tica del contenido de los instrumentos de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica en vigor, asÃ­ como del anuncio de su sometimiento a informaciÃ³n pÃºblica.
5. Cuando la legislaciÃ³n urbanÃ­stica abra a los particulares la iniciativa de los procedimientos de aprobaciÃ³n de instrumentos de ordenaciÃ³n o de ejecuciÃ³n urbanÃ­stica, el incumplimiento del deber de resolver dentro del plazo mÃ¡ximo establecido darÃ¡ lugar a indemnizaciÃ³n a los interesados por el importe de los gastos en que hayan incurrido para la presentaciÃ³n de sus solicitudes, salvo en los casos en que deban entenderse aprobados o resueltos favorablemente por silencio administrativo de conformidad con la legislaciÃ³n aplicable.
6. Los instrumentos de ordenaciÃ³n urbanÃ­stica cuyo procedimiento de aprobaciÃ³n se inicie de oficio por la AdministraciÃ³n competente para su instrucciÃ³n, pero cuya aprobaciÃ³n definitiva competa a un Ã³rgano de otra AdministraciÃ³n, se entenderÃ¡n definitivamente aprobados en el plazo que seÃ±ale la legislaciÃ³n urbanÃ­stica.
7. En todo caso, en la tramitaciÃ³n de los instrumentos de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica deberÃ¡ asegurarse el trÃ¡mite de audiencia a las Administraciones PÃºblicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas.
Con carÃ¡cter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislaciÃ³n de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica, podrÃ¡n legitimarse actos y usos especÃ­ficos que sean de interÃ©s pÃºblico o social por su contribuciÃ³n a la ordenaciÃ³n y el desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en el medio rural.
2. EstÃ¡n prohibidas las parcelaciones urbanÃ­sticas de los terrenos en el suelo rural, salvo los que hayan sido incluidos en el Ã¡mbito de una actuaciÃ³n de urbanizaciÃ³n en la forma que determine la legislaciÃ³n de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica.
3. Desde que los terrenos queden incluidos en el Ã¡mbito de una actuaciÃ³n de urbanizaciÃ³n, Ãºnicamente podrÃ¡n realizarse en ellos:
El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, o de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarÃ¡n excluidos del rÃ©gimen especial de arrendamientos rÃºsticos y urbanos, y, en todo caso, finalizarÃ¡n automÃ¡ticamente con la orden de la AdministraciÃ³n urbanÃ­stica acordando la demoliciÃ³n o desalojo para ejecutar los proyectos de urbanizaciÃ³n. En estos supuestos no resultarÃ¡ aplicable lo establecido en la DisposiciÃ³n Adicional UndÃ©cima, segundo pÃ¡rrafo.
SÃ³lo podrÃ¡ alterarse la delimitaciÃ³n de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando asÃ­ lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evoluciÃ³n natural, cientÃ­ficamente demostrada. La alteraciÃ³n deberÃ¡ someterse a informaciÃ³n pÃºblica, que en el caso de la Red Natura 2000 se harÃ¡ de forma previa a la remisiÃ³n de la propuesta de descatalogaciÃ³n a la ComisiÃ³n Europea y la aceptaciÃ³n por Ã©sta de tal descatalogaciÃ³n.
El cumplimiento de lo previsto en los pÃ¡rrafos anteriores no eximirÃ¡ de las normas adicionales de protecciÃ³n que establezca la legislaciÃ³n aplicable.
1. A efectos de esta Ley, se entiende por actuaciones de transformaciÃ³n urbanÃ­stica:
a) Las actuaciones de urbanizaciÃ³n, que incluyen:
1) Las de nueva urbanizaciÃ³n, que suponen el paso de un Ã¡mbito de suelo de la situaciÃ³n de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones pÃºblicas, una o mÃ¡s parcelas aptas para la edificaciÃ³n o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica.
b) Las actuaciones de dotaciÃ³n, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones pÃºblicas de un Ã¡mbito de suelo urbanizado para reajustar su proporciÃ³n con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica a una o mÃ¡s parcelas del Ã¡mbito y no requieran la reforma o renovaciÃ³n integral de la urbanizaciÃ³n de Ã©ste.
2. A los solos efectos de lo dispuesto en esta Ley, las actuaciones de urbanizaciÃ³n se entienden iniciadas en el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos los instrumentos de ordenaciÃ³n y ejecuciÃ³n que requiera la legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica para legitimar las obras de urbanizaciÃ³n, empiece la ejecuciÃ³n material de Ã©stas. La iniciaciÃ³n se presumirÃ¡ cuando exista acta administrativa o notarial que dÃ© fe del comienzo de las obras. La caducidad de cualquiera de los instrumentos mencionados restituye, a los efectos de esta Ley, el suelo a la situaciÃ³n en que se hallaba al inicio de la actuaciÃ³n.
2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenaciÃ³n de actuaciones de urbanizaciÃ³n deberÃ¡ incluir un mapa de riesgos naturales del Ã¡mbito objeto de ordenaciÃ³n.
3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenaciÃ³n de actuaciones de urbanizaciÃ³n, deberÃ¡n recabarse al menos los siguientes informes, cuando sean preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban emitirse en una fase posterior del procedimiento de conformidad con su legislaciÃ³n reguladora:
b) El de la AdministraciÃ³n de costas sobre el deslinde y la protecciÃ³n del dominio pÃºblico marÃ­timo-terrestre, en su caso.
c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demÃ¡s infraestructuras afectadas, acerca de dicha afecciÃ³n y del impacto de la actuaciÃ³n sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras.
Los informes a que se refiere este apartado serÃ¡n determinantes para el contenido de la memoria ambiental, que solo podrÃ¡ disentir de ellos de forma expresamente motivada.
4. La documentaciÃ³n de los instrumentos de ordenaciÃ³n de las actuaciones de urbanizaciÃ³n debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad econÃ³mica, en el que se ponderarÃ¡ en particular el impacto de la actuaciÃ³n en las Haciendas PÃºblicas afectadas por la implantaciÃ³n y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestaciÃ³n de los servicios resultantes, asÃ­ como la suficiencia y adecuaciÃ³n del suelo destinado a usos productivos.
5. Las Administraciones competentes en materia de ordenaciÃ³n y ejecuciÃ³n urbanÃ­sticas deberÃ¡n elevar al Ã³rgano que corresponda de entre sus Ã³rganos colegiados de gobierno, con la periodicidad mÃ­nima que fije la legislaciÃ³n en la materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecuciÃ³n urbanÃ­stica de su competencia, que deberÃ¡ considerar al menos la sostenibilidad ambiental y econÃ³mica a que se refiere este artÃ­culo.
Los Municipios estarÃ¡n obligados al informe a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior cuando lo disponga la legislaciÃ³n en la materia y, al menos, cuando deban tener una Junta de Gobierno Local.
El informe a que se refieren los pÃ¡rrafos anteriores podrÃ¡ surtir los efectos propios del seguimiento a que se refiere la legislaciÃ³n de evaluaciÃ³n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuando cumpla todos los requisitos en ella exigidos.
6. La legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica establecerÃ¡ en quÃ© casos el impacto de una actuaciÃ³n de urbanizaciÃ³n obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenaciÃ³n del municipio o del Ã¡mbito territorial superior en que se integre, por trascender del concreto Ã¡mbito de la actuaciÃ³n los efectos significativos que genera la misma en el medio ambiente.
1. Las actuaciones de transformaciÃ³n urbanÃ­stica comportan, segÃºn su naturaleza y alcance, los siguientes deberes legales:
a) Entregar a la AdministraciÃ³n competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones pÃºblicas incluidas en la propia actuaciÃ³n o adscritas a ella para su obtenciÃ³n.
En las actuaciones de dotaciÃ³n, la entrega del suelo podrÃ¡ ser sustituida por otras formas de cumplimiento del deber en los casos y condiciones en que asÃ­ lo prevea la legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica.
b) Entregar a la AdministraciÃ³n competente, y con destino a patrimonio pÃºblico de suelo, el suelo libre de cargas de urbanizaciÃ³n correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuaciÃ³n, o del Ã¡mbito superior de referencia en que Ã©sta se incluya, que fije la legislaciÃ³n reguladora de la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica.
En las actuaciones de dotaciÃ³n, este porcentaje se entenderÃ¡ referido al incremento de la edificabilidad media ponderada atribuida a los terrenos incluidos en la actuaciÃ³n.
Con carÃ¡cter general, el porcentaje a que se refieren los pÃ¡rrafos anteriores no podrÃ¡ ser inferior al 5 por ciento ni superior al 15 por ciento.
La legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica podrÃ¡ permitir excepcionalmente reducir o incrementar este porcentaje de forma proporcionada y motivada, hasta alcanzar un mÃ¡ximo del 20 por ciento en el caso de su incremento, para las actuaciones o los Ã¡mbitos en los que el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior o superior, respectivamente, al medio en los restantes de su misma categorÃ­a de suelo.
La legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica podrÃ¡ determinar los casos y condiciones en que quepa sustituir la entrega del suelo por otras formas de cumplimiento del deber, excepto cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algÃºn rÃ©gimen de protecciÃ³n pÃºblica en virtud de la reserva a que se refiere la letra b) del apartado primero del artÃ­culo 10.
c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanizaciÃ³n previstas en la actuaciÃ³n correspondiente, asÃ­ como las infraestructuras de conexiÃ³n con las redes generales de servicios y las de ampliaciÃ³n y reforzamiento de las existentes fuera de la actuaciÃ³n que Ã©sta demande por su dimensiÃ³n y caracterÃ­sticas especÃ­ficas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalaciÃ³n de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los tÃ©rminos establecidos en la legislaciÃ³n aplicable.
Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, se entenderÃ¡n incluidas las de potabilizaciÃ³n, suministro y depuraciÃ³n de agua que se requieran conforme a su legislaciÃ³n reguladora y la legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica podrÃ¡ incluir asimismo las infraestructuras de transporte pÃºblico que se requieran para una movilidad sostenible.
d) Entregar a la AdministraciÃ³n competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras a que se refiere la letra anterior que deban formar parte del dominio pÃºblico como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, asÃ­ como tambiÃ©n dichas instalaciones cuando estÃ©n destinadas a la prestaciÃ³n de servicios de titularidad pÃºblica.
e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del Ã¡rea de la actuaciÃ³n y que constituyan su residencia habitual, asÃ­ como el retorno cuando tengan derecho a Ã©l, en los tÃ©rminos establecidos en la legislaciÃ³n vigente.
a) Finca: la unidad de suelo o de edificaciÃ³n atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislaciÃ³n hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideraciÃ³n de finca registral.
En la autorizaciÃ³n de escrituras de segregaciÃ³n o divisiÃ³n de fincas, los notarios exigirÃ¡n, para su testimonio, la acreditaciÃ³n documental de la conformidad, aprobaciÃ³n o autorizaciÃ³n administrativa a que estÃ© sujeta, en su caso, la divisiÃ³n o segregaciÃ³n conforme a la legislaciÃ³n que le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito serÃ¡ exigido por los registradores para practicar la correspondiente inscripciÃ³n.
Los notarios y registradores de la propiedad harÃ¡n constar en la descripciÃ³n de las fincas, en su caso, su cualidad de indivisibles.
3. La constituciÃ³n de finca o fincas en rÃ©gimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario autoriza para considerar su superficie total como una sola parcela, siempre que dentro del perÃ­metro de Ã©sta no quede superficie alguna que, conforme a la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica aplicable, deba tener la condiciÃ³n de dominio pÃºblico, ser de uso pÃºblico o servir de soporte a las obras de urbanizaciÃ³n o pueda computarse a los efectos del cumplimiento del deber legal a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artÃ­culo anterior.
4. Cuando, de conformidad con lo previsto en su legislaciÃ³n reguladora, los instrumentos de ordenaciÃ³n urbanÃ­stica destinen superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, a la edificaciÃ³n o uso privado y al dominio pÃºblico, podrÃ¡ constituirse complejo inmobiliario en el que aquÃ©llas y Ã©sta tengan el carÃ¡cter de fincas especiales de atribuciÃ³n privativa, previa la desafectaciÃ³n y con las limitaciones y servidumbres que procedan para la protecciÃ³n del dominio pÃºblico.
5. El acto administrativo que legitime la edificaciÃ³n de una parcela indivisible, por agotamiento de la edificabilidad permitida en ella o por ser la superficie restante inferior a la parcela mÃ­nima, se comunicarÃ¡ al Registro de la Propiedad para su constancia en la inscripciÃ³n de la finca.
ArtÃ­culo 18. Operaciones de distribuciÃ³n de beneficios y cargas.
1. El acuerdo aprobatorio de los instrumentos de distribuciÃ³n de beneficios y cargas produce el efecto de la subrogaciÃ³n de las fincas de origen por las de resultado y el reparto de su titularidad entre los propietarios, el promotor de la actuaciÃ³n, cuando sea retribuido mediante la adjudicaciÃ³n de parcelas incluidas en ella, y la AdministraciÃ³n, a quien corresponde el pleno dominio libre de cargas de los terrenos a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artÃ­culo 16. En este supuesto, si procede la distribuciÃ³n de beneficios y cargas entre los propietarios afectados por la actuaciÃ³n, se entenderÃ¡ que el titular del suelo de que se trata aporta tanto la superficie de su rasante como la del subsuelo o vuelo que de Ã©l se segrega.
2. En los supuestos de subrogaciÃ³n real, si existiesen derechos reales o cargas que se estimen incompatibles con la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica, el acuerdo aprobatorio de la distribuciÃ³n de beneficios y cargas declararÃ¡ su extinciÃ³n y fijarÃ¡ la indemnizaciÃ³n correspondiente a cargo del propietario respectivo.
3. Existiendo subrogaciÃ³n real y compatibilidad con la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica, si la situaciÃ³n y caracterÃ­sticas de la nueva finca fuesen incompatibles con la subsistencia de los derechos reales o cargas que habrÃ­an debido recaer sobre ellas, las personas a que estos derechos o cargas favorecieran podrÃ¡n obtener su transformaciÃ³n en un derecho de crÃ©dito con garantÃ­a hipotecaria sobre la nueva finca, en la cuantÃ­a en que la carga fuera valorada. El registrador de la propiedad que aprecie tal incompatibilidad lo harÃ¡ constar asÃ­ en el asiento respectivo. En defecto de acuerdo entre las partes interesadas, cualquiera de ellas podrÃ¡ acudir al Juzgado competente del orden civil para obtener una resoluciÃ³n declarativa de la compatibilidad o incompatibilidad y, en este Ãºltimo caso, para fijar la valoraciÃ³n de la carga y la constituciÃ³n de la mencionada garantÃ­a hipotecaria.
4. Cuando no tenga lugar la subrogaciÃ³n real, el acuerdo aprobatorio de la distribuciÃ³n de beneficios y cargas producirÃ¡ la extinciÃ³n de los derechos reales y cargas constituidos sobre la finca aportada, corriendo a cargo del propietario que la aportÃ³ la indemnizaciÃ³n correspondiente, cuyo importe se fijarÃ¡ en el mencionado acuerdo.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 4, las indemnizaciones por la extinciÃ³n de servidumbres prediales o derechos de arrendamiento incompatibles con el instrumento de ordenaciÃ³n urbanÃ­stica o su ejecuciÃ³n, se considerarÃ¡n gastos de urbanizaciÃ³n en el instrumento de distribuciÃ³n de beneficios y cargas correspondiente.
6. Una vez firme en vÃ­a administrativa el acuerdo de aprobaciÃ³n definitiva de la distribuciÃ³n de beneficios y cargas, se procederÃ¡ a su inscripciÃ³n en el Registro de la Propiedad en la forma que se establece en el artÃ­culo 54.
7. Las transmisiones de terrenos a que den lugar las operaciones distributivas de beneficios y cargas por aportaciÃ³n de los propietarios incluidos en la actuaciÃ³n de transformaciÃ³n urbanÃ­stica, o en virtud de expropiaciÃ³n forzosa, y las adjudicaciones a favor de dichos propietarios en proporciÃ³n a los terrenos aportados por los mismos, estarÃ¡n exentas, con carÃ¡cter permanente, si cumplen todos los requisitos urbanÃ­sticos, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, y no tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de transmisiones de dominio a los efectos de la exacciÃ³n del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarÃ¡n las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.
ArtÃ­culo 19. TransmisiÃ³n de fincas y deberes urbanÃ­sticos.
4. Con ocasiÃ³n de la autorizaciÃ³n de escrituras pÃºblicas que afecten a la propiedad de fincas o parcelas, los notarios podrÃ¡n solicitar de la AdministraciÃ³n PÃºblica competente informaciÃ³n telemÃ¡tica o, en su defecto, cÃ©dula o informe escrito expresivo de su situaciÃ³n urbanÃ­stica y los deberes y obligaciones a cuyo cumplimiento estÃ©n afectas. Los notarios remitirÃ¡n a la AdministraciÃ³n competente, para su debido conocimiento, copia simple en papel o en soporte digital de las escrituras para las que hubieran solicitado y obtenido informaciÃ³n urbanÃ­stica, dentro de los diez dÃ­as siguientes a su otorgamiento. Esta copia no devengarÃ¡ arancel.
5. En los tÃ­tulos por los que se transmitan terrenos a la AdministraciÃ³n deberÃ¡ especificarse, a efectos de su inscripciÃ³n en el Registro de la Propiedad, el carÃ¡cter demanial o patrimonial de los bienes y, en su caso, su incorporaciÃ³n al patrimonio pÃºblico de suelo.
ArtÃ­culo 20. DeclaraciÃ³n de obra nueva.
TratÃ¡ndose de escrituras de declaraciÃ³n de obra nueva terminada, exigirÃ¡n, ademÃ¡s de la certificaciÃ³n expedida por tÃ©cnico competente acreditativa de la finalizaciÃ³n de Ã©sta conforme a la descripciÃ³n del proyecto, la acreditaciÃ³n documental del cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislaciÃ³n reguladora de la edificaciÃ³n para la entrega de Ã©sta a sus usuarios y el otorgamiento, expreso o por silencio administrativo, de las autorizaciones administrativas que prevea la legislaciÃ³n de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica.
2. Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaraciÃ³n de obra nueva, los registradores exigirÃ¡n el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior.
ArtÃ­culo 21. Ãmbito del rÃ©gimen de valoraciones.
1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relaciÃ³n con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto:
a) La verificaciÃ³n de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para la ejecuciÃ³n de la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica en las que la valoraciÃ³n determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados.
b) La fijaciÃ³n del justiprecio en la expropiaciÃ³n, cualquiera que sea la finalidad de Ã©sta y la legislaciÃ³n que la motive.
c) La fijaciÃ³n del precio a pagar al propietario en la venta o sustituciÃ³n forzosas.
d) La determinaciÃ³n de la responsabilidad patrimonial de la AdministraciÃ³n PÃºblica.
b) Cuando se aplique la expropiaciÃ³n forzosa, al momento de iniciaciÃ³n del expediente de justiprecio individualizado o de exposiciÃ³n al pÃºblico del proyecto de expropiaciÃ³n si se sigue el procedimiento de tasaciÃ³n conjunta.
c) Cuando se trate de la venta o sustituciÃ³n forzosas, al momento de la iniciaciÃ³n del procedimiento de declaraciÃ³n del incumplimiento del deber que la motive.
d) Cuando la valoraciÃ³n sea necesaria a los efectos de determinar la indemnizaciÃ³n por responsabilidad patrimonial de la AdministraciÃ³n PÃºblica, al momento de la entrada en vigor de la disposiciÃ³n o del comienzo de la eficacia del acto causante de la lesiÃ³n.
ArtÃ­culo 22. Criterios generales para la valoraciÃ³n de inmuebles.
2. El suelo se tasarÃ¡ en la forma establecida en los artÃ­culos siguientes, segÃºn su situaciÃ³n y con independencia de la causa de la valoraciÃ³n y el instrumento legal que la motive.
Este criterio serÃ¡ tambiÃ©n de aplicaciÃ³n a los suelos destinados a infraestructuras y servicios pÃºblicos de interÃ©s general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica como si fueran de nueva creaciÃ³n, cuya valoraciÃ³n se determinarÃ¡ segÃºn la situaciÃ³n bÃ¡sica de los terrenos en que se sitÃºan o por los que discurren de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo rural, se tasarÃ¡n con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoraciÃ³n, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoraciÃ³n del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoraciÃ³n por su carÃ¡cter de mejoras permanentes.
En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad se tasarÃ¡n conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el apartado 2 del artÃ­culo 24.
Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoraciÃ³n cuando se realizaron de conformidad con la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislaciÃ³n urbanÃ­stica.
La valoraciÃ³n de las edificaciones o construcciones tendrÃ¡ en cuenta su antigÃŒedad y su estado de conservaciÃ³n. Si han quedado incursas en la situaciÃ³n de fuera de ordenaciÃ³n, su valor se reducirÃ¡ en proporciÃ³n al tiempo transcurrido de su vida Ãºtil.
4. La valoraciÃ³n de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a los efectos de su constituciÃ³n, modificaciÃ³n o extinciÃ³n, se efectuarÃ¡ con arreglo a las disposiciones sobre expropiaciÃ³n que especÃ­ficamente determinen el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, segÃºn las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicaciÃ³n.
Al expropiar una finca gravada con cargas, la AdministraciÃ³n que la efectÃºe podrÃ¡ elegir entre fijar el justiprecio de cada uno de los derechos que concurren con el dominio, para distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y consignar su importe en poder del Ã³rgano judicial, para que Ã©ste fije y distribuya, por el trÃ¡mite de los incidentes, la proporciÃ³n que corresponda a los respectivos interesados.
ArtÃ­culo 23. ValoraciÃ³n en el suelo rural.
a) Los terrenos se tasarÃ¡n mediante la capitalizaciÃ³n de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotaciÃ³n segÃºn su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoraciÃ³n.
La renta potencial se calcularÃ¡ atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotaciÃ³n de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislaciÃ³n que les sea aplicable, utilizando los medios tÃ©cnicos normales para su producciÃ³n. IncluirÃ¡, en su caso, como ingresos las subvenciones que, con carÃ¡cter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cÃ¡lculo y se descontarÃ¡n los costes necesarios para la explotaciÃ³n considerada.
El valor del suelo rural asÃ­ obtenido podrÃ¡ ser corregido al alza hasta un mÃ¡ximo del doble en funciÃ³n de factores objetivos de localizaciÃ³n, como la accesibilidad a nÃºcleos de poblaciÃ³n o a centros de actividad econÃ³mica o la ubicaciÃ³n en entornos de singular valor ambiental o paisajÃ­stico, cuya aplicaciÃ³n y ponderaciÃ³n habrÃ¡ de ser justificada en el correspondiente expediente de valoraciÃ³n, todo ello en los tÃ©rminos que reglamentariamente se establezcan.
b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia del suelo, se tasarÃ¡n por el mÃ©todo de coste de reposiciÃ³n segÃºn su estado y antigÃŒedad en el momento al que deba entenderse referida la valoraciÃ³n.
c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, asÃ­ como las indemnizaciones por razÃ³n de arrendamientos rÃºsticos u otros derechos, se tasarÃ¡n con arreglo a los criterios de las Leyes de ExpropiaciÃ³n Forzosa y de Arrendamientos RÃºsticos.
ArtÃ­culo 24. ValoraciÃ³n en el suelo urbanizado.
1. Para la valoraciÃ³n del suelo urbanizado que no estÃ¡ edificado, o en que la edificaciÃ³n existente o en curso de ejecuciÃ³n es ilegal o se encuentra en situaciÃ³n de ruina fÃ­sica:
a) Se considerarÃ¡n como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algÃºn rÃ©gimen de protecciÃ³n que permita tasar su precio mÃ¡ximo en venta o alquiler.
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica, se les atribuirÃ¡ la edificabilidad media y el uso mayoritario en el Ã¡mbito espacial homogÃ©neo en que por usos y tipologÃ­as la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica los haya incluido.
b) Se aplicarÃ¡ a dicha edificabilidad el valor de repercusiÃ³n del suelo segÃºn el uso correspondiente, determinado por el mÃ©todo residual estÃ¡tico.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontarÃ¡, en su caso, el valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.
ArtÃ­culo 25. IndemnizaciÃ³n de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanizaciÃ³n.
1. ProcederÃ¡ valorar la facultad de participar en la ejecuciÃ³n de una actuaciÃ³n de nueva urbanizaciÃ³n cuando concurran los siguientes requisitos:
a) Que los terrenos hayan sido incluidos en la delimitaciÃ³n del Ã¡mbito de la actuaciÃ³n y se den los requisitos exigidos para iniciarla o para expropiar el suelo correspondiente, de conformidad con la legislaciÃ³n en la materia.
b) Que la disposiciÃ³n, el acto o el hecho que motiva la valoraciÃ³n impida el ejercicio de dicha facultad o altere las condiciones de su ejercicio modificando los usos del suelo o reduciendo su edificabilidad.
c) Que la disposiciÃ³n, el acto o el hecho a que se refiere la letra anterior surtan efectos antes del inicio de la actuaciÃ³n y del vencimiento de los plazos establecidos para dicho ejercicio, o despuÃ©s si la ejecuciÃ³n no se hubiera llevado a cabo por causas imputables a la AdministraciÃ³n.
d) Que la valoraciÃ³n no traiga causa del incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la facultad.
ArtÃ­culo 26. IndemnizaciÃ³n de la iniciativa y la promociÃ³n de actuaciones de urbanizaciÃ³n o de edificaciÃ³n.
1. Cuando devengan inÃºtiles para quien haya incurrido en ellos por efecto de la disposiciÃ³n, del acto o del hecho que motive la valoraciÃ³n, los siguientes gastos y costes se tasarÃ¡n por su importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo:
a) AquÃ©llos en que se haya incurrido para la elaboraciÃ³n del proyecto o proyectos tÃ©cnicos de los instrumentos de ordenaciÃ³n y ejecuciÃ³n que, conforme a la legislaciÃ³n de la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica, sean necesarios para legitimar una actuaciÃ³n de urbanizaciÃ³n, de edificaciÃ³n, o de conservaciÃ³n o rehabilitaciÃ³n de la edificaciÃ³n.
b) Los de las obras acometidas y los de financiaciÃ³n, gestiÃ³n y promociÃ³n precisos para la ejecuciÃ³n de la actuaciÃ³n.
La indemnizaciÃ³n obtenida por el mÃ©todo establecido en este apartado nunca serÃ¡ inferior a la establecida en el artÃ­culo anterior y se distribuirÃ¡ proporcionalmente entre los adjudicatarios de parcelas resultantes de la actuaciÃ³n.
3. Cuando el promotor de la actuaciÃ³n no sea retribuido mediante adjudicaciÃ³n de parcelas resultantes, su indemnizaciÃ³n se descontarÃ¡ de la de los propietarios y se calcularÃ¡ aplicando la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo a la parte dejada de percibir de la retribuciÃ³n que tuviere establecida.
ArtÃ­culo 27. ValoraciÃ³n del suelo en rÃ©gimen de equidistribuciÃ³n de beneficios y cargas.
ArtÃ­culo 28. RÃ©gimen de la valoraciÃ³n.
La valoraciÃ³n se realiza, en todo lo no dispuesto en esta Ley:
a) Conforme a los criterios que determinen las Leyes de la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica, cuando tenga por objeto la verificaciÃ³n de las operaciones precisas para la ejecuciÃ³n de la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica y, en especial, la distribuciÃ³n de los beneficios y las cargas de ella derivadas.
ArtÃ­culo 29. RÃ©gimen de las expropiaciones por razÃ³n de la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica.
2. La aprobaciÃ³n de los instrumentos de la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica que determine su legislaciÃ³n reguladora conllevarÃ¡ la declaraciÃ³n de utilidad pÃºblica y la necesidad de ocupaciÃ³n de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecuciÃ³n y Ã©sta deba producirse por expropiaciÃ³n.
Dicha declaraciÃ³n se extenderÃ¡ a los terrenos precisos para conectar la actuaciÃ³n de urbanizaciÃ³n con las redes generales de servicios, cuando sean necesarios.
3. Cuando en la superficie objeto de expropiaciÃ³n existan bienes de dominio pÃºblico y el destino de los mismos, segÃºn el instrumento de ordenaciÃ³n, sea distinto del que motivÃ³ su afectaciÃ³n o adscripciÃ³n al uso general o a los servicios pÃºblicos, se seguirÃ¡, en su caso, el procedimiento previsto en la legislaciÃ³n reguladora del bien correspondiente para la mutaciÃ³n demanial o desafectaciÃ³n, segÃºn proceda.
Las vÃ­as rurales que se encuentren comprendidas en la superficie objeto de expropiaciÃ³n se entenderÃ¡n de propiedad municipal, salvo prueba en contrario. En cuanto a las vÃ­as urbanas que desaparezcan se entenderÃ¡n transmitidas de pleno derecho al Organismo expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten de la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica.
4. TendrÃ¡n la consideraciÃ³n de beneficiarios de la expropiaciÃ³n las personas naturales o jurÃ­dicas subrogadas en las facultades del Estado, de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Entidades locales para la ejecuciÃ³n de planes u obras determinadas.
ArtÃ­culo 30. Justiprecio.
1. El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijarÃ¡ conforme a los criterios de valoraciÃ³n de esta Ley mediante expediente individualizado o por el procedimiento de tasaciÃ³n conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrÃ¡ satisfacer en especie.
2. Las actuaciones del expediente expropiatorio se seguirÃ¡n con quienes figuren como interesados en el proyecto de delimitaciÃ³n, redactado conforme a la Ley de ExpropiaciÃ³n Forzosa o acrediten, en legal forma, ser los verdaderos titulares de los bienes o derechos en contra de lo que diga el proyecto. En el procedimiento de tasaciÃ³n conjunta, los errores no denunciados y justificados en la fase de informaciÃ³n pÃºblica no darÃ¡n lugar a nulidad o reposiciÃ³n de actuaciones, conservando no obstante, los interesados su derecho a ser indemnizados en la forma que corresponda.
3. Llegado el momento del pago del justiprecio, sÃ³lo se procederÃ¡ a hacerlo efectivo, consignÃ¡ndose en caso contrario, a aquellos interesados que aporten certificaciÃ³n registral a su favor, en la que conste haberse extendido la nota del artÃ­culo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto, los tÃ­tulos justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas a la misma finca descrita en los tÃ­tulos. Si existiesen cargas deberÃ¡n comparecer los titulares de las mismas.
4. Cuando existan pronunciamientos registrales contrarios a la realidad, podrÃ¡ pagarse el justiprecio a quienes los hayan rectificado o desvirtuado mediante cualquiera de los medios seÃ±alados en la legislaciÃ³n hipotecaria o con acta de notoriedad tramitada conforme al artÃ­culo 209 del Reglamento Notarial.
ArtÃ­culo 31. OcupaciÃ³n e inscripciÃ³n en el Registro de la Propiedad.
1. El acta de ocupaciÃ³n para cada finca o bien afectado por el procedimiento expropiatorio serÃ¡ tÃ­tulo inscribible, siempre que incorpore su descripciÃ³n, su identificaciÃ³n conforme a la legislaciÃ³n hipotecaria, su referencia catastral y su representaciÃ³n grÃ¡fica mediante un sistema de coordenadas y que se acompaÃ±e del acta de pago o justificante de la consignaciÃ³n del precio correspondiente.
A efectos de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, la referencia catastral y la representaciÃ³n grÃ¡fica podrÃ¡n ser sustituidas por una certificaciÃ³n catastral descriptiva y grÃ¡fica del inmueble de que se trate.
La superficie objeto de la actuaciÃ³n se inscribirÃ¡ como una o varias fincas registrales, sin que sea obstÃ¡culo para ello la falta de inmatriculaciÃ³n de alguna de estas fincas. En las fincas afectadas y a continuaciÃ³n de la nota a que se refiere la legislaciÃ³n hipotecaria sobre asientos derivados de procedimientos de expropiaciÃ³n forzosa, se extenderÃ¡ otra en la que se identificarÃ¡ la porciÃ³n expropiada si la actuaciÃ³n no afectase a la totalidad de la finca.
2. Si al proceder a la inscripciÃ³n surgiesen dudas fundadas sobre la existencia, dentro de la superficie ocupada, de alguna finca registral no tenida en cuenta en el procedimiento expropiatorio, se pondrÃ¡ tal circunstancia en conocimiento de la AdministraciÃ³n competente, sin perjuicio de practicarse la inscripciÃ³n.
3. Los actos administrativos de constituciÃ³n, modificaciÃ³n o extinciÃ³n forzosa de servidumbres serÃ¡n inscribibles en el Registro de la Propiedad, en la forma prevista para las actas de expropiaciÃ³n.
ArtÃ­culo 32. AdquisiciÃ³n libre de cargas.
1. Finalizado el expediente expropiatorio, y una vez levantada el acta o actas de ocupaciÃ³n con los requisitos previstos en la legislaciÃ³n general de expropiaciÃ³n forzosa, se entenderÃ¡ que la AdministraciÃ³n ha adquirido, libre de cargas, la finca o fincas comprendidas en el expediente.
La AdministraciÃ³n serÃ¡ mantenida en la posesiÃ³n de las fincas, una vez inscrito su derecho, sin que quepa ejercitar ninguna acciÃ³n real o interdictal contra la misma.
2. Si con posterioridad a la finalizaciÃ³n del expediente, una vez levantada el acta de ocupaciÃ³n e inscritas las fincas o derechos en favor de la AdministraciÃ³n, aparecieren terceros interesados no tenidos en cuenta en el expediente, Ã©stos conservarÃ¡n y podrÃ¡n ejercitar cuantas acciones personales pudieren corresponderles para percibir el justiprecio o las indemnizaciones expropiatorias y discutir su cuantÃ­a.
3. En el supuesto de que, una vez finalizado totalmente el expediente, aparecieren fincas o derechos anteriormente inscritos no tenidos en cuenta, la AdministraciÃ³n expropiante, de oficio o a instancia de parte interesada o del propio registrador, solicitarÃ¡ de Ã©ste que practique la cancelaciÃ³n correspondiente. Los titulares de tales fincas o derechos deberÃ¡n ser compensados por la AdministraciÃ³n expropiante, que formularÃ¡ un expediente complementario con las correspondientes hojas de aprecio, tramitÃ¡ndose segÃºn el procedimiento que se haya seguido para el resto de las fincas, sin perjuicio de que tales titulares puedan ejercitar cualquier otro tipo de acciÃ³n que pudiera corresponderles.
4. Si el justiprecio se hubiere pagado a quien apareciere en el expediente como titular registral, la acciÃ³n de los terceros no podrÃ¡ dirigirse contra la AdministraciÃ³n expropiante si Ã©stos no comparecieron durante la tramitaciÃ³n, en tiempo hÃ¡bil.
ArtÃ­culo 33. Modalidades de gestiÃ³n de la expropiaciÃ³n.
1. Las Entidades Locales podrÃ¡n promover, para la gestiÃ³n de las expropiaciones, las modalidades asociativas con otras Administraciones PÃºblicas o particulares, de conformidad con la legislaciÃ³n de rÃ©gimen local y urbanÃ­stica.
2. Para el mejor cumplimiento de la finalidad expresada en el apartado anterior, podrÃ¡n igualmente encomendar el ejercicio de la potestad expropiatoria a otras Administraciones PÃºblicas.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderÃ¡ sin perjuicio de las facultades reconocidas expresamente por ley a determinados entes pÃºblicos en materia expropiatoria.
ArtÃ­culo 34. Supuestos de reversiÃ³n y de retasaciÃ³n.
1. Si se alterara el uso que motivÃ³ la expropiaciÃ³n de suelo en virtud de modificaciÃ³n o revisiÃ³n del instrumento de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica, procede la reversiÃ³n salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el uso dotacional pÃºblico que hubiera motivado la expropiaciÃ³n hubiera sido efectivamente implantado y mantenido durante ocho aÃ±os, o bien que el nuevo uso asignado al suelo sea igualmente dotacional pÃºblico.
b) Haberse producido la expropiaciÃ³n para la formaciÃ³n o ampliaciÃ³n de un patrimonio pÃºblico de suelo, siempre que el nuevo uso sea compatible con los fines de Ã©ste.
c) Haberse producido la expropiaciÃ³n para la ejecuciÃ³n de una actuaciÃ³n de urbanizaciÃ³n.
d) Haberse producido la expropiaciÃ³n por incumplimiento de los deberes o no levantamiento de las cargas propias del rÃ©gimen aplicable al suelo conforme a esta Ley.
e) Cualquiera de los restantes supuestos en que no proceda la reversiÃ³n de acuerdo con la Ley de ExpropiaciÃ³n Forzosa.
b) Procede la retasaciÃ³n cuando se alteren los usos o la edificabilidad del suelo, en virtud de una modificaciÃ³n del instrumento de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica que no se efectÃºe en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de ordenaciÃ³n, y ello suponga un incremento de su valor conforme a los criterios aplicados en su expropiaciÃ³n. El nuevo valor se determinarÃ¡ mediante la aplicaciÃ³n de los mismos criterios de valoraciÃ³n a los nuevos usos y edificabilidades. CorresponderÃ¡ al expropiado o sus causahabientes la diferencia entre dicho valor y el resultado de actualizar el justiprecio.
En lo no previsto por el pÃ¡rrafo anterior, serÃ¡ de aplicaciÃ³n al derecho de retasaciÃ³n lo dispuesto para el derecho de reversiÃ³n, incluido su acceso al Registro de la Propiedad.
ArtÃ­culo 35. Supuestos indemnizatorios.
Dan lugar en todo caso a derecho de indemnizaciÃ³n las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos:
a) La alteraciÃ³n de las condiciones de ejercicio de la ejecuciÃ³n de la urbanizaciÃ³n, o de las condiciones de participaciÃ³n de los propietarios en ella, por cambio de la ordenaciÃ³n territorial o urbanÃ­stica o del acto o negocio de la adjudicaciÃ³n de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos Ã©stos, si la ejecuciÃ³n no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la AdministraciÃ³n.
Las situaciones de fuera de ordenaciÃ³n producidas por los cambios en la ordenaciÃ³n territorial o urbanÃ­stica no serÃ¡n indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lÃ­citamente de la construcciÃ³n o edificaciÃ³n incursa en dicha situaciÃ³n durante su vida Ãºtil.
b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricciÃ³n de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribuciÃ³n equitativa.
c) La modificaciÃ³n o extinciÃ³n de la eficacia de los tÃ­tulos administrativos habilitantes de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenaciÃ³n territorial o urbanÃ­stica.
d) La anulaciÃ³n de los tÃ­tulos administrativos habilitantes de obras y actividades, asÃ­ como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegaciÃ³n improcedente. En ningÃºn caso habrÃ¡ lugar a indemnizaciÃ³n si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.
e) La ocupaciÃ³n de terrenos destinados por la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica a dotaciones pÃºblicas, por el perÃ­odo de tiempo que medie desde la ocupaciÃ³n de los mismos hasta la aprobaciÃ³n definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al propietario otros de valor equivalente. El derecho a la indemnizaciÃ³n se fijarÃ¡ en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 112 de la Ley de ExpropiaciÃ³n Forzosa.
Transcurridos cuatro aÃ±os desde la ocupaciÃ³n sin que se hubiera producido la aprobaciÃ³n definitiva del mencionado instrumento, los interesados podrÃ¡n efectuar la advertencia a la AdministraciÃ³n competente de su propÃ³sito de iniciar el expediente de justiprecio, quedando facultados para iniciar el mismo, mediante el envÃ­o a aquÃ©lla de la correspondiente hoja de aprecio, una vez transcurridos seis meses desde dicha advertencia.
ArtÃ­culo 36. Procedencia y alcance de la venta o sustituciÃ³n forzosas.
2. La sustituciÃ³n forzosa tiene por objeto la facultad de edificaciÃ³n, para imponer su ejercicio en rÃ©gimen de propiedad horizontal con el propietario actual del suelo.
3. En los supuestos de expropiaciÃ³n, venta o sustituciÃ³n forzosas previstos en este artÃ­culo, el contenido del derecho de propiedad del suelo nunca podrÃ¡ ser minorado por la legislaciÃ³n reguladora de la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica en un porcentaje superior al 50 por ciento de su valor, correspondiendo la diferencia a la AdministraciÃ³n.
ArtÃ­culo 37. RÃ©gimen de la venta o sustituciÃ³n forzosas.
1. La venta o sustituciÃ³n forzosas se iniciarÃ¡ de oficio o a instancia de interesado y se adjudicarÃ¡ mediante procedimiento con publicidad y concurrencia.
2. Dictada resoluciÃ³n declaratoria del incumplimiento de deberes del rÃ©gimen de la propiedad del suelo y acordada la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen de venta o sustituciÃ³n forzosas, la AdministraciÃ³n actuante remitirÃ¡ al Registro de la Propiedad certificaciÃ³n del acto o actos correspondientes para su constancia por nota al margen de la Ãºltima inscripciÃ³n de dominio. La situaciÃ³n de venta o sustituciÃ³n forzosas se consignarÃ¡ en las certificaciones registrales que de la finca se expidan.
3. Resuelto el procedimiento, la AdministraciÃ³n actuante expedirÃ¡ certificaciÃ³n de la adjudicaciÃ³n, que serÃ¡ tÃ­tulo inscribible en el Registro de la Propiedad.
En la inscripciÃ³n registral se harÃ¡n constar las condiciones y los plazos de edificaciÃ³n a que quede obligado el adquiriente en calidad de resolutorias de la adquisiciÃ³n.
ArtÃ­culo 38. NociÃ³n y finalidad.
ArtÃ­culo 39. Destino.
2. Los terrenos adquiridos por una AdministraciÃ³n en virtud del deber a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artÃ­culo 16, que estÃ©n destinados a la construcciÃ³n de viviendas sujetas a algÃºn rÃ©gimen de protecciÃ³n pÃºblica que permita tasar su precio mÃ¡ximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, no podrÃ¡n ser adjudicados, ni en dicha transmisiÃ³n ni en las sucesivas, por un precio superior al valor mÃ¡ximo de repercusiÃ³n del suelo sobre el tipo de vivienda de que se trate, conforme a su legislaciÃ³n reguladora. En el expediente administrativo y en el acto o contrato de la enajenaciÃ³n se harÃ¡ constar esta limitaciÃ³n.
3. Las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino de las fincas integrantes de un patrimonio pÃºblico de suelo que se hagan constar en las enajenaciones de dichas fincas son inscribibles en el Registro de la Propiedad, no obstante lo dispuesto en el artÃ­culo 27 de la Ley Hipotecaria y sin perjuicio de que su incumplimiento pueda dar lugar a la resoluciÃ³n de la enajenaciÃ³n.
Sin perjuicio de la resoluciÃ³n del contrato, la AdministraciÃ³n enajenante podrÃ¡ interesar la prÃ¡ctica de anotaciÃ³n preventiva de la pretensiÃ³n de resoluciÃ³n en la forma prevista por la legislaciÃ³n hipotecaria para las anotaciones preventivas derivadas de la iniciaciÃ³n de procedimiento de disciplina urbanÃ­stica.
b) En otro caso, la menciÃ³n registral producirÃ¡ los efectos propios de las notas marginales de condiciones impuestas sobre determinadas fincas.
ArtÃ­culo 40. Contenido, constituciÃ³n y rÃ©gimen.
2. Para que el derecho de superficie quede vÃ¡lidamente constituido se requiere su formalizaciÃ³n en escritura pÃºblica y la inscripciÃ³n de Ã©sta en el Registro de la Propiedad. En la escritura deberÃ¡ fijarse necesariamente el plazo de duraciÃ³n del derecho de superficie, que no podrÃ¡ exceder de noventa y nueve aÃ±os.
El derecho de superficie sÃ³lo puede ser constituido por el propietario del suelo, sea pÃºblico o privado.
3. El derecho de superficie puede constituirse a tÃ­tulo oneroso o gratuito. En el primer caso, la contraprestaciÃ³n del superficiario podrÃ¡ consistir en el pago de una suma alzada o de un canon periÃ³dico, o en la adjudicaciÃ³n de viviendas o locales o derechos de arrendamiento de unos u otros a favor del propietario del suelo, o en varias de estas modalidades a la vez, sin perjuicio de la reversiÃ³n total de lo edificado al finalizar el plazo pactado al constituir el derecho de superficie.
4. El derecho de superficie se rige por las disposiciones de este CapÃ­tulo, por la legislaciÃ³n civil en lo no previsto por Ã©l y por el tÃ­tulo constitutivo del derecho.
ArtÃ­culo 41. TransmisiÃ³n, gravamen y extinciÃ³n.
2. Cuando las caracterÃ­sticas de la construcciÃ³n o edificaciÃ³n lo permitan, el superficiario podrÃ¡ constituir la propiedad superficiaria en rÃ©gimen de propiedad horizontal con separaciÃ³n del terreno correspondiente al propietario, y podrÃ¡ transmitir y gravar como fincas independientes las viviendas, los locales y los elementos privativos de la propiedad horizontal, durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad del consentimiento del propietario del suelo.
3. En la constituciÃ³n del derecho de superficie se podrÃ¡n incluir clÃ¡usulas y pactos relativos a derechos de tanteo, retracto y retroventa a favor del propietario del suelo, para los casos de las transmisiones del derecho o de los elementos a que se refieren, respectivamente, los dos apartados anteriores.
4. El propietario del suelo podrÃ¡ transmitir y gravar su derecho con separaciÃ³n del derecho del superficiario y sin necesidad de consentimiento de Ã©ste. El subsuelo corresponderÃ¡ al propietario del suelo y serÃ¡ objeto de transmisiÃ³n y gravamen juntamente con Ã©ste, salvo que haya sido incluido en el derecho de superficie.
5. El derecho de superficie se extingue si no se edifica de conformidad con la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica en el plazo previsto en el tÃ­tulo de constituciÃ³n y, en todo caso, por el transcurso del plazo de duraciÃ³n del derecho.
A la extinciÃ³n del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duraciÃ³n, el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer indemnizaciÃ³n alguna cualquiera que sea el tÃ­tulo en virtud del cual se hubiera constituido el derecho. No obstante, podrÃ¡n pactarse normas sobre la liquidaciÃ³n del rÃ©gimen del derecho de superficie.
La extinciÃ³n del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duraciÃ³n determina la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario.
Si por cualquier otra causa se reunieran los derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, las cargas que recayeren sobre uno y otro derecho continuarÃ¡n gravÃ¡ndolos separadamente hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie.
RÃ©gimen jurÃ­dico
ArtÃ­culo 42. Infracciones constitutivas de delito o falta.
Cuando con ocasiÃ³n de los expedientes administrativos que se instruyan por infracciÃ³n urbanÃ­stica o contra la ordenaciÃ³n del territorio aparezcan indicios del carÃ¡cter de delito o falta del propio hecho que motivÃ³ su incoaciÃ³n, el Ã³rgano competente para imponer la sanciÃ³n lo pondrÃ¡ en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores, absteniÃ©ndose aquÃ©l de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanciÃ³n penal excluirÃ¡ la imposiciÃ³n de sanciÃ³n administrativa sin perjuicio de la adopciÃ³n de medidas de reposiciÃ³n a la situaciÃ³n anterior a la comisiÃ³n de la infracciÃ³n.
ArtÃ­culo 43. Peticiones.
Las Entidades locales y Organismos urbanÃ­sticos habrÃ¡n de resolver las peticiones fundadas que se les dirijan.
ArtÃ­culo 44. AdministraciÃ³n demandada en subrogaciÃ³n.
Las decisiones que adoptaren los Ã³rganos autonÃ³micos mediante subrogaciÃ³n se considerarÃ¡n como actos del Ayuntamiento titular, a los solos efectos de los recursos admisibles.
ArtÃ­culo 45. EjecuciÃ³n forzosa y vÃ­a de apremio.
1. Los Ayuntamientos podrÃ¡n utilizar la ejecuciÃ³n forzosa y la vÃ­a de apremio para exigir el cumplimiento de sus deberes a los propietarios, individuales o asociados, y a los promotores de actuaciones de transformaciÃ³n urbanÃ­stica.
2. Los procedimientos de ejecuciÃ³n y apremio se dirigirÃ¡n ante todo contra los bienes de las personas que no hubieren cumplido sus obligaciones, y sÃ³lo en caso de insolvencia, frente a la asociaciÃ³n administrativa de propietarios.
3. TambiÃ©n podrÃ¡n ejercer las mismas facultades, a solicitud de la asociaciÃ³n, contra los propietarios que incumplieren los compromisos contraÃ­dos con ella.
ArtÃ­culo 46. RevisiÃ³n de oficio.
Las Entidades locales podrÃ¡n revisar de oficio sus actos y acuerdos en materia de urbanismo con arreglo a lo dispuesto en la legislaciÃ³n de rÃ©gimen jurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas.
ArtÃ­culo 47. CarÃ¡cter de los actos y convenios regulados en la legislaciÃ³n urbanÃ­stica.
TendrÃ¡n carÃ¡cter jurÃ­dico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con ocasiÃ³n o como consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislaciÃ³n urbanÃ­stica aplicable entre los Ã³rganos competentes de las Administraciones PÃºblicas y los propietarios, individuales o asociados, o promotores de actuaciones de transformaciÃ³n urbanÃ­stica, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar o edificar.
ArtÃ­culo 48. AcciÃ³n pÃºblica.
1. SerÃ¡ pÃºblica la acciÃ³n para exigir ante los Ã³rganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislaciÃ³n y demÃ¡s instrumentos de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica.
2. Si dicha acciÃ³n estÃ¡ motivada por la ejecuciÃ³n de obras que se consideren ilegales, podrÃ¡ ejercitarse durante la ejecuciÃ³n de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopciÃ³n de las medidas de protecciÃ³n de la legalidad urbanÃ­stica.
ArtÃ­culo 49. AcciÃ³n ante Tribunales ordinarios.
Los propietarios y titulares de derechos reales, ademÃ¡s de lo previsto en el artÃ­culo anterior, podrÃ¡n exigir ante los Tribunales ordinarios la demoliciÃ³n de las obras e instalaciones que vulneren lo dispuesto respecto a la distancia entre construcciones, pozos, cisternas, o fosas, comunidad de elementos constructivos u otros urbanos, asÃ­ como las disposiciones relativas a usos incÃ³modos, insalubres o peligrosos que estuvieren directamente encaminadas a tutelar el uso de las demÃ¡s fincas.
ArtÃ­culo 50. Recurso contencioso-administrativo.
1. Los actos de las Entidades Locales, cualquiera que sea su objeto, que pongan fin a la vÃ­a administrativa serÃ¡n recurribles directamente ante la jurisdicciÃ³n contencioso-administrativa.
2. Los actos de aprobaciÃ³n definitiva de los instrumentos de ordenaciÃ³n territorial y de los de ordenaciÃ³n y ejecuciÃ³n urbanÃ­sticas, sin perjuicio de los recursos administrativos que puedan proceder, podrÃ¡n ser impugnados ante la jurisdicciÃ³n contencioso-administrativa, en los tÃ©rminos prevenidos por su legislaciÃ³n reguladora.
ArtÃ­culo 51. Actos inscribibles.
SerÃ¡n inscribibles en el Registro de la Propiedad:
1. Los actos firmes de aprobaciÃ³n de los expedientes de ejecuciÃ³n de la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica en cuanto supongan la modificaciÃ³n de las fincas registrales afectadas por el instrumento de ordenaciÃ³n, la atribuciÃ³n del dominio o de otros derechos reales sobre las mismas o el establecimiento de garantÃ­as reales de la obligaciÃ³n de ejecuciÃ³n o de conservaciÃ³n de la urbanizaciÃ³n.
2. Las cesiones de terrenos con carÃ¡cter obligatorio en los casos previstos por las leyes o como consecuencia de transferencias de aprovechamiento urbanÃ­stico.
3. La incoaciÃ³n de expediente sobre disciplina urbanÃ­stica o de aquÃ©llos que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar el cumplimiento de sanciones impuestas.
4. Las condiciones especiales a que se sujeten los actos de conformidad, aprobaciÃ³n o autorizaciÃ³n administrativas, en los tÃ©rminos previstos por las leyes.
5. Los actos de transferencia y gravamen del aprovechamiento urbanÃ­stico.
6. La interposiciÃ³n de recurso contencioso-administrativo que pretenda la anulaciÃ³n de instrumentos de ordenaciÃ³n urbanÃ­stica, de ejecuciÃ³n, o de actos administrativos de intervenciÃ³n.
7. Las sentencias firmes en que se declare la anulaciÃ³n a que se refiere el apartado anterior, cuando se concreten a fincas determinadas y haya participado su titular en el procedimiento.
8. Cualquier otro acto administrativo que, en desarrollo de los instrumentos de ordenaciÃ³n o ejecuciÃ³n urbanÃ­sticos modifique, desde luego o en el futuro, el dominio o cualquier otro derecho real sobre fincas determinadas o la descripciÃ³n de Ã©stas.
ArtÃ­culo 52. CertificaciÃ³n administrativa.
Salvo en los casos que la legislaciÃ³n establezca otra cosa, los actos a que se refiere el artÃ­culo anterior podrÃ¡n inscribirse en el Registro de la Propiedad mediante certificaciÃ³n administrativa expedida por Ã³rgano urbanÃ­stico actuante, en la que se harÃ¡n constar en la forma exigida por la legislaciÃ³n hipotecaria las circunstancias relativas a las personas, los derechos y las fincas a que afecte el acuerdo.
ArtÃ­culo 53. Clases de asientos.
1. Se harÃ¡n constar mediante inscripciÃ³n los actos y acuerdos a que se refieren los apartados 1, 2, 7 y 8 del artÃ­culo 51, asÃ­ como la superficie ocupada a favor de la AdministraciÃ³n, por tratarse de terrenos destinados a dotaciones pÃºblicas por la ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica.
2. Se harÃ¡n constar mediante anotaciÃ³n preventiva los actos de los apartados 3 y 6 del artÃ­culo 51. Tales anotaciones caducarÃ¡n a los cuatro aÃ±os y podrÃ¡n ser prorrogadas a instancia del Ã³rgano urbanÃ­stico actuante o resoluciÃ³n del Ã³rgano jurisdiccional, respectivamente.
3. Se harÃ¡n constar mediante nota marginal los demÃ¡s actos y acuerdos a que se refiere el artÃ­culo 51. Salvo que otra cosa se establezca expresamente, las notas marginales tendrÃ¡n vigencia indefinida, pero no producirÃ¡n otro efecto que dar a conocer la situaciÃ³n urbanÃ­stica en el momento a que se refiere el tÃ­tulo que las originara.
ArtÃ­culo 54. Expedientes de distribuciÃ³n de beneficios y cargas.
1. La iniciaciÃ³n del expediente de distribuciÃ³n de beneficios y cargas que corresponda o la afecciÃ³n de los terrenos comprendidos en una actuaciÃ³n de transformaciÃ³n urbanÃ­stica al cumplimiento de las obligaciones inherentes a la forma de gestiÃ³n que proceda, se harÃ¡n constar en el Registro por nota al margen de la Ãºltima inscripciÃ³n de dominio de las fincas correspondientes.
2. La nota marginal tendrÃ¡ una duraciÃ³n de tres aÃ±os y podrÃ¡ ser prorrogada por otros tres aÃ±os a instancia del Ã³rgano o agrupaciÃ³n de interÃ©s urbanÃ­stico que hubiera solicitado su prÃ¡ctica.
3. La inscripciÃ³n de los tÃ­tulos de distribuciÃ³n de beneficios y cargas podrÃ¡ llevarse a cabo, bien mediante la cancelaciÃ³n directa de las inscripciones y demÃ¡s asientos vigentes de las fincas originarias, con referencia al folio registral de las fincas resultantes del proyecto, bien mediante agrupaciÃ³n previa de la totalidad de la superficie comprendida en la actuaciÃ³n de transformaciÃ³n urbanÃ­stica y su divisiÃ³n en todas y cada una de las fincas resultantes de las operaciones de distribuciÃ³n.
4. Tomada la nota a la que se refiere el apartado 1, se producirÃ¡n los siguientes efectos:
a) Si el tÃ­tulo adjudicare la finca resultante al titular registral de la finca originaria, la inscripciÃ³n se practicarÃ¡ a favor de Ã©ste.
b) Si el tÃ­tulo atribuyere la finca resultante al titular registral de la finca originaria segÃºn el contenido de la certificaciÃ³n que motivÃ³ la prÃ¡ctica de la nota, la inscripciÃ³n se practicarÃ¡ a favor de dicho titular y se cancelarÃ¡n simultÃ¡neamente las inscripciones de dominio o de derechos reales sobre la finca originaria que se hubieren practicado con posterioridad a la fecha de la nota.
c) En el caso a que se refiere la letra anterior, se harÃ¡ constar al margen de la inscripciÃ³n o inscripciones de las fincas de resultado, la existencia de los asientos posteriores que han sido objeto de cancelaciÃ³n, el tÃ­tulo que los motivÃ³ y su respectiva fecha.
d) Para la prÃ¡ctica de la inscripciÃ³n de la finca o fincas de resultado a favor de los adquirentes de la finca originaria bastarÃ¡ la presentaciÃ³n del tÃ­tulo que motivÃ³ la prÃ¡ctica de asientos cancelados posteriores a la nota, con la rectificaciÃ³n que corresponda y en la que se hagan constar las circunstancias y descripciÃ³n de la finca o fincas resultantes del proyecto, asÃ­ como el consentimiento para tal rectificaciÃ³n del titular registral y de los titulares de los derechos cancelados conforme a la letra b). Mientras no se lleve a cabo la expresada rectificaciÃ³n, no podrÃ¡ practicarse ningÃºn asiento sobre las fincas objeto de la nota marginal a que se refiere la letra c).
5. El tÃ­tulo en cuya virtud se inscribe el proyecto de distribuciÃ³n de beneficios y cargas serÃ¡ suficiente para la modificaciÃ³n de entidades hipotecarias, rectificaciÃ³n de descripciones registrales, inmatriculaciÃ³n de fincas o de excesos de cabida, reanudaciÃ³n del tracto sucesivo, y para la cancelaciÃ³n de derechos reales incompatibles, en la forma que reglamentariamente se determine.
En todo caso, corresponderÃ¡ a la AdministraciÃ³n General del Estado la aprobaciÃ³n definitiva del Plan General de OrdenaciÃ³n Urbana de estas Ciudades y de sus revisiones, asÃ­ como de sus modificaciones que afecten a las determinaciones de carÃ¡cter general, a los elementos fundamentales de la estructura general y orgÃ¡nica del territorio o a las determinaciones a que se refiere el apartado tercero de la disposiciÃ³n final primera de esta Ley.
La aprobaciÃ³n definitiva de los Planes Parciales y Especiales, y de sus modificaciones o revisiones, asÃ­ como de las modificaciones del Plan General no comprendidas en el pÃ¡rrafo anterior, corresponderÃ¡ a los Ã³rganos competentes de las Ciudades de Ceuta y Melilla, previo informe preceptivo de la AdministraciÃ³n General del Estado, el cual serÃ¡ vinculante en lo relativo a cuestiones de legalidad o a la afectaciÃ³n a intereses generales de competencia estatal, deberÃ¡ emitirse en el plazo de tres meses y se entenderÃ¡ favorable si no se emitiera en dicho plazo.
1. SerÃ¡ aplicable a los bienes inmuebles del patrimonio del Estado lo dispuesto en el artÃ­culo 39 de esta Ley sobre el acceso al Registro de la Propiedad de las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino en las enajenaciones de fincas destinadas a la construcciÃ³n de viviendas sujetas a algÃºn rÃ©gimen de protecciÃ³n pÃºblica que permita tasar su precio mÃ¡ximo de venta o alquiler.
Â«ArtÃ­culo 190 bis. RÃ©gimen urbanÃ­stico de los inmuebles afectados.
Cuando los instrumentos de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica incluyan en el Ã¡mbito de las actuaciones de urbanizaciÃ³n o adscriban a ellas terrenos afectados o destinados a usos o servicios pÃºblicos de competencia estatal, la AdministraciÃ³n General del Estado o los organismos pÃºblicos titulares de los mismos que los hayan adquirido por expropiaciÃ³n u otra forma onerosa participarÃ¡n en la equidistribuciÃ³n de beneficios y cargas en los tÃ©rminos que establezca la legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica.Â»
Â«e) Coadyuvar, con la gestiÃ³n de los bienes inmuebles que sean puestos a su disposiciÃ³n, al desarrollo y ejecuciÃ³n de las distintas polÃ­ticas pÃºblicas en vigor y, en particular, de la polÃ­tica de vivienda, en colaboraciÃ³n con las Administraciones competentes. A tal efecto, podrÃ¡ suscribir con dichas Administraciones convenios, protocolos o acuerdos tendentes a favorecer la construcciÃ³n de viviendas sujetas a algÃºn rÃ©gimen de protecciÃ³n que permita tasar su precio mÃ¡ximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda. Dichos acuerdos deberÃ¡n ser autorizados por el Consejo RectorÂ».
DisposiciÃ³n adicional quinta. ModificaciÃ³n del artÃ­culo 43 de la Ley de ExpropiaciÃ³n Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Se modifica el apartado 2 del artÃ­culo 43 de la Ley de ExpropiaciÃ³n Forzosa de 16 de diciembre de 1954, que queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«2. El rÃ©gimen estimativo a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior:
a) No serÃ¡ en ningÃºn caso de aplicaciÃ³n a las expropiaciones de bienes inmuebles, para la fijaciÃ³n de cuyo justiprecio se estarÃ¡ exclusivamente al sistema de valoraciÃ³n previsto en la Ley que regule la valoraciÃ³n del suelo.
b) SÃ³lo serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las expropiaciones de bienes muebles cuando Ã©stos no tengan criterio particular de valoraciÃ³n seÃ±alado por Leyes especialesÂ».
2. La AdministraciÃ³n forestal deberÃ¡ comunicar al Registro de la Propiedad esta circunstancia, que serÃ¡ inscribible conforme a lo dispuesto por la legislaciÃ³n hipotecaria.
3. SerÃ¡ tÃ­tulo para la inscripciÃ³n la certificaciÃ³n emitida por la AdministraciÃ³n forestal, que contendrÃ¡ los datos catastrales identificadores de la finca o fincas de que se trate y se presentarÃ¡ acompaÃ±ada del plano topogrÃ¡fico de los terrenos forestales incendiados, a escala apropiada.
La constancia de la certificaciÃ³n se harÃ¡ mediante nota marginal que tendrÃ¡ duraciÃ³n hasta el vencimiento del plazo a que se refiere el apartado primero. El plano topogrÃ¡fico se archivarÃ¡ conforme a lo previsto por el artÃ­culo 51.4 del Reglamento Hipotecario, pudiendo acompaÃ±arse copia del mismo en soporte magnÃ©tico u Ã³ptico.
1. Para la capitalizaciÃ³n de la renta anual real o potencial de la explotaciÃ³n a que se refiere el apartado 1 del artÃ­culo 23, se utilizarÃ¡ como tipo de capitalizaciÃ³n la Ãºltima referencia publicada por el Banco de EspaÃ±a del rendimiento de la deuda pÃºblica del Estado en mercados secundarios a tres aÃ±os.
Se modifican los siguientes artÃ­culos y apartados de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del RÃ©gimen Local, que quedan redactados en los tÃ©rminos siguientes:
1. ModificaciÃ³n del artÃ­culo 22.2.
Â«Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el rÃ©gimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
c) La aprobaciÃ³n inicial del planeamiento general y la aprobaciÃ³n que ponga fin a la tramitaciÃ³n municipal de los planes y demÃ¡s instrumentos de ordenaciÃ³n previstos en la legislaciÃ³n urbanÃ­stica, asÃ­ como los convenios que tengan por objeto la alteraciÃ³n de cualesquiera de dichos instrumentos.
2. Las Administraciones pÃºblicas con competencias en la materia, publicarÃ¡n por medios telemÃ¡ticos el contenido actualizado de los instrumentos de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica en vigor, del anuncio de su sometimiento a informaciÃ³n pÃºblica y de cualesquiera actos de tramitaciÃ³n que sean relevantes para su aprobaciÃ³n o alteraciÃ³n.
En los municipios menores de 5.000 habitantes, esta publicaciÃ³n podrÃ¡ realizarse a travÃ©s de los entes supramunicipales que tengan atribuida la funciÃ³n de asistencia y cooperaciÃ³n tÃ©cnica con ellos, que deberÃ¡n prestarles dicha cooperaciÃ³n.
3. Cuando una alteraciÃ³n de la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica, que no se efectÃºe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenaciÃ³n, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberÃ¡ hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco aÃ±os anteriores a su iniciaciÃ³n, segÃºn conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la legislaciÃ³n en la materia.Â»
Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarÃ¡n a cabo antes de la toma de posesiÃ³n, con ocasiÃ³n del cese y al final del mandato, asÃ­ como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.
Las declaraciones anuales de bienes y actividades serÃ¡n publicadas con carÃ¡cter anual, y en todo caso en el momento de la finalizaciÃ³n del mandato, en los tÃ©rminos que fije el Estatuto municipal.
Tales declaraciones se inscribirÃ¡n en los siguientes Registros de intereses, que tendrÃ¡n carÃ¡cter pÃºblico:
a) La declaraciÃ³n sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos econÃ³micos, se inscribirÃ¡, en el Registro de Actividades constituido en cada Entidad local.
A estos efectos, los Ayuntamientos podrÃ¡n contemplar una compensaciÃ³n econÃ³mica durante ese periodo para aquÃ©llos que, como consecuencia del rÃ©gimen de incompatibilidades, no puedan desempeÃ±ar su actividad profesional, ni perciban retribuciones econÃ³micas por otras actividades.Â»
No obstante, les serÃ¡n de aplicaciÃ³n las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artÃ­culo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de RegulaciÃ³n de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la AdministraciÃ³n General del Estado, en los tÃ©rminos en que establece el artÃ­culo 75.8 de esta Ley.
A estos efectos, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de personal directivo los titulares de Ã³rganos que ejerzan funciones de gestiÃ³n o ejecuciÃ³n de carÃ¡cter superior, ajustÃ¡ndose a las directrices generales fijadas por el Ã³rgano de gobierno de la CorporaciÃ³n, adoptando al efecto las decisiones oportunas y disponiendo para ello de un margen de autonomÃ­a, dentro de esas directrices generales.
2. El rÃ©gimen previsto en el artÃ­culo 75.7 de esta Ley serÃ¡ de aplicaciÃ³n al personal directivo local y a los funcionarios de las Corporaciones Locales con habilitaciÃ³n de carÃ¡cter estatal que, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 5.2 de la DisposiciÃ³n Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto BÃ¡sico del Empleado PÃºblico, desempeÃ±en en las Entidades locales puestos que hayan sido provistos mediante libre designaciÃ³n en atenciÃ³n al carÃ¡cter directivo de sus funciones o a la especial responsabilidad que asuman.Â»
DisposiciÃ³n adicional dÃ©cima. Actos promovidos por la AdministraciÃ³n General del Estado.
1. Cuando la AdministraciÃ³n General del Estado o sus Organismos PÃºblicos promuevan actos sujetos a intervenciÃ³n municipal previa y razones de urgencia o excepcional interÃ©s pÃºblico lo exijan, el Ministro competente por razÃ³n de la materia podrÃ¡ acordar la remisiÃ³n al Ayuntamiento correspondiente del proyecto de que se trate, para que en el plazo de un mes notifique la conformidad o disconformidad del mismo con la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica en vigor.
En caso de disconformidad, el expediente se remitirÃ¡ por el Departamento interesado al Ministro de Vivienda, quien lo elevarÃ¡ al Consejo de Ministros, previo informe del Ã³rgano competente de la Comunidad AutÃ³noma, que se deberÃ¡ emitir en el plazo de un mes. El Consejo de Ministros decidirÃ¡ si procede ejecutar el proyecto, y en este caso, ordenarÃ¡ la iniciaciÃ³n del procedimiento de alteraciÃ³n de la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica que proceda, conforme a la tramitaciÃ³n establecida en la legislaciÃ³n reguladora.
2. El Ayuntamiento podrÃ¡ en todo caso acordar la suspensiÃ³n de las obras a que se refiere el apartado 1 de este artÃ­culo cuando se pretendiesen llevar a cabo en ausencia o en contradicciÃ³n con la notificaciÃ³n, de conformidad con la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica y antes de la decisiÃ³n de ejecutar la obra adoptada por el Consejo de Ministros, comunicando dicha suspensiÃ³n al Ã³rgano redactor del proyecto y al Ministro de Vivienda, a los efectos prevenidos en el mismo.
3. Se exceptÃºan de esta facultad las obras que afecten directamente a la defensa nacional, para cuya suspensiÃ³n deberÃ¡ mediar acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Vivienda, previa solicitud del Ayuntamiento competente e informe del Ministerio de Defensa.
DisposiciÃ³n adicional undÃ©cima. Realojamiento y retorno.
1. En la ejecuciÃ³n de las expropiaciones a que se refiere el apartado segundo del artÃ­culo 29, que requieran el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, la AdministraciÃ³n expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiaciÃ³n deberÃ¡n garantizar el derecho de aquÃ©llos al realojamiento, poniendo a su disposiciÃ³n viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes para las sujetas a rÃ©gimen de protecciÃ³n pÃºblica y superficie adecuada a sus necesidades, dentro de los lÃ­mites establecidos por la legislaciÃ³n protectora.
2. En las actuaciones aisladas no expropiatorias, los arrendatarios de las viviendas demolidas tendrÃ¡n el derecho de retorno regulado en la legislaciÃ³n arrendaticia, ejercitable frente al dueÃ±o de la nueva edificaciÃ³n, cualquiera que sea Ã©ste. En estos casos, deberÃ¡ garantizarse el alojamiento provisional de los inquilinos hasta que sea posible el retorno.
La reserva para vivienda protegida exigida en la letra b) del apartado primero del artÃ­culo 10 de esta Ley se aplicarÃ¡ a todos los cambios de ordenaciÃ³n cuyo procedimiento de aprobaciÃ³n se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, en la forma dispuesta por la legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica. En aquellos casos en que las Comunidades AutÃ³nomas no hubieren establecido reservas iguales o superiores a la que se establece en la letra b) del apartado primero del artÃ­culo 10 de esta Ley, desde el 1 de julio de 2008 y hasta su adaptaciÃ³n a la misma, serÃ¡ directamente aplicable la reserva del 30 por ciento prevista en esta Ley con las siguientes precisiones:
a) EstarÃ¡n exentos de su aplicaciÃ³n los instrumentos de ordenaciÃ³n de los Municipios de menos de 10.000 habitantes en los que, en los dos Ãºltimos aÃ±os anteriores al del inicio de su procedimiento de aprobaciÃ³n, se hayan autorizado edificaciones residenciales para menos de 5 viviendas por cada mil habitantes y aÃ±o, siempre y cuando dichos instrumentos no ordenen actuaciones residenciales para mÃ¡s de 100 nuevas viviendas; asÃ­ como los que tengan por objeto actuaciones de reforma o mejora de la urbanizaciÃ³n existente en las que el uso residencial no alcance las 200 viviendas.
Los deberes previstos en esta Ley para las actuaciones de dotaciÃ³n serÃ¡n de aplicaciÃ³n, en la forma prevista en la legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica, a los cambios de la ordenaciÃ³n que prevean el incremento de edificabilidad o de densidad o el cambio de usos cuyo procedimiento de aprobaciÃ³n se inicie a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. Si, transcurrido un aÃ±o desde la entrada en vigor de la misma, dicha legislaciÃ³n no tiene establecidas las reglas precisas para su aplicaciÃ³n, desde dicho momento y hasta su adaptaciÃ³n a esta Ley serÃ¡n aplicables las siguientes:
a) El instrumento de ordenaciÃ³n delimitarÃ¡ el Ã¡mbito de la actuaciÃ³n, ya sea continuo o discontinuo, en que se incluyen los incrementos de edificabilidad o densidad o los cambios de uso y las nuevas dotaciones a ellos correspondientes y calcularÃ¡ el valor total de las cargas imputables a la actuaciÃ³n que corresponde a cada nuevo metro cuadrado de techo o a cada nueva vivienda, segÃºn corresponda.
b) Los propietarios podrÃ¡n cumplir los deberes que consistan en la entrega de suelo, cuando no dispongan del necesario para ello, pagando su equivalente en dinero.
c) Los deberes se cumplirÃ¡n en el momento del otorgamiento de la licencia o el acto administrativo de intervenciÃ³n que se requiera para la materializaciÃ³n de la mayor edificabilidad o densidad o el inicio del uso atribuido por la nueva ordenaciÃ³n.
1. Las reglas de valoraciÃ³n contenidas en esta Ley serÃ¡n aplicables en todos los expedientes incluidos en su Ã¡mbito material de aplicaciÃ³n que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
2. Los terrenos que, a la entrada en vigor de aquÃ©lla, formen parte del suelo urbanizable incluido en Ã¡mbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, se valorarÃ¡n conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre RÃ©gimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, siempre y cuando en el momento a que deba entenderse referida la valoraciÃ³n no hayan vencido los plazos para la ejecuciÃ³n del planeamiento o, si han vencido, sea por causa imputable a la AdministraciÃ³n o a terceros.
De no existir previsiÃ³n expresa sobre plazos de ejecuciÃ³n en el planeamiento ni en la legislaciÃ³n de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica, se aplicarÃ¡ el de tres aÃ±os contados desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
3. Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre criterios y mÃ©todo de cÃ¡lculo de la valoraciÃ³n y en lo que sea compatible con ella, se estarÃ¡ a lo dispuesto en el apartado 3 del artÃ­culo 137 del Reglamento de GestiÃ³n UrbanÃ­stica aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoraciÃ³n de bienes inmuebles y de determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, o disposiciÃ³n que la sustituya.
Si, trascurrido un aÃ±o desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, la legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica no estableciera en quÃ© casos el impacto de una actuaciÃ³n de urbanizaciÃ³n obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenaciÃ³n, esta nueva ordenaciÃ³n o revisiÃ³n serÃ¡ necesaria cuando la actuaciÃ³n conlleve, por sÃ­ misma o en uniÃ³n de las aprobadas en los dos Ãºltimos aÃ±os, un incremento superior al 20 por ciento de la poblaciÃ³n o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o Ã¡mbito territorial.
DisposiciÃ³n transitoria quinta. Edificaciones existentes.
Las edificaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, situadas en suelos urbanos o urbanizables, realizadas de conformidad con la ordenaciÃ³n urbanÃ­stica aplicable o respecto de las que ya no proceda dictar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanÃ­stica que impliquen su demoliciÃ³n, se entenderÃ¡n incorporadas al patrimonio de su titular.
DisposiciÃ³n final primera. TÃ­tulo competencial y Ã¡mbito de aplicaciÃ³n.
1. Tienen el carÃ¡cter de condiciones bÃ¡sicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales y, en su caso, de bases del rÃ©gimen de las Administraciones PÃºblicas, de la planificaciÃ³n general de la actividad econÃ³mica y de protecciÃ³n del medio ambiente, dictadas en ejercicio de las competencias reservadas al legislador general en el artÃ­culo 149.1.1.Âª, 13.Âª, 18.Âª y 23.Âª de la ConstituciÃ³n, los artÃ­culos 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10, apartados 1 y 2; 11, apartados 1, 2, 3, 4, 6 y 7; 12; 13; apartados 1, 2, 3, letra a) pÃ¡rrafo primero y letra b) y apartado 4; 14; 15; 16; 29, apartados 2, pÃ¡rrafo segundo y 3; 33; 36, apartado 3; 42; las disposiciones adicionales primera; sexta, apartados 1 y 2, y undÃ©cima, y las disposiciones transitorias primera; segunda; cuarta y quinta.
2. Los artÃ­culos 38 y 39, apartados 1 y 2, tienen el carÃ¡cter de bases de la planificaciÃ³n general de la actividad econÃ³mica dictadas en ejercicio de la competencia reservada al legislador estatal en el artÃ­culo 149. 1. 13.Âª de la ConstituciÃ³n, sin perjuicio de las competencias exclusivas sobre suelo y urbanismo que tengan atribuidas las Comunidades AutÃ³nomas.
3. Tienen el carÃ¡cter de disposiciones establecidas en ejercicio de la competencia reservada al legislador estatal por el artÃ­culo 149.1.4.Âª, 8.Âª y 18.Âª sobre defensa, legislaciÃ³n civil, expropiaciÃ³n forzosa y sistema de responsabilidad de las Administraciones PÃºblicas, los artÃ­culos 10, apartado 3; 11, apartado 5; 13, apartado 3, letra a), pÃ¡rrafo segundo; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29, apartados 1, 2 pÃ¡rrafo primero y 4; 30; 31; 32; 34; 35; 36, apartados 1 y 2; 37; 39, apartados 3 y 4; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53 y 54 y las disposiciones adicionales segunda; quinta; sexta, apartado 3; sÃ©ptima y dÃ©cima y la disposiciÃ³n transitoria tercera.
4. El contenido normativo Ã­ntegro de esta Ley es de aplicaciÃ³n directa en los territorios de las Ciudades de Ceuta y Melilla, con las siguientes precisiones:
a) La potestad que la letra b) del apartado primero del artÃ­culo 10 reconoce a la Ley para reducir el porcentaje de reserva de vivienda sometida a algÃºn rÃ©gimen de protecciÃ³n pÃºblica y la de determinar los posibles destinos del patrimonio pÃºblico del suelo, de entre los previstos en el apartado 1 del artÃ­culo 39, podrÃ¡n ser ejercidas directamente en el Plan General.
b) El porcentaje a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artÃ­culo 16 serÃ¡ el del 15 por ciento, que el Plan General podrÃ¡ incrementar motivada y proporcionadamente hasta el 20 por ciento en las actuaciones o Ã¡mbitos en los que el valor de los solares resultantes o de su incremento, en su caso, sea sensiblemente superior al medio de los incluidos en su misma clase de suelo.

References: Real Decreto 
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