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LA PROHIBICIÓN DE AFECTACIÓN DE LAS TRABAJADORAS EMBARAZADAS Y EN PERMISO DE MATERNIDAD EN LOS DESPIDOS COLECTIVOS (“SALVO CASO EXCEPCIONAL”)
ilmo, JOAN AGUSTÍ MARAGALL
Magistrado especialista, titular del Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona
1.- Empezando por la conclusión.
Una reciente sentencia (fecha 18.12.12, autos nº 529/12, JS nº 33 de Barcelona) me ha suscitado la cuestión del alcance de la protección de la trabajadora embarazada o en permiso de maternidad frente a su posible afectación en un despido colectivo.
Se trataba de una demanda “plural” en la que los 20 demandantes de los 43 afectados por un despido colectivo impugnaban su concreta afectación. Tres de las demandantes habían comunicado su embarazo al inicio del ERO (o el mismo era conocido por la empresa), y -si bien de manera confusa y poco fundamentada- invocaron, además de la tutela anti-discriminatoria, un posible mejor derecho o prioridad de permanencia.
La conclusión a la que he llegado es que, en aplicación directa del art. 10 de la Directiva 92/85, las trabajadoras embarazadas o en permiso de maternidad, más allá de la estricta tutela-antidiscriminatoria establecida en nuestro marco normativo interno, gozan de una “tutela prohibitiva” establecida en dicha norma comunitaria que determina que solamente puedan ser “afectadas” (despedidas) en “casos excepcionales”.
Tal conclusión, de prosperar, supondría una prioridad de permanencia que las equipararía, en la práctica, a los representantes de los trabajadores. A fundamentar tal conclusión dedico las siguientes líneas.
2.- La Directiva 92/85: la prohibición de despido y su finalidad.
El artículo 10 de la Directiva establece, en términos que me parecen muy claros y taxativos, una prohibición de despido de la trabajadora embarazada desde la fecha de inicio del embarazo hasta el final del permiso de maternidad, y ello “Como garantía para las trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, del ejercicio de los derechos de protección de su seguridad y salud”.
“Artículo 10 Prohibición de despido
Como garantía para las trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, del ejercicio de los derechos de protección de su seguridad y salud reconocidos en el presente artículo, se establece lo siguiente:
1) Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para prohibir el despido de las trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad a que se refiere el apartado 1 del artículo 8, salvo en los casos excepcionales no inherentes a su estado admitidos por las legislaciones y/o prácticas nacionales y, en su caso, siempre que la autoridad competente haya dado su acuerdo.
Conviene aclarar, antes que nada, la nula relevancia, en el marco normativo actual, de la referencia a “siempre que la autoridad competente haya dado su acuerdo”, si bien la debió haber tenido -en mi opinión- en el marco normativo anterior1
Hecha la anterior aclaración, y como ya expuse en un artículo en esta misma revista hace tres años2, considero un error interpretar dicha Directiva en clave anti-discriminatoria, por cuanto ni su génesis, ni su objeto, ni su regulación responden a esta finalidad, sino, como claramente dice su título, “a la promoción de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.”
En efecto, como es de ver en su exposición de motivos, la directiva respondía a la obligación del Consejo, según el art. 118 del Tratado, de establecer disposiciones mínimas para promover la mejora del medio de trabajo, en desarrollo de lo dispuesto en la Directiva-Marco 89/391 en materia de Seguridad Social, y, en concreto, para proteger a la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia de diversos riesgos o situaciones laborales adversas a la maternidad, relacionados en sus anexos: agentes físicos (choques, vibraciones, sobrecargas, ruido, radiaciones, temperaturas extremas, etc), agentes biológicos de riesgo, agentes químicos, y el trabajo nocturno:
“Considerando que el riesgo de ser despedida por motivos relacionados con su estado puede tener consecuencias perjudiciales sobre la salud física y psíquica de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia y que es conveniente establecer una prohibición de despido.”
En este contexto, fundamentalmente proteccionista y prevencionista (no anti-discriminatorio), aparece, en el art. 10, la “prohibición de despido” como “garantía para las trabajadoras…del ejercicio de los derechos de protección de su seguridad y salud reconocidos en el presente artículo”, a fin de prevenir un riesgo más, como es el despido, riesgo que -según se expresa en el párrafo reproducido- “puede tener consecuencias perjudiciales sobre la salud física y psíquica de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.
Llama la atención -y resulta muy significativo- que la directiva, ni en su exposición de motivos ni en su articulado, no utiliza ni una sola vez la palabra “discriminación” ni ninguna derivada de la misma. Y, curiosamente, la “igualdad de trato” aparece citada una sola vez, pero no como objetivo o finalidad de la directiva, sino como límite de las disposiciones proteccionistas y prevencionistas de la misma:
“Considerando que la protección de la seguridad y de la salud de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, no debe desfavorecer a las mujeres en el mercado de trabajo y no debe atentar contra las directivas en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres;”
Este párrafo, desde el momento que impone el límite de no “atentar contra las directivas en materia de igualdad de trato…”, diferencia y coordina claramente ambas tutelas, la prohibitiva o prevencionista (establecida en la propia Directiva 92/85) y la anti-discriminatoria (refundida en la Directiva 2006/54).
3.- La incompleta trasposición de la Directiva 92/85.
En nuestro marco normativo, ciertamente, constan traspuestos correctamente los mandatos comunitarios referidos al principio de igualdad de trato y de tutela anti-discriminatoria (actualmente, refundido en la Directiva 2006/54), pero -por el contrario- se ha hecho de manera incompleta o insuficiente respecto de la “tutela proteccionista o prohibitiva” establecida en el art. 10 de la Directiva 92/85, al no alcanzar al despido colectivo.
En efecto, la tutela “automática u objetiva” establecida en los arts. 53.4 y 55.5 ET protege ciertamente a la trabajadora embarazada y en permiso de maternidad (entre otras muchas situaciones vinculadas al embarazo, maternidad, paternidad, adopción, y ejercicio de “derechos de conciliación”, en general etc.) frente al despido individual “injusto” (objetivo o disciplinario). Por ello, cuando dicho despido no sea procedente (por ser cierta y suficiente la causa objetiva o disciplinaria invocada), será sancionado “automáticamente” con la calificación de nulidad, y ello sin necesidad de prueba indiciaria alguna, como “protección objetiva”, claramente diferenciada de la tutela anti-discriminatoria.
Adviértase que este régimen tutelar, introducido por la Ley 39/99, es más “blando” o menos intenso que el comunitario: se limita a sancionar con la nulidad el despido en las situaciones “parentales”, mientras que lo que dispone la norma comunitaria en su art. 10 es más radical, al prohibir el despido (aunque limitando tal protección a dos situaciones: el embarazo y el permiso por maternidad). Es decir, donde la norma comunitaria establece una taxativa prohibición de despedir, la norma española sanciona de nulidad el despido una vez producido el mismo. Se trata, en definitiva, de una garantía prohibitiva “ex ante” (con una salvedad excepcional), más intensa pero de ámbito más restringido, frente a una garantía meramente declarativa y repositoria “ex post”, si bien de ámbito mucho más amplio (al abarcar a muchas más situaciones).
Pero, aún admitiendo que esta tutela declarativa traspone el mandato del art. 10 de la Directiva 92/85 a nuestro ordenamiento, adaptándolo al mismo, considero que ello solamente puede sostenerse respecto del despido individual (objetivo o disciplinario), pero no respecto del despido colectivo.
En efecto, ni el art. 51 ET ni el reglamento que lo desarrolla -en su versión actual o en las anteriores- contemplan precepto alguno que impida la afectación de la trabajadora embarazada o en permiso de maternidad, cosa que solamente se efectúa –en el apartado 5º del art. 51 ET- respecto a los representantes legales de los trabajadores, al establecer su “prioridad de permanencia”.
Podría aducirse que la tutela “automática” u “objetiva” introducida por la Ley 39/99 también se extiende al despido colectivo a tenor del art. 122.2 LRJS, al disponer la calificación judicial de nulidad del despido respecto a las “situaciones parentales” (embarazo y maternidad incuídos) y que, por expresa remisión del art. 124.13 LRJS, resulta de aplicación también a las impugnaciones individuales de los trabajadores/as afectados por el despido colectivo. Pero en el contexto del despido colectivo tal protección, a diferencia del despido individual, deviene ineficaz o insuficiente: se limita a garantizar, a la postre, que la trabajadora embarazada o en permiso de maternidad, si resulta injustamente despedida (por cualquier causa), será readmitida; y de lo que se trata precisamente -según la norma comunitaria- es de prohibir la propia afectación, y, por consiguiente, lo que debiera haber recogido la norma traspositoria interna -en la opción de la tutela declarativa, no prohibitiva- es sancionar con la nulidad la propia afectación por el despido colectivo ( siempre con la salvedad del “caso excepcional”).
4.- El “efecto directo” del art. 10 de la Directiva 92/85:
En razón de ello, considero que puede sostenerse la aplicación directa de la prohibición de afectación establecida en el art. 10 de la Directiva 92/85, dada la omisión (o insuficiencia) del legislador español en su trasposición y la eficacia directa de dicho precepto, como ya se declaró en la parte dispositiva de la sentencia del TCEE de 4.10.01, caso “Jímenez Melgar”:
“1) El artículo 10 de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (Décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), produce efecto directo y debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que un Estado miembro no haya adoptado medidas de adaptación de su Derecho interno en el plazo señalado por la citada Directiva, confiere a los particulares derechos que éstos pueden invocar ante un órgano jurisdiccional nacional contra las autoridades de dicho Estado.”
Ciertamente, dicha sentencia determina la eficacia directa del art. 10 de la Directiva respecto a una extinción contractual previa a la entrada en vigor de la Ley 39/99 que, pretendidamente, debió trasponer los mandatos de dicha directiva. Pero, como ya se ha razonado, tal trasposición se efectuó exclusivamente respecto al despido individual pero no respecto del colectivo, lo cual justificaría -también en este caso- tal eficacia directa.
5.- La traslación de la prohibición de afectación a la tutela declarativa y las respectivas cargas.
Obviamente, para que sea operativa esta privilegiada “tutela prohibitiva” será necesario que las trabajadoras que la pretendan ejercer comuniquen su estado al empresario antes del despido colectivo (o que puedan acreditar su conocimiento); de lo contrario, dicha tutela no puede entrar en juego (de ahí, precisamente, que el art. 2 de la Directiva 92/85 defina como “trabajadora embarazada” solamente a la “ que comunique su estado al empresario, con arreglo a las legislaciones y/o prácticas nacionales”.
Cumplida esta carga por la trabajadora embarazada, innecesaria en la trabajadora en permiso de maternidad (por ser obvia y conocida su situación), en razón de esta eficacia directa de la tutela prohibitiva en los términos establecidos en el art. 10 de la Directiva 92/85, la carga probatoria exigible a la empresa que afecte a trabajadoras embarazadas o en permiso de maternidad (solamente en estas dos situaciones) debe exceder de la exigible en la tutela anti-discriminatoria (la objetividad, razonabilidad, proporcionalidad de la afectación, por causa ajena a la pretendida intencionalidad discriminatoria). Al igual que ocurre respecto de los representantes legales, deberá acreditarse la concurrencia de “causa excepcional” para tal afectación, esto es, la inevitabilidad o indispensabilidad de la misma.
6.- La tesis subsidiaria: la tutela anti-discriminatoria especialmente reforzada.
De no compartirse la tesis expuesta anteriormente, la eficacia directa de la “tutela prohibitiva” establecida por la norma comunitaria, el tenor de la misma si debiera llevarnos -en todo caso- a una mayor exigencia en la justificación de su afectación, ya en el contexto de la tutela anti-discriminatoria, a fin de preservar el carácter “excepcional” de tal afectación.
O en otras palabras, si no se considerara aplicable directamente la “tutela prohibitiva” comunitaria, por entenderse que –en contra de lo razonado anteriormente- no concurre insuficiencia u omisión en la trasposición, habrá que “reforzar” la tutela anti-discriminatoria a fin de obtener un resultado parejo al pretendido por la norma comunitaria: la afectación solo en “casos excepcionales” de la trabajadora embaraza o en permiso de maternidad.
Y ello sólo será factible invirtiendo automáticamente la carga probatoria, de tal manera que bastará la constancia del simple conocimiento empresarial de tal situación (sin necesidad de otros indicios) para trasladar al empresario la carga de acreditar la excepcional inevitabilidad o indispensabilidad de tal afectación -más allá de la mera “objetividad, razonabilidad y proporcionalidad” de la misma, exigible respecte a otras causas de discriminación- como única manera de integrar el inequívoco mandato prohibitivo de la norma comunitaria (de raíz proteccionista o preventista) en nuestra tutela anti-discriminatoria. No bastará, pues, para justificar dicha afectación el clásico test de “razonabilidad, objetividad y proporcionalidad”, sino un criterio más reforzado y exigente, de que tal afectación es indispensable o inevitable (por el cierre de la empresa, de la sección, imposibilidad de reubicación, etc.).
RESÚMENES NORMATIVOS
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social (BOE 1 de diciembre)
1. MEDIDAS EN MATERIA DE PENSIONES
PREVISIÓN CONTENIDA EN EL RDL 28/2012
NORMA CUYA EFICACIA SE DEJA SIN EFECTO
ACTUALIZACIÓN DE LAS PENSIONES DEL 2012 POR DESVIACIÓN DE LA INFLACIÓN PREVISTA
Artículo segundo. Actualización y revalorización de pensiones.
Uno. Se deja sin efecto para el ejercicio 2012 la actualización de las pensiones en los términos previstos en el apartado 1.2 del artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril
Artículo 48.- Revalorización.
1.2. Si el índice de precios al consumo acumulado, correspondiente al período comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización, fuese superior al índice previsto, y en función del cual se calculó dicha revalorización, se procederá a la correspondiente actualización de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. A tales efectos, a los pensionistas cuyas pensiones hubiesen sido objeto de revalorización en el ejercicio anterior, se les abonará la diferencia en un pago único, antes del 1 de abril del ejercicio posterior
SUSPENSIÓN PARA EL 2013 DE LA OBLIGACIÓN DE REVALORIZACI-ÓN DE PENSIONES EN FUNCIÓN DEL IPC PREVISTO
Dos. Se suspende para el ejercicio 2013 la aplicación de lo previsto en el apartado 1.1 del artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, así como en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril
1.1. Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año.
REVALORIZA-CIÓN DE PENSIONES PARA EL 2013
Disposición adicional segunda. Incremento de pensiones.
Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas, se incrementarán en 2013 un uno por ciento tomando como referencia la cuantía legalmente establecida a 31 de diciembre de 2012.
No obstante, se incrementarán un uno por ciento adicional al previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 todas aquellas pensiones que no superen los 1.000 euros mensuales o 14.000 euros en cómputo anual. Estas pensiones, por tanto, se incrementarán en el dos por ciento
2) FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SE SUPRIME PARA LOS EJERCICIOS 2012 A 2014 EL LÍMITE DE DISPONIBILIDAD DEL TRES POR CIENTO Y SUS SUTITUYE POR EL DEL “IMPORTE DEL DÉFICIT POR OPERACIONES NO FINANCIERAS”
Artículo primero. Régimen excepcional de disposición de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, no resultará de aplicación el límite del tres por ciento fijado con carácter general en el artículo 4 de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Durante los citados ejercicios, el límite de disposición será el equivalente al importe del déficit por operaciones no financieras que pongan de manifiesto las previsiones de liquidación de los presupuestos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que al efecto elabore la Intervención General de la Seguridad Social, con arreglo a los criterios establecidos en la normativa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social
Disposición adicional primera. Autorización de la disposición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Primero. Se autoriza durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 la disposición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el artículo primero de este Real Decreto-ley, a medida que surjan las necesidades, hasta un importe máximo equivalente al importe del déficit por operaciones no financieras que pongan de manifiesto las previsiones de liquidación de los presupuestos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
Segundo. El importe de esta disposición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se destinará al pago de las obligaciones relativas a las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión.
Tercero. Con carácter trimestral se dará cuenta al Consejo de Ministros de los importes dispuestos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Cuarto. La disposición del importe del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en los términos establecidos en los apartados anteriores, se efectuará por la Tesorería General de la Seguridad Social en su función de caja pagadora del sistema y competente para la distribución en el tiempo y en el territorio de las disponibilidades dinerarias para satisfacer puntualmente las obligaciones de la Seguridad Social y evitar los desajustes financieros.
Quinto. Se autoriza a los Ministros de Empleo y Seguridad Social, de Economía y Competitividad y de Hacienda y Administraciones Públicas a dictar las instrucciones que fuesen precisas para el desarrollo de lo dispuesto en esta disposición adicional
Artículo 4. Disposición de activos del fondo.
La disposición de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se destinará con carácter exclusivo a la financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión, y sólo será posible en situaciones estructurales de déficit por operaciones no financieras del sistema de la Seguridad Social, no podrá exceder en cada año del tres por ciento de la suma de ambos conceptos y precisará de autorización previa del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de Hacienda y de Economía
3. CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL SPEE
Suplemento de crédito presupuestario para el ejercicio 2012
Disposición adicional tercera. Concesión de suplementos de crédito por importe de 4.294.811.051,73 euros, para atender obligaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal correspondientes al ejercicio 2012 y regularización de ejercicios anteriores.
1. Se autoriza un suplemento de crédito al presupuesto de la Sección 19 «Ministerio de Empleo y Seguridad Social», Servicio 03 «Secretaría de Estado de Empleo», Programa 000X «Transferencias Internas», Capítulo 4 «Transferencias corrientes», Concepto 412 «Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal», por un importe de 4.294.811.051,73 euros.
Este suplemento de crédito tiene como finalidad atender al pago de prestaciones por desempleo y compensar la pérdida de recaudación de cotizaciones del año 2012; regularizar el pago de obligaciones de ejercicios anteriores y atender las obligaciones correspondientes al Programa de recualificación profesional de personas desempleadas que agoten su prestación por desempleo.
2. El suplemento de crédito que se concede en el punto anterior, financiará suplementos de crédito en el Presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal en los términos que se recogen a continuación:
19.101.129.00
Cuota de Desempleo
– 885.230.332,08
19.101.129.01
Cuota de Formación Profesional
– 47.491.640,54
19.101.400.02
Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal
4.294.811.051,73
3.362.089.079,11
Presupuesto de Gastos.
Se autorizan suplementos de crédito por importe de 3.362.089.079,11 euros con el siguiente detalle:
a) En la aplicación 19.101.241A.482.26 «Ayudas para la recualificación profesional de las personas que hayan agotado la prestación por desempleo», por importe de 101.570.569,74 euros.
b) En la aplicación 19.101.251M.480.00 «Contributivas, incluso obligaciones de ejercicios anteriores», por importe de 1.980.271.363,09 euros.
c) En la aplicación 19.101.251M.480.01 «Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores» por importe de 409.138.852,69 euros.
d) En la aplicación 19.101.251M.480.02 «Subsidio por desempleo para eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, incluso obligaciones de ejercicios anteriores» por importe de 24.793.244,45 euros.
e) En la aplicación 19.101.251M.487.00 «Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores» por importe de 635.842.235,25 euros.
f) En la aplicación 19.101.251M.487.01 «Cuotas de beneficiarios del subsidio de desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores» por importe de 89.365.630,16 euros.
g) En la aplicación 19.101.251M.488 «Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios anteriores» por importe de 121.107.183,73 euros.
3. El suplemento de crédito que se concede en el Presupuesto del Estado se financiará con Deuda Pública, sin que resulte de aplicación a estos efectos, lo dispuesto en los artículos 50.1 y 55.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
4. MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DF 1ª DEL RDL)
PRECEPTO AFECTADO
ANTERIOR REDACTADO
NUEVO REDACTADO
Artículo 94 bis. Aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria: MODIFICACIÓN DEL APARTADO 1
1. Se entiende por prestación farmacéutica ambulatoria la que se dispensa al paciente, a través de receta médica, en oficina o servicio de farmacia
1. Se entiende por prestación farmacéutica ambulatoria la que se dispensa al paciente mediante receta médica u orden de dispensación hospitalaria a través de oficinas o servicios de farmacia
5. OTRAS DISPOSICIONES FINALES
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social
ENTRADA EN VIGOR: 2 de diciembre
El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
Catálogo: REVISTASWORD -> 2012
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References: artículo 10
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 48
 Real Decreto 
 artículo 27
 Real Decreto 

Artículo 48
 artículo 48
 Real Decreto 
 artículo 27
 Real Decreto 
 artículo 4

Artículo 4

Artículo 94
 artículo 149