Source: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50072
Timestamp: 2020-06-04 00:19:29+00:00

Document:
Promover el desarrollo sostenible permitirá la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
Cada Estado tiene la obligación de adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos, para lograr progresivamente la plena efectividad de los DESCA
Una perspectiva de derechos humanos en el actuar de las autoridades resulta ser un factor determinante para prevenir las eventuales vulneraciones a los DESCA.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, representa una guía clara para cumplir y hacer cumplir los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Análisis situacional en relación con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
La consagración de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) ha sido un largo proceso que aún no culmina; desde la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1966 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de dicha Organización Internacional en 2015, aún existen importantes retos por atender para hacer de estos derechos una realidad para todas las personas.
Los DESCA se identifican como aquellos derechos que se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas de las personas, comprenden distintos Derechos Humanos, entre ellos: a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la salud, al agua, al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda digna y decorosa, a la educación, a la cultura, así como al medio ambiente.
Cada Estado tiene la obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra naturaleza, la plena efectividad de estos derechos, evitando tomar medidas regresivas, por ende, resulta ineludible la obligación de las autoridades para cumplir con los mínimos indispensables de esos derechos.
El Informe Anual de Actividades de la CNDH de 2018 consideró que el Comité DESC [i] de la ONU, expresó en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México la insuficiencia del salario mínimo para proporcionar condiciones de vida digna; la alta proporción de trabajadores en la informalidad; que el desempleo y subempleo afectan especialmente a personas jóvenes, personas con discapacidad, personas migrantes, entre otros; la persistencia de condiciones laborales injustas para trabajadores agrícolas y en el servicio doméstico; un sistema de protección social fragmentado por sectores y vinculado a la formalidad del empleo; altas tasas de desnutrición en contraposición con altos niveles de sobrepeso y obesidad que vulneran el ejercicio del derecho a la alimentación; además de una alta desigualdad que afecta a las personas más desfavorecidas y marginadas.
Interesa a este Organismo Nacional que tras un año del informe del Comité DESC, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante su visita a México en el mes de abril de 2019, expresará su preocupación por los retos de desarrollo socioeconómico que debe enfrentar nuestro país dado el porcentaje de población que vive en pobreza[ii].
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, remarcó a su vez la importancia de buscar el equilibrio entre proyectos de desarrollo; el medio ambiente; la protección de los territorios y recursos de los pueblos indígenas e insistió en que los procesos de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, son una herramienta que puede ayudar a evitar conflictos, al considerar las opiniones y visiones de quienes han estado más excluidos.
Por otra parte, resaltó la necesidad de que el desarrollo sea sostenible y sustentable desde la perspectiva ambiental, social y de Derechos Humanos, al hacer referencia a la Agenda 2030 y cómo ésta exige involucrar a los beneficiarios en el diseño, implementación y monitoreo de los proyectos que les pueden afectar.
Finalmente, hizo un llamado al Estado mexicano para incorporar en su sistema jurídico diversos instrumentos internacionales de protección de los DESCA, tal es el caso del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos; y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
En México, a partir de 2011, se presentó un nuevo escenario constitucional en materia de Derechos Humanos, a efecto de impactar de manera positiva en la vida de las personas respecto del reconocimiento a su dignidad e incentivar la mayor protección posible de sus derechos.
Este paradigma se presenta a partir de diversas reformas constitucionales que señalan la obligación de las autoridades de promover, proteger, respetar y garantizar los Derechos Humanos, entre ellos, los Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, además de reafirmar el reconocimiento de los Derechos Humanos previstos en nuestra Constitución como en los tratados de los que el Estado mexicano es parte.
El andamiaje jurídico resulta propicio para incentivar una perspectiva de acción estatal que tenga como eje la dignidad de las personas, sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte con preocupación que, al considerar la información expuesta por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) disponible hasta 2018, aún se identificaban a 52.4 millones de personas en situación de pobreza, y 9.3 millones en pobreza extrema.[iii].
El CONEVAL ha implementado una medición multidimensional de la pobreza: una de las dimensiones da cuenta del bienestar económico y las otras de las carencias en DESCA. A partir de ello, señaló que en el caso de la medición de pobreza las entidades federativas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca registran los mayores porcentajes de pobreza con 76.4, 66.5 y 66.4 por ciento, respectivamente, mientras que Nuevo León presenta el porcentaje de pobreza más bajo a nivel nacional (14.5), seguido de Baja California Sur (18.1) y Coahuila (22.5)[iv]. En el caso de los municipios, en el año 2015 y su comparativo con 2010, un total de 927 municipios tenían 75 por ciento o más de su población en situación de pobreza (la mayoría son municipios pequeños, con un porcentaje alto de población indígena y rurales)[v].
Entidades federativas sd Columna: Porcentaje
Este Organismo Nacional ha señalado que la pobreza y la pobreza extrema afectan de forma distinta a la población, al considerar el área donde residen y las características sociodemográficas, por lo cual, el ejercicio de los derechos de ciertos grupos de población como mujeres, personas indígenas, jóvenes o con alguna discapacidad se encuentra sistemáticamente comprometido, por lo cual, se agrava la vulneración reiterada de varios de sus Derechos Humanos.
Al respecto, el multicitado Consejo Nacional publicó en 2018 una serie de documentos diagnósticos[vi]. respecto de diversos derechos entre los que se encuentra el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad; el derecho al medio ambiente sano; el derecho a la vivienda digna y decorosa; el derecho al trabajo; y el derecho a la educación. Estos visibilizan las carencias que enfrentan las personas, particularmente, aquellas que por su condición se agrava su situación de vulnerabilidad y, en consecuencia, el goce efectivo de estos derechos.
Es preciso señalar sobre el derecho a la educación, que el gasto público al mismo en 2016, representó únicamente el 5.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra inferior de lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala el cual debe ser al menos seis por ciento de su producto interno bruto (PIB) o 20 por ciento de su presupuesto público total en educación, es decir, el 6.8 por ciento del PIB. Dicha cifra en México también fue inferior a lo referido por el artículo 25 de la Ley General de Educación, el cual establece que el monto anual que el Estado – Federación, entidades federativas y municipios -, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país.
Por otra parte, respecto del diagnóstico relativo al derecho a un medio ambiente sano, se refiere también el derecho al agua y al saneamiento; a la calidad del aire; así como situaciones específicas, tal es el caso del manejo de residuos; la biodiversidad, el suelo y el cambio climático, siendo preocupante que el acceso físico al agua para consumo humano, cuente con una menor cobertura en localidades indígenas. Por otro lado, la accesibilidad de los servicios de drenaje contó con una cobertura de 91.4 por ciento en 2015 en el ámbito nacional, sin embargo, sobre este servicio el CONEVAL identificó brechas entre entidades, ya que mientras en Colima, la Ciudad de México y Aguascalientes la cobertura fue cerca del 99 por ciento de las viviendas, en Oaxaca y Guerrero la cobertura fue de 77.1 y 71.8 por ciento, respectivamente.
Desde las Organizaciones de la Sociedad Civil, se emitió un documento entregado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con motivo de su visita que contiene una serie de temáticas relacionadas con los DESCA en México, del cual se resalta la preocupación por las decisiones, acciones y omisiones del gobierno federal respecto de presupuesto, políticas públicas, grupos de atención prioritaria y la normatividad.
En este sentido, la CNDH reconoce la actividad constante de las organizaciones de la sociedad civil, por su incansable compromiso con la promoción y difusión de los Derechos Humanos, y consideramos de especial importancia los espacios que generan los organismos internacionales para escuchar a dichas organizaciones y a la sociedad civil en general, con el propósito de contar con información que les permitan conocer la situación real de los Derechos Humanos, y así contribuir de la mejor manera a que los Estados cumplan plenamente con sus responsabilidades internacionales.
Acerca del mencionado documento, al analizar su contenido se remarca que varias de las problemáticas que menciona, coinciden con las llamados que ha realizado este Organismo Nacional, y otras que se suman a las prioridades que debe asumir el Estado mexicano, lo que resulta de vital importancia para visibilizar carencias de la población que deben atender las autoridades, tal es el caso, por ejemplo, de la situación del programa de estancias infantiles; la existencia de cifras oficiales de muertes maternas indígenas; la armonización de la normatividad mexicana con el convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: la justicia laboral y derechos colectivos de acuerdo con las tendencias internacionales; el diseño de una política de gestión integral de riesgos; la evaluación del impacto social, ambiental y en general los megaproyectos, entre otros.
Estas situaciones, así como las que se presentan dentro de este documento, robustecen las expresadas por este Organismo Nacional en el documento intitulado Agenda Básica de Derechos Humanos 2019. [vii]
Esta Institución Autónoma reitera su preocupación por la urgente necesidad de implementar la perspectiva de Derechos Humanos en la gestión gubernamental, e impulsar prácticas para prevenir la corrupción y sancionarla de manera efectiva y real, ello permitirá a nuestro país el uso debido y eficiente de los recursos para dar cumplimiento a los DESCA.
Esta situación ha sido expuesta en los Estudios Presupuesto Público y Derechos Humanos [viii], ambos impulsados por la CNDH con el propósito de conocer la relación que guardan dichos temas con los Derechos Humanos.
Estos documentos, parten de una perspectiva de Derechos Humanos misma que permitirá, entre otros aspectos, que el ejercicio presupuestal en el país influya de manera positiva en el pleno goce y ejercicio de los derechos, en lugar de generar vulneraciones a los mismos, lo cual puede materializarse por una incorrecta distribución de los recursos o por reducciones presupuestales que afecten a las personas y sus derechos como al trabajo y en el trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la cultura, a la educación o a un medio ambiente sano, por mencionar algunos.
En este sentido, las autoridades deben estar atentas a que las políticas públicas y programas de atención, fomenten la progresividad de los Derechos Humanos, con el propósito de resolver de manera inmediata la urgente situación que se presenta debido a la violación sistemática de derechos que surge por la inflexión de distintas carencias en una sola persona o núcleo familiar.
Por lo que resulta imperativo generar estrategias renovadas de atención a la corrupción y a la pobreza, que prevean la protección de derechos en lugar de impedir su ejercicio, es decir, que la atención a estas problemáticas debe tener en el centro la dignidad de las personas ya que, al considerar los principios de universalidad, interdependencias, indivisibilidad y progresividad, no se puede justificar la vulneración de un derecho en aras de la protección de otro.
Es por eso que encontramos preocupantes las reducciones respecto de la protección ambiental o a la cultura; además del impacto de la reducción presupuestal al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) misma que puede provocar una falta de información clave, pertinente y confiable que coadyuve en la comprensión de las distintas problemáticas, permita adoptar decisiones de política pública o reorientar las acciones implementadas.
Lamentablemente, también se advierte con preocupación que existe un serio problema de seguridad y de discriminación en el país, por lo que se considera pertinente que el Estado mexicano adopte los instrumentos internacionales que favorezcan el ejercicio de los Derechos Humanos, en particular de los DESCA y que se impulse la armonización normativa de las obligaciones internacionales del país en la legislación de cada materia, lo que permitirá generar mejores prácticas administrativas, así como precedentes jurisdiccionales [ix] para el goce y ejercicio de los DESCA.
Asimismo, se deben generar políticas públicas incluyentes; un sistema de seguridad social que garantice una cobertura de protección social universal (en caso de vejez, desempleo, enfermedad, entre otras) adecuadas a todas las personas y dirigir los esfuerzos a alcanzar una cobertura universal de salud y una cobertura sanitaria universal.
Por lo anterior, se reitera la necesidad de garantizar que las instalaciones, bienes y servicios públicos se encuentren disponibles y sean accesibles (económicamente), adaptables (deben considerar las diferencias culturales, las barreras lingüísticas, las necesidades específicas e incluso prestar una asistencia adaptada), asequibles (algunos pueden ser incluso de acceso gratuito) y de buena calidad. Y se garantice que quienes viven en pobreza puedan acceder a ellos.
Por otra parte, se insiste en que deben impulsarse mecanismos[x] que consoliden la cultura de la denuncia, vigilancia social, transparencia y rendición de cuentas basada en una debida y eficiente fiscalización y control de los recursos públicos; contar con mecanismos eficaces para denunciar abusos y explotación, fortalecer las labores de inspección, principalmente, en materia laboral, de seguridad social y ambiental, así como una coordinación más efectiva entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
Adicionalmente, dar seguimiento a la progresión de la situación preexistente de derechos como a la educación y alcanzar el 100 por ciento del acceso oportuno a los materiales educativos en todos los niveles obligatorios, y continuar con las Recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respecto de la mejora de la calidad docente, a la vez de impulsar la educación superior dado su impacto en el mercado laboral y el nivel de vida de las personas.
Este Organismo Nacional considera imperativo se realicen una serie de acciones urgentes e inmediatas por parte del Estado mexicano con el propósito de propiciar el debido Estado de Derecho, la observancia de los Derechos Humanos contenidos en nuestro orden jurídico y en las obligaciones internacionales.
En este sentido, al tener en cuenta que, a partir de 2011, se presentó un nuevo escenario constitucional en materia de Derechos Humanos, a efecto de impactar de manera positiva en la vida de las personas respecto del reconocimiento a su dignidad, e incentivar la mayor protección posible de sus derechos, el cual además amplió el catálogo de fuentes de derechos que pueden exigir todas las personas, con base en los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano.
A este respecto, es importante precisar que se habla de instrumentos internacionales de una manera genérica, para referir a tratados o convenios, pero se agrega su característica de “vinculantes” cuando tales estándares se incorporan al orden jurídico de los Estados, lo que genera obligaciones internacionales y efectos jurídicos internos para la población y para las autoridades de dicho país.
Este carácter vinculante motiva necesariamente acciones para su incorporación, siendo la primera de ellas, la armonización normativa que los haga operables y aplicables a casos concretos. Es cierto que pueden aplicarse los estándares internacionales de manera directa, sin embargo, se debe propiciar su presencia en la legislación, con el propósito de acercarlos a toda la población para que conozcan sus derechos, en particular, a quienes se encuentran en situaciones de atención prioritaria y, por supuesto, a los operadores jurídicos, en específico autoridades, para que realicen su actividad de manera efectiva. Esto resulta en una de las más importantes consecuencias de este ejercicio.
Estamos conscientes también, que la labor no puede terminar en la integración del derecho internacional a las leyes especializadas por materia, sino que debemos considerar dos cuestiones:
La primera es que las leyes deben impactar en la vida de las personas, es decir, materializarse mediante el pleno ejercicio de sus derechos.
La segunda cuestión es el éxito de la Reforma expresada anteriormente, mismo que no se puede lograr si las autoridades desconocen los límites de sus facultades o atribuciones y no sitúan la dignidad de las personas en el centro de sus obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos.
Asimismo, resulta necesario que el Plan Nacional de Desarrollo para este sexenio propicie que las políticas, programas y acciones del Estado mexicano beneficien de manera directa a las personas y se reduzca la vulneración de los Derechos Humanos en el país, así como la revictimización de las personas, al ser común que las personas con menos acceso a recursos encuentren carencias en más de una de las necesidades fundamentales para su desarrollo.
En ese sentido, resulta de la mayor importancia que el cambio de paradigma propuesto para la acción gubernamental reconozca a las personas como titulares de derechos y agentes de cambio, a fin de impulsar medidas positivas y afirmativas con especial énfasis en los ámbitos vulnerables a la pobreza. Estas medidas deben impactar en los instrumentos legislativos, administrativos, presupuestarios y reguladores, así como en las políticas, programas y planes gubernamentales, circunstancia que ha sido expuesta, en informes previos, por esta Comisión Nacional.
De manera particular, es necesario incrementar el PIB en materia de educación, al menos, a lo que establece la legislación de la materia, así como actualizar los materiales educativos y revisarlos con el propósito de que sean pertinentes culturalmente.
Respecto al derecho al agua, contenido en el artículo 4° constitucional, es obligación del Estado mexicano garantizarlo, valiéndose de las bases, apoyos, modalidades para el acceso y uso equitativos y sustentables de los recursos hídricos previstos en la normatividad.
Para alcanzar tal desafío, y a fin de dotar de vigencia el contenido de la adición constitucional, el tercero transitorio del Decreto del 8 de febrero de 2012, estableció al Congreso de la Unión un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas, sin embargo, a más de siete años desde la publicación de mencionado Decreto, la referida ley no ha sido emitida, lo cual actualiza una evidente omisión legislativa que pone en entredicho la operatividad de la adición constitucional y visibiliza el incumplimiento del Estado mexicano de proteger el derecho humano al agua.
Aunado a lo anterior, encontramos situaciones en materia ambiental como es la disposición del agua, por lo que se deben establecer estrategias que permitan mitigar la situación que enfrenta el país respecto de la disponibilidad natural del vital líquido, al existir zonas en escasez absoluta si se compara con las cifras que señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), por lo que se debe ampliar la infraestructura de agua potable y saneamiento para viviendas, comunidades indígenas y localidades rulares.
En este mismo sentido, y con base en los principios de interdependencia e indivisibilidad de los Derechos Humanos, se debe atender el derecho a la salud de las personas, misma que se ve afectada por la calidad del aire en el país o aspectos de contaminación en los hogares por prácticas que pueden resultar nocivas para la salud, por ejemplo, el uso de fogones en su interior, sin perder de vista la necesidad de incrementar la inversión y generación de energía con base en tecnologías limpias. Debe existir también, un sistema de recolección de residuos sólidos urbanos que evite la contaminación, mejorar el control de generadores de residuos peligrosos, frenar la pérdida de recursos y ecosistemas e incentivar su recuperación.
Asimismo, se debe velar por la protección de los derechos en el trabajo, independiente de la forma en que se genere la relación laboral, toda vez que el pleno ejercicio de estos derechos, con base en las tendencias internacionales y las garantías consagradas en nuestro ordenamiento jurídico, permite el desarrollo individual de las o los trabajadores y de ser el caso, de sus familias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce y reitera también la necesidad de realizar acciones impostergables, como la ratificación de instrumentos internacionales, entre los cuales se encuentra el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), toda vez que, con su adopción se reconoce una instancia de garantía de los Derechos Humanos complementaria y subsidiaria a los mecanismos nacionales.
Además del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y la suscripción de Convenios de la OIT como son: 81 sobre la inspección del trabajo; 122 sobre la política de empleo; 129 en materia de agricultura; 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares y el 183 sobre protección de la maternidad.
También es necesario implementar los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos[xi] adoptados en 2012 en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que constituyen una herramienta práctica a quienes les compete la formulación de políticas que permitan asegurar que éstas lleguen a las personas más desfavorecidas y que se respeten y hagan cumplir sus derechos, al considerar los distintos obstáculos sociales, culturales, económicos y estructurales que les impiden disfrutar de los mismos.
Incorporar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los Derechos Humanos [xii], por los que se pueden orientar acciones a fin de promover el respeto de los Derechos Humanos en el contexto de las actividades empresariales, y en consecuencia al acceso a reparaciones eficaces para las personas y grupos afectados por dichas actividades.
Sin duda, un reto relevante para el Estado mexicano será el establecimiento de un mecanismo efectivo para supervisar los progresos del PIDESC y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por lo que es necesario fortalecer la participación y colaboración de la CNDH para alcanzar los Objetivos y Metas de dicha Agenda; contar con sistemas de información pertinente, oportunos y confiables; e indicadores adecuados que permitan identificar situaciones de incumplimiento en el ejercicio de los DESCA.
[i] El Comité DESC fue creado por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, su función primordial es vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por los Estados Partes.
[ii] El mensaje emitido con motivo de su visita se encuentra disponible en: www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1254:declaracion-de-la-alta-comisionada-de-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-michelle-bachelet-con-motivo-de-su-visita-a-mexico&Itemid=265
[iii]Disponible en: www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx
[iv] Disponible en: www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_18/Pobreza_2018_CONEVAL.pdf
[v] Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), FASCÍCULO 1 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, pág. 18, disponible en: appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/32-FASC-1-POBREZA.pdf
[vi] Disponible en: www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Estudios-sobre-derechos-sociales.aspx
[vii] Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-06/Basica-de-DDHH-2019.pdf
[viii] Disponibles en: www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/DH-Corrupcion-Mexico.pdf
[ix] De conformidad con las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, el Comité DESC señala con preocupación que en la práctica las víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales enfrenten dificultades para acceder a recursos judiciales efectivos. Incluso alienta a llevar a cabo capacitaciones, especialmente entre jueces, abogados, agentes del orden, entre otros actores.
[x] Al respecto, es importante señalar que tanto el Comité DESC como la CNDH, con motivo del Estudio Los Derechos Humanos y la Corrupción En México Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y el 2014, han enfatizado sobre distintos aspectos, entre ellos, fortalecer el acceso a los recursos judiciales, se investiguen de manera efectiva las denuncias presentadas en esa materia, se integren comisiones de la verdad o comisiones internacionales contra la impunidad, la observancia efectiva de la normatividad, entre otras.
[xi] Disponible en: www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_SP.pdf
[xii]Disponible en: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
La CNDH y los DESCA
La Observación General 10 del Comité DESC, de 10 de diciembre de 1998, intitulada La función de las instituciones nacionales de Derechos Humanos en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, reconoce la importancia de la labor de dichas instituciones y las enmarca dentro del cumplimiento de las medidas que se comprometen a adoptar los Estados Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Dentro de las actividades de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) enfatizadas por el Comité se encuentran las actividades de difusión y educación; el examen de leyes y disposiciones administrativas en su compatibilidad con las normas del PIDESC; la realización de estudios y labores de asesoramiento técnico a otras instancias; la determinación de criterios para medir el grado de cumplimiento de los derechos previstos en el Pacto; y, la vigilancia de la observancia de los derechos y el examen de reclamaciones por violaciones a los mismos.
Aunado a lo anterior, la adopción por la comunidad internacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impactó en la actividad de las INDH, por ende, en la Décimo Segunda Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos llevada a cabo en Mérida, Yucatán, en 2015, quedó establecido el papel de éstas en la ejecución de la Agenda.
Además de la adopción de la Agenda del 2030, uno de los objetivos principales fue la creación de un Grupo de Trabajo del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC), el cual funge como mecanismo de colaboración e interlocutor internacional de las INDH.
Se identifican seis actividades generales que pueden desarrollarse por la CIC y por las INDH en lo individual, de manera específica, se destaca el proporcionar asesoramiento a los gobiernos nacionales y locales, a los titulares de derechos y otros actores claves para promover un enfoque basado en los Derechos Humanos y, en la implementación, ejecución, control y seguimiento de la Agenda.
Bajo estas premisas, la CNDH acorde a su mandato constitucional y a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos enfoca sus esfuerzos en la promoción y difusión de los DESCA entre la sociedad en general y las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, difusión que se realiza tanto en materiales impresos (cartillas, folletos); materiales digitales (cápsulas informativas, infografías, videos); Pronunciamientos y boletines; eventos y acciones de capacitación (cursos, talleres, diplomados), tanto en modalidad presencial como a distancia, así como distintos eventos en los cuales se hace énfasis en los DESCA, su interdependencia con los derechos civiles y políticos y los Objetivos y Metas de la Agenda 2030.
Con el apoyo del Centro Nacional de los Derechos Humanos se realizaron 7 publicaciones, cinco de ellas en disco compacto en relación con las temáticas de Presupuesto Público y Derechos Humanos; Derechos Humanos y Corrupción en México; Ríos, Lagos y Acuíferos desde la perspectiva de los Derechos Humanos; Derechos Humanos y Pobreza; y Ciudades Sostenibles y Derechos Humanos; otra intitulada Los Derechos Humanos laborales en formato de libro; y la última en formato de cartilla, respecto de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Se debe mencionar que las acciones de vinculación con la academia y las organizaciones de la sociedad civil, han contribuido a difundir la perspectiva de los Derechos Humanos y su aplicación en los planes, políticas y programas gubernamentales, ejemplo de ello, son los distintos estudios que se han generado a efecto de profundizar su análisis, llevando a cabo diagnósticos y así proveer elementos en materias afines a los DESCA.
En su conjunto, estas acciones permiten visibilizar problemáticas relacionadas con el goce y ejercicio de los DESCA, además de sensibilizar a la población en general y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se exija y se dé cumplimiento, respectivamente, a lo previsto en el artículo 1° constitucional.
No pasa inadvertido que una de las labores más importantes de esta Institución Autónoma es, sin duda, el ejercicio de sus atribuciones para atender quejas en casos concretos, llevar a cabo investigaciones y, en caso de violaciones a Derechos Humanos emitir Recomendaciones a las autoridades involucradas, para lograr la reparación de las víctimas, aunado a los Pronunciamientos Generales en los cuales se evidencian estas violaciones que derivan de una situación recurrente y, en ocasiones, sistemática, identificándose como una buena e importante práctica la integración o referencia de las Observaciones Generales, Informes de las Relatorías, de los Grupos de Trabajo, así como los precedentes y criterios jurisdiccionales en materia de Derechos Humanos, ya que esto contribuye a una mejor comprensión o a una amplia difusión, además de que ayuda a evaluar el grado de cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
La Agenda DESCA de la CNDH para el periodo 2019 está encaminada a fortalecer los esfuerzos hasta ahora realizados en materia de promoción, protección y defensa de estos derechos, además de proveer información a los operadores jurídicos y autoridades de los tres órdenes de gobierno que les permita implementar el enfoque de Derechos Humanos como eje de la actividad gubernamental y, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil como un mecanismo de seguimiento. Asimismo, deberán redoblarse las acciones realizadas para prevenir violaciones a los DESCA, particularmente, de los grupos de atención prioritaria mediante la vinculación con los distintos actores, además de implementarse un monitoreo pertinente a la situación que guardan estos derechos en nuestro país.
Actividades de Promoción en relación con los DESCA
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos al proteger, promover, divulgar y vigilar el goce y ejercicio de los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico mexicano, realiza actividades enfocadas a difundir entre la población, las autoridades y organizaciones de la sociedad civil los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
En ese sentido, organiza y participa en actividades de promoción, divulgación, vinculación o difusión de los DESCA. Ejemplo de ello fue su activa participación entre septiembre y diciembre de 2018 en el diplomado Los Derechos Humanos Laborales y Justicia Laboral, el cual, se impartió en la Escuela Judicial del Estado de México, en conjunto con el Poder Judicial de dicha entidad federativa y la participación de reconocidas instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo.
Dicho diplomado concluyó el 22 de enero de 2019, en esa oportunidad el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la CNDH, quien asistió en representación del Ombudsperson Nacional, destacó la relevancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y remarcó su Objetivo 8 el cual se enfoca a Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Asimismo, mencionó las Recomendaciones 2/2017 y 60/2017 emitidas por este Organismo Nacional, relacionadas con personas jornaleras agrícolas y sus Derechos Humanos laborales, y apuntó que en ellas se hace hincapié en la necesidad de observar los estándares internacionales en la materia; promover el acceso a información para las personas respecto de los derechos laborales; mejorar la inspección laboral y los mecanismos de justicia laboral; e incrementar el salario mínimo cumpliendo los requerimientos de la definición constitucional.
Se advierte también que la población jornalera agrícola, es una población en riesgo y vulnerable, lo cual no impacta en forma homogénea a todas las personas, pues en muchos de los casos confluyen en forma interseccional múltiples factores asociados a la situación de pobreza, la procedencia de regiones pobres y con menor perspectiva de empleo, con poca o nula escolarización, falta de experiencia en la migración, ser indígena, no hablar español, ser mujer, niña, niño o adolescente, lo cual ha llevado al Estado mexicano a reconocerle como un grupo de atención prioritaria.
Al respecto del salario mínimo, hizo alusión a la Recomendación General 34/2018 respecto de cómo la insuficiencia del salario mínimo general es un tema de Derechos Humanos, toda vez que un monto que no asegure la cobertura de los satisfactores más elementales para vivir dignamente impide la realización de las personas e impide el pleno goce y ejercicio de sus Derechos Humanos
El Sexto Visitador General, expresó ante el doctor Sergio Javier Medina Peñaloza, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; la licenciada Martha Hilda González Calderón, Secretaria del Trabajo de la entidad mexiquense; el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, consejero de la Judicatura del estado; y el doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, Director General de la Escuela Judicial del Estado de México, el compromiso de esta Comisión Nacional con la profesionalización del personal judicial, enfocado en preservar, garantizar y proteger los Derechos Humanos en favor de los justiciables y de la dignidad humana.
El 25 de enero de 2019, en la Universidad Americana de Acapulco, en el Estado de Guerrero, se presentó la Recomendación 47/2018, sobre el caso de las violaciones a los Derechos Humanos a un medio ambiente sano, al acceso al agua para consumo personal y doméstico en forma salubre y aceptable, por la inadecuada disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en agravio de quienes habitan y transitan en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.
Dicho documento consta de cuarenta y ocho puntos recomendatorios, y se dirige a autoridades de los tres órdenes de gobierno, específicamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), al Gobierno del Estado de Guerrero y al Gobierno Municipal de Coyuca de Benítez.
Entre los puntos recomendatorios emitidos a las autoridades estatal y municipal, destacan: la realización de gestiones necesarias para acabar con la quema de residuos; el cierre y clausura del tiradero a cielo abierto; la realización de los estudios correspondientes para determinar el daño ambiental ocasionado y la implementación de un plan para remediar, restaurar y atender los posibles daños a la salud pública y al ecosistema; así como la construcción de un sitio de disposición final de residuos que cumpla con la normatividad aplicable.
Por su parte, a la SEMARNAT se recomendó concluir el procedimiento administrativo de revisión y actualización de la NOM-083-SEMARNAT-2003 e implementar un programa de alcance nacional en materia de gestión integral de los residuos urbanos y otro sobre remediación de sitios contaminados.
A su vez, se les instó a colaborar con este Organismo Nacional para diseñar una campaña de sensibilización dirigida a la población en general, sobre la gestión integral de residuos; e impartir cursos de capacitación a los servidores públicos sobre Derechos Humanos y la debida diligencia administrativa.
La presentación de la Recomendación se llevó a cabo ante habitantes de las comunidades afectadas por el tiradero e integrantes de las organizaciones Fundación para la Paz en Guerrero y Guerrero es Primero, con las cuales se ha impulsado una importante colaboración para atender las problemáticas suscitadas, especialmente, en cuatro municipios de la Costa Grande, de la multicitada entidad.
Finalmente, en el acto de presentación se destacó que la Recomendación en comento fue aceptada por todas las autoridades destinatarias y se encuentra en seguimiento hasta su cumplimiento total, por lo cual, personal de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos hizo extensivo a las personas asistentes el procedimiento previsto para garantizar su cumplimiento.
El 21 de febrero de 2019, se llevó a cabo la presentación del Libro El impacto de la reforma en materia de Derechos Humanos en la seguridad social de México, en el auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Evento que presidió el Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la CNDH, quien invitó al análisis y la reflexión de la situación que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y a repensar el cómo se ha entendido el derecho humano a la seguridad social.
El Sexto Visitador General señaló que si bien hay avances legislativos importantes lo cierto es que al ser la seguridad social una de las principales carencias para la mayoría de la población, se hace necesario identificar cuáles son las problemáticas que limitan su plena efectividad como derecho humano.
Lo anterior, puesto que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, existen 86.3 millones de personas que presentan al menos una carencia social, la cual en su mayoría incide en el acceso a la seguridad social (55.8%), a la alimentación (20.1%) y a los servicios básicos en la vivienda (19.3%), en consecuencia, el pleno goce de los DESCA aún no es una realidad para todas las personas.
Indicó el Doctor Carmona, que la obra presentada es un punto de partida para centrar el análisis del derecho humano a la seguridad social en toda su amplitud, reconociendo que no puede entenderse vinculado únicamente al derecho al trabajo, pues se reafirma con base en la normatividad nacional e internacional que es el Estado quien tiene que salvaguardar este derecho para todas las personas, no solo pensando en el desarrollo individual, sino social.
Destacó la labor del Ombudsperson Nacional que, a partir de la emisión de distintas Recomendaciones, ha generado cambios normativos, prácticas, protocolos y nuevas interpretaciones acordes con los Derechos Humanos, que han impactado no sólo en la atención y garantía del derecho a la seguridad social, sino que ha beneficiado a varios sectores de la población.
Finalizó, enfatizando la importancia de consolidar la armonización legislativa en las normas federales y estatales acorde a lo dispuesto en la Constitución Federal y los tratados en materia de Derechos Humanos de que México es parte, con el fin de avanzar en la protección directa del derecho humano a la seguridad social, sin la necesidad de asociarlo con otros derechos como a la no discriminación o al trabajo.
Al inicio de la administración del Maestro Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se formuló una agenda de trabajo basada en una serie de Estudios sobre el cumplimiento e impacto de las Recomendaciones Generales, los Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH, con la finalidad de contar con un diagnóstico y evaluación propositiva en relación con los distintos Pronunciamientos ello ha servido como hoja de ruta para nuestra actuación, a fin de establecer actividades concretas en los distintos temas objeto de esa agenda.
En fecha 6 de marzo de 2019 se presentó el Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las Recomendaciones Generales¿, los informes especiales y Pronunciamientos de la CNDH 2001-2017. Tomo VI. Áreas Naturales Protegidas y Derechos Humanos, en el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En este espacio se dieron cita el doctor Domingo Alberto Vital Díaz, Coordinador de Humanidades; el doctor Luis de la Barreda Solórzano, Coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos y el doctor Antonio Azuela de la Cueva, Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, representantes de la máxima Casa de Estudios, así como el Maestro Enrique Provencio Durazo, presidente del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, A. C. (CeIBA), y por la CNDH, la Licenciada Adriana Luisa Geuguer Dosamantes, Directora General de la Sexta Visitaduría General y el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la CNDH.
Durante dicho evento, el doctor Carmona Tinoco, remarcó que tanto la Recomendación General 26/2016 y el citado estudio permiten visibilizar dos situaciones: por un lado, las violaciones a Derechos Humanos ante la omisión del Estado de salvaguardar las Áreas Naturales Protegidas, así como la necesidad de restituir estas áreas y reparar el daño a las personas que se ven afectadas por la insuficiente sincronía de las prácticas administrativas en los tres órdenes de gobierno. Además, apuntó la necesidad de encontrar los mecanismos para asegurar la no repetición de acciones u omisiones que provoquen violaciones a los Derechos Humanos.
Al comentar el Estudio, especialistas coincidieron en resaltar la importancia que tiene la Recomendación General 26/2016 y el Estudio de mérito para colocar en la agenda pública el derecho a la protección del medio ambiente y la necesidad de garantizar el derecho a la consulta entre los pueblos y comunidades que habitan las Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, que, ante la complejidad del tema, el diálogo interdisciplinario y respetuoso entre las instituciones y la CNDH es fundamental para resolver los conflictos que aquejan a la sociedad.
En su oportunidad, el doctor José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la Recomendación en comento permitió visibilizar la relación entre Derechos Humanos y ecosistema, mientras que el Estudio muestra la necesidad de diseñar e implementar herramientas jurídicas adecuadas para solucionar los conflictos de índole agraria y urbanística que suelen presentarse en las Áreas Naturales Protegidas. El doctor Cossío apuntó que en las Áreas Naturales Protegidas confluye el ejercicio de diferentes Derechos Humanos, entre ellos a la vivienda, salud y a la consulta, los cuales que deben ser armonizados con la preservación del medio ambiente.
Durante dicha presentación, se llevaron a cabo un panel de personas expertas y otro de comentarios al Estudio, en los cuales se contó con la participación de representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de CeIBA, de la Universidad Autónoma de Chiapas y de especialistas independientes en el tema.
Por otra parte, el maestro Edmundo Estefan Fuentes, Director de Área en la Sexta Visitaduría General de la CNDH, participó en el evento Mujeres Guardianas de la Madre Tierra el 8 de marzo, convocado por SEMARNAT, como ponente del panel denominado Defensoras Ambientales, en donde se reconocieron la situación, los retos y las áreas de oportunidad en la defensa de los Derechos Humanos desde la perspectiva socio ambiental y de género.
Al respecto, el Mtro. Estefan hizo mención de las acciones emitidas por la CNDH en la protección a favor de quienes defienden Derechos Humanos en temas relacionados a la tierra, el territorio y los recursos naturales, en particular, la Recomendación General 25/2016 sobre la obstaculización de las actividades desarrolladas por defensores de Derechos Humanos, principalmente en casos relacionados con megaproyectos de industrias extractivas o temas ambientales, problemática que requiere de especial atención por parte de las autoridades para proteger, respetar y garantizar los derechos de los defensores.
El 21 de marzo, el maestro Jorge Manuel Hori Fojaco y el maestro Edmundo Estefan Fuentes, ambos Directores de Área en la Sexta Visitaduría General de este Organismo Nacional, atendieron la invitación de la Barra Mexicana de Abogados con la finalidad de ahondar sobre la protección no jurisdiccional de los Derechos Humanos en materia ambiental.
Resaltaron la labor de la CNDH en la emisión de un número importante de Recomendaciones relacionadas con temas como la contaminación atmosférica por fuentes móviles, la contaminación de ríos, la destrucción de manglares, la construcción de obras sin consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas afectados, la transmisión irregular de títulos de concesión de aguas nacionales, la inadecuada disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, la indebida explotación del carbón mineral en Coahuila y la falta de regulación de plaguicidas altamente peligrosos contenidos en las Recomendaciones 48/2015, 10/2017, 67/2017, 3/2018, 11/2018, 47/2018, 62/2018 y 82/2018 respectivamente. Así como las Recomendaciones Generales 26/2016 por la falta y actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal y la 32/2018 por la contaminación atmosférica urbana y la mala calidad del aire.
Finalmente, con motivo del Taller Water Solutions for Mexico City: Ideas from everywhere (Problemas del agua en la Ciudad de México: En busca de soluciones) organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Universidad de Texas, el Sexto Visitador General, Doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco impartió una conferencia relacionada con el derecho humano al agua y al saneamiento.
En su intervención destacó los elementos principales de tan importante derecho acorde al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, además de aludir a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la situación que se advierte en México; y, posteriormente, puntualizó en algunos retos.
Asimismo, impedir que terceros mermen en modo alguno el disfrute del derecho al agua y la implementación de medidas legislativas o de otra índole, así como sistemas regulatorios para impedir que se menoscabe el ejercicio de este derecho.
Aunado a lo anterior, el Estado tiene que facilitar, promover y garantizar medidas que permitan y ayuden a las personas y comunidades a ejercer ese derecho, por ejemplo, contar con información oportuna para un mejor uso y cuidado del agua, aplicación pertinente de la norma, la implementación de políticas y planes en materia de recursos hídricos, así como para la conservación de las cuencas y ecosistemas, entre otras.
Por lo que concierne a México, el artículo 27 constitucional atribuye la propiedad de tierras y aguas que están dentro de su territorio a la Nación. Su ordenamiento reglamentario, la actual Ley de Aguas Nacionales, establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas se realizará mediante títulos de concesión o asignación otorgados por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por medio de los organismos de Cuenca, o directamente por ésta cuando así le competa.
Hasta 2016, conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 93% (30 millones 840,062) de los hogares recibía agua dentro de su propiedad, aunque solamente el 68% (22 millones 428,142) contaba con dotación diaria de agua, el 25% (8 millones 411,920) de los hogares encuestados la recibía de forma esporádica (cada tercer día, dos veces por semana, una vez por semana o de vez en cuando) y el 7% (2 millones 085,208) de los hogares no recibía agua por tubería y la conseguía por otros medios (acarreándola de otra vivienda, de una llave pública, de pozos, ríos, arroyos, lagos o lagunas o mediante pipas).
Tras enunciar distintas problemáticas, el Sexto Visitador General hizo una breve reseña de distintas Recomendaciones emitidas por la CNDH en relación con el derecho al agua y al saneamiento, no sin antes expresar la importancia del Ombudsperson en la realización de los DESCA, a través del ejercicio de sus atribuciones para emitir informes, Pronunciamientos y, en su caso, atender quejas en casos concretos, según corresponda.
Entre los principales retos destacó que el Congreso de la Unión emita la correspondiente Ley General de Aguas, previo proceso amplio, plural, incluyente y transparente de participación y consulta; en el ámbito multilateral la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual prevé la posibilidad de recibir y examinar comunicaciones que podrían versar sobre la presunta violación a los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el acceso al agua potable y el saneamiento.
Finalmente, impulsar la adopción de medidas legislativas y administrativas apegadas al marco de los Derechos Humanos, que establezcan claros mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, además de progresivas acciones programático - presupuestales, para brindar atención preferente a quienes ya se encuentran en rezago y en riesgo, a la vez de fortalecer la agenda de transversalidad por su estrecha relación con múltiples Derechos Humanos, como la vivienda, alimentación, medio ambiente y salud.
El 3 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó los resultados obtenidos del análisis a la normatividad nacional respecto del derecho a la educación, durante el evento: El Derecho a la Educación en México. Retos de la Armonización Legislativa, con base en diversos instrumentos internacionales que contemplan derechos necesarios para alcanzar el pleno goce y ejercicio de lo contenido en el artículo tercero Constitucional.
Al respecto, se consideraron como base, la necesidad de asegurar la disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y adaptabilidad de la educación; así como su vínculo con el derecho a la no discriminación; el acceso a los servicios educativos para personas con discapacidad; a considerar el principio de progresividad; y a tener en cuenta la libertad académica y autonomía en instituciones de educación superior, entre otros.
El evento de mérito, contó con la participación del Sexto Visitador General de la CNDH quien señaló que la Plataforma de Armonización Normativa de dicho Organismo Nacional es una herramienta que registra los avances que se presentan en el orden jurídico nacional de las normas contenidas en los tratados, de manera particular aquellos en materia de Derechos Humanos de los que el Estado mexicano es parte.
Acompañaron a la presentación del análisis en materia de educación el senador Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República quien destacó la importancia en el proyecto de dictamen de la reforma educativa, los principios de universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad, con el propósito de conceptualizar la educación desde una perspectiva más humanitaria y contribuir así a la formación de ciudadanos con sentido ético y crítico capaces de colaborar en el desarrollo de la sociedad.
Además, participó la maestra Paloma Villagómez Ornelas, Directora General Adjunta de Lineamientos de Medición de la Pobreza y Desarrollo Social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), quien señaló que la evaluación de programas sociales y la medición de la pobreza no son entes abstractos, por lo que la importancia de la Plataforma de Armonización de la CNDH radica en que integra diferentes indicadores en materia de educación.
Finalmente, la licenciada Ana Karina Puga, Líder de Proyecto de la Organización Educación para Compartir, A. C., detalló algunos retos en la materia entre ellos la interculturalidad y preservación de las lenguas indígenas; la integración de las personas con discapacidad en los espacios educativos, la igualdad de género, la inseguridad en el entorno escolar, entre otros.
El pasado 7 de mayo de 2019 en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, tuvo lugar la presentación de la Recomendación General 32/2018 Sobre las violaciones a los Derechos Humanos a la salud, un nivel de vida adecuado, medio ambiente sano, e información pública ocasionadas por la contaminación atmosférica urbana, con sede en las instalaciones de la mencionada Comisión Estatal.
Durante la presentación, el Doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la CNDH, resaltó la situación que presenta el país en materia de contaminación atmosférica y cómo se ha agudizado en algunas regiones, entre las que resalta, la zona metropolitana del Valle de México, y los Estados de Baja California, Chihuahua, Guadalajara, Guanajuato, Hidalgo, Monterrey, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz.
Asimismo, compartió la necesidad de estandarizar las medidas aplicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cuanto a los límites máximos de contaminación permitidos; de realizar un estudio de los daños que provoca esta situación en el país; identificar alternativas de transporte y energías ecológicas; además de brindar mantenimiento y actualización al sistema de monitoreo del aire.
Posteriormente, en el panel de expertos integrado por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, Carlos Emilio Arenas Bátiz; la doctora Angelina Isabel Valenzuela Rendón, Académica de la Universidad de Monterrey; el ingeniero José Manuel Vital Couturier, Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León; la doctora Gina Jaqueline Prado Carrera, Académica e Investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León; y el doctor Alfonso Martínez Muñoz, Director del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire de Monterrey, comentaron la problemática y los efectos de la contaminación atmosférica urbana que vive Nuevo León y el impacto de la Recomendación General 32 servirá como eje rector para la implementación de políticas públicas en el Estado.
Preocupa, que Monterrey registre el mayor índice de contaminación atmosférica urbana en el país y en ocasiones de América Latina, afectando invariablemente y en mayor medida a grupos vulnerables integrados por niñez, personas mayores, mujeres embarazadas y enfermos.
A su vez, se enfatizó en el papel que tienen las autoridades y la importancia de la coordinación entre las mismas para inspeccionar, vigilar y sancionar el cumplimiento de la normatividad y la Recomendación emitida en un plazo razonable o tiempo estipulado.
Finalmente explicó, que el problema de la contaminación atmosférica urbana es mucho más amplio y obedece a múltiples factores, y no exclusivamente a los rubros referidos en las quejas que se presentan ante este Organismo Nacional, sino también a los referentes al transporte, el cambio climático o las políticas públicas relacionadas con la calidad del aire, por mencionar algunos.
Por otra parte, si bien las acciones de promoción y difusión se han encaminado a difundir los Derechos Humanos de acuerdo al orden jurídico nacional, este Organismo Nacional también ha propiciado difundir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que resulta primordial generar espacios de encuentro para el intercambio de experiencias, visiones y reflexiones con especialistas en la materia sobre el alcance y compromiso que representa la citada Agenda adoptada por la comunidad internacional en busca del desarrollo integral de las personas y así de las sociedades.
Considerando esta prioridad, los 23 y 24 de mayo se llevó a cabo en la Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el Foro Internacional DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, evento que presidió el maestro Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el doctor Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas; el licenciado Juan José Zepeda Bermúdez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas; la Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; el Magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas; el señor Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas; el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General y la maestra Consuelo Olvera Treviño, Secretaría Ejecutiva de la CNDH, así como el doctor Carlos Natarén Nandayapa, Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas y anfitrión del evento.
Durante la inauguración del Foro en comento, el Presidente de este Organismo Nacional, señaló la importancia de los DESCA y su relevancia con el goce de otros Derechos Humanos regidos por los principios de interdependencia e indivisibilidad mismos que reconoce nuestra Constitución, además de apuntar que, al proteger a la persona se protege a la colectividad y viceversa.
Contextualizó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la comunidad internacional en septiembre de 2015, ha sido un referente en las actividades realizadas por este Organismo Público Autónomo y destacó la importancia de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para monitorear el cumplimiento de la misma con base en el compromiso que adquirieron mediante la Declaración de Mérida, en octubre 2015.
Además, enfatizó en la necesidad de contar con una ruta de acción para erradicar la pobreza; lograr una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; impulsar el fomento al empleo y salario mínimo suficientes para alcanzar un nivel de vida digno; la protección de la biodiversidad y el medio ambiente; y asegurar así la prosperidad para toda la población del país.
Reiteró, que las autoridades deben asignar hasta el máximo de sus capacidades, los recursos necesarios para que los Derechos Humanos sean vigentes, aún frente a recortes o ajustes presupuestales, como los servicios de salud pública.
En el primer día de actividades, se contó con la participación de Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador; Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de la República de Honduras; Augusto Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala en el Conversatorio intitulado: El papel del Ombudsperson en la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. La Declaración de Mérida. Retos y Perspectivas.
En esta actividad, el maestro González Pérez, en su carácter de panelista, resaltó el papel de las instituciones defensoras de Derechos Humanos en relación con la Agenda 2030, a partir de la difusión de los Derechos Humanos en múltiples formas como publicaciones, Pronunciamientos, informes, estudios, sin olvidar las Recomendaciones Específicas y Generales con las cuales se busca la generación de política pública, todos estos documentos o materiales con un enfoque en la hoja de ruta de la Agenda 2030 desde una perspectiva de Derechos Humanos.
Durante el Foro también se efectuaron 4 Mesas temáticas, enfocadas a problemáticas que deben atenderse en los planos nacional e internacional, así como el cumplimiento efectivo de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Al contar con ponentes de talla internacional, el panorama que se presentó durante los dos días de actividades permitió conocer de manera clara y cabal, la situación que enfrentamos como sociedad y el compromiso que debemos adquirir para soslayar la brecha que existe entre la población.
Las actividades del primer día abordaron los Objetivos 1, 6, 8, 10, 14 y 15; en específico, con las temáticas: fin a la pobreza; agua limpia y saneamiento; trabajo decente y crecimiento económico; ciudades y comunidades sostenibles; vida de ecosistemas terrestres y vida submarina, además de la Presentación de la Recomendación 12/2019 Sobre la protección y preservación del Parque Nacional Cañón del Sumidero en el Estado de Chiapas.
El segundo día de actividades las mesas analizaron las temáticas relacionadas con el Fin de la pobreza; hambre cero; la reducción de desigualdades; producción y consumo responsables; y paz, justicia e instituciones sólidas, los cuales se contemplan en los objetivos 1, 2, 10, 12 y 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Asimismo, el Licenciado Juan José Zepeda Bermúdez Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas, acompañó al señor Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas y Representante Residente del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, quien con sus palabras contextualizó al auditorio acerca de la importancia de la Agenda y su relevancia en el plano internacional y regional.
El señor Molpeceres destacó los principales aspectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre los que sobresalen su carácter universal, ambicioso, integral, sin ideología política y el (decía que incluye) compromiso de los países integrantes.
Refirió que el reto para poner fin a la pobreza, la desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio climático será incluir a la sociedad civil, la academia y al sector privado, mediante la promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales con el propósito de cumplir cabalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la multicitada Agenda 2030.
En el Foro, se contó con la participación de especialistas de organismos internacionales, así como de organismos no gubernamentales, secretarías e instituciones nacionales, además de personas de la comunidad académica.
También se contó con la participación de Víctor Hugo Moctezuma Aguirre de la Coordinación Operativa de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República; Paloma Villagómez Ornelas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); Luis Jorge Romero León de OXFAM México; Luisa Alejandra Domínguez Álvarez del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); María del Pilar Cariño Sarabia y Julio César García Benítez, ambos consultores para la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además de la presencia de Manuel Perló Cohen del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Larisa Kosygina, Cándida Aremi Gutiérrez Zenteno, Ivonne Álvarez Gutiérrez y Ligeia Lara Ayanegui del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH); Marcos Shilón Gómez de la Coordinación General de la Red Estatal Indígena en Chiapas; Fernando Adolfo Zepeda Soto de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas, entre otras distinguidas personalidades.
Entre las conclusiones del evento, el Sexto Visitador General resaltó el compromiso de las instituciones nacionales de Derechos Humanos, las comisiones estatales y la ONU por cumplir con los Objetivos y Metas de la Agenda 2030.
Subrayó la importancia de solucionar la grave problemática que representa la pobreza, la cual se observa a partir de una medición de carencias y su impacto en mayor medida a grupos de atención prioritaria.
De igual forma, acentuó el actuar de los principios de interdependencia e indivisibilidad de los Derechos Humanos y cómo invariablemente la progresión de alguno de ellos impacta de manera positiva en los otros, mientras que su vulneración genera repercusiones negativas en el pleno ejercicio de los demás.
También, planteó la implementación de políticas públicas que se enfoquen y acerquen a los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 para garantizar el acceso y los servicios al agua; fomentar el trabajo decente y los derechos que este conlleva; la visión de un desarrollo sostenible, que considere la interculturalidad y la diversidad; así como contar con procesos de adaptación para disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones y de los ecosistemas.
Aunado a esto, se expresó durante el Foro en repetidas ocasiones la urgente necesidad de que el Estado mexicano ratifique dos instrumentos internacionales, el primero de ellos el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
Finalmente, el 29 de mayo de 2019 en la Sede de Cuba de la CNDH, el maestro Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General; la licenciada Judith Claudia Rodríguez Zúñiga, de la Sexta Visitaduría General; y el licenciado Jesús Ramírez López, Director General de Comunicación, presidieron la Presentación de la Recomendación General 36/2019 Sobre la situación de la población jornalera agrícola en México; en la cual se visibiliza la situación de marginación y pobreza de más de dos millones de personas jornaleras agrícolas, para salvaguardar sus Derechos Humanos y los de sus familias.
En el marco de este evento, el Ombudsperson Nacional destacó la tarea de este Organismo Público Autónomo para reflejar la difícil situación de mujeres, hombres, población indígena, así como niñas, niños y adolescentes que laboran en actividades agrícolas, quienes, dado su entorno social, se ven obligados en muchas situaciones a migrar hacia otras entidades federativas en busca de mejores condiciones de vida y expuestos a violación de sus derechos o incluso a ser objetos de algún delito.
Afirmó que la pobreza, es causa y efecto de violaciones a Derechos Humanos, por lo que se exhorta a las diferentes autoridades de los tres órdenes de gobierno para su inmediata atención, toda vez que no basta garantizar el acceso de las mujeres y hombres jornaleros agrícolas a un empleo digno y decente, sino se genera una política pública que les permita a sus hijos e hijas desarrollarse plenamente sin que se integren a temprana edad al trabajo.
Por su parte, el Sexto Visitador General subrayó los aspectos técnicos que motivaron dicha Recomendación General, la cual responde a la vulneración de los Derechos Humanos al trabajo, en el trabajo, de la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a la obligación de garantizar el interés superior de la niñez.
Asimismo, señaló que dicho documento cuenta con 22 puntos recomendatorios y está dirigido a los titulares del Poder Ejecutivo local, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los titulares de las Secretarías de Bienestar y del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El 26 de junio de 2019, con sede en las instalaciones del Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH) tuvo lugar la presentación del Micrositio sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Micrositio DESCA).
Dicho evento, contó con la presencia de la licenciada María Enriqueta Cepeda Ruíz, Directora Ejecutiva de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, A.C. (INCIDE Social); el Director General de Comunicación de la CNDH, Jesús Ramírez López; la licenciada Adriana Luisa Geuguer Dosamantes, Directora General y la licenciada Karen Yololtzy Leyva Martínez, de la Sexta Visitaduría General; así como del doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General en representación del Ombudsperson Nacional.
Durante el acto protocolario, la licenciada Cepeda, resaltó que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), tienen el reto de satisfacer grandes necesidades y demandas con recursos limitados, por lo que requieren de la colaboración en conjunto con los tres órdenes de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de un sistema nacional de protección y promoción de los Derechos Humanos.
Destacó, además, el papel de la CNDH para la culminación del “Proyecto de seguimiento a DESCA” y la materialización en un Micrositio accesible y de fácil consulta para el público en general y refirió, que en total se elaboraron 53 indicadores construidos de acuerdo a la metodología de las Naciones Unidas (ONU) y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por su parte, la licenciada Leyva Martínez mostró los aspectos relevantes del Micrositio DESCA México y explicó que el portal cuenta con seis secciones principales, identificadas como Derechos, Investigaciones, Normatividad, Indicadores, Políticas Públicas, además de una sección dedicada a los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), y que dichas secciones contienen una amplia y variada cantidad de información en la materia, así como tres secciones específicas de apoyo que permiten identificar, entre otros aspectos, los documentos emitidos por la CNDH sobre los DESCA.
Durante su participación, el Sexto Visitador General, agradeció el esfuerzo y la colaboración para la creación del Micrositio, y apuntó que éste será una herramienta útil para acercar a las personas y promover el empoderamiento de sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Aunado a esto, subrayó la importancia de contar con todas las herramientas posibles para la protección de los DESCA y reiteró el exhorto efectuado por este Organismo Nacional al Estado mexicano para ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuya finalidad consiste en que sus Estados Partes, incluido el Estado mexicano, reconozcan la competencia del Comité DESC para resolver las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo sus jurisdicciones y aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de sus derechos. En esa misma línea, instó también a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o Acuerdo de Escazú.
Finalmente, invitó a los Organismos Públicos de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y a autoridades nacionales e internacionales para aportar conocimiento y datos estadísticos que permitan nutrir dicho sitio, con información puntual y actualizada sobre los DESCA en México y, así, incidir en su pleno goce y ejercicio, ya que es con base en estas contribuciones como este portal logrará penetrar en la sociedad.
Posteriormente, el panel de expertos, integrado por la licenciada Areli Sandoval Terán, cofundadora de Espacio DESCA; la maestra Eréndira Avendaño Ramos, Académica de la Facultad de Economía de la UNAM, y el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, fue el espacio en que se señaló la labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil se habló sobre las competencias, el diseño de programas y políticas públicas; la responsabilidad y la actuación coordinada de los tres órdenes de gobierno respecto de lo que significa cada uno de los DESCA; y se enfatizó en la implementación de un plan a largo plazo que defina prioridades, metas y una forma diferente de asignar el presupuesto público con una perspectiva de Derechos Humanos.
Durante agosto, se realizaron tres actividades enfocadas a promover los Derechos Humanos, en particular, aquellos relacionados con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, siendo el caso de atender la importante temática que representa la progresión de los derechos laborales en el país; por otro lado, se consideró pertinente profundizar en la situación que existe en materia de seguridad social de las Fuerzas Armadas Mexicanas; y, por último, se llevó a cabo la presentación de una obra que analiza de manera precisa las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su impacto en la protección de los mismos en el Continente Americano.
El primero de los servicios de promoción, consistió en el Encuentro Derechos Humanos Laborales en México, mismo que se celebró el 9 de agosto en el Hotel Fiesta Inn de Periférico Sur, y que contó con la presencia de reconocidas personalidades de la materia laboral, quienes se dieron cita para comentar la situación de dichos derechos, así como ubicar las áreas de oportunidad existentes, con el propósito de incidir de manera positiva en el tema a través de una obra impresa que analice a su vez, el impacto de las recientes reformas en materia de trabajo, así como la impartición de la justicia laboral en México.
El 28 de agosto, se celebró en la Ciudad de México, la Conferencia La Seguridad Social en las Fuerzas Armadas Mexicanas, espacio destinado a comentar la situación actual que existe respecto del acceso y pleno goce y ejercicio del derecho humano a la seguridad social, correspondiente al personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como a analizar la actividad que realiza el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
Finalmente, el 29 de agosto de este año, se llevó a cabo la presentación del libro Ejecución de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, espacio destinado a comentar y difundir aspectos relevantes relacionados con el impacto de las sentencias de la Corte en cuestión, y el pleno goce y ejercicio de los Derechos Humanos en el continente americano, con base en los contenidos de la mencionada obra.
Durante el mes de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó diversas actividades enfocadas en la promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), con el propósito de acercar a las personas insumos que favorezcan el goce y la protección de los mismos.
Dichas actividades, se desarrollaron en el marco del Foro de análisis: Una aproximación a los Derechos Económicos, realizado el 30 de septiembre en el Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Durante el evento, se presentaron los resultados de los trabajos iniciales elaborados por parte de la CEPAL en materia de derechos económicos, y se reunió a diversas personas especialistas para comentar dichos resultados, lo cual, permitió conocer el panorama actual de esos derechos y reconocer algunas de las prioridades en la materia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), tres actividades de promoción con el propósito de compartir los resultados de los trabajos realizados, uno de ellos, respecto de la trascendencia de las políticas sociales en el pleno goce y ejercicio de los Derechos Humanos, el segundo, acerca de los Derechos Humanos laborales, y el tercero al presentar la Recomendación 93/2019.
La política social es un tema que requiere de un análisis no solamente jurídico, también debe revisarse el impacto en la vida de las personas, así como la implementación de una perspectiva de Derechos Humanos en la planeación del presupuesto público, a fin de lograr la promoción, respeto, protección y garantía de los DESCA.
Por consiguiente, se llevó a cabo el 3 de octubre en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Foro La Política Social en México y los DESCA, el cual resultó idóneo para comentar las temáticas expuestas en el párrafo previo, a partir de la presentación y comentarios acerca del Estudio: Marco Institucional y Presupuestal que rige la actuación del gobierno mexicano en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Caso Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la lucha contra la pobreza extrema y el hambre.
El resultado, contar con opiniones de personas expertas en el tema, quienes apuntaron de manera clara y precisa las áreas de oportunidad de los programas sociales en el país y cómo contar con una debida implementación de los mismos con el propósito de atender a su población objetivo y sumar al desarrollo tanto personal como de la sociedad en su conjunto.
El segundo evento del mes, se llevó a cabo el 17 de octubre en la Sede Cuba de la CNDH, y consistió en dar continuidad a la actividad realizada el 25 de septiembre, al presentar, ante diverso público y con el propósito de dar la mayor difusión posible a la obra, el estudio Hacia un nuevo modelo laboral en México. Reflexiones desde los Derechos Humanos.
El espacio en comento tuvo como objetivo presentar la obra a personas especializadas en la materia, y así, impulsar el diálogo sobre el mismo en distintos ámbitos, situación que resaltó el Sexto Visitador General, el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, al inaugurar el evento.
Finalmente, durante octubre se llevó a cabo la presentación de la Recomendación 93/2019 sobre la falta de cumplimiento a diversas disposiciones jurídicas que tienen por objeto la protección, conservación y recuperación de la vaquita marina (phocoena sinus), la totoaba (totoaba macdonaldi) y demás especies endémicas que habitan en la reserva de la biosfera Alto Golfo de California y delta del río Colorado.
Dicha presentación tuvo lugar el 23 de octubre en la Sede Cuba de la CNDH, y contó con la participación del doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco y fue el espacio ideal para compartir algunas de las más importantes temáticas que se han abordado en materia ambiental, entre las que se encuentran: el daño causado a las personas y a las comunidades por el insuficiente e inadecuado ordenamiento territorial y urbano; la privatización de los recursos públicos; la pérdida de biodiversidad; la falta de acceso a elementos naturales vitales como el agua; la mala gestión de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos; las descargas industriales y municipales no controladas en ríos, lagos y océanos; los efectos adversos del cambio climático; la desertificación; la contaminación de los suelos; la mala calidad del aire y del agua y la imposición de proyectos de alto impacto adverso sin participación o consulta entre otros; mismas que son vistas cada vez más y por un mayor número de personas como una vulneración a sus Derechos Humanos.
El Sexto Visitador General reiteró la importancia de las distintas Recomendaciones emitidas por este Organismo Constitucional Autónomo en materia ambiental y, enfatizó, en la urgente necesidad de que las autoridades, redoblen sus esfuerzos para prevenir la vulneración al derecho humano a un medio ambiente sano, en particular, la pérdida de diversidad biológica en la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, por el aprovechamiento ilegal de la Totoaba, motivado en gran medida por la demanda en los mercados extranjeros y sus daños colaterales como la captura accidental de la Vaquita Marina, que ha mermado la población de la especie en la región, circunstancia que motivó la Recomendación 93/2019.
Indicó que corresponde a los organismos públicos de protección y defensa de Derechos Humanos, conocer las quejas relativas a actos u omisiones de naturaleza administrativa, que conllevan afectaciones al medio ambiente, así como buscar el equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales que motiven el desarrollo sostenible del país.
Finalizó su intervención, exhortando a las autoridades competentes, a ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, con el objetivo de dotar de herramientas a la sociedad para el adecuado ejercicio de sus derechos.
Durante noviembre de 2019, la CNDH realizó dos actividades de promoción en la Sede Cuba de la CNDH, enfocadas en presentar los resultados y alcance de dos Recomendaciones emitidas por dicho Organismo Nacional, una de ellas, en su carácter de Recomendación General respecto del incumplimiento de laudos firmes, y la otra, dirigida a atender la problemática de la contaminación ambiental en el Estado de Chihuahua.
El primero de noviembre se llevó a cabo la presentación de la Recomendación General 41 de este Organismo Nacional, sobre el caso de violaciones a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al trabajo decente, por el incumplimiento de laudos firmes por parte de instancias gubernamentales federales y locales. En dicho espacio se dieron cita el doctor Plácido Humberto Morales Vázquez, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; el licenciado Jesús Ramírez López, Director General de Comunicación de la CNDH y moderador del evento; la doctora Alma Elena Rueda Rodríguez de la Sexta Visitaduría General y el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la CNDH, como representantes de este Organismo Nacional y quienes presidieron el evento.
Al respecto, el doctor Carmona Tinoco, señaló que dicha Recomendación General refleja la problemática inherente por el incumplimiento de los laudos firmes emitidos por las autoridades jurisdiccionales en materia del trabajo y refleja las dificultades presentes en la normatividad procesal laboral respecto a las facultades que poseen dichos órganos para hacer cumplir sus determinaciones de manera pronta, expedita y completa.
No pasa inadvertido que cuando un laudo adquiere el carácter de cosa juzgada, éste deberá ser cumplido en los plazos y términos que fije la ley, circunstancia que adquiere una mayor relevancia cuando a quién va dirigido es el propio Estado, a través de alguna Dependencia, Entidad o Institución de la Administración Pública. Lo anterior, derivado de las obligaciones previstas en el artículo primero constitucional de promover, proteger, respetar y garantizar los Derechos Humanos.
La doctora Rueda presentó las medidas de reparación integral y los puntos recomendatorios que este Organismo Nacional solicitó a los Titulares de las dependencias, entidades e instituciones de la Administración Pública centralizada y paraestatal federal y local; al Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), la Presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA); al Secretario de Hacienda y Crédito Público; Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; Presidentes de los Tribunales Locales de Conciliación y Arbitraje; y Legisladores y Legisladoras integrantes de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, por la violación a los Derechos Humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al trabajo decente.
Por su parte, el Magistrado Morales Vázquez reconoció que hay mucho por hacer en materia de justicia laboral, sin embargo, celebró que en dicha Recomendación General se involucre a todos los órganos del Estado mexicano en la búsqueda de la procuración de justicia desde una perspectiva humana.
La segunda Recomendación presentada en noviembre, fue la número 91/2019 sobre el caso de violaciones a los Derechos Humanos al medio ambiente sano, salud, vivienda e interés superior de la niñez, por la contaminación del pasivo ambiental “Ávalos” y la construcción del fraccionamiento Rinconada Los Nogales, en Chihuahua, Chihuahua.
Esta actividad tuvo lugar el 13 de noviembre, fecha en que se reunieron la licenciada Adriana Luisa Geuguer Dosamantes y el maestro Edmundo Estefan Fuentes, Directora General y Director de Área 4 de la Sexta Visitaduría General respectivamente; así como el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, se contó con la participación del doctor Genaro Javier Delgado Campos y la doctora Ruth Cecilia Vanegas Pérez, Coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) e Investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respectivamente, quiénes comentaron el contenido de la Recomendación 91/2019 y fueron moderados por el Sexto Visitador General de este Organismo Autónomo.
En dicho evento, el doctor Carmona Tinoco, destacó el problema de la contaminación ambiental residual originada por la falta de remediación del pasivo Ávalos y la falta de manejo de residuos peligrosos provocada por la actividad minera desarrollada en la zona y enfatizó en la existencia de omisiones, irregularidades e insuficiencias en los regímenes jurídicos de protección al ambiente al igual que del ordenamiento territorial y desarrollo urbano que implican violaciones a la seguridad jurídica; lo cual derivo en la emisión de dicha Recomendación.
Finalmente, indicó que este Organismo Nacional plantea en este pronunciamiento un conjunto de acciones que atiendan de manera eficaz dicha problemática estableciendo programas de protección ambiental interinstitucionales; elaborando propuestas de reformas legislativas y reglamentarias; actualizando normas oficiales mexicanas, programas de inspección ambiental y formulando planes parciales de desarrollo urbano para la demarcación que comprende el pasivo ambiental, que prevean acciones de conservación y consolidación, aunado a la cesación y no repetición de actos o procedimientos administrativos relacionados, en lo particular, contra violaciones a los Derechos Humanos.
Durante 2019, se desarrollaron 16 eventos relacionados con los DESCA, en los cuales se contó con la participación de 2,164 asistentes, además de resaltar la participación de especialistas tanto nacionales como internacionales quienes ahondaron en los temas que impactan estos derechos como son la pobreza, la corrupción, la protección civil, el presupuesto público, entre otros.
Actividades de Vinculación en relación con los DESCA
Las actividades de vinculación que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos buscan generar relaciones y estrechar la cooperación y colaboración con distintas autoridades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos internacionales y diversos actores de la sociedad, con la finalidad de fortalecer la promoción y difusión de los derechos inherentes a todas las personas.
Durante el 2019 se llevaron a cabo, de manera indistinta, 25 reuniones de vinculación con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones gubernamentales, académicas y Organismos Públicos de Derechos Humanos, entre ellas: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Greenpeace México, Incide Social, A. C., la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Chiapas, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana; con personal académico de diversas Universidades en el país; con personal de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Chiapas y Nuevo León, así como con personal del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; y de la Secretaría de Cultura.
Estas reuniones se enfocaron, entre otras cuestiones, en la realización de estudios en materia de DESCA, el primero de ellos, se materializó en la publicación Hacia un nuevo modelo laboral en México. Reflexiones desde los Derechos Humanos, en el cual se analizaron cuatro tópicos principales: los Derechos Humanos individuales y colectivos de los trabajadores, la justicia laboral en México, la protección jurisdiccional y no jurisdiccional de estos derechos en México, la responsabilidad de las empresas de respetarlos, además de destacar algunos aspectos puntuales de la reciente reforma laboral.
Con la UNAM, se realizaron dos reuniones para fijar los objetivos, el desarrollo y el contenido de la investigación referente a La Nueva Política de Bienestar. Cambios en la política social y su impacto en los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Estudio que da continuidad al realizado con la misma casa de estudios respecto de la Secretaría de Desarrollo Social presentado este año.
Se estableció una reunión de trabajo con personal de la Coordinación de Humanidades de dicha casa de estudios, con el propósito de organizar la presentación del Estudio Sobre Áreas Naturales Protegidas durante el mes de marzo de 2019 (para mayor referencia, revisar el apartado Actividades de Promoción en materia de los DESCA).
Respecto de instituciones de educación superior, se celebraron reuniones de trabajo con la Universidad Autónoma de Chiapas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, con el propósito de dar seguimiento a la realización del Foro Internacional DESCA y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, mismo que se celebró los días 23 y 24 de mayo de 2019.
Acerca del trabajo realizado con Organizaciones de la Sociedad Civil, se continuó con la colaboración de Incide Social, A. C., a fin de presentar el Micrositio DESCA de este Organismo Nacional, mismo que se encuentra disponible aquí.
Además, se sostuvo una reunión con diversas Organizaciones Sociales en las oficinas de Greenpeace México, con el propósito de comentar el contenido y la situación en su momento de la Recomendación General 32/2018 emitida por la CNDH el pasado 24 de julio de 2018, Sobre las violaciones a los Derechos Humanos a la salud, un nivel de vida adecuado, medio ambiente sano, e información pública ocasionadas por la contaminación atmosférica urbana.
Aunado a lo anterior, las reuniones de trabajo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sentaron la planeación y logística para realizar el Foro de Análisis Una Aproximación a los Derechos Económicos, mismo que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2019, en el auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Con el personal del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, se establecieron reuniones con el propósito de analizar la posibilidad de propiciar la cooperación con éste y atender a la corrupción como una problemática que afecta el pleno goce y ejercicio de los Derechos Humanos.
Finalmente, se celebró reunión de vinculación con personal de la Secretaría de Cultura, con el propósito de acercar a dicha dependencia la posibilidad de realizar actividades de colaboración en materia del derecho humano a la cultura, de manera específica, la posible realización de un evento que permita difundir información puntual y reciente respecto del derecho humano de mérito el próximo año.
Actividades de Difusión de los DESCA
Se entregaron 118,304 ejemplares mediante los cuales se difunde información relacionada con el derecho humano al trabajo, a un medio ambiente sano, a la seguridad social, a la cultura, al desarrollo, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; y las temáticas de Biodiversidad, Movilidad y Vivienda, entre otras; así como de publicaciones enfocadas a la atención y seguimiento de diversos Derechos Humanos, dando un total general de 119,737 ejemplares distribuidos durante 2019.
Durante 2019 se distribuyeron los siguientes títulos en relación con los DESCA:
Derecho humano a la seguridad social 16,251
Derecho humano al trabajo y Derechos Humanos en el trabajo 14,590
Los Derechos Humanos laborales 1,717
Biodiversidad y Derechos Humanos 674
Los Derechos Humanos culturales 11,757
Derecho humano al desarrollo 18,491
Movilidad, vivienda y Derechos Humanos 24,351
Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar y al Agua Potable y Saneamiento 17
El Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento 29
El Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar 30
El derecho a un medio ambiente sano desde una perspectiva internacional 1
Los Derechos Humanos y la Corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y el 2014 962
Protección Civil y Derechos Humanos 570
Documentos sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos 597
Ciudades Sostenibles y Derechos Humanos 929
Presupuesto Público y Derechos Humanos: Por una Agenda para el Rediseño del Gasto Público en México 18,864
Objetivos de Desarrollo Sostenible 1,460
Cambio climático y Derechos Humanos 358
Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia. 606
Memoria del Seminario Internacional. Los Derechos Humanos: de los Objetivos del Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 36
Estudios sobre el cumplimiento e impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH (2001-2017). Tomo VI. Áreas Naturales Protegidas y Derechos Humanos 190
El impacto de la Reforma en materia de Derechos Humanos en la Seguridad Social en México 398
Estudio sobre Protección de Ríos, Lagos y Acuíferos desde la perspectiva de los Derechos Humanos 401
Estudio Derechos Humanos y Pobreza. Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1.° Constitucional 835
¿Sabías que estos también son tus derechos…? Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) 2,551
Derechos Culturales y Derechos Humanos 220
Hacia un nuevo modelo laboral en México. Reflexiones desde los Derechos Humanos 536
Derechos Económicos: Una Aproximación Conceptual 201
Marco Institucional y Presupuestal que rige la actuación del gobierno mexicano en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Caso Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la lucha contra la pobreza extrema y el hambre 601
Colección: Bases Técnico-Metodológicas para el informe de México al Protocolo de San Salvador 8
Colección: Objetivos de Desarrollo Sostenible 13
Colección: Sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) 60
La tabla por temática se puede consultar aquí
Publicaciones distribuidas en relación con los DESCA durante 2019 Fila: Otras temáticasDESCACulturalesMedio Ambiente y DesarrolloLaboralSeguridad Social
Protección y Defensa de los DESCA
Al ser la protección y defensa de los Derechos Humanos una de las principales atribuciones de este Organismo Nacional, la atención de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales se ha vuelto cada vez más apremiante dada la interdependencia de los derechos y el impacto que ejercen en diversos sectores de la sociedad.
En este sentido, la CNDH inició en materia de DESCA con 442 expedientes en trámite al 31 de diciembre de 2018, cifra que se incrementó durante el período que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, radicándose 8,599 expedientes atendidos por este Organismo Público Autónomo, de los cuales, se concluyeron un total de 8,506 expedientes durante el mismo período.
Acumulado de quejas por autoridades
2 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
4 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
5 Secretaría de Educación Pública
6 Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
8 Secretaría del Trabajo y Previsión Social
9 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
10 Petróleos Mexicanos
Recomendaciones en materia de los DESCA
12/2019 Sobre el incumplimiento de la conciliación respecto a la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, por la falta de acciones para garantizar la protección y preservación del Parque Nacional Cañón del Sumidero y sus alrededores, en agravio de los habitantes del municipio de Chiapa de Corzo, Estado de Chiapas.
Este Organismo Nacional detectó que autoridades del orden federal y estatal omitieron desarrollar las acciones necesarias para la efectiva protección del patrimonio cultural y natural que conforma el Parque Nacional “Cañón del Sumidero”, por los impactos ambientales negativos ocasionados sobre los ecosistemas terrestres y la atmósfera, derivado de la actividad de una empresa dedicada a la extracción y procesamiento de cal, además de que se pone en riesgo la salud de quienes habitan en las inmediaciones.
Tras analizar diversos escritos de queja por las emisiones a la atmósfera que genera esa empresa, la CNDH acreditó la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, por lo que se llevó a cabo Conciliación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Gobierno del Estado de Chiapas, que no fue atendida en su totalidad, por lo que se determinó la reapertura del expediente.
Advirtió además que, después de 38 años de la expedición del decreto presidencial por el cual el “Cañón del Sumidero” fue declarado Área Natural Protegida (ANP), la empresa sigue operando en el lugar y dicho Parque no cuenta con el Programa de Manejo establecido en la normatividad ambiental mexicana, instrumento fundamental para su administración, que contribuye a garantizar la observancia de los derechos relativos a un ambiente sano, seguridad jurídica, legalidad y libre determinación en la toma de decisiones.
Por tal motivo, dirigió la Recomendación 12/2019 a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que, entre otros aspectos, impongan las medidas técnicas correctivas para evitar que continúe el daño ambiental, emita una orden de inspección para verificar el cumplimiento de la normatividad; y, al Gobernador del Estado de Chiapas, para que se establezcan nuevas estaciones de monitoreo de calidad del aire que incluya una en Chiapa de Corzo y alrededores, además de realizar un diagnóstico toxicológico de los riesgos y daños a la salud de la población del municipio de Chiapa de Corzo y, de ser necesario, poner en marcha un programa de atención médica especializada.
14/2019 Sobre el caso de violaciones a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSS) y de la Junta Especial 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, (Guanajuato), por la inejecución de un laudo firme, en agravio de V.
En la queja interpuesta ante la CNDH, la víctima refirió que luego de ser separada de su puesto en la Delegación Guanajuato del INSS (antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra), presentó formal demanda ante la Junta Especial 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se radicó el expediente y seguida la secuela procesal se dictó laudo condenando al INSS a reinstalar a la demandante en su puesto, en las mismas condiciones y términos en que lo venía desempeñando, así como al pago de diversas prestaciones y cantidades por concepto de salarios.
El año pasado fue reinstalada en su puesto y pagadas algunas prestaciones económicas, las partes firmaron un convenio en el cual el INSS se comprometió a cumplir en su totalidad el laudo en un determinado plazo, por lo que la CNDH concluyó el expediente; sin embargo, en el mes de marzo de este año se recibió escrito de la víctima solicitando la reapertura del expediente debido a que el INSS no cumplió cabalmente el laudo.
Una nueva investigación confirmó que, efectivamente, a la fecha de emisión de esta Recomendación no se había acatado el fallo; y confirmó que las personas servidoras públicas de ambas instituciones incurrieron en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, en virtud de que el laudo emitido por la Junta Especial 28, al haber causado estado, debió ser observado en su totalidad por el INSS.
En consecuencia, se acreditaron diversas violaciones a los Derechos Humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia, por lo cual solicitó al titular del INSS se repare el daño en los términos de la Ley General de Víctimas, para que a la brevedad y sin dilación se cumpla en todos los puntos el laudo; se inscriba a la agraviada en el Registro Nacional de Víctimas para que acceda al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; así como colaborar con la queja que la CNDH presentará ante el Órgano Interno de Control en el INSS, para que investigue y determine las responsabilidades administrativas de las autoridades presuntamente responsables.
20/2019 Sobre el caso de la vulneración a los Derechos Humanos a la integridad personal y a la vivienda por la falta de debida diligencia en el mantenimiento de distancias seguras y protecciones adecuadas en las líneas aéreas de media tensión, que derivó en lesiones a V1 por quemaduras, en un domicilio ubicado en la Ciudad de México, en agravio de V1, V2, V3, V4, y de quienes habitan en el lugar de los hechos.
De la investigación realizada por este Organismo Nacional se concluyó que el 23 de junio de 2017, al encontrarse la víctima en un balcón ubicado en el tercer piso de una vivienda sobre la avenida Gabriel Mancera, colonia del Valle Sur, en la Ciudad de México, recibió una descarga eléctrica proveniente de una línea de media tensión, provocándole lesiones por quemaduras.
De la información proporcionada por la Secretaría de Energía, se observa que en el lugar en el que ocurrieron los hechos, no se cumplen las distancias mínimas de separación horizontal que deben existir entre las líneas aéreas de distribución de energía eléctrica de media tensión propiedad de CFE y CFE Distribución y el balcón referido, lo cual fue corroborado por este Organismo Nacional.
Durante la integración del expediente también se documentaron los efectos y menoscabos sufridos por los padres y hermana de la víctima, puesto que asumieron los costos económicos de su atención médica y hospitalaria, además de hacerse cargo de las numerosas intervenciones quirúrgicas, de sus cuidados, tratamientos y rehabilitación.
Por lo anterior, se acreditó la violación al derecho a la integridad personal de la víctima, por la falta de debida diligencia de las personas servidoras públicas adscritas a CFE y CFE Distribución, durante el desempeño de sus funciones de supervisión y mantenimiento a las líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, en razón de que les correspondía asegurarse que los cables media tensión con voltaje de 23,000 Volts sobre la avenida Gabriel Mancera se ubicaran a una distancia mínima de separación de 2.30 metros, respecto del límite del citado balcón en el que acontecieron las quemaduras.
En consecuencia, se recomendó a CFE y CFE Distribución, entre otros aspectos, reparen integralmente el daño causado a la víctima, que incluya la atención médica y psicológica necesarias por las afectaciones sufridas, así como una compensación; obtengan por conducto de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada, un dictamen sobre el estado físico y de seguridad conforme a las especificaciones técnicas de la NOM-001-SEDE-2012, que guardan las líneas aéreas conductoras de electricidad, en la avenida Gabriel Mancera, y se lleven a cabo las acciones correctivas necesarias de separación, protección y/o aislamiento.
31/2019 Sobre las violaciones a los Derechos Humanos a la seguridad jurídica, acceso a la justicia en sede administrativa y a la propiedad en agravio de QV1, V2, V3 y V4, por actos y omisiones atribuibles a la Comisión Nacional del Agua.
Derivado de irregularidades en el otorgamiento, vigencia y prórroga de un título de concesión para el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales, situadas en un predio rústico en la localidad San Nicolás Tenexcalco, perteneciente al Municipio de Chietla, Puebla, este Organismo Nacional acreditó violaciones a los Derechos Humanos a la seguridad jurídica, acceso a la justicia en sede administrativa y a la propiedad de cuatro personas mayores.
Asimismo, se advirtió una notoria falta al principio de debida diligencia por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al no adoptar las medidas necesarias y razonables para atender las afectaciones, además de transgredir los Principios de la Buena Administración, previstos por la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública de 2013, aspectos que inciden transversalmente en el goce y ejercicio de los Derechos Humanos a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y propiedad.
Por lo anterior, la CNDH recomendó a CONAGUA, entre otros aspectos, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), repare integralmente el daño a las personas agraviadas; inicie el procedimiento administrativo correspondiente para determinar responsabilidades correlativas al uso, explotación y aprovechamiento indebido o irregular por parte de la Unidad de Riego y los cobros ilegales realizados a dos de las víctimas; realizar un diagnóstico para determinar la situación jurídica que guardan los recursos hídricos conforme al artículo 27 de la Constitución Política, adoptar medidas para salvaguardar los derechos de las personas titulares del predio, y la expedición de copias certificadas del expediente relativo al título de concesión.
51/2019, derivada de violaciones a los Derechos Humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia por la inejecución de un laudo firme, se emitió la Recomendación dirigida a los Integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y a los Integrantes del H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero.
La Recomendación deriva del recurso de impugnación interpuesto por la persona agraviada, toda vez que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero no aceptó la Recomendación 038/2018 emitida por el Organismo Público de Derechos Humanos Local y si bien el Presidente Municipal de Taxco, trienio 2018-2021, aceptó la referida Recomendación, a la fecha del presente pronunciamiento no la ha cumplido y en tal virtud, incurrieron en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
La afectación generada en la situación jurídica de la persona agraviada, se ha traducido en que ésta dejó de laborar y de percibir los emolumentos a que tenía derecho desde el 2 de enero de 2009, cuando fue separado del puesto de asesor jurídico, en el Ayuntamiento de Taxco, impidiéndole con ello el acceso a un nivel de vida adecuado y la realización de su proyecto de vida.
Este Organismo Nacional destaca el hecho de que, el acatamiento de una resolución de carácter jurisdiccional, no puede estar supeditado a la voluntad o discrecionalidad de quien tenga que cumplirlo, puesto que cuando las sentencias o laudos no se ejecutan, es evidente que el derecho al acceso a la justicia se vulnera, y prevalece una afectación a los Derechos Humanos de la persona afectada, lo cual debe ser reparado a la brevedad.
Como consecuencia de las violaciones a Derechos Humanos de la víctima, causadas por las personas servidoras públicas señaladas en la Recomendación, esta Comisión Nacional consideró procedente la reparación integral del daño ocasionado a través de medidas de restitución, satisfacción y de no repetición; reparación que deberá contemplar, ejecutar a la brevedad y en un plazo perentorio el laudo que quedó firme desde el 13 de mayo de 2014.
56/2019, Recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras acreditar violaciones a los Derechos Humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, por la contaminación del Río Atoyac proveniente de las descargas de aguas residuales sin tratamiento y la inadecuada gestión de los residuos sólidos en los municipios de Atoyac de Álvarez y Benito Juárez, en el estado de Guerrero, así como por la falta de medidas de vigilancia que han permitido el desarrollo de prácticas pecuarias y cambios de uso de suelo no controlados en la región.
Esta situación, además de implicar infracciones al marco normativo supone incumplimiento a la obligación por las autoridades competentes de asegurar el equilibrio ecológico y, por ende, una calidad de vida satisfactoria para la salud de los ecosistemas y la población.
La Recomendación se dirigió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al Gobierno del Estado de Guerrero y a los Municipios de Atoyac de Álvarez y Benito Juárez, por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 49 puntos recomendatorios, algunos de éstos de atención conjunta, entre los que destacan:
Diseño e implementación de un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento del Río Atoyac;
Elaborar un proyecto ejecutivo y presupuesto necesario para el diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, drenaje y saneamiento de aguas residuales necesarios, para las localidades urbanas y rurales, y para la debida gestión de los residuos;
Efectuar un censo ganadero para contar con datos suficientes para el control de la producción ganadera y la planeación de las medidas de capacitación, infraestructura y equipamiento necesarias para el diseño de políticas y programas enfocados en buenas prácticas pecuarias y así disminuir los riesgos de contaminación en la región;
Diseñar e implementar un programa de reforestación y de restauración de suelos;
Realizar un diagnóstico toxicológico de los riesgos y daños a la salud de la población asociados a la contaminación del agua; y,
Efectuar un estudio de la generación y caracterización de residuos, para la debida actualización de sus respectivos programas de gestión de residuos.
Realizar inspecciones u operativos en la región para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y aplicable en materia de cambio de uso de suelo, e iniciar, en su caso, los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes y/o hacer de conocimiento a la autoridad competente, dando seguimiento oportuno hasta su conclusión.
Recomendación 91/2019 sobre el caso de violaciones a los Derechos Humanos al medio ambiente sano, salud, vivienda e interés superior de la niñez, por la contaminación del pasivo ambiental “Ávalos” y la construcción del Fraccionamiento Rinconada los Nogales, en Chihuahua, Chihuahua.
Esta Recomendación visibilizó afectaciones derivadas de la falta de tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos de la planta de beneficio mineral “Ávalos” en Chihuahua, Chihuahua, así como la dispersión de los contaminantes presentes en dicho complejo industrial, al igual que la falta de remediación ambiental del correspondiente pasivo ambiental. De igual manera, por la realización de cambios en usos de suelo y realización de diversos proyectos urbanos en el área contaminada, destacando el Fraccionamiento Rinconada los Nogales, emplazado en terrenos adyacentes a los desechos de la planta, y, por lo tanto, sometido a exposición a metales pesados como cadmio, plomo y arsénico.
Los puntos recomendatorios están dirigidos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Gobierno del Estado de Chihuahua y Municipio de Chihuahua, de los cuales destacan:
Formular y adoptar un programa de protección ambiental en los asentamientos humanos en el pasivo ambiental Ávalos; formular un proyecto sobre propuestas de modificación a la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás ordenamientos aplicables, en materia de restricciones a cambios en los usos de suelo que recaigan sobre sitios contaminados o pasivos ambientales en los que no se hayan efectuado acciones para el manejo integral de residuos peligrosos y remediación; iniciar procedimientos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable; preparar y aplicar un programa de atención médica focalizada a los grupos vulnerables de atención prioritaria correspondientes al pasivo ambiental, relativa a padecimientos asociados o relacionados directa o indirectamente con la exposición a las sustancias tóxicas, nocivas y peligrosas existentes en ese sector; verificar la legalidad de las obras o actividades situadas en el pasivo ambiental, en observancia de la zonificación vigente e histórica, la ausencia de autorizaciones, licencias, permisos, constancias o certificaciones, en coordinación con otras autoridades del ámbito federal, estatal y municipal.
Recomendación 93/2019 sobre la falta de cumplimiento a diversas disposiciones jurídicas que tienen por objeto la protección, conservación y recuperación de la vaquita marina (Phocoena sinus), la totoaba (Totoaba macdonaldi) y demás especies endémicas que habitan en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
Este Organismo Nacional advierte la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, en consideración a la inexistencia de instrumentos que garanticen la efectiva protección de la Reserva de la Biosfera (RB) Alto Golfo de California; y a la persistencia de condiciones de afectación a la vaquita marina y la totoaba, existiendo responsabilidad institucional por parte de la SEMARNAT, la SADER, la PROFEPA y la CONAPESCA, por no haber ejercido con oportunidad, las acciones necesarias y efectivas para la protección y conservación de dichas especies y omitir su obligación de emplear hasta el máximo de sus recursos, para proteger la RB Alto Golfo de California, poniendo en riesgo la conservación e integridad de los ecosistemas que ahí se desarrollan.
Dentro de los puntos recomendatorios dirigidos a las autoridades se destaca la solicitud para diseño y puesta en marcha de la estrategia que se empleará para la “Nueva Iniciativa para la Sustentabilidad del Norte del Golfo de California”, así como el cumplimiento a las recomendaciones del Comité Permanente y la Secretaría General de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) (CITES); y su Conferencia de las Partes 18 (CoP18), con el objeto de que intensifiquen las acciones de vigilancia y monitoreo en la RB Alto Golfo de California, se identifiquen nuevas artes y métodos de pesca sustentables y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se incluyan en el Programa Sectorial objetivos, metas, estrategias y prioridades, para garantizar la protección del área protegida RB Alto Golfo de California.
Recomendaciones Generales en materia de DESCA
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió la Recomendación General 36/2019 respecto de la situación de marginación y pobreza que enfrentan más de dos millones de personas jornaleras agrícolas en el país, misma que resulta en su mayoría, contraria y violatoria de sus Derechos Humanos, lo que se refleja en condiciones laborales precarias, y vulneraciones a los derechos al trabajo y en el trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado, así como la falta de atención y garantía del interés superior de la niñez.
En este sentido, la CNDH a través de dicho documento, instó a las autoridades a elaborar conjuntamente un diagnóstico nacional para, en un primer momento, identificar a la población jornalera agrícola, así como sus flujos migratorios, las entidades federativas de origen y destino, y las problemáticas recurrentes que impactan de manera negativa en la vida de estas personas y de sus familias; intercambiar información relacionada con ese grupo poblacional y los centros o empresas agrícolas para integrar o actualizar un registro único de estos y favorecer las acciones de supervisión, así como a todo esto, aunado a la necesidad de considerar las deficiencias observadas en el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), y adoptar las acciones pertinentes para su mejor atención.
Adicionalmente, recomendó celebrar los instrumentos jurídicos que permitan la ejecución de proyectos en beneficio de esas personas, además de garantizar que las unidades de trabajo y albergues que subsistan cuenten con los servicios básicos y sanitarios pertinentes.
Recomendación General 41/2019 Sobre el caso de violaciones a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al trabajo decente, por el incumplimiento de laudos firmes por parte de instancias gubernamentales federales y locales.
Esta Recomendación General expone la problemática que se presenta por el incumplimiento de los laudos laborales firmes, emitidos por las autoridades jurisdiccionales en materia del trabajo, dictados en contra de las entidades, dependencias e instituciones federales y locales. Asimismo, identifica las dificultades presentes en la normatividad procesal laboral, respecto a las facultades que poseen los órganos jurisdiccionales para hacer cumplir sus determinaciones de manera pronta, expedita y completa.
Comunicados emitidos en relación con los DESCA
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, expone su postura institucional sobre temáticas relevantes de acuerdo con fechas importantes calendarizadas a nivel internacional o respecto de situaciones que, por su relevancia en determinado momento, requieren del seguimiento de este Organismo Nacional con el propósito de visibilizar violaciones a los Derechos Humanos y llamar a las autoridades a cumplir su obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los mismos.
En este sentido, durante el 2019, la Comisión Nacional emitió (número de comunicados emitidos en relación con los DESCA al final del año) comunicados de prensa en relación con los DESCA, mismos que se enuncian a continuación:
Respecto del Día Mundial de la Justicia Social, el cual se celebró el 20 de febrero en el que la CNDH exhortó a autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar políticas públicas para reducir desigualdades y garantizar libertad, capacidades y derechos de todas las personas, con el fin de erradicar la pobreza y la desigualdad, condiciones urgentes a superar en el país.
Durante el Día Mundial de la Vida Silvestre, conmemorado el 3 de marzo, este Organismo Nacional advirtió sobre las posibles consecuencias a causa del deterioro causado a la biodiversidad de nuestro país, e hizo un llamado a las autoridades a realizar y transparentar estudios ambientales, antes de emprender proyectos de infraestructura y desarrollo que deriven en degradación del ecosistema y violen Derechos Humanos.
Para el Día Internacional de los Bosques, mismo que se celebra los 21 de marzo, se hizo un llamado a frenar la tala indiscriminada y contribuir con la formulación de políticas forestales, y exhortó a autoridades de los distintos órdenes de gobierno a impulsar un contundente plan de acción para salvaguardar los bosques, proteger el medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible.
En el Día Mundial del Agua, 22 de marzo, este Organismo Autónomo apuntó que el crecimiento de la población, el desarrollo económico y los cambiantes patrones de consumo han agudizado la falta de acceso al agua, por lo que insta a generar acciones coordinadas y estratégicas que faciliten su acceso y sostenibilidad, además de impedir se privilegien los intereses de actores privados en este ámbito, en detrimento de personas y comunidades menos favorecidas.
El 6 de abril, se conmemoró el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, fecha en que la CNDH emitió un comunicado de prensa con el propósito de instar a la sociedad y autoridades a fomentar e impulsar un estilo de vida más sano en la sociedad, a través de la actividad física, la cultura física y el deporte, e influir de manera positiva en el desarrollo de las personas, sus familias, las comunidades y el país, con el propósito también de incentivar la convivencia armónica y fomentar el trabajo en equipo, los cuales, son elementos básicos de la vida en sociedad y meta fundamental de la comunidad internacional.
22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra en ocasión de esta fecha este Organismo Nacional demandó atender con carácter de urgente, desde una visión integral y con enfoque de Derechos Humanos, los problemas que se derivan de la política energética, disposición de residuos sólidos urbanos, deforestación, calidad del aire y el desarrollo de megaproyectos, además de los impactos del cambio climático.
Y recalcó la necesidad de buscar el equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales, y recordó que el desarrollo sostenible –que se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras— se sustenta en los pilares del desarrollo económico, desarrollo social y protección del medio ambiente.
Con motivo de la situación que enfrentaron, en abril pasado, los y las médicos residentes en instituciones de salud públicas y privadas ante la falta de pago salarial, los descuentos en sus percepciones y la falta de claridad en la figura jurídica del médico residente, así como el llamado a las autoridades atender y resolver las inconformidades planteadas por quienes integran la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR).
Este Organismo Nacional solicitó a los titulares de la Secretaría de Salud (SSA), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), adoptar medidas cautelares de carácter urgente para garantizar el derecho a la protección a la salud de la población, de acuerdo con los estándares de fuentes nacional e internacional, mediante la atención médica integral a usuarios, usuarias y derechohabientes, muy en particular en aquellos centros en que se pudiera ver alterado el funcionamiento de los mismos como consecuencia de los problemas que enfrentan los y las médicos residentes.
Además de exhortar a las autoridades en materia de salud y educativas a generar las acciones pertinentes para garantizar que la profesionalización de quienes se desempeñan como residentes médicos sea en un ambiente de respeto a sus Derechos Humanos, lo cual expresó mediante el Comunicado de Prensa DGC/146/19.
Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo –28 de abril—se subrayó la necesidad de promover una cultura de prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, para lo cual la CNDH exhortó a los gobiernos de los distintos órdenes, a empleadores, empleadoras, trabajadores y trabajadoras a contar con un entorno laboral seguro, saludable y digno, con el fin de revertir los 516,734 accidentes de trabajo y en trayecto, 12,622 personas enfermas con consecuencia de las labores que realizan y 1,408 fallecimientos[1].
Además de exhortar al Estado mexicano a suscribir y, en su caso, ratificar los Convenios 81 Sobre la inspección del trabajo; 129 Sobre la inspección del trabajo en materia de agricultura y 184 Sobre la seguridad y salud en la agricultura de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales coadyuvarán con el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores y las trabajadoras en diversas ramas.
En ocasión del Día Internacional del Trabajo –1 de mayo—, la CNDH subraya la importancia del derecho de toda persona de acceder al trabajo digno y socialmente útil, reconocido en los artículos 5° y 123 constitucionales, así como en diversos instrumentos internacionales, ante lo cual subraya que el reto no solo es crear empleos, sino que éstos sean empleos decentes, estén bien remunerados para que las y los trabajadores y sus familias puedan acceder a los mínimos de bienestar, cubrir sus necesidades básicas desde las perspectivas constitucional y de Derechos Humanos, superen la pobreza, ya que ésta no es solo un indicador de la situación económica del país, sino un asunto de dignidad humana.
Este Organismo Nacional reconoció el esfuerzo del actual gobierno de la República, para impulsar el incremento del Salario Mínimo, si bien todavía insuficiente, sin duda representó un paso importante con miras a alcanzar el pleno goce y ejercicio de los Derechos Humanos a un trabajo y salario, decente y digno.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la persistencia de la brecha digital en el país, ya que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) es una acción predominantemente urbana e incluso entre las zonas urbanas se advierten diferencias notables, como lo demuestra el hecho de que las entidades federativas con las proporciones más bajas de usuarios de Internet en áreas urbanas son Chiapas, con 57.6%; Oaxaca, con 62.9%; Tlaxcala, 64.2% y Puebla, 65.6%.
Por ello, el pasado 17 de mayo, con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, exhortó a las autoridades del país a fortalecer sus acciones para reducir la brecha digital, favorecer el desarrollo de competencias y habilidades tecnológicas, e incorporar las recomendaciones internacionales de la materia en la legislación nacional, para garantizar una sociedad de la información particularmente incluyente de los grupos de atención prioritaria.
Ante el impacto que generan las emisiones contaminantes a la atmósfera en el acceso al derecho a un medio ambiente sano, este Organismo Autónomo ha insistido en la urgencia de replantear el rumbo de la política ambiental y energética del país, con base en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, ante lo cual debe considerarse que la satisfacción de las necesidades de la generación presente no puede comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.
En ese sentido, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente –5 de junio—, reconoce que si bien, en los últimos años, la cobertura nacional respecto de la formulación de Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) ha aumentado, aún existe una enorme área de oportunidad en la implementación de los mismos, y recuerda que, derivado de todo lo anterior, emitió la Recomendación General 32 Sobre las violaciones a los Derechos Humanos a la salud, un nivel de vida adecuado, medio ambiente sano, e información pública ocasionadas por la contaminación atmosférica urbana.
No debe pasar inadvertido que la mejora de la calidad del aire es esencial para alcanzar diversas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, entre ellas la meta 3.9, sobre la reducción de las muertes y enfermedades debidas a la contaminación; la 7.1, sobre el acceso universal a servicios energéticos modernos; la 7.2, sobre el aumento del uso de la energía renovable; la 11.6, sobre la reducción del impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades; y la 12.4, sobre la gestión ambientalmente racional de los productos químicos y los desechos.
En el Día Mundial de los Océanos -8 de junio-, este Organismo Autónomo expresó su preocupación toda vez que cada año llegan a los océanos 13 millones de toneladas de plástico que provocan la muerte a 100,000 especies marinas y llamó a generar conciencia sobre el uso y desecho indiscriminado de éste.
Por lo anterior, hizo un respetuoso llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a revisar el marco jurídico aplicable a mares y costas, para fortalecer la coordinación interinstitucional, el control y la vigilancia, además de la armonización de las diferentes legislaciones –generales, federales, estatales y municipales— y las Normas Oficiales Mexicanas a los estándares internacionales y los acuerdos multilaterales ambientales en la materia, así como a asumir el principio precautorio y acciones puntuales para atenuar, mitigar o eliminar el impacto que generan las actividades humanas a los océanos.
La CNDH también considera pertinente revisar y, de ser necesario, actualizar la Política Nacional de Mares y Costas de México, además de generar políticas públicas que favorezcan la participación de las mujeres y niñas en la conservación de los océanos y sus ecosistemas, mediante la educación, la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos productivos y sostenible.
En ocasión del Día Internacional de las Cooperativas – primer sábado de julio—, esta Comisión Nacional exhorta a las autoridades a impulsar políticas públicas para fomentar la creación y desarrollo de sociedades cooperativas que, junto con los ejidos, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria y exclusivamente a los trabajadores y las trabajadoras, conforman los organismos del sector social de la economía, como lo señala el artículo 25 constitucional.
También precisa que una cooperativa no se conforma como un proyecto de corto plazo, sino como un proyecto de vida que tiende a una prospectiva de corte generacional. De ahí la importancia de formar a las nuevas generaciones con los valores cooperativistas, para lo cual deben impulsarse políticas públicas en la materia.
Este Organismo Constitucional Autónomo señala que la participación de las cooperativas resulta preponderante en la realización de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que, en su Objetivo 8, Trabajo decente y crecimiento económico, y en particular la meta 8.3, busca promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen la iniciativa empresarial, la creatividad y la innovación, y propiciar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, inclusive a través de su acceso a servicios financieros.
La CNDH destaca la importancia de considerar la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, núm. 193 emitida por la Organización Internacional del Trabajo, para que las autoridades establezcan una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas, dada su importancia como medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas, además de poner a disposición de los usuarios infraestructura y servicios esenciales.
En el marco del Día Mundial de la Población –11 de julio—, la CNDH recuerda que la población mundial crece a un ritmo de 83 millones de personas al año, y se prevé que para 2030 se llegue a un total de 8,600 millones de personas y de 11,200 millones de habitantes a nivel mundial en 2100.
Asimismo, se resaltó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible considera entre sus Objetivos y Metas la relevancia de las personas jóvenes para alcanzar el desarrollo sostenible a nivel mundial en diversos objetivos como son el 3, enfocado a la salud; el 4, respecto de la educación; el 8, relacionado con el trabajo y el crecimiento económico, o el 13, que atiende el cambio climático. Además, la relevancia de la juventud se encuentra presente en otros esfuerzos de la ONU, uno de ellos en la mencionada Agenda 2030, misma que cuenta con la campaña La Juventud y los ODS; y, por otra parte, la Estrategia Juventud 2030.
En ese contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a garantizar a 35 millones de personas jóvenes de nuestro país, políticas públicas que les permitan hacer efectivo su derecho a disfrutar de una vida digna, con seguridad y oportunidades para todas y todos, y en especial a las mujeres los derechos a la salud reproductiva, su empoderamiento y la igualdad de género, que son la ruta hacia el desarrollo sostenible.
Para ello, subrayó la importancia de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, elaboren políticas públicas y programas adecuados, así como ejercicios presupuestales con perspectiva de Derechos Humanos; acerquen a la población información oportuna respecto de sus derechos, en especial a quienes se encuentran dentro de algún grupo de atención prioritaria, de manera específica la población joven.
Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el panorama desalentador que representa el analfabetismo en México que, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, ascendió a 4 millones 749,057 personas, lo cual significa que cuatro de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir.
Además, la CNDH exhortó a considerar la gran trascendencia que tienen las 68 lenguas indígenas que existen en el país que, aunadas al español, son las lenguas nacionales, de conformidad con el artículo cuarto de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, máxime porque de las 364 variantes lingüísticas que existen 64 presentan muy alto riesgo de desaparecer.
En este contexto, este Organismo Nacional hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a impulsar políticas públicas y estrategias que permitan a todas las personas, sin distinción, el aprendizaje a lo largo de la vida, así como a perpetuar nuestras lenguas indígenas, como parte del marco cultural de nuestro país y elemento inherente de nuestra historia y tradiciones
[1] De acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de 2016.
En ocasión del Día Mundial del Hábitat –7 de octubre—, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llama a las autoridades en la materia respecto del seguimiento correspondiente a la actualización, cada cinco años, de la NOM-083-SEMARNAT-2003 relativa a la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial , ante la necesidad de introducir nuevas tecnologías y lo crucial que resulta que las autoridades observen los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular la temática del Objetivo 11 sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles.
Además, exhorta al Gobierno federal a considerar la perspectiva de Derechos Humanos respecto de la Gestión Integral de Residuos, y prever el uso de tecnologías de vanguardia en la gestión sostenible de los mismos, ya que se trata de imperantes necesidades cuya implementación en la agenda nacional debe considerarse en las actividades de seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo, incluido el Programa de Mejoramiento Urbano, y contribuir a la mejora de los servicios en la vivienda, que en 2018 afectaba a 24.7 millones de personas en el país.
Lo anterior, puesto que, de acuerdo con cifras de la SEMARNAT en el país se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año y cada persona genera 1.2 kilogramos de basura por día.
Aunado a lo antes expuesto, y de acuerdo con cifras del Coneval, en México, en 2015, el 85.9% de las viviendas dispusieron sus residuos mediante el sistema público de recolección; en este sentido, las entidades federativas con mayor cobertura fueron Aguascalientes (99%), [Ciudad de México (99%) y Jalisco (97.5%), mientras que Guerrero, Chiapas y Oaxaca contaron con menor cobertura (60.2, 59.4 y 58.1%, respectivamente), lo cual muestra una clara disparidad en la provisión de ese derecho. Además, debe considerarse que la falta de un sistema de recolección adecuada de residuos puede conducir a su depósito en barrancos, ríos u otras áreas naturales, lo que genera mayor contaminación de suelos y mantos acuíferos, situación que la CNDH visibilizó en el caso específico del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, en la Recomendación 47/2018.
En ocasión del Día Mundial de la Alimentación –16 de octubre—, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció los esfuerzos de la sociedad civil y del Poder Legislativo para reformar la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas que se encuentra en revisión, ya que dicho etiquetado frontal de alimentos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) contribuye a dar información simplificada a los consumidores de los contenidos de los productos y desincentiva el consumo de alimentos no saludables.
Además, este Organismo Nacional alertó sobre la situación de 24.6 millones de mexicanas y mexicanos que viven con carencia alimentaria, ya que enfrentan diferentes desafíos para obtener alimentos con variedad y suficiencia para llevar una dieta correcta, y subraya la tendencia paradójica respecto de la malnutrición por la coexistencia de la desnutrición y obesidad, ya que 21% de las niñas y niños menores de cinco años que viven en zonas rurales padecen desnutrición, en tanto 24% de aquellos menores de 12 años en el país son afectados por sobrepeso y obesidad.
Para la CNDH, el derecho humano a la alimentación está directamente relacionado con los derechos a la salud y a un medio ambiente sano, y destaca la importancia de una dieta saludable para ayudar a protegernos de la malnutrición en todas sus formas y de enfermedades no transmisibles como diabetes, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer.
En ocasión del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza –17 de octubre— y con motivo del 30 aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, la conmemoración de este día, en su edición 2019, se centró en empoderar a niñas y niños, a sus familias y comunidades para acabar con la pobreza, reconociendo su derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, toda vez que la pobreza, como proceso cíclico de causa y efecto de violaciones a Derechos Humanos, se materializa mediante la exclusión, desigualdad, marginalidad, además de caracterizarse por la privación de recursos y servicios necesarios para disfrutar de una vida digna.
En el Día Mundial de las Ciudades –31 de octubre— y ante el panorama actual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llama a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a adoptar en sus planes, programas y políticas públicas la Nueva Agenda Urbana aprobada en octubre de 2016 durante la Conferencia de Hábitat III que compromete a proporcionar servicios básicos y garantizar los beneficios que las ciudades ofrecen para todas las personas, promover el desarrollo sostenible de las ciudades y, en general, de los asentamientos humanos, así como a fomentar la cooperación entre autoridades para planificar la urbanización, generar más empleo y riqueza para las personas.
Aunado esto, alertó sobre las diferencias en la disponibilidad y acceso a infraestructura básica, complementaria y de servicios básicos en vivienda entre las poblaciones urbana (92 millones de personas) y rural (más de 27 millones de personas) en el país, ya que solo el 14.7% de las viviendas cuentan con infraestructura básica y están próximas a fuentes de empleo, como Ciudad de México (100%), Tlaxcala (86.8%) y Durango (57.5%), que concentran el mayor porcentaje.
Este Organismo Constitucional Autónomo considera a las ciudades como espacios de impulso a la innovación, la industria, la tecnología, el emprendimiento y la creatividad que favorecen el desarrollo de las personas; son centros de comercio, cultura, ciencia y comunicación; no obstante, imponen distintos desafíos de sostenibilidad relacionados con el ejercicio de diversos derechos sociales, la vivienda, infraestructura y servicios básicos, seguridad alimentaria, recursos naturales el cambio climático y el derecho a un medio ambiente sano, en esta última temática, como se visibilizó en la Recomendación General 32 de la CNDH, se debe implementar en las instituciones una nueva estrategia para la planificación urbana e innovar en términos de movilidad, incluido el transporte autónomo, los vehículos eléctricos, y la regulación de las nuevas tecnologías, entre otros, ya que estas tendencias presentan oportunidades de eficiencia y comunicación que requieren nuevos marcos de gobierno.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Montañas –11 de diciembre—, este Organismo Nacional exhortó a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno, así como a los sectores público, social y privado a reconocer la importancia de preservar las montañas; proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, los humedales, ríos, acuíferos y lagos; así como a respetar el medio ambiente sano como un derecho humano, además de reiterar su exhorto al gobierno actual a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
Se buscó también llamar la atención sobre las dificultades que enfrentan los hombres y las mujeres jóvenes que viven en las montañas quienes carecen de las condiciones necesarias y muchos migran en busca de mejores oportunidades.
Este Organismo Nacional resaltó la importancia de la protección de los recursos y áreas naturales con una perspectiva de Derechos Humanos que permita garantizar el derecho a un medio ambiente sano y que ésta permee en el desarrollo y bienestar de todas las personas.
Estudios en relación con los DESCA
ESTUDIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO E IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES, LOS INFORMES ESPECIALES Y PRONUNCIAMIENTOS DE LA CNDH 2001-2017.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite recomendaciones Generales dirigidas a diversas autoridades del país, a fin de que se promuevan las modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los Derechos Humanos, por ende, resulta fundamental conocer las acciones que han implementado las autoridades para cumplir con sus responsabilidades constitucionales y el beneficio social consecuencia de la labor y Pronunciamientos emitidos.
Al inicio de la administración del Maestro Luis Raúl González Pérez, Presidente de este Organismo Nacional, se formuló una agenda de trabajo basada en una serie de Estudios sobre el cumplimiento e impacto de las Recomendaciones Generales, los Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH, con la finalidad de contar con un diagnóstico y evaluación propositiva que ha servido como hoja de ruta para nuestra actuación y para establecer actividades concretas en los distintos temas objeto de esa agenda.
En ese sentido, el objeto de análisis del Estudio sobre sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, los Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH 2001-2017. Tomo VI. Áreas Naturales Protegidas y Derechos Humanos fue la Recomendación General 26/2016 sobre la falta y/o actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos Derechos Humanos, emitida el 13 de abril de 2016.
El Estudio se integra de seis capítulos, a partir de los cuales se contextualiza a la persona lectora sobre las Áreas Naturales Protegidas en México; se analiza el cumplimiento e impacto de la Recomendación General 26; el conflicto suscitado entre el derecho de propiedad frente a las ANP y siete casos específicos de ANP. Además, cuenta con un apartado de hallazgos, conclusiones y propuestas.
Conforme a lo expuesto en el propio Estudio, la Recomendación antes referida es un parteaguas en la historia sobre las Áreas Naturales Protegidas (ANP), al visibilizar su vínculo con los Derechos Humanos, particularmente, al hacer énfasis en la ausencia o necesidad de actualizar los programas de manejo de estas áreas, acorde a lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, además de concientizar sobre el impacto de estas áreas en la conservación y preservación de los recursos naturales y, por ende, de la biodiversidad.
Adicional a esto, se advierte la importancia de ampliar el objeto de análisis de la Recomendación, es decir, no acotarlo a los programas de manejo de las ANP, sino también a las políticas públicas que de manera transversal incentiven la conservación de la biodiversidad e integren a otras importantes dependencias, no solo las ambientales.
Asimismo, otro de los aspectos relevantes es la necesidad de dirigir los esfuerzos hacia una verdadera democracia participativa que considere entre otras, la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, ya sea para comunidades y pueblos indígenas o la participación para otros grupos que vean afectados sus derechos, como pueden ser los núcleos agrarios y la pertinencia de involucrar a diversos actores y múltiples disciplinas que consideren los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
ESTUDIO MARCO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTAL QUE RIGE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO MEXICANO EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES. CASO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) Y LA LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) definen el conjunto de condiciones que toda persona, todo ciudadano, necesita para acceder a una vida digna a lo largo de todo su ciclo de vida. El entorno económico, social y político necesario para lograr el propósito que persiguen los DESCA necesita estar garantizado por el Estado; esto es, por el conjunto de instituciones y leyes que regulan la convivencia social.
En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el acceso a los Derechos Humanos por lo que a partir de su artículo 1º el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales y Especiales que de él se derivan plantean las estrategias y acciones a seguir para resolver problemas públicos, en el ámbito de acción de cada dependencia gubernamental, los cuales deben traducir a programas específicos la responsabilidad que les corresponde atender.
De este modo, en el primer apartado se presentan las obligaciones del Estado mexicano en materia del acceso a los DESCA, donde desde el marco institucional se definen atribuciones y responsabilidades que recaen, por ejemplo, en las dependencias de la Administración Pública Federal y, particularmente, en la SEDESOL.
Por su parte, en el apartado dos se aborda el marco programático presupuestal el cual define una estructura y finalidades de gasto público que sustenta la operación de los programas sociales y define la capacidad de financiamiento para hacer realidad el acceso de las personas a los DESCA.
El apartado tres presenta el caso de la SEDESOL y se revisa desde su propio marco institucional sus definiciones, atribuciones y programas orientados al combate a la pobreza y, por lo tanto, sus capacidades para contribuir al logro del primer objetivo de la Agenda 2030, ODS: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Finalmente se presentan una serie de conclusiones encaminadas a valorar la capacidad real de la dependencia federal que tiene como objetivo diseñar y coordinar la estrategia gubernamental para combatir la pobreza y la desigualdad.
Este trabajo, que da continuidad al presentado con anterioridad sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos, busca seguir aportando al conocimiento de la problemática que la acción gubernamental enfrenta tanto para cumplir desde la ejecución del gasto con objetivos nacionales de política social, como para alcanzar las metas comprometidas en el acuerdo internacional que representa la Agenda 2030.

References: artículo 25
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 27
 artículo 1
 artículo 27
 resolución 
 artículo 25
 artículo 1