Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-037-14.htm
Timestamp: 2019-07-19 10:27:15+00:00

Document:
T-037-14
Sentencia T-037/14
(Bogotá D.C., enero 30)
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIONAL-Caso de adulto mayor de 83 años que solicita reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de compañero permanente
Esta Corporación ha considerado que “la pensión de sobrevivientes puede llegar a constituirse en derecho fundamental en caso de que de ella dependa la garantía del mínimo vital del accionante. Efectivamente, pueden llegar a conjugarse factores como la avanzada edad del peticionario con su incapacidad financiera para solventar unas condiciones de vida dignas de no recibir la mesada pensional. La jurisprudencia constitucional ha precisado de igual manera, que el derecho a la pensión de sustitución es imprescriptible, con base en el artículo 48 de la Constitución Política que establece la imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social, y el artículo 53 Superior que atribuye al Estado la garantía del derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de estas prestaciones”. Por consiguiente, la entidad encargada del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, no puede negarse al reconocimiento de la misma, argumentando la prescripción del derecho.
SUSTITUCION PENSIONAL-Requisitos para reconocimiento en el sector oficial
PRUEBA DE LA CALIDAD DE COMPAÑERO PERMANENTE DE TRABAJADORES DEL SECTOR OFICIAL-Se demuestra con dos declaraciones extra proceso
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIONAL-Procede por ser el medio idóneo y expedito al tratarse de una persona mayor de 80 años que acredita la ocurrencia de un perjuicio irremediable
SUSTITUCION PENSIONAL Y DERECHO AL MINIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL Y VIDA DIGNA-Orden a municipio reconocer de manera inmediata el derecho a la sustitución pensional
Referencia: Expediente T-4.078.624
1.2.1. El señor Atanael de la Cruz Pérez Blanquicet, de 83 años de edad[2], afirmó haber convivido con la señora Delma Díaz Yanez por un término superior a quince (15) años, en calidad de compañeros permanentes[3].
1.2.2. De la unión entre el accionante y su compañera; el día 22 de mayo de 1986 nació Alexandra Karina Blanquicet Díaz[4].
1.2.3. El día 23 de agosto de 1991, mediante Resolución 127 del mismo año[5], el municipio de Montería reconoció a favor de la señora Delma Díaz Yanez la pensión de jubilación, por haber laborado para dicha Corporación como celadora y aseadora de la escuela León XIII, además de cumplir los requisitos legales para acceder al beneficio pensional.
1.2.4. A través de la Resolución 0369 del 5 de septiembre de 1997, el municipio accionado reconoció a la menor Alexandra Karina Blanquicet Díaz el derecho a disfrutar de una pensión mensual vitalicia de jubilación como sustituta de la señora Alexandra Karina Blanquicet Díaz, descontándole 5% de cada mesada para fines médico-asistenciales[6].
1.2.5 Debido a que Alexandra Karina Blanquicet Díaz alcanzó la edad límite para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su madre Delma Díaz Yáñez, en el mes de octubre de 2012 recibió la última mesada pensional.
1.2.6 El día 23 de octubre de 2012, a través de apoderado judicial, el señor Atanael de la Cruz Pérez Blanquicet elevó petición ante el Alcalde de Montería solicitando el reconocimiento de la totalidad de la pensión de jubilación reconocida a la señora Delma Díaz Yanez, como sustituto de la misma[7].
1.2.7 No obstante, el 15 de febrero de 2013 el municipio accionado negó la solicitud presentada por Atanael de la Cruz Pérez Blanquicet[8], argumentando que el accionante dejó pasar mucho tiempo para solicitar la pensión de sobrevivientes.
2.1. Municipio de Montería[9].
Solicitó que no se tutelaran los derechos fundamentales invocados por el accionante, toda vez que la acción de tutela no es el mecanismo judicial para solucionar controversias originadas con ocasión al reconocimiento de derechos pensionales, teniendo en cuenta que para pretensiones de orden legal, existen otras instancias[10]. En palabras de la Corte Constitucional “tratándose de la solicitud del reconocimiento y pago de un derecho pensional, esta Corporación ha sido consistente en sostener que la acción de tutela resulta, por regla general, improcedente para resolver cuestiones de esta estirpe, toda vez que por su naturaleza excepcional y subsidiaria, no puede reemplazar las acciones ordinarias laborales concebidas por el Legislador para resolver asuntos de carácter litigioso. De tal suerte que la existencia y disposición de otros medios de defensa judiciales como escenarios pertinentes para ventilar tanto las diversas controversias de índole económica como para desplegar ampliamente las diferentes garantías de orden procesal encaminadas a demostrar el supuesto de hecho de las normas cuyo efecto jurídico persiguen, permiten suponer que, en principio, la acción de amparo constitucional se torna en un mecanismo impropio para decidir sobre tales pretensiones.”[11]
3.1. Sentencia del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería del 25 de abril de 2013[12].
Adicionalmente, consideró que las declaraciones ante notario de los señores Héctor Manuel Quiñones Calle y Walditrudis Movilla Escudero[13] dando fé de la convivencia entre el accionante y Delma Díaz Yanez, no cuentan con el poder suficiente para demostrar su calidad de compañeros permanentes. Finalmente, el accionante no demostró dependencia económica respecto a su presunta compañera permanente al momento de su muerte, requisito consagrado por la Ley 6 de 1945 y el Decreto 3136 de 1968 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
3.3. Sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería del 24 de junio de 2013[15].
Sin embargo, en virtud de que la acción de tutela vela por la protección inmediata de los derechos fundamentales, “debe ejercerse dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia.”[16] En el presente caso se evidencia que el accionante dejó pasar más de quince (15) años desde el momento en que se reconoció la sustitución pensional a nombre de Alexandra Karina Blanquicet Díaz y el momento en que elevó la solicitud de reconocimiento a su favor, plazo que resulta desproporcionado y excesivo para conceder el amparo constitucional.
2.2. Legitimación activa. El señor Atanael de la Cruz Pérez Blanquicet es el titular de los derechos fundamentales que se alegan vulnerados e interpuso la acción de tutela a través de apoderado judicial[18].
2.3. Legitimación pasiva. El municipio de Montería, como autoridad pública según el artículo 311 de la Constitución Política, ante el cual la acción de tutela resulta procedente, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 86 de la C.P.
2.4. Inmediatez. El señor Atanael de la Cruz Pérez Blanquicet interpuso la acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la seguridad social y a la protección especial a las personas de la tercera edad ante la negativa del municipio de Montería de reconocer la sustitución pensional a favor del actor; que fue solicitado por intermedio de petición y respondida por la entidad el 15 de febrero de 2013. Por su parte, el accionante interpuso la acción de tutela el 11 de abril de 2013, esto es, un mes y veintisiete días después de que el municipio suministrara una respuesta, negando el reconocimiento de la sustitución pensional solicitada. Por lo tanto, se trata de un término razonable para el ejercicio de la acción[19].
2.5. Subsidiariedad. El carácter subsidiario de la acción de tutela, establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, establecen que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En este orden de ideas, el reconocimiento de derechos pensionales, en principio no es un asunto susceptible de ser tramitado judicialmente por vía de la acción de tutela, toda vez que la legislación laboral contempla el procedimiento por medio del cual se debe tramitar este tipo de controversias.
No obstante, la Corte ha admitido la procedencia de la acción de tutela cuando el mecanismo consagrado no sea lo suficientemente idóneo para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante, lo cual en este caso resulta relevante pues al hacer referencia a la edad avanzada del accionante la vía ordinaria se torna inidónea, siendo la acción de tutela el mecanismo eficaz para la protección de los derechos del actor[20].
4. Imprescriptibilidad del derecho a la pensión
En ocasiones anteriores, esta Corporación ha considerado que “la pensión de sobrevivientes puede llegar a constituirse en derecho fundamental en caso de que de ella dependa la garantía del mínimo vital del accionante. Efectivamente, pueden llegar a conjugarse factores como la avanzada edad del peticionario con su incapacidad financiera para solventar unas condiciones de vida dignas de no recibir la mesada pensional. La jurisprudencia constitucional ha precisado de igual manera, que el derecho a la pensión de sustitución es imprescriptible, con base en el artículo 48 de la Constitución Política que establece la imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social, y el artículo 53 Superior que atribuye al Estado la garantía del derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de estas prestaciones."[21]
Sin embargo, es pertinente aclarar que si bien el derecho al reconocimiento pensional es imprescriptible, respecto a las mesadas pensionales, esta Corporación ha sostenido que “los derechos laborales cuyo cumplimiento no ha sido exigido ante el patrono, se extingue luego de tres años a partir del momento en que se han configurado los presupuestos fácticos y jurídicos que permiten su exigibilidad”[22]. Por esta razón únicamente podrán ser reconocidas las mesadas pensionales causadas durante los últimos tres años anteriores a la fecha de la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
5. Requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a compañeros permanentes en el sector oficial
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.”
Así mismo, la Ley 54 de 1990 “por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes”, en el artículo 4, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, consagró como medios de prueba de la unión marital de hecho, “(i) escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes; (ii) acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido; (iii) sentencia judicial.”
De esta forma, “bastan dos declaraciones extra proceso, para que, el o la compañera permanente de un trabajador oficial, pueda acreditar la condición de tal, y de esta manera cumplir con el requisito exigido por el artículo 13 de la ley 797 de 2003 para acceder a la prestación solicitada.”[23]
El señor Atanael de la Cruz Pérez Blanquicet de 83 años, en calidad de compañero permanente de la difunta Delma Díaz Yanez[24], a favor de quien fue reconocida pensión de jubilación por parte del municipio de Montería[25], es beneficiario de la sustitución pensional de acuerdo a lo establecido en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 1045 de 1978.
7.1 Síntesis del caso
7.2 Regla de decisión
PRIMERO.- REVOCAR la providencia dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería del 24 de junio de 2013, que declaró improcedente el amparo y la providencia del 25 de abril de 2013, del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería que negó las pretensiones del accionante, y en su lugar, CONCEDER la tutela del derecho fundamental al mínimo vital, a la vida digna, a la seguridad social y a la protección especial a las personas de la tercera edad de Atanael de la Cruz Pérez Blanquicet.
SEGUNDO.- Dejar sin efectos el acto administrativo del 15 de febrero de 2013 proferido por la Alcaldía de Montería, donde se niega la sustitución pensional al señor Atanael de la Cruz Pérez Blanquicet.
TERCERO.- ORDENAR al municipio de Montería, que en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, reconozca de manera inmediata el derecho a la sustitución pensional al señor Atanael de la Cruz Pérez Blanquicet, a partir del mes de noviembre de 2012, fecha en la cual cesó el derecho pensional de Alexandra Karina Blanquicet Díaz por cumplir los 25 años de edad.
[1] Acción de tutela presentada el once (11) de abril de 2013. (Folios 1 a 26).
[2] De conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía el actor nació el veinticuatro (24) de noviembre de 1930. (Folio 26).
[3] Folio 19 y 20.
[4] Registro Civil de nacimiento. (Folio13).
[5] Folio 14 y 15.
[6] Folio 16 y 17.
[7] Folio 21 a 23.
[9] Folios 30 a 37.
[10] Corte Constitucional, Sentencia T-658 de 2004.
[11] Corte Constitucional, Sentencia T-609 de 2009.
[12] Folios 64 al 73
[13] Folios 19 y 20.
[14] Folios 7 al 9 cuaderno 2da instancia
[15] Folios 14 al 20 cuaderno 2da instancia.
[16] Corte Constitucional, Sentencia T-187 de 2012.
[17] En Auto del diecisiete (17) de octubre de 2013 la Sala de Selección de tutela Número Diez de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión y se procedió a su reparto.
[18] Según consta en el poder especial otorgado al señor Gabino Ruiz Galeano con tarjeta profesional Número 11.099 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura. (Folio 18 del cuaderno No. 1).
[19] De conformidad con la Sentencia SU-961 de 1999: “la razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por su ‘inmediatez’. (...) Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción”.
[20] Corte Constitucional, Sentencia T-046/13.
[21] Corte Constitucional, Sentencia T-868 de 2011.
[22] Corte Constitucional, Sentencia T-621 de 2010.
[23] Corte Constitucional, Sentencia T-046/13.
[24] De acuerdo a las declaraciones ante notario de Héctor Manuel Quiñones Calle y Walditrudis Movilla Escudero. (Folios 19 y 20).
[25] Folio 14 y 15.

References: artículo 48
 artículo 53
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 311
 artículo 5
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 48
 artículo 53
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 13