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Timestamp: 2013-05-24 03:49:52+00:00

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Trámites Fáciles Santander - Reformas procesales Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal
VIERNES, 24 MAYO 2013	InicioNuestra FirmaNuestros FundamentosNuestros ClientesNuestro Equipo TFSEduardo Bra de la RosaVictor Bra de la RosaFrancisco Arce OrtegaAzahara Sanz CabrejasContacto
Reformas procesales Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal	Agilización procesal
Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal cuya entrada en vigor, s.e.u.o., se producirá el próximo día 31 de octubre de 2011.
Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cuya entrada en vigor se producirá el próximo día 1 de enero de 2012, salvo el artículo 5 bis, artículo 15 , artículo 71.6º y 7º,artículo 84.2.11º, artículo 91.6º y Disposición Adicional 4ª , todos ellos de la Ley Concursal del Estado, que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social cuya entrada en vigor se producirá, cuya entrada en vigor se producirá el próximo día 11 de diciembre de 2011.
De las citadas reformas conviene poner de manifiesto las modificaciones relativas a las medidas de agilización procesal, que son las siguientes:
Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal Reforma de la Ley De Enjuiciamiento Criminal:
Se introducen ciertas modificaciones relativas a las implicaciones procesales del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En particular, se regulan cuestiones relativas al régimen de la competencia de los tribunales, derecho de defensa de las personas jurídicas, intervención en el juicio oral y conformidad, así como su rebeldía.
Reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Se modifican determinados preceptos relativos a la prueba para reducir trámites y dotar de mayor agilidad a esta fase del proceso. Se introduce en el procedimiento abreviado la posibilidad de evitar la celebración de vista en aquellos recursos en los que no se va a pedir el recibimiento a prueba y la Administración demandada no solicita la celebración de la misma.
Se eleva el límite cuantitativo para acceder al recurso de apelación y al recurso de casación. Las recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de 600.000 euros, excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso procederá el recurso cualquiera que sea la cuantía del asunto litigioso.
Se modifica la regulación de las denominadas medidas cautelarísimas, recogiendo las verdaderas posibilidades que en la actualidad se están llevando a cabo por los órganos judiciales: Apreciar la especial urgencia y citar a la comparecencia.
Apreciar la especial urgencia y denegar la medida cautelar inaudita parte .
No apreciar la urgencia y decidir tramitar conforme a las reglas generales, añadiendo la posibilidad de alegaciones por escrito en vez de comparecencia.
Se prevé con carácter expreso la necesaria intervención del Ministerio Fiscal en determinados supuestos que afecten a menores de edad.
Se incluye expresamente dentro del concepto de costas del proceso el importe de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Se extiende el sistema del juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago, de modo que, en el caso de que el arrendatario no desaloje el inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, se pase directamente al lanzamiento, cuya fecha se le comunica en el mismo requerimiento.
En el ámbito de los recursos, se suprime el trámite de preparación de los recursos devolutivos.
En el ámbito del recurso de apelación ante la Audiencia Provincial se reduce el término del emplazamiento para comparecer ante la Audiencia Provincial de 30 días a 10 días
En cuanto a la casación, se procede a una modificación en cuanto a las resoluciones recurribles por la cuantía elevando el limite cuantitativo hasta los 600.000 euros, salvo cuando se trate de sentencias relativas a la tutela judicial civil de derechos fundamentales o cuando la cuantía no excediere de 600.000 euros, o se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos , la resolución del recurso presente interés casacional.
Se reducen trámites en la sustanciación de las tercerías de dominio y de mejor derecho, que ahora se ventilarán por los trámites del juicio verbal, si bien esta última con contestación escrita, dada la peculiaridad de su objeto.
En cuanto a los procesos especiales para la tutela del crédito, se acoge expresamente al arrendamiento de bienes muebles, en el proceso verbal ya previsto para el contrato de arrendamiento financiero y de venta a plazos de bienes muebles. Ello implica además la modificación de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles.
Se introduce la preferencia de trámite en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, en los casos en que alguno de los interesados sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal.
Se suprime el límite cuantitativo del procedimiento monitorio, equiparándolo de este modo al proceso monitorio europeo.
Reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
1. Será exigible la cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determine
Modificaciones del artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Aceptación del poder. Deberes del Procurador[1].
[1] En negrita la modificación introducida.

References: artículo 5
 artículo 15
 artículo 71
 artículo 91
 resolución 
 artículo 35
 artículo 26