Source: https://es.scribd.com/document/90824852/DECRETO-2150-DE-1995
Timestamp: 2019-04-25 11:50:44+00:00

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Cargado por Andres Felipe Reyes Guzmán
DECRETO 2150 DE 1995 (Diciembre 5) por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, oída la opinión de la Comisión prevista en dicho artículo, y CONSIDERANDO: Que el artículo 83 de la Constitución Política señala que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas; Que el artículo 84 de la Constitución Política señala que cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales; Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad y eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones; Que el artículo 333 de la Constitución Política garantiza la libertad económica para cuyo ejercicio determina que nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la Ley y consagra la libre competencia como un derecho de todos; Que el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, "por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en administración pública y se fijan disposiciones", con el fin de facilitar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y erradicar la corrupción administrativa, facultó al Gobierno por el término de seis meses para expedir normas con fuerza de la Ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la administración pública, y Que es voluntad del Gobierno, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, mediante la eliminación de toda regulación, trámite o requisito que dificulte el ejercicio de las libertades ciudadanas, Ver el Decreto Nacional 2398 de 1986 DECRETA: TÍTULO I RÉGIMEN GENERAL CAPÍTULO I ACTUACIONES GENERALES A rtículo lº.- Supresión de Autenticaciones y Reconocimientos. A las entidades que integran la Administración Pública les está prohibido exigir documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente. Artículo 2º.- Horarios extendidos de Atención al Público. En adición a sus jornadas habituales, las entidades de la Administración Pública deberán poner en funcionamiento horarios extendidos de atención
al público, no coincidentes con la jornada laboral común, para que la ciudadanía pueda cumplir sus obligaciones y adelantar los trámites frente a las mismas. Artículo 3º.- Pago de obligaciones oficiales mediante abono en cuencas corrientes o de ahorro. El Estado dispondrá de los mecanismos necesarios para pagar obligaciones a su cargo mediante el abono en cuentas corrientes o de ahorro. Artículo 4º.- Cancelación de obligaciones a favor del Estado. Modificado por el art. 27, Decreto Nacional 019 de 2012. La cancelación de obligaciones dinerarias en favor de las entidades de la Administración Pública, podrá realizarse a través de cualquier medio de pago, incluyendo las transferencias electrónicas de fondos, abono en cuenta y sistemas de crédito mediante la utilización de tarjetas. Para tal efecto, las entidades públicas deberán difundir las tablas y las tarifas que permitan a los particulares efectuar la liquidación y pago de tales obligaciones. En caso de que la entidad incumpla esta obligación, el particular podrá cancelarla en el mes siguiente a su vencimiento. Artículo 5º.- Reglamentado por el Decreto Nacional 2751 de 2002 Pago de obligaciones de entidades de previsión social. Las entidades de previsión social consignarán en cuentas corrientes o de ahorros o enviarán por correo certificado el importe de las prestaciones sociales a su cargo, a los pensionados o acreedores que así lo soliciten. Los pagos que se remitan mediante correo, se harán a través de cheques cuyo beneficiario será el titular de la prestación, con cláusula restrictiva de negociación y para abono en cuenta abierta a nombre exclusivamente de aquél. En tal caso no será procedente exigir prueba de la supervivencia. Del mismo modo, cuando el importe de la prestación se cancele a través de cuenta corriente o de ahorros, abierta a nombre del beneficiario de la prestación, las entidades de previsión social deberán convenir con las instituciones financieras, que las cuentas respectivas sólo podrán debitarse por su titular mediante presentación personal o autorización especial. No podrán admitirse autorizaciones de carácter general o que la administración de la cuenta se confíe a un apoderado o representante En todo caso, si el beneficiario opta por reclamar personalmente ante la administración el pago de su prestación, no se le podrá exigir prueba de supervivencia. En tal evento, ésta se requerirá cuando se obre mediante apoderado. Artículo 6º.- Débitos y traslados de cuentas. Tratándose de las obligaciones que los particulares tengan para con el Estado, aquéllos podrán solicitar a los establecimientos de crédito que debiten y trasladen de sus cuentas corrientes o de ahorros, los fondos necesarios para el cumplimiento de toda clase de obligaciones a favor de las entidades de la Administración Pública. Artículo 7º.- Cuentas Únicas. Con el objeto de poder hacer efectivo el pago de las obligaciones de los particulares para las entidades de la Administración Pública, éstas abrirán cuentas únicas nacionales en los establecimientos financieros autorizados por la Superintendencia Bancaria. Los particulares podrán consignar el importe de sus obligaciones en cualquier sucursal del país. En tal caso, el pago se entenderá efectuado en la fecha en que se realice la consignación respectiva. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Artículo 8º.- Prohibición de la exigencia de la comparecencia personal. Prohíbese la exigencia de comparencia personal, para hacer pagos ante las entidades de la Administración Pública. Artículo 9º.- Salida de menores del país. Todo menor puede obtener pasaporte y salir del país en compañía de sus dos padres, sin acreditar ningún otro documento. En caso de que lo haga con el cónyuge supérstite, además del pasaporte, bastará acreditar el registro de defunción del padre faltante. Cuando el menor salga del país acompañado de uno solo de los padres, bastará con acreditar mediante documento reconocido la autorización del otro padre, si la patria potestad se ejerce conjuntamente.
La autorización de salida del país podrá otorgarse con carácter general por escritura pública con la constancia sobre su vigencia. Parágrafo.- Para estos efectos previstos en este artículo el Ministerio de Relaciones Exteriores incluirá en los pasaportes de los menores, los nombres y los documentos de identidad de los padres. Parágrafo Transitorio.- Mientras en el pasaporte se incorporan las modificaciones previstas en este artículo, se exigirá la presentación del Registro Civil de nacimiento de los menores. Ver el Código del Menor - Decreto 2737 de 1989 Artículo 10º.- Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 019 de 2012, Modificado por el art. 25, Ley 962 de 2005. Prohibición de declaraciones extrajuicio. En las actuaciones administrativas, suprímese como requisito las declaraciones extrajuicio para el reconocimeinto de un derecho particular y concreto. Para estos efectos bastará la afirmación que haga el particular ante la entidad pública, la cual tendrá los mismos efectos y consecuencias de la declaración extrajuicio. Artículo 1lº.- Supresión de sellos. En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distintos de los títulos valores. La firma y la denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbese a los funcionarios públicos el registro notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Artículo 12º.- Firma mecánica. Los jefes de las entidades que integran la Administración Pública podrán hacer uso, bajo su responsabilidad, de la firma que procede de algún medio mecánico, tratándose de firmas masivas. En tal caso, previamente mediante acto administrativo de carácter general, deberá informar sobre el particular y sobre las características del medio mecánico. Ver la Resolución de la Secretaria de Transito y Transporte 3142 de 2001 Artículo 13º.- Prohibición de exigir copias o fotocopias de documentos que se poseen. En todas las actuaciones públicas, quedan prohibidas las exigencias de copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su poder, o a los que la entidad pública tenga facultad legal de acceder. Artículo 14º.- Modificado por el art. 11, Ley 962 de 2005. Prueba de requisitos previamente acreditados. No se podrá exigir el cumplimiento de un requisito cuando éste se debió acreditar por mandato legal o reglamentario, en un trámite o actuación anterior que ya se surtió. En tal caso, el servidor público tendrá por cumplido, para todos los efectos legales, el requisito que debió servir de fundamento a una actuación concluida. Artículo 15º.- Prohibición de paz y salvo internos. En las actuaciones administrativas queda prohibida la exigencia de cualquier tipo de paz y salvo interno. Ver el Concepto del Consejo de Justicia 0835 de 1997 Artículo 16º.- Modificado por el art. 14, Ley 962 de 2005. Solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas. Cuando las entidades de la Administración Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición ciudadana, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar oficialmente a la entidad el envío de dicha información. Parágrafo.- Las entidades de la Administración Pública a las que se les solicite información, darán prioridad a la atención de dichas peticiones, las resolverán en un término no mayor de diez (10) días y deberán establecer sistemas telemáticos compatibles que permitan integrar y compartir la información. Artículo 17º.- Antecedentes judiciales o de policía, disciplinarios y profesionales. Cuando las entidades de la Administración Pública requieran la presentación de los antecedentes judiciales o de policía, disciplinarios o profesionales acerca de un ciudadano en particular deberán, previa autorización escrita del mismo, solicitarlos directamente a la entidad correspondiente. Para este efecto, el interesado deberá cancelar los derechos pertinentes si es del caso.
Artículo 18º.- Modificado por el art. 23, Ley 962 de 2005. Prohibición de retener documentos de identidad. Ninguna autoridad de la Administración Pública podrá retener la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, o la licencia de conducción de los administrados. Si se exige la identificación de una persona, ella cumplirá la obligación mediante la exhibición del citado documento. Queda prohibido retenerlos, para ingresar a cualquier dependencia pública o privada Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-521 de 1999 Artículo 19º.- Modificado por el art. 19, Ley 962 de 2005. Supresión de las cuentas de cobro. Para el pago de las obligaciones contractuales contraídas por las entidades públicas, no se requerirá la presentación de cuentas de cobro por parte del prestatario del servicio. La orden de trabajo, el contrato o el documento en el cual conste la obligación, acompañado si es del caso, de la manifestación del recibo o cumplimiento a satisfacción suscrita por el funcionario competente de la entidad contratante, serán requisitos suficientes para el pago de la obligación contraída. Las órdenes de compra de elementos o las de prestación de servicios que se encuentren acompañados de la oferta o cotización presentada por el oferente y aceptada por el funcionario competente, no requerirán la firma de aceptación proponente. Artículo 20º.- Expedición de duplicados de documentos de identidad. La solicitud de duplicados de documentos de identidad podrán hacerse por correo, siempre que se suscriban por el peticionario y se imponga su huella dactilar, sin perjuicio de la cancelación de derechos a que haya lugar. Artículo 21º.- Prohibición de los certificados de vigencia. Prohíbase la exigencia y expedición de certificados de vigencia de los documentos de identidad. Artículo 22º.- INEXEQUIBLE. Sentencia C 490 de 1996 y Sentencia C 509 de 1996 Corte Constitucional Artículo 23º.- Formulario único. Cuando varias entidades requieran de los particulares informes de una misma naturaleza, podrán disponer el diligenciamiento de un formulario único. Nota: Se pretende facilitarle a la ciudadanía el suministro de determinada clase de información de la misma naturaleza. No tiene sentido que si se trata de llenar un formulario para solicitar cesantías definitivas o parciales algunas entidades exijan la aportación de una larga cadena de información y documentos, datos que deben insertarse dentro de formularios muy complicados, en tanto que otras se limitan a pedir lo esencial, porque la mayoría de las veces se trata de requisitos y exigencias que la propia entidad ha solicitado previamente, para otra clase de actuaciones. Si la información tan variada como la que se consigna en una nómina (nombres y apellidos, factores, porcentajes de prima técnica que varían de un caso a otro, cargos, niveles, grados, etc.), se elabora en formatos uniformes sin una nómina individual para cada empleado, ¿por qué razón no se hace lo mismo en otras situaciones, aún por varias entidades que requieren información de igual o similar naturaleza. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República). Ver Fallo del Consejo de Estado 5436 de 1998 Artículo 24º.- Formularlos oficiales. Los particulares podrán presentar la información solicitada por la Administración Pública en formularios oficiales, mediante cualquier documento que respete integralmente la estructura de los formatos definidos por la autoridad o mediante fotocopia del original. Ver el Decreto Nacional 2232 de 1995 Nota: Esta norma busca, entre otras cosas, terminar con la confusión que se vivía cuando una determinada dependencia oficial exigía que los formularios en donde se consignaba información de cualquier naturaleza tenían que ser los originales, descartando la posibilidad de utilizar fotocopias de los mismos. Los corruptos hacían su agosto: acaparaban esos formularios, cuya distribución era gratuita o de bajo costo, y después los negociaban, muchas veces a precios exorbitantes. Muchas entidades, afortunadamente, hicieron en el pasado, y lo siguen haciendo, algo que era y es loable: incluir dentro de los periódicos o revistas, como un inserto, esos formularios que la ciudadanía obtenía sin mayores dificultades.
mediante cualquier documento. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". sin perjuicio de los estándares tecnológicos que las entidades públicas adopten para el cumplimiento de algunas de las obligaciones legales a cargo de los particulares. En ningún caso se podrán inadmitir las solicitudes o informes enviados por personas naturales o jurídicas que se hayan recepcionado por correo certificado a través de la Administración Postal Nacional. Es necesario acabar con el estado de hipoconexión existentes entre instituciones pública. se acaba con una antigua discusión: se entenderá que el peticionario presentó la solicitud o dio respuesta a un requerimiento en la fecha en que la empresa de correo oficial o privada) expidió. Utilización del correo para el envío de información.. Nota: La transmisión manual de datos. con fecha y hora.. adquiere especial importancia en el Decreto Nacional 2150 en la medida en que obliga a las entidades a que acudan a este mecanismo tanto para recibir como para enviar documentos. Los sistemas de transmisión electrónica de datos se impone cada día mas y su frecuente utilización empieza a masificarse. el respectivo recibo de envío. sé entenderá válido el envío por correo certificado. La única exigencia que se hace es que se respete de manera integral la estructura del formato. la entidad oficial esta en la obligación de hacerlo.El artículo en comento va más allá. se entenderá que el peticionario presentó la solicitud o dio respuesta al requerimiento de la entidad pública en la fecha y hora en que la empresa de correo certificado expidió con fecha y hora. es decir.Para efectos del presente artículo. Editado por la Presidencia de la República). Igualmente. Artículo 26º. tanto para enviar como recibir. siempre y cuando la dirección del despacho público. Las entidades de la Administración Pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado. este requisito sigue vigente. Aunque la utilización del correo certificado implica un costo. Es necesario que la Administración Pública se adecue a las necesidades del siglo XXI. salvo que los códigos exijan su presentación personal. Esta norma en el fondo no hace nada distinto a obligar a las entidades de la Administración Pública que se modernicen. a menos que se trate de estándares tecnológicos ya adoptados. Si se solicita que el envío se haga por correo.Utilización del sistema electrónicos de archivo y transmisión de datos. de solicitudes y peticiones. para dar paso a una hiperconesión que facilite la retroalimentación constante de datos. .. En ningún caso las entidades públicas podrán limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por parte de los particulares. o entre estas y la empresa privada. Las entidades de la Administración Pública deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para que los usuarios envíen o reciban información requerida en sus actuaciones frente a la administración. Aunque. esté correcta y claramente diligenciada. Ley 962 de 2005. 10. Artículo 25º. Para los efectos de vencimiento de términos. o que se consigne más de la solicitada. de conformidad con el artículo 150 del Decreto Nacional 2150 de 1995. que no se suprima información. (Tomado de la publicación: "Un año del Estatuto Antitrámites". Parágrafo. cada día pierde mayor vigencia. Editado por la Presidencia de la República). a decir verdad.Modificado por el art. o entre todas y el ciudadano común. Los particulares pueden presentar la información que se les requiere. Respecto del vencimiento de términos. Al interesado en obtener un documento o información no se le podrá exigir que concurra personalmente a reclamarla. solicitudes y respuestas. los peticionarios podrán solicitar el envío por correo de sus documentos o información requerida a la entidad pública. en tiempo y en dinero para cumplir un trámite. Nota: El correo certificado de frecuente utilización por los ciudadanos y las personas jurídicas. Si un código se exige la presentación personal. el respectivo recibo de envío. Ninguna entidad podrá limitar el uso de tecnología para el archivo documental por parte de los particulares. como medio de comunicación. de todas maneras es menor que el precio que tiene que pagar un ciudadano.
la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles. Artículo 30º. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites".Liquidación de contribuciones de servicios a cargo del Estado.. desplazamientos innecesarios y costosos.. para cumplir con una presentación personal que a veces se frustraba para el interesado porque el jefe de la entidad o no estaba.. La posesión se entenderá surtida con la autorización que imparta el funcionario competente. subdirectores de áreas técnicas y en general a algún funcionario del nivel directivo o ejecutivo. Se exigían. y de ello se desprende. director. C 509/96 de octubre 8 de 1996 resolvió inhibirse en relación con la constitucionalidad del artículo 28 del Decreto Nacional 2150 de 1995. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". una vez solicitada por el interesado. La liquidación de las tasas retribuidas por la inspección.. El acto de posesión de directores. Este artículo fue demandado por inconstitucional.Si la entidad pública escoge la opción privada. gerente. por ineptitud sustantiva de la demanda. no requerirá la presentación personal ante la entidad pública correspondiente. en cada caso. administradores. Con el mismo acto se entiende cumplido el juramento requerido por la ley. cuando reza: ".Posesión de particulares ante organismos de control. requerirá. mediante Sentencia No. . presidente. Artículo 31 . Ver el Decreto Nacional 1420 de 1998 Artículo 28º. (Tomado de la publicación: "Un año del Estatuto Antitrámites". Ver el Concepto del Archivo General de la Nación 500636 de 2005 Nota: Se buscó que las entidades públicas saquen las copias estrictamente necesarias de los actos administrativos. Artículo 29º. que se encuentre registrada y autorizada por la Lonja de Propiedad Raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos. Una de éstas deberá ser enviada para su conservación y consulta al archivo central de la entidad. etc. Los avalúos de bienes inmuebles que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas. Todos los actos de funcionario público competente se presumen auténticos. pero la Corte Constitucional. Editado por la Presidencia de la República). Ningún acto administrativo cuya competencia esté atribuida a ministro. Nota: La posesión de determinados funcionarios ante organismos de control no requiere de la presentación personal ante la entidad pública correspondiente. particularmente del texto mismo de la norma.Supresión de la firma de los secretarios generales. superintendente. Ver el Decreto Nacional 1420 de 1998 Parágrafo.. vigilancia y control que cumplen las entidades públicas no requerirá la expedición de resolución alguna y se efectuará a través de sistemas de facturación.. en muy poco tiempo tornarse en algo absoleto. para su expedición la firma del Secretario General de la entidad. deberán entregar otra copia a la parte interesada o afectada con el mismo. de conformidad con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo.todos sabemos que el más avanzado diseño tecnológico puede. representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas por el Estado. Editado por la Presidencia de la República). corresponderá a la Lonja determinar.. Nota: No existe duda alguna en el sentido de que la enumeración de funcionarios que trate este artículo es de carácter meramente enunciativa y no taxativa. La posesión se entiende realizada con la autorización del competente en un acto que incluye cumplido el juramento de rigor.Avalúo de bienes inmuebles. y así como deben conservar una en su archivo central. deberán adelantarse en original y un máximo de dos copias. Editado por la Presidencia de la República). Todos los actos administrativos a través de los cuales se exprese la Administración Pública por escrito.. podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado. o no lo atendía.y en general a algún funcionario del nivel directivo o ejecutivo". a veces. Artículo 27º.Expedición de actos y comunicaciones de las entidades públicas.
directores. los despachos públicos deberán disponer de oficinas o ventanillas únicas en donde se realice la totalidad de la actuación administrativa que implique la presencia del peticionario. Nota: La presentación personal para cumplir actuaciones ante la administración pública queda limitada a los casos que en forma taxativa se exige en los códigos. Prohibición de exigencia de pagos anteriores. de funcionarios de nivel directivo o ejecutivo. Para la recepción de documentos. podrán legalmente expedir actos administrativos de su competencia sin que para tal menester requerirán de la firma del Secretario General de la Entidad (Tomado de la publicación: "Un año del Estatuto Antitrámites". (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". salvo aquéllas exigidas taxativamente en los códigos. de la firma de los secretarios generales de las entidades cuando la competencia esté atribuida a ministros. el de Procedimiento Penal. Repetimos: de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 190 de 1995.Prohibición de presentaciones personales. Ahora bien: existen casos de recopilaciones de normas que el común de las gentes califica de "códigos" pero que. 107 y 345 del Código de Procedimiento Civil exigen la presentación personal del interesado o peticionario. Es verdad que en la mayoría de los casos. paga la totalidad de la misma. Pero no siempre sucedía esto. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites".Ventanillas únicas. Editado por la Presidencia de la República". cuya naturaleza está determinada en la estructura misma de las organizaciones y en sus propias plantas de personal. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Es el caso del llamado "Código Nacional de Tránsito Terrestre". gerentes. Nota: Ocurría con frecuencia que cuando un ciudadano iba a efectuar un pago en cualquier entidad oficial. Era posible que el ciudadano estaba efectivamente a paz y salvo con la entidad pero en el momento de llegar a la ventanilla no portar los comprobantes de pagos anteriores. Editado por la Presidencia de la República). los cuales deben ser debidamente radicados en la dependencia de correspondencia. ni leyes estatutarias ni orgánicas. que permitió la expedición del Decreto Nacional 2150/95. 12. siguen vigentes. Decreto Nacional 019 de 2012. el de Comercio. Prohíbese la exigencia de la presentación personal en las actuaciones frente a la Administración Pública. en especial cuando desea realizar una operación. o el "Código de Notariado y Registro". los artículos 84. Como la entidad no le aceptaba ese pago el ciudadano incurría en mora con los consiguientes perjuicios que se le ocasionaban. En cambio. en realidad. que exhibiera o aportara un comprobante en donde se acreditara que con anterioridad ya había realizado otros pagos. Artículo 34 Modificado por el art. se le exigía. el Código Disciplinario Único y otros que no fueron modificados. Nota: Con las oficinas o ventanillas únicas se pretende que las entidades estatales en ese sólo sitio se le facilite a los particulares la recepción de documentos. Artículo 33º. fuera de ella. como condición para aceptar un nuevo pago. el Presidente de la República no podía modificar códigos.En relación con los pagos que deben efectuarse frente a la Administración Pública. solicitudes y atender requerimientos. Por ejemplo. por el Decreto Nacional 2150 de 1995. presidentes. subdirectores de áreas técnicas o cuando se trate. no lo son. no se requerirá. de donde se deduce que todos los funcionarios con nivel directivo o ejecutivo. para la expedición de actos administrativos. superintendentes. por ejemplo. prohíbese la exigencia del comprobante de pagos hechos con anterioridad. Editado por la Presidencia de la República). Ley 962 de 2005. Modificado por el art. Estas normas.En consecuencia. como claramente se lee en la norma en comento. o el "Código del Inquilino". como. . hacer el traspaso de un vehículo. y no poner al peticionario dar vueltas de un sitio a otro dentro de la misma entidad o lo que es peor. el Contencioso Administrativo. Artículo 32º. 10. Editado por la Presidencia de la República). como otras previstas en distintos Códigos. como requisito para aceptarlo. el de Régimen Municipal y Departamental.. Esto no tenía ninguna lógica. en ningún sentido. sí lo son el Código de Procedimiento Civil. quien se acerca a una entidad a cancelar una obligación. las solicitudes y atención de sus requerimientos con el fin de agotar toda la actuación administrativa..
(Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". NOTA: Las cuantías que se indican en el presente inciso fueron corregidos mediante el Decreto 62/96. 62 de 1996 el cual expresa: . Para efectos de la contratación pública se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan. superintendentes. incluso. las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1. la menor cuantía será hasta 300 salarios mínimos legales mensuales. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". la menor cuantía será hasta 600 salarios mínimos legales mensuales. previsiones reglamentarias respecto de aquellos que todavía no tienen derecho a su disfrute.Pagos al tesorero público.000 salarios mínimos legales mensuales. Editado por la Presidencia de la República).000 e inferior a 1. la menor cuantía será hasta 400 salarios mínimos legales mensuales.Artículo 35º. Directores de Establecimientos Públicos. Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.. los cuales pueden realizar. Directores de departamentos administrativos. "Menor cuantía para la contratación.. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para la realización de licitaciones o concursos o para la celebración de contratos. en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. distrital o municipal. Todos los pagos que deban efectuarse al tesorero público podrán hacerse en bancos o corporaciones de ahorro y vivienda.Corregido por el Decreto Nacional 62 de 1996. las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120. Para conceder vacaciones colectivas bastará la autorización de los Ministros. podrán hacerse en bancos o corporaciones de ahorro y vivienda.000 salarios mínimos legales mensuales.000 e inferior a 500.000. la menor cuantía será hasta 250 salarios mínimos legales mensuales.200. Para tal efecto. (Modificado).000. la menor cuantía será 1. Artículo 37º. gerentes de empresas industriales y comerciales y los Jefes de Unidades Administrativas Especiales. el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dispondrá la apertura de las cuentas pertinentes.000 salarios mínimos legales mensuales.De la delegación para contratar. la menor cuantía será de 125 salarios legales mensuales. normalmente en las últimas semanas de diciembre y primeras de enero. Editado por la Presidencia de la República). Nota: Todos los pagos al Tesoro Público. Hay entidades que han adoptado mecanismos que facilitan a los ciudadanos el pago de sus obligaciones. determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas. sábados y domingos.Decisión sobre vacaciones colectivas.000 e inferior a 120. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". modificó el literal a) numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80. Nota: Esta disposición subrogó el artículo 12 de la Ley 80. el ciudadano puede efectuarlos en otros lugares. Nota: Cada día es mayor el número de entidades que decretan vacaciones colectivas para todo su personal. sea Nacional. además de las ventanillas que habilite una entidad para recibir pagos. las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 250. incluso.. las que tengan un presupuesto anual inferior a 50.000 salarios mínimos legales mensuales.200. en los horarios que prefiera y en los sitios que escoja. la cual fue corregida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto No.000 salarios mínimos legales mensuales. Artículo 38º. de día. Esta norma facilita la toma de decisiones.000 salarios mínimos legales mensuales. en almacenes y supermercados. Estatuto General de Contratación Pública.000 salarios mínimos legales mensuales. Nota: Esta disposición. así como el Decreto 1985 de 1995 y el artículo 14 del Decreto 679 de 1994. noche. Artículo 36º. departamental.000 e inferior a 1.. expresados en salarios mínimos legales mensuales".000 de salarios mínimos legales mensuales. Editado por la Presidencia de la República). festivos. la menor cuantía será hasta 800 salarios mínimos legales mensuales. sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos. tomando. las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 50.000 e inferior a 250. Esto significa que. las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 500.
$20.000.000 ($2.001.000) 12.200. las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.000 e inferior a 250.000.000 salarios mínimos legales mensuales.000 salarios mínimos legales mensuales.1.000 e inferior a 500. las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.200.250.$206.601.001. la menor cuantía será hasta 300 salarios mínimos legales mensuales. las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 12. la menor cuantía será hasta 1. .$43. el artículo corregido es del siguiente tenor: Artículo 38º.000. la menor cuantía será hasta 250 salarios mínimos legales mensuales.000.250) Hasta 300 salarios mínimos ($51.000 salarios mínimos legales mensuales. expresados en salarios mínimos legales mensuales.250.000 de salarios mínimos legales mensuales.005.250.000 ($43.000 salarios mínimos legales mensuales.000.000.000) 250.000 ($86.802.000 salarios mínimos legales mensuales.005.500.000 salarios mínimos legales mensuales.000 .406. modificado artículo 38 Decreto Nacional 2150 1995 y corregido por el Decreto 62 1996) PRESUPUESTO ANUAL DE LA ENTIDAD EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS Memos de 12.$172.406.$86.1.064.500. MEN0R CUANTÍA PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (Artículo 24.000 ($206.640.002.Artículo Primero. Ley 80.000) Hasta 600 salarios mínimos ($103.001.000 ($20.000.000 ($172. la menor cuantía será basta 800 salarios mínimos legales mensuales.002. En tal virtud. Editado por la Presidencia de la República). Para efectos de la contratación pública se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan.120. la menor cuantía será hasta 400 salarios mínimos legales mensuales.005. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites".600.Menor cuantía para la contratación.000 salarios mínimos ($172.200.005.000.000. en el sentido de que su tenor literal únicamente modificó la menor cuantía para los efectos de la contratación pública de las entidades públicas cuyos presupuestos anuales sean inferiores a 12.000 e inferior a 120.500.000) 500.000 .060.203..000) MENOR CUANTÍA EN SALARIOS MÍNIMOS PARA CONTRATACION DIIRECTA Hasta 125 salarios mínimos ($21.000) *Salario mínimo legal mensual vigente 1997 $172.500) Hasta 400 salarios mínimos ($68.000 e inferior a 1. determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas.500. la menor cuantía será hasta 125 salarios mínimos legales mensuales".000 e inferior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales.000) Superior a 1.064.000 .625) Hasta 250 salarios mínimos ($43.000 .200.000 salarios mínimos legales mensuales.000 . las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 250.000) Hasta 800 salarios mínimos ($137. las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 500. "Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.064.000. la menor cuantía será hasta 600 salarios mínimos legales mensuales. las que tengan un presupuesto anual inferior a 12.000 ($2.060.000.000) 100.000.060. Corrígese el artículo 38 del Decreto Nacional 2150 del 5 de diciembre de 1995.000) 120.000) Hasta 1.604.
El objeto. Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal. de acuerdo con el Código Disciplinario Único. identificación y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes 2. las juntas de acción comunal y de las demás entidades privadas sin ánimo de lucro. relativo a las actuaciones generales. 4. tienen campo en el Decreto Nacional 2150/95. Ver el Concepto de la Secretaría General 1400 de 1998 Para la obtención de su personalidad. con destitución. El nombre. El nombre.. Editado por la Presidencia de la República). a partir de su registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que se constituye. dichas entidades se constituirán por escritura pública o documento privado reconocido en el cual se expresará. artículo 58. La clase de persona jurídica.. formarán una persona distinta de sus miembros o fundadores individualmente considerados. Nota: El desconocimiento de los deberes impuestos en el Capítulo I. 7. La duración precisa de la entidad y las causales de disolución. No hay puntos intermedios: la sanción imponible es destitución y no otra.Artículo 39º. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". las corporaciones. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales. No es el único caso en que hay tanta drasticidad. 1780 de 1998 . será considerado como una falta gravísima sancionable conforme a lo dispuesto en el Código Disciplinario Único. Ver los conceptos de la Secretaría General 1685 de 1997 . 10. cuando menos. 5. 6.Supresión del reconocimiento de personerías jurídicas. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación. De acuerdo con el ordinal 2°. El patrimonio y la forma de hacer los aportes. Suprímase el acto de reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles. lo siguiente: 1. Sólo la destitución es la única posible. Ni la amonestación escrita. Las entidades a que se refiere este artículo. la única sanción prevista para los casos de declaratoria de responsabilidad disciplinaria es la destitución. las fundaciones. 8. El desconocimiento de los deberes del presente capítulo impuestos a los servidores públicos. 11. ni la suspensión. 9. si es del caso. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tenga a su cargo la administración y representación legal.Sanciones. del Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993). se considera como falta gravísima sancionable. ni la multa. 1745 de 1998 . 1775 de 1998 . La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse a reuniones extraordinarias. 1760 de 1998 . 3. CAPÍTULO II Reglamentado por el Decreto Nacional 427 de 1996 RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍAS JURÍDICAS Artículo 40º.
libros. 1745 de 1998 . sus federaciones. Cuando para el ejercicio o finalidad de su objeto la Ley exija obtener licencia de funcionamiento. 1665 de 1997 .Prueba de la existencia y representación legal.. 1690 de 1998 . las personas jurídicas que prestan servicios de vigilancia privada. Los estatutos y sus reformas. con sujeción al régimen previsto para las sociedades comerciales y en los mismos términos y condiciones que regulan sus servicios.. Con relación al tema de las personerías jurídicas. El ordinal a) del artículo 13 del Decreto Nacional 576 de 1974. la inscripción de las juntas de acción comunal reconocidas como personas jurídicas de derecho privado.Excepciones. Ver el Concepto de la Secretaría General 1745 de 1998 Artículo 42º. las personas jurídicas que surjan conforme a lo previsto en el artículo anterior. 1670 de 1997 .Prohibición de requisitos adicionales. se realizará en el registro que lleven las Cámaras de Comercio. reformas. es preciso observar las diversas normatividades que al respecto se han proferido y en cabeza de quiénes se encontraba la facultad del reconocimiento. todas las cuales se regirán por sus normas especiales.Inscripción de estatutos. la disolución y la liquidación de personas jurídicas formadas según lo previsto en este capítulo.. le da competencia a su Oficina Jurídica para reconocer y cancelar personería jurídica a las asociaciones. nombramientos de administradores. los libros. El artículo 636 del Código Civil le atribuye al órgano ejecutivo la aprobación de los reglamentos o estatutos de las corporaciones. Cámaras de Comercio. el Gobierno Nacional reglamentaría la forma y los plazos dentro de los cuales las personas jurídicas de derecho privado actualmente reconocidas se inscribirán en el registro que lleven las cámaras de comercio.Con sujeción a las normas previstas en este capitulo. deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley para ejercer los actos propios de su actividad principal. corporaciones y fundaciones cuando esas funciones no hayan sido atribuídas a otros organismos. Finalmente. y las demás personas jurídicas respecto de las cuales la Ley expresamente regule en forma específica su creación y funcionamiento.Licencia o permiso de funcionamiento. y asociaciones de ministros. Ver el Concepto de la Secretaría General 1745 de 1998 Artículo 45º. obviamente si satisfacen los requisitos legales. a partir del 31 de diciembre de 1988. Ver el Concepto de la Secretaría General 1745 de 1998 Artículo 44º. Ver el Concepto del Consejo de Estado 792 de 1996 . los nombramientos de administradores. o reconocimiento de carácter oficial. derechos y condiciones previstos para el registro de actos de las sociedades comerciales. Ver los Conceptos de la Secretaría General 1645 de 1997 . La existencia y la representación legal de las personas jurídicas de derecho privado a que se refiere este capítulo. las iglesias. Lo dispuesto en este capítulo no se aplicará para las instituciones de educación superior.. disolución y liquidación. se probará certificación expedida por la Cámara de Comercio competente. la cual llevará el registro de las mismas. la forma de aprobación de los estatutos y demás actos que celebran estas entidades sin ánimo de lucro antes de la expedición del Decreto Nacional 2150 de 1995. corporaciones y fundaciones. Ver el Concepto de la Secretaría General 1745 de 1998 Artículo 43º. autorización o permiso de iniciación de labores. Ver el Decreto Nacional 427 de 1996 . 1655 de 1997 . 1750 de 1998 y 1765 de 1998 Artículo 41 . se inscribirán en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en los mismos términos. confesiones y denominaciones religiosas.. Ninguna autoridad podrá exigir requisito adicional para la creación o el reconocimiento de personas jurídicas a las que se refiere este Capítulo.Parágrafo. En primer lugar tenemos que el artículo 18 del Decreto Nacional 576 de 1974 otorgaba competencia al Ministerio de Justicia para reconocer y cancelar la personería jurídica a las asociaciones. Ver los conceptos de la Secretaría General 1700 de 1998 . el artículo 3° del Decreto Nacional 1326 de 1922 establecía que las reformas o alteraciones estatutarias de las personas jurídicas reconocidas deberán ser aprobadas por el mismo órgano. . orgánico del Ministerio de Justicia. 1780 de 1998 Nota: Antes de abordar el tema es importante comentar que mediante el Decreto 2376 de 1996.. partidos y movimientos políticos. las instituciones de educación formal y no formal a que se refiere la Ley 115 de 1994. las reguladas por la Ley 100 de Seguridad Social. los sindicatos y las asociaciones de trabajadores y empleadores.
corporaciones. y en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. registro de libros y disolución y liquidación que tenga lugar hasta el 1 de enero de 1997. es la entidad encargada de conceder y suspender la personería jurídica a instituciones que presten servicio de bienestar familiar. En este orden de ideas. del Decreto 427 de l 996). El artículo 44 de la Ley 50 de 1994 precisa que toda organización sindical de trabajadores por el sólo hecho de su fundación y a partir de la Asamblea constitutiva. deberá entenderse que la inscripción de reformas estatutarias. es de anotar que éstas pasarán a las Cámaras de Comercio el 2 de enero de 1997 (artículo 7o. El Decreto 276 de 1988. el Poder Ejecutivo como tal se fue despojando en el transcurso del tiempo de la facultad de reconocimiento de este tipo de entidades y fue delegándola a diversas instituciones públicas dependiendo de la actividad u objeto social. artículo 39 C. respectivamente. se expidió la Ley 22 de 1987. registro de administradores y representante legal. del reconocimiento de personería jurídica de las Juntas de Acción Comunal. hoy del Interior. otorgándoles éstas. Las personas jurídicas a que se refiere el presente Decreto continuarán sujetas a la inspección. En consecuencia. esta Ley en su artículo 2° delega a estas autoridades la función de inspección y vigilancia que ejerce sobre las entidades de utilidad común el Presidente de la República (numeral 22 del artículo 189 de la Constitución Nacional). 2726 de l980 y 300 de 1987. de conformidad con el numeral 2° del artículo 74 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En lo relacionado con las entidades sin ánimo de lucro existentes antes del 6 de marzo de 1996.). La Ley 130 de 1994. Confirma lo anotado el Decreto reglamentario 427 del 5 de marzo de 1996 que dispone en su artículo 12 lo siguiente: Vigilancia y Control. El Decreto Nacional 2150 no modificó las funciones de las entidades de vigilancia y control respecto de las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro. asignándole la función al Gobernador del Departamento de Cundinamarca y al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá. Con el Decreto Nacional 2150 de 1995 se modificó la normatividad vigente. El Decreto Nacional 829 de 1984. los cuales una vez cumplidos bien sea por las corporaciones o por otro tipo de entidades sin ánimo de lucro. deberá llevarse a efecto ante las entidades que certifican su existencia y representación legal. Así mismo. en cuanto a cual es la entidad competente para aprobar las reformas de los estatutos. Se consignaron requisitos muy puntuales en el artículo 40. dice que corresponde al Consejo Nacional Electoral. la legislación comunal no se modificó. de acuerdo con el nuevo sistema dispositivo de obtención de la personalidad jurídica establecido por el Decreto Nacional 2150 de 1995. fundaciones. goza de personería jurídica (conc. Por otra parte. se introdujo un procedimiento ágil en el reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles. vigilancia y control de las autoridades que venían cumpliendo tal función. Como podemos observar. el registro del representante legal etc. la personería jurídica una vez cumplieran a cabalidad con todos los requisitos legales existentes.Después. y sin que le corresponda realizar aprobación o autorización alguna. otorgan personería jurídica a quien lo solicite. agropecuarias. . libros o documentos respecto de los cuales la Ley exija tal formalidad ante las Cámaras de Comercio. otorgaba al Ministerio de Agricultura el reconocimiento de personería jurídica de asociaciones gremiales.P. señalaba que el Instituto de Bienestar Familiar. en el entendido que las mismas sólo conservarán las facultades de registro y archivo.. señalaban que correspondía al Ministerio de Gobierno. fundaciones e instituciones de utilidad común que tengan su domicilio en el Departamento de Cundinamarca. salvo lo referente a registro y reconocimiento de personería jurídica. reconocer y cancelar personería jurídica a las asociaciones. El artículo 326 del Decreto 663 de 1993 facultaba a la Superintendencia Bancaria para expedir certificaciones sobre existencia y representación legal. reconocer y otorgar personería Los Decretos 1930 de 1979. debe entenderse que sólo a partir de tal fecha obrará la inscripción de todos los actos. juntas de acción comunal y demás entidades privadas sin ánimo de lucro. competencia que tenía el Ministerio de Justicia. Dicho Decreto lo que hizo fue centralizar el registro de tales personas en las Cámaras de Comercio. con el cual adquieren su personería jurídica. corporaciones.
el Decreto Nacional 2150 de 1995 y el Decreto 427 de 1996 se unifica toda esta normatividad. esto teniendo en cuenta. . en virtud de la cual los estatutos de las corporaciones deben ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo se fue delegando a través de las disposiciones legales a distintas entidades de la Administración Pública ya vistas. es decir. la aprobación de los estatutos es aprobada en el seno de la asamblea. permitiéndoles a esta entidades sin ánimo de lucro nacer a la vida jurídica previo el cumplimiento de una serie de requisitos y su registro en la Cámara de Comercio y la revisión formal que ésta efectúa de los mismos.. y la actuación de la entidad pública se limita a efectuar una revisión formal de requisitos. Para efectos de las reformas estatutarias la Oficina Jurídica de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá efectuaba un estudio formal de la solicitud. Serán estas mismas entidades las que deberán certificar sobre las inscripciones ocurridas hasta el 2 de enero de 1997. sólo tiene por objeto establecer si los estatutos se acomodan a la Ley que las creó o no se oponen a la moral o al orden legal según el caso". Señala el inciso 2° de su artículo 8° que las inscripciones de dignatarios y demás actos sujetos a registro de las juntas de acción comunal. pero siempre y cuando aquellos medios estén orientados a que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas. Se considera que las asociaciones comunales. condiciones que deben concurrir para que se tengan como exceptuadas de acuerdo con el artículo en comento. son personas jurídicas desde el momento en que se constituyen de conformidad con el acto del poder público que las crea y el posterior reconocimiento de esta personería por el Gobierno Nacional. así como las asociaciones de juntas de acción comunal de cualquier grado. por una parte. deberá efectuarse ante las entidades que realizaban tales funciones al 5 de marzo de 1996 y hasta el 2 de enero de 1997. vemos que la función otorgada en el artículo 636 del Código Civil. entidades de segundo grado. con personería jurídica reconocida por acto administrativo anterior al 6 de marzo de 1996. El Decreto 427 de 1996 es normativo de obligatorio cumplimiento.. debe precisarse que el registro se hará previo a cualquier autorización acatando lo dispuesto por los artículos 41 del Decreto Nacional 2150 y 13 del Decreto 427 de 1996. y por otra. ocurridos con anterioridad al 2 de enero de 1997. En este orden de ideas. además que la voluntad de los fundadores debe. y que en todo lo esencial se cumpla la voluntad de los fundadores. En efecto. Las asociaciones comunales de cualquier grado no están exceptuadas de este régimen. están sujetas al artículo 40 del Decreto Nacional 2150. no se encuentran enumeradas expresamente por el artículo 45 del Decreto Nacional 2150 como excepción. entenderse orientada a que los actos y las actividades de la institución se enmarquen dentro de la ley. Es importante anotar que esta modalidad de nacer a la vida jurídica prevista por el Decreto Nacional 2150 de 1995.. no sólo ejercer la inspección y vigilancia. En consecuencia.Sin embargo. Según lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° del Decreto 427 de 1996 las autoridades de inspección. estableciendo cada una de ellas el procedimiento para el otorgamiento de las personerías jurídicas Es por esto que con fundamento en los principios constitucionales como el postulado de la buena fe. es que la Constitución otorga al ejecutivo la facultad de establecer los medios necesarios y adecuados para los fines de inspección y vigilancia sobre el grupo de personas jurídicas sin ánimo de lucro. entendidas como asociaciones de juntas de acción comunal. es decir. que fuera firmado por el representante legal o Presidente de la Reunión y se acompañaban las actas auténticas de la reunión en que se aprobaron las reformas de los estatutos entre otros documentos. tampoco su creación y funcionamiento están reguladas por una ley. los principios que rigen la función administrativa entre otros. pues de lo contrario estará viciada por objeto ilícito Dentro de la misma lógica anterior. sino también expedir certificaciones históricas respecto a eventos que consten en los mismos. pues este Decreto no distinguió. vigilancia y control conservan los archivos y con ellos podrán. ya había sido recogida desde el año de 1957 mediante el Decreto 393 cuando reza: "Los establecimientos de beneficencia y de instrucción pública de carácter oficial y las corporaciones y fundaciones. por esencia.
las reformas estatutarias que tengan lugar. Se deben reconocer los méritos del Decreto . de tal forma que mal podrá sancionar reformas estatutarias. pues basta la firma del secretario y del Presidente de la Asamblea. las funciones de inspección y vigilancia permanecen inalteradas en los mismos entes que venían realizándolas.. quienes darán fe de la aprobación y comparecencia de todos los suscriptores. certificados que deberán expedir hasta el 2 de enero de 1997. estos se realizan mucho más rápido en las Cámaras de Comercio que por el sistema que existía antes del Decreto Nacional 2150. porque como atrás se anotó. El artículo 7° del Decreto reglamentario 427 de 1996 dispuso que la inscripción de las cooperativas reconocidas deberá efectuarse en las Cámaras de Comercio a partir del 2 de enero de 1997. deberán cumplir ante el Dancoop simplemente el trámite de información a que se refiere el Decreto Nacional 2150 y sólo para efectos de la función de inspección y vigilancia. Las investigaciones administrativas que se encuentran pendientes deberán continuar. Las competencias que conservan se refieren a vigilancia y control. la persona jurídica es propietaria de los bienes de uso común y los copropietarios del inmueble son socios capitalistas de dicha persona jurídica. Adicionalmente. la persona jurídica no tiene ánimo de lucro y su personalidad nace cuando se eleva a escritura pública el reglamento a que se refiere el artículo 11 de la Ley 182 de 1948 y la declaración municipal a que alude el artículo 19 de la misma. se observa que ninguna de las disposiciones señala que el documento debe ser reconocido por todos los asociados y ante notario. En ambos casos. la persona jurídica es simplemente administradora de los bienes de uso común. que mantienen vigentes dos sistemas distintos.Es claro que este Decreto Nacional no modificó la función de inspección y vigilancia que sigue en cabeza de las entidades que venían cumpliendo esta función (artículo 12 del Decreto 427 de 1996).. corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. Fuente: Minjusticia La Propiedad horizontal es una forma de dominio regulada por las leyes 182/48 y 16/85. conservando en consecuencia estas entidades vigilantes la función de revisar los estatutos y todos aquellos actos que celebren o ejecuten las fundaciones. lo que agiliza las actividades de las juntas de acción comunal con innegables beneficios. En el segundo. Expedir los certificados de existencia y representación legal de las instituciones con personería jurídica reconocida hasta el 5 de marzo de 1996. tratándose de las cooperativas existentes antes del 6 de marzo y después de esa misma fecha. en lo que dice relación con la forma de constitución. por lo dispuesto en el artículo 40 las nuevas juntas de acción comunal surgen a la vida jurídica al momento de inscribirse en las Cámaras de Comercio. .certificaciones históricas sobre las reformas de estatutos u otros eventos que consten en los mismos. Lo que se modificó fue la forma de reconocimiento y no lo relacionado con la inspección y vigilancia que sigue bajo el régimen anterior. Es importante aclarar que respecto a las instituciones de educación superior y a las instituciones de educación formal y no formal a que se refiere la Ley 115 de 1994 no se aplicará lo dispuesto en los artículos 40 a 44 del Decreto Nacional 2150. pues si bien los trámites del registro tienen un costo. y Expedir futuras ". En el primero. ocurridos con anterioridad al 2 de enero de 1997" (artículo 8° Decreto 427 de 1996). Es de anotar que Dancoop ha perdido a partir de este Decreto reglamentario todas las facultades derivadas del antiguo sistema atributivo. En consecuencia. departamental y municipal regulados por la Ley 181 y el Decreto 1228 de 1995 (numeral 8 artículo 3° Decreto 427 de 1996). los cuales pertenecen en común y proindiviso a los copropietarios del inmueble. para: Continuar con sus funciones de inspección y vigilancia. También están exceptuadas las entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte de los niveles Nacional. Los expedientes del grupo de inspección y reconocimiento de personerías jurídicas debe mantenerlos el ente que lo reemplace (sin que pueda ser las Cámaras de Comercio). Por otra parte.
no requiere de un acto administrativo del Estado que reconozca su personería jurídica. confeccionar un registro de las mismas y que se certifique sobre su existencia y representación legal. excediendo el primitivo criterio que las limitaba a corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. entre otras). dio lugar a la existencia de nuevas modalidades de personas jurídicas.45 y 143 del Decreto Nacional 2150 de 1995 y 2o. con obligación posterior de proceder a su registro para dar paso a la personalidad jurídica correspondiente. 13l8 del 1988 y 2344 del mismo año. estatutos. de . 44. 43. merced a la expedición sucesiva de numerosas normas no incluidas en la preceptiva del Código en referencia (por ejemplo. conozca y cumpla unos requisitos legales y puedan hacer a la vida jurídica inscribiéndose en la Cámara de Comercio. derogó alguno de ellos. Los artículos 40. la Ley 22 de 1987 y los Decretos 3130 de 1968. del 24 de octubre de 1996. el desarrollo posterior de la legislación. 2. modificó substancialmente esos mandatos iniciales. cambiando las formas de constitución de dichas entidades por la escritura pública o el documento privado. reconocimiento de personería jurídica. 42. sin que tenga que esperar meses tratando de obtenerlo por parte de una entidad pública. mediante radicación No. La Corte Constitucional. Se afirman los principios de la buena fe. se suprime el acto de reconocimiento expreso y positivo del Estado. corresponde a las respectivas superintendencias. En consecuencia. y plasmó requisitos específicos para la constitución. de su Decreto reglamentario 427 de 1996. y 45 de este Decreto fueron demandados por inconstitucionales por considerar el actor que estas normas modificaron el artículo 636 del Código Civil. por lo cual las reformas sobre tales aspectos no implican por ser. objeto. El ciudadano tiene una solución automática al reconocimiento del derecho de asociación. estableció: 1. no requieren inscripción en las Cámaras de Comercio y su normatividad no fue modificada por el Decreto Nacional 2150. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. C 395 del 22 de agosto de 1996. y las disposiciones sobre instituciones de utilidad común y juntas de acción comunal. pero estamos en un proceso de formación de una cultura ciudadana que toma tiempo. libremente otorgados por los creadores de las mismas. que en su momento comprendía toda la normatividad alusiva al régimen de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. mediante Sentencia No. La función de inspección. Las personas jurídicas de la propiedad horizontal están dentro de las excepciones del artículo 45 de este Decreto . 41. control y vigilancia. referente al ámbito de competencia del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas frente al Decreto Nacional 2l50 de 1995 y la Ley 222 de 1995. declaró exequible los artículos demandados. por cuanto ambas hacen parte del régimen de excepción a la supresión del acto de reconocimiento de personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro. Reduce los factores que elevan el riesgo de corrupción y el tráfico de influencias. porque su creación y funcionamiento están regulados por la ley. reforma y disolución de los diversos tipos de entidades. Su inscripción en las alcaldías tiene un doble propósito. 054 de 1974. como lo entiende la actora. que debe presumirse en todas las actuaciones y de la autonomía de la voluntad privada. y 3o. El Gobierno Nacional pretendió fomentar una nueva cultura ciudadana en el sentido de que el ciudadano estudie. Al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas corresponde otorgar el reconocimiento de personerías jurídicas de las cooperativas de salud y de las de vigilancia privada. según los artículos 40. Es cierto que el Titulo XXXVI del Libro Primero del Código Civil contiene una regulación general.Luego. Sin embargo. vigilancia y control de entidades y organismos cooperativos que estaban sometidos al régimen de control concurrente. para lo cual consideró: "En otros términos. Es natural que surjan dudas y equivocaciones. 897. la reforma del mencionado Título del Código Civil".
notificación o publicación de tales licencias. Esto tiene su sentido toda vez que el mencionado Decreto de supresión de trámites se encuentra soportado en el principio constitucional de la buena fe. ningún establecimiento industrial. que por supuesto. Ver el Concepto de la Sec. basta simplemente con que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 46 del mencionado Decreto. dice relación únicamente con las seis obligaciones básicas que cumplir para la apertura del "establecimiento" pero no para el ejercicio de la actividad u objeto. toda vez que se desdibujaría el postulado de la buena fe. Las entidades sometidas a la acción (inspección y vigilancia) del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas para su liquidación. observarán las normas especiales que las regula. Es importante precisar que los requisitos previstos para ejercer la actividad siguen vigentes toda vez que lo dispuesto por el Decreto Nacional 2150 de 1995. Ver el Concepto de la Secretaría de Salud 1495 de 1997 . requerirá licencia. resulta cierto que las obligaciones no han desaparecido. en materia de salubridad lo que se exige para la apertura del establecimiento de comercio. Respecto de la inspección y vigilancia de las organizaciones cooperativas que tienen actividades diferentes a la actividad vigilada por la respectiva superintendencia. Lo no regulado expresamente por el Decreto continúa bajo el régimen vigente al momento de su expedición. comercial o de otra naturaleza.conformidad con los artículos 147 del Decreto Nacional 2150 de 1995 y 17 del Decreto reglamentario 427 de 1996. Lo aconsejable en esta situación es que las entidades que tenían la función de expedir los conceptos previos publiquen en un lugar visible cuáles son los requisitos. Ejemplo una Escuela de Enseñanza Automovilística tendrá que seguir cumpliendo con los requisitos puntuales que para el efecto el Ministerio de Transporte ha creado.. permiso o autorización de funcionamiento o cualquier otro documento similar. de conformidad con las normas especiales por las cuales se rige. Ahora bien. Sin perjuicio del régimen establecido para el Departamento Archipiélago de San Andrés. salvo el cumplimiento de los requisitos que se enumeran en los artículos siguientes con el único propósito de garantizar la seguridad y salubridad pública. Ver el Concepto del Consejo de Justicia 1325 de 1997 . General 062 de 2005 Nota: La persona que quiera abrir un establecimiento comercial. con las precisiones que adelante se formulan. No se requiere al efecto una certificación de ninguna entidad. por ejemplo. . según el mandato de la suprema ley. No sobra advertir que al eliminarse algunos trámites o procedimientos en la administración pública. 0850 de 1997.Supresión de las licencias de funcionamiento. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". como ocurre con la comunicación. pues ya no necesita ningún acto administrativo que le certifique el cumplimiento de cada uno de los requisitos. abierto o no al público. Editado por la Presidencia de la República). con el fin de que el interesado se entere y proceda a su cumplimiento. los requisitos para abrir el establecimiento comercial se tienen que cumplir so pena de las acciones policivas previstas en la Ley que se iniciaron a través de un control posterior. En el caso de la apertura de una sucursal bancaria tendrá que cumplir con las exigencias de la superintendencia Bancaria para ejercer operaciones bancarias. la función se ejerce por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. etc. se presume en todas las actuaciones que adelanten los particulares ante las entidades públicas. CAPÍTULO III LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Ver Concepto Secretaría General 12 de 2002 Artículo 46º. siendo este mismo Departamento Administrativo el organismo gubernamental competente para conocer de los procesos a que dicho acto da lugar. Providencia y Santa Catalina. era para facilitarle al ciudadano un acceso más efectivo con el Estado y en ningún momento podemos concebir que éstos sean reemplazados por otros. Reglamentado por el Decreto Nacional 1879 de 2008. Ver el Concepto del Consejo de Justicia 0835 de 1997 y.
esa misma filosofía que motivó al legislador extraordinario debemos aplicarla en el caso del artículo 46. Las comisiones de licenciamiento seguirán funcionando en lo que dice relación únicamente con instituciones de salud.. según el mandato de la suprema ley. Bajo este principio básico de que la salud está por encima del interés puramente individual. debe quedar claro que la licencia sanitaria no se eliminó toda vez que éstas son indispensables para garantizar la seguridad y salubridad públicas. La intención del Decreto Nacional 2150 en el tema específico de las licencias de funcionamiento consiste en que los interesados son responsables del cumplimiento de tales requisitos y son también responsables de obtener la información respectiva en forma adecuada y suficiente para ejercer la actividad correspondiente. ejercer un control previo para evitar riesgos. después de un análisis jurídico así lo ratificó. Resulta entonces claro que este acto administrativo constituye un mecanismo de control. Cada requisito tiene su propio término legal para ser cumplido y en ausencia de este término específico el requisito deberá cumplirse y mantenerse vigente durante todo el término que dure el ejercicio de la respectiva actividad. de 1989 expresa que la salud es un bien de interés público. La persona que quiera abrir un establecimiento comercial. la Ley 9a. era para facilitarle al ciudadano un acceso más efectivo con el Estado y en ningún momento podemos concebir que éstos sean reemplazados por otros. basta simplemente con que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 46 del mencionado Decreto.( Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Artículo 47º. Pues bien.Requisitos especiales. pues ya no necesita ningún acto administrativo que le certifique el cumplimiento de cada uno de ellos. Lo anterior en virtud a que la salud forma parte del derecho a la vida que es un derecho fundamental. en su artículo 45 al establecer que las entidades reguladas por la Ley 100 de 1993 de Seguridad Social no se les aplica la supresión del acto de reconocimiento de personería jurídica. sin perjuicio del régimen de vigilancia y control que ejerce la Superintendencia de Salud y de las sanciones preventivas y correctivas que imponen las autoridades pertinentes. se presume en todas las actuaciones que adelanten los particulares ante las entidades públicas. deban ejercer los establecimientos señalados en el artículo 46 de esta norma. existir un acto previo para que puedan ejercer dicha actividad. los establecimientos a que se refiere el artículo anterior sólo deberán: . convirtiéndose en autocontroladores. el cumplimiento de los requisitos debe ser acreditado. diferente a otras actividades que solamente basta con cumplir con las exigencias sin que medie acto administrativo. A partir de la vigencia del presente Decreto. Este tratamiento diferencial tiene su soporte en el mismo Decreto Nacional 2150 de 1995.Con relación a las instituciones reguladas por la Ley 100 de 1993. Así mismo. Esto tiene su sentido toda vez que el mencionado Decreto de supresión de trámites se encuentra soportado en el principio constitucional de la buena fe. Editado por la Presidencia de la República). corresponde en consecuencia al Estado. sin perjuicio del control y vigilancia que las autoridades de policía y demás autoridades especiales y específicas según la actividad. La Oficina Jurídica del Ministerio de Salud mediante circular de fecha febrero 23 de 1996. de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución Nacional. toda vez que se desdibujaría el postulado de la buena fe. En materia de salud. es decir. No sobra advertir que al eliminarse algunos trámites o procedimientos en la administración pública. Reglamentado por el Decreto Nacional 1879 de 2008. Como interpretación general deber tenerse en cuenta que todas las actividades especiales o restringidas por alguna norma vigente requieren del cumplimiento de requisitos igualmente especiales.. que por supuesto.
1325 y 1320 de 1997. adopten los concejos distritales o municipales. Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad. Ley 388 de 1997. ampliación. 5. de la misma ley. estableció que en cualquier tiempo las autoridades policivas podrán verificar el estricto cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del comercio señalados en el artículo 2o.Control Policivo. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites".. demolición de edificaciones o de urbanización. En cualquier tiempo las autoridades policivas del lugar verificarán el estricto cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior y en caso de inobservancia adoptarán las medidas previstas en la ley. Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo.Dentro de los quince (15) días siguientes a la apertura de un establecimiento. sin perjuicio de la interposición que 1os particulares hagan de las acciones populares. para el ejercicio propio de las funciones de Planeación. garantizando el ejercicio del derecho de defensa. es de carácter eminentemente estadístico. posesorias especiales previstas en el Código Civil y de la acción de tutela cuando quiera que se vulneren o amenacen derechos constitucionales fundamentales. 99. Obtener y mantener vigente la matrícula mercantil. Editado por la Presidencia de la República). policivas. 6. El artículo 3o. 0840 de 1998 y 0845 de 1998 Parágrafo. intensidad auditiva. Para adelantar obras de construcción. Tales funciones serán ejercidas por las autoridades. .1. de la Ley 232 de 1995. Ver los Conceptos del Consejo de Justicia 1325 de 1997 . Los municipios y distritos estarán obligados a expedir el plan de ordenamiento físico para el adecuado uso del suelo dentro de su jurisdicción. Reglamentado por el Decreto Nacional 1879 de 2008.. CAPÍTULO IV Reglamentado por el Decreto Nacional 992 de 1996 LICENCIAS DE URBANISMO Y DE CONSTRUCCIÓN Ver el art. y 845 de 1998 Nota: El propósito del propietario o administrador de comunicar a la oficina de Planeación del distrito o municipio correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a la apertura del establecimiento. Ver los Conceptos del Consejo de Justicia 870 . el cual incluirá los aspectos previstos en el artículo 34 del Decreto Nacional 1333 de 1986. 0850 de 1997 . Ver el Decreto Nacional 1052 de 1998 Artículo 49º. ubicación y designación expedida por la entidad competente del respectivo municipio. parcelación para construcción de inmuebles y de terrenos en las áreas urbanas y rurales. 2. 3. adecuación y reparación. modificación. 0835 de 1997 . Cancelar los impuestos de carácter distrital y municipal. Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales según el caso descritas por la ley. su propietario o administrador deberá comunicar tal hecho a la Oficina de Planeación del Distrito o Municipio correspondiente.. se deberá obtener licencia de urbanismo o de construcción las cuales se expedirán con sujeción al plan de ordenamiento físico que para el adecuado uso del suelo y del espacio público. Artículo 48º. horario. tratándose de establecimientos de comercio. 1320 de 1997 . Cancelar los derechos de autor previstos en la Ley. 4.Licencias de urbanismo y de construcción. si en el establecimiento se ejecutaran obras musicales causantes de dichos pagos.
Con anterioridad a la expedición del Decreto Nacional 2150 correspondía a las autoridades locales determinar la autoridad encargada de tramitar y expedir las licencias de urbanismo y construcción. Artículo 50º. demolición de edificaciones o de urbanización y parcelación. Mientras se organizan los curadores urbanos el departamento de Planeación Distrital es la entidad encargada de tramitar la expedición de licencias de urbanismo y construcción. para construcción de inmuebles y de terrenos en las áreas urbanas y rurales se requerirá de licencia expedida. de 1989 en cuanto a comunicación.000 habitantes el Alcalde o el Secretario de Planeación serán los encargados de tramitar y expedir la Licencia de Construcción. 138. Ley 388 de 1997.Derogado por el art. 138. En lo relativo a la posibilidad de exigir póliza. Designación de los curadores urbanos. a petición del interesado en adelantar proyectos de urbanización o de edificación. ya que el artículo 49 es claro en señalar que para adelantar obras de construcción. tendiente a cubrir los daños a construcciones colindantes. los acuerdos municipales. seguirán sometidas al procedimiento previsto en el artículo 65 de la Ley 9a. modificación. tramitar y expedir las Licencias de Urbanismo o de Construcción. con base en la normatividad existente en la materia no derogada por el Decreto Nacional 2150. quienes estarán obligados a dar fe acerca del cumplimiento de las normas vigentes aplicables en cada caso particular y concreto. adecuación y reparación. Nota: Para los municipios con población inferior a 100. Ley 388 de 1997. La Curaduría Urbana implica el ejercicio de una función pública. los municipios y distritos con población superior a 100.000 habitantes deberán encargar la expedición de las licencias de urbanización y construcción a curadores urbanos. a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción Artículo 51 . los Decreto s 327/92 y 736/93 relativos a inmuebles de conservación continúan vigentes. en las zonas o áreas de la ciudad que la administración municipal le haya determinado como de su jurisdicción. con sujeción al plan de ordenamiento físico adoptado por los consejos distritales o municipales. Fuente: Minjusticia En ninguna parte del Decreto 2l50 se expresa que las licencias de urbanismo y construcción han sido abolidas.000 habitantes. reguladas por los artículos 46 a 61 del Decreto Nacional 2150. Lo anterior por cuanto el Decreto Nacional 2150 tiene fuerza material de Ley y deroga las disposiciones que le sean contrarias. En los municipios con población inferior a 100. El alcalde municipal o distrital designará los curadores urbanos previo concurso de méritos teniendo en cuenta a quienes figuren en los tres primeros lugares de la lista de elegibles Para ser designado Curador se requieren los siguientes requisitos: .. aprobación y ulterior expedición de la referida licencia. Fuente: Minjusticia Las licencias de urbanismo y construcción y las de funcionamiento. notificación y publicación. Cabe mencionar que a dichos municipios no le es aplicable un período de transición de seis meses para entrar en vigencia dicho Decreto como ocurre con los curadores urbanos. para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipio. y en tales municipios queda sin efectos cualquier acuerdo municipal que señale que otra autoridad o entidad diferente de las mencionadas tramitarán y expedirán las licencias de construcción.A partir de los seis meses siguientes a la vigencia de este Decreto. dicha sugerencia podrá ser tenida en cuenta por el Ministerio de Justicia y del Derecho para efectos de la reglamentación del Decreto. Definición de Curador Urbano. El Curador Urbano es un particular encargado de estudiar. ampliación. estudio. Por tanto.Derogado por el art. los alcaldes o secretarios de planeación serán los encargados de tramitar y expedir las licencias de urbanismo y construcción. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).. entre otras. Al crearse la figura de los curadores urbanos se pretendió otorgar una mayor agilidad al proceso de expedición de la misma al concentrar en una persona calificada la revisión de planos.
siempre y cuando se demuestre previamente dicha circunstancia. de los estudios de suelos y planos estructurales. Artículo 53º. La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al vencimiento de la respectiva licencia...Derogado por el art. los términos previstos en el inciso anterior podrán prorrogarse. Período. 138. siempre que se compruebe la iniciación de la obra. Los curadores urbanos serán designados para períodos individuales de cinco (5) años y podrán ser reelegidos.Derogado por el art. Ley 388 de 1997. 138. 3. Artículo 54º. vigilancia y control.. Así mismo. 2. cuando menos. Artículo 55º. entre otros. Derechos y honorarios. Las licencias señalarán plazos para iniciar y ejecutar la obra autorizada.Los curadores se designarán por los alcaldes municipales o distritales a razón de uno (1) por cada doscientos mil habitantes. Identificación y localización del predio. Documentos para solicitar la licencia. que sirvan para determinar la estabilidad de la obra.. Corresponde al Ministerio de Desarrollo Económico ejercer la inspección. Ley 388 de 1997. Copia heliográfica del proyecto arquitectónico. la adecuación de terrenos o la realización de obras. 4.000 habitantes. Parágrafo.En los municipios con población superior a 100. Ley 388 de 1997. la copia heliográfica del proyecto arquitectónico deberá presentarse suscrita por arquitecto.Derogado por el art. Ley 388 de 1997. el juego de la memoria de . 138. ingeniero o posgraduado de urbanismo o de planificación regional o urbana. Artículo 57º... Copia del recibo de pago de impuesto predial en el que figure la nomenclatura alfanumérica del predio.Definición de Licencia. teniendo en cuenta. Toda solicitud de licencia debe ir acompañada únicamente de los siguientes documentos: 1. b) Acreditar una experiencia laboral mínima de diez años en el ejercicio de actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana. 5. Inspección.. c) Acreditar la colaboración del grupo interdisciplinario especializado que apoyará la labor del Curador Urbano. Las licencias tendrán una duración de veinticuatro (24) meses prorrogables a treinta y seis (36). Parágrafo. Un juego de la memoria de los cálculos estructurales. 138. Vigencia de la licencia. expedida con anterioridad no mayor de cuatro meses de la fecha de su solicitud. vigilancia y control de los curadores urbanos.. El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con las expensas a cargo de los particulares que realicen trámites ante las Curadurías Urbanas al igual que lo relativo con la remuneración de quienes ejercen esta función. inhabilidades e incompatibilidades. Ley 388 de 1997. Sí el propietario fuere persona jurídica deberá adjuntar certificado de existencia y representación legal expedida con anterioridad no mayor a cuatro (4) meses. Artículo 56º. Parágrafo. Igualmente.En los eventos en los cuales la obra no alcance a ser concluida por causa no imputable al constructor. la cuantía y naturaleza de las obras que requieren licencia y las actuaciones que sean necesarias para expedirla.Derogado por el art. Artículo 52º. 138..a) Poseer título profesional de arquitecto. La licencia es el acto por el cual se autoriza a solicitud del interesado. Los municipios con población entre cien mil y doscientos mil habitantes tendrán dos (2) curadores. Copia del folio de matrícula inmobiliaria del predio por urbanizar o construir. contados a partir de su entrega.Derogado por el art. estarán sometidos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades de previstos para los notarios públicos.
C 510 del 8 de octubre de 1996 resolvió: Declarar fundadas las objeciones presidenciales al mencionado proyecto. 232/96 Senado . 5.Contenido de la licencia.. también por los curadores urbanos en los municipios y distritos con población superior a 100. Nombre del constructor responsable.. sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías en defensa tanto en orden jurídico. En cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 241 de la Constitución Política de 1991. Indicación expresa de que las obras deberán ser ejecutadas de forma tal que se garantice tanto la salubridad de las personas. 2. 1753 de septiembre 26 de 1996. de los estudios de suelos y planos estructurales que sirvan para determinar la estabilidad de la obra. El Proyecto de Ley No. Artículo 59º. Indicación de la obligación de mantener en la obra la licencia y los planos con constancia de radicación y de exhibirlos cuando sean requeridos por autoridad competente. por tratarse de un vicio subsanable. Corresponde a los alcaldes distritales o municipales directamente o por conducto de sus agentes. dentro de los cinco días siguientes a la expedición de la licencia.. Artículo 58º. como la estabilidad de los terrenos. 4. para lo de su competencia. edificaciones y elementos constitutivos del espacio público. del ambiente y del patrimonio y espacios públicos.300/96 Cámara. fue objetado por el Ejecutivo.Control.los cálculos estructurales. La licencia contendrá: 1. Este último se interpondrán para ante la oficina de planeación o en su defecto para ante el alcalde distrital o municipal y deberá resolverse de plano. el Curador remitirá copia de ella a las autoridades previstas en este artículo. el 6 de diciembre de 1995. El titular de la licencia deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas que se deriven de ella. con motivo de la ejecución de las obras. . Contra los actos que resuelvan las solicitudes de licencias de urbanismo o construcción procederán los recursos de reposición y apelación. Luego lo establecido en los artículos 56 a 58 del Decreto Nacional 2150 debe ser acatado por las entidades que hoy expidan las licencias y. Ver el art. "Por medio de la cual se deroga el capítulo IV del Decreto Nacional 2150 de 1995".000 habitantes. Editado por la Presidencia de la República). según la información suministrada en el formulario de radicación. y responderá por los perjuicios causados a terceros. 57 y 58 relacionados con las licencias de urbanismo y construcción entraron en vigencia desde el momento de la publicación del Decreto sobre supresión de trámites. Por medio del Decreto No. desde el punto de vista formal.. con el fin de asegurar el cumplimiento de la licencia de urbanismo o de construcción y de las demás normas y especificaciones técnicas contenidas en el plan de ordenamiento físico. y la Corte Constitucional. posteriormente. 83.Recursos.Cumplimiento de obligaciones. es decir. Artículo 61 . Decreto Nacional 1052 de 1998 Para tal efecto. Nota: Los artículos 56. Características básicas del proyecto. devolver al señor Presidente del Congreso de la República el proyecto de ley. ejercer la vigilancia y control. mediante Sentencia No. Vigencia. deberá ir firmado por el ingeniero civil. Nota: Mediante el Decreto No. se reglamentaron las expensas y honorarios de los curadores urbanos. durante la ejecución de las obras. Artículo 60º. 0992 de junio 4 de 1996. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". como de los intereses de la sociedad en general y los intereses colectivos. 3. Estuvo reglamentado este Capítulo.
la Ley 105 de 1993 dividió el Fondo de Infraestructura Vial y Urbana (FIU) en los Fondos de Cofinanciación de Vías y de Infraestructura urbana.. Ver el Decreto Nacional 180 de 1981 CAPÍTULO VI SISTEMA NACIONAL DE COFINANCIACIÓN Nota: La cofinanciación es un instrumento financiero complementario para apoyar con recursos no reembolsables del Presupuesto General de la Nación la ejecución de proyectos de competencia territorial. Cada seis meses. número de registro y profesión de los graduados. CAPÍTULO V TÍTULOS ACADÉMICOS PROFESIONALES Artículo 62º. especialmente por la recomposición de las plantas de personal.. se promulgó el Decreto Nacional 2132 de 1992. las ciencias jurídicas y de la salud. Editado por la Presidencia de la República). en el marco de las políticas de interés Nacional.Registro de títulos en las instituciones de educación superior. Dicho número se otorgará con sujeción a las regles que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. la reacomodación institucional y los dispendiosos procesos de 1iquidación de los Fondos que desaparecieron.Para ejercer la profesión o la cátedra universitaria.. El objetivo de la creación del sistema fue concentrar el trámite de todas las fuentes de cofinanciación de los recursos apropiados en el presupuesto Nacional en pocas entidades. hecho lo cual se enviará inmediatamente el proyecto a la Corte. el cual asumió funciones del Fondo de Acueducto y Alcantarillado. Los procesos de reestructuración del Sistema han sido bastante complejos..De conformidad con el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991. Suprímese el registro estatal de los títulos profesionales.. y el Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Vial y Urbana. que ejecutaba el Programa de Ajuste Sectorial (PAS) del Fondo Vial y del Fondo Nacional de Caminos Vecinales. Artículo 64º. siempre que ésta tenga la aprobación del Estado donde esté localizada. D. Santa Fe de Bogotá. el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI). para que el Congreso de la República subsane el vicio observado. El artículo 2 de la Ley 72 de 1993. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". con el cual se constituyó el Sistema Nacional de Cofinanciación. Artículo 65º. fijar el término de treinta (30) días.Comité Nacional de Cofinanciación .INEXEQUIBLE. (Documento CONPES 2791 .. . un listado que incluya el nombre. El Sistema está conformado por los Fondos de Cofinanciación para la Inversión Social (FIS). no se requerirá homologar o convalidar el título de pregrado o posgrado otorgado por una institución de educación superior en el exterior. Se excluyen de lo anterior. contados a partir de la comunicación de la presente decisión. para que ésta proceda a decidir sobre la exequibilidad del mismo. A las instituciones de educación superior legalmente reconocidas por el Estado corresponderá llevar el registro de los títulos profesionales expedidos dejando constancia del número de registro en el diploma y en el acta de grado. Supresión de homologación o convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior exterior. Artículo 63º. Suprímase el registro de cualquier otro diploma otorgado por una institución de educación legalmente reconocida en Colombia.Supresión del registro de diplomas. junio 21 de 1995).DNP UDT Ajustes al Sistema Nacional de Cofinanciación.Supresión del registro estatal de títulos profesionales. Con base en el artículo 20 transitorio de la Constitución de 1991. quedará así: "Artículo 2º. las instituciones de educación superior remitirán a las autoridades competentes que determine el Gobierno Nacional. Posteriormente. administrados por Findeter." Corte Constitucional Sentencia C-050 de 1997.C. resultado de la fusión del Fondo Nacional Hospitalario y del Fondo del Ministerio de Educación Nacional.
Para estos efectos.Funciones relativas al manejo de los recursos del sistema de Cofinanciación. y el Fondo de Cofinanciación de Inversión Rural.. Nota: Lo relevante de esta disposición es que elimina el comité interfondos. Los procedimientos. viabilización y evaluación de los programas y proyectos que presentan. mecanismos y condiciones de oportunidad para presentar solicitudes de cofinanciación de programas y proyectos por parte de las entidades territoriales. asesoría. podrá invitar a representantes de las entidades públicas o privadas a sus sesiones.Los cambios efectuados por el Decreto Nacional 2150 de 1995 al Decreto 2132 de 1992. y los Gerentes o Directores de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Cofinanciación... estará a cargo de un Comité Departamental o Distrital de Cofinanciación. así como Findeter. o mediante contratos de carácter fiduciario. conservará la organización administrativa e Institucional requerida. quedará así: "Artículo 28º. El artículo 27 del Decreto 2132 de 1992.Principios de la cofinanciación. encargada de las funciones de promoción. quien lo presidirá. pero podrán contribuir financieramente a la organización y funcionamiento en cada uno de los departamentos y distritos. o en su defecto por el Subdirector. de conformidad con los temas que se traten. podrá contratarse personal para el funcionamiento técnico y administrativo del respectivo Fondo". El artículo 28 del Decreto 2132 de 1992. cuya composición se determinará por el Comité Nacional de Cofinanciación.. Editado por la Presidencia de la República ). Artículo 66º. FIS. Para el ejercicio de sus funciones de Cofinanciación. tanto dichas entidades territoriales como los municipios del respectivo departamento. fueron los siguientes: (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". La Coordinación del Comité Nacional de Cofinanciación estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación". podrán manejar directamente los recursos del Sistema Nacional de Cofinanciación.. .Organización regional. Los fondos de Cofinanciación de Inversión Social. Los miembros del Comité Nacional de Cofinanciación actuarán con voz y voto y no podrán delegar en ningún otro funcionario su asistencia a las sesiones que realice el Comité. Artículo 69º. quedará así: "Artículo 27º. Con cargo a estos recursos.Organización regional. diseñados por el Comité Nacional de Cofinanciación previsto en el numeral 6 del artículo siguiente". en relación con el Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Urbana y el Fondo de Cofinanciación de Vías. Sin embargo. La aprobación de los proyectos viabilizados por las Unidades Especializadas. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites".Manejo de los recursos de cofinanciación.. Findeter. quedará así: "3. DRI. El numeral 3 del artículo 23 del Decreto 2132 de 1992. los Fondos de Cofinanciación no tendrán dependencias regionales no locales. Adoptar los procedimientos. cuyas funciones serán ejercidas por el Comité Nacional de Cofinanciación. a través del Director del Departamento Nacional de Planeación. apoyo. mecanismos y condiciones de oportunidad de acceso de las entidades territoriales a los recursos de cofinanciación deberán ser los mismos para todos los Fondos del Sistema Nacional de Cofinanciación. coordinación. El Comité Nacional de Cofinanciación. para efectos de las funciones diferentes a las del manejo de los Fondos de Infraestructura Urbana y de Vías. conformase un Comité Nacional de Cofinanciación integrado por el Director del Departamento Nacional de Planeación. El numeral 6 del artículo 24 del Decreto 2132 de 1992. quedará así: "6. de una unidad especializada en las oficinas de planeación de la respectiva entidad territorial. Artículo 67º. Editado por la Presidencia de la República). Artículo 68º.Manejo de los recursos de Cofinanciación.
la cual será impuesta por el Director de la Biblioteca Nacional. En los mismos convenios se presumirá que el representante de la entidad territorial tiene las autorizaciones correspondientes exigidas por la ley. .El Conpes determinará los montos de los proyectos susceptibles de ser aprobados directamente por los Comités Departamentales o Distritales de Cofinanciación a los cuales se refiere el presente artículo. Artículo 73º. El listado se actualizará mensualmente. CAPÍTULO II MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Artículo 74º.Supresión de la reserva de nombre. una multa igual a diez (10) veces el valor comercial de cada ejemplar no depositado. Artículo 70º. fiscal y penalmente en caso de no poseer las citadas facultades. El representante legal de la entidad territorial responderá administrativa. productor de obras audiovisuales. Los Fondos departamentales o distritales estarán conformados con recursos de los departamentos y distritos y se regirán por los principios o normas del Sistema Nacional de Cofinanciación. según el caso. El pasaporte ordinario será válido por diez (10) años. disciplinaria. quedará así: "La omisión del Depósito Legal a que se refiere este artículo. Excepcionalmente los municipios podrán acceder directamente cuando demuestren que no han sido atendidos por los Departamentos". videograbador.. contados a partir de la fecha de su expedición. Nota: Esta norma extiende la validez del Pasaporte a 10 años. a la entidad territorial que determine el Fondo de Cofinanciación Nacional correspondiente. mediante resolución motivada". ocasionará al editor.. la cual se certificará con un listado general que expedirá para el efecto la Registraduría Nacional del Estado CMI.Eliminación de la exigencia de probar la calidad de representante legal. Artículo 71 . Suprímese la reserva de nombre ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor.Multas por omisión del depósito legal. Los proyectos serán aquellos que sean aprobados por los Comités Departamentales de Cofinanciación y su ejecución corresponderá. Los Fondos de Cofinanciación. contados a partir de la fecha en que fue expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por la Gobernación del Departamento. TÍTULO II RÉGIMENES ESPECIALES CAPÍTULO I MINISTERIO DEL INTERIOR Artículo 72º. montos que serán objeto de cofinanciación por dichos Fondos y resolverá los conflictos de competencia que se presenten..Fondos departamentales y distritales. en todo caso. En los convenios de cofinanciación que se celebren entre ciudades del orden Nacional y entidades territoriales no se exigirá por parte de las primeras la demostración de la calidad de representante legal de la respectiva entidad territorial..Vigencia del pasaporte. o importador. creados por las entidades territoriales como cuentas especiales dentro de su presupuesto. proyectos. lo cual declarará bajo juramento. El inciso último del artículo 7 de la Ley 44 de 1993. a nivel Nacional. podrán contratar la ejecución global o parcial de los recursos con las entidades que administren los Fondos Departamentales o Distritales de Cofinanciación. El Comité Nacional de Cofinanciación determina los aspectos atinentes a materias. productor fonográfico..
.Derogatoria de la presentación de la tarjeta militar para la expedición del pasaporte.Podría pensarse que un Pasaporte próximo a vencerse..La ausencia de Colombia por un término consecutivo de cinco (5) meses al año. Supresión de equivalencias. quedará así: "Artículo 8º. Acreditar mediante documento idóneo el lugar y fecha de nacimiento del solicitante. Acreditar ausencia de antecedentes penales provenientes de autoridades competentes. quedará así: "Artículo 6º.. Esto. Editado por la Presidencia de la República). expedido en Colombia.. Artículo 79º.Interrupción de domicilio. cargos que pertenecen a la carrera diplomática en la categoría de Embajador. cuando tiene ante sus ojos un pasaporte vencido. o ya vencido. no interrumpe los períodos de domicio continuo exigidos en el artículo anterior. Artículo 75º. 3. Así mismo. De allí la necesidad de revalidar el pasaporte vencido. Editado por la Presidencia de la República). de que en nuestro país se expidió el Decreto Nacional 2150/95. El artículo 6 de la Ley 43 de 1993. quedarán así: "2. Registro civil de Matrimonio válido en Colombia en caso de que el solicitante sea casado (a) con colombiana (o). Se exceptúan de este requisito a quienes hayan ingresado al país siendo menores de edad y quienes a la fecha de la presentación de la solicitud tengan diez (10) años o mas de domicilio continuo en Colombia. Las solicitudes presentadas ante las Gobernaciones o las Alcaldías. si es el caso. Debe ser mirada en concordancia con el artículo III del Decreto Nacional 2150. Sentencia de la Corte Constitucional C 368 de 1996 Artículo 77º. 4. aunque discutible.. "9.... Artículo 76º. podrá eximir de la presentación de los requisitos señalados en los numerales 2. 9. 10 y el parágrafo l del artículo 9 de la Ley 43 de 1993.Presentación de solicitudes. b) y c) del artículo anterior. cuando a su juicio se considere de conveniencia para Colombia. Suprímense de las equivalencias establecidas en el artículo 12 del Decreto Nacional 10 de 1992.Las solicitudes de Carta de Naturaleza se presentarán ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o las Gobernaciones. en el país de origen o en aquellos de donde hubiere estado domiciliado durante los últimos cinco (5) años antes de su ingreso a Colombia. "7. es razonable. A partir de su renovación empieza a correr el término de 10 años. Artículo 78º. Registro de nacimiento de los hijos en Colombia. serán remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores para su decisión". pero lo que no es razonable es pretender convencer a una autoridad de inmigración del exterior. 10 y 11 referentes a la documentación de que trata el reformado artículo 9 de la Ley 43 de 1993". Derogase el literal e) del Artículo 5 Decreto 321 de 1994. 9. Nota: Esta norma derogó la obligación establecida y el literal e) del artículo 50 del Decreto 321 de 1994 de presentar la libreta militar para la expedición del pasaporte.INEXEQUIBLE. Las solicitudes de inscripción de Latinoamericanos y del Caribe por Nacimiento se formularán ante las alcaldías de sus respectivos domicilios o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.Documentación para adquirir la Nacionalidad. "10. inicia un nuevo período de vigencia que se prolongaría por 10 años. las de Director General de Protocolo y Director General de la Academia. El artículo 8 de la Ley 43 de 1993. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Únicamente el Presidente de la República con la firma del Ministro de Relaciones Exteriores podrá reducir o exonerar el término de domicilio previsto en los literales a). que estableció taxativamente los casos en que las entidades públicas o privadas pueden exigir la presentación de este documento. norma que aquella autoridad ni conoce ni tiene por qué conocer. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". 7. 5. Los numerales 2.
Expedición del certificado. deberá acompañar a la solicitud de Nacionalización una carta dirigida a la Comisión para asuntos de nacionalidad explicando los motivos que le impiden hacerlo para que considere las pruebas supletorias del caso y lo exoneren en el evento de no poder aportarlas.. para: a) La expedición de licencias de navegación. . El Certificado de Carencia de Informes Tráfico de Estupefacientes se expedirá por la Dirección Nacional de Estupefacientes con destino a las siguientes entidades y exclusivamente para los fines previstos en este artículo: 1..El peticionario que no pueda acreditar algunos de los requisitos señalados en este artículo.. Artículo 81º.Los Nacionales por adopción no están obligados a renunciar a su Nacionalidad de origen o de adopción.. g) El otorgamiento de licencias del personal aeronáutico. b) La adquisición o matrícula de embarcación.Si el Nacionalizado está interesado en renunciar a su Nacionalidad de origen o de adopción. quedará así: "Artículo 14º. Artículo 80º.En caso de conveniencia Nacional. f) La aprobación de nuevos socios o el registro de la cesión de cuotas e interés social. Adiciónase el artículo 13 de la Ley 43 de 1993. El artículo 14 de la Ley 43 de 1993. b) La adquisición del dominio o cambio de explotador de aeronaves. CAPÍTULO III MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Certificados de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes Artículo 82º. Parágrafo. c) El uso y goce de bienes de uso público de propiedad de la Nación. Con destino a la Dirección General Marítima.Parágrafo 1 . 2.. d) La obtención o renovación del permiso de operación de empresas de servicios aéreos comerciales. el Gobernador o el Alcalde. Con destino a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para: a) La importación de aeronaves. c) La construcción.. escuelas y aeroclubes. así como el Presidente o el Ministro de Relaciones Exteriores dejará constancia de este hecho en el acto de juramento".Derecho del naturalizado a conservar su Nacionalidad de origen. pistas o helipuertos. pistas o helipuertos. Dimar. el juramento podrá ser tomado por el Presidente de la República o el Ministro de Relaciones Exteriores". aeródromos. reforma y permiso de operación de aeródromos.. e) La obtención o renovación de permiso de funcionamiento de talleres aeronáuticos y empresas de servicios aeroportuarios.Juramento y promesa de cumplir la Constitución y la Ley. con el siguiente parágrafo: "Parágrafo.
e) Para la adquisición y/o matrícula de embarcación podré otorgarse hasta por un (1) año. servicios aeroportuarios.d) El otorgamiento de rutas y servicios de transporte marítimo. aeroclubes y talleres aeronáuticos. explotación u operación de tanques en tierra ubicados en zona franca comercial. podrá otorgarse hasta por cinco (5) años y quedará sujeto en su vigencia al término estipulado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en la resolución que otorgue el Permiso de Operación del aeródromo. podrá otorgarse hasta por cinco (5) años y quedará sujeto en su vigencia al término estipulado por la Dirección General Marítima en la resolución que otorgue la Licencia de Navegación. podrá otorgarse hasta por cinco (5) años. d) Para la propiedad. b) Para el otorgamiento de rutas y servicios de transporte marítimo. pistas o helipuertos. podrá otorgarse hasta por cinco (5) años y quedará sujeto en su vigencia al término estipulado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en la resolución que apruebe el nuevo propietario o explotador. producción o almacenamiento de sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.. 3. e) La propiedad. . Dimar. Los otorgados para realizar trámites ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil tendrán las siguientes vigencias: a) Para obtener Licencia de Personal Aeronáutico. escuelas. e) Para los demás trámites. Para la importación.. explotación u operación de tanques en tierra ubicados en zonas francas comerciales. distribución. consumo. compra. En ningún caso se solicitará y/o expedirá el Certificado sobre Carencia de Informes sobre Narcotráfico a entidades. pistas o helipuertos. Los otorgados para realizar trámites ante la Dirección General Marítima.Término de vigencia de los certificados. Parágrafo. podrá otorgarse hasta por cinco (5) años. Los otorgados para sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes hasta por cinco (5) años. organismos o dependencias de carácter público o a quienes lo soliciten sin fin específico Artículo 83º. tendrán las siguientes vigencias: a) Para obtener y renovar licencia de Navegación. El certificado expedido tendrá las siguientes vigencias: 1.Modificado por el art. d) Para la aprobación de nuevo propietario o explotador de aeródromo. 36. c) Para la obtención y renovación del permiso de operación de aeródromos. 2. podrá otorgarse hasta por cinco (5) años. podrá otorgarse hasta por un (1) año. podrá otorgarse hasta por cinco (5) años. 3. Ley 962 de 2005. pista o helipuerto. podrá otorgarse hasta por cinco (5) años y quedará sujeto en su vigencia al término estipulado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en la resolución que otorgue el Permiso de Operación de la Empresa. c) Para el otorgamiento de uso y goce de bienes de uso público. b) Para la obtención y renovación de permisos de operación de empresas de servicios aéreos.
Excepciones. El lncomex expedirá tales licencias. que reposen en los respectivos archivos en relación con las personas solicitantes. se entenderán expedidos por el término de cinco (5) anos. Parágrafo 3º. produzcan y almacenen sustancias químicas controladas. conforme a las normas vigentes..Supresión de visto bueno de la Dirección de Estupefacientes en licencias de Importación. de enriquecimiento ilícito o del tipificado en el artículo 6 del Decreto 1856 de 1989. no se requiere la presentación del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes.. matrículas mercantiles de personas jurídicas. distribuyan. según lo dispuesto por el Consejo Nacional de Estupefacientes". Artículo 89º. el certificado podrá anularse unilateralmente en cualquier tiempo por la Dirección Nacional de Estupefacientes. presentaciones personales. Artículo 88º.. organismos o dependencias de carácter público. a un funcionario responsable de las mismas. y reportará mensualmente las licencias de importación aprobadas. el particular sólo deberá actualizar los datos que reposan en la Dirección Nacional de Estupefacientes.Renovación del certificado. Tratándose de la renovación del Certificado de carencia de Antecedentes de Narcotráfico. declaraciones de industria y comercio. ni los que exigen formalidades especiales como la visita que practica Ingeominas para el caso del manejo de las sustancias químicas controladas. Artículo 86º. así como la obligación de sellar y foliar el libro de control de las sustancias químicas. certificaciones de profesionales del área química. Para adquirir las sustancias químicas controladas. Cuando se trate de entidades.. éstas lo harán mediante autorización expresa y escrita de su representante legal quien podrá designar dentro de la entidad.. consuman. constancias de empresas proveedoras.Los Certificados de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes. de conformidad con el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes.. Suprímase el trámite de inscripción de los abogados en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial previsto en el Decreto l996 de 1971. Artículo 90º.. .. contados a partir de la fecha de expedición de los mismos. Artículo 84º. En adelante y con el fin de expedir el Certificado de Carencia de informes por Tráfico de Estupefacientes. expedidos por la Dirección Nacional de Estupefacientes. no se podrán exigir autenticaciones. Inscripción y registro de abogados.Petición de informaciones a otras entidades. Los Incisos l y 2 del artículo 3 del Decreto 2894 de 1990.. demandará simultáneamente de las entidades competentes la información de registros debidamente fundamentados que posean sobre antecedentes relacionados con los delitos de narcotráfico y conexos. con base en los informes provenientes de autoridad u organismo competente. importen. la Dirección Nacional de Estupefacientes.Inscripción de abogados. Elimínase el visto bueno previo de la Dirección Nacional de Estupefacientes para la aprobación de las licencias de importación de sustancias químicas controladas. dentro de los límites aprobados. licencias de navegación. Artículo 85º. Las autoridades competentes dispondrán de un término de quince (15) días para enviar por escrito la información solicitada.El Consejo Nacional de Estupefacientes continuará fijando las tarifas por la expedición de los Certificados a que se refiere este capítulo.. sin perjuicio de las visitas de control que dicha entidad pueda realizar cuando sea necesario. Elimínase la inscripción ante el Ministerio de Salud para las personas naturales o jurídicas que compren. así como la práctica de la visita dispuesta para el control de sustancias químicas que sirven para el procesamiento de estupefacientes. Dicha anulación será informada a las autoridades correspondientes y contra ella procede únicamente el recurso de reposición Parágrafo 2º.Eliminación de la Inscripción en el Ministerio de Salud.Parágrafo 1 . adoptado como legislación permanente por el Decreto 2272 de 1991. quedará así: "Recibidas las solicitudes debidamente diligenciadas.No obstante. El incumplimiento de esta obligación constituirá falta gravísima".Requisitos. Artículo 87º. que se encuentren vigentes al momento de entrar a regir el presente Decreto. fotocopia del documento de identidad de la tripulación para obtener o renovar permiso de operación de las empresas de servicios aéreos comerciales.
A partir de la vigencia del presente Decreto . Suprímense las demás funciones previstas en el artículo 24 del Decreto 3200 de 1979. las conocían. Hoy se rigen por las tarifas que apruebe el respectivo colegio de abogados.. y los demás actos administrativos de carácter general expedidos por las entidades u órganos del orden Nacional. Artículo 93º. En consecuencia. Artículo 92º.. b) Las leyes y los proyectos de Ley objetados por el Gobierno. A partir del 1 de abril de 1996. Acreditación de la judicatura. ejercer la función de expedir el certificado que acredite el cumplimiento de la judicatura para optar al título de abogado. El respectivo Tribunal Superior del Distrito Judicial. La licencia temporal seguirá expidiéndose por el respectivo Tribunal Superior del Distrito Judicial debido a que no se derogaron las normas que la regulan. Suprímase la facultad del Ministerio de Justicia y del Derecho de aprobar las tarifas de honorarios para el ejercicio profesional de abogado. En adelante corresponde al Consejo Superior de la Judicatura. para el registro de instrumentos públicos se presentará el formato de registro que para tal efecto elabore la Superintendencia de Notariado y Registro. en procura de la supresión de trámites. aparte de los colegios de abogados. A la copia notarial de la escritura con destino al registro se adjuntará el formato referido. debidamente diligenciado por el notario ante el cual se haya otorgado la escritura pública. los siguientes documentos públicos: a) Los actos legislativos y los proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta.Competencia. como los que están próximos a solicitar su inscripción como abogados. Pocos. Requisitos para acreditar la judicatura. El literal h) del numeral l del artículo 23 del Decreto 3200 de 1979 quedará así: "h) Abogado o asesor jurídico de entidad sometida a la Inspección y Vigilancia de las Superintendencias Bancarias. Editado por la Presidencia de la República). las actuaciones que se encontraban en trámite no podrán continuar su curso y tanto los profesionales del derecho que esperaban la respuesta del Tribunal Superior del Distrito Judicial a este respecto. en la práctica ésta dejará de ser solicitada.Nota: Los Tribunales Superiores del Distrito judicial pierden competencia para adelantar el trámite de inscripción de los abogados.Publicaciones en el Diario Oficial. Editado por la Presidencia de la República). Aunque es pertinente anotar que por ser más rápida la expedición de la tarjeta profesional que la de la licencia provisional. para que allí les expidan la tarjeta profesional definitiva. c) Los Decretos y resoluciones ejecutivas expedidos por el Gobierno Nacional. que aprobaba el Ministerio de Justicia. no tuvieron nunca un efecto práctico. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". de Valores o de Sociedades". se limitarán a acudir a la oficina de Registro del Consejo Superior de la Judicatura que les corresponda.INEXEQUIBLE.Procedimiento de registro. cuya vigencia se determinará en el mismo acto de su expedición. Nota: Las tarifas de honorarios para el ejercicio de la abogacía.. Corte Constitucional Sentencia C-281 de 2004 Registro de instrumentos públicos... para que allí se expida la tarjeta profesional. enviará a los Consejos Seccionales de la Judicatura correspondientes las solicitudes en trámite para decretar la inscripción de abogado junto con sus anexos. donde consten los elementos básicos del negocio jurídico relevantes para su inscripción. . cualquiera que sean las ramas u organizaciones a las que pertenezcan. sólo se publicarán en el Diario Oficial. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Artículo 91 .Prohibición de aprobar tarifas de honorarios de abogados para el ejercicio profesional. Artículo 94º. Artículo 95º.
los artículos 2. Ver el Concepto de la Sec. dispuso: Crear como anexo de todo contrato celebrado por entidades públicas del orden Nacional el Extracto Único de Publicación. perfeccionado el contrato se solicitará su publicación en el Diario Oficial o gaceta oficial correspondiente a la respectiva entidad oficial. este requisito se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes.. Ver el Concepto de la Secretaría General 1925 de 1999 . deban ser publicados en el Diario Oficial. que permita a los habitantes conocer su contenido. Derogase el artículo 11 de la Ley 51 de 1898. apéndice del Diario Oficial. reglamentario de la Ley 190 del 6 de junio de 1995 en materia de publicación de contratos en el Diario Único de Contratación Pública. requisito que se entenderá cumplido con la presentación del recibo de pago por parte del contratista o de la parte obligada contractualmente para tal efecto. Parágrafo. Asimismo.. uso o concesión de bienes Nacionales. General 29 de 2010 Artículo 97º.11. de la Ley 57 de 1985 y las demás normas que sean incompatibles con lo expuesto en el presente Decreto . a menos que se disponga su publicación en otro medio oficial destinado para estos efectos o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. cuyo formato lo diseña la Imprenta Nacional de Colombia y se diligenciará de acuerdo con los lineamientos señalados por esa misma entidad. la Ley 139 de 1936. Artículo 96º. a terceros que no hayan intervenido en una actuación administrativa..d) Los actos de disposición. Nota: En relación con este acápite es necesario comentar que se precisaron los documentos públicos que son objeto de publicación en el Diario Oficial. independiente del orden de la entidad que lo suscriba. contendrá información sobre los contratos que celebren las entidades públicas del orden Nacional.Derogatorias. El artículo 60 de la Ley 190 manifiesta que será requisito indispensable para la legalización de los contratos de que trata el artículo anterior la publicación en el Diario Único de Contratación Pública. o a falta de dicho medio.Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 61 de la Ley 190 de 1995. El Decreto 1477 de 1995 del 5 de septiembre del mismo año.Los actos administrativos de carácter particular y concreto surtirán sus efectos a partir de su notificación y no será necesaria su publicación. se comenta lo siguiente: El parágrafo 3° del artículo 41 de la Ley 80 prevé que salvo lo previsto sobre operaciones de crédito público. Ver Concepto del Consejo de Estado 1024 de 1997 e) La parte resolutiva de los actos administrativos que afecten de forma directa o inmediata. Para mejor ilustración en cuanto a la publicación de los contratos estatales. 10. enajenación. . f) Las decisiones de los organismos Internacionales a los cuáles pertenezca la República de Colombia y que conforme a las normas de los correspondientes tratados o convenios constitutivos. El artículo 59 de la Ley 190 de 1995 creó el Diario Único de Contratación Pública. por algún mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa territorial. los convenios o contratos interadministrativos no requerirán la publicación en el Diario Único de Contratación. Como mínimo el Extracto Único de Publicación debe contener la información prevista en el artículo lo. se resalta que los convenios o contratos interadministrativos no requerirán para su legalización de la publicación en el Diario Oficial ni en el Diario Único de Contratación. Cuando se utilice un medio de divulgación oficial. del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Ver Concepto del Consejo de Estado 1024 de 1997. El artículo 24 del Decreto 679 de 1994 establece que han de publicarse en la forma prevista en el parágrafo 3o. los contratos que deben tener formalidades plenas de acuerdo con el artículo 39 de la misma ley. y con el fin de establecer los parámetros de comparación en la contratación administrativa de que trata el artículo 59 de la Ley 190 de 1995. de este Decreto .
En conclusión: I.Igualmente este Decreto señaló. el plazo. el interventor y toda la información necesaria a fin de comparar y evaluar dicha contratación. el ordenador del gasto de las entidades públicas del orden Nacional o su delegado remitirá a la Imprenta Nacional de Colombia en original el Extracto Único de Publicación de cada contrato por él suscrito. diligenciará el Extracto Único de Publicación de cada contrato el cual deberá ser suscrito por el ordenador del gasto. el interventor y toda la información necesaria a fin de comparar y evaluar dicha contratación. en el Diario Único de Contratación Pública y. de conformidad con lo previsto en el Decreto 1477 de 1995. el cual es obligatorio a partir del 27 de septiembre de 1995 y además previó que dicho formato podría ser elaborado por cada entidad pública con base en el formato diseñado. el plazo. Por otra parte. el valor total y los costos unitarios. los adicionales y modificaciones que hubiesen celebrado. recopilará y concordará la información anterior y la enviará trimestralmente a la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. Las entidades territoriales (artículo 286 Constitución Nacional). publicarán los contratos con formalidades plenas en la gaceta oficial correspondiente de la respectiva entidad oficial. este Decreto estableció que la Imprenta Nacional de Colombia. el objeto. además. determinados conforme a las cuantías de los mismos. de este Decreto . Así mismo. quien será responsable de su contenido. que dentro de los dos meses siguientes al pago de los derechos de publicación. diligenciarán el Extracto Único de Publicación con la misma información consignada en el artículo lo. o a falta de dicho medio. una vez ésta comience a funcionar. y lo. por su parte. Este artículo se reglamentó por los artículos 6o. que superen el 50% de su menor cuantía en la cual deberán detallarse las personas contratantes. publicará en el Diario Oficial el formato del Extracto Único de Publicación. el objeto. El artículo 61 de la Ley 190 expresa que mensualmente las entidades públicas de todos los órdenes enviarán a la Imprenta Nacional una relación de los contratos celebrados que superen el 50%de su menor cuantía en la cual deberán detallarse las personas contratantes. Para el efecto. por algún mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa . Las entidades del orden Nacional podrán sustituir la relación a que se refiere el presente artículo con la declaración de que la totalidad de los contratos celebrados el mes anterior han sido remitidos para publicación a la Imprenta Nacional de Colombia. el valor total y los costos unitarios. La imprenta Nacional de Colombia. Las entidades estatales del orden Nacional tienen que publicar los contratos con formalidades plenas en el Diario Único de Contratación Pública. Para estos efectos deberán diligenciar el Extracto Único de Publicación. La entidad contratante del orden Nacional efectuará la correspondiente liquidación de los derechos de publicación del Extracto Único de Publicación del contrato celebrado. siempre conservando su orden. El artículo 62 de la misma Ley prevé que el incumplimiento de lo ordenado en el artículo anterior será causal de mala conducta para el representante legal de cada entidad y dará lugar a su destitución. estableció esta misma norma los costos de los derechos de publicación de contratos en el Diario Único de Contratación Pública. II. del Decreto 1477 de 1995. numeración y contenido general. de acuerdo con lo previsto en este Decreto . el Extracto Único de Publicación deberá ser publicado en el Diario Único de Contratación Pública. los adicionales y modificaciones que hubiesen celebrado. de que trata esa misma norma. de la siguiente manera: Las entidades públicas de todos los órdenes deben remitir dentro de los diez primeros días de cada mes a la Imprenta Nacional de Colombia una relación de los contratos celebrados en el mes inmediatamente anterior. Una vez el contratista entregue a la entidad contratante la constancia de publicación del Extracto Único de Publicación en el Diario Único de Contratación Pública. dentro de los diez (10) días siguientes a dicha entrega.
Cuando se utilice un medio de divulgación oficial. Editado por la Presidencia de la República). el plazo. las funciones adscritas de manera general a la entidad para el ejercicio de sus funciones de Inspección y Vigilancia respecto de las instituciones financieras. Ninguna autoridad podrá exigir la presentación de estas certificaciones para adelantar procesos o actuaciones ante sus despachos. las entidades vigiladas deberán remitirle con la periodicidad que ésta señale un informe cuando el valor de la operación de estas mejoras exceda el 50% del patrimonio técnico de las entidades. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Nota: Ninguna autoridad.. una vez hayan sido expedida. toda vez que la prueba sigue siendo la misma. Las mejoras de inmuebles de entidades vigiladas no requerirán aprobación previa de la Superintendencia Bancaria. este requisito se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes. CAPÍTULO 1V MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Superintendencia Bancaria Artículo 98º. III. Sustituir los artículos 3 y 4 del Decreto 1169 de 1980 por el siguiente texto: . podrá exigir la presentación de esta certificación para adelantar procesos o actuaciones ante sus despachos. el objeto. el valor total y los costos unitarios.. del Decreto 1477 de 1995. La Superintendencia Bancaria continuará ejerciendo en relación con las entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida. no se requerirá la aprobación previa por parte de la Superintendencia Bancaria de índices para ajuste de seguros de terremoto e incendio. o cuando los activos fijos de éstas superen el 100% de su patrimonio técnico. Lo que cambió fue la forma de acreditarla.territorial.Mejoras de inmuebles de entidades vigiladas. Artículo 100º.Facultades de sala general. De igual manera. y 6o. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". En los procesos de ejecución con título hipotecario.Facultades en relación con las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida. los adicionales y modificaciones que hubiesen celebrado. mediante su envío periódico a las Cámaras de Comercio. incluídos por supuesto los integrantes de la Rama Jurisdiccional.Certificaciones del interés bancario. Ley 964 de 2005. 75. Por otra parte. el interventor y toda la información necesaria a fin de comparar y evaluar dicha contratación. La Superitendencia Bancaria surtirá el trámite de certificación del interés bancario corriente. siempre que no pugne con su especial naturaleza. al tiempo que se pretendió imprimir mayor celeridad a la justicia en este caso específico. Editado por la Presidencia de la República). además de las funciones asignadas específicamente en el numeral 7 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Esta información deberá diligenciarse especialmente con lo establecido en los artículos lo.. Con sujeción a las instrucciones que con carácter general imparta esta Superintendencia.... Superintendencia de valores. Adicionalmente.Índice de ajuste para seguros. que permita a los habitantes conocer su contenido. enviarán a la Imprenta Nacional una relación de los contratos celebrados que superen el 50% de su menor cuantía en la cual deberán detallarse las personas contratantes. con el único propósito de eliminar un trámite considerado innecesario. para lo cual bastará la copia simple del diario en donde aparezcan. Artículo 99º. Derogado parcialmente por el art. Artículo 102º. Artículo 101 . publicará tales certificaciones en un Diario de amplia circulación nacional. esta disposición en ningún momento atenta contra las normas procedimentales.
mediante normas de carácter general contenidas en resoluciones. oficios u otros actos administrativos idóneos. "El Superintendente de Valores y los Superintendentes Delegados. Así mismo.Funciones del secretario general.. 10. "En los actos que autoricen una oferta pública de valores deberá indicarse el término dentro del cual ella deberá realizarse. los funcionarios visitadores tendrán la facultad de imponer las sanciones de que trata el artículo 6 de la Ley 27 de 1990 en los casos en que exista renuencia por parte de quienes deban producir una prueba dentro de una visita o una diligencia. del artículo 6 del Decreto 1169 de 1980. se le requerirá la entrega de lo faltante y será a partir del día siguiente a aquel en que éste haya sido entregado. "La Superintendencia de Valores deberá resolver las solicitudes de autorización de oferta pública o de inscripción de un valor o intermediario en el registro Nacional de valores e intermediarios. Ley 964 de 2005. quienes hayan sido designados para practicar una visita o investigación.. 103º. "4a. . la Superintendencia de Valores podrá tramitar simultáneamente la respectiva solicitud. las cuales quedan facultadas para dictar mandamiento escrito para efectuar registros y allanamientos. Cuando por motivo de una visita o investigación sea necesario analizar operaciones finales o intermedias que hayan realizado los emisores de valores. pero se abstendrá de pronunciarse hasta tanto reciba copia de la providencia por medio de la cual se autorizó la emisión o la colocación con la constancia de su ejecutoria". los Superintendentes delegados o el funcionario comisionado para el efecto podrán exigir toda aquella información o documentación que considere necesaria.Visitas de la Superintendencia."La Sala General de la Superintendencia de Valores ejercerá las facultades que le otorga la ley.. 75. Artículo 105º. si las informaciones o documentos que proporcione el interesado no son suficientes para decidir. podrán solicitar el auxilio de las autoridades judiciales o de policía. Vencido dicho término sin que la misma se haya efectuado caducará la autorización respectiva. Artículo 104º. Modificar las reglas 2a. por el siguiente texto: "Cuando se trate de una oferta pública de valores cuya emisión o colocación deba ser autorizada por la Superintendencia Bancaria. las entidades sometidas a su vigilancia o cualquier otra persona que intervenga en el mercado público de valores. "6a. Las decisiones de los órganos de la Superintendencia de Valores podrán también adoptarse mediante circulares. Del informe correspondiente se dará traslado al interesado a la dirección registrada en la entidad. En caso de renuncia para entregar lo solicitado. Modificar el artículo 16 del Decreto 1169 de 1980. dicho funcionario podrá delegar tales funciones en uno o algunos de los funcionarios adscritos a su dependencia. el cual quedará así: "Corresponde al Secretario General de la Superintendencia de Valores expedir las certificaciones relativas a los actos de la entidad. "Vencido este plazo sin pronunciamiento de la Superintendencia de Valores se considerará despachada favorablemente la solicitud del interesado". No obstante. que comenzará a correr el término previsto en este artículo". 4a y 6a. cuando a ello hubiere lugar". el Superintendente de Valores o los Superintendentes delegados podrán imponer las sanciones de que trata el artículo 6 de la Ley 27 de 1990. cuando la naturaleza del mismo así lo requiera". No obstante. las cuales quedarán así: "2a.11 y 12 del Decreto 1169 de 1980.Ofertas públicas autorizadas. el Superintendente de Valores. Cuando ello sea preciso para el cabal cumplimiento de sus funciones. de acuerdo con la naturaleza de las mismas. Sustituir los artículos 9. Artículo. adoptarán decisiones en los asuntos de su competencia mediante resoluciones de carácter general o particular. Derogado por el art. para lo cual no se requerirá formalidad específica alguna". dentro de los treinta (30) de las siguientes a la fecha de la presentación de la petición respectiva. sin perjuicio de que las reasuman en cualquier momento.
b) Autorizar o resolver las solicitudes de construcción de naves menores o hasta de 16 metros de eslora de diseño. la autorización de la modificación de las condiciones financieras de los acuerdos de pago en que haga parte la Nación y de los créditos de presupuesto. d) Sin perjuicio de la competencia asignada a la Dirección General Marítima para la expedición de las licencias de explotación comercial para talleres de reparación naval. Artículo 109º. . en un área hasta de 200 metros cuadrados. sobre terreno consolidado y previa presentación de la licencia ambiental. el cual quedará así: "Sin perjuicio de los requisitos que deban cumplirse en cada caso. Artículo l08º. serán competentes para: a) Autorizar o resolver las solicitudes de alteración o modificación que se vayan a efectuar en una nave o artefacto naval menor o hasta de 16 metros de eslora de diseño. se entenderá impartida con la firma del Ministro de Hacienda y Crédito Público en el documento respectivo. Aclara de que es el Decreto 3141 de 1983 y no 3141 de 1982. i) Autorizar o resolver las solicitudes de permiso y/o autorizaciones para la construcción en playas marítimas o terrenos de bajamar..Competencia de las capitanías de puerto de primera categoría. tanto en astilleros Nacionales como extranjeros. además de las funciones generales atribuidas por ley.. que se efectúe en material permanente..Derogatoria. las solicitudes que deban ser resueltas por la Superintendencia de Valores no requerirán formalidad alguna". máquinas y pesca. Las capitanías de puerto de primera categoría. c) Autorizar o resolver las solicitudes de desguace de una nave o artefacto naval menor o hasta de 16 metros de eslora de diseño. g) Expedir las licencias para patrón de bahía. norma que se entiende incorporada al Decreto Extraordinario Nacional 2150 de 1995). Crédito Público Artículo 107º. o que hayan terminado un curso de complementación. CAPÍTULO V MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Artículo 110º. Modificar el artículo 20 del Decreto 1169 de 1980.Artículo 106º. que efectúen navegación regional y costanera.Solicitudes ante la Superintendencia. Decreto 297 de 1996. e) Expedir las licencias para entrenamiento a/b de los alumnos de último año. El Ministro de Hacienda y Crédito Público podrá delegar en el Director General de Crédito Público la facultad de autorizar la celebración de operaciones de crédito público. j) Autorizar o resolver las solicitudes de permiso y/o autorizaciones para la relimpia de canales siempre y cuando se den las condiciones iniciales de dragado.-Delegación para operaciones de crédito público.. Para efectos del artículo 13 de la Ley 185 de 1995. (Derógase el Decreto 3141 de 1983. al igual que las del personal de marinería. tanto en astilleros Nacionales como extranjeros. con categoría de oficial. tanto en astilleros Nacionales como extranjeros.Autorización para modificar condiciones financieras en acuerdos de pago. h) Expedir las licencias para marinería de yates y naves deportivas. operaciones asimiladas y operaciones de manejo de deuda pública de las entidades estatales. f) Expedir las licencias para marinería cubierta.
Convenga al país que el servicio militar no sea obligatorio y concluye diciendo que. El artículo 36 de la Ley 48 de 1993. Además. No puede aducirse sostiene. Que la Corte haya declarado la constitucionalidad de disposiciones legales precedentes en las cuales la exigencia de la tarjeta militar se extendía a numerosos actos y trámites. 95. 216 y 217 de la Constitución Política. para varios actos. están obligados a definir su situación militar. Artículo 111 . Editado por la Presidencia de la República). C 394 del 22 de agosto de 1996 declaró exequible el presente artículo. En nada se afecta la constitucionalidad del artículo objeto de proceso por el hecho de que el Estado colombiano haya celebrado tratados Internacionales mediante los cuales se haya comprometido a que los individuos de su Nacionalidad. como se dijo en el fallo del 1° de agosto del presente. y d) obtener grado profesional en cualquier centro docente de educación superior". se convirtió un acto obligatorio en uno voluntario. No obstante. Los colombianos hasta los cincuenta (50) años de edad. si las personas obligadas poseen o no el documento que acredite su situación respecto del deber constitucional. considerando: La norma no tiene la virtualidad de tornar el deber de prestar el servicio militar en un acto voluntario y deja incólume el deber jurídico que tiene todo colombiano de definir su situación militar dentro de las condiciones legales. en general de construcciones no permanentes en bienes de uso público. trasladó a las autoridades militares la responsabilidad de verificar por vía de inspección y vigilancia. las entidades públicas o privadas no podrán exigir a los particulares la presentación de la libreta militar. La Corte Constitucional. mediante Sentencia No. precisamente en razón de esas atribuciones del legislador. según los cuales es con la libreta militar como se acredita ante esos Estados el cumplimiento del deber de prestar este servicio. ) y a la lucha del Estado contra la corrupción administrativa. por considerar la actora que vulnera los artículos 40. se violan tratados Internacionales .. la cual por el contrario. numeral 7. Resulta inexacta la afirmación de la actora en el sentido de que el legislador extraordinario entró a disponer sobre la obligación de definir la situación militar. un requisito formal que juzgó superfluo y. no significa en modo alguno que repugne a la Carta Política la supresión del requisito en uno o en varios de ellos. Fue demandado por inconstitucional. al acreditar la satisfacción de sus obligaciones en materia militar conforme a las leyes de los Estados con los cuales ha pactado a ese respecto. ventas y. pues las facultades extraordinarias son restringidas y que sólo se otorgan cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Nota: Esta norma guarda estrecha relación con el artículo 141 del Decreto Nacional 2150 de 1995. P.Libreta militar. b) Ingresar a la carrera administrativa. pues. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". lo hagan mediante la exhibición de la tarjeta militar.que en las actuales circunstancias. tal política se ajusta mucho más al principio de la buena fe (artículo 83 C.se reiteró de modo expreso. 93. CAPÍTULO VI MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL . quedará así: "Artículo 36º.Cumplimiento de la obligación de la definición de situado militar. por el contrario.k) Autorizar o resolver las solicitudes de permiso y/o autorizaciones para la construcción temporal de kioscos. c) Tomar posesión de cargos públicos.. El Gobierno se limitó a suprimir. instalación de carpas. correspondiéndole a éstas la verificación del cumplimiento de esta obligación en coordinación con la autoridad militar competente únicamente para los siguientes efectos: a) Celebrar contratos con cualquier entidad pública.
Artículo 114º.Los funcionarios autorizados para estos propósitos tendrán el carácter y las funciones de "inspectores de Policía Sanitaria".Conforme a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. será el responsable de ejercer acciones de sanidad agropecuaria y el control técnico de las importaciones. Editado por la Presidencia de la República). Editado por la Presidencia de la República). El Inciso primero del artículo 281 de la Ley 100 de 1993.Artículo 112º. El artículo 65 de la Ley 101 de 1993.... Nota: Esta norma le permite además al ICA. mediante la celebración de contratos o convenios o por delegación para el caso de las personas jurídicas oficiales. coordinará las acciones pertinentes con los Ministerios de Salud y del Medio Ambiente y con las demás competentes". deberá desarrollar las políticas y planes tendientes a la protección de la sanidad. ley 797 de 2003 . el ICA podrá realizar sus actividades directamente o por intermedio de personas naturales o jurídicas oficiales o particulares. "Parágrafo 2º. de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional". ICA.Le corresponde a los directores regionales y seccionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social imponer las sanciones establecidas a continuación. "Para la ejecución de las acciones relacionadas con la sanidad agropecuaria y el control técnico de los insumos agropecuarios. El inciso primero del artículo 91 del Decreto Nacional 1295 de 1994. Para éste efecto.. Dicha decisión podrá ser revocada en cualquier tiempo por un Comité de Homologación que para tal efecto se constituya.Las personas naturales que contraten con el Estado en la modalidad de prestación de servicios no están obligadas a acreditar afiliación a los sistemas de salud y pensiones previstos en esta Ley.. Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 739 de 2002.Competencia de sanciones. quedará así: Artículo 65º. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". "No obstante el ICA podrá homologar automáticamente los controles técnicos efectuados por las autoridades competentes de otros países.Simplificación de la contratación del ICA. Por lo tanto. "Parágrafo lº.. Ver el art."El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.Contratos de prestación de servicios. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". las licencias de construcción y de transporte público terrestre deberán suspenderse si no se acredita la afiliación de la respectiva empresa a organismos de seguridad social una vez inicien labores"... CAPÍTULO VII MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Artículo 113º.La Junta Directiva del ICA establecerá los criterios que deberán tenerse en cuenta para celebrar contratos o convenios de que trata el presente artículo". Ver el Concepto del Min. quedará así: "Artículo 282º. quedará así: "Artículo 281 . realizar dichas actividades directamente. por intermedio del Instituto Agropecuario. Ver Concepto 615 DE 1998. Nota: El propósito de la norma es contribuir con la afiliación de todos los colombianos al Sistema General de Seguridad Social. Ver Concepto Secretaría General 10 de 2002 . El artículo 282 de la Ley 100 de 1993. 4. siempre y cuando la duración de su contrato sea igual o inferior a tres meses". la producción y la productividad agropecuarias del país... Protección 3825 de 2005 Artículo 115º.Suspensión de las licencias de construcción y transporte público terrestre. quedará así: "Artículo 91º. frente a las cuales opera el recurso . exportaciones. comercialización y uso de los insumos agropecuarios destinados a proteger la producción agropecuaria Nacional y a minimizar los riesgos alimentarios y ambientales que provengan del empleo de los mismos y a facilitar el acceso de los productos Nacionales al mercado internacional". mediante la celebración de contratos o convenios o por delegación para el caso de las personas jurídicas oficiales. manufactura.
educación.. El artículo 2 del Decreto Nacional 1281 de 1994.Los afiliados al Sistema General de Pensiones que se dediquen en forma permanente y por lo menos durante quinientas (500) semanas. Artículo 121º.de apelación ante el Director Técnico de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social".. en el Ministerio de Salud. CAPÍTULO VIII MINISTERIO DE SALUD Artículo 119º. cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.Las empresas pertenecientes a las clases IV y V de la tabla de clasificación de actividades económicas. Distritales y Municipales de Salud para facilitar el ejercicio de sus funciones y establecerá mecanismos de coordinación. de conformidad con el plan de desarrollo económico y social y los planes territoriales de que tratan los artículos 13 y 14 de la Ley 60 de 1993. El Presidente de la República podrá delegar las funciones de inspección y vigilancia del Sistema General de Seguridad Social en salud. El artículo 170 de la Ley 100 de 1993. Artículo 120º... continuas o discontinuas.. Artículo 116º. quedará así: "Artículo 2º. quedará así: "Parágrafo 1º. en la lucha contra las enfermedades endémicas y epidérmicas y el mantenimiento. Derogado por el art.El Sistema General de Seguridad social en Salud está bajo la orientación y regulación del Presidente de la República y del Ministerio de Salud y atenderán las políticas. programas y prioridades del Gobierno frente a la salud pública. tendrán derecho a la pensión especial de vejez. quedará así: "Artículo 170º. . al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior.. información y fomento de la salud. quedará así: "Artículo 188º. serán consideradas como empresas de alto riesgo. de que trata el artículo 28 del Decreto Nacional 1295 de 1994. Artículo 118º. El Superintendente Nacional de Salud podrá celebrar convenios con las Direcciones Departamentales. Igualmente aquellas que se constituyan hacia el futuro deberán inscribirse a más tardar en los dos meses siguientes a la iniciación de sus actividades".Las decisiones anteriores que tengan implicaciones fiscales requerirán el concepto favorable de los Ministros de Hacienda y de Salud. Pensiones especiales de vejez.Competencias. Ley 1438 de 2011. Además fomentará el desarrollo de una red de controladores del Sistema General de Seguridad Social en Salud". El artículo 188 de la Ley 100 de 1993. 145. la Superintendencia Nacional de Salud y en los jefes de las entidades territoriales. Deróganse el inciso segundo del artículo 281 de la Ley 100 de 1993 y el inciso segundo del artículo 25 de la Ley 10 de 1991 y las normas que lo reglamentan. y deberán inscribirse como tales en las direcciones regionales y seccionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. cooperación y concertación con el fin de evitar la duplicación de información y procurar la racionalización de las actividades de inspección y vigilancia..Las Instituciones Prestadoras de Servicios no podrán discriminar en su atención a los usuarios..Inscripción de empresas de alto riesgo.. quedará así: "Artículo 64º.No discriminación. 11. El parágrafo l del artículo 172 de la Ley 100 de 1993. y las que tengan implicaciones sobre la calidad del servicio público de la salud requerirán únicamente el concepto favorable del Ministro de Salud". Artículo 117º.Conceptos favorables.Derogado por el art. La pensión especial de vejez se reconocerá por parte de la entidad administradora de pensiones correspondiente con base en la historia laboral del afiliado en donde conste el número de semanas cotizadas en forma especial. planes. dentro de los dos meses siguientes a la expedición de este Decreto . Decreto Nacional 2090 de 2003.Derogatorias. El artículo 64 del Decreto Nacional 1295...
quien podrá concurrir directamente. quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos. vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos. la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites".. el Gobierno Nacional establecerá una sola tasa para cada tipo de solicitud relacionada con los procedimientos de propiedad industrial independientemente de si la decisión que adopte la administración resulta favorable o . Pasado ese término. salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición. de 1992. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles. CAPÍTULO IX MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Superintendencia de Servicios Públicos. Artículo 123º. contados a partir de la fecha de su presentación. toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.Ámbito de la aplicación de la figura del silencio Administrativo Positivo.. queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable. Artículo 125º.Cuando ocurran hechos de naturaleza asistencial que presuntamente afecten al afiliado respecto de la adecuada prestación de los Servicios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. dentro de un término de quince (15) días hábiles. aquél podrá solicitar reclamación ante el Comité técnico-científico integrado por la Empresa Promotora de Salud a la cual esté afiliado. la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley. Si no lo hiciere. comprende las peticiones en interés particular. Nota: Se establecen los derechos y las obligaciones que tienen los suscriptores o usuarios y las empresas prestadoras de los respectivos servicios. Nota: Esta norma introduce otra excepción a la regla general de la contratación estatal que consiste en que siempre la escogencia del contratista se efectuará a través de licitación o concurso públicos. Ver el Decreto Nacional 2223 de 1996 Parágrafo. Si persiste la inconformidad ésta será dirimida por un Representante de la Dirección Municipal de Salud". un representante de la IPS y un representante del afiliado. Editado por la Presidencia de la República). a dar cabal cumplimiento a las peticiones. Todo suscriptor o usuario tiene derecho a recibir oportunamente la cuenta de cobro o recibo de obligación a su cargo y la empresa la obligación de entregar oportunamente el recibo correspondiente.Simplificación de los contratos para la prestación del servicio de bienestar familiar.Unificación de tasa. Las empresas deberán entregar la cuenta de cobro a los suscriptores o usuarios por lo menos con cinco días de antelación a la fecha de pago oportuno señalada en el recibo. quejas y recursos presentadas por los usuarios o suscriptores. Artículo 124º. Nota: Se obliga a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios.. contenida en el artículo 185 de la Ley 142 de 1994.. Se podrán celebrar directamente los contratos para la prestación del servicio de bienestar familiar con entidades sin ánimo de lucro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley. Editado por la Presidencia de la República). (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites".Para los efectos del presente capítulo. Editado por la Presidencia de la República). se entiende que la expresión genérica de "petición". Ver el Concepto de la Secretaría de Salud 470 de 2000 Artículo 122º. salvo las excepciones legales en que se podrá contratar directamente. en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos. para lo cual se establece el respectivo procedimiento. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994. integrado de la siguiente forma: un representante de la EPS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley 6a.De la obligatoriedad de la entrega de la cuenta de cobro o recibo oportunamente. tiene la obligación de resolver las peticiones. así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuarios.. el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Vinculación al servicio educativo estatal. así: "Las regalías recaudadas por las termoeléctricas.no a las pretensiones del solicitante. por intermedio del Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior ICFES. El artículo 105 de la Ley 115 de 1994. si el concurso debidamente celebrado se declara desierto. Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C 600 de 1996 Artículo 126º. serán distribuidas y transferidas por la entidad que designe el Ministerio de Minas y Energía. La vinculación de personal docente. alguno de los que figura en la lista de elegibles no acepta el cargo. la cual corresponderá al número de plazas o cupos para proveer en cada municipio. que previo concurso hayan sido relacionados y acrediten los requisitos legales. sólo podrá efectuarse mediante no nombramiento hecho por Decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. El Ministerio de Educación Nacional. si se satisfacen los requisitos señalados en el Código de Minas. cuando se trate de proveer cargos financiados con el situado fiscal o los recursos propio y por los alcaldes municipales. dentro de la planta de personal.. para proveer vacantes o nuevas plazas .Distribución de regalías. Únicamente podrán ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal. Prorrógase por un año (1) el término estipulado por el artículo 58 de la Ley 141 de 1994 para que la autoridad competente adelante el trámite de las solicitudes de legalización de explotaciones mineras de hecho. sin necesidad del requisito del concurso. Corte Constitucional "Artículo 105º.Legalización de explotaciones mineras. directivo y administrativo al servicio público educativo estatal. Para tal propósito. dentro de los diez (10) días siguientes al de la consignación de la correspondiente regalía".. en el caso de la provisión de vacantes con cargo a recursos de la entidad territorial. Como parte de la asistencia técnica a que tiene derecho interesado en el trámite. No obstante lo anterior. se podrán nombrar docentes y directivos docentes.. La legalización de explotaciones mineras de hecho que estuvieran en trámite. de tal manera que se asegure la total imparcialidad. establecerá un sistema para celebrar los concursos. CAPÍTULO XI MINISTERIO DE EDUCACIÓN NAClONAL Artículo 129º.. industrias cementeras e industrias del hierro en los términos del parágrafo del artículo 22 de esta Ley. Artículo 128º. podrá el nominador nombrar al que haya obtenido el puntaje más alto entre los que aprobaron el concurso.Vinculación al servicio educativo estatal. CAPÍTULO X MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Artículo 127º. no imposibilitan el otorgamiento del amparo administrativo. Los trámites y decisiones relacionadas con las solicitudes de diseños industriales se adelantarán en la División de nuevas Creaciones de la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.Redistribución de competencias. Adiciónase el artículo 56 de la Ley 141 de 1994. en las actuaciones iniciadas para legalizar explotaciones mineras de hecho. Los concursos para nombramientos de nuevos docentes serán convocados por los departamentos o distritos. la viabilidad ambiental y plan de manejo ambiental de que trata el artículo 3 literales e) y f) del Decreto 2636 de 1994 tendrán la fuerza y efectos de una licencia ambiental. quedará así: Sentencia C 562 de1996.. la autoridad ambiental competente diseñará el respectivo plan de manejo ambiental. Igualmente. Dentro del citado término las autoridades ambientales y mineras competentes estarán obligadas a agotar todos los trámites que sean del caso. si realizado el concurso. lo educadores podrán inscribirse en la entidad territorial convocante y como resultado del proceso saldrá una lista de elegibles.INEXEQUIBLE.
. siempre y cuando llenen los requisitos respectivos. desarrollo y operación de la obra industria o actividad. Ver Resolución del Ministerio del Medio Ambiente 655 de 1996 Artículo 133º.INEXEQUIBLE.. quedará así: "g) Emitir concepto previo para el traslado del personal docente y administrativo. Si transcurrido este plazo no se han escalafonado. en cuyo caso contarán con dos años adicionales para tal efecto. Ninguna autoridad diferente al Ministerio del Medio Ambiente. 2886 de 1994 y 1140 de 1995 CAPÍTULO XII MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Artículo 132º. Plan de Manejo Ambiental. con sujeción en el artículo 2 de la Ley 60 de 1993. 129 Y 134. El Gobierno Nacional determinará los casos en los cuales bastará la presentación de un plan de manejo ambiental para iniciar actividades.INEXEQUIBLE.. Adiciónese el artículo 56 de la Ley 99 de 1993 con el siguiente parágrafo: Sentencia C 433 de 1996 Corte Constitucional "Parágrafo. Artículo 134º. serán desvinculados del servicio educativo. análisis y formulación de propuestas que le permita cumplir con sus funciones y coordine sus actividades".. Artículo 131 . tendrán derecho a incorporarse al Escalafón Nacional Docente.El Gobierno Nacional reglamentará los casos en los cuales la autoridad ambiental podrá prescindir de la exigencia del Diagnóstico Ambiental de Alternativas"...Los educadores de los servicios educativos estatales tienen el carácter de servidores públicos de régimen especial. La vigencia de estos permisos será la misma de la Licencia Ambiental. en un plazo no mayor de dos (2) años. salvo los bachilleres que se encuentren prestando sus servicios docentes en zonas de difícil acceso y en proceso de profesionalización comprobado. Ver los Decretos Nacionales 1645 de 1992 .El literal g) del artículo 158 de la Ley 115 de 1 994. "La organización. Diagnóstico ambiental de alternativas. o cuando se trate de los contratos celebrados en desarrollo de los artículos 8 de la Ley 60 de 1993 y 200 de la Ley 115 de 1994. La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos. Ley 115 de 1994 Artículo 130º. Sentencia C 433 de 1996 Corte Constitucional Artículo 135º. autorizaciones y concesiones. En este caso fijará los requisitos y contenidos de dichos planes de manejo ambiental.ubicadas en zonas de difícil acceso o en situación critica de inseguridad. Decreto Nacional 2277 de 1979 . Ver el Decreto Nacional 1791 de 1996 El Ministerio de Medio Ambiente establecerá los requisitos y condiciones para la solicitud y obtención de la licencia ambiental. Parágrafo 2º...INEXEQUIBLE.. contará con una Unidad Técnica Operativa de carácter permanente y estará dedicada al estudio. para la construcción.Miembros y período de la junta. Ver el art.De la licencia ambiental y otros permisos. 3. así como imponer medidas preventivas o sanciones .La Junta Nacional de Educación. 56. Parágrafo lº. Parágrafo del artículo 156 de Ley 115 de 1994.. de carácter ambiental necesario. Ley 60 de 1993 . Ver el art. las Corporaciones Autónomas Regionales y los grandes centros urbanos o áreas metropolitanas podrá exigir requisitos ambientales. June. Parágrafo. serán reglamentadas por la JUNE". la composición y las funciones específicas de la Unidad Técnica.El presente artículo comenzará a regir seis (6) meses después de la entrada en vigencia del presente Decreto . dentro del municipio. quedará así: "Parágrafo. estatuto Docente y la carrera Administrativa y sin solución de continuidad". Ver el art..Al personal actualmente vinculado se le respetará la estabilidad laboral y en el caso de bachilleres no escalafonados. Autoridades Ambientales.
. destinados al servicio privado de transporte. Nota: Los artículos 31 y 32 de la Ley 336 "por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte" están relacionados con la presente norma. Editado por la Presidencia de la República). para efectos de la homologación correspondiente. adecuación o cualquier otra categoría similar que busque la extensión de la vida útil determinada por la ley.. Con fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley 105 de 1993. a las opciones de control ambiental y a las condiciones de facilidad para la movilización de los discapacitados físicos. Parágrafo.Cuando dichos vehículos sean de diseño y fabricación Nacional. ensamble o fabricación de los mismos en territorio colombiano. sin perjuicio de la potestad de ésta para adicionar o establecer condiciones ambientales específicas requeridas en cada caso dentro del área objeto del título minero". El artículo 32 de la misma Ley previó: Dentro del señalamiento de las condiciones técnicas requeridas para la homologación de los equipos destinados a la prestación del servicio público de transporte. entre otras. comodidad. Esto no exime a las entidades territoriales de ejercer las funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables.Reposición de los equipos de transporte terrestre automotor. con excepción de los vehículos de carga de acuerdo a normas técnicas Internacionales de peso. homologadas por las autoridades de transporte y ambientales del país de origen. queda prohibido en todo el territorio Nacional la repotenciación. Artículo 138º. de servicio público de carga. de control a la contaminación. Parágrafo. otras especificaciones técnicas de acuerdo con lo que se señale en el reglamento respectivo. de control a la contaminación del medio ambiente. Las autoridades de comercio exterior y en desarrollo económico solicitarán exhibición de los documentos de homologación o aprobación de los modelos a ensamblar o importar que hayan sido expedidos en los países de origen. dimensiones. y. El artículo 31 de ese Estatuto estableció. de control gráfico o electrónico de velocidad máxima.por violación a normas de carácter ambiental.Licencia ambiental global para la etapa de explotación minera. se le otorgará prelación a los factores de verificación en cuanto al alto rendimiento de los mecanismos de seguridad en la operación de los mismos.A partir del 1 de enero de 1996. control gráfico o electrónico de velocidad máxima. CAPÍTULO XIII MINISTERIO DEL TRANSPORTE Artículo 137º. salvo en los casos de delegación hecha conforme a la Ley o reglamento. Los equipos destinados al servicio público de transporte en cualquier modo deberán cumplir con las condiciones de peso. Adiciónase el artículo 52 de la Ley 99 de 1993 con el siguiente parágrafo: "La autoridad ambiental podrá otorgar una licencia ambiental global para la etapa de explotación minera.. capacidad. para los equipos destinados al servicio público transporte. El cumplimiento de este requisito es condición necesaria para la aprobación de las importaciones. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". habilitación.. velarán por el cumplimiento de las condiciones establecidas en dichas disposiciones sobre vida útil y reposición del parque automotor. Corte Constitucional Sentencia C 243 de 1997 Artículo 136º. Los equipos importados o producidos en el país. en coordinación con las respectivas autoridades ambientales.. transformación. deberán enviar las características de los modelos para su aprobación por parte de las autoridades de desarrollo económico y ambiental. no requerirán homologación alguna ante autoridad colombiana. dimensiones. de pasajeros y/o mixto. comodidad. las autoridades de Tránsito y Transporte de las entidades territoriales.. facilidades para los discapacitados.Homologación automática. capacidad.
Los Ministerios de Transporte. el parágrafo de este artículo. cada seis años. habilitación. Parágrafo 2°. En ningún momento se trató de desconocer por parte de la comisión de estudio del Decreto de supresión de trámites los derechos que se lograron después de una larga lucha con la Ley 105 de 1993. al establecer: Toda empresa operadora del servicio público de transporte deberá contar con programas de reposición en todas las modalidades que contemplen condiciones administrativas. La licencia de conducción de vehículos de servicio particular será de duración indefinida. y eso se establece en la lectura del artículo 138 al expresar que la reposición de los equipos de transporte se efectuará con fundamento en el artículo 6 de la mencionada Ley. transformación. el Instituto de Comercio Exterior. Ley 336. Cuando se trate de pequeños propietarios del transporte público de pasajeros con capacidad de un solo vehículo el programa de reposición de que trata este artículo deberá tener en cuenta entre otros aspectos los siguientes: 1. Ampliase las fechas límites consagradas en el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 105 de 1993.. renovada por períodos iguales. Que la chatarra sirva como parte de pago para adquirir su nuevo vehículo. el titular de la licencia deberá realizarse un examen médico profesional que certifique aptitud física y psíquica. . Editado por la Presidencia de la República). 3. con el siguiente tenor: A partir del 1° de enero del 2002. Que se establezca a través del IFI una línea de crédito blanda con intereses y plazos acorde con su generación de ingresos. Parágrafo 1°. en coordinación con el Instituto de Fomento Industrial. deberán diseñar en el término de un año a partir de la vigencia de la presente ley. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". mientras su titular reúna los requisitos o exigencias que exige la ley. se relaciona con esta norma. Desarrollo y Hacienda. para lo cual se le cancelará su matricula. Para la renovación de la licencia sólo se requerirá acreditar la aptitud física y psíquica. Que el Fondo Nacional de Garantías sirva de garante ante las entidades financieras a estos pequeños propietarios. o las entidades que hagan sus veces. técnicas y financieras que permitan el democrático acceso a los mismos. La reposición implica el ingreso de un vehículo nuevo en sustitución de otro que sale definitivamente del servicio y que será sometido a un proceso de desintegración física total. 1090 de junio 21 de 1996. para los equipos destinados al servicio público de transporte". programas financieros especiales para impulsar la reposición de los equipos de transporte.Expedición y Vigencia de la licencia de conducción. queda prohibida en todo el territorio Nacional la repotenciación. norma esta que permite la transformación en un plazo límite so pena de ser retirados del servicio El artículo 59 del Estatuto Nacional de Transporte. para su otorgamiento. se corrigió por error mecanográfico.Mediante el Decreto 1090 Junio 21 de 1996 Se aclaró que la prohibición surte efectos a partir del 1 de enero del 2002 y no del 1 de enero de 1996. la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. adecuación o cualquier otra categoría similar que busque la extensión de la vida útil determinada por la ley. Nota: Mediante el Decreto No. a los vehículos modelos 1970 en adelante hasta el año 1998 contados a partir de la vigencia de la presente Ley con el fin de que el Gobierno Nacional expida la reglamentación para la reposición de estos vehículos que garanticen la seguridad del usuario. La transformación de vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajero y/o mixto se debe seguir efectuando de acuerdo al cronograma señalado por la Ley 105 de 1993. No obstante. Artículo 139º. La licencia de conducción de vehículos de servicio público se expedirá por tres (3) años.
En los casos de incapacidad física o psíquica sobrevinientes que determinen que un conductor está incapacitado para manejar o sea peligrosa la conducción de un vehículo.Eliminación del certificado de movilización. serán de vigencia indefinida. la eliminación de la revisión técnico-mecánica y la eliminación de la expedición del certificado de movilización para los vehículos automotores. Ver la Resolución de la Secretaría de Transito 3143 de 2001 (El presente Capítulo (XIII) está reglamentado por el Decreto 491 de 1996) Nota: El parágrafo del artículo 31 de la Ley 336. Los vehículos nuevos de servicio público sólo empezarán a someterse a la revisión técnico-mecánica transcurrido un año desde su matrícula. en lo referente a la expedición y vigencia de la licencia de conducción. expedición y entrega de las licencias de conducción corresponderá a los organismos de transito competentes. Editado por la Presidencia de la República).mecánica en los talleres y fecha que desee el propietario del mismo y desaparece la obligación de obtener el certificado de movilización. Las licencias de conducción de vehículos de servicio particular vigentes al momento de expedición del presente Decreto .mecánica vehicular en transporte público y privado y con tal objetivo adoptar una política Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor". el nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre deberá estipular. pasajeros o mixto. Elimínese en todo el territorio Nacional el trámite de la revisión técnico-mecánica y la expedición del certificado de movilización para todos los vehículos automotores. estableció: "Por razones de seguridad vial. es simplemente una compilación de normas y no alcanza la categoría de código. es obligación del propietario de cada vehículo mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad y pagar los impuestos de timbre y rodamiento previstos en la ley. Artículo 140º. Por tanto.. las autoridades de tránsito podrán cancelar o suspender la licencia de conducción. Los vehículos que cumplen el servicio público de transporte de pasajeros deberán someterse anualmente a una revisión técnico-mecánica para que le sea verificado su estado general. Debido a la diversidad de interpretaciones que se han dado a las normas en comento se hacen las siguientes precisiones: se mantiene la obligación de hacer la revisión técnico-mecánica y obtener el certificado de movilización para los vehículos de servicio público de carga. con excepción de aquellos que cumplen el servicio público de transporte de pasajeros. Para los demás vehículos se mantiene la obligación de conservarlos en perfectas condiciones de seguridad y funcionamiento. El Decreto 1344 de 1970.. se rige por los artículos 139 y 140 del Decreto Nacional 2150 de 1995. Las autoridades de tránsito impondrán las sanciones previstas en la Ley por el incumplimiento de las normas de tránsito y transporte. Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C 362 de 1996.-.En todo caso. carga o mixto. modificado por el Decreto Nacional 2150 de 1995. . Este acápite fue reglamentado por el Decreto 491 del 14 de marzo de 1995. de conformidad con lo previsto en los artículos 3° a 12 del Decreto 491 de 1996 (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". para verificar dichas condiciones se hará la revisión técnico . Nota: Es importante resaltar que se mantiene la obligación para los particulares de acreditar ante el Estado su aptitud para conducir. La elaboración. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. desarrollar y reglamentar la obligación de la revisión técnico . quienes podrán contratar con el sector privado su elaboración y entrega. Parágrafo. Parágrafo.
fue porque se apoyó en la obligación constitucional del Estado. mediante un Decreto . destacándose en este pronunciamiento los siguientes aspectos: El Código Nacional de Transporte no posee la naturaleza de Código. por dos razones: Esa no fue la voluntad del legislador porque el llamado código. Resulta claro que el artículo 140 eliminó el trámite de revisión técnico-mecánica y el certificado de movilización para los vehículos de servicio particular. mediante Sentencia No. que se expidió en concordancia con el artículo 150 de la Constitución Política. Una vez verificada la posesión o suscrito el contrato de prestación de servicios con duración superior a tres (3) meses. los demás requisitos constitucionales y legales para ejercer un cargo público o para la celebración de contratos de prestación de servicios.. así pues la denominación de código nació de una iniciativa del ejecutivo y no de la voluntad del legislador. No se puede pensar que se esté en presencia de un código cuando el texto deja muchos temas sin resolver o cuando coexiste con él un gran número de normas que se ocupan de la misma materia. las personas que prestan este servicio a través del mecanismo de la renovación de la licencia de conducción. aduciendo la parte actora que la eliminación del certificado de movilización. dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. bastará la presentación de la cédula de ciudadanía. sin perjuicio de establecer que es responsabilidad personal de los propietarios de los automotores mantenerlos en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad y que las autoridades competentes vigilarán el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. C 362 del 14 de agosto de 1996. fue expedido por el Gobierno. mientras su titular reúna los requisitos o exigencias para su otorgamiento. Para efectos de la posesión en un cargo público o para la celebración de contratos de prestación de servicios. lo cual desbordó las facultades consagradas en el artículo 83 de la Ley 190 de 1995. También considera la demandante que éste no era un trámite innecesario. de presumir la buena fe de los particulares en sus actuaciones. Agrega la Corte que si el Gobierno consideró que la medida que suprimía no era necesaria. Editado por la Presidencia de la República). modificó el Código de Transporte. debe tratar una materia determinada en una norma completa. . conservando la obligación para sus propietarios de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad. el cual lo facultó para reglamentar la materia relacionada con el tránsito y no para dictar un código. la entidad pública procederá. imponiéndose en consecuencia para el Estado la obligación de garantizar la idoneidad de los conocimientos básicos. como se anotó. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". declaró exequible la norma. CAPÍTULO XIV DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Artículo 141 . a solicitar los antecedentes disciplinarios y judiciales En caso de verificarse que quien tomó posesión de un cargo público ó quien suscribió contrato de prestación de servicios está incurso en antecedentes de cualquier naturaleza. pagar los impuestos de timbre y rodamiento previstos en la ley. esto en razón al bien jurídico protegido como es la vida de una colectividad.Trámite de la posesión. Ley 190 de 1995 Nota: Esta es la única obligación vigente que tiene que acreditar el posesionado o contratista toda vez que. resulta cierto que lo que determina la vigencia indefinida de la licencia de conducción es precisamente el carácter del servicio que se presta con el vehículo. Para que un cuerpo normativo pueda ser calificado como un código. Razón por la cual. El artículo 140 fue demandado por inconstitucional. Decreto 1344 de 1970. integral y sistemática.El artículo 139 del Decreto Nacional 2150 de 1995 dispuso que la licencia de conducción de vehículos de servicio particular será indefinida. se procederá a revocar el nombramiento o a terminar el contrato de prestación de servicios. 2. ya solicitados por la entidad respectiva y corresponde a ella su verificación. Ver el art. así como. para lo cual utilizó las facultades que le fueron conferidas por el Congreso. La Corte Constitucional.
las reformas estatutarias deberán ser informadas a ese Departamento tan pronto sean aprobadas. Todos ellos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución. el cual deberá ser suscrito por todos los asociados fundadores y contener constancia acerca de la aprobación de los estatutos de la empresa asociativa.. la autoridad competente está autorizada legalmente para exigirles la actualización de sus hojas de vida. la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. A partir de la vigencia del presente Decreto . se someterá al mismo régimen previsto para las demás entidades privadas sin ánimo de lucro. para lo que resulta importante anotar que el artículo 111 del Decreto que nos ocupa señala como requisito para tornar posesión de un cargo público o para celebrar contratos el tener resuelta su situación militar uniéndose a las previsiones dispuestas en el artículo 122 de la Constitución Nacional y en la Ley 190 de 1995. dentro de la acepción genérica de servidores públicos. en cuanto ocupan cargos o empleos públicos. Artículo 146º. Sin embargo. De ahí que a los servidores públicos. Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C 77 de 1997 . Mediante fallo del Consejo de Estado de fecha 11 de marzo del 1996 se expresó que con las disposiciones previstas en la Ley 190 de 1995. en su capítulo I.Reformas estatutarias. Ver la Ley 79 de 1988 Parágrafo.Cancelación del registro ó de la lnscripción.Constitución de entidades de naturaleza cooperativa. Editado por la Presidencia de la República).. Ver el Decreto Nacional 427 de 1996 . los fondos de empleados y las asociaciones mutuales.. Por ejemplo. Las entidades de naturaleza cooperativa. las normas tenemos que analizarlas en su conjunto.. cuando se realice su registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la empresa asociativa. las reformas de estatutos de las cooperativas y demás organismos vigilados por el Dancoop no requerirán ser autorizadas por parte de ese organismo. CAPÍTULO XV DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS Artículo 143º. La inscripción en el registro de las entidades previstas en el artículo anterior. resta solamente al interesado presentar la cédula de ciudadanía para protocolizar el acto de posesión. Ahora bien. en cualquier momento.Registro en las cámaras de comercio. Ver la Ley 443 de 1998. Artículo 142º. la Ley y el reglamento.. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá ordenar. fondos de empleados y asociaciones mutuas. la cancelación del registro de una entidad bajo su competencia o de la inscripción en el mismo de los nombramientos de los miembros de sus órganos de dirección y administración.Comisiones para empleos de libre nombramiento y remoción. contenido en el Capítulo II del Título 1 de este Decreto.. para el cumplimiento de sus funciones para que pueda ordenar las modificaciones respectivas cuando las reformas se aparten de la ley. sino también a las personas naturales que ocupan cargos o empleos públicos. El acto administrativo que confiere la comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción deberá ser autorizado solamente por el jefe del organismo en donde presta sus servicios el empleado.Las entidades de que trata el presente artículo formarán una persona distinta de sus miembros individualmente considerados. de lo cual se informará al Departamento Administrativo de la Función Pública. revisores fiscales. Artículo 144º. el fondo de empleados o la asociación mutua. o se quiso significar que la obligación de diligenciar las correspondientes hojas de vida comprende no sólo a las personas naturales que aspiran a ocupar un cargo público o empleo público o a celebrar un contrato de prestación de servicios de duración superior a tres meses con entidad u organismo estatal. etc.Es importante recordar que la misma Constitución Nacional comprende. o Régimen de Servidores Públicos.(Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". así como sus organismos de integración y las instituciones auxiliares del cooperativismo son entidades sin ánimo de lucro y se constituirán por escritura pública o documento privado. sin perjuicio de las demás autorizaciones especiales que éste debe otorgar de acuerdo con sus facultades. . a los miembros de las corporaciones públicas y a los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. amén de los requisitos especiales que la Ley ha previsto para los vinculados por contrato. en caso de advertir que la información presentada para su inscripción no se ajusta a la realidad o a las normas legales o estatutarias. Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C 77 de 1997 Artículo 145º.Al haber la entidad pública solicitado los antecedentes y diligenciado por parte del interesado los formatos de hoja de vida y declaración juramentada.
. Este capítulo está reglamentado por el Decreto 427 de 1996. no desarrollan políticas específicas de cada uno de los ministerios y departamentos administrativos cuyos funcionarios quedan cobijados por las nuevas reglas.Con sujeción a las normas previstas en este capítulo. pues. C 370 de agosto 14 de 1996 declaró exequible las normas demandadas únicamente en cuanto no requerían las firmas de los demás Ministros y Directores de Departamentos Administrativos. En este orden de ideas es con respecto a éstas que el control concurrente por parte de Dancoop se eliminó. máxime cuando no existe una Ley que les ha delegado esta función de vigilancia y control. el denominador común de todas las disposiciones consiste en la supresión de requisitos no necesarios y de exigencias superfluas. Todos estos objetivos. no así en cuanto al ente cooperativo que siguen siendo función exclusiva del Dancoop. Nota: Las facultades de control y vigilancia por parte del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas no podrán ejercerse respecto de entidades y organismos cooperativos sujetas al control y vigilancia de otras superintendencias. salvo el Capítulo III. el Decreto comentado no modificó sus funciones. fue demandado por inconstitucional. Editado por la Presidencia de la República). si así hubiera sido era indispensable la anuencia y la correspondiente firma de los ministros encargados de las políticas que se vieran afectadas. Ver el Decreto Nacional 2574 de 1998 . Revisada la normatividad legal vigente se pudo establecer que solamente la Superintendencia Bancaria tiene el control integral sobre las entidades financieras. permite establecer que. Ver el Concepto de la Secretaría General 1700 de 1998. Derógase el Decreto Nacional 131 de 1976 y los que lo reglamenten y el Decreto 1820 de 1990. Esto así debe interpretarse toda vez que las superintendencias debido a su especialidad no tiene la infraestructura ni la capacidad para ejercer un control distinto que el de la propia actividad de la cooperativa. La Corte Constitucional. considerando: Un examen de los artículos demandados. mediante Sentencia No. hacen referencia a postulados fundamentales de la organización estatal y. Nota: El Titulo II.Derogatorias. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". correspondiente.Artículo 147º.Eliminación del control concurrente.. Por consiguiente el Decreto fue expedido irregularmente. CAPÍTULO XVI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Artículo 149º. pero no así debe interpretarse con todas aquellas Superintendencias en las que no ha habido ningún pronunciamiento jurídico que les otorgue esta función. avalado o autorizado por su Ministro o Director de Departamento Administrativo. por cuanto no fue suscrito por todos los Ministros y Directores de Departamento Administrativos. con miras a realizar principios constitucionales como los de la buena fe. la moralidad pública y la erradicación de prácticas burocráticas corruptas. Todas las Superintendencias con excepción de la Bancaria tendrán un control sobre la actividad propia.. por considerar que el Presidente de la República no tiene potestades sin límites pues cada acto que produzca debe estar suscrito. el Gobierno Nacional reglamentará la forma y los plazos dentro de los cuales las entidades de naturaleza cooperativa. la eficiencia. la economía procesal que también tiene cabida en el campo de las gestiones administrativas. Las facultades de control y vigilancia por parte del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas no podrán ejercerse respecto de entidades y organismos cooperativos sujetas al control y vigilancia de otras superintendencias. es decir las siguen cumpliendo.. en consecuencia. si bien tocan con trámites que se adelantan en varias dependencias ministeriales y administrativas para el cumplimiento de funciones propias de cada Ministerio o Departamento Administrativo. Artículo 148º. con independencia de lo que en concreto se establezca para cada despacho oficial. aludidos en las normas demandadas de este título. los fondos de empleados y las asociaciones mutuas actualmente reconocidas se inscribirán en el registro que lleven las cámaras de comercio.
a 5 de diciembre de 1995. el propósito estatal de lucha contra la inmoralidad administrativa a partir de una nueva concepción jurídica sobre la gestión pública. como lo índica el artículo 115 de la Carta y. las cuales entrarán a regir tres (3) meses después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. D..137 . Las normas contenidas en el presente Decreto entrarán a regir a partir de su publicación. leyes orgánicas o estatutarias. no ocurriendo eso. Publíquese y cúmplase. Editado por la Presidencia de la República). a sus inmediatos colaboradores. por tanto. con excepción de las normas contenidas en el Capítulo II del Título I y en el Capítulo XV del Título II.Sanciones. sancionable conforme a lo dispuesto en el Código Disciplinario único. Ver el Concepto del Consejo de Estado 792 de 1996 ... toda vez que la política trazada en las normas extraordinarias se halla relacionada en su integridad con el logro de los objetivos de anticorrupción plasmados en la Ley habilitante. Ver el Concepto de la Secretaría General 1775 de 1998 Artículo 151 . NOTA: El presente Decreto aparece publicado Diario Oficial No. trámites o procedimientos se encuentren consagrados en códigos.Empero.Afectación. por él buscados en tal condición. que en él se consignaran las firmas de todos los titulares de las distintas carteras. El desconocimiento de las obligaciones impuestas a los servidores públicos en el presente Decreto será considerado falta gravísima. con excepción de las contenidas en el Capítulo II del Título 1 y en el Capítulo XV del Título II. El Presidente es Jefe de Gobierno. no se hacía obligatorio. Santa Fe de Bogotá. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Ministro de Justicia y del Derecho. Bastaba la firma del Presidente de la República. NESTOR HUMERTO MARTÍNEZ NEIRA. 42. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". por tanto las mencionadas excepciones entraron a regir desde el 6 de marzo de l996. Nota: De conformidad con el presente artículo. TÍTULO III DISPOSICIONES FINALES Artículo 150º. el que simbolizara y resumiera mejor..138. Artículo 152º. El Presidente de la República. este estatuto antitrámites entró a regir a partir de la fecha de su publicación la cual tuvo ocurrencia en Santa Fe de Bogotá el día 6 de diciembre de 1995 en el Diario Oficial número 42. Nada de lo dispuesto en el presente Decreto afectará disposiciones vigentes cuando las regulaciones. dentro del ámbito de sus funciones.C. a quien se confirieron las facultades extraordinarias y de uno de los Ministros.Vigencia. Editado por la Presidencia de la República). a él corresponde encomendar ciertas responsabilidades propias de objetivos gubernamentales. ERNESTO SAMPER PIZANO. como requisito para la validez del Decreto.
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