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Timestamp: 2019-12-13 15:47:25+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 21-1, de 01/12/2000
Serie A: 1 de diciembre de 2000 Núm. 21-1 PROYECTOS DE LEY
121/000021
Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición.
Encomendar Dictamen, conforme al artículo 109 del Reglamento, a la Comisión Constitucional. Asimismo, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 21 de diciembre de 2000.
A la vista de la fecha de la Ley, parece llegado el momento de proceder a la actualización del desarrollo normativo del derecho fundamental de petición desde una perspectiva constitucional.
Al abordar de nueva planta el desarrollo legal de un precepto constitucional en el que se reconoce un derecho fundamental es ineludible atender a la construcción doctrinal que el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de nuestra Carta Magna, ha establecido. En consecuencia, la presente Ley se ajusta a los pronunciamientos del Alto Tribunal contenidos en
diversas sentencias y autos, con especial atención a la sentencia de 14 de julio de 1993.
La delimitación del ámbito subjetivo de titulares del derecho de petición se realiza extensivamente, entendiendo que abarca a cualquier persona natural o jurídica prescindiendo de su nacionalidad, pudiendo ejercerse tanto individual como colectivamente. Tan sólo se establece la limitación que para los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar, se deriva directamente de la Constitución, y determina que aquéllos sólo pueden ejercer el derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
La regulación del ejercicio del derecho de petición debe caracterizarse por su sencillez y antiformalismo. Aunque se trata de un derecho que se ejercita siempre por escrito, se permite la utilización de cualquier medio, siempre que resulte acreditada la declaración de voluntad. En cualquier caso, el principio antiformalista obliga a establecer los requisitos mínimos imprescindibles para su ejercicio; además en la línea iniciada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se opta por un tratamiento amplio en el uso de las lenguas cooficiales en aquellas Comunidades Autónomas donde están estatutariamente reconocidas, así como en la posibilidad de elegir lugares para su ejercicio o presentación.
Por último, y en reconocimiento obligado a la autonomía organizativa y regulatoria, se remite a su régimen especial el ejercicio del derecho ante el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Por otras razones, también se respeta el específico régimen de las quejas al Defensor del pueblo e instituciones análogas de las Comunidades Autónomas.
1. Toda persona natural o jurídica puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos establecidos por la presente ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario, salvo en caso de que incurra en delito o falta.
El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración, o autoridad, investida de facultades y atribuciones decisorias, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito funcional o territorial de ésta.
Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de atribuciones o competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general.
1. Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad del solicitante, el lugar o el medio elegidopara la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario
1. En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos establezcan la cooficialidad lingüística, los peticionarios tendrán derecho a formular sus peticiones a la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales y a obtener respuesta en la lengua de su elección.
1. El escrito en que se deduzca la petición, y cualesquiera otros documentos y comunicaciones, podrán presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida a efectos de presentación por la legislación reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2. Asimismo se acusará recibo de la petición recibida y se comunicará al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción del escrito de petición.
1. Recibido el escrito de petición, la Autoridad u órgano al que se dirija procederá a apreciar su adecuación a los requisitos formales y materiales previstos por la presente Ley, previas las diligencias, comprobaciones y asesoramientos que estime pertinentes. Como resultado de tal apreciación deberá declararse su inadmisión o tramitarse la petición correspondiente.
2. Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 4, o no reflejara los datos necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que subsane los defectos advertidos en el plazo de diez días con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, notificándose entonces su archivo con expresión de la causa.
No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan o que excedan del contenido del derecho de petición, así como aquellas cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al establecido en esta ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial.
1. La declaración de inadmisibilidad será motivada en todo caso y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los treinta días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.
1. Cuando la declaración de inadmisibilidad de una petición se base en la falta de atribuciones o competencia de su destinatario, éste la remitirá a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de diez días, comunicándose así al peticionario. En este caso, los plazos se computarán desde la recepción del escrito, aplicándose lo dispuesto en el artículo 6.2.
1. Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar
y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación.
2. Cuando la petición se estime fundada, el órgano competente para examinarla adoptará las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general.
3. En la contestación se hará constar, al menos, el examen y la toma de razón de la petición deducida y el juicio correspondiente sobre la consideración o no de la misma. En el caso de que como resultado de la petición se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación.
El derecho de petición es susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en el artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes . Podrán ser objeto de recurso contencioso- administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
Artículo 13. Órganos colegiados.
Cuando la petición se dirija a un órgano colegiado de carácter administrativo perteneciente a cualquier Administración pública, su Presidente comunicará a los miembros del mismo en el plazo de quince días, el objeto de la misma y la identidad de sus autores. La tramitación de la petición se ajustará a las normas internas de funcionamiento de cada órgano, dentro de los límites fijados por la presente ley.
Las peticiones dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas se tramitarán de conformidad a lo establecido en sus respectivos Reglamentos, quedando sujetas, en todo caso, las decisiones que adopten al régimen de garantías fijado en el artículo 12 de esta Ley Orgánica.
Quedan excluidas las peticiones formuladas por los internos en el ámbito regulado por la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria

References: artículo 109
 artículo 4
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 53

Artículo 13
 artículo 12