Source: http://agoraabierta.blogspot.com/2012/06/
Timestamp: 2017-06-25 19:14:46+00:00

Document:
agora abierta: junio 2012
Ernesto Álvarez Miranda, Presidente del Tribunal
Constitucional, informa sobre la marcha de su institución, nos aclara la
posición del Colegiado expuesta en algunos casos polémicos y se pronuncia sobre
temas de actualidad con relevancia constitucional.
1. ¿Por qué el gobierno debe tener en cuenta el
nuevo esquema para la inversión privada en actividades extractivas diseñado por
el TC en el caso Conga?
El caso Conga es emblemático pues abre la
posibilidad para establecer una relación de armonía entre las actividades
económicas extractivas y la defensa del medio ambiente y de otros derechos
fundamentales. Debemos tener en cuenta que el Perú es un país minero por
excelencia, que dicha actividad es la que mayores recursos genera. En ese
sentido, lo que pretende el TC al diseñar este nuevo marco para la inversión es
un equilibrio entre la renta que reciben las empresas y la distribución de la
riqueza que debe alcanzar principalmente a las comunidades y poblaciones
2. ¿Usted cree que durante los últimos años el
Estado ha renunciado a su labor de fiscalización y supervisión de este tipo de
actividades? ¿El contenido de este fallo es una llamada de atención para los
Este fallo es una llamada de atención no solo
para el Estado, sino para todos los actores involucrados en actividades
extractivas. Existe en nuestro país un descontento casi generalizado del sector
agrícola con la manera cómo durante los últimos tiempos los grandes proyectos
mineros se han venido desarrollando. El Estado debe asumir la obligación de
garantizar los intereses de la colectividad, exigiendo el cumplimiento de
estándares internacionales de protección del medio ambiente y promoviendo el
desarrollo sostenible de todo el país. La percepción de la gente es que el
Estado no ha cumplido con este cometido. Debido a ello, la población siente
desconfianza y rechaza esta actividad. Esperemos que los apuntes esgrimidos en
la sentencia sean tomados en cuenta por los gobiernos, y que esta situación de
descrédito y falta de coherencia se revierta para beneficio de todo el país.
3. Sobre la fecha en la cual se publicó esta
sentencia: ¿No fue un error publicar el fallo horas después de que el Gobierno
diera a conocer los resultados del peritaje para el proyecto minero Conga?
En principio, debo decir que en este caso fui yo
el ponente, es decir, tuve a cargo la elaboración del proyecto de sentencia, el
cual fue presentado ese día martes, pues este es el día en el que se reúne todo
el Pleno del TC. Para mi sorpresa, el
consenso sobre el contenido de la ponencia se alcanzó de manera inmediata,
salvo algunos puntos menores que no variaban el sentido de la sentencia. En ese
escenario, la decisión pasaba por determinar si publicábamos la sentencia ese
mismo día (sin importar si coincidía con la entrega del peritaje) o días
después. Al final, elegimos la primera opción, el Pleno quería evitar que la
decisión se filtrara y generara una situación mucho más complicada. En otras
palabras, nosotros sabíamos que cualquier decisión sobre este punto generaría
críticas y suspicacias. En caso de que la sentencia hubiera sido emitida días
después, seguramente nos habrían acusado de acomodar el contenido del fallo de
acuerdo a lo señalado en el peritaje. El Pleno tomó una decisión y asumimos la
4. El TC ha resuelto otro
caso importante vinculado al TLC Perú-China. ¿Por qué en esta ocasión
el TC demoró más de un año y medio para resolver esta demanda de inconstitucionalidad
presentada en agosto de 2010? ¿No le parece eso un exceso?
No, en verdad no. La duración de un caso depende
de dos variables: 1) La velocidad con la que el ponente presente el proyecto de
sentencia ante el Pleno; y 2) El tiempo que tarde el Pleno en llegar a un
consenso. En este caso puntual el proyecto no contó con el consenso necesario,
existían dudas desde un principio. Si tomamos en consideración que en un
proceso de este tipo, entre la notificación y la audiencia transcurren aproximadamente
6 meses, tenemos que el proceso de maduración tardó aproximadamente un año.
Esta demora no es usual, pero a veces la complejidad e importancia del caso
exigen mayores niveles de consenso, pues el objetivo es asumir una posición
institucional que le otorgue respaldo total y legitime la decisión que se
5. ¿Puede el TC modificar
los términos de la política arancelaria fijada por el Poder Ejecutivo a través
de una sentencia de amparo como ocurrió en el caso Cementos Lima? ¿No cometió
un exceso el TC en este caso, asumiendo competencias que no le corresponden?
Al respecto debo informar a la ciudadanía que en
esta materia el TC ha modificado su posición inicial. El TC ha corregido el
sentido de esta decisión pues considera que lo que está en discusión no es si
el TC puede controlar la constitucionalidad de los actos de los poderes
públicos sino la manera como lleva a cabo ese control. Al respecto, el TC ha
considerado que siendo el tema de la política arancelaria un asunto sumamente
técnico, el TC no contaba con la información necesaria para ejercer un control
directo sobre las tasas arancelarias fijadas por el Poder Ejecutivo. En ese
sentido, el TC ha decidido ejercer un control indirecto en ocasiones en las
cuales los cambios sean “extremadamente desproporcionales” para evitar que
dichos actos vulneren derechos fundamentales de la persona natural o jurídica.
Lo otro era sustentar la decisión en un razonamiento económico y técnico al
cual el TC es ajeno y sobre el cual carece de información suficiente.
6. En los casos Hinostroza y Castañeda, el TC
dispuso que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) vuelva a votar sobre
la postulación de estos señores al cargo de fiscales supremos: ¿No es este otro
caso en el cual el TC invade de manera ilegítima las competencias de otro
órgano del Estado?
El CNM es el órgano constitucionalmente facultado
para seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales de toda la república. Eso
está fuera de discusión. Sin embargo, sus actos serán constitucionalmente
legítimos en la medida que sean adoptados con arreglo a ley y no desconozcan
derechos fundamentales como el debido proceso. En estos dos casos, como en
muchos otros, la solución del CNM carece de una adecuada motivación. Cuando
ello ocurre, el TC está facultado para ejercer control, y ordenar, como en este
caso, que el CNM vuelva a emitir pronunciamiento pero motivando de mejor manera
su decisión. Este TC, a diferencia de otros plenos anteriores, no ordena el
nombramiento de tal o cual juez o fiscal. Lo único que le estamos diciendo al
CNM es que se vuelva a pronunciar pero sin lesionar derechos fundamentales. Yo
no creo que afirmar esto sea invadir el ámbito de competencias del CNM. Ningún
órgano está por encima de la Constitución, ni el CNM, ni ningún otro.
7. Durante algunos años el TC señaló los serios
vicios de inconstitucionalidad de los cuales adolecía la Justicia Militar. En
este último tiempo el TC ha cambiado su línea jurisprudencial confirmando la
constitucionalidad de esta. ¿A qué se debe este cambio?
En principio, cambió la posición ideológica del
Pleno con respecto a este tema. Nuestro Pleno, considera que la Justicia
Militar debe existir para el juzgamiento de hechos vinculados estrictamente a
las instituciones castrenses, y por supuesto, asumir competencias para los
denominados “Delitos de Función”. A partir de esa premisa nosotros no creemos
que las objeciones vertidas por plenos anteriores a la Justicia Militar sean
8. ¿Cree Usted que durante mucho tiempo se ha
satanizado a la Justicia Militar?
Yo diría que la dictadura de Alberto Fujimori
ocasionó el desprestigio absoluto del fuero militar y ordinario pues fueron
instrumentalizados con el objetivo de blindar y cubrir con un manto de
impunidad a quienes habían cometido delito. Esto ocurre en todo país en el cual
los órganos de justicia son sometidos por el poder político. Hoy en el Perú
estamos logrando consolidar el sistema democrático, y los peligros de una
Justicia Militar arbitraria e injusta son mucho menores.
9. A propósito de los denominados “Delitos de
Función”. ¿Puede considerarse “Delito de Función” a una ejecución extrajudicial
o a hechos como los denunciados en el caso “Chavín de Huántar”? ¿Era competente
el fuero militar en este caso para procesar a militares acusados de haber cometido
este tipo de actos?
De acuerdo a la jurisprudencia interamericana y
constitucional vigente se sabe que los delitos cometidos contra la vida
(ejecuciones extrajudiciales) deben ser investigados, procesados y juzgados por
los tribunales ordinarios, y no por tribunales militares. Por esta razón es que
hace unas semanas señalé que el caso Chavín de Huántar ante la CIDH lo tenemos
casi perdido. Ahora bien, creo que en su momento el Estado pudo en un inicio
ensayar una mejor defensa, lamentablemente eso no se hizo. Adicionalmente a
ello, debo decir que comparto su opinión en torno a la excesiva demora en la
que ha incurrido nuestro aparato de justicia para resolver el caso que se viene
ventilando en el fuero ordinario. La violación al plazo razonable en la administración
de justicia es otra de las razones por las que creo que las posibilidades del
Estado de alcanzar un fallo positivo son casi nulas.
10. En los próximos meses
vencerá el plazo del mandato de seis magistrados del TC. Los magistrados
Vergara y Mesías debieron ser reemplazados hace varios meses atrás: ¿No es
acaso una irresponsabilidad mayor del Congreso no cumplir con nombrar
oportunamente a los nuevos magistrados del TC?
Yo creo que el problema pasa por lo difícil que
resulta generar consensos sobre este tipo de asuntos que requieren el respaldo
mayoritario de la representación nacional. Para mí, el gran problema del
Parlamento es la presencia de un número exagerado de agrupaciones políticas, un
pluripartidismo exacerbado que hace imposible la toma de acuerdos sobre los
grandes temas del país. El sistema proporcional alienta la presencia de
agrupaciones que carecen de institucionalidad. En nuestro país los partidos se
han convertido en grupos de amigos que respaldan la candidatura de alguna persona.
Esta demora es muy grave, yo siempre he señalado que la elección de un
magistrado constitucional es mucho más importante que la del Defensor del
Pueblo. Ello es así pues las incorrecciones de un Defensor del Pueblo no
generan efectos tan negativos como los que puede generar una persona no
adecuada sobre la cual recae la tarea de administrar justicia constitucional.
11. ¿Qué opina sobre esta propuesta de modificar
el sistema de elección de los magistrados y que este se dé por invitación?
Este mecanismo no está exento
de problemas. No debemos olvidar que muchos de los profesionales a los cuales
se los considera grandes especialistas y que se los invitaría a formar parte
del TC han defendido a los grandes grupos de poder económico en el ámbito
jurisdiccional, y por lo tanto, tienen una serie de compromisos adquiridos con
12. Se lo pregunto porque una de las críticas que
se hace al actual Pleno es el escaso nivel académico de muchos de sus miembros.
Se dice que se trata de personas poco conocedoras en materia constitucional.
¿Es una crítica válida para Ud.?
No, no es válida. Debemos recordar que la
Constitución no prevé que para ser magistrado del TC se requiera ser
especialista en Derecho Constitucional. De lo que se trata es de nombrar a
profesionales con una trayectoria jurídica destacada, independientemente del
área del Derecho en el cual se hayan desarrollado. Además, no se piense que los
juristas que más salen en periódicos, o que sean de Lima, son más capaces que
los de provincias, o que los académicos son necesariamente mejores magistrados
13. ¿Puede Nadine Heredia postular a la presidencia del Perú en el
este momento existe una prohibición normativa expresa que lo impide. Pero más
allá de si se trata de la esposa o del sobrino del Presidente de la República
debemos evitar que se usen los recursos públicos con el ánimo de favorecer la
imagen de toda persona cercana al poder.
¿Sigue creyendo que la píldora del día siguiente es abortiva a pesar de que la
Organización Mundial de la Salud afirma que no tiene ese efecto?
que existen dudas sobre el denominado “tercer efecto de la píldora”. Esa duda
nos llevó a prohibir su distribución por parte del Estado. En el caso de los
privados, los médicos pueden informar a las personas sobre este efecto, y serán
estas las que deciden si toman o no esta pastilla, por eso no prohibimos su
venta para este sector.
15. ¿Está a favor de la reglamentación del aborto terapéutico en
que el debate debe abrirse en torno al aborto en general. Pero en el caso del
aborto terapéutico, que es legal en el Perú desde 1991, el Estado debería
cumplir con emitir la reglamentación debida.
16. ¿Está a favor de la legalización de la unión civil y el matrimonio
encuentro razones jurídicas válidas para oponerme a esta propuesta. Yo
encuentro legítimos estos planteamientos.
que la ciencia acredite que los niños no sufrirán algún tipo de trastorno grave
18. ¿Está a favor de la legalización de la
eutanasia en nuestro país?
no considero que exista un derecho a morir, o un derecho al suicidio.
Esta entrevista fue publicada en
el Nº 50 de LA LEY, periódico mensual del grupo editorial GACETA JURÍDICA
(ABRIL DE 2012)Etiquetas: CASO CHAVIN DE HUANTAR, CASO CONGA, Ernesto Álvarez Miranda, FUERO MILITAR, nadine heredia, TLC CHINA
entrada de RAFAEL @ 7:21 0 comentarios
¿Cometió Gregorio Santos el delito de rebelión o apología?
No, mil veces no. Cualquier estudiante de
los primeros años de la carrera de Derecho sabe eso. Jurídicamente hablando,
Gregorio Santos no ha cometido ningún delito al recordarle a la población la
experiencia ocurrida en otros países con presidentes que llegados al poder
olvidan las promesas electorales que hicieran durante la campaña. Lo que sí queda claro es que el Gobierno
pretende poner a este señor contra las cuerdas recurriendo a la acusación fiscal
y a la persecución penal. Nada más tonto. Nada más estúpido. Con esta actitud el
Gobierno de Ollanta Humala solo logra una cosa: convertir a Gregorio Santos en
un perseguido político, victimizarlo, erigirlo como un mártir de la causa
ambientalista, en un protector de causas nobles, un verdadero luchador social. Nada
más alejado de la realidad. Ollanta torpemente le hace publicidad al “candidato
presidencial” Gregorio Santos.
Si el asunto es tan evidente, si las
razones que se esgrimen para justificar dichas imputaciones se caen a pedazos,
debemos preguntarnos un par de cosas: ¿El Fiscal de la Nación culminó sus
estudios de Derecho? ¿Si los terminó, entonces por qué actúa de una manera tan
absurda avalando tamaño atropello? Presión política, diría yo. Esa es la única
explicación para semejante torpeza. Con este caso, la presión que ejerce el
Gobierno sobre los diversos poderes del Estado con el ánimo de sacar del camino
a los opositores se hace cada vez más visible. Y pensar que durante la campaña
electoral un 20% de electores le dimos nuestro respaldo al actual presidente
para que prácticas fujimontesinistas como la que ahora comentamos no se
volviesen a repetir en nuestro país.
Brevemente explicaré por qué la conducta
de Gregorio Santos, recordando la experiencia comparada de Ecuador y Bolivia,
países en los cuales los jefes de Estado fueron obligados a dimitir por la
presión social ante el incumplimiento de sus ofertas electorales, no puede ser
tipificada como delito de rebelión o de apología.
¿Por qué Gregorio Santos no es un rebelde? El artículo 346 del Código Penal señala
que comete delito de rebelión quien se alza en armas para variar la forma de
Gobierno, deponer al Gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el
régimen constitucional. Si ello es así, y recordemos que en materia penal la
conducta delictiva debe calzar de manera indubitable en la descripción hecha en
el código de la materia, cualquier ciudadano podría preguntarse y responderse
al mismo tiempo lo siguiente: ¿Gregorio Santos se ha alzado en armas contra el
Gobierno de Ollanta Humala? No. ¿Entonces, ha cometido delito de rebelión? No.
Un burro con las orejas más largas en el Perú respondería con éxito ambas
interrogantes. Por eso mi sorpresa al escuchar las declaraciones del Fiscal de
la Nación afirmando que el señor Santos ha cometido delito de rebelión. Pero
también me sorprende, o mejor dicho me escandaliza, el cinismo de algunos
periodistas al celebrar estas declaraciones como verdaderos actos de valentía y
arrojo patrio. Ojalá los señores Aldo Mariátegui y Cecilia Valenzuela se
compren un Código Penal, su lectura les evitaría el ridículo público.
¿Por qué Gregorio Santos no es un
El artículo 316 del Código citado señala
que comete delito de apología quien públicamente hace apología de un delito o
de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe. Si ello es
así, cabría preguntarnos lo siguiente ¿Las caídas de presidentes como Jamil Mahuad,
Abdalá Bucarán, o Lucio Gutiérrez en Ecuador, y la de Gonzalo Sánchez de Losada
en Bolivia, motivadas por la presión de la calle, pueden ser consideradas
delito? No. ¿En estos países existen condenas contra aquellos que encabezaron
la protesta u organizaron a la gente movilizándola y volcándola a la calle como
respuesta política ante el Gobierno de turno? No. ¿En esos países luego de los
acontecimientos se emitieron amnistías y perdones generalizados para quienes
promovieron y avalaron la salida de estos gobiernos? Sí. Si los dos supuestos básicos para la
configuración del delito de apología no se cumplen entonces: ¿Por qué algunos
medios de comunicación, directores de diarios, ministros de Estado o
autoridades jurisdiccionales mienten con tal descaro? Muy simple. Porque es más
sencillo y cómodo instrumentalizar al Ministerio Público, doblegar al Poder
Judicial, orquestar la persecución legal contra un opositor como Santos que
atreverse a enfrentarlo y vencerlo en la arena política e ideológica.
La experiencia vivida en el Ecuador y
Bolivia dan cuenta de una situación política límite en la cual el presidente
elegido fue perdiendo con el transcurrir de su Gobierno el apoyo y la base
social que le dio su respaldo durante la época electoral bajo la premisa de que
una vez en el poder iniciaría un periodo de cambio y transformación social en favor
de los sectores más deprimidos. La traición, la mentira y el doble discurso de
estos presidentes generó niveles de descontento y desconfianza extremos, los
cuales fueron capitalizados por los sectores más radicales, quienes organizando
a la población, tomando las calles y paralizando las actividades en sus países,
lograron finalmente la caída de sus gobernantes.
¿Las expresiones de Gregorio Santos son
parte del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión?
Yo diría que sí. Ciertamente no son frases
felices. Hasta podría señalar que se trata de una alocución desafortunada, que
lo pinta de cuerpo entero como un radical o extremista. Pero de allí a querer,
con el apoyo del Fiscal de la Nación y seguramente de algunos jueces blandengues,
encausarlo, acusarlo, procesarlo y sentenciarlo por estos delitos existe una
gran distancia. El señor Santos, incluso si hubiese pedido la caída del gobierno de Ollanta Humala, su vacancia,
cese, despido o término anticipado, no habría hecho otra cosa que repetir el
ejemplo de Alejandro Toledo, Alan García o el mismísimo actual presidente,
quienes como recordarán, en más de una oportunidad exigieron públicamente la
salida del jefe de Estado de ese entonces. O es que Humala sufre de Alzheimer y
no recuerda las repetidas veces en las cuales públicamente pidió la salida de
García de Palacio de Gobierno, tildándolo de inmoral, incapaz o corrupto. O es
que acaso Ollanta Humala no recuerda que quien sí se levantó en armas cometiendo
una serie de delitos fue su hermanito Antauro, sentenciado hoy en día por el
asesinato de cuatro policías.
El presidente Ollanta Humala, su Gobierno
y las autoridades competentes tienen el derecho y la obligación de preservar la
tranquilidad pública, el orden y la seguridad de todos los ciudadanos. Para
ello cuentan con el respaldo de la legislación vigente. Nadie puede negar el
deber del Estado de hacer cumplir el marco normativo vigente, sancionando
ejemplarmente a quienes cometen delitos como el atentado contra la propiedad pública
y privada, la quema de locales públicos, la toma de carreteras o el secuestro
de personas. Lo que no puede hacer un Gobierno, al menos no uno que pretenda
ser visto como democrático, es manipular el orden jurídico, quebrar la voluntad
de las autoridades y someter a las instituciones de justicia con el objetivo de
arremeter contra todo aquel que se atreve a presentar un discurso político
contrario al oficial o disímil al que postulan los señores de la prensa o los
representantes de los grandes grupos de poder. Algo que, en mi opinión, el
Gobierno de Humala ha empezado hacer en los casos del Presidente Regional de
Cajamarca y del alcalde de Espinar.
En una democracia, señor Presidente, las
ideas y los planteamientos se exponen y se someten a consideración de la
opinión pública con el objetivo de ser legitimados socialmente. En una
democracia los ciudadanos y las autoridades son libres de exponer sus ideas
haciendo uso de la retórica propia de la dinámica política. El señor Santos
puede gritar, vociferar y patalear cuantas veces quiera, está en su derecho.
Seremos los ciudadanos los que, desde nuestra subjetividad, definamos si
respaldamos o no sus posiciones intolerantes y extremas. Por mi parte, y en eso
soy inflexible, apoyaré la continuación de su gobierno hasta julio del año
2016, pues la sola idea de una interrupción constitucional me aterra y espanta,
porque el deber de un demócrata es respetar el mandato soberano de las urnas.
Pero le recuerdo que el deber de un político, y sobre todo de un Jefe de Estado,
es guardar consecuencia entre lo que se dice y se hace, entre lo que se ofrece
como candidato y lo que se defiende como Presidente.
El Gobierno no puede combatir las ideas
con citaciones fiscales, denuncias policiales, estados de emergencia, ni policías
y militares en las calles. Las ideas se rebaten con ideas, lo contrario es
muestra evidente de debilidad e incapacidad política. Esperemos por el bien de
nuestro país y por la tranquilidad de la población, sobre todo de la más
vulnerable, de aquella que pretende ser invisibilizada, y a la cual la prensa
capitalina se esfuerza en calificar de ignorante y primitiva, que la razón se
imponga, que el señor Presidente recuerde que más del 50% de peruanos le
dijimos “no” a las prácticas dictatoriales del fujimorismo en las últimas
elecciones, y que por esa razón puede hoy llamarse Presidente del Perú.
Esperemos que la inteligencia venza al miedo, y que la astucia política y el
manejo de Estado sean capaces de reemplazar a la persecución fiscal y penal
Portal de noticias y actualidadEtiquetas: apología, fiscal de la nación, Gregorio Santos, Ollanta Humala, persecusión política., rebelión
entrada de RAFAEL @ 14:11 0 comentarios
No puedo decir que estoy
frustrado, pues la frustración solo se da cuando previamente uno deposita sus
ilusiones y esperanzas, con optimismo y confianza, en una persona o proyecto.
Yo no voté por Ollanta Humala en la primera vuelta electoral, pero sí lo hice
en la segunda pues mi conciencia y mis principios democráticos así me lo
exigían. Esto lo digo, pues a pesar de los sucesos de las últimas semanas, sigo
creyendo que la otra opción hubiese sido la vuelta a un pasado vergonzante que
todos queremos dejar atrás. No es este el caso de ese 30% de
peruanos que respaldaron la candidatura de Ollanta Humala y a su programa “La gran transformación”, apoyo que le
permitió pasar a la segunda vuelta y alzarse con la victoria a pesar de la
infame campaña de difamación y demolición mediática que los medios que hoy lo
respaldan desataron en su contra y en contra de toda opción que se atreviese a
criticar el modelo político y económico establecido desde los años noventa. Ahora, Ollanta Humala ve el
resultado de una campaña electoral construida en función de argumentos de
cambio y transformación, muchos de ellos absolutamente populistas y
autoritarios, que le pasan la factura y que de uno u otro modo deben ser
resueltos. El otrora representante de las reivindicaciones sociales y duro
crítico de la política económica de los gobiernos de Fujimori, Toledo y García,
al parecer, se alista a engrosar esa larga lista de políticos peruanos y
latinoamericanos que llegando a Palacio de Gobierno de la mano de un discurso
de centro-izquierda, una vez instalados en el poder, inician un giro sin retorno
hacia la centro-derecha conservadora.
¿Cómo enfrentar la desilusión que
ese 30% de la población siente al ver a un Ollanta Humala que casi por hechizo
se ha convertido en fiel defensor del sistema y asume sin menor apuro el papel
de apologista del continuismo político y económico? ¿Dónde quedaron las
propuestas de cambio con las cuales recorrió todo el país con el objetivo de
ganarse la confianza de la población más olvidada de nuestro país? Esas son
respuestas que el Gobierno debe buscar, esas son tareas que al parecer el Gobierno
no quiere enfrentar, esas son obligaciones que no sé si este Gobierno pueda
cumplir, al menos no si continúa por la senda que ha decidido caminar. Si las
cosas siguen así, Ollanta Humala se convertirá en el hacedor de su propio
Ollanta Humala señala el día de
hoy que el proyecto de “La gran transformación” se dará sin sobresaltos, que no cederá ante las protestas de los
radicales que pretenden agudizar las contradicciones de nuestra sociedad y
paralizar el país, que no cederá al chantaje de los buscan imponerle al Gobierno
una agenda política que él mismo prometió que cumpliría y que hoy en día parece
haber olvidado. Ollanta Humala tiene muy claro lo que no hará, el problema es
que nuestro presidente no tiene ni la menor idea de lo que debe hacer a futuro
para responder los argumentos que él mismo, hace apenas unos meses, defendía.
Es decir, Ollanta Humala no tiene la capacidad para reconocer que mintió, o en
el mejor de los casos que estaba equivocado, que promesas y propuestas reformistas
que ofreció eran solo eso, promesas, recursos de plazuela que todo caudillo
utiliza para llegar al corazón del pueblo y sentarse en el Sillón de Pizarro.
Yo no creo que “La gran
transformación” se dé sin sobresaltos, me gustaría creerlo, pero no puedo. Al
menos no mientras el Ministerio de Economía siga en manos de Luis Castilla, una
persona que trabajó codo a codo al lado de la administración aprista,
defendiendo su política económica y su manera de entender el concepto de desarrollo.
¿Cómo es posible que Ollanta Humala sí confíe en este señor, cuando hace
algunos meses el propio presidente afirmaba que una vez en Palacio de Gobierno
la política económica y conservadora de García sería desterradas del Estado
dando paso a una nueva etapa?
A Ollanta Humala no solo se le
han olvidado las ideas de cambio que en materia económica planteaba y las
críticas que sobre este tema hizo durante los cinco años de gobierno de García.
Recordemos que durante ese lustro, nuestro actual presidente era uno de los
principales críticos de la manera como el gobierno de aquel entonces enfrentaba
los conflictos sociales, criminalizando la protesta y apelando a la fuerza para
develar lo que en su opinión eran las justas demandas de inclusión social y
cambio que los sectores menos favorecidos del país le hacían al Gobierno y al Estado.
En las últimas semanas, sobre
todo a partir de los sucesos en Cajamarca (Proyecto Conga) y Cuzco-Espinar (Minera
Estrata), hemos podido apreciar cómo el Gobierno, al igual que su antecesor,
carece de una política de solución de conflictos sociales eficaz, capaz de
anticiparse al estallido de asonadas y levantamientos que ponen en jaque a
diversas localidades y regiones de nuestro país. Es mucho más sencillo prevenir
los conflictos, dar un paso adelante en la identificación de los focos de
conflicto que reaccionar cuando la turba ya tomó las calles, cuando la gente ya
se encuentra movilizada y cuando las carreteras han sido tomadas por los
azuzadores de siempre.
Sobre este punto, comparto la
visión de aquellos que creen que el Estado está facultado para imponer la ley y
hacer cumplir el Estado de Derecho. Estoy de acuerdo en que quien comete
delitos sea merecedor de una sanción ejemplar. Sin embargo, no creo que la
respuesta que el Gobierno asuma en este terreno se deba reducir únicamente a la
declaratoria de estados de emergencia y a la salida de tropas a la calle, a
quienes se les encarga la labor de enfrentar a las protestas intentado solucionar,
a punta de plomo y gas lacrimógeno, problemas eminentemente políticos y
candidez de un sector de la prensa y del propio Gobierno cuando afirman que las
protestas en Cajamarca y Espinar no son protestas medio-ambientales sino, muy
por el contrario, políticas e ideológicas. Me sorprende, pues pareciera que
estos señores creen haber hecho un gran descubrimiento. Claro que los problemas
en Cajamarca y Espinar son políticos, y lo son porque los radicales que
encabezan y organizan la protesta, dándole un tinte político e ideológico, lo
hacen capitalizando el descontento que la población siente contra actividades
extractivas que en su opinión no lEs favorecen y que destruyen su medio
ambiente, a pesar de que desde la capital se diga lo contrario.
Siendo ese el escenario, la
respuesta del Gobierno debería ser también política, pero para ello se
requieren voceros y operadores políticos que puedan enfrentar ideológicamente a
los opositores a la inversión privada, a los enemigos de la paz, a los
adversarios del desarrollo sostenible. Los radicales le ganan la partida al Gobierno
pues están donde el Estado no llega, porque escuchan y miran a quienes el
Estado ha invisibilizado. Mientras el Estado peruano tenga una densidad tan
pequeña y no logre cubrir todo el territorio nacional, los radicales siempre
encontrarán un espacio para desinformar y ganar adeptos entre una población que
durante largos años espera lograr un desarrollo que hasta el día de hoy le
resulta esquivo.
Finalmente, para nadie es un
misterio que la labor del Gobierno en estos días debe centrarse en la
preservación del orden público, la paz, la tranquilidad y la seguridad de los
ciudadanos de Cajamarca y Espinar. Para ello necesita desplegar un plan de
inteligencia que brinde de información relevante a las autoridades políticas
para una adecuada toma de decisiones. Porque, señores, los operativos de
inteligencia sirven para ello, para obtener información que racionalice la toma
de decisiones. Sin embargo, vemos cómo Ollanta Humala parece jalarse la cuerda
él mismo nombrando a dos personas incompetentes como José Urquizo y Wilver
Calle, en las carteras de Defensa y del Interior, respectivamente. A veces
pienso que Ollanta Humala tiene en su más profunda naturaleza un espíritu
suicida que lo lleva a cometer esta cadena de torpezas y desaciertos que pueden
desatar en nuestro suelo grandes tempestades.Etiquetas: Espinar, José Urquizo, la gran transformación, Ollanta Humala, proyecto minero Conga, Wilber Calle
ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Gastón Soto Vallenas, titular del Consejo
Nacional de la Magistratura, explica en esta entrevista los objetivos trazados
para su institución en los próximos años y la necesidad de contar con mayores
recursos para este propósito. Asimismo, se pronuncia sobre las decisiones del
Tribunal Constitucional que anulan resoluciones emitidas por el CNM.
1. ¿Cuál era la situación en la cual usted
encontró a la institución a partir de su designación como miembro de esta?
Se debe destacar el hecho de que la mayoría de
los miembros (cinco) del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) han asumido
el cargo hace unos pocos meses, salvo el caso de otro consejero y el mío
propio, quienes tenemos cerca de dos años en el CNM. En consecuencia, somos un
pleno nuevo, renovado y por lo tanto, como punto de partida yo precisaría que
hay un ánimo, por lo menos integrado, de recuperar la imagen, la credibilidad
del CNM frente a la ciudadanía.
2. ¿Cuáles son las tareas más importantes que el
CNM está afrontando?
Nosotros encontramos un gran
embalse en cuanto a procesos de ratificación. Teníamos más de 800 procesos de
ratificación pendientes. Ciertamente era una situación anómala que los consejeros
hemos logrado ir superando. Los avances han sido notables, al punto de que hoy
en día podemos decir que estamos “casi al día”. Otra tarea importante es la
vinculada a los procesos de selección y nombramiento de magistrados. Como es de
conocimiento público uno de los grandes problemas de nuestro sistema de
justicia es el alto índice de provisionalidad, situación que nosotros nos hemos
empeñado en solucionar. Le alcanzo algunas cifras: el 36% de los magistrados
del Ministerio Público es, en estos momentos, provisional, como más del 33% lo
es en el Poder Judicial. Eso podría llevar a pensar a
algunas personas que el CNM no está cumpliendo con su labor, lo que pasa es que
los resultados de los concursos para selección de jueces y fiscales no son los
3. ¿Podría darnos mayores detalles sobre lo que
está ocurriendo en los concursos para cubrir las plazas de jueces y fiscales?
Con todo gusto. Mire, el
problema mayor que debe resolver el CNM es el de la provisionalidad de jueces y
fiscales. En ese sentido, el CNM ha organizado más de nueve concursos durante
los últimos dos años. Sin embargo, existen factores que van más allá de lo que
la institución puede hacer. Así por ejemplo, le alcanzo otro dato, en el último
concurso, solo el 21% de los postulantes logró superar con éxito la primera
etapa. Al tratarse de etapas cancelatorias, en donde para acceder a la
siguiente es necesario ir aprobando la anterior, tenemos que el número de
postulantes que llegan a la entrevista personal (última etapa) es cada vez menor.
4. ¿Y cuáles son las políticas institucionales
trazadas por el CNM para los próximos años?
Debemos reducir totalmente
el embalse que teníamos en materia de ratificaciones y continuar nuestra labor
en cuanto a los concursos de selección de jueces y fiscales. Haremos todo lo
que esté a nuestro alcance para lograr ese objetivo. A pesar de que los
resultados en los mismos no sean los que uno quisiera, hemos de decir también
que en cuanto a la selección y nombramiento se ha incrementado las plazas que
se han cubierto en 470%. Estamos logrando disminuir
paulatinamente el índice de provisionalidad que tanto daño le hace al sistema.
Esta es una tarea bastante ardua; el problema de la provisionalidad de jueces y
fiscales se inició durante la década de los noventa, y se ha incrementado con
la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y Laboral, los cuales exigen
tanto para el Ministerio Público, como para el Poder Judicial, un número cada
vez mayor de magistrados. En tal medida, seguiremos trabajando como hasta
ahora, organizando más procesos de selección para cubrir las necesidades del
servicio que el volumen y la carga procesal demandan. Finalmente, quiero aprovechar
esta oportunidad para destacar la labor de Gonzalo García Núñez quien ha
desarrollado una tarea notable, especialmente en el ámbito administrativo,
renovando temas operativos del CNM con el ánimo de hacer mucho más eficiente
5. Esta tarea exige contar con mayores recursos.
¿Qué nos puede decir con respecto al presupuesto que su institución maneja?
Nuestro presupuesto sigue siendo bastante
reducido, tanto así que justamente el día de ayer hemos tenido una reunión con
el Presidente del Consejo de Ministros para tratar justamente la asignación de
un presupuesto adicional con la finalidad de contar con más personal que pueda
atender, por ejemplo, la revisión de documentos. Esta es una prioridad debido a la cantidad de
postulantes que han habido, en los diferentes concursos, la que está alrededor
de los diez mil, cifra que como entenderá no es sencilla de manejar. Pero
además de la carencia de personal suficiente, tenemos otras necesidades no
cubiertas, empezando porque tampoco tenemos un local apropiado. Tenemos un
edificio donde los trabajadores están tugurizados. Hemos tenido que alquilar el
edificio contiguo, un par de pisos, para darles las condiciones suficientes a
los magistrados que vienen a revisar sus expedientes, aquí ya no hay espacio.
Tenemos dos pisos más en un edificio en Pardo, pero estamos dispersos. Este es
un problema que me preocupa y que creo debería solucionarse de inmediato.
6. ¿Debería el CNM estar compuesto únicamente por
profesionales del Derecho?
Sobre este punto debo hacer una confesión en voz
alta. Antes pensaba que únicamente abogados
deberían ser integrantes del CNM porque son los que más y mejor pueden evaluar
a una persona que se va a encargar de la administración de justicia, pero
cuando se trata, por ejemplo, del trabajo de selección o el trabajo de
evaluación de la conducta de los magistrados en los procesos de ratificación,
indudablemente que los conocimientos multidisciplinarios de profesionales de
diversas áreas del mundo intelectual, constituyen un aporte fundamental. Ahora, y luego de casi dos años en el CNM, me doy
cuenta que es bueno que personas como las que tenemos en estos momentos, que
provienen de diversos sectores de la academia, formen parte del CNM, no solo
por ser seres humanos honestos y probos, sino por su amplia experiencia, de
muchos de ellos, en el Sector Público.
7. ¿Qué opinión tiene respecto de la línea
jurisprudencial que asumió el Tribunal Constitucional en los casos Hinostroza y
Castañeda, en los cuales se dispuso que el CNM vuelva a votar sobre la
postulación de estos señores al cargo de fiscales supremos?
Lamentablemente son muchos los años en los que el
Tribunal Constitucional viene, de una forma u otra, interviniendo en el ámbito
de competencias del CNM. Esto ha traído como consecuencia que muchos
magistrados tengan que ser repuestos por mandato o resolución del Tribunal o quede
sin efecto una resolución del Consejo por disposición de este Colegiado en
materia de selección y nombramiento, con lo cual, al final el CNM se ve
sometido a los criterios que maneja el Tribunal que no son en nuestra opinión,
necesariamente los legales, los constitucionales o los correctos.
8. ¿Usted cree que a veces el Tribunal
Constitucional se excede en el ejercicio de sus competencias?
Yo creo que sí. Cuando yo
tuve el alto honor de presidir el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), nos
enfrentamos al Tribunal Constitucional en defensa de sus propios fueros, y con
ello se logró hacer respetar sus competencias. Nosotros no aceptábamos la resoluciones dictadas
por el Tribunal Constitucional que dejaban sin efecto nuestras resoluciones,
pues considerábamos que el propio Tribunal, que debe ser el garante de la
constitucionalidad, terminó por violentarla con este tipo de pronunciamientos,
por eso nuestro rechazo y nuestra crítica a este tipo de fallos que constituían
una invasión inaceptable de los fueros del jurado.
9. ¿Y qué hacer cuando las resoluciones del CNM o
del JNE lesionan el debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva?
Muy sencillo. Tanto el JNE
como el propio CNM tienen prevista la posibilidad de que a través de la vía del
recurso extraordinario, que es el de la reconsideración, se anulen sus propias
resoluciones cuando hay, ciertamente, una violación al debido proceso, todo
ello en el marco de sus competencias y al interior de la propia institución.
Así, en mi opinión las resoluciones del CNM no deberían ser sometidas a control
ante el Tribunal Constitucional. Pues, como ya señalé, existe el recurso
extraordinario que permite la revisión de las mismas por el propio CNM en
resguardo de los derechos de los administrados.
10. A propósito de su paso (ocho
años) por el JNE. ¿Qué opinión tiene Ud. sobre la resolución del JNE mediante
la cual se rechaza la inscripción del Movimiento por Amnistía y Derechos
Fundamentales (Movadef)?
Yo creo que el JNE actuó bien
cuando emitió la resolución que declaraba improcedente la inscripción de esta
agrupación política. Creo que fue un acierto que la evaluación de este caso
regresara a la Oficina de Registro de Agrupaciones Políticas a efecto de que
esta se pronunciara sobre asuntos que no habían sido tomados en consideración
en la resolución que había dictado, eso iba a permitir que la resolución
integrara en su contenido todos aquellos aspectos que tenían que ver con los
fundamentos o razones que sustentan el rechazo a esta agrupación. El JNE buscó
no dejar ningún cabo suelto, y en esa medida creo que el objetivo se consiguió.
11. Al Movadef se le negó su
inscripción por razones ideológicas. Es decir, se señaló que se trataba de una
agrupación antidemocrática que reivindica la figura de una persona sentenciada
por terrorismo. ¿Ud. comparte esa opinión?
Si bien la constitución prevé la
pluralidad de ideologías, en este caso es una ideología contraria a los valores
de la democracia. El Movadef no podía pasar. En principio los partidos deben
someter su inscripción al cumplimiento de los requisitos formales previstos en
la ley, pero al mismo tiempo, estas agrupaciones la pueden perder si en el
tiempo observan una conducta contraria al Estado Democrático de Derecho.
12. Si es que la Ley de Partidos
Políticos hubiese estado vigente en el año 1992, el fujimorismo habría perdido
su inscripción por el autogolpe de Estado del 5 de abril…
Ese es un tema de análisis
político muy interesante que va más allá de lo que dice la norma. No nos
olvidemos que la semana después del 5 de abril de 1192, se consultaba a la
población si estaba de acuerdo o no con el autogolpe de Estado y más del 75% de
la población señaló que sí. Quizá este respaldo le dio legitimidad social y
política a una medida en principio contraria a los valores democráticos.
13. Finalmente, ¿Qué opinión
tiene respecto de la eliminación del voto preferencial en el Proyecto de Código
Electoral y Código Procesal Electoral?
Yo creo que es un mal necesario.
Digo ello porque hasta que no sea posible garantizar la democracia interna en
los partidos, el voto preferencial genera una competencia interna, que en mi
opinión, no es mala per se. Distinto sería el panorama, y la reflexión, si como queremos todos, los partidos
políticos se organizasen de manera democrática y la elección de los candidatos
se diese también en esos términos. Cuando ello ocurra el voto preferencial
debiera eliminarse, porque como señalan los especialistas puede terminar
convirtiéndose en un arma que genere la inestabilidad de los partidos, poniendo
en riesgo la estabilidad del propio sistema democrático.
Etiquetas: Castañeda, CNM, Gaston Soto Vallenas, Hinostroza.
entrada de RAFAEL @ 11:16 0 comentarios

References: artículo 346
 artículo 316
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