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Timestamp: 2019-11-15 21:10:59+00:00

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Los mecanismos de resolución alterna de conflicto
“ PLAN PILOTO DE AUDIENCIAS ESPECIALES DE CONCILIACIÓN”
“RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS EN EL AMBITO EDUCATIVO: HACIA UNA CULTURA DE PAZ”.
Reforma Cunicular Plan de Estudios de Primaria y Secundaria
Elaboración de textos especificos sobre RAC
Diseño y Ejecución de un Plan Nacional de Divulgación y Sensibilización
CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL PODER JUDICIAL”
DIRECCIÓN NACIONAL DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS
CENTROS PRIVADOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
Centro de Resolución de Conflictos en Materia de la Propiedad
Centro de Mediación y Arbitraje CEMEDAR
América Central: del conflicto a la negociación y el consenso
. La Situación de la Justicia: una visión desde el Programa de Capacitación a Jueces de Centro América
Lo que hoy conocemos como formas alternativas de resolución de conflictos, refiriéndonos a opciones diferentes al proceso judicial, debemos tener claro que son la manera en que históricamente eran resueltos los conflictos a través diálogo, la tolerancia y el respecto a las diferencias.
Cuando los Estados asumieron, a través de los sistemas judiciales, la obligación de dar solución a los conflictos que les eran sometidos, los ciudadanos olvidaron o perdieron la destreza para dar solución a los conflictos que generaban. Esta ha sido la realidad de la solución de conflictos interpersonales desde hace más de cien años.
Varias y muy importantes, han sido las razones que han propiciado que se retome y fortalezca la resolución alterna de conflictos. De manera que la importancia de estos no radica en que sean algo novedoso, sino en que a diferencia de la forma en que se aplicaban históricamente, en la actualidad se han sistematizado, definiéndoles sus características y particularidades, la tipología de conflictos a que puede ser aplicado cada uno y se han establecido procedimientos claros que garanticen en mayor medida resultados positivos y contribuyan asimismo a la devolución de los conflictos a los usuarios para que retomen la solución de los mismos reeducándolos en este sentido.
La preocupante situación de la Administración de justicia en los países centroamericanos, producida por los altos índices de litigiosidad con que se cuenta, ha propiciado un análisis tendiente a la eficacia y eficiencia del servicio que se brinda, pues es importante no sólo el acceso a la justicia sino que ésta sea expedita, transparente y cumplida, permitiendo un acceso efectivo a ésta.
De ese análisis iniciado a través de cuestionamientos al sistema, han salido las razones que han hecho que se vea en los métodos alternos de resolución de conflictos, una opción viable y satisfactoria para ofrecer a los usuarios, siempre con el respaldo o apoyo institucional. Se ha concluido que los sistemas judiciales son lentos, en algunos casos corruptos, que los operadores del derecho en muchas ocasiones no cuentan con las posibilidades para tener procesos constantes de capacitación y actualización o especialización, lo que hace que no sean en muchos casos los profesionales calificados que necesariamente debe tener el sistema.
Concientes de lo anterior, los Poderes Judiciales, han entrado desde los años 70, en procesos de modernización que si bien es cierto han sido estructurados de forma seria para garantizar la consecución de los objetivos que lo inspiran, también lo es que su avance no es en muchos casos a la velocidad que requieren los tiempos actuales, en razón de la cantidad y complejidad de los conflictos que se deben enfrentar, esto en razón de los controles y requisitos que deben ser cumplir para ir avanzando en el desarrollo de esos programas.
Centroamérica ha sido altamente convulsa durante muchos años, debido a la realidad política que han vivido por décadas algunos de sus países. Esto ha generado en los habitantes de la zona una cultura de lucha y enfrentamiento, aprendida en primer lugar como requisito de supervivencia y transmitida generacionalmente como una forma de vida.
Las situaciones en que la tolerancia, el respeto de las diferencias y el diálogo son las formas usuales de convivencia, y solución de controversias entre los individuos, no han sido, entonces, por muchos años las utilizadas.
Es importante reseñar brevemente lo que han reflejado algunos estudios sobre acceso a la justicia que se han llevado a cabo en algunos países, en lo relativo al tema que interesa aquí desarrollar. El Salvador, país más pequeño de Centroamérica, con aproximadamente 6 millones de habitantes en un área de 21 mil kilómetros cuadrados, es de acuerdo con estudios realizados proclive a una cultura de violencia, en razón posiblemente de su situación política, a pesar de que entró en un proceso de paz a partir de 1991. Una encuesta realizada en el año 1996, evidenció lo anterior, con datos en que se indicaba que el 60% de la población afirmaba su anuencia a matar por defender su propiedad, asi como un 15% lo haría con gente indeseable, el 7% de la población indicó tener un arma.
En materia RAC, este país cuenta con una Ley del año 2002, que impulsa la conciliación tanto a nivel privado como institucional en materia de familia, penal, civil y laboral. Existen varios proyectos para llevar a cabo conciliación en conflictos comunitarios, arbitrajes en materia mercantil y se cuenta asimismo con programas de prevención de conflictos.
Guatemala, por su parte, es un país con un amplio territorio 108,889 kilómetros cuadrados, multiétnico y multilíngüe, pues cuenta con 23 grupos étnicos y aproximadamente 21 grupos linguísticos. Lo anterior hace que los conflictos sean además de diversos, difíciles de solucionar en casos en que entran en juego mezcla de los elementos antes apuntados. El desempleo es una característica importante que golpea el país y que se ha agravado a causa de fenómenos naturales que han acabado con fuentes importantes de trabajo. Con 34 años de conflictos políticos terminados en el año 1996 a través de acuerdos de paz, se ha iniciado la reconstrucción del sistema judicial que necesariamente se vio afectado negativamente, lo que ha provocado según indicó Param Coomarawamy, Relator Especial de Naciones Unidas para Guatemala, que este sea ineficaz e incompetente2
Cuenta con Ley RAC, desde el año 1995, que ha potenciado el uso de mecanismos como el arbitraje y la conciliación tanto privada como institucional, asi como la educación de la población en el tema, Se ha constituido como un modelo de acceso a la justicia para personas de escasos recursos, que como se indicó es una parte importante de la población.
Por su parte Nicaragua, con un territorio de 130,700 kilómetros cuadrados y una población superior a los 10 millones de habitantes, no ha quedado fuera de la situación política compleja similar a la de los países supra citados, pues su proceso de paz ha iniciado a concluido al menos formalmente, en los años 90.
Es uno de los países en que sus ciudadanos manifiestan desconfianza por el sistema de administración de justicia, al ser esta sumamente lenta permitiendo en muchos casos la impunidad. Una encuesta aplicada a la población por el Centro de Estudios Estratégicos, refleja esta percepción al indicar que el 48% de la población define la administración de justicia como inefectiva y apunta como razones la corrupción de los funcionarios en un 39.5%, el poco presupuesto en un 37.3% y el desconocimiento de leyes en un 36.5%.
Es el único país de Centroamérica que a la fecha no cuenta con ley de resolución alterna de conflictos. Sin embargo, la conciliación, mediación y arbitraje se encuentran insertos dentro de las diferentes leyes con que cuentan, su sistema establece, a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 94, agotar el intento de mediación obligatoriamente de previo a iniciar un proceso judicial. Es ciertamente una mediación con al menos dos elementos particulares que la hacen un poco diferente y discutible de acuerdo con lo que doctrinariamente se ha establecido, pues ésta como se indicó es obligatoria y la realiza el mismo juez que conocerá del proceso en caso de que la mediación no de resultados positivos.
Honduras, es un país con una extensión territorial amplia, de XXXXXXX y con aproximadamente 7 millones de habitantes. Su situación política, al igual que la del resto de países en Centro América, ha sido problemática hasta los años 90, en que al igual que los demás entró en un proceso de paz y democratización. Su problema mayor en este momento se da con las pandillas juveniles, que tienen colapsado y con poca capacidad de respuesta al sistema judicial. Cuenta con Ley de Resolución de Conflictos desde el año 2000, que potencia particularmente la Conciliación y el Arbitraje, tanto a nivel judicial como privado, sin embargo la falta de divulgación ha generado que la credibilidad de las personas en estas formas alternativas no se de con la rapidez que se quisiera.
La historia de Costa Rica, diferente en el tema político a la de los demás países ya mencionados, ha permitido mantener una tradición democrática y un sentido amplio de justicia social y le ha dado a sus más de 4 millones de habitantes la posibilidad de tener un mayor desarrollo intelectual y económico, lo que genera que el nivel de vida sea en varios aspectos superior.
El sistema de administración de justicia, cuenta con amplia credibilidad y confianza por parte de los usuarios. No se puede ignorar sin embargo, que adolece de muchos de los problemas similares a los de los demás países centroamericanos y que eso ha generado que se busquen opciones que coadyuven a la institución a cumplir con el precepto constitucional de justicia pronta y cumplida.
A pesar de ser un país con amplia trayectoria democrática, los niveles de litigiosidad son bastante altos, lo que ha llevado a que el sistema, sobre todo en algunas áreas, esté colapsado.
Precisamente señala el jurista Hernández Valiente3, que el reto que se plantean en la actualidad los diferentes sistemas de administración de justicia de América Latina, impone tres exigencias:
“Sinceridad: Porque sabemos que los problemas no se resuelven ocultándolos, embelleciéndolos con palabras sonoras o describiéndolos con eufemismos.
Creatividad: Para saber descubrir, precisamente, cuáles son y dónde están las oportunidades de solución que se nos ofrecen. No pocas veces padecemos más a causa de nuestra propia falta de imaginación que a causa de la falta de recursos.
Valentía: Pues las circunstancias históricas nos lo exigen. Aunque son muchos quienes reclaman un cambio en la justicia, no todos están dispuestos a renunciar a las estructuras que durante siglos los han amparado y a las que están acostumbrados. Por ello, es esta una oportunidad exigente y debemos demostrar que estamos a la altura del desafío, actuando con la audacia que sólo da la certeza intelectual aunada a la voluntad política”.
En materia Resolución Alternativa de Conflictos, a diferencia de muchos países, en que la iniciativa surge de la sociedad civil, en Costa Rica es el Poder Judicial la institución que impulsó la idea y lideró todas las acciones que dieron forma al sistema de resolución de conflictos que se sigue actualmente en el país, y sigue asimismo, liderando la mayoría de los esfuerzos que se realizan a nivel nacional en este tema.
A partir del año 1993, la Corte Suprema de Justicia, suscribe un convenio con la A.I.D., el cual contiene dentro de sus temas prioritarios el de la Resolución Alterna de Conflictos. Esto genera la realización de varias actividades importantes para la institución, que permiten sentar las bases de la orientación que en adelante tendrá el tema. Se realiza, por ejemplo, el Primer Congreso Nacional sobre Administración de Justicia de 1995, cuyo tema fue el RAC, con el objetivo de informar y sensibilizar a los más de tres mil participantes de diferentes sectores de la comunidad nacional, sobre los mecanismos de resolución alterna de conflictos y a la vez considerar planes y estrategias que permitieran potenciar su uso.
Producto de esas acciones tomadas por el Poder Judicial, que conciente de que la administración de justicia tiene como misión la solución de los conflictos que los usuarios someten a su conocimiento, pero que la misma puede lograrse por medios que aunque diferentes al dictado de la sentencia, pueden generar en los usuarios igual o mayor satisfacción, y que estas otras formas son los métodos RAC, que no deben verse como contrapuestos o ajenos a la administración de justicia, sino por el contrario como complementarios a ésta, fue que en el Plan Estratégico del Poder Judicial 2.000-2.005, se incluyó el tema RAC como uno de los ejes de acción que debían potenciarse.
A partir del año 1998, entra en vigencia la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, que viene a regular lo referente a Conciliación y Arbitraje.
La promulgación de esta ley da el soporte legal para llevar a cabo varias experiencias a nivel privado que dan como resultado la creación de aproximadamente 17 centros privados de conciliación y arbitraje.
Por su parte al Poder Judicial, le otorga entre otros aspectos importantes, la potestad de crear la figura del “Juez Conciliador”. Es importante reconocer, que si bien la actividad que realizan los jueces dictando sentencias, es quizá lo más trascendente de la función jurisdiccional, no se puede ignorar que frente a determinados intereses sociales e individuales la solución heterocompositiva no es la más apropiada y debe darse la oportunidad a otro tipo de alternativas que puedan generar en los usuarios del sistema mayor satisfacción al promover particularidad de reflejar el lado humano que se encuentra necesariamente en todo conflicto.
La Conciliación, es parte de este grupo de métodos, y lo que persigue es la resolución de los conflictos de forma integral y definitiva, sin recurrir a la fuerza y en la cual el juez no realiza una labor de juzgador sino de otro orden, manteniendo siempre el control del proceso, pero devolviendo a las partes la potestad de generar los acuerdos que mas satisfagan sus verdaderos intereses y no sus posiciones que son las que se reflejan usualmente en los documentos que conforman un expediente.
Sin embargo, para que el usuario la adopte como una vía más de solución confiable, viable y segura debe incluirse como una política dentro de la administración de justicia desde la perspectiva de las funciones que un Estado moderno debe cumplir.
El autor Peña González4, establece que al hacerse necesario definir los objetivos públicos en materia de justicia, se visualizan dos posiciones. La primera, brindar a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la tutela judicial y la segunda acceder con el menor costo posible a un procedimiento efectivo de tutela de los propios derechos. La diferencia entre ambas posibilidades radica principalmente en que la primera opción va encaminada a la creación de más tribunales, en tanto la segunda conduce a diversificar las formas de resolución, alentando los mecanismos alternativos.
De manera que la visión debe ser la de un sistema más abierto y al alcance de todos, pues la justicia, como señala Schearzer5, es un servicio cuya cumplimentación excede de la sentencia y que puede y debe ofrecerse con más amplitud desde dentro del sistema.
Es importante generar desde lo interno un cambio de mentalidad, que aleje la equiparación de los términos conflicto y litigio dentro de las políticas públicas en materia de justicia, en primer lugar porque esto exacerba la litigiosidad y los resultados de los procesos no siempre son los más satisfactorios para las partes involucradas.
Para potenciar el uso de soluciones alternativas, no sólo debe tenerse una política clara en ese sentido, sino además contarse con los profesionales idóneos para el manejo de los procesos. Si nos enfocamos a que se entiende por profesional, debemos partir de que este carácter nace a de un conjunto de actividades que se constituyen en especializadas; son grupos de personas organizadas con un cúmulo también especializado de conocimientos, habilidades, capacidades, técnicas y competencia en cuanto a una línea de trabajo específica.
La especialidad en Conciliación, algunos expertos la definen como una profesión, pues cuenta con los elementos antes mencionados, desarrollados a partir de raíces multidisciplinarias que la enriquecieron, encierra asimismo, una doble función, particular por su naturaleza. En primer lugar el Juez actúa como conciliador, entendiéndose éste como un tercero imparcial, experto en el manejo del conflicto y de las técnicas necesarias para dirigir a las partes en el proceso de negociación dirigido a la búsqueda de las soluciones integrales y definitivas para su conflicto. Por otro lado, una vez logrado el arreglo entre las partes, actúa en sentido estricto como Juez, homologando los acuerdos producto de la conciliación, labor fundamental, pues es esta homologación la que da el carácter de cosa juzgada al acuerdo. De manera que debe no sólo tener los conocimientos propios en materia de conciliación y el manejo de habilidades y destrezas necesarias; sino conocer además los aspectos legales de admisibilidad de los casos que deba atender y los límites de la conciliación en la materia en que se esté desempeñando.
Con esta visión, el Poder Judicial a partir del año 2001, crea la Unidad de Jueces Conciliadores, adscrita a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que laboró en principio, por un plazo de dos años en materia de familia. Se pretendía con esto insertar la figura del Juez Conciliador a nivel institucional, demostrando cómo la práctica profesional de la conciliación genera beneficios cualitativos y cuantitativos en el manejo de los casos y por lo tanto en la disminución de la litigiosidad.
En el mes de julio del 2003, la Presidencia de la Corte, conformó nuevamente la comisión, dándole el nombre de “Comisión de Resolución Alterna de Conflictos”. La nueva Comisión, se da en primer lugar a la tarea de plantear y definir los Objetivos Estratégicos que guiaran sus metas, proyectos y acciones, en adelante. Estos Objetivos Estratégicos se plantean y aprueban de la siguiente forma:
“1) Debe proponerse a corto plazo a la Corte Plena una definición de las políticas institucionales en la materia para conocimiento de la Corte y su aprobación.
2) Dentro de esa definición de políticas debe establecerse como un objetivo de la comisión el impulsar u modelo de conciliación judicial que tenga como objetivo fundamental el descongestionamiento en todas las materias en donde de considere viable la reducción del retardo judicial.
3) Los jueces conciliadores que pertenezcan a la Unidad de jueces conciliadores en la actualidad y hacia el futuro deben quedan investidos de competencia plena para actuar en la celebración de conciliaciones judiciales en todas las materias.
4) La Comisión, deberá avocarse a identificar posibles ayudas o colaboraciones de la cooperación internacional para el fortalecimiento del RAC en el Poder Judicial y a nivel general.
5) La Comisión, deberá realizar a mediano plazo un diagnóstico general sobre la evolución y el resultado del RAC en Costa Rica, a propósito de la celebración del X Aniversario de su implantación en Costa Rica. Dicho diagnóstico deberá realizarse a más tardar en el primer semestre del próximo año.
6) La Comisión, deberá impulsar mediante procesos participativos, la identificación interna y externa con el tema del RAC como una de las herramientas esenciales para afrontar con éxito el retardo judicial.
7) Según las experiencias internacionales en la materia, la única manera de lograr a través del RAC una efectiva disminución y descongestionamiento de los despachos judiciales, es a través de la aplicación extensa y masiva de las resoluciones de conciliación en todos los procesos en que esto sea posible, y promover estas facilidades activamente desde los mecanismos judiciales. La Comisión deberá avocarse a dirigir sus procesos a la mayor brevedad posible, para lo cual contará con los recursos requeridos y el apoyo del Consejo Superior.6”
Uno de los “Objetivos Estratégicos” planteados por la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos y aprobados por Corte Plena, que ya fueron enumerados, indica que debe establecerse como un objetivo de la comisión el impulsar un modelo de conciliación judicial que tenga como fin el descongestionamiento en todas las materias en donde se considere viable la reducción del retardo judicial.
Con el fin de dar cumplimiento a ese objetivo, la Comisión a través de la Unidad de Jueces Conciliadores, diseñó para desarrollar durante el año 2004, el “PLAN PILOTO DE AUDIENCIAS ESPECIALES DE CONCILIACIÓN”, en los diferentes Circuitos y despachos Judiciales del país. A la fecha se han atendido aproximadamente 2318 asuntos, de los cuales se han resuelto 1809, en las diferentes materias y despachos, lo cual nos da un 78 % de efectividad de las audiencias realizadas. Esto ha permitido a la institución introyectar en los usuarios un modelo de solución de conflictos distinto al dictado de una sentencia, pero satisfactorio y con respaldo institucional. A permitido al usuario percibir el sistema judicial como el que realmente le ofrece soluciones viables, se interesa por el ser humano detrás de cada expediente, le da la oportunidad de expresar sus intereses y de resolver su conflicto con base en estos. Se ha logrado atender a 6489 usuarios, que han tenido la oportunidad, unas de buscar soluciones a sus conflictos y otras de conocer al menos en que consiste este tipo opciones que brinda la institución.
Es claro para el Poder Judicial, la importancia no sólo de trabajar con los problemas que afectan actualmente a la institución, sino hacer una labor de información y sensibilización con los ciudadanos que dentro de algunos años serán los potenciales usuarios del sistema. Es por esto que desde el año 2004, está impulsando en forma conjunta con el Ministerio de Educación Pública, el proyecto “RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS EN EL AMBITO EDUCATIVO: HACIA UNA CULTURA DE PAZ”. Dentro de los citados Objetivos Estratégicos, que orientan la labor que la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos realiza a través de la Unidad de Jueces Conciliadores, esta el involucramiento de la institución en la implementación del RAC en las diferentes instituciones. En ese sentido, se hace necesario promover un cambio profundo desde las raíces propias de nuestra sociedad. Este Convenio está dirigido a incorporar los métodos de resolución pacífica de conflictos a los programas nacionales de educación.
Dentro de los objetivos específicos del Convenio están los siguientes:
Promover y difundir en el país el uso de medios alternos de solución de controversias, que contribuyan a mejorar la paz social y propicien la armónica convivencia.
Realizar estudio de necesidades e identificación de alternativas para el desarrollo de programas de promoción y difusión de mecanismos de resolución alterna de conflictos, a través de los diferentes programas de estudio del sistema educativo.
Ejecutar experiencias piloto relacionadas con el tema y monitorear en forma constante los resultados obtenidos.
Realizar evaluaciones periódicas de los proyectos y actividades piloto que se realicen, con el fin de medir el impacto, introducir mejoras, evaluar las modalidades de operación y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Coordinar y organizar conjuntamente actividades académicas y de investigación en el tema de resolución alternativa de conflictos, o sobre cualquier otro tema relacionado, de acuerdo con la conveniencia el beneficio de los objetivos de cada institución.
Coordinar y organizar actividades tendientes a la difusión y promoción de los mecanismos de resolución alterna de conflictos.
Por medio, de una gran reforma curricular en los planes de estudio, se pretende incluir la conciliación como un eje transversal en las distintas asignaturas y concebida como uno de los mecanismos que nos permiten hacer realidad el valor de la paz.
La institución visualiza la Resolución Alterna de Conflictos en el ámbito educativo, como uno de los componentes mas importantes, porque sus objetivos y estrategias van encaminadas a una labor preventiva, de intervención temprana, en etapa de formación de los niños y jóvenes, lo que permitirá que su cultura inicial sea de paz, no teniendo que desaprender comportamientos, ni modificar actitudes.
A partir de una capacitación a capacitadores docentes y a lideres estudiantiles con un perfil adecuado, se espera lograr a mediano plazo, la creación en las escuelas y colegios de “Centros Estudiantiles de Mediación” (C.E.M.), donde los propios estudiantes atenderían a sus homólogos en conflicto para ayudarlos a buscar una solucion autocompositiva, incorporando este mecanismo, como una forma de solucion de conflictos permanente dentro del sistema educativo.
Además, se plantea la necesidad de capacitar a profesionales en el uso de técnicas básicas de conciliación y mediación para resolver conflictos que han ingresado a la corriente judicial, en el marco del convenio mencionado. La elaboración del plan o programa se orienta además hacia una mayor participacion en las comunidades de distintos grupos organizados hacia una búsqueda de respuestas frente a esta necesidad de paz social.
Se considera que solo a partir de la puesta en marcha de proyectos orientados con los fines descritos, se podrá lograr, a mediano o largo plazo, una disminución de la litigiosidad en la sociedad, con una consecuente baja en el circulante judicial, por lo tanto la paz social dejaría de ser un ideal y se convertiría en una buena parte de la realidad.
Tomando en consideración lo anterior, se está desarrollando un Plan Nacional de Educación para la Paz, dirigido a estudiantes y docentes de primaria y secundaria. Este Plan va orientado en cuatro sentidos:
Reforma Cunicular Plan de Estudios de Primaria y Secundaria: Tiene como objetivo un cambio del currículum de estudios, con el fin de incluir la resolución alterna de conflictos como eje transversal de la educación formal.
Diseño de un Plan de Capacitación Nacional en materia RAC: Consiste en diseñar un Plan de Capacitación Nacional, que permita ir transmitiendo los conocimientos necesarios, asi como el desarrollo de habilidades y actitudes en docentes y estudiantes. Debe asimismo involucrarse en este proyecto a los padres de familia, a través de la Escuela para padres, de manera que estos se involucren en el desarrollo y consolidación del proceso.
Elaboración de textos especificos sobre RAC: El propósito de elaborar textos específicos sobre RAC, es que sean utilizados por los docentes como textos de estudio con sus estudiantes, independiente de la materia que impartan.
Creación de Centros Estudiantiles de Mediación: Es necesario que todos los conocimientos adquiridos, asi como las habilidades y destrezas desarrolladas, puedan ser puestas en práctica de forma inmediata por todos los participantes, esto con el fin de estimular e incentivar la participacion de todos dentro de estos programas. Es por esto de mucha importancia que se trabaje en la instalación de Centros Estudiantiles de Mediación, en los cuales los alumnos puedan ayudar a sus iguales a solucionar sus conflictos de forma definitiva y satisfactoria para todos los involucrados.
Diseño y Ejecución de un Plan Nacional de Divulgación y Sensibilización: Diseñar y ejecutar un plan nacional de divulgación, que permita a los ciudadanos conocer los esfuerzos de ambas instituciones por realizar una importante labor preventiva con los niños y jóvenes.
Como se indicó anteriormente, la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, entró en vigencia desde el año 1998. En el año 2000 se dió una iniciativa de reforma, que está actualmente en la Asamblea Legislativa, pero que no ha tenido hasta la fecha ningún trámite importante tendiente a su aprobación. Del seno de la Comisión, surgió a inicios del 2004, la inquietud de realizar un proceso de análisis y revisión del mencionado proyecto de reforma. Producto de ese trabajo que inicio en el mes de abril y que involucró a destacados profesionales en el tema, quienes por su experiencia y conocimiento podrían realizar valiosos aportes; se presentó en el mes de diciembre el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, el cual tiene como objetivo sustituir en todo el proyecto actual. Actualmente se encuentra en etapa de validación y consulta con todos los sectores que de alguna forma tienen en algún momento de hacer uso de esta ley, con el fin de que al ser enviado a la Asamblea Legislativa, sea conocido por todos y cuente con la validación y el apoyo necesarios.
Con estas iniciativas institucionales, se ha logrado posicionar la Resolución Alternativa de Conflictos, no sólo dentro de la institución, sino que sea percibido por el usuario como una opción más que le brinda la institución. No obstante lo anterior, el fin último del Poder Judicial, hacía el cual está en este momento encaminando todos sus esfuerzos, es hacía la Instalación y puesta en marcha del “CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL PODER JUDICIAL”. Cuando las partes acuden al sistema judicial, lo hacen buscando obtener una solución definitiva, rápida y al menor costo posible. El volumen de causas que se manejan en la mayoría de los despachos lo torna en muchos casos en algo imposible. Contar con un Centro de Conciliación, integrado por expertos en el manejo del conflicto y en técnicas de conciliación, además que sea totalmente desligado del despacho en que se tramita el expediente, pero que sea parte del sistema de administración de justicia, garantiza al usuario la posibilidad de poder acudir y tener la garantía de que su conflicto podrá, si asi lo desea, solucionarse en el menor tiempo posible, de forma segura y sin al menor costo, pues es parte del servicio público que se brinda.
A partir de la promulgación de la Ley 7727, de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, se creó, de acuerdo con lo que establece el Capítulo IV, la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, adscrita al Ministerio de Justicia, la cual tiene la misión de autorizar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, el funcionamiento de cada Centro Privado de Resolución de Conflictos que se desee crear en el país. Dentro de las potestades otorgadas por la Ley al Ministerio de Justicia, está la de controlar asimismo el funcionamiento de los centros autorizados.
En el Reglamento al mencionado Capítulo IV de la Ley RAC, que con el propósito de establecer las disposiciones de carácter general que regulan los requisitos, la autorización y la revocación de las entidades interesadas en brindar servicios de administración de mecanismos de resolución alterna de conflictos; se establece el procedimiento de autorización y regulación de los centros.
Dentro de los requisitos más importantes de autorización, se encuentran los siguientes:
Dirección de la entidad y sus representantes legales
Reglamentos específicos para los diferentes métodos RAC que administrará el centro
Sistema de tarifas, honorarios y costos administrativos de los procesos
Sistemas de rendimiento de garantías
Plano de la infraestructura utilizada, con especificación de la distribución de áreas
Lista de neutrales, con indicación de su formación y experiencia y títulos que acrediten lo indicado
El proceso de autorización por parte del Ministerio de Justicia, tendrá un plazo de 60 días naturales. El plazo de autorización será de tres años y para su renovación, el centro deberá acreditar nuevamente todos los requisitos establecidos.
La aprobación de la Ley RAC, dió origen asimismo a la proliferación de Centros Privados de Solución de Controversias. A la fecha se encuentran en funcionamiento alrededor de 17 centros, en los cuales se resuelven a través de la conciliación y principalmente del Arbitraje, un número importante de controversias.
Cada centro tiene, aunque no formalmente en todos los casos, una especialidad en cuanto a la tipología de conflictos que conoce. Los hay especializados en asuntos comunitarios o vecinales, materia de propiedad (bienes raíces), Agricultura y Agroindustria, conflictos familiares y negociación internacional.
Casas de Justicia: En la actualidad están operando tres Casas de Justicia en convenio con las Universidades y con las Municipalidades. El tipo de asuntos que conocen en estos centros es de tipo conflicto vecinal, tales como daños a la propiedad, ruidos, límites de propiedad, basura, entre otros. El servicio que brindan es totalmente gratuito. Iniciaron labores sucesivamente desde el año 2000. La casa de Justicia de la Universidad Latina que fue la primera en entrar en funcionamiento, han atendido entre el 2002 y el 2004, 466 casos de los cuales 89 terminaron con acuerdo.
Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos: Inició labores a partir del año 1999. Su misión es dirimir las diferencias que surgen del ejercicio de las disciplinas de la ingeniería y de la arquitectura. Durante el año 2004, se realizaron alrededor de 200 audiencias de conciliación, de las cuales alrededor de 55% han terminado con acuerdo conciliatorio.
Centro de Resolución de Conflictos en Materia de la Propiedad: Inició funciones a partir del año 2001. Dentro de sus áreas de especialidad, están la conciliación y mediación en conflictos surgidos a partir de contratos de compraventa, cesión, arrendamiento, usufructo, leasing, tiempo compartido, donación, testamentos, fideicomisos, uso de propiedad turística, y conflictos relacionados con la propiedad. Este Centro ha atendido durante su tiempo de funcionamiento únicamente seis conciliaciones, por lo tanto su principal labor ha sido la administración de procesos arbitrales, un total de 19 procesos.
Centro de Mediación y Arbitraje CEMEDAR: Fue autorizado e inicio labores en el año 2002. Su especialidad es en casos de Familia, Civil, Notarial, Laboral, Tránsito, Turismo, Bancario, entre otros. A la fecha han atendido 12 mediaciones de las cuales 8 han logrado acuerdo.
Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Acceso a la justicia y equidad: estudio en siete países de América Latina. San José, Costa Rica, 2000.
Universidad para la Paz (Costa Rica). Proyecto de Consensos y Resolución para América Central. América Central: del conflicto a la negociación y el consenso. Programa para las iniciativas Regionales. San José, Costa Rica, 1999.
RIVERA Neutze, Antonio Guillermo. Amigable Composición: Curso Práctico de negociación y conciliación. Guatemala, 2001.
SOLANO Carrera, Luis Fernando. La Situación de la Justicia: una visión desde el Programa de Capacitación a Jueces de Centro América. San José, Costa Rica 1997.
Instituto Interamericano de derechos Humanos. Resolución Pacífica de Conflictos. San José, Costa Rica, 1997.
Gerente. Revista ejecutiva del Grupo Nación. San José, Costa Rica, 2001.
Summa. Edición 116. San José, Costa Rica, enero 2004.
1 Insertar aquí currículim
2 Citado en Acceso a la Justicia y Equidad, IIDH 2000, página 171.
3 HERNÁNDEZ Valiente, R. “La justicia en Centroamérica en la década de los noventa”. Ponencia en el Seminario de Justicia y desarrollo en América Latina y el caribe. 1993.-
4 PEÑA González, C. “Sobre la necesidad de las formas alternativas para la resolución de conflictos”. Trabajo presentado en la reunión de Ministros de Cortes Supremas Latinoamericanas. Santiago de Chile. 1994.-
5 SCHWARZER W.W. “Transcription of Plenary Proceedings”. National ADR Institute for Federal Judges, Haevard Law School. 1994.-
6 Acuerdo de Sesión 39-03 de Corte Plena, Artículo XVIII, del 20 de octubre del 2003.-

References: resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 94
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
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