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Timestamp: 2018-04-19 11:39:05+00:00

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Decreto Nº 6.369/2011 - Por el cual se reglamenta la Ley N° 2479/04 "Que establece la obligatoriedad de
VISTO: La Ley N° 2479/04, "Que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas".
La Ley N° 3585/08, "Que modifica los Artículos 1º, 4º y 6º de la Ley N° 2479/04, Que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas "; y
CONSIDERANDO: Que la Constitución Nacional de la República del Paraguay en su Artículo 238 "De los deberes y atribuciones del Presidente de la República ", Numeral 3) otorga atribuciones al Poder Ejecutivo para reglamentar las leyes y controlar su cumplimiento.
Que las personas con cualquier tipo de discapacidad tienen derecho a acceder al empleo público en las condiciones establecidas en los Convenios Internacionales, la Constitución de la República del Paraguay y las leyes, y que el Estado debe garantizar la promoción, la protección y la seguridad de dichas personas en las Instituciones Públicas donde desarrollen sus labores, a través de los mecanismos a ser implementados por la Secretaria de la Función Pública.
Que la Constitución de la República del Paraguay expresa en su Artículo 58: "De los derechos de las personas excepcionales. Se garantizará a las personas excepcionales la atención de su salud, de su educación, de su recreación y de su formación profesional para una plena integración social. El Estado organizará una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, a quienes prestará el cuidado especializado que requieran. Se les reconocerá el disfrute de los derechos que esta Constitución otorga a todos los habitantes de la República, en igualdad de oportunidades, a fin de compensar sus desventajas”.
Que así también, en el afán de proteger y defender la igualdad de las personas y el derecho al trabajo, la Constitución establece en su Artículo 88: "De la no discriminación. No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales. El trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o mentales será especialmente amparado”.
Que la Constitución establece en su Artículo 46: "De la igualdad de las personas. Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios”.
Que la Constitución en su Artículo 6°, establece: "De la calidad de vida. La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad. El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes”.
Que el Estado paraguayo ratificó, mediante la aprobación de la Ley N° 3540/08, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Que la República del Paraguay ratificó asimismo, por Ley N° 1925/01, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Que el Artículo 23 de la Ley N° 1626/00, "De la Función ¡Pública", dispone que la discapacidad física no será impedimento para el ingreso a la función pública.
Que la responsabilidad del Estado de fomentar la adopción de prácticas y acciones positivas encaminadas a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (PCD), responde a la necesidad de la tutela del interés público, sin perjuicio de las condiciones equitativas de acceso que deben imperar para los candidatos a la cobertura de puestos de empleo público.
Que es necesaria la adopción de diversas medidas de adaptación y ajustes a las necesidades de las personas con discapacidad en el desarrollo de los Concursos Públicos de Oposición y en el lugar de trabajo, para garantizar las oportunidades equitativas y eliminar la discriminación por motivos de discapacidad en la esfera del empleo público, tal como lo prescribe la normativa nacionales e internacionales citadas.
Que es preciso reconocer la responsabilidad de la Administración Pública de realizar las previsiones presupuestarias obligatorias en los Presupuestos Generales de Gastos de cada Institución Pública, a los efectos de contemplar las asignaciones presupuestarias en concepto de remuneraciones, beneficios sociales, capacitaciones, accesibilidad y adecuación de los puestos de trabajo y otras que se requieran según cada caso y circunstancia.
Que la Administración del Estado requiere de informaciones y datos estadísticos precisos que permitan conocer, en todo momento, los avances registrados en el cumplimiento de la citada Ley N° 2479/04 y su modificación contenida en la Ley N° 3585/08, a fin de asegurar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y cumplir efectivamente con las políticas del Estado relativas a dicho tema.
Que el Artículo 5º de la Ley N° 2.479/04 establece que: "La Secretaría de la Función Pública será la responsable de hacer cumplir lo establecido en la presente Ley (...) ".
Que, por todos los motivos expuestos, resulta necesario reglamentar el contenido de la Ley N° 2.479/04 y de su modificatoria, la Ley N° 3.585/08, con el objeto de que su cumplimiento sea efectivo, y determinar los procedimientos y mecanismos que debe implementar la Secretaría de la Función Pública para el ejercicio de sus funciones y atribuciones en relación con dicho fin.
Art. 1º.- Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto establecer un marco reglamentario general que garantice en la función pública el respeto de los derechos a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad, de conformidad con las Leyes N° 2479/04, "Que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas" y N° 3585/08, "Que modifica los Artículos 1º, 4º y 6º de la Ley N° 2.479/04, Que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas", en concordancia con los Artículos 15 y 35 de la Ley N° 1.626/00 "De la Función Pública ".
Las disposiciones del presente Decreto no podrán ser interpretadas bajo ninguna circunstancia como restricciones o limitaciones al ejercicio de las derechos de las personas con discapacidad. La interpretación y aplicación de la presente reglamentación se hará siempre en un sentido favorable a la inclusión de las personas con discapacidad en la función pública.
Art. 2º.- Sujetos.
Son sujetos de la presente reglamentación:
a) las personas con discapacidad mínima del treinta y tres por ciento (33%) certificada por el Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales (INPRO) o por los órganos competentes por él autorizados en los diferentes departamentos del territorio nacional, que pretendan el ingreso a la función pública, de conformidad con las estipulaciones contenidas en el artículo 1° de la Ley N° 3.585/08, según el perfil y las competencias requeridas; y
b) las personas con discapacidad mínima del 33% certificada por el INPRO o por los órganos competentes por él autorizados, que ya se encuentran prestando servicios como funcionarios o empleados públicos.
De conformidad con el Artículo 57, Inciso k) de la Ley N° 1.626/00 De la Función Pública, las personas enunciadas en el Inciso b) de este artículo, cualquiera haya sido la fecha de su ingreso a la función pública sin excepción, tienen la obligación de presentar a la Dirección de Recursos Humanos o equivalente de su organismo o entidad del Estado el certificado requerido en el artículo 1º de la Ley N° 3.585/2008, en los términos y condiciones fijados por el Artículo 10 del presente Decreto.
Art. 3º.- Definiciones.
a) Discapacidad: es la desventaja relativa resultado de la interacción entre las personas con una o más deficiencias permanentes, ya sean éstas fisicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, o limitan su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria.
b) Persona con Discapacidad (PCD): Es aquella que posee alguna discapacidad, en los términos definidos en el inciso precedente.
c) La "comunicación" incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macro tipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.
d) Lenguaje: El lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal.
e) Discriminación por motivos de discapacidad: cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación; entre ellas, la denegación de ajustes razonables.
f) Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en condiciones equitativas con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
g) Diseño universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El "diseño universal" no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas.
Art. 4.- Ámbito de aplicación.
El presente Decreto será de aplicación al sistema de selección, ingreso, permanencia y promoción en la función pública de personas con discapacidad, y al concurso de oposición, así como para la contratación laboral en las personas jurídicas de derecho privado con mayoría accionaria el Estado, de conformidad con las estipulaciones contenidas en el artículo 1º de la Ley N° 3.585/2008 y en los Artículos 1º, 15 y 35 de la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública”
RESERVA DE VACANTES Y PREVISIÓN DE
Art. 5º.- Reserva de vacantes y previsión de partidas presupuestarias para personas con discapacidad en las oportunidades de empleo público.
En las oportunidades de empleo público se reservará un cupo no menor al cinco por ciento (5%) de las vacantes, para ser cubiertas por personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley N° 3.585/08 y con lo dispuesto por el artículo 8o del presente Decreto.
Las instituciones que no cuenten con vacantes deberán prever la creación de cargos o los rubros correspondientes para contratos, de acuerdo a las necesidades institucionales, para la inclusión de personas con discapacidad, previa aprobación de la Secretaría de la Función Pública. Los cargos creados a este efecto tendrán asignado un código especial ('PcD").
Será responsabilidad de las máximas autoridades de los OEE, solidariamente con los Directores de Recursos Humanos y Directores de Administración y Finanzas o análogos de las Instituciones Públicas, las previsiones correspondientes mencionadas en el presente artículo y la previsión presupuestaria para la adopción de los ajustes razonables que sean necesarios introducir en los organismos y entidades del Estado para que la/inclusión laboral de las personas con discapacidad sea real y efectiva Será responsabilidad del Ministerio de Hacienda incorporar las modificaciones al Anexo de Personal de los OEE en el proyecto del Presupuesto General de la Nación remitido al Congreso Nacional, previo dictamen de la Secretaría de la Función Pública de acuerdo al Artículo 36 de la Ley N° 1.626/2000 De la Función Pública, toda vez que el OEE haya cumplimentado la solicitud correspondiente de conformidad con el Artículo 25 de la Ley N° 1.535/99 "De Administración Financiera del Estado " y su reglamentación.
Y PROCEDIMIENTO PARA INGRESO Y PROMOCIÓN
Art. 6°.- Derecho a ocupar un Cargo Público no electivo.
Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder al empleo público sin más requisitos que la idoneidad, en los términos establecidos en la Constitución de la República del Paraguay, los convenios internacionales aprobados y ratificados, las leyes y el presente Decreto, en igualdad de oportunidades.
El Sistema de Selección utilizará el instrumento marco establecido en el presente Decreto para todos los aspirantes, sin perjuicio de las adecuaciones que correspondan para la equiparación de oportunidades de acuerdo a cada tipo de discapacidad, a los efectos de facilitar la inclusión. Asimismo, podrá considerarse la situación particular de cada postulante en lo que se refiere a la ubicación de su domicilio y sus disponibilidades de transporte público, a fin de minimizar los costos e inconvenientes derivados del desplazamiento a su lugar de trabajo.
Art. 7°.- Sistema de Selección para el ingreso y la promoción en la Función Pública.
De conformidad a los Artículos 15 y 35 de la Ley N° 1.626/00 "De la Función Pública ", el Sistema de Selección para el ingreso y promoción en la función pública para personas con discapacidad será el de Concurso Público de Oposición para cargos permanentes.
Para la aplicación de los exámenes o pruebas a personas con discapacidad se utilizarán los medios e instrumentos más pertinentes al tipo de discapacidad que presenten los postulantes, con contenido equiparable al de las pruebas aplicadas a las personas sin discapacidad.
De conformidad con los Artículos 25, Incisos b) y d) y 26 de la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", el Sistema de Selección para la contratación de servicios personales de carácter temporal de personas con discapacidad será el Concurso Público de Méritos. Será de aplicación supletoria para este sistema, la reglamentación del Sistema de Concursos Públicos de Oposición.
También podrán ingresar a la función pública, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 25, Incisos a) y c) de la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", bajo la figura de la contratación directa, para combatir brotes epidémicos y/o atender situaciones de emergencia pública
Art. 8º.- Tipos de Concursos.
De conformidad al perfil establecido para los cargos vacantes (permanentes o contratados) se podrán realizar las siguientes modalidades de concursos con la participación de personas con discapacidad:
a) Cargos con código, únicamente para personas con discapacidad.
b) Cargos con código, únicamente para personas con discapacidad específica.
c) Cargos sin código, para personas en general, con priorización de personas con discapacidad.
d) Si el llamado es múltiple para cargos sin código, la reserva del cinco por ciento (5%) deberá ser para personas con discapacidad.
Art. 9º.- Principios inherentes al sistema de selección.
De conformidad al perfil establecido para los cargos vacantes (permanentes o contratados) se deberán aplicar los siguientes principios en los procedimientos de selección de personas con discapacidad:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas;
d) El reconocimiento y respeto de la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana;
e) El carácter igualitario de las oportunidades;
g) La igualdad de género;
h) La obligación de adoptar medidas para eliminar los factores que causan o agravan las discriminaciones por discapacidad.
Art. 10.- Requisitos.
De conformidad a la normativa vigente, las personas con discapacidad que en condición de postulantes aspiren a un cargo público, deberán contar con el certificado de discapacidad expedido por el INPRO previo al Concurso, además de los requisitos establecidos en los Artículos 14 y 16 la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública ".
El certificado deberá acreditar una discapacidad permanente y actual, y deberá haber sido expedido por lo menos dentro de los dos años anteriores a la fecha de cierre del periodo de postulación del Concurso en el cual se presente.
Art. 11.- Procedimientos a seguir.
A los efectos de la realización de los Concursos Públicos de Oposición, en virtud de la normativa que rige en materia de incorporación de personas con discapacidad en la función pública, se deberá dar cumplimiento al siguiente proceso:
a) Identificación de la Vacancia del Cargo y la reserva de la categoría o remuneración respectiva, a cargo de los OEE, comunicada a la Secretaría de la Función Pública.
b) Conformación de la Comisión de Selección por el OEE, por Resolución Institucional. Los integrantes serán:
1. Un/a representante de la máxima autoridad institucional.
2. El/la superior jerárquico/a inmediato en al área en la cual se produjo la vacancia.
3. El/la Directora de Recursos Humanos, quien oficiará de secretario de la Comisión.
4. Un/a representante de las organizaciones de la sociedad civil que nuclean o trabajan en el ámbito relativo a las personas con discapacidad, que sea más pertinente al tipo de discapacidad admitida para el cargo. Esta persona cumplirá funciones de veeduría. Esta representación será obligatoria en los casos de los incisos a), b) y d) del artículo 8º.
5. Un/a representante del funcionariado público de la institución designado conforme la reglamentación establecida por la Secretaría de la Función Pública, que oficiará de veedor.
6. Un/a representante de la Secretaría de la Función Pública, quien también oficiará de veedor.
c) Elaboración del Perfil del Cargo por el área de Recursos Humanos del OEE como integrante de la Comisión de Selección, y validación /por la Secretaría de la Función Pública.
d) Elaboración de la Matriz de Factores de Evaluación por parte de la Comisión de Selección, y validación por la Secretaría de la Función Pública. Se considerarán, referencialmente los siguientes aspectos:
Formación Académica: estudiante, bachiller, estudiante universitario, egresado universitario
Competencias Profesionales/Funcionales
Entrevistas y/o Test
e) Publicación Nacional del llamado, por lo menos durante diez (10) días hábiles, por los medios masivos de comunicación (periódicos) y/o portales de Internet del Organismo o Entidad del Estado y de la Secretaría de la Función Pública (www.sfp.gov.py). La publicación debe incluir el perfil y la remuneración del cargo, la fecha límite y lugar de recepción de documentos, y demás informaciones que estime pertinente la Comisión de Selección.
Para garantizar una amplia difusión de las oportunidades laborales se deberá además remitir copia de las convocatorias a las organizaciones de personas con discapacidad y en lenguajes adecuados.
f) Recepción y Evaluación de Documentos por parte del OEE.
g) Publicación Nacional de la Lista Larga de Admitidos, cuyos documentos respaldatorios cumplan con los requisitos del llamado.
h) Reunión Informativa Inicial con todos los candidatos de la lista larga de admitidos para facilitar información y aclarar las dudas de los postulantes. Según los casos que establezca la Comisión de Selección podrán participar también en esta reunión los representantes de las personas con discapacidad y los intérpretes de lengua de señas.
i) Aplicación de Evaluaciones de medición de competencias: las cuales se aplicaran por la Comisión de Selección sobre certificaciones presentadas (evaluación curricular), entrevistas y otras pruebas de conocimientos, habilidades y destrezas, con las debidas adecuaciones correspondientes.
La Comisión de Selección podrá contar con el apoyo de profesionales competentes para la aplicación de pruebas selectivas específicas según el tipo de discapacidad.
j) Publicación de la Lista Corta de Pre-seleccionados por tres (3) días hábiles, de los que hayan superado el 60% de las evaluaciones del ítem 9. Si se produjeren eliminaciones como resultado de las evaluaciones, y el número de postulantes de la lista corta disminuyera al plinto de no cubrir la terna para la vacancia disponible, la Comisión de Selección optará por continuar el proceso si existen al menos dos (2) candidatos/as, o en su defecto declarar desierta la convocatoria pública y realizar un nuevo llamado.
k) Entrevista final evaluativa a las personas quienes integran la terna de los tres (3) mejores puntajes. Según los casos que establezca la Comisión de Selección podrán participar también en esta reunión los representantes de las personas con discapacidad y los intérpretes de lengua de señas.
1) Selección Final del candidato, a cargo de la Máxima Autoridad Institucional o superior inmediato.
m) Publicación de nombres y apellidos de la persona seleccionada.
Art. 12.- Plazo de Ejecución del Concurso.
El plazo de conclusión de los trabajos de la Comisión de Selección no deberá sobrepasar los treinta (30) días hábiles desde la recepción de las documentaciones, salvo situaciones que justifiquen prórroga por única vez por quince (15) días hábiles, previo parecer favorable de la Secretaría de la Función Pública.
Art. 13.- Confidencialidad de la identidad de los postulantes.
Las comisiones de selección que establece el presente Decreto deberán precautelar la identidad de los postulantes, con el propósito de lograr la mayor objetividad en los procesos de evaluación, para lo cual deberán arbitrarse las medidas técnicas y administrativas necesarias para asignar códigos de seguridad, entre las cuales se contará con un formulario de evaluación especialmente diseñado a tal efecto.
Art. 14.- Perfil Básico.
El perfil básico para las personas con discapacidad aspirantes a un cargo, permanente o contratado, en la Administración Pública, se basará en los siguientes ítems de competencias:
c) Otros conocimientos.
d) Experiencia Laboral.
e) Orientación Profesional y ocupaciones solicitadas.
f) Formación solicitada.
g) Datos de grado de discapacidad certificado: funciones y/o estructuras corporales.
h) Capacidades (desempeño/realización).
Art. 15.- Acciones posteriores a la selección.
Una vez incorporadas las personas con discapacidad a la función pública bajo la modalidad de Concursos Públicos de Oposición, Concurso Público de Mérito o por casos excepcionales de contratación directa, recibirán la inducción, la capacitación, la formación y el acompañamiento necesarios para que puedan desempeñar sus tareas conforme a los estándares y requisitos establecidos por el OEE al que se encuentren incorporadas, de conformidad a las directrices establecidas por la Secretaría de la Función Pública.
DE LA PERMANENCIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Art. 16.- Permanencia en la carrera.
Las personas con discapacidad que ingresen a un organismo o entidad del Estado, estarán sujetas al mismo régimen legal de la función pública para los funcionarios y empleados públicos en general, sin perjuicio de la obligación de introducir adecuaciones y ajustes razonables que sean necesarios para que la inclusión sea real y efectiva.
CAPÍTULO V DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Art. 17.- Adecuación de los puestos.
Los empleados públicos con discapacidad podrán solicitar a la máxima autoridad del OEE donde presten servicio la adecuación del puesto o de los puestos de trabajo correspondientes. Si fuera necesario determinar la forma, el mecanismo y la procedencia de la adecuación, se conformará un Comité Especial integrado por un representante del OEE concernido, un representante del INPRO y el solicitante o un representante designado por él, quienes presentarán un informe que acredite la necesidad de la adecuación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados.
Dicho informe deberá concluir dentro de un plazo no mayor de treinta días y, en caso de rechazo del pedido de adecuación, podrá ser recurrido por el interesado ante la Secretaría de la Función Pública, quién deberá expedirse dentro del mismo plazo, ratificando o rectificando el rechazo del pedido de adecuación y, en su caso, instando a la institución a que realice los ajustes razonables.
La Dirección de Recursos Humanos o equivalente del OEE al que esté afectado el puesto de trabajo, será la responsable de la supervisión de la ejecución de las adecuaciones, y de articular con las unidades pertinentes la financiación de las mismas, sin perjuicio de las subvenciones u otro tipo de ayudas que se puedan aplicar a esta finalidad.
Art. 18.- Otras medidas favorecedoras de la inclusión.
Los OEE, en los procedimientos administrativos encaminados a la inclusión de las personas con discapacidad en la función pública, deberán adoptar entre otras medidas las siguientes:
a) Incluir entre los criterios de valoración que se establezcan para la participación en los cursos de formación de los funcionarios y empleados públicos, el poseer una discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento (33%), pudiendo aplicarse supletoria y complementariamente los estándares internacionales vigentes en la materia.
Para el desarrollo de dichos cursos, las Direcciones de Recursos Humanos realizarán las adecuaciones y ajustes razonables para que las personas con discapacidad participen en condiciones equitativas en las capacitaciones, estableciéndose además la cooperación para este efecto de la Secretaría de la Función Pública y las organizaciones no gubernamentales.
b) Implementar cursos de formación destinados únicamente a personas con discapacidad. Estos cursos, que habrán de ofrecerse en condiciones de accesibilidad, estarán dirigidos tanto a la formación del funcionariado para el mejor desempeño en sus puestos de trabajo, como a la formación de apoyo a la promoción desde puestos de trabajo reservados para personas con discapacidades específicas.
c) Adecuar la infraestructura edilicia de las Instituciones Públicas de acuerdo a las necesidades de los funcionarios públicos con discapacidad, de modo a facilitar su inclusión y a no dificultar o disminuir su rendimiento laboral. Asimismo, se deberán realizar las adecuaciones necesarias a los efectos de facilitar la accesibilidad a la información.
d) Realizar cursos de capacitación para los funcionarios en general, a los efectos de fomentar y concientizar sobre el uso de reglas de convivencia delineadas en el respeto, la no discriminación, la igualdad, la equidad, la diversidad, las formas de apoyo que las personas con discapacidad requieran del entorno, la eliminación de posibles barreras actitudinales, la no utilización de palabras o vocablos peyorativos alusivos a las personas con discapacidad, el trato respetuoso, la tolerancia, entre otros aspectos.
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS A SER IMPLEMENTADOS
Art. 19.- De las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública
La Secretaría de la Función Pública es la Institución encargada de velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a los funcionarios y empleados públicos con discapacidad, tanto durante la participación de éstos en los procesos de selección, como también durante su permanencia en la carrera del servicio civil. Para ello, tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de las Leyes N° 2.479/04 y N° 3.585/08, en el marco de los procedimientos establecidos por el presente Decreto.
b) Promover la participación a las organizaciones de personas con discapacidad en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas de gestión y desarrollo de las personas en la función pública, a través de mecanismos a ser reglamentados por la SFP.
c) Establecer un sistema de indicadores y registros que permita disponer de información estadística exacta, actualizada y global del acceso e ingreso de personas con discapacidad al empleo público.
d) Fomentar la celebración de convenios con personas físicas o jurídicas, incluidas las asociaciones representativas de los distintos tipos de discapacidad, que tengan por objeto la realización de proyectos vinculados a las oportunidades de empleo público para personas con discapacidad, con la finalidad de facilitar la integración de los funcionarios públicos con discapacidad que presentan especiales dificultades para la plena incorporación a sus puestos de trabajo.
e) Determinar la cantidad total y porcentual de Personas con Discapacidad incorporadas en cumplimiento de la legislación, y la cantidad que deberá incorporarse en el siguiente periodo conforme a las previsiones del Presupuesto General de la Nación.
f) Elaborar un Informe Anual general acerca de las Personas con Discapacidad que forman parte del plantel de funcionarios de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada de todo el país, con indicación detallada del tipo y grado de discapacidad, antigüedad en el cargo, nivel académico, formación técnica e información acerca de si la discapacidad fue anterior o sobreviniente al ingreso de la persona a la función pública, que será presentado a la Presidencia de la República, al Poder Legislativo y a la Sociedad Civil. Dicho informe estará disponible, en formato accesible, para todas las personas, instituciones y entidades interesadas.
g) Requerir la ayuda técnica y el asesoramiento que considere necesarios a las entidades públicas y privadas competentes en la materia de que se trate.
h) Determinar el mecanismo y la metodología de evaluación y su método de utilización para los postulantes con discapacidad.
Art. 20.- Procedimiento para el cumplimiento efectivo de la reserva del 5% con el propósito de incorporar efectivamente a las personas con discapacidad en la función pública, de conformidad con la legislación, se establece el siguiente procedimiento de implementación:
a) Dentro de los noventa días posteriores a la vigencia del presente Decreto, todos los OEE deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública un plan y un cronograma de incorporación progresiva de personas con discapacidad a su plantel de funcionarios, para su homologación y registro. El plan y el cronograma deberán contemplar el cumplimiento, inmediato o progresivo, del porcentaje no menor al cinco por ciento (5%) del total de funcionarios de la respectiva institución, según lo establecido en la Ley N° 3.585/08, así como el cronograma de cumplimiento de las metas.
b) La Secretaría de la Función Pública requerirá informes de cumplimiento a los OEE, durante el primer y segundo semestre de cada ejercicio fiscal.
c) En caso de observarse incumplimiento en la presentación el Plan y el Cronograma o en la ejecución del Plan y Cronograma oportunamente presentados y aprobados, la Secretaría de la Función Pública ordenará por resolución fundada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 3.585/08, la iniciación de un proceso de investigación, para lo cual designará como responsables a funcionarios de la institución.
d) El proceso de investigación tendrá como objeto única y exclusivamente la determinación del incumplimiento de la obligación de incorporación de personas con discapacidad en el OEE, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes N° 2479/04 y N° 3585/08 y el presente Decreto.
e) Con base en el informe final del procedimiento de investigación, la Secretaría de la Función Pública determinará si el OEE investigado incurrió o no en el incumplimiento del Plan y el Cronograma respectivo, para lo cual dictará una Resolución, en la que además, si así correspondiere, indicará a los presuntos responsables institucionales del incumplimiento. En caso que éstos fueran funcionarios públicos de hasta el nivel de conducción superior inclusive, solicitará la instrucción del sumario administrativo, de conformidad con el capítulo XI de la Ley N° 1.626/00 "De la Función Pública". Si el presunto responsable fuera la máxima autoridad institucional u otro funcionario en un cargo de conducción política, se remitirán los antecedentes a la Procuraduría General de la República para el inicio de los trámites legales correspondientes para el pago de la multa establecida en el artículo 4º de la Ley N° 3.585/08.
f) En caso de reincidencia, la Secretaría de la Función Pública elevará los informes a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional, para los fines que pudieran corresponder.
g) Sin perjuicio de las investigaciones de oficio que compete impulsar a la Secretaría de la Función Pública, las personas titulares de los derechos reglamentados en las Leyes 2479/04 y 3585/08 y/o sus organizaciones, podrán presentar denuncia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley N° 2.479/04. La Secretaría de la Función Pública deberá pronunciarse acerca de la procedencia o no de la denuncia recibida, en un plazo máximo de treinta días. En caso de falta de pronunciamiento dentro del plazo, la petición formulada será considerada denegada y quedará expedita la vía para recurrir ante la instancia judicial correspondiente.
Art. 21.- De las Multas y de la Administración de los Fondos Concursables para Personas con Discapacidad.
Autorizase al Ministerio de Hacienda a habilitar una cuenta especial en el Banco Central del Paraguay a los efectos de percibir en ella las multas que se apliquen a los responsables de los OEE por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 3.585/08, de conformidad a lo establecido en el texto modificatorio del artículo 4º de la Ley N° 2.479/04.
Estos recursos serán ingresados y administrados mediante el Presupuesto General Je Gastos de la Secretaría de la Función Pública, bajo la denominación de "Fondos Concursables para Personas con Discapacidad".
La reasignación de estos fondos se realizará sobre la base de la aprobación de Programas y Cursos de Formación y Capacitación Profesional, presentados por organizaciones y entidades de personas con discapacidad o que trabajan con personas con discapacidad a la Secretaría de la Función Pública. A tal efecto, se constituirá un Comité de Evaluación Interinstitucional, que estará presidido por Secretaría de la Función Pública e integrado por representantes del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Las organizaciones y entidades de personas con discapacidad o que trabajan con personas con discapacidad deberán elevar a la Secretaría de la Función Pública, un informe de las actividades financiadas con los Fondos Concursables, así como la respectiva rendición de cuentas, de conformidad con la legislación y reglamentación presupuestaria de cada ejercicio fiscal.
Art. 22.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro del Interior.
Art. 23.- Comuníquese publíquese e insértese en el Registro Oficial.

References: Artículo 238
 Artículo 58
 Artículo 88
 Artículo 46
 Artículo 6
 Artículo 23
 Artículo 5
 artículo 1
 Artículo 57
 artículo 1
 Artículo 10
 artículo 1
 artículo 8
 Artículo 36
 Artículo 25
 Artículo 25
 Resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 4