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Timestamp: 2020-08-14 04:18:53+00:00

Document:
García Blanca Abogados Regulación del silencio administrativo en los procedimientos del FOGASA
Subido el 3 junio, 2020 por García Blanca
En el BOE de fecha 27 de mayo de 2020, se publica el Real Decreto-ley 19/2020, 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
Entre las normas aprobadas, en su Disposición Final Quinta, se modifica el Estatuto de los Trabajadores (ET), en el sentido de añadir un nuevo apartado 11 al artículo 33 que regula el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
En concreto se establece una regulación específica sobre el silencio administrativo en los procedimientos de garantía salarial previstos en el citado artículo 33 ET.
Así, se precisa que operará el silencio administrativo positivo, en el caso de que el órgano competente no dictara resolución en el plazo máximo de tres meses contados desde la presentación en forma de la solicitud. Esto es, se concreta la regulación del plazo para resolver del FOGASA que es de tres meses, y, pasado el plazo señalado, el solicitante podrá entender estimada por silencio administrativo la solicitud de reconocimiento de las obligaciones con cargo al FOGASA.
Pero con limitaciones, ya que mediante este nuevo apartado, se establece que en ningún caso podrá obtenerse por silencio el reconocimiento de obligaciones en favor de personas que no puedan ser legalmente beneficiarias o por cuantía superior a la que resulte por aplicación de los límites legalmente previstos.
Esta regulación pretende evitar que, por efectos del silencio administrativo positivo, obtengan esta prestación personas que en ningún caso puedan ser beneficiarias de la misma y, también, que los solicitantes puedan percibir cantidades por encima de los límites máximos previstos en la Ley.
El Fondo procederá a la instrucción de un expediente para la comprobación de la procedencia de los salarios e indemnizaciones reclamados respetando los límites legales.
Concluida dicha instrucción, dictará resolución en el plazo máximo de tres meses contados desde la presentación de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, el solicitante podrá entender estimada por silencio administrativo la solicitud de reconocimiento de las obligaciones con cargo al Fondo, sin que en ningún caso pueda obtenerse por silencio el reconocimiento de obligaciones en favor de personas que no puedan ser legalmente beneficiarias o por cuantía superior a la que resulte por aplicación de los límites previstos en los apartados anteriores.
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References: artículo 33
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 resolución 
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 REAL DECRETO 
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