Source: http://www.libertadidioma.com/20191015.htm
Timestamp: 2020-06-01 04:26:51+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Martes 15 Octubre 2019
Profundo malestar en la Fiscalía tras la sentencia del 1-O: "La condena por sedición es albañilería jurídica"
Miguel Ángel Pérez Libertad Digital 15 Octubre 2019
Maite Loureiro Libertad Digital 15 Octubre 2019
Una pena injusta que ni castiga ni disuadw
EDITORIAL Libertad Digital 15 Octubre 2019
Lamentable sentencia de un TS que no ha querido estar a la altura de las circunstancias.
Ni la violenta y victimista protesta con que la han acogido los golpistas y sus formaciones políticas ni el todavía más desorientador y lamentable buen recibimiento que le han dispensado el PSOE, Ciudadanos y, en menor medida, el PP debería llevar a nadie a engaño respecto de la lamentable sentencia del Tribunal Supremo (TS) que rebaja a delito de sedición el golpe de Estado nacionalista del 1-O.
Ese segundo referéndum ilegal, celebrado el 1 de octubre de 2017, organizado y desarrollado con mucha más violencia que el del 9 de noviembre de 2014 y coronado, a diferencia de éste, por una declaración unilateral de independencia, fue algo mucho más grave que un mero delito de sedición. Y esta sentencia, por mucho que condene a los acusados a varios años de prisión –al que más, Junqueras, sólo le han impuesto trece–, prácticamente va a dejar a todos en libertad en muy pocos meses. No sólo porque se les ha absuelto del delito de rebelión mediante una ridícula interpretación de lo que dice el artículo 472 del Código Penal (CP), sino porque se les va a permitir obtener el tercer grado antes de haber cumplido la mitad de sus penas por sedición, dado que los magistrados han decidido –frente a lo solicitado por la Fiscalía– no aplicar el artículo 36.3 del CP.
Castigar con un solo día de privación de libertad a alguien por un acto que no ha cometido o que carece de reproche penal es radicalmente injusto; pero castigar con una media de nueve años de cárcel –pena que en la práctica se queda en un tercio– a unos individuos que, según ha quedado demostrado, perpetraron lo que el vigente artículo 472 del CP tipifica como un delito de rebelión y castiga con penas de 15 a 25 años de prisión es de una tibieza tremendamente injusta y deplorable. (Comentario aparte merecería el hecho escandaloso de que los condenados vayan a pasar lo poco que les queda de encarcelamiento en unas prisiones regidas por sus correligionarios).
Con todo, los magistrados del TS no han cerrado los ojos ante los "episodios de indiscutible violencia" inducidos por los condenados antes, durante y después del 1-O, ceguera voluntaria que sí se infligió la Abogacía del Estado –léase del Gobierno–, que, al dictado del interés político del felón Pedro Sánchez, sostenido por los separatistas, se negó a ver esa violencia. Lo que han hecho los magistrados del Supremo, de forma no menos sonrojante pero con ese mismo objetivo de absolver a los acusados del delito de rebelión, es considerar que no bastaron "los indiscutibles episodios de violencia", ni que sus promotores buscasen "la independencia o la derogación de la Constitución", si esos actos de violencia y la organización de los mismos no fueron suficientes para imponer "la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución" en Cataluña.
De esta forma, y contradiciendo al CP, ya no sería suficiente para considerar reos de un delito de rebelión a los que se alcen violenta y públicamente y persigan como fin la independencia de un territorio o la derogación en él de la Constitución, sino que sería necesario –según los magistrados del TS– que lo consiguieran de forma efectiva. Tan peregrina y grosera tergiversación de lo que dice el legislador es, además, absurda, puesto que si los golpistas hubieran logrado la "independencia efectiva" de Cataluña, difícilmente habrían sido juzgados por un tribunal extranjero como pasaría a ser cualquier tribunal español; y tampoco hubiera habido necesidad alguna de que Puigdemont huyera de Cataluña para escapar de la Justicia española.
El caso es que, bien por lograr una condena unánime y cargarse de razón frente a un más que probable recurso de los separatistas ante Estrasburgo, bien por querer ser correa de transmisión de un Gobierno como el de Sánchez, dispuesto a seguir teniendo a los separatistas de compañeros de viaje, lo cierto es que los magistrados del TS han optado por el mínimo denominador común y dictado una sentencia tibia que ni castiga ni disuade lo necesario como para ser tenida por justa.
Queda una vez más demostrado que este apaciguador e injusto proceder judicial y político –recuérdese la aún más bochornosa sentencia del 9-N– no va sino a excitar el victimismo de los golpistas y su reiterado compromiso con su violento e inconcluso golpe de Estado, compromiso que por supuesto ha hecho suyo el sucesor de Artur Mas y Carles Puigdemont al frente de la Generalidad: Quim Torra.
Cuánta razón tenía Julián Marías cuando advertía de lo sumamente contraproducente que es "intentar contentar a los que no se van a contentar". Contraproducente y, sobre todo, injusto.
Cristina Losada Libertad Digital 15 Octubre 2019
Pablo Planas Libertad Digital 15 Octubre 2019
OKDIARIO 15 Octubre 2019
El Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, ha negado la existencia de colapso alguno en el aeropuerto barcelonés de El Prat, donde elementos independentistas convocados por distintas asociaciones han provocado la cancelación de casi setenta vuelos tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo. Sorprende la manera con la que Fomento trata de quitarle importancia al asunto, pues se sirve de un frío cálculo estadístico para demostrar que la situación no revistió excesiva gravedad, pese a que las imágenes revelaban un clima de violencia y tensión evidentes. Según el Gobierno, a las 18.45 de la tarde habían sido cancelados 67 vuelos de los 1.066 programados, por lo que el Departamento de José Luis Ábalos cifró en un escueto 6% las incidencias en transporte aéreo provocadas por la ira independentista.
Lo cierto es que los separatistas radicales bloquearon el aeropuerto causando graves incidentes. Cerca de medio centenar de heridos no parece que estadísticamente sea un dato menor como para tratar de demostrar que lo ocurrido no revistió gravedad. La tuvo y mucha, porque las escenas vividas en el aeropuerto no se corresponden en absoluta con la visión optimista del Gobierno. No parece la mejor manera de encarar el problema la de quitarle importancia, porque los incidentes se sucedieron durante horas en medio de un colapso evidente, por mucho que Fomento tratara inútilmente de restarle importancia.
Si el bloqueo -evidente y visible- de un aeropuerto por parte de los radicales independentistas no es un colapso para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, habrá que esperar el momento en el que tenga a bien otorgarle carácter de gravedad. Por ahora no lo ha hecho, de manera que entre lo que el Gobierno dice que ocurrió y lo que pudieron comprobar los miles de usuarios afectados, los medios de comunicación presentes en el aeropuerto y los españoles que observaron por televisión los incidentes hay dos mundos distintos. Para el Ejecutivo de Sánchez, dentro de lo que cabe, la situación fue normal. A los ojos del resto, los radicales ocuparon y bloquearon el segundo aeropuerto de España.
Sorprende, y mucho, que en las 493 páginas de la sentencia del Tribunal Supremo no haya ni una sola mención al discurso del Rey Felipe VI del 3 de octubre de 2017 tras celebrarse el referéndum ilegal. Sorprende porque en el escrito de conclusiones definitivas, la Fiscalía, que apuntaba claramente a un delito de rebelión -no tenido en cuenta por los magistrados de la Sala Penal-, apoyaba sus argumentos con una mención al discurso del Monarca: "Ante este levantamiento generalizado –salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia– desarrollados con el fin de conseguir la secesión y considerando la magnitud y gravedad del ataque al orden constitucional que se había producido, Su Majestad el Rey Felipe VI, en el legítimo cumplimiento de su función como jefe de Estado y el primer garante del orden constitucional, dirigió un mensaje a la Nación".
En opinión de los fiscales, el mensaje del Rey a los españoles "constataba la garantía de principios democráticos de todo Estado de derecho, la profunda división y fractura de la sociedad catalana y el enorme riesgo que se había generado para la estabilidad social y económica de Cataluña, además de reclamar los legítimos poderes del Estado, el aseguramiento del orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones y del autogobierno en Cataluña basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía".
Sorprende, y mucho, la ausencia de cualquier referencia al Rey en una sentencia prolija y minuciosa en las citas. ¿Cómo es posible que los magistrados de la Sala Penal del Supremo se hayan detenido a subrayar con extraordinaria precisión el papel de los actores, principales, secundarios y testimoniales para establecer un diagnóstico preciso de lo ocurrido y hayan pasado de largo por el discurso del jefe del Estado? Más aún cuando ese mensaje del Monarca a los españoles había ocupado un lugar destacado en las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal?
Juan Carlos Girauta elespanol 15 Octubre 2019
Ante una declaración de guerra
Pío Moa gaceta.es 15 Octubre 2019
Dice usted que la exhumación de Franco es una declaración de guerra. ¿En qué sentido debe interpretarse?
–Es una declaración de guerra en el sentido de que vacía de contenido la democracia decidida por abrumadora mayoría en 1976 y lo hace atacando precisamente al estadista que la hizo posible. Y que ilegitima a la monarquía y de hecho a la Iglesia. La jerarquía eclesiástica ha perdido la sindéresis, la capacidad moral, hasta el extremo de contribuir al ultraje a quien la salvó del exterminio y colaborar con quienes se sienten herederos de los exterminadores. Se trata, desde luego de un hecho del simbolismo más profundo, pero no meramente simbólico, pues sus efectos políticos son igualmente profundos. La victoria de Franco salvó la unidad de España, la cultura católica y muchas cosas más. El ultraje a su memoria culmina un proceso contrario de disgregación y totalitarismo comenzado hace mucho, pero impulsado especialmente con Zapatero y Rajoy. La declaración de guerra está ahí y debe reconocerse. La gran cuestión es saber si la sociedad será capaz de aceptar el desafío.
¿Propugna usted una insurrección o cosa así?
–Esta gente, PSOE, comunistas y separatistas, nos vuelven a llevar a la guerra civil, como en 1934 y 1936. El proceso puede detenerse de todas formas, en primer lugar reconociendo el hecho, en segundo lugar recobrando la memoria, y en tercer lugar atacando con todos los medios disponibles, por ahora los de la razón y la palabra, a los guerracivilistas. Debe quedar muy claro que algunos, ignoro si muchos o pocos por ahora, no estamos dispuestos a aceptar la disolución de España y de nuestra libertad en función de las aspiraciones cada vez más enloquecidas de PSOE, separatistas y comunistas. Si se da impresión de debilidad en este sentido, el proceso guerracivilista se agravará hasta degenerar probablemente en violencia general.
–Yo no tengo poder para imponer una línea de acción a otros, pero puedo decir lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, que es la recuperación de la memoria histórica frente a la burla grotesca antidemocrática y antiespañola que es esa ley. Esa recuperación es un elemento fundamental para reaccionar. Los guerracivilistas entendieron muy bien desde el principio la importancia de la memoria para ir falseándola, apenas decidido el referéndum del 76, y socavando la democracia acordada popularmente, al mismo tiempo que la unidad y soberanía de España. La derecha no ha entendido nada por práctica ausencia de sustancia intelectual, es una derecha de señoritos atentos a su bolsillo ante todo, y que creen que el dinero los resuelve todo. Quizá mi papel ha sido el de Casandra, espero que no. En todo caso investigar y defender la historia frente a la falsificación sistemática que venimos sufriendo, y en concreto el significado de Franco y el franquismo, es algo que seguiré haciendo e invito a unirse a esa defensa a cuantos entiendan su importancia. Por otra parte, ha aparecido un fenómeno nuevo que es VOX. Le faltan cosas pero por ahora es nuevo, quiero decir, ya no es la basura política que llevamos soportando desde hace tantos años.
¿Qué debería hacer VOX, en su opinión?
–De momento, algo muy simple: convertir la profanación del Valle de los Caídos y de la tumba de Franco en un eje, quizá no el único pero sí un gran eje de la campaña electoral y después de ella. La fechoría de los guerracivilistas no debe olvidarse en ningún momento. Si finalmente consiguen profanar la tumba debe declararse sin ambages que los restos de Franco deben volver al Valle. No a la Almudena, al Valle. Y que el Doctor y los jueces prevaricadores deben ir a la cárcel. Esto no va a conseguirse fácilmente ni de la noche a la mañana, pero debe ser un punto bien claro e insistido. Porque se trata de un delito gravísimo, y no solo ni principalmente contra el derecho de las familias, sino contra la convivencia en paz y libertad de los españoles. Es preciso también insistir con máxima energía en el carácter criminal del PSOE.
¿Se supone que todos los socialistas son criminales?
–Vamos a ver, es obvio que entre los socialistas los hay decentes y demócratas, cada vez más horrorizados por los rumbos de su partido, como Besteiro en los años 30. Pero es evidente también que son pocos y carecen de poder. Luego está la masa de los socialistas, que generalmente no saben nada de nada, empezando por la historia real de su partido. Simplemente «se sienten socialistas» porque creen que ese partido «representa a los trabajadores» o al «progreso» o a lo que sea. Es preciso que la masa de la población, o al menos una parte muy amplia de ella, entienda lo que es ese partido y la amenaza que siempre ha sido para la paz y la libertad de los españoles. Solo con eso podrían los besteiros neutralizar a los largocaballeros de hoy y civilizar al PSOE. Naturalmente, ello supone la denuncia del PP como auxiliar y cómplice del PSOE y los separatistas. No olvidemos que fue Aznar quien condenó oficialmente el alzamiento de julio que libró a España de tantas desgracias y miserias, incluida una guerra mucho peor, la mundial, a la que aspiraba con todas sus fuerzas el Frente Popular, con idea de salvarse él a costa de un nuevo río de sangre y probable disgregación del país.
Juan Manuel de Prada ABC 15 Octubre 2019
FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ El Mundo 15 Octubre 2019
Héroe es quien se distingue por llevar a cabo una hazaña extraordinaria que además requiera valor. Eso dice la RAE. Héroes fueron, en su día, hombres de iglesia como Ambrosio de León, que excomulgó a Teodosio, el papa León Magno, que detuvo las pezuñas de los caballos de Atila, y Tomás Becket, que se subió a las barbas de Enrique II Plantagenet. Los tres supieron engallarse frente a los abusos del poder temporal. "Al rey, la hacienda y la vida / se ha de dar, pero el honor / es patrimonio del alma / y el alma sólo es de Dios", exclama el alcalde de Zalamea en la obra de Calderón. La cita vale para la prepotencia institucional e ideológica subyacente en la decisión de exhumar a Franco.
Con los muertos, cualesquiera que sean las fechorías o las proezas, si las hubiere, de sus vidas, sucede algo similar: si son de alguien, son de Dios o de lo que por tal se entienda, y ninguna entidad política, civil ni castrense está moralmente autorizada a profanar sus tumbas. El Supremo se ha lucido. El Parlamento, también. Y la Iglesia del Papa siervo de Soros y del multiculturalismo, no digamos. Héroe es, en cambio, el padre Cantera, humanista, medievalista, especialista en la figura de san Bernardo -nadie menciona tales méritos- y prior de la comunidad que rige el colosal hipogeo de Cuelgamuros. Su decisión de plantar cara al Gobierno, a buena parte de la opinión pública y a la más alta institución del país no es baladí, sino sustancial, pues lo que se ventila en ella es nada menos que el respeto a lo sagrado por parte de lo profano y la libertad de cultos y, por lo tanto, de opinión teóricamente garantizada por quienes tanto presumen de ella.
Dicho sea de otra forma: dese al César lo que es del César y reconózcase el derecho de la Iglesia -la de siempre, no la de Francisco- a invocar su independencia respecto al poder temporal. Anatema sean quienes irrumpen con togas, cargos o uniformes en el interior de un templo para instalar en él puestos de venta de palomas. Hay que ser muy miserable para buscar votos en el ámbito de la fe. Ningún robo peor que el perpetrado a costa del cepillo de las iglesias. No es cuestión de ser franquista ni antifranquista, sino de ética y honradez. Diría lo mismo que digo si en vez de Franco se exhumase por las bravas al cabrón del Che. Terminará esta pugna como termine, pero su firmeza, padre Cantera, nos dignifica a todos. La sangre del Papa Luna corre por sus venas.
Editorial El Mundo 15 Octubre 2019
Por eso resulta muy preocupante que el texto de la sentencia, aunque constate la violencia ejercida, niegue ahora que su propósito real fuera el que sus propios promotores confesaban: la subversión del orden constitucional vigente. Dice el Supremo que todo aquello que vimos constituyó una mera alteración del orden público, aunque en su modalidad más grave. Cabe recordar que la esencial distinción entre la rebelión y la sedición reside en el elemento finalista del delito. En el caso de la primera, se comete con el objetivo de "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución" o "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". Es decir, el legislador no exige que la independencia se consume para tipificar la rebelión: basta con orientar la conducta hacia esos fines para incurrir en ella. Y el hecho es que la independencia fue declarada en el Parlament. Y que esa era la meta fijada en el llamado Libro Blanco para la Transición Nacional que Llarena usó pertinentemente para su instrucción, porque el procés no arranca en 2017 como pretende ahora el Supremo.
Para sortear estas contradicciones, la sentencia arguye que "los indiscutibles episodios de violencia" no se encaminaban a lograr la independencia efectiva sino "a crear un clima o un escenario en el que se haga más viable una ulterior negociación". Del derecho a decidir al derecho a presionar: este es todo el procés que describe el Supremo. Dice que todo era un "señuelo", un engaño para presionar al Gobierno de Rajoy y conseguir pactar un referéndum vinculante. Es decir, el Supremo se aparta de los hechos para bucear en las intenciones de los golpistas y asume la tesis de sus defensas, según la cual todo fue un farol, un "despliegue retórico", una "declaración de independencia ineficaz y simbólica", una "ensoñación jurídicamente inviable". Pero nosotros creemos que si fue inviable fue precisamente porque el Estado reaccionó. Porque se vio en la necesidad de aplicar el artículo 155 para restablecer el orden constitucional tras la intervención del Rey -cuyo discurso se dirigió al restablecimiento del orden constitucional, no solo del orden público- y la huida de más de 5.000 empresas en un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica. ¿Por qué se fueron si todo era un señuelo? Claro que la violencia instrumental para la secesión fue insuficiente: de haber sido suficiente y contar con el reconocimiento exterior, nunca habrían sido juzgados. Estos son los hechos y ninguna sentencia debería poder reinterpretarlos a la luz de la versión más inocente de sus intenciones.
La legalidad democrática fue vulnerada por los políticos independentistas, y pagarán por ello. La labor de los juzgadores -tanto el castigo como los razonamientos en los que se han basado para imponerlo- ahora corresponde juzgarla a los ciudadanos. Ellos son los soberanos de su nación. No esperan del Supremo que ofrezca "soluciones políticas", como el propio tribunal rechaza en la sentencia; pero desde luego saben que el proyecto separatista sigue vivo, y que la salida no pasa por degradar a simbólica una intentona bien real de subvertir el orden democrático. Abaratar los costes solo sirve para estimular la reincidencia.
EDITORIAL ESdiario_com 15 Octubre 2019
Sea por buscar la unanimidad o por miedo a Estrasburgo, el Alto Tribunal ha dictado una sentencia que no recoge la gravedad del Golpe y alimenta la escalada independentista.
La sentencia del Tribunal Supremo que condena a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los nueve dirigentes procesados por el llamado procés es, desde luego, jurídicamente respetable e intachable desde el punto de vista de un Estado de Derecho sólido: razona igual de bien por qué les sanciona a todos ellos por delitos de sedición y malversación como por qué les absuelve de rebelión, la acusación más dura y castigada.
La unanimidad de los componentes de la Sala de lo Penal y el temor, tal vez, a que les revocara Estrasburgo su fallo explican, muy probablemente, la renuncia a castigar esa rebelión y su apuesta por un delito sin duda gravísimo que, sin embargo, no responde del todo a la naturaleza real de los abusos cometidos por todos ellos y alguno más fugado a Bélgica.
Si esas son las razones que Marchena y sus compañeros han tenido para rebajar el castigo, no son acertadas. Y si además de ellas hay otras de índole política, la decepción es mayor. Y es casi imposible no verlas tras constatarse el cambio de postura aparente del Supremo, que repentinamente se ha sumado a la posición de la Abogacía del Estado, en contra de todos los jueces de instrucción y de la Fiscalía.
Y de la propia Abogacía, que sostuvo también la acusación de rebelión hasta que hubo un relevo en la cúpula de la institución y el criterio del Gobierno se impuso al que hasta entonces mantenía: que Sánchez prefiriera obviar el delito de rebelión es una cosa; que ese criterio se imponga en la Abogacía y a la vez en el Supremo, otra muy distinta. Y muy grave.
El Supremo ha aplicado al final el criterio político del Gobierno, que movilizó a la Abogacía del Estado para lograr esta sentencia
Lo cierto es que en Cataluña hubo una conspiración, sostenida en el tiempo e institucionalizada, por acabar con la Constitución e imponer la independencia unilateral de Cataluña. Y lo cierto también es que eso se hizo con enorme violencia y con la dirección de los ahora condenados, de las instituciones que dirigían y del dinero público que manejaban.
Y esa parte ha quedado sonrojantemente impune, sin ningún argumento jurídico ni político suficiente. Si al menos sirviera para detener el procés y situar al soberanismo en un marco de aceptación del Estado de Derecho, tendría algo de sentido, aunque seguiría siendo un razonamiento ajeno al que debe mover al Supremo.
Pero es que además eso no está nada claro. Sería absurdo rebajar las consecuencias penales de tantos excesos para, al final, redoblarlos. Y nada indica que no vaya a ser así.
Carlos Dávila okdiario 15 Octubre 2019
Desde el reconocimiento a la profesionalidad de los magistrados de la Sala Penal del Supremo, muy especialmente a la de su presidente, Manuel Marchena, OKDIARIO discrepa de los argumentos jurídicos que han determinado que los políticos catalanes y dirigentes de asociaciones civiles que pretendieron subvertir el orden constitucional cometieron un delito de sedición y no de rebelión. Los argumentos del Alto Tribunal se fundamentan en dos cuestiones clave: hubo violencia, pero no "instrumental, funcional y preordenada de forma directa" y el eventual propósito de los condenados "era una mera quimera", porque "eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el legítimo derecho a decidir no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano".
El Tribunal Supremo entiende que dado que el Gobierno "mantuvo en todo momento el control de la fuerza militar, policial, jurisdiccional e incluso social", los líderes políticos y asociativos lo que pretendían en realidad era "presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular". O sea, que, según el Supremo, la propia fortaleza del Estado en los niveles legislativo, ejecutivo y judicial hizo inviable la subversión del orden constitucional y, en consecuencia, los acusados no buscaban tanto alcanzar la independencia, sino forzar al Gobierno a aceptar sus pretensiones. Se trata de un peculiar juicio de valor sobre las intenciones de los cabecillas que ha servido para rebajar considerablemente sus penas. Dicho de otro modo: los acusados se han visto beneficiados de la propia fortaleza del Estado de Derecho, que convirtió sus plan es en una "quimera". Sorprendente.
Desde el respeto a la sentencia, ese argumento parece extremadamente forzado. En realidad, da la sensación de que para no romper el valor de la unanimidad en un fallo crucial como este, los magistrados conservadores que defendían la tesis, con Marchena a la cabeza, de que "hubo conspiración para la rebelión" aceptaron la opinión de los magistrados progresistas -que secundaban la calificación penal de la Abogacía del Estado- para que estos no emitieran votos particulares. Pero conviene recordar que la Abogacía del Estado cambió de opinión forzada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que rebajó la petición de "rebelión a sedición", al tiempo que trasladó a cárceles catalanas -asunto clave- a los acusados.
Es clave porque, dado que el Supremo ha rechazado también la petición de la Fiscalía de no aplicar beneficios penitenciarios a los acusados hasta que cumplieran la mitad de la pena, los condenados podrán disfrutar del tercer grado en breve. Pero la política de beneficios penitenciarios depende de la Generalitat de Cataluña. O sea, los mismos que han incumplido la ley y han sido condenados tendrán la última palabra. El presidente del Gobierno aseguró que no habrá indulto para los condenados, pero cuando decidió trasladar a los presos a las prisiones catalanas, en agradecimiento a su apoyo en la investidura, les hizo un regalo impagable.
Editorial ABC 15 Octubre 2019
Los magistrados ciñen su actuación en lo penal y marcan su camino: «No nos incumbe ofrecer soluciones a un problema histórico».
Francisco Velasco. larazon 15 Octubre 2019
Cuatro meses y dos días han pasado desde que el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, pronunciara la frase «visto para sentencia» hasta que ayer se dictó la resolución que condenó por un delito de sedición en concurso con otro de malversación a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; a los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, 12 años de prisión y otros 12 de inhabilitación; a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, 11 años y seis meses; a Joaquim Forn y Josep Rull, 10 años y seis meses, y a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, nueve años de prisión. En cuanto a Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, son condenados cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia a las penas de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial. La sentencia absuelve a los acusados Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó del delito de malversación de caudales públicos.
Sobre el tapete de los magistrados pendía una cuestión que iba a ser el centro de todo el debate jurídico posterior. No había dudas en los magistrados que los hechos enjuiciados eran delictivos y, por tanto, sus responsables merecían un reproche penal. Sin embargo, la duda que planeaba desde el inicio siempre ha sido la misma, determinar si los hechos constituían un delito de rebelión o de sedición. Así, mientras el instructor de la causa, Pablo Llarena, creía que se trataba de un delito de rebelión, la Sala de lo Penal, a la hora de resolver los recursos siempre introducía la duda, «rebelión y/o sedición». Y a todo esto, la sentencia llega cuando estamos a pocas semanas del 10-N. Sobre este punto el TS afirma en el texto de la sentencia que «no nos incumbe ofrecer –ni siquiera sugerir o insinuar– soluciones políticas a un problema de profundas raíces históricas».
Al final, los magistrados han concluido que todo lo relacionado con los hechos violentos que se produjeron, de forma especial los ocurridos ante la Consejería de Economía y Hacienda, el 20 de septiembre, y los registrados el mismo día del referéndum ilegal, el 1 de octubre de 2017, no tuvieron la magnitud suficiente para catalogarlos como rebelión. Y ello, porque no se ha considerado que todo lo sucedido supusiera una amenaza real para romper el Estado constitucional.
Esta es la clave de por qué el Tribunal no ha estimado la tesis de la Fiscalía, quien no tenía dudas de que ese era, precisamente, el objetivo de los condenados y que la violencia utilizada era el medio con el que pretendían lograrlo. La sentencia, de esta forma, viene a suponer, de algún modo, una cierta desautorización a la Fiscalía y un clarísimo respaldo a los criterios que impuso la Abogacía del Estado cuando obligó a modificar la calificación y acusar por sedición en vez de rebelión, como era la pretensión inicial. Este ha sido el elemento de debate principal que han mantenido los integrantes del tribunal; una sentencia que, en definitiva, viene a refrendar los postulados del Gobierno. Ahora, esta resolución ya es directamente ejecutable, aunque queda el fleco en lo que afecta la inmunidad que planteó Oriol Junqueras ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; una vista que, precisamente, tendrá lugar mañana, pero cuya decisión tardará todavía unos meses. Los más que probables recursos ante el Tribunal Constitucional no tienen efectos suspensivos y, al superar las penas los cinco años de prisión, el TC no acordaría en ningún caso esa medida. Los recursos ante el Tribunal garante de los derechos fundamentales es algo más que seguro, por la sencilla razón de que es imprescindible agotar la vía judicial interna antes de poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en el fondo, es donde los hoy ya condenados y los partidos y asociaciones independentistas han tenido puestas todas sus esperanzas. Por ello, el Tribunal ha tenido siempre en el fondo de sus actuaciones no dejar abierta ni una rendija para que dentro de unos años el Tribunal de Estrasburgo pudiese enmendarle la plana, con el descrédito que ello supondría para la Justicia española.
En todo caso, la decisión final de esta causa, que estará en manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deberá esperar algunos años. En primer lugar, porque, como se aludía anteriormente, es necesario agotar la vía en el Tribunal Constitucional. Una vez que se presenten los recursos, lo normal es que se admitan a trámite, dada la trascendencia de este procedimiento. Posteriormente, se daría traslado de la misma a la Fiscalía y Abogacía del Estado para que informasen lo que consideren oportuno, donde a buen seguro, se opondrán a todas y cada una de las alegaciones. A continuación, el magistrado que sea designado ponente deberá elaborar una propuesta que sería la que, finalmente, se debatiría en el Pleno. Si se tiene en cuenta el «tempo» con el que resuelve el Tribunal Constitucional, no es descabellado señalar que dos o tres años sería el plazo mínimo para fallar esos recursos. Después, si son rechazados, ya sí podrían acudir al Tribunal de Estrasburgo, y allí los plazos no son precisamente rápidos. Si un aspecto ha quedado claro en la sentencia, aparte de lo relacionado con el uso de la violencia y los hechos tumultuosos acaecidos, es que los condenados sabían que sus planes de alcanzar por la vía unilateral la «República catalana» era pura quimera, pura ficción en su imaginación y que, además, traería consecuencias. Los magistrados lo reflejan de forma más que significativa en pocas frases: «Eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como ejercicio legítimo del “derecho a decidir”, no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano... los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una República soberana, desconocían que el “derecho a decidir” había mutado y se había convertido en un atípico “derecho a presionar”».
Se trata, además, de una sentencia que supone un claro aviso a navegantes para que se compruebe que no acatar las decisiones del Tribunal Constitucional tiene consecuencias; un aviso, por ejemplo, al actual presidente del Parlament, Roger Torrent, quien ha sido requerido precisamente hace menos de una semana –al igual que el resto de integrantes de la Mesa– para que no tramite ninguna proposición relativa al «derecho a decidir» o contra la Corona. Los hechos reflejados en la sentencia relativos a su antecesora, Carme Forcadell, quizás le ayuden a ilustrarse y a no arriesgarse con tomas de decisiones que pueden afectarle, y no de forma positiva, precisamente, en un futuro no lejano. Cuatro meses y dos días para sentenciar unos hechos, pero no para juzgar a todos los que pueden tener responsabilidad en los mismos. Falta que, por ejemplo, que Bélgica entregue a Puigdemont. Las autoridades judiciales belgas se quedan sin argumentos y el President puede averiguar su futuro en España si es entregado y puesto a disposición de la Justicia española... entre rejas. Y, junto con Puigdemont, otros seis lograron burlar la acción de la Justicia dándose a la fuga. Optaron por poner distancia por medio antes de compartir la suerte con quienes fueron sus compañeros de política. Ayer, el Tribunal Supremo, puso punto y seguido al «procés».
'Día d': insumisión con selfies
RAÚL DEL POZO El Mundo 15 Octubre 2019
Pedro Sánchez ha resumido con precisión el desenlace de la eterna gotera separatista: "Se confirma el naufragio de un proyecto político". Los dirigentes del nacional-populismo respondieron con la deslealtad de siempre y dieron el santo y seña para tomar las calles y las redes con dos palabras: "Tsunami democrático". "Estés donde estés, detente, sal a la calle". No hacen falta más explicaciones, ideas o conceptos. Ayer dieron estopa a una señora con la bandera de España y armaron follón con palabras y corte de calles. Sentadas en el Prat, barricadas en las vía del AVE, cancelación de vuelos, cargas, heridos. Siguieron el bloqueo al estilo Hong Kong, en el día d mientras se hacían selfies.
Que los mossos hayan cargado con gases lacrimógenos a los héroes del Prat es una señal de que el procés se está debilitándose y que los CDR tienen miedo de su propio temor; aceptan la resistencia pasiva porque ya no tienen «trastornada la razón» como se dijo de los separatistas. Saben que al Gobierno le daría votos la Ley de Seguridad y que la kale borroka los llevaría muchos años al chabolo.
Los sketchs, las sobreactuaciones, los discursos lloricas no han sido la chispa de una nueva insurrección, de momento. En pleno diluvio de victimismo y desplantes ante la sentencia, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, esta vez ha sorprendido por su sensatez al decir: "Quienes tienen responsabilidad institucional se deben sentar a dialogar". "Los comun no participarán en sobreescenificciones, ni de llamadas retóricas, propuestas inciertas o irreales para reaccionar ante la sentencia". Luego ha matizado su primera declaración calificando de cruel y vengativa la sentencia. Pero apenas conocerse el fallo los políticos a sueldo del Estado lanzaron una sarta de mentiras, informaciones falsas y titulares sin texto. Oriol Junqueras, desde la cárcel, dijo que la sentencia no es justicia sino venganza. Pere Aragonès declaró que el fallo sentencia a todo el mundo. Rufián comentó que es una salvajada, la mayor agresión contra Cataluña desde el fusilamiento de Companys. Todos los políticos separatistas incurren en la verborrea retorcida, fanática, injuriosa, de martirologio. Siguen provocando al Estado exigiendo amnistía y autodeterminación , insisten en la ilegalidad.
En política el pico es tan importante como la idea, aunque las voces estén llenas de falsedad. Mallarmé, antes de la era digital, ya decía que las palabras tienen la suficiente fuerza para resistir la agresión de las ideas. Claro que los poemas se escriben con palabras, pero para tomar el poder se necesitan ideas y valor, no consignas para teléfono móvil o iPad. Con la sentencia del TS nos espera una nueva granizada de verborrea.
larazon 15 Octubre 2019
Es cierto que la reforma del Código Penal llevada a acabo por el Gobierno socialista de Felipe González fue objeto de una enmienda impulsada por la entonces senadora Pilar Rahola, que introdujo la exigencia del concurso de la violencia en la tipificación del delito de rebelión, equiparando la vieja rebelión institucional de nuestros códigos, la que se producía desde un sector del poder civil, con los clásicos pronunciamientos militares. Detrás de esta distorsión que, a la luz de la reciente experiencia, no es difícil de calificar, se encuentra el contrasentido ontológico de que una acción tendente a romper la unidad territorial de España, derogar la Constitución en Cataluña y hacer tabla rasa del ordenamiento jurídico, es decir, un golpe de estado en toda regla, pueda ser considerada por nuestros jueces como un delito de sedición, referido al orden público, aunque para ello haya que perderse en arabescos procesales y en interpretaciones al filo del juicio de intenciones.
Interpretaciones que llegan hasta el punto de negar la voluntad expresada y reconocida por los propios procesados de obtener la secesión del Principado, tal y como había quedado expuesto en la «Declaración unilateral de Independencia» aprobada por el Parlamento autónomo de Cataluña a instancias de la Generalitat. En este sentido, que el Jefe del Estado, Don Felipe VI, tuviera que comparecer ante el pueblo español para trasladarle la absoluta certeza de que las instituciones defenderían la democracia y la soberanía nacional, demuestra que, en aquellos momentos, en Cataluña se estaba produciendo algo más que un problema de orden público o, al menos, era percibido de manera muy distinta por la mayoría de los ciudadanos.
Así, si podía ser loable la búsqueda de la unanimidad de los jueces actuantes ante un procedimiento de tanta trascendencia, en el que, además, convenía no dejar resquicios a ulteriores interpretaciones de la Justicia europea y que ha sentado jurisprudencia sobre el inexistente derecho a decidir, cabe preguntarse si el resultado está en consonancia con el esfuerzo. Por supuesto, está lejos de nuestro ánimo desmerecer la labor de unos magistrados que, como no podía ser de otra forma en un Estado de Derecho como el nuestro, se han constituido la principal línea de defensa de la democracia española, pero sí entendemos legítimo llamar a la reflexión sobre si esas demandas de consenso –ya experimentadas por el Tribunal Constitucional y por el propio Gobierno de la Nación cuando solicitó al Senado la aplicación del artículo 155–, no han trabado en demasía las decisiones que era preciso tomar.
Hay, asimismo, en la unánime sentencia otros aspectos que provocan controversia general, cuando no evidente disgusto entre los miembros de una Fiscalía, que, dicho sea de paso, ha visto como el fallo admitía la existencia probada del componente de violencia, para, a continuación, ver como se desestimaba la condena por rebelión. Nos referimos a la negativa del tribunal sentenciador a establecer medidas cautelares que aseguren, al menos, que la progresión de grado de los reos condenados se haga desde el cumplimiento cabal del Reglamento Penitenciario, acotando las previsibles maniobras de la Generalitat de Cataluña, que tiene transferidas las competencias de Prisiones, para favorecer las condiciones de encierro de los reclusos.
Como ya hemos mantenido desde estas mismas páginas, somos perfectamente conscientes de los padecimientos que supone el cumplimiento de una pena de prisión y de que, de acuerdo al principio constitucional, la misma debe orientarse a la educación y reinserción social del delincuente, pero, precisamente por ello, debemos insistir, frente a falsos humanitarismos, no sólo en la gravedad de los hechos juzgados, sino en la contumacia con que justifican sus actuaciones y la ausencia del menor arrepentimiento. Y, si bien la reacción de los principales líderes políticos españoles, comenzando por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha sido la de acatamiento claro de la resolución judicial y el compromiso de que se cumplan las penas de prisión dictadas, no es posible obviar que en la pugna política y en la conformación de las mayorías parlamentarias pueden saltarse lo que hoy parecen determinaciones claras. Si nunca deberían entrar en la negociación política cuestiones tan graves como la privación de libertad de cualquier persona, en este caso, con unos partidos nacionalistas empeñados en mantener la estrategia de la tensión y del enfrentamiento institucional, cualquier cesión significaría una derrota del Estado de derecho.
Ignacio Camacho ABC 15 Octubre 2019
Cayetano González Libertad Digital 15 Octubre 2019
La realidad es que, tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo después del juicio a los políticos catalanes que protagonizaron hace dos años un intento de golpe de Estado, el mundo independentista se ha sentido aliviado, por mucho que tengan que disimularlo, unos desde las algaradas callejeras y otros desde las instituciones. El proceso independentista sigue vivo, y un poder del Estado de Derecho, el Judicial, a través de su máximo tribunal, no ha modificado su rumbo con una sentencia que no queda otro remedio que acatar, pero con la que muchos ciudadanos españoles no estarán de acuerdo.
En contraposición a ese alivio del mundo independentista, esos ciudadanos españoles que asistieron atónitos a aquellos hechos sentirán una gran frustración y pensarán, con razón, lo barato que sale echar un pulso al Estado, tratar de subvertir el orden constitucional para conseguir la independencia de una parte del territorio nacional.
Se ha dicho siempre que la Justicia, así con mayúscula, tiene que ser, en primer lugar, justa, pero también ejemplarizante. Es decir, debe tener un efecto disuasorio en la población para que nunca más se intente cometer el mismo delito. Me temo que, en el caso que nos ocupa, los cabecillas independentistas –qué papelón, por cierto, el del huido Puigdemont– no se sentirán muy coartados por la sentencia, lo cual no implica que vuelvan a repetir los mismos actos que en setiembre y octubre de hace dos años, referéndum ilegal incluido.
Desde un punto de vista político, la sentencia le viene de perlas a Pedro Sánchez. El eje Sánchez-ERC sale fortalecido. Mucho más si, a través de los mecanismos convenientemente utilizados de la legislación penitenciaria –hay que recordar que la competencia en esta materia está transferida a la Generalitat–, nos encontramos con que dentro de muy pocas semanas o meses la mayor parte de los condenados podrán acceder al tercer grado penitenciario y disfrutar de los correspondientes permisos. Lo de menos es que estén inhabilitados para ejercer cargos públicos; lo de más es que, una vez pongan un pie en la calle, asistiremos a su ensalzamiento popular como unos héroes que lucharon y que sufrieron cárcel durante un tiempo en pro de la libertad de Cataluña. Es decir, a unos ongi etorris en versión catalana.
Sánchez respirará tranquilo, y si tras las elecciones los números le dan, formará el Gobierno de Frente Popular que no quiso hacer en julio. Un Gobierno integrado por PSOE, Podemos, Más País, PNV y que, si fuera necesario –la sentencia ha allanado el camino para ello–, contaría al menos con la abstención de los diputados de ERC. Un Gobierno que tendrá como uno de sus principales objetivos llevar a cabo la segunda transición, para lo que sólo falta acabar de enterrar la primera, y a partir de ahí cuestionar muchas cosas, Monarquía incluida.
Ante este panorama ciertamente desolador, los ciudadanos de a pie tienen muy pocos medios para reaccionar. Pero uno de ellos es crucial: el voto.
El próximo 10 de noviembre existe la posibilidad de parar esta demolición de la España constitucional. Para ello, en primer lugar es necesaria la movilización de todos aquellos ciudadanos que quieran formar parte de ese dique de contención. Hay que dejar al lado el cansancio y el hastío que los actuales políticos producen e ir a votar. Y hacerlo a cualquiera de las opciones políticas que defiendan claramente, sin complejos, la unidad de la Nación, la libertad y la igualdad. Francamente, no descubro nada nuevo si digo que a mí personalmente me salen sólo tres opciones: PP, Ciudadanos y Vox. Que cada cual vote a quien considere mejor o menos malo, pero que vote.
FERNANDO PALMERO El Mundo 15 Octubre 2019
La sentenvia del Tribunal Supremo sobre el golpe institucional de septiembre y octubre de 2017 marca los límites del Estado y certifica su incapacidad para evitar su propia implosión. Nada permite pensar en la continuidad a medio plazo de la estructura política que se dio la nación española en la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado. Porque después de que el Poder Judicial haya desplegado sus mejores recursos en una instrucción rigurosa, una acusación perfectamente armada por la Fiscalía, un proceso garantista impecable y una sentencia dictada conforme a ley por unanimidad de los siete magistrados de la sala, es muy probable que los condenados salgan de prisión en breve -merced a la transferencia competencias autonómicas- y continúen su, ya lo han advertido, inaplazable proyecto secesionista. Incluso inhabilitados. Sería un error, sin embargo, culpar de todo a la Justicia. Porque es el Estado, a través de los tres poderes que lo articulan, el que se ha mostrado impotente para desarmar a las fuerzas que, desde Cataluña y País Vasco, amenazan con cuartearlo.
Fracasó ya el poder Legislativo, incapaz de elaborar un Código Penal que tipifique de manera actualizada, clara y sin ambigüedades los intentos de secesión de una parte del país. Con violencia o sin ella. Y que imponga severas penas (sin privilegios penitenciarios) para quien pretenda romper el sistema de derechos, libertades y bienestar, sostenido sobre la solidaridad territorial e inimaginable para todos hace 40 años. Tampoco han logrado los parlamentarios ponerse de acuerdo y modificar una ley electoral que imposibilita la creación de gobiernos representativos y estables.
Pero fracasó, también, el Ejecutivo. Primero el de Rajoy. Durante seis años. Luego el de Sánchez. Ninguno fue capaz de impedir la creación, mediante el desvío de dinero público, de estructuras de Estado paralelas de un gobierno autonómico declarado en rebeldía. El 155, que pasó como la luz a través del cristal, y el proceso de promesas y diálogo con el Govern de Torra se mostraron igual de imprudentes. E ineficaces.
El Estado puede aún reaccionar. O dejar que se consumen de facto las independencias vasca y catalana en una Europa donde las viejas naciones no son ya garantía de nada. Sánchez, Rivera y Casado han desperdiciado una oportunidad única para afrontar las reformas constitucionales necesarias antes de que los populismos de izquierda y derecha sigan horadando las instituciones. La sentencia del TS cierra el ciclo de respuestas de los tres poderes al separatismo. Todas, insuficientes.
Miguel Massanet diariosigloxxi 15 Octubre 2019
TSEVAN RABTAN El Mundo 15 Octubre 2019
El autor valora la sentencia del TS sobre el 'procés' como un triunfo del Estado de derecho frente al independentismo, que intentó imponer en Cataluña una democracia sin procedimientos
El Tribunal Supremo, además del delito indiscutible -la desobediencia- y del delito "técnico" -la malversación- tenía que escoger entre tres posibilidades legales a la hora de juzgar los hechos de septiembre y octubre de 2017: la absolución, la sedición y la rebelión. Para condenar, los hechos habían de adecuarse completamente al delito aplicando los criterios normativos y axiológicos propios de un derecho penal democrático; en caso de duda, debía optarse por la respuesta menos gravosa para los acusados; y ni las razones de Estado ni las consideraciones políticas debían tener hueco, porque los jueces no aprueban las leyes, sino que las aplican.
Por el contrario, los hechos sí se adecúan de manera natural y sin forzamientos a la sedición. Los encausados utilizaron la masa como elemento disuasorio frente al Estado. Fingieron -con una mendacidad chulesca- que intentarían evitar lo que estaban instigando e instigaron lo que no querían impedir: un escenario en el que se doblaba el espinazo a los tribunales. Algo especialmente grave porque ¡ellos también eran el Estado! De hecho, la sentencia reafirma el deber especial de las autoridades públicas de garantizar la persecución de actividades ilegales, más aún si se dirigen a dinamitar las instituciones. No se ha probado que quisieran y se representaran un alzamiento violento como palanca para la secesión, pero sí se describe en la sentencia una miríada de hechos, imposibles de interpretar de otra forma en su conjunto, que acreditan el diseño de un plan sedicioso completo, anclado en la deslealtad y el deseo de impedir u obstaculizar el trabajo de los servidores del Estado, que se desplegó por todo el territorio catalán. Las creencias últimas de los acusados sobre la consecución del objetivo final, la naturaleza tragicómica de sus andanzas y la posibilidad de que pudieran ser conscientes, a partir de cierto momento, de que estaban pedaleando en una bicicleta imaginaria, son nonadas a estos efectos. Como no importa -pese a que me cueste personalmente creer que no vivieran en el delirio de la inminente secesión a la vista de tanta manifestación infatuada urbi et orbi antes del hundimiento- si pensaron que el esperpento facilitaría sus carreras personales, si se rajaron a última hora o si buscaron desde el principio crear un escenario ventajista para una "negociación" con el Estado, como declara el tribunal. Lo que importa es su contribución nuclear en la creación de un escenario tumultuario de desconocimiento masivo de la ley y de las decisiones de los tribunales.
En Marbury contra Madison, el caso más trascendental de la historia del derecho estadounidense, el presidente de su Tribunal Supremo, John Marshall, involucrado políticamente en la controversia, logró la proeza de que un acto gubernamental declarado válido e ilegal -derecho cuántico del siglo XIX- sirviese para parir una vacuna ubérrima: al atribuir al tribunal la facultad de declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley, fijó en mármol la supremacía de la constitución democrática escrita. La sentencia contestó la pregunta retórica "¿Para qué limitamos los poderes y por qué lo hicimos por escrito, si los afectados por esos límites pueden pasarlos por alto?" instaurando la máxima de John Adams: "Una nación gobernada por leyes, no por hombres".
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 15 Octubre 2019
ESdiario 15 Octubre 2019

References: artículo 472
 artículo 36
 artículo 472
 artículo 155
 resolución 
 resolución 
 artículo 155
 resolución