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Timestamp: 2018-06-22 01:13:09+00:00

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3. Principios orientadores del régimen de las Nulidades
3. Principios orientadores del régimen de las Nulidades.
La Corte Constitucional, en Sentencia con efecto erga omnes en Sentencia C-541 de 1992.09.24, expresó:
“(…)el artículo 306 del nuevo Código de Procedimiento Penal, no se opone a la solicitud y al decreto judicial en cualquier momento procesal de la nulidad de la prueba que haya sido obtenida con violación de las reglas constitucionales del Debido Proceso en materia penal que aparece recogido en los artículos 12, 15 incisos tercero y cuarto, 28, 29 incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 213 inciso final, 214 numeral segundo y 229 y se predica en favor de todas las personas, como un especial reforzamiento, previsto por el Constituyente, de las libertades personales. Otras disposiciones constitucionales prevén especiales reglas para las personas revestidas de altas dignidades y cargos públicos que también hacen parte de la noción del Debido Proceso Constitucional en materia penal y quedan comprendidas por esta especial noción prevista en el artículo 29 de la Carta. (Negrillas fuera de texto).
”(…)Es evidente que el funcionario que adelanta un proceso ha de ceñirse a las reglas que la ley le indica, reglas que además, deben ser conocidas por los sujetos procesales, garantizándose así el cabal cumplimiento de las funciones encomendadas al primero y el correcto ejercicio de los derechos que asisten a los segundos durante el desarrollo del proceso.
”La observancia de aquellas "formas propias de cada juicio", y en sí de todo el contenido propio de la noción de Debido Proceso, se erige en fundamental garantía en favor de los asociados, cuyo desconocimiento durante la actuación procesal constituye fuente de nulidad de los actos cumplidos en contrariedad con tales enunciados. Consciente el Constituyente de la importancia de los elementos que confluyen a la integración del concepto de Debido Proceso, señaló que es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del mismo; nulidad de pleno derecho, establecida en la Carta (art. 29 C.N.), y que de ningún modo se opone a aquellas otras nulidades predicables ya no de las pruebas sino de los actos procesales, que de oficio declara el juez o que son alegadas por los sujetos procesales (arts. 305 y 307 C. P. P.) de conformidad, en uno y otro caso, con las precisas causales estatuidas en el artículo 304 del Decreto 2700 de 1991: La falta de competencia del funcionario judicial, la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el Debido Proceso, la violación del Derecho de Defensa. (Negrillas, no son del original).
”(…)Como tantas veces se ha consignado dentro de esta providencia, el Debido Proceso contempla un marco amplio de garantías y comprende "la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio", contenido que ha de interpretarse en perfecta correspondencia y armonía con lo dispuesto por el artículo 228 de la Carta, que en su parte pertinente dice: "La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial". (Se Subraya). Esta prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal viene a corroborar las razones expuestas más arriba, en tal virtud, quien desempeñe la función jurisdiccional ha de procurar la corrección de ciertas irregularidades que puedan presentarse, todo con miras a que el proceso culmine resolviendo la concreta situación jurídica debatida. La subordinación de lo formal a lo sustancial, o en otros términos, la orientación del derecho procesal al cumplimiento del material se inscribe dentro de la perspectiva del artículo 228 de la Constitución. A su vez, el cuidado que ha de tenerse en el sentido de no menoscabar el derecho de defensa y el debido proceso, cuando se actúe dentro de los supuestos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, no deja dudas acerca de su constitucionalidad.”.
La lectura anterior, deja claro que la prueba que haya sido obtenida con violación de las reglas constitucionales del Debido Proceso, constituye una violación del artículo 29 de la Constitución y del precedente judicial que así lo ha resuelto; pues, si bien esta sentencia se refiere a normas penales, es perfectamente aplicable a cualquier actuación judicial o administrativa, debido a que la nulidad de pleno derecho de la prueba, no excluye la de nulidad de cualquier otro acto procesal que viole las taxativas causales previstas en la ley, cuya petición, debe hacerse en las oportunidades también determinadas en la ley; a diferencia de la nulidad constitucional de la prueba nula de pleno derecho, que puede ser alegada en cualquier momento procesal y aun después de fallado el caso en revisión o mediante acción de tutela.

References: artículo 306
 artículo 29
 artículo 304
 artículo 228
 artículo 228
 artículo 308
 artículo 29