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Timestamp: 2020-01-29 03:39:09+00:00

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Sentencia nº 236-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 27 de Junio de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 644877801
Partes: AES Andrés B.V.
Contra: Ayuntamiento Municipal de La Caleta
No. de Expediente: 12-01070
No. de Sentencia: 236-2014
SENTENCIA No. 00236-2014
CON MOTIVO DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, interpuesto por la sociedad comercial AES ANDRES B. V., organizada de conformidad a las leyes de Holanda, con su domicilio social ubicado en la avenida W.C., edificio Acrópolis, piso 23, Distrito Nacional, debidamente representada por el señor Marco de la Rosa, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 402-2006109-0, domiciliado y residente en el Distrito Nacional, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los licenciados O.A.R.H., A.J. y B.F. de León Reyes, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0003588-0, 001-1309338-9 y 001-1810108-8, respectivamente, con estudio profesional común abierto en la calle B.M., No. 158, sector Gazcue, Distrito Nacional, en CONTRA de la Resolución No. 06-2012, de fecha 17 de abril de 2012, emitida por el Ayuntamiento Municipal de La Caleta, y del Certificado de Deuda No. 043, de fecha 02 de octubre de 2012.
La razón social AES A.B.V., interpuso formal Recurso Contencioso Administrativo contra la Resolución No. 06-2012, de fecha 17 de abril de 2012, emitida por el Ayuntamiento Municipal de La Caleta, y del Certificado de Deuda No. 043, de fecha 02 de octubre de 2012, en vista de su inconformidad con el contenido de los mismos debido a que supuestamente carecen de legalidad.
En fecha veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil doce (2012), fue recibida por secretaría de este Tribunal la instancia contentiva del Recurso Contencioso Administrativo, instrumentada por los licenciados O.A.R.H., A.J. y B.F. de León Reyes, actuando en representación de la entidad AES A.B.V., contra la Resolución No. 06-2012, de fecha 17 de abril de 2012, emitida por el Ayuntamiento Municipal de La Caleta, y del Certificado de Deuda No. 043, de fecha 02 de octubre de 2012.
La sociedad comercial AES A.B.V., como fundamento de su acción recursiva argumenta, en síntesis, lo siguiente: ''a) que la recurrente es una sociedad comercial organizada de conformidad a las leyes de Holanda, con inversiones significativas en la República Dominicana en los ámbitos de generación de electricidad, así como del negocio de importación, almacenaje y distribución de Gas Natural Licuado (GNL); b) que la recurrente se encuentra autorizada para realizar actividades de comercialización de GNL en virtud del Decreto No. 352-00, de fecha 04 de agosto de 2000, mediante el cual el Estado Dominicano le otorgó una concesión a los fines de construir y operar un puerto internacional de carácter privado en la Bahía de A., al Este de la Central Generadora, así como una terminal para la importación de GNL a Punta de C.; c) que no obstante lo anterior, la Junta del Distrito Municipal de La Caleta, quien no tiene competencia para establecer arbitrios y cuya demarcación territorial no abarca la sección de A., remitió a la recurrente la Factura 001 y la Resolución 06-2012, en fecha 23 de mayo de 2012, mediante los cuales se pretende el ilegal cobro de RD$43,505,000.00, por el infundado concepto de uso permanente del sub-suelo de dominio público del Distrito Municipal de La Caleta, y haciendo una aplicación retroactiva de la Resolución 06-2012, para abarcar desde el mes de enero de 2002 hasta la fecha; d) que el principio de legalidad administrativa es uno de los principios fundamentales de actuación de la administración pública, conforme prescribe el artículo 138 de la Constitución de la República, y en virtud de dicho principio, todos los órganos y entidades que ejercen función administrativa, entre los que figuran los Ayuntamientos Municipales, se encuentra subordinados al ordenamiento jurídico del Estado. La existencia de este principio conlleva para la administración la obligación de actuar conforme al derecho; e) que la vinculación de los órganos y entes administrativos al principio de legalidad, comprende un bloque de normas jurídicas a la cabeza de la cual se encuentra la Constitución y demás normas que integran el Bloque de Constitucionalidad, las Leyes Orgánicas y Ordinarias, los reglamentos, los demás actos normativos dictados por las propias autoridades administrativas dentro del ámbito de sus respectivas competencias y los principios generales del derecho; f) que el principio de legalidad de la actuación administrativa, en el caso que nos ocupa, ha sido groseramente desconocido por la Junta del Distrito Municipal de La Caleta, al emitir la Resolución 06-2012, mediante la cual establece una tasa municipal sin tener competencia para ello, y al expedir el certificado de deuda 043 que, además de sustentarse en una Resolución ilegal, contiene un acto administrativo de determinación retroactiva de pagos de la tasa municipal recién creada, en perjuicio de la empresa AES ANDRES, B.V.; g) que en adición a la incompetencia de las Juntas de Distritos Municipales para el establecimiento de arbitrios, el texto constitucional anteriormente transcrito también indica que la potestad tributaria de los Ayuntamientos está limitada a aquellos arbitrios que de manera expresa establezca la ley, los que en todo caso no pueden colidir con los impuestos nacionales, ni con el comercio intermunicipal o de exportación; h) que por otra parte, es preciso advertir que la Ley No. 176-07, no le otorga la facultad de establecer arbitrios ni tasas a la Junta del Distrito Municipal de La Caleta, pues las competencias de los Distritos Municipales han sido fijadas taxativamente por el artículo 79 de la misma, y dentro de estas no se encuentra la potestad de imponer tasas municipales; i) que al ser emitida la Resolución 06-2012, y el Certificado de Deuda 043, la Junta del Distrito Municipal de La Caleta, ha transgredido el principio de legalidad, lo que se sanciona con la nulidad, toda vez que, la existencia del principio de legalidad en la administración sería sin interés para los administrados, si el mismo no estuviese acompañado de medios efectivos para sancionar la violación al principio'', razones por las cuales el recurrente concluyó de la manera siguiente: ''PRIMERO: DECLARAR bueno y válido en cuanto a la forma el presente Recurso Contencioso Administrativo, por haber sido interpuesto en los plazos y en la forma establecidos en la Ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo...

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 138
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 79
 Resolución