Source: https://parcan.es/pub/ds.py/2017/82/3/
Timestamp: 2019-11-14 09:15:43+00:00

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Diario de Sesiones 82/2017, de fecha 12/7/2017 - Punto 3 - Parlamento de Canarias
DS 82/2017 (12/jul/2017)
Diario de Sesiones 82/2017, de fecha 12/7/2017 - Punto 3
9L/C-1171 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA CANARIAS (NC), SOBRE MEDIDAS PARA REGULAR EL ALQUILER VACACIONAL.
La señora PRESIDENTA: Vamos, señorías, ahora al debate acumulado de las comparecencias 761 y 1171. La primera, proponente el Grupo Popular y la segunda, el Grupo Nueva Canarias, ambas a la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, relativas al alquiler vacacional.
En primer lugar, para la defensa de su iniciativa, sería el Grupo Popular. Por tiempo de cinco minutos, para su defensa, la señora Astrid Pérez. Señora Pérez... (La señora Pérez Batista consulta con la señora presidenta mientras se dirige a la tribuna de oradores).
No, la primera son cinco y después se incluye a doce. Son cinco-cinco-doce... No, vamos a ver, esperen a ver si hay algún error, esperen un momento. (La Presidencia consulta con el señor letrado-secretario general. Pausa).
Señorías, siempre ha sido -igual puede ser un error- cinco y cinco los proponentes, doce el Gobierno, cuatro el resto de los grupos, once para finalizar los grupos proponentes y al final cierra el Gobierno con doce. Ese es el acuerdo que siempre se ha mantenido. Siempre, siempre. Está en el guion, además. Es el que siempre mantenemos, señorías, por eso yo pensé, digo, me puedo haber equivocado, pero están aquí, ¿vale? Están aquí los acuerdos que hemos adoptado siempre. Gracias.
Cinco minutos, señora Pérez.
La señora PÉREZ BATISTA: Muy bien, gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera.
Desde el año 2014, o sea, desde hace más de tres años, el Grupo Popular lleva planteando en este Parlamento y al Gobierno canario la necesidad de regular el alquiler vacacional desde criterios de rigurosidad y, ante todo, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica de nuestra comunidad autónoma.
Y, miren, lo hemos reivindicado porque entendemos que la ordenación de la vivienda vacacional debiera ser uno de los pilares fundamentales para cualquier destino que, como Canarias, aspira a ser turísticamente sostenible. Y ello porque -nadie lo pondrá en duda- supone una equitativa redistribución de los ingresos y de los beneficios de la industria turística, además de por el desarrollo social que ello propicia.
Señora consejera, la regulación del alquiler vacacional es una exigencia social y económica, y por ello llevamos tres años, ¡tres años!, exigiendo al Gobierno canario un marco regulatorio adecuado para ordenar y regular la oferta de viviendas de alquiler turístico. Un mercado alojativo que acoge, según datos de su propio Gobierno, un total de 29 931 viviendas, por tanto, representa el 23 % de la oferta alojativa en Canarias.
(Abandona su lugar en la Mesa la señora presidenta. Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio).
Sin embargo, a pesar de los datos que hemos planteado, en el año 2015 el Gobierno canario nos sorprende con un decreto que regula la actividad de una manera muy deficiente, consejera, muy deficiente, alejado absolutamente de la realidad social, económica y turística de Canarias. Un decreto que vulnera, como hemos dicho en innumerables ocasiones, vulnera y limita derechos constitucionales, prescindiendo, además, de los más elementales criterios de eficiencia y de economía sostenible. Un decreto, consejera, que salió de la mesa de los hoteleros, del sector hotelero, y ha dado la espalda y sigue dando la espalda a todos los acuerdos que se habían transado con el sector afectado y, sobre todo, dando la espalda a todos los canarios. Un decreto que, en vez de dotar de seguridad jurídica a esta actividad económica, lo único que ha hecho es generar aún más desconcierto, más inseguridad jurídica y una migración del turismo de las zonas turísticas a las zonas residenciales.
Pero es que, además, es paradójico porque la vivienda vacacional no es una actividad reciente en Canarias: existe desde hace más de cuarenta años y, sin embargo, Canarias es la única comunidad autónoma de España -de entre las importantes, desde el punto de vista turístico- que excluye la vivienda vacacional de las zonas turísticas y de los suelos turísticos.
El Partido Popular ya en su momento presentó alegaciones a este borrador de decreto; alegaciones, además, cuya rigurosidad ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. También, en el mismo sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lleva desde julio de 2015 exigiendo y requiriendo al Gobierno canario que modifique sus decretos, sus preceptos, en tanto en cuanto entiende injustificadamente prohibido o restringido el uso vacacional en zonas turísticas. También, en el mismo sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado cuatro preceptos. Un varapalo judicial que ha sufrido el Gobierno y, a pesar de ello, el Gobierno canario mantiene en vigor este Decreto 113/2015.
Señora consejera, el Gobierno, que debería haber modificado el decreto tomando como argumentación jurídica lo manifestado acertadamente por el tribunal, hace exactamente lo contrario: recurrir las sentencias para prorrogar el caótico statu quo, pero, sobre todo, también para acrecentar la incertidumbre y la inseguridad jurídica en el sector. Por ello, nos gustaría que, con criterios de realismo, que nos contara, nos expusiera, nos informara, con exactitud y con concreción, cuáles han sido los objetivos del Gobierno de Canarias para recurrir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No nos digan que han recurrido la sentencia para dotar de una mayor garantía y seguridad jurídica, consejera, eso no, porque me temo que cae por su propio peso y no se lo cree nadie. Espero que nos dé una explicación real de por qué se ha producido este planteamiento.
Y por último, hace algunos meses decía que, bueno, que este decreto, esto del alquiler vacacional debía ser regulado por una norma estatal y, sin embargo, hace una semana dice usted que debiera ser regulado por los cabildos insulares. Nos gustaría también que nos resolviera estas dudas. Y, reitero, si pudiera ser con mayor grado de concreción de lo que lo ha hecho usted en las últimas comparecencias que hemos planteado desde el Grupo Popular sobre este tema en estos dos años.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Gobierno, tiene la palabra la consejera de Turismo, la señora doña María Teresa Lorenzo Rodríguez... (Se suscitan comentarios en la sala).
Disculpe, señor Rodríguez, me confundí con la anterior. Tiene la palabra el señor Rodríguez en nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.
Antes apuntábamos alguna idea al respecto: el turismo es esencial en nuestra estructura productiva, ha resistido una de las peores crisis de nuestra historia en estos últimos años, está en un momento de crecimiento, cierto es que cuantitativo, en términos de visitantes, e incluso de facturación, y, como todos los procesos complejos, necesita ordenación, planificación, regulación para que esté orientado al servicio del interés general y no solo de los intereses particulares o de coyuntura que siempre se imponen.
Es sorprendente que en nuestro Estatuto de Autonomía tengamos competencia exclusiva en esta materia. Estamos hablando del sector económico más relevante de nuestra estructura productiva, insustituible sector; por lo tanto, gobierno pleno en materia turística. Desde luego, los que somos nacionalistas ambicionamos esto, que seamos capaces, en virtud de la autonomía política, de poder decidir organizar las cosas. El problema es que, cuando uno se compromete en el autogobierno, luego hay que gobernar las cosas bien, ¿no?, y es ahí donde yo creo que estamos fallando. Y un buen ejemplo es el alquiler vacacional.
Sabemos que este es un fenómeno mundializado, inicialmente con una cobertura de economía colaborativa, y luego se ha impuesto, como era elemental concluir, que la mundialización también de grandes corporaciones que controlan desde lejanos lugares millones de viviendas al servicio de la especulación, sin tener en cuenta los intereses de las comunidades locales, sin tener en cuenta los intereses económicos de los lugares que gestionan...
Leía estos días un artículo de opinión, de un científico norteamericano, que ponía en cuestión la mundialización de esas nuevas maneras de proceder a través de las redes sociales, de las páginas web como el mayor peligro para la degradación de los derechos de los trabajadores y el mayor peligro para los intereses de las comunidades locales. Y con el alquiler vacacional tenemos un magnífico ejemplo.
En estos momentos, se constituye como un fenómeno de altísimo riesgo para los destinos turísticos más competitivos y más singulares. Y no hay que irse a otro continente, que hay ejemplos en todos los continentes de la enorme preocupación y degradación que supone el alquiler vacacional desregulado, que es nuestro caso. Hay que irse a Cataluña o, más cerca todavía, porque el sistema es más parecido al nuestro, a Baleares para poner en evidencia que estamos ante un riesgo severo del sistema turístico que nos hemos dado, que, con sus defectos, no deja de ser nuestra principal economía.
Nosotros somos firmes partidarios de la intervención, de la regulación. Es una obligación de los poderes públicos, no es un esnobismo. Cuando tenemos competencias exclusivas en nuestro Estatuto, es para dotar a esta comunidad de la capacidad de ordenación, de intervención y de regulación, conforme a los intereses generales, con respeto a las leyes europeas, españolas y canarias. Y nosotros sostenemos que hay cobertura legal suficiente para decir que quien haga esta actividad tiene que ser una actividad económica, por lo tanto, empresarial y tiene que tener condiciones similares al turismo profesional. Nosotros estamos en contra de degradar lo que hemos conquistado. Hemos sido exigentes con los empresarios, seguimos siendo exigentes, para que sus instalaciones, para que las ratios de trabajadores, para que las condiciones laborales sean las mejores posibles, y luego, paralelamente, permitimos que gente haga esta actividad sin ninguna condición, generando una competencia terrible, deteriorando el destino y, en definitiva, deteriorando la actividad económica.
Nosotros, por lo tanto, reclamamos regulación en esta materia, y hemos tenido dos años de una regulación insuficiente y ahora cuestionada por los tribunales, y el Gobierno no ha actuado teniendo competencias para hacerlo. Y a nosotros esto nos parece mal. Ahora escucharemos las explicaciones.
Y además, creemos que hay otro problema con el alquiler vacacional, que es el impacto que tiene sobre las comunidades locales, sobre la convivencia, sobre las zonas residenciales. Nosotros estamos en contra de que se haga actividad económica en el 5.º B del edificio residencial equis. En contra. Porque la gente no compra una vivienda para residir para permitir que luego al lado a las tres de la mañana tengamos una juerga continua. Esto no puede ser: ni puede dañar al turismo profesional ni puede dañar la convivencia. Luego tendremos oportunidad de detallar cuáles deben ser los caminos, pero el único camino es una norma. Y no puede ser un decreto, ¡tiene que ser una ley! Escuchen bien: tiene que ser una ley, y esa va a ser nuestra propuesta a continuación.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora consejera doña María Teresa Lorenzo Rodríguez.
(La señora consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Lorenzo Rodríguez, hace uso de los medios audiovisuales).
La señora CONSEJERA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES (Lorenzo Rodríguez): Gracias, presidenta.
En 2010, el 10,3 % de los casi diez millones y medio de turistas que visitaron Canarias se alojó en viviendas de alquiler. Este uso se dirigía mayoritariamente al que demandaban turistas con estancias largas en nuestras islas, que llegaban incluso a ser de una temporada completa.
En los últimos siete años, la irrupción de nuevas formas de comercialización e intermediación en el mercado turístico, representadas por las plataformas digitales peer to peer, han aumentado de forma extraordinaria la capacidad para ofertar y gestionar de forma directa y con acceso permanente a la totalidad de la demanda internacional viviendas en principio destinadas al uso residencial. La rápida penetración y aceptación por parte de los usuarios de estas plataformas ha incorporado al mercado esta oferta, que ha pasado a centrarse en los alquileres de corta e incluso muy corta estancia.
Si bien este cambio está afectando de diferente manera a los destinos urbanos y a los de sol y playa, en ambos casos la oferta de viviendas de uso turístico, en Canarias denominadas viviendas vacacionales, ha multiplicado las transacciones comerciales y está transformando el mercado del alojamiento turístico.
Mientras que en los destinos urbanos los retos a los que se enfrentan las ciudades tienen fundamentalmente que ver con aspectos propios de la convivencia, de la configuración y el uso de la ciudad por parte de sus ciudadanos, los destinos de sol y playa se enfrentan a un modelo de explotación del alojamiento que se genera al margen de la planificación urbanística orientada al turismo, porque se trata de viviendas residenciales, y una importante competencia con el modelo de explotación de otras modalidades de alojamiento, como el de apartamentos turísticos, los hoteles urbanos, los hoteles rurales, casas rurales, casas emblemáticas, etcétera. En ambos casos, la compatibilidad o no de los usos residenciales y turísticos y, por tanto, la configuración de la ciudad como ciudad turística, ciudad residencial o espacio común de convivencia es uno de los ejes sobre los que se mueven las diferentes posiciones.
Los cambios en el comportamiento de los turistas, con un claro aumento en su deseo de disfrutar de experiencias más auténticas, el creciente número de personas que en todo el mundo, pero especialmente en Europa, hacen turismo más de una vez al año con estancias más cortas, todo ello está configurando el nuevo panorama de la vivienda turística en Canarias.
Los legítimos intereses de cada una de las partes en liza se han manifestado, por lo menos hasta ahora, difícilmente complicados de reconciliar. Seguiremos intentándolo. Personas e instituciones se han amparado en declaraciones de principios, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de mercado, a la libertad de competencia, el derecho a la vivienda, la estabilidad del modelo turístico y el éxito actual del modelo de Canarias, las bondades de la economía colaborativa, la necesaria democratización del turismo, etcétera, que a menudo han escondido intereses no explicitados y han entorpecido posibles acuerdos.
En cuanto a la legislación, conocen bien que tras la aprobación, en las Cortes Generales en el año 2013, de la oferta de alquiler destinada a usos turísticos, que estaba regulada por la LAU, recayó en el ámbito de legislación autonómica. El Gobierno de Canarias aprobó el Decreto 113/2015 el 22 de mayo, por el que aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales. Contra este decreto, como saben, a lo largo del 2015 y el 2016, el Tribunal Superior de Justicia admitió cinco demandas: tres de ellas interpuestas por particulares y otras dos por Fevitur -la Federación Española de Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos- y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. De las cinco demandas, ha resuelto el tribunal sobre cuatro y se ha presentado ante el Supremo un recurso de casación contra dichas sentencias porque entendemos que hay fundamentos, señora Pérez, para así recurrir en casación que nos asisten fundamentos, como digo, jurídicos para hacerlo.
Resta por emitirse la sentencia a la demanda interpuesta por la Federación Española de Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos, pero todos estos pasos jurídicos no han impedido que la consejería esté trabajando para regular de una mejor manera -porque está regulado, señor Román, tenemos un decreto y está regulado, no está desregulado-, regular de una mejor manera, en la que se puedan conciliar distintos intereses y también atender, como digo, a los distintos derechos. Derechos al libre mercado, competencia, pero también derecho a la propiedad y a las condiciones de vida de las viviendas, y también a la disponibilidad de viviendas, por supuesto.
Estamos trabajando y hemos mantenido varias reuniones recientes con los cabildos para ir avanzando en un modelo de decreto. Tenemos ya un modelo de decreto, de decreto o, como usted bien decía, de modificación de la ley turística, que probablemente tenga que ir a través de una ley turística, porque son aspectos que debe regularse por ley, probablemente. Pero estamos trabajando ya en esos aspectos que se van a regular y hemos mantenido distintas reuniones, como digo, muy recientes con los cabildos porque son ellos instrumento del Gobierno de Canarias para la aplicación de los distintos..., bueno, en este caso, de esta normativa. Tienen un papel muy importante que ejercer y, por tanto, debe haber un primer consenso, digamos, a nivel institucional a la hora de afrontar una normativa que puedan ejecutar después los propios cabildos y/o ayuntamientos a través de sus modificaciones de ordenanzas, etcétera, que puedan ellos también intervenir.
Por supuesto, hemos recibido muchas críticas por la aparente lentitud. Entiendo que, bueno, a todos nos preocupa el fenómeno de la vivienda vacacional, no es únicamente de Canarias. Como ustedes saben, es un fenómeno mundial, todas las comunidades autónomas están teniendo que afrontar una modificación normativa o, digamos, contemplar la situación y buscar soluciones. A nivel mundial sabemos de muchísimos ejemplos en muchísimas ciudades, que en unas los tienen prohibidos, pero aun así no consiguen, digamos, controlarlo o que se regule de una forma mejor. Pues Canarias no está exenta de esa complejidad y por eso estamos trabajando en ello.
Me gustaría avanzarles datos del nuevo informe de la actualización de la vivienda vacacional a 31 de diciembre de 2016. En esta Cámara hace un año pude presentar los datos del 2015, yo creo que es interesante, pues, ir actualizando datos. Ya podemos tener dos ejercicios continuos, no es una serie histórica, pero ya avanzamos y para poder analizar el fenómeno y poder tomar decisiones es necesario tener esos datos nuevos.
En primer lugar, como saben, el estudio está colgado en la página web del Gobierno de Canarias, en turismo, como el año pasado. El estudio lo realiza la empresa inAtlas, una empresa especializada en consultoría, en big data, que, además, ha ofrecido servicios a la Generalitat de Cataluña, a Barcelona, a la ciudad de Barcelona, o sea, está realmente donde está más avanzado el tema, digamos, de la normativa y de las normas a exigir a las plataformas, etcétera, esta empresa está especializada en estos temas y nos ha actualizado el informe.
El informe se estructura en demanda, canal y oferta, como el año pasado. En cuanto a la demanda, a los datos de la demanda, pues tenemos que, de los casi 15 millones de turistas que vinieron a Canarias, 1 290 000 vinieron y se alojaron en viviendas vacacionales. Con respecto al peso del total de los turistas que vinieron a Canarias, representa un 8,61 % del total. Ha bajado un poco la cuota que representan los turistas alojados en vivienda vacacional con respecto al resto de alojamientos: el año pasado estábamos en el 10 % y este año en el 9 %. Ese es un dato que quería destacar porque es interesante.
En cuanto al incremento de la demanda, pues, se ha producido un incremento del 24 %. En línea, quizás más, pero en línea, con el crecimiento espectacular de la demanda turística en Canarias -en toda España-, como recordarán el año pasado, que vinieron esos 15 millones, eso representó un 12 % más que el año anterior; en este caso, incremento de turistas que se alojaron, es decir, la demanda de viviendas vacacionales se incrementó en un 24 %. Pero es importante recordar que, con respecto a la cuota que representa esta modalidad de alojamiento, no está cambiando la configuración del alojamiento en Canarias, porque está por debajo incluso que el año anterior, estamos por debajo del 10 % de la cuota del total del alojamiento en Canarias.
Más datos. Con respecto al canal, pues, de los 52 828 anuncios, ha habido un índice de repetición del 43 %, que, como saben, siempre se excluye. Destacar que el 61 % de la cuota de todos los anunciantes ya lo suman las dos plataformas más importantes: Airbnb y HomeAway. Como verán, este es un dato significativo. Y, bueno, pues son empresas que, efectivamente, no dejan sus recursos precisamente aquí, pero son las que están copando principalmente todo el canal de oferta de comercialización.
También destacar que un 17 % de las camas son anuncios de una sola vivienda; el año pasado era un 14 %. Este dato es importante para saber si los anunciantes son profesionales o son personas particulares. Por tanto, tenemos que un 17 % de las camas las poseen un solo..., digamos..., o sea, que tienen una sola vivienda... Perdón: los anunciantes con una sola vivienda representan el 17 % de las camas. Esto también es importante, es decir, que el resto, el porcentaje restante, un ochenta y pico por ciento, son empresas, digamos, negocios de comercialización de viviendas.
Con respecto a la oferta, el estudio cuantifica que en Canarias en el año 2016 hubo 29 931 viviendas: ha crecido un 6 % la oferta de viviendas. La demanda decíamos que crecía un 24 %, la oferta ha crecido un 6 %. En un entorno, digamos, de una situación económica de bonanza, está en unos términos razonables de crecimiento de la oferta, no es un boom de la vivienda vacacional; sí es un boom turístico, pero no de la vivienda vacacional. De esas casi 30 000 viviendas, pues, son 130 000 camas, con un promedio de 4,33 camas por vivienda, y, como digo, ese crecimiento son 1743 viviendas más que el año anterior, ese 6 %. Y también el dato que merece la pena destacar es que, de esas camas, de esas 130 000 camas en viviendas vacacionales, 5500 son las que se comercializan sueltas. Tampoco es un peso muy importante o preocupante, no es un modelo al que queremos aspirar, el del alquiler de camas sueltas. Por tanto, es un dato que todavía se mantiene.
Como verán, del total de viviendas ofertadas, 29 000 representan un 23,43 % de todo el total de la oferta de Canarias, un 23 %. El año pasado estaba entre el 24 y el 25 %, 24 %. En este año representa un 23 % del total de la oferta que ya se hace en vivienda vacacional.
En la configuración por islas, mantenemos un poco los mismos pesos: Tenerife sigue siendo la isla con más... Perdón, si me pueden pasar la transparencia anterior... (refiriéndose a la imagen proyectada por los medios audiovisuales). Tenerife es la... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un minuto adicional). La segunda isla con más viviendas vacacionales sería Lanzarote, con un 24 % del total de las viviendas de Canarias. Gran Canaria con un 19 %; Fuerteventura con un 12 %; un 4 % La Palma; 1 % La Gomera; menos de un 1 % El Hierro.
También destacar que, en Tenerife, la vivienda vacacional ya representa un 26 % de toda su oferta. En Lanzarote representa un 30 % de toda su oferta. En Gran Canaria, que podríamos pensar que en el sur de Gran Canaria debería estar más presente el fenómeno de la vivienda vacacional, sin embargo, representa un 15 % del total.
Es otra configuración, en Gran Canaria siempre han sido apartamentos, pero de alquiler de larga temporada. Igual todavía no han entrado... Seguro que muchos de ellos no han entrado en esto y estarán manteniendo esos contratos con los turoperadores de larga temporada por la LAU. Sin embargo, pensábamos que podría estar, pero no: un 15 % Gran Canaria.
Un 19 % de total de la oferta en Fuerteventura es vivienda vacacional. Un 35 %, si no lo veo mal (refiriéndose a la imagen proyectada por los medios audiovisuales), es en La Palma y un 33 % en El Hierro; La Gomera un 22 %. Es decir, en La Palma y en El Hierro más de un 30 %, un treinta y pico largo por ciento, es vivienda vacacional, de ahí la necesidad que muestran estas islas de que se regularice o de que la vivienda vacacional se pueda ejercer, porque forma parte de los activos que ellos tienen para, digamos..., las camas que ellos necesitan para que haya turistas y no excursionistas, como a veces nos dicen, y que puedan pasar muchos días en El Hierro.
Bueno, son los datos principales que quería destacar...
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Señora consejera, en esta primera intervención ya le he dado un minuto de más, aparte de los doce que tenía, ¿quiere seguir y se lo detraigo de la segunda o prefiere seguir?
La señora CONSEJERA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES (Lorenzo Rodríguez): Continúo en la segunda.
Pasamos a la intervención de los grupos no solicitantes de esta comparecencia. En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra su señoría el señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea.
Bueno, queda claro que el Decreto 113/2015 es otro ejemplo más de improvisación del que hablábamos en la anterior comparecencia.
En las islas occidentales, tenemos una ordenación turística singular en nuestra propia ley y, por lo tanto y por supuesto, aspiramos a favorecer la calidad de los alojamientos y a incentivar la renovación de la oferta de estas listas.
El decreto del alquiler vacacional, del que ya hemos hablado varias veces, pues, vuelve a ser motivo de máximo interés, primero, por el estudio ya presentado sobre "Vivienda vacacional en Canarias 2016. Análisis de la evolución de su demanda, oferta y canales"; y, por otro lado también, pues, por las sentencias del Tribunal de Justicia de Canarias, que ha anulado el artículo 3.2 del Decreto 113/2015, que excluía la oferta de viviendas vacacionales de las zonas turísticas o de aquellas de uso mixto. Esta segunda sentencia viene a confirmar, una vez más, lo que veníamos defendiendo desde la Agrupación Socialista Gomera, y es que una cosa es regular la actividad y otra muy distinta es impedirla poniendo el mayor número de trabas posible al alquiler vacacional.
Como bien saben, permitir la modalidad de usos de alquiler vacacional en una isla como La Gomera es una necesidad imperiosa, de ahí que pusiéramos una enmienda en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que, por supuesto, fue aceptada.
En este sentido, desde nuestro grupo consideramos que, ya aprobada la Ley del Suelo, a partir de su entrada en vigor el próximo 1 de septiembre, esta se convertirá en un instrumento esencial para resolver el alquiler vacacional en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, pues este modelo encaja perfectamente con las necesidades de las islas occidentales y siempre ha convivido con la oferta hotelera sin mayor problema.
Nos hemos encargado de asegurar la unidad de explotación en esta enmienda; creemos que esto es muy importante, pues una cosa es que queramos diversificar la oferta y otra totalmente diferente es que nos vayamos a cargar la actividad tradicional. También con esto pretendemos evitar que aquellos pequeños empresarios que tengan varios apartamentos en un complejo se den de baja de apartamento para luego darse de alta como vivienda vacacional, porque, al exigírseles menos requisitos, es una tentación que sienten estos pequeños empresarios, como ya también explicó el señor Román. Al tener menos requisitos puede suceder esto, de ahí que también se le tengan que poner a las viviendas vacacionales esos mismos requisitos que se exige a los apartamentos.
La oferta de turismo convencional no es incompatible con el turismo de alquiler vacacional, y el caso de Valle Gran Rey es un claro ejemplo de ello.
La regulación, como ya dije, importantísima; y ya usted ha dicho, señora consejera, que se regulará la actividad por dos vías: fijando la capacidad de carga de cada lugar y exigiendo a esos alquileres varios requisitos de calidad y seguridad. Lo que sí le decimos es que los establezcan ya, cuanto antes, porque, como ya dije anteriormente, a partir del 1 de septiembre se podrán dar de alta esas viviendas vacacionales en las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma y necesitamos que se establezcan esos criterios.
También la capacidad de carga es fundamental para evitar problemas como los que ya también adujo el señor Rodríguez, como son la convivencia en las zonas de residencia o la falta de alquiler para vivienda o su correspondiente encarecimiento.
En fin, señora consejera, la animamos a que esta legislación -estamos de acuerdo en que tiene que ser también una ley- salga lo antes posible, y que sea propicia para que no nos carguemos el modelo al que queremos aspirar en un futuro y tengamos el mayor número de visitantes posible.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora doña Asunción Delgado.
La señora DELGADO LUZARDO: Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señorías.
La comunidad autónoma canaria es competente para regular la actividad económica del alojamiento turístico, pero no para regular las obligaciones contractuales entre particulares.
Usted debe saber, señora consejera, que esta comunidad autónoma no tiene competencia en materia de derecho civil, tal y como dice el artículo 149.1 de la Constitución. Por tanto, este tipo de contratos privados, de cesión temporal de la vivienda vacacional ahora mismo se encuentra en un limbo jurídico y es al Estado al que le corresponde aclarar cuál es su normativa de aplicación.
Por otro lado, con respecto al alquiler vacacional en suelos de uso turístico, el artículo 3.2 del decreto canario no lo prohíbe, simplemente dice que no le es de aplicación. Hacer creer a la opinión pública que está prohibido es tergiversar, y denunciar a la gente, como están haciendo los inspectores que ustedes han contratado, para perseguir esta actividad, es una atrocidad; y no solo porque no tenga competencias en materia de derecho civil y, por tanto, es que no los puede prohibir, sino que, además, es que están vulnerando el artículo 33 de la Constitución española sobre el derecho a la propiedad. Es más, al dejarlo fuera del decreto canario, no lo están considerando como actividad económica y, por tanto, se debe regular por la Ley de Propiedad Horizontal; de hecho, en el IRPF, el alquiler vacacional se declara como rendimiento de capital inmobiliario y no como actividad económica.
Pero mire, es que no solo no se les ha caído la cara de vergüenza aprobando y manteniendo un decreto que es claramente inconstitucional, sino que, además, no tienen pudor, dejándose presionar por el sector hotelero y perjudicando a miles de personas que tienen derecho a conseguir una renta a su segunda vivienda o incluso a parte de su propia casa.
Y lo más increíble es que se atreven a hacerlo porque es que aquí, en Canarias, no pasa nada, y se sienten tan impunes que, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón a la Comisión Nacional de la Competencia por el claro privilegio que ustedes han otorgado a unos propietarios, los hoteleros, frente a otros propietarios, las personas normales y corrientes, ustedes, en vez de regular lo que sí deben y pueden hacer, que es el aspecto administrativo de esa actividad, se enrocan y presentan un recurso al Supremo. ¿Y el dinero público que cuesta ese recurso? ¿Y el dinero público que estamos gastando para pagar todos los juicios que está perdiendo el Gobierno canario ante los recursos de la gente que está siendo sancionada por los inspectores de esa consejería que usted preside?
Termino resumiendo lo que deseamos en nuestro grupo parlamentario. Regular el alquiler vacacional de forma que se beneficie al máximo número de personas y en toda Canarias. Que se reparta de la forma más equitativa posible, y por eso hay que estudiar la posibilidad de limitar a dos propiedades por persona. Que favorezca sobre todo a la gente más desfavorecida, por eso no debe ser una actividad profesionalizada y debe declararse en el IRPF como rendimiento de capital inmobiliario. El 20 % del rendimiento del capital inmobiliario que se tiene que pagar es mucho más que lo que pagan en impuestos las grandes cadenas hoteleras. Mire, que se limite el número de turistas para evitar la masificación y la turistificación, que, además, debe ser diferente según las zonas: desde el 100 % de turistas en las zonas turísticas hasta el 10 %, a lo mejor, en zonas rurales, pasando por el 20 % en ciudades y núcleos urbanos. Aunque, por supuesto, el peso relativo entre turistas y residentes de forma concreta debe decidirse por cada municipio, pueblo y barrio y, por supuesto, por la propia comunidad de vecinos. Que se implante una tasa al turista en la entrada de puertos y aeropuertos, de solo un euro al día, para que turismo también aporte a toda la sociedad canaria. En definitiva, permitir y restringir para que beneficie a todo el tejido socioeconómico de la zona, con el menor impacto territorial, el mejor equilibrio posible entre turistas y residentes y la mayor contribución fiscal para que llegue a toda la sociedad canaria.
Creemos que no es tan difícil, señora consejera, cuando se tienen las ideas claras.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría la señora diputada doña Rosa Bella Cabrera Noda.
La señora CABRERA NODA: Gracias, señora presidenta. Buenos días nuevamente, señora consejera.
El Gobierno y, principalmente, la Consejería de Turismo y Política Territorial tienen, si se me permite la expresión, un papelón. Lo llevan teniendo desde hace mucho tiempo: formular una propuesta de modificación del decreto de alquiler vacacional, que es materialmente imposible que concilie los intereses de todos los sectores implicados. No es que exista necesidad de modificación, como usted bien sabe, sino urgencia de proceder a la misma.
El papel del consumidor turístico que contrata directamente sus servicios sin un turoperador como intermediario está cada vez más en auge, auspiciado por una normativa europea caracterizada por la liberalización de servicios y, sobre todo, por la oferta online.
El Gobierno y el Parlamento decidieron hace tiempo, con un criterio que compartimos, que las islas debían contar con una regulación de la oferta turística, de la alojativa y de la complementaria. Sin embargo, va a existir un conflicto de intereses con los que sí cumplen con los estándares. Hay una necesidad expresa de adaptar una realidad vieja a los nuevos tiempos, lo que obliga a la Administración a establecer un marco normativo que les dé cabida y sea sensible respecto a la vivienda de alquiler vacacional, la cual, sorprendentemente, tiene un peso y un alcance mayor del que cabía suponer.
Seguimos esperando la tan necesitada modificación del decreto de alquiler vacacional y, una vez más, volvemos a tratar el tema, sin respuestas a las reiteradas solicitudes planteadas por los distintos grupos parlamentarios. Estamos ante una realidad a la que hay que dar soluciones ante los efectos negativos que se han venido generando a lo largo de todo este tiempo transcurrido.
Para el Grupo Parlamentario Socialista es tan relevante la clasificación del suelo en el que se encuentran los inmuebles como la tipología del mismo que se destina a tal fin. Insistimos en la necesidad de que se articule una serie de criterios de calidad y excelencia que permitan seguir ofreciendo un servicio de nivel que posibilite conservar nuestro puesto en el mercado turístico internacional, al mismo tiempo que defendemos la necesidad de simplificar los trámites administrativos que deben seguirse para desarrollar la actividad del alquiler vacacional.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista seguiremos apostando por reforzar las medidas de coordinación con los sectores relacionados con la actividad turística y vacacional con el fin de que el proceso de actualización y modernización del decreto se realice con el mayor consenso posible, a partir de una sólida base técnica que dé respuesta a las dificultades que existen.
Insisto, señora consejera: urgen la modificación del decreto y ofrecer alternativas que den salida a las problemáticas que se han ido planteando a lo largo de todo este tiempo.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario tiene la palabra su señoría el señor diputado don David de la Hoz Fernández.
El señor DE LA HOZ FERNÁNDEZ: Buenos días, señorías. Gracias, presidenta.
Óptima es la medida o justa es la medida, ¿no? ¿Cómo hacerlo? El Partido Popular hablaba de exigencia social y económica, hablaba de tres años pidiendo regular. Gran parte, señora Pérez -que no la veo ahora por aquí por el hemiciclo- está regulado -¡ah, está ahí, perdone!-. Está regulada esta modalidad, si bien es cierto que nos han tumbado en primera instancia o en segunda instancia el decreto. Sí me gustaría saber en qué se ha basado el Gobierno en la defensa de ese recurso de casación, supongo que en esta segunda parte la consejera nos lo podrá explicar.
Pero aquí ha habido dos intervenciones, tanto de la portavoz de Podemos como del portavoz de Nueva Canarias, donde han planteado cuestiones más allá de las otras intervenciones de los otros portavoces, que han hablado, en este caso, el Partido Socialista, de efectos negativos, de exigir criterios de calidad, del mayor consenso posible. Pues bueno, en esta Cámara vemos dos modelos o tres modelos diferentes, ¿no?, desde el Partido Popular, que quiere liberalizar, pero por otro lado quiere mantener calidad, sostenibilidad, etcétera, etcétera. La portavoz del partido de Podemos habla de que tiene que llegar a las máximas personas posibles, beneficiar, que la economía que genera el sector turístico llegue a la mayor población posible y, por lo tanto, habla de limitar hasta dos viviendas, no sé si eso será posible. Pero el portavoz de Nueva Canarias habla de regular, habla de, incluso, prohibir la actividad de alquiler vacacional en edificios comunitarios.
Estamos hablando de una complejidad enorme y lo que ha hecho el Gobierno es, inicialmente, hacer estudios de cuál es la realidad de Canarias; la realidad, además, de cada una de las islas -es diferente la actividad turística, el modelo turístico de una isla a otra-, y lo que toca ahora es poner propuestas arriba de la mesa.
Le decía, señora consejera, en mi última intervención al respecto -fue una pregunta hace unas semanas en un pleno-, que, hecho ya el análisis de la situación, sería bueno, interesante, importante, en aras del consenso, en aras de escuchar las soluciones que se están planteando, globalmente, porque este es un problema global... Algunos han subido el impuesto hasta el 21 %, algunos han reducido la posibilidad de alquiler vacacional temporalmente, dos meses, tres meses, otros han incluido tasas turísticas... O sea, hay una variedad enorme de intentos de solución, de parchear, de controlar esta actividad.
¿Cómo somos capaces de mantener la convivencia de los usos residenciales y turístico? Nosotros nos hemos dado una fórmula, un modelo turístico que planteaba un espacio donde sí cabe la actividad turística de alojamiento y un espacio donde no. Es como la zona industrial: aquí podemos criar pollos y gallinas y aquí podemos alojar a los turistas. Mezclar los pollos con los turistas, pues, todos estamos de acuerdo o todos hemos estado de acuerdo en que no es bueno, y así ha caminado nuestra industria durante mucho tiempo.
Riesgos de la actividad turística de sobrexplotación, de carga de turistas que estamos sufriendo -pasamos ya los quince millones de visitantes- y esas sí son cuestiones en las que todos deberíamos estar de acuerdo: la sostenibilidad del destino. Si no tenemos la capacidad de ser sostenibles energéticamente de forma que podamos suministrar energía a estos espacios turísticos, estamos teniendo quince millones de chimeneas andantes; si no somos capaces de elevar el porcentaje de los alimentos producidos en Canarias, estamos generando un...
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la segunda intervención de los grupos proponentes de esta comparecencia.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría la señora diputada doña Astrid Pérez Batista.
La señora PÉREZ BATISTA: Bueno, yo tengo que reconocer cierta frustración.
Tengo que reconocer frustración porque yo recuerdo al señor Clavijo decir en abril del 2015 que, inmediatamente, con carácter urgente, modificaría el Decreto 113/2015 y era una de las prioridades que iba hacer, digo, con carácter inmediato y sin dilación. Y, sin embargo, llevamos dos años desde el Grupo Popular instando a la consejera a que nos plantee cuáles son los criterios, cuáles son los ejes principales sobre los que va a versar la modificación del decreto y no hay manera. No hay manera. No conocemos los criterios, los ejes, sobre lo que va a modificar, sobre el objeto de la modificación del decreto. Vamos a seguir intentándolo, yo les pido perdón a sus señorías porque puede ser muy tedioso que todos los plenos traigamos aquí la misma comparecencia, pero, evidentemente, todavía seguimos sin saber cuáles son los ejes vertebradores de esa modificación del decreto.
Pero, mire, desde el Grupo Popular, creo que deberíamos iniciar el debate de la problemática de la vivienda vacacional desde la visión y el análisis del modelo turístico que queremos para Canarias. Porque, no nos engañemos, la proliferación de la vivienda vacacional no es un fenómeno aislado, es consecuencia de la ruptura del modelo tradicional de mercado turístico que veníamos conociendo. Ruptura que, evidentemente, se está generando a nivel mundial.
Y, mire, lo llevamos debatiendo en este Parlamento desde la pasada legislatura: la introducción de las TIC -de las tecnologías de la información y de la comunicación- está suponiendo una nueva era en la concepción de los modelos turísticos y, por tanto, del mercado turístico. Señorías, señora consejera, no podemos afrontar la problemática de la vivienda vacacional bajo nuestros viejos y anacrónicos esquemas de un modelo turístico que se está quedando obsoleto. Porque tenemos que asumir que el turismo está experimentando y experimentará un cambio brutal en los próximos años y Canarias tiene la obligación de adaptarse a esa transformación.
Mire, en esta nueva era se está, por poner un ejemplo, generando la aparición del llamado viajero independiente frente al cliente tradicional de la turoperación. Un nuevo turista, además, potenciado por las compañías aéreas de low cost, que demandan en muchos casos una modalidad alojativa diferente a la hotelera; una de ellas es la vivienda vacacional.
Por tanto, desde el Grupo Popular entendemos que el descomunal incremento de la vivienda vacacional en Canarias es fruto de una nueva era turística que nos va a obligar a adaptarnos al nuevo mercado turístico, y no nos estamos adaptando. Desgraciadamente, este Gobierno canario lo que está haciendo es mirar hacia otro lado e intentar mantener esas estructuras obsoletas de un modelo turístico que se va a quedar obsoleto. Y le hago la misma pregunta que le he hecho durante estos dos últimos años, señora consejera: ¿van ustedes, desde el Gobierno canario, a acabar o a erradicar la actividad de la vivienda vacacional en suelo turístico? La respuesta es no. No lo van a hacer, no van a poder erradicar la vivienda vacacional del suelo turístico. Y como no lo van a poder hacer, lo que pido es que lo regulen, que lo ordenen, no está regulada la vivienda vacacional en suelo turístico, y que lo hagamos con una regulación normativa rigurosa y estricta con nuestra realidad socioeconómica y no parchearlo como han hecho en el año 2015 con el Decreto 113/2015.
Porque, consejera, señorías, este Gobierno no puede mantener la actitud caprichosa e ineficiente, ese empecinamiento absurdo de seguir manteniendo la prohibición de la vivienda vacacional en suelo turístico por una premisa que cae por su propio peso, y es que la actividad de la vivienda vacacional en suelo turístico va a seguir desarrollándose y el Gobierno no va a poder acabar con ello. Por tanto, partiendo de esta premisa realista, no nos queda otro remedio, no le queda otra, al Gobierno canario, otra opción que regular y ordenar la actividad como lo ha hecho el resto de las comunidades autónomas.
Señorías, por tanto, tenemos un problema grave en Canarias. Tenemos un Gobierno sin rumbo, un Gobierno a estas alturas que sigue desconcertado, un Gobierno que no tiene ni planificación ni estrategia turística en lo que respecta a nuestro futuro modelo turístico.
Mire, señora consejera, señorías, en Canarias, tradicionalmente, hemos implantado el modelo turístico de alojamiento hotelero del todo incluido. Un modelo que nos ha traído riquezas a Canarias, pero un modelo en el que, no nos engañemos, los beneficios económicos del sector alojativo en Canarias se repartían entre pocos, y la mayoría de esos pocos con capital no canario y que, además, no tributa en España la mayoría de esos pocos. Un modelo turístico muy parecido al que tenemos en el Caribe, en Centroamérica, el Sudamérica; un modelo en el que los beneficios son para los grandes hoteleros mientras la población se mantiene en altos niveles de pobreza y desempleo. Igual ocurre en Canarias: nuestros niveles de pobreza y desempleo son extraordinariamente altos, si bien es cierto que no llegamos a los niveles de esos destinos turísticos gracias a las políticas de la Unión Europea y de España.
Y existe otro modelo, que es el que defendemos desde el Grupo Popular: un modelo que genera beneficios turísticos para todos. Beneficios para los grandes hoteleros, beneficios también para las familias canarias y también para el comercio local, para nuestros empresarios locales, para nuestros restaurantes, nuestros supermercados, esos que se encontraban en zonas turísticas y que estuvieron pasándolo muy mal hace algunos años. Ese es el modelo nuestro, el de una economía turística sostenible y beneficiosa para todos; no para unos pocos, para todos. Un modelo cuya modalidad alojativa debe ser, predominantemente, la hotelera -¡evidentemente que tiene que ser predominantemente la hotelera!-; pero donde se complementen, no compitan, se complementen, también el alojamiento extrahotelero y también la vivienda vacacional.
¿Cuál de estos dos modelos queremos, señora consejera? ¿El de usted, el del todo incluido, o queremos un modelo sostenible, que es el que plantea el Partido Popular, en el que haya una redistribución de la riqueza? Mire: redistribución de la riqueza, pero eso les corresponde a ustedes. Y siento frustración al ver cómo usted en dos años lo único que ha hecho, señora consejera, es seguir manteniendo o imponiendo su modelo turístico, que, dicho sea de paso, se va quedando anacrónico, que es el del todo incluido, con esos niveles de desempleo y paro que tenemos en Canarias. Nosotros planteamos el otro, que, evidentemente, es mucho más eficiente y, desde el punto de vista..., sostenible.
Señora consejera, en las numerosas comparecencias que usted ha realizado a este Parlamento, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, usted ha manifestado que no modifica el Decreto 113/2015 y ha dicho que porque era muy complicado, porque distorsionaba nuestro modelo turístico. Pero hace apenas una semana, junto al responsable del informe que usted ha encargado a la empresa Intelligent Atlas sobre el alquiler vacacional, manifiestan, usted y el encargado de ese informe, que la actividad no distorsiona el mercado turístico de Canarias. Consejera, ¿cuál de las afirmaciones es cierta? ¿Cuál? ¿La de hace estos dos años, que ha dicho usted que esto es muy complicado porque distorsiona nuestro modelo turístico, o la que manifestó ayer, de que no distorsiona el modelo turístico? ¿Distorsiona la vivienda vacacional el modelo turístico o no?
Le ha costado, como dice el refrán, aunque nunca es tarde cuando la dicha es buena y, por fin, para ello ha tenido que estar durante dos años encargando muchos estudios y, después de todos esos estudios, usted finalmente nos da la razón al Partido Popular cuando decíamos que la ordenación y regulación del alquiler vacacional no distorsionaba su modelo turístico.
Además, me ha sorprendido: yo pensé que el Gobierno canario, cuando había aprobado el Decreto 113/2015, había hecho numerosos estudios y absolutamente rigurosos para poder aprobar este decreto. Sin embargo, vemos que no. Siguen, después de aprobar un decreto tan complicado y tan importante, como usted ha manifestado, es curioso que ahora sea cuando ustedes llevan dos años haciendo estudios y estudios para adaptar la realidad de la vivienda vacacional a Canarias. O sea, absolutamente surrealista y absurdo, consejera, lo que usted plantea aquí estos dos años que ha venido, absolutamente absurdo. Usted lo que quiere es dilatar el tiempo porque quieren seguir manteniendo el modelo turístico que, desde luego, no nos ha llevado en este momento por el camino deseado.
También nos preocupa la decisión que han adoptado ustedes respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque usted, consejera, tendría que haber aprovechado y utilizar esa cobertura jurídica para regular una realidad existente, que es la de la vivienda vacacional en suelo turístico.
Nosotros terminamos. Simplemente hacer una pequeña... Nos alegramos también de que el informe que usted ha encargado nos dé la razón respecto a que la problemática de la vivienda en las zonas residenciales nada tiene que ver con la vivienda vacacional. Lo ha planteado ese informe que presentó la semana pasada, lo plantea también el departamento de la Universidad de Barcelona. Porque, claro, algunos habían aprovechado y, en el intento de demonizar la vivienda vacacional, han dicho que, bueno, que esto de la dificultad de la adquisición y del precio de la vivienda en zonas residenciales se debía a la vivienda vacacional. Evidentemente, no.
Y aprovecho para decirles que hagan ustedes, por primera vez en quince años, una importante política de vivienda en Canarias y también, por qué no, planteen ustedes una ley para evitar lo que está ocurriendo con todas las viviendas vacías por parte de los bancos, que yo creo que son, junto con, evidentemente, el crecimiento económico que está sufriendo nuestro país, las causantes de los incrementos en las rentas para los arrendamientos convencionales; nada que ver con la vivienda vacacional.
Por tanto, terminamos. Desde el Grupo Popular volvemos a reiterar requerirle que nos diga cuáles son los criterios que va a plantear en la modificación del decreto vacacional y que, además, lo haga en consenso con el sector afectado y con la sociedad canaria.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): El segundo solicitante de esta comparecencia: tiene la palabra, en nombre de Nueva Canarias, su portavoz, el señor don Román Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Nosotros vamos a procurar en este tema tener un solo discurso, y no uno en el ámbito local, uno en Cataluña y otro aquí. Nosotros en Cataluña no estamos, pero nos leemos lo que dicen los catalanes, y también nos leemos lo que dice la gente de Baleares.
Nosotros creemos en un modelo turístico altamente profesionalizado, de mucha calidad, diversificado, que genere empleo y condiciones de trabajo dignas, que recupere los espacios obsoletos, sean públicos o privados. No creemos en la cantidad, creemos en la calidad. Estamos en contra de ese objetivo de 22 millones de turistas, vengan por donde vengan, porque las consecuencias y la capacidad de carga sobre la sociedad local son insostenibles.
De manera que nosotros nos reafirmamos en lo que hemos dicho en los últimos veinte años: turismo sí, de calidad, profesionalizado. Desde los empresarios a los trabajadores, con salarios dignos, con condiciones de trabajo adecuadas, con espacios públicos modernos y adaptados a los tiempos, con la renovación como mecanismo clave para la mejora del destino. Y rechazamos los sucedáneos. Rechazamos las fórmulas que el capitalismo digital impone. Estamos en contra porque va a pasar lo que es inevitable: que cuatro buitres en California controlen un millón de viviendas en el mundo, sin importar ni la legalidad de las comunidades locales, sin importar la naturaleza de la propiedad, sin importar el impacto en la convivencia, en la capacidad de carga de los territorios en los que se promueven estas iniciativas. Estamos en contra de que desaparezca el taxi, estamos en contra de que desaparezca la estiba, estamos en contra del capitalismo digital, que hoy es más poderoso y peligroso que el capitalismo tradicional. Y los datos son incontestables. De manera que nosotros, sin que sirva de precedente, estamos más cerca del Gobierno que de los discursos oportunistas.
El decreto que aquí aprobó el Gobierno, en su momento, se hizo tarde y mal, con poco consenso y pocas habilidades. Y además, aunque existe el decreto, no ha sido capaz de controlar la actividad, porque ¿cuántas de esas 30 000 viviendas de alquiler vacacional que están haciendo actividad turística están regladas, están sometidas a un criterio de calidad, generan empleo, pagan impuestos? ¿Cuántas? De manera que la norma tiene sentido cuando se aplica. Las normas son burocráticas e ineficaces cuando se dictan y no se relacionan con la realidad.
De manera que nosotros creemos que en el suelo turístico deben estar los hoteles, los apartamentos y las villas. Porque para eso es el suelo turístico, no para otras cosas. El suelo turístico es para actividad turística y el que se dedica a actividad turística lo tiene que hacer con criterios respetuosos y reglados. Y el suelo industrial ¿saben pa' qué está? Pa' la industria. ¿Y el suelo residencial? Para residir. Y lo que no se puede es, invocando, porque es una idea muy conservadora, que veo que aquí la utilizan unos y otros, o unas y otras, la propiedad privada... La propiedad privada, en este Estado español, a pesar de los defectos y de las dificultades, en la Constitución española se subordina al interés general. Y los usos del suelo se respetan por los industriales. En el suelo rústico no se puede hacer lo que uno quiera, aunque un poquito de eso está en la Ley del Suelo; un poquito de eso, que se puede hacer lo que se quiera, y por eso estuvimos en contra. Pero nosotros sostenemos que necesitamos un sistema turístico profesionalizado al que le exijamos calidad en todo: en las instalaciones, en los empleos, en los salarios, en las condiciones de sus trabajadores. Pero lo que no podemos hacer es ser muy exigentes en esto y, paralelamente, mirar para otro lado cuando se está desarrollando una actividad que compite con la anterior, que degrada el destino, que no genera empleo, que es falso que reparta renta, porque ahí está la concentración.
Miren, ya se están haciendo edificios en las islas Canarias..., ya se están haciendo edificios para alquiler vacacional; por los que pueden hacer edificios. ¿Ustedes conocen algún vecino normal que pueda hacer un edificio? ¿Y saben lo que va a pasar con los apartamentos de las zonas turísticas si permitimos el alquiler vacacional en las zonas turísticas? Que dejarán la unidad de explotación y se irán al alquiler vacacional. Ya lo han dicho. Porque sin empleo, sin empleo, triplicarán las rentas. Y eso es lo que va a ocurrir. Y nosotros estamos en contra, en contra.
Y tendemos la mano al partido, o a los partidos, del Gobierno -eso todavía no lo sabemos- para consensuar una ley que ponga orden en esta actividad, que regule esto en base al interés general y que los usos del suelo se respeten. No se puede poner una carnicería en el 5.º B. No se puede, porque es una actividad económica reglada, y tiene que tener las condiciones. Y no se puede recibir turistas de manera sistemática en el 5.º B, ¡no se puede! Y nosotros vamos a combatir ese tema. Vamos a combatir ese tema. En el 5.º B, porque es un edificio residencial, se está para vivir. Y lo que había que hacer es más quintos B para los que no tienen donde vivir.
Y habrá que buscar una formulación reglada para esta modalidad, que lo están haciendo muchos lugares del mundo. Vamos a ponernos al lado de una gran ciudad española, querida y apreciada, como es Barcelona. La alcaldesa de Barcelona está poniendo cotos a este tema, no quiere más alquiler vacacional. Los barrios populares de Barcelona se manifiestan duramente en las calles contra la vivienda vacacional porque ha alterado sus vidas, porque no da valor ninguno a la calidad de su vida. Yo he visto manifestaciones casi violentas de los ciudadanos. ¿Saben ustedes cuál es el primer problema cuando tú preguntas a los ciudadanos de Barcelona en estos momentos? No es ni el paro, ni la droga, ni la violencia, ni la corrupción; ¡es el turismo! Primer problema de preocupación de los habitantes de Barcelona. ¿Y saben dónde está el origen del deterioro de este tema? En la vivienda vacacional indiscriminada, que desplaza a la población local, que facilita los intereses de los especuladores y que ha puesto el alquiler residencial por las nubes.
Si vamos a Baleares, que también está cerquita y tiene un modelo parecido al nuestro, el otro día se veía un reportaje en una tele de estas generalistas donde dos trabajadoras, dos pobres camareras de piso, ¡vivían en una furgoneta! ¿Y saben cuánto les cobraban por la furgoneta? ¡1800 euros al mes! En serio, está el reportaje, yo les paso el enlace. Una cosa vergonzosa.
¿Saben lo que está pasando en Baleares? Un chalé patera: 104 trabajadores viviendo en 220 metros. Eso es lo que está posibilitando un modelo desordenado de crecimiento al servicio de la especulación. Y nosotros estamos en contra, y nos alegramos del recurso de Gobierno y de los argumentos del recurso, que creo que usted, como tiene más tiempo, los debe explicar.
Nosotros creemos que ese recurso es oportuno. Si me apura, vi al Gobierno titubear en este tema. Yo no sé si hay varias corrientes de pensamiento en el Gobierno; es la deducción que sacamos. Pero nosotros estamos de acuerdo en el recurso y en la argumentación del recurso. Y lo que pedimos al Gobierno, que tiene la información, es una regulación con rango de ley que garantice la profesionalización del turismo. Porque nosotros somos partidarios de la profesionalización, de la calidad, nosotros estamos en contra del crecimiento de más camas turísticas también en suelo turístico; esa es otra razón por la que nos oponemos a la Ley del Suelo. Nosotros no estamos de acuerdo con que las 60 000 o 70 000 camas que se pueden hacer en suelo calificado turístico se hagan; nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que esta sociedad no está preparada pa' tener cinco millones más de visitantes. No está preparada: no hay carreteras, ni aeropuertos, ni puertos, seguimos con vertidos al litoral por culpa de la sobrecarga de población. Hemos aumentado la población canaria, en veinte años, en medio millón de personas. ¿Sabe cuántos por crecimiento vegetativo? No más de 100 000. Euskadi en el mismo periodo, del mismo tamaño, más equilibrada la sociedad vasca que la nuestra, creció en 100 000 personas. ¿Cómo creen ustedes que hemos crecido? Con este tipo de decisiones, con este tipo de modelos que nos lleva al desastre. ¡Y luego nos quejamos de los atascos! ¿Cómo no va a haber atascos en Tenerife -además de porque han hecho las cosas mal- con el 38 % del turismo en alquiler vacacional? Es que meten siete millones más si pueden, y luego se quejarán de que no nos podamos mover.
Regulación: suelo turístico para actividad turística, con calidad, con límites, con tasa turística, que la ha defendido aquí mi fuerza política como nadie y la va a seguir defendiendo. Con tasa turística, para que reviertan en la sociedad canaria los muchos recursos que se pueden captar por esta vía. Aprovecho para decir que estamos en contra de la rebaja del IGIC, ¡totalmente en contra de la rebaja del IGIC! Lo he dicho mil veces, lo digo, aviso a navegantes. ¡Totalmente en contra! Nos parece una frivolidad, una frivolidad apuntar eso en estos momentos. Las perras hay que dedicarlas a la gente, a mejorar las infraestructuras turísticas, a mejorar las condiciones de vida de nuestra gente.
Y además, y además, en relación con el tema residencial. La regulación que salga -desde aquí vuelvo a reiterar nuestra disposición al consenso- no puede alterar la vida de las comunidades. No puede alterar la vida de las comunidades de vecinos; no es de recibo, no lo vamos a tolerar, la gente se va a rebelar.
No queremos turistas en el 5.º B. Yo no quiero turistas en el 5.º B. Y yo tengo viviendas que podría ponerlas en ese tema y no lo he hecho, por principios. No queremos turistas en el 5.º B. Habrá que regularlo, como existe turismo de ciudad..., existe el turismo de ciudad, hoteles de ciudad, existe turismo rural...
La señora PRESIDENTA: Concluya, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Es posible actividad turística en suelo turístico y, de forma selectiva y reglada, actividad turística en suelo no turístico. Ya ocurre: en las ciudades hay actividad turística en hoteles de características distintas. También en el ámbito rural puede hacerse turismo, en instalaciones de turismo rural, y se puede hacer alquiler vacacional reglado fuera de los ámbitos turísticos: reglado, con condiciones, con registros, con empleo, con impuestos, como el resto.
De manera que no se puede uno llenar la boca aquí hablando de contención en un ámbito y luego abriendo las compuertas en el otro ámbito, como si el impacto no fuera igual: no, ¡es peor!: 38 % -que no lo sabía- en Tenerife de alquiler vacacional me parece un riesgo para el futuro de esta isla y así en cada lugar que se repita.
Así que tendemos la mano al acuerdo, al entendimiento para una regulación al servicio de la mayoría, o de todos.
Turno para la consejera, para cerrar esta comparecencia acumulada.
Bueno, con respecto al recurso. Con la interposición del recurso se evita la firmeza de la sentencia, esto es, la posibilidad de que empiece a desplegar sus efectos. Por tanto, los efectos de una sentencia anulatoria de preceptos de una disposición de carácter general, surtirá efectos generales frente a todos una vez que se afirme y se publique su fallo en el Boletín Oficial de Canarias. Se trata, además, de evitar la inseguridad jurídica que devendría de los efectos derogatorios de la prohibición de vivienda vacacional en las zonas turísticas, puesto que, al tiempo de decidir sobre la inscripción de esta modalidad de alojamiento, no podrá obviarse el incumplimiento de los estándares de densidad que el artículo 35 de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias exige para todo establecimiento turístico alojativo sin distinción. Ese es uno de los fundamentos principales por el cual se ha presentado el recurso de casación.
Entendemos que se debe regular, conocemos los términos de la sentencia y, por tanto, entendemos que se debe regular en las zonas turísticas también porque, si no, pues, contravendría el principio de competencia y libertad de empresa, en eso estamos de acuerdo, pero tenemos que hacerlo con el mismo rigor con que lo hemos hecho para la oferta reglada en las zonas turísticas. Por tanto, el decreto actual debería incluir esos requisitos que le hemos dado a la oferta reglada. Si no recurrimos, decae firme la sentencia excluyendo esos artículos sin esa regulación en zonas turísticas de la vivienda vacacional. Creemos que está fundamentado jurídicamente y, además, es una práctica habitual de la comunidad autónoma que se recurran en casación aquellas sentencias que vayan contra normativa que ha emitido la propia comunidad autónoma.
En términos generales, todos han entendido la complejidad -sí, complejidad, señora Pérez, complejidad- de conciliar todos los derechos: derechos de empresa, derechos de libertad de competencia, derechos de la propiedad privada, de cualquier persona de poder sacarle unos rendimientos a su vivienda, que, además, casa con la estrategia de defender los beneficios del turismo a toda la economía de Canarias y a todos los canarios y canarias. Todos esos derechos, conciliarlos, es complicado, desde el punto de vista jurídico, para empezar, porque si respetas unos contravienes otros. Por tanto, esa complejidad es la que está llevándonos tiempo, pero no quiere decir que nos hayamos quedado parados. Tenemos un borrador de decreto en el que hay algunos principios que estamos trabajando, como digo, con los cabildos en un nivel técnico, también con voluntad política, por supuesto; estamos participando los responsables de turismo de todas las instituciones.
Y en ese borrador de decreto, pues, se está barajando... Por irles adelantando algo, pero esto todavía no es firme, yo sé que ustedes tienen mucho interés en ver cómo van los avances y por eso, pues, aunque no es firme todavía, porque, ya digo, son borradores, pues se está trabajando, por ejemplo, en incluir en la regulación un estándar de implantación, se propone un nuevo capítulo, de nueva creación, dedicado al establecimiento de estándares aplicables a la ordenación del uso de vivienda vacacional en el territorio, fundamentado en la fragilidad del mismo y en la preservación de un modelo turístico sostenible, la protección del medio urbano, la protección del consumidor, la garantía de disponer de viviendas para residentes en condiciones dignas y a precios razonables, la capacidad de carga turística y residencial, la posible reversión identitaria del barrio, el peligro de las inevitables incomodidades, la posible expulsión de la población residente por la sobrexplotación de esta actividad, etcétera. Elementos que hay que tener en cuenta al tiempo de definir el régimen jurídico al que deban de someterse las viviendas vacacionales en Canarias.
También, pues, otro de los aspectos que queremos contemplar en esta normativa, en zonas turísticas, para hacer frente a esa realidad, son varias las posibles alternativas. Una, anulada por la sentencia del tribunal, como saben, que era la prohibición absoluta de la implantación de las viviendas vacacionales en las zonas turísticas. Otras, sin embargo, podrían perseguir una ordenación municipal o insular a través de los instrumentos de ordenación, igual que cualquier otro uso del suelo, estableciendo desde la normativa autonómica límites, estándares o porcentajes máximos de implantación. Esa sería otra de las vías.
Se incluiría de este modo un artículo dedicado al estándar aplicable a zona turística, en la que los instrumentos de planeamiento o las ordenanzas provisionales municipales o insulares previstos en la nueva Ley del Suelo determinarán un estándar de densidad del uso de viviendas vacacionales en zonas turísticas. Y también en el resto del territorio, porque también la capacidad de todas las islas no hay que medirla solamente en los territorios turísticos, sino que fuera del resto del territorio también se podrían establecer esos estándares.
La cesión por habitaciones: tenemos que contemplarlo también, porque no está, digamos, de momento, del todo regulado. Es un tema que, a priori, no vemos que sea el modelo de acuerdo con el modelo turístico, excepto que residiera el propietario en esa vivienda; en ese caso, pues, se podría contemplar.
Pero, bueno, ya digo, son todavía propuestas de modificaciones del decreto, con inclusión de estos temas que les he dicho, principales, así de estándares para regular la capacidad del territorio, la capacidad de carga. Que también hay que contemplar, además, intentar conciliar todos esos derechos que hemos hablado de la propiedad, de tener unos recursos el propietario, que estamos de acuerdo, y, como decía, de extender los beneficios del turismo al resto de la economía y a toda la sociedad.
La forma de afrontar el decreto ha sido a base de retos y propuestas, ¿no? O sea, cuáles son, digamos, los ítems que tenemos que ir superando o sobre los que tenemos que ir poniendo de acuerdo. Pues les voy a enumerar algunos de ellos, que son los siguientes:
Cómo conseguimos que la gestión de las viviendas vacacionales responda a prácticas sostenibles -siempre ese es un eje estratégico- teniendo en cuenta que son viviendas.
Cómo logramos que la oferta de viviendas vacacionales cumpla con toda la normativa de la comunidad autónoma. Que se den de alta -estoy de acuerdo- 30 000 viviendas y solamente tenemos 3000 regladas. Es verdad que hay muchas esperando, por los cabildos, la tramitación, pero realmente solamente tenemos 3000 de las 30 000, un 10 %, reglado. Desde luego, ahí la normativa no ha contribuido a que se regularicen las viviendas. Tengan en cuenta también que la mitad de ellas está en zonas turísticas y, por tanto, con el decreto en vigor, todavía no pueden darse de alta.
Cómo conseguir la total transparencia de la actuación de las plataformas digitales y que estas crucen sus datos con los de las administraciones públicas. Creemos que es un principio irrenunciable el exigir a las plataformas la inscripción, un número de registro; si no, es imposible controlar la oferta turística, en este caso, de esta modalidad, si no tenemos ese registro. Ya lo ha hecho Barcelona, está sancionando, ha ganado sentencias con respecto a lo de la inscripción del número de registro, y creemos que eso es un, digamos, algo que tenemos que incluir en la normativa y que perseguir. Y la total transparencia en el sentido de, bueno, luchar contra... Es complicado porque son grandes negocios y multinacionales y es complicado, pero habrá que ver un poco los pasos que se van dando en otras comunidades que están avanzando. Porque en el tema de conseguir que solo oferten viviendas legalizadas, aquí está la discusión de si la plataforma simplemente su responsabilidad es alojar anuncios o es responsable subsidiaria de la oferta que incluya en su plataforma. Pues, ahí está la cuestión legal de cómo exigir esa transparencia y exigir, a través de esa inclusión del número, poder saber qué oferta está reglada y cuál no y exigirles que la excluyan. Barcelona también lo ha hecho y, precisamente, lo están modificando: las plataformas tienen que excluir la oferta ilegal porque si no, pues, serán sancionadas.
De qué forma potenciamos el empleo en esta actividad económica. No hay una medición del empleo, ya sé que cada vez que hablo de estudios me lo recuerdan: "usted no hace más que hacer estudios". Pues realmente se habla de que esta actividad no genera empleo, no hay ningún dato que lo avale, objetivo. O sea, no se ha hecho un estudio del empleo en la vivienda vacacional. Vamos a ver, empleos indirectos, muchísimos, muchísimos; porque si comparamos con el todo incluido o con otras fórmulas en las que, digamos, el turista se queda en el alojamiento, es verdad que los hoteles generan mucho empleo y empleo reglado y de calidad -debería serlo-, la vivienda vacacional, en términos de empleos indirectos, pues, genera economía porque el turista sale de la vivienda, conoce la isla, puede hacer sus compras fuera, come fuera y, por tanto, genera actividad económica y eso, a su vez, genera empleo. Pero hay que tener datos para saber qué empleo indirecto está creando. Está aquí la consejera de Empleo y hemos mantenido varias reuniones ya para poder, digamos, entre ambas, contribuir a una mejor regulación del empleo de la vivienda en actividad turística, ¿no?, porque a ambas nos compete y, bueno, vamos a compartir informes, estudios y equipos técnicos para avanzar en estos temas.
Es posible gestionar para conducir los cambios que puedan producirse en la cadena de valor turística, de forma que este modelo de negocio tiene múltiples proveedores, como decía, con respecto a si se compara con la oferta reglada, que, digamos, está más concentrado. Todo ello también habrá que estudiarlo.
Cómo garantizamos el mantenimiento, la mejora y la renovación de la planta alojativa de viviendas, en este caso. Eso también es un reto. Hasta ahora tenemos una ley de renovación; es verdad que los incentivos, señor Jorge, no han dado los resultados esperados en cuanto a que fueran una motivación para renovar. Se ha renovado de todas formas porque realmente las condiciones económicas lo han permitido, la facilidad financiera, la economía lo han permitido y, afortunadamente, se ha renovado el destino. Pero es verdad que hay que revisar esos incentivos para que realmente motiven esa renovación, y ahora, en este caso también a las viviendas vacacionales.
Es posible avanzar en la resolución de la incompatibilidad de usos residencial y turístico. Aquí está uno de los ejes: este y el tema del principio de unidad de explotación. Cómo se compatibiliza el principio de unidad de explotación, que está en vigor y está en la ley actual, mientras no haya esa, digamos, modificación de la ley turística con todo lo que es el alquiler vacacional. Tenemos claro que, mientras esté el principio de unidad de explotación en vigor, debe respetarse absolutamente ese principio y, de hecho, desde la misma asociación de viviendas vacacionales están de acuerdo. O sea, en aquellos complejos en los que haya unidad de explotación, se tendrá que respetar ese principio de unidad de explotación y no se podrá ejercer la vivienda vacacional. Otra cosa es que deberíamos revisar el principio de unidad de explotación porque...
La señora PRESIDENTA: Consejera, un minuto más y concluya, por favor.
La señora CONSEJERA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES (Lorenzo Rodríguez): En algunos casos, el principio de unidad de explotación no ha garantizado una buena gestión de la explotación y, por tanto, que a los propietarios les reporte una renta adecuada. Y tampoco ha garantizado una gestión moderna, porque algunos siguen con patrones, los explotadores, antiguos y no comercializan bien las viviendas; a lo mejor las tienen en garantía con los turoperadores y no comercializan adecuadamente las viviendas. Por tanto también habrá que revisar que haya unas garantías de esa unidad de explotación. Estamos de acuerdo, pero que realmente funcione bien, porque si no funciona bien tampoco propicia ni la renovación, o sea, unos rendimientos económicos, ni la renovación que luego tendría que, con esos recursos, realizarse.
En fin, son muchísimos los retos sobre los que estamos trabajando: la calidad del destino, de los servicios, cómo facilitamos y promovemos la seguridad del destino... Las viviendas vacacionales, los residentes en viviendas, también tienen que comunicar la ficha policial para poder garantizar la seguridad del destino, que es uno de...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera. Se acabó su tiempo.
9L/C-1171 Sobre -Consejera de Turismo, Cultura y Deportes-, sobre medidas para regular el alquiler vacacional.

References: artículo 3
 artículo 149
 artículo 3
 artículo 33
 artículo 35
 resolución