Source: https://www.scribd.com/document/129840977/148-Materia-Arbitrable-en-La-Contratacion-Publica
Timestamp: 2018-04-27 06:00:26+00:00

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148 Materia Arbitrable en La Contratacion Publica
MATERIA ARBITRABLE EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Mario Castillo Freyre Rita Sabroso Minaya
1 INTRODUCCIÓN.— 2. LOS ADICIONALES DE OBRA Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.— 3. ENRIQUECIMIENTOS SIN CAUSA.— 3.1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.— 3.2. ¿EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ES MATERIA ARBITRABLE?—
El primer párrafo del artículo 52 del Decreto Legislativo n.° 1017 (en adelante, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado) establece que «Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes (…)». (El subrayado es nuestro). En principio, cualquier controversia sobre los aspectos señalados por el citado artículo 52 constituirá materia arbitrable, la que resulta ser una norma bastante amplia. El artículo 52 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado no contempla un criterio negativo, lo que nos parece acertado. Ahora bien, el citado artículo contempla una enumeración de las materias arbitrables; a saber: las controversias sobre ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato. Por otro lado, debemos señalar que una enumeración siempre sugiere exclusión. Por ello, un tema relevante es el referido a la exclusión —como materia arbitrable— de las prestaciones adicionales que superen cierto porcentaje del valor del contrato y el tema referido al enriquecimiento sin causa, cuyo tratamiento
 Mario Castillo Freyre, Magíster y Doctor en Derecho, Abogado en ejercicio, socio del Estudio que lleva su nombre; profesor principal de Obligaciones y Contratos en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Catedrático de las mismas materias en la Universidad de Lima. www.castillofreyre.com.  Rita Sabroso Minaya, Adjunta de Docencia del curso de Derecho de las Obligaciones en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente cursa el último ciclo de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en dicha Casa de Estudios. Miembro del Área de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre y Secretaria Arbitral en procesos Ad Hoc. 1
efectuamos más adelante. 2. LOS ADICIONALES DE OBRA Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Los presupuestos adicionales representan un incremento del monto contractual que se deriva de mayores bienes y servicios o de mayores trabajos (en el caso del contrato de obra) no considerados en el contrato original. Campos Medina1 señala que los trabajos adicionales de obra, o simplemente los adicionales de obra, generan costos inicialmente no previstos para la Entidad propietaria y, por tanto, representan un desafío de especial complejidad para el Derecho. Recordemos que en la contratación del Estado está en juego el dinero público y la transparencia de los procesos de selección por los cuales se adjudican los contratos. Al respecto, Linares Jara2 señala que, en general, las distintas legislaciones sobre contratación pública recogen la problemática de los adicionales, aunque es bastante claro que los niveles de flexibilidad para la aplicación de dicha figura difieren, así como también la perspectiva a partir de la cual se aborda su definición y requisitos constitutivos. Como sabemos, el artículo 41 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado se encarga de desarrollar el tema de los adicionales, reducciones y ampliaciones, estableciendo lo siguiente:
Artículo 41.- «Adicionales, reducciones y ampliaciones Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados […].
CAMPOS MEDINA, Alexander. «Limitación de resolver mediante arbitraje obras adicionales y mayores prestaciones en contratos de obra pública: ¿prohibición de arbitrar o licencia para incumplir?». En: Arbitraje On Line. n.° 4, Lima: Boletín Jurídico del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, 2004, p. 1. http://www.camaralima.org.pe/arbitraje/boletin/edic_ant/4/voz_arbitro1.htm 2 LINARES JARA, Mario. «Adicionales de Obra Pública. Obra Pública y Contrato, Adicionales, Función Administrativa, Control Público, Arbitraje y Enriquecimiento sin causa». En Revista de Derecho Administrativo. Lima: Revista editada por el Círculo de Derecho Administrativo, 2009, n.° 7, p. 180.
debemos tener presente lo establecido por la Quinta Disposición Final de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Antes. Para estos efectos. con disponibilidad presupuestal […].. según corresponda. Para ello se requerirá contar con la autorización del Titular de la Entidad. que establece lo siguiente: QUINTA. la Contraloría General de la República debe observar los plazos y procedimientos establecidos en la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. En el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emitirá previa al pago […]. previamente. Para el caso de las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del contrato original.«Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente. […]». Ley n. debiendo para la ejecución y el pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República y con la comprobación de que se cuentan (sic) con los recursos necesarios. sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista.En el supuesto de que resultara indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato. Tampoco podrán ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República. el Titular de la Entidad podrá decidir autorizarlas. luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad o el Directorio de la empresa. restándole los presupuestos deductivos vinculados a tales adicionales. la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto establecía el 10% 3 . (El subrayado es nuestro). (El subrayado y la negrita son nuestros). independientemente de la fecha del contrato de obra. para su ejecución y pago. con la disponibilidad presupuestaria y la autorización expresa de la Contraloría General de la República. no superen el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original. […]». no podrá ser sometida a arbitraje. previamente. se requiere contar. y en los casos en que su valor. La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales.º 28411. mayores a las establecidas en el segundo párrafo del presente artículo y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado. Cabe señalar que la citada disposición final fue modificada por la única disposición complementaria modificatoria de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Asimismo.
En: Advocatus. «Apuntes sobre el arbitraje administrativo y la materia arbitrable respecto de adicionales de obra». no podrá ser objeto de arbitraje.» (El subrayado es nuestro). que establecía 10%. que establecía en 15% el límite máximo y la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Fernando. n. las siguientes: […] k) Otorgar autorización previa a la ejecución y al pago de los presupuestos adicionales de obra pública. en concordancia con lo dispuesto en el numeral 4 del Artículo 1 de la Ley Nº 26572. Lima: Revista editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ORTEGA PIANA.º 16. 2003. pp. 433-440. Ley General de Arbitraje. […]. la antigua Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.«Atribuciones Son atribuciones de la Contraloría General. n. 3 4 . cuyos montos excedan a los previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. tampoco se podrá someter a arbitraje. están en concordancia con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Controlaría General de la República. n. 2002. 284287. las controversias que versan sobre materias comprendidas en los alcances de las Dicha incompatibilidad y la facultad de la Contraloría General de la República de autorizar adicionales ha sido criticada por la doctrina nacional. los artículos 22 y 23 de la referida Ley Orgánica establecen lo siguiente: Artículo 22. en el ejercicio de las atribuciones de autorización previa a la ejecución y pago de presupuestos adicionales de obra y a la aprobación de mayores gastos de supervisión. En efecto.° 27785.° 21. Lima: Revista editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. «Algunas reflexiones sobre la competencia de la Contraloría General de la República respecto de los presupuestos adicionales de obra pública». Ver: ARRARTE ARISNABARRETA. 187. Marco Antonio. «El Arbitraje frente a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República». p.. lo que implicaba la existencia de dos normas incompatibles: por un lado. 2007. Ley n. cualquiera sea la fuente de financiamiento. pp.. Artículo 23. y de las mayores prestaciones de supervisión en los casos distintos a los adicionales de obras. Lima: Revista editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Asimismo. CANTUARIAS SALAVERRY. En: Derecho & Sociedad. En: Advocatus.º 7. y su Reglamento respectivamente.como límite máximo para la aprobación de obras adicionales. Ana María y Carlos PANIAGUA GUEVARA. sin autorización de la Contraloría General de la República.3 Cabe señalar que tanto el citado artículo 41 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado como la Quinta Disposición Final de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.«Inaplicabilidad del arbitraje Las decisiones que emita la Contraloría General.
Así.° 012-2000-CG/OATJPRO. la Directiva n. el presupuesto adicional de obra es el «mayor costo originado por la ejecución de prestaciones adicionales de obra».° 01-2007-CG/OEA hace referencia al 10%. Aprobada mediante Resolución de Contraloría n. Dado que la referida Directiva era anterior a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Asimismo. las que no pueden ser sustraídas al pronunciamiento que compete a la Contraloría General». cabe precisar que la primera norma que regulaba el tema de la autorización previa a la ejecución y pago de presupuestos adicionales de obra fue la Directiva n.° 01-2007-CG/OEA señala que «las Entidades acumularán el monto total de los presupuestos adicionales de obra autorizados. a través de la cual la Contraloría General de la República estableció los lineamientos para cautelar el adecuado procedimiento de control previo. mediante la Directiva n. como hemos visto actualmente el límite establecido es del 15%. se ha establecido una competencia especial para la Contraloría General de la República en lo relativo a los presupuestos adicionales que superen el porcentaje establecido en el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.atribuciones previstas en el literal k) del Artículo 22 de la Ley. siempre que ambas respondan a la misma finalidad programada». Ahora bien. de fecha 29 de octubre de 2007. Cabe señalar la Directiva n.° 01-2007-CG/OEA entró en vigencia a los quince (15) días naturales de su publicación.° 369-2007-CG. 4 5 . (El subrayado es nuestro). sin embargo. y que resultan indispensables para alcanzar la finalidad del contrato original». 5 Cabe señalar que la Directiva n. En esta Directiva se señala expresamente que «para los fines del control gubernamental. en atención a que en el contrato de obra pública media el interés del Estado. En ese sentido. se considera prestación adicional de obra a la ejecución de trabajos complementarios y/o mayores metrados no considerados en las bases de la licitación o en le contrato respectivo. y el monto de aquellos presupuestos deductivos derivados de las sustituciones de obra directamente vinculadas con las partidas de obras adicionales. se regula la potestad de control previo externo que ostenta la Contraloría General de la República. en aquellos adicionales de obra que excedan el 15%5 del contrato original. para el cálculo del porcentaje de incidencia acumulado.° 01-2007-CG/OEA.° 01-2007-CG/OEA4 sobre «Autorización previa a la ejecución y pago de Presupuestos Adicionales de Obra». a la antigua Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y a su Reglamento. Como podemos apreciar. incluyendo el que se encuentra en trámite. publicada en el Diario Oficial «El Peruano» con fecha 1 de noviembre de 2007. fue modificada por la Directiva n.
6 7 ORTEGA PIANA. Errores. b) Finalmente.camaralima. http://www. declaraciones e información presentadas por la Entidad. En efecto. omisiones o deficiencias en el expediente técnico de la obra». la que debe contar CAMPOS MEDINA. Si se trata de una institución de control. Sobre el particular. Lima: Boletín Jurídico del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.. porque ello es responsabilidad de la entidad comitente. si la Contraloría General de la República no se pronuncia dentro del referido plazo. 6 .htm. Campos Medina6 afirma que los cambios normativos se han caracterizado por un constante intento de extender la intervención de la Contraloría General de la República. Op. la Entidad considerará aprobada la solicitud. sin embargo. cit. la autorización previa de la ejecución podría generar desventajas antes que ventajas para el Estado.Otro aspecto importante que regula la referida Directiva es que establece las causales de procedencia de las prestaciones adicionales de obra. p.° 4. En: Arbitraje On Line. 440. 2004. sin reparar en los graves problemas legales y prácticos que esto genera. Marco Antonio. el citado autor cree que la Contraloría General de la República no debería ingresar a temas propios de la gestión. «Limitación de resolver mediante arbitraje obras adicionales y mayores prestaciones en contratos de obra pública: ¿prohibición de arbitrar o licencia para incumplir?». entendiendo autorizada la ejecución y el pago del presupuesto adicional. ello no implica que la Contraloría General de la República no realice un control posterior de los documentos. Alexander. sólo en casos originados por la cobertura de mayores costos orientados a alcanzar la finalidad del contrato y siempre que sean derivados de: a) Hechos por su naturaleza imprevisibles al formularse las bases de la licitación o celebrarse el correspondiente contrato. n.org. 2. indicando que «procede la autorización previa a la ejecución y al pago de presupuestos adicionales de obra.pe/arbitraje/boletin/edic_ant/4/voz_arbitro1. Ahora bien. Al respecto. debemos resaltar la aplicación del silencio administrativo positivo en el caso de que la Contraloría General de la República no emita pronunciamiento sobre la solicitud de autorización previa a la ejecución y al pago de presupuestos adicionales de obra. Ortega Piana7 afirma que supeditar el pago de determinado adicional a un pronunciamiento de la Contraloría General de la República puede ser un interesante medio de control previo. en el plazo máximo de quince días hábiles. p. y hechos fortuitos o de fuerza mayor producidos con posterioridad a la suscripción del contrato de obra.
con el personal técnico calificado que le permita adoptar oportunamente las decisiones más convenientes. 193. (El subrayado es nuestro). p. siendo —en todo caso— un tema de responsabilidad que corresponde asumir a dicha entidad comitente.8 En efecto. debiendo para el pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República […]». a pesar de que el adicional ya se había ejecutado. la Entidad […] podrá decidir autorizarlas. lo que —obviamente— implicaría que el contratista asuma todo el riesgo. Op. se presentaba con el artículo 42 de la antigua Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. en la medida de ÍDEM. Ello generó que luego se modificará la normativa y se estableciera que la aprobación previa de la Contraloría General de la República era no sólo para el pago del adicional. estén sujetos a la aprobación previa de la Contraloría General de la República. Ley n.. Ana María y Carlos PANIAGUA GUEVARA.° 26850.9 la intervención eficiente de la Contraloría General de la República. luego. para el contratista resultará más adecuado que tanto la ejecución como el pago del adicional que supera el porcentaje establecido por el artículo 41 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. con múltiples áreas especializadas para poder supervisar técnicamente a todas las Entidades contratantes —que a su vez deben contar con su propio supervisor para cada obra a ejecutar— lo que en opinión de los autores citados originaría un importante sobrecosto para la ejecución de cualquier obra pública. Para ello se requerirá contar con la autorización del Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad. 8 9 7 . cit. 10 Cabe señalar que este riesgo en relación al pago (luego de que la Entidad ordenaba la ejecución de un adicional que superaba la valla porcentual establecida por Ley). en comparación a que sea sólo el pago el que esté sujeto a dicha aprobación previa. en los hechos. La norma guardaba absoluto silencio sobre cuál era la consecuencia en caso la Contraloría General de la República denegara el pago del adicional. que establecía lo siguiente: «[…] En el supuesto de que resultara indispensable la realización de obras adicionales por errores del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato. Ello. implicaría contar con un «mega» organismo estatal. Ahora bien. sino también para la ejecución misma del adicional. de ineficiencia. mayores a las establecidas en el párrafo precedente.10 Como se puede apreciar. ya que en este último caso. la Contraloría General de la República podría no aprobar el pago del referido adicional. como bien señalan Arrarte y Paniagua. Coincidimos en que el asunto de la autorización en la ejecución de los adicionales demandaría a la Contraloría General de la República contar con un gran plantel de personal altamente especializado en todas las materias en las que el Estado contrata. lo cual significaría convertir a la Contraloría General de la República en una suerte de supraorganismo público que sería sinónimo. este es un tema muy importante. el contratista podría ejecutar el adicional (ordenado por la entidad) y. ARRARTE ARISNABARRETA.
conforme al quinto párrafo del citado artículo 41 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 189. indisponibles. fue del 5% del valor de la obra. ya que con ello se podría estar modificando los montos autorizados por el organismo de control. se debe tener en cuenta que los fondos involucrados son públicos y. evidentemente. La razón por la cual tales materias no son arbitrables es que se considera que —en tanto se trate de porcentajes mayores a los señalados. Son susceptibles de arbitraje. en materia de bienes y servicios cuando estos adicionales no superen el 25% del monto de tales bienes y servicios. 11 ARRARTE ARISNABARRETA. si se asume que los fondos que solventan las obras públicas son del Estado. En efecto. que supuestamente marcaría la brecha entre lo disponible y lo que no. Sobre este tema. sino que esto ocurre desde el primer centavo comprometido con la obra.que marca la línea con respecto a los adicionales. uno de los principales argumentos de la Contraloría General de la República es que las decisiones que emite en relación a los presupuestos adicionales no pueden ser materia de arbitraje. a través de estos posibles o eventuales adicionales. en resumen. Arrarte y Paniagua11 consideran que no tiene ningún sentido afirmar que si las obras adicionales exceden una valla porcentual del valor contratado. aprobar la ejecución y pago del adicional. previamente. cit. son de orden público. entre aquéllos cuyas controversias sí son susceptibles de ser sometidas arbitraje y aquéllos que no. 8 . Ana María y Carlos PANIAGUA GUEVARA. La Contraloría General de la República refiere que los recursos invertidos por el Estado no son de libre disposición de las partes contratantes. sin que por ello se pueda afirmar que estamos frente a un bien indisponible. es decir. es claro que no sólo aquellos que excedan esta valla porcentual tendrán la calidad de fondos públicos. al punto tal que. en el año 2003. Op. 25% en bienes y servicios y 15% en obras—. dicho argumento resulta más débil si se considera que este porcentaje. tales adicionales requerirán la aprobación previa de la Contraloría General de la República y se trata. razón por la cual se establecen estas normas que. de materias no arbitrables. se podría estar modificando o alterando el Presupuesto General de la República. en consecuencia. cuando por Ley se dispone que será — precisamente— dicho organismo de control el que deberá. En efecto. cuando superen estos porcentajes y hasta los límites señalados por la propia Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. varía cada año en función a criterios poco conocidos y razonables. En los otros casos.. A entender de los citados autores. y tratándose de obras cuando dichos adicionales no superen el 15% del monto total del contrato original. p.
9 .. ser contrario al ius imperium de la Contraloría. ya que la decisión de dicho organismo de control también podría ser modificada por el Poder Judicial. Fernando. el funcionario encargado será responsable frente al Estado por esto. cómo puede esto infringir el ius imperium del Estado. 15 Por otro lado. por lo que no encuentra razón suficiente que permita justificar la exclusión del arbitraje en estos casos. Cantuarias16 señala que el argumento de que a través del arbitraje se podrían modificar los montos autorizados por la Contraloría General de la República carece de sustento. CAMPOS MEDINA. nos enfrentaría con serias contradicciones de índole práctico y legal. 434. 12 13 14 15 16 ORTEGA PIANA. cit. p. si la Contraloría General de la República está de acuerdo en que la obra adicional era en efecto necesaria pero deniega el pago simplemente por haberse ejecutado antes de requerirse las autorizaciones de dicho órgano de control (o por cualquier otro defecto de forma). CAMPOS MEDINA. 287. cit... si en abuso de su competencia una Entidad ordena la ejecución de una obra a pesar de no contar con el presupuesto respectivo. Marco Antonio. Op. p. Por lo tanto. Ortega Piana12 señala que resulta obvio que en lo referente a la aprobación de adicionales no está comprometido ius imperium alguno. cómo puede un laudo que reconoce al contratista el derecho al justo valor de esta obra ya ejecutada. por lo que en modo alguno la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Controlaría General de la República podría prohibirlo. cit. 4. p. puede convertir una prestación pactada como onerosa en gratuita. ÍDEM. Por ejemplo. El referido autor señala que nada en un eventual laudo arbitral favorable al contratista podría modificar alguna consecuencia de la decisión de la Contraloría al interior de la administración pública (su auténtico ámbito de aplicación). Op. Alexander. 2. 14 Sostener lo contrario. cit. si el contratista reclama y obtiene un laudo favorable que sólo hace respetar sus derechos en el contrato en cuestión. CANTUARIAS SALAVERRY. Op.Otro de los argumentos para prohibir el arbitraje cuando se trata de controversias derivadas de las decisiones de la Contraloría General de la República sobre adicionales de obra. p. Pero la Contraloría General de la República no está facultada para modificar ni denegar los derechos de un contratista nacidos del contrato de obra. es la imposibilidad de arbitrar aspectos relativos al ius imperium del Estado. Dicha posición es compartida por Campos Medina.13 quien sostiene que en el arbitraje para el pago de los trabajos adicionales no se discute en forma alguna el ius imperium del Estado. Op. Al respecto. Por ejemplo. mucho menos. Alexander..
aplicable a todas las obras.19 quien señala que si lo que reclama la Contraloría General de la República es no poder defender —en sede arbitral— su evaluación técnica del adicional (ya que no forma parte del convenio arbitral).. p. p.. Si el propósito fue permitir que el Estado contrate con particulares en igualdad de condiciones y. nos parece interesante la propuesta de Cantuarias.. lamentablemente la decisión del Poder Judicial demorará varios años (dados los problemas que todos conocemos) y será tomada por jueces que nada o poca experiencia tienen en esta materia. 10 . a saber: la de proveer una rápida solución como es el arbitraje.. ARRARTE ARISNABARRETA. Como sabemos. Op.Así. y teniendo como único parámetro restricciones presupuestales uniformes. En efecto. p. Op. Emilio Cassina17 señala que recurrir a la vía judicial significa un largo proceso que recorre dos duras instancias y es factible de casación por la Corte Suprema. sin perjuicio de que para estos casos pueda disponerse que la Contraloría General de la República intervenga en los procesos arbitrales. lo más conveniente hubiese sido una norma expresa que le permitiera participar en los procesos arbitrales como tercero coadyuvante. Op. 190. cit. cit. 286. ARRARTE ARISNABARRETA. Op. Otro cuestionamiento que se hace a este tema es el relativo a la razonabilidad técnica para considerar no arbitrables los adicionales que superen el porcentaje contemplado en el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. en función de ello. A entender de Arrarte y Paniagua. 287. Ana María y Carlos PANIAGUA GUEVARA. Fernando. Fernando. 188.20 carece de sustento técnico colocar un porcentaje predeterminado. lo que —a su vez— irrumpiría con la finalidad de incluir una cláusula de solución de controversias en la contratación pública. cuando estos adicionales estén en discusión. con prescindencia de su naturaleza. nada obsta a que los adicionales que superen cierto porcentaje. 17 18 19 20 Citado por CANTUARIAS SALAVERRY. exclusivamente para defender sus decisiones.18 Al respecto. cit. cit. Ana María y Carlos PANIAGUA GUEVARA. el porcentaje del adicional —cuya aprobación previa para la ejecución y pago son competencia de la Contraloría General de la República— ha variado con el transcurso de los años. se determinó la pertinencia de recurrir a un mecanismo alternativo de solución de controversias. p. CANTUARIAS SALAVERRY. fluctuando entre el 5% y el 15%. también puedan ser materia arbitrable.
desde el proyecto. la Entidad puede interponer únicamente el recurso de apelación.° 01-2007-CG/OEA. debemos señalar que ante una situación de esta naturaleza. (El subrayado es nuestro). 23 CASTILLO FREYRE. los tribunales arbitrales se podrían declarar incompetentes. 185.1. p. en caso no se esté de acuerdo con el pronunciamiento de la Contraloría General de la República (que denegó la aprobación del adicional). que a una obra de distinta naturaleza como una obra vial o un túnel.° 2. la equidad. debería ser que los porcentajes de obras adicionales se establezcan tomando en consideración el tipo de obra a ejecutar. se establece que «contra la resolución emitida por la CGR respecto a la solicitud de autorización previa a la ejecución y al pago de presupuestos adicionales de obra. Lima: Editora Jurídica Grijley. en donde no es posible prever. la justicia y la eficiencia no aceptan que exista una persona que se beneficie a expensas Recordemos que el artículo 63 de la Ley de Arbitraje establece las causales de anulación del laudo. ya sea a pedido de una de las partes vía excepción de incompetencia o de oficio. son manifiestamente no susceptibles de arbitraje. 2009. indicando que «1. motivo por el cual los afectados no encuentran remedio alguno en la norma. tengo menos. n. la Entidad deberá impugnar dicha decisión. y sin perjuicio de todo lo anterior. a una edificación en la que razonablemente se pueden determinar todas las variables que afectarán su ejecución desde el proyecto. Mario y Giannina MOLINA AGUI. 22 e incluso podría impugnarse la decisión a través del proceso contencioso administrativo (impugnación judicial). 3.23 la doctrina considera a la teoría del enriquecimiento sin causa como uno de los aciertos más notables de la técnica jurídica.21 En tal sentido. 21 11 . tratándose de un arbitraje nacional […]». El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: […] e. pues sin duda alguna lo que se pretende amparar con tal figura son — precisamente— todos los casos de enriquecimiento sin causa que pasaron inadvertidos al legislador. todas la variables que podrían terminar afectando las actividades a realizar en su ejecución y que determinarán la necesidad de modificar el presupuesto asignado de manera inicial. En: Jus Doctrina & Práctica. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que. según los citados autores. no obstante ello. Reflexiones acerca de dos de los elementos esenciales del enriquecimiento sin causa». a través del recurso de apelación ante la propia Contraloría General de la República (impugnación administrativa).1. «Tienes más. de acuerdo a ley. los principios de la moral. Finalmente. de la Directiva n. 22 En el numeral 22. ENRIQUECIMIENTOS SIN CAUSA Conceptos generales sobre el enriquecimiento sin causa Como señalan Castillo Freyre y Molina Agui. 3. Por ejemplo.Lo recomendable. pero. no resulta técnicamente adecuado asignar un mismo porcentaje de variación del presupuesto original (obras adicionales).
debido a que «el hecho ilícito requiere siempre del dolo o culpa del obligado». como lo son el contrato y los delitos. nosotros sostenemos que para que proceda la acción de in rem verso. Derecho de obligaciones. 26 LLAMBÍAS. Volumen Segundo.28 Al respecto.ª Ed. 1934. Felipe y Mario CASTILLO FREYRE. 1964. a pesar de lo que el Derecho. sino que tendrán que verificarse los requisitos que «por lo regular y universalmente se asignan a esta figura jurídica: la obtención de una ventaja patrimonial que supone un enriquecimiento para quien lo consigue y un empobrecimiento para quien lo pierde. tomo I. que no es otra que aquella acción que la ley confiere a toda persona que ha experimentado —sin justa causa— una disminución patrimonial contra quien se ha beneficiado injustamente por ello. cit. pues éste busca una regulación justa y equitativa de las relaciones patrimoniales. Jorge Joaquín. 2. Roces. Actualidad Jurídica. Ludwig Enneccerus27 señala que el fundamento del enriquecimiento sin causa está en el derecho patrimonial. p. y precisa que la misma podrá dirigirse contra el enriquecido. 25 VON TUHR. 11. «El pago indebido y el enriquecimiento sin causa».de otra. Ludwig. Por su parte. Barcelona: Bosch.29 mientras que el enriquecimiento sin causa puede prescindir de esos elementos. p. Andreas. p. cit. no por el solo hecho de enriquecerse. Esto. 585. siendo el enriquecimiento sin causa una pretensión que se dirige contra el enriquecido para que entregue aquello con lo que injustificadamente se enriqueció. Von Tuhr24 señala que el enriquecimiento sin causa es otra fuente de obligaciones. 27 ENNECCERUS.. Ludwig. tomo 99.. Buenos Aires: Perrot. VON TUHR. Op. 29 OSTERLING PARODI. Traducido del alemán y concordado por W. Llambías26 afirma que el enriquecimiento sin causa es fuente de la obligación de restitución denominada acción in rem verso. 299. tomo IV-B. 323. A esta pretensión la denomina condictio. 375. 24 12 . Agrega que esta fuente de obligaciones otorga al empobrecido «la acción y el derecho a reclamar la restitución del enriquecimiento […]»25 En ese mismo sentido. Lima. no es necesario que el hecho por el cual una persona se enriquece a costa de otra tenga carácter ilícito. p. 583. cuando dicho fenómeno se produce sin causa o injustificadamente. Madrid: Editorial Reus. 28 ENNECCERUS. Andreas. 2002.. Tratado de las obligaciones. sancionando así tal situación a través de la acción de enriquecimiento sin causa que se otorga al perjudicado. por razones de seguridad o de otro orden imperioso. p. p. Op. se ve forzado a reconocer y concederle determinados efectos jurídicos». Así. Tratado de las obligaciones.
Jorge. 2004. Felipe y Mario CASTILLO FREYRE. Panamá: Editora La Estrella. José Lete del Río define al enriquecimiento sin causa como aquella situación en la que «una persona se beneficia o enriquece a costa de otra sin que exista una causa o razón de ser que justifique este desplazamiento patrimonial». más que a sancionar enriquecimientos inmorales o ilegítimos. LETE DEL RÍO. p.31 El referido autor agrega.. o sea no hay egreso de valores de un lado. Unas veces se incorpora en forma de desplazamiento de valores de un patrimonio a otro. Por ello consideramos suficiente decir: atribución patrimonial.32 Así. tomo 3. liberación de una carga o gravamen. 58. es «causa eficiente de la obligación de indemnizar». José Manuel. ya refiriéndose al enriquecimiento y al empobrecimiento. ventaja de carácter económico o pecuniario con que se mejora un patrimonio». cabe preguntarnos ¿cuáles son los requisitos para que proceda el enriquecimiento sin causa? MOISSET DE ESPANÉS. es decir. 173. Op.»33 Esto. 33 FÁBREGA PONCE. «la acción se dirige fundamentalmente a proteger a la persona cuyo patrimonio ha sido injustificadamente lesionado. p.. En esa misma línea de pensamiento.Así también. p. el artículo 1954 del Código Civil peruano define al enriquecimiento sin causa como aquella situación en la que hay un sujeto que se enriquece indebidamente a expensas de otro.)». Luis. Por su parte. Buenos Aires: Zavalía. Curso de obligaciones.ª Ed. etc. definiendo al enriquecimiento como: «(…) una ventaja de carácter pecuniario que se incorpora al patrimonio de una persona. Derecho de obligaciones. pero otras veces no hay desplazamiento. 174. 34 OSTERLING PARODI. 32 LETE DEL RÍO. toda vez que el efecto del enriquecimiento sin causa es restituir el equilibrio patrimonial alterado.34 por la cual se puede exigir la restitución de lo ilegítimamente pagado o del ahorro del cual se benefició indebidamente el enriquecido. cit. Moisset de Espanés30 señala que el enriquecimiento sin causa abarca otras situaciones en las que no hay pago. 11. Op. que ingresen en el patrimonio ajeno. José Manuel. vol. Entonces. Madrid: Editorial Tecnos. quedando este último obligado a indemnizarlo. p. pues. El enriquecimiento sin causa. 310. 30 31 13 . 1998. cit. II. que «el aumento del valor del patrimonio del demandado puede deberse a un incremento del activo (al ser consecuencia de la adquisición de una cosa o de un derecho real o de crédito) o a una disminución del pasivo (por ejemplo: extinción de una deuda.. 3. p.
cit. finalmente. cit. p. es decir. FÁBREGA PONCE. Esto significa que el enriquecimiento (y correlativo empobrecimiento puede derivarse tanto de dinero. Es decir. (ii) la obtención de la posesión. 380. cuando nos referimos a la ventaja que adquiere el enriquecido. cit. sino que también comprende aquellas situaciones jurídicas subjetivas de ventaja. se tienen: (i) la adquisición de un derecho. Jorge. la relación causal entre esos hechos. debería verificarse que ha habido una mejora —o que se ha evitado una alteración negativa a través de una disminución— en el patrimonio del sujeto enriquecido. p. surta efectos patrimoniales. (iii) la obtención de la posibilidad de disponer sobre un objeto y.Llambías35 enumera los requisitos para que proceda la acción de indemnización por enriquecimiento sin causa.37 Esta definición de enriquecimiento supera —y es la aceptada contemporáneamente— toda discusión acerca de si el enriquecimiento tiene que ser necesariamente patrimonial. la ausencia de causa justificante del enriquecimiento. Hemos de entender que la ventaja adquirida no tiene que cosificarse u objetivarse. Mario y Giannina MOLINA AGUI. p. 300. Jorge Joaquín. aludimos —en estricto— a una ventaja real y efectiva. y.. siendo tales requisitos. Op. VON TUHR. reconoce que hay enriquecimiento cuando se ahorran gastos y disminuciones del patrimonio. 586-587. ENNECCERUS.. Op. pp. a aquélla que se ha verificado en el patrimonio y no a aquellas ventajas que carecen de ese contenido o que no son cuantificables. créditos. CASTILLO FREYRE. el empobrecimiento del demandante. a lo menos. pues —como tales— forman la parte activa del patrimonio. 191. cit. cit.. la carencia de otra acción útil para remediar el perjuicio. Op. p. 51.. Op. Von Tuhr36 señala que el enriquecimiento consiste en la diferencia que existe entre el estado actual del patrimonio y el que presentaría si no hubiese ocurrido el injustificado desplazamiento de valores. luego de tal comparación. los siguientes: (i) (ii) (iii) (iv) (v) el enriquecimiento del demandado. deudas y demás situaciones jurídicas subjetivas de ventaja y correlativas de desventaja).. Ludwig. Op. otros bienes. Andreas. De otro lado. 14 . En relación al primer requisito. Se presupone así que el enriquecimiento se produce porque el patrimonio receptor ha aumentado como consecuencia de un beneficio de carácter patrimonial o que. 35 36 37 38 39 LLAMBÍAS.38 Enneccerus39 señala que entre los modos de adquirir ventajas y que en consecuencia pueden llevar al enriquecimiento.
Andreas. señalando que en el primero se comprende no sólo el ingreso de nuevas cosas corporales. ÁLVAREZ CAPEROCHIPI. 2008. José Antonio. 778-779.. 42 REVOREDO MARSANO. 1985. Op. a través de la incorporación en el patrimonio de nuevos derechos o incrementando el valor de los mismos. El enriquecimiento sin causa. y que este incremento puede presentarse en dos situaciones: (i) cuando se obtiene un lucro o ganancia efectiva. Dentro del primero señala que se encuentra la posibilidad de afectar o bien el activo. En relación al segundo de los elementos. En Libro Homenaje a Felipe Osterling Parodi. cit. como el ahorro de un gasto inminente. «El enriquecimiento sin causa». p. «Enriquecimiento sin causa». Op. como la adquisición de un derecho o la obtención de la posesión. es decir. se tiene que ésta se produce cuando en circunstancias normales se hubiera tenido que efectuar un desembolso. Wools43 Núñez Lagos. (ii) cuando se obtiene un ahorro evitando un gasto o una deuda. Llambías45 señala que el empobrecimiento. Jorge Joaquín. Gustavo de los Ríos señala que el requisito del incremento patrimonial es esencial. como ventaja patrimonial obtenida.. 1979. pero finalmente éste no se realiza. 40 41 15 . 385. p. 83. Delia Revoredo42 afirma que el enriquecimiento sin causa debe entenderse en sentido amplio. 44 Citado por ÁLVAREZ CAPEROCHIPI. Volumen I. 300. o en el aumento o incremento del valor de un bien que se ha adquirido (lucrum emergens). 43 DE LOS RÍOS WOLLS. 83. Gustavo. José Antonio. Respecto de la segunda forma de enriquecimiento. En: Código Civil. mientras que el segundo lo entiende como una disminución del pasivo. ya que ellas pueden consistir tanto en la adquisición de un derecho. ya sea activamente. tomo IV. Se afirma también que los modos de adquirir ventajas son incontables. o. ya sea pasivamente. Lima: Okura Editores S. es decir como una disminución del patrimonio que le ha sido evitada.A. a través de la cancelación del mismo sin fundamento jurídico alguno que lo justifique. p. cit. Lima: Palestra Editores. Exposición de Motivos y Comentarios.41 En esa misma línea de pensamiento. 45 LLAMBÍAS. como segundo requisito de la acción por enriquecimiento sin VON TUHR. Von Tuhr40 sostiene que el patrimonio puede enriquecerse o bien a través de un aumento o bien a través del cuidado de su no disminución.. pp. o bien el pasivo. como también puede uno enriquecerse negativamente (damnum cesans). sino la transformación de las que había. pp.Por su parte. p. 544-545. cuando la ventaja consiste en el no empobrecimiento por «la extinción» de una obligación o carga a la que un patrimonio estaba adscrito.. Madrid: Universidad de Santiago de Compostela. cit. Delia.44 al hablar de los modos de enriquecimiento. distingue un enriquecimiento positivo y un enriquecimiento negativo. Op. Compartiendo la idea expuesta por los autores citados.
Castillo Freyre y Molina Agui47 consideran que debería agregarse expresamente que la imposición de situaciones jurídicas subjetivas de desventaja en favor de otros. 48 REVOREDO MARSANO. De igual modo. resulta preciso señalar que no siempre el enriquecimiento equivale cuantitativamente al empobrecimiento. consiste en el menoscabo de orden patrimonial que el empobrecido padece. Al respecto. enriquecimiento y empobrecimiento. donde también sólo debería restituirse por el monto enriquecido. El enriquecimiento sin causa como fuente de obligaciones. pues a decir de unos. Alfonso. 48 cuando señala que el empobrecimiento debe entenderse también en sentido amplio. esto es que la ventaja no tiene que provenir necesariamente del patrimonio del empobrecido.49 quien en el último supuesto hace una excepción respecto de las sumas de dinero. y (ii) casos en los que el enriquecimiento es menor que el empobrecimiento. 1988. Así también lo entiende Delia Revoredo. Op. caso en el cual sólo deberá restituirse el monto empobrecido. sino que bastará con que sea a expensas suyas. sin causa alguna que justifique la misma. cit. pues debe haber plena correspondencia en todas las características del enriquecimiento y del empobrecimiento. pues lo contrario sería otorgar carácter sancionador al enriquecimiento sin causa. la persona que no se ha empobrecido no tiene interés porque nada ha perdido. también produce un empobrecimiento. 778. le corresponda cualitativamente y no cuantitativamente. como lo reconoce Oramas Gross. Mario y Giannina MOLINA AGUI. p. habida cuenta de que dar más sería amparar un enriquecimiento sin causa a favor del empobrecido. Op.. 46 16 . 49 ORAMAS GROSS. Coincide la doctrina en señalar que el empobrecimiento puede producirse tanto con la pérdida efectiva de bienes y derechos. cit. pues en este caso el enriquecido deberá realizar la restitución de la suma de dinero en igual ORAMAS GROSS.causa. sea por un daño emergente o por un lucro cesante. No obstante la omisión de un pronunciamiento expreso por parte de la doctrina. ello se puede entender claramente de la unión de los conceptos de patrimonio. 78.. 195. pp. 79 y 101. Op. p. cit. pues existen supuestos en los que (i) el enriquecimiento es mayor que el empobrecimiento. Bogotá: Nomos..46 Nosotros no compartimos este punto de vista. La doctrina no es del todo pacífica cuando se refiere al empobrecimiento como un elemento necesario para la procedencia de la acción por enriquecimiento sin causa. por lo que para ese sector de la doctrina es necesario que «a un enriquecimiento. 47 CASTILLO FREYRE. Delia. un empobrecimiento de otro patrimonio». p.
resulta doblemente impresionante. la restitución y la repetición. Así. pues éste es el fundamento de la acción y el objeto de la institución. el carácter subsidiario de la acción de enriquecimiento sin causa constituye uno de sus requisitos de procedencia. generalmente el Derecho se encarga de brindar a los perjudicados. si el empobrecimiento que sufre una persona repugna a la equidad.50 la presencia del empobrecimiento es necesaria. Además. de modo tal que la acción se dirige fundamentalmente a proteger el patrimonio de la persona cuyo patrimonio ha sido injustamente. esa lesión a la equidad y al sentimiento de justicia y Derecho. de conformidad con el artículo 1955 de nuestro Código Civil. entre el enriquecimiento del demandado y el empobrecimiento del demandante. como es obvio. pp. en quinto lugar. 57-59. que establece lo siguiente: Artículo 1955. se llega a demostrar el tercer requisito del enriquecimiento sin causa. En efecto. 17 .. la doctrina mayoritaria sostiene que este carácter subsidiario hace referencia a que la acción de in rem verso sólo puede ser ejercida cuando el Derecho positivo no brinde al empobrecido otra acción específica con la cual pueda pedir el resarcimiento de los daños sufridos.«La acción a que se refiere el artículo 1954 no es procedente cuando la persona que ha sufrido el perjuicio puede 50 FÁBREGA PONCE. Jorge. ello. cit. a decir del citado autor. Los dos primeros requisitos del enriquecimiento sin causa son fundamentales. Op. que es la relación causal entre esos hechos. lesionado. por ejemplo. para tales casos el Derecho ha previsto otros remedios legales como. o sin causa alguna.cantidad que la que ingresó a su patrimonio enriquecido. en vez de la demanda por enriquecimiento sin causa. Así. Pero los problemas se empiezan a presentar cuando existe. Para algunos autores como Fábrega. cuando existe un desplazamiento patrimonial real y efectivo de dinero u otros bienes. Así. Con respecto al último de los cinco elementos señalados. la necesidad de demostrar que se trata de un enriquecimiento carente de causa justificante de ese enriquecimiento.. otras acciones reguladas de manera positiva en nuestra legislación. cuando ese empobrecimiento aparece en el patrimonio de otra persona. que existe carencia de otra acción útil para remediar el perjuicio. y esto también es usual. ya que en la mayoría de procesos cuando se pretende una indemnización por enriquecimiento sin causa se llega a probar el enriquecimiento del demandado y el empobrecimiento del demandante. Es decir. y.
Elementos del Derecho Civil. Derecho de Obligaciones. Llambías52 afirma que: (a) Si el empobrecido ha dejado prescribir […] la acción específica que tuviera para obtener la reparación del perjuicio. Julien Bonnecase53 señala que la Corte de Grenoble consideró que la acción de in rem verso: «Procede en todos aquellos casos en que el patrimonio de una persona se enriquezca sin causa legítima y a costa del de otra persona. ya que existen casos en los que el enriquecimiento carece de causa y respecto a los cuales cabe ejercer una acción distinta a la del enriquecimiento sin causa. 397. por carencia de prueba documental. (b) (c) Por su parte.51 esta acción sólo procede cuando no es posible accionar por otro motivo. pp. y cuando esta última no goce de ninguna acción derivada de un contrato. cabe preguntarnos ¿qué significa esto? REVOREDO MARSANO. Como se puede apreciar. delito o cuasi delito. para entablar esta última acción. la subsidiariedad responde a la inexistencia de otra vía de derecho que permita hacer efectiva la reparación por el perjuicio sufrido. Jorge Joaquín. pp. cuando dispone de otra acción. tomo II. En la misma línea. por una acción diferente originalmente fundada en una obligación contractual». pero que no puede substituirse durante un juicio. Si el empobrecido ha deducido sin éxito otra acción que tuviera. 53 BONNECASE. 778-779. no puede marginarse de esa cosa juzgada adversa. cuasi contrato. distinta de la in rem verso. […] El empobrecido en tal situación carece de la acción por haber sido titular de otra acción eficaz para proteger su interés. p. Op. 51 52 18 . Op. Puebla: Biblioteca Jurídico-Sociológica. en estos casos.. Julien.. Delia. 313-314. cit. Si el empobrecido no ha podido ejercer útilmente otra acción que tuviera en resguardo de su interés. no tiene opción para elegir entre las dos precedentes. cit. Según Delia Revoredo. El empobrecido. La razón siempre es la misma: el empobrecido carece de la acción de in rem verso cuando ha dispuesto de otra acción para prevenir su daño. tampoco podrá articular la acción in rem verso. para obtener lo que se le debe. Al respecto.ejercitar otra acción para obtener la respectiva indemnización». 1945. no podrá deducir la acción resultante del enriquecimiento sin causa. LLAMBÍAS.
el 15% del monto originalmente pactado. 54 55 19 . cuando trata acerca del enriquecimiento sin causa le ha dado carácter supletorio. Como nos imaginamos. (El subrayado es nuestro). ¿El enriquecimiento sin causa es materia arbitrable? Imaginemos que la Entidad ordena al Contratista ejecutar un determinado adicional de obra que supera el porcentaje establecido en el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. se señala lo siguiente: «CONSULTA: ¿De qué manera puede regularizarse los adicionales que se hubiesen ejecutado sin Resolución que aprueba los adicionales y qué sucede con las contraprestaciones? OPINIÓN: En el caso de prestaciones adicionales. el contratista demanda a la Entidad por enriquecimiento sin causa. En tal sentido. para ello la Entidad requerirá contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República a efectos de la ejecución y pago del referido adicional. por ejemplo. Eso significa que la ley peruana al igual que la generalidad de la doctrina de la tradición jurídica romano-germánica y de los códigos civiles extranjeros. fundamentándose en pronunciamientos del propio OSCE. lo que dice la ley —a través del citado artículo 1955 del Código Civil— es que tiene que recurrir a esas pretensiones o acciones para tratar de hacer valer sus derechos. Sin embargo. lo que no significa que la Entidad no deba cancelar lo ejecutado efectivamente de modo adicional.º 642002-GTN. argumentará que el enriquecimiento sin causa no debe ser resuelto por la vía arbitral.2. en la Opinión de Gerencia Técnica Normativa del CONSUCODE n. a favor del contratista. sino que debe ser materia de conocimiento de la jurisdicción ordinaria. la Contraloría General de la República. pues la aprobación de su ejecución es necesariamente previa. le ha dado naturaleza subsidiaria.Si la ley concede a la parte perjudicada por el empobrecimiento alguna otra acción que pueda interponer contra o con respecto a su contraparte. Como sabemos. El pago de las prestaciones adicionales no autorizadas no enerva la responsabilidad administrativa ni civil de los funcionarios». la Entidad —sin dicha autorización previa— ordena al contratista y éste ejecuta el adicional. Así. éstas no pueden regularizarse ante los organismos competentes si ya fueron ejecutados. ante dicha demanda. es decir. ya que se trataría de un tema extra Dado que el adicional se ejecutó antes de su autorización previa.54 no aprueba el adicional y la Entidad no le paga al contratista. 3. pues se configuraría un enriquecimiento sin causa por parte de ella. Es decir.55 La Entidad. obviamente.
no puede decirse que el enriquecimiento sin causa esté limitado a una fuente específica de obligaciones. p. debemos tener presente que existen diversas teorías que tratan de explicar el enriquecimiento sin causa. cit. Op. A propósito de los contratos administrativos». En: Revista Peruana de Arbitraje.contractual. 59 Citados por CAMPOS MEDINA. como la gestión de negocios o la responsabilidad extracontractual). Una primera aproximación superficial nos podría hacer pensar que el enriquecimiento sin causa no puede presentarse en el escenario contractual. «La arbitrabilidad del enriquecimiento sin causa. pese a lo cual existen prestaciones que fueron ejecutadas y que deben ser pagadas o resarcidas.. Alexander. Op.. y (ii) (iii) Aquellas que señalan que el enriquecimiento sin causa es en realidad un principio que informa el ordenamiento jurídico en general. n. Campos Medina58 sostiene que el enriquecimiento sin causa no es una fuente autónoma de obligaciones. p. sino más bien un principio abstracto que informa al Derecho Civil en general y que ha sido convertido en norma positiva (ya sea una sección específica del Código Civil o no). 311. p. 313. en tanto ello.. a saber:57 (i) Aquellas que asimilan el enriquecimiento sin causa a alguna otra fuente de las obligaciones (o también llamados cuasicontratos. De la Cámara y Díez-Picazo59 consideran que el enriquecimiento sin causa se funda en un principio de equidad que informa el Derecho en general (independientemente de si llegue a obtener o no el estatus de principio general del Derecho) y. Arrarte y Paniagua56 señalan que nada obsta a que las partes se puedan enriquecer indebidamente. expresamente con el objeto de producir una obligación en quien se enriquece y un derecho subjetivo en quien se empobrece. De hecho. por ejemplo. Aquellas que postulan que el enriquecimiento sin causa es una fuente de obligaciones propia e independiente. Ana María y Carlos PANIAGUA GUEVARA. cit. Sobre el particular. precisamente.° 3. Op. Al respecto. Lima: Editora jurídica Grijley. en la medida de que el acuerdo de voluntades constituye. Alexander. Al respecto y en primer lugar. al beneficiarse con prestaciones ejecutadas y respecto de las cuales no existió acuerdo sobre el precio. 56 57 20 . p. 197. 58 CAMPOS MEDINA. 2006. Alexander. la causa que justifica el enriquecimiento. ésta fue una posición bastante difundida en ARRARTE ARISNABARRETA. CAMPOS MEDINA. Lo mismo podría ocurrir en los casos en que los contratos sean declarados nulos. 314. cit.
p. correspondería analizar las cláusulas arbitrales ÍDEM. como hemos visto en el punto 3 del presente capítulo. ello. el enriquecimiento sin causa es per se materia arbitrable. Ahora bien. cit. ello no implica —en lo absoluto— que el arbitraje esté restringido a tales relaciones contractuales. se debe precisar que el hecho de que el escenario natural del arbitraje sean las relaciones contractuales. dependerá del tenor del convenio arbitral. 62 ARRARTE ARISNABARRETA. por lo que no podría constituir materia arbitrable. podríamos afirmar que dicha figura puede generarse tanto dentro como fuera del contrato. 195. Ana María y Carlos PANIAGUA GUEVARA. por ejemplo. El enriquecimiento injusto de la administración pública.la doctrina antigua. en cambio.. Sobre este tema. En efecto. 1995. Sin embargo. En consecuencia. 270. (El subrayado es nuestro). e incluso por tener contenido patrimonial. el inciso 1 del artículo 13 de la Ley de Arbitraje establece que «el convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza (…)». p. Manuel. Arrarte y Paniagua62 señalan que la respuesta a si el enriquecimiento sin causa es materia arbitrable o no. Manuel Rebollo 61 señala que existen supuestos en los que el contrato no constituye fuente de la obligación de pagar ciertas prestaciones. Madrid: Marcial Pons. Op. y habiendo quedado claro que el enriquecimiento sin causa se funda en un principio de equidad que informa el Derecho en general. de la prohibición de enriquecerse sin causa. REBOLLO PUIG. nos podemos encontrar ante prestaciones del contratista distintas a las que estaba obligado en virtud del contrato —y del correcto ejercicio del ius variandi—. 60 61 21 . Al respecto. sino que dicha obligación surge. al ser de libre disposición. hay quienes sostienen que el enriquecimiento sin causa constituye en nuestro sistema jurídico una fuente de obligaciones distinta al contrato (convenio arbitral). Así.60 Sin embargo. En tal sentido. ya sea por el actuar espontáneo del contratista o por una orden nula sin virtualidad para vincular a la Administración. el inciso 1 del artículo 2 de la Ley de Arbitraje establece que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición. Dentro de tal orden de ideas.
una a una. servicios y obras. en tanto. A modo ilustrativo analicemos el siguiente modelo de cláusula arbitral: «Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del Contrato. En tal sentido.° 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley». Sólo en ese supuesto es que podríamos afirmar que —para el caso en concreto— una pretensión de enriquecimiento sin causa no podría ser conocida por el Tribunal Arbitral. Como podemos apreciar. Ahora bien. 323. como lo hemos indicado. Alexander. e incluso resultaría casi imposible. Dentro de tal orden de ideas. Ley n. el enriquecimiento sin causa no se ha excluido. Op.. que el acuerdo de voluntades incluya.63 No podemos olvidar que la intención de las partes al pactar el arbitraje es la de evitar acudir al Poder Judicial. sí estaríamos frente a una materia arbitrable. a efectos de determinar si ellas excluyen al enriquecimiento sin causa como materia arbitrable. (El subrayado es nuestro).° 27785).que las partes incorporan en el contrato. y (ii) un límite respecto de las materias arbitrables (cualquier controversia. p. cit. excepto aquellas referidas en el artículo 23 de la Ley n. en dicho convenio arbitral hay dos límites. existe la cláusula arbitral tipo que entra a regir supletoriamente. con excepción de aquellas referidas en el Artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República. el enriquecimiento sin causa sí se encontraría comprendido dentro del ejemplo de convenio arbitral que hemos citado. en virtud de lo 63 CAMPOS MEDINA. 22 . el detalle de las materias que serán sometidas a arbitraje. por lo que no tendría mucho sentido interpretar que la voluntad de las partes es acudir en unos casos al arbitraje y en otros al Poder Judicial (cuando no han excluido expresamente algunas materias propias de la etapa de ejecución de contratos). dado que —precisamente— existe dicha exclusión. a saber: (i) un límite temporal (desde la celebración del Contrato). se resolverá mediante los procedimientos de conciliación y/o arbitraje. independientemente de las materias que son objeto de desarrollo en las cláusulas arbitrales particulares que contienen los contratos que celebra el Estado con sus proveedores de bienes. Dadas las complejas y casi infinitas posibilidades de controversia entre las partes. no es razonable. si las controversias sobre enriquecimiento sin causa surgen después de la celebración del Contrato y.
consideraba que «[…] la pretensión de enriquecimiento ilícito es. serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho. vamos a recordarlo.° 825-2006. COSAPI TRANSLEI demandó a Provías Departamental para que ésta le pague el valor de las obras realizadas. el árbitro único declaró fundada la demanda. extraña a la relación contractual El tema de fondo —en la vía arbitral— se puede resumir de la siguiente manera. Así. ya que —entre otros puntos— en dicha sentencia se admite que el enriquecimiento sin causa es materia arbitrable. sobre la cual las partes tienen libre disposición. señala lo siguiente: «Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato. reforzando —de esta manera— el razonamiento elaborado en los puntos precedentes. a costa del demandante. la Entidad nunca pagó al demandante por las referidas obras. sí estaríamos frente a una materia arbitrable. Dichas obras fueron ordenadas por la Entidad. el argumento de COSAPI TRANSLEI consistió en que la Entidad se había enriquecido sin causa. Mediante Laudo de fecha 7 de julio de 2005. por definición. que declaró fundada la demanda de anulación de laudo. Dicha aprobación nunca se presentó y. de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado. como consecuencia de trabajos de emergencia. por ende. Esta cláusula arbitral tipo.64 La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema se pronuncia sobre el recurso de casación interpuesto por el Consorcio COSAPI-TRANSLEI contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil Sub Especializada en lo Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. En la cláusula tipo también encontramos un límite respecto de las materias arbitrables (cualquier controversia que se derive de la ejecución e interpretación del presente contrato). (El subrayado es nuestro).dispuesto por el artículo 216 del Reglamento. de fecha 15 de diciembre de 2006. emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. En el cuarto considerando de la Sentencia de Casación se señala que la resolución que declaró fundada la demanda de anulación de laudo. bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo con su Reglamento». se requería la aprobación de la Contraloría General de la República. al considerar que el enriquecimiento sin causa era una controversia de índole contractual. 64 23 . Por otro lado. pero al superar cierto porcentaje. incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez. en tanto las controversias sobre enriquecimiento sin causa hayan surgido como consecuencia de la ejecución del contrato. consideramos pertinente referirnos a la Sentencia de Casación n. En tal sentido.
al considerar que el enriquecimiento sin causa sí era materia arbitrable. por lo que hubo convalidación tácita.° 500-2007. dicha Sala habría admitido que el enriquecimiento sin causa no era materia arbitrable. Como se puede apreciar. no obstante que fluye del laudo arbitral el pronunciamiento de que la pretensión del pago de trabajos en vía de enriquecimiento indebido sin causa es arbitrable. la Sala Superior ha infringido el artículo 61 de la Ley de Arbitraje que establece que no es revisable el fondo de la controversia. en este aspecto PROVÍAS Departamental no formuló oposición a la decisión de que se arbitre el enriquecimiento sin causa. no se advierte que se haya incurrido en la causal de nulidad contenida en el inciso 7 del artículo 73 y el inciso 4 del artículo 1 de la Ley 26572. que a mayor abundamiento. 65 24 . el Árbitro Único ha lesionado el derecho a un debido proceso […]». el tribunal arbitral declaró fundada la demanda. ni del inciso 4 del artículo 1 de la Ley General de Arbitraje. la demandante exigía el pago de dichos adicionales por concepto de enriquecimiento sin causa. por ejemplo. ya que —a entender de la Corte Suprema— el enriquecimiento sin causa sí era materia arbitrable. por tal motivo los convenios que puedan afectar a ésta no resultan aplicables a aquélla». (El subrayado es nuestro). demandó a Provías Departamental para que ésta le pague el valor de obras adicionales que superaban el porcentaje establecido en la Ley para la autorización de la Contraloría General de la República. por haberse pronunciado sobre el enriquecimiento sin causa en sede arbitral— llegó a la conclusión de que ello no implicaba estar incurso en la causal del inciso 7 del artículo 73. se solucionaría mediante arbitraje. la referida Sala de la Corte Suprema —al analizar si realmente existió causal de anulación de Laudo. cabe precisar que la posición de la referida Sala de la Corte Suprema no significa que exista unanimidad de criterios.A. en la Sentencia de Casación n. Mediante Laudo de fecha 15 de diciembre de 2005. 65 al declarar El tema de fondo —en la vía arbitral— se puede resumir de la siguiente manera: Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S. la resolución de primera instancia señalaba que «[…] al sustentar su competencia en un convenio arbitral que no lo facultaba para resolver una materia jurídicamente extraña al contrato. (sic) de que la materia fuera sometida a arbitraje […]». el artículo 53 de la Ley 26850 establece que las controversias derivadas de la ejecución y/o interpretación del contrato se regulan mediante conciliación y arbitraje y estando a que en la cláusula catorce punto uno del Contrato de Obra se preveía que cualquier controversia surgida entre las partes. Ahora bien. Sin embargo. el considerando octavo de la Sentencia de Casación señala lo siguiente: Octavo: «(…) además. En tal sentido.que pueda existir entre las partes. ya que. de fecha 13 de junio de 2007. Asimismo.
Dentro de tal orden de ideas. en el vigésimo sexto considerando de la sentencia de primera instancia (emitida por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial) se concluyó «[…] en primer lugar. dicho extremo del Proyecto de Ley no prosperó y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado no contempla una disposición similar a la citada. declarando inválido el laudo arbitral emitido y restableciendo la competencia del Poder Judicial. para que ellas se declaren fundadas. por haberse pronunciado sobre el enriquecimiento sin causa en sede arbitral— llegó a la conclusión de que el enriquecimiento sin causa no constituía materia arbitrable. Lima. en el expediente n. ya que de aquel (sic) se colige que las materias que podrían someterse a arbitraje son las relacionadas directamente con el Contrato. Dicha sentencia declaró fundada la demanda de anulación de laudo arbitral. la referida Sala de la Corte Superior —al analizar si realmente existió causal de anulación de Laudo. septiembre del 2009.° 1490/2007-PE.° 25. (El subrayado es nuestro). será necesario que se cumpla con todos los requisitos que la doctrina y la ley establecen para que proceda la indemnización por enriquecimiento sin causa. de fecha 18 de septiembre de 2006. 66 25 . emitida por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima.66 En efecto.° 268-2006. queda claro que en torno a las pretensiones por enriquecimiento sin causa. y en los casos en que los tribunales se declaren competentes para conocer tales pretensiones.improcedente la casación interpuesta contra la Sentencia n. Sin embargo. no existe unanimidad de criterio para considerar que los tribunales arbitrales son competentes en materia de enriquecimiento sin causa en contratación pública. Como se puede apreciar. Incluso. por lo que siendo el enriquecimiento sin causa una fuente de obligaciones distinta al Contrato que unió a las partes no se encontraba inmersa (sic) dentro del Convenio Arbitral celebrado». se establecía que «el ejercicio de la acción por enriquecimiento indebido se hará prevalecer en sede judicial». que el convenio arbitral acordado por las partes no preveía la posibilidad que (sic) se discutiera el pago de una suma de dinero sustentándola en la existencia de un enriquecimiento sin causa. en el último párrafo del artículo 56 del Proyecto de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado n.
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 artículo 1954
 artículo 1955
 Artículo 1955
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 artículo 1955
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 23
 Artículo 23
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 artículo 216
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 artículo 61
 artículo 73
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 73
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 artículo 53
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