Source: http://ardfdesaparecidos.com/autojuezgarzon.htm
Timestamp: 2018-08-17 08:51:01+00:00

Document:
autojuezgarzon
 14 de Diciembre de 2006, denuncia presentada por D. Marcial MUÑOZ SANCHEZ, en nombre propio y de la asociación “NUESTRA MEMORIA, Sierra de Gredos y Toledo”.
 14 de Diciembre de 2006, denuncia de la “Associació per a la recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya”.
 14 de Diciembre de 2006, denuncia de la “Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón”.
 14 de Diciembre de 2006, denuncia de la “Comisión pola Memoria Histórica do 36 en Ponteareas”.
 14 de Diciembre de 2006, denuncia de la “Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Arúcas”.
 15 de Diciembre de 2006, denuncia de la “Associació per a la recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca”.
 15 de Diciembre de 2006, denuncia de Dª Carmen DORADO ORTIZ.
 04 de Junio de 2007, denuncia de D. Teófilo GOLDARACENA RODRIGUEZ.
 18 de Julio de 2007, denuncia de la “Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia”.
 14 de Septiembre de 2007, denuncia de “Politeia, asociación para la defensa y progreso de los intereses ciudadanos”.
 24 de Diciembre de 2007, denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.
 19 de Mayo de 2008, denuncia de D. Francisco Javier JIMENEZ CORCHO.
 Denuncia de D. Juan Pérez Silva y de Dª Francisca Maqueda Fernández.
 28 de Julio de 2008, denuncia de la Asociación “Fòrum per la Memòria del País Valencià”.
 31 de Julio de 2008, denuncia de la “Confederación General del Trabajo”.
 12 de Septiembre de 2008, denuncia de la “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada” y de Dª Nieves García
 12 de Septiembre de 2008, denuncia de D. José Luis Cerdeira Villegas.
 12 de Septiembre de 2008, denuncia de D. Críspulo Nieto Cicuéndez.
 22 de Septiembre de 2008, denuncia de la “Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra”, “Asociación de Héroes de la República y la Libertad”, “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en El Bierzo, León, Burgos y Zamora”, “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Soria”.
 26 de Septiembre, denuncia de la “Asociación Todos los Nombres de Asturias”.
 3 de Octubre, denuncia de Dª María Nieves Galindo Arroyo.
 6 de Octubre, denuncia de “Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló”, de “Izquierda Republicana de Castilla y León”, de Dª Julia Maroto Velasco y de D. Julián de la Morena López. Todas ellas por presuntos delitos de DETENCION ILEGAL basadas en los hechos que se describen en las mismas, fundamentalmente por la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de Guerra Civil y los siguientes de la posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español.
CUARTO.- El Procurador Sr. D. Javier FERNANDEZ ESTRADA, en representación de la Asociación POLITEIA y de D. Marcial Muñoz Sánchez, D. Teófilo Goldaracena Rodríguez y Dª. María Martín López, cuya representación asumió en su momento, la Procuradora Sra. Dª María José MILLAN VALERO, en representación de la Asociación “Memoria Histórica y Justicia de Andalucía”, la Procuradora Sra. Dª Ana GUTIERREZ DEL ALAMO ONS, en representación de Dª Carmen DORADO ORTIZ, así como el Letrado Sr. D. Fernando MAGAN PINEÑO, en defensa de la Asociación “Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo”, se opusieron a dicho dictamen defendiendo, principalmente, la
calificación jurídica de genocidio y la competencia de la Audiencia Nacional y de este Juzgado Central de Instrucción.
4. Un examen imparcial y sereno de los hechos, nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la
5. La represión se llevó a cabo a través de dos vías: el Bando de Guerra (2) y los Consejos de Guerra sumarísimos de urgencia.
1 «Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de Octubre de 1934 y antes de Julio de 1936 contribuyeron a crear o agravar la subversión...». El Decreto de 26 de Abril de 1940 ordenó la instrucción de la Causa General para la persecución de los supuestos delitos cometidos por el bando republicano; y en 1943 se creó el cargo de Fiscal Jefe de la Causa General: “Causa General instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España”. En 1945 se presentó la publicación derivada de la Causa General, con el nombre de Datos complementarios para la Historia de España. Guerra de liberación 1936-1939.
2 El bando de guerra es “una disposición emanada de un general, Jefe o autoridad militar, en campaña o en estado de guerra, contra la cual no cabe alegarse, como subsistente, ninguna ley anterior”. Sin embargo, el bando de guerra es un instrumento excepcional y transitorio para hacer frente a una situación de emergencia nacional, pero no puede suprimir garantías como el habeas corpus o la salvaguarda de la vida y la integridad corporal. No podía crear y ampliar, y sin embargo lo hizo, delitos y penas. La violencia que vino a continuación fue un elemento estructural del régimen. (Martín Pallín: “Derecho y Memoria Histórica”). “La represión y el terror subsiguiente no eran algo episódico sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de principio fundamental del Movimiento” (Moreno Gómez, 1999, citado por Martín Pallín). Martín Pallín: ·”Derecho y Memoria Histórica”. Página 24. Editorial Trotta. 2008.
Es decir, los crímenes atroces cometidos con posterioridad al 17 de Julio de 1936, tenían ya, en aquella época, la categoría de actos prohibidos por el ius in bello (derecho de la guerra) e integraban la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad, que como tales identificó la Comisión Multinacional de Responsabilidades, reunida en París el 29 de marzo de 1919. “La Comisión concluye que, habiendo examinado multiplicidad de crímenes cometidos por esos poderes que poco tiempo antes y en La Haya habían profesado su reverencia por el derecho y su respeto por los principios de la Humanidad, la conciencia del pueblo exige una sanción que ponga luz y establezca que no se permite despreciar cínicamente las leyes más sagradas.(3)
Así, la Comisión establece las responsabilidades básicamente en dos categorías: Actos que provocan la Guerra Mundial y su inicio; y actos que suponen violaciones de las Leyes y Costumbres de la Guerra y las Leyes de la Humanidad. Expresión que se acuña en el Tratado de Versalles de 28 de Junio de 1919 que, en su artículo 227, ordenaba el enjuiciamiento del Kaiser Guillermo II de Hohenzollern por tales crímenes, como después ocurrió con el Tratado de Sevrès, de 1920, referido al enjuiciamiento de los militares otomanos por el genocidio armenio (1915). (4)
Es decir, la acción desplegada por las personas sublevadas y que contribuyeron a la insurrección armada del 18 de Julio de 1936, estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de Gobierno (delitos contra la Constitución, del Título Segundo del Código Penal de 1932, vigente cuando se produjo la sublevación), en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del Gobierno legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia, como instrumento básico para su ejecución. Así lo expresaba uno de los sublevados, el General Emilio Mola, en la Instrucción Reservada nº 5 (5), a cuyo tenor:
3 “Cuento de Navidad. Es posible un mundo diferente”. Baltasar Garzón. Editorial Prometeo. Universidad de Quilmes. Argentina 2002. 4 “Justicia Universal para crímenes internacionales”. Manuel Ollé Sesé. Edi. La Ley Temas. Pags. 118-119. Las Rozas. 2008. 5 Citada por Joaquín Arrarás Iribarren en su libro “Historia de la Segunda República española”, capítulo XIX, página 308, nota 2ª, entregada por aquél a Fal Conde, delegado de Don Alfonso Carlos, el 15 de Junio de 1936.
“Siguiendo estas mismas Instrucciones, el 17 de Julio de 1936, cuando todavía en la Península la sublevación militar no pasaba de ser un lejano rumor,
6 Citada en el libro “Augurios, estallido y episodios de la Guerra Civil (50 días con el Ejército del Norte)”, Joaquín Pérez Madrigal, 1937 y por Benito Díaz Díaz en “El Período de los huidos en el centro de España”. (1939-1944.El último frente. Editorial Catarata, 2008. Pág. 121).
fueron asesinadas en localidades del norte de África un total de 189 personas, por mantenerse fieles al Gobierno de España”. (7)
7 Benito Díaz:“El Período de los huidos en el centro de España”. (1939-1944.El último frente. Editorial Catarata, 2008).
8 Citado en el libro de José del Castillo y Santiago Álvarez, “Barcelona, Objetivo Cubierto”.
9 De “Las fosas de Franco, los republicanos que el dictador dejó en las cunetas”. Madrid, Temas de Hoy, 2003, página 131, de Emilio Silva y Santiago Macías.
“¿Qué haré?. Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a
que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mi, que yo se lo pegaré.”
“Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso también a las mujeres de los rojos que
ahora, por fin, han conocido hombre de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará.”
“Ya conocerán mi sistema: por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello; les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos, los volveré a matar.” (10) (11)
10 Espinosa Maestre: “La Justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en la II División: Sevilla, Cádiz, Córdoba y Badajoz”. Editorial Crítica, 2006.
11 Espinosa Maestre: “La columna de la muerte, el avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz”. Editorial Crítica, 2003.
el caso de no darse con tales directivas, serán ejecutados un número igual de afiliados, arbitrariamente elegidos”.
Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio.” (12)
Es decir –afirma Allen- que “estaba dispuesto a acabar con la mitad de los españoles si ello era necesario para pacificar el país”.(13)
«Más adelante volvió a afirmar de manera rotunda que el adversario político era el enemigo a aniquilar: “Con los enemigos de la verdad no se trafica, se les destruye” (14). Y por si había dudas sobre lo que pensaba hacer cuando derrotase a los defensores de la República, a finales de 1938 le declara a James Miller, vicepresidente de la agencia de prensa internacional United Press, que una paz negociada era pura ilusión, porque “los delincuentes y sus víctimas no pueden vivir juntos (15).
El capitán Gonzalo de Aguilera, conde de Alba de Yeltes, le dijo al periodista norteamericano Jhon T. Whitaker (16), que había que “matar, matar y matar” a todos los rojos para extirpar el virus bolchevique y librar a España de “ratas y piojos”. (17) Había que eliminar a un tercio de la población masculina, de
12 Citado por Secundino Serrano en “Génesis del Conflicto: La represión de los huidos. Dentro del libro Federación Guerrillera de León-Galicia. El último Frente. Resistencia Armada Antifranquista en España 1939- 1952”, de José Arostegui y Jorge Marco (Eds). Editorial Catarata, 2008.
13 Santos Juliá. Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, Temas de Hoy. 1999. Página 25.
14 R. Abella: “La vida cotidiana en España bajo el régimen de Franco”. Reeditada 2008.
15 R. Miralles: “Juan Negrín: resistir, ¿para qué?”. Historia 16, 253 (1997), página 23.
16 J.T. Whitaker: “We cannot escape history”. New York. The Macmillan Company, 1943.
17 J. Casanova. “Una dictadura de 40 años”, en: J. Casanova (Coord.). “Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco”. Barcelona. Crítica. 2002, página 11.
esa forma se acabaría con el problema del paro obrero y con el peligro que para las clases dominantes representaba el proletariado.» (18), acompañada con el ocultamiento sistemático de los cuerpos, de modo que los familiares no pudieran ubicar el lugar de inhumación.
«En su conquista del país, los rebeldes se vieron obligados a pacificar la retaguardia y, como no disponían de las fuerzas necesarias para ello, utilizaron la violencia como parte de la estrategia militar. La oleada de terror que sacudió a las provincias conforme triunfaba la sublevación, seguía esas pautas: impedir la reacción de los vencidos, invitarlos a la rendición sin condiciones. En la mentalidad de los jefes sublevados no cabía negociación alguna. El corolario parecía evidente: no sólo era una guerra civil, sino también un programa de exterminio. » (19), acompañado del ocultamiento sistemático de los cuerpos, de modo que los familiares no pudieran ubicar el lugar de inhumación.
“A la vista de la gran extensión de las áreas ocupadas en el Este, las fuerzas disponibles para establecer la seguridad en el área sólo serán
suficientes si toda resistencia es castigada, no dentro de un procesamiento legal de los culpables, sino a través de la diseminación de tal terror por las fuerzas armadas que toda pretensión de resistencia del pueblo será erradicada (…)”.(20)
18 Benito Díaz Díaz: El Período de los huidos en el Centro de España (1939-1944) en El Ultimo Frente. Julio Arostegui y Jorge Marco (Eds.), pág. 122. Editorial Catarata 2008.
19 Citado por Secundino Serrano en “Génesis del Conflicto: La represión de los huidos. Dentro del libro Federación Guerrillera de León-Galicia. El último Frente. Resistencia Armada Antifranquista en España 1939- 1952”, de José Arostegui y Jorge Marco (Eds). Páginas 101-102. Editorial Catarata, 2008.
20 Caso nº 72 The German High Command Trial of Wilhelm von and thirteen others, US Military Tribunal, Nüremberg, 30th December 1947- 28th October 1948,part III, pag. 21.
En todo caso se hace necesario dar respuesta procesal a la acción iniciada porque sigue habiendo víctimas y su derecho exige emplear todos los medios precisos para satisfacerlo y, especialmente, para hacer cesar la comisión del delito y los efectos derivados del mismo que sólo tendrá lugar con la búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos, o cuando se ofrezca razón cierta sobre su paradero por parte de las autoridades públicas
21 The Prosecutor vs. Georges Ruggin, Case No. ICTR-97-32-I, sentencia de 1 de Junio de 2000.
depositarias de esa información, decisión que deben tomar de oficio, sin necesidad de excitación de parte, al tener, en su caso, el control de esa información y por tratarse de delitos muy graves.
Obviamente el hecho de que durante el tiempo en el que se mantuvo el sistema represivo no se diera cobertura a aquellos principios no significa más que la consecuencia lógica de autoprotección de los que ostentaban el poder político y militar por las eventuales responsabilidades en las que hubieran incurrido por su participación en el marco de una acción criminal masiva y sistemática, dirigida y organizada por ellos mismos, hasta cumplir los objetivos, como bien claramente lo decía uno de los sublevados asumiendo, por vía de los hechos, la doctrina del “nuevo régimen” que llevaría, en su caso, si fuere necesario a la eliminación y exterminio de “media España para conseguir mis objetivos”. (22) Cobertura autoprotectora que podía incluir desde la imposición coactiva de actuaciones o inactividades, hasta la proclamación de leyes de perdón o amnistía que impidieran la acción judicial. Es decir, el control y la imposibilidad de accionar en contra de los posibles responsables eran absolutos.
22-Citado por Secundino Serrano en “Génesis del Conflicto: La represión de los huidos. Dentro del libro Federación Guerrillera de León-Galicia. El último Frente. Resistencia Armada Antifranquista en España 1939- 1952”, de José Arostegui y Jorge Marco (Eds). Editorial Catarata, 2008.
Líderes, organizadores, instigadores y cómplices que participen en la formulación o ejecución de un plan general o conspiración para cometer cualquiera de los crímenes antes citados son responsables de todos los actos realizados por cualquier persona que ejecute dicho plan”. (23)
23 “Cuento de Navidad. Es posible un mundo diferente”. Baltasar Garzón. Editorial Prometeo. Página 56. Universidad de Quilmes. 2002.
Por su parte, la Ley número 10 del Consejo de Control Aliado, sobre el castigo de personas que sean culpables de haber cometido Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Paz o Crímenes contra la Humanidad de 20 de Diciembre de 1945, tipificó los crímenes contra la paz, de guerra y contra la humanidad (artículo 2), mejorando, respecto de estos, su aplicación, al no exigir la conexión con los delitos de guerra o contra la paz como establecía el Estatuto de Londres.
Con posterioridad a la firma de la Carta de Naciones Unidas (26 de Junio de 1945), el 13 de Febrero de 1946 se creó el Comité de Codificación de Derecho Internacional que debería dar forma a un Código Criminal Internacional en donde se plasmarían los Principios recogidos en el Estatuto de Nüremberg y la sentencia del Tribunal. La Asamblea General de 11 de Diciembre de 1946 aprobó los Principios del Estatuto y de la Sentencia del Tribunal de Nüremberg. La resolución 177, de 21 de Noviembre de 1947, encomendó a la Comisión de
Derecho Internacional de la ONU, la formulación de aquellos principios de derecho internacional, lo que llevó a efecto en 1950 (Junio-Julio) y, entre ellos, se
24 “Justicia Universal para crímenes internacionales”. Manuel Ollé Sesé. Edi. La Ley Temas. Pags. 118-119. Las Rozas. 2008.
estableció que «los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad son punibles bajo el Derecho Internacional».
Estos principios, con el nombre de “Principios de Nuremberga”(25) fueron expresamente reconocidos por España el 4 de Agosto de 1952, al ratificar el Convenio de Ginebra de 12 de Agosto de 1949 que, en su artículo 85, remite expresamente a los “Principios de Nuremberga” (BOE 5 de Agosto de 1952). Es cierto que, en ese mandato, España hizo una reserva de Derecho Internacional consuetudinario en cuanto al párrafo primero del artículo 99 del Convenio relativo al trato de prisioneros de guerra, de 12 de Agosto de 1949, ya citado, afirmando que por “Derecho Internacional vigente sólo se entenderá el precedente de fuente convencional o bien el elaborado previamente por Organismos en los que España tomara parte”. España no formaba parte de la Asamblea General de la ONU de 11 de Diciembre de 1946, cuando aprobó los “Principios de Nuremberga” y, cuya fuente, no es convencional –como no lo son otras fuentes del Derecho Internacional consuetudinario. En cualquier caso, España retiró esta reserva en 1979 (BOE de 31 de Julio de 1979).
SEXTO.- Se ha requerido a las partes personadas en acusación, que aportaran, dentro de los escasos límites temporales concedidos (quince días) un listado lo más completo y uniforme posible, sin perjuicio de ulteriores modificaciones, de los casos de personas desaparecidas desde el 17 de Julio de 1936 hasta diciembre de 1951, como consecuencia de la acción directa o indirecta del llamado alzamiento nacional que dio paso a la Guerra Civil Española y a la posguerra de los cuáles aun no se sabe su paradero bien porque fueron
desaparecidos o bien porque habiendo sido ejecutados, no se sabe dónde se hallan los cuerpos que fueron inhumados en lugares sin identificación alguna. Por supuesto que no se olvidan los desaparecidos, cuyos restos han aparecido, y han
25 Con esta expresión castellanizada se publicaron en el Boletín Oficial.
sido identificados, por cuanto con este hallazgo cesaron los efectos del delito.
(Ver Razonamiento Jurídico Primero, apartado 6º).
ANDALUCÍA -----------------------------------32.289
ALMERÍA ---------------------------------------------373
CÁDIZ -----------------------------------------------1.665
CÓRDOBA ----------------------------------------7.091
GRANADA ----------------------------------------5.048
HUELVA -------------------------------------------3.805
JAÉN -----------------------------------------------3.253
MÁLAGA ------------------------------------------7.797
SEVILLA -------------------------------------------3.257
ARAGÓN ----------------------------------------10.178
HUESCA ------------------------------------------2.061
TERUEL -------------------------------------------1.338
ZARAGOZA --------------------------------------6.779
ASTURIAS ---------------------------------------1.246
GIJÓN ----------------------------------------------1.246
BALEARES --------------------------------------1.777
MALLORCA --------------------------------------1.486
MENORCA ------------------------------------------106
IBIZA Y FORMENTERA -------------------------185
CANARIAS -----------------------------------------262
GRAN CANARIA ----------------------------------200
TENERIFE --------------------------------------------62
CANTABRIA --------------------------------------850
CASTILLA LA MANCHA -------------------7.067
ALBACETE --------------------------------------1.026
CIUDAD REAL ---------------------------------1.694
CUENCA -------------------------------------------377
TOLEDO -----------------------------------------3.970
CASTILLA LEÓN ---------------------------12.979
ÁVILA ------------------------------------------------650
BURGOS -----------------------------------------4.800
LEÓN ----------------------------------------------1.250
PALENCIA ---------------------------------------1.180
SALAMANCA -------------------------------------650
SEGOVIA -------------------------------------------370
SORIA -----------------------------------------------287
VALLADOLID -----------------------------------2.555
ZAMORA -----------------------------------------1.237
CATALUÑA ------------------------------------2.400
C. VALENCIANA -----------------------------4.345
ALICANTE -----------------------------------------742
CASTELLÓN -----------------------------------1.303
VALENCIA --------------------------------------2.300
EUZKADI ----------------------------------------9.459
ÁLAVA ----------------------------------------------100
GUIPÚZCOA --------------------------------------340
VIZCAYA -------------------------------------------369
DATOS DEL GOBIERNO VASCO ------8.650
EXTREMADURA ---------------------------10.266
GALICIA -----------------------------------------4.396
LA RIOJA ---------------------------------------2.007
MADRID -----------------------------------------2.995
MURCIA -------------------------------------------855
NAVARRA --------------------------------------3.431
CEUTA, MELILLA y NORTE ÁFRICA-- 464
OTROS TERRITORIOS -------------------7.000
TOTAL ---------------------------------------114.266
 Presidente de la Junta…el general de División, Miguel Cabanellas Ferrer
 Vocal………………….el general de División, Andrés Saliquet Zumeta
 Vocal………………….el general de Brigada, Miguel Ponte Manso de Zúñiga
 Vocal………………….el general de Brigada, Emilio Mola Vidal
 Vocal………………….el general de Brigada, Fidel Dávila Arrondo
 Vocal………………….el coronel, Federico Montaner Canet
 Vocal………………….el coronel, Fernando Moreno Calderón
 Vocal………………….el capitán de navío, Francisco Moreno Fernández
 Vocal………………….el general de División, Francisco Franco Bahamonde
 Vocal………………….el general de División, Germán Gil y Yuste
 Vocal…………….……el general de Brigada, Luis Orgaz Yoldi
 Vocal………………….el general de División, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra
c) El primer Gobierno del Estado Español constituido el 30 de Enero de 1938 hasta el 9 de Agosto de 1939, encabezado por el Jefe del Estado y Presidente del Gobierno Francisco Franco; Fidel Dávila Arrondo, como Ministro de Defensa; Ramón Serrano Súñer, como Ministro de Gobernación; Severiano Martínez Anido, como Ministro de Orden Público, falleciendo el 24 de Diciembre de 1938, siendo su cartera asumida por Serrano Súñer; Tomás Domínguez Arévalo, como Ministro de Justicia y Raimundo Fernández Cuesta y Merelo, como Secretario General del Movimiento, entre otros ministros que ostentaban carteras sin relación objetiva, directa o aparente con los hechos investigados. (26)
26 El Movimiento Nacional se componía, entre otras organizaciones y cargos públicos e instituciones, de un partido único, llamado Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y JONS) creado por Francisco Franco Bahamonde por el Decreto nº 255 de 19 de Abril de 1937 (B.O.E. de 20 de abril de 1937). En su artículo primero decía: «Falange Española y Requetes, con sus actuales servicios y
e) El 3er Gobierno del Estado Español, del 20 de Mayo de 1941 al 3 de Septiembre de 1942, integrado por Francisco Franco como Jefe del Estado y Presidente del Gobierno; Valentín Galazar Morante, como Ministro de Gobernación; José Enrique Varela Iglesias, como Ministro del Ejército; Juan Vigón Suerodíaz, como Ministro de Aire; Salvador Moreno Fernández, como Ministro de Marina; Esteban Bilbao y Eguía, como Ministro de Justicia, y, Jose Luis Arrese y Magra, como Ministro Secretario General del Movimiento, entre otros ministerios que ostentaban carteras sin relación objetiva, directa o aparente con los hechos investigados, en atención a los
elementos, se integran bajo Mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional que, de momento, se denominará Falange Española Tradicionalista y de las JONS»; en el artículo 2º se disponía: «Serán órganos rectores de la nueva entidad política nacional, el Jefe del Estado, un Secretario o Junta Política y el Consejo Nacional…». En tanto que el artículo 3º decía: «Quedan fundidos en una sola Milicia Nacional, las de Falange Española y de Requetés…La Milicia Nacional es auxiliar del Ejército. El Jefe del Estado es Jefe Supremo de la Milicia. Será Jefe directo un general del Ejército con dos subjefes militares procedentes, respectivamente, de las Milicias de Falange Española y de Requetés. Para mantener la pureza de su estilo se nombrarán los asesores políticos del mando».
cargos ocupados y las fechas a las que extiende este Gobierno su actuación, en las que las esferas de la represión se habían desplazado al modus operandi anterior durante la confrontación militar, haciéndose más clandestina y bajo otros designios que los estrictamente militares.
Así, «La persecución de los huidos, se encomendó tanto durante la contienda, como durante la primera posguerra, a fuerzas mixtas integradas por soldados, guardias civiles y falangistas… A partir de 1941, estas fuerzas mixtas empezaron a ser reemplazadas por unidades especiales de Guardia Civil, las llamadas Compañías Móviles…que se convirtieron después en Sectores Móviles y que dependían de los Juzgados Militares Especiales para la Persecución de huidos. Una Orden de 26 de Agosto de 1941, firmada por el General Emilio Álvarez Areces, revela la importancia que para el Régimen tenían los resistentes: “El actual estado de cosas ha de desaparecer en un corto plazo, por lo que no hemos de reparar en los medios para conseguirlo por enérgicos y duros que ellos sean. A los enemigos en el campo hay que hacerles la guerra sin cuartel hasta lograr su exterminio, y como la actuación de ellos es facilitada por su cómplices, encubridores y confidentes, con ellos hay que seguir idéntico sistema, con las modificaciones que las circunstancias impongan”…(Boletín Oficial de la Guardia Civil, Septiembre de 1941). En 1942 apareció una modalidad contrainsurgente,
27 Disposición del vicepresidente del Gobierno Francisco Gómez Jordana y Sousa (B.O.E. de 18 de Julio de 1938), por la que se restablece la dignidad de Capitán General en el Ejército y en la Armada y se exalta a dignidad el Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar, Aire, Jefe Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, al Excelentísimo Señor Don Francisco Franco Bahamonde.
las Contrapartidas¸ cuya denominación oficial era la de Grupo de Fuerzas del Servicio Especial de la Guardia Civil (GESEGC) … al principio las componían guardias civiles y falangistas…A partir de 1945, cuando se generalizaron las contrapartidas estaban formados por civiles, -de hecho eran conocidos como Unidades Civiles-, sobre todo falangistas y somatenistas pero también guerrilleros y delincuentes comunes. Un miembro de la benemérita, que dirigía el grupo, era el único acompañante oficial.» (28)
La preocupación por las actuaciones guerrilleras después de la guerra era evidente en las autoridades civiles y militares del nuevo régimen y a su combate, como se ha dicho, empleó toda la estructura militar y civil necesaria. El 3 de Agosto de 1943, el Gobernador Civil de Cáceres enviaba el siguiente informe al Capitán General de la Primera Región Militar sobre las actividades de los huidos en esa provincia durante el mes de Julio de ese año: « El problema de los huidos reviste una importancia digna de gran atención…Las fuerzas de la Guardia Civil, aun desplegando todo el celo y actividad, no son suficientes para terminar con este problema por la gran extensión territorial de esta provincia y limítrofes. La retaguardia está desguarnecida por haber sido destacadas las fuerzas a sierras de las provincias limítrofes, siendo necesario el aumento de estas fuerzas o su incremento con las del Ejército para poder garantizar el orden y hacer renacer la tranquilidad en el campo…. (Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Gobierno Civil de Cáceres, Sección Orden Público, Agosto 1943).» (29)
Por su parte, en cuanto a la estructura judicial, el Bando de Guerra de 28 de Julio de 1936 instituyó la Jurisdicción Militar para la represión de los opositores políticos. Esta jurisdicción se mantuvo en la Ley de Seguridad del Estado de 29 de Marzo de 1941 y por Decreto Ley de 18 de Abril de 1947. Los
28 Secundino Serrano. “Génesis del Conflicto: La represión de los huidos. Dentro del libro Federación Guerrillera de León-Galicia. El último Frente. Resistencia Armada Antifranquista en España 1939-1952”, de José Arostegui y Jorge Marco (Eds). Editorial Catarata, 2008, páginas 108-109.
29 Julián Chaves Palacios: Notas Documentales y Orales en el Estudio de la Guerrilla, página 268. En El Último
Frente. Julio Arostegui y Jorge Marco (Eds.). Editorial Catarata. Madrid 2008.
tribunales se encargarán del enjuiciamiento, sin ningún tipo de garantías procesales, de personas detenidas en forma arbitraria, torturados, en forma sumarísima y les impusieron las penas más graves, tales como pena de muerte, trabajos forzados, confiscación de bienes o cautiverio en campos de concentración o prisiones clandestinas o ilegales, durante largo tiempo. (30)
1. El de la irretroactividad de la ley penal que recoge el delito citado con posterioridad a la comisión de los hechos y su conflicto con las normas
30 Informe de Amnistía Internacional de 18 de Julio de 2005. España: poner fin al silencio y a la injusticia.
Páginas 12 y 14.
consuetudinarias de derecho penal humanitario que han sido ratificadas por España y que forman parte del denominado “ius cogens” y que ya han sido citadas.
Por su parte la sentencia que resolvió el recurso de casación de este caso dictada el 1 de Octubre de 2007 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo estable que, el meritado precepto (artículo 607 bis del Código Penal) fue introducido en el Código Penal español por medio de la LO 15/2003, definiéndolo como delito contra la comunidad internacional e integrando en el mismo una serie de conductas básicas de las cuales … “la causación dolosa de la muerte de otra persona o las detenciones ilegales, ya eran delictivas como delitos ordinarios con anterioridad. Su elevación a la naturaleza de delitos contra la comunidad internacional encuentra justificación en las circunstancias añadidas
que integran el elemento de contexto. Son éstas, según el artículo 607 bis del Código Penal, el que los hechos concretos se cometan como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil o una parte de ella, o bien cuando se cometan por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional o bien, se cometan en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen. La pena máxima prevista es la de prisión de veinte años y un día a treinta años cuando el autor cause la muerte a una persona y concurra alguna de las circunstancias previas en el artículo 139 del mismo Código Penal”.
De todos modos, las circunstancias descritas, muy similares a las contenidas en los instrumentos internacionales, superpuestas a hechos ya de por sí constitutivos de delitos, son las que convierten a éstos en crímenes contra la Humanidad, incrementando el contenido de injusto, lo que repercute en una mayor pena; planteando la cuestión de su imprescriptibilidad; y permitiendo afirmar que los Estados deben proceder a su persecución y castigo. Dicho con otras palabras, esas circunstancias añadidas al asesinato y a la detención ilegal, en el caso, aunque no permitan la aplicación de un tipo penal contenido en un precepto posterior que no es más favorable ni autoricen por
la misma razón una pena comprendida en límites de mayor extensión, pueden ser tenidas en cuenta para justificar su perseguibilidad universal.
En este mismo sentido, la sentencia del TEDDHH de 10 de Mayo de 2001- Chipre contra Turquía, reconoce que la inexistencia de disposición que permita contestar a la imposibilidad de recursos legales para oponerse a las injerencias en los derechos garantizados por la convención, permite la alegación posterior deésta.
2. Puede suscitarse también si el Convenio Europeo de Derechos Humanos es aplicable a hechos sucedidos antes de su entrada en vigor. A este respecto debe resaltarse la Decisión Broniowki contra 35 Polonia, de 22 de Junio de 2004. Según esta Decisión, el hecho ilícito generador (confiscación de un bien inmueble) se remonta a 1944.
Esta conclusión no es producto de un simple formalismo, porque, con independencia de los problemas de la tipificación o descripción concreta de los crímenes internacionales en nuestro ordenamiento jurídico penal y de la necesidad o no de la transposición expresa de los crímenes internacionales a las legislaciones internas, es sabido que los tribunales españoles no pueden aplicar más penas que las expresamente establecidas para los delitos y, antes de la introducción de los crímenes de lesa humanidad en nuestro Código Penal, no
estaba prevista pena alguna para estos crímenes en dicho Código, ni tampoco en tratado o convenio internacional alguno.
DÉCIMO.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 10 de Mayo de 2001, en el caso Chipre contra Turquía, establece, al analizar si ha existido violación del artículo 5 de la Convención (Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad. Ninguno puede ser privado de su libertad…), establece que la detención no reconocida de una persona constituye una negación total del derecho a la libertad y a la seguridad y una violación extremadamente grave del artículo 5 de la Convención. Añadiendo que las autoridades que han sido
responsables de la detención (desaparición) están obligadas a revelar el lugar donde se encuentran.
En el mismo sentido debe destacarse la sentencia de 25 de Mayo de 1998, caso Kurtz contra Turquía. En este caso, el Tribunal reconoce la existencia de la violación de los derechos del desaparecido y además los del familiar demandante (madre), respecto de la cual afirma la violación del artículo 3 de la Convención como titular del derecho a no ser sometida a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, en virtud de la situación de angustia y sufrimiento a que le llevó la desaparición de su hijo, y de la misma son responsables las autoridades que
propiciaron la situación.
De lo dicho, se desprende que, a partir del 18 de Julio de 1936, se produjeron detenciones arbitrarias, desapariciones, asesinatos, respecto de los cuales y tras el final de la guerra, las autoridades que los habían propiciado, aparentemente, no hicieron lo necesario para procurar el hallazgo de las personas desaparecidas o el enjuiciamiento de los presuntos culpables, aunque sí persiguieron los hechos imputados a aquellos que habían estado en el lado contrario, actuando bajo la legislación de la época, y que se imputaron a los vencidos, mediante juicios sumarísimos que desembocaron en ejecuciones y privaciones de libertad, y, en otros casos en ejecuciones extrajudiciales que nunca
fueron investigadas hasta el día de hoy por la justicia penal, produciendo múltiples actos para evitar el descubrimiento de las víctimas, situación en la que continúan hasta hoy.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su decisión de admisibilidad en el caso August Kalk y Petr Kislyiy contra Estonia, de 17 de Enero de 2006, reconoció la validez universal de los principios concernientes a la catalogación de la deportación como crimen de lesa humanidad, aunque el Tribunal de Nüremberg fue establecido para enjuiciar los delitos que se habían cometido durante y antes de la Segunda Guerra Mundial (the European Axis countries) el Tribunal indica que los crímenes contra la humanidad fueron confirmados, inter alia, en la resolución 95 de la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de Diciembre de 1946 y más tarde por la Comisión de Derecho Internacional. Consecuentemente, la responsabilidad para los crímenes contra la humanidad no puede estar limitada sólo a los nacionales o ciertos países y a actos cometidos solamente en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto el Tribunal enfatiza que está expresamente recogido en el artículo I (b) de la “Convención de no aplicabilidad de las limitaciones estatutarias a los crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad”, en la fecha de su comisión y si fueron cometidos en tiempo de guerra o en tiempo de paz.
DÉCIMOPRIMERO.- Sobre la posible aplicación de la amnistía
(indultos generales).
La Ley 46/1977 de 15 de Octubre, sobre amnistía establece en su artículo
primero que “Quedan amnistiados:
a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera
su resultado, tipificados como delitos o faltas con anterioridad al
15 de Diciembre de 1976.”
De aquí se desprende que la amnistía nunca podría referirse a casos graves como el genocidio o lesa humanidad o, en supuesto de guerra, a casos graves de crímenes cometidos fuera de combate, con víctimas especialmente desvalidas o cuando se trate de desapariciones forzadas, torturas o violaciones sexuales. «En la misma línea, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia, del 5 de Septiembre de 2005, nos dice: “El Estado tiene el deber de investigar y sancionar de manera seria las violaciones de los derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad. Dicha investigación debe incluir la identificación plena de todas las víctimas”.
31 “La línea del horizonte”. Baltasar Garzón. Editorial Debate. Pág. 280. Barcelona. Mayo 2008.
32 “Crímenes contra la Humanidad. La lucha por la justicia global”. Geoffrey Robertson. Editorial Siglo XXI. Madrid 2008. Pág. 288.
33 «A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procuraron conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.» Art. 6.5, Protocolo II Adicional a las Convenciones de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, de 8 de junio de 1977 (B.O.E. 26 de julio de 1989). Código de Derecho Penal Europeo e Internacional. Luis Arroyo Zapatero y Adán Nieto Martín. Ministerio de Justicia. Universidad de Castilla-La Mancha. Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Madrid 2008. Pág. 523.
En la misma línea señalada, la Comisión de Derechos Humanos en su 61 sesión de Naciones Unidas de 8 de Febrero de 2005 aprobó los Principios Generales para combatir la impunidad (Principio I). Entre ellos destaca el derecho inalienable a la verdad, en los casos de crímenes como los que aquí se investigan (Principio II); el derecho de la víctima a saber (Principio IV), como un derecho imprescriptible a conocer las circunstancias en las que se produjeron la violencia, la muerte o las desapariciones; el derecho a la justicia (Principio XIX) y en
particular la justicia penal; el derecho a la jurisdicción universal (Principio XXI); a la imprescriptibilidad, cuando se refiera a crímenes que según el derecho internacional son imprescriptibles (Principio XXIII); el derecho a la restricción y otros medios relacionados con la amnistía (Principio XXIV). La amnistía se reconoce ésta como una medida que puede ser beneficiosa en casos de acuerdos
de paz, etcétera, pero en la letra a) se establece claramente que los perpetradores de crímenes bajo el derecho internacional, no se pueden beneficiar de esas medidas mientras que el Estado no haya cumplido las obligaciones del Principio XIX, es decir, hasta que el Estado no haya dispuesto lo necesario, a través de investigaciones independientes e imparciales, sobre las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho internacional humanitario y haya tomado las medidas precisas respecto a los perpetradores, particularmente en el área de la justicia criminal, con exigencia la responsabilidad, juzgándoles y condenándoles, en su caso.
De las tres finalidades fundamentales del proceso penal, averiguar si se ha cometido un delito, si éste ha sido ejecutado por una o varias personas y si las víctimas han visto resarcido su derecho, en el caso de autos, resulta evidente que existen presuntamente varios y graves delitos, que no se excluye la existencia aún de posibles responsables, aunque no en grado de alta responsabilidad, y que existen víctimas a las cuales debe resarcírseles en su derecho y hacer todo lo posible porque averigüen el lugar de inhumación de sus
familiares, con el fin de constatar los delitos producidos y la cesación de los efectos del delito, hasta cuyo momento, éste se sigue cometiendo.
Debe quedar claro, desde luego, que imposibilitar la persecución penal (en la forma expuesta) de estos hechos, sería tanto como actuar contra los derechos de las víctimas, dejándolas en el mayor desamparo y, entre esos derechos, el derecho a la verdad, debido proceso, reparación y garantías de no repetición (Resolución 60/147 de 16 de Diciembre de 2005 de la Asamblea General de la ONU, que contiene los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos u obtener reparaciones), sin olvidar que las violaciones sistemáticas y masivas de Derechos Humanos cometidas por organizaciones políticas son imprescriptibles. (34)
Ya en 1973, «la Asamblea General adoptó un conjunto de Principios de Cooperación Internacional en la Detención, Arresto, Extradición y Condena de personas culpables de crímenes de guerra y lesa Humanidad. El Principio I es que“los crímenes contra la humanidad, allá donde fueran cometidos, serán sometidos
34 Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad. Documento ONU E/CN 4/2005/102/Add, 1 de 8 de Febrero de 2005. Andrea Greppi:“Derecho y memoria histórica”. Editorial Trotta.
a investigación, y las personas contra las que haya pruebas de haber cometido tales crímenes serán objeto de búsqueda, detención, juicio, y, de ser considerados culpables, castigo”.» (35)
35 “Crímenes contra la Humanidad. La lucha por una justicia global”. Geoffrey Robertson. Editorial Siglo XXI.
Madrid 2008. Pág. 278.
“Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario” (Principio IX, 15).
36 El artículo 2 (3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (B.O.E. de
30 de abril de 1977) dice “Cada uno de los Estados Partes en el Presente Pacto se compromete a garantizar que: a)
Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer
un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en el ejercicio de
sus funciones especiales. b) La autoridad competente judicial…decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso, y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial”.
Establecer la existencia y comisión del delito puede tener unas consecuencias civiles y patrimoniales importantes, además de permitir el ejercicio del derecho a la memoria, como derecho de ámbito y contenido internacional. (37)
A este respecto, la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, en su artículo 4.1 establece que [la declaración de reparación y reconocimiento personal] no agota la exigencia de responsabilidad y “es plenamente
37 José María Sana: “Derecho y memoria histórica” página 99. Informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos titulado Estudio sobre el Derecho a la verdad. E/CN 4/2006/91 de 9 de Enero de 2006, que desarrolla el principio y derecho de las víctimas a saber.
compatible...con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar en los Tribunales de Justicia”.
A)El grupo de expertos, para cuya formación se solicitará a las partes que, de común acuerdo, designen el nombre de cinco personas, a las que se unirán otras dos que serán nombradas por este Juzgado, tendrá como misión en su pericia (artículos 456 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), estudiar, analizar y valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas en un solo informe que incluya el número total de víctimas en el período estudiado (17 de Julio de 1936 hasta el 31 de Diciembre de 1951), diferenciándolos, luego de estudiar todos los datos aportados y que se aporten a la causa, en tres grupos:
Tal actuación deberá estar coordinada con el grupo de expertos para facilitar los trabajos a estos y, en su caso, seguir las instrucciones
técnicas de los mismos, facilitándoles todos los resultados obtenidos.
Tanto el grupo de expertos como el grupo de Policía Judicial deberán de actuar teniendo en cuenta la actividad que pueda estar desarrollando la administración en otros ámbitos, relacionados con los hechos objeto de investigación y, en su caso, se hará coordinadamente, sin solapamientos, y, su actividad podrá desarrollarse tanto dentro como fuera de España, a través de la
1. El 5 de Mayo de 2008, de la Asociación “Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo”, participando la que se va a llevar a cabo en el
término municipal de Parrillas (Toledo).
2. El 28 de Agosto, por la misma asociación y ocho más, comunicando las que se van a practicar o se han practicado en los términos
municipales de Adrada de Haza, San Juan del Monte, ambos en la provincia de Burgos; La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo, todos ellos en la provincia de León.
5. El 22 de Septiembre, por Dª Juana Bort Padilla, para que ordene la apertura de las fosas comunes existentes en las localidades de La
Palma del Condado, Bonares y Niebla, en la provincia de Huelva, entre otras diligencias.
c. La ubicación y titularidad del lugar, así como si existe
conformidad o no por parte del mismo, cuya ausencia deberá
ser suplida con la correspondiente autorización de la autoridad
judicial que valorará todas las circunstancias concurrentes,
atendiendo al interés más necesitado de protección que, en este
caso, sería la del hallazgo de la víctima.
 Francisco Franco Bahamonde
 Miguel Cabanellas Ferrer
 Andrés Saliquet Zumeta
 Miguel Ponte Manso de Zúñiga
 Emilio Mola Vidal
 Fidel Dávila Arrondo
 Federico Montaner Canet
 Fernando Moreno Calderón
 Francisco Moreno Fernández
 Germán Gil y Yuste
 Luis Orgaz Yoldi
 Gonzalo Queipo de Llano y Sierra
 Francisco Gómez-Jordana y Souza
 Francisco Fermoso Blanco
 Luis Valdés Cabanilla
 Nicolás Franco Bahamonde
 Francisco de Asís Serrat i Bonastre
 José Cortés López
 Ramón Serrano Súñer
 Severiano Martínez Anido
 Tomás Domínguez Arévalo
 Raimundo Fernández Cuesta y Merelo
 Valentín Galarza Morante
 Esteban Bilbao y Eguía
 Jose Luis Arrese y Magra
 Juan Yagüe Blanco
 Salvador Moreno Fernández
 Agustín Muñoz Grandes
 José Enrique Varela Iglesias
 Juan Vigón Suerodíaz
 Blas Pérez González
 Carlos Asensio Cabanillas
 Eduardo Aunós Pérez
 Eduardo González Gallarza, y
 Francisco Regalado Rodríguez
4. Formar un grupo de Expertos en número, forma y con las competencias marcadas en el Razonamiento Jurídico Décimosexto. A tal efecto,
requiérase a las partes para que designen, de mutuo acuerdo, a las cinco personas que integren el referido grupo, en un plazo no superior a diez días, que se unirán a las dos que nombre el Juzgado, los cuales deberán aceptar y jurar o prometer el cargo.

References: artículo 227
 resolución 
 artículo 85
 artículo 99
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 607
 artículo 139
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 3
 resolución 
 artículo 2
 artículo 4