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Timestamp: 2020-08-04 14:27:46+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 899/03 de Corte Constitucional, 7 de Octubre de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 43620523
Sentencia de Constitucionalidad nº 899/03 de Corte Constitucional, 7 de Octubre de 2003
Ley 600 de 2000. Codigo de procedimiento penal. Arts. 38 (p), 42,48(p), 52(p),55,57(p). Constitucion de parte civil. Rechazo de la demanda. Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. Exequibles e inhibida.
''La víctima o perjudicado por un delito no sólo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado, trátese de delitos consumados o tentados, sino que además tiene derecho a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia.''.
INDEMNIZACION INTEGRAL DE PERJUICIOS COMO CAUSAL DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL-No constituye manifestación de la proscrita ''prisión por deudas''
La S. Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados D.C.I.V.H. - quien la preside -, J.A.R., A.B.S., M.J.C.E., J.C.T., R.E.G., M.G.M.C., E.M.L. y A.T.G., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia con base en los siguientes,
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano M.B.M., actuando en nombre propio y haciendo uso de los derechos consagrados en los artículos 40-6, y 95-7, de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad parcial de los artículos 38 (parcial), 42, 48 (parcial), 52 (parcial), 55, 57 (parcial) de la Ley 600 de 2000, por la cual se expide el nuevo Código de Procedimiento Penal, por considerar que contraría varias disposiciones constitucionales.
mismo modo, dicha posición atenta contra convenios y tratados internacionales que hacen parte del bloque constitucional, como es el caso del artículo 8º de la Declaración Universal de los Derecho Humanos, el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de D.itos y del Abuso del Poder (Asamblea General de las Naciones Unidas- resolución 40134, 29 de Noviembre de 1985), y por último, el artículo 32 del Protocolo Adicional 1º a los Convenios de Ginebra.
Tomando como base que la indemnización de los perjuicios no puede ser el único objetivo de la acción civil en el proceso penal, porque así lo reconoce el ordenamiento constitucional, para el actor es claro que la expresión ''indemnización integral'', contenida en el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal es inconstitucional porque establece que la acción penal puede extinguirse con el solo pago de la indemnización que se debe. Es decir, si se acepta que la parte civil en el proceso penal busca la realización de otros objetivos: encontrar la verdad de los hechos y sancionar al responsable, es evidente la imposibilidad de que la acción penal se extinga por el simple pago de la indemnización. Ello satisfaría sólo uno de los fines de la demanda, dejando por fuera los que acaban de mencionarse.
Tal situación se agrava -añade- por el hecho de que la indemnización integral puede decretarse sin el consentimiento de la víctima ''en la medida en que puede ser dispuesta cuando el responsable paga el valor de los perjuicios determinados pericialmente'', lo que se convierte en una razón más para considerar que es una violación al derecho que tiene la víctima de que se haga justicia, derecho que ''queda sólo protegido cuando el juez penal, en sentencia, se pronuncia sobre la responsabilidad penal del sindicado''.
De esta forma surge la siguiente pregunta: ¿Qué se está sancionado penalmente, el no pago de la indemnización del perjuicio causado o la conducta? En cuanto a este interrogante, recuerda el actor que la Carta Política, en su artículo 28, y la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 77, prohíben la detención, prisión o arresto por deudas. Sostiene que, si bien la Corte ha dicho que la prohibición constitucional del artículo 28 ''no abarca la posibilidad de convertir una multa-como sanción punitiva del Estado- en arresto'' Sentencia C-041/94, M.P.E.C., este caso es diferente pues no está transformando la multa en arresto sino que ''se estaría convirtiendo una obligación civil- la de indemnizar integralmente la víctima- en pena privativa de la libertad, lo cual es contrario a la prohibición de arresto por deudas establecida por la Constitución Nacional''.
Sin embargo, no es procedente que el legislador establezca ''circunstancias que atañen exclusivamente a la conducta del sindicado y por lo tanto sólo pueden tener efectos respecto a la sanción penal, como la consagración del hecho como delito (falta de tipicidad) o la falta de la culpabilidad exigida en el tipo penal, pueden impedir que la víctima logre la indemnización de perjuicios provenientes del mismo hecho''. En este orden de ideas, el artículo 57 es inconstitucional pues limita el acceso a la administración de justicia consagrado en nuestra Constitución al disponer que la absolución del sindicado por cumplimiento de un deber legal o por actuar en legítima defensa impide que se prosiga a la acción civil con el objetivo de que se paguen los daños causados. Si bien se podría argumentar que habrá ocasiones en que quien obre en legítima defensa sea exonerado de pagar perjuicio civiles por considerar que los daños fueron causados por causa exclusiva de la víctima, habrá ocasiones en que no sucederá de esta forma, por ejemplo, cuando se trate de la legítima defensa subjetiva. En este último caso, la víctima tiene derecho a acudir a la justicia para que se le indemnicen los daños causados, pero por disposición del aparte demandado, no podrá gozarse de este derecho.
Dentro del término correspondiente, intervino la D.A.L.G.G., actuando en representación del Ministerio de la referencia, para solicitar a la Corte que declare la constitucionalidad de las normas demandadas.
La nombrada funcionaria comienza su intervención recordando que en desarrollo del artículo 250 Superior, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 21, le da la facultad al funcionario judicial de adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible haciendo posible la ejecución de mecanismos que protejan el derecho de la víctima de que se indemnicen los perjuicios ocasionados por el delito, según lo dispone el artículo mencionado del Estatuto Superior. Uno de estos mecanismos es ''la indemnización integral (...), que una vez definido por el funcionario judicial, motiva la extinción de la acción penal adelantada contra el infractor llamado a indemnizar''. No obstante, ésta opera sólo frente algunas conductas específicas que el legislador considera que pueden ser valoradas económicamente.
Por otro lado, la intervinente señala su desacuerdo con el argumento de ''que el derecho a la justicia se agota, como esgrime el accionante, con la imposición de medidas privativas de la libertad'' pues, en su sentir, si es ineludible que el proceso culmine con una sentencia condenatoria entonces se le estaría otorgando una finalidad meramente retributiva.
Al mismo tiempo, la intervinente sostiene que ''el incremento de bienes jurídicos objetos de sanción desde la órbita penal (...) necesariamente debe tender a un proceso, igualmente generalizado, de despenalización de ciertas conductas, y de búsqueda de mecanismos alternativos de solución de aquellos conflictos cuya naturaleza no requiera del desgaste del ente judicial''. De lo anterior es claro que es válido y necesario el requisito de que no se haya iniciado proceso civil para la incoación del proceso penal toda vez que busca permitir el cumplimiento de un deber que la Constitución impone la ciudadano, a saber, el de ''colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto acudir a la justicia por dos vías diferentes siendo un mismo hecho y entre las mismas partes, sugieres un desgaste desleal de la justicia''.
Por otra parte, sostiene que, a tenor de los dispuesto por la Corte en la Sentencia C-1063/00, es evidente que el alegato que pretende desestimar el pago de la indemnización como medio para dar por terminado el proceso no es de recibo toda vez que ''no puede (...) predicarse el desconocimiento de un derecho de estirpe constitucional cuando el mismo se encuentra precedido de una decisión voluntaria y, en todo caso, dirigida al mismo fin: el resarcimiento de perjuicios''.
Finalmente, en referencia a los efectos de las cosa juzgada penal absolutoria, la funcionaria afirma que ''la concurrencia de tales eximentes da lugar a la extinción de la acción civil, atendiendo la no exigibilidad de conducta diversa en una circunstancia particular. Allí, el legislador privilegia la evitación de un riesgo de mayor entidad, exonerando de responsabilidad penal y, de contera, civil, a quien, por ejemplo, ha asumido voluntariamente la protección de un bien jurídico de mayor jerarquía''. Para darse a entender con mayor claridad, aporta como ilustración la circunstancia en que se causa un perjuicio económico- como el rompimiento de algunos objetos- por ingresar a la fuerza a una casa cerrada con el único objeto de salvar la vida de quienes se encuentran encerrados en el recinto incendiado. De aceptarse el argumento del actor, sería válida la demanda entablada para que se indemnicen los perjuicios causados; situación contraria a la lógica jurídica y a la exigencia constitucional de vigencia de un orden justo.
Dentro del término correspondiente, intervino el D.G.M.M., actuando en representación de la institución ya referida, para solicitar a la Corte que declare la exequibilidad de los artículos demandados.
El funcionario advierte, en primer término, que la sentencia en la que se basa la demanda no es la C-228/00 como lo expuso el actor, sino la C-228/02, donde efectivamente la Corte se pronunció sobre el papel de la parte civil en el proceso penal. Igualmente, afirma que el actor se equivoca al sostener que ''con la Sentencia C-228 operó la inconstitucionalidad per se de los artículos acusados'' pues hasta el momento de la demanda, los artículos no habían sido objeto de fallo constitucional.
Manifiesta el intervinente que comparte la opinión del demandante en cuanto a que el nuevo papel que juega la parte civil en el proceso penal no es únicamente el de buscar la indemnización de perjuicios sino además buscar que se encuentre un responsable y se haga honor a la verdad. Sin embargo, de la anterior apreciación no se deduce, para el funcionario, la inconstitucionalidad de la normas imputadas. De hecho, considera que ellas, ''lejos de vulnerar el ordenamiento constitucional lo realiza'', entre otras cosas, al desarrollar el precepto constitucional de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan (artículo 2º), de la dignidad humana (artículo 1º), el derecho al bueno nombre y la honra (artículos 15 y 21), a la libertad y el debido proceso de los procesados (artículos 28 y 29), al monopolio estatal de la acción penal (artículo 228) y al acceso de la administración de justicia (artículo 229).
Por otra parte, considera que ''el legislador previó a efectos de realizar [el principio] (...) de la economía procesal, que la acción civil que debe adelantarse contra el responsable de un hecho delictuoso en busca del pago de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, se pueda ejercer dentro o fuera del proceso penal. Sin embargo esta circunstancia fue subsanada por el artículo 45 del Código de Procedimiento Penal, al señalar expresamente que se puede intentar la acción civil independientemente ante la manifestación civil de la jurisdicción ordinaria o dentro del proceso penal a voluntad del perjudicado''.
Finalmente, sostiene que si se observa el artículo 57 acusado a la luz del artículo 32 del Código Penal, se concluye que no hay violación al derecho de la víctima de acceder a la justicia para que se reparen los daños que se le han causado, pues, como lo demuestra la doctrina penal, es posible que la cosa juzgada finalmente no se dé. Así, acogiendo las palabras del penalista G.M.R., ''si el juez penal absuelve por (...) una de las doce causas de ausencia de responsabilidad penal, es viable la acción civil por cuanto no estaría contemplada en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal. Las causas de ausencia de responsabilidad contempladas en el nuevo Código Penal en su artículo 32 (...) son doce; por tanto, si se absuelve por una de las otras diez causales no se da la cosa juzgada para efectos civiles. Por tanto, cuando la sentencia absolutoria penal se fundamenta (...) porque el autor procedió bajo un estado de necesidad (...) es posible que el perjudicado acuda a la rama civil (...) para buscar que se le reconozca la indemnización por parte del autor del hecho''.
Dentro del término procesal establecido, intervino en el proceso el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, representado por la abogada Á.M.B.R., quien emitió su concepto en relación con algunas de las normas acusadas.
En cuanto a los artículos 38, 42 y 55, considera que el legislador está en la facultad de aplicar los criterios de oportunidad que gobiernan aspectos procesales para disponer los modos de extinción, pero aclara que estos modos ''deben ser con el consentimiento y anuencia de la víctima''.
Por último, sostiene que no se debe declara inconstitucional el artículo 48 ya que ''la acreditación de la estimación de los perjuicios y petición de medidas (...) es simplemente un requisito formal'' y el juramento que se requiere no es, en su sentir, una atentado contra el derecho de las víctimas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículo 242-2, y 278-5 de la Constitución Política, el señor P. General de la Nación, E.J.M.V., presentó a esta Corporación su concepto en relación a la demanda, en el cual solicita a la Corte declarar la exequibilidad de las normas demandadas, algunas de las cuales deberán condicionarse.
En primer lugar, el P. llama la atención sobre una posible cosa juzgada constitucional respecto de normas del antiguo Código de Procedimiento Penal que ya habían sido declaradas exequibles y guardaban una similitud material importante con las que ahora son objeto de acusación. No obstante, concluye que tal cosa juzgada material no existe, pues los cargos analizados en la revisión del antiguo Código son diferentes a los que plantea el actual demandante. Al anterior argumento añade la consideración del cambio sufrido por la concepción de los derechos de las víctimas en el proceso penal a partir de la Sentencia C-228/02.
En su intervención, el P. hace un recuento de la jurisprudencia de la Corte que habla del tema. Recuerda que en las primeras sentencias de esta Corporación se resaltaba la ''naturaleza esencialmente indemnizatoria de la acción civil'' y se señalaba que ''la búsqueda de la verdad y la justicia no es propia de la parte civil''. Sin embargo, con la Sentencia C-228/02, la Corte corrigió su posición ''al señalar que en virtud del principio de dignidad humana y a los deberes del Estado consagrados en el artículo 2º de la Carta, no se debe reducir el interés de la parte civil a la indemnización de los perjuicios, por cuanto la obligación estatal de procurar el restablecimiento del derecho (...) lleva incito el correlativo derecho de los perjudicados a conocer la verdad de los hechos y obtener''.
Así mismo, hace una breve reseña resaltando los artículos constitucionales que instauran derechos y deberes relativos al tema que aquí nos atañe. En su concepto, el artículo 2º del Estatuto Constitucional, al establecer el principio de la participación de las personas en las decisiones que los afectan, empieza a reconocer el deber del Estado de procurar el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios ocasionados por conducta punible. De manera concreta, el artículo 250 Superior asigna a la Fiscalía la tarea de cumplir el recién mencionado deber. Teniendo en cuenta lo anterior, la Carta faculta al legislador para que fije ''los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa'' en su artículo 150 (recién modificado por el Acto Legislativo 03/02).
Fue bajo este marco y con estos límites que el legislador determinó dos mecanismos de intervención en el proceso penal para aquellos perjudicados por la conducta delictiva. El primero de ellos, es el derecho de la víctima a ''que se le brinde información sobre la actuación adelantada, a hacer peticiones específicas y a aportar pruebas encaminadas a demostrar la verdad y la sanción de los responsables'', derecho que también es deber según el artículo 95 numeral 7 de nuestra Carta Política. El segundo de los mecanismos, reconoce además el derecho a obtener la reparación de los daños causados; este recurso es precisamente la constitución como parte civil en el proceso penal, que además de las anteriores facultades, le permite a la víctima impugnar, contradecir y tener acceso directo al expediente. Mas, como se señaló anteriormente, el derecho a la reparación de los daños causados incluye el derecho a conocer las razones del perjuicio y a reclamar la sanción del responsable, ya que, ''no brindar esta garantía, afectaría la confianza en el Estado y sus instituciones y crearía un clima de inconformidad eventualmente generador de violencia''.
Ahora bien, es necesario destacar que los perjudicados (entre los cuales se encuentra la sociedad al tratarse de una conducta penal) tienen garantizado su derecho de saber la verdad y de sanción del responsable aún sin constituirse como parte civil al ser representada por el Ministerio Público y al poder gozar del derecho de petición de información. No obstante, esta garantía no es suficiente para aquellos que han sufrido un perjuicio directo y concreto y que, por tanto, deben poder acceder al proceso ''en igualdad de condiciones frente a los demás sujetos procesales y no sometidos a los resultados que de la actuación de éstos se obtengan, aunque no concurran en su intervención una pretensión indemnizatoria''. Por esta razón se les permite intervenir como parte civil pues de esta forma se les autoriza a ''tener acceso directo al expediente, conocer las pruebas que se recauden en el curso de la investigación y controvertirlas oportunamente, ser notificado o enterado de las decisiones adoptadas por el funcionario lo que en consecuencia le [permite] ejercer el derecho de impugnación''. Lo anterior, aún si su pretensión no es económica, pues como se ha advertido, el restablecimiento del derecho incluye además el obtener justicia y el defender la versión de los hechos para salvaguardar la honra de la víctima.
En el mismo sentido, ''sólo procederá el rechazo de la demanda por las causales señaladas en el inciso 1º del artículo 55 relativas a la indemnización de los perjuicios, cuando realizada una petición de tal carácter se demuestre que independientemente se hubiere intentado la indemnización por el mismo demandante''. Además, por obvias razones, también se le rechazará la demandad a quien no haya sufrido un perjuicio directo, pues como se vio anteriormente, ésta es precisamente la fuente de su participación en el proceso penal, ya que, de no ser así, sus intereses estarán fielmente representados por el Ministerio Público ''cuya imparcial participación busca garantizar el establecimiento de la verdad y la sanción justa de los responsables''.
El P. anota, siguiendo la misma línea argumentativa, que la disposición del artículo 55 que aquí se revisa debe ser aplicada en cuanto al reconocimiento de una pretensión indemnizatoria; es decir, sólo se debe entender extinguida la acción civil en lo pertinente al interés del perjudicado de que se le indemnice por la causal que señala el artículo, mas no se extinguir su participación en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia en virtud de haber sido un responsable directo de la conducta delictiva.
En cuanto a la cuestión de la extinción de la acción penal por la indemnización integral, el P. sostiene que se trata de una mecanismo legítimo que puede utilizar el legislador ''que por razones de política criminal basados en la gravedad de determinadas conductas, los bienes jurídicos cuya protección se procura y la búsqueda de la eficacia y la eficiencia en la administración de justicia'' ha determinado utilizar. Afirma también que la indemnización integral es una aceptación tácita del sindicado de la responsabilidad penal que se le acusa, con lo cual se llega al conocimiento de la verdad y a la sanción del responsable. Por otro lado, desestima el argumento al que alude el demandante según el cual la extinción de la acción penal por la indemnización integral obliga de cierta forma al sindicado a aceptar la responsabilidad con el pago para que así se extinga la posibilidad de continuar en una querella que puede terminar con su condena. Para el funcionario ''es claro que si el procesado consciente de su inocencia no opta por acogerse a la indemnización integral, cuenta con todos los medios procesales y probatorios para adelantar su defensa y demostrar su inocencia''. También desecha el alegato que considera que la condena se produce por una deuda, pues la sanción penal que se impondría sería por la comprobación de la responsabilidad por la realización de una conducta punible.
Finalmente, en cuanto a la acusación contra el artículo 57 de la Ley 600/02, sostiene que dicha disposición es aplicable ''ya sea que la parte civil haya ventilado dentro de la actuación penal su pretensión de carácter indemnizatorio o no'' de lo que resultaría lógico deducir que ''la pretensión indemnizatoria dentro de la actuación penal estará sujeta a la determinación de la responsabilidad en la conducta punible del sindicado, de tal manera que si ésta desaparece carece de fundamento la condena en perjuicios''. De la misma forma, si la parte civil tan sólo pretendiera la búsqueda de la verdad y de la sanción del responsable, también sería procedente la declaración de la cosa juzgada por cuanto el proceso ha determinado las condiciones en que sucedió el hecho investigado.
¿Es inconstitucional, contrario a preceptos internacionales y opuesto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por ser atentatorio de los derechos de la parte civil, que la acción penal se extinga por indemnización integral de los perjuicios?
¿Quebranta el principio de igualdad constitucional el hecho de que la acción penal se extinga por indemnización integral, teniendo en cuenta que sólo los individuos con mayor capacidad económica accederían a dicho privilegio?
¿Constituye una manifestación de la proscrita `prisión por deudas', el hecho de que no pueda extinguirse la acción penal de quien no puede indemnizar el daño irrogado?
¿Desconoce los derechos de la víctima que desea constituirse en parte civil dentro del proceso penal la exigencia de que, para presentar la demanda, requiere hacer un estimativo de los perjuicios, debe manifestar que no ha iniciado proceso civil independiente o que no se ha ordenado la indemnización del perjuicio recibido? En la misma línea ¿atenta contra los derechos del afectado patrimonial por el ilícito el que éste no pueda constituirse en parte civil dentro del proceso penal al tiempo que tramita un proceso indemnizatorio ante la jurisdicción civil o ante la jurisdicción contencioso administrativa?
¿Vulnera el derecho de la víctima a recibir indemnización la imposibilidad de iniciar o proseguir la acción civil cuando el procesado es absuelto penalmente por haber actuado en ejercicio de un deber legal o haber cometido el delito en ejercicio de la legítima defensa?
Evolución jurisprudencial sobre la parte civil en el proceso penal
La explícita consagración del derecho al acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) llevó inicialmente a la Corte a considerar que uno de los derechos de las víctimas era participar en el proceso penal en que se investiga el delito. En Sentencia T-275 de 1994 la Corte reconoció que la parte civil en el proceso penal militar tiene derecho no sólo al resarcimiento del daño, sino ''al `restablecimiento del derecho' y dentro de este concepto está el lograr lo justo''; a lo cual agregó:
''La participación de las víctimas o perjudicados en el proceso penal no se justifica solamente por la perspectiva de lograr un bien patrimonial como reparación, sino, además, y especialmente, por el derecho que tienen las personas de acercarse a la verdad. Contribuir en la definición de la verdad y en el rechazo a la falsedad, es tan importante como lograr lo válido, lo útil, lo interesante''. (Sentencia T-275 de 1994 M.P.A.M.C.
Este primer impulso se vio interrumpido en el año de 1995 cuando la Corporación declaró la exequibilidad de un artículo del derogado Código de Procedimiento Penal -Decreto 2700 de 1991- que impedía la constitución de parte civil en el proceso penal hasta antes de proferida la resolución de apertura de la investigación. La Corte determinó que la función de la parte civil en dicho proceso se limitaba a obtener la indemnización de los perjuicios producidos por el delito, situación que confería a las pretensiones de la víctima un cariz netamente económico y la despojaba de cualquier iniciativa para hallar la verdad procesal y para obtener la realización de la justicia. En dicho fallo -Sentencia C-293 de 1995- la Corporación sostuvo lo siguiente:
''Al respecto debe la Corte observar que la citada norma hace parte de un capítulo (el II del libro I del Código de Procedimiento Penal) que se ocupa de la acción civil, y que fija los alcances de ésta en el artículo 43 al disponer en su parte pertinente: "La acción civil individual o popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por el hecho punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción civil, o dentro del proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, o por los herederos o sucesores de aquéllas, o por el Ministerio Público o el actor popular cuando se afecten intereses colectivos." (subrayas de la Corte). De ese modo, fuera de toda duda, está precisando el legislador qué es lo que con la citada institución se persigue. Y para abundar en claridad acerca de su finalidad inequívoca, agrega en el inciso segundo: "Si el titular de la acción indemnizatoria no tuviere la libre administración de sus bienes, y optare por ejercitarla dentro del proceso penal, se constituirá en parte civil mediante demanda presentada por su representante legal" (subrayas fuera del texto). Con la expresión subrayada quiere la S. destacar que se trata de un mecanismo diseñado con fines esencialmente patrimoniales, pues nada distinto puede buscar una acción indemnizatoria. (Hasta aquí, subrayas del original)
''Si a lo anterior se agrega que los intereses que la víctima o sus herederos persiguen son de naturaleza económica, mientras que el derecho que el sindicado tiene en jaque es la libertad, la alegada desiguladad entre las partes se desvanece por completo. Y no se insista en que la víctima o sus herederos pueden pretender es el esclarecimiento de la verdad, al margen de los valores patrimoniales, porque, tal como más atrás quedó dicho, la acción civil tiene en nuestra legislación una finalidad pecuniaria (desde luego legítima), y la ausencia de normas que apunten a intereses más altos no hace inexequibles las reglas que la consagran.'' (Sentencia C-293/95 M.P.C.G.D.) (Subrayas fuera del original)
A pesar de la tesis de la Corte, cuatro de sus magistrados se apartaron de la decisión mayoritaria. El salvamento de voto de los disidentes estimó que las ''víctimas y los perjudicados tienen también un derecho constitucional a participar en el proceso penal que el Estado debe adelantar con ocasión de la ocurrencia de un hecho punible, derecho que, insiste esta Corte, no se limita a la obtención de la reparación del daño''.
''En este orden de ideas, ha de entenderse que los principios citados son una consecuencia del derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, el cual no puede ser interpretado como una simple atribución formal de acudir a las autoridades judiciales, sino como una garantía que obliga al juez de la causa a resolver integralmente sobre el fondo del asunto planteado. Así, las víctimas y perjudicados con el delito, como manifestación del derecho a acceder a la administración de justicia, tienen también un derecho constitucional a participar en el proceso penal que el Estado está en la obligación de adelantar, derecho que no debe limitarse a la declaratoria de responsabilidad penal, sino que, además, ha de extenderse a la obtención de la reparación del daño cuando este se encuentre probado.
''Ya esta Corporación había tenido oportunidad de señalar que `las personas involucradas en los hechos punibles tienen un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser eminentemente participativa Sentencia C-412/93, M.P., doctor E.C.M..'. Ha de suponerse que ese derecho no sólo abarca a los presuntos responsables sino que se extiende también a las víctimas y perjudicados por el delito.'' (Sentencia C-277/98 M.P.V.N.M.)
Dado lo anterior, la Corporación añadió que si el fin del afectado es encontrar la verdad, ''entonces no requiere de la acción civil para lograr su plena realización, porque para tal fin basta el cumplimiento del deber previsto en el artículo 95-7 de la Carta Política, según el cual toda persona debe colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, que en el proceso penal (cuya iniciación debe promover cualquier ciudadano mediante la denuncia), tiene como fin primordial, precisamente el de establecer la verdad sobre los hechos materia de investigación y juzgamiento, y sobre la autoría de los mismos.''
En el año 2000 -Sentencia C-163/00, M.P.F.M.D.- la Corte tuvo oportunidad de resolver una demanda dirigida contra varios de los artículos del Decreto 2700 de 1991 que reproducían algunas de las figuras procesales demandadas en la presente acción de inconstitucionalidad. En dicha oportunidad, la Corte se limitó a reiterar su jurisprudencia en el sentido de que ''los derechos de las víctimas a acceder al proceso penal, y en particular a la indemnización de los perjuicios, no sólo es una manifestación de los derechos de justicia e igualdad, sino que se constituyen también en una expresión de los deberes constitucionales del Estado C-469/95, T-536/94, C-277/98, T-275/94, SU-717/98, C-038/96, C-293/95'', pero no atinó a resolver el conflicto jurisprudencial relativo a cuáles son tales derechos.
No obstante, en Sentencia T-694 de 2000, M.P.E.C.M., la S. Primera de Revisión de tutelas de la Corte retomó la línea jurisprudencial trazada por la Sentencia T-275 de 1994 al asegurar que ''los derechos de participación y de acceso a la administración de justicia, le confieren a la parte civil en el proceso penal una serie de derechos y obligaciones similares, en principio, a los que ostentan los restantes sujetos procesales. En consecuencia, debe entenderse que desde el momento en el cual una persona es reconocida como ''parte civil'', adquiere el derecho a participar activamente en todas las diligencias que se realicen, lo cual implica, entre otras cosas, el derecho a solicitar las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de la verdad o para demostrar la responsabilidad del sindicado, así como el derecho a recurrir las decisiones que afecten sus intereses.''.
En el mismo sentido, en el 2001, la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-740, M.P.A.T.G., en donde reconoció que en el proceso penal militar, la actuación de la parte civil ''se establece de manera precisa, limitando su actuación al impulso procesal para contribuir a la búsqueda de la verdad de los hechos y (sic) que el tema del resarcimiento de perjuicios se concentra en la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, excluyendo expresamente la competencia de la justicia penal militar en este campo.'' En el mismo sentido, en la Sentencia C-1149/01, M.P.J.A.R., la Corte había dicho, en materia de justicia penal militar, que ''El acceso a la administración de justicia no es sólo para hacerse parte dentro del proceso, sino también para que se le reconozcan sus derechos y dentro de estos, el derecho a ser indemnizado por los daños que se le han causado, a más del derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad de lo sucedido''.
Posteriormente, en Sentencia T-1267 de 2001, la S. Séptima de Revisión de Tutelas adoptó la posición jurisprudencial según la cual, la parte civil en el proceso penal tiene, además de la pretensión indemnizatoria, el derecho a la verdad y a la justicia. La Sentencia reitera las dos decisiones citadas previamente y advierte que de conformidad con la legislación constitucional vigente, los derechos de las víctimas y de los perjudicados por el delito no se circunscriben a la obtención de la indemnización correspondiente sino que van hasta la averiguación de la verdad de los hechos y a la realización del ideal de justicia ínsito al proceso penal. Sobre el particular se dijo lo siguiente:
''...nuestro ordenamiento jurídico prevé que las personas afectadas por un hecho punible pueden constituirse como parte civil en el proceso penal respectivo con el fin de lograr el reconocimiento y pago de la indemnización por los perjuicios que le fueron ocasionados. Es cierto que la regulación legal confiere a la parte civil una pretensión esencialmente indemnizatoria, pero ello no excluye que ésta pueda apelar una sentencia absolutoria, por las siguientes dos razones:
''De un lado, las víctimas de los delitos tienen un derecho a la verdad y a la justicia, que desborda el campo de la simple reparación, tal y como lo ha señalado con claridad la doctrina internacional en materia de derechos humanos, que es relevante para interpretar el alcance de los derechos constitucionales (CP art. 93). Por ello, los derechos de las víctimas trascienden el campo puramente patrimonial.'' (Sentencia T-1267 de 2001, M.P.R.U.Y.) (subrayas fuera del original)
De igual modo, en Sentencia C-1149 de 2001 M.P.J.A.R., la Corte advirtió que ''[e]l acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) no es sólo para hacerse parte dentro del proceso, sino también para que se le reconozcan sus derechos y dentro de estos, el derecho a ser indemnizado por los daños que se le han causado, a más del derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad de lo sucedido'', providencia que fue reiterada por la Sentencia SU-1184 de 2001, M.P.E.M.L., en la que se afirmó que ''las víctimas de los hechos punibles tienen no sólo un interés patrimonial, sino que comprende el derecho a que se reconozcan el derecho a saber la verdad y a que se haga justicia. El derecho a saber la verdad implica el derecho a que se determine la naturaleza, condiciones y modo en que ocurrieron los hechos y a que se determine los responsables de tales conductas. El derecho a que se haga justicia o derecho a la justicia implica la obligación del Estado a investigar lo sucedido, perseguir a los autores y, de hallarlos responsables, condenarles. De ahí que ostenten la calidad de sujetos procesales.''.
Finalmente, siguiendo la línea argumentativa trazada por la última jurisprudencia, en Sentencia C-228 de 2002, MM.PP. M.J.C.E. y E.M.L., la Corte adoptó de manera definitiva la doctrina vigente en torno a los derechos de la parte civil en el proceso penal. La Corporación estudió la exequibilidad del artículo 137 del Código de Procedimiento Penal vigente -Ley 600 de 2000- que señala las facultades procesales de la parte civil en las diligencias penales. En un extenso estudio de la legislación nacional e internacional, la Corte arribó a la conclusión según la cual ''la víctima o perjudicado por un delito no sólo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado, trátese de delitos consumados o tentados, sino que además tiene derecho a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia.''. Los términos de la Sentencia de la Corte fueron los siguientes:
''...en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia-no restringida exclusivamente a una reparación económica- fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las victimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.
''3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito. C.i todos los sistemas jurídicos reconocen el derecho de las víctimas de un delito a algún tipo de reparación económica, en particular cuando se trata de delitos violentos. Esa reparación puede ser solicitada bien dentro del mismo proceso penal (principalmente en los sistemas romano germánicos) o bien a través de la jurisdicción civil (generalmente en los sistemas del common law). Ver P., J.. D.P.C.. Editorial D., 1995, páginas 532 y ss.
''Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesan a la parte civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por citar tan sólo un ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad pública, el patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño material causado sea ínfimo -porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha restituido el patrimonio público- pero no se ha establecido la verdad de los hechos ni se ha determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas tienen un interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia a través del proceso penal.'' (Sentencia C-228 de 2002, MM.PP. M.J.C.E. y E.M.L.)
Análisis particular de los cargos de la demanda
Primer Cargo de la demanda
El primer cargo de la demanda se dirige contra la expresión ''indemnización integral'', contenida en el artículo 38 del Código de Procedimiento penal. No obstante, las razones expuestas también atañen al texto íntegro del artículo 42 del mismo código. Dicho cargo fue resumido en el extracto de esta Sentencia del siguiente modo: ¿es inconstitucional, contrario a preceptos internacionales y opuesto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por ser atentatorio de los derechos de la parte civil, que la acción penal se extinga por indemnización integral de los perjuicios?
''La posibilidad de la reparación integral del daño causado con el hecho punible, se constituye en un mecanismo adecuado para extinguir la acción penal, que atiende a la economía procesal y de gastos, redunda en beneficio de la víctima, del inculpado y de la propia funcionabilidad del aparato punitivo del Estado, y contribuye necesariamente a la racionalización del sistema penal.
''La extinción de la acción penal por reparación integral del daño posee la virtud de asegurar en cierto modo la justicia material, porque permite el resarcimiento del daño en favor de la víctima, evita todo sufrimiento nocivo e innecesario al autor del hecho punible e impide que se le estigmatice como delincuente. En otros términos, dicho instrumento logra un equilibrio que satisface la proporcionalidad entre el resultado del ilícito y la pena con la mediación del fiscal o del juez.''(Sentencia C-746 de 1998, M.P.A.B.C.)
De igual manera, la Corte Constitucional declaró exequibles los incisos primero y segundo del artículo 97 de la Ley 599 de 2000, mediante fallo contenido en la Sentencia C-916/02, M.P.M.J.C.E.. En dicha oportunidad la Corte analizó la constitucionalidad de la medida que permite fijar el monto máximo de la tasación de perjuicios para efectos de determinar la indemnización por el hecho ilícito, análisis que parte de la base de que la indemnización integral es mecanismo idóneo para extinguir la acción penal.
Finalmente, por Sentencia T-1062/02 de la S. sexta de Revisión de Tutelas de la Corte, esta Corporación sostuvo que era ''consecuente con la especial protección a las víctimas de hechos punibles'' el que la Constitución permitiera que ''que la acción penal se extinguiera por la reparación integral del daño'', a lo cual agregó:
''La indemnización integral es una de las denominadas causales específicas de preclusión y cesación del procedimiento. La aplicación de ésta depende de la voluntad de los sujetos procesales BERNAL CUELLAR, J. y MONTEALEGRE LYNETT, E., El proceso penal, Universidad Externado de Colombia, 2002, p.515
''Puesto que es pecuniaria la naturaleza de la pretensión indemnizatoria, ésta se debe regular conforme a los principios generales del derecho privado, así el trámite sea adelantado por un juez penal. En efecto, teniendo en cuenta que este procedimiento se debe regir por los parámetros del derecho privado, al conocer del adelantamiento de este, los titulares de la acción civil pueden disponer de su derecho en el sentido de decidir renunciar a éste o realizar una transacción sobre el mismo, decisión que debe ser respetada por el juez penal a pesar de que con ésta no se dé una reparación plena del daño. En consecuencia, aún en estas condiciones el juez debe decretar la extinción de la acción penal. I. p.517''. (Sentencia C-1062 de 2002 M.P.M.G.M.C.)
''En desarrollo del artículo 2 de la Carta, al adelantar las investigaciones y procedimientos necesarios para esclarecer los hechos punibles, las autoridades judiciales deben propender el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de bienes jurídicos de particular importancia para la vida en sociedad. Esta Corporación ha reconocido que dicha protección no se refiere exclusivamente a la reparación de los daños que le ocasione el delito, sino también a la protección integral de sus derechos a la verdad y a la justicia. Así lo señaló esta Corporación en la sentencia C-228 de 2002, Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002, MP: M.J.C.E. y E.M.L., donde la Corte señaló que a la luz de la Constitución en el proceso penal ordinario los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible comprendían tanto el derecho a una reparación económica como los derechos a la verdad y a la justicia y, por lo tanto, declaró exequible el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia; Así mismo, declaró exequibles los incisos segundo y tercero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, salvo la expresión ''en forma prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas'', contenida en el inciso segundo que fue declarada inexequible. Igualmente declaró exequible el artículo 30 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que una vez la víctima o los perjudicados se hayan constituido en parte civil, pueden acceder directamente al expediente; y el artículo 47 de la Ley 600 de 2000, salvo la expresión que limitaba la oportunidad para la constitución de la parte civil exclusivamente ''a partir de la resolución de apertura de instrucción'' que fue declarada inexequible. Esta sentencia recogió la concepción amplia de los derechos de la parte civil en la justicia penal militar reconocida en las sentencias C-740 de 2001, MP: Á.T.G., donde la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999, que establecía a quien se debía dar traslado para alegar una vez vencido el término probatorio establecido para el procedimiento especial regulado por dicho artículo en los siguientes términos: ''Declarar EXEQUIBLE el inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999, en el entendido que deberá darse traslado para alegar a la parte civil, en caso de que ésta se hubiere constituido en el respectivo proceso.''; C-1149 de 2001, MP: J.A.R., donde la Corte examinó los derechos de la parte civil dentro del proceso penal militar y resolvió: ''TERCERO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 305 de la Ley 522 de 1999 bajo el entendido de que puede buscar otros fines como la justicia, el efectivo acceso a ella y la reparación del daño, salvo la expresión ''exclusivo el impulso procesal para'', que se declara INEXEQUIBLE''; y la sentencia SU-1184 de 2001, MP: E.M.L. donde la Corte reiteró, en un proceso relativo al juzgamiento de un general por los hechos ocurridos en Mapiripán, que las víctimas de los hechos punibles tienen no sólo un interés patrimonial, sino el derecho a que se reconozcan el derecho a saber la verdad y a que se haga justicia. Igualmente, para proteger los derechos tanto del procesado como de la parte civil en el proceso penal militar la Corte declaró inexequibles los artículos 578 y 579 de la Ley 522 de 1999, mediante los cuales se reguló el procedimiento especial abreviado, sentencia C-178 de 2002, M.P.M.J.C.E.. entre otras razones, para garantizar el principio de la dignidad humana:
''El derecho de las víctimas a participar en el proceso penal, se encuentra ligado al respeto de la dignidad humana. Al tenor de lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución, que dice que ''Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana'', las víctimas y los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Se vulneraría gravemente la dignidad de víctimas y perjudicados por hechos punibles, si la única protección que se les brinda es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico. El principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y bienes jurídicos protegidos por el derecho penal para promover la convivencia pacífica de personas igualmente libres y responsables, sean reducidos a una tasación económica de su valor. El reconocimiento de una indemnización por los perjuicios derivados de un delito es una de las soluciones por las cuales ha optado el legislador ante la dificultad en materia penal de lograr el pleno restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos violentados en razón de la comisión de un delito. Pero no es la única alternativa ni mucho menos la que protege plenamente el valor intrínseco de cada ser humano. Por el contrario, el principio de dignidad impide que la protección a las víctimas y perjudicados por un delito sea exclusivamente de naturaleza económica.''
''Si bien la Carta refleja una concepción amplia de la protección de los derechos de las víctimas de un hecho punible, ésta no disminuye la importancia del derecho de la parte civil a la indemnización de los daños que se le hayan ocasionado. Por ello señala la Constitución que tal derecho se debe garantizar aun en caso de amnistías o indultos generales por delitos políticos (artículo 250, numeral 1, CP). Así lo establece el artículo 150, numeral 17 de la Carta, Constitución Política, ''Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.'' que señala que cuando el legislador decide eximir de responsabilidad civil a los favorecidos con tales beneficios, el Estado deberá asumir las indemnizaciones a que hubiere lugar.
''De ello resulta que si bien la indemnización de daños es sólo uno de los elementos de la reparación a la víctima y que el restablecimiento de sus derechos supone más que la mera indemnización, en todo caso la Carta protege especialmente el derecho de las víctimas a la reparación de los daños ocasionados por la conducta punible.'' (Sentencia C-916 de 2002, M.P.M.J.C.E.)
''Este, pues, el punto que debe resolver la S.: si la restitución del objeto material del delito no puede efectuarse, porque éste ya fue recuperado y entregado a su dueño no mucho tiempo después de consumarse el hecho, o porque el lícito se quedó en el grado de tentativa, ¿será suficiente la indemnización de los perjuicios causados a la víctima, para que el responsable del reato se haga merecedor de la diminuente de pena consagrada en el artículo 374 del Código Penal? Indudablemente que sí.
''...cuando la devolución no es procedente, bien porque como en las tentativas, el ladrón no logró apoderarse de la cosa, o cuando aún habiéndolo logrado, ésta es recuperada poco después por la propia víctima, o por las autoridades o por terceros que se la regresan, no puede exigírsele al responsable, por imposible, la restitución ''natural'', ni por injusta (implicaría un enriquecimiento sin causa justa por parte del perjudicado) la restitución ''por equivalencia''. En estos casos, el responsable se hace acreedor a la diminuente punitiva, con el solo hecho de indemnizar los perjuicios del orden material y moral causados con su ilícita conducta.
''Una interpretación distinta de la anterior, como es la del Tribunal Superior, conduce a admitir que el legislador puede imponer obligaciones no sólo injustas sino de imposible cumplimiento.'' (Corte Suprema de Justicia, S. Penal, noviembre 21 de 1988) (subrayas fuera de texto)
''La reparación de los daños ocasionados por el delito, cuando es integral, en los términos del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, esto es, por abarcar no solamente lo que cuantitativamente representan los daños y perjuicios ocasionados con el punible, sino también a los ofendidos o perjudicados identificados en el proceso, es una causal de improcedibilidad de la acción penal y extinción de la acción civil...'' (CSJ, sentencia del 24 de febrero de 2000, S. de C.ación Penal, M.P.A.O.P.P.)
Adicionalmente, la Corte ha reconocido que cuando se aplica en materia penal, el principio anterior se estructura sobre la base de la política criminal del Estado, política que es el resultado de la evaluación de una ''multiplicidad de intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de cooperación para combatir la impunidad y la limitación de los recursos con que cuentan los Estados para responder a la criminalidad organizada'' Cfr. Sentencia C-646 de 2001, M.P.M.J.C.E.. En este caso, la política criminal, definida por la Corte como '' el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción'' ibid, sirve de fundamento al diseño de los procedimientos sobre los cuales se erige la sanción y represión al delito.
En este campo, el legislador cuenta con un amplio margen de regulación en virtud de su libre potestad de configuración, libertad que se ejerce, sin embargo, hasta el límite esencial de los derechos fundamentales. Por ello la Corte ha dicho que la ley puede ''describir los comportamientos que considera nocivos para la vida en sociedad y precisar las sanciones que se impondrán a quienes incurran en dichas conductas, pero también puede establecer otras consecuencias jurídicas derivadas de la ocurrencia del delito, como lo es el establecimiento de la responsabilidad civil derivada de un hecho punible.'' Sentencia C-916 de 2002 MP. M.J.C.E.
En desarrollo del mismo principio, la Corte Constitucional sostuvo que la ley puede determinar libremente cuáles son las causales de extinción del proceso penal, siempre y cuando en dicha regulación se respete la integridad esencial de los derechos constitucionales. En este sentido, la jurisprudencia constitucional acepta que ''[d]efinir las causales de extinción del proceso penal, es una competencia exclusiva del legislador, que las establece previo el ejercicio de ponderación que efectúa de los fenómenos de la vida social que tipifica como delitos y del mayor o menor daño que, en su criterio, ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado social'' Sentencia C-1490 de 2000, M.P.F.M.D.. Por ello, en otra de sus providencias adujo.
''Además, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, es al legislador al que le corresponde, en ejercicio de la cláusula general de competencia que el Constituyente radicó en él, crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados y determinar los presupuestos que dan vía a la preclusión o extinción del proceso por desistimiento del afectado, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o lleguen a causar en el conglomerado social.
''Lo cierto y definitivo de estas distinciones, es que la competencia radica exclusivamente en el legislador, quien en ejercicio de sus atribuciones y, en concordancia con la política criminal fijada por el Estado, es el encargado de establecer los nuevos hechos punibles, y determinar la jerarquía de los mismos, así como, establecer las sanciones y los procedimientos aplicables al los hechos punibles ...'' (Corte Constitucional, Sentencia C-301 de 1999, M.P.D.A.B.S.)
Así, por ejemplo, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 97 de la Ley 599 de 2000 que establecía un monto máximo para la indemnización de perjuicios en materia penal. Al precisar que tal límite opera únicamente para los perjuicios morales, la Corte resaltó que el legislador podía establecer restricciones a este tipo de garantías, ya que ''la reparación integral de los perjuicios ocasionados por la conducta punible no es un derecho absoluto'', dada la ''la potestad de configuración del legislador para regular la reparación de perjuicios sin desconocer que ésta debe ser una indemnización justa''. Sentencia C-916 de 2002, M.P.M.J.C.E.
En la sentencia citada la Corte Constitucional también abordó el tema de la posibilidad de establecer ciertas restricciones a los derechos de la parte civil en el proceso penal. Por ello, la Corporación aceptó que el límite a la indemnización por los perjuicios morales cumple varias finalidades, algunas de las cuales son garantizar el derecho de defensa del sindicado e impedir que una indemnización de perjuicios excesivamente onerosa ''transforme la justicia penal en una justicia esencialmente vindicativa o retaliatoria.''
El mismo énfasis se había hecho ya en la Sentencia C-228 de 2002, que unificó la jurisprudencia en materia de derechos de las víctimas en el proceso penal, porque la Corte sostuvo en dicha oportunidad que la constitución de parte civil en el proceso penal no significa que ''la ampliación de las posibilidades de participación a actores civiles interesados sólo en la verdad o la justicia pueda llegar a transformar el proceso penal en un instrumento de retaliación contra el procesado''.
Por último, al establecer que la indemnización integral de perjuicios extingue el proceso penal, el legislador no desconoce los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia. Esto, porque, en primer lugar, dicha indemnización tiene implícito un ideal de justicia que consiste en reparar el daño causado por el delito, dejando ''a la víctima y a los perjudicados por el hecho punible en la situación más próxima a la que existía antes de la ocurrencia del mismo.'' Sentencia C-916 de 2002 En segundo término, porque el derecho de las víctimas a obtener la verdad y la justicia en el proceso penal no es absoluto y, por tanto, puede estar sometido a limitaciones razonables.
En el caso particular, el derecho a la verdad y a la justicia ceden ante la realización de los principios de ''economía procesal y de gastos, redunda en beneficio de la víctima, del inculpado y de la propia funcionabilidad del aparato punitivo del Estado, y contribuye necesariamente a la racionalización del sistema penal'', ya que la ''extinción de la acción penal por reparación integral del daño posee la virtud de asegurar en cierto modo la justicia material''. Lo anterior, dado que el proceso penal no es retaliatorio y su finalidad no consiste, exclusivamente, en sancionar al infractor.
Para deducir la proporcionalidad de la medida, repárese en que la indemnización de perjuicios no extingue la acción penal en cualquier clase de delitos. El artículo 42 del Código de Procedimiento Penal establece que dicha indemnización sólo extingue la acción penal en ''los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes.'' La expresión resaltada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-760 de 2001 MM.PP. Marco G.M.C. y M.J.C.E.
La indemnización integral no es causal de extinción de la acción penal en los delitos "de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección.'' (Art. 42, inciso segundo, C.P.P.)
La enumeración de los delitos respecto de los cuales procede la extinción de la acción penal por indemnización de perjuicios ilustra el interés del legislador por limitarla a casos especiales en los que la afección del orden social y de los intereses públicos es menor. La circunstancia de que el mecanismo de exculpación se restrinja a ciertos delitos -por razón del interés protegido o el grado de culpabilidad de su autor- demuestra que el legislador no ofreció dicha posibilidad de manera indiscriminada, sino que lo hizo proporcionalmente, acorde además con los objetivos implícitos de su política criminal.
Por ello, son sólo algunos delitos culposos -los delitos que admiten desistimiento, las lesiones personales transitorias y los delitos contra el patrimonio y los derechos patrimoniales de autor- las conductas elegidas para tal favorecimiento, quedando claro que con ello el legislador pretende privilegiar la restitución del orden económico y social, al tiempo que sacrifica la sanción por la sanción misma. La interpretación correcta es que la ley prefiere dar por terminado un proceso en el que el orden social no ha sido gravemente afectado o en el que la conducta no responde a la voluntad positiva de causar el daño -dolo-, en lugar de sancionar a la víctima y de ocasionar, por dicha sanción, un perjuicio mayor para el orden social. En este orden de ideas, resalta lo dicho por la doctrina penal en el sentido que la indemnización de perjuicios en el proceso es un mecanismo para desjudicializar conflictos sociales, mecanismo que responde a los postulados de la criminología crítica ''Curso de Criminología, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001., citado por B.C. y M.L. en ''El proceso Penal'', Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 4ª edición, 2002, pág. 517.
De allí que no sea posible afirmar con el demandante que la indemnización de perjuicios podría convertirse en una vía para ''exponer a los ciudadanos a tratos `crueles, inhumanos o degradantes', proscritos por la Constitución Política, ya que los responsables de estos hechos tienen la posibilidad de evadir la responsabilidad penal mediante el pago de una suma de dinero''. Es claro que la naturaleza de los delitos indemnizables excluye tal posibilidad, dejando a salvo, en cambio, los derechos de los afectados y promoviendo la recuperación del orden justo. Por lo anterior la Corte ha dicho:
''En efecto, en el primero, el de las contravenciones, el legislador atendió la circunstancia de que se trata de hechos punibles de menor trascendencia jurídico-social que los delitos, mientras en la segunda, la del artículo 39 del C.P.P, si bien impuso la preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento por indemnización integral, para el caso de delitos culposos, o de delitos contra el patrimonio económico, exceptuando el hurto calificado y la extorsión, sin condicionarla al desistimiento del ofendido, lo hizo por tratarse de conductas culposas, que como tales admiten un tratamiento más benévolo por parte del estado y de la sociedad, tanto es así, que en el caso de los delitos contra el patrimonio económico, quiso condicionar la extinción de la acciones al monto de los daños, señalando que la norma en cuestión era aplicable siempre y cuando el monto de los mismos no excediera los doscientos salarios mínimos legales mensuales, expresión que fue declarada inexequible por esta Corporación.'' (C-1490 de 2000, M.P.F.M.D.)
Adicionalmente, de la lectura del cuarto inciso del artículo 42 del Código de Procedimiento Penal es posible inferir que no podrá extinguirse la acción penal por indemnización integral si dentro de los cinco años anteriores se ha decretado, respecto del mismo procesado, resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento por indemnización integral. Ello quiere decir que un mismo individuo no puede solicitar la extinción de la acción penal por indemnización integral dos veces en un lapso inferior a cinco años. La razón es, precisamente, evitar la reincidencia consuetudinaria en conductas afectivas del orden jurídico. El compás de espera conferido por la ley respecto de la posibilidad de indemnizar los perjuicios para obtener la terminación del proceso penal da cuenta también de que el legislador ha sido prudente al diseñar esta figura procesal. Como lo sostiene la doctrina, ''El término de cinco años busca evitar que las personas hagan del delito una profesión y, cada vez que sean sorprendidas, puedan obtener la terminación del proceso mediante el fácil expediente de la indemnización'' B.C., M.L.. Ob.cit. Pág. 519.
En atención a lo explicado, y por los cargos analizados en esta primera parte de la Sentencia, la expresión ''indemnización integral'', contenida en el articulo 38 del Código de Procedimiento Penal, así como el artículo 42 del mismo Código, serán declarados exequibles.
Segundo cargo de la demanda. La indemnización integral de perjuicios como causal de extinción de la acción penal no vulnera el principio de igualdad constitucional
Sería indispensable encontrar, por ejemplo, un elemento similar al contenido en el artículo 369 de la Ley 600 de 2000, que fue declarado inexequible por la Corte en la Sentencia C-316 de 2002 M.P.M.G.M.C. , y que establecía una cuantía mínima para la caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. En dicha ocasión la Corte encontró que al fijar un monto mínimo a la caución prendaria, el legislador dejaba por fuera de la regulación aquellos individuos sub judice incapaces de pagar un salario mínimo legal mensual para acceder al beneficio de la libertad provisional.
Con el mismo criterio, la Corte declaró inexequible el artículo 7 de la Ley 383 de 1997, que modificó el artículo 867 del Decreto 624 de 1989, y que establecía la obligación de suscribir una garantía bancaria o póliza de seguros con cuantías fijas, como requisito para ejercer la acción contencioso administrativa del contribuyente que intentaba discutir una obligación tributaria (Sentencia C-318 de 1998, MP, C.G.D..
Tercer cargo de la demanda. La indemnización integral de perjuicios como causal de extinción de la acción penal no constituye prisión por deudas. Reiteración de jurisprudencia
El tercer cargo de la demanda sugiere que constituye una manifestación de la proscrita `prisión por deudas', el hecho de que no pueda extinguirse la acción penal de quien no puede indemnizar el daño irrogado. Dicho cargo también está dirigido genéricamente contra la indemnización integral como causal de extinción de la acción penal, es decir contra el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal.
En virtud de que este cargo de la demanda ya fue analizado en la Sentencia C-008 de 1994 por la Corte Constitucional, esta S. se atendrá a las consideraciones expuestas en dicha ocasión, reiterando su posición a ese respecto.
''Una de las obligaciones impuestas al condenado por el artículo 69 del Código Penal para que pueda tener aplicación la condena de ejecución condicional es precisamente, como atrás se subraya, la que luego desarrollan los preceptos parcialmente acusados: la de reparar los daños ocasionados por el delito.
''La ley no ha hecho cosa distinta de plasmar un postulado general del Derecho, derivado del más elemental sentido de justicia: todo el que causa un daño está obligado a su reparación.
''De tal principio no puede estar excluído aquel que incurre en la comisión de un hecho punible. D. delito nace la obligación de resarcir los perjuicios que con él se han generado.
''La condición de que se trata en este proceso no es inconstitucional pues no implica -como lo asegura el demandante- la exigencia de pagar una deuda civil bajo el apremio de una pena privativa de la libertad sino el requerimiento a quien es beneficiado con una eventual inejecución de la pena para que atienda, de todas maneras, la obligación de reparar el daño causado con el delito. Esta, como la pena, tiene por fuente el hecho punible, pero no se confunde con la pena y, por tanto, no desaparece por la sola circunstancia de que dicha pena pueda dejar de aplicarse. Más todavía: el subrogado penal es una excepción a la regla general de que la pena sea cumplida en todo su rigor; tal cumplimiento tampoco libera al condenado de la obligación que, por razón del delito, ha contraído con los perjudicados.
''La Constitución Política que, como lo declara su Preámbulo, aspira a realizar un orden justo, parte del enunciado criterio y, más aun, expresamente exige su observancia aunque se trate de delitos políticos cuyos autores hayan sido favorecidos con amnistía o indulto (artículos 150, numeral 17, y 201, numeral 2, de la Constitución).
''A juicio de la Corte, no tiene fundamento alguno el cargo de inconstitucionalidad que se formula contra las normas procesales acusadas en el sentido de que ellas consagran la imposición de una pena por deudas; lo que en realidad ocurre es que, ante el incumplimiento de la obligación de indemnizar el daño causado, falla la condición en cuya virtud se podía, según la ley, suspender la ejecución de la pena o prescindir de ella y, por tanto, queda en pleno vigor la condena, tal como si no se hubiera adoptado la decisión de otorgar el beneficio. Esto acontece cuando se incumple la obligación de indemnizar, como cuando se desatiende cualquiera otra de las que la ley impone.
''Así, pues, los artículos impugnados encajan dentro de la filosofía y el sentido de la condena de ejecución condicional y en modo alguno quebrantan el artículo 28 de la Constitución Política.'' (Sentencia C-008 de 1994, MP J.G.H.G.)
Cuarto cargo. Pese a que la víctima tiene derecho no sólo a la indemnización de perjuicios en el proceso penal, ésta debe manifestar una intención indemnizatoria si su interés es participar en el proceso penal en calidad de parte civil
En Sentencia C-163 de 2000 la Corte analizó una demanda dirigida contra el artículo 46 del Decreto 2700 de 1991 en el que el Código de Procedimiento Penal señalaba como requisito para constituirse en parte civil en el proceso penal, ''la declaración de no haber promovido proceso ante la jurisdicción civil, encaminado a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con el hecho punible''.
''...ha de concluirse que no procede la constitución de parte civil dentro del proceso penal, cuando la víctima o sus causahabientes hayan promovido una acción civil en un proceso aparte. Pues se reitera el derecho que tiene el afectado con el delito a reclamar su indemnización dentro del proceso penal, o en su defecto abstenerse de utilizar la vía penal e irse por la vía civil, con el propósito de obtener del juez el reconocimiento de los perjuicios, cuando éstos se encuentren debidamente probados, lo cual tiene su soporte constitucional en el derecho de las víctimas a participar en el proceso penal y en la obligación estatal de restablecer los derechos afectados con el ilícito o el reato.
''En este orden de ideas, no entiende la Corte, como sostiene el demandante, que `el legislador privilegió la naturaleza y función de la ritualidad y procedimientos penales frente a las disposiciones civiles que gobiernan los procesos', pues los artículos 46, 50 y 55 del Decreto 2700 de 1991, desarrollan simplemente la idea según la cual, quien ejerce la acción civil ante una cualquiera de las autoridades judiciales donde pueda intentarlo, ya no podrá formularla ante otros, lo cual impide que el afectado con el hecho punible formule las reclamaciones de estirpe civil o patrimonial, lesionando el derecho del infractor o presunto responsable a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. A juicio de la Corporación, cuando el afectado con el hecho punible presenta su reclamo civil ante la justicia penal, debe probar en ese escenario procesal, los perjuicios sufridos y allí se debe decidir de fondo lo debatido. Empero, si el perjudicado intenta la acción civil ante la jurisdicción civil, ya no podrá hacerlo ante la justicia penal. En consecuencia, ejercida la acción civil ante un juez civil, ésta ya no puede promoverse ante un fiscal o ante un juez penal, lo que no significa que si el hecho que origina el proceso civil pueda dar lugar a investigación penal, el afectado no pueda presentar denuncia o noticia criminal, ante la autoridad competente, aun cuando haya ejercido la acción civil.''
''Es tan clara la naturaleza civil, que no penal, de los perjuicios ocasionados con el delito, que su resarcimiento puede pretenderse alternativamente por la vía civil o mediante el ejercicio paralelo de la acción civil dentro del proceso penal ; ejercicio que es facultativo para la persona perjudicada patrimonialmente con la delincuencia, porque de su voluntad dependerá instaurarla o no, aunque es preciso reconocerlo, esta última parte ha sido modificada parcialmente por cuanto a partir del Código Procesal de 1987 se consagró la norma rectora del restablecimiento del derecho que se conserva en la actual normatividad procesal y que tiene una amplia reglamentación a lo largo y ancho de la codificación, que impone al juez, entre otras imperativas obligaciones, la de condenar en concreto en aquellos casos donde se hubieren producido perjuicios". (Sentencia No. 80/87, MP. E.S.R.) (Subrayas fuera del texto original).
''...la posibilidad de acudir al proceso penal para obtener la indemnización de perjuicios constituye una forma de hacer efectivo el principio de economía procesal. Así, acudiendo a dicha alternativa, el Estado evita la doble marcha de la administración de justicia dirigida a resolver una responsabilidad bivalente que tiene una fuente común: el delito.
''De otra parte, gracias a que la responsabilidad penal se resuelve paralelamente a la responsabilidad civil, la interposición de la demanda civil dentro del proceso penal permite que las pruebas recaudadas reciban valoración simultánea, encaminada a resolver los dos aspectos de la responsabilidad involucrados. Ello le permite al demandante obtener una pronta decisión judicial que aprovecha el material probatorio de la investigación penal.
''Vinculado con lo anterior, la posibilidad de ejercer la acción civil dentro del proceso penal también constituye vía idónea para evitar la producción de fallos contradictorios. Así, la medida procesal tiende a evitar que, por ejemplo, el juez penal encuentre probado el hecho dañoso cuando el juez civil considere que éste no existió.'' (Sentencia C-570 de 2003)
''Dentro de las opciones que la ley le otorga al perjudicado, éste puede optar por la que mejor se acomode a sus aspiraciones e intereses jurídicos y patrimoniales, pero sometido desde luego a los resultados favorables o desfavorables que esa opción pueda hacia el futuro proporcionarle. De otra forma se patrocinarían condiciones inaceptables desde el punto de vista procesal y jurídico, que le permitirían al afectado transitar por dos jurisdicciones diferentes en busca del resarcimiento más favorable y prevalido de una doble oportunidad de sacar avante su aspiración resarcitoria, en condiciones que ciertamente no se adecuan a un proceso justo y de equidad para las personas naturales o jurídicas que se vean involucradas en cada accionar del afectado, con perjuicio del principio de la cosa juzgada el que en todo caso se vería afectado con el fallo definitivo posterior. (Consejo de Estado. - S. de lo Contencioso Administrativo. - Sección Tercera. S. de Bogotá, D.C., 24 de septiembre de 1993. Consejero Ponente: Doctor D.S.H.. Referencia: Expediente N° 8201. Actor: M.L.C. de M.. Demandado: La Nación - Policía Nacional.) (Subrayas fuera del original)
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación concluye lo siguiente. No es inexequible que el artículo 48 establezca como requisito de la demanda de constitución de parte civil, ''la manifestación bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de la demanda, de no haber promovido proceso ante la jurisdicción civil, encaminado a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible.'' D. análisis precedentes es claro que el Estado no ha concedido en patrocinar el ejercicio simultáneo de dos acciones en cuyo fundamento primero existe la misma finalidad.
Tampoco es inexequible que el legislador haya dispuesto en el mismo artículo, como requisitos de la demanda, la necesidad de incluir los ''daños y perjuicios de orden material y moral que se le hubieren causado, la cuantía en que se estima la indemnización de los mismos y las medidas que deban tomarse para el restablecimiento del derecho, cuando fuere posible'', así como ''las pruebas que se pretendan hacer valer sobre el monto de los daños, cuantía de la indemnización y relación con los presuntos perjudicados, cuando fuere posible''. Esta conclusión es compatible con las anteriores, en el sentido en que la demanda de parte civil debe tener, por exigencia de su misma naturaleza, una pretensión indemnizatoria.
Con el mismo argumento, también se ajusta a la Carta el que en el artículo 52 se establezca como causal de rechazo de la demanda la verificación de que la acción civil se inició independientemente, que se obtuvo la indemnización correspondiente o que se ha producido la reparación del daño (hecho que puede ocurrir mediante vías no necesariamente resarcitorias, como sería el caso de quien devuelve el bien hurtado). En relación con este artículo, la Corte no se pronunciará sobre la expresión ''o que quien la promueve no es el perjudicado directo'', pues dicha frase no encaja en el debate jurídico que se lleva a cabo en tanto la misma hace referencia al rechazo de la demanda por falta de legitimación por activa, hipótesis ajena a la debatida por el actor.
Finalmente, la Corte encuentra que el demandante no formula un cargo pertinente ni suficiente contra el artículo 55 del C.P.P, norma que dispone que la ''la acción civil proveniente de la conducta punible se extingue en todos o en parte, por cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil''.
Quinto cargo de la demanda. Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria en el proceso de responsabilidad civil
''Y para entrar de una vez en materia, quizá la manera más clara para demostrar lo errado del criterio del ad quem en el punto, consiste en reproducir el artículo 55 de la Ley 50 de 1987- vigente para la época de los hechos-, que por lo demás coincide con el precepto 57 de Ley 81 de 1993 que después rigió; reza así la norma:
`Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse, cuando se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber o en legítima defensa'.
''Texto del que surge sin el menor género de duda que cuando emana de alguna de las cuatro causales allí descritas, la absolución penal surte, sin más, efectos de cosa juzgada erga omnes. Tajante es la disposición: declarado aquello, "la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse": Para negar, pues, la incidencia del fallo penal en la acción civil en tales casos, preciso sería desconocer abiertamente el precepto en cuestión.
''Y desde luego que para evadir lo perentorio del precepto de bien poco sirve aducir, cual lo hace el ad quem, que no opera en eventos tales la cosa juzgada porque " (...) regularmente el juez penal sólo puede sentenciar en relación con el aspecto doloso del implicado, ya que la mera culpa no acarrea esa responsabilidad penal"; pues razonamiento tal sólo se explica si se echa al olvido que conforme a la ley penal la culpabilidad asume las formas del dolo, la culpa o la preterintención, facetas entre las cuales no hace el citado artículo 55, para los efectos de la cosa juzgada, diferenciación de ninguna clase; de manera que si la conducta culposa es de aquellas expresamente determinadas como punibles en la ley (cuéntanse en ellas el homicidio y las lesiones personales), entonces la decisión absolutoria penal que al respecto y por las causas determinadas en el comentado precepto llegare a proferirse, produce todos los efectos allí previstos.
''A propósito de este tema de la cosa juzgada penal tuvo la Corte oportunidad de expresarse recientemente como sigue:
`La premisa de que un mismo hecho puede generar diversas proyecciones en el ámbito jurídico en general, y particularmente en al campo civil y penal, (...) avista la eventualidad, inconveniente como la que más de que haya sentencias excluyentes, siendo que, por imperio de la lógica, la verdad no puede ser sino una sola. Muy grave se antoja por cierto, que en tanto la justicia penal proclame libre de culpa al sindicado, la civil, antes bien, lo condenase al abono de perjuicios.
`Puesta en guardia ante semejante despropósito, la legislación ha pretendido establecer algunos diques para impedirlo, entre los cuales destaca el secular principio de la cosa juzgada penal absolutoria, consagrado positivamente en el ordenamiento patrio, así, el art. 55 del Decreto 050 de 1987 (...).
`Pronunciamientos penales semejantes se imponen por igual a toda la sociedad, son decisiones que por tocar el honor y la libertad de los hombres, deben quedar a salvo de cualquier sospecha de error, y no pueden ser desconocidos por absolutamente nadie (...).
`Es entendible que el primeramente llamado a respetar decisión semejante sea el propio Estado (...) por suerte que la jurisdicción, así sea de otra especialidad, debe corearla a una, y vedada se encuentra por tanto para tocar el punto que así ha sido definido, pues ya es cosa juzgada, con efectos universales'. (C.. de 12 de octubre de 1999).
''En suma, pues, dadas las hipótesis previstas en la norma comentada, su aplicación, bien al contrario de lo estimado por el tribunal, se impone ineludiblemente''. CSJ, S. casación civil. M.P.M.A.V., 24 de noviembre de 2000, expediente 5365
Para explicarlo con la terminología del Código Penal, la absolución del infractor por haber actuado en estricto cumplimiento de un deber legal extingue la acción civil porque el juez penal descarta que el resultado típico sea ''producto de la infracción al deber objetivo de cuidado'' y que el agente ''debió haberlo previsto, por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo'' (Art. 23 C.P.).
Visto de otro modo: si el individuo actúa con culpa, esto es, con impericia, imprudencia, negligencia o en desconocimiento de un deber general de cuidado, su sujeción al deber legal no es estricta. Por lo mismo, si la sujeción al deber legal es estricta, el autor no pudo haber actuado con culpa. En suma, los términos ''estricto cumplimiento de un deber legal'' y culpa, en lo que a sus fuentes se refiere, son incompatibles. En estos términos, el cargo no prospera.
Esta figura tal como está consagrada en la norma propuesta, comprende las teorías desarrolladas por el Consejo de Estado sobre responsabilidad extracontractual por falta o falla del servicio, daño especial o riesgo (subrayas no originales)'' A.R.O.. "Ponencia para segundo debate de la nueva Constitución Política de Colombia" en Gaceta Constitucional No 112, 3 de julio de 1991, pp 7 y 8.
En interpretación de las consideraciones anteriores, la jurisprudencia nacional ha recabado en el concepto de daño antijurídico, haciendo énfasis en que la licitud o ilicitud de la conducta del Estado no son factores que determinen la antijuridicidad del daño. El daño resulta antijurídico y, por tanto, indemnizable, si la víctima no estaba en la obligación de soportarlo, no si la actividad perjudicial del Estado fue jurídica o antijurídica. En otras palabras, "se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo" Consejo de Estado S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 1993, Expediente 8163. C.P.J. de D.M.H...
''En la responsabilidad del Estado el daño no es sólo el resultado de una actividad irregular o ilícita, sino también del ejercicio de una actuación regular o lícita, pues lo relevante es que se cause injustamente un daño a una persona. Como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, la licitud o ilicitud no se predica de la conducta de sus agentes, sino sólo del daño.'' (Sentencia C-430 de 2000, M.P.A.B.C.)
''Es evidente que el artículo 90 constitucional consagra una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado, y la responsabilidad que igualmente es posible deducir a sus agentes.
''En el primer caso, como se ha visto, la responsabilidad resulta de la antijuridicidad del daño, pero frente a sus agentes esa antijuridicidad se deduce de la conducta de éstos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo. En tal virtud, no puede deducirse responsabilidad patrimonial del funcionario o agente público, si no se establece que obró, por acción u omisión, constitutiva de dolo o culpa grave, y que lo hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones.
''En consecuencia si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos términos, resulta improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición, porque ésta sólo se legitima en la medida en que éste sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten igualmente responsables.
''3.5. Según el inciso segundo del art. 90 de la Constitución, sólo en el evento de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial del daño antijurídico, que haya sido determinado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, puede aquél repetir lo pagado contra éste. Ello significa, en consecuencia, que los perjudicados no pueden reclamar directamente del funcionario la indemnización por el daño. Con ello se garantiza, de un lado, la reparación al perjudicado, porque queda debidamente asegurada con el respaldo patrimonial del Estado, y, de otro, se consigue que pueda establecerse dentro del proceso el dolo o la culpa grave del funcionario en los hechos dañosos, para efectos de la acción de repetición''. (Sentencia C-430 de 2000, M.P.A.B.C.)
De conformidad con las razones expuestas, esta Corporación considera que el cargo dirigido contra la expresión ''que obró en estricto cumplimiento de un deber legal'' no tiene fundamento constitucional y, por tanto, debe ser desechado, declarando la norma exequible por el cargo sometido a estudio.
texto transcrito se tiene que la legítima defensa constituye causal de exoneración de la responsabilidad civil por constituir, a su vez, causal excluyente de responsabilidad penal. El actor considera que dicha exoneración sólo opera en el caso de la legítima defensa objetiva, porque en el de la subjetiva no existe una agresión real y, por tanto, el perjuicio ocasionado por el infractor tiene origen en un error de conducta y no en una agresión actual e inminente de la víctima.
La distinción del demandante relativa a los efectos de la legítima defensa objetiva y subjetiva plantea un interrogante sobre del alcance de la expresión ''legítima defensa'', en el marco de las causales de exoneración de responsabilidad civil reguladas en el artículo 57, que obliga a la Corte establecer ciertas diferencias puntuales.
La legítima defensa subjetiva o putativa (del latín `putate', que significa pensar, suponer o juzgar) se produce cuando quien pretende defenderse lo hace frente a una agresión que no existe, contra una ofensa ficticia. "Aquí ocurre un fenómeno muy curioso de cambio de papeles: el que cree que se defiende es, en realidad, un agresor; y el que fue tomado por un agresor termina finalmente defendiéndose legítimamente de la agresión real que sufre" Cfr.: "Legítima Defensa Putativa", M.C., en "Der. Penal Europeo", ps. 183 y sig., Ed. B., año 1996., señala M.C. al definir el fenómeno.
Ahora bien, dado que en la legítima defensa subjetiva la agresión es imaginaria, ficticia o supuesta, la conducta de quien despliega la actividad defensiva no puede ser más que atribuible al error. Un error sobre la antijuridicidad de la conducta defensiva gracias al cual, quien cree ser objeto de un ataque asume como legítima su propia defensa. De allí que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia considere esta institución como ''casual de inculpabilidad por error sobre la antijuridicidad de la conducta''. Corte Suprema de Justicia, S. de C.acion Penal, Proceso N° 12343 Magistrado Ponente:Dr. C.A.G.A., 14 de diciembre de 1999
Precisamente, atendiendo a estas razones, el Código Penal nacional no reguló el tema de la legítima defensa subjetiva en el apartado correspondiente a la legítima defensa. El legislador penal colombiano tampoco incluyó una norma específica que se refiera a la legítima defensa subjetiva como entidad autónoma de exclusión de responsabilidad penal. Simplemente, en el numeral 11 del mismo artículo 32, el Código advierte que también se da la exoneración de responsabilidad penal cuando ''Se obre con error invencible de la licitud de su conducta'', a lo cual agrega que ''si el error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad''. Sobre este particular, obsérvese que la causal de exclusión de responsabilidad penal opera no sólo para el error respecto de la legítima defensa sino para el error que se da sobre cualquier conducta que se reputa lícita. El error sobre la legítima defensa es simplemente uno de ellos.
PRIMERO.- por los cargos propuestos por el demandante, declarar EXEQUIBLES la expresión ''indemnización integral'', contenida en el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal -Ley 600 de 2000-, así como el artículo 42 del mismo Código.
SEGUNDO.- por los cargos propuestos en la demanda, declarar EXEQUIBLE el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal -Ley 600 de 2000-.
TERCERO.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos expuestos, las expresiones ''la manifestación bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de la demanda, de no haber promovido proceso ante la jurisdicción civil, encaminado a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible''; ''daños y perjuicios de orden material y moral que se le hubieren causado, la cuantía en que se estima la indemnización de los mismos y las medidas que deban tomarse para el restablecimiento del derecho, cuando fuere posible'', así como ''las pruebas que se pretendan hacer valer sobre el monto de los daños, cuantía de la indemnización y relación con los presuntos perjudicados, cuando fuere posible'', contenidas en el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal.
CUARTO.- Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 52 del Código de Procedimiento Penal, por los cargos expuestos, a excepción de la expresión ''o que quien la promueve no es el perjudicado directo'' respecto de la cual se INHIBE por ausencia de cargos.
SEXTO.- Declarar EXEQUIBLE las expresiones ''o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa'', contenida en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal -Ley 600 de 2000-, únicamente por los cargos analizados en esta providencia.
Que el H. Magistrado doctor J.C.T., no firma la presente sentencia por cuando en la fecha le fue aceptado impedimento para intervenir en la presente decisión.

References: artículo 8
 artículo 25
 resolución 
 artículo 32
 artículo 38
 artículo 28
 artículo 77
 artículo 28
 artículo 57
 artículo 250
 artículo 21
 artículo 45
 artículo 57
 artículo 32
 artículo 57
 artículo 32
 artículo 48
 artículo 242
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 250
 artículo 150
 artículo 95
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 57
 resolución 
 artículo 43
 artículo 95
 artículo 137
 artículo 38
 artículo 42
 artículo 97
 artículo 2
 artículo 137
 artículo 137
 artículo 30
 artículo 47
 resolución 
 artículo 579
 artículo 579
 artículo 305
 artículo 150
 artículo 374
 artículo 39
 artículo 97
 artículo 42
 artículo 39
 artículo 42
 resolución 
 artículo 42
 artículo 369
 artículo 7
 artículo 867
 artículo 42
 artículo 69
 artículo 28
 artículo 46
 artículo 48
 artículo 52
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 90
 artículo 57
 artículo 32
 artículo 38
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 48
 artículo 52
 artículo 57