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Timestamp: 2019-09-20 18:44:49+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 133/2010 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA N° 133/10
En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA PUCHETA DE CORREA SINDULFO BLANCO Y MIGUEL OSCAR BAJAC, quien integra la Sala Penal en reemplazo del Dr. Wildo Rienzi, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: "FELIX OJEDA Y OTROS S/ HOMICIDIO", a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad concedidos en contra del Acuerdo y Sentencia N° 107 de focha de Noviembre de 2003, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal de Villarrica.
Previo el estudió de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes:
¿Es nula la sentencia en revisión?
¿En caso contrario, se halla ella ajustada a derecho?
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: Dra. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y MIGUEL OSCAR BAJAC.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA DRA. ALICIA PUCHETA DE CORREA, DIJO: la Agente Fiscal fundamenta recurso de nulidad, solicitando que el quantum de la pena impuesta no es justa. Expresa que la confesión del condenado y el diagnóstico médico de su herida sufrida en su huida del lugar del hecho punible son pruebas suficientes para demostrar la autoría del mismo y luego hace un análisis del artículo 65 del Código Penal demostrando que el acusado Ramón Espínola Lezcano debía ser condenado a quince años de pena privativa de libertad.
A su turno, y contestando el traslado que le fuera corrido, la Defensora Pública Noemí Yore expresa que las sentencias, tanto de primera como de segunda instancia, deben ser anuladas, pues la primera de ellas conlleva vicios de nulidad insalvables que son arrastrados por el acuerdo y sentencia de segunda instancia, los mismos son derechos procesales de rango constitucional dados en los artículos 16 y 17, numerales 1, 5 y 6 y en las normas de tratados internacionales vigentes, como ser el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica; al respecto, explica que la indagatoria del hoy condenado Ramón Espínola Lezcano fue llevada a cabo sin respetarse las garantías que dichos instrumentos requieren, faltando específicamente la asistencia de un abogado defensor para este importante y solemne acto de defensa. Sigue manifestando que la declaración indagatoria es un acto de defensa material y que el órgano jurisdiccional que la toma debe explicar al declarante todas las garantías y derechos que le asisten, cuestión que fue respetada, pero no solo eso sino que debe hacer todos los actos necesarios para que dichos derechos y garantías sean cumplidos y por tanto sean eficaces. Esto último no fue cumplido en estos autos y de tal manera ocurre que con posterioridad a la declaración indagatoria dada en sede del juzgado de paz, concurre nuevamente el acusado y ya con patrocinio de abogado, desmiente su primera versión.
Sigue diciendo la Defensora General que en el presente caso existe una orfandad probatoria muy grande que vaya en contra del hoy condenado Ramón Espínola Lezcano, ya que al ser nula su declaración indagatoria, lo único que quedaría es el diagnóstico médico de su herida, que nada hace para tender un nexo causal entre ella y la supuesta autoría del mismo, sin que la acusación se hubiera preocupado de producir otras pruebas contra él.
Observando el expediente, se puede decir que existe en el mismo un grave problema o deficiencia procesal, ya que la declaración indagatoria del condenado Ramón Espínola Lezcano, donde confiesa el hecho punible investigado, obrante a fojas 35 y siguientes de autos, no cuentan con la asistencia ni firma de abogado defensor.
En la ley procesal penal anterior, no se establecía con precisión en qué momento debía contar el encausado con su abogado defensor, pudiendo ser que incluso tuviese su abogado defensor después de la declaración indagatoria para luego nombrarlo posteriormente. Independientemente a lo que disponía la ley procesal derogada, que regía en este juicio analizado, no se puede perder de vista que el hecho punible fue denunciado en el año 1998, y hacia ya varios años que se hallaba en vigencia la Constitución Nacional de 1992.
Esta Ley, de categoría superior a todas, tal como lo dispone su propio artículo 137, dispone una serie de garantías que deben ser tenidas presentes en el momento de realizar juicio a un habitante de nuestro país, y son el artículo 16 que expresa: "La defensa en juicio de las personas y sus derechos es inviolable..."; también el artículo 17 incisos 5 y 6 que disponen: "En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección... que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo."
Así también nuestra Constitución prevé que ya en el momento de su detención, la persona tiene derecho a estar acompañado de un abogado defensor, tal como lo dice el artículo 12, es decir, que ya antes de que se lleve a cabo cualquier declaración indagatoria se debe contar con la presencia del abogado defensor.
Se debe traer también a colación lo que dispone la Ley N° 1/89, "Pacto de San José de Costa Rica", que en nuestra escala legal, también está por encima de las leyes procesales, y en la misma dispone: "...derecho del Inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna.
De esta manera, es fácil observar que en este juicio se ha cometido un acto que lesiona gravemente todas las disposiciones arriba enunciadas, por lo que la sentencia definitiva N° 4 de fecha 31 de Julio de 2001 y el A y S N° 107 de fecha 24 de Noviembre de 2003, deben ser anuladas y dejadas sin ningún valor. Esto debe ser así porque en las dos sentencias fueron tenidas como bases para las condenas la declaración indagatoria confesaría del acusado.
La Corte Suprema de Justicia, ya ha resuelto en fallos similares lo siguiente: "Conforme el análisis efectuado personas y sus derechos es precedentemente, y al tratarse de un vicio de procedimiento corresponde declarar nulo todo lo obrado a partir de las indagatorias que originaron la nulidad. No se puede utilizar como elementos convictitos en un proceso penal las pruebas obtenidas mediante violación de garantías constitucionales. Y por la dependencia que existe entre el acto irritio (indagatoria) y los otros que son sus consecuencias (las sentencias de primera y segunda instancia) corresponde remitir los autos a otro Juzgado de Primera Instancia para que vuelva a sustanciar el proceso desde la actuación que motivó la sanción de nulidad, y oportunamente sea dictada sentencia con arreglo a derecho" (Ac y Sent N° 1387 de fecha 26 de Agosto de 2003, causa Miguel Frutos y otro s/ Doble Homicidio y otro en Curuguaty).
La Corte Suprema de Justicia ha resuelto casos exactamente similares al que hoy nos ocupa en este mismo sentido, que es el A y S N° 92 de fecha 20 de Marzo de 2006, en la causa "Cecilio Franco s/ Homicidio en Filadelfia".
Por todos estos fundamentos legales y principios jurídicos, estos autos deben ser anulados en relación al acusado Ramón Espínola Lezcano desde la declaración indagatoria obrante a fojas 35 de autos en adelante, y remitir estos autos a la Cámara de Apelación de la Circunscripción de Villarrica para lo que hubiere lugar en derecho. ES MI VOTO.
A su turno, los Doctores MIGUEL OSCAR BAJAC y SINDULFO BLANCO, manifiestan que se adhieren al voto que anteceder por sus mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA DRA. ALICIA PUCHETA DE CORREA prosiguió diciendo: En atención a lo resuelto más arriba, resulta inoficioso tratar esta segunda cuestión. ES MI VOTO.
A su turno, los Dres. MIGUEL OSCAR BAJAC y SINDULFO BLANCO, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.
SENTENCIA N° 133/10
Asunción, 14 de Abril de 2010.
VISTOS: Los méritos que antecede, la
1.- DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva N° 4 de fecha 31 de Julio de 2001 y la nulidad del A y S N° 107 de fecha 24 de Noviembre de 2003, retrotrayendo el procedimiento en relación al acusado Ramón Espínola Lezcano a la declaración indagatoria prestada por el mismo, pieza en la cual se produjo la nulidad.
2.- ANÓTESE y notifíquese.
Karinna Penoni de Bellasai.

References: artículo 65
 artículo 8
 artículo 137
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 12