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Timestamp: 2019-10-23 00:35:21+00:00

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El incumplimiento como excusa para no pagar una factura
Así se desprende del hecho de que el citado artículo establezca que, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados, añadiendo a continuación, simplemente, que la indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de aquella. “ Si la ley y el contrato delimitan dos causas de resolución, una cuyo supuesto de hecho es más general que el de la otra, siempre que en el desarrollo del contrato se de una situación cuyas circunstancias coincidan con los elementos de hecho descritos abstractamente para la causa más especial, se debe aplicar esta última, porque esa situación es la contemplada específicamente por la norma legal y la cláusula contractual. Expediente relativo a resolución de la adjudicación de un Programa de Actuación Urbanizadora.
Con ello, el Acuerdo de ampliación del plazo por otros tres meses, fue adoptado cuando ya había transcurrido el plazo para resolver el procedimiento. Pero es más, tratándose de un plazo de caducidad, no puede evitarse el efecto ope legis del transcurso del plazo de referencia con un acuerdo de suspensión o ampliación del mismo, o bien, e indirectamente, suspendiéndose o ampliándose el plazo de resolución y notificación vía entrar a conocer sobre esta nueva causa de resolución esgrimida ahora por la Administración. Si bien la resolución por incumplimiento de obligaciones esenciales, calificadas como tales en los pliegos o el contrato, podría ser apreciada de forma automática, en tanto que en resoluciones por incumplimientos graves del contratista, corresponde a la Administración, motivando su decisión, identificar y calificar dichos incumplimientos”.. [Nota: Además de la anotada, aborda el dictamen la cuestión de conocer a partir de que porcentaje de unidades defectuosas, puede ser considerado defectuoso el suministro en su conjunto, y dar lugar a la resolución del contrato.]
Señala también la normativa, que la sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de pago. 61.2 TRLCSP, establezca el alcance y duración de la prohibición de contratar dentro de los límites temporales que se establecen en dicho precepto. El abono de un importe del 10% del precio de los trabajos pendientes de realizar, en concepto de beneficio que se ha dejado de obtener, y que nuestro Tribunal Supremo ha justificado en el objetivo de salvaguardar la “«equivalencia honesta del contrato» que funda el derecho del contratista al perfecto restablecimiento de la ecuación financiera del contrato como contrapartida de los poderes de la Administración” (Sentencia de 30 diciembre 1983.
El presente dictamen analiza de modo pormenorizado todas las fases y requisitos formales que han de darse en un expediente para la resolución del contrato. Y en Málaga 53 días (datos publicados en el diario) En el presente artículo, vamos a intentar explicar de manera sucinta cómo reclamar el cobro de una factura cuando nuestro deudor es la Administración pública. NOVEDADES LEGALES El 5 de julio se publicó la Ley 15/2010, que modifica la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, estableciendo cambios importantes que afectan también a los pagos entre las empresas en sus relaciones comerciales con la Administración pública (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Sociedades públicas…). Véanse al respecto las STS de 28 de febrero de 2007 y de 17 de diciembre de 2008 la propuesta de mejora de los medios materiales a adscribir al servicio de la contratista fue presentada, por lo que quedó desestimada por silencio administrativo el 28 de enero de 2012, desestimación ante la que se aquietó la contratista.
El contratista no inicio los trabajos. “ El Tribunal Supremo, en Sentencia de 9 de diciembre de 1980, declara que debe tenerse presente en esta materia de indemnización de daños y perjuicios la constante jurisprudencia que exige -al que pretende hacer efectivo tal derecho- que acredite la existencia real y efectiva de los daños, pues sólo podrán ser tomados en consideración aquéllos perjuicios efectivos sufridos que estén suficientemente demostrados por cálculos obtenidos de datos fundados en valores reales y no meramente hipotéticos de resultados posibles pero no seguros”. El pliego de condiciones administrativas particulares establece como una de las obligaciones esenciales a observar por el contratista la de participar y presentar ofertas en los procedimientos de adjudicación de los contratos basados en aquel acuerdo en relación con los artículos.
La actuación de la Administración consultante no se ha ajustado a las exigencias legalmente vigentes en materia de valoración de la prueba y ha seguido una instrucción inspirada por principios propios del ámbito judicial y ajenos al procedimiento público que han generado una clara quiebra de derechos, que fundamentarían la retroacción del procedimiento. El primero es la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de marzo de 2000 en la que se expresa.
En orden a la primera alegación su desestimación deviene en base a las siguientes razones: de los datos fácticos aportados al proceso, y que se expresan en el primer antecedente de hecho de esta sentencia, aparece que la adjudicataria de la obra fue la Unión Temporal de Empresas formada por dos compañías constructoras, por la que la suspensión de pagos, a la que devino una de ellas, carece de virtualidad jurídica, ya que, por un lado, esta situación concursal se presenta por una sola de las personas jurídicas que constituían el sujeto jurídico obligado, como adjudicatario, a ejecutar la obra contratada; en segundo lugar, la situación legal de suspensión de pagos, únicamente determina los efectos jurídicos de la intervención judicial de las operaciones a efectuar en el tráfico jurídico-comercial por la entidad suspensa, pero para afectar al cumplimiento de sus obligaciones nacidas de los contratos por ella concertados, no existe paralización de la actividad empresarial y jurídica que constituye el quehacer de su objeto social;
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