Source: http://www.franciscosantana.net/2012/03/prescripcion-actos-interruptivos.html
Timestamp: 2019-03-21 10:53:31+00:00

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Prescripción: actos interruptivos, cómputo de la prescripción extraordinaria o judicial desde la fecha de la imputación (Sala de Casación Penal)
"...De lo anterior, se colige que el cómputo de la prescripción judicial o extraordinaria, debe comenzar a partir de la fecha del acto de imputación formal, sea que éste tenga lugar en sede fiscal, durante el transcurso del procedimiento ordinario, o en la audiencia que se celebre en razón de la aprehensión en flagrancia del imputado, conforme a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, o con ocasión de la audiencia de presentación celebrada de conformidad con el artículo 250 eiusdem, una vez materializada la orden de aprehensión preventiva acordada por el juzgado (Vid. Sentencias de la Sala Constitucional n° 276 del 20 de marzo de 2009 y n° 1381 del 30 de octubre de 2009); pues sólo será a partir de ese momento que el procesado se encuentre a derecho pudiendo cumplir con las cargas y deberes que le impone su condición de imputado, siendo además ese el momento donde eventualmente podrá examinarse si en el proceso seguido en su contra ha transcurrido el tiempo para que opere la señalada extinción de la acción penal, y si el juicio se ha prolongado por causas imputables o no a dicho encausado.
Ahora bien, el tiempo de prescripción judicial aplicable a la presente causa, se obtiene conforme lo dispone el artículo 110 del Código Penal, de la suma del tiempo de prescripción ordinaria más la mitad del mismo. En la presente causa el tiempo de prescripción ordinaria para el delito de FRAUDE es tres (03) años, de acuerdo a lo previsto en el artículo 108.5 del Código Penal tal como se explicó ut supra; espacio de tiempo éste que al sumársele la mitad del mismo daría para el presente caso un tiempo de prescripción judicial igual a cuatro (04) años y seis (06) meses, siempre que el juicio no se hubiese prolongado por culpa del reo..."
De la revisión a la causa, del escrito contentivo del recurso de casación, así como de la sentencia recurrida; esta Sala observa que en el presente caso, se ha ejercido un único motivo de impugnación referido a la falta de aplicación del artículo 110 del Código Penal, todo de conformidad con los argumentos expuestos en el particular anterior.
En este sentido, delimitado como ha sido el motivo que ha dado origen a la interposición del presente recurso de casación, la Sala procede a decidir, en base a las siguientes consideraciones:
En lo que respecta al único considerando del recurso ejercido con fundamento a lo dispuesto en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la prescripción judicial o extraordinaria, por cuanto a criterio de quien recurre el fallo de la Corte de Apelaciones, había incurrido en el referido error in judicando al momento de emitir su fallo, la Sala estima oportuno precisar lo siguiente:
La figura de la prescripción constituye una institución de indudable relevancia procesal y constitucional, en el entendido de que la misma comporta una limitante de índole político criminal, que en atención al transcurso del tiempo, establece un freno al poder punitivo del Estado, para la persecución penal del delito, sancionándose la inactividad para perseguir y sancionar a los reos de delitos en todos aquellos casos de dilaciones procesales imputables al Estado y sus representantes.
En este orden de ideas, consecuencia del Estado democrático Social de Derecho y Justicia que propugna el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe precisarse, que la duración del plazo dentro del cual el Estado debe llevar a cabo la persecución penal y la ulterior materialización del castigo, se encuentra íntimamente ligado al derecho constitucional de ser juzgado dentro de un plazo razonable y al principio de seguridad jurídica, toda vez que a ningún ciudadano se le puede mantener indefinidamente bajo una investigación o sometido a un proceso, que le genere una situación de incertidumbre, ante la inacción de la persecución penal y la no imposición del castigo o absolución correspondiente, en los términos que pauta la ley.
En este sentido, la Sala de Casación Penal, ha sosteniendo que la prescripción penal es la extinción por el transcurso del tiempo del ius puniendi del Estado, es decir, la pérdida del poder estatal de imponer una pena a la persona acusada.
Al respecto esta misma Sala, en Sentencia N° 251 del 6 de junio de 2006, indicó lo siguiente:
“… La prescripción es una limitación al Ius Puniendi del Estado para la persecución y castigo de los delitos. Dicha limitación ocurre por el transcurrir del tiempo y la inacción de los órganos jurisdiccionales. Por tal motivo, el Código Penal dispone en el artículo 108 eiusdem, los presupuestos que motivan la prescripción ordinaria.
La doctrina penal especializada, ha precisado dos circunstancias para el establecimiento de la prescripción: la primera de ellas referida al tiempo y a la falta de acción de los órganos jurisdiccionales sobre una determinada causa (prescripción ordinaria); mientras que la otra, referida al transcurso del juicio, cuando sin culpa del imputado se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo (prescripción judicial)…”.
Ahora bien, visto el criterio de la Sala de Casación Penal en cuanto a la prescripción de la acción penal; resulta necesario realizar el cálculo del tiempo transcurrido en el presente caso, a los fines de verificar si efectivamente ha operado la prescripción ordinaria o extraordinaria de la acción penal, y si respecto de la primera se ha verificado o no la existencia de actos interruptivos en la misma; para lo cual es necesario hacer un recorrido sobre las principales actuaciones en la presente causa.
· El 13 de febrero de 2004, es la fecha en la que se firmó el contrato (fecha de comisión del hecho).
· El 11 de noviembre de 2004, la víctima interpone denuncia ante el Ministerio Público.
· En fecha 16 de diciembre de 2004, es citado como imputado el ciudadano VÍCTOR HUGO VIELMA FRANCO.
· El 27 de diciembre de 2004, el ciudadano VÍCTOR HUGO VIELMA es imputado (su abogado no se encontraba debidamente juramentado por el juzgado de control).
· En fecha 6 de marzo de 2007, el Ministerio Público interpuso acusación contra VÍCTOR HUGO VIELMA.
· El 12 de marzo de 2007, la víctima se adhiere a la acusación fiscal.
· El 13 de marzo de 2007, se difiere la audiencia preliminar por la incomparecencia del imputado y su defensa.
· En fecha 14 de marzo de 2007, el ciudadano VÍCTOR HUGO VIELMA FRANCO, interpuso escrito ante el juzgado de control, a través del cual nombró a sus defensores.
· El 4 de mayo de 2007, la defensa interpuso solicitud de la nulidad de la causa por falta de imputación.
· En fecha 11 de mayo de 2007, la defensa consigna escrito solicitando el diferimiento de la audiencia preliminar, por tener pautado otro acto para esa fecha.
· El 16 de mayo de 2007, se difiere la audiencia preliminar por incomparecencia de la defensa (Solicitaron por escrito el diferimiento, justificando su inasistencia por estar en otro acto. Pieza 1, folio 194), tampoco compareció la víctima.
· En fecha 18 de julio de 2007, fecha en la cual fue pautada la realización de la audiencia preliminar, la misma fue diferida por inasistencia del Ministerio Público.
· El 24 de septiembre de 2007, es diferida la audiencia por incomparecencia de la defensa (Solicitaron por escrito el diferimiento, justificando su inasistencia por estar en otro acto en la ciudad de Mérida. Pieza 1 folio 214 al 222), tampoco compareció la víctima.
· En fecha 23 de octubre de 2007, es diferida la audiencia por incomparecencia del Ministerio Público.
· El 29 de enero de 2008, se difiere la audiencia, por cuanto el juzgado de control se encontraba en otro acto.
· En fecha 31 de marzo de 2008, se difiere la audiencia preliminar por inasistencia de la víctima y a solicitud de la defensa quien requirió por escrito el respectivo diferimiento por tener pendiente la realización de un acto jurisdiccional en la ciudad de Mérida. (Pieza 1, folio 262).
· El 22 de abril de 2008, la jueza NATHALIA CRUZ CAÑIZALES, se inhibió de conocer la causa.
· El 5 de mayo de 2008, la Corte de Apelaciones del Estado Trujillo, declaró con lugar la inhibición de la jueza de control.
· En fecha 3 de junio de 2008, la defensa solicitó el diferimiento de la audiencia preliminar que se llevaría a cabo el 10 de junio por tener pautado otro acto en otro juzgado. (Pieza 1, folio 296).
· En fecha 21 de julio de 2008, se dio inicio a la audiencia preliminar, pero el Juzgado de Control observó que la defensa nunca había sido juramentada hasta esa fecha; procediendo en tal sentido a juramentarlos y fijó la audiencia para el 6 de octubre 2008.
· El 6 de octubre de 2008, se difirió la audiencia para el día 4 de noviembre de 2008 por ausencia del representante fiscal.
· El 4 de noviembre de 2008, se difirió la audiencia para el día 12 de enero 2009, por ausencia del representante fiscal.
· En fecha 12 de enero de 2009, se realizó audiencia preliminar, y el juzgado de control decretó la prescripción de la acción penal conforme a los artículos 318 numeral 3 y 48 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, asimismo decretó la nulidad del acto de imputación.
· En fecha 24 de marzo de 2009 la Corte de Apelaciones de ese estado, declaró la nulidad de la audiencia preliminar celebrada el 12 enero de 2009 y revocó la decisión del Juzgado de Control en la que había decretado el Sobreseimiento.
· El 16 de noviembre de 2009, se difirió la audiencia preliminar por ausencia del abogado representante judicial de las víctimas, así como la inasistencia de los defensores privados.
· En fecha 25 de noviembre de 2009 se difirió la audiencia preliminar por ausencia de las víctimas, del imputado y de los defensores privados.
· El 14 de diciembre de 2009, se difirió la audiencia preliminar por ausencia de las víctimas, su apoderado judicial y de los defensores.
· El 28 de enero de 2010, se difirió la audiencia preliminar por ausencia de las víctimas GILMER VILORIA y ESMELIN ALBERTO DA SILVA.
· El 11 de febrero de 2010, el Tribunal de Control dictó auto fijando la audiencia preliminar para el día 5 de marzo de 2010, por cuanto no se realizó por el nuevo horario judicial, motivado por la medida de ahorro energético.
· El 9 de marzo de 2010 el Tribunal de Control dictó un auto fijando la audiencia preliminar para el día 5 de mayo de 2010, por cuanto para el día 5 de marzo de 2010 el tribunal se encontraba en otro acto.
· El 5 de mayo de de 2010 se realizó la audiencia preliminar y el juzgado de control, decretó la prescripción judicial de la causa.
· En fecha 14 de junio de 2010, el abogado PEDRO CELESTINO CRUZ, representante de la víctima ESMELIN ALBERTO DA SILVA, interpuso recurso de apelación contra la decisión del juzgado de control.
· El 10 de noviembre de 2010, la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Estado Trujillo, declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la decisión del juzgado de Control.
Ahora bien, hecho el recorrido del iter procesal en la presente causa; resulta oportuno a los efectos de thema decidendum, precisar que respecto a la figura de la prescripción ordinaria de la acción penal, la Sala ha señalado:
Luego, tomando en consideración el término medio de la pena asignada al delito de FRAUDE tipificado en el artículo 465 ordinal 3° del Código Penal, en concordancia con el encabezamiento del artículo 464 del mismo código, nace de los extremos del referido tipo penal que la pena por el delito imputado va de, uno (01) a cinco (05) años de prisión, siendo su término medio de acuerdo a lo previsto en el artículo 37 eiusdem, igual a tres (3) años.
Ahora bien, considerando el término medio de la pena a imponer por el delito de fraude; es oportuno indicar, que el numeral 5 del trascrito artículo 108 del Código Penal prevé un lapso de prescripción ordinaria igual a 3 años, cuando dispone:
Ahora, en el caso bajo análisis, la fecha exacta de ejecución del hecho fue el día 13 de febrero de 2004, siendo ese el momento a partir del cual, debe darse inicio al cómputo de los 3 años de prescripción ordinaria aplicable al presente delito.
En este sentido, comenzará a computarse la prescripción ordinaria de la acción penal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 del Código Penal, para los hechos punibles consumados (como en el presente caso), desde el día de la perpetración del hecho, el cual en este caso es como se indicó ut supra, a partir del día 13 de febrero del 2004; sin embargo debe destacarse que la prescripción ordinaria de la acción penal, está sujeta a algunas actuaciones procesales que producen la interrupción, del tiempo transcurrido haciendo que el mismo vuelva a iniciarse luego de cada acto interruptivo.
Acorde con lo anterior el artículo 110 del Código Penal dispone:
Por su parte, la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, en sentencia N° 1089 del 19 de mayo de 2006, indicó.
De conformidad con lo anterior y tomando en consideración que la fecha de la comisión del hecho punible fue el día 13 de febrero de 2004, será a partir de ese momento que deberá contarse el lapso de tres años, exigido en el artículo 108 (numeral 5) del Código Penal, para que opere la prescripción ordinaria de la acción penal. Sin embargo, y con fundamento en lo anterior, observa la Sala de Casación Penal que durante el curso de este período, ocurrieron actos que la ley determina como interruptivos de la prescripción.
Así, el primer acto interruptivo ocurrió el día 16 de diciembre del año 2004, fecha en que la representación fiscal citó al ciudadano VÍCTOR HUGO VIELMA FRANCO, con carácter de imputado; la Sala también encontró que en fecha 27 de diciembre de 2004, el ciudadano VÍCTOR HUGO VIELMA FRANCO, fue imputado en presencia de su abogado asistente, quien no se encontraba formalmente juramentado y es el 6 de marzo de 2007, cuando el Ministerio Público acusó formalmente al imputado, lo cual constituye otro acto que interrumpe la prescripción de la acción penal; en fecha 12 de marzo de 2007, la víctima se adhiere a la acusación fiscal; el 21 de julio de 2008, se da inicio a la audiencia preliminar, la cual fue diferida por considerar el juzgado que el ciudadano investigado no había sido imputado formalmente, por cuanto su abogado defensor no había sido juramentado, en esa oportunidad el tribunal juramentó al defensor y fijó la audiencia para el día 6 de octubre de 2008, además ordenó la apertura de los lapsos establecidos en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal.
Posteriormente, en fecha 12 de enero de 2009, se realizó la audiencia preliminar y en la misma el juzgado de control declaró con lugar las excepciones interpuestas por la defensa y acordó el sobreseimiento por prescripción de la acción; contra esa decisión el 29 de enero de 2009, la víctima interpuso recurso de apelación; en fecha 24 de marzo de 2009, la Corte de Apelaciones declaró con lugar la apelación interpuesta por la víctima, anuló la audiencia preliminar realizada el 29 de enero de 2009 y ordenó la realización de una nueva audiencia preliminar; en fecha 31 de marzo de 2009, la defensa del acusado interpuso recurso de casación contra el fallo de la Corte de Apelaciones y el 7 de agosto de 2009, la Sala de Casación Penal lo desestimó por inadmisible; por último, el 5 de mayo de 2010, se realizó la audiencia preliminar, en la cual se declaró el sobreseimiento por prescripción de la causa seguida al ciudadano VÍCTOR HUGO VIELMA.
De los actos procesales anteriormente citados, se evidencia que la prescripción ordinaria de la acción penal en la presente causa ha sido interrumpida de forma sucesiva, lo que demuestra que el proceso siempre ha estado en curso (vivo) siendo el lapso más largo entre uno y otro acto interruptivo, el que existió entre la imputación y la interposición de la acusación fiscal, no siendo este superior a los 3 años que prevé la ley para la prescripción ordinaria en la presente causa. Situación que acorde con lo anterior ha dado lugar a que en el caso bajo examen, el proceso seguido al ciudadano VÍCTOR HUGO VIELMA, no haya operado la prescripción ordinaria.
Acorde con lo anterior, la Sala de Casación Penal, tal y como se refleja en decisión Nº 251 del 6 de junio de 2006, precisó:
En efecto, durante la presente causa se han verificado diligencias propias del proceso que ineludiblemente han interrumpido el curso de la prescripción ordinaria de la acción penal y los espacios de tiempo transcurridos entre unas y otras actuaciones, no llegaron a tener una duración superior a los tres (3) años que hicieran susceptible la declaratoria de la prescripción ordinaria.
Sobre este punto, la Sala de Casación Penal, ha señalado lo siguiente:
Por su parte, en cuanto al momento a partir del cual debe computarse el inicio de la prescripción judicial o extraordinaria la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1177 de fecha 23.11.2010, precisó lo siguiente:
De lo anterior, se colige que el cómputo de la prescripción judicial o extraordinaria, debe comenzar a partir de la fecha del acto de imputación formal, sea que éste tenga lugar en sede fiscal, durante el transcurso del procedimiento ordinario, o en la audiencia que se celebre en razón de la aprehensión en flagrancia del imputado, conforme a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, o con ocasión de la audiencia de presentación celebrada de conformidad con el artículo 250 eiusdem, una vez materializada la orden de aprehensión preventiva acordada por el juzgado (Vid. Sentencias de la Sala Constitucional n° 276 del 20 de marzo de 2009 y n° 1381 del 30 de octubre de 2009); pues sólo será a partir de ese momento que el procesado se encuentre a derecho pudiendo cumplir con las cargas y deberes que le impone su condición de imputado, siendo además ese el momento donde eventualmente podrá examinarse si en el proceso seguido en su contra ha transcurrido el tiempo para que opere la señalada extinción de la acción penal, y si el juicio se ha prolongado por causas imputables o no a dicho encausado.
Ahora bien, el tiempo de prescripción judicial aplicable a la presente causa, se obtiene conforme lo dispone el artículo 110 del Código Penal, de la suma del tiempo de prescripción ordinaria más la mitad del mismo. En la presente causa el tiempo de prescripción ordinaria para el delito de FRAUDE es tres (03) años, de acuerdo a lo previsto en el artículo 108.5 del Código Penal tal como se explicó ut supra; espacio de tiempo éste que al sumársele la mitad del mismo daría para el presente caso un tiempo de prescripción judicial igual a cuatro (04) años y seis (06) meses, siempre que el juicio no se hubiese prolongado por culpa del reo.
Con respecto al cómputo del lapso para la prescripción judicial o extraordinaria, la Sala Penal en sentencia Nº 385, de fecha 21 de junio de 2005, señaló:
“Ha sido reiterada la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al cálculo de la prescripción por extinción del transcurso del tiempo del “ius puniendi” del Estado, que a tales efectos debe tomarse en cuenta el término medio de la pena aplicable al delito, o sea, la normalmente aplicable, según el artículo 37 del Código Penal”.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Sala pasa a verificar, si en el presente asunto penal, ha transcurrido o no el tiempo de prescripción judicial aplicable; y en este sentido se observa:
En el caso bajo examen se observa que el 27 de diciembre de 2004, el Ministerio Público imputó al ciudadano VÍCTOR HUGO VIELMA FRANCO, tal como consta a los folios 322 al 325 de la pieza 2 del expediente, acto en el que estuvo asistido por el abogado EUGENIO ENRIQUE GARCIA, sin embargo, no fue sino hasta el 9 de febrero de 2007 que el Ministerio Público presentó la acusación; el 10 de noviembre de 2010, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, declaró sin lugar la apelación interpuesta por la víctima en contra de la sentencia dictada el 5 de mayo de 2010, por el Tribunal Cuarto en Funciones de Control de ese Circuito Judicial Penal, en la que se decretó la prescripción judicial de la causa llevada contra el ciudadanoVÍCTOR HUGO VIELMA FRANCO, por la comisión del delito de FRAUDE, previsto y sancionado en el artículo 465 numeral 3º en concordancia con el artículo 464 en su encabezamiento del Código Penal, en perjuicio de ESMELIN ALBERTO DA SILVA, confirmando el mencionado fallo.
De lo narrado anteriormente se desprende que entre el acto de imputación y el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, transcurrieron cinco años y once meses, observándose que durante el curso del proceso, si bien es cierto que el procesado VÍCTOR HUGO VIELMA FRANCO no asistió a algunos de los actos procesales fijados por los tribunales (varios justificados), no menos cierto es que entre la fecha de la imputación fiscal y la interposición de la acusación transcurrieron más de dos años, sin que existiera justificación de la tardanza para la consignación del acto conclusivo.
Asimismo se observa que los juzgados de control que conocieron de la presente causa igualmente contribuyeron en la dilación del presente proceso, cuando luego de verificar un diferimiento reprogramaban la celebración de la nueva audiencia, en plazos de tiempo que resultaron excesivos, lo que contribuyó aún más en el retardo injustificado de la presente causa.
Igualmente se observa que entre los actos procesales pautados para la continuidad del proceso, ocurridos entre el acto de imputación formal y la sentencia recurrida en casación dictada en fecha 10 de noviembre de 2010, por la Corte de Apelaciones del Estado Trujillo, se sucedieron 17 diferimientos de los cuales tan solo 5 son imputables a la defensa y el acusado; siendo que los restantes son atribuibles a la víctima y sus representantes, al Ministerio Público y al Tribunal.
Por lo antes expuesto, resulta evidente que las dilaciones que se han verificado en la presente causa, no han sido atribuibles al imputado, por cuanto el proceso se ha prolongado por otros motivos ajenos a la inasistencia de este o su defensor.
De lo anterior, la Sala concluye que en el presente caso, tal como fue señalado ut supra, desde el acto de imputación hasta la sentencia de segunda instancia que confirmó el sobreseimiento por prescripción, transcurrieron más de los cuatro años y seis meses que se requieren para que proceda la denominada prescripción “judicial” o “extraordinaria”, contenida en la parte in fine del segundo párrafo del artículo 110 del Código Penal, motivo por el cual lo procedente y ajustado a Derecho es declarar que en el presente caso ha operado de pleno derecho la extinción de la acción penal.
En fuerza de las razones de hecho y de derecho que anteceden, la Sala considera que lo procedente y ajustado en derecho es declarar SIN LUGAR el recurso de Casación interpuesto por el profesional del derecho Abogado PEDRO CELESTINO CRUZ, actuando en su condición de Abogado de la víctima ciudadano ESMELIN ALBERTO DA SILVA BARRETO, en contra de la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2010, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, que confirmó la decisión del juzgado de control; y en consecuencia se CONFIRMA la decisión recurrida. Y ASÍ SE DECIDE.-
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Marzo/042-6312-2012-C11-15.html
Etiquetas: Prescripción Prescripción cómputo desde la fecha de la imputación

References: artículo 373
 artículo 250
 artículo 110
 artículo 108
 artículo 110
 artículo 459
 artículo 2
 artículo 108
 artículo 465
 artículo 464
 artículo 37
 artículo 108
 artículo 109
 artículo 110
 artículo 108
 artículo 328
 decisión Nº 
 artículo 373
 artículo 250
 artículo 110
 artículo 108
 artículo 37
 artículo 465
 artículo 464
in fine
 artículo 110