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Timestamp: 2017-10-19 01:42:47+00:00

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Régimen de Responsabilidad Administrativa (Ley 1476 de 2011) - Estatal - Códigos - Legislación - VLEX 336266073
TÍTULO I. Ámbito de aplicación y destinatarios - arts. 12 y 13
TÍTULO II. De la responsabilidad - arts. 14 a 18
TÍTULO III. Competencia - arts. 19 a 27
TÍTULO IV. Impedimentos y recusaciones - arts. 28 a 30
TÍTULO V. Precio - arts. 31 a 33
TÍTULO VI. Bienes - arts. 34 a 37
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 38 a 43
CAPÍTULO II. Atribuciones de los funcionarios - arts. 44 a 52
CAPÍTULO III. Requisitos de la actuación - arts. 53 a 55
CAPÍTULO IV. Notificaciones - arts. 56 a 60
CAPÍTULO V. Recursos - arts. 61 a 72
CAPÍTULO VI. Revocatoria directa - art. 73
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 74 a 76
CAPÍTULO II. Medios especiales de prueba - arts. 77 a 88
CAPÍTULO I. Nulidades - arts. 89 a 91
CAPÍTULO II. Caducidad y prescripción - arts. 92 y 93
CAPÍTULO III. Procedimiento abreviado - art. 94
CAPÍTULO IV. Procedimiento ordinario - arts. 95 a 102
CAPÍTULO V. Cesación de procedimiento - art. 103
CAPÍTULO VI. Fallo de primera instancia - arts. 104 y 105
CAPÍTULO VII. Fallo de segunda instancia - art. 106
CAPÍTULO I. Descuento - arts. 107 y 108
CAPÍTULO II. Bajas de material - art. 109
CAPÍTULO III. Fondo de Garantía - art. 110
CAPÍTULO IV. Seguros - art. 111
TÍTULO V. Vigencia - art. 112
Norma citada en: 11 sentencias, 7 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas
Régimen de Responsabilidad Administrativa
Quien intervenga en la actuación administrativa será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
El personal destinatario de esta ley será investigado y declarado responsable administrativamente, de conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos en la presente normatividad.
Los destinatarios de esta ley se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla.
La actuación administrativa será ejercida siempre por un superior en nivel, grado o antigüedad al procesado.
El destinatario de la actuación administrativa será procesado conforme a las leyes sustantivas y procesales preexistentes al acto que se le atribuya, ante funcionario competente previamente establecido y observando la plenitud de las formas del procedimiento regulado en la Constitución Política y en esta ley.
Firmeza de la decisión administrativa.
El fallo administrativo quedará en firme cuando:
Celeridad del proceso.
El funcionario competente impulsará oficiosamente la actuación administrativa y cumplirá estrictamente los términos previstos en esta ley.
Culpabilidad En materia administrativa queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y solo será posible atribuirla a título de dolo o culpa.
Cuando se atribuya responsabilidad administrativa a los destinatarios de esta ley, el monto a pagar debe corresponder al valor del bien o del daño causado al momento de presentarse el hecho, de no ser posible su reposición o reparación.
En la aplicación de la presente ley prevalecerán los principios y normas rectoras contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no previsto, se aplicarán en su orden las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Civil y el Código Penal Militar, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los informativos administrativos.
Durante la actuación administrativa, el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un defensor si lo considera necesario. Cuando sea declarado persona ausente, deberá estar representado por un defensor de oficio, que podrá ser un estudiante de consultorio jurídico debidamente acreditado.
LIBRO II Artículos 12 a 37
TÍTULO I Ámbito de aplicación y destinatarios Artículos 12 y 13
Las disposiciones contenidas en la presente ley se aplicarán a sus destinatarios cuando den lugar a la pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública.
Son destinatarios las personas naturales que presten sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública, los alumnos de las escuelas de formación y quienes presten servicio militar obligatorio en la Fuerza Pública, aunque con posterioridad se hayan retirado.
TÍTULO II De la responsabilidad Artículos 14 a 18
Individualización de la responsabilidad.
Los destinatarios responden en dinero o en especie.
Responsabilidad por orden contraria a derecho.
Los daños o pérdidas que resulten de orden contraria a derecho, acarrean igual responsabilidad administrativa para quien la impartió.
Elementos de la responsabilidad administrativa.
La responsabilidad administrativa se estructura cuando se configuran concomitantemente los siguientes elementos:
Una conducta desplegada por el destinatario de la presente ley que crea un riesgo jurídicamente desaprobado o pone en peligro los bienes protegidos en la presente ley.
Causales exonerativas de la responsabilidad.
Son causales exonerativas de la responsabilidad administrativa:
Responsabilidad conjunta.
Si el daño o la pérdida fueren producidos por dos o más destinatarios de la presente ley, responderán conjuntamente. De la misma forma lo hará quien determine a otro a cometerlo.
TÍTULO III Competencia Artículos 19 a 27
Factores que determinan la competencia.
La competencia para fallar se determinará teniendo en cuenta la cuantía del daño o la pérdida y la unidad o dependencia donde se encuentre en inventario el bien.
La autoridad con atribuciones administrativas del lugar donde se presente la pérdida o daño del bien, ordenará la investigación correspondiente y remitirá las diligencias practicadas dentro de los quince (15) días siguientes para que el funcionario competente continúe con el trámite.
Determínense las siguientes autoridades para fallar los procesos administrativos:
Superior a 150 y hasta 300 smlmv
Superior a 300 smlmv
Casos específicos en el Ministerio de Defensa Nacional.
Cuando se trate de oficiales que presten sus servicios en alguna de las dependencias administrativas del Ministerio de Defensa u organismos adscritos o vinculados al mismo, fallará en primera instancia el Segundo Comandante de la respectiva Fuerza o el Subdirector General de la Policía Nacional. En segunda instancia fallará el Comandante de la respectiva Fuerza o el Director General de la Policía Nacional.
Casos específicos en el Comando General, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Cuando el investigado fuere el Segundo Comandante de Fuerza o el Subdirector General de la Policía, conocerá en primera instancia el Comandante de Fuerza o el Director General de la Policía; la apelación corresponderá al Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares o Ministro de Defensa Nacional, respectivamente.
Cuando el Capitán de Puerto, Subdirector, Director de Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, Comandante de Unidad Oceanográfica, Hidrográfica, Balizadora, responsable de Señalización Marítima y Coordinador de Grupo, sea un Suboficial o un Civil, fallará en primera instancia el Oficial en servicio activo bajo cuya dependencia o control se encuentre la Unidad.
En los casos no previstos en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Serán competentes en primera instancia el Segundo Comandante de la respectiva fuerza y el Subdirector General de la Policía Nacional. En Segunda Instancia serán competentes el Comandante de la fuerza y el Director General de la Policía Nacional.
Cambios de estructura orgánica en el Ministerio de Defensa Nacional.
Cuando se produzcan cambios que varíen la estructura orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministro de Defensa mediante acto administrativo, determinará las equivalencias de las autoridades que continuarán ejerciendo la competencia administrativa.
Colisión de competencias.
El funcionario que se considere incompetente para conocer y fallar un informativo administrativo, deberá expresarlo, remitiéndolo en el estado en que se encuentre dentro de los cinco (5) días siguientes, a quien de conformidad con lo dispuesto en esta ley tenga atribuida la competencia.
TÍTULO IV Impedimentos y recusaciones Artículos 28 a 30
Causales de impedimento y recusación.
Son causales de impedimento y recusación para los funcionarios de instrucción y superior competente, además de la de ser menos antiguo que él o los investigados, las señaladas en el Código de Procedimiento Civil.
Procedimiento en caso de impedimento y recusación.
En caso de plantearse impedimento o ser recusado el funcionario de instrucción remitirá el proceso a quien lo designó para que resuelva.
Improcedencia de impedimento y recusación.
TÍTULO V Precio Artículos 31 a 33
Se entiende por precio el valor que deberá sufragarse por el bien perdido o dañado, el cual podrá establecerse a través de las listas generales.
Parágrafo 1°. Cuando el valor del bien perdido no aparezca relacionado en las listas generales de precios existentes en cada Fuerza o Entidad, se establecerá mediante el promedio de dos (2) cotizaciones obtenidas en el comercio.
Parágrafo 2°. El precio de las armas, repuestos, accesorios, municiones, explosivos y demás elementos de uso privativo de la Fuerza Pública, será fijado por el Comandante General de las Fuerzas Militares.
Es la entrega de un bien de similares o superiores características al que presentó la novedad, para reponer el elemento perdido o dañado, previo dictamen pericial.
Autoridades que fijan los precios.
Corresponde a las siguientes autoridades, en cada una de las respectivas Fuerzas o dependencias, fijar los precios para efectos de descuentos, pagos o reposiciones, por pérdidas o daños de los bienes a que alude esta ley:
TÍTULO VI Bienes Artículos 34 a 37
Para los efectos de la presente ley se entenderá como bien, toda cosa material o inmaterial de propiedad o al servicio de las Entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente ley.
La presente ley se aplicará en todos los casos de pérdidas o daños de los bienes señalados en el artículo anterior.
Cuidados con el material.
Los bienes a que se refiere la presente ley, requieren preferencial atención en todos los niveles de mando, a fin de mantenerlos en las mejores condiciones de empleo, para asegurar su eficiente uso, administración, custodia o transporte.
Recibo y entrega de bienes Los bienes a que se refiere la presente ley, deberán entregarse y recibirse formalmente a través de documentos escritos en los que consten sus características y las novedades que presentan, los cuales deberán ser firmados por quien entrega y recibe, como por el interventor si lo hubiere.
LIBRO III Artículos 38 a 112
TÍTULO I Reglas de la actuación Artículos 38 a 73
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 38 a 43
La actuación administrativa es la facultad que tiene el Estado para iniciar, adelantar y terminar las investigaciones encaminadas a que el Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública, preserve el patrimonio e impida que este sufra detrimento por pérdidas o daños causados a sus bienes de propiedad o al servicio del mismo, así como de la seguridad y la convivencia, para garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado.
Los destinatarios de la presente ley que tengan conocimiento de la pérdida o daño de los bienes a que se refiere esta ley, están obligados a informar en forma inmediata de tal hecho a sus superiores. La omisión acarreará responsabilidad disciplinaria.
El proceso administrativo podrá iniciarse de oficio, por queja, informe o cualquier otro medio que indique un daño patrimonial a bienes de que trata esta ley.
Unidad procesal.
Por cada hecho generador de responsabilidad administrativa se adelantará una sola actuación procesal, cualquiera sea el número de implicados; si se estuviera adelantando más de una actuación por el mismo asunto, se dispondrá mediante auto de trámite la agregación de las diligencias a aquellas que se encuentren más adelantadas.
En caso de duda sobre la existencia de pérdida o daño, se ordenarán diligencias previas por un término máximo de dos (2) meses, al cabo del cual solamente procederá el archivo de las mismas o la apertura del proceso administrativo.
Habrá lugar a proferir auto de archivo en desarrollo de las diligencias previas, cuando se pruebe que la pérdida o daño no existió, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o se demuestre que la actuación no podía iniciarse o proseguirse.
CAPÍTULO II Atribuciones de los funcionarios Artículos 44 a 52
Funcionario de instrucción.
Podrán ser designados como tales los oficiales y los suboficiales en servicio activo a partir del grado de Sargento Primero o su equivalente en las demás Fuerzas y en la Policía Nacional, siempre y cuando sean más antiguos que el investigado.
Son funciones y deberes del funcionario de instrucción las siguientes:
Practicar las pruebas ordenadas por la autoridad administrativa competente tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.
Obrar de forma imparcial.
Respetar los derechos y garantías de los sujetos procesales.
Dar impulso a la actuación resolviendo las solicitudes presentadas por los sujetos procesales salvo: nulidades, cesación de procedimiento, prescripción y denegación de pruebas.
Dar estricto cumplimiento a los términos procesales.
Informar mensualmente al Fallador de Instancia el avance de la investigación.
Solicitar cuando lo requiera asesoría jurídica para el perfeccionamiento de la investigación.
Guardar la debida reserva sumarial.
Ejercer la custodia y cuidado del expediente.
Entregar el expediente una vez vencido el término concedido por el Fallador de Instancia siempre y cuando se hayan evacuado las pruebas ordenadas, o en su defecto solicitar prórroga para la realización de las mismas.
Disponer la práctica de pruebas que deban adelantarse fuera de su sede.
Designar Secretario si lo considera pertinente.
Podrán ser designados los oficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, suboficiales y personal civil en servicio activo del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública.
Son funciones y deberes del Secretario las siguientes:
Asistir al Funcionario de Instrucción en las diferentes diligencias realizadas dentro de la investigación administrativa.
Foliar y organizar en forma cronológica y consecutiva el expediente.
Legajar en cuadernos separados la documentación de carácter reservado.
Realizar las citaciones, comunicaciones, constancias y notificaciones que se requieran.
Expedir las copias del expediente que hayan sido autorizadas.
Facilitar el acceso del expediente a los sujetos procesales cuando así lo requieran.
Mantener el cuaderno de copias con el mismo contenido y folios del original.
Las funciones del asesor jurídico son las siguientes:
Brindar asesoría en todas las etapas del proceso administrativo.
Dar estricto cumplimiento a los términos de instrucción.
Velar por el cumplimiento de los términos de instrucción.
Controlar que se lleven de manera adecuada los libros radicadores o bases de datos actualizados.
Verificar el adecuado archivo de los expedientes.
Intervinientes en el proceso administrativo.
Podrán intervenir en la actuación administrativa como sujetos procesales el investigado y su defensor.
Los sujetos procesales tienen los siguientes derechos:
Conocer de la investigación.
Designar apoderado a su cargo, si lo considera necesario.
Impugnar las decisiones mediante los recursos de ley.
Rendir descargos libre de juramento y apremio o solicitar expresamente ser oído en exposición de descargos.
Presentar las solicitudes que consideren necesarias en ejercicio del derecho a la defensa.
Obtener copias del expediente, salvo los documentos que tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley, o hagan relación a la defensa o seguridad nacional.
Presentar alegatos de conclusión.
La calidad de investigado se adquiere a partir de la notificación del auto de apertura de investigación o del que ordene su vinculación.
En los procesos administrativos también podrán ejercer como defensores, los estudiantes de Consultorio Jurídico. Como sujeto procesal, el defensor tiene las mismas facultades del investigado; en caso de presentarse criterios contradictorios prevalecerá el del defensor.
CAPÍTULO III Requisitos de la actuación Artículos 53 a 55
Requisitos formales de la actuación.
La actuación administrativa debe consignarse por escrito, en idioma castellano y en duplicado.
Están sometidas a reserva las averiguaciones previas y las investigaciones administrativas. Los fallos son públicos.
Aviso a otras autoridades.
Si con ocasión del adelantamiento del proceso de responsabilidad administrativa de que trata la presente ley, se advierta la presunta comisión de conductas punibles y/o faltas disciplinarias, el funcionario competente deberá dar aviso en forma inmediata a las autoridades correspondientes.
CAPÍTULO IV Notificaciones Artículos 56 a 60
La notificación de las decisiones que se profieren dentro de las investigaciones administrativas puede ser: personal, por edicto, por aviso, por estado y por conducta concluyente.
Notificación personal, por edicto o por aviso.
Las notificaciones personal, por edicto o por aviso, se realizarán en la forma y términos que lo establece el Código Contencioso Administrativo, para los actos administrativos particulares y concretos.
Notificación por medios de comunicación electrónicos.
Notificación por conducta concluyente.
Cuando se hubiere omitido la notificación a la persona a quien debió hacerse, se entenderá cumplida para todos los efectos, si hubiere interpuesto recurso contra la respectiva providencia, o actuado en diligencia o trámite a que se refiere la decisión no notificada.
Cuando los sujetos procesales hayan solicitado fotocopiar o revisar el expediente y el competente autorice, se entenderán notificados de todas las providencias que aparezcan en él y que por cualquier circunstancia no le hayan sido notificadas, desde cuando devuelvan el cuaderno correspondiente o reciban las copias.
Comisión para notificar.
Si la notificación personal debe realizarse en unidad diferente a la del competente, se comisionará al Comandante de la Unidad del lugar donde se encuentre el investigado, remitiéndole copia de la decisión y del expediente si fuere el caso, para que la surta en el término de diez (10) días hábiles a partir de su recibo.
CAPÍTULO V Recursos Artículos 61 a 72
Clases de recursos y sus formalidades.
Contra las decisiones administrativas proceden los recursos de reposición, apelación y queja; los cuales se interpondrán por escrito ante la autoridad que profirió la providencia en el momento de la notificación o dentro de los términos establecidos en la presente ley.
Los recursos deberán ser interpuestos por escrito, dentro del plazo establecido, personalmente por el investigado o su defensor, indicando el nombre del recurrente, sustentando concretamente los motivos de inconformidad y la pretensión. Así mismo deberá relacionar las pruebas que pretende hacer valer.
Oportunidad para interponerlos.
Los recursos de reposición y apelación podrán interponerse y sustentarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación de la decisión administrativa.
El recurso de reposición procederá contra el fallo de única instancia para que se aclare, modifique o revoque, así como contra el auto que dispone el cierre de la investigación y los demás expresamente señalados en esta ley.
Procede contra los fallos de primera instancia, contra el auto que niega la práctica de pruebas y los demás expresamente señalados en esta ley.
El recurso de queja procede contra la decisión que rechaza o niegue el recurso de apelación.
Trámite del recurso de queja.
Dentro del término de ejecutoria de la decisión que niega el recurso de apelación, se podrá interponer y sustentar el recurso de queja. Si no se hiciere oportunamente, se rechazará.
Ejecutoria de las decisiones.
Las decisiones administrativas quedan ejecutoriadas cinco (5) días después de la última notificación, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelve los interpuestos.
Quien hubiere interpuesto un recurso podrá desistir del mismo antes que el funcionario competente lo decida.
Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales.
Fallos consultables.
Son consultables los fallos absolutorios y los que dispongan la cesación de procedimiento.
Trámite de la consulta.
Para efectos de la consulta, el funcionario que haya proferido la decisión, deberá enviar el expediente dentro de los cinco (5) días siguientes a su superior.
CAPÍTULO VI Revocatoria directa Artículo 73
Para los efectos de la revocatoria directa se dará aplicación a lo previsto en el Código Contencioso Administrativo, observando las reglas de competencia establecidas en esta ley.
TÍTULO II Medios probatorios Artículos 74 a 88
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 74 a 76
Toda decisión interlocutoria y los fallos, deben fundarse en pruebas legalmente practicadas, allegadas o aportadas al mismo.
Es obligación del Estado a través de las autoridades competentes, demostrar los elementos de la responsabilidad administrativa.
La demostración del hecho investigado así como la responsabilidad del procesado, podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil, con excepción de la visita especial y del peritaje que se regulan en la presente ley.
CAPÍTULO II Medios especiales de prueba Artículos 77 a 88
En la práctica de visitas especiales, el competente y/o el funcionario de instrucción procederán a examinar y reconocer los documentos, hechos y demás circunstancias relacionadas con el objeto de la diligencia y simultáneamente irá extendiendo la correspondiente acta, en la cual anotará pormenorizadamente los documentos, hechos o circunstancias examinados y las manifestaciones que bajo la gravedad del juramento hagan sobre ellos las personas que intervengan en la diligencia. Cuando lo estime necesario, solicitará copias de documentos para incorporarlos a la investigación.
La peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos y técnicos. Cuando se trate de daños, el valor de las reparaciones, de los repuestos y de sus accesorios se podrá fijar a través de peritación.
Es un auxiliar de la investigación administrativa que se designa por sus conocimientos técnicos, científicos, artísticos u otros campos del saber, para apoyar la labor de instrucción en el esclarecimiento de los hechos y puede ser nombrado por la autoridad competente o el funcionario de instrucción.
Son deberes del perito los siguientes:
Rendir el dictamen dentro de los términos señalados por el funcionario que lo designó.
Guardar la respectiva reserva sumarial.
Ejercer la custodia e integridad del expediente.
Aclarar, completar o ampliar el dictamen cuando sea requerido por el funcionario competente.
Salvo por el grado o la antigüedad, los peritos están impedidos y son recusables por las mismas causales que los falladores de instancia y funcionarios de instrucción, debiendo resolver ambas situaciones el fallador competente.
El perito en quien concurra alguna causal de impedimento deberá manifestarlo antes de su posesión y el fallador de instancia procederá a reemplazarlo.
Decreto de la prueba y posesión de los peritos.
Para el decreto de la prueba y la posesión de los peritos, se observarán las siguientes reglas:
El funcionario competente determinará los puntos que han de ser objeto del mismo. En dicho auto hará la designación del perito, y fijará día y hora para que tome posesión. Si el dictamen no fuere concurrente con una inspección judicial, en el acto de su posesión el perito fijará fecha y hora para iniciar el experticio solicitado y la autoridad competente le señalará término para rendir el dictamen.
Si el competente o el funcionario de instrucción utilizan los servicios de entidades o dependencias oficiales, para peritaciones que versen sobre materias propias de la actividad de aquellas, con tal fin las decretará y ordenará librar el oficio respectivo para que el Director de las mismas designe el funcionario idóneo que deba rendir el respectivo dictamen, de lo cual se dejará constancia escrita. Tal funcionario deberá rendir el dictamen en el término que el fallador le establezca el cual se considerará rendido bajo la gravedad del juramento por el solo hecho de la firma y se remitirá por conducto del Director de la misma entidad.
El perito al posesionarse deberá expresar bajo juramento que no se encuentra impedido; prometerá desempeñar bien y fielmente los deberes de su cargo. El funcionario competente podrá disponer que la diligencia de posesión tenga lugar ante comisionado.
Desde la notificación del auto que decrete el peritaje, hasta la diligencia de posesión de los peritos y durante esta, las partes podrán pedir que el dictamen se extienda a otros puntos relacionados con las cuestiones sobre las cuales se decretó; y el funcionario competente lo ordenará de plano si lo considera procedente, por auto que no tendrá recurso alguno.
En la diligencia de posesión podrá el perito solicitar que se amplíe el término para rendir el dictamen.
En la práctica de la peritación se procederá así:
Cuando la peritación concurra con inspección judicial, ambas se iniciarán simultáneamente.
El perito examinará los bienes o cosas objeto del dictamen y realizará personalmente los experimentos e investigaciones que consideren necesarios, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; en todo caso expondrá su concepto sobre los puntos materia del dictamen.
Cuando en el curso de su investigación el perito reciba información de terceros que considere útiles para el dictamen, lo hará constar en este, y si el funcionario competente estima necesario recibir los testimonios de aquellos, lo dispondrá así a través de providencia motivada.
El perito podrá por una sola vez, pedir prórroga del término para rendir el dictamen.
El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones. Tratándose de avalúos estos se determinarán de forma numérica e incluirán el valor de la mano de obra si es el caso.
Contradicción del dictamen.
Para la contradicción de la pericia se procederá así:
Del dictamen se correrá traslado a los sujetos procesales por tres (3) días, durante los cuales podrán objetarlo por error grave o pedir que se complemente o aclare. En caso que aquellos ejerciten estos derechos, el funcionario instructor remitirá el expediente al fallador.
El fallador tendrá cinco (5) días para decidir la objeción; en caso de prosperar decretará de oficio un nuevo dictamen con otro perito, que será inobjetable, pero se dará traslado para que los sujetos procesales puedan pedir que se complemente o aclare y se resolverá de plano dentro de los cinco (5) días siguientes. En caso de concederse, se correrá traslado al perito por el término de hasta diez (10) días, concepto que se notificará a los sujetos procesales contra el cual no procederá solicitud alguna.
En el evento que se solicite complementación o aclaración al dictamen inicial, si lo considera procedente, el fallador accederá a la solicitud, y fijará al perito un término prudencial para ello, que no podrá exceder de diez (10) días.
De la aclaración o complementación al dictamen inicial se dará traslado a los sujetos procesales por tres (3) días, durante los cuales podrán objetar el dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubiere llegado el perito o porque el error se haya originado en estas, para lo cual se procederá de conformidad con el numeral 2° de este artículo respecto al trámite de la objeción.
Si durante el traslado se pide complementación o aclaración del dictamen inicial, y además se le objeta, no se dará trámite a la objeción sino después de producidas aquellas, si fueren ordenadas.
Aclaración y complementación del dictamen por iniciativa del fallador de instancia.
En el evento de no contar con elementos probatorios suficientes que permitan decidir de fondo y al no haberse presentado solicitudes de objeción, aclaración o complementación por parte de los sujetos procesales, en cualquier momento y hasta antes del auto de cierre de la investigación, el fallador de instancia podrá ordenar al perito que aclare o complemente el dictamen, para lo cual le fijará un término no mayor de diez (10) días. En lo pertinente se surtirá el trámite señalado en el artículo anterior.
Apreciación del dictamen.
Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 84 y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.
Deber de colaboración de los servidores públicos.
Los servidores públicos tienen el deber de colaborar con los peritos, de facilitarles los datos, las cosas y el acceso a los lugares que ellos consideren necesarios para el desempeño de su cargo; si alguno no lo hiciere se hará constar así en el dictamen y el fallador de instancia podrá solicitar las acciones disciplinarias pertinentes.
TÍTULO III Actuación procesal Artículos 89 a 106
CAPÍTULO I Nulidades Artículos 89 a 91
Constituyen causales de nulidad las siguientes:
La falta de competencia del funcionario para fallar.
La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
La violación al principio de jerarquía.
Saneamiento de nulidades.
En cualquier estado de la actuación en que el funcionario competente advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, declarará la nulidad total o parcial de lo actuado, desde el momento en que se presentó la causal, y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena validez.
Parágrafo 1°. En el evento que la irregularidad sea invocada por las partes o detectada por el funcionario de instrucción, deberá proceder inmediatamente a remitir el expediente al fallador correspondiente para lo de su competencia.
Parágrafo 2. La nulidad se considerará saneada cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.
Término para proponer nulidades.
Las causales de nulidad podrán proponerse hasta antes de proferirse el fallo definitivo. La solicitud deberá precisar la causal invocada, las razones en que se funda y no se podrá formular nueva petición de nulidad sino por causal diferente o por hechos posteriores. El fallador competente resolverá la solicitud de la nulidad, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su recibo, con excepción de las propuestas en los alegatos de conclusión y durante el desarrollo de la segunda instancia, que serán resueltas con los fallos correspondientes.
CAPÍTULO II Caducidad y prescripción Artículos 92 y 93
La actuación administrativa caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde el último hecho o acto.
Prescripción de varias acciones.
Cuando fueren varias las acciones investigadas en un solo proceso, la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.
CAPÍTULO III Procedimiento abreviado Artículo 94
Cuando la cuantía del bien perdido o del daño tenga un valor inferior a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), el competente adelantará el siguiente procedimiento: escuchará al presunto responsable en diligencia de descargos; dispondrá y recaudará, dentro del término de cinco (5) días hábiles más el término de la distancia si fuere necesario, las pruebas a que haya lugar y proferirá fallo escrito y motivado de única instancia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contra el cual solamente procederá recurso de reposición. La notificación se hará acorde con lo dispuesto en la presente ley.
CAPÍTULO IV Procedimiento ordinario Artículos 95 a 102
Cuando la cuantía de la pérdida o del daño de un bien de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública, tenga un valor igual o superior a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se adelantará la investigación administrativa por el procedimiento ordinario.
Recibido el informe o conocida la noticia de la pérdida o daño de un bien de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública, la autoridad administrativa, procederá de oficio o a solicitud de parte, a ordenar la apertura de la investigación administrativa.
El auto que ordena abrir investigación administrativa debe contener entre otros los siguientes requisitos:
Relacionar en forma sucinta los hechos.
Identificar al presunto autor o autores si el informe o las pruebas existentes lo permiten.
Ordenar la práctica de pruebas.
Allegar la calidad del investigado.
Aportar el documento que individualice el funcionario que tenía bajo su responsabilidad, custodia o usó el bien.
Nombrar funcionario de instrucción si lo considera pertinente.
Informar a la dependencia encargada de llevar el registro de las investigaciones.
Notificar al inculpado la apertura de investigación y los derechos que le asisten.
Nombramiento de Secretario.
El Funcionario de Instrucción podrá designar un secretario para que actúe en la investigación, quien tomará posesión del cargo.
Término para la instrucción.
El término de instrucción de la investigación administrativa, será de seis (6) meses si es un solo investigado y de doce (12) meses si son dos o más. Recibido el expediente, el fallador de primera instancia procede a su estudio dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Si la investigación no se encuentra perfeccionada la regresará al instructor para surtir las diligencias faltantes. Realizadas estas, o no habiendo diligencias por practicar dicta un auto declarando cerrada la investigación y correrá traslado para alegatos de conclusión, los cuales deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
Los términos previstos en la presente ley se suspenderán en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, o por el trámite de una declaración de impedimento o recusación. En tales casos, tanto la suspensión como la reanudación de los términos, se ordenará por el competente mediante auto de trámite, que se notificará por estado al día siguiente y contra el cual no procede recurso alguno.
Vencido el término de traslado para alegar de conclusión, el fallador de primera instancia entrará a proferir fallo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. En caso de que los investigados sean dos o más el término se ampliará por treinta (30) días hábiles.
Contra el fallo de primera instancia procede el recurso de apelación.
CAPÍTULO V Cesación de procedimiento Artículo 103
En cualquier momento de la investigación que aparezca plenamente comprobado que el hecho investigado no ha existido, que el investigado no es el autor, que la investigación no pueda proseguirse o no hay mérito para continuar con la misma, el funcionario con atribución administrativa procederá a decretar mediante decisión motivada la cesación del procedimiento.
CAPÍTULO VI Fallo de primera instancia Artículos 104 y 105
Término para fallar.
Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, el funcionario competente proferirá decisión de fondo dentro del término de treinta (30) días. En caso de que los inculpados sean dos (2) o más el término se ampliará en treinta (30) días más.
Requisitos del fallo.
La identidad y calidad del bien.
Análisis y valoración jurídica probatoria.
Análisis de los elementos de la responsabilidad administrativa.
Valoración de los alegatos de conclusión.
Las razones de la declaratoria de responsabilidad administrativa o de la exoneración.
La decisión declarativa de responsabilidad o de exoneración.
CAPÍTULO VII Fallo de segunda instancia Artículo 106
La autoridad competente deberá decidir la apelación o consulta dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que hubiera recibido el expediente. En caso de que los investigados sean dos (2) o más el término se ampliará treinta (30) días más.
TÍTULO IV Disposiciones complementarias Artículos 107 a 111
CAPÍTULO I Descuento Artículos 107 y 108
El valor de los daños o pérdidas que administrativamente se declaren a cargo del investigado, serán descontados de su sueldo básico o prestaciones, conforme al fallo administrativo proferido por el funcionario competente.
Una vez ejecutoriado el fallo y si este da lugar a descuento, el Comandante o Jefe de la unidad u organismo descentralizado donde se produjo el daño o pérdida, adelantará el trámite para su ejecución, así:
Elaboración y envío de la solicitud de descuento a la oficina o dependencia encargada de ejecutarlo, anexando copia del fallo y su constancia de ejecutoria.
Los descuentos a que haya lugar por responsabilidad administrativa deben hacerse por cuotas mensuales sin que estos sobrepasen una quinta parte del sueldo básico mensual.
Los valores descontados a los funcionarios responsables deberán ingresar a las cuentas de Fondos Especiales, de la Unidad a la cual pertenezca el bien.
Cuando la responsabilidad del daño o pérdida recaiga en quienes presten servicio militar, se procederá a ejecutar las pólizas de seguros si las hubiere o al cobro mediante jurisdicción coactiva.
Cuando se trate de personal desvinculado y no sea posible el descuento del sueldo básico o prestaciones, el cobro se realizará por jurisdicción coactiva.
CAPÍTULO II Bajas de material Artículo 109
Cuando se trate de pérdidas, una vez proferido el fallo definitivo, el Ministro de Defensa Nacional, el Jefe de Estado Mayor Conjunto, el Segundo Comandante de la Fuerza respectiva, el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional o quien haga sus veces, o el Gerente o Director en los institutos descentralizados; o a quien estos deleguen, ordenarán la baja del bien motivo de la investigación y la actualización de la información contenida en los registros físicos, magnéticos o de otra índole. Si fuere el caso también se dispondrá dar de alta fiscalmente un bien para reponer el perdido o inservible.
CAPÍTULO III Fondo de Garantía Artículo 110
Liquidación Fondo de Garantía.
El Director Administrativo, Financiero o Jefe Logística o quien haga sus veces en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, sus unidades adscritas y vinculadas e institutos descentralizados, ordenarán la liquidación del Fondo de Garantía de que trataba el numeral 37 del artículo 1° del Decreto 791 de 1979 y la devolución de los dineros a quienes los hayan aportado; si no fuere posible establecer la identidad de los interesados, previo el agotamiento de los mecanismos para identificarlos y ubicarlos, se incorporarán al presupuesto de acuerdo con la normatividad vigente.
CAPÍTULO IV Seguros Artículo 111
Cuando la autoridad competente advierta que respecto del bien materia de investigación, ha operado el pago total o reposición por uno de las mismas o superiores características y condiciones por parte de la aseguradora, dará por terminada la actuación administrativa.
TÍTULO V Vigencia Artículo 112
La presente ley regirá a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

References: Artículo 73
 artículo 84
 Artículo 94
 Artículo 103
 Artículo 106
 Artículo 109
 Artículo 110
 artículo 1
 Artículo 111
 Artículo 112