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Timestamp: 2020-05-28 18:59:39+00:00

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El Albacea en el CCC | Herencia | Voluntad y testamento
Suplemento de la Ley
SalvaSalva El Albacea en el CCC per dopo
SUCESION INTESTADA O POR LEY.docx
Derecho Sucesorio - Gonzalez - Posadas -
2009216699 Derecho Civil Suscesiones
AÑO lxxx Nº 45
Tomo La Ley 2016-b
BUENOS AIRES, ARgENtINA - martes 8 De marzo De 2016
El albacea en el Código Civil y Comercial
SUMARIO: i. Consideraciones generales.— ii. atribuciones.— iii. Forma de la designación y capacidad requerida.— iV. Delegación.— V. Deberes y facultades del albacea.— Vi. Facultades de herederos y legatarios.— Vii. supuesto de inexistencia de herederos.— Viii. remuneración.— iX. responsabilidad del albacea. — X. Finalización del albaceazgo.
en el derecho argentino el instituto del albaceazgo no es gratuito; el Código velezano habla de una comisión que le corresponde al albacea por la ejecución de su labor, en tanto el nuevo Código se inclina por la onerosidad al decir “debe” percibir una remuneración que puede surgir del testamento mismo o de la regulación judicial, dando como pauta la importancia de los bienes legados y del trabajo realizado. la remuneración del albacea es una cuestión esencialmente de hecho que depende en cada caso de la gestión desempeñada y del monto del haber sucesorio, debiendo tomarse en cuenta el interés que se le ha confiado.
El albacea es la persona encargada por el
testador de ejecutar su última voluntad, a lo que agrega el diccionario de la Real Acade-
y custodiar los bienes del finado”.
Su fundamento radica en la falta de confian- za que el causante tuvo en la buena voluntad
o en la capacidad de los herederos, cuyo inte- rés está en pugna. (1)
mia: “[
El Código Civil velezano desarrollaba el
tema a partir de los arts. 3844 al 3874 inclusi- ve, a diferencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que en el Libro V, Título XI, Su- cesiones testamentarias, Capítulo VII, Albacea, tan sólo en nueve artículos dispone sobre la forma de designación, atribuciones, deberes,
vas facultades de herederos y legatarios, la remuneración que le pudiere corresponder,
el reembolso de gastos, y por último la finali-
zación del albaceazgo. (2)
El nuevo ordenamiento mantiene el cri- terio de velar por el cumplimiento de la vo- luntad del causante, asignándole funciones expresas en el testamento; y ante la omisión de atribuirle facultades, el juez podrá inter- pretar la intención del testador, tarea herme- néutica que deberá cumplirse respetando el principio liminar del favor testamentii. (3)
Conforme surge de los Fundamentos del
Anteproyecto, el nuevo legislador se basó en
el Código velezano, el Anteproyecto de Bibi-
loni, el Proyecto de 1936 y el Anteproyecto de 1954. (4)
El instituto del albaceazgo, posee los si- guientes caracteres:
—Es voluntario: Nadie puede ser obligado
a ser albacea; el designado por el testador debe aceptar su nombramiento o bien puede rehusarlo.
—Es personalísimo: Dado que el albacea debe desempeñar por sí su cargo, aunque, llegado el caso, puede delegar alguna de las funciones que le correspondan. Asimismo, no se transmite a sus herederos, por ser una obligación intuitu personæ, resultando perso- nal e indelegable.
—Es oneroso: Como toda tarea, no se pre- sume gratuita, sino que el albacea tiene dere- cho a percibir una retribución por el ejercicio del albaceazgo. (5) Al respecto ha sostenido la
jurisprudencia: “[
Sólo cuando el albacea
es un mero ejecutor testamentario sin título, su gestión no devenga honorarios sino comi- sión (art. 3872, Cód. Civil) cuyo monto, en ese caso, es una cuestión esencialmente de he-
cho, condicionada a la naturaleza del juicio y
a la importancia del acervo sucesorio [
—Es testamentario: Sólo corresponde la designación de albacea mediante testamen- to.
—Es temporal: Toda vez que es un ejecu- tor testamentario que tiene por misión hacer cumplir la voluntad del testador en cuanto a la asignación de los bienes que conforman el patrimonio, y su duración está sujeta al cum- plimiento de dicha misión.
El Código Civil y Comercial de la Nación dispone en un único artículo las atribucio- nes que le han de corresponder al albacea. Es de señalar que se mantienen los mismos lineamientos del Código velezano, con la ex- cepción que el nuevo ordenamiento no ha contemplado la solidaridad entre los alba- ceas, situación que si establecía el art. 3870 del Cód. Civil.
Respecto de las facultades o atribuciones del albacea, el art. 2523 del Cód. Civ. y Com., dispone: “Atribuciones. Las atribuciones del albacea designado en el testamento son las conferidas por el testador y, en defecto de ello, las que según las circunstancias son necesarias para lograr el cumplimiento de su voluntad. El testador no puede dispensar al albacea de los deberes de inventariar los bienes y de rendir cuentas. Si el testador designa varios albaceas, el cargo es ejercido por cada uno de ellos en el orden en que están nombrados, excepto que el testador disponga el desempeño de todos conjuntamente. En tal caso, las decisiones deben ser tomadas por mayoría de albaceas y, faltando ésta, por el juez”.
Como surge del primer párrafo de la norma transcripta, el nuevo ordenamiento mantiene el respeto a la voluntad del testador, otorgán-
dole al albacea, en principio, las facultades que surjan expresamente del testamento; y
ante el silencio del difunto, será el juez inter- viniente quien deberá abocarse a la labor de interpretar la última voluntad del causante
y llenar los vacíos o silencios dejados por el testamento. (7)
La segunda parte de este primer párrafo establece que el testador no puede dispensar al albacea de la obligación de inventariar los bienes que componen el acervo hereditario, situación ésta que se reitera en el art. 2526 del Cód. Civ. y Com., cuando se refiere a las facultades y deberes del albacea, es decir, mantiene idéntico criterio que el art.3868 del Código velezano. Entendemos, sin perjuicio de lo expuesto, que el albacea quedaría dis- pensado de efectuar el inventario, si los here- deros o legatarios lo hicieron primero.
Con respecto a la obligación de rendir cuen- ta, el testador tampoco puede exceptuarlo. Debemos resaltar que el albacea administra bienes ajenos con el solo fin de cumplir con el cometido instituido en el testamento; motivo por el cual resulta imposible dispensarlo de esta obligación. (8)
El último párrafo del art.2523, se ocupa del tema que prevé la designación de varios al- baceas que, teniendo en cuenta su número, puede ser:
—Albacea único: lo constituye una sola y única persona designada y ejerce el cargo de forma individual;
—Albaceas sucesivos: son aquellos que han sido designados para ejercer el cargo en forma individual, es decir, cada albacea de- signado será sucedido correlativamente por
el siguiente, siempre que el anterior haya ce-
sado en su función.
y responsabilidad, además de las correlati-
dOctRINA. el albacea en el Código Civil y Comercial
BIBlIOgRAFÍA. Historia y evolución de la actividad jurisdiccional
Autor: Mario Masciotra. Comentario: Adolfo A. Rivas
NOtA A FAllO. Una equivocada y peligrosa declaración de la Corte suprema
Roberto E. Luqui
reqUisitos Del reCUrso orDinario De apelaCión. inconstitucionalidad del art. 24, inc. 6, ap. a) del dec.-ley 1285/58. Discriminación de causas, incompatibilidad con la norma Fundamental. monto del juicio. Causas en las que la nación es parte. Deber de la
Corte de fallar en casos que comprometen principios constitucionales. Ámbito temporal de
aplicación de la ley declarada inválida. empleo público. aplicabilidad de la ley 24.013, a las
relaciones de empleo público (Cs)
Consejo De la magistratUra. inconstitucionalidad de la reforma introducida en su composición por el art.1 de la ley 26.080. ruptura del equilibrio exigido en el art.114 de la Constitución nacional. efectos de la declaración de inconstitucionalidad (CnFed. Conten-
ciosoadministrativo)
DemanDa. estimación del monto reclamado. recaudo exigido por el art. 330 del Código
procesal Civil y Comercial. posibilidad de su determinación (CnCiv.)
2 | martes 8 De marzo De 2016
—Albacea conjunto: se da cuando el cau- sante designa a varios albaceas para que actúen en forma conjunta, en cuyo caso las decisiones deben ser tomadas por mayoría; y ante la falta de acuerdo, lo hará el juez in- terviniente.
Sin perjuicio de lo expuesto, respecto del albaceazgo sucesivo —cuando se designa a varios albaceas sin precisar la forma de ac- tuación, pero se les ha asignado una tarea o función diferente—, entendemos que el debe ser ejercido en formar particular por cada uno de ellos. El Código velezano, tampoco preveía este tipo de actuación de varios alba- ceas con distintas funciones. (9)
Al suprimir la solidaridad de los albaceas cuando son designados en forma conjunta para actuar —contrario al pensamiento de Borda—, entendemos que será complicado este ejercicio conjunto, avizorando eventua- les conflictos judiciales. (10)
III. Forma de la designación y capacidad reque- rida
Respecto a la forma de designación y la capacidad requerida para ser albacea, el art. 2524 del Cód. Civ. y Com. dispone: “For- ma de la designación. Capacidad. El nom- bramiento del albacea debe ajustarse a las formas testamentarias, aunque no se realice en el testamento cuya ejecución se enco- mienda. Pueden ser albaceas las personas humanas plenamente capaces al momento en que deben desempeñar el cargo, las per- sonas jurídicas, y los organismos de la admi- nistración pública centralizada o descentra- lizada. Cuando se nombra a un funcionario público, la designación se estima ligada a la función, cualquiera que sea la persona que la sirve”.
Haciendo un análisis de la norma, y con referencia a su primer párrafo, la designa- ción de albacea debe surgir de la voluntad del testador, y ha de requerir la forma solemne establecida por la ley, verbigracia testamen- to. Recordemos que en el Código Civil y Co- mercial de la Nación las formas de los testa- mentos han sido reducidas a dos: testamento ológrafo o testamento por acto público.
Puede darse el supuesto de que el testa- dor quiera nombrar albacea a su escribano de confianza. Frente a ese supuesto, deberá hacerlo —si es por escritura pública— ante otro notario; o bien a través de un testamen- to ológrafo complementario. Respecto de la revocación del nombramiento, ésta deberá también guardar la forma prescripta por la ley. (11)
Con respecto a la capacidad, el segundo párrafo reitera los lineamientos de Vélez en cuanto a que (la o) las personas designadas, deben ser plenamente capaces al momento de desempeñar el cargo. Coincidimos con Ollantay Caparrós en que esta solución es totalmente lógica, si se tiene en cuenta que
antes del fallecimiento del causante el alba- cea no tiene misión ni acto que cumplir, por
lo tanto su capacidad sólo debe ser juzgada al
momento de ejercer el cargo.
Por lo expuesto, la capacidad para obligar- se debe tenerse en el momento en que el al- bacea comienza a desempeñar sus funciones, pudiendo ser designado un incapaz al tiempo en que el causante otorgó su testamento, si posteriormente devino capaz.
El nuevo ordenamiento prevé, además, la posibilidad de que ejerza el albaceazgo una persona jurídica, los organismos de la admi- nistración pública centralizados o descen- tralizados, como así también un funcionario público. En este último caso se presume que quien ejerce el cargo público al momento en que deban producirse las actividades del al- bacea es quien asume el cargo.
Por lo expuesto, podrán ser albaceas: las personas las mayores de edad; (12) las per- sonas menores emancipadas, conforme lo dispone el art. 27 del Cód. Civ. y Com.; (13) las personas jurídicas o de existencia ideal (art. 141 y concs., Cód. Civ. y Com.); y los or- ganismos de la administración pública cen- tralizada o descentralizada (arts. 146 y concs. del Cód. Civ. y Com.).
Iv. delegación
La designación del albacea es personal y facultativa del testador; y, como ya anticipá- ramos, está inspirada en la confianza, moti- vo por el cual el albacea designado no puede sustituir su cargo, como en cambio sí puede hacerlo un mandatario.
Lo expuesto no significa que no puede otor-
gar poderes en los casos en los que no pueda actuar personalmente, pero esa actuación habrá de regirse por las normas del mandato
y será el albacea el responsable por el ejer-
cicio de esa función. Por el contrario, esos mandatos no significan el abandono de su cargo, sino que puede ser consecuencia de un modo de ejercicio necesario frente a circuns- tancias particulares. Por tal motivo no pasa a ejercer el albaceazgo quien ha sido designado
subsidiariamente, salvo que se den las razo- nes de conclusión. (14)
Al respecto ha dicho la jurisprudencia: “El cargo de albacea (cumplir con las mandas testamentarias) puede llevarse a cabo en for- ma personal o mediante apoderado, habida cuenta de que no existe norma alguna que lo impida. Si el albacea designa a un apoderado para intervenir en el juicio, los honorarios de éste deben ser a su exclusivo cargo”. (15)
Maffía entiende que los honorarios de los mandatarios deben recaer sobre la sucesión
o sobre el albacea; y que la tesis predominan-
te en los fallos judiciales sostiene que los ho-
norarios del apoderado están a cargo del al-
bacea y no de la sucesión, aduciendo que si el ejecutor testamentario designa apoderados, no puede hacer pesar esos honorarios sobre
la masa, sino que debe soportarlos personal-
Debe diferenciarse de lo expuesto el su- puesto en que el albacea, por no ser abogado, necesita realizar la delegación propiamente dicha en un profesional. Al respecto el Códi- go Civil y Comercial dispone en el art. 2525 que los gastos de los honorarios del patro- cinio letrado requeridos por el albacea son gastos deducibles de la sucesión y a cargo de ella, siempre y cuando resulte necesario
o razonablemente conveniente para el cum- plimiento de tal función.
A tal fin, el citado art. 2525 dispone: “Dele- gación. El albacea no puede delegar el encar-
go recibido, el que no se transmite a sus here-
deros. No está obligado a obrar personalmen- te; le es permitido hacerlo por mandatarios
que actúen a su costa y por su cuenta y ries- go, aun cuando el testador haya designado al- bacea subsidiario. Si el albacea actúa con pa- trocinio letrado, los honorarios del abogado patrocinante sólo deben ser sufragados por
la sucesión, si sus trabajos resultan necesa-
rios o razonablemente convenientes para el
cumplimiento del albaceazgo”.
La regulación corresponde según el ca- rácter de sus intervenciones; y las que bene- fician a la sucesión tienen el carácter de co- munes, siguiendo las bases de distribución y prorrateo que, con respecto a los honorarios, corresponde hacer en todo juicio sucesorio en relación con los profesionales abogados.
v. deberes y facultades del albacea
En una única disposición, el nuevo orde- namiento engloba los deberes y facultades
del albacea, al establecer en el art. 2526 del Cód. Civ. y Com.: “Deberes y facultades del albacea. El albacea debe poner en seguridad
el caudal hereditario y practicar el inven-
tario de los bienes con citación de los inte- resados. Debe pagar los legados con cono-
cimiento de los herederos y reservar los bie- nes de la herencia suficientes para proveer
a las disposiciones del testador dándoles oportunamente el destino adecuado. Debe
demandar a los herederos y legatarios por
el cumplimiento de los cargos que el testa-
dor les haya impuesto. La oposición de los herederos o de alguno de ellos al pago de
los legados suspende su ejecución hasta la
resolución de la controversia entre los here- deros y los legatarios afectados. El albacea está obligado a rendir cuentas de su gestión
a los herederos”.
Estas funciones pueden ser clasifica- das —teniendo en cuenta su origen y exten- sión— en ordinarias o normales y en extraor- dinarias o especiales. Las primeras son las pertinentes a todo albacea, es decir, el testa- dor se limita a designarlo o confiere faculta-
des determinadas por la ley. Por su parte, las segundas son concedidas expresamente por
el testador, incluyendo por supuesto las que
la ley le impone. Respecto al titular del car-
go, se clasifican en funciones del albacea con tenencia de bienes y sin tenencia de bienes;
y por su naturaleza, en funciones conserva-
torias, de vigilancia y ejecutivas. (16) Por lo
expuesto, podemos citar como principales obligaciones:
a) Medidas de seguridad: poner en seguri-
dad el caudal hereditario;
b) Realizar el inventario de los bienes;
c) Citar a los interesados;
d) Pago de legados: pagar los legados con
previo conocimiento de los herederos;
e) Ejecución de las cargas: reservar los bie-
nes suficientes de la herencia para cumplir con las mandas del causante;
f) Demandar a los herederos y legatarios el cumplimiento de los cargos que el testador les hubiese impuesto; y
g) Rendición de cuentas: rendir cuenta de
su gestión a los herederos.
V.1. Análisis de las obligaciones
El albacea debe controlar aquella parte del acervo relicto que sea indispensable para cumplir con el pago de las deudas, entre las cuales se cuentan las que emanan del propio testamento, lo cual, más allá de constituir una prerrogativa, se traduce en la principal carga inherente a su condición de mandata- rios del testador, en cuya función están au- torizados a procurar todas aquellas medidas conducentes al aseguramiento de los bienes dejados por el testador. (17)
Las medidas de seguridad pueden ser tan- to judiciales como extrajudiciales. Si el alba- cea no encuentra oposición, no es necesario que se tomen medidas judiciales.
En cuanto a la entrega de los bienes, si no existen herederos o cuando los legados insu- men la totalidad del acervo hereditario —y siempre que no exista derecho de acrecer entre ellos—, el albacea es el único represen- tante de la sucesión. Pero, frente al supuesto de la existencia de herederos y que los lega- dos insuman sólo una parte de la totalidad del acervo, son los herederos los que deben poner a disposición del albacea la porción necesaria para el pago de los testamentos, gastos y otras deudas.
El inventario constituye también una me- dida de seguridad. Como ya anticipáramos, si los herederos y legatarios hubiesen hecho el inventario con anterioridad, el albacea que- dará eximido de esa responsabilidad, si es
(1) MOURELLE de TAMBORENEA, María Cristina, “Sucesión testamentaria”, en Comentarios al Proyecto del Código Civil y comercial de la Nación 2012, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, p.1182. (2) Ibídem. (3) GARCÍA de SOLAVAGIONE, Alicia, “Albaceas”, en Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Ano- tado y Concordado, GARRIDO CORDOBERA, Lidia - BORDA, Alejandro - ALFERILLO, Pascual (dir.), KRIE- GER, Walter (coord.), Astrea, Buenos Aires, comentario al art.2531, t. 3, p.661. (4) “Fundamentos del Anteproyecto”, LaLey, Buenos Aires, 2012, p.600. (5) Vélez sostuvo en el art.3872 del Cód. Civil: “El al- bacea tiene derecho a una comisión que se gradúa según
su trabajo y la importancia de los bienes de la sucesión”. (6) CNCiv., Sala C, 8/8/2000, Legis argentina J
102416.-
(7) OLLANTAY CAPARRÓS, Juan Manuel, en Códi- go Civil y Comercial de la Nación, Comentado, RIVERA, Julio César (dir.); MEDINA, Graciela, (coord.), LaLey, Buenos Aires, comentario al art.2523, t. 6, p.568 y ss.
(8) Nota al art.3844 del Cód. Civil: “Zachariae y otros jurisconsultos enseñan que el albacea es mandatario de los herederos, y nosotros con otros escritores juzgamos
que lo es del testador [
albacea resulta, que una demanda, por deuda de la su- cesión, debe entablarse contra los herederos, y no con- tra el albacea que no es representante de ellos. Resulta también que el albacea no puede por sí reconocer deudas contra la sucesión, lo que podría hacer si fuese mandata-
Del carácter que le damos al
rio de los herederos”. (9) La doctrina especializada ha entendido como prio- ritario valorar la voluntad del testador, quien está facul- tado para designar varios albaceas, sea en el mismo tes- tamento o por diversos instrumentos, con la variante de asignarle a cada uno una función distinta. En su caso, de- berán desempeñar su función con entera independencia, sin que la responsabilidad emergente de la actuación de uno pueda afectar a los restantes o pueda considerarse solidaria. En este sentido se han expedido Machado, Ca- fferata, Maffía y Borda. OLLANTAY CAPARRÓS, Juan Manuel, ob. cit., p.569. (10) GARCÍA de SOLAVAGIONE, Alicia, ob. cit.,
(11) CAPPARELLI, Julio César, ob. cit., p.578. (12) Conforme lo dispuesto por el art.25 del Cód. Civ. y
Com.: “Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años. Este Có- digo denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece años”. (13) Art. 27, Cód. Civ. y Com.: “Emancipación. La ce- lebración del matrimonio antes de los dieciocho años emancipa a la persona menor de edad. La persona eman-
cipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limi-
taciones previstas en este Código [ (14) Íd. ant., p.579. (15) CNCiv., Sala H, 26/10/2000, “Aizemberg, Rober- to”, Rubinzal Online; RC J 2718/06. (16) GARCÍA de SOLAVAGIONE, Alicia, ob. cit.,
p.665.
(17) CNCiv., Sala A, “Campomar, Carlos”, Rubinzal Online; RC J 2742/06
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que no hay observación de su parte. De rea- lizarse el inventario, es su obligación citar a los interesados.
Recordemos que conforme lo dispuesto en el art. 2523 del Cód. Civ. y Com., el testador no puede dispensar al albacea de los deberes de inventariar los bienes y de rendir cuentas.
c) Citar a los interesados
Para proteger la legítima de los herederos, es que la normativa obliga a citar a los inte- resados a efectos de poner en conocimiento de ellos el pago de los legados y precisamente puedan oponerse en caso de afectar sus de- rechos.
Respecto de los bienes que excedan la legí- tima, el albacea podrá requerir la venta para procurar la obligación suprema de cumplir con las mandas del causante.
d) Pagar los legados
El albacea no puede proceder al pago de los legados sin conocimiento de los herederos, ya que son ellos los que tienen la investidura de esa calidad y pueden reconocer o desconocer el derecho del legatario.
El párrafo 3º del art. 2526 dispone que la oposición de los herederos o de alguno de ellos al pago de los legados suspende la eje- cución de la manda, hasta tanto se resuelva la controversia.
e) Demandar
El deber de demandar a los herederos y legatarios el cumplimiento de los cargos que el testador les haya impuesto no es extensi- ble a terceros. Las demandas hacia terceros le corresponden a los sucesores universales por derecho propio; pero si estos son remi- sos para ejercer las acciones tendientes a ingresar bienes a la sucesión y destinados a cumplir la manda testamentaria, el albacea tendrá legitimación para demandar. (18)
f) Rendir cuentas
Esto corresponde a su carácter de manda- tario y debe efectuarse en la medida que el albacea resulte depositario de bienes para el pago de legados. Aunque el Código se refie- re a la rendición de cuentas a los herederos, entendemos que es debida al fisco, a los le- gatarios y a los acreedores. Los interesados pueden requerirla, si no se hubiera fijado un plazo; y en caso de muerte del albacea, esta obligación se transmite a sus herederos. (19)
vI. Facultades de herederos y legatarios
Quienes hayan de recibir la herencia man- tienen las potestades no atribuidas ministerio legis al albacea, pero el artículo innova al es- tipular que pueden ser instituidas por tes- tamento, al disponer en el art. 2528 del Cód. Civ. y Com.: “Los herederos y los legatarios conservan las facultades cuyo desempeño no es atribuido por la ley o por el testador al albacea. Los herederos pueden solicitar la destitución del albacea por incapacidad so- breviniente, negligencia, insolvencia o mala
conducta en el desempeño de la función, y en cualquier tiempo poner término a su cometi- do pagando las deudas y legados o depositan- do los fondos necesarios a tal fin, o acordan- do al respecto con todos los interesados. Los herederos y legatarios pueden solicitar las garantías necesarias en caso de justo temor por la seguridad de los bienes que están en poder del albacea”.
La norma transcipta mantiene los mismos lineamientos que el Código de Vélez estable- ciera en los arts. 3852, 3853 y 3964, mante- niendo las facultades de los herederos y lega- tarios, cuando su desempeño no es atribuido por la ley o por el testador al albacea.
La jurisprudencia ya había dado respues- tas a las facultades de herederos y legatarios, al entender que si el testador instituyó here- deros, éstos son los ejecutores testamenta- rios y el albacea es el encargado de controlar el cumplimiento de la voluntad del causante; si sólo designó legatarios, la posesión de la herencia corresponde al albacea y asume su representación. (20) Es por ello que cuando hay herederos la función del albacea es muy limitada: sólo comprende la mera vigilancia y control del cumplimiento de las mandas. (21)
Además, los herederos pueden solicitar la destitución del albacea, ya sea por incapaci- dad sobreviniente, negligencia en sus funcio- nes, insolvencia o mala conducta.
Asimismo el nuevo ordenamiento incor- pora la posibilidad de que en cualquier tiem- po los herederos puedan poner término al cometido del albacea pagando las deudas y legados o depositando los fondos necesarios para cumplir tal fin, o acordando con todos los interesados. (22)
El último párrafo del art. 2528 autoriza a los herederos a solicitar las medidas que más les convenga para evitar que el albacea —en exceso de su función—, pueda perjudicarlos. El albacea podrá dar fianza y ofrecer cual- quier seguridad para continuar desempeñan- do el cargo y su función.
vII. Supuesto de inexistencia de herederos
Cuando no existen herederos, las funcio- nes del albacea se amplían notablemente, porque éste asume la posesión de la heren- cia. (23) Es decir, no habiendo herederos, su función no se limita al control de lo actuado por los herederos, sino que es él quien debe tomar la iniciativa para dar cumplimiento a la voluntad del testador.
El instituto del albaceazgo ha sido jerar- quizado por el nuevo ordenamiento. Como podemos advertir, sus facultades se expan- den: es el representante de la herencia y administrador del patrimonio, facultándolo judicialmente a transmitir bienes necesarios para cumplir la manda testamentaria. (24)
El art. 2529 del Cód. Civ. y Com. ha sido mucho más claro para determinar el supues- to de inexistencia de herederos, previen- do casi todas las situaciones que pudieran plantearse. El mismo dispone: “Supuesto de inexistencia de herederos. Cuando no hay
herederos o cuando los legados insumen la totalidad del haber sucesorio y no hay dere- cho a acrecer entre los legatarios, el albacea es el representante de la sucesión, debiendo hacer inventario judicial de los bienes recibi- dos e intervenir en todos los juicios en que la sucesión es parte. Le compete la adminis- tración de los bienes sucesorios conforme a lo establecido para el curador de la herencia vacante. Está facultado para proceder, con intervención del juez, a la transmisión de los bienes que sea indispensable para cumplir la voluntad del causante”.
Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos distinguir las siguientes situaciones:
1. Cuando no existen herederos: el albacea es representante de la sucesión;
2. Cuando los legados absorben la totalidad
del acervo sin derecho de acrecer entre los legatarios, el albacea es el único representan- te de la sucesión;
3. Puede representar en juicio a la suce-
sión; destaquemos que el art.3862 del Código
de Vélez, lo prohibía;
4. Se dejó de lado el término posesión de
la herencia, para hablar de representación de la herencia, debiendo hacer el inventario de los bienes y llevar a cabo la administración conforme lo establecido para el curador de la herencia.
Asumiendo la función, el albacea está au- torizado para:
—Ser parte legitimada para promover la sucesión testamentaria, supuesto en el cual será el juez quien designará un escribano para que proceda a la confección del inventa- rio, quien deberá, además, citar a los legata- rios y acreedores para cumplimentarlo;
—En su carácter de representante de la sucesión, será su función intervenir en los juicios en que la sucesión es parte, por lo tan- to podrá en este caso interponer demandas, en especial para incorporar bienes a la suce- sión y contestar las demandas que promue- van terceros por no existir herederos;
—Le compete la administración de todos los bienes —en contraposición a los casos en que hay herederos— y podrá también dispo- ner de los mismos con autorización judicial, la que le será concedida en la medida en que sea necesario para cumplir la voluntad del cau- sante. (25) El nuevo Código instituye al albacea como la persona a la que le compete la admi- nistración de los bienes del sucesorio, debien- do regirse por las normas establecidas para el curador en la situación de herencia vacante.
Otra novedad de la norma comentada es que el albacea puede representar en juicio a la sucesión, aun existiendo herederos insti- tuidos, situación que le estaba vedada en el Código velezano.
En el derecho comparado existen tres sis- temas remuneratorios:
1. El sistema que opta por la gratuidad;
2. Sistemas en los que no existe disposición
expresa; y
3. Aquellos regímenes que establecen el cargo remunerado.
En el derecho argentino el instituto del albaceazgo no es gratuito: el Código vele- zano habla de una comisión que le corres- ponde al albacea por la ejecución de su la- bor; (26) en tanto el nuevo Código se inclina por la onerosidad al decir “debe” percibir una remuneración que puede surgir del testamento mismo o de la regulación ju- dicial, dando como pauta la importancia de los bienes legados y del trabajo realiza-
do. (27)
Al respecto, el art. 2530 del Cód. Civ. y Com. dispone sobre la remuneración y los gastos: “El albacea debe percibir la remu- neración fijada en el testamento o, en su defecto, la que el juez le asigna, conforme a la importancia de los bienes legados y a la naturaleza y eficacia de los trabajos realiza-
dos. Si el albacea es un legatario, se entiende que el desempeño de la función constituye un cargo del legado, sin que corresponda otra remuneración excepto que deba entender- se, según las circunstancias, que era otra la voluntad del testador. Deben reembolsarse
al albacea los gastos en que incurra para lle-
nar su cometido y pagársele por separado los honorarios o la remuneración que le co- rresponden por trabajos de utilidad para la sucesión que haya efectuado en ejercicio de una profesión”. La remuneración del albacea es una cuestión esencialmente de hecho que depende en cada caso de la gestión desem- peñada y del monto del haber sucesorio, de- biendo tomarse en cuenta el interés que se le ha confiado.
Conforme surge del primer párrafo de la norma transcripta, el nuevo ordenamiento establece con primacía la posibilidad de que sea el testador quien estipule la remunera- ción del albacea. Frente a ese supuesto, el albacea designado no puede impugnar la re- muneración establecida en el testamento por el causante, ni tampoco podrá en el futuro reclamar una remuneración superior a la es- tipulada, salvo por gastos en el cumplimiento de la ejecución del testamento. La nueva re- dacción nada dice respecto de la posibilidad de que el albaceazgo sea gratuito por deci- sión del testador, situación ésta que si pre- veía el Código Velezano; pero recordemos que el albacea al aceptar el cargo consiente en forma libre y voluntaria las condiciones impuestas en el testamento. Por lo expuesto, siendo una facultad disponible, su aceptación incondicional no admite cuestionamientos o renunciamientos posteriores. (28)
Si por el contrario, el testador no ha con- signado la remuneración del albacea, éste deberá solicitar al juez su regulación, quien la fija en consideración al trabajo realizado
y a la importancia de los bienes de la suce- sión. (29)
(18) OLLANTAY CAPARRÓS, Juan Manuel, ob. cit.,
p.578.
(19) CAPARELLI, Julio C., ob. cit., p.581. (20) CCiv. y Com., Sala II, Mercedes, 13/4/1989, “Cala- bró de Calabria, Ana s. Sucesión testamentaria”, Revista de Jurisprudencia Provincial; RC J 2571/08 (21) CNCiv., Sala E, 19/9/2006, “Iribarne, Aidée s. Su- cesión testamentaria” (Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la CNCiv.; RC J 4820/07). (22) OLLANTAY CAPARRÓS, Juan Manuel, ob. cit., p. 583. (23) CNCiv., Sala L, 27/10/1998, “Escotorin, Oscar Alberto s. Sucesión testamentaria” (Base de Datos
de la Secretaría de Jurisprudencia de la CNCiv.; RC J
9260/07).
(24) GARCÍA de SOLAVAGIONE, Alicia, ob. cit.,
p.669.
(25) CAPARELLI, Julio C., ob. cit. p.584. (26) Art. 3872 del Código velezano: “El albacea tiene derecho a una comisión que se gradúa según su trabajo y la importancia de los bienes de la sucesión”. (27) Sobre el tema, la jurisprudencia ha entendido que:
“Por la actuación del albacea debe determinarse una co- misión por su actuación como ejecutor testamentario, independientemente de la regulación (así lo disponía el art.3872 del Cód. Civil). No estando sus honorarios regla-
dos por disposición alguna, la determinación de los mis- mos es una cuestión de hecho que depende de la labor cumplida y el monto de la sucesión, debiendo computarse:
a) la naturaleza de sus trabajos; b) importancia económica del proceso y aptitud, entendiéndose por ello si está muni- do o no de título profesional; c) cuáles han sido las mandas del causante; correspondiendo que el tribunal fije un por- centaje adecuado, el cual, según Goyena Copello, no podrá exceder el máximo fijado para los profesionales letrados. (Del voto del Dr. Locio.)” (CCiv. y Com. y Garantías en lo Penal, Necochea, 15/2/2005, “López Echaniz, María B. s. Sucesión testamentaria”, Sumarios Oficiales CCiv. y Com. y Gtías. en lo Penal de Necochea; RC J 12752/09).
(28) OLLANTAY CAPARRÓS, Juan Manuel, ob. cit., ps. 589 y ss. (29) “Respecto a la importancia de los bienes suceso- rios, debe tomarse en cuenta el valor de los bienes que han estado comprendidos en la función del albacea. A ello debe sumarse que, conforme al art. 35, ley 8904 de la Provincia de Buenos Aires, siendo la sucesión la trans- misión de los derechos activos y pasivos componentes de la herencia de una persona muerta a la que sobrevive, no otro que este aspecto económico del proceso universal puede ser tomado por la ley arancelaria como base para tarifar los honorarios de los profesionales intervinien- tes”. CCiv. y Com, Sala II, Morón, 28/6/2005, “Alzoga-
4 | martes 8 De marzo De 2016
El segundo párrafo del art. 2530 del Cód. Civ. y Com. contempla la situación donde el albacea pueda ser al mismo tiempo un lega-
tario. Frente a ese supuesto, entendemos que
la tarea del albacea legatario quedará satisfe-
cha con el cargo propio del legado, no corres- pondiéndole retribución alguna, excepto que deba entenderse, según las circunstancias, que era otra la voluntad del testador.
Por último, el tercer párrafo del citado artículo dispone sobre el reembolso de los gastos en que incurra el albacea para cum- plir su función. En concordancia con el Códi- go Velezano, (30) el nuevo Código prevé que deberán reembolsarse al albacea los gastos relacionados con la ejecución del testamento
y pagársele por separado los honorarios o la
remuneración que le corresponden por tra- bajos de utilidad para la sucesión que haya efectuado en ejercicio de una profesión.
Reiteramos lo dicho ut supra, cuando el albacea es patrocinado por un letrado: los honorarios devengados por la función de su abogado están a cargo de los herederos. La regulación corresponde según el carácter de sus intervenciones y las que benefician a la sucesión tienen el carácter de comunes, si- guiendo las bases de distribución y prorrateo que con respecto a los honorarios correspon- de hacer en todo juicio sucesorio en relación con los profesionales abogados. (31)
Distinta es la situación cuando para cum- plir con las mandas testamentarias, el al- bacea, en lugar de desempeñar su cargo en forma personal, designa a un apoderado para
intervenir en el juicio. La jurisprudencia ha entendido que dichos honorarios deben estar
a su exclusivo cargo, salvo cuando su inter-
vención hubiera sido absolutamente indis- pensable, pues, en principio, el albaceazgo es indelegable y si el ejecutor testamentario lo designa por comodidad o incluso por ne- cesidad, no debe hacer pesar sus honorarios
sobre la masa sino que debe afrontarlos per- sonalmente. (32)
A modo de conclusión sobre la remunera-
ción que le corresponde al albacea, debemos tener en cuenta las siguientes situaciones que pueden llegar a presentarse:
—que sea el testador el que le fije la remu- neración;
—no estando previsto en el testamento, sólo allí interviene el juez;
—si el albacea es un legatario, se considera que es un cargo por lo recibido, por lo tanto su función es gratuita; con la excepción de que deba entenderse que era otra la voluntad del testador.
Por último, la norma contempla, mante- niendo los mismos lineamientos de Vélez, que deben reembolsarse los gastos que pro- voque el cumplimiento de la ejecución del testamento, y pagársele por separado los honorarios o remuneración que correspon- da por las tareas de utilidad para la sucesión que haya efectuado en ejercicio de una profe- sión, como sería el caso de la doble función de albacea y abogado. (33)
Ix. Responsabilidad del albacea
Es el albacea responsable por el incum- plimiento de sus deberes frente a los herede- ros, legatarios y terceros; el testador no pue- de eximirlo de responsabilidad. El art. 2527 del Cód. Civ. y Com. dispone: “Responsabili- dad. El albacea responde por los daños que el incumplimiento de sus deberes cause a here- deros y legatarios”.
El nuevo ordenamiento plantea el mismo
tipo de responsabilidad que establecía el Código Velezano; pero la nueva norma no requiere la afectación de intereses como condición de procedencia de la responsa- bilidad del albacea. La mera verificación del daño ocasionado a los herederos y le- gatarios por el incumplimiento de sus de- beres es motivo suficiente para configurar la responsabilidad del albacea. También ha limitado el universo de sujetos a los cuales el albacea deba responder por el incum-
plimiento o mal desempeño de sus funcio- nes, limitándolo a los herederos y legata- rios. Por su parte la doctrina mayoritaria entiende que el albacea debe responder frente a todos los daños causados a cual- quier persona. (34)
x. Finalización del albaceazgo
El albaceazgo se extingue por la ejecución
completa de las disposiciones testamenta- rias; por concluir el tiempo establecido para su ejecución; por la muerte, incapacidad, re- nuncia o destitución del funcionario.
Si se da alguno de los supuestos menciona-
dos y no se ha terminado el cumplimiento de las disposiciones testamentarias, los herede-
ros y legatarios serán convocados por el juez
a los efectos de proveer una nueva designa- ción.
El art. 2531 del Cód. Civ. y Com. al respecto
dispone: “Conclusión. El albaceazgo conclu- ye por la ejecución completa del testamento, por el vencimiento del plazo fijado por el tes-
tador y por la muerte, incapacidad sobrevi- niente, renuncia o destitución del albacea. Cuando por cualquier causa cesa el albacea designado y subsiste la necesidad de llenar el cargo vacante, lo provee el juez con audiencia de los herederos y legatarios”.
La ley no fija un plazo para el cumplimien-
to, por lo tanto deberán considerar las cir- cunstancias concretas. Si el testamento de- signa albacea pero no se establecen legados
o cargos, los herederos instituidos pueden
pedir que se dé por concluida su función. También puede suceder que se ponga fin a
la intervención del albacea, si los herederos
aseguran el cumplimiento de los legados, como hemos analizado en el art. 2528 del Cód. Civ. y Com., pudiendo incluso celebrar acuerdos entre beneficiarios y obligados, lo que torna innecesaria la intervención del albacea. (35)
A los supuestos de finalización del alba-
ceazgo, mencionados en el art.2531, podemos sintetizarlos de la siguiente manera:
—Ejecución del testamento: Si se hubiera fijado un plazo, a su vencimiento; o por ejecu- ción completa de la manda.
—Por muerte del albacea: Se trata de una tarea personalísima no transmisible a sus herederos, por lo cual concluye la tarea sin perjuicio de la obligación de rendir cuentas, la que sí se transmite a sus herederos.
—Incapacidad sobreviniente: Pone fin a la función del albacea, pero se ha de necesitar de una resolución judicial.
—Renuncia del albacea: Esta es admisible en cualquier etapa del proceso, salvo el cum- plimiento de los actos que no admiten demo- ra y pudiera generar un conflicto.
—La destitución: Puede ser solicitada por cualquiera de los herederos y legatarios, te- niendo en cuenta las razones que establece el art. 2528 del Cód. Civ. y Com., es decir: inca- pacidad sobreviniente, negligencia, insolven- cia, o mala conducta en el desempeño de sus funciones.
—Por cualquier causa que hiciere nece- sario la designación por vacancia del cargo. Esta última es una forma impropia de de- signación, porque no surge de la voluntad del testador. Esta conclusión es importante teniendo en cuenta que ante la necesidad vital de ejecutar o continuar ejecutando un testamento, lógicamente deberá ocuparse el cargo y designarse un nuevo ejecutor. Coincidimos con Ollantay Caparrós en que hubiera sido óptimo que el legislador hubie- se previsto la posibilidad de que sean los propios herederos quienes propongan una alternativa o candidato para ocupar la va- cancia. (36). l
cita on line: ar/DoC/418/2016
Ferrer, Francisco A. M., “aspectos de las sucesio-
nes en el nuevo Código”, la leY, 2015-e, 864.
ray, Ámerico R.”, Rubinzal Online; RC J 2722/06 (30) Art. 3873, Código velezano: “Los gastos hechos por el albacea relativos a sus funciones son a cargo de la sucesión”. (31) CNCiv., Sala B, 5/8/2004, “Vera Grippo, Rubén”, Rubinzal Online; RC J 1011/08. (32) CNCiv., Sala H, 26/10/2000, “Aizemberg, Rober-
to”, Rubinzal Online; RC J 2718/06. (33) Si bien no es imprescindible que el albacea sea abogado, cuando un mismo profesional reúne la función de albacea y letrado, su actuación deberá retribuirse de acuerdo a las pautas del arancel para estos profesiona- les. Sin embargo, cuando el ejecutor de las mandas del causante —aun siendo abogado— se hace patrocinar
por otro letrado, corresponde fijarle una comisión por dicha tarea, la que puede asimilarse, por analogía, a la del administrador judicial (art.15 del arancel), pues de lo contrario se estaría estableciendo una doble retribución a favor del albacea”. CNCiv., Sala G, 8/10/2007, “Lobe- ra, Nelia T. s. Sucesión testamentaria”, Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la CNCiv.; RC J
20247/09.
(34) OLLANTAY CAPARRÓS, Juan Manuel, ob. cit., ps.579 y ss. (35) CAPARELLI, Julio C., ob. cit., p.586. (36) OLLANTAY CAPARRÓS, Juan Manuel, ob. cit.,
título: Historia y evolución de la actividad jurisdiccional Autor: mario masciotra Editorial: raguel, lima, 2015.
Mario Masciotra agrega a su producción de literatura jurídica, que va agigantándose, el tema de la historia del derecho procesal,
a través de la historia de los jueces o, si se
quiere, a la inversa, la historia de los jueces a través del derecho procesal. El autor se sien- ta en un escenario — no podía ser menos en un amante del teatro — y narra con el estilo de un jurista: claro, preciso y, si se quiere, algo frío y distante; elegido para eso, para guardar distancia con la realidad narrada, no sea cosa que el toque vital de toda realidad
— aun la pasada — desnaturalice el objetivo
del narrador y el sentido de su trabajo. Sin
En un primer plano, solemnes, severos: los
Con fuentes clásicas y modernas, el autor
Occidente, en las latitudes no romanizadas,
espejos de tal monarca, que a veces sin em-
No todo es gloria, pues la venta de los car-
embargo, Masciotra encuentra, evidente-
mismo pueblo en función juzgadora de sus
bargo se indigna y, como Lope cuenta que fue
mente, el punto justo y, entonces, sea porque la palabra escrita no puede contenerlos, sea porque, por el contrario, los incentiva y mo- viliza, aparecen los personajes de la historia.
jueces; detrás, abigarrados, informes, dilui- dos, pero siempre presentes, el conjunto, la sociedad, los otros hombres. Siglos y siglos, pueblos y pueblos; leyes cada vez más sabias, pues a cada retroceso el deseo de justicia in- herente a la condición humana produce su superación.
pasa revista a los tiempos: para entonces,
propios componentes. Luego, la magistratu- ra épica: el pretor romano. Más adelante, la justicia burocratizada de la extraordinaria cognitio. Posterior al derrumbe imperial, la entronización de Dios como juez y la inter- pretación de sus decisiones con humana in- teligencia, por tanto, pequeña y brutal (los juicios de Dios).
Pero vuelve la épica: el buen rey cristiano, noble y justiciero (‘Rey serás, si fecieres dere- cho, et si non facieres derecho, non serás rey ’, Fuero Juzgo, Libro Primero. Título II), buen gobernante (‘mansos contra sus sometidos, go- bernando a su pueblo con piedat’, Fuero Juzgo, Libro Primero, títulos III y IV).
(Lope de Vega, El mejor alcalde, el rey), monta en su mula y llega hasta la Galicia para hacer, por su mano, dura justicia a un campesino. Hombres buenos, firmes en sus convicciones y — hasta el exceso — en la defensa de su po- der de jurisdicción (Calderón de la Barca, “El alcalde de Zalamea”). Y cuando los tiempos van generando un poder absoluto, el heroi- co fin del juez de reyes, el Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza, decapitado por atreverse a enfrentar a Felipe II.
gos, los codiciosos devaneos de los oidores de Charcas y Lima, detrás de la fortuna de la hija mestiza del adelantado Ortiz de Zá- rate, son ejemplos de una costumbrista ve-
las normas y los juzgadores de Oriente. En muchos casos, religión, moral y derecho en
buen rey que nombra como jueces a
nalidad; en tanto la antigua posibilidad del
inescindible conjunción. Después, en un salto
hombres buenos que hacen justicia por él;
ius commune de no fundar las sentencias iba
martes 8 D e marzo D e 2016 | 5
abriendo las puertas a la arbitrariedad de los magistrados, sobre todo en el mundo india- no. Es claro que, en otras latitudes, también debieron correr tales vientos: de algún lado sacó Rabelais la historia del juez Bridoye que juzgaba las causas “según la suerte de los da- dos”.
Antes y después las necesidades de la po- lítica: en Francia el Conseil du Roi, un instru- mento orgánico del poder real para romper la justicia feudal; y a varios siglos, el Tribu-
nal de Cassation, instrumento orgánico de la Convención revolucionaria para romper la justicia real.
Y no faltaron las trampas de la política: los midnight judges, cuyo nombramiento de últi- ma hora abriera camino nada menos que al control de constitucionalidad de normas del juez Marshall y el caso Marbury v. Madison, que demuestra cómo la picardía puede jugar
una mala pasada a los propios pícaros
bueno recordarlo en momentos en que en
nuestro país se escuchan críticas al sistema, cosa que suena a querer volver al absolutis- mo del pasado.
Partidario sin dudas de la publicización del proceso civil que se orienta, obviamente, a la vigorización de los poderes instructorios del juez, Masciotra no se priva de recordarnos lo que con ese sentido también se advierte en los países anglosajones. Abogado de nota y de alma, apunta logros, pero también advierte falencias en el funcionamiento jurisdiccional
y el ordenamiento procesal correspondiente. De tal modo, al terminar su obra formula un reclamo que suscribimos todos los hombres de derecho: la necesidad de implementar una política judicial integral que signifique una reingeniería capaz de asegurar un acceso a la justicia sin exclusiones y un funcionamiento ágil, eficiente e independiente de los tribuna- les argentinos. Que así sea.
Adolfo A. Rivas
Requisitos del recurso ordinario de apelación
inconstitucionalidad del art. 24, inc. 6, ap. a) del dec.-ley 1285/58. Discriminación de causas, incompatibilidad con la norma fundamental. Monto del juicio. causas en las que la nación es parte. Deber de la corte de fallar en casos que comprometen princi- pios constitucionales. Ámbito temporal de aplicación de la ley declarada inválida. Em- pleo público. aplicabilidad de la ley 24.013, a las relaciones de empleo público.
véase en esta página, Nota a Fallo
Hechos: En una causa laboral en la cual se discutió la naturaleza del vínculo que unió a un miembro del personal contratado de la Secretaría de Comunicaciones, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del art.24, inc. 6, ap. a) del dec.-ley 1285/58, en cuanto establece el requisito del monto para el valor disputado, a efectos de la pro- cedencia del recurso ordinario de apelación ante el Máximo Tribunal. No obstante, se pronunció en el pleito, atento al ámbito tem- poral de aplicación de la ley declarada in- válida que allí estableció.
1. - El recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación considera, como único indicador objeti- vo de la relevancia que un juicio pueda tener para el Estado, la mayor entidad económica, y esto ha devenido indefendi- ble con el tiempo y corresponde declarar su invalidez, pues su aplicación práctica compromete el rol institucional que ema- na de su primera y más importante fun- ción, concerniente a la interpretación de cuestiones federales, en particular las re- feridas a la vigencia de los derechos fun- damentales y el sistema representativo, republicano y federal
2. - La admisibilidad del recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación basada en el valor económico del pleito, en tanto permite so- meter casos al Tribunal sin acreditar una cuestión de derecho federal, se encuen- tra en abierta contraposición con las fun- ciones de aquél, que debe fallar todos los asuntos en que pueda estar comprometi- do algún principio constitucional.
3. - La distinción efectuada en el art. 24, inc. 6º, ap. a), del dec.-ley 1285/58, en re- lación con el valor económico del litigio, no es un medio idóneo para evaluar la afectación de los valores de la Carta Fun- damental y deviene insostenible, pues la
competencia de la Corte Suprema de Jus- ticia de la Nación debe regirse por crite- rios que hagan a la salvaguarda de prin- cipios constitucionales y no por un pará- metro cuantitativo y mecánico.
4. - A efectos de la procedencia del recurso ordinario, la discriminación establecida por el dec.-ley 1285/58, entre los proce- sos judiciales según que la Nación sea o no parte, no se adecúa al rol constitucio- nal que guía la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
5. - La autoridad institucional del fallo que declara la inconstitucionalidad del art.24, inc.6º, ap. a), del dec.-ley 1285/58, no debe afectar el tratamiento del caso y de otros recursos ordinarios que a la fecha estén en condiciones de ser interpuestos ante la Corte Suprema, ya que no ha de privar- se de validez a los actos procesales cum- plidos ni dejarse sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes en vigor, por lo tanto las causas en las que haya sido no- tificada la sentencia de Cámara con ante- rioridad al momento en que esta decisión quede firme continuarán su trámite con arreglo a la norma declarada inconstitu- cional.
6. - La sentencia que determinó que el con- trato de locación de servicios que unía
al reclamante con la administración en- cubría una relación de empleo público y condenó a ésta a abonar una indemniza- ción ante el cese del vínculo con más el re- sarcimiento establecido por la ley 24.013 debe ser confirmada, pues el recurrente no rebatió los fundamentos dados por el juzgador.
7. - El planteo de inaplicabilidad de la ley 24.013 a las relaciones de empleo pú- blico en general es infundado y carece de base normativa, si existió, en el caso, una decisión de inclusión expresa respecto del agente en la ley 20.744, el cual sometió a aquél al conjunto de normas jurídicas que regulan la relación laboral privada.
119.027 — CS, 20/08/2015. - Anadon, Tomás Salvador c. Comisión Nacional de Comuni- caciones s/ despido.
cita on line: ar/jUr/27243/2015
a la vencida
[El fallo in extenso puede consultarse en Aten- ción al cliente, www.laleyonline.com.ar o en proview]
Una equivocada y peligrosa declaración de la Corte Suprema
SUMARIO: i. preliminar. — ii. el caso. — iii. Un error conceptual. — iV. el incremento del trabajo del tribunal. — V. los jueces no pueden hacer declaraciones abstractas. — Vi. sólo el Congreso puede reglar la competencia del tribunal, pero no suprimirla. — Vii. razón de ser y actualidad de la competencia de la Corte como tercera instancia.
para justificar los desaciertos, sino mantener los principios fundamentales para que aqué- llos no ocurran o se corrijan.
A este fallo dictado por la Corte Supre- ma de Justicia le caben críticas de distinta naturaleza: constitucional, económica, pro- cesal, institucional y, además, política. Lo dicho sin descartar su inoportunidad, pues sólo con el voto de tres jueces declara su- primir definitivamente la competencia que tiene la Corte Suprema de Justicia como tribunal de apelación ordinaria (tercera instancia) en los juicios donde la Nación es parte, en abierta violación de lo dispuesto por los arts. 116 y 117 de la Constitución Na-
(1) LALEY, 2011-F, 1290.
cional. Una decisión de esta trascendencia merecía haber sido tratada, al menos, cuan- do estuvieran todos los integrantes del tri- bunal. Además, no había urgencia alguna en formularla.
Lo decidido no me sorprende, porque de un tiempo a esta parte no sólo la Corte Suprema, sino también varios tribunales de justicia, han querido convertirse en ad- ministradores (v. gr. caso Mendoza), o en legisladores (v. gr. caso “Halabi”). Ahora, el alto tribunal pretende ser constituyente, al suprimir una competencia atribuida en forma clara y expresa por la ley fundamen- tal.
En un artículo sobre la “Socialización de la Justicia” (1) señalé la tendencia de al- gunos jueces de desempeñar un papel que
no se corresponde con nuestro sistema de gobierno, lo que en otros países se deno- mina “activismo judicial”. Puse en relieve entonces una premisa que no puede ser modificada por amplio que sea el “están- dar de razonabilidad”, la “interpretación contemporánea”, la “democratización de la justicia” y la idea de “constitucionali- zar el derecho” o de “adecuar la existencia de nuevos derechos” u otras expresiones similares. En nuestro país, bien o mal, el Congreso legisla, y Poder Ejecutivo admi- nistra y el Poder Judicial juzga contiendas entre partes y ejerce la función punitiva, tal como acontece en todos los regímenes pre- sidencialistas.
Ésta es, a grandes rasgos, la fórmula que adoptaron los constituyentes de 1853 y que mantiene plena vigencia, no obstante los desaciertos en que muchas veces se ha incu- rrido. Por eso, ya que invocamos la razonabi- lidad, lo razonable no es modificar las cosas
El caso que comentamos debió ser resuelto en la forma que aconsejó la Procuradora Ge- neral, por las razones claramente expuestas en su dictamen. La pretendida inconstitucio- nalidad del art. 24, inc. 6º, ap. a, del decreto ley 1285/58 no necesitaba de mayores argu- mentos para que sea rechazada, porque los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional así lo determinan de manera por demás clara y explícita.
El actor sostuvo como agravio que “la in- tervención de la Corte Suprema como ter- cera instancia altera su rol como intérprete final de la Constitución y la convierte en una instancia común”, que ese criterio “economi- cista” pretende dilatar el proceso, que la nor- ma es discriminatoria, porque de esa manera el Estado tiene un privilegio que le permite
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postergar el pago de sus obligaciones, que la tercera instancia ha devenido “irrazonable”, porque no se adecua a los eventuales fines que pudo haber tenido en el momento en que se dictó.
La Corte Suprema tomó en parte estos argumentos y agregó otros no menos des- afortunados, porque si sintetizamos la ra- zón invocada podríamos decir que como tiene mucho trabajo al ocuparse de cues- tiones nuevas, que antes no eran materia de juzgamiento por ese tribunal, se debe suprimir la tercera instancia en los juicios donde el Estado es parte, porque “compro- mete el rol institucional que emana de su primera y más importante función, con- cerniente a la interpretación de cuestiones federales, en particular las referidas a la vigencia de los derechos fundamentales y el sistema representativo, republicano y fe- deral” (Considerando 10) y que “el carácter supremo que la Ley Fundamental ha conce- dido al Tribunal determina que la doctrina que éste elabore, con base en la Constitu- ción y en la ley citada (ley 48), resulte el pa- radigma del control de constitucionalidad en cuanto a la modalidad y alcances de su ejercicio” (Considerando 11 in fine).
III. Un error conceptual
En este argumento se advierte un error conceptual. En nuestro país, la Corte Su- prema de Justicia de la Nación no es una Corte constitucional, como las que hay en Italia, Alemania y España, y en la mayo- ría de los sistemas parlamentarios, sino el máximo tribunal federal, que entiende en las cuestiones federales, en algunos casos en forma originaria y en otros por apelación, tanto ordinaria cuanto extraordinaria. Aunque sea sobreabundante, recuerdo que la competencia federal no es sólo ratione materiae, sino también ratio loci y ratione personae.
Cuando el Estado es parte en un juicio la competencia es federal, cuando menos, ra- tione personae. Por ser la Corte el Tribunal Supremo en materia federal, le correspon- de conocer como última instancia en los juicios donde el Estado es parte y, como la Constitución Nacional es la norma federal suprema, es su intérprete final. Pero tam- bién es Tribunal en las causas de competen- cia federal que enumera el art. 116, aunque no deba interpretar normas constituciona- les. Por eso Bielsa criticaba la expresión “cuestión federal” cuyo planteamiento se exige para que proceda el recurso extraor- dinario, porque en muchos casos lo que se debate es una “cuestión constitucional” (2).
La circunstancia que sea el intérpre- te máximo de la Constitución no excluye su competencia en las demás cuestiones atribuidas por los arts. 116 y 117 de la ley fundamental, algunas como competencia originaria y otros como último tribunal de apelación.
La Corte sostiene que “la razonabili- dad de la norma que aquí se cuestiona (el art. 24, inc. 6º ap. a del decreto 1285/58) debe evaluarse a la luz de las nuevas y di- versas problemáticas que durante los últi-
mos años han sido traídas ante los estrados de este Tribunal” y que el recurso de ape- lación ordinaria “ha devenido indefendible con el tiempo”. Para refutar este argumen- to basta señalar que la reforma constitu- cional de 1994 mantuvo el recurso ordina- rio ante la Corte Suprema en los asuntos en que la Nación es parte, por lo cual mal puede recurrirse al tiempo transcurrido para sostener que los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional han devenido inde- fendibles, porque en este tema las cosas no cambiaron demasiado desde ese entonces.
Por eso, mientras estos artículos no se modifiquen, la competencia de la Corte Suprema seguirá siendo lo que allí se es- tablece, por una razón elemental de jerar- quía normativa y porque si todas las con- venciones constituyentes desde la primera de 1853 han mantenido ese criterio, es de suponer que por algo lo hicieron.
Iv. El incremento del trabajo del tribunal
Es verdad que ese alto Tribunal tiene muchos juicios que resolver, problema que no es novedoso, sobre todo a partir de la se- gunda mitad del siglo pasado en que abrió el recurso extraordinario por arbitrarie- dad y por gravedad institucional. Más aún, salvo cuando la ley extendió la competen- cia a los asuntos en los cuales el Estado es parte indirectamente, siempre la ha querido limitar a asuntos de alguna importancia económica. Así, por ejemplo, al establecer que para la determinación del monto máxi- mo, sin sus accesorios, sostiene que se debe tener en cuenta lo reclamado por la parte, con lo cual en los casos de un litisconsorio activo donde centenares de actores recla- man una indemnización que individual- mente es inferior a ese monto, no procede la apelación ordinaria, aunque el total del juicio lo supere ampliamente (3).
Luego con el argumento de “realizar una interpretación teleológica y sistemática de los textos normativos aplicables” resolvió aplicar un procedimiento de actualiza- ción del monto mínimo dispuesto por la ley 21.708 —y que no se ajusta a lo estable- cido por el art. 4º de dicha norma (4)— y de esa manera pasó a ser el monto mínimo de $ 726.523,33 a $ 10.980.000 (5).
Si la Corte amplió la competencia y con ello se incrementó el trabajo fue principal- mente por los recursos extraordinarios por arbitrariedad y gravedad institucional, y lo hizo porque en muchas ocasiones los fallos de las cámaras adolecían de serias deficien- cias y estaban lejos de constituir la aplica- ción razonada del derecho vigente. Estimo que el problema que generan estos recur- sos se solucionaría con la creación de un tribunal de casación para cada fuero (6) (el penal ya lo tiene), como lo previeron varios proyectos. Si las cuestiones por arbitrarie- dad y gravedad institucional se redujeran, porque serían en su mayor parte resueltas por los tribunales de casación, disminuiría considerablemente el trabajo.
Paralelamente, si la Corte no se ocupara de cuestiones que conciernen a la Adminis- tración, y limitara el alcance que a veces le ha dado a los derechos de incidencia colec- tiva —una especie de derechos por demás indefinida y maleable— a los que realmente
merecen ese calificativo, también disminui- ría su trabajo y cumpliría con el rol que le atribuye nuestro orden jurídico, que no es inmiscuirse en cuestiones de competencia administrativa, ni reglamentar derechos constitucionales con el argumento de que son operativos, cuando en la mayoría de los casos no son tales, sino cláusulas progra- máticas. Los resultados de su intervención en el saneamiento del Riachuelo y la Ma- tanza prueban la relativa eficiencia de los tribunales para ejercer funciones adminis- trativas, aunque en verdad sea un proble- ma de larga data (7).
Tampoco se debería ocupar tanto de los llamados intereses difusos —que para al- gunos se tendrían que denominar intereses “confusos”—, de los intereses de grupo, de las acciones de clase —que en nuestro sis- tema jurídicopolitico no tienen cabida—, de los procesos colectivos, de los intereses homogéneos, y pretender darle efecto erga
omnes a las sentencias, lo cual equivale a legislar. Si en estos casos lo que se juzga son funciones administrativas incumplidas por el Estado, lo que debe hacer la justicia es sancionar a los agentes responsables,
a instancia de un fiscal que los acuse, por
ejemplo, de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero sustituir a la Administración es, además de inconstitu- cional, inconveniente, porque los jueces no tienen los instrumentos necesarios para
cumplir con esos fines.
v. los jueces no pueden hacer declaraciones abstractas
En el caso que nos ocupa, la Corte in- currió en un error más grave aún, pues la declaración de inconstitucionalidad del art. 24, inc. 6º, ap. a, del decreto ley 1285/58 la formuló obiter dicta, en forma abstracta y para el futuro, porque el recurso ordinario del Estado nacional fue declarado desierto por falta de fundamentos, es decir, por una cuestión procesal, y no por la supuesta in- constitucionalidad de la norma en cuestión. Para ello no era necesario ni siquiera hacer referencia alguna a la ley que regula la ape- lación ordinaria.
De esta manera queda la posibilidad de que en los juicios donde el Estado es par- te tenga una tercera instancia ordinaria. Como la declaración de inconstitucionali- dad fue resuelta en forma abstracta y obi- ter dicta, no tiene el valor de un precedente sino de una opinión y cuando los abogados del Estado apelen una sentencia de Cáma- ra para que ésta sea admitida por la Corte, podrán recusar a los jueces que firmaron el fallo comentado por haber emitido opinión (art. 17, inc. 7, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
La Corte Suprema dejó de lado una sabia
y reiterada jurisprudencia que rige desde
hace más de un siglo y medio, según la cual “no le corresponde hacer declaraciones ge- nerales y abstractas sobre la constituciona- lidad o no de las normas, sino únicamente con referencia a la aplicación de éstas a un caso contencioso” (Fallos: 12:372; 24:248; 95:290; 107:179, entre muchos otros).
En efecto, en el Considerando 19 declaró que “por las razones expuestas, la vigen- cia de esta vía de apelación en la actuali-
dad se contrapone con la misión específica del Tribunal, por lo que cabe declarar la in- constitucionalidad del art. 24, inc. 6º apar- tado a, del decreto ley 1285/58”. Pero en los considerandos siguientes expresa que aun cuando esa conclusión conduciría al inevitable rechazo de la pretensión recur- siva de la demanda en el presente caso, la “autoridad institucional” de este fallo no debe afectar el tratamiento de éste y de otros recursos ordinarios que a la fecha estén en condiciones de ser interpuestos ante este Tribunal. Por eso, luego de fijar
la línea divisoria de aplicación de la “nue-
va jurisprudencia”, se pronunció sobre los agravios planteados por la demandada, tal
y como si no existiera lo dicho hasta ese
momento respecto de la competencia de la Corte, para rechazar la apelación ordina- ria por considerar desierto el recurso por falta de fundamentos.
vI. Sólo el congreso puede reglar la compe- tencia del tribunal, pero no suprimirla
Los arts. 116 y 117 de la Constitución Na- cional son muy claros al establecer, el pri- mero, que le compete a la Corte Suprema resolver las causas en que la Nación es parte, y el segundo, que “ejercerá su ju- risdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso”. Como dije, mientras estos artículos estén vigentes, la tercera instancia no se puede suprimir, ni siquiera por ley, pues al Congre- so le compete solamente dictar las reglas y las excepciones, pero no suprimir la apela- ción en general.
La Corte cita lo resuelto en la causa “Itzcovich” (Fallos: 328:566), aun cuando los presupuestos son diferentes, así como también sus efectos. En ese fallo se trató de una ley manifiestamente irrazonable que inventó como “picardía” una apela- ción ordinaria de las sentencias dictadas en juicios de jubilaciones, con la inoculta- ble finalidad de demorarlos. Esta circuns- tancia quedó comprobada por la actuación de los abogados de la ANSeS, que en la mayoría de los casos apelaban sin funda- mentos válidos y en escritos prácticamen- te impresos. Además, el thema decidendi fue la inconstitucionalidad del art. 19 de la ley 24.463, y para resolver el caso la Cor- te se expidió sobre ese tema, como materia del litigio y no obiter dicta. Se basó en una jurisprudencia reiterada y justa, según la cual son inconstitucionales la leyes “cuan- do resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuan- do consagran una manifiesta iniquidad (Fallos: 310:2845; 311:394; 312:435, entre otros).
A diferencia del caso “Itzcovich”, en éste no declara la inconstitucionalidad de la apelación ordinaria para un juicio de- terminado, que como precedente se pudo aplicar a otros hasta que fue derogada la ley 26.025, sino de todos los juicios en los cuales el Estado es parte, directa o indi- rectamente. En otras palabras, declara “la inconstitucionalidad de la Constitución” al suprimir esa tercera instancia de ape- lación.
La Corte sostiene que el Congreso la ha dotado de instrumentos legislativos
(2) BIELSA, Rafael, “La protección constitucional y el recurso extraordinario. Jurisdicción de la Corte Supre- ma”, 2ª ed., Depalma, Buenos Aires, 1958, p.221. (3) La Corte Suprema ha declarado que cuando se pre- senta un litisconsorcio activo facultativo, son las preten- siones individuales las que deben alcanzar el límite legal (in re,“ Lamuraglia, Raúl Eduardo y otros c. Estado Nacio- nal Argentino y otro s/daños y perjuicios”, sentencia del 4/12/2012, en el mismo sentido Fallos: 330:2639; 324:1846;
320:2124; 318:1593; 317:1683; 315:303; 313:986; 312:693; 311:2234; 311:1994; 306:749; 300:156; 297:190; 289:72; 289:452; 284:392; 280:327; 277:83; 269:230 y 258:171). (4) Esta ley facultó a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación a actualizar semestralmente los montos esta-
blecidos por los arts.1º, 2º y 3º de dicha ley, “con arreglo
a los índices oficiales de precios mayoristas no agrope-
cuarios”, y no a aplicar otros índices por vía de interpre-
(5) Acordada nº28/2014. (6) Entiéndase que me refiero a cámaras de casación de cada fuero y no una corte nacional de casación, que sería inconstitucional en virtud de lo establecido por el art.75, inc., 12 de la ley fundamental. (7) Contaba mi siempre recordado amigo y jurista Eduardo Aguirre Obarrio, que cuando vino a nuestro país Francesco Carnelutti, fue a dar una conferencia en la Universidad Nacional de La Plata, a donde lo llevaron
en automóvil. Antes le habían explicado cómo era nues- tro régimen político, pues el provenía de un país unitario, muy diferente al argentino, con el agregado de que noso- tros tenemos a los municipios. En realidad no le prestó mucha atención al tema y cuando cruzaban el puente del Riachuelo le hizo esta pregunta a su interlocutor: “Ma, questo odore, ¿è nazionale, provinciale o municipale?”.
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cuyo objeto es alejar de su competencia los casos que no reúnan características especiales y le reconoció al Tribunal la po- sibilidad de desestimar las apelaciones ex- traordinarias sobre la base de un juicio de “sana discreción”, con la sola invocación del art. 280 del Código Procesal, cuando el agravio federal fuera insuficiente o las cuestiones planteadas sean insustancia- les o carentes de trascendencia. Esta re- forma, que ha sido con razón criticada, es incompatible con el sistema republicano de gobierno, donde todos los actos estata- les y con mayor razón los judiciales deben estar fundados en los hechos y el derecho aplicables.
vII. Razón de ser y actualidad de la competen- cia de la corte como tercera instancia
Otra crítica, tal vez la más preocupan- te, es la escasa consideración que la Cor- te hace de las razones por la cuales existe esta tercera instancia. Sostiene que como lo ha declarado en anteriores precedentes su objeto es “garantizar los derechos del Fisco nacional (Fallos: 102:87)” y “conce- der mayor seguridad de acierto a las sen- tencias que deciden cuestiones de determi-
nada cuantía, capaces de comprometer el patrimonio de la Nación (Fallos: 234:427, entre muchos otros)”, y que “la admisibi- lidad (de la apelación) basada en el valor económico del pleito, en tanto permite so- meter casos al Tribunal, sin acreditar una cuestión de derecho federal, se encuentra en abierta contraposición con las funcio- nes de la Corte”.
Prestarle mayor atención a los juicios en que el Estado es parte, no sólo constituye el cumplimiento de una norma constitu- cional (arts. 116 y 117), sino un deber repu- blicano. Los fondos del erario son el dinero del pueblo, que aportan los habitantes al Estado con el pago de los impuestos —al menos, quienes los pagamos— con el cual se solventan las funciones públicas —entre las cuales está la Justicia— se construyen caminos, puentes, puertos y demás obras públicas, se mantienen los hospitales, la educación pública, la policía, la asistencia social, y así podríamos continuar esta enu- meración hasta el infinito. El dinero públi- co es como la sangre que nutre el cuerpo del Estado, por eso, los juicios en que éste es parte, donde está en juego ese “patrimo- nio”, deben ser tratados con la mayor aten-
ción, y se justifica que los revise el máximo Tribunal de la República.
Ignoro si alguna vez alguien se tomó el trabajo de sumar todo lo que ha pagado al Estado por juicios mal defendidos o mal resueltos, que fueron verdaderos despojos para el Tesoro Nacional, y calcular lo que se hubiera podido hacer con ese dinero en bien de la comunidad.
Las sentencias que menciona la Corte en este fallo sobre las necesidades sociales insatisfechas, el derecho a exigir el agua potable, el mejoramiento de los detenidos en establecimientos policiales y peniten- ciarios superpoblados, el derecho a la vi- vienda digna, el suministro de alimentos a ciertas comunidades indígenas, la movili-
dad jubilatoria, sólo se pueden cumplir si el Estado tiene los fondos necesarios para sol- ventarlas. Si esto es así, pregunto ¿es o no importante prestarle especial atención a los juicios de relevancia económica donde el Estado es parte? ¿Con qué fondos pien- sa el alto tribunal que la Administración podrá cumplir con sus sentencias en éstos
y otros casos similares? ¿Cómo se podrán
convertir en verdaderos derechos operati-
vos las cláusulas programáticas que con- tienen los arts. 41 y 42 de la Constitución Nacional?
En la situación financiera actual —por demás crítica—, es necesario cuidar hasta el último centavo, porque debemos afron- tar el cumplimiento de compromisos que se contrajeron sin saber cómo se iban a pagar, devolver el dinero que el Estado le debe a la ANSeS y al Banco Central, pagar la deuda que mantenemos con acreedores externos e internos, reconstruir la infraes- tructura ferroviaria, crear nuevas fuentes de generación de energía, etc. y lo que es más importante aún, disminuir la enorme inflación que nos aqueja, para lo cual es indispensable una rigurosa política fiscal. Todo esto lo tendremos que pagar los con- tribuyentes, agobiados por una presión im- positiva insoportable. Con este panorama suprimir la tercera instancia en los juicios donde el Estado es parte y el monto discu- tido importante, no sólo es contrario a la Constitución, sino a la razón. l
cita on line: ar/DoC/702/2016
inconstitucionalidad de la reforma in- troducida en su composición por el art.1° de la ley 26.080. ruptura del equilibrio exigido en el art. 114 de la constitución nacional. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad.
Hechos: El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires promovió una acción de inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 26.080, afirmando que al sustituir disposiciones de la ley 24.937 en lo que atañe a la composición y fun- cionamiento del Consejo de la Magistra- tura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se quebrantó el equilibrio representativo para la integración de dichas instituciones. La demanda fue re- chazada y el actor apeló. La Cámara ad- mitió parcialmente el recurso.
1. - La reducción de veinte a trece sobre el número de consejeros integrantes del Consejo de la Magistratura —art. 1°, ley 26.080—, de los cuales siete perte- necen al estamento político —seis legis- ladores y un representante del Poder Ejecutivo—, así como el hecho de que para sesionar se requiere la presen- cia de siete miembros —adoptándose las decisiones por mayoría absoluta de los presentes, salvo cuando se requie- ran mayorías especiales—, constituyen modificaciones que, en lo concernien- te a la composición y funcionamiento del Consejo, no respetan los estándares consagrados en el art. 114 de la Consti- tución Nacional. [1]
2. - Siendo que, bajo el esquema de la ley 26.080, los consejeros representan- tes del Poder Ejecutivo y del Poder Le- gislativo —que conforman el “estamen- to político”— en el Consejo de la Ma- gistratura tienen de por sí el número de consejeros suficiente para sesionar y adoptar las decisiones que no exijan de mayorías especiales, ello no respeta el equilibrio exigido en el art. 114 de la Constitución Nacional al verificarse un palmario predominio de ese sector por sobre los otros. [2]
3. - El art. 1° de la ley 26.080, al modificar la composición del Consejo de la Ma- gistratura prevista en el art. 2° de la ley 24.937, es inconstitucional, porque bajo ese régimen el estamento político —seis representantes del Poder Legis- lativo y uno del Poder Ejecutivo— no requiere del aval de los otros secto- res para sesionar ni para decidir, sal- vo en aquellos casos que exijan mayo- rías especiales, verificándose un claro predominio de su parte que contraría el art. 114 de la Constitución Nacio- nal. [3]
4. - La declaración de inconstitucionalidad del art. 1° de la ley 26.080 supone que,
partir de que ella quede consentida
ejecutoriada, recobrará vigencia el
régimen de las leyes 24.937 y 24.939, con las lógicas implicancias en cuanto al quórum para habilitar las sesiones del plenario del Consejo de la Magistra- tura, debiendo adoptarse las medidas tendientes a completar su integración hasta finalizar el mandato vigente se- gún la última renovación de integran- tes llevada a cabo, siempre y cuando no sea sancionado un nuevo régimen legal con arreglo al art.114 de la Constitución Nacional.
119.028 — CNFed. Contenciosoadminis- trativo, sala II, 19/11/2015. - Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c. E.N. - ley 26.060 - dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento.
cita on line: ar/jUr/48420/2015
jurisprudencia vinculada [1-3] la Corte suprema de justicia de la na- ción “rizzo, jorge gabriel (apoderado lista 3 gente de Derecho) c. poder ejecutivo nacional, ley 26.855, medida cautelar s/ acción de am- paro”, 18/06/2013, la leY, 2013-D, 30; e D, 04/07/2013, 14; la leY, 2013-D, 250, con nota de Francisco junyent Bas; la leY, 2013-D, 555, Dj 21/08/2013, 29, con nota de emilio a. ibarlucía; Dj 04/09/2013, 39, la leY, 2013-e , 400, ar/jUr/22508/2013, sostuvo que “la particular ingeniería diagramada por el consti- tuyente en el art. 114 de la Constitución nacional
respecto del Consejo de la magistratura se vería burlada en el caso de que los consejeros por los estamentos señalados emergieran de una elec- ción general, pues dejarían de ser representantes del sector para transformarse en representantes del electorado”.
contexto doctrinario del fallo [1-3] Ylarri, juan santiago, “la composición del Consejo de la magistratura según la ley 26.080 y el precedente “monner sans” , Dj 13/08/2014, 15, ar/DoC/2183/2014.
2ª instancia.- Buenos Aires, 19 noviem-
¿Se ajusta a derecho la sentencia apela-
El doctor López Castiñeira dijo:
I. El Colegio de Abogados de la Ciudad
de Buenos Aires inició la presente acción
a efectos de que se declarara la inconsti-
tucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 21, 22 y 23 de la ley 26.080 que, al sustituir las disposiciones estable- cidas por ley 24.937 en lo que respecta a la composición y funcionamiento del Consejo
de la Magistratura y del Jurado de Enjui- ciamiento de Magistrados, quebrantó el equilibrio representativo para la integra- ción de dichas instituciones garantizado por la Constitución Nacional en sus artícu- los 114 y 115 (fs. 22/38).
Sostuvo que la norma impugnada alteró la naturaleza, autonomía funcional e inde- pendencia del Consejo de la Magistratura, así como sus competencias institucionales
Destacó que -en lo que aquí importa- el objetivo primordial de la última reforma constitucional fue asegurar y afianzar la independencia del Poder Judicial; a cuyos efectos se dispuso la adopción de un sis- tema de designación y remoción de magis- trados que limitara la intervención de los órganos políticos que responden a la elec-
ción popular (Poder Ejecutivo y Legislati- vo) y la incorporación de actores que -al menos en forma directa- no tienen influen- cia política.
Recordó que la integración de tan im- portante institución debía procurar el equilibrio entre tres grupos diferentes: el político -resultante de la elección popular-, el de los jueces de todas las instancias y el de los abogados de la matrícula federal.
Explicó cuál era el alcance que debía dar- se al concepto de “equilibrio”, destacando que -en definitiva- lo que debía buscarse era que ninguna fuerza pudiera imponerse sobre las otras; que ninguna tuviera la po- sibilidad de adoptar o bloquear decisiones por sí sola, sino que necesitara contar con el respaldo de los otros sectores.
Resaltó que la modificación introducida por ley 26.080 importó la adopción de un perfil eminentemente político que vino a
alterar el equilibrio que debe imperar por manda constitucional (artículo 114 de la Carta Magna) tanto en el Consejo como en
el Jurado de Enjuiciamiento. En este senti-
do, hizo hincapié en el hecho que la refor- ma importó la separación de los órganos políticos en tres representaciones diferen- tes, otorgándoles siete representantes de un total de trece.
Señaló que los representantes de los ór- ganos políticos resultantes de la elección popular cuentan -en la nueva composición del Consejo de la Magistratura- con la ma- yoría absoluta de sus integrantes, lo que,
conforme lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 26.080, les garantiza quorum propio y,
a excepción de aquellos pocos casos en los
que la norma exige mayorías agravadas, el número necesario para poder imponer las decisiones sin el aval de las otras fuerzas.
Reprochó la reducción de los represen- tantes de los abogados de la matrícula fe- deral en más de un 50% respecto del núme- ro con el que contaban previamente.
Alegó que si bien el artículo 114 de la Constitución Nacional, al referirse al ám- bito académico y científico lo hace en plu-
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ral (utiliza el término “personas”), el orde-
namiento impugnado prevé que haya un solo representante de ese sector.
Objetó que la participación de los órga- nos políticos se redujera en un porcentaje mucho menor -pasando de nueve a siete integrantes- y que se eliminara la participa- ción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pese a que la Carta Magna prevea que el Consejo se encontrará integrado por jueces de todas las instancias.
Refirió que la finalidad tenida en miras
al efectuarse la reforma cuestionada fue
la de otorgar al poder político el absoluto
dominio y control de las decisiones a adop- tar, tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Jurado de Enjuiciamiento.
Por lo expuesto, solicitó que se hiciera lugar a la acción iniciada.
Sin perjuicio de ello, solicitó el dictado
de una medida cautelar tendiente a que el
Estado Nacional se abstuviera de dar cum- plimiento a las disposiciones contenidas en la ley 26.080 hasta tanto recayera senten-
cia definitiva en estos actuados.
II. La señora jueza de grado desestimó
el pedido precautorio por considerar que
no se encontraban reunidos los recaudos
exigidos para admitir su procedencia (ver fs. 56/57).
III. Declarada la causa como de puro de- recho (fs. 190), la sentenciante rechazó la pretensión actoral, con costas en el orden causado (segunda parte del artículo 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).
Para así decidir, entendió que la cues-
tión debatida había sido adecuadamente examinada y resuelta por el Alto Tribunal
en autos: “Monner Sans, Ricardo c. E.N. -
Secretaría General Presidencia y otros s/ amparo ley 16.986” el 06/03/2014, cuyos
términos dio por reproducidos.
Al punto, destacó que en esa oportunidad el Máximo Tribunal, tras ponderar que el debido respeto a los altos poderes que con- curren a la formación de las leyes imponían que una declaración de inconstitucionali- dad como la pretendida sólo encontrara cauce ante una “discordancia substancial” con los preceptos de la Constitución Na- cional, rechazó el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia de la Sala
III de este Fuero, que -a su vez- había con-
firmado el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080 aquí impugnada.
Recordó el deber de seguimiento de las directivas que emanan de las decisiones
adoptadas por la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación y advirtió que el dictado de
pronunciamientos encontrados en casos análogos podría importar una violación de la garantía consagrada en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Las costas las distribuyó del modo indi- cado en atención a las particularidades de la cuestión debatida y a la fecha del pro- nunciamiento del Alto Tribunal en la que se basó la decisión adoptada.
IV. Disconforme con lo resuelto, a
fs. 363 el Colegio de Abogados de la Ciu- dad de Buenos Aires interpuso recur-
so de apelación, expresando agravios a fs. 386/395.
En lo que hace a la legitimación para iniciar la acción intentada, entendió que le eran aplicables los argumentos expuestos por el Alto Tribunal en la causa: “Monner
Sans” respecto del Colegio Público de Abo- gados de la Capital Federal y destacó que de su propio estatuto surgía con palmaria claridad su aptitud para reclamar en tanto su objetivo, conforme lo previsto en el ar- tículo 1º incisos a) y b) de su acta constitu- tiva, era “propender al mejoramiento del Poder Judicial y velar por su independen- cia como poder del Estado”, así como “pro- pender al progreso de la administración de justicia y al progreso de la legislación” (sic).
Asimismo, recordó el deber específico contemplado en el inciso a) del artículo 6º de ley 23.187 -que rige el ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Fede- ral- en lo que respecta a la observancia fiel de la Constitución Nacional y la legislación que en consecuencia se dicta y lo previsto en el Código de Ética -que rige la matrícula de abogados- según el cual los profesiona- les han de velar por el respeto del orden jurídico-institucional.
Lo expuesto, a su entender, lo autoriza- ba a actuar en defensa de los derechos de sus asociados y en contra de la validez de una norma que restringe y altera arbitra- riamente pautas consagradas en la Consti- tución Nacional.
En lo que hace a la cuestión de fondo, explicó que la reforma introducida en el Consejo de la Magistratura por ley 26.080 afectó drásticamente el equilibrio entre las fuerzas que lo integran, en tanto:
- los jueces vieron disminuida su re-
presentación en más de un 30% (de 5 a 3
miembros);
- la reducción del número de represen-
tantes de los abogados de la matrícula federal fue de un 50%, muy superior a la
prevista para los otros grupos;
- la participación de los abogados dentro de las comisiones quedó reducida a su mí- nima expresión, resultando paradigmático
el caso de la Comisión de Selección de Ma-
gistrados y Escuela Judicial -compuesta por ocho miembros- en la que actualmen- te no hay ningún representante del sector profesional.
Resaltó que la modificación introducida
por el precepto objetado quitó represen- tación en el Consejo de la Magistratura
a la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, lo que contraría lo dispuesto en el
artículo 114 de la Carta Magna, que prevé
la participación de jueces de todas las ins-
Razonó que si una de las finalidades de
la reforma constitucional del año 1994 fue
la de modificar el sistema de designación y
remoción de jueces para dar mayores ga- rantías de independencia a los jueces y al Poder Judicial -reduciendo para ello la in- tervención política-, dicho objetivo quedó anulado con la nueva integración del Con- sejo de la Magistratura, que carece total- mente de equilibrio; circunstancia que de- termina la palmaria inconstitucionalidad de la ley 26.080.
En este sentido, resaltó que ninguna ley que se dicte en relación a la composición del Consejo de la Magistratura puede ava- lar el predominio de un sector por sobre los otros, debiendo velarse por el equili- brio de fuerzas y por la pluralidad.
Recordó que la Corte Suprema de Jus- ticia de la Nación, en el caso “Rizzo” -al que a su vez remite al resolver en “Mon- ner Sans”-, señaló que la concepción de los constituyentes que aprobaron el texto sancionado fue mantener en el Consejo un equilibrio entre sectores de distinto origen sin que exista predominio de uno sobre
otros; es decir, que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo el cuerpo.
Explicó que resulta determinante man- tener el equilibrio y la pluralidad dentro del Consejo de la Magistratura para res- guardar la independencia del Poder Judi- cial; exigencia con sustento constitucional.
A efectos de demostrar el notorio des- equilibrio en la composición del organismo acompañó cuadros comparativos entre las representaciones de cada uno de los sec- tores bajo el régimen de la ley 24.937 y bajo la ley 26.080, resaltando que según la primera norma, ningún sector podía con- trolar por sí mismo el cuerpo ni ejercer una posición hegemónica ya que los nueve representantes del sector político estaban equilibrados por los cinco representantes del sector judicial y por los seis represen- tantes del sector letrado (abogados y aca- démicos).
Iguales conclusiones alcanzó en relación
a la composición de las Comisiones de Dis-
ciplina y Acusación y del Jurado de Enjui- ciamiento, utilizando a esos fines idéntica metodología demostrativa.
Refirió que el número de reuniones de las Comisiones y del Plenario, así como el número de ternas propuestas para cubrir vacantes judiciales han bajado notoria- mente desde la reforma en perjuicio de la administración de justicia.
Alegó que el hecho que el Poder Ejecu- tivo Nacional haya enviado al Congreso el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que finalmente fue aprobado por ley 26.855 importó un reconocimiento,
a la luz de la doctrina de los actos propios, de las irregularidades aquí denunciadas.
Por lo expuesto, solicitó que se revocara el pronunciamiento apelado y se hiciera lu- gar a la acción intentada.
Dicha presentación mereció réplica de sus contrarias, que luce a fs. 404/409 (Ho- norable Senado de la Nación), 410/417 (Es- tado Nacional) y 418/423 (Cámara de Dipu- tados de la Nación).
V. Remitidas en vista las actuaciones,
el señor Fiscal general de Cámara opinó que debía estarse a lo decidido por el Alto Tribunal en la causa “Monner Sans” y, en consecuencia, rechazarse el planteo de inconstitucionalidad y confirmarse el pro- nunciamiento apelado (fs. 426/427).
Sin trámites procesales pendientes de realización, a fs. 428 se dispuso que la cau- sa se encontraba en condiciones de ser re- suelta.
VI. En primer término, en tanto la deci-
sión adoptada por la señora jueza se sus- tentó en lo decidido por el Alto Tribunal en el expediente M.2.503.XLII caratulado “Monner Sans, Ricardo c. E.N. - Secretaría General de Presidencia y otros s/empleo público”, corresponde -a efectos de brin- dar autosuficiencia y claridad al pronun- ciamiento- relatar lo allí decidido.
En dicha causa, la Sala III de esta Cá- mara, al confirmar la sentencia de primera instancia, rechazó la acción intentada en- derezada a obtener -por vía de amparo- la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080 en cuanto modificó la compo- sición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación que había establecido la ley 24.937.
Recurrida esa decisión, la Corte Supre- ma de Justicia de la Nación declaró im-
procedente el recurso extraordinario, con costas.
Para así decidir, en cuanto aquí importa destacar, tuvo por legitimado al Colegio Público de Abogados de la Capital Fede- ral para reclamar el control judicial de constitucionalidad en su carácter de en- tidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen al Esta- do, encontrándose entre sus funciones atribuidas legalmente, las de gobierno de la matrícula y de control sobre el ejerci- cio profesional de quienes por expreso mandato constitucional necesariamente integran -por ser abogados de la matrícu- la federal- uno de los estamentos repre- sentados en el Consejo de la Magistratura de la Nación
Determinado ello, recordó que al pro- nunciarse en la causa: R.369.XLIX “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s/acción de amparo c. Poder Eje- cutivo Nacional, ley 26.855, medida caute- lar” el 18/06/2014, entendió que:
- lo que se exige es que el Consejo de la
Magistratura cuente con una integración
que procure el equilibrio entre la repre- sentación de los órganos políticos resul- tantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias, de los abogados, y con otras personas del ámbito académico
y científico;
- el precepto no dispone que esa com-
posición deba ser igualitaria sino que se requiere que mantenga un equilibrio, tér-
mino al que corresponde dar el significado que usualmente se le atribuye de “contra- peso, contrarresto, armonía entre cosas
diversas”;
- la concepción de los constituyentes
que aprobaron el texto sancionado fue mantener en el Consejo un equilibrio en- tre sectores de distinto origen sin que exista predominio de unos sobre otros; es
decir, que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permi- ta ejercer una acción hegemónica respec- to del conjunto o controlar por sí mismo el cuerpo;
- la norma prevé una integración equili-
brada respecto al poder que ostentan -por un lado- el sector político y -por el otro- el estamento técnico; esto es, que los repre- sentantes de los órganos políticos resul- tantes de la elección popular no puedan
ejercer acciones hegemónicas o predomi- nar por sobre los representantes de los jueces, de los abogados y de los académi- cos o científicos, ni viceversa;
- se buscó asegurar una composición equilibrada entre los integrantes del Con- sejo, de modo tal que no tuvieran primacía los representantes provenientes del siste- ma de naturaleza exclusivamente político- partidario respecto de los representantes del Poder Judicial, del ámbito profesional
y del académico.
- esa cláusula establece que entre los
estamentos que componen el Consejo deba existir un equilibrio, situación en la que -como se dijo- ninguno debe tener
-por sí solo- un predominio sobre los res-
- la idea de los constituyentes fue, pues,
que una representación no predomine so- bre las otras, es decir que no ejerza una acción hegemónica del conjunto o que no controle por sí misma al cuerpo, pues es el único modo de preservar el sistema or- ganizado en el artículo 114 de la Constitu- ción Nacional para evitar la fractura del balance que la Convención Constituyente de 1994 juzgó apropiado para mantener el Poder Judicial a la distancia justa de los
martes 8 D e marzo D e 2016 | 9
Nación a fs. 408vta. -según la cual, con el
ocho (8) legisladores. A tal efecto los
bros presentes, salvo cuando por ley se re-
X. Referidos los aspectos más desta-
321:3.555, 328:1.491, 330:3.248)-, el princi-
otros dos poderes que expresan más direc- tamente la representación democrática.
Con base en esa interpretación -que re- sultaba coincidente con la sostenida por los tribunales intervinientes en las instan- cias anteriores respecto a los contornos que definen el equilibrio que debe procu- rar el Congreso de la Nación al regular la integración del Consejo de la Magistratu-
dictado de la ley 26.855 se habría tornado abstracto el objeto de autos-, debo señalar que igual planteo fue oportunamente suje- to a consideración de la magistrada de la anterior instancia, siendo desestimado por resolución obrante a fs.346/347, que no fue cuestionada y, por tanto, ha pasado en au- toridad de cosa juzgada, correspondiendo estar a lo allí decidido.
presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de los respecti- vos bloques, designarían cuatro legislado- res por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación le- gislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría;
cuatro (4) representantes de los abo-
quiriera mayoría especial (ver artículo 9º de la ley 26.080).
cados de la reforma en la composición y funcionamiento del Consejo de la Magis- tratura introducida por ley 26.080, co- rresponde ingresar en el examen de la controversia planteada, tomando como
ra, según el mandato dado por los consti- tuyentes, el Alto Tribunal consideró que la tesis de la recurrente -según la cual, única- mente era válida aquella reglamentación
IX. Paso a abordar el agravio referido a la inconstitucionalidad de la ley 26.080 en lo que a la integración del Consejo de la
gados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que poseyeran esa matrícula por sistema D’ Hont, debiéndose garantizar la presencia
punto de partida para el análisis, que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte In- teramericana de Derechos Humanos -que ha de servir de guía para la interpretación
legislativa que previera una participación
Magistratura se refiere.
de los abogados del interior de la Repúbli-
de los preceptos convencionales de orden
igualitaria de todos los estamentos- era constitucionalmente objetable.
Al punto, cabe recordar que dicha ins-
el Congreso sería el encargado regular
internacional (conf. C.S.J.N., en Fallos:
ello, agregó que el demandante no
titución fue incorporada al sistema con la reforma constitucional de 1994, ubi-
un (1) representante del Poder Ejecu- tivo; y
pio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las garan-
demostró, como era debido, que la com- posición del órgano establecida por la
En este aspecto refirió que frente a la
cándola en la tercera sección del Libro primero de la segunda parte de la Ley
dos (2) representantes del ámbito cien-
tías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las áreas del
ley 26.080 -en vigencia según lo decidido
Fundamental. Conforme lo dispuesto en
tífico y académico que serían elegidos de
procedimiento y ante todas las instancias
en el punto 111 de la sentencia dictada en
el primer párrafo del artículo 114 de la
siguiente forma: un profesor titular de
procesales en las que se decida sobre los
“Rizzo”-, legitimara una acción hegemóni- ca o predominio de uno de los estamentos por sobre el otro, omisión argumentativa
cátedra universitaria de facultades de de- rechos nacionales -elegido por sus pares- y una persona de reconocida trayectoria y
derechos de la persona (conf. C.S.J.N., causa Nº 1.095/2008 (44-A) /CS1 “Apari- cio, Ana Beatriz y otros c. E.N. -C.S.J.N.-
que dejaba sin ninguna clase de sostén el planteo constitucional ventilado.
su actuar por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara;
prestigio -que haya sido acreedor de men- ciones especiales en ámbitos académicos y/o científicos-, elegido por el Consejo Interunivesitario Nacional con el voto de
Consejo de la Magistratura- Art. 110 s/ empleo público”, fallada el 21 de abril del año en curso).
carga argumentativa y justificatoria que
a su cargo se encontraría la selección
los dos tercios de sus integrantes.
para asegurar SU independencia, los
pesaba sobre el demandante de realizar
de los magistrados y la administración del
jueces cuentan -a diferencia de los demás
una “demostración concluyente” del apar-
Según su artículo 9º, el quórum necesa-
funcionarios- con garantías reforzadas
tamiento constitucional, aquel se limitó a
rio para sesionar sería de doce miembros
que resultan indispensables para el ejerci-
afirmar lacónicamente que la alzada no
- sería integrado periódicamente de
adoptaría sus decisiones por mayoría
cio de su función. Entre ellas, en lo que a
precisó el concepto de notable despro- porción en la representación; y que dejó de pronunciarse acerca de que lo sosteni- do en la sentencia -con base en la zona de reserva del legislador- determinaba una preocupación inocultable sobre el futuro del Poder Judicial.
modo tal que se procurase el equilibrio en- tre la representación de los órganos políti- cos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Asimis- mo lo integraría otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indicara la ley a dictar;
absoluta de miembros presentes, salvo cuando por esta misma ley se requirieran mayorías especiales.
La ley 26.080 introdujo importantes modificaciones en su estructura y en la organización y reglas de actuación de sus comisiones y del plenario, además de otras
este caso interesa, se encuentran la de un adecuado proceso de nombramiento y la inamovilidad en el cargo (conf. C.S.J.N., en Fallos: 314:881 y 749; 315:2.386; 324:1.177; 325:3.514; y causa ‘Aparicio” -op. cit.- y sus citas).
Finalmente, destacó que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las
tendría las siguientes atribuciones:
Debe en este orden tenerse en cuen- ta que los procedimientos constitucio- nales que regulan la integración y fun-
Sentado ello, y a los fines de examinar
soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciar- se, de allí que la pretensión de inconstitu-
1.-) seleccionar mediante concursos pú- blicos los postulantes a las magistraturas
Bajo este último régimen, se redujo la in- tegración del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación de veinte
cionamiento de los tribunales han sido inspirados en móviles superiores de ele- vada política institucional, con el objeto
cionalidad de una ley no puede fundarse
trece miembros, de acuerdo con la si-
de impedir el predominio de intereses
en apreciaciones de tal naturaleza. Por el contrario, la gravedad institucional de la petición requiere sine qua non que la re-
2.-) emitir propuestas en ternas vincu- lantes, para el nombramiento de los magis-
guiente composición (ver artículo 1º de la ley 26.080):
subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley. Las disposiciones que rigen esos procedimientos se susten-
lación de la norma con la cláusula consti- tucional, sea absolutamente incompatible
trados de los tribunales inferiores;
tres jueces del Poder Judicial de la
Nación, elegidos por el sistema D’ Hont,
tan, pues, en la aspiración de contar con una magistratura independiente e impar-
que haya entre ellas evidente oposición,
3.-) administrar los recursos y ejecutar
debiéndose garantizar la representación
cial (conf. C.S.J.N., causa FLP 9.116/2015
para internarse en el campo de lo irrazona- ble, inicuo o arbitrario; debiendo estarse en caso de duda entre la validez o la invali-
el presupuesto que la ley asignara a la ad- ministración de justicia;
igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magis- trados con competencia federal del inte-
caratulada “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro el Consejo de la Magistratura de la Nación s/acción mere declarativa de in-
dez por la legalidad.
4.-) ejercer facultades disciplinarias so- bre magistrados;
rior de la República;
constitucionalidad”, pronunciamiento del 4 de noviembre del año en curso), de tal
VII. En relación a los agravios vincu-
seis legisladores, cuya designación se
suerte que el análisis de validez de las
lados a la falta de legitimación activa -la
5.-) decidir la apertura del procedimien-
6.-) dictar los reglamentos relacionados
encontraría a cargo de los presidentes de
normas que reglamenten dichos aspectos,
accionante cuestiona este aspecto al en-
to de remoción de magistrados, en su caso
Cámara de Senadores y de la Cámara de
ha de ser efectuado teniendo en mira el
tender que la magistrada le habría des- conocido aptitud para accionar-, hay que decir que el hecho que la señora jueza haya hecho propias -en todos sus términos- las consideraciones esbozadas y las conclu- siones alcanzadas por el Alto Tribunal en
ordenar la suspensión, y formular la acu- sación correspondiente; y
con la organización judicial y todos aque- llos que sean necesarios para asegurar
Diputados a propuesta de los bloques par- lamentarios de los partidos políticos, co- rrespondiendo tres legisladores por cada una de ellas, de los cuales dos a la mayoría y uno a la primera minoría;
resguardo de la consecución de tales ob- jetivos.
las objeciones formuladas respecto de la norma cuestionada, resulta vital enten-
la causa “Monner Sans”, implica indefec-
dos representantes de los abogados
der cuál es el alcance que debe darse al
tiblemente que tuvo por legitimado al Co- legio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para iniciar la presente contienda e improcedente su petición en cuanto al fon- do del asunto.
El Congreso Nacional, por medio de la ley 24.937 (y su correctiva 24.939), estable- ció la composición original y reglamentó el funcionamiento del Consejo de la Magis- tratura.
de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que po- sean esa matrícula, uno de los cuales ha de tener domicilio real en cualquier punto del interior del país;
artículo 114 de la Constitución Nacional, especialmente al concepto de “equilibrio”, para luego analizar si la ley cuestionada -en cuanto modifica la integración del Con- sejo de la Magistratura- es compatible con su texto.
Igual tesitura asumieron tanto el señor Fiscal General de Cámara (ver fs. 426,
Nación (fs. 405 y vuelta). Las restantes
punto, conviene retomar el desarrollo
punto 2) como el Honorable Senado de la
En lo que hace a su integración, confor- me lo dispuesto en el artículo 2º, habría de
un representante del ámbito académico
efectuado por la Corte Suprema de Justi- cia de la Nación en autos R.369.XLIX cara-
accionadas (Estado Nacional y Cámara de
estar integrado por veinte (20) miembros,
científico -que ha de ser profesor regu-
tulados: “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado
Diputados de la Nación) nada observaron
de acuerdo con la siguiente composición:
lar de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y contar con una
Lista 3 Gente de Derecho) s/acción de am- paro c. P.E.N. Ley 26.855, medida caute-
lo apuntado se infiere que lo decidido
el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
reconocida trayectoria y prestigio-, cuya elección se encontraría a cargo del Conse-
lar”, el 18/06/2013.
no causa agravio alguno a la apelante, por
lo que resulta improcedente tratar las que-
jas vertidas al punto, correspondiendo -sin más- el rechazo de este capítulo del recur- so intentado.
VIII. Sentado ello, respecto de la tesis sostenida por el Honorable Senado de la
- cuatro (4) jueces del Poder Judicial de
la Nación, elegidos por sistema D’ Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magis- trados, con competencia federal del inte- rior de la República;
jo Interuniversitario Nacional por mayoría
absoluta de sus integrantes.
En lo que hace al quorum para sesionar, con la reforma introducida, en la órbita del Consejo de la Magistratura se pasó a nece- sitar de siete miembros, adoptándose las decisiones por mayoría absoluta de miem-
En dicha oportunidad, el Alto Tribunal destacó:
- que de una lectura de la primera parte del segundo párrafo del artículo 114 de la
10 | martes 8 De marzo De 2016
Constitución resulta claro que al Consejo de la Magistratura lo integran represen- tantes de los tres estamentos allí mencio- nados: órganos políticos resultantes de la elección popular (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo), jueces de todas las ins- tancias y abogados de la matricula federal (considerando 18, primer párrafo).
- que en el precepto bajo examen no se
dispone que esta composición deba ser igualitaria sino que se exige que mantenga un equilibrio, ‘término al que correspon- de dar el significado que usualmente se le atribuye de contrapeso, contrarresto, ar- monía entre cosas diversas (considerando 18, cuarto párrafo).
- que el nuevo mecanismo institucional
de designación de magistrados de tribuna- les inferiores en grado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contemplado en la reforma de 1994, dejó de lado el siste- ma de naturaleza exclusivamente político- partidario y de absoluta discrecionalidad que estaba en cabeza del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación. Tal opción no puede sino entenderse como un modo de fortalecer el principio de independencia judicial, en tanto garantía prevista por la Constitución Federal (considerando 20, tercer párrafo).
- que la inserción del Consejo de la Ma-
gistratura como autoridad de la Nación ha tenido por finalidad principal despolitizar parcialmente el procedimiento vigente desde 1853 para la designación de los jue- ces, priorizando en el proceso de selec- ción una ponderación con el mayor grado de objetividad de la idoneidad científica y profesional del candidato, por sobre la dis- crecionalidad absoluta (considerando 20, tercer párrafo).
- que el examen de los antecedentes de-
liberativos ratifica el genuino contenido de la cláusula constitucional en los tér- minos interpretados con anterioridad en cuanto, a fin de afianzar la independencia de los jueces como garantía de los habi- tantes, despolitiza el procedimiento de selección de los miembros del Consejo, dispone su elección través de sus respec- tivos estamentos y establece un equili-
brio en su modo de integración (conside- rando 21).
- que según se desprende del debate
convencional, en lo que hace a la integra- ción del Consejo de la Magistratura se ha buscado un modelo intermedio en el que los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el proceso de designación de los jueces, pero en el que simultáneamente -por participación de los propios jueces en el gobierno de la magistratura y por participación de estamentos vinculados con la actividad forense u otras personas-el sistema judi- cial esté gobernado con pluralismo aun- que sin transferir a quienes no tienen la representación popular la totalidad de los poderes propios distintos de los que le son específicamente propios del sistema judi- cial, que son los de dictar sentencias, esto es, resolver casos contenciosos (conside- rando 24).
- la concepción de los constituyentes que
aprobaron el texto sancionado fue mante- ner en el Consejo un equilibrio entre sec- tores de distinto origen sin que exista pre- dominio de uno sobre otros. Es decir, que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo al cuerpo. Además, la consideración integral razonada de los antecedentes reseñados lleva consistente-
mente a concluir que para el constituyen- te la elección de los representantes de los estamentos técnicos estaba a cargo exclu- sivamente de quienes los integran (consi- derando 25).
En función de tales circunstancias -en cuanto aquí importa-, el Máximo Tribunal concluyó que con la conformación del Con- sejo de la Magistratura, la Constitución persiguió como principal objetivo fortale- cer la independencia judicial, a cuyos efec- tos se buscó reducir la gravitación político- partidaria en la designación de los jueces, previendo una integración equilibrada res- pecto al poder que ostentan, por un lado, el sector político y, por el otro, el estamento técnico; de modo que los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular no puedan ejercer accio- nes hegemónicas o predominar por sobre los representantes de los jueces, de los abogados y de los académicos o científicos, ni viceversa (considerando 28, segundo pá- rrafo).
Esta conclusión fue compartida en el voto concurrente del juez Petracchi y de la jueza Argibay en la causa mencionada, quienes destacaron que esa cláusula esta- blece que entre los estamentos debe existir un equilibrio, entendiéndose por tal la si- tuación en que ninguno de ellos tenga por si solo un predominio sobre los restantes, para concluir que la idea de los constitu- yentes fue, pues, que una representación no predomine sobre las otras, es decir que no ejerza una acción hegemónica del conjunto o que no controle por sí misma al cuerpo; siendo éste el único modo de pre- servar el sistema organizado en el artículo 114 de la Constitución para evitar la fractu- ra del balance que la Convención de 1994 juzgó apropiado para mantener el Poder Judicial a la distancia justa de los otros dos poderes que expresan más directamente la representación democrática (consideran- dos 7 y 9 del voto conjunto del doctor Pe- tracchi y la doctora Argibay en la causa:
“Rizzo”, op. cit.).
XI. Las transcripciones precedentes dan cuenta de la trascendencia que correspon- de atribuir al artículo 114 de la Constitución Nacional -en lo que hace a la composición del Consejo de la Magistratura- y permiten esclarecer el significado del “equilibrio” que debe procurarse entre la representa- ción de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la ma- trícula federal.
Analizada a la luz de tales estándares la reforma introducida por ley 26.080 en lo que hace a la composición del Consejo de la Magistratura, entiendo que el equilibrio exigido constitucionalmente ha sido me- noscabado.
Si bien es cierto que se delegó en el Congreso de la Nación la determinación del número de representantes de cada estamento que compondría el Consejo, la Convención Constituyente condicionó su integración, exigiendo al efecto que haya un equilibrio entre la representación del sector político, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrí- cula federal.
Bajo tal perspectiva, la reducción de veinte a trece consejeros, de los cuales sie- te pertenecen al estamento político (seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo) así como el hecho de que, para sesionar se requiere la presencia de siete miembros -adoptándose las decisiones por mayoría absoluta de los presentes, sal- vo cuando por ley se requieran mayorías especiales-, constituyen modificaciones que, en lo concerniente a la composición y funcionamiento del Consejo de la Magis-
tratura, no respetan los estándares consa- grados en el artículo 114 de la Constitución Nacional.
Ello es así, dado que bajo el esquema previsto en la ley 26.080, los consejeros re- presentantes del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo (que conforman el denomina- do “estamento político”) tienen de por sí el número de consejeros suficiente como para sesionar y adoptar las decisiones que no exijan de mayorías especiales; circuns- tancia que fue alegada y demostrada con meridiana claridad por la entidad accio- nante en su escrito de inicio y en su expre- sión de agravios.
Esta circunstancia fue advertida por Germán Bidart Campos quien -al comen- tar la última reforma constitucional- re- flexionó que el “equilibrio” exigido por el
artículo 114 quedaría roto si por la canti- dad de miembros de los órganos políticos de origen popular quedara a merced de ellos una predominancia que neutralizara
la representación de los jueces y abogados
(conf. Bidart Campos, German J., “Manual de la Constitución Reformada”, Buenos Aires, Ediar, primera reimpresión, 1999, Tomo III, página 374).
Por tanto, la reforma cuestionada im- plica la adopción de una estructura así como el diseño de un mecanismo de fun- cionamiento del Consejo de la Magistra- tura que no respeta el equilibrio consti- tucionalmente requerido. En otras pala- bras, la ley 26.080 habilita a que los re- presentantes de los órganos políticos pue- den sesionar y decidir sin el aval de los integrantes que provienen de los demás estamentos, salvo en aquellos supuestos en los que se exijan mayorías especiales calificadas.
Cabe a esta altura recordar que nues- tro Máximo Tribunal ha interpretado que
el aludido equilibrio no sería tal si algún sector contase con una cantidad de repre- sentantes que le permitiera ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto
o controlar por sí mismo al cuerpo (conf.
considerando 25 del fallo dictado en autos “Rizzo”, ya citado).
Así las cosas, al disponer la ley 26.080 que trece sean los consejeros, que siete de ellos sean representantes de los órganos políticos y que ese número (siete) sea el exigido para que haya quórum -permitién- dose adoptar numerosas decisiones por mayoría de miembros presentes- se veri- fica en la especie un palmario predomino de ese sector por sobre los otros (jueces de todas las instancias y abogados de la ma- trícula federal), entre los cuales -por ex- preso mandato constitucional- debe existir un equilibrio.
Si ninguna disposición de la Constitución Nacional ha de ser considerada superflua, sin sentido o inoperante (conf. C.S.J.N., en Fallos: 262:60; 308:1.745; 327:4.241 y en autos: “Rizzo”, op. cit., considerando 17, entre otros), el significado de la cláusula constitucional bajo examen no puede ser otro que el expresado.
En efecto, y según resulta de la secuela
descripta, en los términos de la ley 26.080,
el estamento político cuenta con una canti-
dad de representantes suficiente respecto del total como para ejercer -salvo en aque- llos casos que se exijan mayorías especia- les- una acción predominante respecto del conjunto, controlando por sí mismo el Con- sejo, sin requerir del consentimiento de los otros estamentos; situación que contradi- ce la manda constitucional.
En igual sentido se ha dicho que la refor- ma introducida por ley 26.080 acentuó el desequilibrio entre sectores: sobre trece
integrantes, los poderes políticos pasaron
a contar con siete y tienen -por sí solos-
quorum, provocando un desequilibrio que vulnera el artículo 114 de la Constitución Nacional y los objetivos que llevaron a la sanción de la norma mencionada (conf.
-en este sentido- Gelli, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina:
comentada y concordada”, cuarta edición ampliada y actualizada, 2º reimpresión, Buenos Aires, La Ley, 2009, Tomo II, pá- gina 493).
En síntesis, el equilibrio exigido en la integración del Consejo de la Magistra- tura -puntualmente en lo que respecta a la representación de los órganos políti- cos-, jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal-, se ve claramente cercenado por la reforma objetada.
XII. Vale destacar que a diferencia de lo acontecido en “Monner Sans”, en autos la institución accionante no pretende que se consagre o verifique haya una partici- pación igualitaria de todos los estamentos, sino que se respete el “equilibrio” al que hace referencia el artículo 114 de la Cons- titución Nacional, a los fines de asegurar y afianzar la independencia del Poder Judi- cial; es decir, que ningún estamento pueda adoptar o bloquear decisiones por sí solo, sino que requiera para ello del respaldo de algunos de los otros sectores (ver -por ejemplo-, escrito de inicio, fs. 28).
Así las cosas, los razonamientos con- tenidos en su presentación primigenia (fs. 22/38), así como las consideraciones y el cuadro comparativo incluidos en la ex- presión de agravios (fs. 392) dan cuenta de las irregularidades que trajo aparejadas la reforma introducida por ley 26.080 en lo que hace al funcionamiento y composición del Consejo de la Magistratura; especial- mente en punto a la posibilidad de que el estamento político actúe en forma predo- minante por sobre los otros estamentos que lo componen.
Y mal puede alegarse que los argumen- tos graficados a fs. 392 hubieran sido in- troducidos en forma tardía, habida cuen- ta que ellos constituyen el reflejo de los agravios formulados sobre la base de los argumentos vertidos en el escrito de ini- cio y que fueran omitidos en oportunidad de dictarse el pronunciamiento de la an- terior instancia. Como se expusiera ante- riormente, la entidad actora no centró su pedido de inconstitucionalidad en la ne- cesidad de una representación igualitaria sino en el hecho de que la norma impug- nada vulneró la manda consagrada en el
artículo 114 de la Constitución Nacional, dando fundamento y demostración sufi- cientes de las consecuencias que la ruptu- ra de tal equilibrio produce, y todo ello en vista de las observaciones efectuadas por
y tenidas como base para rechazar el plan-
teo formulado en el caso “Monner Sans” ya citado, con lo cual se verifica aquí una nueva y sustancial diferencia entre el caso de autos, y las circunstancias tenidas en cuenta para el dictado del precedente de mención.
Cabe recordar que en dicha oportu- nidad, el Alto Tribunal consideró que el allí recurrente no había realizado de- mostración alguna de que la composición del órgano establecida por la ley 26.080 legitimara una acción hegemónica o el predominio de uno de los estamentos por sobre los otros, omisión argumentativa que dejaba sin ninguna clase de sostén el planteo constitucional allí ventilado (ver considerando 6º, segundo párrafo), extremo que -como se ha visto- ha que- dado efectivamente acreditado en estos actuados.
martes 8 D e marzo D e 2016 | 11
En definitiva, los argumentos traídos por la accionante resultan suficientes para demostrar la invalidez de la composición dispuesta por ley 26.080, en tanto -bajo el régimen que instaura- el estamento políti- co (compuesto por los seis representantes del Poder Legislativo y uno del Poder Eje- cutivo), no requiere del aval de los otros sectores para sesionar ni para decidir (salvo en aquellos casos que se exijan ma- yorías especiales), verificándose un claro predomino de su parte, contrariando con ello -de manera frontal- la previsión cons- titucional.
XIII. Sentado lo expuesto, corresponde ahora puntualizar que del propio texto del artículo 114 de la Constitución Nacio- nal resulta que la propuesta de ternas o la promoción del proceso de remoción de los magistrados -supuestos para los que la ley exige una mayoría de dos tercios-, son sólo algunas de las funciones asignadas consti- tucional o legalmente al Consejo de la Ma- gistratura.
En efecto, por mandato constitucional y/o legal existen numerosas cuestiones asignadas a su órbita de actuación, y de indispensable importancia, para cuya deci- sión sólo es requerida la mayoría absoluta de sus miembros o de los miembros pre- sentes en el pleno. Así, a modo de ejemplo, pueden enunciarse las establecidas en el artículo 7º de la ley del Consejo de la Ma- gistratura, a saber:
• dictar su reglamento general;
• dictar los reglamentos que sean nece-
sarios para ejercer las facultades que le atribuye la Constitución Nacional y la ley del Consejo;
• designar a su presidente y a su vice- presidente;
• designar a los integrantes de cada co- misión;
• reglamentar el procedimiento de los concursos públicos de antecedentes y opo- sición;
• instruir a la Comisión de Selección de
Magistrados y Escuela Judicial que proce- da a la convocatoria a concursos con ante- rioridad a la producción de vacantes;
• organizar el funcionamiento de la Es-
cuela Judicial, dictar su reglamento, apro- bar sus programas de estudio, establecer el valor de los cursos realizados como an- tecedentes para los concursos;
• dictar los reglamentos para la designa- ción de jueces subrogantes;
• designar jueces subrogantes en los ca-
sos de licencia o suspensión del titular y en casos de vacancia para los tribunales inferiores de acuerdo a la normativa legal vigente (cometido respecto del cual cabe conservar particular atención, máxime atendiendo a la decisión del Alto Tribu- nal recaída respecto de la validez consti- tucional de la ley 27.147; fallo “Uriarte”, op. cit.).
• tomar conocimiento del anteproyecto
de presupuesto anual del Poder Judicial que le remita el presidente y realizar las observaciones que estime pertinentes para su consideración por la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
• designar al administrador general del
Poder Judicial de la Nación, al secretario
general del Consejo y al secretario del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial, a propuesta de su presidente, así como a los titulares de los organismos auxiliares que se crearen, y disponer su remoción;
• dictar las reglas de funcionamiento de
la Secretaría General, de la Oficina de Ad-
ministración y Financiera, del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial y de los de- más organismos auxiliares cuya creación disponga el Consejo;
• fijar las dotaciones de personal del Consejo de la Magistratura, adjudicar la cantidad de cargos y categorías que el funcionamiento requiera, fijar el proce- dimiento para la habilitación y cobertura de nuevos cargos, habilitar dichos cargos
y fijar la redistribución o traslado de los agentes;
• llevar adelante la administración del
personal del Consejo de la Magistratura, incluida la capacitación, el ingreso y pro- moción, y la fijación de la escala salarial;
• aplicar las sanciones a los jueces titu-
lares, subrogantes y jubilados convocados de acuerdo al artículo 16 de la ley 24.018 a propuesta de la Comisión de Disciplina y Acusación; y
• puede asimismo, con simple mayoría,
disponer el traslado de magistrados de conformidad con lo establecido por la re- solución C.M. Nº 155/2000.
Se advierte entonces con total claridad, que el predominio otorgado al estamento
político a tenor del diseño establecido en
la norma analizada, en tanto es susceptible
de concretarse en la adopción de decisio- nes de real trascendencia en el ámbito de los cometidos asignados al Consejo de la Magistratura, proyecta consecuencias de innegable relevancia en punto a materias que hacen a la propia esencia del órgano citado, las que naturalmente se traducen en concretos dispositivos susceptibles de involucrar el funcionamiento del Poder Ju- dicial de la Nación.
XIV. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la declara- ción de inconstitucionalidad constituye la más delicada de las funciones suscep- tibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad institucional, que debe conside- rarse como última ratio del orden jurídi- co (C.S.J.N. en Fallos: 302:1149, 303:241, 319:3.148; 321:441; 322:1.349, entre muchos otros) por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o garantía constitucional invocados (C.S.J.N., en Fa- llos: 315:924) y la repugnancia con la cláu- sula de la Carta Magna es manifiesta y la incompatibilidad es inconciliable (conf. argumento expuesto por la C.S.J.N., en Fallos: 322:842 y 919).
Dicha situación, a mi entender y según se ha explicado hasta aquí, se verifica en
la especie y trae aparejada la descalifica-
ción de la reforma introducida en lo que hace a la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura; especial- mente lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26.080.
En efecto, el notable predominio del es- tamento político respecto de los restantes estratos que componen el Consejo de la Ma- gistratura, lo habilita a ejercer por sí innu- merables funciones -y adoptar decisiones al respecto- con su sola voluntad y mayoría, vulnerando de esa manera el equilibro esta- blecido en la Carta Magna.
Como ya se dijo, y lo destacara nuestro Alto Tribunal en el párrafo 3º del consi- derando 24 de la causa “Rizzo”, la inten- ción del constituyente al incorporar el artículo 114 fue elevar el umbral de garan- tía de independencia judicial. En efecto, en el discurso de cierre, el convencional
Raúl Alfonsín leyó un texto en el que se hacía manifiesta la intención del bloque que presidía respecto de las reformas que seguidamente serian aprobadas y que expresaba que toda norma que pudiera implicar alguna limitación a la indepen- dencia del Poder Judicial, a la indepen- dencia e imparcialidad en la composición del Consejo de la Magistratura, aunque no contradijera el texto a sancionar, debía considerarse que vulneraba el espíritu de la Constitución y contradecía la intención del constituyente.
Cabe aquí recordar que la Corte Su- prema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la ley 27.145 (de subrogancias), con base en análogas pau- tas de valoración (conf. causa “Uriarte”, op. cit.).
Claro está que la integración del Conse- jo prevista por la ley 26.080, en tanto per- mite que la simple mayoría del estamento político, por sí sola, decida acerca de todo lo atinente a la administración general del Poder Judicial y la sanción disciplinaria de los magistrados, atenta de manera frontal contra la independencia que el constitu- yente quiso preservar en la reforma cons- titucional de 1994.
En consecuencia, encontrándose de- bidamente invocado y acreditado que la composición establecida por la ley 26.080 vulnera el equilibrio establecido por el artículo 114 de la Constitución Nacional al posibilitar el ejercicio de un ostensible predominio por parte del estamento po- lítico respecto de los restantes sectores representados, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 1º de di- cha norma.
XV. A esta altura es preciso atender a las trascendentes consecuencias que -de modo inmediato- derivarán de la decisión que se adopta, en cumplimiento del deber constitucional de arbitrar las medidas apropiadas para evitar una situación de gravedad institucional, así como prevenir la eventual paralización de las dediciones que conciernen a la organización y fun- cionamiento del servicio de administra- ción de justicia; ello es así, toda vez que la aplicación en el tiempo de los nuevos cri- terios ha de ser presidida por una especial prudencia (conf. doctrina y criterio que emana del pronunciamiento de la C.S.J.N. en autos: “Tellezu” -Fallos: 308:552- y “Uriarte”, op. cit.).
En mérito de ello, corresponde deter- minar claramente los efectos del pronun- ciamiento; y por ello se dispone que:
- la autoridad institucional de este de-
cisorio en modo alguno priva de validez (ni podrá ser interpretado ni asignados alcances a su respecto, en sentido con- trario a la prevención aquí expuesta) a las decisiones que hubieran sido adopta- das únicamente con la anuencia del esta- mento político (conf. doctrina de Fallos:
319:2.151 -“Barry”- y sus citas; 328:566 -“ltzcovich”-; 330:2.361 -“Rosza”, y más recientemente en la causa Nº 494/2013 (49-A)/CS1 “Anadón, Tomás Salvador c. Comisión Nacional de Comunicaciones s/ despido”, sentencia del 20 de agosto del año en curso), siendo innecesario expe- dirse respecto de las restantes resolucio- nes en las que haya mediado conformidad de integrantes de otros estamentos o en aquellos casos que fue menester otra ma- yoría calificada por cuanto ninguna duda cabe acerca de la legitimidad de las mis- mas;
- respecto de aquellos puntos regidos
por el precepto declarado inconstitucio- nal e inaplicable, se deja específicamente establecido que, a partir del momento en
que el presente pronunciamiento quede consentido o ejecutoriado, recobrará vi- gencia el régimen anterior previsto en la
ley 24.937 y su correctiva -ley 24.939- de- biendo en consecuencia, adoptarse a par- tir de dicha data, las medidas tendientes
a completar la integración -con ajuste a la
previsiones contenidas en estas normas- hasta finalizar el mandato vigente según la última renovación de integrantes llevada a cabo, siempre y cuando no sea sancionado un nuevo régimen legal con arreglo a las pautas consagradas en el artículo 114 de la Constitución Nacional.
- lo decidido anteriormente proyectará
-por lógica implicancia-, necesarias con- secuencias en lo concerniente al quórum para habilitar las sesiones del plenario del Consejo de la Magistratura, así como en la composición y funcionamiento de sus Comisiones. Por manera que los ar- tículos de la ley 26.080 que prevén mo-
dificaciones al respecto (artículos 5, 8 y
10 -en su parte pertinente-), resultarán
inaplicables, debiendo regirse estos as- pectos con arreglo a lo establecido en la ley 24.937 y su correctiva 24.939 (conf. en
sentido análogo C.S.J.N., en autos: “Riz- zo” respecto de la ley 26.855, consideran- do 42).
XVI. Dado el alcance de lo decidido pre- cedentemente, resulta inoficioso el tra- tamiento de las cuestiones planteadas res- pecto de la representación de los jueces y del estamento académico-científico.
XVII. Corresponde seguidamente anali- zar el planteo vinculado a la modificación de la composición del Jurado de Enjui- ciamiento de Magistrados.
Al efecto, cabe referir que por el artículo 115 de la Constitución Nacional, se esta- bleció que la remoción de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación queda- ría a cargo de un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Su in- tegración y procedimiento sería regulado por la ley especial a la que se refirió ante- riormente.
En el Título II de la ley 24.937 y su co- rrectiva (24.939), se legisló su organiza- ción (capítulo I) y procedimiento (capítulo II).
En punto a su integración, por el artículo
22 se dispuso que estaría conformada por
nueve miembros, de los cuales:
- tres (3) jueces: un ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación elegido por sus pares -en carácter de presidente- y dos jueces de cámara elegidos por sus pa- res.
- tres (3) legisladores: dos por la Cámara
de Senadores -elegidos uno por la mayoría
y otro por la primera minoría- y un legis-
lador perteneciente a la Cámara de Dipu- tados de la Nación, elegido por mayoría de votos.
- tres (3) abogados de la matrícula fede-
ral elegidos dos en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abo- gados y uno en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por el mismo sistema utilizado para elegir los miembros del Consejo.
Con la reforma introducida por ley 26.080, según lo dispuesto en su ar-
tículo 14, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados quedó integrado por siete miembros de acuerdo a la siguiente com-
12 | martes 8 De marzo De 2016
1) dos jueces de Cámara, uno pertene- ciente al fuero federal del interior de la República y otro a la Capital Federal;
2) cuatro legisladores, dos por la Cáma- ra de Senadores y dos por la Cámara de Di- putados de la Nación, debiendo efectuarse dos listas por Cámara, una con los repre- sentantes de la mayoría y la otra con los de la primera minoría y
3) un abogado de la matrícula federal, de- biendo confeccionarse una lista con todos los abogados matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en las Cámaras Federales del interior del país que cumplan con los requisitos para ser elegidos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Expuesto ello, hay que decir que en el artículo 115 de la Constitución Nacional no hace referencia directa en su texto a la necesidad de que exista un “equilibrio” entre los estamentos que han de integrar el órgano en cuestión (esto es, entre los le- gisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal), lo que llevaría a anali- zar previamente si la noción de equilibrio establecida en el artículo 114 para la inte- gración del Consejo de la Magistratura, resulta aplicable a la del Jurado de Enjui- ciamiento. Pero, aún en esa hipótesis, se advierte que la composición fijada por la ley 26.080 respecto de ese órgano en modo alguno lleva a poder considerar que exis- ta la acción hegemónica o predominio de uno de los estamentos por sobre el otro, en tanto la función casi excluyente del mis- mo resulta la de decidir la remoción de los magistrados que fueren acusados, para lo cual se necesita una mayoría calificada de dos tercios de sus miembros conforme lo establece el artículo 25 de la ley 24.937 que no fue modificado por la ley 26.080 ni por otras posteriores.
En consecuencia, para decidir en tan delicadas situaciones, y en tanto di- cha mayoría calificada requerida por la ley no se vea alterada, para alcanzar la misma se necesita de la anuencia de al menos un integrante de los otros esta- mentos que la componen, por lo que no se verifica en la especie la alegada falta de contrapeso entre los estamentos que conforman el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Es que, reitero, para adoptar las decisio- nes específicas y propias del Jurado de En- juiciamientos se exige del aval de dos ter- ceras partes de sus integrantes, por mane- ra que el alegado desequilibrio en su com- posición y funcionamiento no se encuentra demostrado, lo que conlleva el rechazo del agravio formulado en tal aspecto.
XVIII. En otro orden de ideas, y aún cuando no hubiera sido motivo de específi- cas quejas en esta instancia, resta señalar que la falta de fundamentación del planteo de inconstitucionalidad de los artículos 2, 3, 6, 7, 21, 22, 23 y 24 de la ley 26.080, basta para justificar su rechazo.
XIX. En cuanto a las costas estimo que, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida así como las particularidades del
caso, corresponde que las de ambas ins- tancias sean distribuidas en el orden cau- sado (segunda parte de los artículos 68 y 279 del código de rito).
Por lo expuesto, considero que corres- ponde revocar el pronunciamiento de gra- do y, en consecuencia, hacer parcialmente lugar a la acción intentada y declarar in- constitucional el artículo 1º de la ley 26.080 -con los alcances y en los términos estable- cidos en el Considerando XV-, con costas de ambas instancias por su orden. Así voto.
El doctor Márquez adhiere al voto que antecede.
En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal resuel- ve: revocar el pronunciamiento de grado y, en consecuencia, hacer parcialmente lugar a la acción intentada, declarándose la inconstitucionalidad del artículo 1º de la ley 26.080 -con los alcances y en los térmi- nos establecidos en el Considerando XV-, con costas de ambas instancias por su or- den. La doctora Caputi no suscribe la pre- sente por hallarse en uso de licencia (ar- tículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). Regístrese, notifíquese -a las partes y al señor Fiscal general de Cámara en su público despacho- y, oportunamente, devuélvase. — José L. López Castiñeira. — Luis M. Márquez.
Estimación del monto reclamado. re- caudo exigido por el art. 330 del código procesal civil y comercial. posibilidad de su determinación.
Hechos: Luego de rechazar una me- dida cautelar y desestimar “in limine” una demanda promovida por un consor- cio de propietarios contra un fideicomi- so, el juez hizo saber a la actora que an- tes de proveer la demanda interpuesta subsidiariamente contra el codemanda- do debía cumplir con lo dispuesto por el art. 330 del Código Procesal Civil y Co- mercial en cuanto a los daños reclama- dos. Interpuesto recurso de apelación, la Cámara declaró su deserción.
La sentencia que hace saber a la accio- nante que antes de proveer la demanda debía cumplir con lo dispuesto por el art. 330 del Código Procesal Civil y Co- mercial en cuanto a los daños reclama- dos debe confirmarse, pues como en la especie el monto puede determinarse, aun de modo estimativo y sin perjuicio de lo que resulte de la prueba a produ- cirse, la ausencia de tal recaudo afecta el derecho constitucional de defensa en juicio, en tanto impide al demandado conocer adecuadamente la pretensión de su contrario.
119.029 — CNCiv., sala J, 02/02/2016.
c. F. G. y otro s/ medidas
cita on line: ar/jUr/183/2016
sin costas de alzada en ausencia de bilateralización
(art.161, inc.3, CpCC).
2ª instancia.— Buenos Aires, febrero 2 de 2016.
Considerando: Las presentes actuaciones se remiten a este Tribunal a los fines de conocer acerca del recurso de apelación
interpuesto a fs. 36 por el consorcio actor contra la resolución de fs. 33/35, concedido
a fs. 37.
Presenta el memorial a fs. 53/55, que no fue sustanciado en ausencia de contrapar- te en el presente estado del proceso. El de- cisorio apelado rechaza la medida cautelar solicitada, estableciendo que, en la medida que no causa estado podrá revisarse en cualquier momento de arrimarse nuevos elementos que ameriten su dictado. Deses- tima “in limine” la demanda incoada contra el Fideicomiso Granaderos 792, con costas por su orden. Finalmente, hace sabe saber
a la actora que previo a proveer la deman-
da interpuesta subsidiariamente contra el Sr. A P A, deberá cumplir con lo dispuesto
por el art. 330 del CPCCN en cuanto a los daños reclamados.
Cabe adelantar que las expresiones vertidas a fs. 53/55 no tienen entidad sufi- ciente para modificar la decisión en cues- tión, en tanto no constituyen una crítica concreta y razonada del decisorio ataca- do. No debe perderse de vista que la for- mulación de simples apreciaciones perso- nales, sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, omitiendo concretar punto por punto los errores u omisiones en los que habría incurrido la a quo respecto de la apreciación y valoración de los ele- mentos de convicción a los que arriba en la aplicación del derecho, no constituye fundamento suficiente para la expresión de agravios.
Nótese que para poder ser considerada
como tal, debe contener la crítica concreta
y razonada de las partes de la resolución
que el apelante considere erradas. Es así que, en aquélla se deberá indicar puntual- mente deficiencias de las que adolece el de- cisorio sin que las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, la remisión
a escritos anteriores o el mero desacuerdo
con lo resuelto pueden considerarse agra- vios en los términos exigidos por los arts.
265 y 266 del Cód. Procesal. De la lectura del escrito mencionado surge que la ape- lante sólo expresa su discrepancia con lo expuesto por el Juez de grado, sin refutar de manera seria y suficiente, lo precisado por aquél en punto del tema estrictamen- te resuelto por medio de la resolución en cuestión.
Obsérvese que ningún elemento apor- ta la apelante que permita tener por cumplidos los recaudos exigidos por el Código Procesal para la traba de una medida cautelar como la que peticiona a fs. 25/28. De ello se sigue, que por ahora, no existen elementos de convicción su- ficientes que permitan a las suscriptas tomar una decisión distinta a la plasma- da en la resolución apelada. En el mismo sentido, se advierte que lo dispuesto por el a quo en cuanto al cumplimiento de lo
establecido por el art. 330 del Cód. Pro- cesal de estimar el monto del reclamo de daños y perjuicios resulta ajustado
a derecho. La determinación del monto
reclamado es un requisito esencial de la demanda, aunque sea en forma aproxi- mada y sin perjuicio de una eventual adecuación a resultas de la prueba a producirse. Sostenemos que la ausen- cia total de estimación del monto re- clamado, en supuestos como el que nos ocupa, afecta el derecho constitucional de defensa en juicio en tanto impide al demandado conocer adecuadamente la pretensión de su contrario. Si bien el art. 330 del Cód. Procesal releva al actor de precisar el monto reclamado cuanto no es posible al tiempo de promover la demanda hacerlo, dicha posibilidad es excepcional y requiere de un modo inex- cusable la explicación concreta y cierta de que el cumplimiento acabado de los recaudos legales resulta de cumplimien- to imposible y no meramente dificultoso. Conforme a lo que fuera expresado en el escrito de demandada, la pretensión de autos no resulta compatible con la excepción prevista en el Código Proce- sal, toda vez que en la especie el monto puede determinarse, aun de modo esti- mativo, sin perjuicio de lo que resulte en definitiva de la prueba que se produzca en autos.
Obsérvese además, que ello, también se vincula con la medida cautelar que por ahora se deniega, toda vez que una me-
dida sin monto amerita todavía mayores elementos de convicción. Las demás ma- nifestaciones del memorial de fs. 53/55 no logran formar la suficiente convicción en las Suscriptas para modificar lo decidido
a fs. 33/35 vta.
En efecto, no cabe duda que criticar es muy distinto a disentir. Así la crítica debe significar un ataque directo y pertinente
a la fundamentación, tratando de demos-
trar los errores fácticos y jurídicos que
ésta pudiere tener. En cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia. Para abrir idó-
neamente la jurisdicción de Alzada deben ponerse en tela de juicio las partes del fa- llo que el apelante considera equivocadas (Conf. Highton – Arean, “Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación”, tomo 5, p. 266/267), extremo que no se verifica en
el “sub examine”.
Por ello, en virtud de lo dispuesto por el
art. 265 y haciendo efectivo lo previsto por
el art. 266 del Cód. Procesal, corresponde
declarar desierto el recurso interpuesto
por la actora a fs. 36.
En razón de lo expuesto el Tribunal re- suelve: 1) Declarar desierto el recurso in- terpuesto a fs. 36 contra la resolución de fs. 33/35. 2) Sin costas de Alzada en ausen- cia de bilateralización. (conf. art. 161, inc. 3 del Cód. Procesal).
Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Su- prema de Justicia de la Nación (Art. 4 de la
Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. e Inc. 2 de
la Acordada 24/13 de la C.S.J.N) y devuél-
vanse las actuaciones al Juzgado de trámi- te, sirviendo la presente de atenta nota de remisión.— Marta del R. Mattera.— Beatriz A. Verón.— Zulema D. Wilde.
ProPiedad de La Ley S.a.e. e i - Administración, Comercialización y Redacción: Tucumán 1471 (C. P. 1050 AAC) Teléfono: 54-11-4378-4765 - Bs. As. Rep. Arg. - Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 5074180 Impreso en La Ley, Rivadavia 130, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
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