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Timestamp: 2018-04-22 23:56:16+00:00

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Sentencia T-149/16 Finalidad del Régimen de Insolvencia | Insolvencia.co
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Sentencia T-149/16 Finalidad del Régimen de Insolvencia
Sentencia T-149/16
DERECHO AL MINIMO VITAL DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Prelación constitucional
La Corte ha protegido y señalado el fundamento constitucional de la prevalencia del derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad al mínimo vital en numerosas sentencias.
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE ACREENCIAS LABORALES-Procedencia excepcional por afectación del mínimo vital
ACCION DE TUTELA PARA EL PAGO DE MESADAS PENSIONALES-Procedencia excepcional por afectación del mínimo vital
REGIMEN DE INSOLVENCIA-Finalidad
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL-Etapas del proceso
EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Efectos frente al caso concreto
ACCION DE TUTELA PARA EL PAGO DE MESADAS PENSIONALES-Orden de garantizar a pensionados el pago oportuno de mesadas pensionales adeudadas por falta de liquidez de empresa
Referencia: expediente T-5220187
Demandante: Acción de tutela instaurada por el señor Walter Sánchez contra Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación
En el proceso de revisión de la decisión de tutela proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en relación con la acción de amparo constitucional formulada, por Walter Sánchez, en contra de Aluminios Reynolds Santodomingo S.A. – En Liquidación.
El 11 de mayo de 2015, Walter Sánchez, presentó acción de tutela contra Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, con el propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales de petición, debido proceso, seguridad social, mínimo vital, protección y asistencia de las personas de la tercera edad y a la subsistencia, presuntamente vulnerados por dicha entidad al suspenderle el pago de las mesadas de su pensión de jubilación.
2.1. El Señor Walter Sánchez, fue trabajador de la empresa Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, adquiriendo la calidad de pensionado por jubilación desde el mes de septiembre de 1989.
2.6. Al resolver la petición, la empresa Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, el 23 de abril de 2015, informó al actor que se agotaron los recursos en dinero en efectivo y que en razón de ello no había sido posible seguir realizando los pagos y que por otra parte, están a la espera de que el Ministerio del Trabajo emita pronunciamiento sobre la solicitud realizada por la empresa, en torno a la normalización de pasivos, a fin de proceder al pago mediante la adjudicación de activos.
3.1. El señor Walter Sánchez considera que la actuación de la empresa Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación vulnera sus derechos fundamentales y, así mismo, que el asunto tiene una evidente relevancia constitucional, por cuanto su mesada pensional constituía el único medio de subsistencia de él y de su esposa, y el no recibirla lo ubica en un estado de indefensión.
La acción de tutela fue admitida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla, a través de auto de catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015), en el que ordenó vincular al Ministerio del Trabajo y teniendo en cuenta que la entidad vinculada es de orden nacional, dispuso remitir la acción de tutela a la Oficina Judicial a fin de que fuera repartida a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, o corporaciones con rango equivalente. Le correspondió surtir el trámite al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el cual por medio de auto de doce (12) de junio de dos mil quince (2015) corrió traslado a la entidad demandada y vinculó al Gerente Liquidador de Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación y al Ministro de Trabajo para efectos de que ejercieran su derecho a la defensa.
Sobre los hechos expuestos por el demandante sostuvo, que éste no radico ante la entidad ningún tipo de petición, por lo que considera que, respecto de esta, se debe declarar la improcedencia de la acción, por falta de legitimación por pasiva, y ausencia, bien sea por acción o por omisión, de vulneración o amenaza alguna de los derechos fundamentales invocados por el demandante.
5.2. Liquidador de la sociedad Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación.
Luego de realizar una síntesis del proceso de liquidación obligatoria en el que se halla la Sociedad Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, informó al juez de conocimiento que la sociedad propuso ante el Ministerio del Trabajo, como fórmula de normalización pensional, el pago único mediante adjudicación de activos, en el mes de septiembre del año 2014.
Finalmente, afirma que si algún derecho fundamental de los pensionados de la sociedad Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, se ha vulnerado ha sido únicamente por la reiterada omisión del Ministerio del Trabajo, el cual teniendo en cuenta que la Superintendencia de Sociedades funge como juez del proceso de liquidación judicial, debe ser vinculado al trámite de la acción de tutela.
– Informe de 29 de abril de 2015, sobre la asesoría jurídica suministrada al señor Walter Sánchez, por el Personero Delegado para la Vigilancia del Interés Público del Distrito de Barranquilla, en el caso de presunto perjuicio ocasionado por Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación debido al no pago de mesadas pensionales.
– Copia de la carta informativa remitida por el Liquidador de Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, al actor, el 13 de noviembre de 2012, comunicándole sobre la solicitud de concepto favorable al Ministerio del Trabajo para la normalización del pasivo y así lograr la autorización de la Superintendencia de Sociedades.
– Copia de la carta informativa sobre la petición radicada ante Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, remitida por el actor a la Personería Distrital de Barranquilla.
– Copia de fecha 23 de abril de 2015, contentiva de la respuesta a la petición elevada por el actor a Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, en la que se indica que los recursos en efectivo de la empresa se agotaron y que están a la espera del concepto favorable del Ministerio del Trabajo sobre la normalización de pasivo.
– Auto Nº 0317 de 16 de octubre de 2014, por medio del cual el Ministerio del Trabajo archiva una investigación iniciada a solicitud del señor Walter Sánchez por la presunta violación a la normas laborales y de seguridad social por parte de Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación
Para arribar a la decisión reseñada la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, consideró que la tutela no procede por cuanto “de los argumentos expuestos por el accionante y de las pruebas documentales obtenidas, no se desprende que éste, como consecuencia del no pago de las mesadas pensionales por parte de la empresa Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. (En Liquidación), se encuentre ante la inminente presencia o riesgo de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción”.
Luego de invocar jurisprudencia relacionada con las causales de improcedencia de la tutela, la corporación a quoseñaló que “no puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario”, indicando además que “el primer llamado a proteger los derechos constitucionales no es el juez de tutela, sino el ordinario y que la tutela está reservada para enfrentar la absoluta inoperancia de los distintos mecanismos dispuestos para la protección de los derechos de las personas, no para suplirlos.
Según el criterio consignado en la providencia, el asunto del no pago de las mesadas pensionales expuesto por el accionante, debe ser resuelto por el juez laboral, y que aunque éste alegó ser una persona de la tercera edad y que la mesada es su único medio de subsistencia, no aportó pruebas de encontrarse en presencia de un perjuicio irremediable, no obstante que cuenta con otros mecanismos jurídicos para el amparo de sus derechos.
c) i) ¿Cuál es la provisión de fondos realizada, prevista o proyectada en el presupuesto de la sociedad para atender las obligaciones que corresponden al pago de las mesadas pensionales pasadas y/o futuras de los pensionados a cargos de Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A. (En liquidación), ii) ¿Cuáles son los recursos disponibles para cancelar estas obligaciones; los recursos futuros y/o provisiones con que se podrá contar para realizar los pagos? iv)¿Qué otra alternativa de provisión de fondos se seleccionó o se encuentra prevista en el proceso de liquidación?
¿En qué estado se encuentra el trámite de la petición elevada en el mes de septiembre de 2014, por Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A. (En Liquidación), en el que la sociedad solicitó “que conceptúe favorablemente sobre el mecanismo de normalización del pasivo pensional de la empresa, con el fin de proceder al pago mediante la adjudicación de los activos”? [1]. Y en caso que de haber dado respuesta a la misma, remita copia del concepto referido.
DESCRPCION VALOR COMERCIAL
Comunicación $ 20.557.000
TOTAL DE BIENES $24.120´609.963.oo
En cuanto al deber de la Superintendencia de dar aprobación del cálculo actuarial, que es uno de los documentos que se deben presentar ante el Ministerio del Trabajo, con oficio 320.088239 del 27 de septiembre de 2012, informaron al liquidador y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la ciudad de Barranquilla para lo de su cargo, la aprobación del mencionado cálculo por valor ($8.341.679.154) m/cte., para atender el pasivo pensional de los 165 pensionados a cargo de la concursada.
Frente al oficio anterior la Directora de Pensiones y Otras Prestaciones del Ministerio del Trabajo, mediante escrito Nº 2015-01-256868 del 22 de mayo de 2015, informó que no emite pronunciamiento sobre la normalización pensional de la concursada hasta tanto no se resuelvan los recursos de ley interpuestos contra el acto administrativo Nº 00656 de 30 de agosto de 2013, que declara la unidad de empresa de la sociedad y otros. Lo anterior ha retrasado el pago de las obligaciones de la sociedad Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. – En Liquidación, debido a que sin la mencionada autorización por parte del Ministerio, no se pueden ordenar pagos de ninguna índole.
Finalmente, ante el conocimiento de la revocatoria del acto administrativo el 8 de mayo de 2015, mediante el cual se había declarado la unidad de empresa, solicitaron nuevamente al Ministerio, el 28 de julio de 2015, el pronunciamiento definitivo sobre la normalización pensional de la sociedad Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. – En Liquidación, poniendo de presente una vez más que mientras el Ministerio, mediante la Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones, no cumpla con ese pronunciamiento la Superintendencia de Sociedades no puede adoptar ninguna decisión al respecto, aunque la empresa cuente con los activos necesarios para la normalización del pasivo. Igualmente los trabajadores han solicitado ante el Ministerio la autorización para el pago único conforme a la normativa vigente, pero, respecto a ello, tampoco ha habido pronunciamiento.
Sindicato Sintrametal
Seguidamente, hace un resumen de cómo se dieron los hechos. Al respecto asevera que los dueños iniciaron un proceso de descapitalización de la sociedad, destacando que sacaron de los activos de la compañía los terrenos donde funcionaba, por medio de una simulación consistente en la creación en el mes de septiembre de 2008, de la empresa Armarcas, con domicilio en Itagüí con un capital de dos (2.000.000, oo) millones de pesos, luego, en el mismo año, Reynolds le cede a Armarcas, en calidad de aportes, todos los terrenos y como contraprestación recibió la suma de diecinueve (19.000.000, oo) millones de pesos representados en acciones. En el mismo acto jurídico Armarcas inmediatamente vendió los terrenos a Leasing Bancolombia por valor de veintiocho mil quinientos (28.500.000.000, oo) millones de pesos; posteriormente liquidaron la empresa Armarcas y finalizada la liquidación, en el mes de septiembre de 2009, Aluminios Reynolds Santodomingo S.A., recibe en calidad de accionista mayoritario la suma de ciento cuatro (104.000.000, oo) millones de pesos. Un mes antes de la solicitud de liquidación de Armarcas Leasing Bancolombia le vendió los mismo terrenos a Bancolombia por el valor de treinta y dos mil setecientos ochenta y cinco millones doscientos tres mil quinientos sesenta y ocho pesos (32.785.203.568, oo).
– Copia de la escritura pública Nº 3.537, de 24 de diciembre de 2008, en la que se da un aporte en especie y compraventa entre Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación y Armarcas S.A.U.
– Copia de la respuesta de 21 de diciembre de 2015, en la que el Ministerio del Trabajo le informa al Presidente del Sindicato Sintrametal sobre las acciones y vigilancias administrativas pertinentes que están adelantando según su competencia.
Liquidador -Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación
– Copia del listado de pensionados directos de Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación (en liquidación judicial) de fecha 31 de diciembre de 2015, en el que se relacionan veinte (20) pensionados, encabeza el listado el actor Walter Sánchez.
Cita los mecanismos de normalización pensional contenidos en el artículo 6° del Decreto 1260 de 2000, resaltando la conmutación pensional como una obligación de las empresas en liquidación que cuenten con los recursos para el efecto y lo establecido en el artículo 4° del mismo Decreto que determina la conmutación total con el objeto de que se paguen las mesadas pensionales y que la empresa quede liberada de la obligación del pago de la pensión.
El pago único es un mecanismo subsidiario, que consiste en asignar en proporción al monto de las acreencias pensionales de cada trabajador y pensionado, los bienes y activos que posea la concursada, el cual solo se aplica una vez se hayan agotado todas las instancias que permitan la obtención de recursos líquidos para la conmutación pensional. El artículo 7° del Decreto 1260 de 2000, en el inciso 4°, establece lo referente a la responsabilidad que, de acuerdo a la ley, exista a cargo de los socios de la sociedad, conforme con el tipo de sociedad, y cuando sea del caso la responsabilidad que se haya establecido por la autoridad competente a cargo de las sociedad matriz o de otras personas con sujeción a la ley.
La solicitud elevada por el liquidador de esta empresa corresponde a un pago único (dación en pago), debido a que la entidad en liquidación, a la fecha, solo posee unos bienes muebles valorados en $25.130’964.544,60 y no en efectivo, para proceder a realizar la conmutación pensional.
Estimó que a Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, le corresponde no afectar el mínimo vital de los pensionados a quienes no les pagan las mesadas pensionales desde el mes de febrero de 2015, y que efectivamente el Ministerio del Trabajo no ha emitido el concepto previo para la normalización de ese pasivo a través de la dación en pago por cuanto se ha considerado que en el evento de distribuirse los activos en la forma como lo solicitó el liquidador, no se estaría protegiendo el mínimo vital de los pensionados.
Teniendo en cuenta que los activos fijos que posee la empresa están avaluados en ($25.130’964.544,60) cantidad que supera ampliamente el valor del cálculo actuarial para la normalización de pasivo pensional ($8.075’302.934,oo), adicionalmente al estudio de la determinación de la unidad de empresa, se procedió, el 29 de septiembre de 2015, a solicitarle a la Superintendencia de Sociedades que autorizara a la concursada para la realización de venta de activos por un menor precio, de tal manera que obtuviera los recursos necesarios, en efectivo, para garantizar a través del mecanismo de conmutación pensional el pago del pasivo pensional de la sociedad en liquidación y los pensionados continúen de esta forma recibiendo sus mesadas pensionales.
Por otra parte están pendientes por resolver dos incidentes de desacato por la acciones de tutelas identificadas (Rad.2015-00119-00. Accionante: Néstor Montaño Barraza, cursa en el Juzgado 10 Civil Municipal de Barranquilla), (Rad.2015-00142-00. Accionante: Humberto Jiménez Meza, cursa en el Juzgado 19 Civil Municipal de Barranquilla). Y la Tutela Rad.2015-00600. Accionante: Liquidador de Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, que se tramita ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
4.1.) Documentos allegados por parte del Ministerio del Trabajo.:
– Copia de un resumen de las actuaciones adelantadas por el Ministerio del Trabajo respecto de la liquidación judicial de Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación
– Copia de la Resolución N° 000656, de 30 de agosto de 2013, proferida por la Dirección Territorial del Atlántico del Ministerio del Trabajo, por la cual se declaró la unidad de empresa entre Aluminios Reynolds Santodomingo S.A. y Alúmina SA., y Emma y Cía., S.A.
– Copia de la Resolución N° 000902, de 13 de noviembre de 2013, proferida por la Dirección Territorial del Atlántico del Ministerio del Trabajo, por la cual se rechaza, por extemporáneo, un recurso de reposición, confirma la Resolución N° 000656 de 30 de agosto de 2013, y concede el recurso de apelación.
– Copia de la Resolución N° 01643, de 8 de mayo de 2015, mediante la cual la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio del Trabajo, resuelve un recurso de apelación y revoca, en todas sus partes, la Resolución N° 000656 de 30 de agosto de 2013 que había declarado la unidad de empresa y ordena al Liquidador de Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, que informe al Ministerio lo referente al cumplimiento de los pagos oportunos de las acreencias laborales causadas y el procedimiento realizado para tal fin de forma trimestral hasta que el proceso de liquidación culmine.
El actor arguye la violación de varios derechos fundamentales, sin embargo, con fundamento en la reseña fáctica expuesta y la decisión de tutela adoptada por el juez de instancia, en esta oportunidad, le corresponde a la Sala de Revisión establecer, i) la procedencia excepcional de la tutela para el pago de acreencia laborales ii) si la empresa Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, representada legalmente por el Liquidador, vulneró el derecho fundamental a la seguridad social y al mínimo vital de las personas de la tercera edad, en su calidad de pensionados directos de la empresa, por el no pago de las mesadas pensionales causadas y por la ausencia de cotización a las entidades prestadoras del servicio de salud por la no disposición de dinero en efectivo, en medio del trámite del proceso de liquidación judicial establecido en la Ley 1116 de 2006, régimen de insolvencia empresarial.
Prevalencia constitucional del derecho fundamental al mínimo vital de las personas de la tercera edad. Reiteración de jurisprudencia
Para obtención del pago de las mesadas pensionales, la regla general es que se haga a través de un proceso ejecutivo laboral, teniendo como fundamento probatorio del derecho pensional (i) la declaración mediante sentencia judicial o (ii) el reconocimiento mediante acto administrativo. Por lo tanto es excepcional la procedencia de la acción de tutela con el fin de proteger el mínimo vital del pensionado.[2]
La vulneración al derecho fundamental al mínimo vital del pensionado y su familia, es presumible si existe una cesación prolongada en el pago de las mesadas pensionales y así lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación[3], “en estos casos la carga de la prueba se invierte, correspondiéndole a la entidad encargada de pagar esta prestación desvirtuar dicha presunción”[4]; factores como la dependencia económica del actor y su familia de la pensión, la edad del pensionado se deben examinar para comprobar la procedencia de la acción de tutela, en estos casos.
“la valoración del mínimo vital del pensionado no es una calificación objetiva, sino que depende de las situaciones concretas del Sentencias T-011 de 1998, MP: José Gregorio Hernández accionante. Por consiguiente, el concepto de mínimo vital no se identifica con el monto de las sumas adeudadas o con “una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo.”[5]
(vi) El interesado acredita, siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.[6]
Respecto con la avanzada edad del peticionario(a), sobre todo si sobrepasa el índice de promedio de vida en Colombia (71 años), la Corte ha dispuesto que el mecanismo ordinario resulta ineficaz si es probable que la persona no exista para el momento en el que se adopte un fallo definitivo tomando en cuenta el tiempo considerable que demora un proceso de esta índole y la edad del actor(a).[7] (Subraya fuera del texto).
Igualmente, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que, en ciertos casos, cuando la conducta desplegada por las entidades responsables del reconocimiento de derechos pensionales, resulta evidentemente arbitraria e infundada al punto de que se configura una vía de hecho administrativa, el mecanismo de amparo resulta procedente aun cuando no se demuestre la afectación del mínimo vital, toda vez que en estos casos la procedencia de la acción de tutela se fundamenta, en primer lugar, en la necesidad de proteger al ciudadano de determinaciones abiertamente contrarias al ordenamiento constitucional y, en segundo término, en la protección de los derechos al debido proceso, igualdad, y el principio de dignidad humana de los afectados”.[8]
Finalidad y principios que rigen en el régimen de insolvencia. Reiteración de jurisprudencia
“Después de una larga y compleja evolución, los procesos concursales tienen como finalidad conciliar los intereses de los deudores, los acreedores y la sociedad en su conjunto, en el evento de insolvencia del deudor, con la finalidad de proteger el crédito, bien sea mediante fórmulas de recuperación del deudor, que le permitan pagar ordenadamente, o a través de la liquidación de su patrimonio”[9].
El cumplimiento de los objetivos allí trazados se materializa a través de dos vías, no necesariamente concurrentes: (i) la reorganización empresarial y (ii) la liquidación judicial. La primera se dirige a la preservación de empresas viables, mediante la estabilización de las relaciones comerciales y crediticias; por su parte, la liquidación busca esencialmente aprovechar el patrimonio del deudor para atender equitativamente las obligaciones de los acreedores cuando la empresa se ve avocada {sic} a su extinción[10]. (Subraya fuera del texto original).
El régimen de insolvencia se inspira en los principios de universalidad, igualdad, eficiencia, información, negociabilidad, reciprocidad y gobernabilidad económica[11]. En virtud de la universalidad, debe concurrir al proceso la totalidad del patrimonio del deudor (dimensión objetiva) y de los acreedores (dimensión subjetiva), porque de otro modo difícilmente podría tenerse claridad acerca de la situación real de una empresa y de las posibilidades de éxito ante un eventual proceso de reestructuración.
Este principio guarda estrecha relación con el de igualdad, según el cual ha de procurarse un tratamiento equitativo a los acreedores (par conditio creditorum), sin perjuicio de la prelación de créditos prevista en la ley. (…)’.[12]
Etapas del proceso de liquidación inmediata
Para dirigir el proceso de liquidación judicial, el legislador [[13]], revistió de autoridad jurisdiccional a la Superintendencia de Sociedades, en consecuencia, sus actuaciones están regidas de conformidad con el Código General del Proceso y la normativa especial correspondiente.
Estos parámetros operan como regla general para todos los acreedores, excepto, cuando se está ante créditos derivados de acreencias laborales, dado que en estos casos, dicha clase de acreencias goza no sólo [sic] de la prelación o privilegio reconocido por la ley, sino que, inclusive, cuando se está ante una mora en el pago oportuno de mesadas pensionales o en el pago de salarios, y éstos constituyen “la única fuente para satisfacer las necesidades personales y familiares” (SU-995/99), el juez de tutela puede amparar el pago oportuno, no obstante que la empresa responsable del pago se encuentre en proceso concursal.
En efecto, la circunstancia de que la entidad se encuentre en alguna de las modalidades del trámite concursal : (1) concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor; o, (2) concurso liquidatorio respecto de los bienes que conforman el patrimonio del deudor (art. 89 de la Ley 222 de 1995), si existe el vínculo entre el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o de mesadas pensionales y la afectación del mínimo vital, el proceso de liquidación no puede convertirse en patente de corso para sustraerse del cumplimiento de estas obligaciones.” [14] (Subraya fuera del texto).
El proceso de liquidación está constituido por varias etapas procesales de conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006, las cuales varían si se trata de un proceso de liquidación judicial o un proceso de liquidación inmediata y si la entidad en liquidación tiene o no a su cargo el pago de pensiones, caso en el cual resulta aplicable lo establecido por la Ley 550 de 1990 que instaura los mecanismo de normalización pensional y sus Decretos Reglamentarios. Bajo estas premisas se resaltan las principales etapas del proceso de liquidación judicial inmediata[15] con deuda pensional, así:
Inicio Providencia de apertura del proceso de liquidación judicial, que no admite ningún recurso[16]y debe ser inscrita en el registro mercantil.
Inventario y avaluó El liquidador cuenta con el término de treinta (30)[17] días para presentar el inventario de los activos del deudor conforme al avaluó, el juez del concurso correrá traslado del mismo por el término de diez (10) días. Ante el acuerdo de reorganización fallido, el inventario de créditos[18] se realizará, desde la fecha del vencimiento de la obligación hasta la de inicio del proceso de liquidación judicial.
Normalización de pasivos En los casos que la entidad tenga a su cargo el pago de mesadas pensionales, corresponderá acudir a los diferentes mecanismos de normalización de pasivos.[19] Etapa en la que se deberá aprobar el cálculo actuarial por parte de la Superintendencia de Sociedades y presentada la propuesta de normalización de pasivos por parte del liquidador, el Ministerio del Trabajo emitirá concepto favorable a fin de que la Superintendencia proceda a su aprobación.
Enajenación de activos En un plazo de dos (2) meses[20] contados a partir de la fecha en que quede en firme la calificación y graduación de créditos y el inventario de bienes del deudor, el liquidador procederá a enajenar los activos inventariados por un valor no inferior al del avalúo, en forma directa o acudiendo al sistema de subasta privada.
Providencia de adjudicación. De no aprobarse citado acuerdo, el juez dictará la providencia de adjudicación[21] dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término anterior.
Finalmente, el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, establece los términos para la entrada en vigencia de la misma ley, y consagra una regla de prevalencia de las normas relativas al régimen de insolvencia, reiterando que las normas del régimen en esa ley, que son normas especiales, “prevalecerán sobre cualquiera otra de carácter ordinario que le sea contraria”. [[22]]
La norma que establece un límite de tiempo para que el liquidador proceda a enajenar los activos inventariados por un valor no inferior al del avalúo, previa calificación y graduación de créditos, debe inaplicarse por excepción de inconstitucionalidad
En cuanto a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que esta “no invade, de ninguna manera, la competencia de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado para decidir, de manera definitiva, sobre la constitucionalidad de la norma. El respeto de la competencia radica en que la excepción tiene efectos únicamente frente al caso concreto y solo se puede aplicar en ausencia del pronunciamiento definitivo. Al contrario, el fallo definitivo sobre la constitucionalidad de una norma tiene efectos erga omnes, es posterior en el tiempo a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad y no afecta la validez de las decisiones en las cuales se aplicó la excepción de inconstitucionalidad, así la norma se encuentre ajustada a la Carta Política”[[23]].
Igualmente, se ha concluido que “la excepción de inconstitucionalidad puede aplicarse de oficio y que, en consecuencia, su utilización “no comporta un exceso en los límites materiales y personales del proceso en el cual ésta se verifica” [[24]], como tampoco el desconocimiento del valor jerárquico normativo en que se estructura el ordenamiento jurídico” [[25]].
Ahora bien, de conformidad con el artículo 6° de la Ley 1116 de 2006, a la Superintendencia de Sociedades[26] le fue asignada la competencia para conocer el proceso de insolvencia en única instancia como juez de cóncurso.
Los artículos 3º y 6° del Decreto 1260 de 2000, establecen, respectivamente, las formas de conmutación pensionaltotal, como mecanismo de normalización pensional y la obligación de adoptar dicha medida por parte de entidades en liquidación, en los casos que una empresa que tenga a su cargo el pago de pensiones y cuente con los recursos para el efecto.
Es claro que el numeral 11 del artículo 5 de la Ley 1116 de 2006[27], le otorga a la Superintendencia de Sociedades atribuciones suficientes para dirigir el proceso y lograr que se cumplan las finalidades del mismo, resaltando para el caso la protección especial que se le debe brindar a los pensionados de conformidad con las regla de prelación de créditos.
“ARTÍCULO 57. ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y PLAZO PARA PRESENTAR EL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN. En un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que quede en firme la calificación y graduación de créditos y el inventario de bienes del deudor, el liquidador procederá a enajenar los activos inventariados por un valor no inferior al del avalúo, en forma directa o acudiendo al sistema de subasta privada.
Reiteración de jurisprudencia. Modulación de los efectos de las sentencias que profiere la Corte Constitucional. Efectos inter comunis
De conformidad con los preceptos constitucionales, normativa y jurisprudencia atrás enunciada, corresponde a la Sala de Revisión dilucidar la procedencia del amparo de los derechos constitucionales amenazados por la suspensión, desde el mes de enero del año 2015, del pago de las mesadas pensionales de jubilación al actor, por parte del Liquidador de la empresa Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, por cuanto el juez de instancia denegó la protección constitucional solicitada por considerar que no cumple con el requisito de subsidiaridad, en razón de que el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa dentro del ordenamiento jurídico.
Conforme a las pruebas decretadas en sede de revisión, se allegaron al expediente de tutela los listados de los pensionados a cargo de Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, en los que consta: número total de pensionados, tipo de pensionado, edad, valor mensual de la pensión, número de mesadas pagadas entre enero y abril de 2015, número de mesadas adeudadas hasta el 31 de diciembre de 2015, primas, valor de las mesadas, valor de las primas y el total de las mesadas adeudadas; en el registro se puede verificar la existencia de un total de 165 pensionados a cargo de Aluminios Reynolds Santodomingo S.A.- En Liquidación, de los cuales 145 son pensionados ya compartidos con Colpensiones y 20 son pensionados directos o plenos a cargo de la empresa.[28]
De acuerdo con el informe presentado por la Superintendencia de Sociedades[29], después de iniciado el proceso de liquidación, la empresa siguió pagando las mesadas pensionales, sin embargo, entraron en cesación de pagos desde el mes de enero de 2015[30] hasta la actualidad.
El actor elevó petición al liquidador y en la respuesta emitida por este[31], no le concretó solución alguna, por lo que aquel acudió a la solicitud de amparo a fin de reclamar el pago de sus mesadas pensionales. En igual situación de falta total de pago se encuentran todos los demás 19 pensionados directos y, parcialmente, los 145 pensionados compartidos. La cuantía de la deuda por el no pago de las mesadas pensionales asciende, según el informe presentado por el Liquidador,[32] a la suma de $396’539.028 millones de pesos, para las pensiones compartidas y $198’834.824 millones de pesos para las pensiones directas, para un total de $595’373.870 millones de pesos, liquidadas hasta el mes de diciembre de 2015, es decir sin incluir el monto correspondiente a las mesadas causadas en el año 2016, en curso.
Igualmente, consta en el informe presentado por parte del Liquidador de la empresa, que dentro de los meses siguientes a la audiencia celebrada el 13 de julio de 2012[33] en la que se determinó la aprobación del inventario y del avalúo de las maquinarias y equipos en $24.120’609.963.oo millones de pesos, por parte de la Superintendencia de Sociedades, intentaron la venta de estos activos, incluida la subasta privada realizada por internet, pero no lograron enajenar todos los activos. Por consiguiente, el Liquidador presentó como propuesta para la normalización pensional, el pago único por medio de la adjudicación, porque la empresa solo dispone de activos no dinerarios representados en maquinarias y equipos.
Ante estas circunstancias el Ministerio del Trabajo[34], ha aceptado que no ha emitido el concepto previo para la normalización de ese pasivo a través de la dación en pago, por dos motivos: i) considera que la dación en pago o distribución de activos por adjudicación no protege el mínimo vital de los pensionados, y, como Ministerio, vigilar que esa garantía se cumpla es su principal función en este tipo de proceso liquidatorio, ii) debía esperar que se surtiera el trámite referente al estudio de la declaración de unidad de empresa, resolución de recursos, acciones de tutelas e incidentes de desacatos. Además, informa que procedió a solicitarle a la Superintendencia de Sociedades que “autorizara a la concursada para que ésta pudiera realizar la venta de activos por un menor precio, de tal manera que obtuviera los recursos necesarios en efectivo para garantizar a través del mecanismo de CONMUTACIÓN PENSIONAL el pago del pasivo pensional de la sociedad en liquidación y los pensionados continúen de esta forma recibiendo sus mesadas pensionales”.
Respecto a la última solicitud que realizó el Ministerio del Trabajo a la Superintendencia de Sociedades, esta le comunicó que al encontrase aprobado el avalúo y vencido el término de venta establecido en el artículo 57[35] de la Ley 1116 de 2006 que le permite al liquidador proceder a enajenar los activos por un valor no inferior al del avalúo aprobado por la Superintendencia como juez de insolvencia, en forma directa o acudiendo al sistema de subasta privada, lo que sigue es la etapa de adjudicación de los bienes que no pudieron ser vendidos en el término indicado, porque los términos establecidos son perentorios y el estatuto establece que los activos no pueden enajenarse por un valor inferior al avalúo aprobado.
Es claro para la Corte que, constitucionalmente[36] le corresponde a la empresa en liquidación asumir los pagos de las mesadas pensionales con prevalencia en la protección de los derechos fundamentales, y si bien, podría resultar más eficiente acoger en su totalidad la proposición expuesta por el Ministerio del Trabajo en el sentido de que se ordene la realización de la venta de los activos de la empresa en liquidación por medio de subasta por un valor inferior al valor del avalúo, teniendo en cuenta que el valor total del cálculo actuarial requerido ($8.075’302.934,00 millones de pesos) es inferior al avalúo de los activos fijos que posee la empresa ($25.130’964.544,60 millones de pesos); no se puede ignorar el hecho de que en el ejercicio de la facultad de configuración del legislador éste estableció una prohibición expresa en el artículo 57 de la Ley 1116 de 2006, en el sentido de que la enajenación de los activos inventariados solo procede por un valor no inferior al del avalúo. En este caso, se está frente a una prohibición clara y específica, que impide que se acuda a una propuesta que se encuentra por fuera del régimen de insolvencia empresarial y conculca los principios de la misma.
Sin embargo, el trámite administrativo referente a la solicitud de declaratoria de unidad de empresa al que alude el Ministerio, finalizó con la Resolución Nº01643, de 8 de mayo de 2015, mediante el cual la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio del Trabajo, resolvió un recurso de apelación y revocó, en todas sus partes, la Resolución N° 000656, de 30 de agosto de 2013, que había declarado la unidad de empresa; es decir, que del 8 de mayo de 2015 hasta la fecha actual han transcurrido aproximadamente diez (10) meses, tiempo suficiente para que el Ministerio del Trabajo hubiese procedido a emitir el concepto para la normalización del pasivo requerido y se pudiera continuar con las etapas del proceso de liquidación. Igualmente, en ejercicio de sus facultades de control y vigilancia también pudo instar al Liquidador y a los pensionados para que allegaran otras fórmulas legales de arreglo.
Por otra parte, las gestiones desplegadas por parte del Liquidador de la empresa Aluminio Reynolds Santodomingo, han estado acordes con la naturaleza y términos establecidos por la ley para el proceso de liquidación judicial y tuvieron como propósito el desarrollo de las etapas correspondientes; sin embargo, resulta evidente la vulneración, por parte de la empresa, del derecho que tienen los pensionados al pago completo y oportuno de las mesadas pensionales y las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, derechos estos que mantienen vigencia aun cuando la empresa empleadora se encuentre en proceso de liquidación obligatoria. Al respecto, ha señalado esta Corporación que la situación de liquidación de una empresa no constituye excusa que haga legítimo el no pago de los salarios y prestaciones a que tienen derecho los trabajadores.[37]
De acuerdo con lo anterior, ante la ausencia de recursos económicos y la incertidumbre acerca de la terminación del proceso liquidatorio, la Corte estima que se deben tomar las medidas necesarias para garantizar a los pensionados el pago oportuno de sus mesadas adeudadas desde el mes de enero de 2015, y si bien no se puede acoger la totalidad de la solicitud del Ministerio del Trabajo, en el sentido que opere la venta de los activos por un valor inferior al avaluó, es evidente que teniendo en cuenta el marco normativo aplicable, tanto el Liquidador como el Ministerio del Trabajo con aprobación de la Superintendencia de Sociedades, les corresponde recurrir a todos los mecanismos previstos para la normalización de pasivos, entre los cuales están: i) la constitución de reservas, negociación y pago de pasivos, conmutación total y/o parcial a través de la constitución de fiducias, la constitución de patrimonios autónomos, conforme lo establecido en el artículo 41 de la Ley 550 de 1990 y al artículo 2 del Decreto 1260 de 2000. ii) la conmutación pensional por medio de una compañía de seguros a través de una renta vitalicia; iii) la prevista en la Ley 550 de 1999, que consiste en la conciliación de las acreencias pensionales ante la autoridad administrativa del trabajo debido a la evidente imposibilidad de llevar a cabo la conmutación pensional con Colpensiones, por la insuficiencia de dinero en efectivo de la empresa para realizar el pago total y/o parcial de contado, a que haya lugar, del cálculo actuarial para el caso de los pensionados de la empresa, por cuanto es un deber del Estado propiciar la participación de todas las partes implicadas y que ven afectadas su vida económica, en ejercicio de la democracia participativa para temas sociales[38].
En efecto, conforme a los supuestos fácticos establecido en sede revisión, en audiencia celebrada por la Superintendencia de Sociedades el 13 de julio de 2012[39] aprobó el inventario y el avalúo de las maquinarias y equipos en $24.120’609.963.oo millones de pesos, es decir, que desde la fecha de la audiencia hasta hoy han transcurrido tres (3) años y ocho (8) meses, lapso de tiempo que pudo haber alterado el valor de los bienes en cuestión.
Si bien es cierto que la Superintendencia no podía autorizar la enajenación de los bienes por un valor inferior al avalúo por la prohibición expresa del artículo 57 de la Ley 1116 de 2006, no lo es menos que esta entidad junto con el Ministerio del Trabajo están en el deber de propiciar las mejores fórmulas de arreglo que garanticen el cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa en liquidación y, teniendo en cuenta que las maquinarias y equipos son los únicos activos con los que cuenta Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. – En Liquidación Judicial, y que el Liquidador solo tuvo una oportunidad fallida de realizar la venta a fin de recaudar el dinero en efectivo que se requiere para pagar los derechos pensionales que se encuentran vulnerados, es claro que el argumento expuesto por la Superintendencia de Sociedades para no autorizar una nueva venta, sin contemplar siquiera una actualización del avalúo, no debe ser impedimento para el mantenimiento, la creación y reconocimiento de las garantías y derechos constitucionales.
Como consecuencia de lo anterior, cabe señalar que, sin perjuicio de la obligación de adelantar el proceso de liquidación inmediata conforme a las etapas establecidas en la ley, la finalidad del proceso de insolvencia es lograr el pago de las acreencias, más si se trata de créditos derivados de derechos laborales, “dado que en estos casos, dicha clase de créditos gozan no solo de la prelación o privilegio reconocido por la ley, sino que, inclusive, cuando se está ante una mora en el pago oportuno de mesadas pensionales o en el pago de salarios, y éstos constituyen “la única fuente para satisfacer las necesidades personales y familiares”[[40]], y si bien, al juez del proceso liquidatorio le corresponde observar las formas procesales, ante todo le incumbe asegurar la protección de los derechos pensionales y la posibilidad de que el deudor se libere de tal obligación con el pago efectivo de tales acreencias.
Por los argumentos expuestos, la Sala hará uso de la excepción de inconstitucionalidad e inaplicará en este caso el inciso primero del artículo 57 de la Ley 1116 de 2006. De manera que, aun cuando ya se había vencido esta etapa, habilitará nuevamente el tiempo establecido de (2 meses) para que se realice la enajenación de los bienes, incluyendo la práctica de un nuevo avalúo y aprobación del mismo por parte de la Superintendencia de Sociedades, para que, con el recaudo del dinero en efectivo, previo concepto del Ministerio del Trabajo, se acceda a la normalización del pasivo pensional mediante la conmutación pensional y se garantice el pago de las prestaciones pensionales adeudadas por la empresa en liquidación, con el fin de materializar la protección real y efectiva de los derechos fundamentales a la seguridad social (art. 48), y al mínimo vital (art. 53) del actor, persona de la tercera edad (art. 46), sujeto de especial protección constitucional por encontrarse en situación de debilidad manifiesta, dando eficacia directa a la Constitución[41], y en este caso, dadas las circunstancias especiales del mismo, se inaplicará como ya se expresó el artículo 57 de la Ley 1116 de 2006, para los fines indicados.
Ahora bien, en el año 2012, el primer intento de venta se realizó con un avalúo catastral, que se consideró idóneo. Empero, el transcurso de más de 3 años, constituye una particularidad relevante en virtud de la cual el valor en la actualidad de esos bienes podría no ser el mismo, luego, atendiendo parcialmente la propuesta del Ministerio del Trabajo, se le ordenará a la Superintendencia de Sociedades que conforme a los términos establecidos en la Ley 1116 de 2006, (i) emita con prelación las órdenes judiciales pertinentes en este caso a fin de que destine los activos suficientes y necesarios, de tal manera que se garantice el pago de las mesadas pensionales adeudadas y las que sean exigibles hacia futuro; (ii) para que dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera auto en el que 1) habilite el término de dos (2) meses para que dentro del mismo, se practique un nuevo avaluó de las maquinarias y equipos de Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. – En Liquidación, que eventualmente pueda facilitar su venta, y así cubrir el cálculo actuarial[42] lo que haría efectiva la conmutación pensional; consecuentemente, 2) autorice al Liquidador para que con base en el nuevo avaluó intente una nueva venta de los activos representados en las maquinarias y equipos, también haciendo uso de las plataformas tecnológicas y entidades que brinden la mayores garantías de éxito en las ventas de los activos.
Igualmente, se ordenará al liquidador de la empresa Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación que en el término de ocho (8) días siguientes a la notificación de esta sentencia (i) elabore una nueva propuesta de normalización de pasivos atendiendo lo expresado por el Ministerio del Trabajo y lo ordenado en la presente providencia, y de conformidad con el cumplimiento de las etapas del proceso atienda todas las opciones que prevé la ley; (ii) emitido el concepto del Ministerio del Trabajo, avance prontamente en las gestiones de las etapas subsiguientes en el proceso de liquidación y realice un acompañamiento que garantice la fluidez en la atención oportuna de las obligaciones de la empresa con los pensionados, para reconocer, liquidar y pagar, con carácter preferente y oportuno, las mesadas de todos los pensionados a su cargo, en los términos de esta sentencia.
Por las razones expuestas se le ordenará al Ministerio del Trabajo que dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta sentencia, (i) examine las propuestas presentadas por el Liquidador de Aluminios Reynolds Santodomingo S.A. – En Liquidación, y en cumplimiento del deber constitucional de propugnar por encontrar soluciones concertadas y acudir a todas las opciones que prevé la ley, encamine las actuaciones y propuestas necesarias para el pago de las mesadas a todos los pensionados a cargo de Aluminios Reynolds Santodomingo S.A. – En Liquidación; (ii) cumpla con la obligación de emitir concepto de normalización del pasivo pensional para la empresa Aluminios Reynolds Santodomingo S.A. – En Liquidación; (iii) propicie la continuidad de las etapas del proceso de liquidación judicial en curso sin dilaciones injustificadas.
Por las condiciones particulares del caso, los efectos de esta decisión harán extensión a todas las personas involucradas que se hallen en la misma situación del demandante, lo cual se explica por las circunstancias específicas y particulares de la sociedad en liquidación, entre las cuales sobresalen, para este propósito, las siguientes: la situación de igualdad en que se encuentran los pensionados (compartidos y directos), a quienes les asiste el derecho a participar en la distribución de los activos de la compañía; rige el principio de solidaridad, además, se trata de una empresa en proceso de liquidación obligatoria que ya tiene, por lo tanto, definida su vocación de extinción. Por lo anterior, en esta oportunidad la decisión de la Corte tendrá efectos inter comunis frente al proceso de liquidación obligatoria de Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, en consideración a que todos los pensionados pertenecen a una comunidad, en situaciones de igualdad de participación, y con el fin de evitar entre ellos desequilibrios injustificados.
Finalmente, en cuanto a la solicitud allegada a esta instancia por parte del sindicato Sintrametal, referente a la posibilidad del pago a través de la compra y venta de los terrenos en que funcionaba la empresa, deberán acogerse a lo dispuesto en el artículo 74 de la ley 1116 de 2006, que consagra la posibilidad de que durante un proceso de insolvencia se pueda demandar ante el juez del concurso la revocación o simulación de ciertos actos o negocios celebrados por el deudor durante los dieciocho (18) meses anteriores al inicio del proceso de liquidación judicial, cuando hayan perjudicado a los acreedores o afectado el orden en la prelación de pagos y el patrimonio del deudor sea insuficiente para cubrir los créditos reconocidos[43].
PRIMERO.- REVOCAR la providencia dictada por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico de 26 de junio de 2015, que declaró improcedente la presente acción, y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos a a la seguridad social y al mínimo vital del demandante Walter Sánchez y de los 164 pensionados a cargo de Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, personas de la tercera edad, a quienes les adeudan las mesadas pensionales totales o parciales, por falta de liquidez de la empresa.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Superintendencia de Sociedades para que conforme a lo establecidos en la Ley 1116 de 2006, (i) emita con prelación las órdenes judiciales pertinentes en este caso a fin de que destine los activos suficientes y necesarios, de tal manera que se garantice el pago de las mesadas pensionales adeudadas y las que sean exigibles hacia futuro; (ii) dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera auto en el que 1) habilite el término de dos (2) meses para que dentro del mismo, se practique un nuevo avaluó de los activos representados en las maquinarias y equipos de Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. – En Liquidación; 2) faculte al Liquidador de Aluminios Reynolds S.A. – En Liquidación Judicial, para que con base en el nuevo avaluó intente una nueva venta de los activos representados en las maquinarias y equipos, haciendo uso de las plataformas tecnológicas y entidades especializadas en venta de activos, que brinden la mayor garantías de éxito en las ventas de los mismos, y con lo recaudado se cubra el cálculo actuarial y se haga efectiva la conmutación pensional.
TERCERO.- ORDENAR al Liquidador Aluminios Reynolds Santodomingo – En Liquidación, que en el término de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta sentencia i) elabore una nueva propuesta de normalización de pasivos atendiendo lo expresado por el Ministerio del Trabajo, conforme lo ordenado en la presente providencia, y en cumplimiento de las etapas del proceso atienda todas las opciones que prevé la ley; ii) emitido el concepto del Ministerio del Trabajo, avance prontamente en la gestión de las etapas subsiguientes en el proceso de liquidación y realice un acompañamiento que garantice la fluidez en la atención oportuna de las obligaciones de la empresa con los pensionados, para reconocer, liquidar y pagar, con carácter preferente y oportuno, las mesadas de todos los pensionados a su cargo, en los términos de esta sentencia.
CUARTO.- ORDENAR al Ministerio del Trabajo que dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta sentencia, (i) examine las propuestas presentadas por el Liquidador de Aluminios Reynolds Santodomingo S.A. – En Liquidación, y en cumplimiento del deber constitucional de propugnar por encontrar soluciones concertadas y acudir a todas las opciones que prevé la ley, encamine las actuaciones y propuestas necesarias para el pago de las mesadas a todos los pensionados a cargo de Aluminios Reynolds Santodomingo S.A. – En Liquidación; (ii) cumpla con la obligación de emitir concepto de normalización del pasivo pensional para la empresa Aluminios Reynolds Santodomingo S.A. – En Liquidación; (iii) propicie la continuidad de las etapas del proceso de liquidación judicial en curso sin dilaciones injustificadas.
[1] Petición mencionada en el contenido de la repuesta enviada al Sr. Walter Sánchez por Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A. (En liquidación). (Folio 12 del cuaderno principal de la acción de tutela).
[2] Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela con el fin de proteger el mínimo vital de pensionado, la Corte Constitucional se ha pronunciado entre otras en las Sentencias T-01 de 1997, MP: José Gregorio Hernández; T-118 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-544 de 1998, MP: Vladimiro Naranjo Mesa; T-011 de 1998, MP: José Gregorio Hernández; T-387 de 1999, MP: Alfredo Beltrán Sierra; T-325 de 1999, MP: Fabio Morón Díaz; T-308 de 1999, MP: Alfredo Beltrán Sierra; SU-995 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz; T-751 de 2002. MP. Manuel José Cepeda; T-273 de 2003, MP. Jaime Córdoba Triviño. T- 959 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[3] En materia presunción de afectación del mínimo vital por la suspensión prolongada del pago de prestaciones laborales, la Corte ha distinguido entre la situación de afectación de dicho mínimo cuando se trata de mesadas pensionales y cuando se trata de otras acreencias laborales. En cuanto a las mesadas pensionales, la Corte ha reiterado que la valoración del mínimo vital del pensionado no es una calificación objetiva, sino que depende de las situaciones concretas del accionante (SU-090 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz) Por consiguiente, la valoración de factores como la edad del pensionado y la dependencia económica de la mesada pensional, son elementos que deben ser examinados para determinar la procedencia de dicha presunción. (Sentencias SU-995 de 1999 y T-011 de 1998). En la Sentencia SU-995 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz, la Corte señala, entre otras cosas, que existen circunstancias en las que se presume la vulneración del mínimo vital y se invierte la carga de la prueba y otras en las que se exige al actor probar mínimamente las circunstancias que evidencian la vulneración, circunstancias que deben ser apreciadas por el juez en cada caso concreto.
[4] Sentencias T-308 de 1999, MP: Alfredo Beltrán Sierra, T-259 de 1999, MP: Alfredo Beltrán Sierra y T-554 de 1998, MP: Fabio Morón Díaz, entre otras.
[5] Corte Constitucional, Sentencia SU-995 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[6] Ver sentencias T-055 de 2006, T-529 de 2007, T-149 de 2007, T-239 de 2008, T-052 de 2008.
[7] Sentencia T-090 de 2009.
[8] Doctrina Constitucional, reiterada entre otras en las sentencias T-055 de 2006, T-529 de 2007, T-149 de 2007, T-239 de 2008, T-052 de 2008, T-115 de 2011 y T-100 de 2015.
[9] Corte Constitucional, Sentencia C-699 de 2007. La Corte declaró exequibles las normas de la ley 1116 de 2006 que excluyen del régimen de insolvencia allí regulado a las personas naturales que no tienen la calidad de comerciantes.
[10] “Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-071 de 2010. La Corte declaró exequible el numeral 5° del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, que ordena la terminación de los contratos laborales como consecuencia de la iniciación del proceso de liquidación judicial”.
[11] “ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA. El régimen de insolvencia está orientado por los siguientes principios: 1. Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciación. // 2. Igualdad: Tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurran al proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre prelación de créditos y preferencias. // 3. Eficiencia: Aprovechamiento de los recursos existentes y la mejor administración de los mismos, basados en la información disponible. // 4. Información: En virtud del cual, deudor y acreedores deben proporcionar la información de manera oportuna, transparente y comparable, permitiendo el acceso a ella en cualquier oportunidad del proceso. // 5. Negociabilidad: Las actuaciones en el curso del proceso deben propiciar entre los interesados la negociación no litigiosa, proactiva, informada y de buena fe, en relación con las deudas y bienes del deudor. // 6. Reciprocidad: Reconocimiento, colaboración y coordinación mutua con las autoridades extranjeras, en los casos de insolvencia transfronteriza. // 7. Gobernabilidad económica: Obtener a través del proceso de insolvencia, una dirección gerencial definida, para el manejo y destinación de los activos, con miras a lograr propósitos de pago y de reactivación empresarial”.
[12] Sala Plena. Corte Constitucional. Sentencia C-527 de 2013. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 74 (parcial) de la ley 1116 de 2006, “por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”.
[13] Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.
[14] Sala Segunda de Revisión. Corte Constitucional. Sentencia T-575 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[15] ARTÍCULO 49. APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL INMEDIATA. Procederá de manera inmediata en los siguientes casos:
[16]El artículo 49 en los numerales 2 y 7 establece una excepción a la regla general de que contra la providencia de apertura del proceso de liquidación no procede recurso alguno.
[17] Numeral 9º del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006.
[18] De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1116 de 2006.
[19] Según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 550 de 1990 y sus Decretos reglamentarios. artículo 2 del Decreto 1260 de 200 y el artículo 1º del Decreto 1270 de 2009.
[20]De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1116 de 2006.
[21] La adjudicación de bienes del deudor se encuentra regulada en el artículo 58 de la Ley 1116 de 2006
[22] Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-773 de 2014. Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[23] Corte Constitucional. Auto 015 de 2003, en el que se dilucido un conflicto de competencia entre el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal y para resolver, se abordó el tema de los efectos de la excepción de inconstitucionalidad sobre el caso concreto.
[24] Ver la Sentencia T-067/98, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[25] Sentencia T-808/07, proferida por la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional en la que se estudió la aplicación oficiosa de la excepción de inconstitucionalidad.
[26] Según lo establecido en el Artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.
[27] ARTÍCULO 5o. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL JUEZ DEL CONCURSO. Para los efectos de la presente ley, el juez del concurso, según lo establecido en el artículo siguiente de esta ley, tendrá las siguientes facultades y atribuciones, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones:
a) Aquellas transacciones sobre valores u otros derechos de naturaleza negociable que hayan recibido una orden de transferencia aceptada por el sistema de compensación y liquidación de que tratan los artículos 2o,10y 11de la Ley 964 de 2005;
[28] Listado de pensionados a cargo de la empresa Aluminios Reynolds Santodomingo S.A. (En Liquidación).
[29] Respuesta de la Superintendencia de Sociedades. Folio 26 del segundo cuaderno de tutela.
[30] La cesación de pago de las mesadas pensionales inició en el mes de enero del año 2015 y continúa hasta la fecha.
[31] Respuesta emitida por el liquidador de Aluminio Reynolds Santodomingo dirigida al señor Walter Sánchez. Folio 8 del cuaderno principal de tutela.
[32] Folio 76 y 77 del segundo cuaderno de tutela.
[33] Recuento cronológico de las actuaciones llevadas a cabo en el proceso de liquidación judicial de Aluminio Reynolds Santodomingo S.A., aportado por el liquidador a folio 81 del primer cuaderno de tutela.
[34] Informe del Ministerio del Trabajo. Respaldo del folio 93 del segundo cuaderno de tutela.
[35] Ley 1116 de 2006, artículo 57. ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y PLAZO PARA PRESENTAR EL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN. En un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que quede en firme la calificación y graduación de créditos y el inventario de bienes del deudor, el liquidador procederá a enajenar los activos inventariados por un valor no inferior al del avalúo, en forma directa o acudiendo al sistema de subasta privada.
[36] Constitución Política, artículo 4º y 5º, referentes a la supremacía de la Constitución y a la primacía de los derechos inalienables de las personas.
[37] Corte Constitucional. Sentencia T-261 de 2000. Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo, en la que se estudió el tema de la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada en el marco de un proceso concursal. Sentencia T-575 de 2003. Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, en esta ocasión la Corporación reiteró la procedencia de la acción de tutela para el pago de salarios y mesadas pensionales por afectación del mínimo vital en el trámite de un proceso concursal.
[38] Corte Constitucional. Sentencia C-161 de 2000, con reiteración en la Sentencia C-377 de 1998 sobre la temática de la Democracia Participativa.
[39] Recuento cronológico de las actuaciones llevadas a cabo en el proceso de liquidación judicial de Aluminio Reynolds Santodomingo S.A., aportado por el liquidador a folio 81 del primer cuaderno de tutela.
[40] Mediante la sentencia T-575 de 2003, la Corte Constitucional, estudió el proceso de liquidación forzosa administrativa o liquidación obligatoria y la procedencia del pago de salarios y mesadas pensionales por afectación del mínimo vital.
[41] Constitución Política de Colombia. Artículos 1° (Estado Social de derecho), 2° (fines esenciales del Estado), 11 (vida), 13 (igualdad), 47 (salud), 48 (derecho a la seguridad social) y 53 (derecho al mínimo vital)
[42] El valor total del cálculo actuarial requerido de ($8.075’302.934,00) es inferior al avalúo de los activos fijos que posee la empresa según el avalúo inicial ($25.130’964.544,60).
[43] Corte Constitucional. Sentencia C-527 de 2013. Declaró la exequibilidad del artículo 74 de la ley 1116 de 2006, Núm. 1.- La extinción de las obligaciones, las daciones en pago y, en general, todo acto que implique transferencia, disposición, constitución o cancelación de gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes del deudor, realizados en detrimento de su patrimonio, o contratos de arrendamiento o comodato que impidan el objeto del proceso, durante los dieciocho (18) meses anteriores al inicio del proceso de reorganización, o del proceso de liquidación judicial, cuando no aparezca que el adquirente, arrendatario o comodatario, obró de buena fe.
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 artículo 4
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 Resolución 
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 artículo 57
 artículo 57
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 2
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 74
 artículo 50
 artículo 74
 Artículo 116
 ARTÍCULO 49
 artículo 49
 artículo 48
 artículo 53
 artículo 41
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 57
 artículo 58
 Artículo 116
 ARTÍCULO 5
 artículo 57
 artículo 4
 artículo 74