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Timestamp: 2020-06-05 16:24:22+00:00

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La protección del consumidor en el comercio electrónico · Noticias Jurídicas
Guillermo Diaz Bermejo
Ley 56/2007 de 28 de Diciembre, de	Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
El texto refundido de la Ley General	para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, incorpora las siguientes leyes complementarias: la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles; La Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista; la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo y la Ley 21/1995, de 6 de julio, sobre viajes combinados.
RD 1906/99. Pensado exclusivamente	para la contratación electrónica y telefónica, que complementa a la LOCM.
Ley 7/1998 sobre Condiciones	Generales de la Contratación. Destinada a la incorporación al contrato y la interpretación de las CGC.
Real Decreto 1801/2003, de 26 de	diciembre, sobre seguridad general de productos.
Ley 7/1995 de 23 de Marzo, de Crédito	al Consumo.
Ley 22/2007 de 11 de Julio sobre	comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
Real Decreto	231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
Ley 59/2003 de	19 de Diciembre, de Firma Electrónica.
Ley 32/2003 General de	Telecomunicaciones sobre Comunicaciones Electrónicas (Modifica la Ley de Comercio Electrónico y Servicios de la Sociedad de la Información).
Real Decreto 1133/1997, de 11 de	julio, por el que se regula la autorización de las ventas a distancia y la inscripción en el Registro de empresas de venta a Distancia.
1. Protección otorgada al	consumidor en la contratación por Internet.
Permitir que el consumidor pueda tomar una decisión motivada. (La doctrina dice que la legislación pretende que el consumidor adquiera el producto a distancia como si lo adquiriera directamente en el establecimiento). El art.	27 de la LSSI enumera las obligaciones previas a la contratación.
Disponer de un medio de interlocución telemática (art.	2 de la	LMISI) para contratación electrónica (firma electrónica) consulta de datos, presentación de reclamaciones o derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Controlar las comunicaciones	comerciales electrónicas. Comunicación comercial es un término que incluye tanto la publicidad como las promociones de productos.
Regular las comunicaciones	comerciales no solicitadas (spamming). Art. 20.1 párrafo II LSSI: todo correo electrónico no solicitado debe llevar la palabra “publicidad”.
Art. 21 y 22: prohibición del	envío de spamming a las personas que no lo hayan solicitado. Excepción: sí se podrá enviar a personas que no lo han solicitado cuando exista una relación contractual previa y el spamming está referido a los mismos productos o servicios que hemos adquirido. En todo caso el consumidor o destinatario tiene derecho a oponerse: puede pedirle al proveedor que le borre de su lista de distribución.
Obligación del proveedor de	otorgar una información mínima sobre los productos y servicios ofertados: datos, características, precio+IVA, gastos del transporte, derecho de resolución del consumidor. Art. 40 LOCM.
Obligación de informar acerca	del proceso de perfeccionamiento del contrato (art. 27.1 LSSI).
Art. 39 LOCM: debe aparecer el	carácter de oferta. Si no es una oferta debe quedar claro en la página web. En todas las propuestas	de contratación deberá constar inequívocamente que se trata de una oferta comercial. Concretamente, en el caso de comunicaciones telefónicas, deberá precisarse explícita y claramente, al principio de cualquier conversación con el comprador, la identidad del vendedor y la finalidad comercial de la llamada.
Incorporación de las CGC al	contrato.
Si	alguien ha contratado antes de poder tener acceso a las cláusulas se entiende que esas cláusulas no se incorporan al contrato. El contrato se regirá por la legislación supletoria.
Una cláusula se considera	abusiva cuando genera un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en detrimento del consumidor: “Por ejemplo: el proveedor puede resolver el contrato unilateralmente”.Sanción: nulidad de pleno derecho.
El contrato sigue existiendo pero la	cláusula se tiene por no puesta. La disposición adicional 1ª de la LDCU contiene una lista enunciativa y no cerrada de cláusulas abusivas.
Protección en la fase	postcontractual.
Confirmación del contrato y	las CGC en soporte duradero (art. 3.3 RD 1906/99). Es decir el consumidor ha de recibir la documentación del contrato y las condiciones generales de contratación.
Derecho de resolución del	contrato celebrado a distancia durante los 7 días posteriores a la entrega del producto o del momento a partir del cual empieza a prestarse el servicio.
Este derecho de resolución no	se aplica a todos los contratos. Art. 4.5: queda excluido en los casos en los que por la naturaleza del contenido de las prestaciones sea imposible llevarlo a cabo (programas informáticos).
Se excluyen todos aquellos productos	que pueden ser reproducidos. La finalidad es evitar abusos.
Hay tres supuestos en los que el	consumidor puede decir que el bien no se corresponde con el contrato: cuando no responde a lo publicitado, cuando no tiene las características que se decían en el contrato, cuando no cumple con la función que se debe esperar que cumpla,…
El consumidor puede pedir la	sustitución de los bienes, su reparación, un descuento o la devolución del dinero.
Protección en Competencia	Judicial Internacional:
Invalidez casi absoluta de las	cláusulas de elección de foro contenidas en CGC.
Estas reglas sólo son	aplicables cuando el contrato reúne las condiciones de aplicabilidad del art. 15.
“O	por cualquier medio dirigiere tales actividades a dicho Estado miembro o a varios estados miembros, incluido este último”. Se introdujo para incluir las páginas web.
Protección en Derecho	aplicable:
En defecto de elección de ley	se aplica la ley de la residencia habitual del consumidor.
La primera es optar por un derecho	internacional cibernético (internacional ciber Law) al margen de los estados. Se trata de reglas uniformes que regulan el comercio electrónico a escala internacional, y que podrían tener distintas presentaciones jurídicas, tales como tratados internacionales, códigos de conductas en los e-Business, sellos o distintivos de confianza o lo que sea, pero a través de un cuerpo de conductas global y general internacional.
La Lex Mercatoria tiene diversas	fuentes…es un derecho sin estado…viene de costumbres y de resoluciones de la Cámara de Comercio Internacional. Realmente hoy la Lex Mercatoria la hacen las grandes empresas multinacionales a través de los usos uniformes (Ej. United Fruit Company y London Corn Association). Debido a la desvinculación respecto de los parlamentos de los estados, esto beneficiaría a las empresas y habría un déficit democrático.
La segunda es el derecho	Internacional Privado para dirimir los conflictos de jurisdicción, los de ley aplicable y los de ejecución. La ventaja es que se trata de los mecanismos de siempre, no hay déficit democrático y la solución es mas justa que en internacional cyberlaw. En este último hay una amalgama de disposiciones sin ningún carácter sistemático.
De otra parte La	Organización de las Naciones Unidas ha creado un grupo de trabajo formado por juristas de los estados miembros, especializados en comercio electrónico, que se denomina LWG (Legal Working Group) y actúa en el seno de CEFACT.
Guillermo Diaz Bermejo.
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References: Real Decreto 

Real Decreto	

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 resolución 
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