Source: https://es.scribd.com/document/108723954/LAPA-fallo-Ronaldo-Boyd
Timestamp: 2019-06-25 21:48:32+00:00

Document:
LAPA: fallo Ronaldo Boyd | Derecho penal | Derecho procesal
guardarGuardar LAPA: fallo Ronaldo Boyd para más tarde
CAUSA Nro. 14.266-SALA IV C.F.C.P.
BOYD, Rolando Patricio s/ recurso de casacin
REGISTRO NRO. 1771/12
das del mes de septiembre del ao dos mil doce, se rene la Sala IV de la Cmara Federal de Casacin Penal integrada por el doctor Mariano Hernn Borinsky como Presidente, y los doctores Juan Carlos Gemignani y Ana Mara Figueroa como Vocales, asistidos por el Secretario Actuante a los efectos de resolver los recursos de casacin interpuestos a fs. 41/46 y 47/58 vta. de la presente causa Nro. 14.266 del Registro de esta Sala, caratulada: BOYD, Rolando Patricio s/recurso de casacin; de la que RESULTA: I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de esta ciudad, en la causa 1.035 de su Registro, con fecha 30 de mayo de 2011, resolvi DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIN PENAL POR PRESCRIPCIN en la presente causa Nro. 1035 seguida a Rolando Patricio Boyd s/ estrago culposo, y en consecuencia SOBRESEER al nombrado de conformidad con lo establecido en los arts. 59 inciso 3, 62 inciso 2 y 67 inciso d) -ley 25.990- del Cdigo Penal y 334, 335, 336 inciso 1 y 361 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin (fs. 30/34). II. Que contra lo decidido, interpusieron recurso de casacin los letrados apoderados de la parte querellante -Asociacin Civil Vctimas Areas-, doctores Hugo M. Wortman Jofr y Juan Manuel Alemn (fs. 41/46); y el Fiscal General subrogante a cargo de la Fiscala General Nro. 4 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de esta ciudad, doctor Oscar Fernando Arrigo (fs. 47/58 vta.), los que fueron concedidos a fs. 59/60, y mantenidos en esta instancia fs. 95 y 96, respectivamente. III. a) Del recurso de la querella Que los recurrentes encarrilaron sus agravios en el primer inciso del artculo 456 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
Sealaron que el tribunal a quo realiz una errnea interpretacin del artculo 67, cuarto prrafo, inciso d) del Cdigo Penal, violatoria de la garanta del debido proceso legal y del derecho de defensa en juicio. Sostuvieron que el precepto legal supra mencionado seala que el acto procesal que debe considerarse equivalente al auto de citacin a juicio y que opera como acto interruptivo del plazo de prescripcin, es el auto de fijacin de la audiencia de debate. En consecuencia, teniendo en cuenta que ste se materializ en las presentes actuaciones el 2 de octubre de 2007, no han transcurrido los cuatro aos de plazo mximo que prevea el delito de estrago culposo agravado. Manifestaron que lo importante era interpretar la expresin acto procesal equivalente utilizado por el legislador en la norma de mencin en armona con las garantas constitucionales en juego y, por lo tanto, no podra interpretarse restrictivamente, en perjuicio de la vctima. Asimismo, criticaron que los magistrados de juicio se enrolaran en la tesis que entiende que aquella frase abarca exclusivamente el instituto contemplado en el artculo 354 del digesto ritual -citacin de las partes a juicio-, sin siquiera intentar dar respuesta a la interpretacin que sostiene esta parte. En efecto, explicaron los doctores Wortman Jofr y Alemn que nada obsta a que pueda encontrarse en el ordenamiento ritual algn acto procesal equivalente al contemplado en el artculo de mencin, y para ello debe apreciarse si existe equivalencia en sus efectos. Adems, atento a que los actos interruptivos de la prescripcin regulados en el cdigo adjetivo, ya sea que provengan de la acusacin o de la jurisdiccin, reflejan una inequvoca pretensin del Estado de dar impulso a la accin penal en contra del acusado, el acto equivalente que se pretende determinar, tambin debe cumplir dicha funcin.
CAUSA Nro. 14.266-SALA IV C.F.C.P. BOYD, Rolando Patricio s/ recurso de casacin
El artculo 354 del C.P.P.N. constituye, sostuvieron los querellantes, el primer acto procesal de impulso de la accin penal realizado por el tribunal, es decir, con el que se abre una etapa preliminar durante la cual se constituir aqul, se completar la instruccin del proceso y se convocar a la prueba que se producir en el debate, sin embargo, no da comienzo efectivo al juicio. Por ello, los letrados apoderados de la Asociacin Civil Vctimas Areas explicaron que esa etapa intermedia concluye con la fijacin de audiencia de debate prevista en el artculo 359 del C.P.P.N. En sntesis, sostuvieron que dicho precepto legal no constituye una mera notificacin, sino que expresa el ltimo inters del Estado de someter a un individuo a juicio oral. En relacin a los presentes actuados, sealaron que el auto de fijacin de audiencia de debate de fecha 17 de julio de 2007 no debe ser ponderado como tal, pues ha sido recurrido por las defensas y, por lo tanto, fue suspendido. Recin el 2 de octubre del mismo ao se fij como fecha de inicio del juicio oral y pblico el mes de febrero de 2008, o sea, este ltimo es el auto que cobra virtualidad a los efectos interruptivos de la prescripcin de la accin penal. Mxime, remarcaron, que el cdigo nada dice respecto a si debe considerarse slo el primer auto de fijacin de audiencia de debate. En consecuencia, concluyeron que el ltimo acto interruptivo de la prescripcin de la accin penal dirigida contra Boyd por el delito de estrago culposo agravado acaeci el 02/10/2007, por lo que an no oper el plazo mximo de 4 aos previsto como pena para el delito en cuestin. Luego citaron jurisprudencia que apoya la posicin que los recurrentes pretenden y, en consecuencia, solicitaron que se haga lugar al recurso de casacin interpuesto. Finalmente, y en caso de no tener favorable acogida la va procesal
intentada en esta instancia, hicieron reserva del caso federal. b) Del recurso del Fiscal Que el recurrente encarril sus agravios en ambos incisos del artculo 456 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin. En dicha oportunidad refiri que, la decisin recurrida en casacin contiene defectos cuya entidad afecta la garanta del debido proceso legal pues, a su juicio, dicho pronunciamiento no constituye una derivacin razonada del derecho vigente, circunstancia por la cual no puede ser considerada como un acto jurisdiccional vlido. En ese sentido, a su ver, se efectu una interpretacin errnea del alcance que corresponde asignarle al inciso 2) del artculo 62 y del inciso d del artculo 67 del C.P., lo cual conllev un equvoco tratamiento de la cuestin a resolver. Al respecto refiri la Fiscala que la ley Nro. 25.990 no puede ser aplicada retroactivamente al caso puesto que, la prohibicin de irretroactividad de la ley penal se refiere al derecho material -porque se relaciona con circunstancias que pertenecen al acontecer del hecho y de las que depende la punibilidad-, y, adems, la cuestin de cundo nos encontramos frente a normas del derecho material y cundo frente a normas del derecho procesal, no debe ser resuelta conforme a las muchas veces arbitraria acumulacin de leyes materiales en cdigos de fondo como en los de forma, sino segn la sustancia de la ley. En esa lnea afirm que no entra en juego en la idea bsica del principio de legalidad el derecho del ciudadano a saber -adems de si puede ser castigado y en su caso en qu medida- por cunto tiempo se tendr que ocultar tras la comisin del hecho para luego poder reaparecer a salvo. Trajo a colacin el recurrente que, segn las palabras del doctrinario Claus Roxin, la prescripcin es tan solo un impedimento
procesal para la persecucin de un hecho punible, motivo por el cual no queda incluido dentro del principio de legalidad que abarca solamente las cuestiones relativas a la tipicidad y penalidad. Adems puso de resalto que, esta Sala IV -con una integracin diferente a la actual- sostuvo en estos actuados el efecto ultractivo de la ley penal de fondo, ello en razn de que por la ley Nro. 25.189 (B.O., de fecha 28/10/99), la pena del delito de estrago culposo agravado fue elevada a un mximo de cinco aos, caso que resulta concordante con el antecedente Torea dictado por la C.S.J.N. pues, para calcular el plazo de prescripcin se emple la escala penal ms benvola prevista segn la legislacin anterior (cuatro aos de prisin). Luego seal que, sin embargo, la ley Nro. 25.990 (B.O., de fecha 11/1/05), modific el artculo 67 del C.P. cuando la elevacin de la pena del estrago culposo agravado (en este caso) ya era ley vigente. Si se presta atencin a la secuencia temporal de estas leyes surge una consecuencia jurdica que no se ha advertido en este incidente. Al respecto concluy el Representante del Ministerio Pblico Fiscal en que la interpretacin efectuada resulta inaceptable puesto que, tal como lo ha sostenido con unanimidad la doctrina, a los efectos de elegir cul es la ley ms benigna aplicable al caso ha de efectuarse una comparacin integral, es decir, o se aplica toda la ley vigente -catlogo taxativo de actos interruptivos pero el marco penal previsto para el estrago culposo agravado de cinco aos-, o se mantiene toda la ley derogada marco penal de cuatro aos pero interrupcin de la prescripcin por secuela de juicio-. Por ello, apunt el recurrente que la ley Nro. 25.990 slo gobierna aquellos actos procesales cumplidos a partir de su vigencia y no antes, manteniendo su virtualidad los actos considerados tradicionalmente como secuela de juicio.
A su juicio, resulta aplicable la redaccin antigua del artculo 67 del C.P., motivo por el cual tanto el auto que fij la fecha del debate (de fecha 17 de julio de 2007) como as la postergacin de aqulla (de fecha 2/10/2007), tienen calidad interruptiva del curso de la prescripcin. Finalmente, cit jurisprudencia al respecto y solicit que se haga lugar al recurso intentado. Asimismo, y en caso de no tener favorable acogida en esta instancia dicha va, hizo reserva del caso federal. IV. Que en la oportunidad prevista por los artculos 465 y 466 del C.P.P.N., se present nicamente el doctor Jorge Alberto Sandro, abogado defensor de Rolando Patricio Boyd (fs. 101), con remisin a la presentacin efectuada en la causa Nro. 14.265 del Registro de esta Sala IV, sostuvo que: 1) los recursos se limitan a cuestionar el cmputo de la prescripcin efectuado por el a quo y, 2) que an efectuando el clculo referido por los recurrentes, actualmente la accin penal se encuentra prescripta, motivo por el cual solicit que las vas en estudio se declarasen abstractas o que sean rechazadas por falta de agravio actual. Superado dicho plazo, se fij fecha de audiencia en los trminos de los artculos 465 ltimo prrafo y 468 del C.P.P.N., acto procesal que tuvo lugar con fecha 30 de agosto del corriente ao, el cual fue complementado por la defensa con la presentacin de breves notas (fs. 106/107 vta. y 108). Cabe reproducir los argumentos brindados por la defensa al momento de realizarse la audiencia de mencin -los cuales tambin surgen de las breves notas agregadas-, oportunidad en la que puso de manifiesto las siguientes cuestiones. En primer lugar, la defensa apunt que la hipottica estimacin de un ttulo jurdico ms grave para encuadrar los hechos aqu investigados (estrago doloso, art. 190 del C.P.), con la finalidad de evitar la prescripcin
de la accin penal, resulta improcedente. A su juicio, dicha doctrina slo resulta aplicable hasta el momento de la sentencia definitiva, pero cuando sta se dict fijando una calificacin legal como producto terminado que, adems, fue confirmada por unanimidad en la casacin -como aqu sucedese cumple con el doble conforme (C.A.D.H., 8.2, h) que cierra el debate sobre la aplicacin del derecho comn. En ese sentido refiri que, a su ver, no influye en la solucin del caso el hecho de que actualmente se encuentre en trmite un recurso extraordinario ante la C.S.J.N. puesto que, en situaciones como la de estos actuados, es jurisprudencia del Mximo Tribunal ordenar la suspensin del trmite del recurso para que los jueces de la instancia anterior decidan primero acerca de la prescripcin de la accin penal, para lo cual cit los precedentes que considera aplicables al caso. Agreg que si al momento de pronunciarse esta Sala en su intervencin anterior y con otra integracin el apelante tuvo discrepancia con dicha secuencia de los episodios debi interponer un recurso extraordinario tambin contra el punto dispositivo del fallo que dispuso tratar la prescripcin en los lmites de este incidente, no pudiendo ahora subsanarse dicho error. Al respecto destac que dicho yerro impide modificar el estare decisis, pues la querella en su actual recurso de casacin omiti el agravio relativo a la pertinencia del art. 190 C.P. para resolver sobre la prescripcin o suspender el dictamen y, naturalmente, con posterioridad no puede ser alegado. Esto, a juicio de la defensa, limita drsticamente la competencia de esta Cmara (art. 445 C.P.P.N.), que no puede superar -sin lesin constitucional al derecho adquirido por el apelado (art. 17 C.N.)- las barreras de la ley expresa y ha de decidir conforme a la calificacin establecida en el momento del fallo (art. 196 C.P.). Siguiendo con el hilo de anlisis la defensa refiri que la decisin
recurrida resulta ajustada a derecho y que, aun cuando se tomase como ltimo acto con entidad interruptiva del curso de la prescripcin (segn redaccin de la ley 25.990), el sugerido por los recurrentes (esto es la fijacin de la fecha de debate -17/7/2007-), a todas luces la accin penal se encuentra prescripta. Sin perjuicio de ello, y en caso de no compartirse el criterio adoptado por el a quo, la defensa solicit que se aplique la ley vigente al momento de los hechos, y que en consecuencia se compute el curso de la prescripcin de la accin penal bajo el amparo de la jurisprudencia sentada por la Sala II de esta Cmara Federal de Casacin Penal en los casos Arano (Reg. 19641, rto. el 30/12/2011) y Rabinovich (rto. el 31/5/2012), entre muchos otros, criterio que a su entender resulta ser el ms adecuado y restrictivo en la interpretacin del concepto secuela de juicio, como as tambin el ms concordante con el principio pro homine. En ese sentido, destac la defensa que, aun cuando se considerase que los hechos aqu investigados encuadran en la figura de estrago doloso (art. 190 del C.P.), la accin penal tambin se encontrara prescripta. As las cosas, solicit que se rechacen los recursos de casacin interpuestos y, en consecuencia, se confirme el fallo apelado. Subsidiariamente, peticion que este Tribunal se expida formalmente sobre la prescripcin en orden al delito de estrago doloso. Finalmente , hizo reserva del caso federal. V. Superada la etapa prevista por los artculos 465 ltima parte y 468 del C.P.P.N. (fs. 108), las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los seores jueces emitan su voto, result el siguiente orden sucesivo de votacin: doctores Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernn Borinsky y Ana Mara Figueroa. El seor juez Juan Carlos Gemignani dijo:
a) En primer lugar cabe sealar que las impugnaciones en estudio fueron interpuestas en debido tiempo y forma y por quienes se encuentran legitimados para hacerlo. Asimismo, la decisin cuestionada cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el artculo 457 del C.P.P.N., en la medida en que aquella pone fin al proceso. Desde el punto de vista formal, habindose dado cumplimiento a las exigencias previstas en el artculo 463 del C.P.P.N., los recursos de casacin intentados resultan formalmente admisibles. b) Sorteado el test de admisibilidad, ahora habr de analizar los agravios arrimados por las partes recurrentes, a los cuales se les brindar un tratamiento conjunto. Previo a comenzar con el estudio de fondo del asunto corresponde resear los sucesos de la causa a fin de alcanzar un anlisis ms acabado de la cuestin. As pues, en primer lugar cabe recordar que esta Sala IV -con una integracin diferente a la actual-, con fecha 3 de mayo de 2011 y en el marco de la causa Nro. 12.260 caratulada Deutsch, Gustavo Andrs y otros s/recurso de casacin (Reg. 14842.4), resolvi por mayora -en lo que aqu interesa-: III. RECHAZAR el recurso de casacin interpuesto a fs. 37.244/37.297 vta. por los doctores Hugo WORTMAN JOFR y Juan Manuel ALEMN, en representacin de la ASOCIACIN CIVIL DE VCTIMAS AREAS, con el patrocinio letrado del doctor Ricardo WORTMAN VARELA, ocasin en la que se descart la calificacin legal de estrago doloso agravado (art. 190 tercer prrafo in fine del C.P.) propuesta por la querella, enmarcndose en definitiva los hechos aqu investigados en la figura penal de estrago culposo agravado (art. 196, segundo prrafo del C.P.-redaccin segn ley 23077-).
Tambin en dicha oportunidad se decidi -por mayora-: SUSPENDER el trmite del recurso de casacin interpuesto a fs. 37640/37450 vta. por los doctores Guillermo Friele y Carlos Alberto Rvolo, representantes del Ministerio Publico Fiscal, en relacin a las absoluciones resueltas por el a quo respecto de Ronaldo Patricio Boyd y Gustavo Andrs Deutsch (puntos dispositivos VIII y IX, respectivamente) y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen para que, actualizacin mediante de los antecedentes, que en su caso registren los antes nombrados, considere y resuelva acerca de la eventual prescripcin de la accin penal, de conformidad con los parmetros supra esbozados. Que entre otras de las partes, la querella recurri la sentencia referida (ms precisamente el punto III reseado ut supra) a travs de la interposicin de un recurso extraordinario, ocasin en la que -entre otras cuestiones- se agravi de la calificacin legal escogida y solicit que se califiquen los hechos como constitutivos del delito de estrago doloso agravado (cfr. fs. 134 de la causa Nro. 14.265 del Registro de esta Sala). El recurso extraordinario en cuestin fue concedido con fecha 5 de agosto de 2011 (Reg. 15320.4), no encontrndose resuelto al da de la fecha. Paralelamente a ello, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de esta ciudad, dio cumplimiento a lo ordenado por esta Sala IV en la decisin de fecha 3 de mayo de 2011 -ya transcripta ut supra- y, en consecuencia, form incidente de prescripcin de la accin penal, solicit la certificacin de antecedentes penales respecto del encartado y, luego de ello, corri vista a las partes para que se expidan sobre la posible prescripcin de la accin penal. Una vez escuchadas las partes, el Tribunal Oral declar extinguida la accin penal teniendo en cuenta las pautas fijadas en el precedente referido y sealando que: 1) en el caso, no es objeto de la presente
incidencia la cuestin que hace a la calificacin legal, motivo por el cual para efectuar el cmputo de la prescripcin se estuvo al encuadre legal fijado esta Sala IV con otra integracin, este es, el previsto en el artculo 196, segundo prrafo, del C.P. -segn redaccin de la ley Nro. 23.077-, cuya pena mxima es de cuatro aos de prisin y que; 2) teniendo en cuenta que el imputado no registra antecedentes penales computables y que el ltimo acto con carcter interruptivo segn lo establecido por la Ley Nro. 25.990, es el auto de citacin a juicio de fecha 11 de mayo de 2006, la accin penal no se encontrara vigente puesto que ha transcurrido desde dicha fecha el mximo legal de pena previsto para el delito imputado (arts. 62 inciso 2 y 67 inciso d del C.P.). c) Efectuadas dichas precisiones, adelanto que habr de proponer al acuerdo hacer lugar a los recursos de casacin interpuestos por los acusadores, revocar la decisin recurrida, mediante la cual se declar extinguida la accin penal por prescripcin, sobreseyendo al imputado. La razn de ser de dicha solucin es que, tal como surge de las constancias de la causa, en el caso la calificacin legal otorgada a los hechos aqu investigados -anlisis de fondo que no es materia de la presente incidencia- al da de la fecha no se encuentra firme en virtud de la concesin del recurso de extraordinario interpuesto por la querella. En ese sentido cabe apuntar que, ms all del tinte material y procesal del que se encuentra nutrido el instituto de la prescripcin en nuestro ordenamiento jurdico, lo fundamental y relevante de ste es su contenido material dado a que aqul justamente tiene por efecto inhibir la punibilidad de un hecho, motivo por el cual se encuentra amparado por el principio de legalidad (art. 18 de la C.N.) y, adems, constituye un lmite en la persecucin e impulso de la accin penal como as tambin para la imposicin de pena por parte del Estado (cfr. en ese sentido, ROMERO
VILLANUEVA, Horacio J., La Prescripcin Penal, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2008, pg. 103 y ss., y sus citas). Por ello y toda vez que el cmputo del curso de la prescripcin de la accin penal depende de la significacin jurdica del hecho, resulta indispensable para poder poner lmite a la persecucin e impulso de la accin penal la determinacin de la calificacin legal del suceso. Ahora bien, en el caso de autos se advierte que los hechos investigados fueron calificados por el Tribunal Oral al momento de dictar sentencia y tambin por esta Sala IV en su intervencin anterior como constitutivos del delito de estrago culposo agravado, significacin jurdica que al da de la fecha se encuentra controvertida (cfr. certificaciones de fs. 121/121 vta. y 134 labradas en el marco de la causa Nro. 14.265 del Registro de esta Sala). En ese mismo orden de ideas, a mi juicio, el anlisis relativo a la vigencia de la accin no debi efectuarse segn la significacin jurdica confirmada por esta Sala IV en su oportunidad (estrago culposo agravado), ello as pues encontrndose dicha sentencia recurrida por la querella ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, como ya se dijo, aquel pronunciamiento no haba adquirido firmeza. Ms all de que la querella haya o no recurrido el punto dispositivo del fallo que orden la suspensin del recurso interpuesto por el Representante del Ministerio Pblico Fiscal y, en consecuencia, remitir las actuaciones al tribunal de origen a fin de que analice la posible prescripcin de la accin penal, lo cierto es que dicha circunstancia no imposibilita a este Tribunal en la adopcin de la solucin propuesta, ello as pues la correcta aplicacin de la ley es de carcter imperativo para los jueces siendo que, adems, aquella no es disponible por las partes. Incluso, y an cuando la querella hubiera impugnado el punto
dispositivo de la sentencia mencionada, lo cierto es que lo all decidido no constituye sentencia definitiva de conformidad con cuanto establece el artculo 14 de la ley 48, ello as pues las decisiones cuya consecuencia sea la obligacin de continuar sometido a un proceso criminal no renen dicha calidad y, por lo tanto, no son pasibles de ser recurridas mediante la va extraordinaria. A diferencia de lo sostenido por la defensa, en el caso no est en discusin que la interpretacin del derecho comn es materia ajena a la jurisdiccin extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin. Sin embargo, la circunstancia de que la defensa obtuvo el doble conforme respecto de la significacin jurdica del hecho (es decir respecto de la aplicacin e interpretacin del derecho comn), ello no es definitivo e inconmovible, pues sobre dicho aspecto -entre muchos otros- ya fue habilitada la instancia extraordinaria al concederse el recurso extraordinario ya referido, por encontrarse implicadas cuestiones de naturaleza federal (cfr. Reg. 15320.4). Por lo dems, en cuanto a la jurisprudencia citada por la defensa durante el trmino de oficina (C.S.J.N., casos Green -G.2031.XL, rto. 28/6/2005-; Guillen Jurez -G.850.XXXIX, rto. el 28/7/2005-; Lorenzo -L.506.XL, rto. 26/9/2006- y Chacoma -C.1383.XLIII, rto. 31/3/09-), ms all de que hasta el da de la fecha la C.S.J.N. no dispuso la suspensin del trmite del recurso extraordinario mencionado, lo cierto es que dicha jurisprudencia tampoco resulta aplicable al caso dado que no slo se trata de supuestos distintos al presente sino que, adems, tampoco la defensa seal fundadamente cmo dicho criterio jurisprudencial resulta extrapolable al caso de autos. d) Despejadas dichas cuestiones, ahora habr de referirme al planteo de prescripcin formulado por la defensa en forma subsidiaria,
cuestin cuyo tratamiento no puede ser omitido dado a que se trata de una cuestin de orden pblico y declarable de oficio en cualquier etapa del proceso. Al respecto la defensa seal que, an cuando se considerase aplicable al caso la calificacin legal ms gravosa sostenida por la querella (estrago doloso agravado), la accin penal se encontrara prescripta. Para arribar a dicha afirmacin dicha parte invoc los lineam ientos fijados por la Sala II de esta Cmara los casos Arano (Reg. 19641, rto. el 30/12/2011) y Rabinovich (rto. el 31/5/2012), entre muchos otros, cuya aplicacin solicit al presente caso. Ahora bien, sobre aquel aspecto no puede perderse de vista que desde la comisin de los hechos hasta el presente se sucedieron en el tiempo distintas leyes sobre la materia, motivo por el cual ante dicha circunstancia corresponde determinar la ley aplicable al caso, es decir, la que resulte ms benigna. Al respecto cabe recordar que antes de la entrada en vigencia de la Ley Nro. 25.990 (B.O., de fecha 11/5/05), el curso de la prescripcin de la accin penal se interrumpa con la comisin de otro delito o por la secuela de juicio -cfr. leyes Nro. 23.077 (B.O., de fecha 27/8/84) y 25.188 (B.O., de fecha 1/11/09)-, entendindose constituido este ltimo concepto slo por aquellos actos procesales de dan efectiva dinmica e impulsan inequvocamente la consecucin del proceso manteniendo viva y en movimiento a la accin, definicin que llev a diferentes interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias respecto a qu actos procesales tenan efectivamente tal entidad y efecto. Es decir que existir secuela de juicio cada vez que en cualquier etapa del proceso penal, se produzca o realice un acto de las caractersticas recin referidas (cfr. en igual sentido, C.F.C.P.; Sala I- causa
Nro. 307 caratulada Percunte, Mario Daniel s/recurso de casacin -Reg. N 422, rta. el 7/3/95; Sala II- causa Nro. 268 caratulada Andrada, Nicols Alfredo s/recurso de casacin -Reg. N 405, rta. el 9/3/95-; Sala III- causa Nro. 241 caratulada Patat, Juan s/ recurso de casacin -Reg. N 3/95, rta. el 13/2/95-; y Sala IV- causas Nro. 778 caratulada Ferrero de Morand, Hayde s/recurso de casacin -Reg. N 1202, rta. el 30/3/98-, Nro. 1030 caratulada Aguilera, Enrique Manuel s/recurso de casacin (Reg. N 1505.4, rta. el 2/10/98) y Nro. 1026 caratulada Maldonado, Roberto Mario s/recurso de casacin (Reg. N 1509.4, rta. el 2/10/98), entre muchas otras). A diferencia de ello, la ley Nro. 25.990 determin taxativamente qu actos procesales constituyen secuela de juicio, norma que en definitiva zanj la cuestin en cuanto a la divergencia de opiniones jurisprudenciales y doctrinarias que se suscitaron sobre el punto, garantizando con ello adems la igualdad ante la ley consagrada en el artculo 16 de la C.N. Es decir que, mientras que la redaccin anterior del artculo 67 del C.P., estableca que la prescripcin se interrumpa por la comisin de otro delito o por la secuela de juicio y dejaba en manos del juzgador la tarea de sealar aquellos actos que posean tal virtualidad, el texto legal actual modificacin introducida por la ley 25.990- delimita los actos interruptivos del curso de la prescripcin, describindolos taxativamente. En lo que hace a la eleccin de qu ley resulta ms benigna, dicha decisin debe ser fruto de una comparacin ntegra o "en bloque" de ambas legislaciones en juego, no pudindose efectuarse una aplicacin parcializada de los aspectos ms beneficiosos de ambas normas. La benignidad debe ser interpretada en concreto y ampliamente, debiendo ser aplicada aquella ley que, al tiempo del juzgamiento y en su conjunto, sea ms favorable en sus
efectos. Con igual criterio se ha pronunciado el Mximo Tribunal al sostener que est descartada la posibilidad de aplicar, a partir del criterio de mayor benignidad que establece el artculo 2 del Cdigo Penal, distintos regmenes legales en forma parcial, al exigir que la comparacin entre dos normas que se suceden en el tiempo, se realice tomando la totalidad de sus contenidos, entre los que se consideran no slo la sancin, los elementos tpicos y las circunstancias agravantes o atenuantes, sino tambin las situaciones que influyen en la ejecucin de la pena (cfr. causa R.1972.XLI: REVELLO, Carlos Agustn y otros s/ abuso de autoridad en los trminos del artculo 248 del C.P. -causa Nro. 10.503 -rta. el 21/11/2006- y sus citas). Sentado ello, y de un anlisis en bloque de las leyes en juego, a mi juicio, en el caso corresponde aplicar la ley Nro. 25.990 en tanto resulta ser la ms benigna dado a que zanj de modo definitivo y taxativamente los actos que tiene virtualidad interruptiva as como tambin garantiza la igualdad de las partes ante la ley. As las cosas, considerando el delito ms gravoso y el ltimo acto con calidad interruptiva -citacin a juicio de fecha 11 de mayo de 2006-, la accin penal no se encuentra prescripta puesto que no ha transcurrido el trmino de doce (12) aos previsto como pena mxima para el ilcito en cuestin (arts. 62, 67 y 190 tercer prrafo in fine del C.P.). Sin perjuicio de ello, y an cuando se aplicase la ley anterior tal como lo pretende la defensa, a mi juicio, tampoco la accin penal se encuentra extinguida. En este sentido, en cuanto a la interpretacin de qu actos procesales han de ser considerados secuela de juicio entiendo que la definicin brindada ut supra resulta ser ms adecuada pues, a mi juicio,
dicho temperamento es el ms se ajusta a los parmetros de interpretacin de las leyes delineados por la C.S.J.N. Recurdese que la interpretacin de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta su contexto general y los fines que las informan (Fallos: 329:2876 y 330:4454, entre otros), regla que impone no slo armonizar sus preceptos, sino tambin conectarlos con las dems normas que integran el orden jurdico, de modo que concuerden con su objetivo (Fallos: 329:2890 y 330:4936). Asimismo, se ha destacado que de acuerdo a tal finalidad, la labor del interprete debe ajustarse a un examen atento de sus trminos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones tcnicas de la instrumentacin legal, precisamente, para evitar la frustracin de los objetivos de la norma (Fallos: 308:2246 y 329:1473) (cfr. C.S.J.N., causa M. 534. XLVI; rta. el 08/05/2012, entre muchas otras). Siguiendo esa lnea, y teniendo en cuenta la definicin de secuela de juicio aludida ut supra, no puede perderse de vista que tanto la reforma introducida por la ley 25.990 en el artculo 67 del C.P., como as tambin los antecedentes parlamentarios, han mantenido la definicin o concepto de secuela de juicio ya descripto ut supra (cfr. en ese sentido, esta Sala, voto del doctor Hornos, en la causa Nro. 12.260 -Reg. 14842 .4-). En cuanto a los antecedentes parlamentarios, cabe destacar puntualmente algunos de los proyectos de ley tenidos en consideracin al momento de evaluarse y elaborarse la versin actual del artculo 67 del C.P., ocasiones en las que se plasm la idea de que deben ser considerados actos con calidad interruptiva del curso de la prescripcin los ... de impulso hacia el plenario, que dan vida al proceso, que le otorgan dinmica indudable y que tienden al progreso de la accin iniciada o a la prosecucin de la causa (cfr. proyecto de ley de Guillermo E. Johnson, y en sentido
similar: el formulado por Ruperto E. Godoy, Dante Elizondo, Domingo Vitale, y Juan C. Gioja, entre otros). Asimismo, dicha interpretacin es la que encuentra mejor sintona con las restantes garantas que se encuentran en juego, estas son el derecho de acceso a la jurisdiccin por parte de las vctimas del hecho que constituye objeto del presente proceso como as tambin del derecho que todo imputado goza de ser juzgado en un plazo razonable (cfr. artculos 18 y 75 inciso 22 de la C.N.; 8 y 25 C.A.D.H.). As las cosas, teniendo en cuenta el mximo legal de pena del delito de estrago doloso agravado (art. 190 tercer prrafo in fine del C.P) como as tambin el ltimo acto acaecido en el expediente que constituye secuela de juicio (esto es, la fijacin de la fecha de debate -17/7/2007), no ha transcurrido el plazo previsto por el artculo 62, inciso 2, del C.P., motivo por el cual la accin penal se encuentra vigente. e) As las cosas, se torna inoficioso pronunciarse sobre los restantes planteos formulados por los recurrentes, motivo por el cual, en definitiva, propongo al acuerdo: hacer lugar a los recursos de casacin articulados por los representantes de la parte querellante y del Ministerio Pblico Fiscal y, consecuentemente, revocar por contrario imperio la resolucin de fs. 30/34 que declar extinguida por prescripcin la accin penal en la causa n 1035 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 4 respecto de Ronaldo Patricio Boyd en orden a los hechos imputados y que, correlativamente, sobresey al nombrado. Sin costas en esta instancia (C.P.P.N., arts. 530 y 531). Tener presente la reserva de caso federal efectuada por la defensa. Tal es mi voto. El seor juez Mariano Hernn Borinsky dijo: I. Con forme surge de los resultandos de la presente, la Asociacin
Civil Vctimas Areas (en adelante A.C.V.A.) parte querellante- y el representante del Ministerio Pblico Fiscal articularon sendos recursos de casacin contra la resolucin del a quo, mediante la cual declar extinguida la accin penal por prescripcin respecto de Ronaldo Patricio Boyd con relacin al suceso que se le atribuye en las actuaciones principales -causa nro. 1035 del registro del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N 4- (C.P., arts. 59 inc. 3-, 62 inc. 2- y 67 cuarto prrafo, inciso d, texto segn ley 25.990-, C.P.P.N., arts. 334, 335, 336 inc. 1- y 361). II. Con carcter liminar, corresponde formular una resea de las circunstancias procesales relevantes de la causa para definir el correcto abordaje de la cuestin de fondo planteada por los recurrentes en el presente incidente. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4, en la citada causa Nro. 1035 de su registro, por sentencia del 2 de febrero de 2010, cuyos fundamentos fueron dictados el 21de marzo de 2010, en cuanto al presente incidente concierne, resolvi: VIII.-ABSOLVIENDO DE CULPA Y CARGO a Ronaldo Patricio BOYD de las dems condiciones personales obrantes en autos, en orden a los hechos que fueran materia de juicio, sin costas (art. 530 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin). En cuanto aqu interesa, contra dicho punto dispositivo de la aludida sentencia, articularon sendos recursos de casacin, los representantes de la A.C.V.A. y los del Ministerio Pblico Fiscal. La parte querellante centr su crtica, por un lado, en la arbitraria valoracin de la prueba efectuada por el a quo para reconstruir la base fctica de la imputacin formulada y, por otro lado, en la inobservancia de la ley sustantiva. Al respecto, el acusador particular postul que los sentenciantes recortaron indebidamente los comportamientos jurdicamente relevantes, ya
sea por considerar que no generaban riesgos desaprobados normativamente o por considerar que no eran imputables objetivamente al resultado. Correlativamente, cuestion que el a quo hubiera descartado la subsuncin tpica de estrago doloso agravado propuesta por esa parte respecto del hecho atribuido al imputado en autos en calidad de autor (C.P., arts. 45 y 190, prrafo tercero in fine), sin atender a las sustanciales alegaciones que haba formulado en respaldo de su pretensin. Dicha hiptesis imputativa haba sido sustentada por la parte querellante en los dos actos integrantes de su acusacin (requerimiento de elevacin a juicio y alegato cfr. C.P.P.N., arts. 347 y 393, respectivamente). Por su parte, los representantes del Ministerio Pblico Fiscal, en cuanto al recurso en examen concierne, impugnaron la absolucin resuelta por el a quo respecto de Boyd por considerarla arbitraria. A diferencia de lo postulado por la parte querellante, el acusador pblico imput al nombrado el hecho investigado a tenor del tipo penal de estrago culposo, agravado por el resultado muerte (C.P., art. 196, segundo prrafo texto anterior a la reforma introducida por la ley 25.189: B.O. 28/10/99). Esta Sala IV de esta Cmara Federal de Casacin Penal (en adelante C.F.C.P.), con distinta integracin de la actual y por mayora, en la causa n 12.260 de su registro, mediante sentencia de fecha 3 de mayo de 2011 (Reg. n 14.842.4), en cuanto aqu interesa, resolvi rechazar el recurso de casacin articulado por los representantes de la Asociacin Civil Vctimas Areas, sin costas (punto dispositivo III) y suspender el trmite del recurso de casacin interpuesto por los representantes del Ministerio Pblico Fiscal, en relacin a las absoluciones resueltas por el a quo respecto de Ronaldo Patricio Boyd y Gustavo Andrs Deutsch (puntos dispositivos VIII y IX del fallo entonces impugnado, respectivamente) y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen para que,
actualizacin mediante de los antecedentes, que en su caso registren los antes nombrados, considere y resuelva acerca de la eventual prescripcin de la accin penal, de conformidad con los parmetros esbozados en los considerandos [de dicho fallo] y rechazarlo, en relacin a los restantes planteos formulados en su impugnacin, sin costas (punto dispositivo IV). En relacin a las pautas para la evaluacin de la vigencia de la accin penal, en los votos que conformaron la mayora sobre dicha cuestin, se consign que el examen deba ser realizado tomando en cuenta el trmino prescriptivo computable derivado del tipo penal previsto en el art. 196, segundo prrafo, del C.P. (texto anterior a la reforma introducida por ley 25.189: B.O. 28/10/99) y el auto de citacin a juicio como ltimo acto procesal interruptivo (cfr. C.P., art. 67, cuarto prrafo -texto segn ley 25.990-). Contra el rechazo del recurso de la parte querellante resuelto en el punto dispositivo III de la sentencia dictada por la Sala IV con fecha 3 de mayo de 2011, dicha parte interpuso recurso extraordinario federal. Esa impugnacin fue concedida por la misma Sala con integracin distinta de la actual-, por considerar que haba sido deducida tempestivamente, contra una sentencia definitiva, por quien se encontraba legitimado para impugnarla, sealando cuestiones de ndole federal correctamente relacionadas con las constancias de la causa (Reg. n 15.320 del 5 de agosto de 2011). Dicho recurso se encuentra en trmite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacin (cfr. certificaciones obrantes a fs. 121/121 vta. y 134 de la causa nro. 14.265, Deutsch, Gustavo Andrs s/recurso de casacin del registro de esta Sala IV). El Ministerio Pblico Fiscal no formul impugnacin contra el referido punto dispositivo IV de la sentencia dictada por la Sala IV con fecha 3 de mayo de 2011, mediante el cual se dispuso suspender y rechazar
su recurso, de conformidad con el alcance antes reseado. Por otra parte, con motivo de la suspensin del trmite del recurso de casacin articulado por el acusador pblico resuelta en el punto dispositivo IV aludido en el prrafo inmediato anterior, la Sala IV remiti las actuaciones al a quo. Correlativamente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 4 form y sustanci el presente incidente de prescripcin. En el marco de dicha sustanciacin, al evacuar el correspondiente traslado, la parte querellante comenz por sealar que haba sostenido y segua sosteniendo que los hechos atribuidos a Boyd deban ser calificados como estrago doloso agravado (C.P., art. 190, tercer prrafo in fine). Sin perjuicio de ello, manifest que, a su juicio, el criterio sustentado por la Sala IV de la C.F.C.P., en la resolucin que origin el reenvo para el examen de la vigencia de la accin penal, resultaba equivocado. Concretamente, porque para esa parte, an cuando se entendiera computable el trmino prescriptivo de cuatro (4) aos correspondiente al delito de estrago culposo agravado (C.P., art. 196, segundo prrafo texto anterior a la reforma introducida por ley 25.189: B.O. 28/10/99), no habra operado en el caso la prescripcin de la accin penal. En respaldo de dicho aserto, la representacin de la A.C.V.A. afirm que el ltimo acto interruptivo computable era la ltima fijacin de la audiencia de debate ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 4 con fecha 2 de octubre de 2007, por considerarlo un acto procesal equivalente al auto de citacin a juicio, a tenor de lo normado por el art. 67, cuarto prrafo, inc. d -texto segn ley 25.990- (18/05/11, fs. 23/27). A su turno, el representante del Ministerio Pblico Fiscal postul que la modificacin introducida al citado art. 67 por la ley 25.990 no era aplicable al caso, dado que las disposiciones de dicha ley slo podan
gobernar los actos procesales cumplidos a partir de su entrada en vigor. Correlativamente, sostuvo que la vigencia de la accin deba ser analizada en el caso en estudio, en funcin de la versin del art. 67 anterior a dicha reforma, de conformidad con los actos considerados tradicionalmente como secuela de juicio. Desde esa perspectiva, el representante del Ministerio Pblico Fiscal aleg que el decreto del 2 de octubre de 2007 que difiri el inicio del debate oral constituye secuela de juicio y por ello fue el ltimo acto procesal que interrumpi el curso de la prescripcin, por lo que a la fecha de emisin de dicho dictamen, la accin penal respecto de Boyd no se encontraba prescripta. Subsidiariamente, seal que, si se entendiera que la versin del art. 67 del C.P. reformada por la ley 25.990 era la que rega el caso en examen, tampoco deba predicarse la prescripcin de la accin penal, en virtud de que el citado diferimiento de la audiencia de debate constituy en el caso el ltimo acto procesal equivalente al auto de citacin a juicio que interrumpi el curso de aqulla, a tenor de lo prescripto por el inc. d, del cuarto prrafo, de la norma en cita (16/05/11, fs. 17/21). Por su parte, la defensa de Boyd postul que haba operado la prescripcin de la accin penal respecto de su asistido. En lo sustancial, seal que en la sentencia dictada por la Sala IV de la C.F.C.P. con fecha 3 de mayo de 2011, se convalid la significacin jurdica que el a quo le haba atribuido, en la resolucin entonces recurrida, al hecho imputado en estos autos a su asistido. Al respecto, sostuvo que, con la doble conformidad de los tribunales que ejercen competencia plena sobre el caso queda firme la calificacin legal del suceso porque la interpretacin del derecho comn es materia ajena a la apelacin del art. 14 de la ley 48. Desde dicha perspectiva, la defensa aleg que entre el auto de citacin a juicio (15/05/06), que consider el ltimo acto de interrupcin de la prescripcin computable en el caso, hasta la fecha de su presentacin, haba
transcurrido el trmino de la prescripcin penal (C.P., art. 59 inc. 3- y 62 inc. 2), bajo cualquiera de las leyes que se estime aplicables. En ese sentido, afirm que si se entiende que rige la del tiempo del hecho, la pena mxima del delito fija el trmino de cuatro (4) aos y la frase secuela de juicio, propia de tal legislacin, debe interpretarse restrictivamente, por aplicacin del principio pro homine, con el alcance que hoy indica el art. 67 del C.P. Si se entiende que el presente caso se rige por la ley vigente en la actualidad (C.P., art. 2), tambin habra transcurrido el lapso correspondiente a la pena mxima de cinco (5) aos computado a partir del nico dies a quo legalmente operativo (citacin a juicio de fecha 11/05/06). En ese orden de ideas, la parte descart la interpretacin que equipara la fijacin de la audiencia de debate a dicho acto procesal, por considerarla derivada de la aplicacin de la analoga in malam partem (16/05/11, fs. 14/16). Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 4, mediante el pronunciamiento dictado con fecha 30 de mayo de 2011, resolvi declarar extinguida por prescripcin la accin penal respecto de Boyd en orden al hecho imputado en estas actuaciones y sobreseerlo en consecuencia. Para as decidir, el a quo sostuvo que el anlisis de la vigencia de la accin penal en la presente causa, con relacin al nombrado, deba estar ceida a la calificacin de estrago culposo agravado (C.P., art. 196, segundo prrafo texto segn ley 23.077), figura que prev una pena mxima de cuatro (4) aos (cfr. C.P., art. 62 inc. 2-). En respaldo de su posicin, el sentenciante de la anterior instancia entendi que dicha significacin jurdica era la nica aplicable al caso en estudio, en virtud de que la Sala IV de esta C.F.C.P. haba descartado la calificacin de estrago doloso (C.P., art. 190) mediante el rechazo del recurso de casacin de la querella resuelto en su pronunciamiento del 3 de mayo de 2011.
Consecuentemente, consider que el trmino de cuatro (4) aos aplicable al caso se haba cumplido desde el ltimo acto procesal interruptivo computable (auto de citacin a juicio del 11/05/06), sin que dicho trmino se hubiera interrumpido por la comisin de otro delito, teniendo en cuenta la actualizacin del certificado de antecedentes practicada respecto de Boyd (cfr. C.P., art. 67, prrafo cuarto, incs. a y d texto segn ley 25.990, por aplicacin del principio de retroactividad de la ley ms benigna-). Por ltimo, el a quo descart la equiparacin propuesta por los acusadores pblico y particular, a los efectos de asignar a la fijacin de la audiencia de debate aptitud para interrumpir el trmino de la prescripcin de la accin penal (cfr. fs. 30/34). Contra dicho pronunciamiento del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 4, los representantes de la parte querellante y del Ministerio Pblico Fiscal articularon los recursos de casacin hoy en examen (14/06/11 cfr. fs. 41/46- y 15/06/11 cfr. fs. 47/58 vta.-, respectivamente). III. Formulada la precedente resea, corresponde recordar que el examen de la vigencia de la accin penal se encuentra indisolublemente ligado a la significacin jurdica del hecho investigado. Ello es as, en virtud de que el trmino prescriptivo computable es definido por el monto mximo de la escala penal correspondiente al delito imputado (cfr. C.P., art. 62 -inc. 2-). A partir de dicha premisa, advierto que, dadas las particulares circunstancias del caso en examen, resulta de aplicacin el principio ineludible en la teora de los recursos, segn el cual las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevinientes a la articulacin del recurso que las motiva (cfr. doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin con relacin al recurso extraordinario federal Fallos: 300:844; 313:1081; 320:1075; 329:1487;
334:1187; 331:1869; 330:1291; 333:1474, entre muchos otros aplicable al caso mutatis mutandi-). En efecto, con posterioridad a la articulacin por parte de los representantes de la parte querellante y del Ministerio Pblico Fiscal de los recursos de casacin hoy en examen (14/06/11 cfr. fs. 41/46y 15/06/11 cfr. fs. 47/58 vta.-, respectivamente), la Sala IV de la C.F.C.P. resolvi conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte querellante contra su sentencia de fecha 3 de mayo de 2011 (cfr. Reg. nro. 15.320 del 5 de agosto de 2011). En dichas circunstancias, contrariamente a lo postulado por la defensa de Boyd en el marco del presente incidente, tanto en sus presentaciones escritas como en la audiencia celebrada en esta sede (30/08/12, cfr. acta de fs. 108), el examen de la vigencia de la accin penal no debe ser actualmente efectuado en funcin de la calificacin jurdica del hecho tomada por el a quo como punto de partida en su anlisis. En las presentes circunstancias, dicho examen debe ser realizado en funcin de la significacin jurdica ms gravosa (C.P., art. 190, tercer prrafo in fine) postulada por la Asociacin Civil Vctimas Areas respecto del hecho imputado al nombrado en su acusacin (requerimiento de elevacin a juicio y alegato), en el recurso de casacin rechazado oportunamente por esta Sala IV con integracin distinta de la actual y por mayora-, en el recurso extraordinario federal que la parte dedujo contra dicho rechazo y que le fue concedido y, finalmente, en el marco del presente incidente. Al respecto, es pertinente poner de resalto que la calificacin ms gravosa de las posibles respecto del objeto de juicio es la que, en principio, debe ser evaluada a los fines de analizar la prescripcin de la accin penal, pues slo as se tendr la seguridad acerca de la extincin o subsistencia de la accin penal; sin perjuicio de que al tiempo del pronunciamiento definitivo, en el principal, se concluya en una significacin jurdica ms
benigna, declarndose entonces la prescripcin (cfr. Sala I: causa nro. 8381, Lezcano, Jos Guillermo s/recurso de casacin, reg. nro. 11.297 del 16/11/07; causa nro. 4693, Loekemeyer, Pablo Enrique s/recurso de casacin, reg. nro. 6088 del 06/08/03. Sala II: causa nro. 9077, Camerini, Federico Vladimiro s/recurso de casacin, reg. Nro. 14.185 del 01/04/09; causa nro.: 1097: DOrtona, Francisco N. y otros s/ rec. de casacin, reg. nro. 1517 del rta. el 10/07/97; causa nro. 6160, Chammah, Sergio Mauricio s/recurso de casacin, reg. nro. 8560 del 02/05/06. Sala III: causa nro. 12.254, Rohor, Marta G. s/recurso de casacin, reg. nro. 1748 del 10/11/10. Sala IV: causa nro. 5293, Correa, Gustavo Adrin s/recurso de casacin, reg. nro. 7417 del 26/04/07; Clevanier, Felipe Armando s/ recurso de casacin, causa Nro. 1856, Reg. Nro. 3133, rta. el 19/02/2001; causa Nro. 3530: Cardenas, Ricardo Csar s/ rec. de casacin, Reg. Nro. 4751, rto. el 24/03/03; Causa Nro. 4521: Bassi, Eduardo Gabriel s/ rec. de casacin, Reg. Nro. 6054. rta. el 23/09/04). Cierto es que el principio esbozado en el prrafo inmediato anterior fue aplicado en las causas all listadas para resolver casos que no se encontraban en el mismo estado procesal que el caso objeto del presente examen. Sin embargo, considero que dicho principio resulta igualmente de aplicacin al caso que nos convoca. En efecto, en el caso en estudio, se realiz el debate, el tribunal de juicio dict sentencia definitiva y esta Sala IV en su anterior intervencin con diferente integracin de la actualconvalid la calificacin jurdica discernida por el a quo (C.P., art. 196, segundo prrafo). Pero dicha sentencia definitiva no se encuentra firme porque se encuentra pendiente de resolucin por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin el recurso extraordinario federal articulado por la parte querellante, que abarc el cuestionamiento de dicha calificacin. La defensa del imputado admiti en la audiencia celebrada en esta
sede que la significacin jurdica del suceso investigado fue cuestionada por la parte querellante en su recurso extraordinario federal. Sin embargo, sostuvo que dicho cuestionamiento se cie a una cuestin de derecho comn que no suscita cuestin federal. Al respecto, es preciso puntualizar que no corresponde a este Tribunal, en el presente incidente, reexaminar la admisibilidad formal del recurso extraordinario federal que fuera oportunamente concedido por esta Sala IV con diferente integracin de la actual- (Reg. nro. 15.320 del 05/08/11). Ello es as porque, a la fecha presente, dicho examen resulta privativo de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin. En dichas circunstancias, considero que la defensa no ha logrado demostrar que la calificacin del hecho imputado en estas actuaciones a Boyd como estrago culposo agravado (C.P., art. 196, segundo prrafo texto anterior a la reforma introducida por ley 25.189, B.O. 28/10/99) resulte inconmovible, por haber obtenido la doble conformidad judicial, mediante lo resuelto por esta Sala IV con fecha 3 de mayo de 2011 (cfr. Convencin Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.2.h). Dicho aserto no encuentra respaldo en las circunstancias procesales relevantes de la causa, en la medida que la validez del juicio de subsuncin tpica efectuado en el referido pronunciamiento se encuentra controvertido por la parte querellante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacin. Por anlogas razones, a las que se suma la salvedad planteada por la parte querellante en el presente incidente en torno a la calificacin jurdica computable para el examen de la vigencia de la accin penal (cfr. fs. 23/27) y, adems, que la declaracin de la prescripcin de la accin penal es una cuestin de orden pblico (cfr. C.S.J.N., Fallos: 275:241 y Fallos: 305:1236, entre muchos otros), no se advierte que la defensa haya logrado demostrar que la jurisdiccin de este Tribunal se encuentre limitada
(cfr. C.N., art. 17 derecho adquirido por el apelado, SIC- y C.P.P.N., art. 445) para realizar dicho examen porque la A.C.V.A. no haya reiterado expresamente en su recurso casatorio su pretensin punitiva a tenor de lo normado por el art. 190, tercer prrafo in fine, del C.P. Por otra parte, la defensa sostuvo que no resulta viable en el caso de autos examinar la vigencia de la accin penal en funcin de la significacin jurdica postulada por la parte querellante, bajo la alegacin de que el recurso extraordinario federal articulado por el acusador particular contra la sentencia dictada por esta Sala IV (con integracin diferente de la actual, el 3 de mayo de 2011) no incluy el cuestionamiento de lo resuelto en el punto dispositivo IV, que motiv la formacin y sustanciacin del presente incidente de prescripcin. Dicha objecin resulta improcedente. Ello es as, porque lo resuelto en dicho punto dispositivo (suspensin del trmite del recurso de casacin del Ministerio Pblico Fiscal) no reviste el carcter de sentencia definitiva, en los trminos de lo exigido por el art. 14 de la ley 48 para habilitar la jurisdiccin extraordinaria del Mximo Tribunal. En efecto, en el referido punto dispositivo no se declar la prescripcin de la accin penal juicio definitivo- sino que se encomend al a quo el examen sobre la vigencia de la accin penal juicio que no es definitivo ni equiparable por sus efectos-. Por ltimo, tampoco la defensa ha logrado demostrar que la Corte Suprema de Justicia de la Nacin deba suspender el trmite del recurso extraordinario federal articulado por la parte querellante en autos para que los jueces de las instancias anteriores decidan en primer trmino sobre la prescripcin. En efecto, los antecedentes jurisprudenciales invocados por la defensa durante el trmite casatorio (escrito y oral) no presentan circunstancias relevantes comunes con el presente para afirmar la existencia de sustancial analoga entre ste y aqullos, a fin de extrapolarle su
doctrina. Al respecto, resulta suficiente sealar que, a diferencia del caso en examen en el cual hay un recurso extraodinario federal en trmite articulado por la parte querellante que incluye el cuestionamiento de la significacin jurdica de los hechos-, en los cuatro casos invocados por la defensa de Boyd, la Corte Suprema de Justicia de la Nacin resolvi suspender el trmite de los recursos (tres de queja y uno extraordinario) articulados por las defensas de los respectivos imputados en dichas actuaciones. En consecuencia, por imperio del principio de la prohibicin de la reformatio in peius (C.N.,art. 18), en dichos antecedentes la Corte careca de jurisdiccin para fijar una calificacin jurdica ms gravosa que la definida por el superior tribunal de la causa en la sentencia sujeta a revisin extraordinaria (causas: G.2031.XL, Green, Eduardo Carlos y otros s/infraccin ley 23.771 causa N 7659-, rta. el 28 de junio de 2005; G.850.XXXIX, Guilln Juarez, Jorge y Daz, Jorge s/homicidio culposo causa N 57/1997-, rta. el 28 de julio de 2002; L.506XL, Lorenzo, Nstor Osvaldo y otros sobre trfico de mercaderas peligrosas para la salud, rta. el 26 de septiembre de 2006 y C.1383.XLIII, Chacoma, Claudio Gustavo s/causa n 84.171, rta. el 31 de marzo de 2009). En atencin a los fundamentos hasta aqu expuestos, considero que, en las circunstancias actuales del trmite de las actuaciones
principales, el examen de la vigencia de la accin penal en este incidente debe ser efectuado en funcin de la calificacin jurdica de estrago doloso agravado (C.P., art. 190, tercer prrafo in fine). Correlativamente, a tenor de lo prescripto por el art. 62 inc. 2- del C.P., el trmino prescriptivo computable es de 12 aos. IV. En el marco del presente incidente, los representantes del Ministerio Pblico Fiscal, de la parte querellante y de la defensa han planteado distintas posiciones, en torno a la determinacin de la ley
aplicable a fin de definir cules son los actos interruptivos del trmino de la prescripcin de la accin penal (cfr. C.P., art. 67 en sus sucesivas redacciones y conforme sus distintas interpretaciones). En primer lugar, la defensa de Boyd propugna que el aludido trmino de 12 aos se habra cumplido desde la fecha de comisin del hecho investigado (31 de agosto de 1999), en funcin de la posicin que asume respecto de la ley aplicable al caso que no comparto, por las razones que expondr infra-. La parte postula que el supuesto de autos debe ser analizado a tenor de la versin del art. 67 anterior a la reforma introducida por la ley 25.990 por ser la ms benigna, pues considera que la expresin secuela de juicio contenida en dicha versin slo alcanza la sentencia condenatoria como acto procesal interruptivo del curso de la prescripcin de la accin penal. En apoyo de su perspectiva, la defensa cit precedentes de la Sala II de esta C.F.C.P. (Arano, M.A., reg. nro. 19.641 del 30/12/11, reiterado en mltiples pronunciamientos ulteriores de igual sentido: Dapena, R. D., rta. el 03/04/12; Rabinovich, L., rta. el 31/05/12; Fedele, F.A., rta. el 06/06/12) y doctrina (Zaffaroni-Slokar-Alagia, Derecho Penal. Parte General, 2da. Ed., Ediar, pg. 904). Sin embargo, considero que en estos autos corresponde aplicar el art. 67 del C.P en su actual redaccin (ley 25.990, B.O. 11/11/2005) porque es una versin penal ms benigna de la norma (art. 2 del C.P. y art. 75, inc. 22 de la C.N y 9 de la C.A.D.H.) que la de su anterior redaccin que contena la locucin secuela de juicio. Ello es as, por cuanto, tal como lo sostuve al analizar casos sustancialmente anlogos al presente, a partir de la entrada en vigencia de la ley 25.990, quedaron enumerados taxativamente, aquellos actos procesales que poseen entidad interruptora del curso de la prescripcin de la accin penal (art. 67 del CP), resultando ms beneficiosa frente a la marcada amplitud que, en este sentido, revesta
el trmino secuela de juicio antes implicado, que inclua los actos interruptivos de la prescripcin de la accin penal que actualmente no estn previstos en el art. 67 del C.P. (por ejemplo, auto de procesamiento, declaracin de rebelda, entre otros) (cfr. votos del suscripto en Sala IV: causa nro. 14.281 Carbonari, Silvio Luis s/ recurso de casacin, reg. 15.921 del 21/11/11; causa Nro. 12.853, Simmermacher, Jorge Augusto Carlos s/ recurso de casacin, reg. nro. 956/12 del 15/06/12; causa nro. 11.361, Flores, Roberto Duarte s/recurso de casacin, reg. nro. 1117/12 del 03/07/12; causa nro. 13.948, Boffil, Alejandro Arturo y otros s/recurso de casacin; reg. nro. 1448/12 del 28/08/12 y en Sala I, causa nro. 14.232, Mara, Alfredo Julio; Mara, Alberto Carlos y Mara, Alcides Jos s/recurso de casacin, reg. nro. 19.517 del 16/05/12). Con relacin al alcance de la expresin secuela de juicio, entiendo que la interpretacin que propongo del texto legal atiende a la teleologa de la norma regulatoria de la prescripcin penal y, a la vez, es la que mejor concilia el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable y el derecho de la vctima a la tutela judicial efectiva (C.N., art. 75 inc. 22, Convencin Americana sobre Derechos Humanos, arts. 8.1 y 25-). Desde dicha perspectiva, considero que el ltimo acto interruptivo del curso de la prescripcin computable en estas actuaciones es el auto de citacin a juicio del 11 de mayo de 2006 (C.P., art. 67 cuarto prrafo, inc. d- texto segn ley 25.990). Consecuentemente, se advierte que desde dicha fecha no ha operado el trmino prescriptivo de doce (12) aos computable. En dichas circunstancias, resulta inoficioso abordar el planteo del acusador particular relativo a que el cmputo debe ser realizado desde el 2 de octubre de 2007, fecha de la ltima fijacin de la audiencia de debate. Por otra parte, en atencin a lo manifestado, tambin resulta
inoficioso el examen de los agravios del representante del Ministerio Pblico Fiscal concernientes al cmputo de dicha fijacin de audiencia como acto interruptivo, pero con la aplicacin trmino prescriptivo correspondiente a su hiptesis imputativa estrago culposo agravado por el resultado de muerte (4 aos, cfr. C.P., art. 196 segundo prrafo, texto segn ley 23.077). Sin embargo, cabe aclarar que, de todos modos, la defensa no ha logrado demostrar que el recurso del Ministerio Pblico Fiscal hubiera devenido abstracto porque el Informe del Registro Nacional de Reincidencia sobre la actualizacin de los antecedentes condenatorios de Boyd data del 6 de mayo de 2011 (cfr. fs. 7/8). En otras palabras, la defensa no logr demostrar que dicha actualizacin permita descartar que el nombrado hubiera cometido otro delito (cfr. C.P., art. 67 en sus sucesivas versiones-) antes de que se completara el lapso de 4 aos (computable segn la hiptesis fiscal) desde el 2 de octubre de 2007 (fecha de fijacin de la ltima audiencia de debate). V. De conformidad con todo lo hasta aqu expuesto, propicio al acuerdo hacer lugar a los recursos de casacin articulados por los representantes de la parte querellante y del Ministerio Pblico Fiscal y, consecuentemente, revocar por contrario imperio la resolucin de fs. 30/34 que declar extinguida por prescripcin la accin penal en la causa n 1035 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 4 respecto de Ronaldo Patricio Boyd en orden a los hechos imputados y que, correlativamente, sobresey al nombrado. Sin costas en esta instancia (C.P.P.N., arts. 530 y 531). Tener presente la reserva de caso federal efectuada por la defensa. La seora jueza Ana Mara Figueroa dijo: I. Que se encuentran sometidos a estudio de este Tribunal los recursos interpuestos por la querella Asociacin Civil Vctimas Areas,
en adelante ACVA- y por el representante del Ministerio Pblico Fiscal, contra la extincin de la accin penal seguida a Ronaldo Patricio Boyd, resuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 4, con fecha 30 de mayo de 2011. Dicho decisorio tuvo origen en la sentencia dictada el 3 de mayo de 2001 por la Sala IV de este Tribunal con diferente integracin a la actual-. En dicha oportunidad se confirm la calificacin de estrago culposo art. 196, 2do prrafo, del CP -anterior a la ley 25.189), encontrndose a la fecha slo recurrida por la querella ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, atento la concesin del remedio federal resuelto con fecha 5 de agosto de 2011 por la Sala IV de esta Cmara. Asimismo, en idntica ocasin, se dispuso la suspensin del trmite del recurso de casacin interpuesto por el Ministerio Pblico Fiscal, a fin de que el a-quo analizara la posible prescripcin de la accin penal. II. a) La querella ACVA reclam que se contabilice como acto interruptivo del curso de la prescripcin de la accin penal, el auto que designa la realizacin de la audiencia de debate conforme art. 359 del CPPN- en el entendimiento que se encuentra alcanzado por el concepto de acto procesal equivalente contenido en el inc. c) del art. 67, del CP. Precis que a su entender dicho acto se concret el 2 de octubre de 2007, y atento la pena prevista para el delito de estrago culposo agravado -4 aos-, la accin penal no se encontraba prescripta al momento de interposicin del recurso de casacin, con fecha 14 de junio de 2011. b) El representante del Ministerio Pblico Fiscal reclam aplicable la anterior redaccin del artculo 67 del CP, y que mantenan virtualidad interruptiva del curso de la accin penal aquellos actos entendidos como constitutivos de secuela de juicio. Frente a ello, sostuvo que resultan actos interruptores de la
prescripcin de la accin penal el auto que design fecha de debate del 17 de julio de 2007 y su postergacin de fecha 2 de octubre de 2007, atento que con la calificacin consentida, el vencimiento operara a los cuatro aos. III. Tal como fuera reseado por los colegas que me preceden en el orden de votacin, las diversas circunstancias verificadas en estas actuaciones deben ser tenidas en consideracin a fin de resolver la vigencia de la accin penal. En tal sentido, resulta indispensable recordar que la Sala IV en su anterior integracin- concedi, con fecha 5 de agosto de 2011, el recurso extraordinario deducido por la parte querellante ACVA contra el rechazo de su recurso de casacin, va en la que la parte discuta la calificacin legal que corresponde asignar al hecho objeto de investigacin en estas actuaciones. Se encuentra as sometido actualmente a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin si la calificacin que corresponde otorgar al hecho atribuido en estas actuaciones a Ronaldo Patricio Boyd resulta el previsto en el art. 190, 3er prrafo del CP estrago doloso agravado-, conforme fuera reclamado por los acusadores pblico y particular, o el contenido en el art. 196, 2do prrafo, del CP conforme ley 23.077, estrago culposo agravado-, tomado en consideracin por el Tribunal a quo. IV. Sentado lo precedente, y a partir de la fecha de ocurrencia del hecho que es objeto de investigacin en la presente causa, esto es 31 de agosto de 1999, he de concluir que la accin penal seguida respecto de Ronaldo Patricio Boyd se encontrara prescripta tanto respecto a la calificacin de estrago culposo art. 196, 2do prrafo, del CP- o de estrago doloso art. 190, 3er prrafo, del CP-, de conformidad con los mximos previstos para ambas figuras, y lo dispuesto en el art. 62 inc. 2 del CP.
Ello por cuanto, al momento de la ocurrencia del hecho investigado, an no haba entrado en vigor la ley 25.990 que modific el artculo 67 del Cdigo Penal, ley ms benigna que debe ser aplicada retroactivamente por imperio constitucional -artculos 75 inciso 22 CN, 11.1 y 11.2 DUDH, 8.1 y 9 CADH; 14.1 PIDCyP- y prescripciones legales artculos 2 CP, 336 inc. 1, 456, 470, 530 y concordantes CPPN-. En esa direccin, resultan de aplicacin las consideraciones y fundamentos vertidos en la causa n 12.932 Arano, Miguel Ariel s/ recurso de casacin (reg. n 19.641, rta. 30/12/11, a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad, en la que sostuve que la sentencia constituye el exclusivo acto procesal interruptivo conforme el rgimen normativo de aplicacin por imperativo constitucional y legal (arts. 11.2 DUDH, 9 CADH y 2 CP), atento la fecha de comisin de los hechos, anteriores al dictado de la ley 25.990. V. Finalmente, considero que debe ponerse de resalto que los hechos denunciados involucraron a numerosas vctimas -65 personas perdieron la vida y otras sufrieron graves lesiones-, en lo que se dio a entender como una las tragedias areas de mayor gravedad ocurridas en este pas. Estas particularsimas caractersticas, exigan un tratamiento rpido y eficaz de los rganos jurisdiccionales y de la acusacin, instancias previas a la presente, quienes debieron actuar con la celeridad suficiente para que no operara la extincin de la accin, con las consecuencias jurdicas que ello conlleva, limitando al mximo toda accin dilatoria y extremando los recaudos procesales para haber llegado a un juicio oral y pblico que hubiera permitido determinar la ocurrencia de los hechos, y las eventuales responsabilidades en su comisin. Resulta rrito a las vctimas, familiares y a la sociedad, que hechos tan graves queden en la impunidad, pero no puedo soslayar principios
constitucionales y convencionales sobre el derecho judicial eficaz y la necesidad que los imputados ante delitos de derecho comn, tengan en tiempo razonable, certeza sobre su situacin procesal. Sentado ello, considero corresponde rechazar los recursos interpuestos por la parte querellante y el Ministerio Pblico Fiscal, con costas, y confirmar la decisin obrante a fs. 30/34 en cuanto declar la extincin de la accin penal seguida en estas actuaciones a Ronaldo Patricio Boyd. Tal es mi voto. Por ello, en mrito de la votacin que antecede, por mayora, el Tribunal RESUELVE: I) HACER LUGAR a los recursos de casacin articulados por los representantes de la parte querellante y del Ministerio Pblico Fiscal y, consecuentemente, REVOCAR por contrario imperio la resolucin de fs. 30/34 que declar extinguida por prescripcin la accin penal en la causa n 1035 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 4 respecto de Ronaldo Patricio Boyd en orden a los hechos imputados y que, correlativamente, sobresey al nombrado. Sin costas en esta instancia (C.P.P.N., arts. 530 y 531). II) TENER PRESENTE la reserva de caso federal efectuada por la defensa. Regstrese, notifquese y oportunamente, remtase las presentes actuaciones el Tribunal de origen, a sus efectos, sirviendo la presente de muy atenta nota de envo.
Documentos similares a LAPA: fallo Ronaldo Boyd
ACSO 2011 1219 0 Lesiones
La ramada santa catalina.docx

References: in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine