Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1998/01060-1997-AA.html
Timestamp: 2017-12-17 09:52:47+00:00

Document:
1060-1997-AA
…que el ejercicio de los diversos derechos constitucionales que la Constitución Política del Estado enuncia, no tienen el carácter de absolutos, sino que, entre el orden de factores, del hecho que su ejercicio se realice en el marco de diversas relaciones intersubjetivas…se desprenden una serie de límites, cuya observancia, en la medida que no afectan el contenido esencial de los derechos involucrados, no suponen per se, violaciones a los derechos constitucionales.
EXP. 1060-97-AA/TC
ANDRÉS KUY KAU CHAN WU
En la ciudad de Lima, a los dieciséis días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, el Tribunal Constitucional, reunido en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:
Recurso Extraordinario contra la resolución de la Sala Especializada en Derecho Público, su fecha dieciséis de setiembre de mil novecientos noventa y siete, que confirma la resolución apelada, que declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta.
Don Andrés Kuy Kau Chan Wu, por derecho propio, y en representación de Comercial China S.A. y Capon Market S.A. interpone Acción de Amparo contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Isidro y los directores municipales de desarrollo urbano y rentas, por violación de su derecho constitucional a la propiedad, libre ejercicio de la actividad comercial.
Refiere el demandante que en el interior de la sede social de las empresas que representa, realizó una serie de remodelaciones, solicitando previamente a la Municipalidad demandada la licencia para uso de retiro municipal, la licencia de funcionamiento y la licencia de construcción. Precisa que desde el año mil novecientos noventa y cuatro, funcionarios de la Dirección de Desarrollo Urbano y de Rentas de la referida Municipalidad les han venido denegando las licencias, hechos a los que se suman la realización de inspecciones arbitrarias que han impedido que sus representadas desarrollen sus actividades.
Aduce que existe la amenaza de que al no contar con licencia, se ordene la demolición de los trabajos de remodelación, por lo que, además de no venir siendo tratados en forma imparcial, dan por agotada la vía previa. Precisa, no obstante, que frente a la resolución por la que se ordenaba la demolición referida, interpusieron recurso de apelación, el mismo que les fue declarado improcedente.
Admitida la demanda, ésta es contestada por el representante de la Municipalidad Distrital de San Isidro, quien solicita se declare improcedente la demanda, ya que: a) El asunto materia de la presente Acción de Amparo ya ha sido ventilado a través, también de un Amparo que se siguiera por ante el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, cuya resolución, al declarar infundada la demanda, no fue apelada, b) No se les ha expedido las licencias municipales solicitadas, porque sus solicitudes fueron objeto de observaciones e informes negativos de los órganos técnicos de la Municipalidad.
Con fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete, el Tercer Juzgado Especializado en Derecho Público, expidió resolución declarando improcedente la demanda. Interpuesto el recurso de apelación, con fecha dieciséis de setiembre de mil novecientos noventa y siete, la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la apelada en cuanto declara improcedente la demanda.
Que, conforme se desprende del petitorio de la demanda, el objeto de ésta es que se suspenda la ejecución de la orden de demolición sobre las remodelaciones efectuadas por el actor a los locales donde funcionan las empresas que representa, y se permita el libre desenvolvimiento de su actividad comercial.
Que, siendo ello así, y dado que la resolución materia del grado al precisar que no existe cosa juzgada constitucional cuando se está al frente de resoluciones denegatorias para el accionante, y utilizar como argumento central el que en el caso de autos no se habría agotado la vía previa, obliga a este Colegiado que, como cuestión liminar, evalúe si, efectivamente, se habría transitado o no por la vía administrativa.
Que, en ese sentido, y según se está a los documentos obrantes de fojas cuarenta y siete a cincuenta y cuatro del cuaderno principal, es posible apreciarse que el actor cumplió con agotar la vía administrativa a la que se refiere el artículo 27° de la Ley N° 23506°, pues frente a la Resolución Directoral N° 088-95-DIU/MSI, que al decir del demandante le causaba agravio constitucional, interpuso su recurso de apelación, el mismo que, mediante Resolución de Alcaldía N° 128-96-AL/MSI, la última en instancia administrativa municipal, se declaró improcedente; por lo que, corresponde a este Colegiado ingresar a evaluar las cuestiones de fondo que el recurso extraordinario entraña.
Que, en ese sentido, la pretensión del demandante y de las personas jurídicas de derecho privado que representa, a juicio de este Supremo Tribunal de la Constitucionalidad, deberá de desestimarse, ya que:
Conforme es de verse de los documentos ofrecidos como medios de prueba por el demandante, la imposición de diversas sanciones administrativas por la entidad demandada, fueron como consecuencia de haberse realizado las gestiones y actuaciones administrativas correspondientes, que en ejercicio de sus competencias, se encontraban facultados a realizar.
Si bien la garantía institucional de la autonomía municipal tiene, como límite para el ejercicio de las competencias que le son reconocidas, el que no se transgreda el núcleo de valores que la Constitución reconoce, y cuya representación se encuentra en el catalogo de derechos fundamentales; el que, en general, los jueces son los encargados de tutelar los derechos, se puede obtener una adecuada tutela judicial-constitucional, es una cuestión que se encuentra condicionada a que en la dilucidación de la controversia, la lesión del derecho constitucional, o la amenaza de que ésta se produzca, sea de tal manera reconocible, que el juzgador no tenga la necesidad de transitar por una previa estación probatoria; cuestión que no sucede en el caso de autos, pues la arbitrariedad en la imposición de sanciones administrativas y la parcialidad para resolver en contra de las peticiones que se solicitan, en la forma y el modo que el demandante lo ha vertido a lo largo de la secuela del proceso, requieren que al no existir elemento contundente de prueba, que lleven al "Juez Natural" a crear certeza, que se transite por la vedada estación probatoria en los procesos de amparo, conforme se desprende del artículo 13° de la Ley N° 25398°.
En ese sentido, no puede dejar de precisar este Colegiado, que el ejercicio de los diversos derechos constitucionales que la Constitución Política del Estado enuncia, no tienen el carácter de absolutos, sino que, entre orden de factores, del hecho que su ejercicio se realice en el marco de diversas relaciones intersubjetivas, como en efecto suceden con los derechos cuya violación invoca el actor, se desprenden una serie de límites, cuya observancia, en la medida que no afectan el contenido esencial de los derechos involucrados, no suponen per se, violaciones a los derechos constitucionales.
Que, en ese orden de consideraciones, este Colegiado estima que la demanda, al haber ingresado a evaluarse sobre el fondo de la controversia constitucional planteada, deberá declararse infundada, y no improcedente,
REVOCANDO la resolución de la Sala Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha dieciséis de setiembre de mil novecientos noventa y siete, de fojas ciento treinta, que confirmó la apelada que declaró improcedente la demanda; y reformándola declara INFUNDADA la Acción de Amparo interpuesta. Dispone su publicación en el diario oficial "El Peruano" y los devolvieron.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 27
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 13
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