Source: https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-658-2001-22-jun-estatuto-general-abogacia-espanola-428985
Timestamp: 2020-02-21 04:40:07+00:00

Document:
Real Decreto 658/2001 de 22 de Jun (Estatuto General de la Abogacía Española) | Iberley
REAL DECRETO 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. - Boletín Oficial del Estado de 10-07-2001
Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 13 de Octubre de 2003
Fecha de entrada en vigor: 11/07/2001
Para alcanzar una Justicia más ágil y eficaz resulta fundamental modernizar la regulación de la profesión de abogado como colaborador necesario de la función jurisdiccional. El papel que desempeña el abogado en el ejercicio de su profesión y en defensa de su cliente contribuye activamente a mejorar e incrementar la calidad de la Justicia. El presente Estatuto define la función y características de la abogacía en su primer artículo como una profesión libre e independiente que «presta un servicio a la sociedad en interés público» .
Los deberes deontológicos y éticos de los abogados se ven sustancialmente reforzados en el presente Estatuto, avalando de manera significativa la plena vigencia de los principios antes mencionados. La exigencia del cumplimiento de la función de defensa con el «máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional» prevista en el artículo 42.1 es un claro ejemplo de rigor en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Con el fin de agilizar trámites y modernizar el sistema de colegiación se incorpora al Estatuto General de la Abogacía el principio de colegiación única, en vigor desde la reforma de 1996, que facilita la movilidad profesional del abogado al permitir el libre ejercicio en todo el ámbito estatal sin necesidad de trámites añadidos. Esta medida potencia la libre elección del abogado en favor del cliente.
D.F. 1ª. Legislación autonómica.
JUAN CARLOS R. El Ministro de Justicia, ÁNGEL ACEBES PANIAGUA
CAPÍTULO ÚNICO. DE LA ABOGACÍA Y SUS ORGANISMOS RECTORES
1. La abogacía es una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio del consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y alaJusticia.
3. Los organismos rectores de la Abogacía española, en sus ámbitos respectivos, son.
el Consejo General de la Abogacía Española, los Consejos de Colegios de Abogados y los Colegios de Abogados. Todos los organismos colegiales se someterán en su actuación y funcionamiento a los principios democráticos y al régimen de control presupuestario anual, con las competencias atribuidas en las disposiciones legales y estatutarias.
CAPÍTULO I. DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS
1. Son fines esenciales de los Colegios de Abogados, en sus respectivos ámbitos, la ordenación del ejercicio de la profesión; la representación exclusiva de la misma; la defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados; la formación profesional permanente de los abogados; el control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad; la defensa del Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los Derechos Humanos, y la colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia.
1. Son funciones de los Colegios de Abogados, en su ámbito territorial.
h) Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la ética y la dignidad profesionales y por el respeto debido a los derechos de los particulares; ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial; elaborar sus Estatutos particulares y las modificaciones de los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Consejo General de la Abogacía Española; redactar y aprobar su propio Reglamento de régimen interior, sin perjuicio de su visado por el Consejo General, y demás acuerdos para el desarrollo de sus competencias.
CAPÍTULO II DE LOS ABOGADOS
SECCIÓN 1. A DISPOSICIONES GENERALES
3. No obstante, podrán seguir utilizando la denominación de abogado, añadiendo siempre la expresión «sin ejercicio» , quienes cesen en el ejercicio de dicha profesión después de haber ejercido al menos veinte años.
SECCIÓN 2. A DE LA COLEGIACIÓN
1. La incorporación a un Colegio de Abogados exigirá los siguientes requisitos.
2. La incorporación como ejerciente exigirá, además, los siguientes requisitos.
c) Por Ley, a tenor de lo establecido en los artículos 36 y 149.1.30. a de la Constitución, se podrán establecer fórmulas homologables con el resto de los países de la Unión Europea que garanticen la preparación en el ejercicio de la profesión.
1. Son circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la abogacía.
5. No se necesitará incorporación a un Colegio para la defensa de asuntos propios o de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que el interesado reúna los requisitos establecidos por el artículo 13.1, párrafos a) , b) y c) del presente Estatuto, así como aquellos que puedan establecer las normas vigentes. Los que se hallen en este caso serán habilitados por el Decano del Colegio de Abogados para la intervención que se solicite. Tal habilitación supone para quien la recibe, aunque sólo con relación al asunto o asuntos a que alcanza, el disfrute de todos los derechos concedidos en general a los abogados y la asunción de las correlativas obligaciones.
2. El Secretario del Colegio remitirá anualmente la lista de los abogados ejercientes incorporados al mismo, a todos los Juzgados y Tribunales de su territorio, así como a los Centros Penitenciarios y de Detención, lista que se actualizará periódicamente con las altas y bajas. A los abogados que figuren en dichas listas no podrá exigírseles otro comprobante para el ejercicio de su profesión.
1. La condición de colegiado se perderá.
c) Por falta de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias y de las demás cargas colegiales a que vinieren obligados.
No obstante, el impago de las cuotas de la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, no dará lugar a la inmediata pérdida de la condición de colegiado, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que corresponda.
SECCIÓN 3. A PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES Y RESTRICCIONES ESPECIALES
Los abogados tienen la siguientes prohibiciones, cuya infracción se sancionará disciplinariamente.
2. Asimismo, el ejercicio de la abogacía será absolutamente incompatible con.
Modificación realizada (Se declara la nulidad del art. 24.1) por SENTENCIA de 3 de julio de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el artículo 24.1 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio. (BOE de 13-10-2003) en vigor desde 13-10-2003
Texto Original. Publicado el 10-07-2001 en vigor desde 11-07-2001
13/10/2003 (Vigente)
11/07/2001 (Versión Original)
2. Se considerará contraria a las normas deontológicas de la abogacía la publicidad que suponga.
SECCIÓN 4. A EJERCICIO INDIVIDUAL, COLECTIVO Y MULTIPROFESIONAL
1. El ejercicio individual de la abogacía podrá desarrollarse por cuenta propia, como titular de un despacho, o por cuenta ajena, como colaborador de un despacho individual o colectivo. No se perderá la condición de abogado que ejerce como titular de su propio despacho individual cuando.
2. El abogado titular de un despacho profesional individual responderá profesionalmente frente a su cliente de las gestiones o actuaciones que efectúen sus pasantes o colaboradores, sin perjuicio de la facultad de repetir frente a los mismos si procediera. No obstante, los pasantes y colaboradores quedan sometidos a las obligaciones deontológicas y asumirán su propia responsabilidad disciplinaria. Los honorarios a cargo del cliente se devengarán a favor del titular del despacho, aun en el caso de que las actuaciones fueren realizadas por otros letrados por delegación o sustitución del mismo; y asuvez, dicho titular del despacho responderá personalmente de los honorarios debidos a los letrados a los que encargue o delegue actuaciones aun en el caso de que el cliente dejase de abonárselos, salvo pacto escrito en contrario.
7. La responsabilidad civil que pudiese tener el despacho colectivo será conforme al régimen jurídico general que corresponda a la forma de agrupación utilizada. Además, todos los abogados que hayan intervenido en un asunto responderán civilmente frente al cliente con carácter personal, solidario e ilimitado.
1. Los abogados podrán asociarse en régimen de colaboración multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles, sin limitación de número y sin que ello afecte a su plena capacidad para el ejercicio de la profesión ante cualquier jurisdicción y Tribunal, utilizando cualquier forma lícita en derecho, incluidas las sociedades mercantiles, siempre que se cumplan las siguientes condiciones.
TÍTULO III. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ABOGADOS
CAPÍTULO I. DE CARÁCTER GENERAL
El deber fundamental del abogado, como partícipe en la función pública de la Administración de Justicia, es cooperar a ella asesorando, conciliando y defendiendo en derecho los intereses que le sean confiados.
En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de Justicia a que la abogacía se halla vinculada.
Son también deberes generales del abogado.
CAPÍTULO II. EN RELACIÓN CON EL COLEGIO Y CON LOS DEMÁS COLEGIADOS
Son deberes de los colegiados.
a) Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y levantar las demás cargas colegiales, cualquiera que sea su naturaleza, en la forma y plazos al efecto establecidos.
A tales efectos se consideran cargas corporativas todas las impuestas por el Colegio, el Consejo de Colegios de la Comunidad Autónoma, en su caso, o el Consejo General de la Abogacía, así como las correspondientes a la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija.
Son derechos de los colegiados.
CAPÍTULO III. EN RELACIÓN CON LOS TRIBUNALES
Si el abogado actuante considerase que la autoridad, Tribunal o Juzgado coarta la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales, o que no se le guardase la consideración debida a su profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio Juzgado o Tribunal bajo la fe del Secretario y dar cuenta a la Junta de Gobierno.
Dicha Junta, si estimare fundada la queja, adoptará las medidas oportunas para amparar la libertad, independencia y prestigio profesionales.
CAPÍTULO IV. EN RELACIÓN CON LAS PARTES
CAPÍTULO V. EN RELACIÓN A HONORARIOS PROFESIONALES
1. El abogado tiene derecho a una compensación económica adecuada por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado. La cuantía de los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el abogado, con respeto a las normas deontológicas y sobre competencia desleal. A falta de pacto expreso en contrario, para la fijación de los honorarios se podrán tener en cuenta, como referencia, los baremos orientadores del Colegio en cuyo ámbito actúe, aplicados conforme a las reglas, usos y costumbres del mismo, normas que, en todo caso, tendrán carácter supletorio de lo convenido y que se aplicarán en los casos de condena en costas a la parte contraria.
CAPÍTULO VI. EN RELACIÓN CON LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
TÍTULO IV. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS COLEGIOS Y DEL RÉGIMEN ECONÓMICO COLEGIAL
CAPÍTULO I. DE LOS ÓRGANOS DE LOS COLEGIOS
CAPÍTULO II. DE LA JUNTA DE GOBIERNO
1. El Decano y los demás cargos de la Junta de Gobierno serán elegidos en votación directa y secreta, en la que podrán participar como electores todos los colegiados incorporados con más de tres meses de antelación a la fecha de convocatoria de las elecciones y como elegibles, para el cargo de Decano los colegiados ejercientes y para los demás cargos los electores residentes en el ámbito del Colegio de que se trate, siempre que no estén incursos en ninguna de las siguientes situaciones.
4. En las elecciones el voto de los abogados ejercientes tendrá doble valor que el voto de los demás colegiados, proclamándose electos para cada cargo a los candidatos que obtengan la mayoría. En caso de empate se entenderá elegido el que más votos hubiere obtenido entre los ejercientes; de persistir éste, el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio; y si aún se mantuviera el empate, el de mayor edad.
Los miembros de la Junta de Gobierno de los Colegios de Abogados cesarán por las causas siguientes.
Son atribuciones de la Junta de Gobierno.
s) Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio; redactar los presupuestos, rendir las cuentas anuales, y proponer a la Junta General la inversión o disposición del patrimonio colegial, si se tratare de inmuebles.
CAPÍTULO III. DE LA JUNTA GENERAL Y LA ASAMBLEA COLEGIAL
1. La Junta General ordinaria a celebrar en el primer trimestre de cada año tendrá el siguiente orden del día.
4.º Proposiciones 5. o Ruegos y preguntas.
La Junta General ordinaria a celebrar en el último trimestre de cada año tendrá el siguiente orden del día.
4. Los Colegios cuyos Estatutos particulares establezcan el sistema de Asamblea Colegial únicamente celebrarán una Junta General ordinaria en el primer semestre de cada año, con el siguiente orden del día.
5. o Ruegos y preguntas.
CAPÍTULO IV. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO COLEGIAL
1. Constituyen recursos ordinarios de los Colegios de Abogados.
f) (ANULADO)
Modificación realizada (Se declara la nulidad en la forma indicada del art. 63.1.f) por SENTENCIA de 3 de marzo de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el artículo 63. 1.f) del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio. (BOE de 16-05-2003) en vigor desde 16-05-2003
16/05/2003 (Vigente)
TÍTULO V. DE LOS CONSEJOS DE COLEGIOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TÍTULO VI. EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
CAPÍTULO I. ÓRGANOS Y FUNCIONES
3. Los órganos rectores del Consejo General son el Pleno, la Comisión Permanente y el Presidente. Todos ellos serán presididos por el Presidente del Consejo General o el Vicepresidente que le sustituya y actuará de Secretario el Secretario general de dicho Consejo o el Vicesecretario cuando hiciere sus veces. La convocatoria, constitución y funcionamiento en lo no previsto en este Estatuto, se regirá por el Reglamento de régimen interior del propio Consejo General.
Son funciones del Consejo General de la Abogacía Española.
c) Ordenar el ejercicio profesional de los abogados
g) Elaborar el Estatuto General de la Abogacía Española y someterlo a la aprobación del Gobierno; aprobar su Estatuto particular y su propio Reglamento de régimen interior, así como los demás acuerdos para el desarrollo de sus competencias; aprobar, a propuesta de los Colegios afectados, la constitución, el régimen de competencias y funcionamiento y los Estatutos de Consejos de Colegios de las Comunidades Autónomas cuya normativa autonómica no prevea otra forma para su constitución; y aprobar los Estatutos particulares elaborados por cada Colegio y sus reformas.
l) Formar y mantener actualizado el censo de los abogados españoles; y llevar el fichero y registro de sanciones que afecten a los mismos.
n) Emitir los informes que le sean solicitados por la Administración, Colegios de Abogados y corporaciones oficiales respecto a asuntos relacionados con sus fines o que acuerde formular de propia iniciativa; proponer las reformas legislativas que estime oportunas e intervenir en todas las cuestiones que afecten a la Abogacía española.
Para atender a los gastos que se originen para el cumplimiento de los fines señalados, el Consejo General de la Abogacía Española contará con los siguientes ingresos.
a) Con las cuotas que para este fin se fijen en los presupuestos, que serán abonadas por todos los Colegios de Abogados en función del número de colegiados de cada uno, así como las que se establezcan para su pago individual por los nuevos incorporados.
CAPÍTULO II. EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL
1. El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española está compuesto por las siguientes personas, que tendrán la condición de Consejeros.
2. En materia económica el Pleno tiene competencia para realizar, sin exclusión alguna y respecto al patrimonio propio del Consejo General, toda clase de actos de disposición, de gravamen, y en especial.
a) Administrar bienes
b) Pagar y cobrar cantidades
c) Otorgar transacciones, compromisos y renuncias
k) Operar en cajas oficiales, cajas de ahorro y bancos, incluso el de España y sus sucursales, haciendo todo cuanto la legislación y prácticas bancarias permitan; seguir, abrir y cancelar cuentas y libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito y cajas de seguridad.
a) Instar actas notariales de todas clases; hacer, aceptar y contestar notificaciones y requerimientos notariales.
Los asuntos a los que se aplicará el régimen de mayoría reforzada serán los siguientes.
1. La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía estará formada por.
a) El Presidente del Consejo General de la Abogacía
d) El Tesorero o, en su sustitución, el Vicetesorero
b) Las competencias del Pleno cuando razones de urgencia aconsejen su ejercicio inmediato. de todas ellas dará cuenta al Pleno que posteriormente se celebre.
CAPÍTULO IV. EL PRESIDENTE
El Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, tendrá las siguientes funciones.
3. Velar por el prestigio de la profesión de abogado. 4. Defender los derechos de los Colegios de Abogados y sus colegiados cuando sea requerido por el Colegio respectivo y proteger la lícita libertad de actuación de los abogados. Estas tres últimas funciones se entienden sin perjuicio de las correspondientes al Pleno del propio Consejo General.
TÍTULO VII. EL CONGRESO NACIONAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
1. El Congreso Nacional de la Abogacía Española es su suprema instancia consultiva y las conclusiones tendrán carácter orientador para los órganos corporativos de la misma.
TÍTULO VIII. EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS COLEGIADOS
CAPÍTULO I. RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL
CAPÍTULO II. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
SECCIÓN 1. A FACULTADES DISCIPLINARIAS DE LOS TRIBUNALES Y COLEGIOS
El Decano y la Junta de Gobierno son competentes para el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, ateniéndose a las siguientes normas.
b) Apercibimiento por escrito
SECCIÓN 2. A DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en el ámbito de su competencia, así como por el reiterado incumplimiento de la obligación de atender a las cargas colegiales previstas en el artículo 34, párrafo a) , salvo que constituya infracción de mayor gravedad.
g) Los actos y omisiones descritos en los párrafos a) , b) , c) y d) del artículo anterior, cuando no tuvieren entidad suficiente para ser considerados como muy graves.
1. Las sanciones que pueden imponerse por infracciones muy graves serán las siguientes.
a) Para las de los párrafos b) , c) , d) , e) , f) , h) e i) del artículo 84, suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo superior a tres meses sin exceder de dos años.
b) Para las de los párrafos a) , j) y k) del mismo artículo, expulsión del Colegio.
1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por infracciones graves, a los dos años; y las impuestas por infracciones leves, a los seis meses.
1. La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se cancelará cuando hayan transcurrido los siguientes plazos, sin que el colegiado hubiere incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria.
seis meses en caso de sanciones de amonestación privada o apercibimiento escrito; un año en caso de sanción de suspensión no superior a tres meses; tres años en caso de sanción de suspensión superior a tres meses; y cinco años en caso de sanción de expulsión. El plazo de caducidad se contará a partir del día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la sanción.
TÍTULO IX. DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACUERDOS SOMETIDOS A DERECHO ADMINISTRATIVO Y SU IMPUGNACIÓN
2. Los acuerdos que deban ser notificados personalmente a los colegiados, referidos a cualquier materia incluso la disciplinaria, podrán serlo en el domicilio profesional que tengan comunicado al Colegio, en cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo c) del artículo 31 del presente Estatuto General. Si no pudiese ser efectuada la notificación en los términos previstos en los apartados 1 y 2delartículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la entrega podrá realizarla un empleado del Colegio de Abogados, con sujeción a lo señalado en los apartados 2 y 3dedicho precepto; y si tampoco así pudiese efectuarse la notificación, se entenderá realizada a los quince días de su colocación en el tablón de anuncios del propio Colegio de Abogados, que podrá hacerse en la forma prevista en el artículo 61 de la citada Ley.
Los actos emanados de las Juntas Generales, y de las Juntas de Gobierno de los Colegios, del Consejo General y de los Consejos de Colegios de Comunidades Autónomas, en cuanto estén sujetos al Derecho Administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
2. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se aplicará a cuantos actos de los órganos colegiales supongan ejercicio de potestades administrativas. En todo caso, dicha Ley tendrá carácter supletorio para lo no previsto en este Estatuto General.
SENTENCIA de 3 de julio de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el artículo 24.1 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio.
Fecha: 2003-10-13
SENTENCIA de 3 de marzo de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el artículo 63. 1.f) del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio.
Fecha: 2003-05-16
13/10/2003 Redacción Vigente
desde 16/05/2003 hasta 13/10/2003
desde 11/07/2001 hasta 16/05/2003

References: REAL DECRETO 
 artículo 42
 artículo 13
 artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 63
 Real Decreto 
 artículo 34
 artículo 84
 artículo 31
 artículo 61
 artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 63
 Real Decreto