Source: https://www.scribd.com/document/59396009/Amicus-Curiae-La-Voladora-Radio-Comunitaria-ARTICLE-19-y-Fundar-mas-Alianza-Regional
Timestamp: 2019-08-19 14:17:05+00:00

Document:
Amicus Curiae: La Voladora Radio Comunitaria ARTICLE 19 y Fundar más Alianza Regional | Freedom Of Speech | Human Rights
M S C J N . M: ASO Adio Omunitaria
Original Title: Amicus Curiae: La Voladora Radio Comunitaria ARTICLE 19 y Fundar más Alianza Regional
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Description: La radio comunitaria La Voladora de la comunidad de Amecameca, en el Estado de México, solicitó la protección del Poder Judicial vía un amparo contra la decisión de la Secretaría de Salud de negarle publicidad oficial. El caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se juzga mañana. ARTICLE 19 Oficina para México y Centro América, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. y 15 organizaciones de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información presentaron argumentos técnicos en un Amicus Curiae para que la SCJN resuelva el Amparo a favor de dicha radio
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MEMORIAL EN DERECHO ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIN.
CASO LA VOLADORA RADIO COMUNITARIA.
Amparo en revisin 248/2011 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin Ponencia del Ministro Jos Fernando Franco Gonzlez Salas
Negacin de asignacin de Publicidad Oficial a Radio Comunitaria La Voladora
ARTICLE 19 OFICINA PARA MXICO Y CENTRO AMRICA FUNDAR, CENTRO DE ANLISIS E INVESTIGACIN A.C. EN EL MARCO DEL PROYECTO: THE COST OF LEGITAMACY: AN ASSESMENT OF OFICIAL PUBLICITY IN MEXICO AND ITS IMPACT ON FREEDOM OF EXPRESSION1
15 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.
Mxico, D.F. a 28 de junio de 2011
El Open Society Justice Initiative (OSJI) proporcion valiosos consejos para la redaccin de este memorial en derecho
Amicus Curiae: Negacin de asignacin de Publicidad Oficial a Radio Comunitaria La Voladora Contenido
Amicus Curiae: Negacin de asignacin de Publicidad Oficial a Radio Comunitaria La Voladora 2 Objeto 3 Legitimacin e Inters en el presente caso de:. 3 1. ANTECEDENTES 5 2. NORMATIVIDAD APLICABLE 6 3. JUSTIFICACIN 9 3.1 La importancia de las Radios Comunitarias y el acceso a publicidad oficial 9 3.2 La Falta de Regulacin de la Publicidad Oficial en Mxico 10 3.3 La Publicidad oficial y el derecho a la libertad de expresin en el derecho comparado 12 4. ARGUMENTOS 15 4.1 Prcticas gubernamentales que afectan la libertad de expresin y el derecho a la informacin. Efectos de las prcticas 15 4.2 Necesidad de un marco jurdico claro 21 5. CONCLUSINES 22 6. PETITORIO 23 7. FIRMANTES. 24
OBJETO Fundar, Centro de Anlisis e Investigacin A.C. y Campaa Global por la Libertad de Expresin A19 A.C. (ARTICLE 19 Oficina para Mxico y Centro Amrica) venimos a presentar un Amicus Curiae a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin en relacin al asunto R.A. 248/2011 con motivo de la relevancia que su resolucin significa para el inters pblico. Es as que sometemos a la consideracin de este Alto Tribunal diversos argumentos fundamentados en el derecho internacional, nacional y comparado as como las buenas prcticas que subrayan que la ausencia de criterios claros en la asignacin de la publicidad oficial -y por ende la negativa de entregar publicidad a La Voladora por parte de la Secretara de Salud- viola el derecho fundamental que es la libertad de expresin impactando sobre la pluralidad informativa en el pas y el derecho a recibir informacin por parte de los ciudadanos, es decir el derecho a la audiencia.
LEGITIMACIN E INTERS EN EL PRESENTE CASO
Fundar, Centro de Anlisis e Investigacin A.C. se dedica a la incidencia y monitoreo de polticas e instituciones pblicas por medio de la investigacin aplicada, la reflexin crtica y propositiva, la experimentacin y la vinculacin con actores civiles, sociales y gubernamentales. ARTICLE 19 Oficina para Mxico y Centro Amrica es una organizacin defensora de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo en la promocin y defensa del derecho a la libertad de expresin. Y busca promover el derecho de toda persona a expresarse libremente y a recibir informacin. Constituye un objetivo central de las tres organizaciones promover e impulsar la utilizacin de los poderes judiciales nacionales para fomentar el pleno ejercicio de los derechos, a travs de la aplicacin de los estndares internacionales de derechos humanos. En tal sentido, entre los mandatos de las tres organizaciones arriba mencionadas, se encuentra el de contribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos, a travs del uso de herramientas judiciales y cuasi-judiciales tanto a nivel interno como en la esfera internacional. El derecho a la libertad de expresin constituye una de las herramientas fundamentales para el libre flujo de la informacin, construir una sociedad informada y una democracia participativa que permita a los ciudadanos ejercer el control de las instituciones de gobierno. Para un pleno ejercicio de la libertad de expresin se necesita garantizar el derecho a la informacin que se entiende como derecho a buscar, recibir y difundir informacin.
El presente caso representa una oportunidad para que este Alto Tribunal se pronuncie sobre la afectacin que tienen las prcticas de asignacin de la publicidad oficial en Mxico en los derechos fundamentales de las personas. Por ese motivo e incorporando las mejores prcticas del derecho internacional de los derechos humanos, presentamos esta opinin tcnica en calidad de Amicus Curiae. Lo anterior se ajusta a lo contenido en el Acuerdo 10/2007 del 3 de mayo de 2007 del Pleno de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN) en el que se establecen los lineamientos para la comparecencia de especialistas ante el Tribunal Pleno, en relacin con el artculo 79 del Cdigo Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo- mediante el cual se faculta al juzgador para valerse de cualquier persona, cosa o documento para allegarse de la verdad. Dichos aspectos entran en sintona con lo sealado en el Libro Blanco de la Reforma Judicial (accin no. 22), siendo as ajustado a derecho que en la resolucin del asunto motivo del presente memorial puedan ser considerados los argumentos vertidos en el mismo.
1. ANTECEDENTES2 El presente caso versa sobre una accin de amparo promovida por la Radio Comunitaria La Voladora por la negativa de la Secretara de Salud para contratar, a partir del ejercicio fiscal correspondiente al ao 2010 y en cada ao subsiguiente, la difusin de la publicidad oficial que resulte razonable a fin de que participe equitativamente en la promocin de las campaas de comunicacin social de los programas de gobierno a cargo de esa dependencia de la Administracin Pblica Federal, as como todas las consecuencias que deriven de dicha negativa, porque, incumple las obligaciones correlativas para hacer efectiva la libertad de expresin y el derecho a informar, de acuerdo al principio de igualdad, de los cuales es titular esta parte quejosa. El 30 de octubre de 2009, La Voladora, emisora de Amecameca de Jurez, asesorada por las organizaciones Asociacin Mundial de Radios Comunitarias, captulo Mxico (AMARC-Mxico) y Litiga OLE, una organizacin dedicada al litigio estratgico de derechos humanos3, solicit a la Secretara de Salud que contratara con ella la publicidad oficial que resulte razonable a fin de que participe equitativamente en la promocin de las campaas de comunicacin social de los programas de gobierno, a cargo de esa dependencia. La dependencia de la Administracin Pblica Federal respondi, el 8 de febrero de 2010, mediante un oficio simple de una cuartilla, que respecto los mensajes que difunde invariablemente busca medios de amplia cobertura, y que en el caso de La Voladora Comunicacin A.C., se trata de una radiodifusora comunitaria, que no cubre las expectativas de difusin de la Secretara de Salud para lograr sus objetivos, y aunque cuenta con registro, se encuentra en etapa de proyecto (sic). Por lo anterior es que La Voladora interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa del Distrito Federal, quien el 30 de agosto resolvi negativamente. En consecuencia, la radio interpuso un recurso de revisin ante un Tribunal Colegiado. El 2 de febrero de 2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN) atrajo el caso por su inters y trascendencia.
http://www.litigaole.org.mx/web/web/Comunicado1.html http://www.amarcmexico.org/; http://www.litigaole.org.mx/web/web/Home.html
2. NORMATIVIDAD APLICABLE La publicidad oficial es tan relevante para la libertad de expresin e informativa que varias instancias y cortes nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto. El caso de La Voladora es de inters pblico por la dimensin individual y colectiva de la afectacin a la libertad de expresin y de informacin que se configura por la negativa arbitraria y discrecional de la asignacin de contratos de publicidad oficial. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) ha hecho referencia a la estrecha relacin existente entre democracia y libertad de expresin, al establecer que
La libertad de expresin es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrtica. Es indispensable para la formacin de la opinin pblica. Es tambin conditio sine qua non para que los partidos polticos, los sindicatos, las sociedades cientficas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condicin para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones est suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no est bien informada no es plenamente libre.4
Incluso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (en adelante SCJN) ya ha incorporado algunos de los criterios antes expuestos que se manifiestan en la siguiente Tesis Aislada
*+ cuando un tribunal decide un caso de libertad de expresin, imprenta o informacin, est afectando no solamente las pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino tambin el grado al que en un pas quedar asegurada la libre circulacin de noticias, ideas y opiniones, as como el ms amplio acceso a la informacin por parte de la sociedad en su conjunto, todo ello condicin indispensable para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa.5
La ausencia de criterios claros para la asignacin de la publicidad oficial permite un uso arbitrario y discrecional de la reparticin de sta. Esta prctica est reconocida como violatoria a la libertad de expresin. En la medida en que las presiones ocultas o indirectas ejercidas por funcionarios del gobierno tienen el propsito o efecto de interferir con la libertad e independencia de los medios, violan las normas internacionales de derechos humanos. El Artculo 13 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH) aborda el tema especficamente, sosteniendo
Cfr. Caso Ricardo Canese, supra nota 72, prr. 82; Caso Herrera Ulloa, supra nota 72, prr. 112; Caso Claude Reyes y otros Vs Chile, sentencia de 19 de septiembre de 2006, prr. 85; y Opinin Consultiva OC-5/85, supra nota 72, prr. 70. 5 Tesis Aislada 1. CCXV/2009, Novena Epoca, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federacin y su Gazeta, XXX, diciembre de 2009, p.287.Amparo directo en revisin 2044/2008, resolucin del 17 de junio de 2008 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin
No se puede restringir el derecho de expresin por vas o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para peridicos, de frecuencias radioelctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusin de informacin o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicacin y la circulacin de ideas y opiniones.6
Es ms, la manifestacin de la voluntad y de apoyo de numerosos dirigentes del mundo en defensa del derecho a la libertad de expresin rescatada en la Declaracin de Chapultepec7 en su principio 7 precisa
Las polticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importacin de papel o equipo periodstico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisin y la concesin o supresin de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.
Por lo afirmado anteriormente, se reconoce que existen diversas conductas, entre las cuales estn la concesin o supresin de publicidad estatal, que causan una afectacin objetiva a la libertad de expresin y por lo tanto al derecho a la informacin. La Comisin Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), en su Informe del ao 2000, Volumen III, Pag. 34/5, al tratar el apartado 13 de la Declaracin de Principios de Libertad de Expresin proclamada en octubre del Ao 2000, en su 108. perodo ordinario de sesiones seal que
El estado debe abstenerse de utilizar su poder y los recursos de la hacienda pblica con el objetivo de castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicacin en funcin de sus lneas informativas. Su rol principal es el de facilitar el ms amplio, plural y libre debate de ideas. Cualquier interferencia que implique restringir la libre circulacin de ideas debe estar expresamente prohibida por la ley. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresin.8
El poder del Estado para imponer criterios de restriccin en el acceso a los recursos para publicidad oficial puede ser empleado como mecanismo encubierto de censura a la informacin que se considere crtica a las autoridades. A este proceso se le ha llamado censura indirecta, previa o sutil. Al analizar el alcance de la libertad de expresin dentro del contexto de los derechos protegidos bajo la Convencin, la Corte IDH reconoci que la libertad de expresin es indivisible al derecho de difusin del pensamiento y de la informacin. En este sentido, esta tiene una dimensin individual y una dimensin social. La Corte IDH expres que
[...] la libertad de expresin no se agota en el reconocimiento terico del derecho de hablar o de escribir, sino que comprende adems, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir informacin y hacerla llegar al mayor
Convencin Americana sobre Derechos Humanos, art. 13.3 Adoptada por La Conferencia Hemisfrica sobre Libertad de Expresin celebrada en Mxico, D.F. el 11 de marzo de 1994 8 Declaracin de principios sobre Libertad de Expresin proclamada en octubre del Ao 2000, en su 108. Perodo ordinario de sesiones. prr. 56
nmero de destinatarios [...] Asimismo, es fundamental que los periodistas [...] gocen de la proteccin y la independencia necesaria para realizar sus funciones en la sociedad, requisito indispensable para que esta goce de una plena libertad.9
En la Declaracin de principios sobre libertad de expresin se deja constancia que el Relator Especial para la Libertad de Expresin de la Organizacin de los Estados Americanos (OEA) destaca
[...] que al imponer presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales se obstruye el funcionamiento pleno de la democracia, puesto que la consolidacin de la democracia en el hemisferio se encuentra ntimamente ligada al intercambio libre de ideas, informacin y opiniones entre las personas.10
En el Informe del ao 2002, el Relator Especial seala que:
Con toda certeza podra afirmarse que el estndar bsico para la interpretacin del contenido del derecho a la libertad de expresin lo constituye su ligazn a la democracia, y por ello resulta un derecho humano que si se pierde, pone en peligro la vigencia de todos los dems. Consecuentemente, la proteccin del derecho a expresar las ideas libremente es fundamental para la plena vigencia del resto. Sin libertad de expresin e informacin no hay una democracia plena, y sin democracia, la triste historia hemisfrica ha demostrado que desde el derecho a la vida hasta la propiedad son puestos seriamente en peligro.
La CIDH ha abordado el tema de las presiones financieras a las que se refiri como interferencias indirectas con la libertad de expresin. En el caso Radio andut, de 1987, la CIDH determin que las autoridades paraguayas haban violado el Artculo 13 de la CADH, al someter a la radio y a su director a diversas formas de hostigamiento, que incluyeron presiones a empresas privadas para que no publicitaran en la emisora. La CIDH recomend que el gobierno compensara a Radio andut por sus prdidas financieras11.
Declaracin de principios sobre Libertad de Expresin proclamada en octubre del Ao 2000, en su 108. Perodo ordinario de sesiones. prr. 57 10 Declaracin de principios sobre Libertad de Expresin proclamada en octubre del Ao 2000, en su 108. Perodo ordinario de sesiones. prr. 58 11 Humberto Rubin v. Paraguay (caso Radio andut), sentencia del 28 de marzo de 1987, OEA/Ser.L/V/II.71, Doc. 9 rev. 1, p. 111. Citado en El precio del silencio: abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en Amrica Latina.- 1a ed. - Buenos Aires: Asociacin por los Derechos Civiles; New York: Open Society Institute, 2008. P. 32
3. JUSTIFICACIN 3.1. La importancia de las radios comunitarias y el acceso a publicidad oficial Se ha reconocido la funcin esencial y el aporte de las radios comunitarias para hacer vigente y efectivo el derecho de acceso a la informacin para ciertas audiencias. En efecto, para muchos mexicanos que viven en zonas rurales y aisladas, la radio comunitaria es la nica manera de quedar informados. Dentro del Informe Especial sobre la Libertad de Expresin 2008, la Relatora reconoci que
los medios de comunicacin comunitarios desempean una funcin esencial no slo en el proceso de inclusin social, sino como mecanismos para fomentar la cultura e historia, y para el desarrollo y educacin de las distintas comunidades *Adems de su importancia+ para que todos los sectores de la sociedad *+ Participen informadamente en el proceso democrtico. Particularmente, las radios comunitarias son de gran importancia para la promocin de la cultura nacional, el desarrollo y la educacin de las distintas comunidades *+.12
En 2010, para el caso especfico de Mxico, la Relatora ya recomend reconocer las caractersticas especiales de estos medios comunitarios:
La Relatora observa que es necesario que el Estado reconozca la existencia particular de las emisoras comunitarias y que contemple reservas de espectro para este tipo medios, as como condiciones equitativas de acceso a las licencias que diferencien las realidades distintas de los medos privados no comerciales13
Por el papel especial que desempean las radios comunitarias en el espectro radioelctrico se ha reconocido el impacto que tiene para estos medios y para su audiencia recibir o no publicidad oficial y su contenido gubernamental. En este sentido, en su sentencia de Consideraciones de la Corte en el Caso Yatama Vs. Nicaragua Sentencia de 23 de Junio de 2005, la Corte IDH toma en cuenta que las comunidades usan la radio comunitaria como medio informativo, por lo que considera necesario que el Estado emita publicidad a travs de una emisora radial.14 Por su parte, la Declaracin Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusin 2007 manifiesta que
La radiodifusin comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicacin, debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtencin de licencias, no debe tener que cumplir con
CIDH. Justicia e Inclusin social: Los desafos de la democracia en Guatemala. Captulo VII: La situacin de la libertad de expresin, prr. 414. Informe Especial sobre la Libertad de Expresin en Mxico 2010, captulo III, prr. 233. Consideraciones de la Corte en el Caso Yatama Vs. Nicaragua Sentencia de 23 de Junio de 2005, prrafo 253
requisitos tecnolgicos o de otra ndole severos para la obtencin de licencias, debe beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y debe tener acceso a publicidad.15
En el caso que nos ocupa es claro que la Secretara de Salud no tom en cuenta ni las especificidades de La Voladora como radio comunitaria ni aquellas de su audiencia al momento de negarle el acceso a la publicidad gubernamental y, por tanto, se priv a su audiencia de de informacin valiosa sobre campaas de salud lo cual a su vez restringe, de forma discriminatoria, las posibilidades de ejercicio del derecho a la salud. La principal fuente de informacin sobre programas de seguridad social para las comunidades es esa estacin de radio. 3.2. La Falta de Regulacin de la Publicidad Oficial en Mxico En noviembre de 2007, por la va de una reforma constitucional, se dio un importante avance legislativo en relacin a la poltica de comunicacin del Estado, a travs de la pauta publicitaria gubernamental. Mediante adiciones al artculo 134 constitucional, se delimit el carcter institucional de la pauta gubernamental, al igual que sus fines. Adems, se determin la obligacin de los servidores pblicos de utilizar con imparcialidad los recursos bajo su responsabilidad, as como el establecimiento de sanciones en el marco legal para el caso contrario.16 Aunado a ello, en el artculo 41 constitucional se incluy la prohibicin del uso de la pauta gubernamental durante las campaas electorales.17 Este desarrollo normativo da cuenta de que el Estado se ha ocupado de regular la publicidad oficial. Adems por si mismo constituye un conjunto de fuentes objetivas que permiten identificar que la intencin legislativa es reducir la altsima discrecionalidad y reconoce que pueden existir practicas indebidas. No obstante, a diferencia de lo sucedido con relacin al manejo de la pauta en el contexto electoral, a la fecha, el artculo 134 no ha sido reglamentado a pesar de existir el mandato del
Declaracin Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusin 2007 de El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinin y de Expresin, el Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicacin, el Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresin y la Relatora Especial de la CADHP (Comisin Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad de Expresin y Acceso a la Informacin) 16 Los ltimos tres prrafos del artculo 134 constitucional se leen: Los servidores pblicos de la Federacin, los Estados y los municipios, as como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligacin de aplicar con imparcialidad los recursos pblicos que estn bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos polticos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicacin social, que difundan como tales, los poderes pblicos, los rganos autnomos, las dependencias y entidades de la administracin pblica y cualquier otro ente de los tres rdenes de gobierno, deber tener carcter institucional y fines informativos, educativos o de orientacin social. En ningn caso esta propaganda incluir nombres, imgenes, voces o smbolos que impliquen promocin personalizada de cualquier servidor pblico. Las leyes, en sus respectivos mbitos de aplicacin, garantizarn el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos prrafos anteriores, incluyendo el rgimen de sanciones a que haya lugar. 17 Durante el tiempo que comprendan las campaas electorales federales y locales y hasta la conclusin de la respectiva jornada comicial, deber suspenderse la difusin en los medios de comunicacin social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, rganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente pblico. Las nicas excepciones a lo anterior sern las campaas de informacin de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la proteccin civil en casos de emergencia.
poder reformador hacia el legislativo federal de que adecuara las leyes que correspondieran en un plazo no mayor de 30 das naturales que, evidentemente, ha vencido.18 A nivel federal, la nica gua existente en materia de publicidad oficial se localiza en los Lineamientos en Materia de Comunicacin Social, expedidos por la Secretara de Gobernacin19 (los lineamientos) y en el Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF)20. Estos instrumentos se limitan a normar el procedimiento administrativo en la materia y son omisos en el establecimiento de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios para la contratacin de la publicidad oficial. Adems, como es evidente, no cuentan con un nivel normativo significativo. La naturaleza jurdica secundaria de los lineamientos obstaculiza y debilita la implementacin de estas obligaciones pues: *los lineamientos+ pueden ser reformados, adicionados o abrogados discrecionalmente por los rganos del Ejecutivo Federal que las acordaron *+ y no introducen sanciones a las conductas contrarias a las previstas.21 En el PEF se regulan, entre otras cosas, el uso de los tiempos oficiales, las posibilidades que existen para reasignar y modificar los presupuestos y los mecanismos para informar sobre el uso de los recursos presupuestarios. Sin embargo, la vigencia del PEF es de un ao. Lo mismo sucede con los lineamientos. La temporalidad de ambos instrumentos no abona a la construccin de un marco jurdico slido. De esta forma, la legislacin secundaria existente en el mbito federal es insuficiente para garantizar la asignacin transparente y equitativa de la pauta publicitaria. El marco jurdico no establece un procedimiento de distribucin de la publicidad, competitivo, abierto, transparente y pblico. A lo anterior, se suma la dbil instrumentacin de la legislacin existente y la ausencia de mecanismos de control efectivos que garanticen su cumplimiento. En el mbito local slo en algunos casos existen ciertos lineamientos generales para la distribucin de la pauta22, pero an as no garantizan la asignacin no discriminatoria de los recursos, no obstante que, por el mismo decreto del 17 de noviembre de 2007 en su artculo sexto transitorio se estableci el mandato hacia los poderes legislativos estaduales para que adecuaran su legislacin a ms tardar en un ao.
Tercer artculo transitorio del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 13 de noviembre de 2007. Lineamientos generales para la orientacin, planeacin, autorizacin, coordinacin, supervisin y evaluacin de las estrategias, los programas y las campaas de comunicacin social de las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal. Estos son aplicables nicamente al Poder Ejecutivo. 20 A partir del PEF 1999, la publicidad oficial es abordada en el articulado de cada uno de los decretos de presupuesto. Asimismo, a partir del 2000, cada ao en el mes de diciembre, la Secretara de gobernacin publica lineamientos en los que dicta las reglas que rigen los procesos de comunicacin social para el siguiente ao. 21 Ernesto Villanueva. Publicidad Oficial, transparencia y equidad, captulo cuarto. 2a. Edicin, 2010 22 Por ejemplo, las Normas Generales en Materia de Comunicacin Social para la Administracin Pblica del Distrito Federal sealan que: La contratacin de servicios de informacin, difusin y publicidad con medios de comunicacin privados u oficiales, se llevar a cabo con base en las tarifas comerciales debidamente acreditadas; la penetracin, audiencia o lectora garantizada por las instituciones oficiales y profesionales que la estudian, as como la cobertura idnea para el tipo de campaa que ser difundida. La contratacin antes referida, contar con el soporte respectivo
En este punto se evidencia la postura doctrinaria sostenida por Manuel Ernesto Larrondo 23 en el sentido de que el Estado est obligado a instrumentar los mecanismos necesarios para tornar aplicable en el orden interno mediante la sancin de leyes o, caso contrario, el dictado de sentencias por los jueces quienes deben suplir aquella omisin para que las relaciones exteriores de la Nacin no resulten afectadas y ms cuando de los postulados de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (CADH) se desprende que ante la ausencia de reglas claras que permiten la asignacin discrecional, arbitraria y discriminatoria se configura una lesin por vas indirectas al ejercicio del derecho a expresarse libremente. Mientras que el derecho internacional de los derechos humanos prohbe todas las prcticas abusivas en las finanzas del gobierno como forma de interferir con la libertad de los medios, en Mxico no existe un marco normativo que establezca un proceso claro, objetivo y no discriminatorio de asignacin de la publicidad oficial. 3.3. La Publicidad oficial y el derecho a la libertad de expresin en el derecho comparado 24 En Mxico es indispensable que el Poder Judicial est a la vanguardia respecto la interpretacin pro persona de los derechos humanos, y ms aun teniendo presentes las recientes reformas constitucionales en materia de amparo y en derechos humanos y que se aborda un tema de gran relevancia al tratarse de libertad de expresin, acceso a la informacin y no discriminacin de radios comunitarias. Es as que para tal efecto esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nacin puede allegarse de prcticas garantistas, y en este sentido, el caso argentino ha resultado ejemplar tratndose de la resolucin de casos sobre asignacin de Publicidad Oficial. Desde el caso Emisiones Platenses S.A. s/accin de amparo, E. 28. XXII225 de 1997, atravesando por el caso Editorial Ro Negro S.A. c/Nequen, Provincia del s/accin de amparo, E. 1. XXXIX26 en 2007 y llegando a la reciente sentencia del caso Editorial Perfil S.A. y otros c/ E.N. Jefatura Gabinete de MinistrosSMC s/amparo ley 16.986, E80. XLV, E.84 XLV27 de pasado mes de mayo de 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nacin de Argentina ha establecido que, si bien no existe el derecho de recibir publicidad oficial como tal, el estado no debe asignar los recursos publicitarios de manera arbitraria, discrecional, ni discriminatoria, ya que constituye una violacin a la libertad de expresin y en consecuencia una privacin al derecho a la informacin de las y los lectores de dichos medios. 28
Larrondo, Manuel Ernesto. El conflicto de la asignacin discrecional de publicidad oficial a los medios de comunicacin la nica solucin es regular por ley? p. 8. http://www.calp.org.ar/uploads/1c887f99370e90ef264fc5d09d5c1bda.pdf 24 Cfr. Villanueva, Ernesto, Rgimen Jurdico Comparado de la Ayuda del Estado a la Prensa, Mxico, Coleccin Derecho, Media Comunicacin, 1996. p. 23 y sigs. 25 http://www.derechodelavictima.com.ar/blog/fallos/descargar-fallos/doc_download/18-fallo-emisiones-platenses-corte 26 http://www.censuraindirecta.org.ar/images/fck/file/Fallo%20de%20la%20Corte.doc 27 http://www.derechodelavictima.com.ar/blog/fallos/descargar-fallos/doc_download/17-editorial-perfil-fallo-corte 28 Ver el voto de Enrique Santiago Petracchi y Carmen M. Argibay p. 9 del fallo de la Corte del caso Perfil como en el voto de Carloss Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert en el caso "Emisiones Platenses" donde se evidencia que es suficiente con que resulte un tratamiento disparejo y que ste no se encuentre debidamente justificado en cuanto a la negativa de otorgar publicidad oficial para sealar la
Tambin existe jurisprudencia en esa lnea en Asia. En la India, en el caso Ushodaya Publications, un peridico impugn por considerarlo inconstitucional- el retiro de publicidad que le realizara un gobierno regional en represalia por sus polticas editoriales crticas. El tribunal de apelaciones de la India resolvi que, en efecto, era inconstitucional que el gobierno utilizara sus facultades en materia de publicidad para recompensar o castigar a los medios en relacin con su lnea editorial. 29 Political Affiliations will not be taken into account in placing Government advertisements. En lugar de ello, afirm el tribunal, el gobierno debe asignar la publicidad de una manera consecuente con su propsito; es decir, educar e informar al pblico sobre las actividades oficiales. In selecting newspapers for placing advertisements the following considerations will be taken into account: (a) Regularity and timely issue; (b) Coverage of readers from different walks of life, particularly in the case of State Campaigns; (c) Reaching specific sections of a people as effectively as possible depending upon the message of advertisement *+ Sin duda, otro criterio de inters lo constituye aqul en que la Corte de Apelacin del Primer Circuito en los Estados Unidos manifiesta su criterio sobre la inconstitucionalidad en el ejercicio de la facultad de discrecionalidad gubernamental. En el caso El Da vs. Rosello, la Corte estableci que el retiro de publicidad oficial que llev a cabo el gobierno en contra del peridico El Da por mantener una lnea editorial crtica respecto a su mandato se llev a cabo a pesar de una disposicin legal existente al momento de la falta y que consiste en la prohibicin de que los servidores pblicos condicionen la revocacin de beneficios cuando el efecto ser la afectacin al inters pblico constitucionalmente protegido. En consecuencia, establece que ah donde se espera que un funcionario pblico no viole los derechos constitucionalmente protegidos, existe siempre una posibilidad para el particular de accionar la maquinaria jurisdiccional para proteger su derecho. 30 El criterio antes sealado no solamente da una pauta para el ejercicio de la facultad discrecional de los funcionarios pblicos sino que tambin da muestra de la relevancia que tiene la existencia de un marco legal secundario claro respecto a las conductas que los servidores pblicos tienen estrictamente permitido hacer y, por lo tanto, estrictamente prohibido de llevar a cabo para que, en el ejercicio de sus funciones, no lesionen ningn inters constitucionalmente protegido.
violacin a la libertad de prensa y en consecuencia que las publicaciones, sean adjudicadas con un criterio compatible con las razones antes expuestas 29 USHODAYA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED AND OTHERS v. GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH AND OTHERS, Writ. Petn. No. 7763 of 1979. 30 EL DA , INC., Plaintiff, Appellee, v. GOVERNOR PEDRO J. ROSSELLO, ANGEL MOREY, AND PEDRO ROSARIO URDAZ, Defendants, Appelants. Corte de Apelacin del Primer Circuito en los Estados Unidos, LEXSEE 165 F.3D 106.
De este modo, el desarrollo de jurisprudencia comparada permite verificar que el impacto que las pautas de publicidad oficial tienen sobre los medios constituye un importante aspecto a considerar para garantizar la libre circulacin de ideas e informacin; tambin da cuenta de la importancia que este caso denota y la urgencia de que la SCJN aporte interpretaciones acordes con los principios internacionales que regulan la materia.
4. ARGUMENTOS 4.1 Prcticas gubernamentales que afectan la libertad de expresin y el derecho a la informacin. Efectos de las prcticas.31
Impacto sobre la libertad de expresin de las radios comunitarias y el derecho de la audiencia
Como ya se ha mencionado, la proteccin de los derechos a la libertad de expresin y a la informacin es un asunto de inters pblico ya que su vigencia no solo permite el desarrollo individual de las personas en un contexto de participacin sino que el ejercicio de aquellos derechos aporta un beneficio colectivo en la medida en que se actualiza la construccin de una sociedad democrtica. La misma SCJN ha expresado que
una opinin pblica bien informada es un instrumento imprescindible para conocer y juzgar las ideas y acciones de los dirigentes polticos; el control ciudadano sobre las personas que ocupan o han ocupado en el pasado cargos pblicos *+ fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de todos los involucrados en la gestin de los asuntos pblicos *+32
Existen prcticas gubernamentales que tienen por efecto generar condiciones adversas para el ejercicio de la libertad de expresin y del derecho a la informacin, ya sea por lo que la propia CIDH ha llamado censura indirecta como por la privacin de informacin pblica y relevante que sufre la ciudadana cuando el Estado no procura la pluralidad de medios al difundir los mensajes gubernamentales, es decir, el derecho de la audiencia. En el caso de las radios comunitarias, es an ms grave la violacin al derecho de la audiencia ya que en muchos casos la radio es el nico medio que tiene la comunidad para informarse. As lo menciona la Relatora en su informe de 2002
las radios comunitarias *+ responden en muchos casos a las necesidades, intereses, problemas y expectativas de sectores muchas veces relegados, discriminados y empobrecidos de la sociedad civil. La necesidad creciente de expresin de las mayoras y minoras sin acceso a medios de comunicacin, y su reivindicacin del derecho de
Para el presente apartado hemos coincidido con el anlisis realizado por Carlos Rafael Urquilla Bonilla en el informe de consultora denominado La Distribucin de la Publicidad Oficial en los Medios de Comunicacin Social: un anlisis desde la perspectiva de los derechos humanos. Pp. 2-14 http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_otrosdocs/propuesta%20sobre%20publicidad%20oficial%20(version%20final).h tm 32 Tesis Aislada, 1 CCVII/2009, Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta XXX, diciembre de 2009, pag. 287.
comunicacin, de libre expresin de ideas, de difusin de informacin hace imperante la necesidad de buscar bienes y servicios que les aseguren condiciones bsicas de dignidad, seguridad, subsistencia y desarrollo33.
Por lo anterior, es importante entender que cuando se niega publicidad gubernamental a una radio comunitaria, es el derecho a recibir informacin de esta misma comunidad que est siendo violentado. As lo afirma en el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2003
*+ los marcos regulatorios que protejan y estimulen los medios comunitarios son especialmente crticos para asegurar a los grupos vulnerables su libertad de expresin y acceso a la informacin34
Entre esas prcticas gubernamentales que tienen por efecto afectaciones objetivas a los derechos, independientemente de la intencionalidad con la que la autoridad las llevara a cabo, estn la discrecionalidad y arbitrariedad en la asignacin de contratos de publicidad oficial que, en muchos casos, permiten la discriminacin de algunos medios de comunicacin. En el caso concreto de La Voladora, que ejemplifica la situacin que viven otros medios de comunicacin en el pas, esas prcticas se manifestaron de la siguiente forma: La Secretara de Salud, por medio del oficio DGCS/DCE/0999/09 del 15 de diciembre de 2009 suscrito por el Director General de Comunicacin Social de esa dependencia enunci los factores para elegir la contratacin. Entre ellos pueden leerse los siguientes: pblico objetivo, perfil del medio, cobertura del medio, capacidad del medio para cumplir con oportunidad, y no estar sancionado por la Secretara de la Funcin Pblica. En el mismo documento, la autoridad manifest la expectativa de que fueran los medios de amplia cobertura que se identifiquen con el pblico objeto y en consecuencia, garanticen un alto impacto aquellos que se beneficien de la contratacin gubernamental. Tambin expres que La Voladora no cubre las expectativas de difusin de la Secretara de Salud para lograr sus objetivos. Sin embargo, es preciso resaltar que al comunicar la negativa de contratacin a La Voladora, en ningn momento la autoridad ofreci argumento alguno sobre cules eran esas expectativas de difusin ni mucho menos las razones o causas por las que la transmisin de informacin de inters pblico a una comunidad en especfico en este caso sobre la poltica pblica en salud- no logra ajustarse a los objetivos de la Secretara de Salud. Es decir que la autoridad responsable nunca ofreci una justificacin sobre por qu no
Informe 2002 de la Relatora Especial para la Libertad de Expresin. Captulo Libertad de Expresin y Pobreza. Numeral 37. Comisin Interamericana de Derechos Humanos. PNUD, Access to Information: Practice Note. UNDP-October 2003.
fue posible considerar a LA VOLADOR COMUNICACIN, A.C. (sic), como opcin para difundir el quehacer institucional. Lo anterior da muestra de que la forma en que la autoridad realiza las contrataciones de publicidad gubernamental es arbitraria y discrecional y que, por efecto, genera un trato discriminatorio hacia un medio de comunicacin, en este caso, comunitario, con respecto a otros medios de comunicacin cuya funcin comercial est por encima de la funcin social que procura y promueve La Voladora. Dicho de otra forma, la radio comunitaria juega un papel fundamental para hacer efectivo el derecho de la audiencia a conocer la informacin de su gobierno.
En ese sentido, la Primera Sala de la SCJN ha manifestado en un criterio aislado que se espera que las diferentes perspectivas lleguen a los individuos por la combinacin de fuentes de informacin y opinin a las que estn expuestos, aunque cada una de esas fuentes no supere perfectamente el estndar en lo individual 35 Asimismo ha sostenido que los medios de comunicacin social se cuentan entre los forjadores bsicos de la opinin pblica en las democracias actuales y es indispensable que tengan aseguradas las condiciones para incorporar y difundir las ms diversas informaciones y opiniones.36 Es importante aadir que la contratacin de publicidad gubernamental constituye un acto cuya naturaleza es por dems distinta a la contratacin que pudiera llevarse a cabo entre dos particulares. Es decir que, mientras en el primer caso el de la publicidad gubernamental- el contratante siempre tendr la obligacin de garantizar, a travs de su decisin, el derecho a la libertad de expresin y el derecho a la informacin como derechos que aseguran a las personas espacios de autonoma y generan las condiciones para procurar un adecuado funcionamiento de las instituciones democrticas; en el segundo caso la contratacin privada- sern los principios de eficiencia y eficacia econmica que rigen el mercado aquellos que definan la preferencia de un contratante por encima de sus opciones de contratacin y no estar obligado a satisfacer el contenido de los derechos. Discrecionalidad La Relatora en su Informe 2010 habla de cmo el uso discrecional de la pauta publicitaria puede ser censura indirecta
*+ los mecanismos de censura indirecta suelen esconderse detrs del aparente ejercicio legtimo de facultades estatales, muchas de las cuales se ejercen por los funcionarios de
Tesis Aislada, 1 CCXX/2009, Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta XXX, diciembre de 2009, pg. 284. Tesis Aislada, 1 CCXVI/2009, Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta XXX, diciembre de 2009, pg. 288.
forma discrecional. En consecuencia, estas formas de censura indirecta son particularmente difciles de detectar, ya que no es fcil determinar con exactitud la lnea que separa al ejercicio legtimo de una facultad de la restriccin ilegtima de un derecho. *+ En el caso de la distribucin de la publicidad oficial se configura un caso de censura indirecta cuando la misma es realizada con fines discriminatorios de acuerdo a la posicin editorial del medio incluido o excluido en ese reparto y con el objeto de condicionar su posicin editorial o lnea informativa. 37
Por su parte, la propia Corte IDH ha sostenido que
*+ se debe de hacer una evaluacin casustica para determinar si hubo violacin al derecho *al+ evaluar una supuesta restriccin o limitacin a la libertad de expresin, el Tribunal no debe sujetarse nicamente al estudio del acto en cuestin, sino que debe igualmente examinar dicho acto a la luz de los hechos del caso en su totalidad, incluyendo las circunstancias y el contexto en los que stos se presentaron38
Asimismo, la Corte IDH se ha pronunciado por que la publicidad y transparencia en el ejercicio de la gestin pblica es necesaria para ejercer un control democrtico en la actividad estatal, por lo que la discrecionalidad estatal en la asignacin de publicidad oficial no slo contrara dichos principios de la gestin pblica, sino que al impedir una participacin abierta en dichos procesos de contratacin estatal degenera en un desvo de poder por el otorgamiento arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial39. El caso de Ro Negro en Argentina, citado con anterioridad, es contundente al limitar las posibilidades de asignacin discrecional de la publicidad oficial ya que
quien pretende afectar gravemente un derecho fundamental tiene la carga argumentativa de probar la existencia de una razn que lo justifique. Por ello, en este caso es el Estado quien tiene la carga de probar la existencia de motivos suficientes que justifiquen la interrupcin abrupta de la contratacin de publicidad oficial*+40
Arbitrariedad Con respecto a la arbitrariedad, de nuevo la Corte IDH, al referirse al derecho a la libertad de expresin, seala los siguientes requisitos para que una medida no se considere arbitraria:41
i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convencin *+ ; ii) que las medidas adoptadas sean las idneas para cumplir con el fin
CIDH. Informe Anual 2010. Volumen III: Informe Anual de la Relatora Especial para la Libertad de Expresin. Captulo V, El caso de la publicidad oficial prr. 11 38 Corte I.D.H. Caso Baruch Ivcher Bronstein Vs. Per. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74 prr. 154. 39 Cfr. Corte I.D.H. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151 prr. 86 40 Editorial Ro Negro S.A. c/Nequen, Provincia del s/accin de amparo, E. 1. XXXIX, conclusin b) de la mayora 41 CorteIDH. Caso Chaparro lvarez y Lapo iguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, prr. 93
perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto *+ y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales42, de tal forma que el sacrificio inherente a la restriccin del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restriccin y el cumplimiento de la finalidad perseguida.
Discriminacin Finalmente y haciendo nfasis en el efecto discriminatorio de las prcticas gubernamentales antes sealadas la discrecionalidad y la arbitrariedad- la negativa de asignacin de publicidad oficial a la quejosa anula las posibilidades de participar igualitariamente en dichos procesos de asignacin de publicidad oficial y por tanto es contraria el principio de proteccin igualitaria y de la no discriminacin que, en si mismo, se considera norma de ius cogens:
184. El principio de la proteccin igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminacin constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en muchos instrumentos internacionales y desarrollado por la doctrina y jurisprudencia internacionales. En la actual etapa de la evolucin del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminacin ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre l descansa el andamiaje jurdico del orden pblico nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurdico.43
La decisin por parte de la Secretara de Salud de negar a La Voladora el acceso a la publicidad gubernamental tiene un efecto discriminatorio, claramente inconstitucional ya que es contraria al derecho a la informacin: la radio comunitaria juega un papel fundamental para hacer efectivo el derecho de la audiencia a conocer la informacin de su gobierno. En este orden de ideas, es indispensable resaltar que es un imperativo del Estado mexicano eliminar toda distincin que carezca de justificacin objetiva y razonable, as como establecer las medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad de todas las personas:
185. Ese principio posee un carcter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno; se trata de un principio de derecho imperativo. Por consiguiente, los Estados tienen la obligacin de no introducir en su ordenamiento jurdico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de carcter discriminatorio, combatir las prcticas de este carcter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante
Cfr. CorteIDH. Caso "Instituto de Reeducacin del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, prr. 228. 43 CorteIDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. Prr. 184.
la ley de todas las personas44. Es discriminatoria una distincin que carezca de justificacin objetiva y razonable45.46
Es necesario evidenciar que el artculo 24 de la CADH, tal y como lo indica la Corte IDH prohbe toda discriminacin sea de hecho o de derecho no slo en cuanto a los derechos establecidos en el tratado sino de todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicacin.
186. El artculo 24 de la Convencin Americana prohbe la discriminacin de derecho o de hecho, no slo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicacin. Es decir, no se limita a reiterar lo dispuesto en el artculo 1.1 de la misma, respecto de la obligacin de los Estados de respetar y garantizar, sin discriminacin, los derechos reconocidos en dicho tratado, sino consagra un derecho que tambin acarrea obligaciones al Estado de respetar y garantizar el principio de igualdad y no discriminacin en la salvaguardia de otros derechos y en toda la legislacin interna que apruebe.47
Por todo lo anterior, se evidencia el estndar internacional respecto a la prohibicin de un trato discrecional que atente contra la igualdad de oportunidades en el acceso a la asignacin de la publicidad oficial, as como la violacin a los derechos humanos por la negativa arbitraria a La Voladora en cuanto a su solicitud de acceso a la publicidad oficial. Este ltimo aspecto tambin ha sido abordado en la Corte IDH por el Juez Canado Trindade en su voto concurrente, al distinguir entre un acto arbitrario y uno discrecional como a continuacin se cita
12. En efecto, la arbitrariedad se configura siempre y cuando un procedimiento legal no se conforma con las normas de la razn - lo determinado por la rectae rationis, - pero es dictado slo por la voluntad del poder (y el uso ilimitado de ste). Es, as, perfectamente posible que un mandato sea arbitrario, aunque basado en la ley positiva. Esto ocurre cuando lo dispuesto por dicha ley se sita por encima de todo razonamiento, obedeciendo tan slo a "un fortuito antojo de quien dispone del poder"48. Obrar discrecionalmente (apreciando debidamente las circunstancias de un caso concreto) no es lo mismo que obrar arbitrariamente; obrar discrecionalmente significa "regirse por principios generales, aplicarlos a las particularidades de cada caso concreto, y sacar las consecuencias"49, - lo que es una facultad inherente a la funcin judicial.50
Cfr. Condicin Jurdica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 150, prr. 88; Condicin Jurdica y Derechos Humanos del Nio. Opinin Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, prr. 44; y Propuesta de Modificacin a la Constitucin Poltica de Costa Rica Relacionada con la Naturalizacin. Opinin Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, prr. 54. 45 Cfr. Condicin Jurdica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 150, prr. 89; Condicin jurdica y derechos humanos del nio, supra nota 156, prr. 46; y Propuesta de Modificacin a la Constitucin Poltica de Costa Rica Relacionada con la Naturalizacin, supra nota 156, prr. 56. Cfr. tambin Eur. Court H.R., Case of Willis v. The United Kingdom, Jugdment of 11 June 2002, para. 39; Eur. Court H.R., Case of Wessels-Bergervoet v. The Netherlands, Jugdment of 4th June 2002, para. 46; Eur. Court H.R., Caso Petrovic v. Austria, Judgment of 27th March 1998, Reports 1998-II, prr. 30; y O.N.U., Comit de Derechos Humanos, Joseph Frank Adam c. Repblica checa, (586/1994), dictamen de 25 de julio de 1996, prr. 12.4. 46 CorteIDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. Prr. 185. 47 CorteIDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. Prr. 186. 48 . L. Recasns Siches, Tratado General de Filosofa del Derecho, 7a. ed., Mxico, Ed. Porra, 1981, p. 216. 49 . Ibid., p. 217.
Es as que la negativa de la Secretaria de Salud configur una prctica arbitraria por atender a la voluntad individual por encima del inters pblico; discrecional por no corresponder a una legislacin o regulacin general en la materia; y discriminatoria por haberse anulado, en perjuicio de La Voladora, la posibilidad de participar equitativamente de los contratos de publicidad oficial an cuando sus condiciones de operacin satisfacen y garantizan el inters pblico de la publicidad oficial. 4.2. Necesidad de un marco jurdico claro La ausencia de una normativa sobre la asignacin de contratos de publicidad oficial adecuada al contenido de los derechos a la libertad de expresin e informacin genera condiciones propicias para las prcticas discrecionales y arbitrarias que tienen por efecto discriminar a unos medios de comunicacin con respecto de otros en el contexto especfico de la asignacin contractual. As lo han sealado y recomendado diversas instancias internacionales y actores pblicos nacionales. Por lo anterior, y en nuestra calidad de Amicus Curiae, solicitamos a este Alto Tribunal que ejerza sus facultades para mandatar, en el presente caso, a las autoridades correspondientes la elaboracin de la normativa en materia de asignacin de publicidad oficial en un contexto independiente del electoral.
Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94. Prr. 12.
5. CONCLUSIONES La asignacin arbitraria y discrecional de publicidad oficial se traduce en acciones y omisiones que violentan la libertad de expresin y el derecho a difundir, recibir y allegarse de informacin segn lo establecido por el derecho internacional de derechos humanos. Tambin violenta los derechos humanos consagrados en los artculos 1, 2 y 13 de la CADH. La vulneracin al artculo 13 ocurre en su doble dimensin: a travs de la afectacin directa a los medios de comunicacin y del derecho de la sociedad a recibir y allegarse informacin. Ante el hecho de que la asignacin de la publicidad oficial es arbitraria y discrecional en casi todos los pases de Amrica Latina, la Relatora Especial para la Libertad de Expresin recomend una serie de estndares rectores que estn basados en principios interamericanos y en experiencias comparadas y que sugieren desde aspectos normativos, definiciones sobre los contenidos y la naturaleza de la publicidad oficial, hasta prcticas que los estados deben evitar as como recomendaciones puntuales sobre los criterios de asignacin de publicidad oficial.51 Segn el tercer principio rector, el criterio preponderante para que los estados adjudiquen la publicidad oficial son las audiencias o pblico objetivo de la campaa de la que se trate. Por tanto, recomiendan que los recursos publicitarios se asignen segn criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos que evalen factores como el perfil del pblico al que va dirigida la campaa, precios, circulacin o audiencia del medio respectivo, etc. Para la Relatora, la publicidad debe orientarse a la efectividad (o idoneidad) del mensaje, es decir, que la pauta sea recibida por el pblico al que se desea impactar con la campaa. Adems, recomienda que si fueren necesarias mediciones para la asignacin de publicidad oficial, stas deberan abarcar a todos los tipos de medios (como los medios pequeos, comunitarios y locales). Otras recomendaciones de la Relatora Especial incluyen la necesidad de que los Estados tomen una serie de medidas como el establecimiento de mecanismos de control externo por rganos autnomos que permitan monitoreos exhaustivos de la asignacin de la publicidad oficial, la generacin de una planificacin adecuada de campaas concretas basadas en necesidades concretas de la poblacin y la institucionalizacin de procedimientos de contratacin abiertos, transparentes y no discriminatorios. En Mxico es necesaria una ley general que regule de manera efectiva e idnea la asignacin de la publicidad oficial delimitando sus objetivos, estableciendo criterios y procedimientos de asignacin equitativos, transparentes y precisos para su distribucin y disponiendo de mecanismos de control para su evaluacin y posible sancin. Lo anterior se hace ms urgente cuando se requiere que se terminen de construir las condiciones necesarias para que los medios y las autoridades normalicen sus relaciones en el marco de un Estado de Derecho democrtico respetuoso de los derechos humanos.
Principios rectores para la publicidad oficial. Captulo V del Informe de la Relatora Especial para la Libertad de Expresin. Informe Anual de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 5, 7 de marzo de 2011.
Por las razones desarrolladas en el los puntos anteriores, los signatarios del presente documento solicitamos a esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nacin PRIMERO.- Considerar los argumentos aqu expresados, en calidad de amicus curiae. SEGUNDO.- Resolver el amparo en cuestin a travs de una interpretacin pro persona y conforme a los tratados internacionales en derechos humanos en cumplimiento del Decreto por el que se modifica la denominacin del Captulo I del Ttulo Primero y reforma diversos artculos de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federacin el pasado 10 de junio de 2011. TERCERO.- Determinar que la autoridad responsable actu de forma arbitraria y discrecional, violentando el derecho a un trato igualitario y no discriminatorio en la asignacin de publicidad oficial, vulnerando as el derecho a la libertad de expresin de La Voladora, as como el derecho de su audiencia a allegarse de la informacin til para el ejercicio de otros derechos como el derecho a la salud. CUARTO.- Mandatar a las autoridades responsables del diseo normativo y de poltica pblica en la materia para que incorporen los principios rectores en materia de publicidad oficial emitidos por la CIDH y que fueron antes referidos.
7. FIRMANTES 1- Asociacin por los Derechos Civiles (ADC), Director Ejecutivo lvaro Herrero, Argentina.
La Asociacin por los Derechos Civiles (ADC) es una organizacin no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro creada en 1995 con el propsito de contribuir a afianzar una cultura jurdica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas, sustentada en el respeto por la Constitucin y los valores democrticos
2- Asociacin Nacional de la Prensa (ANP), 1Vicepresidente Jorge Carrasco Guzmn, Bolivia
La Asociacin Nacional de la Prensa (ANP), la institucin ms importante de Bolivia en la defensa de la libertad de expresin y de prensa, apoya la iniciativa planteada. Agrupamos a los ms importantes medios impresos del pas (diarios, semanarios, revistas) y nuestro principio fundamental apunta a defender indeclinablemente las libertades de expresin y de prensa como elementos vitales para que el periodismo pueda cumplir su misin de informar y orientar a la sociedad sobre los acontecimientos locales, nacionales y mundiales con la mayor veracidad, honestidad, seriedad y responsabilidad.
3- Fundacin Pro Acceso, Director Ejecutivo Moiss Snchez, Chile
Fundacin Pro Acceso responde al inters de obtener el reconocimiento y respeto del derecho de acceso a la informacin pblica como un derecho humano fundamental para la libre expresin de las ideas y opiniones, y su promocin como una herramienta central en el desarrollo de las polticas pblicas y defensa de los derechos humanos.
4- Instituto de Prensa y Libertad de Expresin (IPLEX), Presidente Alejandro Delgado Faith, Costa Rica
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresin (IPLEX) es una asociacin privada, sin fines de lucro, dedicada a impulsar la promocin de la libertad de expresin y el libre acceso a la informacin pblica; la responsabilidad y la independencia en el ejercicio periodstico; fomentar la independencia y pluralidad de los medios de comunicacin; entre otros.
5- FUNDAMEDIOS, Director Ejecutivo Csar Ricaurte, Ecuador
La Fundacin Andina para la Observacin y Estudio de Medios - Fundamedios, es una organizacin de la sociedad civil constituida el 26 de abril de 2007. Tiene como misin promover el respeto de los derechos y libertades de expresin, prensa, acceso a la informacin y asociacin, as como el periodismo independiente y de calidad. Desde sus inicios, Fundamedios ha llevado adelante la iniciativa de la Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresin y de Prensa, nico referente nacional e internacional sobre la materia, que ha permitido presentar anualmente un informe sobre la situacin de estas libertades en Ecuador.
6- Asociacin de Periodistas de El Salvador (APES), Presidenta Nery Mabel Reyes, El Salvador
La asociacin de Periodistas de El Salvador, es una gremial representativa que aglutina a profesionales del periodismo y trabaja por la profesionalizacin y la promocin de los escenarios que favorezcan el derecho de nuestros pblicos a estar bien informados y a contar con una variedad de opciones que sirven para enriquecer los juicios de valor entre la sociedad.
7- Accin Ciudadana, Director Ejecutivo Manfredo Marroqun, Guatemala.
Accin Ciudadana es una organizacin especializada en promocin de la transparencia, la observacin electoral y la participacin ciudadana
8- Instituto de Derecho y Economa Ambiental (IDEA), Director Ejecutivo Ezequiel Santagada, Paraguay
El Instituto de Derecho y Economa Ambiental - IDEA es una organizacin de la sociedad civil, fundada en Asuncin, Repblica del Paraguay, el 6 de junio de 1996. Sus finalidades estatutarias son: 1) Contribuir a compatibilizar, armonizar y hacer efectivo el anhelo global de vivir en un ambiente saludable y ecolgicamente equilibrado, en un marco que facilite el desarrollo econmico y una progresiva mejora en la calidad de vida de todas las personas, a travs del estudio, la promocin y la aplicacin del derecho y la economa ambiental; 2) Contribuir a la conservacin y manejo sustentable del patrimonio natural y cultural; y, 3) Defender y promover el fortalecimiento de los derechos a acceder a la informacin, a la participacin y a la justicia como medio para hacer efectivo el goce de los derechos humanos. En materia de acceso a la informacin, IDEA integra y lidera en el Paraguay el Grupo Impulsor de Acceso a la Informacin Pblica - GIAI, colectivo de organizaciones de la sociedad civil que impulsa una ley de libre acceso a la informacin pblica. Adems, es la nica organizacin de la sociedad civil paraguaya que ha litigado para exigir el efectivo reconocimiento del derecho humano a acceder a la informacin que obra en poder del Estado. IDEA integra la Alianza Regional por la Libertad de Expresin e Informacin.
9- Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Director Ejecutivo Ricardo Uceda, Per.
El Instituto Prensa y Sociedad, basado en Lima, Per, es una organizacin civil que promueve el periodismo de investigacin, la libertad de expresin y el acceso a la informacin pblica en Amrica Latina. El IPYS surgi en Per en 1993, como una reaccin al gobierno autoritario de Alberto Fujimori, que recort las libertades democrticas. Los primeros socios fueron destacados editores del pas. Organiz una red de proteccin de periodistas en peligro e influy en el nacimiento de otras en Amrica Latina. Por su trabajo en la regin, ese ao el International Press Institute (IPI) lo distingui con el premio Pionero de la Libertad de Prensa.
10- Centro de Archivos y Acceso a la Informacin (CAInfo), Director Ejecutivo Edison Lanza, Uruguay
El Centro de Archivos y Acceso a la Informacin Pblica (CAINFO) es una asociacin sin fines de lucro que trabaja en Uruguay por la plena vigencia del Derecho a la Informacin. Trabajar para el cumplimiento de derechos fundamentales de expresin e informacin, de acuerdo a los compromisos asumidos por el pas en materia de derechos humanos. Proporcionar al ciudadano una herramienta legal que respalde su derecho a la informacin, lograr mayor control de la gestin y lograr mayor transparencia pblica. Las reas de trabajo del CAINFO, son la difusin y asesoramiento a personas y organizaciones de la sociedad civil, en materia de derecho a la informacin, archivos y libertad de expresin. Tambin nos especializamos en capacitacin y en la realizacin de convenios con otras instituciones, en las reas de advocacy y litigios de las materias mencionadas.
11- Alianza Regional por la Libre Expresin e Informacin, Secretaria Ejecutiva Karina Banfi, Regional.
La Alianza Regional por la Libre Expresin e Informacin es una coalicin regional constituida en 2005. Actualmente est constituida por 24 organizaciones de la sociedad civil de 18 pases de las Amricas, dedicadas a defender y promover la libertad de expresin y el acceso a la informacin pblica en la regin de las Amricas.
12- Fundacin Salvadorea para el Desarrollo Econmico y Social (FUSADES), Directora del Departamento de Estudios Legales Claudi Umaa, Salvador
La Fundacin Salvadorea para El Desarrollo Econmico y Social, Fusades, es una organizacin salvadorea no gubernamental, sin fines de lucro, creada en 1983, que tiene por misin ser un centro de pensamiento e investigacin de alta credibilidad, que promueva el progreso econmico y social de los salvadoreos, mediante el desarrollo sostenible, bajo un sistema democrtico y de libertades individuales.
13- Transparencia Venezuela, Directora Ejecutiva Mercedes de Freitas, Venezuela
Transparencia Venezuela, captulo nacional de Transparencia Internacional es una asociacin civil sin fines de lucro que lucha contra la corrupcin y las consecuencias que sta tiene para las sociedades, las instituciones y las personas. Sin embargo, Transparencia Venezuela no se ocupa de denunciar corruptos sino de las condiciones, los procedimientos o factores que conllevan a riesgos de corrupcin con el objetivo de favorecer los cambios que permitan construir un pas libre de corrupcin.
14- Consejo Nacional de Periodismo, Presidenta Norma Nez Montoto, Panam
El Consejo Nacional de Periodismo firm un Convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Programa Alcance Positivo/USAID, Cruz Roja Panamea y la Organizacin de Estados Americanos, con el objetivo de desarrollar actividades sobre los temas de seguridad y adolescencia. Entre las actividades desarrolladas realizamos talleres de capacitacin dirigido a periodistas en las salas de redaccin de los medios de comunicacin, con el fin que los periodistas participantes pudieran conocer de primera mano las percepciones versus realidades en cuanto a Seguridad y Adolescentes, tomando como insumos tres estudios realizados por diferentes organismos, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alcance Positivo y la Cruz Roja. Adicionalmente, se comparti la experiencia en Brasil, y qu factores contribuyeron a desarrollar iniciativas positivas para los adolescentes.
15- El Colectivo por la Transparencia, Mxico
El Colectivo es un conjunto de 11 organizaciones, que promueven y defienden la transparencia, la rendicin de cuentas y el ejercicio del derecho de acceso a la informacin, mediante el impulso al perfeccionamiento del marco normativo y su efectiva implementacin, as como el fomento de una cultura del derecho a saber, para generar condiciones que posibiliten una sociedad ms participativa, democrtica y con mejor calidad de vida.
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