Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2001/C-012-01.htm
Timestamp: 2017-10-18 05:39:26+00:00

Document:
C-012-01
Sentencia C-012/01
TRATADO DE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS CON CUBA-Descripción y trámite
TRATADO DE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS CON CUBA-Finalidad
La finalidad del tratado se ajusta plenamente a la Carta Política, pues el convenio, además de promover la cooperación internacional y la integración latinoamericana y del Caribe, coincide con lo consagrado en la Carta, que señala a Colombia como un Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana, dentro del cual se entiende que la ejecución de las penas debe tener una función primordialmente resocializadora.
ESTADO DE DERECHO-Reinserción social de persona condenada
TRATADO DE REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS-Ambito de aplicación
TRATADO DE REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS-Doble incriminación y proceso pendiente
TRATADO DE REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS-Requisitos y trámite
TRATADO DE REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS-Decisión de traslado
TRATADO DE REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS-Cómputo de pena cumplida
TRATADO DE REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS-Ausencia de exequátur
TRATADO DE REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS-Criterios para concesión
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL-Efectos internos/TRATADO DE REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS-Efectos internos
DIGNIDAD HUMANA DEL INTERNO-Hacinamiento carcelario
INTERNO-Carácter prestacional de obligaciones del Estado en hacinamiento
TRATADO DE REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS-Hacinamiento carcelario/DIGNIDAD HUMANA DEL INTERNO-Repatriación causa mayor hacinamiento
En abstracto, dado que está demostrado que en los centros de reclusión colombianos se brinda un trato degradante a los reclusos, en particular, por razones de hacinamiento, la decisión legislativa de permitir la repatriación implica imponer a las personas privadas de la libertad en Colombia la carga de tener que compartir su inhumano espacio con más reclusos. Supone un aumento en el grado de hacinamiento. Tal medida no es eficaz, no está dirigida a garantizar un trato digno y a respetar los derechos constitucionales de los reclusos en Colombia, razones por las cuales viola sus derechos fundamentales.
TRATADO DE REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS-Gradualidad por hacinamiento carcelario/TRATADO DE REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS-Enfermedad terminal
Referencia: Revisión Lat-188
Revisión de la Ley 597 de 2000 "por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba, firmado en la Habana el catorce (14) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999)”
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil uno (2001)
por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba", firmado en La Habana, el catorce (14) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Artículo I Ambito de aplicación. El presente Tratado se aplicará a los nacionales de una Parte, que hayan sido condenados en la otra Parte, con el fin de que las penas impuestas puedan ejecutarse en establecimientos penitenciarios o carcelarios, bajo la vigilancia de las autoridades competentes del Estado Receptor, de conformidad con las disposiciones legales vigentes del respectivo Estado, en concordancia con el presente Tratado.
Artículo II Definiciones. Para los efectos del presente Tratado se entenderá por:
Artículo III Excepciones. No podrán acogerse a los beneficios del traslado de personas condenadas:
Artículo IV Requisitos.
Artículo V Jurisdicción.
Artículo VI Autoridades centrales. Las Partes designan como Autoridades Centrales encargadas de ejercer las funciones previstas en este Tratado, al Ministerio de Justicia y del Derecho por parte de la República de Colombia, y al Ministerio de Justicia por parte de la República de Cuba.
Artículo VII Criterios. De conformidad con el artículo IV del presente Tratado, las Partes para tomar la decisión de conceder o denegar el traslado de personas para el cumplimiento de sentencias penales, procederán al estudio caso por caso de las solicitudes presentadas y tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Artículo VIII Trámite.
Artículo IX Obligaciones de los Estados Parte.
Artículo X Entrega de la persona condenada y cargas económicas. La entrega de la persona condenada por las autoridades del Estado Trasladante, a las autoridades del Estado Receptor, se efectuará en el territorio del Estado Trasladante.
Artículo XI Interpretación.
Artículo XII Vigencia y terminación.
Artículo 1°. Apruébase el "Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba", firmado en La Habana, el catorce (14) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el "Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba", firmado en La Habana, el catorce (14) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Señala que el tratado en cuestión no se opone a los preceptos constitucionales y, por el contrario, su finalidad armoniza con lo dispuesto en el Preámbulo y en los artículos 9, 226 y 227 de la Constitución Política, respecto a la promoción de la integración de la comunidad latinoamericana y la cooperación internacional sobre bases de equidad, reciprocidad, igualdad y conveniencia nacional. Asimismo, indica que el tratado desarrolla los artículos 1 y 5 de la Carta ya que, por medio de la repatriación de los condenados, se pretende lograr su resocialización, con lo cual se materializa el principio de la dignidad humana en el que debe fundarse el Estado de Derecho (C.P. art. 1). Por otra parte, el traslado de los condenados a su país de origen garantiza a estos la posibilidad de compartir con su familia, asegurando así un adecuado proceso de resocialización.
3. Intervención de Ministerio de Justicia y del Derecho
En primer lugar, señala que el referido convenio hace parte de una política de protección de nacionales en el exterior, "cuyos objetivos son la garantía de los derechos humanos de los detenidos, en particular en cuanto tiene que ver con el debido proceso y la continuación de los vínculos familiares, afectivos y sociales, de modo tal que se hagan efectivas la readaptación y reinserción del individuo.” De otro lado, sostiene que el procedimiento de toma de decisión de trasladar a un condenado, desarrolla los principios de autonomía, bilateralidad, no automaticidad, reciprocidad y proporcionalidad, que rigen en las relaciones internacionales.
Finalmente, manifiesta que el tratado así como su ley aprobatoria, no tienen tacha alguna de inconstitucionalidad y, por el contrario, cumplen con lo dispuesto en los artículos 9, 150-6, 189-2, 224 y 244 (sic) de la Constitución Política.
4. Intervención del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
El Procurador General de la Nación, en concepto de fecha 19 de septiembre de 2000, solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del "Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba", firmado en la Habana, el 14 de enero de 1999 así como de su ley aprobatoria.
En su concepto, el contenido del tratado guarda absoluta concordancia con lo dispuesto por los artículos 1 y 93 de la Carta Política, que consagran, respectivamente, los principios de dignidad humana y solidaridad como fundamentos del Estado Social de Derecho y la prevalencia en el orden interno de los tratados y convenios que reconocen los derechos humanos. Asimismo, asevera que mediante instrumentos internacionales como el presente, el Estado cumple con su función de internacionalizar las relaciones políticas, económicas y sociales de acuerdo con criterios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (C.P. art. 226).
Por otra parte, manifiesta que el contenido del tratado que se revisa garantiza plenamente los principios de soberanía nacional, independencia y autodeterminación de los pueblos, ajustándose así a lo previsto en el artículo 9 de la Carta Política. Adiciona que el tratado en cuestión cumple una finalidad primordial, como es la resocialización de la persona condenada, bajo la observancia de los respectivos ordenamientos legales, por parte de los Estados Partes.
El texto del tratado está conformado por un preámbulo y 12 artículos. En el preámbulo del convenio, las partes reconocen la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral, por medio de mecanismos que faciliten el cumplimiento de las sentencias penales condenatorias y así simplificar el proceso de reinserción social de las personas condenadas. En los primeros tres artículos se señala el ámbito de aplicación y las principales definiciones, estableciendo que el convenio regula la eventual repatriación de colombianos y cubanos condenados, a sus naciones de origen (Estado receptor), para que cumplan allí la pena impuesta en el otro país (Estado trasladante). Igualmente, se indica que el tratado se aplica a los menores infractores y a los inimputables (artículos 1 y 2). Asimismo, se establece las circunstancias excepcionales, en las cuales las personas condenadas no pueden beneficiarse del traslado a su país de origen (artículo 3).
Las demás normas del tratado regulan distintos aspectos del proceso de repatriación. Así, los artículos 4 a 7, estipulan los términos, requisitos y condiciones para solicitar el traslado, así como los criterios para conceder o denegar los beneficios del acuerdo. El artículo 8, determina cuál es la información y documentación necesaria para poder adelantar los trámites de traslado y define el trámite que se debe seguir luego de recibida la correspondiente solicitud. El artículo 9 consagra las obligaciones de las autoridades de los Estados, relacionadas con el deber de informar a las personas condenadas sobre la existencia del referido procedimiento y sobre la aceptación o no de su solicitud de traslado. De igual forma, se indica que los Estados tienen la obligación de intercambiar información respecto al cumplimiento de las sentencias de las personas trasladadas. Por su parte, el artículo 10 establece la manera cómo se hará la entrega de los condenados repatriados, indicando la forma en que los Estados Partes deben asumir los gastos del traslado.
3. Trámite de la ley aprobatoria del tratado
El Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba, firmado en la Habana el 14 de enero de 1999, fue suscrito por el Ministro de Relaciones Exteriores, quien en virtud de sus funciones, no necesita de la presentación de plenos poderes para la suscripción de tratados internacionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 numeral 2, literal a) de la Convención de Viena de 1969, sobre el Derecho de los Tratados.
El trámite legislativo de la Ley 597 de 2000 "por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba suscrito en la Habana el 14 de enero de 1999", fue el siguiente:
El proyecto de Ley aprobatoria del tratado fue presentado al Senado de la República, por conducto del Ministro de Relaciones Exteriores y del Ministro de Justicia y del Derecho, el día 28 de septiembre de 1999 y publicado en la Gaceta del Congreso N° 333 del 30 de septiembre de 1999.
4. Análisis Material, la constitucionalidad de la finalidad del tratado
El presente tratado pretende fortalecer la cooperación entre Colombia y Cuba, mediante el reconocimiento de la necesidad de permitir el traslado de condenados colombianos o cubanos por la comisión de delitos en uno y otro Estado, a su país de origen para que en éste puedan cumplir las penas o medidas de seguridad impuestas. Con dicho convenio, como se señala en su preámbulo, así como en la exposición de motivos del proyecto de ley aprobatoria presentado por el gobierno,[1] se busca favorecer la rehabilitación y la reinserción de los condenados a su núcleo social de origen, con el fin de que cumplan la condena, dentro del marco del respeto de sus derechos humanos.
La Corte considera que la finalidad del tratado se ajusta plenamente a la Carta Política, pues el convenio bajo revisión, además de promover la cooperación internacional y la integración latinoamericana y del Caribe, como lo disponen el Preámbulo y los artículos 9, 226 y 227 de la Constitución, coincide con lo consagrado en el artículo 1 de la Carta, que señala a Colombia como un Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana, dentro del cual se entiende que la ejecución de las penas debe tener una función primordialmente resocializadora.
El tratamiento penitenciario y la ejecución de la sanción penal, en un Estado de derecho, deben estar orientadas hacia una reinserción social de la persona condenada bajo el respeto de su dignidad y sus derechos humanos. Así lo han establecido diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado por Colombia por la Ley 74 de 1968, que consagra en su artículo 10 numeral 3º que "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados."
5. Estudio de las disposiciones del convenio
El contenido del convenio bajo revisión es similar al de otros tratados suscritos entre Colombia y otros Estados, los cuales fueron revisados y declarados exequibles por la Corte[2]. En consecuencia, esta Corporación retomará los argumentos esenciales que se expusieron en tales ocasiones para justificar la constitucionalidad de esta clase de convenios, reiterando que estos se fundamentan en los principios de soberanía de los Estados, gradualidad de los tratados y el respeto a los derechos y la autonomía de los condenados.
Los artículos 1 y 2 señalan el ámbito de aplicación del tratado y las principales definiciones, estableciendo que el acuerdo bilateral suscrito regula la eventual repatriación de colombianos y cubanos condenados, a su país de origen: “Estado receptor”, para que cumplan en éste la condena impuesta en el otro país: “Estado trasladante”. Igualmente, se precisa que el convenio también puede beneficiar a los menores infractores y a los inimputables. El artículo 3 establece como circunstancias excepcionales, en las cuales las personas condenadas no pueden beneficiarse del traslado a su país de origen las siguientes: (1) si el condenado es residente permanente en el territorio del Estado Trasladante, (2) si el delito por el cual se le procesó no se encuentra tipificado en la legislación de ambos Estados, (3) si el condenado tiene pendientes en el Estado Trasladante otros procesos penales, (4) si el condenado tiene pendiente el pago de indemnizaciones por responsabilidad civil y no demuestra su incapacidad de cumplir con dicho pago y (5) si respecto al condenado existe solicitud de extradición hecha por un tercer Estado. Tales situaciones, que limitan el ámbito de aplicación del tratado, se encuentran plenamente justificadas en el principio de la soberanía nacional de los Estados y el respeto de su propio derecho punitivo. En efecto, es perfectamente razonable que se exija la doble incriminación para que pueda efectuarse el traslado del condenado a su país de origen, pues si en éste no se encuentra tipificada la conducta como un hecho punible, no podría exigírsele que cumpla una pena contraria al ordenamiento jurídico interno. Asimismo, si la persona condenada tiene un proceso pendiente en su contra es lógico que las autoridades competentes del Estado trasladante nieguen su repatriación mientras no esté definida su responsabilidad penal, lo cual a su vez, es una garantía para el procesado, quien podrá estar presente en el juicio y ejercer en forma efectiva su derecho de defensa. Adicionalmente, la misma norma dispone que la persona condenada a quien se le niegue el traslado por alguna de las anteriores circunstancias, puede presentar una nueva solicitud cuando se supere dicha situación. En consecuencia, La Corte no encuentra ninguna objeción constitucional a estas normas, que simplemente delimitan el ámbito del tratado.
7. Requisitos y trámite del proceso de repatriación
El artículo 4 señala los requisitos que deben cumplir las solicitudes de traslado, tales como, que la persona sentenciada sea nacional del Estado Receptor y solicite expresamente su traslado, no esté condenada por un delito político o sentenciada a pena de muerte, su sentencia condenatoria se encuentre en firme, no exista alguna causa legal que le impida salir del territorio del Estado Trasladante y, finalmente, que la aplicación de la sentencia se adecue al ordenamiento jurídico del Estado Receptor. Asimismo se indica que el cumplimiento de tales exigencias, no implica para los Estados la obligación de conceder el beneficio. La Corte no encuentra ninguna objeción a esas exigencias pues, como se mencionó, el convenio tiene como base el respeto a la soberanía de los Estados y de su amplia discrecionalidad dentro de los procesos de repatriación.
En consecuencia, las personas condenadas que soliciten su traslado y cumplan con los requisitos señalados, no tienen un derecho a ser repatriados, lo cual es reiterado por el artículo 11 del convenio, pues toda decisión de traslado debe contar con la aprobación de las autoridades de los Estados partes, las cuales gozan de alto grado de discrecionalidad para tomar dicha determinación. No obstante, las autoridades competentes no pueden realizar traslados forzados, pues el mismo artículo al indicar que el traslado procede por solicitud del condenado (ordinal b), lo que constituye un medio de protección de su dignidad y autonomía. De esta forma, el consentimiento del condenado es indispensable para que pueda adelantarse el traslado.
Por su parte, el artículo 5 reitera que los Estados partes tienen una facultad discrecional para conceder o negar el traslado, puesto que dicha decisión es soberana (numeral 1). Sin embargo, el hecho de que la concesión o negación de la repatriación dependa de la discrecionalidad de los Estados partes, no significa que estos puedan manejar arbitrariamente tales procedimientos. A este respecto, la Corte ha sostenido lo siguiente:
“(...), en el ámbito interno colombiano, esta discrecionalidad de las autoridades no significa que éstas puedan tomar medidas irrazonables, por cuanto, como esta Corte lo ha señalado en innumerables oportunidades, el ejercicio de las potestades discrecionales se debe entender limitado a la realización de los fines específicos que le han sido encomendados a la autoridad por el ordenamiento jurídico. Es así como la potestad discrecional sólo contiene una actuación legítima, en tanto y en cuanto, se ejecute en función de las circunstancias, tanto teleológicas como materiales, establecidas en la norma que la concede. Por ello, la Corte entiende que si bien desde el punto de vista de las relaciones internacionales, las decisiones de los Estados son soberanas y en tal sentido inimpugnables por el otro Estado, desde el punto de vista del derecho interno, la actuación de la autoridad administrativa encargada de aplicar el presente tratado, esto es el Ministerio de Justicia y el Derecho, se encuentra sometida a la Constitución, que es norma de normas (CP art. 4º), por lo cual sus decisiones no pueden ser arbitrarias ni irrazonables. Esta deben fundarse no solo en los propios criterios señalados por el tratado, (...) sino también en los principios que gobiernan los actos administrativos discrecionales. Por ello, el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, a cuyo tenor la Corte considera que deben ser interpretadas estas facultades del Ministerio de Justicia y el Derecho, que son administrativas por su naturaleza, señala con claridad que "en la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa."[3]
De otro lado, la dignidad humana consagrada en la Carta Política como principio fundante del Estado (C.P., art. 1) y la prohibición de someter a cualquier persona a penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista en la Constitución (art. 12), además de la suscripción por parte de nuestro país de la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, incorporada a nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 78 de 1986, imponen a Colombia el compromiso de abstenerse de autorizar el traslado de personas condenadas a su país de origen, cuando se trate de la ejecución de esa clase de penas y tratos por el Estado Receptor. Por ello, de conformidad con el numeral 10) del artículo 241 de la Constitución Política, el Gobierno colombiano, al efectuar el correspondiente canje de notas en relación con el presente tratado, deberá formular la correspondiente reserva.
El artículo 5 también establece que, en aras de respetar la soberanía nacional y el régimen punitivo interno, para computar la pena cumplida el Estado Receptor debe reconocer las decisiones proferidas por las autoridades competentes del Estado Trasladante y por lo tanto, puede concederse la reducción de la pena por buena conducta, trabajo y estudio, siempre y cuando se cuente con la aprobación del Estado Trasladante (numeral 2). Adicionalmente, se indica que el Estado Trasladante conservará su jurisdicción, en forma exclusiva, respecto a las sentencias condenatorias de las personas que sean trasladadas (numeral 4). La Corte considera que las anteriores disposiciones, encuentran perfecto sustento en la soberanía de los dos Estados, principio que de conformidad con el artículo 9 de la Carta, orienta la política exterior colombiana.
8. La ausencia de exequátur
De otro lado, el numeral 3 del artículo 5 del convenio, señala que para el traslado de la persona y el cumplimiento de la condena de acuerdo con las leyes y procedimientos del Estado Receptor, no habrá necesidad de exequátur.
En relación con este instrumento - consagrado en los artículos 533 y siguientes del C.P.P. -, el cual puede definirse como un mecanismo para la incorporación y ejecución de una sentencia extranjera en el territorio colombiano, esta Corporación ha precisado que si bien el exequátur se instituye como un "especial trámite garantizador de los derechos fundamentales"[4], no es una figura de rango constitucional, que como tal no pueda ser suprimida o modificada. En este sentido, la Corte sostuvo que "(e)l hecho de omitir el control que por vía de exequátur ejerce la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre sentencias extranjeras condenatorias e incorporadas como medio de prueba, no implica violación o desconocimiento del debido Proceso, ya que aquella figura no es de rango constitucional y corresponde al legislador proveer al respecto, claro está con el respeto a los derechos constitucionales fundamentales, reforzados especialmente en materia penal (...)."[5]
En tales condiciones, la exclusión de dicha figura de naturaleza legal por el tratado no implica vicio de inconstitucionalidad. Adicionalmente, el convenio que se revisa establece garantías a los derechos del condenado y reposa en la voluntariedad misma de los traslados y, por lo tanto, es razonable suprimir el trámite del exequátur a fin de dinamizar los procesos de repatriación, objetivo mismo del tratado.[6] En consecuencia, la Corte no encuentra ninguna objeción constitucional a la omisión de por control por vía de exequátur.
En cuanto a los numerales 5, 6, y 7 del artículo 5 según los cuales la situación del condenado no puede ser agravada como consecuencia del traslado, ni su pena podrá ser aumentada, ni podrá ser procesado o condenado por el mismo delito por el cual fue sentenciado en el Estado Trasladante, la Corte estima que dichas medidas buscan proteger la dignidad y los derechos de las personas condenadas y concuerdan plenamente con la Constitución.
De otra parte, los artículos 6 y 7 del tratado señalan, respectivamente, las autoridades administrativas de los dos Estados encargadas de aplicar el convenio y los criterios que deben orientar a dichas autoridades en la aplicación del tratado y, en especial, en la toma de la decisión de conceder o negar el traslado. La Corte no encuentra ninguna objeción a esas normas, pues considera que se adecuan a la finalidad del tratado y desarrollan los principios de soberanía nacional, gradualidad de los tratados y respeto a la autonomía y derechos de los condenados. En efecto, el artículo 6 se limita a indicar que el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia y el Ministerio de Justicia de Cuba serán las autoridades encargadas de cumplir las funciones previstas en el acuerdo bilateral, para lo cual gozan de una amplia discrecionalidad.
Por su parte, el artículo 7 fija los criterios que se deben tener presentes al momento de decidir sobre la concesión del traslado. Sin perjuicio de lo que más adelante se indicará al respecto, la Corte no encuentra que tales criterios desconozcan la Constitución. Antes bien, la gradualidad (numeral 1) busca que la repatriación se realice de manera ordenada, de suerte que los Estados receptores tengan oportunidad coordinar debidamente la recepción de los presos; la edad y la enfermedad grave y terminal (numeral 2) responde claramente a atender necesidades de trato digno de las personas en estas condiciones; las oportunidades de reinserción social (numeral 4) es un criterio constitucionalmente válido pues la repatriación tiene como propósito, precisamente, facilitar la reinserción social, razón por la cual es razonable que, entre iguales, se prefieran a aquellos que permitan la realización del fin del tratado. En cuanto a la valoración de las circunstancias agravantes o atenuantes (numeral 3.), se trata de que la concesión de los beneficios responda a las políticas criminales de cada Estado. Por último, en cuanto a la posibilidad de tener presente otras circunstancias, ello garantiza que fenómenos o situaciones personales no consideradas a la hora de firmar el tratado, sean debidamente valoradas, lo que pone de presente el compromiso de los Estados partes por lograr un trato digno a los condenados.
Los siguientes artículos reglamentan el trámite mismo de los procesos de repatriación. Así, el artículo 8 determina cuál es la información necesaria que debe contener la solicitud de traslado así como los demás documentos que se requieren para poder adelantar los trámites de traslado. Igualmente, se explica el procedimiento que se debe seguir luego de aceptada o negada la solicitud de traslado, haciendo énfasis en la obligación del Estado Trasladante de comunicar dicha decisión al interesado. El artículo 9º consagra el alcance de las obligaciones de las autoridades de los Estados, relacionadas con el deber de informar a los condenados que puedan beneficiarse con el referido procedimiento de traslado, con el fin de que éstos puedan prestar su consentimiento respecto a la repatriación, e igualmente establece el deber de los Estados de intercambiar información sobre el cumplimiento de las sentencias de las personas trasladadas. Finalmente, el artículo 10 señala la forma cómo se hará la entrega de los condenados repatriados a las autoridades del Estado Receptor, precisando que éste se hará cargo de los gastos del traslado desde el momento en que la persona sentenciada quede bajo su custodia. La Corte considera que estas disposiciones instrumentales, que se ajustan al objetivo del tratado, no vulneran la Constitución y, por el contrario, desarrollan plenamente los artículos 9 y 226 de la Carta.
9. Interpretación del tratado
La Corte considera que es igualmente exequible el artículo 11 del convenio que establece que las dudas o controversias que pudieran surgir en la interpretación o ejecución del tratado deben ser resueltas por la vía diplomática, precisando que “ninguna de las disposiciones del tratado puede ser interpretada en el sentido de que se atribuya a la persona condenada un derecho al traslado.” Además, se señala que Colombia y Cuba están facultadas para suscribir acuerdos que desarrollen el cumplimiento del presente tratado. En relación con la constitucionalidad de esta clase de disposiciones, la Corte ha sostenido[7] que se adecuan a la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico colombiano (C.P. art. 4) y a ciertos principios de derecho internacional reconocidos por nuestro país (CP art. 9º), siempre y cuando se entienda que frente al derecho internacional, el tratado y sus desarrollos interpretativos, no pueden desconocer normas imperativas de derecho internacional (Ius Cogens). De otro lado, la Corte entiende que si bien el artículo 11 atribuye a las autoridades competentes de los Estados la facultad de resolver directa y concertadamente las discrepancias que surjan durante la ejecución del acuerdo, ello no significa que al ejercer dicha atribución las autoridades colombianas estén únicamente sometidas a los términos del tratado pues es obvio que tales autoridades están primariamente sometidas a la Constitución (CP art. 4º) y, como se mencionó, al Ius Cogens.
10. Vigencia y terminación del tratado
Por último, el artículo 12 regula la entrada en vigencia del tratado así como la posibilidad de denuncia del mismo. De esta manera, se establece que el convenio entrará en vigor a los 60 días del canje de los instrumentos de ratificación, y podrá ser denunciado mediante notificación escrita al otro Estado, y su efecto iniciará a los seis meses de la fecha de notificación, pero sin que ello afecte el trámite de las solicitudes que hallan sido presentadas a la fecha de la denuncia, las cuales seguirán su trámite normal sin que se vean afectadas. La Corte no encuentra ninguna objeción a estas disposiciones, pues se trata de normas tradicionales para poner en ejecución y terminar el vínculo internacional que surge con la suscripción de un tratado, las cuales armonizan con los principios reconocidos en el derecho internacional en este campo.
Como se explicó antes, el artículo 7 establece los criterios bajo los cuales es posible la concesión de la repatriación para un nacional que se encuentre privado de la libertad en el otro Estado contratante. Se ha explicado que tales criterios no desconocen la Constitución. De igual manera, la Corte no ha encontrado que el tratado desconozca las normas constitucionales colombianas y, por ello, declarará su exequibilidad. Sin embargo, ello no implica que el tema que ocupa a la Corte no la obligue a analizar otras situaciones, que se derivan del tratado y que condicionan su cumplimiento.
El artículo 2 de la Constitución dispone que es fin esencial del Estado colombiano asegurar el disfrute, por parte de los nacionales, de sus derechos y garantías constitucionales. Este principio constituye la carta de navegación del Estado colombiano, tanto en el ámbito internacional como en el interno. En este orden de ideas, la constitucionalidad de las obligaciones que asume el Estado colombiano en el ámbito internacional, dependerá no sólo de la conformidad con la Constitución de las normas sometidas a consideración de la Corte, sino también, de que con ellas no se impongan cargas a los nacionales, que manifiestamente desconozcan sus derechos. En otras palabras, el control constitucional de los tratados públicos y las leyes aprobatorias de tratados, obliga a analizar los efectos internos de tales instrumentos internacionales.
“infortunadamente, ante esta notoria parsimonia de las autoridades competentes, que raya en la indolencia, en la creación de más cupos para aliviar el hacinamiento y así mejorar las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad…”
“En algunos pabellones de La Modelo la tugurización se hace patente…..Obviamente, estas condiciones de indignidad constituyen un trato degradante, cruel e inhumano y promueven y facilitan la violencia y corrupción al interior de los centros carcelarios, pues en la búsqueda de un lugar ‘cómodo’ donde sobrevivir los internos son víctimas de agresiones por sus compañeros de reclusión o deben cancelar una suma considerable de dinero”
Así, los centros carcelarios se reducen a grandes depósitos de personas y la privación de la libertad en un simple encerramiento”
Teniendo en cuenta lo anterior, en particular el grado de hacinamiento existente en las cárceles colombianas, se pregunta la Corte si resulta admisible que el Estado colombiano repatríe nacionales condenados en otro país, a fin de que terminen su condena en las cárceles colombianas.
Podría objetarse que, tal como se pone de presente en la ponencia para segundo debate en el Senado, que según estadísticas de la Cancillería existen 57 colombianos privados de la libertad en Cuba y que la repatriación de dicho número no incidiría gravemente en el hacinamiento de los reclusos en el país. También se podría señalar, conforme al criterio 4 del artículo 7 del Tratado, que únicamente se repatriarán personas que ya hubiesen cumplido buena parte de su condena, de manera que si existiera un incremento en la densidad poblacional carcelaria, ella sería apenas momentánea. Ambos argumentos son inadmisibles, pues resulta francamente desproporcionado exigir a estas personas que asuman una mayor reducción de sus derechos fundamentales, así sea momentánea. Sus oportunidades de resocialización y de reinsersión en la sociedad dependen del trato que les brinde el Estado. La actual cosificación en nada contribuye a este objetivo. Menos, si se incrementa la población carcelaria con personas que no han delinquido en el país.
Por lo tanto, la declaración de exequibilidad de la ley aprobatoria del tratado y del tratado se sujeta a que la gradualidad de que trata el artículo 7, se entienda en el sentido de que únicamente se podrán repatriar nacionales una vez el Estado colombiano haya dado cumplimiento a la sentencia T-153 de 1998 y previa verificación por parte del señor Defensor del Pueblo. Lo anterior, sin perjuicio de que, por razones humanitarias, se conceda la repatriación de personas en fase terminal de una enfermedad, en cuyo caso deberán ser internadas en un establecimiento médico a cargo de la Nación.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 597 de 2000 "por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba suscrito en la Habana el 14 de enero de 1999".
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, en los términos del numeral 11 de la parte motiva de esta sentencia y con la reserva que habrá de formularse en acatamiento del artículo 12 de la Constitución Política, según se expone en el numeral 7 de la misma, el “Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba suscrito en la Habana el 14 de enero de 1999".
[1] Publicado en la Gaceta del Congreso N° 333 del 30 de septiembre de 1999.
[2] Sentencias C-261/96 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-655/96 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-656/96. (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-226/98 (MP Fabio Morón Díaz), mediante los cuales se declaró la exequibilidad, de los Tratados sobre traslado de personas condenadas suscritos por Colombia con Venezuela, España, Panamá y Costa Rica, respectivamente.
[3] Sentencia C-656/96 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[4]Sentencia C-541 de 1992 M.P. Fabio Morón Díaz
[6] En este sentido se pronunció la Corte en las sentencias C-261/96 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-655/96 (MP Fabio Morón Díaz), C- 656/96. (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-226/98 (MP Fabio Morón Díaz).

References: Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 5
 artículo 36
 artículo 241
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 12