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Timestamp: 2014-03-08 07:28:58+00:00

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Laboral. Estabilidad laboral de personas con discapacidad y quienes los tengan a su cargo - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0259/2012 Sucre, 29 de mayo de 2012 SALA LIQUIDADORA TRANSITORIA
Acción de amparo constitucional Expediente:2010-21348-43-AAC
Departamento: La Paz En revisión la Resolución 2/2010 de 11 de febrero, cursante de fs. 72 a 76, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eddy Chacón Ríos contra Fanor Nava Santiesteban, Sonia Vallejos Zabaleta y Wilma Rossy Baptista Noya, Alcalde, Directora General de Asesoría Jurídica y Sumariante, respectivamente, todos del Gobierno Municipal de El Alto.
El accionante, mediante memoriales presentados el 1 y 5 de febrero de 2010, cursante de fs. 51 a 55 vta. y 59 y vta., respectivamente, señaló:
La Dirección General de Asesoría Jurídica del Gobierno Municipal de El Alto emitió el informe DGAJ-2511-09 DGAJ/AJL/RAF/937/2009 de 27 de noviembre, del cual obtuvo “una copia original”, mediante el que desestimaron su solicitud de reincorporación a su fuente laboral, siendo ésta ilegal, puesto que se encontraría en las excepciones del Decreto Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004, ya que es una persona discapacitada, por lo que tendría el derecho a la estabilidad laboral, es decir, no se lo puede retirar de su trabajo, salvo por un proceso interno previo, estando amparado y protegido por la Ley de la persona con discapacidad, continua indicando que dicho informe refería que su retiro hubiese sido el 15 de abril de 2009, mediante memorándum DGCH-3072-2009 -sin fecha-, el cual señala que prescinden de sus servicios como Director de Gestión y Capital Humano, indicando la libre remoción, puesto que el cargo que desempeñaba sería de libre nombramiento, esto en conformidad con lo establecido por el art. 59 de la Ley de Municipalidades (LM), pese a que el Alcalde Municipal tenía pleno conocimiento de su discapacidad.
Alega también que, como emergencia del informe precedentemente nombrado se le siguió un proceso administrativo, el cual culminó con la Resolución sumarial 38/2009 de 31 de julio, estableciendo responsabilidad administrativa, imponiéndole la sanción máxima de destitución del cargo al amparo de los arts. 28 y 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG), sin embargo ésta fue revocada por la Resolución 007/2009 de 7 de septiembre, manteniendo en su parte resolutiva la responsabilidad administrativa por haber incurrido únicamente en la causal del art. 129 inc. k) del Reglamento Interno del Gobierno Municipal de El Alto, dejando sin efecto la sanción de destitución impuesta, por ende la misma llega a ser contradictoria ya que no entiende como después de dejarse sin efecto la sanción impuesta quedaría subsistente la responsabilidad administrativa, situación por la que planteó recurso jerárquico, siendo resuelto mediante la Resolución “008 09” de 7 de octubre de 2009, confirmando la Resolución del recurso de revocatoria.
El accionante estima vulnerados sus derechos al trabajo, al salario justo, a la salud, a la seguridad social y los derechos de las personas con discapacidad, citando al efecto los arts. 18, 46 y 70, de la Constitución Política del Estado (CPE).
El accionante solicita se conceda el “recurso” de amparo constitucional y la tutela solicitada, disponiéndose su restitución laboral al cargo que ejercía, mas el pago de salarios devengados hasta la fecha, daños y perjuicios.
I.2.Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Efectuada la audiencia pública el 11 de febrero de 2010, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 71, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1.Ratificación y ampliación de la demanda
El accionante, mediante su abogado, ratificó los argumentos de la demanda formulada y ampliándola señaló: a) Además de los derechos que refirió en la demanda como vulnerados, estima también la lesión a su derecho “que se sanciona toda forma de discriminación fundada razón de sexo, color, edad, educación, genero y culturalidad entre ellos de la el termino de discapacitada” (sic); b) El Reglamento de la Ley de Persona con Discapacidad, vela por los derechos laborales de éstas, asegurando una remuneración justa por el trabajo que realizan, misma que se encuentra amparada por Convenios suscritos por el Gobierno Nacional, aplicando también el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); c) Fue valorado por el equipo certificador del Gobierno Municipal de El Alto el 22 de diciembre de 2008, mismo que determinó la discapacidad física en grado moderado de 32%, tal cual consta en el certificado único nacional de personas con discapacidad emitido el 16 de febrero de 2009; d) La Resolución Ministerial (RM) 0130, establece que la certificación en Bolivia para las personas con discapacidad como mínimo sería el 30%; e) Cuenta con 59 años de edad, realizando tratamiento de insulina seguido por la Caja Nacional de Salud (CNS) desde hace diez años, por el diagnóstico de diabetes mellitos tipo 2 descompensada, trombosis venosa, profunda discopatia L4, L5 retinopatia diabética, del cual tenía conocimiento el Gobierno Municipal; f) El informe de Asesoría Legal, objeto de la presente acción, refiere que tuvo un proceso interno por el cual desestima su solicitud respecto a su reincorporación; g) Lo retiraron mediante memorándum DGCH-3072/2009, emitido por el Alcalde Municipal, el que señala que se prescinde de sus servicios por reestructuración del Gobierno Municipal, pero el informe en cuestión solo refiere que es retirado de su fuente laboral, para posteriormente dicha autoridad, remita notas al Tribunal Sumariante a efectos de que realice un proceso sumario en su contra, el cual concluyó con la sanción de destitución de su cargo, al establecer responsabilidad administrativa, por haber incurrido en los arts. 129 a 132 del Reglamento Interno del Gobierno Municipal, cuando en el memorándum señala que se prescindió de sus servicios mucho antes de ese proceso; h) Todo lleva a entender que lo realizado fue dirigido, toda vez que los ahora “recurridos” dependen directamente del Alcalde; i) El Gobierno Municipal no valoró ni tomo en cuenta las normas básicas del Reglamento de Administración de Personal, puesto que goza del amparo de una ley especial, en ese sentido se tiene a las SSCC 0638/2000-R, “9888/0-R” y “735-01-R”; e, j) Cursa en obrados nota de “21 de abril” dirigida a la Asociación de Personas con Discapacidad del Gobierno Municipal de El Alto, mediante la cual se pone a conocimiento el Memorándum por el que se prescinden de sus servicios, solicitando que interpongan sus buenos oficios a efectos de hacer prevalecer sus derechos.
Sonia Vallejos Zabaleta por sí y en representación de Fanor Nava Santiesteban, en audiencia manifestó: 1) Tanto ella como Rossy Baptista Noya en sus calidades de Autoridad Sumariante del Gobierno Municipal de El Alto, el “9 de febrero” presentaron los informes correspondientes; 2) El accionante pretende confundir, intentando que se tenga presente el “Memorándum DEGCEH 3072 de 15 de abril”, por el que se prescindió de Eddy Chacón Ríos como Director de Gestión de Capital Humano y se lo relacione directamente con el proceso sumario; 3) Del file personal del accionante se puede evidenciar que ingresó a prestar servicios al Gobierno Municipal de El Alto el 15 de mayo de 2002, llegando a desempeñar funciones hasta el 15 de abril de 2009, correspondiendo aclarar que no desprenden de ningún archivo que hizo conocer respecto a su discapacidad; 4) Conforme al art. 59 de la LM) prevé que existen formas de ingreso al Gobierno Municipal como funcionarios, a partir de lo que se tiene que el accionante ingresó a esa entidad con la condición de libre nombramiento y libre remoción; 5) El art. 44.6 de la LM, faculta al Alcalde a destituir a los oficiales mayores y personal administrativo, mas aun cuando ese funcionario es de confianza, habiéndose prescindido de sus servicios el 15 de abril de 2009, justamente por que el cargo que desempeñaba era de extrema confianza, sin que el accionante hubiese utilizado algún recurso impugnando el memorándum, alegando precisamente su condición de discapacitado, habiéndolo admitido de forma voluntaria; 6) El accionante presenta un certificado expedido por el “INSO”, en forma posterior a la sustanciación del sumario pretendiendo que se determine su reincorporación, es decir, después de que se determinó la responsabilidad administrativa por malversación de fondos, pretendiendo hacer ver que el proceso administrativo se instauró para justificar su retiro; 7) El proceso sumario tiene origen en la nota DHAM CITE 99/2009 de 24 de abril, por el cual la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) solicita se lo inicie en atención a las denuncias formuladas contra el accionante respecto a malversación de fondos, todo en conformidad con los arts. 28 y 29 de la Ley SAFCO, mismo que faculta la instauración de los procesos administrativo también contra ex funcionarios; y, 8) Por todo lo mencionado, solicita se “niegue” el amparo.
Patricia Flores en representación de Fanor Nava Santiesteban, en audiencia manifestó que en ese Gobierno Municipal más del 4% de funcionarios son discapacitados, por lo que si el accionante contaba con esa certificación debió haberles hecho conocer para que tomen en cuenta su situación.
Wilma Rossy Baptista Noya, en audiencia refirió: i) Existe una confusión entre el memorial y el proceso sumariante; y, ii) En la Resolución del recurso de revocatoria continua la responsabilidad administrativa dejándose sin efecto la sanción de destitución debido a que el accionante tenía la calidad de ex funcionario, dejando latente dicha responsabilidad puesto que en ningún momento se la desvirtuó, por lo que no hubo vulneración al debido proceso.
Mediante Resolución 2/2010 de 11 de febrero, cursante de fs. 72 a 76, el Juez Segundo de Partido y de Sentencia en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, concedió la acción de amparo constitucional, disponiendo la nulidad del memorándum DGCH-3072-2009, la reincorporación del accionante a su fuente laboral, más el pago de los sueldos y salarios devengados hasta la fecha de la misma, eximiendo a la parte “accionada” de las costas procesales, dadas las características de la presente acción, en base a los siguientes argumentos: a) El accionante fue retirado de sus funciones por memorándum DGCH-3072-2009, sin que se considere su calidad de discapacitado, como tampoco consta la fecha del mismo, siendo esta muy importante justamente para que se ejerzan derechos y garantías fundamentales; b) Se tiene demostrado mediante certificado ADRHBPS 353 de 16 de febrero de 2009, otorgado por Lucio Álvarez Paredes, médico de la Unidad de Calificación para personas con discapacidad y Abraham Chambi Valencia, Responsable del Área de Discapacidad, Rehabilitación y Habilitación Bio Psicosocial del Ministerio de Salud y Deportes, que el accionante presenta una discapacidad física grado moderado 32%, mismo que fue corroborado por los informes DGAJ-2511-09, DGAJ/AJL/RAF/937/2009 de 27 de noviembre, suscrita por Rubén Aliga Fernández, Abogado del Área Laboral del Gobierno Municipal de El Alto y UPPCD/MLVL/028/2009 de 30 de octubre, emitido por la Responsable de la Unidad de Calificación de Personas con Discapacidad del citado Gobierno Municipal, la cual se ocupo de la evaluación y calificación según el baremo de personas con discapacidad, realizado cuando el accionante se encontraba cumpliendo actividad laboral como Director de Gestión y Capital Humano de dicha entidad; c) El memorándum DGCH-3072-2009, señala que prescinden de los servicios del accionante por reestructuración del Gobierno Municipal de El Alto, estableciéndose que éste fue designado mediante la modalidad de funcionario de libre nombramiento, por lo tanto de libre remoción de conformidad con el art. 59 de la LM, sin embargo, al haber sido valorado por el equipo calificador del mencionado Gobierno Municipal el 22 de diciembre de 2008, acreditó encontrarse amparado y protegido por la Ley de la persona con discapacidad, tal cual lo establece la SC 0988/2006-R de 9 de octubre, por lo que al presente caso no corresponde la aplicación del referido art. 59 de la LM, por lo que su destitución ingresó dentro del marco de la ilegalidad; d) Posterior a la destitución del accionante se inició el proceso sumarial en su contra por Resolución 033/2009 de 4 de mayo, por presuntos indicios de responsabilidad administrativa en el ejercicio de sus funciones, por lo que se tiene que contra el accionante no se siguió un proceso conforme establece la Ley de Administración y control Gubernamentales y el DS 23318-A, entendiéndose que toda destitución es resultado de un proceso interno previo señalando el procedimiento a seguirse y estableciendo las instancias administrativas correspondientes, normas que fueron omitidas dando origen a la vulneración de sus derechos y garantías fundamentales; e) “En las mismas resoluciones el accionante asume defensa haciendo notar su situación de salud” (sic), lo cual demuestra que era de pleno conocimiento del Gobierno Municipal de El Alto su discapacidad, es así que la SC ”735/01-R“ de 16 de julio, haciendo un análisis del DS 27477, señala que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por causales establecidas, como también prevé la inamovilidad funcionaria a excepción de lo previsto en la ley; y, f) Considera que el no cumplir funciones no sería razón suficiente para no disponer en las Resoluciones SUM-GMEA 007/2009 de 7 de septiembre y 008/09 de 7 de octubre de 2009, la destitución del accionante de su fuente de trabajo, por lo que al haberse establecido la responsabilidad administrativa podía de la misma forma ratificar la destitución dictada en la Resolución Final.
Por mandato de las normas previstas por el art. 20.I y II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, conformó la Sala Liquidadora Transitoria, posesionando a los Magistrados de la misma, el 15 de febrero de 2012, a objeto de la liquidación de las acciones tutelares ingresadas a los Tribunales de garantías hasta el 31 de diciembre de 2011, en el marco de la Ley 1836 de 1 de abril de 1998. Con la referida competencia, se procedió al sorteo de la presente causa, dictándose resolución dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que informan el expediente, se evidencia lo siguiente:
II.1.Cursa en obrados memorándum DGCH-3072-2009 sin fecha, dirigido a Eddy Chacón Ríos suscrito por Fanor Nava Santiestevan, Alcalde Municipal de El Alto, mediante el cual “prescinde de sus servicios en el cargo que venía desempeñando” (sic) (fs. 209 anexo).
II.2.Por Resolución Inicial de proceso sumarial GMEA 033/2009 de 4 de mayo, la Sumariante del Gobierno Municipal de El Alto, Wilma Rossy Baptista Noya, dispone iniciar proceso administrativo interno contra el “ex y servidos publico Eddy Chacón Ríos y Rolando Mamani”, por haber incurrido presuntamente en lo previsto por los arts. 129 inc. k), 130 inc. b) y 132 inc. d), todos del Reglamento Interno del citado Gobierno Municipal (fs. 8).
II.3.Mediante Resolución Sumarial Final SUM-GMEA 38/2009 de 31 de julio, la Sumariante del Gobierno Municipal de El Alto, dispone establecer responsabilidad administrativa de conformidad con el art. 29 de la LACG contra “el ex servidor publico EDDY CHACON RIOS”, por haber incurrido en lo previsto por los art. 129 inc. k), 130 inc. b) y 132 inc. d), todos del Reglamento Interno del citado Gobierno Municipal, “imponiéndole en consecuencia la sanción de destitución del cargo por causas emergentes del presente proceso; y al no estar prestado servicios en el GMEA quede como antecedente en la institución “ (sic) (fs. 10 a 14).
II.4.La Resolución del recurso de revocatoria SUM-GMEA 007/2009 interpuesto por el accionante, la sumariante determina “revocar en parte la Resolución Sumarial Final 38/2009 de 31 de julio, con la siguiente modificación en la parte dispositiva primera (únicamente con relación al recurrente EDDY CHACON RIOS) y la parte dispositiva segunda” (sic), estableciendo responsabilidad administrativa conforme al art. 29 de la LACG contra el mencionado, por haber incurrido únicamente en el art. 129 inc. k) del Reglamento Interno del Gobierno Municipal, y debido a que el accionante ya no prestaba servicios en la misma se dejó sin efecto la sanción de destitución impuesta, señalando que de acuerdo a la norma se remita a efectos de registro a la Contraloría General del Estado, debiendo también remitirse a la Dirección de Auditoria Interna para que en coordinación con la Dirección de Finanzas cuantifique el daño económico al Gobierno Municipal de El Alto en la adquisición de productos para el canastón navideño de la gestión 2008 (fs. 16 a 17).
II.5.Fanor Nava Santiesteban y Marleni Acosta de Avendaño, Alcalde Municipal y Asesora Legal, respectivamente del Gobierno Municipal de El Alto, emitieron la Resolución DHAM 0008/09 de 7 de octubre de 2009, mediante la cual resolvieron el recurso jerárquico planteado por el accionante, confirmando la Resolución de Recurso de Revocatoria SUM-GMEA 07/2009 de 7 de septiembre (fs. 21 a 22).
II.6. El Área de Discapacidad, Rehabilitación y Habilitación Bio-Psico-Social dependiente de la Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud y Deportes emitió la certificación señalando que Eddy Chacón Ríos, fue valorado por el equipo calificador del Gobierno Municipal de El Alto, el 22 de diciembre de 2008, dentro del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad, habiéndose determinado que presenta una discapacidad física grado moderado (32%) según constaría en el certificado único nacional de personas con discapacidad (fs. 30).
II.7.El informe DGAJ-2511-09 DGAJ/AJL/RAF/937/2009, elaborado por Rubén Aliaga Fernández, Asesor Legal del Área Laboral del Gobierno Municipal de El Alto, desestima la solicitud del ex funcionario Eddy Chacón Ríos, sobre reincorporación, toda vez que si bien se lo considera persona con discapacidad encontrándose amparado por normativa vigente, no obstante cuenta con proceso sumario que determina responsabilidad administrativa, por lo que se encontraría en las excepciones del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, sobre el principio de estabilidad laboral (fs. 47 a 50).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante considera vulnerados sus derechos al trabajo, al salario justo, a la salud, a la seguridad social y los derechos de las personas con discapacidad, toda vez que: 1) Lo destituyeron ilegalmente mediante memorándum DGCH-3072-2009 -sin fecha-, pese a que los demandados tenían conocimiento de su situación de discapacidad encontrándose amparado por la Ley de la Persona con Discapacidad; 2) Le iniciaron un proceso administrativo interno para “tapar” el acto ilegal que realizaron al destituirlo, el cual concluyó sancionándolo con su destitución y estableciendo responsabilidad administrativa; sin embargo, habiendo hecho uso de los recursos de revocatoria y jerárquico, se dejó sin efecto la sanción pero no así la responsabilidad administrativa; y, 3) Mediante el informe DGAJ-2511-09DGAJ/AJL/RAF/937/2009, se cometió un acto ilegal, puesto que desestimaron su solicitud de reincorporación a su fuente laboral. En consecuencia, corresponde analizar, si en el presente caso, se debe conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. Los derechos fundamentales de las personas discapacitadas Sobre el tema, el Tribunal Constitucional en su SC 0477/2011-R de 18 de abril, haciendo mención a la SC 0739/2010-R de 26 de julio, misma que no se aparta del contexto constitucional vigente, reconoció la protección especial que merecen las personas con discapacidad, señalando en ese sentido que: "…la Constitución Política del Estado vigente, establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado, el art. 70 asume para sí la obligación de velar por la protección de distintos derechos como ser; derecho de acceder a la educación y a la salud integral; como también a la comunicación en un lenguaje alternativo -caso de los sordomudos- derecho al trabajo en condiciones adecuadas, de acuerdo, claro está, a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure, tanto a ellos como a sus familias, una vida digna; y finalmente el desarrollo de sus potencialidades individuales. Es claro el concluir que estos derechos no se agotan en su reconocimiento, sino que el espíritu de estas normas constitucionales obligan al propio Estado a tomar acciones positivas que permitan que los derechos se materialicen y que no tengan una existencia solamente formal, así se prevé en el art. 71.II y III de la CPE, que el propio Estado debe generar las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad.
El DS 27477, a tiempo de determinar los principios rectores que deberán regir en la aplicación de dicha norma legal; en su art. 3 dispone la estabilidad laboral, al señalar que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo las causas legalmente establecidas, previo proceso; así también el art. 5 del citado Decreto Supremo, de manera expresa prevé que: ´I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causas establecidas por Ley; II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1º (primer grado) en línea directa y hasta el 2º (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente´.
Debe señalarse que el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un ´(…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado´.
En ese sentido, la Sentencia aludida, señaló: ´(…) el DS 27477 de 6 de mayo de 2004 en el art. 1 establece el "OBJETO" de su promulgación al señalar: "El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover, reglamentar y proteger la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral (…)´. ´A su vez el art. 3 inc. c) del mismo DS se refiere al "Principio de estabilidad laboral" por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno “ (Las negrillas son nuestras).
A partir del razonamiento de la línea jurisprudencial citada se tiene que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios con discapacidad que presten servicios en sectores públicos o privados, implica la inamovilidad laboral y excepcionalmente su despido por causa justa y previo proceso.
III.2. Análisis del caso concreto A partir de la revisión de la demanda de acción de amparo constitucional que nos ocupa, se tiene que el accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales, por cuanto las autoridades demandadas pese a tener conocimiento de su situación de persona discapacitada lo destituyeron de su fuente laboral, llegando a iniciarle proceso administrativo interno de manera posterior a la misma, estableciendo responsabilidad administrativa en su contra y disponiendo la sanción de destitución, fallo que fue impugnado mediante recurso de revocatoria, instancia que ratificó la responsabilidad administrativa, dejando sin efecto la sanción, toda vez que ya fue destituido, siendo confirmado por la autoridad jerárquica, negándole su reincorporación en base al informe DGAJ-2511-09DGAJ/AJL/RAF/937/2009.
De lo mencionado precedentemente, se colige que mediante memorándum DGCH-3072-2009, dirigido al accionante, suscrito por Fanor Nava Santiestevan, Alcalde Municipal de El Alto, se prescindió de sus servicios en el cargo que venía desempeñando, “por reestructuración del Gobierno Municipal de El Alto”, tal como se tiene a fs. 209 del anexo, pese a tener conocimiento de su discapacidad, extremo que se puede evidenciar a partir del certificado emitido por el Área de Discapacidad, Rehabilitación y Habilitación Bio-Psico-Social dependiente de la Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud y Deportes, señalando que el accionante, fue valorado por el equipo calificador del Gobierno Municipal de El Alto, el 22 de diciembre de 2008, dentro del Programa de Registro Único Nacional de personas con Discapacidad, habiéndose determinado una discapacidad física grado moderado (32%) según constaría en el certificado único nacional de personas con discapacidad (fs. 30), por lo que al destituirlo de su fuente laboral sin que exista un proceso previo y por una “supuesta reestructuración”, lo cual no constituye una causal justificada para su destitución, lesionándose el derecho a la inamovilidad laboral que lo ampara al ser parte de un grupo vulnerable, pese a que la función que desempeñaba le fue otorgada bajo la modalidad de libre nombramiento, lo cual ocasiono la perdida de su fuente laboral y por ende de su medio de subsistencia, correspondiendo aplicable al presente caso la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia.
Ahora bien, se evidenció que de manera posterior se instauró contra el accionante un proceso administrativo interno mediante la Resolución Inicial de proceso sumarial GMEA 033/2009, donde la Sumariante del Gobierno Municipal de El Alto, Wilma Rossy Baptista Noya, dispuso iniciarle dicho proceso administrativo en su calidad de ex servidor público por haber incurrido presuntamente en lo previsto por los arts. 129 inc. k), 130 inc. b) y 132 inc. d), todos del Reglamento Interno del citado Gobierno Municipal (fs. 8), concluyendo con el fallo SUM-GMEA 38/2009, por el cual la citada Sumariante estableció responsabilidad administrativa de conformidad con el art. 29 de la LACG en su contra, al haber incurrido en la previsión de los artículos mencionados, imponiéndole en consecuencia la sanción de destitución del cargo por causas emergentes dentro de ese proceso, disponiendo que dicho fallo quede como antecedente al no estar prestando servicios en la misma (fs. 10 a 14), la cual fue impugnada por el accionante mediante recurso de revocatoria dejando subsistente la responsabilidad administrativa y no así la sanción por ser un ex funcionario, fallo que fue ratificado por la Resolución del recurso jerárquico.
De lo precedentemente mencionado, se colige que pese a la ilegal destitución del accionante por cuanto se prescindió de sus servicios sin tomarse en cuenta su discapacidad y sin proceso interno previo, vale decir sin un debido proceso, dicha ilegalidad fue subsanada de manera posterior por los demandados ya que iniciaron un proceso administrativo interno en su contra el cual concluyó estableciendo responsabilidad administrativa por la autoridad jerárquica quien previo a las impugnaciones realizadas por el propio accionante ratificó la Resolución del recurso de revocatoria; es decir, determinaron la responsabilidad administrativa dejando sin efecto la sanción emitida en primera instancia por cuanto el accionante ya se encontraba fuera de esa institución, concluyendo entonces que en conformidad del DS 27477 en su art. 3 inc. c), corresponde aplicable al presente caso en el sentido de que la estabilidad laboral por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas; vale decir, previo proceso interno seguido en su contra, previsión por la cual no corresponde la restitución de su fuente laboral, objeto de la presente acción tutelar, por cuanto su destitución es emergente del proceso administrativo mencionado.
Consiguientemente, el Juez de garantías, al conceder la tutela, no efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales ni aplicó correctamente los alcances de esta acción tutelar.
POR TANTO El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud a lo previsto en el art. 20.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 2/2010 de 11 de febrero, cursante de fs. 72 a 76, dictada por el Juez Segundo de Partido y de Sentencia de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, en base a los argumentos ya mencionados.

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