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Timestamp: 2018-08-14 18:07:05+00:00

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﻿ SENTENCIA 2016-02480 DE OCTUBRE 18 DE 2016
SENTENCIA 2016-02480 DE 18 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:ES IMPROCEDENTE HABER ACUMULADO DOS PROCESOS QUE SE SEGUÍAN POR DIFERENTES CAUSALES DE NULIDAD ELECTORAL. CONTRA EL AUTO QUE DECRETA LA ACUMULACIÓN D PROCESOS NO PROCEDE NINGÚN RECURSO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ELLO NO IMPEDÍA QUE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO ELECTORAL PONGA EN CONOCIMIENTO DEL JUEZ QUE EN ESA DECISIÓN EXISTÍA UN ERROR CONSISTENTE EN NO HABER ADMITIDO LA DEMANDA ELECTORAL QUE CONTENÍA UNA CAUSAL OBJETIVA CONFORME CON EL ARTÍCULO 281.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, NULIDAD ELECTORAL, ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, ACUMULACIÓN INDEBIDA DE PRETENSIONES, EFECTOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES
Sentencia 2016-02480 de octubre 18 de 2016
Exp.: 11001-03-15-000-2016-02480-00
Actor: Luis José Arenas Prada
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Bogotá D.C., dieciocho de octubre de dos mil dieciséis
La Sala decide la acción de tutela presentada por Luis José Arenas Prada contra la providencia de 28 de julio de 2016 proferida en única instancia por el Tribunal Administrativo de Santander.
1. La solicitud y pretensiones
El señor Luis José Arenas Prada en ejercicio de la acción de tutela solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido, que estimó lesionados por el Tribunal Administrativo de Santander al proferir el fallo de 28 de julio de 2016 dentro del proceso de nulidad electoral instaurado por él contra Ómar Acevedo Ramírez, quien fuere elegido como Alcalde del Municipio de San Vicente de Chucurí.
En amparo de los derechos invocados, solicitó:
“(…) 1. Se TUTELEN los derechos fundamentales invocados, especialmente al (sic) derecho a elegir y ser elegido, al debido proceso en conexidad con el derecho que me asiste a acceder a la justicia y el derecho a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la Ley en conexidad del derecho a que prime el derecho sustancial sobre las formalidades.
2. Como consecuencia de la protección a los derechos fundamentales invocados, se ordene a los accionados que:
a. Revoquen la sentencia adoptada el día 28 de julio de 2016, en la cual se falló solamente sobre uno de los procesos (el que tiene que ver con la causal subjetiva).
b. Conozcan de fondo el proceso Nº 68001233300020160000400 (Causal objetiva) incorporando las pruebas aportadas con la demanda, practicando las pruebas testimoniales solicitadas y en general observando todos los elementos fácticos y probatorios obrantes en ese libelo.
c. Se anule el fallo sobre el proceso contentivo la causal subjetiva 68001233300020160001100 pues este se produjo adoleciendo del análisis de los elementos probatorios y de una correcta aplicación de las normas que desarrollan la inhabilidad generada por la doble militancia.
d. Para que se conozcan de fondo los dos procesos y en observancia igualmente al debido proceso se anulen todas las actuaciones judiciales dentro de los procesos acumulados 68001-23-33-000-2016-00004-00 y 68001-23-33-000-2016-00011-00 a partir del auto que ordena la celebración de la audiencia inicial, y/o la diligencia de sorteo del magistrado ponente una vez decidida la acumulación.
e. Se ordene llevar los procesos por separado tal y como lo ordena el artículo 281 y 282 del CPACA y se fije nieva (sic) fecha para la celebración por separado de las audiencias iniciales.
f. Se ordene a los demandados que se abstengan en actuaciones futuras de realizar acciones similares y que afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos (…)”(1).
El accionante expuso como fundamento de su solicitud los hechos y consideraciones que se resumen a continuación (fols. 1 a 56):
Relató que el 25 de octubre de 2015 cuando se celebró en todo el territorio nacional la elección de mandatarios regionales, en el Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander) se presentaron una serie de hechos irregulares durante la jornada electoral y el escrutinio, por lo que acudió ante la jurisdicción contenciosa administrativa a través del medio de control de nulidad electoral con dos demandas diferentes, lo anterior, con el fin de atacar la legalidad del acto de elección de quien resultó elegido como alcalde del mencionado ente territorial.
Indicó que los dos medios de control de nulidad electoral presentados contra el acto de elección del señor Omar Acevedo Ramírez como alcalde del municipio de San Vicente de Chucurí, fueron acumulados pese a que se trataba de causales de distinta naturaleza, configurándose así una vía de hecho por defecto procedimental, pues mientras en el proceso 68001-23-33-000-2016-00004-00 se hablada de una causal objetiva, en el 68001-23-33-000-2016-00011-00 se discutía una subjetiva, razón por la cual interpuso acción de tutela(2), de la que aseguró, “(…) desistí de la misma pues el trámite admisorio y de notificación tardó el tiempo suficiente para que en el Tribunal Administrativo de Santander vencieran los 10 días de traslado para alegatos y los 20 días que se determinó para producir el fallo, y en consecuencia las circunstancias variarían ostensiblemente (…)”(3).
Señaló que los hechos relevantes de la demanda de nulidad electoral con el número 68001-23-33-000-2016-00004-00(4) son: i) el apagón inexplicado a las 6:30 p.m. que cambió los resultados; ii) el procedimiento aplicado por la comisión escrutadora al atender una irregularidad en la mesa número 8º que terminó en la quema de unos votos; iii) la no inclusión de los votos en los formularios E14 en el puesto de votación Alto Viento; iv) la alteración de documentos electorales en la mesa 19; v) lo ocurrido en la mesa 22 y en el puesto de votación de Guamales que no computaron los votos totales; vi) la exclusión de un gran número de ciudadanos de la lista de sufragantes y su posterior inclusión pocas horas antes de las elecciones; y vii) la entrega y recibo de documentos electorales de manera extemporánea, así como el exceso de votantes por mesa.
Manifestó que por los hechos mencionados se solicitó la práctica de pruebas testimoniales de varias de las personas que elaboraron los informes de la MOE en el municipio de San Vicente de Chucurí, sin embargo, estos no se practicaron pese a ser pruebas determinantes en el proceso, incurriendo el tribunal con ello, en un defecto fáctico.
Y lo alegado en la demanda de nulidad electoral 68001-23-33-000-2016-00011-00(5), era demostrar la doble militancia del demandado, quien nunca renunció a su partido de origen y, por el contrario, se inscribió por otro para llegar a ocupar el cargo municipal, engañando con esto a la población, pues los dos partidos son de diferentes corrientes políticas en tanto uno es de ideología de “izquierda” y el otro de “derecha”.
Adujo que el Tribunal Administrativo de Santander se equivocó al fallar en única instancia, el 28 de julio de 2016, sin referirse a los hechos y pretensiones contenidos en la demanda 68001-23-33-000-2016-00004-00, es decir, solo se pronunció sobre la doble militancia del demandado, pero nada dijo del proceso que invocaba la causal objetiva, incurriendo con ello en una vía de hecho por defecto procedimental, que viola derechos fundamentales como el debido proceso, acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido.
Mencionó que “(…) la vía de la Tutela se convierte en el único mecanismo excepcional para evitar un perjuicio irremediable (…) el riesgo de vulneración y la propia violación que en la actualidad ocurre de los derechos esenciales especialmente a la vulneración al debido proceso en conexidad con el derecho a acceder a la justicia por dar prevalencia a las formalidades sobre lo esencial es inminente, es grave pues el menoscabo a los derechos vulnerados son de tal intensidad que afectan ostensiblemente otros derechos fundamentales de manera intensa y absoluta (…)”(6) (negrilla de texto).
3. Trámite procesal e intervenciones
Mediante providencia de 29 de agosto de 2016 (fol. 59), se ordenó la notificación a la parte accionada y se puso en conocimiento la admisión de la demanda de tutela al tercero interesado en las resultas del proceso.
El Tribunal Administrativo de Santander y el señor Ómar Acevedo Ramírez guardaron silencio.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000(7).
La Sala debe establecer si el Tribunal Administrativo de Santander, en el trámite del proceso de nulidad electoral, adelantado por el señor Luis José Arenas Prada contra Omar Acevedo Ramírez, incurrió en defecto procedimental al haber efectuado la acumulación de los procesos en los que se discutían dos causales de nulidad electoral de distinta naturaleza y al haberse pronunciado en la sentencia del 28 de julio de 2016 solo en relación con la causal subjetiva; y en defecto fáctico por no haberse decretado y practicado las pruebas que sustentaban la causal objetiva de nulidad electoral.
Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales —cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial— cumplimiento de los requisitos específicos de procedibilidad del amparo, en específico los defectos fáctico y procedimental y, ii) análisis del caso concreto.
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional(8) y el Consejo de Estado(9) ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).
La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a la Sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia del doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, así:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes(10): a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial, y h) violación directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.
Los defectos fáctico y procedimental como causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico, en una dimensión negativa, se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria ejercida por el juez se presenta la omisión de la “(…) valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez (…)”(11). En esta situación se incurre “(…) cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente(…)”(12).
En una dimensión positiva, el defecto fáctico ocurre cuando el juez, por ejemplo, “(…) aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (…)”(13), de conformidad con el artículo 29 de la Carta Política. En estos casos, sin embargo, solo es factible fundar una acción de tutela por vía de hecho cuando ostensiblemente aparece arbitraria la valoración probatoria realizada por el Juez. Por tanto, el error en el juicio valorativo de la prueba:
“(…) (D)ebe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia. (…)”(14).
En lo que respecta al supuesto fáctico por indebida valoración probatoria, ha dicho la Corte que este se configura, entre otros, en los siguientes casos:
“(…) (i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso y (vi) cuando no valore pruebas debidamente aportadas en el proceso. (…) (15)”.
Como se observa, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria no solo se ocupa del examen que realiza el juez sobre el material probatorio aportado con el proceso, sino que además abarca toda la actividad probatoria que aquél despliega para intentar acreditar o desacreditar los hechos de la demanda.
Sin embargo, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo probatorio dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio.
Así, la Corte Constitucional, en Sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una evaluación de la actividad de valoración realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto(16).
Y en cuanto al defecto procedimental como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial en la Sentencia T-672 de 2012, la Corte Constitucional consideró:
“(…) En reiterada jurisprudencia(17) la Corte Constitucional ha establecido que se está frente a un defecto orgánico cuando (i) la autoridad que expidió la providencia carece de competencia para ello, (ii) o asume una competencia que no le corresponde, (iii) de igual manera, cuando adelante alguna actuación por fuera del término contemplado en la ley(18).
En efecto, cuando las normas jurídicas indican la competencia para los operadores jurídicos, lo hacen con la finalidad de establecer el campo de acción de las autoridades públicas y de preservar el principio de seguridad jurídica. En consecuencia, el actuar del juez no puede corresponder a la voluntad o arbitrariedad del operador jurídico, por el contrario, la competencia debe estar determinada por la constitución o la ley y delimitada por factores como el funcional y territorial y temporal. En caso que el juez exceda la competencia se estará frente a un defecto orgánico que hace procedente la acción de tutela(19).
En el mismo sentido, la Sentencia T-340 de 2011 reiteró lo manifestado en la Sentencia T-929 de 2008, que expreso: “el grado de jurisdicción correspondiente a un juez, tiene por finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad judicial para asegurar así el principio de seguridad jurídica que “representa un límite para la autoridad pública que administra justicia, en la medida en que las atribuciones que le son conferidas solo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y la ley establecen”(20). Más adelante añadió: “la extralimitación de la esfera de competencia atribuida a un juez quebranta el debido proceso y, entre otros supuestos, se produce cuando “los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde”(21) y también cuando adelantan alguna actuación o emiten pronunciamiento por fuera de los términos jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas actuaciones”(22).
En suma, la actuación de los jueces debe estar enmarcada por lo previsto en la constitución y la ley en lo relativo a la competencia funcional y temporal, con el fin de garantizar el derecho al debido proceso y de evitar incurrir en un defecto orgánico que haga procedente la acción de tutela contra una providencia judicial (…)”.
La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que los defectos alegados pueden llevar consigo una violación de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados como quebrantados, pues al ser un proceso de única instancia finalizó con la sentencia del 28 de julio de 2016 y no cuenta con más medios de defensa, teniendo en cuenta que las razones aducidas no constituyen ninguna causal del recurso extraordinario de revisión.
Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que el fallo controvertido es del 28 de julio de 2016 y la demanda de tutela se presentó el 23 de agosto del mismo año, es decir, dentro de un término prudencial.
Adicionalmente, se observa que el accionante plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y, que la providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad electoral.
4.2. Análisis de las causales específicas de procedibilidad.
La acción de tutela está dirigida a cuestionar el trámite surtido por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de nulidad electoral que acumuló dos procesos adelantados por el ahora accionante, a través de apoderado, en dos demandas que pretendían la nulidad de la elección del señor Omar Acevedo Ramírez como alcalde del municipio de San Vicente de Chucurí (Santander).
Las razones principales de la solicitud de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido son: (i) haber acumulado dos procesos que se seguían por diferentes causales de nulidad electoral, una objetiva y otra subjetiva, lo cual era improcedente; (ii) no haber decretado y practicado las pruebas solicitadas en la demanda de nulidad electoral por causal objetiva; y (iii) haber resuelto en la sentencia solo las pretensiones correspondientes a la causal subjetiva de doble militancia, y no hacer ningún pronunciamiento respecto del otro proceso acumulado con pretensiones de nulidad electoral por causal objetiva.
Pues bien, con el fin de establecer si se incurrió en los defectos aducidos en la demanda de tutela, la Sala considera necesario hacer un recuento del trámite surtido a cada una de las demandas que posteriormente fueron acumuladas, así como el trámite del proceso acumulado hasta cuando se dictó la sentencia que puso fin al mismo.
El trámite a cada una de las demandas fue el siguiente:
Demanda radicada con el Nº 68001-23-33-000-2016-00004-00 Demanda radicada con el Nº 68001-23-33-000-2016-00011-00
M. P. Julio Ramos Salazar M.P. Solange Blanco Villamizar.
Partes: Demandante: Luis José Arenas Prada, Demandado: Ómar Acevedo Ramírez. Partes: Demandante: Luis José Arenas Prada, Demandado: Ómar Acevedo Ramírez.
Auto inadmisorio de 14 de enero de 2016: “(…) se inadmite la demanda conforme al artículo 276 del mismo código y se le concede a la parte accionante el término de (03) días para que la subsane en los siguientes aspectos, so pena de ser rechazada:
1. Expresar de manera clara y precisa las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que el único acto administrativo susceptible de ser demandado, mediante la acción electoral en el presente caso, es el contenido en el formulario E-26 ALC.
2. Determine las causales de anulación electoral que se invocan de conformidad con lo señalado en el artículo 137 y 275 del CPACA, de manera clara, detallada y separada.
3. Se enuncie en el acápite de pruebas, las pruebas que se pretende hacer valer dentro presente trámite (…)”
Auto Inadmisorio de 14 de enero de 2016: “(…) Revisada la demanda y sus anexos, se advierten las siguientes inconsistencias:
1. Ausencia de algunos de los actos demandados. Se pretende la nulidad de los formularios E-14, E-24, E-26, en los que se registra la elección que aquí se demanda, no obstante los mismos no se allegan, debiéndose hacerlo tal y como lo dispone el artículo 166 de la Ley 1437 de 2011.
2. No se determinan con claridad las resoluciones a demandar se solicita en la demanda la declaratoria de nulidad de las resoluciones emitidas por las comisiones escrutadoras departamental y municipal por medio de las cuales se resuelven los recursos y reclamaciones, presentados frente a la elección que aquí se demanda, empero, se omite determinarlas con precisión y claridad, siendo esta una carga que impone el artículo 162.2 Ibídem (…)”
Subsanación demanda: “(…)” con todo respeto me permito precisar al despacho lo siguiente:
1. La demanda electoral presentada busca la anulación de la elección por la causal doble militancia del ciudadano elegido.
2. Tal situación de doble militancia está contemplada en forma autónoma y separada como causal de anulación de la elección en el artículo 275 numeral 8º del CDEPACA (…)”(23).
Subsanación demanda: “(…) En consecuencia, la parte demandante NO posee tales actos administrativos los cuales están en poder de las autoridades electorales, en este caso la Registraduría Departamental del Estado Civil, calle 35 carrera 18, edificio Davivienda, piso 11, Bucaramanga, lugar en el cual señalo se encuentran y pido sean solicitados.
7. Son estos actos administrativos, todos, y ya señalados en el texto de la demanda por su número y su contenido, los que adicionalmente se atacan y de los cuales se pide igualmente la nulidad por los motivos anteriormente citados y las causales de violación de la Ley Electoral y del Sistema Electoral colombiano, al ordenar computar votos con dicha clase de violación (causal 4 del artículo 275 CDEPACA) (…)”(24).
Auto Admisorio de 21 de enero de 2016. Corrección subsanación: “(…) 1. La parte demandante ha presentado dos (2) demandas por causales de nulidad diferentes, que se deben tramitar separadamente por contener causales objetivas y subjetivas (…) 2. Se dictó auto inadmisorio en ambos procesos y dentro de ambos procesos la parte demandante por intermedio del señor apoderado principal procedió a la subsanación (…) 3. Sin embargo, por un error involuntario al momento de imprimir y grapar o legajar y coser los respectivos memoriales, confundió los folios o páginas del escrito y los anexó al memorial relacionado con el proceso radicado 2016-00011-00 (…) 4. Por tal razón, anexo en forma correcta los respectivo memoriales (…)”.
Corrección subsanación: “(…) 1. La Parte demandante ha presentado dos (2) demandas por causales de nulidad diferentes, que se deben tramitar separadamente por contener causales objetivas y subjetivas (…) 2. Se dictó auto inadmisorio en ambos procesos y dentro de ambos procesos la parte demandante por intermedio del señor apoderado Principal procedió a la subsanación (…) 3. Sin embargo, por un error involuntario al momento de imprimir y grapar o legajar y coser los respectivos Memoriales, confundió los folios o páginas del escrito y los anexó al memorial relacionado con el proceso radicado 2016-00011-00 (…) 4. Por tal razón, anexo en forma correcta los respectivo memoriales (…)”. Auto admisorio de 29 de enero de 2016.
De lo anterior se evidencia que con escritos presentados por separado, el actor, a través de apoderado judicial, demandó la elección del alcalde del municipio de San Vicente de Chucurí al considerar que se presentaron ilegalidades durante las elecciones del año 2015, sin embargo, ante la confusa redacción de los hechos y argumentos, el Tribunal Administrativo de Santander mediante autos del 14 de enero de 2016, dictados por cada magistrado sustanciador decidió inadmitir las demandas (2016-00004(25) y 2016-00011(26)) otorgándole el término de 3 días para subsanar los yerros en los que incurrió y que se encuentran transcritos anteriormente.
En virtud de lo dispuesto en los autos mencionados, el demandante presentó en cada expediente un escrito en el cual señaló, respectivamente,: (i) que la causal invocada en el proceso 68001-23-33-000-2016-00004-00 era la prevista en el numeral 8 del artículo 275 del CPACA (causal subjetiva) y (ii) que en el expediente 68001-23-33-000-2016-00011-00 no poseía los actos administrativos que eran demandados, pero que todos estaban identificados en la demanda, respecto de los cuales se pedía su nulidad por los motivos citados y por las causales de violación de la Ley Electoral y del Sistema Electoral colombiano, al ordenar computar votos con dicha clase de violación (Causal 4 del Artículo 275 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
Es decir, el apoderado de la parte actora, en el proceso correspondiente a la demanda por causal objetiva, al corregirla señaló que la causal era la octava del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, la causal subjetiva de doble militancia. Y en el proceso iniciado por la causal subjetiva, al corregir la demanda, aunque se refirió a los actos demandados, el apoderado hizo referencia a la causal cuarta ibídem, que es de naturaleza objetiva.
Sin embargo, días después, el apoderado del actor allegó nuevos escritos en los que argumentó que debido a un error involuntario se truncaron los memoriales, pues el dirigido al proceso con las pretensiones de tipo objetivo se identificó con el expediente que contenía las de tipo subjetivo, y viceversa, por lo que solicitó tener en cuenta tal situación(27); Es importante precisar que la demanda en el proceso radicado 2016-00004-00 ya se había admitido para cuando se presentó el escrito de corrección a la subsanación, pero en la demanda radicada con el No. 2016-00011-00, pese a ese escrito, se admitió sin considerar nada al respecto(28). Es decir, en ninguno de los procesos se hizo consideración alguna sobre el escrito de corrección de la subsanación.
Mediante auto de 18 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de Santander decretó la acumulación de las demandas al considerar que las causales en los procesos eran de tipo subjetivo, consistentes en doble militancia y elegir candidatos que no reúnen calidades o que están incursos en causales de inhabilidad(29), y fijó como fecha para llevar a cabo el sorteo del magistrado ponente el 21 de abril de ese mismo año. Este auto fue notificado por estado el 19 de abril de 2016, comunicado por correo electrónico a la parte actora y por aviso fijado en la Secretaría del Tribunal el 20 de abril de 2016(30).
El Tribunal Administrativo de Santander realizó el sorteo de magistrado ponente, diligencia a la que la parte demandante no asistió(31). El conocimiento de los procesos acumulados correspondió al despacho de la magistrada donde se tramitaba el expediente 2016-00011-00.
Posteriormente, el 17 de mayo de 2016, se realizó la audiencia inicial dentro de los procesos acumulados, con la presencia de todas las partes, en cuya etapa de saneamiento se dictó un auto que declaró “(…) no existir vicio alguno en el presente procedimiento que impida seguir adelante con el proceso (…)”(32). En la fijación del litigio se dictó un auto que dispuso: “(…) de acuerdo con la subsanación que de la demanda se hace a folios 301 a 302 del cuaderno del expediente 2016-004-00, los cargos de esta demanda y la del proceso radicado al No. 2016-0011-00, que se acumula, recaen sobre la elección del señor Omar Acevedo Ramírez, como Alcalde del municipio de San Vicente de Chucurí, para el periodo 2016-2019, endilgándosele doble militancia política (artículo 275. 5 y 8 de la Ley 1437/2011), al ser elegido como ya se dijo, por el partido Centro Democrático y en las elecciones para congresistas del año 2014 se presentó como candidato a la Cámara de Representantes, por el partido político Polo Democrático Alternativo, haciendo la respectiva inscripción para este partido en esa época, sin mediar renunciar a ella un año antes de la de su inscripción como candidato a la Alcaldía, esto es, siendo miembro de dos partidos políticos al momento de su inscripción como candidato a la Alcaldía de San Vicente de Chucurí y, consecuencialmente, a la declaratoria de nulidad, dar las ordenes de que había doble militancia política porque: falta el elemento normativo de “una misma elección”; “la renuncia con un año de antelación a un partido político para poder inscribirse a nombre de otro, solamente se exige cuando se ejerza una curul a nombre del primero” y “esta última circunstancia, no se ha materializado, como quiera que jamás ha ejercido curul a nombre de partido o movimiento político alguno”. La mera participación en una “elección anterior a nombre del partido Polo Democrático, no lo convierte ni en directivo ni en miembro eterno suyo”. Refiriéndose a la certificación del presidente del comité ejecutivo departamental del Polo Democrático, dice que este no tiene la facultad estatutaria para expedir dicha certificación, la que recae de manera exclusiva en el Secretario General del partido a nivel nacional. Esta decisión se notifica en estrados. Sin recursos. (…)” (negrilla de texto).
En esta misma audiencia inicial, en la parte correspondiente al decreto de pruebas en el expediente 2016-00004-00, se hizo la siguiente consideración:
“(…) No existe prueba documental objeto de decreto y de recaudo, toda vez que la allegada con esta demanda, recae sobre reclamaciones e irregularidades en el escrutinio que al ser corregida la demanda, fueron eliminados, centrándose en la doble militancia. (…)”
Un mes después, el 20 de junio de 2016, el actor presentó solicitud de nulidad por indebida acumulación de procesos, la cual fue negada por el Tribunal Administrativo de Santander porque el argumento no se enmarcaba dentro de ninguna causal taxativa de nulidad y porque las actuaciones del proceso se entienden subsanadas si no se impugnan oportunamente.
Así mismo, el 29 de junio de 2016 el actor presentó acción de tutela para solicitar que se anulara el auto que ordenó la acumulación de las demandas, acción de la cual, tal y como lo relató, desistió porque “(…) el trámite admisorio y de notificación tardó el tiempo suficiente para que en el Tribunal Administrativo de Santander vencieran los 10 días de traslado para alegatos y los 20 días que se determinó para producir el fallo (…)”.
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante fallo de 28 de julio de 2016, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se configuró la causal subjetiva de doble militancia.
Pues bien, efectuado el anterior recuento, la Sala abordará el estudio de los hechos que el tutelante considera violatorios de sus derechos fundamentales, así:
(i) Haber acumulado dos procesos que se seguían por diferentes causales de nulidad electoral, una objetiva y otra subjetiva, lo cual es improcedente.
De acuerdo con lo narrado en el capítulo anterior, la Sala observa que en virtud de la subsanación que en cada una de las demandas presentó el apoderado de la parte actora en los procesos electorales, se profirieron los autos admisorios contra la elección del señor Omar Acevedo Ramírez como alcalde del municipio de San Vicente de Chucurí, sin concretar la causal de nulidad electoral y sin advertir la inconsistencia en los memoriales de subsanación presentados por el apoderado de la parte demandante, ni siquiera en el proceso 2016-00011-00 en el cual, previo a la admisión de la demanda, el apoderado puso de presente el error incurrido al subsanar la demanda.
No obstante la inadvertencia de los despachos de conocimiento de cada una de las demandas sobre el error incurrido por el apoderado de la parte actora al “trastocar” los memoriales de subsanación y la falta de pronunciamiento sobre el memorial de corrección a la subsanación, lo cual daría lugar a pensar que las demandas se habían admitido frente a ambas causales, lo cierto es que en el auto mediante el cual se acumuló los dos procesos electorales adelantados por Luis José Arenas Prada, se consideró que ello era procedente en la medida en que en ambos casos se cuestionaba una causal de nulidad subjetiva, como es la doble militancia.
En el auto de acumulación dictado el 18 de abril de 2016, el Tribunal consideró:
“(…) En primer lugar debe hacerse claridad sobre el hecho que dentro del proceso 2016-0004-00 inicialmente se habían plasmado una serie de causales de anulación y presentado ciertas inconsistencias de tipo formal en el libelo de la demanda, por lo que, se procedió por parte del Despacho a expedir auto mediante el cual se inadmitió la demanda solicitando se expresara con claridad lo pretendido, se esbozaran de mera clara y detallada las causales de anulación y se señalaran las pruebas a solicitar, requerimiento ante el cual la parte accionante presento escrito de subsanación en el cual manifiesta que la causal de anulación es la doble militancia.
Claro lo anterior, se procede a realizar pronunciamiento acerca de la posible acumulación de procesos que podría configurarse, dentro del proceso 2016-00011-00 en el que se invocó como causales de anulación las número 5º y 8º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 bajo el argumento que el ciudadano Omar Acevedo Ramírez, se presentó como candidato para la Alcaldía de San Vicente de Chucurí por el partido de la U, habiéndose inscrito para el mismo cargo de elección popular, para el partido político Centro Democrático y que asimismo en las elecciones para congresistas del año 2014 se presentó como candidato a la cámara de representantes por el Partido Político Polo Democrático, por su parte en el proceso 2016-0004-00 se manifestó en el escrito de subsanación que la causal invocada era la doble militancia.
Del anterior cuadro comparativo, se tiene que los procesos cuya acumulación se estudia se tramitan bajo el mismo procedimiento, se encuentran en la misma instancia, se pretende la nulidad del acto de elección de Omar Acevedo Ramírez, y el fundamento de nulidad de la elección es el mismo, la doble militancia política y la falta de calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que estar incursos en causales de inhabilidad siendo procedente la acumulación de los procesos, en los términos del Art. 282 de la Ley 1437 de 2011. (…)” (resalta la Sala).
Si bien contra el auto que decreta la acumulación no procede ningún recurso, según lo dispuesto en el artículo 282 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ello no impedía que la parte demandante del proceso electoral pusiera de presente al juez de conocimiento que en esa decisión existía un error consistente en no haber admitido la demanda electoral que contenía una causal objetiva y al acumularse ambas demandas con causales de nulidad electoral subjetiva y objetiva, lo cual es improcedente, conforme con el artículo 281 ibídem.
Sin embargo, la parte demandante guardó silencio e incluso dejó de asistir a la diligencia de sorteo de ponente, pese a que estuvo debidamente notificada y citada para dicha actuación.
Pero es más, si alguna duda quedaba en relación con la admisión de las demandas electorales solo por causales subjetivas, quedó despejada en la audiencia inicial de los procesos acumulados, a la cual asistió el apoderado de la parte actora.
En efecto, en la etapa de saneamiento la magistrada ponente declaró, mediante auto, que no existían vicios que afectaran el procedimiento surtido hasta aquella diligencia, sin que las partes manifestaran inconformidad alguna frente a esa decisión.
Asimismo, el tribunal acusado dentro de la misma actuación, al momento de resolver sobre la fijación del litigio concluyó que la controversia de los procesos acumulados se centraba en el estudio de la causal de nulidad electoral subjetiva prevista en el numeral 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, decisión contra la cual tampoco se presentaron recursos.
Lo anterior cobra importancia en la medida en que, de conformidad con el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes”. De manera que la audiencia inicial, realizada el 17 de mayo de 2016, era el momento procesal perentorio para alegar los vicios procesales que generaban nulidad en esta primera etapa del proceso ordinario, en los términos del artículo 179 ibídem.
Por ello, cuando el apoderado de la parte demandante presentó la solicitud de nulidad de lo actuado el 20 de junio de 2016, ya había precluido la oportunidad de hacerlo, encontrándose, en consecuencia, ajustada a derecho la decisión del tribunal de negar la solicitud de nulidad, no solo porque no era una causal taxativa de nulidad sino porque no lo alegó en los momentos procesales previos y oportunos (cfr. Audiencia de pruebas, folio 446 cuaderno 2 exp. 2016-00011).
De acuerdo con lo anterior, para la Sala el actuar del Tribunal Administrativo de Santander no quebrantó los derechos fundamentales invocados por el accionante, pues la acumulación de los procesos se efectuó conforme al trámite que se le imprimió a las demandas según el alcance que le dio a las subsanaciones de las mismas, decisión que fue conocida por las partes, así como lo fueron las demás decisiones posteriores sin que se hubiera presentado controversia en la oportunidad procesal debida.
(ii) No haber decretado y practicado las pruebas solicitadas en la demanda de nulidad electoral por causal objetiva.
El tutelante aduce que el Tribunal Administrativo de Santander violó sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al no decretar y practicar algunas pruebas solicitadas dentro del proceso 2016-00004-00, relacionadas con la causal de nulidad electoral objetiva.
Pues bien, como se señaló en párrafos anteriores, el Tribunal Administrativo de Santander en etapa del decreto de pruebas dentro de la audiencia inicial, consideró:
“Expediente 2016-00004-00 (…) No existe prueba documental objeto de decreto y de recaudo, toda vez que la allegada con esta demanda, recae sobre reclamaciones e irregularidades en el escrutinio que al ser corregida la demanda, fueron eliminados, centrándose en la doble militancia (…)”(33).
De lo anterior, resulta claro que el tribunal accionado concluyó que no era necesario ni pertinente el decreto de las pruebas documentales solicitadas dentro de ese expediente, toda vez que ellas sustentaban la causal de nulidad objetiva sobre las reclamaciones e irregularidades en el escrutinio, que fue eliminada al subsanar la demanda, aspecto que había quedado clarificado en el saneamiento del proceso y en la fijación del litigio dentro de la misma audiencia inicial. Contra el auto que decretó las pruebas, la parte actora no interpuso ningún recurso, mostrando con dicho proceder, nuevamente, su conformidad con el trámite dado a la demanda radicada con el 2016-00004-00.
Así las cosas, la Sala no advierte que el tribunal accionado haya violado los derechos invocados por el tutelante.
(iii) Haber resuelto en la sentencia solo las pretensiones correspondientes a la causal subjetiva de doble militancia, y no hacer ningún pronunciamiento respecto del otro proceso acumulado con pretensiones de nulidad electoral por causal objetiva.
La Sala considera, respecto de este hecho que, contrario a lo indicado por el accionante, el Tribunal accionado no incurrió en el defecto procedimental alegado, pues habiendo fijado el litigio de los procesos acumulados en la causal subjetiva de doble militancia, no había lugar a pronunciarse sobre la causal objetiva en la que se sustentaba inicialmente la demanda radicada con el 2016-00004-00 y que por la subsanación que de ella se hizo se modificó la causa petendi de la nulidad electoral demandada.
Las consideraciones expuestas en los puntos anteriores confirman, para la Sala, que en la sentencia acusada el tribunal guardo la debida congruencia entre lo pedido en las demandas acumuladas y lo finalmente resuelto.
Igualmente, se advierte que el apoderado de la parte demandante al presentar los alegatos de conclusión centró su argumentación en la causal de nulidad electoral subjetiva referida a la doble militancia, considerándose con ello que avalaba el trámite dado a las demandas acumuladas y que la fijación del litigio se centraba en esa causal de nulidad electoral.
Así las cosas, la Sala negará la solicitud de amparo, comoquiera que el tribunal accionado no incurrió en ninguno de los defectos alegados por el accionante.
NIÉGASE la acción de tutela instaurada por el señor Luis José Arenas Prada contra el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
Consejeros: César Palomino Cortés—Sandra Lisset Ibarra Vélez—Carmelo Perdomo Cuéter.
1 Folios 54 a 55.
2 11001-03-15-000-2016-01917-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Actor: Luis José Arenas Prada, Accionado: Tribunal Administrativo de Santander.
4 M.P. Julio Edisson Ramos Salazar.
5 M.P. Solange Blanco Villamizar.
6 Folio 17.
7 Decreto 1382 de 2000, “Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.” Artículo 1º, numeral 2º. “(…) Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado (…)”.
8 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
9 Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10 Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
12 Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
13 Sentencia T-538 de 1994.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
15 Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 7 de marzo de 2013. MP. Alexei Julio Estrada.
16 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
17 Sentencias T-162 de 1998, T-1057 de 2002, T-359 de 2003, T-1293 de 2005, T-086 de 2007, T-009 de 2007, T-446 de 2007, T-1150 de 2008, T-743 de 2008, T-310 de 2009, T-757 de 2009, entre otras.
18 Sentencia T-302 de 2011.
19 Sentencia T-757 de 2009.
20 Cfr. Sentencia T-1057 de 2002.
21 Cfr. Sentencia T-446 de 2007.
22 Sentencia T-929 de 2008.
23 Corrección de la demanda a folios 610 y 611 cuaderno núm. 1º expediente: 2016-00004-00.
24 Corrección de la demanda a folios 291 a 294 cuaderno núm. 2º expediente: 2016-00011-00.
25 (Teniendo en cuenta que al expediente de tutela fue allegado el proceso ordinario de nulidad electoral a través de medio magnético y que la foliatura física no se observa con claridad en el documento, se citarán los folios del expediente del archivo en formato PDF.) A folio 606 y 607 del cuaderno núm. 1º, expediente 2016-00004-00, está el auto inadmisorio, M.P. Julio Edisson Ramos Salazar.
26 A folio 287 y 288 del cuaderno núm. 2º, expediente 2016-00011-00, está el auto inadmisorio, M.P. Solange Blanco Villamizar.
27 El memorial aclarando el error ocurrido en la subsanación de la demanda fue allegado a ambos expedientes y obra a folios 625 a 648 del cuaderno núm. 1 del proceso 2016-00004-00 y 295 a 302 del cuaderno núm. 2 del proceso 2016-00011-00.
28 Auto admisorio de 28 de enero de 2016, expediente: 2016-00004-00, folios 613 a 614; Auto admisorio de 29 de enero de 2016, expediente: 2016-00011-00, folios 304 y 305.
29 Folios 785 a 791 cuaderno 1 expediente 2016-00004-00
30 Folios 791 y ss. Cuaderno 1 expediente 2016-00004-00
31 Folio 803 expediente 2016-00004-00.
32 Folios 404 a 409 cuaderno núm. 2 expediente 2016-00011-00.
33 Folio 404 del Cuaderno 2 del expediente 2016-00011-00, documento en PDF que obra a folio 88 del expediente de tutela.

References: ARTÍCULO 282
 ARTÍCULO 281
 artículo 281
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 276
 artículo 137
 artículo 166
 artículo 162
 artículo 275
 artículo 275
 artículo 275
 Artículo 275
 artículo 275
 artículo 275
 artículo 282
 artículo 281
 artículo 275
 artículo 207
 artículo 179
 Artículo 1