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Timestamp: 2020-07-09 15:10:20+00:00

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Derecho de Acceso y Acción Pública | El Cocodrilo de Valmayor
Derecho de Acceso y Acción Pública
6 septiembre, 2009 · de cocodrilodevalmayor	· en Municipios.	·
La Agencia Española de Protección de Datos emitió su resolución R/00251/2007 tras una reclamación ante el Heraldo de Viveiro y el Ayuntamiento de Viveiro tras la publicación de unos documentos facilitados por la institución al medio.
En primer lugar la resolución contiene la descripción de la reclamación efectuada y un repaso a las estipulaciones recogidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal y las funciones de los responsables de ficheros y registros en la garantía a las personas del control y protección de sus datos, sobre su uso y destino, de modo que se impidan situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida.
Continúa la resolución recogiendo lo establecido en el artículo 304, 1 y 2 del Real Decreto Legislativo 1/1992, que dispone:
2. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad Urbanística.
Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción pública en materia de urbanismo, puede exigir ante los órganos administrativos y ante la Jurisdicción contencioso-administrativa el cumplimiento urbanístico.
En relación a la citada “acción pública”, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27-1-2004, recursos 1110/1999, es del tenor siguiente:” Si la totalidad de los ciudadanos pueden verificar el cumplimiento de la legalidad urbanística deben tener acceso a la totalidad de los acuerdos en esta materia entre los que se encuentran los expedientes de licencia de obras para acondicionamiento de locales. En definitiva el ejercicio de la acción publica precisa el conocimiento de las actuaciones y ésta no puede ser negada porque el solicitante no promoviera ni se personara en el mismo antes de que se hubiera recaído solución, toda vez que el plazo para el ejercicio de dicha acción no concluye con la terminación del expediente, ni con la conclusión de las obras, sino cuando han transcurrido los plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de legalidad urbanística”. Y continua afirmando que “Como señala la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 30-4-1999 el artículo 105, h de la Constitución dispone que la Ley regulará, entre otras materias, “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. Este precepto constitucional remite expresamente a la configuración legal del ejercicio del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, como derecho no fundamental, aunque relacionado con el derecho a la participación política, con el de libertad de información que obra en manos del poder público acorde con los principios inherentes al Estado democrático (en cuanto el acceso a los archivos y registros públicos implica una potestad de participación del ciudadano y facilita el ejercicio de la crítica del poder) y al Estado de derecho (en cuanto dicho acceso constituye un procedimiento indirecto de fiscalizar la sumisión de la Administración a la Ley y de permitir con más eficacia el control de su actuación por la jurisdicción Contencioso –Administrativa.”.
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 304
 Real Decreto 
 artículo 105