Source: http://www.abusaidgomez.com/publications/article/la-fuerza-mayor-y-el-covid-19-en-materia-civil-comercial-y-laboral
Timestamp: 2020-07-13 07:28:05+00:00

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La fuerza mayor y el Covid-19 en materia civil, comercial y laboral | Abusaid Gómez & Asociados
Según el artículo 64 del Código Civil Colombiano, se denomina fuerza mayor o caso fortuito “el imprevisto o que no es posible resistir (…)”. Esto, debe entenderse como la imposibilidad sobrevenida para cumplir una obligación por un hecho imprevisible, irresistible y externo. De allí se desprenden los elementos sin los cuales no puede hablarse de esta figura – la imprevisión, la irresistibilidad y el carácter externo.
Es importante preguntarse ¿Qué se entiende por imprevisible e irresistible? La primera figura implica que el evento debe ser sorpresivo y excepcional; es decir, aquel que no puede razonablemente preverse. El segundo, lleva a considerar que el evento no pudo ser evitado por el agente sujeto a la obligación y tampoco provocado por este. En esos términos, si el evento hace difícil el incumplimiento y no imposible, no se está en el terreno de la fuerza mayor.
Cabe aclarar que la calificación de esta figura no se hace respecto de un evento de manera genérica. Por lo tanto, en términos generales, el covid-19 no es una situación de fuerza mayor. Lo que debe analizarse son las implicaciones de cada caso para determinar si se está ante una imposibilidad sobreviniente de cumplir con las obligaciones; pero un evento no puede ser generalmente calificado de esa manera porque impacta diferente a todas las personas en la economía.
En el caso concreto de Colombia, la fuerza mayor puede derivar de dos situaciones: 1) Que el Covid-19 imposibilite la ejecución de un contrato o prestación de un servicio; 2) Que lo haga la expedición del Decreto 457 de 2020, por medio del cual el gobierno nacional declaro el estado de emergencia, y se crearon una serie de prohibiciones y restricciones a la movilidad, y al desarrollo de actividades industriales y comerciales. Esto quiere decir que la imposibilidad de cumplir con una obligación puede tener 2 situaciones originadoras, el Covid-19, y el decreto en sí mismo.
¿Cómo se aplica la fuerza mayor a los contratos comerciales y civiles?
En materia de derecho privado, la aplicación del caso fortuito o la fuerza mayor tiene dos principales funciones: 1) Como figura para la extinción de las obligaciones; 2) Como figura para eximir de responsabilidad por el incumplimiento de la obligación contractual.
Fuerza mayor como extinción de las obligaciones
La extinción de las obligaciones en materia civil y comercial tiene diferentes alcances y lo que se analiza principalmente es quién debe asumir la pérdida económica. Debe reconocerse que es posible que en un caso concreto se materialice la fuerza mayor porque alguna de las dos situaciones descritas anteriormente imposibilite el cumplimiento de obligaciones; sin embargo, la pérdida económica puede recaer en el deudor o acreedor dependiendo del contrato y la naturaleza civil o comercial del mismo.
Desde la postura del derecho civil, si bien no existe una regla general sobre quién asume la pérdida económica, es posible analizar algunos contratos y los efectos de la fuerza mayor sobre estos. En el contrato de compraventa, se puede indicar que quién asume la pérdida económica es el comprador, según el artículo 1876 del Código Civil, Para el contrato de mandato, es posible concluir a partir del artículo 2176 del Código, que el mandatario no es el encargado de asumir la pérdida económica por la imposibilidad de cumplir las instrucciones del mandante cuando exista fuerza mayor o caso fortuito; siempre y cuando tome las medidas conservativas que sean posibles.
Por otro lado, dentro de la normativa mercantil se prevé, para ciertos contratos, la terminación del contrato a raíz de la imposibilidad de cumplir las obligaciones por fuerza mayor; sin embargo, no es una regla general. Para el contrato de compraventa mercantil, el artículo 930 del Código de Comercio hace referencia a que si se pierden las mercancías vendidas por causa no imputable al vendedor, el contrato queda resuelto y el vendedor no asume la responsabilidad por la pérdida; en ese sentido, la fuerza mayor tiene función tanto de eximente de responsabilidad como figura de extinción de las obligaciones.
Cosa diferente pasa en el contrato de mutuo cuando el bien a restituir no es dinero, ya que el mutuario debe pagar el valor correspondiente al objeto del contrato cuando por fuerza mayor o caso fortuito se haga imposible la restitución de la cosa. En ese caso particular, el mutuario asume la pérdida económica según los términos del artículo 1165 del Código de Comercio. Como se evidencia, los efectos de la fuerza mayor sobre un contrato se determinan a partir de un análisis contrato a contrato; y no por el contrario, conforme a una regla general que siempre prevea sobre una de las partes la pérdida económica.
Fuerza mayor como eximente de responsabilidad
Por otro lado, en relación a la función de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad para el deudor, el Código Civil prevé como regla general, la no responsabilidad del deudor cuando exista caso fortuito o fuerza mayor. Desde la perspectiva mercantil, no es posible encontrar una regla general de eximente de responsabilidad para el deudor cuando se materialice la fuerza mayor o el caso fortuito; en ese caso, debe revisarse las normas puntuales del negocio jurídico para llegar a dicha conclusión.
Un caso dentro del ordenamiento mercantil que resulta relevante, es la exoneración total o parcial de la responsabilidad del transportador por la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de sus obligaciones a causa de la fuerza mayor. A través del artículo 992 del Código de Comercio, se llega a esa conclusión siempre y cuando el transportador haya adoptado las medidas necesarias para evitar un mayor perjuicio.
Por otro lado, para el transporte por el mar, el artículo 1609 del Código de Comercio indica que existe exoneración de responsabilidad por la pérdida o daños cuando estos provengan de fuerza mayor o por restricción de cuarentenas.
Para el contrato de comisión comercial, las disposiciones mercantiles no llevan a concluir que se termine el contrato por fuerza mayor, pero sí indican que el comisionista no responde por el deterioro o pérdida de la mercancía por caso fortuito. Esto según el artículo 1294 del Código de Comercio.
Deben analizarse las reglas propias de cada contrato con el fin de determinar si en efecto, procede la extinción de las obligaciones y si esto a su vez implica o no la extinción del contrato; es decir, la ley mercantil o civil será la que determinará los efectos concretos de la fuerza mayor en cada contrato.
¿Es posible utilizar la figura de la fuerza mayor para argumentar la terminación de los contratos laborales?
En materia laboral, debe tenerse en cuenta no solo los derechos del trabajador, sino también las necesidades del empresario con el fin de que se cuiden los intereses de cada una de las partes. Por eso, el gobierno nacional ha adoptado diferentes disposiciones con el fin de preservar el trabajo, sin desconocer las dificultades económicas que la actual situación representa para los empresarios.
El Código Sustantivo del Trabajo prevé que los contratos de trabajo pueden terminarse por justa causa, unilateralmente sin que exista justa causa, por disposición legal o por acuerdo entre las partes. Para las necesidades actuales de los empresarios y trabajadores es pertinente analizar a profundidad la terminación por justa causa y la terminación unilateral.
Dentro de las justas causas descritas en la ley para terminar el contrato de trabajo, no se evidencia la fuerza mayor o el caso fortuito. Las causales para la terminación del contrato por justa causa son taxativas, tal como lo reitera el Ministerio del Trabajo en el concepto 32988 de 2017. Esto, quiere decir que son las únicas circunstancias que la ley permite para esos efectos. En ese sentido, no se puede terminar un contrato de trabajo alegando la fuerza mayor como justa causa.
Por otro lado, es posible que el empleador termine un contrato de trabajo sin que se configure alguna de las justas causas previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, pero esto implica el pago de una indemnización a cargo del empleador. Esta posibilidad no se puede extender para aquellos casos en los que el trabajador tiene una protección especial por la ley laboral; como puede ser el fuero por maternidad, el sindical, la estabilidad laboral reforzada para trabajadores discapacitados, entre otros.
Cosa diferente a estas figuras es la suspensión de los contratos de trabajo, en donde la ley si prevé la aplicación de la fuerza mayor o el caso fortuito cuando esto impida temporalmente ejecutar el contrato. En ese escenario, la circular 0022 de 2020 del Ministerio de Trabajo deja claro que quién tiene la facultad para determinar la materialización o no de la figura es el Juez de la República y no el ministerio de trabajo. Sin embargo, si debe emitirse un aviso al Ministerio del Trabajo sobre la suspensión de los contratos por esta causal.
¿Qué implica esto en la práctica?
Una de las principales conclusiones a las que se llega estudiando la fuerza mayor, es la subjetividad en torno a la figura. La adaptación o no, no puede estudiarse en términos generales frente a una situación que tiene diferentes efectos económicos y jurídicos en la práctica, sino que debe hacerse caso a caso; teniendo siempre en cuenta las particularidades en torno a los contratos y a las obligaciones.
En términos prácticos, la figura si puede proceder en ciertas situaciones como consecuencia del covid-19 o del decreto que decreta la cuarentena preventiva obligatoria. Pero la determinación de que en un caso sea aplicable, no implica que esta pueda extenderse a casos similares porque las reglas especiales pueden variar en cuanto a las consecuencias de la fuerza mayor.

References: artículo 64
 artículo 1876
 artículo 2176
 artículo 930
 artículo 1165
 artículo 992
 artículo 1609
 artículo 1294
 artículo 62