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Timestamp: 2019-04-24 08:56:14+00:00

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REVISIÓN CRÍTICA DE LA INVALIDACIÓN, REGULADA EN LA LEY N°19.880
Jerarquía de Estudios los tratados Constitucionales, de derechos Año humanos: 6, N° análisis 2, 2008, jurisprudencial pp.
73-119, ISSN desde 0718-0195 el método de casos Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca “Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos” Miriam Lorena Henríquez Viñas
Hierarchy of human rights treaty: analysis jurisprudential from the method of cases
Miriam Lorena Henríquez Viñas1-2
Profesor Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. mlhenriq@uc.cl
RESUMEN: No existe en la Constitución Política de Chile una norma que establezca cuál es la jerarquía de los tratados en general y sobre derechos humanos en particular. Por lo tanto, debe determinarse tal rango por la vía de la interpretación del artículo 5º inciso segundo de la Carta Fundamental. La mencionada tarea interpretativa le corresponde a todos los órganos del Estado, pero especialmente a los tribunales de justicia. La jurisprudencia nacional ha ido integrando al ordenamiento interno las normas y principios propios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, reconociendo en este último tiempo jerarquía supralegal e incluso constitucional a los tratados de derechos humanos. PALABRAS CLAVE: Tratados internacionales. Tratados de derechos humanos. Jerarquía. Jurisprudencia tribunales superiores de justicia. ABSTRACT: The Political Constitution of the Republic of Chile does not have a rule that establish which the hierarchy of treaties is in general and treaties about Human
Abogado, Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Ciencias Jurídicas, Universidad de Santiago de Compostela, España. Profesor Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Nacional Andrés Bello, Universidad de Las Américas y Universidad Alberto Hurtado. Email mlhenriq@uc.cl Presentado el 13 de agosto de 2008, aprobado el 25 de octubre de 2008. El presente trabajo ha sido realizado en el marco de los Fondos Concursables de Fomento a la Investigación 2007-2008 de la Dirección de Investigación de la Escuela de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
Estudios Constitucionales, Año 6, Nº 2, 2008, pp. 73-119
Rights in particular. For this reason, it should be determined the range by the interpretation of Article 5.2 of the Fundamental Charter. The task of interpretation is a work for all the organs of State but especially for the courts of justice. The national jurisprudence has been incorporating to the internal legal ordering the rules and principles from the International Human Rights Law, recognizing in the last time hierarchy supralegal and even constitutional to the Human Rights Treaties. KEY WORDS: Treaties. Treaties of human rights. Hierarchy. Jurisprudence of the top courts of justice.
I. EL CRITERIO DE LA JERARQUÍA COMO UNA FORMA DE RESOLVER LOS CONFLICTOS NORMATIVOS
A. Los conflictos normativos
Los conflictos normativos o antinomias en un ordenamiento jurídico son inevitables por el dinamismo del ordenamiento y la diversidad de poderes normativos que coexisten en los ordenamientos complejos.3 En este caso, la solución al problema de las antinomias debe basarse en el estudio de los distintos principios que ordenan el sistema de fuentes y que determinan el Derecho aplicable. Antes de analizar los distintos principios que permiten solucionar los conflictos normativos, se hace necesario conceptualizar la expresión “conflicto normativo”. En este punto hay que entender, siguiendo a Bobbio, que es aquella situación de incompatibilidad que se produce entre dos normas que pertenecen al mismo ordenamiento y tiene el mismo ámbito de validez, en virtud de la cual la aplicación de una de las normas conduce a resultados contrarios a los que se generan con la aplicación de la otra.4 Los definidos conflictos normativos se resuelven mediante la aplicación de distintos principios o criterios: jerarquía, competencia, procedimiento, especialidad, cronológico y prevalencia. En cuanto al principio que nos interesa, el de jerarquía normativa, cabe decir que son distintos los criterios utilizados para determinar cuándo se está ante una relación jerárquica entre normas.5 Sin embargo, tales criterios, separada-
BALAGUER CALLEJÓN (1991), p. 141. BOBBIO (1987), pp. 201-202. Algunas de las soluciones que se han propuesto son tales como la aplicabilidad de la norma superior en caso de conflicto, de la capacidad derogatoria, de la referencia del órgano creador de la norma, de la fundamentación material o formal de la validez, de la posibilidad de fiscalización judicial, o el deber de acatamiento de la norma inferior respecto de la norma superior. Así, autores como García de Enterría expresan que la relación jerárquica deviene de la distinta naturaleza del órgano productor de la norma: “La jerarquía de las normas no es nunca una jerarquía de los procedimientos de producción y elaboración de las mismas, sino un reflejo y una consecuencia de la diferente calidad de los sujetos que las producen: el legislador constituyente en su carácter de fundador del sistema; el legislador ordinario, que extrae su legitimidad y su poder del sistema fundado por aquel; el gobierno, órgano subordinado
mente, parecen todos poco satisfactorios. La conjunción de todos ellos puede servir de pauta para identificar el principio de la jerarquía. Es decir debe considerarse tanto: a. La posición jerárquica del órgano del que la norma procede. b. La fuerza que desarrolla cada una de las normas, esto es, una norma superior puede derogar a otra sin que la misma pueda derogarla a ella. c. Las consecuencias que pueden derivar del incumplimiento del deber de obediencia que en la relación jerárquica se manifiesta. Una norma es superior cuando en su nombre se puede otorgar una acción con el fin de declarar la regla contraria ilegítima. En conclusión de lo dicho, el razonamiento de la aplicación de la norma superior opera con la siguiente lógica: atendiendo que el ordenamiento jurídico es una pluralidad de clases de normas que coexisten, las normas que ostentan un superior rango prevalecen sobre las normas de categoría inferior, que en la medida en que contravengan aquellas son nulas.6
B. La Constitución de Chile y el criterio de jerarquía normativa
La Constitución es la norma fundamental y fundante del ordenamiento jurídico. La Constitución es norma jurídica y como tal participa de cuantos caracteres materiales y formales se predican de la norma jurídica en general. Sin embargo, no debe perderse de vista que la Constitución no es sólo norma jurídica, sino que además es una norma declarativa de valores.7 A su vez, la Constitución es la norma jurídica fundamental o suprema, ya que su contenido constituye el punto de partida para el desarrollo de todo el ordenamiento jurídico del Estado, el cual debe ordenarse e interpretarse de acuerdo con el sentido de la Constitución. El artículo 6º de la Constitución da cuenta de lo expresado: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de
al cuerpo representativo ante el que es responsable (...) y las demás autoridades y órganos inferiores, según el orden de su respectiva jerarquía”. GARCÍA DE ENTERRÍA (1982), p. 135. ALZAGA VILLAMIL, et al. (1997), p. 262. Tal como lo expresa el Profesor José Luis Cea Egaña: “Es decir, ellas reconocen los bienes jurídico-políticos que representan el ideal de un Derecho superior a la legalidad vigente, mejor que ésta y trascendente a ella”. Las consecuencias que se derivan de esta forma de concebir la Constitución son para el mismo autor: la constitucionalización del sistema jurídico completo de cada país; la aplicación del bloque de constitucionalidad, con los principios y normas del Código Político, de las leyes y de los tratados ligados a la Carta Fundamental, como parámetro para efectuar el control de regularidad de la ley; y la comprensión, interpretación y aplicación del Código supremo con criterios, técnicas y objetivos que no siempre coinciden con el método clásico de la hermenéutica jurídica. CEA EGAÑA (63), p. 433.
esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos, como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades o sanciones que determine la ley”.
Finalmente, la Constitución es la norma fundante del ordenamiento jurídico por cuanto establece la jerarquía de las fuentes del Derecho y regula las formas de producción de las normas jurídicas. Es opinión unánime de la doctrina que una de las tareas esenciales de la Constitución es precisar los órganos competentes para la producción de las normas jurídicas, como las categorías básicas a través de las cuales se manifiesta la voluntad de dichos órganos y las relaciones entre las mismas por razón de jerarquía o de competencia. La Constitución, en consecuencia, como norma jurídica fundamental y fundante del ordenamiento jurídico, es quien debe decidir la jerarquía que los tratados internacionales, en general y de derechos humanos en particular, tendrán en el ordenamiento interno, pudiendo decidir que tengan jerarquía legal o supralegal, incluso la Constitución podría disponer resignar o compartir su primer escalón jerárquico con aquéllos.8 Sin embargo, como se ha señalado, la Constitución Política de la República de Chile no ha establecido expresamente esta cuestión.
C. La jerarquía de los tratados de derechos humanos
Tal cual lo exponía Kelsen en su obra Principios de Derecho Internacional Público, la cuestión de la jerarquía entre el derecho nacional y el internacional puede ser decidida solamente sobre la base del derecho nacional correspondiente.9 Esto es, sólo la Constitución de cada Estado resuelve el tema de la jerarquía de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico nacional. Es por esta razón que el Derecho Comparado muestra diversas soluciones, que al solo efecto de su mejor comprensión se pueden agrupar en distintos sistemas: a) los que colocan a los tratados en un mismo plano jerárquico que las leyes internas; b) otros que consideran a los tratados con una jerarquía superior a las leyes; c) aquellos que otorgan rango constitucional a los tratados; d) finalmente los que reconocen un rango supraconstitucional a los tratados internacionales.
Señala el constitucionalista Germán Bidart Campos: “La Supremacía significa entonces, que la Constitución es la fuente primaria y fundante del orden jurídico estatal. De modo que al colocar a la Constitución en el vértice de dicho orden, ella es la que dispone cuál es la graduación jerárquica del mismo. Porque como fuente primaria y fundante puede ocurrir que la Constitución resigne o comparta el primer plano, para reconocer en dicho nivel, al derecho internacional, sea general o de derechos humanos y/o al derecho de la integración supraestatal y su derivado, el derecho comunitario”. BIDART CAMPOS (1997), pp. 333-373. KELSEN (1965), p. 359.
Además consultar HENRÍQUEZ VIÑAS (2003). En este estudio. pp. 313-323. pp. La primera que se extiende desde la Constitución de 1980 hasta la reforma de 1989. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 fue publicado el 29 de abril de 1989 en el Diario Oficial. en la cual se agregó la parte final al inciso segundo del artículo 5º constitucional. casos Lumi Videla y Uribe Tambley-Van Jurick. 93 Nos 1 y 3. la cuarta etapa que se extiende desde el año 2005 a la actualidad. la segunda que va desde 1989 hasta 1994. Nota del autor. Estudios Constitucionales. año en que se dicta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el fallo Almonacid Arellano vs. de conformidad con el artículo 49 del mismo. 54 Nº 1. Antes de iniciar el análisis de esta etapa.13 10 11 12 13 Ver HENRÍQUEZ VIÑAS (2007). Nº 2. Chile. En esta época imperó la tesis que asimila el tratado a la ley. 2008. PRIMERA ETAPA DE EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIA: 1980-1989 En este apartado.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos La Constitución Política de la República de Chile contiene varias disposiciones relativas a los tratados. siendo los derechos consagrados en él meras expectativas.12 Tal fue la situación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU de 1976. el examen de la Evolución Jurisprudencial se centrará en aquellos fallos de los tribunales superiores de justicia referidos a los tratados de derechos humanos. el que no fue publicado en Chile sino hasta 1989. cabe señalar brevemente que durante la vigencia de la Constitución de 1925 y hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 1980 la mayor parte de los casos fueron resueltos por los tribunales en base a un problema que resultó ser insalvable para quienes demandaron tutela judicial por esos años: el de la falta de publicación de los tratados internacionales. entrando en vigencia internacional el 23 de marzo de 1976. pp. promulgado por Decreto Supremo Nº 778 el 30 de noviembre de 1976. la tercera etapa desde 1994 hasta 2005. A mayor abundamiento ver BENADAVA (1992). que impone a los tribunales de justicia nacionales el control de convencionalidad.11 II. Este trabajo analiza las sentencias de los tribunales superiores de justicia hasta el 31 de diciembre de 2007. año en que se dictan sendos fallos que reconocen la jerarquía supralegal de los tratados de derechos humanos. 73-119 77 . 47-68. o sea trece años después de su promulgación y diez años desde que comenzó a tener vigencia internacional. el examen de dicha Evolución Jurisprudencial se centrará en aquellos fallos referidos a la jerarquía de los tratados de derechos humanos. avanzando en su evolución por cuatro etapas. finalmente. que se extiende desde la vigencia de la Constitución de 1980 hasta la reforma constitucional de 1989.10 En consecuencia habrá de estar a la interpretación que han realizado los tribunales de justicia sobre el particular. en la que se agrega el inciso segundo al artículo 5º constitucional. Año 6. sin embargo ninguna de aquellas explicita la jerarquía de los tratados. entre las que cabe consignar los artículos 5º inciso 2º. 32 Nº 15 . concluyendo que si el tratado no es publicado el mismo no es obligatorio en Chile y en consecuencia no es oponible.
Convención sobre nacionalidad de la mujer. Inhumanos o Degradantes. se consideraban como no vigentes. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Colombia. Año 6. publicado en el Diario Oficial el 20/7/72. entrada en vigor internacional para Chile 10/5/72. 73-119 . y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. publicado en el Diario Oficial el 19/7/72. 78 Estudios Constitucionales. Convenio para mejorar la suerte de los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. Convención sobre los derechos políticos de la mujer. publicado en el Diario Oficial el 17/4/51. 2008. inclusive los agentes diplomáticos.14 Como señala Gerardo Bernales.Miriam Lorena Henríquez Viñas Entrando ya al análisis de la etapa en cuestión. Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. publicado en el Diario Oficial el 30/9/67. Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. fue publicado en el Diario Oficial el 5/1/91. es necesario aclarar que la versión original del artículo 5º inciso segundo de la Constitución constaba de una sola oración que decía: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. 195 y ss. publicado en el Diario Oficial el 20/5/30. pp. Sociales y Culturales. publicado en el Diario Oficial el 11/12/53. Protocolo referente a un cierto caso de apatridia. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. en esta misma etapa. publicado en el Diario Oficial el 18/6/35. pp. Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. aprobada en Bogotá. 1948. pp. publicado en el Diario Oficial el 20/8/92. publicado en el Diario Oficial el 29/3/77. Convención para la prevención y el castigo contra personas internacionalmente protegidas. La reforma constitucional de 1989 incorporó la segunda oración que agrega: “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. Nº 2. publicado en el Diario Oficial el 19 y 20/4/51. publicado en el Diario Oficial el 30/11/71. a la época de entrada en vigencia de la Constitución y hasta la reforma de agosto de1989 se encontraban vigentes en Chile 26 tratados relativos a los derechos humanos. Convención internacional relativa a la represión de la trata de blancas. publicado en el Diario Oficial el 15/4/35. publicado en el Diario Oficial el 18/6/35. publicado en el Diario Oficial el 17/5/35. ver CUMPLIDO CERECEDA (1991). publicado en el Diario Oficial 26/12/88. publicado en el Diario Oficial 29/4/89. el Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 19 y 20/4/51. publicado en el Diario Oficial el 12/11/34.16 14 15 16 Para una completa explicación sobre los orígenes y razones de la reforma constitucional de 1989 y especialmente en materia de tratados de derechos humanos. Convención sobre asilo político. Los tratados enumerados son: Declaración Universal de los Derechos Humanos. enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar. Convención sobre condición de los extranjeros. entrada en vigor internacional para Chile el 10/3/72. 281-327. 10/12/48. Convención sobre el estatuto de los refugiados. Convenio internacional destinado a asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal conocido bajo el nombre de «Trata de Blancas». Convención interamericana sobre concesión de los derechos políticos a la mujer. Pacto Internacional de los Derechos Económicos. publicado en el Diario Oficial el 26/5/75. Ver BERNALES ROJAS (2003). La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. por falta de publicación. Convención internacional relativa a la represión de la trata de mujeres mayores. Convenio para mejorar la suerte de los heridos. publicado en el Diario Oficial el 17. publicado en el Diario Oficial el 16/4/35. Convención internacional para la represión de la trata de mujeres y niños. publicado en el Diario Oficial el 12/11/71. publicado en el Diario Oficial el 26/11/88. Protocolo sobre el estatuto de los refugiados. Convención sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra. publicado en el Diario Oficial el 18/4/51. publicado en el Diario Oficial el 14/9/34.15 Sin embargo. garantizados por esta Constitución. así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Convención sobre la protección a las personas civiles en tiempos de guerra. publicado en el Diario Oficial el 27/5/89. 18.
dice relación con la aplicación del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. letras a) y c) de la Constitución. si bien hasta ahora no ha sido publicada”. El primero de los casos. aludiendo al mandato del Decreto Nº 778 de 30 de noviembre de 1976. Nº 2. El segundo es que no sólo disintió en cuanto a la procedencia del recurso sino que además se pronuncia directamente sobre el fondo del mismo. El Ministro Paillas entendió que una norma internacional posee requisitos de existencia y validez propios. fue resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago y se refirió al problema de la contradicción entre tratado y Constitución y a la no publicación del primero en los siguientes términos: “Que cualesquiera que sean los efectos y alcances del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (. los decretos antes mencionados no han podido apartarse de las normas antedichas que han sido reconocidas por la primera autoridad de la Nación. dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago. es decir. norma citada por el disidente. en consecuencia. puesto que se había decretado la expulsión del territorio nacional. Y el tercer mérito es que hace una aplicación finalista de la Constitución. Consejero de la Embajada de Alemania y Cónsul de Alemania. de 13 de octubre de 1986. que se analizará a continuación. la prohibición de ingresar al mismo y el arresto de los recurrentes en virtud de normas legales y constitucionales. la que dispuso que dicho Pacto se cumpla y se lleve a efecto como Ley de la República.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos Los casos más importantes en los que los tribunales resolvieron un conflicto normativo en que un tratado era norma aplicable fueron los llamados casos Leopoldo Ortega. En igual sentido se plasmó el voto disidente del Ministro Paillas en el caso De Negri. quien estuvo por acoger el recurso de amparo en virtud del artículo 12 del Pacto. por cuanto hace aplicable el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en circunstancias que dicho Pacto no había sido publicado para su entrada en vigor. del año 1984. 73-119 79 .18 En este caso existía un conflicto entre normas constitucionales y un tratado internacional. ni menos primar sobre estos”. pp.19 La sentencia citada fue acordada con el voto disidente del Ministro Paillas. como también por lo dispuesto en el artículo 19 Nº 7 a) de la Constitución..20 17 18 19 20 Los Casos Consejero de la Embajada de Alemania y Caso Cónsul de Alemania no se analizarán porque si bien tuvieron en cuenta la aplicación de dos tratados internacionales: la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. pp. cuya apelación fue confirmada por la Corte Suprema en fallo de 20 de octubre de 1986.17 El llamado caso Leopoldo Ortega. pero no publicado. 2008. de modo que señaló: “Que. 4556 y 4681 ordenados en uso de la facultad que se concedía por el artículo 24 transitorio. por el cual se dispuso Estudios Constitucionales.) que ha sido promulgado. dentro de un orden de prevalencia razonable y natural. Gerardo Bernales señala que el voto disidente en comento tiene un triple mérito: “El primero es que hace vinculación directa de un Pacto Internacional con la Constitución. Año 6. lo que claramente era contrario a lo dispuesto por el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. contrariar preceptos constitucionales. lo reconoce y ampara en forma directa por vía de aplicación de un derecho protegido internacionalmente a través de la Constitución en su artículo 5º inciso 2°. Revista Fallos del Mes.. Decretos Nos 4542. 4547. 311 (1986). aquellos no versaban sobre derechos humanos. es lo cierto que sus cláusulas y disposiciones no podrían. 588 y ss.
la tesis de la incorporación automática del Pacto a nuestro Derecho interno está desautorizada por lo dispuesto en el artículo 2. su promulgación y publicación.Miriam Lorena Henríquez Viñas En el mismo caso. es fundado concluir que dicho Pacto carece de fuerza obligatoria en Chile. tal como la publicación oficial del tratado. pp. como se ha visto. el silencio puede dar origen a soluciones encontradas en la práctica internacional. Con respecto a la incorporación de los tratados al ordenamiento interno la Corte Suprema aseveró: “Que finalmente. interpretación que desde la perspectiva del formal resulta forzada. Nº 2. BERNALES ROJAS (2003). pues. en la doctrina y también en la jurisprudencia. pp. previnieron que para ello se requería que cada cual adoptara los procedimientos y formalidades prescritos por su propia legislación nacional al efecto”. Año 6. entendiendo que mediante ella se produce la incorporación de la norma convencional al Derecho chileno. El problema planteado dice relación con la incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento interno. toda vez que. Como puede observarse en el caso en cuestión. 80 Estudios Constitucionales. con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto. En efecto. la falta de publicación del tratado fue un obstáculo para el recurrente para demandar ante los tribunales los derechos previstos en aquél. ni el texto del mismo han sido hasta la fecha publicados en el Diario Oficial. En el caso chileno y pese el silencio de la Constitución. o su proclamación. La ausencia de regulación constitucional o legal de esta materia constituye una grave deficiencia. carecería de ella una ley promulgada pero no publicada”. Este precepto torna. párrafo 2 del propio Pacto en cuestión. 2008. pues en aquella época no estaba en vigencia aún la Constitución”. en idéntica situación. Por el contrario. al igual que. Este razonamiento es cono- que se cumpla y se lleve a efecto como ley de la República. es decir la recepción se produce mediante el cumplimiento de una formalidad determinada. 281-327. incuestionable que los propios Estados Partes del Pacto estuvieron acordes en que sus estipulaciones carecían de virtualidad de reputarse incorporadas automáticamente a su derecho interno. es evidente que los tribunales de la época otorgaron a la publicación un efecto constitutivo. 73-119 . el cual dispone: “Cada Estado Parte se compromete a adoptar. la Corte Suprema estimó que a los tribunales sólo les corresponde aplicar los tratados vigentes en Chile. las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter”. pero que con la perspectiva del tiempo y las circunstancias no lo es tanto. Agregó: “Que habiéndose llegado a este punto y encontrándose establecido en autos que ni el decreto promulgador del Pacto que ordenó cumplirlo como Ley de la República. Fundamentó para ello que la entrada en vigencia se encuentra reglada por el decreto ley 247 y el mismo exige la publicación: “La materia se encuentra reglada hoy por la concluyente normativa dispuesta por el Decreto Ley Nº 247 de 31 de diciembre de 1973”. se ha concluido que el sistema de recepción del derecho internacional convencional es el de la incorporación.
es valiosa la rectificación del Profesor Silva Bascuñán. consideró que los mismos trámites previstos para la ley debían ser aplicados para los tratados. Nº 2. Luego. 146-150. III. pp. 123. lo que ciertamente contradice los propios pactos y los artículos 18 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados. pues son consecuencias de ella. en el entendido que la asimilación sólo se refiere a los trámites de su aprobación y la promulgación y publicación no lo son. Las principales consecuencias que atribuye la tesis reduccionista a los tratados que no se publican a nivel interno son la no obligatoriedad e inoponibilidad del tratado y la consideración de los derechos consagrados en el tratado no publicado como meras expectativas. Del fallo analizado puede concluirse que en este periodo la Jurisprudencia consideraba que los tratados tenían el mismo valor y jerarquía que la ley. a partir de 1997. Las materias que se comprenden son aquellas relativas a la ley de cheques. Año 6. 73-119 81 . las sentencias aplicaron a los tratados internacionales las categorías propias del Derecho interno. PRECHT PIZARRO (1996). en cumplimiento de la ley aprobada y sancionada. Las críticas que se han formulado a la postura reduccionista se basan esencialmente en la diferencia entre el tratado y la ley y en la circunstancia que en el Derecho internacional no existe ninguna regla que condicione la vigencia de un tratado a su publicación interna. quien explica: “Ante todo. cuya idea fuerza es que no son necesarias las normas constitucionales sobre promulgación y publicación de tratados internacionales porque se siguen los trámites de la ley al respecto. con fundamento nuevamente en la asimilación de los tratados a la ley. quien. en las que se evidencia no sólo una referencia a los tratados de derechos humanos y su aplicación.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos cido como tesis reduccionista. incluso los de promulgación y publicación. sobre la inaplicabilidad de aquellos pactos que habían sido promulgados pero no publicados. En este sentido. sino especialmente a la jerarquía de estos. Silva Bascuñán separó los trámites de promulgación y publicación de un tratado respecto de aquellos previstos para las leyes. pp. 21 22 Los argumentos han sido claramente expuestos por Precht Pizarro. Por otro lado. p. a saber el que podría existir una vigencia de la norma en el orden internacional y una no vigencia en el orden interno o a los menos la posibilidad de la impermeabilidad absoluta del orden jurídico interno y del orden internacional”. año en que se dictó el primer fallo que reconoce la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos. Afirma Silva Bascuñán que en la formación y en la sanción el Presidente actúa como colegislador. la primera de estas conclusiones se basa en una posición ampliamente superada por la ciencia jurídica contemporánea. ni internacional ni interna del tratado”. el dualismo. 2008. esto es. y en la promulgación lo hace como Jefe del Poder Ejecutivo. Las resoluciones judiciales recaídas en esta etapa giraron en torno a tres materias.21-22 Como se observa en esta etapa. SEGUNDA ETAPA DE EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL: 1989-1994 La segunda etapa de Evolución Jurisprudencial se extiende desde 1989 hasta 1994. deudas previsionales y aplicación del decreto ley de amnistía. SILVA BASCUÑÁN (1997). continuó la concepción imperante bajo la Constitución de 1925. en el año 1989. Concluye Precht Pizarro: “A mi juicio es necesario señalar que la publicación no es en sí misma condición de validez. Estudios Constitucionales.
nuevamente la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso Quinteros Marabolí. señala: “Los procesos criminales por los delitos contemplados en los artículos 22 y 43. el artículo 44 del D. en su número 7º. reiteró la 23 24 El artículo 7º del Pacto señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. además.Miriam Lorena Henríquez Viñas A.F. más allá de su concesión por la autoridad judicial. pp. en relación con el artículo 7º Nº 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. procederá la excarcelación de acuerdo a las reglas generales. se invocó el artículo 7 Nº 7 de dicho tratado para solicitar la libertad provisional por el delito de giro doloso de cheques. constituyen un entorpecimiento que hace de la prolongación de la prisión preventiva. Casos sobre ley de cheques El artículo 7 Nº 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la prisión por deuda en los términos siguientes: “Nadie será detenido por deudas”. A su vez. en un fallo del 5 de febrero de 1991. prescribe: “Nadie será detenido por deudas. una verdadera prisión por deudas”. privilegiando la aplicación del tratado internacional: “Se exime al reo de la caución establecida en el artículo 44º de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques por considerar que dicho artículo 44º se encuentra en pugna.L. A su vez. con lo prevenido en el artículo 5º inciso final de la Constitución Política antes citada. (. 2008.. el 11 de febrero.23 La jurisprudencia ha sido vacilante en declarar la compatibilidad entre ambos. La Corte de Apelaciones de Santiago. Nº 707. Los fallos se refirieron principalmente a la compatibilidad entre el artículo 7 Nº 7 del Pacto San José de Costa Rica con el artículo 44 del D. En el inciso segundo del mismo artículo se señala: “La responsabilidad civil del librador podrá hacerse efectiva sobre dicha caución”. caución y no se admitirá otra clase que no sea un depósito de dinero de un monto no inferior al importe del cheque.F. intereses y costas. Año 6. A partir del momento que entró en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en el ordenamiento jurídico chileno y especialmente a partir de la reforma constitucional de 1989 al artículo 5º inciso segundo de la Constitución.24 Días después. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 11: “Nadie será encarcelado por el sólo hecho de no poder cumplir con una obligación contractual”. denominada Pacto San José de Costa Rica. 73-119 . Nº 707 sobre cuentas corrientes bancarias y cheques.. en la parte que exige la caución de un depósito de dinero por el total de los cheques.L. Nº 2. 82 Estudios Constitucionales. Este principio limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios”.) en atención a que la naturaleza de dicha caución y el objetivo primordial que persigue. Corte de Apelaciones de Santiago. No se consignan (1991). con el voto en contra del abogado integrante. tal como se desprenderá del análisis de los casos siguientes. más los intereses y costas que fije prudencial y provisionalmente el tribunal”. En todo caso se exigirá. señaló la incompatibilidad entre el artículo 44 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques con el artículo 7 Nº 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
27 En el caso Araya Villarroel. letra f) del Código Tributario dispone: “Cuando proceda la excarcelación.. 2008. el juez fijará el monto de la fianza en una suma no inferior al 30 % de los impuestos evadidos. La Corte Suprema señaló: “Lo resuelto se encuentra además en concordancia con el artículo 7 Nº 7 de la Convención Americana de Derechos. se revoca la resolución de 9 de abril (. se encuentra en pugna con lo prevenido en el artículo 5º inciso final de la Constitución Política del Estado en relación con el artículo 7 Nº 7 del tratado internacional denominado San José de Costa Rica promulgado en Chile el 5 de enero de este año. reajustados en la forma prevista en el artículo 53. denominado Pacto de 25 26 27 Corte de Apelaciones de Santiago. la excarcelación procederá de acuerdo con las reglas generales. el 2 de mayo de 1991. Corte de Apelaciones de Santiago. 73-119 83 . la Corte Suprema confirmó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago decidiendo sobre la incompatibilidad entre lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley de Cheques y el Pacto de San José de Costa Rica. (. y de acuerdo a la estimación que de ellos se haga por el Servicio de Impuestos Internos.F. Sobre este monto.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7. 92 y se declara que se exime al reo Ernesto Quinteros Marabolí de la aludida caución.) no está de más hacer constar que en concepto de estos jueces la caución que prescribiría el artículo 163 letra f) del Código Tributario. exigiendo una caución de un monto menor de lo estipulado en esta norma. como en los casos anteriores. ambas ratificadas por Chile y actualmente vigentes. norma similar a la del artículo 44 del D. No se consignan (1991). por estimar que ella constituye un entorpecimiento que hace de la prisión preventiva. el Tribunal fijará los reajustes e intereses que procedan”. Sin embargo.L.26 En relación con la misma la Corte de Apelaciones de Santiago. cualquiera que sea la pena asignada al delito.. Estudios Constitucionales.) dejándose sin efecto la caución que allí se regula”. se revoca en lo apelado la resolución de 7 de febrero en curso. La excarcelación se otorgará y la fianza se rendirá de acuerdo a los incisos segundo y tercero del artículo 361º del Código de Procedimiento Penal. Rol Nº 2390-A-91. pp. además. más allá de su concesión por la autoridad judicial. en los casos a que se refiere el inciso tercero del Nº 4 del artículo 97º. en fallo de fecha 18 de abril de 1991.. intereses y costas.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos incompatibilidad. pero se exigirá. en sentencia de 12 de abril de 1991 resolvió respecto de la aplicación del artículo 163. caución y no se admitirá otra que no sea un depósito de dinero de un monto no inferior al de la devolución indebidamente obtenida. ha sido derogado por la modificación introducida a los artículos 5º inciso 2º y 19 Nº 26 de la Constitución. según los antecedentes que presente el Servicio de Impuestos Internos. estableciendo la aplicación del tratado por sobre la ley interna. de 12 de abril de 1991. una verdadera prisión por deudas”. en los siguientes términos: “Que el artículo 44 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. de lo que preceptúan los artículos 9.) Por estas consideraciones. en la parte que exige la caución de un depósito de dinero por el total de los cheques. Cabe decir que la Corte de Apelaciones de Santiago.25 Este fallo fue impugnado por la vía del recurso de queja. siendo confirmado por la Corte Suprema de Justicia. escrita a fojas. letra f) del Código Tributario.. Nº 2.. Año 6.. Nº 707. habida cuenta en el caso de aquel. estimó la incompatibilidad de la caución prevista en dicho artículo con las disposiciones del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica: “(. El artículo 163.
Como se observa tal “incompatibilidad” no hace más que reflejar la existencia de un conflicto entre lo dispuesto por una norma de rango legal y un tratado internacional. concluyendo 28 29 30 31 Revista Fallos del Mes. Revista de Derecho y Jurisprudencia. aprobado por el Congreso Nacional y publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991. en el caso Pan World Trading Corporation con Alfredo Andonaegui Álvarez.29 El 30 de enero del año 1992. toda vez que razonó que la caución de un depósito de dinero por el total de los cheques. en el caso Mac Namara Verdejo. puedan obtener su excarcelación.F.L. Corte Suprema. constituía una prisión por deuda. en los mismos términos que en el caso Garat Gálvez. por los delitos descritos en esa ley. Nº 707 y el artículo 7 Nº 7 del Pacto San José de Costa Rica. 130 y ss. que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º inciso segundo de la Constitución. Año 6. pp. exigida para lograr la excarcelación. la Corte Suprema el 25 de junio de 1991 se pronunció por la compatibilidad entre la ley de cheques y las disposiciones del Pacto: “En el numerando 7º el comentado artículo 7º del Pacto de San José. se encontraba prohibida. 391. que establece que nadie será detenido por deudas y no cabe dudas que si se aceptara la interpretación del recurrente la permanencia en el recinto carcelario habría sido una prisión por deudas.L y los tratados en cuestión. expresamente prohibida en la actualidad”. 244 y ss.28 En un sentido contrario a los fallos anteriores. aunque tal solución no se refiera siempre expresamente. es decir la compatibilidad entre el señalado D. en el caso Garat Gálvez. 84 Estudios Constitucionales.30 El 17 de junio del año 1993.Miriam Lorena Henríquez Viñas San José de Costa Rica. en cuanto la caución que establece. Revista Fallos del Mes. 9 y ss. segunda parte. la Corte decidió que las condiciones para obtener libertad provisional. Nº 2. pp. que tiene plena vigencia en nuestro país en virtud del artículo 5º de la Constitución Política. Pan World Trading Corporation con Alfredo Andonaegui Álvarez (1993). 2008. asegurando de ese modo su comparecencia al juicio”. sección IV. para que los individuos privados de libertad. pp.F. pero tal norma no resulta contrariada por el artículo 44 de la Ley de Cheques. nuevamente la Corte Suprema dictó un fallo declarando la compatibilidad del artículo 44 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques y el Pacto de San José. 89. 73-119 . pp. Sin embargo la Corte Suprema a partir de junio de 1991 estimó lo contrario. considerando la Corte de Apelaciones de Santiago que tal conflicto se resuelve en favor del tratado por su mayor jerarquía. en relación con los tratados internacionales. establecidas en el artículo 44 de la Ley de Cheques: “No puede estimarse derogadas por otras normas constitucionales o por el Pacto de San José de Costa Rica”. 390. se asegura el derecho de que nadie será detenido por deudas.31 Del análisis realizado puede concluirse que la Corte de Apelaciones de Santiago desde 1991 resolvió sobre la incompatibilidad entre el artículo 44 del D. desde que dada su naturaleza jurídica no se trata propiamente de la exigencia de una deuda civil sino que de una simple condición legal.
322 y los Pactos en cuestión.322: “El empleador que no consignara las sumas descontadas o que debió descontar de la remuneración de sus trabajadores y sus reajustes e intereses penales. referido a la prisión por deuda y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.322. que fija normas para la cobranza judicial de imposiciones. sino una condición legal para que la persona privada de libertad pueda obtener la excarcelación. 2008.A. Cabe señalar que el sentido de los fallos que consideran la compatibilidad entre los tratados involucrados y la ley de cheques no implican una asimilación jerárquica de tales normas. será apremiado con arresto.322. El recurso de amparo Manuel Ugarte con AFP Santa María S. pp. previsto y sancionado en el artículo 32 33 Señala el artículo 12 de la ley Nº 17. El apremio será decretado. Manuel Ugarte con AFP Santa María S. no se opone al artículo 7 Nº 7 de la Convención. Año 6. 73-119 85 . Este apremio podrá repetirse hasta obtenerse el pago de las sumas retenidas o que han debido retenerse y de sus reajustes e interese penales. por cuanto la conducta del empleador que no cumple con la obligación de retener y enterar las cotizaciones previsionales descontadas de la remuneración del trabajador. por lo tanto. a petición de parte. concluyendo que el artículo 12 de la Ley 17. o desde la fecha de la notificación de la sentencia de primera instancia que niegue lugar a ellas. Nº 2. dentro del término de quince días. expresándose a favor de la incompatibilidad entre el artículo 12 de la Ley 17.32 se discutió la compatibilidad del artículo 12 con el mencionado artículo 7º del Pacto San José de Costa Rica. asegurando así su comparecencia en juicio. por el mismo tribunal que esté conociendo de la ejecución y con el solo mérito del certificado del secretario que acredite el vencimiento del término correspondiente y el hecho de no haberse efectuado la consignación».A. quien acogió el recurso de amparo interpuesto por don Manuel Ugarte para dejar sin efecto las órdenes de detención decretadas en su contra por falta de pago dentro del plazo legal de las cotizaciones establecidas en la Ley 17.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos que la caución no es una prisión por deuda. con los siguientes fundamentos: “Que atendiendo lo dispuesto en los artículos 5º y 19 Nº 7 de la Constitución Política del Estado y el artículo 7 Nº 7 del Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos.322. hasta por quince días. (1991).. Corte de Apelaciones de Santiago. tipifica el delito de apropiación indebida. B. Las disposiciones internacionales fueron invocadas en esta etapa para solicitar la libertad en consecuencia de los arrestos decretados por los tribunales como medida de apremio en contra del empleador que no pagó las cotizaciones previsionales de los trabajadores. fue resuelto el 10 de junio de 1991 por la Corte de Apelaciones de Santiago. contado desde la fecha del requerimiento de pago si no opuso excepciones. Estudios Constitucionales. son inadmisibles los apremios por falta de pago de cotizaciones previsionales correspondientes a la Ley 17.33 Este fallo fue revocado por la Corte Suprema en sentencia de 3 de diciembre de 1991. pues nadie puede ser detenido por deudas”.322 no ampara legalmente la prisión por deuda y. Casos sobre deudas previsionales En el caso de la Ley Nº 17. aportes y multas de las instituciones de previsión. sino tan solamente se refieren a la ausencia de conflicto normativo entre aquellas.
. son deudas previsionales que están excluidas del apremio de arresto librado. la Corte Suprema mantuvo su posición: “Que no es procedente aplicar en la especie el Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos. Corte Suprema.322 y el artículo 7 Nº 7 del Pacto de San José de Costa Rica. en fallo del 17 de julio de 1991. basándose para ello en lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. ahora ejecutado. de tal modo que el amparo deducido debe ser rechazado”. (1991).A. con mérito que la justifique y por autoridad competente.. dictaminó en el mismo sentido del caso anterior y se explayó: “Que el recurrente sostiene que la orden de arresto librada (. pp. 403. Que. 19 Nº 7 y 21 de la Constitución Política del Estado y el 7 Nº 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.A. esto es. por consiguiente. que ha descontado de los estipendios de los trabajadores las sumas correspondientes a cotizaciones previsionales. Que la ley 17. es un mero depositario de las sumas que descontó de la remuneración de sus trabajadores que no ingresó en el órgano previsional y. 73-119 . p. Manuel Ugarte con AFP Santa María S. estableciéndose en su artículo 12 el apremio del empleador renuente de cumplir sus obligaciones. la Corte Suprema.A. no ha enterado la proporción pertinente en el Instituto Previsional. de acuerdo a los instrumentos propios del Derecho Penal con arreglo a la Constitución y a las leyes.) está fuera de los casos previstos por la ley. Revista Fallos del Mes. no se configura la situación que prevé el referido pacto para impedir que se prive de la libertad a una persona. p.) dice el recurrente que dicho mandato imperativo es plenamente aplicable al caso de autos. Oliverio Fullerton Sobino con AFP Summa S. pp. Año 6.34 Por otro lado. la orden de arresto librada por el Juez recurrido ha sido expedida en los casos previstos por la ley. No así la Corte Suprema que mantuvo la posición 34 35 36 37 38 Corte Suprema.35 En el año 1992.Miriam Lorena Henríquez Viñas 470 Nº 1 del Código Penal y fundamenta jurídicamente la privación de la libertad que se decreta en su contra. pues las obligaciones previsionales perseguidas por la AFP Summa S. Oliverio Fullerton Sobino con AFP Summa S. 169. que los dineros que se deban lo sean en virtud de una convención por la cual el deudor se obliga a efectuar ciertos pagos”. 170. otorgando preeminencia a la aplicación de este último.. toda vez que tratándose de cotizaciones previsionales la negativa de ese pago afecta la atención médica del trabajador y de su grupo familiar. 84. por lo tanto..A. Nº 2. Que respecto de esta última disposición (. (1991). 2008. por cuanto reflexiona que tal privación de libertad constituye una prisión por deuda prohibida en dicho Pacto. porque en el caso de autos no existe un incumplimiento de una obligación civil.322 señala el procedimiento que debe seguirse cuando un empleador.. 86 Estudios Constitucionales.36 Lo anterior fue confirmado por sentencias posteriores emanadas de la Corte Suprema. 90-91.37-38 Como se observa nuevamente la Corte de Apelaciones de Santiago estuvo por resolver la incompatibilidad del artículo 12 de la Ley 17. 368. Revista Gaceta Jurídica. Revista Gaceta Jurídica. en la apelación del recurso de amparo. por cuanto el empleador.
En 1994. y en consecuencia que concurrieran las causales para la determinación del sobreseimiento definitivo que regulaba el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal. Según el artículo 3 del D. es decir. violación. La amnistía extingue la pena y sus efectos. siempre que no se encontraran sometidos a proceso. la plena justificación de la privación de libertad en la consideración de que el empleador es un mero depositario de las sumas que descontó de la remuneración de sus trabajadores que no ingresó en el órgano previsional y. sustracción de menores.40 Este decreto ley de amnistía fue dictado en conformidad con el artículo 44 número 13 de la Constitución de 1925. C.L. corrupción de menores. que decía: “sólo en virtud de una ley se puede conceder indultos generales o amnistías”. ya que su existencia está prevista conforme a Derecho.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos contraria. cómplices o encubridores hubieran intervenido en hechos delictuosos acaecidos durante la vigencia de estado de sitio. 167-214. Nº 2. aunque lógicamente no extrajurídico. La Corte Suprema también arguyó como fundamento que la conducta del empleador que no cumple con la obligación de retener y enterar las cotizaciones previsionales descontadas de la remuneración del trabajador.39 El decreto ley 2191 o ley de amnistía concedió amnistía a todas las personas. es decir descartó la aplicación de la ley de amnistía en asuntos de secuestro y asociación ilícita. infanticidio. cohecho. dos fallos sucesivos de la Corte de Apelaciones de Santiago establecieron jurisprudencia contraria a la que venía sosteniendo la Corte Suprema sobre la materia. al mismo tiempo que priva al acto penalizado su carácter de delictivo-punible y cancela los antecedentes penales y las inhabilidades a que se hubiere sometido a los amnistiados. civiles o militares. pp. estupro. incendios u otros estragos. fraudes y exacciones ilegales. sobre amnistía. 39 40 Cabe brevemente ilustrar que la amnistía es una institución propia del derecho occidental y con carácter típicamente político. se aplica generalmente sobre delitos políticos o relacionados con ese ámbito. pp. no se configura la situación que prevé el Pacto de San José para impedir que se prive de la libertad a una persona. Estudios Constitucionales. 2191 de 1978. ZÚÑIGA URBINA (1997).L 2191 quedaban excluidos los que tuvieran acción penal pendiente por los delitos de parricidio. Casos sobre aplicación de la ley de amnistía Uno de los temas que ocupó a los tribunales en esta etapa fue la compatibilidad entre el D. por lo tanto. manejo en estado de ebriedad. 73-119 87 . malversación de caudales o efectos públicos. porque no existe un incumplimiento de una obligación civil. Año 6. 2008. en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. con los tratados internacionales de derechos humanos. que los dineros que se deban lo sean en virtud de una convención por la cual el deudor se obliga a efectuar ciertos pagos. elaboración o tráfico de estupefacientes. esto es. justificando jurídicamente la privación de la libertad que se decreta en su contra. Los casos son conocidos como Lumi Videla y Uribe Tambley-Van Jurick Altamirano. que en su calidad de autores. robo con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas. tipifica el delito de apropiación indebida. fraude y contrabando aduanero y delitos previstos en el Código Tributario. Basada por tanto en consideraciones políticas.
. Luego expresa la jerarquía reconocida a los tratados por la doctrina y la jurisprudencia en el considerando Nº 9 letras e). caso Lumi Videla. Año 6. y estableció que no eran aplicables la amnistía de 1978 ni la prescripción para todos aquellos casos que ocurrieron entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1978. el tratado internacional es un acto jurídico bi o multilateral que depende de la voluntad de diversos Estados y que un Estado parte no puede unilateralmente dejar sin efecto las obligaciones y derechos que emanan del tratado”. puede remitirse a normas internacionales y que le son indisponibles en su propia validez. g). Lumi Videla (1994). la sentencia de primera instancia. Así se afirma: “ 9º. (. dictada con fecha 10 de marzo de 1994. las que una vez cumplido el procedimiento determinado por la propia Carta Fundamental. 2008. La sentencia fue redactada por el abogado integrante Humberto Nogueira Alcalá y con relación a la jerarquía de los tratados internacionales el falló expresó claramente en el considerando Nº 9 letra a) que aquella no se encuentra prevista expresamente en la Constitución y que por lo tanto debe determinarse por vía interpretativa de la Constitución. Nadie puede desconocer la distinta naturaleza de ambos tipos de normas y su ámbito de aplicación. b) Que la Constitución Política de la República regula el procedimiento de incorporación e integración en el ordenamiento jurídico nacional de las normas internacionales. 88 Estudios Constitucionales. En efecto.41 revocó la resolución del tribunal a quo. f). En cuanto a la jerarquía de los tratados el fallo en cuestión señala: “e) Que para la doctrina nacional los Tratados o Convenios Internacionales están ubicados necesaria- 41 Corte de Apelaciones de Santiago. por el delito de secuestro y homicidio en perjuicio de Lumi Videla. como norma fundamental. por lo que las normas de Derecho Internacional tendrían validez en la medida que la Constitución lo decidiera. Nº 2. 73-119 . declaró el sobreseimiento definitivo a favor de Osvaldo Romo Mena. a) Que para ello debemos partir del hecho de que en el ordenamiento jurídico nacional es la Constitución Política la única habilitada para determinar la existencia de otras normas. La sentencia fue apelada y la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. de fecha 26 de septiembre de 1994.Miriam Lorena Henríquez Viñas En el primero de ellos. es para su aprobación por el Parlamento que el tratado debe someterse a los trámites de una ley. prevista en el artículo 94 Nº 2 del Código Penal. mientras la ley es un acto jurídico emanado de la voluntad unilateral de un Estado a través de los órganos colegisladores. convierte a la norma internacionalmente válida en una norma internamente aplicable. La causal invocada fue la prescripción de la acción penal respecto de los crímenes cuya existencia quedó suficientemente establecida en la causa.. que resultarán aplicables junto con las producidas a través de los procedimientos internos previstos y reglados por la Constitución. lo que es muy distinto a sostener que se sometan a los trámites de una ley. pp. Pero también la Carta Fundamental.) d) Que debemos tener presente el hecho de que como establece el artículo 50 Nº 1 de la Constitución.
.55894 Corte de Apelaciones de Santiago).) m) Que. 2008. una vez que la Constitución las ha hecho aplicables. la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de la primera instancia y por lo tanto se confirmó el auto de procesamiento respectivo en cuyo favor se había interpuesto el recurso. página 90).) Así.. en tal sentido. en la medida que el Estado al incorporar el tratado a su ordenamiento interno. entre otros. Año 6.. por lo tanto. se expresaron en la Comisión de Estudios de la Constitución en su sesión el 20 de junio de 1974. el fallo sobre ejercicio de las profesiones liberales (aplicación de la Convención México de 1902).)”. sin que la comisión llegara a establecer una norma expresa que determinara la jerarquía de los tratados en la Constitución. de acuerdo al procedimiento previsto por la Carta Fundamental. 2ª parte. Tales convenios internacionales se encuentran plenamente 42 Corte de Apelaciones de Santiago. septiembre de 1969. que. h) Que la Constitución Política de la República no fundamenta la validez de la norma internacional sino sólo su aplicabilidad. f) Que los argumentos expresados en los literales anteriores son válidos en el contexto de la Carta Fundamental de 1925. que disponen que los delitos por ellos contemplados son imprescriptibles e inamnistiables. lo que se desprende del hecho que es el propio Congreso que aprueba las leyes el que va a aprobar el tratado internacional antes de su ratificación. es la propia convención internacional la que decide cómo deben ser aplicadas sus normas. 73-119 89 . inaplicando las leyes que se ocupan de la misma materia que el tratado incorporado al ordenamiento nacional. el caso Embajada de la República de China (Fallos del Mes. junio de 1975. ante una contradicción entre ley y tratado. (. Una vez incorporado al Derecho Interno. como bajo el imperio de la Constitución actual. Estudios Constitucionales. los comisionados Alejandro Silva Bascuñán y Jaime Guzmán Errázuriz. Por su parte. Osvaldo Romo Mena (1994). 66).Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos mente en una jerarquía superior a la ley. ya que las disposiciones constitucionales que regulan la incorporación y aplicación de los tratados internacionales bajo dicha carta. redactado por el abogado integrante Humberto Nogueira Alcalá. el caso Presidente del Consejo de Defensa del Estado y Embajada de Cuba de 1975 (Revista Fallos del Mes. en el caso Uribe Tambley-Van Jurick Altamirano. tanto bajo la Carta de 1925. Nº 2. páginas 223 y 224). Sección Cuarta. quiere que sus órganos cumplan los tratados mientras no exista voluntad de denunciarlos. son prácticamente idénticas a las que establece la Carta de 1980... pp. pág. que al igual que en el caso anterior era Osvaldo Romo Mena. g) Que la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia se ha ido asentando en el sentido de dar primacía a los tratados sobre la ley interna. el problema no se plantea en el ámbito de la validez de tales normas sino que se plantea en el terreno de la aplicabilidad (. todo esto con fecha 30 de septiembre de 1994. el caso de extradición activa de 1959 (Revista de Derecho y Jurisprudencia Tomo LVI. siendo el Derecho Internacional el que determine la forma en que deben ser aplicadas las normas creadas por él (.42 El fallo.. los casos de aplicación de la Convención de Derechos del Niño en materia de libertad provisional (sentencia Rol Nº 19. resuelve que son aplicables al caso los Convenios de Ginebra de 1949. Algunos ejemplos de ello constituyen las sentencias Lauritzen con Fisco de 1955. la Constitución sólo es competente para dar al tratado el carácter de aplicable.
En el considerando Nº 6. el fallo señala la posición jerárquica que le atribuye la doctrina. como bajo el imperio de la Constitución actual. pp. especialmente la declaración de estado de sitio. En el considerando 6. Sección Cuarta. sin que la comisión llegara a establecer una norma expresa que determinara la jerarquía de los tratados en la Constitución”.Miriam Lorena Henríquez Viñas vigentes en Chile y son aplicables en caso de guerra.g). 2ª parte. situación que a juicio de los sentenciadores ocurría en el país de conformidad a las diferentes declaraciones realizadas por el gobierno de la época. el caso de extradición activa de 1959 (Revista de Derecho y Jurisprudencia. los comisionados Alejandro Silva Bascuñán y Jaime Guzmán Errázuriz. el problema no se plantea en el ámbito de la validez de tales normas sino que se plantea en el terreno de la aplicabilidad. junio de 1975. se expresaron en la Comisión de Estudios de la Constitución en su sesión el 20 de junio de 1974. 73-119 . 2008. 90 Estudios Constitucionales. quiere que sus órganos cumplan los tratados mientras no exista voluntad de denunciarlos.n) del fallo se establece la forma de resolver un conflicto normativo cuando una de las normas en cuestión es un tratado: “Que. ámbito dentro del cual debe decidir el juez ordinario. e). en la medida que el Estado al incorporar el tratado a su ordenamiento interno. especialmente la que le reconocieron algunos miembros de la Comisión Ortúzar en la elaboración del Anteproyecto de Constitución: “Que para la doctrina nacional los Tratados o Convenios Internacionales están ubicados necesariamente en una jerarquía superior a la ley. refiriendo incluso algunos casos: “Que la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia se ha ido asentando en el sentido de dar primacía a los tratados sobre la ley interna. el caso Embajada de la República de China (Fallos del Mes. que. páginas 223 y 224). el fallo sobre ejercicio de las profesiones liberales (aplicación de la Convención México de 1902).55894 Corte de Apelaciones de Santiago). en iguales términos que el considerando Nº 9 del caso Lumi Videla. entre otros”. En relación con la jerarquía de los tratados. de acuerdo al procedimiento previsto por la Carta Fundamental. pág. 66). los casos de aplicación de la Convención de Derechos del Niño en materia de libertad provisional (sentencia Rol Nº 19. el considerando Nº 6 del fallo expresa. aplicando preferentemente el tratado”. Algunos ejemplos de ello constituyen las sentencias Lauritzen con Fisco de 1955. En el considerando Nº 6. por lo que ello debe determinarse por vía interpretativa. por lo tanto. página 90). Nº 2. Año 6. que es necesario determinar el sentido y alcance que tienen los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico chileno. el fallo menciona la posición que la jurisprudencia le reconoce a los tratados. tanto bajo la Carta de 1925. ante una contradicción entre ley y tratado. precisando que en Chile existía un estado de guerra interna al momento de ser secuestrados y luego torturados Bárbara Uribe Tambley y Edwin Van Jurik en 1974. Tomo LVI. septiembre de 1969. en tal sentido. ya que en la Constitución no hay norma expresa que le dé una categoría determinada entre las fuentes del derecho. el caso Presidente del Consejo de Defensa del Estado y Embajada de Cuba de 1975 (Revista Fallos del Mes.
b) se expresa que la finalidad de la reforma constitucional del año 1989 al inciso segundo del artículo 5º fue elevar la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos: “Que. caso Lumi Videla. se expresó: “Que. artículo 5º inciso 2º de la Constitución. en especial. pp. Nº 2. garantizados por la Constitución. sin incurrir en notable abandono de deberes. exponer la seguridad y el honor del Estado de Chile en el campo internacional y debilitar el Estado de Derecho y los principios del constitucionalismo democrático que constituyen el soporte ético y jurídico de la Carta Fundamental y de la Nación Chilena”. la frase final del inciso 2º del artículo 5º de la Constitución: Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. como consta del fundamento 5º. Respecto de ambas resoluciones se entablaron recursos de queja.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos En el considerando Nº 7.43 En ambos supuestos se revocaron las sentencias anteriores y la Corte declaró inaplicables a la situación referida en las sentencias de apelaciones (guerra o conflicto armado interno) las normas convencionales del derecho internacional humanitario. siendo los convenios de Ginebra normas obligatorias para el Estado de Chile desde abril de 1951. caso Uribe Tambley-Van Jurick. así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”. En el considerando Nº 8 se expresa la mayor jerarquía de los tratados en relación con la ley: “Que. y teniendo sus disposiciones una protección de los derechos humanos de los contendientes en caso de guerra externa o conflicto entre fuerzas organizadas de carácter armado internas al Estado. los que fueron finalmente fallados por la Corte Suprema en el año 1995. como asimismo. la Corte. esta Corte se encuentra vinculada por la Constitución Política de la República y por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En el primero de ellos. fundamentalmente por no darse los supuestos bélicos allí contemplados. (1996). considerandos Nº 18 del caso Lumi Videla y Nº 15 del caso Uribe Tambley-Van Jurick. a su vez. agregó. no pudiendo sustraerse de tal obligación constitucional establecida en las Bases de la Institucionalidad. como asimismo. de aquellos que garantizan derechos humanos. teniendo el deber constitucional de respetarlos y promoverlos. señala en el considerando Nº 13: “Que en relación a los demás Tratados internacionales a que se ha hecho mención. situación esta última vigente en el país en 1974.44 43 44 Corte Suprema. Romo Mena Osvaldo (Lumi Videla Moya). el constituyente de 1989. es necesario señalar que sus disposiciones sólo son aplicables desde la fecha de su publicación en el Estudios Constitucionales. luego de hacer un análisis de las Convenciones de Ginebra. mientras el Estado de Chile no haya denunciado los convenios internacionales por medio del procedimiento establecido en ellos mismos”. En ambos fallos. incluyendo el Protocolo II de 1979. con el objeto de reforzar la garantía de los derechos y establecer objetivamente el plexo fundamental de derechos asegurados. 73-119 91 . Año 6. de acuerdo con lo cual y teniendo presente los argumentos de los fundamentos 6º y 7º. y en 1996. estos prevalecen sobre las normas legales anteriores o posteriores de carácter interno. para elevar de jerarquía a los tratados internacionales de derechos humanos. en relación a la aplicación de las normas de los Tratados Internacionales. 2008.
en primer lugar. 84. A mayor abundamiento hace referencia a la disposición contenida en su artículo 6 párrafo 5 del Protocolo II. entre ellos las Convenciones de Ginebra sobre derecho internacional humanitario de 1949. 73-119 .Miriam Lorena Henríquez Viñas Las conclusiones que se pueden extraer de los fallos dictados por la Corte de Apelaciones de Santiago en los casos Lumi Videla y Uribe Tambley-Van Jurick. establece en su artículo 28: “Las disposiciones de un Tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir”. A. Nº 2. en el que se dictó por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el fallo Almonacid Arellano vs. que la incompatibilidad entre la ley de amnistía con los tratados sobre derechos humanos. inhumanas o degradantes de las Naciones Unidas de 1984. son. Año 6. internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”. por lo que no se repiten sus argumentos. Es más. los Protocolos Adicionales de 1977. El fallo de la Corte Suprema sobre el caso Lumi Videla es muy similar. no puede pretenderse que ellos tengan aplicación a situaciones o hechos acaecidos con anterioridad a su incorporación al Derecho Interno.. Por otro lado. Por lo tanto. pp. según el cual: “A la cesación de las hostilidades. Chile. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Casos sobre deudas previsionales Por muchos años la Corte Suprema mantuvo su postura en cuanto a no considerar lo previsto por los tratados internacionales en lo relativo a la prisión por deuda alegada por quienes eran privados de libertad por el no pago de cotizaciones previsionales. 2008. en virtud del principio de irretroactividad de la ley penal consagrado en la Carta Fundamental (. sin embargo en el año 2004 se observa un cambio y en sentencia recaída en recurso 45 Diario Oficial. 92 Estudios Constitucionales. la Convención Interamericana para prevenir o sancionar la tortura de 1987 y la Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio de 1948.. Ello. la amnistía como causal de extinción de la responsabilidad penal y que afecta al propio hecho punible. la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (Diario Oficial del 22 de julio de 1981) en relación con la aplicación de los tratados. en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad. En esta etapa pueden apreciarse dos grupos de materias en las cuales recaen los pronunciamientos sobre la jerarquía de los tratados: deudas previsionales y aplicación de la ley de amnistía. con base en el rango supralegal de los mismos.). se encuentra prohibida expresa o implícitamente por convenios internacionales de los cuales Chile es parte. la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. las autoridades. NOGUEIRA ALCALÁ (1995). la Corte Suprema al acoger los recursos de queja afirma que del Derecho Internacional Humanitario no se deriva la prohibición de la amnistía. TERCERA ETAPA DE EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL: 1994-2005 La tercera etapa de Evolución Jurisprudencial se extiende desde el año 1994 hasta el año 2005. p. Por otro lado. la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles.45 IV. se resuelve aplicando preferentemente los tratados por sobre la ley interna. y que complementa el artículo 18 del Código Penal.
cabe concluir que el Pacto de San José de Costa Rica tiene una jerarquía superior a la ley 17. Estudios Constitucionales. ya que el pago compulsivo de una cotización previsional constituye prisión por deuda. la Corte de Apelaciones de Rancagua en sentencia recaída en recurso de amparo a favor de Cristián Miranda Pérez. proscrita de nuestro sistema jurídico”. 73-119 93 . quienes estuvieron por confirmar la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago y estuvieron por disponer que el Juez del Trabajo ponga en conocimiento del Juzgado del Crimen respectivo los antecedentes de las causas laborales para los efectos previstos en el artículo 13 de la ley Nº 17. Segundo Juzgado Civil de Temuco. cuya publicación en el Diario Oficial es posterior”. protegerlos a través del conjunto de garantías constitucionales destinadas a asegurar el pleno respeto de los derechos”. Handel Sepúlveda Tapia con Carlos Iván Gutiérrez Zavala Juez Letrado Titular del Primer Juzgado Civil de Temuco. El mismo año 2004.322. los derechos asegurados en los tratados se incorporan al ordenamiento jurídico interno.47 Con respecto a la jerarquía del Pacto de San José de Costa Rica invocado por el recurrente. Corte Suprema. Magíster con Cristián Alberto Miranda Pérez (2004). la que fue derogada por el pacto. no pudiendo ningún órgano del Estado desconocerlos. como asimismo. Corte de Apelaciones de Rancagua. estimó que la privación de libertad por el no pago de deudas previsionales constituye una prisión por deuda. el considerando Nº 3 dispone: “Que de lo expuesto. debe concluirse en que el Pacto de San José de Costa Rica tiene un rango superior a la ley 17. A. En el considerando Nº 2 de esta sentencia se sostiene expresamente que los derechos consagrados en los tratados internacionales se incorporan a la Constitución material: “Que. la sentencia de la 46 47 48 Corte Suprema. Tercer Juzgado Civil de Temuco (2004). quienes estuvieron por rechazar el recurso de amparo. validez y eficiencia jurídica. el fallo señaló en el considerando Nº 8 que: “Atendido lo referido en las consideraciones precedentes. fue derogada tácitamente por el pacto.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos de amparo a favor de Handel Sepúlveda Tapia. Año 6.322.P. 19 de agosto de 1970”. por lo demás. Nº 2. la Corte Suprema resolvió revocar la sentencia apelada de 30 de marzo de 2004 y acoger el recurso de amparo. Con relación a la jerarquía de los tratados. ya que su publicación en el Diario Oficial fue el 5 de enero de 1991. por constituir una amenaza ilegítima a la libertad personal del recurrente. y que. Acordado con el voto en contra de los Ministros Chaigneau y Segura.F. al haber sido esta ley publicada en 1970. Mauricio Pinto Meneses con Juez del Séptimo Juzgado del Trabajo de Santiago (2004). de acuerdo con el artículo 5º. Así en el considerando 5º indicó: “Que las órdenes de arresto han sido dispuestas en contra de las normas anteriormente invocadas. Asimismo en el año 2004. 2008. inciso 2º de la Carta Fundamental. Acordada contra el voto de los Ministros Chaigneau y Segura. con lo cual se atenta en contra de la garantía constitucional invocada por el recurrente. dejando sin efecto los arrestos decretados en contra de Mauricio Pinto Meneses. muy posterior a la publicación de la citada ley. y debiendo todos ellos respetarlos y promoverlos.48 En este caso. formando parte de la Constitución material y adquiriendo plena vigencia. pp. en un caso previsto por la ley y existiendo mérito suficiente que lo justifique.46 sostuvo que el arresto por el no pago de las deudas previsionales constituye una prisión por deuda. estimando para ello que el apremio de que se trata ha sido dictado por autoridad competente.322.
Leonel Huerta Corrales con Eliana Silva Romero Juez del Noveno Juzgado del Trabajo de Santiago (2004). 73-119 . 94 Estudios Constitucionales. Nº 2. rango constitucional a los tratados que garantizan el respeto a los derechos humanos. En el año 2004. en el entendido que la orden de arresto fue dispuesta en contra de las normas de los tratados internacionales de derechos humanos invocados por el recurrente. cabe concluir que el Pacto de San José de Costa Rica tiene una jerarquía superior a la ley Nº 17. toda vez que en la especie se trata de retenciones efectuadas a los sueldos de los trabajadores con esa precisa finalidad por el amparado en su condición de representante legal de la empresa empleadora. al que le reconoce rango constitucional. fue posterior: el 5 de enero de 1991. Acordado con el voto en contra del Ministro Sr.Miriam Lorena Henríquez Viñas Corte de Apelaciones de Santiago fue acordada con el voto en contra del abogado integrante Hugo Llanos Mansilla. Los fundamentos esgrimidos por el abogado integrante dicen relación con lo previsto en el Pacto de San José de Costa Rica. detalla extensamente la posición de una parte de la doctrina nacional. Cury. por estimar que el apremio decretado constituye una amenaza ilegítima a la libertad personal del recurrente ya que el pago compulsivo de una cotización previsional deriva de una actuación que importa una prisión por deuda que en nuestro sistema jurídico está proscrita y. concediéndoles una jerarquía mayor que a los demás tratados internacionales”. el abogado integrante Hugo Llanos Mansilla. la Corte Suprema cambió nuevamente su postura y en sentencia recaída en la apelación de un recurso de amparo interpuesto a favor de Leonel Huerta Corrales confirmó la decisión apelada y rechazó el recurso. en su artículo 7 Nº 7. destacando a Francisco Cumplido y Humberto Nogueira. al señalar que «nadie puede ser detenido por deudas». las deudas previsionales”. al haber sido esta ley publicada en 1970. de lo expuesto.49 En relación con lo analizado. por lo que no puede ampliarse su interpretación para incluir. En el considerando 1º del voto disidente expone: “El artículo 5º le otorga así. quien estuvo por acoger el recurso de amparo interpuesto. 2008. además. quien estuvo por revocar la referida sentencia y acoger el recurso de amparo. entendiendo que no puede estimarse que la retención de las cotizaciones a los trabajadores y su no pago a la entidad previsional correspondiente constituya un supuesto propio de una prisión por deuda de aquellas que proscribe la Convención Americana de Derechos Humanos. por lo demás. Finalmente concluye en los considerandos Nos 3º y 4º: “3º. el Pacto de San José de Costa Rica. 4º. fue derogada por el Pacto. puede concluirse que la jurisprudencia de la Corte Suprema en esta etapa y en materia de arresto por no pago de cotizaciones previsio49 Corte Suprema. pp. La sentencia de la Corte Suprema en este caso hace suyos los fundamentos del voto disidente del abogado integrante Hugo Llanos Mansilla. cuya publicación. en atención a lo dispuesto en el artículo 7 Nº 7 del Pacto de San José de Costa Rica en relación a lo establecido en el artículo 5º de la Constitución Política de la República.322 y que. Para reforzar su voto. constituyendo una amenaza ilegítima a la libertad personal: “(…) ya que el pago compulsivo de una cotización previsional constituye una prisión por deuda proscrita de nuestro sistema jurídico”. además cita jurisprudencia de la Corte Suprema. admitió una sola excepción: «los mandatos de autoridad jurisdiccional competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios». en el Diario Oficial. Que. Año 6. Que.
Casos sobre aplicación de la ley de amnistía En el caso Carmelo Soria. la sentencia del Ministro Instructor Eleodoro Ortiz resolvió aplicar el D.. 73-119 95 . sección IV. porque no existe un incumplimiento de una obligación civil. toda vez que en algunos fallos consideró tal arresto como prohibido por los tratados internacionales. Estudios Constitucionales. haciendo aplicable el Pacto. Año 6. 119. el decreto ley 2191 de 1978. por lo regular. Que a mayor abundamiento. habría que añadir. le atribuyó mayor jerarquía al tratado que a la ley. puesto que ellos son de vigencia posterior a la del decreto ley y porque este no ha impedido que se realice la más exhaustiva investigación posible sobre los hechos que culminaron con la muerte del Señor Soria”. 2008. el juez en cuestión reconoce la misma jerarquía de la ley al tratado. Nº 2. En este caso el juez fijó la vigencia del tratado en comento a partir de la incorporación de la parte final al inciso segundo del artículo 5º en 1989. tanto así que para resolver el conflicto normativo utilizó el criterio de temporalidad o cronológico. p. que recién con fecha 17 de agosto de 50 Revista de Derecho y Jurisprudencia. 93. y en otros caso negó la aplicación de los tratados. argumentando tratarse el empleador de un mero depositario de las sumas que descontó de la remuneración de sus trabajadores que no ingresó en el órgano previsional y. y no puede ser aplicada con efecto retroactivo.50 Como se observa en este razonamiento.. el razonamiento planteado en el fallo del Ministro Ortiz es incorrecto en cuanto a que los tratados adquieren vigencia y son obligatorios en la oportunidad que señalan aquellos o conforme a lo dispuesto por el Derecho internacional convencional y no a partir de que la Constitución los reconoce como fuente del Derecho interno. segunda parte. pp. Luego en el considerando Nº 14 establece: “Que también habría que agregar que al aplicar a este caso. En otro fallo. Sin embargo. 2191 a la litis sobre la base de considerar la imposibilidad de que los tratados de derechos humanos rijan a situaciones acaecidas con anterioridad a su vigencia. caso Andrés Pereira Salsberg y otros.) que la modificación introducida al artículo 5º de la Constitución (. (. Cabe señalar que cuando la Corte Suprema identificó la incompatibilidad entre el Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 12 de la Ley 17. desde que no hay ninguna norma que así lo señale en forma expresa”. no se están vulnerando otros tratados internacionales sobre derechos humanos. el 4 de junio de 1996. de fecha 11 de marzo de 1998.. Sus argumentos en ese sentido se encuentran en el considerando Nº 13: “Que. no se configura la situación que prevé el Pacto para impedir que se prive de la libertad a una persona. Esto.L..Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos nales fue vacilante.) sólo puede tener eficacia hacia el futuro. la Corte Suprema dictaminó en relación con la jerarquía de los tratados que: “8º. por tratarse de una prisión por deuda. por lo tanto.322. B. con anterioridad a la modificación del artículo 5º de la Constitución Política de la República.
Similares argumentos a los ya citados continuaron sosteniéndose en sentencias posteriores. al menos las leyes nacionales de orden público. pp.51 Como se advierte en este fallo. de fechas 19 de agosto y 8 de septiembre de 1998. 186). al menos las leyes nacionales de orden público.. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Pereira Salberg. Corte Suprema. p. tienen preeminencia sobre las disposiciones de tratados o convenciones internacionales (v. 2ª parte.53 Sostuvo la Corte en el considerando Nº 10: “Que. Empero. la Corte Suprema en sentencia de casación recaída en el caso Poblete Córdova. tienen preeminencia sobre las disposiciones de tratados o convenciones internacionales (v. que. el 9 de septiembre de 1998. considera como excepción a esta regla a las leyes de orden público. Revista de Derecho y Jurisprudencia.Miriam Lorena Henríquez Viñas 1989 subordinó a los tratados internacionales ratificados por Chile y relativos a los derechos humanos. que las normas del decreto ley Nº 2. especialmente si fueren detenidas. Fernando y Romo. Tomo XL. Por un lado reconoce que los tratados de derechos humanos tienen “preeminencia” sobre las leyes internas. la ley chilena. sección 4ª. pero jerárquicamente inferiores a las leyes de orden público y por tal razón se abandona el criterio de la temporalidad para dar paso a la aplicación del criterio jerárquico. Con respecto a esta última. tomo XL. Y del mismo modo. se aplican con preeminencia sobre los tratados. se impuso el criterio de que. Sin embargo. en multitud de casos. Lauriani. rompió con su sostenida tradición de aplicar la ley de amnistía y comenzó a considerar aplicable al caso lo previsto en los tratados internacionales. las que se imponen sobre los tratados. a partir del caso Carmelo Soria de 1996. la Corte Suprema en el considerando Nº 10 reiteró que las leyes de orden público. Año 6. han sido aplicadas hasta ahora en multitud de casos (. 186). 2191. sin embargo. Tal es el caso de la ley de amnistía que la sentencia considera norma de orden público. 2ª parte. es decir mayor rango jerárquico. como la ley de amnistía. precisamente de orden público como se ha dicho. quedando vedado el disponer medidas que tendieran a amparar los agravios cometidos contra personas 51 52 53 Corte Suprema. que recién con fecha 17 de agosto de 1989 subordinó a los tratados internacionales ratificados por Chile en materia de derechos humanos. por lo regular. precisamente de orden público. aclarando al mismo tiempo que luego de la reforma de 1989 al artículo 5º inciso segundo las leyes chilenas quedan subordinadas a los tratados: “Que no está de más consignar. Osvaldo (1998). Nº 2. resolviendo el conflicto entre los tratados y la ley de amnistía por la vía del criterio de la temporalidad. a partir de 1998 reconoce que los tratados de derechos humanos son jerárquicamente superiores a las leyes comunes. Poblete Córdova (1998). pág. 96 Estudios Constitucionales. en consecuencia. la Corte Suprema reconoce igual jerarquía a los tratados que a las leyes. 73-119 . la Corte Suprema hace un distingo en cuanto a la jerarquía de los tratados..52 Como se observa.191. gr.)”. Andrés y otros (2004). la ley chilena. 2008. Corte Suprema. sección 4ª. gr. en provecho y beneficio de personas de distinta y antagónica ideología política”. el Estado de Chile se impuso en los citados Convenios (de Ginebra) la obligación de garantizar la seguridad de las personas que pudieron tener participación en conflictos armados dentro de su territorio. han sido aplicadas hasta ahora.L. No está de más hacer notar que las normas del recordado D. por otro. se impuso el criterio de que. con anterioridad a la modificación del artículo 5º de la Constitución.
la Corte Suprema resolvió sobre dos recursos de casación en el fondo. recayendo sendas sentencias el 31 de enero de 2003. en reiteradas sentencias ha reconocido que de la historia fidedigna del establecimiento de la norma constitucional contenida en el artículo 5º de la Carta Fundamental queda claramente establecido que la soberanía interna del Estado de Chile reconoce su límite en los derechos que emanan de la naturaleza humana. la Corte Suprema estimó que los Convenios de Ginebra eran plenamente aplicables a los casos. Entendió. en especial si se tiene presente que de acuerdo a los principios del Derecho Internacional los Tratados Internacionales deben interpretarse y cumplirse de buena fe por los Estados.. por dos razones: se trataba de delitos cuya extrema gravedad hacían necesaria la prosecución de la investigación. 73-119 97 . incluido el propio Poder Constituyente. En la primera decisión. con similares razonamientos en torno a la no aplicación de la ley de amnistía.) En la parte final del considerando Nº 10 la Corte Suprema insiste en reconocer mayor jerarquía a los tratados en relación con la legislación interna. caso Aranda Romero. Y. valores que son superiores a toda norma que puedan disponer las autoridades del Estado. que dichos convenios impedían la aplicación de la ley de amnistía en la instancia procesal en que se encontraba la causa. por lo que es posible que el o los ilícitos que hubieren de establecerse excedieran el ámbito temporal sustantivo de aplicación del decreto ley Nº 2. de lo que se colige que el Derecho Interno debe adecuarse a ellos y el legislador conciliar las nuevas normas que dicte a dichos instrumentos internacionales. es decir un delito de lesa humanidad. en Estudios Constitucionales. 2008. lo que impide que sean desconocidos (. sin la previa denuncia de los Convenios respectivos”. ha de considerarse que se dio comienzo a la perpetración de los hechos el 19 de julio de 1974. a fin de determinar el tipo penal. cuando señala que la legislación interna debe adecuarse a los tratados evitando transgredir sus principios: “En tales circunstancias omitir aplicar dichas disposiciones importa un error de derecho que debe ser corregido por la vía de este recurso. como consecuencia de lo anterior. pp. en cuanto el Pacto (Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos) persigue garantizar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Por otro lado.. puesto que esta Corte Suprema. Como se advierte. año 2003. teniendo especialmente presente que los acuerdos internacionales deben cumplirse de buena fe. Nº 2.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos determinadas o lograr la impunidad de sus autores.191”. ignorándose hasta esta la fecha el destino y paradero de Pedro Poblete Córdova. tiene aplicación preeminente. a finales de 1998 y a partir del caso Poblete Córdova. Año 6. porque a la época de comisión de los supuestos ilícitos se vivió un “estado de guerra”. por corresponder los hechos a un tipo penal no amnistiable según los Convenios de Ginebra. sosteniendo que se cometió un error de derecho al decretar el sobreseimiento definitivo por la causal del artículo 408 Nº 5 del Código de Procedimiento Penal. En el. Finalmente el considerando Nº 11 establece: “Que. evitando transgredir sus principios. en otra perspectiva. el recurrente planteó la casación en el fondo con fundamento en la causal Nº 6 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal.
Juan Briones. Nº 2. pues dicha legislación se aplica dentro de un período determinado. Alejandro González Poblete. Asimismo.Miriam Lorena Henríquez Viñas relación con los artículos 93 Nº 3 del Código Penal y 1º del decreto ley Nº 2191. José López. la Corte estimó que no se ha dado una correcta aplicación a la norma del artículo 408 Nº 5 del Código de Procedimiento Penal. la Carta de la Organización de los Estados Americanos. pues esta última establece que el sobreseimiento definitivo por alguna de las causales del artículo 93 del Código Penal se decretará en beneficio de un procesado. la Convención Americana sobre Derechos Humanos. y que consiste en garantizar y hacer respetar los derechos que emanen de cualquier tratado internacional que Chile haya ratificado y que se encuentre vigente. en parte. atribuyéndoles un rango superior a la legislación. El Fiscal asume que al caso son aplicables los Convenios de Ginebra. pp. aun cuando se conociera quién o quiénes fueron los autores del hecho. señor Juan Romero Riquelme. concepto que en un sentido amplio debe entenderse tanto respecto del procesado propiamente tal. José Hernández y Victoriano Lagos. 98 Estudios Constitucionales. que en ambos casos el Informe del Fiscal Judicial señaló que debía acogerse el recurso de casación en el fondo. Aranda Romero continuaba detenido o no y cuál era su estado Acordada contra el voto del Auditor General del Ejército. En los considerandos Nos 7 y 8. En los considerandos Nos 3 y 4. Que también se ha hecho una incorrecta aplicación del artículo 93 Nº 3 del Código Penal. pues la amnistía se aplica a personas determinadas y no a hechos punibles. quien fue del parecer rechazar el recurso de casación en el fondo. disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. invalidarse la sentencia de sobreseimiento y disponer que continúe la investigación. 73-119 . pues esta última disposición establece que el sobreseimiento definitivo se decretará siempre que esté agotada la investigación con que se haya tratado de comprobar el hecho punible y de determinar la persona del delincuente. 2008. pues esta figura sanciona un hecho punible de carácter permanente. Cabe decir. como normas infringidas. Año 6. Que también se infringió el artículo 148 del Código Penal. originada en el secuestro de Nelson Almendras. la Corte Suprema estimó inaplicable la ley de amnistía. considerando lo previsto por los tratados internacionales. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Convenios de Ginebra. Citó. no sería posible aplicar la amnistía del decreto ley Nº 2191. respecto de los cuales analiza su jerarquía. que prima sobre cualquiera otro establecido en la legislación. y no se sabe con exactitud si al término de dicho período ocurrido el 10 de marzo de 1978. sino que dejó sin efecto de hecho diligencias decretadas por el tribunal del fuero ordinario y procedió de inmediato a sobreseer definitivamente la causa.54 En la segunda decisión. consideró que lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 5º de la Constitución es claro al imponer a todos los órganos del Estado un deber. la Corte concluyó que no se ha dado una correcta aplicación a la norma del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal. Consejo Superior Corporación Nacional Reparación con.55 Los fundamentos esgrimidos por el recurrente y la Corte Suprema fueron los mismos que los planteados en el caso anterior. 141 y 148 del Código Penal y 413 del Código de Procedimiento Penal. además. Corte Suprema. (2003). A esta conclusión llega. infracción que se ha cometido porque el Tribunal Militar no sólo no investigó. la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. y el respeto de los derechos esenciales 54 55 Corte Suprema. como también respecto del inculpado o imputado a quien pueda aplicarse alguno de los numerales que señala la disposición adjetiva que se analiza. Corporación Nacional Reparación Reconciliación con (2003). y mientras no se sepa con exactitud qué fue lo que sucedió en definitiva con el detenido.
siguiendo los razonamientos de la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso Uribe Tambley-Van Jurick. 73-119 99 . la Corte de Apelaciones de Temuco conoció la apelación del caso Ricardo Rioseco Reyes con Joaquín León Rivera. Ricardo Rioseco Reyes con Joaquín León Rivera (2004). En el caso del decreto ley Nº 2. la condiciona o modifica si en el caso concreto debe aplicarse la norma internacional. estimó que a la fecha del acaecimiento de los hechos delictuosos. pp. Finalizando esta etapa. Es así. porque constituyen ilícitos que afectan los derechos humanos configurando delitos de lesa humanidad. en mérito de lo previsto en el Decreto Ley Nº 5 de 12 de septiembre de 1973. si bien son posteriores. estado que se mantuvo hasta el 11 de marzo de 1975. originado por el homicidio calificado de Ricardo Rioseco Montoya y Luis Cotal Álvarez. suscrito y ratificado por Chile. Nº 2. Destacan los considerandos 4 y 5: “(…) d) En su tramitación la aprobación de tratado se somete a los trámites de una ley.191. entonces. 2008. 2) que esta incorporación implica la plena validez del tratado. El alcance de dicha norma no quebranta los derechos y garantías que ella establece por cuanto es el basamento jurídico de la Nación que lo determina y su decisión sólo puede ser modificada en la forma que su propio articulado dispone.56 La Corte de Apelaciones de Temuco. forma parte de él. Su valor jurídico no puede alterarse salvo que se resuelva hacerlo de la manera que ella lo fija. a raíz de los decretos leyes 640 y 641 de septiembre de 1974. 3) que la norma internacional prima sobre la norma interna cuando existe contradicción entre una y otra. ya que es la propia norma constitucional la que ha fijado la obligación a la autoridad de privilegiar lo pactado internacionalmente con respecto a toda disposición interna. que no se quebranta ningún derecho adquirido si se da preeminencia a las convenciones internacionales y a las normas constitucionales citadas. la sanción de los delitos está en el Código Penal de 1874 y recibe debida aplicación el precepto legal del artículo 18 del mismo cuerpo legal”. En cuanto a la jerarquía de los tratados internacionales esta sentencia sigue los razonamientos del caso Uribe Tambley-Van Jurick y en los considerandos Nos 4 y 5 reprodujo tal fallo reconociendo jerarquía supralegal a los tratados de derechos humanos. deben recibir aplicación porque aquí no existe un problema sobre retroactividad de la ley. los que establecen que los delitos de homicidio son imprescriptibles e inamnistiables. lo que significa: 1) que el tratado se incorpora al derecho interno. pues ese es el compromiso que el Estado ha asumido de acuerdo a las normas constitucionales que se han invocado. el país estaba en estado de guerra. en diciembre del año 2004. pues una vez aprobado regirá en el orden interno y su sentido y alcance debe analizarse conforme a su propio mérito. y a la Convención Americana de Derechos Humanos o «Pacto de San José de Costa Rica». y las normas constitucionales. En sus propios términos señala: “En esta forma el artículo 5º inciso 2º de la Constitución dio especial realce al Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra. la norma internacional como norma nueva modifica en lo pertinente a la norma interna.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos que emanan de la naturaleza humana.57 56 57 Corte de Apelaciones de Temuco. de 12 de agosto de 1949. pues ha pasado a ser norma interna o de aplicación interna o en caso de ser Estudios Constitucionales. que no permiten ni son afectados por prescripción ni amnistía. Asimismo la Corte de Apelaciones consideró que en esta época regía la Constitución de 1925 y la legislación internacional vigente en Chile. tales como los Convenios de Ginebra del año 1949 sobre Derecho Humanitario Internacional. (…) Las convenciones citadas son anteriores en el tiempo al decreto ley sobre amnistía. Año 6. puesto que al aprobar el tratado y al no haberse hecho reserva por el Congreso.
1 de la Convención. Por la unanimidad. en atención a que la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados no permite invocar el Derecho interno como justificación de incumplimiento del tratado (artículo 27). que el Estado debe asegurarse que el Decreto Ley 2191 no siga representando un obstáculo para la continuación de las investigaciones de la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano y para la identificación y. a la luz de dicho tratado. juzgamiento y. CUARTA ETAPA DE EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL: DESDE EL AÑO 2005 A LA ACTUALIDAD La cuarta etapa se desarrolla desde el año 2005 a la actualidad.Miriam Lorena Henríquez Viñas Como se advierte en esta etapa. pp. recibida en la Secretaría de la Comisión el 15 de septiembre de 1998. 2008. los principios generales del Derecho Internacional de aplicación de buena fe en los tratados internacionales. mientras no se determine internacionalmente su inaplicabilidad obligan al Estado que lo suscribió. en relación con la obligación establecida en el artículo 1. como también. Los hechos expuestos por la Comisión en la demanda se refieren a la presunta falta de investigación y sanción de los responsables de la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano. posición que terminará por arraigarse en la etapa siguiente y concluida de manera expresa en las correspondientes sentencias. sin perjuicio de los derechos de éste en cuanto a desahuciar el tratado conforme a las normas de derecho internacional o del propio tratado si fuese del caso”. carece de efectos jurídicos.59 que impuso a los tribunales de justicia nacionales. Nº 2. la Comisión solicitó a la Corte que declare Chile incumplió con la obligación emanada del artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la Convención.58 El inicio de esta etapa se fija en el año de la dictación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del fallo Almonacid Arellano vs.057. Dispuso la Corte Interamericana. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 100 Estudios Constitucionales.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. especialmente aquellos que forman parte del Derecho Internacional Humanitario. la que a su vez se originó en la denuncia número 12. por tanto. contra el Estado de Chile. Nota del autor: la revisión de jurisprudencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2007. como así tampoco siga representando un obstáculo para la investigación. y violó los derechos consagrados en los artículos 8.191.1 y 25 de dicho tratado. Claramente la decisión de los tribunales en este sentido señala el reconocimiento de una mayor jerarquía de los tratados sobre la legislación interna. la Corte Interamericana declaró que el Estado de Chile incumplió sus obligaciones derivadas de los artículos 1. en su caso. condiciona a la norma nueva interna.191 es incompatible con la Convención Americana y. sanción de los responsables de otras violaciones similares acontecidas en Chile. ordene al Estado de Chile que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Asimismo. se originó en la demanda presentada el 11 de julio de 2005 por la Comisión Interamericana de Derechos. Además. ley de amnistía. Al pretender amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad. de conformidad con el artículo 63. 58 59 posterior. Año 6. Chile. comienzan a inaplicar la ley de amnistía considerando que pugna con lo previsto en los tratados internacionales. entre otras cuestiones: el control de convencionalidad.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma. el Decreto Ley 2. el castigo de los responsables. V. en adelante la Convención. La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte Interamericana decidiera si el Estado de Chile violó los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana. en perjuicio de los familiares del señor Luís Alfredo Almonacid Arellano. así como a la supuesta falta de reparación adecuada a favor de sus familiares. las sentencias de los tribunales superiores de justicia. en perjuicio de la señora Elvira del Rosario Gómez Olivares y de sus hijos. en adelante la Comisión. 73-119 . en adelante la Corte Interamericana. a partir de la aplicación del Decreto Ley 2. la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que. en su caso.
constituye una amenaza ilegítima a la libertad personal de la recurrente. pp.61 En cuanto a la jerarquía de los tratados. Dijo la Corte de Apelaciones que la fuente de la responsabilidad civil. por razones de política económica. Estudios Constitucionales. Con respecto a la jerarquía de los tratados internacionales el fallo. aunque de manera vacilante. La Corte de Apelaciones de Santiago. 73-119 101 . en 1989. la sentencia en comento reconoció su jerarquía supralegal al hacer primar lo previsto en el artículo 7 Nº 7 del Pacto de San 60 61 Corte de Apelaciones de Santiago. confirmó la tesis sostenida por este tribunal desde 2004. (2006). así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. para denominarlos luego empleados públicos. tratándose de una violación a los derechos humanos. redactado por el abogado integrante Hugo Llanos Mansilla. B. El artículo 5º le otorga así. rango constitucional a los tratados que garantizan el respeto a los derechos humanos. Wilfredo Antilef Sanhueza con Juez Titular Primer Juzgado del Trabajo San Miguel (2005). en relación a lo establecido en el artículo 5º de la Constitución Política de la República. se agregó el siguiente inciso segundo al artículo 5º de la Constitución Política de la República: El ejercicio de la soberanía reconoce. en orden a que el apremio decretado. Nº 2. está en normas y principios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. resolvió en el caso González Sáez c/ INP. A.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos Los casos que se refirieron especialmente a la jerarquía de los tratados de derechos humanos se analizarán a continuación. recaída en la apelación del recurso de amparo interpuesto a favor de Wilfredo Antilef Sanhueza. Año 6. como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. garantizados por esta Constitución.60 La resolución de la Corte de Apelaciones mandó indemnizar a los trabajadores que sufrieron un cambio unilateral en su calidad jurídica de obreros. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. en atención a lo dispuesto en el artículo 7 Nº 7 del Pacto de San José de Costa Rica. desconociéndoles así un derecho fundamental garantizado. Corte Suprema. 2008. concediéndoles una jerarquía mayor que a los demás tratados internacionales. un recurso de apelación. arresto. González Sáez c/ INP. señaló expresamente su rango constitucional en el considerando Nº 7: “Que. caso Antilef Sanhueza. ya que el pago compulsivo de una cotización previsional deriva de una actuación que importa una prisión por deuda que en el ordenamiento jurídico nacional está proscrito. en cuanto regulan los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. Casos sobre deudas previsionales La sentencia de la Corte Suprema de 9 de mayo de 2005. siendo privados de sus empleos en dicha calidad. Caso González Sáez /INP.
Que aún cuando es evidente que el apremio de arresto que motiva el presente recurso de amparo es consecuencia de la falta de pago de cotizaciones previsionales. la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió sobre el recurso de amparo interpuesto a favor de Hugo Iturrieta Núñez. en favor de Wilfredo Antilef Sanhueza. Nº 2. tal apropiación ha dado lugar al tipo penal del artículo 19 inciso final del citado D. y que consiste en la recaudación de las cotizaciones y su entero en la entidad correspondiente elegida por el trabajador a objeto de obtener la finalidad de asegurar que todos estos coticen en el sistema previsional. debiendo dejarse sin efecto la orden de arresto despachada en su contra para el cobro de cotizaciones previsionales”. la que no es excepción en el ordenamiento nacional si se tiene presente la función de recaudar tributos de diversa naturaleza y entre otros casos el sistema de concesiones de servicios públicos y algunos actos de fiscalización. En el mismo sentido fue rechazado el recurso de amparo interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago a favor de Christian Mueller Maturana. 3. Hugo Iturrieta Núñez con Juez Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. no es posible aceptar para estos hechos la referida limitación a la potestad del Estado. hecho que. señalando que el arresto decretado por el no pago de deudas previsionales no constituye prisión por deuda. cuando señala: “Vistos: Atendido el mérito de los antecedentes y estimándose que el apremio decretado constituye una amenaza ilegítima a la libertad personal de la recurrente. (2005). ya que el pago compulsivo de una cotización previsional deriva de una actuación que importa una prisión por deuda que en nuestro sistema jurídico está proscrito. en su lugar se declara que se acoge el recurso de amparo interpuesto a fojas 1.62 La comentada decisión fue acordada con el voto en contra del abogado integrante Hugo Llanos Mansilla quien fue de la opinión de acoger el recurso de amparo. con fundamento en lo dispuesto por los tratados internacionales.500”. Corte de Apelaciones de Santiago. como se ha razonado. 2008. la cantidad adeudada no deriva de alguna relación de derecho privado generadora de obligaciones de naturaleza patrimonial. 102 Estudios Constitucionales. Nº 7 del Pacto de San José de Costa Rica. en las que ciertamente es inaceptable la prisión en el evento de no haber tenido lugar el pago. 4º. En efecto. atendido que dicho cuerpo de derecho internacional es ley en el territorio nacional en virtud de su ratificación parlamentaria y posterior promulgación. caso Iturrieta. 73-119 . en relación a lo establecido en el artículo 5º de la Constitución Política de la República. como en casos anteriores. 3. en orden a concederles rango constitucional: “1º. Christian Mueller Maturana con (2003). y que de producirse su solución la medida de apremio que se cuestiona deberá ser dejada sin efecto por el tribunal a cargo del procedimiento de ejecución. Que. poner de manifiesto el carácter obligatorio de la norma jurídica aludida para los tribunales nacionales. además y porque la omisión de enterar no es deuda. de prisión por deudas invocada. legal e imperativa asignada por el D.L. resolviendo. sino que deviene del incumplimiento de la función pública. por cuanto. El 30 de mayo de 2005. se revoca la resolución apelada de dos de mayo del año en curso. en primer lugar. Que para los efectos de resolver el presente recurso es conveniente.500 a los empleadores. rechazando en consecuencia el recurso incoado. sino que de la omisión de enterar dineros ajenos que nunca ingresaron al patrimonio del empleador y que continúan siendo de dominio de los trabajadores.L. en atención a lo dispuesto en el artículo 7º. ello no implica que la situación en cuestión deba tenerse como incumplimiento civil y que el arresto ordenado contradiga la prohibición. Año 6. 5º. Que atendida la naturaleza jurídica del acto encomendado. Esto según lo señalan los considerandos Nos 3º a 6º: “3º.322. pp. escrita de fojas 8 a 10 y. al inciso 2º del artículo 5º de la Constitución Política de la 62 Corte de Apelaciones de Santiago. lo impago no es consecuencia del incumplimiento de obligaciones de índole civil cual es la previsión del artículo XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre .Miriam Lorena Henríquez Viñas José de Costa Rica sobre la ley 17. que los tratados internacionales son “ley para la República”.
Que. por lo demás. esta decisión fue acordada contra el voto del Ministro Cury. 73-119 103 . ya que en la especie se trata de un apremio legítimo expresamente consagrado en la ley (artículo 12 de la ley Nº 17. la Corte Suprema también confirmó la sentencia apelada. Christian Mueller Maturana con (2005).. de modo que la referida orden se ajusta plenamente a la Constitución Política de la República y no ha vulnerado ningún derecho garantido por ésta. 2008.63 Sin embargo.65 Así en los considerandos Nos 3º y 4º expresan: “3º. la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazando el recurso de amparo interpuesto a favor de Julio Pérez Fuenzalida. quien estuvo por revocar la resolución en alzada y acoger el recurso de amparo. se agregó. considerando que el arresto por el no pago de las deudas previsionales no constituye prisión por deuda. Estudios Constitucionales. en el Diario Oficial. caso Pérez Fuenzalida. la siguiente frase: «. no concurre ninguno de los supuestos que hacen procedente el recurso de amparo. fue posterior: el 5 de enero de 1991”. garantizados por esta Constitución. fue derogada por el Pacto. de lo expuesto.. Hugo Iturrieta Núñez con Juez Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago (2005). la Corte Suprema en el mismo caso Iturrieta.322 y que. por lo expresado. Año 6.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos República que se refiere al ejercicio de la soberanía por el pueblo. rango constitucional a los tratados que garantizan el respeto a los derechos humanos. Corte de Apelaciones de Santiago. así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes». El artículo 5º le otorga así. sin embargo fueron dos los votos disidentes. confirmó la sentencia apelada rechazando el recurso de amparo interpuesto. del Ministro Cury y del abogado integrante Emilio Pfeffer. cabe concluir que el Pacto de San José de Costa Rica tiene una jerarquía superior a la ley Nº 17. toda vez que la orden de arresto decretada ha sido expedida por autoridad facultada para ello. Que. Corte Suprema.64 En el año 2006. a diferencia de los casos anteriores en los que consideró proscrita la prisión por deuda en virtud de lo dispuesto en los tratados internacionales. al haber sido esta ley publicada en 1970. cuya publicación. En el caso Mueller. en 1989. en atención a lo dispuesto en el artículo 7 Nº 7 del Pacto de San José de Costa Rica en relación a lo establecido en el artículo 5º de la Constitución Política de la República. toda vez que en la especie se 63 64 65 Corte Suprema. rechazando el recurso de amparo interpuesto. Julio Pérez Fuenzalida con Juzgados de Letras del Trabajo de Santiago (2006). Por su parte. concediéndoles una jerarquía mayor que a los demás tratados internacionales”. 4º. quienes expusieron idénticos fundamentos que en el voto disidente del caso Iturrieta.322). estimando que el apremio decretado constituye una amenaza ilegítima a la libertad personal del recurrente ya que el pago compulsivo de una cotización previsional deriva de una actuación que importa una prisión por deuda que en el sistema jurídico está proscrita. Concluye en el considerando Nº 3: “Que. Nº 2.Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. no puede estimarse que la retención de las cotizaciones a los trabajadores y su no pago a la entidad previsional correspondiente constituya un supuesto propio de una prisión por deudas de aquellas que proscribe la Convención Americana de Derechos Humanos. pp.
en los cuales se establece que ninguna de las partes contratantes tendrá la facultad para exonerarse a sí misma o exonerar a otra parte de responsabilidades incurridas por ella o por otra. Casos sobre aplicación de la ley de amnistía En el año 2005. la Junta de Gobierno (esto es el Estado chileno) al ejercer el poder legislativo y amnistiar ciertos delitos amparando los agravios cometidos contra personas determinadas y procurando la impunidad de sus autores. Arturo Koyck Fredes. inaplicando la ley de amnistía. Joel Guillermo Silva Oliva.191. por lo que corresponde desestimar la acción constitucional intentada”. Los sucesos materia del encausamiento consisten básicamente en que las víctimas. trabajadores de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo. declarando que no es procedente sobreseer definitivamente a Víctor Pinto Pérez. a su juicio. esto es la amnistía otorgada por el decreto ley Nº 2191. 73-119 . Esta sentencia fue acordada con el voto en contra del abogado integrante. debiendo. La Sra. Raúl Humberto Castro Caldera. fueron privados de libertad y recluidos en un centro de prisioneros del Cerro Chena. siendo en consecuencia inaplicable el decreto ley de amnistía 2. José Leningrado Morales Álvarez. a cargo de personal de las Fuerzas Armadas. quien como en los casos anteriores resolvió considerando el rango constitucional de los tratados de derechos humanos. pues esto último constituye además una inobservancia a la buena fe que le era exigi- 66 Corte de Apelaciones. 2008.Miriam Lorena Henríquez Viñas trata de retenciones efectuadas a los sueldos de los trabajadores con esa precisa finalidad por el amparado en su condición de representante legal de la empresa empleadora. la Corte de Apelaciones estimó que durante la ocurrencia de los hechos constitutivos de delitos el país se encontraba en estado de guerra y que por tanto tenían pleno vigor los Convenios de Ginebra de 1949.322. Alfredo Acevedo Pereira. ni menos burlar artificiosamente los Tratados aludidos. Roberto Segundo Ávila Márquez. particularmente el Pacto de San José de Costa Rica que proscribe la prisión por deuda. al igual que los mencionados. C. Ramón Luis Vivanco Díaz. pp. sin previa denuncia. la Corte de Apelaciones de San Miguel. Año 6. En relación con la jerarquía de los tratados sobre derechos humanos el fallo en cuestión establece la superior jerarquía de los tratados de derechos humanos sobre la norma interna. Pedro Enrique Oyarzún Zamorano y Hernán Elías Chamorro Monardes con Víctor Raúl Pinto Pérez (2005). no pudo soberanamente sobrepasar sus límites y contrariar el orden nacional y universal ya consignado preeminente en materia de derechos humanos. por amnistía. por la concurrencia de la causal de extinción de la responsabilidad penal prevista en el artículo 93 Nº 3 del Código Penal. Ministro de Fuero sobreseyó total y definitivamente en la causa al inculpado. Nº 2. de 18 de abril de 1978.66 En este caso. Manuel Zacarías González Vargas. Hugo Llanos Mansilla. incumpliendo las obligaciones asumidas. dictó sentencia en el caso Cerro Chena de San Bernardo y continuó la doctrina inaugurada en el caso Poblete Córdova y mantenida en el caso Sandoval Rodríguez. en el considerando Nº 15 cuando dice: “Que. 104 Estudios Constitucionales. Adiel Monsalves Martínez. suscritos y ratificados por Chile. a fin de cuentas. a causa de aquellas graves infracciones. aplicarse preferentemente sobre la ley 17. debiendo el tribunal a quo proseguir con la tramitación de la causa.
en el caso conocido como Barrios Altos vs. pactos y tratados en que se reconocen los derechos humanos y las garantías a nivel de tribunales nacionales. Invoca para fundamentar tal afirmación la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. lo anterior permite concluir que hay entonces una prevalencia de la norma internacional de Derecho Internacional General. cuya consecuencia –conforme a una interpretación progresiva y finalista de la Constitución– es que prevalecen sobre la legislación interna. Perú. toda vez que se entiende que la prefieren. atendidas las circunstancias o condiciones exteriores en que se materializaron estos delitos o elementos contextuales de éstos.68 En lo que respecta a la jerarquía de los tratados de derechos humanos el fallo señaló en el considerando N° 9: “Además. de respetarlos. como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens). en consecuencia. Jorge Zepeda Arancibia. objeto del caso. el Ministro Zepeda Arancibia señaló en el considerando N° 65: “Que. En el considerando N° 8 argumenta sobre la misma idea: “Octavo: Que. En cuanto a la procedencia de las acciones civiles reparatorias contra el Fisco de Chile. Agregó. entendido lo anterior como el marco de hecho subjetivo en que se desarrollaron las conductas criminales que las diferencian de los delitos comunes. por disposición del Derecho Internacional Humanitario. reglados en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969”. por lo mismo. José Basilio Muñoz Pozo. señaló en el considerando N° 7 que los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado. promoverlos y garantizarlos”. perfeccionan y complementan. 2008. los principios internacionales referidos. Luis Vidal Riquelme Norambuena con Claudio Abdón Lecaros Carrasco. los convenios. 73-119 105 . gozan de primacía constitucional. tal normativa invocable por todos los individuos.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos ble. que al tratarse de este tipo de delitos rigen los Principios del Derecho Internacional. son delitos de lesa humanidad. Año 6. En el año 2005. que ha reconocido la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Omar Antonio Mella Lillo (2005). en el caso Vidal Riquelme. que determina que son incompatibles con ésta las leyes de amnistía y de prescripción invocadas respecto de los hechos delictivos establecidos en autos”. Por otro lado. de fecha 14 de marzo de 2001. Estudios Constitucionales. además de los tribunales internacionales con jurisdicción respecto a crímenes de lesa humanidad. para eximirse de responsabilidad. determinan que se está en este caso en presencia de lo que la conciencia jurídica internacional ha dado en llamar crímenes de naturaleza de lesa humanidad”. a la batería normativa internacional que se ha analizado 67 68 Ministro de Fuero. En la misma línea en el considerando N° 41 expresa: “Que. como al principio pacta sunt servanda. conforme al acervo dogmático y convencional universal y de la aceptación en la práctica de los tribunales nacionales miembros de la Organización de las Naciones Unidas. son inamnistiables e imprescriptibles. Nº 2. el Ministro Zepeda Arancibia concluyó que los delitos de lesa humanidad. no conformándose las disposiciones invocadas por el Fisco de Chile. Siendo. pp. atendido el compromiso moral y jurídico del Estado ante la comunidad internacional.67 el Ministro de Fuero.
incorporando la noción del ius cogens. Ello conforme a normas del Derecho Internacional. ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución Nº 2391 (XXIII).Miriam Lorena Henríquez Viñas con ocasión del crimen de lesa humanidad. no consignado con Fernando Remigio Burgos Díaz. resultan inatinentes las normas del Derecho Interno previstas en el Código Civil.70 69 70 Corte de Apelaciones de Santiago. sino que incluso por estar contemplada en aquellos tratados internacionales aún no ratificados por Chile. con participación estatal. En otro caso. conforme al acervo dogmático y convencional universal y de la aceptación en la práctica judicial de los tribunales nacionales partícipes de la Organización de las Naciones Unidas. se rechaza la excepción de incompetencia absoluta formulada por el Fisco de Chile. sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios. Nº 2. ello determina que el delito por el cual se ha acusado. además de los tribunales internacionales con jurisdicción respecto de crímenes de lesa humanidad”. al estar en contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.69 La Corte de Apelaciones. Ante el conflicto entre la norma interna y la norma internacional. remató señalando que es imprescriptible como categoría de norma de Derecho Internacional General. como se ha razonado en razón de la categoría internacional que tiene el delito”. 2008. de tal modo que al relacionarse con un ataque generalizado y sistemático en contra de parte de la población civil. la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge en la actualidad como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens). adoptada y abierta a la firma. El fallo en comento en el considerando Nº 11 señala: “Que. no sólo por estar prevista en tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la prescripción de la acción penal originada en el fusilamiento y ocultamiento de miembros del Dispositivo de Seguridad y Asesores de la Presidencia de la República. es de una naturaleza especial con un grado mayor de inmoralidad en su ejecución que lo distingue de un delito común. invocadas por el Fisco de Chile. Isidro Custodio Durán Muñoz. Esto último implica la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. que protegen el derecho de recibir la reparación correspondiente a las víctimas y familiares de éstas. José Jaime Darrigrandi Marquez (2006). si bien el instrumento internacional anterior aunque suscrito no ha sido ratificado por Chile. esto es. según lo contempla el considerando Nº 3 de la sentencia redactada por el ministro Jorge Zepeda. cometido en contra de la víctima Vial del Carmen Riquelme Ibáñez. y siendo ellas prevalentes sobre el Derecho interno. de 26 de noviembre de l968. como es el caso de Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. dado el carácter complejo del crimen que se inicia con el secuestro de las personas hasta hoy desaparecidas y su vinculación con la conducta descrita en la acusación de autos. el Ministro resolvió a favor de la internacional reconociendo su mayor jerarquía. Año 6. además de concluir que los hechos investigados forman parte y son constitutivos de un delito de lesa humanidad. debe ser perseguido penalmente como delito de lesa humanidad”. 73-119 . que dice: “Que. como es el caso de los Convenios de Ginebra de 1949. Sergio Antonio Medina Salazar. así entonces. en consecuencia. del año 2006. por tratarse de delitos de lesa humanidad. plenamente aplicables por este aspecto. 106 Estudios Constitucionales. pp. estatuto normativo internacional reconocido por Chile”. por resultar inatinente en la especie y por este aspecto la disposición del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal. como norma vinculante para Chile. del mismo modo. lo que se expresa en el considerando N° 67: “Que.
Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos En el considerando Nº 13 el fallo dispone que las normas del ius cogens se incorporan al ordenamiento interno por la vía del artículo 5º inciso segundo de la Constitución: “Que. sobre derecho humanitario. señalando en el considerando Nº 14: “Que. en cuanto a la obligatoriedad de las normas ius cogens respecto de la imprescriptibilidad aludida. ninguno de sus órganos desconocerlos”. 73-119 107 . en el punto que nos ocupa que el ius cogens se integra a la normatividad propia de los tratados la incorporación de dicha Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados (…). en el momento de su celebración. no pudiendo el Estado y. en nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución la que la reconoce en el artículo 5º inciso segundo y permite la posibilidad de incorporarlo”. Abunda esta sentencia en la idea de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. así. por lo tanto. entonces. ratificado por Chile el 9 de abril de l981. los derechos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico nacional o interno vigente. Nº 2. preeminencia sobre las disposiciones internas. pp. Con respecto a los tratados internacionales la sentencia les reconoce fuerza constitucional material en el considerando Nº 15: “Que en relación con la aseveración anterior. es decir. permitió el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. reconociendo Chile la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. sino como se dijo anteriormente porque su entidad es tal que el propio artículo 53 de la Convención determina que: es nulo todo tratado que. el que se comprende. esté en oposición con una norma imperativa de Derecho Internacional General”. ratificados por Chile en el año 1951 y que constituyen ley de la República. Es decir. si se razona que. no pudiendo invocar ninguna razón legítima para atropellar el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas artículo 26 de dicha convención (sic). inciso segundo. no sólo por la especial forma en que puede ser modificado. introduciendo un aseguramiento objetivo y expreso de los derechos humanos”. vía tal tratado se reconoce expresamente el valor del principio ius cogens en general. el reconocimiento de las conductas delictivas en sí lo ha sido claramente. de la Constitución. Año 6. Estudios Constitucionales. como una norma de Derecho Internacional General que debe ser respetada con la misma decisión que tiene un tratado ratificado por Chile. al decir: “Que el ius cogens o Principios Generales del Derecho Internacional se integran a tal normatividad. apoyando con ello decididamente lo dispuesto en el artículo 27 de la misma. la Carta Fundamental siguiendo el mecanismo propio para incorporar el Derecho Internacional al Nacional o interno. que determinan la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad por cuanto. promulgado por Decreto Supremo Nº 381 de 1981. en el considerando Nº 16. el poder constituyente incorporó como tratado la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados. la sentencia le reconoce a las normas del derecho internacional. en su oportunidad. 2008. vía tratado expreso según se ha expuesto precedentemente. con fuerza constitucional material debe tenerse presente que de acuerdo al artículo 5º. Por otra parte. particularmente las normas del ius cogens. por medio de los Convenios de Ginebra de l949. de la obligatoriedad de las normas ius cogens o Principios Generales del Derecho Internacional. (…) Además.
la Corte de Apelaciones de Santiago falló en la apelación del caso Carlos Contreras Maluje. toda vez que se entiende que la prefieren. por un lado. sean imprescriptibles o no puedan ser amnistiados. por el cual se estableció que el secuestro calificado establecido en este proceso es un delito permanente. de respetarlos. Juan. Siendo. Alejandro (2006). En julio de 2006. salvo en los casos de los números 1º y 2º del artículo 93 del Código Penal”. 73-119 . En cuanto a la jerarquía de los tratados el ministro Zepeda expresó en el considerando Nº 6 la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos: “Que. el tribunal sentenció que se hace imposible contabilizar el término de prescripción de la acción penal. cuya consecuencia conforme a una interpretación progresiva y finalista de la Constitución es que prevalecen sobre la legislación interna. tal normativa invocable por todos los individuos. Freddy. promoverlos y garantizarlos”. Sáez Mardones. sobre sobreseimiento definitivo. en el caso Urrutia Galaz. norma que de alguna manera reconoce a los tratados internacionales mayor jerarquía que las propias disposiciones legales internas. lo que determina que los delitos en cuestión sean imprescriptibles. además. pues. Nelson 108 Estudios Constitucionales. César. Daniel. entre otros los Convenios de Ginebra de 1949. Manuel. con Sergio Héctor Rivera Bozzo (2006). Saavedra Loyola. Corte de Apelaciones de Santiago. por el otro. Jorge. la Corte de Apelaciones hizo mención expresa a la disposición 250 del Código Procesal Penal. no ha quedado superado el último acto del plazo de la prescripción que señala el artículo 95 del Código Penal. perfeccionan y complementan. Miriam Luz Ancacura Pafián.Miriam Lorena Henríquez Viñas En la parte resolutiva del fallo. quien además consideró el delito de secuestro permanente como delito de lesa humanidad y en consecuencia indemnizable. pactos y tratados en que se reconocen los derechos humanos y las garantías a nivel de tribunales nacionales. En el año 2007. El fallo en cuestión fue acordado con una prevención del ministro Jorge Zepeda. conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. particularmente en relación con el decreto ley 2191: “El juez de garantía decretará el sobreseimiento definitivo: inciso final: El juez no podrá dictar sobreseimiento definitivo respecto de los delitos que. Cobos Manríquez. Contreras Aburto. en sentencia recaída en el caso Lago Ranco. que se encuadre a la amnistía que se invoca por las defensas. los convenios.71 En consecuencia. Año 6. Nº 2. o concluir que el hecho delictivo está afecto a la normativa de la amnistía. los principios internacionales referidos. que el país se encontraba en estado de guerra y por lo tanto son aplicables al caso las normas del Derecho Internacional Humanitario. 8 de noviembre de 2006. Guimpert Corvalán. Palma Ramírez. María Ester Hernández Martínez. por lo mismo. gozan de primacía constitucional. Estado de Chile. Luis / Ruiz Bunger. pp. la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que los ilícitos de secuestros calificados materia de la acusación constituyen delitos de lesa humanidad. el voto en contra del abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago.72 71 72 Corte de Apelaciones de Santiago. Por otra parte. 2008. atendido el compromiso moral y jurídico del Estado ante la comunidad internacional. Muñoz Gamboa.
al establecer “como deber de los órganos del Estado. en 1989. La Corte Suprema con fecha 13 de marzo de 2007. No se consigna con Víctor Raúl Pinto Pérez (2007). concediéndoles una jerarquía mayor que a los demás tratados internacionales. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. se agregó el siguiente inciso segundo al artículo 5º de la Constitución Política de la República: “El ejercicio de la soberanía reconoce. así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. en cuanto regulan los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. al establecer como deber de los órganos del Estado. ha venido a reconocer y relevar el valor y primacía de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos suscritos por Chile y vigentes. como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Otto Silvio Trujillo Miranda. así lo expresa en varios considerandos.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos La sentencia redactada por el ministro Nelson Pozo es explícita en cuanto a reconocer a los tratados rango constitucional. A su vez reiteró en el Nº 15: “Que. la enmienda al artículo 5º de nuestra Carta Fundamental tuvo por objeto reforzar el avance de los derechos humanos. los cuales ya antes tenían ese valor. a fin de que se repare en el aspecto civil. respetar y promover tales derechos” e igualar los derechos humanos contenidos en la Carta Fundamental con los incluidos en los tratados internacionales”. en cuanto regulan los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. acaecido en la Guarnición Chena. César Luis Palma Ramírez. por último. pp. En el considerando Nº 17 ratificó la idea del rango constitucional al expresar: “Que. por último. El artículo 5º le otorga así. En cuanto a la jerarquía de los tratados. respetar y promover tales derechos e igualar los derechos humanos contenidos en la Carta Fundamental con los incluidos en los tratados internacionales”. en 1989. preeminencia y jerarquía”. Estudios Constitucionales. se agregó el siguiente inciso segundo al artículo 5º de la Constitución Política de la República: El ejercicio de la soberanía reconoce. Año 6. concediéndoles una jerarquía mayor que a los demás tratados internacionales. garantizados por esta Constitución. Corte de Apelaciones de Santiago. 2008. rango constitucional a los tratados que garantizan el respeto a los derechos humanos. que se trataba de un 73 Pozo Silva. Nº 2. El artículo 5º le otorga así. de otra parte.73 sostuvo que los delitos perpetrados en la persona de Rojas Fuentes fueron cometidos en estado de guerra interna. el artículo 5º inciso 2º de la Constitución Política. Eduardo Enrique Cartagena (2007). con similares fundamentos que aquellos planteados en el caso Lago Ranco. En el considerando Nº 21: “Que. así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. la enmienda al artículo 5º de nuestra Carta Fundamental tuvo por objeto reforzar el avance de los derechos humanos. Corte Suprema. garantizados por esta Constitución. Mario Urrutia Villa con Freddy Enrique Ruiz Bunger. reiteró en el considerando Nº 7 lo sostenido en el considerando Nº 5 del caso Lago Ranco. Juan Francisco Saavedra Loyola. como se ha reiterado en numerosas sentencias de Tribunales de la República. conociendo de un recurso de casación en el fondo por el homicidio calificado de Manuel Tomás Rojas Fuentes. en virtud de la responsabilidad civil del Estado. En el Nº 5: “Que. 73-119 109 . como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. estuvo por revocar la sentencia en alzada y condenar a los encartados como autores del delito de homicidio calificado de David Urrutia Galaz y acceder a la acción civil interpuesta. Asimismo en el considerando Nº 23 ratificó el rango constitucional de los tratados sobre derechos humanos en los siguientes términos: “Que. rango constitucional a los tratados que garantizan el respeto a los derechos humanos.
2008. el decreto ley Nº 2. por ende. como en el evento en examen. En relación con la jerarquía de los tratados. estableciendo que el mismo se resuelve prefiriendo la aplicación de los tratados. 73-119 . ese acto del órgano legislativo comportaría una contravención al ordenamiento internacional. desde luego. en Revista Chilena de Derecho. de ese modo. el fallo se refirió al conflicto normativo entre la ley de amnistía y los tratados internacionales. por ende. Esta idea se reitera al señalar en el considerando N° 38: “Que la obligación estatal que dimana de la Constitución. mayo diciembre de mil novecientos noventa y tres. Facultad de Derecho. Por lo que el legislador no tiene atribución alguna para modificar por ley un acuerdo internacional y si bien podría dictarla. y le era exigible la congruencia de aquélla con los aludidos acuerdos multilaterales y axiomas. todo lo cual hace plenamente aplicables las disposiciones de los Convenios de Ginebra. páginas 165 y 120. no puede soberanamente sobrepasar dicho límite autoimpuesto y contrariar. vigentes al perpetrarse tales delitos. Nos 177 y 185. página 887). pues Chile al igual que hoy era un Estado Constitucional de Derecho. por lo que es inexequible respecto a las contravenciones graves contra los derechos esenciales determinados en ellos y cometidos en nuestro país durante su vigencia”. existía bajo nuestra Carta Fundamental de mil novecientos veinticinco. en especial respecto de los tratados en materia de derechos humanos. No pueden. Año 6. Los Estados parte por tal reconocimiento constituyen una autolimitación a su soberanía. desvincularse unilateralmente de los tratados en materia de derechos humanos. prescribiendo disposiciones contrarias a éste o que hiciesen imposible su cumplimiento. Pontificia Universidad Católica de Chile. sin previa denuncia de aquellos. de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de los Principios Generales de Derecho Internacional Humanitario. No puede ser de otra manera. volumen 20. Nº 2. Empero si ha limitado su propio poder respecto de ciertos injustos en un compromiso internacional. ya que “éstos tienen una naturaleza distinta de la ley. En el mismo sentido el considerando N° 25: “Que. por tanto. se trate luego de eludir su acatamiento invocando la legislación nacional ordinaria”. no puede dejar de aplicarse sino de conformidad con las normas de derecho internacional (Gaceta Jurídica.Miriam Lorena Henríquez Viñas delito de lesa humanidad. en la medida en que no son actos jurídicos unilaterales. 110 Estudios Constitucionales. Además. incumpliendo las obligaciones asumidas. Nos 2 y 3. respectivamente)”. suscritos y ratificados por Chile. pp. Así lo expresó el considerando N° 23: “Que. de mil novecientos setenta y ocho. Un acuerdo internacional.191. en virtud del ejercicio de su soberanía. sino actos jurídicos bi o multilaterales en que intervienen las voluntades de diversos Estados. y por lo tanto respecto ellos no procede la amnistía. tomo II. el orden nacional y universal ni menos burlar los tantas veces mencionados Convenios. debe ser interpretado en un sentido conforme con los Convenios de Ginebra. dado que no es justificable que vinculado mediante ellos. sino de acuerdo al procedimiento establecido en ellos mismos (Humberto Nogueira Alcalá: “Constitución y Derecho Internacional de los Derechos Humanos . estos tratados se constituyen no en beneficio de los Estados parte sino en resguardo de la dignidad y los derechos inherentes al ser humano por el sólo hecho de ser persona. nuestra Nación puede amnistiar las infracciones penales que se realicen y que estén sometidas a su potestad.
la Corte de Apelaciones resolvió el caso Muller. que condenó al Estado chileno. señaló la primacía constitucional de los tratados en el considerando N° 35: “Que también los principios internacionales referidos. promoverlos y garantizarlos”. por ello. así en el considerando Nº 26 señala: “Que. En el presente caso Rudolph Muller y Sonia Muller entablaron demanda civil contra el Fisco de Chile y demanda penal a los responsables de la desaparición de Jorge Muller y su novia Carmen Bueno. el cual es citado en el considerando Nº 3: “Que la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano y otros vs. El daño que tales crímenes ocasionan permanece vigente para la sociedad nacional y para la comunidad internacional. sostuvo lo siguiente: «En efecto. la Corte Interamericana. «153. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y. por lo mismo. pactos y tratados en que se reconocen los derechos humanos y las garantías a nivel de tribunales nacionales. gozan de primacía constitucional. Chile no puede dejar de cumplir esta norma imperativa»”.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos Por otra parte. las que exigen la investigación y el castigo de los responsables. toda vez que se entiende que la prefieren. 73-119 111 . La sentencia incluso hizo mención al control de convencionalidad que impone la Corte Interamericana a los tribunales de justicia chilenos en el caso Almonacid Arellano. pp. en el caso Almonacid Arellano y otros vs. la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad claramente afirmó que tales ilícitos internacionales «son imprescriptibles. haciendo expresa mención al rango constitucional de los tratados de derechos humanos. por constituir un crimen de lesa humanidad. atendido el compromiso moral y jurídico del Estado ante la comunidad internacional de respetarlos. esta Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens). el delito cometido en contra del señor Almonacid Arellano. 2008. Sonia Ida María Muller Silva.74 Lo relevante de la sentencia recaída en este caso es la mención al fallo Almonacid Arellano. Pero 74 Corte de Apelaciones de Santiago. Rudolph Muller Muller. aun cuando Chile no ha ratificado dicha Convención. perfeccionan y complementan. que no nace con tal Convención sino que está reconocida en ella. Estudios Constitucionales. Siendo. es imprescriptible. sostuvo lo siguiente: «124. Nº 2. los convenios. Chile. En este sentido. cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. tal normativa invocable por todos los individuos. además de ser inamnistiable. Chile –sentencia de fecha 26 de septiembre de 2006–. Consecuentemente. están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. con Fisco de Chile (2007). Como se señaló en los párrafos 105 y 106 de esta sentencia. cuyo colofón de acuerdo a una interpretación progresiva y finalista de la Constitución es que prevalecen sobre la legislación interna. El 23 de marzo de 2007. Que. Año 6. los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda.
el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. pp. que el resto de los tratados internacionales”. y que conforme a la legislación del derecho internacional público. En el considerando Nº 16 del fallo los sentenciadores mencionaron a la historia de la reforma al artículo 5º en el año 1989. esta Corte ha establecido que «según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno». 2008. citando al profesor Francisco Cumplido. el artículo 5° de nuestra Carta Fundamental le otorga así. rango constitucional a los tratados que garantizan el respeto a los derechos humanos.Miriam Lorena Henríquez Viñas cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana. por tratarse de violaciones al Derecho Internacional Penal de los Derechos Humanos. «125. 112 Estudios Constitucionales. 73-119 . Germán Víctor Fagalde Osorio. también están sometidos a ella. como parte del aparato del Estado. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969”. concediéndoles una jerarquía mayor que a los demás tratados internacionales. debe reconocerse la existencia de la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes. Benito Millalén Sandoval con Augusto Pinochet Ugarte. se concluye que si los tratados de derechos humanos fueron incluidos en la modificación constitucional citada. el Poder Judicial debe ejercer una especie de «control de convencionalidad» entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado. para así en el considerando Nº 17 ratificar la posición que reconoce a los tratados rango constitucional: “Que. 75 Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago. En consecuencia consideró que debe seguirse la doctrina sentada en el caso Sandoval Rodríguez. lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. Nº 2. sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. En esta misma línea de ideas. Mario Hernán Fagalde Osorio. El fallo. además. independiente del carácter de delito permanente que tiene el secuestro calificado. intérprete última de la Convención Americana. En otras palabras. Jorge Zepeda Arancibia75 concurrió a la decisión de condena y previno que el delito de secuestro calificado es un delito de lesa humanidad. y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. en cuanto regulan los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. atribuyéndoles rango constitucional: “Que. En esta tarea. de lo expuesto. sus jueces. El considerando Nº 15 expresamente resuelve sobre el rango de los tratados de derechos humanos. Finalmente en el caso Millalén. Año 6. se infiere que esos últimos necesariamente han de tener una mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional. hizo alusión a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la obligación del Estado de reparar cuando ha causado daño como consecuencia de un hecho ilícito imputable al mismo. Enrique Ferrier Valeze (2007).
el previniente sostuvo que aquellos tienen aplicación preeminente e inmediata sobre la legislación nacional. incluso la Constitución podría disponer resignar o compartir su primer escalón jerárquico con aquellos. los Estudios Constitucionales. La Evolución Jurisprudencial en la materia permite distinguir a lo menos cuatro etapas diferenciadas. tiene aplicación preeminente. el Estado de Chile se impuso. 1980-1989. pero especialmente compete a los tribunales de justicia. se hace expresa mención a la mayor jerarquía de los tratados. incluido el propio Poder Constituyente. “preeminencia”. al suscribir y ratificar los citados Convenios. especialmente si fueren detenidas. quedando vedadas las medidas tendientes a amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o lograr la impunidad de sus autores. se observa la tendencia de los tribunales superiores de justicia. en consecuencia. En la primera etapa de Evolución jurisprudencial. en casos como Muller. con base en lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano vs. “Que. (Considerandos 34 y 35 de la citada sentencia de la Excelentísima Corte Suprema)”. Nº 2. Por otro lado. teniendo especialmente presente que los acuerdos internacionales deben cumplirse de buena fe. examinada la jurisprudencia de esta última etapa. Todo lo anterior redundó en la no aplicación de la ley de amnistía por ser contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. lo que impide sean desconocidos. Chile. respecto de la legislación interna. CONCLUSIONES La Constitución como norma jurídica fundamental y fundante del ordenamiento jurídico es quien debe decidir la jerarquía que los tratados internacionales. pp. 2008.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos En el último caso de análisis y con respecto a la jerarquía de los tratados de derechos humanos. puesto que esta Corte Suprema en reiteradas sentencias ha reconocido que la soberanía interna del Estado de Chile reconoce su límite en los derechos que emanan de la naturaleza humana. Y en cuanto el Pacto persigue garantizar los derechos esenciales que nacen de la naturaleza humana. Año 6. En casos puntuales como Lago Ranco y Urrutia Galaz se reconoce el rango constitucional a los tratados de derechos humanos. Tal labor interpretativa le corresponde a todos los órganos del Estado. cuestión que deberá resolverse por vía interpretativa. la obligación de garantizar la seguridad de las personas que pudieren tener participación en conflictos armados dentro de su territorio. como se ha señalado en este trabajo. Las expresiones que dan cuenta de ello son los términos reiterados: “prevalencia”. Lamentablemente. En definitiva. Reiteró los considerandos relevantes del caso Sandoval y enfatizó de aquel: “2º. 73-119 113 . la Constitución Política de la República de Chile no ha referido expresamente cuál es la jerarquía de los tratados. “primacía”. valores que son superiores a toda norma que puedan disponer las autoridades del Estado. a reconocer la preeminencia de la aplicación de los tratados de derechos humanos ante un conflicto normativo con la legislación interna. pudiendo decidir que tengan jerarquía legal o supralegal. ya sea en los fallos con decisión de mayoría o en los votos de minoría.
y en otros casos negó la aplicación de los tratados. De los fallos recaídos en los casos Lumi Videla y Uribe Tambley-Van Jurick. la Corte de Apelaciones de Santiago desde 1991 resolvió invariablemente sobre la incompatibilidad. En la tercera etapa de Evolución Jurisprudencial. lo que no implica necesariamente una asimilación jerárquica entre tales normas. haciendo aplicable el Pacto. Año 6. Por un lado. otorgando preeminencia a la aplicación de este último. porque no existe un incumplimiento de una obligación civil. toda vez que en algunos fallos consideró tal arresto como prohibido por los tratados internacionales.Miriam Lorena Henríquez Viñas tribunales consideraron que los tratados tenían el mismo valor y jerarquía que la ley. la Corte de Apelaciones de Santiago estuvo por resolver la incompatibilidad del artículo 12 de la Ley 17. En relación con los casos sobre aplicación de la ley de amnistía. relacionados con la aplicación de la ley de amnistía. Se inicia esta etapa con el caso Carmelo Soria de 1996. la jurisprudencia también fue vacilante. Por otro lado. en esta etapa se consideró que aquellos pactos que habían sido promulgados pero no publicados no tenían vigencia interna. No así la Corte Suprema que mantuvo la posición contraria. en el cual la Corte Suprema reconoce igual jerarquía a los tratados que a las leyes. las resoluciones judiciales recaídas lo fueron principalmente en torno a tres materias. aunque tal solución no se haya referido expresamente. por tratarse de una prisión por deuda. casos sobre Ley de Cheques. es decir la compatibilidad. La primera de ellas. le atribuyó mayor jerarquía al tratado que a la ley. pp. se resolvió aplicando preeminentemente los tratados con base en su rango supralegal. considerando que el conflicto normativo se resolvía en favor del tratado por su mayor jerarquía. que de manera expresa o implícita prohíben aquella. Nº 2. puede concluirse que la jurisprudencia fue vacilante en orden a establecer la compatibilidad del artículo 44 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques con el artículo 7 Nº 7 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 11 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.322. la Corte Suprema a partir de junio de 1991 estimó lo contrario.322 y el artículo 7 Nº 7 del Pacto de San José de Costa Rica. resol- 114 Estudios Constitucionales. En los casos sobre Deudas Previsionales. 73-119 . sino ausencia de conflicto normativo. con fundamento nuevamente en la asimilación de los tratados a la ley. 1989-1994. En relación con los casos sobre deudas previsionales. la plena compatibilidad de estas normas. las resoluciones recayeron esencialmente en torno a dos materias: deudas previsionales y aplicación de la ley de amnistía. En la segunda etapa de la Evolución Jurisprudencial. 2008. desde 1994-2005. Cabe señalar que cuando la Corte Suprema identificó la incompatibilidad entre el Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 12 de la Ley 17. es decir. la jurisprudencia de la Corte Suprema fue vacilante. Por otra parte. argumentando que no se configura la situación prevista por los tratados para impedir que se prive de la libertad a una persona. puede concluirse que el conflicto normativo entre el decreto ley 2191 y los tratados sobre derechos humanos.
que rompió con su sostenida tradición de aplicar la ley de amnistía y comenzó a considerar aplicable al caso lo previsto en los tratados internacionales. pp. Carlos (1991): Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980 (Santiago. RODRÍGUEZ ZAPATA (1997): Derecho Político Español según la Constitución de 1978 (Madrid.Jerarquía de los tratados de derechos humanos: análisis jurisprudencial desde el método de casos viendo el conflicto normativo entre tales normas por la vía del criterio de la temporalidad. Norberto (1987): Teoría General del Derecho (Bogotá. BOBBIO. Editorial Temis). BIDART CAMPOS. 9 (1). en casos como Muller. En la cuarta etapa de Evolución Jurisprudencial.V. pp. BERNALES ROJAS. 2008. a partir de 1998 se reconoce que los tratados de derechos humanos son jerárquicamente superiores a las leyes comunes. Por otro lado. 24° transitorio de la Constitución”. desde 2005 a la fecha. en relación con la aplicación del decreto ley 2. 211-222. BALAGUER CALLEJÓN. bajo el régimen del art. BENADAVA. los derechos fundamentales y la jurisprudencia del período 1981-1989. Año 6. Estudios Constitucionales. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ. Chile. pp. 23 (2 y 3). Sin embargo. Nº 2. Editorial Jurídica de Chile). Editorial Tecnos). BIBLIOGRAFÍA ALZAGA VILLAMIL. Editorial Jurídica ConoSur). Principios del Ordenamiento Constitucional (Madrid. Todo lo anterior redundó en la no aplicación de la ley de amnistía por ser contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces). Luego. Editorial Jurídica de Chile). en sentencia de casación recaída en el caso Poblete Córdova.A. Nuevos enfoques del Derecho Internacional (Santiago.V. I. con base en lo resuelto por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano vs. Santiago (1992): “Las Relaciones entre Derecho Internacional y Derecho Interno ante los Tribunales chilenos” en A. Claramente la decisión de los tribunales en este sentido señala el reconocimiento de una mayor jerarquía de los tratados sobre la legislación interna. recién fue en septiembre de 1998 cuando la Corte Suprema. Francisco (1991): Fuentes del Derecho.191 puede señalarse que la tendencia de los tribunales superiores de justicia es a reconocer la “preeminencia” de la aplicación de los tratados de derechos humanos ante un conflicto normativo con la legislación interna. en Revista Ius et Praxis. considerando como ley de orden público a la ley de amnistía. Editorial Ediar). Germán (1997): Manual de la Constitución Reformada (Buenos Aires. ANDRADE GEYWITZ. se hace expresa mención a la mayor jerarquía de los tratados respecto de la legislación interna. BERTELSEN REPETTO. 73-119 115 . en Revista Chilena de Derecho. En casos puntuales como Lago Ranco y Urrutia Galaz se reconoce hasta el rango constitucional a los tratados de derechos humanos. Raúl (1996): “Rango jurídico de los tratados internacionales en el Derecho Chileno”. Santiago (1993): Derecho Internacional Público (Santiago. 281-327. BENADAVA. pero jerárquicamente inferiores a las leyes de orden público. Gerardo (2003): “Los tratados internacionales.
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