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Timestamp: 2019-02-20 01:29:53+00:00

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Recortes de Prensa Martes 22 Marzo 2011
HERMANN TERTSCH ABC 22 Marzo 2011
Todo indica que en España hemos entrado en un final de ciclo que va más allá de la previsible derrota del presidente Rodríguez Zapatero en las próximas
elecciones generales. Las dos legislaturas de «largocaballerismo new age» que ha sido un intento de sustituir a nuestra democracia de la Transición, la
Reconciliación Nacional y la Constitución del 78 por un nuevo régimen de «socialismo avanzado» que buscara y lograra en nombre de un nuevo Frente Popular la
revancha por la derrota en la Guerra Civil, se agotan sin que los artífices de ese venenoso proyecto hayan logrado sus objetivos. Es una buena noticia.
Triste es, sin embargo, la certeza de que su fracaso no se deberá a la capacidad de resistencia de la democracia integradora, ni a la autodefensa de una
sociedad abierta con músculo democrático para hacer frente a planes sectarios de experimentación e ingeniería social, ni a la vigencia de valores y
principios que movilizar y hacer valer frente al rodillo igualitarista, materialista y estatista. Su fracaso se deberá a la catástrofe económica en la que
nos ha sumido la desastrosa gestión que los responsables de ese proyecto han hecho de la muy grave crisis económica.
Los españoles van a acabar previsiblemente con el experimento del «zapaterismo» porque le echan —con razón— la culpa de que la crisis en España sea infinitamente más grave que en otros países por culpa de su gestión. No como responsable del intento de fundar un régimen sin alternancia política y un inmutable papel dirigente del Frente Popular. Que asumiera la II República como única fuente de legitimidad, convirtiendo transición y reconciliación en «errores transitorios» y la Constitución del 78 en papel mojado. Ese proyecto —definido por el espíritu del «Pacto del Tinell»— debía dejar a la derecha definitivamente marginada de la toma de decisiones y convertida en poco más que un partido satélite, desposeída de legitimidad por su estigma de heredera del franquismo.
Como a Al Capone, la condena —en las urnas— se producirá por una cuestión de dineros. De haberles tocado el bolsillo y muy gravemente a los españoles. No por los delitos capitales del proyecto de subvertir la democracia y crear un régimen según el imaginario de la izquierda de los años treinta, apenas modernizada por sus aditamentos también totalitarios del lenguaje de corrección política. Es de temer que los artífices de este gran disparate histórico no se sientan
desautorizados sino víctimas de una fatalidad histórica. Y dispuestos a nuevo intento. Si prevalecen estos fundamentalistas sectarios y no resurge una
corriente socialdemócrata homologable a la europea, sin veleidades utópicas ni pretensiones de experimentación social, España se enfrentará a una permanente
agitación social. A la espera de un nuevo gobierno izquierdista que lleve a cabo el proyecto ahora fracasado.
La esperanza de que esto no ocurra y España retome un camino de prosperidad y paz social radica en una renovación de la izquierda. Y en una activación de la batalla de las ideas con la pluralidad hasta ahora maniatada por el rodillo de la maquinaria de intoxicación y manipulación mediática y cultural de la izquierda. Paradójicamente esta pluralidad se ha activado bajo el zapaterismo. Como reacción a tanto desmán. Y no en la oposición, sino en la sociedad civil y mediática. La supremacía total de la izquierda en medios y cultura se ha quebrado. Se acabó el rodillo de las ideas. Y el reino de la impostura cultural y democrática izquierdista. De ahí su pánico. Con Zapatero se hunden la mentirosa supremacía moral de la izquierda y su hegemonía cultural de la izquierda. Este naufragio es su mejor legado.
El Editorial La Razón 22 Marzo 2011
Los gobiernos occidentales han calibrado la capacidad de reacción de Muamar Gadafi a los ataques de la coalición multinacional. La conclusión se debate entre
lo que sugiere el perfil de un asesino indiscriminado y el análisis de su capacidad para causar daño. El historial de este régimen con más de 40 años en el
poder no es el clásico de las autocracias o teocracias de la región. Gadafi ha liderado una estructura con relaciones intensas con el terrorismo internacional y, bajo esa condición, ha estado en el punto de mira de las potencias occidentales. Hablar del dictador libio, motor de grupos criminales subversivos en la órbita de la extinta Unión Soviética, es en buena medida hacerlo de la historia del terrorismo internacional de las últimas décadas del siglo XX. Hoy conocemos que Muamar Gadafi ordenó en persona el atentado de Lockerbie, en el que una bomba a bordo de un avión de la Pan Am colocada por agentes libios causó 270 muertos en 1988, en lo que supone el atentado más grave en Europa hasta la fecha.
Por tanto, cuando el dictador amenazó con atacar objetivos militares y civiles del Mediterráneo tras sufrir los primeros bombardeos, la más elemental
prudencia obliga a los países afectados a tomar sus palabras en serio. LA RAZÓN publica hoy que el Gobierno ha considerado innecesario aumentar el nivel de
alarma terrorista ante la posibilidad de que agentes libios intenten algún ataque contra nuestros intereses por la participación de un notable contingente
español en la operación. Se han evaluado los datos de que disponen los aliados y se ha concluido que Gadafi carece de la capacidad necesaria para perpetrar
actos terroristas en suelo europeo.
Lógicamente, debemos confiar en la calidad de esas informaciones, aunque también entendemos que toda prudencia y precaucación es poca cuando el enemigo es un terrorista que ha maquinado acciones contra Occidente los últimos 40 años. No se trata de caer en falsos alarmismos ni de alentar fantasmas innecesarios. Son
actitudes contraproducentes que confunden. Sin embargo, el Gobierno está obligado a tener muy presente de dónde venimos y cómo el subconsciente colectivo de
este país mantiene vivo el recuerdo de los atentados del 11 de marzo cuando valora escenarios tan complejos para la seguridad. Puede que Gadafi no sea una
amenaza para España. Estamos convencidos de que los responsables de Interior así lo piensan, pero cómo no preocuparse ante un terrorista con financiación,
logística y contactos. Si no es un peligro real, se le parece demasiado.
A los riesgos sobre la seguridad se suma desde ayer el riesgo político de una fractura en la que se suponía era una sólida coalición. La Liga Árabe se
desmarcó de la operación militar, porque «se trata de proteger a los civiles y no de bombardearlos». Este paso atrás es una complicación para una operación
que era vendida como ejemplar en España.
El mando militar español informó de que nuestro contingente está ya desplegado y cuenta con autorización para el combate. De su profesionalidad y capacidad
no hay duda. Estarán a la altura como siempre.
Editorial www.gaceta.es 22 Marzo 2011
Las diferencias son, en efecto, enormes, en primer lugar porque a Irak España mandó en 2003 una fuerza de estabilización. Se trataba de una misión de
postguerra. En tanto que, a Libia, Zapatero ha enviado cuatro aviones de combate, una fragata y un submarino. Los F-18 Hornet están equipados con cuatro
misiles y con 7.700 kilos de carga explosiva.
En su intento por desmarcarse de la guerra de Irak, y disimular las contradicciones que dejan en evidencia el pacifismo de Zapatero, Jáuregui subraya que las
diferencias con la intervención española en Libia son “enormes”. Tiene razón en tres aspectos y se equivoca en uno. Las diferencias son, en efecto, enormes,
en primer lugar porque a Irak España mandó en 2003 una fuerza de estabilización. Se trataba de una misión de postguerra. En tanto que, a Libia, Zapatero ha
enviado cuatro aviones de combate, una fragata y un submarino. Los F-18 Hornet están equipados con cuatro misiles y con 7.700 kilos de carga explosiva; y la
fragata lleva lanzamisiles y no como elemento decorativo. Estamos en una misión de guerra en toda la regla. No fue el caso de Aznar en 2003, aunque tratara
de hacer creer lo contrario la propaganda zapaterista a la vista del intenso papel diplomático jugado por España como miembro –ese año– del Consejo de
Seguridad. España promovió la intervención aliada contra Sadam, pero no participó en las operaciones de combate.
Otra diferencia de calado es que, equivocada o no, la guerra de Irak tuvo un objetivo claro: acabar con Sadam. La de Libia está en un confuso limbo: sobre el
papel se pretende crear una zona de exclusión aérea y detener la ofensiva de Gadafi contra los rebeldes, pero se ha bombardeado el palacio del sátrapa y los
aliados discuten si este debería ser el blanco. Difícilmente triunfará ninguna opción si la operación aeronaval no tiene el corolario que se sabe al dedillo
cualquier cadete de Academia: intervención terrestre. El Gobierno tampoco aclara gran cosa a la opinión pública, ya que sigue insistiendo en que se trata de
una misión de “apoyo humanitario”. ¿Con cazabombarderos?
La tercera diferencia notable es que si, bajo el paraguas de la ONU, la de Irak fue una guerra forzada por EE UU y Reino Unido y hecha a la medida de Bush
Jr.; la de Libia es una aventura hecha a la medida de Sarkozy –que es quien ha presionado al Consejo de Seguridad–, deseoso de recuperar protagonismo
internacional a un año vista de las elecciones en Francia. Lo cual introduce la duda de si España está defendiendo los derechos del pueblo libio o los
intereses particulares de Francia.
En cambio, hay una semejanza entre Libia 2011 e Irak 2003, que al PSOE no le interesa ver. Estamos en ambos casos, ante operaciones bendecidas por Naciones
Unidas. Tan legal es Irak como Libia, en contra de lo que sostiene Zapatero. La invasión de 2003 estuvo autorizada por las Resoluciones 1137 y 1441. Ambas
advertían a Sadam de que si boicoteaba las inspecciones de sus arsenales tendría que atenerse a “graves consecuencias”.
España se ha embarcado ahora en una respuesta tardía –cuando Gadafi casi lo ha recuperado todo–; sin unanimidad en el Consejo de Seguridad –Putin afirma que
esto parece las Cruzadas– y con un futuro incierto –la alternativa a Gadafi no es la democratización de Libia sino su sustitución por tribus rivales o por
los líderes de la revuelta, que son ex ministros suyos, tan sanguinarios como él–.
No estamos diciendo que no haya que actuar contra el sátrapa. Pero recordando que Sadam no lo era menos –el gaseamiento de cuatro millones de kurdos fue un
genocidio–; y que no puede hacer demagogia a cuenta de la guerra quien llegó al poder capitalizando una matanza con casi 200 muertos y trata de mantenerse
con una intervención que, rey del eufemismo, camufla como “apoyo humanitario”. Pero no cuela, aunque esta vez cuente con el silencio cómplice de los cómicos,
que, a diferencia de Irak, hacen mutis por el foro.
Alfonso Ussía La Razón 22 Marzo 2011
En el dibujo, el Presidente Rodríguez se dirige al Presidente Sarkozy. Y le dice: «Nosotros aportamos cuatro F-18, una fragata, un submarino, un avión
cisterna y un regimiento de titiriteros conversos». El dibujo, publicado en LA RAZÓN, es de Borja Montoro. Páginas adelante, otro dibujo. Tres aviones
aliados sobrevuelan –es un suponer– el desierto de Libia. Uno es francés, el segundo inglés, y el tercero, algo más rezagado, español. El nuestro arrastra
una gran pancarta que dice: «No a la Guerra». El dibujo, publicado en LA RAZÓN es de Sañudo.
El pasado fin de semana se organizó en Madrid un acto en defensa del juez Garzón. Sólo faltaba el que escribe para que aquello pareciera una reunión de
beneficiados del IMSERSO fotografiados poco antes de partir de excursión a las Hoces del Cabriel. A Garzón le apoya un rojerío otoñal con vocación de
invierno. Estaban los inevitables Almudena Grandes, Juan Diego, Pilar Bardem y otros del cine, que son muy parecidos porque se visten igual y gastan la misma
barba desaliñada. La Ceja en estado puro. Todos se manifestaron a favor de la guerra en Libia.
Se me olvidaban Toxo y Méndez, también presentes. No podía ser de otra manera. Esta guerra les gusta. Parece no importarles la muerte de civiles libios, que
no son tan importantes como los civiles iraquiés o los niños serbios, masacrados legalmente. La ONU ha dicho «sí», y los de la Ceja están tranquilos. España
no envió tropas a combatir en Irak. Y a Aznar se le cayó el mundo de la subvención encima de la cabeza. Le llamaron «asesino» y todo lo demás. La ONU no
había autorizado aquellos ataques. Esta ONU es muy caprichosa. Sadam Husein era igual de criminal que Gadafi, tan dictador como Gadafi y tan sanguinario como
Gadafi. Pero contaba con la simpatía de la Ceja. Ahora sí hemos mandado a los soldados españoles a combatir en Libia. Y en Afganistán. Irán donde se les
ordene, y siempre cumplirán con su deber heroicamente. Una aportación modesta, encajada en nuestras posibilidades. La Ceja apoya la intervención militar
española. Sus miembros son expertos en contacto diario con la ONU. Que va Juan Diego y le dice a Pilar Bardem: «Pilar, que esta guerra es legal porque la ONU
la ha autorizado». «Pues que bien, Juan. No sabes el peso que me quitas de encima».
Esta guerra es tan legal o ilegal como la de Irak. Allí fuimos en misión de paz y aquí vamos en misión de guerra. La Ceja ha cambiado mucho en los últimos
años. Javier Bardem, que es un gran actor, ha triunfado en los Estados Unidos, la nación imperialista que le ha ofrecido cobijo y amparo para que su hijo
nazca americano en el hospital más caro de su sudoeste. No tendría sentido que llamara «asesinos» a los que bombardean Libia, que son sus anfitriones. Y del
resto, poco se puede decir. Ellos viven pendientes de las resoluciones de la ONU, su oráculo de Delfos. Cuando Angola se desangró con la eficaz participación
de Cuba sin permiso de la ONU no se enteraron. Y aquello duró más de una década, pero es que tampoco hay que exigirles un seguimiento tan puntual.
Aznar tomó una decisión difícil y le llovieron chuzos en punta. Zapatero ha tomado una decisión más difícil todavía –y que cuenta con mi humilde apoyo–, y
los golfos de las subvenciones y las propinas se muestran encantados. No a las misiones de paz y sí a los zafarranchos de combate. Esta gente ha cambiado una
barbaridad en los últimos años. De aspecto y de conciencia. Cejas depiladas.
El que actuó contra Naciones Unidas en el año 2004 fue precisamente Zapatero.
Juan Van Halen www.gaceta.es 22 Marzo 2011
Ha vuelto a mentir Zapatero sobre la llamada Guerra de Irak con motivo de la intervención militar en Libia. Resulta que envía a Libia fuerzas aéreas y
navales porque es “una guerra legal, no como la de Irak”.
Zapatero ha mentido siempre sobre aquella guerra al decir que España participó en ella y que era una “guerra ilegal”. En un Pleno del Congreso Zapatero llegó
a afirmar que la Guerra de Irak de 2003 era una “guerra ilegal contra la ONU”. Otro disparate más.
La de 2003 era la segunda parte de la Primera Guerra del Golfo, de 1991, en tiempos de Felipe González. Se produjo porque Sadam Hussein no cumplió las
condiciones impuestas por la coalición tras su derrota. El paraguas de la ONU estaba vigente durante el periodo 1991-2003. Desde 1990 la intervención
multinacional en Irak, liderada por EE UU y el Reino Unido estaba recogida en 64 resoluciones de la ONU. Desde la primitiva resolución 661 a la 1510. Las
resoluciones que pinchan la pertinaz mentira de Zapatero, tan utilizada antes de las elecciones del 14 de marzo de 2004 y resucitada cuando le conviene, son
sobre todo la 1483 y la 1511.
En vísperas de la Segunda Guerra del Golfo se aprueba la resolución 1441/2002, que expresa la vigencia, entre otras, de las resoluciones 678/1990, 686/1991 y
687/1991. Se recuerda que la ONU “en su resolución 687/1991 había declarado que un cese del fuego estaría subordinado a que Irak aceptara las disposiciones
de esa resolución”.
No se encontraron armas de destrucción masiva, es verdad, (lo que no supone que no las hubiera; Sadam Hussein las había usado contra los kurdos), pero no hay
un solo testimonio anterior al conflicto que dudase de su existencia.
España no participó en la guerra. En el informe anual (2007) del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), por cierto contrario a la Guerra de
Irak, Jolyon Howorth afirma: “Solamente cinco países enviaron a Irak fuerzas de combate: Estados Unidos, 150.000 hombres; Reino Unido, 45.000; Australia,
2.000; Rumanía, 278; y Polonia, 200”. España no figura. En ese informe hay otros testimonios relevantes reafirmando a Howorth.
Otro informe, el del catedrático de Derecho Constitucional Carlos Ruíz Miguel, redactado a petición del Instituto Elcano en abril de 2004, señala:
“Lo dispuesto en la resolución 1483 fue detallado en la resolución 1511 del Consejo de Seguridad, de 16 de octubre de 2003. En su preámbulo califica las
acciones violentas producidas tras el derrocamiento de Sadam como “terroristas” y no como “acciones de guerra”, lo que significaba reconocer, de nuevo, que
ya no había una situación de “guerra” en Irak. Para conseguir el objetivo de su resolución 1511, el Consejo de Seguridad “autoriza una fuerza multinacional
bajo un mando único para tomar todas las medidas necesarias que contribuyan al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en Irak”.
“Amparándose en el llamamiento que hace la resolución 1483 a los Estados miembros (y no sólo a EE UU y al Reino Unido) para que contribuyan a crear
condiciones de “estabilidad y seguridad” en Irak, por un lado, y en las competencias constitucionales de dirección de la política exterior (artículo 97 de la
Constitución) por otro, el Consejo de Ministros de España en su reunión del viernes 11 de julio de 2003 dispuso la participación militar española en la
misión de estabilización de Irak”.
España apoyó políticamente la intervención militar amparada por la ONU porque Sadam Hussein era un dictador sanguinario (ahora nadie duda de que lo es
Gadafi), envió un contingente militar de ayuda humanitaria que llegó tras el fin formal de la guerra, y mandó posteriormente fuerzas en misión de seguridad y
reconstrucción del país, porque respondió al llamamiento de la ONU.
Zapatero, ya nuevo presidente del Gobierno, a instancias de los aliados y de la propia ONU, se comprometió a retirar las tropas de Irak no antes del 30 de
junio de 2004 “si no existía una nueva resolución de la ONU”. Pese a que esa resolución se produjo, Zapatero retiró nuestras tropas inmediatamente. No lo
decidió en Consejo de Ministros ni llevó la propuesta al Parlamento, que es lo que había exigido al Gobierno de Aznar.
De modo que las tropas que habían sido enviadas a Irak respondiendo a una petición de la ONU y por acuerdo del Consejo de Ministros, regresaron contra las
resoluciones 1483 y 1511 de la ONU por una decisión personal de Zapatero. No estaba retirando las tropas de una guerra, sino de una misión humanitaria de
reconstrucción, estabilización y seguridad del país. Quien actuó “contra la ONU” fue Zapatero.
Y poco tienen que ver los riesgos de aquella misión en un Irak con un régimen desarmado y vencido con la misión actual en Libia ni en su desarrollo ni en sus
*Juan Van Halen es académico correspondiente de la Historia y senador.
Irak-Libia
La diferencia es el miedo
Cristina Losada Libertad Digital 22 Marzo 2011
Los rescoldos, todavía humeantes, del "no a la guerra" calientan la búsqueda de similitudes y diferencias entre las intervenciones militares en aquel Irak de
Sadam y en esta Libia de Gadafi. Las consignas, esas termitas destructoras del pensamiento y del lenguaje, tienen mucho peligro. Atrapados en la suya, los
conspicuos anti-belicistas de otrora han de justificar cómo descubren hoy que el uso de la fuerza no siempre es maligno. Puro artificio, desde luego, pues la
aversión a la guerra que exhibían hace años, y con tanta suficiencia, era solo instrumental. Otra aversión más intensa impulsaba aquellas pasiones por la
paz. De ahí que las diferencias aludidas puedan reducirse, en su caso, a dos muy evidentes: Obama no es Bush y Zapatero no es Aznar. De ambas se deduce
fácilmente que Libia no es Irak. Por decirlo en palabras de Orwell, apenas hay acciones que no cambien de color moral cuando quienes las perpetran son los
"nuestros".
Pero dejemos ese redil y sus pequeñas, malolientes y cambiantes ortodoxias para atender a aquello que revela esta operación en Libia, por contraste con la de
Irak. La misma opinión pública que rechazaba derrocar a un dictador como Sadam acepta que se ataque a un dictador como Gadafi y ese giro se atribuye a la
razón humanitaria. El salvoconducto moral de la intervención es la necesidad de proteger a la población civil de los bombardeos y ayudar a los rebeldes
libios, armados, pero en inferioridad de condiciones. Qué más queremos para hacer nuestra buena obra que a un tirano sanguinario aplastando cruelmente a su
pueblo y a un puñado de valientes luchadores que le hacen frente con escasos medios. Es justo lo desinteresado –en apariencia– de la acción, el factor
diferencial con Irak, donde una potencia como EEUU veía una amenaza para su seguridad y la del resto del mundo. No estamos por defendernos a nosotros mismos, pero sí estamos por defender a otros.
Tanto altruismo y tanto quijotismo resultan, me temo, demasiado dulces. Si los derechos humanos de los iraquíes no importaban nada y los de los libios,
mucho, es que la razón humanitaria flaquea y se pliega a sentimientos más potentes. Como el miedo. Fue el miedo lo que inclinó a la mayoría de las sociedades
occidentales contra la intervención en Irak. Fue el temor a provocar al terrorismo islamista que había destruido poco antes las Torres Gemelas. Y el "no a la
guerra" no hizo más que explotar ese pánico. Ha pasado el tiempo, Gadafi no da miedo y nos podemos permitir, por una vez, actuar en consonancia con nuestras
Garzón, Benítez y el chivatazo al diablo
Guillermo Dupuy Libertad Digital 22 Marzo 2011
Según la parte que ya no es secreta de la comisión rogatoria remitida por la magistrada francesa Le Vert sobre el chivatazo policial a ETA, la instructora
francesa lanzó duros reproches contra el juez Garzón: especialmente que no le proporcionara información alguna sobre las diligencias que desde su juzgado se
estaban llevando a cabo sobre la delación policial al dueño del Faisán.
Teniendo presente que Garzón prácticamente tuvo el caso metido en un cajón durante los más de tres años en los que fue el responsable de la instrucción,
tampoco es que haya que sorprenderse de que Le Vert no se fiara de él. De hecho, no nos deberíamos asombrar ni con la repugnante pasividad del propio Garzón
si tenemos en cuenta que fue uno de los más "ilustres" avalistas que tuvo la "paz sucia" con ETA sobre la base de que "por la paz hay que hablar hasta con el
Así lo declaró Garzón a la radio "France Info" en 2006, poco después de hacerse cargo de la instrucción de ese "chivatazo al demonio" que supuso aquel delito
de colaboración con banda armada que ahora instruye el juez Ruz.
A pesar del impulso que ha recobrado el caso desde que el juez Ruz se ha hecho cargo del mismo, no menos preocupante y mucho más actual me parece, sin
embargo, su pasividad a la hora de tomar declaración al emisario del Gobierno ante ETA, amigo íntimo de Garzón y actual vocal del CGPJ, Manuel Gómez Benítez.
Más aun, después de que Gómez Benítez bochornosamente se jactara la semana pasada ante una periodista de Telemadrid de que el juez Ruz no le había llamado a
declarar, al tiempo que se negaba a responder si era cierto o no que durante sus conversaciones con ETA puso en valor el chivatazo como prueba de la voluntad
de diálogo, tal y como reflejan las actas intervenidas en Francia al jefe político de ETA, Francisco López, alias "Thierry".
Dice El Mundo este lunes que el diputado popular Ignacio Cosidó se autorrealiza en su blog una treintena de preguntas para entender el caso Faisán. Sin negar
la enorme pertinencia de ninguna de ellas, desde aquí le propongo tres más: ¿Ha recibido Ignacio Cosidó o el no menos aguerrido Gil Lázaro, en razón a una –
qué se yo– "razón de Estado", una orden de Rajoy de no pedir el cese de Gómez Benítez ni siquiera de criticar su televisada negativa a responder si puso o no
en valor ante ETA el chivatazo del bar Faisán? En caso negativo, ¿consideran acaso los miembros del PP que es de recibo que una persona que no se atreve a
desmentir que puso en valor ante ETA la comisión de un delito de colaboración con banda armada puede seguir siendo vocal del Consejo General del Poder
Judicial? En caso negativo, ¿por qué no lo manifiestan?
Dejo en paz a los políticos, y vuelvo, para concluir, con el juez Ruz, sólo para manifestar que, a pesar de los avances que le debemos, nada me parecería más
indiciario de que con él tampoco se va a despejar la X del caso Faisán que el hecho de que cerrara el sumario sin tomar declaración a quien, presuntamente,
atribuyó como mérito del Gobierno la comisión de un no sé si demoniaco pero sí desde luego delictivo chivatazo policial a ETA.
GEES Libertad Digital 22 Marzo 2011
No parece que ni Rodríguez Zapatero ni Carmen Chacón sepan muy bien qué estamos haciendo en Libia, ni que se hayan preparado para ello. Después de semanas de
silencio, el pasado viernes, aprovechando una comparecencia con el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, el actual presidente del Gobierno afirmó con
rotundidad que la contribución española a la intervención militar "sería importante". Pero las operaciones militares contra Gadafi empezaron sin esperar a
esa importante contribución militar. Un caza de los cuatro parece que está camino de patrullar los cielos libios una vez que el almirante norteamericano Mike
Mullen ha asegurado que la zona de exclusión aérea es ya un hecho y que la segunda fase de la operación Odisea al alba se ponía en marcha. Por su parte, la
Fragata F 100 salía de su base en El Ferrol para avituallarse en Rota, muy alejada aún de las aguas del Golfo de Sirte frentes las costas de Trípoli. Dicho
en otras palabras, que la importante contribución española llega tarde.
En segundo lugar, no parece el Gobierno tener muy claro para qué se ha ido. Según Zapatero, para garantizar una "democracia sostenible" en Libia; según la
ministra de Defensa, Carmen Chacón, para nada porque no ha abierto la boca al respecto, tal vez preocupada por hacer frente a otro tipo de adversarios, como
su colega Rubalcaba. Pero el mejor, sin duda, ha resultado ser el ministro de Fomento, Pepiño Blanco, quien ha alardeado de ir a "liberar al pueblo libio".
Si eso es así, el Gobierno debería explicar cuanto antes cómo piensa lograrlo y bajo qué mandato, puesto que la resolución 1973, como bien empieza a recordar
ya la Liga Árabe, no se fija como objetivo derrocar a Gadafi, sino proteger a los civiles de la violencia.
También se ha dicho que España actúa militarmente en cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Pero que se sepa la OTAN no ha demandado a sus
miembros que hagan nada. De hecho, la Alianza Atlántica, el pacto defensivo por antonomasia, se ha quedado al margen de momento y, por tanto, la obligada
solidaridad de sus miembros no cuenta en este caso. La coalición difusa y confusa que se ha pergeñado de mala manera responde al deseo de protagonismo de
Nicolás Sarkozy, castigado en su casa electoralmente al ardor británico y a la falta de voluntad de la administración Obama, quien da su apoyo pero o quiere
liderar. Francia, ese fiel aliado recién incorporado a la estructura militar de la OTAN ha elegido no recurrir a la organización y montar un sistema que
pueda controlar. La OTAN, a su vez, divida, fatigada y temerosa de lo que Turquía puerca decir y vetar, se complace en su falta de protagonismo y todos
felices. Pero precisamente por tratarse de una coalición ad hoc, lo que España decida asumir lo hará voluntariamente y esas tan recurridas obligaciones
internacionales no serán más que lo que el gobierno quiera. El jefe del mando de operaciones, el general Jaime Domínguez Buj, intentaba escabullirse de una
pregunta en rueda de prensa diciendo que las reglas de enfrentamiento las dicta el mando de la coalición. ¿Acaso España no cuenta en ese mando? ¿Hemos vuelto
a la etapa de González en la que España ponía las tropas para que otros las mandaran?
Y eso nos lleva al tercer punto, la cuestión de la legalidad. El ministro Blanco ha dicho que el PP tuvo la foto de Las Azores y que ahora el Gobierno tiene
una resolución de la ONU. Es ya un hecho histórico que la mentira del PSOE sobre la ONU y Sadam ha pasado a convertirse en verdad pública. No vamos a entrar
a discutir de nuevo aquello de las 17 resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad y la 1441 que le daba una oportunidad final a Sadam para cooperar con
la ONU, cosa que no hizo. No es éste el lugar ni el momento. Pero sí queremos resaltar una única cosa: que si Zapatero no tiene ahora su foto de Las Azores
es porque él ha llevado a España a la marginación e irrelevancia internacional. Si le dejaran retratarse, correría a hacerlo, en Las Azores o en pantalón
orto en las Bermudas. Pero no le llaman porque nadie confía en él. De ahí ese gesto forzado para colocar a España en las portadas de los periódicos
Por último, ¿alguien se ha preguntado cuánto cuesta todo esto? Nosotros se lo vamos a decir: la zona de exclusión aérea, con los limitadísimos medios que
ahora se despliegan, saldrá por unos 10.000 millones al año. Que Zapatero, cuando se digne a pedir la autorización supuestamente previa al Congreso, nos diga
también lo que nos va a costar a los españoles su repentino ardor guerrero.
Si hay que ir, se va. Pero ir por ir sale un tanto caro. E ir para nada, ridículo amén de peligroso. ¿No sería más rápido y efectivo acabar con Gadafi de una
EDITORIAL Libertad Digital 22 Marzo 2011
1. Una resolución inconcreta de Naciones Unidas: El gran argumento de Zapatero para defender la intervención militar en Libia es el acuerdo de la ONU, un
acuerdo que sin embargo no cuenta con el aval de Rusia, China, India, Brasil y Alemania. Tanto Rusia como China han exigido ya el cese de los bombardeos.
2. El mandato internacional no contempla operaciones terrestres: La coalición internacional no ha previsto ayuda en tierra ni presencia militar, lo que
puede dificultar sobremanera la consecución de objetivos como que cese la represión sobre la población civil...
3. Mantener a Gadafi: El mandato tampoco contempla deponer al dictador libio, lo que demuestra la improvisación en los planes diplomáticos franceses.
4. División en la OTAN: La Alianza Atlántica duda en tomar el mando, puesto que la mayoría de los países que la componen han declinado participar en el
hostigamiento bélico de Libia. Italia ha amenazado con no permitir el uso de sus bases si la Alianza Atlántica no toma el mando de las operaciones
5. ¿Dónde está la UE?: El apoyo de la Unión Europea a esta acción militar es inexistente. La renuencia de Alemania a participar en ella ha debilitado la
posición conjunta europea.
6. Mando rotatorio: Sarkozy se mostró desde el primer momento dispuesto a liderar la misión, pero conforme han avanzado los días, la inexistencia de un
mando único y claro ha provocado las "deserciones" de algunos países que habían anunciado su participación.
7. "Retirada" de Obama: El presidente norteamericano ha eludido en todo momento ponerse al frente de la acción bélica, pese a que el mayor esfuerzo
militar corresponde a los Estados Unidos.
8. La Liga Árabe: Zapatero presume de que la operación de castigo sobre Libia cuenta con el apoyo de la Liga Árabe. En un principio se habló de que Qatar
y Emiratos Árabes participarían en las acciones. No ha sido así y la Liga Árabe ya ha mostrado su contrariedad por la intensidad de los bombardeos en Libia.
9. La autorización del Congreso: A Zapatero le ha bastado con un discurso de menos de diez minutos para que todos los partidos, salvo Izquierda Unida, se
pusieran en primer tiempo de saludo. En dos horas, el Congreso ha dado luz verde a que España entrara en una guerra en la que participa desde hace ya cinco
10. Información pública: A diferencia de lo que ocurrió con Irak, el Gobierno no ha invertido ni un minuto en explicar a la opinión pública las razones de
esta guerra. En menos de tres semanas, Zapatero ha convertido a Gadafi en su particular bestia negra y ha metido a España en una guerra de duración incierta.
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 22 Marzo 2011
Después de semanas de discusión pública, el destino de Sortu está ya en manos del Tribunal Supremo que debe decidir si acepta su vuelta a la legalidad o
ratifica la decisión del Ministerio del Interior de no inscribirlo en el registro de partidos políticos.
En esta ocasión la izquierda abertzale ha ido más lejos que nunca en la aceptación de las exigencias legales para poder volver a la vida política. Dentro de
unos días, cuando se conozca la sentencia del tribunal, se verá si ha sido suficiente o se han quedado cortos. Hasta ahora los movimientos realizados no han
convencido ni al Gobierno ni a la Fiscalía que han considerado que Sortu-Batasuna no ha roto definitivamente con ETA y su estrategia y que los cambios
efectuados forman parte de un juego convenido entre la banda y su rama política para poder volver a la legalidad. Consideran que en ese juego ETA habría
puesto sobre la mesa el anuncio de tregua para crear un ambiente político favorable y Sortu habría buscado ajustarse a los requisitos legales llegando lo más
lejos posible para asegurarse una resolución favorable de los tribunales.
Más allá de la discusión de los aspectos legales, el debate sobre Sortu tiene una dimensión política que excede el marco que se dirime en una sentencia
judicial. Así, uno de los argumentos utilizados en favor de la legalización del partido de la izquierda abertzale es que su inscripción en el registro del
Ministerio del Interior actuaría en favor de la paz. Esta alegación es la cara inversa de la utilizada en su día para oponerse a la ilegalización de Batasuna
con la excusa de que la puesta fuera de la ley de este partido agudizaría tensiones en el País Vasco y reforzaría la violencia al cerrar las puertas de la
acción política a la rama política de ETA.
El tiempo ha demostrado lo erróneo de aquel argumento que defendieron, entre otros, los obispos vascos de la época, ya que la puesta de Batasuna fuera de la
ley no ocasionó más violencia, sino menos. Y las tensiones políticas y sociales no fueron mayores que las registradas antes de la ilegalización, sino lo
La presencia de Sortu o Batasuna -tanto da el nombre- dentro de la ley no asegura por sí misma un avance hacia la paz. Dependerá de lo que haga en la
legalidad. Casi veinticinco años estuvo la izquierda abertzale dentro de la ley. Fueron los años en los que el terrorismo fue más activo y mortal. Y contó
con la connivencia de ese partido. Se avanzará hacia la paz si Batasuna deja de dar cobertura al terrorismo etarra, algo que en la situación actual, con el
partido ilegalizado, es una exigencia previa a su vuelta a la legalidad.
Sortu amenaza la paz antiterrorista entre PSOE y PP
Antonio Martín Beaumont www.elsemanaldigital.com 22 Marzo 2011
¿A quién favorece que los socios de los asesinos se conviertan en candidatos? López y Basagoiti se miran de reojo observando si alguno esprinta y rompe el
PSOE y PP dieron un ejemplo práctico de sentido común democrático al unirse para dejar al nacionalismo por primera vez en la oposición en el País Vasco. Fue
un pacto para acabar con ETA que iba más allá de intereses partidistas. Es cierto que quien más dio fue Antonio Basagoiti, que se quedó como estaba, sin
poder alguno; también, que quien más consiguió fue Patxi López, que formó un gobierno monocolor socialista. Pero los dos jóvenes políticos demostraron que,
cuando es necesario, las grandes fuerzas políticas pueden satisfacer a los ciudadanos.
Precisamente, entre la crisis económica, la nuclear, el tsunami, los conflictos en el Magreb y las expediciones militares casi nos estamos olvidando de ETA.
Pero los terroristas, ¡seguro!, no nos olvidan y de hecho tienen ya sus planes trazados para conseguir desde las instituciones lo que siempre han querido.
¿Alguien duda de qué es o qué quiere ser Sortu? Como siempre desde que PP y PSOE aprobaron la Ley de Partidos, los políticamente leales a ETA, los que
quieren lo que la banda quiere, que allí donde estén coincidirán con la banda terrorista, intentan presentarse legalmente a las elecciones de mayo. Les va en
ello la vida: estar fuera de las instituciones ha secado las fuentes de tres elementos indispensables para los terroristas y los que quieren lo mismo que
ellos. Sin capitalizar legalmente sus votos, los etarras pierden dinero, pierden información y, no menos importante, pierden legitimidad.
Lo que tiene entre manos la "Sala del 61" del Tribunal Supremo no es si eso es cierto o no… la cuestión es si puede ser demostrado, o más bien si las pruebas
aportadas por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, por el Gobierno en definitiva, son suficientes. Si considerasen que no lo son nos encontraríamos con
una situación única en Europa Occidental, con un partido que no condena el terrorismo ni lo combate convertido de nuevo en legal. Puede que sea técnicamente
imposible ilegalizar la rama política del mundo etarra, pero me parece más bien que, simplemente, resulta fatigoso hacerlo.
Están sucediendo muchas cosas importantes, pero para los partidos la más importante es, por supuesto, la próxima cita electoral. Sería una mala noticia para
todos que la legalización de hecho de Batasuna (Sortu) se hubiese dejado sobre la mesa de lo posible por miedo a las consecuencias electorales de la
aplicación de la Ley de Partidos. Los partidos, precisamente, están al servicio de la convivencia entre los españoles; y un partido que acepta que cientos de
españoles hayan sido asesinados durante décadas, aunque diga que para el futuro su opinión es otra, no puede convivir con normalidad dentro del terreno de
Es verdad que, de un modo u otro, con la actual Ley los batasunos van a encontrar por otras formas cobijo en Eusko Alkartasuna, cosa que todas las
formaciones políticas vascas saben y con lo que en realidad todas cuentan. Admitamos que la Ley esté mal hecha y deje la posibilidad de que un partido
democrático acepte aliarse con los etarras; pero eso no convierte en buena para nadie, excepto para ellos mismos, la idea de ver de una manera o de otra a
los socios de los asesinos convertidos en candidatos elegibles.
JOSÉ LUIS REQUERO La Razón 22 Marzo 2011
¿Cuándo comenzó la Transición? Para unos con la muerte de Franco, para otros con el referéndum para la Reforma política de 1976 y los más piensan que tras el
referéndum constitucional de 6 de diciembre de 1978. Más discrepancia hay en el fin. Unos lo fijan en 1982, cuando la UCD deja paso a los socialistas; para
otros fue con la primera gran alternancia en el poder, en 1996, al ceder el PSOE el paso al PP. Y los hay que todavía no tienen claro que la Transición haya
concluido. Me adscribo a éstos últimos. Soy de los que piensan que la Transición concluirá cuando, gobierne quien gobierne, no se tense la normalidad
democrática y constitucional. La derecha fue madrugadora y hace ya mucho tiempo que hizo su transición, aunque alguno no lo ha entendido así. En 2007, en su
última Junta General de Accionistas como presidente de Prisa, Polanco clamó: «Si hubiera un partido de derechas moderno, laico y democrático no tendríamos
ningún empacho en colaborar con él», aunque más bien reclamaba una derecha que no se inmiscuyese en esos asuntos tan exclusivos para la izquierda como la
Justicia, la educación, la familia, el derecho a la vida o las libertades. El papel que asignaba a ese partido –ideal– de derechas era no tocarlos, que se
atuviese a ser un recambio puntual.
Retomo ese análisis porque algunos sí tienen pendiente esa transición a un modelo europeo, moderno, laico y democrático. Ahí está la reciente profanación de
la capilla de la Universidad Complutense. Según sus autores fue una «performance simbólica no violenta», pero más que su descerebramiento y frente a la
sensatez del ministro, irrita una izquierda solidaria con el camorrista, un comunicado oficial que ladinamente iguala a ofensores y ofendidos; irrita
aquellos que desde la izquierda sólo ven acoso al rector o que éste –como El País– vea que el problema es que hay capillas en la universidad: con esa
lógica, ante un atraco, el problema sería que hay propiedad privada. Otra perfomance: Sortu, o la nueva Batasuna. Leo que el catedrático Pérez Royo –
columnista de El País, El Periódico, tertuliano de la Cadena SER– asesoró al abogado de etarras Iruín para redactar sus estatutos, que Santiago Carrillo pide
que no se ilegalice, como el Secretario de los socialistas vascos o Llamazares o Puigcercós o los exfiscales Mena y Villarejo; éste ya decía en 2007 que la
ley de partidos es incompatible con la democracia o atacaba la dispersión de presos de ETA. No niego, por principio, que el hecho de que se integren en Sortu
personas que han sido de Batasuna o de ETA podría facilitar su incorporación a la democracia, pero aún hay mucho camino por recorrer. Lo inquietante son
esos sectores de la izquierda tan propicios a identificarse con quienes son enemigos de la democracia.
Allá, en 2006, siendo yo Vocal del CGPJ, en pleno runrún sobre la negociación con ETA, Izquierda Unida criticó la actuación de los tribunales. Declaré que
esa formación y ETA eran parte de la misma «familia ideológica», la del marxismo; «no sé si son parientes cercanos o muy lejanos» añadí. Hablaba, obviamente
de afinidad ideológica, no de connivencia pero IU se indignó, lo que me sorprendió: ¿tuvo reparo para unirse a Herri Batasuna en el pacto de Lizarra?, ¿acaso
HB no fue ilegalizada en firme por ser ETA? Otros casos, no desmentidos, son más tremendos como el narrado por un socialista, Juan Carlos Girauta: en la
sede del PSC se aplaudió la noticia del asesinato de Sáenz de Ynestrillas. Otra muestra de esa transición pendiente es la incapacidad para entender la
independencia del Poder Judicial. Hace tiempo que escribí sobre esto: a lo dicho, a los hechos y a las leyes me remito, lo que avalan dos ejemplos recientes:
el acoso al Tribunal Constitucional ante su inminente sentencia sobre el Estatuto catalán o esos aquelarres contra el Tribunal Supremo por haber osado
inculpar a Garzón. Pero llueve sobre mojado ¿o no se recuerda esa otra performance a las puertas de la cárcel de Guadalajara, con aplausos a los condenados
en firme por crímenes de Estado?; parafraseando a Polanco, ¿esa es una izquierda europea, moderna y democrática?, ¿lo es –otro ejemplo más– la que sienta al
fiscal general del Estado en el Consejo de Ministros? No creo hablar de hechos aislados sino de algo que parece consustancial a parte de la izquierda, como
parece probarlo lo que parece ser incapacidad para entender el derecho a la vida, la libertad de enseñanza o la libertad religiosa.
Insisto, lo que Polanco reclamaba a la derecha cabe reclamarlo a la izquierda: que sea moderna, democrática y laica, no laicista. Lo último –el asalto a la
capilla de la Complutense y días después otro episodio de agresión en la Universidad de Barcelona–, muestra que en la izquierda los hay que aún no han hecho
la transición, muestra un déficit democrático que se superará cuando se alejen de ciertos indeseables, cuando entienda eso de la independencia judicial y se
aprecien los derechos y libertades fundamentales.
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 22 Marzo 2011
"Sortu no es lo mismo que ETA", dice el lehendakari López. Y el ministro de Justicia, Caamaño, lo suscribe. Con lo cual se nos han encendido todas las
alarmas: ¿otra vez lo van a conseguir? ¿Otra vez van a burlar la Ley de Partidos para meterse en las instituciones? ¿Otra vez se van a aprovechar de la
democracia española garantista para disfrutar del poder y del dinero? ¿No valen como escarmiento las once veces anteriores en que primero ponían carita de
pena, y después, una vez legalizados, se quitaban la careta y venga risas y venga "sorpresa, sorpresa", y a nosotros se nos ponía cara de panoli, por no
decir directamente, a la manera clásica, de cornudo? Si la democracia es tan cándida que sirve para amparar a sus propios sepultureros, nos lo ponen difícil,
pero seguiremos creyendo en la democracia.
Sortu no es ETA, efectivamente. Pero es algo de ETA. La cuestión es ese algo: qué es Sortu de ETA. ¿Son los mismos de siempre, pero con fachada nueva -y aquí
reclamo la pertinencia de la palabra 'fachada'? ¿O son precisamente los herejes de la banda, los que por fin han visto la luz de la democracia y abandonarán
para siempre la violencia política, y combatirán a quien la practique, en especial a la propia ETA? Todos, escamados por las once veces anteriores,
sospechamos que no, que Sortu es lo de siempre, una nueva franquicia de Batasuna, que a su vez es el brazo político de ETA. Todos lo sabemos, pero a fuer de
demócratas no podemos presumirlo, y ellos saben que no podemos, y reclaman, fariseos, su derecho a que se suponga que no son nada de ETA. Y se aprovechan.
Porque ahí está el problema: el estado de derecho no puede hacer un juicio de intenciones, ni dictar una "condena preventiva", ni privar de un derecho a un
grupo político nuevo que promete no ser nada de ETA, y que abomina de la violencia. Una verdadera aporía, que decían los filósofos: un callejón sin salida.
La historia de las diversas marcas de ETA ¿no les suena a sarcasmo y pitorreo? Primero les pedimos fidelidad a la Constitución, y lo hicieron "por imperativo
legal". Luego que condenaran la violencia, y lo hicieron, añadiendo con cierta coña que la peor violencia es la de las cloacas del Estado. Luego se les
exigió que en sus listas no hubiera nadie "contaminado" por habérsele visto un día tomando unos potes con un primo segundo de un etarra. Y presentaron
candidaturas "limpias" pero que ellos sabían dóciles. Ahora les pedimos que abominen de ETA directamente, de sus pompas y de sus obras, y lo hacen:
abrenuncio. Y si 'abrenuncian', ¿cómo podemos presuponer que mienten sin saltarnos la presunción de inocencia? ¿Quién nos dice que Sortu no constituye un
movimiento sincero, que en la galaxia abertzale hay muestras incipientes de arrepentimiento, una fisura que quizá acabe en cisma? Oponerse a esa dinámica
incipiente, ¿no será dificultar la llegada de la tan anhelada paz en el País Vasco? Algo de todo esto hay en las dudas de Patxi López y en la andanada de
Eguiguren. Y la solución planteada por el lehendakari es bastante chusca: no importan las palabras, sino los hechos. ¿Pero qué hechos se le va a pedir a un
grupo nuevo, por estrenar? ¿Cómo demuestro que no soy ladrón? ¿No es más bien al revés, que la prueba la debe dar el que me acusa de serlo? ¿Hay salida para
este sudoku, la aporía de Sortu?
La teoría jurídica es a menudo deudora del universo mental aristotélico. Por ejemplo, el concepto de 'persona' según la escolástica era algo substantivo, una
cualidad esencial, la racionalidad, que nos hace diferentes del resto de animales, los llamados 'brutos'. Soy persona porque tengo dentro de mí el ser
racional, y lo soy en cualquier momento y circunstancia, desde mi concepción como óvulo fecundado. O la propiedad: las cosas tienen en sí mismas la cualidad
de 'ser poseídas' por alguien. Desde ese marco formal, la aporía de la legalidad de Sortu tiene difícil solución. Pero hay otra filosofía, que en nuestro
caso puede sernos más útil. Los conceptos no corresponden a esencias, sino a relaciones. Algo no es nada por sí mismo, sino en relación a un sistema y una
red conceptual. Las cosas no son lo que son, sino lo que representan. Algo es mío en la medida en que es reconocido así por los demás. El dinero vale en la
medida que se le atribuye un valor. Y las leyes lo son no por su formulación absoluta, sino en la medida que son aceptadas por los ciudadanos.
Esto es especialmente útil en el caso de un partido político, que es básicamente una oferta que tiene que ser convalidada -votada- por los ciudadanos. No
importa qué sea un partido, ni qué diga acerca de sí mismo, y menos en este caso, que se presta tanto al disimulo y la impostura. Tampoco importa el pasado
de los miembros del partido, porque la gente tiene derecho a cambiar de opinión. Lo que importa, lo verdaderamente significativo, es qué piensan de ti, cómo
te juzga el electorado. Es el electorado quien atribuye los parámetros a un partido: qué lugar ocupa en el espectro político, qué fiabilidad tienen sus
proclamas y en qué relación se encuentra con otras instituciones: la Iglesia, otro estado, la Internacional, la Mafia calabresa o la ETA. Todo eso nos lo
dirá no el propio partido, sino los votantes. Señores jueces, si quieren saber qué es Sortu, hagan un sondeo fiable entre sus potenciales electores, el
censo, los que les votarían y los que no, y tendrán un retrato exacto y de alta definición. Los electores les dirán lo que todos sabemos: que Sortu ocupa el
lugar de Batasuna, que reúne a la gente de Batasuna, que será votado por los votantes de Batasuna: luego es Batasuna, no lo duden. Si fueran un grupo nuevo
disidente, ya se hubieran cuidado de diferenciarse, de marcar distancias para que la gente no se confunda. Pero no lo han hecho: es porque no quieren
confundir a nadie, y menos a los suyos: se cambian de nombre por imperativo legal, pero son lo mismo, son los mismos. Recuerden: un partido no es lo que es,
ni lo que él dice de sí, sino lo que la ciudadanía piensa de él. Porque un partido es una propuesta para ser votada por la ciudadanía.
andrés freire / vigo ABC Galicia 22 Marzo 2011
HACE unos años, en plena tormenta por el dichoso decreto de lenguas que consagraba de facto la exclusión del español de nuestro sistema educativo, el Club
Financiero de Vigo osó protestar en voz alta lo que tantos decían sotto voce: con este decreto, nos va a costar cada vez más atraer a Galicia talento
foráneo. Los profesionales no aceptarán un trabajo aquí, si éste puede dañar los estudios de sus hijos. El nacionalismo respondió a esto con su habitual
indignación y escándalo, marcando desde entonces y para siempre al Club Financiero entre los enemigos de Galicia… En este contexto, han pasado desapercibidas
las recientes declaraciones del director de la Agencia Europea de Pesca radicada en Vigo (gracias, por cierto, a un Aznar al que la ciudad olívica nunca ha
agradecido este gesto) explicando los problemas escolares que sufren los hijos de los funcionarios europeos a causa de la carencia de un colegio
internacional en la ciudad. Nuestro sistema educativo con clases en castellano y aún más clases en gallego ha provocado que muchos funcionarios manden a sus
vástagos de vuelta al norte, donde pueden estudiar en la lengua de su elección. Nuestras escuelas (¡ay!) no resultan atractivas para estudiantes forasteros.
El nacionalismo responde a esta cuestión con un argumento muy conocido: En Francia se estudia en francés, en Inglaterra en inglés, etcétera; por tanto, en
Galicia, en gallego. La falsía es doble. Primero, en Bretaña, en Escocia (hay muchos más ejemplos) no se estudia en sus respectivos dialectos celtas, sino en
francés y en inglés. Es más, Irlanda, modelo secular del nacionalismo, vende el inglés como una de las ventajas competitivas de su país frente al mundo. La
segunda falsía es aún más obvia. La integración social en Galicia no requiere del gallego, basta con el español. De hecho, un muchacho extranjero que se
radique en Vigo comprobará pronto que allí el gallego es una lengua minoritaria, acaso útil si quiere sumergirse en los abigarrados reductos nacionalistas. Y
es que el estudio en gallego no nace de su necesidad para la integración social, sino de una mitología nacionalista que el resto ha aceptado en leyes y
El caso de la Agencia nos recuerda que tenemos aún una educación insular que repele a los elementos foráneos. Acaso ello no preocupe al nacionalismo, que
sueña una Galicia cerrada y enxebre. Pero los que pretendemos una Galicia abierta al mundo tenemos que seguir concernidos. La educación patriótica es una
opción legítima para aquel que la desee. Pero quienes quieran una educación abierta y plural, centrada en personas y no en soñadas naciones, han de tener esa
posibilidad, sin una Consellería que imponga una lengua y un unánime patriotismo.
POLÍTICA | Pleno en el Congreso
Agustín Yanel | Agencias | Madrid El Mundo 22 Marzo 2011
El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado por 24 votos a favor, 308 en contra y una abstención, una iniciativa defendida por CiU, PNV, ERC, ICV y
Grupo Mixto para reformar el Reglamento de la Cámara Baja y que en ella se permita el uso de las lenguas cooficiales, tanto en escritos como en
intervenciones parlamentarias.
La votación estuvo precedida de algunos momentos de tensión entre el presidente de la Cámara, José Bono, y algunos diputados nacionalistas, que usaron sus
lenguas cooficiales a pesar de estar prohibido su uso en la Cámara Baja.
El diputado del PNV Aitor Esteban ha intervenido esta tarde en el Pleno del Congreso pronunciando gran parte de su discurso en euskara. Poco antes, la
representante de CiU Montserrat Surroca, que intervino en castellano, pronunció algunas frases en catalán. Más tarde, el diputado de ERC Joan Tardà ha
hablado durante unos minutos en catalán, a pesar de que en esta Cámara sólo se puede utilizar la lengua castellana.
El presidente, José Bono, no les interrumpió, pero al final les recordó que no puede hablar en lenguas distintas al castellano si antes no se cambia la ley.
'Siendo muchos los que quisiéramos entender lo que su señoría decía, no le hemos entendido'
El pleno del Congreso debatía precisamente en ese momento si tramita una proposición de CiU, PNV, ERC, IU-CV, BNG Y Na-Bai en la que se pide reformar el
Reglamento de la Cámara para poder usar en ella no sólo el castellano sino también las lenguas que tienen carácter cooficial en algunas comunidades: catalán,
gallego y euskara.
'No molesta oir hablar en euskara'
Aitor Esteban intervino en euskara y, cuando concluyó, Bono le explicó que no le había interrumpido "para demostrarle que somos muchos a los que no les
molesta oir hablar en euskara". "Sin embargo, yo apelo a su inteligencia y a su sentido común para que no ponga límites a su comprensión. Porque, siendo
muchos los que quisiéramos entender lo que su señoría decía, no le hemos entendido», añadió, con cierta ironía.
Bono le pidió que no vuelva a utilizar el euskara durante una intervención mientras no se modifique la ley y el Reglamento de la Cámara "para que no pueda
decirse que en esta casa se limita la libertad a nadie".
El presidente del Congreso ha recordado que algunas leyes, y ha puesto como ejemplo la que prohíbe fumar en todos los locales públicos, no gusta a muchos
ciudadanos pero son obligados a cumplirla.
A continuación intervino el diputado Joan Tardà, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien comenzó a hablar en castellano pero se expresó durante
tras minutos en catalán. Al acabar, Bono repitió la misma indicación: "He querido dejarle que terminase un parlamento largo en catalán para impedir que
quienes hacen demagogia con las lenguas pudiesen titular mañana que en el Congreso se prohíbe o se limita la libertad".
"Aquí se va a cumplir estrictamente la ley", ha subrayado, "en el sentido de que la única lengua oficial de España es el castellano", concluyó.
El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Francisco Jorquera, ha hablado en castellano pero ha hecho una cita del escritor Alfonso Castelao en
gallego y también ha pronunciado en esa lengua cooficial algunas frases del final de su intervención.
La propuesta de los partidos nacionalistas no va a prosperar, cuando sea votada esta misma tarde, porque el PP y el PSOE ya han anunciado que no la apoyarán.
Ignacio Astarloa, del PP, ha pedido a lo nacionalistas que respeten la lengua oficial española, y ha indicado que su propuesta es mucho más amplia que la
aprobada el año pasado en el Senado, que permite utilizar en la Cámara Alta las lenguas autonómicas con traducción simultánea en algunas sesiones.
Tampoco contará con el apoyo del PSOE. El socialista Pedro Muñoz ha afirmado que los partidos nacionalistas han presentado esta propuesta por "intereses
electorales" en vísperas de los comicios municipales y autonómicos del próximo 22 de mayo.
Con la propuesta que hoy se debate se persigue modificar el artículo 6 del Reglamento de la Cámara Baja para permitir a los diputados gallegos, catalanes y
vascos puedan utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en su actividad parlamentaria.
En concreto, en la presentación de escritos e iniciativas parlamentarias, cuya publicación se reproducirá en las versiones en que hubieran sido presentados
adjuntándose su traducción al castellano, y en las intervenciones ante el Pleno, la Diputación Permanente y las distintas comisiones parlamentarias.
En la pasada legislatura, el presidente del Congreso, Manuel Marín, intentó que sus señorías pudieran al menos hacer uso de las lenguas cooficiales ante el
Pleno, aunque fuera de forma limitada y facilitando la traducción a los servicios de la Cámara.
Asimismo, el texto impulsado por Esquerra también aboga por que los ciudadanos y las instituciones puedan utilizar en los escritos que dirijan al Congreso
cualquiera de las lenguas que tengan carácter oficial en algunas de las comunidades autónomas.
En abril del año pasado, los republicanos catalanes ya invitaron a las demás formaciones del Congreso a suscribir una iniciativa similar que, sin embargo, no
llegó a registrarse. Ahora, una vez perfeccionada, ha cosechado el apoyo de diversas fuerzas del arco parlamentario.
Desde ERC esperan un cambio de criterio en el PSOE, ya que los socialistas permitieron en el Senado el uso del catalán, el gallego y el euskera, argumentando
entonces que su utilización en la Cámara Alta tiene sentido por tratarse de un órgano legislativo de carácter territorial.
En virtud de esa reforma del Reglamento de la Cámara Alta, que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo PP y UPN, los senadores pueden utilizar todas
las lenguas oficiales del Estado en los plenos a partir del presente año, aunque sólo en el debate de las mociones y no en las sesiones de control al
Gobierno o el debate de iniciativas legislativas. Esto ha supuesto contratar a 25 intérpretes para conseguir que los senadores se entiendan y un desembolso
de 12.000 euros por sesión.
Ya se intentó en 2009
En julio de 2009, los grupos minoritarios ya hicieron llegar una carta al presidente del Congreso en la que le pedían quefacilitara el uso de las lenguas
oficiales distintas del castellano en el Congreso. A su petición, que rechazaron firmar el PSOE, el PP y UPyD, Bono respondió subrayando la necesidad de
llevar a cabo una reforma del Reglamento del Congreso.
De poco les sirvió a los nacionalistas el ruido, puesto que su iniciativa no salió adelante por los votos en contra del PSOE y del PP.
Bono permite el uso del euskera, gallego y catalán porque no quiere titulares "demagogos"
www.gaceta.es 22 Marzo 2011
El presidente del Congreso que dejó que los partidos nacionalistas usaran las lenguas vernáculas para defender una moción que permita su uso en la Cámara
Baja justificó su decisión en que no quería que la prensa se dijera que en el hemiciclo se impide dicha libertad.
El presidente del Congreso, José Bono, ha permitido hoy el uso del catalán, el gallego y el euskera en el debate de una moción en la que los partidos
nacionalistas defendían poder usar las lenguas cooficiales en sus intervenciones y escritos en la Cámara Baja.
La moción se va a rechazar con los votos del PP y PSOE, razón por la que los promotores de la iniciativa (CiU, PNV, ERC y BNG) que también firma IU han
criticado a los dos principales partidos por negarse a normalizar la pluralidad lingüística en el Congreso.
Bono ha permitido el uso de las tres lenguas y ha asegurado que lo hacía para demostrar que en el Congreso impera la libertad y porque no quiere ver mañana
titulares "demagogos" en los que se diga que en la Cámara Baja se impide dicha libertad.
La primera en utilizar un idioma distinto ha sido la diputada de CiU Montserrat Surroca, quien ha finalizado su intervención con el extracto de unos versos
en catalán del poeta Maragall: "Escucha, España, la voz de un hijo que te habla en lengua no castellana".
El diputado del PNV Aitor Esteban ha ido más allá y ha hablado en euskera durante la mayor parte de su intervención.
Antes, Esteban ha lamentado en castellano que PP y PSOE sigan negando a los diputados "nada más y nada menos" que el derecho a hablar en su lengua.
Tras escuchar a Esteban, Bono ha asegurado que son muchos, incluido él, a los que les "agrada" oír hablar en euskera, aunque ha apelado a la "inteligencia" y
el "sentido común" del diputado para que defendiera su moción en un idioma que pudiesen entender todos.
Mientras los pocos diputados presentes en la Cámara han escuchado callados y sin protestar el discurso de Esteban, ha sido después, tras la intervención del
diputado de ERC Joan Tardá, cuando se ha calentado un poco el ambiente.
Bono ha tenido incluso que llamar al orden al diputado del PP Ricardo Tarno, que en varias ocasiones ha pedido al presidente del Congreso que dejase de
permitir el uso de otras lenguas.
En su intervención, Tardá ha dicho en catalán que los catalanes, valencianos, vascos o gallegos deberían tener "derecho" en el Parlamento a hablar en su
lengua. "No nos rendimos porque defender nuestra lengua es defendernos a nosotros mismos", ha apuntado.
Bono también se ha dirigido a Tardá para insistir en que su permisividad de hoy era una excepción y ha recordado que el castellano es "la única lengua
oficial del Estado" según la Constitución, que señala que las otras lenguas son también oficiales en sus respectivas comunidades.
Francisco Jorquera, del BNG, ha citado en gallego unas palabras del histórico galleguista Alfonso Rodríguez Castelao: "las lenguas nos hacen humanos, la
variedad de idiomas y culturas es el signo distintivo de nuestra especie, lo que nos hace distintos a los animales".
Jorquera ha pedido a PP y PSOE que demuestren "su respeto a la diversidad, que no es un eslogan".
En su toma de posición, el diputado del PP Ignacio Astarloa ha reprochado a Bono que no haya hecho cumplir la ley al permitir el uso de las lenguas
cooficiales y ha criticado la "inoportunidad" de esta iniciativa.
"Con la que está cayendo no sé qué hacemos mirándonos el ombligo y debatiendo esto por enésima vez", ha dicho Astarloa, quien ha recordado la "indignación"
que ha supuesto para la ciudadanía que el coste de traducores y "pinganillos" se haya multiplicado por diecisiete con el uso de las lenguas cooficiales en el
"El uso de las mal llamadas lenguas propias está garantizado donde es lógico y natural, en los lugares donde se habla", ha dicho el diputado del PP, que ha
criticado el "celo" de algunas comunidades, que acaban "discriminando al castellano, desafiando al Supremo y al Constitucional".
El diputado socialista Pedro José Muñoz ha justificado el rechazo de su grupo por entender que la iniciativa tenía una clara intención electoralista y ha
explicado que su partido estuvo a favor del uso de las lenguas cooficiales en el Senado por el carácter territorial de esa Cámara.EFE

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 artículo 6