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Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO, SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL (BOE DEL 23)
Art. 2. Ambito de aplicación
Capítulo II. Del régimen de la propiedad por pisos o locales (Arts. 3 a 23)
Art. 3. Derechos del propietario
Art. 4. Acción de división
Art. 5. Título constitutivo de la propiedad
Art. 6. Normas de régimen interior
Art. 7. Modificaciones y actividades prohibidas
Art. 8. Divisiones y agregaciones (derogado)
Art. 9. Obligaciones del propietario
Art. 10. Obras necesarias
Art. 11. Mejoras e innovaciones (derogado)
Art. 12. Modificación del inmueble (derogado)
Art. 13. Organos de gobierno
Art. 14. Funciones de la Junta de Propietarios
Art. 15. Asistencia y voto en la Junta de Propietarios
Art. 16. Convocatoria y reunión de la Junta de Propietarios
Art. 17. Acuerdos de la Junta de propietarios
Art. 18. Impugnación de los acuerdos de la Junta de Propietarios
Art. 19. Actas de la Junta de Propietarios
Art. 21. Procedimiento para exigir responsabilidades
Art. 22. Responsabilidad frente a terceros
Art. 23. Extinción
Capítulo III. Del Régimen de los complejos inmobiliarios privados (Art. 24)
Art. 24. Régimen de los complejos inmobiliarios privados
Primera. Aplicación de estatutos (pérdida de vigencia)
Segunda. Derecho de tanteo y retracto (pérdida de vigencia)
Única. Derogación (pérdida de vigencia)
Disposicion adicional, transitoria y final de la ley 8/1999, de 6 de abril
Hay un hecho social básico que en los tiempos modernos ha influido sobremanera en la ordenación de la propiedad urbana. Se manifiesta a través de un factor constante, cual es la insuprimible necesidad de las edificaciones, tanto para la vida de la persona y la familia como para el desarrollo de fundamentales actividades, constituidas por el comercio, la industria y, en general, el ejercicio de las profesiones. Junto a ese factor, que es constante en el sentido de ser connatural a todo sistema de vida y de convivencia dentro de una elemental civilización, se ofrece hoy, provocado por muy diversas determinaciones, otro factor que se exterioriza en términos muy acusados, y es el representado por las dificultades que entraña la adquisición, la disponibilidad y el disfrute de los locales habitables. La acción de Estado ha considerado y atendido a esta situación real en tres esferas, aunque diversas, muy directamente relacionadas: en la esfera de la construcción impulsándola a virtud de medidas indirectas e incluso, en ocasiones, afrontando de modo directo la empresa; en la esfera del arrendamiento, a través de una legislación frecuentemente renovada, que restringe el poder autónomo de la voluntad con el fin de asegurar una permanencia en el disfrute de las viviendas y los locales de negocio en condiciones económicas sometidas a un sistema de intervención y revisión, y en la esfera de la propiedad, a virtud principalmente de la llamada propiedad horizontal, que proyecta esta titularidad sobre determinados espacios de la edificación. La esencial razón de ser del régimen de la propiedad horizontal descansa en la finalidad de lograr el acceso a la propiedad urbana mediante una inversión de capital que, al poder quedar circunscrita al espacio y elementos indispensables para atender a las propias necesidades, es menos cuantiosa y, por lo mismo, más asequible a todos y la única posible para grandes sectores de personas. Siendo ello así, el régimen de la propiedad horizontal no sólo precisa ser reconocido, sino que además requiere que se le aliente y encauce, dotándole de una ordenación completa y eficaz. Y más aún si se observa que, por otra parte, mientras las disposiciones legislativas vigentes en materia de arrendamientos urbanos no pasan de ser remedios ocasionales, que resuelven el conflicto de intereses de un modo imperfecto, puesto que el fortalecimiento de la institución arrendaticia se consigue imponiendo a la propiedad una carga que difícilmente puede sobrellevar; en cambio, conjugando las medidas dirigidas al incremento de la construcción con un bien organizado régimen de la propiedad horizontal, se afronta el problema de la vivienda y los conexos a él en un plano más adecuado, que permite soluciones estables; y ello a la larga redundará en ventaja del propio régimen arrendaticio, que podrá, sin la presión de unas exigencias acuciantes, liberalizarse y cumplir normalmente su función económico-social.
La Ley representa, más que una reforma de la legalidad vigente, la ordenación "ex novo", de manera completa, de la propiedad por pisos. Se lleva a cabo mediante una Ley de carácter general, en el sentido de ser de aplicación a todo el territorio nacional. El artículo 396 del Código Civil, como ocurre en supuestos análogos, recoge las notas esenciales de este régimen de propiedad y, por lo demás, queda reducido a norma de remisión. El carácter general de la Ley viene aconsejado, sobre todo, por la razón de política legislativa derivada de que la necesidad a que sirve se manifiesta por igual en todo territorio; pero también se ha tenido en cuenta una razón de técnica legislativa, como es la de que las disposiciones en que se traduce, sin descender a lo reglamentario, son a veces de una circunstanciada concreción que excede de la tónica propia de un Código Civil.
La propiedad horizontal hizo su irrupción en los ordenamientos jurídicos como una modalidad de la comunidad de bienes. El progresivo desenvolvimiento de la institución ha tendido principalmente a subrayar los perfiles que la independizan de la comunidad. La modificación que introdujo la Ley de 26 de octubre de 1939 en el texto del artículo 396 del Código Civil ya significó un avance en ese sentido, toda vez que reconoció la propiedad privativa o singular del piso o local, quedando la comunidad, como accesoria, circunscrita a lo que se ha venido llamando elementos comunes. La Ley —que recoge el material preparado con ponderación y cuidado por la Comisión de Códigos— dando un paso más, pretende llevar al máximo posible la individualización de la propiedad desde el punto de vista del objeto. A tal fin, a este objeto de la relación, constituido por el piso o local, se incorpora el propio inmueble, sus pertenencias y servicios. Mientras sobre el piso "stricto sensu", o espacio delimitado y de aprovechamiento independiente, el uso y disfrute son privativos, sobre el "inmueble", edificación, pertenencias y servicios —abstracción hecha de los particulares espacios— tales uso y disfrute han de ser, naturalmente, compartidos; pero unos y otros derechos, aunque distintos en su alcance, se reputan inseparablemente unidos, unidad que también se mantiene respecto de la facultad de disposición. Con base en la misma idea se regula el coeficiente o cuota, que no es ya la participación en lo anteriormente denominado elementos comunes, sino que expresa, activa y también pasivamente, como módulo para cargas, el valor proporcional del piso y a cuanto él se considera unido en el conjunto del inmueble, el cual, al mismo tiempo que se divide física y jurídicamente en pisos o locales se divide así económicamente en fracciones o cuotas.
En este propósito individualizador no hay que ver una preocupación dogmática y mucho menos la consagración de una ideología de signo individualista. Se trata de que no olvidando la ya aludida función social que cumple esta institución, cabe entender que el designio de simplificar y facilitar el régimen de la propiedad horizontal se realiza así de modo más satisfactorio. Con el alejamiento del sistema de la comunidad de bienes resulta ya no sólo congruente, sino tranquilizadora la expresa eliminación de los derechos de tanteo y retracto, reconocidos, con ciertas peculiaridades, en la hasta ahora vigente redacción del mencionado artículo 396. Ahora bien: tampoco en este caso ha sido esa sola consideración técnica la que ha guiado la Ley. Decisivo influjo ha ejercido tanto la notoria experiencia de que actualmente se ha hecho casi cláusula de estilo la exclusión de tales derechos como el pensamiento de que no se persigue aquí una concentración de la propiedad de los pisos o locales, sino, por el contrario, su más amplia difusión.
Motivo de especial estudio ha sido lo concerniente a la constitución del régimen de la propiedad horizontal y a la determinación del conjunto de deberes y derechos que lo integran. Hasta ahora, y ello tiene una justificación histórica, esta materia ha estado entregada casi de modo total, en defecto de normas legales, a la autonomía privada reflejada en los Estatutos. Éstos, frecuentemente, no eran fruto de las libres determinaciones recíprocas de los contratantes, sino que, de ordinario, los dictaba, con sujeción a ciertos tipos generalizados por la práctica, el promotor de la empresa de construcción, limitándose a prestar su adhesión las personas que ingresaban en el régimen de la propiedad horizontal. La Ley brinda una regulación que, por un lado, es insuficiente por sí —con las salvedades dejadas a la iniciativa privada— para constituir, en lo esencial, el sistema jurídico que presida y gobierne esta clase de relaciones, y, por otro lado, admite que, por obra de la voluntad, se especifiquen, completen y hasta modifiquen ciertos derechos y deberes, siempre que no se contravengan las normas de derecho necesario, claramente deducibles de los mismos términos de la Ley. De ahí que la formulación de Estatutos no resultará indispensable, si bien podrán éstos cumplir la función de desarrollar la ordenación legal y adecuarla a las concretas circunstancias de los diversos casos y situaciones.
Los derechos de disfrute tienden a atribuir al titular las máximas posibilidades de utilización, con el límite representado tanto por la concurrencia de los derechos de igual clase de los demás cuanto por el interés general, que se encarna en la conservación del edificio y en la subsistencia del régimen de propiedad horizontal, que requiere una base material y objetiva. Por lo mismo, íntimamente unidos a los derechos de disfrute aparecen los deberes de igual naturaleza. Se ha tratado de configurarlos con criterios inspirados en las relaciones de vecindad, procurando dictar unas normas dirigidas a asegurar que el ejercicio del derecho propio no se traduzca en perjuicio del ajeno ni en menoscabo del conjunto, para así dejar establecidas las bases de convivencia normal y pacífica.
Además de regular los derechos y deberes correspondientes al disfrute, la Ley se ocupa de aquellos otros que se refieren a los desembolsos económicos a que han de atender conjuntamente los titulares, bien por derivarse de las instalaciones y servicios de carácter general, o bien por constituir cargas o tributos que afectan a la totalidad del edificio. El criterio básico tenido en cuenta para determinar la participación de cada uno en el desembolso a realizar en la expresada cuota o coeficiente asignado al piso o local, cuidándose de significar que la no utilización del servicio generador del gasto no exime de la obligación correspondiente.
Una de las más importantes novedades que contiene la Ley es la de vigorizar en todo lo posible la fuerza vinculante de los deberes impuestos a los titulares, así por lo que concierne a disfrute del apartamento, cuanto por lo que se refiere al abono de gastos. Mediante la aplicación de las normas generales vigentes en la materia, el incumplimiento de las obligaciones genera la acción dirigida a exigir judicialmente su cumplimiento, bien de modo específico, esto es, imponiendo a través de la coacción lo que voluntariamente no se ha observado, o bien en virtud de la pertinente indemnización. Pero esta normal sanción del incumplimiento puede no resultar suficientemente eficaz en casos como los aquí considerados, y ello por diversas razones: una es la de que la inobservancia del deber trae repercusiones sumamente perturbadoras para grupos extensos de personas, al paso que dificulta el funcionamiento del régimen de propiedad horizontal; otra razón es la de que, en lo relativo a los deberes de disfrute, la imposición judicial del cumplimiento específico es prácticamente imposible por el carácter negativo de la obligación, y la indemnización no cubre la finalidad que se persigue de armonizar la convivencia. Por eso se prevé la posibilidad de la privación judicial del disfrute del piso o local cuando concurran circunstancias taxativamente señaladas, y por otra parte se asegura la contribución a los gastos comunes con una afectación real del piso o local al pago de este crédito considerado preferente.
La concurrencia de una colectividad de personas en la titularidad de derechos que, sin perjuicio de su sustancial individualización, recaen sobre fracciones de un mismo edificio y dan lugar a relaciones de interdependencia que afectan a los respectivos titulares ha hecho indispensable en la práctica la creación de órganos de gestión y administración. La Ley, que en todo momento se ha querido mostrar abierta a las enseñanzas de la experiencia, la ha tenido muy especialmente en cuenta en esta materia. Y fruto de ella, así como de la detenida ponderación de los diversos problemas, ha sido confiar normalmente el adecuado funcionamiento del régimen de propiedad horizontal a tres órganos: la Junta, el Presidente de la misma y el Administrador. La Junta, compuesta de todos los titulares, tiene los cometidos propios de un órgano rector colectivo, ha de reunirse preceptivamente una vez al año, y para la adopción de acuerdos válidos se requiere, por regla general, el voto favorable tanto de la mayoría numérica o personal cuanto de la económica, salvo cuando la trascendencia de la materia requiera la unanimidad, o bien cuando, por el contrario, por la relativa importancia de aquélla, y para que la simple pasividad de los propietarios no entorpezca el funcionamiento de la institución, sea suficiente la simple mayoría de los asistentes. El cargo de Presidente, que ha de ser elegido del seno de la Junta, lleva implícita la representación de todos los titulares en juicio y fuera de él, con lo que se resuelve el delicado problema de legitimación que se ha venido produciendo. Y, finalmente, el Administrador, que ha de ser designado por la Junta y es amovible, sea o no miembro de ella, ha de actuar siempre en dependencia de la misma, sin perjuicio de cumplir en todo caso las obligaciones que directamente se le imponen.
El número cuarto del mencionado artículo octavo prevé la hipótesis normal de constitución del régimen de propiedad horizontal, es decir, la construcción de un edificio por un titular que lo destine precisamente a la enajenación de pisos, y el caso, menos frecuente, de que varios propietarios de un edificio traten de salir de la indivisión de mutuo acuerdo, o construyan un edificio con ánimo de distribuirlo, "ab initio", entre ellos mismos, transformándose en propietarios singulares de apartamentos o fracciones independientes. A título excepcional, y con el mismo propósito de simplificar los asientos, se permite inscribir a la vez la adjudicación concreta de los repetidos apartamentos a favor de sus respectivos titulares, siempre que así lo soliciten todos ellos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY 8/1999, DE 6 DE ABRIL
Artículo 1.— La presente Ley tiene por objeto la regulación de la forma especial de propiedad establecida en el artículo 396 del Código Civil, que se denomina propiedad horizontal.
Este artículo 1 ha sido redactado por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
VIGENTE DE 12 DE AGOSTO DE 1960 A 27 DE ABRIL DE 1999.
Artículo 1.—El artículo 396 del Código Civil quedará redactado como sigue:
"Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública, podrán ser objeto de propiedad separada, que llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los demás elementos del edificio necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones, pasos, muros, fosos, patios, pozo, escaleras, porterías, ascensores, corredores, cubiertas, canalizaciones y servidumbres.
"Si se tratare de un edificio cuyas características lo permitan, a solicitud de cualquiera de los comuneros, la división podrá realizarse mediante la adjudicación de pisos o locales independientes, con sus elementos comunes anejos, en la forma prevista por el artículo 396".
Artículo 2.— Esta Ley será de aplicación:
Esta letra e) ha sido añadida por la Ley 8/2013, de 26 de junio (BOE del 27), de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Este artículo 2 ha sido redactado, salvo las excepciones hechas, por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 8/1999, DE 6 DE ABRIL (BOE DEL 8). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
VIGENTE DE 28 DE ABRIL DE 1999 A 27 DE JUNIO DE 2013.
Artículo 2.—Esta Ley será de aplicación:
Artículo 2.—Se modifica el número 3 del artículo 8, al que se añaden dos números más, el 4 y 5 y el número undécimo del artículo 107, ambos de la Ley Hipotecaria, que quedan redactados al tenor siguiente:
Tercero.—Las fincas urbanas y edificios en general, aunque pertenezcan a diferentes dueños en dominio pleno o menos pleno.
Cuarto.—Los edificios en régimen de propiedad por pisos cuya construcción esté concluida o, por lo menos, comenzada.
En la inscripción se describirán, con las circunstancias prescritas por la Ley, además del inmueble en su conjunto, sus distintos pisos o locales susceptibles de aprovechamiento independiente, asignando a éstos un número correlativo, escrito en letra, y la cuota de participación que a cada uno corresponde en relación con el inmueble. En la inscripción del solar o del edificio en conjunto se harán constar los pisos meramente proyectados.
Quinto.—Los pisos o locales de un edificio en régimen de propiedad horizontal, siempre que conste previamente en la inscripción del inmueble la constitución de dicho régimen".
Undécimo.—Los pisos o locales de un edificio en régimen de propiedad horizontal inscritos conforme a lo que determina el artículo 8"
La rúbrica de este capítulo II ha sido redactada por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
Artículo 3.— En el régimen de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil corresponde a cada piso o local:
A cada piso o local se atribuirá una cuota de participación con relación al total del valor del inmueble y referida a centésimas del mismo. Dicha cuota servirá de módulo para determinar la participación en las cargas y beneficios por razón de la comunidad. Las mejoras o menoscabos de cada piso o local no alterarán la cuota atribuida, que sólo podrá variarse de acuerdo con lo establecido en los
artículos 10 y 17 de esta Ley.
VIGENTE DE 12 DE AGOSTO DE 1960 A 27 DE JUNIO DE 2013.
Artículo 3.—En el régimen de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil corresponde al dueño de cada piso o local:
Cada propietario puede libremente disponer de su derecho sin poder separar los elementos que lo integran y sin que la transmisión del disfrute afecte a las obligaciones derivadas de este régimen de propiedad.
Artículo 4.—La acción de división no procederá para hacer cesar la situación que regula esta Ley. Sólo podrá ejercitarse por cada propietario proindiviso sobre un piso o local determinado, circunscrita al mismo, y siempre que la proindivisión no haya sido establecida de intento para el servicio o utilidad común de todos los propietarios.
Artículo 5.—El título constitutivo de la propiedad por pisos o locales describirá, además del inmueble en su conjunto, cada uno de aquellos al que se asignará número correlativo. La descripción del inmueble habrá de expresar las circunstancias exigidas en la legislación hipotecaria y los servicios e instalaciones con que cuente el mismo. La de cada piso o local expresará su extensión, linderos, planta en la que se hallare y los anejos, tales como garaje, buhardilla o sótano.
Artículo 6.—Para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes, y dentro de los límites establecidos por la Ley y los estatutos, el conjunto de propietarios podrá fijar normas de régimen interior, que obligarán también a todo titular mientras no sean modificadas en la forma prevista para tomar acuerdos sobre la administración.
Artículo 7.— 1. El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad.
Este artículo 7 ha sido redactado, salvo la excepción hecha, por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 8/1999, DE 6 DE ABRIL (BOE DEL 8). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
VIGENTE DE 28 DE ABRIL DE 1999 A 7 DE ENERO DE 2001.
Artículo 7.—1. El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad.
Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará por las normas que regulan el juicio de cognición.
Artículo 7.—El propietario de cada piso podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél, cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad.
Artículo 8.—Los pisos o locales y sus anejos podrán ser objeto de división material, para formar otros más reducidos e independientes, y aumentados por agregación de otros colindantes del mismo edificio, o disminuidos por segregación de alguna parte.
En tales casos se requerirá, además del consentimiento de los titulares afectados, la aprobación de la junta de propietarios, a la que incumbe la fijación de las nuevas cuotas de participación para los pisos reformados con sujeción a lo dispuesto en el artículo 5, sin alteración de las cuotas restantes.
Artículo 9.— 1. Son obligaciones de cada propietario:
Este apartado 2 ha sido redactado por la Ley 8/2013, de 26 de junio (BOE del 27), de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Este artículo 9 ha sido redactado, salvo las excepciones hechas, por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 8/1999, DE 6 DE ABRIL (BOE DEL 8). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
Artículo 9.—1. Son obligaciones de cada propietario:
2. Para la aplicación de las reglas del apartado anterior se reputarán generales los gastos que no sean imputables a uno o varios pisos o locales, sin que la no utilización de un servicio exima del cumplimiento de las obligaciones correspondientes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.2 de esta Ley
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO ÚNICO DE LA LEY 2/1988, DE 23 DE FEBRERO (BOE DEL 27). INSERCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 5.ª PÁRRAFO TERCERO.
VIGENTE DE 19 DE MARZO DE 1988 A 27 DE ABRIL DE 1999.
Artículo 9.—Serán obligaciones de cada propietario:
Primera.—Respetar las instalaciones generales o en provecho de otro propietario incluidas en su piso.
Segunda.—Mantener en buen estado de conservación su propio piso e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder.
Tercera.—Consentir en su piso las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas por la creación de servicios comunes de interés general, acordadas por las cuatro quintas partes de los propietarios en las condiciones previstas en el artículo siguiente, teniendo derecho a que la comunidad le resarza los daños y perjuicios.
Cuarta.—Permitir la entrada en su piso o local a los efectos prevenidos en los tres apartados anteriores.
Quinta.—Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.
Sexta.—Observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás titulares, y responder ante éstos de las infracciones cometidas por el que ocupe su piso, sin perjuicio de las acciones directas que procedan.
Para la aplicación de las reglas precedentes se reputarán generales los gastos que no sean imputables a uno o varios pisos, sin que la no utilización de un servicio exima del cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
VIGENTE DE 12 DE AGOSTO DE 1960 A 18 DE MARZO DE 1988.
Artículo 10.— 1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 26/2011, DE 1 DE AGOSTO (BOE DEL 2). MODIFICACIÓN DEL APARTADO 2.
VIGENTE DE 3 DE AGOSTO DE 2011 A 27 DE JUNIO DE 2013.
Artículo 10.—1. Será obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad.
5. Al pago de los gastos derivados de la realización de las obras de conservación y accesibilidad a que se refiere el presente artículo estará afecto el piso o local en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el artículo 9. para los gastos generales.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DA 3 DE LA LEY 51/2003, DE 2 DE DICIEMBRE (BOE DEL 3). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
VIGENTE DE 4 DE DICIEMBRE DE 2003 A 2 DE AGOSTO DE 2011.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 8/1999, DE 6 DE ABRIL (BOE DEL 8). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
VIGENTE DE 28 DE ABRIL DE 1999 A 3 DE DICIEMBRE DE 2003.
Artículo 10.—1. Será obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad y seguridad.
Artículo 10.—Ningún propietario puede exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos por la adecuada conservación y habitabilidad del inmueble, según su rango.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 26/2011, DE 1 DE AGOSTO (BOE DEL 2). MODIFICACIÓN DEL APARTADO 3.
Artículo 11.—1. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, según su naturaleza y características.
Artículo 11.—1. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad y seguridad del inmueble, según su naturaleza y características.
Artículo 11.—La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración en la estructura o fábrica del edificio o en las cosas comunes afectan al título constitutivo y deben someterse al régimen establecido para las modificaciones del mismo. El acuerdo que se adopte fijará la naturaleza de la modificación, las alteraciones que origine en la descripción de la finca y de los pisos o locales, la variación de cuotas y el titular o titulares de los nuevos locales o pisos.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 8/1999, DE 6 DE ABRIL (BOE DEL 8). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
Artículo 12.—La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes afectan al título constitutivo y deben someterse al régimen establecido para las modificaciones del mismo. El acuerdo que se adopte fijará la naturaleza de la modificación, las alteraciones que origine en la descripción de la finca y de los pisos o locales, la variación de cuotas y el titular o titulares de los nuevos locales o pisos.
Artículo 12.—Los propietarios elegirán de entre ellos un presidente, que representará en juicio y fuera de él a la comunidad en los asuntos que la afecten.
El presidente actuará al propio tiempo como secretario y administrador si los estatutos no determinan o los propietarios no acuerdan elegir a otras personas para desempeñar dichos cargos, que, a su vez, podrán recaer en una misma persona.
Artículo 13.— 1. Los órganos de gobierno de la comunidad son los siguientes:
2. El presidente será nombrado, entre los propietarios, mediante elección o, subsidiariamente, mediante turno rotatorio o sorteo. El nombramiento será obligatorio, si bien el propietario designado podrá solicitar su relevo al juez dentro del mes siguiente a su acceso al cargo, invocando las razones que le asistan para ello. El juez, a través del procedimiento establecido en el artículo 17.3.ª resolverá de plano lo procedente, designando en la misma resolución al propietario que hubiera de sustituir, en su caso, al presidente en el cargo hasta que se proceda a nueva designación en el plazo que se determine en la resolución judicial.
Este artículo 13 ha sido redactado por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
Artículo 13.—Corresponde a la junta de propietarios:
1.º Nombrar y remover a las personas que ejerzan los cargos mencionados en el artículo anterior y resolver las reclamaciones que los titulares de los pisos formulen contra la actuación de aquéllos.
2.º Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las cuentas correspondientes.
3.º Aprobar la ejecución de obras extraordinarias y de mejora y recabar fondos para su realización.
4.º Aprobar o reformar los estatutos y determinar las normas de régimen interior.
5.º Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad, acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común.
Artículo 14.— Corresponde a la Junta de propietarios:
c) Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras de reparación de la finca, sean ordinarias o extraordinarias, y ser informada de las medidas urgentes adoptadas por el administrador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.c)
Este artículo 14 ha sido redactado por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
Artículo 14.—La asistencia a la junta de propietarios será personal o por representación legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario.
Si se hallare en usufructo, la asistencia y el voto corresponden al nudo propietario, quien, salvo manifestación en contrario, se entenderá representado por el usufructuario, debiendo ser expresa la delegación cuando se trate de los acuerdos a que se refiere el número 1.º del artículo 16, o de las obras extraordinarias y de mejora.
Artículo 15.— 1. La asistencia a la Junta de propietarios será personal o por representación legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario.
Este artículo 15 ha sido redactado por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO ÚNICO DE LA LEY 2/1988, DE 23 DE FEBRERO (BOE DEL 27). MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO SEGUNDO.
Artículo 15.—La junta de propietarios se reunirá por lo menos una vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas, y en las demás ocasiones que lo considere conveniente el presidente o lo pidan la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación.
La convocatoria la hará el presidente y, en su defecto, los promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, lugar, día y hora en que se celebrará la Junta en primera o, en su caso, segunda convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, entregándose las citaciones, por escrito, en el domicilio en España que hubiere designado cada propietario y, en su defecto, en el piso o local a él perteneciente.
Artículo 16.— 1. La Junta de propietarios se reunirá por lo menos una vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas y en las demás ocasiones que lo considere conveniente el presidente o lo pidan la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación.
Si a la reunión de la Junta no concurriesen, en primera convocatoria, la mayoría de los propietarios que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación se procederá a una segunda convocatoria de la misma, esta vez sin sujeción a "quorum".
Este artículo 16 ha sido redactado por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO ÚNICO DE LA LEY 3/1990, DE 21 DE JUNIO (BOE DEL 22). MODIFICACIÓN DE LA NORMA PRIMERA PÁRRAFO PRIMERO.
VIGENTE DE 13 DE JULIO DE 1990 A 27 DE ABRIL DE 1999.
Artículo 16.—Los acuerdos de la Junta de Propietarios se sujetarán a las siguientes normas:
3.ª Cuando los propietarios que representen por lo menos la cuarta parte de las cuotas de participación estimaren gravemente perjudicial para ellos el acuerdo de la mayoría, podrán acudir al Juez para que decida sobre la procedencia del mismo, por los trámites establecidos en el número 2º, de este mismo artículo.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO ÚNICO DE LA LEY 2/1988, DE 23 DE FEBRERO (BOE DEL 27). MODIFICACIÓN DE LA NORMA SEGUNDA PÁRRAFO SEGUNDO.
VIGENTE DE 19 DE MARZO DE 1988 A 12 DE JULIO DE 1990.
1.ª La unanimidad para la validez de los que impliquen aprobación o modificación de reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad o en los estatutos.
5.ª Será Juez competente para conocer de as cuestiones a que se refieren los números segundo y tercero del presente artículo el municipal o comarcal del lugar donde esté sita la finca.
Artículo 17.— Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguientes reglas:
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 19/2009, DE 23 DE NOVIEMBRE (BOE DEL 24). MODIFICACIÓN DE LA NORMA 3.ª Y 4.ª.
VIGENTE DE 24 DE DICIEMBRE DE 2009 A 27 DE JUNIO DE 2013.
Artículo 17.—Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguientes normas:
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta ley la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con minusvalía, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
A los efectos establecidos en los párrafos anteriores de esta norma, se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9. no manifiesten su discrepancia por comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DE LA LEY 51/2003, DE 23 DE NOVIEMBRE (BOE DEL 3). MODIFICACIÓN DE LA NORMA 1.ª
VIGENTE DE 4 DE DICIEMBRE DE 2003 A 23 DE DICIEMBRE DE 2009.
A los efectos establecidos en los párrafos anteriores de esta norma, se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9 no manifiesten su discrepancia por comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 8/1999, DE 6 DE ABRIL (BOE DEL 8). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA DE LA LEY 10/1992, DE 30 DE ABRIL (BOE DE 5 DE MAYO). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
VIGENTE DE 6 DE MAYO DE 1992 A 27 DE ABRIL DE 1999.
Artículo 17.—Los acuerdos de la junta de propietarios se reflejarán en un libro de actas diligenciado por el Registrador de la Propiedad en la forma que reglamentariamente se disponga.
VIGENTE DE 12 DE AGOSTO DE 1960 A 5 DE MAYO DE 1992.
Artículo 17.—Los acuerdos de la junta de propietarios se reflejarán en un libro de actas foliado y sellado por el Juzgado municipal o comarcal correspondiente al lugar de la finca o diligenciado por Notario.
Artículo 18.— 1. Los acuerdos de la Junta de Propietarios serán impugnables ante los tribunales de conformidad con lo establecido en la legislación procesal general, en los siguientes supuestos:
2. Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. Para impugnar los acuerdos de la Junta el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9. entre los propietarios.
Este artículo 18 ha sido redactado por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
Artículo 18.—Corresponde al administrador:
1.º Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares.
2.º Preparar con la debida antelación y someter a la junta el plan de gastos previsibles, proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos.
3.º Atender a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones ordinarias, y en cuanto a las extraordinarias, adoptar las medidas urgentes, dando inmediata cuenta a la junta o, en su caso, a los propietarios.
4.º Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y realizar los cobros que sean procedentes.
5.º Actuar, en su caso, como secretario de la junta y custodiar, a disposición de los titulares, la documentación de la comunidad.
6.º Todas las demás atribuciones que se confieran por la junta.
Artículo 19.— 1. Los acuerdos de la Junta de propietarios se reflejarán en un libro de actas diligenciado por el Registrador de la Propiedad en la forma que reglamentariamente se disponga.
Este artículo 19 ha sido redactado por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
Artículo 19.—La infracción de las prohibiciones establecidas en el párrafo 3.º del artículo 7 dará lugar al apercibimiento al titular o, en su caso, al ocupante del piso o local. Desatendido el requerimiento por el titular ocupante, la junta podrá instar y obtener judicialmente la privación del uso del piso o local a aquél y a quienes con él convivan. Dicha privación la fijará discrecionalmente el Juez por un plazo no superior a dos años, atendida la gravedad de la falta, sin que afecte a los restantes derechos dominicales y a las obligaciones derivadas del título.
Artículo 20.— Corresponde al administrador:
Este artículo 20 ha sido redactado por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO ÚNICO DE LA LEY 2/1988, DE 23 DE FEBRERO (BOE DEL 27). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
Artículo 20.—1. Las obligaciones a que se refiere el número quinto del artículo 9 serán cumplidas por el que tenga la titularidad del piso o local, en el tiempo y forma determinados por la Junta. Si no lo hiciere, podrá el Presidente o el Administrador, si éste hubiere sido autorizado por la Junta, exigirlo por vía judicial sin necesidad de requerimiento previo alguno, salvo si los Estatutos exigiesen el requerimiento.
2. Cualquiera que fuere el procedimiento que se utilizare para el cobro, la certificación del acuerdo de la Junta, aprobatorio de la liquidación de la deuda, será documento suficiente, a los efectos del número 1 del artículo 1.400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que pueda decretarse el embargo preventivo de los bienes del deudor, siempre que tal acuerdo haya sido notificado al deudor en el domicilio en España que previamente haya designado o, en su defecto, en el propio piso o local.
VIGENTE DE 12 DE AGOSTO DE 19960 A 18 DE MARZO DE 1988.
Artículo 20—Las obligaciones a que se refiere el número 5 del artículo 9 serán cumplidas por el que tenga la titularidad del piso o local, en el tiempo y forma determinados por la Junta. Si no lo hiciere, será requerido de pago en forma fehaciente, y de no verificar éste en el plazo de quince días, se le podrá exigir por vía judicial.
Artículo 21.— 1. Las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 9 deberán cumplirse por el propietario de la vivienda o local en el tiempo y forma determinados por la Junta. En caso contrario, el presidente o el administrador, si así lo acordase la Junta de propietarios, podrá exigirlo judicialmente a través del proceso monitorio.
Este artículo 21 ha sido redactado por la Ley 1/2000, de 7 de enero (BOE del 8), de Enjuiciamiento Civil, con entrada en vigor el día 8 de enero de 2001.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 8/1999, DE 6 DE ABRIL (BOE DEL 8). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
Artículo 21.—1. Las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 9 deberán cumplirse por el propietario de la vivienda o local en el tiempo y forma determinados por la Junta. En caso contrario, el presidente o el administrador, si así lo acordase la Junta de propietarios, podrá exigirlo judicialmente a través del procedimiento establecido en este artículo.
2. La utilización de este procedimiento requeriría la previa certificación del acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad de propietarios por quien actúe como secretario de la misma, con el visto bueno del presidente, siempre que tal acuerdo haya sido notificado a los propietarios afectados en la forma establecida en el artículo 9
Artículo 21.—El régimen de propiedad horizontal se extingue:
Artículo 22.—1. La comunidad de propietarios responderá de sus deudas frente a terceros con todos los fondos y créditos a su favor. Subsidiariamente y previo requerimiento de pago al propietario respectivo, el acreedor podrá dirigirse contra cada propietario que hubiese sido parte en el correspondiente proceso por la cuota que le corresponda en el importe insatisfecho.
Este artículo 22 ha sido añadido por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
Artículo 23.—El régimen de propiedad horizontal se extingue:
Este artículo 23 mantiene la redacción del antiguo artículo 21 por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
Este Capítulo III (art. 24) ha sido añadido por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
Artículo 24.—1. El régimen especial de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil será aplicable a aquellos complejos inmobiliarios privados que reúnan los siguientes requisitos:
Esta disposición adicional ha sido añadida, salvo la excepción hecha, por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
— REDACCIÓN ORIGINARIA POR EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 8/1999, DE 6 DE ABRIL (BOE DEL 8).
Esta disposición adicional ha sido añadida por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8), con entrada en vigor el día 28 de abril.
Disposición transitoria primera.—La presente Ley regirá todas las comunidades de propietarios, cualquiera que sea el momento en que fueron creadas y el contenido de sus estatutos, que no podrán ser aplicados en contradicción con lo establecido en la misma.
Transcurridos dos años, cualquiera de los propietarios podrá instar judicialmente la adaptación prevenida en la presente disposición, por el procedimiento señalado en la norma 2.ª del artículo 16.
Esta disposición transitoria primera ha perdido su vigencia, tras la entrada en vigor de la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8).
Disposición transitoria segunda.—En los actuales estatutos reguladores de la propiedad por pisos, en los que esté establecido el derecho de tanteo y retracto en favor de los propietarios, se entenederán los mismos modificados en el sentido de quedar sin eficacia tal derecho, salvo que en nueva Junta, y por mayoría que represente, al menos, el 80 por ciento de los titulares, se acordare el mantenimiento de los citados derechos de tanteo y retracto en favor de los miembros de la comunidad.
Esta disposición transitoria segunda ha perdido su vigencia, tras la entrada en vigor de la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8).
Disposición final única.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.
Esta disposición final única ha perdido su vigencia, tras la entrada en vigor de la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE del 8).
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA DE LA LEY 8/1999, DE 6 DE ABRIL
"Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública podrán ser objeto de propiedad separada, que llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio, que son todos los necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones y cubiertas; elementos estructurales y entre ellos los pilares, vigas, forjados y muros de carga; las fachadas, con los revestimientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los elementos de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores; el portal, las escaleras, porterías, corredores, pasos, muros, fosos, patios, pozos y los recintos destinados a ascensores, depósitos, contadores, telefonías o a otros servicios o instalaciones comunes, incluso aquellos que fueren de uso privativo; los ascensores y las instalaciones, conducciones y canalizaciones para el desagüe y para el suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de aprovechamiento de energía solar; las de agua caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, ventilación o evacuación de humos; las de detección y prevención de incendios; las de portero electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las de antenas colectivas y demás instalaciones para los servicios audiovisuales o de telecomunicación, todas ellas hasta la entrada al espacio privativo; las servidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino resulten indivisibles.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA DE LA LEY 8/1999, DE 6 DE ABRIL
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA DE LA LEY 8/1999, DE 6 DE ABRIL

References: artículo 396
 artículo 396
 artículo 396

Artículo 1
 artículo 396
 artículo 1

Artículo 1
 artículo 396
 artículo 396

Artículo 2
 artículo 2
 ARTÍCULO 2

Artículo 2

Artículo 2
 artículo 8
 artículo 107
 artículo 8

Artículo 3
 artículo 396

Artículo 3
 artículo 396

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 7
 ARTÍCULO 7

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 5

Artículo 9
 artículo 9
 ARTÍCULO 5

Artículo 9
 artículo 11

Artículo 9

Artículo 10
 ARTÍCULO 15

Artículo 10
 artículo 9
 ARTÍCULO 6

Artículo 10

Artículo 10
 ARTÍCULO 15

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 11
 ARTÍCULO 8

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 artículo 13

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 20
 artículo 14

Artículo 14
 artículo 16

Artículo 15
 artículo 15

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 16

Artículo 16

Artículo 17
 ARTÍCULO 3

Artículo 17
 artículo 9
 artículo 9
 ARTÍCULO 13

Artículo 17

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 9
 artículo 18

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 19

Artículo 19
 artículo 7

Artículo 20
 artículo 20

Artículo 20
 artículo 9
 artículo 1

Artículo 20
 artículo 9

Artículo 21
 artículo 9
 artículo 21
 ARTÍCULO 17

Artículo 21
 artículo 9
 artículo 9

Artículo 21

Artículo 22
 artículo 22

Artículo 23
 artículo 23
 artículo 21

Artículo 24
 artículo 396
 ARTÍCULO 21
 artículo 16