Source: http://iualcobendas.blogspot.com/2018/12/10dic-dia-internacional-de-los-derechos.html
Timestamp: 2019-08-23 22:29:55+00:00

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Hace setenta años que la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acabada la segunda Guerra Mundial y derrotado el fascismo en la mayor parte de Europa, la humanidad trató de fijar unos principios básicos sobre los que todas las personas y sociedades pudieran desarrollarse en igualdad. Setenta años más tarde, no han dejado de ser una quimera. La realidad de las personas trabajadoras en el Estado español y en la mayor parte del planeta confirma que estos principios básicos son constantemente violados.
Mientras el Artículo 25 de la Declaración habla de la vivienda como un pilar básico para acceder al derecho a un nivel de vida adecuado. Las burbujas inmobiliarias y del alquiler, alimentadas por la especulación, hacen que cada vez sea más difícil tener una vivienda. En el Estado español hay más de 40.000 personas sin hogar mientras hay 3,5 millones de viviendas vacías que acumulan bancos y grandes propietarios, alentados por algunas Administraciones que, en lugar de garantizar el acceso, venden vivienda pública a fondos buitre para que especulen con ella. La turistificación creciente está empeorando esta situación y expulsando a los vecinos y vecinas de numerosos pueblos y barrios.
El Artículo 23 confirma el derecho al trabajo, a un salario igual por el mismo trabajo y a fundar sindicatos y sindicarse. Sin embargo, hay 3,2 millones de personas desempleadas en nuestro Estado, y continúan sin derogarse por completo las dos últimas reformas laborales que no sólo facilitan el despido, sino que permiten la precariedad extrema de aquellos que sí tienen un salario. La brecha salarial es del 14,2% y las mujeres siguen ocupando los puestos con peores condiciones laborales y con mayor precariedad, sometidas a la segregación laboral por sexos y el denominado techo de cristal, que impide el acceso a puestos de mayor responsabilidad. Además, continúa la represión al sindicalismo en las empresas, donde se repiten las denuncias por acoso a trabajadoras y trabajadores sindicados.
A pesar de que el Artículo 13 declara el derecho a la libre circulación y residencia, en lugar de habilitar vías legales y seguras para la migración que garanticen este derecho y acaben con las mafias y las muertes en el Mediterráneo, se negocian nuevos acuerdos con Marruecos para comenzar a deportar a niños y niñas no acompañadas. Se siguen vendiendo armas a Arabia Saudí para que su ejército las use en Yemen, o permitiendo que multinacionales españolas del sector textil exploten a trabajadoras en terceros países, y cuando las personas se ven obligadas a huir de este tipo de situaciones, la Unión Europea cierra sus fronteras y el Estado español rechaza dos de cara tres solicitudes de asilo, ultrajando permanentemente el artículo 14 de la Declaración.
El Artículo 4 prohíbe la esclavitud y la servidumbre, y aun así trabajadoras como las temporeras migrantes de Huelva que denunciaron acoso sexual, son explotadas sin escrúpulos y con total impunidad.
Estos son sólo algunos ejemplos, aunque también podríamos referirnos al Artículo 9 sobre la detención arbitraria, el Artículo 19 sobre la libertad de expresión, o el Artículo 26 sobre el derecho a la educación. Todo esto nace de un sistema que propicia que el 1% más rico de la población española sea dueño de alrededor de la mitad del país, mientras que la mitad más pobre apenas acumula un 7% de la riqueza. Desde el inicio de la crisis la población más rica del Estado ha cuadruplicado su riqueza sobre la parte más pobre de la población.
En este marco, con la limitación del gasto a las entidades locales y provincias es imposible garantizar el primer derecho humano, básico para el cumplimiento del resto: la igualdad. Que ineludiblemente pasa por garantizar unos servicios públicos básicos y de calidad para nuestra ciudadanía o el fomento del empleo público por las administraciones locales y provinciales, para evitar entre otros muchos problemas, que nuestros municipios sigan despoblándose de manera alarmante o que el 21,6% de la población viva en situación de pobreza. Por tanto, entendemos que la única manera de darle la vuelta a esta situación es con un cambio radical en la perspectiva de nuestras políticas, un cambio que ponga en el centro de éstas políticas a las personas y sus derechos. La unidad resulta imprescindible para combatir las políticas de recortes y precariedad a las que están sometidas nuestras ciudades y pueblos, pues es el primer paso para que conquistemos estos derechos y podamos realmente vivir con igualdad y dignidad.
PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas manifiesta el compromiso de emprender medidas municipales, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional.
SEGUNDO. El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas declara todos los servicios municipales como prioritarios, en caso necesario solicitará la expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para poder ejercer las facultades propias de gobierno de nuestro municipio con plena autonomía organizativa.
TERCERO. El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno Central a modificar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y a promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con el objeto de dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales por encima de los créditos para satisfacer los pagos de la deuda pública.
CUARTO. El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno de la Nación a la eliminación en los Presupuestos Generales del Estado de las restricciones a la oferta de empleo público y las restricciones de aumento del Capítulo I.
QUINTO. El Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno Central a la derogación de las dos Reformas Laborales, las de 2010 y 2012, debido a sus consecuencias nefastas para la calidad del empleo y por poner en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones.
SEXTO. El Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno Central en materia de asilo:
a) A terminar con la práctica de las devoluciones en caliente y las devoluciones exprés. Que se habiliten vías legales y seguras de acceso a España para que migrantes y demandantes de asilo no se vean obligados a poner sus vidas en peligro
b) Al replanteamiento del procedimiento de atención social a solicitantes de asilo en España. Estableciendo sistemas de coordinación y financiación eficaces con las Comunidades Autónomas y las ciudades y municipios que permitan contar con información actualizada de los contingentes de personas refugiadas trasladadas a nuestros municipios así́ como información sobre su llegada efectiva y la previsión anual.
c) La previsión de un mecanismo para cofinanciar los costes derivados de los procesos de atención e integración de las personas migrantes y refugiadas, facilitando el acceso a los municipios a los Fondos FAMI y a todos aquellos fondos europeos a los que los municipios puedan optar para el desarrollo de Programas municipales de acogida complementarios al Programa Estatal, tal y como sucede en otros países de la Unión Europea.
SEPTIMO. El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno Central a la derogación o modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, con vistas a la elaboración de un texto que salvaguarde la libertad de expresión y sus connaturales derechos de reunión y manifestación.
En Alcobendas, a 5 de diciembre de 2018

References: Artículo 25
 Artículo 23
 Artículo 13
 artículo 14
 Artículo 4
 Artículo 9
 Artículo 19
 Artículo 26