Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A034-01.htm
Timestamp: 2017-11-21 22:59:30+00:00

Document:
A034-01
Auto 034/01
Referencia: ICC-210. Conflicto de competencia suscitado entre la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal.
Acción de tutela instaurada por la señora Consuelo Cruz Mesa contra el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil y el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá.
La señora Consuelo Cruz Mesa instauró acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, por violación de su derecho de defensa, que estimó desconocido por un fallo pronunciado por esa Corporación.
Repartido el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en providencia del 5 de diciembre de 2000, éste decidió remitirlo a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, pues en su criterio, de acuerdo con el inciso 1 del artículo 2 del Decreto 1382 de 2000, le corresponde a ese alto Tribunal conocer de la acción en primera instancia, “toda vez que es el superior funcional de la parte judicial accionada -Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.-".
La Corte Suprema de Justicia, en providencia del 15 de diciembre de 2000, resolvió inaplicar el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 y se abstuvo de avocar el conocimiento de la tutela referida, ordenando remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto suscitado.
Debe anotarse que, como cabeza de la jurisdicción constitucional corresponde a la Corte Constitucional, en los términos del artículo 241, numeral 9, de la Carta, la función de revisar las decisiones judiciales relacionadas con las acciones de tutela de los derechos constitucionales, entre ellas las que tocan con conflictos de competencia que le corresponde definir, en los términos que ya ha precisado a través de su jurisprudencia.
Sobre el particular se ha señalado:
De otra parte, hay que anotar que los conflictos de competencia entre jueces o tribunales de una misma jurisdicción, se siguen tramitando de acuerdo con las normas vigentes. Y para estos efectos, los jueces o tribunales tales como los civiles, penales, laborales, agrarios, comerciales especializados y de familia, hacen parte de una misma jurisdicción, la ordinaria, según el artículo 234 y siguientes de la Constitución. (Cfr. Corte Constitucional. Auto 016 de 1994. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía).
La Corte Constitucional sólo resuelve conflictos de competencia cuando éstos se suscitan entre jueces o tribunales que no tienen un superior común.
Así lo ha manifestado la Corte Constitucional:
Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia dirime los conflictos que surjan entre tribunales superiores de Distrito Judicial, pero no puede hacer lo propio cuando la discrepancia sobre competencia se manifiesta entre un tribunal de distrito judicial y uno Contencioso Administrativo. En éste último caso, tampoco el Consejo de Estado podría resolver. Y, por tanto, la superioridad funcional común es la Corte Constitucional. (Cfr. Corte Constitucional. Auto 044 de 1998 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
De conformidad con estos criterios jurisprudenciales y teniendo en cuenta que el conflicto negativo de competencia ha surgido entre la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales no existe un superior común, es claro que corresponde a la Corte Constitucional dirimirlo.
En primer lugar, como lo ha hecho en numerosas oportunidades, la Corte es enfática en señalar que inaplica las disposiciones del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, que resulta incompatible con la Constitución y debe ceder ante ella, por cuanto el Gobierno, so pretexto de ejercer su potestad reglamentaria, no era competente para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, lo que ha debido hacerse por el único procedimiento que contempla la Constitución (art. 52): una ley estatutaria.
Por otra parte, con dicha normatividad fue restringido, sin consultar con el mandato constitucional que lo consagra, el ámbito de la acción de tutela consagrado en el artículo 86 de la misma, norma que regula tal mecanismo para hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas. Cualquier cambio en el procedimiento relativo al ejercicio de la acción de tutela debía ser objeto de una ley estatutaria; jamás podía hallarse contenido en decreto del Gobierno, ni siquiera en ejercicio de facultades extraordinarias (art. 150, numeral 10, C.P.), y menos por la vía reglamentaria.
En providencia anterior de esta Corporación fue dicho:
Mediante el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, expedido en virtud de las facultades extraordinarias que le concedió al Presidente de la República el artículo 5 transitorio de la Constitución, se había establecido la competencia a prevención, de los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivó la presentación de la solicitud de tutela, es a esta norma entonces a la que debe ceñirse la competencia en materia de este tipo de acciones.
Por ello, la Sala considera que si se trata de una acción de tutela contra un Juzgado Civil del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, bien podía la Sala Penal del Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial, a la cual se repartió la tutela, conocer y fallar sobre la misma. Además, se ha dejado establecido que no pueden interponerse tutelas en forma directa ante la Corte Suprema de Justicia, pues ello no sólo afectaría, y de manera radical, el principio de la doble instancia (esa Corporación no tiene superior jerárquico), sino que despojaría a las partes dentro del proceso de tutela del derecho -de rango constitucional (art. 86 C.P.)- a impugnar la sentencia de primer grado.
Segundo.- Dirimir el conflicto de competencia suscitado entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al resolver sobre la acción de tutela incoada por Consuelo Cruz Mesa contra el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el sentido de que su conocimiento corresponde a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al que se repartió inicialmente.
ALFREDO BELTRAN SIERRA EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

References: artículo 2
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 234
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 5