Source: https://www.slideshare.net/delDespojoCrnicas/texto-completo-y-definitivo-del-acuerdo-final-firmado-por-gobierno-y-farc
Timestamp: 2018-07-17 04:57:55+00:00

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Texto completo y definitivo del Acuerdo Final firmado por Gobierno y …
Texto completo y definitivo del Acuerdo Final firmado por Gobierno y FARC
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, Antropóloga Social y cultural at Investigadora independiente
Acuerdo	Final
ACUERDO	FINAL	PARA	LA	TERMINACIÓN	DEL	CONFLICTO	Y	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	UNA	PAZ	ESTABLE	Y
1. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	1	de	297	ACUERDO	FINAL	PARA	LA	TERMINACIÓN	DEL	CONFLICTO	Y	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	UNA	PAZ	ESTABLE	Y	DURADERA	PREÁMBULO	Recordando	que	los	diálogos	de	La	Habana	entre	delegados	y	delegadas	del	Gobierno	Nacional,	presidido	por	el	Presidente	Juan	Manuel	Santos	y	delegados	y	delegadas	de	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia-Ejército	del	Pueblo,	con	la	decisión	mutua	de	poner	fin	al	conflicto	armado	nacional,	tuvieron	origen	como	resultado	del	Encuentro	Exploratorio	sucedido	en	la	capital	de	la	República	de	Cuba	entre	el	día	23	de	febrero	y	el	día	26	de	agosto	de	2012;	Teniendo	presente	que	como	resultado	de	los	diálogos	exploratorios	referidos	se	produjo	un	Acuerdo	General	para	la	Terminación	del	Conflicto	y	la	Construcción	de	una	Paz	Estable	y	Duradera,	firmado	en	la	fecha	última	citada	ante	testigos	nacionales	y	ante	delegados	de	la	República	de	Cuba	y	del	Reino	de	Noruega	que	sirvieron	igualmente	como	testigos,	y	que,	desde	entonces,	asienten	el	proceso	como	países	garantes;	Poniendo	de	presente	que	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	y	la	República	de	Chile	se	han	aprestado	en	todo	momento	a	sus	buenos	oficios	como	países	acompañantes;	Recordando	que	en	desarrollo	de	la	agenda	aprobada	en	el	Acuerdo	en	mención	se	dio	inicio	a	la	Mesa	de	Conversaciones	el	día	18	de	octubre	de	2012	en	la	ciudad	de	Oslo,	capital	del	Reino	de	Noruega,	para	luego	continuar	en	la	capital	cubana	sin	solución	de	continuidad	hasta	el	día	de	hoy	que	se	firma	el	Acuerdo	Final	para	la	Terminación	del	Conflicto	y	la	Construcción	de	una	Paz	Estable	y	Duradera;	Subrayando	que	el	Acuerdo	Final	que	se	suscribe	en	la	fecha	corresponde	a	la	libre	manifestación	de	la	voluntad	del	Gobierno	Nacional	y	de	las	FARC-EP,	al	haber	obrado	de	buena	fe	y	con	la	plena	intención	de	cumplir	lo	acordado;	Teniendo	presente	que	el	Artículo	22	de	la	Constitución	Política	de	la	República	de	Colombia	impone	la	paz	como	un	derecho	y	un	deber	de	obligatorio	cumplimiento;	que	el	Artículo	95	afirma	que	la	calidad	de	colombiano	enaltece	a	todos	los	miembros	de	la	comunidad	nacional	por	lo	que	es	deber	de	todos	engrandecerla	y	dignificarla;	que	el	ejercicio	de	los	derechos	y	libertades	reconocidos	en	la	Constitución	implica	responsabilidades,	entre	ellas,	propender	al	logro	y	mantenimiento	de	la	paz;	Subrayando	que	la	paz	ha	venido	siendo	calificada	universalmente	como	un	derecho	humano,	y	requisito	necesario	para	el	ejercicio	de	todos	los	demás	derechos	y	deberes	de	las	personas	y	la	ciudadanía;	Poniendo	de	presente	que	el	Acuerdo	Final	recoge	todos	y	cada	uno	de	los	acuerdos	alcanzados	sobre	la	Agenda	del	Acuerdo	General	suscrito	en	La	Habana	en	agosto	de	2012;	y	que	para	alcanzarlo	el	Gobierno	Nacional	y	las	FARC-EP	siempre	y	en	cada	momento	nos	ceñimos	al	espíritu	y	respeto	de	la	Constitución	Nacional,	de	los	principios	del	Derecho	Internacional,	del	Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos,	del	Derecho	Internacional	Humanitario	(Convenios	y	Protocolos),	de	lo	mandado	por	el	Estatuto	de	Roma	(Derecho	Internacional	Penal),	de	los	fallos	proferidos	por	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	relativos	a	los	conflictos	y	su	terminación,	y	demás	sentencias	de	competencias	reconocidas	universalmente	y	pronunciamientos	de	autoridad	relativos	a	los	temas	suscritos;
2. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	2	de	297	Recordando	que	el	Artículo	94	manifiesta	que	“la	enunciación	de	los	derechos	y	garantías	contenidos	en	la	Constitución	y	en	los	convenios	internacionales	vigentes,	no	debe	entenderse	como	negación	de	otros	que,	siendo	inherentes	a	la	persona	humana,	no	figuren	expresamente	en	ellos”,	que	los	tratados	sobre	derechos	humanos,	aprobados	por	el	Congreso,	y	que	no	pueden	ser	suspendidos	ni	siquiera	durante	los	estados	de	excepción,	prevalecen	en	el	orden	interno;	Poniendo	en	consideración	que	la	suma	de	los	acuerdos	que	conforman	el	Acuerdo	Final	contribuyen	a	la	satisfacción	de	derechos	fundamentales	como	son	los	derechos	políticos,	sociales,	económicos	y	culturales,	y	los	derechos	de	las	víctimas	del	conflicto	a	la	verdad,	la	justicia	y	la	reparación,	el	derecho	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes,	el	derecho	fundamental	de	la	seguridad	jurídica	individual	o	colectiva	y	la	seguridad	física,	y	el	derecho	fundamental	de	cada	individuo	en	particular	y	de	la	sociedad	sin	distingos	en	general,	a	la	no	repetición	de	la	tragedia	del	conflicto	armado	interno	que	con	el	presente	Acuerdo	se	propone	superar;	Subrayando	que	el	Acuerdo	Final	presta	especial	atención	a	los	derechos	fundamentales	de	las	mujeres,	los	de	los	grupos	sociales	vulnerables	como	son	los	pueblos	indígenas,	las	niñas,	niños	y	adolescentes,	las	comunidades	afrodescendientes	y	otros	grupos	étnicamente	diferenciados;	los	derechos	fundamentales	de	los	campesinos	y	campesinas,	los	derechos	esenciales	de	las	personas	en	condición	de	discapacidad	y	de	los	desplazados	por	razones	del	conflicto;	los	derechos	fundamentales	de	las	personas	adultas	mayores	y	de	la	población	LGBTI;	Considerando	que	a	juicio	del	Gobierno	Nacional	las	transformaciones	que	conlleva	la	implementación	del	presente	Acuerdo	deben	contribuir	a	reversar	los	efectos	del	conflicto	y	a	cambiar	las	condiciones	que	han	facilitado	la	persistencia	de	la	violencia	en	el	territorio;	y	que	a	juicio	de	las	FARC-EP	dichas	transformaciones	deben	contribuir	a	solucionar	las	causas	históricas	del	conflicto,	como	la	cuestión	no	resuelta	de	la	propiedad	sobre	la	tierra	y	particularmente	su	concentración,	la	exclusión	del	campesinado	y	el	atraso	de	las	comunidades	rurales,	que	afecta	especialmente	a	las	mujeres,	niñas	y	niños.	Valorando	y	exaltando	que	el	eje	central	de	la	paz	es	impulsar	la	presencia	y	la	acción	eficaz	del	Estado	en	todo	el	territorio	nacional,	en	especial	en	múltiples	regiones	doblegadas	hoy	por	el	abandono,	por	la	carencia	de	una	función	pública	eficaz,	y	por	los	efectos	del	mismo	conflicto	armado	interno;	que	es	meta	esencial	de	la	reconciliación	nacional	la	construcción	de	un	nuevo	paradigma	de	desarrollo	y	bienestar	territorial	para	beneficio	de	amplios	sectores	de	la	población	hasta	ahora	víctima	de	la	exclusión	y	la	desesperanza;	Reconociendo	los	derechos	de	la	sociedad	a	una	seguridad	humana	integral	con	participación	de	las	autoridades	civiles;	Exaltando	y	consagrando	la	justicia	prospectiva	en	tanto	reconoce	derechos	fundamentales	esenciales	para	las	nuevas	y	futuras	generaciones	como	son	el	derecho	a	una	tierra	preservada,	el	derecho	a	la	preservación	de	la	especie	humana,	el	derecho	a	conocer	sus	orígenes	y	su	identidad,	el	derecho	a	la	exención	de	responsabilidades	por	las	acciones	cometidas	por	las	generaciones	precedentes,	el	derecho	a	la	preservación	de	la	libertad	de	opción,	y	otros	derechos,	sin	perjuicio	de	los	derechos	de	las	víctimas	a	la	verdad,	la	justicia	y	la	reparación;	Recordando	que	el	pasado	23	de	junio	del	año	en	curso,	las	Delegaciones	del	Gobierno	Nacional	y	de	las	FARC-EP	suscribieron	en	la	capital	cubana	los	acuerdos	de	Cese	al	Fuego	y	de	Hostilidades	Bilateral	y
3. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	3	de	297	Definitivo	y	Dejación	de	las	Armas	y	Garantías	de	Seguridad,	en	presencia	del	Presidente	de	los	Consejos	de	Estado	y	de	Ministros	de	la	República	de	Cuba,	del	Secretario	General	de	Naciones	Unidas,	del	Presidente	de	la	Asamblea	General	de	la	ONU,	del	Presidente	del	Consejo	de	Seguridad	de	la	misma	organización,	del	Ministro	de	Relaciones	Exteriores	del	Reino	de	Noruega,	de	los	Jefes	de	Estado	de	los	países	acompañantes,	de	Jefes	de	Gobierno	de	países	de	la	región,	del	Enviado	Especial	de	los	Estados	Unidos	de	América	y	del	Representante	Especial	de	la	Unión	Europea;	Aceptando	que	las	normas	de	derecho	internacional	consuetudinario	continuarán	rigiendo	las	cuestiones	relacionadas	con	derechos	fundamentales	no	mencionados	en	el	Acuerdo	Final,	incluyendo	el	mandato	imperativo	que	ordena	que	“en	los	casos	no	previstos	por	el	derecho	vigente,	la	persona	humana	queda	bajo	la	salvaguardia	de	los	principios	de	humanidad	y	de	la	exigencias	de	la	conciencia	pública”;	Reconociendo	el	mandato	constitucional	que	afirma	que	corresponde	al	Presidente	de	la	República	como	Jefe	de	Estado,	Jefe	del	Gobierno	y	Suprema	Autoridad	Administrativa	convenir	y	ratificar	acuerdos	de	paz;	El	Gobierno	de	la	República	de	Colombia	y	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia-Ejército	del	Pueblo,	hemos	acordado:	Suscribir	el	presente	Acuerdo	Final	para	la	Terminación	del	Conflicto	y	la	Construcción	de	una	Paz	Estable	y	Duradera,	cuya	ejecución	pondrá	fin	de	manera	definitiva	a	un	conflicto	armado	de	más	de	cincuenta	años	y	que	a	continuación	se	consigna.	El	presente	Acuerdo	Final	para	la	terminación	del	conflicto	y	la	construcción	de	una	paz	estable	y	duradera	se	suscribe	por	el	Gobierno	Nacional	y	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia-	Ejército	del	Pueblo	(FARC-EP),	como	Acuerdo	Especial	en	los	términos	del	artículo	3	común	a	los	Convenios	de	Ginebra	de	1949.	El	Gobierno	Nacional	y	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia-	Ejército	del	Pueblo	(FARC-EP),	firman	siete	originales	incluidos	sus	anexos,	uno	para	cada	una	de	las	partes,	uno	para	cada	uno	de	los	países	garantes	y	uno	para	cada	uno	de	los	países	acompañantes.	El	séptimo	ejemplar	original	se	depositará	inmediatamente	tras	su	firma,	ante	el	Consejo	Federal	Suizo	en	Berna	o	ante	el	organismo	que	lo	sustituya	en	el	futuro	como	depositario	de	las	Convenciones	de	Ginebra.
4. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	4	de	297	INTRODUCCIÓN	Luego	de	un	enfrentamiento	de	más	de	medio	siglo	de	duración,	el	Gobierno	Nacional	y	las	FARC-EP	hemos	acordado	poner	fin	de	manera	definitiva	al	conflicto	armado	interno.	La	terminación	de	la	confrontación	armada	significará,	en	primer	lugar,	el	fin	del	enorme	sufrimiento	que	ha	causado	el	conflicto.	Son	millones	los	colombianos	y	colombianas	víctimas	de	desplazamiento	forzado,	cientos	de	miles	los	muertos,	decenas	de	miles	los	desaparecidos	de	toda	índole,	sin	olvidar	el	amplio	número	de	poblaciones	que	han	sido	afectadas	de	una	u	otra	manera	a	lo	largo	y	ancho	del	territorio,	incluyendo	mujeres,	niños,	niñas	y	adolescentes,	comunidades	campesinas,	indígenas,	afrocolombianas,	negras,	palenqueras,	raizales	y	rom,	partidos	políticos,	movimientos	sociales	y	sindicales,	gremios	económicos,	entre	otros.	No	queremos	que	haya	una	víctima	más	en	Colombia.	En	segundo	lugar,	el	fin	del	conflicto	supondrá	la	apertura	de	un	nuevo	capítulo	de	nuestra	historia.	Se	trata	de	dar	inicio	a	una	fase	de	transición	que	contribuya	a	una	mayor	integración	de	nuestros	territorios,	una	mayor	inclusión	social	-en	especial	de	quienes	han	vivido	al	margen	del	desarrollo	y	han	padecido	el	conflicto-	y	a	fortalecer	nuestra	democracia	para	que	se	despliegue	en	todo	el	territorio	nacional	y	asegure	que	los	conflictos	sociales	se	tramiten	por	las	vías	institucionales,	con	plenas	garantías	para	quienes	participen	en	política.	Se	trata	de	construir	una	paz	estable	y	duradera,	con	la	participación	de	todos	los	colombianos	y	colombianas.	Con	ese	propósito,	el	de	poner	fin	de	una	vez	y	para	siempre	a	los	ciclos	históricos	de	violencia	y	sentar	las	bases	de	la	paz,	acordamos	los	puntos	de	la	Agenda	del	Acuerdo	General	de	agosto	de	2012,	que	desarrolla	el	presente	Acuerdo.	El	Acuerdo	está	compuesto	de	una	serie	de	acuerdos,	que	sin	embargo	constituyen	un	todo	indisoluble,	porque	están	permeados	por	un	mismo	enfoque	de	derechos,	para	que	las	medidas	aquí	acordadas	contribuyan	a	la	materialización	de	los	derechos	constitucionales	de	los	colombianos;	por	un	mismo	enfoque	diferencial	y	de	género,	para	asegurar	que	la	implementación	se	haga	teniendo	en	cuenta	la	diversidad	de	género,	étnica	y	cultural,	y	que	se	adopten	medidas	para	las	poblaciones	y	los	colectivos	más	humildes	y	más	vulnerables,	en	especial	los	niños	y	las	niñas,	las	mujeres,	las	personas	en	condición	de	discapacidad	y	las	víctimas;	y	en	especial	por	un	mismo	enfoque	territorial.	El	enfoque	territorial	del	Acuerdo	supone	reconocer	y	tener	en	cuenta	las	necesidades,	características	y	particularidades	económicas,	culturales	y	sociales	de	los	territorios	y	las	comunidades,	garantizando	la	sostenibilidad	socio-ambiental;	y	procurar	implementar	las	diferentes	medidas	de	manera	integral	y	coordinada,	con	la	participación	activa	de	la	ciudadanía.	La	implementación	se	hará	desde	las	regiones	y	territorios	y	con	la	participación	de	las	autoridades	territoriales	y	los	diferentes	sectores	de	la	sociedad.	La	participación	ciudadana	es	el	fundamento	de	todos	los	acuerdos	que	constituyen	el	Acuerdo	Final.	Participación	en	general	de	la	sociedad	en	la	construcción	de	la	paz	y	participación	en	particular	en	la	planeación,	la	ejecución	y	el	seguimiento	a	los	planes	y	programas	en	los	territorios,	que	es	además	una	garantía	de	transparencia.
5. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	5	de	297	Además,	la	participación	y	el	diálogo	entre	los	diferentes	sectores	de	la	sociedad	contribuyen	a	la	construcción	de	confianza	y	a	la	promoción	de	una	cultura	de	tolerancia,	respeto	y	convivencia	en	general,	que	es	un	objetivo	de	todos	los	acuerdos.	Décadas	de	conflicto	han	abierto	brechas	de	desconfianza	al	interior	de	la	sociedad,	en	especial	en	los	territorios	más	afectados	por	el	conflicto.	Para	romper	esas	barreras	se	requiere	abrir	espacios	para	la	participación	ciudadana	más	variada	y	espacios	que	promuevan	el	reconocimiento	de	las	víctimas,	el	reconocimiento	y	establecimiento	de	responsabilidades,	y	en	general,	el	reconocimiento	por	parte	de	toda	la	sociedad	de	lo	ocurrido	y	de	la	necesidad	de	aprovechar	la	oportunidad	de	la	paz.	Por	lo	anterior,	el	Gobierno	de	Colombia	y	las	FARC-EP,	con	el	ánimo	de	consolidar	aún	más	las	bases	sobre	las	que	edificará	la	paz	y	la	reconciliación	nacional,	una	vez	realizado	el	plebiscito,	convocarán	a	todos	los	partidos,	movimientos	políticos	y	sociales,	y	a	todas	las	fuerzas	vivas	del	país	a	concertar	un	gran	ACUERDO	POLÍTICO	NACIONAL	encaminado	a	definir	las	reformas	y	ajustes	institucionales	necesarios	para	atender	los	retos	que	la	paz	demande,	poniendo	en	marcha	un	nuevo	marco	de	convivencia	política	y	social.	*	El	Acuerdo	Final	contiene	los	siguientes	puntos,	con	sus	correspondientes	acuerdos,	que	pretenden	contribuir	a	las	transformaciones	necesarias	para	sentar	las	bases	de	una	paz	estable	y	duradera.	El	Punto	1	contiene	el	acuerdo	“Reforma	Rural	Integral”,	que	contribuirá	a	la	transformación	estructural	del	campo,	cerrando	las	brechas	entre	el	campo	y	la	ciudad	y	creando	condiciones	de	bienestar	y	buen	vivir	para	la	población	rural.	La	“Reforma	Rural	Integral”	debe	integrar	las	regiones,	contribuir	a	erradicar	la	pobreza,	promover	la	igualdad	y	asegurar	el	pleno	disfrute	de	los	derechos	de	la	ciudadanía.	El	Punto	2	contiene	el	acuerdo	“Participación	política:	Apertura	democrática	para	construir	la	paz”.	La	construcción	y	consolidación	de	la	paz,	en	el	marco	del	fin	del	conflicto,	requiere	de	una	ampliación	democrática	que	permita	que	surjan	nuevas	fuerzas	en	el	escenario	político	para	enriquecer	el	debate	y	la	deliberación	alrededor	de	los	grandes	problemas	nacionales	y,	de	esa	manera,	fortalecer	el	pluralismo	y	por	tanto	la	representación	de	las	diferentes	visiones	e	intereses	de	la	sociedad,	con	las	debidas	garantías	para	la	participación	y	la	inclusión	política.	En	especial,	la	implementación	del	Acuerdo	Final	contribuirá	a	la	ampliación	y	profundización	de	la	democracia	en	cuanto	implicará	la	dejación	de	las	armas	y	la	proscripción	de	la	violencia	como	método	de	acción	política	para	todas	y	todos	los	colombianos	a	fin	de	transitar	a	un	escenario	en	el	que	impere	la	democracia,	con	garantías	plenas	para	quienes	participen	en	política,	y	de	esa	manera	abrirá	nuevos	espacios	para	la	participación.	El	Punto	3	contiene	el	acuerdo	“Cese	al	Fuego	y	de	Hostilidades	Bilateral	y	Definitivo	y	la	Dejación	de	las	Armas”,	que	tiene	como	objetivo	la	terminación	definitiva	de	las	acciones	ofensivas	entre	la	Fuerza	Pública	y	las	FARC-EP,	y	en	general	de	las	hostilidades	y	cualquier	acción	prevista	en	las	reglas	que	rigen	el	Cese,	incluyendo	la	afectación	a	la	población,	y	de	esa	manera	crear	las	condiciones	para	el	inicio	de	la	implementación	del	Acuerdo	Final	y	la	dejación	de	las	armas	y	preparar	la	institucionalidad	y	al	país	para	la	reincorporación	de	las	FARC-EP	a	la	vida	civil.	Contiene	también	el	acuerdo	“Reincorporación	de	las	FARC-EP	a	la	vida	civil	–en	lo	económico,	lo	social	y	lo	político-	de	acuerdo	con	sus	intereses”.	Sentar	las	bases	para	la	construcción	de	una	paz	estable	y
6. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	6	de	297	duradera	requiere	de	la	reincorporación	efectiva	de	las	FARC-EP	a	la	vida	social,	económica	y	política	del	país.	La	reincorporación	ratifica	el	compromiso	de	las	FARC-EP	de	cerrar	el	capítulo	del	conflicto	interno,	convertirse	en	actor	válido	dentro	de	la	democracia	y	contribuir	decididamente	a	la	consolidación	de	la	convivencia	pacífica,	a	la	no	repetición	y	a	transformar	las	condiciones	que	han	facilitado	la	persistencia	de	la	violencia	en	el	territorio.	El	Punto	3	también	incluye	el	acuerdo	sobre	“Garantías	de	seguridad	y	lucha	contra	las	organizaciones	criminales	responsables	de	homicidios	y	masacres	o	que	atentan	contra	defensores	y	defensoras	de	derechos	humanos,	movimientos	sociales	o	movimientos	políticos,	incluyendo	las	organizaciones	criminales	que	hayan	sido	denominadas	como	sucesoras	del	paramilitarismo	y	sus	redes	de	apoyo,	y	la	persecución	de	las	conductas	criminales	que	amenacen	la	implementación	de	los	acuerdos	y	la	construcción	de	la	paz”.	Para	cumplir	con	este	fin,	el	acuerdo	incluye	medidas	como	el	Pacto	Político	Nacional;	la	Comisión	Nacional	de	Garantías	de	Seguridad;	la	Unidad	Especial	de	Investigación;	el	Cuerpo	Élite	en	la	Policía	Nacional;	el	Sistema	Integral	de	Seguridad	para	el	Ejercicio	de	la	Política;	el	Programa	Integral	de	Seguridad	y	Protección	para	las	Comunidades	y	Organizaciones	en	los	Territorios;	y	las	Medidas	de	Prevención	y	Lucha	contra	la	Corrupción.	El	Punto	4	contiene	el	acuerdo	“Solución	al	Problema	de	las	Drogas	Ilícitas”.	Para	construir	la	paz	es	necesario	encontrar	una	solución	definitiva	al	problema	de	las	drogas	ilícitas,	incluyendo	los	cultivos	de	uso	ilícito	y	la	producción	y	comercialización	de	drogas	ilícitas.	Para	lo	cual	se	promueve	una	nueva	visión	que	dé	un	tratamiento	distinto	y	diferenciado	al	fenómeno	del	consumo,	al	problema	de	los	cultivos	de	uso	ilícito,	y	a	la	criminalidad	organizada	asociada	al	narcotráfico,	asegurando	un	enfoque	general	de	derechos	humanos	y	salud	pública,	diferenciado	y	de	género.	El	Punto	5	contiene	el	acuerdo	“Víctimas”.	Desde	el	Encuentro	Exploratorio	de	2012,	acordamos	que	el	resarcimiento	de	las	víctimas	debería	estar	en	el	centro	de	cualquier	acuerdo.	El	acuerdo	crea	el	Sistema	Integral	de	Verdad,	Justicia,	Reparación	y	No	Repetición,	que	contribuye	a	la	lucha	contra	la	impunidad	combinando	mecanismos	judiciales	que	permiten	la	investigación	y	sanción	de	las	graves	violaciones	a	los	derechos	humanos	y	las	graves	infracciones	al	Derecho	Internacional	Humanitario,	con	mecanismos	extrajudiciales	complementarios	que	contribuyan	al	esclarecimiento	de	la	verdad	de	lo	ocurrido,	la	búsqueda	de	los	seres	queridos	desaparecidos	y	la	reparación	del	daño	causado	a	personas,	a	colectivos	y	a	territorios	enteros.	El	Sistema	Integral	está	compuesto	por	la	Comisión	para	el	Esclarecimiento	de	la	Verdad,	la	Convivencia	y	la	No	Repetición;	la	Unidad	Especial	para	la	Búsqueda	de	Personas	dadas	por	desaparecidas	en	el	contexto	y	en	razón	del	conflicto	armado;	la	Jurisdicción	Especial	para	la	Paz;	las	Medidas	de	reparación	integral	para	la	construcción	de	la	paz;	y	las	Garantías	de	No	Repetición.	El	Punto	6	contiene	el	acuerdo	“Mecanismos	de	implementación	y	verificación”	en	el	que	se	crea	una	“Comisión	de	implementación,	seguimiento	y	verificación	del	Acuerdo	Final	de	Paz	y	de	resolución	de	diferencias”,	integrada	por	representantes	del	Gobierno	Nacional	y	de	las	FARC-EP	con	el	fin,	entre	otros,	de	hacer	seguimiento	a	los	componentes	del	Acuerdo	y	verificar	su	cumplimiento,	servir	de	instancia	para	la	resolución	de	diferencias,	y	el	impulso	y	seguimiento	a	la	implementación	legislativa.	Adicionalmente	crea	un	mecanismo	de	acompañamiento	para	que	la	comunidad	internacional	contribuya	de	distintas	maneras	a	garantizar	la	implementación	del	Acuerdo	Final	y	en	materia	de	verificación	se	pone	en	marcha	un	modelo	con	un	componente	internacional	integrado	por	los	países	que	durante	el
7. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	7	de	297	proceso	han	tenido	el	papel	de	garantes	y	acompañantes	y	dos	vocerías	internacionales,	todo	ello	soportado	en	la	capacidad	técnica	del	Proyecto	del	Instituto	Kroc	de	Estudios	Internacionales	de	Paz	de	la	Universidad	de	Notre	Dame	de	los	Estados	Unidos.	*	Las	delegaciones	del	Gobierno	Nacional	y	de	las	FARC-EP	reiteramos	nuestro	profundo	agradecimiento	a	todas	las	víctimas,	las	organizaciones	sociales	y	de	Derechos	Humanos,	las	comunidades	incluyendo	los	grupos	étnicos,	a	las	organizaciones	de	mujeres,	a	los	campesinos	y	campesinas,	a	los	jóvenes,	la	academia,	los	empresarios,	la	Iglesia	y	comunidades	de	fe,	y	en	general	a	los	ciudadanos	y	ciudadanas	que	participaron	activamente	y	que	a	través	de	sus	propuestas	contribuyeron	al	Acuerdo	Final.	Con	su	participación	lograremos	la	construcción	de	una	paz	estable	y	duradera.
8. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	8	de	297	Los	delegados	y	delegadas	del	Gobierno	de	la	República	de	Colombia	(el	Gobierno	Nacional)	y	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia	(FARC-EP),	respecto	a:	1. Hacia	un	Nuevo	Campo	Colombiano:	Reforma	Rural	Integral	Consideran:	Que	en	el	marco	del	presente	Acuerdo	para	la	Terminación	del	Conflicto,	la	Reforma	Rural	Integral,	en	adelante	RRI,	sienta	las	bases	para	la	transformación	estructural	del	campo,	crea	condiciones	de	bienestar	para	la	población	rural	—hombres	y	mujeres—	y	de	esa	manera	contribuye	a	la	construcción	de	una	paz	estable	y	duradera.	Que	a	juicio	del	Gobierno	esa	transformación	debe	contribuir	a	reversar	los	efectos	del	conflicto	y	a	cambiar	las	condiciones	que	han	facilitado	la	persistencia	de	la	violencia	en	el	territorio.	Y	que	a	juicio	de	las	FARC-EP	dicha	transformación	debe	contribuir	a	solucionar	las	causas	históricas	del	conflicto,	como	la	cuestión	no	resuelta	de	la	propiedad	sobre	la	tierra	y	particularmente	su	concentración,	la	exclusión	del	campesinado	y	el	atraso	de	las	comunidades	rurales,	que	afecta	especialmente	a	las	mujeres,	niñas	y	niños.	Que	la	RRI	concibe	el	territorio	rural	como	un	escenario	socio-histórico	con	diversidad	social	y	cultural,	en	el	que	las	comunidades	—hombres	y	mujeres—	desempeñan	un	papel	protagónico	en	la	definición	del	mejoramiento	de	sus	condiciones	de	vida	y	en	la	definición	del	desarrollo	del	país	dentro	de	una	visión	de	integración	urbano-rural.	Que	el	desarrollo	rural	integral	es	determinante	para	impulsar	la	integración	de	las	regiones	y	el	desarrollo	social	y	económico	equitativo	del	país.	La	RRI	debe	lograr	la	gran	transformación	de	la	realidad	rural	colombiana,	que	integre	las	regiones,	erradique	la	pobreza,	promueva	la	igualdad,	asegure	el	pleno	disfrute	de	los	derechos	de	la	ciudadanía	con	un	enfoque	de	género	y	como	consecuencia	garantice	la	no	repetición	del	conflicto	y	la	erradicación	de	la	violencia.	Que	una	verdadera	transformación	estructural	del	campo	requiere	adoptar	medidas	para	promover	el	uso	adecuado	de	la	tierra	de	acuerdo	con	su	vocación	y	estimular	la	formalización,	restitución	y	distribución	equitativa	de	la	misma,	garantizando	el	acceso	progresivo	a	la	propiedad	rural	de	quienes	habitan	el	campo	y	en	particular	a	las	mujeres	rurales1 y	la	población	más	vulnerable,	regularizando	y	democratizando	la	propiedad	y	promoviendo	la	desconcentración	de	la	tierra,	en	cumplimiento	de	su	función	social.	1 Según	lo	establecido	en	la	ley	731	de	2002,	“Por	la	cual	se	dictan	normas	para	favorecer	a	las	mujeres	rurales”,	mujer	rural	es	toda	aquella	que,	sin	distingo	de	ninguna	naturaleza	e	independientemente	del	lugar	donde	viva,	tiene	una	actividad	productiva	relacionada	directamente	con	lo	rural,	incluso	si	dicha	actividad	no	es	reconocida	por	los	sistemas	de	información	y	medición	del	Estado	o	no	es	remunerada.	Esta	definición	incluye	a	las	mujeres	campesinas,	indígenas	y	afro,	sin	tierras	o	con	tierra	insuficiente.
9. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	9	de	297	Que	esa	transformación	estructural	requiere	también	que	se	promueva	la	equidad	de	género	mediante	la	adopción	de	medidas	específicas	para	garantizar	que	mujeres	y	hombres	participen	y	se	beneficien	en	pie	de	igualdad	de	la	implementación	de	este	Acuerdo.	Que	si	bien	este	acceso	a	la	tierra	es	una	condición	necesaria	para	la	transformación	del	campo,	no	es	suficiente	por	lo	cual	deben	establecerse	planes	nacionales	financiados	y	promovidos	por	el	Estado	destinados	al	desarrollo	rural	integral	para	la	provisión	de	bienes	y	servicios	públicos	como	educación,	salud,	recreación,	infraestructura,	asistencia	técnica,	alimentación	y	nutrición,	entre	otros,	que	brinden	bienestar	y	buen	vivir	a	la	población	rural	—niñas,	niños,	hombres	y	mujeres.	Que	en	su	visión,	la	RRI	reconoce	el	papel	fundamental	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria	en	el	desarrollo	del	campo,	la	erradicación	del	hambre,	la	generación	de	empleo	e	ingresos,	la	dignificación	y	formalización	del	trabajo,	la	producción	de	alimentos	y,	en	general,	en	el	desarrollo	de	la	nación,	en	coexistencia	y	articulación	complementaria	con	otras	formas	de	producción	agraria.	La	RRI	reconoce	el	rol	productivo	y	reproductivo	de	las	mujeres	y	en	esa	medida	su	papel	fundamental	en	el	desarrollo	y	la	economía	rural	y	hará	mayores	esfuerzos	para	ellas	y	en	la	población	más	vulnerable	para	garantizarle	condiciones	de	bienestar	y	buen	vivir	y	para	fortalecer	sus	formas	de	organización	y	producción.	Que	la	RRI	en	materia	de	alimentos	y	nutrición	pretende	asegurar	para	toda	la	población	rural	y	urbana	en	Colombia	disponibilidad	y	acceso	suficiente	en	oportunidad,	cantidad,	calidad	y	precio	a	los	alimentos	necesarios	para	una	buena	nutrición,	especialmente	la	de	los	niños	y	niñas,	mujeres	gestantes	y	lactantes	y	personas	adultas	mayores,	promoviendo	prioritariamente	la	producción	de	alimentos	y	la	generación	de	ingresos.	Que	la	efectividad,	transparencia	y	el	buen	desarrollo	de	la	RRI	dependen	en	gran	medida	de	la	promoción	de	una	amplia	participación	de	las	comunidades,	mediante	la	generación	de	espacios	institucionales	participativos	y	democráticos	donde	éstas	tengan	capacidad	de	transformación	e	incidencia	en	la	planeación,	implementación	y	seguimiento	de	los	diferentes	planes	y	programas	acordados.	La	participación	es	así	mismo	garantía	de	una	mayor	inclusión	de	las	comunidades	rurales	—mujeres	y	hombres—	en	la	vida	política,	económica,	social	y	cultural	de	sus	regiones	y,	por	ende,	de	la	nación.	Que	a	la	transformación	estructural	del	campo	y	en	particular	al	cierre	de	la	frontera	agrícola,	contribuyen	los	campesinos,	las	campesinas	y	las	comunidades	indígenas,	negras,	afrodescendientes,	raizales	y	palenqueras	y	demás	comunidades	étnicas	en	sus	territorios,	con	un	ordenamiento	socio-ambiental	sostenible.	Para	ello	es	necesario	el	reconocimiento	y	apoyo	a	las	Zonas	de	Reserva	Campesina	(ZRC)	y	demás	formas	de	asociatividad	solidaria.	Que	la	RRI	es	de	aplicación	universal	y	su	ejecución	prioriza	los	territorios	más	afectados	por	el	conflicto,	la	miseria	y	el	abandono,	a	través	de	programas	de	desarrollo	con	enfoque	territorial,	como	instrumentos	de	reconciliación	en	el	que	todos	sus	actores	trabajan	en	la	construcción	del	bien	supremo	de	la	paz,	derecho	y	deber	de	obligatorio	cumplimiento.	Que	los	planes	y	programas	acordados	como	parte	de	la	RRI	deben	tener	un	enfoque	territorial,	diferencial	y	de	género	que	implica	reconocer	y	tener	en	cuenta	las	necesidades,	características	y	particularidades	económicas,	culturales	y	sociales	de	los	territorios	y	las	comunidades	rurales	—niñas,	niños,	mujeres	y	hombres,	incluyendo	personas	con	orientación	sexual	e	identidad	de	género	diversa—	y	garantizar	la	sostenibilidad	socio-ambiental.
10. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	10	de	297	Que	el	desarrollo	rural	integral	se	adelantará	en	un	contexto	de	globalización	y	de	políticas	de	inserción	en	ella	por	parte	del	Estado	que	demandan	una	atención	especial	de	la	producción	agropecuaria	nacional	y	especialmente	de	la	producción	campesina,	familiar	y	comunitaria.	Principios	En	la	implementación	de	lo	acordado	en	el	punto	“Hacia	un	Nuevo	Campo	Colombiano:	Reforma	Rural	Integral”	se	tendrán	en	cuenta	los	siguientes	principios:	• Transformación	estructural:	es	decir	la	transformación	de	la	realidad	rural	con	equidad,	igualdad	y	democracia.	• Igualdad	y	enfoque	de	género:	Reconocimiento	de	las	mujeres	como	ciudadanas	autónomas,	sujetos	de	derechos	que,	independientemente	de	su	estado	civil,	relación	familiar	o	comunitaria,	tienen	acceso	en	condiciones	de	igualdad	con	respecto	a	los	hombres	a	la	propiedad	de	la	tierra	y	proyectos	productivos,	opciones	de	financiamiento,	infraestructura,	servicios	técnicos	y	formación,	entre	otros;	atendiendo	las	condiciones	sociales	e	institucionales	que	han	impedido	a	las	mujeres	acceder	a	activos	productivos	y	bienes	públicos	y	sociales.	Este	reconocimiento	implica	la	adopción	de	medidas	específicas	en	la	planeación,	ejecución	y	seguimiento	a	los	planes	y	programas	contemplados	en	este	acuerdo	para	que	se	implementen	teniendo	en	cuenta	las	necesidades	específicas	y	condiciones	diferenciales	de	las	mujeres,	de	acuerdo	con	su	ciclo	vital,	afectaciones	y	necesidades	(enfoque	de	género).	• Bienestar	y	buen	vivir:	el	objetivo	final	es	la	erradicación	de	la	pobreza	y	la	satisfacción	plena	de	las	necesidades	de	la	ciudadanía	de	las	zonas	rurales,	de	manera	que	se	logre	en	el	menor	plazo	posible	que	los	campesinos,	las	campesinas	y	las	comunidades,	incluidas	las	afro	descendientes	e	indígenas,	ejerzan	plenamente	sus	derechos	y	se	alcance	la	convergencia	entre	la	calidad	de	vida	urbana	y	la	calidad	de	vida	rural,	respetando	el	enfoque	territorial,	el	enfoque	de	género	y	la	diversidad	étnica	y	cultural	de	las	comunidades.	• Priorización:	la	política	de	desarrollo	agrario	integral	es	universal	y	su	ejecución	prioriza	la	población	y	los	territorios	más	necesitados	y	vulnerables,	y	las	comunidades	más	afectadas	por	la	miseria,	el	abandono	y	el	conflicto,	y	hace	énfasis	en	pequeños	y	medianos	productores	y	productoras.	Especial	atención	merecen	los	derechos	de	los	niños	y	niñas,	de	las	mujeres,	y	de	las	personas	adultas	mayores.	• Integralidad:	asegura	la	productividad,	mediante	programas	que	acompañen	el	acceso	efectivo	a	la	tierra,	con	innovación,	ciencia	y	tecnología,	asistencia	técnica,	crédito,	riego	y	comercialización	y	con	otros	medios	de	producción	que	permitan	agregar	valor.	También	asegura	oportunidades	de	buen	vivir	que	se	derivan	del	acceso	a	bienes	públicos	como	salud,	vivienda,	educación,	infraestructura	y	conectividad	y	de	medidas	para	garantizar	una	alimentación	sana,	adecuada	y	sostenible	para	toda	la	población.
11. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	11	de	297	• Restablecimiento:	el	restablecimiento	de	los	derechos	de	las	víctimas	del	desplazamiento	y	del	despojo,	y	la	reversión	de	los	efectos	del	conflicto	y	del	abandono	sobre	comunidades	y	territorios.	• Regularización	de	la	propiedad:	es	decir,	lucha	contra	la	ilegalidad	en	la	posesión	y	propiedad	de	la	tierra	y	garantía	de	los	derechos	de	los	hombres	y	las	mujeres	que	son	los	legítimos	poseedores	y	dueños,	de	manera	que	no	se	vuelva	a	acudir	a	la	violencia	para	resolver	los	conflictos	relacionados	con	la	tierra.	• Derecho	a	la	alimentación:	la	política	de	desarrollo	agrario	integral	debe	estar	orientada	a	asegurar	progresivamente	que	todas	las	personas	tengan	acceso	a	una	alimentación	sana	y	adecuada	y	que	los	alimentos	se	produzcan	bajo	sistemas	sostenibles.	• Participación:	la	planeación,	la	ejecución	y	el	seguimiento	a	los	planes	y	programas	se	adelantarán	con	la	activa	participación	de	las	comunidades	—hombres	y	mujeres—,	que	es	además	garantía	de	transparencia	unida	a	la	rendición	de	cuentas,	a	la	veeduría	ciudadana	y	a	la	vigilancia	especial	de	los	organismos	competentes.	• Beneficio,	impacto	y	medición:	teniendo	en	cuenta	la	priorización,	debe	beneficiar	e	impactar	al	mayor	número	de	ciudadanos	y	ciudadanas,	con	la	mayor	intensidad	y	en	el	menor	tiempo	posible,	y	medir	sus	efectos	en	cada	proyecto	y	región.	• Desarrollo	sostenible:	es	decir,	es	ambiental	y	socialmente	sostenible	y	requiere	de	la	protección	y	promoción	del	acceso	al	agua,	dentro	de	una	concepción	ordenada	del	territorio.	• Presencia	del	Estado:	para	la	construcción	de	una	paz	estable	y	duradera	la	presencia	del	Estado	en	el	territorio	rural	será	amplia	y	eficaz,	y	se	expresará	en	el	cumplimiento	de	los	derechos	de	todos	los	ciudadanos	y	las	ciudadanas	en	democracia.	• Democratización	del	acceso	y	uso	adecuado	de	la	tierra:	mecanismos	y	garantías	que	permitan	que	el	mayor	número	posible	de	hombres	y	mujeres	habitantes	del	campo	sin	tierra	o	con	tierra	insuficiente	puedan	acceder	a	ella	y	que	incentiven	el	uso	adecuado	de	la	tierra	con	criterios	de	sostenibilidad	ambiental,	de	vocación	del	suelo,	de	ordenamiento	territorial	y	de	participación	de	las	comunidades.	Con	ese	propósito	y	de	conformidad	con	lo	acordado	en	el	punto	1.1.1	Fondo	de	Tierras	para	la	RRI	(3	millones	de	hectáreas)	y	en	el	punto	1.1.5.	Formalización	masiva	de	la	Propiedad	Rural	(7	millones	de	hectáreas),	durante	los	próximos	10	años	habrá	una	extensión	objeto	de	la	Reforma	Rural	Integral	de	10	millones	de	hectáreas.	1.1. Acceso	y	Uso.	Tierras	improductivas.	Formalización	de	la	propiedad.	Frontera	agrícola	y	protección	de	zonas	de	reserva.	1.1.1. Fondo	de	Tierras	para	la	Reforma	Rural	Integral	Con	el	propósito	de	lograr	la	democratización	del	acceso	a	la	tierra,	en	beneficio	de	los	campesinos	y	de	manera	especial	las	campesinas	sin	tierra	o	con	tierra	insuficiente	y	de	las	comunidades	rurales	más	afectadas	por	la	miseria,	el	abandono	y	el	conflicto,	regularizando	los	derechos	de	propiedad	y	en
12. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	12	de	297	consecuencia	desconcentrando	y	promoviendo	una	distribución	equitativa	de	la	tierra,	el	Gobierno	Nacional	creará	un	Fondo	de	Tierras	de	distribución	gratuita.	El	Fondo	de	Tierras,	que	tiene	un	carácter	permanente,	dispondrá	de	3	millones	de	hectáreas	durante	sus	primeros	10	años	de	creación,	las	que	provendrán	de	las	siguientes	fuentes:	• Tierras	provenientes	de	la	extinción	judicial	de	dominio	a	favor	de	la	Nación:	el	Gobierno	Nacional	adelantará	las	reformas	necesarias	para	agilizar	el	proceso	judicial	de	extinción,	con	el	fin	de	revertir	la	concentración	ilegal	de	tierras.	• Tierras	recuperadas	a	favor	de	la	Nación:	es	decir,	baldíos	indebidamente	apropiados	u	ocupados,	recuperados	mediante	procesos	agrarios,	sin	perjuicio	de	los	campesinos	y	las	campesinas	que	puedan	ser	beneficiarios	del	programa	de	formalización.	(Esta	fuente	deberá	resultar	fortalecida	con	la	formación	y	actualización	catastral	que	se	adelantará	en	el	marco	de	este	Acuerdo)	• Tierras	provenientes	de	la	actualización,	delimitación	y	fortalecimiento	de	la	Reserva	Forestal,	con	destino	a	los	beneficiarios	y	beneficiarias	del	Fondo	de	Tierras:	la	sustracción	de	tierras	mediante	este	mecanismo	estará	condicionada	a	la	formulación,	con	la	participación	de	las	comunidades,	de	planes	que	garanticen	sostenibilidad	social	y	ambiental.	• Tierras	inexplotadas:	tierras	recuperadas	mediante	la	aplicación	del	actual	procedimiento	de	extinción	administrativa	de	dominio,	por	incumplimiento	de	la	función	social	y	ecológica	de	la	propiedad.	• Tierras	adquiridas	o	expropiadas	por	motivos	de	interés	social	o	de	utilidad	pública,	adquiridas	para	promover	el	acceso	a	la	propiedad	rural,	con	la	correspondiente	indemnización.	• Tierras	donadas:	el	Gobierno	Nacional	adelantará	las	gestiones	necesarias	para	facilitar	los	procedimientos	de	donación	de	tierras	al	Fondo	de	Tierras,	en	el	marco	de	la	terminación	del	conflicto	y	de	la	construcción	de	la	paz.	1.1.2. Otros	mecanismos	para	promover	el	acceso	a	la	tierra:	como	complemento	de	los	mecanismos	anteriores,	el	Gobierno	Nacional	se	compromete	a:	• Subsidio	integral	para	compra:	se	otorgará	un	subsidio	integral	para	la	compra	de	tierras	por	parte	de	las	personas	beneficiarias	(ver	1.1.3.),	en	las	zonas	priorizadas	y	como	herramienta	alternativa	que	contribuya	a	solucionar	problemas	puntuales	de	acceso,	y	que	cuente	con	medidas	específicas	para	facilitar	el	acceso	de	las	mujeres	al	subsidio.	• Crédito	especial	para	compra:	Se	abrirá	una	nueva	línea	de	crédito	especial	subsidiada	de	largo	plazo	para	la	compra	de	tierras	por	parte	de	la	población	beneficiaria	con	medidas	especiales	para	las	mujeres	rurales	(ver	1.1.3.).	1.1.3. Personas	beneficiarias:	los	beneficiarios	y	las	beneficiarias	del	plan	de	adjudicación	gratuita	y	del	subsidio	integral	y	el	crédito	especial,	serán	trabajadores	y	trabajadoras	con	vocación	agraria	sin	tierra	o	con	tierra	insuficiente,	priorizando	a	las	mujeres	rurales,	mujeres	cabeza	de	familia	y	a	la	población	desplazada.	También	podrán	ser	beneficiarias	asociaciones	de	trabajadores	y	trabajadoras	con	vocación	agraria	sin	tierra	o	con	tierra	insuficiente,	así	como	personas	y	comunidades	que	participen	en	programas	de	asentamiento	y
13. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	13	de	297	reasentamiento	con	el	fin,	entre	otros,	de	proteger	el	medio	ambiente,	sustituir	cultivos	ilícitos	y	fortalecer	la	producción	alimentaria.	Las	personas	beneficiarias	del	plan	de	adjudicación	gratuita	y	del	subsidio	integral	serán	seleccionadas	con	la	participación	de	las	comunidades	locales	—hombres	y	mujeres—,	como	garantía	de	transparencia	y	eficacia.	Gobierno	y	comunidades	velarán	por	evitar	la	especulación	con	la	tierra	en	el	marco	de	estos	programas.	1.1.4. Acceso	integral:	en	desarrollo	de	los	principios	de	bienestar	y	buen	vivir,	y	de	integralidad,	además	del	acceso	a	tierra,	el	Gobierno	Nacional	pondrá	a	disposición	de	los	hombres	y	mujeres	beneficiarios	del	Fondo	de	Tierras,	planes	de	acompañamiento	en	vivienda,	asistencia	técnica,	capacitación,	adecuación	de	tierras	y	recuperación	de	suelos	donde	sea	necesario,	proyectos	productivos,	comercialización	y	acceso	a	medios	de	producción	que	permitan	agregar	valor,	entre	otros,	y	escalará	la	provisión	de	bienes	públicos	en	el	marco	de	los	Programas	de	Desarrollo	Agrario	Integral	con	Enfoque	Territorial,	en	adelante	PDET.	Además	de	las	medidas	mencionadas	en	este	numeral	y	las	referidas	en	el	1.1.1.	en	materia	de	acceso	a	tierra,	el	Gobierno	Nacional	pondrá	en	marcha,	en	el	marco	de	los	estímulos	a	la	producción	agropecuaria	que	se	detallan	en	el	numeral	1.3.3.,	medidas	para	apoyar	la	generación	de	ingresos,	la	superación	de	la	pobreza	y	fomentar	la	economía	solidaria	y	el	cooperativismo	de	los	campesinos	que	ocupan	predios	categorizados	como	mini	o	microfundio.	1.1.5. Formalización	masiva	de	la	pequeña	y	mediana	propiedad	rural:	con	el	propósito	de	regularizar	y	proteger	los	derechos	de	la	pequeña	y	mediana	propiedad	rural,	es	decir,	garantizar	los	derechos	de	las	personas	que	sean	legítimas	dueñas	y	poseedoras	de	la	tierra,	de	manera	que	no	se	vuelva	a	recurrir	a	la	violencia	para	resolver	los	conflictos	relacionados	con	ella	y	como	garantía	contra	el	despojo	de	cualquier	tipo,	el	Gobierno	Nacional	formalizará	progresivamente,	con	sujeción	al	ordenamiento	constitucional	y	legal,	todos	los	predios	que	ocupa	o	posee	la	población	campesina	en	Colombia.	Con	este	propósito,	el	Gobierno	Nacional	formalizará	7	millones	de	hectáreas	de	pequeña	y	mediana	propiedad	rural,	priorizando	áreas	como	las	relacionadas	con	los	Programas	de	Desarrollo	con	Enfoque	Territorial	(PDET),	Zonas	de	Reserva	Campesina,	y	otras	que	el	Gobierno	defina.	En	desarrollo	de	este	propósito	el	Gobierno:	• Adecuará	un	plan	de	formalización	masiva	y	adelantará	las	reformas	normativas	y	operativas	pertinentes,	garantizando	la	participación	de	las	comunidades	y	sus	organizaciones.	El	plan	deberá	contar	con	medidas	específicas	que	permitan	superar	los	obstáculos	que	afrontan	las	mujeres	rurales	para	la	formalización	de	la	propiedad.	• Garantizará	la	gratuidad	de	la	formalización	de	la	pequeña	propiedad	rural,	acompañando	tanto	el	proceso	de	adjudicación	de	baldíos,	como	el	de	saneamiento	de	la	propiedad.	• En	el	marco	de	la	jurisdicción	agraria	que	se	cree,	el	Gobierno	se	asegurará	de	la	existencia	de	un	recurso	ágil	y	expedito	para	la	protección	de	los	derechos	de	propiedad.
14. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	14	de	297	• En	caso	de	que	la	propiedad	formalizada	sea	inferior	a	una	Unidad	Agrícola	Familiar	(UAF)2 ,	el	pequeño	propietario	y	propietaria	formalizados	podrán	también	beneficiarse	del	plan	de	acceso	del	Fondo	de	Tierras	y	de	los	mecanismos	alternativos	como	crédito	y	subsidio	para	compra	para	contribuir	a	superar	la	proliferación	de	minifundios	improductivos.	1.1.6. Tierras	inalienables	e	inembargables:	con	el	fin	de	garantizar	el	bienestar	y	el	buen	vivir	de	las	personas	beneficiarias	y	de	evitar	la	concentración	de	la	tierra	distribuida	mediante	la	adjudicación	gratuita	o	subsidio	integral	para	compra	y	los	baldíos	formalizados,	éstos	y	aquella	serán	inalienables	e	inembargables	por	un	período	de	7	años.	Pasarán	al	Fondo	de	Tierras	los	predios	distribuidos	y	los	adquiridos	mediante	el	subsidio	integral	para	compra	que	hayan	recibido	apoyo	integral	y	sin	embargo	caigan	durante	este	período	en	situación	de	inexplotación	por	parte	de	las	personas	beneficiarias,	salvo	fuerza	mayor	o	caso	fortuito,	o	que	sean	usados	ilegalmente.	En	todo	tiempo	se	promoverá	y	protegerá	la	función	social	de	la	propiedad	rural	y,	en	particular,	la	agricultura	familiar.	1.1.7. Restitución:	el	Gobierno	Nacional	y	las	FARC-EP	comparten	el	propósito	de	que	se	reviertan	los	efectos	del	conflicto,	que	se	restituyan	a	las	víctimas	del	despojo	y	del	desplazamiento	forzado	y	a	las	comunidades	sus	derechos	sobre	la	tierra,	y	que	se	produzca	el	retorno	voluntario	de	mujeres	y	hombres	en	situación	de	desplazamiento.	Para	ello	se	pondrán	en	marcha	las	medidas	acordadas	en	el	punto	5	“Víctimas”.	1.1.8. Algunos	mecanismos	de	resolución	de	conflictos	de	tenencia	y	uso	y	de	fortalecimiento	de	la	producción	alimentaria:	con	el	propósito	de	contribuir	en	la	regularización	y	protección	de	los	derechos	de	propiedad,	promover	el	uso	adecuado	de	la	tierra,	mejorar	su	planificación	y	ordenamiento,	prevenir	y	mitigar	los	conflictos	de	uso	y	tenencia,	y	en	particular	solucionar	los	conflictos	que	amenacen	o	limiten	la	producción	de	alimentos,	el	Gobierno	Nacional:	• Creará	mecanismos	ágiles	y	eficaces	de	conciliación	y	resolución	de	conflictos	de	uso	y	tenencia	de	la	tierra,	que	tengan	como	propósito	garantizar	la	protección	efectiva	de	los	derechos	de	propiedad	en	el	campo;	resolver	los	conflictos	relacionados	con	los	derechos	de	tenencia	y	uso	de	la	tierra;	y,	en	general,	promover	la	regularización	de	la	propiedad	rural,	incluyendo	mecanismos	tradicionales	y	la	intervención	participativa	de	las	comunidades	en	la	resolución	de	conflictos.	Además,	pondrá	en	marcha	con	igual	propósito,	una	nueva	jurisdicción	agraria	que	tenga	una	adecuada	cobertura	y	capacidad	en	el	territorio,	con	énfasis	en	las	zonas	priorizadas,	y	con	mecanismos	que	garanticen	un	acceso	a	la	justicia	que	sea	ágil	y	oportuno	para	la	población	rural	en	situación	de	pobreza,	con	asesoría	legal	y	formación	especial	para	las	mujeres	sobre	sus	derechos	y	el	acceso	a	la	justicia	y	con	medidas	específicas	para	superar	las	barreras	que	dificultan	el	reconocimiento	y	protección	de	los	derechos	de	las	mujeres	sobre	la	tierra.	Se	promoverá	la	participación	de	las	mujeres	y	sus	organizaciones	en	los	diferentes	espacios	que	se	creen	para	la	conciliación	y	resolución	de	conflictos	sobre	uso	y	tenencia	de	la	tierra.	2 Se	entiende	por	Unidad	Agrícola	Familiar	(UAF),	lo	establecido	en	el	art.	38	de	la	ley	160	de	1994.
15. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	15	de	297	• Creará	una	instancia	de	alto	nivel	que	se	encargará	de	la	formulación	de	lineamientos	generales	de	uso	de	la	tierra,	atendiendo	las	características	de	su	vocación,	el	bien	común	y	las	visiones	territoriales	de	desarrollo	rural	construidos	en	el	marco	de	las	instancias	de	participación	que	contarán	con	representación	equilibrada	de	hombres	y	mujeres.	En	el	diseño	de	los	lineamientos	se	tendrá	en	cuenta:	1)	la	sostenibilidad	socio-ambiental	y	la	conservación	de	los	recursos	hídricos	y	de	la	biodiversidad;	2)	la	compatibilidad	entre	vocación	y	uso	del	suelo	rural;	3)	la	prioridad	de	la	producción	de	alimentos	para	el	desarrollo	del	país,	que	permita	que	coexista	con	otras	actividades	económicas	y	promocionando	su	progresión	hacia	la	autosuficiencia;	4)	las	particularidades	sociales,	culturales	y	económicas	de	los	territorios.	• Promoverá	el	uso	efectivo	de	los	espacios	de	participación	y	decisión	en	la	planificación	de	los	usos	del	suelo	rural	y	el	ordenamiento	del	territorio.	• Creará	mecanismos	de	concertación	y	diálogo	social	entre	el	Gobierno	Nacional,	regional	y	local,	los	campesinos	y	las	campesinas	y	las	comunidades	indígenas,	negras,	afrodescendientes,	raizales	y	palenqueras,	y	otras	comunidades	en	donde	conviven	diferentes	etnias	y	culturas,	y	las	empresas	del	sector	privado	que	adelanten	su	actividad	económica	en	los	territorios	rurales,	con	el	fin	de	generar	espacios	formales	de	interlocución	entre	actores	con	diversos	intereses,	que	permitan	impulsar	una	agenda	de	desarrollo	común,	orientada	hacia	la	sostenibilidad	socio-ambiental,	el	bienestar	de	los	pobladores	rurales	y	el	crecimiento	económico	con	equidad.	1.1.9. Formación	y	actualización	del	catastro	e	impuesto	predial	rural:	con	el	propósito	de	propiciar	el	uso	adecuado,	productivo	y	sostenible	de	la	tierra,	crear	un	sistema	de	información	que	sirva	para	la	promoción	del	desarrollo	agrario	integral,	incrementar	el	recaudo	efectivo	de	los	municipios	y	la	inversión	social,	estimular	la	desconcentración	de	la	propiedad	rural	improductiva,	y	en	general	regularizar	con	transparencia	la	propiedad	de	la	tierra,	el	Gobierno	Nacional	pondrá	en	marcha:	• Un	Sistema	General	de	Información	Catastral,	integral	y	multipropósito,	que	en	un	plazo	máximo	de	7	años	concrete	la	formación	y	actualización	del	catastro	rural,	vincule	el	registro	de	inmuebles	rurales	y	se	ejecute	en	el	marco	de	la	autonomía	municipal.	En	desarrollo	de	los	principios	de	Priorización	y	de	Bienestar	y	Buen	vivir,	este	catastro	deberá	producir	resultados	tempranos	en	las	zonas	priorizadas,	en	el	marco	de	lo	que	acuerden	el	Gobierno	Nacional	y	las	FARC-EP.	Este	sistema	tendrá	información	desagregada	por	sexo/género	y	etnia,	que	permita,	entre	otros,	contar	con	información	sobre	el	tamaño	y	las	características	de	los	predios	en	manos	de	mujeres,	su	relación	con	la	tierra	y	las	formas	de	titulación.	• Apoyo	técnico,	administrativo	y	financiero	a	los	municipios	para	la	formación,	donde	sea	necesario,	actualización	y	conservación	del	catastro	rural.	• La	garantía	de	una	amplia	y	efectiva	participación	ciudadana	que	vele	por	la	transparencia	de	la	información.	En	todo	caso,	los	asuntos	de	orden	catastral,	que	tengan	que	ver	con	las	comunidades	rurales,	contarán	con	la	participación	de	sus	integrantes.	En	ningún	caso	lo
16. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	16	de	297	aquí	acordado	afectará	los	derechos	adquiridos	por	las	comunidades	indígenas	y	afrodescendientes	y	demás	comunidades	rurales.	• Un	sistema	para	que	los	municipios	liquiden,	cobren	y	recauden	efectivamente	el	impuesto	predial,	en	desarrollo	de	la	actualización	catastral	y	dentro	del	marco	de	su	autonomía.	• La	adecuación	de	una	normatividad	para	que	los	municipios	fijen	las	tarifas	del	impuesto	predial	en	desarrollo	del	principio	de	progresividad:	el	que	más	tiene	más	paga,	fundamentado	en	la	equidad	y	la	justicia	social.	• Incentivos	a	los	municipios	incluyendo,	cuando	sea	necesario,	transferencias	a	las	finanzas	municipales,	para	que	adopten	exenciones	al	impuesto	predial	para	las	personas	beneficiarias	de	los	programas	de	acceso	y	para	los	pequeños	productores.	Los	propósitos	de	la	formación	y	actualización	integral	del	catastro,	como	del	registro	de	inmuebles	rurales,	además	de	obtener	el	mejoramiento	sostenible	de	la	información	y	de	los	procesos	catastrales,	apuntarán	a	dar	seguridad	jurídica	y	social,	especialmente	a	la	pequeña	y	mediana	propiedad	rural,	en	beneficio	de	la	producción	alimentaria	y	del	equilibrio	ambiental.	1.1.10. Cierre	de	la	frontera	agrícola	y	protección	de	zonas	de	reserva:	con	el	propósito	de	delimitar	la	frontera	agrícola,	proteger	las	áreas	de	especial	interés	ambiental	y	generar	para	la	población	que	colinda	con	ellas	o	las	ocupan,	alternativas	equilibradas	entre	medio	ambiente	y	bienestar	y	buen	vivir,	bajo	los	principios	de	Participación	de	las	comunidades	rurales	y	Desarrollo	sostenible,	el	Gobierno	Nacional:	• Desarrollará	en	un	plazo	no	mayor	a	2	años	un	plan	de	zonificación	ambiental	que	delimite	la	frontera	agrícola	y	que	permita	actualizar	y	de	ser	necesario	ampliar	el	inventario,	y	caracterizar	el	uso	de	las	áreas	que	deben	tener	un	manejo	ambiental	especial,	tales	como:	zonas	de	reserva	forestal,	zonas	de	alta	biodiversidad,	ecosistemas	frágiles	y	estratégicos,	cuencas,	páramos	y	humedales	y	demás	fuentes	y	recursos	hídricos,	con	miras	a	proteger	la	biodiversidad	y	el	derecho	progresivo	al	agua	de	la	población,	propiciando	su	uso	racional.	• Para	el	desarrollo	del	Plan,	el	Gobierno	Nacional	tendrá	en	cuenta	los	propios	emprendimientos	de	convivencia	y	desarrollo,	y	la	participación	de	las	comunidades	y	organizaciones	rurales	—hombres	y	mujeres—	como	garantía	del	cumplimiento	de	los	propósitos	de	este	punto,	sin	perjuicio	de	los	intereses	comunitarios	y	socio-ambientales	y	del	bien	común.	• Apoyará	a	las	comunidades	rurales	que	actualmente	colindan	con,	o	están	dentro	de,	las	áreas	que	deben	tener	un	manejo	ambiental	especial	detalladas	previamente,	en	la	estructuración	de	planes	para	su	desarrollo,	incluidos	programas	de	reasentamiento	o	de	recuperación	comunitaria	de	bosques	y	medio	ambiente,	que	sean	compatibles	y	contribuyan	con	los	objetivos	de	cierre	de	la	frontera	agrícola	y	conservación	ambiental,	tales	como:	prestación	de	servicios	ambientales,	dando	especial	reconocimiento	y
17. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	17	de	297	valoración	a	los	intangibles	culturales	y	espirituales	y	protegiendo	el	interés	social;	sistemas	de	producción	alimentaria	sostenible	y	silvopastoriles;	reforestación;	Zonas	de	Reserva	Campesina	(ZRC);	y	en	general,	otras	formas	de	organización	de	la	población	rural	y	de	la	economía	campesina	sostenibles.	• Con	el	fin	de	promover	el	uso	adecuado	de	la	tierra,	además	de	la	nueva	estructura	catastral	y	de	la	progresividad	del	impuesto	predial	(1.1.9.),	el	Gobierno	adoptará	las	medidas	y	creará	los	incentivos	necesarios	para	prevenir	e	impulsar	soluciones	a	los	conflictos	entre	la	vocación	de	la	tierra	y	su	uso	real,	teniendo	en	especial	consideración	el	plan	de	zonificación	ambiental	del	que	trata	este	punto	y	teniendo	en	cuenta	el	principio	de	Bienestar	y	Buen	Vivir.	Las	sustracciones	de	las	Zonas	de	Reserva	Forestal	a	las	que	se	refiere	este	Acuerdo,	priorizarán	el	acceso	a	la	tierra	para	campesinos	y	campesinas	sin	tierra	o	con	tierra	insuficiente,	a	través	de	diferentes	formas	de	organización	o	asociación,	incluidas	las	Zonas	de	Reserva	Campesina,	que	contribuyan	al	cierre	de	la	frontera	agrícola,	al	fortalecimiento	de	la	economía	campesina	y	a	la	agricultura	familiar.	• Las	ZRC	son	iniciativas	agrarias	que	contribuyen	a	la	construcción	de	paz,	a	la	garantía	de	los	derechos	políticos,	económicos,	sociales	y	culturales	de	los	campesinos	y	campesinas,	al	desarrollo	con	sostenibilidad	socio-ambiental	y	alimentaria	y	a	la	reconciliación	de	los	colombianos	y	colombianas.	En	consecuencia,	el	Gobierno	Nacional,	en	concertación	con	las	comunidades,	y	teniendo	en	cuenta	lo	planteado	en	los	principios	de	Bienestar	y	buen	vivir	y	Participación	de	la	Reforma	Rural	Integral,	promoverá	el	acceso	a	la	tierra	y	la	planificación	de	su	uso	en	las	ZRC,	haciendo	efectivo	el	apoyo	a	los	planes	de	desarrollo	de	las	zonas	constituidas	y	de	las	que	se	constituyan,	en	respuesta	a	las	iniciativas	de	las	comunidades	y	organizaciones	agrarias	que	éstas	consideren	representativas,	de	manera	que	cumplan	con	el	propósito	de	promover	la	economía	campesina,	contribuir	al	cierre	de	la	frontera	agrícola,	aportar	a	la	producción	de	alimentos	y	a	la	protección	de	las	Zonas	de	Reserva	Forestal.	Se	promoverá	la	participación	activa	de	las	comunidades	—hombres	y	mujeres—	que	habitan	en	las	ZRC	en	la	ejecución	de	sus	planes	de	desarrollo.	• En	el	marco	de	los	procesos	de	constitución	de	ZRC,	el	Gobierno,	como	resultado	de	mecanismos	de	concertación,	definirá	con	las	comunidades	interesadas	las	áreas	de	cada	una	de	ellas,	atendiendo	las	necesidades	de	los	campesinos	que	adelantan	o	quieran	adelantar	procesos	de	constitución.	La	constitución	de	las	ZRC	estará	acompañada	de	procesos	de	formalización	de	la	propiedad.	1.2. Programas	de	Desarrollo	con	Enfoque	Territorial	(PDET)	1.2.1. Objetivo:	el	objetivo	de	los	PDET	es	lograr	la	transformación	estructural	del	campo	y	el	ámbito	rural,	y	un	relacionamiento	equitativo	entre	el	campo	y	la	ciudad,	de	manera	que	se	asegure:	• El	bienestar	y	el	buen	vivir	de	la	población	en	zonas	rurales—niños	y	niñas,	hombres	y	mujeres—	haciendo	efectivos	sus	derechos	políticos,	económicos,	sociales	y	culturales,	y	revirtiendo	los	efectos	de	la	miseria	y	el	conflicto;
18. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	18	de	297	• La	protección	de	la	riqueza	pluriétnica	y	multicultural	para	que	contribuya	al	conocimiento,	a	la	organización	de	la	vida,	a	la	economía,	a	la	producción	y	al	relacionamiento	con	la	naturaleza;	• El	desarrollo	de	la	economía	campesina	y	familiar	(cooperativa,	mutual,	comunal,	micro	empresarial	y	asociativa	solidaria)	y	de	formas	propias	de	producción	de	las	comunidades	indígenas,	negras,	afrodescendientes,	raizales	y	palenqueras,	mediante	el	acceso	integral	a	la	tierra	y	a	bienes	y	servicios	productivos	y	sociales.	Los	PDET	intervendrán	con	igual	énfasis	en	los	espacios	interétnicos	e	interculturales	para	que	avancen	efectivamente	hacia	el	desarrollo	y	la	convivencia	armónica;	• El	desarrollo	y	la	integración	de	las	regiones	abandonadas	y	golpeadas	por	el	conflicto,	implementando	inversiones	públicas	progresivas,	concertadas	con	las	comunidades,	con	el	fin	de	lograr	la	convergencia	entre	la	calidad	de	vida	rural	y	urbana,	y	fortalecer	los	encadenamientos	entre	la	ciudad	y	el	campo;	• El	reconocimiento	y	la	promoción	de	las	organizaciones	de	las	comunidades,	incluyendo	a	las	organizaciones	de	mujeres	rurales,	para	que	sean	actores	de	primera	línea	de	la	transformación	estructural	del	campo;	• Hacer	del	campo	colombiano	un	escenario	de	reconciliación	en	el	que	todos	y	todas	trabajan	alrededor	de	un	propósito	común,	que	es	la	construcción	del	bien	supremo	de	la	paz,	derecho	y	deber	de	obligatorio	cumplimiento.	1.2.2. Criterios	de	priorización:	el	proceso	de	transformación	estructural	del	campo	debe	cobijar	la	totalidad	de	las	zonas	rurales	del	país.	Se	priorizarán	las	zonas	más	necesitadas	y	urgidas	con	PDET	para	implementar	con	mayor	celeridad	y	recursos	los	planes	nacionales	que	se	creen	en	el	marco	de	este	Acuerdo.	Los	criterios	de	priorización	de	las	zonas	serán:	• Los	niveles	de	pobreza,	en	particular	de	pobreza	extrema	y	de	necesidades	insatisfechas;	• El	grado	de	afectación	derivado	del	conflicto;	• La	debilidad	de	la	institucionalidad	administrativa	y	de	la	capacidad	de	gestión;	• La	presencia	de	cultivos	de	uso	ilícito	y	de	otras	economías	ilegítimas.	1.2.3. Planes	de	acción	para	la	transformación	regional:	para	cumplir	con	los	objetivos	de	los	PDET,	en	cada	zona	priorizada	es	necesario	elaborar	de	manera	participativa	un	plan	de	acción	para	la	transformación	regional,	que	incluya	todos	los	niveles	del	ordenamiento	territorial,	concertado	con	las	autoridades	locales	y	las	comunidades.	Los	planes	deben	contemplar:	• El	enfoque	territorial	de	las	comunidades	rurales	que	tenga	en	cuenta	las	características	socio-históricas,	culturales,	ambientales	y	productivas	de	los	territorios	y	sus	habitantes,	así	como	sus	necesidades	diferenciadas	en	razón	del	género,	edad,	pertenencia	étnica,	orientación	sexual	e	identidad	de	género	diversa,	y	condición	de	discapacidad,	y	la	vocación	de	los	suelos,	para	poder	desplegar	los	recursos	de	inversión	pública	de	manera	suficiente	y	en	armonía	con	los	valores	tangibles	e	intangibles	de	la	nación.
19. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	19	de	297	• Un	diagnóstico	objetivo,	elaborado	con	la	participación	de	las	comunidades	—hombres	y	mujeres—,	en	el	que	se	consideren	bajo	el	enfoque	territorial	señalado	las	necesidades	en	el	territorio	y	las	acciones	que	coordinen	los	diferentes	elementos,	y	tenga	metas	claras	y	precisas	que	posibiliten	la	transformación	estructural	de	las	condiciones	de	vida	y	de	producción.	El	Plan	Nacional	de	Desarrollo	acogerá	las	prioridades	y	metas	de	los	PDET.	1.2.4. Mecanismos	de	participación:	la	participación	activa	de	las	comunidades	—hombres	y	mujeres—	en	conjunto	con	las	autoridades	de	las	entidades	territoriales,	es	la	base	de	los	PDET.	Para	ello	se	establecerán	instancias	de	decisión	en	los	distintos	niveles	territoriales,	en	las	que	se	incluya	la	presencia	representativa	de	las	comunidades,	incluyendo	la	de	las	mujeres	rurales	y	sus	organizaciones,	y	el	acompañamiento	de	los	órganos	de	control,	para:	• Definir	las	prioridades	en	la	implementación	de	los	planes	nacionales	(vías,	riego,	infraestructura,	servicios,	etc.)	en	el	territorio,	de	acuerdo	con	las	necesidades	de	la	población;	• Asegurar	la	participación	comunitaria	en	la	ejecución	de	las	obras	y	su	mantenimiento;	• Establecer	mecanismos	de	seguimiento	y	veeduría	de	los	proyectos.	1.2.5. Medios:	los	PDET	serán	el	mecanismo	de	ejecución	en	las	zonas	priorizadas	de	los	diferentes	planes	nacionales	que	se	deriven	del	Acuerdo.	El	Gobierno	nacional	destinará	los	recursos	necesarios	para	garantizar	el	diseño	y	ejecución	de	los	planes	de	acción	para	la	transformación	estructural,	con	el	concurso	de	las	entidades	territoriales.	1.2.6. Seguimiento	y	evaluación:	los	programas	y	planes	de	acción	para	la	transformación	regional	de	cada	zona	priorizada	tendrán	mecanismos	de	seguimiento	y	evaluación	local,	regional	y	nacional,	como	parte	de	los	mecanismos	generales	de	verificación	y	seguimiento	de	los	que	trata	el	punto	6	para	garantizar	que	lo	que	se	acuerde,	se	implementa	y	se	cumple.	1.3. Planes	Nacionales	para	la	Reforma	Rural	Integral	El	objetivo	central	de	los	planes	nacionales	para	la	Reforma	Rural	Integral	es	por	una	parte	la	superación	de	la	pobreza	y	la	desigualdad,	para	alcanzar	el	bienestar	de	la	población	rural;	y	por	otra,	la	integración	y	el	cierre	de	la	brecha	entre	el	campo	y	la	ciudad.	La	superación	de	la	pobreza	no	se	logra	simplemente	mejorando	el	ingreso	de	las	familias,	sino	asegurando	que	niños,	niñas,	mujeres	y	hombres	tengan	acceso	adecuado	a	servicios	y	bienes	públicos.	Esa	es	la	base	de	una	vida	digna.	Por	eso	la	superación	de	la	pobreza	en	el	campo	depende,	ante	todo,	de	la	acción	conjunta	de	los	planes	nacionales	para	la	Reforma	Rural	Integral,	que	en	una	fase	de	transición	de	10	años,	logre	la	erradicación	de	la	pobreza	extrema	y	la	reducción	en	todas	sus	dimensiones	de	la
20. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	20	de	297	pobreza	rural	en	un	50%,	así	como	la	disminución	de	la	desigualdad	y	la	creación	de	una	tendencia	hacia	la	convergencia	en	mejores	niveles	de	vida	en	la	ciudad	y	en	el	campo.	Las	medidas	para	la	superación	de	la	pobreza	deberán	tener	enfoque	de	género	que	permita	hacer	frente	a	las	necesidades	particulares	de	las	mujeres	en	el	campo.	1.3.1. Infraestructura	y	adecuación	de	tierras	1.3.1.1.Infraestructura	vial:	con	el	propósito	de	lograr	la	integración	regional	y	el	acceso	a	los	servicios	sociales	y	a	los	mercados,	incidir	favorablemente	sobre	el	precio	de	los	alimentos	como	garantía	del	derecho	a	la	alimentación	y	mejorar	el	ingreso	de	la	población	campesina,	el	gobierno	nacional	creará	e	implementará	un	Plan	Nacional	de	Vías	Terciarias.	En	su	desarrollo,	el	Plan	tendrá	en	cuenta	los	siguientes	criterios:	• La	participación	activa	de	las	comunidades	—hombres	y	mujeres—	en	la	priorización,	ejecución	y	seguimiento	de	las	obras.	• La	asistencia	técnica	y	la	promoción	de	las	capacidades	organizativas	de	las	comunidades	para	garantizar	el	mantenimiento	y	la	sostenibilidad	de	las	obras.	• El	estímulo	a	la	economía	local	dando	prioridad	a	la	contratación	de	trabajadores	y	trabajadoras	y	adquisición	de	materiales	locales.	• La	promoción	y	aplicación	de	diversas	soluciones	tecnológicas.	• La	importancia	de	garantizar	la	sostenibilidad	de	las	condiciones	socioambientales.	1.3.1.2.Infraestructura	de	riego:	con	el	propósito	de	impulsar	la	producción	agrícola	familiar	y	la	economía	campesina	en	general,	garantizando	el	acceso	democrático	y	ambientalmente	sostenible	al	agua,	el	gobierno	nacional	creará	e	implementará	el	Plan	Nacional	de	Riego	y	Drenaje	para	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria.	Para	el	desarrollo	del	Plan	se	tendrán	en	cuenta	los	siguientes	criterios:	• La	promoción	y	aplicación	de	soluciones	tecnológicas	apropiadas	de	riego	y	drenaje	para	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria,	de	acuerdo	con	las	particularidades	de	las	zonas,	del	proyecto	productivo	y	de	las	comunidades.	• La	recuperación	de	la	infraestructura	de	riego	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria.	• El	acompañamiento	a	las	asociaciones	de	usuarios	y	usuarias	en	el	diseño	y	formulación	de	los	proyectos	de	riego	y	drenaje.	• La	asistencia	técnica	y	la	promoción	de	las	capacidades	organizativas	de	las	comunidades	para	garantizar	el	mantenimiento,	la	administración	y	la	sostenibilidad	económica	y	ambiental	de	los	proyectos	de	riego	y	drenaje.	• La	promoción	de	prácticas	adecuadas	para	el	uso	del	agua	en	el	riego.
21. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	21	de	297	• La	preparación	para	mitigar	los	riesgos	originados	por	el	cambio	climático.	1.3.1.3.Infraestructura	eléctrica	y	de	conectividad:	con	el	propósito	de	garantizar	condiciones	de	vida	digna	y	mejorar	la	conectividad,	el	gobierno	nacional	diseñará	e	implementará	un	Plan	Nacional	de	Electrificación	Rural	y	un	Plan	Nacional	de	Conectividad	Rural,	con	los	siguientes	criterios:	• La	ampliación	de	la	cobertura	eléctrica.	• La	promoción	y	aplicación	de	soluciones	tecnológicas	apropiadas	de	generación	eléctrica	de	acuerdo	con	las	particularidades	del	medio	rural	y	de	las	comunidades.	• La	asistencia	técnica	y	la	promoción	de	las	capacidades	organizativas	de	las	comunidades	para	garantizar	el	mantenimiento	y	la	sostenibilidad	de	las	obras.	• La	capacitación	en	el	uso	adecuado	de	la	energía	para	garantizar	su	sostenibilidad	• La	instalación	de	la	infraestructura	necesaria	para	garantizar	el	acceso	a	internet	de	alta	velocidad	en	las	cabeceras	municipales.	• La	oferta	de	soluciones	de	acceso	comunitario	a	internet	para	centros	poblados.	1.3.2. Desarrollo	social:	salud,	educación,	vivienda,	erradicación	de	la	pobreza.	1.3.2.1.Salud:	con	el	propósito	de	acercar	la	oferta	de	servicios	de	salud	a	las	comunidades	— niños,	niñas,	mujeres,	hombres,	personas	con	pertenencia	étnica,	personas	con	orientación	sexual	e	identidad	de	género	diversa	y	en	condición	de	discapacidad—,	fortalecer	la	infraestructura	y	la	calidad	de	la	red	pública	en	las	zonas	rurales	y	mejorar	la	oportunidad	y	la	pertinencia	de	la	prestación	del	servicio,	se	creará	e	implementará	el	Plan	Nacional	de	Salud	Rural.	Para	el	desarrollo	del	Plan	se	tendrán	en	cuenta	los	siguientes	criterios:	• La	construcción	y	el	mejoramiento	de	la	infraestructura	sobre	la	base	de	un	diagnóstico	amplio	y	participativo	que	permita	atender	al	mayor	número	de	usuarios	y	usuarias	en	cada	región,	la	dotación	de	equipos,	incluyendo	la	adopción	de	nuevas	tecnologías	para	mejorar	la	atención	(ej.	Telemedicina),	y	la	disponibilidad	y	permanencia	de	personal	calificado.	• La	adopción	de	un	enfoque	diferencial	y	de	género,	que	tenga	en	cuenta	los	requerimientos	en	salud	para	las	mujeres	de	acuerdo	a	su	ciclo	vital,	incluyendo	medidas	en	materia	de	salud	sexual	y	reproductiva,	atención	psicosocial	y	medidas	especiales	para	mujeres	gestantes	y	los	niños	y	niñas,	en	la	prevención,	promoción	y	atención	en	salud.
22. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	22	de	297	• La	creación	de	un	modelo	especial	de	salud	pública	para	zonas	rurales	dispersas,	con	énfasis	en	la	prevención,	que	permita	brindar	atención	en	los	hogares	o	en	los	lugares	de	trabajo.	• Un	sistema	de	seguimiento	y	evaluación	permanente	para	garantizar	la	calidad	y	oportunidad	de	la	atención.	1.3.2.2.Educación	rural:	con	el	propósito	de	brindar	atención	integral	a	la	primera	infancia,	garantizar	la	cobertura,	la	calidad	y	la	pertinencia	de	la	educación	y	erradicar	el	analfabetismo	en	las	áreas	rurales,	así	como	promover	la	permanencia	productiva	de	los	y	las	jóvenes	en	el	campo,	y	acercar	las	instituciones	académicas	regionales	a	la	construcción	del	desarrollo	rural,	el	gobierno	nacional	creará	e	implementará	el	Plan	Especial	de	Educación	Rural.	Para	el	desarrollo	del	Plan	se	tendrán	en	cuenta	los	siguientes	criterios:	• La	cobertura	universal	con	atención	integral	a	la	primera	infancia.	• Modelos	flexibles	de	educación	preescolar,	básica	y	media,	que	se	adapten	a	las	necesidades	de	las	comunidades	y	del	medio	rural,	con	un	enfoque	diferencial.	• La	construcción,	reconstrucción,	mejoramiento	y	adecuación	de	la	infraestructura	educativa	rural,	incluyendo	la	disponibilidad	y	permanencia	de	personal	docente	calificado	y	el	acceso	a	tecnologías	de	información.	• La	garantía	de	la	gratuidad	educativa	para	educación	preescolar,	básica	y	media.	• El	mejoramiento	de	las	condiciones	para	el	acceso	y	la	permanencia	en	el	sistema	educativo	de	niños,	niñas	y	adolescentes	a	través	de	un	acceso	gratuito	a	útiles,	textos,	alimentación	escolar	y	transporte.	• La	oferta	de	programas	e	infraestructura	de	recreación,	cultura	y	deporte.	• La	incorporación	de	la	formación	técnica	agropecuaria	en	la	educación	media	(décimo	y	once).	• La	disponibilidad	de	becas	con	créditos	condonables	para	el	acceso	de	hombres	y	mujeres	rurales	más	pobres	a	servicios	de	capacitación	técnica,	tecnológica	y	universitaria	que	incluya,	cuando	sea	pertinente,	apoyos	a	la	manutención.	• La	promoción	de	la	formación	profesional	de	las	mujeres	en	disciplinas	no	tradicionales	para	ellas.	• La	implementación	de	un	programa	especial	para	la	eliminación	del	analfabetismo	rural.
23. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	23	de	297	• El	fortalecimiento	y	la	promoción	de	la	investigación,	la	innovación	y	el	desarrollo	científico	y	tecnológico	para	el	sector	agropecuario,	en	áreas	como	agroecología,	biotecnología,	suelos,	etc.	• Incremento	progresivo	de	los	cupos	técnicos,	tecnológicos	y	universitarios	en	las	zonas	rurales,	con	acceso	equitativo	para	hombres	y	mujeres,	incluyendo	personas	en	condición	de	discapacidad.	Se	tomarán	medidas	especiales	para	incentivar	el	acceso	y	permanencia	de	las	mujeres	rurales.	• Promover	la	ampliación	de	oferta	y	la	capacitación	técnica,	tecnológica	y	universitaria	en	áreas	relacionadas	con	el	desarrollo	rural.	1.3.2.3.Vivienda	y	agua	potable:	con	el	propósito	de	garantizar	condiciones	de	vida	digna	a	las	personas	que	habitan	en	el	campo,	el	Gobierno	Nacional	creará	e	implementará	el	Plan	nacional	de	construcción	y	mejoramiento	de	la	vivienda	social	rural.	Para	el	desarrollo	del	Plan	se	tendrán	en	cuenta	los	siguientes	criterios:	• La	aplicación	de	soluciones	de	vivienda	adecuadas,	de	acuerdo	con	las	particularidades	del	medio	rural	y	de	las	comunidades,	con	enfoque	diferencial	y	de	género.	• La	promoción	y	aplicación	de	soluciones	tecnológicas	apropiadas	(acueductos	veredales	y	soluciones	individuales)	para	garantizar	el	acceso	al	agua	potable	y	el	manejo	de	aguas	residuales.	• El	otorgamiento	de	subsidios	para	la	construcción	y	para	el	mejoramiento	de	vivienda,	que	prioricen	a	la	población	en	pobreza	extrema,	las	víctimas,	los	beneficiarios	y	las	beneficiarias	del	Plan	de	distribución	de	tierras	y	a	la	mujer	cabeza	de	familia.	Los	montos	del	subsidio	no	reembolsable,	que	podrán	cubrir	hasta	la	totalidad	de	la	solución	de	vivienda,	se	fijarán	atendiendo	los	requerimientos	y	costos	de	construcción	en	cada	región,	con	el	fin	de	garantizar	condiciones	de	vivienda	digna.	• La	participación	activa	de	las	comunidades	—hombres	y	mujeres—	en	la	definición	de	las	soluciones	de	vivienda	y	la	ejecución	de	los	proyectos.	• La	asistencia	técnica	y	la	promoción	de	las	capacidades	organizativas	de	las	comunidades	para	garantizar	el	mantenimiento,	la	operación	y	la	sostenibilidad	de	las	soluciones	de	acceso	al	agua	y	manejo	de	aguas	residuales.	• Promover	prácticas	adecuadas	para	el	uso	del	agua	potable.	1.3.3. Estímulos	a	la	producción	agropecuaria	y	a	la	economía	solidaria	y	cooperativa.	Asistencia	Técnica.	Subsidios.	Crédito.	Generación	de	ingresos.	Mercadeo.	Formalización	laboral.	1.3.3.1.Estímulos	a	la	economía	solidaria	y	cooperativa:	con	el	propósito	de	estimular	diferentes	formas	asociativas	de	trabajo	de	o	entre	pequeños	y	medianos	productores
24. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	24	de	297	y	productoras,	basadas	en	la	solidaridad	y	la	cooperación,	y	que	promuevan	la	equidad	de	género,	la	autonomía	económica	y	la	capacidad	organizativa	en	especial	de	las	mujeres	rurales,	y	fortalezcan	la	capacidad	de	los	pequeños	productores	y	productoras	de	acceder	a	bienes	y	servicios,	comercializar	sus	productos	y	en	general	mejorar	sus	condiciones	de	vida,	de	trabajo	y	de	producción,	el	Gobierno	Nacional	creará	e	implementará	el	Plan	nacional	de	fomento	a	la	economía	solidaria	y	cooperativa	rural.	Para	el	desarrollo	del	Plan	se	tendrán	en	cuenta	los	siguientes	criterios:	• El	acompañamiento,	apoyo	técnico	y	financiero	a	las	comunidades	rurales	—hombres	y	mujeres—	en	la	creación	y	fortalecimiento	de	cooperativas,	asociaciones	y	organizaciones	solidarias	y	comunitarias,	especialmente	aquellas	vinculadas	con	la	producción	y	el	abastecimiento	alimentario,	en	particular	la	producción	orgánica	y	agroecológica,	y	las	organizaciones	de	mujeres.	• El	fortalecimiento	de	las	capacidades	productivas	y	de	las	condiciones	de	acceso	a	los	instrumentos	de	desarrollo	rural	(medios	de	producción,	asistencia	técnica,	formación	y	capacitación,	crédito	y	comercialización,	entre	otros).	• Estimular	la	economía	solidaria	y	cooperativa	como	medio	para	canalizar	recursos	y	servicios	a	la	población	rural.	• El	apoyo	con	medidas	diferenciales	a	las	organizaciones	comunitarias	y	asociaciones	para	contribuir	a	la	gestión	de	proyectos	de	infraestructura	y	equipamiento	(vías,	vivienda,	salud,	educación,	agua	y	saneamiento	básico,	riego	y	drenaje).	1.3.3.2.Asistencia	técnica:	con	el	propósito	de	fortalecer	las	capacidades	productivas	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria	para	desarrollar	sus	proyectos	productivos	y	estimular	procesos	de	innovación	tecnológica,	el	Gobierno	Nacional	diseñará	e	implementará	un	Plan	nacional	de	asistencia	integral	técnica,	tecnológica	y	de	impulso	a	la	investigación.	Para	el	desarrollo	del	Plan	se	tendrán	en	cuenta	los	siguientes	criterios:	• La	garantía	de	la	provisión	del	servicio	de	asistencia	integral,	técnica	y	tecnológica	(avances	en	los	aspectos	técnico-productivos,	organizativos	y	sociales,	de	gestión,	administración,	informática,	finanzas,	mercadeo	y	capacitación)	a	la	producción	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria,	de	manera	descentralizada.	La	asistencia	integral	técnica	y	tecnológica	es	un	servicio	público	gratuito	para	los	beneficiarios	y	beneficiarias	del	Fondo	de	Tierras	y	para	los	pequeños	productores	y	productoras,	priorizando	a	mujeres	cabeza	de	familia,	y	contará	con	un	subsidio	progresivo	para	los	medianos	productores	y	productoras.	• La	regulación	y	supervisión	de	la	calidad	del	servicio	de	asistencia	técnica	y	tecnológica,	incluyendo	un	sistema	de	seguimiento	y	evaluación	participativo	y	comunitario,	que	tenga	en	cuenta	la	participación	de	las	mujeres.
25. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	25	de	297	• La	vinculación	de	la	asistencia	técnica	y	tecnológica	con	los	resultados	de	procesos	de	investigación	e	innovación	agropecuaria,	incluyendo	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	comunicación	y	la	información.	• La	promoción	y	protección	de	las	semillas	nativas	y	los	bancos	de	semillas	para	que	las	comunidades	—hombres	y	mujeres—	puedan	acceder	al	material	de	siembra	óptimo	y,	de	manera	participativa,	contribuyan	a	su	mejoramiento,	incorporando	sus	conocimientos	propios.	Además,	la	estricta	regulación	socio-ambiental	y	sanitaria	de	los	transgénicos,	propiciando	el	bien	común.	Lo	anterior	en	el	marco	de	la	obligación	inquebrantable	del	Estado	de	tomar	las	medidas	y	usar	las	herramientas	necesarias	para	salvaguardar	el	patrimonio	genético	y	la	biodiversidad	como	recursos	soberanos	de	la	nación.	1.3.3.3.Subsidios,	generación	de	ingresos	y	crédito:	además	de	los	subsidios	que	el	Gobierno	Nacional	otorgará	a	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria,	mediante	los	planes	y	programas	de	distribución	de	tierras,	asistencia	técnica,	vivienda,	infraestructura	y,	en	general,	de	todos	los	bienes	y	servicios	sociales	que	constituyen	el	acceso	integral,	el	Gobierno	Nacional	diseñará	e	implementará	un	Plan	para	apoyar	y	consolidar	la	generación	de	ingresos	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria,	y	de	los	medianos	productores	y	productoras	con	menores	ingresos,	que	cuente	con	una	perspectiva	de	género	que	permita	a	las	mujeres	superar	barreras	de	acceso	al	financiamiento.	Para	el	desarrollo	del	Plan	se	tendrán	en	cuenta	los	siguientes	criterios:	• La	provisión	de	recursos	de	capital	semilla	no	reembolsables	que	permitan	el	arranque	exitoso	de	los	proyectos	productivos	de	los	beneficiarios	y	beneficiarias	de	distribución	de	tierras.	• La	promoción	de	fondos	agropecuarios	rotatorios	de	las	asociaciones	de	pequeños	productores	y	productoras	y	de	los	medianos	productores	y	productoras	con	menores	ingresos.	• La	adopción	de	un	sistema	de	garantías	que	facilite	el	acceso	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria	al	crédito	agropecuario.	• A	la	luz	de	lo	acordado	en	el	punto	1.1.6	sobre	inembargabilidad	e	inalienabilidad,	la	provisión	de	líneas	de	crédito	blandas,	ágiles,	oportunas	y	subsidiadas	para	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria,	y	actividades	complementarias,	y	con	subsidios	progresivos	para	los	medianos	productores	y	productoras	con	menores	ingresos,	orientados	a	apoyar	el	derecho	a	la	alimentación,	la	reconversión	productiva	y	la	generación	de	valor	agregado.	Las	líneas	de	crédito	subsidiadas	para	la	compra	de	tierra	se	otorgarán	exclusivamente	a	los	pequeños	productores	y	productoras.	• La	promoción	de	seguros	de	cosecha	subsidiados	para	la	producción	agropecuaria	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria	en	todas	sus	modalidades.
26. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	26	de	297	• El	fomento	de	una	cultura	de	manejo	de	todo	tipo	de	riesgos.	• Junto	con	los	manuales	de	crédito	subsidiado,	se	informará	ampliamente	y	se	acompañará	prioritariamente	a	los	pequeños	productores	y	productoras	rurales	en	el	uso	de	los	mecanismos	de	normalización	de	cartera,	que	les	permita	retomar	la	producción	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria	en	sus	predios	para	proteger	su	subsistencia.	1.3.3.4.Mercadeo:	con	el	fin	de	garantizar	condiciones	adecuadas	para	la	comercialización	de	los	productos	provenientes	de	la	producción	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria,	y	mejorar	su	disponibilidad	como	garantía	del	derecho	a	la	alimentación,	el	Gobierno	Nacional	creará	e	implementará	el	Plan	nacional	para	la	promoción	de	la	comercialización	de	la	producción	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria,	que	cuente	con	una	perspectiva	de	género	que	promueva	el	empoderamiento	económico	de	las	mujeres	rurales.	Para	el	desarrollo	del	Plan	se	tendrán	en	cuenta	los	siguientes	criterios:	• La	promoción	de	asociaciones	solidarias,	incluyendo	las	asociaciones	de	mujeres	rurales,	para	comercialización	que	provean	información	y	logística,	administren	los	centros	de	acopio	y	promocionen	los	productos	del	campo,	dando	especial	atención	a	las	áreas	priorizadas,	de	manera	que	se	minimice	progresivamente	la	intermediación,	se	reduzca	el	precio	final	al	consumidor,	se	propicien	relacionamientos	directos	entre	quienes	producen	y	consumen	,y	se	creen	condiciones	para	garantizar	mejores	ingresos	para	los	productores	y	productoras.	• Financiación	o	cofinanciación	de	centros	de	acopio	para	la	producción	alimentaria	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria	que	atiendan	las	particularidades	y	las	necesidades	de	la	región	así	como	la	promoción	de	la	administración	de	los	centros	de	acopio	por	parte	de	las	comunidades	organizadas.	• La	promoción	en	los	centros	urbanos	de	mercados	para	la	producción	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria.	• La	promoción	de	encadenamientos	de	la	pequeña	producción	rural	con	otros	modelos	de	producción,	que	podrán	ser	verticales	u	horizontales	y	en	diferente	escala,	en	función	de	la	integración	campo-ciudad,	en	beneficio	de	las	comunidades	—mujeres	y	hombres—	y	para	agregar	valor	a	la	producción.	• El	diseño	e	implementación	progresiva	de	un	mecanismo	de	compras	públicas	para	atender	la	demanda	de	las	entidades	y	programas	institucionales,	que	de	manera	descentralizada,	fomente	la	producción	local	para	apoyar	la	comercialización	y	absorción	de	la	producción	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria.	• La	implementación	para	los	productores	y	las	productoras,	de	un	sistema	de	información	de	precios	regionales	que	se	apoye	en	las	tecnologías	de	la	información	y	las	comunicaciones.
27. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	27	de	297	1.3.3.5.Formalización	laboral	rural	y	protección	social:	el	Gobierno	Nacional	fortalecerá	al	máximo	el	sistema	de	protección	y	seguridad	social	de	la	población	rural,	con	un	enfoque	diferencial	y	de	género.	A	la	luz	de	las	normas	de	la	OIT	de	las	que	Colombia	es	parte	y	con	el	propósito	de	garantizar	el	trabajo	digno	y	los	derechos	de	los	trabajadores	y	trabajadoras	del	campo,	y	su	protección	social	(protección	a	la	vejez,	maternidad	y	riesgos	laborales),	el	Gobierno	Nacional	creará	e	implementará	el	Plan	progresivo	de	protección	social	y	de	garantía	de	derechos	de	los	trabajadores	y	trabajadoras	rurales.	El	Plan	habrá	de	dignificar	las	condiciones	laborales	rurales,	mediante	la	aplicación	plena,	con	la	inspección	del	trabajo,	de	la	normatividad	sobre	relaciones	contractuales,	la	regulación	correspondiente	sobre	jornada,	remuneración	y	subordinación,	considerando	los	desarrollos	jurisprudenciales	favorables	a	los	trabajadores	y	trabajadoras,	las	normas	internacionales	de	la	OIT	aplicables,	sobre	el	trabajo	en	general	y	el	trabajo	rural	en	particular,	que	permitan	garantizar	de	manera	efectiva,	y	en	igualdad	de	condiciones	para	hombres	y	mujeres,	el	derecho	fundamental	al	trabajo.	Para	el	desarrollo	del	Plan	se	tendrán	en	cuenta	los	siguientes	criterios:	• Campañas	para	la	erradicación	del	trabajo	infantil	y	medidas	inmediatas	para	la	erradicación	de	las	peores	formas	de	trabajo	infantil.	• La	garantía	de	protección	social,	mediante	un	beneficio	económico	periódico	para	los	trabajadores	y	trabajadoras	del	campo	en	edad	de	jubilarse	y	de	un	subsidio	de	riesgos	laborales,	proporcional	a	un	ahorro	individual	acompañado	de	un	subsidio	por	parte	del	Estado.	• La	promoción	y	estímulo	de	procesos	organizativos	de	los	trabajadores	y	trabajadoras	del	campo	a	través	de	formas	asociativas	basadas	en	la	solidaridad	y	la	cooperación,	de	tal	forma	que	se	facilite	el	acceso	a	servicios	del	Estado	orientados	al	bienestar	de	los	trabajadores	y	trabajadoras.	• La	promoción	de	la	vinculación	laboral	de	las	personas	en	situación	de	discapacidad.	• La	promoción	de	la	vinculación	laboral	de	las	mujeres	en	áreas	productivas	no	tradicionales.	• La	capacitación	a	los	trabajadores	y	trabajadoras	agrarios	y	a	las	empresas,	en	materia	de	obligaciones	y	derechos	laborales,	y	el	fomento	de	la	cultura	de	la	formalización	laboral.	• El	fortalecimiento	del	sistema	fijo	de	inspección	laboral	y	la	creación	de	un	sistema	móvil	de	inspección	en	las	áreas	rurales	que	permita	que	los	trabajadores	y	trabajadoras	puedan	exigir	debidamente	sus	derechos	laborales	y	tramitar	adecuadamente	conflictos	de	carácter	laboral.
28. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	28	de	297	• Los	planes	y	programas	social	y	ambientalmente	sostenibles	que	se	desarrollarán	en	las	zonas	rurales,	se	harán	con	el	concurso	de	la	mano	de	obra	de	las	comunidades	de	la	zona	—hombres	y	mujeres.	Las	condiciones	laborales	de	estos	programas	se	adecuarán	a	la	normativa	internacional	y	nacional,	y	se	regirán	por	los	principios	de	dignidad	y	equidad.	• La	extensión	de	programas	para	la	protección	eficaz	del	riesgo	económico	de	la	vejez	hacia	la	población	rural	de	tercera	edad	en	extrema	pobreza	que	no	está	cubierta	por	el	sistema	de	seguridad	social	considerando	las	necesidades	especiales	de	las	mujeres	adultas	mayores.	• Promover	esquemas	de	protección	al	embarazo,	parto,	lactancia	y	atención	en	salud	para	el	recién	nacido,	ampliando	progresivamente	en	cobertura	y	calidad	los	sistemas	de	salud	y	subsidio	familiar,	con	enfoque	especial	en	la	mujer	trabajadora	del	campo.	1.3.4. Sistema	para	la	garantía	progresiva	del	derecho	a	la	alimentación:	en	desarrollo	de	la	obligación	de	garantizar	de	manera	progresiva	el	derecho	humano	a	la	alimentación	sana,	nutritiva	y	culturalmente	apropiada,	con	el	propósito	de	erradicar	el	hambre	y	en	esa	medida	fomentar	la	disponibilidad,	el	acceso	y	el	consumo	de	alimentos	de	calidad	nutricional	en	cantidad	suficiente,	el	Gobierno	Nacional	pondrá	en	marcha	un	sistema	especial	para	la	garantía	progresiva	del	derecho	a	la	alimentación	de	la	población	rural.	La	política	alimentaria	y	nutricional	en	las	zonas	rurales	se	basa	en	el	incremento	progresivo	de	la	producción	de	alimentos,	la	generación	de	ingresos,	y	en	general	la	creación	de	condiciones	de	bienestar	mediante	los	planes	nacionales	de	acceso	a	tierras,	infraestructura,	riego,	vivienda	y	agua	potable,	asistencia	técnica	y	capacitación,	mercadeo,	crédito,	la	promoción	de	formas	asociativas	basadas	en	la	solidaridad	y	la	cooperación,	y	demás	planes	establecidos	en	el	presente	acuerdo.	Esta	política	reconoce	el	papel	fundamental	de	las	mujeres	rurales	en	la	contribución	a	la	satisfacción	del	derecho	a	la	alimentación.	Es	necesario	asegurar	que	todos	los	planes	nacionales	cumplan	de	manera	transversal	con	los	objetivos	de	la	política	alimentaria	y	nutricional	propuestos,	mediante	un	sistema	que	los	articule	en	los	territorios	y	que	tomará	en	cuenta	los	siguientes	criterios:	• El	desarrollo	de	planes	departamentales	y	locales	para	la	alimentación	y	nutrición	culturalmente	apropiadas,	con	la	participación	activa	de	las	comunidades,	la	sociedad,	el	Gobierno	Nacional	y	los	gobiernos	departamentales	y	municipales,	para	articular	en	el	territorio	las	medidas	y	establecer	las	metas.	• El	establecimiento	de	consejos	departamentales	y	municipales	de	alimentación	y	nutrición,	con	representación	del	Gobierno	y	amplia	representación	de	la	sociedad	y	las	comunidades	—hombres	y	mujeres—,	con	el	fin	de	proponer	y	participar	en	la	definición	de	los	lineamientos	para	el	diseño	y	puesta	en	marcha	de	las	políticas	alimentarias	y	nutricionales	a	través	de	los	planes	departamentales	y	locales,	movilizar	recursos	de	la	región,	monitorear	el	riesgo	y	hacer	seguimiento	al	cumplimiento	de	las	metas.
29. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	29	de	297	• El	establecimiento	de	un	Consejo	nacional	de	alimentación	y	nutrición	integrado	por	autoridades	nacionales,	departamentales	y	municipales	y	representantes	elegidos	y	elegidas	en	el	marco	de	los	consejos	departamentales	y	municipales,	que	proponga	y	participe	en	la	definición	de	los	lineamientos	de	la	política	alimentaria,	coordine	los	planes	departamentales	y	locales,	informe	y	monitoree	el	riesgo,	y	haga	seguimiento	nacional	a	las	metas.	• El	desarrollo	de	programas	contra	el	hambre	y	la	desnutrición	con	cobertura	nacional,	especialmente	para	la	población	rural	en	condiciones	de	miseria,	las	mujeres	gestantes	y	lactantes,	niños	y	niñas,	y	para	la	tercera	edad.	Estos	programas	incluirán	planes	de	choque	para	la	población	rural	más	vulnerable	y	en	pobreza	extrema.	• La	adopción	de	esquemas	de	apoyo	para	fortalecer,	desarrollar	y	afianzar	la	producción	y	el	mercado	interno,	que	incluyan	asistencia	técnica-científica,	orientados	a	promover	la	cualificación	de	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria,	ambiental	y	socialmente	sostenible,	que	contribuyan	a	su	autosuficiencia	y	al	autoconsumo.	• La	promoción	de	mercados	locales	y	regionales	que	acerquen	a	quienes	producen	y	consumen	y	mejoren	las	condiciones	de	acceso	y	disponibilidad	de	alimentos	en	las	áreas	rurales	del	país.	• La	realización	de	campañas	orientadas	a	promover	la	producción	y	el	consumo	de	alimentos	con	un	alto	contenido	nutricional,	el	manejo	adecuado	de	los	alimentos	y	la	adopción	de	buenos	hábitos	alimenticios,	que	tenga	en	cuenta	las	características	del	territorio	y	fomente	la	producción	y	el	consumo	de	alimentos	nacionales.	• Adicionalmente,	la	provisión	de	condiciones	e	incentivos	a	la	producción	y	a	la	comercialización,	incluyendo,	cuando	sean	necesarios,	apoyos	directos	para	el	fortalecimiento	productivo,	con	el	fin	de	que	en	la	economía	campesina,	familiar	y	comunitaria	se	eviten	o	minimicen	los	impactos	negativos	que	supongan	la	internacionalización	de	la	economía	y	la	liberalización	del	comercio.
30. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	30	de	297	2.	Participación	política:	Apertura	democrática	para	construir	la	paz	El	Gobierno	Nacional	y	las	FARC-EP	consideran	que:	La	construcción	y	consolidación	de	la	paz,	en	el	marco	del	fin	del	conflicto,	requiere	de	una	ampliación	democrática	que	permita	que	surjan	nuevas	fuerzas	en	el	escenario	político	para	enriquecer	el	debate	y	la	deliberación	alrededor	de	los	grandes	problemas	nacionales	y,	de	esa	manera,	fortalecer	el	pluralismo	y	por	tanto	la	representación	de	las	diferentes	visiones	e	intereses	de	la	sociedad,	con	las	debidas	garantías	para	la	participación	y	la	inclusión	política.	Es	importante	ampliar	y	cualificar	la	democracia	como	condición	para	lograr	bases	sólidas	para	forjar	la	paz.	La	construcción	de	la	paz	es	asunto	de	la	sociedad	en	su	conjunto	que	requiere	de	la	participación	de	todas	las	personas	sin	distinción	y,	por	eso,	es	necesario	concitar	la	participación	y	decisión	de	toda	la	sociedad	colombiana	en	la	construcción	de	tal	propósito,	que	es	derecho	y	deber	de	obligatorio	cumplimiento,	como	base	para	encauzar	a	Colombia	por	el	camino	de	la	paz	con	justicia	social	y	de	la	reconciliación,	atendiendo	el	clamor	de	la	población	por	la	paz.	Esto	incluye	el	fortalecimiento	de	las	organizaciones	y	movimientos	sociales,	y	el	robustecimiento	de	los	espacios	de	participación	para	que	ese	ejercicio	de	participación	ciudadana	tenga	incidencia	y	sea	efectivo,	y	para	que	vigorice	y	complemente	la	democracia.	Tomando	en	consideración	que	las	mujeres	enfrentan	mayores	barreras	sociales	e	institucionales	para	el	ejercicio	de	la	participación	política	como	consecuencia	de	profundas	discriminaciones	y	desigualdades,	de	condiciones	estructurales	de	exclusión,	subordinación	y	discriminación	de	género,	lo	que	genera	mayores	retos	para	garantizar	su	derecho	a	la	participación,	enfrentar	y	transformar	estas	condiciones	históricas	implica	desarrollar	medidas	afirmativas	que	garanticen	la	participación	de	las	mujeres	en	los	diferentes	espacios	de	representación	política	y	social.	Para	esto	es	necesario	que	se	reconozca	la	situación	y	condición	de	las	mujeres	en	sus	contextos	y	particularidades.	La	firma	e	implementación	del	Acuerdo	Final	contribuirá	a	la	ampliación	y	profundización	de	la	democracia	en	cuanto	implicará	la	dejación	de	las	armas	y	la	proscripción	de	la	violencia	como	método	de	acción	política	para	todas	y	todos	los	colombianos	a	fin	de	transitar	a	un	escenario	en	el	que	impere	la	democracia,	con	garantías	plenas	para	quienes	participen	en	política,	y	de	esa	manera	abrirá	nuevos	espacios	para	la	participación.
31. Acuerdo	Final	24.08.2016	Página	31	de	297	Para	consolidar	la	paz,	es	necesario	garantizar	el	pluralismo	facilitando	la	constitución	de	nuevos	partidos	y	movimientos	políticos	que	contribuyan	al	debate	y	al	proceso	democrático,	y	tengan	suficientes	garantías	para	el	ejercicio	de	la	oposición	y	ser	verdaderas	alternativas	de	poder.	La	democracia	requiere,	en	un	escenario	de	fin	del	conflicto,	un	fortalecimiento	de	las	garantías	de	participación	política.	Para	la	consolidación	de	la	paz	se	requiere	así	mismo	la	promoción	de	la	convivencia,	la	tolerancia	y	no	estigmatización,	que	aseguren	unas	condiciones	de	respeto	a	los	valores	democráticos	y,	por	esa	vía,	se	promueva	el	respeto	por	quienes	ejercen	la	oposición	política.	Esas	garantías	suponen,	por	una	parte,	una	distribución	más	equitativa	de	los	recursos	públicos	destinados	a	los	partidos	y	movimientos	políticos	y	una	mayor	transparencia	del	proceso	electoral,	que	requiere	de	una	serie	de	medidas	inmediatas	especialmente	en	las	regiones	donde	aún	persisten	riesgos	y	amenazas,	así	como	de	una	revisión	integral	del	régimen	electoral	y	de	la	conformación	y	las	funciones	de	las	autoridades	electorales.	Y	por	otra	parte,	el	establecimiento	de	unas	mayores	garantías	para	el	ejercicio	de	la	oposición	política.	La	revisión	y	modernización	de	la	organización	y	del	régimen	electoral	debe	propiciar	una	mayor	participación	de	la	ciudadanía	en	el	proceso	electoral.	Una	mayor	participación	electoral	requiere	adicionalmente	de	medidas	incluyentes	que	faciliten	el	ejercicio	de	ese	derecho,	en	especial	en	zonas	apartadas	o	afectadas	por	el	conflicto	y	el	abandono,	teniendo	en	cuenta	las	dificultades	específicas	de	las	mujeres	que	habitan	dichas	zonas	para	el	ejercicio	de	este	derecho.	La	construcción	de	la	paz	requiere	además	de	la	movilización	y	participación	ciudadana	en	los	asuntos	de	interés	público,	y	en	particular	en	la	implementación	del	presente	Acuerdo.	Eso	supone,	por	una	parte,	el	fortalecimiento	de	las	garantías	y	las	capacidades	para	que	los	ciudadanos	y	ciudadanas,	asociados	en	diferentes	organizaciones	y	movimientos	sociales	y	políticos,	desarrollen	sus	actividades	y	de	esa	manera	contribuyan	a	la	expresión	de	los	intereses	de	una	sociedad	pluralista	y	multicultural	por	diferentes	medios,	incluyendo	la	protesta	social.	Para	fortalecer	la	participación	ciudadana	de	las	mujeres	es	necesario	valorar	sus	agendas	sociales	y	reconocer	su	aporte	como	sujetos	políticos	en	la	vida	pública,	en	especial	cuando	se	trata	de	la	promoción	y	defensa	de	sus	derechos.	Por	otra	parte	que	se	asegure	que	la	participación	ciudadana,	en	la	discusión	de	los	planes	de	desarrollo,	de	las	políticas	públicas	y	en	general	de	los	asuntos	que	atañen	a	la	comunidad,	incida	efectivamente	en	las	decisiones	de	las	autoridades	y	corporaciones	públicas	correspondientes.	De	esa	manera	la	participación	ciudadana	se	convierte	en	un	verdadero	complemento	y	al	mismo	tiempo	en	un	mecanismo	de	control	del	sistema	de	representación	política	y	de	la	administración	pública.	La	promoción	tanto	del	pluralismo	político	como	de	las	organizaciones	y	movimientos	sociales,	incluyendo	las	de	mujeres,	de	jóvenes	y	de	población	LGTBI	y,	en	general,	del	debate	democrático,	requiere	de	nuevos	espacios	de	difusión	para	que	los	partidos,	organizaciones	y	las	comunidades	que	participan	en	la	construcción	de	la	paz,	tengan	acceso	a	espacios	en	canales	y	emisoras	en	los	niveles	nacional,	regional	y	local.
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¿Tienen efectividad las mesas de diálogo?
América Latina en Movimiento, Nº 505 – junio 2015

References: Artículo	22
	Artículo	95
	Artículo	94
	artículo	3
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