Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-38512-de-diciembre-12-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_d5a221cb375601c6e0430a01015101c6&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-26 20:50:29+00:00

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CONTENIDO:VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN NO CONLLEVA DE POR SI LA NULIDAD Y LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL. LA SOLA LIMITACIÓN DEL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN NO PUEDE CONDUCIR A QUE SE DECRETE LA NULIDAD DE LO ACTUADO, EN CUANTO NINGÚN DERECHO FUNDAMENTAL O PRINCIPIO BASILAR SE AFECTE GRAVEMENTE CON EL CAMBIO DE JUEZDEL MISMO MODO, NO ES POSIBLE EMPARENTAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN CON EL DE JUEZ NATURAL, DE LO QUE SE SIGUE QUE EN TRATÁNDOSE DEL CAMBIO DE FUNCIONARIO POR OTRO CON IGUALES CALIDADES Y COMPETENCIA PREVIAMENTE ESTABLECIDAS EN LA LEY, DE NINGUNA MANERA SE VULNERA EL PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN, NULIDAD DEL PROCESO PENAL, PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL
Casación 38.512
Carlos Mario Ortiz Chaverra
Desde la sentencia de casación del 30 de enero de 2008(1), la Corte viene reconociendo que en el sistema de procesamiento penal de 2004, la etapa del juicio se constituye en el eje fundamental del proceso, porque es allí donde los principios de inmediación y concentración de la prueba se manifiestan con mayor fuerza, en el desarrollo de un debate público y oral, con la práctica y valoración de las pruebas recaudadas por el juez que ha decidir el caso. Sobre tales principios dijo la Sala en esa oportunidad:
“En concreto, atendiendo a los principios de inmediación y concentración, en donde se centra el aspecto fundamental de este pronunciamiento, es deber del juez tener contacto directo con los medios de prueba y con los sujetos procesales que participan en el contradictorio, sin alteración alguna, sin interferencia, desde su propia fuente. Por ello y para que la inmediación sea efectiva, se hace necesario que el debate sea concentrado y que no se prolongue para que la memoria no se pierda en el tiempo. El debate puede agotar todas las sesiones consecutivas que sean necesarias, pero no se debe suspender por un periodo muy largo, pues de otra manera, parámetros de valoración como los propuestos en la Ley 906 de 2004 en sus artículos 404 y 420(2), no se verían cumplidos, si se tiene en cuenta que la polémica, tanto jurídica como probatoria del juicio, se debe desarrollar ante el juez de conocimiento, en un lapso breve.
Ahora bien, agrega la jurisprudencia que si el principio de inmediación implica una observación directa del juez, quien adelanta el juicio oral en un solo acto y además es el encargado de anunciar el sentido de la decisión, cualquiera que ella sea, lo ideal es que ese funcionario judicial sea siempre el mismo, es decir, el que interviene en la totalidad de la práctica probatoria, escuche los alegatos de conclusión de las partes e intervinientes y, tras examinar el aporte probatorio recaudado en su presencia, en un término no superior a dos (2) horas(4), anuncie el sentido de la decisión que posteriormente se concretará en la sentencia.
En el segundo caso, sentencia de casación del 26 de noviembre de 2011(7), la Sala verificó que la audiencia de juicio oral no tuvo realización en un mismo día, no fue continua, ni las sesiones consecutivas y, finalmente, que la persona del juez que anunció el sentido del fallo y profirió la sentencia, no fue la misma que presenció la totalidad del juicio, con lo cual resultaron desconocidos los principios de concentración, inmediación y juez natural.
“La administración de justicia, no debe entenderse en un sentido netamente formal, sino que radica en la posibilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera la resolución de un proceso, la obtenga oportunamente. (...) Así las cosas, vale decir, que una decisión judicial tardía, constituye en sí misma una injusticia, como quiera que los conflictos que se plantean quedan cubiertos por la incertidumbre, con la natural tendencia a agravarse”.
4.2.1. La Constitución Política consagra, como fundamental, el ‘derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’ (C.P., art. 229). La garantía de acceso a la justicia allí sentada, supone de una parte la remoción de barreras culturales, económicas, geográficas o administrativas para el ejercicio del derecho de acción ante la organización judicial. De otra parte, supone también la realización del derecho a la resolución justa y oportuna de conflictos de intereses jurídicamente tutelados.
El derecho de acceso a la justicia (C.P., art 229) ha sido cualificado como derecho a una justicia pronta. La propia Constitución, en relación con las actuaciones judiciales, alude a ‘a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas’ (C.P., 29); y la ley estatutaria de la administración de justicia consagra los principios de ‘celeridad’ y ‘eficiencia’ (L. 270/96, arts. 4º y 7º), según los cuales la administración de justicia debe ser ‘pronta y cumplida’ como ‘eficiente’ o ‘diligente en la sustanciación de los asuntos a su cargo’, respectivamente. La oportunidad de la función pública de administración de justicia, se concreta en el cumplimiento perentorio y estricto de los ‘términos procesales’ por los funcionarios judiciales (C.P., 228; L. 270/96, art. 7º).
‘... el acatamiento de las formas y los términos, así como la celeridad en el desarrollo del litigio judicial permitirán a las partes involucradas, a la sociedad y al Estado tener la certeza de que la justicia se ha administrado debidamente y es fundamento real del Estado social de derecho’ (C-100/2001) (destacado fuera del original).
A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, Sent. ene. 29/97), ha aludido a la noción de ‘plazo razonable’ contenido en el artículo 8.1º —garantías judiciales— de la Convención interamericana de derechos humanos, como elemento del debido proceso, en consonancia con lo señalado por la Corte Europea de Derechos Humanos, dada la equivalencia de la norma americana con el artículo 6º del Convenio europeo para la protección de derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Por ello, se repite, la mención constitucional al principio de inmediación se hace precisamente en atención a la modificación que del artículo 250 de la Carta Política, realizó el Acto Legislativo 3 de 2002, cuando en su numeral 4º establece como deber del fiscal: “presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías”.
Artículo 9. Principio de legalidad y de retroactividad.
Mírese cómo el mismo legislador establece un balanceo entre derechos y principios cuando, a pesar de la exigencia de inmediación, permite que se introduzca prueba anticipada y sobre ella no fija reglas probatorias en punto de su capacidad demostrativa, por entender que si bien, se reduce en sus efectos el principio en estudio, las razones que facultan la práctica del medio antes de llevarse a cabo la audiencia de juicio oral y ante el juez de control de garantías —justicia material— y la preservación de otros caros derechos —contradicción y confrontación—, resultan suficientes para validar el sacrificio.
El proceso penal no puede estar sujeto exclusivamente al cumplimiento de las ritualidades que lo caracterizan, pues de la mal entendida rigidez de unos preceptos podría derivarse, de manera abrupta e injustificada, la conculcación de valores superiores del Estado social de derecho, que brinda garantías fundamentales a todos los sujetos procesales, sumado a que el juez debe disponer de medios técnicos fidedignos, ágiles e idóneos para el registro y reproducción de lo actuado, pues, se repite, no puede desconocerse que “el legislador habilita la posibilidad de que la inmediación del juez no se limite únicamente a la práctica de pruebas en su presencia, sino que es posible acudir a medios técnicos de registro y reproducción idóneos y garantes del principio, cuando circunstancias excepcionales así lo requieran” (no está destacado en el texto original).
Con su determinación, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, al confirmar en junio 21 de 2010 (fls. 54-69, cdno. inicial) la censurada providencia del juzgado tercero penal del circuito de dicha ciudad, se limitó a anular la actuación, a partir del inicio del debate probatorio, creyendo “vulnerado el debido proceso, habida cuenta de los principios de inmediación y concentración, como consecuencia del cambio del titular del juzgado” (fl. 56, ib.), por lo cual erróneamente ordenó “repetir el juicio para que sea reconstruido en presencia de la nueva funcionaria, no obstante lo traumático que puede resultar, sobre todo para las menores ofendidas” (fl. 68, ib.).
5.5. De otra parte, la Corte Constitucional reitera el llamado que consta en su precitada Sentencia C-059 de 2010, instando a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la dirección ejecutiva de administración judicial para que suministren a plenitud la dotación técnica idónea y apropiada de equipos de audio y video, entre otros, a todas las áreas judiciales donde opere el sistema penal acusatorio, y así la rama judicial disponga de los medios necesarios, que permitan el registro ágil y la reproducción fiel de todo lo actuado, sin necesidad de repetir las actuaciones, de forma que supla de la mejor manera posible el principio de inmediación, cardinal en este sistema” (lo destacado no pertenece al original).
Para resumir, la nulidad solo puede decretarse excepcionalmente, cuando se cumplan (en conjunción) dos presupuestos: (i) que no se afecten de forma importante o grave otros derechos fundamentales; (ii) que el cambio de funcionario no obedezca a situaciones ingobernables para el funcionario o la administración.
“(i) Del concepto de juez natural.
Por juez natural se entiende al funcionario judicial preexistente a las conductas objeto de investigación y juzgamiento penal, instituido por la Constitución o la ley con competencias singularmente establecidas, quien a su vez deberá pronunciarse de manera imparcial, es decir, sin sometimiento, ni dependencia ideológica, discursiva, ni conceptual de ningún otro órgano o funcionario de la rama ejecutiva, legislativa, incluidos sus inmediatos superiores. Estos reglados de autonomía de igual se aplican a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación(11), quienes no podrán tener ninguna clase de incidencia personal ni corporativa en las decisiones cuando de efectuar pronunciamientos se trate”.
(2) “ART. 404.—Apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico-científicos sobre la percepción y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad”.
“ART. 420.—Apreciación de la prueba pericial. Para apreciar la prueba pericial, en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas”.
(11) Corte Constitucional. Sentencia C-1260 del 5 de diciembre de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 250

Artículo 9