Source: http://notariosyregistradores.com/PERSONAL/MERCANTILES/2010-diciembre.htm
Timestamp: 2013-05-22 01:59:02+00:00

Document:
INFORME PR�CTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 PARA PERSONAL DE LOS REGISTROS MERCANTILES
www.notariosyregistradores.com INFORME PR�CTICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 PARA REGISTROS MERCANTILES
Jos� �ngel Garc�a-Valdecasas, Registrador Mercantil de Granada.
1. Como disposiciones de car�cter general, rese�amos las siguientes: � La disposici�n fundamental de este mes, tanto para notar�as como para registros mercantiles, ha sido el RDL 13/2010 que introduce en nuestro derecho de sociedades una nueva forma de constituci�n telem�tica de las mismas, que hemos llamado, por sus caracter�sticas, constituci�n integral telem�tica. Dado que la misma esta web ha realizado numerosas publicaciones y que en este mismo informe se plantean algunas cuestiones en relaci�n a ella, omitimos en esta parte todo otro comentario.
� Tambi�n es interesante, en el �mbito auton�mico, la Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de impulso al nacimiento y consolidaci�n de empresas en la Comunidad Aut�noma de Extremadura. No obstante esta Ley, seg�n la rese�a que se hace de la misma, en nada afecta a la labor diaria de nuestras oficinas, salvo el poner de manifiesto la preocupaci�n del legislador de facilitar los procesos de puesta en funcionamiento de nuevas actividades empresariales, labor en la que debemos colaborar todos.
� Tambi�n se ha aprobado, por medio de la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, los estatutos modelo de las
microempresas, posibilitando de esta forma la aplicabilidad del n�mero 2 del art. 5 del RDL 13/2010.
� La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2011, establece una reducci�n arancelaria del 90% para la entidad p�blica empresarial Loter�as y Apuestas del Estado o la Sociedad Estatal Loter�as y Apuestas del Estado. En el mismo sentido el apartado 5 del art. 50, dedicado a los avales para garantizar valores de renta fija emitidos por Fondos de Titulizaci�n de activos, dice as�: Cinco. �La constituci�n de los Fondos de titulizaci�n de activos a que se refieren los apartados anteriores estar� exenta de todo arancel notarial y, en su caso, registral.�.
2. Como resoluciones de propiedad de inter�s para los RRMM y de BBMM, destacamos las siguientes:
� La de 2 de Diciembre de 2010, sobre el juicio de suficiencia del pol�mico art. 98 de la Ley 24/2001, aclarando que dicho juicio no puede ser gen�rico sino que debe ser espec�fico con cita del negoci� jur�dico que se contiene en la escritura.
� Tambi�n la Resoluci�n de 4 de noviembre de 2010, sobre una nueva interpretaci�n del art. 12 de la LH, modalizando la doctrina de la DG sobre calificaci�n de cl�usulas financieras.
3. No ha habido resoluciones de mercantil, en el mes de Diciembre.
4. Como cuestiones inter�s para la Oficina Notarial y Registral:
Siguiendo, por su trascendencia y actualidad, con las cuestiones y problemas que plantea en su aplicaci�n el RDL 13/2010, transcurrido ya m�s de un mes desde su entrada en vigor, planteamos ahora las siguientes cuestiones que en algunos casos pueden suponer una modalizaci�n de algunas opiniones ya vertidas en esta web:
� �Es posible la renuncia a la aplicabilidad del RDL pese a cumplir todos los requisitos del art. 5 del RDL 13/2010 y, en su caso, de la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre?
Es un caso que realmente se plantear� en pocas ocasiones. Se tratar�a de aquellos fundadores que a pesar de cumplir todos los requisitos, tanto del art. 5 del RDL, como, en su caso, de la Orden JUS/3185, no desean que la tramitaci�n de su escritura se haga por v�a telem�tica o que bien haci�ndose por v�a telem�tica, no se ajuste, por su expreso deseo, a la tramitaci�n y despacho en el Registro en los breves plazos establecidos, aunque ello le suponga renunciar a las ventajas de exenci�n del Borme y de reducciones arancelarias. Seg�n el art. 6.2 del CC �La exclusi�n voluntaria de la Ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos s�lo ser�n v�lidas cuando no contrar�en el inter�s o el orden p�blico ni perjudiquen a terceros�. Pues bien, �las facilidades dadas para la constituci�n de sociedades en el RDL 13/2010, lo son en inter�s de la econom�a nacional o exclusivamente en inter�s de los particulares? Parece evidente que aunque a la econom�a nacional y por tanto y por tanto al �inter�s general�, le convenga que la constituci�n de una sociedad se haga de forma r�pida y econ�mica, el principal destinatario de la norma del art. 5 es evidentemente el empresario o emprendedor y el principal beneficiado es precisamente �l mismo. Por tanto parece clara la posibilidad de dicha renuncia, bien porque el empresario desee tramitar la escritura por su cuenta y riesgo siendo �l quien decida cuando se presenta al registro o bien porque no desee someterse a los estrechos m�rgenes que marca el RDL tantas veces citado. Y ello nos parece posible aunque se utilicen los estatutos modelo de la Orden 3185/2010, y se cumplan los dem�s par�metros establecidos en la Ley. Y tambi�n nos parece posible aunque no se renuncie a la presentaci�n telem�tica, es decir que la escritura se presente tambi�n telem�ticamente, pero sin sujetarse en cuanto a sus plazos a lo establecido en el RDL. Por tanto, pese a la existencia del RDL, las constituciones de sociedades podr�n seguir realiz�ndose en papel o por v�a telem�tica integral o no integral seg�n solicite el interesado.
� �Es posible establecer un plazo determinado de duraci�n del �rgano de administraci�n?
Como sabemos el art.9 del modelo de estatutos nos dice que �el desempe�o del cargo de administrador ser� por tiempo indefinido�. Realmente no hubiera sido necesario que dijera nada sobre ello pues de conformidad con el art. 221 de la LSC la presunci�n est� a favor de la duraci�n indefinida del cargo de administrador salvo que los estatutos digan otra cosa. El problema se plantea en el poco probable caso de que los fundadores de la sociedad deseen que el cargo de administrador est� limitado en el tiempo, bien por establecer unos turnos de llevanza de la administraci�n por parte de otras personas, o bien por evitar el siempre desagradable supuesto de tener que cesar a un administrador porque no ejerce debidamente la administraci�n. La respuesta debe ser negativa. El modelo debe aceptarse en su totalidad y si se desea limitar la duraci�n del cargo del �rgano de administraci�n, la constituci�n de la sociedad no podr� ir por la v�a del n� 2 del art. 5 del RDL 13/2010, sino por la v�a de su n�mero 1 que no exige la utilizaci�n de ning�n modelo de estatutos. Ahora bien no vemos especial inconveniente en que si se desea utilizar el modelo se utilice cambiando la duraci�n del administrador de plazo indefinido a plazo determinado, si bien con la consecuencia de que la sociedad constituida ya no gozar� de los especiales beneficios del n� 2 del art. 5 y que los estatutos, al no ser ya modelo de utilizaci�n obligatoria, sino modelo con alteraciones, estar�n sujetos a calificaci�n.
� �Es posible que la opci�n por los sistemas de retribuci�n del �rgano de administraci�n se haga en la escritura, dejando el art�culo inalterado?
Para conseguir que el modelo de estatutos aprobado pudiera ser utilizado, tanto si el cargo de administrador es gratuito, como si es retribuido, el art. 9 del modelo establece una opci�n en dicho sentido. Es decir que los fundadores en el momento de la firma de la escritura, debidamente advertidos por el Notario, deber�n especificar si desean que el cargo de administrador sea gratuito o retribuido, y si es retribuido cual de las dos formas de retribuci�n establecidas se escoge para la sociedad. Pues bien, venimos observando en las escrituras que ya se est�n presentado en los RRMM, con utilizaci�n del modelo de estatutos, que se configura, por decirlo de alg�n modo, una cu�druple forma de solucionar el dilema que plantea el art�culo:
1�. La primera es establecer el cargo como gratuito eliminado del art�culo las distintas forma de retribuci�n
2�. La segunda es establecer el cargo como retribuido optando por una de las formas establecidas, eliminado la gratuidad y la forma no elegida.
3�. La tercera es dejar inalterado el art�culo, es decir no optar por ninguna de las posibilidades que ofrece el mismo.
4�. La cuarta es dejar tambi�n inalterado el art�culo pero en la escritura de constituci�n, como una estipulaci�n especial, decir que se opta o bien porque el cargo sea gratuito o porque sea retribuido estableciendo la concreta forma retributiva.
Consideramos correctas las dos primeras formas y no inscribibles las otras dos: --- La 3� porque supone una contradicci�n dentro de los propios estatutos que impiden que los mismos puedan ser inscritos, precisamente por esa contradicci�n y sobre la base del art. 58.2 del RRM que considera falta subsanable la expresi�n sin la claridad suficiente de cualquiera de las circunstancias que deben constar en la inscripci�n. --- Y tampoco consideramos correcta la cuarta f�rmula antes expresada, pues de conformidad con el art. 217 de la LSC, la retribuci�n de los administradores, en su caso, debe constar en los estatutos de la sociedad. En este supuesto no constar�a en los estatutos, sino que en los estatutos lo que constar�a ser�a un art�culo contradictorio y ser�a en la escritura donde se solucionar�a dicha contradicci�n. No es este el momento de insistir en las diferencias entre escritura, como germen de la sociedad, y estatutos, como norma que va a regir la sociedad en su funcionamiento, pero es clara esa diferencia no debiendo confundirse dichos planos pues ello alterar�a sustancialmente la configuraci�n de la sociedad.
� �Es posible que la remisi�n de una escritura acogida al RDL 13/2010, se haga a trav�s del CIRCE?
El CIRCE es un sistema inform�tico creado desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la Direcci�n General de Pol�tica de la Pyme, con motivo de la entrada en vigor de la Ley de la Sociedad Limitada Nueva Empresa y con la finalidad de posibilitar la creaci�n telem�tica de dichas sociedades. Con posterioridad se utiliz� tambi�n para la constituci�n telem�tica de todo tipo de sociedades limitadas. El portal CIRCE hace de intermediario entre la notaria y registro mercantil en la presentaci�n telem�tica de dichas sociedades, ocup�ndose de la presentaci�n en la Oficina Liquidadora competente y del pago del Borme y de honorarios registrales. Pues bien el problema consiste en dilucidar si dicho portal de internet puede ser tambi�n utilizado para la constituci�n de las sociedades telem�ticas del RDL 13/2010. Nuestra opini�n es totalmente contraria a la utilizaci�n de dicho portal de internet para la constituci�n de las sociedades del RDL. La raz�n fundamental est� en la letra b) del n�mero uno del art�culo 5 del RDL 13/2010. Dicha letra nos dice que el notario otorgante (sic) remitir� siempre en forma telem�tica la copia autorizada al registro mercantil del domicilio social. Es decir que la remisi�n debe ser
de forma directa, si bien a trav�s de los medios inform�ticos utilizados hasta ahora, al registro sin la utilizaci�n de ning�n otro medio ajeno a los institucionales creados para presentaciones y relaciones telem�ticas entre notar�as y registros. Si se admitiera la utilizaci�n del portal CIRCE no se podr�a garantizar la inmediatez en esa presentaci�n. Efectivamente el notario remitir�a al CIRCE la escritura y ser�a este organismo el que con posterioridad y en el momento que le pareciera oportuno o tuviera todos los elementos y requisitos garantizados para ese env�o, remitir�a la copia al registro mercantil. Nuestra experiencia nos dice que esa remisi�n no siempre es inmediata, bien porque el interesado no haya suministrado todos los datos necesarios a incluir en el DUE o bien porque la pol�tica de los responsables del portal sea que la remisi�n se haga en un d�a determinado. Por ello el portal CIRCE, junto con su corolario DUE o Documento �nico Electr�nico, no deben ser utilizados para la constituci�n integral telem�tica de sociedades limitadas conforme al art.5 del RDL 13/2010. No obstante si en virtud de convenios particulares con el Consejo General del Notariado y el Colegio Nacional de Registradores y con las garant�as debidas se llegaran a acuerdos sobre la utilizaci�n del portal CIRCE con la finalidad establecida en el RDL, no vemos inconveniente para su utilizaci�n, pues tambi�n nuestra experiencia es que su funcionamiento es aceptablemente correcto en las finalidades que hasta ahora tiene asignadas. El convenio obviamente deber�a incluir el compromiso por parte del portal del estricto cumplimiento de las exigencias contenidas en el RDL.
Quedan muchos otros problemas a tratar con relaci�n a la nueva forma de constituci�n de estas sociedades como son los relativos a si es posible que el notario, ante una certificaci�n en papel obtenida por el propio interesado, considere que la sociedad no puede acogerse a los beneficios del RDL 13/2010 y rechace su autorizaci�n en esos t�rminos o el relativo a la verdadera naturaleza de la constituci�n conforme al n�mero 3 del art. 5 del RDL. No obstante dada la complejidad y dificultad de estas cuestiones, las mismas deben ser objeto de estudio separado.
Desde aqu� seguimos animando a todos los usuarios de la web a que expresen sus opiniones, sobre estas u otras cuestiones, a trav�s de la red social �notyreg�.
***SOCIEDADES Y MEDIDAS FISCALES. Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el �mbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversi�n y la creaci�n de empleo.
Este Real Decreto-ley pretende conseguir un incremento de la competitividad a trav�s de medidas de apoyo a la actividad empresarial, esencialmente enfocadas a las peque�as y medianas empresas, reduciendo cargas impositivas y de otra �ndole.
Estos son sus apartados fundamentales:
A) Medidas para agilizar y simplificar la constituci�n de sociedades mercantiles de capital. (JAGV)
B) Reducci�n de cargas administrativas en los actos societarios. (JAGV)
C) Reforma impositiva.
D) C�maras de Comercio
E) Liberalizaci�n del sector aeroportuario y de loter�as.
F) Medidas laborales.
A) Medidas para agilizar y simplificar la constituci�n de sociedades mercantiles de capital.
Adelantando, a causa de la crisis econ�mica, las medidas liberalizadoras previstas en el Proyecto de Ley de Econom�a Sostenible, actualmente en fase de tramitaci�n de enmiendas en el Senado, el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de �actuaciones en el �mbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversi�n y la creaci�n de empleo�, establece, junto a medidas fiscales, una nueva forma de constituci�n e inscripci�n de sociedades mercantiles de capital. Curiosamente, y como dato para la peque�a historia, el RDL est� fechado en la Embajada Espa�ola en Buenos Aires.
Su finalidad es clara y lo expresa la EM del RDL. Se trata de incidir en la mejora de la competitividad del tejido econ�mico espa�ol, permitiendo �la agilizaci�n de la constituci�n de sociedades y de la adopci�n de actos societarios�, de los que tambi�n m�s adelante nos ocuparemos.
La puesta en marcha de estas medidas era urgente, dada la profundizaci�n, hasta l�mites insoportables, de la crisis econ�mica anclada y aposentada en el tejido empresarial espa�ol desde el a�o 2008. Por ello se toman tres medidas que se espera incidan positivamente en la marcha de la econom�a al descargar de obligaciones a las empresas y al mismo tiempo que abaratan su costes de constituci�n y funcionamiento. As� se declara la exenci�n en el ITP de determinados actos societarios de cuant�a, se establece una nueva forma de constituci�n e inscripci�n de las sociedades mercantiles de capital y finalmente se reducen las obligaciones de publicidad de actos societarios en peri�dicos. Ello se hace tambi�n con la finalidad de eliminar tr�mites que a veces suponen cargas y trabas injustificadas para las empresas espa�olas.
2. Nueva forma de constituci�n e inscripci�n de sociedades.
Se regula en el art�culo 5 del T�tulo primero del RDL que lleva el ep�grafe de �Medidas de impulso a la competitividad empresarial�.
Por su parte el art. 5 citado lleva por enunciado el de �Medidas para agilizar y simplificar la constituci�n de sociedades mercantiles de capital�.
Como vemos, por los distintos encabezamientos que preceden a la norma, el legislador presupone que es necesario conseguir una mayor agilizaci�n en la constituci�n de sociedades debido a que el actual sistema no cumple, pese a las distintas reformas desde que se promulg� la Ley sobre la Nueva Empresa, con los objetivos perseguidos de favorecer la creaci�n de empresas, consiguiendo al mismo tiempo un incremento de la competitividad de las mismas.
A estos efectos el precepto distingue entre tres tipos de sociedades o empresas que iremos examinado de mayor a menor, es decir desde las que tienen mayores ventajas para conseguir esa agilizaci�n, a las que tienen menos ventajas. Optamos por este sistema por su claridad, aunque dicho art�culo establece unas reglas generales que son aplicables a todas las sociedades limitadas. Una vez examinadas las distintas formas de constituir estas sociedades y las ventajas inherentes a este sistema, comentaremos y pondremos de relieve, en sucesivas entregas, tambi�n de mayor a menor, los inconvenientes o problemas que se pueden generar con la aplicaci�n del precepto en notar�as y registros mercantiles.
2.1. Constituci�n de sociedades limitadas de peque�a dimensi�n o microempresas.
Estas sociedades, para acogerse a las ventajas de la nueva regulaci�n, deben tener estas caracter�sticas:
a) Capital m�ximo de 3.100 euros.
b) Estatutos modelo aprobados por el Ministerio de Justicia.
c) �rgano de administraci�n que sea administrador �nico, solidarios, cualquiera que sea su n�mero, o dos mancomunados.
d) Ning�n socio puede ser persona jur�dica.
e) Su tramitaci�n debe ser obligatoriamente por v�a telem�tica y de exclusiva presentaci�n notarial al RM.
Estas sociedades se constituir�n seg�n las siguientes reglas:
1�. El otorgamiento de la escritura debe hacerse en el mismo d�a en que, aportados todos los datos para la constituci�n de la sociedad, se reciba el certificado negativo de la denominaci�n social. Las reglas de la solicitud del certificado del RMC son las mismas que las de las sociedades limitadas que veremos en el siguiente apartado.
2�. El notario debe solicitar de la AEAT la asignaci�n del CIF de la sociedad.
3�. La remisi�n de la escritura al RM debe ser en forma telem�tica, el mismo d�a del otorgamiento.
4�. El solicitante puede obtener una copia simple electr�nica de su escritura. 5�. El registrador mercantil debe calificar e inscribir en las siete horas h�biles siguientes a la recepci�n telem�tica de la escritura, entendi�ndose por horas h�biles a estos efectos las que queden comprendidas dentro del horario de apertura fijado para los registros.
6�. Una vez inscrita la sociedad el registrador lo notifica telem�ticamente a la AEAT, la cual a su vez debe notificar telem�ticamente al notario y al registro la asignaci�n del CIF definitivo.
Ventajas de que gozan las sociedades que tengan estas caracter�sticas:
1�. Los aranceles notariales y registrales ser�n de 60 euros para el notario y 40 euros para el registrador. 2�. En la solicitud de denominaci�n al RMC se pueden incluir hasta cinco denominaciones.
3�. El RMC debe expedir la certificaci�n por v�a telem�tica en el plazo de un d�a h�bil desde la solicitud.
4�. No es necesario que la solicitud de certificaci�n la haga el propio interesado. Tambi�n la puede hacer el notario o un autorizado.
5�. Se puede solicitar del RM la expedici�n de una certificaci�n electr�nica o en papel, sin coste adicional alguno, que acredite la constituci�n de la sociedad y qui�nes son sus administradores. Esta certificaci�n se debe expedirse el mismo d�a de la inscripci�n.
6�. El mismo d�a en que se practique la inscripci�n, debe remitirse al notario la notificaci�n correspondiente.
7�. Est�n exentas del pago al Borme. Y finalmente
8�. Los fundadores podr�n atribuir al notario autorizante la facultad de subsanar electr�nicamente los defectos advertidos por el registrador en su calificaci�n, siempre que aqu�l se ajuste a la calificaci�n y a la voluntad manifestada por las partes.
2.2. Constituci�n de sociedades limitadas de mediana dimensi�n o peque�as y medianas empresas.
Estas sociedades, para acogerse a las ventajas de la nueva regulaci�n deben tener estas caracter�sticas:
a) Capital m�ximo de 30.000 euros.
b) �rgano de administraci�n que sea administrador �nico, solidarios, cualquiera que sea su n�mero, o dos mancomunados.
c) Ning�n socio puede ser persona jur�dica.
d) Su tramitaci�n debe ser obligatoriamente por v�a telem�tica y de exclusiva presentaci�n notarial al RM.
1�. El otorgamiento de la escritura debe hacerse en el plazo de un d�a h�bil contado desde que se reciba el certificado negativo de la denominaci�n social, siempre que hayan sido aportados todos los datos necesarios para la constituci�n de la sociedad.
4�. El solicitante puede obtener una copia simple electr�nica de su escritura. 5�. El registrador mercantil debe calificar e inscribir en el plazo de tres d�as h�biles a contar desde que reciba telem�ticamente la escritura.
1�. Los aranceles notariales y registrales ser�n de 150 euros para el Notario y 100 euros para el Registrador. 2�. En la solicitud de denominaci�n al RMC se pueden incluir hasta cinco denominaciones.
5�. Se puede solicitar del RM la expedici�n de una certificaci�n electr�nica o en papel, sin coste adicional alguno, que acredite la constituci�n de la sociedad y qui�nes son sus administradores. Esta certificaci�n debe expedirse el mismo d�a de la inscripci�n.
2.3. Constituci�n de sociedades no incluidas en los dos apartados anteriores o sociedades �medianas-grandes�.
Estas sociedades, seg�n el punto 3 del art. 5, son las siguientes:
1. Sociedades an�nimas.
2. Sociedades comanditarias por acciones.
3. Sociedades limitadas con estas caracter�sticas:
a. Con alg�n socio persona jur�dica.
b. Con capital superior a 30.000 euros.
c. Con �rgano de administraci�n de m�s de dos administradores mancomunados o con Consejo de Administraci�n.
1�. La solicitud de denominaci�n se realizar� telem�ticamente por el notario autorizante, salvo petici�n expresa en sentido contrario.
2�. Si la pide el notario puede incluir hasta cinco denominaciones sociales alternativas. No queda claro, seg�n el precepto, si en caso de petici�n por el interesado se pueden tambi�n incluir hasta cinco denominaciones alternativas.
3�. El RMC debe expedir telem�ticamente el certificado en el plazo m�ximo de un d�a h�bil. Si todas las denominaciones solicitadas estuvieran registradas o no fueran admisibles, tambi�n lo debe notificar en el plazo de un d�a h�bil.
4�. El notario debe solicitar de la AEAT la asignaci�n del CIF de la sociedad.
5�. La escritura debe remitirse telem�ticamente al RM, salvo petici�n expresa en sentido contrario de los interesados. Es decir cabe la tramitaci�n en papel.
6�. Los plazos de calificaci�n e inscripci�n por el RM son los generales, es decir los previstos en el art. 18.4 del C.com.
7�. Una vez inscrita la sociedad el registrador lo notifica telem�ticamente a la AEAT, la cual a su vez debe notificar telem�ticamente al notario y al registro la asignaci�n del CIF definitivo.
1�. Si la tramitaci�n es telem�tica, no se les aplican los art. 412.1 y 414.1 del RRM, es decir la certificaci�n del RMC no est� sujeta a plazo alguno de reserva, ni tampoco de caducidad.
2�. Los impuestos devengados por la constituci�n de la sociedad, son liquidados por el registrador, si tiene la condici�n de oficina liquidadora, o de forma telem�tica por el notario autorizante. Tambi�n, obviamente, se pueden liquidar por el otorgante o por un tercero a instancia de este.
3�. El pago de las tasa del Borme se realizar� telem�ticamente en la forma determinada reglamentariamente.
3. Posibilidad de tramitaci�n normal o en papel.
El art. 5 del RDL se refiere de forma expresa a la tramitaci�n telem�tica de sociedades mercantiles. Por tanto, en ning�n caso, queda excluida la posibilidad, tras la entrada en vigor del RDL, de que los socios deseen que su sociedad se tramite por los cauces normales que han venido existiendo hasta ahora, incluso con presentaci�n telem�tica notarial, pero sin ajustarse a las extremas exigencias del RDL y sin estatutos modelo, en su caso. Es decir que soliciten su copia autorizada al Notario, si procede, que la presenten en la Oficina Liquidadora para declarar la exenci�n, y que la lleven al Registro Mercantil para su inscripci�n. Indudablemente este debe ser el camino que sigan aquellos socios de sociedades de 3.100 o menos euros de capital, que no deseen ajustarse al modelo predeterminado legalmente o que no deseen ajustarse al r�gido sistema de solicitud de denominaci�n al RMC establecido en el art. 5. Es decir, que si desean tener unos estatutos a la medida de sus necesidades, o solicitar la denominaci�n con antelaci�n mayor de la establecida en el RDL, deber�n optar por la tramitaci�n normal. Seguro que ello ser� objeto de explicaci�n y advertencia notarial pues de todos es sabido que unos estatutos estereotipados o modelo, pueden plantear verdaderos problemas en el devenir de la sociedad.
Continuando con el examen del RDL 13/2010, vamos a estudiar a continuaci�n las modificaciones que se producen en el TRLSC, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, con la finalidad que se manifiesta, tanto en el t�tulo del art�culo, como en la EM del RDL, de aliviar y descargar a las empresas de cargas administrativas.
La l�nea general de la reforma se centra en eliminar, para determinados actos societarios, no todos, la publicidad en un peri�dico, para sustituirla por la publicidad en la web de la sociedad, siempre que exista. La reforma tiene su base y apoyo indirecto en la Directiva
2009/109/CE, de 16 de septiembre de 2009, sobre obligaciones de informaci�n y documentaci�n en fusiones y escisiones. Sin embargo y como veremos, al contrario que hace la Directiva, no establece ning�n l�mite ni sistema de garant�a para la publicidad a trav�s de la web de la sociedad. La Directiva admite la web de la sociedad siempre que se garantice �la seguridad del sitio web y la autenticidad de los documentos� publicados, lo que no hace la ley espa�ola. Por ello, y ante el silencio legal, ser� el RRM el que deber� establecer los medios y garant�as que solventen los problemas que ahora veremos pueden provocar estas publicaciones fuera de los peri�dicos de gran o mayor circulaci�n en la provincia del domicilio de la sociedad
2. Modificaciones del TRLSC.
2.1. Publicidad de la constituci�n de la sociedad.
El primer art�culo modificado es el Art�culo 35, seg�n el cual �Una vez inscrita la sociedad en el Registro Mercantil, el registrador mercantil remitir� para su publicaci�n, de forma telem�tica y sin coste adicional alguno, al Bolet�n Oficial del Registro Mercantil, los datos relativos a la escritura de constituci�n que reglamentariamente se determinen�.
En la modificaci�n operada no existe ning�n cambio en relaci�n a la situaci�n anterior. Ahora se aclara que ser� el registrador mercantil el que remitir� los datos para su publicaci�n, pero esa remisi�n ya era una obligaci�n del registrador establecida, no s�lo en el punto 3 del art. 18 de C�digo de Comercio, sino con total claridad en el art. 384 del RRM. Que la comunicaci�n fuera telem�tica tambi�n se establec�a en el art. 385 y que el coste de dicha remisi�n fuera cero tambi�n se derivaba de la inexistencia del n�mero de arancel alguno que autorizara el cobro de dicha remisi�n. Por tanto nada cambia en este punto y el legislador podr�a haberse ahorrado la modificaci�n del precepto de referencia.
No obstante como cuesta trabajo suponer que el legislador modifica un precepto sin ning�n resultado pr�ctico, debemos reflexionar sobre la enigm�tica frase que se incluye en el art. 35 antes visto de que la remisi�n ser� sin coste adicional alguno para el empresario. Como hemos dicho actualmente el �nico coste empresarial ligado a la publicaci�n obligatoria de actos inscritos en el RM en el BORME es el coste de la propia publicaci�n que se satisface al BOE por parte de las sociedades y empresarios. De dicho importe el RM es s�lo intermediario de forma que el coste de la publicaci�n se cobra efectivamente en el RM, pero la factura se hace en nombre del BOE y su importe se remite al BORME, sin que por esa remisi�n de datos y sin que por ese cobro por delegaci�n el RM reciba importe alguno.
Por tanto la �nica explicaci�n razonable del precepto y que como despu�s veremos se reproduce en otras modificaciones similares, es que a partir de su entrada en vigor, todas las publicaciones en el BORME respecto de las cuales se establezca que no deben conllevar coste alguno para el empresario es que ser�n de publicaci�n gratuita en el BORME. Por ello, si �sta es la intenci�n de legislador, a partir del 3 de Diciembre de este a�o existir�n dos categor�as de actos en relaci�n a la publicidad obligatoria de los mismos en el BORME. Aquellos actos que por estar incluidos en alguno de los preceptos de la LSC reformados no devengar�n BORME y aquellos otros, quiz�s los m�s numerosos, que por no haber sido alterados por el RDL, seguir�n pagando la publicaci�n del BORME. Salvo que sea esta la explicaci�n a la frase �sin coste adicional alguno�, insistimos, la situaci�n con el RDL seguir� siendo id�ntica a la que se deriva de la Ley vigente. Nada se cobra por la remisi�n y nada se seguir� cobrando.
No obstante dudamos mucho que �sa sea la intenci�n del legislador. Cuando este quiere que un determinado acto mercantil est� exento de pago por la publicaci�n en el Borme, lo establece expresamente, como es el caso de las sociedades de los puntos 1 y 2 del art. 5. No lo hace en cambio con las sociedades del punto 3 del mismo art�culo. Por tanto la frase �sin coste adicional alguno� s�lo puede referirse a que el registrador mercantil no puede devengar ninguna clase de honorarios por la remisi�n de los datos precisos para la publicaci�n del acto inscrito en el registro. Pero ello es algo que como hemos dicho ya existe en la actualidad y por tanto en este punto no hay ninguna novedad en el RDL, salvo que el precepto tenga un car�cter meramente preventivo, es decir que se dicte en prevenci�n de que en alg�n momento el registro mercantil pensara que est� autorizado al devengo de honorarios por la remisi�n de datos al BORME.
2.2. Publicidad del anuncio de convocatoria de la Junta.
La segunda norma modificada es el art�culo 173, sobre la forma de la convocatoria.
Dice ahora este precepto: �1. La junta general ser� convocada mediante anuncio publicado en el Bolet�n Oficial del Registro Mercantil y en la p�gina web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en uno de los diarios de mayor circulaci�n en la provincia en que est� situado el domicilio social.
2. Los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada podr�n establecer, en sustituci�n del sistema anterior, que la convocatoria se realice mediante anuncio publicado en la p�gina web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un determinado diario de circulaci�n en el t�rmino municipal en que est� situado el domicilio social, o por cualquier procedimiento de comunicaci�n, individual y escrita, que asegure la recepci�n del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro-registro de socios. En caso de socios que residan en el extranjero, los estatutos podr�n prever que s�lo ser�n individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones�.
Esta modificaci�n s� es de gran enjundia y adem�s, para las sociedades an�nimas, no estaba prevista en el proyecto de Ley de Econom�a Sostenible. S�, para las sociedades limitadas.
Como vemos, el nuevo art. 173 sustituye la publicaci�n en el peri�dico por la publicaci�n en la p�gina web de la sociedad. S�lo en el caso de que la sociedad carezca de web se vuelve a la publicaci�n en un peri�dico.
El precepto supone un indudable avance en la minimizaci�n de costes de convocatoria de Juntas Generales de sociedades an�nimas. Como despu�s veremos este mismo sistema se va a aplicar a otros supuestos de publicidad de actos jur�dicos de las empresas que puedan afectar a socios y terceros y respecto de los cuales el legislador establece un plus publicitario.
Sin embargo, alabando las buenas intenciones del legislador en cuanto supone de facilitaci�n y reducci�n de costes empresariales, lo que, aunque en escasa medida, influir� en la competitividad de la empresa, la norma va a plantear m�ltiples problemas en su aplicaci�n pr�ctica. As� no se aclara cu�nto tiempo tendr� que estar �colgada� en la web de la sociedad para que se entienda cumplido el requisito. Tampoco se aclara como se acredita frente al RM o frente a un socio, que impugne un acuerdo adoptado como lesivo o que alegue ignorancia de la publicaci�n, que el anuncio ha estado efectivamente �colgado� en la web de la sociedad. Por otra parte tampoco se establece c�mo sabr� el socio o destinatario del anuncio que la sociedad de que se trate tiene p�gina web y que por tanto cualquier anuncio de la sociedad deber� buscarlo en la misma. Tampoco se aclara c�mo se conocer� la direcci�n web de la sociedad, sobre todo hoy tras la supresi�n de la obligatoriedad de hacer constar las direcciones web de la sociedad en el Registro Mercantil.
En definitiva se trata de una norma que puede dar lugar a una gran inseguridad jur�dica, aunque el RRM aclare y regule todas las cuestiones que hemos planteado. Quiz�s la cuesti�n m�s espinosa y la que haga que la reducci�n de costes sea m�nima o incluso que aumente el coste de la publicaci�n, sea en el punto relativo a la forma de acreditar que la publicaci�n ha sido efectivamente realizada. Desconocemos si inform�ticamente existe alg�n medio para acreditar fehacientemente que determinado contenido de una web ha estado expuesto, el momento preciso en que lo fue, y tambi�n su contenido y los d�as o fechas en que ha permanecido colgado. Pero si no existe dicho medio parece que la �nica forma de acreditarlo, tanto en su existencia como en su contenido, ser� a trav�s del propio conocimiento que pueda tener el registrador mercantil, el cual podr� por s� solo comprobar esos extremos, siempre que previamente se le advierta y solicite, y por tanto, bajo su fe, reflejarlo en la inscripci�n que practique o a tambi�n trav�s de la fe notarial. Pero tanto en uno como en otro caso s�lo se podr� comprobar que en un momento preciso, el de la consulta, el anuncio existi� con un contenido determinado, pero en ning�n caso esa fe se podr� extender al tiempo en que subsisti� el anuncio en la web, ni tampoco a que su contenido fuera o no alterado en el tiempo.
Pensemos que el anuncio del art. 173, en la web y en el Borme, relativo a la convocatoria de la Junta es el que marca el inicio para el c�mputo del plazo en que se deba celebrar la Junta v�lidamente. Por tanto es un anuncio que en la mente del legislador tiene una trascendental importancia. Por ello, el art�culo 107 del RRM exige, tal es la importancia que el legislador da al requisito de publicidad, que el Notario testimonie en la escritura el anuncio de convocatoria publicado o que se protocolice un testimonio notarial del mismo. Por tanto, se podr� cumplir con dicho requisito respecto de la publicaci�n en el BORME, publicaci�n que adem�s en la actualidad es electr�nica, y de conocimiento directo por el RM si se le dan los datos pertinentes, pero no se podr� cumplir respecto de la publicaci�n en la web de la sociedad, que como tal web es privada y por tanto en su elaboraci�n, mantenimiento y edici�n no interviene funcionario alguno.
Por ello y salvo que se regule de forma muy precisa en el RRM todo lo relativo a la forma de acreditar que el anuncio ha estado en la web de la sociedad, su contenido y, en su caso, el tiempo transcurrido desde la primera inserci�n hasta su total desaparici�n, en lo relativo a la posible impugnaci�n de la Junta por defectos de convocatoria se va a crear una gran inseguridad jur�dica que puede derivar en una no deseada judicializaci�n de los acuerdos sociales.
Tambi�n los Tribunales de Justicia, a la hora de resolver una demanda por defectos de convocatoria tendr�n graves dificultades para comprobar lo que aleguen los socios que impugnen por dicho motivo y los mismos socios tampoco podr�n acreditar con facilidad ante el juzgador los defectos que seg�n ellos ha tenido el anuncio, defectos que pueden ir desde falta de claridad y precisi�n en los puntos del orden del d�a sometidos a deliberaci�n, a la consignaci�n del derecho de informaci�n de los accionistas, hasta la antelaci�n con que se ha publicado la convocatoria.
Quiz�s la �nica forma de acreditar, frente al Registro Mercantil, que los anuncios en la web han sido publicados y con el contenido preciso, sea recurrir a la manifestaci�n en dicho sentido de la persona que eleve a p�blico los acuerdos. Es decir que en la escritura que se otorgue o en la certificaci�n inscribible de los acuerdos, la persona que eleve a p�blico o la persona que certifique de los acuerdos sociales, deber� manifestar la direcci�n web de la sociedad, el d�a en que se insert� el anuncio, el contenido del mismo y, en su caso, los d�as que dicho anuncio ha permanecido �colgado� en la web de la sociedad con el indicado contenido. No debemos olvidar que esta forma de acreditar hechos que afectan a terceros es relativamente frecuente en las normas mercantiles, ante la imposibilidad de hacerlo por otros medios. As� tenemos el caso de no oposici�n de acreedores en los supuestos de reducci�n de capital social, de fusiones y escisiones, de pago a los acreedores en la escritura de liquidaci�n y extinci�n de la sociedad, en el reparto entre los socios en el caso de reducci�n de capital por restituci�n de aportaciones o tambi�n de extinci�n de la sociedad o la manifestaci�n relativa a la Ley de Ordenaci�n de la Edificaci�n para el cierre de hoja de la sociedades promotoras o constructoras. A la vista de estos supuestos quiz�s dicha manifestaci�n sea la mejor manera de acreditar el cumplimiento del requisito exigido por el nuevo art. 173 de la LSC. Es adem�s la manera de acreditar el hecho de la convocatoria en la sociedad limitada, pues respecto de esta y dado que se pueden utilizar medios de convocatoria de dif�cil acreditaci�n, basta con que se manifieste la fecha y forma en que se ha realizado la convocatoria(Cfr. Art. 97.1.2� RRM). En todo caso dicha manifestaci�n deber�a ser acompa�ada por lo que se llama �impresi�n de pantalla�, es decir la acreditaci�n gr�fica de lo publicado en la web de la sociedad obtenida por medio de una impresora.
En cambio para la sociedad limitada, la modificaci�n operada en la norma est� plena de racionalidad, aunque nos tememos que de escasa eficacia pr�ctica. Son muy pocos, por no decir ninguno, los estatutos que normalmente se usan por las SL en que no prevea una forma distinta y m�s econ�mica de convocatoria. Aunque quiz�s lo que hubiera supuesto una mayor facilidad de convocatoria hubiera sido el suprimir el BORME, como medio de publicar la convocatoria de la Junta, publicaci�n que normalmente tiene un alto coste, sustituy�ndolo por la sola publicaci�n en la web de la sociedad, sin necesidad de que conste en estatutos. Tal y como ha quedado el precepto, doble publicidad, Borme y web, nos tememos que sigan siendo muy pocos los estatutos de las sociedades limitadas que no prevean una forma distinta de convocatoria a la establecida legalmente en defecto de previsi�n estatutaria. La norma, dado que se trata de una publicidad dirigida a los socios y que para la inscripci�n de los acuerdos sociales debe acreditarse, plantea los mismos problemas que antes ve�amos sobre la publicidad del anuncio en las sociedades an�nimas. Es decir cu�nto tiempo debe estar colgado el anuncio, como se acreditar� su efectiva existencia y contenido y finalmente como sabr� el socio de la existencia de la web de la sociedad y de su concreta direcci�n.
Por otra parte, si se establece como forma de convocatoria de la Junta, solo la publicidad en la web de la sociedad, quiz�s fuera conveniente que en los propios estatutos se indicara la direcci�n web de la sociedad y se estableciera una m�nima permanencia del anuncio en dicha web. Se pudiera alegar frente a ello que en el momento constitutivo dif�cilmente la sociedad, todav�a no nacida, tendr� una direcci�n web. Pero ello podr�a ser obviado con la posibilidad de establecer dicha forma de convocatoria de la Junta en los estatutos, unido a la obligaci�n, que asumir�a la sociedad, de hacer constar por nota marginal, y en virtud de certificaci�n del �rgano de administraci�n de la sociedad, la direcci�n web correspondiente y mientras ello no se hiciera constar en la hoja abierta a la sociedad, no podr�a utilizarse dicho medio de convocatoria. Quiz�s en la reforma previsible del RRM se pudieran aclarar todas las cuestiones que planteamos.
2.3. Publicidad de determinados acuerdos modificativos de estatutos.
Tambi�n se reforma el art. 289 sobre Publicidad de determinados acuerdos de modificaci�n. Ahora dice el precepto que �en las sociedades an�nimas el acuerdo de cambio de denominaci�n, de domicilio, de sustituci�n o cualquier otra modificaci�n del objeto social se publicar�n en la p�gina web de la sociedad o, en el caso de que no exista, se anunciar�n en dos peri�dicos de gran circulaci�n en la provincia o provincias respectivas. Sin esta publicidad no podr�n inscribirse en el Registro Mercantil�.
Esta modificaci�n no puede merecer m�s que alabanzas. Se trataba de unos acuerdos que sin una raz�n clara estaban sujetos a una publicidad extrarregistral sumamente gravosa. Los problemas que plantea su acreditaci�n, pues sin ella, como sigue diciendo el precepto, no es posible la inscripci�n en el Registro mercantil, son los mismos que se plantean con los anuncios de convocatoria de la Junta y a lo dicho m�s arriba nos remitimos.
No obstante alabar el precepto, nos extra�a que no se haya aprovechado para reducir las publicaciones necesarias en caso de no existencia de web de la sociedad. Es ya de los pocos casos, por no decir el �nico de nuestras leyes mercantiles, que exigen dos publicaciones en el mismo sentido. Ni siquiera en los trascendentales acuerdos de fusi�n, escisi�n y cesi�n global de activo y pasivo se exigen tantas publicaciones. Quiz�s en una futura reforma del precepto, se subsane esta deficiencia.
2.4. Publicidad de toda modificaci�n de estatutos.
Igualmente se modifica el art�culo 290.1 que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�1. En todo caso, el acuerdo de modificaci�n de estatutos se har� constar en escritura p�blica que se inscribir� en el Registro Mercantil. El registrador mercantil remitir� de oficio, de forma telem�tica y sin coste adicional alguno, el acuerdo inscrito para su publicaci�n en el Bolet�n Oficial del Registro Mercantil�.
Es una norma similar a la que ve�amos antes referida a la constituci�n de la sociedad. Es decir que el registrador remitir� de forma telem�tica y sin coste adicional alguno el acuerdo inscrito para su publicaci�n en el BORME.
La problem�tica que se plantea es la misma que hemos visto anteriormente y la que se plantear� con el �ltimo art�culo incluido en la reforma que veremos m�s adelante. Por tanto, a nuestro juicio, en este punto si queremos existe m�s claridad, pero ninguna modificaci�n sobre la forma de actuar por parte del RM con la vigente legislaci�n.
2.5. Publicidad del acuerdo de reducci�n de capital social en sociedades an�nimas.
Dice en la actualidad el art. 319 que �el acuerdo de reducci�n del capital de las sociedades an�nimas deber� ser publicado en el Bolet�n Oficial del Registro Mercantil y en la p�gina web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un peri�dico de gran circulaci�n en la provincia en que la sociedad tenga su domicilio�.
El nuevo art. 319 sustituye la publicaci�n en el peri�dico por la publicaci�n en la p�gina web de la sociedad. S�lo en el caso de que la sociedad carezca de web se vuelve a la publicaci�n en un peri�dico.
Es un precepto que dado que establece una publicidad, no dirigida espec�ficamente a los socios, sino a los acreedores de la sociedad, puede plantear tambi�n graves problemas de inseguridad jur�dica a la hora de acreditar frente a un acreedor que impugne el acuerdo como lesivo o que alegue ignorancia de la publicaci�n, a los efectos de oponerse al acuerdo o de que se le garanticen sus cr�ditos, que el anuncio ha estado efectivamente �colgado� en la web de la sociedad. Incluso ser� m�s dif�cil y complicado probar que el acreedor sab�a la direcci�n web de la sociedad para poder consultarla y as� poder ejercer sus derechos. Pensemos que el anuncio del art. 319 relativo a la publicaci�n del acuerdo de reducci�n de capital, es el que marca el inicio de la posible oposici�n de acreedores en los t�rminos establecidos en el propio texto refundido. Por tanto es un anuncio que en la mente del legislador tiene tambi�n una trascendental importancia pues hasta que transcurra el mes desde la �ltima publicaci�n los acreedores cuyos cr�ditos hayan nacido antes de la fecha del �ltimo anuncio del acuerdo de reducci�n del capital, no hayan vencido en ese momento y hasta que se les garanticen tales cr�ditos tendr�n el derecho de oponerse a la reducci�n. Por tanto y de conformidad con el art. 170.3 y 4 del RRM la escritura de reducci�n de capital no podr� otorgarse hasta que transcurra el mes desde la �ltima de las publicaciones dichas, pues en dicha escritura deber� manifestarse que ning�n acreedor se ha opuesto a la reducci�n de capital acordada. Y si se otorgara con anterioridad es evidente que para la debida inscripci�n deber� otorgarse una nueva escritura en que se hiciera la manifestaci�n requerida. Aparte de ello adem�s, el mismo art�culo exige, tal es la importancia que el legislador da al requisito de publicidad, que se presenten al RM los ejemplares de los diarios en que se hubiere publicado dicho anuncio o copia de los mismos. Por tanto, con la nueva redacci�n del art. 319, se podr� cumplir con dicho requisito respecto de la publicaci�n en el BORME, pero no se podr� cumplir respecto de la publicaci�n en la web de la sociedad, que como tal web es privada y por tanto en su elaboraci�n, mantenimiento y edici�n no interviene funcionario alguno.
En definitiva se tratar� de un problema muy similar al que planteamos con la publicidad del anuncio de convocatoria de la Junta.
2.6. Publicidad de la reducci�n de capital en sociedades limitadas, con garant�as estatutarias a favor de los acreedores.
Se modifica el apartado 2 del art�culo 333, aplicable s�lo a las sociedades limitadas, que queda redactado en los siguientes t�rminos: �2. Esta notificaci�n se har� personalmente, y si ello no fuera posible, por desconocerse el domicilio de los acreedores, por medio de anuncios que habr�n de publicarse en el Bolet�n Oficial del Registro Mercantil, y en la p�gina web de la sociedad o, en el caso de que no exista en un diario de los de mayor circulaci�n en la localidad en que radique el domicilio de la sociedad�.
Se trata de la notificaci�n que se hace cuando en los estatutos de las sociedades limitadas se establecen garant�as adicionales para los acreedores en los casos de reducci�n de capital social.
Son muy escasos los estatutos que fijan dichas garant�as, pese a su indudable inter�s como reforzadoras de la posici�n de los acreedores y por tanto de la solvencia de la sociedad. Dado que la norma es similar a la vistas anteriormente, caso de que se establezcan las garant�as estatutarias, se plantea la misma problem�tica ya examinada.
2.7. Publicidad de la disoluci�n de la sociedad.
Se modifica el art�culo 369 que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Art�culo 369. Publicidad de la disoluci�n.
La disoluci�n de la sociedad de capital se inscribir� en el Registro Mercantil. El registrador mercantil remitir� de oficio, de forma telem�tica y sin coste adicional alguno, la inscripci�n de la disoluci�n al Bolet�n Oficial del Registro Mercantil para su publicaci�n. Adem�s, si la sociedad fuera an�nima, la disoluci�n se publicar� en la p�gina web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en uno de los diarios de mayor circulaci�n del lugar del domicilio social�.
La principal modificaci�n operada en el precepto es que antes se exig�a, tanto para la sociedad an�nima como para la sociedad limitada, que la disoluci�n se publicara adem�s en el Borme y ahora, como vemos, esa publicidad se sustituye por la publicidad que de toda inscripci�n se remite por el RM al Central para su publicidad en forma legal.
Por su importancia y por las dudas que se han suscitado en su aplicaci�n haremos un estudio m�s detallado del mismo.
Para la debida comprensi�n e interpretaci�n de este precepto y sobre todo para determinar si, a partir de ahora, ser� exigible, para la inscripci�n de la disoluci�n de sociedades de capital, que se acredite la publicidad exigida en el Borme, o, en su caso, en la web de la sociedad, o, en su defecto, en un diario, debemos considerar los siguientes puntos:
2.7.1. Sus antecedentes u origen.
El precepto carece de antecedentes en la legislaci�n de la sociedad limitada. Ni el texto de 1953, ni el de 1995, exig�an publicidad alguna del acuerdo de disoluci�n de la sociedad limitada, ni en el Borme, ni en ning�n otro medio publicitario. La �nica publicidad le vendr�a dada por el Registro Mercantil a trav�s de la propia inscripci�n del acuerdo y de su posterior remisi�n al RMC para su publicaci�n en el Borme.
Su origen tenemos que buscarlo en la LSA. Efectivamente la Ley de 1951, en su art�culo 153, dispon�a que �el acuerdo de disoluci�n o la resoluci�n judicial, en su caso, se inscribir�n en el Registro Mercantil, public�ndose, adem�s, en el BOE y en uno de los diarios de mayor circulaci�n del lugar del domicilio social�. Dicho texto, sin variaci�n alguna, salvo la referencia al BOE que se sustituye por la referencia al BORME, pas� al art. 263 del TRLSA de 1989.
Por su parte el RRM de 1956, en su art. 140, ven�a a disponer que �para inscribir la disoluci�n de las sociedades an�nimas y limitadas, se presentar� la correspondiente escritura en la que conste el cumplimiento de las formalidades y requisitos legales�.
A la vista de ello tenemos que preguntarnos por la interpretaci�n de ambos preceptos hasta la entrada en vigor de la LSC, en relaci�n con la inscripci�n de la disoluci�n en el RM.
2.7.2. Su interpretaci�n y su relaci�n con la inscripci�n de la disoluci�n de la sociedad an�nima en el RM.
El precepto aparentemente era claro y por ello, desde la vigencia de la Ley de 1951 y el RRM de 1956, que al expresar en su art. 140 que en la escritura de disoluci�n ten�a que constar el cumplimiento de los requisitos y formalidades legales y siendo uno de los requisitos de la disoluci�n su publicidad expresa, ven�a exigi�ndose, con generalidad, esa publicidad para la inscripci�n de la disoluci�n de la sociedad an�nima en el RM.
La situaci�n permaneci� as� hasta que en el a�o 1965, una resoluci�n de la DGRN vino a poner las cosas en su sitio. Ante una nota de calificaci�n que se�al� como defecto el no acreditar la publicidad exigida en el art. 153 de la LSA, la DGRN, en resoluci�n de 15 de Marzo de 1965, no por antigua menos valiosa, sancion� que dicha publicaci�n del acuerdo de disoluci�n quedaba al margen de la calificaci�n del Registrador pues pod�a ser perfectamente posterior a la adopci�n del acuerdo y que por tanto para la inscripci�n del mismo en el Registro Mercantil no era necesario acreditarla. Y que si no se publicaba, lo �nico que originaba esa falta de publicaci�n era la posible exigencia de responsabilidad a los administradores o liquidadores sociales. Es decir, que para la DG, la disoluci�n, ya inscrita, es la que deb�a ser publicada en el BOE y en un diario y que como consecuencia de ello no pod�a ser exigida por el RM a los efectos de practicar la inscripci�n de la disoluci�n de la sociedad.
Vigente el TRLSA de 1989, con el RRM de 29 de Diciembre de 1989, en cuyo texto no exist�a art�culo equivalente al 140 del RRM de 1956, la cuesti�n no se plantea y la disoluci�n de las sociedades an�nimas se sigue inscribiendo sin necesidad de acreditar publicidad alguna.
2.7.3. Su exigencia vigente el TR de 2010.
Por tanto, a la vista de todo lo dicho, parece evidente que en la actualidad, el ya antiguo art. 369, no deb�a ser objeto de una interpretaci�n distinta pues segu�a utilizando el adverbio �adem�s� en su redacci�n. Es decir que la disoluci�n se inscrib�a y una vez inscrita, si no se ha publicado antes, surg�a la obligaci�n del �rgano de liquidaci�n de la sociedad de publicarla en el Borme y en un diario y si no la publicaba no significaba que la disoluci�n estuviera mal acordada o que la inscripci�n debiera ser revisada o que originara alguna responsabilidad de tipo registral, sino que el liquidador responder�a de los da�os y perjuicios que se produjeran a los socios o terceros por la omisi�n de una exigencia legalmente establecida. Ni que decir tiene que el �rgano de liquidaci�n de la sociedad tambi�n pod�a cumplir dicha obligaci�n previamente y que si lo hac�a no exist�a ning�n inconveniente en que se acredite su actuaci�n en la escritura que otorgue y que incluso dicho cumplimiento se refleje en la inscripci�n practicada, pues aunque no se exig�a, en t�rminos estrictos para la inscripci�n su constancia en los libros del Registro, esa publicidad en nada afecta a datos que no deben ser publicados pues dichos datos ya lo han sido con una publicidad distinta a la que el registro proporciona, teniendo adem�s la evidente ventaja, su reflejo en la inscripci�n, el que servir� para que el liquidador pueda, en cualquier momento, acreditar que la publicaci�n o publicaciones legales fueron realizadas.
2.7.4. Su exigibilidad para la inscripci�n de la liquidaci�n de la sociedad.
La DG, como hemos visto, no exig�a el acreditar esa publicidad para la inscripci�n de la disoluci�n de la sociedad por entender que la misma pod�a ser perfectamente posterior al otorgamiento de la escritura otorgada. Es evidente por ello que si la escritura es de disoluci�n y liquidaci�n simult�nea, lo que es muy frecuente en la sociedad limitada, tampoco ser� exigible el cumplimiento del requisito de publicidad, pues el mismo, en su caso, ser� cumplido a posteriori por el liquidador de la sociedad. Pero el problema surge si la liquidaci�n se alarga en el tiempo y la escritura que refleje esa liquidaci�n y la extinci�n de la sociedad se presenta una vez inscrita la disoluci�n de la sociedad. En el segundo momento, es decir, el del otorgamiento de la escritura de liquidaci�n, el requisito de publicidad ya deb�a haber sido cumplido si el liquidador es consciente de sus obligaciones y responsabilidad. Entonces nos preguntamos, �ser� necesario para inscribir la liquidaci�n y extinci�n de la sociedad con el consiguiente cierre de su hoja registral, acreditar que la publicidad de la disoluci�n se ha cumplido, m�xime cuando en la actualidad el TR ha suprimido la publicidad del balance final de liquidaci�n? En nuestra opini�n ello sigue siendo innecesario. Las razones que justifican esta negativa son varias:
1�. Carece de sentido que la exigibilidad de un requisito legal dependa del momento temporal en que se ejecute o documente el acuerdo.
2�. La doctrina de la DG es clara: Se trata de un requisito de cumplimiento por parte de la sociedad, quedando fuera de la calificaci�n registral.
3� Cuando el legislador quiere que para practicar una inscripci�n en el RM, se acredite el cumplimiento de alg�n requisito adicional de publicidad o de otra �ndole, lo exige expresamente. Los ejemplos son m�ltiples en el TRLSA y en el RRM: Por citar algunos, el art. 289 del TRLSA, art. 168.3 y 4, 170.3, 199.4, 230, 247.2,1� del RRM, entre otros.
Por tanto la publicidad en el Borme, que ya no es exigible para la sociedad en ning�n caso, y ahora en la web de la sociedad o, en su caso, en un diario, tampoco ser� exigible para la inscripci�n de la liquidaci�n de la sociedad, ni para el cierre de su hoja registral, cualquiera que sea el momento, simult�neo o sucesivo, en que se otorgue la pertinente escritura.
2.7.5. Su aplicabilidad a la sociedad limitada.
Si la publicidad exigida por el art. 369 del TR no es exigible para la inscripci�n de la disoluci�n de una sociedad an�nima, parece evidente que con menos raz�n a�n puede ser exigible para la inscripci�n de una sociedad limitada. Y ello por dos razones fundamentales: Una, porque no existe motivo alguno para que el art. 369 se interprete de forma distinta dependiendo del tipo social de que se trate y otra, porque el texto origen, Ley de 1995, del antiguo texto del art. 369 en cuanto a la sociedad limitada, no conten�a exigencia alguna de publicidad distinta de la que se proporciona a la disoluci�n a trav�s del los libros del RM.
2.7.6. Ex�gesis del precepto tras su reforma por el RDL 13/2010.
El RDL 13/2010, dentro del proceso de reducci�n de cargas administrativas de actos societarios, modifica el citado art. 369 en una doble direcci�n: Por una parte, interpretando los antecedentes de la exigencia de publicidad extrarregistral de la disoluci�n de la sociedad an�nima, y el sistema actual de publicidad de las inscripciones practicadas en el Registro Mercantil a trav�s del Borme (Cfr. Art. 21 C�digo de Comercio) llega a la conclusi�n, antes de la reforma muy dudosa, que la publicidad exigida en el Borme de la disoluci�n de la sociedad, es la publicidad que del hecho de la inscripci�n se da por el Registro Mercantil de toda inscripci�n practicada. As� tras disponer que la disoluci�n se inscribir� en el RM, a�ade que, �El registrador mercantil remitir� de oficio, de forma telem�tica y sin coste adicional alguno, la inscripci�n de la disoluci�n al Bolet�n Oficial del Registro Mercantil para su publicaci�n�. Se trata por tanto de la misma remisi�n que se hace de toda inscripci�n practicada en el RM, tal y como dispone el art.18.3 del C�digo de Comercio. Puede plantear alguna duda la frase �sin coste adicional alguno� pues ello puede referirse o bien a que el RM no puede cobrar nada por dicha remisi�n, o bien que la publicaci�n en el Borme est� libre de tasas en este especial caso de disoluci�n de la sociedad. La primera opci�n carece de sentido, pues nunca se ha devengado honorario alguno para el Registrador Mercantil por la remisi�n de los datos de una inscripci�n en el Borme. Tampoco pensamos que se refiera a que la publicaci�n de la disoluci�n en el Borme no devenga tasa alguna, pues cuando el legislador quiere declarar la exenci�n de tasas del Borme lo dispone expresamente, como hace con las sociedades limitadas constituida al amparo de los n�mero 1 y 2 del art. 5 del mismo RDL. Por tanto parece que se trata de una norma preventiva. Es decir que dado que esta remisi�n al Borme por parte del RM se le impone como una obligaci�n adicional, por esa obligaci�n adicional no proceder� el cobro de ninguna cantidad adicional a la que proceda por el resto de las operaciones registrales que se hayan practicado. El que la remisi�n sea �telem�tica� tampoco supone alteraci�n alguna del actual sistema, pues lo ha sido de esta forma desde el a�o 1.990.
La segunda parte del precepto, recogiendo lo que ya se dispon�a antes de la reforma, se refiere exclusivamente a la sociedad an�nima. Para esta se dice, al igual que en el resto de los art�culos modificados del TRLSC, por el RDL 13/2010, que la disoluci�n se publicar� en la p�gina web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en uno de los diarios de mayor circulaci�n del lugar del domicilio social.
Por tanto, ya no es necesaria publicaci�n en diario alguno, si la sociedad tiene p�gina web y se inserta el acuerdo de disoluci�n en la misma. Si no tuviera p�gina web, la norma, quiz�s por las prisas en su redacci�n, se separa del primitivo art. 369 del TRLSC, que exig�a la publicaci�n en un diario con circulaci�n en la provincia del domicilio social y se vuelve a la redacci�n del primitivo art�culo 263 del TRLSA y as� lo que exige es que la publicaci�n se haga en uno de los diarios de mayor circulaci�n del lugar del domicilio social. Nos parec�a m�s correcta la redacci�n primitiva, pues no se encorsetaba la obligaci�n de publicidad con un requisito que en algunas provincias puede ser de dif�cil cumplimiento. Caso de que el liquidador desee que conste en la escritura el cumplimiento de su obligaci�n de publicar, si lo ha sido en la p�gina web de la sociedad, bastar� su mera declaraci�n en dicho sentido en la escritura y si lo ha sido en un diario, por su testimonio en la escritura o, acompa�ando la p�gina en que se haya publicado al Registro, para que lo haga constar en la inscripci�n que se practique.
Se�alemos finalmente que al igual que hac�a el precepto reformado, separ�ndose de su texto origen, lo que ahora se sigue diciendo es que se publica la disoluci�n, no �el acuerdo de disoluci�n� o la �resoluci�n judicial que la declare�, como antes se dec�a, lo que nos parece m�s adecuado, pues con ese t�rmino se comprenden ambos tipos de disoluci�n, independientemente de su origen.
2.7.7. Conclusi�n.
Podemos concluir que pese a la reciente reforma operada en el art. 369, la conclusi�n es la misma a que se llegaba con los textos derogados, es decir que ni para la inscripci�n de la disoluci�n-liquidaci�n de la sociedad an�nima, ni para la de la sociedad limitada, son exigibles requisitos adicionales de publicidad del acuerdo de disoluci�n, por parte del Registro Mercantil.
2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados Se reforma el art. 45 I.B).11 del
Texto refundido, al establecer que estar�n exentas �11. La constituci�n de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones que efect�en los socios que no supongan aumento de capital y el traslado a Espa�a de la sede de direcci�n efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Uni�n Europea�.
Al contrario que se recog�a en el Proyecto de Ley de Econom�a Sostenible, la exenci�n establecida en el RDL aprobado, se refiere en general a toda constituci�n de sociedad y aumento de capital, es decir, tanto de sociedades constituidas conforme a los preceptos del RDL como las que se pudieran constituir al margen del mismo. Se pretende con ello favorecer, tanto la constituci�n de sociedades, como el aumento de capital de las mismas, reduciendo los costes anteriormente insitos en dichas operaciones.
Unos d�as despu�s la Ley de Presupuestos, con olvido de este RDL, recogi� una exenci�n menos generosa en la Disposici�n Adicional 7�, generando una confusi�n pues podr�a interpretarse que una norma posterior sobre la misma materia derogaba t�citamente la anterior. Para desfacer el entuerto, dicha disposici�n adicional,
a�n antes de entrar en vigor ha sido derogada por el
Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la correcci�n del d�ficit tarifario del sector el�ctrico. D) C�maras de Comercio. Afecta la modificaci�n al recurso cameral permanente, que la Ley
3/1993, de 22 de marzo, B�sica de las C�maras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci�n estableci� con car�cter obligatorio para todas las empresas y que ha servido de fuente de financiaci�n principal de las C�maras. La reforma hace voluntaria la pertenencia a las C�maras y la contribuci�n a la ahora denominada cuota cameral. Dice ahora el art�culo 13 de la Ley 3/1993: Estar�n obligados al pago de la cuota cameral quienes ejerzan las actividades del comercio, la industria o la navegaci�n a que se refiere el art�culo 6 y decidan libremente pertenecer a una C�mara Oficial de Comercio, Industria y Navegaci�n.
E) Liberalizaci�n del sector aeroportuario y de loter�as. El Real Decreto-ley aborda la modernizaci�n y liberalizaci�n de estos dos sectores. Se cambia el modelo de gesti�n la posibilidad de privatizaci�n parcial e involucraci�n del sector privado de las dos sociedades -Aena Aeropuertos, S.A y Sociedad Estatal Loter�as y Apuestas del Estado- cuya creaci�n se prev� en esta norma.
F) Medidas laborales y de Seguridad Social.
Se anticipan medidas que refuercen la eficacia de los servicios de pol�ticas activas de empleo, fundamentalmente, a trav�s de la figura de los promotores de empleo, cuya estabilidad, funciones y financiaci�n se garantiza para los a�os 2011 y 2012 mediante el presente Real Decreto-ley.
Se avanza en la l�nea de integraci�n de los reg�menes de Seguridad Social mediante la integraci�n de los funcionarios de nuevo ingreso en el R�gimen General de la Seguridad Social, a los efectos de Clases Pasivas. II
G) Entrada en vigor. Su entrada en vigor fue el mismo d�a de su publicaci�n en el BOE, es decir el mismo d�a 3 de Diciembre de 2010.
Ello no obstante, esta entrada en vigor no puede ser inmediata respecto de las modalidades reguladas en el RDL que necesiten de alguna forma de desarrollo reglamentario. As�, las que hemos llamado microempresas, no se han podido constituir hasta la aprobaci�n por el Ministerio de Justicia el modelo de estatutos de utilizaci�n obligatoria, lo que tuvo lugar mediante Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre. Las otras modalidades podr�n ser, a nuestro juicio, de uso inmediato, aunque alguna de sus caracter�sticas tambi�n necesite de desarrollo reglamentario o de implementaci�n electr�nica, como es la posibilidad de expedir por el Registro una certificaci�n electr�nica, la comunicaci�n de la inscripci�n de forma telem�tica a la AEAT, o la liquidaci�n de la escritura en el registro mercantil que s�lo se podr� llevar a cabo en aquellas CCAA que tengan delegado este servicio.
En cuanto a las normas de la letra B), sobre reducci�n de cargas administrativas en los actos societarios, en principio, pese a las dudas que hemos planteado en la interpretaci�n y sobre todo en la aplicaci�n de las novedades del RDL, ninguna de sus normas necesita de obligado desarrollo reglamentario, por lo que estimamos que todas ser�n de aplicaci�n directa desde el 3 de Diciembre de 2010. No obstante dada la trascendencia de los anuncios a los que se sustituye con la web de la sociedad y los problemas que se suscitan en cuanto a la forma de acreditar ese anuncio, estimamos muy conveniente que antes pronto que tarde, se proceda al desarrollo reglamentario de las modificaciones operadas en la LSC.
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EXTREMADURA. Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de impulso al nacimiento y consolidaci�n de empresas en la Comunidad Aut�noma de Extremadura.
- Crear el entorno jur�dico administrativo para facilitar la creaci�n y consolidaci�n de empresas en el territorio de la Comunidad en el marco de las disposiciones generales establecidas por la normativa comunitaria y estatal referentes a la libertad de establecimiento a trav�s de una serie de normas generales y medidas singulares tendentes a simplificar los procedimientos.
- Establecer un procedimiento restringido, alternativo, voluntario y eventualmente transitorio para la creaci�n y consolidaci�n de nuevas empresas, articulado mediante la declaraci�n de nueva empresa y nuevas actividades empresariales (DNE).
- Implementar, en el �mbito de sus competencias, las medidas contenidas en la Directiva
2006/123/CE, relativa a los servicios del mercado interior, en tanto en cuanto tengan incidencias en el �mbito de la creaci�n y consolidaci�n de empresas. Se utilizan las disposiciones adicionales.
En el Cap�tulo I, denominado normas generales para la creaci�n y consolidaci�n de empresa, se regulan los principios �in dubio pro apertura o favor libertatis�, simultaneidad y preferencia, urgencia y silencio positivo, simplificaci�n, legalidad y transparencia y, adem�s, se incluyen algunas medidas con relaci�n a la validez de los medios telem�ticos y ventanilla �nica electr�nica y otras referidas a los registros y autorizaciones y declaraciones responsables.
En el Cap�tulo II se incluyen algunas medidas singulares para la creaci�n y consolidaci�n de empresas relativas a la habilitaci�n urban�stica del suelo no urbanizable, la c�dula de habitabilidad, el informe sobre patrimonio hist�rico y cultural, las subvenciones y, finalmente, las tasas.
El Cap�tulo III recoge el procedimiento de declaraci�n de nueva empresa y de nuevas actividades empresariales. Afectar� a aquellas personas f�sicas o jur�dicas empresariales que no requieran para su constituci�n la inscripci�n en registros p�blicos del Estado, siempre que la actividad no requiera de licencias medioambientales, sanitarias o de polic�a industrial.
En las disposiciones adicionales se incluyen las medidas derivadas de la Directiva
2006/123/CE. Entre ellas, destaca una modificaci�n de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenaci�n Territorial que afecta, entre otras materias, al r�gimen de comunicaci�n previa de obras y al otorgamiento de licencias urban�sticas..
Entr� en vigor el 9 de diciembre de 2010.
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** ESTATUTOS TIPO SL. Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, por la que se aprueban los Estatutos-tipo de las sociedades de responsabilidad limitada.
Seg�n la Exposici�n de Motivos, la inmensa mayor�a de las peque�as y medianas empresas se constituyen con la forma de sociedad de responsabilidad limitada, cuentan con un reducido n�mero de socios, generalmente no superan el capital m�nimo exigible y prev�n estatutariamente una estructura interna simplificada y un objeto social incluido en la enumeraci�n prevista en esta Orden.
La aprobaci�n de estatutos-tipo para estas sociedades est� prevista en el art�culo 5.dos del reciente
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre que faculta al Ministerio de Justicia para su elaboraci�n. La utilizaci�n de los mismos es imprescindible para acogerse al r�gimen espec�fico para la constituci�n de sociedades de responsabilidad limitada de hasta 3.100 euros de capital.
- Sociedades de responsabilidad limitada constituidas por uno o varios socios.
- Constituci�n por v�a telem�tica
- El capital social no ser� superior a 3.100 euros.
- S�lo socios personas f�sicas
�rgano de administraci�n. Ha de ser o administrador �nico, o varios administradores con facultades solidarias o dos administradores con facultades mancomunadas.
R�gimen supletorio. En lo no previsto en estos Estatutos-tipo, se aplicar�:
- Lo dispuesto en el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, - La Ley 3/2009, de 3 de abril, de
- Y las dem�s disposiciones legales aplicables o las que sustituyan a las anteriores.
Habilitaci�n a la DGRN. Se habilita a la Direcci�n General de los Registros y del Notariado en el �mbito de sus competencias, para dictar las resoluciones e instrucciones necesarias para la aplicaci�n de lo previsto en esta Orden.
Resumen del modelo de Estatutos-tipo (Anexo I)
Art�culo 1. Denominaci�n.
Art�culo 2. Objeto. Se enumeran quince actividades.
Art�culo 3. Domicilio social y referencia a que tendr� nacionalidad espa�ola.
Art�culo 4. Capital social y participaciones.
El capital ha de estar totalmente desembolsado. Art�culo 5. Periodicidad, convocatoria y lugar de celebraci�n de la junta general. El consejo de administraci�n comunicar� la convocatoria a los socios a trav�s de procedimientos telem�ticos, mediante el uso de firma electr�nica, salvo que no sea posible y, en su defecto, mediante cualquier otro procedimiento de comunicaci�n, individual y escrito que asegure la recepci�n por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios.
Art�culo 6. Comunicaciones de la sociedad a los socios. Se realizar�n a trav�s de procedimientos telem�ticos, mediante el uso de firma electr�nica y, si no es posible, igual que en el punto anterior.
Art�culo 7. Mesa de la junta. Deliberaciones y votaci�n.
Art�culo 8. Modos de organizar la administraci�n. La Junta General podr� optar entre una de las tres modalidades antes referidas, sin necesidad de modificar estatutos. La elecci�n de modalidad deber� inscribirse en el Registro Mercantil.
Art�culo 9. Nombramiento, duraci�n y prohibici�n de competencia. Los administradores han de ser personas f�sicas y ejercer�n su cargo por tiempo indefinido. Ha de especificarse si el cargo es gratuito, retribuido en una cuant�a fija o en un porcentaje de�. % sobre los beneficios repartibles.
Art�culo 10. �mbito de representaci�n y facultades del �rgano de administraci�n. La representaci�n que corresponde al �rgano de administraci�n se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en estos estatutos, de modo que cualquier limitaci�n de las facultades representativas de los administradores, aunque estuviera inscrita en el Registro Mercantil, ser� ineficaz frente a terceros.
Art�culo 11. Notificaciones a la sociedad. Podr�n dirigirse a cualquiera de los administradores en el domicilio de la sociedad
Art�culo 12. Sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. Se le aplicar� las especialidades de r�gimen previstas en el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Entr� en vigor el 11 de diciembre de 2010.
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D�AS INH�BILES. Resoluci�n de 9 de diciembre de 2010, de la Secretar�a Estado para la Funci�n P�blica, por la que se establece el calendario de d�as inh�biles en el �mbito de la Administraci�n General del Estado para el a�o 2011, a efectos de c�mputo de plazo.
El art�culo 48.7 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre establece que la Administraci�n General del Estado fijar�, con sujeci�n al calendario laboral oficial, en su �mbito, el calendario de d�as inh�biles a efectos de c�mputos de plazos.
Afecta a la Administraci�n General del Estado y sus Organismos P�blicos y se circunscribe al a�o 2011, durante el cual, ser�n d�as inh�biles:
a) En todo el territorio nacional: los domingos y los d�as declarados como fiestas de �mbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Aut�nomas no ha ejercido la facultad de sustituci�n.
b) En el �mbito territorial de las Comunidades Aut�nomas: aquellos d�as determinados por cada Comunidad Aut�noma como festivos.
c) En los �mbitos territoriales de las Entidades que integran la Administraci�n Local: los d�as que establezcan las respectivas Comunidades Aut�nomas en sus correspondientes calendarios de d�as inh�biles.
Se incorpora un anexo, desarrollando los puntos a) y b).
En concreto, son inh�biles en todo el territorio nacional, sin que caigan en domingo:
- el 1 (s�bado) y el 6 de enero (jueves),
- el 22 de abril Viernes Santo,
- el 15 de agosto (lunes),
- el 12 de octubre (mi�rcoles),
- el 1� de noviembre (martes),
- y los d�as 6 (martes) y 8 de diciembre (jueves).
PDF (BOE-A-2010-19106 - 2 p�gs. - 238 KB) Otros formatos Correcci�n de errores.
CLASIFICACI�N NACIONAL DE OCUPACIONES. Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la Clasificaci�n Nacional de Ocupaciones 2011.
Este real decreto aprueba la Clasificaci�n Nacional de Ocupaciones 2011, denominada CNO-11.
La CNO-11 es un sistema de codificaci�n que tiene por objeto el tratamiento de la informaci�n sobre ocupaciones de manera uniforme a efectos estad�sticos.
La CNO-11 ser� de uso obligatorio en el �mbito de aplicaci�n de la
Ley de la Funci�n Estad�stica P�blica, para todas aquellas operaciones estad�sticas recogidas en el Plan Estad�stico Nacional.
La inclusi�n de una ocupaci�n en una determinada categor�a de la clasificaci�n no implica reconocimiento alguno en t�rminos de nivel de competencias de esa ocupaci�n a nivel nacional, ni reconoce similitudes entre ocupaciones clasificadas en una misma categor�a.
El 25 es el ep�grafe general de los Profesionales en derecho. Y los concretos son:
- 259.
- 2599. Profesionales del derecho no clasificados bajo otros ep�grafes.
Hasta ahora, los ep�grafes de notarios y registradores eran respectivamente el 2391 y 2392. A partir de la entrada en vigor de esta norma, que ser� el 1� de enero de 2011, tendr�n el mismo.
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ILLES BALEARS. Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificaci�n de diversas leyes para la transposici�n en las Illes Balears de la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
Objeto de esta ley:
- Establecer el entorno jur�dico y administrativo para garantizar la libertad de establecimiento y de prestaci�n de servicios en el territorio de la Comunidad dentro del marco de la legislaci�n comunitaria y estatal.
- Eliminaci�n de los procedimientos de autorizaci�n que no re�nan los requisitos de necesidad, proporcionalidad y no discriminaci�n. Simplificaci�n de los que contin�en vigentes. Introducci�n y uso de las nuevas tecnolog�as en la gesti�n de procedimientos administrativos. - En relaci�n con la autorizaci�n de inicio y el ejercicio de las actividades permanentes, la licencia de apertura y funcionamiento, la autorizaci�n queda sustituida por la declaraci�n responsable.
- Obligaci�n de los Colegios Profesionales de velar por el cumplimiento de las directrices comunitarias en el �mbito de la prestaci�n de servicios as� como la informatizaci�n de sus procedimientos, colaboraci�n con la Administraci�n y participaci�n en la puesta en marcha de la ventana �nica.
- Implementar el resto de las medidas previstas en la
Directiva 2006/123/CE.
- T�tulo I, Medidas generales:
- En el Capitulo I, denominado
Administraci�n P�blica, se regulan cuestiones como el silencio administrativo, r�gimen de autorizaciones, eliminaci�n de tr�mites superfluos, tramitaci�n telem�tica, modelos de declaraci�n responsable y comunicaci�n previa, as� como los procedimientos, y las modificaciones del r�gimen municipal y local.
- En el Capitulo II, denominado Servicios Profesionales, aborda los Colegios Profesionales: naturaleza y limitaciones. Se regula la protecci�n de los derechos de los consumidores y usuarios en relaci�n con la actividad colegial, el ejercicio profesional en forma societaria, la nueva regulaci�n del visado, las obligaciones de los Colegios, as� como la colegiaci�n obligatoria cuando as� lo prevea una ley estatal, entre otras cosas.
- T�tulo II: Servicios Tur�sticos
- T�tulo III: Servicios a la Juventud
- T�tulo IV: Servicios Sociales, donde se regula la declaraci�n responsable, autorizaci�n y registro relativo a esta materia.
- T�tulo V: Servicios Portuarios En las Disposiciones Adicionales destaca una modificaci�n de la
Ley 4/2010, de 16 de Junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversi�n en las Illes Balears, que afecta, entre otras materias, al r�gimen de otorgamientos de licencias urban�sticas. Entr� en vigor el 26 de Noviembre del 2010. (GGD) PDF (BOE-A-2010-19487 - 28 p�gs. - 432 KB) Otros formatos
**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2011.
- Reordenaci�n de la actividad de Loter�as y Apuestas del Estado. La Disposici�n Adicional cuadrag�sima crea la �Sociedad Estatal Loter�as y Apuestas del Estado�, adscrita al Ministerio de Econom�a y Hacienda. Todas las transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y actos derivados directa o indirectamente de la aplicaci�n de la presente disposici�n adicional que tengan como sujeto pasivo a la entidad p�blica empresarial Loter�as y Apuestas del Estado o la Sociedad Estatal Loter�as y Apuestas del Estado, les ser� de aplicaci�n el r�gimen de exenciones tributarias y reducciones arancelarias previsto en los apartados 4 y 5 del art�culo 168 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, de Patrimonio de las Administraciones P�blicas (90%).
- Al igual que en la anterior Ley de Presupuestos, el apartado 5 del art. 50, dedicado a los avales para garantizar valores de renta fija emitidos por Fondos de Titulizaci�n de activos, dice as�: Cinco. �La constituci�n de los Fondos de titulizaci�n de activos a que se refieren los apartados anteriores estar� exenta de todo arancel notarial y, en su caso, registral.�.
INTER�S LEGAL DEL DINERO. Se mantiene en el 4 % hasta el 31 de diciembre del a�o 2011. (Disp. Ad. 17�).
INTER�S DE DEMORA. Durante el mismo per�odo, el inter�s de demora a que se refiere el art�culo 26.6 de la Ley General Tributaria, seguir� siendo del 5 %. (Disp. Ad. 17�).
LOTER�AS. (Disp. Ad. 46�).
- Se crea la �Sociedad Estatal Loter�as y Apuestas del Estado�, adscrita al Ministerio de Econom�a y Hacienda. El Consejo de Ministros, antes del 31 de marzo de 2011, aprobar� sus estatutos sociales y designar� a su �rgano de administraci�n.
- La entidad p�blica empresarial Loter�as y Apuestas del Estado se extinguir� con la inscripci�n de la Sociedad Estatal Loter�as y Apuestas del Estado en el Registro Mercantil.
- La rama de actividad relacionada con los juegos de �mbito estatal incluyendo todos los activos y pasivos, bienes y derechos, as� como los t�tulos habilitantes que hasta la fecha eran de su titularidad se aportar� como capital social a la Sociedad Estatal Loter�as y Apuestas del Estado. Esta aportaci�n incluye la totalidad de los derechos y obligaciones en relaci�n con los puntos de venta y delegaciones comerciales.
- A la aportaci�n recogida en los p�rrafos anteriores no le ser� de aplicaci�n lo establecido en el art�culo 67 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en relaci�n con el informe del experto independiente, siendo sustituida por la tasaci�n pericial prevista en el art�culo 114 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P�blicas.
- Corresponder� a la Sociedad Estatal Loter�as y Apuestas del Estado el ejercicio de la totalidad de las facultades que ten�a atribuidas el ente p�blico empresarial Loter�as y Apuestas del Estado para la gesti�n exclusiva de los juegos de titularidad estatal, quedando as� mismo subrogada en todos los derechos y obligaciones derivados de la aportaci�n de los citados activos y pasivos, bienes y derechos desde la fecha de efectividad de la misma.
Todas las transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y actos derivados directa o indirectamente de la aplicaci�n de la presente disposici�n adicional que tengan como sujeto pasivo a la entidad p�blica empresarial Loter�as y Apuestas del Estado o la Sociedad Estatal Loter�as y Apuestas del Estado, les ser� de aplicaci�n el r�gimen de exenciones tributarias y reducciones arancelarias previsto en los apartados 4 y 5 del art�culo 168 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, de Patrimonio de las Administraciones P�blicas.
En el supuesto de inmuebles arrendados y a los efectos previstos en el art�culo 32 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en las transferencias que se puedan realizar no se reputar�n cesiones de los contratos de arrendamiento en vigor, ni los arrendadores tendr�n derecho a ninguna clase de elevaci�n de renta en relaci�n a las mismas.
BUQUES. La reforma afecta al Registro especial de buques y empresas navieras de Canarias, modificando la Ley de Puertos:
�Tambi�n podr�n solicitar su inscripci�n en el Registro especial los organismos p�blicos o la Administraci�n p�blica que, cumpliendo los requisitos anteriormente establecidos, ostenten la titularidad o la posesi�n por cualquier t�tulo que garantice la disponibilidad sobre la totalidad de los buques civiles a que se refiere el apartado Cuatro.2.a), aportando una certificaci�n del �rgano competente que acredite la titularidad o posesi�n del buque.� �Se considerar�n tambi�n inscribibles los buques civiles de titularidad o posesi�n p�blica que desempe�en funciones que pudieran tener prop�sito mercantil si pertenecieran al sector privado.� D. F. Segunda
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EXTREMADURA. Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de responsabilidad social empresarial en Extremadura.
Esta Ley entiende por Responsabilidad Social Empresarial la integraci�n voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.
Son destinatarios de la misma las empresas que desarrollen su actividad en la Comunidad Aut�noma, los poderes p�blicos extreme�os y la Administraci�n de la Comunidad Aut�noma en tanto que entidad contratante, consumidora, inversora, empleadora y prestadora de servicios.
Una empresa podr� solicitar de la Consejer�a competente su calificaci�n de �Empresa socialmente responsable de la Comunidad Aut�noma de Extremadura�. La concesi�n tendr� una duraci�n de dos a�os prorrogables y se inscribir� en el Registro de empresas socialmente responsables de Extremadura, que depender� de la Consejer�a competente en materia de trabajo y que se crea mediante esta Ley, con car�cter de p�blico.
Entre los beneficios derivados de esta declaraci�n pueden encontrarse la concesi�n de ayudas, beneficios fiscales, prioridad en la contrataci�n y publicidad.
Se trata por separado de las obligaciones que tiene al respecto la Administraci�n p�blica en diversas facetas como son la de contratante, empleadora, consumidora, inversora o prestadora de servicios.
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AGENCIAS DE COLOCACI�N. Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocaci�n.
Este real decreto tiene por objeto regular el r�gimen de autorizaci�n y la actividad de las agencias de colocaci�n que realicen actividades de intermediaci�n laboral.
El decreto define a las agencias de colocaci�n como aquellas entidades p�blicas o privadas, con o sin �nimo de lucro, que, en coordinaci�n y, en su caso, colaboraci�n con el servicio p�blico de empleo correspondiente, realicen actividades de intermediaci�n laboral que tengan como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus caracter�sticas y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras m�s apropiadas a sus requerimientos y necesidades.
La normativa b�sica sobre la materia est� formada por la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo y por la Ley
35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Esta �ltima ley regula legalmente la actividad de las agencias de colocaci�n con �nimo de lucro, exigiendo una autorizaci�n administrativa para el desarrollo de su actividad. Estamos ahora ante su desarrollo reglamentario.
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**141. JUICIO DE SUFICIENCIA EN LOS PODERES. Resoluci�n de 2 de diciembre de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por "Ermita 61, SL", contra la negativa del registrador de la propiedad de Nules n� 1, a inscribir una escritura de compraventa. En una escritura de compraventa, en la que interviene una sociedad representada por un apoderado, el notario autorizante, despu�s de rese�ar los datos identificativos de dicho poder y su inscripci�n en el Registro Mercantil, emite el juicio de suficiencia y declara que el poder es suficiente �para formalizar la presente escritura�.
El registrador suspende la inscripci�n pues considera defecto subsanable que en el juicio de suficiencia del notario no se especifique el acto jur�dico concreto que contiene la escritura para el que se predica ese juicio de suficiencia, es decir la compraventa.
La DGRN despu�s de hacer un recorrido hist�rico sobre la cuesti�n del juicio de suficiencia notarial en los poderes, concluye que el juicio de suficiencia en el presente caso es gen�rico (�la presente escritura�) pues no se especifica el acto jur�dico para el que se emite y por tanto el registrador no puede calificar la congruencia de dicho juicio con el acto jur�dico contenido en la escritura, por lo que desestima el recurso.
Comentario: A la vista de la posici�n de la DGRN el notario tendr� que especificar, en el juicio de suficiencia, el acto jur�dico objeto de la escritura, es decir, en el caso concreto de la presente, el notario tendr�a que haber especificado �para formalizar la presente escritura de compraventa�. Claro que, siguiendo esa l�nea interpretativa, a lo mejor se considera necesario por alguno a�adir tambi�n �y los dem�s pactos complementarios�. Y es posible que alguno m�s considere esa expresi�n gen�rica y exija que se individualicen cu�les son esos pactos complementarios, es decir hacer un peque�o resumen de todos y cada uno de los actos jur�dicos o pactos contenidos de la escritura en el juicio de suficiencia.
Viendo la situaci�n en perspectiva, cuando las aguas parec�an calmadas, vuelve la DGRN a introducir un elemento desestabilizador en esa calma, pues si el notario ha calificado la escritura en el apartado t�tulo de la misma como de compraventa, si la vuelve a calificar al emitir el juicio de capacidad como de compraventa y finalmente autoriza la escritura de compraventa resulta l�gico entender, y creo es la �nica interpretaci�n posible, que cuando el notario emite el juicio de suficiencia del poder para � la presente escritura� es porque ha valorado y tenido en cuenta su previa y posterior calificaci�n del acto jur�dico como de compraventa, de lo que se deduce que en ning�n caso es un juicio de suficiencia gen�rico, sino que est� referido necesariamente a dicha escritura concreta, con todo los actos y pactos que en ella se contienen, y todo ello aunque en la confecci�n de la escritura pueda haber utilizado modelos gen�ricos en el tratamiento de textos y en la redacci�n de la escritura.
Reiterar por tercer vez en el mismo documento que �la presente escritura� es �de compraventa�, como exige ahora la DGRN, s�lo puede sostenerse con una interpretaci�n que peca de un formalismo exagerado, que pierde de vista la esencia del sistema, y que va a dar alas a los amantes de nuevas batallas jur�dicas por cuestiones de formas.
La esencia del sistema es que desde la reforma legislativa de 2001, reiterada y apuntalada en 2005, la Ley atribuy� al notario, bajo su exclusiva responsabilidad, el juicio de suficiencia de los poderes excluyendo la calificaci�n o segunda opini�n del registrador. Basta por tanto, a mi juicio, que el notario consigne los datos identificativos del poder y que el juicio de suficiencia sea explicito y referido a la propia escritura para que se cumpla con lo querido por la Ley, pues aludiendo el notario, por ejemplo, �a la presente escritura �o expresiones similares se estar� aludiendo a todos y cada uno de los actos jur�dicos contenidos en dicha escritura. En tales casos ninguna duda cabe de que el notario ha emitido el juicio de suficiencia y por tanto ha asumido su responsabilidad en la autorizaci�n de la escritura y en el uso del poder rese�ado, que, en definitiva, considera suficiente. (AFS) PDF (BOE-A-2010-19533 - 7 p�gs. - 226 KB) Otros formatos Opiniones en el Foro de Notyreg
142. LA DGRN DETERMINA EL �MBITO E IMPORTANCIA DE LA CALIFICACI�N REGISTRAL EN MATERIA DE HIPOTECAS. CASO PARTICULAR: HIPOTECA INVERSA. Resoluci�n de 4 de noviembre de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por "Manchester Building Society", contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Estepona n.� 2, por la que se deniega la inscripci�n de una escritura de constituci�n de hipoteca. La DGRN consolida su nueva interpretaci�n integradora del art 12 de la Ley Hipotecaria, que ya expuso en la resoluci�n de
1 de octubre de 2010, para concluir que, a la vista de otras normas y sentencias aplicables, no procede la exclusi�n absoluta de la calificaci�n de las cl�usulas financieras y de vencimiento anticipado, �aunque s� una modalizaci�n en cuanto a su extensi�n�.
En la presente resoluci�n, el recurrente no es la entidad financiera, sino el notario autorizante, pero la decisi�n de la DGRN, tanto sobre el alcance general de la calificaci�n registral en materia de hipotecas, como sobre los defectos concretos, es similar, por lo que procede remitirse al resumen de la resoluci�n de 1 de octubre de 2010..
En especial, lo relativo a que �no resulta admisible interpretar el art�culo 12 de la Ley Hipotecaria de forma aislada sino s�lo mediante su necesaria coordinaci�n con otras normas que operan en relaci�n con el mismo mercado de productos financieros y que se orientan hacia fines de pol�tica legislativa distintos de los referidos.�
Legislaci�n de protecci�n de consumidores: �De este modo, los objetivos perseguidos con la redacci�n dada al art�culo 12 de la Ley Hipotecaria tras la reforma introducida por la Ley 14/2007 deben ser ponderados, en primer lugar, con los principios que inspiran la normativa de protecci�n de los consumidores y usuarios, con car�cter general y, singularmente, con la legislaci�n destinada a su defensa en el �mbito concreto del mercado hipotecario, principios que aparecen perfectamente identificados en la Ley 2/2009, de 31 de marzo (�) que en su art�culo 18.1 se�ala que �los registradores denegar�n la inscripci�n de las escrituras p�blicas del pr�stamo o cr�dito con garant�a hipotecaria cuando no cumplan la legalidad vigente y, muy especialmente, los requisitos previstos en esta Ley�.
Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. La propia DGRN recuerda que �la Sala primera del Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia de 16 de diciembre de 2009 reitera el papel activo del Registrador en presencia de una cl�usula abusiva, al confirmar la entidad propia de la actividad registral respecto de la judicial, y diferenciar entre no inscribibilidad y nulidad de una cl�usula (fundamento duod�cimo)�, y que �El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha resuelto (�) declarando que �el art�culo 6, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que una cl�usula contractual abusiva no vincula al consumidor y que, a este respecto, no es necesario que aqu�l haya impugnado previamente con �xito tal cl�usula�.
Conclusi�n: no exclusi�n, sino modalizaci�n de la calificaci�n registral de las estipulaciones financieras: Y concluye la DGRN proclamando que �En definitiva, s�lo una interpretaci�n de los objetivos espec�ficos del art�culo 12 de la Ley Hipotecaria coordinada y ponderada con la normativa de protecci�n de consumidores, unida a la posibilidad de apertura de la ejecuci�n real hipotecaria con base en el art�culo 130 de la Ley Hipotecaria y a los imperativos demandados por el ordenamiento comunitario, permiten definir el �mbito de la funci�n calificadora del Registrador respecto de las cl�usulas financieras y de vencimiento anticipado a la que se refieren el p�rrafo segundo del reiterado art�culo 12 LH. Y el resultado necesario de tal interpretaci�n impide asumir la exclusi�n absoluta de la calificaci�n de las cl�usulas financieras y de vencimiento anticipado, aunque s� una modalizaci�n en cuanto a su extensi�n�.
�De este modo, dentro de los l�mites inherentes a la actividad registral, el Registrador podr� realizar una m�nima actividad calificadora de las cl�usulas financieras y de vencimiento anticipado, en virtud de la cual podr� rechazar la inscripci�n de una cl�usula, siempre que su nulidad hubiera sido declarada mediante resoluci�n judicial firme, pero tambi�n en aquellos otros casos en los que se pretenda el acceso al Registro de aquellas cl�usulas cuyo car�cter abusivo pueda ser apreciado por el Registrador sin realizar ning�n tipo de valoraci�n de las circunstancias concurrentes en el supuesto concreto�.
La calificaci�n registral como exigencia de orden p�blico para la protecci�n de los particulares, para la validez de los asientos y para el fomento del mercado hipotecario. �Una interpretaci�n diferente a la que ahora se propone supondr�a, como consecuencia inevitable, la exclusi�n de estas cl�usulas de las presunciones registrales de validez del contenido de los asientos sin que exista ning�n tipo de base legal para ello, dado que el art�culo 12 de la Ley Hipotecaria no ha variado, claro est�, el art�culo 6.3 del C�digo Civil. M�s a�n, una soluci�n diferente a la ahora sostenida convertir�a la intervenci�n del Registrador en un mero tr�mite impuesto al particular, sin que ello le reportara ninguna ventaja desde la perspectiva de los fines de las normas dictadas en defensa de sus intereses, oblig�ndole as� a renunciar por imperativo legal a los instrumentos de protecci�n que le dispensa nuestro modelo de seguridad jur�dica preventiva.�
�No resulta exagerado afirmar que la eliminaci�n del control registral en este �mbito �calificado por la propia jurisprudencia comunitaria como �equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jur�dico interno, tienen rango de normas de orden p�blico� (As, C-40/08)� unido a la posibilidad de promover la ejecuci�n hipotecaria con base en dichas cl�usulas, atentar�a de forma palmaria contra esta exigencia.
�A todo lo apuntado cabe a�adir, que la absoluta exclusi�n de la calificaci�n registral de este tipo de cl�usulas puede suponer una seria cortapisa para el fomento del mercado hipotecario que la Ley 41/2007 asume como objetivo espec�fico. Pi�nsese que una interpretaci�n en tales t�rminos puede dar lugar a que prosperen de forma considerable las peticiones de anotaci�n preventiva de las demandas de nulidad de las cl�usulas financieras y de vencimiento anticipado de todos aquellos deudores que anticipen una inminente ejecuci�n, desde el momento en que ya no se podr� contar como argumento en contra de la apreciaci�n del requisito del fumus boni iuris para la concesi�n de dicha medida, la previa calificaci�n registral de las mismas.� (JDR)
Y en cuanto a los defectos concretos, seg�n la DGRN, la hipoteca inversa es inscribible aun antes del desarrollo reglamentario de la previsi�n legal; la responsabilidad por intereses puede sumarse a la del capital; no le afecta el tope de intereses, aun cuando no se hubiera pactado expresamente; han de inscribirse las cl�usulas sobre comisiones, gastos e impuestos y primas de seguro; y puede pactarse el procedimiento extrajudicial aunque el importe exigible no est� a�n determinado.
En cambio, no pueden inscribirse las prohibiciones de disponer, ni las prohibiciones de arrendamientos sujetos a purga. (JDR)
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No ha habido este mes.
Granada, a 16 de enero de 2011.

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in dubio
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