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Timestamp: 2016-10-24 02:46:13+00:00

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REAL DECRETO 1134/2002, de 31 de octubre, sobre aplicación de sanciones en materia de pesca marítima a españoles enrolados en buques con abanderamiento de conveniencia
REAL DECRETO 1134/2002, de 31 de octubre, sobre aplicación de sanciones en materia de pesca marítima a españoles enrolados en buques con abanderamiento de conveniencia	REAL DECRETO 1134/2002, de 31 de octubre, sobre aplicación de sanciones en materia de pesca marítima a españoles enrolados en buques con abanderamiento de conveniencia Mis Leyes
REAL DECRETO 1134/2002, de 31 de octubre, sobre aplicación de sanciones en materia de pesca marítima a españoles enrolados en buques con abanderamiento de conveniencia Estado	:
1134/2002	Boletín Oficial	:
Artículo 2. Responsabilidad por incumplimiento del derecho internacional.
Artículo 3. Calificación de países y territorios de abanderamiento de conveniencia.
Artículo 4. Obligaciones de los titulados españoles.
Artículo 5. Capturas procedentes de buques identificados por haber incurrido en actividades de pesca ilegal o contrarias a las medidas de conservación y gestión.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Título competencial y facultad de desarrollo.
Es creciente el número de actividades ilícitas de las que son responsables buques de pesca abanderados en países o territorios con registros abiertos, también conocidos con el nombre de buques bajo bandera de conveniencia, que contravienen el derecho internacional y en particular la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 y los convenios que constituyen las organizaciones regionales de ordenación pesquera.
Esta preocupación española frente a la actividad de pesca ilegal cometida por buques de pesca bajo bandera de conveniencia, cuando corresponden a pabellones de Estados no cooperantes en la conservación de los recursos pesqueros, ya está presente en otros antecedentes normativos como el Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca, de la acuicultura y de la comercialización, la transformación y la promoción de sus productos, que excluye de la posibilidad de beneficiarse de la reducción de la aportación de bajas en un 50 % que se establece para los atuneros congeladores y palangreros de superficie que se destinen a la exportación para faenar en los océanos índico y Pacífico, los exportados a aquellos países y territorios a que se refiere el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3.4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas fiscales urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, a los que se les atribuye un determinado carácter impositivo sobre beneficios fiscales, exceptuando la República de Seychelles.
Sin embargo, cuando la infracción es cometida por un español a bordo de un buque de un país tercero, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, ratificada por España mediante Instrumento de 20 de diciembre de 1996, y, por tanto, parte integrante del ordenamiento interno español desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, establece en su artículo 92 que los buques deberán navegar bajo el pabellón de un solo Estado y, salvo en los casos excepcionales previstos de modo expreso en los Tratados internacionales o en la propia Convención, estarán sometidos en alta mar a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado.
Por tanto, se hace necesario, por una parte, abordar el problema de aquellos Estados que no cumplen con sus responsabilidades como Estados de bandera y actuar en tal caso frente a las personas físicas o jurídicas sujetas al ordenamiento jurídico español, responsables de la comisión de actos ilícitos en materia pesquera a bordo de buques de países terceros, especialmente cuando supongan la violación de obligaciones derivadas de los Convenios, Acuerdos o Tratados internacionales, y, por otra parte, establecer un mecanismo para garantizar el principio non bis in idem, estableciendo un plazo suficiente antes de aplicar el régimen sancionador interno de forma que se pueda garantizar previamente el ejercicio de la jurisdicción inherente al Estado del pabellón.
Por otra parte, al objeto de aplicar las agravantes por dichos incumplimientos por los españoles que ejerzan sus atribuciones de mando en buques abanderados en países y territorios de bandera de conveniencia, es necesario determinar cuando estos países o territorios serán calificados como de abanderamiento de conveniencia.
En su virtud, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de octubre de 2002, dispongo:
3. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Real Decreto se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, del régimen sancionador en materia de pesca marítima en aguas exteriores.
1. Los países y territorios a los que se atribuye la calificación de abanderamiento de conveniencia serán los calificados por las organizaciones regionales de ordenación pesquera (ORP) como no cooperantes en su área de regulación, de acuerdo con los criterios establecidos por dichas organizaciones.
El presente Real Decreto se dicta al amparo de la habilitación contenida en el artículo 149.1.19 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de pesca marítima en aguas exteriores.
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Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
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 artículo 92
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 artículo 149
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