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Timestamp: 2018-03-21 14:57:06+00:00

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EL DERECHO MINERO Y PETROLERO
CONCEPTOS DE DERECHO MINERO Y DERECHO PETROLERO
Entendiendo que en Venezuela son de gran importancia y relevancia los recursos mineros y petroleros, que hemos de diferenciar en su estudio y análisis; y por cuanto, como veremos en su evolución histórica, las normas jurídicas tuvieron su origen en el estudio de los minerales, hasta el comienzo de la explotación industrial del petróleo en la segunda década del siglo XX; creemos conveniente en este estudio, desarrollar lo inherente a su legislación, construyendo un bosquejo continuo y concatenado, que nos ofrezca una visión clara de su desarrollo y separación, cuando fuere necesario, pero manteniendo los criterios claros de que minas y petróleo son conceptos diferentes y que por lo tanto, así se desarrolla su legislación. En este sentido, y solo para efectos didácticos, hemos elaborado dos conceptualizaciones diferentes del derecho referido a las minas y al petróleo.
Entendemos como Derecho Minero, al "conjunto de normas de Derecho Público con carácter de especial, que regulan para el Estado y para los particulares, la materia relativa a la exploración, explotación, transformación, almacenamiento, tenencia, circulación, transporte y comercialización de los minerales, así como la administración general de la industria minera, atendiendo al principio constitucional de la defensa y conservación de los recursos naturales, cuya acción debe estar dirigida primordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos".
El Derecho Petrolero es el "conjunto de normas de Derecho Público con carácter de especial, que regulan para el Estado, para los particulares y para el concierto internacional, la materia relativa a la exploración, explotación, transformación, almacenamiento, tenencia, circulación, transporte y comercialización de los hidrocarburos, así como la administración general de la industria petrolera, atendiendo al principio constitucional (Art. 106 CRBV) de la defensa y conservación de los recursos naturales, cuya acción debe estar dirigida primordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos."
Como puede verse, esta definición es una disgregación que hacemos de la definición que hemos elaborado en materia del Derecho Minero, de cuya relación es imposible separarse. No obstante, no escapa a nuestro estudio, el hecho de que en Venezuela, las materias y normas jurídicas minera y petrolera se han ido separando, estableciéndose normativas que son cada vez más diferenciadas.
ÓPTICA CONSERVACIONISTA DEL DERECHO DE MINAS E HIDROCARBUROS
La Constitución orienta el manejo y la explotación de los recursos naturales, con una óptica conservacionista, asimilando el interés universal de la protección de los recursos naturales, considerados como patrimonio universal.
En este sentido expresa:
De manera general, en la Exposición de Motivos abarca un cúmulo normativo referido al Preámbulo y el texto constitucional, y así expresa:
"En lo que se refiere a los derechos ambientales, la Constitución, además de establecer por vez primera en nuestra historia constitucional un Capítulo especialmente dedicado a los mismos, supera, con una visión sistemática o de totalidad, la concepción del conservacionismo clásico que sólo procuraba la protección de los recursos naturales como parte de los bienes económicos.
Así, el Estado, con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica; al tiempo que velará por un medio ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, gocen de especial protección. De igual manera, el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio que atienda a las exigencias del desarrollo sustentable, la cual deberá contar con la participación ciudadana."
•	UNA PRIMERA ETAPA exclusivamente minera, que comienza desde la normativa impuesta a partir del descubrimiento, hasta el inicio de la explotación petrolera.
•	UNA SEGUNDA ETAPA, desde la aparición e inicio de la explotación petrolera, cuando la legislación se dirige a las minas y a los hidrocarburos, hasta el momento de la nacionalización de las industrias del hierro y de los hidrocarburos.
•	UNA TERCERA ETAPA, o etapa de la racionalización de las industrias básicas del Estado, que comienza con la legislación fundamental de la nacionalización, hasta hoy, cuando, con las aperturas petrolera y minera, sin perder el sentido del manejo por parte del Estado de estas industrias, que conocemos como nacionalizadas, se abrió el campo para la participación de empresas nacionales e internacional, en el proceso de privatización y de asociación estratégica de servicios en ambas industrias, conocidos como de apertura minera y petrolera.
El origen y el desarrollo de nuestra legislación minera y de los hidrocarburos, surge y se enmarca fundamentalmente en los principios consagrados en la legislación francesa de 1.810; que pasaron a España y de allí a la América Hispana, los cuales dieron origen a normas constitucionales, principios y otros fundamentos legislativos, que podemos considerar como sus fundamentos.
En los siglos XVI, XVII y XVIII, la Corona española dictó un conjunto de leyes y disposiciones sobre la materia para su aplicación a la Nueva España y al Virreinato del Perú, los cuales constituían los principales centros mineros de España en América. Para entonces, la Provincia de Venezuela se caracterizó por su ínfima importancia minera para la Corona de España, por lo que prácticamente, no representó para ella, un centro minero de importancia, no obstante, el esfuerzo de los conquistadores españoles y alemanes, quienes se adentraron en todo el territorio en búsqueda de minerales preciosos. Actividad ésta, poco recompensada, lo que originó la consideración de Venezuela, como una de las provincias más pobres de España en América. Pero al transcurrir del tiempo, al aparecer el mito de "El Dorado" y la misteriosa ciudad de "Manoa", posiblemente inventados por los indígenas para alejar a los conquistadores, vuelca una cantidad apreciable de aventureros a la región de la Guayana venezolana. Hasta que, con el descubrimiento de yacimientos auríferos en el rio Yuruari y sus afluentes cercanos al caserío de Tupuquén, por el brasileño P. J. Ayres en 1.842, cuando es reconocida la relevancia la importancia minera en esta zona y en general de Venezuela, con lo que atrajo, en el transcurso de los años, grandes migraciones de venezolanos, colombianos, peruanos, antillanos y europeos hacia esa región, cuyas aldeas adquirieron la fisionomía de pueblos.
Es del Derecho español; particularmente de la legislación impuesta por el descubridor y por el conquistador de donde surge su influencia, a más de la instrumentación de nuestro Derecho Minero, que podemos relacionar de la siguiente manera:
-	LA LEY DE PARTIDAS U ORDENAMIENTO DE ALCALÁ, dictada en 1384.
-	LA BULA NOVERINT UNIVERSI, DEL 4 DE MAYO DE 1483, que nos coloca bajo el dominio español, al decidirse la disputa existente entre España y Portugal sobre la propiedad del territorio. Es este el punto de partida del sistema regalista en América y el origen de la propiedad minera.
-	LA REAL CÉDULA DEL 9 DICIEMBRE DE 1.526, emitida por Carlos I, con la cual la Corona Española afianza su dominio y la propiedad de las minas en el Nuevo Continente. Dio facultades a los particulares para extraer el oro y otros metales en las minas que descubrieran, con la sola condición de dar cuenta anticipada al Gobernador. Surge así el denuncio en el Derecho Minero.
-	LA ORDENANZA DE MINERÍA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1536, emitida por Felipe II, con la cual se reincorporan a la Corona española todas las minas de oro de las colonias, donde se hallasen. Esta ordenanza excluye la explotación por parte de los particulares, respetando solo a los concesionarios que hubieran comenzado la explotación de acuerdo a las ordenanzas antiguas.
-	LA RECOPILACIÓN DE INDIAS DE 1650. Cuerpo de Leyes elaborado por jurisconsultos del Gran Consejo y de la Casa de Contratación de Sevilla, en las cuales se tratan los asuntos de la minería, orientados a engrosar el fisco. Se abolió toda legislación anterior.
-	LAS ORDENANZAS DE MINERÍA DE NUEVA ESPAÑA, del 22 de mayo de 1783, dictadas en Aranjuez por el Rey Carlos III cuya aplicación en la Intendencia de Venezuela se hizo, por Real Resolución, a partir de 1784. Según González Berti , son las que mayor influencia tuvieron en nuestro Derecho Minero.
Estas ordenanzas rigieron en América Hispana por más de un siglo en su forma original, consagrando el sistema regalista, nacido de los principios que asignan en propiedad al Estado la riqueza del subsuelo. El Título V de estas Ordenanzas, trata el Dominio radical de las minas, de su concesión a los particulares y del derecho que por ello deben pagar. En tal sentido dispone:
"Artículo 1º: Las minas son propias de mi Real Corona, así por su naturaleza y origen como por su reunión dispuesta en la Ley IV, Título 13, Libro 6º de la Nueva Recopilación;
Artículo 2º: Sin separarlas de mi Real Patrimonio, las concedo a mis vasallos, en propiedad y posesión, de tal manera que puedan venderlas, permutarlas, arrendarlas, donarlas, dejarlas en testamento o por herencia o manda o de cualquier otra manera enajenar el derecho que en ellas les pertenezca en los mismos términos que los posean y en personas que puedan adquirirlo"
De esta influencia española, surge el Decreto de El Libertador, publicado en Quito el 24 de octubre de 1829. En este Decreto, el Libertador al nacionalizar las minas, ratifica el uso de las ordenanzas, por lo que en él expresa:
"Mientras se forma una ordenanza propia para las minas y mineros de Colombia, se observará provisionalmente la ordenanza de Minería de Nueva España, dada el 22 de mayo de 1783, exceptuando todo lo que trata del Tribunal de minería y Jueces, Diputados de Minas y lo que sea contrario a las Leyes y Decretos vigentes" .
Reafirma el dominio que ejerce el Estado sobre las minas y a su vez, confirma el sistema regalista, al establecer lo siguiente:
"Conforme a las leyes, las minas de cualquier clase corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan; bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas y con las demás que contiene este Decreto".
El 29 de abril de 1832, el Congreso de Venezuela resolvió:
"Que con arreglo al decreto de 24 de Octubre de 1829, la Ordenanza que debe seguir de regla al Gobierno en lo relativo a minas es la de Nueva España de 22 de Mayo de 1783, en los términos que el mismo decreto expresa".
En 1836, el Gobierno republicano, dictó ciertas normas administrativas sobre la mina de Urao en la localidad de Lagunillas, Edo. Mérida. A partir de entonces, fue perfilándose en la naciente República, lo que en el futuro inmediato comenzó a constituirse en la legislación minera independiente.
Como podemos ver, el origen de nuestra legislación minera y de los hidrocarburos, como hemos indicado, surge fundamentalmente del Derecho español, particularmente, como indicamos antes, del contenido en materia minera de las Ordenanzas de Nueva España, las que, fundamentadas en el sistema regalista nacido de los principios que establecen, asigna en propiedad al Estado la riqueza del subsuelo.
El Código de Minas de 1854
Las Ordenanzas de Nueva España se mantuvieron vigentes, hasta la aparición del primer conjunto normativo o Código de Minas, que fue promulgado bajo la presidencia de José Gregorio Monagas el 20 de mayo de 1854, con el cual se derogaron las referidas Ordenanzas. Nace este Código, luego de ocurrido el descubrimiento de los placeres auríferos del Yuruari, lo que dio lugar a una extensiva explotación de estos yacimientos y el despertar de la exploración para encontrar nuevas minas. Se quiso desde entonces, reglamentar la actividad minera y adaptarla a la legislación de la República. Este Código contiene ocho leyes: La Primera, dedicada a la Propiedad de las Minas; la Segunda, dedicada a los Actos que han de preceder a la solicitud de concesión; la Tercera, referida a la Minas; la Cuarta sobre la Súper vigilancia de las Minas; la Quinta, referida a las Concesiones que Precedieron al Código; la Sexta, referida a las Experticias; la Séptima, sobre la Policía y la Jurisdicción, y la Octava, sobre Disposiciones Generales.
Potestad de administración por los estados (Constituciones de 1864 y 1881)
El 22 de abril de 1864, se incluyó en la Constitución del Estado Federal, la potestad de los estados de la Federación, para el otorgamiento de concesiones, dentro de la administración de los productos nacionales existentes de cada uno de ellos. En tal sentido, el Artículo 13 consagra a cada estado de la Unión, la libre administración de sus productos naturales, incluidas fundamentalmente las minas.
De esta liberación administrativa en el Estado Federal, las leyes elaboradas por ellos fueron deficientes, empíricas e incoherentes, con lo que contribuyeron a empeorar la situación administrativa de esa época. Al respecto, acota el Dr. González Berti:
"El desajuste administrativo provocado por el ensayo del Régimen Federal, aplicado indiscriminadamente y sin justificación alguna a las minas, convenció a los legisladores nacionales, que la única forma de encauzar nuevamente la industria minera por senderos que pudieran hacerla progresar, era la aplicación en primer lugar, de un sistema uniforme de legislación, y por otra, de una administración fuerte y controlada directamente por el Ejecutivo Nacional. Este convencimiento aparece muy claro en la Carta Fundamental del 27 de abril de 1881, que estableció este sistema uniforme y ese control administrativo en manos del Gobierno Federal." En este sentido, la Constitución, derogando la atribución antes indicada estableció la siguiente excepción: "A ceder al Gobierno de la Federación la administración de las minas, terrenos baldíos y salinas con el fin de que las primeras sean regidas por un sistema de explotación uniforme, y que las segundas se apliquen en beneficio de los pueblos".
Decretos mineros de 1883
En conformidad con la Constitución de 1881, fueron dictados dos Decretos-Leyes sobre Minas. El Primero, el 13 de marzo de 1883, con el cual se trató de organizar la explotación minera en todo el territorio nacional. Decreto que, aun cuando adoleció de deficiencias, establece por primera vez lo que puede llamarse un sistema minero. Establece, entre otras cosas, la diferenciación de la propiedad de la mina, haciéndola distinta de la propiedad superficial del suelo. El Segundo Decreto, dictado el 15 de noviembre, ratifica las disposiciones del anterior sobre el concepto geométrico de la mina, estableciendo que ésta estará constituida por una hectárea que se determinaría en la superficie por puntos fijos y líneas en la profundidad por planos verticales.
Código de minas de 1885
El 23 de mayo de 1885, el Congreso de la República deroga el Decreto-Ley de 1883 y promulga un nuevo Código de Minas, cuyas innovaciones podemos enunciarlas así:
"Si en una concesión se encontrare enclavada otra, el dueño de la primera tiene derecho de continuar la explotación del filón, que, naciendo en una concesión pase por la concesión enclavada, hasta llegar a la otra parte de su concesión".
La ley de minas de 1887
El 30 de mayo de 1887, fue promulgada una brevísima ley contentiva de seis (6) artículos, los cuales reproducen parte de los anteriores códigos o leyes. Esta Ley omite muchas materias, dejando al Ejecutivo Federal la potestad para reglamentarla (Art. 5º). En el fondo, es el Reglamento de la Ley, promulgado el 3 de agosto de 1887, el que va a contener la normativa de la materia.
Código de Minas de 1891
El 16 de junio de 1891, fue aprobado por el Congreso un nuevo Código de Minas, el cual derogó la Ley de Minas de 1887 y el Reglamento antes mencionado. Esta Código reprodujo parte del anterior Código de 1885 y trató de precisar algunos conceptos, tales como el señalar que "las minas en general son propiedad del Estado, su administración es atribución del Poder Federal; la explotación de aquel que obtuvo su título"; trata de precisar cuáles son las substancias minerales consideradas minas, que pueden ser aprovechadas por el dueño de la concesión. Insiste, además, que la explotación minera no es una actividad libre, que debe sujetarse a los requisitos establecidos por el Estado.
Decreto o Código de 1893
Este Decreto o Código, promulgado el 29 de marzo de 1893, mantiene con muy pocas diferencias, las normas y principios establecidos en el Código de 1891. Comienza, exponiendo que se considera mina: "Toda acumulación de substancias inorgánicas y los combustibles que, en filones, capas o cualquiera otra forma de yacimientos se encuentra en el interior o en la superficie de la tierra y las piedras preciosas que se presten a explotación y se usen en joyería."
Separación de las minas y los hidrocarburos – Primera ley de hidrocarburos
En 1920, se incorpora en la Ley, la separación del tratamiento para la explotación de los hidrocarburos, dándole autonomía a estas normas, que se separan de la legislación minera, hasta entonces incorporadas en los códigos de minas. En esta legislación especial, se confiere a los dueños del suelo, el derecho prioritario para la solicitud y adjudicación de concesiones de hidrocarburos.
En la Ley de 1922 se precisan los diversos tipos de concesiones y la determinación y limitación de la extensión de las parcelas otorgadas en concesión. Se reafirma el concepto de reservas y se declara al Estado como propietario de los yacimientos, por encima del derecho de los propietarios del suelo.
AUTONOMÍA DEL DERECHO MINERO Y DE HIDROCARBUROS
Desde hace mucho tiempo, el Derecho de Minase Hidrocarburos se separó del Derecho Administrativo, al cual perteneció. Se hizo autónomo, en consideración a la importancia que tienen para la economía los recursos que regula; y por la relevancia que sus normas han tomado tanto para el Derecho en sí mismo, como para la actividad administrativa de su manejo. Sin embargo, esta autonomía se restringe hoy día, dada la imposición que sobre todo el sistema normativo que regla los recursos naturales, viene haciendo el Derecho Ecológico, con sus ramas administrativas y penal ambiental.
Las normas se caracterizan por su especialidad, y en conjunto, han adquirido una connotación propia que abarca un sector específico, tanto de la economía nacional, como del Derecho propiamente dicho. En conjunto, abarcan leyes especiales y reglamentos propios, cuyo único objetivo es la utilidad pública y el bienestar social. Para Venezuela, el Derecho que regula las minas y el petróleo, asume un rol relevante que requiere el concurso del propio Estado, como función prioritaria y el análisis y estudio de muchas otras ramas jurídicas y demás disciplinas.
Podemos decir que este Derecho es autónomo, por estar afianzado en una serie de leyes y reglamentos especiales que lo constituyen, orientándolo para que persiga fines propios de utilidad e interés público. Pero sabemos, como indicamos anteriormente, que aun siendo autónomo, este Derecho, concatenadamente mantiene relaciones con otras ciencias o ramas del Derecho en general que lo hacen mantener vigente. En nuestro estudio, lo relacionamos fundamentalmente con el Derecho Administrativo y lo ubicamos como parte del Derecho Ecológico.
IMPORTANCIA DEL DERECHO DE MINAS E HIDROCARBUROS
Venezuela es un país eminentemente petrolero y minero. Desde la conquista, con la llegada de los españoles en busca de tesoros, es evidente que la principal consigna del conquistar en estas tierras, fue la de obtener, bien de los indígenas por intercambio, o mediante explotación propia, minerales preciosos para la Corona.
Desde entonces, la búsqueda de minerales y su explotación, conformaron un esquema económico reluciente, aún en efervescencia, que marca hitos históricos. En un principio, la minería suplantó a la agricultura. Luego fue la explotación petrolera, hasta nuestros días, pero aún, sigue siendo relevante el tratamiento de la minería en el país y por ello, ocupa un lugar de importancia en su economía.
En cuanto al petróleo, dada la relevancia e importancia que ha asumido, tanto en su uso como combustible, como en la producción de diferentes y variados bienes de consumo, se ha magnificado su estudio en forma separada dentro de las ciencias que ensayan en los más recientes y modernos aspectos tecnológicos. En sí, se ha ubicado el petróleo como uno de los elementos fundamentales en las estrategias económicas de todos los Estados, incluyéndose como uno de los principales factores dominantes en las estrategias de seguridad nacional.
No se puede negar, que hoy la industria petrolera forma desde cualquier punto de vista un todo indivisible y físico, caracterizado por una inseparable identidad sustancial de propósitos y de objetivos, que van desde la perforación del pozo, hasta su uso por el consumidor final. En este sentido, la generalidad de los países, especialmente los productores, han ido conformando un cúmulo de normas jurídicas destinada a regular su extracción, manejo y comercialización, en lo que podemos denominar el Derecho Petrolero, como una especialidad del derecho público, que se ha ido separando del propio Derecho Minero, así como éste fue separándose, sin desvincularse del Derecho Administrativo.
El Derecho Petrolero, es en sí, como indicamos, un amplio contenido normativo, que siguiendo al tratadista italiano Ilardi y, con los parámetros que hemos establecidos en nuestro estudio para elaborar definiciones propias como lo hicimos antes, y en tal sentido, evidenciando esta importancia de la normativa legal que regula las actividades minera y petrolera, pudiéramos decir, que su importancia la encontramos en los siguientes puntos analíticos:
1. Materia de relevante importancia
En Venezuela, el Derecho de Minas e Hidrocarburos norma la materia de mayor importancia para la economía del Estado, como lo es la relativa a las industrias de los hidrocarburos y minera.
2. Relevancia estratégica de la industria
Por la relevancia y connotación estratégica de las industrias mineras y de hidrocarburos para el Estado y para el mundo, sus normas por lógica deductiva, se transforman también en estratégicas, con la relevancia que ello conlleva.
3. Relación con la Economía
La relación de los hidrocarburos y de otros minerales con la economía de los Estados y como fuente de energía y de riquezas, involucran también en su importancia, a las normas jurídicas de la materia, que las organizan, orientan y regulan en sus diferentes etapas y procesos productivos.
4. Control y manejo de los recursos
Es también relevante dentro de esta normativa, lo inherente al control y al manejo racional de estos recursos, y a la interrelación de su explotación con el medio ambiente donde se encuentran, lo cual lo obligan a considerar también como importante la preservación de los demás recursos naturales que conforman su base de existencia.
PRINCIPIOS DEL DERECHO DE MINAS E HIDROCARBUROS
A los efectos de evitar duplicidad al tratar de encontrar criterios contrapuestos o repetitivos, hemos creído conveniente aprovechar la similitud del tratamiento de las normas que han venido regulando en el tiempo las minas y los hidrocarburos, para unir en un mismo sentido los principios con los que siempre hemos manejado el Derecho Minero acogidos por nuestro Derecho de la legislación española, y por cuanto son pocas las diferencias que se generaron desde que se separaron ambos derechos.
Denominamos como principios del Derecho minero, todos aquellos fundamentos o dogmas, que le dan fisionomía propia de disciplina jurídica y lo concatenan con otras ramas del derecho público. Principios que se han originado del derecho francés y del español, como veremos más adelante. Así, consideramos como principios de nuestra legislación los siguientes:
1. Principio de utilidad pública y social
En consideración a este principio, el Estado dicta normas de suprema eficacia, a fin de poder realizar sus altos fines en la industria minera, haciendo privar el interés de la colectividad sobre el interés de los particulares.
Este principio de utilidad pública, es equivalente al mismo interés social que el Estado le imprime a la sociedad, porque en líneas generales la utilidad pública y el interés social, pueden tener la misma definición. Para que exista el principio de utilidad pública, se requiere la existencia de tres presupuestos:
•	Que exista una necesidad colectiva
•	Que exista un bien capaz de satisfacer esa necesidad colectiva
•	Que exista la obligación por parte del Estado de satisfacer las necesidades colectivas.
Este principio de utilidad pública y social en materia minera, lo encontramos en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, en tal sentido, considera como obra de utilidad pública o social, "la que tenga por objeto, proporcionar a la Nación cualquier beneficio que propenda al bienestar común y a mejorar las condiciones de existencia de la sociedad misma."
Artículo 3°Se declara de utilidad pública la materia regida por esta Ley.
También lo encontramos en la Ley de Hidrocarburos:
Artículo 4º Las actividades a las cuales se refiere el presente Decreto Ley, así como las obras que su realización requiera, se declaran de utilidad pública y de interés social.
Artículo 5º Las actividades reguladas por este Decreto Ley estarán dirigidas a fomentar el desarrollo integral, orgánico y sostenido del país, atendiendo al uso racional del recurso y a la preservación del ambiente. A tal fin se promoverá el fortalecimiento del sector productivo nacional y la transformación en el país de materias primas provenientes de los hidrocarburos, así como la incorporación de tecnologías avanzadas.
2. Principio de la Indivisibilidad
Mediante este principio, se considera la mina y con ella a la concesión, como una unidad no susceptible de división, a los efectos de la ley.
La Ley de Minas establece la indivisibilidad de una concesión, y como no hace distinciones de ningún género, debe entenderse que esta indivisibilidad es tanto material como subjetiva. Sin embargo, dentro del aspecto subjetivo, hay que considerar una excepción producto de los derechos nacidos de una concesión, que crean una situación de cotitularidad de una mina, tal es el caso que se presenta con la sucesión hereditaria, en la cual los herederos pasan a ser cotitulares de los derechos que originalmente tenía su causante. En este sentido, la Ley de Minas establece:
Artículo 31: Todo acto jurídico que tenga por objeto la concesión o que de algún modo la afecte, respetará la indivisibilidad de la misma. Los traspasos parciales no surtirán efecto respecto del Ejecutivo Nacional, pero quedan a salvo de esta disposición los traspasos que versen acerca del derecho proindiviso de los cotitulares, cuyos cesionarios responderán solidariamente del pago de la totalidad de los impuestos y del cumplimiento de las demás obligaciones que apareja la concesión.
La sucesión en materia minera
Artículo 48. La concesión de exploración y subsiguiente explotación, confiere al concesionario, sus herederos o causahabientes, durante el período exploratorio, el derecho exclusivo, de explorar el área concedida y de elegir para su explotación la superficie que determine el estudio de factibilidad técnico, financiero y ambiental; pero en ningún caso dicha superficie será mayor de la mitad del área concedida para la exploración en parcelas que dentro de ellas seleccionare y no podrán exceder de quinientas trece hectáreas (513 has.) cada una, según el plano general que deberá presentar al Ministerio de Energía y Minas.
Habría que hablar también de una divisibilidad facultativa por parte del Ejecutivo Nacional, en el caso, por ejemplo, de la explotación de algunos contratos sobre algunos minerales y piedras no preciosas, que puedan encontrarse en terrenos baldíos.
Artículo 13.El beneficiario de derechos mineros podrá utilizar los terrenos baldíos en las condiciones y mediante las compensaciones que pacte con el Ejecutivo Nacional, el cuál según las circunstancias puede exonerarle de las mismas. Cuando en los terrenos baldíos existan mejoras de particulares, la indemnización que corresponda la pagará el beneficiario de los derechos mineros.
Igualmente se presenta en materia de hidrocarburos, con la posible división que se hace por concepto de la accesión que resulta de una concesión, conforme a lo establecido en la Ley.
Artículo 2. Toda persona natural, venezolana o extranjera, hábil en derecho para adquirir concesiones conforme a esta Ley, puede libremente hacer exploraciones superficiales para descubrir criaderos de las sustancias a que la presente Ley se refiere, en el territorio nacional; con excepción de los terrenos cubiertos por concesiones en vigor y las zonas a que se refiere el parágrafo primero de este Artículo y con las limitaciones establecidas en el Artículo 17 de esta Ley. La profundidad de las perforaciones o cateos que hubieren de ejecutarse en virtud de esta disposición no podrá pasar de cien metros.
3. Principio de la Imprescriptibilidad
Mediante la consideración de este principio, las minas no pueden ser en ningún momento adquiridas por prescripción; por lo tanto, en ningún caso una mina puede ser propiedad de persona alguna aplicando la norma del Derecho Civil de la adquisición por prescripción adquisitiva. Vemos en contrario, que cuando una mina es explotada por un particular, la misma revierte al Estado al término de su actividad por el motivo que fuere.
Por otra parte, jurídicamente, la prescripción no tiene efecto respecto de las cosas que están fuera del comercio; y en el caso concreto de las minas, éstas se hallan sometidas a un régimen especial que las sustrae de la libre comercialización por parte de los particulares, depositándolas exclusivamente en manos del Estado.
Sabemos que, en materia de Derecho Civil, para que proceda la prescripción adquisitiva, es necesario tener la posesión legítima, pacífica e ininterrumpida de quien pretenda ser propietario, pero en materia de Derecho Minero no podemos hablar de la posesión legítima de un yacimiento, si no es a través de una concesión legítimamente otorgada por el Estado o mediante cualquiera de los otros actos o modalidades a quien cumpla con los requisitos exigidos por la ley.
Ahora bien, como la cesión es por un plazo determinado hace que a su término la mina término vuelva a su estado natural, es decir, al patrimonio del Estado, es por lo que no podemos hablar de prescripción adquisitiva en materia minera, como derecho de quien está en posesión precaria de una mina.
El derecho de propiedad de las minas en Venezuela
En este sentido, la Constitución establece:
De la Ley de Minas:
Artículo 2º Las minas o yacimientos minerales de cualquier clase existentes en el territorio nacional pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por tanto inalienable e imprescriptible.
Constitución de servidumbres, ocupación temporal y expropiación
Recuerda la Ley, que en ningún caso, los propietarios del suelo ni del subsuelo pueden reclamar la propiedad de los yacimientos que es siempre de la República. Para facilitar las actividades mineras, el uso de la superficie y permitir el cabal desarrollo de las mismas, los beneficiarios de derechos mineros gozarán además de la posibilidad de constituir servidumbres, la ocupación temporal y la expropiación; así como, el derecho para la utilización de los terrenos baldíos y al uso y aprovechamiento racional de las aguas del dominio público.
Bienes del dominio público inalienables e imprescriptibles
Los yacimientos de hidrocarburos gaseosos que se encuentren en el territorio nacional y en cualquier espacio donde ejerza su soberanía la República, Pertenecen a ésta y son bienes del dominio público inalienables e imprescriptibles y así se les declara en esta Ley.
Se mantiene el derecho de propiedad como derecho inmanente a la República, de donde se derivan importantes consecuencias como son: las de que el Estado puede explotar directamente esos recursos, de que puede regular su explotación velando por los intereses nacionales cuando sea realizada por otras personas y el derecho a obtener de éstas una Participación o regalía sobre el recurso explotado.
4. Principio de la Temporalidad
Mediante este principio, la explotación de las minas conlleva una limitación en el tiempo, impuesta por la ley. En tal sentido, las concesiones deben ser otorgadas por un plazo determinado.
La tendencia en la mayoría de las legislaciones es reducir cada día más los lapsos de vida de la concesión, por eso hablamos de legislaciones pasadas que otorgaban una concesión a perpetuidad, luego con el tiempo el criterio perpetuidad bajó a 99 años, más adelante de 99 a 50 años y en los últimos tiempos de 50 a 40 años, lapso adoptado para las concesiones venezolanas.
La vigente Ley de Minas estableció el régimen de concesión única, la cual será de exploración y subsiguiente explotación, cuya duración no excederá de veinte (20) años, con posibilidad de prórrogas, que sumadas no podrán ser superiores a ese período.
Artículo 9ºLos derechos mineros son temporales, se ejercen dentro de límites geográficos determinados y conforme a los términos de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 25. Las concesiones que otorgue el Ejecutivo Nacional conforme a esta Ley, serán únicamente de exploración y subsiguiente explotación su, duración no excederá de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de la publicación del Certificado de Explotación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, pudiendo prorrogarse su duración por períodos sucesivos no mayores de diez (10) años, si así lo solicitase el concesionario dentro de los tres (3) años anteriores al vencimiento del período inicial y el Ministerio de Energía y Minas lo considere pertinente, sin que las prórrogas puedan exceder del período original otorgado.
Igualmente, para la pequeña minería en la explotación de oro y diamante, concede un período que no excederá de diez (10) años, en áreas previamente establecidas mediante resolución.
La exploración minera tendrá una duración no mayor de tres años
Artículo 49. El período exploratorio tendrá una duración no mayor de tres (3) años, de acuerdo con la naturaleza del mineral de que se trate y demás circunstancias pertinentes, según lo determinen los reglamentos de esta Ley…El período de exploración podrá ser prorrogado por una sola vez y por un lapso no mayor de un (1) año.
Por último, la adopción de contratos de servicios cuya vigencia es de 20 años contados a partir de la explotación y 5 años a partir de la exploración.
5. Principio del Riesgo Unilateral
El Estado no garantiza la existencia del mineral en una mina, por lo tanto, el Estado no se obliga al saneamiento de ley correspondiente y quien toma una concesión, aparte de que adquiere una serie de obligaciones, toma la concesión con el riesgo de que si no extrae el mineral, el Estado no tiene obligación de indemnizarlo por tal motivo, pero si puede el Estado, exigirle la explotación de la mina si hubiere mineral, o la devolución de la misma.
Artículo 34.Se presume, hasta prueba en contrario, la existencia del mineral y que éste es industrial y económicamente explotable; pero con el otorgamiento del título no se hace responsable la República de la verdad de tales hechos. Así mismo, la República no responde por saneamiento legal.
Es importante la consideración, que el interesado en obtener una concesión, debe demostrar la capacidad económica para la explotación, la transmisibilidad y la disponibilidad de las minas.
Artículo 60.El concesionario presentará a satisfacción del Ministerio de Energía y Minas antes de iniciar la explotación, fianza de fiel cumplimiento del programa de desarrollo y explotación librada por bancos o empresas de seguro de reconocida solvencia, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de los ingresos estimados de las ventas anuales. Esta fianza será renovada y actualizada cada año. El Ministerio ordenará la ejecución de la fianza en caso de paralización por más de seis (6) meses de las actividades, sin causa justificada.
Por su parte, la ley Orgánica de Hidrocarburos es clara en cuanto al riesgo del concesionario y la irresponsabilidad del Estado:
6. Principio de la Reversibilidad
En virtud de este principio, todas las minas retornan a su propietario original, que es el Estado. La reversibilidad opera en todo caso de explotación minera, por lo que la concesión o cualquiera otra forma de explotación, conlleva, como hemos dicho, un tiempo determinado, al término del cual, regresa la mina al Estado, libre de todo gravamen, y con todas las obras, mejoras y bienhechurías permanentes existentes en el área cedida en concesión. También pasan a propiedad del Estado, todas las maquinarias, útiles, enseres y materiales que se encuentren abandonados dentro del perímetro de la concesión. En este sentido, la ley dispone:
Artículo 102: Las tierras, obras permanentes, incluyendo las instalaciones, accesorios y equipos que formen parte integral de ellas así como cualesquiera otros bienes muebles o inmuebles, tangibles e intangibles, adquiridos con destino a las actividades mineras, deben ser mantenidos y conservados por el titular en comprobadas condiciones de buen funcionamiento según los adelantos y principios técnicos aplicables, durante todo el término de duración de los derechos mineros y de todo el término de duración de los derechos mineros y de su posible prórroga, y pasarán en plena propiedad a la República libres de gravámenes y cargas, sin indemnización alguna, a extinción de dichos derechos, cualquiera sea la causa de misma.
Artículo 103. El titular de derechos mineros deberá presentar al Ministerio de Energía y Minas un inventario detallado de todos los bienes adquiridos, con destino a las actividades mineras que realice, afectos a ellas, bienes de los cuales no podrá disponer en forma alguna sin la previa autorización Ministerio de Energía y Minas, dada por escrito.
Como parte del artículo 156 de la Constitución, en las competencias del Poder Público, se expresa:
"15…El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido. La Ley establecerá un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren situados los bienes que se mencionan en este numeral, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros Estados."
El artículo 103ºde la Constitución establece:
"Las tierras adquiridas con destino a la exploración o explotación de concesiones mineras, comprendidas las de hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena propiedad a la Nación, sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa la concesión respectiva
7. Distinción entre el suelo y el subsuelo.
Dada la naturaleza de la actividad minera y la presentación de dichos recursos, y con el objeto de atender las posibles colisiones entre el superficiario y el minero, se hace la distinción entre el suelo y el subsuelo. En tal sentido, el suelo comprende la simple superficie y la capa que alcanza hasta donde llegue el trabajo del superficiario en actividades ajenas a la minería y el subsuelo se extiende indefinidamente en profundidad desde donde el suelo termina. Se hace esta distinción con el propósito de establecer que las actividades mineras que se realicen en el subsuelo no dan derecho a indemnización para el superficiario, quien sólo tiene ese derecho cuando tales actividades se realicen en el suelo.
En virtud de este principio, la concesión minera comprende solo el subsuelo en propiedad particular. Nace de allí, el derecho que adquiere el concesionario de usufructuar como propietario de la superficie, ejerciendo temporalmente, mientras dure la concesión, el ejercicio de las dos propiedades, la superficial y la del subsuelo, independiente la una de la otra.
La vigente Ley de Minas hace la distinción así: el suelo comprende la simple superficie y la capa que alcanza hasta donde llegue el trabajo del superficiario en actividades ajenas a la minería y EL SUBSUELO se extiende indefinidamente en profundidad desde donde el suelo termina. En este sentido, la ley expresa que, en ningún caso, los propietarios del suelo ni del subsuelo pueden reclamar la propiedad de los yacimientos mineros, ya que ésta es siempre de la República.
CARACTERISTICAS DEL DERECHO DE MINAS E HIDROCARBUROS
Con el criterio que establecimos al comienzo del Tema, manejaremos las características del Derecho Minero y del Petrolero en un solo contenido a sabiendas de que existen algunas características que son diferenciadas en cada legislación. De manera general podemos considerar las siguientes características:
1. Ambos derechos conforman una especialidad autónoma
Tanto el Derecho Minero como el Petrolero han ido conformando contenidos propios y específicos, aunque el conjunto podemos calificarlo como un derecho especial y autónomo.
2. Regulan intereses del Estado
Ambos derechos mantienen relación inseparable con el Derecho Público, tanto privado como internacional, regulando las relaciones intereses generales del Estado por encima de los particulares y de los demás Estados.
3. Es un Derecho de alto contenido mercantil y político
Su importancia económica y su grande y fundamental participación en el ingreso del Estado, lo convierten en norma fundamental para las relaciones estratégicas en el comercio internacional y en su manejo regulador del consumo interno. Hoy por hoy, desarrolla situaciones normativas especiales, para atender los cambios producidos en la operatividad para las aperturas minera y petrolera.
4. Es un Derecho de alto contenido tecnológico
La constante evolución en el empleo y en el contenido orgánico tanto de la explotación minera y la petrolera mantienen un constante estudio para descubrir campos de utilidad, y de igual manera, el desarrollo de cambiantes tecnologías para minimizar su efecto contaminante.
5. Es un derecho de protección y conservación del ambiente, de resguardo minero y fiscal
El conocimiento del daño ecológico que producen las actividades minera y petrolera, ha obligado a implementar normas y procedimientos tendentes a la protección ambiental, que regulen la necesaria depredación de los suelos y fondos marinos donde se explote estos recursos. La vigente Ley crea una Comisión Interministerial Permanente, integrada por los Ministerios con competencia en Energía, Minas, Ambiente y Recursos Naturales, de Finanzas y de la Defensa, con el propósito de coordinar las materias de la competencia de dichos Despachos relativas a la minería, a la protección ambiental, al Resguardo Minero y a la materia fiscal. Enfatiza con esta Comisión, lograr una mayor celeridad en el otorgamiento de derechos mineros y conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se establecieron los lapsos por días continuos, permitiendo el acortamiento de los lapsos a cumplir para el otorgamiento de las concesiones.
Acatamiento a la legislación ambiental
Artículo 15 Las actividades mineras deben efectuarse con acatamiento a la legislación ambiental y a las demás normativas que rigen la materia.
6. Es un Derecho Multidisciplinario
LA LEGISLACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS GASEOSOS
Para el momento de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos Gaseosos coexisten diversas leyes en materia de hidrocarburos con diferentes rangos y dictadas en distintas épocas para responder a variadas situaciones. Concurrencia de leyes que dificultaba su aplicación, toda vez que entre sí habían venido derogándose expresa o tácitamente, o colidiendo sus disposiciones. Así, la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, dictada en 1975 para nacionalizar la industria petrolera, derogó parcialmente a la ley de Hidrocarburos del año 1943, consagratoria del régimen de concesiones, que a su vez había sido reformada en los años 1955 y 1967. La Ley de Nacionalización dejó vigentes, en cuanto no colidan con ella, las disposiciones de la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural del año 1971 y de la Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de los Hidrocarburos del año 1973, modificada esta última, a su vez, parcialmente por la Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para Uso en Vehículos Automotores, del año 1998. Además, la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 23 de abril de 1991 dejó sin efecto buena parte del articulado de la citada Ley del Gas de 1971.
Sé pensó, que la mejor manera de resolver la situación era mediante una Ley Orgánica de Hidrocarburos, que ordene y regularice las materias comprendidas en la citada legislación. Su ámbito lo constituyen las actividades con los hidrocarburos gaseosos, líquidos o bituminosos, con dedicación de un capítulo especial relativo al gas. A estos fines fue solicitada al Congreso la habilitación requerida para hacerla, pero sólo autorizó a dictar las medidas necesarias para el aprovechamiento del gas, desde su exploración y explotación hasta su industrialización en el país. En este sentido, fue formulado el Proyecto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos objeto de esta exposición.
La creciente utilidad del gas natural
La necesidad surge de la creciente utilidad del gas natural, por su poder energético y en razón de ser un combustible más limpio, que produce poca contaminación al medio ambiente, que lo hace más apetecible para su consumo en las ciudades y zonas industriales, ya sea como combustible doméstico, para generación de termoelectricidad o para insumo de la industria petroquímica u otros importantes procesos industriales, inclusive para formular el metano; y etanol, sustitutos de la gasolina en la combustión interna. Posición que se refuerza, porque Venezuela cuenta con ingentes reservas de gas asociado y libre, que para el año de 1998, son del orden de 142 BPC (Billones de Pies Cúbicos) equivalentes a 25 mil millones de barriles de petróleo y la sitúan entre los primeros siete (7) países del mundo, de las cuales el noventa por ciento (90%) está constituida por el gas asociado a la producción del petróleo.
Ambas situaciones hicieron concluir en la necesidad de procederse a explotar dichas reservas para atender primordialmente el mercado nacional doméstico, comercial e industrial y sucedáneamente el de exportación como materia prima o combustible a otros países. Y para hacer un desarrollo estable y permanente de esta industria, se requiere incrementar las reservas del gas libre, para no depender demasiado del gas asociado sujeto a las variables de la producción petrolera. Para ello, se ha concebido estimular la búsqueda de yacimientos de gas libre y propiciar una adecuada utilización de dicho gas junto con el asociado. Ello se lograría mediante una ley que dé mayor oportunidad al sector privado nacional y extranjero, de Participar en todas las fases y actividades relativas a dicha industria. Este es el propósito de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, cuyo carácter orgánico le ha sido atribuido porque atiende a materias que afectan o modifican disposiciones contenidas en otras leyes del mismo rango, como lo es la de nacionalización. Su denominación obedece a que el ámbito de su aplicación se contrae a todos los hidrocarburos gaseosos como lo son el gas natural asociado o no a la producción del Petróleo u otros fósiles y a los gases provenientes de la refinación del petróleo, además incluye los líquidos del gas natural. Ella ha sido formulada con el propósito de que sea más permanente, regule situaciones futuras y no sólo las coyunturales presentes.
Participación del Estado en las actividades con hidrocarburos
Según esta Ley, las actividades con hidrocarburos gaseosos pueden ser realizadas directamente por el Estado o a través de entes de su Propiedad, o por personas Privadas nacionales o extranjeras con o sin la participación del Estado; de esta manera se abre más la posibilidad a los inversionistas de actuar en este sector. Para ello, estarán sujetos a la Obtención de una licencia, cuando se trate de la exploración para la búsqueda de Yacimientos de gas libre y de la explotación de los mismos, o de un Permiso si van a realizar actividades distintas a las señaladas, como son la recolección, procesamiento, industrialización, transporte, distribución Y comercialización del gas. En todo caso, se le da direccionalidad al uso del gas al exigirse como condición indispensable, tanto para la licencia como para el permiso, que su Obtención estará vinculada a un proyecto determinado a ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Todo dirigido, primordialmente, al desarrollo nacional mediante el aprovechamiento intensivo y eficiente de los hidrocarburos gaseosos, ya sea como combustible de uso doméstico o Industrial, materia prima industrial o Para Su eventual exportación.
Régimen fiscal fundamentado en la participación del Estado en su condición de propietario
El régimen fiscal previsto en esta Ley se fundamenta en la participación del Estado, en su condición de propietario de los yacimientos, al exigirse una regalía de veinte por ciento (20%) sobre los volúmenes de hidrocarburos gaseosos producidos. Esta regalía puede ser recibida, a juicio del Ministerio de Energía y Minas, total o parcialmente, en especie o en dinero, equivalente al pago de dichos volúmenes. Además, las actividades reguladas por esta Ley quedan sujetas a los impuestos que les resulten aplicables conforme a lo dispuesto en otras leyes.
Ente nacional del gas para el desarrollo del sector
Se crea un ente con autonomía funcional denominado Ente Nacional del Gas para promover el desarrollo del sector y la competencia en todas las fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos relacionadas con las actividades de transporte y distribución y para coadyuvar en la coordinación y salvaguarda de dichas actividades. El ente estará adscrito al Ministerio de Energía y Minas y entre sus funciones tendrá la de elaborar propuestas de bases encaminadas a la fijación de tarifas justas y adecuadas para ser aplicadas a las mismas actividades, así como vigilar e informar al referido Despacho sobre posibles conductas monopólicas o no competitivas, y propiciar el equilibrio económico entre los participantes.
El transporte y la distribución de hidrocarburos para el consumo colectivo son declarados servicios públicos
Los precios y tarifas deberán atender a los principios establecidos en la Ley dirigidos a facilitar la recuperación de las inversiones, a obtener una rentabilidad razonable, así como al mantenimiento adecuado del servido y asegurar a los consumidores el menor costo posible.
A fin de evitar conductas monopólicas, se prohíbe que una misma persona realice o controle en una región dos o más de las actividades de producción, transporte o distribución, sin embargo, cuando la viabilidad del proyecto así lo requiera, podrá ser autorizada por el Ministerio de Energía y Minas para ejercerlas, en este caso deberá, llevarse contabilidades separadas como unidades de negocio claramente diferenciadas.
Las actividades previstas en la Ley deberán efectuarse con sujeción a las mejores prácticas científicas y técnicas disponibles y a las normas de seguridad, higiene y protección ambiental aplicables para evitar daños a las personas, a los bienes y al ambiente.
LA VIGENTE LEGISLACIÓN MINERA
La normativa minera de 1922 se mantuvo vigente por más de 20 años, cuando es promulgada la ley de 1944, la cual se mantuvo hasta 1999, cuando fue derogada el 5 de Septiembre por el Decreto 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas.
La ley de 1944, fue considerada como un logro importante y eficiente para el manejo de la industria, mediante un sistema principalmente de concesiones, pero que hoy, aun cuando se mantiene el sistema de concesiones, requería de un cambio radical para actualizarla a la situación existente en Venezuela, que multiplicó su población cuatro veces y que insurge en un mundo generalista y global.
En la historia de la legislación, ha sido relevante el criterio sobre las disposiciones más importantes de esta Ley, donde destaca la unificación de todos los regímenes de concesiones existentes y se establecen nuevos términos para las futuras concesiones, para el aumento del impuesto de exploración, se incluye la obligación a las compañías extranjeras de construir refinerías en el país, y se enfatiza con procedimientos precisos, un sistema de control y de supervisión por parte del Estado, sobre las compañías concesionarias.
En fecha 28 de septiembre de 1999 fue promulgada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5 el Decreto con rango y fuerza de Ley de Minas. En su Exposición de Motivos se expresa que:
"Durante el tiempo de vigencia de la Ley de Minas de 1945, han surgido una serie de hechos que en la actualidad han dado como resultado, en la mayoría de las veces, la desaplicación de la Ley ante actividades de carácter público o privado que han venido siendo realizadas al margen de la misma, tal como ocurrió con las encomiendas, asignaciones y delegaciones hechas a la Corporación Venezolana de Guayana(C.V.G.) para el desarrollo, exploración y explotación de oro y diamante, en la región Guayana, que originó una complejidad de contratos de dudosa legalidad…"
EL SISTEMA MINERO EN VENEZUELA
Durante muchos años se debatió el tema de la forma de ejercer la actividad minera, entendiendo que dicha actividad involucra un conjunto de operaciones, generalmente continuas y complementarias, pero independientes, a las cuales hay que atender para lograr su fin, que es la obtención del producto minero o petrolero.
En un principio, la minería se regía por la ejecución de actividades mineras, poco reguladas por la Ley, que venían manteniendo los procedimientos del inicio de esta actividad. Así encontramos los siguientes ejercicios sobre el denuncio y la explotación:
El denuncio minero y la concesión de otorgamiento facultativo
En la misma Exposición de Motivos de la ley, se expresa que las circunstancias indicadas han conducido a la revisión de los principios y normas contenidos en la Ley de Minas, entre los que cabe destacar, la figura del denuncio minero y la concesión de explotación, de otorgamiento facultativo por parte del Ejecutivo Nacional y adicionalmente, la situación sobrevenida con el Decreto No.2.039 de fecha 15 de febrero de 1977, mediante el cual el Ejecutivo Nacional se reservó la exploración y explotación de todos los minerales que no hubiesen sido reservados con anterioridad. Como consecuencia de esta reserva, quedó en suspenso el derecho a la exploración libre y exclusiva, influyendo de igual modo, sobre el derecho de explotación al dejar también en suspenso la aplicación del régimen de denuncio minero.
FORMALIZACIÓN LEGAL DEL APROVECHAMIENTO DE LOS MINERALES
Estas actividades: la exploración, la explotación, la transformación, la distribución y la comercialización, en el aprovechamiento de los minerales, asumieron una mejor formalidad, ya que dado el caso de que las minas y el petróleo son propiedad del Estado, existen formas de ejecutar estas actividades, como se establece en la legislación vigente de la materia, dichas actividades pueden estar en manos del propio Estado o en particulares, cuando no existe el monopolio de ellas.
Es importante destacar que el sistema minero legal actual, es de tipo dominial, por cuanto las minas son patrimonio del Estado y su explotación requiere del régimen de concesiones mineras otorgadas por éste en forma facultativa, acorde con los requisitos establecidos en la Ley. Inclusive, de acuerdo con la Constitución, por razones de conveniencia nacional el Estado queda facultado para reservarse determinadas actividades económicas, de manera particular en el sector minero y petrolero y reconoce que el dominio sobre esas áreas puede hacerse de acuerdo con el sector privado, dejando claramente establecido que el Estado puede entrar en convenios de asociación con el sector privado para el desarrollo y la explotación de esas actividades.
La misma Constitución, en su Artículo 12 expresa:
Es decir, que cualquier clase de minas que se encuentren en el territorio, solo pueden ser exploradas, explotadas y aprovechado su producto mediante las modalidades establecidas en la Ley:
Artículo 72.La exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos mineros sólo podrá hacerse mediante las siguientes modalidades:
Se entiende por concesión minera, el derecho referido a la explotación de los minerales a que se contraen la Ley de Minas y otras normas que le son conexas. Es un concepto de naturaleza administrativa, de donde deriva su naturaleza jurídica en el sentido de su vigencia y por cuanto su definición corresponde al Derecho Administrativo. Al respecto, tanto la Constitución como la Ley, contemplan normas rectoras que dan al Estado las atribuciones para el manejo de la actividad que genera la explotación de las industrias minera y petrolera, estableciéndose como requisito fundamental para el ejercicio por entes del mismo Estado o por particulares, la instrumentación de una formalidad, denominada concesión, la cual constituye, un acto legal mediante el cual el Poder Ejecutivo otorga a una persona, el derecho de explotar alguna riqueza del patrimonio de la República bajo su cuenta y riesgo; y bajo el sometimiento a las limitaciones y condiciones que establece la ley; derivando de dicha concesión el derecho del concesionario a disfrutar de los beneficios que resulten de la explotación.
La Ley de Minas establece, que la concesión minera es el acto del Ejecutivo Nacional, mediante el cual se otorgan derechos e imponen obligaciones a los particulares para el aprovechamiento de recursos minerales existentes en el territorio nacional.
En cuanto al derecho de explotación que se deriva del ejercicio de la actividad de la pequeña minería es a título precario, se otorga intuito personae, y en consecuencia, no confiere derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, gravado, arrendado, traspasado ni cedido; salvo su aporte al fondo social constituido para la formación de mancomunidades mineras.
La concesión minera comprende solo el subsuelo, separado de la propiedad particular del suelo, pues como hemos estudiado, las minas hoy en día son bienes separados de la propiedad civil, al considerarse que están dentro de la tesis de la propiedad originaria del Estado. De no ocurrir esta distinción, evidentemente surgirían conflictos entre la propiedad civil y la propiedad originaria de las minas por parte del Estado.
Hablar de concesiones en el Derecho Positivo venezolano, implica hablar de los más diversos actos del poder público. Es así como algunos autores la definen como "el acto por el cual el Estado otorga a un particular el Derecho de gestión de determinado servicio público, obligándose el concesionario a ejecutar la gestión o la explotación por su cuenta y riesgo y sometido a las condiciones impuestas por el Estado, obteniendo a cambio las ganancias resultantes de la prestación del servicio o de la explotación".
Dentro de este concepto, incluimos dos aspectos esenciales en el tratamiento del tema, como lo son: el Servicio Público y el de Explotación de la riqueza natural, siendo éste último el de mayor interés para nuestro estudio.
La Constitución vigente (1999) contempla en su normativa, la facultad del Estado a dar concesiones para diferentes servicios y actividad, en este sentido, expresa en la parte in fine del Artículo 113 lo siguiente: "… Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público.
Objeto y operaciones mineras a concesionar.
Antes de entrar a clasificar las concesiones, es necesario que nos detengamos a comprender las diferentes operaciones que conlleva la actividad minera, la cual da origen a las mismas, por la necesidad legal de obtenerlas, sin cuyo requisito es imposible operar en este campo.
En este orden de ideas, debemos entender que existen operaciones de exploración, explotación, exploración y subsiguiente explotación, refinación, industrialización, circulación, almacenamiento, tenencia, transporte y comercialización; sin dejar de incluir la administración de los diferentes procesos, tanto operativos, como de programación y de apoyo.
Clases de concesiones mineras
Las concesiones, como hemos dicho, proceden del Ejecutivo Nacional, para efectuar algunas de las operaciones mineras que hemos analizado, conforme a las disposiciones legales. Estas concesiones conllevan operaciones diversas. Es por ello que las analizaremos desde el punto de vista del operador o concesionario. En tal sentido, las operaciones en materia de minas pueden ser efectuadas en la forma siguiente:
La exploracion minera.
La exploración constituye la fase previa de las industrias minera y petrolera. Ella conlleva la ejecución de dos operaciones fundamentales: la acción de "cavar", que significa y conlleva la remoción de la tierra en el suelo, y la acción de "catar", que significa y conlleva la investigación de la tierra para determinar el contenido geológico minero. En base a estos dos aspectos operativos, podemos decir que la exploración consiste en los trabajos preliminares y preparativos que se efectúan con miras a la explotación.
Los trabajos exploratorios consisten en el reconocimiento del terreno mediante procedimientos y métodos apropiados, que tienen como finalidad cerciorarse de la existencia del mineral cuya explotación se pretende iniciar.
La Ley de Minas contiene las siguientes normas fundamentales en materia de exploración:
Artículo 52: Dentro del lapso de exploración contemplado en esta Ley, el concesionario presentará un estudio de factibilidad técnica, financiera y ambiental de la concesión y cualquier otra información sobre las actividades que para el aprovechamiento del mineral se proponga llevar a cabo.
La exploración y subsiguiente explotación
Artículo48: La concesión de exploración y subsiguiente explotación confiere al concesionario, sus herederos o causahabientes, durante el período exploratorio, el derecho exclusivo de explotar el área concedida y de elegir para su explotación la superficie que determine el estudio de factibilidad técnico, financiero y ambiental, pero en ningún caso dicha superficie será mayor de la mitad del área con-cedida para la exploración en parcelas que dentro de ellas seleccionare y no podrán exceder de quinientas trece hectáreas (513 has.) cada una, según el plano general que deberá presentar al Ministerio de Energía y Minas. Las parcelas podrán agruparse con el fin de obtener una racional explotación del yacimiento, serán de forma rectangular excepto en aquellas que en razón de la configuración de los linderos del lote deban adoptar una forma diferente. La superficie que deje libre el concesionario dentro del número de hectáreas que mide el lote, quedará sometido a las disposiciones del Artículo 47 de esta Ley.
Artículo 49: El período exploratorio tendrá una duración no mayor de tres (3) años, de acuerdo con la naturaleza del mineral de que se trate y demás circunstancias pertinentes, según lo determinen los reglamentos de esta Ley
Parágrafo Único. El período de exploración podrá ser prorrogado por una sola vez y por un lapso no mayor de un (1) año.
La exploración libre o común y el libre aprovechamiento
La primera condición que exige esta operación, es que puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera pero hábil en derecho, para poderse obligar ante terceras personas. Aun cuando en este caso, el explorador no tiene relación de derecho con una concesión, nacen para él responsabilidades frente a terceros, derivadas de su actividad.
Con el Decreto No. 2.039 de fecha 15 de febrero de 1977, el Ejecutivo Nacional se reservó la exploración y explotación de todos los minerales que no hubiesen sido reservados con anterioridad. Como consecuencia de esta reserva, quedó en suspenso el derecho a la exploración libre y exclusiva, influyendo de igual modo, sobre el derecho de explotación al dejar también en suspenso la aplicación del régimen de denuncio.
El tradicional libre aprovechamiento existente en la legislación del pasado, perdió vigencia por disponer el artículo 200 de la Ley de Minas que, en zonas declaradas de reserva, en nuestro caso, todo el territorio nacional, queda prohibido el libre aprovechamiento. Sin embargo, es posible constatar que, en la práctica, a pesar de la prohibición expresa de la Ley, existe este tipo de explotaciones ilegales.
Las mancomunidades mineras
Se introduce también, en la legislación minera nacional la figura de las Mancomunidades Mineras (Art. 77). Su esencia proviene de la Ley de Minas de España, y se aspira ponerla en práctica con el fin de obtener un mejor aprovechamiento de los recursos mineros, facilitar las operaciones técnicas de los yacimientos, mejorar el rendimiento de las explotaciones y proteger los recursos naturales y el ambiente. La Mancomunidad Minera se orienta hacia el mejoramiento y organización de la actividad minera, lo cual tendrá una repercusión social en las áreas donde se desarrolle, permitiéndoles a los titulares de éstas, la posibilidad de obtener una concesión en fase de explotación.
Otra de las ventajas desde un punto de vista económico de las Mancomunidades Mineras, es que de ellas resulta una concentración de actividades en una localidad (región) reduciendo los costos, aunque cada empresa sea pequeña. La concentración genera la posibilidad de tener costos más bajos por servicios conexos, infraestructura y tiende a generar proveedores más eficientes, por lo que surge la tendencia a la formación de complejos industriales.
Artículo 81: El ejercicio de la actividad minera mediante mancomunidades mineras, estará sujeto al pago de los impuestos previstos en esta Ley.
Artículo 82 La minería artesanal es aquella que se caracteriza por el trabajo personal y directo en la explotación de oro y diamante de aluvión, mediante equipos manuales, simples, portátiles, con técnicas de extracción y procesamiento rudimentarios y que sólo puede ser ejercida por personas naturales de nacionalidad venezolana.
Articulo 83 El Estado atenderá el ejercicio de la minería artesanal y prestará asesoramiento técnico para su evolución hacia estadios superiores de la actividad. El Ejecutivo Nacional señalará, mediante decreto, las áreas especialmente destinadas para el ejercicio de esta actividad.
Artículo 84 La minería artesanal deberá ser realizada con estricto acatamiento de la normativa ambiental.
Artículo 85 El ejercicio de la minería artesanal estará sujeto al pago de los impuestos previstos en esta Ley que le sean aplicables.
Se consagra una nueva figura distinta de la tradicional concesión para tener una minería de menor escala, como es, la pequeña minería la cual está concentrada específicamente en la explotación de oro y diamante. Este sistema constituye un régimen más flexible que el de la concesión, su trámite administrativo es más breve y permite explotar un pequeño número de hectáreas. Se otorga mediante una Autorización de Explotación emanada del Ministro de Energía y Minas, la cual es a título precario, no confiere derechos reales y sólo puede ser ejecutada por los venezolanos.
La concesión única
Da importancia la Ley al establecimiento del régimen de concesión única, la cual será de exploración y subsiguiente explotación, cuya duración no excederá de veinte (20) años, con posibilidad de prórrogas, que sumadas no podrán ser superiores a ese período. Otra característica de la concesión diseñada, consiste en la eliminación de la distinción basada en la presentación del mineral, en cuanto a veta, manto y aluvión, es decir, el concesionario tendrá derecho a la explotación del mineral cualquiera que sea su presentación.
La extensión horizontal de la concesión será de forma rectangular, cuya unidad de medida superficial es la hectárea. Los lotes estarán conformados por "unidades parceladas", las cuales representan la unidad mínima de división del lote. La superficie de la unidad parcelada variará entre un mínimo de 493 Has., y un máximo de 513 Has., todo ello permite darle una medida real a los lotes de acuerdo a la curvatura de la tierra y sobre la base de las más avanzadas técnicas de medición en materia minera. Se mantiene el sistema de proyección Universal Transversal Mercator (U.T.M.) que les permitirá ordenar de manera segura el otorgamiento, localización y control de las concesiones.
Dentro del ámbito de la concesión, el Ejecutivo Nacional por razones de beneficio colectivo, podrá reservarse la ejecución de las actividades mineras sobre los minerales no otorgados en el título y se establece la obligación del concesionario de comunicarle al Ministerio de Energía y Minas el hallazgo de tales minerales, ya que conforme al nuevo sistema, la concesión no abarca todos los minerales que se encuentren dentro del área otorgada, sino expresamente aquellos a los cuales el título se refiere.
Los concesionarios tienen un derecho preferente ante cualquier otro solicitante de concesión, para que le sean otorgados cualesquiera otros minerales y de hacer uso de este derecho, bastará que celebre convenios con el Ministerio de Energía y Minas ..
Siguiendo principios de nuestra legislación minera, el Ministerio de Energía y Minas podrá estipular con el concesionario, ventajas especiales para la República, con ocasión de los derechos mineros a ser otorgados.
Cuando las servidumbres hayan de constituirse sobre terrenos de propiedad privada, el beneficiario de derechos mineros podrá celebrar con los propietarios los contratos necesarios. De no lograrse el avenimiento, el beneficiario podrá ocurrir a un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, con jurisdicción en la localidad, para solicitar la autorización del comienzo de los trabajos. El solicitante señalará con precisión las áreas y bienes que se afectarán y los trabajos a realizarse…
Uso de los terrenos baldíos
Artículo 13 El beneficiario de derechos mineros, podrá utilizar los terrenos baldíos en las condiciones y mediante las compensaciones que pacte con el Ejecutivo Nacional, el cual según las circunstancias puede exonerarlo de las mismas. Cuando en los terrenos baldíos existan mejoras de particulares, la indemnización que corresponda la pagará el beneficiario de los derechos mineros.
Uso y aprovechamiento racional de las aguas del dominio público
Artículo 14. El beneficiario de derechos mineros tiene derecho al uso y aprovechamiento racional de las aguas del dominio público para el ejercicio de sus actividades mineras, sujeto al cumplimiento de las disposiciones ambientales que rigen la materia. Así mismo, el beneficiario tiene derecho a. la expropiación o al establecimiento de servidumbres para el aprovechamiento y uso de las aguas del dominio privado en su actividad minera.
Toda persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá obtener los derechos mineros
Artículo 17 Toda persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, hábil en derecho, y domiciliada en el país, podrá obtener los derechos mineros para realizar las actividades señaladas en esta Ley, salvo las excepciones en ella establecidas…
Artículo 58 Se entiende que una concesión está en explotación, cuando se estuviere extrayendo de las minas las sustancias que la integran o haciéndose lo necesario para ello, con ánimo inequívoco de aprovechamiento económico de las mismas y en proporción a la naturaleza de la sustancia y la magnitud del yacimiento.
13.	LA LEGISLACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS
Es criterio del legislador para la elaboración de las vigentes leyes de hidrocarburos, que si para el momento de concebirse nuestras primeras leyes, ya el petróleo era un recurso valioso, hoy, es plena la comprensión de la altísima importancia mundial de este recurso natural no renovable, por lo que la regulación de su explotación y aprovechamiento está en los más altos rangos del interés de países productores y consumidores, orientado por básicos propósitos estratégicos. En nuestro caso, por la esencial atención de los intereses de la Nación venezolana como una integridad, en la medida en que estos intereses queden garantizados, la Nación mantendrá su disposición para continuar contribuyendo con su petróleo al progreso de la humanidad, mediante el desempeño de un rol fundamental en el equilibrio del mercado mundial, al proporcionar su petróleo en forma oportuna, permanente y segura.
Es el espíritu de esta Ley, regular de manera progresiva y armónica, el desarrollo y aprovechamiento de los inmensos recursos de hidrocarburos con que cuenta Venezuela y el mejoramiento de los crudos para la obtención de productos cada vez más eficientes y amigables con el ambiente. Igualmente, propende a la transparencia y a la coherencia, de los aspectos económicos relativos a las actividades petroleras, las cuales involucran tanto al sector público como al privado; marco donde se inscriben los cimientos para el desarrollo de un sector petrolero privado nacional sólido que agregue valor al país y reduzca su dependencia externa.
A comienzos del siglo XX, cuando el mundo comienza a tomar conciencia de la extraordinaria significación del petróleo, iniciándose la incursión en nuestra actividad petrolera para buscar, extraer y refinar el petróleo, que por falta de tecnología nacional fue necesario poner en manos extranjeras su explotación.
En 1918 cuando se dicta un Reglamento dedicado a hidrocarburos y en 1920 se promulga la primera Ley de Hidrocarburos. Antes, como indicáramos, regían las "Ordenanzas de Minería para la Nueva España", promulgadas en Aranjuez el 22 de mayo de 1783 y aplicadas en la Capitanía General de Venezuela por Real Cédula del 27 de abril de 1784.
A partir de la ley de 1920 se dictaron leyes de hidrocarburos: el 16 de junio de 1921, 9 de junio de 1922, 18 de julio de 1925, 18 de junio de 1928, 17 de junio de 1935, 5 de agosto de 1936 y 21 de diciembre de 1938. La Reforma Petrolera de 1943 dio origen a una nueva ley, que tuvo entre sus méritos unificar el tratamiento legal de los hidrocarburos y mejorar la participación económica de la Nación, mediante su propia normativa o permitiendo la aplicación de leyes impositivas, ya que el tratamiento de los hidrocarburos quedó no sólo sujeto a la ley de la materia sino al conjunto de la legislación nacional. Esto permitió al país iniciar un proceso para incrementar los ingresos que recibía por la explotación del petróleo, complementado con el llamado "fixty fixty", es decir, repartir el producto petrolero, mitad para los concesionarios y mitad para la Nación, que se superó con la aplicación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La Ley de Hidrocarburos de 1943 cumplió su cometido y nuevos propósitos nacionales sobre hidrocarburos debieron ser atendidos por las reformas de dicha Ley efectuadas en 1955 y 1967, así como por las leyes siguientes: Ley de Reversión y Ley de Gas, de 1971; Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos, de 1973; Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, de 1975 y la Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para el Uso de Vehículos Automotores, de 1998.
Se concluye, en que se requiere de una ley que le garantice a la Nación venezolana la optimización de su industria petrolera, dentro de los parámetros de explotación racional, garantía de justos ingresos fiscales, conservación del recurso, contribución al desarrollo social y protección del ambiente; acciones todas, que coadyuven a fortalecer y a garantizar la seguridad. No podemos dejar de reconocer que la legislación sobre los hidrocarburos es una de las más importantes del país, después de la Constitución, porque debe regular, en forma clara y precisa, una de las bases del principal sustento de la economía de la sociedad venezolana.
Es importante reconocer, que la Ley de Hidrocarburos es un texto legal que regula las diferentes actividades sobre los hidrocarburos, la participación en las mismas de los actores público y privado, con garantía de seguridad jurídica y dinamismo para la sustentabilidad, la permanencia y el desarrollo constante del sector.
La Ley es investida con el carácter de orgánica por expreso mandato del Artículo 302 de la Constitución, que establece la reserva al Estado de las actividades petroleras por razones estratégicas y de conveniencia nacional, y que debe derogar otras del mismo rango, como son la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos y la Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para Uso de Vehículos Automotores.
La Ley recoge el principio constitucional de la propiedad de la República sobre los yacimientos de hidrocarburos, igual que los mineros. En tal sentido, el Artículo 12 de la Constitución establece que, "los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles." Hace marcada referencia a los yacimientos que se encuentren dentro de las fronteras nacionales, en razón de que con tal delimitación se comprenden áreas derivadas de la celebración de tratados internacionales con países circunvecinos.
Se entiende como derivación de este principio, que el Estado puede explotar directamente esos recursos, regular su explotación y cuando las referidas actividades sean realizadas por otras personas, tiene el derecho a obtener de éstas una participación o regalía sobre el recurso explotado, dada la plena propiedad de los recursos. Vale recordar en este sentido, que la Organización de las Naciones Unidas reconoce el derecho de propiedad de las naciones sobre sus recursos naturales, pero esa propiedad es común e indivisa, es decir no puede repartirse o acreditarse, ni en tiempo ni en espacio, como cuota parte para el patrimonio particular de cada ciudadano, sino que debe permanecer como un bien patrimonial común e indiviso.
La Ley comprende a todos los hidrocarburos y las actividades que sobre ellos se realizan: exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización y conservación de los hidrocarburos, así como las obras que la realización de estas actividades requiera, excluyendo su aplicación lo referente a los hidrocarburos gaseosos, los cuales por sus características, se rigen por su propia Ley Orgánica, la cual, sin embargo debe interpretarse y aplicarse armónicamente con esta Ley Orgánica de Hidrocarburos, conforme a las reglas de la interpretación analógica.
Actividades de exploración y búsqueda reservadas al Estado
La Ley reserva al Estado las actividades de exploración en búsqueda de yacimientos de hidrocarburos, la extracción de estos, su recolección, transporte y almacenamiento inicial, las cuales se denominan actividades primarias. Igualmente reserva al Estado las refinerías existentes, de su propiedad o de sus empresas, así como las ampliaciones y mejoras de las mismas.
El Estado podrá realizar las actividades reservadas, directamente o por medio de empresas de su exclusiva propiedad, o en determinadas circunstancias por empresas mixtas en las cuales posea una participación mayor del cincuenta por ciento (50%) del capital social. Por esta norma, el Estado se obliga a intervenir directamente en el negocio, superando el rol de simple recaudador de renta que tuvo hasta el momento de la nacionalización; además, le permite mantener un control real y le otorga poder decisorio en todos los negocios y operaciones de las empresas que actúan en actividades reservadas, más allá de otras fórmulas, como el de la acción privilegiada que sólo confiere derecho a veto para ciertas decisiones determinantes. En todo caso, por tratarse de materia de interés nacional, la constitución de las empresas mixtas para la realización de las actividades primarias, requiere de la autorización previa de la Asamblea Nacional.
La Ley declara de utilidad pública y de interés social las actividades a las referidas, así como las obras que su realización y manejo requieran. Actividades primordialmente dirigidas a contribuir con el desarrollo integral, orgánico y sostenido del país, en procura del beneficio colectivo. En consecuencia, el ingreso neto que ellas generen deberá propender a financiar la inversión real productiva, de tal manera que se logre la vinculación del petróleo con la economía nacional.
Conforme a la Ley, quienes realicen las actividades previstas en ella, deberán ajustarse a las decisiones que adopte la República en virtud de los tratados o acuerdos internacionales por ella celebrados en materia de hidrocarburos. Sujetos como están quienes realicen actividades en el país a toda la legislación del mismo, y siendo los tratados internacionales de aplicación preferente, no pueden quedar exentos de su aplicación quienes realicen actividades con los hidrocarburos.
Competencia para la administración de los hidrocarburos
La Ley otorga, en forma expresa, competencia al Ministerio de Energía y Minas en cuanto a la administración de los hidrocarburos y le confiere el derecho y la obligación de realizar, planificar, vigilar, inspeccionar y fiscalizar todas las actividades que con dichas sustancias se realicen. También desarrolla el derecho de fiscalizar las operaciones que causen impuestos, tasas y contribuciones en ella establecidos, así como las contabilidades de las personas que las realicen. Se prevé la dotación de los recursos necesarios al Ministerio para el cumplimiento de las funciones que se le atribuyen.
La participación del capital privado se consagra, mediante la posibilidad de integrarse en la constitución de empresas mixtas para la realización de actividades primarias, así como la de su intervención en las actividades industriales y comerciales realizadas con hidrocarburos, todo sujeto al cumplimiento de los requisitos en ella previstos.
La Ley ordena al Ejecutivo Nacional determinar las medidas que propicien la formación de capital nacional y su participación en las actividades señaladas en ella, así como establecer las medidas necesarias para que los bienes y servicios de origen nacional concurran en condiciones de transparencia y no desventajosas en el desarrollo de proyectos relacionados con dichas actividades.
Establece la Ley, que el Ejecutivo Nacional dictará las medidas necesarias para la industrialización de los hidrocarburos en el país y determina que aquellas deberán, entre otras disposiciones, prever medidas orientadas a estimular la transformación de los hidrocarburos refinados, desarrollar parques industriales alrededor de las refinerías y en zonas donde se facilite el suministro de hidrocarburos; que las refinerías y plantas procesadoras bajo el control del Estado garanticen el suministro de las materias primas disponibles; que los precios y condiciones de suministro oportuno de las materias primas permitan el desarrollo de empresas competitivas en los mercados internacionales y que las empresas que realicen actividades de industrialización de hidrocarburos en el país, fomenten a su vez la industrialización aguas abajo de los insumos por ellas producidos.
Contempla, además, que la separación, purificación y transformación de los hidrocarburos naturales y de los productos obtenidos, realizados con el propósito de añadir valor a dichas sustancias o productos y la comercialización de los mismos (corriente abajo), configuran actividades industriales y comerciales y pueden ser realizadas por el Estado, por empresas de su exclusiva propiedad, por empresas mixtas con participación del capital estatal y privado, en cualquier proporción y por empresas privadas. De esta manera aspira variar el tradicional modelo petrolero extractivo exportador que se ha venido aplicando, desde los inicios de la actividad petrolera hacia un modelo que mire más al desarrollo de las actividades petroleras con el país. Internalizar esas actividades para agregarle valor al recurso natural petrolero, mediante el trabajo en el país y con oportunidades para la gerencia y el capital nacional, son sin duda propósitos esenciales del presente Decreto Ley de Hidrocarburos.

References: Artículo 2
 Artículo 13

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 31

Artículo 48

Artículo 13

Artículo 2
 Artículo 17

Artículo 2

Artículo 9

Artículo 25

Artículo 49

Artículo 34

Artículo 60

Artículo 102

Artículo 103
 artículo 156
 artículo 103

Artículo 15
 Artículo 12

Artículo 72
in fine
 Artículo 113

Artículo 52

Artículo48
 Artículo 47

Artículo 49
 artículo 200

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 17

Artículo 58
 Artículo 302
 Artículo 12