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Timestamp: 2019-01-23 09:45:33+00:00

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Responsabilidad de la Administración Pública - Abogade.es
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7 meses ago Derecho administrativo Marge Calanche
La responsabilidad de la administración pública es aquella que le corresponde al Estado como consecuencia de una actividad administrativa perjudicial. Lo común es hablar sobre la responsabilidad de los particulares por la realización de actos que infringen la ley. Se busca, por tanto la respuesta de un responsable. En el caso del Estado, también sucede, pues como sabemos en el derecho, el Estado es una persona “jurídica” responsable.
Esto quiere decir, que aunque sea un ente no físico, se le reconoce su actividad aunque sea hecha por funcionarios. Así, se hará exigible la responsabilidad de la Administración Pública siempre que haya daños a los intereses de particulares. Y por supuesto, procederá cuando tales daños (o riesgos) sean antijurídicos, causados e imputables a la Administración.
En este artículo te explicamos sencillamente cuáles son los caracteres, elementos, excepciones, entre otras particularidades.
Encontrarás disposiciones en:
Constitución Española, artículos 106.2 y 121.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Española, se consagra el principio de tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos de los particulares.
El derecho a la indemnización por los daños (lesiones) de los bienes y derechos individualizables, según el artículo 106.2 CE.
La excepción respecto a los casos de fuerza mayor. (Artículo 32.1 Ley 40/2015)
La prescripción de la exigencia de la Responsabilidad de la Administración Pública (artículo 67.1 Ley 39/2015)
Extinción de la Responsabilidad de la Administración se produce con el pago o reparación de los daños producidos de acuerdo al artículo 34 de la Ley 40/2015.
Esta refiere a la obligación de resarcimiento por daños que surge habiendo indistintamente culpa o dolo de un sujeto. Se entiende también como culpa objetiva, en la cual, da lugar a la indemnización por existencia de daños directos
De acuerdo al artículo 36, la responsabilidad de la administración se produce y declarara cuando:
De oficio, para las autoridades y demás personal (funcionarios) en sus servicios.
Han incurrido por dolo o culpa, o negligencia grave, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Se exige la indemnización respectiva a los lesionados.
Sujeto Activo o Actor
Sujetos activos que correspondan a la Administración Pública, la Entidad Pública. Serán los perjudicados y responsables.
Los particulares lesionados en derechos e intereses legítimos, a quienes correspondan indemnización.
Refiere a los elementos constitutivos de Responsabilidad de la Administración (Patrimonial).
De acuerdo a las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 3 de noviembre de 2004 y 19 de octubre de 2001 sobre la base de los artículos 106.2 de la Constitución Española y 32 de la Ley 40/2015, del siguiente modo:
Daño o lesión patrimonial
Refiere al menoscabo material o moral que se hace a un individuo, producido por la contravención de una norma. Es decir, una persona incumple con la ley, repercutiendo en daños patrimoniales de otra y por ello deberá responder.
De acuerdo nuestro Código Civil se toman indiferentemente estos términos. La jurisprudencia en cambio, considera el perjuicio un concepto más amplio.
Según la jurisprudencia, se exige para un daño, que se presente de la siguiente manera:
Desmérito o gasto ocasionado por un acto u omisión de otra persona, la cual a su vez le corresponda indemnizar.
Individualizable, esto es, que circunscriba a una persona o un grupo de personas determinadas.
Imputable a la Administración
Es esencial la titularidad administrativa de la actividad o servicio en que se produjo el daño. También es importante que el daño producido sea antijurídico. Esto, sin importar si se debe a un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Para considerar relevante un riesgo a efectos de generar la responsabilidad de la administración pública este debe ser:
Una entidad cuantitativa y cualitativa, sobre la cual pueda valorarse como de efectos negativos, produciendo el daño en consecuencia.
Refiere a que los efectos de la actividad sean considerados contrarios a derecho, no necesariamente la actividad o servicio. En estos casos se toma en consideración la existencia de un título que otorgue la legitimación para responsabilizar sobre los daños.
En otras palabras, si se tiene un título jurídico legitimador para los efectos (daños), no será considerado contrario a derecho.
Como hemos visto en el artículo sobre ello, para establecer la responsabilidad de un sujeto, es imprescindible tomarla en cuenta. Así, cuando hablamos de responsabilidad de la Administración Pública, es necesario que la actividad realizada coincida con la lesión.
En principio se, como hemos mencionado anteriormente, se exige que los daños sean directos, inmediatos.
Sin embargo, en la jusrisprudencia se han admitido formas de producción de daños: Mediatas, indirectas o concurrentes.
Con ello, se ha incluido la Teoría de causalidad adecuada. Lee más aquí sobre la relación de causalidad
¿Cómo lograr la Responsabilidad Patrimonial de la Administración? Para materializarlo, se necesita iniciar los procedimientos ante el órgano administrativo competente.
Existen procedimientos específicos como daños derivados de la actividad contractual de la administración.
Responsabilidad del Estado Juez por error judicial
Responsabilidad del Estado Legislador. (Jurisprudencia)
Por acción jurisdiccional directa:
Existen algunas excepciones para ir contra las aseguradoras de la Administración por vía de recurso contencioso administrativo a instancia particular. (Contemplada en la Ley de Contrato de Seguro).
Responsabilidad por daño de pluralidad de sujetos.
Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de Administración Pública.
Cuando la falta responde a una responsabilidad penal, siendo aplicables las normas de responsabilidad civil subsidiaria derivada de delito.
Según el Artículo 37.1 de la Ley 40/2015, los procedimientos penales y la solicitud de responsabilidad patrimonial administrativa pueden serlo.
La suspensión de un procedimiento administrativo se presenta cuando sea necesaria la determinación de los hechos penales previamente para fijar la responsabilidad patrimonial.
Exclusión de la Responsabilidad de la Administración Pública
Este caso refiere a aquellos supuestos donde la naturaleza del acontecimiento excede de la diligencia. Es decir, el efecto dañoso se produjo por una situación que resulta humanamente incontrolable.
El caso fortuito: se refiere a los acontecimientos donde no su naturaleza no excede necesariamente de la diligencia para evitarlo.
Así, la causa de exoneración es la producción del daño como producto de un acontecimiento de fuerza mayor. Un evento inevitable, que supera todo intento previsible o precauciones.
Se extingue la responsabilidad de la administración pública cuando transcurra el tiempo según lo estipulado en la ley del instituto.
Según la Ley 39/2015, en el artículo 67.1:
” Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.” .
Y añade que “en los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva”.
Puede interrumpirse el plazo de la prescripción
Por cualquier acto de reconocimiento del derecho
Actos de ejercicio de la acción ante los Tribunales
Por reclamación extrajudicial del acreedor
El efecto de la Interrupción
Se reinicia el cómputo del tiempo a partir de la cesación del fenómeno que lo ha interrumpido.
Extinción de la Responsabilidad de la Administración Pública
Sencillo, así como se extingue cualquier obligación por el pago, reparación de daño o indemnización correspondiente.
La indemnización se sujeta a cálculo según las reglas del artículo 34.
Según la Jurisprudencia, encontramos el principio de Reparación integral. Según este, la indemnización cubre el daño producido, más lo que se ha dejado de percibir debido a aquel. (El lucro cesante). Se hace mención sobre la concurrencia de culpas o duplicidad indemnizatoria, de acuerdo a las cuales, la responsabilidad queda compartida

References: artículo 24
 artículo 106
 artículo 34
 artículo 36
 Artículo 37
 artículo 67
 resolución 
 artículo 34