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Timestamp: 2018-11-16 13:38:40+00:00

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febrero 2012 – Ernesto Cedeño Alvarado
Archive en febrero 2012
CONTRATOS CON IBT GROUP
Medios de comunicación social recogen las denuncias sobre las adendas para la construcción de los nuevos hospitales —cuatro— que construye el Ministerio de Salud (Minsa) en el interior del país, debido a que los contratos originales establecen, que los pagos por la construcción de los hospitales se darían al final de la obra.
A mi juicio las preocupaciones sobre el caso, son válidas y serio el silencio gubernamental en rendirle cuenta al País sobre este aparte, debido a que el derecho no permite lo siguiente:
1. Modificar las condiciones originales de un contrato firmado para favorecer a un oferente. Artículo 37 de la ley 22 de 2006.
2. Permitir un pago por adelantado, no anunciado previamente en el pliego de cargos. Art. 25 numeral 3 de la ley 22 de 2006.
3. Trasladarle al mismo Estado, el pago de un impuesto que debe afrontar el propio oferente. Artículo 63 del Decreto Ejecutivo No. 366 de 2006.
A mi juicio la Contraloría General, por lo pronto, debiera iniciar ya, y de oficio, una auditoria sobre este tema, cuenta habida, de que puede estar afectada, la cosa pública. Ley 32 de 1984.
LAS ADENDAS A LOS CONTRATOS DE LOS HOSPITALES
En días pasados, se publicó en los medios de comunicación social que los contratos para la construcción de cuatro hospitales públicos, fueron modificados por medio de adendas, por el MINSA. Se informaba de igual forma, que de la lectura del pliego de cargos, no se desprendía la posibilidad de concretizar los cambios que a la postre se hicieron.
El caso es delicado y urge que el Ministerio de Salud responda a estos planteamientos, ya que si son veraces las notas periodísticas sobre el caso, que se emitieron a la faz del País; estas adendas ejecutadas, entonces serían contrarias al derecho contractual público, por lo siguiente:
1. La propuesta presentada que ganó, debía incluir el impuesto a pagar y si no lo hizo, se entiende incluida con la oferta el impuesto y corre por cuenta del oferente la falla, sin perjudicar al erario público.
Decreto Ejecutivo 366 (Reglamento de la ley de contratación pública)
Artículo 63: (Impuestos aplicables)
La entidad licitante deberá incluir en los pliegos de cargos o términos de referencia los impuestos que resulten aplicables a la adquisición de bienes, servicios u obras objeto del procedimiento de selección de contratista.
Cuando en un pliego de cargos o términos de referencia se le exija al proponente que incluya en su oferta además del precio, dichos impuestos; y el proponente omita presentarlos dentro de su propuesta, se entenderá que los incluye en el precio ofertado.
Aun cuando la entidad no lo señale en el pliego de cargos o términos de referencia, es obligación del proponente incluir en su oferta todos los impuestos que deban aplicarse de acuerdo a las leyes vigentes en la materia. En el caso de que el proponente omita presentarlos dentro de su propuesta, se entenderá que los incluye en el precio ofertado.
2. Solo se puede modificar un contrato estatal, por el interés público y no para beneficiar al particular.
LEY 22 DE 2006, Sobre Contratación Pública
Artículo 77. Reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés público. Para hacer modificaciones y adiciones al contrato con base en el interés público…
3. La adenda de un contrato público, debe guardar relación con la regla anunciada en el pliego de cargos, pues de lo contrario, gravitaría poca transparencia en una contratación pública, en perjuicio de los otros oferentes que acudieron al acto público celebrado.
Artículo 25. Estructuración del pliego de cargos. La entidad licitante de que se trate elaborará, previo a la celebración del procedimiento de selección de contratista o a la excepción de este, el correspondiente pliego de cargos o términos de referencia, que contendrá:
3. Las reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, a fin de asegurar una escogencia objetiva.
Si este tema no es abordado oportunamente con responsabilidad y si se erogan fondos públicos, productos de las adendas firmadas, (ya sea para el pago de impuestos o para dar adelantos, no contenidos en el pliego de cargos, etc.,) considero que podría emerger, una lesión al patrimonio estatal y los que participaron en la contratación, podrían estar sujetos, a un proceso penal en su contra, hoy o mañana, sin duda.
! Cuentas claras, conservan la amistad ¡
EL RECHAZO DE LA PROPUESTA, EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
La Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, en reciente sentencia del 30 de diciembre de 2011, ratificó sobre la facultad del Estado en rechazar las PROPUESTAS que: “… no debe perderse de vista que esta potestad discrecional de la administración no es absoluta, sino que está limitada por los principios de proporcionalidad, racionalidad o razonabilidad, justicia o equidad, buena fe, igualdad, entre otros.”
Se ha iniciado de oficio, una investigación por presuntas interceptaciones telefónicas acaecidas recientemente en Panamá, sin el aval judicial.
El artículo 29 constitucional panameño es clave para entender parte del ritual necesario, para que se lleven a cabo las mismas.
Artículo 29- La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen o de la retención.
El registro de cartas y demás documentos o papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto de dos vecinos honorables del mismo lugar.
Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial.
El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores.
Según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de agosto de 2007, el desglose del contenido del artículo 29 de la Constitución Política de la República de Panamá, permite entender que el constituyente conceptualizó que la reserva sobre las comunicaciones particulares alcanza a todo tipo de comunicación, por lo que no puede ser limitado exclusivamente a la comunicación por medios postales, telegráficos o telefónicos. Siendo así, la protección que abriga el derecho fundamental incluye cualquier tipo de comunicación, como lo sería en la actualidad aquellas que se auxilian en la telemática o informática, verbigracia correo electrónico; dejando abierta la puerta para incluir, dentro de ese listado, aquellas formas de comunicación que utilicen como soporte los instrumentos, herramientas o medios, que en su momento, suministren los avances científicos y tecnológicos.
Para que se lleven a cabo las interceptaciones o grabaciones de las comunicaciones, se debe contar con la aprobación del Órgano Judicial, sino las mismas, serían ilegales.
¿Cuál es la sanción penal para los que incumplen con este mandato constitucional, al interceptar telecomunicaciones o al utilizar artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público?
Conforme al artículo 167 del código penal, la de una pena de prisión de dos a cuatro años.
¿Quiénes podrían interceptar ilegalmente una comunicación?
Todo el que cuente con aparatos tecnológicos para tal fin. Ejemplo: empresas de comunicaciones, particulares, etc. Otrora, salio en los medios de comunicación de Panamá, una persona que aseveraba que con un equipo de tecnología, que mostraba, y adquirido en el comercio local, interceptaba las comunicaciones en la Procuraduría de la Administración.
¿Puede el gobierno interceptar las comunicaciones?
El gobierno lo podría hacer con el aval judicial y siguiendo el procedimiento constitucional y legal. Si quisiera bloquear en todo o en parte las comunicaciones, podría hacerlo al decretar un estado de urgencia, al tenor de lo que dispone el artículo 55 de la Carta Magna.
Artículo 55- En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la República o parte de ella y suspender temporalmente, de modo parcial o total, los efectos de los artículos 21. 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 47 de la Constitución.
El Estado de urgencia y la suspensión de los efectos de las normas constitucionales citadas serán declarados por el Organo Ejecutivo mediante decreto acordado en Consejo de Gabinete. El Organo Legislativo, por derecho propio o a instancia del Presidente de la República, deberá conocer de la declaratoria del estado referido si el mismo se prolonga por más de diez días y confirmar o revocar, total o parcialmente, las declaraciones adoptadas por el Consejo de Gabinete, relacionadas con el estado de urgencia.
Al cesar la causa que haya motivado la declaratoria del estado de urgencia, el Organo Legislativo, si estuviese reunido, o, si no lo estuviera, el Consejo de Gabinete levantará el estado de urgencia.
Decretado un estado de urgencia, se podría restringir temporalmente, las comunicaciones y los aparatos para su difusión, conforme a una interpretación correcta, del numeral 3 del artículo 13 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que está en rango constitucional, por la prominencia de la doctrina del bloque de la constitucionalidad, que se acopla al derecho a la libertad de expresión en Panamá.
Se deja claro que para interceptar y/o bloquear en todo o en parte las comunicaciones, debe seguirse el procedimiento reglado y anteriormente exteriorizado, para preservar con ello, el estado de derecho en Panamá. No debe violarse la Constitución panameña libremente. Dura es la ley, pero es la ley.
Por. Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno
Tel 201-7607; 66-760909
http://www.ernestocedeno.com
En el año 2014 Panamá tendrá las elecciones generales, para todos los cargos de elección popular. En los próximos días, se ha de debatir en segundo debate, el paquete de reformas electorales, en la Asamblea Nacional de Diputados.
Acto seguido, vierto mis consideraciones al mismo:
Aspectos rescatables
1. Se ajusto en alguna medida, el procedimiento para la libre postulación a los cargos presidenciales.
2. El Tribunal Electoral conforme al artículo 43 del proyecto de ley aprobado, quedaría obligado a promover y a reglamentar dos debates presidenciales televisados en cadena nacional, el primero dentro de los quince días siguientes al cierre de las postulaciones, y el segundo quince días antes de las elecciones, los cuales se transmitirían, sin costo alguno por parte de los medios.
3. Se introduce el concepto del Voto Adelantado para amparar: el voto de los panameños desde el exterior, el de los privados de libertad, el de los miembros de la Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos, Sistema Nacional de Protección Civil y los discapacitados, ya que por el giro de sus funciones se han visto limitados para el ejercicio del sufragio.
4. Se incluye a los tesoreros municipales, entre aquellos que deben renunciar a sus cargos, siempre y cuando opten por un cargo dentro del mismo distrito en donde ejercen funciones.
5. El Tribunal Electoral tendría la obligación de ejecutar programas de educación cívica electoral, dirigidos al sistema educativo, en coordinación con las respectivas autoridades, y a la sociedad en general, con el objetivo de promover los valores democráticos.
6. Se reconoce el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, al Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos y al Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, como organismos de consulta permanente ante el Tribunal Electoral.
7. Se prohíbe la campaña sucia, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad humana, incurra en el uso de diatribas, irrespeto, calumnia, injuria o promueva la violencia o atente contra la Constitución Política y las leyes.
Aspectos censurables
1. No se consagra la filosofía de cada votante un voto, ya que se permite el voto a la lista del partido que puede tener varios candidatos.
2. Se aprobó la segunda vuelta electoral, en primer debate, sin haber pasado primero el tema, por el estudio de la Comisión de Reformas Electorales. Con esto la Junta Nacional de Escrutinio proclamará como Presidente y Vicepresidente de la República, a los candidatos que aparezcan en las boletas de votación que obtengan el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos. En caso de que dos o más partidos postulen a los mismos candidatos, se sumará el total de votos obtenidos por los respectivos partidos. En caso que ninguna de las candidaturas a Presidente y Vicepresidente de la República, obtuviese más del cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos, se realizará una segunda votación, el quinto domingo posterior a la primera elección entre las dos candidaturas que hubieran obtenido el mayor número de votos válidos.
3. Mantuvo el porcentaje del 4% de los votos emitidos para sobrevivir un partido político, en vez del 2% sugerido por la Comisión Revisora del código electoral.
4. Sólo podrán ser firmantes o adherentes, según el caso, a las candidaturas de libre postulación para Presidente y Vicepresidente de la República, cualquier elector que no esté inscrito en partido político existente o en formación.
5. Cuando en un circuito plurinominal, una lista tenga derecho a una o más curules de Diputados, se declararán electos los candidatos en el orden en que aparezcan en la boleta de votación. Para esos efectos, en dicha boleta se colocarán los nombres de los candidatos, en el orden en que hayan sido postulados.
6. Se eliminó la sección del financiamiento privado que tenia el proyecto de reforma, que ponía un tope al financiamiento privado y permitía la fiscalización ciudadana a los fondos dados.
7. La inscripción de los adherentes a las candidaturas por libre postulación, se hará solamente en puestos estacionarios.
8. Se le impone al candidato que pretenda ejercer la libre postulación para Diputado, Alcalde, Concejal y Representante, la obligación de obtener en el circuito, distrito o corregimiento, según corresponda, un mínimo de uno por ciento de adherentes a la candidatura, conforme al total de votos válidos emitidos en la última elección, según el cargo al que se aspira.
EL ASILO POLÍTICO DE CARLOS PÉREZ BARRIGA
Con el Decreto Ejecutivo No. 56 el Estado panameño otorgó asilo diplomático para el director del diario ecuatoriano EL UNIVERSO.
El asilo se sustenta en la CONVENCION SOBRE ASILO DIPLOMATICO que le permite a todo Estado conceder asilo en caso de urgencia. La norma establece que se entienden como casos de urgencia, y reza que son; entre otros, aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades, o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad.
Huelga decir que el Estado panameño consideró, y avalo yo su tesis, que CARLOS PÉREZ BARRIGA cumplía con los requisitos para recibir el asilo. El dar asilo es una potestad absoluta del Estado asilante.
¿Qué debe hacer el gobierno ecuatoriano, como Estado territorial del asilado?
Esta obligado a dar el salvoconducto.
Artículo XII de la Convención.
¿Qué debe hacer el Estado panameño ante los desaciertos emitidos por el representante del Estado ecuatoriano?
Debiera estar obligado por un lado, a emitirle una carta al Estado ecuatoriano, en donde le aclare que otorgó el asilo en base a su potestad soberana, de acuerdo con la Convención de marras y por el otro, en base al Artículo 17 de la Constitución panameña, y para defender la HONRA de los periodistas, (que forman parte de la prensa en nuestro País), como nacionales panameños, a objetar los epítetos peyorativos, emitidos en contra de los periodistas (prensa), por parte del Presidente de Ecuador; máxime, que el agravio se emitió en base a una interpretación, a mi juicio, errónea, que el le dio a un discurso presidencial del Presidente de Panamá.
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26976/36979.pdf
Contrataciones directas en Carnaval de la City, error jurídico
Medios impresos han destacado la proliferación, de contrataciones directas, que ha hecho el gobierno, por los efectos del carnaval de la ciudad capital.
Aunque la contratación directa de los artistas pudiera tener justificación cuenta habida, que en las profesiones liberales, es el profesional el que tasa su valor, para las demás actividades no pareciera gravitar justificación idónea, al menos recogida, en las notas periodísticas y es más, el argumento gubernamental que se profirió, es erróneo.
“Desde el Gobierno dicen que todos los actos públicos fueron directos, porque el Carnaval no puede esperar en caso de que empresas molestas con el acto presenten impugnaciones.
El jefe de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Salomón Shamah, indicó que los contratos directos realizados se pueden justificar. “En la contratación de artistas no se pueden realizar acto público, y tampoco podemos estar esperando mientras las empresas impugnan”, añadió. “ Diario La Prensa
La ley 22 de 2006 no permite que se suspendan los efectos de una adjudicación dada por el sólo hecho de haberse impugnada la misma, ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, debido a que las impugnaciones se conceden en el efecto DEVOLUTIVO Y NO EN EL SUSPENSIVO. En tal sentido, perfectamente, su pudo haber honrado el procedimiento, haber adjudicado y luego contratado, en acatamiento del Principio de Licitación Pública, recogido en el Artículo 266 Constitucional.
Artículo 130. Recurso de Impugnación.
Dicho recurso deberá ser interpuesto en un plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la notificación de la resolución objeto de la impugnación, y se surtirá en el efecto devolutivo.
La falta de conocimiento en la normativa contractual pudiera dar al traste con la transparencia de las compras en el Estado y esto no es conveniente para un País con un buen grado de crecimiento económico. Ojalá se hagan los reparos correspondientes en el futuro, para fortalecer el manejo de la contratación pública.
CAMINO A LAS REFORMAS DEL CÓDIGO ELECTORAL.
En los próximos días se retomará el tema de la discusión a las reformas al código electoral, no obstante, su estudio y discusión, debe sujetarse al tenor constitucional, para que no sucumban ante las demandas de inconstitucionalidad que se pudieran interponer, ante el PLENO de la Corte Suprema de Justicia.
Puntos inconstitucionales, según mi parecer, de los temas electorales bajo debate:
1. La PARIDAD. El principio de paridad obliga a que en todas las postulaciones se postulen, cincuenta por ciento mujeres y otro tanto hombres, del total de cargos a elegir; esto no tiene sustento constitucional y riñe con la libertad que tiene el elector para escoger a quien desee. La Filosofía de la paridad es buena, y la apoyo; pero no debe establecerse en el código electoral, sin que se incorpore en la Constitución patria primero. Art. 135 de la Carta Magna.
2. Que sólo podrán ser firmantes o adherentes, según el caso, a las candidaturas de libre postulación para Presidente y Vicepresidente de la República, cualquier elector que no esté inscrito en partido político existente o en formación. No obstante, para los otros puestos de elección, no existe esta limitación, esto establece un privilegio para unos, sin embargo, desventaja para otros. Art. 19 de la Carta Magna.
3. Cuando en un circuito plurinominal, una lista tenga derecho a una o más curules de Diputados, se declararán electos los candidatos en el orden en que aparezcan en la boleta de votación. Para esos efectos, en dicha boleta se colocarán los nombres de los candidatos, en el orden en que hayan sido postulados. Esto es inconstitucional ya que el elector no puede elegir directamente al candidato de su agrado. Vota por la lista del partido. Art. 135 de la Carta Magna.
4. Se aprobó la segunda vuelta electoral, en primer debate, con esto la Junta Nacional de Escrutinio proclamará como Presidente y Vicepresidente de la República, a los candidatos que aparezcan en las boletas de votación que obtengan el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos. En caso de que dos o más partidos postulen a los mismos candidatos, se sumará el total de votos obtenidos por los respectivos partidos. En caso que ninguna de las candidaturas a Presidente y Vicepresidente de la República, obtuviese más del cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos, se realizará una segunda votación, el quinto domingo posterior a la primera elección entre las dos candidaturas que hubieran obtenido el mayor número de votos válidos. Esto no tiene correspondencia con la historia electoral constitucional de Panamá, y no está recogido en la Constitución Nacional.
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ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE EL FALLO QUE DECLARO INCONSTITUCIONAL NUESTRA SALIDA DEL PARLACEN
Con la sentencia del 2 de febrero de 2012, el PLENO de la Corte Suprema declaro inconstitucional la Ley 78 de 2009, que deroga las leyes que aprueban los instrumentos internacionales relativos al PARLACEN.
La Corte dictaminó:
1. Que los tratados tiene fuerza superior a las otras leyes, toda vez que no pueden de ninguna manera ser desconocidos ni tampoco derogados por leyes posteriores.
2. El retiro o denuncia de un tratado, es un tema que se relaciona con la administración y aplicación del tratado, asunto sobre el cual no existe norma específica que le confiere al legislativo la posibilidad de intervenir.
3. La Corte valoró para fallar la inconstitucionalidad, la importancia del preámbulo de la Constitución, que promueve literalmente, la integración regional.
4. Que Panamá al adherirse al Tratado del PARLACEN, lo hizo sin haber tenido la posibilidad de establecer una reserva que le permitiera denunciar el Tratado. La falta de esta posibilidad, es lo que ha llevado ante la Corte, una situación juridica de repercusiones internacionales.
5. Las únicas formas de denunciar y salirse del PARLACEN se contrae a: Conseguir el beneplácito del resto de los Estados Partes o la de presentar propuestas de reformas, antes los Estados Contratantes, incorporando cláusulas de denuncia o retiro al tratado del PARLACEN.
6. El legislativo no cometió abuso de autoridad, al emitir la Ley 78 de 2009, ya que de lo que se trató fue de un erróneo ejercicio de una facultad que se considera incluida dentro del marco constitucional.
LABOR DE LA CORTE SUPREMA, EN MATERIA ELECTORAL
Gravita en Panamá la idea, que el único ente idóneo para interpretar la ley electoral, es el Tribunal Electoral en Panamá. En primera instancia es así, empero, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, le es dable juzgar, ante demanda que se le pudiera presentar, si esa interpretación emitida por el Tribunal Electoral, se haya compadecido con los lineamientos, de la Carta Magna y si es el caso, revocar las decisiones electorales promulgadas. Esto lo posibilita el Artículo 143, final, de la Constitución.
¿Que efectos tienen las sentencias emitidas por la Corte, hacia el futuro, en adelante o con efectos retroactivos?
Para casos generales, las sentencias tendrán efectos hacia el futuro, pero para casos de asuntos subjetivos, podrían tener efectos retroactivos.
Explico que para la mayoría de los casos demandados, se ha de aplicar la norma, ut supra (antes citada) sin embargo, la Corte Suprema ha posibilitado en Interpretación Constitucional, que para los casos en donde se estén violando derechos personales, los efectos podrían ser retroactivos.
Sentencia de 3 de agosto de 1990.
“Si se emite que un acto jurisdiccional pueda ser demandado como inconstitucional, es obvio que puede ser declarado inconstitucional.
Sostener que la decisión de la Corte en estos casos no produce efectos retroactivos y que sólo produce efectos hacia el futuro, traería como consecuencia que la declaratoria de inconstitucionalidad sea totalmente intranscendente, inocua…”
Sentencia de 6 de diciembre de 1999.
“El artículo 2564 (hoy 2573) del Código Judicial establece, como regla general, que las sentencias en materia de inconstitucionalidad sólo tendrán efectos hacia el futuro (constitutivos). No obstante, en vía de excepción, la magistratura constitucional puede dotarla de efectos retrospectivos o ex tunc (declarativos) cuando exista una afectación actual de derechos subjetivos.”
Afirmo que, me preocupa que por falta de conocimiento jurisprudencial, se este debilitando la institucionalidad de un Órgano del Estado, como es el Órgano Judicial, ya que esto podría sentar las bases para seguir, deteriorando, sin querer, a otros Órganos pre-existentes, y esto sería cruel para el fortalecimiento de la democracia en Panamá.

References: Artículo 37
 Artículo 63

Artículo 63

Artículo 77

Artículo 25
 artículo 29

Artículo 29
 artículo 29
 artículo 167
 artículo 55

Artículo 55
 artículo 13
 artículo 43
 Artículo 17
 Artículo 266

Artículo 130
 resolución 
 Artículo 143
 artículo 2564