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Timestamp: 2018-08-17 16:41:47+00:00

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En toda sucesión la liquidación de sociedades interviene la Administración Tributaria
La Administración Tributaria, como ente generador de los recursos del estado, está en la obligación de intervenir en todos los procesos de liquidación y terminación de la responsabilidad de un contribuyente.
Cuando se liquida una sucesión por muerte del contribuyente, pueden quedar obligaciones a su cargo que deben dejarse cubiertas por los responsables de la liquidación de la sucesión. Pero todas las entidades ya sean notarias, bancos y demás, deben informar a la Administración sobre los hechos que acontecen para que la misma entidad dé luz verde al proceso, de esta manera se hará la expedición de paz y salvos y se podrán realizar los trámites de liquidación de la sucesión y el RUT del causante.
Dependiendo del tipo de sociedad, y según los procesos que estas pasen, las entidades involucradas tienen la obligación de comunicarle a la Administración sobre lo que está sucediendo. A esto se le conoce como “Procesos de cobro civil por deudas de una empresa y/o concurso de acreedores o liquidación”.
Como anteriormente se mencionaba, las entidades intervenidas como los juzgados, notarías o superintendencias, deberán enviar a la división de cobranzas la información del proceso que se adelanta en nombre de la empresa al recibir los procesos para que la Administración se haga responsable del proceso como primer beneficiario y como derecho.
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En consecuencia, la Administración deberá intervenir los casos correspondientes de acuerdo como lo aseguran los siguientes artículos:
TITULO IX. INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Los funcionarios ante quienes se adelanten o tramiten sucesiones, cuando la cuantía de los bienes sea superior a 700 UVT deberán informar previamente a la partición el nombre del causante y el avalúo o valor de los bienes.
Modificado por el artículo 103 de la ley 6 de 1992.
En los trámites concordatarios obligatorios y potestativos, el funcionario competente para adelantarlos deberá notificar de inmediato, por correo certificado, al Jefe de la División de Cobranzas de la Administración ante la cual sea contribuyente el concursado, el auto que abre el trámite, anexando la relación prevista en el numeral 5 del artículo 4o del Decreto 350 de 1989, con el fin de que ésta se haga parte, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24 y 27 inciso 5o del Decreto 350 ibídem.
La no observancia de las notificaciones de que tratan los incisos 1 y 2 de este artículo generará la nulidad de la actuación que dependa de la providencia cuya notificación se omitió, salvo que la Administración de Impuestos haya actuado sin proponer.
El representante de la Administración Tributaria intervendrá en las deliberaciones o asambleas de acreedores concordatarios, para garantizar el pago de las acreencias originadas por los diferentes conceptos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Par. La intervención de la Administración Tributaria en el concordato preventivo, potestativo u obligatorio, se regirá por las disposiciones contenidas en el Decreto 350 de 1989, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo.
En los procesos de concurso de acreedores, de quiebra, de intervención, de liquidación judicial o administrativa, el Juez o funcionario informará dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud o al acto que inicie el proceso, a la oficina de cobranzas de la Administración del lugar que le corresponda, con el fin de que ésta se haga parte en el proceso y haga valer las deudas fiscales de plazo vencido, y las que surjan hasta el momento de la liquidación o terminación del respectivo proceso. Para este efecto, los jueces o funcionarios deberán respetar la prelación de los créditos fiscales señalada en la ley, al proceder a la cancelación de los pasivos.
Cuando una sociedad comercial o civil entre en cualquiera de las causales de disolución contempladas en la ley, distintas a la declaratoria de quiebra o concurso de acreedores, deberá darle aviso, por medio de su representante legal, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que haya ocurrido el hecho que produjo la causal de disolución, a la oficina de cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales ante la cual sea contribuyente, responsable o agente retenedor, con el fin de que ésta le comunique sobre las deudas fiscales de plazo vencido a cargo de la sociedad.
Par. Los representantes legales que omitan dar el aviso oportuno a la Administración y los liquidadores que desconozcan la prelación de los créditos fiscales, serán solidariamente responsables por las deudas insolutas que sean determinadas por la Administración, sin perjuicio de la señalada en el artículo 794, entre los socios y accionistas y la sociedad.
Art. 848. Personería del funcionario de cobranzas.
Para la intervención de la Administración en los casos señalados en los artículos anteriores, será suficiente que los funcionarios acrediten su personería mediante la exhibición del Auto Comisorio proferido por el superior respectivo.
La intervención de la Administración en los procesos de sucesión, quiebra, concurso de acreedores y liquidaciones, se hará sin perjuicio de la acción de cobro coactivo administrativo.
Art. 849-1. Irregularidades en el procedimiento. Adicionado por el artículo 79 de la ley 6 de 1992.
Las irregularidades procesales que se presenten en el procedimiento administrativo de cobro deberán subsanarse en cualquier tiempo, de plano, antes de que se profiera la actuación que aprueba el remate de los bienes.
Art. 849-2. Provisión para el pago de impuestos. Adicionado por el artículo 96 de la ley 6 de 1992.
En los procesos de sucesión, concordatarios, concurso de acreedores, quiebra, intervención, liquidación voluntaria, judicial o administrativa, en los cuales intervenga la Administración de Impuestos, deberán efectuarse las reservas correspondientes constituyendo el respectivo depósito o garantía, en el caso de existir algún proceso de determinación o discusión en trámite.
Art. 849-3. Clasificación de la cartera morosa. Adicionado por el artículo 101 de la ley 6 de 1992.
Con el objeto de garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, el Comité de Coordinación de la Unidad Administrativa Especial Dirección General de Impuestos Nacionales, podrá clasificar la cartera pendiente de cobro en prioritaria y no prioritaria teniendo en cuenta criterios tales como cuantía de la obligación, solvencia de los contribuyentes, períodos gravables y antigüedad de la deuda.
Art. 849-4. Reserva del expediente en la etapa de cobro. Adicionado por el artículo 102 de la ley 6 de 1992.
Los expedientes de las Oficinas de Cobranzas sólo podrán ser examinados por el contribuyente o su apoderado legalmente constituido, o abogados autorizados mediante memorial presentado personalmente por el contribuyente.
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Las redes sociales y plataformas como Facebook no han sido incluidas expresamente dentro de las formas indebidas de cobranza que ha identificado la Superintendencia Financiera.

References: artículo 103
 artículo 4
 artículo 794
 artículo 79
 artículo 96
 artículo 101
 artículo 102