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Timestamp: 2019-10-21 18:01:38+00:00

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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 283, de 27/09/1994
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 283 JUSTICIA E INTERIOR PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ Sesión núm. 33 celebrada el martes, 27 de septiembre de 1994
ORDEN DEL DIA Ratificación de la Ponencia encargada de informar la proposición de ley de autorización del matrimonio civil por los Alcaldes. (BOCG serie B, número 38-1, de 29-10-93. Número de expediente 122/000029) (Página 8302) Proposiciones no de ley: --Relativa a la revisión del Plan de amortización y creación de centros penitenciarios en relación al proyecto de construcción de una macrocárcel en Zuera (Zaragoza). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 112, de 17-6-94. Número de expediente 161/000236) (Página 8302) --Por la que se insta al Ministerio de Justicia e Interior a que reconsidere el tipo y emplazamiento del establecimiento penitenciario de Zuera y lo sustituya por otros, a construir en Huesca y Zaragoza.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 130, de 12-9-94. Número de expediente 161/000273) (Página 8302) --Por la que se insta al Gobierno a la modificación del Real Decreto 1119/1986, de desarrollo de la Ley de extranjería. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 130, de 12-9-94.
Número de expediente 161/000259) (Página 8308)
--Relativa a la declaración de zona catastrófica para las comarcas españolas productoras de frutas tropicales afectadas por las olas de calor. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 130, de 12-9-94. Número de expediente 161/000261) (Página 8312) --Para la construcción de una nueva Comisaría de Policía en Playa de las Américas (Tenerife). Presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. (BOCG serie D, número 126, de 26-7-94. Número de expediente 161/000257) (Página 8314)
--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA PROPOSICION DE LEY DE AUTORIZACION DEL MATRIMONIO CIVIL POR LOS ALCALDES. (Número de expediente 122/000029.)
El primer punto del orden del día de la sesión de hoy es la ratificación de la Ponencia designada para informar la proposición de ley de autorización del matrimonio civil por los alcaldes. Los ponentes son: señor Antich i Balada, Jaume; señora Figueras, doña Carmen; señor Peñarrubia Agius, don José Joaquín; señora Fernández González, doña Mercedes; señor López Garrido, don Diego; señor Nadal i Male, don Joaquín Miguel; señor Olabarría Muñoz, don Emilio; señor Olarte Cullén, don Lorenzo, y señor Albistur Marín, don Xabier.
--RELATIVA A LA REVISION DEL PLAN DE AMORTIZACION Y CREACION DE CENTROS PENITENCIARIOS EN RELACION AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA MACROCARCEL EN ZUERA (ZARAGOZA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000236.)
--POR LA QUE SE INSTA AL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR A QUE RECONSIDERE EL TIPO Y EMPLAZAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ZUERA Y LO SUSTITUYA POR OTROS, A CONSTRUIR EN HUESCA Y ZARAGOZA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000273.)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día.
Debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley. Señorías, atendida la solicitud de algunos portavoces, la Mesa ha decidido acumular, en primer lugar, el debate de las proposiciones número 2 y 6; en segundo lugar, debatiremos la proposición número 5; en tercer lugar, la proposición que aparece con el número 4 en el orden del día de la sesión de hoy; y, por último, la proposición que aparece con el número 3.
Proposición no de ley relativa a la revisión del plan de amortización y creación de centros penitenciarios en relación al proyecto de construcción de una macrocárcel en Zuera. Y proposición no de ley por la que se insta al Ministerio de Justicia e Interior a que reconsidere el tipo y el emplazamiento del establecimiento penitenciario de Zuera y lo sustituya por otros a construir en Huesca y Zaragoza.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Rudi, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora RUDI UBEDA: El texto de la proposición no de ley que trae mi Grupo esta mañana a debatir en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso responde al ánimo que hay entre los vecinos de la zona limítrofe entre Zaragoza y Huesca y también porque es un texto de proposición no de ley más amplio que otro que, a iniciativa de mi Grupo, fue debatido en esta Cámara el pasado mes de abril.
Es conocido por SS. SS. que el plan de amortización y creación de centros penitenciarios aprobado por el Gobierno en julio de 1991 preveía la amortización de centros inadecuados y obsoletos, así como la construcción de 18 nuevos establecimientos, entre ellos un centro en el área territorial de Huesca y Zaragoza con una capacidad aproximada para 950 internos.
Hay que decir que, a las alturas de 1994 en que estamos, ése es un plan que se ha dejado aparcado y, según nuestras noticias, la única macrocárcel --como se ha venido a denominar-- que el Ministerio tiene en este momento pensado construir, y para lo que ya ha iniciado los trámites de publicación de licitación de las obras en el Boletín Oficial del Estado, es la de Zuera.
Hay que decir a este respecto que las macrocárceles no se ajustan al espíritu de la Ley Orgánica General Penitenciaria, la cual en su artículo 2.º recoge que los establecimientos penitenciarios no deberán acoger a más de 350 internos por unidad. El espíritu de esta Ley va en consonancia
con lo dispuesto en la normativa europea. Así podemos decir que el apartado 63.3 de las Reglas Mínimas, aprobadas en Ginebra en 1955, estima que el número idóneo de reclusos no debe pasar de 500 en establecimientos ordinarios y el número deberá ser lo más reducido posible en los establecimientos abiertos. A mayor abundamiento, y como ejemplo, podemos hablar también del sistema sueco, modelo del cual las sucesivas legislaciones de otros países europeos toman ejemplo, que prevé que en los centros locales el número máximo de reclusos sea de 40 y en los centros nacionales alcance 210. Indudablemente, estas cifras no son caprichosas por cuanto, teniendo en cuenta que en la nueva visión que sobre política penitenciaria existe en los países más adelantados, que consiste en que la privación de libertad no sea solamente un castigo por delitos cometidos sino que permita o facilite la reincorporación a la sociedad...
El señor PRESIDENTE: Señora Rudi, un momento.
La señora RUDI UBEDA: Como decía, señor Presidente, las nuevas ideas sobre política penitenciaria lo que pretenden es que la etapa que los reclusos pasan en prisión sirva para reincorporarlos, para que se puedan insertar otra vez en la sociedad sirviéndoles ese período de readaptación.
Indudablemente, ésta es una situación de difícil cumplimiento en centros en los que el número de reclusos sea demasiado elevado, como es este caso del que estamos hablando sobre las previsiones de la macrocárcel de Zuera.
Está previsto también en la Ley Orgánica Penitenciaria que, en todo caso, se procurará que cada una, y se refería a las comunidades autónomas, cuente con el número suficiente de prisiones para satisfacer las necesidades penitenciarias.
También se pretende evitar el desarraigo de los penados. En cada una de las áreas territoriales deberá existir, al menos, un establecimiento de preventivos por provincia y un establecimiento para el cumplimiento de penas de régimen ordinario y otro para el de jóvenes. Este es el contenido del artículo 9.º2 y 24 del Reglamento Penitenciario. Pues bien, ni en su espíritu ni en las disposiciones que la desarrollan se cumpliría la Ley Orgánica General Penitenciaria si se lleva a efecto la construcción de la macrocárcel de Zuera. Pero hay más, en la Comunidad Autónoma de Aragón, a la que pertenece el término municipal de Zuera, en las cuatro prisiones, según los datos oficiales, en 1991 había unos 1.000 reclusos y el 10 por ciento no era de la comunidad. El tratamiento del penado, insisto en mi argumentación inicial, está previsto llevarlo en centros pequeños. Y también, a mayor abundamiento de nuestras tesis, hay que decir que el tercer grado potenciado en el preámbulo de la Ley Orgánica General Penitenciaria es también incompatible con las macrocárceles, por cuanto no son un marco adecuado para la clasificación de los internos según las necesidades de tratamiento.
Estos criterios, señor Presidente, señorías, no son únicamente los que defiende el Grupo Parlamentario Popular sino que hay un informe sobre el proyecto de ubicación de un centro penitenciario en Zuera, redactado por la Asociación Jueces para la Democracia, sección territorial de Aragón, Asociación a la que, por cierto, el actual Ministro de Justicia e Interior, señor Belloch, ha pertenecido, que dice lo mismo e indica entre otras cosas, que la creación de establecimientos penitenciarios en puntos distantes de las capitales de provincia es obviamente desaconsejable en cuanto a los internos de tercer grado. También dice que no ven cómo un módulo de régimen abierto de un centro penitenciario situado a 35 kilómetros de Zaragoza y Huesca pueda hacer viable lo antedicho.
Asimismo, dice que no se puede olvidar que, aunque se contara con el personal técnico necesario --por otra parte, el previsto también para el tratamiento de los reclusos y para conseguir su arraigo en la sociedad--, la Ley Orgánica General Penitenciaria postula que la reeducación y reinserción social de los penados se ha de conseguir acudiendo al denominado tratamiento penitenciario. Para ello, se dota a cada centro penitenciario de un equipo técnico, equipo de observación y tratamiento, al que se responsabiliza del tratamiento individualizado de cada interno, indicando los métodos y técnicas a aplicar en función de su personalidad, haciendo un seguimiento de su evolución, proponiendo la progresión de grado de clasificación, informando los permisos de salida y, próxima la libertad del penado, emitiendo un informe-pronóstico final sobre los resultados obtenidos con el tratamiento seguido y el probable comportamiento futuro en libertad.
Pues bien, con respecto a todo ello, la Asociación Jueces para la Democracia dice que en un establecimiento ideado para alojar mil internos, integrados en grupos de tratamiento, sería precisa una dotación mínima de diez criminólogos, diez psicólogos, veinte asistentes sociales y veinticinco educadores. Y sigue diciendo el informe de la Asociación Jueces para la Democracia: ni la plantilla actual lo permite ni es previsible, en las presentes circunstancias de crisis económica prolongada, que se remedie el déficit a corto plazo. En los establecimientos de un gran número de internos se acentúan las consecuencias perniciosas del encierro carcelario, la despersonalización del sujeto, la eliminación de la singularidad, la pérdida de la identidad y de la intimidad, las relaciones personales conflictivas, con frecuentes amenazas, humillaciones y extorsiones. Sigo insistiendo, señorías, en que esto son manifestaciones del informe de Jueces para la Democracia.
Termina diciendo este informe que consideran contraindicado al fin resocializador de las penas privativas de libertad un establecimiento con capacidad para 950 internos, y en cualquier caso estiman absolutamente necesario mantener en las capitales de Zaragoza y Huesca un centro para los presos preventivos y para los internos condenados clasificados en tercer grado de tratamiento.
Por todo ello, señorías, señor Presidente, mi Grupo ha planteado una proposición no de ley cuyo texto dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar las previsiones de plan de amortización y creación de centros penitenciarios acerca de la construcción de una cárcel en el área territorial de Huesca y Zaragoza.
Proceder en el plazo de tres meses a realizar los estudios previos necesarios para la implantación de dos nuevos centros, uno en Huesca y otro en Zaragoza, en sustitución de los actuales que, por su antigüedad, se han quedado prácticamente en el centro de las dos capitales.
Realizar un estudio económico sobre el costo de realización de los citados proyectos, así como su impacto económico y social en las zonas afectadas, y consultar con las instancias sociales y políticas implicadas la viabilidad de los citados proyectos.
Debo decir, señorías, que tanto el Ayuntamiento de Huesca como el de Zaragoza, los dos gobernados por mayorías socialistas, tienen terrenos dispuestos a ceder al Ministerio de Justicia para la construcción de dos nuevos centros. Por tanto, no entendemos el empecinamiento del Ministerio en su idea de seguir adelante con la construcción de la macrocárcel de Zuera, cuando, resumiendo, señor Presidente, no se adecua al contenido de la Ley Orgánica Penitenciaria ni, por tanto, a las tesis defendidas en los paí-ses más adelantados, cuando, además, su ubicación ha provocado un rechazo social importante y tiene una solución fácil, como es sustituir, como dice el texto de nuestra proposición no de ley, las dos actuales cárceles, antiguas y en mala situación --tanto por estar en el centro de las capitales como por su situación de deterioro por los años que llevan allí--, por dos nuevos centros en terrenos, insisto, que contarían con la cesión de terrenos de los dos Ayuntamientos de las capitales, tanto Huesca como Zaragoza, gobernados hasta ahora por mayoría socialista.
Por todo lo antedicho, señor Presidente, señorías, pido a los Diputados miembros de esta Comisión el voto favorable al texto de la proposición no de ley defendida.
En este mismo trámite, supongo, señor Presidente, deberé fijar posición con respecto a la de Izquierda Unida. ¿O voy a tener el uso de la palabra después? Lo digo por abreviar el trámite, lo que la Presidencia me indique.
El señor PRESIDENTE: Si acumulamos las dos proposiciones no de ley, entiendo yo, señora Rudi, que parece lógico que se haga la fijación de posiciones de aquellos grupos que no han intervenido al principio para defender alguna de ellas.
Tiene la palabra el señor Martínez, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor MARTINEZ BLASCO: Como se ha recordado, por lo menos en los meses de febrero y abril de este año esta Comisión ya tuvo ocasión de discutir, de debatir e incluso de votar esta cuestión. Nuestra propuesta afecta tanto al tipo, al modelo de macrocárcel, como al emplazamiento. Nosotros también creemos que los grandes centros penitenciarios no permiten la reeducación y la reinserción, lo señalé en su día y lo vuelvo a repetir.
Hemos aprendido que las cosas grandes para el tratamiento de enfermos, drogadictos o enfermos mentales están en estos momentos en franco retroceso, se están haciendo unidades de atención que permiten la reinserción social y la curación con tamaños adecuados. Lo grande no funciona en este tipo de cuestiones educativas ni de reinserción y, por tanto, creemos que es hora de rectificar y de modificar el planteamiento del Gobierno respecto a las macrocárceles.
Como se ha señalado también, el problema del emplazamiento va contra la reinserción. Un gran centro penitenciario que absorba en su interior todos los tipos de penados, alejado de las ciudades, no permite la reinserción, pero quiero señalar dos cuestiones políticas que a mí me parecen fundamentales en estos momentos. Por una parte, el Parlamento de la Comunidad Autónoma, las Cortes de Aragón, en sucesivas resoluciones, ha tomado posición en contra de la instalación de la macrocárcel y, por tanto, desde el punto de vista político, creemos que el Gobierno debería ser sensible a las resoluciones de la Comunidad Autónoma, aun cuando no tenga esta competencia transferida todavía, como alguna comunidad autónoma tiene. Pero es que además los Ayuntamientos de Zaragoza y Huesca han asumido el compromiso de resolver para sus presos --entendiendo que son ciudadanos que necesitan atención--, con la cesión de terrenos, el problema de las instalaciones. Por tanto, no es que nos opongamos sin dar alternativas, sino que las alternativas están en la construcción de centros penitenciarios en las ciudades de Huesca y Zaragoza, para lo que los respectivos Ayuntamientos, como ya se ha señalado, han ofrecido los terrenos.
Pedimos también al resto de los Grupos que aprueben nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Señor Mur, tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Voy a fijar la posición, en nombre del Partido Aragonés, sobre estas dos proposiciones presentadas por el Partido Popular y por el Grupo de Izquierda Unida, y creo que, por seguir con el lenguaje del tema que nos ocupa, ésta es una cuestión reincidente, porque ya ha venido varias veces a esta Comisión, con poco éxito, como demuestra el hecho de que hayamos tenido que volver a insistir en ella. Por no alargar demasiado el debate, yo haré reiteración tácita de todos aquellos argumentos que, en la defensa de la proposición no de ley que presentamos conjuntamente el Partido Popular y este Diputado del Grupo Mixto, se dieron en el mes de abril en esta Comisión. Son los mismos argumentos porque las circunstancias siguen siendo las mismas, nada ha cambiado, pero quizá se ha agravado con el paso del tiempo, porque el expediente que nos ocupa y que tratamos de paralizar en un principio y de cambiar con posterioridad ha seguido avanzando en su tramitación administrativa, y parece ser que estamos ya incluso a las puertas de la adjudicación de las obras para la construcción de esa macrocárcel que tantos problemas nos está planteando en Aragón.
Sintéticamente, creo que ya se ha dicho aquí, tenemos dudas razonables de que ese proyecto cumpla la Ley General Penitenciaria, por muchas razones.
Hay que recordar que ese proyecto nace para solucionar el problema penitenciario y el mal estado de las cárceles de Huesca y Zaragoza, problema relativo, puesto que había otro tipo de solución, como también se ha explicado ya, que sería la
construcción de nuevos centros en las ciudades de Huesca y Zaragoza, para lo cual hay terrenos a disposición. Hay que recordar aquí el fiasco de la operación del Ayuntamiento de Huesca que, a requerimiento del Ministerio de Justicia, compró unos terrenos en los alrededores de la ciudad precisamente para ser cedidos para la construcción de un centro penitenciario y, ahora, como no se van a utilizar, nadie sabe para qué van a servir --yo creo que para nada--, con lo cual se le habrá obligado al Ayuntamiento de Huesca a hacer una inversión que no cumplirá en absoluto la finalidad para la que se había previsto. Pero, como digo, intentando resolver problemas, lo que se ha hecho ha sido crear uno mucho más gordo; porque quizá no son todas SS. SS. conscientes de la oposición que este proyecto ha levantado en la Comunidad aragonesa y, de manera especial, en la comarca donde se ubica. Ha habido oposición de los vecinos, con manifestaciones populares; ha habido oposición de personas muy cualificadas, como el propio Justicia de Aragón, que también hizo un informe contrario a este proyecto, a esta ubicación, a este modelo.
Hemos dicho, y hay que reiterarlo aquí, que ha sido una imposición del Gobierno central, que no ha respetado ni siquiera en los límites de la cortesía las competencias del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón tiene competencias en la ordenación territorial y difícilmente se puede ordenar un territorio cuando, sin consultarle siquiera, le imponen una edificación de esta naturaleza y de estas dimensiones.
Hay una oposición también de las propias Cortes de Aragón, del Parlamento aragonés; hay oposición del Gobierno de Aragón --me refiero al anterior a la moción de censura, éste supongo que, siguiendo los dictados de la sumisión, no habrá dicho absolutamente nada--. (Varios señores Diputados: ¡Qué tonterías dices!) A lo mejor no han sido los dictados de la sumisión y ha sido otro tipo de dictados e intereses, señor Presidente. En cualquier caso, posiblemente luego nos lo aclaren, puesto que parece que no es la sumisión del Gobierno de Aragón, ese que está formado por un presidente socialista con el apoyo de un tránsfuga; a lo mejor es lo que he olvidado decir en esta Comisión y es por lo que los Diputados socialistas me han recriminado, para que no lo olvide.
El señor PRESIDENTE: Señor Mur, le ruego que vuelva a la cuestión.
El señor MUR BERNAD: Vuelvo a la cuestión, señor Presidente, y creo que hay argumentos suficientes como para que esta resolución que hoy se pide aquí por dos grupos parlamentarios sea atendida por esta Comisión, porque de no ser así el daño que se puede causar es irreparable, y tendríamos luego que entrar en la política de los hechos consumados. Cuando se demuestren algunas de las cuestiones que aquí se han dicho, al final se nos llamará a todos los detractores de esta idea al sentido común y al de la racionalidad y se nos dirá: «Hombre, es posible que esto se pudiera haber hecho de otra manera, es posible que no cumpla la Ley General Penitenciaria; es posible que..., pero como ya está hecha la macrocárcel y hemos invertido mucho dinero, ahora hay que aguantarse.» Estamos todavía a tiempo, creo que no será bueno aumentar el clima de crispación que existe por este tema. Hay soluciones, como también se han puesto de manifiesto, y no se nos puede hablar de solidaridad, como lo ha hecho el señor Ministro de Justicia e Interior, aprovechando un viaje festivo este fin de semana a la Comunidad aragonesa, que nos ha dicho que éramos insolidarios. En Aragón estamos empezando a cansarnos ya de la solidaridad negativa, siempre parece que se nos pide la solidaridad para aceptar aquello que otros no quieren.
En definitiva, señor Presidente, señorías, creo que hay argumentos más que suficientes para que esta propuesta que hoy se hace aquí sea tomada en cuenta. Espero que además de argumentos haya votos suficientes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Piquer.
El señor PIQUER JIMENEZ: Intervengo para oponerme en nombre de mi Grupo a ambas proposiciones no de ley y para decir que estamos hablando de la paralización de un centro prácticamente adjudicado y que va a iniciar las obras en breves días.
Quisiera, señor Presidente, en primer lugar, resaltar y agradecer que no se hayan esgrimido razones de inseguridad para la población, ni de alarma social, que entiendo que otros, y no las fuerzas políticas que aquí estamos, sí han hecho. Por tanto, podemos decir hoy a los ciudadanos de Zuera que no hay ningún motivo para la alarma social, más bien lo contrario, porque supone el desarrollo de su comunidad y expectativas de impulso económico y de seguridad ciudadana; que los ciudadanos de Zuera sepan que eso es lo que lleva aparejada la decisión, y no otras razones que agradezco que aquí no se hayan esgrimido, lo que entiendo compartimos todos los miembros de la Cámara.
En segundo lugar, señor Presidente, quiero decir que la conveniencia de dotar de nuevos centros penitenciarios a Aragón ha sido compartida por todas las fuerzas políticas; todos hemos manifestado la necesidad de que las prisiones y los terrenos que ocupan en Zaragoza y Huesca tuviesen otro tratamiento. El problema ha surgido, surge, al señalar dónde y cómo, y cabría preguntarse si lo que hoy se propone aquí es que ese centro sí y, además, otros centros más pequeños.
Entraré ya, señor Presidente, a intentar contestar a los criterios esgrimidos por los ponentes. En primer lugar, al Grupo Parlamentario Popular decirle que el plan de amortización y creación de centros penitenciarios aprobado por el Gobierno en julio de 1991, prevé la construcción de centros penitenciarios con una capacidad de 950 reclusos.
Estos centros no son, como se pretende presentar, una masificación de la población penitenciaria, sino una optimización de costes de construcción y de mantenimiento, tanto en personal de instituciones penitenciarias y de fuerzas de orden público como en costes materiales. La construcción de tres centros diferentes tiene un coste netamente superior al de un sólo centro, aumentando considerablemente el coste unitario por recluso.
El artículo 12.2, señor Presidente, de la Ley Orgánica General Penitenciaria no pretende, como se ha afirmado, que un centro penitenciario tenga un máximo de 350 reclusos, sino que puede haber un entorno de comunicación de más de 350 reclusos, y podría citar aquí las palabras de Carlos García Valdés, inspirador y redactor originario de la Ley Orgánica.
Concretamente, el modelo de construcción del centro penitenciario tipo comprende catorce módulos de 70 reclusos cada uno que están incomunicados entre sí y que tienen su propio edificio, con servicios propios, incluidos aulas y talleres. Esto permite una gran modulación de los reclusos, atendiendo a sus características personales y al tratamiento penitenciario, lo que será mucho más difícil en centros con sólo cuatro o cinco módulos. Con este sistema no se produce más allá de una máxima comunicación de dos módulos en algún momento concreto en servicios comunes.
En consecuencia, señor Presidente, el régimen previsto en el plan se ajusta plenamente a lo previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria.
El rechazo social se ha planteado en las Cortes de Aragón, pero no en el municipio donde se prevé la instalación del centro penitenciario; concretamente, el estudio de asentamiento determinó un posible emplazamiento en el Temple, que fue tratado con los distintos alcaldes de la zona, posteriormente, dada la cercanía de un emplazamiento elegido con la población de Pinar del Saz, se acordó el cambio de ubicación que se produjo finalmente en el paraje de Monte Pilatos, con mayoría absoluta --y quisiera resaltarlo, señor Presidente--, del Pleno del Ayuntamiento de Zuera.
Se ha hablado, señor Presidente, del ofrecimiento de terrenos por parte de otros ayuntamientos. Quisiera decir lo siguiente. El Ayuntamiento de Huesca ofreció un terreno con una extensión de 17 hectáreas que llegó a ofertar como donación a favor del Patrimonio del Estado. No obstante, al tiempo de producirse esa donación se había aprobado el diseño de nuevos centros penitenciarios que requieren una superficie de 30 hectáreas. En consecuencia, la Dirección General de Administración Penitenciaria se dirigió al Ayuntamiento de Huesca agradeciendo su donación y manifestando no poder ubicar el centro penitenciario en los terrenos ofrecidos.
En cuanto al emplazamiento en Zaragoza, no se ha llegado a plasmar, señor Presidente, en un acto concreto y, en todo caso, según parece de las manifestaciones hechas por el representante del Grupo Popular, estaría condicionado a un centro penitenciario de 350 internos. En consecuencia, señor Presidente, lo que supone la proposición no de ley es un aumento de los costes de construcción y de mantenimiento de los centros penitenciarios, una peor modulación del tratamiento de los reclusos al disminuirse el número de módulos, una paralización o cuando menos ralentización de la política de construcción de centros, ya que en cualquier caso implicaría la construcción de triple número de centros, reacondicionando el modelo de centro penitenciario, sin que desaparecieran los problemas urgentes, más bien multiplicándose por tres.
En cuanto a la proposición no de ley de Izquierda Unida, en nuestra opinión, existen algunas contradicciones. Se basa en la fuerte polémica social creada que ha llegado a las Cortes de Aragón, que ha debatido la cuestión y aprobado dos iniciativas que se oponen al proyecto; se añade que se han presentado numerosas alegaciones y que existen serias dudas sobre la utilidad social de la construcción. Estas manifestaciones carecen, en mi opinión, de justificación alguna, y se limitan a establecer una serie de hipótesis sin fundamento alguno, incluso incurriendo en evidentes contradicciones, como es el que, por un lado, se justifique la proposición en las numerosas alegaciones realizadas en el período de exposición pública y, por otra, se aduzca falta de información, además de la contradicción que supone pretender la renovación de los establecimientos existentes en Huesca y Zaragoza y, a su vez, solicitar la paralización de la construcción proyectada.
Se basa también en defectos de forma. Quisiera decir al representante de Izquierda Unida que el plan de amortización y creación de centros penitenciarios aprobado por el Gobierno en julio de 1991 previó la construcción de un centro penitenciario ya para el área territorial de Huesca y Zaragoza. El 15 de enero de 1992, la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios seleccionó entre los posibles asentamientos estudiados uno próximo a la localidad del Temple.
El 5 de febrero de 1992 se mantuvo una reunión en la Delegación de Gobierno a la que asistieron los distintos alcaldes del Bajo Gállego. El Pleno del Ayuntamiento de Zuera, del 11 de febrero de 1992, acordó por mayoría absoluta solicitar un cambio en la ubicación. Posteriormente, se estudió una nueva alternativa, que se consideró más idónea que el asentamiento inicialmente seleccionado por cuanto que estaba situado en la zona más elevada y a su vez separada de los núcleos urbanos.
A lo largo de este proceso, señor Presidente, señorías, se han estudiado posibles fórmulas de adquisición de los terrenos del municipio, si bien, dada la titularidad jurídica y la legislación de régimen local, se ha optado, como fórmula más idónea, por acudir a la expropiación, y el procedimiento expropiatorio ha sido iniciado mediante resolución motivada de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios con fecha 27 de septiembre de 1993.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 29 de diciembre de 1993, reconoció la utilidad pública. Por resolución de 12 de enero de 1994 la Delegación del Gobierno cumplimentó la dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Por todo ello, señor Presidente, entiendo que se han respetado todos los procedimientos de forma y resulta evidente que los supuestos justificativos de la proposición carecen de todo fundamento.
Querría terminar, señor Presidente, con una alusión que aquí se ha hecho a la sumisión y a posibles gobiernos que no puedo dejar de contestar, más que nada por ilustrar a SS. SS. y porque conozcan la realidad.
El Gobierno que hay en este momento en la Comunidad Autónoma es el Gobierno que obtuvo la mayoría del pueblo de Aragón, además, con el apoyo de los representantes
populares que sumaban 10.000 votos más que el Gobierno que, en mi opinión, ilegítimamente gobernaba en Aragón. Además con otra particularidad al hablar de sumisión: tendríamos que valorar que la persona que se presentó como candidato ni siquiera fue después presidente, pues, al parecer, la sumisión suponía poner a quien era segundo. (El señor Padilla Carballada: Está fuera de la cuestión.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Piquer, vuelva a la cuestión.
El señor PIQUER JIMENEZ: Sí, señor Presidente. Por tanto, señor Presidente, sólo quiero aclarar que no es sumisión sino el interés general, el interés del pueblo de España y el interés del pueblo de Aragón. (La señora Rudi Ubeda pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muy breve, durante un minuto, señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Intervengo solamente para decir al representante socialista que no intente dar a la Comisión una información sesgada de la realidad. El centro no está a punto de construirse, como ha dicho. Lo único que hay en estos momentos es el acuerdo del Consejo de Ministros publicado en el BOE. Pero lo que sí es cierto --por no alargarme, señor Presidente-- es que todavía no se ha realizado el correspondiente y exigido informe sobre el impacto medioambiental, ni tan siquiera, todavía, el Ministerio de Justicia e Interior ha solicitado a la Comunidad de Regantes del Alto Aragón, que es quien tiene que autorizar el uso de las aguas, esta autorización. El Ministerio de Justicia e Interior lo que ha hecho ha sido solicitarla a la Confederación Hidrográfica del Ebro, porque sabe que la Comunidad de Regantes del Alto Aragón y el Sindicato de Regantes no lo van a autorizar. Comento estos dos aspectos simplemente a título de ejemplo para invalidar los argumentos dados por el señor Piquer.
De todos los argumentos del señor Piquer solamente hay uno válido y es cuando dice que, efectivamente, construir dos nuevas cárceles supondría un aumento de costes. Efectivamente, señor Piquer. El único criterio que está manteniendo al Ministerio de Justicia e Interior a llevar adelante este proyecto, en contra de toda la normativa aprobada en esta Cámara, como es la Ley Orgánica General Penitenciaria, y en contra del espíritu de todos los países adelantados, es precisamente el ahorro economicista.
Quizá, para la política penitenciaria de los socialistas, señor Piquer, pese más el coste de las obras de la cárcel que el que se pueda cumplir la regeneración de los penados y que se den las condiciones adecuadas.
Con respecto a otras cuestiones que se han dicho de defender el interés de España, el interés de la Comunidad de Aragón, son frases grandilocuentes, señor Piquer. Yo creo que todos los Diputados que estamos en esta Cámara hemos jurado acatar la Constitución y eso conlleva defender los intereses de España, pero debo recordarle con respecto a los intereses de Aragón que si las Cortes de Aragón, como usted bien sabe, representan la voluntad popular de los aragoneses, esas Cortes se han manifestado en contra de la macrocárcel de Zuera. Quizá para el señor Piquer los intereses de Aragón se confundan con los intereses de los socialistas en Aragón.
El señor PRESIDENTE: El señor Martínez tiene la palabra.
El señor MARTINEZ BLASCO: Muy brevemente. Tal vez porque el señor Piquer traía la contestación redactada, me ha atribuido tres argumentos --la contestación social, la falta de información y los defectos de forma-- que son términos que no he utilizado en absoluto y al «Diario de Sesiones» me remito. Además, falta a la verdad, como se acaba de señalar.
Las obras no sólo no han comenzado sino que la semana pasada estuve en la Sociedad Estatal de Infraestructura y Equipamiento Penitenciario para ver el proyecto y me dijeron que todavía no estaba redactado el proyecto de implantación. Por tanto, no han comenzado siquiera los trámites de licitación puesto que el proyecto no está como tal aprobado.
Yo sólo me he referido a dos argumentos: el de la adecuación del modelo a la reinserción y el del respeto a la voluntad del Parlamento aragonés.
Creo que es una cuestión a tener en cuenta, aunque no tengamos competencias como, por ejemplo, tiene Cataluña, pero Aragón ha expresado su opinión y este Congreso de los Diputados debería mantenerse en la línea de respeto de la voluntad de los aragoneses.
El señor PRESIDENTE: El señor Piquer tiene la palabra.
El señor PIQUER JIMENEZ: Señor Presidente, intervengo para dejar constancia de que no se han esgrimido aquí razones de inseguridad para la población ni otras razones de tipo económico. Por tanto, quiero agradecer que eso haya sido así y el poder decir hoy a los habitantes de Zuera que no existen razones que amenacen ni su seguridad ciudadana ni su desarrollo económico.
Entre otras razones que se han esgrimido se encuentra la competencia o no de las Cortes de Aragón para tomar una decisión. He de decir, señor Presidente, que, de acuerdo con la legislación, la competencia corresponde al Gobierno de España y, desde el punto de vista de la autonomía municipal, ha sido el Ayuntamiento de Zuera, por mayoría absoluta, quien ha tomado las principales decisiones. Por tanto, señor Presidente, se han cumplido todos y cada uno de los trámites.
En cuanto a los argumentos que yo he esgrimido aquí, están conformes con el informe y con la propuesta que se ha presentado por los dos grupos parlamentarios.
Nada más, señor Presidente. (El señor Pérez Mariño pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Mariño, tiene la palabra.
El señor PEREZ MARIÑO: A efectos de votaciones, el señor Cremades sustituye al señor Navarrete. (El señor Baón pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Baón tiene la palabra.
El señor BAON RAMIREZ: A efectos de votación, señor Presidente, el señor Guerra sustituye a don Federico Trillo y el señor Senao al señor Alvarez-Cascos. (El señor Camp pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Camp, tiene la palabra.
El señor CAMP I BATALLA: A efectos también de votación, el señor Cardona sustituye al señor Casas. (El señor López Garrido pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: En nuestro Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Vázquez sustituye al señor Romero y el señor Martínez a la señora Aguilar. (El señor Mur pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Mur, tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: También a efectos de votación, en el Grupo Mixto sustituyo al titular de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación separada. Recuerdo que los miembros de Comisión o sustitutos en su caso por grupos son los siguientes: El Grupo Socialista, 17; el Grupo Popular, 14; el Grupo de Izquierda Unida, tres; el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tres; el Grupo Vasco (PNV), uno, y el Grupo Mixto, uno.
Procedemos, por lo tanto, a la votación de la primera proposición de ley cuyo autor es el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley relativa a la revisión del Plan de amortización y creación de centros penitenciarios en relación al proyecto de construcción de una macrocárcel en Zuera (Zaragoza).
Procedemos a la votación de la siguiente proposición no de ley, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1119/1986, DE DESARROLLO DE LA LEY DE EXTRANJERIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000259.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, recuerdo a los portavoces de los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Socialista, que ahora vamos a proceder al debate de la proposición no de ley que figura con el número 4 en el orden del día de la sesión de hoy.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la modificación del Real Decreto 1119/1986, de desarrollo de la Ley de Extranjería.
El Grupo Parlamentario autor de la iniciativa es el Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor LOPEZ GARRIDO: La proposición no de ley que hemos presentado y que defendemos en este trámite tiene por objeto instar al Gobierno a que modifique el llamado Reglamento de Extranjería.
Como se sabe, la legislación de extranjería concede habitualmente una importante dosis de discrecionalidad a la administración en su aplicación y tiene como complemento fundamental los reglamentos, en este caso el Reglamento de Extranjería, que condiciona y orienta, quizá más que en otras leyes, el sentido de la aplicación de la legislación de extranjería.
Nosotros sabemos que determinados cambios, que nos gustaría ver en el Reglamento de Extranjería, no son posibles si no se reforma la Ley de Extranjería, pero en todo caso sí que consideramos, tras un detenido estudio, que determinadas modificaciones en el Reglamento de la Ley de Extranjería, incluso su modificación completa, a la vista de las disfunciones que ha habido desde el año 1986, año de su promulgación, hasta hoy, posibilitarían determinadas mejoras en la situación de los extranjeros en nuestro país, sobre todo de los trabajadores inmigrantes en nuestro país, sin violentar la vigente Ley de Extranjería.
Hay que tener en cuenta que estamos ante una normativa donde persiste una importante dosis de inseguridad. Incluso el Reglamento de Extranjería tendría que precisar mucho más, ya que está lleno de conceptos jurídicos indeterminados. Por ejemplo, en cuanto a los permisos de residencia o de trabajo, éstos son de muy corta duración, su renovación no es automática.
Esto es algo que se podría solventar alargando esos permisos, dándoles una mayor seguridad, y esto se lograría simplemente con la modificación del Reglamento de Extranjería, sin que hiciera falta modificar la Ley.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que se trata de una normativa bastante incompleta, ya que siempre está acompañada de múltiples circulares e instrucciones, a veces no conocidas, que aumentan esa inseguridad y que podrían eliminarse con una precisión mayor mediante la modificación del Reglamento de Extranjería en su
integridad, que precisase mucho más los conceptos y el sentido de lo que se quiere hacer respecto de la política de inmigración.
De acuerdo con una proposición no de ley aprobada por este Congreso de los Diputados el 9 de abril de 1991, el diseño de una política migratoria pasa por una canalización y organización de flujos en función de necesidades de mano de obra de nuestra economía, y un instrumento fundamental para ello es el visado. Sin embargo, el visado, una vez conseguido, lo cual es enormemente difícil, tampoco abre las puertas al inmigrante, no le da seguridad, sino que se convierte en un primer obstáculo a salvar. Como consecuencia de ello, la verdad es que el control de flujos en este momento, que según esa proposición no de ley aprobada por el Congreso debía de cubrir las necesidades de mano de obra de nuestra economía, se ha convertido simplemente en la sanción de expulsión, lo cual, desde luego, no va a favor de la orientación del fondo de esta proposición no de ley. Se trata de que el control de los flujos de inmigración se haga conforme a las necesidades de mano de obra de nuestra economía fundamentalmente. Por eso planteamos esta proposición no de ley. Sus señorías tienen el texto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, en este momento no voy a reiterarlo y me remito a lo que se señala en el mismo. Simplemente quiero destacar los tres bloques fundamentales de la propuesta que hacemos.
El primero es adecuar plenamente el Reglamento al principio constitucional de legalidad y seguridad jurídica del artículo 9.º de la Constitución y a la nueva Ley que regula el procedimiento administrativo, que no estaba vigente cuando ese Reglamento se promulgó. El segundo, un control de flujos migratorios conforme a la filosofía antes expuesta. El tercero, establecer claramente derechos del emigrante trabajador.
En cuanto al primero, en esta proposición se señala la necesidad de que se eliminen los conceptos jurídicos indeterminados y aparezca una mayor precisión; que se adapte, como decía, el Reglamento a la nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, evitando así las circulares y órdenes internas y estableciendo claramente en el Reglamento cuál es la forma de regular la situación de los inmigrantes en nuestro país.
En cuanto al control de flujos migratorios, que nos parece un punto central de nuestra propuesta, consideramos que hay que simplificar los tipos de visados. Sabemos que el Gobierno está de acuerdo con este objetivo y que incluso en estos momentos está estudiando precisamente esta simplificación de tipos de visados e instaurando plenamente el visado por reagrupación familiar. También creemos que es fundamental reformar la tramitación de visados para residir y trabajar.
Es muy importante en este momento que se amplíen los períodos de los permisos de residencia y de trabajo, ya que en estos momentos se limitan prácticamente a un año. De hecho, en la práctica, cuando se solicita un permiso de trabajo se tarda como siete u ocho meses en concederlo, con lo cual la persona que lo ha solicitado, cuando le llega ese permiso de trabajo, le quedan sólo tres o cuatro meses para poder trabajar, habiendo perdido muchas oportunidades. Hay que ampliarlo, hay que darle un carácter mucho más estable, porque eso permitirá producir el fundamental objetivo de cualquier política de inmigración, que es la integración del inmigrante en el país al que va. Por tanto, nos parece que el control de flujos migratorios a través de una estabilización de los visados de residencia y de trabajo es esencial, así como otros elementos integradores, como son servicios de asistencia jurídica, social y sanitaria a los inmigrantes.
También hay que limitar la expulsión, delimitando exactamente los supuestos en que puede imponerse y acabando con los conceptos jurídicos indeterminados, que aparecen, una vez más, en el artículo 26 de la Ley de Extranjería, y precisándolos en el reglamento, ya que verdaderamente ése es el objetivo de un reglamento. A su vez, el internamiento tiene que tener un carácter excepcional, tal como ha declarado el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 7 de junio de 1987, y el reglamento debe posibilitar un recurso judicial ante las órdenes de expulsión.
En cuanto a los derechos del inmigrante trabajador, tercer y último bloque de propuestas --y ya con esto termino--, nosotros proponemos que haya una nueva regulación de permisos, que se tienen que ampliar, como señalaba anteriormente. Suprimir las diferencias que hay entre el permiso inicial y el llamado permiso B), y legitimar al extranjero interesado para solicitar él mismo el permiso de trabajo, ya que, según está ahora, en la práctica dificulta muchísimo el conseguir ese permiso.
Por último, desburocratizar algunos de los procedimientos que ahora mismo existen de acuerdo con la aplicación, simplemente, de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, suprimiendo determinadas tasas que se imponen a empresarios y trabajadores cuando son extranjeros, lo que supone un elemento de disuasión y de discriminación respecto de trabajadores españoles y que, en la práctica, se convierte simplemente en una tasa que soporta el trabajador emigrante y no el empresario.
Estos son algunos de los puntos fundamentales de nuestra proposición no de ley que sometemos a la aprobación de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señoras y señores Diputados, el Grupo Popular anuncia que va a votar en contra de esta proposición no de ley.
Va a hacerlo en ese sentido a pesar de que hay algún aspecto de la misma con el que estamos de acuerdo en su complicada exposición difícil de sistematizar, no sabemos si porque no se han sintetizado correctamente, desde un punto de vista gramatical o de redacción, los puntos concretos sobre los que el grupo proponente de la misma deseaba centrar el contenido de la propia proposición y vincular, en consecuencia, al Ejecutivo, o porque esta dispersión era especialmente querida y la intervención del señor López Garrido, con toda
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sinceridad, no nos ha aclarado realmente cuáles son los puntos precisos en los que se concreta el fin de esta proposición no de ley.
Todo ello lo decimos con la máxima consideración, pero realmente no hemos sido capaces de asumir con claridad cuáles son los contenidos de la misma.
Por otro lado, entendemos que adolece de una serie de indeterminaciones que desde la perspectiva de un correcto ejercicio de las competencias y funciones del Parlamento hace que entendamos que no debemos apoyar la totalidad de la proposición, ni tampoco podemos concretar en qué partes muy precisas --si se hubieran presentado unos puntos muy claros a lo mejor hubiera sido posible hacerlo-- estaríamos dispuestos a apoyar esta proposición no de ley.
Quisiéramos destacar, por una parte, que se produce aquí una cierta contradicción entre los fines que se persiguen, y, por otra, el modo con el que se pretende abordar la consecución de los mismos. Además, el objetivo de la proposición estaría afectando también a la ley de la que es desarrollo ese Real Decreto cuya modificación se propugna.
Nosotros pensamos que a lo mejor hay que replantearse, efectivamente, la modificación de la propia ley y que en otra proposición pudiera instarse al Gobierno a que nos remitiera un proyecto de ley nuevo de modificación de la Ley Orgánica 7/1985; por otro lado, podríamos articular --o podría hacerlo el Grupo proponente-- un texto normativo de rango legal que afectara a las cuestiones que parece que se pretenden modificar.
Ciertamente, lo que no se puede pretender --con toda sinceridad, dudas nos caben sobre ello-- es alterar el principio de la jerarquía normativa sobre la base de introducir en el reglamento contenidos que circunstancialmente pudieran afectar al propio texto de la ley.
Por otro lado, hay una serie de apreciaciones en la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que, de alguna manera, son de muy difícil desarrollo.
Cuando se habla de una mayor claridad de los conceptos jurídicos indeterminados, en algunos casos nosotros estamos de acuerdo con ello, quizá porque alguna de las citas que se hacen no integran lo que en la doctrina se entiende por conceptos jurídicos indeterminados. Pero desde otro punto de vista parece que en algunos casos las sugerencias que contiene la proposición lo que pretenden es que se introduzcan nuevos conceptos jurídicos indeterminados que vendrían a hacer difícil la interpretación de la norma por la Administración que en cada momento tenga ese cometido.
Consideramos que no se ha reflexionado suficientemente sobre la cuestión relativa a las exenciones de visados o regulación de la entrada en las fronteras, por la forma en que viene en la proposición, y esa generalidad entendemos que podría colisionar incluso con responsabilidades que al respecto tiene asumidas o tendrá que asumir España en breve. Eso también merecería, evidentemente, una mayor reflexión.
No entendemos muy bien el deseo de que en un texto de rango reglamentario, como es un Real Decreto, se incorporen aspectos circunstanciales y, en definitiva, complementarios, que tienen su encaje perfectamente en normas de carácter administrativo inferiores a lo que es propiamente el reglamento, porque esas normas están en el ordenamiento jurídico para algo y no son en sí mismo negativas. Además, una cosa serían las órdenes ministeriales, cuya modificación también podríamos propugnar en términos más claros --y así lo sugerimos con la mayor consideración para el Grupo proponente--, pero lo que entendemos es que ninguna razón justifica que la técnica de las circulares en el orden interno de las administraciones públicas en sí mismo implique necesariamente limitaciones o expectativas de derechos subjetivos.
Tampoco se nos aclara exactamente el alcance que eso pueda tener; no superamos nuestra perplejidad en ese punto, y ello nos lleva a votar en contra de la proposición no de ley.
Quisiera concluir recordando que en el Derecho internacional, y en este aspecto del trato de los extranjeros entre distintos países, tiene también importancia el principio de reciprocidad. Yo aquí contemplo una visión un poco idílica de lo que es la cuestión en algunos aspectos, tal como quedan concretados en la proposición. Entendemos que debería introducirse también ese concepto a la hora de dar a todos los extranjeros el trato que los españoles reciban en los países de procedencia de esas personas que llegan a nuestras fronteras.
Como digo, captamos la buena intención de la proposición --eso queremos dejarlo claro--, y también decir que compartimos algunos aspectos de la misma, como podría ser, por ejemplo, el hecho de que el haber cumplido una pena privativa de libertad en España no determine después la expulsión del territorio nacional.
No compartimos algunas otras cuestiones, como las que han quedado ya expuestas. Por ejemplo, entendemos que el hecho de que alguien sea objeto de un acta de inspección por parte de la Inspección de Trabajo no puede determinar por sí mismo la legalización de su situación si es irregular, puesto que esta intervención administrativa de carácter sancionador entendemos que no depura las circunstancias irregulares en las que pueda encontrarse ese determinado trabajador.
Con todo respeto y consideración para el Grupo proponente tenemos que decir que esta proposición no de ley precisa de alguna reflexión mayor en cuanto a su formulación concreta; una explicitación y concreción mayores que permitieran un juicio prudente de su contenido. Y, repito, asegurando que comprendemos la buena intención de la misma y la compartimos en buena parte, las circunstancias de sus propios términos nos impiden apoyarla en este trámite parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Valls.
El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores comisionados, el Grupo Parlamentario Socialista ha examinado, ha estudiado y ha reflexionado, con enorme interés, sobre esta proposición no de ley que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
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per Catalunya. Digo que lo ha hecho con enorme interés por la importancia del tema y por la especial sensibilidad que debemos mostrar sobre la problemática que pueden causar unos determinados desarrollos de la Ley Orgánica a la que me referiré posteriormente.
A mí me gustaría enmarcar esta exposición --como ya ha dicho antes algún que otro preopinante-- partiendo de la proposición no de ley de 1991, que aprobó --quiero recordarlo-- por unanimidad este Congreso de los Diputados. Fruto de aquella proposición no de ley fue la creación de la Comisión Interministerial de Extranjería, la puesta en funcionamiento de la Oficina de Extranjeros y el Servicio de Inmigración, que funciona, yo diría que con acierto, en el Ministerio de Asuntos Sociales. Fruto de ello, insisto, es la puesta en marcha de estas instituciones.
Concretando, la Comisión Interministerial de Extranjería, en su reunión de 15 de febrero de este año, acordó crear un grupo de trabajo interdepartamental para elaborar un nuevo borrador de reglamento de la Ley Orgánica 7/1985, con el fin, entre otras cosas, de adaptarla a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común; de adaptarla, en segundo lugar, a los compromisos internacionales suscritos por nuestro país; de adaptarla a la experiencia acumulada en estos años anteriores, y de tratar de incluir las medidas de integración de los residentes extranjeros en nuestro país, especialmente con la creación del estatuto del residente permanente, de acuerdo con lo que defendimos en nuestro programa electoral del año pasado.
El mencionado grupo de trabajo ha empezado ya a funcionar y está tratando de elaborar, en los próximos meses, un borrador que pueda discutir con las organizaciones no gubernamentales, como ya está haciendo --y pienso que con éxito-- con el borrador de la ley de asilo, para posteriormente poder presentarlo a la aprobación de la Comisión Interministerial.
Dicho esto, y pasando al examen detenido de la proposición no de ley, he de decir que mi Grupo, estando de acuerdo con muchos de los valores y los criterios que en ella se defienden, no puede aceptar algunos juicios como los que se manifiestan o vierten en la exposición de motivos. Así, por ejemplo, no podemos aceptar que la actual reglamentación imposibilite la legalización de los extranjeros en España; no podemos aceptar que la normativa vigente sea sólo una normativa policial, y, sobre todo --y esto nos preocupa más--, que la Ley Orgánica 7/1985 vulnere los principios de legalidad y seguridad, además teniendo en cuenta lo manifestado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 115, de 1987. Aunque es verdad, y para acabar con la exposición de motivos, que algunas de las disposiciones de la Ley Orgánica han sido desarrolladas, en algunos casos, por circulares e instrucciones.
Entrando en el articulado, a mi Grupo, con respecto al punto primero, le parece aceptable concretar en el reglamento conceptos jurídicos que no aparecen suficientemente delimitados en la actual Ley Orgánica.
Por lo que se refiere a la exención de visados, recientemente, con fecha 28 de julio, se ha dictado una circular de la Secretaría de Estado de Interior que clarifica los supuestos en que se entiende que existen razones excepcionales. También nos parece oportuno delimitar los supuestos graves en que debe darse la expulsión, y en eso coincidiríamos con el proponente. Estamos totalmente de acuerdo, como he dicho antes, en la necesidad de adaptar el reglamento a la Ley 30 de 1992.
Por lo que respecta al punto segundo, señalaría que nuestro país tendrá que adaptar la regulación del sistema de visados a lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea y al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.
Estamos de acuerdo en revisar el visado por motivo de reagrupación familiar, y a este respecto debo decir que desde noviembre de 1993 se han tomado las medidas oportunas. Igualmente nos parece oportuno reformar todo lo que respecta al control de la vivienda del reagrupante. Nada que objetar, igualmente, a las necesidades de una asistencia jurídica, social y sanitaria.
Respecto a la exención de visado, de acuerdo con la circular de 28 de julio de 1994 que he citado, se prevé su concesión sólo cuando se justifique la imposibilidad de haber solicitado y obtenido el visado en el exterior, por causas ajenas al extranjero, o cuando se den razones de carácter humanitario o interés público.
También debo estar de acuerdo con lo expuesto por otros señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra en cuanto a tratar de que los supuestos de expulsión deban limitarse a determinadas circunstancias del extranjero. Y respecto a los familiares de españoles, se pretende otorgar un tratamiento específico de los mismos por el que no puedan ser expulsados si no concurren algunas razones importantes. También estoy totalmente de acuerdo con el Grupo Parlamentario proponente, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en cuanto a limitar la prohibición de entrada a cinco años.
Por último, respecto al punto tercero, nuestro Grupo, al igual que los anteriores, también debe manifestar el deseo --y por ello lo hacemos aquí-- de que el futuro reglamento regule el estatuto de residente permanente. Igualmente deseamos que se estudie la posibilidad de que, en determinados casos, este reglamento permita al extranjero en situación de desempleo que renueve su permiso de trabajo.
Para no hacer más largo este trámite, señor Presidente, nuestro Grupo también desearía --y así lo elevará al Ministerio-- que en el futuro la tarjeta de estudiante suponga la posibilidad de autorizar al extranjero en determinados supuestos a ejercer actividades que le permitan obtener ingresos de carácter subsidiario, pero nunca como fuente de ingreso principal.
Por ello, señor Presidente, señorías, mi Grupo, a la vista de las coincidencias que tiene con los señores diputados que han hecho uso de la palabra, propondría al Grupo de Izquierda Unida una enmienda en la cual aprobásemos hoy lo siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la aprobación, en el próximo período de sesiones, de un nuevo reglamento que desarrolle la Ley orgánica 7/1985, atendiendo los criterios expuestos en esta Comisión de Justicia e Interior en el día de hoy.»
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El señor PRESIDENTE: Señor Valls, como bien sabe, el artículo 194.2 impide la enmienda «in voce» con referencia a las proposiciones no de ley, toda vez que obliga a que los grupos parlamentarios presenten las enmiendas correspondientes hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que hayan de debatirse.
El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, de acuerdo con su observación, mi Grupo, manteniendo lo expuesto, votaría en contra de la proposición no de ley. (El señor Pérez Mariño pide la palabra.)
El señor PEREZ MARIÑO: Señor Presidente, no sé si es una interpretación muy amplia del Reglamento, pero si todos los grupos aquí presentes son favorables a la propuesta formulada por el señor Valls, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y el propio Grupo proponente estuviera también de acuerdo, ¿no cabe forzar el Reglamento y buscar una solución que permitiese llegar a un acuerdo, en definitiva, entre todos los grupos? Parece que eso, aun con la intervención del Reglamento...
El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, antes de tomar la decisión, señor Pérez Mariño, ¿le consta a S. S. que todos los grupos estarían de acuerdo, no sólo el proponente sino todos los demás? Eso debemos saberlo antes de tomar la Mesa la decisión que deba adoptar. (El señor López Garrido pide la palabra.) Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estaríamos dispuestos a aceptar esta transacción, que creo que es lo que refleja mejor el espíritu de las intervenciones de esta mañana.
En cuanto a la admisión a trámite en este instante de la enmienda transaccional, yo creo que si todos los grupos estuviesen de acuerdo en ello, con independencia del voto final, una interpretación flexible del Reglamento podría permitir el someterla a votación. En ese caso retiraríamos el texto de la proposición no de ley y se votaría esta transaccional, insisto, si todo el mundo está de acuerdo en que se admita a trámite, si no hay ningún problema al respecto. (El señor Padilla Carballada pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, antes de darle la palabra quiero decir que parece una interpretación correcta entender que el Reglamento, cuando prevé que deba presentarse o comunicarse la enmienda correspondiente hasta seis horas antes, lo hace con el fin de que el resto de los grupos parlamentarios la conozcan y después puedan decidir su voto en función de esto. Si los demás grupos parlamentarios quisieran conocer el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, yo no tendría inconveniente alguno en suspender la sesión durante cinco minutos y después le daría la palabra al señor Padilla.
Tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Lo primero que hay que constatar es que todos los grupos parlamentarios que tienen representación en esta Comisión, que integran esta Comisión, están en este momento en la sesión.
Yo no sé si están todos; yo creo que no. Eso lo digo, repito, en primer lugar.
En segundo lugar, en la línea en que hemos intervenido hemos manifestado que tenemos puntos de coincidencia y, desde luego, compartimos, por emplear un término no ambiguo, la sensibilidad del Grupo proponente respecto de la proposición, pero, francamente, esa transaccional que el señor Valls sugería nos parece que no está a la altura de la responsabilidad de la Cámara y del ejercicio de la función parlamentaria.
Es decir, remitir al Poder ejecutivo una proposición no de ley en la que, en definitiva, lo que se dice es que se lea el «Diario de Sesiones» de la Comisión y que cada cual deduzca lo que le parezca oportuno, nos parece que es poco afortunada como fórmula de ejercer esa facultad parlamentaria. Entonces, por respeto precisamente al propio Parlamento, yo, en nombre de mi Grupo, he de decir que no comparto la oportunidad de apoyar esa transaccional, a pesar de que soy, como saben muchos de los miembros de esta Comisión, persona poco dada a rigideces de interpretación parlamentaria del Reglamento.
El señor PRESIDENTE: Debo entender, señor Padilla, que su Grupo no aceptaría la admisión a trámite. (El señor López Garrido pide la palabra.) Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: A la vista del planteamiento ofrecido por el señor Padilla, en el que yo creo que hay una oposición de fondo al sentido de esta proposición no de ley, como ha manifestado en su intervención, nuestro Grupo Parlamentario, con objeto de que pudiera haber un mayor acercamiento de posiciones al respecto en una próxima sesión e intentando que no pueda yugularse en esta ocasión esa posibilidad, retiraría esta proposición no de ley y plantearíamos su debate en una próxima sesión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Queda retirada la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la modificación del Real Decreto 1.119/1986 de desarrollo de la Ley de Extranjería, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
--RELATIVA A LA DECLARACION DE ZONA CATASTROFICA PARA LAS COMARCAS ESPAÑOLAS PRODUCTORAS DE FRUTAS TROPICALES AFECTADAS POR LAS OLAS DE CALOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000261.)
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El señor PRESIDENTE: El siguiente debate se refiere a la proposición no de ley relativa a la declaración de zona catastrófica para las comarcas españolas productoras de frutas tropicales afectadas por las olas de calor. El autor es el Grupo Popular en el Congreso. Tiene la palabra el señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Proposición no de ley relativa a la declaración de zona catastrófica de las comarcas españolas productoras de frutas tropicales por las olas de calor.
Desde el pasado día 5 de julio, y hasta finales de dicho mes, se han soportado altísimas temperaturas, de hasta 50 grados centígrados, en gran parte de las comarcas productoras de frutas tropicales y muy especialmente en Andalucía.
Esta ola de calor soportada durante un período tan dilatado ha producido daños en dichos cultivos, que han llevado a una pérdida de cosechas que han oscilado entre el 20 y el 90 por ciento de la producción esperada, llegando incluso en determinadas comarcas a la pérdida total de la cosecha.
El cultivo más negativamente afectado por esta circunstancia de quemazón de la fruta ha sido el aguacate, después el chirimoyo, y siguiendo en importancia mango, litchi y caqui.
En zonas como Vélez-Málaga (Ajarquía) y en las cotas más altas de Almuñécar, Jete y Otívar, en Granada, hay fincas totalmente quemadas por la citada ola de calor, que ha llevado, como consecuencia, al abandono del cultivo de las mismas, y en las vegas la producción de este año es de un tercio menor, comparada con la del año 1993, que, a su vez, fue la mitad de la del año 1992. Se da, además, la circunstancia de que en la parte baja de los cultivos --en las vegas--, en las zonas más próximas al litoral, los pozos se están salinizando y, por tanto, los riegos salinizados están perjudicando a las plantas.
Gran parte de la catástrofe se hubiera evitado si el Gobierno hubiera construido ya la tan cacareada y prometida presa de Rules, que ha de regular el agua de las vertientes de Sierra Nevada a las zonas de Motril, Almuñécar, Salobreña, Jete, Itrabo, Otíbar y Carchuna, entre otras.
Hemos de significar también que en Vélez-Málaga se ha creado una asociación de productores de frutas tropicales de Andalucía, que está valorando los daños producidos por dicha ola de calor, que se estiman, como mínimo, en los ya expuestos y en los que se dicen a continuación.
Las pérdidas económicas debidas a estos calores del mes de julio superan, según estimaciones de los técnicos agronómicos, los cinco mil millones de pesetas, habida cuenta que, por ejemplo, la cosecha de aguacates se ha reducido en más del 50 por ciento, lo que supone una pérdida de entre 25 y 30 millones de kilogramos, además de los daños originados en las propias plantaciones, en los árboles, que tardarán largo tiempo en recuperarse, si no se han perdido muchos de ellos. Igualmente, en mangos se han perdido más de un millón de kilos, que se han desprendido de las plantas.
Los frutos tropicales mencionados sólo se producen en Europa en localizadas comarcas de la geografía española --litoral andaluz de Granada, Almería y Málaga, y en Canarias-- y, en el conjunto de la Unión Europea, además de España, en los territorios franceses de ultramar, y en las Azores y Madeira en menor medida.
Destacan en España las producciones de plátanos, aguacates y chirimoyas, fundamentalmente, y con menos importancia el caqui, guayaba y kefir, entre otros.
Hay zonas del levante y sur de la península donde estos frutos tropicales o subtropicales, en algunos casos, están en fase de experimentación, y que, de no aprobarse esta proposición no de ley, tendrán una experiencia amarga y ruinosa y, a la postre, un perjuicio de la agricultura y de la economía españolas. Son cultivos eminentemente sociales, ya que emplean elevado número de mano de obra en su producción, y en Andalucía están desarrollados en pequeñas fincas, en parcelas --marjales-- cultivadas por los propios agricultores y sus familiares directos. Presentan la gran ventaja de que sus producciones no sólo no son excedentarias en Europa, sino todo lo contrario, al tiempo que, gracias a ellas, se dejan de cultivar otras producciones totalmente excedentarias, como pueden ser otras frutas, hortalizas, algodón o incluso remolacha y cereales, lo cual es muy ventajoso para la propia política agraria comunitaria, la PAC.
Al establecerse ayudas para los agricultores y ganaderos afectados por la sequía de la pasada primavera y verano, mediante el Real Decreto-Ley 6/1994, no se tuvo en cuenta por el Gobierno a los agricultores productores de cultivos tropicales, que se han visto afectados muy negativamente por la sequía.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente proposición no de ley: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que declare zona catastrófica a todas aquellas comarcas productoras de frutas tropicales que se han visto muy negativamente afectadas por la ola de calor sufrida en el mes de julio de 1994, y concrete las subvenciones y ayudas establecidas por la normativa vigente para paliar en lo posible los daños causados por dicha ola de calor.» Se pide, por tanto, al Gobierno un auxilio económico en favor de los interesados, esto es, de los agricultores perjudicados.
Por todo ello, señor Presidente, pido el voto afirmativo, el voto positivo de los Diputados de esta Comisión de Justicia e Interior.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Cremades tiene la palabra.
El señor CREMADES SENA: Tal como dice la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, y ciñéndonos a la normativa vigente, a la que apela, le quiero recordar al Grupo Popular que, para hablar de zona catastrófica y de la normativa vigente, tenemos que hacer mención al Real Decreto 682/1981 y también al Decreto 208/1988 de la Junta de Andalucía.
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Como bien sabe el portavoz del Grupo Popular, en este Real Decreto se contempla que para que el Gobierno pueda declarar zona catastrófica una determinada comarca o una parte del territorio español, se requiere, según ese Decreto y la normativa vigente, contemplar los siguientes supuestos: en primer lugar, hay que hablar de casos y de medidas de carácter muy extraordinario; en segundo lugar, está reservado a situaciones muy excepcionales de emergencia, y, en tercer lugar, se tienen que dar determinadas circunstancias para ajustarnos a la normativa vigente, insisto, sobre zona catastrófica, como son las siguientes: una amplitud y una variedad de daños suficiente y afectando a varios Ministerios, una pérdida o un riesgo de pérdidas de vidas humanas, una interrupción de comunicaciones o también un colapso de algunos servicios públicos básicos.
Es evidente que en estos casos concretos la normativa vigente, el Real Decreto al que he hecho mención, contempla la posibilidad de una intervención coordinada por las distintas administraciones, una intervención rápida para paliar y restablecer la normalidad que se haya podido ver alterada. Siendo el caso que nos ocupa una situación importante de pérdida económica para los cultivadores de productos subtropicales en nuestro país, que todos reconocemos y lamentamos, no puede ser, desde ningún punto de vista, contemplado con arreglo a la normativa vigente con la que nos hemos dotado los españoles desde el año 1981. Por tanto, creemos que esta proposición no de ley es improcedente porque no se ajusta a la legalidad y, por consiguiente, no se dan las circunstancias que justifiquen tal medida de zona catastrófica.
En segundo lugar, pensamos que es una proposición equivocada, ya que se puede recurrir a otros mecanismos y otras previsiones de ayudas normalizadas que están en las distintas administraciones competentes, como puede ser el Ministerio de Agricultura o la propia Junta de Andalucía, y están equivocados el trámite y la forma de plantear la solución de los problemas de estos agricultores con este tipo de iniciativas.
En tercer lugar, también contemplamos que la proposición no de ley es innecesaria, ya que los beneficios que, en caso de que pudiéramos aceptar aquí que se instara al Gobierno para que declare zona catastrófica estas comarcas, se podrían contemplar por esa vía son equivalentes a los que se podrían conseguir por una normativa más normalizada, a través del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Andalucía, y ese beneficio no sería mayor ni menor en este caso, en el supuesto de que se pudiera contemplar como zona catastrófica.
Creemos que aprobar esta proposición no de ley es crear un precedente, y el Grupo Socialista está sistemáticamente haciendo referencia a todas y cada una de las peticiones de zona catastrófica que pide el Grupo Popular. Aquí se han rechazado solicitudes de zona catastrófica por riadas e inundaciones, precisamente porque lo hemos remitido a otras soluciones no extraordinarias que hay previstas en los distintos ministerios y en las distintas administraciones públicas, y como estas circunstancias no se dan, creemos, una vez más, que, lamentando totalmente las pérdidas de estos agricultores, el Grupo Popular debería canalizar las iniciativas por la normativa que hay, normal, y valga la redundancia, para resolver estos problemas y ayudar a paliar este desastre económico, y no por el recurso de la petición de zona catastrófica. Por tanto, mi Grupo va a rechazar esta proposición no de ley. (El señor Arqueros Orozco pide la palabra.)
El señor ARQUEROS OROZCO: Quiero recordar al portavoz del Grupo Socialista que se ha hablado del Levante español, que no es competencia de la Junta de Andalucía; que se ha hablado de Canarias, que tampoco es competencia de la Junta de Andalucía, y quiero también recordarle que en el Consorcio de Compensación de Seguros hay un reglamento, antiguo ya, y la fórmula jurídica del decreto-ley está amparada en razón de su urgencia y de su necesidad, a que alude el artículo 86 de la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Señorías, procedemos a la votación de la proposición no de ley relativa a la declaración de zona catastrófica para las comarcas españolas productoras de frutas tropicales afectadas por las olas de calor.
--PARA LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA COMISARIA DE POLICIA EN PLAYA DE LAS AMERICAS (TENERIFE). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA. (Número de expediente 161/000257.)
El señor PRESIDENTE: Ultima proposición no de ley, para la construcción de nueva comisaría de policía en Playa de las Américas, Tenerife. (El señor Pérez Mariño pide la palabra.) El señor Pérez Mariño tiene la palabra.
El señor PEREZ MARIÑO: Quisiera recordar al señor Presidente que el señor Mardones, en conversación privada, le advirtió que a lo mejor no estaba presente a su hora. Contando con su benevolencia, este Grupo no tendría inconveniente en retrasar el debate de esta proposición y esperar a que llegue el señor Mardones.
El señor PRESIDENTE: Señorías, suspendemos la sesión durante 30 minutos.
El señor PEREZ MARIÑO: Señor Presidente, ¿puede precisar la hora en punto a la que vamos a comenzar?
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El señor PRESIDENTE: A las trece horas y quince minutos.
Queda, por último, el debate de la proposición no de ley para la construcción de una nueva comisaría de policía en Playa de las Américas (Tenerife). El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Agradezco la amabilidad de esta Presidencia, de la Mesa y de los grupos parlamentarios por permitirme esta intervención, acabada la Junta de Portavoces, a la que he tenido que asistir. Y paso sin más preámbulo a defender esta proposición no de ley que Coalición Canaria trae hoy aquí ante esta Comisión.
Señorías, según datos del Cuerpo Nacional de Policía de Canarias y contrastado con los datos que nos ha facilitado la Inspección Central del Cuerpo Nacional de Policía, Canarias ocupa, lamentablemente, el primer lugar en los delitos cometidos contra la propiedad, fundamentalmente contra los visitantes turísticos.
Resulta que nos encontramos en la isla de Tenerife, en concreto en una de las localidades turísticas del municipio de Adeje denominado Playa de las Américas, que en los últimos años ha pasado de tener unas 20.000 plazas hoteleras a más de 100.000. Si SS. SS. vieran lo que allí se llama una comisaría de policía se darían cuenta que no tiene que ver absolutamente nada con el módulo de estos establecimientos de seguridad ciudadana que tiene establecido el Gobierno y el Ministerio del Interior en el ámbito peninsular, fundamentalmente, o también en otras localidades canarias. Si algo define aquello es el tercermundismo, pero hay algo más grave. En este momento, el calabozo para detenidos, con unas medidas de dos por tres metros, incurre en lo que Amnistía Internacional y la Asociación Española de Derechos Humanos considera habitáculo mínimo para tener personal detenido. Si a eso añadimos que se está produciendo una incongruencia flagrante entre lo que son las instalaciones tercermundistas de lo que allí se llama oficialmente comisaría de policía con la dotación de Fuerzas de Seguridad del Estado de cerca de 150 hombres --es un efectivo bastante numeroso y da una gran garantía numérica de cumplimiento--, vemos que allí no existen ni siquiera las condiciones de habitabilidad para este propio efectivo de la policía.
Nos encontramos también, señor Presidente, con que en 1992, ante esta presión de los hechos en una zona turística de primera categoría, el entonces Ministro de Interior, señor Corcuera, anuncia la disponibilidad de su Ministerio y la aceptación de la petición para que se construya allí una comisaría de policía, con un presupuesto de 467 millones de pesetas. Pero he aquí que llega el mes de julio de este año (ya con un cambio de Ministro, después de haber ratificado también la favorable disposición del continuador de la obra del señor Corcuera, el señor Ministro don Antonio Asunción, a mantener la posición del Ministerio de Interior de construir la comisaría y el criterio de que existía dotación presupuestaria) y el Secretario de Estado de Interior anuncia que no hay presupuesto para construir la comisaría.
Esta preocupación no ha sido sentida solamente por una fuerza política, porque, en honor a la verdad, tengo que decir que el Senador del Grupo Socialista, don Santiago Pérez, lo planteó al Gobierno en el Senado, y aquí, en el Congreso de los Diputados, el Diputado del Grupo Popular por Tenerife, don Alfonso Soriano, aquí presente, ha reiterado por cuarta vez al Gobierno, vía preguntas --él lo podrá matizar con mejor detalle que un servidor--, la necesidad imperiosa de la construcción de esta comisaría de policía.
Se nos dice ahora que hay una disponibilidad presupuestaria, una intencionalidad de realizarla. Nosotros hemos recurrido al Ministro, ya no por la vía de la pregunta, sino por la vía de la iniciativa de una proposición no de ley, para forzar y presionar al Gobierno --y esperamos tener el apoyo de los grupos parlamentarios que así lo estimen pertinente-- para impulsar de una vez por todas esta necesidad de garantía de seguridad a la vista del turismo nacional e internacional que es habitual en la zona de la Playa de las Américas en la isla de Tenerife.
Existen terrenos, señor Presidente, cedidos por el Ayuntamiento del término municipal de Adeje. Nos extraña que el Ministerio de Justicia e Interior, visitando, como he podido visitar yo, aquellas instalaciones acompañado también, posteriormente, por el Diputado de mi partido, don Adán Martín, no haya tomado medidas cautelares incluso respecto a una cosa que nos ha llamado la atención: la vulnerabilidad del armero de la policía, porque esto que se llama comisaría está situado en los sótanos de un edificio comercial, cuyas condiciones en precario son tales que, como no existe garantía de aparcamiento, es bochornoso el espectáculo tercermundista que se da al llevar esposados a los detenidos a través de las galerías comerciales y en presencia tanto de turistas como de las personas que están realizando allí su actividad comercial.
Nosotros lo que pretendemos precisamente con esta proposición no de ley, tanto en los dos puntos que contempla como en su conjunto de fondo, es forzar, presionar, estimular e incitar al Gobierno, en este caso al Ministerio de Justicia e Interior, para que se adopten de una vez y definitivamente las medidas presupuestarias y técnicas que conduzcan a la construcción de esta comisaría.
Sin embargo, como esto también abarcaría un plazo de bastantes meses e incluso de años, sería conveniente --y ésta es la segunda parte de nuestra proposición no de ley-- que se dotase a la guarnición allí existente de los medios necesarios, ya que en estos momentos están insuficientemente dotados. Incluso yo creo que si se le preguntase a la Secretaría de Estado de Interior en qué condiciones están desarrollando sus medidas los mandos del Cuerpo de la Policía Nacional, hasta en el capítulo de la higiene las críticas serían muy fuertes. Digo esto porque allí nos hemos encontrado con que para los ciento cincuenta miembros de la plantilla del Cuerpo Nacional sólo existe un baño, lo que de por sí indica el resto de las condiciones en que están actuando allí los servicios de seguridad ciudadana.
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Con estas razones, señor Presidente, Coalición Canaria ha traído aquí hoy esta proposición no de ley, a los efectos de conseguir, de una vez y definitivamente, la ansiada, necesaria e imprescindible construcción de esta comisaría de policía.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Soriano tiene la palabra.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: A propósito de la muerte de un policía en el mes de octubre del año 1992, saltó a las primeras páginas de los periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife la mala situación en que se encontraba la única comisaría de policía, radicada en Adeje, y en concreto en la Playa de las Américas.
En tal sentido formulé una pregunta al entonces Ministro del Interior, señor Corcuera, que me fue contestada en esta Comisión con fecha 9 de diciembre de 1992. Me ahorro volver a plantear aquí, ante la referencia que ha hecho el señor Mardones, el lamentable estado en que se encuentran los servicios de esta comisaría, que además tuve la oportunidad de visitar y comprobar «in situ», acompañado por su comisario-jefe. El Ministro del Interior reconoció entonces que los locales --decía literalmente-- «no son los más adecuados para el desarrollo de la actividad policial, por lo que entre las previsiones de inversión de la Dirección General de la Policía está la construcción de una nueva comisaría en la Playa de las Américas».
En esta ocasión, el Ministro dio toda clase de explicaciones, argumentando que en el año 1989 fue cedida por el Ayuntamiento de Adeje una parcela de 3.895 metros cuadrados, que aún había determinados trámites que cumplir, pero que, en definitiva, el proyecto estaba ya finalizado y el importe era estimado en 487 millones. Rectifico aquí la cifra dada por el señor Mardones, que hablaba de 467 millones. En realidad lo que dijo el señor Ministro en aquel entonces, y así consta en el «Diario de Sesiones», es que eran 487 millones.
No contento con esta intervención del Ministro, formulé por escrito una pregunta, que me fue contestada por el Gobierno, y así consta en el Boletín de las Cortes, Serie D, número 404, del 13 de abril, diciéndome que «el proyecto de ejecución está ya redactado, por lo que las obras podrán iniciarse dentro del presente año», refiriéndose al año 1993. No contento con esto, volví a insistir en una pregunta oral, a la vista de que finalizaba el año 1993 y lamentablemente seguía la misma situación, que me fue contestada en esta Comisión por el Director General de Policía, señor Conde-Duque, el 20 de diciembre de 1993, donde el citado Director General me insistía en que el proyecto estaba finalizado, «que lo iniciaremos inmediatamente que empiece el año 1994, en cuanto el ejercicio presupuestario esté resuelto». Insistí al Director General de Policía en mis apreciaciones, reconociendo él --decía literalmente-- «que es una instalación penosa, en una zona muy conflictiva y muy seria desde el punto de vista de las actuaciones policiales». Añadía luego que se lamentaba de no haber podido iniciar las obras ese año, «pero tengo que decirle» --decía el Director General de la Policía-- «que, dado como está el patio, está garantizado el arranque de la obra y con toda seguridad una asignación presupuestaria completa para el año 1995». Estamos ya en el año 1994, finalizándolo, y volví a insistir en una pregunta el 29 de abril de 1994, que me fue contestada por el Gobierno el 24 de mayo, diciéndome que «la nueva comisaría de Adeje entrará en funcionamiento» --no se iniciará su construcción, sino que entrará en funcionamiento-- «en el plazo aproximado de veintidós meses, ya que el plazo de ejecución de las obras está estimado en dieciocho meses». Esto se decía el 24 de mayo de 1994.
En esta circunstancia, salta a los medios de comunicación, hace dos meses, que el Ministerio del Interior había desistido de llevar a cabo las obras de esta comisaría que, como digo, el Director General de la Policía, al igual que todos los ministros del Interior, habían considerado indispensables.
A tal efecto, con fecha 8 de septiembre, presenté en el Registro una pregunta por escrito solicitando las razones que impedían la iniciación de las obras y si cabe la posibilidad de que el terreno cedido por el Ayuntamiento revierta a éste, porque, a todas éstas, hubo una confrontación entre el Alcalde socialista del municipio de Adeje y el Gobierno, en virtud de la cual el propio Alcalde llegó a amenazar con que si las obras no se iniciaban, los terrenos cedidos por el Ayuntamiento podían revertir de nuevo al Ayuntamiento, y me parece que ya ha pasado el plazo para que esa reversión se pueda llevar a efecto.
He solicitado también por escrito conocer cuándo tiene previsto el Ministerio anunciar el concurso para la adjudicación de las obras, en qué fecha se calcula el inicio de las mismas, en qué fecha se calcula su finalización y cuál es el presupuesto total del nuevo edificio.
La realidad es que en el Presupuesto de 1994 sólo figuran 50 millones de pesetas para esta comisaría, cantidad a todas luces insuficiente en relación con el proyecto que, como digo, está valorado en 487 millones de pesetas. Además, supongo que, como ya han pasado varios años, el presupuesto superará esta cantidad.
En cualquier caso, al Grupo Popular le parece acertada la proposición no de ley que ha presentado el Grupo de Coalición Canaria. Por supuesto va a votar favorablemente y quiere insistir en la falta de compromiso y de cumplimiento de las promesas dadas en esta Cámara por el Ministro Corcuera, por el Ministro Asunción y por el Director General de la Policía, señor Conde-Duque, que indudablemente ponen de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno y la pasividad con que éste promete en este Congreso toda clase de asuntos que aquí se le plantean, para luego no cumplir en absoluto ninguno. (El señor Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la Presidencia.) Por eso nos parece acertada esta proposición no de ley y seguiremos insistiendo en ello, porque consideramos que la construcción de esta comisaría es vital no sólo para la imagen de Canarias, sino también para la propia seguridad de sus ciudadanos.
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El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, muy brevemente para fijar la posición de nuestro Grupo en relación con la proposición no de ley del Grupo de Coalición Canaria.
La verdad es que me he llevado un cierto chasco con la intervención del señor Mardones, por cuanto que yo pensaba que iba a apoyar las iniciativas de los alcaldes socialistas de Los Cristianos, de Adeje y de Granadilla, así como las actividades que esta Diputada ha venido realizando últimamente para apoyar la construcción de una comisaría.
Como Diputada socialista por Santa Cruz de Tenerife, en principio tengo que agradecer la iniciativa de la Coalición Canaria por cuanto que permite que conste en el «Diario de Sesiones» la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista de que se construya una comisaría de policía en Playa de las Américas, en la Isla de Tenerife. Y digo que tengo que agradecerlo porque, como miembro también de la Mesa, tuve la oportunidad de apoyar el que se incluyera en el orden del día y hoy hemos tenido también la ocasión de posponer el debate y discusión a estas horas, a pesar de que estaba situado en el orden del día con anterioridad.
Sobre la necesidad de construir una comisaría de policía acorde con las necesidades de la zona no hay ninguna discusión. En la Isla de Tenerife estamos todos de acuerdo en la necesidad de dotar a Playa de las Américas --zona turística de primer orden-- de una comisaría de policía. Señor Presidente, a lo que no estoy dispuesta es a dar materia a periódicos como «The Sun» que habla de temas de inseguridad en Playa de las Américas y que hace flaco favor al turismo que nos visita, sobre todo inglés, en esa zona.
Hay que dar datos sobre lo que ha ocurrido con este proyecto. Ya el Gobierno ha reconocido reiteradamente la necesidad de construir una comisaria de policía. Lo único que ocurre es que hay una serie de trámites que hay que cumplir. Para conocimiento de todos los miembros de la Comisión quiero decir que sólo en marzo de este año se cumplieron los trámites y se hizo la escritura pública de cesión de los terrenos a favor del Ministerio de Justicia e Interior para poder construir una comisaría en esos terrenos; en mayo se hizo, precisamente por parte del Ministerio, el acta de la cesión y fue cuando a partir de ahí se podía construir.
Sobre la urgencia de la construcción de una comisaría no sólo están de acuerdo el Grupo Socialista, los alcaldes socialistas de la zona y el partido, sino incluso el propio Ministerio, que antes de tener a su disposición los solares encargó la redacción del proyecto para poder ganar tiempo en la construcción. Ocurre, sin embargo, que este verano, a propósito de las demandas planteadas por los alcaldes socialistas de la zona de acelerar la construcción, es cuando se presenta la posibilidad de que en lugar de esperar a trámites de adjudicación de obras y construcción de la comisaría que, como mínimo --está en el proyecto--, va a tardar 18 meses, se han barajado otras posibilidades a efectos de dotar a la zona, en el mínimo tiempo posible, de las instalaciones adecuadas para cubrir el servicio de seguridad ciudadana en el lugar.
Sin embargo, de todas las ofertas que se han venido barajando desde el mes de junio, antes de que se presentara la proposición no de ley de la Coalición Canaria, de todas las visitas que han llevado a cabo los técnicos de la Administración central que se han trasladado a la zona con el fin de ver «in situ» otros locales que pudieran adelantar precisamente la dotación de unas instalaciones adecuadas para la zona, es lo cierto que, al final, los informes técnicos abundan en la necesidad de seguir con el antiguo proyecto, para el cual, como saben SS. SS., y tendría que corregir aquí el baile de cifras que han dado los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, hay consignados 60 millones de pesetas en el presupuesto de este año para empezar la construcción, según figura además en una respuesta que aparece en el «Diario de Sesiones» del 24 de mayo de 1994.
La proposición no de ley tiene dos partes. La primera la considero obvia; no sólo hay un proyecto y una licencia de obras para construir esa comisaría, sino que estamos a la espera de los trámites administrativos para la adjudicación de las obras. Por tanto, señor Presidente, considero una obviedad la primera parte de la proposición no de ley.
En cuanto a la segunda, sabe S. S., también por diversas respuestas que ha dado el Gobierno a diputados de la oposición, que los medios materiales y personales se van dando a medida que lo van demandando las necesidades de seguridad ciudadana en la zona. Pongo por ejemplo que este verano se reforzaron las dotaciones policiales en la zona precisamente por la mayor afluencia de población turística. Por tanto, consideramos innecesario este segundo apartado.
En definitiva, señor Presidente, señoras y señores miembros de la Comisión, esta proposición la veo en clave de desconfianza; parece ser que no existe confianza en los anuncios que reiteradamente venimos haciendo los miembros del partido del Gobierno y el propio Gobierno en relación con la construcción de esa comisaría de policía. Como saben SS.
SS., van a aparecer ya en el Boletín Oficial los trámites para el concurso-subasta de adjudicación de las obras, que yo espero que estén iniciadas en los primeros meses del próximo año y que, cumplido el proyecto, se puedan realizar por un importe de 476 millones de pesetas, según está presupuestado.
Rogaría al señor Diputado que retirara la proposición a la vista de que es algo que sobra, dado que, como digo, se están cumpliendo ya todos los trámites para la adjudicación de las obras y, por tanto, mal podemos construir mientras no se terminen de cumplir los trámites del concurso, que es lo que está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Le rogaría que la retirara con el anuncio de que mi Grupo votaría afirmativamente una proposición de ley similar si en los primeros días de enero no tuviéramos adjudicada la obra de la comisaría de policía en Playa de las Américas, en la Isla de Tenerife.
Termino, señor Presidente, pidiendo o bien la retirada y o bien el voto negativo a esta proposición por obvia.
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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muy brevemente, señor Presidente, para responder a la intervención que ha tenido la amabilidad de hacer la señora Pelayo.
En primer lugar, para decirle, como me ha pedido que la retire, que no la retiro. La tengo que mantener porque escuchando lo que acaba de decir la señora Pelayo veo que la desconfianza no solamente es mía, sino también de ella o del Grupo Socialista.
Si después de cuatro preguntas al Gobierno, con la contundencia de argumentos que aquí ha aportado el señor Soriano, estamos todavía en la situación actual, es legítimo si no el beneficio de la duda por lo menos que quepa la desconfianza a través de una nueva iniciativa parlamentaria, como es en este caso una proposición no de ley. Pero si la señora Pelayo dice que están dispuestos a votar que sí a una proposición como ésta si en enero no se han iniciado las obras, con mayor motivo voy a mantenerla, por lo menos hasta que en enero tengamos la ocasión de reconocer este hecho, bien con la iniciativa parlamentaria o con cualquier otra cosa.
Termino, señor Presidente, diciendo que la segunda parte de nuestra proposición no de ley habla de una garantía en la dotación de medios, no solamente lo que es la obra civil de trámites, de terreno, de disposición de créditos, aprobación de proyecto, de subasta de obra o como se vaya a hacer, sobre todo porque esperamos que ya, después de lo que ocurrió en la época del señor Roldán, el Ministerio del Interior afine muy bien la lupa y el lápiz para la concesión de las obras del Ministerio del Interior y nosotros queremos verla ya plasmada en esta nueva reglamentación. Se me han facilitado las cifras de la anterior semana de septiembre actual según las cuales el Puerto de Santa Cruz de Tenerife es el segundo lugar de comisión de robos porque le supera Playa de las Américas, según las cifras que nos facilita el Cuerpo Nacional de Policía --semana del 12 al 18 de septiembre.
Por esas razones, señorías, mantenemos la presentación de esta proposición no de ley, agradeciéndole al Grupo Popular y en su nombre a quien ha hecho uso de la palabra para decir que la apoyará.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Lamento que el señor Mardones no la retire. A lo mejor quizá la premura o el mucho trabajo que tiene el señor Mardones le ha impedido leer la proposición no de ley en sus propios términos.
En la primera parte habla de que a la mayor urgencia posible se proceda a iniciar la construcción de la nueva comisaría de policía. Le he contestado, en nombre del Grupo Socialista, que el proyecto ya está aprobado; ya está la licencia de construcción dada y que hay unos trámites administrativos que son los de concurso-subasta para la adjudicación de la obra. Por tanto, como se está en esos trámites me parece que es una obviedad, por lo que le pediría que la retirara.
En segundo lugar, él no pide que se vaya a dotar a la nueva comisaría de policía. Dice que en tanto se construya dicha comisaría se dote a la actual de mayores medios, tanto materiales como personales. Si el señor Mardones ha tenido la oportunidad de visitar la comisaría de policía de Playa de las Américas, como la he tenido yo, se habrá dado cuenta de que allí ya no caben más medios ni materiales ni personales y que se están cubriendo las necesidades de seguridad en la zona por vía extraordinaria, con la colaboración de los ayuntamientos de Adeje y de los Cristianos.
Por tanto, no es que dude o no tenga confianza, tengo confianza en mi Gobierno. Por eso le digo al señor Mardones que esa comisaría se va a construir y se va a adjudicar antes de enero, y le emplazo y le invito a que juntos votemos una iniciativa más evidente y más previsora que la presente.
Por cierto, como estamos en clave de próximas elecciones municipales, me gustaría señalar la urgencia que tiene ahora Coalición Canaria en que se construya una comisaría de policía en Playa de las Américas, dado que esas urgencias se dan ahora que están gobernando los alcaldes socialistas.
También quisiera lamentar el aire que se ha dado a esta proposición, cuando yo pensaba que lo que iba a hacer el señor Mardones era reconocer los esfuerzos que han hecho los socialistas de Tenerife para dotar de una comisaría a la zona de Adeje.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 16; abstenciones, dos.

References: Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 9
e contrario
 resolución 
 artículo 12
 resolución 
 resolución 
 artículo 52
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 26
 Real Decreto 
 artículo 194
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 86