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Timestamp: 2019-06-15 21:20:56+00:00

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STC 5/2008, 21 de Enero de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 35754757
STC 5/2008, 21 de Enero de 2008
Número de Recurso: 1314-2005
Recurso de amparo 1314-2005. Promovido por don I.P. frente a los Autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que desestimaron su queja contra el centro penitenciario de Algeciras por sanciones disciplinarias en relación con una alegada huelga de higiene. Supuesta vulneración del derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: recurso de amparo mixto; solicitud de asistencia letrada atendida; resoluciones judiciales estereotipadas.
STC 5/2008, de 21 de enero de 2008
En el recurso de amparo núm. 1314-2005, promovido por don I.P., representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Isabel Salamanca Alvaro y asistido por la Abogada doña Maritza Iliana Núñez Osorio, contra el Auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de 2 de febrero de 2005, que desestimó el recurso de reforma interpuesto contra el Auto de 1 de septiembre de 2004, desestimatorio a su vez del recurso de alzada contra el Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Centro penitenciario de Algeciras (Cádiz) de 18 de marzo de 2004, adoptado en el expediente sancionador núm. 131-2004. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido parte el Abogado del Estado, en la representación que ostenta. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 25 de febrero de 2005, don I.P., interno en el Centro penitenciario de Algeciras (Cádiz), manifestó su voluntad de interponer recurso de amparo contra las resoluciones que se citan en el encabezamiento. En el mismo escrito solicitaba el nombramiento de Abogado y Procurador del turno de oficio para formular la demanda de amparo, siendo designadas doña María Isabel Salamanca Alvaro como Procuradora y doña Maritza Iliana Núñez Osorio como Abogada. Tras las referidas designaciones, el 15 de junio de 2005 se presentó la demanda de amparo.
Los hechos de la demanda de amparo relevantes para la resolución de este recurso, son los siguientes:
El 18 de marzo de 2004 la Comisión Disciplinaria del Centro penitenciario de Algeciras (Cádiz) acordó imponer al demandante de amparo una sanción de siete fines de semana de aislamiento en celda, como responsable de una falta muy grave prevista en el art. 108 a) del Reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, y otra de veinticinco días de privación de paseos y actos recreativos comunes, como responsable de una falta grave del art. 109 b) del citado Reglamento, como consecuencia de que los días 4, 6, 8 y 9 de noviembre de 2003, al igual que otros internos de la misma galería, arrojó orina y excrementos por debajo de la puerta de su celda, provocando un olor insoportable en el lugar, y desobedeciendo la orden de los funcionarios de que limpiara la galería, lo que finalmente hubieron de hacer otros internos ordenanzas.
El demandante de amparo interpuso recurso de alzada ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitencia contra el referido Acuerdo sancionador. En su recurso alegaba que había carecido de asesoramiento legal durante la tramitación del expediente y que no se le había permitido acceder al material probatorio de cargo. En relación con los hechos imputados aducía que si bien durante diez días consecutivos realizó una huelga de higiene consistente en ensuciar el pasillo de la galería, sin embargo había mantenido la limpieza de su celda; además, negaba haber recibido orden directa de ningún funcionario para que limpiase el pasillo. También alegó que los hechos consistentes en la huelga de higiene no podían encuadrarse en el art. 108 a) del Reglamento penitenciario, sino que, a lo sumo, eran constitutivos de una falta subsumible en el art. 109 e) o en el art. 110 c) del indicado Reglamento. Igualmente rechazaba la comisión de la segunda de las infracciones apreciadas por la Administración penitenciaria (art. 109 b del Reglamento) ya que no recibió ninguna orden directa de limpiar el pasillo y, en cualquier caso, ensuciarlo dolosamente traía como consecuencia lógica no limpiarlo, a lo que añade que no formaba parte de sus obligaciones la limpieza del pasillo de la galería.
El recurso de alzada fue desestimado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitencia mediante Auto de 1 de septiembre de 2004, cuyo razonamiento jurídico único expresa:
Está acreditado en las actuaciones la comisión de los hechos que dieron lugar a la sanción impuesta, correctamente calificad[os] como constitutivos de una falta del art. 108 A del Reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981 de 8 de mayo, por lo que siendo la sanción impuesta proporcional a la entidad del hecho, procede confirmar el acuerdo impugnado
El interno presentó recurso de reforma, en el que denunciaba seguir a la espera de recibir asesoramiento legal por un jurista del centro penitenciario.
El recurso fue desestimado por Auto de 2 de febrero de 2005 en consideración a que:
El demandante de amparo alega la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) como consecuencia de que el Auto de 2 de febrero de 2005 carece de fundamentación, no contestando ni a las quejas referidas al expediente sancionador ni a las propias cuestiones planteadas en el recurso de reforma contra el precedente Auto de 1 de septiembre de 2004; en particular, señala que siendo dos las sanciones administrativas impugnadas, el órgano judicial sólo alude a una de ellas. De otro lado, denuncia la vulneración del derecho a la defensa (art. 24.2 CE) al no haber recibido asesoramiento jurídico durante la tramitación del expediente sancionador, pese a haberlo solicitado reiteradamente con arreglo al art. 242.2 i) del Reglamento penitenciario.
Por providencia de 25 de mayo de 2007 la Sección Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y, habiéndose recibido los testimonios recabados al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional y al Centro penitenciario de Algeciras, se acordó, de conformidad con el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y al recurrente para que en el plazo de veinte días pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran; al mismo tiempo se acordó emplazar a la Abogacía del Estado para que dentro de dicho plazo pudiera personarse y formular alegaciones, con traslado a dicho efecto de copia de la demanda de amparo y demás documentación obrante en las actuaciones.
El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 13 de junio de 2007, solicitando la desestimación del recurso de amparo por considerar que la asistencia jurídica se ofreció y prestó al recurrente, siendo cosa distinta el uso que del servicio hizo el interno, sin que nada haga suponer la existencia de indefensión. El demandante de amparo, añade el Abogado del Estado, formuló un bien razonado escrito de impugnación ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en el que vino a reconocer los hechos y su participación en los mismos, quedando cifrada su discrepancia en la tipificación jurídica de tales hechos, sobre los que el juzgador formula un razonamiento suficiente.
El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones en escrito registrado el 26 de junio de 2007. Entiende que el Auto de 1 de septiembre de 2004 presenta graves deficiencias: en primer lugar, contiene una contradicción evidente en cuanto al Acuerdo sancionador, ya que frente a las dos faltas apreciadas sólo acaba confirmando una, sin mayor motivación y después de afirmar apodícticamente que están acreditados los hechos, que están correctamente calificados y que la sanción es proporcional; sin responder de forma mínima a las cuestiones planteadas en las alegaciones sobre los hechos, calificación y proporcionalidad, pero dejando inexistente, como pretendía el recurrente, la segunda falta calificada como del art. 109 b) del Real Decreto 1201/81, de 8 de mayo, lo que supondría una estimación parcial inmotivada. Adicionalmente, no se plantea, ni motiva, ni fundamenta, ni responde —ni expresa ni implícitamente— en relación con las alegaciones del recurso de alzada relativas a la lesión del derecho de defensa en el expediente sancionador. En segundo lugar, el interno recurre en reforma, volviendo a insistir en la vulneración del derecho a la defensa (art. 24.2 CE) y añadiendo que la negativa judicial al amparo de tal derecho supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); a pesar de lo cual el Auto de 2 de febrero de 2005 vuelve a no pronunciarse ni sobre la vulneración inicialmente formulada relativa al derecho de defensa ni sobre la nueva vulneración propugnada, respondiendo con una fórmula estereotipada impresa. En consecuencia, el Fiscal solicita el otorgamiento del amparo, por vulneración del art. 24.1 CE, con la consiguiente anulación de los Autos judiciales impugnados, a fin de que, previa retroacción de las actuaciones, se dicte una nueva resolución judicial respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
La representación procesal del recurrente dio cumplimiento al trámite de alegaciones conferido, mediante escrito presentado el 28 de junio de 2007, en el que reiteró las efectuadas en el escrito de demanda, si bien que con alguna diferencia. Así, la ausencia de respuesta por el órgano judicial a las cuestiones planteadas, además de implicar la ya denunciada carencia de motivación, es calificada como constitutiva de una incongruencia omisiva (art. 24.1 CE). Por otra parte, se incorpora la queja de haber sufrido vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE) como consecuencia de que en la vía administrativa se denegó la práctica de las pruebas documental y testifical solicitadas, así como el acceso al expediente sancionador. Por lo demás se reitera la queja de vulneración del derecho de defensa, derivada de no haber tenido el oportuno asesoramiento jurídico (art. 24.2 CE).
Por providencia de 17 de enero de 2008 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 21 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
La demanda de amparo, presentada por don I.P., se dirige contra el Auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional de 2 de febrero de 2005, desestimatorio del recurso de reforma interpuesto contra el Auto de 1 de septiembre de 2004, que desestimó en alzada su queja contra el Acuerdo de 18 de marzo de 2004 de la Comisión Disciplinaria del Centro penitenciario de Algeciras (Cádiz), mediante el que se le impuso una sanción de siete fines de semana de aislamiento en celda, como responsable de una falta muy grave prevista en el art. 108 a) del Reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo (“instigar o participar en motines, plantes o desórdenes colectivos, así como las conductas individuales que atenten gravemente contra la seguridad, régimen y convivencia del Centro Penitenciario”) y otra de veinticinco días de privación de paseos y actos recreativos comunes, como responsable de una falta grave del art. 109 b) del citado Reglamento (“desobedecer las órdenes recibidas o resistirse a cumplirlas activa o pasivamente”).
Conforme ha quedado expuesto en los antecedentes de esta resolución, se queja el demandante de la vulneración de su derecho fundamental a la defensa (art. 24.2 CE) como consecuencia de no haber recibido asesoramiento jurídico durante la tramitación del expediente sancionador, pese a haberlo solicitado reiteradamente con arreglo al art. 242.2 i) del Reglamento penitenciario. Igualmente denuncia que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria no sólo no reparó la aludida lesión, sino que los Autos dictados carecen de adecuada motivación, no contestando ni a las quejas referidas al expediente sancionador ni a las propias cuestiones planteadas en el recurso de reforma, vulnerándose por ello el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). A la petición de amparo se suma parcialmente el Ministerio Fiscal. Apreciando que las resoluciones judiciales impugnadas constituyen una fórmula estereotipada y que no examinan realmente las cuestiones planteadas por el recurrente, solicita el otorgamiento del amparo por vulneración del art. 24.1 CE, con la consiguiente anulación de los Autos judiciales impugnados, a fin de que, previa retroacción de las actuaciones, se dicte una nueva resolución judicial respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. Por esta razón, el Fiscal no se pronuncia sobre la queja referida a la lesión del derecho de defensa del recurrente (art. 24.2 CE) en la tramitación del expediente administrativo sancionador.
Antes de entrar en el examen de las quejas articuladas por el demandante es necesario realizar alguna precisión en relación con la pretensión planteada. El recurrente, en el trámite de alegaciones regulado en el art. 52 LOTC, ha ampliado las peticiones contenidas en la demanda, extendiendo su queja también a la vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE), no contenida en el escrito rector del proceso. Pues bien, tal ampliación no puede ser aceptada en modo alguno porque, conforme a nuestra reiterada jurisprudencia, es en la demanda de amparo donde queda fijado el objeto procesal, definiendo y delimitando la pretensión, pues en ella ha de individualizarse la causa petendi, sin que sean viables las alteraciones introducidas con ulteriores alegaciones, cuya ratio es completar y, en su caso, reforzar la fundamentación del recurso, mas no ampliarlo o variarlo sustancialmente. En consecuencia, no cabe admitir en este proceso la nueva pretensión que el recurrente añade a la realizada en su demanda (entre otras muchas, SSTC 235/1994, de 20 de julio, FJ 1; y 195/2007, de 11 de septiembre, FJ 2).
Una segunda precisión es la de que estamos ante un recurso de amparo de naturaleza mixta, resultado de la acumulación de dos pretensiones impugnatorias en una misma demanda. Por el cauce del art. 43.1 LOTC se impugna la resolución administrativa sancionadora, a la que se imputa la vulneración del derecho de defensa (art. 24.2 CE) como consecuencia de haberse denegado al recurrente el asesoramiento legal solicitado durante la tramitación del expediente sancionador; se aduce que esta lesión no fue corregida por la jurisdicción ordinaria por lo que, agotada la vía judicial, se impetra el amparo frente a la resolución administrativa. A la vez, por el cauce del art. 44 LOTC se recurren los Autos dictados por el órgano judicial, a los que el demandante considera incursos en incongruencia omisiva generadora de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
En consonancia con lo que se acaba de expresar debemos comenzar con el examen de la queja articulada por la vía del art. 43.1 LOTC, referida a la vulneración del derecho de defensa (art. 24.2 CE) como consecuencia de haberse denegado al recurrente el asesoramiento legal solicitado durante la tramitación del expediente sancionador.
Su enjuiciamiento debe ir precedido del recordatorio de que constituye reiterada doctrina de este Tribunal, desde la STC 18/1982, de 18 de junio, que las garantías contenidas en el art. 24.2 CE son aplicables no sólo al proceso penal, sino también, con las matizaciones derivadas de su propia naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores y, en concreto, al procedimiento disciplinario penitenciario, ámbito en el hemos afirmado que estas garantías deben aplicarse con especial vigor, al considerar que la sanción supone una grave limitación de la ya restringida libertad inherente al cumplimiento de una pena, sin que la relación de sujeción especial del interno en un establecimiento penitenciario pueda implicar la privación de sus derechos fundamentales, en los términos previstos en el art. 25.2 CE. Y, precisando el alcance de las matizaciones debidas a que se trata de procedimientos sancionadores y no del proceso penal, hemos mantenido que, entre las garantías aplicables ex art. 24.2 CE en los procedimientos sancionadores en el ámbito penitenciario, se encuentran el derecho a la defensa y a la asistencia letrada (por todas, SSTC 81/2000, de 27 de marzo, FJ 2; 27/2001, de 29 de enero, FJ 8; 116/2002, de 20 de mayo, FJ 4; 236/2002, de 9 de diciembre, FJ 2; 9/2003, de 20 de enero, FJ 3; 91/2004, de 19 de mayo, FJ 3; y 66/2007, de 27 de marzo, FJ 3).
Descartada la impugnación planteada por la vía del art. 43.1 LOTC, resulta necesario enjuiciar la queja encuadrada en el art. 44 LOTC, que se dirige contra los Autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, dictados primero en alzada y luego en reforma, por considerarlos incursos en incongruencia omisiva generadora de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Estimar parcialmente la demanda de amparo presentada por don I.P. y, en su virtud:
Declarar la nulidad de los Autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, de 1 de septiembre de 2004 y 2 de febrero de 2005.
Retrotraer las actuaciones judiciales al momento anterior al de dictarse el primero de dichos Autos, a fin de que se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido, en los términos fijados en el fundamento jurídico 6.
STS 487/95, 24 de Mayo de 1995
STSJ País Vasco 339/2011, 8 de Febrero de 2011
SAP Burgos 209/2007, 18 de Septiembre de 2007

References: resolución 
 Real Decreto 
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