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BOE i Notícies del 21 de setembre de 2018
NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 21 DE SETEMBRE DE 2018
Acta del Acuerdo sobre la tabla salarial definitiva para el año 2017, del Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento
Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del Acuerdo sobre la tabla salarial definitiva para el año 2017, del Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.
(BOE, 21-09-2018)
Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de mayoristas e importadores de productos químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos.
Acta del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos
Mercantil, Civil y Administratiu
Resolución de 20 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de septiembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/index.php?d=229&s=3
NOTÍCIES DE PREMSA DEL 21 DE SETEMBRE DE 2018
Hacienda calcula que la subida del diésel costará 3,3 euros al mes a cada usuario
En declaraciones a RNE, la ministra ha explicado que la subida va a ser de 38 euros por cada mil litros de combustible (tres céntimos el litro), al tiempo que ha insistido en que el incremento de precio del diésel no afectará a los profesionales del transporte. Esto significa que con la subida el precio del diésel sigue siendo muy inferior al de la gasolina.
"Espero que no tenga una repercusión importante en el bolsillo del consumidor (...) va a ser su granito de arena para que nuestros nietos puedan disfrutar de un planeta verde", ha añadido. Sobre la eliminación del impuesto a la generación eléctrica avanzada ayer por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la titular de Hacienda ha dicho que tendrá un coste del entorno de 1.000 millones de euros para el erario público.
(Cinco Días, 21-09-2018)
La rebaja fiscal en el impuesto de Sociedades que el Gobierno está negociando con Unidos Podemos ahorrará unos 260 millones de euros a 350.000 empresas. Estos son los cálculos que manejan en el Ministerio de Hacienda, que lidera las negociaciones abiertas con la formación morada para consensuar las cuentas públicas de 2019.
En concreto, el Ministerio se está planteando rebajar el tipo del impuesto de Sociedades que abonan las pymes que facturan menos de un millón de euros, situado actualmente en el 25% general que pagan todas las compañías, al 23%. Tal y como adelantó este diario, hay 1,4 millones de empresas que facturan menos de un millón de euros que podrían beneficiarse de la medida si bien actualmente tan solo 350.000 pagan efectivamente el impuesto.
Así se deriva del hecho de que buena parte de este segmento empresarial no obtenga beneficios sobre los que pagar impuestos o se encuentre en concurso de acreedores como consecuencia de la crisis. El ahorro anual que la rebaja del impuesto de Sociedades arroja para las pymes ascendería, de media, a 752 euros por cada compañía, si bien existen fuertes diferencias en función del tamaño de las empresas.
En cualquier caso, el monto no es especialmente relevante para Hacienda, pero permitiría hacer un guiño fiscal al grueso de compañías del país, pues apenas 20.000 empresas facturan más de un millón de euros en España.
(Expansión, 21-09-2018)
El impuesto eléctrico es más 'rentable' que el de la banca: recauda 1.500 millones
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció el miércoles que suprimirá de manera inmediata el impuesto sobre la producción eléctrica para reducir el precio de la factura para los consumidores. Este tributo grava la producción de electricidad con un tipo del 7%, que acaba recayendo sobre los consumidores a través del precio que abonan en su factura de la luz. El ministerio anulará temporalmente esta figura tributaria, que resulta muy rentable para el Estado.
La Agencia Tributaria recauda cada año más de 1.500 millones de euros con este tributo. En concreto, en 2017 consiguió 1.510 millones de euros, según el último 'Informe de recaudación tributaria' de la AEAT. El techo de ingresos lo alcanzó en el año 2015, cuando se recaudaron 1.605 millones. Esto significa que el Gobierno estará renunciando a un tributo que es incluso más rentable que el impuesto a la banca que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció al inicio de su mandato y del que ahora reniega.
Según las estimaciones del PSOE, el potencial recaudatorio de un impuesto a la banca cuya base imponible fuese la misma que el impuesto sobre sociedades ascendería a 1.000 millones de euros al año. Cifra que está claramente por debajo de la recaudación del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. La fuerte subida experimentada por el precio de la luz en las últimas semanas apunta a que la recaudación este año superará ya las cifras de 2017. Sin embargo, si el Gobierno anula temporalmente este impuesto, los ingresos no alcanzarán las cifras del año pasado al cierre del ejercicio. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el Estado dejará de recaudar en torno a 1.000 millones de euros con este tributo.
El impuesto sobre la producción eléctrica se introdujo en el año 2012 por el Gobierno del Partido Popular y comenzó a aplicarse en 2013. El Ejecutivo vendió que el objetivo del tributo era medioambiental, pero la realidad es que solo buscaba reducir el enorme agujero del déficit de tarifa heredado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El tributo grava también la producción de las energías renovables, por lo que la muletilla de 'impuesto medioambiental' es mera retórica. En estos cinco años y medio, el Estado ha recaudado más de 8.000 millones de euros, una cuantía próxima al 1% del PIB.
Según los cálculos del PP, que también ha pedido la supresión de este impuesto, el precio de la luz podría reducirse un 3,5% si se aplica esta medida. Eso sí, para conseguir esta bajada de la factura de la luz, es necesario que el precio de la energía frene su escalada de las últimas semanas, ya que, de lo contrario, la reducción del impuesto servirá solo para amortiguar el incremento de los precios en el mercado.
“Los autónomos no somos un cajero automático a disposición de la administración cuando necesita dinero”, ha clamado este jueves Lorenzo Amor, presidente de la federación del colectivo ATA, advirtiendo al Gobierno que “No es omento de subir impuestos”.
“Estamos en una desaceleración económica y del crecimiento del empleo. No es momento. No digo que los bajen, pero que no los toquen”, ha expuesto en un encuentro ante la prensa para valorar el tratamiento fiscal del colectivo de autónomos.
La situación actual para los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia es crítica, según el presidente de ATA, porque solo la subida del precio de la energía y de los carburantes en lo que va de año les ha supuesto un sobrecoste de 1.000 a 1.200 euros por persona. Si a esta ecuación se le añade un incremento del gravamen del diésel (que usa el 70% del colectivo), estima, los autónomos perderán entre 130 y 200 euros más al mes, unos 1.500 a 2.000 euros más al año.
Amor ha expuesto que su federación “valora” el esfuerzo del Gobierno al anunciar que suspenderá el impuesto de generación eléctrica del 7%, pero ha manifestado que “eso es una limosna para lo que significa la factura de la luz que pagan autónomos empresas y muchas familias”. La electricidad, ha dicho, “es un bien de primera necesidad y hay que aplicarle el IVA superreducido.
Más allá, ATA reclama que la subida del gravamen del diésel anunciada por el Ejecutivo debería dejar exentos no solo a los profesionales del transporte, sino a todos los colectivos que pueden deducirse el carburante del IRPF, lo que incluye a autoescuelas, agricultores que utilizan maquinaria pesada o agentes comerciales.
“Si no se toman medidas con la luz, rebajando el IVA como bien de primera necesidad y no se deja fuera a los autónomos de la subida del diésel, más del 50% de autónomos va a pagar por diésel y luz tanto como lo que pagan en cotizaciones a la Seguridad Social”, ha ilustrado.
(El País, 21-09-2018)
ATA planteó otra serie de reclamaciones a Hacienda, a la que, entre otras cosas, insta a volver a prorrogar de nuevo este año el actual sistema de tributación objetiva, o de módulos, evitando un endurecimiento de condiciones que dejaría fuera a parte de los 390.000 autónomos que aún se acogen a él. El colectivo también reclama revertir el alza del IVA, del 13% al 21%, aplicada a actividades como veterinarias, gimnasios, peluquerías o clínicas de estética.
Por otra parte, ATA insta a que el millón de autónomos societarios pueda deducirse como gastos sus cotizaciones a la Seguridad Social (como hace con su salario y el de sus empleados) así como las nóminas de cónyuges e hijos de cualquier emprendedor. También reclaman que la indemnización por despido de los autónomos dependientes (los trade) se equipare a la de los asalariados y esté parcialmente exenta de impuestos.
Además, solicitan que la entrega del modelo 347, que recoge las compras superiores a 3.000 euros sigan entregándose el 28 de febrero, en lugar de adelantarse al 31 de enero cuando es frecuente no disponer aún de la información requerida. Finalmente, ATA solicita a Hacienda que no cambie de criterio y que el gasto deducible por manutención de los autónomos, 26,67 euros al día, sea efectivo tanto dentro como fuera del municipio de su actividad.
Esto es los que propone el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. El objetivo de esta obligatoriedad trae también un cambio de concepto en esta prestación. Se trataría de una aportación para que los trabajadores por cuenta propia que se encuentren en un momento de inactividad estén exentos de pagar la cuota mensual de autónomos. "Lo razonable es que el sistema también les abonara sus cuotas. Tenemos que buscar una forma. Pero cubrir esa contingencia significa que una cotización que ahora es voluntaria, tiene que convertirse en obligatoria en una cuantía mínima para permitir mutualizar esa contingencia", según ha declarado Granado.
En su comparecencia ante la subcomisión sobre la reforma del Régimen Especial del Trabajador Autónomo (RETA), también ha señalado la importancia de equiparar las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales. De esta manera, aquellos que ganen menos, podrán pagar menos y, por ende, los autónomos con ingresos más elevados, tendrán que aportar más a la seguridad Social. Es por ello, que Granado ha propuesto "pactar con las organizaciones la forma más asumible para el sector", y tener en cuenta a los que menos ingresan, “en forma de menores cuotas”.
Aun así, el secretario de estado de la Seguridad Social está de acuerdo con que la voluntariedad de elección en los tramos de cotización debe continuar. Que sean “los autónomos voluntariamente decidan pagar más y el sistema tenga los medios para conocer la situación de los autónomos, de tal forma que al que se le exija pagar más, se sepa que está en condiciones de pagar".
En su lucha por proteger y defender los derechos de los autónomos, así como mejorar sus condiciones, Octavio Granado, pide al Congreso que se acelere la aprobación de aquellas medidas que pueden ya ponerse en marcha, para que los autónomos puedan tener, desde ya, un sistema más justo. El estudio de la reforma del RETA ha terminado en lo que a comparecencias e intervenciones se refieres, y ahora es momento de iniciar las conclusiones con el objetivo de definir las medidas a aprobar.
Ante la vía muerta en la que se encuentran sumidas las negociaciones del Pacto de Toledo, Valerio, que ha participado en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, instó nuevamente a los partidos a que se pongan de acuerdo en esta comisión parlamentaria para fijar una recomendación que aconseje revalorizar las pensiones anualmente lo que suba el IPC, porque "el Gobierno no quiere hacer un Real Decreto con esto". Si bien, la titular de Trabajo, admitió que el consenso en este foro podría garantizar revalorizaciones con el dato de inflación como algo troncal, "pero si queremos excepcionarlo en algún momento por la situación económica, que se haga en el Pacto de Toledo y en el diálogo social".
En materia de pensiones, la ministra ha garantizado también que, si el IPC termina este año por encima del 1,6%, los pensionistas recibirán en enero una paga compensatoria, que ella misma denominó como la "paguilla".
En cuanto a los últimos datos de empleo de agosto reconoció abiertamente que “fueron datos malos”. Así, también admitió que “se vislumbra cierta desaceleración moderada del crecimiento”, aunque confió en que “no tenga excesiva incidencia en el ámbito laboral”. Y concluyó que “si hay un problema hay que reconocerlo, pero no magnificarlo”.
“La serie de reembolsos anticipados de España incrementa aún más la confianza de los inversores en la economía española”, destacó el director gerente del fondo de rescate, Klaus Regling. El alemán añadió que las devoluciones anticipadas “fortalecen al MEDE”, ya que amplían su “capacidad de préstamo". El MEDE ha detallado que mantiene el calendario previsto, por el cual España realizará el último desembolso a finales de 2027. La Unión Europea estudia convertir el MEDE en el germen de un Fondo Monetario Europeo.
Además del dinero del MEDE, para rescatar a la banca, el Estado puso unos 15.000 millones más aproximadamente, hasta un total de 56.865 millones, según datos del Banco de España. Hasta que no se liquide Bankia será imposible saber la cifra exacta que se ha perdido con el rescate bancario. Sin embargo, las estimaciones del supervisor son que se recuperarán unos 14.000 millones y se perderán unos 42.000 millones.
No obstante, Jaime Guardiola, consejero delegado del Sabadell, afirmó en el Congreso, en la comisión de investigación de la crisis, a principios de este mes de septiembre, que el contribuyente “perderá unos 50.000 millones” de lo aportado para el rescate. España es el país que más cantidad y más porcentaje del PIB ha perdido de las grandes economías de la UE, por el momento, con la crisis bancaria de la que ahora se cumplen diez años.
El presidente de la Comisión nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, apuntó la posibilidad de modificar la periodicidad de la información obligatoria que los emisores remiten al supervisor, con el fin de homologar las condiciones con otros países de la Unión Europea. Concretamente, se podría eliminar la obligatoriedad de que los emisores remitan información trimestral.
Albella, que dio una conferencia en la Cátedra de Cultura Directiva de la Universidad Politécnica de Valencia, enmarcó esta idea en la posibilidad de que España reciba parte de la actividad financiera que ahora se efectúa en Londres, de cara al Brexit.
El supervisor considera importante realizar un esfuerzo en lo que denomina "tratar de eliminar eñes", es decir, elementos en la regulación que puedan ser diferentes a los de otros países europeos. Como ejemplo puso que España es el único país europeo que, tras una directiva de 2004 que convirtió en voluntaria la información trimestral de las empresas cotizadas, consideró oportuno mantener la información trimestral como obligatoria". Por eso, se plantea modificar ese aspecto, "con independencia de que a mí me parezca que es positivo que las empresas den información trimestral, lo que no podemos hacer es ser el único país que lo exija".
En opinión de Albella, "se podrá discutir si es bueno o no, pero lo que no se puede es tener exigencias distintas. Entre otras cosas, las empresas tienen que decidir dónde cotizan y los inversores, dónde invierten". El presidente de la CNMV puntualizó a la salida de la conferencia que no se trata en este momento de una decisión tomada, sino de un aspecto que se está analizando para eliminar diferencias, y que requeriría una modificación de la Ley del Mercado de Valores.
Ante un auditorio de estudiantes y empresarios valencianos, Albella señaló que la CNMV ha sido una de las instituciones más activas de cara a promocionar a España como sede de esa actividad financiera de la City. Pero no ha tenido el éxito deseado, algo que considera "injusto" y que atribuye a que "damos una señal de estabilidad menor de la que debería reconocérsenos. Las turbulencias han sido más aparentes que otra cosa. No estamos en centroeuropa. Tenemos un pequeño estigma y somos un país periférico". Además de estos factores, Albella apuntó que "en términos de estabilidad, nos ha dañado mucho Cataluña".
La inversión extranjera en España alcanzó los 11.969 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 1,3% respecto al mismo periodo del año anterior, si bien Cataluña registró un retroceso del 41%, según los datos del Registro de Inversiones Exteriores publicados este jueves por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. A pesar de la mejora en el primer semestre la estadística refleja un retroceso de la inversión a nivel nacional del 22% en el segundo trimestre del año, hasta los 4.432 millones de euros.
Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid volvió a liderar la inversión extranjera en el primer semestre del año al atraer 8.383 millones de euros, el 70% del total recibido en España, seguido por Cataluña (8,3%), País Vasco (5,3%), Comunidad Valenciana (1,9%) y Andalucía (1,7%). Entre enero y junio, la inversión en la Comunidad de Madrid registró un aumento del 43,7%, hasta 2.547,5 millones de euros, mientras que la recibida en Cataluña se redujo un 41%, hasta los 993 millones de euros.
En lo que respecta al segundo trimestre, la inversión extranjera se contrajo un 22%, hasta los 4.442 millones de euros. La Comunidad de Madrid también lideró la inversión extranjera entre abril y junio al atraer 2.260 millones de euros, el 51% del total, aunque con un retroceso del 32%. De su lado, Cataluña recibió 645 millones, un 16% menos, que supuso el 14,5% de la inversión total nacional, seguido de Andalucía (3,7% del total) y la Comunidad Valenciana (1,7%).
(La Vanguardia, 21-09-2018)
El ministerio encabezado por Dolores Delgado ultima un real decreto para mejorar la imagen de la justicia española en otros países, según confirman fuentes jurídicas. Una iniciativa que se prevé que esté acabada antes de final de año y que llega justo cuando el foco internacional se ha situado sobre las decisiones de los magistrados españoles. Sobre todo, tras la negativa de Alemania a entregar al expresident Carles Puigdemont; la admisión a trámite en Bélgica de la denuncia contra el juez Pablo Llarena; y el rechazo, también de este segundo país, a extraditar al rapero Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido como Valtònyc.
El Ministerio se propone regular y potenciar la figura de los conocidos como jueces de enlace, desplazados al extranjero para promover la cooperación e intercambiar información. Entre sus funciones, se encargan de mantener contacto directo con los magistrados de los países de destino y generar confianza, además de explicarles también los detalles del funcionamiento del sistema judicial español. Actualmente, solo existen cinco: en Francia, Italia, Reino Unido, Marruecos y EE UU. Pero, por ejemplo, no hay en Bélgica y Alemania.
Así que, con la vista puesta en aquellos Estados con los que existe un mayor volumen de requerimientos por parte de España, el Gobierno se plantea que este real decreto sirva como base para elevar el número de jueces de enlace y también para que los elegidos cuenten con unos conocimientos especializados en la materia. Porque, de hecho, en estos momentos no existe una norma específica que fije unos requisitos mínimos para estas designaciones, que dependen directamente del ministro de turno —por tanto, del partido en el poder— y que implican una mejora salarial y la concesión del estatus diplomático.
La idea del real decreto es que los jueces de enlace pertenezcan a la carrera judicial, sumen una antigüedad mínima de ocho años, tengan conocimientos del idioma del país al que se les va a destinar —se han dado casos en los que no lo dominaban— y que cuenten con una especial formación en cooperación internacional. A su vez, se quiere regular el tiempo máximo durante el que se puede ejercer el cargo: cinco años, prorrogables a dos más si existe una motivación suficiente.
El proceso de selección también se modificará para publicitarlo y que pueda haber aspirantes que presenten sus candidaturas. Se analizarán sus currículos y se planteará un grupo final al ministro para que elija. Este sistema, según se contempla en el Ministerio, también se usará para seleccionar a los consejeros y coordinadores de Justicia enviados al exterior.
(El Mundo, 21-09-2018)

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 Real Decreto 
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